author: El Juez PresideNte Sr. del Toro, JUEZ ASOCIADO SB. WOLE.

text:
    García et al., Demandantes y Apelantes, v. Aguayo et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre nulidad y otros extremos.
    No. 2796.
    Resuelto en julio 28, 1923.
    Oosa Juzgada — Litis Pendentía. — Terminado un pleito por sentencia, si en otro ' se declara que dicha sentencia — alegada como cosa juzgada — es nula por haber sido dictada sin darse la debida oportunidad a las partes, y se de-vuelve el caso para nuevo juicio, no cabe substituir con éxito por ese solo hecho la defensa de cosa juzgada por la de litis pendentia.

    Herencia — Reclamación del Derecho Hereditario — Filiación.'—No es acción de filiación aquella en que el demandante, alegando ser hijo legítimo y par-tiendo de la base del matrimonio de sus padres, reclama el reconocimiento de sus derechos a la herencia de uno de ellos.
    Archivos Parroquiales — Destrucción de — Reconstrucción—Obispo—Certifica-ción. — Destruido por incendio un archivo parroquial y decretada por el Obispo de la diócesis correspondiente la reconstrucción del libro de actas de matrimonio así desaparecido, es válida la copia certificada de cualquiera de sus asientos expedida por el funcionario eclesiástico encargado de la custodia del libro reconstruido.
    Id. — Partidas de Bautismo y Matrimonio: qué 'Prueban. — Aunque las partidas de bautismo o matrimonio sólo constituyen prueba plena del acto que mo-tiva su otorgamiento, sin embargo, en casos apropiados las manifestaciones en dichos documentos consignadas tienen también su fuerza probatoria.
    Matrimonio — Prueba Supletoria — Testigos.—Aún cuando es bastante por sí sola para probar el matrimonio, la certificación del acta de su celebración expe-dida por el funcionario competente, es admisible prueba testifical de la exis-tencia de dicho matrimonio, tanto más cuando se trata de un caso en que el acta ha sido reconstruida y se impugna por la parte contraria su eficacia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. L. Muñoz Morales.

    Ahogados de los apelados: Sres. J. y M. Tous Soto.

   El Juez PresideNte Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Degde hace cerca de veinte años la demandante en este pleito está luchando porque se le reconozcan sus derechos como hija legítima de don Juan G-arcía Villaraza y de su esposa doña Manuela Fernández y Rodríguez. Aguayo et al. v. García, 11 D. P. R. 274; García v. Aguayo et al., 29 D. P. R. 1022.

Alega la demandante en su demanda que don Juan Gar- - cía Villaraza falleció en Para, Brasil, el 27 de abril de 1899, en estado de casado con la demandada doña Josefa Aguayo, dejando como únicos herederos a su hija la demandante, a su otra hija la demandada Graciela García y Aguayo y a su viuda la dicha demandada doña Josefa Aguayo. Que su padre murió intestado, dejó bienes y su último domicilio fue Ponee, Puerto Eico.

Hechas esas alegaciones generales, sostuvo como primera causa de acción la demandante, que la demandada doña Josefa por sí y en representación de su hija Graciela, no obs-tante constarle la condición de hija legítima de la deman-dante, solicitó y obtuvo de la Corte de Distrito de Ponce que se’ les declarara únicas herederas de don Juan García, inscribiendo a su nombre los bienes de la herencia. Como segunda causa de acción,*que con motivo de los actos rese-ñados en la primera, las demandadas habían ocasionado a la demandante perjuicios montantes a más de veinte mil dó-lares. T como tercera causa de acción especificó la deman-dante los bienes inmuebles adquiridos por la demandada doña Josefa Aguayo con las rentas producidas‘por el caudal hereditario de don Juan.

A virtud de los hechos alegados pidió la demandante ■que se decretara la nulidad de la declaratoria de herederos y de las inscripciones en el registro; que se declarara que las personas con derecho a la herencia lo eran la deman-dante y las demandadas; que se ordenara la partición de la herencia y que se condenara a las demandadas a pagarle $22,800 y las costas.

Contestaron las demandadas aceptando el hecho de la muerte del señor García, negando que la demandante fuera ■su hija legítima, y sosteniendo que ellas eran sus únicas herederas. Se expuso en la contestación que la demandada ■conocía la existencia de la demandante, que se excluyó de la declaratoria de herederos por consejos de un abogado y que deseando darle una oportunidad de probar su derecho •a la herencia se entabló demanda contra ella a fin de que la ■corte declarara quiénes eran los únicos herederos hacién-dolo así la corte por sentencia de 25 de abril de 1908 que decidió el pleito en favor de la demandada y de su hija Graciela. Se negaron los daños y perjuicios. Se alegó pri-mero la cosa juzgada, y luego que existía un pleito pen-diente entre las mismas partes. Se sostuvo que la partid-pación de la demandada Graciela en la herencia había sido ■vendida a don Boque Pérez y que éste era un tercero hipo-tecario, y por último se alegó que la acción de filiación que pudiera corresponder a la demandante había prescrito.

El pleito fué primeramente fallado por la Corte de Dis-trito de Ponce en' contra de la demandante basándose prin-cipalmente la sentencia en que los derechos de las partes habían sido definitivamente juzgados. Apelada la senten-cia fué revocada por esta Corte Suprema, ordenándose la celebración de un nuevo juicio. García v. Aguayo et al., 29 D. P. R. 1022. En el curso de la opinión se expuso que ha-biéndose dictado la sentencia que se invocaba como cosa juzgada, sin dar una oportunidad a las partes, tal sentencia era enteramente nula. Pué a virtud de esa declaración se-guramente que la demandada al volver el pleito a la corte ■de distrito hizo su alegación de litis penclentia.

Celebrado el nuevo juicio acordado, otra vez la corte de-claró la demanda sin lugar, interponiendo entonces la de-mandante la presente apelación.

A los efectos de despejar la situación, diremos que ade-más de la muerte del Sr. García, está probado fuera de toda duda que al morir dejó bienes y que las demandadas fueron declaradas judicialmente sus únicas herederas y que como tales inscribieron los bienes, los poseyeron y disfrutaron de sus rentas y productos. Y con el mismo fin consignare-mos que a nuestro juicio carecen de mérito la defensa de litis penclentia y las cuestiones de tercero y prescripción. La primera, porque el pleito resuelto por la sentencia do 25 de abril de 1908 quedó terminado. Si luego colateral mente se ha declarado que la sentencia era nula, no importa. La se-gunda porque no siendo el Sr. Pérez parte en este litigio en nada puede perjudicarle la sentencia que contra él se dicte. Y la tercera porque aquí no se ejercita por la demandante la acción de filiación. Ella parte de la base del matrimo-nio de sus padres.

T ahora entraremos de lleno en la cuestión básica del pleito, a saber: ¿Probó la demandante el matrimonio de-sús padres? Yeámoslo.

La primera prueba aportada por la parte demandante fué un documento que aparece transcrito en.la opinión de esta corte en García v. Aguayo et al., 29 D. P. R. 1022, 1025.

La parte • demandada se opuso a la admisión del docu-mento así:

“Tenemos que' hacer una larga objeción a este documento y va-mos a dictársela al taquígrafo. Realmente esta es la cuestión más. importante del juicio. Nos oponemos a la admisión de este docu-mento : — Primero: Porque no es una transcripción del asiento original de la celebración del matrimonio obrante en el archivo pa-rroquial correspondiente, extendida por el ministro celebrante con-juntamente con la celebración del matrimonio en cumplimiento de su cargo, en el curso de su empleo o ministerio. — Segundo: Por-que dicho asiento original (entry) del matrimonio en el libro co-rrespondiente al expedirse la certificación, no existía y sin justi-ficarse que hubiera existido alguna vez, que después desapareció o-fué destruida., caso único en que sería admisible prueba supletoria o secundaria, de acuerdo con el artículo 154 y 350 del Código Civil y artículo 24 número 1 de la Ley de Evidencia no puede ser ad-misible1. — Tercero: Porque la supuesta reconstrucción del asiento en el libro de matrimonios no ha sido hecha por autoridad competente,, que en este ca’so lo sería el obispo, en adecuado procedimiento, sino que es un nuevo asiento extendido en un libro provisional de ma-trimonio el dos de octubre de 1918 después de fallado el pleito anterior entre las mismas partes y sobre los mismos issues que el pre-sente, que lo fué en 25 de abril de 1908 y poco's días antes de co-menzarse el presente pleito en 7 de noviembre de 1918, habiéndose confeccionado dicho documento en el extranjero por un sacerdote que no celebró ni asistió al supuesto matrimonio de que se trata,, ni era párroco de G-uira. de Melena a la sazón, sin que firme nin-gún testigo de dicho matrimonio o persona que lo presenciara, ni se diga la fuente de información del sacerdote reconstructor o con-feccionador, ni se haya oído o dado oportunidad de 'ser oídas las. partes interesadas, ni aparece la autoridad de dicho sacerdote para extender el nuevo asiento. — Cuarto: Porque dicho documento no es sólo hearsay de la peor clase, sino un self-serving evidence, con-feccionada después de este litigio entre las partes sobre el beebo preei'so que trata de probarse con esta evidencia de reciente con-fección o sea de dos de octubre de 1918, habiéndose expedido cer-tificación al día siguiente de confeccionada, o sea el tres de oc-tubre. — Quinto: Porque la certificación de dicho documento no se ajusta en su forma al artículo 69, número 8 de la Ley de Evi-dencia. — Sexto: Porque en la fecha que se dice celebrado el ma-trimonio estaba vigente en Cuba la Ley de Registro Civil y desde esa fecha no era admisible para probar el matrimonio, otra prueba que la certificación del Registro Civil y aún cuando se hubiera cele-brado antes el matrimonio de regir dicha ley, de acuerdo con las dis-posiciones vigentes entonces, los asientos de los libros parroquiales debieron transcribirse a los libros del Registro Civil.”

La c'orte resolvió que el documento era “incompetente por la forma en que fué reconstruido el récord ■ y también por la forma en que fué autenticado por el Cónsul.”

La parte apelante sostiene en su alegato que el docu-mento era admisible como evidencia primaria. Parece opor-tuno transcribir las razones que aduce para ello. Están perfectamente condensadas así:

“La parte demandante apelante sostiene ahora: (a) Qiue dicho documento es admisible: Porque es la certificación de un documento original que consta en el libro parroquial de la Parroquia de Güira de Melena. (6) Porque esa certificación está expedida por el funcio-nario encargado de la custodia del original, (c) Porque ese original se extendió en virtud de un decreto de autoridad competente con motivo de haberse quemado el antiguo archivo de la iglesia. (d) Porque ese decreto autorizó el expediente en el que se apor-tarían todos los datos y pruebas necesarias para la reconstrucción de las actas originales que fueron destruidas por el incendio, (e) Porque las pruebas y datos necesarios para la reconstrucción de esa acta deben constar en el expediente general y no en cada una de las actas especiales. (/) Porque ese documento fué asimismo autenti-.cado por autoridad competente, haciéndose constar que quien ex-pidió el certificado era persona que tenía bajo su custodia el docu-mento original, (g) Porque aparece también debidamente legalizado por el cónsul americano en la Isla de Cuba, y esta legalización en nuestro concepto está de acuerdo sustancialmente con lo que prescribe el artículo 69 No. 8 de la Ley de Evidencia.
“Insistimos tina vez más en sostener que el mencionado docu-mento no constituye evidencia secundaria, sino que tiene el carác-ter de primaria según los artículo's 7 y 24 de la Ley de Evidencia, porque no se ha extraviado ni destruido el original de donde fué expedida la certificación presentada.
“En este caso se destruyó el archivo parroquial donde figuraba la partida de matrimonio y mediante el oportuno expediente fué reconstruida y asentada esa partida en el libro correspondiente, ha-ciéndose constar la fecha del decreto episcopal que autorizó el nuevo asiento; este nuevo asiento es el documento original a que la cer-tificación se refiere.
“Por otra parte este es un documento joublico, auténtico, ex-pedido con arreglo al derecho Canónico.”

A nuestro juicio la corte de distrito erró al negar la ad-misión del documento y su error aparece aún más claro cuando se considera el testimonio de Florencio García, un sacerdote, conocedor del Derecho Canónico, a quien no la demandante sino la propia demandada Sra. Aguayo enco-mendó que averiguara personalmente si la reconstrucción de la partida del matrimonio de los padres de la demandante se había hecho conforme a las leyes canónicas. Declaró que conocía- personalmente al párroco Luciano García y vió la partida original asentada en el libro supletorio formado a virtud del incendio del archivo en tiempos de la última gue-rra de Cuba con España. No se permitió al testigo que expresara su opinión, ni que describiera el expediente del cual había emanado la partida reconstruida, pero a pesar de la tenaz oposición de la parte demandada y de la acti-tud de la corte, de su declaración aparece la existencia del expediente visto por él.

Se ha insistido en que sólo al Obispo ele la Diócesis a que pertenecía la parroquia, correspondía la reconstrucción de la partida. Estamos enteramente conformes en que es el Obispo la primera autoridad de la Diócesis y la única que puede ordenar la reconstrucción de archivos parroquiales destruidos, y así resulta del documento de que se trata en este caso. En él se dice: “Y en cumplimiento del decreto del Bxmo. Sr. Obispo Diocesano de fecha 23 de junio ele 1896, por haberse quemado el archivo de esta iglesia el día cinco de enero de este año noventa y seis, yo, presbítero Luciano García y González, Cura Párrioco interino de la misma, lo firmo a dos de octubre de 1918.” Y la certifica-ción expedida por el párroco fué al Obispado y en el Obis-pado se legalizó su firma por el funcionario con autoridad para ello.

No se ha citado por. ninguna de las partes ni hemos po-dido encontrar nosotros el texto exacto de la ley canónica que fija la norma que debe seguirse para reconstruir ios archivos parroquiales destruidos por incendio o cualquiera otra causa, y siendo ello así debe presumirse que la orden del Obispo se dictó de acuerdo con la ley y de conformidad con ella fué cumplida. Una vez que el libro supletorio fué formado y las partidas destruidas quedaron nuevamente ins-critas en él, sus asientos tienen la condición de originales y el funcionario que los custodia puede expedir certifica-ciones válidas. Toca a la parte demandada demostrar la ineficacia del documento, si es realmente ineficaz de acuerdo con los hechos y la ley. Prima facie, repetimos, es válido y cid i ó admitirse y reconocérsele todo el valor que las leyes y la jurisprudencia reconocen a los documentos de igual naturaleza.

En el caso de Estados Unidos contra De Vera, 28 J. E. 108, la Corte Suprema de Filipinas, decidió, copiamos del resumen, lo que signe:

“■Siendo la Iglesia Católica Romana una' entidad jurídica (Baaiin contra Ramírez, 7 Jur. Fil., 42) y no perteneciendo los libros de casamientos que se llevan' en las parroquias de dicha iglesia a los curas- o sacerdotes que las regentan, sino a la referida entidad, la presentación del asiento en que se halle consignada la celebración de un matrimonio y del libro que lo contuviere, hecha por el cura párroco que estuviere regentando la parroquia cuando se celebre el juicio 7 su declaración respecto a la autenticidad del documento y a la verdad del hecho en él consignado, producen los mismos efec-tos que si se hubiesen hecho por el sacerdote que solemnizó el ma-trimonio y firmó el asiento, por referirse a acto ejecutado por un re-presentante de aquella entidad jurídica en el ejercicio de sus debe-res eclesiásticos y consignado en un libro de la misma entidad du-rante, el curso de sus negocios.”

Pero hay más en este pleito. No sólo se presentó la cer-tificación indicada y la declaración del sacerdote García, si que también se aportaron dos documentos más y varias de-claraciones de testigos.

Los documentos fueron: La partida de bautismo de la demandante y la de matrimonio del padre de la demandante con la demandada Sra. Aguayo. En la primera se hizo constar que la niña Elvira era “bija legítima del Dr. D. Juan García natural de Málaga; y de la Sra. Doña Manuela Fernández natural de la Habana y vecinos de esta feligre-sía.” En la segunda se consignó que el padre de la deman-dante era “viudo de Dña, Manuela Fernández que falleció * * * ” El primer documento es- de fecba 8 de diciembre de 1884. El segundo de 28 de noviembre de 1891.

Eepetidamente se ba establecido que, los documentos de tal naturaleza sólo constituyen prueba plena del acto que motiva su otorgamiento, pero no puede negarse que en ca-sos apropiados las manifestaciones en dichos documentos consignadas tienen también su fuerza probatoria.

En el caso de Ex parte Otero et al. y Striker v. El Pueblo, 27 D. P. R. 340, después de un cuidadoso estudio de la materia, se estableció la siguiente doctrina:

“Las partidas de bautismo extendidas con arreglo al derecho ea nónigo en los libros parroquiales por los sacerdotes antes de la im-plantación del registro civil en Puerto Ritío, tienen el carácter de documentos públicos y constituyen prueba prima facie en cuánto al parentesco entre el bautizado y la persona que como madre natural se asigna a éste en la inscripción. De acuerdo con esta doctrina en tales casos la filiación natural ■ queda • establecida aunque de la par-tida bautismal no resulte el reconocimiento expreso hecho por la madre tal como se exije cuando se trata de establecer la relación filial en cuanto al padre natural.”

El principio así establecido se aplicó en el caso de Tardi v. Tardi, 30 D. P. R. 225, 231.

La Corte Suprema de Filipinas' en el caso de Sison v. Ambalada, 30 Jur. Fil. 131, se expresó así:

“Presunción juris es que el hombre y la mujer que viven mari-talmente han celebrado un contrato legal de matrimonio. (Cód. de Proc. Civ., art. 334, No. 28.) Las presunciones establecidas por la ley pueden destruirse por la prueba en contrario. (Cód. Civ., art. 1251.) La prueba en contrario incumbía al demandado, y no la ha hecho en manera alguna, por no ser prueba en contra de la presunción de la ley la falta del certificado de matrimonio en los li-bros de la parroquia de Balayan, en los cuales se ha visto que algu-nos otros asientos faltaban tan interesantes como el del matrimonio de que se trata. La falta de asiento de un acto o hecho en deter-minados libros de registro no es desde luego prueba de la inexis-tencia del hecho o acto, fuera de los casos en que la ley taxativa-mente requiere como prueba esencial el asiento mismo o la inscrip-ción del hecho o acto que se trata de probar. Hay de particular en este caso, en apoyo de la presunción juris establecida, que Ju-lián Ambalada insiste con encarecimiento en su afirmación de que desde su infancia había vivido siempre al lado del Padre Gabino de los Reyes hasta su fallecimiento. Este fué párroco de Balayan. Se ha probado de manera fehaciente, y es hecho admitido por las partes contendientes, que el Padre Gabino de los Reyes fué sacer-dote de probidad reconocida, y como tal párroco de Balayan no hu-biera autorizado falsamente el asiento en los libros canónicos de su parroquia del bautizo de las dos hijas de Julián Ambalada y Mo-desta Afable llamadas ambas María Ambalada, nacidas la una en 1873 y la otra en 1875, inscribiéndolas como hijas legítimas y de legítimo matrimonio de Julián Ambalada y Modesta Afable. (Exhibits A. y D.) De conocimiento propio, según los antecedentes establecidos por el mismo demandado, y llevado de propia convic-' ción debió hacer semejantes asientos que al asegurar la legitimidad de tales hijas daba por supuesta al propio tiempo la legitimidad del matrimonio de sus padres.
“Cualquiera que hubiera sido la causa de la falta de asiento es-tán los hechos que constan en los autos, bien concluyentes todos ellos en favor del matrimonio afirmado en la sentencia apelada.”

En el curso de la opinión en el caso de Estados Unidos contra De Vera, supra, la Corte Suprema de Filipinas dijo:

“En el caso de Blackburn v. Crawford’s Lessee (3 "Wall., 175), eh el que el apelante se opuso a la admisión del asiento de un re-gistro de bautismo como prueba, porque el ministro o sacerdote que había hecho dicho asiento vivía aún y era accesible o podía ser llamado y debió haber sido examinado en cuanto al punto que era objeto de la cuestión, el tribunal dijo:
“ ‘Han probado (los apelantes) que el libro era el registro de v bautismo de la iglesia do San Patricio de la ciudad de Washington; que el rito y usos de la iglesia requieren que tal registro se lleve, asentándose en él los bautizos; y que este registro era de puño y letra del Kev. John P. Donelan, quien actualmente es pastor auxiliar de la iglesia. El apelante se'opuso a la prueba por considerarla inad-misible, sea cual fuere el fin para que se presentara. Alegó que de ser admitido sólo es competente para probar el hecho del bautizo y la fecha en que tuvo lugar. El juzgado desestimó ambas objeciones y admitió el asiento como prueba, “no sólo del hecho del bautizo, y de la fecha del mismo, sino también del hecho de que dicho George T. Crawford fue bautizado como hijo legítimo de Thomas B. Crawford y de Elizabeth Taylor, su esposa.”
“ ‘El registro era admisible bajo el fundamento de que los asien-tos fueron hechos por el que lo escribió en el curso ordinario de sus deberes.’ “Bishop en su obra arriba citada (Tomo J, párrafo 1013), al ocuparse de la decisión anterior añadió: ‘La misma regla, se es-timó, que sería igualmente aplicable a registros llevados, de con-formidad con la respectiva regla eclesiástica, dentro de cualquier denominación religiosa.’ ” 28 Jur. Fil. 114.

A grandes rasgos diremos que la prueba testifical ten-dió a demostrar que al contraer el padre de la demandante su nuevo matrimonio con la demandada Sra. Aguayo, el re-trato de la madre de la demandante continuó en la sala de la casa. Dadas nuestras costumbres sociales, esta prueba era importante porque no cabe pensar siquiera que el re-trato de tina querida figure en sitio ostensible en el hogar de una legítima esposa. Y tendió a demostrar además dicha prueba que los padres de la demandante fueron Conoci-dos viviendo juntos por más de cinco años y juntos frecuen-tando la sociedad de la Habana. Sin embargo la corte, co-metiendo un manifiesto error, a nuestro juicio, no permi-tió a los testigos que declararan cnanto sabían porque en-tendió que no podía permitirse prueba supletoria del ma-trimonio de los padres de la demandante. Lo que hemos indicado surge de manifestaciones que no pudo evitarse que hicieran los testigos.

Habiéndose resuelto el pleito por una moción de non suit; no habiendo tenido oportunidad la corte de distrito de apreciar la prueba puesto que rechazó la partida de ma-trimonio de los padres de la demandante, no reconoció valor alguno a las partidas de bautismo de la demandante y del nuevo matrimonio de su padre, y no permitió declarar a los testigos; pudiendo tal vez la otra parte presentar prueba que destruya el valor de la aportada por la parte demandante, nos parece que la resolución apropiada es de-volver el pleito para un nuevo juicio ele conformidad con los principios establecidos en la opinión, en la esperanza de que esta vieja controversia quede definitiva y justamente re-suelta. Y así se acuerda.

Revocada la sentencia recurrida y devuelto el caso para nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó “Conforme con la re-vocación y la concesión de un nuevo juicio, pero no con la opinión. ’ ’

El Juez Asociado Sr. Aldrey firmó “Conforme con la concesión del nuevo juicio pero no con los fundamentos de la opinión.”

OPINIÓN CONCURSENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SB. WOLE.

Este es un caso de una hija reputada por años como le-gítima que se ha visto obligada a tratar de probar, o se pro-pone probar el matrimonio de sus padres.

Para probar la demandante dicho matrimonio ofreció como prueba la certificación que se trancribe en las pági-nas 1025 y siguientes del tomo 29 de nuestras Decisiones. En esta decisión resolvimos que la pertinencia (competency) del documento debió haber sido resuelta por la corte inferior. El caso fué devuelto para la celebración de un nuevo juicio y después de una amplia vista, la corte a mi juicio, debidamente se negó a admitir el documento. Varios son los alegados defectos. Me inclino al parecer de que la cer-tificación consular fué suficiente, pero también estoy con-vencido de que el documento no demuestra la debida auto-ridad. La alegada partida de matrimonio parece .ser un do-cumento reconstruido, o sea, una certificación expedida en octubre del año 1918, por el cura párroco de la parroquia, en la cual se hace constar que los archivos de la Iglesia se quemaron en enero 5, 1896, y que en cumplimiento del de-creto del Obispo de fecha junio 23, 1896, dicho cura párroco la firma. Se alega que el matrimonio fué Celebrado en el año 1883. El decreto del Obispo al cual se hace referencia es uno general, y no consta en absoluto que el Obispo haya intervenido en la reconstrucción del actual archivo de la pa-rroquia, habiendo sido expedido en el año 1918.

Según mis investigaciones, es ley canónica o eclesiástica, y así lo indicamos en el caso de García v. Garzot, 18 D. P. R. 866, que el Obispo es el funcionario de la Iglesia que habla a nombre de ésta y que sus funciones cuando son le-gales o quasi legales reúnen tanto los deberes de un juez como de un secretario. Esto se indica además en la obra Pollock & Maitland, Historia de la Ley Inglesa, tomo I, página 110, y por las varias secciones de la enciclopedia bajo el título de “Obispo.” Es el Obispo quien tiene que estar satisfecho de que una partida de matrimonio merece ser reproducida. El es como un canciller en una corte de equidad. Aunque puede delegar en otros para conside-rarla, debe estar convencido de la prueba y certificar en cuanto a su veracidad.

Una delegación general de autoridad por parte del obispo no es, a mi juicio, suficiente. El debe resolver cada caso. Además, en el presente caso no existe absolutamente nada en el documento transcrito que demuestre que el obispo dio semejante autorización general al cura de la parroquia. La naturaleza de la orden general de 1896 no se acredita. Puede haber sido una orden general confiriendo a los curas de parroquia el derecho a certificar los récords de la Igle-sia.

El hecho de que un cura párroco pueda certificar con res-pecto a la inscripción de matrimonio, no levanta ninguna presunción de que un récord destruido ha sido debidamente reconstruido. Cuando un funcionario certifica, su autoridad para certificar debe probarse. Generalmente asumimos la fa-cultad que tienen ciertos funcionarios, así como los secreta-rios de las cortes, porque más o menos tenemos conoci-' miento de sus facultades generales. Sin embargo, me aven-turo a afirmar, sin hacer ninguna cita, de que antes de que un funcionario particular pueda certificar en cuanto a la exis-tencia. de un récord, las cosas sobre las cuales se certifica deben estar comprendidas dentro del radio de sus obliga-ciones. En este caso todo lo que teníamos ante nuestra con-sideración era la certificación sobre la existencia de un do-cumento. No hubo ninguna demostración a mi juicio, de que dicho documento fue debidamente reconstruido.

Al revocar'este caso, en la vista anterior manifestamos que estábamos dispuestos a dar a la apelante una oportu-nidad de probar el matrimonio aliunde. Dijimos entonces “No estamos tan seguros de que no exista otra prueba de crédito o semejante que pueda tender a aclarar la alegada partida de matrimonio, si en realidad es defectuosa.” La apelante en el juicio tomó esta declaración al pie de la le-tra y ofreció cierta alegada prueba supletoria de reputa-ción o semejante, para demostrar el alegado matrimonio de sus-padres. La corte reliusó admitir ninguna parte de ella. La apelante tomó excepción pero no consignó ningún error.

En la forma en que la prueba fue ofrecida la corte tal vez -tuvo razón. La apelante se fundaba en la partida de matrimonio. Los apelados se oponían no sólo a la perti-nencia (competency) de la partida sino también a su valor probatorio y la apelante ofrecía prueba supletoria. Toda la controversia principal, como fué presentada, era sobre la partida de matrimonio y la prueba para sostenerla. La apelante no trató de fundarse en la presunción contenida en el artículo 102, párrafo 29 de la Ley de Evidencia, el cual es como sigue:

“Que un hombre y una mujer que se conducen como casados, han celebrado un contrato legal de matrimonio.”

Esta sería una forma independiente de pretender pro-bar el matrimonio. Necesariamente esta presunción es refutable y el lieclio de la reputación siempre debe estable-cerse claramente. Además, si los padres de Elvira se te-nían por casados en una fecha en que sostuvieron relaciones adúlteras, tal hecho ayudaría a destruir la presunción del matrimonio.

Normalmente una corte de apelaciones dejará a las partes que cuiden de sus propios derechos, pero las cortes tienen un interés especial en sostener y mantener el matri-monio. Tenemos aquí un caso en el cual Elvira García puede o no ser legítima. El punto en controversia no ha sido determinado. Ella sencillamente fracasó en la prueba ofrecida y creemos que el matrimonio vel non, aun cuando fuera establecido por una presunción, debe ser resuelto por la corte. Los escritos de alegaciones en este caso no se li-mitan a la prueba del verdadero matrimonio en Cuba aun-que la misma apelante se limitó a eso en el juicio. Desde luego que si la apelante dejó de establecer, mediante una preponderancia de prueba, que su padre y madre se condu-jeron como casados o lo que es equivalente, la presunción fué seriamente contradicha.

Por tanto, de acuerdo con las amplias facultades confe-ridas a esta corte, y en bien de la justicia, estoy entera-mente de acuerdo con la revocación del caso y la concesión de un nuevo juicio.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

license: Public Domain

text:
    Carrillo, Demandante y Apelante, v. Alejandrino, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en pleito sobre desahucio.
    No. 3005.
    Resuelto en julio 28, 1923.
    Desahucio en Precario — Conflicto de Títulos — Prueba.—Aunque el demandado en desahucio no presente prueba en apoyo de sus alegaciones, si de la ofre-cida por el demandante resulta el conflicto de títulos, procede declarar sin ■lugar la demanda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. H. Torres Solá y B. Ra-mírez Patón.

    Abogado del apelado: Sr. J. Ruiz de Val.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso de desahucio. La demandante funda su acción en que es dueña de la casa que se describe en la demanda y alega que el demandado la disfruta en pre-cario. El demandado negó estas alegaciones y sostiene que desde antes de 1922 viene ocupando la mitad de la casa por ser condueño de da misma en una participación proindivisa de una tercera parte.

Celebrado el juicio y practicadas las pruebas, la corte inferior declaró sin lugar la demanda, y contra la sentencia dictada se ba establecido esta apelación.

En este caso solamente se practicó prueba de la deman-dante, y la apelante sostiene que la corte inferior no pudo dirimir conflicto alguno de evidencia, ya que- no se ofreció ni practicó prueba por el demandado. Sin embargo, no apa-rece haber sido necesaria la aportación de prueba alguna por el demandado para sostener sus alegaciones, y la corte inferior fundó su sentencia en la propia prueba de la de-mandante que resultó contradictoria y más bien prima facie favorable al demandado. De un lado, en la escritura de ad-quisición de la casa por la demandante, se hace constar que la vendedora, hermana del demandado, adquirió la Casa ob-jeto del desahucio por herencia de su difunto padre Francisco Alejandrino, y de otro lado, en vista de tal admisión que favorece la posición del demandado, se intenta destruir aquella admisión por la misma prueba testifical de la de-mandante. Esto es realmente contradictorio y resulta elemental que con una prueba de tal naturaleza y en un juicio sumario de desahucio no podía sostenerse un fallo adverso al demandado, toda vez que las alegaciones de dicho deman-dado no están desprovistas de toda prueba, y en estas con-diciones el desahucio no debe decretarse, dejando a las par-tes para que ventilen sus respectivos derechos en el juicio ordinario correspondiente. Veve v. The Fajardo Sugar Growers’ Association, 18 D. P. R. 282; Andino v. Canales, 27 D. P. R. 282.

Por lo expuesto la sentencia de la corte inferior debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces' concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Franco Soto,

text:
    De Jesús, Demandante y Apelante, v. Ayende, Demandado y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2926.
    Resuelto en julio 28, 1923.
    Daños y Perjuicios — Negligencia—Vehículo de Motor que Patina. — En el presente caso de daños causados por un automóvil que por liaber patinado produjo lesiones a causa de las cuales falleció la causante de la demandante, la cual se encontraba a orillas de la carretera, se resolvió: que el mero hecho de patinar un vehículo de motor no es por sí mismo prueba de negli-gencia, a no ser que se pruebe que el ehauffev/r o conductor fué negligente ■ al operar la máquina, o que ejecutó algún acto que una persona de ordinaria prudencia no hubiera ejercitado en las mismas circunstancias.
    Id. — Negligencia Imputada al Chauffeur. — Una persona obligada a actuar en un caso de emergencia no puede considerarse responsable por la falta de ejercer el mejor juicio que podía resultar de una deliberación, puesto que esa regla es aplicable con referencia a la persona que actúa y la persona por cuya falta se ve obligada a actuar sin tener tiempo para pensar.
    Id. — Negligencia per se — Cadenas para Buedas de Trueles. — La omisión de po-nerle cadenas a las ruedas de un truele que transitaba por una carretera em-breada y mojada por la lluvia al ocurrir el accidente, no constituye negli-gencia per se.

    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. E. Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. 8. 8uau.

   El Juez Asociado Se. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción sobre daños y perjuicios que reclama la demandante con motivo de la muerte de su hija, y cau-sada en virtud de lesiones cue recibiera a consecuencia de un accidente con un truch de carga, propiedad del deman-dado.

La demandante alegó, en síntesis .que allá el 27 de octu-bre de 1921, en la carretera central, en o cerca del kilómetro 17, un truch destinado al servicio de carga en general, guiado por el chauffeur Cecilio Pérez, agente y empleado del demandado, en ocasión de venir con dirección de Caguas hacia San Juan y a causa de encontrarse mojada la carre-tera patinó dicho vehículo resbalando la rueda delantera, la que cayó en la cuneta derecha, y que debido a la negli-gencia del chauffeur dió tal impulso al truck que éste al su-bir la rueda de la cuneta patinó dando una vuelta en re-dondo, cayendo la rueda trasera en la cuneta izquierda, arrollando y atrapillando una pierna a Santos Aquilina de Jesús, la que le destrozó por completo y la que hubo de am-putársele, falleciendo luego dicha de Jesris a causa de los golpes y contusiones que recibió en el accidente,- que la fi-nada no dejó descendientes y vivía junto con la demandante, a quien sostenía con el producto de su trabajo, siendo ésta su heredera; y que la demandante con la pérdida de su hija ha sufrido daños que estima razonablemente en la suma de $5,000.

El demandado negó todas las • alegaciones de la demanda, y como materia nueva alegó que el accidente que causara la muerte a Santos Aquilina de Jesús fué debido exclusiva-mente a la actitud pasiva y negligencia contributiva de la interfecta, quien asumiendo el .riesgo que corría confió pa-cientemente en estacionarse en el sitio en que resultó arro-llada, cuyo hecho no puede imputarse al empleado del de-mandado, que actuó observando la leyes de carretera y ma-niobró con la precaución y diligencia de un buen padre de familia.

Visto el caso y oídas las pruebas, la corte inferior dictó sentencia declarando, que “luego de haber practicado una inspección ocular del sitio en que ocurrió el accidente que ha dado origen a la acción, opina que no se ha demostrado la negligencia del chauffeur que guiaba el truck del deman-dado, como causa inmediata del accidente, y que, en tal vir-tud, debe dictar, y dicta sentencia declarando sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas.’7

Como la corte inferior no estableció por separado sus conclusiones de hecho y razonamientos legales, el apelante sin embargo señala la comisión de los siguientes errores: (a) Haberse aceptado la materia nueva opuesta como de-fensa; (6) Declararse probado que el truck quedó sin control por la caída del chauffeur; (e) Iiaber llegado la corte inferior a la conclusión de que no se demostró la negligencia del chauffeur como causa inmediata del accidente.

Bajo estos errores, lo que se apunta realmente es una •errónea apreciación de la prueba.

La acción en este caso, se liaee descansar en el lieclio ini-cial de la patinada que dió el truck perteneciente al deman-dado, siendo su consecuencia el accidente que causó la muerte de Santos Aquilina de Jesús. La interfecta estaba escampando la lluvia debajo de un árbol de mango, a ori-llas de la carretera, y a su lado se encontraba Matías Cotto, peón caminero del Departamento del Interior y testigo de la demandante que declaró en el juicio y cuyo testimonio, que consideramos de excepcional importancia, se reproduce en su parte substancial, como sigue:

“¿Conoció a Tita de Jesús? Sí, señor, la conocí allá el día 27 de octubre del 21. ¿La vió? Sí, señor. ¿En alguna oportunidad ese día habló con ella? Estaba pasando un aguacero en el kilómetro 17, hectómetro 4, abajo de un palo de mango. ¿Le sucedió algo a Tita de Jesús? Al estar pasando el aguacero debajo del palo de mango, estaba parada a la derecha y yo estaba sentado en la raíz del palo, al estar así, yo sentado en la raíz, vimos venir un truck, que venía con dirección hacia Río Piedras, al llegar el imck un poco re-tirado de nosotros, notamos que dió una patinada, la patinada fue rápida y llevó la rueda a la cuneta izquierda, al llegar a la cuneta iz-quierda dió atrás y venía con dirección a nosotros, yo y Tita; al ir para encima de nosotros, José Santa, gritó ‘Matías que te mata ese truck,’ le dije a ella ‘Tita, que nos mata’ tiré cuneta abajo, creía que iba de-trás de mí y ella por salvar la vida tiró para arriba, llevó una pierna arriba del talud y la otra le quedó atrapillada eon el chassis; la parte de alante del carro quedando para Caguas y lo que traía para Caguas para San Juan. ¿Qué fue lo que hizo para salvarse? Yo creía que iba atrás de mí, cuando le dije ‘Tita, huya que nos mata el carro’ yo tiré hacia abajo y creí que iba atrás de mí cuando sentí que dió un golpe el truck y sentí un grito de ella y la vi apresada y con la otra pierna trepada.en el talud, empuñada del palo. ¿Aquel día era un día de lluvia? Sí, señor, había llovido bastante, ¿ La carretera estaba mojada? Sí, señor, bastante. ¿El truck llevaba cadenas en las ruedas? No es truck de cadenas. ¿Si traía cade-nas sobre las gomas, no llevaba ninguna? No, señor.”

Esta declaración quedó corroborada con la del testigo José Santa, presentado asimismo por la demandante y que en la parte que consideramos esencial, dice:

“Cuando salió el truck de la cuneta derecha ¿qué hizo? Cuando patinó volteó redondo. ¿En qué posición quedó? Siguió carretera abajo, cuando cogió para abajo yo estaba allí y les dije ‘huigan que los mata ese truck’ a Matías y a la señora ésa. ¿Dónde cayó entonces el truckf Frente a donde estaba ella. ¿En la otra cu-neta? En la misma en donde estaba ella. ¿En qué posición quedó el truck, mirando hacia San Juan o hacia Caguas? Hacia Ca-guas, lo que venía para acá quedó para allá. ¿Dió una vuelta redonda? Sí, señor. ¿Qué le pasó a Aquilina de Jesús? Cuando Matías huyó por la cuneta ella se agarró por el talud de la cuneta. ¿Qué alt'o tiene el talud? Tiene como un metro más o menos. ¿Se subió de la cuneta para arriba. Sí, señor. ¿Dónde la cogió el truck ? La punta del armario del truck le cogió esta pierna. ¿A qué'distancia de la cuneta la cogió? Como a un metro más o menos. Así es que se subió ella a un metro de distan-cia? Sí, señor. ¿Ud. dijo que el chauffeur se había caído? Se fué para alante y se quedó en el talud, cuando volteó se fué el carro solo. ¿El chauffeur se había caído fuera? Sí, señor. ¿Ud. estaba escampando el agua debajo de un palo de mango, a la iz-quierda de la carretera yendo para Caguas? Sí, señor. ¿Tita de Jesús y el peón caminero estaban frente a Ud. en el otro lado de la carretera? Estaban más abajo, yo estaba aquí. ¿Casi al frente ? Sí, señor. ’ ’

Estos testimonios así relatados, demuestran dos extre-mos. El primero se relaciona con la situación de la inter-fecta, y sin que podamos asumir, como lo liace el apelante, que la sentencia de la corte inferior podía estar fundada en la defensa especial que hizo la demandada atribuyendo el accidente a la negligencia contributoria de la interfecta al tratar de salvarse subiendo hacia la parte alta del ár-bol y no haber seguido el ejemplo de la persona del peón ca-minero que estaba a su laclo. Esto hubiera sido siempre una pobre defensa, porque en circunstancias, de momento cuando de súbito surge un inminente peligro, el instinto de conservación si bien actúa en toda su fuerza, no se le puede exigir aquella clase de discernimiento o discreción 'cuya omi-sión pudiera considerarla como negligencia. La interfecta, sin embargo, tuvo que actuar con la rapidez del pensa-miento y lo hizo Con la fundada razón de que trepando más arriba del árbol bajo el cual se guarecía se creía fuera del alcance del peligro que le amenazaba y que a pesar de sus esfuerzos le causó la muerte.

El segundo extremo de aquellas declaraciones se refiere a la actuación del chauffeur que conducía el truck del de-mandado. Dos elementos a su vez fueron los que deter-minaron la conducta de dicho chauffeur: uno, que podemos llamar de emergencia, independiente de su voluntad, como lo fué la patinada del truck producida por la condición mo-jada en que estaba el camino; y el otro dependiente más que de su voluntad, de su instinto de Conservación.

En cuanto al primero, podemos sentar como regla general que el mero hecho de patinar un vehículo de motor no es por sí mismo prueba de negligencia, a no ser que se pruebe que el chauffeur o conductor fué negligente al ope-rar la máquina, o que ejecutó algún acto que una persona de ordinaria prudencia no hubiera ejercitado en las mismas circunstancias, y una y otra cosa fueron circunstancias que apreció la corte inferior y no existe nada en la prueba que demuestre una apreciación errónea de dicha corte en tal sen-tido.

“El mero hecho de que un carro haya' patinado no es por sí solo prueba tal de negligencia que haga al dueño responsable por una lesión resultante de dicha patinada, y el hecho de si el conductor fué negligente en su modo de manejar la máquina, es ordi-nariamente una cuestión a determinar por el jurado. En una ac-ción por daños causados por un automóvil que patinó y golpeó al demandante que estaba parado en la acera, se resolvió que era necesario que de la prueba pudiera concluirse, bien que el chauffeur fué negligente en el manejo de la máquina o culpable de algún acto que una persona prudente no hubiera cometido, o de alguna omisión en que ninguna persona prudente hubiera incurrido, en el manejo del vehículo, o que en alguna otra forma el demandado o sus agentes fueron negligentes.” Huddy on Automobiles, pags. 416, 415.

Y con respecto al segundo elemento, diremos que el mismo razonamiento que hicimos para la interfecta, al ac-tuar en instantes de peligro para su propia protección, po-demos aplicarlo al chauffeur mientras se desarrollaban los incidentes del caso. De este modo tenemos que presumir (fue cuando él se encontró sin el control del truck y arras-trado por fuerzas irresistibles, y viéndose en peligro, él es-taba en el propicio momento de reclamar el beneficio del principio verdaderamente humano, que admite de que “una persona obligada a actuar en un caso de emergencia no puede considerarse responsable por la falta de ejercer el mejor juicio que podía resultar de una deliberación, puesto que esa regla es aplicable con referencia a la persona que actúa y la persona por cuya falta se ve obligada a actuar sin tener tiempo para pensar.” 20 E. C. L. 30.

En lo que concierne a las consecuencias leg’ales que pre-tende deducir el apelante por atribuir la patinada del truck a la falta de uso de cadena, se nos hace necesario citar, como base para nuestras conclusiones, aquella parte de su alegato que dice: ■

“Es un hecho cierto y sostenido por toda la prueba del deman-dante y del demandado que en aquellos momentos estaba lloviendo, y era un día de lluvia, y a pesar de tener tal conocimiento el chauffeur del demandado no hizo uso de cadenas en las ruedas, las cuales no son para otro fin y objeto que evitar las patinadas de los vehículos.
“Si el día era lluvioso y tenía conocimiento el chauffeur de que estando el vehículo descargado era muy fácil la patinada, y con más razón teniendo conocimiento de que la carretera estaba em-breada y tener lomo, y por la frecuencia de viajar por ella durante esos seis años; tales hechos no constituyen disculpa.”

La precedente admisión de los hechos esenciales ocurri-dos en este caso, simplifica los términos de la discusión, porque reduce toda Cuestión a preguntar si la falta del uso de cadenas en las ruedas de un truck en circunstancias como las que ocurrieron en el presente caso, constituye negligen-cia estatutoria o negligencia como materia de prueba.

Por lo menos, no encontramos estatuto en Puerto Pico que imponga Como obligación legal el uso de cadenas a ve-hículos de motor en casos como el presente. Parece que, en general, ha sido corriente usarlas en automóviles para casos de emergencia, y como ilustración de esto, cuando se camina por sitios peligrosos y el piso está mojado o como ocurre en países fríos en que la nieve permanece durante parte del invierno cubriendo los caminos, pero no aparece que se haya seguido la misma costumbre tratándose de vehículos más pesados como los trucks, y por el contrario, la tendencia que parece prevalecer es la prohibición de per-mitir el uso de cadenas en los mismos. En el Estado de New York, por ejemplo, no hay disposición que obligue a llevar cadenas a Jos trucks, y más bien se le ha dado au-torización expresa al comisionado de carreteras para prohi-bir el uso de las mismas. Artículo 24, Highway Law, McKinney’s Consolidated Laws, Book 24. La razón de la ley parece que se funda en (pie los trucks son vehículos de pe-sado tonelaje y el uso de cadenas en sus ruedas imprimiría sus huellas en el pavimento de las carreteras produciendo daños que causarían su destrucción. Se desprende pues de la ley y los hechos-que no puede imputársele al chauffeur una omisión que ni siquiera exige la Costumbre, tratándose, por tanto, de un caso de emergencia o accidente desgra-ciado, en donde el chaitffeur estuvo privado de poder ejer-cer el control de su habilidad y facultades para evitar un acto del que de otro modo hubiera sido responsable.

■ El apelante, no obstante, parece darle una gran impor-tancia al hecho de si el chauffeur una vez que el truck pa-tinó y chocó contra la cuneta de si se tiró o se cayó del truck, pero esto no vemos que pueda ejercer influencia al-guna a los efectos de fijar su responsabilidad. Dadas las circunstancias del accidente, el chauffeur corrió peligro si se cayó del truck, o de otro modo, si decidió tirarse actuó entonces el instinto de conservación. Para mejor ilustra-ción de una situación semejante, creemos pertinente citar el siguiente comentario:

“Se infiere de lo dicho que cualquier cosa que produce el efecto de privar a una persona de poder ejercitar sus facultades intelec-tuales y guiar sus actos por ellas le eximirá de una imputación de negligencia que de no ser así podría surgir de su conducta. Las emergencias o peligros súbitos sirven de aclaración a esta pro-posición. La regla judicialmente expresada es que una persona que en una situación de súbita emergencia procede de acuerdo con su mejor juicio, o quien debido a la falta de tiempo para poder formar un juicio deja de proceder en la forma más juiciosa no puede imputársele negligencia. De conformidad con esto se resol-vió que el dueño de un restaurant no era responsable por el acto de su empleado al tratar de quitar una lámpara encendida. El caso fue que el empleado descubrió una lámpara de gasolina en-cendida y peligrosa y cogiéndola trató de llevársela. Al hacer esto su traje cogió fuego. Entonces él tiró la lámpara cuando explotó ocasionando grave daño al demandante. * * * Semejante acto realizado en circunstancias tan críticas no ha de ser considerado por las reglas que son aplicables generalmente a los actos ejecuta-dos a sangre fría dando tiempo y oportunidad a la persona para poder considerar las consecuencias de la clase de acto que va a realizar. Las decisiones de esta y otras cortes son muy numerosas en la aplicación del principio a casos en los cuales personas que asumen repentinamente una posición de peligro y de inminente daño hacen cosas que ordinariamente serían actos de negligencia.” 20 R. C. L. 29-30.

Por último, cuando como en este caso aparece además que se practicó una inspección ocular del lugar del suceso, y no se lia presentado ante esta corte .ningún otro medio que pueda ponerla en las mismas condiciones de la corte inferior, liay que presumir que el juez inferior dictó una sen-tencia justa y en armonía con la ley.

Por las razones expuestas la sentencia de la corte inferior debe confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Aldrey.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Iíut-ebison disintieron.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Crespo et al., Demandantes y Apelados, v. Crespo et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre partición y división de herencia; moción para desestimar la apelación.
    No. 3115.
    Resuelto en noviembre 6, 1923.
    Desestimación de Apelación — Término para Radicar la .Transcripción — Ne-gligencia del Taquígrafo. — En el presente easo, a petición del apelante, la corte concedió al taquígrafo una tercera prórroga para que entregara la transcripción, apercibiéndole de desacato; el día del vencimiento, 5 de diciembre de 1922, el apelante, si bien no solicitó nueva prórroga, urgió a la corte que usara de medios coercitivos para que el taquígrafo entregara la transcripción, la cual quedó radicada tres días después. Se resolvió: que la petición de diciembre 5, 1922, equivale a una moción de prórroga, pol-lo que no procede desestimar la apelación bajo el fundamento de que la radicación fué extemporánea.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. A. García Ducós.

    Abogados de los apelados: Sres. Benet & Souffront.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En lugar de presentar los apelantes una exposición del caso optaron porque el taquígrafo hiciera la transcripción de la evidencia y a su. instancia la corte fijó al taquígrafo el término de 20 días para ese trabajo. Próximo a vencer este término los apelantes pidieron a la corte que concediera a dicho funcionario una prórroga y le fue dada de 60 días. No habiendo sido hecho ese trabajo por el taquígrafo, antes de vencer dicha prórroga los apelantes pidieron a la corte que Compeliera al taquígrafo para que hiciera la transcripción, disponiendo entonces la corte que se requiriese a dicho fun-cionario para que la entregara en término de 20 días,, aper-cibido de desacato. Este nuevo término vencía el 5 de diciembre, 1922, en cuyo día los apelantes presentaron mo-ción a la corte haciendo constar que el taquígrafo no había cumplido con la orden que se le olió y pidieron que usara de los medios coercitivos procedentes. Tres días después fue presentada la transcripción sin que la corte llegara a resolver sobre la última moción.

En vista de tales hechos los apelados solicitan la deses-timación de la apelación fundándose en que la transcrip-ción se presentó después del 5 de diciembre en que vencie-ron las prórrogas concedidas al taquígrafo sin que se hu-biera solicitado' en término nueva prórroga.

Si bien los apelantes no pidieron formalmente a la corte antes del 5 de diciembre una nueva prórroga para el taquí-grafo, su petición hecha en dicho día de que usara de los medios coercitivos procedentes para que éste hiciera en-trega de la transcripción equivale a dicha petición de pró-rroga hasta que les fuera entregada la transcripción, pues por tal petición se intentaba obtener la transcripción a que tenían derecho, de acuerdo con la ley No. 27 de 27 de no-viembre de 1917, y por tanto la presentación de la trans-cripción tres días después del 5 de diciembre no puede con-siderarse como extemporánea; ni puede tener influencia al-guna en contra de los apelados el hecho de que la corte no dictara resolución alguna sobre la última petición que le hi-cieron, quizás porque el día 8 estaba ya cumplida la orden que se trataba de liacer efectiva.

Por las razones expuestas la moción de desestimación debe ser negada.

Sin lugar la moción.

Jueces ■ concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Fbanco Soto,

text:
    Blondet, Demandante y Apelada, v. Benítez et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en pleito sobre desahucio; moción para desestimar la apelación.
    No. 3152.
    Resuelto en noviembre 8, 1923.
    Desestimación de Apelación — Desahucio—Término para Apelar. — No procede desestimar una apelación por el fundamento de que el demandado apeló la sentencia en una titulada acción de desahucio seis días después de dictada. Cuando el demandante no eligió el procedimiento especial de la Ley de Desahu-cio de 1905, sino el de una acción ordinaria de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil, el término que tiene en tal caso el demandado para apelar se rige por el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, en-mendado en 1908.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. M. Tous Soto.

    Abogados de la apelada: Sres. B. E. Blondet y J. Vall-dejuli.

   El Juez Asociado Se. Fbanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se solicita por el apelado' la desestimación del recurso de apelación establecido por el demandado ape-lante, y se funda la parte apelada en que dicho recurso fué interpuesto seis días después de registrada la sentencia.

El apelante se opone alegando que el procedimiento es-cogido por la demandante no lia sido el especial que dis-pone la ley sobre desahucio, aprobada en marzo 9, 1905, y que en su consecuencia el término que rig’e para apelar es el señalado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El apelante, para probar su oposición,' ha presentadlo una declaración jurada suscrita por su abog’ado, sin obje-ción de la otra parte, y por ella se comprueba que no fue ce-lebrada la primera comparecencia a que se contrae la sec-ción 4a. de la ley de desahucio, supra-, y que impugnado el emplazamiento por haberse librado en la forma ordinaria, la corte inferior resolvió desestimar la impugnación, decla-rando que la demandante para obtener el desahucio, podía optar por el procedimiento ordinario o el especial de la ley de desahucio.

Planteada la cuestión de un modo preciso, en el sen-tido de que el procedimiento seguido ante la corte inferior no es el especial de desahucio, sino el de una acción ordi-dinaria bajo las prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no cabe abandonar las prescripciones de esta ley y acudir a la especial para aplicar en parte sus disposiciones. En su consecuencia, el término para apelar en este caso se rige por la disposición del artículo 295 del Código de En-juiciamiento Civil, enmendado según la ley de 11 de marzo de 1908.

La moción del apelado debe desestimarse.

Sin lugar.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados "Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wiole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Central Eureka, Inc., et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un procedimiento de quo warranto. — Moción para desestimar la apelación.
    No. 2722.
    Resuelto en noviembre 12, 1923.
    Desestimación por Palta de Alesato — Negligencia del Apelante. — Para que un apelante pueda resistir eon éxito una moción de desestimación por falta de alegato, es necesario que haya demostrado diligencia; y no la demuestra un apelante que había dejado expirar la séptima prórroga sin radicar su alegato y que tampoco lo había radicado el día que fué oída la moción de desestimación, a pesar de que desde que le fué negada la última prórroga pedida fuera de tiempo, hasta el día en que la moción fué oída, había transcurrido un total de 47 días. Bajo tales circunstancias la apelación debe desestimarse.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J. Alemmy Sosa y S. Feliú.

    Abogado de los apelados: Sr. J. Sabater.

   El Juez Asociado Sr. Wiole,

emitió la opinión del tribunal.

Este fué un procedimiento iniciado en junio 30, 1921, a instancia de un accionista de la minoría para probar la validez de ciertos alegados actos ultra vires de la corpo-ración Central Eureka, y solicitar la cancelación de la carta constitutiva de dicha corporación. El caso fué llamado para vista en agosto del año 1921, en cuyo acto la corte de distrito concedió unos 20 o 30 días para radicar un alegato. Des-pués de una consideración de los varios razonamientos y ale-gatos archivados, la corte, al emitir una minuciosa y razo-nada opinión, dictó sentencia contra el relator en marzo 4, 1922. En abril 4, 1922, se interpuso una apelación. Los autos fueron certificados a esta corte en abril 14, 1923. El día 17 de febrero, 1923, todos los abogados archivaron una estipulación por la que convenían en dar ’al apelante 30 días a partir de la fecha fijada por nuestras reglas para radicar un alegato. En 19 de marzo, 1923, compareció el apelante ante esta corte y manifestó que necesitaría por lo menos 30 días más, término que le fné concedido. En 29 de marzo, 1923, los apelados solicitaron la desestimación del recurso toda vez; que el alegato no fné radicado a su debido tiempo, pero esta corte desestimó la moción porque el término había sido prorrogado. En 19 de abril el apelante obtuvo otra prórroga de 30 días, y otras en los meses de mayo, junio y julio. En el mes de agosto el apelante hizo otra solicitud de prórroga, esta vez de 20 días, y esta corte le concedió 20 días a partir de agosto 23. Este término vencía en sep-tiembre 12, 1923. En 19 de septiembre el apelante hizo otra solicitud de prórroga que la corte negó toda vez; que el tér-mino había vencido, y en su resolución añadió la cláusula corriente “sin perjuicio de los derechos que puedan asistir a las partes.” Esta cláusula quiere decir que si el apelante archiva su alegato antes de radicada una moción de deses-timación, dicha moción no será considerada.

Asimismo, si un apelante demuestra diligencia y radica prontamente sti alegato antes de ser oída la moción de de-sestimación, la corte generalmente ejercitará su discreción en permitir la radicación de dicho alegato.

En 2 de octubre, 1923, fué radicada en esta corte una moción para desestimar la apelación y notificada al ape-lante el mismo día. No se ha radicado ningún alegato.

El apelante ha formulado una contestación u “oposi-ción” a la moción. En ella el apelante cita varios casos de carácter público y privado que le han tomado todo el tiempo a su abogado con evidente abandono de esta apelación. No podemos dudar de la buena fe del abogado del apelante y de que probablemente él tiene un gran cúmulo de trabajo profesional y ciertamente intentó radicar su alegato cuando hubiera despachado otros asuntos tal vez de más impor-tancia. Los apelados, sin embargo, tienen derechos defini-dos determinados en nuestras reglas que existen en casos como éste para poner límite a las apelaciones pendientes. La ocupación constante por un período de tiempo mayor de ocho meses no es excusa para dejar de radicar un alegato. Esta corte, tratándose de períodos cortos, tendrá en cuenta tal acumulación de trabajo, especialmente cuando hay un récord voluminoso como el de este caso. Sin embargo, si el abogado tiene un número de casos, todos los cuales de-mandan al mismo tiempo atención, él debe obtener ayuda. Tales asuntos son personales para el abogado y si se ha dejado transcurrir un período de tiempo indebido, no puede invocarse con éxito la discreción de este Tribunal.

La primera prórroga se hizo mediante estipulación, lo cual ya era cierta indicación de que los apelados urgían la celebración de la vista y también algo que representaba el tiempo que era necesario para la preparación. Verdadera-mente que en las sucesivas mociones de prórrogas el abo-gado alega que tal término es necesario. Además, es evi-dente que podía ser preparado un alegato dentro de 30 días o menos. En este caso el abogado ha tenido ocho veces ese período de tiempo.

El abogado del apelante manifestó que las prórrogas generalmente eran ele 30 días, pero que la última que se le Concedió solamente fué de 20 y que por ello fué inducido a error aunque éste se debió a él mismo. Sin embargo, a partir del 19 de septiembre, fecha en que esta corte negó la prórroga por haber vencido el término, hasta el día 5 de noviembre, cuando este tribunal oyó la moción, o sea, den-tro de un total de 47 días, no se hizo ninguna tentativa por radicar el alegato o siquiera los fundamentos de error en que descansaba el apelante.

Es importante observar también que el abogado ya ha-bía presentado un alegato a la corte inferior y debe presu-mirse que tiene más o menos listo el caso. Además, el caso ha estado pendiente por dos años y es uno en que los nego-cios y derechos de una corporación activa podrían ser afec-tados dada la naturaleza del pleito, puesto que sus dere-chos para fabricar azúcar, sus derechos a adquirir acciones de otras corporaciones, y otros han sido atacados.

Debe desestimarse la apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Presidente Sr. del Torio,

text:
    Palacios, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao denegando la inscripción de una es-critura de compraventa.
    No. 572.
    Resuelto en noviembre 12, 1923.
    Sociedad Mercantil — Gestor—Venta de Bienes Inmuebles — Defecto Subsa-nable e Insubsanable. — Denegada la inscripción de una escritura por virtud de la cual cierta sociedad mercantil aparece vendiendo un bien inmueble por medio de su se ¿tícente gestor, porque no se acreditaron debidamente las facultades del gestor, el tribunal confirmó la nota. Las facultades del gestor debieron acreditarse, bien transcribiendo en la misma escritura de venta la parte correspondiente del contrato social, ya presentando éste en el registro, pudiendo la falta de ello constituir un defecto insubsanable en el caso de que el gestor no tuviera en realidad -la facultad ejercitada. El hecho de haber comparecido el gestor en la escritura de compra de la propia finca y haberse calificado el defecto de subsanable, no obliga al registrador. Es distinta la posición que se asume al comprar de la que se adopta al vender.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr._ A. García Veve..

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. del Torio,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el registro de la pro-piedad de Humacao la escritura de compraventa otorgada ante notario público de una parte, por “Diego Agüeros y Compañía, S. en C.,” sociedad mercantil, como vendedora, representada por su socio Diego Agüeros, y de otra, por Arturo Palacios, como comprador, el registrador se negó a inscribirla por medio de una nota qne dice:

“Denegada la inscripción de este documento porque no se acre-dita con el documento social correspondiente el carácter y las fa-cultades del gestor señor Agüeros para otorgar el contrato de compraventa.”

No conforme la parte interesada, interpuso el presente recurso gubernativo, sosteniendo que la escritura debió ins-cribirse con el defecto subsanable de no haberse acreditado debidamente las facultades del socio gestor, sobre todo apa-reciendo como aparecía del mismo registro que cuando la sociedad “Diego Agüeros y Compañía, S. en G.” adquirió la finca de que se trata, fué representada en la escritura también por Diego Agüeros y dicha escritura se inscribió en el registro con el defecto subsanable de no acreditarse el carácter de gestor del dicho Diego Agüeros.

A nuestro juicio debe sostenerse la nota recurrida. El hecho de lá anterior calificación de defecto subsanable no obliga al registrador. La posición de Agüeros al interve-nir en la compra, puede distinguirse de su posición al in-tervenir en la venta.

El defecto apuntado por el registrador, cuya existencia admite el mismo recurrente, puede ser subsanable o insub-sanable. Si de hecho Diego Agüeros tenía facultad para otorgar el documento a nombre de la sociedad, con la sola presentación de la escritura social el defecto quedaría sub-sanado, pero si no la tenía y la sociedad no se aviene a ratificar la venta, ésta sería nula de toda nulidad.

Bajo las anteriores circunstancias, no creemos que de-bamos alterar la nota del registrador. Si su documenta-ción es clara, más fácil y correcto y rápido le hubiera sido al recurrente presentar la escritura de constitución social en el registro, ya que el notario no transcribió en el docu-mento creditivo de la venta ]a parte necesaria de ella, que recurrir a este Tribunal Supremo.

Debe declararse sin lugar el recurso establecido.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. "Wíolf,

text:
    Vargas, Demandante y Apelante, v. Cruz, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre filiación y otros extremos; moción de de-sestimación.
    No. 3108.
    Resuelto en noviembre 13, 1923.
    Moción para Eliminar — Excepción Previa Especial — Enmienda'—Nueva Ale-gación — Demanda Controvertible. — Una moción para eliminar ciertos par-ticulares de una demanda es semejante a una excepción previa especial y de ser declarada con lugar el demandante debe enmendar su demanda, o, de otro modo, se dictará sentencia a favor ddl demandado. La práctica mo-derna generalmente consiste en exigir que se presente una nueva alegación aún cuando después de eliminada la materia impertinente queda todavía una demanda controvertible.
    Id. — 'Id.— Id.— Sentencia Ordenando el Archivo del Caso — Jurisdicción. — • Cuando tal moción de eliminación prevalece y el demandado tiene derecho a que se dicto sentencia por no hacerse las enmiendas, está dentro de las facultades de la corte ordenar el archivo definitivo del caso, y no importa el nombre en particular que se dé a la sentencia.
    Id. — Id. — Id. — Suficiencia de la .Demanda — Apelación — Cuestión no Jurisdiccional. — Para que pueda promoverse cualquier cuestión respecto a la suficiencia de la demanda el apelante debió haber apelado de la sentencia ordenando el archivo del caso, y no puede revivir su anterior derecho de apelación porque suscite una cuestión jurisdiccional en esta apelación. Esta corte a menudo ha resuelto que las cuestiones que no son jurisdic-cionales comprendidas en la sentencia no pueden ser revisadas excepto mediante apelación contra la sentencia.
    Los hechos están expresados en la. opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. Aponte, Jr.

      Abogado de la apelada: Sr. J. Sabater.

   El Juez Asociado Se. "Wíolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso viene ante nuestra consideración por virtud de una moción de desestimación. En la Corte de Distrito ele Mayagüez el apelante, alegando ser hijo natural de Ave-lino Cruz y Toro, estableció demanda contra Sofía Esperanza Cruz y Yélez, hija natural del referido Avelino Cruz. Dicha hija había sido declarada anteriormente heredera universal del expresado Avelino Cruz.

La demandada presentó una moción de eliminación. La corte declaró con lugar la moción y concedió al demandante veinte días para presentar una demanda enmendada. El demandante no utilizó este privilegio dentro del término con-cedido y algunos días después la demandada presentó una moción sobre archivo del caso. La corte al efecto declaró con lugar la moción y dictó sentencia final en 20 de noviem-bre de 1922, ordenando el archivo definitivo del asunto con las costas al demandado, pero sin especial Condenación de honorarios de abogado.

El próximo documento que aparece en los autos es una moción del abogado Arturo Aponte para que los anteriores abogados sean substituidos por él en el caso. Esta moción fué radicada en abril 24 de 1923, y no hubo ninguna obje-ción a ella. En 27 de abril, 1923, el demandante compare-ció en la corte con una “moción para que se anule una sen-tencia” y también presentó otra moción semejante.

La primera moción alegaba la falta de jurisdicción en la corte para dictar sentencia ordenando el 'archivo del caso. La teoría en que se funda esta falta de jurisdicción es que la corte no debió haber ordenado al demandante hacer en-miendas, sino simplemente haber eliminado la materia ob-jeto de impugnación y por tanto que la corte no estaba, en Condiciones de dictar la referida sentencia final. La corte de distrito en junio 9 de 1923 declaró sin lugar la moción para que fuera anulada la sentencia y dicho demandante apeló.

Fijémonos primero en el hecho de la equivocación en que incurre el apelante al decir que la corte ordenó al deman-dante enmendar. La corte meramente le concedió el pri-vilegio. Hacemos mención de esto particularmente pues, según parece, el apelante formula un argumento sobre dicho supuesto mandato u orden.

El apelante está enteramente equivocado al sostener que la consecuencia de conceder una moción para eliminar es que la gestión siguiente recaiga en el demandado. La naturaleza de una moción para eliminar la hemos discutido algo recientemente en el caso de Mazarredo et al. v. García, et al., 31 D. P. R. 771. Esta moción es del carácter de una excepción previa especial. Si prevalece, el demandan-d'ante debe enmendar o se dictará sentencia a favor del de-mandado. La práctica moderna es exigir generalmente una nueva alegación, un documento limpio y nuevo, Albarran v. Paz, 18 D. P. R. 970, aun cuando la materia eliminada deje todavía una demanda controvertible. Dudamos fuertemente si tal demanda controvertible quedaba, pero, por lo menos técnicamente, a virtud de ser declarada con lugar una mo-ción para eliminar se hace necesario una demanda enmen-dada.

Sostiene también el apelante que el Código de Enjuicia-miento Civil no autoriza una sentencia para el archivo del caso. Cuando tal moción para eliminar prevalece y el de-mandado llega a tener derecho a una sentencia debido a la omisión en hacer enmiendas, el nombre en particular que se dé a la sentencia definitiva no es importante. Creemos, sin embargo, que el archivar el caso es la práctica debida. La actuación de la corte al dictar sentencia estaba dentro de su jurisdicción. Véase, por ser semejante, el razona-miento en el caso de Mazarredo v. García, supra.

Siendo esto así el apelante, si deseaba promover cual-quier cuestión de suficiencia de la demanda, debió haber apelado contra la sentencia de noviembre 20, 1922. El ape-lante, por el hecho de sugerir una cuestión jurisdiccional, n otra, no puede revivir su derecho de apelación. liemos de-cidido frecuentemente que las cuestiones no jurisdicciona-les que están comprendidas en la sentencia no pueden ser revisadas excepto mediante la apelación contra la sentencia. Hernáiz et al. v. Vivas, 20 D. P. R. 106; Fajardo Development Co. v. Morfi, 19 D. P. R. 1202, entre otros casos.

El apelado llama también la atención hacia el hecho de que después de haber sido dictada la sentencia de noviem-bre 20 de 1922, el demandante vencido estableció nueva dé-manda en noviembre 27 de 1922. Fné declarada con lugar una excepción previa por el fundamento de la prescrip-ción y dictada sentencia en marzo 15 de 1923. Una apela-ción contra esta sentencia fné desestimada por esta corte. Sin embargo, ninguno de estos procedimientos hubiera te-nido un efecto retroactivo n obstaculizado al demandante si hubiera tenido derecho a que se reconsiderara la senten-cia original.

Como las cuestiones materia de revisión, (incluyendo la responsabilidad de las partes por los actos de los abogados) pudieron haber sido consideradas mediante una apelación contra la sentencia de noviembre 20, 1922, debe desesti-marse esta apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Curbello, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre desahucio (moción para desestimar la apelación).
    No. 3180.
    Resuelto en noviembre 15, 1923.
    Desahucio — Exposición del Caso — Término para Presentar la Exposición del Caso en Pleitos de Desahucio. — La seeción 13 de la Ley de Desabueio no puede ser interpretada en el sentido de que sólo eoneede cinco días pre-cisos e improrrogables para presentar la exposición del caso por el hecho de que disponga que los secretarios de las cortes y el taquígrafo en su caso practicarán las diligencias que les incumbieren dentro del pirecíso término de cinco días contados desde la apelación. Por lo que, una vez apelada, una sentencia de desahucio dentro de cinco días contados desde la fecha de la sentencia y de consignado el precio adeudado o prestada fianza en los otros casos, dentro de dichos cinco días, el término del apelante para pre- ' parar la exposición del caso es de diez días prorrogables.
    Id. — Desestimación de Apelación — Moción Prematura para Desestimar. — Es-tando pendiente de vista y resolución en la corte inferior una moción del apelante para que sea reconsiderada una decisión que anuló una prórroga concedida para presentar la exposición del caso en un pleito de desahucio, por haber sido pedida fuera de tiempo, el Tribunal Supremo no puede ba-sarse en tal decisión para desestimar el recurso.
    Id. — Prórrogas para Presentar la Expósición del Oaso. — Los jueces de dis-trito deben ser parcos en la concesión de prórrogas para presentar la expo-sición del caso en casos de desahucio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. L. Mendm.

    Abogado del apelado: Sr. L. Pereyó.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación fué interpuesta el 12 de mayo último contra sentencia dictada en juicio de 'desahucio, sin solicitar la apelante que el taquígrafo presentara la transcripción de la evidencia. Cinco días después la apelante pidió al tribunal sentenciador que le prorrogara el término para pre-sentar la exposición del caso para su apelación y le fueron concedidos treinta días. Sucesivas prórrogas le fueron da-das, siendo una de ellas la de 11 de julio en que se le conce-dieron quince días con igual fin. El 4 de agosto solicitó otra prórroga que le fué otorgada el día 6 de agosto por veinte días, mas el 20 de agosto la parte apelada pidió al juez que dejase sin efecto la última prórroga concedida el 6 de agosto porque liabía sido solicitada estando vencida la anterior. El 28 de agosto el tribunal inferior dejó sin efecto la expresada prórroga fundándose en que fué solicitada des-pués del 31 de julio en que venció la precedente y en que en los pleitos de desahucio, de acuerdo con la sección 13 de la ley, el taquígrafo sólo tiene un preciso término de 5 días contados desde la feclia de presentación del escrito de ape-lación, para preparar el récord y por tanto dentro de ese término debió presentarse la exposición del caso. El 31 de agosto la parte apelante pidió al tribunal que reconsiderara esa resolución y fué señalado el día 5 de noviembre" para oír a las partes sobre esa moción. Continuó pidiendo pró-rrogas la paide apelante y no estando presentada la expo-sición del caso el día 30 de octubre, el día 3 de noviembre la parte apelada nos ha pedido ‘que desestimemos la apela-ción fundándose en los dos motivos expresados en la reso-lución de la corte inferior a que nos liemos referido.

La ley de desahucio dispone en sus secciones 13 y 14 lo siguiente:

“Sección 13. — Interpuesta en forma la apelación, los secretarios de las cortes y los taquígrafos en su caso, practicarán las diligen-cias que les incumbieren dentro del preciso término de cinco días, contados desde la fecha de la presentación del escrito de apelación.
“Sección 14. — Las apelaciones se tramitarán de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil, no pudiendo exigirse en ningún caso más copias que las expresamente prevenidas en dicho código: entendiéndose que tales apelaciones deberán tramitarse con toda preferencia. ’ ’

Según esa ley una vez establecida la apelación dentro de cinco días contados desde la fecha de la sentencia y de con-signado el precio adeudado o prestada fianza en los otros casos, dentro de dichos cinco días, las apelaciones se tra-mitarán de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil, por lo que las reglas de éste referentes a tramitación de apelaciones son aplicables a las apelaciones establecidas en juicios de desahucio y por esto el término del apelante para preparar su exposición del caso era de 10 días prorrogables, haciendo aplicación del artículo 299 de dicho código según quedó enmendado por la Ley No. 81 de junio 26 de 1919, pues la sección 13 de la ley de desahucio no puede ser interpre-tada, como pretende la parte apelada e hizo la Corte inferior, en el sentido de que sólo concede 5 días precisos e im-prorrogables para presentar la exposición del caso por el hecho de que disponga que los secretarios de las cortes y el taquígrafo en su caso practicarán las diligencias que les in-cumbieren dentro del preciso término de 5 días Contados desde la apelación. Tal precepto es solamente directivo pai-a dichos funcionarios y no regula ni fija el término para presentar la exposición del caso ni la transcripción de la evidencia hecha por el taquígrafo cuando se opta por ella de acuerdo con la Ley No. 27 de 27 de noviembre, 1917, para tramitar la apelación. Por consiguiente ese motivo alegado para la desestimación de la apelación no es procedente.

Tampoco lo es el segundo, pues estando pendiente de vista y resolución en la corte inferior la moción del ape-lante para que sea reconsiderada la decisión que declaró nula y sin efecto la prórroga que le fué concedida el 6 de agosto, no podemos basarnos en tal resolución para soste-ner que procede la desestimación por haber vencido el 31 de julio las prórrogas concedidas para presentar la exposi-ción del caso.

No queremos terminar esta opinión sin llamar la aten-ción de los jueces inferiores de que deben ser parcos en la concesión de prórrogas para la tramitación de apelaciones en juicios de desahucio, so pena de que quéde anulada la voluntad del legislador respecto a que estos juicios sean rápidos, y se dé el caso, como en el presente, de que a los seis meses de apelada la sentencia, está en trámites todavía la exposición del caso para la apelación.

La moción de desestimación debe ser negada.

Sin lugar.

Jneces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


text:
    Ex Parte Guzmán, Peticionario y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre administración judicial.
    No. 3037.
    Resuelto en noviembre 15, 1923.
    Bienes de Menores — Cancelación de Hipoteca de Menores. — Está dictada de acuerdo con lo estatuido en el artículo 229 del Código Civil en relación con el artículo 82 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, una orden de la eort.e de distrito que dispone que el importe de cierto crédito hipo-tecario perteneciente a menores, cobrado por el padre de los mismos, sea depositado para ser invertido con permiso de la corte e intervención del fiscal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. González.

   El Juez Presidente Sr. del Torio,

emitió la opinión del tribunal.

Julio D. Guzmán, como padre con patria potestad sobre sus menores hijos no emancipados José Antonio y Julia Ma-ría Guzmán Pérez, compareció ante la Corte de Distrito de Humacao y solicitó que se le autorizara para recibir tres mil dólares pertenecientes a sus hijos y para cancelar cierta hipoteca que garantizaba el pago de dichos tres mil dólares.

El fiscal del distrito dictaminó que nada tenía que ob-jetar a que se concediera la autorización, siempre que el dinero se depositara en la corte o en una institución ban-earia a nombre de los menores, para ser invertido con per-miso de la corte e intervención del fiscál. Y oída la prueba, así lo acordó la corte, ordenando el depósito en la sección dé ahorros del Roig Commercial Bank, de Iíumacao, P. R-, para ser invertido con permiso de la corte e intervención del fiscal.

No conforme el peticionario, interpuso el presente re-curso de apelación. En su alegato se expresa así:

“Sin duda la corte al dictar esta resolución se fundó en el artículo 82 de la Ley sobre procedimientos legales especiales, según fué enmendado el año 1911, que determina que en cualquier caso que el juez autorice al solicitante para algún acto o contrato en que el menor o incapaz obtenga dinero u otros valores, la resolu-ción determinará la colocación o inversión de lo adquirido; pero este artículo 'no tiene el alcance que le lia dado el Juez de Dis-trito, ni puede interpretarse aisladamente sin tener en cuenta los preceptos del Código Civil referentes a la pairia potestad. Debe tenerse en cuenta que ese artículo se refiere a los casos en que un menor se despoje de algo que le pertenece, y entonces la Ley sabia y previsora dice que el producto debe ser invertido pero en este caso si bien se trata de cancelar una hipoteca que técnicamente ha-blando significa una enajenación de un derecho real, no es menos cierto que lo que se hace es cobrar una deuda de los menores, recu-perar algo que les pertenecía y por lo tanto puede decirse que nada obtienen en virtud de la orden de la corte.”

Luego el peticionario invoca los artículos 224, 225, 228, 490 y 491 del Código Civil, sosteniendo que la condición del padre, tanto por la ley natural como por la positiva, es dis-tinta de la del tutor.

El artículo 80 de la Ley de Procedimientos Legales Es-jjeciales de 1905, tal como fue. enmendado en 1911, (Comp. 1911, p. 335), dispone que en “tocios los casos en que se-gún el Código Civil necesitan los padres o el tutor de un menor o incapaz autorización judicial para actos ro contratos que se refieren a la guarda de dicho menor o incapaz y de. sus bienes, deberá presentarse la oportuna solicitud a la competente corte de distrito, . . . .” Sigue la ley expre-sando lo que debe hacerse constar en la solicitud y el trá-mite que debe seguirse, y en su artículo 82 prescribe: “En cualqmer caso en qne el juez autorice al solicitante para algún acto o contrato, en qne el menor o incapaz obtenga dinero u otros valores,. la resolución determinará la colo-cación o inversión de lo adquirido y el fiscal vigilará por los medios que considere adecuados el cumplimiento de la resolución judicial.” Las itálicas son nuestras.

El artículo 229 del Código Civil establece que “El ejer-cicio de la patria potestad no autoriza al padre ni a la ma-dre para enajenar o gravar bienes inmuebles de dase al-guna, o muebles cuyo valor exceda de quinientos dollars,, pertenecientes al bijo, y que.estén bajo la administración de aquéllos, sin previa autorización de la corte de distrito en que los bienes radiquen, previa comprobación de la necesi-dad o utilidad de la enajenación o el gravamen, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 80, 81 y 82 de la ley refe-rente a procedimientos legales especiales.” ■

¿Se trata aquí de la enajenación de un bien inmueble? Creemos que sí y así lo reconoció la misma parte apelante-ai acudir a la corte de distrito en demanda de autorización. Un crédito garantizado con hipoteca se ha considerado como un bien inmueble y la cancelación del gravamen como un acto de enajenación, en repetidos casos. Sobre ese extremo, no se suscita cuestión alguna. Es sobre la condición im-puesta que se queja el apelante.

Los menores en este caso son dueños de un crédito ga-rantizado con hipoteca. Concedida la autorización y cance-lada la hipoteca los menores obtendrán dinero. El caso está claramente comprendido en la ley. Esta no distingue entre-el padre y el tutor. Y donde la ley no distingue no debe-mos distinguir. Lo que la ley aspira es a que el dinero me-tálico se invierta de nuevo en iguales o mejores condiciones, siempre en beneficio del menor, a menos que sea absoluta-mente necesario consumirlo en todo o en parte también en beneficio del menor-.

■'"La aplicación dada por la corte de distrito al derecho positivo vigente, no es contraria a la ley natural. Es con-fórme a la naturaleza humana que los' padres no sólo amen a sus hijos y defiendan sus intereses, sí que realicen por ellos verdaderos sacrificios; pero teniendo en cuenta la natural flaqueza humana, las leyes siempre han tratado de ga-rantizar el caudal de los menores, bien sea administrado por extraños, ya por sus propios padres.

Debe confirmarse en todas sus partes'la resolución re-currida.

Confirmada la resolución recurrióla.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


text:
    Zavaleta, Demandante y Apelado, v. Cividanes, Demandado y Apelante.
    Ap:elaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayaran, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2959.
    Resuelto en noviembre 16, 1923.
    Arrendamiento de Servicios Profesionales — Alegaciones — Demanda Sufi-ciente. — No puede tacharse de insuficiente una demanda para cobro de dinero por arrendamiento de servicios profesionales, bajo el fundamento de no alegarse la forma en que se convino la prestación de servicios, cuando la demanda alega que los servicios fueron prestados a petición y requerimiento del demandado expresando el valor razonable de los servicios; ni es fatal la omisión de alegar cuándo se creó el derecho de acción en favor del de-mandante, cuando, como en este caso, la demanda iba acompañada de una cuenta detallando las fechas en que los servicios fueron prestados.
    Id. — Causas de Acción — Alegaciones.—Las diversas partidas incluidas en una ' cuenta en que se detallan servicios profesionales no constituyen distintas causas de acción por lo que no es necesario hacer en la demanda alegación separada de cada una. Saroéló v. Días, 29 D. P. R. 170.
    Id — Alegaciones Levantadas en el Tribunal Supremo. — La alegación de que los servicios profesionales fueron negligentemente prestados por el deman-dante, no puede levantarse por primera vez en el Tribunal Supremo.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogados del apelante: Sres. G. Dominguez Rubio y L'.-Muñoz Morales.

    Abogados del apelado: \Sres. J. J. Aponte y R. Rivera Zayas.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción en cobro de dinero por arrendamien-: tos de servicios profesionales.

El demandante Miguel Zavaleta alega su condición de abogado, admitido a postular' ante los tribunales insulares, y que como tal abogado y desde el mes de marzo de 1915, basta el de agosto de 1919, a petición y requerimento del deman-dado prestó a éste sus servicios profesionales en la defensa de seis casos civiles, y que dichos servicios valen razona-blemente la suma de $3,482.90, según cuenta detallada que se une a la demanda.

El demandado después de excepcional' la demanda por falta de causa de acción y solicitar que el demandante enu-merara separadamente los servicios prestados -en cada caso, como diversas cansas de acción, contestó la demanda ha-ciendo una exposición detallada de los servicios prestados por el demandante en cada caso a los que no les reconoce mérito alguno y negando que dichos servicios sean todos los que hace constar el demandante en su cuenta y negando además, que ellos o los que resulten prestados valgan la cantidad en que se justiprecian por dicho demandante.

Resuelto este caso por la corte inferior, dictó sentencia concediendo al demandante la suma de $3,335, y contra esta sentencia se ha establecido el presente recurso, señalándose por el apelante los siguientes errores:

“I. — La corte cometió error al declarar sin lugar la excepción previa general de falta de causa de acción presentada por el de-mandado.
“II. — La corte cometió error al declarar sin lugar la moción del demandado solicitando se separaran las causas de acción alegadas en la demanda.
‘ ‘ III. — La corte cometió' manifiesto error al considerar que los servicios del demandante tenían un valor de tres mil trescientos treinta y cinco dollars ($3,335.00).”

Se afirma por el apelante en sn primer error que la de-manda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción y se funda en que no se alega en qué forma se convino la prestación de los servicios profesionales del demandante. En lá demanda se alega que los servicios del demandante fueron prestados a petición y requerimiento del demandado y dice el valor razonable de los mismos. De estas alegaciones se puede ver claramente que no liubo con-venio en cuanto al valor fijo o cuantía de los honorarios del demandante y por eso es que debía expresarse en la de-manda el valor razonable o justiprecio de los servicios que fueron prestados como así se hizo por el demandante. La demanda, por tanto, se lia fundado en el artículo 1486 del Código Civil y olla contiene todos los elementos que indica dicho precepto, haciendo buena y suficiente la demanda.

En los casos do Freyre v. Sucn. de A. Sevillano, 28 D. P. R. 397, y de Barceló v. Díaz, 29 D. P. R. 170, en los que se trata de reclamaciones análogas, sobre cobro de honora-rios, las demandas en dichos casos son muy semejantes y esta Corte Suprema las declaró suficientes. En el primer caso citado, se dijo por esta corte:

“Aunque la demanda no es un modelo de alegación, sin embargo expone lo bastante para que los demandados supieran que les cobran servicios profesionales prestados a su causante en varios pleitos, sin precio convenido, ya que éste no se alega, por lo que, de acuerdo con el artículo 1486 del Código Civil puede cobrarse lo que razonablemente valgan.”

Y en el segundo caso, supra, se dijo asimismo por esta corte:

“La excepción previa fué debidamente desestimada, ya si se con-sidera la demanda aisladamente y sin referencia alguna al pliego de particulares, o si se le considera como que comprende las parT tidas contenidas en tal pliego e interpretadas en relación con ellas.”
“En una acción por servicios prestados, donde bay más o me-nos ineertidumbre acerca de los fundamentos de la reclamación puede propiamente hacerse en la demanda una alegación basada en un contrato expreso y otra en un valor razonable (quantum meruit . . . .” 2 K. C. L. 1057.

Otro reparo que se hace a la demanda es de ser defec-tuosa porque no alega cuándo se creó el derecho de acción en favor del demandante de manera que el demandado pueda conoc'er si la acción ha o no prescrito. Junto a la demanda se presentó para que formara parte de la misma la cuenta detallada de dichos servicios, expresándose la fecha en que tuvieron principio y término , de los mismos. Se hace fácil conocer de ese modo en forma clara y precisa cuándo se originó la causa de acción en este caso.

El segundo error se refiere a la negativa de la corte inferior de ordenar que el demandante expusiera separada-mente las diferentes causas de acción. El caso de Barceló v. Días, supra, resuelve dicho punto por haberse decidido en el mismo idéntica cuestión diciéndose en dicho caso que las partidas comprendidas en el pliego de particulares no constituyen causas distintas de acción, sin la necesidad por tanto que se aleguen separadamente en la demanda.

En los dos últimos errores apuntados, el apelante ataca la apreciación que de la prueba hizo la corte inferior. En tal sentido dicha corte inferior, al examinar la evidencia cjue fué practicada de una y otra parte, y luego de.pesar el testimonio de los peritos que declararon acerca del valor ra-zonable de los servicios que fueron prestados por el de-mandante y de aplicar el juez su discreción y conocimiento en cuanto a la importancia y valor de los mismos, fijó su cuantía en la cantidad de $3,335 y siguiendo la jurispruden-cia que de modo constante y uniforme tiene sentada esta Corte Suprema, no cabe revisar la apreciación que dicha corte inferior hizo de tales servicios a menos que se demos-trara pasión, prejuicio o manifiesto error, y ninguno de es-tos extremos resulta de la prueba.

El apelante por otra parte insiste al discutir estos últi-mos errores que los servicios del demandante fueron inú-tiles e inefectivos e imputándole cierta negligencia en el desempeño de los mismos. Realmente, como afirma el ape-lado, ni en la contestación, como defensa, ni de la prueba, aparece que los servicios del demandante fuesen inefectivos y que fuera negligente en el desempeño de los mismos. Llama la atención de que el abogado del apelante que fué socio del demandante cuando tuvo lugar la prestación de los servicios, admite que el demandante tiene más competencia que él en las cuestiones substantivas, aunque niega que la tenga, igual al abogado apelante, en las de procedimiento. Esta argumentación del apelante tiene la significación- del papel importante que el demandante desempeñó en todos los asuntos en que intervino como abogado del demandado, ya que el estudio del derecho civil substantivo fué realizado en todos los casos envueltos en este pleito por el demandante.

Como la negligencia que el apelante atribuye al deman-dante se suscita en esta apelación por primera vez, es cues-tión que no puede ser objeto de nuestra consideración en este recurso.

Por las razones expuestas la sentencia de la corte inferior debe confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.