text:
    Frank A. Martínez y José Enrique Gelpí, peticionarios, v. La Junta Insular de Elecciones, compuesta por C. H. Terry, como Presidente y de Leopoldo Figueroa y Bolívar Pagán, como vocales, demandados.
    No. 275.

    Sometido: Abril 18, 1932.

      Resuelto: Abril 29, 1932.

      Jorge V. Domínguez, Miguel Guerra-Mondragón, M. A. Martínez Dávila y Manioel A García Méndez, abogados de los peticiona-rios; Bolívar Pagan, abogado de la demandada Junta Insular de Elecciones.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios alegan haber sido designados por el Or-ganismo Central Directivo del Partido Liberal Puertorri-queño como observador y observador sustituto respectiva-mente de tal Partido con voz y voto en la Junta Insular de Elecciones; que dicho Partido es un partido político debida-mente inscrito en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico, con candidaturas generales y locales en toda la Isla, incluyendo la de Comisionado Residente en Washington, y con 42,204 elec-tores, que constituyen más del 15 por ciento del número total de electores capacitados que votaron en las últimas eleccio-nes generales para Comisionado Residente; que el Partido Liberal Puertorriqueño llevó a cabo, previa convocatoria de su Comité Directivo, una asamblea magna o convención en que se ratificaron las candidaturas inscritas por petición en la Secretaría Ejecutiva y se adoptó el programa político y económico del Partido, así como su reglamento; que el de-mandado Chas. H. Terry, Superintendente General de Elec-ciones, y los otros demandados, Bolívar Pagan, en represen-tación del Partido Socialista y Leopoldo Figueroa en repre-sentación del Partido Unión Republicana, componen la Junta Insular de Elecciones según está actualmente constituida; y, por información y creencia que los Partidos Socialista y Unión Republicana tienen concertado un pacto, electoral que los convierte de hecho en un solo partido con doble represen-tación en dicha Junta Insular de Elecciones.

Se solicita se declare que la sección primera de la vigente Ley Electoral y de Inscripciones, según quedó enmendada en 1924 (Leyes de ese año, pág. 3) es nula, anticonstitucional e ineficaz en cuanto a ciertos requisitos del disponiéndose que aparece en la misma, así como que se dicte un auto perentorio de mandamus ordenando a la Junta Insular de Elecciones a reconocer a los peticionarios como observador y observador sustituto, respectivamente, con voz y voto como representan-tes del Partido Liberal Puertorriqueño en dicha Junta.

La Sección de referencia lee en parte como sigue:

“Se establece una junta permanente de elecciones que se com-pondrá de un Superintendente General de Elecciones, como presi-dente, quien será designado por el Gobernador, con el' consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, y de dos personas repre-sentando los dos partidos políticos principales de la Isla según más-adelante se definen en la presente, y de un substituto de cada uno de diclios miembros, que serán nombrados por el Gobernador a pro-puesta de los organismos directivos centrales de dichos partidos; Disponiéndose, no obstante, que el organismo directivo central de cualquier partido político cuyo candidato para Comisionado a los Estados Unidos hubiese obtenido veinte por ciento o más del total de votos depositados en las urnas para aquel cargo en las preceden-tes elecciones, tendrá el derecho de nombrar un representante y un substituto que será designado por el nombre de 'observador,' quien disfrutará de todos los derechos y privilegios de los miembros de-dicha junta, y tendrá voz, pero no voto en sus deliberaciones y de-cisiones. ’ ’

El caso de Martínes Nadal v. Saldaña, 38 D.P.R. 446, en que descansan los peticionarios, no resuelve la cuestión ante nos. La mayoría de las otras autoridades citadas por los peticionarios enuncian principios generales de derecho constitucional y de hermenéutica legal. Ninguna de ellas tiende claramente hacia la conclusión de que un estatuto que creauna junta de elecciones y confiere representación “bipartidista” a los dos partidos políticos principales es inconstitucional por ser una restricción irrazonable del derecho al sufragio ó por alguna otra causa, toda vez que no extiende el privilegio de representación a todos los partidos políticos. La fraseología del disponiéndose es perfectamente clara. Nodeja lugar a dudas ni da margen a interpretaciones. El derecho a nombrar un observador es conferido a “el organismodirectivo central de cualquier partido político cuyo candidato para Comisionado a los Estados Unidos hubiese obtenidoveinte por ciento'o más del total de votos depositados en las urnas para aquel cargo en las precedentes elecciones,” no a la organización directiva central de cualquier partido político organizado por petición y convención con o sin determinadonúmero de electores capacitados que votaron en las elecciones precedentes. La aseveración de que tal observador “ten.-drá voz pero no voto” en las'deliberaciones y decisiones de la Junta es igualmente inequívoca.

Se presume que el estatuto es constitucional. De ser inconstitucional, incumbe a los peticionarios establecer ese hecho. La petición y las autoridades citadas en apoyo de la misma 110 demuestran que el disponiéndose de que se trata o la sección en su totalidad equivalgan a una reglamentación del ejercicio de la franquicia electoral o que tal reglamentación sería inconstitucional por equivaler a un entorpecimiento indebido del derecho al sufragio. Enfocado desde cualquier otro ángulo el precepto puede o no ser irrazonable, absurdo, arbitrario o injusto. No está dentro de las atribuciones o potestad de este tribunal modificar o enmendar la ley mediante legislación judicial a guisa de interpretación estatutaria. Véase 25 E.C.L. págs. 1018, 1019, 1022, 1024 y 1027 citado por los peticionarios.

Véase además 9 R.C.L. 1013, 1014, sección 33, 20 C. J. 92, sección 73; idem 91, sección 70.

Ninguno de los miembros de esta corte duda de lo deseable que es llevar a un representante del Partido Liberal Puer-torriqueño a la Junta Insular de Elecciones como observador. Esto no puede hacerse bajo la ley tal y como ahora rige. La cuestión de una enmienda, ya sea como cuestión de juego lim-pio o como una garantía adicional de una elección honrada e imparcial, es, repetimos, cuestión que incumbe a la legis-latura.

Prueba plena de la alegación relativa a la existencia de un entendido entre los dos partidos principales, equivalente a una fusión, presentaría quizá una cuestión más seria. Es obvio que en la ley vigente la legislatura dejó de prever o de adoptar disposición alguna para tal posibilidad. No vemos cómo esta corte podría suplir la omisión. No obstante, si los peticionarios están preparados para probar el pacto alegado, se les dará, previa solicitud suya, la oportunidad de hacerlo así y de demostrar, si pueden, que tienen derecho al auto por este fundamento. Si no se presentara moción alguna dentro de tres días, se declarará sin lugar la petición.

Mayo 31, 1932.

EN MOCION DE RECONSIDERACION Y PRORROGA

Los peticionarios nos piden ahora una nueva vista, la oportunidad de presentar alegato, y una prórroga de tiempo para ofrecer, evidencia en apoyo de la alegación respecto a la existencia de un pacto electoral.

El primer fundamento de la moción es que, al terminar la vista del 18 de abril, esta corte concedió sólo 24 horas para la radicación de un memorándum de autoridades y no dió a las partes la oportunidad de someter alegatos. Este caso fue señalado originalmente para abril 21. Los peticionarios com-parecieron inmediatamente y solicitaron que se adelantara la vista para el 18 de abril. Así se ordenó. Debieron estar preparados para presentar su caso para aquel entonces. Nada dijeron en punto a alegatos, como tampoco solicitaron más de 24 horas para radicar memorándum. Un alegato hu-biera sido objeto de cordial acogida, y todo el tiempo nece-sario para su preparación hubiera sido otorgado a solicitud.

El segundo motivo de la moción es que, a causa del trans-curso de dieciocho días entre la vista y el fallo, el tribunal no podía recordar los principales argumentos en que se ba-saron los peticionarios, y, por ende, no consideró la cuestión principal. Esta contención se consigna nuevamente en más palabras como el tercero y cuarto motivos de la moción.

A los peticionarios los representaron en la vista tres abogados. Uno de ellos, el primero en dirigirse al tribunal, planteó la teoría que ahora nuevamente se expone como los fundamentos segundo, tercero y cuarto de la moción de reconsideración. Es, en síntesis, que las secciones 1 y 13 de la Ley Electoral no regulan, ni pueden regular, los derechos de los partidos políticos, porque éstos no existen ni están reconocidos como entidades con personalidad jurídica o civil distinta a los electores que los constituyen; que los electores, como partes constitutivas de los partidos políticos, y el de-recho de tales electores al voto, son los únicos que pueden ser objeto de reglamentación; y que si la ley regula el dere-cho al sufragio, no los derechos de los partidos políticos orga-nizados por petición o convención o en alguna otra forma, un grupo de electores capacitados que votaron en las prece-dentes elecciones para el cargo de Comisionado Residente, al agruparse después bajo cualquier nombre común están, ante los ojos de la ley (in contemplation of law), dentro del espí-ritu y significado del estatuto, y debe estimarse que ha ha-bido por su parte un cumplimiento substancial del requisito relativo a los votos depositados en las elecciones precedentes, para tener esos electores derecho a estar representados en la Junta Insular de Elecciones.

El caso fue sometido y discutido oportunamente, y con posterioridad se eligió al infrascrito para redactar un me-morándum que se adoptó después como la opinión del tribunal. Antes del turno final, que se hizo dentro de la semana anterior a la fecha de la opinión, la corte había considerado y descartado la teoría de los peticionarios arriba bosquejada. Ni había olvidado ni pasó por alto la argumentación de los señores letrados. Antes de poderse llegar a una conclusión definitiva, sin embargo, los abogados de los peticionarios ha-bían hecho indagaciones sobre el caso. Esto daba la impre-sión de que los peticionarios interesaban una pronta deter-minación de la controversia principal más bien que una dis-cusión cabal de todos y cada uno de los puntos presentados.

Las únicas autoridades citadas por los peticionarios en su memorándum en apoyo de la teoría arriba esbozada fueron los casos de Barceló v. Saldaña, 42 D.P.R. 254, y Martínez Nadal v. Saldaña, 38 D.P.R. 463. Ninguna otra se menciona en la moción de reconsideración. La opinión en el caso de Barceló v. Saldaña contiene un extracto del de Davis v. Hambrick, 58 S. W. 779, 780, y otro del de Morrow, v. Wipf, 115 N. W. 1121, 1126 y 1127. Lo que la corte resolvió en Davis v. Hambrick está correctamente expresado en el sumario, así:

“Como los tribunales no tienen la potestad de intervenir con el criterio del más alto tribunal de un partido político en una materia que envuelve el régimen del partido, la decisión del comité central del Partido Republicano en el sentido de que ciertas personas cons-tituían el comité ejecutivo republicano de cierto condado, y de que determinado miembro de ese comité era su presidente, es final y concluyente. ’ ’

El extracto de Morrow v. Wipf, se explica por sí mismo. Helo aquí (bastardillas nuestras):

. Los partidos políticos no son criaturas de la ley. Existen independientemente de los estatutos; y tienen poderes inherentes para reglamentar sus propios asuntos sólo¡ con sujeción a aquellas res-tricciones legislativas que hayan sido legalmente promulgadas.
• “. . . Los partidos políticos surgen de la asociación voluntaria de los electores. No existen por ministerio de la ley; y poseen ple-nos poderes en cuanto a sus propios asuntos á falla de reglamenta-ción legislativa.”

Expresiones similares y varias definiciones. pueden ha-llarse en 49 C. J. 1074, 1075 y 1076, sección 15, donde 'se dice, entre otras cosas, que “en ausencia de una definición estatutaria, puede acudirse a la significación generalmente aceptada del término,.” y que “a falta de precepto legislativo, un partido político se rige por sus propios usos y establece sus propias reglas.”

No precisamos sutilizar acerca del significado de pala-bras y frases. La Ley Electoral y de Inscripciones no define las palabras “partido político.” Por virtud de los términos de la sección 14, “partidos principales5’ son “los dos parti-dos políticos cuyos candidatos para Comisionado a los Esta-dos Unidos obtuvieron el mayor número de votos, en primero y segundo término, depositados para aquel cargo en las pre-cedentes elecciones.” El “partido de la mayoría,” es “el partido político cuyo candidato para Comisionado a los Es-tados Unidos obtuvo el mayor número de votos para candi-dato para dicto cargo en las elecciones precedentes.” Un “partido organizado” es aqnel “partido político cnyo candi-dato para Comisionado a los Estados Unidos obtuvo nn veinte por ciento o más de la totalidad de votos para todos los can-didatos para aquel cargo en las elecciones precedentes.” Aqní y en la sección primera la legislatura trata de partidos políticos como tales, no con el elector individual directamente. Aquéllos se clasifican con arreglo a la pujanza que se de-muestre por el resultado de las elecciones anteriores. Las palabras “grupo de electores” o “asociación de electores” pueden substituirse doquiera se usen las palabras “partido político.” Un mero juego de palabras no puede afectar el resultado. Los hechos son inflexibles.

La sección primera provee representación “bipartidista” en la Junta de Elecciones. Esta representación se confiere a los dos partidos principales. Cualquier partido político “cuyo candidato para Comisionado a los Estados Unidos hu-biese obtenido” determinado tanto por ciento “del total de votos depositados en las urnas para aquel cargo en las pre-cedentes elecciones,” tiene derecho a. un observador. “Un grupo de electores capacitados que votaron en las elecciones precedentes para Comisionado a Washington, ’ ’ y que se unie-ron después bajo un nombre común, no están, “ante los ojos de la ley, dentro del espíritu y significado del estatuto, ” y tal votación y organización subsiguiente no pueden “estimarse como un cumplimiento substancial” del requisito estatutario, porque lo que el estatuto tiene por mira y exige es que tal grupo de electores haya tenido un candidato común para Co-misionado Residente en las precedentes elecciones, y no que un partido político posteriormente organizado deba compo-nerse de electores que votaron a favor o en contra del candi-dato de algún otro partido político en las elecciones anterio-res. El núcleo de electores conocido como el Partido Liberal Puertorriqueño no había surgido cuando se celebraron las úl-timas elecciones generales y, por consiguiente, como tal nú-cl'eo, jamás ha tenido candidato para Comisionado Residente. En realidad resolvimos la cuestión qne los peticionarios dicen ahora qne no fné decidida por nuestra anterior opinión cuando en la misma dijimos que:

"La fraseología del disponiéndose es perfectamente clara. No deja lugar a dudas ni da margen a interpretaciones. El derecho a nombrar un observador es conferido a 'el organismo directivo central de cualquier partido político cuyo candidato para Comisionado a los Estados Unidos hubiese obtenido veinte por ciento o más del total de votos depositados en las urnas para aquel cargo en las precedentes elecciones/ no a la organización directiva central de-cualquier partido político organizado por petición y convención con o sin determinado número de electores capacitados que votaron en las elecciones precedentes.”

El quinto fundamento de la moción es que este tribunal consideró el caso de Martínez Nadal v. Saldaña, supra, como inaplicable aunque en aquel caso había resuelto que la regla-mentación de la franquicia electoral debe ser razonable y que-la exigencia del 20 por ciento como requisito previo al de-recho de un partido organizado por petición a nominar can-didatos, era inconstitucional. Es inconcebible — dicen los abogados de los peticionarios — que una disposición estatuta-ria sea inconstitucional por impedir que el Partido Consti-tucional Histórico participe en las elecciones, y que una dis-posición parecida en la misma ley dejando huérfano al Par-tido Liberal Puertorriqueño de representación en la Junta de Elecciones, sea constitucional. Estamos harto conformes con los abogados en que al determinar qué tanto por ciento-ha de fijarse por la legislatura como mínimo, la misma vara de medir debe usarse en ambos casos. Si se puede o no hacer alguna distinción entre el derecho a nominar candidatos, ya por petición, ya por convención, y el derecho a representa-ción en la Junta Insular de Elecciones, es otra cuestión.. Nuestra opinión anterior, sin embargo, no hizo semejante distingo. La sección 36 de la Ley Electoral, tal como fue-enmendada en 1923, dispone que "Cualquier partido político» que hubiere depositado más del veinte (20) por. ciento del voto total de la Isla para Comisionado, a Washington en las precedentes elecciones generales, tendrá derecho a nombrar candidatos por medio de convenciones debidamente convoca-das.” Esa fue la disposición que consideramos en el caso-de Martínez Nadal. El Partido Constitucional Histórico había depositado más del 10 por ciento de la votación total de la Isla para Comisionado a Wáshington en.las- elecciones generales precedentes. No se suscitó la cuestión de la consr titucionalidad del requisito relativo a participación en las elecciones generales precedentes como condición previa a la nominación de candidatos por convención. Lo que este tribunal resolvió fué que el extremo respecto al 20 por ciento del requisito era irrazonable y, por tanto, anticonstitucional, y que habiendo el Partido Constitucional Histórico obtenido más del diez por ciento del vo.to total depositado en las urnas de las elecciones anteriores, tenía derecho a nominar candi-datos por convención. Volviendo ahora al caso de autos, la corte no dijo ni quiso significar implícitamente en su opinión anterior que la doctrina del caso de Martínez Nadal era ina-plicable al aspecto del 20 por ciento, del disponiéndose de la sección primera. Contrariamente, asumió sin resolverlo en forma expresa que el requisito del 20 por ciento contenido en el disponiéndose era irrazonable y, por ende, inconstitucional. En otras palabras, asumió, sin declararlo expresamente, que si el Partido Liberal Puertorriqueño hubiera nominado can-didato para Comisionado a los Estados Unidos y si tal can-didato hubiera recibido el 17 por ciento, o aun un tanto por ciento menor, del total de votos depositados para- los .candi-datos a ese cargo en las elecciones de 1928, los peticionarios entonces habrían tenido derecho a un puesto en la Junta Insular como observadores. La cuestión es que aunque el Par7 tido Liberal Puertorriqueño hubiera logrado las firmas de más del 20 por ciento de los electores que votaron para Co-misionado a los Estados Unidos en las elecciones preceden-tes, aun así no tendría derecho a representación en la Junta Insular de Elecciones al amparo de las disposiciones de la sección primera. Lo que el tribunal dijo en su previa opinión fué que el caso de Martínes Nadal v. Saldaña no resolvía la cuestión que estaba considerando. Nada bay en la moción de reconsideración que indique que el tribunal se equivocó.

El sexto fundamento de la moción es que esta corte dejó de aplicar la regla de hermenéutica de que cuando una ley es susceptible de dos interpretaciones, una contraria a un derecho reconocido por la Carta Orgánica, y otra favorable a tal derecho, la última debe prevalecer. A esto sigue la aseveración de que el elector tiene un derecho constitucio-nal incuestionable a representación en la Junta Insular de Elecciones como un incidente de su derecho al libre ejercicio de la franquicia electoral, a fin de garantizar unas elecciones honradas e impareiales. El objeto y fin de toda interpreta-ción estatutaria es determinar el significado del estatuto de que se trate. Cuando ese significado lo expresa la Legisla-tura misma en términos claros e inequívocos, no hay margen ni excusa para interpretaciones. El tribunal dijo en su pri-mera opinión que la fraseología del disponiéndose era per-fectamente clara, y que no dejaba lugar a dudas ni daba mar-gen a interpretaciones. Ello no obstante, los abogados de los peticionarios aun asumen (según lo han hecho desde el principio, sin tratar de demostrarlo) que esto no es así. Tal como han hecho desde un principio, ellos continúan asu-miendo, sin intentar probarlo, que el elector tiene un dere-cho constitucional a ser representado en la Junta de Elec-ciones. Esto puede o no ser cierto. No habiéndose demos-trado nada a este respecto, no estamos preparados para asu-mir con los abogados que la representación individual o de partido en la Junta de Elecciones es el único medio posible de garantizar unas elecciones razonablemente justas e im-, parciales.

Según hemos demostrado, dos de los miembros de la Junta Insular de Elecciones representan a los dos partidos principales. Cada nno de esos dos miembros es designado por el Gobernador por recomendación de sn partido. El Presidente lo nombra el Gobernador con el consejo y consen-timiento del Senado. Los tres pneden ser destituidos por el poder nominador. A tenor de los términos de la sección 32 de la ley, toda persona cuya inscripción como elector baya sido cancelada, puede acudir a las cortes. La sección 89 dis-pone que el resultado del escrutinio de una elección puede ser revisado mediante certiorari. Una ley aprobada el 4 de mayo de 1931 (Leyes de ese año, página 449) prescribe el procedimiento para impugnar “la elección de funcionarios, excepto los miembros de la Legislatura y el Comisionado a los Estados Unidos.”

Puede admitirse que el derecho al voto lleva consigo el derecho a que ese voto se cuente en favor de los candidatos para quienes fué depositado. Puede darse por sentado que la maquinaria provista por la ley para conducir las elecciones deja mucho que desear, que vale más precaver que tener que remediar, y que la presencia de un observador en represen-tación de cada partido político cuyo nombre aparezca en la papeleta electoral, sería un medio efectivo de garantizar unas elecciones justas e imparciales. No se desprende que el de-jar de proveer respecto a tal observador sea un impedimento material del derecho al sufragio. ¿Puede cualquier miembro de la Junta Insular de Elecciones obtener la eliminación de un nombre de las listas de inscripción, o de un voto del es-crutinio oficial, salvo mediante colusión y con la connivencia de algún otro miembro? ¿Demuestran los hechos ante nos que los dos partidos adversarios ya representados en la Junta de Elecciones tienen un interés común de lisiar a un partido político nuevamente formado que no esté representado? ¿Puede este tribunal asumir con seguridad que los dos miem-bros de la junta nombrados por el Gobernador por recomen-dación, de los dos partidos principales coadyuvarían en la realización de ese designio? . ¿Puede asumir que en tal caso la nueva organización no hallaría voz y voto en la protesta del presidente? Si cualquiera o todos los miembros resul-taren corruptos, ¿se negaría a actuar el Ejecutivo? ¿Son los recursos de apelación, certiorari e impugnación inade-cuados ?

Tales son algunas de las cuestiones envueltas en la cues-tión más amplia respecto a si la Ley Electoral y de Inscrip-ciones, considerada en conjunto, fija cualquier limitación irra-zonable sobre el ejercicio de la franquicia electoral. Ninguna de ellas ha sido discutida adecuadamente por los abogados de los peticionarios. La mayor parte de ellas no han sido mencionadas.

El sétimo motivo de la moción es que esta corte no re-solvió y dejó en duda las cuestiones relativas a si la regla-mentación envuelta en las secciones 1 y 13 es irrazonable, absurda, arbitraria, desigual e injusta. Los letrados alegan que, fuera de cualquiera cuestión de inconstitucionalidad, la decisión de estas cuestiones es fundamentalmente necesaria a fin de determinar los derechos políticos de los peticionarios, “que constituyen un grupo considerable de opinión.” Esta corte, dicen ellos, pudo haber resuelto que aunque la legisla-tura tiene la facultad de reglamentar, tal reglamentación no puede ser desde ningún ángulo irrazonable, o absurda, o ar-bitraria, o desigual, o injusta. Las únicas autoridades' ci-tadas por los peticionarios en su memorándum original en apoyo de esta contención fueron 25 R.C.L. 1018, 1019, 1022, 1024 y 1027; y State Ex Rel McGrael v. Phelps, 35 L.R.A. (N.S.) 353. En la moción de reconsideración no se citan otras autoridades. Examinando el tomo 25 de Ruling Case Law en las páginas indicadas, leemos:

“256. Irrazonabüidad. Una de las reglas establecidas para la interpretación de estatutos es que éstos deben recibir una interpreta-ción racional y sensata, en caso de que su significado sea dudoso. Cuando la fraseología de un estatuto lo permita, debe evitarse una
iñMrpretación que conduzca a un resultado irrazonable. La regla contraria a que se dé una interpretación irrazonable a un esta-tuto, está, desde luego, sujeta a la limitación de que si la fraseología usada en la ley necesariamente prohíbe cualquiera otra interpreta-ción que no sea la de llevar a un resultado absurdo, la corte está en el deber de adoptar y de hacer cumplir tal interpretación.
“257. Absurdo. Si bien la legislatura puede aprobar legisla-ción absurda si así lo deseare, antes de que una corte adopte una interpretación que conduzca a un absurdo, deberá investigar si no hay otra interpretación posible que no lleve a tal resultado. Si la fraseología usada permite dos interpretaciones y de acuerdo con lina de ellas el estatuto es absurdo, si no dañino, mientras que de conformidad con la otra es razonable y beneficioso, debe evitarse aquella interpretación que conduzca a resultados absurdos. . . Em-pero, cuando el significado aparentemente' absurdo es indudable-mente el verdadero, la ley debe subsistir con tal significación o caer totalmente. Por absurdo se quiere decir aquello que deba ser con-siderado como moralmente imposible, que es contrario a la razón, o, en otras palabras, que no puede atribuírsele al hombre en el uso de sus sentidos. Si bien una interpretación literal de un estatuto no debe seguirse cuando la misma conduce a una consecuencia absurda, el hecho de que el efecto del estatuto en la forma en que se aplica a determinado caso pueda no ser equitativo, no lo convierte en ab-surdo en tal forma que justifique una desviación de su claro signi-ficado.
“258. Opresión o injusticia. Debe presumirse que no fué la intención de la legislatura que una ley resultara opresiva o injusta, y es regia de interpretación razonable y sabia resolver cualquier cuestión ambigua o absurda en un estatuto en favor de una apli-cación justa y equitativa de la ley. Los términos empleados por la legislatura no han de recibir una interpretación que esté en con-flicto con los principios reconocidos de justicia, si a ellos puede dár-seles otro significado que esté en consonancia con aquellos principios. Es regla universal en la interpretación de estatutos que si puede determinarse con claridad el espíritu de la ley, éste debe prevale-cer sobre la letra del mismo, y esto es especialmente cierto cuando las palabras precisas, de ser interpretadas en su significado corriente; conducen a una injusticia manifiesta. Pero cuando el len-guaje del estatuto es ciar® y libre de toda ambigüedad y clara su intención, la corte está en el deber de interpretar el estatuto en la forma en que ha sido promulgado, aun si tiene por consecuencia uña'opresión o injusticia, especialmente cuando tal opresión o in-justicia resulta ocasional y excepcional.Una vez se adujo que las cortes podían mitigar el rig'or de estatutos severos, adop-tando una regia de interpretación equitativa por virtud de la cual podían introducirse excepciones a tales estatutos. Pero la proposi-ción, no importa cómo haya sido una vez resuelta o considerada, de que las cortes, en lo que se considera como interpretación equi-tativa o algo así, pueden, contrario a la letra clara de un estatuto y contrario a la intención claramente expresada por su fraseología, mitigar la ‘violencia de la letra del estatuto,’ introduciendo excep-ciones que el estatuto mismo no contiene, a fin de remediar la si-tuación en casos de severidad o de inconveniencia, ha sido rechazada desde hace mucho tiempo y muy frecuentemente para que ahora sea objeto de seria argumentación o dudas. Tal doctrina, si alguna vez existió, fué posteriormente rechazada y la regla reconocida ahora umversalmente y aplicada es que no importa lo que se haga con la letra de un estatuto, a ésta no puede, según lo expresa Lord Bacon, atribuírsele una intención repugnante.
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“261. — Consecuencias 'perjudiciales o desastrosas en general. — Si la fraseología es clara y la intención manifiesta, no existe, desde luego, campo para las presunciones. Pero si por otra parte el len-guaje no es claro y es obvio que, mediante determinada interpreta-ción de un caso dudoso, grandes intereses públicos serían puestos en peligro o sacrificados, la corte no debe presumir que fué la inten-ción de los redactores de la ley darle tal interpretación. Un estatuto no será interpretado en forma tal que equivalga a un daño público, a menos que sus palabras claras e inequívocas así lo exijan especial-mente si el estatuto ha de servir a intereses particulares. Nin-gún estatuto debe ser interpretado en forma tal que proteja un fraude, pues no debe presumirse que tal fué el propósito de la Le-gislatura. Mas aunque determinada interpretación pueda alentar prácticas fraudulentas, el deber de la corte termina al interpretar el estatuto en armonía con el objeto manifiesto del legislador.”

Si hubiese alguna duda respecto al significado de las sec-ciones 1 y 13, las reglas de interpretación estatutaria aquí invocadas por los peticionarios quizá exigirían que se tomara en consideración la cuestión relativa a irrazonabilidad, ab-surdo, arbitrariedad, desigualdad o injusticia. No son apli-cables, porque conforme hemos resuelto la fraseología de la' ley no cía lugar a interpretación estatutaria. Si la ley es o no inconstitucional por entorpecer irrazonablemente el ejer-cicio de la franquicia electoral, es otra cuestión. En ausen-cia de prueba satisfactoria en relación con el menoscabo de cualquier derecho garantizado por la Carta Orgánica, esta corte no tiene facultad p.ara substituir con su criterio el de la legislatura respecto a cuál debe ser la ley. Así pues, en nuestra opinión anterior, después de indicar que los peticio-narios habían dejado de demostrar que la ley era nula por ser una restricción irrazonable del derecho al sufragio, re-solvimos definitivamente la cuestión que los peticionarios aim insisten no fue resuelta, cuando dijimos:

“. . . Enfocado desde cualquier otro ángulo el precepto puede o no ser irrazonable, absurdo, arbitrario o injusto. No está dentro de las atribuciones o potestad de este tribunal modificar o enmendar la ley mediante legislación judicial a guisa de interpretación estatu-taria. ’ ’

No creimos necesario agregar en aquel entonces que el caso de Phelps no tiene conexión alguna con la cuestión aquí presentada. En tanto en cuanto dicho caso se relacione con la cuestión de razonabilidad o irrazonabilidad del requisito estatutorio de que un nuevo partido político deberá haber demostrado su pujanza en una elección anterior antes de tener derecho a un observador en la Junta Insular de Elec-ciones, el mismo tiende a sostener lo razonable de tal re-quisito.

El octavo fundamento de la moción es que esta corte no resolvió la cuestión fundamental relativa a si merced a una interpretación racional del estatuto los peticionarios tenían derecho a un observador con voz pero sin voto. Esto es tan sólo un prefacio a la aseveración adicional de que es regla bien conocida que una corte puede conceder menos de lp que se le pide aun en un procedimiento de mandamus, conforme se hizo en el caso de Martínez Nadal y. Saldaña, supra. Desde luego, según ya hemos indicado, si el Partido Liberal Puertorriqueño hubiese nominado y votado por un Comisio-nado Residente en las precedentes elecciones, tal cnal lo hizo el Partido Constitucional Histórico en el caso de Martínez Nadal, entonces esta .corte hubiese librado nuevamente un auto. Ninguna parte del remedio solicitado pudo ser conce-dida a los peticionarios porque éstos dejaron de colocar su ■caso dentro del requisito estatutario esencial que no está sujeto a interpretación y dejaron además de demostrar que dicho requisito estatutario es inconstitucional. *

El noveno motivo de la moción es que esta corte debió haber resuelto la cuestión de constitucionalidad o que debió haber dado una interpretación racional al estatuto aun si las autoridades citadas por los peticionarios solamente enun-ciaban principios generales de derecho constitucional y de interpretación estatutaria. Aquí los letrados de los peticio-narios invocan el artículo 7 del Código Civil que dispone que “El tribunal que rehúse fallar a pretexto de silencio, obscu-ridad o insuficiencia de la ley, o por cualquier otro motivo, incurrirá en responsabilidad.” Esta corte resolvió la cues-tión de constitucionalidad en lo que al presente caso se re-fiere al decir que la ley se presume constitucional y que los peticionarios habían dejado de destruir esa presunción. Las reglas de interpretación estatutaria, repetimos, no tienen aplicación a un caso en que no hay cuestión alguna de inter-pretación estatutaria.

Los letrados de los peticionarios no hubieran tenido mo-tivo para quejarse si la moción de reconsideración hubiese sido denegada sin exponer los fundamentos de tal negativa. La respuesta obvia a la solicitud de permiso para radicar alegato sería que se ha hecho tardíamente, y a la solicitud de prórroga para ofrecer evidencia en torno a la existencia de un pacto electoral, que los peticionarios debieron haberse aprovechado de la oportunidad que ya se les había dado. Ello no obstante, se les permitirá radicar su alegato y se les concederá otra oportunidad para demostrar, si pueden, la existencia de un pacto electoral.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor, Wolf,

license: Public Domain

text:
    Eutronio Santoni, demandante y apelado, v. The Porto Rican and American Insurance Co., demandada y apelante.
    No. 5269.

    Sometido: Febrero 3, 1931.

      Resuelto: Abril 29, 1932.

      Oscar Souffront, abogado de la apelante; García Méndez & Gar-cía Méndez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor, Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Eritronio Santoni obtnvo sentencia contra la Porto Rican & American Insurance Co. por concepto de nna póliza que aseguró contra colisión ún automóvil adquirido por él en venta condicional. No obstante el lieelio de que la póliza de seguro exigía nna aseveración o aviso respecto a si el automóvil babía sido pagado en sn totalidad, la Corte de Distrito de Aguadilla resolvió que la aseguradora tenía co-nocimiento de la compra condicional, o que renunció la nece-sidad de un aviso.

En su primer señalamiento de error, la demandada ataca esta conclusión. La cláusula de referencia de dicho contrato leía así:

“El asegurado por el presente garantiza, que todos los automó-viles cubiertos por este convenio, son de su propiedad y han sido totalmente pagados, y que no están hipotecados ni gravados.”

No tenemos duda de que la póliza contenía la garantía de que el autom¿vil había sido pagado totalmente. Por consiguiente, no importa que Santoni tuviera un interés ase-gurable o un título revocable en el automóvil y que, por tanto tuviera derecho a asegurar. Casos como el de Montalvo v. Valdivieso, 38 D.P.R. 545, no son aplicables. Su-cedió, según declaró la corte, que al tomarse la póliza, el hermano del demandante manifestó a un empleado de los agentes de la demandada que el automóvil había sido adqui-rido en venta condicional.

Convenimos con la apelante que ésa era prueba oral que trataba de variar los términos de un contrato escrito. Artículo 25, Ley de Evidencia; Insurance Co. v. Mowry, 96 U.S. 544.

La póliza también contenía la disposición de que sus con-diciones no podían ser renunciadas, salvo por endoso. No se trató de hacer nada de esto.-

No nos detendremos a discutir la posibilidad de que el empleado no estaba autorizado para renunciar una condición de la póliza, máxime cuando todas las conversaciones ante-riores se consideran fundidas en el contrato.

El conocimiento o la conducta de la compañía después del accidente no se retrotraía a la póliza en tal forma que des-truyera o afectara la garantía.

Tampoco estaba la compañía impedida (estopped) por no haber devuelto la prima.

Debe revocarse la sentencia y declararse sin lugar la de-manda.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Blanco Fresno & Co., S. en C., demandante y apelante, v. Royal Insurance Co., Ltd., demandada y apelada.
    No. 5296.

    Sometido: Febrero 17, 1931.

      Resuelto: Abril 29, 1932.

      A. García Bucos y M. A. Martínez Bávila, abogados de la apelante, José Sabater, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, después de ocurrido un incendio y de una supuesta pérdida, embargó la participación de García Her-manos en el producido de una póliza de seguros. La Royal Insurance Co., Ltd., contra quien se había librado el embargo, se negó a pagar, y este pleito es el resultado de esa nega-tiva. La defensa de la compañía de seguros fué que el si-niestro no fué casual; negó que García Hermanos entregara a la compañía de seguros después del incendio todos los do-cumentos requeridos por la póliza, alegó que García Her-manos presentó una reclamación por pérdida total ascen-dente a $14,592.04 contra la demandada y otra compañía, cuando en puridad de verdad el día del siniestro dichos Gar-cía Hermanos no tenían la décima parte de los efectos que se alegaban estar en su posesión; y que García Hermanos antes del fuego trasladó fraudulentamente a otro sitio gran liarte de los efectos originalmente asegurados; que García Hermanos dejó de preparar el debido inventario de su mer-cancía, o por lo menos de llevar libros que demostraran tales existencias, según exigía la póliza.

La Corte de Distrito de Aguadilla, después de celebrado nn juicio, declaró sin lugar la demanda. La corte no es-timó que el origen malicioso del siniestro fuese suficiente-mente probado, pero resolvió que García Hermanos no había cumplido con la cláusula sobre caja de seguridad (iron safe clause) según se le conoce familiarmente, toda vez que ellos no llevaban libros adecuados o que por lo menos no demos-traron la cantidad de mercancías en existencia al tiempo del siniestro. La corte citó los casos de Rodríguez v. U. S. Fire Ins. Co., 34 D.P.R. 385, y Compañía Mercantil Arroyana v. Home Ins. Co., 35 D.P.R. 682, y el artículo 405 del Código de Comercio, y resolvió que como el incendio tuvo lugar bajo circunstancias sospechosas, la monta de las pérdidas debió haberse probado claramente de conformidad con el caso de Northern Ins. Co. v. Del Moral, 300 Fed. 513, y por otras razones.

El seguro fué tomado en abril' 21 de 1925. El incendio ocurrió el 5 de mayo de 1925, y por tanto, todas las partes están contestes en que no era necesario que García Herma-nos preparara un inventario de acuerdo con las disposiciones dé la póliza, que proveía que el inventario debía prepararse dentro de los treinta días después de su expedición.

El primer señalamiento de error se refiere a las .alegaciones. La demandante sostuvo y sostiene que la contestación contenía negativas que envuelven afirmaciones (negative pregnants) y que por consiguiente se admitían las alegaciones de la demanda. Una de las respuestas que la demandada dió a esta contención fué que la objeción referente a la suficiencia de la contestación se hizo demasiado tarde al ser suscitada por primera vez durante el juicio. Esta contención de la apelada está sostenida por nuestra decisión en Ana María Sugar Co. v. Castro et al., 28 D.P.R. 241, citando El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111. Una de las razones principales para ello es que a las partes y a los testigos no se les debe hacer esperar mientras los letrados discuten las alegaciones. Tanto el público como el demandado tienen derecho a ser protegidos contra demoras de esta naturaleza. Normalmente una corte concederá a un demandado la oportunidad de enmendar, ya durante el juicio o posponiendo el caso mediante el pago de las costas. Convenimos en que la objeción fué suscitada tardíamente y que no se cometió error al declarar sin lugar la moción oral presentada por la demandante solicitando que se dictara sentencia sobre las alegaciones.

Además, la exposición del caso revela que el día del juicio la demandante se opuso oralmente a la contestación por contener ésta negativas que envolvían afirmaciones. No aparece especificación alguna respecto a cuáles eran esas ne-gativas. Si bien es posible que durante la discusión habida en 1'a corte inferior la demandante llamara específicamente la atención de la corte a lbs supuestos defectos, creemos que una moción de esta índole, que es más o menos técnica, debe también estar técnicamente concebida, de suerte que conste en los autos. Es esencialmente parte de las alegaciones en el caso, de manera que creemos que este señalamiento de error no puede beneficiar a la parte apelante.

Más particularmente, sin embargo, convenimos con la apelada en que la contestación advertía suficientemente a la demandante de las varias defensas que la demandada se pro-ponía plantear. La contestación necesariamente informaba • a la demandante que la demandada alegaba que el siniestro no fué casual, que no llevaban libros adecuados, que hubo un traslado fraudulento de mercancías y que al tiempo del in-cendio dichos García Hermanos no tenían en existencia la cantidad de mercaderías por ellos alegada. Puede que haya algunas informalidades en la fraseología de la contestación que no nos detendremos a examinar.

Los otros dos señalamientos de error se refieren,, en síntesis, a la apreciación de la prueba en la corte inferior. Lo más importante que existe a favor de la apelante es que los peritos llamados por la demandante como testigos, de-clararon respecto a la existencia de mercaderías en el esta-blecimiento de García Hermanos por valor de $16,000 en fecha poco anterior al siniestro. No se desprende que las existencias continuaran siendo más o menos las mismas él día del incendio. Es sumamente difícil para un asegurador demostrar una disminución en las mercancías. Esto es cierto como cuestión general, mas en este caso específico la póliza exigía que la asegurada llevara libros que demostra-ran el estado de las mercaderías en el momento del incendio. Por tanto, nos sentimos obligados a resolver que la deman-dante no logró probar que García Hermanos, en el momento del incendio, tenía en existencia mercancías por valor de $14,000; es decir, que ellos no cumplieron con las condiciones de la póliza en cnanto a la prueba de este hecho.

Además, bubo evidencia ante la corte, que ésta tenía de-recho a creer, al efecto de que si hubiese habido de $14,000 a $16,000 de mercaderías en existencia, hubiese sido prácticas-mente imposible que el incendio obrara en la forma en que lo hizo en este caso. La prueba tendió a revelar que no que-daron trazas de los $16,000 que la demandante alegaba exis-tían al tiempo del siniestro a excepción de algunos fardos de tela. El sitio era prácticamente un montón de cenizas. El establecimiento era de mercería y generalmente tales efectos no se destruyen totalmente.

No es necesario recalcar la naturaleza no casual del siniestro, ya que la corte declaró que la prueba a este res-pecto era insuficiente. Convenimos, sin embargo, con la corte inferior y con su cita del caso de Northern Ins. Co. v. Del Moral, 300 Fed. 513, al efecto de que la demandante, bajo las circunstancias sospechosas en que ocurrió el incendio, estaba obligada a presentar prueba estricta de las pérdidas. Hubo conflicto de prueba respecto a si el sitio estaba o no impreg-nado de gas, mas todo esto está comprendido dentro de la conclusión de la corte inferior en el sentido de que la prueba de incendiarismo no era suficiente. Eesulta poco todo el én-fasis que se dé al hecho de que ni García Hermanos ni Guillermo García trataron de llevar libros o inventarios que demotraran el valor real de las mercaderías en existencia.

Deseamos agregar una palabra más sobre la naturaleza sospechosa del siniestro. Sucedió que García Hermanos adeudaban a la demandante una suma considerable, unos $14, 000. La razón social de García Hermanos se componía de dos personas. Una de ellas era Guillermo García, quien en realidad tuvo un establecimiento de su propiedad hasta el 17 de abril de 1925, en que se constituyó la sociedad. La deuda era originalmente de Guillermo García.

El otro hermano no era responsable de la deuda de su her-mano, pero sin inconveniente alguno se unió a la sociedad. No obstante, él no fué testigo durante el juicio. La apelante dijo que no pudo conseguir a este testigo, pero su falta de comparecencia en el juicio fué significativa. El no tenía ab-solutamente ningún interés personal en proteger la deuda de la demandante. Además, la demandante envió a uno de sus empleados para que le preparara o abriera los libros iniciales a García Hermanos. Por sí mismo tal hecho es apenas im-portante, mas, en conexión' con los otros hechos del caso, es una circunstancia sospechosa adicional.

Necesariamente hubo algún conflicto de prueba sobre la existencia de la mercancía, pero prácticamente no hubo tal conflicto respecto a la no existencia de las constancias exigi-das por la póliza de seguro. ■

Debe confirmarse la sentencia.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante-apelado, v. Ignacio Menéndez, acusado-apelante.
    No. 4608.

    Sometido: Abril 26, 1932.

      Resuelto: Abril 29, 1932.

      B. Martines Nadal, abogado del apelante; B. A. Gomes, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor, Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Ignacio Menéndez fué convicto de homicidio involuntario por haber conducido negligentemente un automóvil por la carretera pública y haber ocasionado la muerte de Juan Antonio Martínez. El acusado radicó una moción de nuevo juicio que la corte declaró sin lugar. El haberse declarado sin lugar esta moción sirve de objeto al primer señalamiento de error. El apelante tiene la idea de que una moción de nuevo juicio debe ser contestada por el fiscal y que los hechos aducidos en tal moción tienen peso faltando tal negativa. La ley es muy distinta. El veredicto de un jurado es siempre el hecho sobresaliente. El acusado tuvo su día en corte y su culpabilidad, sujeta a revisión, fué probada. Nada de lo que el acusado dice en una moción de nuevo juicio, cae dentro de las reglas de procedimiento que conducen a una controversia. Tal controversia fué decidida por el jurado en este caso. Si bien el fiscal de distrito tiene la oportunidad o el derecho de suscitar cualquier cuestión relativa a una moción de nuevo juicio, la corte y el público están interesados en sostener un veredicto hasta que el acusado Convenza a la corte de que el veredicto fué erróneo. De forma que el acusado debe convencer a la corte de la certeza de su moción.

El acusado alegaba en su moción de nuevo juicio que al-gunos de los miembros del jurado tenían prejuicio contra él, toda vez que manifestaron en su juramento preliminar (voir dire) que nada sabían de los hechos del caso, mientras que en verdad ellos procedían de Yega Baja y habían oído hablar del accidente. El acusado no ofreció prueba alguna para demos-trar ésos hechos y, necesariamente, la moción tenía que ser declarada sin lugar. La actuación de la corte inferior está sostenida por el caso de El Pueblo v. Vega, 35 D.P.R. 115. Este caso también sostiene la idea de que el acusado debe actuar ora el fiscal conteste los hechos de la moción de nuevo juicio o no.

El otro fundamento de la moción de nuevo juicio fué que la prueba era contraria al veredicto, y esto también sirve de objeto al tercer señalamiento de error. Hubo prueba tendente a revelar que el acusado conducía su automóvil con luces opacas, casi totalmente apagadas; que un automóvil venía detrás del vehículo del acusado y otro en dirección opuesta, y que el acusado echó su automóvil hacia la derecha sin dar señal o aviso y ocasionó la muerte de Juan Antonio Martínez. Con las debidas instrucciones, la prueba era suficiente para someter el caso al jurado y no podemos decir que el jurado debió haber tenido duda razonable de la culpabilidad del acusado.

El segundo señalamiento de error se refiere a haber dejado la corte de dar cierta instrucción. La supuesta súplica traída a nuestra atención a virtud de unos autos enmendados, pedía de la corte que instruyera al jurado que el mero hecho de que el acusado fuera culpable de negligencia no era suficiente para condenarlo, a menos que tal negligencia fuera la causa próxima de la muerte. La corte, en sus instrucciones generales, abarcó la instrucción solicitada, toda vez que manifestó al jurado que si éste hallaba que el acusado había dejado de ejercer ese grado de cuidado y prudencia que las circunstancias exigían y que debido a tal falta alguien fué perjudicado, el acusado había incurrido en negligencia. Además, en otra parte de las instrucciones, la corte manifestó que si el acusado, sin tener la debida circunspección, causó la muerte de Juan Antonio Martínez, él era culpable de homicidio involuntario.

Debe confirmare la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Marti Alvarez, acusado y apelante.
    No. 4370.

    Sometido: Marzo 12, 1931.

      Resuelto: Mayo 3, 1932.

      Carda Méndez & García Méndez, abogados del apelante; B. A. Gó-mez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Miguel Marti Alvarez apela de la sentencia que lo condena por el delito de homicidio involuntario que le imputó la acu-sación del fiscal y del cual lo encontró'culpable un jurado.

Dos motivos alega el apelante para sostener su recurso, siendo -el primero que la corte inferior cometió error al ne-garse a trasmitir al jurado determinada instrucción; y el se-gundo que el veredicto es contrario a la prueba.

La acusación que fue presentada contra el apelante en lo necesario dice así:

“El referido acusado Miguel Marti Alvarez con anterioridad a la presentación de esta acusación, o sea, allá por el día 26 de enero de 1930, y en el término municipal de Isabela, que forma parte del ¡Distrito Judicial de Aguadilla, Puerto Rico, allí y entonces, dicho acusado Miguel Marti Alvarez, mientras guiaba, como chauffeur, el automóvil Chevrolet número P-610, por la carretera que conduce de Isabela a Aguadilla, que es un camino público, y al llegar al kiló-metro 128, heetómetro 5, de dicha carretera, y mientras conducía pasajeros en dicho automóvil y mientras marchaba de Aguadilla hacia Isabela, ilegal y voluntariamente guiaba y conducía dicho vehículo de motor, sin. guardar la debida prudencia y circunspección, encon-trándose allí y entonces diebo acusado en estado de embriaguez, y por descuido y negligencia en el manejo de dicho vehículo y por marchar a más de 50 kilómetros pOr hora, en dicha carretera, y por no ejercer el debido cuidado y tomar precauciones razonables, ha-ciendo zigzags en dicha carretera, dió lugar a que dicho automóvil se volcara, a consecuencia de lo cual el ser humano Juan Marti Alvarez sufrió vari'os golpes y contusiones y entre ellos la fractura de la base del cráneo y de la arteria meníngea posterior, lo que le pro-dujo gran hemorragia intercraneal en la base del cerebro, a conse-cuencia directa de cuya fractura de la base del cráneo* murió dicho Juan Marti Alvarez momentos después.”

La instrucción solicitada por el apelante para el jurado está redactada en los siguientes términos:

“El hecho de que en determinado caso se demuestre que un ve-hículo ha excedido determinada velocidad, basta para establecer un caso prima facie. El caso prima facie así establecido no es una mera infracción del límite de velocidad. Ese es el hecho en eviden-cia, pero el delito no ha quedado probado. El delito lo constituye el guiar negligentemente. El hecho de si se h,a cometido o no el delito puede depender de un número de circunstancias, incluyendo, según lo dispone expresamente la ley, el ancho del camino, la forma en que está siendo usado en ese momento y las condiciones del trá-fico en general. El caso prima facie establecido por la evidencia de que el vehículo en cuestión era conducido a gran velocidad podría ser controvertido, como en este caso lo ha sido, p'or la declaración de testigos de que el camino en el sitio* mencionado en la acusación era recto y ancho, que no había tráfico y que no estaba ocupado en ese momento. De modo, señores del Jurado, la corte ahora os instruye que el correr un vehículo de motor a una velocidad excesiva no es por sí solo un hecho delictivo, ni constituye negligencia que haga responsable al conductor de dicho* vehículo si no median las circuns-tancias antes indicadas. El Pueblo v. Casanovas, 38 D.P.R. 219.”

A nuestro juicio la negativa de la corte estuvo bien fun-dada. En primer lugar, leídas las instrucciones que la corte había ya transmitido al jurado encuéntrase que son suficientes por sí solas, siendo, por tanto, la propuesta innecesaria. En segundo lugar la forma en que la instrucción está redactada parece expresamente calculada para favorecer al acusado. Y en tercer lugar el caso de Casanovas, de donde al parecer se toma la doctrina en que se basa la instrucción, era distinto. Allí se estaba juzgando una mera infracción a la ley de auto-móviles, mientras que aquí se trata de la muerte de una persona en que la velocidad a que se conducía el automóvil se alegó como uno de los elementos constitutivos de la negligen-cia imputada.

Quizá la corte eliminando algo de la instrucción propuesta o enmendando su redacción, pudo transmitirla, porque no puede negarse que la cuestión que se suscitaba era propia, pero la corte no venía obligada a hacerlo en la forma pro-puesta y por tanto no puede considerarse la omisión como error fundamental.

El segundo y último motivo del recurso se funda en que el veredicto es contrario a la prueba.

La evidencia que el fiscal presentó en el juicio tendió a demostrar que el acusado guiaba a las dos de la tarde por la carretera pública de Aguadilla a Isabela un automóvil pú-blico en el que también iban otras personas; que él se hallaba en estado de embriaguez; que conducía el vehículo a veloci-dad de 50 a 55 kilómetros por hora; que el automóvil hacía zigzags de cuneta a cuneta por la carretera; que bajando una pendiente en la que había una curva se volcó el automóvil quedando con las ruedas para arriba y con los pasajeros de-bajo; que a una de esas personas se le fracturó la base del cráneo de cuya resulta murió pocas horas después; y que en la carretera había huellas en zigzags de las ruedas refrenadas del automóvil por 37 ó 40 metros y que al final de ellas estaba volcado el automóvil.

El acusado y sus testigos declararon que él no estaba em-briagado, aunque él manifestó que había tomado algún ron; alguno de ellos dijo que el vehículo marchaba a 40 kilómetros; todos que no hacía zigzags sino que caminando por su derecha se desvió a la izquierda y se volcó; y que la carretera era ancha y recta y en ese momento no había tráfico en ella.

El conflicto de esa prueba lo resolvió el jurado dando eré-dito a la del fiscal, y es suficiente para sostener el veredicto de culpabilidad porque las circunstancias en que el acusado ma-nejaba el automóvil cuando se volcó y causó la muerte de una de las personas que en él iban demuestran su falta del debido cuidado y circunspección en el manejo de dicho vehículo.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Ernesto Fernando Schlüter, demandante y apelado v. Gustavo Muñoz Díaz e Inocencia René, demandados y apelantes.
    No. 5531.

    Sometido: Abril 26, 1932.

      Resuelto: Mayo 6, 1932.

      ÍL. Llorens Torres y González Fagimdo & González Jr., abogados de los apelantes; E. Campos del Toro, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Ernesto Fernando Schlüter comenzó un procedimiento eje-cutivo hipotecario en 19 de julio de 1929 contra el Dr. Gustavo Muñoz Díaz y su esposa para cobrar cierta cantidad garantizada con hipoteca, y después de hecho el requeri-miento de pago el 8 de agosto siguiente a los deudores, éstos presentaron moción a la corte alegando varios motivos para que por falta de jurisdicción anulase el procedimiento y para que mientras resolviera esa cuestión paralizara los procedi-mientos y dejase sin efecto el señalamiento lieclio para la subasta de los bienes hipotecados. Tres días después de ser presentada esa moción el ejecutante y los ejecutados presen-taron de común acuerdo moción a la corte para que desesti-mase la anterior moción, haciendo constar en ella que el de-mandante concedía de plazo hasta el 30 de junio de 1930 a los demandados para que pagasen el crédito reclamado, siendo convenido además que llegado ese día sin que los demanda-dos hubiesen pagado al demandante, éste procedería a pedir la venta en pública subasta de las fincas hipotecadas. La corte aprobó ese convenio y en su consecuencia desestimó la mo-ción que habían presentado los demandados y ordenó la sus-pensión de la subasta que estaba señalada para el 22 de mayo de 1930.

El 22 de agosto de 1930, después de expirada la prórroga para el pago que el demandante concedió a los demandados y cinco días antes del señalado por segunda vez para la subasta, los demandados presentaron moción a la corte para que suspendiera la subasta que había sido señalada para el 27 de dicho mes y año, para que ordenase la suspensión del procedimiento ejecutivo hipotecario y para que decretase su archivo con costas al demandante, alegando para ello que por haber quedado paralizado el procedimiento por la prórroga concedida era necesario un nuevo requerimiento de pago y debía presentarse una nueva certificación del registro de la propiedad en la forma que dispone el artículo 172 del Reglamento hipotecario, que el requerimiento de pago hecho anteriormente es nulo por haberse exigido el pago de cierta cantidad para costas y honorarios de abogado sin haber recaído sobre ellos resolución judicial, y que la nueva orden señalando el 27 de agosto para la subasta ha sido apelada por los demandados. Se opuso el ejecutante a esas peticiones y la corte declaró sin lugar las peticiones de los demandados en 1 de noviembre de 1930 y ordenó ía continuación del procedimiento. Tal es la resolución qué fué apelada por los demandados en 10 de noviembre de 1930, sin que conste de la transcripción que tenemos ante nosotros si la subasta fué celebrada el 27 de agosto o si fué suspendida por no estar resuelta entonces la moción de los demandados.

La pretensión de los apelantes en la corte inferior y en esta apelación es que por haber concedido el ejecutante des-pués de iniciado su procedimiento ejecutivo hipotecario y de requeridos los deudores para el pago una prórroga hasta el 30 de junio de 1930 para que solventasen su deuda y que si no la satisfacían en esa fecha el acreedor procedería a pe-dir la venta en pública subasta de las fincas hipotecadas, existió una novación por la cual hasta el 30 de junio de 1930 no estaba vencida la deuda y que por esto debían ar-chivarse dichas actuaciones y establecerse otra nueva des-pués de vencida la obligación en 30 de junio de 1930 si en esa fecha no se había pagado y se quería cobrar judicial-mente. Ni esa cuestión ni los otros motivos alegados por los apelantes en la moción cuya negativa por la corte motiva esta apelación podían ser alegados por los demandados en un procedimiento ejecutivo hipotecario, pues el artículo 175 del Reglamento hipotecario dice que los procedimientos sumarios para el cobro de hipotecas no podrán suspenderse por me-dio de incidentes ni por otro alguno, a instancia del deudor, del tercer poseedor ni de ningún otro que se presente como interesado salvo en los tres casos que menciona, en ninguno de los cuales se encuentra la pretensión de los apelantes, y que las demás reclamaciones que puedan formular, así el deudor como los terceros poseedores y los demás interesados, incluso las que versaren sobre nulidad del título o de las ac-tuaciones, o sobre vencimiento, certeza, extensión o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio plenario que corres-ponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entor-pecer el procedimiento ejecutivo. Por consiguiente, proce-dió correctamente la corte inferior al negarse a lo solicitado por los apelados y la resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eladio Pérez Román, acusado y apelante.
    No. 4753.

    Sometido: Mayo 5, 1932.

      Resuelto: Mayo 6, 1932.

      L. Santiago Gamona, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Ptieblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se formuló la siguiente denuncia:

“Yo, Jobino de Jesús G-uevárez, P. I., vecino de Dorado, P. R., calle de Norte, formulo denuncia contra Eladio Pérez Román, por delito de Alterar Paz Pública, cometido de la manera siguiente: Que en 7 de julio 7 A. M. de 1931, y en el Barrio de Espinosa, Do-rado, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Toa Alta, P. R., que se encuentra dentro de la jurisdicción de la corte de distrito de Ba-yamón, P. R., el acusado Eladio Pérez Román, maliciosa y volun-tariamente y de una manera ilegal allí y entonces, turbó la paz y tranquilidad del vecindario, cuando insultaba y provocaba a Cecilia Alcalá, diciéndole que era ‘una fregona sucia y sinvergüenza y que deseaba que fuese hombre para partirle la cara.’ Qlue con motivo de esta amenaza y provocaciones allí se reunieron varias personas.”

Yisto el caso por todos sus trámites en apelación ante la Corte de Distrito de Bayamón, ésta declaró culpable al acu-sado y le condenó a pagar una multa de $30 o en su de-fecto a cumplir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer. De esta sentencia apeló el acusado para ante este tribunal. ' El acusado lia presentado la alegación de que la denuncia no contiene ningún hecho que sea constitu-tivo de delito público.

,E1 artículo 368 del Código Penal dice así:

“Toda pers'ona que maliciosa y voluntariamente perturbare la paz-o tranquilidad de -algún vecindario o individuo, con fuertes o inusi-tados gritos, conducta tumultuosa u ofensiva, o amenazas, vituperios, riñas, desafíos o provocaciones, o que en las calles de alguna ciudad o pueblo, o en las vías públicas disparare algún arma de fuego, o hiciere uso de lenguaje grosero, profano o indecoroso en presencia O al alcance del oído dé mujeres o niños, en forma estrepitosa o in-conveniente, incurrirá en misdemeanor, j será castigada con multa máxima de doscientos dólares, o cárcel por un término máximo de noventa días o ambas penas, a discreción del tribunal.”

Una de las modalidades de este delito de perturbar la paz es la conducta ofensiva, y ésta se describe en la denun-cia de manera suficiente para constituir el delito que se imputa/ al acusado. En la denuncia se 'alega que el acusado-maliciosa y voluntariamente, y de una manera ilegal, turbó la paz y tranquilidad del vecindario cuando insultaba y pro-vocaba a Cecilia Alcalá, diciéndole que era “una fregona sucia y sinvergüenza, y que deseaba que fuese hombre para partirle la cara.”

Las frases ofensivas aparecen dirigidas directamente a Cecilia Alcalá. Se alega además que por este motivo se turbó la paz y tranquilidad del vecindario y que se reunie-ron varias personas en el sitio donde ocurrió la provocación»

Por estas rasones entendemos que debe confirmarse la sen-tencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Julio Juarbe, acusado y apelante.
    No. 4566.

    Sometido: Abril 21, 1932.

      Resuelto: Mayo 9, 1932.

      J. Valldejuli, abogado del apelante; E. Díaz Viera, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se presentó contra el acusado la siguiente acusación:

“El fiscal formula acusación contra Julio Juarbe, por un delito de Escalamiento en PRIMER Geado (felony) cometido de la manera siguiente: El referido acusado Julio Juarbe, allá pOr el día 30 de agosto de 1930, y en San Juan, P. R., que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, ilegal, voluntaria y maliciosamente, pe-netró, en boras de la noebe, en el establecimiento dedicado a cafetín, perteneciente a y de la propiedad de Vicente Dumont, con la inten-ción entonces y allí de cometer burto.

Visto el caso por todos sus trámites ante un jurado en la Corte de Distrito de San Juan, el acusado fué declarado culpable por el jurado y condenado por la corte a un año de presidio con trabajos forzados.

No conforme el acusado con dicha sentencia, apeló de la misma para ante este tribunal, habiendo radicado su alegato en el que imputa a la corte inferior la comisión de los si-guientes errores:

“Peimebo: — Que la Corte inferior cometió error al permitir que declararan los testigos de El Pueblo de Puerto Rico, nombrados Sixto M. Saldaña y Andrés A. Lugo.
“Segundo: — Haber declarado sin lugar la Corte inferior la mo-ción para que se instruyera al Jurado que trajera un veredicto ab-solutorio por no ser suficiente la prueba en este caso para soportar un veredicto condenatorio y nü haberse establecido prima facie el delito imputado al acusado.
“Tercero: — Que el veredicto en este caso es contrario a la ley y a la evidencia desleída en este caso.”

Examinemos el primer error. El fiscal presentó como prueba las declaraciones de Sixto M. Saldaña y Andrés Lugo. El acusado por conducto de su abogado, se opuso a la admisión de esta prueba, alegando que la misma se presentaba para probar que el acusado fia cumplido otras condenas por otros delitos, y que no se habían establecido los requisitos de ley para que los testigos pudieran declarar. Alegó también que no se conectó en forma alguna con prueba hábil que el acusado haya realizado el delito de que se le acusa. La corte admitió la prueba.

El testigo Saldaña declaró que es jefe del presidio; que tiene en sus manos el expediente histórico penal de Julio Liceaga; que el individuo que lleva este nombre es el mismo acusado en el presente caso. Se presentó como prueba el expediente histórico penal, siendo admitido por la corte con la oposición del abogado del acusado. La misma oposición se hizo al testigo Andrés Lugo, quien prácticamente prestó la misma declaración que el testigo Saldaña.

La admisión de evidencia que tienda a demostrar o que demuestre que el acusado ha cometido otro delito comple-tamente independiente del delito de que se le acusa ha sido ampliamente discutida por las cortes de justicia. La regia general es que esta evidencia es inadmisible.

La natural e inevitable tendencia de los jueces, y sobre' todo de los jurados, es darle excesivo peso a esta clase de prueba que muchas veces puede conducir a un veredicto con-. denatorio irrespectivamente de la culpabilidad o inocencia del acusado del delito que se le imputa. El indudable valor probatorio de esta clase de evidencia ba becho imperiosa y necesaria la regia de su exclusión para evitar el peligro de una declaración de culpabilidad cuando la evidencia presen-tada resulta insuficiente para probar el delito imputado ai acusado. De manera que esta evidencia, en principios ge-nerales, se declara inadmisible, no porque carezca, sino más bien porque tiene demasiado valor probatorio. Dice Jobn Norton Pomeroy, arguyendo en el caso de People v. Stout, 4 Park Cr. 97:

“En la administración de la jurisprudencia criminal, el derecho civil permite y requiere tal evidencia. Este derecho investiga la re-putación anterior, disposición, hábitos, asociados, negocios; en una palabra, la completa historia de una persona acusada, para descubrir si es probable que haya cometido el crimen de que se le acusa. La ley criminal americana e inglesa, en su administración práctica, se limita a la investigación del verdadero crimen imputado y reduce la evidencia judicial a circunstancias directamente conectadas con el cargo impu-tado y necesarias para elucidarlo. Estos dos sistemas son diametral-mente opuestos el uno del otro, e irrespectivamente de lo que pueda decirse acerca de sus méritos comparativos, la regla de la ley común está firmemente establecida y constituye la base fundamental del pro-cedimiento criminal como un elemento inseparable del juicio por ju-rado. Las mentes de experiencia judicial pueden eliminar de una masa de hechos impertinentes e incriminatorios,' aquellos que direc-tamente tiendan a probar el crimen imputado al prisionero, pero el verdadero carácter de los jurados, y la teoría del juicio por jurado, requiere que toda evidencia que predisponga al prejuicio y tienda a originar en la mente del jurado una antipatía al prisionero, y que no tienda directamente a probar el cargo imputado, debe ser cuida-dosamente excluida.”

En el caso de State v. Saunders, 12 Pac. 445, dice la Corte Suprema de Oregon por conducto del Juez Thayer, lo siguiente :

“Colocad a una persona en un juicio criminal, y permitid al re-presentante del estado demostrar que el acusado ha estado anterior-ihénte implicado- en asuntos similares, y cualquiera que sea la expli-cación que de los mismos se baga, esta evidencia será más perjudicial al acusado y conducirá más a su convicción que testimonio directo de su culpabilidad en el cargo imputado. Todo abogado que baya tenido experiencia particular en juicios criminales sabe esto, sabe que los jurados se sienten inclinados a actuar por impulso y a condenar a las partes acusadas basados en principios generales. Un jurado ordinario no es susceptible de preocuparse mucho acerca de la ino-cencia o culpabilidad en un caso pratieular si piensa que el acusado es un granuja o un vagabundo. Así es la naturaleza humana.”

Ahora bien, esta regla tiene sus excepciones, pero los tribunales deben ejercer mucbo cuidado al admitir evidencia de esta naturaleza, para que los derechos del acusado, así como los del pueblo, queden verdaderamente protegidos.

“Se ha dicho por algunos,” apunta Wigmore en la página 409 del tomo primero de su obra sobre EvideNcia, “que el objeto de esta regla es mostrar misericordia al culpable, dán-dole la oportunidad de defenderse, obstaculizando artificial-mente la prosecución (prosecution). Por el contrario, el ob-jeto es evitar que una persona no culpable sea impropiamente condenada.” A esto hay que añadir el principio de que toda persona es inocente mientras no haya sido declarada culpable por un tribunal competente. Esta presunción de ino-cencia debe acompañar al acusado hasta el momento en que sea declarado culpable y no parece justo que se admita prueba de sus antecedentes penales, a menos que se trate de un caso excepcional comprendido dentro de las excepciones a la regia general. Es preferible la absolución de un culpable a la condena de un inocente, aunque se trate de una persona que haya cometido otros delitos de la misma naturaleza del cri-men que se le imputa. La ley no establece distinciones entre buenos y malos. La presunción de inocencia cobija a unos y a otros, y cuando un acusado es llevado ante un tribunal,-cualquiera que sea su reputación anterior, tiene derecho a ser juzgado con la debida imparcialidad.

Establecidos estos principios, tócanos ahora decidir si la admisión de la prueba de los antecedentes penales del acu-sado está comprendida dentro de las excepciones a la regla general. Prueba de un delito independiente del que es ob-jeto de la acusación puede presentarse en casos excepciona-les para probar conocimiento, intención, designio o plan. El procedimiento para la admisión de la prueba de otros de-litos en los casos comprendidos dentro de las excepciones a la regia general no es siempre el mismo. Refiriéndose a la evidencia de intención, dice Wigmore en la página-615, tomo primero de su obra sobre Evidencia, “que el aspecto peculiar de este proceso de prueba es que el acto mismo se presume realizado, ya porque como usualmente ocurre, este acto es concedido, o porque se instruya al jurado no considerar la evidencia desde este punto de vista- mientras no considere que el acto ba sido probado y se disponga a determinar la intención.

El mismo autor dice en la página 609 de la citada obra:

“. . . La peculiaridad de la intención, como un factum proban-dum, es que un acto se presume realizado por el acusado, y la cues-tión a resolver es el estado mental que lo acompañó. Sin embargo, el designio o plan no forma parte de la contienda, como elemento del becho criminal imputado, sino el estado mental anterior que como evidencia tiende liaeia la realización de un acto ideado o planeado (ante, Párrs. 237, 242). De forma que la peculiaridad del designio es que el acto no se presume probado y se usa el designio como- evi-dencia para demostrar la probable comisión del delito. Es obvio que hay envuelto algo más definido y positivo que en el caso de la in-tención. Al probar la intención se admite o se presume el acto; lo que se trata de averiguar es el estado mental que acompañó a éste. Al probar el designio, el acto aun permanece indeterminado y la prueba requerida trata del funcionamiento de un plan, que tiende hacia el futuro con tal fuerza que hace probable tanto el acto como el estado mental que lo acompañó. La intención es un mero apén-dice del acto; el designio es una fuerza que como resultado produce el acto.”

Aunque el hecho de penetrar en una casa con el propósito de cometer hurto implica un designio o plan, sin embargo la historia penal del acusado, que data desde el 13 de enero de 1906, se admitió única-y exclusivamente para adicionar a la evidencia aportada el complemento de la intención.

En la hoja de los antecedentes penales del acusado ad-mitida por la corte, aparecen algunas sentencias condenando al acusado por varios delitos de falsificación, escalamiento y hurto menor. No se establece conexión alguna entre estos delitos y el delito objeto de la presente acusación.

Sobre el alcance de esta prueba la corte sometió al jurado la siguiente instrucción:

“En este caso ha ofrecido el fiscal dos expedientes o antecedentes penales del acusado.
“Claro es que el fiscal no ha hecho este ofrecimiento para, de-mostrar que este hombre es culpable del delito de que se le acusa ahora, porque la Corte no lo hubiera admitido, y ese no es el al-cance que el jurado debe dar a esta clase de prueba. De modo que la mera prueba de actos delictivos cometidos con anterioridad por el acusado no tiende a demostrar la existencia de un acto posterior. El que un hombre haya sido malo en su vida no quiere decir que continúe siendo malo toda la vida. El elemento de la convicción en castos anteriores simplemente; trata de establecer ante Uds. la inten-ción del acusado, si es que Uds. consideran razonable la evidencia circunstancial presentada a Uds. Los delitos anteriores Cometidos por el acusado no serían bastantes para sostener la convicción dd que hubiera cometido el acusado el delito de que ahora le acusa el Fiscal. ’ ’

Las instrucciones de la corte al jurado demuestran cla-ramente que la evidencia se ofreció con el propósito de pro-bar la intención, y aunque no hubiese sido presentada con este propósito, la corte así'lo expresó en su instrucción.

Descartando esta prueba de los antecedentes penales, la prueba presentada por el fiscal se reduce a las declaraciones de Vicente Dumont y Augusto Beauchamp.

Vicente Dumont declara que vive en Santurce, calle de Blanca Cerra; que tiene en su residencia un establecimiento, un cafetín, llamado “La Campana”; que estaba durmiendo y al notar ruido llamó a su empleado, Augusto Beauchamp, y que una voz le respondió: “Yo mismo soy Augusto”; que volvió a llamar a Augusto dieiéndole: “Levántate que hay una persona dentro, debe ser un pillo”,- que se levantó, sa-lió a la puerta y vió al acusado parado en medio de la acera; que dijo a Beauchamp que llamara a un policía; que el po-licía llegó y que el acusado estaba en actitud nerviosa cuando vió a éste; que entonces entraron al establecimiento y es-taba la puerta descerrajada y el acusado no quería entrar y el policía lo registró, encontrándole 9á<¡¡; que al testigo le habían faltado 94-.<¡; del cajón; que recogió el dinero que ha-bía en el cajón esa noche y dejó 94^, y que no recuerda el diario que hizo ese día; que no le dijo al policía cuánto le faltaba en el cajón, y que cuando lo registraron fué que dijo que faltaban 94(¡5 que era lo que el acusado tenía en el bol-sillo; que el acusado no corrió ni caminó cuando sintió la voz del testigo y estaba allí cuando llegó el policía.

El testigo Augusto Beauchamp declara que como a la 1% de la noche Dumont oyó un ruido y lo llamó; que salió a la calle y encontró parado a Julio Juarbe, y la puerta des-cerrajada'; que le preguntó al acusado qué hacía allí, res-pondiéndole qu.e no hacía nada; que le parece que dicho acusado estaba un poco nervioso; que éste trató de andar y el testigo le dijo: “No se vaya hasta que traiga al poli-cía”; que vió que el acusado vaciló, que quiso andar y no pudo; que no lo agarró, y se fué a buscar al policía, que-dando el acusado con Vicente Dumont; que el policía regis-tró a Juarbe y le encontró 9á<¡; y que en el cajón faltaron 94^; que el testigo fué a buscar al policía que estaba a una corta distancia y que cuando llegó el mencionado policía entraron en la casa, yendo primero el testigo, luego Vicente Dumont, luego el policía y después el acusado; que cuando el policía registró al acusado y le encontró los 94^, preguntó cuánto dinero había en el cajón y le dijeron que el cajón es-taba virado.

El acusado Julio Juarbe declara que estaba jugando do-minó en un cafetín y qtie a las doce de la noche cambiaron las fichas y le dieron un billete de un dólar, que cambió para comprar 5‡ de cigarrillos y una caja de fósforos; que yendo para su casa se encontró con el testigo Augusto Beauchamp y que. éste le dijo: “Amigo, hágame el favor y espere aquí en lo que voy a buscar un policía que está en la parada”; que después de haberse ido el individuo salieron Vicente Du-mont y la señora por una puerta; que el testigo estaba pa-rado en medio de la calle y le dijo a Vicente Dumont que como ellos habían llegado se iba para su casa porque era tarde; que Vicente le dijo que esperara que viniera, y vino ese individuo con el policía, quien preguntó lo que pasaba, contestándosele que habían descerrajado la puerta que es-taba cerrada con candado; que entraron todos y registra-ron, y el policía preguntó: “¿Le falta algo?” y alguien contestó: “No me falta nada porque a mí me escalaron una vez y nosotros no dejamos dinero aquí”; que entonces el policía dijo que no se podía hacer nada; que Vicente le dijo .al policía que cuando sintió ruido llamó a Augusto y le con-testaron de adentro: “Es Augusto”, pero que la voz que le contestó se le pareció a la del acusado; que entonces el po-licía lo. registró j le encontró 94^S, preguntando: “¿Eso le falta:a Ud.?”; que se le contestó: “Sí, señoi', eso es, me faltan 94^; que tenía;” que entonces el policía le preguntó en qué se ocupaba, contestándole el acusado que era aficionado de carpintero y planchador; que se quedó allí en es-pera de que llegara el policía y que si hubiera cometido un hecho no hubiera esperado que lo fueran a buscar.

Estos son los hechos más salientes de la prueba practi-cada en este caso. Con esta prueba la corte inferior ad-mitió- los documentos creditivos de los antecedentes penales del acusado. Cuando estos documentos fueron admitidos, ■se había ofrecido a la corte evidencia circunstancial demos-trando que se había sentido un ruido en la casa y que apa-reció una puerta abierta y descerrajada. Hasta este mo-mento ¿qué prueba se había presentado para demostrar la conexión del acusado con el referido hecho? Unicamente su presencia en la acera de la calle, frente a, la puerta de la casa, a raíz de sentido el ruido dentro de la misma y el ha-llazgo de los 940 en sus bolillos. Sobre este becbo Vicente Dumont declaró que no le dijo al policía que le faltaba dinero en el cajón basta después que el acusado fué registrado. Los' dos testigos de la acusación estuvieron presentes cuando se practicó este registro. Según ellos el policía preguntó cuánto les faltaba, contestando Dumont que 940. ¿ Conocía

Dumont la cantidad encontrada en poder de Juarbe, cuando precisó y mencionó por primera vez el dinero que le fal-taba? Aunque la prueba tiende a demostrarlo así, este be-cbo no aparece claramente establecido. Sobre este extremo existe una laguna en la prueba de la acusación que bien pudo ser llenada por el policía,' quien no compareció a de-clarar y cuya ausencia del juicio no ba sido explicada. La prueba más clara la suministra la declaración del propio acusado no controvertida en este particular. Dice este acu-sado que al encontrarle el policía los 940 preguntó: ¿Eso le falta a Ud.?”, y que se le contestó: “Sí, señor, me faltan 940 que tenía.” Si Dumont hubiera dicho al policía que le faltaban esos 940 antes de practicado el registro, el hallazgo de esta misma cantidad en. poder del acusado habría tenido un acentuado valor probatorio; pero la evidencia se debilita basta el extremo de hacerse sospechosa cuando se fija y pre-cisa la cantidad después de haberse practicado el registro. Nótese, además, que la memoria de Vicente Dumont falla para recordar la cantidad que retiró del cajón como producto de su negocio durante el día, y que sin embargo recuerda la cantidad exacta que dejó en varias monedas en dicho cajón. Aunque no es nuestro ánimo apreciar en estos momentos el peso que pueda tener la evidencia aportada, sin embargo es natural y lógico que examinemos los elementos de prueba que tuvo sometidos a su consideración la corte inferior para llegar a la conclusión de que debían admitirse los documentos ofrecidos por el fiscal. Si al jurado se le hubiese sometido únicamente la prueba testifical, que se limita a las declara-ciones de Dumont y Beauchamp, dudamos mucho que se hu-biese rendido mi veredicto de culpabilidad. No es aventu-rado asumir que la prueba documental influyó en el veredicto del jurado, pero a nosotros nos basta con saber que pudo influir, perjudicando los derechos del acusado. La corte no instruyó al jurado para que descartase la prueba de los an-tecedentes penales en caso de que hubiese llegado a la con-clusión de que el hecho imputado en la acusación no había sido debidamente establecido independientemente de la in-tención.

No se ha establecido tampoco en este caso conexión al-guna entre los delitos cometidos por el acusado y fel hecho imputado en la acusación. En algunos casos se ha admitido evidencia de delitos anteriores no conectados con el delito objeto de la acusación. La admisión de esta prueba depende de la naturaleza del caso. Por ejemplo, en el caso de Trogdon v. Commonwealth, 31 Gratt 862, la corte sostuvo que en acusaciones por emitir pagarés falsificados, circular moneda falsificada y recibir bienes hurtados, es admisible evidencia de otras transacciones de un carácter semejante, aunque cons-tituya testimonio de distintos delitos, con tal de que no sean demasiado remotos. Las limitaciones con respecto a tiempo y circunstancias en tales casos deben ser determinadas por la corte en su discreción. El objeto de esta evidencia es sim-plemente demostrar mens rea de parte del acusado.

En el caso de Prettyman v. U.S., 180 Fed 30, la corte se expresó así:

“. . . La regla general umversalmente establecida es que los actos que no hayan sido imputados en una acusación no pueden ser pro-bados, entre otras razones porque Uo es pertinente ningún testimonio a menos que esté relacionado con las materias contenidas en la acu-sación y con respecto- a las cuales se establece una controversia por la alegación de n'o culpable, y porque el acusado, no teniendo cono-cimiento de que testimonio de cualquier otro acto había de ser pro-ducido, no pudo prepararse para rebatirlo. Pero a esta regla general hay por lo menos una excepción importante, y cuando la intención con que ha sido realizado un act'o criminal viene a ser importante, como lo es necesariamente en este caso, entonces, dentro de ciertos límites, prueba de actos similares del acusado es admisible con el fin de demostrar la intención con que se ejecutó el acto im-putado en la acusación. Creemos, sin embargó, que tales actos pue-den ser probados únicamente cuando fueron suficientemente próximos, en lo que a tiempo se refiere, al acto imputado, de modo que razona-blemente arrojen alguna luz sobre el extremo de la intención; cuando el acto similar está tan relacionado en lo que a su clase concierne con el acto imputado, que ilustre la cuestión de intención; cuando los actos similares son en verdad actos de la misma naturaleza general o están íntimamente relacionados con las transacciones de donde surgieron los supuestos actos criminales; y cuando en verdad los actos similares son actos del acusado contra quien se dirige la prueba 'en cuestión.”

La pauta para la admisión de evidencia de otros delitos es la conexión lógica de estos delitos con el delito imputado en la acusación. People v. Cunningham, 66 Cal. 668.

En el caso de Towne v. People, 89 Ill. App. 258, la corte, después de aceptar el hecho de que los tribunales en diferen-tes jurisdicciones varían en la aplicación de las excepciones a la regla general, se expresó así:

“Sin embargo, todos están substancialmente de acuerdo sobre la proposición de que a menos que exista alguna lógica conexión entre los dos delitos, bien sea por formar parte del res gestae, o porque siean parte de un mismo plan, o porque el uno tienda a demostrar scienter en el otro, la regla general prevalece y no se aplica la ex-cepción. ’ ’

Es abundante la jurisprudencia sobre el principio de que debe establecerse la debida conexión entre el delito imputado y los delitos anteriores que se ofrecen como prueba.

En el caso de People v. Henry, 88 N.S. Rept. 77, se imputó al acusado un delito de escalamiento. Se presentó evi-dencia de dos convicciones anteriores por hurto. El acusado fue declarado culpable. La corte revocó la sentencia y or-denó un nuevo juicio. El Juez Grant, quien emitió la opi-nión de la corte en este caso, se expresó así:

“Esta evidencia fué incompetente. No se estableció conexión al-guna entre los dos crímenes anteriores y el delito imputado al acu-sado. N'o se ofreció evidencia alguna para demostrar que los hurtos anteriores hubiesen sido cometidos bajo circunstancias similares a las de este caso. Además, los anteriores delitos no fueron cometidos en fecha próxima a la del delito aquí imputado. . . . Este es un caso claro sobre presentación de prueba de un crimen para probar la co-misión de otro."

En el caso de Commonwealth v. Campbell, 155 Mass. 537, 30 N.E. 72, se prestó una declaración en parte relacionada con el hecho imputado al acusado y en parte imputando a este acusado la comisión de otros delitos. La corte sostuvo que debía admitirse el testimonio en aquella porción conectada con el delito en disputa y rechazarse con respecto a la por-ción que tendía a demostrar que el acusado era un criminal notorio. People v. Jones, 31 Cal. 565; People v. MacNutt, 64 Cal. 116; State v. Johnson, 38 La. Ann. 686.

Entendemos que la corte inferior cometió error' al admi-tir y someter al jurado los antecedentes penales del acusado.

Básase el segundo error en haber declarado la corte sin lugar la moción para que se instruyera al jurado que trajera un veredicto absolutorio. El abogado del acusado adujo como argumento para solicitar esta instrucción que la acusación fijaba la fecha de la comisión del delito en 30 de agosto de 1930, habiéndose demostrado por la prueba que el delito se cometió en la mañana del día 29 de julio de 1930. Entendemos que la corte no incurrió en error alguno al declarar sin lugar la moción del acusado. El Pueblo v. Ramos, 28 D.P.R. 800; People v. Miller, 137 Cal. 642.

El tercer error se basa en que el veredicto en este caso es contrario a la ley y a la evidencia aportada. De la prueba de la acusación se infiere que alguien penetró en la residencia de Vicente Dumont, puesto que momentos después de haberse sentido un ruido dentro de la casa se encontró descerrajada y abierta una puerta que estaba cerrada. Este hecho, unido a la presencia del acusado en la acera de la calle, aunque no tratase de huir y aguardase la llegada del policía, así como el hallazgo de 94^ en sus bolsillos, que uno de los testigos dijo le Rabian faltado, posiblemente des-pués de conocer con exactitud la cantidad encontrada al acu-sado, son elementos de prueba y circunstancias que corresponde apreciar al jurado. People v. Minney, 155 Mich. 534; Anderson v. Commonwealth, 244 S. W. 315; People v. Flynn, 73 Cal. 511.

Por estas razones no creemos que estaríamos justificados en resolver este error favorablemente al acusado.

Debe revocarse la sentencia apelada y concederse un nuevo juicio.

El Juez Asociado Señor Hutcbison, está conforme con la revocación de la sentencia, pero entiende que debe absolverse al acusado.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro F. Gotay, acusado y apelante.
    No. 4581.

    Sometido: Abril 19, 1932.

      Resuelto: Mayo 11, 1932.

      Angel Arroyo Rivera, abogado del apelante; JS. Días Viera, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro F. Gotay apela de .una sentencia que lo condena a sufrir treinta días .de cárcel por delito de libelo infamatorio.

En la acusación se imputó al apelante que el día 10 de enero de 1931 y siendo director del periódico “J’Accuse” .que semanalmente se publica en esta ciudad, permitió publi-car y publicó en dicho periódico un artículo titulado ‘ ‘ ¡ Fuera del casino! ’ ’ que se transcribe en la acusación, que se .pre-sentó en el juicio y que hemos leído, pero que no copiaremos aquí pues nos bastará decir que se refiere al Dr. Isaac Gon-zález Martínez, presidente del Casino de Puerto Rico de esta capital, candidato para elección al mismo cargo en aquella fecha, y que en dicha publicación se le imputa conducta es-candalosa, inmoral y también delictiva.

Comenzaremos por el segundo de los tres errores que el apelante atribuye a la corte inferior para solicitar la revo-cación de la sentencia. En él se alega que no se probó que el artículo se refiere al Dr. Isaac González Martínez, presi-dente del Casino de Puerto Rico; pero las declaraciones que sobre ese extremo prestaron en el juicio tres testigos no de-jan duda alguna de que por las circunstancias que ellos ex-ponen quedó probado lo que niega el apelante.

El primer motivo dice que fué error el no estimar que el artículo publicado por el acusado era una comunicación privilegiada que exigía su absolución.

El artículo 245 del Código Penal dice que se presumirá maliciosa toda publicación injuriosa si no se probare que hubo motivo justificado para hacerla; y el artículo 248 que a todo autor, editor o propietario de algún libro, periódico o. publicación por entregas podrá exigírsele responsabilidad por la publicación de palabras contenidas en cualquier parte de dicho libro o número de dicho periódico o publicación por entregas; y con respecto a los periodistas declara lo si-guiente el artículo 249: ‘ ‘ Ningún noticiero, director o propie-tario de periódico podrá ser procesado por la imparcial y exacta relación de actos judiciales* legislativos, o de cualquier otro carácter oficial, o de cualquiera manifestación, discurso, argumento o debate que en ellos tuviere lugar, a no probarse que hubo maliciosa intención al relatarlos, lo cual no deberá presumirse del mero becbo de la publicación.”

El artículo publicado en el periódico “ J’Accuse” no está comprendido en el artículo 249 que acabamos de copiar por-que no se refiere a actos judiciales, legislativos o de cual-quier otro carácter oficial o a manifestaciones, discursos o debates que en ellos tuvieran lugar, sino al presidente del Gasino de Puerto Rico, que lo es de una sociedad privada. Tampoco ampara al apelante el artículo 251 del mismo có-digo preceptivo de que una comunicación dirigida a persona interesada en tal comunicación, por otra persona que tam-bién lo estuviere, o cuyas relaciones con aquélla justificare la suposición de baber obrado sin malicia, no deberá presu-mirse maliciosa sino que se tendrá por comunicación privi-legiada, porque la comunicación en este caso fué becba para todo el público en general. No existió en este caso la comu-nicación privilegiada.

Se alega como último motivo del recurso que la corte’ inferior cometió error al no absolver al acusado por falta de prueba. Este error se funda: primero, en que habiéndose demostrado que el Dr. González Martínez éra candidato a su reelección como presidente del Casino de Puerto Rico, su condición de candidato implica una renuncia al derecho de que su conducta no sea objeto de crítica pública: segundo, en que no se ha probado que la publicación se refiere al Dr. González Martínez: y tercero, en que el fiscal no probó que sea falsa la información que contiene el artículo en relación con el delito de adulterio que imputa.

Con respecto al primer fundamento nos bastará decir que el cargo de presidente del Casino de Puerto Rico no es pú-blico sino de una sociedad privada.

En cuanto al segundo, fué resuelto al principio de esta opinión en el sentido de que se probó que el artículo se re-fiere al Dr. Isaac González Martínez.

El tercer fundamento tampoco es sosteníble porque la ley-presume la malicia en toda publicación injuriosa y es al acu-sado a quien incumbe probar la falsedad de los becbos de-nunciados, la sana intención de la publicación y los fines jus-tificables de ella. En el caso de El Pueblo v. Rivera, 24 D.P.R. 626, Iremos dicbo que se presume maliciosa y proce-sable toda manifestación calumniosa becha pública; y en el de El Pueblo v. Gotay, 39 D.P.R. 754, que el acusado en tal caso no presentó prueba ni trató de demostrar que las mani-festaciones que el periódico contenía eran ciertas ni que fue-ran publicadas con sana intención y para fines justificables, según expresa el estatuto. Por consiguiente, tampoco se co-metió el tercer error alegado.

La sentencia apelada debe ser confirmada.