author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Isaach, Demandante y Apelado, v. Del Toro, Demandado y Apelante.
    No. 3138.

    Visto: Febrero 28, 1924.

      Resuelto: Febrero 19, 1925.
    Ejecución de Hipoteca — Nulidad—Emplazamiento Nulo — Affidavit.—Aunque la edad de la persona que hace el emplazamiento puede probarse independiente-mente del affidavit de diligenciamiento, tal demostración generalmente debe hacerse por prueba almnde en el mismo juicio; y tratándose del diligencia-miento del' requerimiento de pago en ejecución de hipoteca la mera manifes-tación del funcionario autorizante en cuanto a que la persona que jura la diligencia del requerimiento era mayor de edad no convierte en válido un diligenciamiento que era nulo por no expresarse en el cuerpo del affidavit que el diligenciante era mayor de 18 años.
    Daüos y Perjuicios — Venta Judicial Nula por Falta de Jurisdicción — Causa de Acción — Alegación Sobre Valor de la Finca. — En este caso se entabló en 1921 la acción subsidiaria de indemnización alegándose la nulidad de la venta judicial de la Anea hipotecada a causa de falta de jurisdicción. Opuso el demandado la excepción de falta de causa de acción, porque se alegó el valor actual y no el que tenía la Anca al ser vendida en 1917. Se resolvió: que el valor de la propiedad de que ha dispuesto el demandado es a lo sumo una cuestión que afecta a la medida de ‘los daños y perjuicios. Tal valor al veriAcarse la venta por el demandado era cosa que estaba peeuliarmente dentro de su conocimiento, y dado el corto período de tiempo que media entre las dos fechas, el no espeeiAcar el valor al hacerse el traspaso no parece ser cosa seria. De todos modos el defecto, si lo fuere, apenas si puede consi-derare como una verdadera falta en determinar una causa de acción.
    Id. — Id.—Id.—En una demanda para anular el procedimiento ejecutivo hipotecario por falta de jurisdicción no es necesario alegar que el demandante ofreció pagar al demandado la deuda garantizada con hipoteca de la Anea vendida judicialmente cuyo valor se reclama. Los artículos 1271, 1274 y 1275 se refieren a contratos anulahles -más bien que a ventas judiciales vieiadas de nulidad por falta de jurisdicción.
    Id. — Id.—Frutos.—No es el valor de los intereses a que se refiere el artículo 1274 del Código Civil lo que tiene que reintegrar por concepto de frutos el comprador de una casa en venta judicial nula por íalta de jurisdicción, sino la propiedad con los frutos producidos o el equivalente de los alquileres devengados si la finca lia pasado a un tercero de buena fe.
    Id. — Id.—Id.—Se señaló en este caso como un error el hecho de que la sentencia concediera frutos producidos por la finca cuya venta judicial se deelaró nula ■por falta de jurisdicción sin deducir de ellos los gastos de conservación y contribuciones. Se resolvió: que representando el tipo de $26 mensuales con-cedidos el importe de la renta recibida solamente por aquella parte de la finca hipotecada que no estaba ocupada por el deudor y su esposa, y apare-ciendo de la prueba que las rentas han aumentado continuamente en la vecindad inmediata desde la fecha del procedimiento ejecutivo, y que la casa era nueva, dentro de las circunstancias bien puede asumirse que el valor en alquiler del apartamento en el cual el demandante y su esposa vivían y que no estaba incluido en el tipo mensual fijado por la corte inferior, era más que suficiente para compensar al demandado por cualesquiera contribuciones o gastos incurridos por sostenimiento.
    'SENTENCIA ele Charles E. Fooie, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      E. Lefebre y A. Marín Marión, abogados del apelante; M. Tons Soto, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia dictada por el juez sentenciador se fundó en la siguiente opinión:

“Esta es una acción por cobro de daños’y perjuicios fundados éstos, en la nulidad de un procedimiento ejecutivo que se siguió allá por el año 1913, por el demandado en este caso Agapito del Toro contra el demandante Isaacb Candelario y su esposa y por el que el primero adquirió en pública subasta en pago del crédito hipotecario y demás cantidades reclamadas, la finca que se describe en la de-manda presentada. Dicho procedimiento ejecutivo hipotecario se ra-dicó ante esta misma corte, y su expediente que fuá presentado como prueba lleva el número 6908.
“Alega el demandante que la sentencia de remate en el procedi-miento ejecutivo a que se ha hecho referencia es nula, entre otros fun-damentos, por haber sido dictada por una corte que no adquirió ju-risdicción sobre la persona del demandado. Funda esta alegación en el hecho de haber sido diligenciado el requerimiento por persona particular sin que éste hiciese constar en el cuerpo de su juramento, que era una persona mayor de 18 años. El diligenciado en dicho re-querimiento copiado literalmente dice así:
■“ ‘Yo, José F. Franco Yaldés, mayor de 18 años, vecino de San Juan, sin interés en este asunto, bajo juramento declaro: — Que re-cibí el presente requerimiento y una copia del escrito inicial que lo-motivara, a las dos de la tarde del día de boy, 23 de septiembre, y que notifiqué personalmente a la demandada Francisca Suárez, es-posa del otro demandado Andrés Isaacb Candelario, única persona que bailé al frente de la finca a que se refiere el predicho requeri-miento, que es la casa que se describe en la demanda, domicilio de los esposos demandados. Que le mostré el presente original e infor-mándole de su contenido con entrega de una copia del mismo y de la demanda presentada. Asimismo le requerí para que en el plazo' de treinta días, a contar desde esta fecha, pague al demandante las sumas reclamadas apercibiendo de que si no las hiciere efectivas, se sacará 'a pública subasta la finca hipotecada.
“ ‘Este diligeneiamiento se llevó a cabo a las tres y media de la tarde del día de hoy. San Juan Setiembre 23, de 1913. — (Fdo.) José F. Franco y Yaldés. — Jurado y suscrito ante mí por Don José F. Franco y Yaldés, mayor de edad, soltero, vecino de San Juan, a quien conozco personalmente hoy día 24 de septiembre de-1913. — (Fdo.)—C. Marrero, Sec. Ote. Dist. — Por Franco. Negroni, Sec. Auxiliar Cte. Dist.’
“Como puede verse, la persona que hizo el diligeneiamiento, aún cuando expresa que era mayor de 18 años, no lo dice bajo jura-mento, y esto vicia de nulidad todos los procedimientos ulteriores. Esta es una cuestión que ha sido resuelta ya por nuestro Tribunal Supremo en distintos casos, entre ellos los de Andino v. Knight, 20 D.P.R. 198 y 201, y Quintana et al. v. Aponte, 26 D.P.R. 196 y es-pecialmente y por sus semejanzas al presente, los de Buonomo v. Sucesión Juncos, 28 D.P.R. 409 y López et 'al. v. Quiñones, resuelto en abril 10 de 1922, 30 D.P.R. 342.
“En el caso de Buonomo v. Sucesión Juncos citado anterior-mente, el Tribunal Supremo resolviendo esta misma cuestión, con referencia a un emplazamiento diligenciado en la misma forma que el del caso que discutimos, se expresó así:
“ ‘Cuando del diligeneiamiento de un emplazamiento hecho por persona distinta del marshal no aparece que dicha persona era mayor de- 18 años al verificarlo y que no tenía interés en el pleito, la Corte no adquiere jurisdicción sobre la persona que se dice empla-zada, siendo nula la sentencia que se dicte bajo la base de tal em-plazamiento y nula la venta judicial que se realice en ejecución de la sentencia.’
“De las propias alegaciones del demandante, se desprende que i'a finca en litigio pasó a un tercer poseedor por escritura debida-mente inscrita en el Registro de la Propiedad lo que aparece tam-bién de la prueba presentada, y lo que hace imposible, resolviendo este caso como lo bemos de resolver a favor del demandante, la res-titución de la propiedad según se solicita; y en su lugar la Corte ha resuelto concederle el valor de la finca y sus frutos, desde la fe-cha en que el demandado tomó posesión de la misma.
“La corte considera que el valor de la finca ha sido justificado por la prueba, en la suma de $3,000 y que sus frutos han de esti-marse a razón de $26 mensuales desde la fecha en que tomó pose-sión de la finca el demandado Agapito del Toro, hasta la ejecución final de la sentencia que ha de dictarse en este procedimiento.
“Por todo lo expuesto, la corte es de opinión que debe declarar como declara con lugar la demanda presentada y condena al deman-dado a pagar al demandante, la suma de $3,000 más el importe de las mensualidades a razón de $26 desde el día 24 de noviembre de 1913 hasta la fecha en que sea pagado totalmente el importe de esta sentencia.”

Alega el apelante;

(1) Que la corte erró al declarar con lugar la demanda.

(2) Que la corte erró al declarar sin lugar la excepción previa de que la demanda no expone tedios suficientes para constituir una causa de acción.

(3) Que la corte erró al conceder como frutos la suma de veinte y seis dollars mensuales hasta la fecha del pago.

(4) La corte erró al condenar en costas al demandante.

El razonamiento bajo el primer señalamiento de error es en substancia que las únicas causas de nulidad absoluta alegadas en la demanda son las que se refieren al diligencia-miento del requerimiento de pago que se hizo a la esposa del deudor y a la falta total en hacerse una citación al deu-dor personalmente; que en el caso de Buonomo v. Juncos y otros citados por dicho juez sentenciador (excepto el de Andino v. Knight), no había ninguna certificación respecto a la edad de la persona que diligenció la citación; y que la sección 3 de la “Ley estableciendo un Registro de Affidavits, etc.,” Compilación de los Estatutos Revisados (Sec. 17), dice en parte lo siguiente:

“Sección 3. — El affidavit o declaración de autenticidad, se ajus-tará a las siguientes fórmulas:
‘ < * * * Suscrito y jurado, ante mí, por-(nombre, mayoridad, profesión y vecindad), a quien conozco perso-nalmente.”

Es cierto, como indica el apelante, que este tribunal ha resuelto que el hecho de la edad puede probarse indepen-dientemente del affidavit de notificación, pero tal demostra-ción generalmente debe hacerse por prueba aliunde presen-tada en el juicio, ofreciendo así una oportunidad para ha-cer repreguntas si la prueba fuere oral, o mediante objeción, si documental. A falta de algo más persuasivo que la forma prescrita para el juramento, y en tanto se trata del diligen-ciamiento de un requerimiento de pago en un procedimiento ejecutivo sumario, estamos obligados a declarar que la mera manifestación del notario o funcionario ante quien se hace el affidavit no puede ser aceptada como un equivalente o sustituto satisfactorio de la declaración jurada contenida en el affidavit.

Ni tampoco creemos necesario seguir al apelante en el esfuerzo asimismo infructuoso que hace por establecer la proposición de que la citación a la esposa sin un requeri-miento personal al marido, es todo lo que se exige en el pro-cedimiento sumario en ejecución de hipoteca sobre bienes gananciales.

La teoría del segundo señalamiento es según parece que el demandante estaba obligado a hacer cierta especie de ofre-cimiento de acuerdo con los artículos 1271, 1274 y 1275 del Oódigo Civil, pero sin ninguna indicación definitiva en cuanto a la naturaleza exacta de la omisión en cuestión. Clara-mente que los artículos citados se refieren a contratos anula-bles más que a ventas judiciales nulas y no exigen al deudor que pague la cantidad debida según la hipoteca como condi-ción previa a mía sentencia que declara la nulidad absoluta del procedimiento ejecutivo por falta de jurisdicción.

La alegación de que en la demanda se alega el valor de la propiedad en tiempo presente como de la fecha de la ra-dicación en vez del valor qne tenía al hacerse el traspaso por el demandado, es algo más específica, pero igualmente insostenible. La esencia de la acción es la nulidad del pro-cedimiento ejecutivo por falta de jurisdicción. El valor de la propiedad de que ha dispuesto el demandado es a lo sumo una cuestión que afecta a la medida de los daños y perjui-cios. La propiedad fue vendida por el demandado en el año 1917 y la demanda radicada en 1921. El valor de la propiedad al verificarse la venta por el demandado era cosa que estaba peculiarmente dentro de su mismo conocimiento, y dado el corto período de tiempo- que media entre las dos fechas, el no especificar el valor al hacerse el traspaso no parece ser cosa seria. De todos modos el defecto, si lo fuere, apenas si puede considerarse como una verdadera falta en determinar una causa de acción.

Esto resulta aún más aparente si consideramos la cues-tión de incongruencia, que se discute con cierta amplitud en el alegato del apelante. Al juicio no se adujo prueba al-guna del valor actual a excepción de la mera presentación como prueba de la escritura otorgada por el demandado; y el precio de venta en ella especificado lo adoptó la corte inferior como base de su sentencia.

No se formuló ninguna objeción a la admisión de este do-cumento y, a falta de alguna demostración-en sentido con-trario, el valor de la propiedad al verificarse dicho traspaso se presume que siguió sin cambio considerable por un pe-ríodo de tiempo razonable. Cualquier aumento en el valor después de esa fecha, a falta de alguna prueba, no puede perjudicar al demandado; y cualquier depreciación de modo alguno y de acuerdo con la misma teoría del demandado en cuanto a la verdadera estimación de los daños y perjuicios no puede redundar en provecho o ventaja para él. Fal-tando en absoluto alguna indicación de sorpresa en la corte inferior, no es necesario investigar más sobre los méritos del razonamiento del apelante. acerca de este punto, ni repetir de nuevo lo que ha sido reiterado de tiempo en tiempo en una serie uniforme de decisiones de esta corte más o menos recientes relativas a la inutilidad de levantar tales cuestio-nes por primera vez en apelación.

El tercer señalamiento se funda principalmente en el ar-tículo 1274' del Código Civil, ya referido, el cual es como sigue:

“Art. 1274. — Siempre que el obligado por la declaración de nu-, lidad a la devolución de la cosa, no pueda devolverla por haberse perdido, deberá restituir los frutos percibidos y el valor que tenía la cosa cuando se perdió, con los intereses desde la misma fecha.”

La alegación sirve meramente para ilustrar e insistir en el peligro que hay al aplicarse indistintamente las disposi-ciones del Código que regulan la rescisión o nulidad de con-tratos existentes a las acciones reivindicatorías para reco-brar la propiedad traspasada en una venta judicial que se alega fue nula ab initio por defectos jurisdiccionales. En un caso como éste, el demandante tiene derecho a recobrar del demandado, como poseedor de mala fe la propiedad con las rentas y ganancias, o como daños y perjuicios y en su lugar su equivalente en dinero si la propiedad ha pasado a poder de un comprador de buena fe. Adoptar la teoría del apelante equivaldría a decir que un acreedor hipotecario mediante alegaciones falsas en su demanda de ejecución de hipoteca y por el hecho de acudir al simple trámite de un traspaso inmediato o de permitir a un tercero comprar la propiedad en subasta pública, puede primero privar al deu-dor de su propiedad sin ser oído sobre cualquier cuestión que en la Ley Hipotecaria no se exprese como defensa y obligarle entonces a aceptar en vez de las rentas y benefi-cios que produzca dicha propiedad, intereses al tipo local del 6 por ciento sobre el valor de la misma al efectuarse la venta. No queremos imputar a los redactores del Código Civil la intención de permitir que un acreedor hipotecario poco escrupuloso, o descuidado, que elije establecer el proce-dimiento ejecutivo hipotecario evite así el riesgo y eluda la responsabilidad que le imponen las prescripciones terminan-tes de la Ley Hipotecaria.

También se sugiere que no se hizo ninguna concesión o rebaja, para cubrir los gastos ocasionados en relación con la propiedad, especialmente en lo que respecta a contribucio-nes, las que, por lo menos, como se alega, deben presumirse que fueron satisfechas por el demandado. Aceptando en pro del argumento que la doctrina del caso de Arvelo v. Banco Territorial y Agrícola, 29 D.P.ít. 1066, citada por el apelante en apoyo de su contención es aplicable a la propie-dad de la ciudad, y que incumbía al demandante probar que no sólo el importe de las rentas sino las ganancias netas, y. que a falta de prueba del costo de conservación y reparacio-nes o sumas pagadas por contribuciones, debería hacerse una concesión liberal suficiente a cubrir el supuesto máxi-mum en este sentido, no encontramos, sin embargo, razón satisfactoria que pueda servir de base a la modificación de la concesión hecha por el juez sentenciador. El tipo de $26 mensuales representaba la renta recibida solamente por aque-lla parte de la finca hipotecada que no estaba ocupada por ■el deudor y su esposa, y aparece de la prueba que las reñ-ías han aumentado continuamente en la vecindad inmediata ■desde la fecha del procedimiento ejecutivo. También consta •que la casa era nueva. Dentro de las circunstancias bien puede asumirse que el valor en alquiler del apartamento en ■el cual el demandante y su esposa vivían y que no estaba incluido en el tipo mensual fijado por la corte inferior, era más que suficiente para compensar al demandado por cuales-quiera contribuciones o gastos incurridos por sostenimiento.

La proposición envuelta en el cuarto señalamiento la so-mete el apelante como corolario de las conclusiones a que llega en su alegato respecto de las cuestiones ya discutidas aquí: Por tanto, será bastante con decir que no estamos dispuestos a aplicar la doctrina sentada en el caso de Lopes v. Quiñones, supra, citado también por el apelante en este sentido, a los hechos de este caso, y que no vemos qne el juez sentenciador haya ahusado de su discreción al conceder las costas al demandante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe Aldbey,

license: Public Domain

text:
    Cruz, Demandante y Apelado, v. Luiña et al., Demandados y Apelantes.
    No. 3554.

    Visto: Febrero 16, 1925.

      Resuelto: Febrero 19, 1925.
    Desestimación de Apelación — Transcripción de la Evidencia Radicada Fuera de Tiempo — Prórroga Nula. — Cuando la transcripción de la evidencia es radicada por el taquígrafo dentro del término de una prórroga que era nula por haber sido pedida y concedida después de vencida la anterior, y ha trans-currido el término de treinta días a partir de la radicación del escrito de apelación sin que se haya radicado el récord en la Corte Suprema, el apelado tiene derecho a una sentencia desestimando el recurso.
    Id. — Id.'—Negligencia del Taquígrafo. — La omisión del taquígrafo en obtener una prórroga para presentar la transcripción de -la evidencia es una negligencia imputable al apelante.
    Moción sobre desestimación de apelación.

      JDesestimada la apelación interpuesta.

      A. P. Rodríguez, abogado de los apelantes; J. C. Jusino, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Interpuesta la apelación en este pleito el 6 de septiem-bre de 1924, fueron concedidas al taquígrafo varias prórro-gas para transcribir y presentar la evidencia para la apela-ción, siendo una de ellas el 3 de diciembre de 1924 en la que se le dieron 15 días con tal fin. El día 19 de diciembre so-licitó el taquígrafo otra prórroga de cinco días que le fue concedida el 31 de dicho mes, presentándose antes, el día 26, por el taquígrafo dicha transcripción que está en trámi-tes para aprobación en la corte inferior. En vista de estos hechos el apelado nos pide que desestimemos la apelación.

El término de quince días que fue concedido el 3 de diciembre venció el 18 de dicho mes, y como en ese tiempo no fue presentada la transcripción de la evidencia el término de treinta días que tiene para presentar en este tribunal el apelante la transcripción de la apelación debe contarse desde que la apelación fue interpuesta y venció, por tanto, el 6 de octubre de 1924, por cuyo motivo la apelación debe ser des-. estimada; pues aun cuando el 19 de diciembre fué solicitada nueva prórroga que fué concedida el día 31, tal concesión de prórroga solicitada y concedida después que la prórroga anterior babía expirado es nula, según ya liemos declarado en los casos de Claudio v. Ortiz, 29 D.P.R. 443, Ex parte Deliz v. Franco, 21 D.P.R. 526, González v. Acha, 19 D.P.R. 1208, y Ferrer v. El Pueblo, 14 D.P.R. 395.

El apelante alega en contrario que la demora del taquí-grafo en preparar la transcripción de la evidencia no puede perjudicarle de acuerdo con la Ley No. 81 de 1919 (p. 675), pero esta cuestión ba sido decidida en su contra en el caso de González v. Méndez, que resolvimos el 18 de diciembre de 1924 (pág. 846), y en otros que en él se citan.

La apelación debe ser desestimada.


author: El Juez Presidente Señor del Tono,

text:
    Marrero, Demandante y Apelado, v. Ortega, Demandado y Apelante.
    No. 3365.

    Visto: Febrero 19, 1925.

      Resuelto: Febrero 20, 1925.
    Deslinde — Notificación Ñola — Jurisdicción—Orden Nula. — Cuando el colin-dante demandado en una'acción de deslinde no comparece a la vista y aparece que no fué notificado con tres días de anticipación, como requiere el artículo 286 del- Código de Enjuiciamiento Civil y como dispuso la corte, la orden decretando el deslinde es nula.
    Orden de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), decla-rando con lugar petición de deslinde.

      Revocada.

      L. Toro Calañas, abogado del apelante; Campillo & Campillo, abo-gados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción sobre deslinde iniciada de acuerdo con el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Civil. ‘

La petición se archivó el 30 de enero de 1924 y el 5 de febrero siguiente la corte señaló sn vista para el día 13 de febrero de 1924, a las 9 A.M., lo que deberá ser notificado con copia de la solicitud a la parte contraria, tres días antes de la vista y un día más por cada veinte y cinco millas de distancia entre el sitio en que se baga la notificación y el lu-gar de la vista.” . .

No aparece de los autos que el demandado fuera citado para la vista del día 13 de febrero. Figura sí en la trans-cripción una notificación para el 21 de febrero, becba el 19 del mismo mes, y después consta otra notificación que en lo pertinente dice: “Por la presente se notifica a Ud. que la corte a petición del demandante pospuso la vista del presente caso para el día 3 de marzo a las 9 A.M., cuyo día deberá usted comparecer.” La notificación fue diligenciada el 1 de marzo de 1924 en el barrio Padilla, de Corozal.

No compareció el demandado y la corte celebró la vista en su ausencia y decretó el deslinde solicitado. Contra esa resolución de la corte es que se ha interpuesto el presente recurso de apelación, señalándose en el alegato la comisión de tres errores, a saber: 1, no se notificó debidamente al de-mandado; 2, la petición no aduce hechos suficientes para determinar la causa de acción ejercitada, y 3, la prueba es insuficiente. La parte apelada ni compareció al acto de la vista, ni archivó alegato.

No es necesario analizar los errores segundo y tercero. Basta el examen del primero para revocar la orden apelada. No sólo la corte decretó que se notificara al demandado tres días antes de la vista, si que la misma ley, artículo 28b del Código de Enjuiciamiento Civil, fija ese término como el pe-ríodo que debe mediar entre la notificación y la vista. La notificación se hizo el 1 de marzo y la vista estaba fijada y se celebró el 3 del propio mes. Resulta, pues, evidente que no se le dió el término fijado por la corte y la ley y en tal virtud qúe no sé le notificó debidamente. Siendo ello así, la vista celebrada en su ausencia es nula y cae, por tanto, por su-base, la resolución apelada.

La circunstancia de haber sido citado el demandado ante-riormente, no importa. Se le citó el 19 de febrero para comparecer el 21 en contra también de la ley y la orden de la corte y tampoco aparece que compareciera siendo suspen-dida la vista a petición de la propia parte demandante.

Por tal motivo procede la revocación de la orden apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Franco Soto,

text:
    Honoré, Demandante y Apelado, v. Vargas, Demandado y Apelante.
    No. 3479.

    Visto: Febrero 2, 1925.

      Resuelto: Febrero 20, 1925.
    Desestimación de Apelación — Radicación del Récord — Notificación de la Mo-ción para Desestimar —DI apelado funda su moción solicitando la desesti-mación del recurso en que habiendo el apelante entregado al secretario de esta corte en su casa particular la transcripción de los autos en noviembre 8 de 1924 (sábado) fecha en que vencía el término para su radicación y habiéndola dicho funcionario archivado en secretaría el 10 de noviembre de 1924, tal entrega no es suficiente para estimar que el apelante haya radicado en momento alguno dicha transcripción en este tribunal. Se resolvió: que no tratándose de un término jurisdiccional como en el caso de American Colonial Barilc v. Ramos, diciembre 3, 1924 (pág. 890), y apareciendo que la moción no se notificó al apelante antes, sino después de radicado el récord, la desestimación no procede.
    Moción sobre desestimación de apelación.

      Desestimada la moción:

      Alemañy & Ramirez, abogados del apelante; A. A. Vázquez, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado funda su moción solicitando la desestimación del recurso en que habiendo el apelante entregado al Secre-tario de esta corte en su casa particular la transcripción de los autos en noviembre 8 de 1924 (sábado) fecha en que ven-cía el término para su radicación y habiéndola dicho funcio-nario archivado en secretaría el 10 de noviembre de 1924, tal entrega, se alega, en las condiciones expresadas, no es suficiente para estimar que el apelante haya radicado en mo-mento alguno dicha transcripción en este tribunal.

La moción del apelado aparece notificada al apelante el 21 de enero de 1925 y la transcripción de antos Rabia sido archivada en la oficina del Secretario desde la fecha indi-cada de noviembre 10, 1924.

La cuestión envuelta en este caso se ha resuelto repeti-damente por esta Corte Suprema.

En el caso de Suau v. Junta Escolar de San Juan, 31 D.P.R. 172, se dijo:

“Aunque una apelación haya sido radicada fuera de tiempo no procede desestimarla ni eliminar la transcripción de la evidencia, cuando las mociones en que tales peticiones se hacen fueron notifi-cadas al apelante después de radicado el recurso. La ley de marzo 9, 1911 para enmendar el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil no privó al Tribunal Supremo de la facultad discrecional que tiene de acuerdo con el artículo 58 de su reglamento.”

Igual declaración se hizo en el de Chiqués v. Diez, 26 D.P.R. 217.

El apelado cita en su apoyo, sin embargo, el caso re-ciente de American Colonial Bank v. Ramos, resuelto en diciembre 23, .1924, (pág. 890.) Este caso no tiene aplica-ción al presente. Se refiere a la falta de presentarse en tiempo el escrito de apelación tratándose por consiguiente de una cuestión jurisdiccional. No ocurre lo mismo con la transcripción de autos pues la omisión de radicaría en tiempo no es un defecto jurisdiccional. Santiago v. Noa et al., 20 D.P.R. 447.

Por otra parte, el apelado ha interpretado erróneamente el caso de American Colonial Bank, supra, pues en él se sos-tiene claramente que un documento queda radicado cuando el Secretario lo archiva (filed) en secretaría. Y en este caso si bien el Secretario recibió la transcripción en su casa particular, la radicó posteriormente en su oficina cuando toda-vía no había sido presentada la moción del apelado pidiendo la desestimación ni menos notificado al apelante.

La moción del apelado debe desestimarse.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Alvarez, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    No. 603.

    Sometido: Noviembre 28, 1924.

      Resuelto: Febrero 20, 1925.
    Venta con Pacto de Retro — Cumplimiento de Condición Resolutoria — Nueva Inscripción.' — El comprador en una venta con pacto de retro no puede, ha-ciendo constar en escritura pública que le ha sido devuelto el precio, obtener la cancelación de la inscripción de la venta, pues el cumplimiento de las condiciones resolutorias debe hacerse constar mediante una nueva inscripción de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Hipotecaria.
    Nota de L. Marqués, R. (Caguas), denegando cancelación de una inscripción de venta con pacto de retro.

      Confirmada.

      A. L. López, abogado del recurrente; el registrador compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente compareció como comprador de una finca con pacto de retracto convencional, ante un notario a quien manifestó que a él le babía sido devuelto el precio de la venta de la referida finca y por tanto que deseaba cancelar la inscripción en el registro. El Registrador de la Propie-dad de Oaguas denegó la referida cancelación por el funda-mento de que el artículo 16 de la Ley Hipotecaria disponía que el cumplimiento de las condiciones resolutorias o resei-sorias deben constar por una nueva inscripción.

Sostiene el recurrente que el dueño y vendedor de la finca a retro ña desaparecido y que no quiere figurar por más tiempo con el título a dicha finca. Creemos que el comprador, si lo estima necesario, podría quizá realizar su propósito mediante una acción, pero de todos modos las disposiciones del artículo 16 de la Ley Hipotecaria son man-datorias y el registrador no está autorizado a hacer una ex-cepción. El artículo 82 de la referida Ley Hipotecaria per-mite una cancelación cuando el derecho está completamente extinguido, pero el 16 prescribe la forma de hacerse la ope-ración del registro y no tenemos discreción para variar la ley.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Wolp,

text:
    Sucesión Rivera, Peticionaria y Apelada, v. González, Demandado y Apelante.
    No. 3346.

    Visto: Noviembre 18, 1924.

      Resuelto: Febrero 20, 1925.

      Injunction. — -El dueño de una finca puede recurrir al remedio ordinario de injunction para impedir la construcción, sin permiso, de una casa en sus terrenos.
    Id. — Inspección Ocular — Error no Bevisable. — Para que el Tribunal Supremo pueda decidir si fué o no errónea la omisión de levantar acta del resultado de una inspección ocular, es preciso que el apelante hubiera heeho oportuna-mente la objeción en la corte inferior.
    Id. — Título—Posesión—Erectos de.- — Un injunction no es un procedimiento para probar un título sino que el demandado, para alcanzar éxito, debe demostrar una posesión bona fide que no sea una reciente invasión en -la posesión de los demandantes.
    Sentencia de G. Castejón, J. (G-uayama), declarando con lugar dte-manda de injunction, con costas.-

      Confirmada.

      J. J. Aponte, abogado del apelante,- M. A. Martínez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Se alegó en la demanda qne el demandado estaba cons-truyendo una casa en la finca de la demandante y que esta última logró intervenir para impedir la construcción. Sos-tiene el apelante que el remedio ordinario de injunction en equidad no procedía pero que la sucesión demandante si tuvo algún remedio fué por virtud de la ley especial para recobrar la posesión de bienes inmuebles que autoriza la Ley No. 43 de 1913 (p. 85), como fué enmendada por la No. 11 de 1917 (1917 (2), p. 221). La teoría es que dicha ley concede el recurso legal, y por tanto que no procede un re-medio en equidad. No siendo ninguno de los dos para- dar ños y perjuicios, creemos que es lo que se conocería por re-medio en equidad, y la Sucesión demandante pudo haber elegido seguir uno, u otro. Convenimos con la apelada, sin embargo, en que el remedio adecuado era el injunction ordi-nario, pues de ningún otro modo podían haber evitado los demandantes la continuación de la construcción de un edifi-eio. Un injunction ordinario era el remedio como indicó este tribunal en el caso de Rabell v. Rodríguez, 24 D.P.R. 561. Allí también resolvimos que nn demandante que es-pera basta qne nn edificio esté construido, no pnede obtener despnés nn mandamiento de injunction. El primer señala-miento de error no estuvo bien fundado. El segundo seña-lamiento es como sigue:

(2) La corte erró al practicar la inspección ocular solicitada por los demandantes, sin haber levantado un acta del resultado de dicha inspección, ni habérsele dado luego de ello una oportunidad a las partes para explicar o añadir lo que hubiesen estimado conveniente.”

Aparece de la transcripción que el demandado estaba pre-sente y a su abogado se dió también la oportunidad de asis-tir, de la cual no bizo uso. Ni la exposición del caso, ni los autos muestran cuál fué el resultado de la inspección ocular, pero no aparece que el apelante se quejara de esto en la corte inferior y no trató de obtener que se hiciera tal acta de inspección. Todo lo que bizo, como antes se indicó, fué atacar la inspección por no haber estado presente su abogado y no haber tenido oportunidad de hacer sugestio-nes u otra indicación.

El tercer señalamiento de error apenas merece conside-ración. Ataca la actuación de la corte al aplicar cierta ju-risprudencia de este tribunal. No sólo no se hace más es-pecificación en dicho señalamiento, sino que éstos deben más propiamente dirigirse a la actuación de la corte y no a su mero razonamiento.

Los demandantes presentaron prueba tendente a demos-trar el título y la consiguiente posesión desde un período de tiempo anterior al comienzo de la casa por el demandado. Este último, según la corte, vivía en la finca de los'deman-dantes y empezó a construir al lado en la misma finca de éstos. El demandado alegó tener el título a la finca, pero la corte declaró probado que él sólo estaba en posesión material de una casita y no tenía ningún derecho a más pro-piedad sin reclamarla judicialmente. Ortiz v. Silva, 28 D.P.R. 384, Serrano v. Sucn. Santos, 24 D.P.R. 175. En otras palabras, existió un conflicto de prueba que resolvió la corte y que no bay razón de variar. Desde luego, según puede inferirse de los anteriores casos y otros, que un injunction no es un procedimiento para probar un título .sino que el demandado, para alcanzar éxito debe demostrar una pose-sión bona fide que no sea una reciente invasión en la pose-sión de los demandantes. Hubo prueba tendente a acreditar que el demandado estaba en la finca con permiso o toleran-cia de los demandantes y por tanto que su' posesión era la posesión de los demandantes.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Sucn. Bachier, Demandante y Apelante, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Demandada y Apelada.
    No. 3433.

    Visto: Febrero 4, 1925.

      Resuelto: Febrero 26, 1925.
    Indemnizaciones a Obreros — Continuación de la Acción del Obrero por sus Herederos — Acción Personal — Substitución de Partes. — Siendo indepen-dientes la acción que tiene el obrero por lesiones recibidas y la que tienen sus herederos por su fallecimiento bajo el artículo 3 de la Ley de Indemni-zaciones a Obreros, según fué enmendado por la Ley No. 61 de 1921, no cabe substituir a los herederos en el lugar de su causante en una acción establecida por éste y que se extinguió con su muerte.
    SENTENCIA de G. Castejón, J. (Guayama), desestimando la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      M. A. Martínez Dávila, abogado de la apelante; Kon. Attorney General y Sres. J. J. Acosta y C. Llauger, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Jesús Bachier solicitó de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros que se le indemnizara a causa de cierto accidente que sufriera mientras trabajaba en su carácter de obrero mecánico en la Central Lafayette de Sues, de C. & J. Fan-tauzzi. La solicitud fué denegada bajo el fundamento de que las lesiones sufridas por el peticionario no provenían del trabajo que el mismo realizaba. No conforme, estable-ció apelación para ante la Corte de Distrito de Gnayama, pero dnra.nt.ft la tramitación del recurso falleció el deman-dante y a petición de sus herederos fueron éstos sustituidos por la persona de su causante para continuar el procedi-miento.

El caso fué visto en sus méritos pero la corte inferior, por su propia moción, desestimó la apelación declarando que el derecho del peticionario Jesús Bachier quedó extinguido con su muerte sin que fuera dable a sus herederos y suceso-res el revivir tal derecho a virtud de una sustitución de partes.

El artículo 3 de • la Ley de Indemnizaciones a Obreros, tal como quedó enmendado por la ley No. 61, aprobada en julio 14 de 1921 (p. 475), prescribe en los párrafos 1, 2, 3 y 4 el derecho de todo obrero que resulte lesionado a recibir cierta compensación según el carácter transitorio de la le-sión o la incapacidad parcial o total para el trabajo y por el párrafo 5 se dispone que si el obrero perdiere la vida como resultado de las lesiones sufridas y ocurriere la muerte dentro de un año después del accidente, las personas o bene-ficiarios que enumera y quienes dependieran de modo razo-nable de lo que ganaba el obrero fallecido, tendrán derecho a la compensación que se determina en dicha ley.

Primeramente el propósito de la ley fué proveer los me-dios de subsistencia al obrero que recibe lesiones en susti-tución de los salarios que deja de percibir durante su inca-pacidad, ya temporal o permanente, como resultado de tales lesiones. Esta es una acción personal que corresponde al •obrero y cesa con su muerte. En relación con este derecho del obrero las autoridades discuten si lo que percibe el obrero durante su vida debe colacionarse al montante de la compen-sación que obtenga el beneficiario o dependientes a conse-cuencia de su muerte o si el obrero puede transar en vida de modo que sus beneficiarios queden impedidos de ejercitar su acción por su subsecuente fallecimiento. Las autorida-des parecen unánimes en sentido que el obrero no puede transigir sobre el derecho futuro de sus beneficiarios por razón de su muerte, pero si bien estas cuestiones no tenemos que considerarlas en este recurso, todo demuestra y así se desprende claramente del artículo 3 y párrafos citados, qué la ley establece dos acciones separadas e independientes sin interés recíproco entre las partes realmente interesadas, no surgiendo, por tanto, el derecho de los beneficiarios hasta el momento de la muerte del obrero y limitada la acción por nuestro estatuto, si tal evento ocurre, dentro del año des-pués del accidente.

La ley de Massachusetts es bastante semejante a nuestro estatuto y la Corte Suprema de dicho estado, refiriéndose al punto suscitado en este caso, dice:

"'Somos de opinión, sin embargo, que el derecho a una orden para pago en el futuro de esta compensación especial termina con la muerte de la persona lesionada. Es un derecho peculiar a dicha persona y no creado para beneficio de los que dependen de él. Es parte del sistema de compensación especial provisto en las seccio-nes 9, 10 y 11 de la segunda parte de la ley. Por la sección 9 se dispuso una compensación especial por un período de incapacidad total para el trabajo; por la sección 10 se fijó la compensación por un período de incapacidad parcial; por la sección 11, tal como fué enmendada por la ley de 1913, se concede compensación adicional por la pérdida o incapacidad total o parcial de ciertas partes del cuerpo. Todas estas disposiciones parecen haberse establecido para la compensación personal del empleado lesionado, proveyéndose para los que de él dependen la compensación que se da por su falleci-miento. La compensación especial toma el lugar de los salarios que de no haber ocurrido la lesión el empleado hubiera ganado. Como indica la Junta de Accidentes Industriales en su resolución, nada hay en el testo de la ley que autorice que se ordenen los pagos es-peciales durante un tiempo después de la muerte del empleado, ni su fraseología ni su fin aparente requieren tal interpretación. Si esto no fuera así, las sumas que habrían de ser pagadas a los que dependen de él se aumentarían proporcionalmente a la rapidez con que su muerte ocurriera después de haber comenzado la incapaci-dad, a pesar de que el objeto evidente de estos pagos era resarcir las pérdidas por su incapacidad para ganar dinero. En nuestra opinión la decisión sosteniendo que esta compensación específica sólo debe concederse mientras vive'el empleado lesionado, fné correcta.” In re Burns (218 Mass. 8), 105 N.E. 601.

La corte inferior actuó por consiguiente correctamente desestimando la demanda y su sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Manrique, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    No. 604.

    Sometido: Enero 12, 1925.

      Resuelto: Febrero 26, 1925.
    Venta Judicial — Edictos—Calificación Errónea. — Habiendo resuelto el Tribunal Supremo anteriormente en un recurso entre las mismas partes que la publi-cación de edictos durante tres días consecutivos en lugar de una vez por semana durante veinte días no constituye defecto insubsanable que impida la inscripción de la venta judicial sino una mera irregularidad que no afecta al comprador de buena fe, el registrador convirtió la anotación en inscripción, pero señalando como defecto subsanable la forma de publicación expresada. Se resolvió: que el registrador no debió consignar como defecto subsanable lo que el Tribunal Supremo no había declarado que lo era y además que no constituye defeeto subsanable porque no puede ser subsanado para la venta e inscrita.
    Nota de B. B. Pérez Mercado, B. (Guayama), consignando como de- ■ feeto subsanable la forma de publicación de edictos en una venta judicial.

      Revocada.

      A. L. López, abogado del recurrente; el registrador compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Registrador de la Propiedad de Guayama negó la ins-cripción de la venta judicial que motiva este procedimiento por varios defectos que consideró insubsanables, consignando además la existencia de otros subsanables, siendo uno de los insubsanables que los edictos anunciando la venta de la finca fueron publicados durante tres días consecutivos y no una vez por semana durante el término de veinte días; y en el recurso que fue establecido contra esa negativa de ins-cripción y por los defectos consignados como insubsanables decidimos en el recurso No. 590 de Manrique v. El Registra dor, de julio 12, 1924 (pág. 545), revocar la nota recurrida en cuanto a los defectos insubsanables y confirmarla por los subsanables, exponiendo en la opinión que se escribió para fundamentar esa resolución en cuanto al defecto en la pu-blicación de los edictos, que era un error que no bacía in-existente el contrato y citamos el caso de Trueba v. Martínez, resuelto el 27 de junio de 1924 (pág 461), en el que dijimos que esa manera de publicar los edictos constituía una mera irregularidad que no afecta al comprador de buena fe.

En vista de esa resolución el registrador convirtió la anotación preventiva que babía becbo por su negativa en inscripción pero consignando como defecto subsanable la ma-nera en que fueron publicados los edictos, y por esto fue in-terpuesto el presente recurso gubernativo . alegando como único motivo de él que el registrador infringió el principio de que no pueden consignarse motivos nuevos que no expu-siera en su primera calificación, según dijimos en el caso de Roig v. Registrador, 18 D.P.R. 11; y habiendo confirmado nosotros esa calificación del registrador por el fundamento de que no era aplicable el principio citado porque el defecto consignado como subsanable era el mismo que fué puesto antes por el registrador como insubsanable, se nos pide que reconsideremos dicba resolución decidiendo de una vez que no existe tal defecto subsanable, pues es cuestión de impor-tancia para el valor de la finca que quede inscrita sin ese defecto, si en realidad no existe; y aunque nuestra resolu-ción fuó técnicamente correcta, sin embargo, preferimos resolver abora si la manera en que fueron publicados los edic-tos constituye o nó un defecto subsanable.

Al resolver nosotros el recurso No. 590, supra, entre las mismas partes, por la misma cuestión, y al resolver la nota entonces recurrida por los defectos insubsanables, siendo uno de ellos por la manera en que fueron publicados los edictos, no dispusimos que por tal motivo se consignara en el registro un defecto subsanable, como hemos becbo en otros casos, según puede verse en el recurso de Calderón v. El Registrador, 31 D.P.R. 355, por lo que el registrador re-currido uo debió alterar nuestra resolución consignando como defecto subsanable lo que nosotros no habíamos- declarado serlo. Además, no constituyendo tal publicación de edictos un defecto que impide la inscripción, según hemos declarado, menos puede ser un defecto subsanable porque no puede ser subsanado para la venta hecha e inscrita.

Por lo expuesto debe dejarse sin efecto nuestra resolu-ción de 5 de diciembre de 1924 y en su lugar dictarse otra re-vocando la nota recurrida de 29 de septiembre de 1924 en cuanto consigna como defecto subsanable la manera en que fueron publicados los edictos para la subasta judicial.


text:
    González et al., Demandantes y Apelados, v. Anglada et al., Demandados y Apelantes.
    No. 3206.

    Visto: Abril 3, 1924.

      Resuelto: Febrero 27, 1925.
    Venta dk Bienes de Menores — Orden Judicial — Justo Título — Ataque Cola-teral — Acción de Nulidad — Irregularidades.—Urna venta de bienes de me-nores hecha por un tutor en virtud de orden de una corte con jurisdicción sobre las personas y la materia, que no es nula y, por consiguiente, transmite un justo título, no puedo ser atacada colateralmente, y aun si se considera que la acción de nulidad en Puerto Eico es un ataque directo no puede ser anulada mediante tal acción simplemente porque el tutor haya dejado de prestar juramento, dar fianza e inscribir su nombramiento.
    Sentencia de Pablo Berga, J. (Humaeao), declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Revocada, desestimándose la demanda.

      F. González Fagnndo y R. Rivera Zagas, abogados de los apelantes; F. Gallardo, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda ante nuestra consideración se titulaba de reivindicación y otros extremos. Alegaba que una venta ce-lebrada por nn tutor, aunque becha por venta judicial, era nula toda vez que dicho tutor no había prestado juramento, dado fianza ni inscrito su nombramiento en el debido regis-tro. La corte dictó sentencia a favor de los demandantes.

Los demandados, no obstante el hecho de qne no cons-taba de los récords de la corte qne el tntor hnbiera cum-plido con ninguno de los tres requisitos mencionados, pre-tendieron probar oralmente que el referido tutor realmente había prestado una fianza y tomado el juramento exigido. Como la corte llegó a una conclusión enteramente contraria, no encontramos prueba suficiente en los autos para decir que la corte estuvo equivocada. De modo que tenemos el caso de una pretendida nulida.d de la venta, donde estamos obli-gados a asumir como hechos que el tutor no cumplió con ninguna de las formalidades especificadas.

La corte de distrito dijo muy acertadamente que no fué la intención de este tribunal en su decisión en el caso de Ayllón et al. v. González, 28 D.P.R. 67, resolver que un tutor no estaba obligado a prestar juramento, dar fianza, e ins-cribir debidamente su nombramiento de tutor. La corte inferior también tuvo razón al decir que en dicho caso se re-solvía principal y directamente, en vista de los hechos allí envueltos, que la prescripción adquisitiva había corrido a favor de los demandados y que ellos eran terceros. Sin embargo, éstas no fueron todas las cuestiones tratadas o en-vueltas en dicha apelación y decisión.

En la presente apelación no hay cuestión litigiosa de prescripción ni de terceros. Sin embargo, hay tal vez dos cuestiones principales a considerar. Primera, si una venta judicial puede ser atacada colateralmente, suponiendo que esta forma de procedimiento sea un ataque colateral; se-gunda, si después de una orden de la corte obtenida con tal fin, la venta hecha por el tutor era de tal modo nula e in-existente que no protege de modo alguno al comprador en una venta judicial.

Ambas cuestiones dependen, al parecer, principalmente de si adquirió o nó el comprador un título justo o aparente. Que existía tal título justo o aparente, está resuelto por nuestra discusión en el. caso de Ayllón v. González, supra. Allí dijimos:

. Asimismo existía una orden de la Corte de Distrito de San Juan autorizando al referido tutor para baeer la venta. Esta orden de la corte es la cosa más poderosa a favor del justo título. Es cuestión de justicia y de sentido común que cualquier persona que ve una orden de una corte de distrito que tiene jurisdicción so-bre los menores y el tutor, supondría que la corte dictó su orden después de convencerse de que se habían cumplido las formalidades exigidas por la ley. La importancia de la corte de distrito resulta más evidente cuando aparece de las decisiones que en las ventas de bienes de finados o de menores es la corte, haciendo las veces de. pa-rens patriae por qui m se ha.ee la venta; que dicha venta se veri-fica más bien por la autoridad pública que por el traspaso de un particular. Por consiguiente, cuando la corte tiene jurisdicción de las partes y de la materia objeto de la controversia, la venta, aunque anulable, no puede ser considerada como absolutamente nula y es suficiente para basar en ella un justo título. Si tuvieran razón los apelados en la alegación que hacen de que el nombramiento y actos del tutor eran anulables creemos que pudieran haber obtenido la nulidad de la venta de haber hecho una solicitud directa a la corte en cualquier momento dentro de los diez años después de la fecha de la referida venta. No habiéndolo hecho así, la prescripción corre a favor de B. Fernández y Hermanos.”

La Corte Suprema de los Estados Unidos (69 L. ed. 97) al revocar la sentencia de la Corte de Circuito de Apelaciones (288 Fed. 28) en el mismo caso se expresó así:

“Como indicó la Corte de Puerto Rico, un justo título no signi-fica un título perfecto, pues de otro modo la. prescripción no sería necesaria. Véase el caso de los Estados Unidos v. Chandler-Dunbar Water Power Co., 209 U.S. 447, 450. Si el título es válido por su faz y el que posee a virtud del mismo no tiene noticia de ningún defecto extrínseco, sostendrá un título válido después de diez años. La orden de venta no revelaba ningún defecto, y la Corte Suprema resolvió que como había sido librada por una corte con jurisdicción sobre los menores y el tutor, según hemos dicho, los compradores no estaban obligados a ir más lejos. Ellos no tenían ningún conoei- . miento real de las omisiones del tutor, y para los fines de una po-sesión de buena fe eso sería bastante para cumplir con la ley. Ellos tenían derecho a asumir que todas las condiciones necesarias habían sido cumplidas. No es preciso que consideremos la otra indicación de la Corte, que también ha de ser respetada, de que la omisión de inscribir y no prestar fianza no hace nula la venta.”

Habíamos dicbo en el caso de Ayllón que estábamos in-clinados a creer que la mejor razón estaba de parte de las autoridades que sostienen que los actos de un tutor que no está calificado (qualified) no son nulos, sino meramente anu-lables, aunque no trataríamos de analizar las autoridades. Pero el efecto necesario de nuestra decisión y su confirma-ción es que la venta así hecha es a lo sumo anulable y no nula.

Examinaremos, por tanto, algunas de las autoridades a fin de ver si una • venta judicial anulable puede ser atacada colateralmente. En el tomo 35 de Corpus Juris, pág. 111, aparece lo siguiente: •

"Sección 194. I. — Ataque Colateral. — 1. En General. Los pro-cedimientos para anular una venta judicial son colaterales, a menos-que se sigan en el pleito donde la orden de venta fue dictada o, como se ha resuelto, mediante una acción establecida para dejarla sin efecto. En un ataque colateral sólo pueden ser considerados los procedimientos de la Corte que han sido registrados; el registro es concluyente de la verdad de los asuntos en él contenidos; en cuanto a todas las cuestiones dentro de la jurisdicción de la corte, la verdad del rééord no puede ser disputada colateralmente; y se presumirá, en tanto sea compatible con el récord, que se tomaron todas las me-didas necesarias para la regularidad de los procedimientos. Se ha dicho en un caso de ataque colateral que sólo hay dos fundamentos por los cuales puede ser declarada nula una venta judicial: o por falta de jurisdicción de la corte que la ordena, o por fraude come-tido al celebrarla.”

Encontramos que dicho precepto está sostenido, entre otros casos, por los de McGuire v. Blount, 199 U.S. 146 (50 L. ed. 125); Maldonado v. Preston, 22 D.P.R. 659; Thompson v. Tolmie, 2 Pet. 156 (7 L. ed. 381), y casos y citas de los casos principales en notas de Rose, tomo 2, pág. 692, Alabama Great Southern R. R. Co. v. Hill, 139 Ga. 222, Ann. Cases 1914-T 996, 43 L.R.A. (N.S.) 236; Sprague et al. v. Letherherry, 4 McClean 442, Fed. Cases 13251; Seelye v. Smith (85 Ala. 25), 4 So. 664.

Bn el caso de Beresford v. American Coal Co., (124 Iowa 34) 98 N.W. 902, la corte se expresó así

‘ ‘ Cualquier persona interesada puede comparecer en el procedi-miento ele testamentaría (probate), e impugnar el nombramiento, o puede de igual modo hacer que se revoque un nombramiento inde-bidamente hecho; pero el permitir a toda persona que pueda ser demandada por un administrador que se extralimite en su autoridad y oponga a la fianza prestada, o alegue cualquier otro defecto que-no afecte a la jurisdicción de la Corte que hace el nombramiento, sería envolver los litigios en una confusión irremediable de cuestio-nes litigiosas colaterales (se citan casos). Un a objeción a la sufi-ciencia de la fianza del administrador no levanta una cuestión ju-risdiccional. La autoridad de la corte para nombrar no descansa en la fianza. Esa es una cuestión que sólo afecta al modo de entrar en posesión de un cargo por virtud de un nombramiento ya hecho, y no a la validez del nombramiento. 'Se ha resuelto que hasta la falta total de una fianza y juramento del cargo es insuficiente para sostener tal ataque (se citan casos).”

En el caso de Ayllón, supra, comparamos el procedi-miento de una venta por un tutor a una venta hecha por un albacea o administrador, y en él tomo 24 de Corpus Juris, página 316, se dice que tal venta no está sujeta a ataque colateral.

En igual sentido se pronuncia C. J. tomo 24, páginas, 665 y siguientes y 11 R.C.L. 57 y siguientes, donde se esta-blece que el dejar de prestar fianza sólo hace anulable el pro-cedimiento. Véase también a 28 C.J. .1196, nota 4, T'it. “Guardian and Ward,” 28 C.J. 1200 y siguientes; Thaw v. Ritchie, 136 U.S. 519 (34 L. ed. 531); Simmons v. Saul, 138 TJ.S. 455 (34 L. ed. 1054).

Creemos que estas consideraciones constan también en el, razonamiento de la Corte Suprema en el caso de Ayllón.

Solá v. Castro, 32 D.P.R. 804, fué un caso donde el de-fecto era jurisdiccional pero revisamos las autoridades para demostrar que a las meras irregularidades sólo podía lle-garse mediante ataque direoto en el mismo procedimiento.

Suponiendo, sin embargo, que una acción de nulidad en Puerto Rico podría considerarse como un ataque colateral, somos, no obstante, de opinión de que la sentencia debe re-vocarse. Es cierto que en el caso de Ayllón v. González, supra, indicamos que la venta allí hedía pudo haberse de-jado sin efecto de haberse establecido un procedimiento directo en ese sentido. Este pronunciamiento no era parte necesaria de nuestra sentencia y opinión y tal criterio es .aplicable a las ventas hechas muy irregularmente y al pare-cer no lo es en absoluto a los casos en los cuales se trata de atacar un nombramiento anulable de un tutor.

■ Somos ahora de opinión de que cuando la corte tuviere jurisdicción sobre las personas y la materia objeto de la ac-ción, una venta de bienes de un menor no puede ser anulada .simplemente porque el tutor no esté calificado ni inscrita su tutela. La misma norma de razonamiento que sirvió de base para sostener un justo título es aplicable a la presente si-tuación. Una persona que compra no debe mirar más allá de la orden dictada por la corte con jurisdicción sobre las partes y la materia objeto.de la acción. Davis v. Gaines, 104 U.S. 391 (26 L; ed. 757), citado en el de Ayllón v. Gon-zález, supra, fue un caso que procedía de Louisiana. Un primer testamento había sido sometido a la corte de testa-mentaría y Myra Clark alegaba su derecho de acuerdo con otro testamento. Los demandados adquirieron de confor-midad con una venta ordenada por la corte de testamenta-ría por virtud del primer testamento. La corte resolvió que una venta hecha por orden de una corte de testamen-taría era una venta judicial: que tales ventas estaban pro-tegidas por la regia de que un título adquirido en una . venta judicial de terrenos ordenada por una corte en el •ejercicio de su debida jurisdicción no quedaba anulada por la revocación del decreto. . En el caso citado de Gray v. Brignardello, 1 Wall 627, 634 (17 L. ed. 692), la corte dijo in pari materia que era suficiente con que el comprador supiera que la corte tenía jurisdicción y la ejercitaba y que la orden .por virtud de la cual él compró fue dictada y autorizada la venta. En el caso de McCullough v. Minor, 2 La. Ann. 466, también citado en Davis v. Gaines, la corte resolvió que un comprador de- buena fe en una venta judicial estaba protegido por el decreto y no tenía que ir más allá del mismo, citándose otros casos. Otros casos al mismo efecto general son los de Thompson v. Tolmie, supra; Succession of Hebrard, 18 La. Ann. 494; Succ. of Lehmann 41 La. Ann. 987 (7 So. 33); Webb v. Keller, (1 So. 423) 39 La. Ann. 55, 24 C.J. 668, 28 C.J. 1201. En el caso de Webb v. Keller, supra, se resolvió, citándose otros casos, que el com-prador en una venta hecha por virtud de una orden de una corte de testamentaría que es una judicial, no está obligado a ir más allá del decreto que reconoce su necesidad. “El debe fijarse en la jurisdicción de la corte, pero la certeza de los autos, referentes a cuestiones que están dentro de su ju-risdicción, no puede ser disputada.” Desde luego la opinión asumía que la corte que ordena la venta tenía jurisdicción. Algunos de los casos citados para demostrar que una venta no puede ser atacada colateralmente son también aplicables.'

Debe revocarse la sentencia y desestimarse la demanda.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Trueba et al., demandantes y apelantes, v. Rosales & Cía. et al., demandados y apelados.
    No. 3149.

    Visto: Abril 3, 1924.

      Resuelto: Febrero 27, 1925.
    Préstamo Hipotecario — Oobro de Capital e Intereses Prestados oon Hipoteca —Demanda Ordinaria — Acción Personal — Jurisdicción.—En este caso la-demanda establecida por el procedimiento ordinario contra los actuales dueños de la finca que e'l anterior dueño dió en hipoteca, trata de recobrar el importe de una suma prestada y si bien se alega que la deuda está garantizada eon hipoteca, solamente se pide que los demandados sean condenados a pagar el préstamo y sus intereses. Se resolvió: que la acción ejercitada es personal, y no habiendo los demandados pedido el traslado del pleito, a la jurisdicción de la corte de distrito ante -la cual exeepeionaran, quedaron sometidos.
    Id. — Prescripción.—Alegándose en la demanda que la obligación sería, exigible a los cinco meses de requerido de pago e'l deudor, requerimiento que no se alega haber sido hecho, y diciéndose que no se han pagado los intereses de los dos últimos años anteriores a ella, que fué otro de los modos como la obligación podía ser exigida, eomo desde entonces no han transcurrido los quince años fijados por el artículo 1865 del Código Civil para la prescripción de las acciones personales que no tengan término especial de prescripción, no resulta prescrita en este caso la acción de cobro que se ejercita en la demanda.
    Id. — Oompeabor de Hinca Hipotecada; Responsabilidad del Mismo — Cobro de Capital e Intereses Prestados — Alegación Necesaria — Causa de Acción.— Cuando el comprador o tercero poseedor de una finca hipotecada no toma de su cuenta y cargo el pago del gravamen hipotecario, del que sólo es responsable mediante la simple adquisición de la finca hipotecada, su responsabilidad se extiende hasta donde alcance el producto de la venta en pública subasta para cumplir la sentencia, sin que pueda hacerse efectiva en sus bienes propios cualquier diferencia que no cubriese el montante de la hipoteca; por lo que, cuando la demanda no alega que 'los demandados compradores de la finca hipotecada tomaron de su cuenta y cargo el pago de la hipoteca o que reser-varon su importe del precio para satisfacerla, o que su responsabilidad que-daba limitada al producto de la venta, no expone hechos suficientes para la acción que en cobro de la cantidad garantizada con hipoteca se ejercita contra ellos, y menos cuando ni siquiera se pide la venta del inmueble para el pago del crédito, elemento que se hace necesario aún cuando se haga la elección del procedimiento ordinario para el cobro.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Jnan), desestimando la demanda, con costas.

      Confirmada.

      M. Tons Soto, abogado de los apelantes; C. Coll Cuchí, Q. Cruzado Silva, F. Soto Gras y B. Díaz Collazo, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

A los treinta y siete años de haber-sido prestada cierta cantidad de dinero con interés del 1 por ciento mensual al dueño de determinada finca, los herederos de una persona a quien fué cedido ese crédito presentaron en el año 1923 por el procedimiento ordinario la demanda que motiva esta apelación alegándose que el anterior dueño de esa finca, que está radicada en la Carolina, constituyó hipoteca sobre ella para garantizar el pago de dicha cantidad; que la hipoteca fué inscrita .y no ha sido cancelada; que los demandados son los actuales dueños de las tres parcelas en que ha sido dividida la finca hipotecada; que los demandados ni nin-guna otra persona han pagado parte de dicho crédito ni los intereses devengados en los últimos dos años y que en el título de constitución de la hipoteca fué convenido que la misma podría ejecutarse y sería exigible el crédito a los cinco meses de requerido el pago del capital o de haberse dejado de satisfacer los intereses. Con' esas alegaciones se pidió a la corte condenase a los demandados a pagar manco-munada y solidariamente a los demandantes la cantidad que fué prestada al anterior dueño de la finca y sus intereses de los dos últimos años, así como los que posteriormente se de-venguen hasta su pago.

Uno de los demandados alegó generalmente que la de-manda no aduce hechos determinantes de causa de acción, y por otro de ellos compareció su vendedor, como eviceio-nista, quien adujo la misma excepción exponiendo como mo-tivos para ella-los siguientes: que la corte no tiene juris-dicción por la materia de la acción porque tratándose de una acción real sobre ejecución de hipoteca es el segundo distrito de San Juan el que tiene jurisdicción para conocer de ella porque la finca hipotecada radica dentro de su jurisdicción: que no alegándose que los demandados se obligaron expre-samente a responder personalmente de la obligación garan-tizada con la hipoteca no puede exigírseles obligación personal por tal concepto ni menos solidaridad para el pago: y que la acción ejercitada está prescrita de acuerdo con el ar-tículo 1865 del Código Civil y 134 de la Ley Hipotecaria y, en todo caso, lo referente a la acción personal según el mismo artículo 1865. La corte inferior declaró que tenía jurisdic-ción sobre el asunto por sumisión de los demandados y que no aparece prescrita la acción pero sostuvo esas excepciones por el fundamento de que no puede recobrarse de los de-mandados en una acción personal el importe de la hipoteca alegándose como único fundamento el hecho de que los de-mandados sean los actuales dueños de la finca, y dictó sen-tencia declarando la demanda sin lugar. Después los deman-dantes presentaron a la corte demanda enmendada que con-tiene sustancialmente los mismos hechos que la anterior pero se pide en ella se declare que los demandados están obliga-dos al pago del crédito hipotecario con los intereses de los dos últimos años hasta donde alcance el valor de dichas fin-cas y que se ordene la venta de las tres parcelas para que qon su producto se haga pago de los intereses devengados por dicho crédito hipotecario en los dos últimos años ante-riores a la radicación de la demanda original y del capital del mismo, si fuere posible. Con ella acompañaron escrito pidiendo a la corte que les exonerase de la sentencia dictada y que les permitiese esa contestación pero la corte negó lo pedido. Contra esta resolución y contra la sentencia se in-terpusieron estas apelaciones.

Aunque generalmente la súplica de una demanda no es de gran importancia, sin embargo, puede algunas veces ser-vir para conocer el propósito y fin que persigue el deman-dante, según dijimos en el caso de Neumann v. Trujillo, 24 D.P.R. 307; y consideradas en el caso presente las alega-ciones de la demanda y lo que en ella se pide podemos lle-gar a la conclusión de que la acción que se ejercita es personal, pues aunque se alega que el préstamo está garanti-zado con hipoteca sólo se solicita que los demandados sean condenados a pagar la cantidad prestada y sus intereses. Siendo, pues, personal la acción ejercitada en la demanda que originó la sentencia apelada, la corte inferior. tenía ju-risdicción para conocer de ella de acuerdo con el artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil por no haber solicitado los demandados el traslado del pleito.

La excepción fundada en la prescripción de la acción tampoco fué procedente porque según el artículo 1870 del Código Civil, el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejerci-tarse; y alegándose en la demanda que la obligación sería exigible a los cinco meses de requerido de pago el deudor, requerimiento que no se alega. haber sido hecho, y dicién-dose que no se han pagado los intereses de los dos últimos años anteriores a ella, que' fué otro de los modos como la obligación podía ser exigida, como desde entonces no han transcurrido los 15 años fijados por el artículo 1865 del Có-digo Civil para la prescripción de las acciones personales que no tengan término especial de prescripción, no resulta prescrita en este caso la acción de cobro que se ejercita en la demanda.

Réstanos considerar si las alegaciones de la demanda son suficientes para que los demandados puedan ser condenados a pagar mancomunada y solidariamente el préstamo que fue hecho al dueño anterior de la finca dada en hipoteca, finca que dividida en tres parcelas pertenece ahora a los deman-dados.

Al resolver nosotros el caso de Hilario Santos, Sucr., S. en C., v. Morán, 32 D.P.R. 59, en el que se ejercitaba la ac-ción de cobro de un capital garantizado con hipoteca y cuya acción fué dirigida contra la persona que había comprado la finca hipotecada, dijimos tener algunas dudas en favor del demandado respecto a su alegación de que el tenedor de un crédito hipotecario no tiene acción personal contra el com-prador de la propiedad hipotecada: que tal vez pueda ha-ber casos en los cuales el comprador que adquiriese una pro-piedad no podía ser substituido por el deudor, pero que en el caso que se decidía la demanda alegaba el hecho de que el comprador tomó de su cuenta y cargo la hipoteca como parte del precio de la venta y que en tal caso la responsabilidad del comprador es personal. Al hablar, sin embargo, en aquel caso de acción personal, naturalmente que nos refe-ríamos a la extensión de la responsabilidad del comprador de la propiedad hipotecada, y ahora podemos añadir que cuando el comprador o tercero poseedor de una finca hipo-tecada no toma de su cuenta y cargo el pago del gravamen hipotecario, del que sólo es responsable mediante la. simple adquisición de la finca hipotecada, su responsabilidad se ex-tiende hasta donde alcance el producto de la venta en pú-blica subasta para cumplir la sentencia, sin que pueda ha-cerse efectiva en sus bienes propios cualquier diferencia que no cubriese el montante de la hipoteca. Esto es así porque una condena en una acción en cobro de dinero de pagar de-terminada cantidad puede ejecutarse en todos los bienes del condenado al pago hasta cubrir su importe, por lo que en ca-sos como el presente si la finca hipotecada no cubriere en venta el importe de la sentencia, podrían ser vendidos otros bienes de los condenados al pago para satisfacerla, todo ello sin haber contraído la obligación original o hacerse cargo de la misma para con el acreedor, teniendo que pagar el déficit que resultara en la venta de la finca. Por consi-guiente, no alegando la demanda que los demandados com-pradores de la finca hipotecada tomaron de su cuenta y cargo el pago de la hipoteca o que reservaron su importe del precio para satisfacerla, o que su responsabilidad que-daba limitada al producto de la venta, no expone hechos su-ficientes para la acción que en cobro de la cantidad garanti-zada con hipoteca se ejercita contra ellos, pues por otro lado ni siquiera se pide la venta del inmueble para el pago del crédito, elemento que se hace necesario aún cuando se haga 1a. elección del procedimiento ordinario para el cobro.

Respecto a la otra apelación no podemos 'declarar que la corte inferior cometiera error al no admitir una demanda enmendada que cambiaba la acción ejercitada en la original.

La sentencia y resolución apeladas deben ser confirma-das.


author: JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

text:
    Luce & Co., S. en C., Recurrente, v. Registrador de Guayama, Recurrido.
    No. 594.

    Resuelto: Febrero 20, 1925.
   OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

(La opinión del tribunal en la pág. 491.)

En reconsideración. Conviene hacer pn resumen de los hechos. Charles L. Carpenter era un socio gestor de la so-ciedad agrícola Luce & Co. También era apoderado de los vendedores. Luce & Co. aparecía adquiriendo por un inter-mediario la propiedad cuya inscripción ha sido denegada.

El registrador y la opinión original de este tribunal des-cansan en el caso de Giménez v. El Registrador de San Juan, anotado en 21 D.P.R. 329. En ese caso Camblor que era nn esposo y socio gestor de nna mercantil vendió una pro-piedad a la esposa de dicbo Camblor. El fundamento de la •decisión de ese caso era que el referido esposo no babía de ser distinguido de la sociedad conyugal de la cual él y su esposa eran partes componentes; que al ser adquirida la propiedad por la esposa era una adquisición por el marido. Es evidente que la venta no podía ser distinguida de una en la que Camblor, socio gestor vendía a Camblor hombre ca-sado. El efecto legal es exactamente igual. La propiedad en uno u otro caso se presume que es ganancial.

En el presente caso Carpenter no es la sociedad de la cual es él un socio gestor. La sociedad de Luce & Co. es una entidad distinta de dicho Carpenter. Este último no está adquiriendo para sí mismo sino para la sociedad. Los preceptos literales del artículo 1362 del Código Civil no son aplicables a tal compra. El socio gestor es un mandatario de la sociedad en un sentido en el cual el marido no es man-datario de la sociedad conyugal. Durante la vida de los es-posos el marido constituye para todos los fines y propósitos la entidad en conjunto. Si un marido ha de considerarse meramente como un mandatario entonces las disposiciones del artículo 1362 serían letra muerta en todo caso en que se verificara una adquisición para el marido, porque la natura-leza ganancial de los bienes surgiría inmediatamente'.

Manresa en el tomo 10 página 100 al comentar el ar-tículo 1362 (1459) expresa que los mandatarios como los socios gestores no pueden adquirir los bienes de sus man-dantes pero aclara el punto de que un mandatario es una cosa y un mandante es otra. El artículo 1362 no prohíbe al mandante adquirir bienes de su mandatario, sino vice versa.

El caso de Sobrino Fernández & Cía. v. El Registrador de San Juan, 27 D.P.R. 459, fué uno en el cual el socio gestor era miembro tanto de la mercantil vendedora como de la sociedad compradora, y. resolvimos que la sociedad ad-quirente era mía entidad distinta de su gestor, citándose el caso de Rosenstadt & Waller, Inc., 23 D.P.R. 289. La distinción entre la personalidad del socio gestor y la sociedad quedó establecida clara y distintamente. Por tanto aquí también puede decirse que Carpenter no es Luce & Co. precisamente como Benigno Fernández no era Sobrino y Fernández & Co. En el caso de Rosenstadt do Waller, supra, era el presidente de la corporación quien era el gestor. El caso de Turner v. El Registrador de San Juan, 22 D.P.R. 573, también sostiene la idea de entidades distintas en cuanto al presidente dé una corporación y la corporación misma.

El recurrente llama también la atención bacia el Lecho de que al artículo 1362 ha de dársele una interpretación li-mitada más que liberal.

Debe revocarse la nota recurrida.


text:
    Suárez y Suárez, Demandante y Arelada, v. Suárez y Suárez y José Rodríguez Alvarez, Demandados y Apelante el Segundo.
    Corte de Distrito de San Jnan, Segundo Distrito.
    No. 3188.

    Visto: Marzo 7, 1921.

      Resuelto: Abril 2, 1924.
   Se apela en este caso de nna resolución de la corte inferior negándose a desestimar una demanda por abandono. Es cierto qne los autos demuestran que desde julio de 1921 en cuya fecha se había contestado la demanda, a octubre 11 de 1923 en que se pide el desistimiento, había quedado paralizada toda actuación en el pleito, pero la demandante sostiene que ella, al iniciarse el pleito residía en la Habana; que toda tramitación había quedado en suspenso en virtud de proposiciones de transacción hechas por los demandados; que a este fin se trasladó a Puerto Rico, y que dos o tres días antes de presentarse la moción de los demandados, és-tos habían insistido en sus deseos de transar el asunto, y por último, que ignoraba que su abogado Luis Méndez Yaz le hubiera retirado su representación, de lo cual tuvo cono-cimiento la demandante al ser notificada de las mociones de los demandados solicitando el desistimiento.

Tales hechos justifican la actuación de la corte inferior; además, la resolución apelada no era apelable.

Desestimada la apelación.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto, emitió la opinión del tribunal.


text:
    Pérez Nuñez et al., Demandantes y Apelantes, v. Alvarez et al., Demandados y Apelados.
    Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 3084.

    Visto: Diciembre 11, 1923.

      Resuelto: Abril 3, 1924.
   Los apelantes, en sn carácter de herederos de su difunto hijo Manuel Pérez Castro, establecieron demanda para que se declararan nulos o rescindidos ciertos documentos nota-riales e inscripciones en el registro de la propiedad en tanto afectan a los intereses de los demandantes en ciertos bienes inmuebles adquiridos durante el matrimonio por la esposa de dicho hijo y vendidos después de su muerte por la viuda como bienes privativos de ella. /

La reclamación de los' demandantes surge de una escri-tura otorgada por Rigoberto Alvarez en la cual éste tras-pasó a su hermana la esposa de Manuel Pérez Castro un condominio de una mitad en una casa y solar por la suma de $100 que se confesó recibida con anterioridad al otorga-miento. Al mismo tiempo Josefa traspasó a Rigoberto un condominio igual de una mitad en otra casa y solar por una consideración semejante de $100; que se dice fueron recibi-dos antes del otorgamiento.

La prueba tiende a demostrar que el notario adoptó el método de traspasos recíprocos antes indicados como el me-dio más simple de llegar a tal resultado no siendo en cada caso la verdadera consideración los $100 expresados, sino el traspaso recíproco de un derecho similar en otra- propie-dad de aproximado valor.

La corte inferior desestimó la demanda al parecer por haberse probado que los $100 pagados al hermano eran los mismos $100 recibidos de él por la hermana como producto del traspaso simultáneo de lo que en verdad era propiedad privativa de ella.

No encontrando error que requiera la revocación, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia apelada.

El Juez Asociado Se. Hutchison, emitió la opinión del tribunal.


text:
    Valedón et al., Demandantes y Apelantes, v. José Masoller y Cía. et al., Demandados y Apelados.
    Corte de Distrito de Ponce.
    No. 3056.

    Visto: Diciembre 20, 1923.

      Resuelto: Mayo 8, 1924.
   Se alegó en este caso .que los demandantes eran la viuda e Rijos de Ramón Vázquez, de quien dependían para sub-sistir y quien para cobrar cuentas de la demandada, salió de Ponce en un automóvil guiado por José Masoller, socio de la demandada y demandado también personalmente, y, debido a defectos en el guía y máquina del diclio automóvil, que eran conocidos de los demandados, y a la inexperien-cia y falta de cuidado de Masoller, en la carretera, entre Peñuelas y G-uayanilla, el automóvil se volcó sufriendo Váz-quez lesiones que le ocasionaron la muerte una bora des-pués.

José Masoller a nombre propio y como liquidador de la demandada contestó alegando entre otras cosas que Váz-quez fué conducido en el auto, gratis, y a su propio ruego. La contestación describe así el accidente: “de repente, dejó de funcionar el guía y empezó el carro a hacer zig zags y se fué hacia la cuneta y por un barranco a pesar de los glandes esfuerzos que hizo el demandado José Masoller para evitarlo; volcándose el carro y saliendo lesionados Ramón Vázquez Fuentes, Américo Santos y el propio Masoller; falleciendo ese mismo día Ramón Vázquez Fuentes.”

La larga prueba documental y testifical presentada por ambas partes fué contradictoria y el Tribunal Supremo, des-pués de analizar y sostener lá apreciación de la corte inferior, dijo: Partiendo de esa base, la sentencia se sostiene. Masoller hizo cuanto humanamente pudo para tener su ca-rro en buenas condiciones y no consta que dejara de tomar las debidas precauciones en el manejo del mismo. El acci-dente fné súbito y no pudo evitarse. La muerte del cau-sante de los demandantes, se debió a un suceso desgraciado, y no a la negligencia de los demandados. Nada pueden, en tal virtud, sus herederos reclamar.”

Se confirma la sentencia apelada.

El Juez PeesideNte Se. del Toeo, emitió la opinión del tribunal.


text:
    Santiago, Demandante y Apelante, v. Fernández, Demandado y Apelado.
    Corte de Distrito de Guayama.
    No. 3117.

    Visto: Febrero 5, 1924.

      Resuelto: Junio 3, 1924.
   El arrendador reclamó en este caso del arrendatario de-mandado por vía de daños y perjuicios, el importe de edifi-caciones pertenecientes a la finca arrendada, las cuales tomó para su uso el demandado. Siendo la cuestión decisiva en-vuelta la apreciación de la prueba, se confirmó la sentencia.

El Juez Peesidente Se. del Tobo, emitió la opinión del tribunal.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vargas Pigén, Acusado y Apelante.
    Corte de Distrito de Humacao.
    No. 2261.

    Visto: Mayo 23, 1924.

      Resuelto: Junio 11, 1924.
   En este caso el acusado en persona firmó un escrito en el cual, sin especificar errores, intentaba analizar la prueba, pero no se elevó exposición del caso ni transcripción de evi-dencia. Siendo la acusación, suficiente y las instrucciones correctas, se confirmó la sentencia.

El Juez Asociado Se. Peanco Soto, emitió la opinión del tribunal.


text:
    Cintrón, Demandante Apelado, v. Casablanca, Demandada Apelante.
    Corte de Distrito de Humacao.
    No. 3014.

    Visto: Diciembre 21, 1923.

      Resuelto: Julio 11, 1924.
   En este caso en el cnal se reclamaban daños y perjuicios por incumplimiento de nn contrato de arrendamiento, la corte inferior declaró probado qne el contrato a que se re-fiere la demanda quedó establecido habiendo la demandada recibido $200 del demandante por concepto de primera anua-lidad, cuyo contrato se negó luego a cumplir la demandada, según así aparece también de su carta de febrero 10, 1921, dirigida al demandante.

“Se ha probado — dice la corte inferior — que la finca arrendada iba a ser destinada, diez cuerdas a la siembra de frutos menores tales como yautías, plátanos y batatas y el resto de treinta cuerdas para pasto de ganado en las cuales podían tenerse unas veinte y cinco cabezas y para lo cual el demandante estaba en negociaciones .con Adrián Cintrón y Valentín Berrios, estimando la corte que por el concepto alegado en el hecho quinto de la demanda el demandante hubiera podido obtener beneficios durante el término del arrendamiento una cantidad que razonablemente puede fi-jarse en $400.”

El Tribunal Supremo sostuvo la apreciación de la prueba que sirvió de base a la corte sentenciadora para condenar a la demandada a pagar al demandante la cantidad de $600, intereses sobre una parte de dicha suma y costas.

El Juez Asociado Sr. Hutchison, emitió la opinión del tribunal.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


text:
    Cayere et al., Demandantes y Apelantes, v. Burgos, Demandado y Apelado, y Generosa Fuentes, como Madre con Patria Potestad sobre su Menor Hija Emilia Aramburu Fuentes, Interventora y Apelada.
    Corte de Distrito de San Juan, Distrito 2°.
    No. 3315.

    Visto: Noviembre 6, 1924.

      Resuelto: Noviembre 10, 1924.
   Se apeló en este caso una sentencia que por existir con-flicto de título declaró sin lugar una demanda de desahucio en precario y condenó en costas a los demandantes. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia por entender que la prueba testifical era contradictoria y también lo era la do-cumental en relación con la testifical y porque no se demos-tró que la corte abusara de su poder discrecional'al impo-ner las costas a los demandantes. Necesariamente tuvie-ron los demandantes que saber que su derecho era discu-tido fundamentalmente y por tanto debieron acudir al jui-cio ordinario y si no lo hicieron deben sufrir las consecuen-cias de su propia determinación.

El Juez Presidente Sr. del Toro, emitió la opinión del tribunal.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, Demandante y Apelado, v. López, Acusado y Apelante.
    Corte de Distrito dé Humacao.
    No. 2265.

    Visto: Noviembre 11, 1924.

      Resuelto: Diciembre 18, 1924.
   Clemente López fué acusado como autor de un delito de falsa representación e impostura, juzgado y declarado culpable por un jurado y finalmente condenado a sufrir dos años de presidio con trabajos forzados. Una petición de nuevo juicio que presentara después del veredicto y antes de la sentencia, fué declarada sin lugar.

No conforme, interpuso este recurso archivando un ale-gato firmado por él mismo en el que señala como errores el no haberse suspendido el juicio por ausencia de su abogado defensor, el no habérsele dado oportunidad de presentar sus-testigos, el existir disparidad entre la acusación y la evi-dencia y el haberse permitido enmendar indebidamente su acusación al Fiscal. -Puede decirse que señala como errores los motivos en que basó su solicitud de nuevo juicio.

La transcripción elevada con motivo de la apelación no contiene ningún pliego de excepciones ni relación de prue-bas.- Los hechos a que se refieren los errores sólo constan del escrito solicitando el nuevo juicio y de la resolución de la corte negando la solicitud.

No había base, pues, para resolver las cuestiones plan-teadas.

Confirmada la sentencia apelada.

El Juez Presidente Se. del Tobo, emitió la opinión del. tribunal.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, Demandante y Apelado, v. Márquez et al., Acusados y Apelantes.
    Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 2320.

    Visto: Diciembre 9, 1924.

      Resuelto: Diciembre 18, 1924.
   En este caso la prueba del Gobierno tendió a acreditar que el perjudicado era dueño de una finca y que los acusa-dos en varios y diferentes días penetraron en dicha finca y violentamente destruyeron árboles por un valor de $300 a $400. Esta prueba estableció un caso prima facie de acuerdo con el artículo 517 del Código Penal.

La prueba de los demandados trataba de levantar un conflicto de título sobre la finca, pero no f-ué creída por la corte inferior y los apelantes no demostraron que la apre-ciación era errónea.

Confirmada la sentencia apelada.

El Juez Asociado Se. Wole, emitió la opinión del tribunal.


text:
    Nos. 3017, 3018 y 3019.
    Méndez Hermanos, Apltes., v. Municipio de Yabucoa, Apdo.; Yabucoa Sugar Co., Aplte., v. Mun. de Yabucoa, Apdo.; Villafañe Aplte., v. Mun. de Yabucoa, Apdo.
    Abril 2, 1924.

      Certiorari.

   Examinados los autos y los alegatos en estos casos y teniendo en cuenta lo tardía de la reclamación, se confirmó la sentencia de acnerdo con la jurisprudencia establecida en Berríos v. Asamblea Municipal, 30 D.P.R. 414, Alonso, Riera & Co. v. Benedicto, 30 D.P.R. 107, Freiría & Cía. v. Tesorero, 32 D.P.R. 663.


text:
    No. 3302.
    Armstrong, Apdo., v. Fauri, Apltes.
    C. D. Ponce.
    Abril 2, 1924.
   Desestimado el recurso a instancia del apelado, por no haberse presentado exposición del caso.


text:
    No. 3226.
    Quiñones, Apdas., v. Tembleg, Alpte.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Abril 4, 1924.
    Cobro de dinero.
   No apareciendo que el Juez de Distrito abusara de su poder dis-crecional al negarse a anular el juicio que fue celebrado de acuerdo con la ley, ni constando claramente que exista una defensa meritoria, visto el caso de Clau,dio v. Ortiz, 29 D.P.R. 435, se confirma la resolución recurrida.


text:
    No. 3043.
    Zeppenfeldt, Apdo., v. Martínez, Aplte.
    C. D. San Juan, Distrito 2º.
    Abril 7, 1924.

      Injunction.

   Apareciendo que los errores señalados carecen de importancia y que la verdadera cuestión fundamental es la del hecho de la posesión que se reclama y, además, que dicha cuestión fué re-suelta por la corte de distrito de acuerdo con las alegaciones y las pruebas, sin que se haya demostrado que al apreciar las mismas-hubiere actuado con pasión, prejuicio o parcialidad, se declara sin lugar el recurso y se confirma la sentencia.


text:
    No. 3305.
    Ballester, Apdo., v. Martínez et al., Apltes.
    C. D. Aguadilla.
    Abril 10, 1924.
   Apareciendo que la corte de distrito dictó resolución aprobando el memorándum de costas en febrero 12, 1924, notificada a los demandados el propio día, y que ellos apelaron el 23 de febrero, 1924, ar-chivándose el escrito de apelación sin habérsele adherido el sello de rentas internas que exige la Ley No. 17, de 1915, sección 2, letra, D, y apareciendo además que el apelante no archivó en tiempo la transcripción de los autos, visto el caso de Nazario v. Santos, Juez Municipal, 27 D.P.R. 89 se desestimó el recurso a instancia del apelado.


text:
    No. 2224.
    El Pueblo, Apdo., v. Moreno, Aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Escalamiento.
    Abril 4, 1924.
   Revocada la sentencia por los fundamentos del caso de El Pueblo v. Moreno, 32 D.P.R. 824;


text:
    No. 3035.
    García, Apdo., v. Grau, Aplte.
    C. D. San Juan, Distrito 2º.
    Abril 15, 1924.
   Fijación de línea divisoria. Confirmada la sentencia apelada por los fundamentos consignados en la opinión de la corte de distrito.


text:
    No. 3144.
    Romero et al., Apltes., v. Calderón et al., Apdos.
    C. D. San Juan, Distrito 2º.
    Abril 15, 1924.
   Confirmada la resolución por no contener el alegato de los ape-lantes una exposición separada de los errores en que fundan su recurso, como lo exige la regla 42 de esta corte, y, ade-más, por no aparecer de los autos error fundamental alguno.


text:
    No. 2985.
    Delgado, Aplte. v. Porto Rico Ry., Light & Power Co., Apdo.
    C. D. San Juan, Distrito 2º.
    Abril 23, 1924.
   Daños y perjuicios. Confirmada la sentencia apelada por no poderse investigar las cuestiones suscitadas en los alegatos, que requieren el examen de la prueba ya que ésta Jio se elevó al Supremo y porque no se ha levantado aisla-damente cuestión alguna de derecho sobre las alegaciones y la sentencia que pueda servir de base para la revocación.


text:
    No. 3010.
    Saras, Aplte., v. Sucesión Saras, Apdo.
    C. D. Humacao.
    Abril 23, 1924.
   Filiación. Confirmada la sen-tencia por haber vencido el plazo concedido al apelante para adicionar su alegato sin que lo hiciera y además porque la prueba aportada por la demandante no es tan robusta y con-vincente como lo exigen la ley y la jurisprudencia.


text:
    No. 2251.
    El Pueblo, Apdo., v. Cruz, Aplte.
    C. D. Ponce.
    Abril 24, 1924.
   No habiéndose aportado evidencia alguna por parte del Pueblo tendente a demostrar la imputa-ción contenida en la denuncia de que la acusada “sin ser médico examinada” ejerció como tal, vista la ley y la juris-prudencia establecida por esta corte en El Pueblo v. Fajardo, 18 D.P.R. 465, se revocó la sentencia y se absolvió a la acusada.


text:
    No. 2826.
    Rivera, Aplte., v. Palatine Insurance Co., Ltd., Apda.
    C. D. Mayagüez.
    Abril 25, 1924.
   Cobro de dinero. Denegada la reconsideración solicitada por aparecer de la moción del apelante que la Ley No. 66, “Proveyendo lo necesario para la incorporación de compañías de seguros del país y para regular el negocio de seguros en Puerto Rico”, fué aprobada en julio 16, 1921, o sea en fecha posterior a diciembre 14, 1920, en que la apelante celebró el con-trato de seguro contra incendio con la demandada y al día 24 de mayo, 1921, en que ocurrió el siniestro.


text:
    No. 2827.
    J. Casablanca, S. en C., Aplte. v. Palatine Insurance Co., Ltd., Apda.
    C. D. Mayagüez.
    Abril 25, 1924.
   Cobro de dinero. Denegada la reconsideración soli-citada por aparecer de la moción de la apelante que la Ley No. 66, “Proveyendo lo necesario para la incorporación de compañías de seguros del país y para regular el negocio de seguros en Puerto Rico”, fue aprobada en julio 16, 1921, o sea en fecha posterior a diciembre 10, 1920, en que la ape-lante celebró el contrato de seguro y a junio 16, 1921, en que ocurrió el incendio.


text:
    No. 2246.
    El Pueblo, Apdo., v. Morales, Aplte.
    C. D. Ponce.
    Abril 29, 1924.
   Siendo la prueba contradictoria y habiendo decidido el conflicto la corte sentenciadora. sin que se haya demostrado que al actuar así lo hiciera movida por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiera error maní-fiesto, se confirma la sentencia.


text:
    No. 2192.
    El Pueblo, Apdo., v. Gómez, Aplte.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Adulteración de leche.
    Mayo 5, 1924.
   Confirmada la sentencia apelada porque habiendo el acusado levantado cuestiones de hecho en su alegato no hizo constar en forma auténtica tales cuestiones.


text:
    No. 2212.
    El Pueblo, Apdo., v. Rosario et al., Aplte. el Primero.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Juegos prohibidos.
    Mayo 6, 1924.
   Confirmada la sentencia porque la pena im-puesta no es excesiva como alega el apelante estando como está dentro del límite señalado por la ley y porque no exis-tiendo exposición del caso no hay base para juzgar la dis-creción de la corte sentenciadora.


text:
    No. 217.
    Martínez, Peticionario, v. Corte de Distrito de Aguadilla, Demandado.

      Mandamus.

    Mayo 2, 1924.
   La corte, examinados los autos y sin prejuzgar las cuestiones de derecho suscitadas, en el ejercicio de sus facultades discre-cionales, anuló el auto expedido y desestimó la solicitud.


text:
    No. 3221.
    González, Apda., v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Aplte.
    C. D. San Juan, Distrito 1°.

      Certiorari.

    Mayo 6, 1924.
   Desestimada la apelación a instancia del apelado por aparecer que no existe un verdadero pliego de excepciones o exposición del caso y por no haberse radi-cado el recurso dentro de los 30 días siguientes a la fecha del archivo del escrito de apelación, de acuerdo con el regla-mento de esta corte y la jurisprudencia.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


text:
    No. 3136.
    Central Pasto Viejo, Inc., Apda., v. Pérez, Aplte.
    C. D. Humacao.
    . Cobro de dinero.
    Mayo 6, 1924.
   Confirmada la sentencia apelada porque la corte inferior no cometió error al dictarla contra el demandado, ya que la prueba demuestra que con motivo de un crédito refacciona-rio concedídole se originó una cuenta corriente que traspasó los límites del crédito y es el saldo líquido no pagado de dicha cuenta, el que se reclama.


text:
    No. 3336.
    Cerdá, Apdo., v. Santiago et al., Apltes.
    C. D. Ponce.
    Dominio.
    Mayo 20, 1924.
   Desestimado el re-curso a instancia del apelado por no haberse presentado el récord taquigráfico ni archivado la exposición del caso a pe-sar de la prórroga concedida.


text:
    No. 3329.
    Rodríguez, Apdo., v. Bosch Hermanos, Apltes.
    C. D. Guayama.

    Memorándum de costas.
    Mayo 20, 1924.
   Desestimado el recurso a instancia del apelado por no ha-berse presentado en tiempo la exposición del caso.


text:
    No. 3088.
    Sucesión de Cruz Ortiz, Apelante, v. Municipio de Guayanilla et al., Apdos.
    C. D. Ponce.
    Reivindi-cación.
    Mayo 21, 1924.
   Confirmada la sentencia apelada, por no aparecer que la corte sentenciadora hiciera mal uso de su poder discrecional al negarse a suspender el juicio, que es el error que se le atribuye.


text:
    No. 3282.
    Acosta, Apda., v. Marxuach, Aplte.
    C. D. San Juan, Distrito 2º
    Divorcio.
    Mayo 26, 1924.
   Apare-ciendo de los autos que la moción solicitando la pensión ali-menticia de que se trata no debe considerarse como encami-nada exclusivamente a la obtención de alimentos para la es-posa pendente lite, sino que la resolución apelada en conexión con la moción puede estimarse como estableciendo una base provisional para fijar una cuota a favor de la señora y de los hijos habidos en el matrimonio disuelto mientras se li-quidan los bienes gananciales, pudiendo el contador partidor, sujeto a la aprobación de la corte, liquidar la pensión al ha-cer la de los gananciales imputando equitativamente a la es-posa lo que a ella corresponda en la pensión, se confirma la resolución apelada, sin perjuicio del derecho de las partes a acudir a la corte a quo para que se varíe la resolución dic-tada si las circunstancias así lo demandaren.


text:
    No. 593.
    Díaz, Recurrente, v. Registrador de Guayama, Recurrido.
    Mayo 28, 1924.
   Revocada la nota y ordenada .la anotación solicitada por los fundamentos de la opinión en el caso de Fajardo Sugar Co. v. Registrador de Humacao, 25 D.P.R. 873.


text:
    No. 3265.
    Cedeño et al., Apdos., v. Gandía, Aplte.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Daños y Perjuicios.
    Mayo 28, 1924.
   Celebrada la vista de la moción de desestimación de ape-lación en la cual el apelante admitió los hechos de la moción y solicitó una prórroga para presentar alegato alegando no haberlo hecho en tiempo por no haber recibido aviso del se-cretario de esta corte notificándole fecha y número de radi-cación del recurso.

Apareciendo que aunque no es - una obligación legal del secretario enviar tales avisos, existe sin embargo en los autos una diligencia creditiva de que ambas partes fueron no-tificadas por la Secretaría de esta corte mediante tarjeta postal de que el caso había sido radicado en febrero 11 del corriente año,- y apareciendo que la moción de desestima-ción fue notificada al apelante el día 8 del corriente y que tampoco se acompañó el alegato con la moción de prórroga; no siendo suficiente la excusa ofrecida para que este tribunal haga uso de su discreción en favor del apelante; y vista la ley y la jurisprudencia, se declara sin lugar la moción de prórroga, con lugar la de desestimación y por tanto se deses-tima la apelación establecida contra la sentencia dictada en este caso en septiembre 27, 1923, por la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito.


text:
    No. 3314.
    Rivera et al., Apdos., v. Lázaro et al., Apltes.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Mayo 31, 1924.
   Cobro de dinero. Desestimada la apelación por los fundamentos de la opinión en Díaz v. Porto Rico Railway, Light & P. Co., 33 D.P.R. 289, y Díaz v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 32 D.P.R. 95, 99.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Sr. Hutchison disintieron.


text:
    No. 2260.
    El Pueblo, Apdo., v. Rodríguez, Aplte.
    C. D. Guayama.
    Infracción Ley de Pesas y Medidas.
    Mayo 22, 1924.
   Revocada la sentencia apelada y absuelto el acu-sado por no ser suficiente la denuncia porque para que la denuncia fuera suficiente en este caso debió alegar que el peso que tenía el pan era inferior a la tolerancia que permi-ten los reglamentos, según se dijo en El Pueblo v. Mulero, 32 D.P.R. 900, y además, porque para que la prueba fuera suficiente debieron ser presentados como evidencia dichos reglamentos, de acuerdo con el caso de El Pueblo v. Garau & Co., 29 D.P.R. 1038.


text:
    No. 2186.
    El Pueblo, Apdo., v. Porto Rico Theatrical Cor., Aplte.
    C. D. San Juan, Distrito 1º.
    Infracción de ordenanzas municipales. Moción del fiscal sobre eliminación.
    Mayo 26, 1924.
   Este caso y los que llevan los números 2171 al 2189 fueron sometidos a la decisión de la corte de distrito mediante una estipulación que forma parte del récord y de la cual aparece que la contribución a que se refiere la denun-cia no fué satisfecha por'el acusado por alegar éste que la ordenanza que la impone es nula y anticonstitucional, de acuerdo con los hechos y los fundamentos alegados por la demandante en el caso sobre certiorari No. 910 de López Ramírez et al. v. Diez de Andino; que la evidencia presentada en dicho caso de certiorari se entienda presentada en éste y de igual modo se tenga por presentada una copia certifi-cada por el secretario de la corte, de las ordenanzas muni-cipales que presentó el demandado en el mismo caso de cer-tiorari; y apareciendo además que-el documento que se trata de agregar a la transcripción es la petición de certiorari No. '910 con las ordenanzas y reglamentos unidos a la misma de-bidamente certificado por el secretario de la corte de dis-trito, no siendo por tanto, necesaria en tal caso una exposi-ción que requiera'la aprobación del juez sentenciador, es-tando todo perfectamente certificado, se declaró no haber lu-gar a la eliminación solicitada. El Juez Asociado Sr. Franco Soto disintió.


text:
    No. -.
    El Pueblo, Apdo., v. Soto, Aplte.
    C. D. Ma-yagüez.
    Desacato por perjurio.
    Mayo 31, 1924.
   Revocada la sentencia y absuelto el acusado por los fundamentos del caso No. 2157 de El Pueblo v. Aquino, de mayo 31, 1924, (pág. 255.)


text:
    No. 3147.
    Costas, Aplte., v. Noriega, Apdo.
    C. D. Arecibo.
    Nulidad de procedimiento ejecutivo.
    Mayo 31, 1924.
   Denegada la reconsideración solicitada por no haberse de-mostrado que sea erróneo el criterio sostenido por el tribunal en la decisión del caso?