text:
    Fidel Franco y Guadalupe Lespier de Franco, demandantes y apelantes, v. Inocencia Ramos, demandada y apelada.
    No. 4477.

    Visto: Junio 27, 1928.

      Resuelto: Noviembre 13, 1928.

      J. B. Solo■ j C. M. Pesquera, abogados de los apelantes; F. B. For-naris, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del bunal.

El primero de mayo de 1924, y en la calle de San Francisco, en San Juan de Puerto Rico, la niña de poco más de siete años Derby Franco, o Derby Deyá, bija de la deman-dante Guadalupe Lespier, al cruzar de una acera a otra fue cogida por un ómnibus o guagua de pasajeros, número P-958, propiedad de la demandada, y guiada por el chauffeur Carlos Pietrantoni. La niña sufrió tales golpes, con fractura del cráneo, del brazo y de la pierna derecha, que falleció a los pocos minutos del accidente. Este fné el motivo de la de-manda presentada en este caso por Fidel Franco y Ghiada-lnpe Lespier, qne alegaron ser los padres de la víctima, y y qne en las otras alegaciones mantnvieron qne el accidente se debió a la negligencia del chauffeur qne guiaba la gnagua, y qne lanzó sn vehículo contra la criatura.

Contestó la demandada, negando las alegaciones de la de-manda, y sosteniendo como especial y separada defensa qne la niña Derby de una manera imprevista e inesperada babía surgido corriendo, de una acera a otra, y chocó con el guar-dalodo trasero derecho de la guagua, sin qne el chauiffenr, qne la conducía de acuerdo con las leyes del tráfico, y a velocidad moderada, pudiera evitar que la niña, en su veloz carrera fuera a chocar contra la guagua.

Es difícil examinar la opinión de la corte inferior sin ex-ponerse a error, ya que unas veces puede creerse, por las citas que hace, que el juez entiende que la razón está de parte de los demandantes, y otras que la tiene la demandada. El caso Ayers v. Ratshesky, 213 Mass. 589, parece citarse en favoq de la teoría de los demandantes, ya que se sostuvo en él un veredicto a favor del demandante. El de Routh v. Weakley, 154 Pac. 218, en el que se dijo que en una acción contra el propietario de un automóvil que atropelló y mató a una niña de ocho y medio años que, repentinamente aban-donó la acera y cruzó diagonalmente la calle, sin mirar hacia adelante, la negligencia contributoria por su parte no se halla establecida como extremo de ley por una conclusión de que ella sabía que tal conducta de su parte era peligrosa, no es una cita de las que justificaran una sentencia como la de este caso.

Más clara y convincente es la cita que en tal opinión se hace, del caso Marius v. The Motor Delivery Co., 146 App. Div. N. S. 608. Se declaró en ese caso que fue error de la corte negar una instrucción en el sentido de que si el niño corrió desde un sitio en que se hallaba seguro hasta otro peligroso muy cercano a la rueda trasera del truck, no Rabia derecho a indemnización, y que un choque entre un viandante y un carro de motor no establece presunción de que el que guía el carro' sea negligente. En la misma opinión de que Copiamos, se sienta la doctrina de mejor lógica jurídica en cuanto a la apreciación de la negligencia contributiva por parte de un menor, dándola como base y fundamento la capa-cidad, inteligencia y condición física del menor y con ella su facilidad para apreciar determinado peligro.

La corte inferior declaró que no le merecieron crédito dos testigos de la demandada, por las contradicciones en que in-currieron. Ciertamente, si hay un caso en que no sólo el testimonio de determinadas personas sea contradictorio, sino la prueba entera se baile afectada por ese sentido de contra-dicción, es este caso. La corte de distrito, al menos decidió en favor de las contenciones de la demandada las dudas que de la prueba surgieron; y en ese sentido fué la sentencia, de la. que lia apelado la parte demandante.

La apelante señala cinco errores. De ellos los marcados con los números I y XV, son relativos a la apreciación de la prueba; y el marcado con el número V, demasiado general, puede también serlo. Su lectura es ésta:

“1. — La corte cometió error al resolver que fué imposible al chauffeur de la guagua causante de los daños prever y evitar el ac-cidente.
“4. — La corte cometió error al resolver que no hubo prueba de que la velocidad de la guagua era exagerada.
“5. — La corte cometió error al dictar sentencia declarando sin lugar la demanda.”

Tal como la prueba se produjo en este caso, la conclu-sión a que la corte llegó parece la más correcta. El hecho que de la prueba resulta, es que la niña, que se hallaba en una de las aceras de la calle de San Francisco, corrió para atravesar la calle e ir a la otra acera, en el momento en que pasaba el ómnibus o guagua, y chocó contra el guardalodo derecho de la parte de atrás de la guagua, y fué cogida por la rueda trasera de la misma, recibiendo así los golpes que la cansaron la muerte. Para la corte inferior, y como materia de becho, fue claro que el suceso ocurrió de esa manera, y como conse-cuencia, es de deducir la de que el chauffeur, que iba en la parte delantera del vehículo, y mirando hacia adelante, no pudo darse cuenta de la salida de la niña y evitar así el acci-dente. No encontramos en tal apreciación de evidencia error manifiesto que nos incline a revocar el juicio formado por el juez de distrito, ni se ha acusado pasión, parcialidad o pre-juicio. Seguimos la constante jurisprudencia de este tribunal, respetando, en caso como éste, la apreciación de la prueba, por carecer de motivo legal para otra resolución.

No hubo prueba de que la velocidad en la marcha de la guagua, fuera excesiva' — ha dicho la corte de distrito. Entendemos que tal apreciación fué sana y discreta. Quizá pudiera decirse que faltó la prueba que autorizó al juzgador para decidir acerca de la velocidad en la marcha de la guagua; tales fueron las declaraciones de los testigos y las contradicciones en que algunos incurrieron, que pudo llegarse a la conclusión de ausencia de prueba.

El señalamiento de error número 2, es así:

“2. — La corte cometió error al resolver que la doctrina ordina-riamente aplicable a casos de la naturaleza del presente, es la de que un niño que encontrándose en sitio seguro lo abandona yendo a uno de peligro frente a una máquina o vehículo no puede recobrar daños por perjuicios sufridos como consecuencia de un accidente.”

Podíamos preguntar en qué condiciones pusieron las-partes a la corte, para apreciar la capacidad o inteligencia de la niña víctima de este accidente, y su consciente perceptividad del peligro, y aun de los medios de evitarlo. En la evidencia presentada en el caso, no encontramos nada que tendiera a eso, en cualquier sentido. Y es precisamente un elemento de gran importancia, ya que no puede exigirse a un niño de retardado desarrollo intelectual, y aun físico, el mismo cui-dado que a un niño despierto, ágil y vigoroso; y de ese cuidado y de sus grados, puede depender en estos casos la solución de importantes problemas. Véase el caso Marius v. The Motor Delivery Co., supra; y asimismo el también citado Routh v. Weakley, en cuanto al razonamiento para confirmar la sentencia. Aunque los becbos del easo.no son exactamente los mismos, es de aplicación aquí lo dicbo por este tribunal en su decisión en Melendez v. Alvarez, 35 D.P.R. 343, en donde se citan también el caso de Jesús, v. Ayende, 32 D.P.R. 444, y Lawrence v. Goodwill, 44 Cal. App. 440, 186 Pac. 781.

Cuando surge inesperada, súbitamente, un riesgo inmi-nente, no es posible exigir a los seres humanos que se sobre-pongan de una manera instantánea a la natural impresión de temor, a la perturbación en las funciones del cerebro que sigue a esa impresión, y que guarden el equilibrio que en circuns-tancias ordinarias debe existir en ellos. Otra cosa sería desconocer la naturaleza humana. Son raros los casos en que el peligro inesperado y súbito no perturba a quien se encuentra por él amenazado. La absoluta posesión de sus facultades, y su dominio, en un momento así, son dones excepcionales.

Es evidente que hay gran número de autoridades en uno u otro sentido: ya para sostener que los menores no pueden ser culpados de negligencia eontributoria, ya para sostener que pueden serlo en ciertos casos, de acuerdo con determinadas circunstancias. Y así la parte apelante cita la autoridad de 20 R. C. L. 127, y la del caso United States Natural Gas Co. v. Talmadge Hicks, de Kentucky, citado en 23 L.R.A. 249, en apoyo de su contención; y la apelada cita también gran número de casos (Stall v. Sollenberger; Eichman v. Bucheit, 128 Wis. 385, y otros) en favor de la que él sostiene.

Pero es indudable, que:

(a) Existe una presunción de que el menor de catorce años, no es responsable, generalmente, de negligencia contri-butoria, y que para establecer tal negligencia de su parte, sería preciso probar que él tenía suficiente inteligencia y dis-creción para darse cuenta del resultado de sus actos. Y existe la presunción de qne cnando llega a los catorce años, distingue lo bueno de lo malo, discierne, y es responsable de sus actos.

(b) Generalmente, el qne gnía nn vehículo de motor tiene el derecho de- asumir qne nna persona qne se halla en sitio segnro no abandonaría repentinamente sn posición, para colocarse en el paso del vehículo.

(c) Qne si nn niño corre hacia el lado (parte lateral) de nn antomóvil, o si corre desde nn sitio segnro a nno peligroso, inmediato al frente del vehículo, generalmente no pnede obtener indemnización por los daños qne le resalten.

Las circunstancias de este caso, no son las propias para obtener nna indemnización. La corte de distrito ha dado nna idea de cómo estima los hechos, en dos párrafos de la opinión, en qne dice:

"De la declaración de los testigos puede verse que ha sido éste uu accidente, inesperado y desgraciado, qne, aun cuando haya de-clarado el chauffeur que guiaba la guagua que no vió a la niña, el accidente fué imposible de preverlo y evitarlo, por cuanto de las declaraciones de los testigos se desprende que la niña iba caminando por la acera, por la calle San Francisco, en dirección Este, y que la guagua venía con dirección a Santurce, que de pronto esta niña abandonó la acera y se lanzó a cruzar la calle rápidamente, co-rriendo; y fué el peligro tan inminente que de la declaración del Cabo Casiano se desprende que él lanzó un grito al ver que la niña corría de ese modo, y trató de agarrarla por el vestido, para que no chocara, en un supremo esfuerzo para evitar el accidente, lo-grando sólo quedarse con algunos girones de la vestidura de la niña. Aparece de la prueba además que la niña no chocó con la parte delantera de la guagua, sino que fué con la parte lateral del tapa-lodo derecho de la guagua, existiendo algún conflicto en la prueba en cuanto a si fué con el tapalodo delantero o el trasero. Pero de todos modos, se desprende claramente que la niña chocó con el cos-tado derecho de la guagua, y fué arrollada, pasándole la rueda tra-sera por encima.”
"De modo que aquí puede decirse que la rápida salida de esta niña de la acera presenta una situación de rápido peligro, aún en el caso en que el chauffeur la hubiera visto, y entonces, aun así, la cuestión a resolver hubiera sido si la velocidad que llevara el auto-móvil en esa ocasión fuera tan exagerada que a pesar de la negli-gencia contributoria de la niña, hubiéramos podido decir que el ac-cidente pudo haberse evitado a no ser por esa circunstancia. Pero aquí no ha ocurrido eso, pues la única prueba consiste en que el chauffeur no vió la niña. Él no nos dice que no la vió, sino que manifiesta que no se dió cuenta de su presencia ni del mismo acci-dente en sí, hasta que le avisaron más adelante que parara, que ha-bía ocurrido el accidente; y los propios testigos de los demandan-tes nos informan que la niña chocó con el costado de la guagua. En esta - situación, no le podemos exigir al chauffeur la obligación ele haber visto la niña y anticiparse lo que iba a ocurrir con el cos-tado de su vehículo, pues esta obligación es únicamente extensiva a lo que ocurre al frente.”

Con estos hechos era imposible declarar que el chauffeur incurrió en negligencia, ni que llevaba su vehículo a una velo-cidad peligrosa. Y la doctrina legal a aplicar, no puede ser otra que la que se aplicó por la corte, que no cometió el error señalado bajo el número II.

Bajo el número III se hace por la parte apelante el seña-lamiento que sigue:

“III. — La corte cometió error al resolver que es aplicable a este caso la jurisprudencia sentada en el caso de Meléndez vs. Alvarez y resuelto por este Iíon. Tribunal Supremo de Puerto Rico el día 27 de abril de 1926.”

No estamos conformes con la apelante. La corte no se fundó exclusivamente en la doctrina del caso Meléndez v. Alvarez, aunque quizá pudo hacerlo, aceptando los principios generales del mismo, sin que ello fuera error.

El señalamiento de error que aparece bajo el número V, es excesivamente general, y en realidad comprende los otros señalamientos.

Encontramos en este caso algo que no parece haber mere-cido la atención de las partes litigantes, pero que no puede pasar desapercibido para el tribunal, que, de acuerdo con la Sección 1141 de los Estatutos de Puerto Rico, Comp, de 1911,

“piiecle. también entender en todos los hechos y tramitaciones de la causa tal como aparecieron en autos, considerando en igual forma sus méritos para la mejor administración de justicia y del derecho, y evitar injusticias y demoras.”

Según. aparece de estos antos (páginas 6, 7, 8, 9 y 10) del legajo, ante la corte de distrito compareció Juan Deyá, pidiendo la sustitución de parte demandante, y alegando que Guadalupe Lespier, también demandante en este pleito, es-tuvo casada con el compareciente, y de ese matrimonio tuvieron a la niña Derby Deyá y Lespier, que fué la víctima del accidente de que se trata en el pleito; que la demanda fué entablada por Fidel Franco y Guadalupe Lespier, alegando ser los legítimos padres de aquella niña, a la que se llamó en las alegaciones Derby Franco; que el compareciente es heredero forzoso de la menor; y pidió que se incluyera su nombre en el pleito. Acompañó las certificaciones de su matrimonio con Guadalupe Lespier, y de nacimiento de la niña Derby Deyá y Lespier, inscrita en el Registro Civil de Ponce como hija legítima de Juan Deyá y Guadalupe Lespier, y la de sentencia de divorcio pronunciada por la corte de distrito de Ponce en caso civil Guadalupe Lespier v. Juan Deyá, en 14 de noviembre de 1918, de la que aparece decretado el divorcio, y puesta la menor Derby Deyá y Lespier bajo el cuidado y patria potestad de la madre, Guadalupe Lespier.

Con respecto a esta moción, la corte de distrito, en la opinión que se une a la sentencia, dice que la moción no fué notificada a las partes, y por ello no procede que se resuelva con respecto a ella.

Parece que el compareciente en la moción,' heredero for-zoso de la víctima, título por él invocado, no quiso ir más allá, y no ha realizado ninguna otra gestión judicial. Pero de todas formas, no su petición, sino los documentos, que con ellos presenta,' plantean un problema que debió ser resuelto de una manera directa. La alegación de ser la víctima del accidente la hija legítima de los demandantes Fidel Franco y Guadalupe Lespier queda destruida por los documentos que con aquella moción se presentaron. Y como en los litigios no se pnede prescindir de la realidad, y los hechos son tales hechos, cualquiera que sea la ley, este punto exigía una reso-lución directa y final.

Es para este tribunal un hecho que la demanda en este caso no debió contener el nombre de Fidel Franco, como de-mandante, ni alegación alguna que a él se refiriera. Pero aparece en este documento Guadalupe Lespier, madre de la niña Derby, con patria potestad sobre ella, y Guadalupe Lespier pudo ejercitar la acción, y era persona que podía ejercitarla, de acuerdo con la ley. Esto ha debido decirse al resolver el caso.

No existen los errores señalados, por lo que la sentencia apelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Texidor,

license: Public Domain

text:
    Antonsanti & La Costa, demandante y apelante, v. Sucn. de Dña. Ana Axtmayer, compuesta de Rosa, Simón, Joseph, Charles y Henry Axtmayer, demandados y apelados.
    No. 4423.

    Visto: Mayo 31, 1928.

      Resuelto: Noviembre 13, 1928.

      Dubón & Ochoteco, abogados de la apelante; A. Quintana Cajas, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del . tribunal.

La sociedad profesional Antonsanti & La Costa, consti-tuida por los abogados F. Antonsanti y Ricardo La Costa, con oficinas en San Juan, P. R., demandó a la Sucesión de doña Ana Axtmayer, compuesta por sus hijos legítimos Rosa, Simón, Joseph, Charles y Henry Axtmayer, para el pago de servicios profesionales prestados a doña Ana, causante de la sucesión.

Es forzoso copiar la demanda que ante la Corte de Dis-trito de San Juan presentó la aquí apelante. Es como sigue:

“Comparece la sociedad demandante Antonsanti & La Costa por conducto de sus abogados que suscriben y respetuosamente exponen:
“1. — Que la demandante es una sociedad profesional, compuesta de sus socios Ledo. Frank Antonsanti, mayor de edad, soltero, abo-gado, y vecino de San Juan y el Ledo. Ricardo La Costa Jr., casado, mayor de edad, abogado y de la misma vecindad, dedicada dicha sociedad profesional al ejercicio de la abogacía, siendo sus socios anteriormente mencionados abogados admitidos a postular ante los tribunales de esta isla, siendo los demandados mayores de edad, propietarios y vecinos de San Juan y los únicos componentes y úni-cos herederos de doña Anna Axtmayer, quien falleció el día 24 de mayo de 1926.
“2. — Que allá por uno de los días del mes de febrero de 1926, doña Anna Axtmayer requirió a la sociedad profesional deman-dante Antonsanti & La Costa para que ésta le prestara sus servi-cios profesionales en el caso civil número 958 de la Corte de- Dis-trito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, titulado ‘Amy B. Maeatee’, Peticionaria, vs. ‘Dr. Diego Biaseochea, haciendo ne-gocios bajo el nombre de Clínica Miramar, y doña Anna Axtmayer’, demandados, procediendo dicha sociedad profesional ahora deman-dante y respondiendo a los requerimientos de la susodicha doña Anna Axtmayer a prestarle a ésta los citados servicios profesiona-les en dicho caso hasta la terminación del mismo ante dicha Corte de Distrito de San Juan, habiendo sido prestados los aludidos ser-vicios profesionales por los comparecientes a entera satisfacción de la citada doña Anna Axtmayer.
“A — Que durante todo el transcurso del citado pleito civil nú-mero 958 de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, la sociedad profesional demandante actuó como defensora de doña Anna Axtmayer y así como también como consejera y consultora de dicha señora.
“4. — Que al contratar los citados servicios profesionales de la demandante con la sociedad Antonsanti & La Costa, dicha señora y la sociedad compareciente- no estipularon la cuantía que había de recibir la demandante de la aludida doña Anna Axtmayer en pago de tales servicios profesionales.
“5.- — -Que el valor razonable de los servicios xmofesionales presta-dos por la compareciente a doña Anna Axtmayer, en el citado caso civil número 958 de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, es la suma de $800.00, habiendo estado dispuesta la se-ñora doña Anna Axtmayer a requerimiento de la demandante a satisfacerle a éste dicha suma por el concepto anteriormente expre-sado, lo que no hizo por haber fallecido la referida señora Anna Axtmayer, el día 24 de mayo de 1926.
“6. — Que no obstante los requerimientos y gestiones de la de-mandante a las ahora demandadas éstos se han negado a satisfacer a la compareciente la citada suma de $800.00, estando por tanto la misma pendiente de pago por dicha sucesión demandada.”

La contestación presentada por la sucesión de Doña Anna Axtmayer es como sigue:

“Comparece ahora la Sucesión demandada, formada por las per-sonas arriba mencionadas, por su abogado que suscribe, y formula contra la demanda la contestación siguiente:
“1.- — -Acepta el hecho primero de la demanda.
■ “2. — En cuanto al hecho- segundo de la demanda, acepta que el abogado Sr. Frank Antonsanti representó a doña Anna Axtmayer ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, P.' R., en el caso civil número 958, pero niega los demás extremos de dicho hecho segundo, por íalta de información y creencia.
“3. — Por falta de información y creencia niega el hecho tercero' de la demanda. .
“4. — También por falta de información y creencia niega el hecho cuarto de la demanda.
‘‘5. — Niega el hecho quinto de la demanda por falta de informa-ción y creencia.
“6. — En cuanto al hecho sexto de la demanda, acepta la parte demandada ahora compareciente, que la demandante requirió el pago de la suma reclamada por los indicados servicios, a la parte demandada, pero no por la cantidad reclamada en la demanda y sí solamente por la suma de quinientos dollars.
“Defensa Especial. — Como materia nueva y en oposición a la demanda, la demandada alega, que la demandante le exigió por los servicios que alega prestó a la causante de la demandada, o suce-sión demandada, la suma de quinientos dollars, solamente, y que dicha suma es sumamente excesiva, en atención a los servicios pres-tados por la demandante, en el caso antes indicado, cuyos servicios, según el mejor saber y entender de la sucesión demandada y por información y creencia, no fueron todo lo eficientes que el caso de-mandaba. ’ ’

La demandante, en la vista del caso, presentó una moción para que se dictara sentencia sobre las alegaciones, fundán-dose en que, al contestar, no había la demandada formulado una oposición a la demanda eh la manera que determina el Código de Enjuiciamiento Civil; y alegó oralmente que los hechos alegados en la demanda no se hallaban debidamente controvertidos en la contestación; la demandada se opuso a la moción, quedando pendiente de resolución; las partes con-vinieron en practicar la prueba, a reserva de lo que se resolviera en cuanto a dicha moción; y practicada la que se ofreció, la corte dictó sentencia, declarando que, como los demandados habían aducido materia nueva constitutiva de oposición, no procedía dictar sentencia.sobre las alegaciones; y resolviendo el caso en sus méritos, condenó a la demandada) a pagar a la demandante enatrocientos dollars por sns ser-vicios profesionales, y las costas del pleito.

Contra la sentencia ha apelado la parte demandante, que en su alegato señala un solo error, en esta forma:

“La Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, cometió error manifiesto al declarar sin lugar la moción pre-sentada por la demandante apelante solicitando sentencia sobre las alegaciones. ’ ’

Los extremos sobre que versa la argumentación en este caso, son varios.

Se discute en primer lugar que siendo la demanda jurada, y lo mismo la contestación, las negaciones presentadas, en ésta no pueden ser eficaces, por no ser específicas.

Verdaderamente, el artículo 110 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, exige, que, si se jura la demanda, la negación de cada alegación impugnada (itálicas nuestras) sea específica. Y en la decisión en el caso Boyer v. Consejo de Administración de Guayama, 34 D.P.R. 21, este tribunal ha dicho:

‘ ‘ Como la. petición era jurada en este caso y el demandado for-muló una contestación, esta última, si procede, debió haber conte-nido una negativa de cada alegación. En vez de esto, la contesta-ción expresaba lo siguiente: 1 — Que niega el hecho primero de la petición/ 2 — Que acepta el hecho segundo de la petición. 3 — Que niega el hecho cuarto de la petición, etc.”

Y luego, dice:

“De conformidad con el artículo 110 del Código de Enjuicia-miento Civil es cada alegación la que debe ser específicamente ne-gada, y no todo el párrafo negado en conjunto. Por eso la contes-tación deja en pie la petición.”

Esta decisión sería por sí sola suficiente por lo que res-pecta a las contestaciones en cuanto a los párrafos o alega-ciones húmeros tercero, cuaiúo y quinto de la demanda. Aparte de que es sumamente extraña la situación en que se coloca una parte que admite, en su defensa especial, lá pres-fación de servicios, al decir: “. . . .que dicha suma es sumamente excesiva, en atención a los servicios prestados por la demandante, en el caso antes indicado. . .” Puede, al mismo tiempo, y por vía de contestación, y por falta de información y creencia, negar la prestación de tales servicios, que se aduce en el tercer hecho o alegación de la demanda.

Las alegaciones de los números tercero, cuarto y quinto (III, IV y V) de la demanda no han sido negadas en forma específica, de acuerdo con el artículo 110 del Código de En-juiciamiento Civil; y esa falta de negación deja en pie tales alegaciones.

Pero la más discutida de esas alegaciones es la que aparece bajo el ordinal VI en la demanda.. Como se ve de la copia que de ella se deja hecha en esta opinión se alega que, a pesar de los requerimientos y gestiones de la demandante, los demandados no le han pagado la suma de $800, que queda pendiente.

¿Cómo contesta la sucesión demandada esta alegación1? Queda copiada la contestación. De los liechos alegados en este número de la demanda no se niega más quo el montante de la suma reclamada, estableciéndose en la contestación que ésta fue de quinientos dollars, y se admite la existencia de los requerimientos. Ciertamente, ésta no es la mejor forma de negar la alegación. Pero examinando con cuidado la alega-ción de la demanda y la do la contestación, no puede decirse que la primera sea esencial, ni lo sea la segunda. En aquélla se establece el hecho de los requerimientos y gestiones; en la contestación, se admite que hubo tales requerimientos, pero por monos cantidad. Pero el hecho esencial del valor de los servicios, no se encuentra en la alegación VI, sino en las que la preceden, o sea en las números IV y V, especialmente en esta última.

Aunque la demandante hubiera pedido por sus servicios una cantidad menor de $800, como no se le pagaron, pudo en el caso de reclamación judicial, estimarlos en otra forma. Así se lia mantenido por la jurisprudencia de este tribunal en el caso Hamilton v. Boerman, 35 D.P.R 542, condicionándose la doctrina con la circunstancia de que la cantidad reclamada no sea extravagante o manifiestamente improcedente.

En este caso encontramos que se lia alegado que los ser-vicios se prestaron, que valían $800, y que doña Anna Axt-mayer estaba dispuesta a satisfacer a la demandante esa cantidad. Más que una acción para cobro de servicios pro-fesionales, pudo ésta llamarse y ser una acción para cumpli-miento de contrato. Esos hechos que acabamos de citar, no tienen en frente una negación formal, de acuerdo con el artículo 110 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La sucesión demandada propuso como materia nueva y de oposición a la demanda, que la demandante pidió por sus servicios $500, pero que esta suma era execesiva, y que los servicios prestados por la demandante no habían sido todo lo eficaces que el caso demandaba.

No puedo sostenerse la teoría de que los honorarios de un profesional dependan exclusivamente de su éxito en el caso en que los presta. El profesional da su esfuerzo inte-lectual, su actividad y su trabajo, al servicio de su cliente; él no resuelve por sí solo el problema que se le presenta, ya que la naturaleza, en unos casos, o el juicio de un tercero en otros, dicen la 'última palabra para la solución. Su estudio, su actividad, su esfuerzo, son objeto de la remuneración; el éxito no se paga en forma de honorarios.

Pero el extremo de más importancia a estudiar y resolver, es si la llamada “Defensa especial”, es, como en la contestación se dice, materia nueva, o no lo es.

En el caso González v. González Ramos, 35 D.P.R. 702 et seq., este tribunal ha citado la definición que de “materia nueva” aparece en la obra de Estee, sobre procedimiento civil, y que a los fines de esta opinión se da por reproducida.

Por la jurisprudencia de California, se ha declarado lo que sigue:

“Materia nueva es aquella que admite que la causa de acción alegada en la demanda existió una vez, pero al mismo tiempo la controvierte, o sea, demuestra que ha dejado de existir, como por ejemplo, cuando se trata de un caso en que ha habido una condo-nación de deuda o una cabal carta de pago; es materia que surge con posterioridad al origen de- la causa de acción, y que el deman-dado debe alegar y establecer afirmativamente; pero ocurre lo con-trario cuando se trata de materia que demuestra que una causa de acc:ón no existía cuando la acción se inició, que tiene por objeto probar que no había surgido causa de acción cuando se entabló el pleito, lo que según el derecho común podía probarse bajo una ale-gación general, y la materia nueva, de acuerdo con los estrictos principios originales del derecho común, no era admisible bajo la alegación general, como tampoco lo era bajo el sistema establecido por el código. Landis vs. Morrissey, 69 Cal. 83; 10 Pac. 258.

Bastan estas citas para fijar la verdadera definición de la materia nueva, y los requisitos necesarios para alegarla. Y con arreglo a ellas, no puede decirse que sea materia nueva la bajo tal nombre alegada por la parte demandada. No se admite que la cantidad de $800 fuera la justa y razonable compensación de los servicios, y sobre esa admisión se alega cualquier hecho que sea realmente propio de materia nueva (release and accord and satisfaction, como se dice en el caso Landis v. Morrissey, supra); o no se admite que doña Anna Axtmayer estuviera dispuesta a pagar tal suma, y existió después un hecho o circunstancia que originara otra resolu-ción distinta. No es materia nueva la así alegada. Y en tales condiciones, no puede satisfacernos la razón aducida para denegar la sentencia sobre las alegaciones.

Pero, en una opinión y decisión de este mismo tribunal, en el caso Horton et al., v. Robert, 11 D.P.R. 176, et seq., encontramos materia de estudio para aplicar al caso presente. En esa opinión se cita el caso Fitzgerald v. Neustadt, 91 Cal. 602, y se dice:

“Pero en el cano de Fitzgerald vs. Neustadt, se decidió por la Corte Suprema de California, que las mociones solicitando senten-cias en virtud de los méritos de las alegaciones, podían ser conce-didas o desestimadas a discreción de la corte y la misma corte ba decidido en otros casos, que la ambigüedad de una alegación no constituía por sí sola causa suficiente para justificar tal sentencia, y puesto que la decisión es discrecional en la corte sentenciadora, no se revocará por la corte de apelación la resolución del tribunal inferior, negándose a dictar sentencia en virtud de los méritos de las alegaciones; a menos que se demuestre que la corte ba abusado del poder discrecional eoncedídole; no siendo así, la decisión de la corte sentenciadora será sostenida. Siendo ésta la tendencia de las autoridades en California, y no habiendo en esta isla, como tampoco en aquel Estado, una. ley que directamente determine tal procedi-miento, no podemos hallar en esta causa un abuso del poder judicial por parte de la corte sentenciadora que justificaría la revocación de la orden del tribunal inferior desestimando tal moción; y por esta razón rehusamos modificar la orden de la corte denegando la mo-ción de los demandantes. (Fitzgerald vs. Neustadt, 91 Cal. 602).”

Es de la discreción de la corte la concesión o desestimación de estas mociones para que se dicte sentencia en virtud de los méritos de las alegaciones. En este caso no se lia alegado abuso de tal discreción.

No entendemos que la apelante tenga una posición sólida en un caso en el que, después de presentar la moción de sentencia sobre las alegaciones, convenga én ofrecer y prac-ticar la prueba del caso sin perder en su primitiva moción. Pero este extremo no requiere resolución en el caso presente.

Por las razones expuestas, debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó conforme con la sen-tencia.


text:
    Sucn. de Homar, Colom & Co., S. en C., et al., demandantes y apelantes, v. British America Assurance Co., demandada y apelada; Sucn. de Homar, Colom & Co., et al., demandantes y apelantes, v. North British & Mercantile Insurance Co., Ltd., demandada y apelada; Sucn. de Homar, Colom & Co., S. en C. et al., demandantes y apelantes, v. The Western Assurance Co., demandada y apelada.
    Nos. 4013-14-15.

    Vistos: Marzo 23, 1927 y Mayo 21, 1928.

      Resueltos: Noviembre 13, 1928.

      López de Tord & Zayas Pizarro, abogados de los apelantes; José Sabater, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Sncesores de Homar, Colom y Compañía, nna sociedad mercantil establecida en Ponce, y Domingo Caries, nn comer-ciante en la misma ciudad, presentaron ante la Corte de Dis-trito de Ponee, tres demandas contra las compañías de seguro contra incendios autorizadas en Puerto Eico, British America Assurance Co., North British & Mercantile Insurance C'o., y Western Assurance Co., en reclamación del importe de seguro de mercancías de Domingo Caries, que fueron destruidas por un incendio ocurrido el 27 de junio de 1924, y que se hallaban bajo seguros de dichas compañías demandadas.

En las pólizas de seguro a que la demanda se refiere, aparece, como parte del contrato, lo que sigue:

“LIBROS EN INVENTARIO EN CAJA DE SEGURIDAD.
“Esta póliza quedará nula y sin valor y la compañía relevada de toda responsabilidad bajo la misma, si no fueren estrictamente cumplidas por el Asegurado las siguientes condiciones que forman, parte de este contrato de seguro y por la presente quedan mutua-mente entendidas y convenidas:
“1. — El Asegurado practicará por lo menos una vez al año, un inventario detallado artículo por artículo de las existencias cubier-tas por el seguro; y a menos que tal inventario baya sido practi-cado dentro de doce meses anteriores a ia fecha de esta póliza, el Asegurado queda así mismo obligado y por la presente se compro-mete a inventariar las existencias dentro de treinta días de la fecha, referida. El incumplimiento de esta obligación hará que esta pó-liza quede completamente nula y sin valor y el premio por el tiempo no transcurrido a disposición del Asegurado.
“2. — El Asegurado conservará un juego completo de libros de contabilidad, que demostrarán claramente el movimiento de los ne-gocios, incluyendo todas y cada una de las compras, ventas y em-barques (al contado y a plazos) desde la fecha del inventario último y durante la vigencia de esta póliza.
“3. — El Asegurado garantiza a la compañía que guardará tales libros e inventarios conjuntamente con el inventario anterior al úl-.timo, si éste lia sido practicado, completamente cerrado en caja de •seguridad a prueba de fuego, tanto de noche como en cualquier hora ■en que el edificio descrito no esté regularmente abierto a operacio-nes comerciales. De otro modo, el Asegurado se compromete a •guardar tales libros e inventarios en sitio convenientemente seguro y apropiado, libre de peligro a consecuencia de incendio en el local que contiene las existencias aseguradas. Si el Asegurado, en cual-quier momento durante la vigencia del seguro, dejare de presentar tales libros o inventarios, la presente póliza quedará inmediata-mente nula y sin valor, la compañía relevada de toda responsabi-lidad bajo la misma y el Asegurado privado de reclamación alguna y de presentar acción judicial para el cobro de cualquier pérdida •O' daños bajo la póliza.”

Las pólizas de seguro se bailaban endosadas a favor de Sucesores de Homar, Colom y Co., en concepto de acreedores de Domingo Caries.

En sus contestaciones, los demandados aceptando la exis-tencia de los seguros, y la ocurrencia del incendio, y negando que los géneros o mercancías existieran en la cantidad ale-gada, y en el valor que se les fijaba en la demanda, alegan que la parte demandante no liabía cumplido con las obliga-ciones del contrato de seguro, sobre todo, en lo que afectaba a tener sus libros encerrados en caja de seguridad, y entre-garlos a las demandadas para poder conocer con exactitud las pérdidas, ni babía probado o tratado de probar el mon-tante de éstas, ni cumplido con las condiciones establecidas en las cláusulas que más arriba se copian, y que por esos techos los contratos de seguros a que se refiere la demanda, habían quedado ineficaces.

Los casos fueron acumulados en la corte inferior, y se vieron como uno solo.

A la sentencia del tribunal inferior se une la opinión, en la que el Juez presenta sus conclusiones y puntos de vista, en materia de becbo y de derecho. De la lectura de la opinión, y de la sentencia, puede afirmarse lo siguiente:

1. El juez sentenciador no creyó que los libros de Domingo Carles estuvieran encerrados en caja de seguridad, y prote-gidos contra los daños de un incendio.

2. El juez sentenciador no creyó que la parte demandante hubiera cumplido sus obligaciones en el contrato de seguro en cuanto a la prueba de los daños, y a la conservación de los libros, ni aún a la forma de llevar éstos.

3. El juez sentenciador creyó, como resultado de la prueba, que el demandante Domingo Carles, el día en que ocurrió el incendio salió de su establecimiento dejando la caja de segu-ridad en que guardaba los libros de su comercio, sin cerrar, y expuestos los libros a destrucción.

4. El juez sentenciador creyó que los libros de Domingo Caries, después del incendio, fueron llevados a Ponce, a poder de tercera persona, y no entregados a los aseguradores,

Sobre estas declaraciones de hecho, y sobre las conclu-siones que abierta o implícitamente aparecen, dictó la Corte de Distrito sentencia en cada caso, declarando sin lugar las respectivas demandas. Esas sentencias son las apeladas.

Quince señalamientos de error se hacen por la parte ape-lante. Pudieran, con facilidad, reducirse a muchos menos, sin que la parte apelante perdiera nada en lo que se refiere a la exposición y defensa de sus puntos de vista. El exceso en el número de señalamientos de error no es beneficioso, ya que la calidad, no la cantidad, es lo que puede llamar la atención de las cortes de apelación, al resolver éstas.

Cinco de los señalamientos tienen directa relación con los libros comerciales de Domingo Caries. Son los que siguen:

“I. La Corte ele Distrito de Mayagüez cometió error al dar como hecho probado de que todos los libros de contabilidad del asegurado Domingo Caries habían sido destruidos por el incendio. Véanse páginas 24, 25 y 23 respectivamente de las transcripciones de autos en estos casos.
“III. La Corte de Distrito de Mayagüez cometió error al resol-' ver que los libros de comercio del asegurado Caries eran completa-mente inservibles para poder investigar y determinar la pérdida como consecuencia del siniestro: y cometió error al no resolver que aunque dichos libros no fueran suficientes, la prueba complementa-ria de los libros de Sues, de- Homar, Colom & Co., S. en C., de acuerdo con el contrato existente e inventario presentados, eran su-ficientes para comprobar tal pérdida. Véanse páginas 24, 25 y 23 respectivamente de las transcripciones de autos en estos casos.
“IV. La Corte de Distrito de Mayagiiez cometió error al resolver que tales libros no contienen todas las ventas a crédito y al contado y de que algunas empiezan con totales sin explicación, y que otros totales son a veces mayores que el movimiento de las cuen-tas desde la fecha que indican hasta el día del siniestro, y así mismo cometió error la Corte de Distrito de Mayagiiez al resolver que los datos o antecedentes de tales libros se encontraban en otros libros de Vicens & Caries que se destruyeron en el incendio; y así mismo cometió error al resolver que los libros quemados en el estado en que estaban no podían demostrar el movimiento de los negocios del asegurado ni las pérdidas ocurridas en el siniestro. Véanse las pá-ginas 24, 25 y 23 de las transcripciones de autos en estos casos.
“V. La Corte de Distrito de Mayagüez cometió error al resolver que la apariencia de destrucción de dichos libros por fuego demues-tra que si estuvieron en la caja al ocurrir el incendio, dicha caja había quedado abierta y los libros dejados en exposición de des-truirse. Véanse páginas 25, 26 y 24 de la transcripción de autos en dichos casos.
“VI. La Corte de Distrito de Mayagiiez cometió error al resolver que los demandantes habían admitido que los libros carboniza-dos luego de llevarlos a Ponce y entregarlos al señor Colom estaban envueltos en periódicos de El MuNdo y que en esa misma envol-tura se encontraban dichos libros cuando se presentaron en eviden-cia, pero que dichos periódicos resultaron ser de fechas de fines 1924 y de mediados de 1925. Véanse páginas 25, 26 y .24 de las transcripciones de autos de dichos casos.”

La corte a quo está perfectamente justificada en las con-clusiones a que llegó en esta materia. Decimos esto después de estudiar la prueba, y entre ella los libros, o restos de libros que se ban traído a este tribunal en esta apelación. De las declaraciones ofrecidas en testimonio no aparece que el demandante llevara otros libros, en el sentido que a esa palabra da el.Códig’o de Comercio, que aquellos de que son incompletos y casi informes restos los que se ban traído a este tribunal. De estos restos no puede humanamente extraerse prueba alguna acerca del estado de los neg’ocios de Domingo Caries, dado que el fuego ha consumido partes importantí-simas de ellos, y en materia de libros comerciales no cabe sentar afirmaciones por especulación, o por aproximación. Los llamados libros se hallan quemados en muy buena parte, cuando menos en todo su margen, con excepción de la parte donde se hace la encuadernación. Las cantidades en las cuentas han desaparecido en muchas de ellas de una manera muy apreciable, de forma que no puede practicarse operación aritmética alguna, que tenga la primera y esencial caracte-rística de esas operaciones, o sea la exactitud.

Es asimismo un hecho demostrado por la evidencia que el demandante Caries no probó sus ventas, en forma alguna satisfactoria. En su propia declaración ha demostrado este demandante que no podía dar una exacta suma de las ventas a crédito. Y del testimonio aparece también que datos y antecedentes de los libros que dijo el demandante llevaba, aparecen en cuentas y libros de la mercantil Vicens y Caries, que se dijo fueron destruidos por el incendio, y que a nuestro entender debieron ser guardados en la misma forma en que el contrato exigía se guardaran los de Caries.

No tiene gran importancia el que la Corte haya expresado en la opinión la forma en que los libros semi-carbonizados de Domingo Caries aparecieran envueltos en copias de El Mundo. La corte no se basó en ese extremo al dictar su sentencia. En cambio, tiene importancia el hecho de que esos restos de libros, después del incendio, en vez de ser entregados a los representantes de las compañías de seguros, a las que se informó por el demandante que se habían inutilizado por el fuego, se remitieran o entregaran a tercera persona, en' Ponce. De esta manera, no entregando esos papeles, por quemados que estuvieran, el demandante Caries violaba las cláusulas obligatorias de un contrato; cláusulas que llevaban envuelta, a manera de pena civil, la ineficacia del contrato como consecuencia de su inobservancia. Y al resolver este señalamiento de error, el VI, se resuelve también negativa-mente el señalado bajo el número II, en parte.

La corte inferior sostuvo que los libros de Sucesores de Homar, Colom y Co. no podían ser la prueba de la pérdida que el incendio ocasionó a Domingo Caries. Es verdad que este mantuvo que todas sus compras las bacía a aquella social. Pero la prueba de sus compras y la de sus pagos a la citada mercantil no es la prueba del estado de sus negocios, ya que Caries vendía al contado y a crédito, a otros compra-dores, y a más tenía que llevar su cuenta de gastos generales, y otras. No son los libros de un tercero, por estrecha que sea su relación con un comerciante, la prueba completa del estado de los negocios de este último.

El señalamiento de error que aparece bajo el número V, tiene importancia.

Es innegable que la creencia de la corte a quo, fué que los libros de comercio de Domingo Carles, no se quemaron dentro de la caja de seguridad; y si se quemaron allí, la caja tuvo que estar abierta para que el fuego produjera esos efectos.

Basta leer la declaración del perito Sr. Angel Pesquera, para llegar a la creencia a que ha llegado el Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez. Después de lo que dijo este perito, no cabe admitir la posibilidad de que los libros que se en-cuentran encerrados en una caja de seguridad, cuya puerta esté cerrada en forma, ardan o se consuman, por un fuego, de la clase que fué el de que aquí se trata. Contra esa posi-bilidad se halla una ley física, constante e invariable, la nece-sidad del oxígeno, a la que se refirió el perito en su declaración (páginas 585 y 586 de la transcripción). La conclusión de la corte fué correcta.

Conviene ahora recordar las decisiones de este Tribunal en los casos Rodríguez v. United States Fire and Insurance Co. of New York, 34 D.P.R. 385, Quiñones v. La Unión, 34 D.P.R. 405, y Compañía Mercantil Arroyana v. The Home Insurance Company, 35 D.P.R. 682.

En la decisión en el caso Rodríguez v. United States Fire and Insurance Company, al hablar de los libros de contabilidad que el apelante alegaba baber llevado, dijo este Tribunal Supremo:

“El libro que él llevaba no podía dar una idea exacta de las existencias en el momento del siniestro. En él se anotaban las compras, pero no las ventas realizadas, y de aquéllos no aparecía consignada la clase ni la cantidad de los artículos comprados-” ■

Y en esa decisión se dice lo siguiente:

“Asimismo la corte inferior declaró que el demandante no cum-plió con la cláusula que imponía la obligación al demandante de llevar libros de contabilidad e inventario guardados en cajas de se-guridad (iron safe clause) y su conclusión, que también considera-mos como expresión correcta de los hechos que fueron probados dice así:
“ ‘Que el demandante no cumplió con la cláusula del contrato de seguro sobre “libros de contabilidad e inventario en caja de cau-dales” (Iron safe Clause) y esto se desprende de la propia decla-ración del demandante y de la de su empleado. En el estableci-miento sólo se llevaba un libro, pero en forma tan irregular y con tanto descuido que él no puede llamarse en modo alguno “libro de contabilidad” a los efectos de dejar cumplido lo que exige la cláu-sula de la póliza ya mencionada.”

En la decisión en el caso Compañía Mercantil Arroyana v. Home Insurance Co. antes citado, declaró este tribunal lo que sigue:

“No se demostró, en resumen, por la apelada un récord com-pleto de los negocios realizados para poner en claro las existencias de harina en un momento dado. La misma cláusula de llevar un juego de libros demostrativo de todas las operaciones,' de compras y ventas, tanto al contado como a crédito, en unión del último in-ventario del negocio, fué interpretada en el caso de Rodríguez vs. U. S. Fire Ins. Co., 34 D.P.R. 385, donde se sostuvo la insuficiencia de una prueba más o menos análoga a la aportada en el presente caso. Una interpretación sana y-razonable de la misma cláusula la encontramos en Home Insurance Co. of New York vs. Williams, 237 Fed. 171, 176, en donde la doctrina sentada es como sigue:
“ ‘La cláusula de “iron safe” obligaba al asegurado a llevar un juego de libros que permitiera a la compañía aseguradora de-terminar de los libros y papeles que se le sometieran con certeza-razonable la cantidad de efectos en existencia al tiempo de ocurrir el incendio sin tener que recurrir a prueba oral, excepto en lo que se refería a la forma de llevar tales libros.’
“En el caso de Compañía L’Union de Paris vs. Goldsmith, 8 Fed. Rep. (2d Series) 137, la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, refiriéndose a una de las instrucciones que esta-blecían que la cláusula ‘iron-safe, clause’ igual en sus términos a la del presente caso, es válida y obligatoria al asegurado, y que fué denegada por la corte inferior, dijo lo siguiente:
“ ‘Uno de los errores señalados es que la corte rehusó dar al jurado la siguiente instrucción:
“Se les instruye que la cláusula denominada ‘iron safe’ contenida en los Exhibits A y B del demandado, era una válida y obli-gaba al asegurado, el demandante; y que ustedes no pueden traer un v«red:c.to a favor del demandante a menos que antes la prueba les demuestre claramente que se ha cumplido substaneialmente con todos y cada uno de los requisitos y condiciones de la denominada 'iron safe clause’. Denegada. La demandada toma excepción. A. F. O.”
“ ‘Esta instrucción debió haber sido dada y la corte cometió error al negarse a trasmitirla al jurado.’
‘ ‘ Otro caso que parece bien análogo, donde la asegurada no pudo decir por sus libros las existencias que tenía el día del siniestro, es el de Coggins vs. Aetna Ins. Co., 8 L.R.A. (N.S.) 839, 841, siendo el razonamiento de la Corte Suprema de North Carolina el siguiente:
“ ‘Nunca se ha hecho un inventario de ios efectos comprendidos en la existencia de la tienda de Erastus, la cubierta por la póliza. No hay ahora, y nunca los ha habido, ningunos datos de los cuales ■se pudiera hacer un inventario razonablemente aproximado. El demandante declarando por sí mismo sobre esta cuestión correcta y propiamente elijo: “No, no sé qué cantidad de ferretería, provisio-nes y zapatos yo tenía.” .... La corte tenía razón, por consi-guiente, al resolver, basándose en la declaración del demandante, que había un incumplimiento de la primera estipulación de la de-nominada “iron safe clause.” ’
“Aplicando la misma doctrina podemos concluir que la prueba aportada en el presente caso no ha podido dar una idea cierta y -verdadera de las existencias en el momento del siniestro, quedando incumplida implícitamente una de las condiciones más esenciales de la póliza, sin cuyo cumplimiento la asegurada no tiene acción para reclamar. ’ ’

y en la decisión en el caso Quiñones v. L’Unión, citada, se dijo por el tribunal:

“En la obra de Joyce sobre Seguros, edición segunda, sección-3275, se dice que las estipulaciones de que se dará aviso dentro de-un tiempo determinado y también que se suministrará a la compa-ñía prueba de las pérdidas so pena de perder el seguro, son estipu-laciones razonables y cuando se han insertado en la póliza o están-contenidas en la carta constitutiva (charter) de la compañía, son condiciones obligatorias precedentes de cualquier derecho de aceión a menos que sean renunciadas. En el caso de Masino vs. Farmers' & Mech. M. Insurance Co., Sup. Ct. Penn. 1912, 84 Atl. 406, se declaró que cuando la póliza de seguro dispone que el asegurado debe dar aviso de las pérdidas por escrito a la compañía y tal aviso noes dado, el asegurado no puede recobrar por las pérdidas sin prueba de la renuncia de ese derecho (waiver). En McCormack vs. N. British Ins. Co., 78 Cal. 468, se declaró que cuando una prueba pre-liminar es requisito requerido por la póliza de seguro, el asegurado debe alegar y probar que tal prueba se ha hecho o que este requi-sito ha sido renunciado. En 33 C. J. 8 y 74 encontramos que la prueba de las pérdidas son necesarias a pesar de que la compañía tenga conocimiento actual de las pérdidas; y que el suministrar la prueba de las pérdidas como es requerida por la póliza es una con-dición precedente a una aceión por pérdidas, en ausencia de renun-cia o impedimento (estoppel) que cohíba a la compañía solicitarla* y en ausencia de estatuto que releve de ella al asegurado. El caso de Patrick vs. Farmers Ins. Co., 43 N. H. 621, 80 Ame. Dec. 197, sostiene igual principio. Es cierto que en 26 C. J. pág. 378, No. 484, se dice que cuando la pérdida es total no hay necesidad de cumplir esos requisitos, pero se funda en sentencias del Estado de-Pennsylvania que sostienen esa doctrina para casos de destrucción total de edificios, distinta a los demás Estados. Yéase ‘Joyce on Insurance’, sección 3338.”

El señalamiento de error que aparece bajo el número VI*, está realmente estudiado y resuelto con esta jurisprudencia que citamos. Por la parte apelante no se cumplió, ni de hecho-ni de derecho, con la cláusula de “caja de seguridad.” La prueba en el caso convence de ello; y lo que no ban dicho* algunos testigos lo dicen con toda elocuencia esos papeles y libros quemados, que proclaman que ni estricta ni substan-cialmente se cumplió con tal clausula.

El señalamiento número VIII, es la repetición, con dife-rente forma del número II, ya resuelto.

Y el que aparece bajo el número IX, es un resumen de los demás, que también quedan resueltos.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Guillermo Esteves, Comisionado del Interior, demandante y apelado, v. Ramón Valcourt, Carmen Muñoz y Domingo Quintana, demandados y apelantes.
    No. 4688.

    Visto: Noviembre 5, 1928.

      Resuelto: Noviembre 13, 1928.

      Son. Attorney General James B. Beverly, Felipe Janer, Jr., Sub-ProGurador y F. Soto Gras, abogado asociado, abogados del ape-lado; M. García González y E. Bincón Plumey, abogados de los apelantes.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación de esta apelación por frívola. De los autos resulta que Ramón Valcourt inició cierta acción en la Corte de Distrito de San Juan contra Guillermo Esteves, Comisionado del Interior, reclamando la entrega de un cheque por valor de $718.95. Mientras se sustanciaba el litigio obtuvo el demandante la posesión del cheque mediante fianza suscrita por él como principal y por Carmen Muñoz Díaz y Domingo Quintana como fiadores.

Celebrada la vista deí pleito, se dictó sentencia en contra de Valcourt. Este apeló y la Corte Suprema declaró su recurso sin lugar.

Así las cosas, habiéndose negado Valcourt a devolver el cheque, Guillermo Esteves, como Comisionado del Interior, por medio del Attorney General de Puerto Rico, archivó contra él y sus fiadores una demanda pidiendo a la corte que dictara sentencia condenándoles a cumplir el contrato de fianza a virtud del cual el cheque de que se trata fue entre-gado a Valcourt.

Contestaron los demandados sin jurar sus contestaciones y el demandante, fundándose en ello pidió a la corte que dictara sentencia sobre las alegaciones. Accedió la corte y los demandados apelaron sin que conste qué han hecho para tramitar su apelación. La moción de desestimación'les fué notificada desde julio de 1928 y nada contestaron por escrito. Tampoco comparecieron al acto de la vista.

El artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil en que se fundó la corte sentenciadora para dictar la sentencia ape-lada, es tan claro que su aplicación a este caso es evidente. En parte dice:

“Art. 118. Toda alegación deberá estar suscrita por la parte o su abogado, y cuando se jure la demanda o el Pueblo de Puerto Rico, o cualquier funcionario de la isla, en su carácter oficial, sea el demandante, deberá jurarse la contestación, excepto si la admi-sión de la verdad de lo consignado en la demanda sujeta a la parte a un proceso criminal, o si un funcionario de dicha isla, en su ca-rácter oficial, fuese el demandado.”

Cuando, no obstante la exigencia de la ley, la contestación no se' jura, la verdad de los hechos alegados en la demanda se considera admitida y procede una sentencia sobre las alegaciones.

“En tal virtud”, dijo esta corte en el caso de Tettamanzi v. Zeno, 24 D.P.R. 775, 781, “siendo válido el juramento, nos encontramos frente a un caso propio para dictar tina senteneia sobre las alegaciones, ya que no habiendo jurado su contestación el demandado, aceptó la certeza de los hechos consignados en la demanda. Artículos 110, 118 y 132 del Código de Enjuiciamiento Civil; Horton et al. v. Roberts, 11 D.P.R. 176, y Delannoy v. Blondet, 22 D.P.R. 235.”

Siendo éste el caso, en ausencia de impugnación alguna de la parte apelante, es aparente la frivolidad de la apelación establecida.

Debe declararse con lugar la moción del apelado y en su cansecuencia desestimarse el recurso.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Domingo Bonet y Santos, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 739.

    Sometido: Noviembre 5, 1928.

      Resuelto: Noviembre 13, 1928.

      E. Báez Díaz, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Muerto Antonio Rodríguez Vargas, casado con Nery Jusino y Ahnodóvar, fueron declarados herederos suyos sus menores hijos Camelia, Providencia, Ramón, Eloísa y Jaime. La viuda renunció su cuota hereditaria, y cierta finca de once cuerdas pertenecientes al matrimonio quedó inscrita en el registro, una mitad indivisa a nombre de la viuda y la otra mitad a favor de los hijos.

La viuda vendió a Domingo Bonet todos sus derechos y acciones por gananciales sobre la indicada finca de once cnerdas y sobre otra de cinco cnerdas también perteneciente al matrimonio.

Así las cosas, comparecieron ante notario de nna parte la vinda en representación de sns menores hijos y de la otra Domingo Bonet y otorgaron nna escritura de división de comunidad de bienes, adjudicándose a los menores la finca de' cinco cnerdas con una casa en ella enclavada y a Bonet la finca de once cuerdas. Se dió un valor de seiscientos dólares a cada una de dichas fincas.

Presentada la escritura en. el Registro a los efectos de inscribirla sólo en cuanto a la finca de once cuerdas, así lo hizo el registrador pero consignando como defecto subsa-nable el no hallarse inscrita la participación que en la finca de cinco cuerdas tiene el señor Bonet.”

No conforme Bonet interpuso el presente recurso guber-nativo.

Sostiene el registrador en su alegato que se vió obligado a inscribir la escritura de que se trata a virtud de lo prescrito en el artículo 1027 del Código Civil, a saber: “Cuando los menores de edad están sometidos a la patria potestad y representados en la partición por el padre y en su caso por la madre, no será necesaria la intervención ni la aprobación judicial,” pero que consignó el defecto subsanable apuntado en defensa de los intereses de los menores basándose en lo íesuelto por este tribunal en el caso de Muñoz v. El Registrador, 37 D.P.R. 808.

En dicho caso esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Texidor, se expresó así:

“En toda división de comunidad de bienes, bay una mutua ena-jenación de los derechos de los condueños sobre la parte de la finca o bienes que cada uno de ellos adquiere individual y específicamente. Por esa razón, parece necesario para el registro de la propiedad que las participaciones indivisas se hallen inscritas, para cumplir así el requisito de la previa inscripción, que es una de las bases fun-damentales del sistema hipotecario, y a lo que responde el artículo 20 de la Ley Hipotecaria cuyo primer párrafo dice:
“‘Art. 20. — Para inscribir o anotar los títulos en que se trans-fiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o dere-chos reales deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen.’
“En el mismo artículo, párrafo quinto, se dispone que cuando el derecho no resulte inscrito a favor de persona alguna, el registrador tomará anotación preventiva, si el interesado lo pide.’’

El recurrente trata de distinguir el caso de Muñoz, supra, de este que resolvemos, alegando que en dicho caso “se trataba de una sola finca perteneciente a dos condueños, de los cuales uno tenía inscrito y el otro sólo tenía mencionado su condominio.”

No estamos conformes. En la propia escritura de divi-sión se dice que los documentos en que se basan los derechos de las partes se hallan pendientes de inscripción “advirtiendo yo, el notario, a las partes, que para que pueda ser inscrita la presente escritura deben inscribirse previamente los suso-dichos documentos. ’ ’

Aunque sean dos las fincas, se trata de una sola transac-ción. Para que Bonet de acuerdo con el registro tenga el carácter de condueño de la finca de cinco cuerdas, debe ins-cribir su compra a la viuda lo mismo que la inscribió con respecto a la finca, de once cuerdas. Si pudo celebrarse la división, es porque Bonet era dueño no sólo de la mitad de la finca de once cuerdas si que también de la de cinco. Ambas fincas constituyen el todo que se parte y se adjudica sepa-radamente a cada condueño, y para que la inscripción de la transacción sea completa, debe abarcar las dos propiedades.

Se confirma la nofa recurrida.


text:
    Carlos Reyes Ramírez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Arecibo, recurrido.
    No. 731.

    Sometido: Noviembre 5, 1928.

      Resuelto: Noviembre 13, 1928.

      José E. Díaz, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Santiago Eodríguez Espino y su esposa doña Josefa Cubano comparecieron ante notario y otorgaron, una escri-tura de cancelación de hipoteca reconociendo haber recibido de su deudor Carlos Eeyes la suma de mil quinientos dólares, precio aplazado de la compra de una finca urbana adquirida por el deudor del acreedor. En la propia escritura hicieron constar los otorgantes que la finca vendida “la hubieron du-rante su matrimonio, el día 14 de marzo de 1898, habiendo sido casados en primeras y únicas nupcias con antelación a dicha fecha.”

Presentada la escritura en el registro, el registrador la inscribió, pero con el defecto subsanable de no acreditarse que el acreedor Santiago Eodríguez estuviera casado con doña Josefa cuando adquirió la finca. Y contra esa califica-ción del registrador, es que se ha interpuesto el presente recurso gubernativo.

No hay alegato del recurrente ni del recurrido. Es in-dudable que la inscripción de la casa a favor del acreedor no contiene el nombre de la esposa de Eodríguez Espino al tiempo de la adquisición. Se quiso suplir el defecto con el dicho de la parte. Pero ello no es bastante. Fue suficiente para inscribir la escritura, pero a nuestro juicio actuó de-rechamente el registrador al decidir que el hecho no quedó justificado por completo por el dicho. Si se presentara, por ejemplo, la certificación del matrimonio, todo quedaría per-fectamente aclarado.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Luis M. Arcelay, demandante y apelado, v. American Railroad Co. of Porto Rico, demandada y apelante.
    No. 4471.

    Visto: Mayo 3, 1928.

      Resuelto: Noviembre 13, 1928.

      M. Acosta Velar de,, abogado del demandante; González Fagundo & González Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en este caso ejercita la acción personal de daños y perjuicios contra la American Railroad Co. of Porto Rico por un accidente ocurrido en el Distrito Judicial de Mayagüez entre un autocamión del demandante y un tren del ferrocarril de la demandada.

La demanda fué presentada en el Distrito de Humacao y notificada de ella la demandada por citación hecha en el Distrito de San Juan en la persona de su director, solicitó de la Corte de Distrito de Humacao que trasladara el pleito a la Corte de Distrito de San Juan alegando y acreditando que es una corporación creada de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, y autori-zada para hacer negocios en esta isla: que no opera ni tiene trenes en el Distrito de Iinmacao donde tampoco tiene agente que la represente: que su oficina principal y la residencia de su agente o representante se hallan en la ciudad de San Juan, dentro del Distrito Judicial de ese nombre: y que cualquiera decisión, estatuto, resolución, ley o jurisprudencia que prive o niegue a la demandada por ser corporación ex-tranjera del derecho que tienen las corporaciones domésticas a ser demandadas en el distrito donde tienen su oficina principal, o que la prive del derecho de solicitar la traslación del pleito cuando fuese demandada en otro distrito que el de San Juan y que declare que puede ser demandada en cualquier distrito de la isla, priva y niega a la demandada del derecho que tiene a una igual protección de la ley y crea un favori-tismo en favor de las corporaciones domésticas en contra de las corporaciones extranjeras, en violación de la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos de América y del artículo 2 de nuestra Carta Orgánica de 2 de marzo de 1917 preceptivo de que no se pondrá en vigor ninguna ley que negare a una persona la protección igual de la ley.

La Corte de Distrito de Humaeao se negó a trasladar el pleito y contra esa resolución interpuso la demandada: la pre-sente apelación, argumentando su recurso por escrito y oral-mente, sin que el apelado haya comparecido ante nosotros.

De acuerdo con la ley vigente al tiempo de ser presentada la demanda en este caso, los pleitos por acciones por daños y perjuicios, como la aquí ejercitada, deben verse en el dis-trito en que residieren los demandados, o alguno de ellos, según el artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil; y si ninguno de los demandados residiere en esta isla el pleito podrá verse en cualquier distrito designado por el deman-dante en su demanda.

De acuerdo con ese precepto las corporaciones domésticas deben ser demandadas en el distrito de su residencia por tener domicilio aquí, pero en cuanto a corporaciones extran-jeras que Racen negocios en esta isla se Ra resuelto que pueden ser demandadas en cualquier distrito de la isla porque no tienen residencia en esta isla sino en el Estado en que fueron creadas. Así fue decidido en los casos de Veve v. Fajardo, 15 D.P.R. 577, y Del Río v. Sucesión Cancel, 33 D.P.R. 9, en los cuales se Rizo un estudio detenido de esa cuestión y se citaron en apoyo de sus resoluciones los casos de Thomas v. Placeville G. Q. U. Co., 65 Cal. 600, y de Rains v. Diamond Match Co. y de Waetcher v. Atchison T. & S. F. Ry. Co., ambos de California, reportados en 153 Pac. 239 y 101 Pac. 41, respectivamente, y los de Roff Oil and Cotton Co. v. King, (Oklahoma) 148 Pac. 90; New York Life Insurance Co. v. Pike, (Colo.) 117 Pac. 899; Ivanusch v. Great Northern Ry. Co. (So. Dak.) 128 N. W. 333; Denver & Río Grande Ry. Co. v. Roller, 100 Fed. 738; Boyer v. Northern Pacific Ry. Co., 8 Idaho 74, 70 L.R.A. 691. La doctrina de los dos casos al principio citados fué aplicada en los de Ferraris v. Am. Railroad Co. y de Suc. Padilla v. Am. Railroad Co., 34 D.P.R. 438 y 723. En los casos resueltos por este tribunal no se propuso cuestión constitucional alguna.

Recientemente la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Power Co. v. Saunders, 274 U. S. 490, decidido el 31 de mayo de 1927, Ra declarado que un estatuto que dis-pone que las corporaciones domésticas sean demandadas en el distrito de su domicilio y que no aplica igual disposición a las corporaciones extranjeras que están Raciendo negocios en ese Estado, las que pueden ser demandadas en cualquier distrito y no en el que tengan el sitio de sus negocios, es contrario a la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos de América que proRibe a un Estado el negar a cual-quier persona dentro de su jurisdicción la protección igual de .las leyes. Nuestra Carta Orgánica aprobada el 2 de marzo de 1917 también dispone en su artículo 2°., párrafo 1°., que no se pondrá en vigor en esta isla ninguna ley que negare a una persona de esta isla la protección igual de las leyes.

Eii vista de esa sentencia, del tribunal más alto de los Estados Unidos tenemos que llegar a la conclusión de que la apelante tiene derecho a ser demandada en el distrito de San Juan, por lo que la resolución apelada debe ser revocada y dictarse otra en su Vagar ordenando la traslación de este .pleito al expresado distrito.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Central Victoria, Inc., demandante y apelante, v. Juan Suárez Pérez, demandado y apelado.
    No. 4323.

    Visto: Noviembre 8, 1927.

      Resuelto: Noviembre 13, 1928.

      Cay. Coll Cuchí y G. Cruzado Silva, abogados de la apelante; Henry G. Molina, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Central Victoria, Inc., demandó a Juan Suárez Pérez para que fuese declarada judicialmente la existencia de una ser-vidumbre de vía a favor de la demandante sobre una finca del demandado y solicitó que mientras ese pleito fuese re-suelto definitivamente se librase una orden de injwiction para que el demandado no realizara determinados actos. La corte de distrito dictó esa orden de injunction después de oír a las partes pero fue revocada por este tribunal y, entonces, a instancia de la demandante recayó sentencia teniéndola por desistida de dicha acción, con las costas. Para la fija-ción de la cuantía de éstas presentó el demandado un memo-rándum de ellas en el que puso $1,000 por honorarios de abogado y habiéndose opuesto la demandante a esa cantidad por excesiva resolvió la corte de distrito fijarla en $400, de ellos $100 por la contestación a la demanda y los $300 res-tantes por el procedimiento de injunction pendente lite, contra cuya resolución fue interpuesta esta apelación por la demandante, condenada a su pago.

El único motivo alegado para sostener esta apelación es que la corte inferior cometió error al conceder trescientos dólares por un incidente donde no debió conceder honorarios de ninguna clase.

El injunction pendente lite solicitado por la demandante en el pleito, obtenido y revocado después, era un incidente del pleito y, por esto, habiéndose dictado sentencia por de-sistimiento de la acción principal con las costas, las causadas en dicho incidente forman parte de las costas del pleito, por lo que no podemos sostener que por tal incidente no debieron concederse honorarios de ninguna clase.

En cuanto a la cuantía fijada por la corte inferior para los honorarios de abogado en ese incidente encontramos que no es excesiva, pues puede decirse que el injunction preli-minar fué la verdadera controversia entre las partes, a tal punto que a nuestra decisión revocando el injunction con-cedido siguió el desistimiento de la acción del demandante, apelante ahora.

La resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


text:
    Manuel Meléndez Martínez, demandante y apelado, v. Carmen Pérez Díaz, demandada y apelante.
    No. 4422.

    Visto: Mayo 29, 1928.

      Resuelto: Noviembre 13, 1928.

      Leopoldo y Hermmia Tomes, abogados de la apelante; Augusto Beichard j M. A.'Martínez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Aguadilla diotó sentencia en este pleito declarando con lugar la demanda de divorcio inter-puesta por el marido por abandono de su esposa, y en la apelación establecida contra ese fallo alega la esposa recu-rrente como primer motivo para que la revoquemos que la corte inferior cometió error al desestimar la excepción previa aducida contra la demanda por no contener beclios determi-nantes de causa de acción, porque si bien se dice en ella que existe abandono por más de un año no consigna la fecha desde la cual ha de contarse dicho año.

Esa alegación de la demanda es suficiente porque si es cierto que lia existido abandono por más de un año tiene causa de acción para el divorcio de acuerdo con el No. 5 del artículo 164 del Código Civil, aunque no exprese la fecha en que el abandono tuvo lugar, pues alega la existencia del último hecho, o sea el transcurso de más de un año, siendo materia de prueba en el juicio los hechos que demuestren abandono por ese tiempo.

El segundo motivo del recurso se alega porque la corte inferior permitió declaraciones en el juicio con respecto a las gestiones que el demandante hizo para que la esposa volviera al hogar conyugal sin tener la demanda alegación en tal sentido, pero nos bastará decir que en este caso la demanda alega no sólo el hecho del abandono sino también que la esposa tiene el firme y deliberado propósito de no convivir con su marido, que se puede demostrar por las gestiones hechas por él para que ella volviese al hogar que abandonó.

Como tercer motivo de apelación se dice que la corte sen-tenciadora cometió error en la apreciación de las pruebas y al considerar probado el abandono por más de un año.

Aunque la apelante no trata en su alegato el segundo extremo de ese motivo de error, sin embargo, hemos exami-nado las pruebas y encontramos que dos testigos declararon el abandono por año y medio, que de documentos presentados por la esposa en el juicio aparece que la demanda fué radi-cada después de haber transcurrido un año y algunos meses ■de separación y que tal hecho no aparece contradicho por la demandada.

En cuanto a si hubo error en la apreciación de las pruebas diremos que es un hecho no contradicho que la esposa se fué del hogar que el matrimonio tenía en Aguadilla yendo a vivir en Ponce con sus familiares: que tres o cuatro días después volvió a Aguadilla y se llevó los muebles de la casa para Ponce; y que algún tiempo después volvió a Aguadilla por algunos cuadros que se le habían quedado, hospedándose en un hotel y regresando nuevamente a Ponce. La contra-dicción entre las alegaciones y las pruebas está en la causa de la separación pues mientras las del demandante tendieron a probar que el marido trataba bien a su esposa, que los disgustos en el matrimonio sobrevenían porque la esposa se negaba a salir a la calle con su marido por ser éste negro y ella blanca y también a tener relaciones conyugales porque según declaró el marido su mujer le decía que para negros bastaba con uno en la casa, culminando esos disgustos en que ella se marchó de la casa con el único hijo que tenían, las pruebas de la demandada trataron de demostrar no ser la causa de la separación la expuesta por las pruebas del marido sino que el demandante, que es un médico, tenía una enfer-mera a la que trataba con más atenciones que a la esposa y trataba a ésta cruelmente, sin que se baya expuesto acto alguno de crueldad. Esas contradicciones de la evidencia fueron resueltas por la corte inferior a favor del demandante sin que del examen que hemos hecho de las pruebas podamos concluir que la corte sentenciadora cometiera error en su apreciación a pesar de pequeñas discrepancias habidas en la declaración de un testigo y del hecho de que en un anterior matrimonio del demandante se dictara sentencia de divorcio contra él por trato cruel. De las pruebas también aparece que la esposa se negó por varias veces a las gestiones hechas en nombre de su marido para que volviera al hogar conyugal. Es cierto que al contestar la demanda y en el juicio manifestó que ella estaba dispuesta a. vivir con su maridn siempre que él cese de tratarla mal y cruelmente pero ya entonces había surgido la causa de acción del demandante y no podía ser obstaculizada en esa forma, aparte de que la corte inferior no creyó que ése fuera su verdadero estado de ánimo.

También llama la atención la apelante en su alegato al hecho de que teniendo noticia el demandante por dos oca-siones de que su hijo estaba enfermo en Ponce no fué a visitarlo siendo médico, pero se demostró que la primera vez mandó a su practicante, quien declaró que encontró al niño jugando en la calle, y la segunda vez el padre habló por teléfono eon el Dr. Pila de Ponce para que le atendiera al niño; pero aunque el demandante no Rubiera becbo nada en las enfermedades de su hijo, esto demostraría falta de cariño para su hijo y algo más, pero no que carezca de acción para obtener el divorcio.

El último motivo del recurso es por ser la sentencia con-traria a las pruebas y a derecho.

Ya liemos visto que la sentencia no es contraria a las pruebas; y tampoco lo es al derecho porque en vista de los hechos que la corte inferior estimó probados la sentencia apelada es procedente de acuerdo con la ley, porque existe un abandono por parte de la esposa por más de un año con el propósito decidido y demostrado de no convivir con su marido, sin causa, alguna probada que justifique su ausencia del hogar conyugal.

La sentencia apelada debe ser confirmada..


text:
    Juan Manzanares, P. Ferrao, A. Morillo, M. A. Guzmán, M. Monclova, D. Mestre, E. Almodóvar, J. Pizá, J. M. Quigley, J. C. Ferrer y Balthasar Halvorsen, demandantes y apelantes, v. Porto Rico Racing Corporation, demandada y apelada.
    No. 4369.

    Visto: Mayo 24, 1928.

      Resuelto: Noviembre 16, 1928.

      Guerra Mondragón é Soldevila, abogados de los apelantes; A. Díaz Viera y M. A. Martínez Dávila, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la demanda enmendada, sobre la que se siguió el procedimiento alega que para el 6 de marzo de 1927 se anunciaron para tener efecto en el hipódromo £ ‘ Quintana Racing Park,” que explota la demandada, siete carreras de caballos; y que en esas carreras podía jugarse o apostarse en la forma llamada -pool, o sea estableciendo combinaciones,' en las que las que contuvieran los nombres de los caballos que ganaran las siete carreras, ganarían el dinero apostado en y por las combinaciones en que no se acertara con esos siete nombres; que los demandantes compraron o hicieron sellar, las papeletas o cuadros en que fijaron su apuesta por los siguientes caballos: En la primera carrera, un caballo que no se nombra; Segunda carrera., Prances Johnson; Ter-cera carrera, Pirata; Cuarta carrera, Sherman; Quinta carrera, Colombina; Sexta carrera, Rin Tin Tin; y Séptima carrera, Mrs. Sipi; que la primera carrera fué anulada por el Jurado, único organismo que determina y resuelve el orden de llegada de los caballos, de acuerdo con la ley y el regla-mento; que en cuanto a esa carrera el Jurado no determinó qué caballo llegó primero a la meta, o fué el vencedor, ni anunció al público qué caballo ganó la carrera, sino que anuló ésta, y anunció su decisión, lo que es obligatorio para la corpo-ración demandada; que en las seis carreras restantes ganaron los caballos a que apostaban los demandantes, y así se decidió y anunció por el Jurado; que la cantidad líquida producto del pool era de $12,118.78; que a más de los demandantes, hubo otras ocho personas que acertaron los caballos vence-dores; que los demandantes por su información y creencia, alegan que fuera de ellos y esas ocho personas, nadie .acertó los seis caballos vencedores; y que la demandada no ha pagado a los demandantes su participación en la apuesta general, a pesar de sus requerimientos. La demanda se halla jurada.

A esa demanda se opuso por la demandada la excepción previa de falta de hechos para determinar causa de acción.

La corte resolvió declarando con lugar la excepción, y considerando que la demanda no es susceptible de enmienda, dictó sentencia declarándola sin lugar.

En la resolución de la corte se cita, como fundamento la decisión de este tribunal en el caso Leopoldo García v. The Porto Rico Racing Corporation, 36 D.P.R. 679, decidido en fecha 29 de abril de 1927, y en el que se desestimó una apela-ción contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan condenando a la demandada a pagar al demandante el im-porte del pool o apuesta de las carreras de caballos que se. efectuaron el 6 de marzo de 1927 en el hipódromo Quintana,, siendo los caballos ganadores,' en las siete carreras respec-tivamente, Saturnina, Frances Johnson, Pirata, Sherman, Colombina, Bin Tin Tin y Mrs. Sipi. La desestimación de la apelación por frívola fué la decisión de este tribunal.

En esencia los señalamientos de error acusan que la corte inferior se equivocó al resolver la excepción previa, al tomar por norma la decisión antes citada y al estimar que era necesario para los demandantes alegar que nadie había acer-tado las siete carreras.

Para ganar la apuesta que se conoce con el nombre de pool, es preciso acertar el mayor número de caballos vence-dores en las carreras efectivamente celebradas; y aquí se ha alegado que, de las siete carreras anunciadas, seis fueron celebradas, anulándose la otra en forma legal y por autoridad propia; y que los demandantes tenían su apuesta hecha en favor de los seis caballos que ganaron tales carreras. La alegación es suficiente y buena en derecho.

En cuanto al requerimiento para el pago, se ha alegado en la demanda que la demandada no ha satisfecho a los de-mandantes la suma a qne éstos tenían derecho, a pesar de las gestiones qne para ello han practicado.

Debe revocarse, y se revoca, la sentencia apelada, devol-viéndose el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


text:
    Rafael H. López, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, P. R., recurrido.
    No. 738.

    Sometido: Noviembre 5, 1928.

      Resuelto: Noviembre 16, 1928.

      García Méndez <& García Méndez, abogados del recurrente; el regis-trador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Angel Sahtoni Cardona, mayor de diez y nueve años, casado, vecino de Rincón, como dneño de nna onceava parte proindivisa de nna finca rústica en los barrios de Río G-rande y Puntas, en el término municipal de Rincón, vendió tal participación a Rafael H. López, consignando la venta en escritura pública otorgada en fecha 28 de junio de 1928, ante el notario don Manuel A. García Méndez. En la escritura .. se hizo constar qne el vendedor Santoni se halla emancipado por concesión judicial, según resolución de la Corte de Dis-trito de Aguadilla. En el Registro de la Propiedad de Agua-dilla, y para su inscripción, se presentó la copia de dicha es-critura, acompañada de una certificación de la resolución de la Corte de Distrito de Aguadilla, en el caso civil No. 6850, Angel Santoni y Cardona, Ex Parte, Emancipación por con-cesión judicial; la parte dispositiva de esa resolución, lee así:

“la Corte resuelve decretar como decreta la emancipación del menor Angel Santoni y Cardona, disponiendo que se considere éste como mayor de edad para todos los efectos legales, sin'excepción alguna.”

El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, denegó la inscripción de la ameritada escritura de venta de condominio, fundándose, según la nota denegatoria, en que la habilitación de mayor de edad hecha por la Corte de Distrito de Aguadilla, en su resolución a favor del menor Angel Santoni y Cardona, disponiendo que se le considere como tal ¡mayor para todos los efectos legales, sin excepción alguna, se halla limitada, en cuanto a los bienes inmuebles, a su manejo y administra-ción, pero para enajenarlos y gravarlos necesita el menor el consentimiento de un tutor; y en que aparece de la escri-tura que el dicho menor siendo casado, estaba ya emancipado por el matrimonio, sin que aparezca que el tribunal al dictar su resolución, conociera ese hecho.

Contra esa nota denegatoria se ha interpuesto este re-curso ; y el recurrente y el Registrador han presentado muy hábiles alegatos.

El Código Civil de Puerto Rico reconoce, en su artículo 302, cuatro clases de emancipación. El mismo código, en el epígrafe del Título XI, Libro Primero, que dice: “Título XI — De la Emancipación y de la mayor edad,” marca la diferencia entre una y otra, siendo la mayor edad una fijación o determinación de época o circunstancia para la desaparición de la restricción de la capacidad por razón de edad, y para la adquisición de tal capacidad plena.

De las otras clases comprendidas en el código, se nota entre ellas una seria diferencia. Unas son origen de derechos y al mismo tiempo conservan restricciones importantes; otra es simplemente de adquisición de derechos y capacidad, sin restricción alguna.

En el Capítulo II del Título XI del Primer Libro de nuestro Código Civil, el epígrafe es éste:

“De.la Emancipación que confiere poder para la administración de los bienes.”

Aparece ya claramente marcada la limitación. No se trata de una emancipación que convierta al emancipado en un mayor de edad, sino que le da poder, como indica el artículo 303 del mismo código, “para el solo efecto de la administra-ción de sus bienes,” y aun en cuanto a esta administración, con las restricciones de que bace mérito el artículo 307 del código, que lee así:

“Art. 307. — La emancipación habilita al menor para regir sn persona y bienes como si fuera mayor; pero hasta que llegare a la mayor edad no podrá el emancipado contraer promesa u obligación alguna que exceda del importe de sus rentas por un año. Tampoco podrá gravar ni vender bienes inmuebles suyos sin consentimiento de su padre, en defecto de- éste, sin el de su madre, y, en su caso sin el de su tutor.
“Tampoco podrá comparecer en juicio sin la asistencia de dichas personas.”

Emancipa al menor el matrimonio si bien con las restric-ciones que respecto a enajenación e hipoteca de inmuebles le impone el artículo 309 del Código Civil, evidentemente menos rígidas que las impuestas al emancipado para administración de bienes.

T, finalmente, el menor huérfano de padre y madre, puede ser emancipado de acuerdo con los artículos 312, 313, 314, 315 y 316 del Código Civil, convirtiéndose en mayor de edad para todos los efectos legales, sin excepción alguna (artículo 316, Código Civil). Ha querido aquí el código, dar a la emancipación, hecha por el poder público, la mayor extensión, y los más completos alcances. No hay efecto civil a que no toque esta emancipación; no queda restricción alguna para aquel que por consecuencia de este acto de un tribunal, puede ostentar la calidad de mayor de edad. Si se quisiera limitar la emancipación dada por la corte, pnede acndirse a otro pre-cepto legal, el artículo 304 del mismo código, que dice:

“Art. 304: El menor que hubiere cumplido la dicha edad de diez y ocho años puede también ser emancipado por decisión de la Corte de Distrito para el efecto de la administración de sus bienes, en la forma prescrita en el Capítulo IV de este título.
“La emancipación puede ser pedida, bien por un pariente del menor o por el menor mismo.”

De forma que la concesión judicial puede llegar hasta la más alta declaración de derechos (“todos los efectos legales, sin excepción alguna”) o limitarse a la administración de bienes (fórmula del artículo 304) con las restricciones que se marcan en el citado Capítulo II, Título XI, Libro Primero del código.

Decretada la emancipación en este caso bajo el artículo 316 del código, no hay duda con respecto a la capacidad que para vender tiene Angel Santoni y Cardona.

No tiene la importancia que se le ha querido dar, el hecho de que cuando se dictó la resolución de la Corte de Distrito de Aguadilla, el menor estuviera casado, y emancipado, por el matrimonio. Esa emancipación era restringida, y él podía aspirar a otra más completa, y obtenerla.

Por tales razones, se revoca la nota denegatoria dé¡, Regis-trador de la Propiedad de 'Aguadilla, a que se refiere este recurso, y se ordena la inscripción del documento.


text:
    Amelia Medrano, conocida por Nellie Medrano Martínez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, P. R., recurrido.
    No. 736.

    Sometido: Noviembre 5, 1928.

      Resuelto: Noviembre 16, 1928.

      A. Ramírez Silva, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En el título que ba dado origen a este recurso guberna-tivo se describe la finca de la cual se hace una segregación, que también se describe, que ha sido vendida al recurrente. El registrador inscribió esa venta pero haciendo constar el defecto subsanable de no describirse con cabida y colindancias el resto de la finca principal de la cual se hace la segrega-ción objeto del título después de las segregaciones que constan en el Registro. En otras palabras, se ha consignado ese defecto porque para’esta venta no se ha descrito la finca tal como quedó a los vendedores después de hechas las segrega-ciones de la primitiva finca y que constan en el registro por lo que la cuestión a resolver es si la finca principal que ha de ser descrita para hacer una segregación es la que ha quedado después de segregaciones anteriores o es la de la finca primitiva sin segregaciones.

Esa cuestión fué resuelta por nosotros en los casos de Kennedy v. Registrador de San Juan, 26 D.P.R. 789 y de Figueroa v. Registrador de San Germán, 31 D.P.R. 377, en el sentido de que la finca principal que ha de ser descrita es la parcela de terreno cuyo dominio permaneció exclusiva-mente en los vendedores después de las enajenaciones hechas anteriormente. . Y se comprende que así sea porque al hacerse la presente segregación y enajenación la finca principal de los vendedores no es la que primitivamente adquirieron y de la cual han hecho varias segregaciones que constan en el registro sino el resto que después de ellas les ha quedado y del cual es que hacen la segregación y venta al recurrente.

El caso de Irizarry v. El Registrador de Mayagüez resuelto por nosotros el 2 de julio de este año (pág. 501) revocando el defecto subsanable consignado por dicho funcio-nario y qne ambas partes citan no es aplicable al caso pre-sente, pnes lo qne en él pretendió el registrador fué qne se describiese como finca principal el resto de finca qne Rabia de qnedar despnés de RecRa la segregación objeto de la venta, y ésa no era la finca principal de la cnal iba a ha-cerse la segregación.

La nota recurrida debe ser confirmada.