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      In re Enmienda al Artículo 19(19.18) del Reglamento de la Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial.

      Número: EP-2008-04

      Resuelto: 30 de diciembre de 2008
   RESOLUCIÓN

Previa recomendación de la Directora Administrativa de los Tribunales, se enmienda el Reglamento de la Adminis-tración del Sistema de Personal de la Rama Judicial como se dispone a continuación.

Se enmienda el Art. 19 del Reglamento de la Adminis-tración del Sistema de Personal de la Rama Judicial, según enmendado, 4 L.P.R.A. Ap. XIII, para añadir el inciso (19.18), que dispondrá lo siguiente:

(19.18) Licencia para la renovación de licencias de conducir
(a) Se concede a todo empleado que posea un certificado de licencia debidamente expedido o autorizado por el Secretario de Transportación y Obras Públicas, y a todo dueño o propie-tario de un vehículo de motor o arrastre, un máximo de dos horas de tiempo, con paga y sin cargo a licencia alguna, para renovar su licencia de conducir.
(b) De excederse el empleado del término de dos horas, el exceso se le descontará de la licencia de vacaciones o de las horas extras que tenga acumuladas, siempre y cuando no es-tén vencidas para pago.
(c) El empleado deberá presentar una certificación de que utilizó el tiempo concedido para los propósitos de esta licencia, además de la nueva licencia de conducir expedida por el De-partamento de Transportación y Obras Públicas.
(d) Este tipo de licencia no se acumulará y se otorgará cada vez que expire la licencia de conducir del empleado.
(e) El empleado en uso de cualquier otro tipo de licencia no tendrá derecho a este beneficio.

Esta Resolución tendrá vigencia inmediata. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Hon. Pedro Claverol Siaca.

      Número: AD-2007-2

      Resuelto: 7 de enero de 2009

      María Victoria Menéndez y Jeannette Pietri Núñez, asesoras legales de la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales; Víctor M. Rivera Torres y José M. Aponte Jiménez, abogados del querellado; Aida N. Molinary de la Cruz, presidenta de la Comisión de Dis-ciplina Judicial.
   per curiam:

Nos corresponde evaluar la conducta desple-gada por un Juez Superior durante una serie de incidentes ocurridos en el 2006 con el personal de la Rama Judicial en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Comerío, donde se desempeñaba como Juez Administrador Auxiliar. Espe-cíficamente, debemos resolver si el Hon. Pedro Claverol Siaca infringió los Cánones de Etica Judicial en el manejo de una controversia relacionada con el Alguacil Supervisor de dicho tribunal. Tras analizar detenidamente el asunto, concluimos que el juez Claverol Siaca infringió los Cánones 13, 23 y 30 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B. No obs-tante, en vista de que el juez Claverol Siaca se disculpó con los funcionarios, y a la luz de su historial profesional en la Rama Judicial, limitamos nuestra sanción a una censura de su conducta.

I

El Hon. Pedro Claverol Siaca prestó juramento como Juez Superior el 2 de octubre de 2000. Luego de ejercer diversas funciones en los tribunales de la isla, en enero de 2005 fue designado Juez Administrador Auxiliar del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Comerío. Para esa fecha, el Sr. José J. Ortiz Torres se desempeñaba como Alguacil Supervisor Interino en dicho tribunal, ya que el Alguacil Supervisor, Sr. Ornar Rosa Fuentes, se encontraba desta-cado en Irak cumpliendo sus deberes militares con el Ejér-cito de Estados Unidos.

Al iniciar sus labores en el tribunal de Comerío, el juez Claverol Siaca sostuvo una reunión con el Sr. José O. Me-léndez Rodríguez, Alguacil Regional de la Región Judicial de Aibonito. En esta reunión, el juez manifestó, entre otras cosas, su incomodidad con el hecho de no haber estado in-volucrado en el proceso de selección del Alguacil Supervisor, dado que entendía que se trataba de un puesto que debía ser de la confianza del Juez Administrador Auxiliar y él no conocía al alguacil Rosa Fuentes, quien se encontraba aún en Irak. El alguacil Meléndez Rodríguez le aclaró que el puesto de Alguacil Supervisor no era de confianza y que, al estar el alguacil Rosa Fuentes ausente por licencia mi-litar, cuando regresara tenía que ser reinstalado al puesto que ocupaba antes de marcharse a Irak.

El alguacil Rosa Fuentes se reincorporó a sus funciones como Alguacil Supervisor en febrero de 2006. Intentó en varias ocasiones reunirse con el juez Claverol Siaca para dialogar sobre las expectativas de éste en cuanto a su tra-bajo, mas todos sus intentos en ese sentido fueron infructuosos. Posteriormente, ocurrieron varios incidentes de cierta tensión entre el alguacil Rosa Fuentes y el juez Claverol Siaca relacionados con el curso ordinario de las operaciones del tribunal.

Ante estas circunstancias, el alguacil Rosa Fuentes le comunicó al alguacil regional Meléndez Rodríguez sus pre-ocupaciones por la actitud que supuestamente tomaba el juez Claverol Siaca hacia él. Según el alguacil Rosa Fuentes, en varias ocasiones le había gritado y tratado de ma-nera irrespetuosa. Además, alegó que el querellado rehu-saba reunirse a solas con él y le hacía llegar instrucciones a través de terceras personas. El alguacil Meléndez Rodrí-guez le comunicó dichas preocupaciones a la Directora Eje-cutiva de la Región Judicial de Aibonito, la Sra. Marisol Meléndez Ortiz, y ambos decidieron referir el asunto a la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina de Administra-ción de los Tribunales (OAT). Además, la señora Meléndez Ortiz le recomendó al alguacil Rosa Fuentes que se re-uniera con el Juez Administrador de la Región Judicial de Aibonito, el Hon. Rafael Taboas Dávila, para comunicarle lo que estaba sucediendo.

La Sra. Martha Hernández Valentín, Directora de la División de Evaluación de la Oficina de Recursos Humanos de la OAT, también se reunió con el alguacil Rosa Fuentes para discutir sus preocupaciones. Este le relató los inciden-tes ocurridos con el juez Claverol Siaca y manifestó sen-tirse ansioso y preocupado por la situación, apuntando que sufría más tensión que cuando estuvo destacado en Irak. La señora Hernández Valentín le recomendó que llevara una bitácora de los incidentes que sucedieran entre él y el juez Claverol Siaca —fueran buenos o malos— para poder determinar si se trataba de un patrón de conducta o si se trataba de una resistencia al cambio en el puesto de Algua-cil Supervisor.

Así las cosas, el juez Claverol Siaca se personó en una ocasión a la oficina de alguaciles para hablar con una persona. Allí, observó dos libretas en el escritorio del al-guacil Rosa Fuentes, quien no se encontraba. Supuesta-mente, por haber visto su nombre, el querellado ocupó las libretas e informó a los otros alguaciles que sus nombres también aparecían en las anotaciones y les divulgó su contenido. Luego retuvo las libretas.

Posteriormente, la señora Hernández Valentín acudió al tribunal de Comerío para reunirse con el juez Claverol Siaca. En esta reunión también estuvo presente el alguacil regional Meléndez Rodríguez. Al iniciar la reunión, la se-ñora Hernández Valentín le solicitó al juez Claverol Siaca cerrar la puerta, dado el contenido confidencial de la con-versación que iban a sostener. El juez rechazó su petición y expresó, en tono sarcástico, que él no hablaba a solas con nadie y que él no tenía nada que esconder. La señora Her-nández Valentín le indicó que no discutiría asuntos de personal con la puerta abierta, por lo que la reunión no se llevaría a cabo en esas condiciones.

En ese momento, el juez Claverol Siaca procedió a co-municarse telefónicamente con el juez Taboas Dávila para indagar sobre un asunto referente a las asistencias del al-guacil Rosa Fuentes, que no era de conocimiento de la se-ñora Hernández Valentín. La señora Hernández Valentín también habló con el juez Taboas Dávila, le comunicó su incomodidad con la reunión que se estaba llevando a cabo y le solicitó que se coordinara una reunión en el tribunal de Aibonito, a lo cual el Juez Administrador accedió. Luego de finalizada la conversación telefónica, el juez Claverol Siaca le indicó a la señora Hernández Valentín que el alguacil Rosa Fuentes no era de su confianza, pues había incurrido en una conducta con la cual no estaba de acuerdo y que no había seguido sus instrucciones en varias ocasiones. El al-guacil Meléndez Rodríguez reclamó al querellado que no le hubiera comunicado la situación antes, ya que él era el supervisor directo del alguacil Rosa Fuentes.

Tras un intercambio de opiniones entre el alguacil Me-léndez Rodríguez y el juez Claverol Siaca, éste se alteró, gritó, utilizó palabras soeces y amenazó con irse de la re-gión si no se iba el alguacil Rosa Fuentes. Posteriormente, acusó a la señora Hernández Valentín de haber ordenado que lo “carpetearan” y sacó las libretas que había ocupado del alguacil Rosa Fuentes, indicando que éste lo había es-tado siguiendo diariamente por instrucciones de la OAT. Procedió a leer en voz alta fragmentos de lo que estaba escrito en las libretas e indicó que entregaría copia de és-tas a todos los empleados. La señora Hernández Valentín le respondió que esas libretas eran bitácoras que los super-visores llevaban según los adiestramientos provistos por la OAT y que él no podía repartir copias de éstas a los empleados.

Ante esta respuesta, el juez Claverol Siaca expresó que él tenía conocimiento de que en la Rama Judicial “se tapa[ba]n las cosas” y que él sabía cuando mandaban a “carpetear” a las personas. Indicó también, de manera re-tante, que era la Directora Administrativa de los tribuna-les, Hon. Sonia Ivette Vélez Colón, quien debía darle ins-trucciones de devolver las libretas. Al ver su reacción, la señora Hernández Valentín le indicó que ella estaba allí en representación de la Directora Administrativa de los Tribunales, mas ello no causó cambio alguno en la actitud del juez. Durante la reunión, el juez Claverol Siaca profirió lenguaje soez contra el alguacil Meléndez Rodríguez y dis-cutió repetidamente con la señora Hernández Valentín.

Terminada la reunión, la señora Hernández Valentín in-formó lo ocurrido a la Directora Administrativa de los Tribunales, Hon. Sonia I. Vélez Colón, y se reunió con el juez Taboas Dávila. Les indicó que la reunión había sido poco productiva, tensa y desagradable debido al comporta-miento y a la actitud del querellado. Junto con el juez Ta-boas Dávila, acordaron el traslado del alguacil Rosa Fuentes al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Coamo.

Posteriormente, se realizó una reunión en la oficina del juez Taboas Dávila para discutir los asuntos relacionados con los conflictos entre el querellado y el alguacil Rosa Fuentes. En dicha reunión estuvieron presentes el juez Ta-boas Dávila, el juez Claverol Siaca, el alguacil Meléndez Rodríguez, la señora Meléndez Ortiz, la señora Hernández Valentín y el Sr. José Millán, funcionario de la División de Recursos Humanos de la OAT. El juez Claverol Siaca soli-citó que se le permitiera hablar por quince minutos y, du-rante ese período, expresó que no quería que el alguacil Rosa Fuentes continuara laborando en el tribunal de Comerío. Además, relató que conocía a varios funcionarios del Gobierno y a figuras políticas, e insinuó que esa era la razón por la cual la OAT supuestamente estaba persiguiéndolo.

Al surgir nuevamente el tema de las anotaciones reali-zadas por el alguacil Rosa Fuentes en las libretas, la se-ñora Hernández Valentín explicó que a los supervisores se les proveían adiestramientos de documentación para que puedan observar y evaluar el desempeño de sus empleados. El querellado respondió con alegaciones de que la Directora Administrativa de los Tribunales había orde-nado que lo “carpetearan” y que él le entregaría copia de las libretas a todo el personal para que demandaran a la OAT. Además, desafió a la Directora Administrativa de los Tribunales a que le quitara las libretas, alegando que eran suyas al estar su nombre contenido en éstas. Por otro lado, el querellado reiteró que no confiaba en el alguacil Rosa Fuentes y que quería que éste se fuera del tribunal de Comerío. De igual forma, expresó que quería que se nom-brara al alguacil Ortiz Torres como supervisor en sustitu-ción del alguacil Rosa Fuentes, ya que insistía en que el Alguacil Supervisor debía ser una persona de la confianza del Juez Administrador Auxiliar.

Luego de la mencionada reunión, surgieron informes en la prensa radial del país que aludían a la posibilidad de “carpeteo” de jueces y personal administrativo en un tribunal del área central. Específicamente, el reportero indicó que se había encontrado una libreta en el escritorio de un alguacil y que en ésta aparecían datos sobre lo que hacían y con quién hablaban los jueces, las secretarias y otro personal administrativo de un tribunal del área central de la isla. El reportero indicó, además, que no se conocía el pro-pósito del “carpeteo” ni desde cuándo existía, pero que se estaba investigando, y advirtió que podrían presentarse acusaciones y demandas contra el Estado.

Luego de esta serie de incidentes, y tras haber sido tras-ladado al tribunal de Coamo, el alguacil Rosa Fuentes pre-sentó una queja jurada contra el juez Claverol Siaca. Con-cluidos los procedimientos administrativos e investigativos de rigor, el Ledo. Carlos Ramos González, Comisionado Asociado de la Comisión de Disciplina Judicial (Comisión), determinó que existía causa probable para presentar una querella contra el juez Claverol Siaca por posibles infrac-ciones a los Cánones de Etica Judicial. Conforme a ello, la OAT presentó la querella correspondiente, en la cual le im-putó al juez Claverol Siaca diez cargos por violaciones a los Cánones 7, 8, 13, 14, 18, 23 y 30 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B.

Según las imputaciones en su contra, el juez Claverol Siaca infringió los Cánones de Etica Judicial al ocupar una libreta del Alguacil Supervisor sin su conocimiento y con-sentimiento, ordenar a sus subalternos a fotocopiarla y divulgar su contenido. También constituyó una conducta con-traria a los Cánones de Etica Judicial ocasionar que se difundiera a través del tribunal información incorrecta so-bre el contenido de la libreta del alguacil Rosa Fuentes y provocar que se filtrara a la prensa y se lacerara la imagen de la Rama Judicial.

El juez Claverol Siaca infringió también los Cánones de Etica Judicial al actuar desconsideradamente en su trato con el alguacil Rosa Fuentes y tomar una actitud maltra-tante hacia él frente a sus subalternos y por retar abierta-mente, a través de funcionarios del tribunal, a la Directora Administrativa de los Tribunales. Igualmente, infringió los cánones al utilizar lenguaje soez y asumir una conducta irrespetuosa, desafiante y amenazante contra los funciona-rios del tribunal en reuniones oficiales, hacer imputaciones falsas e infundadas, e insinuar en reuniones oficiales que conocía a figuras importantes que podían interceder por él.

Por último, se le imputó infringir los Cánones de Ética Judicial al intervenir indebidamente con posibles testigos en el proceso investigativo en su contra, asumir una acti-tud irrespetuosa en el proceso y negarse a tratar de ma-nera confidencial los asuntos de personal, insistiendo en discutirlos abiertamente.

Luego de los trámites procesales correspondientes, se celebró la vista en su fondo ante la Comisión, constituida por su Presidente en Función, el Hon. Flavio Cumpiano Villamor, y las Comisionadas Asociadas, Ledas. Delia Lugo Bougal y Dora T. Peñagarícano Soler. En la vista, las par-tes acordaron someter el caso por los informes y la prueba que obraba en el expediente, por lo que no presentaron prueba testifical. Como parte de los acuerdos a que llega-ron las partes, la O AT recomendó que se impusiera sólo una censura como sanción. Por su parte, el juez Claverol Siaca negó haber incurrido en violaciones éticas, pero soli-citó que, de la Comisión entender lo contrario, se le sancio-nara sólo con una amonestación. Además, durante la vista solicitó dirigirse a la Comisión y a varios de los testigos citados para pedir disculpas a aquellos que se habían sen-tido incómodos u ofendidos por su conducta.

Finalmente, la Comisión rindió su informe y determinó que el querellado había incurrido en violaciones a los Cá-nones 13, 23 y 30 de Etica Judicial, supra. Por ello, reco-mendó la imposición de una censura como medida disciplinaria. Sometido el informe ante nuestra considera-ción, procedemos a resolver.

II

Los Cánones de Ética Judicial constituyen las normas mínimas de conducta que rigen a nuestra Judicatura y sirven de base para guiar el comportamiento de sus miembros, de manera que sea ejemplar y fomente el respeto y la confianza del pueblo en el Sistema Judicial. In re Grau Acosta, 172 D.P.R. 159 (2007). En el preámbulo de dichos cánones se reconoce la importancia de la función judicial y se impone a los jueces el deber y la responsabilidad de aceptar ciertas restricciones a su conducta, tanto en el ámbito de sus funciones judiciales como en otras actividades profesionales y personales. Así, pues, estas limitaciones constituyen sacrificios en su vida pública y privada que tienen el propósito de enaltecer la integridad e independencia de la Judicatura. Además, los jueces tienen la obligación de fomentar y ejercer un trato respetuoso y cordial hacia sus pares, los funcionarios de la Rama Judicial y las personas que comparecen a sus salas.

Del referido preámbulo también se infiere la aplicabili-dad de los Cánones de Etica Judicial, no sólo a las funcio-nes judiciales de los jueces, sino también a su comporta-miento público y privado. Por lo tanto, dada la naturaleza de su función, a los jueces se les exige una conducta ejem-plar en todo momento, dentro y fuera del tribunal. In re Nevárez Zavala, 123 D.P.R. 511, 524 (1989).

Como corolario de lo anterior, el Canon 13 de Etica Judicial, supra, específicamente impone a los jueces el deber de tratar con consideración y respeto a los abogados, a cualquier persona que comparezca ante el tribunal y a los funcionarios de la Rama Judicial. Además, los jueces deben exigir igual conducta de todos éstos ante el tribunal. En esta misma línea, el Canon 14 de Etica Judicial, supra, dispone que los jueces deben evitar mostrar impaciencia o severidad excesiva en los procesos judiciales, y deben abstenerse de hacer comentarios o gestos que puedan interpretarse como burlas o ridiculizaciones a los abogados, a las personas que comparezcan ante el tribunal y a los funcionarios de la Rama Judicial. De la misma manera, deben intervenir para impedir cualquier conducta impropia que lesione la dignidad e integridad del tribunal. Así pues, estos dos cánones en conjunto requieren que los jueces exhiban un trato respetuoso y cordial hacia todas las partes involucradas en los procesos ante el tribunal, incluidos sus funcionarios. Véanse: In re Suárez Marchán, 159 D.P.R. 724 (2003); In re Robles Sanabria, 151 D.P.R. 483 (2000). Asimismo, el deber de los jueces de comportarse éticamente en el ejercicio de las prerrogativas de su cargo se extiende a su vida personal y privada. In re Ramos Mercado, 170 D.P.R. 363 (2007); In re González Acevedo, 165 D.P.R. 81 (2005).

Por su parte, el Canon 8 de Ética Judicial, supra, señala cómo debe ser el carácter de los jueces en sus funciones adjudicativas y les impone el deber de actuar libres de influencias externas directas o indirectas. En este sentido, deberán ser laboriosos, prudentes, serenos e im-parciales, y enmarcar sus funciones adjudicativas en el es-tudio de la ley y en la diligencia para descubrir los hechos esenciales de cada controversia. Además, su conducta de-berá excluir la apariencia de susceptibilidad a influencias políticas, religiosas y públicas o a cualquier otra motiva-ción impropia. Hemos expresado antes que “aunque la fi-gura del juez está revestida de autoridad, ésta no debe uti-lizarse indebidamente dentro o fuera del tribunal. La referida disposición va dirigida a evitar que un juez tome decisiones ensoberbecido por el poder”. (Escolio omitido.) In re Cruz Aponte, 159 D.P.R. 170, 180 (2003).

En cuanto a las actividades extrajudiciales, el Canon 23, supra, impone a los jueces el deber de comportarse públicamente de manera tal que no se dude de su capacidad para adjudicar imparcialmente las controversias judiciales ante su consideración. Además, requiere que las actuaciones de los jueces no deshonren el cargo judicial ni interfieran con el desempeño de sus funciones.

Este canon va dirigido a pautar una norma de conducta general que responde a la alta estima y confianza públicas que gozan los miembros de la Judicatura. Así, pues, se es-pera que los jueces, a través de sus acciones, no lesionen la imagen del Sistema Judicial. Es por esto que la función judicial requiere que los jueces se comporten conforme lo exige su cargo, tanto dentro como fuera del tribunal, y que su comportamiento se dirija a enaltecer el cargo que ocu-pan y fomentar el respeto hacia éste. In re Cruz Aponte, supra; In re Nevárez Zavala, supra.

Por su parte, el Canon 30 de Etica Judicial, supra, prohíbe que los jueces actúen fuera de sala de forma tal que den la impresión de que ejercen o pretenden ejercer urna influencia indebida sobre otros jueces o funcionarios públicos. Tampoco deben dar la impresión de que alguna persona tiene influencia sobre ellos ni deberán influir directa o indirectamente en el ánimo de otros jueces para obtener un trato privilegiado al litigar causas personales. En particular, este canon parte de la premisa de que “en nuestra sociedad el cargo de juez es un cargo especial que proyecta una visión y noción pública destacada, de presti-gio e influencia. Su opinión en y fuera del estrado, goza de una particular autoridad y respeto comunitario”. In re Comunicación Juez Pérez Giménez, 112 D.P.R. 683, 685 (1982). Por lo tanto, los jueces siempre deben ser conscien-tes de su deber de evitar hasta la apariencia de poseer influencia alguna sobre otros jueces o funcionarios, o de que éstos la tengan sobre ellos.

Por otro lado, el Canon 7 de Ética Judicial, supra, establece cómo deberá ser el comportamiento de los jueces ante procedimientos disciplinarios contra cualquier funcionario de la Rama Judicial. Dicha norma señala que los jueces deben promover y cooperar con los procedimientos disciplinarios contra otros jueces, abogados o personal de la Rama Judicial, siempre que tengan conocimiento personal de los hechos sobre los cuales versen éstos, y advierte contra la intervención indebida de los jueces con los testigos, la prueba documental o cualquier otro aspecto del procedimiento disciplinario. Este precepto responde a que los jueces tienen la obligación no sólo de conformar su propia conducta a los más altos estándares éticos, sino de velar por que otros jueces, abogados y personal de la Rama Judicial cumplan con las normas de ética judicial y profesional. Esta norma busca, además, preservar la integridad de los procedimientos disciplinarios e impedir que los jueces intervengan de manera impropia con los testigos o con la evidencia en dichos procedimientos.

Por último, el Canon 18 de Ética Judicial, supra, impone a los jueces el deber de mantener la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de sus funciones judiciales en aquellos casos en que la ley, los reglamentos, las normas o las órdenes administrativas prohíban su divulgación. Ciertamente, uno de los deberes ineludibles de los miembros de la Judicatura es respetar y cumplir con la ley. 4 L.P.R.A. Ap. IVB, C.l. Así, pues, los jueces deberán cumplir estrictamente con lo dispuesto por nuestro ordena-miento jurídico en cuanto a la confidencialidad de la infor-mación con la cual, por la naturaleza del cargo, entran en contacto. Con estos preceptos en mente, atendamos concre-tamente el caso ante nuestra consideración.

III

Hemos resuelto que este Tribunal no habrá de alterar las determinaciones de hecho de la Comisión de Disciplina de Jueces, salvo en aquellos casos en que se demuestre la existencia de parcialidad, prejuicio o error manifiesto. In re Scherrer Caillet-Bois, 162 D.P.R. 842, 862 (2003); In re Suárez Marchan, supra; In re Hon. Maldonado Torres, 152 D.P.R. 858, 869 (2000); In re Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78, 86 (1998). Luego de examinar detenidamente el informe de la Comisión, así como la prueba que obra en el expediente de autos, resolvemos no intervenir con las determinaciones de hecho realizadas por ésta, y concluimos que el querellado incurrió en las violaciones a los Cánones 13, 23 y 30 de Etica Judicial, supra. Veamos.

La Comisión determinó en su informe que existió un ambiente de tensión entre el alguacil Rosa Fuentes y el juez Claverol Siaca desde el inicio mismo de su relación laboral. Ciertamente, el relato de incidentes que se realiza en el referido informe, así como en la prueba documental y en las declaraciones juradas que obran en el expediente de autos, demuestran que la relación de trabajo entre éstos fue difícil desde sus comienzos, situación motivada por la inconformidad del juez Claverol Siaca en torno al proceso de selección y nombramiento del Alguacil Supervisor. Ello provocó que el juez Claverol Siaca se rehusara a reunirse a solas con el alguacil Rosa Fuentes y le diera instrucciones a través de terceras personas, en vez de hacerlo directamente. Incluso, en ocasiones le habló en un tono y lenguaje fuertes que hicieron al alguacil Rosa Fuentes sen-tirse incómodo, ofendido y humillado. Estos incidentes oca-sionaron que el alguacil Rosa Fuentes acudiera a la Divi-sión de Recursos Humanos de la OAT, donde se le orientó sobre las anotaciones que podía llevar, a manera de bitá-cora, para tener constancia de los incidentes que ocurrían entre él y el querellado.

El juez Claverol Siaca supo sobre estas anotaciones y se apoderó de las libretas en las cuales éstas aparecían, sin el consentimiento ni el conocimiento del alguacil Rosa Fuentes. Además, indicó a otros alguaciles que sus nom-bres también aparecían en las libretas, comunicándoles el contenido de éstas. Eventualmente, la divulgación del con-tenido de dichas libretas ocasionó que se difundieran infor-mes en la prensa radial del país, alegando “carpeteo” de jueces y personal del tribunal. Estas alegaciones laceran la imagen de la Rama Judicial y afectan la confianza del pueblo en el sistema de tribunales.

Además de los incidentes ocurridos entre el querellado y el alguacil Rosa Fuentes, su posterior manejo del asunto con el personal de la Rama Judicial que intervino a peti-ción del alguacil, y su comportamiento en las reuniones oficiales relacionadas con éste, demostró falta de tempera-mento judicial. Su conducta irrespetuosa e inadecuada se apartó por mucho de la sensatez y prudencia que exige su cargo. Si el juez entendía que debía manifestar su incon-formidad con el nombramiento o con la labor del Alguacil Supervisor, debió optar por utilizar los canales corres-pondientes.

Como mencionáramos anteriormente, el Canon 13 de Ética Judicial, supra, exige a los jueces que brinden un trato considerado y respetuoso a los funcionarios del tribunal, entre otros participantes del proceso adjudicativo. En el caso de autos, el querellado incurrió en violaciones al referido canon por su comportamiento y expresiones hacia el alguacil Rosa Fuentes, así como por su comportamiento durante las dos reuniones oficiales que se celebraron en su oficina y en la oficina del juez administrador Taboas Dávila. Utilizar un lenguaje soez e irrespetuoso en reuniones oficiales y retar abiertamente a la Directora Administrativa de los Tribunales a través de sus funcionarios, ciertamente constituye un comportamiento contrario a lo que se exige de los miembros de nuestra Judicatura. Además, apropiarse sin autorización de unas libretas propiedad de un empleado y difundir su contenido constituye una falta de respeto hacia dicho empleado, aun cuando el querellado pudo haber tenido razón para pensar que el contenido de dichas libretas podría afectarle personalmente. Realizar imputaciones falsas e infundadas de “carpeteo” en su contra también constituye un acto contrario a los postulados éticos a los cuales están sujetos los jueces.

Ciertamente, la actuación del alguacil al realizar unas anotaciones sobre las acciones del querellado se prestó para malentendidos y situaciones incómodas. Dichas anotaciones no tenían necesariamente que ver con los incidentes que ocurrían entre el alguacil y el querellado, contrario a las instrucciones que se le habían provisto, por lo que no hay duda de que estos factores aumentaron la tensión general habida entre ambos. No obstante, el juez tiene la obligación de mantener su ecuanimidad ante estas circunstancias y evitar recurrir a una conducta irrespe-tuosa o al uso de lenguaje soez contra los funcionarios de la Rama Judicial. Esta conducta lacera la dignidad de su cargo y afecta la confianza y el respeto que exige el Sistema Judicial. In re Cruz Aponte, supra, pág. 188; In re Hon. Maldonado Torres, supra, págs. 868-869.

Por otro lado, el juez Claverol Siaca iníringió el Canon 23 de Etica Judicial, supra, al incumplir con el deber general de exhibir un comportamiento que no deshonre el cargo judicial ni cree dudas sobre su capacidad para adjudicar las controversias que se presentan ante su consideración. Sus actuaciones al ocupar las libretas del alguacil Rosa Fuentes sin su autorización y divulgar su contenido ocasio-naron que éste se hiciera público en la prensa del país. Dicho contenido, además, fue malinterpretado y culminó en imputaciones incorrectas de "carpeteo” que laceraron la imagen de la Rama Judicial. Esta conducta exhibida por el querellado deshonra el cargo que ocupa al no demostrar mesura en sus actuaciones y desencadenar una serie de eventos peijudiciales para la Judicatura. De igual manera, deshonró su cargo al exhibir un comportamiento irrespe-tuoso y utilizar un lenguaje soez en reuniones oficiales contra funcionarios del tribunal y al mencionar figuras públi-cas y políticas, e insinuar que conocer o haber trabajado con éstas podría influir de forma alguna en su comporta-miento o en el trato que recibe por parte de la Rama Judicial. Esta conducta es contraria al temperamento judicial que tienen que exhibir en todo momento los miembros de nuestra Judicatura. Véanse: In re Suárez Marchán, supra; In re Cruz Aponte, supra; In re Hon. Maldonado Torres, supra.

Asimismo, la conducta del querellado fue contraria al Canon 30 de Etica Judicial, supra, que impone a los jueces el deber de actuar libre de influencias externas y les im-pide ejercer una influencia indebida sobre otros jueces o funcionarios públicos. Las expresiones del juez Claverol Siaca al mencionar nombres de figuras políticas y funcio-narios de gobierno durante una reunión con funcionarios del tribunal, e insinuar que tales personas podían tener algún tipo de efecto o influencia en el trato que el quere-llado recibe por parte de la Rama Judicial, constituyen ale-gaciones impropias contrarias a los postulados éticos a los cuales está sujeto el querellado.

En cuanto a los cargos relacionados con la intervención indebida con posibles testigos en el procedimiento discipli-nario y la negativa a tratar como confidencial cierta infor-mación de personal, la Comisión determinó que no se ha-bían cometido las violaciones imputadas. Estamos de acuerdo. De la evidencia recopilada no se deduce que el juez Claverol Siaca haya intervenido indebidamente con posibles testigos en el proceso disciplinario en su contra. Por el contrario, surge que se comunicó con su secretaria y con dos alguaciles, y que se limitó a informarles sobre el procedimiento disciplinario en su contra. No hay evidencia de que intentara influenciar o modificar el posible testimo-nio de estas personas. Por lo tanto, el juez Claverol Siaca no infringió los Cánones 7 y 14 de Etica Judicial, supra, según se le había imputado.

En cuanto a la imputación relacionada a faltar al deber de confidencialidad, la evidencia tampoco sostuvo que se violara dicha disposición. Si bien es cierto que el quere-llado rehusó discutir ciertos asuntos de personal a puerta cerrada con el alguacil Rosa Fuentes y con la señora Her-nández Valentín, no existe prueba que demuestre que el juez Claverol Siaca difundió la información recibida en dichas reuniones. Así, pues, el querellado no infringió el Canon 18 de Etica Judicial, supra.

Es menester aclarar que las imputaciones éticas hechas contra el juez Claverol Siaca no tienen que ver con sus funciones adjudicativas en el tribunal, sino con su conducta hacia los funcionarios de la Rama Judicial. Aunque los Cánones 8, 13, 14 y 18 aparecen bajo el acápite de Fun- ción Judicial Adjudicativa en los Cánones de Etica Judicial de 2005, ello no significa que la conducta que se re-quiere de los miembros de la Judicatura en los procesos adjudicativos no sea exigible en sus demás funciones o en su comportamiento fuera de sala. Anteriormente hemos ex-presado que los acápites de los Cánones de Etica Judicial no constituyen camisas de fuerza que impidan su interpre-tación más allá de su clasificación interna. In re Cruz Aponte, supra.

Los jueces tienen la obligación de comportarse de una manera respetuosa hacia todos los entes involucrados en el proceso judicial, desde las partes y sus abogados hasta los empleados de la Rama Judicial que colaboran en los tribunales. El propio preámbulo de los Cánones de Etica Judicial establece el deber que tienen los jueces de exhibir un comportamiento ejemplar tanto en su vida profesional —en todos sus ámbitos— como en su vida privada. La función del juez, por su importancia particular en nuestro sistema de justicia, le requiere ser íntegro y honesto tanto en su función de interpretación y aplicación del Derecho como en todo el ámbito de su conducta profesional, lo cual incluye su relación con sus compañeros, empleados y subalternos. In re Robles Sanabria, supra, pág. 510.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, concluimos que el juez Claverol Siaca violó los Cánones 13, 23 y 30 de Ética Judicial, supra. Aún así, tomamos en consideración su buena reputación profesional y el hecho que el juez Clave-rol Siaca ofreció una disculpa pública a los funcionarios a quienes ofendió con su conducta. En vista de ello, se le impone una censura como sanción disciplinaria y se le apercibe de que en el futuro deberá velar celosamente por que su conducta y sus expresiones se ajusten al comporta-miento requerido de todos los miembros de la Judicatura.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       Específicamente, expresó que él pertenecía a la era de los fiscales de Pedro Colton, que había trabajado para el ex gobernador Carlos Romero Barceló y que había estudiado con la esposa del Gobernador, Hon. Aníbal Acevedo Vilá. Además, mencionó que conocía a otras personas que trabajaban en el Gobierno.

       Cabe señalar que el alguacil Rosa Fuentes no se había percatado de que las libretas en controversia no estaban bajo su poder. No fue sino hasta después de esta reunión en la oficina del juez Taboas Dávila que lo supo por conducto del alguacil Meléndez Rodríguez.

       En efecto, el querellado se disculpó con el alguacil Omar Rosa Fuentes, el alguacil José O. Meléndez Rodríguez, la Sra. Martha Hernández Valentín y la Sra. Marisol Meléndez Ortiz.

       Los Cánones de Etica Judicial de 2005 entraron en vigor el 5 de octubre de 2005. Véase Resolución del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2005 en In re Aprobación Cánones Ética 2005, 164 D.P.R. 403 (2005).

       Se refiere al Canon II de Ética Judicial de 1977 (4 L.P.R.A. Ap. IV-A), en el cual está basado el primer párrafo del Canon 8 de Ética Judicial de 2005 (4 L.P.R.A. Ap. IV-B).

       Si bien es cierto que el informe de la Comisión y la prueba que obra en el expediente no nos permiten determinar exactamente quien fotocopió las libretas del alguacil Rosa Fuentes ni quien filtró la información a la prensa, no cabe duda alguna que la divulgación de su contenido por parte del juez Claverol Siaca fue la causa de que la información apareciera en los medios del país.


text:
    Departamento de Asuntos del Consumidor, peticionario, v. Farmacia San Martín Barceloneta, Inc., recurrida.

      Número: CC-2007-729

      Resuelto: 8 de enero de 2009

      Irma Y. Negrón Cortes, abogada de la parte peticionaria; Eva-risto Maldonado Rodríguez, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

En el caso de epígrafe nos corresponde resolver si el Departamento de Asuntos del Consumidor tiene la autori-dad para realizar inspecciones en el recetario de una farmacia. De contestar dicha interrogante en la afirma-tiva, debemos determinar si la mencionada agencia puede imponer multas administrativas a tales establecimientos por encontrar medicamentos expirados en su recetario aun cuando una ley especial —la Ley de Farmacia de Puerto Rico— faculta al Departamento de Salud a regular todo lo relativo a la manufactura, distribución y venta de produc-tos farmacéuticos.

Por entender que la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor confiere a dicha agencia el poder de fiscalizar el cumplimiento de las leyes sobre protección al consumidor que estén bajo la jurisdicción de otras agen-cias, concluimos que esta agencia tiene autoridad para ins-peccionar los recetarios en las farmacias. Sin embargo, en vista de que procede referir al Departamento de Salud las posibles infracciones para que dicha agencia tome la acción correspondiente, modificamos el dictamen recurrido.

I

En septiembre de 2006, un investigador del Departa-mento de Asuntos del Consumidor (DACo) realizó una ins-pección de rutina en la Farmacia San Martín Barceloneta, Inc. (Farmacia San Martín). Al inspeccionar el recetario de la farmacia, dicho funcionario encontró varios medicamen-tos expirados que estaban preparados para despacho. En atención a ello, DACo emitió un Aviso de Infracción contra la Farmacia San Martín por violación a los Arts. 5 y 6 del Reglamento de Calidad y Seguridad, Productos de Uso y Consumo, Reglamento Núm. 3667 de 6 de octubre de 1988 (Reglamento de Calidad y Seguridad). En el aviso, la agen-cia notificó a la farmacia la imposición de una multa admi-nistrativa por $3,000.

Así las cosas, la Farmacia San Martín presentó un es-crito ante DACo, mediante el cual solicitó una vista admi-nistrativa y el archivo de la infracción. Alegó que los ins-pectores de dicha agencia carecen de autoridad legal para inspeccionar los medicamentos que estén en el recetario y que se encuentren fuera del alcance del público. Además, adujo que ninguno de los medicamentos expirados estaba expuesto para la venta ni fue vendido a consumidor alguno. Finalmente, la Farmacia San Martín argüyó que la multa impuesta en su contra era ilegal, excesiva y confiscatoria.

Celebrada la vista administrativa, DACo emitió una re-solución en la cual determinó que la Farmacia San Martín violó el Art. 6(1) del Reglamento de Calidad y Seguridad por exponer para la venta productos farmacéuticos con la fecha de expiración vencida. Por ende, confirmó la imposi-ción de la referida multa administrativa de $3,000.

Insatisfecha, la Farmacia San Martín acudió al Tribunal de Apelaciones. Alegó, entre otras cosas, que DACo erró al intervenir en una actividad que está bajo la jurisdicción exclusiva del Departamento de Salud. El foro apelativo re-vocó la resolución recurrida por entender que, en efecto, tanto la inspección del recetario como la imposición de la multa administrativa se habían realizado sin facultad en ley para ello. En esencia, el foro apelativo fundamentó su determinación de acuerdo con el principio de especialidad y la aplicación de la Ley Núm. 247 de 3 de septiembre de 2004 (Ley de Farmacia), 20 L.P.R.A. see. 407 et seq., y sus reglamentos, los cuales conceden al Departamento de Sa-lud ciertas facultades para regular e inspeccionar los me-dicamentos en los recetarios farmacéuticos.

Inconforme, DACo acude oportunamente a nosotros me-diante una petición de certiorari. Aduce que el Tribunal de Apelaciones erró al determinar que la facultad para ins-peccionar y regular los medicamentos farmacéuticos en un recetario corresponde exclusivamente al Departamento de Salud. Esto, pues alega que la referida Ley de Farmacia sólo establece ciertas normas generales para garantizar la sana operación de las farmacias y no dispone que la juris-dicción del Departamento de Salud en cuanto a los asuntos del recetario sea de naturaleza exclusiva.

Examinado el recurso, expedimos el auto solicitado. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procede-mos a resolver.

II

Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico la ley orgánica de una agencia es el mecanismo legal me-diante el cual se le autoriza y se le delega los poderes ne-cesarios para que actúe conforme al propósito perseguido por el legislador con su creación. Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, 173 D.P.R. 363 (2008); ASG v. Mun. San Juan, 168 D.P.R. 337 (2006); Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 D.P.R. 203 (2002). Del mismo modo, hemos afirmado en reiteradas ocasiones que al interpretar el al-cance de los poderes delegados a una agencia administra-tiva, no debemos limitar el análisis a una interpretación restrictiva de su estatuto habilitados ASG v. Mun. San Juan, supra; Lebrón v. El Comandante Oper. Co., Inc., 148 D.P.R. 298 (1999).

En este sentido, es preciso destacar que DACo tiene como fin primordial vindicar, proteger e implementar los derechos del consumidor. Art. 3 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 (Ley Orgánica de DACo), 3 L.P.R.A. see. 341b; Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, supra; Martínez v. Rosado, 165 D.P.R. 582 (2005); Martínez v. D.A.Co., 163 D.P.R. 594, 600 (2004). Véase, además, W. Vázquez Irizarry, Derecho Administrativo, 76 (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R. 715, 728 (2007). En armonía con lo anterior, el Art. 6 de la Ley Orgánica de DACo impuso al Secretario de dicha agencia el deber de promover y establecer normas de calidad, seguridad e idoneidad en los productos de uso y consumo. 3 L.P.R.A. sec. 341e(l).

Para requerir el cumplimiento de tales objetivos, la referida disposición también autoriza al Secretario de DACo a inspeccionar las instalaciones físicas y examinar las operaciones de las personas o entidades sujetas a las normas regulatorias que administra la mencionada agencia. 3 L.P.R.A. sec. 341e(w). Además, DACo está facultado para realizar toda clase de estudios e investigaciones sobre asuntos que afecten los intereses del consumidor. Asimismo, la Asamblea Legislativa delegó a dicha agencia el poder de aprobar las reglas y los reglamentos necesarios y razonables para proteger y vindicar los intereses del consumidor puertorriqueño. 3 L.P.R.A. sec. 341m.

De otra parte, es menester señalar que la ley habilitadora de DACo impone al Secretario de dicha agencia el deber ministerial de promover y velar por el cumplimiento de todas las leyes, las reglas, los reglamentos y las órdenes que afecten los intereses del consumidor, en coor-dinación con las demás agencias y los departamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 3 L.P.R.A. see. 341e(s). Asimismo, el mencionado funcionario también goza de la facultad legal para coordinar con las demás en-tidades públicas la canalización efectiva de la educación y orientación del consumidor en torno a los programas y las actividades de cada agencia. 3 L.P.R.A. sec. 341e(q).

Cónsono con la intención legislativa de fomentar la coordinación interagencial en beneficio de los derechos del consumidor, la referida disposición establece que el Secretario de DACo tiene la facultad de referir a los organismos, a las agencias o a los departamentos correspondientes aquellos asuntos y aquellas querellas que les corresponda atender bajo sus respectivas leyes. 3 L.P.R.A. sec. 341e(r). De hecho, el Art. 7 de la Ley Orgánica de DACo dispone expresamente que dicho funcionario

... tendrá poderes y facultades para, en protección de los consumidores, fiscalizar el cumplimiento de las leyes sobre protección al consumidor que estén bajo la jurisdicción de otras agencias y organismos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y referir a los mismos las querellas y notificar las infracciones para que éstos tomen la acción que proceda. (Én-fasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 341f.

Es decir, la Asamblea Legislativa entendió necesario conceder al Secretario de DACo prerrogativas amplias para actuar en beneficio del consumidor puertorriqueño, incluso reconociéndole la autoridad para fiscalizar asuntos bajo la jurisdicción particular de otras agencias del Estado. A su vez, se deduce del historial legislativo de la referida ley orgánica que el propósito de este artículo era empode-rar al Secretario de DACo con una función fiscalizadora y facultarlo para fungir como procurador de los derechos del consumidor ante otras agencias o ante los propios tribuna-les del país. Véase Debate sobre el R del S. 508, Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara), 11 de abril de 1973, pág. 1086.

No obstante, también surge de dicho historial que el texto del Art. 7, supra, que se presentó originalmente en el Senado contemplaba expresamente que el Secretario de DACo pudiese imponer multas administrativas por viola-ciones a las leyes bajo la jurisdicción de otras agencias. Resulta relevante, pues, que este artículo fue enmendado y sustituido por un lenguaje que no hacía referencia alguna al poder adjudicativo del Secretario para imponer multas administrativas por violaciones a las leyes bajo la jurisdic-ción de otras agencias. Aunque se mantuvo inalterado el objetivo de otorgar al Secretario de DACo amplias faculta-des sobre asuntos que afecten al consumidor más allá de su propia jurisdicción, la mencionada enmienda se limitó a articular el poder de fiscalización que tiene dicho funciona-rio en cuanto a las leyes bajo la jurisdicción de otras agencias. Asimismo, se reiteró su facultad para referir las querellas y notificar las infracciones para que las entida-des públicas con jurisdicción tomen la acción que proceda. Véanse: R del S. 508 de 8 de marzo de 1973, Texto apro-bado en votación final por el Senado, 6 de abril de 1973, 7ma Asamblea Legislativa, Ira Sesión Ordinaria; Art. 7 de la Ley Orgánica de DACo, 3 L.P.R.A. sec. 341f.

Como se puede apreciar, dicha acción legislativa denotó la intención de facultar a DACo con poderes amplios para fiscalizar todo asunto que afecte al consumidor bajo la ju-risdicción de otras agencias del Gobierno. Sin embargo, el texto finalmente aprobado no contempla la facultad adju-dicativa del Secretario de DACo para imponer multas ad-ministrativas por infracciones a las leyes o a los reglamen-tos administrados específicamente por otras entidades públicas. Todo lo contrario, pues el legislador enmendó de-liberadamente el Art. 7 de la referida ley orgánica, supra, para suprimir la referencia a tal prerrogativa y especificar que el poder de dicho funcionario en ese contexto se limi-taba a fiscalizar, referir y notificar las infracciones a las leyes y a los reglamentos de las demás agencias del país. 3 L.P.R.A. sec. 341f.

En atención a este marco normativo, procedemos a de-limitar el ámbito jurisdiccional de DACo en este caso.

III

A. En virtud de los poderes delegados a DACo para proteger y vindicar los derechos del consumidor, el 30 de diciembre de 1988 dicha agencia aprobó el Reglamento de Control de Precios de Productos Medicinales, Reglamento Núm. 37 (Reglamento de Precios), mediante el cual se concedió al Secretario la autoridad de fijar los precios máximos de venta de productos medicinales en cuanto a los distribuidores primarios, droguerías y farmacias. En lo pertinente al caso de autos, la See. 9 del referido reglamento impone al farmacéutico el deber de colocar en la etiqueta de todo producto medicinal que se despache el nombre y la fecha de expiración del producto, así como el número del lote de procedencia, si el medicamento no es despachado en su envase original. Además, la Sec. 10 del Reglamento de Precios dispone que toda persona que se dedique a la venta de productos medicinales de receta pre-parará y mantendrá para el examen del Secretario todos los expedientes necesarios para demostrar los precios de venta de tales productos por el término de un año después de realizada la transacción. Por último, la Sec. 11 del refe-rido reglamento establece que las violaciones a las disposi-ciones antes descritas estarán sujetas a la imposición de sanciones administrativas.

Evidentemente, el Reglamento de Precios faculta a los funcionarios de DACo a inspeccionar el recetario de una farmacia para cumplir con su función de regular los precios de artículos de primera necesidad. Al referirse a una acti-vidad comercial que puede afectar los intereses del consu-midor, DACo tiene jurisdicción para revisar el historial de venta y fiscalizar la rotulación de los envases de medicamentos. Ello es cónsono con las amplias funciones investigativas que la Ley Orgánica de DACo reconoció al Secretario para vindicar los objetivos y propósitos de dicha agencia, dirigidos a establecer normas de calidad, seguri-dad e idoneidad en los productos de uso y consumo. 3 L.P.R.A. sec. 341m.

Ahora bien, y a pesar de que DACo claramente tiene la autoridad para realizar inspecciones en el recetario de una farmacia, no se desprende del Reglamento de Precios que dicha agencia pueda imponer multas administrativas por encontrar productos farmacéuticos expirados en tales recetarios. De hecho, al imponer las multas administrati-vas en el caso de autos, DACo invocó exclusivamente los Arts. 5 y 6 del Reglamento de Calidad y Seguridad, los cuales se refieren a la prohibición de vender productos de inferior calidad y productos expirados en general.

Aunque tales disposiciones del Reglamento de Calidad y Seguridad conceden a DACo la autoridad de imponer mul-tas administrativas por la venta de un producto cuya fecha de expiración esté vencida, la Farmacia San Martín sos-tiene que ni la Ley Orgánica de DACo ni la reglamentación antes citada contienen disposición específica alguna diri-gida a fiscalizar las farmacias en su recetario. Más aún, aduce que al aprobar la Ley de Farmacia, la Asamblea Le-gislativa le asignó al Departamento de Salud la enco-mienda expresa y exclusiva de regular y fiscalizar tales asuntos, incluyendo el control sobre la venta de medica-mentos expirados. Por lo tanto, arguye que el referido es-tatuto reemplazó y desplazó todas las leyes anteriores que regulaban la materia, incluidas las disposiciones invocadas por DACo para imponer la multa administrativa en este caso.

Examinemos con más detenimiento el alcance de dicho estatuto y su reglamentación correspondiente.

B. La Ley de Farmacia fue promulgada por la Asamblea Legislativa en el 2004 con el fin cardinal de reglamentar el ejercicio de la profesión farmacéutica y la operación de farmacias en nuestra jurisdicción. El Art. 1.02 de dicho estatuto, 20 L.P.R.A. see. 407 n., dispone que su objetivo es promover, preservar y proteger la salud, la seguridad y el bienestar públicos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Para lograr tales propósitos, la Ley de Farmacia contiene varias normas específicas relativas al licénciamiento, al control y a la reglamentación de la manufacturación, distribución y dispensación de medicamentos. Véase 20 L.P.R.A. see. 410.

En primer lugar, la Ley de Farmacia creó la Junta de Farmacia de Puerto Rico, como un organismo adscrito al Departamento de Salud, con la responsabilidad de salva-guardar la salud del pueblo y con el poder exclusivo de reglamentar el ejercicio de la profesión de farmacia y la ocupación de técnico de farmacia en el país. 20 L.P.R.A. see. 408. Entre las prerrogativas conferidas a dicha depen-dencia se encuentra el deber de iniciar investigaciones o procedimientos administrativos contra un farmacéutico o técnico de farmacia que incurra en una violación a las le-yes o a los cánones de ética sobre la manufactura, distri-bución y dispensación de medicamentos, poniendo así en peligro la salud pública. 20 L.P.R.A. sec. 408a(k).

De otra parte, el Art. 6.02(a) de la Ley de Farmacia, 20 L.P.R.A. sec. 411a(a), dispone que el Secretario de Salud será responsable de poner en vigor y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de dicho estatuto y su reglamentación correspondiente. Así, pues, se le delegó el poder de investigar, inspeccionar, citar testigos y aprobar las reglas y los reglamentos necesarios para hacer viables los propósitos del estatuto. Con relación a ello, la referida ley también creó la División de Medicamentos y Farmacia, y autorizó al Secretario de Salud a delegarle las funciones de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la manufactura, distribución y dispensación de medicamentos. 20 L.P.R.A. sec. 411b.

Dicha dependencia, adscrita a la Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud, cuenta con un equipo de farmacéuticos inspectores que tie-nen la función de examinar e investigar expedientes, tran-sacciones y cualquier material o actividad que esté relacio-nada con la manufactura, distribución y dispensación de medicamentos. Asimismo, estos inspectores pueden reco-ger las pruebas necesarias para el procesamiento de los violadores de la referida ley y sus reglamentos, de modo que sean procesados en el foro administrativo correspondiente. A su vez, el Secretario de Salud puede delegar a la División de Medicamentos y Farmacia la po-testad de decomisar o embargar todo medicamento que no esté apto para su consumo o que no cumpla con los crite-rios que impone la ley. 20 L.P.R.A. sec. 411b. Por último, la referida Ley de Farmacia autoriza a la referida Junta y al Secretario a imponer multas administrativas hasta un máximo de $5,000 por cada violación a dicho estatuto o a sus reglamentos. 20 L.P.R.A. sec. 411f.

Al amparo del esquema regulatorio de farmacias ads-crito al Departamento de Salud, el 6 de noviembre de 1998 se promulgó el Reglamento para la Operación de Estable-cimientos Dedicados a la Manufactura, Producción, Venta y Distribución de Drogas y Productos Farmacéuticos (Re-glamento Núm. 91). De forma análoga a la actual Ley de Farmacia, el Art. IV(Ñ) del Reglamento Núm. 91 dispone que los inspectores farmacéuticos son los funcionarios res-ponsables de inspeccionar los establecimientos que manu-facturen, vendan y distribuyan medicamentos en Puerto Rico.

En lo pertinente al caso de autos, el Art. XV(E) del Re-glamento Núm. 91 establece una prohibición absoluta a la venta de medicamentos expirados y ordena que éstos sean puestos en cuarentena y separados físicamente de otras medicinas que se adquieran por receta hasta que sean des-truidos o devueltos a sus suplidores. Finalmente, se des-prende del mencionado esquema que cualquier infracción a estas reglas se penalizará con una multa de hasta $5,000 por cada violación.

Expuesta la política pública que promueve tanto la Ley de Farmacia como la Ley Orgánica de DACo, y en atención a las facultades y los deberes que les fueron encomendados respectivamente a DACo y al Departamento de Salud, nos resta determinar cuál es la agencia administrativa que po-see jurisdicción sobre el caso ante nuestra consideración.

IV

A. Según el marco normativo antes expuesto, es evidente que varias disposiciones reglamentarias y facultades administrativas delegadas por ley aparentan incidir sobre el mismo asunto: la regulación de los medicamentos expirados en las farmacias del país. Por ende, para resolver el conflicto jurisdiccional en este caso debemos recurrir al principio general de hermenéutica que establece que una ley de carácter especial sobre una materia prevalece sobre otra de carácter general. Véanse: Art. 12 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 12; A.I.I. Co. v. San Miguel, 161 D.P.R. 589, 597-598 (2004). Este principio de especialidad se extiende al ámbito administrativo, pues hemos expre-sado anteriormente que una ley “especial sobre [una] ma-teria ... debe prevalecer sobre cualquier otro precepto apli-cable que sea de carácter general”. (Enfasis suplido.) París v. Canety, 73 D.P.R. 403, 406 (1952). En ese contexto, el principio de especialidad se debe examinar desde una óp-tica comparativa de los poderes delegados a ambas agen-cias y sus respectivas funciones reguladoras y adjudicati-vas de la conducta en controversia.

En vista de dicho principio, y ante los hechos particula-res de este caso, creemos que la Ley de Farmacia y su reglamentación correspondiente prevalecen sobre la Ley Orgánica de DACo y el Reglamento de Calidad y Seguridad promulgado a su amparo. En contraste con el esquema re-gulatorio general invocado por DACo en el presente re-curso, la Ley de Farmacia atiende de manera específica los asuntos relacionados a la manufactura, distribución y venta de medicamentos. 20 L.P.R.A. sec. 410. Además, dicho estatuto delega la regulación administrativa de tales asuntos al Secretario de Salud y a la División de Medica-mentos y Farmacia adscrita a dicha agencia de gobierno. 20 L.P.R.A. sec. 411.

De hecho, el andamiaje administrativo constituido en virtud de dicha ley regula y prohíbe expresamente la venta de medicamentos expirados. Art. XV(E) del Reglamento Núm. 91. Esta prohibición reglamentaria contrasta con las disposiciones invocadas por DACo —a saber, los Arts. 5 y 6 del Reglamento de Calidad y Seguridad, supra— para mul-tar a la Farmacia San Martín, pues éstas se refieren a la prohibición de venta de productos expirados en general. Al aprobar la Ley de Farmacia, el legislador reconoció que el Departamento de Salud —específicamente la División de Medicamentos y Farmacia— tiene la pericia y el personal especializado para cumplir con tales propósitos regulatorios.

Más aún, existe un claro conflicto entre ambos regla-mentos que impide la aplicación de los poderes generales de DACo en este caso. Mientras que el Art. 6 del Regla-mento de Calidad y Seguridad permite, como excepción, la venta de productos expirados si se cumple con ciertos re-quisitos de rotulación que impone DACo, el Reglamento Núm. 91 del Secretario de Salud establece una prohibición absoluta de la venta de medicamentos expirados. Dado que existe una evidente contradicción entre el reglamento general de DACo y el esquema administrativo especial esta-blecido al amparo de la Ley de Farmacia, es forzoso con-cluir que la jurisdicción adjudicativa del Secretario de Salud prevalece en el presente caso. Véase Córdova & Simonpietri v. Crown American, 112 D.P.R. 797, 800 (1982).

Según lo anterior, concluimos que la resolución adminis-trativa emitida por DACo, mediante la cual se le impuso a la Farmacia San Martín una multa de $3,000 por infringir el Reglamento de Calidad y Seguridad, no debe prevalecer. Dicha conclusión es inevitable, dado que la Ley de Farma-cia y el Reglamento Núm. 91 establecieron un ordena-miento especial, avalado expresamente por la Asamblea Legislativa, para regular todo lo relativo a la manufactura, distribución y venta de medicamentos, lo cual incluye la conducta en que supuestamente incurrió la Farmacia San Martín.

Además, se desprende de la normativa antes reseñada que el legislador delegó expresamente al Departamento de Salud y a la División de Farmacias y Medicamentos la fa-cuitad especializada para regular y reglamentar la distri-bución y venta de medicamentos en las farmacias del país, con lo cual se desplazó la jurisdicción general de DACo sobre dicha actividad comercial. Por consiguiente, no erró el Tribunal de Apelaciones al declarar la nulidad de la multa, pues es evidente que DACo no posee facultad en ley para imponer ni ejecutar una sanción en las circunstancias particulares de este caso.

B. Ahora bien, cabe destacar que la Ley Orgánica de DACo no impide que dicha agencia tome ciertas medidas y acciones en beneficio del consumidor puertorriqueño con relación a las farmacias, arm en un supuesto como el del caso de autos. Según mencionamos anteriormente, DACo tiene jurisdicción para inspeccionar el recetario de las farmacias al amparo de los poderes delegados por la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, 23 L.P.R.A. see. 734, y el Reglamento de Precios. Además, de dicho esquema regulatorio dimana el poder adjudicativo de DACo en cuanto al control de precios de artículos de primera necesidad, incluso los medicamentos de receta. Sin embargo, también surge de este análisis integrado que DACo no posee jurisdicción para regular los aspectos particulares y salubristas de la manufactura, distribución y venta de los medicamentos en el recetario más allá del asunto de los precios, pues la Ley de Farmacia desplazó el poder general de DACo en ese ámbito administrativo y lo sustituyó por un andamiaje especializado a cargo del Departamento de Salud.

En otras palabras, la regulación general y adjudicativa de DACo en cuanto a los productos expirados no aplica en el contexto de los medicamentos ubicados en el recetario. Esto dado que una agencia especializada —el Departa-mento de Salud— regula y adjudica la conducta en contro-versia por mandato expreso de la Asamblea Legislativa. La seguridad jurídica y el sentido común impiden cualquier otra conclusión, pues exponer una misma conducta a san-dones múltiples y simultáneas sería contrario a la equidad y no fomentaría la interacción efectiva entre el andamiaje gubernamental y cualquier actividad comercial legítima.

A pesar de ello, es innegable que el esquema regulatorio instituido por la Ley de Farmacia y su reglamentación correspondiente persigue beneficiar la salud y la seguridad del consumidor puertorriqueño. Así, pues, nada impide que al amparo del Art. 7 de la Ley Orgánica de DACo, supra, el Secretario de dicha agencia fiscalice tales asuntos mediante inspecciones en el recetario de las farmacias. Además, en conformidad con dicho precepto, DACo puede referir la querella y notificar la infracción en controversia al Departamento de Salud, agencia con jurisdicción adjudicativa sobre los asuntos relacionados a la distribución y venta de los productos farmacéuticos en el país.

Es decir, en su función de procurador de los consumido-res al amparo de la referida disposición, el Secretario de DACo puede emitir el Aviso de Infracción y promover acti-vamente la querella correspondiente ante el Departamento de Salud. Mediante esta coordinación interagencial de es-fuerzos y facultades, ambas agencias pueden cumplir efec-tivamente con los propósitos de sus respectivas leyes habi-litadoras para así proteger la salud y la seguridad del consumidor puertorriqueño. Este curso de acción consti-tuye, precisamente, la intención del legislador al crear el Departamento de Asuntos del Consumidor, pues el Art. 7 de su ley habilitadora, supra, claramente permite al Secre-tario de DACo vindicar de esta manera los derechos del consumidor ante otras agencias de gobierno.

V

Por los fundamentos que anteceden, modificamos la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Confir-mamos la determinación de dicho foro de declarar la nuli-dad. de la multa administrativa impuesta contra la Farma-cia San Martín. No obstante, se ordena al Secretario de DACo cumplir con su deber ministerial en virtud del Art. 7 de la Ley Orgánica de DACo, 3 L.P.R.A. sec. 341f, de referir la infracción en controversia al Departamento de Salud para que dicha agencia tome la acción que proceda.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.

        Al discutir el alcance de este artículo en la sesión legislativa de la Cámara de Representantes, el representante José Izquierdo Stella aclaró que el poder delegado al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) en cuanto a los asuntos bajo la jurisdicción de otras agencias no era meramente de referir, sino que este funcionario “puede fiscalizar, puede llevar las personas a los tribunales y puede llevar a las personas para que se procesen. Tiene un tipo de función fiscalizadora, en cuanto a todas las leyes de acuerdo a como reza el Artículo 7, que creo se explica por sí solo”. Debate sobre el P. del S. 508, Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara), 11 de abril de 1973, pág. 1086

       El Art. 7 del Proyecto del Senado 508 originalmente disponía lo siguiente:
      “El Secretario tendrá poderes y facultades para, en protección de los consumi-dores, imponer aquellas multas administrativas y tomar aquellas acciones legales que dispongan las leyes especiales o generales administradas por las otras agencias u organismos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuando las disposiciones de dichas leyes hayan sido violadas en perjuicio de los consumidores.
      “Las sanciones impuestas o solicitadas por el Secretario bajo [e]ste artículo se-rán las que establezcan las leyes en virtud de las cuales el Secretario ha tomado acción. Si dichas leyes no proveyeren sanciones de ningún tipo, el Secretario actuará a tenor con lo dispuesto en la presente ley.” (Énfasis suplido.) P. del S. 508 de 8 de marzo de 1973, 7ma Asamblea Legislativa, Ira Sesión Ordinaria.

       En el referido reglamento, DACo también invocó el poder de su Secretario para regular los medicamentos y otros artículos de primera necesidad al amparo de la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, 23 L.P.R.A. sec. 734.

       Nótese que mediante el Art. 7.05(a) de dicha ley, 20 L.P.R.A. sec. 412c n., la Asamblea Legislativa derogó la Ley Núm. 282 de 15 de mayo de 1945, la cual reguló la profesión farmacéutica hasta el 2004.

       Además, la Asamblea Legislativa delegó a la Junta de Farmacia de Puerto Rico la facultad de adoptar las reglas y los reglamentos necesarios para la aplicación de la Ley de Farmacia de Puerto Rico en conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 20 L.P.R.A. see. 408a(v). No obstante, se deduce del referido estatuto que este poder de reglamenta-ción se refiere específicamente a la práctica de la profesión farmacéutica y a la ocupación de técnico de farmacia.

       Por otro lado, la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico también faculta al Secretario de Salud a fiscalizar la venta y distribución de sustancias con-troladas en farmacias y cualquier establecimiento en donde se manufacturen, sumi-nistren y distribuyan tales sustancias. 24 L.P.R.A. see. 2511. Además, dicho estatuto dispone que el Administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción puede delegar a los inspectores de sustancias controladas la fa-cultad de investigar toda violación criminal o administrativa a la mencionada ley que esté relacionada con la fabricación, distribución, dispensación y entrega de cual-quier sustancia controlada en la Clasificación I. 24 L.P.R.A. sec. 2511a.

       A pesar de que el citado Reglamento para la Operación de Establecimientos Dedicados a la Manufactura, Producción, Venta y Distribución de Drogas y Produc-tos Farmacéuticos, Reglamento Núm. 91 del Secretario de Salud de 6 de noviembre de 1998 (Reglamento Núm. 91) se aprobó al amparo de la Ley Núm. 282, supra —la cual fue derogada por la Ley de Farmacia de Puerto Rico de 2004— dicho reglamento se ajusta enteramente al andamiaje administrativo creado por la referida Ley de Farmacia, por lo que continúa aplicando con toda su fuerza y vigor. 20 L.P.R.A. sec. 412b; Pueblo v. Marrero, 69 D.P.R. 363 (1948).

       Véase el Reglamento para Regular los Procedimientos Adjudicativos en el Departamento de Salud y sus Dependencias, Reglamento Núm. 85 del Secretario de Salud promulgado el 27 de agosto de 1996.

       Para determinar si el poder jurisdiccional invocado por la agencia para regular una conducta específica es cónsono con los poderes delegados por el lenguaje amplio de una ley orgánica, se debe examinar la relación entre dicha conducta, sus efectos y las responsabilidades de la agencia según se definen en el estatuto. Véase R.J. Pierce, Administrative Law Treatise, 4ta ed., Nueva York, Aspen Law and Business, 2002, Vol. II, Sec. 14.2, pág. 935.

       Según el referido reglamento de DACo, los requisitos para permitir la venta de productos con fecha de expiración vencida son los siguientes: (i) si se colocan en un lugar especial, rotulado en español de manera conspicua y claramente legible, para productos con fecha de expiración vencida; (ii) si se le explica al consumidor los riesgos de adquirir tal producto, y (iii) si se obtiene el consentimiento inteligente y expreso del consumidor. Art. 6 del Reglamento de Calidad y Seguridad, Productos de Uso y Consumo, Reglamento Núm. 3667, 13 de octubre de 1998.


text:
      In re José Ramón González Magaz.

      Número: TS-11,980

      Resuelto: 8 de enero de 2009

      José Ramón González, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción Solicitando la Readmisión de José Ramón González Magaz para el Ejercicio de la Abogacía en Puerto Rico, presentada por la parte peticionaria, se auto-riza la readmisión de José Ramón González Magaz al ejer-cicio de la abogacía en Puerto Rico.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo