author: El Juez Asociado Señor FraNco Soto,

text:
    Sucesión de José Antonio Rodríguez, compuesta, de Venancio, Fernando, Miguel Angel, Narciso y María Luisa, y la Sucesión de Antonio Rodríguez Oliva, compuesta de Carmen, Luciano y José Antonio Rodríguez, recurrentes, v. El Registrador de San Germán, recurrido.
    No. 626.

    Sometido: Enero 14, 1926.

      Resuelto: Febrero 26, 1926.
    1. Lis Pendens — Traspasos Hechos Antes io Después de Iniciado un Pleito— Personas a Quienes Aeecta da Sentencia Dictada — Personas no Com-pradoras Pendente .Lite. — Declarada la nulidad de eieita adjudicación— hecha en partición en que tenían interés menores y no medió autorización judicial — así como una venta subsiguiente y ordenada la cancelación de las respectivas inscripiciones, la declaración de nulidad no surte efecto logal contra uno que, no siendo comprador pendente lile, no fué parto, en el procedi-miento en que tal declaración se hizo.
    2. Inscripciones — Cancelación—Excepción del Artículo 34 de la Ley Hipo-tecaria — A Quién Incumbe Declarar si una Inscripción Está o nó Com-prendida en la Excepción. — La declaración de si una inscripción cuya can-celación se pretende está o nó comprendida en el artículo 34 do la Ley Hipo-tecaria incumbe no a los registradores sino a los tribunales de justicia.
    3. Inscripciones — Cancelación—Inscripción a Favor de Comprador no Pen-dente Lite — Declaración de Nulidad y Cancelación, CuAndo Puede Anu-lar Dicha Inscripción. — Para quo una sentencia que declara Ja nulidad de cierta adjudicación y venta subsiguiente y ordena la cancelación de las ins-cripciones respectivas pueda tener el alcance de anular una inscripción hecha a favor de otro que no fué comprador pendente lite, éste debe haber sido oído y vencido en juicio.
    4. Inscripciones — Cancelación—Inscripciones Extinguidas pior Otras.— lina inscripción extinguida por inscripciones de transferencias de dominio no puede cancelarse mientras no se cancelen o anillen aquellas inscripciones.
    Nota de Gómez Lasserre, R. (San Germán), denegando la cancela-ción de ciertas inscripciones.

      Confirmada.

      Luis Capó Maires, abogado de los recurrentes; el registrador com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor FraNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En las operaciones de partición y liquidación de bienes relictos al fallecimiento de Arturo Rodríguez Valdés en la que teniendo interés, entre otros, menores de edad en su ca-rácter de herederos, se adjudicó a Arturo Rodríguez Cruz como acreedor, por la suma de $300, una finca rústica con una cabida de 235 hectáreas, 82 áreas y 37 centiáreas, radi-•cada en los barrios de “Rancheras” y “Frailes,” del tér-mino municipal de Yauco.

El acreedor vendió la finca a Julio Sebastián Bnsigó y Acosta y Inego los herederos menores de edad, fundándose en que no medió autorización judicial para la adjudicación ni se llenaron los trámites legales para la venta de bienes de menores por causa de utilidad y necesidad, iniciaron un pleito pidiendo la nulidad de la adjudicación y venta, así como sus inscripciones en el registro de la propiedad como medio de obtener en definitiva la reivindicación del inmueble.

La Corte de Distrito de Ponce declaró con lugar la de-manda accediendo a ío solicitado por los demandantes y or-denó la ejecución de la sentencia expidiéndose mandamiento al Registrador de la Propiedad de San Germán para que cancelara los asientos de inscripción verificados a favor del adjudicatario y de la subsiguiente venta al comprador Bu-sigó.

El registrador denegó lo solicitado consignando en el do-cumento la siguiente nota:

“Denegadas las cancelaciones de inscripciones que se ordenan en el documento que precede a virtud de sentencia de la Hon. Corte de Distrito de Ponce, y extendida en su lugar anotación preventiva durante el término de 120 días a favor de los demandantes expresa-dos en dicho documento, al folio 80 del tomo 49 de Yauco, finca No. 1981 duplicado, Anotación letra A, por las razones siguientes: por-que del registro aparece que los asientos de inscripciones 2» y 3» re-feridos en dicho documento y cuya cancelación se ordena por el mismo, no existen ya por haber sido transferido completamente el derecho que revelaban a favor de Diego Vélez Gotay, tercero, que lo tiene inscrito por título de compraventa de la finca antes expresada según la inscripción 6* al folio 79 del tomo 49 de Yauco, por lo que no caben las susodichas cancelaciones, ni a nada conduce, porque se trata de asientos muertos y ha de subsistir el de la expresada inscrip-ción 6? que de aquellos y de la ¡Y de igual número recibió vida, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 34 de la Ley Hipotecaria; y además porque tampoco aparece de la mencionada sentencia que el referido titular haya sido oído y vencido como demandado en el pleito que la motivó.”

Según podemos deducir de la nota, la demanda no parece qne fné anotada en el registro para dar aviso a sucesivos compradores, por ninguno de los medios qne autoriza la ley.

Busigó a su vez había transmitido la finca a Diego Yélez Gotay haciendo su inscripción en el registro y ya se hiciese dicho traspaso antes o después de iniciado el pleito, resulta del mismo registro que cuando se fué a dar cumplimiento a la orden de ejecución de la sentencia, existía un tercer po-seedor que no había sido parte en el procedimiento.

Los recurrentes insisten, sin embargo, que habiendo de-clarado la corte inferior nula la adjudicación de la finca al acreedor Rodríguez Cruz, su inscripción en el registro no podía servir de base para transferir derechos inexistentes y que el registrador debió cancelar todas las inscripciones sucesivas pues si alguien se consideraba perjudicado podía acudir a ventilar su derecho ante los tribunales. Nada más erróneo. No siendo Diego López Gotay un comprador pen-dente lite la sentencia de la corte inferior, a pesar de su declaración de la nulidad de la adjudicación, no surtía efecto legal para él, a menos que se le hubiese hecho parte en el procedimiento. Paniagua v. Corte de Distrito, 34 D.P.R. 674-8.

No estamos conformes, sin embargo, con el registrador cuando entra en los méritos del derecho que puede asistir en su fondo a Vélez Gotay, aplicando por sí mismo .el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Al menos así aparece de la nota en su primera parte, y de su argumentación cuando dice:

“ liS * * Si existía un defecto que invalidaba la inscripción segunda citada que practicó uno de mis antecesores en el cargo, pasó desapercibido al mismo, y el comprador de la finca Yélez Gotay de su vendedor Busigó que tenía inscrito su título por la inscripción quinta citada no estaba obligado a examinar con el microscopio to-das las inscripciones, sino que el defecto debió ser razonablemente aparente de la susodicha inscripción segunda.”

Basta contestar a esto lo qne dice, en síntesis, la resolu-ción de la Dirección de los Registros de 29 de noviembre de 1884:

“Es preciso, para que una inscripción se cancele, o que consienta en ella el interesado, o que se ventile si está o nó comprendida en la excepción del artículo 34 de la ley, y tal declaración incumbe sólo a los Tribunales de Justicia.” Odriozola 201.

El verdadero motivo para la negativa no es que no se puedan cancelar los asientos de las inscripciones 2» y 3® a que se refiere la nota, precedentes a la inscripción becha a nombre de López Gotay en virtud de lo que dispone el artículo 77 de la Ley Hipotecaria, sino que se hace indispensable obtener la nulidad de esta última inscripción para que así se declaren y queden canceladas aquellas inscripciones. No debe entenderse por esto, sin embargo, que demos a López G-otay el carácter de tercero, pues sólo a los efectos del registro queremos significar que la sentencia de la corte inferior para tener el alcance de anular su inscripción, debió anotarse la demanda en el registro, como se ha dicho antes, y no habiéndose hecho tal cosa, López Gotay debe ser oído y vencido en juicio.

Para más claridad véase la Resolución de la Dirección de los registros de 21 de junio, 1899, que en resumen dice:

“Cuando la inscripción de un asiento, cuya cancelación se pre-tende, por haber sido declarado nulo, ha quedado extinguida, según lo dispuesto en el art. 77 de la Ley Hipotecaria, por las inscripcio-nes de transferencia de dominio de la finca practicada en virtud de varias escrituras de venta, no puede, por tanto, cancelarse mientras no se cancelen o anulen aquellas inscripciones, toda vez que, según ha declarado este Centro en resolución de 29 de Noviembre de 1881, no es posible cancelar un asiento que ha quedado extinguido legal-mente. ” Odriozola 206.

Por todo lo expuesto debe confirmarse la nota recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob Flanco Soto,

license: Public Domain

text:
    Juan Vincenty Ramos, demandante y apelante, v. José Damián, Ernesto Rubén, Carlos Aníbal e Iván Emilio Domínguez y del Moral, Menores de Edad Representados por su Padre con Patria Potestad José A. Domínguez, demandados y apelados.
    No. 3682.

    Visto: Diciembre 2, 1925.

      Resuelto: Febrero 26, 1926.
    L Servidumbres — Creación, Existencia y Terminación — Adquisición por Pres-cripción — DjsJi Uso de la Alegada Servidumbre — Uso por Mera Toleran-cia. — Guando la actuación de una persona, o su antecesor, al abrir, en pared propia contigua a propiedad ajena, veutana con visias rectas sobro la finca ajena es contraria a ley, en «usencia do, actos obstativos de los que pueda arrancarse para alegar y sostener la prescripción, ésta no puede hacerse de-pender del transcurso de más de veinte años y on que' sólo la mera tole-rancia constituye el fundamento del derecho a la alegada servidumbre.
    2. Servidumbres — Creación, Existencia y Terminación — Uso por Mera Tole-rancia — Derecho del que iia Venido Tolerando. — Como la mera tolerancia, no crea doreelio alguno a favor de un propietario de pared contigua a finca ajena en que se han abierto ventanas con vistas rectas sobre dicha finca ajena, la persona que ha venido tolerando puede, on cualquier tiempo, ob-tener el plono reconocimiento de sus derechos.
    3 Servidumbres — Creación, Existencia y Terminación — Luces y Vistas — Ven-tanas en Pared Propia Contigua a Finca A'jena — Casa Fabricada con Anterioridad a la Otra. — La circunstancia de que una. casa se haya fabri-cado eon anterioridad a otra y que las vistas do aquélla no den al interior de ésta, no son para tenerse en cuenta en la aplicación del artículo 589 del Código Civil.
    Sentencia de Angel Acoslu, J. (Mayagiiez), declarando sin lugar la demanda sobre negatoria de servidumbre de luces y vistas, con costas.

      Revocada.

      José 8abater, abogado del apelante; Pascasio Fajardo Martínez, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Flanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es nna acción sobre negatoria de servidumbre de Inces y vistas. En la demanda en síntesis se alega: que demandante y demandado son dueños respectivamente de dos fincas urbanas radicadas en la calle de Hostos, ciudad de Mayagiiez, y separadas entre sí por un callejón, propiedad del demandante, que mide una anchura aproximada de dos pies; que por el lado oeste de la casa de los demandados y en la muralla de ese lado, dichos demandados tienen abier-tas cuatro ventanas de grandes dimensiones con vistas rec-tas sobre la finca del demandante; y que en el registro de la propiedad no existe nota, inscripción ni mención de dere-cho alguno por el cual se haya constituido la finca del de-mandante en predio sirviente de la finca de los demanda-dos, ni ha habido pacto o convenio alguno consintiendo dinha servidumbre, ni ha existido nunca acto obstativo por el cual se haya adquirido la misma.

Los demandados si bien aceptaron los hechos esenciales de la demanda con la excepción de que alegaron ser dueños de una tercera parte del callejón y negaron que no hayan existido actos obstativos que favorezcan su derecho, definie-ron, como tales actos, en la contrademanda que al mismo tiempo archivaron para que se declare que su derecho se basa en la prescripción por más de 20 años, en esta forma:

“Alegan los exponentes que ni en la hoja destinada a la inscrip-ción de la finca de una y otra de las partes litigantes, existe inscrita la servidumbre a que viene obligada la casa del demandante para con la de los demandados, a virtud del derecho que los anteriores dueños que edificaron la casa de los contrademandantes tuvieron para hacer la edificación de dicha casa tal como está hoy edificada en lo que se ■refiere a-la muralla colindante con la casa del hoy demandante y con-trademandado y sus ventanas en litigio, cuyo derecho hasta aquí, fué por todos reconocido y respetado; y alegan los exponentos, que aun en el caso de que en el día de hoy el demandante señor Vincenty y Ramos pudiera tener algún derecho para exigir que las cosas fue-ran variadas en la casa de los demandados, ese derecho lo habría per-dido totalmente el señor Vincenty por virtud de la prescripción de ■tal derecho que nunca fué alegado durante todo el tiempo que le ha ¡concedido la ley.”

La corte inferior, 'entre otras conclusiones, sosteniendo la sentencia que dictó declarando sin lugar la demanda, sienta las siguientes:

“ * * * ; y ha sido un hecho probado, que durante este lapso de tiempo de más de 20 años, los demandados no han sido molesta-dos o en forma alguna requeridos, para que procedieran a tapiar las ventanas cuyo cierre o tapiado se solicita en la actualidad. Ni los antiguos dueños de la casa que es hoy pertenencia del demandante, ni el demandante mismo, al tiempo de comprarla, ni cuando la casa de los demandados fué reedificada por causa de los terremotos, ni en momento alguno, ni antes ni después de ahora, han hecho petición, o indicación alguna contra la existencia de las ventanas que existen en la casa de los demandados y que ha sido causa de esta controver-sia o reclamación, y si esto es así, y si el espacio de tiempo transcu-rrido es de más de veinte años, lógico es concluir que la casa de los demandados ha adquirido por prescripción, dada la acción personal ejercitada, la servidumbre de luces y vistas sobre la finca o casa del demandante, pues la prescripción es un motivo de extinción y cadu-cidad de lás acciones cuando no se han ejercitado dentro del tiempo que para este efecto les está respectivamente señalado. (S. 10 de Abril de 1872, Tribunal 'Supremo de España.) ’ ’

Como se puede notar del razonamiento de la corte inferior, la prescripción se hace depender del transcurso de más de 20 años en que la mera tolerancia del demandante y sus anteriores dueños constituye el único motivo para que los demandados se crean con derecho a mantener abiertas sus ventanas en la pared de su finca con vistas rectas a la finca del demandante y para nada se alude a la existencia de actos obs-tativos de los que pudieran arrancar los demandados para alegar y sostener la prescripción. Y es que la prueba nada indica en tal sentido y el caso por consiguiente cae bajo la autoridad del caso de García v. García, 25 D.P.R. 128. Des-pués de llegarse a la conclusión en dicho caso que no era una calle pública sino un callejón lo que separaba las dos casas, las circunstancias de este pleito son bien análogas. Y esta Corte Suprema después de un estudio cuidadoso de los hechos, de la ley actual, así como del derecho antiguo aplicable, dijo lo siguiente:

“Hemos citado dos sentencias anteriores al Código Civil, para demostrar que los principios que regían esta materia eran esencial-mente los mismos que informan dicho código. Y si bien es cierto que fué el Código Civil el que fijó la distancia de dos metros para las vistas rectas, también lo es que jamás existió derecho alguno a tener dichas vistas por medio de puertas o ventanas abiertas en pared propia contigua a finca ajena. Y ese es el caso del demandado. Ni por la legislación antigua, ni por el Código Civil, pudieron el demandado, o su antecesor, abrir como lo hicieron en la pared de •que se trata las puertas y ventanas que en la misma existen. Su ac-tuación fué contraria a la ley y no puede el demandado invocar el transcurso de los años para la adquisición de su alegado derecho a continuar teniendo abiertas las repetidas puertas y ventanas contra la voluntad del propietario del solar contiguo, a menos que hubiera demostrado la existencia del ‘acto obstativo’ a que se refiere la ju-risprudencia y a partir de él el transcurso del tiempo necesario para prescribir.” (p. 138.)

La opinión termina diciendo: “ Si la mera tolerancia no crea derecho alguno, no es de importancia la consideración del elemento tiempo.' En cualquier época puede la persona que ha venido voluntariamente tolerando, tomar otra acti-tud y demandar y obtener el pleno reconocimiento de sus derechos. ’ ’

Los apelados alegan, sin embargo, que el caso de Gar-cía, supra, es aplicable solamente a casas que tienen pared medianera y que es cuando tiene una significación correcta el vocablo “contigüidad.” Sin citas de autoridades ni ju-risprudencia que estableciera la distinción, la argumenta-ción de los apelados resulta bastante confusa para producir una convicción.

Parece conveniente aclarar, sin embargo, la contención del apelante en ese punto diciendo, que aunque dos casas las divida un callejón o una porción de terreno, una y otra son contiguas al límite de la línea divisoria que las separa y de ese límite es que se debe partir para determinar la dis-tancia” a que se refiere el artículo 589 del Código Civil.

Las circunstancias, por otro lado, de que la casa de los demandados se haya fabricado con anterioridad a la del de-mandante, lo que no aparece probado, y que las vistas no den al interior de la casa del demandante, no son para te-nerse en cuenta en la aplicación de dicho artículo 589, pues la distancia se ha de fijar al construirse las vistas. Yéase el caso de Vallecillo v. Vidal, 33 D.P.R. 337.

Asumiendo lo más favorable a los apelados de que ellos sean dueños de una tercera parte del callejón, la muralla oeste en donde estaban construidas las cuatro ventanas con vistas rectas sólo distaría ocho pulgadas del límite de la finca urbana del demandante.

Por todo lo expuesto, la sentencia apelada debe revocarse y dictarse otra declarando con lugar la demanda.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Monserrate Pérez y Justino Maldonado, acusados y apelantes.
    No. 2633.

    Visto: Enero 27, 1926.

      Resuelto: Marzo 2, 1926.
    Alteración de la Paz Pública — Proceso y Castigo — Denuncia—Suficiencia i>k ■ la Misma — Entrada en Domicilio Ajenio Contra Voluntad dki. Morador.--La alegación, en denuncia ]ior infracción al artículo 371 del Código Penal, de que los acusados penetraron en la casa de la denunciante sin la' voluntad ni consentimiento de ésta, no cumple con el requisito legal de que fuera contra su voluntad.
    Sentencia de Angel Acón la Quintero, -J. (.Ponce), condenando a los acusados por delito de infracción al artículo 371 del Código Penal, con costas.

      Revocada.

      Angel Fiol Negrón, abogado de los apelantes; José F. Figueran, abpgado ele El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Mon serrate Pérez y Justino Maldonado alegan como uno de ios motivos de su apelación contra sentencia condenato-ria que la denuncia no les imputa un delito porque se limita a decir que los acusados “ilegal, voluntaria y maliciosa-mente penetraron en la casa de la denunciante sin la vo-luntad ni consentimiento expreso ni de ningún otro modo ■dado por la denunciante . . . .” cuando lo que castiga la ley es penetrar en el domicilio ajeno contra la expresa vo-luntad del morador.

■ ' Está bien fundado ese motivo del recurso pues el ar-tículo 371 del Código Penal, según fné enmendado en 1906, leyes de ese año, página 67, lo que castiga es el hecho de pe-netrar en el domicilio de otra persona ‘ ‘ contra la yolnntad expresada del morador,” y la alegación de la denuncia de qne los acusados penetraron sin la voluntad ni consenti-miento de la denunciante no cumple con el requisito de la ley de que fuera contra su voluntad. Una cosa es penetrar sin consentimiento y otra es contra la voluntad expresada, que presupone una negativa anterior del morador a permitir la entrada.

Por él motivo expresado la sentencia apelada debe ser revocada y los apelantes deben ser absueltos.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Ana Inés Durán Gallardo, por su madre Carmen Gallardo, demandante y apelante, v. Juan Coll y Soler y sus hijos legítimos nombrados Francisco y Rosa Coll y Riera, éstos por derecho de representación de su legítima madre Magdalena Riera Ricol; Salvio, Baudilio Durán y Cintrón; Silverio Oliver, en representación de sus hijos menores de edad, tenidos en su esposa Carmen Durán y Vázquez, nombrados Magdalena, Vicente, Baudilio, Silverio y Manuel Oliver y Durán; Francisca Durán y Roura; Carolina, Rosa y Magdalena Durán y Cat; Carlos Doitteau y Ponce de León o sus herederos y causahabientes; y Angel Acosta Quintero, demandados y apelados.
    No. 3319.

    Visto: Febrero 12, 1926.

      Resuelto: Marzo 2, 1926.
    1. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord— Contenido, Preparación y Aprobación de la Exposición del Caso o Rela-ción de Hechos — Radicación del Transcript de la Evidencia — Término PARA RADICARL'O-PRÓRROGA — PRÓRROGA VENCIDO EL TÉRMINO.-Vencido U11 término para presentar la transcripción de la evidencia, sin haberse solicitado prórroga dentro del mismo, carece la corte inferior de jurisdicción para pro-rrogar el término ya expirado (Claudio v. Orífe, 29: 443, confirmado).
    2. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord— Contenido, Preparación y Aprobación de la Exposición del Caso’ o Rela-ción de Hechos — Radicación del Transcript de la Evidencia — Término para Radicarlo — Presentación Fuera del Término. — Procede eliminar de los autos de apelación la transcripción de la evidencia presentada después de haber vencido el término concedido para ello.

      3. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — -Desestimación a Instancia de la Oorte de Apelación — Recurso que no Tiene Razón de Ser. — Admitido por un apelante ante el Supremo — en caso en que la trans-cripción de la evidencia dele ser eliminada de los autos de apelación — que el recurso, sin dicha transcripción, no tiene razón de ser, procede desestimar el mismo.
    MooiÓN presentada por los apelados para eliminar de los autos de apelación la transcripción de la evidencia.

      Desestimada la ape-lación.

      José E. Benedicto j-Pedro Albizu Campos, abogados de la apelante; Angel Fiol Negrón y Rafael Martínez Nadal, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Interpuesta la apelación en este caso la corte inferior ordenó al taquígrafo el 18 de diciembre de 1923 que prepa-rara la transcripción de la evidencia para la apelación den-tro del término de veinte días, que vencieron el siete de enero siguiente. Siete días después de vencido ese término el taquígrafo solicitó el 14 de enero, 1923, que le fuera pro-rrogado el término anterior y la corte le concedió al si-guiente día una prórroga de treinta días que vencieron el 15 de febrero. El 3 de abril de 1924 el taquígrafo solicitó nueva prórroga de noventa días, sin que baya constancia de que le fuera concedida por la corte.. El 14 de junio si-guiente el taquígrafo presentó la transcripción de la evi-dencia. El apelado pidió a la corte inferior que fuera eli-minada esa transcripción por estar radicada fuera del tér-mino de ley pero esa petición no fué resuelta y la trans-cripción fué aprobada por dicha corte el 23 de junio de 1925.

Fundado el apelado en esos hechos nos pide que elimine-mos de los autos de apelación la transcripción - porque la corte de distrito actuó fuera de su jurisdicción al aprobarla; y aunque antes de ahora, el 8 de abril de 1924, en una mo-ción de desestimación se alegaron esos-hechos, no se fundó en ellos la petición sino en que estaba vencido con exceso el término para que el taquígrafo presentara su transcripción, cuya moción negamos el 13 de junio de 1924 por el único fundamento de que el hecho de que no exista una exposi-ción del caso no es bastante por sí solo para desestimar la apelación, puesto que puede presentarse una copia del le-gajo de la sentencia y resolverse el recurso.

Tiene razón el apelado pues habiendo vencido el siete de enero de 1923 el término de veinte días. que fue concedido, al taquígrafo para preparar y presentar la transcripción de la evidencia sin que durante él se solicitara prór rroga, carecía la corte de distrito de jurisdicción para prorrogar el 15 de enero un término que ya había expirado, según hemos resuelto en el caso de Claudio v. Ortis y otros en él citados. 29 D.P.R. 443. La prórroga solicitada el 3 de abril de 1924 por el taquígrafo no consta que fuera concedida por la corte, y aunque lo hubiera sido sería tan nula como la anterior por igual motivo.

Por lo expuesto la transcripción de la evidencia debería ser eliminada de esta apelación, mas como el apelante admitió ante nosotros que sin ella su apelación no tiene razón de ser, desestimaremos la apelación.


author: El Juez Asociado Señor Aldkey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Vega, Pablo Yega y Domingo Santini, acusados y apelantes.
    No. 2594.

    Visto: Noviembre 4, 1925.

      Resuelto: Marzo 3, 1926.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Revisión—Su Alcance— Negativa de Nuevo Juicio Solicitado. — Eundada una moción de nuevo jui-cio en manifestaciones que, por información y creencia se atribuyen a un jurado, si no se acompaña a ella declaración alguna jurada para sostenerlas ni en la vista de la misma se presenta evidencia para probarlas, no cabe considerar la cuestión en apelación.
    2. Derecho Penal — Moción de Nuevo Juicio y en Apresto de Sentencia — Ve-redicto Contrario a Derecho o a las Pruebas — Prueba Sueiciente para Sostenerlo. — En el caso de autos se alegó que el veredicto era contrario. a derecho y a las pruebas. Examinada la evidencia se resolvió: que ella rela-ciona a los acusados con el delito por el cual fueron condenados.
    3. Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Señalamiento de Erro-res y Alegatos — De los Errores — Errores sobre Admisión de Prueba In-debida. — Cuando la admisión de prueba indebida se alega como error, debe puntualizarse la parte de la evidencia que ha sido admitida indebidamente.

      4. DERECHO Penal — Evidencia—Hechos en Controversia (Issue) y Pertinen-tes a los Issues r Bes Gestae — Identidad del Acusado — Comparación de Huellas de Pie. — Evidencia de la comparación de huellas de pie, encontra-das cerca del sitio donde el delito se cometió, con los zapatos del acusado, es pertinente para identificar al acusado.
    SENTENCIA de Rafael Díaz Cintrón, J. (Ponce), condenando a los acusados por delito de escalamiento en primer grado.

      Confir-mada en cuanto a dos de los. acusados, por haber desistido el otro de su recurso.

      Carlos Brunet, abogado de los apelantes; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Vega, Pablo Vega y Domingo Santini fueron acusados y convictos por un jurado del delito de escala-miento en primer grado habiéndoseles imputado en la acu-sación que el 29 de agosto de 1924 voluntaria y maliciosa-mente y en el distrito de Ponce penetraron durante las horas de la noche en el almacén de Antonio Costa Semidey con intención de cometer hurto o ratería. Los tres apela-ron de la sentencia que les impuso la corte de distrito pero después Pablo Vega ha desistido de la apelación por lo que sólo consideraremos este recurso en cuanto a los otros dos apelantes.

Los acusados solicitaron de la corte inferior que les con-cediera un nuevo juicio porque el veredicto del jurado era contrario a derecho y a la prueba, especialmente en cuanto a Ramón Vega, y porque fue el resultado de cierta informa-ción de mala reputación llevada ante el jurado a espaldas de los acusados y no en el juicio, ya que según información y creencia de los acusados el jurado Sr. Olivieri, después de disuelto el jurado, manifestó que cualquiera que hubiera sido la evidencia él estaba satisfecho porque sabía que los acusados eran de mala reputación.

La negativa del nuevo juicio solicitado es el primer mo-tivo de error alegado en esta apelación siendo los otros dos por haber sido admitida en el juicio cierta evidencia a pe-sar de la oposición a ella de los acusados y porque el vere-dicto y la sentencia son contrarios a la prueba y a la ley.

Podemos descartar desde luego la cuestión referente a la manifestación que por información y creencia se atribuye al jurado Sr. Olivieri porque ni respecto de ella se acompañó con la moción de nuevo juicio declaración alguna jurada para sostenerla ni en la vista de esa moción se presentó evidencia para probarla. Por tanto, sólo tenemos que considerar la suficiencia de la prueba y si fué admitida en el juicio evidencia impropia.

Hemos examinado la evidencia presentada en el juicio y relaciona a los apelantes con el delito por el cual ban sido condenados pues el testigo Julio Padilla' declaró que la tarde anterior cerró todo el almacén: que vió a las dos de la mañana que el portón estaba abierto y cerca de él encontró dos sacos de café que no estaban en el sitio en que se guardaban, becbos que también declararon otros testigos, habiendo manifestado Antero Ortiz, sereno de otra casa de comercio cercana, que a las dos de la madrugada vió a los acusados que pasaron varias veces por aquel sitio, que cruzaron la calle en cuatro pies llevando el sombrero en la mano, que dos de ellos se metieron en el almacén de Costas Semidey por una puerta que bay en el callejón, quedando otro de ellos, Eamón Vega, junto a la muralla del almacén, por lo que mandó a buscar a un policía y que cuando éste llegó sacaban dos sacos de café y los tiraron al ver al testigo y al policía y echaron a correr.

En cuanto al otro error alegado, los apelantes no puntualizan la parte de evidencia que ha sido admitida indebidamente limitándose a referirse a varias páginas de la transcripción de la prueba y a decir que se permitió que el testigo Padilla declarase sobre lo que había hecho y había visto después de haberse consumado el delito. Ese testigo declaró que a eso de las dos de la madrugada fué avisado de que el almacén estaba abierto por lo que fué en seguida allí encontrándolo en la forma dicha antes: que en el sitio donde fueron encontrados los dos sacos, cerca del portón, se notaban huellas bien marcadas de zapatos de tennis: que esa misma madrugada fué a la casa de Ramón Yega quien estaba acostado vestido y con zapatos de tennis: que Ra-món Yega fué con el testigo y con otras personas al alma-cén y que sus zapatos coincidían con las huellas encontra-das en él.

Evidencia de la comparación de huellas de pie encontradas cerca del sitio donde el delito se cometió con los zapatos del acusado es pertinente para identificar al acusado. 16 C. J. 548.

Por los motivos expuestos debe ser confirmada la sen-tencia en cuanto a Ramón Vega y Domingo Santini, quienes han sostenido la apelación que interpusieron.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Valentín, acusado y apelante.
    No. 2613.

    Visto: Diciembre 11, 1925.

      Resuelto: Marzo 3, 1926.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Récord y Proceotmien-que no Están en Récord — Cuestiones a Revisar — Constancias que no Aparecen del Pliego de Excepciones o Exposición del Caso. — Cuando del pliego de excepciones y exposición del caso no consta si se presentó o nó prueba de los hechos expuestos en una moeión de sobreseimiento, falta base para resolver en apelación si la corte inferior cometió o nó error al declarar sin lugar dicha moeión.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Récord y Procedimien-tos que no Están en Récord — Cuestiones a Revisar. — No procede dar valor alguno — al resolver la negativa del tribunal inferior a sobreseer una causa —a certificación del secretario de constancias de diligencias habidas en dicho tribunal en otro procedimiento, que el juez no certifica fueron presentadas en la causa como prueba de los heehos alegados en la moeión de sobresei-miento.
    3. "Indictment” y Acusación — Enmiendas—"Indictment” del Gran Jurado —Relación de Heridas Hecha por el Eiscal gomo Constitutiva de En-mienda — Solicitud de Mayor Especificación Hecha por el Acusado. — La relación de unas heridas hecha por un fiscal a virtud de solicitud del acusado sobre mayor especificación (MU of particulars) de las mismas, no constituye enmienda alguna a la acusación del Gran Jurado.
    4. Derecho Penal — Eecha del Juicio y Suspensión (Continuance) — Motivos que Pueden Dar Lugar a la Suspensión — Ausencia del Abogado el Día del Juicio — Abogado que, Siendo Legislador, Tiene que Asistir a las Sesiones Legislativas. — No dando derecho a la suspensión del juicio el heeho de que el ahogado del acusado, como legislador tenga que asistir a ■las sesiones de la Cámara, puede un tribunal negarse a suspender un juicio por tal fundamento.
    5. Derecho Penal — Apelación t Error, y Certiorari — Revisión—Errores no Perjudiciales — No Admisión de Pruebas — Cuestiones que han sido Pro-badas por Otra Evidencia. — El no permitir que se presente l'a hoja histórieo-penal de una persona a los efectos de impugnar su veracidad, no es error cuando aparte de que la sentencia condenatoria es la mejor prueba de que fué condenado por delito grave, copia certificada de la sentencia fué presen-tada como prueba de ese particular^
    6. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Cuestiones Presentadas para Revisión — Presentación Insuficiente de las Mismas. —La sola manifestación de la defensa en los autos respecto a un incidente habido durante el juicio — arresto de un testigo de la defensa ante el jurado por supuesto perjurio — no puede servir de base a una decisión en apelación.
    Sentencia de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), condenando al acusado por delito de homicidio voluntario.

      Confirmada.

      García Méndez & García Méndez, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El primer motivo alegado por el apelante para que revo-quemos la sentencia que le ha sido impuesta por delito de homicidio voluntario se funda en que la corte inferior co-metió error al declarar sin lugar su moción de sobreseimiento de diciembre 5, 1925.

No existe en la transcripción de la apelación petición ni resolución de dicha fecha, en la que ya estaban los autos en este tribunal, pero nos parece que el apelante ha querido referirse al 9 de marzo de 1925. En esta fecha el acusado solicitó de la corte inferior que sobreseyera la acusación que motiva el recurso alegando que en noviembre de 1924 el Gran Jurado le formuló acusación por delito de homicidio voluntario la que fué sobreseída en diciembre de 1924, siendo después arrestado nuevamente para responder del mismo delito, y que en virtud de aquel sobreseimiento el fiscal no podía presentar el mismo cargo al Gran Jurado sin permiso especial de la corte, que no fué obtenido, y que la nueva acusación ha sido presentada después de transcu-rridos 15 días desde el sobreseimiento de la anterior y del nuevo arresto y prestación de fianza para estar en libertad, motivos por los cuales solicitó que previa aportación de prueba fuese sobreseída la acusación. Esa moción fue ne-gada por la corte el 18 de marzo.de 1925 y como no consta del pliego de exposición del caso y de excepciones aprobado por el juez de la corte inferior para servir en esta apela-ción si se presentó o nó prueba de los becbos expuestos en la expresada moción, nos falta base para considerar el primer error que se alega; y aun cuando el apelante nos ba presentado una certificación del secretario de la corte inferior de algunas constancias de las diligencias a que dió lu-gar la otra acusación contra el apelante, no podemos darle valor para esta apelación porque el juez de la corte inferior no certifica que fueron presentados en esta causa como prueba de los becbos alegados en la moción de sobresei-miento.

El segundo motivo de error es porque la corte inferior admitió enmiendas del fiscal a la acusación del Gran Jurado.

Esa acusación dice que el acusado acometió y agredió a Venancio Gaya con un revólver con el cual le produjo va-rias heridas que le causaron la muerte momentos después, y habiendo solicitado el acusado que fueran especificadas esas heridas y su naturaleza, el fiscal hizo la especificación requerida.

No hay necesidad de resolver si el fiscal tiene poder para enmendar la acusación del Gran Jurado pues la relación de las heridas hecha por el fiscal no constituye enmienda a la acusación del Gran Jurado, que quedó en pie en su totali-dad, por lo que no existe el error alegado.

También se aduce como errónea la negativa de la corte a suspender el juicio a petición del acusado.

La petición de suspensión del juicio la fundó el acusado en que su abogado como Representante en la Cámara de Delegados tenía que asistir a las sesiones de ella, pero tal hecho no da derecho a-la suspensión del juicio según hemos resuelto antes de ahora. Claudio v. Ortiz, 29 D.P.R. 435.

No es tampoco error el no haber permitido la corte inferior que el alcaide de la cárcel llevara al tribunal la hoja histórico-penal de Pedro Quiñones Hernández con el fin de impugnar sn veracidad como testigo por haber sido condenado antes por delito grave, porque aparte de que la sentencia contra él dictada es mejor prueba que la nota qne de ella pueda haber en dicha hoja histórico-penal, de todos modos, no resultó perjuicio alguno para el acusado por esa negativa porque la expresada sentencia certificada por el secretario de la corte de distrito fue presentada por él como prueba de ese particular.

Por último, se alega como error que el fiscal arrestase a un testigo de la defensa en presencia del jurado por un supuesto delito de perjurio porque tal conducta sembró la desconfianza en el jurado.

Con respecto a este extremo lo único que consta en los autos es lo siguiente: “La defensa hizo constar que el fiscal, después de haber declarado el testigo Jordán Morales, y sin que haya apariencia de haber cometido delito alguno, en presencia del jurado ordenó el arresto del referido Jor-dán Morales' y sin que anunciara que iba a impugnar su veracidad en forma alguna.” La sola manifestación de la defensa que hemos transcrito no es suficiente para dar por cierto que las cosas ocurrieron de la manera dicha y para servir de base más o menos hipotética a una decisión.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob Áldrey,

text:
    Narciso Flores, demandante y apelante, v. Sucesión Desconocida de José Falcón Sánchez, demandada y apelada.
    No. 3629.

    Visto: Noviembre 4, 1925.

      Resuelto: Marzo 3, 1926.
    1. Letras y Pagarés (Bills and Notes) — Acciones—De la Contestación — Su Juramento si el Documento se Copia en o Acompaña a la Demanda— Omisión de Jurarla y Efecto. — El artículo 119 del Código de Enjuicia-miento Civil se refiere a la autenticidad y otorgamiento en forma de docu-mento pero no a algo posterior a su otorgamiento, como son los endosos a un pagaré.
    2. Sentencia — Casos Contenciosos — Congruencia con las Diligencias (Process), Alegaciones, Pruebas y Veredictos y Conclusiones. — En este caso se demandó a una sucesión desconocida, compareció la esposa e hijos del se-gundo matrimonio y del juicio resultó que vivían otros, hijos del primer ma-trimonio. Se resolvió: que no procedía dictar sentencia contra éstos cuando no consta que se anotara su rebeldía ni se solicitara sentencia contra ellos.
    3. Letras y Pagarés (Bills and Notes) — Acciones—De las Presunciones — ' Traspasos de la Obligación — Presunción Bespecto a los Endosos — En-doso sin Consideración. — No se infringen las presunciones establecidas en los incisos 19 al1 22, ambos inclusives, del artículo 102 de la Ley de Evidencia al estimar una corte que un primer endoso de un pagaré no tuvo conside-ración por aparecer de él que se hizo por valor entendido.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Humaeao), declarando sin lugar la demanda sobre cobro de dinero, sin costas.

      Confirmada.

      Antonio L. López, abogado- del apelante; Vicente Rodríguez Ortiz, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Áldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Casto García suscribió y reconoció ante un notario un pagaré por $500 a la orden de José Falcón Sánchez con ven-cimiento el 30 de junio de 1921, cuyo documento contiene los endosos siguientes: “Pagúese a la orden de Felipe Flores Alvarez, valor entendido — con mis responsabilidades. — Ca-guas, Septiembre 23, 1920. — José Falcón Sánchez.” “Pá-guese a Narciso Flores, valor de dicha cantidad.- — -Felipe Flores. ’ ’

En 1924 Narciso Flores demandó a la sucesión descono-cida de José Falcón Sánchez para que le pagase esos $500, sus intereses legales desde el primero de julio de 1921 y las costas, alegando que José Falcón Sánchez murió en 1923 y que ni él ni persona alguna le ha pagado la expresada can-tidad y que es el único dueño y poseedor de la mencionada obligación, la que insertó en su demanda y con ella la acom-pañó original.

Ignacia Flores compareció en el pleito como viuda de José Falcón Sánchez y por sí y por cinco hijos suyos con-testó la demanda aceptando los hechos en que se inserta la obligación suscrita por Casto García y sn reconocimiento ante notario pero negó que el endoso hecho por José Falcón Sánchez traspasara la propiedad de la obligación a Felipe Flores y que después fuera debidamente endosada a favor de Narciso Flores, así como que éste sea el único dueño y poseedor del pagaré.

Dictada sentencia declarando sin lugar la demanda fué interpuesta esta apelación cuyo primer motivo es por no haber eliminado la corte inferior la contestación a la de-manda.

Al comenzar el juicio en este caso el demandante solicitó esa eliminación fundándose en que insertada en la demanda la obligación cuyo pago se reclama, la autenticidad de su otorgamiento debe darse por admitida de acuerdo con el artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil por no estar jurada la contestación. La corte inferior dictó sentencia sin resolver esa cuestión pero esa eliminación no era procedente porque aunque la contestación aceptó expresamente el otorgamiento del documento fué negado que sus endosos trasmitieran su propiedad, negativa que no tenía que ser jurada porque el citado artículo se refiere a la autenticidad y otorgamiento en forma del documento pero no a algo posterior a su otorgamiento,- como son los endosos.

El segundo motivo de error es por no haber dictado la corte inferior sentencia contra personas que no son los apelados.

Resultó en el juicio que había otros hijos de José Falcón que no comparecieron en el pleito pero no consta de estos autos que se anotara su rebeldía ni que se solicitara senten-cia contra ellos por lo que no existe el error alegado.

En el último motivo del recurso se alegan infracciones de los párrafos Í9, 20, 21 y 22 del artículo 102 de la Ley de Evidencia. En esos párrafos se establecen las presunciones siguientes: Que las transacciones privadas fueron realizadas con rectitud y en debida forma: que se ha seguido el curso ordinario de los negocios: que un pagaré o letra de cambio fué dado o endosado mediante suficiente compensación: y que el endoso de un pagaré o giro negocia-ble, se hizo en la fecha y lugar en que fué extendido dicho pagaré o giro; pero todas esas presunciones son juris tan-tum y por consiguiente pueden ser controvertidas, por lo que la corte inferior no infringió esas presunciones al esti-mar que el primer endoso no tuvo consideración por apare-cer de él que se hizo por valor entendido, cuestión ésta que no se alega como error.

Resueltos en sentido contrario al apelante los motivos que ha expuesto para la revocación de la sentencia, ésta debe ser confirmada.


text:
    Carlos Picón, demandante y apelante, v. Francisco Paz Urdaz, demandado y apelado.
    No. 3750.

    Visto: Enero 28, 1926.

      Resuelto: Marzo 3, 1926.
    Sentencia — Finalidad de la Adjudicación — Cuestiones Determinadas o Re-sueltas — Cuestiones Levantadas que EstAn en Controversia (Issue)— Cuestiones Previamente Litigadas y Resueltas. — Cuando el hecho de si un arrendamiento se hizo o nó en tiempo determinado se ha resuelto en juicio de desahucio contra el arrendatario, éste no puede promover esa cuestión en pleito para probar que su arrendamiento fué por tiempo determinado y reco-brar daños y perjuicios por haber sido lanzado de la finca antes del mismo, por ser cosa juzgada.
    Sentencia de Rafael Díaz Cintrón, J. (Ponce), declarando sin lugar la demanda sobre daños y perjuicios, sin costas.

      Confirmada.

      Leopoldo Tormes García, abogado del apelante; Gustavo Rodríguez Acevedo, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en este pleito renunció al derecho que le fué concedido para enmendar su demanda al ser resuelto que ella no aduce hechos determinantes de causa de acción y fué dictada sentencia declarándola sin lugar, contra cuyo fallo ha interpuesto esta apelación.

Los hechos de la demanda reproducidos brevemente son los siguientes: Que por contrato verbal el demandante tomó en arrendamiento al demandado un local por cierto precio mensual y término de dos años, estableciendo en él un cafe-tín y billar: que el demandante cumplió los términos del contrato pero dos meses después fué requerido por el deman-dado para dar por terminado su contrato y habiéndose ne-gado a desocupar el local fué demandado en desahucio en una corte municipal donde se siguieron los trámites legales y fué condenado a desocupar el expresado local, de cuyo fallo apeló para ante la corte de distrito y preparó una fianza por $300 que le fué exigida para la apelación, fianza que por un error del secretario de la corte municipal se hizo aparecer como de $100 en vez de $300 y fué anulada: que el demandante estableció un procedimiento de certiorari ante la corte de distrito para que revisara las actuaciones de la corte municipal en el juicio de desahucio, especialmente por la anulación de la fianza; que expedido el auto de cer-tiorari fueron remitidos los autos de ese juicio a la corte de distrito la que después dictó sentencia anulando el auto expedido, contra cuyo fallo interpuso el demandante apela-ción para ante esta Corte Suprema: que mientras se trami-taba esta apelación el demandado solicitó y obtuvo de la corte de distrito que devolviese los autos del juicio de desa-hucio a la corte municipal quien cumplió su sentencia a ins-tancia del ahora demandado lanzando al demandante del local que ocupaba, lo que ha causado los daños que especifica y hace ascender a $1,000.

Aunque la demanda alega que el demandante, como arren-datario, cumplió todas las condiciones del contrato verbal de arrendamiento que celebró con el demandado cuyo tér-mino era de dos años no obstante lo cual fué requerido a los dos meses para que desocupara la finca, fué demandado en desahucio y fué lanzado de ella, toda la cuestión en este pleito depende principalmente de si el contrato fué por tér-mino de dos años pues por el incumplimiento de ese con-trato se reclaman los daños, ya que si no tenía tiempo de-terminado vencía cada mes por pagarse los cánones de arren-damiento por meses y el arrendador podía ejercitar la ac-ción de desahucio, según dispone el artículo 1484 del Código Civil y el demandante no tendría acción por daños y perjui-cios contra el demandado por haber ejercitado éste el dere-cho que le reconoce la ley.

Es cierto que la demanda alega que el contrato fué por dos años, pero como también alega que fué requerido por el demandado para dar por terminado el contrato y que a pe-sar de cumplir con sus obligaciones fué demandado en desa-hucio y lanzado de la finca, de la propia demanda resulta que la cuestión en el juicio de desahucio fué la del término del contrato, que sirvió de fundamento a la acción de desa-hucio, cuya sentencia contra el inquilino tenía que resolver que el arrendamiento fué sin tiempo determinado, resul-tando así que ha sido resuelto judicialmente entre las 'par-tes que el contrato no tenía plazo fijado para su duración.

Que el juicio de desahucio produce excepción de cosa juz-gada para otro pleito sobre el mismo asunto y entre las mismas partes ha sido resuelto por el Tribunal Supremo de España en sus sentencias de 22 de marzo de 1907 y de 4 de octubre de 1912, Jurisprudencia Civil, tomos 106 y 122, pá-ginas 684 y 401, respectivamente, al examinar el artículo 1252 de su Código Civil cuyas disposiciones se hallan en el artículo 1219 del nuestro, pues de la primera de ellas así se deduce porque aunque declaró que no procedía la excepción de cosa juzgada en ese pleito fué porque “si bien en el actual pleito son las mismas, las personas que litigaron en el anterior, existe manifiesta diversidad entre las cosas y las causas porque en el juicio de desahucio, terminado por sen-tencia firme del juzgado de primera instancia, se resolvió solamente la existencia y realidad del contrato de arrenda-miento celebrado entre los hermanos Riera y la falta de pago de alquileres por parte del arrendatario; mientras que en el actual y en el segundo particular de la demanda a que el- recurso se contrae, se dan por supuestos tal contrato y falta de pago que dieron lugar al desahucio, ahora no con-trovertido, y partiendo de la firmeza de la sentencia pro-nunciada en dicho pleito, se pretende sólo que parte de lo consignado y después entregado al arrendador para poder interponer la apelación conforme al artículo 1566 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o sea las seis primeras anualida-des de las 11, cuya falta de pago alegó también el actor para fundar el desahucio, no eran debidas por el arrenda-tario, en atención a haber prescrito el derecho para recla-marlas.” La otra sentencia es aún más precisa, y tratán-dose de la excepción de cosa juzgada por virtud de un jui-cio de desahucio anterior por falta de pago de la renta, declara que existe cosa juzgada si son idénticas en los dos pleitos la cosa que se discute y la causa porque se demanda no obstante que a la acción que se ejercite en el segundo se le dé distinto nombre que en el primero; que la nulidad e ineficacia del juicio de desahucio que en primer término so-licita el recurrente quedó resuelta por el fallo de desahucio que estimaba la rescisión del contrato; que al estimar la sala sentenciadora la excepción de cosa juzgada y al absol-ver al recurrido del principal extremo de la demanda no infringió el artículo 1252 del Código Civil y que la ley no previene que en los juicios de desahucio pueda promoverse otro más amplio con el mismo fin, cualquiera que sea la jus-ticia intrínseca de su fallo. Los casos de Torres v. Pérez, 18 D.P.R. 573, de León v. Alvarado, 24 D.P.R. 700, y Aguayo v. Ortiz, 26 D.P.R. 736, citados por el apelante como fun-damento para sostener que a pesar del juicio de desahucio puede promover este pleito no son de aplicación al pre-sente, pues lo que en ellos se ha declarado es que como el fin del juicio de desahucio es obtener la posesión de la finca, no impide que la cuestión de propiedad pueda ser. resuelta en otro pleito, cuestión que no es el fundamento de este li-tigio. La sentencia en el juicio de desahucio es cosa juz-gada entre las partes en este' pleito sobre si el arrenda-miento se hizo o nó sin tiempo determinado, y por esto el arrendatario no pnede ahora promover la misma cuestión de hecho en este pleito para probar que su arrendamiento fué por dos años y recobrar daños y perjuicios por haber sido lanzado de la finca antes de ese tiempo. La cuestión en el juicio de desahucio era si el contrato tuvo tiempo de-terminado o nó y en él ha debido alegar y probar el ahora demandante que tenía un término de dos años no vencidos para que se le absolviera de aquella demanda.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Sucn. de Justo Hernández y Alvarez, compuesta de su viuda Feliciana Bobrero y sus hijos legítimos Pedro Pablo, Francisco Domingo, Juan Robustiano, Felicia Nazaria, Juan Antonio, Cipriano, Brígida, Juana Sabina, Claudio, Leonor, Felipe Neri Hernández y Borrero, promovente y apelada, v. Magdalena Rivera, opositora y apelante.
    No. 3699.

    Visto: Diciembre 8, 1925.

      Resuelto: Marzo 3, 1926.
    1. Información de Dominio — Apelación—Presentación t Reserva de los Fun-damentos de Revisión — Objeciones—Orden de la Prueba — Falta de Obje-ción y Efecto. — Cuamdo a instancia de los promoventes en una información de dominio la corte resuelve que el opositor presente su jirueba primeramente, y éste no se opone a la resolución, no puede suscitar esa cuestión por vez primera en apelación.
    2. Información de Dominio — Evidencia—Admisibilidad—Título del Promo-vente. — Documentos privados en los que un anterior dueño reconoce haber vendido una finca y casa en ella enclavada, al causante de los promoventes y en los cuales el número de cuerdas, barrio y municipalidad coinciden con los .de la finca objeto de la información, en ausencia de alegación de que se tenga otra finca de igual cabida en dicho barrio y término municipal, son admisi-bles en evidencia para probar el título.
    3. Información de Dominio — Evidencia—Peso y Suficiencia de la Misma— Evidencia que Comprueba y Robustece las Alegaciones. — Una corte pro-cede correctamente al dar valor a documentos admitidos en evidencia que no sólo comprueban las alegaciones de una petición sobre información de do-minio sino que la robustecen reconociendo un mayor número de años de po-sesión que los alegados en dicha petición.
    4. Juicio — Orden y Forma en que se Celebra en General — Observaciones de los Jueces Durante el Curso del Juicio — Observación Respecto a la Credibilidad de los Testigos. — Siendo la corte inferior la llamada a decidir sobre la credibilidad de los testigos, atendida la edad de la testigo de. que-se trata en este caso — 82 años — sus contestaciones y las manifestaciones he-chas por el juez inferior, se resolvió que no podía declararse que se cometió error al no dar valor a la declaración de aquélla.
    SENTENCIA de Angel Acosta, J. (Mayagiiez), declarando acreditada a favor de la promovente el dominio sobre cierta ñnea.

      Confir-mada.

      Gilberto López de Victoria j A. Ramírez Silva, abogados de la ape-lante; Benet & Souffront, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Sucesión de Justo Hernández Alvarez compuesta por su viuda y varios hijos promovieron información judicial en 1923 para acreditar el dominio en que se encontraba su causante de una finca rústica de 13 cuerdas de terreno ra-dicadas en el barrio de Cerro Gordo en el término municipal de Añasco .con una casa de madera techada de zinc de-dicada a vivienda, alegando que la compró a Magdalena Rivera en el año 1910 y que tanto él como los anteriores dueños la han poseído con tal título quieta, pública y pací-ficamente, sin interrupción, desde sus respectivas adquisi-ciones y que carece de título inscribible.

Admitida la información de dominio y citada en ella Magdalena Rivera como anterior dueña se opuso a la decla-ración solicitada exponiendo la forma en que adquirió dicha finca hace más de 40 años y alegando que no la ha enaje-nado en forma alguna a don Justo Hernández ni a otra persona.

Oída la prueba la corte inferior dictó sentencia decla-rando sin lugar la oposición hecha y justificado el dominio a favor de los promoventes, contra cuyo fallo estableció esta apelación la parte opositora alegando como primer motivo de su recurso que la corte sentenciadora erró al disponer que la opositora presentara su prueba antes que los promo-' vente s de la información.

Es cierto que la corte inferior resolvió a instancia de los promoventes que la parte opositora presentase su prueba primeramente, pero como no se opuso a esa resolución no puede ahora la apelante suscitar por primera vez esa cues-tión.

En el segundo motivo del recurso se alega como error el haber sido admitidos en evidencia de los promoven-tes para probar su título dos documentos sin identificarse o describirse la finca objeto de la información.

Se trata de dos documentos privados fechados el 28 de octubre de 1916 y firmados por Magdalena Rivera ante va-rios testigos haciendo constar en uno de ellos que habiendo vendido a don Justo Hernández una parcela de terreno de 13 cuerdas en el barrio de Cerro Gordo del término municipal de Añasco se había quedado en ella como arrendataria por la cantidad de cuatro fanegas de café anuales, pero que no pudiendo atender a ese contrato por sus fatalidades y por las malas cosechas, después de tantos años del arrenda-miento le hace entrega de la finca como único dueño de ella. En el otro documento hace constar que vende a don Justo Hernández por precio de $30 una casa techada de zinc cu-yas medidas especifica, que está enclavada en 13 cuerdas de terreno que anteriormente le había vendido según docu-mento que le otorgó, habiendo transcurrido un número de años como de 18 ó 19.

El número de cuerdas de terreno, el barrio y la munici-palidad a que se refiere Magdalena Rivera en esos documen-tos coinciden con los de la finca objeto de la información por lo que podemos concluir que se trata de la misma finca, tanto más cuanto que la opositora no alega que tenga otra finca de igual cabida en dicho barrio y término municipal y se limita a negar el otorgamiento de esos documentos' por lo que no ha sido cometido el error que consideramos.

Se alega también que si esos documentos son admisibles como evidencia la corte cometió error al darles valor porque'ellos, los hechos alegados en la solicitud y la prueba se excluyen y anulan unos a otros.

Como hemos visto, en uno de los documentos se .limita Magdalena Rivera a hacer constar la entrega de la finca que retnvo en arrendamiento después que la vendió a Hernán-dez y en el otro a venderle la casa qne tiene la finca que le había vendido antes según documento, todo lo que com-prueba las alegaciones de la petición, sin que el hecho de que en ella se consigne que tal venta tuvo lugar en 1910 y que en uno de esos documentos fechados en 1916 se diga que fue como 18 años antes sea bastante para dejar de darle valor; porque la manifestación de ese documento robustece la petición pues reconoce un mayor número de años de po-sesión como dueño en Hernández que los alegados por su sucesión.

El cuarto motivo del recurso se funda en que la corte' inferior no dió valor en evidencia a la declaración de Magdalena Rivera fundándose en su edad.

Esa testigo manifestó tener 82 años, y cuando terminaba su declaración manifestó el Juez .de la corte que había obser-vado muy fijamente a la testigo y notaba en ella tal decre-pitud y tal estado que sus manifestaciones no podían lle-varle a darle crédito en tal estado y ordenó que fuese con-ducida porque ni siquiera podía andar.

Como la corte que presencia las declaraciones es la lla-mada a decidir sobre la credibilidad de los testigos, en vista de la edad de Magdalena Rivera, de sus contestaciones sin relación muchas veces con las preguntas que se le hicieran, y de las manifestaciones hechas por el Juez de la corte inferior, no podemos declarar que cometiera error al no dar valor a su declaración, sin que el hecho de haberse dejado que la testigo declarase fuese una admisión tácita de su ca-pacidad, pues el solo hecho de tener 82 años no es por sí bastante generalmente para -no dar valor a la declaración de un testigo pero sí unido a otras circunstancias, como ha ocurrido en este caso.

Los otros dos motivos de la apelación podemos conside-rarlos conjuntamente pues se refieren a error en la aprecia-ción de la prueba y por haberse declarado justificado el do-minio y sin lngar la oposición sin haberse identificado la finca y sin haber sido citado el fiscal, como dispone la ley.

Hemos examinado la evidencia presentada en el juicio, que es contradictoria, y nos convence de que sostiene la sen-tencia apelada; y en cuanto a lo que se dice de no haber sido notificado el fiscal del distrito, aparece de los autos que dicho funcionario dictaminó que nada tenía que oponer a que fuese aprobado el dominio por haberse cumplido con los requisitos de la ley. Con respecto a la identificación de la finca no hubo contención sobre ese particular entre las par-tes pues la opositora reconoció en su oposición que se tra-taba de la misma finca aunque negó haberla vendido.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emilio Martínez Lugo, acusado y apelante.
    No. 2609.

    Visto: Noviembre 25, 1925.

      Resuelto: Marzo 4, 1926.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Fundamentos que Sirven de Base a las Decisiones Recurridas — Resoluciones Dene-gando Nuevo Juicio — Resoluciones Justas con Fundamentos Erróneos.— Aún cuando el fundamento de una resolución denegando un nuevo juicio sea erróneo, si de un examen de los méritos de la moeión — a la luz de la ley, hechos y circunstancias del caso — la resolución es justa, procede confirmar la sentencia apelada.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Presuncio-nes en Apelaciones en Relación con las Sentencias Recurridas — Pre-sunción de Justas. — Cuando el apelante no destruye la presunción de justa que tiene la sentencia recurrida, debe ésta confirmarse.
    SENTENCIA de Enrique Lloredo,, J. (Areeibo), condenando al acusado por delito de homicidio voluntario, con costas.

      Confirmada.

      José de J. Tizol, abogado del apelante; José E. Eigu.eras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se imputó al acusado un delito de asesinato en segundo grado. Fue condenado por homicidio. No conforme apeló. De acuerdo con la ley, el secretario de la corte sentencia-dora elevó la transcripción que contiene la acusación, la ale-gación del acusado, el veredicto, una moción solicitando nuevo juicio, la resolución recaída, la sentencia y el escrito de apelación.

Después de archivada la transcripción en esta corte, trató el acusado de preparar una exposición del caso. Su peti-ción fué negada, y nada más gestionó en tal sentido.

Presentó su alegato y en él sostiene que no obstante lo incompleto de la transcripción, bay base para revocar la sentencia apelada ya que de la resolución de la corte que en ella se transcribe aparece que la moción de nuevo juicio se declaró sin lugar “por no estar comprendida en ninguno de los casos enumerados y señalados taxativamente como únicos en el artículo 39 del Código de Enjuiciamiento Criminal,” y es evidente que la moción estaba autorizada por el artículo 303 de dicho Código.

I Puede esta corte resolver la cuestión planteada con se-guridad de acierto? Entendemos que no. Aunque conclu-yéramos que el fundamento de la resolución de la corte era erróneo, podría encontrarse de un examen de los méritos de la moción a la luz de la ley y de los hechos y circunstan-cias del caso que la resolución era enteramente justa. Es contra la sentencia o resolución apeladas que se otorga el recurso y no contra sus fundamentos, como en repetidas oca-siones ha decidido este tribunal.

Un examen de los autos no revela que se haya cometido ningún error fundamental ni injusticia notoria. No habiéndose, en tal virtud, destruido por el apelante la presunción de justa que tiene la sentencia recurrida, debe confirmarse.

. El Juez Asociado Sr. Franco Soto no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    La Sucesión de Agustina Esbri Viuda de Ricci, compuesta de su hijo legítimo Virgilio Ricci Esbri, demandante y apelada, v. Rafael María Ortega Esbri, demandado y apelante.
    No. 3697.

    Visto: Febrero 12, 1926.

      Resuelto: Marzo 4, 1926.
    1. Apelación y Error — Señalamiento de Errores — Omisión de Hacer o Pre-sentar un Señalamiento de Error — Efecto que Produce. — Cuando apelada sentencia que envuelve la apreciación de las pruebas no se presenta señala-miento de errores relativo a las varias reclamaciones, o para señalar el sitio en los autos en que la prueba ña de encontrarse, procede, o desestimar el recurso o confirmar la sentencia sin hacer un análisis minucioso de la prueba.
    2. Letras y Pagaroés (Bills and Notes) — Acciones—Cantidad que se TIene De-recho a Recobrar — Intereses en Obligación que los Devenga Desde su Pecha — -Efecto de Pagos Hechos a Cuenta de la Obligación.- — Suscrito un pagaré con intereses desde su fecha, y habiéndose hecho pagos a cuenta del mismo, a falta de liquidación o cuentas rendidas entre las partes, el dueño de aquél tiene derecho a intereses desde su fecha, y el obligado a descuentos del principal e intereses vencidos desde la fecha en que dichos pagos se hacen o surgen los créditos.
    Sentencia de Rafael Días Cintrón, J. (Ponce), condenando al de-mandado a pagar cantidad menor que la reclamada en la de-manda, sin costas.

      Confirmada.

      Arturo Ortiz Toro, abogado del apelante; López de Tord & Zayas 'Pizarro, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado y apelante admite que él otorgó un pagaré por la suma de $500 con intereses a razón del 10 por ciento anual a partir del día primero de noviembre de 1922. Al ser demandado por esta obligación alegó haber pagado cier-tas cantidades con las cuales trató de extinguir la reclama-ción. La corte dictó sentencia contra él por la suma de $241 con intereses sobre la misma a razón del 10 por ciento a partir de la fecha de la interposición de la demanda.

El apelante alega tres errores en serie pero no hizo un señalamiento de error. El primero y segundo de los errores alegados se refieren a . la apreciación de la prueba. Al discutirlos el apelante no hace ninguna referencia a las páginas de los autos en las cuales lia de encontrarse la prueba. Bajo estas circunstancias basta decir que de los alegatos aparece concluyentemente que la corte estuvo justi-ficada, ya en la resolución sobre el conflicto de las declara-ciones, o al no dar entero crédito a la manifestación del de-mandado respecto a los varios gastos de entierro, o a la re-clamación por hospedaje de la difunta dueña del pagaré. Cuando una parte apela de una sentencia que envuelve la apreciación de la prueba y no presenta un señalamiento de errores relativo a las varias reclamaciones, o para señalar las páginas de los autos en las cuales la prueba ha de en-contrarse, de acuerdo con las reglas 42 y 43 del Reglamento de esta corte estamos autorizados para desestimar la apela-ción o confirmar la sentencia sin hacer un análisis minucioso de la prueba.

El tercer error alegado se refiere al pago de intereses. El apelante según parece creyó que la naturaleza de su reclamación convertía su obligación para con el demandante en una cuenta corriente y por tanto que los intereses sólo debían correr desde la fecha de la sentencia. Cuando, sin embargo, una persona suscribe un pagaré con intereses desde la fecha de la obligación, a falta de una liquidación especial, o cuentas rendidas entre las partes, el dueño del pagaré tiene derecho a reclamar tales intereses desde la fecha del pagaré y el demandado sólo tiene derecho a descuentos del principal e intereses vencidos desde la fecha en que los pagos se hacen, o surgen los créditos. La corte concedió al demandado más de lo que él tenía derecho a esperar al limitar el cobro a la fecha de la radicación de la demanda.

No encontramos que se haya cometido ningún error y . debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob Wolf,

text:
    Ramón G. Goico, demandante y apelado, v. Eduardo Flores Colón, demandado, Francisco R. Arévalo y José Toro Rodríguez, fiadores y apelantes.
    No. 3631.

    Visto: Enero 15, 1926.

      Resuelto: Marzo 4, 1926.
    1. Embargos — Acciones sobre Fianzas — Fianzas para Eximir del Embargo Bienes del Deudor — Quiebra del Deudor Principal, Después de Sentencia —Derecho del Acreedor contra los Fiadores. — Cuando ciertos fiadores in-tervienen para eximir de nn embargo bienes de un demandado, y después de dictada sentencia contra éste se declara en quiebra, el demandante tiene derecho a proceder a obtener sentencia contra los fiadores y a ejecutarla contra propiedad de ellos aún estando pendientes los procedimientos de quiebra.
    2. Quiebra — Derechos, Remedio y Exoneración (Discharge) del Quebrado— Acciones contra el Quebrado en las Cortes Insulares — Suspensión de las Mismas — Solicitud.—Existiendo pleitos iludientes contra un quebrado en las cortes locales, una orden general como indicación al juez de distrito •local de la pendencia de los procedimientos de quiebra es insuficiente, pues la misma debe contener una referencia a cualquier caso pendiente cuya sus-pensión se deseo y debe estar propiamente dirigida.
    3. Embargo — Acciones sobre Fianzas — DaSos y Perjuicios Ocasionados por Embargo — Excusión de Bienes del Deudor Principal. — En las fianzas judiciales, el fiador no puede pedir la excusión de -los bienes del deudor principal (Muriente v. Terrosa, 22: 744, confirmado).
    BesoluCioN de Rafael Díaz Cintrón, J. (Ponce), ordenando se libre mandamiento de ejecución contra los fiadores en pleito sobre co-bro de dinero.

      Confirmada.

      Tomás Castillo, abogado de los apelantes; R. Arjona Siaoa, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Habiéndose presentado una petición de quiebra en la Corte Federal, esta acción envuelve el derecho del deman-dante y apelado a proceder no contra el alegado quebrado, sino contra ciertos fiadores que intervinieron para eximir del embargo los bienes del demandado que fueron- embarga-dos al comienzo de la acción establecida contra él.

La sentencia fue dictada contra' el demandado en 30 de enero de 1924. Antes de ser firme la sentencia dictada contra dicho demandado, como alegaron los apelantes, dicho demandado en 27 de febrero de 1924, presentó una petición de quiebra. Cierta especie de notificación de la petición de quiebra fue radicada en la Corte de Distrito.de Ponce. Des-pués de varios procedimientos iniciales la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia contra los referidos fiadores, que lian apelado.

Los señalamientos de error primero y segundo envuel-ven el derecho que tiene el demandante y apelado a proce-der a obtener sentencia contra los fiadores y a ejecutar dicha sentencia contra su propiedad estando pendientes los procedimientos de quiebra en la Corte de Distrito de los Es-tados Unidos.

Desde el caso de Muriente v. Terrasa, 22 D.P.R. 738, ha sido claro que los fiadores judiciales, como eran los apelantes en este caso, son responsables solidaria y mancomunadamente con el deudor. Su responsabilidad quedó establecida al dictarse-la sentencia en este caso. La continuación del pleito contra ellos no era, por tanto, en ningún sentido un procedimiento- contra el quebrado. In re Mercedes Import Co., 166 Fed. Rep. 427, Santiago v. Arés, 25 D.P.R. 481. Cuando un acreedor tiene una reclamación solidaria y mancomunada contra tres personas diferentes, no hay razón alguna por la cual la quiebra de una de ellas deba impedirle poder proceder contra las otras.

Se nos ocurren cuestiones incidentales que no han sido sugeridas por el apelado. El árbitro de la quiebra (referee) radicó la siguiente notificación en la Corte de Distrito de Ponce:

“En la Corte de Distrito de Ponce, Puerto Rico. — En el asunto de Eduardo Flores, quebrado. — En quiebra. — No. —Ilon. Rafael Díaz Cintrón, Juez de esta corte: Comparece ahora Allah Torres, árbitro de la quiebra (referee) para la División de Ponce, y alega lo siguiente: Que existen varias acciones en esta Corte de Distrito contra Eduardo Flores Colón, que ha sido declarado en quiebra el día 27 de febrero, 1924: Que según la Constitución y las leyes de conformidad con ella, y especialmente la Ley de Quiebras de 1898, como quedó enmendada, la Corte Federal tiene jurisdicción exclusiva sobre cuestiones de quiebra: Que la continuación de cualquier ac-ción en la Corte de Distrito de Ponce impide e invade la jurisdicción de la Corte Federal. Por tanto, sugiero que se dicte inmediatamente una orden terminando todas y cada una de las acciones del que-brado o contra él establecidas, dejando a la disposición de esta corte todos sus bienes o cualquier propiedad embargada. Fechado en Ponce, hoy día 3 de marzo de 1924. Allah Torres, árbitro de la quiebra (referee).”

Sin detenernos a emplear tiempo alguno sobre si el ár-bitro de la quiebra' (referee), a diferencia del quebrado, de-positario o acreedores, tiene alguna razón para bacer la su-gestión en las cortes locales, dudamos de la suficiencia de la notificación hecha en este caso. El precepto de la Ley de Quiebras en cuestión prescribe lo siguiente:

“Pleitos establecidos por quebrados y contra quebrados. — Se sus-penderá todo pleito fundado en una reclamación (claim) de la cual quedaría exento el quebrado por consecuencia- de una orden de li-beración, que se encuentre pendiente al tiempo en que se presentare una petición de quiebra contra él, hasta después que recaiga la de-claración de quiebra o de la desestimación de la petición de la misma. Si la persona demandada es declarada quebrada, la acción se suspenderá por doce meses más, .a contar desde la fecha de tal resolución, o si dentro de dicho tiempo el quebrado solicita su libe-ración, entonces la suspensión durará hasta que la cuestión relativa a dicha liberación quede resuelta.” Ley de julio l9, 1898, 30 Stat. 549. '

Esta disposición legal no actúa por sí misma sino qne en cada caso alguna notificación debe dirigirse a las partes que están celebrando un caso en la corte local. Una orden general dictada como indicación al juez de distrito local es insuficiente. El juez' no está obligado a prestar ninguna atención a tal notificación. Esta debe contener una referen-cia a cualquier caso pendiente cuya suspensión se desee y debe estar propiamente dirigida. '

A falta de cualquier notificación específica de la penden-cia de los procedimientos en la Corte Federal, la sentencia de la Corte de Distrito de Ponce quedó firme y ejecutoria. La sentencia contra el deudor no era en una acción pen-diente, aunque desde luego convenimos enteramente en que la corte local perdió todo derecho o jurisdicción para librar ejecución contra cualesquiera propiedad del quebrado.

Asimismo dudamos del derecho de los fiadores en este caso a sugerir la pendencia de los procedimientos en la Corte de Distrito de los Estados Unidos. Ellos no han de-mostrado ningún interés en tales procedimientos; no tienen ninguna condición legal (status) como síndico, acreedor o quebrado. Su única reclamación como fiadores podía sur-gir por virtud de la responsabilidad impuéstales por la sen-tencia en la corte local. Estas sugestiones adicionales de esta corte favorecen la confirmación de la sentencia de la corte de distrito.

Los apelantes también hicieron el señalamiento de error de que el acreedor estaba primeramente obligado a hacer la excusión de los bienes del deudor. Los apelantes, sin embargo, no argumentan este señalamiento, y la cuestión está resuelta en el caso de Muriente v. Terrasa, 22 D.P.E. 738, supra.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Fidel Gerena, como defensor de la menor María Eladia González, demandante y apelado, v. Bartolc Suau, demandado y apelante.
    No. 3834.

    Sometido: Febrero 12, 1926.

      Resuelto: Marzo 4, 1926.
    1. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord— Defectos, Objeciones, Enmienda y Corrección — Tiempo Oportuno para Presentar Moción de Corrección — Ante el Supremo. — Propuestas eiertas enmiendas a una transcripción de -la evidencia antes de su aprobación, y rehusadas aquéllas por el tribunal inferior, entonces es el tiempo oportuno-para presentar al Supremo moción sobre corrección de autos y no después-que el transcript de apelación se ha radicado en dicho tribunal.
    2. Apelación y Error — Récord y Proced.'mientos que no Están en Récord— Defectos, Objeciones, Enmienda y Corrección — Corrección en el Tribunal de Apelación — Moción de Corrección Tardía. — Certificado por los abo-gados no sólo la corrección sino qne son completos los autos de apelación, y radicado el transcript como fué aprobado por el tribunal inferior, cualquier tentativa para corregirlo en el Supremo es tardía, especialmente cuando la. corte inferior consideró la cuestión y desestimó la petición de corrección.

      Moción sobre corrección de autos en apelación.

      Sin lugar.

      José D. Rodríguez, abogado del apelante; García Méndez <& García Méndez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso fné dictada sentencia contra Bartolo Suau en diciembre 30, 1924 y apelada por él en enero 27, 1925. El apelante optó por incorporar la evidencia por medio de notas taquigráficas y estas notas fueron subsiguientemente archivadas en la corte de distrito de Aguadilla por el taquí-grafo el día 9 de noviembre de 1925. En diciembre 14, 1925 consta una resolución de la corte que expresa que el deman-dado-apelante radicó un proyecto de enmiendas que él de-seaba hacer. La corte de distrito, según aparece, denegó las propuestas enmiendas y el mismo día, o sea en diciem-bre 14, en una resolución por separado incorporó las notas taquigráficas como fueron aprobadas haciéndolas formar parte del legajo de la sentencia.

El día 28 de enero de 1926 como aparece de la transcrip-ción, ambos abogados certificaron que los autos eran copia fiel y correcta, mencionando en dicha certificación de haber sido aprobada una transcripción de la evidencia por la corte de distrito.

En febrero 1, 1926 la transcripción como había sido cer-tificada fué radicada en esta corte, y podemos presumir de modo concluyente que los autos fueron así archivados por el propio apelante.

Con estos antecedentes se presenta ahora el apelante en febrero 8, 1926 y pide mediante moción que se enmiende el récord. Aparece, como hemos dicho, .que después que la transcripción de la evidencia quedó en poder de la corte inferior y antes de la aprobación el apelante trató de que la misma fuera corregida y propuso enmiendas. Al rehusar la corte hacer las enmiendas y después de la aprobación el apelante presentó una moción de reconsideración que fué a la vez desestimada. Las presunciones todas están a favor de la deliberada actuación de la corte inferior.

Tenemos ante nuestra consideración unos autos debida-mente certificados y completos y la moción de corrección de autos como fia sido presentada es insuficiente. Quizás si el apelante Rubiera presentado su moción a tiempo, o sea, cuando la corte se negó a admitir las enmiendas, este tribunal por apelación, o preferentemente quizás por virtud del artículo 64 de nuestro Reglamento, Rubiera de acuerdo con el mismo, Raber estado en condiciones de considerar la pre-sente moción. Bajo esa regia el apelante debe poner a esta corte prima facie mediante affidavits o de otro modo en condiciones de poder corregir la transcripción de la eviden-cia. La demostración RecRa en' la moción ante nuestra con-sideración es enteramente inadecuada para cualquier fin.

Una propuesta adición o corrección de los autos no puede servir al apelante. Las secciones 55 y 56 de nuestro Regla-mento sólo autorizan tales correcciones de la transcripción como aparecen de los autos en la corte inferior. Tuvimos ocasión de considerar una situación semejante en el caso de Pérez Hermanos v. Arenas, 30 D.P.R. 102. Dijimos en la página 104 lo siguiente:

“No es por medio de la moción sobre corrección de autos que autorizan las reglas de esta corte como podría eliminarse una prueba que se incluyó en la exposición del caso preparada por el apelante, que la parte contraria permitió sin objeción alguna que quedara in-cluida y que el juez sentenciador certificó que era correcta. Para tales casos, que sólo muy raras veces se concibe que puedan ocurrir, la ley otorga recursos apropiados.
“ ‘La regla general,’ dice Corpus Juris, ‘es que un caso o ex-posición de hechos en apelación no puede ser enmendado o alterado en la corte de apelación, porque esa corte debe recibir y actuar so-bre el caso aprobado tal como viene de la corte inferior, tomándolo como la expresión de la absoluta verdad. Pero la corte puede, si se le pide, conceder un tiempo razonable para solicitar una correc-ción de la corte inferior. En algunas jurisdicciones si cualquiera de las partes se siente perjudicada por la inserción n omisión de mate-rias en la exposición tal como fué aprobada por el juez sentenciador, pnede solicitar mediante petición a la Corte Suprema, establecer una exposición adecuada respecto a dichas materias.’ 4 C. J. see. 2035, pág. 371.”

Además, el apelante se unió a sus opositores certificando que los autos eran completos y radicó en esta corte la transcripción como fúé aprobada. Bajo estas circunstancias cualquier tentativa para corregir la transcripción de la evidencia llega demasiado tarde, especialmente toda vez que la corte inferior ha considerado la cuestión y desestimado la petición de corrección de autos.

Incidentalmente podemos decir que era el deber del ape-lante inspeccionar las notas transcritas prontamente y en-tonces haber tratado de hacer la corrección antes del día señalado para la vista sobre las mismas. No hay ninguna demostración aquí de alguna entrevista con el taquígrafo o tentativa para que explicara o admitiera, o negara la co-rrección de dichas notas.

La moción de corrección de autos debe ser declarada sin lugar.


author: El Juez Presidente Señor, del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Joaquín Dapena, acusado y apelante.
    No. 2639.

    Visto: Enero 29, 1926.

      Resuelto: Marzo 4, 1926.
    1. Deeecbo Penal — Apelación y Error, y Certiorari — récord y Procedimien-tos que no EstIn en Record — De las Cuestiones a Revisar — Insuficiente Presentación de las Mismas — Omisiones en el Récord que Afectan la Revisión.. — Cuando no se coloca a la corte de apelación en condiciones de resolver un error señalado — suficiencia de una denuncia por infracción a una ordenanza — por no figurar dicha ordenanza en la transcripción, la corte no entrará a discutirlo.
    2. Corporaciones Municipales — Poder General de Policía y Reglamentos-Infracciones a y Aplicación de los Reglamentos — Infracción a las Or-denanzas Municipales — Responsabilidad Criminal — Evidencia—Su Sufi-ciencia. — La declaración de un sólo testigo que merezca entero crédito a la! corte al efecto de que vió al acusado guiando su automóvil sin luz en la parte de atrás — siendo ese el hecho imputado como constitutivo de la infrac-ción a la ordenanza alegada — es prueba suficiente para justificar la sentencia apelada.
    Sentencia de Angel Acosta, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de infracción a ordenanza municipal.

      Confirmada,

      llamón Dapena y Leopoldo Tormes, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor, del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso se impuso al acusado una multa de cinco dólares por infracción de cierta ordenanza del muni-cipio de Ponce. No conforme el acusado apeló alegando que la corte erró porque la denuncia es insuficiente y por-que la sentencia que dictó es contraria a las pruebas y a la ley.

Argumentando el primer error sostiene el apelante que no existe ordenanza alguna que castigue el beebo que se imputó al acusado, pero luego el mismo apelante cita la ordenanza para argüir que la denuncia no es suficiente en relación con la misma.

El apelante, como era su deber, no ba colocado a esta corte en condiciones de resolver el error señalado. Hemos examinado la transcripción y. en ella no figura la ordenanza en cuestión y ya esta corte ba resuelto que las ordenanzas municipales no son de conocimiento judicial. El Pueblo v. Sánches, 30 D.P.R. 12. Siendo ello así, la presunción de justa que tiene la sentencia no ba sido destruida.

Examinada la prueba parece suficiente. Un' solo testigo que merezca entero crédito a la corte es bastante y aquí el policía Eamón Cintrón, que mereció entero crédito a la corte, declaró de modo terminante que vió al acusado guiando su automóvil sin luz en la parte de detrás y ese fué el beebo imputado como constitutivo de la infracción a la ordenanza y como tal castigado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Francisco P. Irizarry, demandante y apelado, v. Ramón Díaz Ojea, demandado y apelante.
    No. 3516.

    Visto: Marzo 20, 1925.

      Resuelto: Marzo 5, 1926.
    1. Sentencia — Confusión (Merger) y Exclusión (Bar) be Causas de Acción y Defensas — Sentencias Eficaces como Impedimento (Bar) — Requisitos PARA QUE LA SENTENCIA ANTERIOR PUEDA ACTUAR COMO BAR A OTRA ACCIÓN —Identidad de las Partes en los Pleitos. — Cuando no existe la perfecta identidad que la ley exige-entre los -litigantes en dos pleitos, no procede la excepción de cosa juzgada.
    2. Sentencia — Confusión (Merger) e Impedimento (Bar) de Causas de Acción y Defeetsas — Sentencias Eficaces comio Impedimento (Bar) — Requisitos para que una Sentencia Anterior Pueda Actuar como Bar a Otra Ac-ción — Identidad de las Partes en los Pleitos. — Iniciada acción pertene-ciente a la sociedad de gananciales por la esposa personalmente asistida de su esposo, la sentencia en él dictada no puede invocarse como cosa juzgada en acción posterior fundada en los mismos -ieelros establecida por el esposo como representante de la sociedad legal de gananciales.
    3. Evidencia — Evidencia en Juicio Anterior o en Otro Procedimiento — Admi-sibilidad de la Misma — Testioos Presentes en la Corte. — Hallándose los testigos presentes, sus declaraciones personales no pueden ser sustituidas por ■las que prestaran en causa anterior introducidas por el taquígrafo aunque la causa fuera entre las mismas partes y se refiera al mismo asunto.
    SENTENCIA de Angel Acosta, J. (Mayagüez), declarando en parte con lugar una demanda sobre indemnización, con costas.

      Revo-cada y devuelto el caso.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; Benet ds Boufront, abo-gados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda contiene dos causas de acción. Por la pri-mera el demandante Francisco P. Irizarry, casado con Pro-videncia. Morales, reclamó del demandado Ramón Díaz Ojea una indemnización de tres mil dólares por la angustia mental y daños sufridos en su reputación y estimación entre sus convecinos a virtud de ciertas frases pronunciadas por el demandado en presencia de más de trescientas personas que las oyeron, así difamándolo y exponiéndolo al ridículo público. Por la. segunda cansa de acción el demandante re-clama, basándose en el mismo becbo y por la angustia mental, la falta de atención y afecto de sn esposo, los dolores físicos y trastornos nerviosos, la pérdida de amistades y confianza pública, sufridos por la esposa, la suma de cuatro mil dólares. La demanda es larga y completa en sus ale-gaciones y puede observarse a primera vista que está redac-tada después de un cuidadoso estudio de los hechos y la ju-risprudencia aplicable.

El demandado excepcionó la demanda por indebida acu-mulación de acciones y falta de hechos suficientes y la con-testó negando sus hechos y alegando que a virtud de cierta agresión que la esposa del demandante realizó contra una hija del demandado, éste, presa de excitación nerviosa, re-convino al demandante haciéndole comprender que resultaba impropio que consintiera que su mujer actuara en la forma en que lo había hecho. Alegó además la cosa juzgada.

El demandado falleció y el demandante pidió y obtuvo que fuera sustituido por sus herederos.

Celebrada la vista del pleito, la corte desestimó la primera causa de acción y declaró con lugar 'la segunda condenando a los herederos de Ramón Díaz Ojea a pagar al demandante, la suma de trescientos dólares y las costas.

No conformes los herederos apelaron para ante esta’. Corte Suprema señalando seis errores cometidos a su juicio-por la corte, 1, al desestimar cierta moción de eliminación; 2 y 3, al declarar sin lugar las excepciones previas; 4, al resolver que no existe la cosa juzgada; 5, al admitir cierta evidencia, y 6, al apreciar la prueba.

Dejaremos de considerar por escrito los tres primeros, errores. Los hemos examinado cuidadosamente y carecen a nuestro juicio de mérito alguno.

La cosa juzgada se alegó como sigue en la contestación :

“Asimismo, y como materia de oposición a los hechos de la pri-mera causa de acción, alega el demandado:
“Por sentencia que se encuentra ñrme, dictada por esta Hon. Corte con fecha 13 de diciembre de 1922, en el caso civil No. 9254 seguido por Providencia Morales, asistida de Francisco P. Irizarry, contra el ahora demandado Ramón Díaz Ojea, por indemnización, en virtud de las mismas frases y hechos a que se refiere la demanda del ahora demandante, esta Hon. Corte desestimó la demanda, por los méritos de la prueba, en todas sus partes, por lo cual alega ahora el demandado que en el presente caso existe la presunción de cosa juzgada, porque entpe éste y el resuelto por la sentencia mencionada concurre la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.”

En el acto del juicio se probó la existencia del otro pleito alegado, pero la parte demandante sostiene, con ra-zón a nuestro juicio, que habiéndose iniciado dicho pleito por Providencia Morales que no tenía derecho a ello pues la acción pertenecía a la sociedad de gananciales, la senten-cia en él dictada no puede invocarse para perjudicar la ac-ción ejercitada en este pleito. Que la acción pertenece a la sociedad de gananciales fué resuelto en el caso de Vázquez v. Valdés, et al., 28 D.P.R. 467, decisión que acaba de ser ratificada en tal extremo en el caso de Vázquez v. Porto Rico Ry., Light & Power Co., 35 D.P.R. 62.

El artículo 1219 del Código Civil revisado (Comp. 1911 see. 4325) dice que “Para que la presunción de cosa juz-gada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invo-cada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo- fueron.” El pleito No. 9254 decidido por sentencia •de 13 de diciembre de 1922 es cierto que se basó en los mis-mos hechos que el presente pero fué iniciado por Providen-cia Morales personalmente, mientras que en éste figura Pro-videncia Morales como miembro de la sociedad de ganan-ciales constituida con su esposo. El que fuera asistida de su esposo en el primer pleito no altera la situación. No •existe, pues, la perfecta identidad que la ley exige entre los litigantes en ambos pleitos, y en tal virtud no procede la •excepción de cosa juzgada.

El quinto error se formula así: “La corte erró al admitir en evidencia, a pesar de la oposición de la deman-dada, declaraciones de testigos presentados en otro juicio.”

Sucedió qne al declarar los testigos presentados por la parte demandante con respecto a las palabras qne oyeron pronunciar a Eamón Díaz, qne constituyen la basé de la re-clamación, la parte demandada se opuso por tratarse de manifestaciones de un difunto. Se recordará que Díaz fa-lleció y fué sustituido por sus herederos. Insistió el deman-dante en que su prueba era pertinente. Continuó oponién-dose la parte demandada y después de un largo debate la corte negó la prueba, y la parte demandante tomó excep-ción. Así las cosas el demandante manifestó: “Abora nos-otros podemos presentar aquí la prueba del taquígrafo de la corte y del récord anterior en que este testigo declaró en presencia de Eamón Díaz Ojea, y que don Eamón Díaz Ojea tuvo oportunidad de repreguntarlo.” T la corte dijo: “Puede 'traer la prueba ésa.” T la parte demandada ex-presó: “Nosotros tomamos excepción.” El caso se repitió varias veces siendo resuelto en todas substancialmente en la misma forma.

En su alegato la parte demandada dice: “Con la admi-sión de esa evidencia, la Hon. Corte sentenciadora infrin-gió, a nuestro juicio, el inciso 6 del artículo 35 de la Ley de Evidencia, ya que ninguno de los testigos cuyas declaracio-nes fueron admitidas había fallecido, sino que estaban en la presencia del tribunal, y no estaban imposibilitados para declarar. ’ ’

A nuestro juicio el error cometido es tan claro que no podemos llegar a otra resolución que .no sea a la de revocar la sentencia apelada. El número 6 del artículo 35 de la Ley de Evidencia es terminante. Sólo podrá admitirse el testimonio de un testigo prestado en una causa anterior en-tre las mismas partes y referente al mismo asunto, cuando el testigo hubiere fallecido, o se hallare fuera de la juris-dicción de la corte o estuviere imposibilitado para testificar. Y aquí los testigos estaban en la corte misma. Y el error es perjudicial porque la sentencia condenatoria se basa en las declaraciones así admitidas.

El hecho de que una corte cometa un error, como lo co-metió la corte sentenciadora en este caso, al no permitir de-clarar a los testigos del demandante sobre las palabras cau-santes del daño, pronunciadas, según la demanda, por Ra-món Díaz Ojea, no obstante haber éste fallecido a la fecha del juicio, no autoriza a la parte perjudicada a introducir prueba en contra de la ley j la protesta de la otra parte.

Bebe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.