author: El Juez Asociado Sr Wole,

text:
    Rivera et al., Peticionarios y Apelantes, v. El Pueblo, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gfuayama en un procedimiento sobre habeas corpus.

    No. 1493.
    Resuelto en abril 23, 1920.
    Habeas Corpus en Apelación — Causa Probable para la Detención — Ex-posición del Caso en Habeas Corpus. — Apelada una orden de la Corte de Distrito por la que se declara en procedimiento de habeas corpus que existe causa probable para la detención del acusado, para que el Tribunal Supremo pueda resolver el caso por sus méritos es preciso que se traigan a su consideración los elementos probatorios ofrecidos al juez inferior, no siendo ; obligación de este funcionario ni del secretario y sí del apelante, el preparar a dicho fin un pliego de excepciones o exposición del caso o una transcrip-ción de la evidencia.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. J. Soto Rivera y C. B. Buitrago.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Rivera y otros presentaron una solicitud de habeas corpus al Hon. J. A. López Acosta, Juez' de la Corte de Dis-trito de Guayama, alegando que estaban privados de su li-bertad a virtud de un cargo por incendio malicioso y que el fiscal de distrito no tenía en su poder prueba alguna contra ellos. La resolución final de la corte dictada en el caso es la siguiente:

“Practicada la vista de este habeas corpus y examinado por la corte el record presentado por el fiscal, y vistas las declaraciones pres-tadas por Félix Zayas,- Otto Biermer, Nicolás Báez, José Fernández, Juan Vicente, Vicente Zayas y Atilano Santiago, entiende la corte qne bay cansa probable suficiente para mantener a estos acusados arrestados en tanto presten ^la fianza señalada por el fiscal; por lo cual la corte desestima el habeas corpus presentado.”

Los peticionarios apelaron, pero en la transcripción ele autos remitida a este tribunal no bay exposición del caso ni nada que demuestre la naturaleza ele la prueba que fué sometida a la corte en la vista del auto de habeas corpus. Por consiguiente, el fiscal representando probablemente al alcaiele pide que confirmemos la sentencia. En el caso de Ex parte Amy v. El Pueblo, 20 D. P. R. 207, que fué un caso de habeas corpus, en el cual se alegaba la insuficiencia de la prueba, el secretario de la corte de distrito envió a este tribunal parte de la prueba documental que fué some-tida en el juicio, pero resolvimos que el secretario no' era la persona que tenía que certificar las pruebas presentadas en la vista y como no bubo nacía que demostrara cuál era la prueba que fué sometida en dicho juicio se confirmó la sentencia. Ese caso parece ser terminante en cuanto al pre-sente, pero una nueva duda ha surgido con motivo del texto de -la ley de 1903 relativo a las apelaciones en casos de habeas corpus.

Las palabras en particular son las siguientes:

“El juez o tribunal apelado remitirá al Tribunal Supremo los autos que motivaron la orden apelada.”

Según se indicó en el caso de Ex parte Amy, supra, la prueba presentada en el juicio no es un procedimiento. La prueba del juicio no forma parte de los autos hasta que así se le haga formar mediante un pliego de excepciones o ex-posición del caso debidamente certificado por la corte, England, v. Gebhardt, 112 U. S. 502; Río Grande Irrigation Co. v. Gildersleeve, 174 U. S. 603; apelación del territorio de Nuevo Méjico donde se cita el caso principal, El Pueblo de Puerto Rico v. Emmanuel, 235 U. S. 251; Sosa v. American Railroad Company, 10 D. P. R. 474; Orama v. Oyanguren, 19 D. P. R. 310.

La palabra ££juez”, como lia sido usada en oposición a •“corte” solamente puede referirse al caso en que un solo juez juzgue un caso en vez de la corte misma, por ejemplo, un juez de esta corte. En el año 1903 cuando fué aprobada la ley las cortes de distrito se componían de tres jueces. De modo que cuando la ley ordena a la corte que remita los procedimientos en apelación el secretario siempre está en la obligación, como funcionario ministerial de la corte de cumplir con el mandato. Este deber no es distinto del que la ley impone al secretario de la corte de distrito en casos criminales, quien tiene que remitir un número de cosas y entre ellas ££el pliego de excepciones si lo hubiere”, o la ££exposición del caso si la hubiere”. Artículo 356 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal. El secretario solamente tiene el deber de remitir la prueba cuando ha sido debida-mente aprobada por la corte. También en igual sentido se expresa la ley de 1919, páginas 678, 679.

No existe nada que demuestre que la Legislatura tuvo la intención de imponer un deber ministerial especial al “juez” a diferencia de la ££corte”. Cuando la Legislatura ha de-seado imponer tal deber a la corte así lo ha hecho en claro lenguaje como lo hizo en el año 1911, cuando en una causa que envuelve la pena capital, de no hacerlo el abogado el juez está en la obligación de preparar una exposición de la prueba sometida al jurado.

• El juez no está obligado a formar la prueba en un caso como éste mientras no se prepare la debida exposición y se le someta en alguno de los varios modos enunciados en la ley. Un procedimiento de habeas corpus es técnicamente de naturaleza civil y las partes, si lo desean, probablemente pueden valerse de la ley de 1919 que permite el uso de las notas taquigráficas. El apelante, es de presumirse tuvo nna amplia vista ante la Corte de Distrito de Gruáyama.

No vemos que la corte dejara de cumplir con algún de-ber, o que se hubiera cometido alg’ún error, debiendo por tanto, confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutchison disin-tieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Wole,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. López, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad y cancelación de licencia e injunction.

    No. 2072.
    Resuelto en abril 23, 1920.
    JUNTA DE FARMACIA — DISCRECIÓN DE LA JUNTA DE FARMACIA.-Las palabras “ a satisfacción de la junta,” contenidas en el párrafo 4 del artículo 7 de la Ley de marzo 8, 1906, autorizando la organización de una junta de farma-cia se entienden como dando a dicha junta discreción para resolver la cues-tión de si el aspirante ha ofrecido prueba satisfactoria de haber hecho estu-dios equivalentes a un título de alta escuela expedido en Puerto Rico, por lo que, es nulo un título de farmacéutico expedido por la junta de farmacia a un aspirante que al solicitar examen no acompañó un diploma o documento con que se acredite haber aprobado las asignaturas del curso científico o literario de una alta escuela de la isla o de una acreditada institución igual o análoga ya de los Estados Unidos, ya del extranjero, a satisfacción de la junta.
    Id. — Cancelación de Licencia de Farmacéuticos — Acción Ante la Corte— Causa de Acción. — El Pueblo de Puerto Rico tiene derecho a cancelar por conducto de las cortes una licencia de farmacéutico expedida por la junta de farmacia, aun sin mediar fraude, cuando al expedirla no se ha cumplido con los requisitos del estatuto.
    Evidencia — Copias de Documentos Públicos como Prueba. — En este caso el demandante ofreció y la corte admitió, para probar que el demandado no presentó a la junta de farmacia ningún diploma de high school o su equiva-lente, una copia certificada por el secretario de la junta transcribiendo la solicitud original hecha por el demandado. Objetada la admisión por el demandado, se resolvió en apelación: que de acuerdo con el párrafo 3 del artículo 24 de la Ley de Evidencia, la corte no cometió error al admitir la certificación.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Celestino Iriarte, Jr.

    Abogados del apelado: Hon. Attorney General, J. E. Fi-gueras, Fiscal, y R. II. Tood, Jr.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, dictó sentencia ordenando la cancelación de la licencia de Celes-tino López Pérez para ejercer la profesión de farmacéutico. La corte resolvió en substancia que el artículo 7 de la ley de marzo 8 de- 1906, como quedó enmendada, exigía como requisito previo que todo aspirante presentara a la Junta de Farmacia un certificado creditivo de que dicho aspirante había aprobado las asignaturas del curso de high,school en la isla o en alguna institución análoga de los Estados Uni-dos n otra parte, a satisfacción de la junta. La corte de-claró probado que tal certificado no había sido presentado y que como la Junta de Farmacia concedió el diploma sin dicho- certificado, actuó fuera de sus facultades, y que el diploma o licencia concedido no tenía validez alguna. Si la actuación de la ■ junta puede ser revisada en la forma en que aquí se pretende, si la facultad para cancelar es equi-valente a la facultad para negarse a conceder el diploma, si no existe impedimento alguno y el juicio fué suficiente, entonces la corte claramente tiene razón. Debile fundamen-tum fallit. opus.

De los casos de Monclova v. Junta de Farmacia, 24 D. P. R. 46, y Vives v. Junta de Farmacia, 24 D. P. R. 669, resulta claro que la junta procedería ultra vires si tratara de conceder una licencia cuando el aspirante no cumple con el artículo 7 de-dicha ley, la cual es como sigue:

“En la primera quincena de octubre la Junta de Farmacia for-malizará las matrículas de todos los alumnos, presentando éstos al efecto:
“1. Una solicitud pidiendo ser matriculados;
“2. Documento que acredite su identidad;
“3. Certificación de conducta;
“á. Diploma o documento con que se acredite baber aprobado-las asignaturas del curso científico o literario de una alta escuela de la isla o de una acreditada institución igual o análoga ya de los Estados Unidos ya del extranjero a satisfacción de la junta.”

La primera y principal cuestión que ha sido promovida por el apelante es que la actuación de la junta era defini-tiva, no podía ser anulada en ausencia de fraude y creaba un impedimento. Interpretemos primero el artículo 7, supra. Sostiene el apelante que el párrafo 4 deja todo lo contenido en dicho párrafo a la discreción de la junta, pero creemos que las palabras “a satisfacción- de la junta,” se refieren solamente al certificad^-de haber, obtenido un' diploma de una alta escuela en los Estados Unidos u otra parte. El aspirante debe probar a la junta que su diploma de una alta escuela es equivalente al de la alta escuela en Puerto Eico. La misma idea aparece en el artículo 13, donde la junta debe considerar la suficiencia de la instrucción cuando la licencia ha sido obtenida en otra parte. Además, siendo esenciales los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 7, el párrafo 4 es igualmente esencial. La ley, como fué redactada ori-ginalmente, no se refería específicamnete a los estudios en el extranjero y también omitía las palabras “a satisfacción de la junta.” La subsiguiente inclusión de estas palabras también conduce a la conclusión de que la Legislatura de-jaba a la discreción de la junta solamente la cuestión de si el aspirante presentaba prueba de haber hecho estudios equivalentes a los exigidos en Puerto Eico.

El apelante alega que esta licencia no puede ser revocada en ausencia de fraude. Inherente a esta conclusión es la idea de un derecho adquirido. Pero el derecho del Estado para cancelar una licencia es independientemente del fraude y depende de la máxima 8alus populo suprema leca, doctrina qne invocó la Corte Suprema de los Estados Unidos al dis-cutir la facultad de reglamentación pública (police power) en el caso de Beer Company v. Massachussetts, 97 U. S. 25, en cuyo caso ’dicho tribunal se expresó como sigue:

"Cualquiera que fuere la diferencia de opinión que pueda exis-tir respecto al alcance y limitaciones de la facultad de reglamenta-ción pública (police power) y por difícil que sea dar una definición satisfactoria de ella, no bay al parecer duda alguna de que se ex-tiende a la protección de vidas, salud y propiedad de los ciudadanos y a la conservación del buen orden y de la moral pública.”

El apelado cita este caso, haciendo también otra cita del caso principal de Dent v. West Virginia, 129 U. S. 121, opi-nión emitida por el Juez Asociado Sr. Field, la cual es como sigue:

"Indudablemente que todo ciudadano de los Estados Unidos tiene el derecho a seguir cualquier ocupación lícita, negocio o profesión que pueda elegir con sujeción únicamente a aquellas restricciones impuestas a todas las personas de la misma edad, sexo y condición. Este derecho en muchos particulares puede considerarse como una señal característica de nuestras instituciones republicanas. Aquí to-das las vocaciones están abiertas a todo el mundo en las mismas con-diciones. Todas pueden seguirse como medios de vivir, algunas re-quieren años de estudios y gran conocimiento para ejercerlas con éxito. El interés o, como a veces se dice, la propiedad adquirida por ellas, esto es, el derecho a seguir en su ejercicio, a menudo es de gran valer para sus poseedores y no se les puede privar arbitra-riamente de ellas con más derecho que el que habría para privárseles de tal manera de sus bienes inmuebles o muebles. Pero no existe ninguna privación arbitraria de tal derecho cuando no se permite su ejercicio por no cumplirse las condiciones impuestas por el Es-tado para la protección de la sociedad. El poder del Estado para proveer lo necesario para el bien general de su pueblo le autoriza a prescribir todas aquellas reglamentaciones que a su juicio garan-tizarán o tenderán a garantizarlas contra la consecuencia de la ig-norancia y la incapacidad, así como de la decepción y el fraude. Como medio para llegar a este fin ha sido la práctica de diferentes Estados desde tiempo inmemorial, exigir en muchas profesiones cierto-grado de conocimiento e instrucción en las cuales la comunidad puede reposar su confianza, cuya posesión generalmente se determina por medio de un examen de dichas personas por otras competentes, o a cuyo conocimiento se llega mediante el certificado que se les expide en forma de diploma o licencia por una institución establecida para dar instrucción sobre tales materias, científica o de otra clase y con la cual tales profesiones tienen que intervenir. La naturaleza y alcance de las condiciones exigidas debe depender principalmente' del criterio del Estado en cuanto a su necesidad. Si corresponden a la carrera o profesión, y pueden obtenerse mediante razonable estudio o aplicación no podrá alegarse ninguna objeción en cuanto a su validez debido a su severidad o dificultad. Es solamente cuando no tienen relación con tal carrera o profesión o no pueden obtenerse mediante tal estudio razonable y aplicación que pueden ellas surtir el efecto de privar a una persona de su derecho a seguir una ocupa-ción lícita.”

Hace también el apelado cita de autoridades para demos-trar que no hay impedimento contra el Estado cuando los. hechos son semejantes a los .del presente caso, y estamos convencidos de ello.

Que la facultad para cancelar por no cumplirse ,con las condiciones previas es tan amplia como la facultad para negarse a expedir una licencia aparece de los siguientes ca-sos: Meffert v. Packer, 66 Kan. 710, 1 L. R. A. (N. S.) 811, y nota confirmada en 195 U. S. 625, memorandum de opi-nión; Berry v. State, 135 S. W. 631 (Tex. 1911); Scott v. State, 86 Tex. 321, 24 S. W. 789; Gulley v. Territory, 91 Pac. 1037; State ex rel. Chapman v. State Board of Medical Examiners, 26 N. W. 123 (Minn.); Klafter v. State Board of Examiners of Architects, 102 N. E. 193.

La facultad de anular a veces se menciona específicamente en un estatuto. Otras se infiere de las facultades generales que tiene el Estado, como puede verse en el caso de Gulley v. Territory, y en el de Klafter v. State Board, etc., supra. Sostenemos que no puede haber duda alguna de que la Leí gislatura tiene autoridad para conferir la facultad de can-celar en alguna persona y la única cuestión que queda por resolver en cuanto a este punto de la discusión, es si a falta de una autorización específica la facultad reside en el Es-tado mediante una acción ordinaria. En Oklahoma se dijo que existía la facultad en el caso de Gulley v. Territory, supra, y creemos que dicha facultad efectivamente existe en Puerto Eico en vista de otras consideraciones generales.

La única facultad que específicamente se confiere a lá junta para cancelar una licencia es la que menciona el ar-tículo 15, pero se limita a los casos en que la persona que solicita el certificado es culpable de delitos, de manifiesta inmoralidad u otras cosas semejantes. Por tanto la facul-tad restante, de residir en alguna parte, debe ser en el pueblo de Puerto Rico. Este constituye un organismo político con todas las facultades de un territorio.

Cuando una persona'ha obtenido una licencia sin tener derecho a ella se crea una situación por la cual está ejer-ciendo la persona sin tener un claro derecho a ello. El ar-tículo 5 de la ley prescribe que cualquier persona que desee dedicarse al ejercicio de la farmacia acudirá a la junta. Las autoridades muestran que el derecho a cancelar es coexis-tente al de negarse a conceder una licencia. De acuerdo con el principio salus populi suprema leo¡> el Estado deberá tener un derecho para actuar a falta de una facultad especial de alguna junta en particular, ubi jus ibi remediwn. El fiscal general está expresamente autorizado para establecer todas las acciones a nombre de El Pueblo de Puerto Rico y así lo hizo en este caso. Por tanto sostenemos que la facul-tad para cancelar una licencia a instancia del attorney general existe en Puerto Rico.

La demanda alegaba que el aspirante Celestino López Pérez no presentó a la Junta de Farmacia ningún diploma o documento que acreditara que dicho aspirante había apro-bado las asignaturas del curso de high school en la isla, o en una institución análoga. Para probar esta alegación el demandante ofreció como prueba la certificación del secre-tario de la Junta de Farmacia que representaba ser una copia de la solicitud original hecha por Celestino López Pé-rez. El demandado se opuso por el fundamento de'consti-tuir el original la mejor prueba. El demandante entonces dijo que él tenía el original a mano pero no lo ofrecía como prueba por no estar el demandado en el juicio y no poderse probar su firma. No entendemos como es que si el original no pudo ser probado una copia merecía más consideración. Creemos, sin embargo, que sin probarse la firma el original pudo haberse ofrecido como prueba como documento público que estaba bajo la custodia del debido funcionario quien se encontraba en la silla testifical en el momento. La corte admitió la certificación. En condiciones análogas la corte admitió un certificado expedido por el secretario de la junta para mostrar por medio de una copia el affidavit que Celes-tino López Pérez presentó con su solicitud y que fue admi-tido como prueba, no obstante haberse hecho la misma ob-jeción y excepción. Aunque estaba dentro de las facultades de El Pueblo ofrecer los originales sin embargo el artículo 24 de la Ley de Evidencia, si bien prescribe lo relativo a la admisión de los originales, permite la presentación de copias en un caso como el presente. Dicho artículo es como sigue:

“Artículo 24. — No puede haber evidencia del contenido de un escrito, fuera del propio escrito, excepto en los casos siguientes:
“1. Cuando el original se hubiera extraviado o destruido, o estu-viere fuera de la jurisdicción del tribunal; en cuyos casos habrá antes que probar tales hechos.
“2. Cuando el original obrare en poder de la parte contra quien se ofreciere la evidencia y dejare ésta de presentarlo, después de haber sido notificada convenientemente.
“3. Cuando el original estuviere unido a un protocolo o se halle bajo la custodia de un funcionario público.
“4. Cuando el original hubiere sido registrado y una copia certi-ficada del registro se estimare evidencia por este código u • otro es-tatuto.
“En los casos mencionados en los párrafos 3 y 4, deberá pre-sentarse copia certificada del original o del registro; en los mencio-nados en los párrafos 1 y 2, bien una copia, o evidencia oral del contenido.”

Por tanto no se cometió error. Estas consideraciones resuelven el segundo y tercer señalamiento de error.

El cuarto señalamiento de error se refiere a la negativa de la corte a suspender los procedimientos por estar el de-mandado entonces en el campamento. Como la solicitud fue piesentada después del juicio y cuando la prueba liabía sido ya sometida, el apelante renunció a cualesquiera derechos que hubiera podido tener y por consiguiente no se incurrió en error.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Ortiz, Demandante y Apelado, v. Silva et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre injunction para recobrar la posesión material de propiedad inmueble.
    No. 2143.
    Resuelto en abril 26, 1920.
    Traslado del Pleito — Jurisdicción.—Una moción de traslado hecha el día del juicio y después que la parte se ha sometido a la jurisdicción de la corte de distrito es demasiado tardía.
    Juramento a la Demanda — Objeción Tardía al Juramento de la Demanda.— La objeción hecha al juramento de la demanda en el momento del juicio es tardía.
    Injunction para Recobrar la Posesión — Desahucio—Posesión.—En los proce-dimientos de vn.junction para recobrar la posesión, al igual que en los casos de desahucio, no puede resolverse un conflicto de título, pmes sólo está en-vuelto el derecho inmediato do posesión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Benet y Souffront.

    Abogado del apelado: Sr. L. Montalvo Guenard.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este fue un procedimiento seguido por virtud de la Ley No. 43 de 1913, de acuerdo con la cual el demandante soli-citó y obtuvo sentencia en que se decretaba un injunction restableciendo al demandante en la posesión de la finca de la cual alegó que había sido privado ilegalmente. La corte' declaró probado que el demandante había sido privado ile-galmente de la posesión de su finca por los actos de los de-mandados y por consiguiente dictó sentencia a favor de dicho demandante de conformidad con la ley y la jurispru-dencia y especialmente la opinión emitida en el caso de Mattei v. Badillo, 21 D. P. R. 171.

Aunque existe cierto conflicto en la prueba, el gran peso de ésta es al efecto de -que el demandante se encontraba legalmente en posesión de la finca el día 16 de mayo de 1919, cuando los demandados se introdujeron en dicha finca, de-rribaron y quitaron de ella una cerca y realizaron otros ac-tos, todos los cuales privaban al demandante, de la posesión pacífica de la finca. El apelante además de discutir los erro-res relativos al peso de la prueba señaló otros varios.

El apelante alegó que la corte incurrió en error al no conceder el traslado del caso a la Corte de Distrito de Ma-yagüez. La moción no se hizo hasta el día del juicio, cuando-era evidente que el demandado se había sometido y la corte adquirido jurisdicción por virtud del artículo 77 del Código-de Enjuiciamiento Civil.

El demandado asimismo esperó hasta el día del juicio-para promover la cuestión referente a la insuficiencia del juramento hecho en la demanda. Aunque la corte tiene dis-creción, tal objeción en el momento del juicio se hace dema-siado tarde. Eesolvemos este señalamiento por este funda-mento, aunque tenemos dudas de si la objeción pudo haber prevalecido en algún período del juicio.

La corte no cometió error al eliminar de la contestación tocia aquella materia que se refería a un supuesto título en los demandados. Puede liaber casos en los que la prueba de la posesión podría depender de la prueba del título, pero el demandado mismo no demostró estar comprendido en la excepción. La regla tanto para los casos bajo la ley número 43 de 1913 como para los desahucios es que solamente está envuelto el derecho inmediato de posesión 31 eliminada la superioridad del título vel non. Además en el juicio resultó evidente en gran parte que los demandados trataban de fun-darse en un título y demostrar que él título del demandante era inferior al suyo. Algunos de sus testigos trataron de justificar la posesión de los demandados con el título y pre-tendieron pasar por alto el hecho de que el demandante ha-bía estado en posesión pacífica por largo tiempo antes de su violento lanzamiento. El quinto señalamiento de error envolvía sustancialmente el mismo punto.

En el juicio se dejó ver por las declaraciones de los tes-tigos que en la- demanda aparecían cambiadas las colindan-eias del este y oeste y la corte permitió que se hiciera una enmienda para ajustarse a la prueba. El apelante sostiene que la prueba no justificó el cambio, pero la conclusión de la corte en este punto no fue equivocada. Los apelantes tam-bién alegaron sorpresa pero no solicitaron la suspensión del juicio y en realidad de verdad no fueron sorprendidos o per-judicados. El juicio en conjunto demostró que todo el mundo hablaba de la misma finca. Era bien conocida y fui com-pletamente identificada.

Los apelantes, en el séptimo señalamiento de error dis-cuten la alegada indebida admisión de una manifestación he-cha por un testigo, a fin de probar que era simulada una escritura en la que al parecer se traspasaba la posesión del demandante a otras personas. No vemos que haya habido ni error ni perjuicio. Los apelantes no eran partes en la escritura y no fueron perjudicados por ella. El apelado tenía derecho a negar el contenido del escrito en cuanto a la posesión.

El octavo señalamiento se refiere a otra alegada inde-bida admisión hecha por la corte. Es verdad que tendía a. mostrar un título en el demandante, pero no cambiaba la cuestión litigiosa ni perjudicaba, puesto que la posesión del demandante fue suficientemente probada de otro modo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: En Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Martínez, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado.
    Recurso de certiorari contra el Hon. Andrés B. Crosas, Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla, en causa por delito de falsa representación en grado de tentativa.
    No. 280.
    Resuelto en abril 27, 1920.
    Acusación — Gran Jurado — Derecho del Acusado. — Todo procesado por felony cometido aun con anterioridad a la promulgación de la Ley No. 58 aprobada en junio 18 de 1919, tiene derecho a exigir que la acusación le sea formulada por el Gran Jurado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El peticionario compareció en su propia representación.
    Abogado del demandado: iSr. J. E. Figneras, Fiscal.

   En Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En el día de la lectura de la acusación contra el acusado . formuló éste una excepción perentoria alegando que la acu-sación era defectuosa por varias razones y como último fun-damento alegó que dicha acusación examinada desde cual-quier punto de vista, era insuficiente puesto que no fué pre-sentada por un Gran Jurado de acuerdo con la Ley No. 58, aprobada en junio 18, 1919, leyes de ese año, página 302-, la cual prescribe que todos los delitos graves (felonies), de-berán ser perseguidos mediante acusación del Gran Jurado. La corte desestimó la excepción perentoria y el acusado ha solicitado un auto de certiorari.

Durante la vista el fiscal de esta corte compareció y ad-mitió que si bien los Lechos alegados en la acusación tuvie-ron lugar antes de la aprobación de la Ley No. 58, sin embargo, como el derecho a la presentación por un Gran Ju-rado era cuestión de procedimiento, debe darse a la ley efecto retroactivo a fin de que sea aplicable a cualquier delito co-metido con anterioridad a su aprobación. Leyes retroacti-vas son aquellas que tienen presente o afectan a un acto ejecutado o a un derecho adquirido antes de su vigencia 3r generalmente sólo están fuera de las facultades de una Le-' gislatura cuando privarían a una persona de un derecho subs-tancial. 12 C. J. página 1084 y siguientes. Cuando una ley meramente afecta al procedimiento y no priva al acusado de ningún derecho substancial y no puede ser considerada ex post facto, como se emplea dicha frase, tal ley puede te-ner un efecto retroactivo. People v. Campbell, 59 Cal. 243, 43 A. R. 257; Chandler v. McDonald, 29 L. R. A. 834, 8 Cyc. 1029, 12 C. J. 1103.

Esto es cierto a fortiori cuando Se amplían los derechos del acusado como bajo la Ley No. 58 supra, y éste insiste en el -beneficio que dicha ley le confiere.

La acusación formulada en este caso debe ser anulada..

Anulada la acusación y cancelada la fianza-prestada por el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Ex parte Vega, Peticionaria.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en nn procedimiento sobre administración judicial de bienes.
    No. 1895.
    Resuelto en abril 27, 1920.
    Desestimación de Apelación — Reconsideración—Ordenes Inapelables. — Siendo como es inapelable una resolución que niega la reconsideración de una orden o sentencia, procede deséstimar la apelación de tal resolución.
    Administración Judicial de Bienes de Finados — Objeto de la Administración Judicial. — Cuando se acude a la ley de procedimientos legales especiales para instar la administración judicial debe irse con un derecho claro respecto a la personalidad del peticionario y con prueba en apoyo de las alegaciones, por-que esos procedimientos no tienen por objeto la declaración de derechos, sino únicamente en vista de un derecho claro y reconocido, el obtener la adminis-tración judicial de los bienes de la persona fallecida.
    Administración Judicial — Improcedencia de la Administración Judicial. — No hay términos hábiles para constituir una administración judicial cuando no existen bienes administrables y solamente se insta con el fin de establecer de-manda en reclamación de bienes hereditarios. Tal no es el objeto y fin de la administración judicial aunque uno de los deberes de los administradores y mientras éstos se nombran, de los albaceas, sea el de representar al finado en todos los procedimientos comenzados por él o contra el mismo antes de su muerte y los que se promovieren después por o contra el caudal de la herencia.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado de la peticionaria apelante: Sr. Juan de Guz-mán Benitez.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente caso tiene por objeto el nombramiento de nn administrador judicial de los bienes de Miguel Vega y Manuela Marrero.

Alega la peticionaria Francisca Yega Hernández en su solicitud jurada a la Corte de Distrito de Arecibo que los consortes Manuela Marrero y Miguel Vega fallecieron res-pectivamente en 23 de agosto de 1839, y en primero de enero de 1851 bajo testamento que otorgó la primera el 19 de agosto de 1839 y el segundo en 8 de diciembre de 1850; que la Ma-rrero nombró por albacea en primer lugar a su esposo Miguel Vega y en segundo lugar al hermano de éste nombrado José María, y Miguel Vega al mismo José María y al pres-bítero José Leoncio de Cambiani, habiendo fallecido hace años dichos albaceas; que la peticionaria tiene en la heren-cia de ambos esposos el interés de que es heredera forzosa puesto que su legítimo padre Gregorio Vega era hijo legi-timo de Juan José Vega, a su vez hijo legítimo de Miguel Vega y Manuela Marrero, y el derecho de acción que ella tiene -es de representar a dichos antecesores en la sucesión de ambos causantes y recibir por tanto, la parte de herencia que pueda corresponderle; que Miguel Vega y Manuela Ma-rrero dejaron varios hijos y de esos hijos nacieron otros y se formaron varias sucesiones sin que sepa quienes son to-cios' los interesados en la herencia actualmente, y por tanto clónele residen tocios ellos, sabiendo únicamente que de los mismos viven Providencia Vega y Josefa Vega y Hernández con residencia en Cataño, del término municipal de Bayamón. Concepción Vega y Hernández que reside en San Juan, Te-lesfora y Petrona Rodríguez Vega con residencia en Manatí y Federico Calaf y Rivera con residencia en el mismo pueblo ; que Miguel. Vega y Manuela Marrero dejaron bienes sujetos a partición, entre éstos, según información que tiene, una estancia de dos caballerías de terreno ubicada en el barrio de "Sabana Seca” de Manatí, y de ochenta y ocho a noventa cuerdas de terreno de vega radicadas en el barrio de la "Bajura” del mismo pueblo; .que dichos bienes no se encuentran en poder de la sucesión de Miguel Vega y Manuela Marrero y por tanto no han podido ser valorados ni hacerse partición de ellos; y que para entrar en la posesión y administración de dichos bienes se hace necesario inter-poner previamente ciertas demandas en reclamación de' su entrega y al efecto es preciso que los interesados tengan un representante bajo las órdenes ele la corte con el carácter de administrador judicial.

La solicitud concluye con la súplica de que se nombre a la peticionaria administradora judicial de los herederos y causahabientes de Miguel Vega y Manuela Marrero con fa-cultades para presentar la reclamación de los bienes corres-pondientes a los interesados, sin perjuicio de resolver en su oportunidad sobre la administración y partición y pres-tación de fianza, llegado el caso de entrar en la posesión de. los bienes que se reclamen.

La Corte de Arecibo por resolución de 29 de junio de 1918 desestimó la solicitud de administrador judicial por creerla insuficiente e impropia y de esa resolución pidió re-consideración la peticionaria, que también fué declarada sin lugar por resolución de 10 de julio siguiente. Contra ambas resoluciones interpuso recurso de apelación Francisca Yega Hernández.

La resolución denegatoria de reconsideración no es ape-lable según tiene ya resuelto esta Corte Suprema y en cuanto a ella procede desestimar el recurso; y para resolver la otra resolución denegatoria de la solicitud de administración judicial hemos de atenernos a las alegaciones de la solicitud inicial del procedimiento haciendo caso.omiso de otras ale-gaciones de hecho consignadas en la moción de reconsidera-ción tendentes a suplir deficiencias anotadas por la corte inferior en la solicitud expresada, pues como ya hemos dicho al resolver el caso de Butler et al. v. Sorongo et al. 25 D. P. R. 221, una moción de reconsideración no es la forma adecuada para remediar deficiencias e informalidades. Aun-que se hubiera pedido permiso para enmendar la solicitud creemos que la corte hubiera estado justificada al negarla por no haber acreditado la peticionaria la razón fundamental de su pretensión.

La solicitud de administración judicial no se ajusta al precepto del artículo 23 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales de marzo 9 de 1905, pues no es una petición se-gún exige dicho artículo debidamente justificada en que se demuestren los hechos necesarios para obtener el fin pre-tendido. Sabater v. Escudero, 23 D. P. R. 854.

No se justifica el fallecimiento de los consortes Manuela Marrero y Miguel Vega ni tampoco el de Juan José y Gregorio Yega, ni el carácter de heredera forzosa de la peti-cionaria con relación a sus bisabuelos Manuela Marrero y Miguel Yega. Al prevenir dicho artículo que en la petición de administración judicial se hagan constar bajo juramento ciertos requisitos que enumera, había establecido previamente que esa petición debía estar justificada con demostración de los hechos necesarios y son hechos necesarios indudablemente para determinarla el fallecimiento de la persona finada y el carácter de heredero del que solicite la administración judicial de sus bienes.

Cuando se acude a la Ley de Procedimientos Legales Es-peciales para instar la administración judicial debe irse con un derecho claro respecto a la personalidad del peticiona-rio, porque esos procedimientos no tienen por objeto la de-claración de derechos, sino únicamente en vista de un dere-cho claro y reconocido, el obtener la administración judicial 'de los bienes de la persona fallecida. Sabater v. Escudero, supra. El hecho alegado por la peticionaria, sin justifica-ción alguna, de ser hija legítima de Gregorio Yega, quien era hijo legítimo de Juan José Yega y éste a su vez hijo le-gítimo de Manuela Marrero y Miguel Vega no muestra su carácter de heredera forzosa de los consortes Yega Marrero. Será heredera forzosa ,de Gregorio Vega y habrá sucedido a éste en todos los derechos activos y pasivos trasmisibles del mismo, pero no será heredera forzosa de sus bisabuelos Miguel Yega y Gregoria Marrero, requisito indispensable para que pueda instar la administración judicial de los mis-mos con arreglo al artículo 23 citado. Los herederos for-zosos de Miguel Vega y Manuela Marrero serán sus hijos legítimos pero no sus nietos y biznietos a no ser que éstos, por fallecimiento del padre o abuelo, ocurrido antes del fa-llecimiento ele los causantes, sean llamados a la herencia por derecho de representación, lo qne no aparece en el pre-sente caso.

Ann más, no vemos qne haya términos 'hábiles para cons-tituir una administración judicial sin bienes administrables y solamente con el fin de establecer demandas en reclama-ción de bienes hereditarios de los consortes Yega Marrero por más que sea deber de los administradores y mientras éstos se nombran, de los albaceas, representar al finado en todos los procedimientos comenzados por él o contra el mismo antes de su muerte y los que se promovieron después por o contra el caudal de la herencia, según el artículo 51 de la Ley sobre Procedimientos Legales Especiales. Pero ese no es el objeto y fin para el que se ha instituido la adminis-tración judicial como lo revela el examen de los preceptos legales que regulan dicha administración.

Y nada importa que al confirmar la sentencia apelada de la misma corte de Arecibo al resolver el caso de Vega et al v. Rodríguez et al., 21 D. P. R. 334, lo hiciéramos “sin per-juicio del derecho que pudiera asistir a los demandantes para reclamar en debida forma la participación que pueda corres-ponder les en la herencia de Miguel Yega y Pino y Manuela Marrero”, pues la reserva de un derecho nada decide defi-nitivamente, según sentencias del Tribunal Supremo de Es-paña de 18 de diciembre de 1861 y 20 de noviembre de 1863. Por las razones expuestas.es de confirmase la resolución que declaró sin lugar la solicitud de administración judicial, de-biendo desestimarse la apelación interpuesta contra la or-den de la corte negándose a reconsiderar la predicha reso-lución.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Miranda, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ins-cripción de una escritura de venta judicial.
    No. 458.
    Resuelto en abril 29, 1920.
    Partes Necesarias — Demanda — Bienes Gananciales — Herederos —• Cónyuge Viudo. — No es inscribible una escritura de venta judicial de bienes que se presumen gananciales, otorgada por el marshal en la ejecución de una sen-tencia dictada en un pleito seguido contra herederos desconocidos de la persona que con el estado civil de .casado aparece como dueña en el registro, en cuyo pleito no fué la viuda demandada juntamente con los restantes here-deros. Por más que el cónyuge supérstite tenga el carácter de heredero for-zoso, su personalidad es especial y no igual.a la de los demás herederos, se-gún muestran los artículos 23, 26 y 31 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, por lo que debió ser citada especialmente. .
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. H. Torres Solá.

    El registrador recurrido, Sr. R. Tirado Verrier, compa-reció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 10 de agosto de 1916 el marshal de la Corte Municipal de San Juan, P. R., vendió a Ramón Miranda un solar y casa situados en Santurce, P. R. En octubre de 1919 se presentó para su inscripción en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, dicho documento, acompañado de una certificación expedida por el secretario de la propia corte municipal. El registrador, el 2 de enero de 1920 se negó a inscribir el documento “porque habiendo adquirido don José Encarnación Calderón el solar de que se trata siendo casado, por cuya razón debe presumirse ganancial, no apa-rece demandada también su esposa; y porque tratándose de. procedimiento contra una sucesión, aunque desconocida, y siendo de presumirse que las obligaciones fueron contraídas por el causante, no se ha establecido el mismo ante la corte de distrito, única competente en este caso por razón de la materia, ele conformidad con la ley, la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, tomo 21, página 503 y otras aplicables.” Contra la negativa del registrador interpuso Miranda el presente recurso gubernativo.

De la certificación acompañada a la escritura aparece que se siguió un pleito en la Corte Municipal de San Juan, P. R., titulado: Sebastián Ortega, demandante v. Herederos desconocidos de José Encarnación Calderón, demandados, so-bre cobro de dinero, y que al pie de la demanda el demandante •juró “los liechos relacionados en la precedente demanda por estar ajustados a la verdad sobre todo al hecho respecto al desconocimiento por parte del demandante de las personas ignoradas que puedan ser herederos del difunto José En-carnación Calderón.” No dice más. También consta que se citó a los demandados por edictos, y que se subastaron los bienes, adquiriéndolos el recurrente Miranda.

Hemos estudiado cuidadosamente las cuestiones levanta-das por el registrador y a nuestro juicio la negativa de dicho funcionario se justifica por el primero de sus fundamen-tos. El caso de Muñoz, v. El Registrador de Humacao, 26 D. P. R. 779, que se invoca para impugnar el criterio sus-tentado por el registrador aquí, es distinto.. Allí la viuda fué demandada y citada personalmente, mientras que aquí se prescindió en absoluto de ella. Por más que el cónyuge supérstite tenga el concepto de heredero forzoso del difunto, según el artículo 795 del Código Civil, su personalidad es especial y no igual a la de los demás herederos, según mues-tran los artículos 23, 26 y 31 de la Ley referente a Procedi-mientos Legales Especiales. La viuda ha debido ser citada especialmente en el pleito.

No debe perderse de vista además que junto con la es-critura se presentaron al registrador los documentos refe-rentes a la citación por edictos de los demandados. No se refirió el registrador expresamente a ellos. Tampoco lo ha-remos nosotros, limitándonos a consignar que hablan por sí mismos respecto a si la corte adquirió o no jurisdicción so-bre los demandados.

En cuanto al segundo de los fundamentos de la negativa, opinamos que tiene razón el recurrente. Examinados los he-chos en este recurso estimamos que les son aplicables nues-tras resoluciones en los casos de Sánchez v. El Registrador, 27 D. P. R. 768, y Flores v. El Registrador de Guayama, 19 D. P. R. 1020, y no nuestras resoluciones en los casos de Ferraioli v. El Registrador, 21 D. P. R. 503, García v. El Registrador, 23 D. P. R. 426, y Agueros v. El Registrador de San Juan, (pág. 268).

Habiendo en consideración todo lo expuesto, debe confir-marse la nota recurrida por el primero de sus fundamentos.

Confirmada> la nota recurrida por el primero de sus fundamentos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó: “conforme con la sen-tencia. ’ ’


author: El Juez Asociado Se. Aldebt,

text:
    Freyre, Demandante y Apelado, v. Sucesión de A. Sevillano, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de honorarios.
    No. 2028.
    Resuelto en abril 29, 1920.
    Arrendamiento de Servicios Profesionales — Causa de Acción — Demanda Su-ficiente. — Aduce techos suficientes para constituir causa do acción una de-manda en la cual se reclama de la sucesión demandada el importe de servi-cios profesionales prestados por el abogado demandante, sin precio preeonve-nido, al causante de los demandados, que no los pagó.
    Id. — Alegación sobre Aceptación de Herencia es Innecesaria. — Cuando se de-manda a una sucesión en cobro de servicios profesionales prestados al cau-sante de la misma no es necesario alegar que los herederos demandados aceptaron, la herencia simplemente o a beneficio de inventario, porque es a los demandados a quienes compete alegar tal defensa en el caso de que les asistiera.

      Evidencia — Declaración del Demandante sobre Convenios con el Causante de una Sucesión — Testigo Competente — Ley de 4 de Marzo de 1904, Página 121. — La jurisprudencia establecida en el caso de Wilcox v. Axtmayer et al., 23 D. P. E. 343, en la que se declaró, aplicando la ley de 4 de marzo de 1904, página 121, que una parte en un pleito instituido contra la sucesión del finado por virtud de transacciones celebradas con éste no puede declarar como testigo si no es llamada por la parte contraria, no tiene aplicación a un caso como el presente en que el demandante independientemente de su testimonio, probó su caso doeumentalmente y además con la declaración de una de las demandadas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. E. López Tizol.

    Ahogado de los apelados: Sr. E. H. F. Dottin.

   El Juez Asociado Se. Aldebt,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado Luis Freyre Barbosa demandó a varias per-sonas como únicas y universales herederas de Antonio Se-villano Henríqnez y como hechos de su reclamación expuso además ser ahogado en ejercicio en esta isla y que al morir Sevillano de repente el 20 de mayo de 1916 le debía la suma de $740 por servicios profesionales prestados en la forma siguiente:

(a) Un desahucio en la Corte Municipal de Bayamón contra G-avino Marché, caso No. 2012, de fecha 4 de fe-brero de 1915_ $40. 00
(ó) Caso No. 7820 en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, de fecha 18 de diciembre 1914, contra Andrea Doble y María Santiago, sobre cobro de dinero_,_,_ 200. 00
(o) Caso No. 7980, en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, de fecha 18 de marzo de 1915, eje-cución de hipoteca contra Bernardo Trujillo_ 250. 00
(d) Número 8008, en la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción Primera, de fecha 27 de marzo de 1915, desahu-cio en precario contra Tomasa Rodríguez_ 250. 00
$740. 00

También alegó que no ha podido cobrar la antedicha can-tidad ni ninguna parte de ella a pesar de las gestiones que ha practicado encaminadas a ese fin y concluyó pidiendo a la corte dictara sentencia contra los demandados por $740 más las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.

Negados por los demandados todos los hechos de la de-manda, aduciendo además como defensa que si tales servi-cios fueron prestados le fueron pagados, que fue descuidado y negligente y aconsejó erróneamente a su cliente y que ofre-cía cobrar remuneración módica por sus servicios, se cele-bró el juicio y se dictó sentencia condenando a la sucesión demandada a pagar al demandante la cantidad de $390 de-duciendo de ella $15 ya recibidos por el demandante y las costas del juicio.

En el recurso de apelación que interpusieron los deman-dados contra la sentencia alegan en primer lugar que la de-manda no aduce hechos determinantes de causa de acción porque no expone todos los que son indispensables para que quede establecido un contrato de arrendamiento de servicios por precio convenido o por lo que razonablemente valgan, si fueron requeridos los servicios por el mismo Sevillano o por otra persona a su nombre y por éste aceptados, cuándo era que debían pagarse, porque no se sabe si las cantidades que se fijan en los varios asuntos que se relacionan son el precio razonable o el convenido, porque debió alegarse que Sevillano se negó a pagarlas y no establecerse que el de-mandante no ha podido cobrarlas, toda vez que ésto pudo ser debido a causas atribuibles al demandante, porque de-bió alegarse que la sucesión no quiso pagarlos, que los de-mandados son los únicos herederos y obligados y que acep-taron la herencia simplemente o con beneficio de inventario.

Aunque la demanda no es un modelo de alegación, sin embargo expone lo bastante para que los demandados supie-ran que les cobran servicios profesionales prestados a su causante en varios pleitos, sin precio convenido, ya que éste no se alega, por lo que, de acuerdo con el artículo 1486 del Código Civil puede cobrarse lo que razonablemente valgan y que su causante no los pagó, sin que fuera necesario que alegara que los herederos aceptaron la herencia simplemente o a beneficio de inventario porque esto último es nna defensa que debe ser alegada por los demandados.

También se alega como error de la corte el haber recha-zado la excepción de indebida acumulación de acciones en la demanda, pero no existe tal error porque en este pleito solo se ejercita una acción que es la de cobro de honorarios profesionales.

De los otros errores alegados podemos hacer dos grupos, pues ocho de ellos se refieren a excepciones tomadas en el juicio por admisión o exclusión de pruebas y los otros cua-tro a la suficiencia de la evidencia para justificar la senten-cia. De los primeros, el alegado en tercer lugar no pode-mos tomarlo en consideración porque el documento cuya ad-misión se impugna no ha sido incluido en la exposición del caso aprobada por el juez sentenciador, aunque se halla in-dependientemente en la transcripción. En iguales circuns-tancias se halla el último de los expuestos, que hace el nú-mero catorce.

Los' restantes del primer grupo los hemos examinado y no justifican la revocación de la sentencia para la celebra-ción de un nuevo juicio.

Los otros tres errores del segundo grupo tampoco jus-tifican la revocación de la sentencia apelada pues aparece plenamente probado que el demandante prestó sus servicios profesionales al causante de los demandados en los pleitos relacionados en la demanda y que los demandados solo han justificado que a cuenta de ellos se le pagaron quince dó-lares por sus honorarios.

La acción fue iniciada un año y cuatro meses después de la muerte de Sevillano- y los apelantes sostienen que de acuerdo con el caso ele Wilcox v. Axtmayer, 23 D. P. R. 343 el demandante no ha podido probar su acción por su propia declaración. Opinamos que el caso que se cita no tiene apli-cación al presente ni la ley ele 10 de marzo de 1904, página 121, en que se funda porque eñ él se trataba de hacer efec-tiva una garantía verbal que se alegaba haber prestado el difunto Axtmayer por su hijo Henry sin otra prueba que la declaración del demandante respecto a manifestaciones del difunto Axtmayer, sin documento alguno, y aunque se pre-sentaron otros dos testigos sobre los mismos extremos, el juez sentenciador no les dió crédito, mientras que en el caso presente el hecho declarado por el demandante de que tra-mitó los pleitos de Sevillano está probado documentalmente y con independencia de su declaración, no solo con las cer-tificaciones que presentó respecto a ellos sino también con los recibos presentados por los demandados, encontrados en-tre los papeles de Sevillano, acreditando el pago de quince dólares a cuenta de esos pleitos y también con la declaración de la demandada Antonia Salavarría.

El apelado dirigió su acción contra Isabel y Antonia Se-villano García, menores de edad bajo la patria potestad de su madre Juana García y contra Antonia Salavarría Elias, madre con patria potestad sobre el demandado menor de edad José Antonio Sevillano a quien representa, alegando que todos, salvo Juana García, son herederos de Antonio Sevillano Iíenríquez y que fueron declarados sus únicos y universales herederos; y aunque según la transcripción del caso aprobada por el juez el demandante presentó una cer-tificación del Secretario de la Corte de Distrito de San Juan en la que se hace constar que los demandados han sido de-clarados herederos de Antonio Sevillano, sin embargo la su-cesión apelante alega que esas alegaciones no han sido pro-badas porque no se sabe quien es la verdadera sucesión de Antonio Sevillano Iíenríquez. Lo que hemos expuesto es bastante para comprobar lo injustificado de esta alegación.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Padró, Demandante y Apelante, v. Pérez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Primera, en pleito sobre cumplimiento de con-trato; moción de traslado.
    No. 2169.
    Resuelto en abril 29, 1920.
    Traslado del Pleito — Affidavit de Méritos. — El objeto perseguido por el ar-tículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil al exigir declaración jurada sobre los méritos del caso cuando se solicita el traslado de éste, y los fines de la justicia, quedan cumplidos cuando dieta declaración jurada ha sido hecha, aunque sea en la propia moción de traslado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. M. Benitez Flores.

    Abogado de los apelados: Sr. V. M. Fernández.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, de-cretó el traslado de este pleito a la Corte de Distrito de Arecibo fundándose en la residencia de los demandados. En la apelación que el demandante interpuso contra esa reso-lución sostiene que, de acuerdo con el caso de Cintrón v. El Zenit, 26 D. P. R. 295, no debió decretarse el traslado por-que para que los demandados pudieran obtenerlo han de-bido presentar con la moción de traslado la declaración ju-rada y fundada sobre los méritos del caso, exigida por el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil.

El caso que se cita no.es idéntico al presente porque en aquel con' la moción de traslado se presentaron dos decla-raciones juradas, aunque no contenían hecho alguno que per-mitiera precisar si la demandada tenía o no buenos motivos de defensa contra la acción ejercitada, mientras que en el presente caso si bien no se presentó una declaración jurada-sobre los méritos independientemente de la moción de tras-lado, sin embargo, en ésta se alegó bajo juramento que “los demandados han expresado entera y razonablemente el caso a su abogado y éste les ha informado que'tienen una buena y sustancial defensa sobre los méritos y estos demandados efectivamente así lo creen”, alegación parecida a la que se hizo en el caso de Bithorn v. Ball, 17 D. P. R. 584, y que fné considerada suficiente.

El objeto perseguido por el artículo 82 citado al exigir declaración jurada sobre los méritos del caso para solicitar el traslado de un pleito y los fines de la justicia quedan cum-plidos cuando se hace esa declaración jurada, aunque sea en la propia moción de traslado.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    Tricoche, Demandante y Apelante, v. Mercado et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre nulidad y otros extremos.
    No. 2121.
    Resuelto en abril 29, 1920.
    Nulidad de Venta — Nombre Supuesto. — Si al venderse una propiedad se cam-bia por otro el nombre del comprador, éste puede venderla usando el nombre con que aparecía en la escritura de venta, y nadie tiene derecho a reclamar contra el uso del nombre supuesto a no ser que ello le haya causado perjuicios.
    Id. — Alegaciones—Causa de Acción. — María Antonia Tricoche demandó a Julio Mercado et al., .para que se declarara nula la venta heeha a Julio Mercado por Francisco Rufino Tricoche, hermano de la demandante, de la mitad in-divisa de una finca que alegó pertenecía a José Rufino Tricoche, quien según las alegaciones falleció siendo soltero y dejando por únicos herederos a la demandante y a su citado hermano. Se resolvió: que tales hechos no deter-minan una causa de acción puesto que Francisco Rufino, al traspasar una mitad indivisa de la finca, traspasó precisamente lo que de acuerdo con la teoría de la demanda, le pertenecía.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. T. Torres Peres.

    Abogado de los apelados: Sr. G. Rodrigues.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

María Antonia Tricoclie es la demandante y apelante en este pleito. Todas las cuestiones envueltas en este caso de-penden de las relaciones legales existentes entre ella y sus dos hermanos, cuyos nombres no mencionamos por el mo-mento, porque esta nomenclatura es una de las principales cuestiones envueltas en la apelación.

Alegó la demandante que en 22 de marzo de 1893, su hermano José Rufino Tricoche adquirió por compra que hizo a José Laboy una finca de tres cuerdas más o menos, radi-cada en el término municipal de la Corte de Distrito de Ponce; que esta compra se hizo constar por escritura; que dicho José Rrifino Tricoche estuvo en posesión, de la referida finca hasta el momento de su muerte en el año 1895; que a su fallecimiento sus únicos y universales herederos eran la de-mandante y Francisco Rufino Tricoche; que en el año 1912 dicho Francisco Rufino Tricoche, por escritura número 51 otorgada en junio 6 de 1912 ante el notario Gustavo Rodrí-guez, simulando ser su hermano premuerto, vendió la mitad indivisa de dicha finca al demandado Julio Mercado, y ter-mina la demanda con la súplica de que se declare nula y sin ningún valor la referida venta por no haber sido hecha por el verdadero dueño de la finca, sino por el hermano Francisco Rufino Tricoche. La corte inferior dictó sentencia a favor de los demandados.

Los apelados piden que se confirme la sentencia por los dos motivos que siguen: Primero, porque la demanda como fué enmendada en el juicio no expresaba una causa de ac-ción y, segundo, porque el peso de la prueba estaba a favor de los demandados desde cualquier punto de vista del caso según la corte inferior resolvió en cuánto a dicho peso.

Por razón de conveniencia en el desarrollo de los hechos consideraremos primero la segunda cuestión.

Al discutir la prueba la corte muy correctamente declaró probado que la verdadera cuestión en controversia en el caso era la del dominio de la finca vendida al demandado Julio Mercado. La corte también declaró probado que los ape-llidos de ambos hermanos eran Trieoche y Arroyo,. siendo el segundo nombre de cada uno de ellos Rufino; que uno de estos hermanos, José, era conocido por el apodo de Tifé y el otro, Francisco, por el de Ping'o; que quedó además sa-tisfactoriamente probado que quien compró la finca a José Laboy en 22 de marzo de 1893 y quién la poseyó siempre como dueño, fué el hermano conocido por Ping’o.

Sostiene la apelante que no hay conflicto alguno en la prueba, pero encontramos una disparidad muy esencial en-tre los testigos de la demandante y. los de los demandados. La escritura, es cierto, fué otorgada a favor de José Rufino Trieoche y el testigo principal de la demandante manifestó que Francisco Rufino Trieoche, conocido por Pingo, dió a dicho testigo un poder a nombre de Francisco Rufino Trieoche para vender la finca en cuestión; que el poder fué otor-gado a nombre de Francisco Rufino Trieoche y subsiguiente-mente para solucionar la situación fué convertido en un po-der a nombre de José Rufino Trieoche, poderes ambos que fueron otorgados por el referido Francisco Rufino Trieoche. El testigo hizo cierta ligera referencia en su declaración, de. la que podría inferirse que Francisco Rufino Trieoche que falleció en el año 1913, o antes que esta acción fuera esta-blecida, sabía que su- nombre no era José y otras declara-ciones por el estilo que tal vez podrían tender a probar que dicho Francisco Rufino Trieoche se hacía pasar por su her-mano fallecido.

Examinemos en primer término la cuestión principal. Se-gún declaró probado la corte, no existe duda posible de que la persona que compró la finca era la que más generalmente se conocía con el nombre de Francisco Rufino Trieoche o Pingo. La escritura expresaba que él era casado y la prueba tendía a probar que su hermano conocido por José o Tifé nunca fué casado; que éste último era una persona de eos-turobres irregulares y nunca fué dueño o poseyó la finca o tuvo nada que ver con ella.

En la contestación se alegaba que el hermano conocido por Pingo era indistintamente conocido con el nombre de Francisco o José y bubo prueba tendente a mostrar este aserto. Aun cuando hubiera alguna duda respecto a la exis-tencia de personas algunas de las cuales conocían a Pingo por José y otra por Francisco, sin embargo es indudable que la misma escritura original fué otorgada a un tal “ José Pufino Tricoche” y que el notario creyó que José era el nom-bre de la persona a quien se hizo la escritura, pero según hemos dicho el verdadero dueño era la persona generalmente conocida por Pingo. Ambos hermanos eran analfabetas, cir-cunstancia tendente a explicar la confusión de los nombres.

Como cuestión legal, si una finca se vende bajo un nom-bre supuesto, la persona a quien la propiedad se vende tiene derecho a venderla bajo este pseudónimo. De todos modos nadie tiene derecho a quejarse de tal alegado uso de un nom-bre supuesto, a menos que él o ella en realidad hayan sido perjudicados por dicho uso. Como José Pufino Tricoche, conocido por Tifé, jamás adquirió ningún derecho, interés o título a la propiedad, su hermana no tenía interés alguno en la finca ni derecho para impugnar la escritura otorgada por su hermano Pingo con el nombre de José Rufino Tricoche.

La demanda como fué originalmente redactada alegaba que la escritura de 1912 que representaba ser un documento hecho por José Rufino Tricoche, fué otorgada por una persona desconocida que decía que era dicho José Pufino Tricoche. El apelado admite que la demanda como fué origi-nalmente presentada determinaba una causa de acción. En el juicio, no obstante, la demandante enmendó su demanda a fin de expresar en ella que Francisco Rufino Tricoche-ven-dió una mitad indivisa en la finca a Julio Mercado. En el supuesto de que José Pufino Tricoche, conocido por Tifé era el dueño de la finca y que falleció siendo soltero y dejando como únicos herederos, como se alega en la demanda a su hermano Francisco Rufino Tricoche y sn hermana María Antonia Rufino Tricoche, cada nna de estas dos personas tenía derecho a nna participación de nna mitad en la referida finca. Por consiguiente, puesto que la venta hecha por Francisco Rufino Tricoche a Julio Mercado era precisamente de una mitad indivisa, dicho Francisco, bajo tales circunstancias, solo estaría traspasando lo que, de acuerdo con la teoría de la demanda necesariamente le pertenecía. Por tanto, tam-bién tenemos que convenir con los apelados en que la demanda como fné enmendada no determinaba una causa de acción.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Olavarría et al., Demandantes y Apelantes, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2065.
    Resuelto en abril 29, 1920.
    Apelación — Devolución del Caso a la Corte Inferior para Ulteriores Pro-cedimientos — Discreción de la Corte Inferior. — La devolución del caso por la Corte Suprema a la inferior para ulteriores procedimientos no significa ne-cesariamente que el caso vuelva a abrirse nuevamente. La corte inferior debe tener cierta discreción.
    Id. — Tribunal Supremo — Facultad para Interpretar sus Decisiones. — El Tribunal Supremo, al ser apelado nuevamente un caso puede siempre interpre-tar su propia decisión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Herminia y Leopoldo Tomes y Carmelo Honoré.

      ■ Abogado de la apelada: Sr. J. H. Brown.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En 24 de julio de 1918 este tribunal dictó una sentencia en este mismo litigio por la que se revocaba la sentencia dictada por la corte inferior y devolvían las actuaciones a esa corte con la opinión de este tribunal que sirvió de fun-damento a nuestra sentencia. En esa opinión dijimos que .era de revocarse la sentencia y devolverse el caso para ul-teriores procedimientos.

Posteriormente en la corte inferior el día 7 de agosto de 1918 fué radicada una moción para enmendar, acompa-ñada de una demanda enmendada. La exposición del caso' muestra que la demandada solo acusó recibo de la demanda ■enmendada. ■ En seis de septiembre de 1918 compareció la demandada y solicitó que se dictara sentencia. En 10 de marzo, 1919, y al parecer no resolviendo la moción para en-mendar la demanda, la corte por medio de una orden eliminó la demanda enmendada haciendo constar en dicha orden que la demandante había presentado una demanda enmendada; que después de presentada una contestación o excepción pre-via no cabía radicarse una demanda enmendada si no se obtiene previo permiso ele la corte y que tal permiso para hacer enmiendas no había sido solicitado ni concedido. La corte evidentemente no tenía conocimiento del hecho de ha-ber sido radicada una moción sobre enmiendas y los autos no muestran que una copia de la moción misma había sido notificada a la demandada si bien el demandante dice que la referida moción fué de tal modo notificada. En abril de 1919 la corte, en una razonada opinión, después de analizar los procedimientos dijo entre otras cosas que la corte no podría abrir de nuevo el juicio para oir más pruebas y por tanto que se registrara sentencia a favor de la demandada, la cual fué dictada y registrada en abril 7 de 1919. „

Sostienen los apelantes en su alegato, aunque no enten-demos por qué, que no se presentó ninguna moción de re-consideración, pero creemos que eso es precisamente lo que los apelantes debieron haber solicitado. Debió haberse dado a la corte una oportunidad para considerar la cuestión de si debía o no permitirse hacer la enmienda, cosa que según creemos era lo único que podían hacer lo.s demandantes, da-das las condiciones de los autos. De no haber una moción para enmendar ante ella, una corte necesariamente se sen-tiría bajo las mismas circunstancias .corno que no había otro recurso que dictar sentencia a favor ele la demandada. En la sentencia de la corte se dice que las partes están ante ella •debido a la moción presentada por la demandada. De los autos no aparece que la moción para enmendar fué debida-mente notificada. Esta sería una razón pro forma para con-firmar la sentencia de la corte inferior.

Los apelantes sostienen que al ser devuelto un caso, como éste, siempre es para ulteriores procedimientos, pero las au-toridades están algo en conflicto sobre.la cuestión con la ten-dencia en favor de que la corte inferior debe tener cierta discreción. Ex parte French, 91 U. S. 423; Ex parte Zeller et al. v. Switzer, 91 U. S. 487; In re Sandford Fork and Tool Company, 161 U. S. 256; 4 C. J. 1228; 4 C. J. 1227. Estas citas y nuestra misma experiencia nos convencen de que la devolución de las actuaciones no significa necesariamente que el caso vuelva a abrirse nuevamente. .

Alegan también los apelantes con numerosas citas que la práctica casi invariable de este tribunal es dictar sentencia aquí, a no ser que la corte crea que deban tener lugar ulte-riores procedimientos. Encontramos suficientes autoridades al efecto de que la corte de apelación al ser apelado nueva-mente un caso puede siempre interpretar su propia decisión. In re Sandford Fork and Tool Company, supra, y sus citas en las notas de Roses, tomo 17 pág. 406.

Cuando devolvimos el caso fué simplemente porque de momento estábamos algo dudosos respecto a si debía o po-día hacerse' alguna cosa en la corte inferior. Los antece-dentes que tenemos ante nuestra consideración nos conven-cen ele esto. Estamos ahora, no obstante, satisfechos en vista del análisis hecho por la corte inferior, de que aun cuando se hubiera presentado debidamente a dicha corte una mo-ción para hacer enmiendas debió la corte haber ejercitado su discreción. parg, negarla. Resulta que el único fundamento en que basó originalmente la corte su sentencia fue la ale-gada indebida velocidad del carro eléctrico y no se demos-tró en el juicio que el sitio en que el accidente ocurrió era peligroso, y en que no se probó ninguna negligencia en este sentido o en cuanto a cualquiera de las demás alegaciones de la demanda. Olavarría et al. v. Porto Rico Railway L. & Power Company, 26 D. P. R. 645. Los apelantes se equivo-can al decir que uno de los fundamentos de nuestra senten-cia revocatoria fue que no se nos citó ninguna jurisprudencia acercs.de que constituía negligencia el correr un carro a gran velocidad en un sitio peligroso. La opinión supra muestra lo contrario. Según aparece del análisis que hizo la corte inferior, en la demanda se alegaban varias causas de negli-gencia ninguna de las cuales fué probada.

Por estas razones la sentencia apelada debe ser confir-mada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente 'Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: En Juez Asociado SR. del Toro,

text:
    Buonomo, Demandante y Apelante, v. Sucesión Juncos, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre reivindicación.
    No. 2003.
    Resuelto en abril 29, 1920.
    JURISDICCIÓN — Emplazamiento—Nulidad.—Cuando del diligenciado de un em-plazamiento hecho por persona distinta del- marshal no aparece que dicha persona era mayor de diez y ocho años al verificarlo y que no tenía interés en el pleito, la corte no adquiere jurisdicción sobre la persona qué se dice emplazada, siendo nula la sentencia que se dicte bajo la base de tal empla-zamiento y nula la venta judicial que se realice en ejecución de la sentencia.
    Emplazamiento — Enmienda Nunc pro Tuno. — Un affidavit del diligenciado de un emplazamiento puede ser enmendado, con permiso de la corte, después del fallo, para suplir nunc pro tuno la manifestación omitida por inadvertencia,. de que el que jura era mayor de diez y. ocho años cuando hizo el emplaza-miento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    . Ahogado del apelante: Sr. F. González.

    Abogados de la apelada: Sres. A. Sarmiento y J. Vendrell.

   En Juez Asociado SR. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de Humacao declarando sin lugar la demancla de reivindicación interpuesta por Daniel Buonomo contra la Sucesión de Manuel Juncos, Solís, compuesta de sus hijas naturales Perfecta y Engracia.

En la demanda se alegó, en síntesis, que el demandante es dueño de dos fincas rústicas que se describen y que se hallaban poseídas por las demandadas sin derecho alguno-para ello.

La parte demandada contestó la demanda y formuló con-trademanda alegando, en resumen, que en efecto se hallaba en la posesión de las fincas pero con perfecto derecho por haberlas su causante adquirido en venta judicial y por es-critura pública desde el 12 de julio de 1910, y que el título que ostentaba el demandante carecía de eficacia porque era. el producto de una confabulación fraudulenta.

El demandante Buonomo contestó la contrademanda ale-gando que como la corte que ordenó la venta a que se refiere la parte contrademandante no llegó a adquirir jurisdicción sobre la persona de la demandada que lo fue la Sucesión de Juan Juncos Solís, compuesta de su viuda Laura López y de sus hijos, carecía de valor alguno el alegado título de las contrademandantes.

Fue el pleito a juicio y el demandante probó que tenía un título de compra de las fincas que reclamaba inscrito en el registro de la propiedad; que la venta se la había hecho Laura López, quien tenía también su título inscrito en el registro procediendo su derecho de la adjudicación que se le hizo en la partición ele la herencia de sn esposo Juan Juncos Soils.

La parte demandada presentó su prueba demostrativa de que Manuel Juncos Soils, su causante, siguió en la Corte Municipal de Caguas un pleito contra la Sucesión de Juan Juncos Soils, compuesta de su viuda y de sus hijos, en cobro de dinero, que fué decidido por sentencia favorable al de-mandante, y que en la ejecución de dicha sentencia se ven-dieron en subasta pública, adjudicándosele al demandante, que fué el único postor, las fincas a que se refiere el pleito, otorgándose la escritura de adjudicación el 12 de julio de 1910. Probó además la parte demandada que la adjudica-ción de las mismas fincas hecha a Laura López en las ope-raciones particionales de su esposo Juan Juncos Soils se hizo el 12 de abril de 1916; que la venta de Laura López al demandante Buonomo se verificó seis días después; que Jjaura López y Buonomo son hermanos y que ambos cono-cían desde antes de la adjudicación y la venta indicadas, la existencia de la otra venta judicial hecha a favor de Manuel Juncos Soils y el hecho de que dicho Manuel Juncos Soils primero y sus herederos después han estado y están en la posesión material de las fincas desde el año de 1910.

La parte demandante probó, pues, prima facie, su título al dominio de las fincas reclamadas. La parte demandada a su vez probó otro título al dominio de las propias fincas. El título de la parte demandada ha sido atacado por el de-mandante de inexistente. El de la parte demandante, por la demandada, de fraudulento. El título del demandante consta inscrito en el registro. No así el de las- demandadas.

Los autos del pleito origen del título de la parte deman-dada, se presentaron como prueba y sólo apareciendo de la faz de los mismos la falta de jurisdicción alegada, es que podrá sostenerse la contención del demandante. Procede-remos al examen de dichos autos.

El emplazamiento dice:

“En la Corte Municipal del Distrito Judicial■ Municipal de Ca-guas, Puerto Rico. — Estados Unidos de América. — El Presidente de los Estados Unidos, ss. — Manuel Juncos Solís, demandante, contra Juan Juncos Solís, boy su sucesión, Demandado. — EmplazaMieNto.— El Pueblo de Puerto Rico, a Laura López Muda de Juan Juncos Solís y sus hijos Manuel, Eloy, Josefa, Juana y Mercedes Juncos López, menores de edad o sea los demandados antes mencionados. — -Por la presente se notifica a ustedes que se ha presentado en la oficina del Secretario de la Corte Municipal de Caguas, Distrito Judicial Municipal de Caguas, Puerto Rico, la demanda del actor antes citado, en la cual se solicita satisfagan a dicho demandante la cantidad de qui-nientos dollars que éste facilitó a Juan Juncos Solís en concepto de préstamo, sin interés alguno, más las costas en la presente acción.
“Y se notifica a usted que de no comparecer a contestar dicha demanda dentro de los diez días después de notificado, si la notifi-cación se hiciere en el distrito, y dentro de los veinte días, si se hi-ciere fuera del distrito, pero en la Isla de Puerto Rico, y dentro de los cuarenta días, si se hiciere en otra parte, el demandante podrá obtener fallo a su favor de acuerdo con lo solicitado en la demanda, cuya copia se acompaña. — Extendida bajo mi firma en Caguas, Puerto Rico, hoy 17 de noviembre de 1905. — Hermógenes Alvarez, — Secre-tario. ’ ’

Sostiene el demandante y apelante que ese emplazamiento es nulo porque tratándose como se trataba de un pleito en cobro de pesos no cumple con el requisito que exige el ar-tículo 89 del 'Código de Enjuiciamiento Civil de expresar que “el demandante obtendrá fallo por la cantidad exigida en la demanda, especificándose la misma”, si el demandado dejare de contestar en el plazo señalado. Y cita el caso de Freiría y Compañía v. R. Félix Hermanos y Cía., 20 D. P. R. 159.

Convenimos en que el emplazamiento es defectuoso, pero aplicando los razonamientos del citado caso de Freiría, de-bemos concluir que no lo era de tal modo que privara en-teramente de jurisdicción a la corte, en forma tal que con-virtiere en algo nulo de raíz, inexistente, el mismo empla-zumiento y todo lo actuado por la corte a partir de él. Véase el caso de López v. Meléndez, 22 D. P. R. 156.

Pero sostiene además el apelante que en el caso de que el emplazamiento no fuera nulo, aun así faltaría jurisdic-ción a la corte porque su diligenciamiento carece entera-mente de eficacia; 1, porque no consta que Ramón Rivera Oquendo fuese cuando actuó mayor de diez y ocho años y que no fuera parte en la .acción; 2, porque no se acredita que se entregase una copia del emplazamiento a cada uno de los demandados y además a la madre de los demandados menores de catorce años;'3, porque no se especifica el lugar donde se practicó la diligencia, y 4, porque la declaración del servicio no está debidamente autenticada.

El diligenciamiento es como signe:

“En la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Ca-guas, Manuel Juncos Solís v. Juan Juncos Solís, boy su Sucesión.— Acción en cobro de dinero. — Juramento.—Yo Ramón Rivera Oquendo, mayor de edad y vecino de esta población juro solemnemente: que en el día de boy me constituí en el domicilio de la Sucesión de D. Juan Juncos Solís, cuyos miembros son Da. Laura López viuda del causante y sus bijos D". Manuel, D. Eloy, Da. Josefa, Da. Juana y Doña Mercedes Juncos López y les notifiqué a todos de la demanda presentada por el actor, dejándoles una copia de ella y de la cédula de emplazamiento. Debidamente enterados todos, firma conmigo la viuda este documento, por su propia representación y la de sus me-nores bijos. — Caguas 18 de noviembre de 1905. — (f) Laura López, Ramón Rivera. — Jurada y firmada ante mí 9 de diciembre de 1905.— José Molina, — Juez de Paz.”

Hemos estudiado cuidadosamente las cuestiones suscita-das. Las cortes generalmente se inclinan én casos de esta naturaleza a sostener la eficacia de las sentencias impugna-das. Podrían encontrarse tal. vez-argumentos para comba-tir la existencia de los errores apuntados bajo los números 2, 3 y 4, pero el señalado con el número 1 es tan patente y la jurisprudencia es tan terminante sobre el particular, que nos vemos obligados a convenir, por razón de él, con el de-mandante, que el título de la parte demandada carece de valor porque la corte que dictó la sentencia, base de dicho título, no consta que llegara a adquirir jurisdicción sobre la persona de los demandados en el pleito.

En el caso de Andino v. Knight, 20 D. P. R. 198, 201, citando la jurisprudencia en que se basaba para ello, este tribunal se expresó así:

“La diligencia de citación debe demostrar por sí misma que ha sido cumplido todo lo necesario para que pueda estimarse buena, Linnot v. Rowland, 119 Cal., 452, 51 Pac. 687; People v. Bernard, 43 Cal., 385; y cuando es practicada por persona que no es el marshal, debe aparecer de ella que tenía más de diez y ocho años en el momento de llevarla a efecto, Maynard v. McCrellish, 57 Cal. 355; Howard v. Galloway, 60 Cal. 11; Doerfler v. Schmidt, 64 Cal. 265; Lyons v. Cunningham, 66 Cal. 42; Barney v. Vigoreaux, 75 Cal. 376; Horton v. Gallardo, 88 Cal. 581, así como el lugar en que se practicó, Lynch v. West, 63 W. Va. 571, 60 S. E. 606.
“También debe contener la afirmación jurada de que no es parte en la acción, por ser uno de los requisitos que exige la ley para que una persona distinta del marshal pueda practicar la citación. Por tanto cuando, como en el caso presente, se han dejado de cumplir los extremos expresados, no aparece del diligeneiamiento que el se-cretario estuviera facultado para registrar lá rebeldía ni que el tribunal adquiriera jurisdicción sobre el demandado para juzgarlo. Barney v. Vigoureaux y Horton v. Gallardo, supra.

En este caso que estudiamos la persona que hizo la cita-ción no juró, ni acreditó de otro modo eficaz en derecho, que tuviera la edad que la ley exige para practicar la diligencia y que no fuera parte en la acción.

Pero es más, habiéndose suscitado esta cuestión y habiendo podido la parte ■ demandada probar que la persona que hizo el emplazamiento tenía la edad requerida por la ley, no lo hizo, siendo, por tanto, aplicable también la jurisprudencia establecida en el caso de Quintana et al. v. Aponte, 26 D. P. R. 196, que se resume así:

“Cuando como en este caso del diligenciado del emplazamiento hecho por persona que no es el marshal, no consta que tal persona fuera mayor de 18 años, ni se ba solicitado la enmienda de dicho diligenciado mmo pro tune para hacerlo así constar, ni en ninguno de los procedimientos seguidos para oponerse a la nulidad del em-plazamiento se sostiene que la persona que lo hizo era en realidad de verdad mayor de 18 años, no puede sostenerse que la corte ad-quirió jurisdicción sobre la persona del demandado.”

En tal virtud, y no habiendo transcurrido el tiempo su-ficiente para adquirir por prescripción, es necesario concluir que la parte demandada está en posesión de las tierras re-clamadas por el demandante sin título eficaz y sin derecho reconocido en ley para ello.

La parte apelante sostiene en su alegato que la senten-cia que dictó la corte municipal era nula además por otros conceptos. Habiendo llegado a la conclusión que antecede, es innecesario estudiar y resolver esas otras cuestiones plan-teadas.

Veamos ahora la cuestión de fraude suscitada por lá parte demandada. La circunstancia de que Buonomo fuera her-mano de la vendedora Laura López,'la de que la partición de la herencia del esposo de la última se practicara segura-mente con el único propósito de incluir en ella las fincas, y la de que tanto Laura López como Buonomo tuvieran cono-cimiento del pleito iniciado por el causante de las deman-dadas, de la sentencia obtenida j de la venta realizada en el mismo, no perjudican el derecho de Buonomo, ni vician de fraude la transacción realizada. Es indudable que tanto Laura López como Buonomo se enteraron del defecto fundamental existente y se aprovecharon de él, pero esto, por sí solo, no constituye fraude en derecho.

Resumiendo el caso diremos que es evidente que el título más antiguo al dominio de las fincas que se acredita en el pleito correspondía a Juan Juncos Solís. Muerto él pasó ' a sus herederos. Sus herederos fueron demandados y se dictó sentencia contra ellos, pero no constando que la corte actuara con jurisdicción, no obstante la realidad del proce-dimiento y el hecho de la posesión de las tierras por la parte demandada, la potencialidad del derecho de los herederos permaneció inalterable. Cuando los herederos se dieron cuenta al parecer de que esto era así, partieron los bienes dejados por su causante incluyendo entre ellos las fincas dé que se trata y adjudicándoselas a la viuda Laura”López quien las vendió a su hermano el demandante. El comprador ins-cribió su título en el registro y así preparado inició este pleito y pidió el reconocimiento de su derecho contrario a la posesión y al título que pudieran ostentar las demanda-das. Surgió el conflicto. Fué dirimido por la corte de dis-trito en contra del demandante. Apeló éste para ante la Corte Suprema y nos hemos visto obligados a reconocer que su derecho es superior al alegado derecho de las demandadas.

El demandante reclamó los frutos producidos en la si-guiente forma: “Quinto: Que las fincas reseñadas produ-cen una renta mensual de cuarenta dollars.” Perfecta Juncos, contestó así: “Quinto: Acepta el hecho quinto, de la mencionada demanda.’’ Y Engracia Juncos, la otra deman-dada, de este modo: í£4°. Aceptan el hecho quinto de la demanda. ’ ’

Siendo este el caso, la sentencia que se dicte debe con-tener un pronunciamiento condenando a las demandadas a pagar al demandante en concepto de frutos producidos por las fincas, cuarenta pesos mensuales a partir de la fecha de la interposición de la demanda, o sea del 16 de junio de 1916.

Solicita también el demandante la imposición de las cos-tas, desembolsos y honorarios de abogado. Adoptando la práctica generalmente seguida por este tribunal cuando re-voca sentencias, creemos equitativo resolver que cada parte pague sus propias costas, 'desembolsos y honorarios de abogado.

Por virtud de todo lo expuesto, debe revocarse la sen-tencia recurrida y en su lugar dictarse otra declarando con lugar la demanda, en la forma indicada.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la re-solución de este caso.


text:
    Ortiz, Demandante y Apelante, v. Silva et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce, sobre costas en pleito de injunction para recobrar la posesión material de propiedad inmueble.
    No. 2101.
    Resuelto en abril 29, 1920.
    Desestimación de Apelación' — Exposición del Oaso. — La falta de exposición del caso no es motivo bastante para desestimar nna apelación.
    Costas Civiles — Injunction para Recobrar la Posesión. — Una sentencia que no impone las costas a la parte eontra la cual se dicta en un procedimiento de injunction para recobrar la posesión de bienes inmuebles, es errónea, pues infringe la sección 5 de la Ley No. 43 de marzo 13, 1913.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Montalvo Guenard.

    Abogados de los apelados: Sres. Benet y Sou front.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Ponce el demandante De-metrio Ortiz Ramírez siguió procedimiento de injunction contra Agustín y Lino Silva, con arreglo a la Ley No. 43 apro-bada en 13 de marzo de 1913, enmendada por la Ley No. 11 de 14 de noviembre de 1917, para recobrar la posesión de cierta finca rústica, y celebrado el juicio en que se practi-caron pruebas, dicha corte dictó sentencia en 22 de julio de 1919 declarando con lugar el injunction solicitado sin especial condenación de costas.

Contra esa sentencia, en cuanto ha sido pronunciada sin especial condenación de costas, interpuso el demandante re-curso de apelación para ante esta Corte Suprema.

No ha venido en la transcripción de autos exposición del caso y por esa razón solicitó la representación de la parte apelada qne fuera desestimado el recurso; pero como ya liemos resuelto distintas veces que la falta de exposición del caso no es causa legal para desestimar una apelación, no puede prosperar la moción de desestimación.

Examinando el legajo de la sentencia encontramos que ella infringe abiertamente la sección 5a de la Ley No. 43 ya. citada de 13 de marzo de 1913, cuya sección 5 a dice así:

“Sección. 5a. — La corte dictará sentencia sin demora indebida. Se impondrán las costas a la parte contra la cual se dictare la sen-tencia.

La ley es clara y no necesita ser interpretada,

i Habiéndose dictado sentencia contra los demandados de-bieron imponérseles las costas por precepto imperativo de la ley, y procede por tanto la revocación de dicha sentencia en la parte en que ha sido apelada por el demandante.

Revocada la sentencia apelada por el deman-dante, imponiéndose las costas a los deman-dados.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tono,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Arroyo, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao, en causa por acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    No. 1497.
    Resuelto en abril 30, 1920.
    Nuevo Juicio — Discreción Judicial — Abuso de Discreción. — El Tribunal Supremo no revocará una orden concediendo o negando un nuevo juicio a menos que se demuestre abuso de discreción por parte de la corte sentenciadora.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. Cervony Gély.

      Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Arroyo fué acusado por el Fiscal del Distrito de Humaeao de haber atentado contra la vida de Jaime Gon-zález. Alegó su inocencia y solicitó juicio por jurado. Se celebró la vista y el jurado lo declaró culpable de acometi-miento y agresión, delito necesariamente comprendido en el de atentado a la vida, y la corte lo condenó a pagar dos-cientos dólares de multa, y en su defecto, a sufrir un día de cárcel por cada dólar, no debiendo exceder la prisión de noventa días.

Antes de dictarse la sentencia, el acusado solicitó un nuevo juicio basándose en el descubrimiento de nuevas pruebas. La corte negó la solicitud.

El acusado apeló de la resolución denegatoria del nuevo juicio y de la sentencia. Ambos recursos se tramitaron con-juntamente.

No existe pliego de excepciones, ni relación de pruebas. Las nuevas pruebas descubiertas consistían en declaraciones tendentes a impugnar la veracidad de testigos que depusie-ron en el juicio.

Bajo tales circunstancias y no habiéndose alegado en forma tal que satisfaga a la corte que las dichas declara-ciones no pudieron ser descubiertas con anterioridad al jui-cio, estimamos que no erró el tribunal sentenciador al ac-tuar en la forma en que lo hizo.

Desde 1904 este tribunal, por medio de su Juez Asociado Sr. MacLeary, en el caso de El Pueblo v. Milán, estableció la siguiente doctrina:

“El acusado que solicita la concesión de un nuevo juicio fun-dado en el descubrimiento de nuevas pruebas, no sólo ba de presen-tar declaraciones juradas que acrediten cuales fueron dichas prue-bas, sino que debe expresar también bajo juramento que no le fué posible presentar tales pruebas en el juicio, aduciendo las razones que le impidieren hacerlo así, y expresando las diligencias que prac-ticara para obtenerlas antes del juicio, a fin de que el tribunal pueda apreciar si desplegó la mayor actividad posible para el descubri-miento d'e dichas pruebas.”

Habiendo luego, en 1910, también por medio de su Juez Asociado Sr. MacLeary, en el caso de El Pueblo v. Español, 16 D. P. R. 215, sentado la siguiente jurisprudencia:

“Las mociones de nuevo 'juicio fundadas en pruebas reciente-mente descubiertas, son por lo general aceptadas con desconfianza y desinclinación por los tribunales.
“Cuando la moción de nuevo juicio se funda en pruebas recien-temente descubiertas y cuando de las declaraciones juradas presen-tadas se deduce que aquellas son impertinentes, o tienden únicamente a tachar la veracidad de los testigos de cargo', debe denegarse la moción. ”

Además, como se expresó por esta corte recientemente en el caso de El Pueblo v. Soto, 26 D. P. R. 447, citando el caso de People v. Mallicoat, 149 Pac. 1000, “una orden por la que se conceda o deniegue el nuevo juicio no será alte-rada a menos que se llaga manifiesto abuso de discreción”, y aquí el acusado, que no compareció al acto de la vista del recurso, ni presentó alegato alguno en apoyo del mismo, no fia demostrado que la corte ele distrito al negarle el nuevo juicio abusara de su discreción.

Hemos examinado la acusación, el veredicto del jurado, las instrucciones de la corte y la sentencia apelada y no en-contramos que se baya cometido error alguno. A. juzgar por las instrucciones, bubo testimonios directos imputando al acusado la comisión del delito y la prueba de la defensa consistió principalmente en declaraciones tendentes a demos-trar que no se encontraba presente en el sitio del suceso en el momento en que éste ocurrió. El jurado, dentro de sus facultades, dirimió el conflicto, después de baber recibido amplísimas instrucciones del juez de distrito sobre el particular.

Procede en su consecuencia confirmar la resolución y la sentencia apeladas.

Confirmada la resolución y sentencia apeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y HutcMson.


text:
    Torres, Demandante-Apelante Apelado, v. Vidal, Demandado-Apelado Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y' perjuicios.
    No. 2195.
    Resuelto en abril 30, 1920.
    Apelación — Cuanta de la Indemnización — Exposición del Caso — Opinión del Juez Sentenciador.- — Para que la Corte Suprema pueda decidir en apelación si la corte inferior cometió o no error al fijar la cuantía de la indemnización en un pleito sobr.e reclamación de daños y perjuicios, es necesario que con la transcripción se eleven las pruebas ofrecidas en el juicio, debidamente certi-ficadas. La opinión de la corte inferior no puede sustituir a la certificación de los hechos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la parte demandante y apelante: Sr. R. Mar-tines Nadal.

    Abogado de la parte demandada y apelada: Sr. J. Tous Soto.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En el mes de junio del año 1918 presentó demanda ju-rada en la Corte de Distrito ele Ponee, Manuel Torres contra Eduardo Vidal en reclamación de $10,000 como indem-nización de daños y perjuicios que le habían sido causados por un automóvil de la propiedad del demandado en la ca-rretera de Juana Díaz a Coamo; y celebrado el juicio la corte pronunció sentencia en 16 de diciembre de 1919, con-denando al demandado a satisfacer al demandante la suma de $500, con costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado, contra cuya sentencia interpuso el demandante re-curso de apelación para ante esta Corte Suprema en la parte relativa a la cuantía de la indemnización.

En la transcripción de autos no existe escrito de expo-sición del caso conteniendo las pruebas presentadas en el juicio; pero la parte apelante, tomando como base para sos-tener su recurso los hechos declarados probados por la corte sentenciadora y la opinión que fundamenta su sentencia, pide que ésta sea revocada concediéndole la. cantidad de $3,000 por estimar que esa es la indemnización adecuada.

Es jurisprudencia de esta Corte Suprema establecida en varias decisiones y últimamente en el caso de Guerra v. Acha et al., 27 D. P. R. 688, que no son los hechos que la corte inferior estima probados los que han de servir de base para deducir si el juez cometió error en la sentencia, sino los hechos debidamente certificados mediante una exposición del caso o pliego de excepciones, por más que' la opinión del juez es de utilidad para determinar los fundamentos de la sentencia sin que pueda ser usada en sustitución de la cer-tificación de los hechos como lo exige la ley.

Siguiendo pues la jurisprudencia ya establecida, tenemos que llegar a la conclusión de que no pudiendo tomar como base los hechos declarados probados por el juez inferior para decidir si cometió o no error al fijar la cuantía de la indem-nización, es de confirmarse la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Ponce en 16 de diciembre de 1919 en la parte que es objeto del recurso.

Confirmada la sentencia ajelada en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios que se fija en $500.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó conforme con la sentencia.