author: El Juez Asociado Se. MacLeary,

text:
    El Pueblo v. Valcourt.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 419.
    Resuelto en junio 10, 1912.
    Derecho Penal — Desacato—Perjurio'—Orden para Mostrar Causa. — De acuerdo con la ley de marzo 9, 1911, castigando sumariamente como desacato el perjurio, el juez que conoce del asunto, para expedir la orden contra el perjuro para mostrar causa por la cual no deba ser castigado por desacato, no está obligado a examinar antes de expedir dicha orden las pruebas prac-ticadas, ni es necesario relacionarlas en dicha orden, siendo suficiente que el juez crea que se ha cometido el perjurio, para que de oficio proceda a la investigación de los actos constitutivos de desacato.
    Id. — Ley Constitucional — Castigo Sumario del Delito de Perjurio. — Ya se ha resuelto en el caso de Bl Pueblo v. Powguel, 17 D. P. B., 1077, que la ley de marzo 9, 1911, castigando como desacato y de un modo sumario el perjurio, no es anticonstitucional.
    Id. — Ley Constitucional — Perjurio Castigado como Desacato — Defensa de Haber Sido expuesto Anteriormente por el Mismo Delito (Dormer Jeopardy. — Es xii'ematuro el alegar la defensa de haber sido expuesto anterior-mente por el mismo delito (former jeopardy), cuando, como en el caso de autos, el acusado de desacato por haber cometido perjurio, no ha sido pro-cesado por el delito de perjurio dentro del procedimiento ordinario del Código de Enjuiciamiento Criminal. Muchos actos constitutivos de delito, lo son al mismo tiempo de desacato, y el hecho de que se haya castigado a uno por el delito, no impide que se le castigue por el desacato.
    Id. — Perjurio Castigado como Desacato — Significación de las Palabras “Durante la Celebración del Juicio de Cualquier Caso Pendiente.” Jurisdicción. — Examinada la ley de marzo 9, 1911, castigando como desacato' el delito de perjurio, parece que las palabras ‘ ‘ durante la celebración del juicio de cualquier caso pendiente” limitan el término dentro del cual debe iniciarse el procedimiento de desacato por perjurio, al tiempo que dure el juicio de un caso pendiente. Se dice que un caso civil esta “pendiente” ante una corte, desde que se piresenta la demanda hasta que se dieta sentencia resolviendo la cuestión que se litiga. Desde el momento en que el caso deja, de estar “pendiente” termina la jurisdicción de la corte para castigar como' desacato el perjurio, y el delincuente sólo puede ser procesado por perjuro en la forma ordinaria.
    Id. — Perjurio Castigado como Desacato — Manifiesta Falsedad del Testi-monio. — Las palabras “manifiesta falsedad del testimonio” significan que el juez ante quien se ha declarado falsamente, esté satisfecho que se ha come-tido tal perjurio y esta convicción se le hace manifiesta al juez, lo mismo que cualquier otro hecho, mediante la observación, percepción o cualquier otre modo de razonar, o por otros medios que no señala la ley.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante: Sr. Cayetano Coll CucM.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante en este caso fné declarado culpable en 14 de agosto último por la Corte de Distrito de San .Juan, Sección 2a., de nn delito de desacato cometido mediante perjurio por dicho acusado, en 18 del mes de julio anterior, en nn caso de divorcio que entonces se encontraba pendiente ante dicha corte y en el que Valconrt era demandante y declaró como testigo en su propia defensa, por cuyo delito fné condenado a la pena de tres meses de cárcel y pago de las costas proce-sales.

Considerando la corte sentenciadora que la declaración prestada por el demandante era falsa, libró nna orden en 3 de agosto de 1911 contra dicho apelante, para que compareciera a mostrar las razones si algunas tenía, por las cuales no debía ser castigado por desacato. Se celebró el juicio en el que declararon varios testigos, habiendo sido el acusado declarado culpable y condenado a prisión como queda dicho. Se inter-puso debidamente apelación contra dicha sentencia y aparece en los autos un pliego de excepciones y una exposición del caso en donde está contenida la prueba que se presentó en el juicio. Después de algunas demoras, ambas partes formu-laron sus respectivos alegatos escritos e hicieron informes orales en el acto de la vista.

La cuestión preliminar promovida en este caso es la de que según aparece de los autos no hay sentencia por la que se condene al apelante a ninguna pena, y que por tal razón el acusado debe ser absuelto por esta corte. La sentencia condenatoria parece haber sido dictada en debida forma y sólo se nota en ella que falta la firma del juez sentenciador. El apelante se funda en el Capítulo I del título 8°. del Código de Enjuiciamiento Criminal en apoyo de esta proposición.

No existe en dicho capítulo así como tampoco en ningún otro estatuto de esta Isla, precepto alguno que exija que la sentencia sea firmada por el juez sentenciador. Esta es la práctica corriente en nuestras cortes que debe recomendarse y merece seguirse; pero la ley no la exige. Por el contrario, cuando se dicta una sentencia condenatoria el secretario tiene el deber de registrarla en las minutas de la corte, expresando brevemente el delito por el cual fué declarado culpable el acusado, debiendo dentro del término de cinco días con'pos-terioridad a esto, agregar una copia de la misma a los autos que constituyen la causa. (Artículo 326 del Código de Enjui-' eiamiento Criminal.) Por consiguiente, somos de opinión que la sentencia condenatoria es correcta en la forma en que se encuentra.

Este es el segundo caso de esta índole que lia llegado a esta corte para su decisión. El primero fué el caso de José Fourquet, que fué confirmado en 20 de noviembre de 1911. (17 D. P. R., 1077.) Sin embargo, existen marcadas diferen-cias entre los dos casos, las cuales examinaremos más tarde. Examinemos los autos que ahora se encuentran ante este tribunal y las cuestiones que en los mismos han sido presenta-das. Se han alegado dos motivos por los cuales se solicita la revocación de la sentencia apelada.

Io. Que la corte sentenciadora no adquirió jurisdicción porque la orden para mostrar causa no exponía hechos sufi-cientes para constituir el delito de perjurio.

2o. Que la ley de 9 de marzo, 1911, proveyendo un castigo sumario por el delito de desacato cometido mediante perjurio es inconstitucional.

Con respecto a los defectos contenidos en la orden para mostrar causa debemos primeramente hacer una breve dis-cusión. En dicha orden claramente se imputa al acusado la comisión de un delito de perjurio en corte abierta mientras declaraba en un asunto civil. Esto era todo lo que se nece-sitaba. Es evidente que de acuerdo con el estatuto prove-yendo un procedimiento sumario para castigar tales desaca-tos, la corte sentenciadora, mientras estaba pendiente el caso con respecto al cual se cometió dicho perjurio, tenía jurisdic-ción en cnanto al desacato. Es nn hecho que no dehe per-derse de vista, qne el castigo en este caso se impuso por el desacato y no por el perjurio, por el cual, según dispone el estatuto, podría aún ser requerido el acusado para contestar los cargos que se le imputaran en otro proceso.

La orden para mostrar causa contenía más de lo que la ley exige, pero esto no la viciaba. Todo lo que la ley exige en tales procedimientos es que el juez esté satisfecho de acuerdo con su criterio de todas las circunstancias y pruebas que se le presentaron primeramente, de que el delito de per-jurio se ha cometido; entonces puede proceder por su propia iniciativa a la investigación del desacato y no está obligado a examinar todas o algunas de las pruebas con anterioridad a la expedición de la orden para mostrar causa, ni incluir en la misma ninguna relación de dicha prueba. La prueba se pre-. senta en el juicio y en ella, se funda la resolución definitiva y sentencia de la corte con respecto a si se ha cometido o no un desacato y el castigo por el mismo si' alguno se impusiere. Este caso es bastante parecido en cuanto a este particular al de Fourquet, fallado por esta corte en 20 de noviembre último.

Pero en el caso de Fourquet había alguna duda con res-pecto a la constitucionalidad del estatuto en el cual se fun-daba este procedimiento, porque se hizo la alegación de que el desacatador no había tenido el debido procedimiento de ley en su condena.. En cuanto a este punto se deeLaró que el estatuto era constitucional. Se invoca además otra prescrip-ción de la Constitución Americana por el apelante. Es la contenida en la misma Quinta Enmienda, de que ninguna persona será expuesta a un proceso criminal dos veces por el mismo delito.

Con respecto a este criterio acerca de la inconstitucionali-dad de la ley en la cual el procedimiento se fundó, podemos decir que es prematuro promover ahora la cuestión de haber estado expuesto por dos veces por el mismo delito, cuya cues-tión puede presentarse cuando se siga el procedimiento contra el apelante, si esto sucediera, por el delito de perjurio que se alega lia sido cometido durante el juicio del caso de divorcio. Entonces puede resolverse la cuestión. El acusado aun no lia estado expuesto por dos veces y hasta que esto no suceda, no puede él alegar la protección de la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Además, existen muchos delitos y ofensas que a la vez son desacatos a las cortes, y el castigo impuesto por el desacato en tales casos no es un obstáculo para que se fije una pena por el delito mediante el cual el desacato fué cometido. Un acometimiento realizado por cualquier persona en corte abierta durante la celebración de un juicio es una violación de la ley contra la paz pública y a la vez constituye un desacato que puede ser castigado sumariamente por la corte, sin que siquiera sea necesaria la celebración de un juicio en debida forma. Podrían citarse muchos otros ejemplos en igual sentido. Debe notarse, sin embargo, que al imponerse la pena al encontrarse culpable al acusado del delito de perjurio, pudiera suceder que el castigo impuesto por el desacato, si lo ha sufrido el apelante, podría ser tomado en consideración para rebajar la sentencia por el delito de perjurio.

Hasta el presente hemos resuelto que la ley de 9 de marzo de 1911 es constitucional, no siendo necesario tratar de nuevo lo discutido anteriormente en la opinión de este tribunal emi-tida en el caso de Fourquet, en 20 de noviembre de 1911. Esa opinión aun no ha sido publicada en las Decisiones de Puerto Rico, pero aparecerá en el Tomo XVTI. (El Pueblo v. Fourquet, 17 D. P. R., 1077.) Un sumario incompleto de dicho caso aparece en el tomo 3o. de la Gaceta Oficial en las páginas 512 y 513, número 6, que lleva fecha Io. de enero de 1912, en el que expresamos que “creemos que no hay duda'alguna con respecto al poder de la Legislatura para aprobar tal ley como aquella en la que se fundó este procedimiento; y que la misma está en completa fuerza y vigor en todas sus partes.” Esa es aún nuestra opinión, a pesar de este nuevo ataque que se hace contra el estatuto, tomando para ello un argumento dis-tinto al que se empleó anteriormente para atacarlo. La ley contra la cual se lia lieclio esta censura está enteramente en armonía con la Constitución Americana.

Pero existen otras cuestiones que deben tomarse en con-sideración al resolver este caso, algunas de las cuales han dado por resultado que se bayan argumentado de nuevo las mismas, así como que se bayan presentado alegatos adiciona-les por el representante de El Pueblo de Puerto Rico y por. el abogado del acusado. La primera es la que se refiere al sig-nificado de las- palabras “durante la celebración del juicio de cualquier caso pendiente” en las cortes, y las palabras ban sido empleadas en el primer artículo del estatuto en donde se castigan tales desacatos. El recordar que tenemos en nuestro Código Penal una ley válida y subsistente para de-nunciar y castigar el delito de perjurio en forma ordinaria por medio de la presentación de una acusación y la celebra-ción de un juicio ante un jurado o la corte, lo mismo que cual-quier otro delito más grave (felony), nos puede ayudar en esta cuestión. Los desacatos que se cometen en presencia de la -corte, como el que abora se ba imputado al apelante, ordinaria-mente se castigan sumariamente y mientras está pendiente el trabajo que ordinariamente tiene la corte. El perjurio puede ser investigado y castigado si fuere necesario en cualquier tiempo dentro del término fijado por la Ley de Prescripción. Pero el desacato cometido por el perjuro al tratar de engañar a la corte presentando una declaración falsa, exige procedi-mientos más sumarios. Por tal razón es que tal vez el pro-cedimiento de desacato está limitado al tiempo “durante el juicio de un caso pendiente.” Un caso civil está pendiente ante una corte desde que se presenta la demanda basta que se dicta sentencia resolviendo la cuestión que se litiga. Cuando el caso deja de estar pendiente, la jurisdicción para castigar por desacato cometido mediante perjurio cesa y él delincuente sólo puede ser procesado por el perjurio en la forma ordinaria.

La segunda cuestión que ba sido alegada en la nueva vista, fné la referente a la interpretación que debe darse al requi-sito contenido en el estatuto, de que la falsedad del testimonio' debe ser manifiesta para el juez de la corte. liemos diclio en el caso de Fourquet que es necesario que ‘ ‘ el juez que preside el caso debe de estar satisfecho de que un testigo en un caso' entonces pendiente ante su corte y después de haber prestado' el debido juramento, cometió perjurio,” para establecer pro-cedimientos con el objeto de declararlo culpable de desacato y castigarlo de conformidad con dicho delito. El hecho de que el testigo declare falsamente se hace manifiesto al juez lo mismo que cualquier otro hecho, mediante observación, per-cepción, por el modo de razonar, y por otros medios que no se señalan en el estatuto. El juez debe estar satisfecho, el hecho' debe ser manifiesto, “lo mismo que una vista prima facie en un procedimiento civil, puede impeler a una corte a expedir un auto alternativo de mandamus o a dictar un injunction preliminar.” Caso de Fourquet arriba citado. La palabra. manifiesto según ha sido usada en este estatuto significa esto y nada más.

La tercera cuestión que ha sido alegada en la segunda vista ha sido resuelta al tratar de la primera y no necesita mayor discusión. Por tanto, apareciendo según ha sido ad-mitido por el Fiscal que los procedimientos por desacato' empezaron y concluyeron después de terminar el caso de divorcio, en donde se cometió el perjurio, la corte senten-ciadora había perdido su jurisdicción para proceder de acuerdo con el estatuto de 9 de marzo de 1911, y la sentencia, dictada con motivo de dicho desacato no es correcta y era, realmente nula. Por las razones expresadas anteriormente la sentencia declarando culpable al apelante por el desacato y condenándole a prisión, debe anularse y absolverse por tanto al acusado,

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sb. MacLeary,

license: Public Domain

text:
    Calzada et al. v. De la Cruz et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección 2a.
    No. 812.
    Resuelto en junio 11, 1912.
    Enmiendas a las Sentencias — Cortes de Distrito — Términos de Sesiones.— Aunque de acuerdo con las reglas dictadas para las cortes de distrito se designan ciertos términos de sesiones y vacaciones a dichos tribunales, la ley nada estatuye sobre el particular, y dichos términos pueden en realidad con-siderarse como continuos pudiendo los jueces en cualquier época dictar las órdenes que sean necesarias para modificar, ampliar o restringir las resolu-ciones y sentencias ya dictadas.
    Ley del Caso (Law oe the Case) — Cuestiones Resueltas en la Primera Apelación. — Es un principio bien sentado que las cuestiones discutidas y resueltas en una apelación constituyen la ley del caso, (law of the case) y no pueden ser objeto de nueva argumentación en una segunda apelación inter-puesta en el mismo caso. En la segunda apelación únicamente debe exami-narse si los procedimientos adoptados por el tribunal sentenciador en virtud de un segundo juicio están de acuerdo con los principios enunciados en la primera apelación.
    Id. — Segunda Apelación. — Examinada la presente apelación, se resolvió que el procedimiento seguido por la corte se ajusta a la opinión emitida por este tribunal en junio 2 de 1909 resolviendo otra apelación en este mismo caso y entre las mismas partes. (15 D. P. R., 363.)
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

    Abogados de los apelados: Sres. Frank Antonsanti y Salvador Suau.

   El Juez Asociado Sb. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Se inició este caso por virtud de una demanda que fué presentada en la Corte de Distrito de San Juan en el año Í907. Los demandantes en aquella acción trataron de ob-tener de la corte que dictara una sentencia contra los deman-dados anulando los procedimientos para establecer el título de dominio que habían sido establecidos por el demandado de la Cruz con referencia a una finca de noventa cuerdas de terreno en el distrito de Loíza, y para que- se anulara la ins-cripción del mismo en el registro de la propiedad.

Los demandados de la Cruz formularon su contestación a la demanda en la que hicieron algunas alegaciones, alegando especialmente que los procedimientos tendentes a establecer el título de dominio se llevaron a cabo de conformidad con las debidas formalidades de ley y que los demandados eran los verdaderos dueños de la finca. El demandado Carrero Alvarez contestó también la demanda haciendo varias alegaciones entre las que se encontraba una reconvención, en la que se pedía a la corte que se declarara que la demanda no estaba bien fundada en tanto en cuanto la misma se refería a él y que se declarase con lugar su reconvención, la que se fundaba en el hecho de ser él el único dueño de la finca en litigio.

Celebrado el juicio del caso ante el juez de distrito que entonces presidía la sección 2a. de esa corte, se dictó una sen-tencia a favor del demandante contra la que se interpuso ape-lación para ante esta Corte Suprema. En 2 de junio de 1909 esta Corte Suprema dictó sentencia en este caso revo-cando la dictada por la corte de distrito y ordenando la cele-bración de un nuevo juicio en el caso.

En 10 de mayo de 1910 se celebró la nueva vista del caso ante la Sección 2a. de la Corte de Distrito de San Juan, pre-sidida entonces por el Hon. Martin E. Grill. Todas las partes comparecieron ante la corte por medio de sus respectivos abogados, se celebró el juicio de dicho caso que quedó some-tido a la consideración de la corte por virtud de una estipu-lación con referencia a la prueba y a los alegatos escritos de ambas partes.

En 6 de diciembre de 1910 la corte sentenciadora dictó una resolución en el caso a favor de los demandados, declarando que la demanda no estaba bien fundada e imponiendo las cos-tas a los demandantes. Contra esa resolución se interpuso en 3 de junio, 1911, recurso de apelación. Los apelantes pre-sentaron la exposición del caso lo que fué notificado debida-mente a los abogados de los apelados en 27 de enero, 1911. Los demandantes desistieron de su apelación por haber dic-tado la corte sentenciadora una resolución cuya fecha no se menciona, en el año 1911, suspendiendo en todas sus partes la sentencia que había sido dictada en el caso, y posterior-mente y a moción de los demandados, la misma corte en 13 de abril de 1911 dictó otra sentencia aclarando la anterior, por la qne se resolvió que la demanda no estaba bien fundada y se declaró debidamente con lugar la reconvención establecida. De esta última sentencia fué notificado debidamente el abo-gado de los demandantes en 2 de septiembre de 1911, de acnerdo con la ley que había sido aprobada en el mes de marzo anterior.

Después de haberse concedido algunas prórrogas final-mente se aprobó la exposición del caso, habiéndose presentado la transcripción en esta corte. Una moción para desestimar la apelación fué presentada, pero la corte la desestimó seña-lándose la vista de dicha apelación para el día 21 del mes pa-sado ante este tribunal, habiendo sido sometido el caso por medio de informes orales y alegatos escritos, concediéndose cinco días a ambas partes para presentar alegatos adicionales si así lo estimaban conveniente. La primer cuestión que surge en la consideración de este caso es la que se refiere a la enmienda y cambio hecho en la sentencia dictada por el Juez Grill de la corte sentenciadora. La primer sentencia según se ha expresado fué dictada en 6 de diciembre, 1910, y la segunda en 13 de abril, 1911. T se alega por el apelante que la se-gunda sentencia es nula por carecer la corte de jurisdicción para dictarla por haber quedado la cuestión fuera de su jurisdicción a virtud de la apelación interpuesta para ante el Tribunal Supremo, y haber expirado el término de sesiones de la corte de distrito en diciembre, 1910, con anterioridad a la fecha de la segunda sentencia. Esta alegación ha sido re-futada alegándose que no se han establecido términos para la corte de distrito en la ley de Puerto Eico y que si bien las reglas de la corte determinan ciertos términos y hacen algu-nas prescripciones con respecto a vacaciones, las sesiones de la corte de distrito son virtualmente continuas y los jueces pueden en cualquier fecha dictar tales órdenes que puedan ser necesarias cambiando, ampliando o restringiendo las ór-denes y sentencias anteriormente dictadas.

La diferencia entre las dos sentencias dictadas por el Juez Grill, es qne en la primera se resolvió qne la demanda no estaba sostenida por la prneba, dictándose sentencia a favor de los demandados. En la segunda sentencia se dictó esta misma resolución, declarándose además, que la reconvención formulada por Carrero estaba sostenida por la prneba y dic-tándose sentencia por la qne se declaró qne él era el único dueño de la finca en litigio.

Si la segunda sentencia es nula entonces la primera sub-siste, y habiéndose interpuesto esta apelación contra la se-gunda sentencia, tendría que desestimarse a menos que la aplicáramos a la primera, en cuyo caso la sentencia de este tribunal sería virtualmente la misma, por ser las sentencias muy semejantes. Por tanto, pasaremos a considerar la ape-lación en la forma en que ha sido interpuesta contra la se-gunda sentencia, la que consideraremos como una sentencia definitiva dictada por la corte sentenciadora.

El abogado de los apelantes ha hecho un examen de todo el caso y de las declaraciones que se presentaron en todos sus ale-gatos e informes, e insiste en que los procedimientos para es-tablecer el título de dominio fueron irregulares y que el tras-paso de la finca en controversia de los demandados de la Cruz a su codemandado Francisco Carrero Alvarez es fraudulento y debe ser considerado como nulo y de ningún valor. Debe tenerse presente que la prueba que se presentó en la celebra-ción del juicio de este caso ante el Juez Grill, era semejante a la que se produjo ante la corte de distrito en el primer juicio, y que fué revisada por este Tribunal Supremo a virtud de la primera apelación.

Es un principio de ley bien establecido que las proposi-ciones y cuestiones discutidas, consideradas y resueltas en la primera apelación constituyen la ley del caso y no deben ni pueden ser discutidas en la segunda apelación. (New York and Porto Rico Steamship Co. v. Dexter, 16 D. P. R., 595, resuelto por este tribunal en 20 de junio, 1910, y nuevamente en 26 de marzo de 1912; Falero et al. v. Falero, 16 D. P. R., 79; Supervisors v. Kennicot, 94 U. S., 498, y casos citados; Clark v. Keith, 106 U. S., 464; Chaffin v. Taylor, 116 U. S., 567; U. S. v. Camou, 184 U. S., 574.)

Por consiguiente, resulta claro que en esta segunda ape-lación debemos considerar solamente la cuestión de si los procedimientos seguidos por la corte sentenciadora en el segundo juicio, fueron o nó compatibles con la opinión que esta corte promulgó en la primera apelación, y si corresponde a las cuestiones allí discutidas y resueltas, entonces la ley del caso ha sido establecida y debe observarse.

En la primera apelación de este caso y en una opinión que aparece publicada en el tomo 15 de las Decisiones de Puerto Rico, resolvimos que habían quedado establecidas tres propo-siciones, a saber:

Primera. Que según el artículo 395 de la Ley Hipotecaria, la citación de colindantes no es un requisito indispensable para la justificación del dominio de una finca.

Segunda. Que. nadie puede comparecer como tercero si ha intervenido como parte en una transacción fraudulenta por-que ni la Ley Hipotecaria ni ninguna otra ley puede amparar el fraude; y

Tercera. Que algo más que una mera sospecha se necesita para probar la existencia de fraude en una venta de terreno hecha mediante documento público; que el fraude debe pro-barse mediante prueba clara, robusta y convincente, pues to-das las presunciones están en contra del mismo y a favor de que se ha procedido con honradez.

Dijimos además en la opinión que entonces fué emitida por este tribunal, que:

“En cuanto a la conclusión de la corte inferior de que el tras-paso del terreno hecho por los demandados Cruz al codemandado Ca-rrero, era fraudulento, no me parece que la prueba es suficiente. Ba-sándose a lo más en meras sospechas la sentencia de la corte inferior, no debe permitírsele que quede en pie. En otro juicio, quizás, las partes podrán aportar más luz sobre el asunto. En los hechos del caso, según constan en los autos, no encontramos justificado -que el demandado Carrero haya procedido de mala fe y que el título de compraventa en que funda su derecho sea simulado, ni que haya mo-tivo legal para negarle el carácter de tercero que invoca. Pero esos extremos pueden ser materia de mayor esclarecimiento en otro juicio en el que con mayores elementos probatorios se dicte la sentencia que exijan los derechos de las partes.” (Calzada et al. v. Carrero et al., 15 D. P. R., páginas 368, 371.)

Por consiguiente, estimando que la opinión dictada ante-riormente y de la cual hemos hecho citas, determina la ley del caso, y apareciendo de los autos que en el segundo juicio no se hizo modificación alguna en la prueba, ni que en dicho juicio ninguna de las cuestiones quedó más aclarada por no haberse presentado mejores pruebas según se indicó a las partes que hicieran; y considerando por tanto que en el segundo juicio la corte sentenciadora siguió en todos sus procedimientos las instrucciones indicadas por este tribunal al resolver la pri-mera apelación, y que los mismos fueron compatibles con nuestra anterior opinión, debemos considerar que el caso ha sido resuelto, y declarar que es innecesario revisar por se-gunda vez las cuestiones que fueron presentadas anterior-mente.

Siendo esta la opinión que tenemos del caso, debe confir-marse la sentencia dictada por la corte sentenciadora.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. del Toro, no tomó parte en la resolución de esté caso.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Mangual v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 120
    Resuelto en junio 11, 1912.
    Tiempo para Interponer .el Recurso — Desestimación—Cómputo del Tér-mino. — De aeuei’do eon la sección 3 de la Ley de marzo 1, 1902 sobre recursos gubernativos, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la nota del registrador debe interponerse el recurso. En el caso de autos, la nota recu-rrida fué notificada el día 4 de mayo, y basta después del 24 del mismo mes no se presentó en la secretaría de este tribunal el escrito estableciendo el reeurso. Se resolvió qne debía desestimarse por haber sido interpuesto fuera del tiempo que marea la ley. El cómputo para los términos se hará excluyendo el primer día e incluyendo el último, a menos que éste sea día de fiesta, en euyo caso será también excluido.
    Los Pechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Mamcel Tous Soto.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Don José Sergio Mangnal Palero y otros presentaron en el Registro de la Propiedad dé Caguas con el objeto de que fuera inscrita, una escritura de partición de los bienes de los esposos María Concepción Palero y de Juan de la Crnz Man-gual, inscripción qne negó el registrador según nota pnesta al pie del documento, la qne fué notificada a los interesados el día 4 de mayo último.

Con posterioridad al día 24 de dicho mes, los interesados en el documento presentaron en la secretaría de este Tribunal Supremo nn escrito estableciendo recurso gubernativo contra la nota denegatoria de inscripción.

Según la sección 3a. de la ley de Io. de marzo de 1902, que es la 801 de los Estatutos Revisados de Puerto Rico, el re-curso gubernativo contra la negativa de inscripción de un registrador, habrá de establecerse dentro de los veinte días siguientes a la notificación.

Según el artículo 388 del Código Político, el cómputo para los términos se hará excluyendo el primer día e incluyendo .el último a menos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será también ex9luído. Así pues, de acuerdo con este precepto, los veinte días concedidos por la ley para establecer el recurso empezaron a contarse desde el siguiente a la notificación, o sea desde el 5 de mayo, a pesar de ser festivo, y vencieron el viernes del mismo mes. (Véase Muñoz v. López, 14 D. P. R., 465.)

Habiendo sido interpuesto el recurso en este caso después de los veinte días que para ello concede la ley, no podemos considerarlo y debe ser desestimado, según fiemos ya re-suelto también en el recurso establecido por Finlay v. Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R., 18 y casos en él citados.

Desestimado el recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Sucesión Serrallés v. El Asilo de Damas et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce..

      No. 790.

    Resuelto en junio 11, 1912.
    Interpretación de Testamento — Legado—Hospital.—En este caso se discute a cuál de los hospitales de Ponee debe entregarse un legado de cinco mil pesos provinciales dispuesto por el causante de la sucesión promovente a favor del Hospital de Caridad de Ponce. El Tribunal sentenciador falló que de acuerdo con la prueba practicada el “Asilo de Pobres de Nuestra Señora de la Guadalupe,” conocido públicamente con los nombres de “Hospital de Mendigos,” “Hospital de Pobres” y “Hospital de Mendigos y Ancianos,” por ser el único hospital dedicado exclusivamente al albergue de pobres y sostenido exclusivamente por la caridad, debía reeibir dicho legado. Se resolvió en apelación que de la prueba practicada se deduce que el testador tuvo la intención de que dicho legado fuera para este-hospital y que la palabra hospital se aplica indistintamente a las instituciones des-tinadas a dar abrigo y recibir a mendigos y personas pobres, a cuidar y educar niños desprovistos de hogares y a curar enfermos que carecen de recursos, no teniendo por tanto dicha palabra hospital la significación res-trictiva que invocan los apelantes.
    Los fiecfios están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. José Tons Soto, Nemesio R. .Canales y José A. Poventud.

      Abogado de la Sucesión promovente: Sr. Francisco Parra Capó.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal. Esta es una apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce. La Sucesión de Juan Serrallés Colón compareció ante aquella corte alegando en sustancia que eran los here-deros del referido Juan Serrallés Colón, fallecido en la ciudad de Barcelona el día 22 de septiembre de 1907. Que dicho Serrallés falleció bajo testamento otorgado en 8 de abril de 1897, el que fue protocolado en la oficina del Notario Rafael León. Que en dicho testamento y en la cláusula 6a. del mismo dispuso un legado a favor del “Hospital de Caridad” de Ponce, en los términos siguientes:

“Lego a favor del ‘Hospital de Caridad’ de esta ciudad la cantidad de cinco mil pesos provinciales que serán satisfechos por mis albaeeas o herederos cuando lo tengan por conveniente, después de liquidadas las deudas y pagados deudas y legados que puedan quedar contra mi capital en el día de mi fallecimiento.”

Continúa la demanda expresando que los peticionarios se encontraban en condiciones de cumplir la voluntad del tes-tador, entregando los cinco mil pesos provinciales, o sea, tres mil dollars, al referido “Hospital de Caridad” de Ponee, pero ignorando cual era ése hospital o si realmente existía, acudieron los peticionarios a la corte solicitando de ella una orden citando personalmente por medio de sus representantes legales a todos los hospitales y asilos de la ciudad, y por edictos publicados en los periódicos locales a cualquiera enti-dad o asociación que se creyera con derecho al referido legado, para que comparecieran ante esa corte a alegar lo que tuvieran por conveniente.

Que según la información y creencia de los peticionarios los únicos hospitales y asilos que existen en Ponce son los siguientes: Hospital Tricoche, San, Lucas Memorial Hospital, Santo Asilo de Damas, y Asilo de Ancianos Desam-parados.

En contéstaeión a la citación y edictos publicados compa-recieron los cuatro hospitales y asilos arriba expresados, for-mulando demandas o peticiones según procediera, siguiendo el caso su trámite para señalamiento y juicio, habiendo la corte oído la prueba y los informes presentados a favor y en contra de todos los hospitales y asilos a que se ha hecho refe-rencia.

Después de lo cual la corte llegó a las siguientes conclu-siones de hecho:

Ia. Que el “Hospital San Lucas” no existía en la fecha del indicado testamento, a saber, abril 8 de 1897.
2a. Que el “Hospital Tricoche” no demostró llamarse “Hospital de Caridad,” ni que el testador supiera en mo-mento alguno que se le llamara así alguna vez; que el “Hospital Tricoche” se ha conocido siempre pública y general-mente en la comunidad, por más de treinta años, con el nom-bre de “Hospital Tricoche,” teniendo ese edificio la inscrip-ción de “Albergue Caritativo de Tricoche” desde su funda-ción; que dicho “Hospital Tricoche” ha rechazado varios, enfermos pobres y que en él hay estancias para pudientes, también a los que se les cobra.
3a. Que el “Asilo de Damas” se ha conocido por más de-treinta años pública y generalmente en la comunidad con ese nombre siempre, o,.“Santo Asilo de Damas,” teniendo en su edificio la inscripción de “Santo Asilo de Damas” desde su fundación; que dicho “Asilo de Damas” no demostró que el testador supiera en momento alguno que se llamara Hospital o Asilo de Caridad ni que en realidad ese fuera- su nombre;, que el testador vivió en Ponce y fué vecino de esa ciudad;, que nunca se ha conocido al “Asilo de Damas” en Ponce con el nombre de “Hospital de Caridad”; que tanto el “Asilo de Damas” como “Tricoche” cuentan con rentas propias; que el “Asilo de Damas” es en parte para pudientes y en parte para pobres; que ni. Tricoche,ni Damas se dedican exclusivamente-a la caridad; que el “Asilo de Damas” ha negado entrada y socorro a varios pobres a menos que pagaran.
4a. Que el “Asilo de Pobres de Nuestra Señora de la. Guadalupe,” es una asociación civil constituida bajo la Ley de' Asociaciones Lacia el año 1893 y existente boy como tal; que dicho “Asilo de Pobres” se conoció y conoce pública-mente en la comunidad con los nombres siguientes: “Hospital de Mendigos,” “de Pobres” y “Hospital de Mendigos y Ancianos”; que su fundación fué un hecho público y de general conocimiento, del que se ocupó la prensa; que el tes-tador Don Juan Serrallés contribuyó con $100 para su fun-dación; que es el único Asilo en Ponce que admite, cuida y cura enfermos menesterosos y desvalidos de todas clases sin cobrar nada por ello; que se sostiene exclusivamente de los socorros y de la caridad; que no cobra medicinas ni médicos a los asilados; que solamente tiene camas para los enfermos pobres y menesterosos, sin que admita personas pudientes, que ahí asisten a todo el mundo gratis; que Juan Serrallés le donó en vida ropa de cama, colchas y sábanas, que se pre-sentó en juicio marcada con las iniciales “H. de M.,” que significan Hospital de Mendigos; que esta institución no ha rechazado a ninguna persona pobre y que hacia el año 1897 era público que se recogía para ampliar las obras del asilo; que es la única institución que ha comparecido que es exclu-sivamente de caridad, practicándola desinteresadamente; que la intención del testador no fué dejar la suma en cuestión a una institución que se llamara precisamente “Hospital de Caridad” de Ponce, sino a la institución asilo u hospital que más dedicara sus servicios a la caridad; que la compareciente Asilo de Pobres es la institución que más administra real-mente la Caridad en Ponce.

Como conclusiones de derecho de los anteriores hechos, la corte decreta: que la doctrina de Cy-pres es aplicable a este caso y que la suma de cinco mil pesos provinciales o sea, tres mil dollars, debe pagarse a la compareciente “Asilo de Pobres de Nuestra Señora de la Guadalupe.” Todos los demás peti-cionarios interpusieron recurso de apelación.

Creemos que es bastante claro según resulta de la prueba, que ninguno de los apelantes demostraron estar compren-didos dentro de los términos de] testamento, pero que sí lo demostró la apelada. Es cierto que el Asilo de Damas tenía técnicamente un título, a saber, Hospital de Caridad, cuyo título parece ser el que más se asemeja a las palabras em-pleadas por el testador. Pero también convenimos en que la naturaleza de sus obras de caridad y palabras del testador, bacen desaparecer la idea de que él tuviera presente a tal “Asilo de Damas.”

Se ba becbo gran esfuerzo por el apelante acerca del becbo de que el afortunado Asilo de Pobres no es en realidad un hospital sino más bien un asilo o refugio, pero debe recor-darse que según el uso corriente estas palabras son usadas indistintamente; que la marca en las ropas mostraba que el testador durante su vida lo consideraba como un hospital y que en realidad de verdad el Asilo de Pobres se dedica exclu-sivamente a proteger a los pobres y necesitados proporcio-nándoles esa ayuda ya por medio de habitación, alimento o asistencia médica.

Alcubilla, en su “Diccionario de Administración,” y bajo el título “Beneficencia Pública,” capítulo 23, expresa que los hospitales del Rey de Toledo y los de Jesús Nazareno y de Nuestra Señora del Carmen de Madrid, se dedican indistinta-mente a ayudar al pobre y necesitado y también que la causa principal de la mendicidad es la enfermedad. Y Escricbe en su Diccionario de Legislación, define las palabras hospicio y hospital como significativas de casas destinadas a dar abrigo y recibir a mendigos y personas pobres, para cuidar y educar niños desprovistos de bogares y para curar a enfermos que carecen de recursos. Por consiguiente, vemos otra vez que la palabra hospital no tiene tal significación limitada que ba querido dársele solamente con referencia a gente enferma, según los apelantes quisieron interpretar dicha palabra. Se ba discutido algo acerca del becbo de que el juez de distrito aplicó indebidamente la doctrina de Gy-pres. Es innecesario considerar esa cuestión porque entendemos que la intención del testador aparece demostrada claramente por el testa-mentó y las pruebas que se presentaron sobre el mismo según ban sido indicadas en lá relación de becbos y conclusiones de la corte.

Encontramos que no se ha cometido ningún error, debiendo por consiguiente confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Martínez v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Aguadilla.
    No. 117.
    Resuelto en junio 11, 1912.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión del tribunal en el caso No. 5, Mar-tines v. TSl Registrador de la Propiedad, 4 P. R. R., 90.
    Vigencia de un Crédito Hipotecario — Declaración i-iecha al Margen de la Inscripción. — El procedimiento gubernativo o sea una simple instancia dirigida al registrador, sin conocimiento ni audiencia de partes interesadas, no es el procedimiento adecuado para obtener la declaración de la vigencia de un crédito hipotecario que quedó cancelado por consolidación, o sea por reunirse en una misma persona los conceptos de acreedor y deudor.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Víctor P. Martínez.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 28 de mayo de 1897, Don Joaquín Moreno, que ya anteriormente había constituido a favor de Don Víctor Martínez y Martínez hipoteca sobre una finca de su propiedad, sita en el barrio de Guatemala del término municipal de San Sebastián, para asegurar el pago de 4,630 pesos que le adeudaba, amplió dicha hipoteca a la suma de 1,700 pesos con 63 centavos que posteriormente había recibido del mismo Martínez y a 2,000 pesos más para gastos y costas en caso de litigio, habiéndose inscrito aquella escritura el 12 de agosto de 1897 en el Registro de la Propiedad de Aguadilla al folio 123 vuelto del tomo 7°. de San Sebastián, finca 444 inscripción 4a.

Posteriormente a la hipoteca de que se deja hecho mérito o sea en 30 de marzo de 1898, se tomó en el mismo registro anotación preventiva de suspensión de anotación de embargo, letra A, sobre la finca hipotecada y otras dos de Don Joaquín Moreno, que el Juzgado de Ia. Instancia de Mayagüez había decretado para responder de la cantidad de 2,000 pesos con intereses y de 800 más para costas en diligencias de recono-cimiento de firma y embargo preventivo seguidas por Doña María Moreno de Ramírez contra Don Joaquín Moreno ante dicho Juzgado.

La anotación de suspensión quedó convertida en definitiva por nueva anotación, letra B.

Años después, por escritura inscrita en el Registro de la Propiedad de Aguadilla con fecha 4 de febrero de 1900 (ins-cripción 5a. de la finca 444), el deudor dueño de ella, Don Joaquín Moreno, la adjudicó a su acreedor Don Víctor Mar-tínez en pago del crédito hipotecario que le estaba adeudando, y en dicha inscripción se hizo constar quedaba cancelada la hipoteca por consolidación y afecta solamente la finca a la anotación letra B, adquiriéndola Martínez a título de adju-dicación en pago sin condición alguna que limitara las facul-tades del adquirente, según palabras consignadas en el asiento de inscripción.

Por nota marginal a la inscripción 5a. de dominio a favor de Don Víctor Martínez, se hizo constar por el registrador en 7 de abril de 1903, que dicha inscripción 5a. quedaba cance-lada por haberse adjudicado la finca a Doña María Moreno de Ramírez en el ejecutivo que en cobro de pesos había se-guido contra Don Joaquín Moreno anterior dueño de la misma y haberse ordenado la cancelación por la Corte de Distrito de Mayagüez en resoluciones de 1°. de mayo de 1902 y 5 de marzo de 1903.

En 22 de julio de 1903 fue inscrita en el mismo registro de la propiedad (inscripción 6a. de la finca 444), la adjudica-ción de ella a Doña María Moreno de Ramírez por la Corte de Distrito de Mayagüez en auto de 12 de noviembre de 1901 en pago del cr,edito que le adeudaba Don Joaquín Moreno.

Los hechos expuestos han sido alegados por Don Víctor Martínez y Martínez en instancia que presentó al Registrador de la Propiedad de Agnadilla en 11 de marzo del corriente año y que anteriormente había presentado y retirado, cuya instancia contiene la siguiente súplica:

“Suplico de V. H. Sr. Registrador, proceda a extender la corres-pondiente nota al margen de la inscripción 4a'. de la referida finca (la descrita en dicha instancia) de incumplimiento de condición suspen-siva por haber cesado la suspensión de sus efectos y quedar vigente dicha inscripción 4a. por las razones expuestas en la nota marginal de 7 de abril de 1902 de la inscripción 5a. y las demás razones contenidas en la inscripción 6a. y cuyos efectos quedaron suspendidos en virtud de la anotación letra A e inscripción 5a., de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Hipotecaria 143 y 178 de su Reglamento, la Resolución de la Dirección General de los Registros de la Propiedad y Notariado de España de 28 de junio de 1881 y demás disposiciones aplicables y pertinentes al caso. ’ ’

El registrador denegó la anterior pretensión por medio de nota que copiada a la letra dice así:

“No admitida la extensión de la nota solicitada en la precedente instancia: Ia. por no aparecer de la inscripción cuarta de la finca alu-dida ni de ninguna de las anteriores, la existencia de condición suspen-siva alguna de cuyo cumplimiento o incumplimiento dependa la efi-cacia de la ampliación de hipoteca que motivó dicha inscripción, ha-biéndose constituido la hipoteca, en todo caso, bajo condición resolu-toria; y no pudiendo estimarse como condición suspensiva la anota-ción de embargo preventivo letra A a favor de Doña María Moreno de Ramírez, como parece deducirse del párrafo tercero de la instancia, no procede la nota de que trata el artículo diez y seis de la Ley Hipo-tecaria; 2a. porque la solicitud que previene el artículo 178 del Reglá-mento Hipotecario, que deberá ser firmada por ambas partes, es para el caso de que proceda la nota de que habla el artículo 143 de la ley si ocurriere cualquiera de los extremos previstos en el párrafo 1°. del artículo 142 de dicha ley, en ninguno de los cuales se encuentra la ■hipoteca de referencia; 3°. porque la nota prevista en el artículo 143 del reglamento citado, se refiere a la cancelación de anotaciones caso de inscribirse a favor de tercero el derecho que se aseguró por la anota-ción; 4a. porque refiriéndose la Resolución de la Dirección de los, Registros citada a contratos otorgados bajo condición suspensiva, no es aplicable al caso por el 'motivo expuesto en el párrafo 1°. de esta nota. No extendiéndose nota preventiva por no estar este caso, com-prendido en la ley sobre recursos contra las Resoluciones de los Registradores. Aguadilla, a tres de abril de mil novecientos doce. Entre líneas, o incumplimiento. — Vale.—El Registrador, Rafael Ti-rado Verifier.”

Esa nota lia sido. recurrida por Don Víctor Martínez y Martínez para ante esta Corte Suprema y en virtud de tal recurso está sometida a nuestra consideración.

Los hechos alegados por Martínez al Registrador de la. Propiedad de Aguadilla aparecen justificados por la certifi-cación elevada por dicho registrador en cumplimiento de orden de esta corte y son los mismos que sirvieron de funda-mento a un recurso de queja que el propio Martínez formuló' hace nueve años contra el mismo registrador, solicitando que se declarara nula la cancelación de la inscripción de dominio-de la finca de que se trata a su favor y vigente tal inscripción de dominio, cuyo recurso terminó por resolución de veinte de abril de 1903, por la que se dispuso que acudiera Martínez a usar de su derecho donde y como correspondiera, de cuya resolución pidió' reconsideración Martínez, volviendo a soli-citar que se decretara la nulidad de la cancelación o en su defecto que se dispusiera que la inscripción de la adjudicación de la finca a Doña María Moreno se verificara de conformidad con el artículo 9°. de la Ley Hipotecaria, o sea con el gravamen de la hipoteca constituida por Don Joaquín Moreno a. favor de Don Víctor Martínez, pretensiones que el tribunal desestimó en resolución de 27 de junio de 1903, por el funda-mento de que la nulidad de las cancelaciones practicadas por los registradores de la propiedad no puede decretarse en la vía gubernativa sino por los tribunales de justicia y en el juicio declarativo correspondiente, y por carecer de compe-. tencia este Tribunal Supremo para resolver gubernativa-mente sobre la segunda pretensión de Don Víctor Martínez.

Véase Martínez v. El Registrador de la Propiedad, 4 P. R. R., 90.

Parécenos que lo que pretende Martínez en su instancia al Registrador de Aguadilla, aunque de una manera embo-sada, es que se consigne en el registro, mediante la correspon-diente nota al margen de la inscripción de su derecho hipote-cario sobre la finca de que se trata, la vigencia de dicho cré-dito hipotecario que según la inscripción 5a. de dominio de dicha finca a favor de Martínez, quedaba cancelada por con-solidación o sea por reunirse en una misma persona los con-ceptos de acreedor y deudor. Si tal es la pretensión de Martínez, no es posible acceder a ella en la vía gubernativa o sea por medio de una simple instancia, como la expresada, sin conocimiento y audiencia de Don Joaquín Moreno y de Doña María Moreno de Ramírez, de ios cuales, el primero adjudicó la finca a Martínez en pago de crédito hipotecario, y la se-gunda tiene inscrito en el registro a su favor el dominio de la misma sin estar afectada o gravada por la hipoteca ya can-celada de Martínez. La instancia de éste no puede prosperar por los propios fundamentos que esta corte tuvo en cuenta' al declarar sin lugar en su resolución de 27 de junio de 1903 el recurso de queja interpuesto por Don Víctor Martínez contra el Registrador de la Propiedad de Aguadilla.

Pero atendamos para la resolución en el presente caso a la letra de la súplica de Martínez al pedir se extienda la correspondiente nota de incumplimiento de condición suspen-siva al margen de la inscripción de su derecho hipotecario, sobre la finca de Don Joaquín Moreno.

Ese derecho hipotecario no se constituyó bajo condición alguna, de cuyo cumplimiento o incumplimiento dependiera su existencia y por tanto no hay términos hábiles para que se consigne en el registro el incumplimiento de condición sus-pensiva alguna. Pué adquirido en términos absolutos y su cancelación posterior no se debe a condición alguna inherente al contrato hipotecario, sino a cansas posteriores, cnya efi-cacia legal no puede ser materia de un recurso gubernativo.

Los textos legales y la resolución que invoca en su instan-cia el recurrente, no son atinentes al caso, como así lo revela su simple lectura.

Por las razones expuestas, sin perjuicio de los recursos que asistan a Don Víctor Martínez ante la corte de justicia competente y en el juicio correspondiente contra quien o quienes hubiere lugar, procede la confirmación de la nota recurrida de 3 de abril del corriente año.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Coto v. Rafas et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 754.
    Resuelto en junio 13, 1912.
    Pruebas — Falta be Objeción. — Cualquier testimonio probatorio puede ser con-siderado por la corte sentenciadora si no se presente objeción alguna a la admisión del mismo. Esto es una aplicación de la máxima Concensus tollit errorem.

    Apelación — Cuestiones que Pueden Considerarse en una Apelación.— Cuando las partes eon el consentimiento de la corte se unen en juzgar un caso bajo la teoría de que una determinada materia está dentro de las cuestiones a resolver (issues), dicha teoría no puede ser rechazada cuando el caso está en apelación para que sea revisado.
    Id. — Prueba de una Alegación Eliminada. — De acuerdo con la doctrina expuesta en el párrafo anterior, cuando los hechos expresados en una alegación que ha sido eliminada, son probados sin objeción de la parte contraria y sometidos como hechas esenciales a la apreciación y resolución del tribunal inferior, no procede por ese motivo la revocación de la sentencia apelada.
    Tercero — Ley Hipotecaria — Preceptos del Código Civil. — En el presente caso la propiedad de los bienes materia del pleito no estaba inscrita en el registro de la propiedad. Se resolvió, que la condición de tercero alegada por el demandado no debía regularse por los preceptos especiales de la Ley Hipote-caria, sino por los generales del Código Civil.
    Id.- — A vende a B cierta propiedad por documento privado. Luego A simula una deuda a favor de C quien demanda a A y obtiene que para asegurar la sen-tencia se embargue la misma propiedad vendida por A a B. Durante la tramitación del pleito C vende su crédito a D que tiene conocimiento de los antecedentes del caso. B inicia un pleito do tercería contra A, C y D. En dicho pleito I) alegó la condición de tercero, y se resolvió: qire estimándose probados por la corte sentenciadora la simulación de la deuda de A a B y el conocimiento que de ese hecho tenía D, no podía estimarse que concurría a favor de D la condición de tercero.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Luis .F rey re Barbosa y Eugenio Benitez Castaño.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Benedicto.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso de tercería sobre bienes inmuebles. El demandante alegó, en substancia, que el 12 de diciembre de 1909 compró con pacto de retro a Celedonio Cortés, por la suma de $495.42 que fué recibida por Cortés a su entera satis-facción, un ranchón de madera situado en Puerta de Tierra, y que el 2 de enero de 1910 compró también con pacto de retro* al propio Celedonio Cortés otro ranchón de madera, situado* en Puerta de Tierra, por la suma de $223.04 que recibió Cor-tés de igual modo a su entera satisfacción. Ambos contratos se hicieron constar por documentos privados que se insertan en la demanda. Los ranchones se describen debidamente.

Que vencidos en 12 de junio y 2 de julio de 1910 los plazos fijados para ejercitar el derecho de retracto, sin que el ven-dedor se hubiera aprovechado de ellos, la venta quedó consu-mada y los ranchones en su consecuencia de la exclusiva pro-piedad del demandante.

Que el 1 de junio de 1910 Zenón Vega demandó a Cele-donio Cortés ante la corte municipal reclamándole la suma de $465 que Cortés confesó deberle en documento privado fechado en 4 de enero de 1910, documento privado que fué reconocido por Cortés ante notario público el propio día 1 de junio de 1910 en que Yega presentó la demanda. Que en dicho pleito para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse, se embargaron como de la propiedad de Cortés, los referidos ranchones.

Que el demandante Coto Pereira interpuso demanda de tercería en la corte municipal contra los dichos Yega y Cortés el 4 de junio de 1910, alegando su derecho a la propiedad de los ranchones embargados.

Que mientras el juicio de tercería se sustanciaba, Zenón Vega hizo cesión de su crédito a Eugenio Eafas, y, notificada la cesión, la corte municipal dictó una orden teniendo a Eafas por demandante en el caso “en los mismos términos y a todos los efectos que en el indicado pleito y sus consecuencias exis • ten y puedan derivarse.”

Que en el repetido juicio de tercería se dictó sentencia a favor de Coto Pereira y se mandó levantar el embargo trabado sobre los ranchones.

Que Eafas interpuso apelación contra la sentencia, pero el recurso no llegó a resolverse por'que Coto Pereira desistió de su acción por tener dudas acerca de la jurisdicción de la corte municipal para conocer del pleito por razón de su cuantía.

Y que el documento otorgado por Celedonio Cortés a favor de Zenón Yega era simulado, expresándose detalladamente en qué consistía la simulación.

El demandado Eafas solicitó la eliminación del hecho de la demanda referente a la simulación del contrato otorgado entre Celedonio Cortés y Zenón Vega y la corte así lo acordó, pero esto no obstante, en el acto de la vista el demandante presentó prueba de la simulación, sin oposición de la parte contraria. El dicho demandado contestó además la demanda negando aquellos hechos que podían perjudicarle y alegando que al adquirir de Zenón Vega el crédito de $465, dicho cré-dito estaba declarado por sentencia firme.

Celebrada la vista, la corte de distrito dictó sentencia declarando con lugar la demanda con los demás pronuncia-mientos de ley, y contra esa sentencia dictada el 31 de mayo y registrada el 1 de junio de 1911, es que se ha interpuesto el presente recurso de apelación.

En su alegato el apelante señala los siguientes errores:

1. Debió haberse declarado con lngar la excepción previa de qne la demanda no adncía hechos suficientes para deter-minar nna cansa de acción.

2. Eliminado el hecho de la demanda en qne se alegaba la simulación del contrato otorgado entre Cortés y Yega, no debió admitirse como se admitió prueba sobre dicho extremo.

3. Se erró al permitir la presentación de documentos pri-vados en perjuicio de tercero, y

4. No se ha justificado la existencia de la compra de los ranchones por parte de Coto Pereira.

En cnanto al primer error, diremos qne a nuestro juicio la demanda aduce hechos suficientes para poder concluir que los ranchones de que se trata pertenecen al demandante y no a los demandados, y siendo esto así, como lo veremos aún más claro al considerar los otros errores señalados, la excepción a la demanda fné desestimada propiamente.

En cuanto al segundo error, diremos qne no consta en parte alguna de la transcripción que el apelante se opusiera a la prueba indicada. Por el contrario, examinadas las ale-gaciones, el método seguido en la práctica de las pruebas y la sentencia de la corte de distrito, se llega a la conclusión de que la simulación del contrato, de Cortés con Yega, no obs-tante la orden de eliminación, fné un ¿echo esencial sometido finalmente a la apreciación y resolución de la corte de distrito■; y no es en la apelación en donde el demandado y apelante puede volver sobre sus propios actos al darse cuenta de que pueden perjudicarle.

Es un principio de derecho qne cualquier testimonio pro-batorio puede ser considerado por la corte, si no se presenta objeción alguna a la admisión del mismo. (Burton v. Driggs, 20 Wall, 133; District of Columbia v. Woodbury, 136 U. S., 450, 462; Patrick v. Graham, 132 U. S., 627; Camden v. Doremus, 3 How., 515.) Esta es una aplicación de la máxi-ma Gonsensu,s tollit errorem. (Falero v. Falero, 15 D. P. R., 122.)

Y es una regla bien establecida qne cuando las partes, con el consentimiento de la corte, se nnen en juzgar un caso bajo la teoría de que una determinada materia está dentro de las cuestiones a resolver (issues), dicha teoría no puede ser re-chazada cuando el caso viene ante una corte de apelación para que sea revisado. (San Juan Light & Transit Co. v. Requena, opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos; 224 U. S., 89.)

En cuanto al tercer error diremos, que este caso debe re-solverse de acuerdo con los preceptos generales del derecho civil, pues las prescripciones especiales de la Ley Hipotecaria no le son aplicables debido a que la propiedad de los ran-chones de que se trata no estaba inscrita a favor de persona alguna en el registro.

Son hechos probados que Celedonio Cortés fué el dueño de los dos ranchones a que se refiere este pleito. Que en 1 de junio de 1910, Zenón Yega entabló demanda contra Celedonio Cortés y para el aseguramiento de la sentencia que pudiera dictarse, embargó los ranchones. Que practicado el embargo, Coto Pereira, estableció su primera demanda de tercería reclamando la propiedad de los ranchones, y que interpuesta ya la demanda de tercería, Zenón Vega cedió su crédito contra Cortés al demandado y apelante Eugenio Eafas.

Para probar su alegación de propiedad, el demandante Coto Pereira acompañó a su demanda dos documentos pri-vados fechados el 12 de diciembre de 1909. El demandado y apelante Eafas sostiene que es tercero, y que, en tal virtud, dichos documentos sólo pueden perjudicarle a partir de la fecha en que se presentaron a la corte y que siendo dicha fecha posterior al embargo de su cedente, el embargo debe subsistir con preferencia .al derecho que pueda tener Coto Pereira.

La propiedad de los bienes embargados no ha sido tras-pasada a Eafas: él es simplemente un acreedor personal de Cortés con su crédito reconocido por sentencia y asegurado sobre bienes que se embargaron como de la propiedad de Cortés.

¿Puede en tal caso considerársele como un tercero? Aten-dido el resultado de las pruebas practicadas, no puede, a nuestro juicio.

No sólo probó el demandante el techo de la venta por medio de los documentos privados, de su propia declaración jurada, de la declaración jurada del testigo Inocencio Rivera,, que escribió los documentos y presenció la entrega del dinero y de la declaración también jurada del Notario Socorro ante quien comparecieron en los primeros meses de 1910, Coto Pereira y Celedonio Cortés con objeto de otorgar una escri-tura de venta absoluta de los ranchones (las ventas hechas constar en los documentos privados son con pacto de retro), dedicando parte del pago a satisfacer cierta deuda que Cortés tenía con una señora Colombani, escritura que no llegó a firmarse porque finalmente Cortés no estuvo conforme por razón de la deuda de la Colombani, sino que además probó que era simulada la deuda de Cortés a Yega.'

Además, de la circunstancia de haberse hecho constar dicha deuda en un documento privado que lleva la fecha de enero 4 de 1910 y que fué reconocido ante notario por el deudor el 1 de junio de 1910, o sea el mismo día que se entabló la de-manda y se pidió el aseguramiento de la sentencia, existen las declaraciones del abogado Sr. Ginorio y del testigo Maisonet. El primero dijo, en resumen, que Celedonio Cortés había ido a su bufete con objeto de que le aconsejara los medios de eludir el pago de una deuda que tenía con Coto Pereira y la Sra. Colombani. Y el segundo, entre otras manifestaciones, hizo las siguientes: “que conoce a Juan Coto Pereira, Cortés, Rafas y Zenón Yega, que éste fué a su casa en el mes de mayo a las seis de la tarde y le dijo que si quería ganarse un pico, y al preguntarle que en qué, le contestó que en hacer un docu-mento para salvar a un pobre, y entonces le dijo que pasaría por su cafetín; que al otro día viniendo para San Juan entró en el cafetín de Vega y éste le dijo ‘vamos a hacer el docu-mento’ y le contestó el declarante, ‘vamos a ver de qué se trata,’ y le contestó Coto Pereira, ‘piensa embargar aquí nna •casa y ese pobre no se pnede dejar en la calle;’ que el individuo a qnien había qne salvar era Celedonio Cortés; para ello querían bacer nn documento con fecha atrasada, y entonces él le dijo que no se metía en eso, que era una causa criminal, y que cree que el primero de junio vino a la plaza y encontró a Cortés, a Ramón Miranda y Zenón Vega, y al decirle éste ‘¿Qué háy?’ le dijo ‘no hago nada,’ que no sabe si realizaron algún acto después de éste, después dice él, que el primero de junio los encontró en la plaza e iban a hacer el documento, ■que se lo dijeron porque al decirle ‘¿qué háy?’ les dijo ‘no Jaago nada. ’ ”

Con tales elementos probatorios como base, la corte de distrito, que oyó declarar a los testigos en persona y que pudo apreciar en mejores condiciones que nosotros su veracidad, llegó a la conclusión de que Vega, el acreedor supuesto de Cortés, tenía conocimiento de las ventas de los ranchones de Cortés a Coto, y que Rafas, el cesionario de Vega que ad-quirió el crédito después de entablada por Coto la primera demanda de tercería, tenía también conocimiento de la exis-tencia de dichos contratos, y, en tal virtud, que ni Vega, ni Cortés son terceros.

Palta sólo considerar el último de los fundamentos del recurso. Sostiene el apelante que no se ha probado que Coto Pereira comprara realmente a Cortés los ranchones. En el acto de la vista el demandado Rafas por medio de sus repre-guntas a los testigos del demandante, trató de demostrar que los contratos celebrados entre Coto y Cortés eran de prés-tamo de dinero y no de compraventa. La corte sentenciadora apreció, a virtud del examen de toda la evidencia, que se tra-taba de una compra y nosotros no encontramos motivos bien fundados para decir que su apreciación fué errónea.

La prueba es suficiente para establecer una compra con pacto de retro, que quedó consumada por no haber ejercitado en tiempo el vendedor su derecho de retracto.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MaeLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez PeesideNte Sr. HerNÁNdez,

text:
    San Miguel v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia.
    No. 118.
    Resuelto en junio 13, 1912.
    Sociedad Mercantil — Prórroga del Contrato Social — Responsabilidad de los Socios por Contratos Hechos con Terceros. — Habiendo sido convenido entre los socios de una sociedad mercantil, con anterioridad al vencimiento del contrato social, el prorrogar dicho contrato, y habiéndose otorgado la escri-tura de prórroga de la sociedad con posterioridad a la fecha en que venció el contrato social, los socios gestores de dicha sociedad son responsables soli-dariamente para con las personas extrañas a la sociedad por los actos y con-tratos otorgados por dichos socios a favor de tercero, y tales actos y con-tratos, aun cuando la sociedad mercantil no tuviera existencia legal euando se otorgaron, son eficaces contra los socios y a favor de los terceros con quienes se contrató
    Cancelación de Hipoteca — Escritura de Cancelación Otorgada por una Sociedad Mercantil Después del Vencimiento del Contrato Social. — Ha-biendo sido inscritas 'en el Registro de la Propiedad las hipotecas cuya can-celación es objeto del presente recurso, no cabe diseutir gubernativamente la validez o nulidad de esas inscripciones, lo cual es de la exclusiva competencia de los tribunales de justicia, y habiendo la sociedad mercantil, a favor de quien aparecen inscritas las hipotecas, otorgado la correspondiente escritura de cancelación a favor del dueño de las casas gravadas, procede la inscripción de dicha cancelación aun cuando la escritura de cancelación se haya otorgado después de vencido el contrato social.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Enrique Márqv,ez Huertas.

   El Juez PeesideNte Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 9 de abril de 1912, la sociedad mercantil “Sucesores de San Miguel Hermanos,” por medio de su gestor Don Ramón Cobián Rodríguez, otorgó a favor de Don Jenaro San Miguel y Sierra carta de pago y cancelación de dos hipotecas que Don Eloy Agudo Centeno había consti-tuido sobre una casa de su propiedad número 35 de la calle del Sol de esta ciudad, la que con dichos gravámenes pasó por título de compraventa a Don Jenaro San Miguel y Sierra. La primera de esas hipotecas fué establecida en 14 de agosto de 1911 para garantir préstamo de once mil dollars y 1,500 más por intereses y costas, habiendo sido ampliada en 22 de septiembre siguiente a mil dollars más en concepto de prés-tamo y cien dollars por intereses y costas, y la segunda se constituyó en 10 de noviembre del propio año por la suma de mil dollars como préstamo y trescientos dollars por intereses y costas.

Presentada en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Ia., la escritura de que se deja hecho mérito con la de constitución y prórroga de la sociedad acreedora para la can-celación de ambas hipotecas, el registrador la denegó por medio de la siguiente nota :

“Denegada la cancelación solicitada con -vista de las escrituras de constitución y de prórroga de la sociedad acreedora, porque el tér-mino por el cual se constituyó dicha Sociedad venció el día quince de septiembre de mil novecientos once y fué prorrogada por escritura de veinte y cinco del mismo mes, o sea con fecha posterior a su venci-miento en contravención al artículo 223 del Código de Comercio en armonía con el 119 del mismo, por lo cual dicha sociedad prorrogada no continúa la personalidad jurídica de la anterior; y se ha extendido anotación preventiva por cuatro meses al folio 17 vuelto, tomo 77 de-esta ciudad, finca 1633 duplicado, anotación letra G. San Juan, abril 20 de 1912. José S. Belaval, Registrador.”

Dicha nota ha sido recurrida por Don Jenaro San Miguel y es la materia del recurso que nos toca considerar y resolver.

De la escritura de modificación y prórroga de contrato de sociedad mercantil otorgada en 25 de septiembre de 1911' resulta:

1°. Que por escritura pública de 7 de diciembre de 1907, inscrita en el registro mercantil, se constituyó la sociedad mercantil “Sucesores de San Miguel Hermanos” por término-de cuatro años, que empezarían a contarse desde el 15 de septiembre del año expresado, retrotrayéndose a esa fecña los efectos de tal documento;

2o. Que por la escritura pública de 25 de septiembre de 1911 también inscrita en el registro mercantil, fné modificado y prorrogado el contrato de sociedad mercantil constatado en la escritura de 7 de diciembre de 1907, por cuatro años más a contar desde el día diez del propio mes de septiembre en que así se ñabía convenido, a cuya fecha debían retrotraerse todos los efectos de la modificación y prórroga de dicho contrato.

Ante esos hechos hemos de aceptar que el término por el cual se constituyó la sociedad mercantil “Sucesores de San Miguel Hermanos” vencía en 15 de septiembre de 1911, y que con fecha posterior a su vencimiento, o sea en 25 del propio septiembre se escrituró la prórroga de dicha sociedad, según había sido convenido desde el día diez por los socios; pero si con ello fueron infringidos los artículos 119 y 223 del Código de Comercio que invoca el registrador para denegar la cance-lación solicitada, esa'infracción no hace irresponsables a los encargados de la gestión social de San Miguel Hermanos por los contratos celebrados con personas extrañas a la compañía, pues el artículo 120 del mismo Código preceptúa que los en-cargados de la gestión social que contravinieren a lo dis-puesto en el artículo anterior (119) serán solidariamente responsables para con las personas extrañas a la compañía con quienes hubieren contratado en nombre de la misma..

Conforme con el anterior precepto, resolvió el Tribunal Supremo de España en sentencia de 6 de diciembre de 1887, que aun cuando una sociedad mercantil no haya tenido exis-tencia legal, los actos y contratos que con tal carácter realizan los socios son eficaces contra los mismos en favor de los ter-ceros con quienes han contratado.

Aun más, las hipotecas de cuya cancelación se trata, fueron inscritas en el registro de la propiedad, y no cabe discutir gubernativamente la validez o nulidad de esas inscripciones por haber quedado bajo la salvaguardia de los tribunales de justicia, únicos que pueden decretar su nulidad en el juicio correspondiente, debiendo tomarse esas inscripciones en el presente recurso como punto de partida para la resolución que ha de dictarse.

Véanse las resoluciones de la Dirección General de los Registros de España de 15 de'junio de 1884, 19 de noviembre de 1885 y 21 de junio de 1891.

Siendo ello así, inscritas como han sido en el registro las escrituras de constitución de hipoteca por Don Eloy Agudo Centeno a favor de “Sucesores de San Miguel .Hermanos,” siendo dueño Don Jenaro San Miguel de la casa gravada por las hipotecas, y habiéndose otorgado por la referida sociedad, que como acreedora aparece en el registro, carta de pago y cancelación de hipotecas a favor del deudor hipotecario Don Jenaro San Miguel, no cabe negar bajo concepto alguno la cancelación pretendida.

Por las razones expuestas debe revocarse la nota recurrida y ordenarse al registrador lleve a cabo la cancelación solici-tada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    The American Trading Company v. Quevedo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 830.
    Resuelto en junio 17, 1912.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 748, The American Trading Company v. Monserral, resuelto en abril 20, 1912.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Felipe Casaldwc.

    Abogado del apelado: Sr. José Benet.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 11 de mayo de 1900 Luis Arán y Lancy reconoció adeudar a Basilio Duran la suma de 130,000 pesos provinciales, que se obligó a pagar a razón de 13,000 pesos en cada día 11 de mayo de los años 1901 a 1910, con el interés del 6% anual, y por cada uno de esos plazos otorgó un pagaré a la orden de Duran garantizando el solvendo de la deuda con hipoteca voluntaria sobre 20 fincas rústicas.

La American Trading Company, tenedora por endoso del pagaré No. 3, inició procedimiento hipotecario contra Francisca Arán como administradora judicial de los bienes de Luis Arán ya fallecido, para el cobro de aquel documento; y seguidos los trámites del caso, fueron adjudicadas a aquella corporación, mediante venta en pública subasta, seis de las fincas hipotecadas en pago parcial del crédito reclamado, otorgándosele la correspondiente escritura dé adjudicación en 20 de febrero de 1908.

En posesión The American Trading Company de las seis fincas de que se trata, Inocencia Quevedo Castellanos, en con-cepto de dueña del pagaré No. 9 por endoso que a favor de su causante, Teodora Quevedo, habián hecho M. Martínez y Co. inició procedimiento sumario hipotecario contra aquella sociedad para el cobro parcial de la deuda, cuyo pago en el registro seguía garantizado con hipoteca sobre dichas fincas; y con tal motivo, en 9 de diciembre del año próximo pasado la American Trading Company produjo demanda ante la Corte de Distrito de Mayagiiez contra Inocencia Quevedo Castella-nos, con súplica de que en su día se dictara sentencia decla-rándose nulo el procedimiento hipotecario seguido ante dicha, corte por Inocencia Quevedo Castellanos contra la American Trading Co., para el cobro del pagaré hipotecario No. 9, y ordenando la cancelación de la hipoteca que garantizaba el pago del pagaré en cuanto esa hipoteca afectaba a las fincas; de Luis Arán adjudicadas a The American Trading Company.

En el mismo escrito de demanda solicitó la American Trading Company, que mientras corría trámites la acción se expi-diera un auto de injunction preliminar ordenando a Inocencia Quevedo, sus causahabientes y sucesores, abogados, agentes, empleados o subordinados, se abstuvieran desde la notifica-ción de dicho auto de ejercitar acto alguno que envuelva gravamen, anuncio de subasta por edictos, venta de remate de los bienes inmuebles descritos en la demanda, hasta que recaiga nueva orden de la corte disponiendo lo contrario.

Con relación a la pretensión de injunction preliminar no encontramos en la demanda otra alegación propiamente per-tinente que la décima nona, expresiva de que siguiendo por todos sus trámites el procedimiento hipotecario seguido por Inocencia Quevedo, se embargarían y subastarían las fincas propiedad de The American Trading Company, sin dar a ésta oportunidad de defender sus derechos en buena contienda judicial, surgiría una multiplicidad de procedimientos judi-ciales con M. Martínez y Co., Baudilio Duran, Sucesión de Luis Aran y con la misma Inocencia Quevedo, originándose a las partes grandes gastos innecesarios y pérdida de tiempo a las cortes de justicia, y finalmente sería muy difícil precisar la cuantía de la compensación que deba pedirse como indemni-zación de daños y perjuicios que quizás serían irreparables.

La corte de Mayagüez en 30 de diciembre de 1911 expidió orden para que Inocencia Quevedo Castellanos mostrara causa por la que no debiera expedirse el injunction preliminar soli-citado, señalando para el acto el día 9 de enero de 1912, y dispuso además que Inocencia Quevedo Castellanos y los demás a quienes había de afectar la prohibición, se abstuvieran de realizar en el Ínterin cualquiera de los actos ya indicados.

Se opuso Inocencia Quevedo Castellanos al injunction; y celebrada la vista en el día señalado, la corte dictó resolución en 19 de enero de 1912, desestimando la solicitud de injunction preliminar y ordenando en su consecuencia se levante el entre-dicho en que se puso a la demandada en virtud de la orden dictada en 30 de diciembre anterior, con costas a la deman-dante, contra cuya orden interpuso la American Trading Company recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, sometido a nuestra consideración y decisión.

No nos toca considerar en el presente recurso los funda-mentos de la demanda sobre nulidad del procedimiento hipo-tecario seguido por Inocencia Quevedo Castellanos contra The American Trading Company y sobre cancelación de las hipo-tecas que garantizan el pago del documento No. 9, en cuanto esas hipotecas gravan las fincas adjudicadas a The American Trading Company. Las cuestiones legales envueltas en dicha demanda se decidirán en la sentencia que ponga término al juicio.

En cuanto a las otras cuestiones legales suscitadas con motivo del injunction, son las 'raismas que ya discutimos al decidir en 20 de abril del corriente año un caso igual de injunction contra The American Trading Company v. Damián Monserrat Suro, y nos referimos a la opinión que sirvió a esta corte de fundamento para confirmar la resolución apelada, que también declaró sin lugar el injunction solicitado.

Damos aquí por reproducida dicha opinión y por las ra-zones en ella consignadas es de confirmarse la resolución que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en 19 de enero del corriente año.

Confirmada.

Jueces concurrentes. Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

Juez disidente: Sr. MacLeary.


author: El Jtjez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    López et al. v. Sánchez et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 818.
    Resuelto en junio 18, 1912.
    Cónyuge Viudo — Herencia en la Sucesión Testada e Intestada. — Según ha resuelto repetidamente este tribunal, las disposiciones del artículo 821 del Código Civil Revisado de Puerto Rico, regulan los derechos hereditarios del cónyuge sobreviviente, lo mismo en la sucesión testada que la intestada.
    Id. — Embargo de la Participación del Cónyuge Viudo. — De acuerdo con la doctrina sentada en el párrafo anterior, es indudable que el embargo prac-tieado sobre la participación que tenga el cónyuge sobreviviente en una sucesión intestada es perfectamente válido, lo mismo que si se hubiera hecho' el embargo tratándose de una sucesión testada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

    Ahogados de los apelados: Sres. Foster V. Broion, Attorney General, y José B. F. Savage.

   El Jtjez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos esenciales de este caso son pocos y sencillos. La apelante Luisa López Lahorde estuvo casada con el Dr. Vázquez Prada quien falleció el 9 de junio de 1904. Al morir él, ambos esposos poseían como bienes gananciales, la casa. No. 52 de la calle del Sol, en la ciudad de San Juan. El Dr. Vázquez falleció dejando a su viuda, la apelante, y siete hijos nacidos durante su matrimonio con ella.

Habiéndose dictado sentencia por la Corte Federal contra la apelante Sra. López Laborde, su participación en la casa ya mencionada fué embargada por el márshal y vendida en virtud de un mandamiento de ejecución, habiendo sido adqui-rida por Don Luis Sánchez Morales. Después de dictada sen-tencia y antes de que se llevara a cabo la venta en virtud del mandamiento de ejecución, la madre renunció y transfirió a sus hijos su participación en dicha casa que como viuda había recibido de la sucesión de su difunto esposo. Esta enajena-ción es impugnada por el apelado por haber sido hecha a título gratuito, y porque al hacerla la apelante no había con-servado bienes suficientes para satisfacer dicha sentencia y porque dicha enajenación fué hecha con el propósito y la intención de defraudar a su acreedor por sentencia. El condo-minio de la mitad de dicha casa perteneciente a la viuda por su parte de los bienes gananciales no es objeto de litigio, pues no se ha negado que dicho condominio fué enajenado en vir-tud de la venta en ejecución de sentencia; pero la tercera parte de la otra mitad o sea una sexta parte de la totalidad de la casa, que la viuda, según se dice recibió de la sucesión de su difunto esposo como parte de su herencia, es la que está en litigio.

No debemos olvidar que el Dr. Vázquez murió intestado y que sus siete hijos fueron declarados sus únicos y univer-sales herederos, sin perjuicio de los derechos de su madre en la herencia. Al tiempo de su fallecimiento estaba vigente el artículo 821 del Código Civil Eevisado de Puerto Eico, el cual ha sido posteriormente modificado y cambiado por la ley de marzo 9 de 1905 que expresamente derogó dicho artí-culo tal como estaba redactado en el Código Civil y puso de nuevo en vigor las disposiciones del antiguo Código Civil Español relativas' a esta materia.

La apelante, no hace hincapié en la venta hecha por la viuda a sus hijos, y tácitamente se ha admitido que es nula de acuerdo con la ley, por haber sido hecha sin causa por un deudor en virtud de una sentencia, que no había conservado bienes suficientes para satisfacer la sentencia. Por lo tanto la única cuestión planteada en esta apelación es la interpre-tación que debe darse al artículo 821 del Código Civil Eevi-sado de Puerto Eico, el cual estaba en toda su fuerza y vigor al ocurrir el fallecimiento del Dr. Vázquez. Dicho artículo dice lo siguiente:

“Artículo 821. — El viudo o viuda tendrá derecho, si el difunto dejare un hijo legítimo o ilegítimo reconocido, o descendientes de éstos, a la mitad de la propiedad personal y real en que consistiere la herencia.
“Si el cónyuge difunto hubiere dejado más de un hijo viviendo o representado por sus descendientes, si alguno de ellos hubiere muerto, el cónyuge viviente tendrá derecho sólo a una tercera parte de la pro-piedad personal y real de los bienes en que consistiere la herencia.
“Cuando no hubiere descendientes, pero sí ascendientes, el cón-yuge sobreviviente tendrá derecho a la mitad de la propiedad personal y real de los Bienes de la herencia.
“No quedando descendientes ni ascendientes, el cónyuge sobre-viviente tendrá derecho a las dos terceras partes de la propiedad personal y real de los bienes de la herencia.”

El demandado Hubbard, bajo cuya autoridad como Már-shal de los Estados Enidos se llevó a cabo la venta en pú-blica subasta de dicha casa, alegó que no tenía interés alguno en dicha propiedad y quedó fuera de este litigio, no siendo en realidad parte en esta apelación.

La cuestión planteada por las partes apelante y apelada es sucintamente expuesta, la siguiente: Los apelantes sos-tienen que la viuda no tenía título ni derecho alguno a la tercera parte de la casa y solar que pertenecían al esposo, al ocurrir su fallecimiento, como bienes gananciales, y que sus hijos, al morir él, heredaron dicha mitad por completo. El apelado sostiene que habiendo fallecido intestado el esposo en el año 1904, cuando el artículo 821 del Código Civil Revisado estaba vigente, la viuda tenía derecho a una tercera parte de la mitad y a los hijos sólo les correspondía el rema-nente de dos terceras partes de dicha mitad. Tenemos por tanto que la interpretación del artículo 821 es la que ha de resolver este caso. Los apelantes se apoyan en las dos deci-siones de este- tribunal, una en el caso Ex parte Smith, 14 P. P. R., 664, y Julbe v. Guzmán, 16 D. P. R., 530. En este último caso dos de los jueces de este tribunal disintieron y formularon su opinión disidente que está publicada en dicho tomo a continuación de la opinión de la mayoría. De la opinión disidente puede verse que la única diferencia exis-tente entre los jueces de este tribunal era acerca de la inter-pretación de la ley de 1905 como derogatoria del artículo 821 del Código original civil revisado de Puerto Rico. En el caso de Ex parte Smith, no hubo voto disidente, pues la inter-pretación que se le dió a dicho artículo del Código Civil fué unánime. En aquel caso se resolvió que el ya citado artículo se aplicaba tanto a las sucesiones testadas e intestadas, y esta interpretación se deduce con claridad de la opinión de la corte en el caso de Julbe v. Guzmán.

En este caso la corte se expresó en la siguiente forma:

1 ‘ En 1902, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico decretó una ley titulada Código Civil y desde entonces quedó derogado el Código Civil español. Las disposiciones del nuevo Código Civil con respecto a los derechos del vindo son nuevas algunas y precisas y claras todas. Aun-que el artículo 821 está colocado en aquella parte del Código que se refiere a la herencia testada, regula los derechos del cónyuge viudo en la herencia intestada. Esto puede verse claramente de un estudio de dicho artículo en relación con los artículos 822 y 920. Pero la Asam-blea Legislativa de Puerto Rico, por ley de 9 de marzo de 1905, derogó el citado artículo 821 y restableció las disposiciones del Código Civil español que trataban de la sucesión testada. ’ ’

De modo que es claro que este tribunal siempre lia opinado por unanimidad que el artículo 821 del Código Civil tal como originalmente fué adoptado en 1902, y estaba en vigor en 1904 al ocurrir el fallecimiento del Dr. Vázquez, era de apli-cación tanto a la sucesión testada como intestada, y que por tanto la viuda, o sea la apelante en este caso, de acuerdo con dicho artículo tenía derecho a una tercera parte de los bie-nes muebles e inmuebles que constituían la herencia. Ha-biendo pues ya adquirido esta participación en dicha pro-piedad, quedó sujeta al embargo y a la venta que se hizo por el Márshal de los Estados Unidos en virtud de manda-miento de ejecución librado por la Corte de los Estados. Unidos, y el apelado Luis Sánchez Morales adquirió con título suficiente.

Por las razones arriba indicadas, la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, registrada en noviembre 9 de 1911, y contra la cual se ha interpuesto el presente recurso de apelación debe ser confirmada en todas sus partes. •

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaby,

text:
    El Pueblo v. Dalió.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 435.
    Resuelto en junio 18, 1912.
    Derecho Penal — Venta de Leche Adulterada — Incongruencia de las Alega-ciones con la Prueba. — El acto de vender leche implica un ofrecimiento por parte del vendedor y la aceptación por parte del comprador, y para que se realice la venta es necesario que se ofrezca la leche en venta. No consti-tuye, pues, incongruencia de las alegaciones con la prueba, el hecho de que a un acusado de ofrecer en venta leche adulterada, se le pruebe que la leche que estaba ofreciendo en venta era pura y que la que había vendido momentos antes había resultado adulterada.
    Id. — Pruebas—AnAlisis Químico. — Las palabras “adulterada con agua,” que bajo el epígrafe de “notas” u “observaciones” aparecen en la certificación expedida por un químico del análisis químico de una leche adulterada, no constituyen la parte esencial de dicha certificación, especialmente constando de dicho documento que la leche sólo tenía un 10.16 por ciento de materia só-lida, y para que fuera pura, debía tener por lo menos un 12 por ciento.
    Id.' — Prueba Contradictoria — Apreciación del Tribunal Sentenciador.— Cuando la prueba es contradictoria la apreciación que de la misma haya hecho el tribunal sentenciador, no será generalmente alterada por este tribunal, a menos que se demuestre que actuó movido por parcialidad, prejuicio o pasión o que cometió manifiesto error.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Felipe Gasalduc.

    .Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. MacLeaby,

emitió la opinión del tribunal.

En esta causa el apelante fue declarado culpable de un delito contra la salud pública, por infringir la ley relativa al castigo de las personas que sean culpables de adulterar leche. La denuncia expresa que el día 30 de enero de 1912, en la ciudad de Ponce, el acusado Bartolo Dalió ofreció en venta al público como pura, lecha de vaca que había sido adulterada. El acusado hizo la alegación de no culpable y el día 29 de febrero, celebrado el juicio ante la corte, fué declarado culpable y condenado a treinta días de prisión en la cárcel y al pago de las costas. Contra esta sentencia interpuso el acu-sado recurso de apelación y alega varias razones en las cua-les se funda para solicitar la revocación de la sentencia.

Alega en primer término qne la leche qne ofreció en venta era pnra y sostiene el hecho de qne el inspector qne examinó la leche qne se encontraba en sns vasijas y qne se llevaba en el carro para la venta, la encontró pnra, a pesar de qne de nn examen y prneba qne se hizo de dos medias botellas de leche qne estaban en posesión de Ana Semiday, se había en-contrado qne estaba adulterada. El acnsádo niega en sn declaración qne él vendiera esta leche o por lo menos mani-fiesta qne no sabe si la vendió o nó y alega además, qne nna de las medias botellas se obtnvo de manos de la señora.y la otra de la casa de ésta. Ana Semiday expresa en sn decla-ración, qne compró ambas medias botellas al acusado y qne el inspector MacDonald cogió nna de éstas dé sns manos cnando ella se encontraba parada cerca del carro y la otra se la llevó y la tenía en la casa debajo de nna silla. Alega el acusado qne existe discrepancia entre las alegaciones y la prneba, a saber: qne a él se le acusaba de ofrecer para la venta y no de vender leche adulterada y sin embargo, la prneba de-muestra que la leche qne él ofreció en venta o sea la qne se encontraba en el carro era pnra y qne aquella qne se encon-tró adulterada ya había sido vendida. En contestación a ésto se ha dicho qne la venta de la leche incluye la oferta por parte del vendedor y la aceptación por el comprador, y para qne se realice completamente la venta, debe ofrecerse el artículo para la venta. Esto es evidentemente razonable y lógico y la prneba es más bien una ilusoria qne real.

El apelante alega en segundo lugar, qne en la certifica-ción del químico solamente aparecen las consideraciones qne él hace de qne la leche se había adulterado con agua. Es cierto qne en la certificación y bajo el epígrafe de “notas,” n “observaciones,” aparecen las palabras “adulterada con agua”; pero esta no es la parte esencial de la certificación, que demuestra la composición de la leche qne fné exami-nada y qne el finido contenía 10.16 por ciento de materia sólida, y qne si la leche hubiera sido pnra hubiera resultado, por lo menos nn 12 por ciento. Este hecho demuestra clara-mente que la conclusión, si así puede llamarse del químico, de que la leche había sido adulterada con agua fué correcta, pndiendo la corte estar en condiciones de llegar a esa con-clusión en vista de los hechos lo mismo que el químico.

En tercer lugar alega el acusado, que una de las medias botellas de leche que fueron examinadas se tomó de la casa, y la otra del testigo (la mujer que declaró) y que no se hizo la prueba de esa leche en el sitio en que se encontraba presente el acusado sino en el puesto de un vendedor que estaba cerca, y que el acusado no vendió la leche que fué sometida a la prueba. Esto en parte es una repetición de la primera de-fensa. La prueba es contradictoria con respecto al hecho de si la prueba fué o nó tomada en presencia del acusado. El dueño del puesto Gabriel Vélez declaró que Dalió se en-contraba algunas veces en su carro y otras yendo y viniendo y no hay nada que demuestre que estuviera impedido de ob-servar el procedimiento y las operaciones del inspector que hizo la prueba si así lo hubiera deseado, y no aparece que se le haya ocasionado algún perjuicio por haberse cometido alguna irregularidad, si es que se cometió, al proceder a hacer la prueba.

El apelante se funda en último término en la duda razo-nable que existe con respecto a su culpabilidad según apa-rece de los autos. Como se trató de probar que los hechos no justificaban la declaración que se hizo de culpabilidad del acusado, insertaremos en toda su extensión las declaraciones prestadas por los dos testigos principales, a saber:

El inspector James D. MacDonald declaró como sigue:

“Qiie vivió en Ponce y desempeñaba el cargo de inspector de leche y que en 30 de enero de 1912 se encontraba- en la Calle Brigadier Castro donde vió a Dalió vender leche a una señora llenándole dos botellas de una vasija; que entonces él probó la leche en una de las botellas y resultó muy mala; que el acusado Dalió le dijo que lo que debía probar era la leche que llevaba en su carro para la venta; que probó la leche de Ana Semiday con la medida; que no la encontró buena- y tomó tres muestras de ella enviando una a San Juan el mismo día; que marcó la muestra ‘No. 14 J. D. M. D., Enero 30, 1912/ y que el químico de San Juan le envió, el informe que se expidió, el cual fué presentado en el juicio y aceptado como prueba por el Fiscal y la de-fensa. Que él también probó la leche que Dalió llevaba para vender en su carro y estaba buena, siendo esta prueba de la leche hecha en tres o cuatro botellas y también en la vasija. Que llevó la leche que recibió de la mujer al puesto de leche de Gabriel Yélez y allí fué donde la probó con su aparato, dando después una muestra de la leche así probada a Dalió y enviando la otra a San Juan; y en otra oeasiom él probó la leche que el acusado vendía y también la encontró buena y que hizo esto en la calle en frente del carro en donde tomó la muestra de la leche, pero en la siguiente vez hizo la prueba en el puesto de Gabriel Yélez, porque allí había un sitio donde podía colocar su pe-queño aparato; que llenó las dos botellas que pertenecían a la mujer con leche de la vasija, y este mismo testigo fué el que entregó a la mujer toda la leche que había allí en la vasija; y que Dalió estaba presente cuando el testigo hizo la prueba de la leche y tomó las mues-tras. ’ ’

Ana Semiday declaró como sigue:

“Que reside en Ponce; que tiene por costumbre comprar leche a Dalió y que en 30 de enero de 1912 cuando éste vendía leche, el inspector se presentó y tomó media botella que ella tenía en su mano y des-pués la otra media botella que había llenado y colocado debajo de una silla en .un cuarto de su casa; que él la vació en un envase y allí tomó la prueba y después de hacerlo salió el inspector con Dalió, no sabiendo la testigo lo que ocurrió entre ellos; que cuando ella entregó las dos medias botellas a Dalió para que las llenara con leche estaban vacías y al terminar de llenar la segunda botella llegó el insp'ector. Que su casa está en la esquina de las calles Capitán Correa y Brigadier Castro.”

Los otros testigos corroboran las declaraciones, excep-tuando el acusado que las contradice en algunos puntos que no son esenciales. La corte parece haber aquilatado debida y correctamente la prueba en aquellos puntos en que apa-rece ser contradictoria. Y no bay nada que demuestre que baya habido parcialidad, prejuicio o pasión o error mani-fiesto al considerar la prueba.

Examinando los autos en conjunto y aplicando la ley a los hechos, resulta suficientemente claro a nuestro criterio que se ha hecho completa justicia al declarar culpable al acusado, debiendo por consiguiente, confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.