text:
      In re Gilberto Rodríguez Zayas.

      Número: AB-2012-45

      Resuelto: 7 de abril de 2014

      Gilberto Rodríguez Zayas, pro se.

   RESOLUCIÓN

El 28 de febrero de 2014 emitimos una Opinión per curiam suspendiendo inmediata e indefinidamente al Ledo. Gilberto Rodríguez Zayas del ejercicio de la abogacía y la notaría por haber incumplido con los requerimientos de este Tribunal. In re Rodríguez Zayas I, 190 DPR 436 (2014). En particular, el licenciado Rodríguez Zayas no cumplió con nuestra Resolución del 25 de enero de 2013, mediante la cual le ordenamos devolver $200 dólares al quejoso, el Sr. Luis Mercado Figueroa. Esto debido a que el señor Mercado Figueroa había presentado una queja contra el licenciado Rodríguez Zayas alegando que éste le había cobrado $400 dólares por un trabajo que no realizó.

El 24 de marzo de 2014 el señor Rodríguez Zayas presentó, por derecho propio, una moción para la reconsideración de la Opinión per curiam emitida el 28 de febrero de 2014. En la moción, el señor Rodríguez Zayas alegó que no fue su intención incumplir con los requerimientos de este Tribunal, sino que su incumplimiento se debió a un des-cuido involuntario por problemas de salud. Para ilustrar, anejó a su moción de reconsideración una gran cantidad de documentación que acredita que padece de cierta condición médica severa. Debido a ésta, indicó que no tenía los fondos para cumplir con el requerimiento de este Tribunal y que, por un descuido involuntario, no nos solicitó un tiempo adicional para cumplir con lo ordenado.

Además, acreditó que cumplió con nuestro requeri-miento del 25 de enero de 2013 y que le devolvió el dinero adeudado al señor Mercado Figueroa. Anejo XV de la Mo-ción de Reconsideración de 24 de marzo de 2014. En vista de que el señor Rodríguez Zayas justificó razonablemente su incumplimiento y devolvió el dinero, cumpliendo así con el requerimiento del Tribunal, entendemos procedente re-considerar nuestro dictamen del 28 de febrero de 2014 y ordenar la reinstalación del señor Rodríguez Zayas al ejer-cicio de la abogacía y la notaría.

Sin embargo, puesto que el señor Rodríguez Zayas suscribió la moción con el título de licenciado, a pesar de haber comparecido por derecho propio, nos parece pertinente expresarnos sobre este asunto. En nuestro ordenamiento, “el ejercicio de la profesión durante el tiempo de suspensión constituye una práctica ilegal de la abogacía en violación del Canon 33 del Código de Ética Profesional, [4 LPRA Ap. IX,] y debe ser sancionado severamente, porque constituye un desafío insólito a nuestro poder inherente para regla-mentar la profesión”. In re Gordon Menéndez I, 171 DPR 210, 215 (2007). Por lo anterior, un abogado suspendido no puede realizar actos que constituyan el ejercicio de la pro-fesión y debe evitar la apariencia de ello, ya que, como es bien sabido, los cánones de ética también le imponen al abogado el deber de evitar hasta la apariencia de conducta impropia. íd. Véase Canon 38 del Código de Ética Profesio-nal, 4 LPRAAp. IX. Si bien la presentación de un escrito por derecho propio no constituye el ejercicio de la profe-sión, utilizar el título de licenciado mientras se está sus-pendido de la profesión crea la apariencia impropia de ello. A tenor con lo anterior, se censura enérgicamente la actua-ción del señor Rodríguez Zayas y se le apercibe que en el futuro deberá cumplir a cabalidad con los cánones de ética que rigen la profesión del abogado. Además, advertimos que seremos más rigurosos al evaluar asuntos similares.

Así apercibido, se ordena la reinstalación del señor Rodríguez Zayas al ejercicio de la abogacía y la notaría. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón desea que se haga constar la expresión siguiente:

El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón hubiera provisto “no ha lugar” a la solicitud de reconsideración del peticionario porque éste compareció ante nosotros suscribiendo su moción como licenciado, a pesar de estar suspendido de la práctica de la profesión. Véanse: In re Rodríguez Zayas I, 190 DPR 436 (2014); In re Rivera Rodríguez, 147 DPR 917, 920 (1999).

El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rivera García

license: Public Domain

text:
    David García O’Neil, su esposa Estrella Villega Ocasio, por sí y en representación de su hijo menor JCV, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, peticionarios, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Guillermo Somoza Colombani, Secretario de Justicia, Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Policía Municipal de Guaynabo, representado por su comisionado Hon. Wilfredo Castillo Alicea, Compañía Aseguradora X, Fulano de Tal, Mengano mas Cual, Zutano de Tal, Perencejo mas Cual, Corporación X, Corporación Y, Compañía Aseguradora Y y Municipio de Guaynabo, recurridos.

      Número: AC-2013-0066

      Resuelto: 8 de abril de 2014

      Federico Montañez Delerme, abogado de la parte recurrente; Haydee E. Zapata Ayala, abogada de la parte demandante recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

En Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740 (1992), resolvimos que la notificación que requiere el Art. 2A(f) de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077(a) —de cumplir con los están-dares de una reclamación extrajudicial— puede interrum-pir el término prescriptivo de un año que establece el Código Civil de Puerto Rico en su Art. 1868 (31 LPRA sec. 5298(2)). Hoy extendemos esa interpretación en cuanto a la notificación que el Art. 15.003 de la Ley Núm. 81-1991 (21 LPRA sec. 4703) (Ley de Municipios), requiere que se haga al alcalde antes de entablar una reclamación contra un municipio.

I

El 12 de marzo de 2012, los esposos el Sr. David García O’neill y la Sra. Estrella Villega Ocasio, junto a la Sra. María Villega Ocasio (los peticionarios), presentaron una demanda por daños y perjuicios contra el municipio de Guaynabo (el recurrido). Según alegaron, el 14 de diciembre de 2010 agentes de la Policía de ese municipio irrumpieron en sus residencias sin razón alguna y procedieron a agredirlos, destruir su propiedad y a arrestarlos. Se expuso en esa reclamación que los peticionarios fueron liberados eventualmente y no se presentó ningún cargo criminal contra estos. Sostuvieron en su demanda que los daños que sufrieron a raíz de ese evento se debieron exclusiva-mente a la negligencia de los policías municipales, ya que no se aseguraron de la identidad de las personas que inte-resaban arrestar. La controversia del caso de autos surge porque el Tribunal de Apelaciones entendió que la de-manda estaba prescrita. Expongamos los trámites procesa-les pertinentes a este asunto.

Surge del legajo que el 11 de marzo de 2011 —87 días después del incidente— los peticionarios le notificaron personalmente al entonces Secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, y al alcalde del municipio de Guay-nabo, Hon. Héctor O’Neil García, una misiva relacionada con los hechos alegados en la demanda que mencionamos. Esto, en cumplimiento con el mandato del Art. 15.003 de la Ley de Municipios, supra, que requiere que toda persona que tenga una reclamación contra un municipio notifique al alcalde en los noventa días siguientes a la fecha cuando supo de los daños por los que reclama. En esa comunicación, los peticionarios describieron en detalle los hechos que presuntamente ocurrieron el 14 de diciembre de 2010 e informaron su intención de instar una acción judicial para solicitar una compensación por los daños sufridos como consecuencia de estos. Así también, especificaron los daños físicos y morales presuntamente sufridos y los nombres y números de placas de cinco agentes que se alega estuvieron involucrados en el infortunio.

Como adelantamos, el 12 de marzo de 2012, los peticionarios presentaron la demanda por daños y perjuicios contra el municipio de Guaynabo y otros codemandados. El municipio contestó la demanda y como parte de sus defen-sas planteó que la causa de acción estaba prescrita. y luego presentó una moción de desestimación fundamen-tada en ese particular. Su contención era que debido a que los daños alegados tuvieron lugar el 14 de diciembre de 2010, los peticionarios debieron presentar su demanda en o antes del 14 de diciembre de 2011, es decir, el término prescriptivo de un año dispuesto por el Código Civil para pre-sentar reclamaciones al amparo del Art. 1802 (31 LPRA sec. 5141). En otras palabras, negó que la notificación que se le entregó al alcalde el 11 de marzo de 2011 tuviera el efecto de interrumpir ese plazo. En apoyo de su postura argumentó que el inciso (c) del Art. 15.003 de la Ley de Municipios, supra, no libera a la parte demandante de pre-sentar su demanda dentro del término prescriptivo de un año. El referido precepto dispone lo siguiente:

Salvedad. — Esta sección no modificará en forma alguna, para aquellos reclamantes que cumplan con sus disposiciones, el término prescriptivo fijado por la see. 5298(2) del Título 31.

Por su parte, los peticionarios invocaron la norma que se pautó en Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, caso en el que resolvimos que la notificación requerida por el Art. 2A de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Es-tado, supra, puede constituir una reclamación extrajudicial a los fines de interrumpir el término prescriptivo de un año disponible para presentar una reclamación por daños contra el Estado.

Tras atender ese asunto, el Tribunal de Primera Instancia emitió un dictamen el 11 de diciembre de 2012, denegando la moción de desestimación. Resolvió que los peticionarios cumplieron con el requisito de notificación estatuido en el Art. 15.003 de la Ley de Municipios, supra, al cursar la carta del 11 de marzo de 2011 y concluyó que esa comunicación constituyó una reclamación extrajudicial válida que interrumpió el término prescriptivo de un año dispuesto en el Art. 1868 del Código Civil, supra. De esta forma, entendió que el término comenzó a discurrir nueva-mente a partir de ese momento, teniendo los demandantes hasta el 12 de marzo de 2012 para presentar su demanda.

Inconforme con esa determinación, el municipio de Guaynabo presentó un escrito titulado “recurso de revisión” ante el Tribunal de Apelaciones. En este sostuvo que el foro primario incidió al determinar que el término pres-criptivo para presentar la demanda comenzó a transcurrir de nuevo a partir de la notificación que los demandantes hicieron al municipio de Guaynabo el 11 de marzo de 2011. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como un certiorari y resolvió conforme a lo esbozado por el municipio. Dispuso que la notificación del 11 de marzo de 2011 no tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo de un año. Fundamentó su determinación en la interpretación que a esos efectos le proveyó al Art. 15.003(c) de la Ley de Municipios, supra. En específico, el Tribunal de Apelaciones señaló:

[e]n este caso, la parte reclamante notificó al municipio a los ochenta y siete (87) días de la fecha del incidente, en otras palabras “dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños reclamados”. Por lo tanto, es lógico concluir de la propia carta de notificación al municipio y su contenido específico y parti-cularizado que el término prescriptivo de un (1) año comenzó a decursar a partir de la fecha de los hechos, a saber, desde el 14 de diciembre de 2010 y vencía el 13 de diciembre de 2011.
Además, la carta del 11 de marzo de 2011 no tuvo el efecto interruptor alguno en el plazo de un (1) año para interponer la demanda en virtud de las disposiciones de la propia Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. sees. 4001, et seq., sobre la jurisdicción de los tribunales y las acciones contra los municipios. La misma es objetivamente clara al es-tablecer que el requisito de notificación al municipio dentro de los (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños no modificará el término prescriptive) del año. (Subrayado y énfasis en el original).

Ante ello, concluyó que la demanda estaba prescrita y ordenó su desestimación. El foro apelativo intermedio se negó a reconsiderar su dictamen. Inconforme con ello, los peticionarios presentaron ante esta Curia un recurso de apelación para señalar la comisión de los errores siguien-tes:

A. PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al aplicar literalmente el inciso (c) del Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos a los hechos del presente caso, y concluir que las notificaciones de las reclamaciones extrajudiciales remitidas por los apelantes el 11 de marzo de 2011 mediante entrega personal a los apelados, 87 días después de la fecha de los hechos predicados en la demanda, carecen de eficacia para interrumpir el término prescriptivo de un año que establece el Artículo 1868, 31 L.P.R.A. § 5298, para las acciones derivadas de culpa o negligencia al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 5141.
B. SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que las referidas notificaciones de los apelantes sobre sus reclamaciones extrajudiciales contra el Estado y los Muni-cipios, carecen de eficacia para interrumpir el término para reclamar la reparación de los daños causados a un menor de edad, a pesar de que la sentencia recurrida reconoce que las notificaciones fueron remitidas dentro del plazo de 90 días que establece el Art. 2A de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado y el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos.
C. TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones al no otorgarle eficacia interruptiva (sic) a las notificaciones de los apelantes sobre sus reclamaciones extrajudiciales contra el Estado y el Municipio de Guaynabo, hechas dentro del plazo de 90 días, contrario a la norma establecida en Rivera Castillo v. Municipio de San Juan, 130 DPR 683 (1992) y López v. Autoridad de Carreteras, 133 DPR 243, 261—3 (1993); asimismo, creando conflicto con las decisiones de otros paneles del Tribunal de Apelaciones, tales como en: Dr. Fernando Echeandía Fuster v. Hon. Robert Pagán Centeno, caso número KLAN0801952, resuelto el 25 de marzo de 2009 por la región judicial de Utuado, Panel V; Flora Delgado Brewley v. Municipio de Bayamón, Panel II; y creando conflictos con las decisiones en los casos Rodríguez Montalvo v. Municipality of Arecibo, 30 F. Supp. 2d 118 (D. Puerto Rico 1998); Valentín Almeyda v. Municipality of Aguadilla, 447 F. 3d 85 (1st Cir.2006); y Rentas Santiago v. Autonomous Municipality of Ponce, 453 F. Supp. 2d 387 (D. Puerto Rico 2006).

El 22 de noviembre de 2013 acogimos el recurso un cer-tiorari y le concedimos un término de veinte días al muni-cipio de Guaynabo para que compareciera y mostrara causa por la cual no debíamos revocar la sentencia recurrida. El municipio cumplió con lo ordenado. Exami-nada su posición, decidimos expedir el recurso de autos.

II

A. La responsabilidad civil por daños extracontractuales surge del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, que dispone que “el que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. Esta responsabilidad es precisamente el deber de resarcir al damnificado, otorgándole un valor económico al daño sufrido, suficiente para compensar el interés del perjudicado. S.L.G. v. F.W. Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81 (1997). Véase, además, Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889 (2012).

Como sabemos, el Art. 15.003 de la Ley de Municipios, supra, regula lo pertinente a las reclamaciones de cualquier clase que se presenten contra un municipio por daños personales o a la propiedad, ocasionados por la culpa o negligencia del municipio. A esos efectos, esta legislación dispone que el reclamante le deberá presentar al alcalde una notificación escrita, haciendo constar claramente la fe-cha, el lugar, la causa y naturaleza general del daño sufrido. También, debe especificar la cuantía de la compen-sación monetaria o el tipo de remedio solicitado, los nom-bres y las direcciones de los testigos, la dirección del recla-mante y el lugar donde recibió tratamiento médico en primera instancia, si alguno. El inciso (a) del precitado es-tatuto indica que esa notificación se entregará al alcalde mediante correo certificado, diligenciamiento personal o en cualquier otra forma fehaciente reconocida en derecho.

En lo pertinente a nuestra controversia, el Art. 15.003 de la Ley de Municipios, supra, dispone que esa notificación se tiene que presentar en un término específico. A esos efectos señala que:

La referida notificación escrita deberá presentarse al alcalde dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños reclamados. [...]
........
(b) Requisito jurisdiccional. — No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra un municipio por daños causados por la culpa o negligencia de aquél, a menos que se haga la notificación escrita, en la forma, manera y en los plazos dis-puestos en este subtítulo.

En múltiples ocasiones hemos reafirmado la importancia que reviste este requerimiento. Recientemente en Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 196 (2014), mencionamos que esa notificación tiene el propósito de dar conocimiento a la entidad municipal de que existe un posible pleito en su contra. Véanse también: Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788, 799 (2001); Mangual v. Tribu nal Superior, 88 DPR 491, 494 (1963). Ello, ante el fin pú-blico específico de proteger a los municipios de acciones ajenas a su conocimiento. Id. Con ello, se aspira a que estos cuerpos políticos puedan investigar prontamente los asuntos pertinentes antes de que desaparezca la prueba necesaria para defenderse adecuadamente contra la reclamación que se inste en su contra. Id.; Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853, 860-861 (2000). Así también, persigue desalentar las reclamaciones infundadas, mitigar el importe de la compensación por los daños sufridos y advertir a las autoridades sobre la posible necesidad de hacer una reserva en el presupuesto anual para tales propósitos. íd.

El cumplimiento de la notificación en los noventa días es una condición previa necesaria para que se pueda iniciar cualquier pleito en resarcimiento de daños y perjuicios contra un municipio. Rivera Fernández v. Mun. Carolina, supra. Como norma general, esta exigencia se aplicará rigurosamente tanto en acciones contra el Estado como contra los municipios. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 798. No obstante, hemos resuelto —sin dejar a un lado un requisito que el legislador puertorriqueño ha instaurado— que carece de eficacia si jurídicamente no hay razón para aplicarlo. Véanse: Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, págs. 799-800; Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 757. Así por ejemplo, si el alcalde tiene conocimiento personal de los alegados daños, el municipio no podrá alegar con éxito la defensa de indefensión por causa de no haber sido notificado. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 801; Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, supra, pág. 863.

Ahora bien, el Art. 15.003, supra, contiene una salvedad en su inciso (c) al añadir lo siguiente:

(c) Salvedad. — Esta sección no modificará en forma alguna, para aquellos reclamantes que cumplan con sus disposiciones, ei término prescriptivo fijado por la sec. 5298(2) del Título 31. (Énfasis suplido).

Esta cláusula estaba contenida en el Art. 11.03(g) de la anterior Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico de 1980, que a su vez provino del Art. 96(g) de la Ley Municipal de 1960. Es en esta disposición que desencadena la pugna de este caso. Para atender esta controversia, es menester que repasemos la institución de la prescripción extintiva o liberatoria y cómo la hemos interpretado en el contexto de las acciones por responsabilidad civil extracontractual que se presentan en contra del Estado y de los municipios.

B. El Art. 1861 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 5291, establece que “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. Se ha dicho que de todas las instituciones del derecho civil, la de la prescripción es la más necesaria. E. Vázquez Bote, Tratado teórico y práctico de derecho privado puertorriqueño, Orford, Ed. Equity, 1991, Vol. III, pág. 102. Para algunos autores esta debe ubicarse en el precepto de la seguridad jurídica, ya que consiste en la transformación de un estado de derecho por el mero transcurso de un periodo de tiempo. G. Orozco Pardo, La interrupción de la prescripción extintiva en el derecho civil, Granada, Ed. U. Granada, 1986, págs. 15 y 44. Véase, también, E. Vázquez Bote, op. cit, pág. 96. Así también lo hemos enunciado nosotros. Véanse: Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 DPR 943, 950 (1991); Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, 144 DPR 389, 394 (1997). Afirma Orozco Pardo que esa seguridad informa al ordenamiento jurídico en la medida que elimina la incertidumbre de las relaciones jurídicas que de otro modo estarían “eternamente pendientes”. Id.

La transformación que se da con el transcurso del tiempo puede consistir tanto en la constitución de un derecho como en la extinción de uno; en ese sentido se habla de la prescripción adquisitiva y de la prescripción extintiva. Como sabemos, la prescripción extintiva no acarrea la adquisición de derecho alguno por parte de quien se beneficia de ella, sino que el deudor se libera de su obligación debido a que la acción para reclamar su cumplimiento prescribió. Vázquez Bote, op. cit., pág. 99. En otras palabras, produce el efecto fundamental de “destruir la acción aseguradora o amparadora del derecho [principal y los accesorios]”. Vázquez Bote, op. cit., pág. 113.

En Puerto Rico, esta institución es una materia de derecho civil sustantivo y no procesal, que tiene como norte atender el interés general de darle certeza a las relaciones jurídicas, pero que, a la vez, tiene que conciliarse con el interés individual de quienes quieren ejercer sus derechos. Véanse: S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831 (2011); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485 (2011); COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 805, 806 (2010); Arce Bucetta v. Motorola, 173 DPR 516, 537 (2008); Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, supra, pág. 389. Véanse, también: R. Hernández Colón, Prác- tica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2010, págs. 94-95; Orozco Pardo, op. cit., págs. 57-58. Mediante este tipo de prescripción se extingue un derecho del que se disponía debido a la inercia de una parte en ejercerlo durante el periodo de tiempo específico para que se ejecutara la acción. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 375-374 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra, pág. 505. Esto tiene el propósito de castigar la dejadez en el ejercicio de los derechos y evitar litigios que sean difíciles de adjudicar debido a la antigüedad de las reclamaciones. S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, supra, pág. 831. En otras palabras, evitar que alguna de las partes quede en un estado de indefensión. Id. De esta forma, se evitan las consecuencias que genera la resucitación de reclamaciones viejas, como la pérdida de evidencia, la pérdida de testigos o la dificultad para contactarlos y la memoria imprecisa. Íd.; Arce Bucetta v. Motorola, supra, pág. 536; Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 DPR 943, 950 (1991). Véase, también, Hernández Colón, op. cit., pág. 94.

En ocasiones anteriores hemos destacado que el estable-cer leyes relativas a la prescripción es un asunto de política pública, cuya determinación recae exclusivamente en la Asamblea Legislativa. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., supra, pág. 950; Alicea v. Córdova, 117 DPR 676, 684 (1986). Véase, también, Hernández Colón, op. cit., pág. 94. Esto es así, pues la existencia de los términos prescriptivos responde a una política firmemente establecida de que las reclamaciones se solucionen de manera expedita. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra. En consonancia con ello, el Estado tiene amplia discreción para limitar el tiempo en que se puede interponer una reclamación, siempre y cuando se le permita al perjudicado un tiempo razonable en el cual instarla. Alicea v. Córdova, supra, pág. 696. Así, se le concede a la parte afectada un periodo para ejercer sus derechos y, a la vez, se protege a la parte de-mandada de quedar indefinidamente a la expectativa de un posible pleito. Arce Bucetta v. Motorola, supra, pág. 536.

De esta forma, la prescripción extintiva opera como un supuesto de extinción de la obligación. Martínez v. Soc. de Gananciales, 145 DPR 93, 101 (1998). En el caso de las reclamaciones derivadas de la culpa o negligencia de las que trata el Art. 1802 este término es de un año. Art. 1868 del Código Civil, supra. La brevedad de este plazo cobra significado en este tipo de demandas al considerar que no se fundamentan en una relación jurídica previa. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 374; Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., supra, págs. 951—952. Véase, también, L. Diez-Picazo, La prescripción extintiva en el Código Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 2da ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 2007, pág. 247.

Ahora bien, como nos recuerda Diez-Picazo, es claro que el efecto extintivo de la prescripción no debe producirse si antes de que transcurra el tiempo señalado por ley, se ejer-cita el derecho que amenazaba con perderse. Diez-Picazo, op. cit., pág. 137. El autor lo resume de esta forma:

[...] solo podrá en rigor hablarse de [la prescripción] cuando se haya producido lo que se ha denominado como un “continuado silencio” de la relación jurídica. De esta manera, si algún acon-tecimiento llega a romper ese silencio, la prescripción no debe producirse, pues no se da ya el supuesto que justificaba la defensa del sujeto pasivo contra la pretensión frente a él ejercitada. Si algo anuncia que el derecho sigue vivo, que va a ser ejercitado o que puede serlo, la pretensión del titular del derecho no es ya intempestiva, ni por ello inadmisible. (Enfa-sis nuestro). Diez-Picazo, op. cit., pág. 137.

Contrario a lo que ocurre cuando nos enfrentamos ante un término de caducidad, los términos prescriptivos sí pueden interrumpirse. Para ello existen unas causas de interrupción que permiten al a que se ejercite el derecho o acción que amenaza con perderse, sí cabe exigir su cumplimiento oportuno o que se manifieste la voluntad de evitar que prescriba. Orozco Pardo, op. cit., pág. 22.

En general, el efecto principal de la interrupción es que comienza de nuevo el cómputo cronológico del término prescriptivo. Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra, pág. 505; Arce Bucetta v. Motorola, supra, pág. 537; Muñoz v. Ten General, 167 DPR 297, 302 (2006); Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 568 (2001). Y una vez interrumpido, las reclamaciones sucesivas lo pueden prolongar indefinidamente, ya que cada interrupción tiene el efecto de que el término comience de nuevo. íd. Al respecto conviene exponer la explicación que expone Diez-Picazo:

[l]a palabra interrupción resulta, sin embargo, poco expresiva, sobre todo si se habla de la interrupción de la prescripción, pues parece indicar que la prescripción tiene algo así como un ciclo vital que en un momento dado se paraliza o queda estor-bado, para comenzar a seguir contándose después, cuando en rigor no es así. Los actos obstativos de la prescripción son, al mismo tiempo, actos de revigorización del derecho subjetivo o de las facultades jurídicas, de manera que, interrumpida la prescripción, tiene el tiempo que volverse a contar por entero. (Enfasis nuestro). Diez-Picazo, op. cit., pág. 37.

Continúa el autor señalándonos que

[l]o que la ley llama “interrupción de la prescripción” agrupa un conjunto de causas o de circunstancias que impiden o excluyen la prescripción misma. Si una prolongada inercia determina la prescripción, la ruptura de la inercia la impide y aconseja, razonablemente que no se produzca, porque de hecho, nada se opone a que los derechos que la ley considera prescriptibles (frente a los caducables) resulten indefinida-mente prolongados, sin límite temporal alguno, siempre que sucesivamente se realicen actos que rompen la situación del sujeto pasivo que la ley trata de proteger. En este sentido, no hay límite a las plurales y sucesivas interrupciones, porque en ningún caso está justificado, si esas circunstancias se dan, que el sujeto quede defendido con la prescripción. (Énfasis nuestro). Diez-Picazo, op. cit., pág. 137. Véase, además, Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 753.

En otras palabras, el ordenamiento jurídico pone en ma-nos del titular un mecanismo de defensa para que, me-diante la declaración de su voluntad, interrumpa ese plazo y comience a transcurrir otro de igual prolongación. Pues si la seguridad jurídica exige que los derechos y las accio-nes que no se ejercitan durante un tiempo determinado prescriban, es lógico que se otorgue un medio para evitarlo. Orozco Pardo, op. cit, pág. 22. En fin,

[l]a interrupción de la prescripción es posible porque los dere-chos a los cuales puede afectar, a diferencia de lo que sucede en la caducidad, no tienen limitada su existencia de antemano por un término “fatal” de ejercicio, dentro del cual si no son ejercitados, se extinguen fatalmente, sino que pueden ser con-servados mediante oportunos actos interruptivos dirigidos a tal fin. Orozco Pardo, op. cit., pág. 58.

De esto se ocupa el Art. 1873 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 5303. Este preceptúa que “[l]a prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”. íd. El acto interruptor de que se trate debe constituir una manifestación inequívoca de quien posee el derecho y opta por ejercerlo, eliminando así la incertidumbre. Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra, pág. 505; Sánchez v. Aut. de los Puertos, supra, págs. 567-568. Lo importante al considerar cuándo se interrumpe un término prescriptivo es el aviso adecuado de la existencia de una posible reclamación. En ese sentido, la eficacia de la interrupción de la prescripción está sujeta a: (a) la oportunidad, es decir, que se realice antes de la consumación del plazo; (b) la legitimación, o sea, que la realice el titular del derecho; (c) la identidad, que se trate del derecho afectado, y (d) la idoneidad del medio utilizado. Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra, pág. 506.

En el caso de la reclamación por la vía extrajudicial, la ley no presenta requisitos, lo importante es que mediante el medio utilizado la voluntad del acreedor quede patente. Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra, págs. 505-506. Este tipo de reclamación puede hacerse de maneras distintas, pero todas deben cumplir con los requisitos generales de oportunidad, identidad, legitimidad e idoneidad. Orozco Pardo, op. cit., pág. 195. No se exige que conste en documento fehaciente ni existe inconveniente alguno en que sea puramente verbal. Véanse: Sánchez v. Aut. de los Puertos, supra, pág. 568; Diez-Picazo, op. cit., pág. 185.

En Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra, pág. 506, citando a Albaladejo, reseñamos que esa reclamación extrajudicial, con tal de que sea una verdadera reclamación y no un mero recordatorio, puede revestir formas innumerables. También en ese caso, haciendo referencia a la jurisprudencia española según expuesta por el mencionado autor, señalamos que la reclamación extrajudicial puede constituir la presentación de una factura, de una carta so-licitando compensación por los daños sufridos, o de una “reclamación administrativa dirigida al Ayuntamiento responsable de los daños que se pide se resarzan”. Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra, pág. 506. En resumen, este tipo de reclamación lo que busca es interrumpir el término prescriptivo, fomentar las transacciones extrajudiciales y notificar a grandes rasgos la naturaleza de la reclamación. Sánchez v. Aut. de los Puertos, supra, pág. 568.

Expuesto el marco teórico que precede, procedemos a atender en conjunto los errores señalados por los peticionarios.

III

Nos corresponde resolver si el Art. 15.003(c) de la Ley de Municipios, supra, impide que el requisito de la notifica-ción que se le haga al alcalde interrumpa el término prescriptivo estatuido en el inciso (2) del Art. 1868 del Código Civil, supra. La contención del municipio de Guaynabo es que esa cláusula de salvedad no modifica de forma alguna, ni reduce el término de un año para presentar una acción por daños y perjuicios. Según este, ello significa que el plazo prescriptivo de un año no queda interrumpido o modificado con la presentación de la notificación al alcalde en los noventa días. Para ello, no cita otro fundamento que la opinión disidente que emitiera el entonces Juez Asociado Señor Negrón García en Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra. Señala que, de no existir la cláusula de salvedad, la parte demandante estaría en libertad de presentar su acción indefinidamente.

De otra parte, el municipio cita el caso de Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, en apoyo de su contención en el sentido de que allí mencionamos que los demandantes de ese caso actuaron correctamente al presentar su acción de daños y perjuicios en el término prescriptivo de un año. Indica que ante ello la demanda de los demandantes esta prescrita por haber transcurrido más de un año desde que se tuvo conocimiento de los daños.

En ese caso unos empleados fueron cesanteados entre el 3 y 9 de julio de 1997. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 794. Luego, estos acudieron ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (JASAP) el 31 de julio de ese mismo año. íd. Eventualmente, presentaron una demanda por daños y perjuicios contra el municipio el 10 de junio de 1998. íd. Entre otras cosas, ese caso resolvió que el municipio demandado quedó notificado conforme al Art. 15.003 de la Ley de Municipios, supra, una vez se presentó la reclamación ante JASAP. Por otro lado, dictaminamos que debido a que el foro administrativo no tenía facultad para atender la reclamación sobre daños y perjuicios los demandantes debían acudir ante el foro judicial en el término prescriptivo de un año. Por haber ocurrido así, enunciamos que los demandantes de ese caso no habían perdido su causa de acción. Ahora bien, no nos expresamos sobre la controversia que hoy pende ante esta Curia, a los efectos de si la notificación que se debe cursar al alcalde puede interrumpir ese término.

Sin embargo, la controversia que nos plantea este caso no es ajena a nuestros pasados pronunciamientos jurisprudenciales. Si bien no hemos tenido la oportunidad de expresarnos en cuanto a la misma en el contexto de la Ley de Municipios, sí atendimos una situación similar en Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, cuando analizamos la Ley Núm. 104, supra, legislación que contiene una disposición análoga al inciso (c) del Art. 15.003 de la Ley de Municipios, supra. Veamos.

Como sabemos, cuando se pretende demandar al Estado para solicitar la reparación de daños y perjuicios también existe un requisito de notificación previa, en ese caso al Secretario de Justicia. En el precitado caso justipreciamos si el inciso (f) del Art. 2A de Ley Núm. 104, supra, era un obstáculo para que esa notificación interrumpiera el término prescriptivo estatuido en el inciso (2) del Art. 1868 del Código Civil, supra, para presentar una demanda al amparo del Art. 1802, supra. Ese inciso (f) dispone que esa sección “no modificará en forma alguna, para aquellos reclamantes que cumplan con sus disposiciones, el término prescriptivo fijado por el inciso (2) de la see. 5298 del Título 31”. Como vemos, el citado precepto contiene un lenguaje análogo al de la disposición que hoy nos ocupa. Precisamente, cuando resolvimos ese caso mencionamos que la cláusula provino del Art. 96 de la derogada Ley Municipal de 1960. Por su pertinencia citaremos in extenso lo que allí señalamos:

Al aprobarse la Ley Núm. 104, supra, originalmente, se es-tableció específicamente que para las acciones allí autorizadas regirían los términos fijados en las leyes aplicables. Art. 8 (32 L.P.R.A. sec. 3083). Ahora bien, al añadirse el Art. 2A, supra, se dispuso, en el inciso (e), que no se podría iniciar una acción contra el Estado si antes no se cumplía con el requisito de la notificación previa. Se creó, pues, un aparente conflicto entre el inciso (e) y los Arts. 1868 y 1869 del Código Civil, supra. El inciso (e) creó la incertidumbre de si el término prescriptivo comenzaba a transcurrir desde que el agraviado tuvo conoci-miento de los daños (Art. 1868) o desde que se podía ejercitar la acción (Art. 1869), o sea, desde que se hacía la notificación, ya que la notificación es un requisito para poder iniciar la acción. El inciso (f) aclaró la situación al establecer que el cumplimiento con los requisitos establecidos por este artículo, “no modificará, en forma alguna”, el término prescriptivo de un (1) año fijado por el Art. 1868 del Código Civil, supra. El término prescriptivo comienza a transcurrir desde que el agra-viado tuvo conocimiento de los daños, independientemente de que no se pueda iniciar la acción hasta que se haga la notificación. Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 759.

Luego de acotar que, en correcta hermenéutica jurídica, un estatuto que de alguna manera limite el derecho de los perjudicados a solicitar indemnización se debe interpretar restrictivamente, resolvimos lo siguiente:

[...] cabe señalar que el Art. 2A, supra, no hace mención del efecto que tendrá el cumplimiento con el requisito de notifica-ción previa sobre el Art. 1873 del Código Civil, supra, que re-gula la interrupción del término prescriptivo de las acciones. La Ley Núm. 104, supra, no limita el derecho de un perjudi-cado a interrumpir el término prescriptivo de una acción contra el Estado en daños. El inciso (f) del Art. 2A, supra, no tiene ni puede tener este efecto. El Art. 2A, supra, es una limitación al derecho de los perjudicados a solicitar indemnización de parte del Estado, y como tal, debe ser interpretado restrictivamente. Por lo tanto, nada impide que junto con la notificación previa al Secretario de Justicia que exige el Art. 2A, supra, se incluya la reclamación interruptora del Art. 1873 del Código Civil, supra. Esta interpretación no sólo es cónsona con el propósito de la Ley Núm. 104, supra, de que el Estado responda bajo las mismas circunstancias, forma y extensión que a las personas naturales, sino que también armoniza con las figuras jurídicas de la prescripción e interrupción.

Pues como ya hemos enunciado, la prescripción del derecho es lo excepcional y su conservación y ejercicio debe ser lo normal. Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, supra, pág. 394. Véase también, Orozco Pardo, op. cit., pág. 59.

Evidentemente, igual tratamiento debemos dar a la cláusula (c) del Art. 15.003 de la Ley de Municipios, supra. El propósito de la notificación requerida por ese artículo es informar al municipio de que existe una reclamación potencial en su contra. Esto es un mecanismo que se debe cumplir por exigirlo la ley. Ahora bien, esa notificación puede acarrear simultáneamente que el término prescriptivo de un año para presentar la acción quede interrumpido siempre y cuando cumpla con los criterios que exige una reclamación judicial para que sea idónea. En caso de que esa notificación no cumpla con tales parámetros, entonces el término continuará su curso, pues el inciso (c) del Art. 15.003, supra, lo que implica es que según lo dispuesto en el Código Civil de Puerto Rico el término para demandar a un municipio sigue siendo un año. No cabe otra interpretación distinta a la que hicimos en Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra.

En este caso no está en controversia el hecho de si la carta que los peticionarios le cursaron al municipio de Guaynabo el 11 de marzo de 2011 constituyó una reclama-ción extrajudicial idónea. Tal como lo resaltó el propio foro apelativo:

[...] los detalles son minuciosos y los pormenores específicos[,] al grado de identificar con los nombres y apellidos completos a los policías involucrados y sus números de placas. También a esa fecha se identifica con claridad al supervisor de los policías municipales y el número de su placa.

Al ser así, ante lo discutido es forzoso concluir que esa notificación interrumpió el término prescriptivo de un año dispuesto en el Art. 1868 del Código Civil, supra. De esta forma, el término comenzó a transcurrir nuevamente te-niendo estos hasta el 12 de marzo de 2012 para presentar su demanda. Al hacerlo en ese término, los peticionarios no perdieron su causa de acción. Por lo tanto, erró el Tribunal de Apelaciones al desestimarla. Ese foro acotó en su sen-tencia que la carta de 11 de marzo de 2011 constituyó una “mera notificación” al municipio de Guaynabo sobre la reclamación. No podemos adjudicar a ese acto interruptor la catalogación efímera que el Tribunal de Apelaciones le otorgó. Cónsono con la doctrina y conforme a la jurispru-dencia de este Tribunal, resolvemos que ello constituyó una reclamación extrajudicial que tuvo el efecto de inte-rrumpir el término prescriptivo de un año.

En conclusión, el Art. 15.003 de la Ley de Municipios, supra, no puede eliminar los efectos de la interrupción de la prescripción extintiva en nuestra jurisdicción. Lo contrario sería modificar la norma de que un término prescriptivo se puede interrumpir mediante una manifestación inequívoca extrajudicial de que se interesa mantener el derecho. Pues, como nos señala Diez-Picazo, debe valorarse como reclamación cualquier acto que sea contrario a la dejación o abandono de ese derecho, que por ende rompa el llamado silencio de la relación jurídica, haciendo injusto que el sujeto pasivo quede beneficiado por el transcurso del tiempo. Diez-Picazo, op. cit., pág. 184.

IV

Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para ulteriores procedimientos conforme con lo aquí pautado.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton no intervino. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no interviene.

       Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada.

       En unión a su hijo menor de edad.

       Véase la Demanda, Apéndice de la Apelación, pág. 26.

       Inicialmente, en la demanda se incluyó como codemandado al Gobierno de Puerto Rico ante la presunta presencia de dos policías estatales el día de los hechos. No obstante, surge de la minuta de la vista de 12 de diciembre de 2012 que se celebró ante el Tribunal de Primera Instancia —notificada a las partes el 21 de diciembre de 2012— que los peticionarios anunciaron que desistirían de su reclamación contra el Estado. El foro primario declaró “ha lugar” el desistimiento sin perjuicio. Véase Minuta, Apéndice de la Apelación, pág. 76.

       Íd., págs. 48 y 52.

       Íd., pág. 48.

       Véase Contestación a la demanda, id., pág. 37.

       Id., pág. 19.

       El 11 de marzo de 2012 fue domingo, por lo que el término se extendió hasta el lunes 12 de marzo de 2012.

       Véase Resolución de 12 de febrero de 2013 del Tribunal de Apelaciones, recurso numerado KLRA201300050 (posteriormente renumerado como KLCE201300312). íd., págs. 66 y 99.

       Véase la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, id., pág. 145.

       Véase Apelación, pág. 8.

       Se aclara cómo debe computarse la compensación por daños.

       Para una discusión sobre cómo puede efectuarse esta notificación, véase Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 196 (2014).

       Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980 (21 LPRA ant. see. 2001 et seq.).

       Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960 (21 LPRA ant. sec. 1603).

       Véase también, J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción y usucapión, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1996, pág. 26.

      7) Según el Art. 1869 del Código Civil, el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, siempre y cuando no haya legislación especial en contrario, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse. 31 LPRA see. 6299. Conforme a la teoría cognoscitiva del daño, hemos establecido que el término comenzará a transcurrir cuando el reclamante cuente con los elementos necesarios para ejercer su causa de acción, tomando en cuenta cuándo conoció o debió conocer que sufrió un daño y el autor de este. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012); S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 832 (2011); COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 806 (2010). Véase, además, Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 254-255 (1992). Esto es así ya que "los términos prescriptivos no tienen vida propia, pues dependen de una causa de acción que los active”. Muñiz Burgos Inc. v. Mun. Yauco, 187 DPR 665, 685 (2013). Ahora bien, ese desconocimiento no puede deberse a la falta de diligencia del propio reclamante.

       Un término de caducidad no puede interrumpirse, ya que su efecto extintivo es radical y automático. Véase Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667 (2012).

       Citando a M. Albaladejo García, Derecho Civil, 17ma ed., Madrid, Ed. Edisofer S.L., 2006, T. 1, pág. 905.

       Alegato del municipio de Guaynabo, pág. 7.

       íd, pág. 9.

        Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 759.

       Desde Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 DPR 812, 816 (1964), señalamos que en “el estado actual de nuestra Ley y nuestra jurisprudencia [no] se pued[e] hacer una válida distinción entre la responsabilidad de una persona particular y el Estado cuando se trata de un daño causado por negligencia”. Claro está, esto dentro de la extensión de la responsabilidad del Estado ante las leyes aplicables.

       Orozco Pardo, op. cit., pág. 59. Nos señala este autor que el ordenamiento jurídico debe potenciar el ejercicio del derecho, siendo un medio para ello, el promover la aplicación de los medios que interrumpen la prescripción siempre y cuando estos cumplan con las exigencias relevantes.

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones, págs. 6-7.

       Íd., pág. 5.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Nataniel Acosta Pérez, recurrido.

      Número: CC-2013-0889

      Resuelto: 9 de abril de 2014

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Mó-nica Cordero Vázquez, procuradora general auxiliar, abo-gadas de El Pueblo de Puerto Rico, parte peticionaria.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión debemos determinar si un juez puede motu proprio dejar sin efecto una alegación preacordada, que ya el tribunal aceptó, debido al cambio de posición de la víctima al respecto. Resolvemos que no. Por consi-guiente, revocamos la Sentencia del Tribunal de Apelacio-nes que resolvió lo contrario.

I

El Ministerio Público presentó una denuncia contra el Sr. Nataniel Acosta Pérez por infringir el Art. 2.8 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, cono-cida como “Ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica”, 8 LPRA see. 628 (Ley Núm. 54). Par-ticularmente, le imputó violar una orden de protección ex-pedida a favor de su expareja consensual por haberse co-municado con ella en varias ocasiones por mensajes de texto. El Tribunal de Primera Instancia determinó causa para arresto. El señor Acosta Pérez renunció a la vista pre-liminar, se determinó causa para acusar y se presentó la acusación correspondiente por violación al Art. 2.8 de la Ley Núm. 54, supra, el cual dispone lo siguiente:

Cualquier violación a sabiendas de una orden de protección expedida de conformidad con este capítulo, será castigada como delito grave de tercer grado en su mitad inferior.
No obstante, lo dispuesto por la Regla 11 de las Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendada, Ap. II del Título 34, aunque no mediare una orden a esos efectos, todo oficial del orden público deberá efectuar un arresto, si se le presenta una orden de protección expedida al amparo de este capítulo o de una ley similar, contra la persona a ser arrestada, o si de-termina que existe dicha orden mediante comunicación con las autoridades pertinentes y tienen motivos fundados para creer que se han violado las disposiciones del mismo. (Enfasis suplido).

El día de la vista sobre lectura de acusación, la defensa del señor Acosta Pérez y el Ministerio Público suscribieron un preacuerdo titulado “Recomendación de alegaciones preacordadas”. Este preacuerdo consistía en reclasificar el Art. 2.8, supra, a Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, supra, 8 LPRA see. 631, que establece que “[t]oda persona que em-pleare fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución en la persona [...] con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual [...] para causarle grave daño emocional, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior”. (Enfasis suplido). Según lo acor-dado, el Ministerio Público sugeriría una pena de 1 año, 9 meses y 1 día, y referiría a informe presentencia para un posible programa de desvío. La Moción sobre Alegación Pre-acordada —firmada por el acusado, su abogado y la Fiscal del caso— advertía que si el tribunal no aceptaba la recomendación del Ministerio Público, el acusado no ten-dría derecho a retirar la alegación de culpabilidad hecha. Apéndice, pág. 29. El acusado renunció a su derecho a jui-cio por jurado y se declaró culpable.

El Tribunal de Primera Instancia aceptó el preacuerdo, luego de lo cual refirió el caso a informe presentencia para evaluar si el acusado cualificaba o no para el programa de desvío establecido en el Art. 3.6 de la Ley Núm. 54, supra, 8 LPRA see. 636.

Sin embargo, en la vista de sentencia la expareja consensual del acusado se opuso al programa de desvío y ma-nifestó que temía por su seguridad, a pesar de que inicial-mente había expresado su conformidad con dicho proceder. En vista de la oposición de la perjudicada, el Tribunal de Primera Instancia determinó que “el cambio de posición de la parte perjudicada afecta la alegación de culpabilidad y la regla 72 alcanzada en este caso [...]”. Apéndice, pág. 23. De esta forma dejó sin efecto la alegación de culpabilidad y revirtió el caso a la etapa de vista preliminar sin que la defensa o el Ministerio Público lo solicitaran.

El Ministerio Público acudió ante el Tribunal de Apela-ciones en desacuerdo. Ese foro denegó el recurso presen-tado por entender que la oposición de la perjudicada a la concesión del programa de desvío constituye un incumpli-miento del Ministerio Público con la alegación pre-acordada.

El Ministerio Público, representado por la Oficina de la Procuradora General, acudió ante nos todavía insatisfecho. Enfatizó que en este caso la defensa no solicitó el retiro de la alegación preacordada, sino que fue el foro primario quien levantó el asunto motu proprio. Esto sin que estu-viera presente alguna de las instancias que le permitirían hacerlo así, a saber, la falta de voluntariedad de la alega-ción realizada, la representación legal inadecuada o algún otro factor que afecte la conciencia que el señor Acosta Pé-rez tenía cuando acogió el preacuerdo. Asimismo, el Minis-terio Público sostuvo que, aunque la oposición de la perju-dicada a la concesión del programa de desvío debe ser considerada al determinar la sentencia que se impondrá, ello de por sí no era suficiente para invalidar el acuerdo suscrito y dejar sin efecto la alegación de culpabilidad aceptada por el Tribunal. Además, destacó que el Estado cumplió lo acordado, pues no garantizó al imputado el pro-grama de desvío, sino que se comprometió a recomendar la pena señalada y a referir el caso para que se “ ‘ausculte si cualifica o no’ ” para dicho programa. (Énfasis en el original). Certiorari, pág. 12.

Expedimos el recurso. El Ministerio Público solicitó que acogiéramos su petición de certiorari como el alegato de la parte peticionaria. En cambio, la parte recurrida no com-pareció, por lo que el caso quedó sometido sin el beneficio de su comparecencia.

II

Una persona acusada de cometer un delito puede hacer una de dos alegaciones: culpable o no culpable. Regla 68 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Véase Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 DPR 179, 192 (1998). Si alega culpabilidad, el acusado renuncia a varios derechos constitucionales y estatutarios, entre los que figuran el de-recho a un juicio justo, imparcial y público; el derecho a ser juzgado por un juez o Jurado; el derecho a que se esta-blezca su culpabilidad más allá de duda razonable, y el derecho a presentar evidencia a su favor y a rebatir la prueba en su contra. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra; Díaz Díaz v. Alcaide, 101 DPR 846, 854 (1973). Si el acusado hace una alegación de no culpable, el Ministerio Fiscal tiene que probar su culpabilidad más allá de duda razonable. Id.

En vista de que el acusado que se declara culpable renuncia a sus derechos constitucionales y estatutarios, los tribunales deben ser muy cuidadosos al decidir si aceptan o no la alegación. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra; Díaz Díaz v. Alcaide, supra. Al respecto, la Regla 70 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, dispone que “[e] 1 tribunal no aceptará la alegación de culpabilidad sin determinar primeramente que la misma se hace voluntariamente, con conocimiento de la naturaleza del delito imputado y de las consecuencias de dicha alegación”. De hecho, el tribunal puede negarse a admitir una alegación de culpabilidad y ordenar la anotación de una alegación de no culpable. Regla 71 de Procedimiento Criminal, 34 LPRAAp. II. Asimismo, el tribunal puede permitir el retiro de una alegación de culpabilidad en cualquier momento antes de dictar sentencia. Id. Lo mismo aplica a la alegación preacordada de culpabilidad como producto de una negociación con el Ministerio Público. Pueblo v. Figueroa García, 129 DPR 798, 804 (1992), citando a Brady v. United States, 397 US 742 (1970).

En Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569 (1984), reconocimos la validez de las alegaciones preacordadas de culpabilidad y sus beneficios para el Sistema de Justicia Criminal. Véanse: Pueblo v. Marrero Ramos, Rivera López, 125 DPR 90, 96 (1990); Boykin v. Alabama, 395 US 238, 242-244 (1969). Luego, la Asamblea Legislativa codificó y reguló lo adoptado en Pueblo v. Mojica Cruz, supra, al aprobar la Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. El inciso (1) de esta regla establece que un acusado puede hacer una alegación de culpabilidad a cambio de que el Ministerio Público se comprometa a: (1) pedir que se archiven otros cargos pendientes contra el imputado; (2) eliminar la alegación de reincidencia; (3) recomendar una sentencia específica o no oponerse a la solicitud de la de-fensa sobre una sentencia en particular, entendiéndose que el tribunal no estará obligado a dictar la sentencia reco-mendada o solicitada, o (4) acordar que cierta sentencia en particular dispone adecuadamente del caso. Véase Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460, 470 esc. 5 (2004).

Si el Ministerio Público y el acusado acuerdan el tercer curso de acción, el Tribunal de Primera Instancia “advertirá al imputado que si la recomendación del fiscal o la soli-citud de la defensa no es aceptada por el tribunal, el impu-tado no tendrá derecho a retirar su alegación”. (Enfasis suplido). Regla 72(2) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Véase, además, Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 198.

La Regla 72, supra, también establece que si el tribunal acepta la alegación preacordada, notificará al imputado que la incorporará y que constituirá parte de la sentencia. Regla 72(3) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Si rechaza la alegación preacordada, advertirá al imputado que el tribunal no está obligado por el acuerdo, le brindará la oportunidad de retirar su alegación y le advertirá que, de persistir en su alegación de culpabilidad, la determinación final del caso podrá serle menos favorable que la acordada entre la defensa y el Ministerio Público. Regla 72(4) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Véase, además, Betancourt Rojas v. Tribunal Superior, 90 DPR 747, 753 (1964).

Al ponderar si acepta una negociación preacordada, el tribunal debe asegurarse de que esta fue efectuada “con pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado; que es conveniente a una sana administración de justicia, y que ha sido lograda conforme a derecho y a la ética”. Regla 72(7) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Véase O.E. Resumil, Derecho procesal penal, Oxford, Butterworth Legal Publishers, 1993, T. II, págs. 130-131. También debe cerciorarse de que el imputado sea consciente de todos los efectos y las repercu-siones que tendrá su alegación y que se han observado los requisitos establecidos en la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, los cuales discutiremos más adelante. Resumil, op. cit. Asimismo, el tribunal deberá asegurarse de que existe base suficiente en los hechos para sostener la alegación de culpabilidad. Pueblo v. Suárez, supra, pág. 471.

En cuanto a su naturaleza jurídica, hemos resuelto que las alegaciones preacordadas dependen de la aprobación final del tribunal para consumarse y vincular a las partes. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 196; Pueblo v. Figueroa García, supra, págs. 809-810. Mientras el tribunal no haya aprobado el acuerdo, no existe bilateralidad entre las obligaciones de las partes y estas pueden retirar su consentimiento. Id. Una vez lo acepta y el acusado se declara culpable, cualquier intento de las partes de retirar lo acordado es un incumplimiento con el acuerdo. Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1995, Vol. III, pág. 211.

Con relación a lo anterior, en Pueblo v. Figueroa García, supra, pág. 807, expresamos que

[...] es preciso distinguir entre lo que constituye el retiro de una alegación preacordada y el incumplimiento con la misma. Ambos conceptos difieren en términos del momento en que se pretende deshacer el acuerdo y sus efectos. Específicamente, se retira una alegación preacordada si se pretende deshacer el acuerdo antes de que el imputado haga alegación de culpabi- lidad y la misma sea aceptada por el tribunal. Por otra parte, se incumple con la misma si se pretende deshacer el acuerdo una vez el acusado ha hecho alegación de culpabilidad y la misma ha sido aceptada por el tribunal.
Esta diferencia es importante porque al hacer alegación de culpabilidad el acusado renuncia a valiosos derechos constitu-cionales, e.g. el derecho a que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable; el derecho a un juicio justo, imparcial y público; el derecho a ser juzgado ante un juez o Jurado, y a presentar evidencia a su favor y rebatir la evidencia presen-tada en su contra. Mientras que si la alegación preacordada se retira con anterioridad a que el acusado haga alegación de culpabilidad, no está involucrada renuncia a derecho constitu-cional alguno. (Escolio y énfasis en el original suprimidos y énfasis suplido).

En cuanto al tribunal, hemos resuelto que este tiene discreción para aceptar, rechazar, modificar o permitir el retiro de una alegación preacordada. Pueblo v. Marrero Ramos, Rivera López, supra, pág. 97; Pueblo v. Franco, 70 DPR 786, 789 (1950). No obstante, esta discreción se derrotará si el tribunal se niega a permitir que el acusado retire una alegación de culpabilidad hecha sin comprender la ley y los hechos, o bajo una falsa representación. Asimismo, se derrotará cuando surge alguna duda de la culpabilidad del acusado, cuando este tiene alguna defensa meritoria o cuando se cumplen mejor los fines de la justicia sometiendo el caso a la consideración del juez o Jurado para su fallo. Betancourt Rojas v. Tribunal Superior, 90 DPR 747, 757 (1964); Pueblo v. Franco, supra. También procede el retiro de la alegación de culpabilidad cuando medie coacción, fraude o inadvertencia. íd. Pueblo v. Franco, supra.

Ahora bien, "[u]na vez el acusado hace la correspondiente alegación de culpabilidad y el tribunal la acepta, posteriormente el juez no puede rechazar el acuerdo”, pues ello menoscabaría los derechos constitucionales del acusado. (Énfasis suplido). Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 960 (2010). Véanse, además: U.S. v. Ritsema, 89 F.3d 392 (7mo Cir. 1996); United States v. Blackwell, 694 F.2d 1325 (C.D. A.C. 1982).

En fin, las alegaciones preacordadas son de gran valor para nuestro Sistema de Justicia Criminal, ya que permiten conceder ciertos beneficios al acusado si este se declara culpable, descongestionan los calendarios de los tribunales y propician que se enjuicien a los acusados dentro de los términos de rápido enjuiciamiento. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 194; Pueblo u. Marrero Ramos, Rivera López, supra. Como hemos reiterado, “[s]in las alegaciones preacordadas sería muy difícil, si no imposible, enjuiciar a todos los acusados de delito dentro de los términos mandados por el ordenamiento procesal y por la Constitución [...]”. Pueblo v. Suárez Ramos, supra, pág. 469. Véase Pueblo v. Figueroa García, supra, pág. 804.

Por otra parte, la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito establece que toda víctima de delito tendrá derecho a “[s]er consultadla] antes de que se proceda a transigir una denuncia o acusación contra el autor del delito [...]”. (Énfasis suplido). 25 LPRA see. 973a(g)(1). En Pueblo v. Dávila Delgado, 143 DPR 157 (1997), evaluamos el significado y el alcance de la frase “ser consultado”. Tras reconocer que las víctimas de hechos delictivos juegan un papel extraordinariamente importante en el procesamiento de sus victimarios, concluimos lo siguiente:

[...] no podemos enfatizar lo suficiente el hecho de que, no obstante los derechos que le concede esta clase de legislación a las víctimas o testigos de un delito, éstas no son parte para efectos del proceso criminal; careciendo éstas, en consecuencia, de los derechos que, de ordinario, tienen las partes en un procedimiento judicial. De forma tal que examinado en su justa perspectiva, el derecho que se concede en el antes transcrito Art. 2(g) de la Ley de Protección a las Víctimas y Testigos, a “ser consultado”, equivale a ser oído, a que su opinión o parecer sea tomado en consideración por el fiscal antes de que éste llegue a un acuerdo con el acusado y de cuestionar, ante el foro judicial, el que ello así no se haya hecho. Dicho de otra forma, de ninguna manera puede ser interpretado el derecho a ser consultado, que concede la citada ley, como que la víctima o testigo tiene el poder de vetar la actuación o el curso de acción que el Fiscal entienda procedente seguir en el caso. Dicha de-terminación es de la exclusiva inherencia del Ministerio Público. (Enfasis en el original y escolios omitidos). Id., págs. 167-168.

Luego hicimos la salvedad de que la Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra, concede específicamente al tribunal juzgador la discreción para aprobar o no la alegación preacordada alcanzada por la defensa y el Ministerio Público. Pueblo v. Dávila Delgado, supra, pág. 171. Incluso, destacamos que “el tribunal de instancia, aun cuando acepte, en principio, la alegación preacordada, no está obligado a seguir las recomendaciones que le hagan las partes sobre una sentencia específica a imponerse al imputado de delito. Esto es, el tribunal tiene discreción para imponer la sentencia que entienda procedente en derecho”. (Enfasis suplido y en el original). Íd.

Por último, para resolver el caso ante nos es necesario evaluar lo dispuesto por el Art. 3.6 de la Ley Núm. 54, supra, titulado Desvío del Procedimiento”. Este per-mite someter a la persona convicta de violencia doméstica a libertad a prueba, con la condición de que participe en un programa de reeducación y readiestramiento. Id. Luego, dispone que “[e]l tribunal tomará en consideración la opinión de la víctima sobre si se le debe conceder o no este beneficio e impondrá los términos y condiciones que estime razonables y el período de duración de la libertad a prueba que tenga a bien requerir [...]”. Id.

Del texto antes citado surge que la víctima en casos de violencia doméstica tiene un derecho estatutario a expre-sar su opinión y que esta sea considerada por el tribunal al momento de decidir si concede al victimario los beneficios del desvío del procedimiento. Véase Art. 3.6 de la Ley Núm. 54, supra. No obstante, al igual que en Pueblo v. Dávila Delgado, supra, este derecho no convierte a la víctima en parte para efectos del proceso criminal.

De igual forma, el artículo citado no dispone que la opinión favorable de la víctima sea un requisito indispensable para conceder el programa de desvío al victimario. Art. 3.6 de la Ley Núm. 54, supra. Al contrario, el lenguaje de esta disposición legal reconoce al tribunal la discreción de im-poner los términos y las condiciones que estime razona-bles, una vez considerada la opinión de la víctima. Id.

Siendo así, es forzoso concluir que la víctima de violencia doméstica tiene derecho a expresar su opinión y que el tribunal la considere antes de conceder al victimario el desvío de los procedimientos provisto por el Art. 3.6 de la Ley Núm. 54, supra. Sin embargo, la opinión de la víctima no puede dejar sin efecto el compromiso asumido por el Ministerio Público en una alegación preacordada de sugerir que se evalúe si el victimario cualifica o no para dicho beneficio. Véase Pueblo v. Dávila Delgado, supra. Después de todo, tal decisión recae en el Tribunal de Primera Instancia, el cual mantiene su discreción en cuanto a la sentencia a dictarse, independientemente de la opinión de la víctima o de las recomendaciones de la defensa y el Ministerio Público en una alegación preacordada. Véanse: Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra; Art. 3.6 de la Ley Núm. 54, supra.

III

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia ya había aceptado el acuerdo suscrito entre el Ministerio Público y el señor Acosta Pérez. El acuerdo suscrito consistía en reclasificar el cargo previamente imputado de violación al Art. 2.8 de la Ley Núm. 54, supra, a una infracción al Art. 3.1 de la misma ley, supra. También se acordó que el Ministerio Público recomendaría una pena de 1 año, 9 meses y 1 día, y que referiría el caso a informe presentencia para que se evaluara si el señor Acosta Pérez cualificaba para el programa de desvío. El Ministerio Público no garantizó que el tribunal acogería lo recomendado. Incluso, la propia Moción sobre Alegación Pre-acordada, presentada ante el foro primario, advertía sobre la posibilidad y las conse-cuencias de que el tribunal no aceptara la recomendación del Ministerio Público. Surge claramente del expediente que el Ministerio Público cumplió con lo acordado: reclasi-ficó el delito imputado, recomendó la pena pactada y sugi-rió la concesión del programa de desvío.

Por su parte, la defensa nunca solicitó que la alegación preacordada se dejara sin efecto. El señor Acosta Pérez tampoco ha alegado que se declaró culpable por desconoci-miento de la ley o de los hechos, que su abogado o el Mi-nisterio Público le engañaron o que fue coaccionado para que se declarara culpable. Fue el Tribunal de Primera Ins-tancia el que, rnotu proprio, dejó sin efecto la alegación preacordada luego de haberla aceptado y sin que alguna de las partes lo solicitara.

Como vimos en el acápite anterior, el hecho de que la perjudicada hubiera retirado su conformidad en la vista para dictar sentencia no impedía que el Tribunal de Pri-mera Instancia, en el ejercicio de su discreción, impusiera la pena que entendiera correspondiente, incluyendo la re-comendada en el preacuerdo. El foro primario debió consi-derar la opinión de la señora Montero Rivera como un factor adicional al momento de evaluar el informe pre-sentencia y determinar la sentencia que impondría.

Siendo así, el Tribunal de Primera Instancia no podía dejar sin efecto el preacuerdo motu proprio y, mucho me-nos, ordenar la celebración de una vista preliminar. Cier-tamente, su proceder menoscabó los derechos constitucio-nales del señor Acosta Pérez, quien se declaró culpable bajo el entendimiento de que sería procesado por violar el delito grave de cuarto grado tipificado en el Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, supra, y no por el delito grave de tercer grado tipificado en el Art. 2.8 de la misma ley, supra. Véase, además, Pueblo v. Pérez Adorno, supra.

Dejar sin efecto la alegación de culpabilidad y revertir el caso a vista preliminar obliga innecesariamente a la perju-dicada a reiniciar el proceso criminal, en el cual tendría que testificar y confrontar nuevamente a su victimario. Como bien señala el Ministerio Público, debemos tener presente que ello podría comprometer el interés y la capa-cidad de la perjudicada en continuar con el proceso.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sen-tencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que dicte la sentencia correspondiente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988 (25 LPRA sec. 973 et seq.).

       Apéndice del Certiorari, pág. 29.


text:
      In re Hon. Federico Hernández Denton, en Ocasión de su Retiro como Juez Presidente del Tribunal Supremo.

      Número: ED-2014-01

      Resuelto: 9 de abril de 2014
   RESOLUCIÓN

Luego de aproximadamente veintinueve años como miembro del Tribunal Supremo, diez de estos como Juez Presidente, el Hon. Juez Federico Hernández Denton cesa en sus funciones por mandato constitucional. Motivados por este evento, y por acuerdo de las Señoras Juezas Aso-ciadas y los Señores Jueces Asociados, adoptamos esta Resolución.

La carrera jurídica del Juez Hernández Denton co-menzó tras obtener el grado de juris doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Recién gra-duado, fue asesor legal del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Ledo. Jaime Benitez. Entre 1970 y 1972 ocupó varios cargos en la facultad de Administración de Empre-sas de la Universidad de Puerto Rico, entre los cuales se destacan la cátedra de derecho mercantil, la dirección del Centro de Investigaciones Comerciales y la fundación y dirección del Instituto de Investigaciones de Problemas del Consumidor.

Fue nombrado por el gobernador Hon. Rafael Hernán-dez Colón como el primer Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, luego de lo cual retomó su ca-rrera académica por casi una década en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, primero como catedrático y luego como decano de la Facultad de Derecho. Durante esos años dirigió el Programa Clínico de esa Facultad y la Fundación de Estudios Puertorriqueños. También fue uno de dos fundadores de la Oficina de Servicios Legales de Santurce, un esfuerzo conjunto de la Facultad de Derecho y la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico.

El Juez Hernández Denton fue miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y de la Junta de Direc-tores de la Corporación de Servicios Legales. Entre el 1983 y 1985 presidió el Consejo Asesor de la Comisión de lo Ju-rídico del Senado sobre el proyecto de ley para establecer la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Tras una distinguida trayectoria en el servicio público y la academia, el gobernador Hon. Rafael Hernández Colón lo nombró Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico el 14 de junio de 1985. El 9 de agosto de 2004 fue nombrado Juez Presidente por la gobernadora Hon. Sila M. Calderón Serra.

Como Juez Presidente, el Hon. Federico Hernández Denton se ha dedicado a elaborar e implantar importantes programas y sistemas para la modernización de la Rama Judicial, junto con los funcionarios de la Oficina de Admi-nistración de los Tribunales. Este esfuerzo de traer a la Rama Judicial al siglo xxi culminó este año con la presen-tación electrónica de documentos judiciales en los tribunales. Durante la presidencia del Juez Hernández Denton, el Tribunal Supremo aprobó importantes medidas para asegurar la transparencia de los procesos judiciales, entre estas, la enmienda al Canon 15 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, para autorizar el uso de cámaras y otras formas de transmisión en vivo en las salas de nuestros tribunales.

El Juez Presidente también ha prestado especial aten-ción a los problemas que afectan a sectores vulnerables de nuestra sociedad. Para asegurar a estos ciudadanos el ac-ceso a la justicia y a la equidad, procuró la creación de las Salas Especializadas de Familia y Menores, y las Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica. Además, fortaleció el Programa de Cortes de Drogas para adultos y menores e implantó el Protocolo Interagencial para Casos de Violencia Doméstica y Salud Mental.

Por otra parte, el Juez Presidente Hernández Denton dio impulso al enriquecimiento jurídico del Tribunal y de la Rama Judicial al procurar que esta participara activamente en diversas organizaciones internacionales, entre estas, el Conference of Chief Justices, el National Conference of State Courts, la Cumbre Judicial Iberoamericana y el Consejo Judicial Centroamericano. Más aún, logró que nuestro país fuera la sede de importantes reuniones de organismos de gran impacto en nuestra región, tales como las XIII Jornadas de Derecho Constitucional, celebrada del 16 al 18 de febrero de 2010; la VI Reunión Ordinaria de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial de 2011, celebrada el 13 de octubre de 2011; la Conferencia de Jueces Presidentes de Estados Unidos (CCJ, por sus siglas en in-glés) de 2013, y la Reunión del Consejo Judicial Centro-americano y del Caribe en el 2014. Como parte de este esfuerzo, facilitó la participación de Jueces y Juezas en organizaciones de gran prestigio, como la Comisión Ibero-americana de Etica Judicial.

Cónsono con su interés y preocupación por la calidad de los abogados y las abogadas del país, el Juez Hernández Denton ha presidido durante diecinueve años la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría. Su decidido apoyo a los programas institucionales de educación judicial fue reconocido en el 2011 al otorgarse a la Academia Judicial Puertorriqueña el Judicial Education Award de la American Bar Association. De igual forma, el Juez Presidente ha impulsado y reforzado los esfuerzos institucionales de educar a toda la ciudadanía sobre sus derechos y sobre los procedimientos judiciales a través de la creación y expansión de programas educativos.

Férreo defensor de la independencia judicial, incluso en momentos volátiles de nuestra historia, ha dejado una huella profunda en la historia institucional de la Rama Judicial y, en particular, del Tribunal Supremo. Su retiro por imperativo constitucional nos priva de un juez visiona-rio, sensible, trabajador y, sobre todo, íntegro, que dedicó gran parte de su vida profesional al servicio de nuestro país y de su Rama Judicial.

En nombre de la Rama Judicial y de Puerto Rico, las Juezas Asociadas y los Jueces Asociados de este Tribunal expresamos nuestro más sincero aprecio, agradecimiento y estima hacia el compañero Juez Presidente, Señor Federico Hernández Denton. Extendemos este sentir de cariño y gratitud a su señora esposa, Leda. Isabel Picó Vidal, a su hijo, Federico Rafael, y a su queridísima nieta, Catalina Isabel. Le deseamos éxito en sus planes futuros y felicidad en esta etapa nueva de su vida.

Publíquese.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Presidente Señor Hernán-dez Denton no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de Concesión del Día 17 de Abril de 2014 (Jueves Santo).

      Número: EM-2014-04

      Resuelto: 11 de abril de 2014
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, concedió libre el día 17 de abril de 2014 (Jueves Santo) con cargo a la licencia de vacaciones.

A tales efectos y en virtud de nuestra facultad para re-glamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplica-bles a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 LPRA sees. 72 y 73) y se considerará el 17 de abril de 2014 (Jueves Santo) como si fuera día feriado. Cual-quier término que venza ese día se extenderá hasta el próximo día laborable, 22 de abril de 2014.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

text:
    Asociación de Condómines del Condominio Meadows Tower, recurrida, v. Meadows Development Corporation y F & R Construction Corporation, peticionarios.

      Número: CC-2013-712

      Resuelto: 11 de abril de 2014

      Juan E. Náter Santana, abogado de Meadows Development Corporation y F & R Construction Corporation, partes peticionarias; Pedro E. Ruiz Meléndez y Gretchen Carlo Yamín, del bufete Ruiz Law Offices, PSC, abogados de la Asociación de Condómines del Condominio Meadows Tower, parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

El 23 de agosto de 2006, la Asociación de Condominos del Condominio Meadows Tower presentó una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (Daco) contra Meadows Development Corp. y F & R Construction, Corp., entre otros, por los vicios de construcción que alega-damente sufría el edificio. La querellante alegó, en sínte-sis, que el edificio sufría de vicios o defectos de construc-ción en las áreas de las escaleras, paredes exteriores de bloques, los ascensores, pavimentos exteriores, pisos de áreas comunes y los adoquines de la entrada.

Celebradas las vistas correspondientes y concluido el desfile de prueba ante el foro administrativo, el 13 de no-viembre de 2012 Daco emitió y archivó en autos copia de la notificación de una resolución en la que declaró “con lugar” la querella contra Meadows Development y F & R Construction. Ordenó a los querellados que repararan el pavi-mento, las paredes, los ascensores, los adoquines y las es-caleras a su costo, de manera solidaria. F & R Construction y la parte querellante presentaron sus mociones de recon-sideración el 3 de diciembre de 2012 y Daco las acogió el 12 de diciembre de 2012. No obstante, el 1 de marzo de 2013 la agencia notificó a las partes que había decidido extender el término para resolver las mociones de reconsideración treinta días adicionales. Indicó que se veía obligada a pro-rrogar el término por dificultades con los sistemas de com-putación y otros asuntos inesperados. También explicó que si el término adicional transcurría sin que se emitiera una decisión, la agencia perdería jurisdicción y la parte afec-tada tendría treinta días para solicitar la revisión judicial en el Tribunal de Apelaciones.

Al no producirse la resolución, la parte querellante pre-sentó su recurso de revisión judicial en el foro apelativo intermedio el 29 de abril de 2013. F & R Construction también solicitó revisión judicial unos días después, el 2 de mayo de 2013. Los recursos fueron consolidados, pero al dictar sentencia el 21 de junio de 2013, el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto la consolidación y desestimó el recurso presentado por F & R Construction. El foro inter-medio resolvió que carecía de jurisdicción para atender el recurso de F & R Construction porque se había presentado tardíamente. Razonó que el plazo que tenía Daco para resolver las mociones de reconsideración, incluyendo la pró-rroga de treinta días, venció el 31 de marzo de 2013, por lo cual las partes afectadas tenían hasta el 30 de abril de 2013 para presentar sus respectivos recursos de revisión judicial. Por esa razón, según el foro apelativo intermedio, el único recurso que se presentó a tiempo fue el de la parte querellante. Asimismo, manifestó el tribunal que aun to-mando el 1 de abril de 2013 como punto de partida para calcular el plazo disponible para la revisión judicial, este hubiese vencido el 1 de mayo de 2013, el día antes de que F & R Construction presentara su recurso.

Inconforme, F & R Construction sometió una primera moción de reconsideración que fue denegada el 9 de julio de 2013 y notificada el 22 de ese mes. Insatisfecho con esta decisión, el 21 de agosto de 2013, F & R Construction pre-sentó su recurso de certiorari ante este Tribunal. Examinado el mismo, le ordenamos a la parte recurrida que mos-trara causa por la cual no debíamos revocar la Sentencia del Tribunal de Apelaciones. El 19 de septiembre de 2013 recibimos su escrito oponiéndose a lo solicitado. Habién-dose perfeccionado el recurso, expedimos.

F & R Construction alega que el Tribunal de Apelacio-nes cometió dos errores en el trámite de su recurso de revisión judicial. Habremos de examinar el primero, que considera equivocada la desestimación del recurso por falta de jurisdicción.

I

Hemos sostenido que “el derecho a cuestionar la determinación de una agencia mediante revisión judicial es parte del debido proceso de ley protegido por la Constitución de Puerto Rico”. Para cumplir con ese principio, el Artículo 4.006(c) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico otorga la competencia apelativa al Tribunal de Apelaciones para revisar las decisiones, órdenes y resoluciones finales de las agencias administrativas.

En su Sección 4.2 la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) instituye un término de treinta días para solicitar la revisión judicial de una decisión o resolución final de una agencia administrativa. Este término es de carácter jurisdiccional. Específicamente, la regla provee que este plazo comienza a partir de la fecha en que se archive en autos la notificación de la resolución o desde la fecha en que se interrumpa ese término mediante la oportuna presentación de una moción de reconsideración según dispone la Sección 3.15 de la LPAU.

En su forma original, esta sección otorgaba a la parte adversamente afectada un término de treinta días desde la notificación de la resolución para solicitar la reconsidera-ción. Si la agencia tomaba alguna determinación, el tér-mino para solicitar la revisión judicial se interrumpía y comenzaba nuevamente cuando se archivaba en autos la notificación de la resolución de la agencia que resolvía definitivamente la moción. De manera que, a esa fecha, la LPAU no imponía a las agencias resolver las mociones de reconsideración dentro de un término específico. Bastaba con que la moción fuera acogida para que la agencia pu-diera considerar sus méritos en cualquier momento posterior.

Esta situación cambió en agosto de 1989, cuando la Ley Núm. 43 enmendó la Sección 3.15 de la LPAU, 3 LPRA see. 2165, para, entre otras cosas, limitar el tiempo que tienen las agencias para resolver definitivamente las mociones de reconsideración que son acogidas. Se estableció para ello un término máximo de noventa días calculado desde la fe-cha en que se presenta la moción. Transcurrido ese término, la ley disponía que la agencia perdería jurisdicción, lo cual daría comienzo al plazo para solicitar la revisión judicial. Ahora bien, a la vez que limitó el tiempo que tendrían las agencias para resolver las mociones de reconsideración que hubiesen decidido acoger, la ley de 1989 esta-bleció un procedimiento para extender el plazo concedido. Para ello se requería que la agencia acudiera al tribunal y este, “por justa causa,” prorrogara el término, por un “tiempo razonable”. Unos años después, a tono con el estado de derecho así establecido, resolvimos que única-mente mediante justa causa y contando con autorización judicial se podría prorrogar el término original de noventa días por un período razonable.

En el 1995, la Sección 3.15 tuvo varios cambios que finalmente moldearon la norma que, en su versión actual, dispone lo siguiente sobre la moción de reconsideración:

Si se tomare alguna determinación en su consideración, el término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo definitivamente la mo-ción de reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la moción de reconsideración. Si la agencia acoge la moción de reconsideración pero deja de tomar alguna acción con relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que la agencia, por justa causa y den-tro de esos noventa (90) días, prorrogue el término para resolver por un período que no excederá de treinta (30) días adicionales.

Acorde a lo anterior, si la reconsideración se ha solici-tado oportunamente, la agencia dispone de quince días para tomar alguna acción que le permita retener jurisdicción para resolverla. Claro está, en ese plazo puede denegar o conceder lo solicitado, pero igualmente puede no actuar y, con ello, rechazar la moción de plano. Si la agencia acoge la moción de reconsideración debe resolverla en noventa días o perderá su jurisdicción. En ese momento, comenzará otro plazo, esta vez de treinta días, durante el cual la parte adversamente afectada puede solicitar la revisión judicial. Sumados los términos, como regla general, la posibilidad de solicitar la revisión judicial de la determinación de una agencia vencerá a los ciento veinte días desde que se presenta una moción de reconsideración que es acogida pero no resuelta por la agencia.

Ahora bien, la enmienda de 1995 no eliminó la posibilidad de extender el plazo para resolver una moción de re-consideración debidamente presentada y acogida. Más bien, la flexibilizó al permitirle a la propia agencia extender dicho término por un máximo de treinta días adicionales, por justa causa y siempre que actúe dentro de los no-venta días originales que la ley establece para resolver la reconsideración. De esa forma, aunque se elimina la nece-sidad de intervención judicial, la agencia no puede otor-garse a sí misma una prórroga indefinida. En vez, la ley establece la posibilidad de un plazo máximo de treinta días además del plazo ordinario de noventa días para que la agencia disponga de la reconsideración.

Con el fin de estudiar el propósito de este cambio en los procedimientos de reconsideración en el foro administra-tivo y precisar la solución a la controversia que nos pre-senta este caso, debemos examinar las siguientes expresio-nes contenidas en el Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado sobre el proyecto que introdujo dichas enmien-das:

La enmienda a la Sección 3.15 ofrece la flexibilidad a las agencias para que puedan resolver las mociones de reconside-ración dentro de un periodo razonable. Se mantiene el plazo de noventa (90) días para resolver una moción de reconsidera-ción, pero se establece que la agencia puede tomarse hasta un máximo de treinta (30) días adicionales para resolver la mo-ción sin tener que pedir una prórroga al tribunal, como se exige en la actualidad. La realidad es que no se justifica el gasto y esfuerzo que representa acudir a un tribunal para ob-tener una prórroga para resolver una moción de reconsidera-ción. Muchas agencias no lo hacen y pierden jurisdicción para resolver, en perjuicio del ciudadano afectado, quien tiene que incurrir entonces en gastos para solicitar una revisión judicial que probablemente sería innecesaria si le hubiera dado tiempo a la agencia para reconsiderar.
Por otro lado, la prórroga de treinta (30) días que aquí se contempla es razonable, pues el ciudadano tampoco debe estar sujeto a la inacción de la agencia por un tiempo indefinido. Como la consideración no será jurisdiccional es presumible que se presentarán menos mociones de esta índole y que las agencias podrán resolver las mociones que se presenten den-tro del plazo máximo para resolver dentro de ciento veinte (120) días que se dispone en la enmienda.

Las expresiones anteriores indican que la decisión legislativa de permitir que los organismos administrativos puedan prorrogar el plazo para disponer de las reconsideraciones, responde a los mismos objetivos de rapidez, agilidad, sencillez y accesibilidad que han dado forma a los procedi-mientos adjudicativos en el ámbito administrativo.

Por su parte, el Reglamento Núm. 8034 de Procedimientos Adjudicativos de Daco, aprobado en junio de 2011, contiene un texto equivalente al de la Sección 3.15 de la LPAU, supra. En lo aquí pertinente, la Regla 29.1 del Reglamento 8034 dispone que Daco perderá jurisdicción si no toma alguna acción en noventa días sobre la moción de reconsideración acogida “salvo que la agencia, por justa causa prorrogue el tiempo para resolver, por un periodo que no excederá de treinta (30) días”. En sintonía con el propósito de la LPAU, el Reglamento señala que su objetivo es asegurar la “solución justa, rápida y económica de las querellas”.

II

Para entender cómo aplican los plazos establecidos en la Sección 3.15 de la LPAU, supra, al caso en estudio, a con-tinuación detallamos los eventos procesales en orden cronológico.

El 13 de noviembre de 2012 el Daco emitió una Resolu-ción final que afectó adversamente al peticionario F & R Construction. Por esa razón, el peticionario presentó una moción de reconsideración el 3 de diciembre de 2012. El 12 de diciembre de 2012, el Daco acogió la moción. Por lo tanto, según la Sección 3.15 de la LPAU, supra, el término para solucionar dicha moción comenzó a contar el 4 de diciembre de 2012 y normalmente hubiera expirado noventa días después, el 3 de marzo de 2013. Sin embargo, el 1 de marzo de 2013, Daco prorrogó el plazo para resolver la moción de reconsideración por unos treinta días adicionales.

En su Moción en Cumplimiento de Resolución y Oposi-ción a la Expedición de Auto de Certiorari, la parte recu-rrida argumenta que los treinta días de prórroga deben contarse desde el 1 de marzo de 2013, es decir, cuando la agencia notificó la extensión del término a las partes. Se-gún la propuesta de la parte recurrida, los treinta días de prórroga que permite la ley no comienzan al vencerse el plazo original de noventa días, sino cuando la agencia no-tifique que ha decidido prorrogar dicho plazo. Si acogiéra-mos esta interpretación, al notificar la decisión de prorro-gar Daco habría acortado el plazo de noventa días dispuesto por ley a uno de ochenta y ocho días. Obvia-mente, esto no es cónsono con los propósitos y fines de la norma de reconsideración administrativa, ni con la inten-ción legislativa de otorgar a las agencias la posibilidad de extender el plazo para atender a cabalidad los plantea-mientos de las partes. Además, como la agenda está obli-gada a notificar la prórroga dentro de los noventa días ori-ginales, el término resultante nunca sería de ciento veinte días, a menos que siempre se notificase en el día noventa.

Por lo tanto, aclaramos que la oportuna notificación por el Daco de su decisión de prorrogar el término original de noventa días no tuvo el efecto de descontar los días que le restaban a dicho plazo según el texto de la Sección 3.15 de la LPAU, supra. De esa manera, el plazo para resolver la reconsideración se aumentó a un total de ciento veinte días que comenzaron a contar desde la presentación de la mo-ción de reconsideración. Al actuar según provee la ley, Daco le añadió treinta días al término que, de no haberse pro-rrogado, hubiese concluido el 3 de marzo de 2013. El nuevo plazo para resolver la reconsideración terminaba el martes 2 de abril de 2013.

Esta interpretación se sustenta en la intención de la enmienda del 1995 de expandir el término disponible a las agencias para resolver las reconsideraciones. Lo contrario resultaría “en perjuicio del ciudadano afectado, quien tiene que incurrir entonces en gastos para solicitar una revisión judicial que probablemente sería innecesaria si le hubiera dado tiempo a la agencia para reconsiderar”. Debemos añadir que esta aritmética brinda seguridad y uniformidad a todas las partes porque establece un plazo máximo de fácil determinación. Además, evita que el ciudadano esté sujeto a “inacción de la agencia por un tiempo indefinido”.

Por todo lo anterior, expedimos el auto y resolvemos que F & R Construction contaba con un término jurisdiccional de treinta días desde el 3 de abril de 2013 para solicitar la revisión judicial según la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2172. Este cálculo corresponde al transcurrir del plazo de noventa días a partir de la presentación de la moción de reconsideración, más unos treinta días adicionales de pró-rroga dispuestos por la agencia. Según el cómputo anterior, el peticionario tenía hasta el 2 de mayo de 2013 para pre-sentar su recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Habiéndolo hecho ese mismo día, el Tribunal de Apelaciones tenía jurisdicción para atender el recurso. Por lo tanto, se cometió el primer error señalado y procede revocar la resolución recurrida y devolver el caso al foro apelativo para que continúen los procedimientos.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Según las determinaciones de hechos detalladas en la Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (Daco) el 13 de noviembre de 2012, el Condominio Meadows Tower fue sometido al régimen de propiedad horizontal en julio de 2003. Apéndice del Certiorari, pág. 4.

       El 28 de junio de 2013 se archivó en autos copia de la notificación de la sentencia. Certiorari, pág. 247.

       F & R Construction insistió en su posición en una segunda moción de reconsideración que presentó ante el Tribunal de Apelaciones el 24 de julio de 2013. El 15 de agosto de 2013 el Tribunal desestimó la segunda solicitud por falta de jurisdicción, pues su reglamento solo le autoriza atender una moción de reconsideración. Regla 84(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXII-B.

       También solicitó que en auxilio de nuestra jurisdicción paralizáramos la consideración del recurso de revisión judicial presentado por la parte recurrida en el foro apelativo. Sin embargo, ese mismo día, el Tribunal de Apelaciones notificó la senten-cia resolviendo el caso que se solicitó paralizar y, por consiguiente, desestimamos la moción en auxilio de jurisdicción.

       No es necesario examinar en detalle el segundo error señalado que aduce que el Tribunal de Apelaciones erró al denegar la segunda moción de reconsideración por falta de jurisdicción, asunto que hemos resuelto reiteradamente en contra del planteamiento del peticionario. Certiorari, pág. 4. Véanse: Interior Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 702 (2009); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 363 (2001).

        Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 736 (2010). Véase, además, Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996).

       Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24y(c)).

       Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 LPRA sec. 2172).

        Méndez v. Corp. Quintas San Luis, 127 DPR 635, 637 (1991).

       3 LPRA sec. 2165. Véanse: Flores Concepción v. Taíno Motors, 168 DPR 504, 513 (2006); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 115-116 (1998).

       Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (1988 Leyes de Puerto Rico 825, 843).

       Ley Núm. 43 de 5 de agosto de 1989 (1989 Leyes de Puerto Rico 162).

       Íd., pág. 163.

        Pagán Ramos v. F.S.E., 129 DPR 888, 904 (1992).

       Ley Núm. 247 de 25 de diciembre de 1995 (1995 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1458). Entre otros cambios, se eliminó el carácter jurisdiccional de la moción de reconsideración como prerrequisito para la presentación de un recurso de revisión judicial. Véanse: Aponte v. Policía de P.R., 142 DPR 75, 80-82 (1996); D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Bogotá, Ed. Forum, 2013, pág. 632.

       Sec. 3.15 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2165.

        Flores Concepción v. Taíno Motors, supra, págs. 514-515; Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, págs. 115-116; Pagán Ramos v. F.S.E., supra, págs. 903-905.

        Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro Emp. Gob., 147 DPR 816, 822-823 (1999).

        Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 57 (2007).

       Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, Informe sobre el P. de la C. 1684 de 25 de octubre de 1995, pág. 2. Véase, también, Informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el P. de la C. 1684 de 24 de octubre de 1995.

        Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475, 481 (2002); López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR 109, 113 (1996); Srio. D.A.C.O. v. J. Condominos C. Martí, 121 DPR 807, 821 (1988); López Vives v. Policía de P.R., 118 DPR 219, 231 (1987).

       Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de Daco, Reglamento Núm. 8034, Departamento de Estado de 13 de junio de 2011, Regla 29.1, págs. 30-31.

       Íd., Regla 1, pág. 1.

        Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro Emp. Gob., supra, pág. 822.

       Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, supra.

       Informe de la Comisión de Gobierno, supra, pág. 6. Cabe señalar que si una agencia entiende que necesita un plazo mayor a noventa días, pero menor de ciento veinte para resolver una reconsideración, nada le impide notificar un plazo que sea menor al de treinta días.