author: El Juez Asociado Señob Fbanoo Soto,

text:
    The Topeka Flour Mills Co., peticionaria, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Angel Acosta Quintero, Juez, demandado.
    No. 516.

    Visto: Mayo 24, 1926.

      Resuelto: Junio 24, 1926.
    Certiorari — Resoluciones y Ordenes de Tribunales Inferiores — Permiso para Radicar Demanda Enmendada — Concesión io Negativa. — Cuando existe una contestación. a Ja demanda, el conceder o negar permiso para radicar una demanda enmendada es cuestión discrecional en el tribunal en la que uo se puedo intervenir por certiorari.

    CeRtioRáRI para revisar Resolución de A. Acosta Quintero, J. (Ponce); negando permiso para radicar una demanda enmendada'.

      Desestimada la solicitud y anulado el auto expedido.

      Harry F. Besosa, abogado de la peticionaria; López de Tord & Za-pas Bizarro, abogados" de la interventora.
   El Juez Asociado Señob Fbanoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn recurso de certiorari para qne revisemos la resolución que dictó la corte inferior en abril 21, 1926, y cuya parte dispositiva es como signe:

“La Corte visto*el Art. 139 y 140 del Código de Enj. Civil, niega el permiso solicitado por la demandante para radicar una demanda enmendada, dado el tiempo transcurrido, la contestación radicada, y distintos señalamientos o vistas en juicio del presente pleito, sus-pendido a petición del demandante, y estado en que se encuentra este pleito listo para juicio, pues la Corte entiende que de acceder a dicha petición sería abusar de su discreción y perjudicar los de-rechos de la demandada, lo que no le es lícito y queda por tanto subsistente la fecha del 24 de Mayo próximo, para la vista en juicio del presente caso.”

La moción del demandante peticionario se fundó en el artículo 139 del Código de Enjuiciamiento Civil, qne en lo pertinente dice:

“Art. 139. — Cualquier alegación podrá enmendarse- una vez por la parte1 que la haya presentado sin costas, en cualquier tiempo antes de presentarse la contestación o excepciones previas, o después de éstas y antes de juzgarse la cuestión de derecho planteada por la alegación que ha de enmendarse, lo cual se hará .presentando la en-mendada y entregando copia de la misma a. la parte contraria, quien tendrá diez días contados desde la entrega para contestar o formu-lar excepción previa contra la aleg'ación enmendada.”

La lectura del texto en inglés es clara en sus términos. Su versión al español es' la que puede prestarse a cierta am-bigüedad en su interpretación. La edición en español de la Compilación de 1911, pág. 864, llama la atención sobre ese punto, pues refiriéndose a dicho artículo 139 (see. 5123) con-tiene la siguiente nota:

“El texto inglés dice: ‘or after demurrer and before the trial of the issue of law thereon,’ (o después de las excepciones y antes, de juzgarse la cuestión de derecho planteada por las mismas,).”

Y esta Corte Suprema en el. caso de Martínez v. Sucesión Arocena, 23 D.P.R. 371, define el verdadero sentido de dicho precepto, diciendo:

“Un examen descuidado de este artículo del código según está redactado en castellano, podría inducir a una parte a creer que te-nía derecho a enmendar por su propia moción después de formu-lada la contestación, debido a la referencia algo ambigua a la pa-labra éstas, que podría considerarse como aplicable tanto a las pa-labras contestación como a las excepciones previas. Sin embargo, gramaticalmente, la palabra éstas se refiere estrictamente a las ex-cepciones previas, y esa interpretación también sería la única natural y lógica. Una parte puede enmendar su demanda antes de la contestación o excepciones previas. También puede enmendar su demanda después de formuladas las excepciones previas, pero no. después de dictaña resolución sobre dichas excepciones. Hasta que la cuestión no haya quedado sometida a la corte el demandante tiene dominio sobre su alegación. Después que una cuestión de ley ha sido sometida a la corte, la enmienda debe hacerse con permiso de la corte, la que casi invariablemente se concede después de declarada con lugar una excepción previa. Pero cualquier duda que exista desaparece al examinar el texto inglés, el cual es como sigue:
“ ‘Any pleading may be amended once by the party of course, and without costs, at ciny time before answer or demurrer is 'filed, or after demurrer and, before the trial of the issue of law thereon, -by filing, etc.’ ”

Más luego, en el caso de Porto Rico Railway, Light and Power Co. v. Luis Campillo, 28 D.P.R. 987, se declara asi-mismo que una vez que el demandado lia contestado sólo puede enmendar su demanda con permiso de la corte.

El art. 139 corresponde, además, al 472 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, y en el caso de Tingley v. Times Mirror, 151 Cal. 1, la Corte Suprema de California, interpretando el mismo artículo, se expresa así:

"La verdadera construcción de esa sección es que el derecho'del demandante a enmendar su demanda como cuestión de derecho se extiende solamente hasta que el demandado radica su contestación, o si el demandado interpone una excepción previa, solamente mien-tras esté sin resolverse la cuestión de derecho así levantada. Si el demandado contesta sin excepcionar la demanda o si su excepción previa a la demanda es declarada sin lugar, el demandante pierde bajo esta sección el derecho de enmendar la demanda como cuestión de derecho.”

Parece claro que existiendo una contestación en este caso, la cuestión sometida no es una de procedimiento sino de discreción que fue resuelta por el juez inferior y en la que no podemos intervenir por certiorari. La jurispruden-cia es tan abundante ^.repetida en sentido de que por cer-tiorari sólo podemos revisar errores de procedimiento o cuestiones de jurisdicción, que no es necesario que sigamos considerando el asunto.

Por todo lo expuesto, debe desestimarse la petición- y anularse el auto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Julia Fornaris Roig, demandante y apelada, v. Francisco Font, demandado y apelado.
    No. 3763.

    Visto: Mayo 25, 1926.

      Resuelto: Junio 26, 1926.
    Letras y Pagarés (Bills and Notes) — Acciones—Del Peso de la Prueba — En-trega de Pagaré — Posesión por el Demandante. — Alegándose en una de-manda en cobro de un pagaré la expedición, entrega y falta de pago del mismo,' y negada por el demandado la entrega y falta de pagó y la exis-tencia de la deuda, incumbe al demandante probar que poseía el pagaré.
    SENTENCIA de B. Días Cinirón, J. (Ponce), declarando con lugar la demanda, con ■ costas.

      Leopoldo Tormes, abogado del apelante; Rafael V. Pérez Marchand, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

A instancia de la demandante la corte inferior dictó sen-tencia sobre las alegaciones en un pleito sobre un pagaré por la cantidad mencionada en la demanda.

El demandante alegaba la expedición, entrega y falta de pago de un pagaré suscrito ante un notario público y co-piaba el pagaré literalmente en el cuerpo de la demanda.

La contestación sin jurar admitió la expedición y auten-ticidad del pagaré. Artículo 119 del Código de Enjuicia-miento Civil; Chiqués v. Polo, 15 D.P.R. 274; Bennet v. Boschetti, 31 D.P.R. 855. Pero el demandado negaba la en-trega y falta de pago del pagaré y alegaba que no existía deuda alguna entre ellos.

• Habiendo sido trabada la contienda en esta forma, in-cumbía a la demandante por lo menos probar que poseía el pagaré. Por consiguiente fué erróneo dictar una sentencia sobre las alegaciones. Davanay v. Eggenhoff, 43 Cal. 395; Martin v. Porter, 84 Cal. 476, 479, 24 Pac. 109, Derby v. Jackman, 89 Cal. 1, 3, 26 Pac. 610.

La sentencia apelada debe ser revocada.


author: El Juez Asociado Seño®, AxdRey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gregorio Santiago Cruz, acusado y apelante.
    No. 2820.

    Visto: Junio 24, 1926.

      Resuelto: Junio 26, 1926.
    Derecho Penal — Apelación t Error t Certiorari — Cuestiones Relativas a las Pruebas — Apreciación de la Misma. — En el caso de autos se resolvió no hubo error alguno en la apreciación de la evidencia.
    Sentencia de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de portar armas.

      Confirmada.

      Leopoldo Tormes, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Seño®, AxdRey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué condenado por delito de portar un arma prohibida en virtud de una acusación que le imputó que te-nía sobre su persona un cuchillo de tres pulgadas de largo por una de ancho; y en la apelación que ha interpuesto contra la sentencia alega como motivo de su recurso que la acusación no es suficiente porque la portación de tal instru-mento no está prohibida por la ley: porque la corte inferior cometió grave error en la apreciación de la prueba y porque la sentencia es contraria a la prueba y al derecho.

Dice el apelante que el hecho expuesto en la acusación no es delictivo porque según el artículo 5Q de la Ley No. 14 de' 1924 enmendando la ley que prohíbe portar armas sus disposiciones no serán aplicables a la portación de corta-plumas o cuchillas plegadizas, cuyas hojas no excedan de tres pulgadas de largo, pero como en este caso no se acusó al apelante por portar cortaplumas o cuchilla plegadiza no es sostenible la alegación del apelante.

Con respecto al segundo motivo no creemos que haya error en la apreciación de la evidencia. Esta fué contra-dictoria, pues mientras los testigos de la acusación declara-ron que el acusado tenía un cuchillo o puñalito en una riña que tuvo con José Belén Santos, el acusado y un testigo suyo dijeron que no tenía dicha arma. Ese conflicto fué re-suelto por la corte inferior que oyó declarar los testigos y que está en mejores condiciones que nosotros para decidir a quién había de dar crédito, sin que el hecho de que los testigos del fiscal sean padre e hijo sea motivo bastante para no darles crédito.

Resueltos los anteriores motivos queda decidido el ter-cero y por tanto la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    Central Victoria, Inc., demandante y apelante, v. Gregorio Hernández y Hernández, Arturo, Gregorio, Isabel, Higinio Ramón, Armando Rafael, Gertrudis, y Luis Hernández Batista, demandados y apelados.
    No. 2868.

    Visto: Mayo 28, 1926.

      Resuelto: Junio 26, 1926.
    1. Injunction — Injunction para Recobrar la Posesión — Fundamentos del Remedio. — Un mero derecho de entrada y salida por un eamino no es fun-damento para una petición de acuerdo con la Ley No. 43 de 1913 (pág. 85) según íué enmendada en 1917 ([2] pág. 221).
    2. Injunction — Injunction para Recobrar la Posesión — Fundamentos del Remedio, — La Ley No. 43 de 1913, según quedó enmendada en 1917 ([2] pág. 221) da un remedio por cualquier intervención o amenaza de perturbar la posesión material.
    3. Injunction — Injunction para Recobrar la Posesión — Evidencia—En General. — Para- que a uno a quien se le ha privado de la qiosesión material se le restituya en ella, sólo se le requiere probar una posesión material anterior bajo alguna apariencia o color de derecho.
    4. Injunction — Injunction para Recobrar la Posesión — Derecho de Acción.— En acción (injunction) para recobrar la posesión, a falta de un derecho claro o de la posesión material, no puede prosperar la acción.
    Sentencia de M. Rodríguez Serva, J. (Segundo Distrito, San Jnan), denegando expedición del anto de injunction solicitado.

      Confir-mada.

      Coll y Cuchí c§ Cruzado Silva, abogados de la apelante; Benicio Sánchez Castaño y Leopoldo Feliú, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito se negó a expedir nn interdicto man-daíorio para recobrar la posesión de bienes inmuebles, ba-sada en los siguientes hechos declarados probados y por las razones expuestas a continuación:

“En el acto del juicio la demandante probó tener ocupadas, en una finca de los demandados, ciertas fajas de terreno que describe detalladamente la demanda, por las que hay tendidas una vía férrea, para transportar cañas, y un desvío para el cargadero. Se alega que para llegar al cargadero los carros transportando cañas, hay un camino, que se dice, también ocupado, y que éste ba sido obstruido por la colocación de una cerca o puerta de alambre, a su entrada, en el empalme con un camino vecinal. No se ha alegado o probado otro acto, fuera de ése, de perturbación del uso o disfrute de la vía férrea o de la posesión de las fajas donde está pendida. Esta pa-rece haber sido instalada a virtud de- un contrato celebrado el 19 de Junio de 1915, entre la Compañía Azucarera de la Carolina, (pre-decesora en derechos de la demandante, según ésta alega) y don Gregorio Hernández, uno de los demandados. La cláusula de dicho con-trato relativa a la vía, dice así:
■ “ ‘DÉCIMA sexta: Ha sido expresamente convenido que la Central instalará una vía en terrenos de mi finca de Trujillo Bajo, que entregará al Colono los wagones vacíos puestos en el mismo, y que los arrastres de los wagones llenos hasta la Central, serán también hechos por cuenta de la misma, y que la vía será instalada antes del mes de enero 1916.’
‘ ‘ El contrato fué de - compraventa y entrega de cañas, y según su cláusula XII duraría tres años, a contar del 1° de Julio del año 1917; aparentemente ha terminado.
“Existe una acción pendiente ante esta Corte, iniciada por los demandados contra la demandante el de Junio de 1925, seis días antes de haberse radicado la demanda enmendada en el presente caso, y su aparente propósito es liberar la misma finca de la servidumbre que la compañía demandante tiene establecida con la vía férrea de que ahora se trata.
“Para que la presente acción prosperase sería preciso que se hu-biese demostrado satisfactoriamente la posesión material de las fajas o parcelas descritas en la demanda. Se demostró en el acto del jui-cio la existencia de la vía, del desvío y cargadero, y del camino; y se probó que éste ha sido cerrado por una cerca puesta por orden de D. Gregorio Hernández, uno de los demandados. Pero no se de-mostró una posesión material continua, tal como la que intenta pro-teger la ley especial que provee el remedio especial de injunction, ahora invocado. Si se tratase de una acción ordinaria para, confirmar una servidumbre probablemente esta Corte concedería, en asegura-miento de la efectividad de la sentencia, alguna medida protectora de los aparentes derechos que se alegara haber sido vulnerados. Pero la posesión de un camino, en la finca de los demandados, que éstos pueden usar libremente como dueños, con- igual frecuencia, por lo menos, que los demandantes, no es la posesión o tenencia real, ex-clusiva de la demandante y por tanto incompatible con la de otros; sería, a lo sumo un derecho de paso por ese camino hacia el cargadero de las cañas que por la vía férrea deben transportarse; derecho de paso no demostrado, ni en su origen, pues no resulta del contrato de compraventa de cañas, ya extinguido, ni sus condiciones o régimen; no habiéndose tampoco aducido prueba alguna relativa a la necesidad indispensable del camino para los fines o propósitos de la vía férrea.
“Por tales razones no procede espedir el auto de injunction que se solicita.”

El señalamiento de errores especifica que—

“I. La Corte de Distrito cometió, error manifiesto al resolver que no se demostró satisfactoriamente la posesión material de las parcelas de terreno descritas en la demanda.
“II. La Corte de Distrito cometió error manifiesto al resolver que el derecho de paso no quedó demostrado por la demandante-apelante.
“III. La Corte de Distrito cometió error manifiesto al no decla-rar probado que la demandante-apelante había sido privada ilegal-mente de la posesión.
“IV. La Corte de Distrito cometió error manifiesto abusando de su discreción, al apreciar la prueba y dictar una sentencia no de acuerdo con la misma.
“Y. La Corte de Distrito cometió error manifiesto al aplicar la Ley Núm. 43 de 1913 que provee- el procedimiento para recobrar la posesión de propiedad inmueble, según quedó enmendada por la Ley Núm. 11 de 1917.”

El juez sentenciador aparentemente admite que la demandante está en posesión de la vía férrea portátil tendida sobre el terreno en cuestión por el supuesto predecesor en derechos de la demandante. Hubo alguna prueba tendente a demostrar que la demandante hizo un deslinde de la faja de terreno ocupada por tal vía férrea o ramal, así como ciertas reparaciones en tal vía y que además colocó nuevas traviesas a lo largo de la línea. No hubo nada que demostrara haber habido intervención alguna por parte de los demandados con la posesión material por la demandante de la vía o ramal.

No se presentó prueba alguna en apoyo de la alegación de la demandante sobre su posesión material del camino ce-rrado por los demandados. Tampoco se ha demostrado sa-tisfactoriamente que la demandante usara siquiera el citado camino o que fuera dueña o controlara la vía férrea portá-til usada para facilitar el transporte de caña por tal ca-mino, si alguna había. La prueba en conjunto, aunque floja y vaga, sugiere más bien el uso y disfrute de este camino basta el día en que fué cerrado, por otros colonos y cultiva-dores de caña en aquella comarca para el trasporte de caña en carretas o vagones por el terreno de los demandados.

Por consiguiente, la segunda alegación de la apelante tiene poco o casi ningún fundamento en que basarse. De todos modos, la apelante no cita autoridad alguna en apoyo de la proposición de que un mero derecho de entrada y sa-lida puede ser la base de una petición de remedio de acuerdo con la ley de 1913, según fué enmendada en 1917.

La ley últimamente mencionada da un remedio por* cualquier intervención o amenaza de perturbar la posesión material. Tal posesión, con ciertas limitaciones y excepciones que es innecesario enumerar, es suficiente.

Un individuo que tenga un derecho legal claro a una servidumbre de paso continua por los terrenos de otra persona no necesita valerse de interdicto reivindicatorío {restorative) del Derecho Romano. A un demandante que se le ha privado de la posesión material no se le requiere, a fin de obtener la consiguiente reivindicación {restoration), que pruebe su título legal a la propiedad en cuestión. Una posesión material anterior bajo alguna apariencia o color de derecho es suficiente.

En el primer caso un derecho claro en ley o en equidad es un requisito previo indispensable para obtener el remedio. En el segundo, a falta de un derecho claro o de la posesión material, no puede prosperar la acción.

El alegato de la apelante contiene una interesante y com-prensiva exposición del origen, historia y desarrollo del con-cepto legal que encierra el término posesión y de la ley que rige los derechos de posesión; pero el radio de nuestra dis-cusión debe limitarse por ahora al campo abarcado por los hechos que los autos revelan.

Vistas a la luz de tales hechos la tercera, cuarta y quinta de las cuestiones mencionadas en el señalamiento, en tanto en cuanto no lian sido ya resueltas no merecen ulterior con-sideración.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Ramón Caballero et al., recurrente, v. El Registrador de Caguas, recurrido.
    No. 635.

    Sometido: Abril 6, 1926.

      Resuelto: Junio 26, 1926.
    1. Menores — Bienes y Traspasos (Conveyances) — -Autorización Judicial Sobre Derechos y Bienes de Menores — Requisitos Estatutorios — Cumplimiento Substancial de los Mismos. — La ley, en lo que se refiere a la autorización judicial del tutor para enajenar bienes de menores, o ejecutar contratos o aetos sujetos a inscripción, no exige una multiplicidad de procedimientos; el cumplimiento substancial do los requisitos estatutorios es suficiente.
    2. Registradores de la Propiedad — Facultades—Cuestiones Resueltas por los Tribunales — Revisión de las Cuestiones de Hecho o de Derecho Resuel-tas. — Un registrador de la propiedad no tiene poder para revisar las' cues-tiones de hecho o de derecho resueltas por las cortes do distrito.
    3. Partición — Por Acto de las Partes — Partición de Herencia — Existencia de Herederos Menores de Edad o Incapaces por Otra Causa — Aprobación Judicial — Requisito Previo Jurisdiccional. — Sometida a la aprobación judicial partición en la que se hace constar 3a autorización concedida a- un defensor judicial para otorgar la cancelación de una hipoteca, el especificar la edad del o los menores mencionados en la partición es un requisito previo jurisdiccional.
    Nota de L. Márquez, R. (Caguas), denegando inscripción, en parte, de escritura de cancelación y pago de hipoteca.

      Confirmada.

      JRafael Arce, abogado del recurrente; el registrador compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Una escritura de cancelación y pago de nna hipoteca fué inscrita en parte, negándose el registrador a inscribirla to-talmente, por las siguientes razones:

“Cancelada parcialmente la hipoteca a que se refiere el prece-dente documento, con vista de otros, en cuanto a las siguientes can-tidades: A los doscientos dólares adjudicados e inscritos a favor de Ramón Caballero Delgado; a los mil ciento cincuenta dólares que por gananciales en el resto de dos mil trescientos dólares de dicho crédito corresponde al viudo don Ramón Caballero y Delgado; a los doscientos treinta dólares, o sea nna quinta de la mitad de dicho resto del crédito correspondiente a Sara Isabel Caballero 'Santiago; a los doscientos treinta dólares, o sea otra quinta de la mitad de dicho resto del crédito correspondiente a Francisco Caballero Santiago ó sea en junto por la suma de mil ochocientos diez dólares; y de-niego la cancelación por lo que respecta a los doscientos treinta dó-lares, o sea una quinta de la mitad de dicho resto del crédito corres-pondiente a cada uno de los menores, Emilia, Ramón y Eduvina Francisca Caballero Santiago, cuyas participaciones en junto suman seiscientos noventa dólares, por observarse que la autorización conce-dida al viudo don Ramón Caballero Delgado para cancelar la parte del crédito que se dice recibido en vida de doña Isabel Santiago no es suficiente en cuanto a la participación de doscientos treinta dóla-res que correspondería a cada uno de los herederos menores de edad, Emilia, Ramón y Eduvina Francisca Caballero Santiago, por no te-ner un defensor judicial autoridad para autorizar en nombre de sus defendidos dicha cancelación; y aunque al someterse a la aprobación de la Corte de Distrito de Humaeao la escritura particional de bie-nes para su aprobación se hizo constar el hecho de la autorización concedida por los' otorgantes a don Ramón Caballero para otorgar esta cancelación, y al ser aprobada por dicha Corte la referida es-critura fué aprobada también la referida autorización, no la consi-deramos suficiente en cuanto a la participación que corresponde a los menores, pues, las enajenaciones de bienes de menores, y una cancelación de hipoteca, está considerada como una enajenación, se rige por el procedimiento prescrito en el artículo 80 de la Ley sobre procedimientos legales especiales, sección 1619 de los Estatutos Re-visados del 1911, que es una ley especial que establece el procedi-miento que debe seguirse para enajenación de bienes de menores y cuyo.procedimiento no se ha seguido y en el que se determina entre otras prescripciones que los menores de catorce años en adelante de-ben comparecer y ser oídos por la Corte, y como de los documentos presentados no consta la edad de dichos menores, no sabemos si te-nían o nó derecho a ser oídos y prestar su conformidad para tal can-celación en cuanto a sus participaciones se refiere; tomándose en su lugar anotación preventiva en cuanto a la parte denegada- por 120 días a favor del deudor Blas Rivera de quien se dice se recibió el total importe del crédito.”

Estamos muy de acuerdo con los recurrentes en que la ley no exige raía multiplicidad de procedimientos en asun-tos de esta clase. El cumplimiento substancial de los requi-sitos estatutorios es suficiente.

En el presente caso el tutor ad litem había sido nom-brado previamente por la corte al exponérsele en detalle los hechos y circunstancias que hacían necesario tal nom-bramiento y con el fin específico de representar los menores en la propuesta partición de los bienes dejados por su fi-nada madre. La orden aprobando la partición que se hizo, demuestra claramente que se presentó anteriormente un es-crito que a no ser por la omisión que se menciona más adelante hubiese podido considerarse como la petición exi-gida por la ley de- procedimientos legales especiales. De-muestra también que se había solicitado la intervención del fiscal y que después de un detenido examen del documento y una participación activa en la vista, durante la cual se presentó tanto prueba testifical como documental, el fiscal hizo un informe concreto y favorable.

Esto demuestra que el mismo juez prestó a este asunto cuidadosa atención, que en la petición se le llamó la aten-ción específicamente al poder conferido al cónyuge supérs-tite por la escritura de partición, en relación con la pro-puesta cancelación y pago de la hipoteca, y que el poder así conferido fué ratificado expresamente y aprobado por la corte. Bajo estas circunstancias es lamentable que ni la petición para el nombramiento de un tutor ad litem ni nin-guna otra alegación hayan mencionado la edad de los me-nores en cuestión.

También convenimos con los recurrentes que el registrador no tiene poder para revisar cuestiones de hecho o. de derecho resueltas por la corte de distrito. Ni tampoco dudamos de la validez y efecto de la partición hecha. Para los fines de esta opinión, puede además admitirse que habiendo sido dado al cónyuge supérstite el saldo de la hipoteca, los herederos de la esposa finada no recibieron nada de valor en la partición.

Si los pagos parciales hechos antes de la muerte de la esposa, junto con la adjudicación al marido del saldo en descubierto, operaron a nó para despojar a los herederos del título legal a la mitad proindivisa de tal hipoteca, que les correspondió inmediatamente que murió la esposa, es asunto que no es necesario discutir ahora. Ni la escritura de partición ni la aprobación del juez de distrito están ba-sada.? en tal teoría.

El documento se presentó en el registro de la propiedad como un poder otorgado por los herederos de la finada esposa, en el cual los menores estaban representados por un tutor ad litem, autorizando la cancelación de la hipoteca. El esposo supórstite al tratar de hacer tal cancelación actuó no solamente a nombre propio sino también como agente y apoderado de tales herederos, incluyendo los mencionados menores. La única cuestión ante nosotros es, por consiguiente, la suficiencia de la autorización dúdale a Caballero. Que la cancelación de una hipoteca envuelve la enajenación de un derecho sobre bienes inmuebles es una cuestión que ha sido resuelta en esta jurisdicción; En el caso de Crehore v. El Registrador de la Propiedad, 22 D.P.R. 32, se discutió y resolvió una cuestión muy similar a la que tenemos a la vista.

El artículo 282 del Código Civil dispone que el tutor debe estar autorizado por la correspondiente corte de dis-trito para enajenar bienes inmuebles pertenecientes a los menores que representa o para hacer contratos o actos su-jetos a inscripción en el registro de la propiedad.

La sección 80, Capítulo I, Título Y, de la Ley de Proce-dimientos Legales Especiales, Estatutos Revisados, Compi-lación de 1911 (sección 1619) dice en parte como sigue:

“En todos los casos en que según el Código Civil necesitan los padres o el tutor de un menor o incapaz autorización judicial para actos o contratos que se refieren a la guarda de dicho menor o inca-paz y de sus bienes, deberá presentarse la oportuna solicitud a la competente corte de distrito, haciendo constar en aquélla bajo ju-ramento los particulares enumerados a continuación:
¡í * a * * * *
“2. — El nombre, edad, domicilio y estado del menor o incapaz, y los nombres y residencias de sus más próximos parientes basta el cuarto grado civil por consanguinidad o segundo por afinidad.”

El artículo 81 de la misma ley, entre otras cosas, dice:

“Si el menor pasare de la edad de catorce años, y no residiese fuera de la isla, deberá en cualquier caso comparecer ante la corte y contestar al interrogatorio que se le hiciere, en el acto de las pruebas. ’ ’

Interpretando conjuntamente los dos artículos menciona-dos últimamente, nos vemos obligados a resolver que el es-pecificar la edad del menor o de los menores mencionados en una partición es un requisito previo jurisdiccional.

La nota recurrida deHe ser confirmada.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Alfredo Campos, peticionario, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. Roberto H. Todd, Jr., Juez, demandado.
    No. 517.

    Visto: Mayo 24, 1926.

      Resuelto: Junio 26, 1926.
    1. Nuevo Juicio — Procedimientos para Conseguir un Nuevo Juicio — Presen-tación del Transcript de la Evidencia a los Efectos de la Solicitud- - Término para Presentarla — Prórrogas.—Aunque hayan quedado sin pro-veer ciertas peticiones de prórroga, la corte puede coneeder prórrogas poste-riores cuando todas se han archivado en tiempo.
    2. Certiorari — Naturaleza-v Fundamentos — Falta de Jurisdicción en el Tribunal para Actuar — En General. — Sosteniéndose, como fundamento de un certiorari, el que una corte está actuando sin jurisdicción al conceder cier-tas prórrogas, no demostrándose la falta de jurisdicción de la corte para actuar, el auto expedido debe ser anulado.
    CertioraRI para revisar actuación de B. H. Todd, Jr., J. (Ponce), al conceder prórroga para la presentación de la transcripción de la evidencia a los efectos de una solicitud de nuevo juicio.

      Anu-lado el auto expedido.

      Leopoldo Tormes, abogado del peticionario; Tous Soto & Peres . Marchand comparecieron especialmente en nombre- del recurrido.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se sostiene por el peticionario que la Corte de Distrito de Pouce está actuando sin jurisdicción al conceder prórro-gas para la presentación de la transcripción de la eviden-cia a los efectos de la solicitud de un nuevo juicio.

De los autos aparece que la corte dictó sentencia declarando la demanda con lugar el 30 de julio de 1925; que en 10 de agosto siguiente se presentó una solicitud de nuevo juicio; que el 17 del propio mes de agosto la demandada solicitó un término de 10 días para preparar y someter a la aprobación de la corte la exposición del caso base de su solicitud; que nada resolvió la corte, presidida entonces por R. Díaz: Cintrón; que el 29 de agosto la demandada apeló de la sentencia para ante el tribunal supremo consignando en su escrito que lo bacía sin perjuicio de la moción de nuevo juicio radicada ya y pendiente de resolución; que el propio día 29 la demandada solicitó de la corte que ordenara al taquígrafo que preparara la transcripción de la evidencia “que en sustitución del pliego de excepciones y ex-posición del caso ba de usarse en la apelación interpuesta” y la corte así lo ordenó el 5 de septiembre siguiente, firmando la orden el juez R. Díaz Cintrón; que figura después un escrito de agosto 26, 1925, pidiendo veinte días más para preparar la exposición del caso a los efectos de la moción de nuevo juicio, moción que tampoco fué resuelta por la corte; que en septiembre 19, 1925, se archivó otro escrito en el cual se dice “que no siendo suficiente la prórroga de veinte días que concedió la corte para radicar la exposición del caso, a los efectos de la moción de nuevo juicio,” solicita una nueva prórroga de veinte días, a cuyo escrito recayó la siguiente resolución, firmada por el nuevo juez de la corte R. H. Todd, Jr.; — “concedida la nueva prórroga solicitada.”

Luego siguen seis escritos más de prórroga para prepa-rar la exposición del caso basados en que la transcripción de la evidencia babía sido ya radicada por el taquígrafo pero no certificada por el juez, todos resueltos favorable-mente por la corte. El 15 de febrero de 1926, el juez Todd se declaró sin jurisdicción para aprobar la “transcripción de la evidencia” qne le fné sometida por no haber interve-nido en el juicio. El 8 de marzo a petición de la apelante concedió la corte treinta días para preparar y radicar la “exposición del caso a los fines del nnevo juicio.”

Sigue una moción de señalamiento de vista, dirigida a R. Díaz Cintrón, a los efectos de aprobar “la transcripción de la evidencia preparada por el taquígrafo de este tribunal en este pleito que habrá de servir de base para la ape lación interpuesta ante la Corte Suprema de Puerto Rico.” Al día siguiente el demandante pidió que la anterior moción fuera incluida en el calendario para ser discutida y el 23 del propio mes de marzo archivó una oposición a que se concediera el nuevo juicio solicitado uno de cuyos funda-mentos fué el de que no existían términos hábiles para apro-bar la transcripción en la que la solicitud de nuevo juicio intentaba basarse. El propio día 23 la corte se negó a con-siderar la cuestión suscitada porque no había sido aprobada aún la transcripción y el 30 denegó la solicitud del apelado. Lo último que aparece en los autos originales es una soli-citud de prórroga de treinta días, fechada el 17 de abril, 1926, para preparar la exposición del caso a los fines del nuevo juicio.

La cuestión a decidir es si habiendo quedado sin proveer las solicitudes de prórroga de agosto 17, 1925 y agosto 26, 1925, pudo el juez Todd conceder la serie de prórrogas que comienzan en septiembre 24 a que hemos hecho referencia.

La regla de que no puede prorrogarse un término ven-cido está universalmente reconocida y ha sido aplicada en muchas ocasiones por esta Corte Suprema.- Ultimamente en el caso de Durán Gallardo v. Coll, 35 D.P.R. 113, 114, se dijo:

“Interpuesta la apelación en este caso la corte inferior ordenó al taquígrafo el 18 de diciembre de 1923 que preparara la transcrip-ción de la evidencia para la apelación dentro del término de veinte días, que vencieron el siete de enero siguiente. Siete días después de vencido ese término el taquígrafo solicitó el 14 de enero, 1923, que le fuera prorrogado el término anterior y la corte le concedió al siguiente día una prórroga de treinta días que vencieron el 15 de febrero. El 3 de abril de 1924 el taquígrafo solicitó nueva prórroga de noventa días; sin que baya constancia de que le fuera concedida por la corte. El 14 de junio siguiente el taquígrafo presentó la transcripción de la evidencia. El apelado pidió a la corte inferior que fuera eliminada esa transcripción por estar radicada fuera del término de ley pero esa petición no fué resuelta y la transcripción fué aprobada por dicha corte el 23 de junio de 1925.-
“Fundado el apelado en esos hechos nos pide que eliminemos de los autos de apelación la transcripción porque la corte de distrito actuó fuera de su jurisdicción al aprobarla.
“(1-2) Tiene razón el apelado pues habiendo vencido el siete de enero de 1923 el término de veinte días que fué concedido al taquí-grafo para preparar y presentar la transcripción de la evidencia sin que durante él se solicitara prórroga, carecía la corte de distrito de jurisdicción para prorrogar el 15 de enero un término que ya había expirado, según hemos resuelto en el caso de Claudio y. Ortiz y otros en él citados. 29 D.P.R. 443. La prórroga solicitada el 3 de abril de 1924 por el taquígrafo no consta que fuera concedida por la corte, y aunque lo hubiera sido sería tan nula como la anterior por igual motivo.”

La diferencia que encontramos entre éste y el caso ci-tado de Durán Gallardo v. Coll es que aquí si bien no se proveyeron los escritos de prórroga es lo cierto que fueron archivados en tiempo y pueden considerarse implícitamente resueltos por la actitud asumida posteriormente por la corte o puede estimarse que están pendientes aún de resolución. Es sabido que se cumple con la regla cuando la solicitud de prórroga se hace antes de vencido el término aunque la resolución de la corte recaiga después retrotrayéndose en tal caso sus efectos a la fecha del vencimiento.

Siendo ello así, no habiéndose demostrado la falta de ju-risdicción de la corte de distrito para achtar, el auto de certiorari expedido debe ser anulado.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Víctor Coll Cuchí, peticionario y apelante, v. Roberto H. Todd, en su carácter de Alcalde de San Juan, P. R., demandado y apelado.
    No. 3857.

    Visto: Abril 27, 1926.

      Resuelto: Junio 26, 1926.
    1. Certiorari — Naturaleza y Fundamentos — Procedimientos de Funcionarios Públicos — Destitución o Remoción de Empleados — Empleados Munici-pales. — Atendida la sección 65 inciso (a) de la Ley Municipal (Leyes de 1924 pág. 106) el tribunal se indina a creer que un certiorari a que se refiero dielio artículo no es el modo de revisar el acto de un alcalde al des-tituir un empleado municipal.
    2. Corporaciones Municipales — Funcionarios, Agentes y Empleados — Agen-tes y Empleados — Su Destitución — Revisión de los Procedimientos — Al-cance y Extensión en General. — Destituido un empleado municipal, el Je^-ber del tribunal, en procedimiento de certiorari, es a lo sumo, revisar eR procedimiento sobre destitución para ver si hay algo que justifique la. aceión-del funcionario que destituyó, esto os, ver si hay absoluta falta do prueba*, que justifique la destitución.
    3. Corporaciones Municipales — Funcionarios, Agentes y Empleados — Agen-tes y Empleados — Su Destitución — Procedimiento para Destituir — En General.- — Un funcionario con poder para destituir no está sujeto a las su-tilezas que gobiernan a una corte, y está, menos que ésta limitado por una contradicción entre los cargos y la prueba.
    4. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no EstAn en Récord— Cuestiones que Deben Aparecí» del Récord — -Sentencia Apelada — Omi-sión dic Incluirla y Efecto. — Solicitada la desestimación de una apelación por no haberse incluido la sentencia en los autos del caso, si éste defecto se, subsana antes de la vista, no ha lugar a desestimar.
    5. Certiorari — Procedimientos y Resolución — Apelación de Sentencia en Procedimiento de Certiorari — Sentencia Sujeta a Revisión — Sentencia en Certiorari Autorizado por la Ley Municipal. — Los artículos 292 y 50 del Código de Enjuiciamiento Civil autorizan apelación contra las sentencias-dictadas por las cortes de distrito en -los casos de certiorari presentados de acuerdo con la sección 65 de la Ley Municipal.
    Sentencia de Charles F. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), anulando el auto de certiorari expedido, y desestimando la peti-ción, con costas.

      Confirmada.

      Coll y Cuchí (& Cruzado Silva, abogados del peticionario apelante, quien compareció personalmente a la vista en apelación; Leopoldo Feliú, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn procedimiento de certiorari que se supone-haber sido presentado de acuerdo con la Ley Municipal y en esencia el peticionario apelante se queja de que fué des-tituído de su. empleo sin justa causa. El alcalde de San Juan, que es el demandado, cumplió el auto expedido (made a return) y solamente con la petición y documentos envia-dos la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia a favor del demandado.

Estamos algo inclinados a convenir con el apelado que un certiorari de acuerdo con la Ley Municipal no es el modo de revisar el acto de un alcalde al destituir un empleado municipal. La sección pertinente es como sigue:

“Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a instancia de parte perjudicada: (a) Para anular o revisar cualquier acto legislativo o administrativo de la asamblea municipal, del alcalde o de los demás funcionarios municipales que lesione derechos constitucionales de los querellantes o sea contrario a la Ley Orgánica o a las leyes de Puerto Rico, mediante certiorariLeyes de Puerto Rico, 1924, p. 106, sección 65.

Los autos del caso no demuestran que se violó ningún derecho constitucional del peticionario o que se hizo algo contrario al Acta Orgánica o a las leyes de Puerto Rico. No entendemos que el destituir un funcionario, aún sin justa causa, cae dentro de estas disposiciones.

Suponiendo, sin embargo, que el certiorari sea el remedio adecuado, ¿cuál es el deber de la corte? A lo sumo revisar el procedimiento para ver si hay algo que justifique la acción del funcionario que destituyó al peticionario. Normalmente el funcionario con poder para destituir es el Único juez de la prueba y el deber de "la corte es ver si. hayuna absoluta falta de prueba que justifique la destitución o algo similar. Castro v. Quiñones, 34 D.P.R. 199, 202. 5 R.C.L. 263-4. Suponiendo siempre que el funcionario destituido haya sido debidamente notificado y haya sido oído, de lo. cual no hay cuestión en esta apelación.

Ni está un funcionario con poder para destituir sujeto a alguna de las sutilezas que gobiernan a una corte de justicia. Estaría menos que una corte limitado por una.’ cbntradicción entre los cargos y la prueba.

Por ejemplo, en este caso se imputa al apelante haber dispuesto por medio de un cambio de nn automóvil perte-neciente al municipio. Según entendemos, la defensa técni-camente trató de probar que el título de propiedad perte-neció siempre al municipio. No obstante, el municipio per-dió temporalmente la posesión material del automóvil y es-tuvo sujeto a un pleito y a una posible oposición por la persona a quien se había entregado el automóvil. Además, se-gún la prueba, el alcalde tenía derecho a creer que el peti-cionario había hecho cuanto le fué posible por salir del au-tomóvil y el alcalde no estaba obligado a creer las manifes-taciones tendentes a demostrar que el municipio no se des-prendió del título del automóvil. Cuando un alto funciona-rio se propone vender o permutar una propiedad mueble, una corporación frecuentemente está impedida de negar los actos de su agente. La narración, sin embargo, es bastante clara. Se imputaba al peticionario haber transferido la pro-piedad del automóvil, lo que en realidad sucedió. La alega-ción de que fué transferido sujeto a la aprobación de la asamblea municipal, de ser creída siguió siendo un traspaso condicional no autorizado.

Igualmente no hubo autorización para la compra de las dos neveras. El alcalde había enviado una circular prohi-biendo la compra de materiales sin llenar ciertos requisitos y la prueba tendió a demostrar que no se habían llenado estos requisitos. De igual manera el peticionario alegó que entonces esta propiedad no había sido adquirida legalmente.

Si estos cargos eran dudosos técnicamente, habían otros en los cuales estaba envuelto menos dinero pero que viola-ban literalmente los reglamentos, a saber, el haber admitido a una persona en el hospital sin haber hecho el depósito re-querido ; el haber permitido el cadáver de un finado ocu-par un-nicho sin haber pagado por anticipado y el haber ad-mitido a otra persona al hospital también sin pagar antici-padamente.

El apelado solicitó una desestimación alegando que la sentencia no Rabia sido incluida en los autos del caso. Este defecto fué subsanado antes de la vista.

De igual modo se solicitó una desestimación fundándose en que la Ley Municipal no concede apelación alguna. Tal apelación está autorizada por los artículos 292 y 50 del Código de Enjuiciamiento Civil. El primero concede el derecho de apelación en cualquier acción. Según el artículo 50 la palabra acción apareja un procedimiento especial de naturaleza civil.

Tenemos alguna duda respecto a si el return ha sido re-mitido a esta corte debidamente certificado, pero como ‘el apelado no levanta este punto nosotros no lo consideraremos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: Ei, Juez Asociado SeñoR Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jacinto Clemente, acusado y apelante.
    No. 2720.

    Visto: Junio 15, 1926.

      Resuelto: Junio 26, 1926.
    1. Deeecího Penal — Juicio—Procedimientos Preliminares — Juicio por Sepa-rado de Personas Acusadas de un Delito — Facultad para Juegas Sepa-radamente a Coacusados. — De acuerdo con el artículo 238 del Código de Enjuiciamiento Criminal, una corte de distrito tiene discreción para juzgar separadamente a personas acusadas do un delito, y más aún cuando el acu-sado, en la primera vista 'del caso solicitó juieio por separado, y al devol-verse el caso en apelación para nuevo juieio no presentó una petición o demostración en contrario.
    2. Derecho Penal — Fecha del Juicio v Suspensión — Suspensión a Solicitud del Acusado — Suspensión Hasta Tanto un Testigo del Acusado sea Juz-gado de un Delito. — Una corte de distrito no viene obligada a suspender la vista de un juicio hasta tanto un testigo del acusado, también acusado de otro delito, sea juzgado.
    3. Derecho Penal— Juicio — • Objeciones a las Instrucciones o Negativa a ' Instruir, y Excepciones — Falta de Objeción o Excepción y Efecto.— Atacadas las instrucciones al jurado, si el apelante ni especifica ni discute en su alegato el supuesto error cometido y no aparece que se objetaran o exeepeionaran durante el juieio, la corte de apelación no está obligada a comparar la prueba con las instrucciones en busca de errores.
    4. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Presuncio-nes en Apelación — Sentencia Apelada — Presunción de Ser Correcta.— La sentencia de una corte se presume correcta hasta tanto se prueba lo contrario.
    5. Derecho Penal — Juicio—Necesidad, Requisitos y Suficiencia de las Ins-trucciones — Instrucciones Sobre Circunstancias Atenuantes del De-lito — Negativa de la Ookte a Dakla. — Cuando un apelante no discute las circunstancias atenuantes do su caso, ni eonvenee al tribunal de apelación que la corte inferior está obligada a instruir al jurado de su derecho a poder traer un veredicto por asesinato en primer grado con atenuantes, la negativa de la corte a dar tal instrucción no puede decirse constituya error alguno.
    Sentencia de M. Rodrigues: 8erra, J. (Segundo Distrito, San Juan), condenando al acusado a la pena capital por delito de asesinato en primer grado.

      Confirmada.

      José de Jesús Tizol, abog’ado del apelante: José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   Ei, Juez Asociado SeñoR Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El sexto señalamiento, o sea que .la pena capital no existe en Puerto Rico, ña sido resuelto por la opinión y sentencia de esta corte en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Arrocho, No. 2615 (34 D.P.R. 847).

En el primer señalamiento se alega que la corte erró al ordenar que se celebraran juicios separados para los acusados Clemente y Arrocho, acusados conjuntamente del delito de asesinato en primer grado. El artículo 238 del Código de Enjuiciamiento Criminal da a la corte discreción para juzgar separadamente a personas acusadas de un delito. No se alega ni se demuestra que la corte ha abusado de su discreción. Además en este caso el acusado Clemente originalmente solicitó un juicio por separado en la primera vista del caso y cuando se devuelve un caso para nuevo juicio, la corte tiene derecho a juzgar a los acusados separadamente, a no ser que por el acusado se presente una fuerte petición y demostración en contrario.

En el segundo señalamiento se alega que la corte cometió error al no suspender el juicio. En su moción a ese efecto la teoría del acusado era que el' juicio debía sus penderse hasta que un testigo acusado de un delito fuese juzgado. En esa forma se podrían suspender los juicios indefinidamente, y en ausencia de autoridad que favorezca esa teoría, este señalamiento no merece ser discutido más ampliamente.

El tercer señalamiento ataca las instrucciones al jurado. El apelante, sin embargo, no especifica en su alegato el error que se supone haberse cometido, ni discute este punto. Tampoco aparece que se presentó objeción o se tomó excepción alguna durante el juicio, ni siquiera en términos generales. En tal caso no es el deber de una corte de apelación comparar la prueba con las instrucciones en busca de errores. Se presume que la sentencia es correcta hasta que se pruebe que la corte cometió error.

Se señala como cuarto error que la corte no instruyó al jurado, según se solicitó, de su derecho o poder para traer un veredicto por el delito de asesinato en primer grado con circunstancias atenuantes. El apelante no discute estas circunstancias y no nos convence de que la corte en este caso estaba obligada a dar tal instrucción. El Pueblo de P. R. v. Alméstico, 18 D.P.R. 320, y otros casos más demuestran que una corte no está obligada a dar instrucciones que mitiguen un delito, a menos que la prueba sostenga el punto de vista de la defensa. Tampoco hallamos esta súplica del apelante en los autos del caso.

El quinto señalamiento se refiere a la negativa de la corte a conceder un nuevo juicio. El apelante, sin embargo, únicamente insiste en que la pena capital no existe en Puerto Rico, y esto ya ha sido resuelto por nuestra decisión en el caso de El Pueblo de P. R. v. Arrocho, discutido primera-mente.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Presidente Sr. del Toro no tomó parte en la re-solución de este caso.


author: El Juez Pkbsidente Señob del Tobo,

text:
    Ramón López, demandante y apelado, v. J. F. Cortés, demandado y apelante.
    No. 3864.

    Visto: Abril 5, 1926.

      Resuelto: Junio 26, 1926.
    1. Apelación y Error — Desestimación, Betiro y Abandono — Defectos en los Procedimientos para Elevar la Causa — Radicación del Escrito de Ap®-lación Fuera del Término. — Cuando el escrito de apelación se radica fuera del término estatutorio, procede desestimar el recurso interpuesto.
    2. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa— : Término para Apelar — Extensión del Término — En General. — Si bien cuando un término judicial vence en sábado, la costumbre de cerrar las ofi-cinas públicas en las tardes de ese día podría tomarse en consideración para ejercitar la discreción judicial, tal circunstancia no podría apreciarse tra-tándose de un término jurisdiccional como lo es el término para radicar la apelación.
    Moción sobre desestimación de apelación.

      Con lugar.

      F. Soto Gras, abogado del apelante; Carmelo Honoré, abogado del apelado.
   El Juez Pkbsidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal'.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso establecido en este caso porque el escrito interponiéndolo se archivó después de vencido el término legal.

En efecto, de la certificación librada.por el secretario dé la corte sentenciadora acompañada a la moción resulta que la sentencia apelada se registró el 3 de febrero de 1926 y se notificó el 4 y el escrito de apelación se radicó el 8 de marzo siguiente, habiendo por tanto transcurrido treinta y dos días o sea más de un mes, que es el plazo fijado por el estatuto para apelar.

■ ' Admite el apelante que ello es así pero alega que el día 6 de marzo en que vencía el término era sábado y hallán-dose recluido en cama no fué hasta después de las doce que sus empleados le llevaron a firmar el escrito de apelación y' en vista de que el abogado del demandante, Carmelo Ho-noré, al par que ejerce la profesión es empleado y tiene su oficina en las oficinas del' gobierno que se cierran los sába-dos por la tarde y en vista además de que por igual motivo-, o sea el cierre de las oficinas públicas los sábados por la tarde, se vería privado de adquirir el sello de rentas nece-sario para adherirlo de acuerdo con la ley al escrito, resol-vió radicar y radicó éste el lunes próximo por la mañana que- era la primera oportunidad hábil que tenía al efecto.-

Una agria discusión por escrito" se levantó con motivo de la referencia al ejercicio de la abogacía por parte del abo-gado . del apelado, siendo eliminado cierto affidavit de dicho abogádo y sustituido por otro, y comenzó a suscitarse en el acto de la vista. Cualquiera que pueda ser el criterio que sustentemos sobre el particular, no podrá influir en la deci-sión de la cuestión envuelta.

Si bien se ha establecido la costumbre de cerrar las ofi-cinas públicas los sábados por la tarde, no son los sábados por la tarde días festivos reconocidos por la ley. Quizás tal hecho pudiera tomarse en consideración para el ejercicio de nuestra discreción en un caso apropiado, pero tratándose de un término jurisdiccional no es posible apreciarlo. Pa-rece conveniente decir que ni las partes han citado ni he-mos podido encontrar nosotros jurisprudencia alguna en re-lación con el efecto que pueda tener en la-medida de los tér-minos la costumbre del cierre de los establecimientos públi-cos los sábados por la tarde.

A virtud de lo expuesto y apareciendo además de su propio affidavit apreciado en conjunto que nada hizo el ape-lante el sábado por la tarde de que se trata para archivar su escrito de apelación con el secretario de la corte, sino que descansó en su presunción de que nada podría hacer y en su interpretación de la ley, nos vemos obligados a declarar la moción con lugar desestimando la apelación establecida.


author: En Juez Asociado Señoe Aldeey,

text:
    José A. Díaz, demandante y apelado, v. Suc. de Emiliano Cintrón Berríos, demandada y apelante.
    No. 3906

      Visto: Junio 18, 1926.

      Resuelto: Junio 26, 1926.
    Apelación y Rrror — Ricvisión—Cuestiones ms Hecho, Veredictos y Conclu-siones — Sentencia—Suficiencia de la Prueba para Sostenerla. — No es contraria ¡i la jiruebn una sentencia que resuelve un conflicto en la prueba en cuanto al hecho fundamental del pleito a favor del demandante y existen circunstancias -que justifican la actuación de la corte a-1 así resolver el con-flicto envuelto.
    SENTENCIA ele Pablo Berga, J. (Iíumacao), declarando con lugar la demanda sin costas.

      Confirmada.

      ■González Fagundo & González, Jr., abogados del apelante; Arturo Aponte, Jr., abogado del apelado.
   En Juez Asociado Señoe Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La sucesión apelante fue condenada a pagar cierta canti-dad de dinero al apelado por los servicios profesionales que prestó como médico al causante de dicha sucesión; y se alega como motivo de este recurso que la sentencia apelada no está sostenida por la evidencia.

La prueba en cnanto al becbo fundamental en este pleito fue contradictoria y consistió en la declaración del demandante y en un testigo de la sucesión demandada. El demandante declaró que es médico y que estando en esta ciudad de San Juan, donde vive, se encontró en el laboratorio de medicina tropical con don Adolfo Ortiz, yerno de don Emiliano Cintrón Berrios, y le dijo don Adolfo que quería fuese a Yabucoa para ver a su suegro que estaba enfermo, como así lo hizo teniendo allí una consulta con los médicos que lo asistían; y negó que hubiera hecho ese viaje para otro asunto. Adolfo Ortiz declaró que se encontró en San Juan en el laboratorio de medicina tropical con el demandante quien le preguntó en qué andaba y al contestarle que en unos análisis de la sangre de su suegro, que estaba -enfermo, le dijo el demandante que le gustaría verlo porque era amigo suyo y que si su automóvil estuviera bueno iría, a lo que el testigo le contestó que podía ir en el automóvil que él tenía y así arreglarían un asunto de una finca que le había comprado, y fueron a Yabucoa donde el demandante estuvo en la casa del enfermo, lo visitó y habló con los médicos que lo asistían.

La sentencia apelada resuelve ese conflicto de la eviden-cia en contra de la sucesión demandada pues siendo favorable al demandante entendió la corte ser cierto que don Alfonso Ortiz pidió al médico demandante que fuese a vi-sitar al enfermo; y dado el parentesco tan próximo entre Ortiz y el enfermo pudo la corte estimar que aquél obraba como agente o como representante de sn suegro, y por esto pndo la corte estimar qne el demandante fné requerido por don Emiliano Berrios Cintrón y declarar como declaró pro-bada la alegación de la demanda becha en ese sentido.

El otro motivo de error se funda en no haber sido admi-tida como evidencia en el juicio copia de una carta que el administrador judicial de la sucesión demandada envió al demandante expresándole los motivos por los cuales no sa-tisfacía la cuenta que pasó a la sucesión por asistencia mé-dica a don Emiliano Berrios Cintrón, pero es innecesario que decidamos esa cuestión porque dicha carta no contiene materia que no fuera declarada por don Alfonso Ortiz.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Presidente Sr. del Toro no tomó parte en lá re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Señok Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cándido Díaz, acusado y apelante.
    No. 2778.

    Visto: Junio 15, 1926.

      Resuelto: Julio 6, 1926.
    1. Armas ■ — • Estatuto Prohibiendo Portar Armas — Oonstitucionalidad del Mismo.' — La Ley No. 24 do 1924 (p.) 115) no es inconstitucional.
    2. Armas — Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Denuncia—Suficiencia de la Misma. — las palabras “portar” o “conducir” usada on denuncia — por portar armas — en forma disyuntiva, como son sinónimas, imputan un solo delito.
    3. Derecho Penal — Apelación y Error, t Certiorari — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de los .Fundamentos de Revisión — Objeciones a las Denuncias — Delito Imputado en Forma Disyuntiva. — Una denuncia —por armas prohibidas — que imputa el delito en forma disyuntiva, es co-rrecta cuando el defecto de que adolece no se levanta en la corte inferior.
    SENTENCIA de B. Díaz Ginlrón, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de portar armas.

      Confirmada.

      Leopoldo Formes, abogado del apelante; José E. Eigueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El error señalado con respecto a la constitucional!-dad de la Ley No. 24 de 1924, prohibiendo el portar cierta clase de armas, queda resuelto por las decisiones de esta corte en los casos de El Pueblo v. Vadi, 34 D.P.R. 462, El Pueblo v. Cruz Rosado, 34 D.P.R. 315, El Pueblo v. Acevedo, 34 D.P.R. 460.

En el siguiente señalamiento se alega en efecto que la denuncia es defectuosa, en vista de que se imputa al acusado en forma disyuntiva que portaba o conducía un arma. Convenimos con el fiscal en que las palabras son sinónimas e imputan un solo delito.

Además, a lo sumo, la denuncia sería doble y ese es un defecto de forma. Defectos de forma y otros similares deben ser levantados no por medio de una excepción perentoria, sino mediante una moción para sobreseer, u otra similar, y generalmente tal moción debe presentarse antes del juicio. El Pueblo v. Córdova, 9 D.P.R. 344; El Pueblo v. Ortiz, 9 D.P.R. 140; El Pueblo v. Cintrón, 26 D.P.R. 246; El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111; El Pueblo v. Moreno, 28 D.P.R. 104; El Pueblo v. Rosaly, 28 D.P.R. 474, y El Pueblo v. Echavarry et al., 28 D.P.R. 6. En cada uno de los dos casos mencionados últimamente el delito fué expuesto en forma disyuntiva, pero la corte resolvió que la información o denuncia era correcta, en vista de que el defecto no fué levantado en la corte inferior.

El señalamiento de error restante se refiere a la prueba. Un testigo de descargo dijo que, mientras otros dos hombres reñían, el acusado sacó un revólver de u-n automóvil y lo llevó a un pequeño restaurant para guardárlo. El revólver no estaba cargado, pero podía cargarse prontamente y ser usado, según la declaración del testigo de El Pueblo, un po-licía. Este último dijo que mientras dos hombres estaban peleando el acusado sacó un revólver y cuando vió al policía llevó el revólver al restaurant y lo guardó allí. Hay ún con-flicto en la prueba, que no creemos fué erróneamente apre-ciada por la corte.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Teófilo Marxuach Plumey, demandante y apelante, v. Carolina Amelia Acosta y Acosta, Acisclo Marxuach Plumey y Teresa Marxuach Plumey, demandadas y apeladas.
    No. 3907.

    Visto: Mayo 3, 1926.

      Resuelto: Julio 6, 1926.
    1. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Moción Sobre De-sestimación de Apelación — Notificación de la Misma — Notificación por Correo — Su Efecto Cuando el Derecho a Así Notificar no Surge.- - Guando la notificación de una moción ele desestimación de apelación se hace por correo y no surge el derecho de hacer tal notificación en tal modo, no ha lugar a desestimar.
    2. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Moción Sobre De-sestimación de Apelación — Radicación de la Misma — Radicación Des-pués del Transcript de Autos — Transcript Radicado Eüera del Término.— Radicada moción de desestimación cuando ya ha sido radicada la transcrip-ción de autos, aquélla no dehe prevalecer y no ha lugar a desestimar.
    Moción sobre desestimación de apelación presentada por la apelada.

      Sin lugar.

      Manuel Tons- Solo, abogado del apelante; Mariano y Federico Acosta Velarde, abogados de la .apelada Carolina Amelia Acosta.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El día 22 de abril de 1926 se presentaron dos escritos en la oficina del Secretario de esta corte. Uno fué llevado allí entre dos y tres de la tarde y el otro entre cuatro y cinco do la tarde. El último aparentaba ser una transcripción de autos. El primero era una, moción para desestimar, en per-fecto orden siempre que llegara a la corte antes de radicarse la transcripción y qne se iiubiera notificado debidamente a la apelante.

La Eegla 58 de esta Corte dice:

“Si la copia de los autos, no fuere presentada dentro del término prescrito, puede desestimarse la apelación al hacerse una moción en tal sentido previa notificación de la misma. Si la eopia de los autos, ha sido presentada a la fecha en que se haga tal notificación, este hecho constituirá una contestación eficaz a la referida moción aún en el caso de que dicha copia no se hubiere presentado dentro del término prescrito. ’ ’

Kistos apelados descansaron en una notificación por correo. No se pono en duda que el abogado del apelante vive en San Juan, donde se vió el caso. El juramento de la notificación dice en efecto que la persona que iba a bacer la notificación fue informada que la oficina del abogado del apelante estaba cerrada y que el abogado estaba fuera en la isla. Verbalmente el abogado del apelante negó la posibilidad material de estar su oficina cerrada cuando el supuesto informante tenía la suya abierta, pero es innecesario detenerse en esta cuestión de hecho.

El artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Civil dice:

, “ha diligencia de una notificación o entrega de documentos deberá hacerse personalmente, a la parte o a su abogado según proceda, o podrá diligenciarse como sigue:
“1 — Si a un abogado, podrá verificarse, la diligencia cuando es-tuviere ausente de su bufete, entregando la notificación o documento al empleado o persona encargada de la oficina y si no hubiere nadie, dejándolos entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde, en sitio notoriamente visible del bufete; y si por no estar abierto éste, fuere imposible efectuar la diligencia entonces se dejarán aquéllos en la residencia del abogado, entregándolos a alguna persona de suficiente edad y discreción; y si se ignorasen las señas de su resi-dencia se cursarán por correo, bajo sobre dirigido a dicho abogado.”

El artículo 321 dispone lo siguiente:

‘‘La remisión por correo podrá tener lugar, cuando la persona encargada de hacer la notificación o remitir los documentos y aquella a quien fueren dirigidos residieren o tuvieren sus oficinas en distintos puntos, entre los cuales hubiere un servicio regular de comunicación por correo.”

Según estos artículos no surgió el derecho de hacer la notificación por correo. Se admitió que el abogado del ape-lante residía en San Juan. No se hizo esfuerzo por llegar hasta su residencia y no hay declaración jurada de que la residencia del abogado fuera desconocida. En realidad, el juramento de la notificación tiene algunas de las distintivas de una notificación entre dos ciudades distintas, ya que el declarante jura “que entre esta ciudad de San Juan existe un servicio regular diario de correo.”

Como no se hizo la debida notificación al abogado del ape-lante, debe declararse sin lugar la moción de desestimación de 22 de abril de 1926.

El 27 de abril de 1926 los apelados 'radicaron otra moción, pero sin acompañar documento alguno. Aparentemente los apelados descansaban en los documentos radicados anteriormente, pero no los identificaron. Cuando la segunda moción fué presentada, la transcripción había sido radicada desde hacía cinco días. La segunda moción no puede prevalecer, y de igual modo debe declararse sin lugar.


author: El, Juez Asociado Señoh Wolf,

text:
    Zulma Steffens, promovente y apelada, v. Sucesión de Miguel Soler, opositora y apelante.
    No. 3931.

    Visto: Junio 14, 1926.

      Resuelto: Julio 6, 1926.
    1. Apelación t Error — Requisitos y 'Procedimientos para Elevar el Caso — • Causa de Error, Citación o Notificación — Escrito de Apelación — Espe-cificación de la Sentencia Contra la Cual se Apela. — No puede decirse que un escrito de apelación contiene un error clerical y eleva la sentencia, cuando en ningún sitio en dicho escrito se identifica la actuación final de la corte como una “sentencia” o se hace referencia a ella por su fecha, y cuando la referencia que se hace es a. una actuación interloeutoria anterior de la corte llamada específicamente la “orden de febrero 19 de 1926.”
    2. Apelación y Error — Decisiones Sujetas a Revisión — Necesidad de que la Decisión Sea Einal — Resoluciones Interlocutorjas — Expedientes de Do-minio. — No procede una apelación de una resolución interloeutoria en un expediente de dominio.
    MociÓN sobre desestimación de apelación presentada por la apelada.

      Con lugar.

      Besosa & Besosa, abogados de los apelantes; Angel A. Vázquez, abo-gado de la apelada.
   El, Juez Asociado Señoh Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Debe desestimarse la apelación en este caso. En un pro-cedimiento para obtener el título de dominio, la Corte de Distrito de Mayagüez el 19 de febrero de 1926 expidió una orden en la cual dijo que la ley y los hechos estaban a favor de la demandante y en contra de los opositores;. que la opo-sición de la Sucesión de Miguel Soler debía ser desestimada, imponiéndole las costas a los opositores. La corte además ordenó que se diera traslado del expediente al fiscal para que este funcionario dictaminara. El día 2 de marzo de 1926 el fiscal rindió su dictamen, diciendo que no tenía objeción alguna que hacer a que la corte declarara con lugar el título de dominio.

Con fecha 8 de marzo de 1926 la corte dictó una opinión en la cual declaró en efecto que la Sucesión opositora no había justificado en manera alguna su título de propiedad y que la promovente había probado los hechos' alegados en su expediente. Por tanto, la corte ordenó que se registrara una sentencia, con costas a la mencionada Sucesión. De confor-midad, el mismo día 8 de marzo de 1926 una sentencia final fué debidamente registrada por el Secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez.

En los autos del caso' aparece entonces el siguiente es-crito de apelación:

“Comparece la Sucesión de Miguel Soler, opositora en este pleito, por sus abogados Besosa & Besosa 'ante esta Hon. Corte y respe-tuosamente notifica a la misma que apela para ante la Corte Suprema -de Puerto Rico de la orden dictada en este caso con fecha 19 de febrero de 1926.”

La promovente presenta una moción solicitando que se desestime la apelación por la sencilla razón fundamental de que los autos no demuestran que se ha apelado de la única sentencia dictada en este caso.

La Sucesión apelante se opone alegando que el escrito de apelación contiene un error clerical.

Si uno examina el escrito de apelación verá que aparece específicamente que no se apeló de ninguna sentencia, sino de la orden de febrero 19 de 1926. El escrito de apelación no se refiere a ninguna actuación de la corte de 8 de marzo. Si la apelación se hubiese referido a una “sentencia” o hubiera mencionado la fecha correcta de la actuación de la corte, entonces se podría quizás alegar que se cometió un error clerical. Pero tal como fué redactado, el escrito de apelación no identifica la sentencia de la corte inferior. Aparece más positivamente que la intención clara fue de apelar de la orden interlocutoria de febrero 19 de 1926. Da color a la idea de que se apeló de la orden interlocutoria el hecho de que la misma orden demostraba una resolución de la corte contra los apelantes. No obstante, no se registró ninguna sentencia final hasta el día 8 de marzo de 1926.

Como en esta clase de procedimientos se puede apelar únicamente de una sentencia final, debe declararse con lugar la moción y desestimarse la apelación.

Eli Juez Presidente Señor Del Toro no intervino en la resolución del caso.


author: El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro de Jesús y Agustín Colón, acusados y apelantes.
    No. 2808.

    Visto: Junio 16, 1926.

      Resuelto: Julio 6, 1926.
    Alteración de la Paz — Denuncia-—Cuestiones Litigiosas (Issues), Pruebas e-Incongruencias — Discrepancia Entre las Alegaciones y las Pruebas y Efecto. — Cuando una denuncia ■ describe una alteración de la paz pero la evidencia tiende a demostrar una alteración distinta- — no la alteración en particular descrita en la denuncia- — no puede sostenerse una convicción. '
    SENTENCIA de R. López Antongiorgi, J. (Aguadilla), condenando a los acusados por delito de alterar la paz pública.

      Revocada y' ab suelto los acusados.

      R. G. Sugrañes Loubriel, abogado de los apelantes; José E. Fi-gueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia fné como signe:

“Que en 23 de enero, 11:30 p. m., de 1926 y en el barrio Bo-rinquen de Ghiayama, que forma parte del Distrito Judicial Municipal de Guayama, P. R., los acusados que se mencionan arriba, allí y entonces, ilegal, maliciosa y voluntariamente y observando una con-ducta desordenada y tumultuosa en el salón de un baile que se ce-lebraba en la casa de Antonio Yega, perturbaron la paz y tranqui-lidad de las personas allí reunidas formando un fuerte escándalo con una riña que sostuvieron en la que se agredieron mutuamente con los puños, dando lugar con tal conducta para la terminación de dicha diversión.”

El error alegado por no haberse concedido un sobresei-miento (nonsuit), los apelantes dicen que no bubo prueba de, que los acusados sostuvieron una riña.

Hubo prueba de que los acusados estaban bailando muy impropiamente en un baile; que uno de ellos, Colón, fue re-querido para que llevara al otro acusado Pedro de Jesús a su casa; que este último empezó a proferir malas palabras y tiró piedras a una de las personas que se encontraban en el baile y que dió lugar a que éste terminara. No bubo prueba de que los acusados estuvieran riñendo mutuamente.

Aunque Pedro de Jesús puede haber sido culpable de una alteración de la paz, no fue culpable de la alteración en particular descrita en la denuncia. Él no sostuvo riña al-guna con Colón.

Con respecto a Colón, sin embargo, la única prueba fue de que estaba bailando impropiamente. Se le requirió a que llevara al otro acusado a su casa. Los testigos están de' acuerdo en que él no cometió ningún otro acto violento ode disturbio y que se marchó tranquilamente para su casa. No encontramos suficiente prueba para su convicción.

La sentencia debe ser revocada y absueltos los acusados.

El Juez Presidente Señor Del Toro no intervino en la. resolución del caso.


author: El Juez Presidente Señoe Del ToRO,

text:
    Ignacio Roca, peticionario, v. La Junta Insular de Elecciones, demandada. Arturo Lluberas, interventor.
    No. 240.

    Visto: Junio 3, 1926.

      Resuelto: Julio 7, 1926.
    1. Elecciones — Acto de Contar los Votos, Resultados (Returns) y Escru-tinio— Escrutinio General- — ■ Recuento de Votcs — “Recontar”, Defi-nido. — En el caso de autos, y atendida la Ley Electoral toda, se interureta y define la palabra recontar usada en el tercer disponiéndose de la sección 89 de dicha- ley en el sentido de que quiere decir abrir los paquetes que la ley ordenó a las'juntas de colegio que formaran y contar el número de papeletas que cada uno de dichos paquetes contiene.
    2 Elecciones — Acto de Contar los V-ctos, Resultados (Returns) y Escru-tinio — Escrutinio General — Recuento de Votcs — Papeletas Declaradas Nulas por las Juntas de Colegio. — Con respecto a las papeletas decla-radas nulas por las juntas de colegio, la Junta Insular de Elecciones no viene obligada, al verificar el escrutinio final, a examinarlas de nnevo y resolver si la nulidad estuvo o no bien declarada.
    Mandamus para requerir a la Junta Insular de Elecciones proceda a recontar las papeletas de los colegios del precinto electoral de Yauco y proceda a adjudicarlas a los partidos y candidatos co-rrespondientes.

      No ha lugar a expedir el auto solicitado.

      Bolívar Pagan, abogado del peticionario; José Martínez Dávíla, abogado de la demandada; Rafael Cuevas Zequeira, abogado del interventor. ,
   El Juez Presidente Señoe Del ToRO,

emitió la opinión del tribunal.

Ignacio Roca, candidato a Alcalde de Yauco por los par-tidos “Socialista” y “Constitucional Histórico” en las últi-mas elecciones generales de Puerto Rico, solicitó que esta Corte Suprema expidiera un. anto de mandamus dirigido a la Junta Insular de Elecciones pará que ésta procediera a recontar todas las papeletas del precinto electoral de Yauco, adjudicándolas a los partidos y candidatos correspondientes.

La Corte antes de tomar medida definitiva alguna, acordó oir a las partes interesadas. Comparecieron el peticionario, por su abogado; la Junta Insular de Elecciones, por el suyo, y el Alcalde electo de Yauco en las dichas últimas elecciones generales, Arturo Llúberas, también por su abogado.

El Alcalde Llúberas pidió que la solicitud fuera deses-timada de plano, porque no aduce hechos suficientes y por-que ella misma demuestra que el peticionario tiene otro re-medio adecuado en el curso ordinario de la ley.

La Junta Insular de Elecciones alegó que su misión es-taba limitada a una operación aritmética y que no tenía fa-cultad para entrar a considerar si una papeleta debía o no adjudicarse a determinado candidato, y que de tal modo ha-bía ya cumplido su deber, motivo por el cual también pidió que la solicitud fuera desestimada.

El peticionario sostuvo sus pretensiones.

Dejando a un lado la cuestión suscitada por el interventor acerca de que no cabe el mandamus porque el peticiona-rio tenía un remedio adecuado en los procedimientos sobre ejecución de la sentencia dictada en el auto de mandamus que anteriormente solicitara y obtuviera, procederemos al es-tudio y resolución de la verdadera cuestión de fondo envuelta en el caso.

Para ello es necesario conocer la ley. Está contenida en la sección 89 de la Ley Electoral tal como quedó enmendada en 1924. Leyes de la sesión especial de 1924, pág. 33. Co-piada a la letra, dice así:

“Sección 89. — La Junta Insular de Elecciones practicará el es-crutinio de la documentación de las elecciones, usando las listas de votantes y hojas de cotejo empleadas en dichas elecciones, que fueren enviadas al Superintendente General de Elecciones por las juntas locales de elecciones en calidad de tales documentos como sigue:
“Dicha junta empezará dicho escrutinio con la documentación del colegio número uno del primer precinto del primer distrito re-presentativo y continuará en el mismo orden numérico de distritos representativos hasta que el escrutinio de todos los colegios de cada uno de dichos distritos, haya sido terminado, a menos que previa-mente se acuerde unánimemente seguir otro orden.
“Al considerar la documentación de cada colegio electoral para su escrutinio, dicha junta examinará primeramente todas las pape-letas protestadas constantes en la hoja de cotejo perteneciente a dicho colegio, y contará o rechazará aquellas papeletas según lo que a su juicio se requiera por la ley, y con el fin de llevar a cabo esta dis-posición y requisito, dicha junta podrá abrir y examinar el conte-nido de cualquier sobre o paquete correspondiente a las elecciones en dicbo colegio electoral, y entonces pondrá otra vez el contenido en el sobre o paquete en que se encontraron, sellará de nuevo, dicbo paquete o sobre y hará una declaración breve sobre el mismo, firmada por todos los miembros de la junta que estuvieren presentes, expo-niendo la causa por la cual dicbo sobre o paquete fué abierto, y cuáles fueron las papeletas o documentos encontrados en el mismo. La antedicha junta sumará entonces al voto total depositado y con-tado para cada candidato en un colegio electoral, según conste en la hoja de cotejo, el número total de votos de papeletas protestadas contadas por ella para cada uno de los candidatos. Dichos totales agregados se tomarán como el irerdadero voto total de cada uno de los candidatos votados en cada colegio electoral y dicbo voto total verdadero de cada candidato en todos los colegios electorales, en el cual fué votado en unas elecciones, se tomará como el total de todos los votos recibidos por dicbo candidato en las elecciones a las cuales se refieren; Disponiéndose, que la Junta Insular de Elecciones co-rregirá todo error aritmético que encontrare en una hoja de cotejo, y contará la dicha bo’ja de cotejo en la forma corregida; Disponién-dose, además, que la Junta Insular de Elecciones, a petición de cualquier miembro de dicha junta, contará el número de personas que votaron en un colegio electoral, según resulte de sus listas de vo-tantes, y cambiará la entrada en su hoja de cotejo en aquel particular, de manera que corresponda con el resvdtado de dicho recuento; Dis-poniéndose, ademéis, que si hubiere contradicción alguna en las en-tradas de una hoja de cotejo (ya sea en la forma en que fué trans-mitida por la junta de colegio, o según se hubiere corregido por la Junta Insular de Elecciones), entre el número de personas que vo-taron, según resulta de las listas de votantes y el número de papeletas encontradas en la urna del colegio electoral al cual corresponde la hoja de cotejo, o entre el número de papeletas encontradas en la urna y el número de papeletas distribuidas, según consta en el su-mario de dicha hoja de cotejo, la Junta Insular de Elecciones, si esa diferencia es suficiente por sí sola, o en combinación con otra dife-rencia referente al voto para un mismo candidato afectare su elec-ción, deberá recontar todas las papeletas de ese colegio electoral, corregir su hoja de cotejo de acuerdo con el resultado de ese recuento, y adoptar dicha hoja de cotejo corregida como la hoja de cotejo oficial de ese colegio electoral; Disponiéndose, sin embargo, que la Junta Insular de Elecciones endosará en dicha hoja de cotejo, una. declaración firmada por todos sus miembros presentes, haciendo constar los cambios en esa forma hechos por ella, y las razones por las cuales se hicieron estos cambios. Y disponiéndose, además, que el resultado del escrutinio de unas elecciones, según se declarare por la Junta Insular de Elecciones y publicare por el Superintendente General de Elecciones, será definitivo a menos que fuere impugnado por certiorari u otro procedimiento legal autorizado, que se inter-ponga dentro de quince días después de la fecha de la publicación del resultado de ese escrutinio ante una corte de competente juris-dicción, y por la presente se autoriza en esos casos el procedimiento de certiorari en la corte de distrito de San Juan; Y disponiéndose, además, que la Junta Insular de Elecciones repondrá el contenido de todos los sobres y paquetes abiertos por ella con el fin de contar o recontar papeletas, en el mismo sobre o paquete en que se • encon-traron; resellará ese sobre o paquete, y pondrá en el mismo una declaración escrita y firmada por todos los miembros de la junta que estuvieren presentes, manifestando la razón por la cual dicho sobre o paquete fue abierto por ella, y que todo el contenido encontrado en dicho sobre o paquete fué repuesto en el mismo.”

Las elecciones se celebran por medio de votación por pa-peletas. Los electores acuden personalmente a los colegios. En cada colegio está la lista de los votantes que le corres-ponden. Si el nombre del elector aparece en la lista, se le entrega una papeleta que secretamente usa para su voto y que devuelve a la Junta. La papeleta se deposita en la urna y en la lista de votantes se hace constar que el elector votó.

A la hora marcada cesa la votación y la Junta de Cole-gio comienza el escrutinio. Todo está prescrito minuciosa-mente en la ley. La papeletas se separan así:

(a) Las papeletas generales íntegras votadas para cada partido que no hubieren sido recusadas se pondrán en lotes separados, formando un lote para cada partido.

. (5) Las papeletas generales integras que hayan sido re-cusadas se colocarán en un lote.

(c) Las papeletas generales mixtas que no hubieren sido recusadas se colocarán en un lote.

(d) Las papeletas generales mixtas que hayan sido re-cusadas, se colocarán en un lote.

(e) Las papeletas generales que hayan sido protestadas, se colocarán en un lote.

(/) Las papeletas generales que por cualquier razón fue-ren nulas se colocarán en un lote.

Se distribuyen entonces las papeletas especiales siguiendo el mismo método. Tanto para contar una papeleta a favor de determinado partido como para declararla nula se nece-sita la conformidad de los dos inspectores miembros del par-tido Unionista y del Republicano y del observador oficial Socialista que forman la Junta de Colegio. Si no hubiere acuerdo se fiará constar por qué y la papeleta se colocará en el lote de las protestadas.

Dispone detalladamente la ley el proceso que se signe para preparar las fio jas de cotejo en las que cada colegio fiace constar el resultado de la votación.

La Junta de Colegio termina su misión entregando todo a la Junta Local de Elecciones que a su vez lo envía al Su-perintendente General de Elecciones.

Después de ese escrutinio parcial, se verifica el general con sujeción a la sección 89 transcrita, por la Junta Insular de Elecciones.

Se usan para ello las listas de votantes y las hojas de cotejo, dándose así entero crédito a la labor de la Junta de Colegio o sea al escrutinio parcial. Sólo se abren los pa-quetes de papeletas protestadas y se procede a adjudicar-las. Era algo que quedó pendiente aguardando la acción directa de la Junta Insular. Y con ello generalmente ter-mina el escrutinio.

Es el disponiéndose tercero de la Sección 89 en el que basa el peticionario especialmente su solicitud.

Después de exponer los antecedentes oportunos alega el peticionario lo que sigue:

“9. — Que en cumplimiento de un auto perentorio de ‘mandamus* expedido contra dicha junta por la Corte de Distrito de San Juan, según sentencia de dicha corte de distrito confirmada finalmente por este Tribunal Supremo en el caso civil número 3607, Roca v. Junta Insular de Elecciones, resuelto en julio 30 de 1925, dicha Junta se reunió en sesión el día 17 de mayo de 1926 para practicar el escru-tinio del precinto de Yauco, contar los votantes y recontar las pape-letas del referido precinto en todos los colegios electorales de dicho precinto donde hubiere contradicción o diferencia entre el número de votantes según aparece de las listas de votantes y de las hojas de cotejo de los respectivos colegios, y proseguir dicho escrutinio hasta el final, según las alegaciones sexta, séptima y octava de la presente petición.
“10. — Que en la totalidad de los colegios del referido precinto, según la documentación oficial usada por dicha Junta en este escru-tinio, aparecieron contradicciones o diferencias en relación con dichos candidatos, en el número total combinado de 172, entre el número de personas que votaron en los distintos colegios electorales de Yauco, según resulta de sus respectivas listas de votantes, y el número de votantes según aparecen en las entradas de las respectivas hojas de cotejo; y que dichas diferencias o contradicciones aparecieron además en las entradas de las hojas de cotejo, entre el número de personas que votaron según resulta de las listas de votantes y el número de papeletas encontradas en la urna del colegio electoral según las res-pectivas hojas de cotejo.
‘ ‘ 11. — Que las diferencias o contradicciones arriba referidas fueron encontradas y aceptadas unánimemente por dicha Junta en los co-legios electorales 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 30 de dicho precinto de Yauco.
“12. — Que durante el proceso de este escrutinio ordenado judi-cialmente, y mientras dicha Junta estaba en funciones oficiales y for-males, y después de haber dicha Junta aceptado unánimemente y tomado debida nota de todas las diferencias o contradicciones arriba expresadas, y a pesar de la petición hecha a la referida Junta por el miembro Bolívar Pagán, dicha Junta, por la votación decisiva de los miembros representantes de los partidos políticos ‘Unión de Puerto Rico’ y ‘Republicano Puertorriqueño,’ se negó a recontar y considerar según aparecía de sus respectivas faces 37 papeletas del colegio electoral número 2 que son válidas por sus formas y faces a favor del peticionario; que dicha Junta, por la voz decisiva de los miembros aquí expresados, manifestó además negarse a contar y con-siderar según aparece de sus respectivas faces, papeletas similares a dichas 37 en todos los demás colegios restantes arriba indicados dé dicho precinto, las cuales papeletas son igualmente válidas en sus formas y faces y, de contarse y considerarse todas debidamente, de manera que pueda afectar al resultado de la elección, resultaría de ellas una mayoría en dicho precinto de 300 votos o más a favor de dicho peticionario, contra Lluberas.”

A nuestro juicio, no obstante su extensión y detalle, no resulta perfectamente claro de las alegaciones lo ocurrido. Sin embargo, en el acto de la vista ambas partes convinie-ron en que la verdadera controversia estribaba en si la Junta Insular estaba o nó obligada en un caso semejante no sólo a abrir y recontar el número de papeletas nulas existente en el paquete correspondiente sino a examinarlas de nuevo y a resolver por sí misma a virtud de ese nuevo examen si or am nulas o no.

Toda la autoridad que pueda tener la Junta emana del disponiéndose tres. En esto -está conforme el peticio-nario que sostiene que recontar no puede tener el significado de una mera operación aritmética sino el más amplio de un examen tanto de cantidad como de calidad.

Es necesario reconocer que la ley uo resuelve expresa-mente el (‘.aso del peticionario. Hubiera sido bien fácil decir a la Legislatura, si ese hubiera sido su deseo, en ese mismo disponiéndose o en otro que cuando el número de papeletas declaradas nulas fuere suficiente para cambiar el resultado de la elección, procediera la Junta a examinar de nuevo dichas papeletas y a resolver según su criterio, que no se con-cibe en verdad que no lo hiciera, teniendo en cuenta espe-cialmente lo detallado, lo minucioso de la ley que va seña-lando cada trámite del procedimiento y cada función de los organismos que crea.

Por sus términos el disponiéndose sólo abarca: el caso de la contradicción entre las entradas de una hoja de cotejo o entre el número de personas que 'votaron según las listas de votantes y el número de papeletas encontradas en la urna, y el de la contradicción entre el número de papeletas encon-tradas en la urna y el número de papeletas distribuidas, se-gún el sumario de la hoja de cotejo.

Y para tales casos de contradicción, si pudiere afectar el resultado de la elección, ordena la ley a la Junta ¿qué?, re-contar todas las papeletas del colegio y corregir\ su hoja de cotejo de acuerdo con el resultado del recuento.

¿Qué significa recontar? ¿Quiere decir reexaminar? ¿Quiere decir abrir los paquetes que la ley ordenó a la Junta de Colegio que formara y contar' el número que cada uno pontiene?

Atendido el espíritu que informa la ley toda, lo escru-puloso que lia sido el legislador al fijar cada detalle y cada facultad y la ausencia de disposición expresa creemos que la última interpretación es inevitable.

Para que una papeleta sea declarada nula, lo mismo que para que una papeleta sea adjudicada, se necesitó el consentimiento unánime de los representantes de los tres partidos que fueron a las urnas.

Pudo haber existido un error al contar las papeletas y ese error es el que puede y debe corregirse, pero la Junta Insular no está facultada para sustituir su juicio por el jui-cio unánime de los representantes legítimos de los únicos interesados en la contienda. Hay un sólo caso en que la Junta juzga el mérito de la papeleta en sí y está dispuesto expresamente por la ley, el de las papeletas protestadas.

Debemos suponer que los representantes locales fueron debidamente elegidos y reunían la capacidad y la integridad necesarias. Ejercitando la facultad local y confiando en ella, y aprendiendo a virtud de sus éxitos o fracasos, es que se asientan y funcionan debidamente las democracias.

Cuando existe fraude, cuando se cometen errores funda-mentales de ley, no es la Junta Insular, sino las cortes de justicia de acuerdo con todos los precedentes, las llamadas a resolver los casos.

Debe declararse no haber lugar a expedir el auto que se solicita.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Sandalio E. Alonso, acusado y apelante.
    No. 2691.

    Visto: Marzo 23, 1926.

      Resuelto: Julio 8, 1926.
    1. Corporaciones Municipales — Uso y Reglamentación de Sitios, Propiedad u Obras Publicas — Edificios Públicos, Parques, Plazas u Otros Sitios o Propiedades Públicas — Plazas Públicas — Reglamentación del Uso, que Coarta y Obstaculiza Derechos Personales Civiles y. Políticos. — Una ordenanza municipal que no regula el uso de plazas públicas sino que prohibe la celebración - de mítines de cualquier clase en ellas e interfiere en forma tal con el derecho de reunión de los ciudadanos que tiende claramente a obstaculizarlo y lo coarta, es anticonstitucional y nula.
    2. Derecho Constitucional — Derechos Personales Civiles y Políticos — De-recho de Reunión Pacífica — Legislación que lo Obstaculiza y Coarta— Ordenanzas Municipales. — La sección 1 de la Ordenanza Municipal de Ponce aprobada en marzo 7, 1916, en tanto en cuanto prohibe mítines de cualquier clase dentro de la Plaza Delicias (hoy Muñoz Rivera) viola los preceptos de la sección 4 de la ley de Febrero 27 de 1902 (Comp. 298) y la sección 2 del Acta Jones de 1917.
    Sentencia de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), condenando al acusado por infracción a una ordenanza municipal.

      Revocada y absuelto el acusado.

      Felipe Colón y Leopoldo Formes, abogados del apelante; José E. Figueras,' abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó a Sandalio Alonso por una violación a la sec-ción 1 de la Ordenanza Municipal de Ponce, aprobada en marzo 7, 3916, consistente en haber organizado y celebrado un mitin del Partido Socialista dentro de la plaza “Luis Muñoz Rivera,” de Ponce, a sabiendas de estar prohibida por la indicada ordenanza la celebración de toda clase de mítines en dicha plaza.

Practicada la prueba la corte declaró culpable al acusado y éste interpuso el presente recurso de apelación.

La ordenanza de que se trata, en lo pertinente, dice:

‘•‘Ordenanza para prohibir toda clase de meetings, dentro, alre-dedor y a una cuadra de distancia de las Plazas ‘Federico Degetau,’ Delicias, la de la Abolición y Marina del Poblado de la Playa de Ponce. — Por cuanto, la obra de embellecimiento llevada a cabo en las plazas principales de la ciudad, ‘Federico Degetau’ y ‘Marina’ del poblado de la Playa, requiere no sólo por parte de la administración sino del público en general el mayor interés y cuidado para su con-servación.- — Por cuanto, no será posible hacer que perduren las obras realizadas y las que se realizarán en estos tres sitios, si no se previene escrupulosamente todo cuanto tienda a destruirlas. — Por cuanto, es un deber de la administración atender, cuidar, y preservar los inte-reses municipales que son los intereses del pueblo de toda incorrección o descuido que pueda dañarlos o menoscabarlos. — -Por tanto,. ordé-nese por el Concejo Municipal de Ponee, Puerto Rico, — Sección la. Queda prohibido absolutamente todo meeting de cualquier clase que sea, dentro, en los alrededores y a una cuadra de distancia de las plazas ‘Federico Degetau,’ ‘Delicias,’ ‘Abolición’ y ‘Marina’ del po-blado de la Playa.”

La prueba demostró que la llamada plaza “Delicias” en la Ordenanza lleva hoy el nombre de “Luis Muñoz Rivera.”

Sostiene el apelante que la corte de distrito cometió tres errores, siendo uno de ellos el haber considerado que la ordenanza en cuestión era constitucional.

El 27 de febrero de 1902 se aprobó en Puerto Rico una ley definiendo los derechos del pueblo cuya sección 4, dice:

“El Pueblo de Puerto Rico tendrá el derecho de reunirse pací-ficamente para el bien común, y de acudir, por medio de petición o queja razonada, a los que han sido investidos de los poderes del Gobierno, en solicitud de que se le remedien perjuicios.”

En 1917 el Congreso de los Estados Unidos al aprobar-la vigente Ley Orgánica de Puerto Rico consagró el derecho de reunión al prescribir en su sección 2, entre otras cosas, lo que sigue:

“No se aprobará ninguna ley restringiendo la libertad de la palabra o de la prensa, o el derecho del pueblo a reunirse en asam-blea pacíficamente y pedir al Gobierno la reforma de los abusos.”

Y en el caso de El Pueblo v. Padilla, 20 D.P.R. 276, 280, esta corte se expresó así:

“La ley local y la nacional (se hace referencia a la Constitución) son, pues, esencialmente iguales y ambas garantizan el derecho del pueblo a congregarse pacíficamente. Una ordenanza municipal que coartara ese derecho, sería, en tal virtud, completamente nula.
“Ahora bien, regular no es coartar en todas ocasiones. El poder de un gobierno municipal para prescribir reglas sobre el tránsito por sus calles y el uso de sus plazas y paseos, es incuestionable. Todo depende de la forma en que se use ese poder. Si se emplea de modo razonable, debe acatarse por los ciudadanos y reconocerse por los tribunales. Si se ejerce en forma arbitraria, queda desprovisto de toda autoridad.”

Siguiendo la pauta marcada veamos si la ordenanza de que se trata coarta o nó el derecho de reunión.

Sólo dos testigos declararon por parte del Fiscal: el Sar-gento de la Policía Insular Izquierdo y el Policía Rodríguez. Ambos reconocieron que en la ciudad de Ponce sólo existen tres plazas públicas de recreo, a saber: el parque de la Abolición, la plaza de Degetau, llena de jardines, y la1 plaza de Muñoz Rivera con algunas flores alrededor de la estatua que está en el centro y en los extremos y con un amplio pa-seo de losas de cemento. Hay otra plaza en la playa.

Conocemos los motivos o razones que en la misma orde-nanza se expresan para adoptarla. De conformidad, pues, con la propia prueba de cargo podrían quizá dichos motivos justificar el acuerdo en cuanto a las plazas de Degetau y de la Abolición, pero en manera alguna en cuanto a la plaza de Muñoz Rivera.

Además, si se tiene en cuenta que la ordenanza abarca todas las plazas y que no regula su uso, sino que prohibe en absoluto la celebración de mítines de cualquier clase en ellas, es necesario concluir que interfiere en forma tal con el derecho de reunión de los ciudadanos, que puede concluirse que tiende a obstaculizarlo claramente y lo coarta.

Se dirá que existen en la ciudad teatros y otros sitios donde los ciudadanos pueden reunirse. Los teatros son si-tios que pertenecen a determinadas personas que exigen ge-neralmente el pago de dinero por su uso. Una reunión de ciudadanos es algo que surge muchas veces de improviso. Un acto abusivo de las propias autoridades puede levantar una protesta de momento y las plazas públicas parecen el sitio apropiado para que los ciudadanos puedan reunirse y comunicarse inmediatamente y adoptar los acuerdos necesa-rios sin obstáculos de ningún género, y la ordenanza de que se trata proliibe toda dase de mítines.

Las plazas son del pueblo. Su administración está en-comendada por el pueblo a las autoridades municipales para beneficio del pueblo. ¿Cómo es jiosible que el poder de esas autoridades se extienda a cerrar en absoluto esas plazas to-das, para toda clase de mítines? Se trata sencillamente de una extralimitación de poder que no puede subsistir una vez que se confronta con el espíritu de nuestras libres institu-ciones.

Siendo, en tal virtud, la Ordenanza por cuya infracción se condenó al acusado contraria a nuestras leyes fundamen-tales y al espíritu de nuestras instituciones, no habiendo vio-lado ninguna ley válida, debe ser revocada la sentencia y absuelto el acusado.