author: Ed Juez Asociado Señoh Hutchison,

text:
    Felipe Neri Jorge y su esposa Francisca Gutiérrez de Jorge, demandantes y apelados, v. Carmen Umpierre, asistida de su esposo Salvador Quiñones, demandados y apelantes.
    No. 6488.

    Sometido: Febrero 20, 1935.

      Resuelto: Noviembre 22, 1935.

      B. Castro Fernández, abogado de los apelantes; B. Cuevas Zequeira y P. Amado Bivera, abogados de los apelados.
   Ed Juez Asociado Señoh Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

William Jorge, niño de 16 años de edad, mientras corría en el estribo de nn automóvil Chevrolet de cinco pasajeros, fné estropeado y muerto por un Cadillac de turismo. El ac-cidente ocurrió en una extensa recta de la carretera entre Santurce y una playa conocida por Isla Verde. El Chevrolet se dirigía a Isla Verde con nueve pasajeros. El Cadillac regresaba de allí. El dueño del Chevrolet iba dentro del automóvil, y Jorge, si no era un invitado, iba allí por lo menos con anuencia suya. Por espacio de una semana había acom-pañado al dueño del automóvil y a su familia en sus excur-siones diarias al balneario. Hubo testimonio tendente a de-mostrar que el Cadillac, momentos antes del accidente, corría como a 40 millas por hora, y que tenía la vía franca; que al pasar a dos peatones qne caminaban por la derecha de la carretera, el Cadillac se desvió hacia su izquierda, sin redu-cir la velocidad, y que el Chevrolet venía en dirección opuesta a 10 ó 15 millas por hora, bastante a la derecha del centro de la carretera, cuando el niño fue golpeado por el guarda-lodo delantero izquierdo del Cadillac.

Los señalamientos primero y segundo son al efecto de que la corte inferior cometió error al decidir que el conductor del Cadillac había sido negligente y al concluir que Jorge no había sido culpable de negligencia contribuyente.

Del “Restatement of the Law of Torts” tal como fué adop-tado y promulgado por el “American Law Institute”, toma-mos las siguientes definiciones de los artículos 282, comen-tario (/), y 463, comentario (&):

“En tanto en cuanto el riesgo sea de importancia, en la deter-minación de la existencia de negligencia, este riesgo se define como una probabilidad de daño a otras personas que el actor debe reconocer al tiempo de su acción o inacción.”
“Negligencia es aquella conducta que establece un riesgo indebido de daño a otras personas. Negligencia contribuyente es aquélla que envuelve un riesgo indebido de daño a la persona que lo sufre.”

El profesor Green, en su tratado “Rationale of Proximate Cause”, en las páginas 72-76, dice:

“Habiendo determinado el juez que el interés que se lia lesionado cae dentro de la protección de la regla y que existe evidencia que requiere que el caso se someta al jurado, deberá, bajo la práctica ortodoxa del derecho común, dar al jurado substancialmente la de-finición de ‘negligencia’, instruyéndoles en una u otra forma que si el demandado, actuando como una persona razonablemente pru-dente debió haber previsto que su conducta tendría por resultado daño probable a los intereses envueltos, entonces el demandado ha-bía sido negligente. Esta fórmula sobre ‘probabilidad de daño’, en las distintas formas en que actualmente se le conoce, constituye la forma universal para determinar qué constituye conducta negligente, excepto en aquellos casos en que se ha establecido una norma defi-nitiva, ya sea por estatuto o por decisión de las cortes. De esta manera, la corte trata de transmitir al jurado una norma bajo la cual se pueda determinar la conducta que se investiga. La previsión de la persona ordinariamente prudente, tal como aparece ante el jurado después que la transacción ha sido terminada, se utiliza de esta manera para determinar si ha habido negligencia. A pesar de que las cortes a través del uso de esta fórmula indican al jurado una norma general de conducta para determinar la naturaleza de la conducta del demandado, tal norma es metafísica. Carece de cer-teza, y en realidad constituye una ficción. Mientras se solicita del jurado que determine si la conducta del demandado llega al nivel de la del hombre de ordinaria prudencia, éste tiene primero que determinar cuál es la norma envuelta. La corte somete este pro-blema en la mejor forma posible. Carece de medios para fijar la norma a no ser en los términos más generales. El jurado tiene que dar vida a la norma. Por tanto, el jurado se ve obligado a deter-minar, hasta cierto punto, qué decisión concuerda mejor con los in-tereses sociales en todo caso de negligencia que se le someta. En. estos casos es necesario considerar los intereses envueltos: tanto» los de las partes como los de la sociedad; de igual modo que el juez: debe desempeñar su primera obligación, según ya se ha indicado.. El jurado determina lo que constituye una norma justa bajo todas; las circunstancias. Establecerá una norma estricta o flexible. Ese--es su deber. Establecerá una norma alta o baja, según su sentido común, su experiencia, inteligencia y criterio. . . De esta manera se determina tanto la norma como el cumplimiento de ella por las partes después que la conducta ha tenido lugar. No teniendo una base fija para medir la conducta de las partes, el jurado debe, a lo< sumo, colocarse en la situación que ocupaban las partes con anterio-ridad a la transacción envuelta; considerar lo que cada una do ellas sabía o debía saber; considerar qué intereses de cada una de-las partes serían probablemente lesionados por su conducta individual y en conexión con la conducta de otros, o las cosas que podían razonablemente esperarse; y considerando todos los intereses que probablemente estarían envueltos, incluyendo los del demandante, los del demandado y los de la sociedad en general, y considerando lo-que ya ha sido hecho por las partes y lo que ha resultado realmente de la acción combinada y reacción de las partes y de los factores externos, determinar si la conducta de la parte a que se atribuye el daño era razonable, esto es, si está en armonía con la norma por ellos establecida de acuerdo con lag instrucciones dadas por la corte. Esto-es, a lo sumo, una pobre reseña de lo que el jurado debe consideraren sus deliberaciones sobre la cuestión. Así pues, es al considerar-este problema que el jurado ejercita su más importante deber y tiene ante sí su más amplia discreción. Este es el momento en que el jurado debe determinar si el demandado debe responder de las pér-didas sufridas, asumiendo que ellas fueron causadas por su conducta, o si es preferible que el demandante sufra sus propias pérdidas. Los requisitos necesarios para establecer este elemento de culpa en un caso de negligencia, son lo suficientemente comprensibles para per-mitir amplia consideración de todos los factores que entran en la determinación de la razonabilidad de la conducta envuelta.
“Ya se ha dicho que la función del jurado al determinar la exis-tencia de negligencia y el método que se sigue para llevar a cabo tal determinación no son completamente distintas a la función del juez y del método que este último sigue para determinar si la regla que se ha invocado es adecuada para la protección de los intereses en-vueltos. Mas son enteramente distintas. Al resolver su problema principal, el juez puede, y debe, considerar todos aquellos factores que son considerados por el jurado para llegar a sus conclusiones. Pero el juez puede considerar, y generalmente considera, muchos otros factores. La función del juez equivale enteramente a una in-cursión en el campo de la política pública a seguir; el proceso es el mismo que se requiere para determinar si debe existir o no al-guna regla legal. En cambio, la función primordial del jurado es la de hacer apreciaciones de hecho. Y esto sería todo, a no ser por .el hecho de que le es imposible a la corte suministrar una norma .definitiva para medir la conducta envuelta en el litigio. En otras .clases de casos la corte tiene bastante éxito en sentar una norma definitiva; en los casos de negligencia lo más que puede hacer el juez es el establecer una fórmula abstracta que requiere que el ju-rado siente por sí mismo una norma antes de que pueda cumplir con su deber de apreciar los hechos. Es al establecer esta norma que el jurado ejercita incidentalmente, pero de manera real, la fun-ción de crear principios legales. A pesar de que esta norma sirve tan sólo para el caso específico en disputa y de que no puede con-vertirse en precedente para casos posteriores, sin embargo, en caso •futuro el jurado debe también establecer una norma y este proceso debe continuar hasta que se llegue a una norma definitiva de con-ducta. Cuando esto se ha hecho en cualquier clase específica de casos, el juez luego le suministrará al jurado la referida norma y la única función del jurado será la de determinar si la conducta del demandado cae dentro de ella. En cierto sentido la ley aplicable se establece en cada caso después que lá transacción ha sido realizada. ■Esto equivale a una especie de sistema ex post facto.”

Según se indica en el comentario (a) del artículo 289 del “Restatement”:

“Las reglas que determinan la negligencia contribuyente de un demandante son las mismas que determinan la negligencia .de un de-mandado, con la excepción enumerada en el artículo 463, comenta-rio (a).”

Podría admitirse que si Jorge fué negligente, su negli-gencia fué un factor substancial en el resultado, y que al igual que la negligencia de la demandada, fué causa próxima del accidente. Véase, sin embargo: Godreau v. American Railroad Co., 17 D.P.R. 791; Almodóvar v. Acosta, 43 D.P.R. 200; Robinson v. American Ice Co., 141 Atl. 244; Wilkerson v. Sanderson, infra; Stout v. Lewis et al., infra; Rignell v. Font, (Cal.) infra; Moreno v. Los Angeles Transfer Co. (Cal.) infra; Ivancich v. Davies, 186 Cal. 520 y Dania Lumber & Supply Co. v. Senter, infra.

Los artículos 12 (a), 12 (d), en parte, y 13 (a) de la “Ley para Reglamentar el Uso de Vehículos de Motor en Puerto Rico, y para otros fines” (Leyes de 1916, pág. 144), leen como sigue:

“Artículo 12. — (a) Las personas que manejen vehículos de motor en los caminos públicos, deberán, en todo tiempo, ejercer el debido cuidado y tomar precauciones razonables para garantizar la segu-ridad de vidas y propiedades. ” '
(d) Los vehículos de motor que transiten por caminos públicos deberán marchar lo más a la derecha que fuere posible, y esta pre-caución deberá observarse particularmente cuando se esté doblando una curva. En ese caso, deberá siempre darse aviso con la bocina o aparato de alarma. Cuando un vehículo de motor encontrare peatones, jinetes u otros vehículos siempre pasará por su derecha.”
“Artículo 13.— (a) La velocidad de un vehículo de motor de-berá en todo tiempo regularse con el debido cuidado, tomando en cuenta el ancho, tráfico y uso del camino; y el hecho de conducir, en cualquier tiempo, un vehículo de motor por un camino público a una velocidad que exceda de 48 kilómetros por hora, o dentro de la zona urbana del un municipio a una velocidad mayor de 24 kilómetros por hora, constituirá evidencia prima facie de que el vehículo era conducido sin el debido cuidado.”

Según la sección 18, la infracción de cualquiera de las dis-posiciones de dicha ley constituye un delito menos grave.

La corte de distrito no cometió error al decidir que la de-mandada había sido culpable de negligencia.

El correr en el estribo de un automóvil puede o no constituir negligencia, según las circunstancias de cada caso.

No existía ley ni ordenanza alguna que prohibiera el co-rrer en el estribo de un vehículo de motor. Por ende, pueden desecharse los casos que envuelven la infracción de una ley u ordenanza de tal naturaleza. Un extracto de la opinión emitida en uno solo de los casos de la índole últimamente mencionada, será suficiente para distinguir algunos de ellos del caso de autos. En Lorry v. Englander Drayage Co., 291 Pac. 467, la corte dijo:

“No existiendo ordenanza alguna, la cuestión de si los apelantes fueron negligentes al ir en el estribo dependería de si una persona de ordinaria prudencia hubiese ido en esa posición bajo las circuns-tancias existentes, y ésta sería una cuestión propia para el jurado. Ivancich v. Davies, 186 Cal. 520, 199 P. 784; Strong v. Olsen, 74 Cal. App. 518, 241 P. 107. Pero la ordenanza estableció una norma absoluta de conducta y privó al jurado del derecho a especular sobre lo que esa entidad ideal conocida como hombre de prudencia ordi-naria hubiera hecho bajo circunstancias similares.”

Frecuentemente la cuestión gira sobre la manera en que se va montado en el vehículo o sobre la posición más o menos peligrosa adoptada por el pasajero, más bien que' sobre el mero hecho que corría en el estribo.

En Fidelity Union Casualty Co. v. Carpenter, 125 So. 504, un tal Gordy, mientras estaba parado en el estribo derecho de un automóvil Dodge, fue golpeado por un camión que daba contramarcha hacia la calle desde la acera en que había sido estacionado, a un ángulo como de 45 grados. La corte de Louisiana dijo:

“Es perfectamente claro que si Gordy hubiese estado dentro del automóvil, en vez de estar en el estribo, él no hubiera sido herido. El juez de distrito fué de opinión que constituye negligencia per se el correr en el estribo de un automóvil, y que por tanto, admitiendo que el conductor del camión había sido negligente, resolvió que Gordy no podía recobrar debido a su propia negligencia contribuyente. Al tiempo de ocurrir el accidente no había ordenanza en la ciudad de West Monroe, ni estatuto alguno del estado, que prohibiera el correr en el estribo de un automóvil, y ha sido repetidamente resuelto en otras jurisdicciones que el ir en ese sitio no constituye negligencia per se. Blashfield’s Cyclopedia of Automobile Law, vol. 4, p. 134; Hamilton v. Harrison, 126 Kan. 188, 268 P. 119; Anderson v. Detroit Motor Bus Co., 239 Mich. 390, 214 N. W. 172; Rose v. Cartier, 45 R. I. 150, 120 A. 581; Garvin v. Cohen, 136 A. 330, 5 N. J. Misc. R. 296; Koss v. A. Geo. Shulz Co., 195 Wis. 243, 218 N. W. 175.
“En todos los casos arriba citados se resolvió que el ¡viajar en el estribo .de un automóvil no constituye negligencia per se, pero que una persona puede ser negligente al colocarse en una posición peli-grosa en el estribo, y que la cuestión de si el que viaja de esa manera es negligente, depende de ‘las circunstancias, y que la cuestión de negligencia debe ser resuelta por el jurado o por la corte inferior.
“Puede concebirse que una persona asuma una posición en el estribo de un automóvil en marcha que le haga razonablemente in-mune al tránsito; sin embargo, si permite que su cuerpo se extienda más allá de los bordes del estribo y de los guardalodos, se expone al riesgo adicional de ser estropeado por otros automóviles. En otras palabras, la posición puede o no ser peligrosa, y la cuestión de negligencia en cada caso debe ser determinada de acuerdo con las circunstancias. Los hechos en este caso están ante nos, y creemos que Gordy corría de manera negligente. Estaba parado en el es-tribo agarrado a la capota con su mano izquierda, mientras que su cuerpo, a nuestro juicio, se movía demasiado hacia la parte exterior del automóvil. Dice que la parte superior de su cuerpo estaba dentro del coche, pero otros testigos declararon lo contrario. La lectura de todo el testimonio nos convence que si Gordy no hubiera estado tan afuera, él no hubiera sido estropeado. Los abogados dicen que él no fué negligente al estar en la posición que ocupaba, pero fué negligente al no estar alerta y al no tomar'las debidas precauciones para su propia seguridad.”

Otro ejemplo puede encontrarse en Nugent v. Fair Haven & W. St. Ry. Co., 46 Atl. 875. En dicho caso la corte de Connecticut resolvió, según aparece del sumario, lo siguiente:

‘ ‘ Cuando los rieles de un tranvía son colocados sobre una calzada en tal forma que se Race necesario situar los postes cerca de la vía, y el demandante, con conocimiento de tal situación, va montado en el estribo del lado de los postes, se niega a subir a la plataforma a instancias del conductor, se eeba hacia un lado para permitir que éste pase, y su cabeza choca contra uno de los postes, el demandante tiene derecho a daños y perjuicios nominales solamente al dictarse sen-tencia en rebeldía, toda vez que fué culpable de negligencia contri-buyente. ’ ’

En Worden v. Anthony, 126 Atl. 919, otro caso de Conn., no había controversia alguna en cuanto a los hechos:

“El interfecto era un muchacho de 16 años 4 meses de edad, y estudiaba en la escuela superior. Era bastante robusto y alto para su edad, y bien proporcionado. El 9 de julio, 1923, mientras se ha-llaba de vacaciones, y como a las 2 de la tarde, penetró en una car-bonera en Cos Cob, cerca de su casa. Un camión, perteneciente a Edward Tammany, con unas tres toneladas de carbón mineral en sacos, estaba, listo para entregarlo en Stamford. Era un camión Federal, de 2 toneladas y media. Tenía una caja grande y pesada, de seis pies dos pulgadas de ancho que sobresalía de las ruedas, y los sacos de carbón estaban colocados tan altos que sobresalían de la caja. La parte delantera del camión consistía de una casilla dentro de la cual estaba situado el asiento del conductor. El muchacho decidió dar un paseo y se montó al extremo derecho del asiento del conductor, y otro muchacho, de 16 años, iba sentado al medio, yendo el conductor Tammany, en el extremo izquierdo del asiento. El ca-mión inició su viaje hacia Stamford, y al saltir de Cos Cob empezó a subir una cuesta en la carretera de Boston, conocida como la colina de Alien. En este sitio había mucho tránsito. La carretera era de asfalto, y tenía como 16 pies de ancho. Cuando el camión estaba cerca de la cúspide de la colina, el motor empezó a fallar, cual si no recibiera bastante gasolina. El interfecto, a iniciativa propia, se bajó del camión, y dando la vuelta por la parte delantera del vehículo, que se movía lentamente, se subió y se tendió sobre el guardalodo izquierdo, y con su mano derecha trató de manipular la válvula de aire. No era necesario hacer tal cosa. Estaba en parte tendido sobre el lado izquierdo de su cuerpo y sobre su estómago, con la espalda al tránsito. El guardalodo tenía diez pulgadas y media de ancho, y daba una vuelta como de cuatro pies tres pulgadas sobre la rueda delantera hasta llegar al sitio en que se unía al estribo, el que tenía dos pies de largo y en su parte trasera llevaba una caja de die^ pulgadas de largo y diez pulgadas y media de alto, siendo las ocho pulgadas restantes usadas a manera de escalón para subir a la casilla. Debido a la altura y al tamaño del muchacho, parte de su cuerpo sobresalía del borde del estribo.
“Tan pronto como el conductor vió al muchacho sobre el estribo, le dijo que se montara de nuevo dentro de la casilla, o que de lo contrario podría ser estropeado por algún carro que pasara. El mu-chacho se negó a ello, y continuó en esta posición hasta 'que el camión reeorrió 880 pies, a una velocidad como de diez millas por hora. El camión Ford vacío del demandado, guiado por un. empleado de éste, se apareció detras del camión de carbón, cuando éste llegó a la cima de la colina de Alien. Cuando el camión de carbón empezó a descender por la colina, el Ford surgió de la parte trasera y empezó a pasarle por la izquierda. Cuando el conductor del Ford estaba bien al lado del camión de carbón para pasarle, vió un carro que venía hacia él en la dirección contraria. Juzgó que tenía suficiente tiempo y espacio para pasarle al truck de carbón, y ponerse fuera de la tra-yectoria del carro que venía, y así lo hizo. Después que se apartó de la parte trasera de la caja del camión, su atención se dirigía principal-mente al carro que venía, en cuya trayectoria se encontraba, y luego el conductor del Ford prestó testimonio al efecto de que él no vió al muchacho sobre el estribo, y no sabía que estuviese allí. Le pasó al camión y continuó su viaje sin saber que hubiera ocurrido algo. No hubo contacto recio entre los camiones, pero parece que el Ford al pasar tuvo un leve contacto con el camión que portaba carbón, e hizo que la parte del cuerpo del muchacho que sobresalía le arras-trara sobre el guardalodo delantero en que yacía, y ’que cayera bajo el camión que portaba carbón, y que su rueda derecha trasera le pasara por encima y lo matara.”

En Hinch v. Elliot, 175 Atl. 684, un tercer caso de Conn., se dice:

“. . . La demandante, con su esposo, su cuñado y otra mujer, salieron de la casa del cuñado en el automóvil de este último en dirección a una playa que estaba como a diez millas de la quinta, con el propósito de bañarse. El automóvil era marca Chevrolet, de dos asientos, y tenía además un asiento auxiliar en la parte trasera. Las mujeres ocupaban el asiento auxiliar. A su regreso venían en la parte delantera del automóvil, una en cada lado. La prueba pre-sentada por la demandante fué al efecto de que estaban sentadas entre los guardalodos y el bonete del carro, y que la demandante tenía sus pies sobre el parachoques, y estaban agarradas a la -varilla que enlazaba los faroles. La corte inferior dice en su opinión de-clarando con lugar la moción para anular el veredicto, que la corte y el jurado examinaron el automóvil y que éste estaba construido de tal manera que las mujeres no podían haber estado sentadas entre los guardalodos y el bonete, sino que tenían que haber estado sen-tadas sobre los primeros. El propósito de ellas al colocarse en esa posición era el de secarse el cabello. Parte del camino de la playa a la casa seguía la carretera de Boston, !que es una vía de mucho tránsito. El automóvil discurría por esta carretera, hasta poco antes del accidente, a una velocidad de 35 ó 40 millas por hora. Al apro-ximarse a un camino transversal, el carro del demandado, que venía en dirección contraria, viró sin dar ninguna señal de que iba a en-trar en la carretera, interrumpiendo así el paso del coche de la de-mandante. El conductor de este último carro usó los frenos, y viró hacia la izquierda, pero siempre la rueda derecha delantera de su carro chocó con la rueda izquierda trasera del carro del demandado. Ninguno de los carros se volcó, y ninguno de los dos hombres que venían sentados en el asiento delantero del coche de dos asientos fué sacado del automóvil ni sufrieron daño grave alguno. Las mujeres fueron lanzadas fuera del carro y ambas resultaron lesionadas.”

Véanse también Ivancich v. Davies, supra; Guilfoile v. Smith, 116 Atl. 237, y Shaw v. Moore, 162 Atl. 373.

En el caso ele autos la prueba presentada por los deman-dantes tendió a demostrar: que frente a la puerta izquierda delantera del Chevrolet había un mecanismo para gomas de repuesto, pero no había goma alguna; que Jorge estaba sen-tado en cuclillas en el estribo izquierdo en el espacio que de-bía haber estado ocupado por el neumático de repuesto, con un pie puesto en el portagomas o en las agarraderas, con su espalda sobre el guardalodo izquierdo delantero, y agarrando con una mano el farol auxiliar o su sostén, adherido al lado del automóvil, cerca del parabrisas; que ninguna parte de su cuerpo se extendía fuera de la línea de trayectoria del carro en el cual viajaba; que la caja y los guardalodos del Cadillac, modelo 1926, estaban construidos a un nivel más alto que la caja y los guardalodos del Chevrolet,- y que Jorge, cuando fué golpeado por el guardalodo izquierdo delantero del Cadillac, o inmediatamente después del golpe, fué atrapado entre el guardalodo y la parte delantera del Chevrolet.

No hubo nada que indicase que Jorge era grande o pe-queño, robusto o raquítico. No hubo prueba alguna que in-dicase el ancho del guardalodo ni el ancho del portagomas vacío, ni el ancho del guardalodo delantero del Chevrolet. En otras palabras, no había medidas que corroborasen o que contradijesen la prueba del demandante al efecto de que nin-guna parte del cuerpo de Jorg-e se extendía más allá de la línea de trayectoria del Chevrolet.

Podría admitirse que si Jorge hubiese estado viajando, aun en la forma descrita por los testigos de los demandantes, sobre el estribo de un carro en una calle de una ciudad de mucho tránsito, hubiera sido culpable de negligencia. En el caso de autos nada había que indicase que el peligro ocasio-nado por lasi condiciones del tránsito fuese inminente u obvio.

Los apelantes insisten en que la carretera era estrecha en el sitio donde ocurrió el accidente y que Jorge sabía esto porque había visitado Isla Verde frecuentemente. La única evidencia presentada en relación con el conocimiento que Jorge tenía del ancho de la carretera, fué la declaración de un testigo al efecto de que Jorge había viajado por la misma carretera diariamente durante la semana que precedió al accidente. El mismo testigo admitió que la carretera era bastante estrecha, pero añadió que había suficiente espacio para que los carros se pasaran unos a otros sin dificultad. Otro testigo dijo que la carretera era lo suficientemente an-cha para que dos carros pudieran pasarse, aun a bastante velocidad, y dejando bastante espacio. TJn tercer testigo de-claró que él viajaba diariamente por esa carretera en un carro de caballos, y que había espacio para dos automóviles. La testigo principal del demandado declaró en la repregunta, que la carretera era bastante ancha; que ella vivía en Pío Piedras y conocía la parte de la carretera qne qneda frente a la Universidad; qne la carretera allí era más ancha; qne era ancha; qne la carretera de Isla Verde no era tan ancha como la qne pasaba frente a la Universidad, y qne el ancho de la carretera de Isla Verde era nn poco menos qne el de la carretera frente a la Universidad. Otro testimonio de la demandada tendió a demostrar qne la carretera era, en el sitio donde ocnrrió el accidente, lo suficientemente ancha para acomodar tres automóviles el nno junto al otro.

Lo más qne puede decirse de tal testimonio (fuera de otros riesgos qne por el presente pueden ser desechados), es qne el mismo podría dar lugar a disensión en la sala de deli-beraciones de nn jurado con respecto a si nn hombre razona-blemente prudente se hubiese aventurado a viajar por tal carretera en el estribo de nn automóvil, en una posición qne le permitiese el mantener todo su cuerpo dentro de los lími-tes del espacio cubierto por el automóvil en su trayectoria. Asumiendo, como asumen los apelantes, en el segundo señala-miento, qne la corte de distrito decidió que Jorge no era culpable de negligencia contribuyente, no hay base suficiente, ya sea en el testimonio relativo al ancho de la carretera o en cualquiera otra parte de la evidencia presentada en el juicio, que justifique a esta corte en revocar ese dictamen de la corte inferior. Esta conclusión puede ser sostenida además por otras consideraciones.

No nos detendremos a especular sobre la analogía qne pueda hallarse en la sección 473 del “Bestatement”. Em-pero, en el comentario (c) hallamos lo siguiente: “Cuando un demandante tiene derecho a esperar que las condiciones le son favorables, puede tomarse mayor riesgo que cuando meramente tiene un privilegio no protegido por un derecho.”

La sección 468 del “Bestatement”, y los comentarios (a) y (b) (omitiendo los ejemplos) leen así:

“Sección 468. — Daño no resultante de peligro a consecuencia del cual la conducta del demandante puede ser calificada de negligente.
“El beebo de que el demandante baya dejado de ejercer el cui-dado necesario para su propia seguridad no impide que obtenga indemnización a menos que el daño por él sufrido sea el resultado de un riesgo por él asumido a consecuencia del cual su conducta pueda calificarse de negligente.
“(a) La regla expresada en este artículo es aplicable a la res-ponsabilidad del demandante por su propio descuido, la misma que es aplicada en el comentario (e), artículo 281, para determinar la responsabilidad de un demandado negligente por el daño causado a un demandante. Por tanto, una persona cuya conducta es negli-gente solamente porque probablemente le somete a un riesgo espe-cífico, no está impedida, como demandante, de recobrar por una le-sión que resulte de una causa distinta al riesgo por ella asumido.
“(b) La regla expresada en este artículo es aplicable al caso en que la conducta del demandante es negligente solamente por tender a exponerlo a una clase o clases específicas de riesgos. Hay muchos actos y omisiones que son negligentes debido a su naturaleza gene-ralmente peligrosa y no debido a su tendencia a crear un riesgo o riesgos específicos. La regla sentada en este artículo no es apli-cable al caso en que la negligencia del demandante es de esta última índole. ’ ’

En Powers v. City of Boston, 154 Mass. 60, 61, se dijo:

“Al momento, de ocurrir el accidente el demandante iba de pie en el estribo de un tranvía abierto, cobrando el pasaje, y cuando su cuerpo, que él permitió que sobresaliera del borde del estribo, se puso en contacto con la barrera que babía sido colocada a dos pulgadas del indicado borde, recibió un golpe que le lanzó al suelo y sufrió las lesiones en cuestión.”

La corte, por voz del Juez Holmes, en la página 63, dijo lo siguiente:

“. . . No bay duda alguna de que si un hombre voluntariamente corre hacia un peligro del cual está completamente advertido, no puede recobrar en casos ordinarios, y es más bien una cuestión de palabras que de sustancia, si puede o no calificársele de negligente, o si puede decirse que asumió el riesgo. . . . Pero un hombre no asume el riesgo de todo peligro que pueda surgir de ciertas causas solamente porque, en general, él tiene conocimiento de la existencia de las mismas.”

En Vendrell v. Sanders, 80 A.L.R. 550, la Corte Suprema de New Hampshire, resolvió lo siguiente, tal como consta del sumario:

“1. Una persona que es invitada por el conductor de un automó-vil a viajar en él, no es culpable de negligencia contribuyente como cuestión de derecho por el mero hecho de estar montado en el estribo.
“2. El asumir un riesgo no es una defensa en una acción por da-ños sufridos por una persona lanzada del estribo de un automóvil, en el que viajaba por invitación del conductor, cuando éste viró rápidamente a una velocidad considerable.”

Anticipando la posible objeción de que en el caso de autos no se trata de una acción en contra del dueño del automóvil en que Jorge viajaba, podemos observar incidentalmente que la corte de Massachusetts, en el caso de Powers, dijo también:

“En tanto en cuanto la petición para que se dicte una orden al efecto de que el demandante fué negligente, se basaba en el hecho de que éste staba parado en el estribo, y permitió que su cuerpo sobresaliera del borde exterior del estribo, no hay duda, a nuestro juicio, 'que la cuestión debe ser sometida al jurado, en una acción contra la compañía ferroviaria. Meesel v. Lynn & Boston Railroad, 8 Allen 234; Fleck v. Union Railway, 134 Mass. 480; City Railway v. Lee, 21 Vroom 435; Geitz v. Milwaukee City Railway, 32 Minn. 404; Dickinson v. Port Huron & Northwestern Railway, 53 Mich. 43; Germantown Passenger Railway v. Walling, 97 Penn. St. 55; West Philadelphia Passenger Railway v. Gallagher, 108 Penn. St. 524, 528. Es cierto que en tal acción el demandante tiene a su favor el hecho de que el demandado fué el causante de la conducta que ahora alega fué negligente, pero el razonamiento de los casos no depende completamente sobre este hecho, y las cortes han llegado a la misma conclusión en acciones contra terceras personas en casos de colisiones. Spofford v. Harlow, 6 Allen 176; Connolly v. Knickerbocker Ice Co., 114 N. Y. 104.”

En Wright v. Foreman, 86 Cal. App. 595, la Corte de California resolvió, tal como consta del sumario, que:

' “Bajo circunstancias ordinarias un peatón que cruza una esquina no está obligado a anticipar que el conductor de un automóvil, en una calle de una ciudad de mucho tránsito, cruzará el centro de la calle y continuará sobre el lado izquierdo de la misma, sino que en el ejercicio de un cuidado ordinario tiene derecho a asumir que el conductor, bajo tales circunstancias, obedecerá las leyes usuales del tránsito. ’ ’

En Rignell v. Font, 266 Pac. 588, la Corte de Distrito de Apelaciones de California, dijo:

. . En el ejercicio de ordinaria prudencia, un peatón puede depender de la probabilidad de que los automóviles obedecerán las leyes usuales de tránsito, y que viajarán solamente por el lado de-recho de la calle.”

En Wilkerson v. Sanderson, 26 S. W. (2d.) 1, la corte se expresó así:

“El apelado, Ocie Sanderson, con un número de trabajadores ocupados en la construcción de carreteras, en la noche de octubre 8, 1928, regresaba a su hogar en Mayfield, en un camión que tenía una casilla y una caja o plataforma plana con ciertos pilares o postes a los lados. El piso del automóvil se extendía sobre las ruedas en la parte trasera, y el apelado y otras personas, estaban sentados allí con sus pies colgando. Un automóvil Chevrolet que iba en la dirección opuesta, guiado por el apelante, C. K. Wilkerson, mientras pasaba al camión en o cerca del puente de Possum Creek, le dió al pie del apelado, fracturándole la pierna izquierda en dos‘partes, tor-ciéndole el tobillo y lesionándole la rodilla derecha. Otros dos hombres que estaban sentados entre el apelado y la parte trasera fueron lanzados fuera del camión. Sanderson estaba sentado a horcajadas sobre uno de los pilares, lo que sin duda impidió que fuese lanzado fuera del camión, y lo que quizás también explica lo serio de sus le-siones. Los hombres que estaban sentados más cerca de la puerta del camión no recibieron golpe alguno, ni parte alguna del camión demostró evidencias de choque. Había algunas abolladuras en el guardalodo del carro del apelante. La agarradera de la puerta fué sacada violentamente y se hicieron algunas rayaduras al lado de ésta. ’ ’

La Corte de Apelaciones de Kentucky dijo:

“. . . No hay ley alguna que prohiba que se corra de esta ma-nera. Por el mero hecho de que parte del cuerpo del demandante sobresalga del borde del camión, el demandado no tenía derecho a pisarlo, y no estaba relevado de su deber de ejercer cuidado razonable para evitar lesionarlo. Sanderson estaba justificado en asumir que el apelante, ni nadie, violarían la ley de automóviles al no estar alerta y al dejar de mantenerse en su derecha sin moverse hacia el centro de la carretera hasta poderlo hacer con toda seguridad.”

En Stout v. Lewis, et al., 123 So. 346, la Corte Suprema de Louisiana, en las páginas 347 y 348, dijo lo siguiente:

"Es indudable que el demandante fué culpable de negligencia al ir en el estribo del automóvil del demandado en violación de la ordenanza de la ciudad, y podría decirse que si no hubiese sido por su negligencia al viajar en el estribo, el choque con el automóvil de Louis, a pesar de que el automóvil de Han iba conducido negligente-mente, no le hubiera causado los daños de íque se queja el deman-dante. En otras palabras, si hubiera estado dentro del automóvil, el choque no fué lo suficientemente violento para haberlo lesionado.”
“Un estudio somero del asunto nos llevaría a este resultado. En verdad nuestra primera impresión con respecto a la conducta del de-mandante era fatal a sus probabilidades de éxito, ya que estábamos grandemente influidos por la posición peligrosa que asumió volun-tariamente en violación de la ordenanza de tránsito, pero después de reflexionar más detenidamente, nos hemos convencido de que es-tábamos equivocados.
“La negligencia del demandante en este caso, en tanto en cuanto a recobrar se refería, su negligencia contribuyente envolvía la asun-ción del riesgo y del peligro consiguiente. Asumió el riesgo al colo-carse en una posición peligrosa. Si acaso se puede decir que los daños sufridos por él eran las consecuencias naturales del riesgo asumido, entonces no puede recobrar.
“No es suficiente decir que no hubiera recibido lesiones, si no hubiera estado en el estribo, porque podía haber permanecido allí sin recibir daño alguno hasta que hubiese llegado al sitio donde se dirigía, a no ser porque el carro en cuyo estribo viajaba hubiese sido guiado negligentemente, riesgo que él no asumió.”

Véase también Cosse v. Ballay, 149 So. 285. Del sumario de Moreno v. Los Angeles Transfer Co., 186 P. 800, tomamos los siguientes párrafos:

“El demandante, que estaba sentado en una máquina aplanadora con sus pies colgando a uno de sus lados, no fué culpable de negli-gencia contribuyente al dejar de mirar hacia atrás ya que él podía asumir que un camión que había alcanzado o trataba de pasar a lá aplanadora, permanecería bastante a la izquierda al pasarle, de conformidad con la Ley de Automóviles.”
“Negligencia contribuyente no puede estar basada en que se deje de asumir que otra persona violará la ley. ’ ’

En Piatek v. Swindell, 151 Atl. 262, los Rectos pertinentes son resumidos en el primer párrafo del sumario, de la ma-nera siguiente:

“El demandante estaba sentado en el piso de la casilla del ca-mión con su pierna derecha colgando fuera de la casilla y su pie derecho descansando en el estribo derecho. No había espacio para él en el asiento de la casilla. Cuando el camión llegó a un cruce, el demandante vió al carro del demandado a cierta distancia, y a juzgar por esto y asumiendo que la velocidad a que venía el deman-dado no era excesiva, creyó que el camión pasaría la intersección antes de que el demandado llegase a ella.”

La Corte Suprema de New Hampshire, dijo en parte:

“Si se dijera que el demandante fué negligente al sentarse en la posición en que estaba, se debería a los peligros que probable-mente se arrostrarían. Y si al estar en esa posición tomó las precau-ciones correspondientes y observó la vigilancia debida contra tales peligros, no debe decirse que fué negligente por no haber estado alerta contra peligros que no tenía 'que anticipar. No hay negli-gencia en arrostrar peligros desconocidos y no anticipados. . . Si asumió una posición negligente, no lo era en relación con el deman-dado, de quien no se anticipaba peligro alguno.
“No constituye negligencia el asumir que otra persona cumplirá con su deber cuando no hay justificación para asumir lo contrario, y la posición del demandante era análoga a la de un peatón, quien al cruzar una calle, no está obligado a anticipar peligros que no son razonablemente previstos. McCarthy v. Souther, 83 N. H. 29, 32; 137 A. 445. . . .
“Se arguye que el demandante fué negligente porque él arrostró innecesariamente un peligro conocido. El argumento es defectuoso con respecto a los hechos y a la ley. Según ya se ha visto, el de-mandante desconocía la existencia del peligro, o por lo menos, podría decirse que era uno por el cual no puede declarársele negligente al dejar de anticiparlo. Y el incurrir en un peligro conocido no es el equivalente legal de negligencia. Prichard v. Boscawen, 78 N. H. 131; 133; 97 A. 563, y casos citados; Hussey v. Railroad, 82 N. H. 236, 241, 242; 133 A. 9; Owen v. Hospital, 82 N. H. 497, 499, 136 A. 133.”

Véase también Dania Lumber & Supply Co. v. Senter, 152 So. 2.

Los casos anteriores son meras ilustraciones de la regla general tal como es establecida en 42 O.J. 1136, artícnlo 909, en donde se dice en parte, lo siguiente:

“Bajo la regla de que los derechos de todas las personas que usan las vías públicas son recíprocos, cualquier persona que se encuentra en la carretera tiene derecho a asumir, en ausencia de conocimiento o notificación en contrario, que otras personas que también usan las vías públicas, ejercerán cuidado ordinario para evitar lesionarle y puede asumir que obedecerán y no violarán los estatutos u ordenan-zas y los reglamentos de tránsito, y no será culpable de negligencia contribuyente al actuar bajo esta asunción.”

Esto, por supuesto, es solamente un aspecto de la regla más general tal como ba sido expresada en 45 C.J. 954, artículo 512, a saber:

“En ausencia de conocimiento contrario, ya sea expreso o im-plícito, una persona puede asumir que él no está expuesto, ni ame-nazado por un peligro que podría sobrevenirle al dejar otras personas de cumplir con sus deberes. Así pues, puede asumirse que todas las precauciones exigidas a otros para impedir lesionarle han sido o serán tomadas, ora el deber de tomar tales precauciones surja del impuesto por el derecho común de ejercer la ordinaria prudencia para evitar lesionar a otros, o de la costumbre, relaciones entre las partes, o de los contratos, dominio y tenencia de los bienes, y por razón de un estatuto u ordenanza. En otras palabras, él no está obligado a anticipar los actos u omisiones negligentes de otras per-sonas. Se ha resuelto que esto es lo cierto aunque sitúe su persona o propiedad en una posición arriesgada o peligrosa.”

Por las mismas razones el presente caso cae a nuestro juicio dentro de la regia de la sección 468, supra, del “Restatement”, más bien que dentro de la excepción. Sin embargo, la investigación que hemos hecho de este aspecto del caso ha sido sin la ayuda de los letrados debido a una nece-sidad algo superficial. Por lo menos, un caso bastante re-cíente (Hindi v. Elliot, supra) a pesar de que se puede dis-tinguir en sus hechos, indica la naturaleza debatible de esta cuestión. Sin duda pueden hallarse otros casos. En el ín-terin, sin perjuicio de que hagamos una discusión más amplia en casos futuros, nuestra conclusión es que en el caso de autos el riesgo de ser estropeado por un automóvil que iba de paso, no era uno de aquellos peligros ni de aquellos' daños inmi-nentes y obvios que Jorge, como hombre razonablemente pru-dente, estaba obligado a anticipar y considerar antes de asu-mir su posición en el estribo.

Si la carretera hubiese estado asfaltada, y si el Chevrolet en una tarde lluviosa hubiera patinado en el asfalto mojado,, hacia el centro de la carretera cuando el Cadillac se echó hacia su izquierda; si Jorge hubiera sido movido de su sitia como resultado de cierta aspereza en la superficie de la ca-rretera y hubiera caído frente al Cadillac, o si hubiese sidí>> lanzado del estribo al desviarse el Chevrolet, primero hacia;, la izquierda y luego hacia la derecha, al pasar a otro vehículo,: inmediatamente antes de encontrarse con el Cadillac, y si este-último hubiera pasado sobre su cuerpo, entonces podría de-cirse que estos resultados incidentales al manejo corriente del carro en que Jorge viajaba pudieron haber sido previs-tos, y hubieran sido previstos, por cualquier persona razo-nablemente prudente. Jorge no podía haber previsto a me-nos que anticipase un manejo descuidado del carro, que mientras él estaba en el estribo, en la posición ya indicada,, él sería estropeado por un automóvil que pasara. Con res-pecto a ese riesgo, y eliminando la posibilidad de negligencia de parte del conductor del carro en que Jorge estaba viajando, su posición era bastante segura hasta que se hizo peligrosa por la desviación repentina del Cadillac hacia el centro de-la carretera. Las disposiciones estatutarias que reglamen-tan el manejo- de automóviles fueron promulgadas para el beneficio y protección del público que viaja. No vemos razón alguna por la cual Jorge, como parte de ese público, deba considerarse que se colocó fuera de las disposiciones estatuta-rias y de la protección ofrecida por la ley, meramente porque al momento del accidente iba montado en el estribo de un automóvil en la forma y en las circunstancias reveladas por la prueba del presente caso.

El juez de distrito en el curso de su relación del caso y opinión dijo que el Chevrolet se detuvo, inmediatamente des-pués del accidente, como a dos metros del sitio donde yacía Jorge, mientras que el Cadillac se paró a 20 metros de allí, ,1o que demostraba que este último viajaba a gran velocidad. .Se señala esto como error.

' Se arguye que en Efret v. Quiñones, 40 D.P.R. 192, citado 'por el juez de distrito, los becbos eran distintos; que en el presente caso el cuerpo de Jorge chocó con el guardalodo trasero izquierdo del Cadillac, lo que demuestra que la con-ductora de este último no vió el accidente ni sabía qué había ‘ocurrido; que el testimonio de la hermana de la conductora fué a ese mismo efecto; que si el niño fué atrapillado contra la puerta del Chevrolet, la inferencia lógica es que el Chevrolet condujo el cuerpo del niño unos cuantos metros más allá del lugar del accidente, sobre todo cuando éste iba muy agarrado del Chevrolet; que el carro de cocos donde iba el tes-tigo "de los demandantes, Jesús García, se encontraba en el momento del accidente a 10 metros del sitio del suceso, y Gar-cía, que iba sentado en la parte trasera del mismo, no se tiró del carro, lo que demuestra que el Cadillac se detuvo mucho antes de 10 metros del sitio del accidente, y que si el cuerpo del niño estaba a 20 metros de aquél en que paró el Cadillac y a 2 metros detrás del Chevrolet, entonces este último necesa-riamente tenía que haber corrido más de 10 metros con el niño todavía en el estribo después del choque.

El hecho de que el caso de Efret v. Quiñones, supra, pueda distinguirse del présente no es un factor determinante. El hecho de que el cuerpo de Jorge chocara con el guardalodo trasero izquierdo después de haber chocado con el guardalodo delantero izquierdo de dicho automóvil y fuese atrapillado contra la puerta del Chevrolet no prueba que la conductora del Cadillac no se diera cuenta de lo ocurrido. El testimonio de su hermana tiende claramente a una conclusión contraria.

El hecho de que el cuerpo de Jorge chocara con el guar-dalodo trasero izquierdo del Cadillac y dejara una abolla-dura en el mismo, como a 14 pulgadas sobre el estribo, des-pués de haber sido atrapillado contra la puerta del Chevrolet por el guardalodo delantero del Cadillac, no tiende a de-mostrar que el cuerpo del niño fuera conducido más allá por el Chevrolet en su estribo, sino que tiende fuertemente a probar lo contrario. Nada hay que revele que él continuara agarrado al sostén de la lámpara auxiliar después que su cuerpo había sido golpeado y atrapado por el guardalodo delantero izquirdo del Cadillac. La forma en que fué es-tropeado y atrapillado hace que tal teoría sea enteramente insostenible. Las premisas en que los apelantes tratan de basar su conclusión final son igualmente falsas. Cuando el Cadillac se detuvo, la carreta de cocos no se hallaba ni a 10 metros ni a 20 metros del lugar dél accidente.

De la relación del caso y opinión emitida por el juez de distrito tomamos el siguiente párrafo:

“Además ha quedado probado que inmediatamente después del accidente el niño fué recogido por el chauffeur del Chevrolet y lle-vado al hospital donde murió, pero que antes se dirigió dicho chauffeur donde la señora Umpierre y la inculpó, imputándole la respon-sabilidad del hecho y pidiéndole que recogiera a la víctima, lo que no hizo dicha señora. Esta tampoco compareció al juicio, ni se dió explicación alguna de su omisión en prestar declaración, siendo ella la persona que guiaba el automóvil Cadillac que ocasionó el daño y parte interesada en la investigación de la verdad. Fajardo et al. v. Tió, 17 D.P.R. 244. Por otra parte, la contestación aparece jurada por el demandado Salvador Quiñones, diciendo constarle los hechos en ella alegados de propio conocimiento, enando según la evidencia él no se bailaba en el sitio del accidente al ocurrir el mismo.”

El comentario que se hace sobre el baber dejado la con-ductora del Cadillac, que era también uno de los demanda-dos, de ocupar la silla de los testigos se señala también como error. Las circunstancias indicadas en el contexto, en adi-ción a todos los demás Lechos que salieron a relucir durante el juicio, hacen, a nuestro juicio, que el presente caso caiga dentro del principio enunciado en el de Fajardo v. Tió, 17 D.P.R. 244, citado por el juez de distrito, más bien que en el de Banco Territorial y Agrícola v. Vergne, 43 D.P.R. 949, en que se fundan los apelantes. Sea ello como fuere, de exis-tir el error difícilmente podría considerarse como uno que dé lugar a la revocación.

El quinto señalamiento es que la corte de distrito cometió error al admitir prueba de los sufrimientos morales y físicos de los demandantes. La única autoridad citada a este respecto es el caso de American Railroad v. Santiago, 9 Fed. (2d) 753, ya discutido por esta Corte en Orta v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 36 D.P.R. 743, y Carbou v. Mir, 809. Los apelantes no atacan la conclusión a que se llegó en Orta v. Porto Rico Railway, Light & Power Co. ni en Carbou v. Mir, supra, aunque el juez de distrito citó el caso de Orta en su relación del caso y opinión. Es innecesario que repitamos ahora lo que se dijo en dichos dos casos.

' En vista de la naturaleza debatible de la cuestión de ne-gligencia contribuyente nos inclinamos a convenir con los apelantes en que no debió habérseles condenado al pago de las costas.

En lo que al pronunciamiento de costas se refiere, la sen-tencia debe ser revocada, y confirmada en todos sus demás extremos.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Sebastián Bonet y Berga, demandante y apelado, v. Sucn. de Hortensia Hernáiz Rozas, compuesta de sus hermanos Cándido y Manuel Hernáiz Rozas, como herederos conocidos y demás herederos desconocidos que se designan como John Doe y Richard Roe, y Banco Comercial de Puerto Rico, demandados; y Manuel Hernáiz Rozas, demandado y apelante.
    No. 6736.

    Sometido: Mayo 22, 1935.

      Resuelto: Noviembre 22, 1935.

      Large, Acevedo y Lecároz, ahogados del apelante; Salvador Suau, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Sebastián Bonet inició este pleito ante la Corte de Dis-trito de San Juan contra la Sucesión de Hortensia Hernáiz compuesta de sns hermanos Cándido y Manuel, como sus herederos conocidos, y John Doe y Richard Roe, como sus herederos desconocidos, y contra el Banco Comercial de Puerto Rico, en cobro de un crédito hipotecario, alegando substancialmente lo que sigue:

En enero 5, 1923, Hortensia Hernáiz, soltera, vecina de Carranza, provincia de Vizcaya, España, por medio de su apoderado Cándido Hernáiz, constituyó hipoteca sobre la casa de su propiedad No. 54 de la calle de San Justo de esta ciudad de San Juan, a favor de Sebastián Bonet y en ga-rantía de la suma de treinta mil dólares que se comprometió a devolverle en el plazo de cuatro años, con intereses al ocho y medio por ciento anual pagaderos al vencimiento de cada mes. El contrato se hizo constar en escritura pública de igual fecha que se inscribió en el Registro de la Propiedad del Distrito.

El 21 de marzo de 1929 las mismas partes contratantes celebraron un contrato de anticresis que hicieron constar en escritura pública de igual fecha, por virtud del cual la deu-dora Hernáiz cedió al acreedor Bonet los arrendamientos de la casa hipotecada para aplicar su producto al pago de los intereses de la deuda, al de los de una segunda hipoteca cons-tituida a favor del Banco Comercial y al de las contribucio-nes atrasadas y corrientes, estipulándose además que los términos del contrato de anticresis en nada afectarían, modi-ficarían o variarían las obligaciones derivadas del contrato de hipoteca.

Entró en efecto el acreedor Bonet en posesión de la casa y ha venido percibiendo sus alquileres aplicando su- importe en primer término al pago de los intereses atrasados de sus dos gravámenes y luego al de las contribuciones atrasadas y corrientes, rindiendo liquidaciones periódicas a la deudora Hernáiz y después de su muerte ocurrida en enero 31, 1932, al demandado Cándido Hernáiz.

El plazo para el pago de la deuda garantizada con la hi-poteca venció desde el 5 de enero de 1927 sin que la deuda fuera satisfecha por los demandados ni por alguno de ellos en todo o en parte. Los intereses fueron satisfechos hasta Abril 4, 1930. Se deben a partir de esa fecha, ascendiendo al 31 de diciembre de 1932 a $6,991.16, siendo, por tanto, la cantidad líquida debida la de $36,991.16.

Se incluye al Banco Comercial como parte demandada por haberse constituido por la Sra. Hernáiz a su favor una hipoteca sobre la indicada casa en garantía de $3,500.

Se pidió sentencia condenando a la Sucesión demandada a pagar al demandante la suma reclamada, las costas previa-mente fijadas en mil dólares, y los intereses hasta la fecha del pago, y si no lo hiciere que se venda en pública subasta la finca hipotecada para satisfacer la sentencia, quedando la segunda hipoteca cancelada.

Emplazados los demandados, sólo compareció Manuel Her-náiz. Presentó primero una moción para eliminar que fué desestimada. Luego pidió un pliego de particulares. Se opuso el demandante. La corte declaró con lugar la peti-ción. ' Contestó entonces aceptando algunos hechos de la de-manda y negando otros, alegando substancialmente que el contrato de anticresis modificó y varió el de hipoteca, nován-dolo, y que el demandante ha venido y está actualmente en posesión de la casa a virtud del contrato de anticresis que se encuentra en vigor, motivo por el cual la deuda reclamada no es líquida ni exigible. Como defensa especial alegó que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción.

Fué el pleito a juicio y la corte lo decidió finalmente por sentencia favorable al demandante el 26 de febrero de 1934. En su relación del caso y opinión se expresó en parte como sigue:

“De acuerdo con el testimonio del demandante y de varias cartas y elaborados estados de cuenta presentados y admitidos en evidencia, la deudora hipotecaria ni ninguno de los demandados ha satisfecho a dicho acreedor en todo ni en parte el montante del préstamo de $30,000, ni de sus intereses reclamados. Y aparece así mismo del extenso examen del referido testigo y de las hojas de contabilidad ad-mitidas en evidencia sobre tales extremos, prueba ‘que no fué en forma alguna controvertida, que el demandante cumplió debidamente con los términos y convenios del contrato de anticresis, dando a los ingresos por concepto de alquileres la aplicación convenida por las partes. Por dicha prueba, que a la Corte merece entero crédito, el tribunal llega a la conclusión de que las rentas producidas bajo el contrato de anticresis fueron enteramente absorbidas por los usos y aplicaciones a que fueron destinadas por las partes, tales como in-tereses hipotecarios del demandante y del Banco Comercial de Puerto Rico, contribuciones atrasadas y corrientes, reparaciones y agua y luz eléctrica utilizadas en la finca gravada. En tal virtud, el cré-dito hipotecario del demandante con sus intereses reclamados se ha-lla en su totalidad vencido y es exigible.”

No conforme el demandado Manuel Hernáiz, apeló para ante este tribunal. Señala en su alegato cuatro errores co-metidos a su juicio por la corte de distrito al dictar sentencia, Io, declarando con lugar una demanda que no aduce hechos suficientes para determinar la causa de acción ejercitada; 2o, resolviendo que el contrato de hipoteca no fue novado por el de anticresis; 3o, dando paso a la acción hipotecaria sin haberse rescindido el contrato de anticresis; y 4o, recono-ciendo el cumplimiento por parte del demandante de lo con-venido a virtud de dicho contrato. Todos pueden estudiarse conjuntamente. Argumentándolos, dice el apelante, en parte en su alegato:

En cuanto al primero, “no se alega en la demanda que dicho contrato (el de anticresis) se haya rescindido de nin-gún modo, ni que se haya reintegrado de nuevo a Hortensia Hernáiz Rozas o sus herederos en el goce de la finca, como dispone el párrafo segundo del artículo 1784 del Código Civil de Puerto Rico, ed. 1911, para poderse librar el acreedor de las obligaciones que se impuso por el contrato, y que además le impone el artículo 1783 del citado Código Civil.”

En cuanto al segundo, “es indiscutible que la estipulación contenida en el contrato de anticresis de que la hipoteca de Bonet se pagaría y cobraría dicho señor con el producto de los arrendamientos y alquileres de la finca, durante la vi-gencia de los dos gravámenes hipotecarios relacionados en la escritura de anticresis, o sea hasta la extinción de la hipo-teca de Bonet y la del Banco Comercial de Puerto Rico, im-plica una modificación sustancial de la forma, modo y plazo de hacer efectiva la hipoteca que se ejecuta, modificación que determina la novación de la condición de pago de la hi-poteca de Bonet. . .”

En cnanto al tercero, “exista o no la novación alegada por este demandado como defensa al contestar la demanda, y aun suponiendo que no exista la novación, en tal supuesto quedaría la controversia gobernada por la teoría de la an-ticresis. Y vamos a demostrar abora, que de acuerdo con esta institución jurídica es necesario entregar al deudor la finca dada en anticresis antes de que el acreedor pueda eje-cutarla.

“Los artículos 1782, 1783 y 1784 del Código Civil establecen lo siguiente:
“ ‘Art. 1782 C. C. R.: Por la anticresis el acreedor adquiere el derecho de percibir los frutos de un inmueble de su deudor, con la obligación de aplicarlos al pago de los intereses, si se debieren, y después al del capital de su crédito.
“ ‘Art. 1783 C.C.R.: El acreedor, salvo pacto en contrario, está obligado a pagar las contribuciones y cargas que pesen sobre la finca.
“ ‘Lo está asimismo a hacer los gastos necesarios para su conser-vación y reparación.
“ ‘Se deducirán de los frutos las cantidades que emplee en uno y otro objeto.
“ ‘Art. 1784 C. C. R.: El deudor no puede readquirir el goce del inmueble sin haber pagado antes enteramente a su acreedor.
“ ‘Pero éste, para librarse de las obligaciones que le impone el artículo anterior, puede siempre obligar al deudor a que entre de nuevo en el goce de la finca, salvo pacto en contrario. ’
“Por virtud del primero de estos preceptos el acreedor señor Bonet entró en la posesión y disfrute de la finca hipotecada que tomó en anticresis a los efectos prevenidos en el contrato, que coin-ciden con los determinados en los artículos 1782 y 1783 del citado Código Civil de Puerto Rico.
‘ ‘ Siendo esto así, claro es que el demandante no tiene acción para pedir en este caso (sine actione agis) porque se lo impide la propia naturaleza del contrato de anticresis en funciones.
“Si por el contrato antierético y en cumplimiento del mismo está obligado el señor Bonet a satisfacer su hipoteca, que se está él cobraudo con el producto de los alquileres de la casa dada en an-ticresis, y está también obligado a pagar la hipoteca del Banco Co-mercial de Puerto Rico; y si, además, la ley le obliga (art. 1783 C.C.R.) a pagar todas las cargas de la finca, contribuciones y de-más atenciones de la misma, ¿cómo va a poder ejercitar la acción establecida que declaró con lugar el tribunal a quo, sin antes res-cindirse el contrato anticrético, que está pendiente de cumplimiento, y devolver la finca al deudor, según previene el párrafo segundo del artículo 1784 del citado Código Civil de Puerto Rico?
“La sentencia apelada pugna con la realidad jurídica presente creada por el contrato de anticresis.”

T en cnanto al cuarto, “si, pues, para cumplir el contrato anticrético está poseyendo Bonet el inmueble y percibiendo sus frutos. T si de la demanda aparece que no se ba pagado la deuda hipotecaria, ¿no está claro que el contrato no se ba cumplido y, por tanto, que el tribunal a quo, al declarar que sí, infringe los citados preceptos del Código'Civil?”

Reconocemos la habilidad con que el apelante ba presen-tado su caso. No ba sido tarea fácil su estudio y decisión para nosotros. Sólo a virtud de un examen detenido de los hechos y la ley es que hemos podido llegar finalmente a la conclusión de que no existen los errores señalados, debiendo en su consecuencia declararse el recurso sin lugar y confir-marse la sentencia apelada.

A nuestro juicio la obligación garantizada por la hipoteca no fue novada.

En el propio contrato de anticresis las partes estipularon:

“Séptimo: Los términos de este contrato son completamente in-dependientes de los derechos y obligaciones que surgen entre deudor y acreedor hipotecario, y por tanto en nada modifica, sustituye o varía las obligaciones derivadas de dicho contrato de hipoteca.”

Y en el artículo 1158 del Código Civil ed. 1930, se estatuye :

“Para que una obligación quede extinguida por otra que la subs-tituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la anti-gua y la nueva sean de todo punto incompatibles.”

La hipoteca subsistió. Lo que se hizo por el nuevo con-trato fué dar al acreedor una nueva manera de hacer efec-tivo el cobro de su crédito, una garantía más, y esta corte ha dicho en el caso de Iglesias v. Jefferson Standard, Life Ins. Co., 45 D.P.R. 711, 714:

“Aparece, pues, que la demandada convino con los demandantes en desistir del primer procedimiento ejecutivo a cambio de una ga-rantía adicional, cuya naturaleza no surge claramente de las alega-ciones, pudiendo ser una antieresis o una cesión de rentas. Se alega que esto constituye una alteración de la forma de pago, pero, a de-cir verdad, la única alteración que aparece de los hechos alegados consiste en que a la demandada se le aseguraba el cobro de ciertos fondos específicos, o sea, las rentas, en vez de tener que depender únicamente de los fondos generales de que pudieran disponer los de-mandantes. Y esta llamada alteración en la forma de pago no es otra cosa, según se desprende de la demanda, que la concesión de una garantía adicional a la demandada. Es elemental que la con-cesión de una garantía no constituye por sí sola una novación de la prestación garantizada.”

Pero se insiste en que aunque la hipoteca no fuera novada, es lo cierto que a virtud de la antieresis el acreedor está y continúa en la posesión del inmueble hipotecado percibiendo sus rentas, y no puede cobrar por la vía judicial su crédito hasta que devuelva dicho inmueble a su dueño el deudor.

Conocemos ya lo que disponen los artículos 1782, 1783 y 1784 del Código Civil—1781, 1782 y 1783 de su edición de 1930 — y sabemos que el tercero de ellos prescribe que cuando el acreedor quiera librarse de las obligaciones que le impone el segundo o sea el pago de las contribuciones y otras cargas del inmueble, “puede siempre obligar al deudor a que entre de nuevo en el goce de la finca, salvo pacto en contrario”, y que aquí el acreedor no ejercitó ese derecho.

Pero las citadas por el apelante no son todas las dispo-siciones del Código Civil con respecto a la antieresis. Existe además la del artículo 1784 de su edición de 1930, como sigue:

“El acreedor no adquiere la propiedad del inmueble por falta de pago de la deuda dentro del plazo convenido.
“Todo pacto en contrario será nulo. Pero el acreedor en este' caso podrá pedir, en. la forma que previene la ley de enjuiciamiento civil, el pago de la deuda o la venta del inmueble.”

Comentando Manresa ese precepto, en parte dice:

“Pero si bien la disposición y el fundamento legal son los mis-mos en la prenda y en la anticresis, las consecuencias de la falta de pago son distintas, pues en la primera el acreedor puede pro-ceder por sí a la venta de la cosa pignorada en la forma establecida por el art. 1872, con las amplitudes que lian venido 'a dar a su sentido las resoluciones y sentencias que citamos en el comentario de dicho artículo, y, por el contrario, el acreedor anticresista, como el hipotecario, no se halla expresamente autorizado para proceder a la enajenación por sí, sino que, en todo caso, si no se hiciere efec-tiva la deuda a su vencimiento, no tiene otro derecho que el de pedir, en la forma que previene la ley de Enjuiciamiento civil, el pago de lo debido o la venta del inmueble dado en anticresis.” 12, Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 479, cuarta edición.

Y a él refiriéndose Sánchez Román, expresa:

“A diferencia de lo que sucede en el contrato de prenda, que si bien es preciso que precedan dos subastas, puede después de ellas el acreedor pignoraticio hacerse dueño de la prenda adjudicándosela en pago de la deuda, en la anticresis está esto terminantemente prohi-bido, siendo wwlo todo pacto en contrario y 'quedando limitado el derecho de acreedor con anticresis, o a dimitir el disfrute de la finca por resultarle gravoso, según tenemos indicado, o a solicitar, en la forma que previene la ley de Enjuiciamiento civil, el pago de la deuda o la venta del inmueble (art. 1884).” 4, Sánchez Román, De-recho Civil, 990, segunda edición.

Hemos examinado la escritura de anticresis acompañada a la demanda y no consta que se fijara un número determinado de meses o de años como término del contrato. Se dijo en ella que el acreedor percibiría el producto de la casa “du-rante todo el tiempo de la vigencia de los gravámenes hipo-tecarios, o de la prórroga de los mismos en su caso, que sobre dicha urbana pesan”, supeditándose así el vencimiento de la anticresis al de la hipoteca, y como el vencimiento de la hipoteca y el no pago del crédito por la misma garantizado se alegaron y probaron, sur ge claro el derecho del acreedor a cobrar lo que se le debe por la vía judicial.

¿Constituye una condición precedente al ejercicio de la acción de cobro de dinero la devolución del inmueble al deu-dor?

No lo ordena la ley. Los comentaristas que hemos con-sultado nada expresan sobre el particular. La cuestión, que sepamos, no ha sido resuelta por la jurisprudencia.

Ambos artículos, el 1783 y el 1784 del Código Civil, edi-ción de 1930, tienen vida por sí mismos, ya que se refieren a situaciones distintas.

Cuando el acreedor quiere librarse de las obligaciones que le impone el contrato de anticresis que, según Manresa, “se otorga exclusivamente en favor del acreedor” (12, Man-resa, Comentarios al Código Civil, 477, cuarta edición) puede obligar al deudor a que entre de nuevo en el goce de la finca, salvo pacto en contrario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1783.

Ese no es aquí el caso. Aquí no. se trata de si el acreedor continuó o no obligado a seguir aplicando las rentas al pago de las cargas, mientras estuviera en la posesión y adminis-tración del inmueble, rindiendo cuenta por supuesto de ello de acuerdo con la ley. Aquí se trata del cobro de la deuda original por no haberse satisfecho dentro del plazo conve-nido, situación prevista y regulada por el artículo 1784, y aunque nos damos cuenta de que el caso sería más sencillo si el inmueble se devolviera en el momento en que la acción judicial de cobro se inicia, no vemos que la devolución sea absolutamente necesaria. Lo que se necesita es que a la fecha en que la demanda se radique, el plazo convenido para el pago esté vencido y no se haya el pago verificado.

Es factible liquidar la deuda hasta determinada fecha y sobre esa liquidación actuar. Si la administración continúa por quedar el acreedor en la posesión del inmueble, vendrá dicho acreedor obligado a rendir otra cuenta que abarque el nuevo período hasta que el asunto quede definitivamente ter-minado.

Esa es nuestra interpretación de la ley. La hipoteca no se ejecutó por la vía sumarísima. La deuda se cobró por la vía ordinaria que garantiza a la parte demandada amplia oportunidad para defenderse. El acreedor no se limitó a presentar en evidencia los documentos creditivos de la cons-titución de la obligación reclamada, si que partiendo de la base de la nueva situación de hecho creada por el segundo contrato — el de anticresis — presentó prueba del resultado de su administración. Y tomando en consideración el resul-tado de la prueba fue que se dictó la sentencia recurrida. La defensa del demandado único que compareció a oponerse a la reclamación fue técnica. No negó la existencia de la deuda. Se limitó a sostener en varias formas la improcedencia de la acción por no habérsele puesto en posesión del inmueble que hipotecó primero y dió en administración después para el pago de la deuda.

Demostrados la ineficacia de la administración para el fin que se creara y el vencimiento de la obligación y liquidada ésta, no podemos ver que se cometiera injusticia alguna al condenarse al deudor a pagar lo que realmente se demostró que debía y al ordenarse que si así no lo hiciere, se vendiera en pública subasta la finca que para garantizar el pago de su obligación él mismo previamente hipotecara, dedicándose el producto de la venta a satisfacer la sentencia. El derecho que tiene el deudor a exigir al acreedor que rinda cuenta de la administración del inmueble a partir de la liquidación que sirvió de base a la sentencia, por todo el término que continúe en la posesión del inmueble hasta que sea vendido, si lo fuere, es independiente y quedó en pié para ser ejercitado en la forma que proceda.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Pedro Orcasitas Muñoz, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 960.

    Sometido: Noviembre 4, 1935.

      Resuelto: Noviembre 25, 1935.

      González Fagundo & González, Jr., abogados del.recurrente; el re-gistrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Orcasitas presentó para su inscripción en el Re-gistro de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, en julio 10, 1935, un “Certificado de Compra de Bienes In-muebles ’ * expedido por el Colector de Rentas Internas de Río Piedras en julio 29, 1933, ereditivo de haber adquirido por $639.92, en subasta celebrada ante dicho funcionario para el cobro de contribuciones, una finca de noventa y cinco cuerdas perteneciente a Alfonso González, tasada en $28,540.

El certificado cansó en el registro la siguiente nota:

“Denegada la inscripción de la venta hecha por este documento, tomada anotación preventiva por 120 días e inscrita la ampliación del crédito bipotecario a favor de Pedro Orcasitas Muñoz por $639.92 de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo final del artículo 348 del Código Político y la sentencia en el caso Cancel v. El Registrador, 15 D.P.R. 486. . .
“La inscripción a 'que se refiere la precedente nota se practicó con el defecto subsanable de no estar aceptado el contrato por el adquirente. ’

No conforme Pedro Orcasitas interpuso contra ella el presente recurso gubernativo. Sostiene, Io que procede la inscripción de la venta habiendo aplicado el Registrador erróneamente la ley y la jurisprudencia que cita, 2o que no procede la inscripción de ampliación de hipoteca practicada y 3o que no existe el defecto subsanable apuntado. Argu-menta sus conclusiones y acompaña la escritura de hipoteca constituida por el dueño de la finca en cuestión a favor de Orcasitas en garantía de un préstamo de $15,000 que éste le hiciera.

Los hechos son claros. La finca de que se trata consta inscrita en el registro a favor de Alfonso González quien la hipotecó en diciembre 16, 1931, en garantía del préstamo que le hiciera Pedro Orcasitas. La hipoteca se inscribió también en el registro. En ninguna parte del documento consta que el acreedor se obligara a satisfacer las contribuciones impuestas o que se impusieran a la finca.

El dueño de la finca, González, dejó de pagar las contri-buciones y El Pueblo inició el procedimiento administrativo de ley para cobrarlas subastándose el inmueble en mayo 19, 1933, adquiriéndolo Pedro Orcasitas, único postor, quien ofre-ció por él $639.92 que era lo que debía por contribuciones.

Orcasitas sostiene que él es un comprador igual a cual-quier otro que hubiera obtenido la buena pro en la subasta y el registrador insiste en que siendo Orcasitas dueño de una hipoteca constituida sobre la finca en cuestión, no pudo ad-quirir ésta para sí, debiendo interpretarse el llamado con-trato de venta que realizara simplemente como uno de am-pliación de hipoteca.

Examinemos ambas posiciones a la luz de la ley y la ju-risprudencia para ver cuál de ellas debe prevalecer.

El artículo 348 del Código Político en que el registrador se funda dispone en efecto, en lo pertinente, que:

“Cuando se redimiere la propiedad por un acreedor hipotecario, el dinero pagado por éste para redimir la propiedad se acumulará a su crédito hipotecario, y podrá recobrarse al mismo tipo de interés que devengue el crédito hipotecario; y cuando el inquilino o arren-datario redimiere la propiedad, podrá deducir de la renta que pa-gare el importe de dicha redención.”

Habiendo resuelto esta corte en el caso de Cancel v. Registrador, 15 D.P.P. 486, lo que sigue:

“Cuando una finca afecta a un crédito hipotecario es vendida a un tercero para el cobro de contribuciones morosas, y redimida por el mismo acreedor hipotecario en concepto de tal acreedor mediante pago al comprador del importe del precio de la finca rematada, sus intereses y el importe de los recibos de contribuciones atrasadas sa-tisfechas, no tiene derecho a que se inscriba a su favor el dominio, de la finca por él redimida con el carácter de acreedor hipotecario,, pero sí a que se anote en el Registro como ampliación de su crédito, hipotecario el importe del precio de la redención, de acuerdo con la», sección 62 de la Ley de Rentas de marzo 14, 1907. ” > r

Aquí Orcasitás, acreedor hipotecario, alega que no acudid a la subasta como tal, ni redimió la finca vendida, si que la compró en la subasta celebrada para el cobro de las contri-buciones adeudadas por la misma. ¿Pudo hacerlo?

No bay duda de que pudo pagar las contribuciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 333 del Código Po-lítico acumular lo pagado a su hipoteca para ser reinte-grado al tipo de interés especificado en el documento cons-titutivo de la misma. Tampoco la hay de que pudo redimir la finca en su caso de conformidad con el citado artículo 348 del Código Político.

Ahora bien, la circunstancia de que la ley le reconozca esos derechos ¿le impide actuar como cualquier otra persona, de modo independiente, y comprar para sí el inmueble ofrecido en venta en pública subasta para el cobro de contri-buciones ?

La contestación a esa pregunta depende del alcance' qne tenga la hipoteca o de lo qne se hubiere pactado entre el acreedor y el deudor en relación' con las contribuciones.

Si el acreedor hipotecario por virtud del contrato se con-vierte en una especie de condueño o si se compromete a sa-tisfacer las contribuciones o pacta algo que de acuerdo con la ley y la jurisprudencia a ello lo obligue, entonces sus de-rechos están limitados a los que le reconoce el Código Po-lítico, pero si la hipoteca constituye una mera garantía y la persona a cuyo favor se otorga no se obliga al pago de las -contribuciones, ni pacta algo en relación con ellas que hi-ciere variar su situación, entonces el acreedor tiene además el derecho de adquirir para sí como cualquier otro ciudadano ja finca hipotecada en una venta celebrada para el cobro de ■las contribuciones.

Cooley, en su obra “The Law of Taxation,” vol. 3, p. 2857 y siguientes, dice:

“Un deudor hipotecario que tiene el deber de pagar las contri-buciones no puede ser el adquirente en una subasta efectuada para el cobro de las mismas y de ese modo cancelar la hipoteca. Pero si el acreedor hipotecario estuviera en posesión, recibiendo las rentas y beneficios, y estuviera obligado a pagar las contribuciones, no pare-cería tan claro que el deudor hipotecario estuviese impedido de apro-vecharse de la negligencia del acreedor. Si eso se sostuviera, pare-cería haber motivo para decidir que el acreedor hipotecario también, por razón de su relación con el título, estaba impedido de ser un ■comprador del interés del deudor hipotecario en la subasta y que su .remedio estaría limitado al pago para proteger su gravamen. No .puede decirse en tal caso que el deudor o el acreedor hipotecario no estén obligados con el gobierno a pagar la contribución. Por el contrario, imponiéndose la contribución como un gravamen superior al del acreedor y aún al título del deudor, podría muy bien soste-nerse, a nuestro juicio, que ni el deudor ni el acreedor estaban en ^libertad para dejar .de efectuar el pago, como paso para mejorar su condición a costa de la otra parte, pero que la presunción de la ley debe ser que el comprador hizo tal cosa para proteger sus pro-"pios intereses meramente. Y esto es, en general, lo que establecen las autoridades. Y se sostiene que cuando un comprador de tierras sujetas a hipoteca no asume ni conviene en pagarla, no subsiste re-lación personal u obligación algunas entre él y el acreedor hipoteca-rio, y no tiene deber alguno de pagar al último las contribuciones impuestas sobre las tierras, y por tanto, puede adquirir una escri-tura por concepto de contribuciones que extinguirá los derechos del acreedor hipotecario. El peso de las autoridades está en favor del criterio de que el acreedor hipotecario no puede comprar la propie-dad hipotecada en una subasta efectuada para el cobro de las con-tribuciones y de este modo adquirir un título que destruiría los de-rechos del deudor hipotecario, especialmente cuando el acreedor está en posesión. Sin embargo, en algunos estados en que la hipoteca se considera solamente como una garantía de la deuda y no se estima que el título legal lo tiene el acreedor, se ha sostenido que un acree-dor hipotecario que no está en posesión material puede adquirir el título por compra en una subasta para el cobro de las contribuciones en contra de los deudores hipotecarios.”

Y Corpus Juris resume la jurisprudencia, así:

“El gravamen de una hipoteca sobre una finca no puede ser cancelado por la compra de la propiedad hipotecada en una venta para el cobro de contribuciones, tanto para el deudor hipotecario como para uno que se haya hecho cargo de la hipoteca como compra-dor de él, o por otro encargado de la propiedad bajo circunstancias indicadoras de fraude o colusión; pero cuando un deudor ha con-venido expresamente en pagar las contribuciones sobre la propiedad hipotecada, se sostuvo que él no estaba por eso impedido de adquirir el título de la misma si ello no afecta los intereses o derechos que surgen o resultan de la hipoteca. Del mismo modo el título de un deudor no puede ser enajenado por compra de la propiedad hipo-tecada por el acreedor hipotecario en una venta para el cobro de contribuciones. Cuando existen distintos .tenedores de pagarés ga-rantizados por la misma hipoteca y uno de dichos acreedores no puede obtener el pago del deudor hipotecario para la cancelación de su reclamación, y, en contra de los otros acreedores, perfecciona su título adquiriendo un certificado de contribuciones al amparo de un gravamen sobre la finca por contribuciones existentes al tiempo de él adquirir el derecho sobre ella; ni siquiera uno de los dos acreedores sucesivos de la misma finca despoja al otro del gravamen por tal compra. Sin embargo, se ha sostenido, que la mera relación de acreedor hipotecario no impide a éste adquirir el título de la propiedad hipotecada comprándola en una venta para el cobro de contribuciones, y que un acreedor hipotecario puede llegar a ser un comprador cuando no estaba bajo el deber u obligación de pagar las contribuciones, si él no hizo uso de su posición de acreedor hipote-cario para convertirse en un comprador, no compró en su carácter de acreedor hipotecario, y no tomó parte en relación con la venta excepto la de ofrecer y pagar el dinero de la compra; o si él no es-taba en posesión de la propiedad al tiempo de acumular las contribu-ciones, o cuando fué vendida de acuerdo con los procedimientos para el cobro de contribuciones, pero cuando se permite al acreedor hipo-tecario comprar la propiedad hipotecada en una venta para el cobro de contribuciones, él no puede más tarde levantar la cuestión del título así obtenido en contra de los derechos de redención del deudor hipotecario.” 61 C. J. 1203.

El contrato de hipoteca está regulado en esta Isla por el Código Civil y la- Ley Hipotecaria. La hipoteca es accesoria. G-arantiza una obligación principal. Por ella el acreedor no se convierte en dueño de la finca hipotecada, ni entra en po-sesión de la misma, ni asume la obligación de pagar las contribuciones que El Pueblo imponga a la finca. Esta con-tinúa en la posesión de su dueño, el deudor, a quien corres-ponde el pago de las contribuciones, a menos que se pacte que dicho pago corresponde al acreedor.

Siendo ello así, es la aplicable en Puerto Rico la juris-prudencia que sostiene el derecho del acreedor hipotecario que no se obliga a satisfacer las contribuciones, a comprar para sí la finca hipotecada en una venta para el cobro de las mismas, sujeta desde luego la adquisición al derecho de re-dención que la ley reconoce al dueño. Parece conveniente ci-tar en extenso siquiera una de las decisiones de las cortes del Continente que establece la jurisprudencia que de acuerdo con los hechos y la ley estimamos aplicable a este caso. Es-cogeremos por lo corta y precisa la de Jones v. Black, 18 Okla. 344, que aparece reportada también en 11 Am. and Eng. Ann. Cas. 753, donde se encontrará una nota que resume las diferentes decisiones sobre el particular.

La Corte Suprema de Oklahoma, por medio de su Juez Pancoast, se expresó así:

“Este caso presenta solamente una cuestión legal. Las contro-versias surgen de una excepción previa a la petición, declarada con lugar por la corte inferior. La cuestión envuelta es como sigue: ¿Puede un acreedor hipotecario adquirir el título de la propiedad hipotecada comprando un certificado de contribuciones y obteniendo al efecto la escritura de contribuciones destruyendo así los derechos del deudor hipotecario en la propiedad?
“Los casos han sido llevados a distintas cortes bajo aspectos diversos, y aunque una ligera lectura parecería indicar que existe algún conflicto en las autoridades sobre la cuestión, sin embargo, después de un cuidadoso estudio de los diferentes estatutos y de los distintos casos presentados, el aparente conflicto en realidad no existe.
“Bajo la antigua regla se sostenía que cuando el acreedor hipo-tecario poseía un título legal, estaba impedido de adquirir el título en una subasta para el cobro de las contribuciones. La misma regia és aplicable a un acreedor hipotecario que está en posesión de la propiedad. De acuerdo con nuestro estatuto, un acreedor hipoteca-rio posee su hipoteca solamente como garantía de la deuda, y cuando el contrato no especifica que el acreedor hipotecario está obligado a pagar las contribuciones de la propiedad, las autoridades son uni-formes en el sentido de que él puede adquirir el título en una su-basta. En este caso había una disposición en la hipoteca al efecto de que en caso de que el deudor hipotecario dejara de pagar las contribuciones, el acreedor tendría el derecho de pagarlas. Esta disposición, sin embargo, reitera simplemente el derecho que él hu-biera tenido sin que la referida condición' hubiera sido incluida en la hipoteca. Esa disposición no le obliga a pagar las contribuciones pero le da derecho a hacerlo si el deudor hipotecario dejare de satis-facerlas. Este derecho lo habría tenido el acreedor aun sin la exis-tencia de dicha condición, y ni amplía ni limita los derechos legales de las partes respectivas. Bajo la ley actual y el estado de las partes existente en este caso, no hay relación de confianza entre las mismas que impida que el acreedor hipotecario se convierta en adquirente en la subasta. Los atributos de la hipoteca en el derecho, común han sido totalmente desechados. El acreedor hipotecario tiene sola7 mente un gravamen sobre la propiedad, mas no un título. Su gravamen no le da derecho a la posesión. Su único remedio es la eje-cución de la hipoteca. Se le exige que pague contribuciones sobre el pagaré y la hipoteca, y el cumplimiento de esta obligación es todo !¿ que la ley le exige. ’
“Al prestar dinero al deudor hipotecario, el acreedor no se com-promete u obliga a pagar las contribuciones sobre la garantía ofre-cida, sino que por el contrario el deudor hipotecario está obligado a pagar las contribuciones, y es su deber proteger el gravamen o la garantía. Permitir que el deudor hipotecario se niegue a pagar contribuciones sobre una propiedad que ha dado en garantía de una deuda, y después que el acreedor hipotecario ha adquirido la pro-piedad en una subasta, considerarlo como fiduciario en beneficio del deudor sería permitir que el deudor hipotecario se beneficiara de su propia falta. Al acreedor hipotecario no puede hacérsele res-ponsable de tener un título en la propiedad, toda vez qiue nuestro estatuto niega la idea de un título en el acreedor. El hecho de que pueda pagar las contribuciones y recobrar las mismas mediante eje-cución, no le obliga a hacerlo, ni la adquisición en una subasta crea relación alguna de confianza entre él y el deudor. ‘Los principios envueltos en relación con transacciones entre el fiduciario y el fidei-comisario, tal como han sido adoptados por las cortes de equidad, no son aplicables. La dependencia, y el deber de proteger no están envueltos en esta relación, y las partes pueden negociar sujetas so-lamente a los principios corrientes.’ ”

El caso de Cancel v. Registrador, 15 D.P.R. 486 que in-voca el registrador no tiene el alcance que le atribuye. En él se presentó en el registro un certificado de venta de una finca en pública subasta a favor de José Antonio Ríos, que contenía al dorso un acta notarial creditiva de que Pascasio Cancel, en concepto de acreedor hipotecario, había redimido la finca mediante entrega al comprador Ríos de lo por él sa-tisfecho.

El registrador denegó la inscripción porque habiendo sido redimida la finca por Cancel en concepto de acreedor hi-potecario, su derecho estaba limitado a acumular a su crédito el dinero pagado.

No conforme Cancel acudió a esta Corte Suprema, la que con vista de las constancias del registro traídas al recurso a virtud de un auto para mejor proveer, se expresó como sigue:

“. . . si nosotros creyésemos que Cancel ■ llevó su título al Re-gistrador con el propósito de que se inscribiese a su favor el dominio de la finca por él redimida con el carácter de acreedor hipotecario, entonces tendríamos qne estar conformes con la nota denegatoria. . .
“Pero nos parece qne el intento fué otro, limitado al derecho que le otorga la Ley de Rentas aprobada en 14 de marzo de 1907. Leyes de este año página 330.
“Pensando así creemos qne el propósito de Cancel fué obtener una anotación en su crédito hipotecario, haciéndose constar que éste se ha aumentado en ciento cinco dollars cincuenta centavos que fué la cantidad pagada por la propiedad redimida con el interés al mismo tipo de su crédito hipotecario, cancelándose también la anotación del embargo qne por el remate de la finca en cobro de contribuciones, se haya hecho.
“Esto es lo 'que creemos procedente para garantía de ese nuevo derecho de Cancel y por eso debe revocarse la nota denegatoria del Registrador de la Propiedad de Areeibo, quien procederá a inscribir en la forma adecuada la ampliación del crédito hipotecario según el título presentado.”

Como puede verse, en ese caso el acreedor ejercitó el de-recho de redención mientras que aquí sostiene que no acudió a la subasta como acreedor, sino como ciudadano particular.

Resuelto el primer error en el sentido de que debe inscribirse el certificado de venta presentado en el registro, como tal, bastará decir en cuanto al segundo que es evidente que no cabe inscribirlo como ampliación de hipoteca.

El tercer error señalado se refiere -al defecto subsanable. Argumentando el señalamiento el recurrente dice:

“De acuerdo con el Código Político, en las ventas que se hacen para satisfacer las contribuciones que adeuden las fincas el único re-quisito previo que hay que llenar es la anotación del embargo de acuerdo con el artículo 340 del mencionado Código Político, cuya anotación se llevó a efecto el 16 de febrero de 1933 y una vez veri-ficada la venta de la propiedad embargada lo único que tiene que hacer el colector es expedir un certificado de compra de bienes in-muebles que contenga todos los requisitos exigidos por el Código Político y no se necesita aceptación de ese contrato por el adqui-rente ni documento aparte, porque el haber comparecido a la su-basta, haber hecho postura y pagado el precio implica una aceptación del contrato de compraventa aparte de qne el Código Político no exige qne exista tal aceptación.”

Tiene razón a nuestro juicio.

Por virtud de todo lo expuesto, debe revocarse la nota re-currida y ordenarse la inscripción solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Julio Solla, demandante y apelante, v. Petra B. Vda. de Marín, L. Alvarez y Rafael Ruiz, demandados y apelados.
    No. 6210.

    Sometido: Noviembre 14, 1935.

      Resuelto: Noviembre 27, 1935.

      M. Benitez Flores, abogado del apelante; B. Buscaglia, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Julio Solla radicó una demanda en la Corte de' Distrito de San Juan contra Petra B. Yda. de Marín, L. Alvarez y Rafael Ruiz. La causa de acción en cuanto a la primera demandada se basa en que ésta radicó una demanda en la Corte Municipal de San Juan contra el abora demandante en cobro de dinero, sabiendo que dicha demanda era improce-dente y que el señor Solla no le debía cantidad alguna. La causa de acción en cuanto a los otros dos demandados se basa en que éstos prestaron fianza de $200 para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar un embargo trabado por Petra Yda; de Marín en la demanda que da origen a este pleito. El señor Solla reclama en esta de-manda la cantidad de $200 por concepto de honorarios de abo-g’ado en la corte municipal y en la corte de distrito. Reclama además $45 diarios que dejó de ganar por haber tenido que comparecer tres días ante la corte municipal y la corte de distrito por razón de la demanda de doña Petra B. Yda. de Marín. Alega el demandante que a consecuencia del embargo trabado sobre el dinero que tenía en el Banco Comercial de Puerto Rico, se vió obligado a no dar cumplimiento a una obligación que babía concertado sobre compra de ganado, de-jando de ganar en esa transacción la cantidad de $400. So-licita una suma adicional de $2,000 de daños y perjuicios ocasionados por los malos ratos y trastornos sufridos y por la humillación a que ha sido sometido, la cual afecta su cré-dito comercial y los negocios a que se dedica, todo lo cual proviene de la demanda y el embargo efectuados por Petra B. Yda. de Marín.

Los señores Rafael Ruiz y L. Alvarez fueron emplazados debidamente. La Sra. Petra B. Yda. de Marín fué empla-zada por edictos, debido al hecho de que se encontraba en los Estados Unidos al tiempo de radicarse la demanda, pero no se le embargaron bienes en Puerto Rico. Los demandados Rafael Ruiz y L. Alvarez presentaron una excepción previa ante la corte de distrito por falta de jurisdicción, la cual fué declarada con lugar. Posteriormente el abogado del deman-dante presentó uña moción de reconsideración de la resolu-ción de la corte sobre la referida excepción previa y la corte reconsideró su resolución y declaró sin lugar la excepción previa por falta de jurisdicción, concediendo diez días a los demandados para contestar.

Los demandados presentaron entonces una excepción pre-via por falta de hechos, la cual fué declarada con lugar por la corte de distrito, concediéndole un plazo al demandante para que enmendara la demanda, si ésta era susceptible de enmienda. El demandante solicitó de la corte que dictara sentencia sobre las alegaciones y ésta así lo hizo, agregando en dicha sentencia que declaraba sin lugar la demanda por el motivo adicional de que la corte no tenía jurisdicción sobre los demandados' L. Alvarez y Rafael Ruiz. De esta sentencia el demandante lia apelado a este tribunal.

Los demandados Rafael Ruiz y L. Alvarez establecen la excepción privilegiada de falta de jurisdicción alegando que . Petra B. Yda. de Marín, demandante en el pleito municipal, no es ni ba sido nunca una verdadera parte demandada en el presente litigio. La acción se ba seguido exclusivamente contra los demandados apelados, quienes suscribieron a favor de Julio Solla el contrato de fianza que se relaciona en la demanda. Arguyen dichos demandados que la única rela-ción jurídica existente entre ellos y el demandante apelante surge del contrato de fianza, en virtud del cual se obligaron a indemnizar daños y perjuicios por la cantidad cLe $200. Agregan que, aceptando como ciertas todas las alegaciones de la demanda, no podría dictarse sentencia contra ellos por una cantidad mayor de $200, que es la suma a que asciende la fianza.

No bay duda alguna de que la Sra. Petra B. Yda. de Ma-rín no ba estado nunca bajo la jurisdicción de la corte inferior. Como dijo esta corte al declarar sin lugar una moción de de-sestimación presentada por la parte apelada, esta señora no es ni ba sido nunca una verdadera parte demandada en el presente litigio. Así lo reconoció el mismo demandante en su alegato presentado ante este .tribunal oponiéndose a la moción de la parte apelada para que se desestimase el recurso interpuesto. En dicbo alegato dice el demandante que la sentencia dictada en este caso se contrae única y exclusiva-mente a los demandados L. Alvarez y Rafael Ruiz, que fueron los que comparecieron estableciendo excepciones, y no a la Sra. Yda. de Marín, quien no puede ser afectada por una modificación o revocación de la sentencia apelada, porque los tribunales de Puerto Rico no ban adquirido jurisdicción sobre ella.

La corte de distrito sostiene que la demanda no aduce' be-dios suficientes para sostener una causa de acción y agrega como motivo adicional que carece de jurisdicción sobre los demandados apelantes. Aún en la hipótesis de que existiese causa de acción contra los demandados, la ausencia de juris-dicción es a nuestro juicio clara, porque los fiadores no pue-den ser responsables por una cantidad mayor de $200, que fue la fianza exigida por la corte municipal para decretar el embargo. Esta cantidad está fuera de la jurisdicción de la corte de distrito. En cuanto a la Sra. Petra B. Yda. de Marín, no se ba establecido controversia alguna entre ella y el demandante, porque no ba sido parte en este litigio ni ba comparecido, ni existen probabilidades de su comparecencia. El becbo de que se reclame una suma mayor de $500 y que se baga figurar en la demanda a una persona que nunca ba estado bajo la jurisdicción de la corte, no puede conceder ju-risdicción a diebo tribunal sobre la persona de los demandados que en ningún caso serían responsables por una suma superior al importe de la fianza.

Debe confirmarse la sentencia apelada.