author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres Juez Asociado Señor Estrella Martínez,

text:
    Rafael Rosario Mercado, recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Administración de Corrección, peticionarios.

      Número: CC-2012-0398

      Resuelto: 26 de septiembre de 2013

      Luis R. Román Negrón, procurador general, y María Astrid Hernández Martín, procuradora general auxiliar, aboga-dos del Estado Libre Asociado.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso nos brinda la oportunidad de expresarnos en torno a la aplicación del requisito de notificación al Secre-tario de Justicia que establece el Art. 2A de la Ley de Re-clamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Num. 104 de 29 de junio de 1955 (32 LPRAsec. 3077a), a las personas que están confinadas.

Aunque la controversia que se plantea en autos no es novel, recientemente hemos notado un aumento en la fre-cuencia de casos en los que los tribunales se enfocan “en la ‘realidad del confinado’ para determinar si existe justa causa para la notificación tardía al Estado”. ELA v. Martínez Zayas, 188 DPR 749, 751 (2013), opinión de conformidad de la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, a la cual se unieron los Jueces Asociados Señores Martínez Torres, Rivera García y Feliberti Cintrón.

Hoy ratificamos que en esta jurisdicción todo de-mandante tiene que explicar la tardanza en notificar al Estado conforme lo establece el Art. 2A de la Ley Núm. 104, supra. Berríos Román v. ELA, 171 DPR 549 (2007). La “realidad del confinado”, esto es, el hecho de que una persona se encuentre recluida bajo la custodia del Estado en una institución carcelaria, no constituye de por sí y auto-máticamente la justa causa que exige la ley para eximir del requisito de notificación. Tal realidad no es una excep-ción a la norma.

I

El 5 de julio de 2007 el Sr. Rafael Rosario Mercado, confinado en el Complejo 303 de la Cárcel Regional de Bayamón, presentó una demanda por daños y perjuicios contra el Gobierno de Puerto Rico, representado por el Departamento de Justicia, y el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Según los hechos que se desglosan en la demanda, el señor Rosario Mercado está diagnosticado con la condición de cataratas en su ojo derecho desde el 2001. Alega que esa condición podría mejorar si se le sometiera a una cirugía. Sin embargo, según el señor Rosario Mercado, el Departamento de Corrección y Rehabilitación ha impe-dido la intervención quirúrgica, razón por la cual su visión ha empeorado a tal grado que ya casi no puede ver por el ojo perjudicado y, como consecuencia, su calidad de vida se deteriora cada día más. En su demanda reclama una com-pensación total de $1,000,000.

No fue hasta el 9 de marzo de 2011 que se expidieron los emplazamientos. El 14 de marzo de 2011 se emplazó al Secretario de Justicia. El señor Rosario Mercado solicitó que se le anotara la rebeldía al Estado el 9 de agosto de 2011, lo que ocurrió el 26 de agosto de 2011. Se calendarizó el juicio para enero de 2012.

El 31 de agosto de 2011 el Estado presentó una Moción en Oposición a la Anotación de Rebeldía y en Solicitud de Desestimación. Pidió la desestimación porque el señor Rosario Mercado incumplió con el requisito de notificación que impone la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado. Además, planteó que el señor Rosario Mercado no agotó los remedios administrativos.

El Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución y orden el 29 de diciembre de 2001, en que denegó la desestimación. De esa determinación, el Estado acudió al Tribunal de Apelaciones, que se negó a acoger la petición de certiorari presentada. De esa determinación, el Estado recurre ante nos. Solicita que se desestime la demanda por incumplir con la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado. El 29 de junio de 2012 expedimos el auto. El peticionario presentó su alegato el 5 de septiembre de 2012. El señor Rosario Mercado no compareció, a pesar de una resolución nuestra a esos efectos que emitimos el 11 de octubre de 2012. Estamos en posición de resolver.

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El Gobierno de Puerto Rico posee inmunidad soberana desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos así lo reconoció en Porto Rico v. Rosaly, 227 US 270 (1913). Véanse: Berríos Román v. ELA, supra, págs. 555-556; Defendini Collazo et al. v. ELA, Cotto, 134 DPR 28, 47 (1993). El Estado renunció parcialmente a su inmunidad soberana mediante legislación. El estatuto vigente es la Ley de Pleitos contra el Estado.

A pesar de que el Estado consienta ser demandado, la ley impuso varias restricciones. En lo pertinente, el Art. 2A, supra, requiere que toda persona que interese entablar una reclamación por daños contra el Estado, notifique al Secretario de Justicia dentro de los 90 días de ocurrido el incidente del que surge la reclamación. En esa notificación se tiene que hacer constar la fecha, el lugar, la causa y la naturaleza general del daño, los nombres y las direcciones de los testigos, la dirección del reclamante y el lugar donde se recibió tratamiento médico. Si el reclamante estuviera física o mentalmente impedido de hacer la notificación en el término de 90 días dispuesto, podrá hacerlo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que cese la incapacidad. La reclamación judicial no podrá instarse sin la notificación que establece el Art. 2A de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, supra, salvo si se muestra justa causa.

El requisito de notificación cumple varios propósitos, que hemos enumerado de la manera siguiente:

1- proporcionar al Estado la oportunidad de investigar los hechos que dan origen a la reclamación; 2- desalentar las re-clamaciones infundadas; 3- propiciar un pronto arreglo de las reclamaciones; 4- permitir la inspección inmediata del lugar del accidente antes de que ocurran cambios; 5- descubrir el nombre de las personas que tienen conocimiento de los hechos y entrevistarlas mientras su recuerdo es más confiable; 6- ad-vertir a las autoridades de la existencia de la reclamación para que se provea la reserva necesaria en el presupuesto anual; y, 7- mitigar el importe de los daños sufridos mediante oportuna intervención ofreciendo tratamiento médico ade-cuado y proporcionando facilidades para hospitalizar al peijudicado. Zambrana Maldonado v. ELA, 129 DPR 740, 755 (1992), citando a Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 491, 494 (1963).

El requisito de notificación debe aplicarse de manera rigurosa, pues sin su cumplimiento, no hay derecho a de-mandar al Estado, que de otra forma es inmune a reclamaciones. Berríos Román v. ELA, supra, pág. 559. Sin embargo, la notificación es un requisito de cumplimiento estricto, no jurisdiccional. íd., pág. 560. Por ello, hemos excusado de su cumplimiento cuando, de lo contra-rio, se sancionaría una gran injusticia. íd., pág. 560. Véase, además, Rodríguez Sosa v. Cervecería India, 106 DPR 479, 485 (1977).

Por ejemplo, hemos consentido ver casos en los que se omitió la notificación que exige la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado cuando el daño o la negligencia lo cometió el mismo funcionario a quien se tiene que dirigir la notificación. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788 (2001); Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853 (2000); Romero Arroyo v. ELA, 127 DPR 724, 736 (1991). También se ha excusado del requisito cuando el emplazamiento de la demanda ocurre dentro del término de 90 días provisto para la notificación, Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618, 631-632 (1985); cuando la tardanza en la notificación no se puede imputar al demandante, Rivera de Vincenti v. ELA, 108 DPR 64, 69-70 (1978), y, por último, cuando el riesgo de que desaparezca la prueba ob-jetiva es mínimo, y el Estado puede investigar y corroborar los hechos con facilidad. Berríos Román v. ELA, supra, pág. 560.

Pese a estas excepciones, el requisito de notificación mantiene su vigencia y validez, no es irrazonable ni res-tringe de forma indebida los derechos del reclamante. Berríos Román v. ELA, supra, pág. 562. Es por ello que hemos requerido al demandante evidenciar detalladamente la justa causa para omitir la notificación que exige el Art. 2A de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, supra. Íd. Sólo hemos exceptuado la notificación en aquellos casos en que el requisito incumple con los objetivos de la ley y cuando jurídicamente no se justifica aplicarlo a las circunstancias. Íd. Estas excepciones creadas jurisprudencialmente no pueden tener el efecto de conver-tir en inconsecuentes las exigencias de la Ley Núm. 104. Véase J.J. Álvarez González, Responsabilidad civil extracontractual, 77 (Núm. 3) Rev. Jur. UPR 603, 627 (2008).

Al respecto, el profesor J.J. Álvarez González expresó:

El tratamiento jurisprudencial de este tema puede sinteti-zarse así: originalmente se aplicaba este requisito estricta-mente a favor del Estado, pero paulatinamente se le ha ido quitando mucho del rigor a su interpretación. Inicialmente el Tribunal resolvió que, aunque no es de naturaleza jurisdiccio-nal, este requisito sería de cumplimiento estricto, por lo que, entre otras cosas, hay que notificar al Secretario directamente y no basta que éste se entere por otros medios. Pero muy pronto el Tribunal comenzó a aplicar la excepción de “justa causa” con gran laxitud, con lo que el supuesto “cumplimiento estricto” parecía haberse convertido en un lema sin consecuencias.
[...] El abogado competente siempre cumplirá con este re-quisito y sólo se refugiará en la excepción de “justa causa” cuando el cliente le llegue tarde o provenga de la oficina de un abogado menos competente. Álvarez González, supra, págs. 627-628.

En esta coyuntura debemos precisar que la obligación de este Tribunal “consiste en imprimir efectividad a la intención del legislador y garantizar así que se cumpla con el propósito para el cual fue creada la medida”. Báez Rodríguez et al. v. ELA, 179 DPR 231, 244 (2010). Así pues, es necesario recordar la norma trillada de este Foro de que “como cuestión de umbral, debemos remitirnos al texto de la ley”. Lilly Del Caribe v. CRIM, 185 DPR 239, 252 (2012), citando a Báez Rodríguez et al. v. ELA, supra, pág. 245. La antipatía o bondad de la legislación no nos autoriza a ignorarla ni a dejar de aplicarla. Véase Art. 21 del Código Civil, 31 LPRA sec. 21.

De igual forma, hemos sentenciado que “los tribunales, al ejercer su función interpretativa de la ley, deberán considerar el propósito o intención de la Asamblea Legislativa al aprobarla. Ello es necesario para propiciar que se obtenga el resultado querido originalmente por el legislador”. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 126-127 (2012). Véanse, además: Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, 767 (2010); Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 898 (1998); García v. ELA, 146 DPR 725, 733 (1998).

Así pues, en nuestra labor de interpretar las leyes “es-tamos obligados a lograr una exégesis que se ajuste al pro-pósito y a la política pública que inspiró el estatuto”. Consejo Titulares v. DACo, 181 DPR 945, 958 (2011). Véanse, además: Rodríguez v. Syntex, 160 DPR 364, 382 (2003); Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 DPR 334, 342 (1986); Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 DPR 772, 785 (1968).

Al aprobar una ley, la intención legislativa queda plasmada en su historial legislativo. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 127; Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 539 (1999). El historial legislativo incluye la exposición de motivos de la ley, las manifestaciones de los legisladores durante el trámite y los informes de las comisiones, entre otros. íd. Véase, además, R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1987, pág. 242.

En un principio, la Ley Núm. 104 no requería notificar al Secretario de Justicia como condición previa para pre-sentar una demanda. Berríos Román v. ELA, supra, pág. 557. Fue mediante la aprobación de la Ley Núm. 121 de 24 de junio de 1966, Leyes de Puerto Rico 396-397, que se añadió el requisito de notificación.

Surge del historial legislativo del P. de la C. 492, posterior Ley Núm. 121, que la preocupación de la Asamblea Legislativa fue la siguiente:

En muchos casos y por diversas razones, las acciones se radi-can cuando ya está para finalizar el término y ocurre que el Estado, por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los alegados daños, se encuentra con problemas de falta de infor-mación o información deficiente en cuanto a los hechos, y a[u]n con la circunstancia de la reorganización de una agencia o dependencia como resultado de lo cual se han extraviado los récords [sic] que hacen referencia al accidente u origen de los daños, así como con el movimiento de testigos presenciales, cuyo paradero se ignora al momento en que se notifica de la acción, todo ello en perjuicio de la oportunidad amplia que debe tener el Estado para hacer las alegaciones correspon-dientes y establecer las defensas en estos casos. 20 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, P. de la C. 492, Sesión Ordinaria, 5ta Asamblea Legislativa, T. 2 pág. 845. Véase, además, Berríos Román v. ELA, supra, pág. 558.

Asimismo, las discusiones de ese proyecto en la Cámara de Representantes reflejan que su propósito fue requerir la notificación al Estado como requisito previo para presentar una demanda en daños y perjuicios al amparo de la Ley Núm. 104. Sobre el particular el representante señor Torres Gómez aclaró:

Si se trata de una persona mayor de edad que puede reclamar por sí, por un alegado dañ[o] contra el Estado, si esa persona teniendo conocimiento del accidente, no notifica al Secretario de Justicia bajo los requisitos de la notificación que se deter-minan dentro de los 90 días, pierde su derecho a demandar dentro del año. Es decir, que la acción ahí está limitada. Diario de Sesiones, supra, pág. 846.

III

En este caso no hay controversia en cuanto a que el señor Rosario Mercado incumplió con el requisito que im-pone el Art. 2A de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, supra. Por lo tanto, la controversia se circunscribe a determinar si, según las circunstancias de este caso, el señor Rosario Mercado evidenció detallada-mente la justa causa que exige la ley para eximirlo del requisito de notificación al Secretario de Justicia. Sin embargo, en el expediente de este caso no encontramos expre-sión alguna por parte del señor Rosario Mercado que jus-tificara el incumplimiento con el requisito de notificación. Su condición de confinado, por sí sola, no es suficiente para eximirlo del requisito de notificación. ELA v. Martínez Zayas, supra (opinión de conformidad de la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, a la que se unieron los Jueces Asociados Señores Martínez Torres, Rivera García y Feliberti Cintrón).

En ELA v. Martínez Zayas, supra, este Tribunal enten-dió que hubo justa causa para que el confinado Martínez Zayas notificara tardíamente al Estado de su reclamación. No obstante, hubo discrepancia en determinar cuál debe ser el análisis a seguir cuando el demandante es un confinado. Tanto la hermana Jueza Asociada Señora Pabón Charneco como el hermano Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitieron opiniones por separado.

En la opinión de conformidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez, a la que se unieron el Juez Presidente Señor Hernández Denton y las Juezas Asociadas Señoras Fiol Matta y Rodríguez Rodríguez, se expuso que “la reali-dad que presenta la situación de ser confinado debe te-nerse en cuenta al determinar si existe justa causa para la falta notificación al Estado”. ELA v. Martínez Zayas, 188 DPR 749, 767 (2013).

Por su parte, la compañera Jueza Asociada Señora Pa-bón Charneco concluyó con acierto que “la condición individual de los confinados no es relevante para determinar si existe justa causa para la notificación tardía, ya que la ley Núm. 104, supra, no contempla que sus disposiciones se apliquen de manera distinta a los ciudadanos de acuerdo con su realidad social”. ELA v. Martínez Zayas, supra, pág. 753 (op. de conformidad de la Jueza Asociada Señora Pa-bón Charneco, a la que se unieron los Jueces Asociados Señores Martínez Torres, Rivera García y Feliberti Cintrón). A pesar de esa norma, la opinión de conformidad de la Jueza Pabón Charneco concluyó que hubo justa causa para la notificación tardía porque hubo una investigación interna que constaba en el registro de la institución correccional. íd., pág. 754.

Los hechos que ocurrieron en ELA v. Martínez Zayas, supra, demuestran que aunque la Ley Núm. 104 no exime a los confinados del requisito de notificar al Estado, hay circunstancias en las que estos siempre pueden demostrar que hubo una justa causa para notificar tardíamente.

En el caso ante nos, el señor Rosario Mercado no arti-culó expresión alguna en la que nos ilustrara cuál es la justa causa que medió para que le condonemos su incum-plimiento con el requisito de notificación que impone la Ley de Pleitos contra el Estado. Tampoco existe en la ley una excepción para las personas que están confinadas. No la podemos crear por fíat judicial. Lilly del Caribe v. CRIM, supra; Báez Rodríguez et al. v. ELA, supra. Tampoco surge del historial legislativo que la intención de la Asamblea Legislativa fuese crear esa excepción. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, supra; Piñero v. A.A.A., supra; García v. ELA, supra.

El señor Rosario Mercado no demostró que, en su caso, el requisito de notificación incumpliera con los objetivos de la ley, o que jurídicamente no estuviera justificada su aplicación. Berríos Román v. ELA, supra, pág. 562. El he-cho de que el Estado posea cierta evidencia es insuficiente para eximirle del requisito de notificación, pues se le privó de entrevistar a los testigos en una fecha cercana a los acontecimientos. íd., pág. 565. Debemos recordar que ese es uno de los propósitos principales de la notificación dentro de los 90 días de ocurrido el incidente, para poder pre-pararse adecuadamente para la reclamación. Zambrana Maldonado v. ELA, supra, pág. 755; Mangual v. Tribunal Superior, supra, pág. 494.

Otro de los propósitos de la notificación es propiciar el pronto arreglo de las reclamaciones, e incluso, mitigar los daños sufridos mediante el tratamiento médico adecuado. Zambrano Maldonado v. ELA, supra; Mangual v. Tribunal Superior, supra. La notificación podía proveer una so-lución al reclamo del confinado, que mitigara los daños que sufría. Sin embargo, no se le proveyó al Estado esa oportunidad.

Es preciso recordar que la Ley de Pleitos contra el Es-tado es una excepción a la doctrina de inmunidad sobe-rana, por lo que deben cumplirse sus requisitos. Berríos Román v. ELA, supra, págs. 556-557. En ausencia de una expresión detallada de la justa causa para la omisión en notificar al Secretario de Justicia dentro de los 90 días de ocurridos los daños que se reclaman, procede la desestima-ción de la demanda del señor Rosario Mercado.

En conclusión, ratificamos que en esta jurisdicción todo demandante tiene que explicar la tardanza en notificar al Estado conforme lo establece el Art. 2A de la Ley Núm. 104, supra. La “realidad del confinado” no es una excepción a esa norma. No obstante, recalcamos que hay circunstancias en las que los confinados —como cualquier otro demandante— pueden demostrar que hubo una justa causa para notificar tardíamente, de acuerdo a las realidades particulares de cada caso.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Re-solución del Tribunal de Apelaciones y desestimamos la de-manda que incoó el Sr. Rafael Rosario Mercado por incum-plir con el requisito de notificación al Secretario de Justicia que exige el Art. 2A de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, supra.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió una opinión concurrente, a la que se unieron el Juez Presidente Señor Hernández Denton, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez,

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Es responsabilidad de todos propi-ciar un sistema de justicia en el que se provea acceso inmediato y econó-mico para atender los reclamos de la ciudadanía, que sea sensible a la realidad particular de los distintos componentes de nuestra sociedad, y que informe a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades, así como de todos los aspectos del proceso judicial. (Énfasis suplido).

Concurro con la determinación realizada por una mayo-ría de este Tribunal. En el caso particular ante nuestra consideración, no existe justa causa para el incumpli-miento del Sr. Rafael Rosario Mercado con el requisito de notificación previa al Estado que requiere la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (32 LPRA secs. 3077-3092a). Por ello, estoy conforme con la determinación de que la recla-mación del señor Rosario Mercado debe ser desestimada. Sin embargo, para llegar a esta conclusión, la mayoría uti-liza fundamentos que no considero correctos, por lo cual no puedo avalar y estar conforme con la opinión que hoy emite este Tribunal.

Tal como expresé en la opinión de conformidad en el caso ELA v. Martínez Zayas, 188 DPR 749, 755 (2013) (Sentencia), en las situaciones en las cuales los miembros de la población correccional instan reclamaciones contra el Estado, e incumplen con el requisito de notificación previa, “la realidad que presenta la situación de ser confinado debe tenerse en cuenta al determinar si existe justa causa para la falta de notificación al Estado”. íd., pág. 767. Este criterio debe ser considerado junto a la totalidad de las circunstancias que presenta cada caso y al objetivo que persigue la notificación requerida. Id.

La opinión mayoritaria es una amalgama de visiones contradictorias en torno al alcance de la realidad de los confinados. En unas partes de esa amalgama se ensambla el elemento radical de irrelevancia total, postulado origi-nalmente por la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco en su opinión de conformidad en ELA v. Martínez Zayas, supra. En otras partes, se intentan articular elementos contradictorios en los que tímidamente se reconoce la posi-ble aplicación de la realidad del confinado como factor para determinar justa causa. Lejos de orientar a los confinados y a la comunidad jurídica, la opinión mayoritaria arroja más interrogantes que respuestas. ¿Es relevante o irrele-vante la realidad del confinado? Si es relevante en ocasio-nes, ¿por qué la opinión avala la teoría de la irrelevancia total de la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco? Triste-mente, cualesquiera que sean las motivaciones que más peso tengan en esta amalgama, resulta innegable que la realidad es la única verdad y que la determinación de una justa causa en forma objetiva e imparcial no puede adop-tarse en un vacío, sino en las realidades concretas de los litigantes.

I

La opinión mayoritaria afirma que la realidad del con-finado no constituye de por sí y automáticamente la justa causa que requiere la Ley Núm. 104 para eximir del requi-sito de notificación y que por ello no es una excepción a la norma. Al así expresarse, al parecer, queda abandonado el razonamiento expuesto hace pocos meses en la opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco en ELA v. Martínez Zayas, supra, acerca de que no debe considerarse la condición individual del confinado para determinar si existe justa causa para el incumpli-miento con el requisito de notificación previa. Sin embargo, existe una discordancia entre esta nueva postura asumida y el razonamiento que sostienen, referente a que no es re-levante la condición de confinado al momento de determi-nar si existe justa causa para el incumplimiento con el re-quisito de notificación previa. Por ello, no me queda más remedio que reiterar y ser cónsono con los fundamentos contenidos en mi opinión de conformidad emitida en ELA v. Martínez Zayas, supra.

Como expresé en la mencionada opinión, ciertamente el solo hecho de ser confinado no podría de por sí ser sufi-ciente para eximir del requisito de notificación previa de la Ley Núm. 104. Por ello, estoy de acuerdo en que no debe existir una exención automática del requisito que impone la mencionada ley cuando se trata de casos de confinados que instan causas de acción contra el Estado.

No obstante, es incorrecto afirmar que la situación, la condición y la realidad de los confinados no es relevante al momento de examinar si existe justa causa para el incumplimiento. Hoy, una mayoría cita las expresiones de la opinión de conformidad de la compañera Jueza Asociada Señora Pabón Charneco en ELA v. Martínez Zayas, supra, acerca de que la condición individual de los confinados no es relevante para determinar si existe justa causa para el incumplimiento con el requisito de notificación previa que impone la Ley Núm. 104. Al citarlas, la mayoría señala que estas expresiones son acertadas. Lejos de ser acertadas, considero que estas expresiones son desatinadas, ya que invitan al juzgador a abstraerse de la situación que viven día a día los miembros de la población correccional y las limitaciones que éstos presentan. En su lugar, presumen que los miembros de la población correccional poseen la misma habilidad de un ciudadano en la libre comunidad para cumplir con el requisito de notificación previa que impone la Ley Núm. 104. Estas expresiones son preocu-pantes ya que se abstraen de las realidades que vive este sector.

Debido a que los confinados están sujetos a la custodia del Estado, es trascendental tomar en consideración las circunstancias particulares de las instituciones penales y las limitaciones a las que se enfrentan debido al confinamiento. De esta manera, se procuraría mantener justicia en cuanto a los requisitos que les son impuestos a los confinados. Considerar que los miembros de la pobla-ción correccional poseen la misma habilidad de un ciuda-dano en la libre comunidad para cumplir con el requisito de notificación previa, que es requerido por la Ley Núm. 104, es intrínsecamente injusto. ELA v. Martínez Zayas, supra (opinión de conformidad del Juez Asociado Señor Es-trella Martínez). Es desconcertante que no se considere re-levante reconocer que los confinados no poseen las mismas oportunidades ni los mismos recursos para cumplir con el requisito de notificación de la Ley Núm. 104.

Los miembros de la comunidad correccional presentan situaciones que son parte de la realidad del confinamiento. La restricción de la libertad de la población penal implica ciertas limitaciones. Además, de las herramientas limita-das que poseen, las limitaciones de movilidad física, las estrictas medidas de seguridad, la falta de control por parte de éstos en el manejo de su correspondencia, los ri-gurosos mecanismos, el posible retraso en la tramitación de correspondencia y los procesos a los cuales se enfrentan son solamente algunas de las situaciones que imposibilitan que cumplan con el requisito de notificación previa como alguien que está en la libre comunidad. A estas situacio-nes, se suma el que en ocasiones sean miembros del mismo sistema quienes imposibiliten que la notificación se realice. Nada de esto es relevante para la mayoría de este Tribunal. En total abstracción de la realidad que enfrentan los confinados, hoy la mayoría los coloca en una posición aún peor que el resto de los ciudadanos.

El que la Ley Núm. 104 no provea una excepción para la población correccional, en cuanto al cumplimiento con el requisito de notificación previa, no significa que las condi-ciones a las que se enfrentan los miembros de la población correccional no sean relevantes al momento de examinar la existencia o no de justa causa para el incumplimiento con el mencionado requisito. El requisito de notificar al Secre-tario de Justicia como condición previa a presentar una demanda contra el Estado, es uno de cumplimiento estricto. Por ello, además de las exenciones que dispone la ley, como es sabido, el requisito de notificación podrá ser eximido cuando haya mediado justa causa para ello. 32 LPRA sec. 3077a(e). Así, la limitación al derecho a deman-dar cederá en situaciones en las cuales exista justa causa. Precisamente, siempre que se examina si hubo justa causa se toman en consideración las circunstancias y realidades de ese caso, lo cual no significa que las disposiciones sean aplicadas de manera distinta. Considerar que las condicio-nes individuales del confinado en ocasiones son relevantes para determinar la existencia de justa causa, junto a otros elementos, no conlleva aplicar de manera distinta las dis-posiciones, de acuerdo con la realidad social de los ciuda-danos, como sostiene la mayoría.

Al realizar el análisis acerca de si existe justa causa para el incumplimiento, habrá situaciones en las cuales las condiciones de la institución penal y del confinamiento se-rán precisamente parte de las circunstancias que constitu-yen la justa causa que se desea expresar. No es que deba enfocarse solamente en la condición de confinado para en-contrar la justa causa para la notificación tardía o la falta de notificación. Por ello, es indiscutible que en ocasiones serán relevantes las condiciones de confinamiento.

Ciertamente, como mencionamos, la Ley Núm. 104 no establece una excepción para la notificación en el caso de confinados. Tampoco es mi intención crearla. Sin embargo, bajo el pretexto de no reconocer una excepción, hoy se co-locan trabas adicionales a las imposibilidades que presen-tan los confinados para cumplir con el requisito de notifi-cación previa. Al determinar que la condición de confinado o de la institución correccional no es relevante para deter-minar si existe justa causa para el incumplimiento con el requisito de notificación, se obstaculiza innecesariamente la demostración de justa causa a los miembros de la pobla-ción correccional.

II

En el caso particular ante nuestra consideración, estoy de acuerdo con que no surge la existencia de justa causa para el incumplimiento con el requisito de notificación que requiere la Ley Núm. 104 o de circunstancias que justifi-quen su incumplimiento. El señor Rosario Mercado pre-sentó una demanda contra el Estado el 5 de julio de 2007. Sin embargo, no notificó al Secretario de Justicia, por lo que incumplió con uno de los requisitos de la Ley Núm. 104. El Secretario de Justicia supo de la reclamación luego de cuatro años de presentada la demanda, cuando fue emplazado.

No surge del expediente constancia de que la notifica-ción al Estado no fuera necesaria por tratarse de un caso en el que éste tuviera acceso a la prueba objetiva. Tampoco surge una justificación adecuada para excusar su dilación en el cumplimiento de los términos establecidos por ley. Debido a que en el caso de epígrafe no se configura el ele-mento atemperante de justa causa, el señor Rosario Mer-cado no podría considerarse liberado de cumplir con esta notificación. Además, los hechos ante nos demuestran que no nos encontramos ante un caso cuyas particularidades hagan inoperante o impráctico el que se notificara al Estado. En consecuencia, no surge una justificación que exima la falta de cumplimiento con el requisito de notifica-ción, lo cual impide que se prosiga la demanda contra el Estado.

III

El caso de autos demuestra que mi postura en las situa-ciones de confinados que incumplen con el requisito de cumplimiento estricto de notificación previa al Estado, no implica crear una excepción automática que aplique a todo el universo de confinados, ni que el solo hecho de ser con-finado sea de por sí suficiente para establecer la justa causa para eximir del cumplimiento con la notificación. Considerar la realidad de los confinados al determinar si existe justa causa para la falta de notificación al Estado, junto a la totalidad de las circunstancias que presenta cada caso y al objetivo que persigue la notificación reque-rida, no significa crear una excepción al requisito ni una regla absoluta. En cambio, la opinión mayoritaria ahora sí crea una regla absoluta en el sentido de que no se va a considerar la condición de confinado nunca, ello porque no creen que sea relevante.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, no puedo estar conteste con la opinión que antecede. Ahora, el ca-mino para la demostración de justa causa de un confinado será más escabroso que para cualquier ciudadano en la libre comunidad.

       De igual modo, recientemente en Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013), tuvimos que emitir nuestro dictamen como opinión para ratificar la norma trillada que establece que los tribunales carecen de jurisdicción para prorrogar au-tomáticamente los términos de cumplimiento estricto, ante un aumento de casos en que esa regla general se estaba ignorando.

       El Art. 2A de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077a, indica:
      “(a) Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por daños a la persona o a la propiedad, causados por culpa o negligencia de dicho Estado, deberá presentar al Secretario de Justicia una notificación escrita haciendo constar, en forma clara y concisa, la fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos, y la dirección del reclamante, así como el sitio donde recibió tratamiento médico en pri-mera instancia.
      “(b) Dicha notificación se entregará al Secretario de Justicia remitiéndola por correo certificado, o por diligenciamiento personal, o en cualquier otra forma feha-ciente reconocida en derecho.
      “(c) La referida notificación escrita se presentará al Secretario de Justicia den-tro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conoci-miento de los daños que reclama. Si el reclamante estuviere mental o físicamente imposibilitado para hacer dicha notificación dentro del término prescrito, no quedará sujeto a la limitación anteriormente dispuesta, viniendo obligado a hacer la referida notificación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que cese la incapacidad.
      “(d) Si el perjudicado fuere un menor de edad, o fuere persona sujeta a tutela, la persona que ejerza la patria potestad o la custodia del menor, o el tutor, según fuere el caso, vendrá obligado a notificar la reclamación dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de los daños que reclama. Lo anterior no será obstáculo para que el menor, o la persona sujeta a tutela, haga la referida notificación, dentro del término prescrito, a su propia iniciativa, si quien ejerce la patria potestad o custodia, o tutela, no lo hiciere.
      “(e) No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por daños causados por la culpa o negligencia de aquél, si no se hubiese efectuado la notificación escrita en la forma y manera y dentro de los plazos prescritos en esta sección, a menos que no haya mediado justa causa para ello. Esta disposición no será aplicable a los casos en que la responsabilidad del Estado esté cubierta por una póliza de seguro.
      “(f) Esta sección no modificará en forma alguna, para aquellos reclamantes que cumplan con sus disposiciones, el término prescriptivo fijado por la see. 5298 del Título 31”.

       Exposición de Motivos de la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 972.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Calixto A. López González, querellado.

      Número: AB-2012-121

      Resuelto: 2 de octubre de 2013

      Domingo Laracuente Cruz, presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   per curiam:

Nuevamente nos encontramos con otro miembro de la profesión legal que muestra una conducta inaceptable. Nos enfrentamos, una vez más, con una falta al cumplimiento de las órdenes emitidas por este Tribunal en el ejercicio de su jurisdicción disciplinaria. Tal y como hemos actuado anteriormente, corresponde sancionar esta irrespetuosa conducta mediante la suspensión inmediata e indefinida de la profesión jurídica al abogado en incumplimiento. Además de la queja que hoy atendemos, el expediente del licenciado Calixto A. López González con-tiene los siguientes procedimientos disciplinarios en curso que se mantendrán inactivos mientras dure la suspensión: Queja AB-2008-77, Queja AB-2009-149, Queja AB-2010-042, Queja AB-2010-302 y Queja AB-2011-336.

I

El pasado 22 de diciembre de 2009 la Sra. Carmen De León presentó una queja contra de licenciado Calixto A. López González ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico. En esencia, la señora De León expuso que contrató al licenciado López González para pre-sentar tres demandas ante el Tribunal de Primera Instan-cia y que, una vez presentadas, el querellado “no mostró interés en continuar el proceso y radicó moción de desisti-miento en los tres casos sin mi consentimiento”. Formula-rio de Queja sobre Conducta Profesional de Abogado(a), presentada por la Sra. Carmen De León. Una vez recibida la queja, el 23 de marzo de 2010 la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico (Comisión de Ética) cursó una comunicación al licenciado López González con-cediéndole un término de 30 días para contestarla. Trans-currido el término, el 28 de abril de 2010 la Comisión de Ética concedió un término adicional de 10 días al quere-llado para que le notificara su posición sobre las imputa-ciones éticas ante su consideración.

Tras una comunicación por parte del licenciado López González donde informaba un cambio de dirección postal, el 12 de julio de 2010 la Comisión de Ética le informó que de no recibir alguna contestación con respecto a la queja en un periodo de 20 días, la remitiría al Tribunal Supremo para que tomáramos la acción que estimáramos corres-pondiente. No es hasta el 6 de agosto de 2010 que el licen-ciado López González presentó su contestación a la queja. Alegó que en los casos presentados no se pudieron diligen-ciar los emplazamientos y, por lo tanto, solicitó el desisti-miento sin perjuicio. Además, argüyó que a la fecha de su contestación ninguna de las causas de acción había pres-crito y podrían presentarse nuevamente. Luego de un in-tercambio de comunicaciones entre la querellante y el que-rellado, por medio de la Comisión de Ética, el 28 de febrero de 2011 la Comisión concedió un término de 30 días a am-bas partes para que informaran si habían podido reunirse para resolver el asunto. Asimismo, la Comisión les solicitó que de no llegar a un acuerdo, informaran las medidas que tomarían para no permitir que los casos prescribieran.

El 16 de marzo de 2011 la querellante informó que no tenía interés en llegar a un acuerdo. Mientras que el 12 de abril de 2011 el querellado solicitó 45 días para presentar nuevamente las demandas y diligenciar los emplazamientos. Una vez completara este proceso, pro-puso informar a la señora De León y solicitar al Tribunal que lo relevara de la representación legal. El 28 de abril de 2011 la Comisión de Ética le concedió el término solicitado e informó a ambas partes que este expiraba el 12 de junio de 2011. En vista de la comunicación de la Comisión de Ética, el 27 de mayo de 2011 la señora De León solicitó la devolución de los $1,150 que había adelantado al quere-llado por sus servicios profesionales.

Transcurridos los 45 días concedidos, el 27 de septiem-bre de 2011 la Comisión se comunicó con el querellado in-formándole de su incumplimiento e informando que la se-ñora De León deseaba la devolución del dinero que le había adelantado. Finalmente, apercibió al querellado que de no resolverse el asunto en un término de 30 días referiría el caso a este Tribunal.

El 27 de marzo de 2012, la Comisión de Ética compare-ció ante nosotros por medio de su Oficial Investigadora. Expuso los hechos relatados anteriormente y sometió el caso para que tomáramos la acción correspondiente. Eva-luada la Moción Informativa sobre Incumplimiento de Co-legiado, concedimos al licenciado López González un tér-mino de 10 días, contados a partir de la notificación de la Resolución, para que compareciera ante el Colegio de Abo-gados y que expusiese ante nosotros las razones por las cuales no debería ser disciplinado. De la misma manera se le apercibió que el no cumplir con la Resolución de este Tribunal, podría conllevar sanciones disciplinarias seve-ras, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión. Según consta en el expediente, el querellado quedó debida-mente notificado de esta Resolución el 14 de marzo de 2012. Sin embargo, transcurridos 18 meses, el licenciado López González aún no ha cumplido con lo ordenado.

II

En numerosas ocasiones hemos señalado que los abogados y abogadas tienen el deber y la obligación de responder diligentemente a los requerimientos y órdenes del Tribunal. In re Aponte Del Valle, 189 DPR 245 (2013); In re Morales Rodríguez, 179 DPR 766 (2010); In re Feliciano Jiménez, 176 DPR 234 (2009). En particular, el Canon 9 del Código de Etica Profesional establece que todo abogado o abogada debe observar una conducta caracterizada por el mayor respeto hacia los tribunales. 4 LPRA Ap. IX. La naturaleza de la profesión de la abogacía requiere a todo letrado una atención activa particularmente a los requerimientos relacionados a investigaciones disciplinarias. In re Rivera Rosado, 180 DPR 698 (2011); In re Torres Viera, 179 DPR 868 (2010).

De igual forma, hemos reiterado que ignorar o desatender las órdenes de este Tribunal constituye una falta ética distinta e independiente de los méritos de la queja presentada, cuya sanción disciplinaria conlleva la suspensión indefinida del ejercicio de la profesión. In re Aponte del Valle, supra; In re Rivera Rosado, supra; In re Laborde Freyre I, 154 DPR 112 (2001). Este Tribunal no tolerará la indiferencia u obstinada negativa por parte de un miembro de nuestra profesión de cumplir con nuestras órdenes.

III

Este caso nos muestra una vez más a un abogado que ignora por completo nuestros requerimientos. El licenciado López González ha demostrado con su conducta un desin-terés y menosprecio por el procedimiento disciplinario que este Tribunal ha continuado luego de su incumplimiento con el proceso disciplinario llevado a cabo por la Comisión de Ética del Colegio de Abogados.

Según muestra el expediente, una vez la Comisión de Ética refirió a nuestra consideración la queja de la señora De León, se concedió un término razonable al licenciado López González para que compareciera tanto ante el Cole-gio de Abogados como ante nosotros. Sin embargo, a pesar de haber recibido personalmente nuestra Resolución el pa-sado 14 de marzo de 2012, el querellado no ha presentado contestación o solicitud de un término adicional para evi-tar cualquier sanción disciplinaria. La desatención mos-trada por el licenciado López González no nos permite otra cosa que no sea sancionarlo de la forma más severa.

Además, esta no es la primera sanción que el licenciado López González ha recibido por parte de este Tribunal. Se-gún surge de su expediente, en el mes de octubre de 2012 a solicitud de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) se tuvo que ordenar de manera inmediata la incautación de su obra notarial debido a la falta de colaboración por parte del licenciado López González para que se lograra la ins-pección ordinaria de su obra notarial, su violación al Art. 53 de la Ley Notarial al trasladar sin autorización sus pro-tocolos, 4 LPRA see. 2077, y por información obtenida por la Inspectora de Protocolos de que la obra notarial estaba en riesgo. Como se puede apreciar, la conducta mostrada por el licenciado López González no es aislada y requiere que este Tribunal tome las medidas disciplinarias correspondientes.

Por las razones expresadas anteriormente, procede la suspensión inmediata e indefinida del licenciado López González del ejercicio de la abogacía. El licenciado López González tiene la obligación de notificar a todos sus clientes que por motivo de su suspensión no podrá continuar con su representación legal, y deberá devolver los expedientes de cualquier caso pendiente y los honorarios recibidos por tra-bajo no realizado. Igualmente, tiene la obligación de acre-ditar y certificar el cumplimiento de lo anterior dentro del término 30 días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam”.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervino.


text:
    Zoraida Reyes Sánchez, recurrida, v. Eaton Electrical h/n/c Eaton Electrical Las Piedras y Fulana de Tal, peticionarios.

      Número: CC-2011-0191

      Resuelto: 7 de octubre de 2013

      Rusell A. Del Toro y Myriam Matos Bermúdez, del bufete Del Toro & Santana, abogados de la parte peticionaria; Alejandro Torres Rivera, abogado de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Este caso nos brinda la oportunidad de expresarnos en torno al orden de retención de empleados por antigüedad que establece el Artículo 3 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA secs. 185a-185m, conocida como la Ley de Indemnización por Despido Injustificado (Ley Núm. 80). Particularmente, debemos determinar si la antigüe-dad de un empleado debe computarse a base del tiempo que éste ha trabajado en la clasificación ocupacional en que se desempeña o si este cómputo debe comprender la totalidad del tiempo que el empleado ha trabajado en la empresa. Asimismo, tenemos la oportunidad de expresar-nos sobre el orden de retención de empleados por antigüe-dad que deben realizar aquellas empresas que tienen más de un establecimiento.

Pasemos, entonces, a resumir los hechos que sirven de trasfondo a la controversia ante nuestra consideración.

I

Eaton Electrical de Puerto Rico, Inc. (Eaton) es una cor-poración que realiza negocios en Puerto Rico. El 16 de fe-brero de 2001, la Sra. Zoraida Reyes Sánchez, quien posee un bachillerato en Ingeniería Industrial, comenzó a traba-jar como Gerente de Calidad en la planta de Coamo de Eaton, haciendo negocios como Cutler-Hammer. Poste-riormente, fue ascendida al puesto de Gerente de Ingenie-ría y Calidad. En marzo de 2006 Eaton, a través del pro-grama “Eaton Jobs”, publicó electrónicamente un anuncio de vacante para el puesto de Gerente de Servicios Técnicos en la planta de Las Piedras.

En respuesta al referido anuncio, la señora Reyes Sán-chez solicitó y fue seleccionada para ocupar el puesto vacante. Al ser nombrada Gerente de Servicios Técnicos, ésta pasó a pertenecer al grupo ocupacional de “Staff” (gru-po de Staff) en la planta de Las Piedras. El grupo de Staff estaba compuesto por empleados asalariados que se repor-taban directamente al Gerente General de la planta de Las Piedras. En abril de 2008 Eaton anunció que, debido a una disminución en la demanda del producto, tendrían que to-mar medidas de reducción de personal. A tales fines, Eaton inició un programa de separación voluntaria en la planta de Las Piedras. La empresa, sin embargo, excluyó del pro-grama de separación voluntaria a los empleados del grupo de Staff que laboraban en el proyecto Lightspeed, proyecto en el cual trabajaba la señora Reyes Sánchez.

En mayo de 2008, mientras el programa de separación voluntaria estaba en vigor, el señor Eddy Del Carmen Tave, quien había trabajado para Eaton desde el 24 de mayo de 1994, fue ascendido al puesto de Gerente de Lightspeed. Debido al ascenso, el señor Del Carmen Tave también pasó a formar parte del grupo de Staff en la planta de Las Piedras. Concluido el programa de separa-ción voluntaria, la señora Linda Jane Littke, Gerente de Recursos Humanos de Eaton de Las Piedras, anunció al grupo de Staff que la cantidad de personas acogidas al pro-grama de separación voluntaria no fue suficiente y que, por ende, la empresa procedería a cesantear empleados de forma involuntaria. Consiguientemente, el 27 de junio de 2008 se le notificó a la señora Reyes Sánchez que sería cesanteada y que su posición sería eliminada por razón de problemas económicos de la empresa. La fecha de efecti-vidad del despido fue el 15 de julio de 2008. En cambio, el señor Del Carmen Tave permaneció trabajando en la planta de Eaton de Las Piedras.

A raíz de estos hechos, el 23 de enero de 2009 la señora Reyes Sánchez presentó una acción por despido injustifi-cado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. En su reclamación, la señora Reyes Sánchez señaló que el señor Del Carmen Tave era el empleado de menor antigüedad en la clasificación ocupacional del grupo de Staff y que, por ende, el despido de ésta fue injustificado. Adujo, además, que al calcular la antigüedad, Eaton debió tomar en consideración el tiempo que los em-pleados habían trabajado dentro del grupo de Staff y no la totalidad del tiempo que éstos habían trabajado en la empresa. A su vez, planteó que conforme al inciso (b) del Artículo 3 de la Ley Núm. 80, Eaton debió calcular la an-tigüedad de los empleados en el grupo de Staff en todas las plantas de la empresa puesto que era práctica usual y regular de Eaton trasladar empleados entre sus plantas y que las distintas plantas operaban de forma sustancial-mente integrada en cuanto a los aspectos de personal.

Luego de la presentación del Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados, el 1 de octubre de 2009 Eaton presentó una moción para solicitar una sentencia sumaria. En esencia, Eaton planteó que el despido fue justificado, toda vez que hubo una reorganización de la empresa y, en cumplimiento con el orden de retención de empleados por antigüedad, la señora Reyes Sánchez era la empleada de menor antigüedad en su clasificación ocupacional en la planta de Eaton de Las Piedras. Oportunamente, la señora Reyes Sánchez presentó un escrito en oposición a la moción de sentencia sumaria en la que alegó que el señor Del Carmen Tave era el empleado de menor antigüedad, pues él era la persona que menos tiempo llevaba traba-jando en el grupo de Staff en la planta de Las Piedras. A su vez, reiteró que Eaton tenía la práctica usual y regular de trasladar a sus empleados de una planta a otra y que, por ende, Eaton debió establecer un orden de retención de em-pleados por antigüedad a base de todas las plantas de la empresa. Por tal razón, argüyó que no procedía dictar sen-tencia sumaria a favor de Eaton, ya que existían hechos esenciales en controversia.

El Tribunal de Primera Instancia declaró “sin lugar” la moción de sentencia sumaria. Sin embargo, en reconside-ración, dictó sentencia sumaria a favor de la parte quere-llante, declaró “ha lugar” la causa de acción de despido injustificado y ordenó el pago de la mesada. El tribunal fundamentó su determinación en que al calcular la anti-güedad de un empleado para propósitos de establecer el orden de retención por antigüedad, solo debe tomarse en consideración el tiempo que el empleado ha trabajado en la clasificación ocupacional en que se desempeña al momento de la reducción de personal, y no la totalidad del tiempo que este ha trabajado en la empresa. Sobre la base de esta interpretación de derecho, concluyó que la señora Reyes Sánchez había sido despedida injustificadamente por esta llevar más tiempo laborando en el grupo de Staff que el señor Del Carmen Tave, a pesar de que este último llevaba más tiempo trabajando en la empresa. Insatisfecho, Eaton presentó una apelación oportuna ante el Tribunal de Ape-laciones, el cual confirmó la sentencia del foro primario.

Inconforme con tal determinación, Eaton recurrió ante este Tribunal y alegó, en lo pertinente, que erró el foro apelativo al concluir que para determinar la antigüedad de un empleado solo se calculará el tiempo que el empleado haya trabajado en la clasificación ocupacional en que se desempeña al momento de la reducción de personal, exclu-yendo el tiempo que el empleado haya trabajado en otras clasificaciones ocupacionales en la empresa. Además, adujo que procedía dictar sentencia sumaria a su favor al no ha-ber controversias de hechos esenciales y proceder esta como cuestión de derecho.

Planteada así la controversia, el 17 de junio de 2011 expedimos el auto solicitado. Con el beneficio de la compa-recencia de las partes, procedemos a resolver.

II

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal cuyo propósito es proveer una solución justa, rápida y económica de los litigios. Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994 (2009). Es decir, el mecanismo de sentencia sumaria permite al tribunal dictar sentencia sin la necesidad de celebrar una vista evidenciaría o un juicio, cuando de los documentos no controvertidos que se acompañan con la solicitud —y de la totalidad de los autos— surge que no existe controversia sobre los hechos esenciales o materia-les, y solo resta aplicar el Derecho. P.A.C. v. ELA I, 150 DPR 359 (2000).

El tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja una controversia real sobre algún hecho esencial o material de los propios documentos que acompañan la moción, o (4) no procede como cuestión de derecho. González v. Multiventas, 165 DPR 873, 889 (2005); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913-914 (1994).

Para efectos de la sentencia sumaria, un hecho esencial o material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010). Corresponde a la parte promovente acreditar que no existe controversia sobre los hechos esenciales del litigio y que procedería, como cuestión de derecho, dictar sentencia sumaria. íd., págs. 217-218.

Para evitar que se dicte sentencia sumaria, la parte que se opone a la solicitud está obligada a exponer en detalle y especificidad los hechos esenciales en controversia que ameriten que el pleito deba dirimirse mediante un juicio en los méritos; no puede descansar en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c). A su vez, cuando la solicitud de sentencia sumaria se sustente en declaraciones juradas u otra prueba, la parte promovida no puede descansar en meras alegaciones y debe presentar evidencia sustancial sobre los hechos esenciales que están en controversia. Ramos Pérez, supra, pág. 215.

En caso de que las partes hayan realizado un descubrimiento de prueba adecuado y apropiado, procederá que se dicte sentencia sumaria cuando: (1) el provente de-muestre que es innecesaria la vista en su fondo; (2) el pro-movido no ha presentado evidencia suficiente para probar un elemento esencial de su caso, y (3) como cuestión de derecho, procede la desestimación de la acción. Id., págs. 217-218. Véase, además, Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 732-733 (1994).

Por su parte, el tribunal apelativo, como foro revisor, utilizará los mismos criterios que el foro primario al determinar si procede la solicitud de sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). Sin embargo, el foro revisor está limitado a considerar aquellos documentos presentados ante el foro primario, a determinar si existe o no una controversia de hechos esenciales y si se aplicó el Derecho correctamente. Vera, supra, pág. 335. El foro revisor no dirime la credibilidad; debe presumir que son ciertos todos los hechos no controvertidos que surjan del expediente del caso. González, supra, pág. 889.

III

A

La Ley Núm. 80 tiene dos propósitos principales. Por un lado, pretende, mediante una sanción, desalentar la práctica de los patronos de despedir a sus empleados sin que medie justa causa. Por otro lado, tiene un fin reparador al proveer a los empleados remedios consustanciales a los daños causados por despidos injustificados. Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 DPR 522, 526 (1985). Véase, además, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80, 1976 Leyes de Puerto Rico 268. El Artículo 11 de la Ley Núm. 80 establece que es al patrono a quien le corresponde rebatir la presunción de que el despido se efectuó sin mediar justa causa. 29 LPRA sec. 185k. Esto es, el patrono está obli-gado a probar que el despido fue justificado para que se le exima del pago de la mesada. 29 LPRA sec. 185k.

Aunque la Ley Núm. 80 no define qué es un despido injustificado, el Artículo 2 de la ley establece una serie de situaciones según las cuales se entenderá que un despido fue justificado. 29 LPRA sec. 185b. Véase Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 242-245 (2001). Éstas se dividen en dos áreas: las situaciones que se atribuyen al empleado y las que se atribuyen al patrono. La controversia que nos ocupa requiere que repasemos aquellas circunstancias que se consideran atribuibles al patrono, a saber:

Se entenderá por justa causa para el despido de un em-pleado de un establecimiento:
(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento.
Disponiéndose, que en aquellos casos en que la empresa po-sea más de una oficina, fábrica, sucursal o planta, el cierre total, temporero o parcial de las operaciones de cualquiera de estos establecimientos, constituirá justa causa para el despido a tenor con esta sección.
(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja por el establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al público.
(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una reducción en el volumen de producción, ventas o ganan-cias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido. 29 LPRA sec. 185b.

En los incisos señalados se describen situaciones que tienen que ver con las actuaciones del patrono relaciona-das con la administración de su negocio en el curso y la operación diaria de las empresas, y principalmente, por razones de índole económica. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 376 (2001). Es decir, se plantean situaciones “que no son imputables al obrero pero son de tal naturaleza que su despido resulta prácticamente inevitable dentro de las normas usuales y ordinarias que imperan en el manejo de los negocios”. Informe Conjunto de las Comisiones de Trabajo y Derechos Civiles y Servicio Público, P. de la C. 1112, 23 de abril de 1975, pág. 3.

Por consiguiente, se considerará “justa causa para el despido aquella que tiene su origen, no ya en el libre arbitrio o capricho del patrono, sino aquella vinculada a la ordenada marcha y normal funcionamiento de la empresa en cuestión”. Díaz, supra, pág. 376. Ahora bien, en casos donde se despida empleados por razones atribuibles al patrono, éste tiene el deber de cumplir con el orden de retención preferente de empleados que establece el referido Artículo 3 de la ley (Artículo 3). Por lo tanto, aun cuando el patrono pueda justificar la necesidad de realizar despidos amparándose en los incisos (d), (e) y (f) del Artículo 2 de la Ley Núm. 80, éste debe seguir el orden de retención de empleados que dispone el Artículo 3 de la ley. Al respecto, el Artículo 3 dispone lo siguiente:

En cualquier caso en que se despidiesen empleados por las razones indicadas en los incisos (d), (e) y (f) de la sec. 185b de este título, el patrono estará obligado a retener con preferencia en el empleo a los empleados de más antigüedad siempre que subsistan puestos vacantes u ocupados por empleados de me-nos antigüedad en el empleo dentro de su clasificación ocupa-cional que puedan ser desempeñados por ellos [...] (Énfasis nuestro). 29 LPRA sec. 185c.

Consecuentemente, en caso de despidos por razones atribuibles al patrono, este deberá retener a aquellos empleados con mayor antigüedad en la clasificación ocupacional en la cual se dispone a efectuar los despidos, siempre y cuando subsistan puestos vacantes u ocupados por empleados con menor antigüedad. De esta manera, el legislador aclaró que el orden de retención de empleados por antigüedad se efectuará a razón de la clasificación ocupacional de los empleados. Así, proscribió que en las reducciones de personal tramitadas de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 80 se efectuaran desplazamientos de empleados entre diferentes clasificaciones ocupacionales (bumping). Además, mediante el precepto antes citado, el legislador estableció el deber del patrono de retener con preferencia a aquellos empleados con mayor antigüedad en el empleo, dentro de la clasificación ocupacional objeto de los despidos.

La Guía Revisada para la Aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de Mayo de 1976, Enmendada (Guía), gestada en virtud del poder conferido al Secretario del Trabajo y Re-cursos Humanos de adoptar y promulgar la reglamenta-ción necesaria para la administración de la Ley Núm. 80, interpreta el Artículo 3 de la siguiente manera:

En caso de que surja la necesidad de despedir empleados dentro de alguna o algunas clasificaciones ocupacionales, el patrono estará obligado a retener con preferencia en tales cla-sificaciones, a los empleados de más antigüedad en la empresa. Esto siempre que subsistan puestos vacantes u ocu-pados por empleados de menos antigüedad en el empleo den-tro de su clasificación ocupacional, que pueden ser desempe-ñados por éstos. A tales fines se considerará todo el tiempo trabajado continua e ininterrumpidamente para la empresa, independientemente de las clasificaciones ocupacionales en que se hayan desempeñado. Guía Revisada para la Aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de Mayo de 1976, Enmendada, De-partamento del Trabajo y Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 21 de septiembre de 2000, págs. 37-38.

Específicamente en lo concerniente a la controversia ante nuestra consideración, la Guía añade lo siguiente:

Para computar la antigüedad de un trabajador a los efectos de determinar su derecho a retención y reempleo preferente, debe considerarse todo el tiempo que éste ha trabajado para la empresa desde la última vez que fue reclutado sin limitarse al tiempo trabajado en el último puesto que ocupa. Id., pág. 39.

Finalmente, para una mejor comprensión del Artículo 3, la Guía establece el ejemplo siguiente:

[U]n trabajador, denominado “A” que comienza a trabajar para la empresa como despachador y así trabaja por dos (2) años. De despachador pasa a vendedor donde trabaja por tres (3) años y luego es ascendido a gerente donde trabaja por cinco (5) años. En caso de que la empresa se vea en la necesidad de despedir uno o más gerentes, reteniendo a otros, “A” tiene una antigüedad de diez (10) años y en caso de que la empresa tenga un gerente, denominado “B”, que lleva, digamos, ocho (8) años como gerente, pero que sólo lleva nueve (9) años tra-bajando para la empresa, “A” tiene derecho a ser retenido pre-ferentemente por sobre “B” a base del criterio de antigüedad, íd.

Conforme a lo anterior, la antigüedad de un empleado se debe computar desde que este comienza a trabajar para la empresa, independientemente del movimiento del empleado entre distintas clasificaciones ocupacionales en la empresa. A tales fines, la empresa deberá identificar el grupo de empleados en la clasificación ocupacional en donde operará una reducción de personal y, dentro de ese grupo, calculará la antigüedad acumulada de cada empleado desde que comenzó a trabajar para la empresa.

Coincidimos con la interpretación de la Guía, que reco-noce la intención legislativa de proteger el acrecenta-miento en el valor del empleado que progresa y permanece en su lugar de trabajo. Tal interpretación es cónsona con lo dispuesto en el Artículo 1 de la Ley Núm. 80, el cual dis-pone que “[l]os años de servicio se determinarán sobre la base de todos los períodos de trabajo anteriores acumula-dos que el empleado haya trabajado para el patrono antes de su cesantía [...]”. 29 LPRA see. 185a. A su vez, es afín con los valores subyacentes de la Ley Núm. 80 de promover la estabilidad del empleado en su empleo a no ser que me-die justa causa para su despido. Véase Historial Legisla-tivo del P. del S. 1112, que se convirtió en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, 24 de mayo de 1975. Véase, además, R.N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la legislación pro-tectora del trabajo en el derecho laboral puertorriqueño, San Juan, [s. Ed.], ed. rev. 2007, págs. 161-162. Interpretar lo contrario nos conduciría a un resultado injusto y absurdo contra aquel empleado que a lo largo de los años ha sido ejemplo de lealtad, superación y perseverancia.

B

El Artículo 3 de la Ley Núm. 80, además, establece ciertos elementos adicionales que deben cumplir aquellas empresas que tienen más de un establecimiento en Puerto Rico al determinar el orden de retención de empleados por antigüedad. Ello porque durante los primeros diez años desde la aprobación de la Ley Núm. 80 existió una laguna jurídica respecto al orden de retención de empleados por antigüedad en empresas que tenían más de un establecimiento para hacer negocios en Puerto Rico. En ese entonces, la ley guardaba silencio sobre si, al realizar una reducción de personal en uno de los establecimientos de la empresa, el orden de retención de empleados por antigüedad se tenía que realizar a base de todos los empleados de la empresa o solo a base de los empleados que laboraban en el establecimiento en que se iba a efectuar la reducción de personal. Por varios años el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos interpretó que en las reducciones de personal de una empresa que tenía varios establecimientos, debía establecerse el orden de retención de empleados por antigüedad a base de todos los empleados de los distintos establecimientos de la empresa en Puerto Rico. Véase Informe de la Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano a la Cámara de Representantes sobre el Proyecto Sustitutivo al P. del S. 908 de 30 de mayo de 1986, lOma Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria.

Al hacer tal interpretación, el Departamento del Tra-bajo y Recursos Humanos pretendía evitar que, por ejem-plo, una empresa con varios establecimientos trasladara a empleados que deseaba cesantear a establecimientos en los que iba a haber reducciones de personal. Informe de la Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano, supra, pág. 2. Por lo tanto, de acuerdo con la interpretación hasta enton-ces prevaleciente, en las reducciones de personal los em-pleados de mayor antigüedad en la empresa siempre des-plazaban a empleados de menor antigüedad, sin importar la distancia o la relación entre los distintos establecimien-tos de la empresa. Al cabo de un tiempo, sin embargo, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos modificó su interpretación debido al efecto que tenía en los emplea-dos de un establecimiento que no tenían relación alguna con el establecimiento objeto de una reducción de personal, íd., págs. 2-3.

A tales fines, mediante la Ley Núm. 146 de 18 de julio de 1986, 29 LPRA sec. 185c (enmienda), se enmendó la Ley Núm. 80 para añadir dos incisos al Artículo 3 de esta úl-tima ley, dirigidos precisamente a aclarar el proceso de or-den de retención de empleados por antigüedad en empre-sas que tienen más de una oficina, fábrica, sucursal o planta (establecimiento). Mediante la enmienda, el le-gislador pretendió limitar las circunstancias en las que un empleado de una empresa que tiene varios establecimien-tos en Puerto Rico se vea afectado por reducciones de personal en establecimientos de la empresa con los cuales el empleado no haya tenido relación alguna. Véase Informe de la Comisión del Trabajo al Senado sobre el Proyecto Sustitutivo al P. del S. 908 de 21 de mayo de 1986. Ello sin dejar de proteger el derecho de retención preferente por antigüedad de los empleados que laboran en empresas en las que sus distintos establecimientos sí mantienen víncu-los empresariales estrechos. En ese balance de intereses, se dispuso lo siguiente:

(a) En el caso de despidos o reducciones de personal por las razones contempladas en los incisos (d), (e) y (f) de la sec. 185b de este título en empresas que tienen varias oficinas, fábricas, sucursales o plantas, y en las que la práctica es que usual y regularmente los empleados de una oficina, fábrica, sucursal o planta no se trasladan a otra, y que dichas unidades operan sustancialmente de forma independiente en cuanto a los aspec-tos de personal, la antigüedad de los empleados dentro de la clasificación ocupacional objeto de la reducción de personal, se computará tomando en cuenta únicamente los empleados en la oficina, fábrica, sucursal o planta en la cual se va a hacer dicha reducción de personal.
(b) En el caso de empresas con varias oficinas, fábricas, su-cursales o plantas en las cuales existe la práctica usual y regular de que sus empleados se trasladan de una unidad a otra y que las distintas unidades operan de forma sustancialmente integrada en cuanto a los aspectos de personal, la antigüedad se computará a base de todos los empleados de la empresa, o sea, tomando en consideración todas sus oficinas, fábricas, su-cursales o plantas, que están en la clasificación ocupacional objeto de la reducción de personal. (Énfasis nuestro). 20 LPRA sec. 185c.

A tenor de lo anterior, y en lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración, para que una empresa que tiene varios establecimientos compute la antigüedad de empleados únicamente entre aquellos empleados que trabajan en el establecimiento en el que se efectuará una reducción de personal, debe establecer que no existen traslados frecuentes de empleados entre sus establecimientos. Además, debe demostrar que sus establecimientos operan de forma independiente en cuanto a los aspectos de personal, entiéndase, principalmente, en el reclutamiento, el despido y la retención de empleados. De esta forma, el legislador limitó las circunstancias en que, para efectos de establecer el orden de retención de empleados por antigüe-dad, se tenga que considerar a todos los empleados de los distintos establecimientos de la empresa en la clasificación ocupacional en que se llevará a cabo una reducción de personal. Esto sin afectar el derecho de retención prefe-rente por antigüedad de aquellos empleados que laboran en empresas entre cuyos distintos establecimientos en Puerto Rico se realizan traslados frecuentes o que operan de forma sustancialmente integrada en cuanto a los aspec-tos de personal.

IV

Discutida la normativa aplicable, pasemos a resolver la controversia ante nuestra consideración.

En este caso, el señor Del Carmen Tave comenzó a tra-bajar en Eaton el 24 de mayo de 1994, siete años antes que la señora Sánchez Reyes, quien comenzó a trabajar en Eaton el 16 de abril de 2001. Sin embargo, el señor Del Carmen Tave comenzó a trabajar en la clasificación ocupacio-nal grupo de Staff después que la señora Reyes Sánchez. A base de estos hechos, el foro apelativo intermedio deter-minó que procedía resolver mediante sentencia sumaria a favor de la señora Reyes Sánchez, puesto que Eaton no cumplió con el orden de retención de empleados por anti-güedad que establece el Artículo 3 de la Ley Núm. 80. El foro apelativo intermedio estimó que, en virtud del Artículo 3 de la ley, la señora Reyes Sánchez tenía mayor antigüe-dad que el señor Del Carmen Tave al haber trabajado por más tiempo en la clasificación ocupacional grupo de Staff y que, por ende, su despido fue injustificado. No tiene razón.

Conforme a las disposiciones del Artículo 3 de la Ley Núm. 80 y la interpretación que establece la Guía que hoy adoptamos, la antigüedad de un empleado debe calcularse sumando la totalidad del tiempo que este ha trabajado en la empresa, independientemente del movimiento del em-pleado en distintas clasificaciones ocupacionales. Por tal razón, a pesar de que el señor Del Carmen Tave había trabajado por menos tiempo en el puesto de grupo de Staff que la señora Reyes Sánchez, este había trabajado más tiempo en la empresa. Por consiguiente, el señor Del Carmen Tave tenía mayor antigüedad en el empleo que la se-ñora Reyes Sánchez. Actuó correctamente la empresa al determinar que el señor Del Carmen Tave tenía mayor an-tigüedad que la señora Reyes Sánchez en la clasificación ocupacional grupo de Staff. Resuelto lo anterior, resta por determinar si existen hechos esenciales en controversia que impidan la resolución de este caso por la vía sumaria.

Según surge del expediente de este caso, Eaton es una empresa a nivel internacional que tiene varios estableci-mientos en Puerto Rico. Por ende, debe probar, además, que ha cumplido con las disposiciones del Artículo 3 de la Ley Núm. 80 relativas a aquellas empresas con más de un establecimiento. A tales efectos, en la solicitud de sen-tencia sumaria, Eaton sostuvo que no realiza traslados y que sus plantas operan sustancialmente de forma independiente en cuanto a los aspectos de personal. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 94-95. Por consiguiente, sostuvo que cumplió con el orden de retención de empleados por antigüedad al computar la antigüedad entre los em-pleados en la clasificación ocupacional grupo de Staff en la planta de Eaton en Las Piedras y determinar que la señora Reyes Sánchez era la empleada con menor antigüedad. Id.

En la moción en oposición a la solicitud de sentencia sumaria, la señora Reyes Sánchez, además de sostener que para efectos de establecer el orden de retención de emplea-dos por antigüedad el señor Del Carmen Tave era de menor antigüedad que esta, sostuvo que Eaton tenía la práctica usual y regular de trasladar a sus empleados de una planta a otra, y que operaba de forma sustancialmente integrada en cuanto a los aspectos de personal. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 154 y 164-165. Por ende, argüyó que Eaton debió establecer un orden de retención de empleados por antigüedad a base de todas las plantas de la empresa. Para fundamentar tal alegación, la señora Reyes Sánchez alegó que según el programa Power of One de Eaton (Eaton Jobs), los empleados de las distintas plantas de Eaton podían competir para posiciones que se publi-caran en cualquier planta de la empresa a nivel mundial. Además, mediante declaración jurada que acompañó a su solicitud en oposición a la sentencia sumaria, sostuvo que seis empleados —incluyéndose— habían sido trasladados entre las distintas plantas de Eaton, cuatro de los cuales habían sido trasladados a Puerto Rico de plantas de Eaton en otras jurisdicciones. Apéndice de la Petición de certio-rari, pág. 169. Tales alegaciones son insuficientes para re-batir los hechos esenciales en controversia. Veamos.

Eaton sostuvo en la solicitud de sentencia sumaria que como parte de una política interna de la empresa, tiene un programa llamado Eaton Jobs en el cual sus empleados pueden competir por vacantes o plazas en cualquier planta de Eaton a nivel mundial. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 92-95. Según descrito, la empresa, a través de un sistema electrónico, publica oportunidades de em-pleo para sus empleados en las distintas plantas de la em-presa en el plano internacional, incluyendo las plantas de Eaton en Puerto Rico. De esta manera, los empleados de Eaton, dentro de su prerrogativa e interés, pueden solicitar para ocupar las vacantes o plazas que se anuncian a través del sistema electrónico. Luego de evaluadas todas las solici-tudes, la gerencia de la planta a la que el empleado solicitó, determina quién es el candidato que ocupará la plaza o vacante. Así las cosas, si bien bajo el programa Eaton Jobs distintos empleados de la empresa compiten por plazas o vacantes, la planta tiene la discreción y potestad de escoger, entre las solicitudes, al empleado de su predilección.

De acuerdo con las características antes descritas del programa Eaton Jobs, entendemos que el movimiento de empleados a través del programa no constituye traslados para efectos del Artículo 3 de la ley. La protección que quiso ofrecer el legislador no se extiende al movimiento de em-pleados que participan voluntariamente en un programa competitivo de solicitud de empleo, como lo es Eaton Jobs. Por lo tanto, es insuficiente la alegación presentada por la señora Reyes Sánchez de que la empresa realizaba trasla-dos frecuentes bajo el programa Eaton Jobs para establecer hechos esenciales en controversia. Pasemos entonces a con-siderar los seis traslados específicos que alegó la señora Reyes Sánchez.

Según surge de los hechos de este caso, el movimiento de la señora Reyes Sánchez de la planta de Coamo a la planta de Las Piedras fue a través del programa Eaton Jobs. Por lo tanto, según establecimos, el movimiento de la señora Reyes Sánchez no se considera un traslado para efectos del Artí-culo 3 de la ley. En cuanto a los traslados alegados que pro-venían de establecimientos en otras jurisdicciones, entende-mos que el Artículo 3 de la ley no requiere que se realice un análisis del movimiento de personal entre establecimientos de la empresa a nivel internacional. Tal análisis se limita a determinar la frecuencia de traslados de empleados entre los establecimientos de la empresa en la jurisdicción de Puerto Rico.

En consecuencia, no se consideran traslados, para pro-pósitos de establecer la frecuencia de traslados entre esta-blecimientos de la empresa en Puerto Rico, el movimiento de personal o traslados provenientes de plantas de Eaton en otras jurisdicciones. Así las cosas, solo uno de los traslados entre las plantas de Eaton en Puerto Rico que alegó la señora Reyes Sánchez podría considerarse como un traslado para efectos de la ley. Ello no es suficiente para controvertir el hecho de que Eaton no efectuaba tras-lados frecuentes de empleados entre sus plantas en Puerto Rico.

Finalmente, según discutimos, Eaton detalló que sus plantas operan independientemente en cuanto a los aspec-tos de personal. Por ende, alegar que por el programa Power of One (Eaton Jobs) las distintas plantas de Eaton operan de forma sustancialmente integrada en cuanto a los aspectos de personal, es insuficiente para controvertir el hecho de que las distintas plantas de Eaton operaban sus-tancialmente de forma independiente en cuanto a los as-pectos de personal. En esta etapa de los procedimientos, habiendo concluido el descubrimiento de prueba, la señora Reyes Sánchez debió presentar aquella prueba que contro-virtiera sustancialmente los hechos alegados por la empresa. En cambio, descansó en las alegaciones en su de-manda y se limitó a reproducir sus alegaciones en una de-claración jurada que acompañó a su escrito en oposición a que se dictara sentencia sumaria.

Por tal razón, somos del criterio que no existe razón que impida la disposición sumaria de la reclamación de despido injustificado. Eaton presentó prueba de haber cumplido con el orden de retención de empleados por antigüedad que establece el Artículo 3 y con las demás disposiciones de la Ley Núm. 80. Tales alegaciones no fueron controvertidas. Al no existir controversia de hechos esenciales en cuanto a la reclamación de despido injustificado, procedía dictar sentencia sumaria, como cuestión de derecho, desesti-mando la reclamación de despido injustificado.

V

Conforme a lo anterior, resolvemos que, según las dispo-siciones de la Ley Núm. 80, la antigüedad de un empleado debe calcularse sumando la totalidad del tiempo que ha trabajado en la empresa, independientemente del movi-miento del empleado en distintas clasificaciones ocupacionales. Al no existir hechos esenciales en controver-sia, procede dictar sentencia sumaria y desestimar la recla-mación de despido injustificado. Se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones que sostuvo lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García concurrieron con el resul-tado sin opinión escrita.

       Para efectos de la controversia ante nuestra consideración, no está en con-troversia que Eaton y Cutler-Hammer son una misma empresa.

       “Eaton Jobs” es un programa de la empresa que consiste en publicar oportu-nidades de empleo para sus empleados en las distintas plantas de Eaton a nivel internacional. Conforme a este programa, el empleado interesado solicita y la planta que pretende llenar la plaza o vacante lo evalúa.

       Las partes estipularon la fecha de comienzo del señor Del Carmen Tave en la empresa.

       Antes del ascenso, el señor Del Carmen Tave había trabajado en varias plan-tas de la empresa, ejerciendo funciones en distintas clasificaciones ocupacionales.

       Además de la señora Reyes Sánchez, fueron cesanteados en la misma fecha tres empleados: Rolando Cartagena, Cándido Rivera y Roselyn Aponte.

       La señora Reyes Sánchez presentó una querella según el procedimiento su-mario de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA see. 3118.

       En la teoría expresada por la señora Reyes Sánchez en el Informe con Ante-lación a Juicio entre Abogados, esta narró y alegó una serie de percances con el Sr. Rick Rattliff, gerente general de Eaton, y con la Sra. Linda Jane Littke, gerente de recursos humanos. No obstante, la causa de acción de la querellante se presentó al amparo de la Ley Núm. 80 y se fundamenta en que su despido fue injustificado porque ella no era la persona con menor antigüedad en la empresa.

       Cabe señalar que, en la controversia ante nuestra consideración, no está en disputa la identidad de la clasificación ocupacional que ocupaban la señora Reyes Sánchez y el señor Del Carmen Tave.

       Según establecimos en Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011), el Artículo 11 presupone que el empleado haya demostrado que: (1) fue em-pleado de im comercio, industria u otro negocio; (2) su contrato era por tiempo inde-terminado; (3) recibía remuneración por su trabajo, y (4) fue despedido de su puesto mediante un despido directo o en su modalidad constructiva o tácita. 29 LPRA see. 185k.

       Las circunstancias que se atribuyen al empleado son las siguientes:
      “(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada.
      “(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en violación de las normas de calidad del pro-ducto que se produce o maneja por el establecimiento. “(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos razonables establecidas para el funcionamiento del establecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente al empleado”. 29 LPRA sec. 185b.

       La ley exceptúa al patrono en cuanto a seguir el orden de retención de empleados por antigüedad en aquellos casos en que, al compararse a los trabajado-res, haya una diferencia clara o inconcusa en la eficiencia y capacidad entre unos y otros. 29 LPRA sec. 185c. Tal excepción no está en controversia en este caso.

       Esta aclaración, además, tuvo el efecto de evitar que un empleado con mayor antigüedad, pero no capacitado para ejercer una función ajena a su clasificación ocupacional, desplazara a empleados de menor antigüedad en otras clasificaciones ocupacionales. Véase Informe a la Cámara de Representantes de la Comisión de Comercio e Industria, 26 de mayo de 1975. Véase, además, Consulta del Procurador del Trabajo Núm. 12,179, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, 22 de febrero de 1983.

       El incumplimiento del patrono con el requisito de establecer un orden de retención de empleados por antigüedad conlleva la imposición de responsabilidad por despido injustificado. Por tal razón, establecer el orden de retención de empleados por antigüedad “resulta ser una materia que debe ser objeto de ponderación cabal [...]”. A. Acevedo Colom, Legislación protectora del trabajo comentada, 8va ed. rev., San Juan, Ramallo Printing Bros., 2005, pág. 155.

       Mediante la Ley Núm. 67 de 3 de julio de 1986, 29 LPRA sec. 185m, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley Núm. 80 para autorizar al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos (Secretario) a adoptar y promulgar la reglamentación necesaria para la administración de la Ley Núm. 80. A tales fines, en el 1979 el Secretario aprobó la “Guía para la interpretación y aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada”. El 21 de septiembre de 2000 el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos publicó la “Guía revisada para la aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, enmendada”.

       Así también se ha reconocido por practicantes y académicos del derecho laboral en Puerto Rico. Véanse: Acevedo Colom, op. cit., pág. 5; C. Zeno Santiago, El despido y la política social en nuestro estado de derecho, 34 Rev. Jur. UIPR 213, 225 (2000).

       La Asamblea Legislativa acogió la interpretación que había ido hilvanando el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos sobre el orden de retención de empleados por antigüedad en empresas con más de una oficina, fábrica, sucursal o planta. Véase Informe de la Comisión del Trabajo al Senado sobre el Proyecto Sus-titutivo al P. del S. 908 de 21 de mayo de 1986.

       Adviértase que traslados aislados, inusuales o irregulares no serán suficien-tes para concluir que los establecimientos de una empresa operan de forma integrada. Este análisis, sin embargo, amerita que se adecúe a las particularidades de la clasificación ocupacional del empleado cesanteado y conforme a las circunstan-cias de cada controversia.

       Para propósitos de la Ley Núm. 80, “[e]l término ‘aspectos de personal’ [...] se refiere principalmente a la fase de reclutamiento, despido y retención de personal y no necesariamente se refiere a la cuestión de preparación de nóminas y beneficios marginales”. Informe de la Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano a la Cámara de Representantes sobre el Proyecto Sustitutivo al P. del S. 908 de 30 de mayo de 1986, lOma Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria, pág. 3.

       Esto es afín con el Artículo 11 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185k, que exige que en toda reclamación entablada por un empleado al amparo de esta ley, el patrono, está obligado a probar que el despido fue justificado.

       Estos son: Zoraida Reyes Sánchez, de la planta de Eaton de Coamo a la planta de Eaton de Las Piedras; Eddy Del Carmen Tave, Kevin Pimentel y Jorge Tarafa, de la planta de Eaton de Haina, República Dominicana, a la planta de Eaton de Las Piedras; Samuel Rivera, de la planta de Eaton de Haina, República Dominicana, a la planta de Eaton de Coamo, y Jeannette Tripory, de la planta de Eaton de Cabo Rojo a la planta de Eaton de Las Piedras.

       Estos traslados son los de Eddy Del Carmen Tave, Kevin Pimentel y Jorge Tarafa de la planta de Eaton de Haina, República Dominicana, a la planta de Eaton de Las Piedras, y el traslado de Samuel Rivera de la planta de Eaton de Haina, República Dominicana, a la planta de Eaton de Coamo.

       Este es el traslado de Jeannette Tripory de la planta de Eaton de Cabo Rojo a la planta de Eaton de Las Piedras.