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text:
    Juan L. Aquino González y otros, recurridos, v. Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, peticionarios.

      Número: CC-2007-201

      Resuelto: 25 de mayo de 2011

      Pedro E. Ortiz Álvarez y Jesús Antonio Rodríguez Urbano, abogados de la parte peticionaria; José E. Hernández Ro-dríguez, María M. Febus Ortiz y Aida M. Medina Tolen-tino, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

El caso que atendemos hoy nos brinda la oportunidad de pautar sobre dos asuntos de naturaleza novel en nuestro ordenamiento jurídico y ambos están relacionados con la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (A.E.E.L.A. o Asociación). Como cuestión de umbral, debemos determinar cuál es el alcance de la revi-sión judicial dispuesta en la See. 38 de la Ley de la Asocia-ción de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley de A.E.E.L.A.) sobre el procedimiento de arbi-traje en los casos de impugnación de candidatos en el pro-ceso de elección de los delegados y de los puestos en los Cuerpos Rectores de la Asociación. A su vez, debemos resolver si los exempleados de A.E.E.L.A. pertenecen a la matrícula de dicha Asociación, específicamente al sector de exempleados acogidos al seguro por muerte de A.E.E.L.A.

Por los fundamentos que discutimos más adelante, se revoca la decisión del Tribunal de Apelaciones.

I

Para disponer adecuadamente del caso, es necesario que expongamos el cuadro fáctico que dio origen a las contro-versias que hoy atendemos. Veamos.

El 27 de abril de 2003 se celebró la elección de los dele-gados que representarían al sector de exempleados acogi-dos al seguro por muerte en la Asamblea de Delegados de A.E.E.L.A. En dicha elección fueron seleccionados los si-guientes candidatos, quienes son los recurridos en el pre-sente pleito: Juan L. Aquino González, Enita L. Moure de Lis, Aida M. Medina Tolentino, Herminio Rosado Marrero, Carlos R. Pagán Colón, José D. Rivera Caraballo, Pedro J. Hernández Navas, Gustavo Torres Mora, Andrés Figueroa Rodríguez, María E. Malavé Vicente, Hiram Vélez Lebrón, José Hernández Rodríguez, Juan Venegas Rivera, José G. Vargas Vélez y Ernesto Sánchez Huertas.! Valga mencio-nar que, según surge del expediente del caso, las primeras ocho personas arriba mencionadas fueron empleados de la Asociación y, a la fecha de la elección, estaban acogidos a la jubilación.!

Mediante unas querellas presentadas a finales de abril y principios de mayo de 2003, varios candidatos que no fueron electos impugnaron el resultado de la elección ante el Subcomité de Impugnaciones de A.E.E.L.A (Subcomité de Impugnaciones).! En particular, alegaron que, de forma ilegal, se permitió la participación de votantes y can-didatos a delegados (por el sector de exempleados acogidos al seguro por muerte de A.E.E.L.A.) que no pertenecen a la matrícula de la Asociación, como es el caso de los exem-pleados de A.E.E.L.A. Así, pues, el Subcomité de Impugna-ciones notificó a los 37 candidatos que estuvieron en la papeleta acerca de las impugnaciones presentadas y les concedió un término para que expusieran su parecer.

Luego de evaluar el caso, el 16 de mayo de 2003 el Sub-comité de Impugnaciones emitió una resolución mediante la cual concluyó que tanto las candidaturas de los exem-pleados de la Asociación como la votación celebrada el 27 de abril de 2003 eran nulas, por lo que procedía un nuevo proceso de votación en el cual se excluirían como candida-tos y votantes a los exempleados de A.E.E.L.A. El Subco-mité de Impugnaciones señaló, además, que los exemplea-dos de A.E.E.L.A. no tienen derecho a participar en el proceso de elecciones del sector de los exempleados acogi-dos al seguro porque no pertenecen a la matrícula de dicha Asociación.! Específicamente, el Subcomité indicó que “la Asociación no es una agencia gubernamental, por lo cual los empleados y ex empleados de la Asociación no forman parte de la matrícula, según está definido en la Sección 4 de la Ley”.!

Con el propósito de impugnar la determinación del Sub-comité de Impugnaciones, el 22 de mayo de 2003 los recu-rridos presentaron una reclamación escrita ante el Nego-ciado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Adscrito a dicha dependen-cia estaba un Panel Independiente de Arbitraje (P.I.A.) que atendería el asunto, conforme dispone la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 863i.

El 24 de febrero de 2006, el P.I.A. —en votación de dos a uno— emitió un laudo de arbitraje mediante el cual deses-timó la determinación que emitió el Subcomité de Impug-naciones y declaró nula la elección efectuada el 29 de jimio de 2003. Además, el P.I.A. ordenó que la Asociación cer-tificara a los recurridos como delegados a la Asamblea de Delegados de la A.E.E.L.A. por el sector de exempleados acogidos al seguro por muerte. Entendió el P.I.A. que los recurridos tenían derecho a participar en el proceso de elecciones del mencionado sector, ya fuera como votantes y candidatos a delegados a la Asamblea de Delegados de la A.E.E.L.A. o como candidatos a puestos directivos en los Cuerpos Rectores de dicha Asociación.

El 23 de marzo de 2006, A.E.E.L.A. recurrió ante el tribunal de instancia para revisar la resolución final del P.I.A. Por su parte, en abril de 2006 los aquí recurridos se opusieron a dicha petición de revisión judicial. Luego de evaluar ambos escritos, en mayo de 2006, el foro de instan-cia expresó —mediante resolución— que lo prudente era esperar la disposición final que emitiera esta Curia en el recurso que la Asociación y los oficiales directivos deman-dados presentaron en diciembre de 2004 (caso CC-2004-1173).

Así las cosas, el 3 de mayo de 2006 emitimos una sen-tencia mediante la cual resolvimos el caso CC-2004-1173. Con dicho dictamen revocamos la decisión del Tribunal de Apelaciones y desestimamos el recurso presentado por la Asociación y los oficiales directivos demandados. En esa determinación señalamos que el Tribunal de Apelaciones erró al concluir que A.E.E.L.A. tenía que reconocer y jura-mentar como delegados a los aquí recurridos. En particular, indicamos que a éstos “no les asiste el derecho a ser convocados y reconocidos en la Asamblea de Delegados hasta tanto se resuelva de manera final y firme la recla-mación presentada por ellos ante el [P.I.A.]”.

Mediante sentencia enmendada el 28 de septiembre de 2006, el tribunal de instancia confirmó el laudo arbitral que el P.I.A. emitió. Concluyó que de las acciones de dicho Panel no surgía alguna de las excepciones que permitiera la intervención del foro revisor con el laudo de arbitraje. Es decir, no surgía: fraude, conducta impropia, falta de debido procedimiento de ley en la celebración de la vista, ausencia de jurisdicción, violación a la política pública u omisión de resolver todas las cuestiones en controversia. Así, pues, el tribunal de instancia siguió la norma de abstención judicial y sostuvo la validez del laudo de arbitraje, por lo que ordenó que la Asociación certificara a los candidatos elec-tos el 27 de abril de 2003 como delegados a la Asamblea de Delegados de A.E.E.L.A.

Luego de que la Asociación solicitara reconsideración y los recurridos se opusieran, el foro de instancia declaró “no ha lugar” la moción. Inconforme con la decisión del tribunal de instancia, el 25 de octubre de 2006, A.E.E.L.A. pre-sentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelacio-nes y en noviembre de 2006 los recurridos se opusieron al mismo.

Mediante Resolución de 19 de enero de 2007, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso que presentó la Asociación. Aunque en su determinación el Tribunal de Apelaciones no establece expresamente que los empleados retirados de A.E.E.L.A. pertenecen a la matrí-cula de dicha Asociación, ese foro indicó que “[e]stá claro que una vez se jubilan, los empleados de AEELA son jubi-lados dentro de un plan de retiro del gobierno de Puerto Rico, con iguales prerrogativas, derechos y obligaciones que todos los demás jubilados allí adscritos. Es decir, una vez jubilado el empleado del ELA, al igual que el empleado de AEELA, gozan de los mismos derechos y prerrogativas, sin distinción alguna”.

En cuanto a la controversia sobre si el trámite arbitral dispuesto en la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, constituye un procedimiento de arbitraje ordinario o un procedimiento especializado similar al trámite de una re-visión administrativa, el Tribunal de Apelaciones concluyó que se trata de un procedimiento de arbitraje ordinario. Además, apuntó lo siguiente: “[e]n la medida en que la propia ley habilitadora de AEELA exige que el PIA esta-blezca determinaciones de hecho y conclusiones de derecho en todo laudo, nos indica que el arbitraje es uno conforme a derecho, porque de lo contrario tales requisitos no tendrían significado alguno.”! Luego de examinar las determina-ciones de hecho y las conclusiones de derecho emitidas por el P.I.A., el Tribunal de Apelaciones entendió que no había motivo para intervenir con el laudo arbitral, tal como lo hizo el foro de instancia.

En desacuerdo con el dictamen del Tribunal de Apela-ciones, en febrero de 2007, A.E.E.L.A. solicitó reconsidera-ción, mas ese foro apelativo denegó la moción. Así, la Aso-ciación recurrió ante esta Curia el 16 de marzo de 2007 mediante recurso de certiorari y señala que el Tribunal de Apelaciones erró

(1) ... al resolver que los recurridos son miembros de la matrí-cula de la AEELA para el sector de ex empleados acogidos, aun cuando la ley expresamente los excluye!;]
(2) ... al resolver que el procedimiento de arbitraje establecido en la Sección 38 de la Ley de AEELA es uno ordinario y no sui géneris como se establece en la propia ley!, y]
(3) ... al confirmar la sentencia del Tribunal de Primera Ins-tancia que denegó el recurso de revisión por no encontrar al-guna excepción bajo la Ley de Arbitraje Comercial del Código de Enjuiciamiento Civil para la revisión judicial de un laudo arbitral.

En abril de 2007 acordamos expedir el auto de certio-rari, y en ese mismo mes los recurridos se opusieron al recurso. La Asociación presentó su alegato en julio de 2007 y, luego de una prórroga, los recurridos presentaron el suyo en septiembre de 2007.

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y luego de ponderar sus respectivos argumentos, estamos en posición de resolver los asuntos planteados ante nuestra consideración.

II

En la discusión del primer error señalado, la Asociación expone que el problema principal con la decisión del Tribunal de Apelaciones es que ésta incorpora de manera imper-misible a los recurridos como miembros de la matrícula de la Asociación, ello a pesar de que la propia Ley de A.E.E.L.A. los excluye. Además, aduce que el Tribunal de Apelaciones erró al expresar que no existe diferencia entre los recurridos (exempleados que trabajaron en la Asocia-ción) y los acogidos al sistema de retiro del Gobierno de Puerto Rico que hayan trabajado en agencias gubernamen-tales, pues —según ese foro apelativo— todos gozan de las mismas prerrogativas, derechos y obligaciones. Ante esto, A.E.E.L.A. señala lo siguiente:

No hay duda que el legislador quiso concederle beneficios a los empleados y ex empleados de AEELA dentro de un marco enteramente laboral. Sin embargo, la intención del legislador es clara cuando se trata de los cuerpos rectores de la AEELA. En ese caso, el legislador fue claro al excluir expresamente a los empleados y ex empleados de la definición de matricula de la Asociación. Si la intención legislativa hubiera sido otra, el le-gislador no hubiera excluido a la AEELA de la definición de “agencia gubernamental”. (Enfasis en el original y citas omitidas.)

Añade la Asociación que el Tribunal de Apelaciones no consideró lo dispuesto en el inciso 4 de la See. 4 de la Ley de A.E.E.L.A. relacionado a lo que comprende la catego-ría de “socios acogidos al seguro por muerte”, sino que optó por una interpretación aislada e incorrecta del inciso (e) de la Sec. 2 de la Ley de A.E.E.L.A.) referente a lo que sig-nifica “socio acogido pensionado”. Por tal razón, la Asocia-ción plantea que corresponde examinar la Ley de A.E.E.L.A. en su totalidad y no por disposiciones aisladas para así determinar quiénes están legitimados para ser miembros de la matrícula de la Asociación.

Por su parte, los recurridos plantean —en cuanto al primer error— que la Ley de A.E.E.L.A. a quienes excluye expresamente como miembros de la Asociación es a los em-pleados que trabajan en ésta, pero no así a los exempleados de la Asociación. Aducen que una vez los empleados de A.E.E.L.A. se acogen a la jubilación, entonces forman parte de un grupo distinto, pues se convierten en personas jubi-ladas dentro del plan de retiro del Gobierno de Puerto Rico. Así, pues, señalan que “[s]iendo un grupo distinto, no for-man parte de ninguna agencia en particular, ni mantienen lazo alguno con los directivos de las agencias para la cual laboraron, ni tienen inferencia alguna en las decisiones de las agencias para las cuales trabajaron ...”. (Énfasis suprimido. )

Asimismo, los recurridos reiteran lo expuesto por el Tribunal de Apelaciones en cuanto a que no existe diferencia entre los exempleados de A.E.E.L.A. y los demás exemplea-dos del Gobierno, por lo que “TODOS los jubilados adscri-tos a los Sistemas de Retiro de Puerto Rico tienen los mis-mos derechos y obligaciones y reciben los mismos beneficios”. También expresan que la definición fundamental que se debe aplicar es la referente a “socio acogido pensionado” dispuesta en el inciso (e) de la See. 2 de la Ley de A.E.E.L.A., supra. Ello debido a que siempre se les ha reconocido como socios acogidos pensionados-miembros del sector de exempleados acogidos al seguro por muerte de A.E.E.L.A. y “[c]omo tales han participado en todas las an-teriores Asambleas como votantes y como candidatos a de-legados por el Sector de Ex empleados Acogidos; han sido electos delegados a la Asamblea de Delegados y miembros de la Junta de Directores de la AEELA”. (Énfasis suprimido.)

En la discusión conjunta de los errores dos y tres, la Asociación expone que se debe aclarar cuál es el alcance de la revisión judicial dispuesta en la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, sobre el procedimiento de arbitraje en los casos de impugnación de candidatos en el proceso de elección de los delegados y de los puestos en los Cuerpos Rectores de la Asociación. Específicamente, A.E.E.L.A. se-ñala que no se trata de un procedimiento de arbitraje or-dinario (en el ámbito comercial o laboral), sino de un pro-cedimiento sui generis por sus características particulares. En particular, expresa que dicho procedimiento de arbi-traje —integrado a la Ley de A.E.E.L.A. mediante la apro-bación de la Ley Núm. 142-1994 (Ley 142)— es “uno bien delimitado, donde aun cuando se busca la tramitación de las reclamaciones de una manera rápida y confiable no se caracteriza por la finalidad y obligatoriedad instantánea que caracteriza el arbitraje ordinario”.

La Asociación enfatiza que no existe duda de que la in-tención del legislador al redactar la mencionada Ley 142 y de la Asamblea de Delegados de A.E.E.L.A. al aprobar en 1995 el Reglamento de Referimiento al Arbitro del Nego-ciado del Conciliación y Arbitraje de los Procesos de Impug-nación de Elección de los Delegados y de los Puestos de los Cuerpos Rectores de la Asociación de Empleados del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico fue “ajustar las deter-minaciones del PIA a que fueran conforme a derecho, per-mitiendo también una plena revisión judicial de los méritos de las decisiones”.! Añade A.E.E.L.A. que la exis-tencia del recurso de revisión judicial no es algo vano ni fútil, sino que responde a la necesidad de que la parte ad-versamente afectada por la resolución final u orden de P.I.A. pueda acceder al foro judicial para que se corrija cualquier error en la aplicación del Derecho.!

Para culminar, la Asociación planteó que el Tribunal de Apelaciones cometió error manifiesto al resolver que “aun cuando el laudo del PIA tiene que ser conforme a derecho, los tribunales no están obligados a revisar las conclusiones jurídicas formuladas por el Panel”.!

Mientras, en relación con el segundo y tercer señala-miento de error, los recurridos exponen que el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al denegar la expedición del recurso presentado, pues dicho foro entendió que el tribunal de instancia no incidió en su decisión de “respetar la abstención judicial de fundamentos para revisar el Laudo de Arbitraje del PIA”.

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A. La institución del arbitraje en Puerto Rico: sus orígenes, definiciones, desarrollo, política pública y la revisión del laudo arbitral

Según nos comenta el profesor David M. Helfeld en su abarcador artículo de revista jurídica titulado La jurispru-dencia creadora: factor determinante en el desarrollo del derecho de arbitraje en Puerto Rico, el arbitraje antecede a los sistemas de tribunales de justicia y ha coexistido con éstos, en ocasiones como una institución colaboradora y en otras con la hostilidad o indiferencia de los jueces. Hel-feld expresa, además, que el arbitraje se refiere a cuando las dos partes en controversia someten su disputa —volun-tariamente— a un tercero reconocido por ambos como im-parcial y capacitado para decidir de manera justa, quien oye las respectivas posiciones y resuelve el conflicto me-diante un laudo que tiene efecto final y obligatorio entre las partes.

Por su parte, el profesor Demetrio Fernández Quiñones plantea que el origen de la institución del arbitraje se re-monta a los tiempos bíblicos y al inicio de las civilizaciones en Grecia y Roma. Explica que en el proceso de arbi-traje, “las partes en disputa someten y presentan su caso ante un tercero neutral que está investido con la facultad de rendir una decisión”.

En términos generales, el arbitraje se ha definido como el “[procedimiento para resolver controversias, so-metiéndolas a un árbitro o a un cuerpo de árbitros, para luego de considerar las pruebas, emitir [un] laudo”. En-tonces, se podría señalar que el arbitraje es un método al-terno para la solución de conflictos, y su propósito es que las partes presenten sus controversias ante un ente neutral (un árbitro o un panel de árbitros) con autoridad para adjudicar e imponer una decisión a las partes.

Se ha expresado que algunas de las ventajas de someter urna controversia o reclamación al procedimiento de arbi-traje son las siguientes: la pericia del ente neutral respecto a la materia objeto de disputa, la privacidad e informali-dad en los procedimientos, los bajos costos del proceso y la rapidez en la toma de decisiones.

El arbitraje puede ser obligatorio o voluntario. En particular, se entiende que el arbitraje obligatorio es aquel ordenado por una agencia gubernamental o requerido por una ley. Mientras, el arbitraje voluntario es aquel que ocurre por voluntad de las partes. En Colón Molinary v. A.A.A., acuñamos el concepto “arbitraje compulsorio legislativo” con el propósito de “diferenciar la situación en que el mecanismo de arbitraje es de naturaleza obligatoria por así [haberlo acordado] las partes, de cuando su carácter imperativo es por razón de una ley especial”.

En Puerto Rico existen dos tipos principales de arbitraje voluntario: el arbitraje comercial y el arbitraje industrial u obrero-patronal. Algunas de las principales diferencias prácticas entre ambos tipos son las siguientes: (1) mientras el arbitraje comercial trata sobre dos o más partes entre las que existe alguna causa de acción y acuerdan que un árbitro o un panel resuelva la controversia sin tener que acudir al foro judicial, en el arbitraje obreropatronal no se requiere necesariamente la existencia de una causa de acción entre las partes, y (2) mientras el arbitraje comercial está disponible para todas aquellas personas que interesen arbitrar cualquier controversia objeto de una causa de acción existente entre ellas o acordar que cualquier controversia futura entre ellas se resolverá me-diante arbitraje, el arbitraje obrero-patronal sólo está a la disposición de los patronos y las organizaciones obreras en representación de determinado trabajador o grupo de trabaj adores.

Al constituir el arbitraje comercial y el arbitraje obrero-patronal los dos tipos principales de arbitraje voluntario en Puerto Rico, consecuentemente los desarrollos más signifi-cativos en el tema del arbitraje en nuestra Isla han ocu-rrido en estas dos áreas. En particular, el desarrollo que se ha generado en estos dos campos surge como consecuen-cia de la legislación y jurisprudencia interpretativas rela-cionadas al arbitraje comercial, y las normas pautadas en la jurisprudencia federal y puertorriqueña en cuanto al ar-bitraje laboral.! Para el profesor Helfeld, entre el con-junto de factores determinantes en el desarrollo del arbi-traje en Puerto Rico “está la judicatura que ha sido decisiva en la creación del cuerpo de normas dentro de las cuales se han desarrollado los sistemas arbitrales”.!

En nuestro ordenamiento legal, el arbitraje comercial se rige por la Ley para autorizar la celebración de convenios de arbitraje comercial en Puerto Rico, mejor conocida como la Ley de Arbitraje Comercial (Ley 376). Dicho estatuto adoptó como modelo la legislación de varios estados de Estados Unidos y la propia Ley de Arbitraje de Estados Unidos (9 U.S.C.A. sec. 1 et seq.). Al constituir la Ley 376 una “criatura del derecho norteamericano”, es muy común que acudamos a la jurisprudencia federal y estatal para que ambas nos sirvan de guía en la resolución de los casos en la jurisdicción local.

De acuerdo con el Art. 1 de la Ley 376 (32 L.P.R.A. see. 3201), dos o más partes podrán convenir por escrito en someter a arbitraje cualquier controversia que pudiera ser objeto de una acción existente entre ellos a la fecha de dicho convenio, o podrán incluir en un convenio por escrito una disposición para resolver mediante arbitraje cualquier controversia que en el futuro surja entre ellos de dicho acuerdo o en relación con éste.

En varias ocasiones hemos reafirmado que el arbitraje es una figura jurídica inherentemente contractual, por lo que dicho mecanismo se puede exigir únicamente cuando las partes así lo han pactado y conste por escrito, según dispone el Art. 1 de la Ley 376, supra. No obstante, el Art. 29 de la Ley 376 expresamente dispone que dicho estatuto no aplicará a los convenios de arbitraje entre patronos y empleados. Es decir, la Ley de Arbitraje Comercial excluye específicamente el arbitraje obreropatronal.

Conforme establece el Art. 1 de la Ley 376, supra, el acuerdo entre las partes será válido, exigible e irrevocable, salvo por los fundamentos que existieran en derecho para revocar cualquier convenio. Específicamente, el Art. 22 de la Ley 376, establece los fundamentos por los cuales el tribunal podrá —previo aviso y vista— revocar el laudo:

(1) Cuando se obtuvo mediante corrupción, fraude u otro medio indebido;
(2) Cuando hubo parcialidad o corrupción evidente de los árbitros o cualquiera de ellos;
(3) Cuando los árbitros actuaren erróneamente al rehusar posponer la vista luego de mostrarse causa justificada para ello, o al rehusar oír evidencia pertinente y material a la con-troversia, o cuando incurrieren en cualquier error que perju-dique los derechos de cualquiera de las partes;
(4) Cuando los árbitros se extendieren en sus funciones o cuando el laudo emitido no resolviera en forma final y defini-tiva la controversia sometida; y
(5) Si no hubo sumisión o convenio de arbitraje válido y el procedimiento se inició sin diligenciar la notificación de inten-ción de arbitrar (Art. 11 de la Ley 376) o la moción para obli-gar el arbitraje (Art. 4 de la Ley 376).

En lo que respecta al arbitraje obrero-patronal, hay que indicar que nuestro ordenamiento legal aún no cuenta con un estatuto que regule dicho campo. Ante esa ausencia de guías estatutarias, nos comenta el profesor Helfeld que “tanto el Tribunal Supremo de Puerto Rico como el Tribunal Supremo Federal han asumido la responsabilidad de crear las normas para regir las relaciones entre el arbitraje obrero-patronal y el sistema de derecho”. Ante la falta de un cuerpo legal aplicable, y en cumpli-miento con el Art. 7 del Código Civil de Puerto Rico re-ferente a que los tribunales tienen el deber de resolver controversias a pesar del “silencio, obscuridad o insuficien-cia de la ley”, en la década del 40 comenzamos a pautar las normas jurídicas que han regido hasta la actualidad las controversias sobre arbitraje obrero-patronal en la Isla.

A mediados de los años 40, en Ríos v. Puerto Rico Cement Corp., 66 D.P.R. 470, 477 (1946), indicamos que “[u]n laudo de arbitraje ocupa una posición muy similar a la de una sentencia o decreto judicial”. También señalamos que, como regla general, un laudo de arbitraje puede ser impug-nado o anulado si existe algún defecto o insuficiencia en la sumisión o en el laudo mismo que lo invalide, o cuando el proceso se ha desviado de forma sustancial y perjudicial de las reglas que gobiernan los procedimientos arbitrales. Por todo lo cual, en aquella ocasión enfatizamos en que los tribunales no deben permitir que se impugne un laudo a menos que se pueda alegar alguna de las objeciones antes mencionadas o que se alegue y pruebe la existencia de fraude, mala conducta o la comisión de un grave y perjudi-cial error equivalente a una violación del derecho a un de-bido procedimiento de ley.

Ya a finales de la década del 40 resolvimos el caso normativo Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., 69 D.P.R. 782 (1949), el cual muchos han nombrado como la “Ley de Arbitraje Obrero-Patronal de Puerto Rico” o la “Ley de Arbitraje Laboral de Puerto Rico”. Entre otros asuntos, allí expresamos que un laudo de arbi-traje no es un contrato ni una sentencia, pero disfruta de la naturaleza de ambos. Además, enumeramos las causa-les por las cuales se puede impugnar un laudo basado en una sumisión voluntaria, siendo estas: (1) el fraude, (2) la conducta impropia, (3) la falta del debido procedimiento en la celebración de la vista, (4) la violación de la política pú-blica, (5) la falta de jurisdicción, y (6) que el laudo no re-suelva todas las cuestiones en controversia que se sometieron.

A nivel federal, en 1957 el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió el caso Textile Workers Union of America v. Lincoln Mills of Ala. En referencia a éste y a Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., supra, el pro-fesor Helfeld señala que “[a]mbos casos han servido como la fuente fundamental para toda la jurisprudencia subsiguiente. Lo que ha creado la jurisprudencia de ambas jurisdicciones ... es una política pública que favorece el de-sarrollo de un sistema de arbitraje para la resolución de disputas obrero-patronales paralelo al sistema judicial, funcionando con relativa autonomía y que puede contar con el apoyo judicial, siempre y cuando cumpla con unas normas fundamentales de naturaleza limitativa”.!

Por su parte, en United Steelworkers v. Paula Shoe Co., Inc., 93 D.P.R. 661, 667 (1966), resolvimos que ningún error de hecho o de derecho del árbitro será motivo de impugnación, excepto que cuando se incluya en el acuerdo de sumisión que el árbitro deberá decidir conforme a derecho, entonces ese árbitro deberá seguir las normas de derecho y rendir el laudo de acuerdo con las doctrinas legales prevalecientes. Es decir, un laudo no se podrá anular por la existencia de meros errores de criterio, ya sean éstos en cuanto a la ley o en cuanto a los hechos.!

Al igual que en la jurisdicción federal, en Puerto Rico existe una fuerte política pública a favor del arbitraje como método alterno para la solución de conflictos.! No obstante, aun cuando existe esa política pública, el arbitraje únicamente se utilizará si las partes así lo han pactado y en la forma en que lo han acordado.! Esto se debe a que como el arbitraje es un asunto de naturaleza contractual, no se puede obligar a una parte a someter una disputa al procedimiento de arbitraje si esa parte no lo ha pactado de esa forma. Dicha política pública está estrechamente relacionada con el principio de la autonomía de la voluntad contractual, según enunciado en el Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3372, el principio de pacta sunt servanda dispuesto en el Art. 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2992, y el principio de la buena fe contractual.

Como indicamos en Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604, 606-607 (1979), la distinción en la fuente de reglamentación del arbitraje obrero-patronal (regido por normas jurisprudenciales según la doctrina establecida en Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co.,) y el arbitraje comercial (regulado por la Ley 376) no altera la común naturaleza contractual de ambas instituciones. Allí planteamos que debido a que ambos tipos de arbitraje sur-gen de un convenio, tanto en uno como en otro los árbitros vienen obligados a respetar lo acordado; en su defecto, en-tonces queda libre la vía judicial para dar vigencia a la voluntad de las partes.

En términos de la revisión judicial de un laudo arbitral, debemos mencionar que en nuestro ordenamiento jurídico se requiere que el laudo se dicte por escrito y que los árbitros o una mayoría de ellos lo firmen. No obstante, según resolvimos en Autoridad sobre Hogares v. Tribl. Superior, los árbitros no están obligados a formular determinaciones de hecho ni conclusiones de derecho, y tampoco tienen que expresar las razones de su fallo. Además, los árbitros no están compelidos a sustanciar la prueba bajo juramento ni a tomarla por escrito, así como tampoco tienen que hacer un expediente. De igual ma-ñera, este Tribunal ha determinado que los árbitros tam-poco están obligados a emitir sus laudos conforme a dere-cho, salvo pacto expreso en contrario.

Esta Curia ha enfatizado que, como norma general, los laudos de arbitraje merecen de los tribunales una gran deferencia, salvo cuando se demuestre la existencia de alguna de las ya mencionadas causales para impugnarlos. No obstante, dicha norma general tiene su excepción: “ ‘los tribunales pueden intervenir y revisar si el convenio o acuerdo de sumisión, según sea el caso, consigna expresamente que el [l]audo sea resuelto conforme a derecho, y ello con referencia al derecho aplica [ble].’ ” Así, pues, a través de los años hemos reiterado la regla de autorrestricción judicial de que no se revisará un laudo arbitral en cuanto al derecho o ley aplicable, salvo que determinada ley o las partes (en el acuerdo de sumisión o en el convenio colectivo) exijan que se resuelva conforme a derecho.

Ahora bien, en un laudo de arbitraje, el término “conforme a derecho” se refiere a que “ ‘el árbitro [no] tiene autoridad para hacer caso omiso de las reglas de derecho sustantivo’ ”. Por lo tanto, debe quedar claro que las decisiones emitidas por un árbitro, que sean contrarias a las leyes y normas interpretativas de derecho sustantivo del Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, invalidan jurídicamente el laudo ar-bitral cuando las partes han acordado que dicho laudo sea conforme a derecho.!

B. El procedimiento de arbitraje dispuesto por la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A.

Mediante la aprobación de la Ley 142, la Asamblea Legislativa incluyó en la Ley de A.E.E.L.A. un procedimiento de arbitraje para atender las impugnaciones de los candidatos en el proceso de elección de delegados y los puestos de sus Cuerpos Rectores. En la Exposición de Motivos de la ley, el legislador expuso que ante el problema en la solución de controversias relacionadas con el proceso de elección es importante que exista un mecanismo de resolución de disputas que tenga la confianza de todas las partes involucradas. Señaló el legislador que “[e]llo es tan o más necesario en una organización representativa, constituida democráticamente, donde existen diversidad de criterios, como es la Asociación”.!

A través de la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, se crea un procedimiento de arbitraje mediante el cual se re-fiere la controversia al Negociado de Conciliación y Arbi-traje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y allí se designa al P.I.A. para que atienda las impugnacio-nes de los candidatos. Dicho Panel estará compuesto por tres árbitros que coticen al Fondo de Ahorro y Préstamos de A.E.E.L.A., y los nombrará el Secretario del Departa-mento del Trabajo y Recursos Humanos no más tarde de treinta días laborables antes de la fecha de las elecciones.

Con relación al proceso de impugnación de los candida-tos en el proceso de elección de delegados, la mencionada sección de la Ley de A.E.E.L.A. establece que cualquier candidato podrá presentar una reclamación escrita ante el P.I.A., ello dentro de los próximos cinco días de efectuada la elección. Luego, a más tardar quince días después de pre-sentarse la impugnación, el P.I.A. se reunirá para conside-rarla y notificará la decisión al reclamante dentro del tér-mino que no excederá los treinta días desde la fecha de presentación de la impugnación. Entonces, el candidato po-drá solicitar la reconsideración ante el P.I.A. dentro del término de cinco días de haber recibido la notificación, por lo que dicho Panel reconsiderará y notificará su determi-nación dentro de un término que no excederá los diez días desde la fecha en que se presentó la petición de reconsideración.

Así, pues, cualquier candidato adversamente afectado por una resolución final u orden del P.I.A. podrá solicitar revisión judicial de dicha determinación ante el tribunal de primera instancia no más tarde de treinta días después de la notificación de la decisión del Panel.

Mediante la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, la Asamblea Legislativa delegó en la Junta de Directores de la Asociación la adopción de un proyecto de reglamento que regulara el trámite de referimiento al P.I.A. Posterior-mente, ese proyecto sería presentado a la Asamblea de De-legados para su consideración y aprobación. Así, pues, dicha Asamblea adoptó, en 1995, el Reglamento de Referimiento al Árbitro del Negociado del Conciliación y Arbitraje de los Procesos de Impugnación de Elección de los Delegados y de los Puestos de los Cuerpos Rectores de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Reglamento de Referimiento al Árbitro). En-tre otros asuntos, en dicho reglamento se incluyen disposi-ciones relacionadas con la designación del Panel, el proce-dimiento de impugnación, la determinación del Panel y la revisión judicial.

En lo pertinente, el Art. 8 del Reglamento de Referi-miento al Árbitro establece que “[t]odas las decisiones del Panel serán por escrito e incluirán determinaciones de hech[o] y conclusiones de derecho”. Mientras, el Art. 10 del mencionado Reglamento expone que “[c]ualquier candidato adversamente afectado por resolución final u orden del Panel podrá requerir revisión judicial de dicha resolución u orden al Tribunal de Primera Instancia ... en la sala co-rrespondiente a la residencia de la parte agraviada, no más tarde de treinta (30) días después de la notificación de la decisión del Panel”.

IV

A. El origen, propósito y estado actual de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 52 de 11 de julio de 1921 (Ley 52) se creó la institución llamada “Asociación, Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico” con el propósito principal de estimular el ahorro entre los empleados de gobierno y asegurarles contra accidentes, enfermedad y muerte. Luego, por medio de la Ley Núm. 18 de 23 de abril de 1954, la Asamblea Legislativa modificó el nombre de la institución a la Asociación de Empleados del Gobierno de Puerto Rico, y más de una década después se aprobó la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, conocida como la Ley de A.E.E.L.A., mediante la cual se derogó la Ley 52 y se dispuso sobre la continuación de la Asociación.

En First Federal v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 56, 70 (1962), expresamos que la Asociación es “una institución pública de carácter compulsorio para todos los empleados y funcionarios públicos del Gobierno de Puerto Rico” (énfasis suprimido), y ordena el descuento de una cuota mensual de los sueldos de tales empleados y funcionarios. Id., pág. 71.

Al año siguiente, en 1963, resolvimos Berrios Miranda v. Asociación de Empleados, 88 D.P.R. 809 (1963). Allí ex-pusimos que “[l]a Asociación existe como una entidad creada gubemamentalmente para fines de interés público, como es la protección de nada menos que de los propios empleados gubernamentales”. Id., pág. 820. Además, hici-mos claro que la Asociación no es un negocio privado ni tiene fines de lucro o especulación. Id.

A pesar de que la Asociación es un organismo creado por ley, altamente reglamentado y con una finalidad pública establecida por el Gobierno de Puerto Rico, este Tribunal ha resuelto que ésta no se puede considerar como una agencia, departamento, instrumentalidad o corporación pública del Gobierno. Asoc. de Empleados del E.L.A. v. Vázquez, 130 D.P.R. 407, 429 (1992). Asimismo, hemos reconocido que la Asociación no recibe ayuda económica del Gobierno de Puerto Rico y funciona de forma similar a una cooperativa de ahorro y crédito. Específicamente, la A.E.E.L.A. se nutre del salario mensual de los empleados públicos, ya que a éstos se les descuenta no me-nos del tres por ciento de su salario mensual a través del Fondo de Ahorro y Préstamo. Id., pág. 428.

B. El proceso de elección de delegados a la Asamblea de Delegados y de los candidatos a puestos directivos en los Cuerpos Rectores de la Asociación de Empleados del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico

A la Asociación la gobierna una Asamblea de Delegados y la administra una Junta de Directores, constituyendo ambas los Cuerpos Rectores de la Asociación. Según dispone la Sec. 5(a) de la Ley de A.E.E.L.A., 3 L.P.R.A. see. 862d(a), los empleados de cada agencia gubernamental que pertenezcan a la matrícula de la Asociación celebrarán elecciones en abril cada cuatro años para elegir delegados por términos de cuatro años cada uno. Dicha elección será en proporción de un delegado en propiedad y un delegado suplente por cada mil o fracción de mil empleados que co-tizan en el Fondo de Ahorro y Préstamos, pero queda claro que ninguna agencia gubernamental podrá elegir más de quince delegados en propiedad. Id. Mientras, los munici-pios en conjunto tendrán un delegado por cada mil o frac-ción de mil empleados cotizando ahorros hasta un máximo de quince delegados. Id.

Tan pronto se realice la elección en cada agencia guber-namental, el jefe de ésta notificará los nombres de las per-sonas electas al Presidente de la Asamblea de Delegados, dentro del término de diez días a partir de la fecha de la elección. Una vez se hayan elegido los delegados de no me-nos del 75% de todas las agencias gubernamentales, el Pre-sidente convocará a la nueva Asamblea de Delegados. See. 5(a) de la Ley de A.E.E.L.A., supra. Al sector de los exem-pleados acogidos lo convocará el Presidente de la Junta de Directores de la A.E.E.L.A. y elegirá delegados en la misma forma y proporción provista para los empleados en servicio activo. Id.

De acuerdo con la Ley de A.E.E.L.A., los jefes de las agencias gubernamentales serán los encargados de organi-zar las elecciones dispuestas en ella y, a esos efectos, crea-rán un Comité Organizador. Como parte de dicho Comité, los jefes de agencias deberán nombrar un Subcomité de Votación y Escrutinio, y un Subcomité de Impugnaciones, siendo este último el que deberá resolver —en diez días laborables— cualquier querella que se presente por escrito relacionada al proceso de candidaturas o elección. Sec. 5(a) de la Ley de A.E.E.L.A., supra.

Además, el estatuto deja establecido que ningún em-pleado podrá ser electo por más de dos términos consecuti-vos como miembro de la Asamblea de Delegados. Sec. 5(a) de la Ley de A.E.E.L.A., supra. A su vez, el estatuto dis-pone que la Asamblea de Delegados elegirá —de entre sus miembros— un presidente, un vicepresidente, un secreta-rio y un macero, y también elegirá los miembros de la Junta de Directores. Id.

Por su parte, la Sec. 5(b) de la Ley de A.E.E.L.A., 3 L.P.R.A. sec. 862d(b), expone que la Junta de Directores de la Asociación estará compuesta por 17 miembros que serán elegidos por y de entre los delegados en propiedad electos a la Asamblea de Delegados. Por mandato de ley, en dicha Junta habrá un director que corresponda a la Rama Legis-lativa, uno a la Rama Judicial, doce a la Rama Ejecutiva, dos al sector de exempleados acogidos y uno a los municipios. Id.

Asimismo, queda claro que ninguna agencia guberna-mental tendrá más de un miembro en la Junta de Directo-res, que los miembros de dicha Junta serán electos por un término de cuatro años y ninguno de ellos servirá por más de dos términos consecutivos. Sec. 5(b) de la Ley de A.E.E.L.A., supra. Se señala también que la Junta elegirá —de entre sus miembros— un presidente, un vicepresi-dente y un secretario.

C. Los términos “empleado”, “matrícula”y “agencia guber-namental” en la Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

El inciso (b) de la See. 2 de la Ley de A.E.E.L.A., 3 L.P.R.A. sec. 862a(b), recoge la definición del término “empleado”. En lo pertinente, allí se dispone lo siguiente:

(b) Empleado.-Significará todo funcionario o empleado per-manente o regular que como tal reciba un sueldo del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de sus instrumen-talidades que pertenezca a la matrícula de la Asociación y el personal permanente de la Asociación.

De la definición anterior se deduce que hay dos catego-rías de empleados según la Ley de A.E.E.L.A.; estas son: (1) los funcionarios o empleados permanentes o regulares que reciban un sueldo del Gobierno del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico o de sus instrumentalidades que per-tenezcan a la matrícula de la Asociación, y (2) el personal permanente de la Asociación.

La Ley de A.E.E.L.A. también establece quiénes componen la matrícula de dicha Asociación. En lo pertinente, la See. 4 de la Ley de A.E.E.L.A., 3 L.P.R.A. see. 862c, establece que

[Z]a matrícula de la Asociación comprenderá a todos los em-pleados y ex empleados, según éstos son definidos más ade-lante en las sees. 862 a 863p de este título, de agencias guber-namentales existentes o que se crearen en lo sucesivo, incluyendo a los municipios de Puerto Rico.
A los efectos de la participación en los beneficios de la Aso-ciación la matrícula se dividirá en las siguientes categorías:
(4) Socios acogidos al seguro por muerte.-Esta categoría comprenderá a los empleados asegurados que al separarse de-finitivamente del servicio de cualquier agencia gubernamental queden, a petición propia, acogidos al seguro por muerte. (En-fasis suplido.)

De igual forma, el inciso (Z) del Art. Ill del Reglamento de la Asamblea de Delegados de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dis-pone que “matrícula” significará “la matrícula de la Asociación que comprende a todos los empleados y ex-empleados acogidos al Seguro por Muerte de agencias gubernamentales existentes o que se crearen en lo sucesivo, incluyendo los municipios de Puerto Rico”.

A su vez, el inciso (c) de la See. 2 de la Ley de A.E.E.L.A., 3 L.P.R.A. sec. 862a(c), define el término “agencia gubernamental” de la forma siguiente:

(c) Agencia gubernamental. -Significará todo departamento, agencia, instrumentalidad, autoridad o corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico existente o que se creare en el futuro. Se considerarán, además, como agencia gubernamental el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Tribunal de Circuito de Apelaciones, el Tribunal de Primera Instan-cia, la Oficina de Administración de los Tribunales, el Senado, la Cámara de Representantes, la Oficina del Contralor, la Ofi-cina del Procurador del Ciudadano, la Universidad de Puerto Rico y los gobiernos municipales. Cuando hay [a] varias agen-cias y oficinas bajo un mismo departamento, se entenderá que todos y cada uno de ellos forman una sola agencia guberna-mental, conforme a las leyes y los planes de reorganización gubernamental aprobados por la Asamblea Legislativa y vi-gentes a la fecha de la elección. A los efectos de este capítulo todos los municipios se considerarán en conjunto y como una sola agencia gubernamental.

En la versión original de la Ley de A.E.E.L.A., aprobada el 28 de junio de 1966, se incluyó de manera expresa a la Asociación dentro de la definición de “agencia gubernamental”. No obstante, al año siguiente se aprobó la Ley Núm. 134 de 14 de jimio de 1967 mediante la cual se excluyó de la mencionada definición. Dicha exclu-sión la propuso la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, mediante el P. de la C. Núm. 774 de 1967. En las explicaciones sobre el alcance de la medida, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Re-presentantes expresó lo siguiente:

El propósito del proyecto bajo consideración es corregir va-rias referencias erróneas que se hacían a diferentes secciones de la ley, aclarar el significado de términos utilizados en la misma y suplir criterios que facilitan la administración de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado.
El proyecto excluye a la misma Asociación de Empleados en su definición de Agencia Gubernamental’. Con esto se evita que los empleados de la Asociación tengan representación en la Asamblea de Delegados y que surja la situación an[ó]mala de que un subalterno del Director Ejecutivo de la Asociación forme parte de la Junta de Directores o de la Asamblea de Delegados. (Énfasis suplido.)

Por su parte, previo estudio y consideración del P. de la C. Núm. 774 de 1967, la Comisión del Trabajo del Senado reiteró la posición de la Cámara de Representantes. En su informe, dicha Comisión expresó lo siguiente:

De acuerdo a la medida no se permitirá que los empleados de la Asociación formen parte de la Asamblea de Delegados o de la Junta de Directores. Esto evita el posible conflicto que pudiera surgir, si un empleado de la Asociación fuera electo a la Junta de Directores, estando así por encima de su jefe en la Asociación.!

En una Opinión emitida en 1974 por el entonces Secre-tario de Justicia, Ledo. Franscisco De Jesús Schuck, éste planteó lo siguiente con relación a la matrícula de A.E.E.L.A.: “La sección que reglamenta la composición de la Matrícula de la Asociación clara y expresamente la li-mita a todos los empleados y ex empleados de agencias gubernamentales.'' ” (Enfasis en el original.)! Más ade-lante, el entonces Secretario añadió las expresiones si-guientes:

No tenemos duda alguna que el propósito del legislador fue el de excluir la “Asociación” de la definición del término “agen-cia gubernamental”, de forma tal que los empleados de dicha Asociación no formaran parte de la matrícula de la Asociación, ni tuvieran derecho a estar representados en alguno o ambos de sus cuerpos rectores. Fue muy cuidadoso el legislador al exponer las razones que para ello tenía.
Ante una intención legislativa tan clara, no es posible con-cluir que los empleados de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado tengan derecho a estar representados en la Asamblea de Delegados de dicha Asociación, aun cuando dicha representación se limitara a ese cuerpo rector únicamente. Lo cierto es que la ley que nos ocupa no les ga-rantiza ese derecho en la actualidad. Sí podrán esos emplea-dos, para todos los efectos, disfrutar de los beneficios que la Asociación persigue dentro de sus fines, pero en términos de una representación en alguno o ambos de sus cuerpos rectores, la contestación es en la negativa. (Enfasis suplido.)!

D. La Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Go-bierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Mediante la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley del Sistema de Retiro del Gobierno),! se creó un sistema de retiro y beneficios que se considerará un fideicomiso. Según el Art. 1-101 de la mencionada ley, 3 L.P.R.A. see. 761, los fondos de dicho sistema de retiro se utilizarán y aplicarán “en provecho de los miembros participantes de su matrícula, sus dependientes y beneficiarios, para el pago de anualidades por retiro y por incapacidad, anualidades y beneficios por defunción y otros beneficios, una vez satisfechos los requisitos que más adelante se establecen, para en esta forma conseguir economía y eficiencia en el funcionamiento del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

El inciso (c) del Art. 1-105 de la Ley del Sistema de Retiro del Gobierno, 3 L.P.R.A. sec. 764(c), dispone que para los efectos de la matrícula del sistema de retiro de empleados “la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se considerará como una empresa pública”. En lo pertinente, el inciso (4) del Art. 1-104 de dicha ley, 3 L.P.R.A. see. 763(4), define que “empresa pública” será “toda instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que haya sido creada o que en el futuro se creare”.

V

A. La interpretación de las leyes (la hermenéutica legal)

Según los tratadistas Bernier y Cuevas Segarra, la hermenéutica legal es el proceso de interpretar las leyes, lo que comprende auscultar, averiguar, precisar y determinar cuál ha sido la voluntad legislativa, esto es, qué es lo que ha querido decir el legislador. En varias ocasiones este Foro ha señalado que en nuestra función de interpretar la ley solo existe una regla absolutamente invariable: se debe descubrir y hacer cumplir la verdadera intención y deseo del Poder Legislativo. Es por ello que hemos reiterado que constituye un principio cardinal de hermenéutica el que los tribunales, al interpretar una disposición específica de una ley, deben siempre considerar cuáles fueron los propósitos que persiguió la Asamblea Legislativa al aprobarla.

Hemos dejado claro que los tribunales deben interpretar la ley como un ente armónico, dándole sentido lógico a sus diferentes secciones, supliendo así las posibles deficiencias cuando esto sea necesario. Bemier y Cuevas Segarra nos plantean que todo estatuto se debe examinar en su totalidad para determinar el significado de cada una de sus partes, pues con ello se persiguen dos propósitos: (1) aclarar ambigüedades, y (2) hacer de la ley un todo armó-nico y efectivo.! Añaden que “[n]o se pueden tomar aisla-damente los distintos apartados de la ley, sino que deben tomarse todos en conjunto, o sea, íntegramente”.!

Por último, acogemos las expresiones de Bernier y Cuevas Segarra en el sentido de que los tribunales, en el desempeño normal de sus funciones, están obligados a respetar la voluntad legislativa aunque los magistrados discrepen personalmente de la sabiduría de los actos legislativos. Señalan, además, que interpretar una ley en forma contraria a la intención legislativa implica que la Rama Judicial usurpa las prerrogativas de la Rama Legislativa. Es por ello que el intérprete de la ley se debe abstener de sustituir el criterio legislativo por sus propios conceptos de lo justo, razonable y deseable.!

VI

Con el propósito de hilvanar de una forma más lógica la discusión de los señalamientos de error planteados por la parte peticionaria —la A.E.E.L.A. — , procederemos a dis-cutir en primera instancia y de manera conjunta (por estar estrechamente relacionados entre sí), el segundo y tercer señalamiento, y luego el primer señalamiento de error. Es decir, primero analizaremos el alcance de la revisión judicial dispuesta en la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, y luego expondremos si los exempleados de A.E.E.L.A. per-tenecen a la matrícula de dicha Asociación.

Como mencionamos anteriormente, fue mediante la aprobación de la Ley 142 que se incluyó el procedimiento de arbitraje en la Ley de A.E.E.L.A., ello “para atender las impugnaciones de los candidatos en el proceso de elección de los delegados y los puestos de sus [cjuerpos [r]ectores”. En aquella ocasión el legislador consideró que era necesario crear un mecanismo para resolver las disputas y enfrentar el problema existente en la solución de controversias relacionadas con el proceso de elecciones en la Asociación. Así, pues, la Asamblea Legislativa conci-bió un procedimiento de arbitraje que referiría los casos al Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y allí se designaría al P.I.A. para atender las impugnaciones.

Es la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, la que establece el procedimiento de arbitraje y reconoce la revi-sión judicial. Allí claramente se plantea que cualquier can-didato adversamente afectado por una resolución final u orden del P.I.A. podrá solicitar revisión judicial no más tarde de treinta días luego de la notificación de la determi-nación del árbitro. Así también se dispuso en el Art. 10 del Reglamento de Referimiento al Arbitro, supra. No obs-tante, es el Art. 8 del mencionado Reglamento el que abunda sobre cómo serán esas decisiones del P.I.A. al ex-poner que éstas “serán por escrito e incluirán determina-ciones de hech[o] y conclusiones de derecho”.

De una lectura integral de la mencionada See. 38 se puede identificar la especificidad y particularidad del pro-cedimiento de arbitraje que el legislador integró a la Ley de A.E.E.L.A. Asimismo, se pueden reconocer unas diferen-cias, que podríamos catalogar como “abismales”, con el pro-cedimiento de arbitraje que se emplea en las controversias de naturaleza comercial y en las disputas obrero-patronales. Veamos algunas de estas diferencias.

En primer lugar, en nuestro ordenamiento jurídico, tanto el arbitraje comercial como el arbitraje obrero-patronal son tipos de arbitraje de carácter voluntario, o sea, que ocurren por voluntad de las partes. No obstante, el procedimiento de arbitraje dispuesto en la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, claramente constituye un arbi-traje de carácter obligatorio o le podríamos llamar un “ar-bitraje compulsorio legislativo” (concepto que acuñamos en 1974 en Colón Molinary v. A.A.A., supra).

En segundo lugar, como resolvimos en Autoridad sobre Hogares v. Tribl. Superior, supra, los árbitros no están obligados a formular determinaciones de hecho ni conclu-siones de derecho, sin embargo, el Art. 8 del Reglamento de Referimiento al Arbitro dispone expresamente que las de-cisiones del P.I.A. “serán por escrito e incluirán determina-ciones de hech[o]s y conclusiones de derecho”. (Enfasis suplido.)

En tercer lugar, otra gran diferencia se refiere a la fina-lidad y obligatoriedad de la decisión que emitió el árbitro o panel de árbitros. En el caso del arbitraje comercial y el arbitraje obrero-patronal, la revisión judicial del laudo ar-bitral es casi inexistente debido a la norma de autorrestric-ción o abstención judicial. Los tribunales solo podrán revisar los laudos arbitrales si existe alguno de los funda-mentos dispuestos por ley (en el arbitraje comercial) o por la jurisprudencia (en el arbitraje obrero-patronal) que per-mita la impugnación de dicho laudo. Mientras, ni la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A. ni el Reglamento de Referi-miento al Arbitro establecen causales para la impugnación del laudo de P.I.A., sino que solo se limitan a establecer de forma general los remedios de la reconsideración y la revi-sión judicial.

Por último, en el contexto del arbitraje comercial y el arbitraje obrero-patronal, hemos señalado que los árbitros no están obligados a emitir sus laudos conforme a derecho, salvo pacto expreso en contrario. No obstante, tanto la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, como el Reglamento de Referimiento al Arbitro, nada disponen acerca de si los laudos del P.I.A. serán o no conforme a derecho.

Al examinar minuciosamente la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, así como el Reglamento de Referimiento al Arbitro, nos damos cuenta de que el procedimiento de arbitraje creado por el legislador a través de la Ley 142 tiene unas características muy particulares. Ahora bien, con relación a si el procedimiento de arbitraje estatuido en la Ley de A.E.E.L.A. es un procedimiento ordinario o sui generis, aunque —como ya hemos descrito— tal procedi-miento goza de múltiples características particulares, re-sulta innecesario en esta ocasión definirlo en una u otra forma.

Luego de un análisis conjunto de la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, y el citado Art. 10 del Reglamento de Referimiento al Arbitro, consideramos que hubo una inten-ción inequívoca del legislador y de la Asamblea de Delega-dos de A.E.E.L.A. en cuanto a permitir una revisión judicial plena de las resoluciones finales u órdenes del P.I.A., ya que en ninguna parte de la See. 38 ni en el mencionado artículo se establece alguna limitación a la revisión judicial en términos de establecer causales o fundamentos por los cuales se pueda impugnar la decisión del P.I.A. Ello contra-rio al arbitraje comercial cuyas causales de impugnación están incluidas en el Art. 22 de la Ley de Arbitraje Comer-cial, supra, y en el arbitraje obrero-patronal las causales son las expuestas en Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., supra.

Entendemos que si el legislador y la Asamblea de Dele-gados de A.E.E.L.A. hubieran querido limitar el derecho a la revisión judicial de los laudos arbitrales del P.I.A., en-tonces hubieran establecido expresamente las causales de impugnación al amparo de las cuales las personas adver-samente afectadas pudieran revisar dichos laudos. Así, pues, se puede razonablemente deducir que tanto la Asam-blea Legislativa como la Asamblea de Delegados de A.E.E.L.A. consideraron que las determinaciones del P.I.A. fueran conforme a derecho, permitiendo así que las partes adversamente afectadas acudan al foro judicial y éste revise plenamente los méritos de las decisiones, incluyendo cualquier error en la aplicación del Derecho. O sea, la re-visión judicial del laudo arbitral del P.I.A. se extenderá a revisar la corrección jurídica del laudo.

Vale mencionar que el mismo Tribunal de Apelaciones reconoció que “[e]n la medida en que la propia ley habili-tadora de AEELA exige que el PIA establezca determina-ciones de hechos y conclusiones de derecho en todo laudo, nos indica que el arbitraje es uno conforme a derecho, por-que de lo contrario tales requisitos no tendrían significado alguno”. No cabe duda de que el requisito de consignar las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho en todas las determinaciones del P.I.A. responde al propósito de facilitar el proceso de revisión judicial que garantiza la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra.

Por todo lo anterior, en cuanto al segundo y tercer seña-lamiento, concluimos que el Tribunal de Apelaciones erró al denegar la expedición del recurso de certiorari que pre-sentó A.E.E.L.A. por entender que el foro de instancia erró al respetar la norma de abstención judicial ante la alegada falta de fundamentos para revisar el laudo arbitral que emitió el P.I.A. Como señalamos, la See. 38 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, y el Reglamento de Referimiento al Ar-bitro reflejan la intención de que el laudo emitido por el P.I.A. sea conforme a derecho, por lo que el tribunal podrá revisar los méritos jurídicos del laudo arbitral.

En cuanto al primer señalamiento de error, es impera-tivo referirse a las Sees. 2 y 4 de la Ley de A.E.E.L.A., supra. En particular, la See. 4 expone que “[l]a matrícula de la Asociación comprenderá a todos los empleados y ex empleados ... de agencias gubernamentales existentes o que se crearen en lo sucesivo” y que los socios acogidos al seguro por muerte son “los empleados asegurados que al separarse definitivamente del servicio de cualquier agen-cia gubernamental queden, a petición propia, acogidos al seguro por muerte” (Sec.4(4)). (Enfasis suplido.)

Mientras, el inciso (c) de la See. 2 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, define “agencia gubernamental” de forma precisa y no incluye en ésta a la Asociación. Como señalamos, en la versión original de la ley sí se incluyó a la Asociación en la definición de “agencia gubernamental”, pero se excluyó mediante la aprobación de la Ley Núm. 134 de 14 de junio de 1967.

No obstante, los recurridos plantean que no les aplica la definición de “socio acogido al seguro por muerte”, sino la expuesta en el inciso (e) de la See. 2 de la Ley de A.E.E.L.A., supra, referente a “socio acogido pensionado”. Allí se plantea que un socio acogido pensionado es “todo ex empleado acogido al seguro por muerte y que esté reci-biendo una pensión de cualquiera de los sistemas de retiro de empleados públicos ...”. 3 L.P.R.A. sec. 862a(e). Ante la claridad de la disposición sobre la composición de la matrí-cula de la Asociación (See. 4 de la Ley de A.E.E.L.A., supra) de ninguna manera podemos acoger el planteamiento de los recurridos, pues hacerlo sería desvirtuar la letra clara del estatuto y echar a un lado la intención del legislador.

Según surge de la determinación del Tribunal de Apela-ciones, dicho foro apelativo interpretó que los exempleados de A.E.E.L.A. pertenecen a la matrícula de la Asociación porque están acogidos al sistema de retiro de los emplea-dos del Gobierno de Puerto Rico y que no existe diferencia entre los exempleados de las agencias gubernamentales y los exempleados de la Asociación. Sin embargo, entende-mos que dicha interpretación es errónea y no podemos va-lidarla porque está claro que el estatuto que regula quié-nes pertenecen a la matrícula de la Asociación es la propia Ley de A.E.E.L.A. y nada tiene que ver la Ley del Sistema de Retiro del Gobierno. Debe quedar claro que una cosa es la matrícula del sistema de retiro de empleados de go-bierno, en la cual está incluida A.E.E.L.A. como una “em-presa pública”, y otra muy diferente es la matrícula de la Asociación, en la cual está excluida A.E.E.L.A. como una “agencia gubernamental”, por lo que están excluidos los empleados y exempleados acogidos de dicha Asociación. El inciso (c) del Art. 1-105 de la Ley del Sistema de Retiro del Gobierno, supra, aclara que A.E.E.L.A. se considerará como una “empresa pública” solo para los efectos de la ma-trícula del sistema de retiro de empleados.

Entonces, es importante recalcar que el reconocimiento y legitimación como miembros de un sector de la Asocia-ción, en este caso el sector de exempleados acogidos al se-guro por muerte, lo otorga la misma Ley de A.E.E.L.A. y no la Ley del Sistema de Retiro del Gobierno.

Claro está, no debe haber duda de que el legislador puede conceder beneficios a los empleados y exempleados de A.E.E.L.A. dentro del marco estrictamente laboral, pero en cuanto a la integración a la matrícula y la representa-ción en los Cuerpos Rectores de la Asociación, el legislador ha sido claro al excluir a los empleados y exempleados de A.E.E.L.A. Si la intención del legislador fuera incluirlos como parte de la matrícula, entonces debería incluir a la Asociación en la definición de “agencia gubernamental”. Sin embargo, hasta el momento esto no ha ocurrido. Por lo tanto, es nuestro deber hacer cumplir la disposición esta-tutaria y ceñirnos a lo dispuesto en la misma.

Concluimos, entonces, que los exempleados de A.E.E.L.A. no pertenecen a la matrícula de dicha Asociación, específicamente al sector de exempleados acogidos al seguro por muerte de A.E.E.L.A. y, por consiguiente, no tienen derecho a participar como votantes y a aspirar como candidatos en el proceso de elección de los delegados que representarán al mencionado sector de exempleados en la Asamblea de Delegados de la A.E.E.L.A.

VII

Por todo lo anterior, concluimos que incidió el Tribunal de Apelaciones al denegar la expedición del recurso presen-tado por la Asociación. Expedido el auto solicitado, se re-voca la resolución recurrida y aquella emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurrió con el Acápite III de la Opinión y disiente en cuanto a lo demás.

       Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 863i.

       Según consta en el expediente del caso, en dicha elección participaron 334 votantes, de los cuales 70 eran exempleados de la Asociación de Empleados del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico (A.E.E.L.A. o Asociación). Mientras, de la lista de 37 candidatos a delegados 10 eran exempleados de la Asociación, y de éstos 8 obtu-vieron un mayor número de votos. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 196.

      En lo pertinente, los resultados de la elección —según lo certificó el Presi-dente del Comité Organizador— fueron los siguientes:
      Nombre Cantidad de votos Posición
      Juan L. Aquino González 184 1
      Enita L. Moure de Li[s] 181 2
      Aida M. Medina Tolentino 181 3
      Herminio Rosado Marrero 181 4
      Carlos R. Pagán Colón 181 5
      José D. Rivera Caraballo 176 6
      Andrés Figueroa Rodríguez 175 7
      María E. Malavé Vicente 175 8
      [Hiram] Vélez Lebrón 174 9
      José Hernández Rodríguez 173 10
      Juan Venegas Rivera 173 11
      José G. Vargas Vélez 172 12
      Pedro J. Hernández Navas 172 13
      Ernesto Sánchez Huertas 170 14
      Gustavo Torres Mora 165 15
      Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 229-230.

       íd., págs. 196, 231 y 258.

       Los querellantes fueron la señora Iris Vidot de Cubero y los señores Luis R. García de la Noceda, Alcides Ramos Vélez, Ladislao Olmedo Vidró y Pedro Rivera Chinchilla.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 365.

       íd., pág. 374. El Subcomité de Impugnaciones de A.E.E.L.A. reiteró que “al permitir la participación de los ex empleados de la Asociación, como candidatos y votantes se vulneraron los derechos conferidos por la Ley Núm. 133 ... a los Ex empleados del Sector de las agencias gubernamentales que pertenecen a la matrícula”. Id.

       Mientras la resolución de la reclamación estaba pendiente ante el Panel Independiente de Arbitraje (P.I.A.), los recurridos presentaron ante el tribunal de instancia una demanda de interdicto preliminar y permanente contra la Asociación y varios de sus oficiales directivos. En particular, los recurridos solicitaron que: (1) se prohibiera la celebración de una segunda elección —pautada para el 29 de junio de 2003— cuyo propósito era elegir a los delegados del sector de exempleados, ello hasta tanto el P.I.A. resolviera la reclamación y ésta adviniera firme, y (2) se les certificara como delegados del sector de exempleados. No obstante, el 27 de junio de 2003, el foro de instancia denegó la petición de interdicto, pues entendió que los recurridos no sufrirían un daño irreparable si no los certificaban inmediatamente, ello porque el asunto de la impugnación aún estaba ante el P.I.A. Asimismo, concluyó que los re-curridos tenían un remedio en ley: impugnar la nueva elección.
      Ante la decisión del tribunal de instancia, el 29 de junio de 2003, la Asociación celebró una segunda elección de delegados, pero esta vez sin la participación de sus empleados y exempleados. Por último, A.E.E.L.A. certificó a los delegados electos en esa segunda elección. Inconformes con el dictamen del foro de instancia, en julio de
      2003 los recurridos presentaron un recurso de apelación (KLAN0300898) ante el Tribunal de Apelaciones. En septiembre de 2004, dicho foro apelativo, aun cuando reconoció que la controversia no estaba madura pues el asunto de la certificación de los delegados dependía de que el P.I.A. emitiera una decisión final sobre la impug-nación de la elección, resolvió que la Asociación estaba obligada —conforme a la See. 5(a) de la Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley de A.E.E.L.A.), 3 L.P.R.A. sec. 862d— a reconocer a los recurridos como miembros de la Asamblea de Delegados de la Asociación.
      Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud de reconsideración que presentó la Asociación y los oficiales directivos demandados, y en diciembre de 2004 éstos presentaron un recurso de certiorari ante este Foro (CC-2004-1173). En síntesis, éstos plantearon que la Ley de A.E.E.L.A. no les obligaba a reconocer a los aquí recurridos como delegados hasta tanto se resolviera de manera final y firme la impugnación de la primera elección, ya que estos últimos nunca fueron certificados por el jefe de la agencia.
      En abril de 2005 denegamos el recurso presentado y más adelante también denegamos la primera moción de reconsideración. Posteriormente, en mayo de 2005 accedimos a reconsiderar y expedimos el auto solicitado. Además, ordenamos la pa-ralización de los procedimientos y la reunión de la Asamblea de Delegados pautada para el 12 de mayo de 2005.

       El P.I.A. estuvo compuesto por Elizabeth Guzmán Rodríguez, José R. Colón Burgos y Betty Ann Mullins Matos. Esta última emitió una opinión disidente.

       En su opinión disidente, la árbitra Betty Ann Mullins Matos expone que está de acuerdo con la decisión del Subcomité de Impugnaciones acerca de que la participación de los exempleados de la Asociación en la elección de delegados cele-brada en abril de 2003 fue contraria a la propia Ley de A.E.E.L.A.

        La árbitra Mullins manifiesta que “[i]ndependientemente ... que éstos se hayan jubilado y estén acogidos al seguro por muerte, éstos siguen estando excluidos debido a que AEELAno está catalogada como una agencia gubernamental”. Por todo lo cual, Mullins entiende que el proceso de elección fue nulo porque no procedía la partici-pación de estos exempleados como candidatos a delegados a la Asamblea de Delega-dos de la Asociación. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 235-236.

        Juan Aquino González, et al. v. Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado, et al., Civil Núm. KAC2006-1738.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 122.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 28. Asimismo, el Tribunal de Apelaciones expresó que “la provisión que excluye a los empleados activos de AEELA de participar en los cuerpos rectores de la Asociación, no perdura cuando el empleado de AEELA deja de serlo a su jubilación, para convertirse en retirado con derecho a la pensión de la Asociación”. Id.

       íd„ pág. 29.

       Alegato de la parte peticionaria, pág. 11.

       3 L.P.R.A. sec. 862c.

       3 L.P.R.A. sec. 862a.

       Alegato de la parte recurrida, pág. 10.

       íd., pág. 11.

       Alegato de la parte recurrida, pág. 12.

       Alegato de la parte peticionaria, págs. 21-22.

       íd., págs. 23-24.

       íd., pág. 26.

       Alegato de la parte peticionaria, pág. 27.

       Alegato de la parte recurrida, pág. 16.

       D.M. Helfeld, La jurisprudencia creadora: factor determinante en el desa-rrollo del derecho de arbitraje en Puerto Rico, 70 (Núm. 1) Rev. Jur. U.P.R. 1, 3 (2001).

       Helfeld, La jurisprudencia creadora: factor determinante en el desarrollo del derecho de arbitraje en Puerto Rico, supra, pág. 5.

       D. Fernández Quiñones, El arbitraje obrero-patronal, Colombia, Ed. Forum, 2000, pág. 3.

       íd., pág. 9.

       I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 2da ed. rev., Orford, Equity, 1985, pág. 18.

       S. Goldberg y otros, Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes, 4ta ed., Nueva York, Ed. Aspen, 2003, pág. 210; Fernández Quiñones, op. cit, págs. 23-27. Véase, además, C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 299, 323 esc. 18 (2011).

       Rivera García, op. cit., pág. 19.

        Black’s Law Dictionary, 7ma ed., St. Paul, Ed. West Publishing Co., 1999, pág. 100.

       103 D.P.R. 143, 146 esc. 1 (1974). Véase, también, C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 25 esc. 19.

       H.R. Cando, El arbitraje obrero-patronal en Puerto Rico, Río Piedras, Ins-tituto de Relaciones del Trabajo, Universidad de Puerto Rico, 1953, pág. 10.

       Id., pág. 11.

       Helfeld, La jurisprudencia creadora: factor determinante en el desarrollo del derecho de arbitraje en Puerto Rico, supra, pág. 6.

       íd., págs. 6 y 53-55.

       íd., pág. 7.

       Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, según enmendada, 32 L.P.R.A. see. 3201 et seq. Previo a la aprobación de esta ley, en Puerto Rico rigió —en materia de arbitraje— el Derecho español desde 1881. Primero fue la Ley de Enjuiciamiento Civil para España y Ultramar de 13 de mayo de 1855, enmendada por el R.D. de 3 de febrero de 1881 y extendida a Puerto Rico el 25 de septiembre de 1885, y luego fue la Ley de Arbitraje de Derecho Privado de 22 de diciembre de 1953. Véase Seafarers Inter’l Union v. Tribl. Superior, 86 D.P.R. 803, 812 esc. 2 (1962).

        Autoridad. Sobre Hogares v. Tribl. Superior, 82 D.P.R. 344, 359 (1961); Helfeld, La jurisprudencia creadora: factor determinante en el desarrollo del derecho de arbitraje en Puerto Rico, supra, pág. 55.

        Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 D.P.R. 713, 721 (2006). Véase, además, S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 D.P.R. 359, 369 (2010).

       Véanse: Martínez Marrero v. González Droz, 180 D.P.R. 579, 586 (2011); S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra, pág. 366; Crufon Const. v. Aut. Edif. Púbs., 156 D.P.R. 197, 204 (2002).

        VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 D.P.R. 21, 32 (2011); S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra, pág. 367; Municipio Mayagüez v. Lebrón, supra, pág. 720; Crufon Const. v. Aut. Edif. Púbs., supra, pág. 205; U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 D.P.R. 133, 144 (1994); Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604, 606-607 (1979).

       32 L.P.R.A. see. 3229.

       Fernández Quiñones, op. cit., pág. 529. Véase, también, Autoridad Sobre Hogares v. Tribl. Superior, 82 D.P.R. 344, 359 (1961).

       32 L.P.R.A. see. 3222.

       Véase, además, C.R.U.V. v. Hampton Dev., 112 D.P.R. 59, 62-63 (1982).

       Cancio, op. cit., pág. 34. En Pagán v. Fund. Hosp. Dr. Pila, 114 D.P.R. 224, 228-229 (1983), precisamos que “[d]esde 1949 lamentamos la ausencia de legislación en Puerto Rico que gobierne el arbitraje laboral”. Allí añadimos que ante la falta de aprobación de una ley detallada sobre la materia, entonces se “fuerza a este Tribunal a llenar el vacío existente”. Id., pág. 229.

       D.M. Helfeld, El arbitraje obrero-patronal: por Demetrio Fernández Quiño-nes, Forum (2000), 71 (Núm. 1) Rev. Jur. U.P.R. 191, 195 (2002).

       31 L.P.R.A. see. 7.

        Ríos v. Puerto Rico Cement Corp., 66 D.P.R. 470, 477 (1946).

       íd., págs. 477-478.

       Fernández Quiñones, op. cit., págs. 11 y 529; Cancio, op. cit., pág. 28. En dicho caso, la parte peticionaria era la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (J.R.T.), en representación de la Unión de Empleados de Muelles de Puerto Rico (Unión), mientras que la parte recurrida era la New York & Porto Rico Steamship Co (compañía). Específicamente, la J.R.T. solicitó que se pusiera en vigor un laudo de arbitraje mediante el cual se ordenaba la reposición de dos empleados en su empleo en la compañía y la paga retroactiva desde la fecha de suspensión de empleo. Ambos empleados eran miembros de la Unión y se les acusó de haber hurtado de un muelle de la compañía dos cajas de mercancía que era parte de una carga interestatal.
      Luego de ser juzgados por el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, ambos acusados lograron la absolución, por lo que la Unión solicitó la reposición en el empleo y la paga retroactiva. No obstante, la compañía indicó que éstos no podían volver a ser empleados de dicha empresa.
      Conforme al convenio colectivo, la compañía y la Unión acordaron someter la controversia a arbitraje. Luego de celebrar vistas, el Comité de Arbitraje concluyó que ambos individuos fueron negligentes en el desempeño de sus deberes, pero que tal actuación sólo justificaba una semana de suspensión (según las reglas de la compañía). Así, dicho comité ordenó la reposición de ambos y la paga retroactiva luego de deducir el salario por una semana de suspensión. Sin embargo, la compañía no cumplió con el laudo de arbitraje y entonces la J.R.T. recurrió ante esta Curia.

        Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., 69 D.P.R. 782, 800 (1949). Véase, también, C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 29; VDE Corporation v. F & R Contractors, supra, pág. 29.

        Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., supra, pág. 800. Véanse, además: C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 30; S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832, 836 (1977).

       353 U.S. 448 (1957).

       Helfeld, El arbitraje obrero-patronal: por Demetrio Fernández Quiñones, Forum (2000), supra, pág. 195.

        Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., supra, pág. 800. Véanse, también: C.O.P.R. v. S.P.U., supra, págs. 30-31 , Autoridad sobre Hogares v. Tribl. Superior, supra, pág. 353.

       Véanse: VDE Corporation v. F & R Contractors, supra, pág. 32; S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra, pág. 368; Quiñones v. Asociación, 161 D.P.R. 668, 673 (2004); Crufon Const. v. Aut. Edif. Púbs., supra, pág. 205; Medina v. Cruz Azul de P.R., 155 D.P.R. 735, 738 (2001); U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., supra, pág. 141; McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864, 869 (1970).

        Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. 990, 1006 (2010); S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra, pág. 368; Crufon Const. v. Aut. Edif. Púbs., supra, pág. 205; World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., 125 D.P.R. 352, 361 (1990).

       Para una discusión sobre los principios mencionados, refiérase a VDE Corporation v. F & R Contractors, supra, págs. 33-34.

        Rivera v. Samaritano & Co., Inc., supra, págs. 606-607.

       Véase Art. 20 de la Ley 376 (32 L.P.R.A. see. 3220). El Art. XV(b) del Regla-mento para el Orden Interno de los Servicios de Arbitraje del Negociado de Concilia-ción y Arbitraje, Reglamento Núm. 6065, Departamento del Trabajo y Recursos Hu-manos, 23 de diciembre de 1999, pág. 9, dispone que “[e]l laudo arbitral deberá hacerse por escrito y estar firmado por el árbitro; sin embargo, si las partes lo soli-citan y el árbitro accede a emitir una decisión oral en el acto, podrá así hacerlo y subsiguientemente confirmará su laudo por escrito”.

       82 D.P.R. 344, 361-362 (1961).

       Véase, también, C.R.U.V. v. Hampton Dev., supra, págs. 63-64.

        C.R.U.V. v. Hampton Dev., supra, pág. 64; Rivera v. Samaritano & Co., Inc., supra, pág. 609.

        J.R.T. v. Vigilantes, Inc., 125 D.P.R. 581, 592-593 (1990); J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 D.P.R. 318, 325 (1988).

        J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, supra, pág. 326.

        Colón Molinary v. A.A.A., supra, pág. 155. En su obra sobre arbitraje obrero-patronal, el profesor Fernández Quiñones afirma que “[l]a política judicial de auto-rrestricción no tiene cabida en aquellos casos donde las partes exigen que el laudo sea conforme a derecho”. (Enfasis suprimido.) Fernández Quiñones, op. cit., pág. 584.

        Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557, 580 (1977).

        J.R.T. v. Vigilantes, Inc., supra, pág. 593. Véase, también, C.O.P.R. v. S.P.U., supra, págs. 31-32.

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 142-1994, Leyes de Puerto Rico 1271, 1273.

       Véanse, además: Op. Sec. Just. Núm. 1988-16; Op. Sec. Just. Núm. 1967-23, y Op. Sec. Just. Núm. 1964-10.

       La versión original del inciso (c) de 12 de la Ley de A.E.E.L.A. leía de la siguiente forma:
      “(c) ‘Agencia gubernamental’ significará todo departamento, agencia, instru-mentalidad, autoridad o corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se considerarán, además, como agencia gubernamental el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Tribunal Superior, el Tribunal de Distrito, el Senado, la Cámara de Representantes, la Oficina del Contralor, la Policía de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, la Asociación [de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico] y los gobiernos municipales que previa-ordenanza adoptada regularmente así lo soliciten.” (Enfasis nuestro.) 1966 Leyes de Puerto Rico 438, 439.

       21 (Parte III) Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa 1048 (1967).

       íd., pág. 1391.

       Op. Sec. Just. Núm. 1974-14, pág. 74.

       íd.

       Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 761 et seq.

       R.E. Bemier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, pág. 241.

        Lange v. El Pueblo, 24 D.P.R. 854, 858 (1917). Véanse, además: Quiñones v. Asociación, 161 D.P.R. 668, 676 (2004); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530, 538 (1999).

        Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 D.P.R. 849, 862 (2010); Pizarro v. Nicot, 151 D.P.R. 944, 951 (2000); Farmacias Moscoso, Inc. v. K-Mart Corp., 138 D.P.R. 497, 501-502 (1995); González Pérez v. E.L.A., 138 D.P.R. 399, 405 (1995).
      Según nos señalan Bernier y Cuevas Segarra, el propósito de la acción legisla-tiva puede ser corregir un mal, alterar una situación existente, complementar una reglamentación vigente, fomentar algún bien específico o el bienestar general, reco-nocer o proteger un derecho, crear una política pública o formular un plan de gobierno. Véase Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., págs. 245-246.

        Pizarro v. Nicot, supra, pág. 951; Farmacias Moscoso, Inc. v. K-Mart Corp., supra, pág. 502.

       Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 315.

       íd. Véanse, también: Bomberos Unidos v. Cuerpo Bomberos et al., 180 D.P.R. 723, 750 (2010); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923, 939-940 (2010); Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, supra, pág. 863; SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 D.P.R. 657, 668 (2009).

       Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 299.

       Exposición de Motivos de la Ley 142, supra, pág. 1273.

       Según hemos reconocido, el Negociado de Conciliación y Arbitraje constituye un organismo al cual las partes acuden voluntariamente para resolver una disputa obrero-patronal. Asimismo, este Tribunal ha afirmado que el negociado no es una parte en el pleito ni tampoco es el representante legal de ninguna de las partes. Hosp. del Maestro v. U.N.T.S., 151 D.P.R. 934, 942-943 (2000); Corp. Créd. Des. Com. Agrícola v. U.G.T., 138 D.P.R. 490, 495 (1995).

       Fernández Quiñones, op. cit., pág. 25. Véase, además, Vivoni Farage v. Ortiz Carro, supra, pág. 1007.

       Véase la Sección A del Acápite III de esta Opinión para los fundamentos de revocación del laudo arbitral en el arbitraje comercial y el arbitraje obrero-patronal.
      El Art. XV del Reglamento para el Orden Interno de los Servicios de Arbitraje del Negociado de Conciliación y Arbitraje, supra, pág. 6, establece que “[l]a decisión emitida por el árbitro será final y obligatoria para las partes y no podrá ser objeto de reconsideración por éste, excepto cuando el convenio colectivo así lo estipule o cuando ambas partes así lo acuerden”.

        C.R.U.V. v. Hampton Dev., supra. En U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., supra, pág. 143 esc. 7, expresamos que “cuando las partes acuerden que los asuntos sometidos a arbitraje sean resueltos con arreglo a derecho, el tribunal puede revisar los méritos jurídicos del laudo”. (Enfasis suprimido.) Véanse, además: Vivoni Farage v. Ortiz Carro, supra, pág. 1007; Rivera v. Samaritano & Co., Inc., supra, pág. 608.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 29.

       ei Tribunal de Apelaciones expresó lo siguiente:
      “Está claro que una vez se jubilan, los empleados de AEELA son jubilados den-tro del plan de retiro del gobierno de Puerto Rico, con iguales prerrogativas, derechos y obligaciones que todos los demás jubilados allí adscritos. Es decir, una vez jubilado el empleado del ELA, al igual que el empleado de AEELA, gozan de los mismos derechos y prerrogativas, sin distinción alguna”. Apéndice de la Petición de certio-rari, pág. 28.