author: El Juez PResidbhte Señor Del Toro

text:
    Eufrosina Cianchini Viuda de Santiago, demandante y apelante, v. Julio Díaz, Sucesores de Conrado Díaz y Enrique Lanauze, demandados y apelados.
    Núm. 7065.

    Sometido: Febrero 12, 1937.

      Resuelto: Mayo 26, 1937.

      Manuel A. Rivera, abogado de la apelante; Leopoldo Tormes García, abogado del apelado Sr. Lanauze; E. Arjona Siaca y E. Huertas Zayas, abogados de los otros apelados.
   El Juez PResidbhte Señor Del Toro

emitió la opinion del tribunal.

Este es un pleito sobre cobro de cánones de arrendamiento. La demanda se dirige contra Julio Díaz, contra Sucesores de Conrado Díaz y contra Enrique Lanauze. En ella se alega que la demandante arrendó a los demandados Julio Díaz y Enrique Lanauze una finca de trescientas diez cuerdas de terreno situada en el barrio de Cuyón de Coamo; que el contrato se hizo constar en escritura pública otorgada en mayo 30, 1929, de cuya escritura se transcriben las siguientes cláusulas:

“2a. El canon de arrendamiento de la finca será el de $1,627.50 anuales que se pagarán por trimestres adelantados en la oficina de la arrendadora en esta Villa o sea la suma de $406.87 cada día primero de mayo, agosto, noviembre y febrero de cada año.”
“14a. El contrato lo efectúan los Sres. Lanauze y Díaz manco-munadamente y solidariamente y así serán responsables del cumpli-miento del mismo.”

Y se alega además que posteriormente al formarse la sociedad agrícola demandada Sucesores de Conrado Díaz, Julio Díaz le cedió sus derechos en el contrato, posesionán-dose la sociedad con el otro demandado Lanauze de la finca arrendada, recibiendo sus productos y pagando los cánones de arrendamiento durante los años 1929 y 1930; que de los cánones vencidos en febrero, mayo, agosto y noviembre de 1931, los demandados sólo pagaron la mitad quedando a deber $1,017.18; que tampoco pagaron los trimestres corres-pondientes a mayo, agosto y noviembre, 1932, montantes a $1,237.79, siendo el total importe de su deuda a la fecha de la demanda enmendada, diciembre 14, 1932, $2,237.79, que los demandados — que siguen en el disfrute de la finca — no han pagado en todo ni en parte.

Se pide sentencia condenando a los demandados a pagar solidariamente a la demandante la indicada suma y los otros cánones que se vayan venciendo hasta el día en que se dicte, con intereses y costas.

El demandado Julio Díaz no contestó. Los demandados Sucesores de Conrado Díaz excepeionaron la demanda y la contestaron. Las excepciones fueron por falta de hechos, indebida acumulación de partes demandadas e indebida acu-mulación de acciones. Por vía de contestación negaron que Julio Díaz les hubiera cedido el arrendamiento, que se hubieran posesionado como cesionarios con el otro demandado Lanauze de la finca y que hubieran pagado los cánones del arrendamiento, alegando en contrario que “han pagado fiel y religiosamente a Julio Díaz el importe de los cánones de arrendamiento de todos los terrenos que la primera ha usado para pasto de su boyada de la colonia ‘ Jauca’, o sea, que si algún uso ha podido hacer la demandada de la finca descrita en el hecho segundo de la demanda lo ha hecho por contrato directo e independiente de subarriendo con Julio Díaz, pero nunca haciéndose cesionaria de los derechos de éste en el contrato original de arrendamiento con la demandante, ni quedando subrogada en lo más mínimo con sus obligaciones.”

El demandado Lanauce contestó admitiendo que el con-trato de arrendamiento se celebró en la forma indicada en la demanda, pero alegando como defensa que fué modificado expresamente “en el sentido de que la responsabilidad del mismo, y especialmente lo que se refiere a la obligación del pago del canon de arrendamiento no sería mancomunada y solidariamente entre Don Julio Díaz y Don .Enrique Lanauze; por el contrario que este demandado pagaría y sería respon-sable nada más- que de seiscientos cuarenta dollars 52 centavos anualmente, así como que este demandado pagaría directamente a la demandante por cada trimestre adelantado de dicho canon de arrendamiento el importe de $160.13 y en esa forma ha sido observado dicho contrato por este deman-dado compareciente, pagando por cada trimestre a la deman-dante como canon de dicho arrendamiento la suma de $160.13.”

Alega, además, que estuvo pagando sus $160.13 trimes-trales a la demandante hasta que se negó a recibirlos, debién-dole sólo $480.39 que está dispuesto a pagar de los cuales depositó en la corte $320.26 al contestar la primitiva demanda, acompañando con su nueva contestación el resto.

Fue el pleito a juicio. Practicóse una larga prueba docu-mental y testifical, dictando la corte su sentencia en marzo 28, 1934. Por ella declaró la demanda sin lugar en cuanto a Sucesores de Conrado Díaz con costas al demandante, con lugar en cuanto a Enrique Lanauze “en tanto en cuanto se refiere a la parte proporcional de los cánones de arrenda-miento adeudados por este demandado y que lian sido con-signados trimestralmente en la secretaría de esta corte”, sin especial condenación de costas, y con lugar en cuanto a Julio Díaz sin especial condenación de costas por estar en rebeldía.

Señala la apelante en su alegato cinco errores. El primero carece a nuestro juicio de importancia. Se refiere a la no admisión de cierta demanda enmendada que la demandante presentó para conformar las alegaciones con la prueba y que contiene algunos particulares que en verdad no aparecen comprobados en el juicio.

Por los otros cuatro errores se presenta la totalidad del problema envuelto que resulta complicado especialmente porque la relación entre la demandante y Sucesores de Con-rado Díaz nunca llegó a fijarse con precisión por escrito y bay que deducirla a virtud de diferentes circunstancias y manifestaciones que surgen de varias fuentes que emanan de encontrados intereses.

En nuestro estudio trataremos primero de examinar la evidencia en cuanto a las relaciones de la demandante con los demandados Díaz y Sucesores de Conrado Díaz, luego en cuanto a las relaciones de la demandante con el demandado Lanauze, y, por último, en cuanto a la manera cómo los deman-dados Díaz y Lanauze se obligaron en un principio y resultan obligados finalmente entre sí y para con la demandante.

Conocemos las conclusiones de la corte de distrito a virtud de los pronunciamientos que contiene su sentencia. Ésta se basa en una relación del caso y opinión en la cnal en subs-tancia dice la corte que no considera probado que Díaz cediera el arrendamiento a Sucesores de Conrado Díaz ni que éstos se posesionaran de toda la finca arrendada con Lanauze y que estima probado que el primitivo contrato de arrenda-miento se modificó tal como alega el demandado Lanauze en su contestación.

No bay cuestión sobre la identidad de la finca. Tampoco sobre la existencia del contrato de arrendamiento celebrado entre Díaz y Lanauze -de una parte y la demandante de otra, Consta dicho contrato en la escritura pública Núm. 67, otor-gada en mayo 30, 1929 en Coamo ante el notario Manuel A. Rivera.

La demandante dueña de por vida del usufructo sobre la finca, la dió en arrendamiento a los demandados Enrique Lanauze y Julio Díaz para que la usaran y disfrutaran para pastos por siete años a partir del Io. de mayo de 1929, por $1,627.50 anuales pagaderos por trimestres adelantados, siendo la obligación de pago mancomunada y solidaria por parte de los arrendatarios.

En el documento Díaz y Lanauze comparecen por su propio derecho. No se hace la más leve referencia a los demandados Sucesores de Conrado Díaz. A este respecto precisa considerar la prueba testifical.

Declarando Manuel A. Rivera, el notario y además el abogado de la demandante en este pleito, se expresó así:

“El 30 de mayo de 1929 fui llamado a la oficina de doña Eufro-sina Ciancbini, como notario, para otorgar un contrato de arrenda-miento entre don Enrique Lanauze, la sucesión de don Conrado Díaz y doña Eufrosina. Cuando estuve tomando las notas para otorgar la escritura, las cláusulas, más o menos, eran idénticas a otro con-trato que vencía el mismo día, y entonces don Enrique Lanauze y Sucesión de Conrado Díaz iban a seguir desde el mismo día en ade-lante bajo las mismas condiciones. Don Julio Díaz entonces actuaba como albaeea de la sucesión de Conrado Díaz. Después de yo tomar las notas y todos los detalles, encontré que había dos niñas menores de edad, de las Díaz Rivera — son dos familias, Díaz Márquez y Díaz Rivera. En la familia Díaz Rivera babía dos menores de edad. Entonces creí que don Julio Díaz no podía representarlas como albacea en un contrato de arrendamiento que se iba a inscribir. Se lo hice así presente y el contrato entonces casi estuvo terminado porque doña Antonia Colón, como apoderada de doña Eufrosina Cianebini, no estaba conforme en baeer un contrato en esas condi-ciones. Díaz tenía un gran empeño en la finca porque estaban en período de seca y no podía sacar de allí la boyada. Entonces él dijo, ‘El contrato se puede baeer a mi nombre. Yo represento a la sucesión, pero que se baga a mi nombre.’ Y por eso el contrato se bizo como entre Julio Díaz y Enrique Lanauze; pero el contrato obraba entre Julio Díaz y la sucesión' de Conrado Díaz. Después, algún tiempo después, como seis, siete meses después, bacía diciem-bre del veintinueve, se formó la sociedad Sucesores de Conrado Díaz, con todos los bienes inmuebles y todo lo que pertenecía a la Colonia Janea, y todos los derechos de la Colonia Janea ingresaron en la sociedad.”

Antonia Colón de Santini, apoderada de la demandante, dijo, refiriéndose al demandado Díaz:

“Cuando él me fué a mí a hablar para el arrendamiento fué como representante de 1a- sucesión de José Conrado Díaz. Cuando se fué a firmar el contrato de arrendamiento, el abogado me advirtió, y también a don Julio Díaz, como representante de Sucesión de José Conrado Díaz, y a Enrique Lanauze, de que no se podía hacer a nombre de Sucesión de José Conrado Díaz porque babía unos menores de un hijo natural, y que el contrato de arrendamiento necesitaba la autorización judicial por esos menores y esos menores no entraban en la sociedad porque ya tenían los términos convenidos de la sociedad y estos menores no iban a entrar; y, por lo tanto, el contrato de arrendamiento no se podía hacer a nombre de Sucesión de José Con-rado Díaz. El señor don Julio Díaz entonces manifestó que como ellos tenían gran necesidad de pasto para la boyada de la colonia de sucesión de José Conrado Díaz, en vista de esa necesidad, me dijo, ‘Ponga el contrato a nombre mío, que tan pronto se termine la testamentaría y la sociedad que vamos a constituir, la sociedad civil, entonces yo pasaré o cederé los derechos del contrato de arren-damiento a Sucesores de José Conrado Díaz.’ ”

- Y parte de la declaración del demandado Julio Díaz, hijo de Conrado Díaz y miembro por tanto de su sucesión y luego socio de los demandados Sucesores de Conrado Díaz, es como sigue:

“Rivera: ¿Usted alguna vez durante todo el mes de mayo con-currió a la oficina de doña Eufrosina Cianchini? — Testigo: Sí, señor. — ¿ Con quién ? — Con don Enrique Lanauze. — ¿ Qué se trató allí? — Del arrendamiento de una finca. — ¿De qué finca? — De la finca esa Cuyón. — ¿Para quién era el contrato? — . . . — Yo fui a arrendar la parte que ya nosotros teníamos. — Yo le pregunto añora: ¿Usted no recuerda que aquel día el contrato usted quería que se hiciera a nombre de Sucesión de Conrado Díaz, y cuando yo fui llamado le dije a usted que había una hermana suya, Ana Leonor Díaz, que todavía era menor de edad y que no había sido emancipada todavía y que no se podía hacer el contrato? — . . . — Bueno, yo sabía que no se podía hacer el contrato de arrendamiento a nombre de la sucesión porque no tenía poder para hacerlo, porque después de mí había once más, y entonces fué que se hizo el contrato a mi favor. — . . . — Voy a explicar: yo tuve la intención de traspasar el contrato de arrenda-miento a la sucesión de José Conrado Díaz, pero siempre se opusieron porque entendieron que lo que yo me había comprometido a pagar había sido un precio muy alto por los terrenos aquellos y ese negocio les perjudicaba a ellos, y no quisieron hacerse cargo del contrato.— Juez: No nos ha dicho usted qué conferencias tuvo con el señor Rivera, que fué la pregunta. — Rivera : ¿ Qué conferencias tuvo usted conmigo? — Pues yo hablaba con él y le decía que yo pensaba pasar el contrato a nombre de Sucesores de José Conrado Díaz; pero ellos siempre se oponían y nunca se pudo realizar. — ¿No es verdad, a pesar de eso, que usted distintas veces, me dió la orden para hacer la escritura de cesión del contrato a Sucesores de Conrado Díaz?— . . . — Testigo: Estoy declarando la verdad. Yo estaba haciendo gestiones para el traspaso ese y le dije a usted que podía hacer el contrato; pero como yo no podía forzarlos a ellos, pues no se pudo hacer. ’ ’

A virtud de esa evidencia, por el hecho cierto de que la hoyada de Sucesores de Conrado Díaz siguió alimentándose en los pastos de la finca de la demandante tal como lo venía haciendo antes de acuerdo con contratos celebrados por Conrado Díaz y por haberse pagado los cánones del arrenda-miento pactado en mayo 30, 1929, que se hicieron efectivos, con dinero de la cuenta de refacción de Sucesores de Conrado Díaz coa la Central Aguirre, según resulta de la prueba, el juzgador se convence de que en realidad de verdad el deman-dado Díaz actuó para beneficio de la Sucesión de Conrado Díaz y de que Sucesores de Conrado Díaz siguieron apro-vechándose de la finca para pastar sus bueyes, pero ese con-vencimiento no es suficiente para declarar celebrado un con-trato con una entidad de la que formaban parte menores y con una sociedad que en sus cláusulas de constitución, como demuestra la evidencia, exigía para contratar a su nombre determinadas condiciones que no se cumplieron.

Siendo ello así, estimamos que la corte sentenciadora actuó correctamente al absolver de la demanda a Sucesores de Conrado Díaz en tanto en cuanto a la responsabilidad que se les exigía como eesionaria de Julio Díaz, pero creemos que el pronunciamiento debió ser sin especial condenación de costas dadas las circunstancias que en el caso concurren.

Hay aún otra cuestión en relación con Sucesores de Conrado Díaz. Conocemos lo alegado en su contestación, a saber, “que si algún uso han podido hacer de la finca ... lo han hecho por contrato directo e independiente de subarriendo con Julio Díaz.”

La apelante llama la atención hacia ello en su alegato y se refiere al artículo 1442 del Código Civil, ed. 1930, que dispone que “el subarrendatario queda también obligado para con el arrendador por el importe del precio convenido en el subarriendo que se halle debiendo al tiempo del reque-rimiento, considerando no hechos los pagos adelantados, a no haberlos verificado con arreglo a la costumbre.”

Pero al propio tiempo que así procede, insiste en que su “teoría no es la del subarriendo, sino que Julio Díaz obró como mandatario de la Sucesión de Conrado Díaz, y esta Sucesión y la Sociedad Sucesores de Conrado Díaz era y es una sola cosa”, y en que actúa “para que se vea la contra-dicción de la corte inferior, acumulando defectos sobre nuestra evidencia, atribuyéndonos la falta de prueba en cuanto al subarriendo, cuando esto debió ser un fundamento más para declarar con lugar nuestra reclamación contra Sucesores de Conrado Díaz.”

Bajo esas circunstancias, y además no constando en los autos las condiciones del subarriendo ni que se hubiera hecho a los subarrendatarios el requerimiento de ley, no hay base para una consideración seria de la cuestión que es una que debemos reconocer que quizá bien presentada y esclarecida hubiera podido tener influencia en la decisión del litigio en cuanto a la fijación de la responsabilidad de los demandados Sucesores de Conrado Díaz.

Veamos ahora si puede o no subsistir la sentencia en la forma en que fué dictada contra el demandado Lanauze.

Dice la corte sentenciadora en su relación del caso y opinión:

“Toda la prueba demuestra que con anterioridad al contrato de arrendamiento de la demandante a los demandados Julio Díaz y Enrique Lanauze la totalidad de la finca estaba arrendada a Don Julio Benvenutti de quien era subarrendatario de la finca en 122 cuer-das Enrique Lanauze y que al hacerse el nuevo contrato de arrenda-miento por la demandante a Julio Díaz y a Enrique Lanauze, al vencer el anterior, Enrique Lanauze continuó en la posesión y dis-frute de las mencionadas 122 cuerdas de la totalidad de la finca, sin intervención alguna en el resto de la finca y pagando a la deman-dante el canon de $640.52 anuales, los que pagó siempre directamente a la demandante, a razón de $160.13 trimestralmente, y que el resto del canon de arrendamiento siempre fué pagado directamente por el otro demandado Julio Díaz o por personas a su nombre, sin que la demandante hiciera oposición alguna y por el contrario siempre aceptó esta modificación en el contrato en cuanto al pago de los cánones de arrendamiento. Toda la prueba documental de la deman-dante demuestra esto y la corte es de opinión que estos actos coetáneos y posteriores y también los anteriores al contrato, demuestran que la verdadera intención de las partes contratantes fué la de que cada uno de los arrendatarios Julio Díaz y Enrique Lanauze pagarían por el importe de los cánones del arrendamiento que les correspondía de acuerdo con la parte de la finca que cada uno poseía y disfrutaba y que no obstante el principio hecho constar en el contrato de que ambos serían responsables solidariamente de dichos cánones, dicha cláusula del contrato nunca fué puesta en vigor y exigido su cumpli-miento por la demandante. En el caso de Torres v. Lothrop, Luce & Co., et al., 16 D.P.R. 180, se resolvió que un contrato original de hipoteca había quedado modificado por convenio de las partes y que de acuerdo con sus declaraciones y actuaciones éstas envolvían una modificación del contrato original. (Págs. 188 a 189.)
“La corte es de opinión que se ha probado a su satisfacción, que la intención de los contratantes en este caso fué que cada uno de los arrendatarios respondería y pagaría por la parte de la finca que ocupaba, y siendo así, la intención resulta completamente contraria a las palabras contenidas en el contrato y que por lo tanto, es apli-cable el segundo párrafo del art. 1248 del C. Civil, supra, precep-tivo de que si las palabras parecieran contrarias a la intención evi-dente de los contratantes prevalecerá ésta sobre aquéllas. Roig v. Landráu, 31 D.P.R. 423.”

Aunque en verdad será dura la sentencia que se dicte para Lanauze, creemos que el contrato que firmara es tan claro y terminante que no puede hacerse otra cosa. Que entre él y Díaz se dividieron la finca arrendada a su conveniencia y que la arrendadora admitiera pagos fraccionados de uno y otro que unidos formaban la totalidad del canon, son circuns-tancias demostrativas de lo que en realidad ocurría en el disfrute actual de la finca por parte de los arrendatarios, pero que no pueden considerarse como modificativas del con-trato celebrado con la arrendadora hecho constar en escritura pública, contentivo de la cláusula de la responsabilidad man-comunada y solidaria de los arrendatarios.

Además Lanauze no puede llamarse a engaño. . La trans-cripción contiene copias de las repetidas cartas que la deman-dante le dirigiera sobre la base de la solidaridad de su obli-gación con Díaz al atrasarse Díaz en lo que acostumbraba pagar. Nada objetó Lanauze. Al contrario, consciente de su responsabilidad, gestionó cerca de la Central Aguirre para que el contrato se cumpliera en su totalidad. Algo se hizo, pero llegó un momento en que Díaz faltó por completo y ahora Díaz y él son responsables en la forma en que pactaron, esto es, mancomunada y solidariamente. No hubo novación.

El caso de JRoig v. Landráu, 31 D.P.B. 420 que invoca la corte sentenciadora, es muy distinto. Allí la intención de las partes contratantes “expresada en forma algo vaga'o ambigua en el documento” quedó revelada por el relato que hizo el propio demandado de la transacción. Aquí ya hemos consignado que lo ocurrido — división del disfrute de la finca entre los arrendatarios por su propio acuerdo y admisión del pago del canon fraccionado en dos porciones desiguales por parte de la arrendadora — es compatible con la subsis-tencia de la responsabilidad mancomunada y solidaria con-traída por ambos arrendatarios expresamente al pactar el arriendo.

La situación que surgió en el otro caso que se cita, Torres v. Lothrop, Luce & Co., 16 D.P.R. 180, 187, y que llevó a esta corte a considerar modificado cierto contrato en cuanto a la aplicación que debía darse a determinado dinero del deudor recibido por el acreedor, es bien distinta a la que surge de los hechos de este caso. No puede, por tanto, llegarse a la misma conclusión.

Siendo el expuesto nuestro criterio, es claro que debemos concluir también que las consignaciones que hizo Lanauze de la porción del canon que acostumbraba satisfacer directa-mente, aparte de que no lo fueron en el tiempo que determina la ley, no lo liberan de su entera responsabilidad para con la demandante.

En su consecuencia, la sentencia apelada debe modificarse eliminando la condena de costas a la demandante <al 'absolver de la demianda u los demandados Sucesores de Conrado Días y condenando a los demandados Julio Díaz y Enrique Lanauze <a pagar mancomunada y solidariamente la totalidad de la deuda y así modificada deberá 'entonces confirmarse.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Nicolás Ortiz Lebrón, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 992.

    Sometido: Mayo 19, 1937.

      Resuelto: Mayo 26, 1937.

      Víctor M. Pons y Guillermo Gil Rivera, abogados del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Guayama la escritura de hipoteca Núm. 21 otor-gada por .doña Escolástica Rodríguez viuda de González a favor de don Nicolás Ortiz Lebrón ante el notario Víctor M. Pons Gil el 3 de-marzo de 1937, causó la siguiente nota:

“Inscrito el presente documento . . . denegándose la consigna-ción de la cláusula octava del mismo, por virtud de la cual la deudora doña Escolástica Rodríguez hace renuncia en favor y beneficio del acreedor de referencia sobre cualesquiera derechos o beneficios que tenga o pudiera tener al amparo de cualesquiera leyes aprobadas o por aprobarse por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico o por el Congreso de los Estados Unidos de América que de alguna manera lesionen o mermen los derechos del acreedor, por hacerse extensiva tal renuncia a los beneficios que le concede la Ley número 87, apro-bada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en trece de mayo de mil novecientos treinta y seis, relativa al derecho de Hogar Seguro (.Homestead) cuyo derecho según dicha ley es irrennnciable, y que si bien la referida deudora hace constar que no es jefe de familia por no tener quien dependa de ella para su subsistencia, ni ocupa la finca hipotecada como su residencia, ni tiene constituido en la misma su hogar seguro {Homestead) tales circunstancias son de carácter transitorio, ...”

No conforme el acreedor hipotecario, interpuso el presente recurso gubernativo.

La cláusula de la escritura de que se trata, copiada textualmente dice:

“Octava: — La compareciente doña Escolástica Rodríguez hace, constar que no es jefe de familia por no tenerla que dependa de ella para su subsistencia ni ocupa la finca hipotecada como su resi-dencia ni tiene constituido en la misma su hogar seguro (Homestead)• y hace constar además que renuncia en favor y beneficio del acreedor-cualesquiera derechos o beneficios que tenga o pudiera tener al amparo de cualesquiera leyes aprobadas o por aprobarse por la. Asamblea Legislativa de Puerto Rico,- o por el Congreso de los; Estados Unidos de América que de alguna manera lesionen o mérmen-los derechos del acreedor hipotecario.”

Como hemos podido ver, la negativa del registrador se circunscribe a la relación que guarda la renuncia con el de-recho de hogar seguro. Y a esa relación debemos limitar y limitaremos nuestro estudio.

Admite el recurrente que el derecho de hogar seguro es--irrenuneiable y que la situación actual con respecto al mismo, que revela la escritura es transitoria, existiendo la posibi-lidad de que en el fiaturo la deudora pueda constituir su hogar seguro en la finca hipotecada, pero sostiene que ese derecho-que es posible que quisiera ejercitar dicha deudora no está, comprendido en la renuncia.

Basa su posición en que la deudora por la cláusula en cues-no renuncia todos los derechos o beneficios que tenga o pudiera tener ai amparo de leyes aprobadas o por aprobar, si que limita la renuncia a aquéllos de. sus derechos que de alguna manera pudieran lesionar o mermar los del acreedor hipotecario, y como la constitución futura de un hogar se-guro no podría en manera alguna lesionar o mermar el de-recho de hipoteca previamente constituido a favor del acree-dor, claro' es que no está comprendido en la renuncia.

Y tiene razón a nuestro juicio. Esta propia corte en el 'caso de Colón v. Giorgi, 38 D.P.R. 356, 358, resolvió:

“De acuerdo eon la ley y la jurisprudencia sólo puede reclamarse el bogar seguro cuando queda constituido con anterioridad al gravamen impuesto por su propietario.
“ ‘Que todo jefe de familia, tendrá derecho a una finca de homestead, hasta el valor de quinientos dólares en una estancia, planta-ción o predio de terreno y en los edificios contenidos en el mismo, que le pertenezcan o que posea legalmente, en virtud de arrenda-miento o en otra forma y estuviere ocupado por él o ella como su residencia . . dice la ley de Puerto Rico sobre la materia (Comp. 1911, pág. 230), y la jurisprudencia establece:
“ ‘Cuando se exige que la finca esté ocupada para que surja el . derecho de hogar seguro, no puede alegarse la exención si la pro-piedad no está siendo materialmente usada como residencia en el momento del embargo; y es obvio que la regla gteneral expresada anteriormente será aplicable cuando se trata de alegar tal exención contra sentencias, hipotecas y otros gravámenes, o aún contra recla-maciones generales existentes con anterioridad al momento en que se ocupó la propiedad para los fines del hogar seguro.’ 29 C. J. 861.
“Por regla general, las leyes sobre exención deben ser interpre-tadas en relación con el estado de cosas existente al tiempo de tra-barse el embargo, o al tiempo en que surgió el gravamen; y si el derecho no existe en ese momento, no puede ser creado por ningún acto posterior del deudor. Así, cuando la propiedad no tiene el carácter de hogar seguro al tiempo de surgir el gravamen, el hecho •de que después llegara a tenerlo no priva al reclamante del gravamen de su derecho.’ 13 R.C.L. .601.
“El caso de Dávila v. Sotomayor, 35 D.P.R. 794 que invoca el apelante, no es contrario a la anterior doctrina. En dicho caso los esposos Sotomayor-Pizarro tenían constituido en la finca en cuestión su bogar desde bacía unos treinta años y la gravaron después cono-ciendo Dávila que los esposos vivían en ella con sus bijos.” .

'Siendo ello ‘así, opinamos que debe declararse con lagar él recurso y revocarse la nota del registrador ~en la parte en que ha sido recurrida.


author: El Juez Puesidente Señob Del Tobo

text:
    Modesta Concepción Cosme, en su carácter de madre natural con patria potestad sobre sus hijos naturales menores reconocidos Alberto Padín Concepción y Joaquín y Carmen Padín Concepción, conocidos también por Joaquín y Carmen Concepción, demandante y apelante, v. Ruperto Márquez, en representación y como tutor de los menores Luis Vicente, Julio Alberto y Carmen María Quiñone Vázquez, demandado y apelado. Modesta Concepción Cosme, Etc., demandante y apelante, v. Demetrio Latoni Pecunia, demandado y apelado.
    Núms. 7037 y 7038.

    Sometidos: Febrero 4, 1937.

      Resueltos: Mayo 26, 1937.

      A. Casanova Prats, abogado de la apelante; A. Bar celó, Jr. y Bubón & Ochoteco, abogados de los apelados.
   El Juez Puesidente Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

La vista de estos recursos se celebró conjuntamente. Los alegatos presentados son comunes a ambos. Serán por tanto considerados en una sola opinión.

De los autos correspondientes al recurso núm. 7037, aparece que Modesta Concepción Cosme, como madre con patria potestad sobre sus hijos naturales reconocidos Alberto, Carmen y Joaquín, demandó a Ruperto Márquez como tutor de los menores Luis Vicente, Julio Alberto y Carmen María Quiñones en reclamación de daños y perjuicios.

Alegó substancialmente en su demanda enmendada que sus menores hijos eran dueños de la casa número 49 de la calle de Rafael Cordero de esta ciudad de San Juan, y que en marzo 2, 1932, Francisco Font Manzano, como su tutor, constituyó sobre ella hipoteca a favor de los menores deman-dados por $8,000, intereses al diez por ciento anual y $800 más para costas en' caso de reclamación judicial; que en febrero 3, 1933, el tutor de los menores demandados teniendo conocimiento de que los menores demandantes estaban bajo la patria potestad de su madre natural, inició un pleito sobre ejecución de la dicha hipoteca, sin incluir como demandada a la madre natural, dirigiendo el procedimiento contra los menores representados por Font “que tenía un nombramiento nulo de tutor délos mismos”; que ordenado el requerimiento y practicado, como no se pagara la suma reclamada, el tutor pidió la venta de la finca en pública subasta; que ordenada la venta en abril 3, 1933, y anunciada la subasta, se celebró en mayo 19, 1933, compareciendo como único postor el tutor de los menores demandados adjudicándose a éstos la casa por $9,000 a cuenta de su crédito; que los menores deman-dados entraron en la posesión de la finca en mayo 25, 1933, después de haberse lanzado de ella a los menores deman-dantes y han continuado en posesión recibiendo sus rentas; que en noviembre 27, 1933, Modesta Cosme, en representa-ción de sus hijos naturales, inició un pleito solicitando la nulidad del de ejecución de hipoteca mencionado y dicha nulidad fue decretada por la corte por sentencia de 11 de octubre de 1934, notificada a los demandados en octubre 15, 1934, y no apelada por ellos.

El hecho décimo y último de la demanda, copiado textual-mente, es como sigue:

“Como consecuencia de los actos ejecutados por el demandado, para despojar a los demandantes de la finca descrita en esta demanda, y de todos los actos descritos en la misma, los demandantes perdieron las rentas de su finca durante todo el tiempo desde mayo 25 de 1933 basta esta fecha, habiendo vivido desde entonces en medio de privaciones terribles y en una miseria espantosa, que les ha ocasionado intensos sufrimientos morales y padecimientos físicos enormes, daños y perjuicios que han sufrido los demandantes por la culpa y negli-gencia de los demandados y que estiman en la suma de $15,000. ’ ’

La corte resolviendo por segunda vez la misma excep-ción previa de falta de hechos suficientes para constituir una causa de acción formulada por los demandados, declaró la demanda, sin lugar con imposición de costas a los demandantes sin incluir en ellas honorarios de ahogado, por sentencia de marzo 26, 1935, apelando de ella los demandantes para ante este tribunal.

Y de los autos correspondientes al recurso núm. 7038, consta que los indicados menores Alberto, Carmen y Joaquín Padín Concepción por medio de su madre natural Modesta Concepción Cosme demandaron a Demetrio Latoni Pecunia, alegando substancialmente en su demanda enmendada que eran dueños de la casa número 4 del callejón de Las Monjas y de la número 70 de la calle de San Sebastián, ambas de esta ciudad de San Juan; que en diciembre 30, 1930, Manuel García Lago en su representación como tutor testamentario, hipotecó dichas casas a favor del demandado para garanti-zarle $8,500 y $850 más para costas; que el demandado, teniendo conocimiento de que los menores demandantes es-taban bajo la patria potestad de su madre natural, en mayo 18, 1932, ejecutó judicialmente la hipoteca, solicitando que se requiriera al entonces tutor de los menores Francisco Font Manzano, cuyo nombramiento era nulo,' así como a los menores mismos, para que le satisficieran $9,860 por principal, intereses y costas, sin incluir en el procedimiento a la madre natural; que practicado el requerimiento y no pagada la suma reclamada, se solicitó la venta de las fincas y se decretó para llevarse a efecto en pública subasta en julio 20,1932, en cuyo día se adjudicó la casa hipotecada al deman-dado, único postor que compareció, por $9,010; que se puso en posesión al demandado en julio 21, 1932, después de haber sido lanzados los demandantes de la dicha casa núm. 70 de la calle de San Sebastián, donde vivían, y desde entonces ha venido disfrutando de sus rentas; que en noviembre 27, 1933, Modesta Concepción, en su carácter de madre natural con patria potestad sobre sus repetidos menores hijos, radicó un pleito en la Corte de Distrito de San Juan pidiendo la nulidad de la indicada ejecución hipotecaria, pleito que se resolvió en su favor por sentencia de octubre 11, 1934, que notificada al demandado no fue por él apelada. El hecho décimo de la dicha demanda enmendada que es el último, copiado a la letra, es como sigue:

“Como consecuencia de los actos ejecutados por el demandado, para despojar a los demandantes de las fincas descritas en esta de-manda, y de todos los actos descritos en la misma, los demandantes perdieron las rentas de sus fincas durante todo el tiempo desde julio 21 de 1932 hasta esta fecha, habiendo vivido desde entoncés en medio de privaciones terribles y en una miseria espantosa, que les ha oca-sionado intensos sufrimientos morales y padecimientos físicos enormes, daños y perjuicios que han sufrido los demandantes por la culpa y negligencia del demandado y que estiman en la suma de $15,000.”

Excepcionó el demandado la demanda enmendada por falta de hechos suficientes para basar, la acción ejercitada y la corte resolvió de conformidad y estimando que la-demanda no era susceptible de enmendarse otra vez, dictó sentencia declarándola sin lugar, sin especial condenación de costas, en marzo'12, 1935. No conformes los demandantes apelaron para ante este tribunal.

En el alegato presentado por los apelantes, igual en los dos casos, se señalan dos errores, el primero cometido al declararse con lugar la excepción previa y absolverse de la demanda a los demandados y el segundo al imponerse las costas a la parte actora. El segundo sólo puede referirse ál recurso núm. 7037, pues la sentencia apelada en el otro se dictó sin costas.

Los fundamentos que tuvo la corte de distrito para de-clarar las demandas sin lugar los tomaremos, de la resolu-ción que aparece transcrita en el recurso núm. 7038. Fueron:

“Los demandantes en su memorándum manifiestan que como en la demanda se alega que en el escrito inicial del ejecutivo hipotecario, el demandado no incluyó ni a la madre de los demandantes, ni tampoco al tutor, tal falta equivale a una alegación de malicia voluntaria, que es un elemento necesario para constituir una causa de acción por daños y perjuicios, dentro de la teoría del ‘Abuse of Process.’ (Cita 50 C. J. pág. 614, párrafo 376). Fundamenta además su súplica, en que el precepto a considerar en este caso, no es el 169 del Reglamento de la Ley Hipotecaria, en relación con el Artículo 1255 del Código Civil (Edición de 1930) sino el Artículo 1802 de este último cuerpo legal, ya que la acción que se ejercita en este caso, es una de carácter personal y no una de naturaleza real. También argumenta que no se trata de una acción por perse-cución maliciosa, sino de una demanda basada en el uso abusivo de un procedimiento por medio del cual maliciosamente se causaron daños.
“No obstante, estas alegaciones de la parte demandante, se ha resuelto en esta jurisdicción, que los daños y perjuicios, consiguientes a la ejecución de una hipoteca, en un procedimiento nulo, son los que determina el Artículo 1255 del Código Civil, que dispone que declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben resti-tuirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido objeto del contrato, con sus frutos y el principal con los intereses, salvo lo dispuesto en los subsiguientes artículos del mismo cuerpo legal. Los sufrimientos morales y los padecimientos físicos no son una medida propia de daños en casos de nulidad de ejecutivo hipotecario. Pontón v. Sucrs. de Huertas González, 42 D.P.R. 529; 46 D.P.R. 789.
“Gomo los propios demandantes sostienen que su acción no la ejercitan dentro de la teoría de persecución maliciosa, se Race innece-sario que discutamos este aspecto del problema.”

Esta Corte Suprema en el caso de Pontón v. Sucrs. de Huertas Gonzáles, 42 D.P.R. 529, 538, resolvió en efecto, lo que sigue:

“Por el décimo error se levanta una interesante cuestión de dereclio. Se formula así: ‘La Corte erró al condenar a los deman-dados a pagar daños y perjuicios por sufrimientos morales.’
“La corte sentenciadora dijo en su opinión:
“ ‘En cuanto a los daños morales, creemos que los preceptos del artículo 1803 del Código Civil vigente nos dan autoridad para con-ceder indemnización por los perjuicios que naturalmente resulten de los damos que se ocasionan. El precepto de la ley es terminante. El que por acción u omisión causa daño a otro, mediando culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Tal daño tiene que surgir como una consecuencia natural del acto u omisión que le origina o lo causa. La ley ampara a toda persona que, sin un debido procedimiento, se ve privada de su propiedad, autorizándole a demandar la nulidad de una actuación judicial que lo privó a destiempo o inoportunamente, de lo que constituía su patrimonio. Si tal privación trae como consecuencia natural daños materiales y angustias -y sufrimientos mentales y morales, y Ray prueba de tales daños, creemos que los mismos pueden y deben ser compensados de acuerdo con los preceptos del artículo 1803 del Código Civil. Sólo así, dando una amplia interpretación a los preceptos de la ley sus-tantiva, pueden hallar amparo y protección todas las nuevas modali-dades que surgen a la vida del derecho, por imperio de las leyes ineludibles del progreso.
“ ‘No puede haber duda de que la interposición del ejecutivo sumario fué un acto voluntario de la demandada. Ella fué el agente activo en un procedimiento del que los demandantes no podían defen-derse. La acción, generadora de los daños, surge clara de las actua-ciones de la parte demandada. Tal acción ha originado perjuicios.
“ ‘Tanto de naturaleza material como los que ocasionan los incruentos dolores morales que nos producen las angustias y sufri-mientos mentales al vernos privados de lo nuestro, cuando se nos llama a responder de una obligación no vencida, y en un procedi-miento en el que no podemos defendernos.’
“Parece conveniente agregar que en el párrafo anterior de su opinión la corte sentenciadora analizó la prueba con respecto a los daños que se alegó que se habían ocasionado en los otros bienes de los demandantes con motivo del procedimiento hipotecario, y con-cluyó que no había en ella elementos bastantes para concederlos.
“Hemos estudiado cuidadosamente el problema y a nuestro juicio la corte de distrito lo resolvió erróneamente. No importa que la demanda se titulara ‘sobre nulidad de ejecutivo hipotecario, otros extremos y daños y perjuicios.’ La acción que tiene el demandante es la que le reconoce el artículo 169 del reglamento de la Ley Hipo-tecaria que sujeta al ejecutante a indemnizar cuantos daños y per-juicios irrogue al deudor o a terceras personas interesadas, por malicia o negligencia en la fiel exposición de los hechos, y esos daños son los que determina el artículo 1270 del Código Civil, o sea la restitución de la cosa objeto del contrato, con sus frutos, y el precio con sus intereses, u otros de naturaleza semejante. Eegular este caso por las disposiciones del artículo 1803 del Código Civil sería sacarlo de su propio centro. Véase la decisión de esta corte en Arvelo v. Banco, 29 D.P.R. 1066.”

Admite la parte apelante que si lo resuelto se aplica estrictamente a sus casos, no tendría causa de acción, pero sostiene que el caso de Pontón, supra, puede distinguirse, y que la regla verdaderamente aplicable es la sentada por esta propia corte en su decisión posterior de Díaz v. Distribuidores R.C.A. Víctor, Inc., 47 D.P.R. 562, dando vigor a lo resuelto en el caso de Serrallés v. Saurí, 44 D.P.R. 402. Sus propias palabras son:

“En el caso de Pontón v. Sucres, de Huertas González pretendió el demandante reclamar daños y perjuicios por sufrimientos morales dentro dé una acción en la cual se solicitaba la nulidad del proce-dimiento con arreglo al artículo 169 del reglamento de la Ley Hipo-tecaria y al artículo 1270 del Código Civil (Ed. 1911). O sea, se pretendió llevar una acción personal dentro de un pleito o acción de naturaleza real y como consecuencia y conjuntamente con dicha acción real.
“Y estuvo justificado este Honorable Tribunal en declarar que no se pueden reclamar daños y perjuicios por sufrimientos morales ocasionados por la nulidad de un procedimiento ejecutivo hipotecario.
“Pero un procedimiento ejecutivo hipotecario puede ser declarado nulo por una corte y tener el ejecutado el derecho a la reclamación de daños y perjuicios dentro de la teoría general de daños y per-juicios del Código Civil de que ‘aquél que causa un daño viene obligado a repararlo’, bien sea porque el procedimiento ejecutivo hipotecario fuera iniciado por el ejecutante maliciosamente y sin causa probable, lo cual caería dentro de la teoría de la persecución maliciosa civil, o bien sea porque el ejecutante hizo un uso ilegal de un procedimiento legal para despojar al demandado de su pro-piedad, lo que estaría cubierto por la teoría del ‘Abuse of Process’, o abuso de procedimiento. Y ninguna de estas dos teorías, ni las de la persecución maliciosa ni la del abuso del procedimiento ha sido descartada por los comentaristas al artículo 1803, por el artículo mismo o por las decisiones de este Honorable Tribunal como causa suficiente y legítima para la reclamación de daños y perjuicios contra un demandante. Tampoco las impiden los artículos 169 del Regla-mento de la Ley Hipotecaria y 1270 del Código Civil.
“Por el contrario, este mismo Honorable Tribunal ha resuelto definitivamente en el caso de Juan R. Díaz v. Distribuidores R. C. A. Víctor, Inc., 47 D.P.R. 562, que ‘si bien en Puerto Rico la legisla-ción vigente no autoriza la acción civil por persecución maliciosa como consecuencia en un pleito o procedimiento civil, sin embargo, una persona contra la cual maliciosamente se inicia un pleito civil ■tiene acción contra el actor sujeta a ciertas condiciones que en la demanda se alegue alguna cuestión substancial de daños y perjuicios, es decir, que existe alegación que saque el caso fuera del campo de la doctrina de damnum, absque injuria.’
“Es verdad que nosotros sostuvimos en la corte inferior y soste-nemos ahora que no se trata aquí de un caso de persecución maliciosa, sino de un caso de abuso del procedimiento, pero aun así entendemos que la teoría de este Tribunal citada arriba fortalece nuestra conten-ción y que el caso es aplicable, sobre todo cuando la teoría es que ‘una persona contra la cual maliciosamente se inicia un pleito civil. . . .’, lo cual cubre también el campo del abuso del procedi-miento.”

No hay, sin embargo, la necesidad de resolver la cuestión que suscita la parte apelante porque aunque tuviera razón habría siempre que concluir que sus demandas no aducen hechos suficientes para reclamar los daños morales que reclama en exceso de los daños materiales ya reclamados en los pleitos sobre nulidad.

En las demandas lo qne se alega es qne los demandados sabían qne los menores demandantes tenían nna madre natural con patria potestad, no obstante lo cnal prescindieron de ella y llevaron ante la corte a los menores representados por nn tutor qne tenía un nombramiento nulo. Ni siquiera se sostiene que los demandados tenían conocimiento de esa nulidad como materia actual, personal, de becho.

No se imputa a los demandados ejecutantes en los proce-dimientos declarados nulos que trataron de cobrar deudas ficticias, que realizaran acto fraudulento alguno. No se alega que el dejar de incluir a la madre como demandada en dichos procedimientos obedeciera a algún plan para privar de su patrimonio a los menores. Todo lo que se trasluce es que los ejecutantes se equivocaron al considerar que el tutor Pont era en verdad el legítimo representante de los menores. No bay aquí persecución maliciosa como lo reconoce la misma parte apelante, ni “abuse of process” como se desprende de la única cita que a este respecto contiene su alegato, a saber:

“La médula del acto torticero o daño consiste en el uso ilegal de un proceso legal. En otras palabras, la intención maligna debe culminar en un abuso efectivo del proceso, pervirtiéndolo para obtener un resultado cuyo efecto la ley no tuvo por mira que el proceso tuviera, como por ejemplo cuando se pervierte el proceso en su forma de ejecución. ...” 50 C. J. 614.

Bajo cualquier aspecto que el caso se considere, esto es, bien se aplique estrictamente la doctrina del caso de Pontón, supra, ya se admita que pudieran existir casos de natura-leza excepcional que justificaran la concesión de daños por sufrimientos morales ocasionados con motivo de la tramita-ción de algún procedimiento ejecutivo bipotecario, habría siempre que concluir que las demandas no son suficientes.

No se cometió, pues, el primer error señalado. Tampoco el segundo. Parece que la Corte tuvo en cuenta para imponer las costas en el caso que corresponde al recurso núm. 7037 la circunstancia de ser menores de edad los deman-dados, Se excluyó de ellas los honorarios de abogado que suelen generalmente ser la partida más gravosa. Hayamos acertado o no con el motivo que tuvo la corte, lo cierto es que no se ha demostrado abuso de discreción.

Deben confirmarse las sentencias recurridas.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Baldomero Rosa Martínez y Epifanio Dieppa Pagán, acusados y apelantes.
    Núm. 6340.

    Sometido: Mayo 25, 1937.

      Resuelto: Mayo 28, 1937.
    Baldomero Rosa Martínez compareció por su propio derecho; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Baldomero Rosa Martínez y Epifanio Dieppa Pagán fueron acusados por el Fiscal del Distrito de San Juan de haber acometido y agredido voluntaria y maliciosamente con navaja barbera y cuchillo el 25 de junio de 1935 en San Juan a Carlos Reyes infiriéndole varias heridas en el ante-brazo izquierdo y en la región epigástrica, quedando el brazo izquierdo mutilado.

Alegaron su inocencia los acusados y pidieron juicio por jurado. Celebrado el juicio, el Jurado rindió un veredicto de culpabilidad. La corte, en febrero 8, 1-936, dictó sentencia condenando a Eosa a tres años de presidio y a Dieppa a nno.

Ambos apelaron para ante este tribunal en el que queda-ron radicados los autos desde octubre 3, 1936. El apelante Dieppa no ña hecho gestión alguna. El apelante Eosa pidió repetidas prórrogas que le fueron concedidas presentando finalmente su alegato personalmente en febrero 10 último. Sostiene que la evidencia practicada demuestra que no tuvo intención de causar daño a Eeyes habiendo sido el otro acu-sado el que le produjo las heridas de importancia y que no se trata de un caso de mutilación sino de acometimiento y agresión grave.

Hemos examinado la evidencia. Con respecto a la participación del apelante Eosa fué contradictoria. Eosa declaró que Eeyes le dió un puño primero y él se defendió con su cuchilla de carpintero de abrir y cerrar. Pero Eeyes declaró que los hechos ocurrieron de muy distinto modo. Después de manifestar que había encontrado a su mujer en la casa de la querida de Eosa sentada en la falda de Dieppa y salido a buscar un policía, dijo:

“Me llamaron y viré para atrás, como yo no tenía nada pendiente con él, viré para atrás y salió Epifanio Dieppa que estaba escon-dido y me agarró por una mano y le gritó a Baldomero Rosa— córtalo ahora — y Baldomero me cortó y entonces Dieppa sacó un arma, la cual yo no pude distinguir bien y me cortó en el pecho y yo embalé a correr y se me fueron detrás y cuando llegué a la esquina de la Carretera Nueva viraron para atrás corriendo y me encontré entonces con Antonio Balasquides y me agarró porque iba mareado y llegando a la parada 23 me encontré con el guardia Plores y él lo llamó que iba en el trolley y lo llamó y me llevaron al Hospital y me mareé y no supe nada más.”

El Jurado creyó a Eeyes y a virtud del examen que hemos hecho de los autos opinamos que estuvo bien fundada su creencia.

En cuanto a la existencia de la mutilación, debe examinarse la declaración del Doctor Arsenio Comas, perito inedico-ciru jano que compareció ante el Jurado. Reconoció a Reyes en la noche en que fué herido y dijo que tenía “una herida incisa profunda en la cara interna del antebrazo izquierdo que le interesó la piel, músculos, los nervios y vasos sanguíneos” y otra “herida leve en el epigastro o sea lo que llamamos la boca del estómago.”

Refiriéndose a la primera herida manifestó: “El mu-chacho quedó mutilado de la mano izquierda. Tiene una inca-pacidad del cincuenta por ciento de su mano. No puede agarrar.' El tendón que afectó la herida es el que pasa a la cara externa y suple los dedos meñique, anular y medio. El dedo está completamente inútil. La mano en conjunto tiene un cincuenta por ciento de inutilidad. Sometiendo la mano a una operación podría que mejorara algo.”

Examinada esa declaración a la luz de la ley y la juris-prudencia, sostiene a nuestro juicio la calificación de muti-lación dada al delito. Artículo 212 del Código Penal; El Pueblo v. Pizarro, 21 D.P.R. 17; 40 C. J. 2 y 7; Enciclopedia Criminal de Brill, 1365, y Slattery v. The State, 41 Tex. 619.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: Él Juez Presidente Señob Del Tobo

text:
    Marcial Casillas, demandante y apelante, v. José Rengel y Luis Rengel, demandados y apelados.
    Núm. 7125.

    Sometido: Abril 20, 1937.

      Resuelto: Mayo 28, 1937.

      M. Benitez Flores, abogado del apelante; Juan B. Soto y Enrique ' Igaravídez, abogados de los apelados.
   Él Juez Presidente Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Éste es nn caso de daños y perjuicios ocasionados al guiar negligentemente un automóvil, seguido contra .el dueño del automóvil — José Rengel — y contra la presona que lo manejaba en el momento del accidente — Luis Rengel.

El demandado José Rengel excepeionó la demanda por falta de hechos e indebida acumulación de partes. Y el de-mandado Luis Rengel archivó una moción eliminatoria y otra sobre especificación de particulares.

La corte declaró con lugar las excepciones del deman-dado José Rengel y habiéndole pedido el demandante que dictara sentencia, así lo hizo declarando la demanda sin lugar en cuanto al demandado José Rengel. Y fué contra esa sentencia que interpuso el demandante el presente recurso de apelación.

En su alegato señala el apelante dos errores, a saber: los cometidos a su juicio por la corte al declarar con lugar las excepciones previas y al dictar la sentencia. Serán estu-diados y resueltos conjuntamente porque en verdad envuelven una sola cuestión.

Los motivos que tuvo la corte sentenciadora para declarar con lugar las excepciones previas, fueron:

"Hemos examinado la demanda y entendemos que tiene razón el demandado. De la faz de la demanda aparece que dicbo deman-dado es dueño del automóvil que causó el daño que alega haber sufrido el demandante; pero no aparece que dicho demandado fuese en el automóvil en el momento en que ocurrió el accidente. Velez v. Llavina, 18 D.P.R. 656; Izquierdo v. Andrades, 39 D.P.R. 938.
"No puede tampoco sostenerse que existe causa de acción contra el demandado por el hecho de que él prestara su automóvil a una persona no autorizada para manejar vehículos de motor, pues para que un demandado sea responsable en daños y perjuicios por actos de negligencia es necesario que su negligencia sea la causa próxima del daño. En este caso la causa próxima del accidente según aparece de la demanda, es la manera negligente en que el automóvil en cuestión fué guiado por el demandado Luis Rengel. La falta de licencia para manejar automóviles de Luis Rengel no es la causa próxima del accidente. Tampoco puede serlo el prestar el automóvil a una persona no autorizada para manejar vehículos de motor.
“No existiendo causa de acción contra José Rengel, indudable-mente que existe indebida acumulación de partes demandadas, pues dicho demandado no debió haber sido hecho parte demandada en esta acción.”

Sostiene el apelante en su. alegato que las situaciones jurídicas que surgieron en los casos que invoca la corte sentenciadora — Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 656 e Izquierdo v. Andrades, 39 D.P.R. 938 — eran distintas a la que surge del presente. Ello en parte es así, pero la ley que interpretan y la jurisprudencia que establecen guardan estrecha relación con los hechos y las circunstancias que en este caso concurren.

Como se trata de excepciones previas, nos referiremos a las exactas palabras de la demanda expresivas de la relación del dueño del automóvil con la persona que causó el accidente al manejarlo. Son así:

“3. Que en el momento de ocurrir el accidente, el automóvil del demandado José Rengel, iba manejado por el otro demandado Luis Rengel, quien no estaba entonces autorizado para manejar vehículos de motor, habiendo cogido prestado el referido automóvil a su men-donado hermano, el otro demandado José Rengel, y dicho José Rengel, a sabiendas de que su hermano, el otro demandado no estaba autorizado para manejarlo, con extraordinario descuido y grosera negligencia consintió en prestar y prestó el referido automóvil a su hermano Luis Rengel, permitiendo así, a sabiendas, que dicho auto-móvil fuera conducido ilegalmente.”

Luis Eengel no era empleado de José Rengel. No existe, pues, en este caso, la relación de patrono y empleado. Tam-poco se trata de una empresa, ni de alguna misión del dueño cuya realización se encomendara a la persona que guiaba el automóvil. El dueño no iba dentro del automóvil. Sólo existe la relación de comodante y comodatario entre ambos demandados. ¿ Prohíbe la ley al dueño de un automóvil prestarlo a otra persona? ¿Tiene el dueño del automóvil al prestarlo el deber de cerciorarse de que va a ser manejado por persona legalmente autorizada para ello?

A nuestro juicio la ley no probibe el préstamo ni contiene tal exigencia. Del hecho de que el automóvil se preste a una persona que no tiene licencia para manejarlo, no se deduce-necesariamente que va a ser guiado por esa misma persona.. Tal persona puede encomendar el manejo a otra debidamente autorizada. El párrafo de la demanda que dejamos trans-crito está redactado en forma tal que parece que quiere alegar que el demandado José Rengel sabía que el automóvil iba a ser guiado por su hermano el otro demandado Luis Rengel, pero tal alegación no se hace en la forma clara y precisa que la buena práctica exige y se trataba de una demanda enmendada.

Invoca el apelante como “última cuestión” en su alegato los artículos 2 (a) y 5 (a) y (7c) de la Ley de. Automóviles, núm. 75 de 1916 (pág. 144), que prescriben:

“Artículo 2(a). — Será ilegal el manejar cualquier vehículo de motor en un camino público de Puerto Rico sin tener licencia para ello, expedida por el Comisionado del Interior. . .”
“Artículo 5(a). — Ninguna persona podrá manejar un vehículo de motor en Puerto Rico sin que se le haya expedido licencia al efecto por el Comisionado del Interior. .
“Artículo 5 (k). — Ninguna persona permitirá que un vehículo de motor de sn propiedad o que esté bajo su gobierno sea manejado por persona que no esté legalmente autorizada para hacerlo o en contra-vención de las disposiciones de esta Ley, y ninguna persona tomará a su servicio a un chauffeur para manejar su automóvil, sin antes •cerciorarse de que posee una licencia adecuada.”

Y sostiene que habiendo permitido el demandado José Rengel a su hermano el otro demandado Luis Rengel manejar su vehículo de motor sin estar legalmente autorizado para ello, en contravención de la ley, ambos demandados infrin-gieron ésta y son igualmente responsables.

Aparte de que las disposiciones legales citadas son de naturaleza penal y aquí se trata de una responsabilidad civil, no encontramos como ya dejamos expuesto que en la de-manda se alegue de modo claro y preciso que José Rengel prestó su automóvil a Luis Rengel para que Luis Rengel lo guiara.

Por virtud de toldo lo expuesto debe declararse sim hogar él recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Francisco Núñez, en su carácter de padre con patria potestad sobre su hijo legítimo José Luis Núñez, demandante y apelado, v. Pedro Rodríguez, demandado y apelante.
    Núm. 7034.

    Sometido: Marzo 11, 1937.

      Resuelto: Mayo 28, 1937.

      José López Barált y R. Castro Fernández, abogados del apelante; Gilberto Concepción de Gracia y C. Santana Becerra, abogados del apelado. .
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso sobre daños y perjuicios. El 21 de octu-bre de 1932, en la calle de Martí de Bayamón, la guagua H-135, guiada por Daniel Lugo, lesionó al niño José Luis Núñez. Con tal motivo Francisco Núñez, padre del niño, inició este pleito contra Pedro Rodríguez como dueño de la guagua que tenía dedicada a un negocio de conducción de leche, siendo Lugo Calderón su empleado. Se alegó que las lesiones se produjeron a virtud del manejo negligente de la guagua por el empleado del demandado.

Al contestar el demandado, negó que fuera dueño de la guagua H-135 y que Lugo Calderón fuera su empleado ale-gando en contrario que la guagua pertenecía a Juan Rivera de quien era empleado el día del accidente Lugo. Negó los actos de negligencia atribuidos al conductor del vehículo y como defensa especial alegó que el accidente se debió a haber salido el niño corriendo de su escuela para atravesar la calle en los momentos en que pasaba la guagua por ésta por su derecha y a poca velocidad.'

Fue el pleito a juicio. Practicó su prueba el demandante y el demandado presentó una moción de nonsuit basándose en que no se había demostrado que el vehículo era de su pro-piedad y que el chófer que lo guiaba fuera su empleado. La moción se declaró sin lugar. Practicó su prueba el deman-dado. Y el 12 de febrero de 1935 la corte dictó sentencia condenando al demandado a pagar al demandante mil dos-cientos dólares con costas.

Apeló el demandado y en su alegato señala dos errores cometidos a su juicio por la corte sentenciadora al decidir que era dueño de la guagua el día del accidente y al apreciar la prueba.

El primer señalamiento se subdivide en tres, a saber, errores cometidos al admitir cierta evidencia del deman-dante, al declarar sin lugar la moción de •nonsuit y al dar crédito a ciertas declaraciones de testigos del demandante, todo girando alrededor de la propiedad de la guagua.

Como después de declarada sin lugar la moción de nonsuit el demandado presentó su evidencia y como si esa evidencia supliera cualquier falta de la aportada por el demandante, tendría a ese efecto que tomarse en consideración, para el estudio y decisión de la dicha cuestión de propiedad nos basaremos en la totalidad de la evidencia introducida.

La del demandante sobre el _ extremo que investigamos fué documental y testifical. La primera consistió en una certificación expedida por el Comisionado del Interior credi-tiva de que el automóvil truck (guagua) H-135, constaba registrado a nombre de Pedro F. Rodríguez desde julio 1°., 1932, hasta septiembre 10, 1932, fecha en que aparece tras-pasado a Juan Rivera, Jr., registrándose el traspaso de Juan Rivera, Jr. a la Farm & Dairy Products, Inc., en diciembre 12, 1932; en otra del Secretario Ejecutivo de Puerto Rico cre-ditiva de que entre los directores de la “Farm & Dairy Products Inc.” figura Pedro F. Rodríguez, y en tres más credi-tivas de que Juan Rivera, Jr. para el año económico 1932-33 no figura como contribuyente por concepto de vehículo de motor alguno en G-uaynabo, ni en Bayamón, ni tenía regis-trado seguro alguno de compensaciones por accidentes del trabajo para amparar el riesgo de transporte de leche.

En la testifical encuéntrase lo siguiente:

Llamado Rafael Milán, Cabo de la Policía Insular, declaró que estuvo en el sitio inmediatamente después del accidente; que habló con el chófer de la guagua, y le dijo que su dueño era Pedro Rodríguez, de Guaynabo, que la dedicaba al negocio de cargar leche y que era chófer de Pedro Rodríguez. Preguntado por el demandado contestó que llegó como entre dos y tres de la tarde, cuando ya se habían llevado al niño, al ver el revolú de gente que iban acompañando un muchachito.

Otro testigo, Antonio Díaz, que presenció el accidente, dijo que habló con el chófer que fué empleado suyo y le preguntó “¿como has hecho eso?” y le dijo “esta guagua la tiene don Pedro sin frenos”, que don Pedro Rodríguez era el dueño; que la guagua se dedicaba al transporte de leche de Pedro Rodríguez; que lo sabe porque veía al chófer llevar esa guagua a un garage en que tenía negocios y siempre le decía que iba a repararla. Lo oía decir: “aquí manda esta guagua don Pedro para que la reparen”. A repreguntas del demandado, contestó que la conversación con el chófer antes del accidente donde le admitió que la guagua era de Pedro Rodríguez tuvo lugar algo más de tres o cuatro meses antes del mismo; que asegura que en el momento del accidente, el chófer le dijo que la guagua era de Pedro Rodríguez; que no se fijó en letrero alguno; que sabe que la leche que se transportaba era de Pedro Rodríguez porque se lo manifestó el chófer.

Tal la evidencia del demandante, admitida con la oposi-ción del demandado. El primer testigo que éste llamó a declarar fué Juan Rivera, Jr. Le preguntó únicamente si había sido citado y por quién, a qué hora llegó y si fué juramentado, a lo que contestó que fué citado por el deman-dante, que llegó a las nueve y prestó juramento cuando juraron los demás testigos. Declarada sin lugar su moción de nonsuit, presentó sn evidencia. La que guarda relación con la cuestión de propiedad del auto es la que sigue:

Certificación del Comisionado del Interior ereditiva de que el automóvil truck H-135, figuraba registrado en octubre 21, 1932, a nombre de Juan Rivera, Jr. y parte de las decla-raciones de Daniel y José Lugo, Pablo Vázquez y el propio demandado.

Daniel Lugo declaró que allá por el día 21 de octubre de 1932, trabajaba de chófer; que tuvo un accidente ese día; que iba guiando una guagua de transportar leche; que habló con el Cabo que fue allá donde ocurrió el accidente al momento, como a los cinco minutos. Repreguntado por el demandante contestó, con la objeción del demandado, que creía que la guagua era de don Pedro Rodríguez; que cuando fue a trabajar con esa guagua el señor Pedro Rodríguez le habló en su finca; que no conocía otro dueño; que tomaba la gaso-lina a nombre de Pedro Rodríguez que lo autorizó para firmar a nombre de él; que cree que el 21 de octubre de 1932 era empleado de Pedro Rodríguez. Volvió a preguntarle el demandado y contestó que empezó a trabajar en esa guagua por el mes de marzo de 1932; que cuando empezó a trabajar la guagua no tenía letrero y un mes o mes y medio antes del accidente sí; que tenía el nombre de Juan Rivera, Jr., Transporte de Leche, y tenía el número de una licencia también; que ese letrero lo llevaba la guagua el día del acci-dente; que cogía leche en casa de Pedro Rodríguez y en otros sitios más; que el señor Pedro Rodríguez le dijo que cobrara su sueldo en el puesto de Juan Rivera, cuando lo colocó; que en la semana anterior y posterior al accidente fué Juan Rivera quien le pagó su sueldo; que a pesar de todo eso sigue creyendo que la guagua era de Pedro Rodrí-guez. A nuevas repreguntas del demandante contestó que entregó la guagua cuando terminó de trabajar en la misma finca de Pedro Rodríguez, por orden de Pedro Rodríguez.

José Lugo declaró que el día 21 de octubre de 1932, se encontraba trabajando en la guagua del señor Juan Rivera, una guagua de transporte de leche de Juan Rivera; que era empleado de Juan Rivera, peón de la guagua.

Pablo Vázquez dijo que el día del accidente viajaba como pasajero en la guagua de Juan Rivera, una guagua de trans-portar leche.

Y el propio demandado manifestó que antes del 21 de octubre de 1932 fué dueño de una guagua dedicada a trans-portar leche que vendió en agosto de ese año a Juan Rivera, Jr., readquiriéndola para la Farm & Dairy Products, Inc., en ese mismo año para diciembre porque Rivera no terminó los pagos; que la venta a Rivera no fué condicional y que Lugo fué chófer suyo, pero después fué de Rivera; que la leche que Juan Rivera se alquilaba a transportar cuando fué dueño de la guagua era para la Farm & Dairy Products, Inc.

Con esa evidencia como base ¿puede concluirse como concluyó la corte sentenciadora que la guagua en cuestión era de la propiedad del demandado cuando ocurrió el acci-dente? Veámoslo.

En el caso de Ramos v. Sucesión de Salvador Nadal, 29 D.P.R. 587, 590, se resolvió que la inscripción de un auto-móvil en el Registro del Departamento del Interior a favor de determinada persona constituía evidencia prima facie de que el automóvil pertenecía a esa persona. Y aquí la propia parte demandante presentó esa prueba favorable al deman-dado, que está además sostenida por la declaración en juicio del demandado, por el testimonio de Juan Rivera, Jr., que citado por el demandante y habiendo comparecido no fué llamado por él a declarar, debiendo presumirse en tal virtud de acuerdo con el artículo 464 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, artículo 102, núm. 5, de la Ley de Evidencia, que su declaración le hubiera sido adversa; por las declara-ciones de José Lugo y Pablo Vázquez y por el letrero que ostentaba la guagua.

¿Destruyó el demandante la presunción de tal manera corroborada? Con tal propósito presentó las admisiones del chófer a través de sus testigos Milán y Díaz, hizo las repre-guntas que conocemos al propio chófer, testigo del deman-dado, y aportó las certificaciones negativas que también conocemos.

De una parte, pues, tenemos un contrato de venta de una guagua celebrado con más de un mes de anterioridad a la fecha del accidente, declarado ser cierto por los contratantes bajo juramento en corte abierta, hecho público además por un letrero en la propia guagua y conocido en sus consecuencias por los testigos José Lugo y Pablo Vázquez. Y de otra lo dicho por el chófer momentos después del accidente y lo por él declarado en juicio.

Llegar a la conclusión de que la presunción fué destruida, lleva consigo la de que el contrato de venta de la guagua de septiembre 10, 1932, fué simulado y la de que de la simulación se valió uno de los contratantes, el demandado, ayudado por el otro, Rivera, para defraudar al demandante. Requiérese en tal caso prueba fuerte, que satisfaga plenamente la conciencia judicial.

Impresionan las manifestaciones del chófer. Parece que dice la verdad. Las certificaciones negativas tienden a demostrar que Rivera no cumplió con su deber de patrono, ni de dueño. Pero en verdad ni las unas ni las otras son suficientes a nuestro juicio para declarar la simulación y el fraude, tanto más cuanto que Rivera sólo fué dueño de la guagua y el negocio por unos meses y la creencia del chófer de que Rodríguez era el dueño es explicable por haberlo sido en verdad, por haber sido él el que lo empleó cuando tenía el negocio de transporte que continuó aparentemente igual no obstante el traspaso.

Esta misma última consideración que acabamos de hacer o sea que el negocio de transporte continuó aparentemente igual, para tratar de explicar la creencia del chófer, hace surgir la duda de si en verdad hubo o no cambio alguno y de si la realidad era la creencia del chófer por encima del registro del contrato y del juramento de los contratantes, pero tal duda, por fuerte que ella sea, no permite llegar a conclusión tan grave.

Siendo el expuesto nuestro juicio sobre la prueba apre-ciada en conjunto, claro es que sin necesidad de entrar a considerar si debió o no admitirse la evidencia objetada y de si el accidente se debió o no a la negligencia del chófer, procede que el recurso interpuesto por el demandado sea declarado con lugar y la sentencia sea revocada, dictándose otra desestimando la demanda, sin especial condenación de costas.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Descartes, acusado y apelante.
    Núm. 6521.

    Sometido: Mayo 19, 1937.

      Resuelto: Mayo 28, 1937.

      E. Pérez Casalduc, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El alegato del apelante no contiene señalamiento de errores. En cambio éste presenta abora una excepción peren-toria a la acusación y alega que ésta no aducía becbos sufi-cientes para imputar un delito público.

El primer fundamento de la excepción es que no se demuestra que el delito fuera cometido con anterioridad a la fecba de la acusación. Ésta fué suscrita y jurada por el fiscal de distrito el 7 de septiembre de 1934. Usando el tiempo pasado del verbo, imputa un delito de falsificación “cometido” en la forma que en ella se describe. Entonces la acusación especifica que con posterioridad a noviembre 7, 1932, Descartes “imitó” y falsificó” ciertas firmas. Esto bastaba para demostrar que el delito se babía cometido “en época anterior a la fecba de la presentación de la acusación.”

Véase el inciso 5 del artículo 82 del Código de Enjuicia-miento Criminal.

El segundo fundamento de la excepción es que se acusa a José Descartes de baber imitado y falsificado la firma de Descartes & Maldonado con la intención de defraudar a la casa comercial de Descartes & Maldonado, y nada bay que revele que Descartes & Maldonado sea persona o entidad distinta al propio acusado, o que sea una corporación o sociedad. Descartes & Maldonado se describe como una “casa comercial”. Si José Descartes bacía negocios como una persona particular bajo la razón social de Descartes & Maldonado o si era un socio o administrador general y como tal estaba autorizado para endosar cheques pagaderos a Descartes & Maldonado, ello era cuestión de defensa. No tenemos ante nos la transcripción de evidencia ni la exposi-ción del caso. En la corte de distrito la acusación no fué excepcionada. El defecto de que „aliora se queja el acusado pudo haber sido subsanado por la prueba. No podemos con-venir con el apelante en que la acusación deja de imputar un delito público. Véanse: 26 C. J. 934, see. 75, 77; People v. Thal, 61 Cal. App. 48, 53; People v. Gatewood, 20 Cal 147.

La sentencia 'apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Sewob Hutchisou

text:
    Rafael Atiles Moréu, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    Núm. 994.

    Sometido: Abril 22, 1937.

      Resuelto: Mayo 28, 1937.

      R. Atiles Moréu, por sn propio derecho; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sewob Hutchisou

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, dispone que el demandante “en una acción que afecte al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble . . . podrá presentar para su anotación al registrador del distrito en que radicare la propiedad o parte de ella, un aviso de la cuestión litigiosa pendiente. . En el presente caso el registrador de la propiedad se negó a hacer la correspondiente anotación de tal aviso fundándose en que el artículo 91 no autoriza que se haga una anotación cuando se trata de una acción en cobro de dinero. Sin embargo, el demandante no sólo pedía una sentencia monetaria sino un remedio de la naturaleza de un injumtion, y la demanda contiene ciertas alegaciones tendientes a sostener la súplica de tal remedio.

El. demandante, que era un abogado, alegó que a instancias y requerimiento de la demandada, Sucesión de Federico Font Delort, había prestado ciertos servicios profesionales en rela-ción con determinados asuntos testamentarios, algunos de los cuales podían o no ser considerados como preliminares a la partición de la herencia, y que todos estos servicios profesionales habían sido reconocidos y aceptados como satis-factorios por la demandada, la cual había “ratificado su con-formidad y beneplácito con los mismos en diversas ocasiones.” El demandante alegó además:

“12. — Que el demandante es un acreedor de la herencia, y su reclamación no ha sido satisfecha, y amenazan los demandados con proceder a los trámites de inventario, avalúo, liquidación, división y adjudicación de los bienes, sin incluir esta reclamación en el inven-tario, liquidación y división de los bienes, y sin satisfacerla, o afianzar el importe de esta reclamación. Que tampoco están dispuestos a verificar la partición, mencionando en la misma, la existencia de este pleito y de esta reclamación, siendo su intención perjudicar a ter-ceros con esta actuación.”

Luego de solicitar sentencia por una suma de dinero, el demandante también suplicó a la corte:

“(b) Que ordene y decrete que no se proceda a la partición de los bienes, de la testamentaría, basta tanto no se satisfaga o afiance el importe del crédito del demandante; o se adjudiquen bienes para el pago de esta reclamación, en o para pago de deuda.
“ (c) Que a falta del pronunciamiento (b), si la corte no lo creyere procedente, que se baga constar en la escritura de partición, la existencia de esta reclamación, y de este pleito, ya que cuando recaiga sentencia será un crédito reconocido por sentencia, contra los bienes de la herencia, y afecta directamente al título de dichos bienes. ’ ’

Los artículos 1017 y 1035 del Código Civil (edición de 1930) leen así:

“Artículo 1017. — Los gastos de partición hechos en interés común de todos los coherederos se deducirán de la herencia; los hechos en interés particular de uno de ellos, serán a cargo del mismo.”
“Artículo 1035. — Los acreedores reconocidos como tales podrán oponerse a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos.”

Si los gastos por razón de servicios profesionales pres-tados en conexión con asuntos preliminares a una partición de la herencia deben ser considerados o no como parte de “los gastos de partición hechos en interés común de todos los coherederos” y si el demandante era o no un acreedor “reconocido como tal” son cuestiones debatibles. Si la corte de distrito resolvía cualquiera de estas cuestiones en favor del demandante y le concedía cualquiera parte del remedio solicitado bajo los párrafos (b) y (c) de la súplica de la demanda, difícilmente podría decirse que el pleito no afec-taría “al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble.” Cualquiera cuestión relativa a la suficiencia de la demanda es de ordinario, a nuestro juicio, una cuestión a resolver por la corte y no por el registrador. Cuando no ' está envuelta tal cuestión, el registrador desde luego está en libertad para determinar si la demanda afecta o no “al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble.” Si en el presente caso la súplica hubiera sido sólo que se dictara una sentencia monetaria, o si la demanda no hubiera con-tenido alegaciones tendientes en forma alguna a sostener una solicitud para que se concediera otro remedio, el regis-trador hubiera estado muy en lo cierto al resolver que la acción no afectaba “al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble.” Evidentemente, también podría hacer caso omiso de alegaciones fútiles que se insertaran tan sólo como pretexto para la radicación de una anotación de lis pendens. El derecho del demandante a un remedio de la naturaleza de un injunction puede o no ser dudoso en extremo. Baste decir que el demandante tiene derecho a ser oído por la corte de distrito respecto a la suficiencia de su demanda en caso de ser excepcionada, o en ausencia de una excepción, a aducir prueba en apoyo de su alegación para que se le conceda un remedio de tal naturaleza.

Dehe revocarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Valladares, acusado y apelante.
    Núm. 6467.

    Sometido: Abril 22, 1937.

      Resuelto: Mayo 28, 1937.

      A. Ramírez Silva, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Ja/ner, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Valladares fué declarado culpable del delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. Uno de los testigos de cargo lo fué un niño, quien declaró que tenía seis años de edad y más tarde que no sabía cuántos años tenía. Entonces la madre ocupó la silla de los testigos y declaró que el niño tenía trece años de edad. La defensa se opuso alegando -que este testimonio era evidencia secundaria. La corte de distrito declaró sin lugar la objeción y la defensa solicitó la eliminación de la evidencia ya admitida. Esta moción fué declarada sin lugar. Se señala como error el haberse admitido el testimonio de la madre. La declaración de ésta no constituía evidencia secundaria. Pueblo v. Rodríguez, 47 D.P.R. 89; Underbill’s Criminal Evidence (tercera edición), pág. 88, sec. 91.

Al llamarse al niño nuevamente como testigo, el juez manifestó que por su propia observación era del criterio que el niño tenía más de diez amos de edad. Al momento en que el niño compareció por primera vez y luego de ser exami-nado respecto a su capacidad para declarar como testigo, el juez también manifestó que permitiría que el niño declarara. No obstante, después de examinarse más ampliamente al testigo, el fiscal de distrito, aunque tal examen ulterior no había revelado que el niño no estuviera capacitado para declarar, decidió poner a la madre en la silla testifical antes de proseguir con la declaración del niño. El testimonio del menor era evidencia acumulativa y el resultado probable-mente Rubiera sido el mismo de no haberse llamado a la madre.

El segundo señalamiento es que la corte inferior cometió error al permitir que el niño declarara. Fuera del hecho de que el niño tenía trece años de edad, la cuestión relativa a su capacidad para servir como testigo era una que en gran parte descansaba dentro de la sana discreción del juez sentenciador y no hallamos que se abusara de esa discreción. Underhill’s Criminal Evidence (tercera edición) pág. 455, see. 331; Peters v. State, 63 So. 666.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito erró al permitir que un taquígrafo declarara respecto a lo que el testigo de descargo, Agustín Olivieri, había manifestado en ocasión anterior. Cuando se pidió al taquígrafo que identificara la transcripción del testimonio anterior de Olivieri, la defensa alegó que no se habían sentado las bases para impugnar la declaración. El juez dijo que si la declaración no estaba firmada, ella no era admisible. A otra pregunta la defensa sostuvo que el fiscal de distrito no podía ofrecer en refutación prueba que pudo haber sido ofrecida antes del Pueblo cerrar su caso. El juez dijo que admitiría' la prueba, y la defensa se anotó una excepción. Dijo además que se permitiría al testigo que declarara y la defensa entonces se anotó una excepción fundándose en que mientras ocupaba la silla de los testigos no se le preguntó a Olivieri si el taquígrafo estaba presente en los momentos en que él declaraba ante el fiscal. Más tarde la defensa se opuso a una pregunta hecha por el fiscal, mas no adujo los motivos que tenía para tal objeción. El juez de distrito, si es que oyó la objeción, nada dijo y el interrogatorio prosiguió sin que se dictara resolución o se anotara excepción. Se había sentado base para parte del testimonio de impugnación, mas no se formuló objeción adecuada contra aquella parte de semejante testimonio para la cual no se sentaron suficientes bases. El error al admitir tal testimonio, de haberlo, no justificaría la revo-cación.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Seño®, Travieso

text:
    Plaza Provision Company, Inc., peticionaria y apelada, v. Jesús Benítez Castaño, como Administrador, y Bolívar Pagán, como Tesorero, de La Capital de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 7340.

    Sometido: Abril 28, 1937.

      Resuelto: Mayo 28, 1937.

      J. Validejuli Rodríguez, abogado de los apelantes; James R. Beverley, R. Castro Fernández, Ryder Patíen y José López Baralt, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Seño®, Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La Junta de Comisionados de ]a Capital de Puerto Bieo publicó en junio 6 de 1935, para empezar a regir el primero «de julio del mismo año, la Ordenanza mím. 252, cuya sección •6 dispone lo siguiente:

■“Inspección de caRne saorieicada euera de San Juan'. — Toda persona que se dedique a la venta en la Capital de Puerto Rico de carne fresca o refrigerada de animales sacrificados fuera de los límites del Gobierno de la Capital estará obligada a someter dicha carne diariamente a la inspección de los delegados del Administrador de la Capital y por dicha inspección pagará sobre la carne que sea aceptada para la venta, un derecho de 5 centavos por arroba, ya se trate de carne fresca o refrigerada.”

La sección 8 de la misma ordenanza provee que los de-rechos de inspección que se imponen por la sección 6, supra, serán recaudados por el Tesorero de la Capital e ingresados en los fondos ordinarios del Gobierno de la Capital para proveer a los gastos ordinarios del mismo.

La peticionaria se dedica, entre otros, al negocio de im-portar de los Estados Unidos y vender en Puerto Rico carne refrigerada, sacrificada y preparada fuera de la Isla bajo la inspección y previa aprobación del Gobierno Federal.

Se alega en la petición, que desde julio Io. a diciembre 31, 1935, la peticionaria importó varias partidas de carne refri-gerada, las que fueron vendidas en el curso usual de sus negocios: que los agentes del Gobierno de la Capital visi-taron regularmente durante ese tiempo el establecimiento de la peticionaria y exigieron el pago de los arbitrios impuestos sobre dichas partidas de carne, negándose la peticionaria a pagarlos; que los agentes nunca inspeccionaron la carne, ni intentaron hacer una inspección; que el 6 de abril de 1936 el Tesorero demandado requirió a la peticionaria para el pago de $306.30 por concepto de arbitrios sobre las partidas de carne importadas desde julio Io. a diciembre 31 de 1935, con apercibimiento de que si dicha suma no era pagada dentro de 10 días procedería a embargar y vender en pública subasta propiedades de la peticionaria, para hacer efectiva dicha cantidad, de acuerdo con lo previsto por la Ley núm. 63 de mayo 13 de 1934 (pág. 447).

Solicitó la peticionaria que se dictase nn injunction perma-nente prohibiendo a los demandados realizar acto alguno tendiente al cobro de los tributos; y además, que se expidiese una, orden de mjimction pendente lite para impedir la reali-zación de tales actos. Y como fundamentos legales de su petición alegó:

1. Que la Ordenanza núm. 252 es ilegal y nula e infringe los derechos garantidos a la peticionaria por la Constitución Federal, la Ley Orgánica y las leyes de Puerto Rico:

(a) Porque la Resolución Conjunta núm. 66 de mayo 12 de 1931 prohíbe la imposición de tales arbitrios sobre la carne sacrificada en Puerto Rico; y su imposición sobre la carne importada de Estados Unidos viola la Sección 3 de la Carta Orgánica que prohíbe la imposición de contribuciones discrimi-natorias contra artículos importados de Estados Unidos.
(6 y c) Porque la Sección 6 de la ordenanza niega a la peticionaria la igual protección de las leyes; viola la unifor-midad de la tasación al no imponer iguales arbitrios a la carne sacrificada dentro de la Capital, en contravención de la Sección 2 de la Carta Orgánica; constituye un discrimen prohibido por la Sección 3 de la misma Carta .Orgánica; y trata de regular y gravar, el comercio entre Estados Unidos y Puerto Rico, que es una facultad exclusiva del Congreso Nacional.
(d) Porque las disposiciones de la ordenanza están en con-flicto con las de la ley federal titulada Federal Meat Inspection Act, aprobada en marzo 4, 1907 (21 U. S. C. A. 7N91).
(e) Porque la Capital de Puerto Rico carece de facultad y autoridad para imponer arbitrios de inspección, a diferencia de arbitrios para obtener rentas.
(/) Porque el referido arbitrio es en efecto una doble con-tribución, por la razón de que la Capital impone y cobra un derecho de patente para la venta de carne, de acuerdo con la Ley núm. 99 de mayo 15 de 1931, que ha sido pagado por la peticionaria.
(g) Porque la imposición del arbitrio viola la Sección 99 de la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico que dispone que los municipios no podrán imponer arbitrios o contribuciones locales sobre cualquier artículo sujeto a imposición o eximido de imposición por dicha ley; y la sección 83 de la misma ley que provee que los comestibles están exentos de contribuciones de Rentas Internas.
(7i) Porque la Ley núm. 63 de abril 28, 1931, y el Regla-mento para su aplicación dictado1 por la Junta Insular de Sanidad; la Ley núm. 81 de marzo 14, 1912, enmendada por la Ley núm. 25 de 1914; y la ley de marzo 14 de 1907, prohíben e impiden legislación similar por la Capital sobre inspección de la carne.

2. Que la peticionaria carece de remedio adecuado en ley; y que si Se permite el embargo y venta de los bienes de la peticionaria, ésta será privada de su propiedad sin el debido proceso de ley, se le causarán daños irreparables y se le expondrá a una multi-plicidad de pleitos para hacer valer sus derechos.

3. Que el pago bajo protesta de los arbitrios no constituye un remedio adecuado, rápido y eficaz, por los siguientes motivos:

(1) Porque la ley que provee el pago bajo protesta (Ley núm. 99 de 1931, enmendada por Ley núm. 32, 1933) no dis-pone el pago de intereses sobre las sumas cobradas indebida-mente al ordenarse su devolución.
(2) Porque dicha ley sólo concede al contribuyente un derecho preferente y no un derecho absoluto a la inmediata devolución del importe pagado bajo protesta.
(3) Porque el remedio de pago bajo protesta obligaría a la peticionaria a incoar una multiplicidad de pleitos.
(4) Porque la ley no dispone que los arbitrios pagados bajo protesta sean ingresados en un “trust fund,” fideicomiso, y permite por el contrario que sean utilizados para los gastos ordi-narios del Municipio, haciendo incierto e inseguro el pronto reintegro de los arbitrios declarados ilegales.
(5) Porque de acuerdo con la ley que autoriza el pago bajo protesta, la devolución de los arbitrios no podría ser-ordenada mediante auto de mandamus.

4. Porque el estado de las finanzas del Gobierno de la Capital es de tal modo embarazoso, que equivale a un estado de insolvencia, no estando en posición dicho Gobierno de pagar, ni está pagando, sus cuentas corrientes a su vencimiento, motivo por el cual la peticionaria no podría recobrar los arbitrios que dicho Gobierno trata de cobrarle.

Citados para mostrar causas o razones por las cuales no debiera dictarse el mjumctioti solicitado, comparecieron lo.s demandados y formularon excepciones previas y solicitaron la disolución del entredicho y la desestimación de la petición, por los fundamentos siguientes:

1. Falta de jurisdicción para dictar el entredicho, porque se trata de impedir el cobro de un arbitrio impuesto mediante ordenanza y la peticionaria tiene un recurso legal amplio, claro y eficaz, o sea el pago bajo protesta provisto por la Ley 99 de 1931, en-mendada por la Ley 32 de 4 de mayo de 1933 y por la Ley 63 de mayo 13 de 1934. Dichas leyes prohíben expresamente el uso y expedición de autos extraordinarios para impedir el cobro de arbitrios.

2. Insuficiencia de los hechos alegados en la petición para constituir causa de acción.

3. Que no procede el injunction por la mera alegación de que la orde-nanza sea inconstitucional.

La corte de distrito, después de oír a las partes, dictó el auto do injunction preliminar solicitado. Los demandados apelaron y en su alegato señalan como error de la corte el haber dictado un auto que hace ineficaz la Ley núm. 99 de 1931 y sus enmiendas, y que está en conflicto con la decisión dictada por este Tribunal Supremo en el caso de The Texas Company (P. R) Inc. v. La Junta de Comisionados de San Juan, 49 D.P.R. 934.

La única cuestión'que se presenta ante nos por el presente recurso es la de si los hechos alegados en la solicitud y admi-tidos por la excepción previa son suficientes para justificar la intervención de la corte de distrito mediante la expedición de un auto de injunction pendente lite.

Convenimos con el apelante en que la mera alegación de que una ley u ordenanza es inconstitucional no es por sí solo suficiente para que una corte de equidad pueda paralizar su ejecución mediante una orden de injunction. Deben existir otras razones y fundamentos que justifiquen tal intervención, tales como la falta de un remedio.legal adecuado, los daños irreparables que habría de sufrir el demandante o la multiplicidad de pleitos en que éste se vería envuelto si se denegare la expedición del auto.

En el presente caso se lia alegado específicamente por la peticionaria, que carece de otro remedio legal adecuado para la protección de sus intereses contra los actos que los demandados se proponen realizar para efectuar el cobro del arbitrio.

En el caso de The Texas Company (P. R.) Inc. v. La Junta de Comisionados de San Juan, supra, invocado por los apelantes, la corporación peticionaria solicitó un auto de certio-rari dirigido contra la Junta de Comisionados de San Juan y pidió se dictase sentencia declarando que cierta ordenanza aprobada por dicha junta era ilegal y nula. Se alegó en la-petición que la peticionaria carecía de remedio legal adecuado, pero no se solicitó de la corte que hiciera uso de sus facul-tades extraordinarias como tribunal de equidad, para impedir, mediante mjimction, la realización de los actos que la parte demandada se proponía realizar al amparo de la ordenanza de cuya validez se trataba. Negóse la Corte de Distrito a expedir el auto de certiorari. Y apelado el caso para ante esta Corte Suprema, resolvimos que la corte inferior había procedido correctamente al negarse a expedir el auto de oertiorari, que es un remedio extraordinario originario del derecho común inglés, primero, porque de acuerdo con el ar-tículo 32 (ia) de la Ley núm. 99 de 1931, no procede la expe-dición de tales autos cuando su objeto es impedir u obstacu-lizar la recaudación de arbitrios; y segundo, porque la peti-cionaria tenía un recurso legal adecuado, cual era el provisto por la “Ley Uniforme de Sentencias Declaratorias” (Leyes de 1931, pág. 379), dentro del cual podía conseguir una sentencia declaratoria de sus derechos tan eficaz como la que pudiera dictarse en el procedimiento de certiorari. No se discutió ni se resolvió en el citado caso si la peticionaria tenía o no derecho a la expedición de un auto de injunction.

En el caso de autos se ha invocado expresamente la juris-dicción de equidad alegándose, entre otros fundamentos, que el recurso legal de pago bajo protesta es inadecuado.

El artículo 82 (a) de la Ley núm. 99 de 1931, adicionado a dicha Ley por la núm. 32 de mayo 4 de 1933 (Leyes de 1932-33, pág. 255) dispone:

“Artículo 32(a). — En todo caso en que el Tesorero o cualquiera de sus subalternos encargados de la recaudación de las rentas, contri-buciones o arbitrios locales que se adeuden al Gobierno de la Capital, inicie cualquier procedimiento o lleve a cabo algunas diligencias para la recaudación de tales rentas, contribuciones o arbitrios locales que se adeuden al Gobierno de la Capital, bajo la alegación o reclamación hecha por dicho funcionario o sus empleados mencionados de que le adeude alguna persona, la parte contra la que se lleve a efecto el procedimiento o la diligencia, si cree que el cobro es ilegal o injusto, o que se hace contra las disposiciones de la Ley Orgánica, leyes insulares u ordenanzas de la Capital, pagará dichas rentas, contribu-ciones o arbitrios locales bajo protesta. Después que se haya hecho ese pago bajo protesta, el Tesorero o recaudador ingresará la cantidad recaudada en el Tesoro de la Capital, haciéndose constar que dicha cantidad se ha pagado bajo protesta. La parte que pague esa renta, contribución o arbitrio local bajo protesta, podrá en cualquier mo-mento dentro del plazo improrrogable' de treinta días después de haber hecho el pago, demandar al mencionado Tesorero ante la corte de jurisdicción competente para ello para obtener la devolución de la citada suma; y si se decidiere, teniendo en cuenta los méritos del caso, que la cantidad fué recaudada injusta e ilegalmente, el tribunal que conozca del asunto podrá certificar, de acuerdo con la constancia del mismo, que las rentas, contribuciones o arbitrios locales de referencia fueron pagados sin existir razones para ello, y deben ser reintegrados, dando preferencia a ese pago sobre cualquier otra reclamación que se haya hecho al Gobierno de la Capital. No se dará ningún otro recurso en caso de recaudación ilegal de rentas, contribuciones o arbitrios locales de la Capital, o en caso de tentativa para recaudar tales rentas, contribuciones o arbitrios locales. En ningún caso se expedirá auto alguno para impedir la recaudación de dichas rentas, contribuciones o arbitrios-locales devengados o para obstaculizar o demorar esa recaudación; ...”

Se observará que el estatuto transcrito no contiene dis-posición alguna en cuanto al pago de intereses sobre la can-tidad que haya de reintegrarse al peticionario, en caso de que la ordenanza fuere declarada nula, ni asegura o garantiza en manera alguna la devolución del importe de la sentencia. Examinaremos la jurisprudencia sobre la materia.

En Procter & Gamble Distributing Co. y. Shearman, 2 F (2d) 165, se solicitó un injunction para impedir- el cobro de contribuciones ilegalmente impuestas. Se opuso el demandado alegando que el peticionario tenía un remedio legal adecuado, el de pago bajo protesta, que le concedía la Sección 218 de “New York Tax Law5 ’. La corte, al sostener que el pago bajo protesta no era un remedio legal adecuado, se expresó así:

“El remedio es inadecuado por causa de la expresa negativa a conceder intereses. No es contestación el decir que no pueden conce-derse intereses en contra del poder soberano (citas). La suficiencia de un remedio legal no puede medirse por los remedios que uno pueda tener contra una persona que está exenta de todos los procesos. Si ése fuera el criterio aplicable, la misma suma principal podría ser confiscada. Aun cuando no se ba llamado mi atención hacia decisión alguna sobre la materia, me parece claro que no es un remedio legal adecuado, después de quitar a una persona su dinero como condición para permitirle que discuta la validez de la contri-bución, el de simplemente devolvérselo, cuando, no importa cuánto tiempo después, establezca que nunca debió habérsele requerido para hacer tal pago. No importa cuáles hayan podido ser nuestras ideas arcaicas en cuanto al interés, en las comunidades financieras mo-dernas un dólar hoy vale más que un dólar el año que viene, e ignorar ese intervalo como si no tuviera importancia es contradecir ideas muy arraigadas en cuanto al valor. El uso presente de mi dinero es una cosa de valor, y, si no se me otorga compensación por su pérdida, el remedio no subsana por completo la injusticia.”

La misma cuestión legal fue resuelta en igual sentido por la Corte de Circuito de Apelaciones en el caso de Southern California Telephone Co. v. Hopkins, 13 F(2d) 814, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema Federal (275 U. S. 399) resolviendo, de acuerdo con la doctrina de Procter & Gamble etc. v. Shermam, supra, que cuando el remedio legal concedido por la ley estadual al contribuyente que se ve obli-gado a pagar bajo protesta una contribución ilegal, no dis-pone el pago'de intereses sobre la suma pagada, al decre-tarse su reintegro, el remedio legal no es adecuado y el con-tribuyente puede invocar la jurisdicción de equidad para que se le proteja contra las exacciones ilegales.

De ■ acuerdo con las decisiones arriba, citadas, debemos resolver que el remedio de pago bajo protesta provisto por la sección 32 (a) de la Ley núm. 99 de 1931, supra, no es un remedio legal adecuado y seguro para la protección de los contribuyentes.

Las alegaciones de la petición presentan un caso que prima facie justifica la intervención de la corte de equidad. No erró la corte inferior al declarar sin lugar la excepción previa de falta de acción ni al decretar el injunction pendente lite.

Bebe confirmarse la resolución recurrida.

Por las razones expuestas en la opinión y quizás por otras, el Juez Asociado Señor Wolf concurre con esta sentencia.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.

      Nota: Véase el prefacio.