text:
    No. 5907.
    G. Llinás & Co., S. en C., aplda., v. Molini, aplte.
    D. Ponce.
    Diciembre 16, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por cuanto, el demandado fué condenado a pagar intereses a razón del doce por ciento anual sobre el capital adeudado:

Por cuanto, de la prueba practicada por la demandante se des-prende que el tipo de doce por ciento convenido había sido modifi-cado y reducido por la acreedora a diez por ciento anual, de acuerdo con las condiciones del convenio original:

Por cuanto, fuera de este detalle, las cuestiones planteadas por el apelante, tales como se presentan en el alegato, no merecen seria consideración, siendo la relación de hechos contenida en el alegato de la apelada suficiente contestación a los errores señalados:

Por tanto, se modifica la sentencia apelada en cuanto al tipo- de interés especificado para que se lea diez por ciento en vez de doce por ciento, y así modificada se confirma.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    No. 6083.
    Pueblo, Ex Rel Torres, aplte., v. Pérez Regis, et als., apldos.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 23, 1932.
    (Por la corte, a pro-pueta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Habiendo tenido lugar las elecciones generales en esta isla el día ocho de noviembre del presente año y habiendo cesado consiguiente-mente los apelados en los cargos de miembros de la Junta local de elecciones del primer precinto de. Ponce, no ha lugar a resolver, por académico, el recurso, y se ordena el archivo del mismo. -


text:
    No. 5437.
    Román Reyes, etc., apltes., v. Plazuela Sugar Co., aplda., y Martínez, interventor apldo.
    C.D. Arecibo.
    Diciembre 21, 1932.
   Celebrada con la sola asistencia de la parte apelante, la vista or-denada por nuestra resolución de fecba 12 de diciembre de 1932, y reconsiderada en su fondo la cuestión de las costas, se enmienda la sentencia dictada por esta Corte en 22 de noviembre de 1932 para que se lea como sigue: “Por los motivos consignados en la opinión que antecede, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Axecibo con fecha 30 de abril de 1930 en el caso arriba expresado, y se declara con lugar la demanda, declarándose por la presente que la finca “Rústica en el Barrio Islote, de Arecibo, de unas 4 cuerdas de terreno llano más o menos; linda al Norte, zona marítima; Sud, Antonia Reyes y María Román; Saliente, José Ro-mán; y al Poniente, Manuel Rojas,” es propiedad de los deman-dantes; que no existe sobre el referido inmueble servidumbre alguna a favor de la parte demandada; y que ésta debe remover las vías que tiene colocadas sobre el aludido predio, concediéndosele un tér-mino de seis meses para ello, y apercibiéndosele de que, si no lo hace, el Márshal lo hará a su nombre y costo, y condenando a la dicha demandada, Plazuela Sugar Co., al pago de las costas.”


text:
    No. 2.
    Asamblea Municipal de Lares, a instancias de Eladio Torres Barreto, aplda., v. Bernal, Alcalde de Lares, aplte.
    Diciembre 23, 1932.
   PoR CUANTO, examinados los cargos que se imputaron al quere-llado y la prueba aportada para su comprobación, si bien se concluye que la conducta del Alcalde fué incorrecta es lo cierto que no revela la dañada intención o gravedad necesarias para justificar su desti-tución ;

Por tanto, visto el caso de Asamblea Municipal de Arroyo v. González, 41 D.P.R. 782, se revoca y deja sin efecto la resolución ape-lada de 25 de octubre de 1932, por virtud de la cual la Asamblea Municipal de Lares destituyó al Alcalde J. Aurelio Bemal.


text:
    No. 5732.
    Alvarez, aplte., v. Del Carmen, apldo. Rivera, aplte. v. Del Carmen, apldo.
    C.D. San Juan.
    Enero 27, 1933.
    C. D. San Juan.
    Indemnización.
    Enero 27, 1933.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida en el día de hoy en el caso No. 5731, Francisca Mundo viuda de Conde, demandante apelante, v. Domingo del Carmen, demandado apelado, se confirman las sentencias apeladas que dictó la Corte de Distrito- de San Juan en los casos de epígrafe con fecha 5 de marzo de 1931.


text:
    No. 5918, 5919.
    Suau, aplte., v. Ahedo, apldo. Suau, aplte., v. Pol, apldo.
    C. D. Aguadilla.
    Febrero 3, 1933.
    C. D. Aguadilla.
    Desahucio.
    Febrero 3, 1933.

      (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison).
   Por los motivos consignados en la opinión emitida en el caso número 5914, Matías Suau Ballester, demandante apelante, v. Andrés Pol y Zulema Rodríguez, demandados apelados resuelto en el día de boy, se confirman las sentencias apeladas que dictó la Corte de Distrito de Aguadilla con fecha junio 24, 1931, en los casos arriba expresados.


text:
    No. 5384.
    Loíza Sugar Co., aplte., v. Domenech, etc., apldo.
    C. D. San Juan.
    Febrero 17, 1933.
   Por los motivos expresados en la opinión emitida en el día de hoy en el caso núm. 5383, Loísa Sugar Co., demandante-apelante, v. Manuel V. Domenech, etc., demandado-apelado, no ha lugar a la mo^ eión sobre devolución del mandato y enmienda de la sentencia de julio 26, 1932.


text:
    No. 5955.
    Insular Motor Corp., etc.; aplda., v. Paz Ruiz, et. als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Febrero 17, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por cuanto, los únicos señalamientos de errores son:

"Primero: Error de heeho y de derecho al declarar que el contrato de venta condicional del automóvil vendido por la demandante apelada no quedó novado por la nueva obligación que convino la referida demandante apelada con el otro demandado Santiago Paz Jr., porque esta nueva obligación nunca llegó a existir.
"Segundo: Error de heeho y de derecho al no reconocer que la novación no extingue la obligación de los demandados apelantes con la demandante ape-lada."

Por cuanto, el segundo de estos dos supuestos errores no puede existir si no existe el primero.

Por cuanto, según el artículo 1159 del Código Civil (Ed. 1930):

"La novación, que consiste en substituirse un nuevo deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin conocimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor. ’ ’

Por cuanto, la conclusión a que llegó el juez de distrito se fundó en prueba testifical suficiente para sostener aquélla, al efecto de que la demandante había convenido en la propuesta sustitución del nuevo deudor a condición de que la firma de éste sería garantizada por la de un nuevo fiador, condición que nunca llegó a cumplirse.''

Por cuant.o, ni el hecho de que el nuevo deudor firmó unos pa-garés y pagó uno de ellos, de que un banco le escribiera dos cartas-cobrándole dos obligaciones subsiguientes a la pagada por él, de que le traspasara la licencia del carro, ni el de haberse incluido el nuevo-deudor, como demandado en el presente litigio, puede cambiar la situación o convertir en novación algo que no lo era, por falta del cumplimiento de la condición sine qua non de un nuevo fiador exi-gida por el acreedor.

PoR TANTO, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 3 de noviembre de 1930. Comuíquese.


text:
    No. 5150.
    Gutiérrez Comas Vda. Crosas, aplte., v. Longpré Benítez et als., apldos.
    C. D. San Juan.
    Marzo 16, 1933.
   Por los fundamentos consignados en la opinión emitida en el caso de Carmen Gutiérrez Vda. de Crosas, demandante y apelada, v. María Longpré Benítez et als., No. 5186, resuelto en el día de hoy, se declara sin lugar la apelación interpuesta por la demandante contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en agosto 17, 1929.


text:
    No. 5962.
    Torres del Valle, et al., aplte., v. Caguas Sugar Co., Inc., et al., apldos.
    C. D. Humacao.
    Febrero 23, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por cuanto, el único señalamiento de error es:

"La Corte de Distrito de Humacao erró al resolver que era de aplicación al presente caso la disposición contenida en el artículo 27 de la ley sobre corpo-raciones privadas."

Por Cuanto, el argumento en apoyo de dicha contención se funda en hechos que los apelantes admiten no constan en los autos.

Por t;anto, se confirma la resolución apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao en enero 5, 1932.


text:
    No. 5906.
    Colón Rosich, apldo., v. Saurí, aplte.
    C. D. Ponce.
    Marzo 27, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Por Cuanto, dictada sentencia contra el demandado con imposi-ción de las costas y presentado el memorándum de ellas, la corte inferior aprobó el pago de $500 por honorarios de abogado1:

Por cuanto, el motivo de apelación fundado en que no pueden concederse honorarios de abogado porque la condena en costas no los concede expresamente es insostenible, según hemos resuelto en varias decisiones:

Por cuanto, tampoco tienen mérito los otros errores que se ale-gan por haberse concedido $500 de honorarios cuando la condena de la sentencia es por $1,500; por no haber habido temeridad en de-fenderse de una reclamación de $3,210.90; y por no haberse tenido én cuenta la importancia y novedad de las cuestiones litigiosas tam-poco gon sostenibles, porque examinados los autos no creemos que la corte inferior cometiera abuso de su discreción al fijar la cantidad que debe ser pagada por honorarios de abogado:

Pob TANTO, confirmamos la resolución apelada.


text:
    No. 5985.
    El Pueblo de Puerto Rico, apldo., v. Calderón, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Marzo 31, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Pob cuanto, en este recurso, visto el 7 de marzo actual sin asis-tencia de las partes, está envuelta la misma cuestión que en el No. 5921, El Pueblo de Puerto Rico, Ex rel. Sabat Santos v. Artemio Camacho, decidido el 24 de junio de 1932, 43 D.P.R. 691, a saber: a quién corresponde el nombramiento del Secretario Auditor en los municipios de segunda y tercera clase, sólo que aquí la Córte de Dis-trito resolvió que el nombramiento correspondía al Gobernador y en el de Santos, supra, que correspondía al Alcalde:

Por tanto, por los fundamentos consignados en la opinión emi-tida en el dicho caso de Santos, supra, debe revocarse y se revoca la sentencia recurrida que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez el 24 de febrero de 1932 y declararse como se declara sin lugar la de-manda, sin especial condenación de costas.


text:
    56.
    National City Bank of New York, peticionario, v. Pereyó, Juez Accidental de la Corte de Distrito de Humacao, et als., demandados.
    Abril 21, 1933.
   Vista la regla 69 de esta corte, no apareciendo la necesidad de que esta corte intervenga por ahora en este asunto, siendo lo normal que el peticionario se dirija primero por moción a la corte de dis-trito pidiendo que reconsidere su orden anulando aquélla por virtud ■de la cual le permitió intervenir en el pleito, y que tome cualquier medida que sea necesaria para proteger sus derechos mientras la cuestión así suscitada se decida, no ha lugar a expedir el auto que se interesa.


text:
    No. 6257.
    Rodríguez Vda. Matienzo, aplda., v. Ramos Cobián, et al., apltes.
    U. D. San Juan.
    Febrero 6, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede con la asistencia de ambas partes, y apareciendo que el apelante ha cumplido sustancialmente con los re-quisitos de la sección 12 de la Ley de Desahucio, ya que puede en-tenderse que el dinero fué depositado finalmente para los fines de este pleito, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6216.
    National Surety Co., aplda., v. Suárez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 7, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vistas las dos mociones que anteceden con la sola asistencia de la parte promovente, examinadas la exposición del caso mencionada en la segunda de dichas mociones y en la resolución de esta corte fe-chada enero 19, 1933, se desestima por no haberse perfeccionado en tiempo y forma la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en fecha que no consta en la dicha exposición del caso, único documento radicado por el deman-dado apelante en la secretaría de esta corte.


text:
    No. 6181.
    Maldonado, aplte., v. Comisión Industrial de Puerto Rico, aplda.
    C. D. San Juan.
    Marzo 7, 1933.
   No siendo apelable la decisión dictada en este caso por la Corte de Distrito de San Juan contra la cual se recurre ante nosotros, según la Ley No. 85 sobre accidentes del trabajo de 1928 sección 15, se desestima el presente recurso de apelación.


text:
    No. 6179.
    Marxuach Plumey, apldo., v. Sucesión de Nin Martínez, etc., aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 16, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede con la sola asistencia de la parte promovente; apareciendo que la parte apelante no ha hecho ges-tión ninguna desde mayo 13, 1932, fecha en que solicitó la reconsi-deración de una orden de la corte de distrito sobre enmiendas a una exposición del caso, se declara con lugar la dicha moción y se desestima la apelación interpuesta contra la resolución dictada por la Corte de Distrito de San Juan el 31 de octubre de 1929, apro-bando un memorándum de costas.


text:
    No. 5949.
    Campos del Toro, apldo., v. Collazo et al., apltes.
    C. D. Arecibo.
    Noviembre 22, 1932.
   Por cuanto, el presente recurso de apelación se estableció en 18 de enero de 1932, habiéndose radicado la transcripción de evidencia ante este Tribunal el día 7 de junio del mismo año;

Por cuanto, hasta el día de hoy el apelante no ha radicado su alegato ante esta Corte ni ha solicitado prórroga para la radicación del mismo, ni ha hecho gestión ante este Tribunal para proseguir el recurso de apelación con la diligencia que se requiere en los casos ordinarios y especialmente en el presente caso, en que se trata de un recurso de naturaleza especial y rápida como es la acción de desahucio;

Por tanto, vista la ley, el reglamento, y la jurisprudencia aplica-ble, se desestima por abandono el recurso de apelación interpuesto.


text:
    No. 6196.
    Schlüter, apldo., v. González Reyes, aplte.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 22, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede, se desestima por abandono y falta de fianza la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humaeao.


text:
    No. 6034.
    Sucesores de Abarca, S. en C., dmdte., v. Central Vannina Inc., aplte.; United Porto Rican Bank, Interventora apelada.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 30, 1932.
   Vista la moción que antecede y el escrito de oposición a la misma, y apareciendo que la única gestión que ha hecho el apelante desde el 19 de febrero' de 1931 hasta el 15 de noviembre de 1932, fecha en que fué radicada la presente moción sobre desestimación, fué el ar-chivo en la secretaría de la corte de distrito de un escrito dirigido 'al secretario de la corte para que diese conocimiento al juez de que se, encontraba radicada desde diciembre 16 de 1930 la exposición del caso, se desestima el recurso interpuesto contra la sentencia dictada a favor de la parte apelada con fecha 20 de septiembre de 1930.


text:
    No. 6229.
    Ortiz Quiñones, apltes., v. Sosa Oliva y Ortiz Quiñones, apldos.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 13, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)
   Apareciendo que el escrito de apelación en el presente caso se radicó el día 23 de junio de 1930, y que desde el día 2 de abril de 1931, en que los apelantes radicaron su última moción de pró-rroga para preparar la transcripción de evidencia, hasta .la fecha, no han practicado ninguna otra gestión para perfeccionar su apelación, habiendo transcurrido más de dos años desde que se inició la misma, se desestima, por abandono, el recurso de apelación establecido en este caso contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, dictada en 23 de mayo, 1930.


text:
    No. 6226.
    Ribot Colomer, aplte., v. Porto Rico Railway Light & Power Co., aplda.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 13, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Por CUANTO, la parte apelada nos pide que desestimemos esta ape-lación por no haber sido proseguida con la debida diligencia;

Por Cuanto, el demandante interpuso apelación en este caso el 19 de octubre de 1931, desde cuya fecha ha obtenido prórrogas para que el taquígrafo haga la transcripción de evidencia para la apela-ción sin que a pesar del tiempo transcurrido se haya radicado esa transcripción;

Por cuanto, la apelada alega que el mismo taquígrafo ha hecho la transcripción en otro pleito cuya apelación fue interpuesta el 23 de marzo de 1932, y uno de los abogados de la apelada dice bajo juramento que los dos abogados de la apelante le han manifestado que su cliente no tiene interés en proseguir esta apelación;

Por tanto, en vista de los hechos expuestos y de la regla 59 de las de este tribunal, por falta de la debida diligencia en la tramita-ción de este recurso se desestima la apelación que el demandante in-terpuso contra la sentencia dictada en este caso.


text:
    No. 6211.
    Garriga, aplda., v. Medina, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 15, 1932.
    (Por la .corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Por cuanto, la parte apelada solicita la desestimación del recurso porque interpuesto el 19 de mayo de 1932 se fueron solicitando pró-rrogas para perfeccionarlo venciendo la última obtenida el 6 de oetu-bre último sin que desde entonces baya beeho el apelante ninguna nueva gestión; y

Por CUANTO, notificada la parte apelante de la moción nada alegó por escrito, dejando de comparecer a la vista de la misma celebrada el 12 de diciembre actual;

POR tanto, de acuerdo con la ley, el reglamento y la jurispruden-cia aplicables, se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 6230.
    Alvarez Lugo, aplte., v. Municipio de Añasco, apldo.
    —C. D. Mayagüez.
    Diciembre 15, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Por Cuanto, apelada el 26 de julio último la sentencia resol-viendo las cuestiones suscitadas en este caso con motivo de la fijación de las costas que debe percibir la parte victoriosa, el apelante dejó ■de practicar gestión alguna tendente al perfeccionamiento de su ape-lación y basándose en ello se solicita la desestimación del recurso; y

Por Cuanto, notificado el apelante de la moción de desestima-ción nada alegó por escrito, dejando de comparecer a la vista de la misma;

Por tanto, de acuerdo con la ley, el reglamento y la jurispru-dencia aplicables, se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 6034.
    Sucesores de Abarca, S. en C., dmdte., v. Central Vannina Inc., aplte.; United Porto Rican Bank, Interventora aplda.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 22, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Yista por segunda vez la moción sobre desestimación que ante-cede, de acuerdo con la resolución de esta corte dejando sin lugar la desestimación decretada en noviembre, 30, 1932, y no habiendo el apelante hecho constar debidamente las fechas de las gestiones por ella realizadas con posterioridad al 23 de séptiembre del presente año, por los motivos expresados en dicha resolución de noviembre 30, 3932, se desestima nuevamente la apelación interpuesta contra la sen-tencia dictada en favor de la parte apelada con fecha 20 de septiem-bre de 1930.


text:
    No. 6271.
    López Vda. de Bustelo, aplda., v. Sucesores de José María Ortiz, aplte.
    C. D. Humacao.
    Febrero 14, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey:)
   Interpuesta esta apelación el 29 de diciembre de 1932 sin que la apelante' haya solicitado que la- transcripción de la evidencia sea hecha por el taquígrafo, sin que haya presentado exposición del caso ni obtenido prórroga para ello y sin que haya presentado en este tribunal la transcripción de los autos, se desestima esta apelación, como solicita la parte apelada.


text:
    No. 5543.
    Carrasquillo et al., apldos., v. Stella Vda. de Ortiz, aplte.
    C. D. Humaeao.
    Febrero 24, 1933.
   A la anterior moción de la parte apelada: apareciendo que este caso fué radicado en diciembre 15, 1930; que habiendo vencido en marzo 18, 1931, la cuarta prórroga concedida al apelante para ra-dicar alegato, sin que lo hubiera hecho, el tribunal mandó citar a dicha parte para que compareciera a mostrar causa, si alguna tu-viere, el día 29 de febrero de 1932, para que no se desestimara la apelación por abandono; que en marzo 9, 1932, se concedió a la parte apelante hasta abril 8, 1932, para presentar alegato, expresán-dose en la resolución: “. ... y si así no lo hiciere, se registrará una orden desestimando por abandono el recurso.” Por tanto, no habiéndose radicado el susodicho alegato, se declara con lugar la ex-presada moción y se desestima, por abandono, el recurso interpuesto en este caso contra sentencia de la Corte de Distrito de Iíumacao de noviembre 17, 1930.


text:
    No. 6292.
    F. L. de Hostos & Co., aplda., v. Jiménez, aplnte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 14, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   POR CUANTO, se solicitó la desestimación del recurso establecido en este caso por no haberse proseguido su tramitación con la debida diligencia; y

Por cuanto, de la certificación que a la moción se acompaña apa-rece que interpuesta apelación el 6 de mayo de 1932 por el deman-dado contra la sentencia que resolvió el pleito en su contra, fué el taquígrafo solicitando prórrogas para presentar la transcripción de la evidencia a los efectos de perfeccionar la apelación, venciendo la última a fines de octubre de 1932, sin que nada más se gestionara:

Por tanto, de acuerdo con los hechos, la ley y la repetida juris-prudencia de esta Corte Suprema sobre el particular, se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 6300.
    Rivera, aplte., v. Porto Rican & American Insurance Company, apldo.
    C. D. Ponce.
    Marzo 21, 1933.
    (Por la corte,, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Habiendo vencido en diciembre 16, 1932, la última prórroga con-cedida a la parte apelante para perfeccionar la apelación que in-terpusiera en este caso el 20 de julio de 1932, sin que dicha parte baya practicado desde entonces gestión alguna; se declara con lugar la moción de la apelada vista sin asistencia de las partes el 20 de marzo actual, y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 6047.
    Bas, etc., aplte., v. Cte. Dto. Judicial Mpal. de Cayey, Hon. A. M. Torregrosa, Juez, querellado y Hoyo Lavin, interventor apldo.
    C. D. 'Guayama.
    Marzo 27, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)
   No habiéndose demostrado en este caso que el apelante no haya sido diligente en tramitar esta apelación, se declara sin lugar la moción para que se desestime el recurso interpuesto.


text:
    No. 5909.
    United Porto Rican Sugar Co., of Porto Rico. aplda., v. Sucn. Sánchez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Marzo 31, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Examinada la moción que antecede, así como el escrito de opo-sición a la misma y el alegato del apelante; atendidas las circuns-tancias atenuantes indicadas en dicha moción y no habiendo demos-trado el opositor que sea claramente frívolo el recurso, se deja sin efecto la resolución dictada por esta corte el día 13 de los corrien-tes, se admite el alegato del apelante radicado en marzo 24, 1933 y se ordena que el caso continúe tramitándose de acuerdo con la ley.


text:
    No. 6306.
    Rubio, apldo., v. La Junta Examinadora de Ingenieros, etc., aplte.
    C. D. San Juan.

    Marzo 31, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede con la asistencia de ambas partes, habiendo el apelante radicado la tmscripción de los autos y eviden-cia en la secretaría de esta corte antes del acto de la vista y no ha-biendo el promovente demostrado que sea frívola la apelación inter-puesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en agosto 23, 1932, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6160.
    Martínez, aplda. v. Feliciano, aplte.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 1, 1932.
   Apareciendo de los autos de este caso que el apelante radicó el 3.7 de octubre próximo pasado una moción de prórroga para presen-tar alegato, la cual fué concedida para vencer el 16 del corriente mes, no ha lugar a lá desestimación solicitada por la parte apelada:


text:
    No. 5999.
    Denis, aplte., v. Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros, etc., apldos.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 10, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Estando vencido desde el 19 de agosto último el término de diez días que el apelante tenía para presentar su alegato escrito en apoyo de su recurso sin que hasta esta fecha lo haya radicado ni obtenido prórroga con tal fin, debemos desestimar y desestimamos esta apela-ción, como solicita la parte apelada.


text:
    No. 4901.
    Planas, aplte., y Lugo, Alcaide Cárcel, apldo.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 12, 1932.
   Llamada esta causa para la vista de la moción de desestimación presentada por el apelado, El Pueblo de Puerto Eáeo, sólo compare-ció éste por su fiscal, y habiendo informado el Secretario que el ape-lante fué notificado, sin que haya hecho alegación alguna en contra de la moción, y apareciendo que ha vencido con exceso el término' reglamentario para la radicación del alegato, sin que se haya archi-vado, se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 6037.
    Roses & Cía., Sucs., et als., apldos., v. Nieves y Rodríguez, apltes.
    C. D. Bayamón.
    Enero 19, 1933.
   Por cuanto, la parte apelada solicitó la desestimación del recurso en moción de 31 de diciembre último notificada a la parte contraria y cuya vista se celebró el 16 de enero actual; y

Por Cuanto, de dicha moción y de los autos aparece que el 27 de agosto, 1932, venció la última prórroga que se concediera a la parte apelante para archivar su alegato sin que lo hiciera entonces ni después;

Por tanto, de acuerdo con la ley, el reglamento y la jurispru-dencia aplicables, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 5459.
    Mutual Rice Co., Inc., aplte., v. Truyol, apldo.
    C. D. G-uayama.
    Febrero 16, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   A la moción de desestimación de la parte apelada de 26 de enero, 1933, vista el 6 de febrero actual, habiendo la parte apelante archi-vado su alegato el 27 de enero último, no ha lugar.


text:
    No. 6308.
    Maisonave, apldo., v. Domenech y MacLeod, Teso-Rero y Auditor de Puerto Rico, respectivamente, apltes.
    C. D. San Juan.
    Abril 25, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. 'Wolf.)
   Por cuanto, aparece que la transcripción de autos fué radicada, en este tribunal el 17 de marzo de 1933;

Por cuanto, los apelantes no presentaron su alegato dentro del término de diez días fijado por el Beglamento de este Tribunal, y no aparece que ese término fuera prorrogado por esta corte en el presente caso;

Por tanto, debe desestimarse, y por la presente se desestima, el recurso.

Nos. 6059, 5909, 5932, 5994. Llamados los casos para la audiencia acordada, a fin de mostrar razones, si algunas existieren, para no desestimar el recurso; no habiendo comparecido la parte apelante no obstante habérsele citado y apareciendo que venció la última pró-rroga concedida en ellos para la presentación de alegatos, sin que se hayan presentado hasta la fecha, se desestimaron, por abandono, los recursos.


text:
    No. 6104.
    Manescau, aplte., v. Usera, Juez, dmdo., y Ramírez, aplda.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 7, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Estudiadas la moción de desestimación y la oposición a la misma, no apareciendo que la apelación sea enteramente frívola, no ha lugar, señalándose el 22 de diciembre próximo, a las 2 p. m. para la vista del caso en su fondo.


text:
    No. 5930.
    Carrión Pacheco, aplte., v. Lawton, et als., apldos.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 7, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   A la moción de la parte apelada para que se desestime esta ape-lación por frívola, vista la oposición de la apelante, no estando con-vencido el tribunal de que el recurso sea en verdad enteramente frí-volo, no ha lugar, y habiendo presentado la parte apelante su ale-gato, se señala la vista de la apelación para el 22 de diciembre, 1932, a las 2 p. m.


text:
    No. 6002.
    Crédito y Ahorro Ponceño, apldo., v. Gaztambide y García de Quevedo, demandados y apelante el último.
    C. D. Maya-güez.
    Noviembre 10, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede sin asistencia de las partes, se deses-tima por abandono y por ser frívola la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Mayagiiez en el caso arriba expresado.


text:
    No. 6185.
    Vázquez Prada, aplte., v. Rocco et al., apldo.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 15, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)
   No habiéndose demostrado que el apelante no haya procedido con la debida diligencia para tramitar el recurso de apelación interpuesto y no pudiendo esta corte considerar la cuestión de frivolidad que plantea la parte apelada por no haber sido elevados aún los autos ante este tribunal, se declara sin lugar la moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.


text:
    No. 5948.
    Rosario, et al., apltes, v. Vega, et als., apldos.
    C. D. Guayama.
    Noviembre 15, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. IVolf.)
   Por CUANTO, la parte apelada solicita la desestimación de este recurso por no haberse presentado el alegato de rigor a pesar de haber transcurrido seis meses desde la radicación de los autos en este tribunal, y por ser frívola la apelación.

Por Cuanto, los apelantes presentaron su alegato dentro de las prórrogas concedídasles por la corte.

Por cuanto, no estamos convencidos de que todos los errores se-ñalados por la parte apelante carecen de mérito.

Por tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6191.
    Purón, apldo., v. Llorens Torres, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 15, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Por cuant.o, de la moción jurada de la parte apelada notificada a la apelante y de los documentos acompañados a la misma aparece que la apelación en este caso se interpuso el 6 de octubre último contra sentencia dictada el 6 de septiembre anterior y se trata de un pleito en cobro de $880 por concepto de cánones correspondientes a los últimos cinco meses del año 1931 y a los primeros seis meses del 1932 de una casa del demandante dada en arrendamiento al deman-dado, en el cuál emplazado el demandado dejó de comparecer, ano-tándose su rebeldía y dictándose sentencia en su contra previa in-clusión del pleito en calendario especial y práctica de prueba testi-fical y documental durante el juicio al cual dejó de comparecer el demandado;

Por cuanto, señalada la vista de la moción para el 14 de noviem-bre actual también faltó én comparecer el demandado apelante quien ba dejado de impugnar la moción en forma alguna; y

Por Cuanto, la frivolidad del recurso surge enteramente clara de los autos y de la propia actitud del demandado;

Por tanto, de acuerdo con la jurisprudencia establecida en el caso de Fajardo v. Fajardo, 28 D.P.R. 523, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima el recurso.


text:
    No. 5705.
    Sucn. Gorbea, aplda., v. Portilla, etc., dmda. y aplte. la la
    C. D. San Juan.
    Diciembre 15, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Señor del Toro.)
   Por cuanto, la parte apelada solicita la desestimación del recurso interpuesto en este caso porque el alegato presentado no cumple con las reglas de esta corte ya que no contiene una relación fiel y con-cisa de la causa y porque la apelación es frívola, habiéndose opuesto por escrito la apelante;

Por cuanto, examinado el alegato de la parte apelante si bien no es un modelo ya que la “relación de la causa” que contiene pudo hacerse en forma más concisa sin perder en fidelidad, tampoco puede sostenerse que deje de cumplir de tal modo con la regla de la corte que deba ser rechazado de plano desestimándose el recurso; y

Por cuanto, examinados rápidamente los cinco errores que en el alegato se señalan y discuten con citas de las páginas de la transcrip-ción, no puede sostenerse que la apelación sea enteramente frívola, estando envueltas al parecer en el recurso cuestiones de hecho y de derecho dignas de estudio;

Por tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6225.
    González, apldo., v. Sosa, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 15, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Señor del Toro.)
   Por cuant(0, este pleito se inició el 8 de junio, 1932 por demanda en cobro de pesos basada en un pagaré que se acompañó a la misma: $1,600 a vencer en julio 22, 1931;

Por cuanto, el demandado excepcionó la demanda por falta de hechos, excepción que fué declarada sin lugar' por resolución de julio 1, 1932 en la que se hizo constar que “El demandado expuso al tribunal verbalmente que en la demanda, si bien se alega la suscripción y entrega al demandante del pagaré objeto de la acción, no se alega de modo expreso la tenencia del mismo por dicho demandante. Sin embargo, acompañándose una copia del pagaré, el que no tiene en-doso alguno, y además alegándose en el hecho tercero que ni el principal ni los intereses le han sido satisfechos al demandante, debemos concluir que esta alegación es suficiente para informar al demandado de que el tenedor del pagaré lo es el propio demandante, . .

PoR CUANTO, el demandado radicó entonces su contestación en la que se limita a negar generalmente los hechos de la demanda;

PoR Cuanto, señalado día para la vista faltó en comparecer el demandado y practicada la prueba del demandante basándose en ella y en las alegaciones la corte dictó sentencia declarando la de-manda con lugar; y

Por cuanto, interpuesta por el demandado apelación contra dicha sentencia el 10 de noviembre último, el demandante solicitó su desestimación por frívola en moción de 2 de diciembre actual notifi-cada al demandante que nada ha alegado por escrito y no compa-reció a la vista de la misma celebrada el 12 de diciembre en curso;

Por tanto, de acuerdo con la ley, el reglamento y la jurispru-dencia de esta corte establecida entre otros en los casos de Santiago v. Hernández, 42 D.P.R. 75 y Avilés v. Sucesores de A. Suárez, 42 D.P.R. 334, se desestima, por frívolo-, el recurso.


text:
    No. 6111.
    Fernández González, sustituída por sus herederos Víctor, Ramona y Felícita González, apldos., v. Cosme López & Cía., en liquidación, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 10, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Por cuanto, en pleito seguido por los abogados contra la ape-lante fué dictada sentencia declarando con lugar la demanda con las costas a la demanda.

Por cuanto, al ser firme esa sentencia fué presentado por los de-mandantes un memorándum de costas que fué impugnado por la de-mandada en cuanto contiene cierta cantidad de dinero por honorarios de abogado de los de.manantes y también por la partida de $1.50 por los derechos del Registrador de la Propiedad por anotación de la demanda en sus libros;

Por cuanto, la Corte de Distrito de San Juan aprobó el memo-rándum de costas aunque fijando los honorarios de abogado en can-tidad menor que la solicitada, contra cuya resolución interpuso la demandada el presente recurso de apelación;

Por cuanto, la apelante ha presentado su alegato alegando en apoyo de su recurso que la corte inferior erró al fijar cualquiera cantidad para honorarios' de abogado porque la sentencia en que se-funda el memorándum no contiene condena de pagar honorarios de abogado: y también en que el pago de la anotación de la demanda es improcedente;

Por Cuanto, la parte apelada nos pide que desestimemos esa ape-lación por ser frívola, y hemos oído a las partes;

Por cuanto, en repetidas y estudiadas decisiones hemos resuelto que la condena en costas incluye el pago de honorarios de abogado a menos que la corte que dicta la sentencia haya excluido expresa-mente ese pago;

Por cuanto, el argumento de la apelante para sostener ese mo-tivo de error es que la Corte de Circuito de Boston ha declarado en el caso de United Porto Rican Sugar Co. v. Saldaña, 41 F. (2d..) 32, que la condena en costas no comprende honorarios de abogado, pero examinado ese caso se llega a la conclusión de que dicha Corte no ha declarado tal cosa sino que no la resolvía por no estar ante ella porque no se habían tasado honorarios de abogado;

Por cuanto, por lo expuesto, ese motivo de la apelación resulta fiívolo;

Por cuanto, eon referencia al error alegado por el pago impuesto •de $1.50 por la anotación de la demanda en el Registro de la Propie-dad, no sólo el abogado de los apelados renunció al cobro de esa partida en el acto de la vista de su moción sino que la cuestión en-vuelta en él es de tan poca importancia que resulta frívolo el con-tinuar por ella este recurso;

Por tanto, desestimamos por frívola la apelación interpuesta por la demandada contra la resolución de la corte inferior de 12 de mayo de 1932.


text:
    No. 6152.
    G. Llinás & Cía., S. en C., aplda., v. Sucn. Mariani Bartoli, etc., aplte.
    C. D. Ponce.
    Enero 17, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)
   No estando convencidos de que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada sea frívolo, se declara sin lugar la moción para desestimar la apelación.


text:
    No. 6153.
    Solivellas & Co., Sucrs., aplda., vs. Sucn. Mariani Bartoli, etc., aplte.
    C. D. Ponce.
    Enero 17, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)
   No estando convencidos de que el recurso de apelación inter-puesto por la parte demandada sea frívolo, se declara sin lugar la moción para -desestimar la apelación.


text:
    No. 6053.
    Serra, apldo., v. El Municipio de Ponce, aplte.
    C. D. Ponce.
    Enero 19, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Señor del Toro.)
   Poe CUANTO, el 3 de enero actual la parte apelada' solicitó la deses-timación del recurso por falta de gestión y frivolidad; y

Poe CUANTO, la parte apelante se ha opuesto invocando la juris-prudencia establecida recientemente por la Corte de Circuito de Ape-laciones en el caso de Serra Garábís v. Municipio de Río Piedras para sostener que su apelación no es frívola, solicitando que se le permita archivar el alegato, y

Por Cuanto, examinados los autos y el alegato no estamos con-vencidos de que se trate de un recurso frívolo;

Por tanto, el tribunal en el ejercicio de su discreción declara sin lugar la moción del apelado y permite el archivo del alegato del ape-lante, continuando la tramitación del recurso de acuerdo con la ley.


text:
    No. 6103.
    American Colonial Bank of Porto Rico, apldo., v. J. Octavio Seix & Co., Inc. aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 19, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Señor del Toro.)
   A la moción de la parte apelada de diciembre 6, 1932, vista en enero 9, 1933, no apareciendo que la apelación sea enteramente frí-vola, no ha lugar.


text:
    No. 6192.
    Negrón, apldo. v. Sucn. del Dr. Izquierdo Serrano, etc., aplte.
    C. D. Bayamón.
    Enero 25, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)
   No estando convencidos de que el recurso de apelación sea frívolo, se declara sin lugar la moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.


text:
    No. 6249.
    Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, apldo., v. Sucn. Más Ferrer, etc., aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 24, 1933
    (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Señor del Toro.)
   Por cuanto, la parte apelada en moción notificada a la parte ape-lante solicitó la desestimación del recurso interpuesto en este caso por negligencia en su tramitación y por frívolo, celebrándose la vista de la moción con la sola asistencia de la parte apelada el 23 de enero, 1933;

Por cuanto, de la moción y de los documentos acompañados a la misma resulta que la apelación se interpuso el 24 de septiembre, 1932, sin que se haya elevado aún a esta Corte Suprema la trans-cripción de los autos que no excederá de veinte y cinco páginas pen-diendo aún de presentarse en la Corte de Distrito la transcripción de la evidencia a virtud de prórrogas que se vienen solicitando para ello;

Por cuanto, aparece también de la moción y de los documentos acompañados a la misma que se trata de una acción en. cobro de dinero basada en pagarés que se transcribieron en la demanda y pre-sentaron como prueba en el juicio, suscritos y entregados al deman-dante por el causante de los demandados y no satisfechos a su ven-cimiento, y que emplazados los demandados no contestaron, anotán-dose su rebeldía, celebrándose la vista del pleito con la sola com-parecencia del demandante que presentó prueba de los becbos en que funda su reclamación, dictándose sentencia a su favor el 19 de agosto, 1932;

Por Cuanto, a virtud de lo expuesto no hay duda alguna que se trata de un recurso frívolo que se viene tramitando con negligen-cia aparente:

Por tanto, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima el recurso.


text:
    No. 6258.
    United Theatres Inc., aplte., v. Rodríguez Vda. Matienzo, etc., aplda.
    C. D. San Juan.
    Febrero 1, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede con la asistencia de ambas partes y no estando convencido el tribunal de que la presente apelación sea frívola, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 5858.
    De la Torre & Ramírez, apldos., v. Bengoechea, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 10, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede, estando señalada la vista del caso en su fondo para el día 20 de abril, y no habiendo demostrado la parte promovente que todas y cada una de las diez cuestiones plan-teadas en el alegato del apelante sean claramente frívolas, no ha lugar por ahora a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6265.
    Truyol, apldo., v. Vázquez, aplte.
    C. D. Guayama.
    Marzo 7, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por cuanto, en un incidente sobre nulidad de embargo el de-mandado alegó un derecho de homestead;

Por cuanto, la corte inferior resolvió que ascendiendo la recla-mación a menos de quinientos dólares la jurisdicción para resolver si existía tal derecho de homestead correspondía a una corte municipal ;

Por cuanto, la cuestión relativa a qué corte incumbe la resolu-ción de tal cuestión no está desprovista de mérito;

Por tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6296.
    E. Solé & Co. S. en C. aplda., v. Rocafort et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Marzo 14, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Pob cuanto, la apelada solicita que desestimemos esta apelación por ser frívola y acompañó a esa solicitud una certificación expedida por el secretario de la corte inferior;

Pob cuanto, señalada la vista de esa moción para el día de ayer en él alegó por escrito la apelante que no se le entregó copia de la certificación mencionada y solicitó que se ordenase le sea entregada y que se señale otro día para la vista de la moción;

Pob cuant,o, si bien debe entregarse a la parte contraria copia de los documentos que se presenten en apoyo de cualquier solicitud, esto no obstante, no es procedente el señalamiento de nuevo día en este caso, no sólo porque antes de la vista de la moción de desestima-ción fué entregada a la apelante copia de dicta certificación sino, principalmente, porque ella sólo contiene constancias de los autos del pleito entre las partes, que tienen que ser conocidas por el apelante;

Pob cuanto, tratándose en este litigio del cobro de varios paga-rés vencidos, los que el demandante presentó en el juicio y que los demandados admitieron fueron suscritos por ellos, sin que presen-taran prueba de haber pagado aquéllos a que se refiere la sentencia, resulta frívola su apelación;

Pob TANToj la apelación interpuesta por los demandados contra la sentencia dictada en este caso es desestimada.


text:
    No. 6304.
    Franceschi, et als., peticionarios, Ex parte: López de Tord & Zayas Pizarro, apltes., v. Franceschi, et als., como herederos, apldos.
    C. D. Ponce.
    Marzo 14, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede, así como el escrito de oposición a la misma, con la asistencia de ambas partes, se desestima por ser frívola la apelación interpuesta contra lai orden de la 'Corte de Distrito de Ponce de 2 de marzo de 1933.


text:
    No. 6298.
    Roig Commercial Bank, apldo. v. Merced et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Marzo 31, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Pob Cuanto, la corte de distrito dictó sentencia en el presente caso declarando con lugar la demanda en sus dos causas de acción y condenando “al demandado Isabel Merced a pagar a la demandante, ítoig Commercial Bank, la suma de mil cuatrocientos dollars, im-porte del pagaré a que se refiere la primera causa de acción con in-terés a razón del doce por ciento anual desde el veinte y seis de julio de 1931 basta su definitivo pago, juntamente con las costas y doscientos diez dollars ($210) expresamente convenidos para hono-rarios de abogado, condenándose también al demandado a pagar a la demandante la suma de trescientos veinte y dos dollars cuarenta y ocho centavos, importe del pagaré objeto de la segunda causa de ac-ción, con interés a razón del doce por ciento anual, desde el 26 de julio de 1931 hasta la fecha del pago definitivo, juntamente con las costas y setenta y cinco dollars expresamente convenidos para ho-norarios de abogado,” todo ello por los motivos expresados en una relación del caso y opinión que lee en parte como sigue:

“En este caso reclama el demandante el importe de un pagaré suscrito el veinte y seis de julio de mil novecientos veinte y nueve a cuatro meses plazo, con interés al doce por ciento anual después del vencimiento, y el importe de otro p.agaré por trescientos veinte y dos dollars cuarenta y ocho centavos, sus-crito en la misma fecha a cuatro meses plazo, con interés al doce por ciento en caso de demora, y en la demanda se alega que ambos pagarés fueron pro-rrogados hasta el veinte y seis de julio de mil novecientos treinta y uno y que no han sido satisfechos el capital ni los intereses.
“El demandado contestó la demanda aceptando la capacidad del baneo demandante, que suscribió y entregó los pagarés y alegó como defensa que no los ha satisfecho 'porque convinieron un nuevo contrato de préstamo, el cual ele-varon a documento público según la escritura número noventa y ocho ante el notario Eraneiseo González, Jr., y establece como reconvención que veneidas am-bas obligaciones convinieron un contrato de compraventa de las fincas hipoteca-das; que estuvieron en Humaeao dispuestos a otorgar la escritura y que el de-mandante valiéndose de subterfugios no cumplió con dicho convenio, ocasionán-dole daños y perjuicios por la suma de tres mil dollars.
“Señalado el día de hoy para la práctica de la prueba, por el resultado de ésta la corte estima que se han probado todos los hechos esenciales de la de-manda; que la fecha señalada para el pago ha expirado y que si bien es verdad que las partes celebraron un convenio para dar en pago de esas dos obligacio-nes y otras que aparecían de la escritura de hipoteca número noventa y ocho ante el notario Francisco González, Jr., presentada como prueba, las fincas hi-potecadas,' lo cierto es que dieha escritura no se firmó porque el demandado en el acto de firmarla exigió que se incluyeran en dieha escritura dos obligaciones que tenía suscritas a favor del baneo en unión de don Nieasio Santiago y de don Francisco Franquis, las cuales no habían sido objeto de convención alguna ni estaban mencionadas en la referida escritura de hipoteca.
“La corte llega a esta conclusión por el resultado de la prueba presentada por la demandante, que le ha merecido entero crédito y corroborada por la prueba del mismo demandado.”

Por CUANTO, el jgromovente en su moción jurada sobre desesti-mación expone inter alia “en cuanto a la reconvención, hubo ausen-cia absoluta de prueba, pues Merced- y su hijo declararon que el banco no había aceptado la dación en pago de las fincas, porque se quería saldar una obligación que no estaba comprendida dentro de la escritura de hipoteca.”

Pob cuaNt,o, lo único que alega el apelante en su escrito de opo-sición a la dicha moción es que “de la prueba practicada se des-prendió que había causa más que suficiente para declarar con lugar la reconvención establecida por el demandado apelante, ya que el tes-timonio de algunos testigos en este particular fué incontrovertido por el demandante apelado y no obstante omitidos por el juez sen-tenciador en sus findings, que unido esto a otros errores sustanciales cometidos por la corte sentenciadora sostendrían una revocación o a lo menos una modificación de la sentencia, ya que ésta en la forma que está dictada es errónea,” y que “la apelación interpuesta por el demandado apelante no es frívola, ni carente de base, ni tampoco se ha establecido con el fin de dilatar el cumplimiento de la sentencia y por el contrario la misma es meritoria por envolver cuestiones de derecho fundamentales, ya que la omisión de ciertos particulares en la sentencia equivalen a una violación de los principios de práctica en equidad y a una negativa de justicia sustancial.”

Poe cuanto, a falta de algo más concreto en cuanto a las decla-raciones prestadas por los testigos mencionados por la apelante res-pecto a las omisiones hechas por el juez de distrito en su sentencia y en cuanto a las cuestiones específicas que el apelante se propone plantear ante esta corte, la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Iíumacao en 20 de enero de 1933 es claramente frívola.

Por TANTO, se desestima la misma.


text:
    No. 6311.
    Rodríguez, apldo., v. Nadal Freyre Vda. de Del Moral, sustituída por su Administrador Judicial, Martínez, aplte.
    C. D. Mayagfiez.
    Abril 18, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Por cuanto, uno. de los motivos alegados para que desestimemos esta apelación es por ser frívola;

Por cuanto, el demandante reclama de la representación legal de doña Carmen Nadal y Freyre Vda. de Del Moral el pago de $500 más intereses como resto de $900 a que ascendía su crédito;

Por cuanto, según la sentencia concordante con la demanda, en el expediente sobre incapacidad y nombramiento de tutor de doña Carmen Nadal y Freyre Vda. de Del Moral la Corte de Distrito de Mayagüez autorizó al tutor de dicha señora para que suministrase $25 semanales para alimentos de sus nietos apellidados Martínez y Moral, alimentos que durante treinta y seis semanas suministró el demandante dneño de una casa restaurante, cuyo valor total fué de $'900 a cuenta de los cuales le han sido pagados $400;

Poe cuanto, la parte demandada no negó en su contestación que el demandante suministró dichos alimentos a los expresados menores, aunque dice que esa deuda fué contraída por el padre de los menores y que los abonos hechos por el tutor fueron para solventar esa deuda del padre de los menores;

Poe cuanto, examinada la prueba encontramos que sostiene la sentencia apelada por lo que esta apelación es frívola;

Por tanto, desestimamos la presente apelación por el motivo expresado.


text:
    No. 6013.
    García Fernández, aplda., v. Aguayo Casals, et al., apltes.
    C. D. Ponce.
    Abril 25, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por cuanto, cuando hay bastantes haberes pertenecientes a una sucesión y la corte, en una administración o cuasi administración, or-dena un pago parcial razonable a una de las partes interesadas, la apelación interpuesta contra esa orden es frívola;

Por tanto, se desestima la apelación interpuesta por los deman-dados contra la orden dictada por la Corte de Distrito de Ponce en noviembre 30, 1931.


text:
    No. 6094.
    Axtmayer, aplda. v. Axtmayer, aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 27, 1933.
   No considerando claramente frívolo el recurso de apelación inter-puesto en este caso, se declara sin lugar la moción para desestimar presentada por la parte apelada.


text:
    No. 6095.
    Blue Rapids Milling & Elevator Co., aplda., v. Sánchez Osorio, aplte.
    C. D. San Juan.
    Nov. 15, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez-Presidente Señor del Toro.)
   Por cuanto, el 10 de junio de 1932 la parte apelada solicitó la desestimación del recurso por no haberse radicado en tiempo la trans-cripción y por ser frívolo; y

Por cuanto, señalada la vista de la moción para el once de julio, fué suspendida a petición del apelante, y señalada nuevamente para el 14 -de noviembre actual, el apelante dejó de comparecer; y

Por cuanto, de la certificación acompañada de la moción resulta que la apelación se interpuso el 15 de febrero de 1932, sin que exista en tramitación pliego alguno de excepciones, exposición del caso o transcripción de evidencia, pues concedida al apelante nna última prórroga que vencería el 31 de mayo de 1932 para archivar la trans-cripción, no la presentó ni hizo gestión alguna nueva en el recurso:

PoR TANTO, vista la sección 59 del Reglamento de esta corte y la jurisprudencia aplicable, se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 5610.
    García, aplte., v. Pérez, apldo.
    C. D. Mayagüez.
    Noviembre 16, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez 'Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede fundada en el hecho de no haberse radicado el legajo de la sentencia dentro del tiempo prescrito por la ley, y apareciendo que el apelante ha radicado ya dicho legajo de la sentencia y ha explicado satisfactoriamente los motivos por los cuales no lo hizo a su debido tiempo, no ha lugar a la desestimación soli-citada.


text:
    No. 6200.
    Ruiz Arnau, apldo., v. Secundo, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviember 22, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Por Cuanto, de la moción de desestimación de la parte apelada no-tificada a la parte apelante y presentada el Io. de noviembre actual, y de los documentos acompañados a la misma resulta que dictada sentencia sobre las alegaciones en este caso por la Corte de Distrito el 26 de septiembre, 1932 y apelada el Io. de octubre último no se ha radicado aún la transcripción de los autos ni está pendiente de ra-dicación a virtud de prórroga alguna; y

Por ouanto, señalada la vista de la moción para el 21 de no-viembre actual, sólo compareció la parte apelada por su abogado;

Por tanto, debe declararse y se declara con- lugar la moción y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 6167.
    Torres, aplte., v. Loíza Sugar Co., aplda.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 22, 1932.
   Por cuanto, aparentemente para completar su récord, el ape-lante trató de obtener una exposición del caso;

Por cuanto, según certificación del Secretario de la Corte de Distrito, una de las prórrogas concedidas al apelante para tal fin venció a principios de enero de 1932 y el apelante dejó transcurrir algunos días antes de radicar otra moción de prórroga, que no le fue declarada con lugar por haber sido radicada fuera de término;

Por Cuanto, no se ha elevado a este Tribunal transcripción de autos alguna dentro del término fijado por la ley y nuestro re-glamento;

Por tanto, debe desestimarse, y por la presente se desestima el recurso, por falta de la debida diligencia.


text:
    No. 6097.
    Carlo, aplte., v. Junchams, apldo.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 7, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Vista la moción de la parte apelada y apareciendo que ella se basa únicamente en el hecho de que el apelante no ha elevado a esta corte la transcripción de autos dentro del término fijado por la ley, y vista además la oposición de la parte apelante demostrativa de que su abogado estuvo realmente enfermo durante largo tiempo, y de que se ha radicado en esta corte dicha transcripción de autos, no de-biendo tomarse en consideración las razones de frivolidad alegadas después por el apelante, se declara sin lugar la moción de deses-timación.


text:
    No. 6255.
    Crédito y Ahorro Ponceño, Inc., apldo., v. Molini Ruiz, et al., apltes.
    C.D. Ponce.
    Febrero 7, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Por Cuanto, el demandante apelado solicitó la desestimación de la apelación interpuesta en este caso por moción de 16 de enero último notificada a los demandados apelantes y vista con la sola asistencia del abogado del apelante el 30 de enero de 1933; y

Por Cuanto, de la moción y de la certificación que a la misma se acompañe resulta que la apelación se interpuso el 23 de noviembre de 1932 y no se ha radicado aún la transcripción de los autos sin que esté pendiente de tramitación en la corte inferior pliego alguno de excepciones, exposición del caso o transcripción de evidencia;

Por tanto, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia aplicables, se declara con lugar la moción y se desestima, por abandono, el re-curso.


text:
    No. 6330.
    Lajara, aplda., v. Fariña, aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 28, 1933.
   A la moción de la parte apelada solicitando la desestimación del recurso vista el 24 de abril actual, apareciendo que la apelación se interpuso el 27 de febrero, 1933, sin que se haya archivado aún la transcripción de los autos ni esté pendiente de probación pliego de excepciones, exposición del caso o transcripción de la evidencia al-gunos en la corte sentenciadora, se desestima, por abandono, el recurso.

Nos. 6048, 6000, 5950. Llamados los casos para la audiencia acor-dada, a fin de mostrar razones, si algunas existieren, para no desesti-mar el recurso; no habiendo comparecido la parte apelante no obs-tante habérsele citado y apareciendo que venció la última prórroga concedida para la radicación del transcript, sin que se haya radicado, se desestimaron, por abandono, los recursos.


text:
    No. 4921.
    Pueblo, apldo., v. Mercado, aplte.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 16, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por cuanto, una macana de plomo (black jack) es un arma o ins-trumento que se usa general y claramente para fines de ofensa y defensa y su uso no se distingue de la del arma que figuraba en el caso de El Pueblo v. González, 36 D.P.R. 248;

Por cuanto, la opinión de esta corte en el caso de El Pueblo v. Cruz Rosado, 34 D.P.R. 315, no contiene nada en oposición a este principio y más bien lo apoya;

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en agosto 11, 1932.


text:
    No. 4765.
    Pueblo, apldo., v. Delgado, aplte.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 19, 1932.
   Por cuanto, en este caso el acusado estableció apelación en cuanto a la resolución negatoria de nuevo juicio así como también en cuanto a la sentencia;

Por cuanto, la sentencia de este Tribunal de noviembre 30 pró-ximo pasado se limitó a resolver la cuestión de nuevo juicio, única discutida por el apelante en su alegato;

Por tanto, entiéndase ampliada la sentencia de este tribunal de noviembre 30, 1932, en el sentido de confirmar también la sentencia apelada que dictó en este caso la Corte de Distrito de Humaeao, con fecha 8 de diciembre de 1931.


text:
    No. 4890.
    Pueblo, apldo., v. Colón, aplte.
    C. D. Humacao.
    Enero 26, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente'Sr. del Toro.)
   Por cuanto, el único error que señala el apelante en su alegato es el cometido a su juicio por la corte al apreciar la prueba conclu-yendo que era suficiente para demostrar que el acusado tenía a la venta leche de vaca adulterada y no forma parte de los autos la transcripción de la evidencia; y

Por CUANTO, examinado el legajo de la sentencia no se advierte que se baya cometido error fundamental alguno;

PoR tanto, se declara sin lugar el recurso y se confirma la sen-tencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao el 13 de junio de 1932.


text:
    No. 4649.
    Pueblo, apldo., v. Vidal y Casado, apltes.
    C. D. San Juan.
    Febrero 8, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. ’Wolf.)
   Por los motivos consignados en la opinión emitida .en el caso criminal número 4648, El Pueblo de Puerto Rico v. Juan Vidal y Dolores Casado, resuelto en el día de hoy, se revoca la sentencia ape-lada que -dictó la Corte de Distrito de San Juan con fecha 17 de junio de 1931, y se absuelve a los acusados.

       Los Jueces Presidente Sr. del Toro y Asociado Sr. Hutchison, disintieron.


text:
    No. 4942.
    Pueblo, apldo., v. Sánchez, aplte.
    C. D. Guayama.
    Febrero 9, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por cuanto, los únicos señalamientos de error son:

“Primero: La Oorte de Distrito de Guayama erró al admitir, como parte del res gestae, declaraciones tendientes a probar una herida producida por el acusado Evangelio Sánehez al policía Sergio Díaz, por ser éste un hecho ajeno e inmaterial a los alegados en la acusación, o sea un hecho distinto al verdadero ‘issue’ en controversia.
“Segundo: La Corte de Distrito de Guayama erró al apreciar la prueba en contra de los acusados, por cuanto la misma es insuficiente para declararlos culpables del delito que se les acusa, o sea ataque para cometer homicidio, siendo la sentencia dietada, contraria a los hechos y a la ley.”

' Por cuanto, la herida al policía producida por el acusado en la forma en que lo fué, o sea mientras éste dirigía su arma contra Teodoro González, en un caso como el de autos en que lo que se imputa a los acusados es haber atacado y agredido a Teodoro Gon-zález con intención de matarlo, forma claramente parte del res gestae, resultando admisible en evidencia dicha prueba sin que haya necesidad de mencionar en la acusación el hecho de haber el acu-sado herido al policía.

Por cuando, el juicio fué celebrado ante un jurado; hubo prueba suficiente para sostener el veredicto, y en tal virtud no existe el se-gundo de los dos errores apuntados;

POR TANTO, se confirma la° sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Guayama en 10 de junio de 1932.


text:
    No. 4750.
    Pueblo, apldo., v. Mendía, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 14, 1933.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Siendo los hechos del presente caso iguales a los del No. 4653, Antonio C. Cosme, peticionario, v. José Candelario, alcaide, habeas corpus, resuelto por este tribunal el día 10 del corriente, por los fundamentos consignados en la opinión de dicho caso se revoca la sentencia apelada que en el presente caso dictó la Corte de Distrito de San Juan en enero 7, 1932, y se absuelve al acusado.

Apareciendo que los apelantes fallecieron, se decretó el sobresei-miento y archivo de los casos Nos. 4820, 4926 y 5011.


text:
    Nos. 4893 y 4894.
    Pueblo, apldo., v. De Thomas, aplte.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 7, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por cuanto, el fiscal de esta corte solicita la desestimación del re-curso por no haber radicado el apelante su alegato en tiempo;

Por cuanto, el apelante trata de justificar las varias prórrogas solicitadas en este caso con el exceso de trabajo de su abogado y alega que lo sucedido con una de las prórrogas se debió a una mala compu-tación de fechas por parte del apelante;

Por cuanto, de conformidad con la práctica que hemos venido si-guiendo en estos casos, hemos examinado el alegato últimamente archivado en esta corte y no considerando que las cuestiones suscita-das son de bastante seriedad para que se siga tramitando el recurso;

Por tant,o, se desestima la apelación interpuesta por el acusado contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humacao con fecha 15 de junio de 1932.


text:
    No. 4908.
    Pueblo, apldo., v. Moreno, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 20, 1932.
    (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Interpuesta esta apelación el -21 de octubre de 1931, desde cuya fecha se concedieron prórrogas para que el taquígrafo hiciera la trans-cripción de la evidencia, venciendo la última el 3 de julio de 1932 sin que haya sido concedida otra nueva y sin que se hayan presentado en este tribunal los autos de la apelación, se desestima el presente recurso a instancia del fiscal.


text:
    No. 4904.
    Pueblo, apldo. v. Cano, aplte.
    C. D. Ponce.
    Febrero 20, 1933.
   'Celebrada hoy la vista de la moción de desestimación por falta de alegato y oídas las partes, el tribunal, en uso de su discreción, admite el alegato radicado hoy por el apelante y declara sin lugar la moción de desestimación.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Luce & Co., S. en C., demandante apelante, v. Rosario Cintrón Sánchez, Viuda de Capó, demandada apelada.
    No. 5134.

    Sometido: Enero 11, 1932.

      Resuelto: Mayo 2, 1933.

      Tons Soto & Zapater, abogados de la apelante; José A. Poventud, F. Parra Capó, Eduardo Capó y Alberto S. Poventud, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante insiste en que las cuestiones juris-diccionales constituyen una excepción a la regia general re-lativa a la renuncia de objeciones a la adjudicación de costas no suscitadas en la apelación de la sentencia en que se hizo tal concesión; que en el presente caso la corte de distrito carecía de jurisdicción para conceder costas, al declarar sin lugar la moción solicitando un injunction preliminar, toda vez que la orden negando tal remedio fue una providencia interlocutoria; y que la imposición posterior de las costas fué nula ab initio por falta de jurisdicción para concederlas. Respecto a la supuesta falta de jurisdicción para conceder costas al negarse a expedir un injunction preliminar, la ape-lante cita los casos de Compañía Azucarera del Toa v. Galán et al., 30 D.P.R. 204; Bancroft’s Code Practice and Remedies, p. 2810, sección 2115; Gage v. Atwater, 136 Cal. 170; Broone v. Broone, 179 Cal. 638; Hernández v. Blanco, 17 D.P.R. 574; 7 Cal. Jur., sección 2, p. 254; Estate of Ber thol, 163 Cal. 343; Estate of Yoell, 160 Cal. 741; Henry v. Superior Court, 93 Cal. 569; Begbie v. Begbie, 128 Cal. 154; Harrington v. Goldsmith, 136 Cal. 168; 3 Bancroft’s Code Practice and Remedies, p. 2799; sección 2104; 15 Cal. Jur., p. 105, sección 211; id., p. 2783, sec. 2088; In re Johnson’s Estate, 198 Cal. 469; Naylor v. Adams, 15 Cal. App. 353; Buxó v. Buxó, 18, D.P.R. 190; Blanco v. Hernández, 18 D.P.R. 711; Vivas v. Hernáiz, Targa & Co., 24 D.P.R. 836; Hernández v. Benet, 25 D.P.R. 66; Santisteban et al. v. Sucn. Godoy et al., 25 D.P.R. 614;, Hawley v. Gray etc. Co., 127 Cal. 561; 14 Cal. Jur., p. 854, Sec. 3.

No trataremos de analizar todos estos casos, ni los cita-dos en los textos.

En el de Henry v. Superior Court, supra, la Corte Suprema de California dijo:

“Ann si se admitiera que los honorarios de abogado por servicios prestados al albaeea al someter el testamento a la aprobación de la corte pueden ser considerados como ‘costas’ dentro del significado del artículo 1720, no creemos que puedan ser concedidas excepto como un incidente a alguna sentencia u orden de la corte. El juez con juris-dicción en cuestiones de testamentaría está investido de discreción para ordenar que se paguen los costas ‘por cualquier parte en los procedimientos, o del activo de la herencia, según exija la justicia del caso.’ Esta discreción no puede ejercerse hasta que haya algo en qué basarla ... Es imposible para la corte decir de las meras ale-gaciones hechas por una de las partes, y antes de que se presente prueba alguna, si se está actuando de buena fe o no, y si es justo y equitativo que se preste ayuda a esa parte al proseguir o defender su recurso. Todas las disposiciones del código relativas a asuntos de testamentaría indican que las cuestiones a investigar por la corte, en ejercicio de su discreción, son la buena fe y la causa probable. (Hicox v. Graham, 6 Cal. 169; Code Civil Procedure, secs. 1031, 1332, 1509.) Hasta tanto la corte haya oído la prueba de las partes, es imposible para ella determinar si ellas, o alguna de ellas tienen re-clamaciones que son hechas de buena fe y que están basadas en buenas razones. Si al iniciarse las contiendas las cortes tienen facultad para hacer concesiones arbitrarias de la herencia a los peticionarios y liti-gantes, entonces los parientes desilusionados y los reclamantes que carezcan de justa causa, pueden privar a los beneficiarios bajo el tes-tamento, mediante litigios prolongados y costosos, de los bienes clejá-dosle por el testador. A menos que la fraseología del estatuto impe-rativamente lo exija, no debe dársele tal interpretación.”

Ese razonamiento tiene muy poca aplicación respecto a la facultad de una corte para conceder costas al negarse a ex-pedir un injunction preliminar.

Los casos Estate of Berthol, supra; Estate of Jones, 166 Cal. 147, y Estate of Johnson, supra, se basan en el mismo principio. En estos casos, sin embargo, la teoría fué llevada al extremo de resolver que la corte de testamentarías no po-día conceder costas en un caso en que se impugnaba un tes-tamento hasta que el caso se hubiese resuelto definitivamente por la Corte Suprema en apelación. Es usto agregar que esto se hizo de conformidad con el artículo 1720 del Código de Enjuiciamiento Civil de California que dispone que:

“Cuando en este título no se prescriba lo contrario, la corte superior o el tribunal supremo, pueden, discrecionalmente, en apelación, ordenar que cualquiera de las partes en el procedimiento pague las costas, o del activo de la herencia, según lo exija la justicia del caso. La orden de ejecución para recobrar las costas puede ser librada por la corte superior.”

Estos tres casos fueron resueltos mucho después que se adoptara el código de Idaho por la Legislatura de Puerto Rico, y más de diez años después que Idaho adoptó el código de California. Su valor como autoridades en esta jurisdic-ción depende enteramente del peso persuasivo de su razona-miento en tanto en cuanto el mismo sea aplicable por ana-logía a los hechos de determinado caso. De ser seguida la doctrina hasta una conclusión lógica en el presente caso, ello significaría que la corte de distrito no pudo haber concedido costas, aun al dictar sentencia en la acción principal, hasta que esa sentencia hubiese sido confirmada o recovada en apelación, o hasta que hubiese transcurrido el período para apelar sin que se hubiere apelado. La cuestión que ahora tenemos ante nos debe ser resuelta considerando las disposi-ciones pertinentes de nuestro propio Código de Enjuicia-miento Civil, según rigen hoy, y no como fueron original-mente redactadas en 1904.

Las secciones 22 y 23 del Código de Enjuiciamiento Civil de California no fueron incluidas en el código de Idaho ni en el nuestro. Solamente parte del código de Idaho fué adop-tado por la Legislatura Insular. Difícilmente podría decirse que la frase procedimiento especial doquiera se usa en el có-digo de Enjuiciamiento Civil tal cual fué redactado en 1904, necesariamente se refiere a un procedimiento independiente original y no a un remedio provisional.

El artículo 327, conforme fué adoptado en 1904, otorgó a las partes en “pleitos o procedimientos” (no necesariamente procedimientos especiales) el derecho a las costas y desem-bolsos provistos en artículos posteriores. De acuerdo con el artículo 328 debían concederse las costas como cuestión de derecho al demandante, al dictarse fallo en su favor en cier-tos casos específicos. Un procedimiento especial fué uno de los casos enumerados. El artículo 330 disponía la concesión de costas como cuestión de derecho al demandado “que ob-tuviera fallo a su favor en los pleitos mencionados en el ar-tículo 328 y en procedimientos especiales. ’ ’ Los artículos 328 y 330 fueron abrogados por legislación posterior. J. Ochoa y Hermano v. Herederos de Lanza, 17 D.P.R. 730, y Torres v. Pérez Vilanova, 18 D.P.R. 762. De conformidad con el ar-tículo 331, tal cual fué adoptado en 1904, las costas podían ser concedidas o no, y si se concedían podían distribuirse pro-porcionalmente entre las partes, a discreción de la corte, “en los pleitos no mencionados en el artículo 328.”

Los artículos 328 y 330 trataban exclusivamente de casos en que debían concederse las costas como cuestión de derecho. La frase procedimiento especial, tal cual ha sido usada en esos artículos, en tanto en cuanto puede ser considerada como una limitación a la facultad de conceder costas, surtía efecto solamente en aquellos casos en que la adjudicación de costas se hacía como cuestión de derecho. Las costas como cuestión de derecho están virtualmente fuera de uso en esta jurisdic-ción y cualquier limitación a la facultad de la corte para con-ceder costas como cuestión de derecho debe considerarse como que ha desaparecido al eliminarse la práctica de conceder tales costas.

El artículo 327 fué enmendado en 1908 (Leyes de ese año, p. 50) para leer (en lo pertinente, bastardillas nuestras) del modo siguiente:

“Las partes en pleitos o procedimientos tendrán derecho a las costas y desembolsos que en ellos se les bayan irrogado, con sujeción a las reglas que más adelante se establecen . . . Disponiéndose, que nada de lo contenido en esta sección podrá entenderse en el sentido de permitir que los honorarios de abogado se incluyan en las costas impuestas contra un demandado que no hubiere comparecido en el pleito o procedimiento, y disponiéndose además, que los honorarios y costas serán concedidos discrecionalmente por el juez que entienda en el pleito o procedimiento, teniendo en cuenta el grado de Culpabi-lidad, si la hubiere, de la parte condenada por la sentencia.”

Interpretando este artículo, tal cual fué enmendado, este tribunal en Torres v. Pérez Vilanova, supra, se expresó así:

“Al decirse las partes en pleitos o procedimientos se quiso expre-sar todas las acciones o procedimientos, incluyendo los procedimientos especiales. El hecho de que se mencionen los procedimientos espe-ciales en el artículo 328 que se aprobó primeramente, no establece diferencia alguna, porque el artículo 327 según fué aprobado origi-nalmente, se refería a las acciones y procedimientos en general.”

Según fué nuevamente enmendado en 1917 (Leyes de ese año, vol. I, p. 207), este artículo añora lee (bastardillas nues-tras) :

“Las partes en acciones o procedimientos, incluyendo El Pueblo de Puerto Eico, tendrán derecho a las costas y desembolsos, sujeto a las reglas que más adelante se prescriben.
“En todos los casos en que se hayan concedido a una parte las costas en una acción o procedimiento en la corte de distrito, dicha parte, a discreción de la corte de distrito, tendrá derecho a recibir de la parte Vencida, una cantidad que represente el valor de los ser-vicios de su abogado o una parte de dicha cantidad; Disponiéndose, que nada de lo contenido en esta Sección, se entenderá que concede honorarios ele ahogado para ser incluidos en las costas, que se impu-sieren a un demandado que no hubiere radicado su comparecencia en una acción o procedimiento; Y disponiéndose, además, que los hono-rarios j costas serán concedidos a discreción del juez que tenga cono-cimiento de la acción o procedimiento, teniendo en cuenta también el grado de culpa de la parte, si la hubiere, contra quien se dictare sen-tencia. ’ ’

Una sentencia, tal -cual la define el artículo 188 del Código de Enjuiciamiento Civil, es “la decisión definitiva so-bre los derechos de las partes en un pleito o procedimiento.” Una orden negando la expedición de un injunction pendente lite es, por supuesto, una providencia interlocutoria en la acción principal. No es una orden interlocutoria en el pro-cedimiento de injunction preliminar. En lo que a ese proce-dimiento se refiere, por su naturaleza y esencia es una sen-tencia. Es “la decisión definitiva sobre los derechos de las partes” en ese procedimiento. Así lo reconoce en efecto el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil y lo coloca, para los fines de una apelación, en la misma categoría que “una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o proce-dimiento especial.”

El procedimiento a que se hace referencia en los ar-tículos 188 y 327 incluye los procedimientos especiales defi-nidos en los códigos de Nueva York, California, Montana y ciertos otros estados cuyas leyes están codificadas, y en de-cisiones como State v. Court, etc., 28 Mont. 227, 72 Pac. 613. También incluye cualquier procedimiento incidental o colate-ral que culmina en sentencia definitiva o en una providencia de la cual se puede apelar. Véase el artículo 339, tal cual fue enmendado en 1917 (Leyes de ese año, pág. 228, tomo II). Véase también Anderson v. Englehart, 105 Pac. 571. Aquí asumimos que en todo procedimiento de esa índole la corte tiene ante sí una base satisfactoria para el ejercicio de una sana discreción al conceder las costas. De ordinario los hechos ante la corte en el momento de negarse a expedir un injunction preliminar sentarían tal base. Una cuestión similar en otros procedimientos puede dejarse para ser considerada en casos futriros.

Podría ser que generalmente ann tratándose de una solicitud para que se espida un injunction preliminar, sería mejor práctica dejar en suspenso la cuestión de costas hasta la resolución final del asunto. Repetimos que ésa es cuestión que se suscita demasiado tarde al plantearse por primera vez en la apelación incoada contra una resolución aprobando un memorándum de costas. La concesión de costas en el pre-sente caso no fue nula por falta de jurisdicción.

La apelante también reanuda su ataque contra la doc-trina de Brac v. Ojeda (27 D.P.R. 658). La médula del ar-gumento es que Brac v. Ojeda gira sobre la interpretación de la enmienda de 1908; que en éste y en casos posteriores esta corte no prestó la debida consideración al elemento de discre-ción introducido, o al que dió énfasis la enmienda de 1917; que esta discreción debe ser ejercida en-el momento de concederse las costas y no luego; que de conformidad con la doctrina del caso de Brac “las costas como cuestión de derecho, sin que la corte tenga derecho a ejercer discreción alguna, in-cluyen más o menos los honorarios de abogado, cuya cuantía debe ser determinada en el procedimiento sobre la fijación de costas, de acuerdo con la discreción de la corte”; y que esta posición no está justificada por los términos del estatuto. Los letrados disienten de la opinión emitida en el caso de Brac “fundados en que la fraseología del estatuto deja a la discreción de la corte conceder o no costas, e incluir o no honorarios de abogado como parte de éstas.”

La falacia de este argumento se halla en la interpretación injustificada que los abogados tratan de dar a la opinión emi-tida en el caso de Brac. Esa opinión debe ser interpretada en armonía con numerosas decisiones en que este tribunal ha resuelto uniformemente que las cortes de distrito en el momento de conceder las costas ejercen en verdad una sana discreción judicial no solamente.en la concesión de cos-tas como tales, sino al excluir de ellas o no los honorarios de abogado, de acuerdo con las circunstancias del caso especí-fico. Sobre este criterio no ba habido desacuerdo entre los miembros de este tribunal. Con igual uniformidad la mayo-ría de esta corte ba resuelto además que la corte de distrito no agota su poder discrecional en el momento de incluir los honorarios de abogado en la concesión de costas al no excluir expresamente de ellas tales honorarios, sino que puede poste-riormente ejercer discreción similar determinando la cuantía de tales honorarios luego de haberse presentado un memo-rándum de costas y de celebrarse una vista sobre el mismo. Todo juez de distrito hoy en día entiende o debe entender que si no excluye expresamente los honorarios de abogado de las costas por él concedidas en una sentencia definitiva, se entenderá que ha incluido honorarios de abogado en la con-cesión de costas y que ha hecho esto en ejercicio de una sana discreción judicial. En vista de esta manera general de en-tender la cuestión proveniente de la práctica ya sentada y establecida desde largo tiempo a este respecto, hasta ahora hemos insistido en que la cuestión resuelta en el caso de Brac v. Ojeda y en casos posteriores que se han pronunciado en el mismo sentido no debe abrirse nuevamente a discusión. Aun sustentamos el mismo criterio.

La apelante también insiste en que la Corte de Cir-cuito de Apelaciones en el caso de United Porto Rican Sugar Co. v. Saldaña, 41 F. (2d) 32, revocó la doctrina sentada en Brac v. Ojeda y en casos posteriores en que esta corte ha seguido el de Brac. Hemos dicho que la norma de conceder costas como cuestión de derecho, está ahora prácticamente en desuso en esta jurisdicción. La sección 5 de la ley que au-toriza el procedimiento especial a que se hace referencia en United Porto Rican Sugar Co. v. Saldaña establece una de las raras excepciones a la regla general. La versión inglesa de esa sección dice que: “costs shall be taxed against the party against whom judgment is rendered.” La fraseología del texto español es: “se impondrán las costas a la parte contra la cual se dictare sentencia.” Las costas deben con-cederse como cuestión de derecho a la parte victoriosa. En cuanto a esto la corte no tiene discreción. Sin embargo, al igual que en otros casos ésta ejerce su discreción en el mo-mento de la concesión al determinar si los honorarios de abo-gado deben ser excluidos o no de las costas. Hernández v. Sánchez, 41 D.P.R 72. En todos los casos resueltos .por este tribunal que tienen alguna relación con el presente, la cues-tión de costas ha sido considerada desde el punto de vista de los artículos 327 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil.

No tenemos a la vista el alegato de la parte apelada en el caso de la United Porto Rican Sugar Co., ni los autos lle-vados en apelación ante la Corte de Circuito de Apelaciones. El alegato de la apelante en dicho caso no llamó la atención de la Corte de Circuito de Apelaciones hacia la discrepancia existente entre la versión española y la inglesa del artículo 5, supra, en relación con la cuestión que la Corte de Circuito de Apelaciones dijo no estaba ante ella. De conformidad con la fraseología del artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado en 1917, (Leyes de ese año, tomo II, pág. 229), las costas no pueden tasarse hasta que haya vencido el término para apelar de la sentencia dic-tada en.el caso en que se concedieren, y en caso de que se apelare de tal sentencia hasta que “se haya recibido en la corte sentenciadora en primera instancia, aviso oficial de la resolución dictada en apelación en última instancia.” No podemos convenir con los letrados de la apelante en el pre-sente recurso en que la opinión de la Corte de Circuito de Apelaciones exija que esta corte revoque ahora la regla es-tablecida en Brac v. Ojeda y en los casos posteriores conco-mitantes con el mismo.

Dehe declararse sin lugar la moción, de reconsideración.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    José Figueroa, demandante y apelado, v. Juan Antonio Aponte y su esposa Mercedes Colón, demandados y apelantes.
    No. 5839.

    Sometido: Diciembre 7, 1932.

      Resuelto: Mayo 3, 1933.

      José J. Aponte, abogado de los apelantes; M. Guzmán Texidor, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito iniciado contra Juan Antonio Aponte se dictó sentencia en rebeldía y se embargaron y vendieron una casa y solar como de la propiedad de Aponte. El adquirente en pública subasta vendió la casa y el solar a José Figueroa quien entonces inició esta acción reivindicatoría contra Aponte y su esposa Mercedes Colón. La esposa falleció y sus hijos fueron sustituidos como demandados.

Una de las defensas aducidas en la contestación, después de ciertas admisiones y negaciones, fué que la casa y el solar habían sido bienes privativos de la esposa Mercedes Colón. El juez de distrito llegó a la conclusión de que la prueba de los demandados dejó de establecer esta alegación. Para lle-gar a este resultado él dió demasiada importancia al hecho de que en alguna de las escrituras más recientes la propie-dad fué tomada a nombre del esposo o vendida por él y su esposa sin que se hiciera constar su naturaleza privativa. El admite la naturaleza privativa de otros bienes previa-mente adquiridos y vendidos, mas no da el peso debido a cier-tas circunstancias significativas relacionadas con traspasos subsiguientes.

En. junio 2, 1917, Mercedes Colón vendió su participación en la herencia de su finado padre por $700 y adquirió una casa y solar por $400. En noviembre 13, 1919, Aponte y su esposa vendieron esta propiedad por $550. Dos días más tarde Aponte recibió en su propio nombre la escritura de 19 cuerdas de terreno. El precio fué $525, cuyo recibo recono-cieron los vendedores. En junio 5, 1926, Aponte y su esposa vendieron esta finca en $1,200. En julio 28 Mercedes Colón acudió ante un notario y en su presencia pagó $800 en efec-tivo como precio de la finca que abora está en litigio. En la escritura se describe a la adquirente como una mujer casada, esposa de Juan Antonio Aponte. En el documento no so hace ninguna otra mención del marido.

Hortensia Colón declaró que cuando su hermana Mercedes se casó con Aponte éste nada tenía; que Aponte era un trabajador agrícola que trabajaba a jornal; que Mercedes vendió su participación en la herencia por $700 y compró una casita por $400', parte del dinero; que ella vendió esta casa en $550 a fin de comprar una parcela de terreno que ella ad-quirió en $525; que ella pagó el precio de las 19 cuerdas del producto de la casa; que a la testigo le constaba esto porque ella le guardaba el dinero a su hermana Mercedes; que Mercedes vendió esta parcela de terreno en $1,200, de los cuales dió a su marido $200 y del saldo pagó $800 por otra casa y solar (la que ahora está en controversia) que la testigo halló y adquirió para ella después de ciertas negociaciones; que Mercedes se casó en casa de la testigo y pagó los gastos de la boda y que el novio nada tenía.

Francisco Vázquez Colón, quien había comprado de Mercedes Colón su participación en la herencia de su padre, corro-boró el testimonio de Hortensia Colón. Su declaración abarca prácticamente el mismo terreno. Se eliminaron ciertos de-talles por ser de referencia, pero la mayoría del testimonio permaneció intacto, sostenido por el conocimiento personal del hecho de que Aponte nunca tuvo ningún dinero o bienes y por el hecho adicional de que el único capital que Mercedes poseía era el producto de la venta de su participación en la herencia de sn padre y de las ventas sucesivas de la propie-dad adquirida por la inversión o reinversión de dicha pe-queña cantidad.

La declaración de Aponte se pronunció en el mismo sen-tido y en adición a los hechos declarados por Hortensia Co-lón y Francisco Vázquez, explicó el aumento en el valor de la casa y el solar primeramente adquiridos por Mercedes y el precio obtenido por las 19 cnerdas que fueron igualmente vendidas con utilidad. También explicó las escrituras en que se fundaron el demandante y la corte inferior para demos-trar que la casa y solar en controversia pertenecían a la so-ciedad de gananciales.

El notario que redactó estas escrituras compareció como abogado del aquí demandante y dirigió su caso durante el juicio. El letrado del demandante sabía si la declaración de Aponte al efecto de que estas escrituras fueron redactadas por el notario sin discusión alguna sobre la forma de la misma y sin recibir instrucciones de Aponte a este respecto, eran o no ciertas. Sin embarg’o, la declaración de Aponte permanece incontrovertida por la de cualquier otro testigo.

No existe duda alguna sobre la naturaleza privativa de los $400 con que se adquirieron la primera casa y el solar. Por ende, esta casa y solar eran indubitadamente bienes pri-vativos de la esposa. Ni el hecho de que esta casa y solar fueran vendidos por Aponte y su esposa, ni el hecho de que en la escritura de enajenación se diga que ellos hicieron cons-tar que Aponte era el dueño de la finca y que a “ellos” les pertenecía por compra, etc., convirtió la casa y el solar o el producto de la venta en gananciales. Las declaraciones de Mercedes Colón, Francisco Vázquez y Aponte al efecto de que las 19 cuerdas fueron adquiridas con el producto de esta venta, está reforzada por el hecho significativo de que la compra se hizo dentro de los dos días siguientes a la venta. Está robustecida además por el hecho incontrovertido de que Aponte no tenía dinero ni recursos propios. M no pagó can-tidad alguna en presencia del notario. Las 19 cuerdas eran bienes privativos de la esposa, no embargante el hecho de que Aponte compareció en la escritura como comprador, ya que el dinero con que fueron adquiridas era privativo de la esposa. El hecho de que el título de esta propiedad estu-viera a nombre de Aponte bastaría para explicar la .enaje-nación posterior de las mismas por Aponte y su esposa así como la aseveración al efecto de que ellos eran los dueños de la propiedad, aun en ausencia de la explicación de Aponte sobre la forma en que se hizo la enajenación. La casa y el solar que ahora están en controversia fueron propiedad pri-vativa de Mercedes Colón hasta el momento de su muerte y hoy en día son propiedad de sus hijos, toda vez que fueron adquiridos por Mercedes Colón con el producto de la venta de 19 cuerdas de terreno que también le pertenecían priva-tivamente.

La sentencia apelada debe ser revocada y en su lugar esta corte dictará otra en favor de los demandados.


author: El Juez Asociado Señor CÓRdova Dávila,

text:
    Bautista Lebrón González, demandante y apelada, v. Juan Bautista Montalvo, demandado y apelante.
    No. 6010.

    Sometido: Abril 18, 1933.

      Resuelto: Mayo 3, 1933.

      Mariano R. Acosta, abogado del apelante; V. P. Martínez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor CÓRdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Bautista Lebrón González inició un procedimiento para recobrar la posesión de un inmueble contra Juan Bautista Montalvo. Durante la vista del caso en sus méritos en la Corte de Distrito de Aguadilla, luego de practicada la prueba del demandante y comenzada la del demandado, solicitó el primero que no se permitiese al segundo la presentación de prueba alguna, basándose en que el demandado canceló úni-camente dos sellos de rentas internas de un dólar cada uno, en vez de cinco, al radicar la contestación a la demanda. El secretario de la corte de distrito confirmó lo dicbo por el de-mandante, manifestando que tiene por costumbre, cobrar $5 en sellos de rentas internas por la contestación en esta clase de injunctions. También manifestó el secretario que llamó la atención al abogado para que agregara los sellos que fal-taban. Se excusó el abogado diciendo que tenía pendientes dos casos de injunction para recobrar la posesión en la corte y que el secretario no le indicó en qué caso debía satisfacer derechos de $5. Ofreció entonces, en el acto de la vista, los sellos de rentas internas que faltaban para cubrir la cantidad de $5, y que tenía en su poder. La corte inferior declaró con lugar la moción del demandante y ordenó la eliminación de la contestación, sin permitir al demandado presentar prueba, y dictó sentencia declarando con lugar la demanda y conde-nando al demandado a restituir la propiedad reclamada, con imposición de costas. El demandado tomó excepción y esta-bleció el presente recurso de apelación, atribuyendo a la corte inferior el error único de haber interpretado erróneamente las disposiciones del artículo 2 de la Ley No. 17, aprobada en 1915 (p. 45). En su opinión la corte inferior dice:

“La demandante ofrece prueba testifical y documental que fué debidamente practicada y se opuso, una vez comenzado el examen de la prueba del demandado, a que se admitiese a éste prueba de clase alguna por ser nula la contestación presentada, toda vez que no se pagaron los derechos correspondientes de acuerdo con lo que dispone el apartado ‘ 6 ’ de la sección 2 de la Ley número 17 de 1915, a lo que accedió la Corte, decretando la eliminación de dicha contestación.”

El artículo 2 de la ley de 1915 citado por la corte, fija los derechos que se han de pagar por las operaciones de los se-cretarios y marshals de las cortes de distrito y municipales mediante la cancelación de los correspondientes sellos de ren-tas internas. Copiamos de dicho artículo los apartados que se designan con las letras A, B, M y N:

“A. Por cada demanda en pleito civil contencioso ante las cortes de distrito: $5.00;
“B. — Por la primera alegación del demandado en pleito civil con-tencioso, sea contestación, excepción previa o moción en la corte de distrito: $5.00;
“M.' — Por cada petición en recursos extraordinarios': $3.00;
“N. — Por cada oposición de una parte cualquiera en recursos ex-traordinarios : $2.00. ’ ’

El apartado B, a nuestro juicio, se refiere a pleitos civiles contenciosos, de carácter ordinario. No puede referirse al remedio que concede la ley proveyendo procedimientos para recobrar la posesión de propiedad inmueble. La demanda o escrito inicial en este procedimiento debe pagar $3 de acuerdo con el apartado M; la oposición a dicho escrito debe pagar $2, conforme al apartado N. Este procedimiento no puede ser incluido en el apartado A porque está comprendido den-tro del apartado M, toda vez que se trata de un recurso ex-traordinario. De igual modo la oposición a un recurso de esta índole no puede ser incluida en el apartado B, porque está expresamente comprendida en el apartado N, que exige un derecho de $2 por cada oposición en recursos extraordi-narios. El demandante utiliza un recurso sumario para que se le restituya la propiedad que reclama. No es ciertamente una acción ordinaria, sino un interdicto, que tiene por objeto restablecer por medio de un procedimiento breve y rápido, donde la contienda se reduce a una cuestión de hecho, el es-tado posesorio perturbado por los actos de un tercero. La ley fija para la vista de este procedimiento un término pe-rentorio. Toda moción o excepción deberá presentarse y verse en el acto -del juicio y la corte dictará sentencia sin demora indebida. La contestación en este caso es una opo-sición al recurso, que sólo exige la cancelación de sellos de rentas internas por valor de $2. El demandado satisfizo oportunamente los derechos exigidos por la ley, la contesta-ción fué legalmente radicada desde su presentación en secre-taría y la moción del demandante solicitando que no se ad-mitiese prueba al demandado, que dió lugar a la eliminación de la contestación, debió ser desestimada por la corte inferior

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte inferior para procedimientos ulteriores no incompatibles con los términos de esta opinión.