author: El Juez Asociado Sk. Wole,

text:
    Paganacci, Demandante y Apelante, v. Lebrón, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama, en pleito sobre persecución maliciosa.
    No. 1333.
    Resuelto en febrero 15, 1917.
    Conclusiones de Hecho — Conclusiones de Derecho — Exposición del Caso— Pliego de Excepciones. — Las cortes de distrito en Puerto Rico no están en el deber de hacer conclusiones de hecho y de derecho como han sido entendidas y practicadas en California. Existía una obligación semejante bajo el sistema español, pero desde la adopción del vigente Código de Enjuiciamiento Civil en el año 1904, que contiene un precepto amplio sobre exposiciones del caso y pliegos de excepciones que han de ser preparados por el apelante y apro-bados por la corte, se ha Entendido necesariamente que los antiguos resultandos y considerandos quedaron abolidos. Nuestro código fué tomado virtualmente del de California y al copiarse fueron omitidos los artículos que hacían refe-rencia a las conclusiones de hecho y de derecho.
    Id. — Id.—Opinión de la Corte. — La enmienda hecha al Código de Enjuiciamiento Civil en el año 1911 (artículo 227), prescribe que en el juicio definitivo de cualquier caso el juez de distrito hará y archivará una relación breve del caso, exponiendo los hechos según éstos resulten ante él y dando las razones en que funde su decisión, pero dicho precepto ha sido interpretado en el sentido de que únicamente exige que el juez de distrito archive una opinión razonada exponiendo los hechos. El uso de las palabras “según éstos resulten ante él” (as found by Mm), no da a dicho precepto un significado más amplio, pues cualquier fallo o decisión de la corte sobre los hechos necesariamente es una conclusión y el decir que la corte debe hacer conclusiones, es muy. distinto a expresar que la Legislatura deseaba establecer un sistema de conclusiones de hecho y de derecho tal como existe en California.
    Persecución Maliciosa — Causa Probable — Malicia.—En una acción por perse-cución maliciosa el demandante está en la obligación de probar la falta de causa probable y si bien puede inferirse malicia de la falta de causa probable, no es, sin embargo, una deducción necesaria.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. José C. Ramos.

    Ahogado del apelado: Sr. Manuel A. Martínez Dávila.

   El Juez Asociado Sk. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una acción por persecución maliciosa. El récord en apelación consta, entre otros documentos, de las alegaciones (pleadings), una moción de nuevo juicio, la resolución de la corte sobre dicha moción contra la cual ha sido interpuesta la presente apelación y los escritos de apelación contra la sen-tencia y contra dicha resolución. Se acompaña además a los documentos sometidos a nuestra consideración, una copia de la sentencia de la corte dictada aparentemente de acuerdo con la ley de marzo 9, 1911, en la que se ha substituido un nuevo artículo por el anterior artículo 227 del Código de Enjuicia-miento Civil. Después de hacer referencia al hecho relativo a las alegaciones y al juicio formó la corte las siguientes lla-madas conclusiones de hecho, (findings of fact):

1. Que demandante y demandado son mayores de edad, el primero residente en Lajas y el segundo en Guayama, P. B.

2. Que en diciembre de 1913, el demandante estuvo en una tienda de zapatos que pertenece al demandado y en la cual acostumbraba él a comprar su calzado, y tomó un par de za-patos valorados en $3.50, sin abonar su importe; que en aque-lla feclia y con anterioridad a la misma el demandante era po-licía insular en Guayama; que al día siguiente y como no volviese el demandante a satisfacer el importe de los zapatos, el demandado llamó al cuartel de la policía solicitando al de-mandante y fue informado que éste se había marchado de Guayama, habiendo renunciado el cargo de policía insular; que el demandante no tenía cuenta corriente en la tienda de! demandado.

3. Que el demandado después de requerir varias veces al demandante por correo para que abonase el importe de los zapatos, procedió en 17 de enero de 1914 a formular denuncia contra él ante la Corte Municipal de Guayama, cuya denuncia lee como sigue:

“Yo, Santos Lebrón, vecino de Guayama, calle Derkes, de treinta y cinco años, formulo denuncia contra Buenaventura Paganacci, por delito de falsa representación e impostura, artículo 470, cometido de la manera siguiente:
“Que en diciembre 7 de 1913 y en Guayama, del Distrito Judicial de Guayama, el referido acusado a sabiendas e intencionalmente y valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones lia defraudado al denunciante en un par de zapatos que tomó en el establecimiento del denunciante con el fin de medírselos, habiéndose apropiado los referidos zapatos sin pertenecerles ni haberlos pagado. Los zapatos valen $3.50, etc.”

4. Que en la misma fecha se libró un mandamiento de arres-to por el Juez Municipal de Guayama, siendo diligenciado por el policía insular Tomás Torres, en Lajas, el día 20 de enero de 1914, apareciendo del récord de la causa que el acusado prestó fianza el 19 de enero del mismo año.

5. Que señalada la vista del juicio para el día 30 de enero fué citado el acusado, por citación expedida en 27 de enero; y en 29 del mismo mes y año el demandante fué a la tienda del demandado ofreciéndole abonar el importe de los zapatos que adeudaba. Aceptado esto por el demandado, abonó el demandante el importe del calzado exigiendo un recibo que le fué otorgado y dice como sigue: “Recibí de Don Buenaven-tura Paganacci la suma de tres cincuenta, los cuales abono por un par de zapatos. Guayama, 29 de enero de 1914. Santos Lebrón. ’ ’

6. Que al día siguiente, 30 de enero, se vió el juicio y el juez de la corte municipal, después de oir al denunciante, y presentado el recibo con las manifestaciones del acusado de haber sido satisfecho el importe de los zapatos, le absolvió.

7. Que el demandante después del juicio solicitó del deman-dado le enmendase el recibo haciendo constar que era como saldo de cuenta, a lo que se negó el demandado por no tener el demandante cuenta en su casa de comercio.

8. Que el demandante salió de la policía insular aparecien-do de su hoja de servicio con un excelente récord, y siendo una persona de buena conducta y reconocida reputación.

9. Que a pesar de la prueba aducida la corte entiende que si bien el demandante ha tenido que sufragar gastos para de-fenderse de la acusación que se le imputaba en la corte municipal, no aparece suficientemente demostrado que sufriera otros daños y perjuicios que los gastos mencionados; ni que la dicha denuncia hubiera afectado su reputación o carácter en la comunidad.

La corte entonces continúa manifestando que las anterio-res fueron las conclusiones de hecho esenciales que entendió la corte que debía consignar, sin entrar a discutir en detalle la prueba practicada. Entonces la corte se pregunta a sí mis-ma si ha habido suficiente prueba que justifique una sentencia a favor del demandante. Como parte de la contestación a su propia pregunta, la corte cita la opinión de este tribunal en el caso de Parés v. Ruiz, 19 D. P. R. 345. El juez de distrito pasa entonces a decir, si no a establecer una conclusión, to-mando esa opinión como guía, que el demandante había sido acusado por el demandado; que la causa había terminado fa-vorablemente para el demandante, llamando, sin embargo, la corte la atención a que la absolución se debió al becbo de que el demandante había abonado el importe de la cantidad que se decía defraudada. Pregunta entonces la corte si se ha demos-trado malicia y falta de causa probable por parte del de-mandado.

Antes de tratar de contestar esta pregunta hace la corte otra selección del caso de Parés v. Ruiz, después de lo cual pasa la corte a decir, si no a hacer la conclusión que aparece de la pnieba que el demandante no tenía cuentas en la casa del demandado, y hace referencia a algunas de las pruebas. Concluye la corte, si es que no hace conclusión, de que el de-mandante podría haber demostrado el hecho de tener una cuenta corriente en la casa del demandado requiriendo a éste a que mostrara los libros a la corte y así sostener de una ma-nera evidente y sin dudas su teoría de defensa de que los zapa-tos fueron cargados en cuenta, y termina la corte diciendo, si no haciendo la conclusión que está admitido por el demandado y declarado por uno de sus testigos, que al día siguiente eu que tomó los zapatos el demandante se marchó de G-uayama sin abonar su importe, y que fué solamente al ser denunciado el demandante y señalado el juicio que éste último trató de arreglar el asunto abonando su valor y obteniendo un.recibo para usarlo como defensa. Y pasa entonces la corte a dedu-cir, si no a llegar a la conclusión, do que no existió malicia por parte del demandado y que hubo causa probable para la acu-sación. Manifiesta la corte que los actos ejecutados por el demandante fueron más que suficientes para inducir al demandado a creer que el demandante trataba de defrau-darle por la cantidad valor de la mercancía. También exa-mina la corte sentenciadora la prueba para llegar a la con-clusión de que no hubo prueba de daños y perjuicios. Hace entonces otra cita del caso de Parés v. Ruiz, supra, y con-eluye en esta, forma: “No aparece que Raya habido causa probable o malicia.” De lo anteriormente expuesto la corte forma las siguientes conclusiones de ley:

1. Que demandante y demandado tienen capacidad para, litigar.

2. Que el demandante no tiene derecho al remedio que solicita, por no haberse demostrado que no existiera causa probable al tiempo de formularse la denuncia, y que ésta hubiera sido hecha maliciosamente.

3. Que las partes no tienen derecho a costas.

El apelante notificó una moción sobre nuevo juicio que fué radicada subsiguientemente y que se funda en dos motivos:

Primero, que la sentencia o decisión dictada en este caso es contraria a la ley; segundo, que la prueba es insuficiente para justificar la sentencia o decisión dictada en este caso.

La principal cuestión que ha ocupado la atención de la corte y originado una demora en dictarse esta sentencia se debe a la gran insistencia por parte del apelante de que la corte dejó de hacer las debidas conclusiones de hecho (findings of fact). La teoría es en algunos Estados y particu-larmente en California donde se exigen las conclusiones de hecho y de derecho, que el no hacerse conclusiones sobre todas' las cuestiones esenciales (•material issues), da lugar a que la sentencia sea contraria a la ley y pueda corregirse el error mediante una moción de nuevo juicio o en apelación.

Entre otras supuestas omisiones en las conclusiones (findings), que no es necesario repetir, el apelante alega que la sentencia es defectuosa por no hacerse en ella una conclu-sión (finding), respecto a si los zapatos fueron o no toma-dos a crédito. Por razones que en parte aparecen de lo dicho anteriormente, pero que discutiremos más adelante,'no cree-mos que legalmente hubo tal omisión en hacer conclusiones (findings), pero el fundamento principal de nuestra conclu-sión en este caso es que en Puerto Eico el juez sentenciador no está en el deber de hacer conclusiones de hecho (findings of fact) y conclusiones de derecho (conclusions of laiv), como Ran sido practicadas, entendidas, sistematizadas e interpre-tadas en California y otros Estados. . •

Bajo el sistema español vigente en esta isla Rasta 1904,-los jueces de las cortes sentenciadoras estaban obligados a dictar sus sentencias en la forma de resultandos y conside-randos. En el año 1904, sin embargo, empezó a regir el actual Código de Enjuiciamiento Civil en el que existe un pre-cepto amplio relativo a exposiciones de hechos y pliego de excepciones y se ha entendido desde entonces, y creemos que ha sido así necesariamente, que los antiguos resultandos y considerandos quedaron abolidos. Dichos pliegos o exposi-ciones deben ser preparados primeramente por el apelante y la corte simplemente ha de aprobarlos. Nuestro código fue tomado del Estado de Idaho y el Código de ese Estado-del de California. Al copiar el Código de California e Idaho-(y es más conveniente hacer referencia a la fuente principal de California por tener la jurisprudencia más extensa) los artículos que se referían a conclusiones de hecho (findings of fact) y conclusiones de derecho (conclusions of laiv) fueron omitidas. Esta corte no tenía medio de determinar concluyentemente lo que la corte declaraba ser un hecho y lo que no lo era. En 9 de marzo de 1911, la legislatura, entre otras cosas, decretó lo siguiente en sustitución del ar-tículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil:

“Artículo 227. — En el juicio definitivo de cualquier caso en una corte de distrito, el juez de la misma hará y archivará una relación breve del caso exponiendo los hechos según éstos resulten ante él y dando las razones en que funde su decisión.”

Como ya hemos indicado el apelante insiste en que al po-nerse en vigor este artículo la legislatura impuso a la corte el deber de establecer conclusiones sobre todas las cuestiones esenciales (material issues) y que en realidad de verdad la corte dejó de resolver una cuestión esencial e importante como hasta ahora hemos dicho y cita el apelante un nú-mero de autoridades de California para sostener su crite-rio. En California, como sugiere el apelado, existe una serio fie preceptos legales que ya directamente, o por la práctica e interpretación, han exigido a las cortes hacer conclusiones de hecho y de derecho qne forman parte del legajo de la sen-tencia y qne pueden ser revisadas en apelación del mismo modo qne nna relación de hechos o pliego de excepciones pueden ser revisados aquí ahora en forma algo parecida. Estos artículos pertinentes son los siguientes :

“Artículo 632. — Al resolver la corte una cuestión de hecho de-berá emitir por escrito su decisión y archivarla con el secretario den-tro de los treinta días después de haber sido sometida la causa para su resolución.
“Artículo 633. — Al emitir la decisión los hechos declarados pro-bados y las conclusiones de derecho deben ser expresadas separada-mente. La sentencia fundada en la decisión será registrada de con-formidad.
“Artículo 634. — Puede hacerse renuncia a las conclusiones de hecho (jfindings of fact) por las diferentes partes en una cuestión de hecho:
“1. Dejando de comparecer en el juicio.
“2. Mediante el consentimiento por escrito radicado en la oficina del secretario.
“3. Mediante el consentimiento oral hecho en corte abierta y ano-tado en las minutas.
“Artículo 635. — Al resolver la corte una cuestión de hecho, cual-quiera de las partes puede en cualquier momento antes de someterse el caso en definitiva presentar por escrito a la corte una exposición de cualquier cuestión legal respecto a la cual, de ser el caso juzgado por jurado, podría exigirse a la corte que instruyera al jurado. Y tiene la corte antes de dictar su decisión en el caso que hacer constar en cada una de dichas peticiones que la misma se concede, niega o modifica en el sentido en que la corte estime procedente. Cualquier error . al permitir, denegar o modificar tal petición puede ser revi-sado por virtud de una moción de nuevo juicio o mediante apelación en la misma forma y en igual sentido que en el caso en que se pide que se den instrucciones al jurado.
“Artículo 636. — Tratándose de una sentencia a favor del deman-dante sobre una cuestión legal puede ésta proceder en la misma forma prescrita en los dos primeros párrafos del artículo quinientos ochenta y cinco al dejar el demandado de formular su contestación. Si la sentencia se dicta a favor del demandado sobre una cuestión de ley y fuere necesario para fundamentar el fallo de la corte la rendición de una cuenta o la prueba de algún hecho, puede disponerse el in-forme previo de peritos.”

Ahora bien, si la Legislatura de Puerto Rico hubiera de-seado seguir la práctica de California e Idaho, lo más sen-cillo hubiera sido copiar sustancialmente estos artículos aun-que en ese caso por razón de las condiciones de práctica de esos Estados, todavía podría dudarse si los tomábamos con toda su especial interpretación. Como lo restante del código fue tomado de Idaho, esta omisión indica que la Le-gislatura de Puerto Rico no tuvo la intención dé seguir el Código de California en lo que respecta a conclusiones de hecho y de derecho. El Código de California en su artículo 635 indica, al parecer, que tienen las partes que solicitar las conclusiones, aunque existen decisiones de California que resuelven que está en el deber la corte, sin que se le pida, de hacer conclusiones sobre todas las cuestiones esenciales. De todos modos el artículo 635 da a una parte la oportuni-dad de obtener una determinada conclusión y también le im-pone el deber de excepcionarla cuando quiere que sea revi-sada la omisión de la corte en hacer determinada conclu-sión. El artículo 635 lleva por título “Conclusiones (findings), como se preparan.”

De acuerdo con el sistema inglés y americano los asun-tos legales son juzgados primeramente por jurado, y tienen las partes derecho a que se den instrucciones especificas. Para prescindirse del juicio por jurado en California es nece-sario el consentimiento expreso o tácito de las partes. Por supuesto que no conocemos cuál es la proporción de los casos que se celebran allí ante la corte sin jurado, pero está nece-sariamente más o menos limitada, dependiendo, como tiene que ser, del consentimiento de ambas partes. Es evidente que en California no existe ni en ningún otro de los códigos de los Estados una práctica uniforme de juicio ante la corte en casos civiles como existe en Puerto Tñico. Al leer, pues, el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil debería verse claramente que fue la intención ele la Legislatura el imponer a las cortes ele distrito el deber de liacer conclu-siones (findings) de igual modo que como lo exige la práctica de California. Que esa no era la intención de Puerto Rico fué la interpretación general de las cortes y abogados y especialmente de este tribunal como se indica en las si-guientes decisiones, si bien la cuestión nunca fué discu-tida extensamente: García v. San Juan Light & Transit Co., 17 D. P. R. 616; Martínez, cesionario de Sanjurjo, v. García, 18 D. P. R. 2; Pellicier v. Fernández, 19 D. P. R. 117; Rubio v. Charvounier, 20 D. P. R. 315; Quiñones v. Vivoni, 20 D. P. R. 490; González v. Cabrero, 22 D. P. R. 341, en el que se resuelve de modo expreso que las conclusiones {findings) no forman parte del legajo de la sentencia; y Albite v. Lecumberri, 22 D. P. R. 856. Véase también la resolución de este tribunal de feclia abril 23, 1915, en el caso de Calzada v. Pagán.

California aparentemente tenía la práctica de exigir con-clusiones sobre becbos esenciales basta antes de estar en vigor los artículos 632 y siguientes. Si se compara el sis-tema de California con el texto del artículo 227, creemos que tiene que ser evidente que la Legislatura de Puerto Rico no trataba de poner en vigor la práctica de California.

Este tribunal interpretó originalmente el artículo 227 en el sentido de que no era otra cosa que un precepto que exige al juez de la corte de distrito el archivar una opinión razo-nada exponiendo los becbos. El texto de la ley dice que el juez archivará “una relación breve.” Si hubiera sido la in-tención de la legislatura que la corte debía hacer conclusiones de hecho y de derecho, hubiera sido enteramente fácil el de-cirlo así. No importe que la legislatura usara las palabras “según éstos resulten ante él” {as found by him). Cual-quier veredicto o decisión de la corte sobre los hechos es necesariamente una conclusión {finding). De la naturaleza de una “conclusión” en su sentido más general se trata ex-tensamente en el caso de El Pueblo v. Sutton, 17 D. P. R. 345 y siguientes. Expresar que la corte tiene que Racer, con-clusiones es muy distinto a decir que la legislatura deseaba establecer un sistema de conclusiones de hecho y de derecho como existe en California, o en cualquier otro Estado. Se ha sugerido que Tennessee tiene una ley parecida. A juzgar por el caso de Stanley v. Doneho, 16 Lea, 492, el esta-tuto prescribe que “al resolver la corte una cuestión de hecho se dictará por escrito la decisión, de solicitarlo cualquiera de las partes, exponiendo los hechos declarados probados y las conclusiones basadas en los mismos, lo cual constituirá parte de los autos.” Este artículo supone previamente, una petición antes de dictarse la sentencia y las conclusiones for-man especialmente parte de los autos; en otras palabras, las partes tienen oportunidad clara de ser oídas antes de dictarse sentencia con respecto a sus peticiones. Ni en sus-tancia, ni colocando los estatutos uno al lado del otro y com-parándolos literalmente existe nada que indique que nues-tra legislatura siguió a Tennessee. En Puerto Rico la rela-ción presuntivamente ha de archivarse con la sentencia o con la orden para que se di de sentencia o aun después. Tal ha sido la práctica casi invariable.

En otra apelación se llamó la atención de este tribunal hacia el hecho de que el artículo 233 del Código de Enjuicia-miento Civil también Lace referencia a las conclusiones de hecho en el sentido de que forman parte del legajo de la sen-tencia. Este ax-tículo fué aprobado en el año 1904 y ha con-tinuado sin sufrir cambio alguno hasta la fecha y fué co-=-piado • accidentalmente en el código, pues evidentemente no se conocía técnicamente nada semejante a conclusiones de hecho bajo el sistema en vigor- en Puerto Rico. Al apro-barse el código de 1904, como fué adoptado de prisa, exis-tían transcripciones literales del Código de California, tales como “fianza en apelación,” “homesteadsy “conclusio-nes de hecho” que quedaron accidentalmente en el Código de Enjuiciamiento Civil copiado de Idaho y que jamás fue-ron enmendadas o suprimidas. Siendo las conclusiones de lieclio un sistema distinto o institución, no parece razona-ble suponer que la legislatura al aprobar la ley de marzo 9, 1911, trataba de corregir una deficiencia.

Tal vez pudieron haber existido dudas y quizás si este tribunal por fuerza podría haber deducido o tratado de dedu-cir el sistema total de conclusiones de hecho de California, pero la interpretación contemporánea estaba en contra de tal interpretación y creemos ahora, después de ésta conti-nuada interpretación del Tribunal Supremo de Puerto Rico y las cortes de distrito, que en todo caso tendría que ser la legislatura la que habría de cambiar la regla establecida. La ley siempre favorece la interpretación contemporánea.

California siguió otra norma y es esto lo que tiene que decir el Juez Sr. McFarland en el caso de Millard v. Council of American Legion of Honor, 81 Cal. 341:

“Lo que dice el código respecto a conclusiones es muy sencillo. El artículo 632, Código de Enjuiciamiento Civil, prescribe que ‘al resolver la corte una cuestión de hecho, deberá emitir su decisión por escrito’; y el artículo 633 dispone que ‘al emitir la decisión deben expresarse por separado los hechos declarados probados y las conclusiones de derecho.’ Esto es prácticamente todo lo que se habla del asunto. Y sobre esta pequeña cúspide se ha construido (sin duda necesariamente) una pirámide en sentido inverso de de-cisiones legales que casi sobresale a cualquier otro monumento de la ley. Quizás si el mismo laconismo del código ha sido la causa de algunas de las dificultades que ha presentado la cuestión.”

No obstante el hecho ele que este tribunal se da perfecta cuenta ele que para él sería práctico y conveniente el tener una amplia oportunidad para revisar la teoría de la corte inferior respecto a la ley y los hechos, creemos que es el deber de la legislatura y no ele esta corte el suministrar el mecanismo necesario. El precepto específico para la revi-sión de los hechos es todavía una exposición del caso o pliego de excepciones y tiene que continuar así hasta tanto la legis-latura proporcioné expresamente un medio alternativo o com-plementario de hacerlo.

De acuerdo con el sistema alegado por el apelante, por la omisión en hacer conclusiones esenciales o supuestas con-clusiones esenciales se haría necesario para este tribunal el tener que devolver los casos para frecuentes nuevos juicios, práctica que invariablemente hemos evitado y acerca de la cual tenemos un precepto claro de la legislatura en el año 190C, (Leyes de la Sesión de 1906, página 65) que prescribe:

“Artículo 306. — Cuando se revocare la sentencia, orden o decreto del tribunal inferior, la corte procederá a pronunciar la sentencia, orden o decreto que debió haber dictado el tribunal inferior, salvo los casos en que fuere necesario aclarar determinados puntos de hecho, o que la indemnización que hubiere de fijarse o materia sobre la- cual hubiere de decretarse, fuere dudosa, pues en cualquiera de estos casos se devolverá la causa para su revisión al tribunal inferior. ; ’

Además, creemos que la corte inferior en sustancia hizo la conclusión particular que alega el apelante, aunque no con las mismas palabras. Se queja el apelante de que no hubo conclusión (finding) respecto a si dicho demandante “se llevó los zapatos para probárselos, o si los cogió fiados.” Sostiene que la creencia del demandado era una cuestión im-portante- y que la corte debió haber hecho una conclusión específica. Generalmente sería imposible para una corte saber cuál es la creencia que tiene un demandante como no sea por sus actos y en este caso era el deber del demandante el probar que dicho demandado no creyó que el demandante tomó los zapatos para defraudar al expresado demandado. Como la ley no exige cosas imposibles el único modo en que podía el demandado probar su caso era demostrando pol-la preponderencia de la prueba, que según los hechos no estaba justificado el demandado en tener tal creencia. Era una cuestión de hecho para ser resuelta por la corte. Dice la corte que el demandante tomó estos artículos sin pagar por ellos, que dejó de pagar al ser requerido para ello, y que el demandante no tenía cuenta corriente con el deman-dado y dejó de probar la teoría del caso con respecto a que los artículos le fueron vendidos a crédito. La corte no sólo Lace la conclusión de que el apelante no tenía tal cuenta, sino que como sabemos es costumbre corriente de los comer-ciantes el liaeer alguna anotación especial si el comprador no tiene cuenta corriente. Estas relaciones o conclusiones de la corte son absolutamente incompatibles con la conclu-sión de que el demandante tomó los artículos a crédito; las conclusiones de la corte y la, teoría del apelante en cuanto a los hechos no pueden existir conjuntamente. No existe posi-bilidad alguna de que la corte aceptó la teoría que acerca de los hechos alegó el apelante y que sin embargo dictó senten-cia contra él. Tiene que haber un non sequihtr entre la re-sultancia y la conclusión para tener derecho un apelante a nna revocación bajo circunstancias semejantes.

En la ley de marzo 9, 1911, aun bajo la teoría del apelante, no se prescribe orden alguna para las conclusiones de hecho o de derecho. La opinión de la corte en realidad de verdad contiene algunas conclusiones específicas de hecho y algu-nas conclusiones específicas de derecho, pero también entra en una discusión general en la que, como ya hemos indicado, establece claramente una conclusión o conclusiones contra-rias a la teoría del apelante. No habría ninguna autoridad ele acuerdo con el texto de la ley de marzo 9, 1911, para in-sistir en ninguna forma u orden particular para hacer las conclusiones. La Corte Suprema de California en el caso de Millard v. Legion of Honor, supra, dice lo siguiente:

“Se observará que el código no prescribe cuáles o cuántos hechos deben contener las conclusiones. A la verdad que en los artículos arriba citados no se emplea en absoluto la palabra ‘conclusiones’ {findings). Expresa el texto que la ‘decisión’ tiene que ser por escrito, y que en la decisión los hechos y conclusiones de derecho deben expresarse separadamente. El fin principal del precepto pa-rece haber sido el impedir que una corte ordene sumariamente que se .dicte sentencia sin exponer alguna razón para ello, sin relatar algunos hechos o conclusiones legales en que dicha sentencia se funde. Hubo también, sin duda, la intension de facilitar la revisión de una Sentencia en apelación. Pero seguramente que el objeto principal no fué el de suministrar un pretexto por virtud del cual la parte vencida podría con éxito valerse de un ardid para obtener una sen-tencia justa. Las conclusiones vienen después que el caso ha sido-juzgado, considerado y resuelto, y después que se ha determinado el carácter de la sentencia, ya sea correcto o incorrecto. Son mera-mente incidentales al asunto principal, a la sentencia; y poner a prueba su suficiencia por una medida que exige la mayor exactitud en la exposición y particularidad de detalles, es poner el incidenteen el sitio de lo principal. Desde luego que debe haber conclusiones, sobre las cuestiones esenciales levantadas por las alegaciones y la prueba, pero si resulta que existen en substancia tales conclusio-nes, no es necesario que sean en el lenguaje exacto de las alegacio-nes, o en alguna forma determinada. Además, a menudo se hace-difícil el determinar si cierta conclusión de hechos específicos debe ser clasificada como una conclusión de ‘hecho’ o de ‘derecho’; y como dijo la corte en el caso de Burton v. Burton, 79 Cal. 490, ‘el mero hecho de haber sido puesta una conclusión bajo un encabeza-miento equivocado, sería una razón muy floja para la revocación dé-la sentencia.”

También la corte hizo la conclusión específica en el curso de su opinión y en sus conclusiones ele derecho de que el de-mandante había dejado de probar la falta de causa probable. No tenemos interés en dar mucha importancia a esta materia en este momento, pero la cuestión de si hay o nó-falta de causa probable, es quizás el hecho último en una acción por persecución maliciosa. En California la corte está obligada solamente a determinar el hecho último. Las autoridades en los Estados Unidos se pronuncian en el sen-tido de que la cuestión de falta ele causa probable es una cues-tión mixta de derecho y de hecho.

En el caso de Stewart v. Sonneborn, 98 U. S. 187, la Corte Suprema de los Estados Unidos cita con aprobación de la opinión de Lord Denham lo siguiente:

“Siempre he entendido que la cuestión de causa razonable o probable sobre los hechos declarados probados es una cuestión para el criterio de la corte, y que la malicia es siempre una cuestión para la consideración del jurado.”

Parecería razonable que si el demandante hubiera deseado que se hiciera lina conclusión sobre sn teoría especial del caso debió haberla solicitado antes de que la corte dictara sn sentencia. De otro modo parecería que la corte hizo una conclusión sobre la cuestión esencial de causa probable en la cual la cuestión de tomar los artículos a crédito vel non estaba comprendida necesariamente. Creemos que éste fué en parte el propio criterio de la corte acerca del asunto, pues al resolver la moción de nuevo juicio dijo que era innecesa-rio para la corte usar las palabras “para medírselos,” toda vez que lo material era que el demandante se había llevado el par de zapatos sin abonar su importe, demostrando con su conducta ulterior la intención de defraudar; y también dijo la corte que al desestimar la demanda en este caso la corte consideró que el demandado creyó que el demandante era culpable. En otras palabras, la corte intentó negar, y creemos que negó, la posibilidad de hacer una conclusión bien acerca de la causa probable o de que el demandante tomó los zapatos a crédito.

Revisando los hechos tampoco podemos llegar a la con-clusión de que el demandante probó la falta de causa probable. Era su deber hacerlo y hubo prueba tendente a de-mostrar que él tomó los zapatos, sin dar más explicación sino que iba a probárselos y -que se fué de Gruayama sin pagar su importe y al parecer sin dar ninguna explicación al demandado. De ningún modo aprobamos el hecho de que un comerciante arreste a un hombre si existe alguna duda respecto a las condiciones bajo las cuales los artículos fue-ron tomados de una tienda, pero la corte inferior aquilató la prueba y no estamos en condiciones de poder decir que no estuvo la corte justificada en declarar que el demandado tenía motivo razonable para creer que el demandante estaba tratando de defraudarle un par de zapatos; y aun cuando hubiera una falta de causa probable no inferiríamos malicia en este caso. La malicia, como indica la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Stewart v. Sonneborn, supra, puede inferirse de la falta de causa probable, pero no es una deducción necesaria. Las circunstancias de este caso la niegan.

La sentencia y orden apeladas deben ser confirmadas.

Confirmadas la sentencia y orden apeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutcbison disintió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Rivera et al., Demandantes y Apelantes, v. Rodríguez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre nulidad de procedimiento ejecutivo hipo-tecario y reivindicación.
    No. 1567.
    Resuelto en febrero 19, 1917.
    Ejecución de Hipoteca — Procedimiento Ejecutivo Seguido en el ASo 1900— Ordenes Generales Nulas. — De acuerdo con la doctrina establecida en el caso de Sucesión Rodrigues v. Sucesión Torres (pág. 786), no es nulo el pro-cedimiento ejecutivo para el cobro de hipoteca seguido en el año 1900 por el demandado contra los demandantes por ser nulas y sin ningún valor las Ordenes Generales de 12 de febrero de 1899, y 19 de enero y 28 de abril de 1900, en lo que respecta a hipotecas constituidas antes de la promulgación de las mismas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados'de los apelantes: Sres. José y Manuel Tous Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Tomás Bernardini de la Huerta.

   El Juez Asociado Se. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El único motivo en que los apelantes basan su recurso en esta apelación es el de que el procedimiento ejecutivo para cobro de hipoteca seguido contra ellos por el demandado en el año 1900 es nulo porque de acuerdo con las órdenes gene-rales de 12 de febrero de 1899, 19 de enero de 1900 y 28 de abril de 1900 no podía cobrarse entonces la hipoteca.

Esta cuestión lia sido ampliamente tratada por nosotros recientemente en el caso de Sucesión Rodríguez v. Sucesión Torres Morales, resuelto en 12 de este mes y año (pág. 786), y de acuerdo con la doctrina en él expuesta, no existe la nuli-dad que se alega y debemos confirmar la sentencia apelada que desestimó la demanda.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Hernández et al., Peticionarios, v. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Humacao, en procedimientos sobre traslado de pleito.
    No. 175.
    Resuelto en febrero 19, 1917.
    Traslado de Pleito — Apelación—Suspensión de Procedimientos — Fianza o Depósito — Certiorari.—Una apelación contra una orden rehusando conceder el traslado de un pleito a otro distrito, no suspende los procedimientos en el mismo, según el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Civil; y aunque la prestación de una fianza o depósito {supersedeas) es parte de la formali-z ación de una apelación en California o Idaho, de donde dicho artículo íué tomado, no lo es en Puerto Rico.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los peticionarios: Sres. Fernando Vázquez y José R. F. Savage.

    El demandado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Humacao los demandados en el pleito civil No. 4573, en el cual los peticionarios en este recurso son los demandantes, presentaron en 11 de diciem-bre de 1916 una moción para el traslado del pleito a la Corte de Distrito de Gnayama. Esta moción fue .declarada sin lu-gar en enero 9, 1917, y en enero 18 los demandados apelaron de esa resolución para ante esta corte. En el mismo día en que interpusieron su apelación, dichos demandados solicita-ron la suspensión de todos los procedimientos en dicho pleito No. 4573 hasta tanto que esta Corte Suprema resolviera la apelación interpuesta contra la citada resolución. En enero 26 de 1917, el demandado en este recurso, en su calidad de juez de la Corte de Distrito de Humacao, declaró con lugar la moción de los demandados y ordenó que todos los proce-dimientos en el pleito fueran suspendidos hasta tanto que esta Corte Suprema resolviera la apelación interpuesta contra la resolución denegando el traslado. Con motivo de esta última orden los peticionarios han presentado su solicitud de certiorari.

El artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone:

“La formalizaeión de un recurso de apelación, (‘mediante la fianzia o depósito mencionados en el artículo -’ según el texto inglés), suspende los procedimientos en la corte inferior en cuanto a la sentencia u orden apelada, salvo cuando dispusiere la venta de cosas susceptibles de pérdida o deterioro, en cuyo caso la corte inferior podrá ordenar que se vendan dichas cosas, depositándose su importe hasta que dicte su sentencia la corte de apelación. Y salvo también, cuando la sentencia declare al demandado culpable de usur-pación, intromisión o ilegal desempeño de un cargo público, civil o militar, en esta Isla. Y salvo asimismo, cuando la oi'den conceda o rehúse conceder, un cambio de lugar para la celebración del juicio.”

La ley es completamente clara y ni la Corte de Distrito de Humacao ni los demandados en el pleito original nos han mostrado razón alguna para que nos apartemos de ella. Un supersedeas es - parte de la formalizaeión de una apelación en California e Idaho, de donde el artículo en cuestión fue tomado, pero en este caso hay que advertir que no se trató de prestar fianza ni se dió ningún otro paso que justificara a los demandados en llamar a su solicitud “moción sobre supersedeas.” No hay lugar para un supersedeas, de acuerdo con los términos de la ley citada. Yéase también Amsterdam v. Puente et al., 15 D. P. R. 153.

La orden de enero 26, 1917, qne lia motivado esta soli-citud de certiorari debe ser anulada.

Declarada con lugar la solicitud y anulada la orden de suspensión de procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y' Hutchison.


text:
    Tilén, Demandante y Apelado, v. Mena, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en procedimiento sobre nuevo juicio en pleito de desahucio.
    No. 1493.
    Resuelto en febrero 19, 1917.
    Desahucio — Apelación—Nuevo Juicio. — En los juicios de desahucio, según la seeción 10 de la Ley de 9 de maizo de 1905, la jurisdicción del Tribunal Supremo está limitada únicamente a una apelación “contra la sentencia,” sin que sea permitido apelar contra una resolución dictada en moción de nuevo juicio, pues no fué la intención de la legislatura conceder dobles apelaciones en el mismo caso, aun cuando es dudoso el derecho a un nuevo juicio en pleitos de desahucio dentro de las prescripciones del Código de Enjuicia-miento Civil.
    Interpretación de Estatutos — Derogación de Leyes — Leyes Especiales y Generales. — Es un principio muy eonoeido de interpretación de este tribunal, que una ley especial no deroga una general, a no ser que aparezca claramente dicha intención, o que las dos leyes sean incompatibles.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. 8. Abella Bastón.

    Abogado del apelado: Sr. E. II. F. Dottin.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Sentimos qne en este caso tenga qne ser desestimada la apelación. La principal cuestión, o sea si la escritura otor-gada por la apelante a María del Bivero era de tal nátn-raleza que la persona que compró a- esta última podía obte-ner un título consumado y establecer una acción de desa-hucio, era importante. Nos inclinamos a] parecer de que el caso podría prosperar y lo indicamos para evitar más gas-tos al apelante, si bien nuestra conclusión no es terminante. La apelación tiene que ser desestimada, no porque la corte inferior no tenía necesariamente derecho en un procedimiento de desahucio para conocer de una moción de nuevo juicio, sino porque la legislatura ha limitado la jurisdicción de esta corte en tal procedimiento a una apelación contra la sen-tencia. No resolveremos la cuestión de si un arrendatario tiene en la corte de distrito derecho a solicitar un nuevo jui-cio. Si es que tiene tal derecho y lo ejercita sin apelar de la sentencia, como en el presente caso, se pierde el dere-cho de apelación.

Las secciones pertinentes de la Ley de Desahucio son las siguientes (Leyes de la Sesión de 1905, página 288):

“Sección 10. — En los juicios de desahucio no se dará en ningún caso más de una apelación que se ejercitará: para ante la corte de distrito, de la sentencia dictada por las cortes municipales; y para ante la Corte Suprema, de las dictadas en primera instancia por las cortes de distrito.
“Sección 11. — Las apelaciones deberán interponerse en el término de cinco días contados desde la fecha de la sentencia.”

Ahora bien, aunque es posible alegar que la legislatura solamente tuvo en cuenta que no se permitieran dobles ape-laciones en el mismo caso, creemos que fué la intención de dicha legislatura el permitir una apelación contra la sen-tencia únicamente. Semejante conclusión se infiere del espí-ritu de la ley y de la naturaleza del procedimiento de desa-hucio. La principal idea de dicho procedimiento es la rapi-dez. En él se resuelve el derecho de las partes a la posesión inmediata, pero no en lo que respecta al título. Si pudiera una parte presentar una moción de nuevo juicio y apelar finalmente de la resolución dictada sobre dicha moción, la decisión final sería pospuesta. La fraseología especial de la ley acerca de lo que lia de hacerse después de la senten-cia, es decir el tiempo excepcionalmente limitado para las apelaciones, el depósito, los deberes en cuanto a prontitud, impuestos a los funcionarios de la corte, y la preferencia que ha de darse a las apelaciones, todo demuestra que la le-gislatura tuvo en cuenta la sentencia como la base para la apelación y no la resolución para un nuevo juicio, suponiendo’ siempre que la corte pueda conocer de dicha moción como-lo hizo en este caso. Teniendo presente estas consideracio-nes generales, resulta evidente que al expresar la legisla-tura en la sección 10 que no se dará en ningún caso más de; una apelación y “contra la sentencia,” se excluía la posi-bilidad de una apelación contra la resolución dictada sobre una moción de nuevo juicio. Entendemos que ésta era la práctica de acuerdo con la ley existente antes de la aproba-ción del Código de Enjuiciamiento Civil y es un principio muy conocido de interpretación de este tribunal que una ley especial no puede ser derogada por una ley general, a no ser que aparezca claramente- dicha intención, o que las dos leyes sean incompatibles. Sin embargo, teniendo alguna duda acerca de si el Código de Enjuiciamiento Civil no había derogado la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua y con ella el procedimiento de desahucio, la Legislatura en 9 de marzo, 1905, aprobó otra ley de desahucio que en substancia es una-copia de la ley anterior. Esa ley tiene por objeto como apa-rece de su faz, regular las apelaciones y nada dispone para ninguna apelación como no sea contra la sentencia. De donde se infiere que aun cuando en un procedimiento de desahu-cio el derecho a un nuevo juicio pueda ser deducido dudo-samente de las prescripciones del Código de Enjuiciamiento Civil, la apelación quedó excluida.

Debe desestimarse la apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey. . . .

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Vidal, Demandante y Apelante, v. Martínez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre partición de bienes comunes y devolución de dinero.
    No. 1532.
    Resuelto en febrero 20, 1917.
    Desistimiento del Pleito — Contrademanda Renunciada Mediante Condición no Aceptada — Honorarios de Abogado. — Si bien el articuló 192 del Código de Enjuiciamiento Civil concede a todo demandante el derecho de desistir de la continuación de su pleito antes del juicio, previo el pago de las costas, cuando no media una reconvención o cuando el demandado en su contestación o en la contrademanda no ha solicitado alguna resolución a su favor, si, como ocurre en este caso, existe una contrademanda a la que sólo se renuncia me-diante la condición no aceptada por la liarte demandante de que se le con-denara al pago de los honorarios del abogado del demandado, no procede decretar el sobreseimiento del pleito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco Otero Rivera.

    Abogados del apelado, José E. Martínez: Sres. Benet y Souffront.

    El otro apelado Víctor Honoré no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito pendiente en la Corte de. Distrito de Maya-güez promovido por María Vidal contra José E. Martínez y otro sobre división de bienes poseídos en comunidad y en-trega de $400 por rentas no pagadas, la parte demandante solicitó de la corte que sobreseyese y archivase el pleito toda' vez que había transado con Martínez de quien recibió la can-tidad de $1,050.

En oposición a esa petición alegaron los abogados de Mar-tínez que éste no tenía conocimiento de que las partes se hubieran puesto de acuerdo privadamente y que toda vez que su representación no tenía noticia alguna del deman-dado, ni le habían sido satisfechos sus derechos como abo-gados del demandado, solicitaba Martínez que no se acce-diera a la petición de la demandante y que si se decretaba el sobreseimiento se le impusiera el pago de los honorarios de la representación de dicho demandado.

Discutida la moción de la demandante y estando pendiente su resolución, los abogados de Martínez ampliaron su anterior oposición ratificándola y agregando que existía en el pleito una contrademanda y una rebeldía anotada a la deman-dante por no haberla contestado pero que el demandado re-nunciaba a ella siempre que la demandante fuera condenada a pagar las costas, desembolsos y los honorarios de su abo-gado y pidieron que en tal sentido se dictase sentencia. Oída esta moción por la corte sin que a la vista concurriera el abogado de la demandante, fué resuelta en el mismo acto de-clarándola con lugar. De esta resolución pidió reconsidera-ción la parte demandante y antes de ser resuelta, la corte dictó sentencia ordenando el sobreseimiento y archivo del pleito con las costas, gastos y honorarios del abogado del demandado Martínez a cargo de la demandante. Posterior-mente desestimó la moción de reconsideración.

Interpuesto recurso de apelación por la demandante soli-cita que revoquemos la sentencia fundándose en que no de-bió ser condenada a pagar honorarios de abogado.

Si bien el artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil concede a todo demandante el derecho de desistir de la continuación de su pleito antes del juicio, previo pago de las costas, cuando no mediase una reconvención o cuando el demandado en su contestación o en la contrademanda no hubiese solicitado alguna resolución a su favor, como en este caso existía una contrademanda de Martínez, no tenía dere-cho la demandante al sobreseimiento de su pleito a menos que el demandado renunciase a su contrademanda. Es cierto que el demandado Martínez hizo tal renuncia y consintió en que se decretase el sobreseimiento pedido, pero fué con la condición de que se condenara a la demandante a pagarle los honorarios de sn abogado, condición que no consta que aceptara la demandante.

En tal situación este caso, la resolución procedente era la de denegar la moción de sobreseimiento de la demandante por existir una contrademanda a la que sólo se renunciaba mediante una condición no aceptada por la parte que soli-citaba el sobreseimiento.

La sentencia apelada debe ser revocada y debemos dictar nosotros otra declarando sin lugar la moción de desistimiento de la parte demandante.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra declarando sin lugar el desistimiento de la demanda y ordenándose la continuación del pleito.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf, Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Belaval, Peticionario y Apelante, v. Todd, Alcalde de San Juan, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan„ •Sección Primera, en procedimiento de ejecución de sen-tencia en pleito de mandamus.

    No. 1552.
    Resuelto en febrero 20, 1917.
    Resuelto en reconsideración en abril 10, 1917.
    Mandamus — Cargo o Empleo — -Daños y Perjuicios — Sueldos—Cuestiones REr-sueltas. — Aun cuando en una petición de mandamus para que se restituya al peticionario en su cargo o empleo, se soliciten también daños y perjui-cios conforme a la Sección 11 de la ley, calculados éstos por los sueldos dejados de percibir, si la sentencia sólo ordena la restitución del peticio-nario sin hacer pronunciamiento alguno en cuanto a los daños y perjuicios,, la presunción es de que no se probaron en el juicio y de que tal cuestión, fué resuelta en contra del peticionario, careciendo de jurisdicción el tribunal sentenciador para ordenar luego el pago de dichos sueldos en el pro-cedimiento' para ejecución de sentencia.
    Id. — Daños y Perjuicios — Momento de Fijarlos. — Es la clara inteligencia de la Sección ll.de la Ley de Mandamus, que la indemnización a que tenga dere-cho el peticionario por daños y perjuicios sufridos, debe ser fijada por el tribunal simultáneamente o ¿on anterioridad a la expedición del auto peren-torio.
    Alegaciones y Práctica- — Sentencia—Presunción de Cuestiones Resueltas.— Se presume, mientras no se demuestre lo contrario, por ser ley elemental de alegaciones y práctica (pleadings and practice), que el tribunal resuelve en su sentencia todas las cuestiones habidas entre las partes; y que aque-llas que de la misma no aparecen como determinadas, fueron resueltas en contra del peticionario.
    Id. — Pruebas—Reconsideración para Corregir Deficiencias. — Las partes deben presentar sus pruebas en el juicio, y cuando el caso se somete a la consi-deración del tribunal para su decisión, el demandado queda libre de la obli-gación de tener que seguir compareciendo al juicio, siendo una regla casi invariable la de no reconsiderar el caso para corregir una deficiencia.
    RECONSIDERACIÓN DE SENTENCIA.
    Mandamus — Naturaleza del Deber — Daños y Perjuicios — Personas que Pue-den SER COMPELIDAS Y CUÁNDO-PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS DE Facto. — Cuando en un recurso de mandamus contra un alcalde para que se restituya al peticionario en su cargo de director de hospitales y por daños y perjuicios, no se hace en la petición reclamación específica por dichos daños y perjuicios y la acción no se establece para el cobro de sueldos, disponiendo la Ley de Mandamus que la parte que ha de ser obligada debe tener la facul-tad de poder ejecutar el acto, no siendo el alcalde el funcionario encargado de pagar los sueldos de los empleados, la cuestión de sueldos quedó excluida y no podía ordenarse al alealde el pago de los mismos, por ]a naturaleza del procedimiento, por los términos de la petición, y por razón del funciona-rio contra quien fué librado el auto. El decir que los daños y perjuicios han de calcularse por los sueldos no hace equivalentes ambos términos entre sí. Los únicos actos sujetos a mandamus son los de publici juris y nunca las obligaciones de pagar determinadas sumas adjudicadas por sentencia. Quaere: Si el pago del sueldo a un funcionario de facto impedirá la res-titución del mismo al peticionario.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante; Sres. Eduardo-Acuña, Horacio 8. Belaval y José Martínez Dávila.

    Abogado del apelado; Sr. Ramón Falcón.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El efecto final de las varias y muy reñidas apelaciones anteriores en este caso fué el de exigir a la corte inferior que ejecutara la sentencia dictada por ella en 22 de mayo de 1914, la cual es como sigue:

“Sentencia. — El día catorce de mayo de mil novecientos catorce y en corte abierta se llamó este caso a la vista del auto de manda-irnos solicitado y comparecieron ambas partes por conducto de sus respectivos abogados y anunciaron estar listas para el acto.
“En su virtud el demandado presentó su contestación y ambas leyeron sus alegaciones e introdujeron prueba documental y testi-fical, que fué admitida y practicada en debida forma durante el propio día catorce de mayo de mil novecientos catorce, y los días quince, diez y seis y diez y ocho y diez y nueve de los mismos mes y año, y sometieron el caso por medio de briefs para la presentación de los cuales le fué concedido a cada parte un plazo de tres días.
“Y en el día de hoy la corte, después de haber estudiado cuida-dosamente la petición presentada y por las razones consignadas en la opinión que obra en autos y que se hace parte de esta decisión, dicta sentencia, y en su consecuencia, declara con lugar la petición, y ordena que se expida un auto perentorio de mandamus, ordenán-dose al demandado la restitución en su cargo del Dr. José S. Bela-val, con imposición de costas al referido demandado.
“Pronunciada en corte abierta el día 22 de mayo de mil nove-cientos catorce y registrada en'la misma fecha. Firmado: Félix Córdova Dávila, Juez. Certifico: C. Marrero, Secretario. Copia de la sentencia dictada en este caso, registrada a los folios 191, 192 y 193, tomo 11. C. Marrero, Secretario.”

De consiguiente, en 7 de junio de 1916, la corte inferior en un razonado mandamiento o auto, ordenó al alcalde que restituyera el Doctor Belaval en su cargo y empleo de Director de los Hospitales Municipales de San Juan, con todas las prerrogativas y emolumentos inherentes a dicho cargo, auto que fué diligenciado por el márshal y devuelto cumpli-mentado el día 8 de junio de 1916. El día 9 de junio, 1916, o sea, a los dos años y algunos días después de haber sido registrada la sentencia original en este caso, el peticionario presentó una petición a la Corte de Distrito de San Juan, alegando en substancia, que ya que el doctor había tomado posesión de su cargo de director de los hospitales, restaba sólo cumplir el segundo particular de su petición de mandamus, referente a la indemnización de daños y perjuicios que habían de ser calculados por el sueldo, todo conforme con la sección 11 de la Ley de Mandamus.

Según los autos tiene que suponerse que no hubo ningún otro juicio en este caso. La presunción es que la corte pro-cedió correctamente y que la sentencia de 22 de mayo, 1914, resolvió todas las cuestiones entre las partes, o que aque-llas que de la sentencia no aparecían como determinadas fueron resueltas en contra del peticionario. Esta es ley elemental de alegaciones (pleadings) y práctica. Asimismo hu-biera sido el deber del apelante el demostrar lo contrario. Puede observarse que la sentencia no hace pronunciamiento alguno en favor del peticionario sobre indemnización de da-ños y perjuicios.

La corte consideró la referida solicitud del peticionario sobre ampliación de los términos del auto de 7 de junio, y resolvió que, como emolumentos a que se refiere tal auto, tenía derecho' al importe de los sueldos desde la fecha de su destitución hasta el día en que fué repuesto y en 14 de junio de 1916 dictó una orden para que se diera cumplimiento a su sentencia. El demandado compareció ante la corte y demostró que dichos sueldos habían sido satisfechos a otros dos funcionarios de facto que durante dicho período de tiempo había servido el cargo de director. Y la corte, por-los méritos de dicha alegación, dejó sin efecto en 6 de julio, 1916, su anterior auto de junio 7, sin perjuicio de los dere-chos del actor para reclamarlos en acción separada.

Ha habido mucha discusión sobre el derecho de un mu-nicipio a estar exento de verificar el pago cuando los pagos se han hecho a funcionarios de facto, pero no considerare-mos esto porque en las fechas en que se dictaron dichas ór-denes la corte no tenía facultad y creemos que tampoco ju-risdicción para ordenar el pago de los sueldos del peticio-nario.

Para sostener esta teoría sobre reclamación de da-ños y perjuicios en este caso el apelante cita la sección 11 de la Ley de Mandamus, la que en unión de la sección si-guiente de dicha ley transcribimos a continuación:

‘ ‘ Sección 11. — Si se dictare un veredicto a favor del demandante, éstev recobrará la indemnización a que tenga derecho por los danos y perjuicios sufridos, cuya indemnización y costas se fijarán por el tribunal.como si se tratase de una acción civil, y se dictará también, sin dilación alguna, un auto de mandamus perentorio.
“Sección 12. — La recuperación de daños y perjuicios en virtud de esta ley contra las personas que hubieren contestado un mandamus, impedirá el ejercicio de cualquiera otra acción contra la misma persona a causa de su contestación.”

Bajo la idea del dereclio de que se creía asistido, el ape-lante alegó en su petición original que se encontraba per-cibiendo -un sueldo de dos mil dólares anuales como director, y suplicó a la corte que condenara al demandado al .pago de la indemnización de los daños sufridos por él. La sen-tencia que ha sido transcrita anteriormente demuestra' que se celebró un juicio en el que ambas partes presentaron sus pruebas y que el caso fué sometido por medio de alegatos. Sin embargo, la sentencia, como antes hemos dicho, no hizo ■pronunciamiento alguno sobre daños y perjuicios.

Podríamos hacer alguna consideración respecto a si el peticionario hizo renuncia de su derecho en cuanto a los da-ños y perjuicios, o si intentó reservarse el derecho como apa-rece de su actitud subsiguiente, o si abandonó por completo el tener que probar sus daños. Es cierto que tanto el ape-lante como el apelado tuvieron su juicio y día ante la corte y la sentencia náda dice acerca de los daños y perjuicios. De non apparentibus et non existentibus eadem est ratio, y tenemos que presumir lo que es casi indiscutiblemente un hecho, que no se probaron daños y perjuicios en el juicio. La sentencia resolvió todas las cuestiones habidas entre lás partes.

Si el apelante, especialmente después del tiempo trans-currido en este caso, hubiera presentado una moción a la corte para obtener una reconsideración en el caso, dejando sin efecto o modificando la sentencia para permitirle pro-bar sus daños, creemos que la corte hubiera estado obligada a negar la solicitud y aun cuando tuviera discreción, a no ejercitar la misma. Las partes deben presentar sus prue-bas en el juicio y cuando se somete un caso a la consideration de la corte para su decisión el demandado queda libre de la obligación de tener que seguir compareciendo al jui-cio, y es una regla casi invariable no reconsiderar un caso para corregir una deficiencia. Pero no se presentó ninguna moción sobre apertura del caso, procedimiento que fue muy correcto.

El apelante trató de obtener una indemnización de daños y perjuicios en procedimientos de ejecución de sentencia sin hacer la corte ninguna adjudicación de los mismos, y pre-suntivamente sin celebrarse juicio sobre las cuestiones rela-tivas a los daños y perjuicios. Sin dudar de que el apelante actuaba de buena fe es verdaderamente anómalo pretender que el alcalde fuera condenado a pagar daños y perjuicios sin haber un juicio o prueba en la misma acción que se fun-daba precisamente en la falta de notificación y audiencia al apelante al destituirlo de su cargo. El hecho es, sin embargo, que la cuestión relativa a los daños y perjuicios debió haber sido precisada en el juicio y el tratar de obtener la concesión •de daños y perjuicios por medio de una petición adicional y ejecución no estuvo justificado en absoluto. Todos los últi-mos procedimientos seguidos por el apelante eran coram non judice. El apelado tenía derecho a ser oído en un juicio, en el juicio original sobre la cuestión de daños.

Estos principios son fundamentales y no pretendemos de-ducirlos de las citas de casos, pero hemos encontrado uno muy interesante en íntima relación con los hechos de este juicio, o sea, el de People ex rel Goring v. President, 13 Misc. 732. La opinión fue emitida por el Juez Sr. Gaynor. Antes de la promulgación de leyes especiales semejantes a la sec-ción 11 el promovente solamente podía obtener una indem-nización por daños y perjuicios mediante acción separadla. Después de la orden de mandamus perentorio en ese caso se hizo una solicitud para la tasación de daños en cierto modo de acuerdo con la forma en que la hizo el peticionario en esta acción y la corte resolvió qne no podía haber daños y perjuicios puesto que tenían que ser fijados antes de dic-tarse la orden definitiva. .Entendemos qne ésta es la clara inteligencia de la sección 11, supra, en la cual se funda el apelante. La fijación de los daños y perjuicios es contem-poránea o anterior a la expedición del auto perentorio.

A juzgar por la actitud del apelante en el acto de la vista él argüiría que siendo los daños por el sueldo devengado éstos eran una suma fija y precisa. Además, también el ape-lante alegó que la acción fue solamente para recobrar los-daños y perjuicios, precisamente como dispone el estatuto. El alcalde, siguiendo la misma teoría del apelante para reco-brar los daños, podría haber presentado razones para des-truir la contención referente a todos o parte de los daños y perjuicios, y estuviera o no justificado para defenderse contra la indemnización, como lo hizo contra el mandamiento’ de ejecución que se trató de librar en este caso. Si la natu-raleza de la reclamación era por daños y perjuicios, el al-calde como en los casos de patrono y empleado, pudo quizás-haber demostrado que un empleado en particular no es per-judicado en la medida de todo su sueldo si tiene otro em-pleo o remuneración.

El caso de People ex rel Goring v. President, supra, presenta otra dificultad que más bien mencionamos sin resolver terminantemente y ésta es que los daños que tuvo pre-sente la ley de mandamus son únicamente aquellos que sur-gen después de la expedición y notificación de un auto alter-nativo de mandamus. La opinión muestra que en la ley común no podían existir daños en un procedimiento de mandamus. Al ser contestado un auto alternativo, la contesta-ción impedía al peticionario hacer cualquier otra reclama-ción, y si la contestación era falsa el promovente estaba obligado a establecer una acción por una contestación falsa en la que de obtener éxito no solamente recobraba daños por dicha falsa contestación sino también un mandamus pe-rentorio. Fueron aprobados estatutos para dar derecho al peticionario a recobrar en el mismo procedimiento de mandamus, pero como dice el Juez Sr. G-aynor, solamente por la falsa contestación. Los estatutos aprobados parecían ser iguales o semejantes a nuestro estatuto. Cualesquiera que fueran los daños o su naturaleza sólo podían originarse, desde la fecba de la falsa contestación.

En otras palabras, ocurre todavía alguna duda respecto a si el apelante podría obtener en una petición de mandamus todos los daños que reclamó.

Todas estas consideraciones van a demostrar que la cues-tión de daños vel non debió haber sido resuelta en un juicio amplio. La orden apelada fué dictada debidamente aun cuando creemos que está regulada por razones más fundan mentales que las alegadas por el juez, y debe ser confirmada.

Confirmada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.

Habiéndose presentado con posterioridad una moción de reconsideración de sentencia, el tribunal por su

Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la siguiente opinión:

El apelante ha presentado a este tribunal una moción para que reconsidere su sentencia. Parecía a la corte que su opi-nión original era razonablemente clara, pero en vista de las dificultades que parecen presentarse al apelante, hemos to-mado algún tiempo de nuestra atareada sesión para expresar las demás razones en que se funda nuestra sentencia. En el auto de junio 7,1916, se ordenaba a Roberto H. Todd, Alcalde de San Juan, que inmediatamente restituyera en su cargo y empleo al Dr. Belaval, con todas sus prerrogativas y emolu-mentos inherentes a dicho cargo; y la orden o resolución dic-tada en junio 14, 1916, expresaba que los emolumentos a que hacía referencia la orden de junio 7, era el importe total de los sueldos devengados (así dice la orden) desde la fecha en que fué separado de su cargo el Dr. Belaval.

Aunque el apelante insiste técnicamente en que trataba de recobrar daños y perjuicios de acuerdo con la sección 11 de la Ley de Mandamus, considera, en efecto, los procedimien-tos como si fueran una acción establecida en cobro de salarios por mandato específico de un tribunal.

La tentativa en este caso por cobrar más de cuatro mil dólares mediante mandato específico de una corte (cuasi mandamus), no estuvo justificada por la sentencia ni por el juicio, ni por los alegatos, ni siquiera por algún precepto legal.

La principal cuestión es la que se refiere a la sentencia misma. Si examinamos de nuevo dicha sentencia se verá que en ella se ordena la restitución del peticionario en su cargo con costas al demandado, pero que no concede daños y per-juicios. En la sentencia la corte expresa que declara con lugar la petición y ordena que se expida un auto perentorio de mandamus con costas, pero en la parte dispositiva dq la sentencia, después de las palabras “y ordena,” no se hace pronunciamiento alguno de daños y peí-juicios ni respecto a los sueldos ni en cuanto a la casa, ni de otras cosas reclamadas en la petición y que claramente fueron abandonadas. El pronunciamiento relativo a daños y perjuicios debe hacerse en la sentencia misma. La forma corriente de dictar sen-tencia en cada caso es diciendo que se declara con lugar la demanda, pasando entonces la corte a hacer los pronuncia-mientos a los cuales considere que tiene derecho el deman-dante. Decir que se declara con lugar una demanda, o que procede una petición no es otra cosa que sostener al deman-dante en sus alegaciones. Esta es la práctica tanto de los tribunales españoles como americanos. Además, si examina-mos la sección 11 se verá que los daños y perjuicios han de ser determinados por la corte como en una acción civil. Si han de fijarse los daños como si se tratase de una acción civil, tienen que fijarse por sentencia y en ésta deberá hacerse una conclusión sobre los mismos. Continúa la sección dis-poniendo que se dictará un auto de mandamus perentorio, lo que demuestra que la sentencia debe contener tanto el auto de mandamus como la indemnización de daños y perjuicios. Si no se hacen a la vez, la concesión de daños precede al pare-cer al anto de mandamus. En este caso no había motivo para conceder daños en una forma distinta de como se hubie-ran concedido en cualquier otra acción civil. La cuestión relativa a que en una sentencia deberán hacerse los pronuncia-mientos necesarios para que pueda ser ejecutada nos parecía axiomática. Un párrafo del tomo 23 de Oye., página 671, expone la ley en la siguiente forma:

"Para la validez de una sentencia es necesario que ésta sea pre-cisa y terminante, o susceptible de que así lo sea mediante la debida-interpretación ; y con tal fin deberá expresar claramente la fecha en que se dicta, las partes, el asunto en controversia y especialmente el resultado de la acción con el remedio concedido, de manera que lo que la sentencia conceda, ordene o resuelva se vea claramente.”

'Sostiene el apelante que el tribunal inferior era el mejor intérprete de la fuerza y validez de su propia sentencia. Des-pués que la sentencia ha sido dictada la corte de apelación tiene el mismo derecho que la corte inferior para interpretar el significado de las palabras contenidas en la sentencia. La corte inferior no puede dar a una sentencia una fuerza o validez que no surja de la sentencia misma. Además, cree-mos que la corte inferior no dió a su sentencia la interpre-tación que pretende darle el apelante. La corte dijo en pu orden de junio 14 que la senteñeia debe limitarse a ordenar que el peticionario sea restituido en su cargo y que la cues-tión secundaria referente a la indemnización de daños y per-juicios debe determinarse en el auto. En otras palabras, mediante ejecución, como se resolvió en la opinión original.

Alega también el apelante que este tribunal sostuvo al apelante en este parecer en dos de sus decisiones. En el primer caso de Belaval v. Todd, 22 D. P. R. 633, teniendo todavía alguna duda este tribunal respecto a si podía ser puesto en posesión de su cargo el peticionario en aquella fecha, dijo que la confirmación de la sentencia podría darle algunos derechos de los que de otro modo podría quedar pri-vacio. Con esto no resolvía este tribunal que el peticionario tenía derecho en aquella fecha a cobrar sus sueldos en este mismo procedimiento de mandamus. Quiso sencillamente el tribunal dejar en libertad al peticionario a fin ele que ejer-citara cualesquiera derechos que pudiera tener, cosa muy dis-tinta a decir que podía cobrar sus sueldos en el mismo pro-cedimiento.

En el segundo caso de Belaval v. Todd, 24 D. P. R. 26, la corte se negó enteramente a resolver la cuestión puesto que la sentencia misma no había sido sometida a nuestra consi-deración. No existe posibilidad de interpretar la negativa ele esta corte en hacer una determinación específica como que es una decisión a favor del apelante. La cuestión principal ante la corte que fue resuelta por una pequeña mayoría de tres votos contra dos, era que el peticionario tenía derecho a ser restituido en su cargo, y eso es todo lo que se- resolvió en el caso. En junio 7, 1916, la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en 22 de mayo, 1914, había pasado ya a la historia, y no existiendo fraudé o algún otro elemento extraordinario parecido dicha sentencia no podía ser ampliada o dársele mayor alcance. Ni este tribunal ni la corte inferior tenían ningún derecho a intercalar nada en •ella que ya no estuviera allí.

Hemos dicho que no se celebró juicio sobre la cuestión de daños y perjuicios. Con respecto a la mayor parte de los daños y perjuicios que reclama el peticionario, entende-mos que fueron necesariamente muy pocos los que podían habérsele ocasionado a la fecha de la sentencia. Dentro del mes siguiente a su separación ordenó la corte que fuera res-tituido el apelante en su cargo y empleo. No hubo segura-mente ningún juicio acerca de los daños resultantes después ele la sentencia. La corte inferior en su opinión consideró un aspecto de esta cuestión cuando dijo que el alcalde podría ■demostrar que se hizo el pago. La cuestión principal, sin. ■embargo, es que no hubo tales daños en tanto se trata pro-piamente de daños (qua). Estamos convencidos de que no se probaron daños, sino solamente el lieclio ele que al ser separado el apelante de su cargo estaba percibiendo un sueldo ■ele dos mil dólares. Según parece el apelante lia tenido la creencia en todos los momentos de que en este caso los daños y los sueldos son términos equivalentes. Con decirse que los daños se calculan por el sueldo no quiere expresarse que los dos- términos sean equivalentes. Cuando se establece una acción por daños contra un demandado, éste tiene el derecho a demostrar en la forma que le sea posible que el deman-dante no ha sufrido los perjuicios que alega en su demanda. Estamos de acuerdo con la corte inferior en que si un fun-cionario público establece una acción' en un caso procedente para el cobro específico de salarios, el demandado no puede alegar, con el fin de rebajar el montante de la cuantía, que •el demandante ha percibido sueldos en otra parte. También la'córte parecía tener la idea de que los daños y los sueldos •eran términos equivalentes, pero como ya hemos indicado, •ésta no fué una acción en cobro de salarios.

Además, la cuestión de si podrían o no ser rebajadas las .ganancias obtenidas por el apelante — aceptando que ésta fuera, una acción, específica para el cobro de sueldos — era una cuestión legal respecto a la cual el apelado tenía derecho a ser oído en juicio y en la que en realidad de verdad no fué oído. Debemos decir de paso que el único hecho pro-bado en el juicio según se desprende de los autos fué que el peticionario se encontraba percibiendo un sueldo de dos mil dólares, con derecho a casa y a otras cosas. El deman-dado no negó estos hechos en su contestación. Pero el hecho de no negarlos no era una admisión de que el peticionario tenía derecho a los daños y perjuicios que reclamaba. El debido pagador podría realmente haber pagado sus sueldos.

En .este caso no se hizo reclamación específica de daños y perjuicios. El peticionario simplemente reclamó daños pero no fijó ninguna suma. La cuestión relativa a sus suel-dos quedó excluida por los términos de la petición, por la naturaleza del procedimiento de mandamus en este caso y por razón del funcionario contra quien fue librado el auto. El Alcalde de San Juan no es el funcionario encargado de pagar los sueldos. Podría haberse ordenado a Todd pagar daños por su acto ilegal, pero no podía ordenársele que pa-gara sueldos.

Dada la capacidad de los abogados del apelante no po-dríamos creer otra cosa sino que serían los últimos en sos-tener que cuando en una sentencia se conceden daños y per-juicios, éstos pueden ser recobrados por mandato específico de una corte. Dichos daños tienen que cobrarse en un pro-cedimiento de mandamus como lo serían las costas: por virtud de ejecución contra la propiedad del demandado. Si se hu-biera dicho en la sentencia "con daños y perjuicios, los'que habrán de calcularse teniendo en cuenta el sueldo desde la fecha de su separación del cargo hasta la fecha en que el peti-cionario sea restituido en su empleo,” suponiendo que la corte tuviera facultad para hacer tal pronunciamiento, la sentencia sería todavía por daños y perjuicios solamente, y los daños, así como las costas, han de ser cobrados mediante ejecución contra los bienes o propiedad de la parte contra quien Se dicta la sentencia. Con una sentencia por daños y perjuicios ni la corte ni el márshal tenían derecho a tratar de cobrar por mandato específico. Si al ser presentada la orden en este caso al alcalde éste simplemente se hubiera negado a obe-decerla y la corte hubiera librado mandamiento por desacatoy reducido a prisión al alcalde por dejar de hacer el pago, dicho alcalde tendría derecho a ser puesto en libertad me-diante habeas corpus, no sólo por razón de carecer la corte de distrito de facultades, sino porque tal orden sería equi-valente a una prisión por deuda. Lo único que está sujeto al mandamus son los deberes publici juris y jamás las obli-gaciones de pagar una suma específica concedida por sen-tencia.

Dispone la Ley de Mandamus que la parte que ha de ser obligada debe tener la facultad de poder ejecutar el acto.-El alcalde no tenía tal facultad en lo que a sueldos concierne. El no era el funcionario que podía liacer el pago.

Ya indicamos en la opinión original que la cuestión refe-rente a qué daños podían cobrarse en un procedimiento de mandamus está envuelta en duda. Aunque en gran parte fué una cuestión académica en este caso, nos inclinamos a sustentar el criterio de que la corte inferior procedió correc-tamente al resolver que los sueldos, como tales, no podían ser cobrados por mandato específico de una corte por haber sido pagados ya a funcionarios de facto. En la vista ante este tribunal, el apelante para refutar esta teoría sostuvo' tenazmente que lo que procuró obtener y había recobrado por virtud de la sección 11 de la Ley de Mandamus eran los daños y perjuicios. Convenimos en que el apelante pudo haber te-nido derecho a recobrar daños y perjuicios, pero no se le concedieron ningunos en su sentencia. La sentencia es para nuestros fines, el alma del asunto y lo demás que se discute es sólo con el objeto de probar que la sentencia no podía tener el efecto que pretende darle el apelante.

Alega también el apelante que la única cuestión sometida a la’ consideración de este tribunal era si el pago hecho a los funcionarios de facto constituía un impedimento. para poder recobrar el apelante sus daños y perjuicios. En lo que respecta a cuáles son las cuestiones de que podrán las cortes tomar conocimiento en apelación aun cuando quizás no hayan sido discutidas en la corte inferior, tales como la jurisdicción, o exposición de una causa de acción, llamamos la atención de los abogados a los textos y al artículo 109 del Código de Enjuiciamiento Civil. Para presentar la situa-ción, podríamos decir que después que la corte había dictado su orden de junio 14, ordenando al alcalde pagar una suma específica de dinero, debimos haber considerado y declarado con lugar una solicitud interesando un mandamiento de cer-tiorari sin tener que esperar el procedimiento más lento de la apelación. Según los preceptos tertíiiriantes de la ley el certiorari procede para corregir errores de procedimiento y necesariamente para cuestiones ele jurisdicción, y es .corriente decir que si procede una apelación ésta comprenderá todas las cuestiones de que pueda conocerse en certiorari. En una apelación contra una sentencia u orden estamos obligados a considerar si la corte tuvo o no facultades para .conceder lo que trató de obtenerse.

La moción debe ser desestimada.

Denegada la reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Oliver, Demandante y Apelada, v. Jayuya Development Company, Demandada y Apelante.
    4delación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en procedimiento de traslado del pleito en causa sobre indemnización de daños y perquirios.
    No. 1545.
    Resuelto en febrero 20, 1917.
    Traslado de Pleitos — Corporaciones—Acciones Personales. — Aun cuando por su naturaleza es personal una aeeión para recobrar indemnización de daños y perjuicios causados a una finca, fundados éstos en la ocupación de la misma para uso de peones y ganado que impiden su libre disfrute, pertenece a aquella clase de acciones para las cuales la Legislatura en su artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil, lia fijado un lugar determinado (situs), esto es, el distrito en que radique el objeto o parte del mismo. En este caso se denegó el traslado del pleito al distrito donde alegó la demandada, que es una corporación doméstica, tener su oficina principal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. José A. y Alberto S. Po-ventud.

    La apelada no compareció.
   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Arecibo negó al demandado una moción sobre trasladó de una causa y la apelación que se interpone es contra la orden que en tal sentido fue dictada. La causa de acción en este pleito fueron los daños y perjui-cios causados a la propiedad debido a los supuestos actos ile-gales de la demandada. La moción de traslado se fundó úni-camente en el hedió de que la demandada era una corporación con su oficina principal en Ponce. No fué impugnado el emplazamiento y puede suponerse que dicho emplazamiento, como indicó la corte de distrito en su opinión, se hizo y podía hacerse en el Distrito de Arecibo. Se alegó en la demanda que la demandada tenía una oficina y centro de operacio-nes en Jayuya donde también reside la demandante y radica además la finca perteneciente a la misma. La corle inferior expresó como fundamentos de su negativa a ordenar el tras-lado, que puesto que la demandada tenía oficina en Jayuya, la demandante tenía derecho a demandarla allí, de confor-midad con el artículo 78 del Código de Enjuiciamiento Civil que prescribe que:

“La residencia legal de los comerciantes en todo lo que concierna a actos y contratos mercantiles, y sus consecuencias, será el pueblo donde tuvieren el centro de sus operaciones comerciales.
“Los que tuvieren establecimientos mercantiles a su cargo en diferentes distritos judiciales, podrán ser demandados por acciones personales en aquel en que tuvieren el principal establecimiento o en el que se hubieren obligado, a elección del demandante.”

Convenimos eon la corte inferior en que la obligación fué contraída en el Distrito de Arecibo y que la demandada tenía establecimiento en Juyaya como alega la demanda, pero no estamos satisfechos, según la consideración que hemos hecho de la demanda, de que la corporación es un comerciante den-tro del sentido de la ley.

La corte, sin embargo, también fué de opinión de que esta acción estaba comprendida en el artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil que prescribe que

“Deberán sustanciarse en el distrito en que radique el objeto de la acción, o parte del mismo, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, a tenor de lo dispuesto en este código, los pleitos que se sigan por las causas siguientes:
“ ‘1. Para recobrar la posesión de bienes raíces o de una propie-dad o interés en la misma, o para determinar en cualquiera forma dicho derecho o interés, y por daños causados a propiedad inmueble.
“ 2 * * *
"'3. * * * *")

En la demanda se alegan daños causados a la finca por la compañía demandada, por ocupar la misma para uso de los peones y del ganado, impidiendo a dicha demandante el libre disfrute de la finca. Sin pasar a considerar la suficien-cia de las alegaciones de la demanda, de un examen de la referida demanda con ese fin, se verá que en ella se trata de obtener una indemnización por los daños causados a la finca. Ahora bien, aunque tal acción es por su naturaleza personal, como alega el apelante, pertenece a aquella clase’ de acciones personales para las cuales la Legislatura en su artículo 75 ha fijado un lugar determinado (situs).

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Vivas et al., Demandantes y Apelantes, v. Hernaiz, Targa & Co. et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en procedimiento sobre tercería de dominio.
    No. 1505.
    Resuelto en febrero 20, 1917.
    Asientos de Presentación en el Registro — Efectos Legales de una Escritura en Relación a los Mismos. — Guando del escrito de exposición del caso no aparece la fecha del asiento de presentación en el registro de una escritura de venta de una finca a los efectos de determinar si en la que se practicó un embargo sobre la misma como de la propiedad de persona distinta del comprador ya había sido presentada, falta base para discutir los efectos legales de dicha escritura con relación a su presentación.
    Costas y Desembolsos — Honorarios de Abogado — Culpabilidad de la Parte Condenada por la Sentencia.- — La culpabilidad a que se refiere el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado por ley apro-bada en 12 de marzo de 1908, significa la falta'de razón en el demandante para establecer y sostener su acción y en el demandado para sus defensas; doc-trina que es la misma consignada en la ley 8°., Título XXII, partida 3a.
    Tercería de Dominio — Costas y Desembolsos — Declaratoria en Tesorería a los Efectos de Contribución. — La declaratoria hecha en este caso por el demandado Roberto Yivas, en tesorería, de la propiedad de una finca para los efectos de la contribución, cuya finca es de igual cabida y radica en él mismo barrio que la que como suya reclama la demandante, sin que aparezca que sean distintas fincas, ni que la demandante haya hecho oposición alguna a aquella declaratoria, constituye razón derecha para que la otra demandada Hernaiz, Targa & Co. pudiera creer que la finca embargada era de la pro-piedad de Roberto Yivas y así influida se opusiera a la demanda de tercería, pudiendo contribuir a sostener tal creencia el hecho de haber estado dicho demandado en posesión de la finca de la demandante en concepto de arren-datario.
    Id. — Desistimiento de Contrademanda — Costas y Desembolsos — Honorarios de Abogado — Mala Ee — Causa Probable. — El hecho de que un demandado en el acto del juicio desista de una eontrademanda por no tener pruebas para sostenerla, no es razón bastante para que se le impongan las costas y hono-rarios que se causaron al demandante con motivo de ella, cuando no se ha demostrado que dicho demandado obrara de mala fe y sin causa probable, pues lo que debe tomarse en consideración para condenar en costas es la culpabilidad o temeridad de la parte vencida en el juicio y esa culpabilidad o temeridad ha de apreciarse por la totalidad del juicio y no por elementos parciales del mismo.
    Costas y Desembolsos — Discreción Judicial — Abuso de Discreción. — La Corte Suprema no intervendrá en el uso de las facultades discrecionales de la corte inferior a menos que se demuestre que ha cometido abuso de dicha discreción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr.,Eduardo P. Gibson.

    Ahogado de la apelada Hernaiz, Targa & Co.: Alvarez Nava y .Domínguez.

    El apelado Roberto Yivas no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso la demandante María Rafaela- Estela Yivas reclama como de su único y exclusivo dominio una finca rústica con cabida de 30% cuerdas radicada, en el barrio de Oroeovis del término municipal de Barros, cuya finca fué em-bargada en pleito seguido por la sociedad demandada Hernaiz Targa & Co. contra el otro demandado Roberto Yivas, en cobro de dinero.

Alega la demandante que está en posesión como dueña en pleno dominio de la finca embargada, la cual está inscrita a su favor en el registro de la propiedad de Caguas al folio 30 del tomo 20 de Barros, con el número 1188, inscripción Ia., sin que en ella tenga derecho, interés o participación alguna el demandado Roberto Vivas, y solicitó que tal dominio se declarara por sentencia condenando al demandado que se opusiera a la demanda al pago de todas las costas, desembol-sos y honorarios de su abogado.

Vivas contestó la demanda mostrando su conformidad con ella y la sociedad Hernaiz Targa & Co. negó los hechos esen-ciales de la misma, alegando que la finca de que se trata era y es de la exclusiva propiedad de Roberto Vivas.

Dicha sociedad formuló además contrademanda alegando en síntesis que el demandado Vivas después de embargada la finca, durante el año 1912, se puso, ele acuerdo con la deman-dante para defraudar los derechos.de su acreedora y permitió que por la demandante se tramitase un expediente de dominio de dicha finca en el que falsamente se hizo constar que había sido adquirida con peculio propio cuando lo cierto era que la finca siempre fué-y es de la propiedad de Roberto Vivas, habiéndose tramitado el expediente de dominio sin interven-ción del verdadero dueño y sido inscrito en el Registro de la Propiedad de Caguas al folio 30 del tomo 20 de Barros, finca 1188.

La contrademanda concluye con la súplica de que se declare nulo el expediente de dominio y nula la inscripción a que dió lugar, cancelándose la inscripción y verificándose ésta a nombre de Roberto Vivas, con costas, desembolsos y hono-rarios de abogado a la parte contraria.

La demandante María Rafaela Estela Vivas presentó mo-ción para que fuera eliminada del récord la contrademancla de Hernaiz Targa & Co., con el juramento, y la corte denegó dicha moción por orden de 12 de noviembre de 1913.

También opuso la demandante a la contrademanda como excepción previa la de que no aducía hechos suficientes para una buena causa de acción y tal excepción fué desestimada por orden de 6 de noviembre de 1915.

La demandante formuló luego contestación a la contra-demanda, negando los lieclios fundamentales de ella y alegan-do en contrario que adquirió la finca de que se trata por com-pra a Rodrigo Grodoy mediante escritura otorgada ante el notario de Coamo Don Manuel A. Rivera en 30 de octubre de 1907, cuya finca al comprarla fué segregada de otra mayor inscrita al folio 100 del tomo 5.° de Barros, finca 234, sin que tuviera necesidad de tramitar ningún expediente de dominio.

Al celebrarse el juicio en 4 de febrero de 1916 y al comen-zar éste la sociedad de Hernaiz Targa & Co. presentó moción a la corte en que solicitó permiso para desistir de la contra-demanda por carecer de pruebas para sostenerla, y la corte la tuvo por desistida a su perjuicio.

Aportadas pruebas por ambas partes, la corte pronunció sentencia en 7 de febrero de 1916, declarando con lugar la demanda sin especial condenación de costas, y de ese pronun-ciamiento relativo a costas interpuso la parte demandante re-curso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Para sostener dicho pronunciamiento estableció la corte inferior en su opinión haberse probado satisfactoriamente que si bien la demandante María Rafaela Estela Vivas adqui-rió la finca en cuestión por escritura pública No. 146 otorgada por don Rodrigo Grodoy y Moya a su favor y ante el notario Manuel A. Rivera en 30 de octubre de 1907, dicha finca se vino a inscribir en el registro de la propiedad el 30 de septiembre de 1912, es decir, después de embargada por Hernaiz Targa & Co., cuyo embargo se llevó a cabo en 25 de septiembre de 1912 a las dos de la tarde. Y que también aparece probado, según la certificación del Tesorero de Puerto Rico admitida en evidencia que en el año económico 1912 a 1913 Roberto Vivas declaró poseer en el mismo barrio de Oroeovis, de Ba-rros, P. R., una finca rústica de 30 cuerdas de terreno a los efectos del pago de contribuciones.

En mérito de esos hechos, dicha corte llegó a la conclusión de que la demandada Hernaiz Targa & Co., al instar el embargo ele la finca de que se trata, obró' de buena, fe y con causa probable toda vez que tuvo motivos fundados por la propia declaración del demandado Roberto Vivas,- para creer que la finca embargada era de él y no de otra persona.

Alega la parte apelante como motivos del recurso los si-guientes :

1.° Error de derecho al no imponer costas y honorarios de abogado por la contrademanda, habiéndose tenido por de-sistida de ella a Hernaiz Targa & Co. a su perjuicio.

2.° Error en la interpretación de la evidencia al declarar que Hernaiz Targa & Co. obraron de buena fe y con causa probable.

3.° Abuso de discreción de la corte al dictar la sentencia sin especial condenación de costas.

El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado por una ley aprobada en 12 de marzo de 1908 dispone entre otras cosas “que los honorarios y costas serán concedidos discrecionalmente por el juez que entienda en el pleito o procedimiento, teniendo en cuenta el grado de culpa-bilidad si la hubiere de la parte condenada por la senténcia. ’ ’ La parte condenada por la sentencia es la vencida en el juicio.

Al resolver el caso de Martínez v. Padilla, 19 D. P. R. 582, dijimos que la culpabilidad a que se refiere la ley significa la falta de razón en el demandante para establecer y sostener su acción y en el demandado para sus defensas. Esa doctrina es la misma consignada en la Ley 8.a, Título XXII, Partida 3.a-: “Los.que facen demandas o se defienden contra otri non habiendo derecha razón por que lo deban facer, non tan sola-mente debe el judgador dar por vencido en su juicio de la demanda al que lo ficiere, 'más aún lo debe condenar en las costas que fizo la otra parte por razón del pleito. Empero si el Juez entendiese quel vencido se moviera por alguna razón derecha para demandar o defender su pleito, non ha por que le mandar que peche las costas.”

Los Sres. Manresa y Reus, ilustrados comentaristas de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, se expresan en los siguientes términos sobre el particular:

"Con arreglo a la ley de Partida citada, el que demanda o se defiende sin derecha razón, debe declarársele vencido y condenarlo en las costas; es decir, que por regla general todo el que no prueba su acción o excepción, y por esta causa sucumbe en el pleito debe ser condenado en las costas causadas al vencedor, si aparece que ha litigado de mala fe o sin derecha razón; mas cuando esta mala fe no aparece, cuando no puede decirse que es un litigante temerario, puesto que el juez entendiese ‘quel vencido se moviera por alguna razón derecha, non ha por que le mandar que peche la costas.’ ”

El resultado de las pruebas practicadas en el juicio no demuestra que la Corte de Distrito de Ponce cometiera abuso de discreción dejando de condenar al demandado en las costas y honorarios del abogado de la demandante.

La apreciación de pruebas hecha por la corte inferior no ha sido impugnada por la parte apelante, pero ésta impugna la conclusión de que la sociedad Hernaiz Targa & Co. obrara de buena fe, con causa, probable o motivos fundados al instar el embargo, y al efecto alega que a la fecha del embargo ya la escritura de 30 de octubre de 1907 había sido presentada al registro para su inscripción y anotada en el diario, de lo cual pudo enterarse la sociedad demandada si hubiera querido sa-berlo; que la certificación del Tesorero relativa a haber de-clarado Boberto Yivas como de su propiedad una finca de 30 cuerdas en el barrio Orocovis de Barros a nada conduce, poí-no aparecer que esa finca fuera la misma de la propiedad de la demandante, y lejos de ello la misma demandante presentó como prueba un recibo número 120 expedido por el colector de Barros en 27 de noviembre de 1915, sobre una finca rústica de 30 cuerdas radicada en el barrio de Orocovis, de Barros, estando por consiguiente amillarada la finca de que se trata a nombre de la demandante; que el Marshal Francisco Ca-rreras que practicó el embargo declara haber hecho presente al Sr. Aguirre, apoderado de la casa Hernaiz Targa & Co., que la finca que trataba de embargar no era de la propiedad de Boberto Yivas sino de la demandante, y no obstante tal advertencia insistió en que practicara el embargo porque a ese fin había prestado una fianza, y que la misma demandante declara haber sabido por el propio abogado de Hernaiz Targa & Co., don Jorge Y. Domínguez, que se le había embargado la finca.

Del escrito de exposición del caso no aparece la fecha del asiento de presentación en el registro de la escritura de 30 de octubre de 1907, y por tanto nos falta base para discutir sus efectos legales con relación al punto que se debate.

La declaratoria hecha por Roberto Yivas en Tesorería, de la propiedad de una finca de 30 cuerdas en el barrio de Oro-eovis de la jurisdicción de Barros, para los efectos de la con-tribución de 1911 a 1912, cuya finca es de igual cabida y radica en el mismo barrio que la que como suya reclama la demandan-te, sin que aparezca que sean distintas fincas, ni que la deman-dante haya hecho oposición alguna a aquella declaratoria,, constituye razón derecha para que la sociedad Hernaiz Targa & Co. pudiera creer que la finca embargada era de la propiedad de Roberto Yivas, y así influida, se opusiera a la demanda de tercería, pudiendo contribuir a sostener tal creencia el hecho afirmado por Roberto Yivas en su declaración de haber estado-en posesión de la finca de la demandante, aunque en concepto-de arrendatario, de cuyo concepto no consta que tuviera cono-cimiento la sociedad demandada. El recibo expedido por el colector de Barros, que el apelante invoca como prueba para demostrar que la finca estaba amillarada a nombre de la de-mandante lleva fecha 27 de noviembre de 1915, cuando ya dicha finca había sido embargada, pues el embargo se practicó, en 25 de septiembre de 1912.

La advertencia hecha por el Márshal Carreras al apode-rado de Hernaiz Targa & Co. en el momento de practicarse el. embargo de la finca, sobre pertenecer ésta a la demandantey nó a Roberto Yivas, no es de mayor influencia en. pro de la contención de la apelante, dadas las demás circunstancias del caso que dejamos expuestas.

Hemos examinado la declaración de la -demandante y no-encontramos que ésta haya afirmado que el abogado de Her-naiz Targa & Go., clou Jorge V. Domínguez, le expresara que la finca embargada fuera realmente suya.

Y nada importa en favor del apelante que la sociedad de-mandada desistiera de la contrademanda. Tal desistimiento no es razón bastante para que se le impongan las costas y honorarios que se causaron al demandante con motivo de la contrademanda.

Lo que debe tomarse en consideración para condenar en costas es la culpabilidad o temeridad de la parte vencida en el juicio y esa culpabilidad o temeridad lia de apreciarse por la totalidad del juicio y no por elementos parciales del mismo.

Hemos resuelto frecuentemente que esta corte no inter-vendrá en el uso de las facultades discrecionales de las cortes inferiores a menos que se demuestre que se lia cometido abuso de discreción. Blanco v. Hernández et al, 18 D. P. R. 711. Cautiño et al v. Muñoz et al, 18 D. P. R. 881; Henna et al v. Saurí & Subirá, 22 D. P. R. 836. Ese abuso no se ha demostra-do en el presente caso.

Es de confirmarse la sentencia de la Corte de Distrito de Ponce en la parte que ha sido apelada.

Confirmada la .sentencia en la parte apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.