author: El Juey Asociado Sb. Hutchison,

text:
    Cid et al., Demandantes y Apelantes, v. C. Pérez Alvarez, S. en C., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre desahucio.
    No. 2587.
    Resuelto en noviembre 20, 1922.
    Arrendamiento — Opción para Prorrogar el Arrendamiento — Aviso de la In-tención de Prorrogar. — Cuando el contrato de arrendamiento con opción de prórroga én favor del arrendatario no contiene disposición alguna sobre aviso al arrendador de la intención de prorrogarlo, el arrendatario no está en la obligación de dar aviso expreso de tal intención, la eual puede deducirse de los actos de las partes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: \8res. C. Coll Cuchí, R. Rivera Zayas y G. Cruzado Silva.

    Abogado de la apelada: Sr. S. Suau.

   El Juey Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Convenimos enteramente con el abogado de los apelantes y demandantes en la corte inferior en una acción de desa-hucio, en que la única cuestión aquí envuelta, es si era o no necesaria de acuerdo con los términos del contrato de arren-damiento la manifestación expresa de una intención por parte de la arrendataria de optar por la prórroga del tér-mino.

Para los fines de esta opinión puede admitirse, aunque sin resolverse, que tal opción había de ejercitarse antes del vencimiento del término fijado y que el mero hecho de no desocuparse la finca inmediatamente en el día de tal venci-miento no era un aviso suficiente de la intención de hacer uso del privilegio de la prórroga. No es necesario, por tanto, que se determine ahora hasta qué punto sostienen las autori-dades citadas en el alegato estas proposiciones a que acaba-mos de hacer referencia. En ninguna de ellas parece resol-verse o inferirse que sea necesario ninguna forma particular de aviso por escrito o de otro modo.

El contrato original celebrado por las partes en esta con-troversia dispone que “el término de este arrendamiento es de tres años empezados a contar desde el primero de agosto hasta el treinta y uno de julio de mil novecientos veinte y uno, pudiendo prorrogarse por dos años más si le conviniere a “la arrendataria o a sus sucesores.”

Este contrato también contiene una cláusula que dice lo siguiente:

“Serán de cuenta de los arrendadores todas las reparaciones que sean necesarias en la casa siempre que éstas sean originadas por fuerza mayor o por el transcurso del tiempo, así como en la tubería .general sanitaria, y serán de cuenta de los arrendatarios, las repa-raciones de inodoros, plumas de agua, así como el consumo de la misma; también serán de cuenta de los arrendadores las contribu-ciones y demás impuestos que se asignen a la casa objeto de este contrato. El arrendatario conservará la finca para el uso a que está destinada, pudiendo hacer en ella las obras que estime necesarias, pero a la conclusión del inquilinato, deberá reponerla al estado en que la recibe, a no ser que los arrendadores acepten las mejoras que haya ejecutado el arrendatario, las que quedarán a beneficio del in-mueble.”

En 11 de mayo de 1921, la Sra. Cid en su nombre propio y en representación de sus bijas doña Marta Oid, mayor de edad, casada, propietaria y residente en la actualidad en Hamburgo, Alemania y doña Julia Cid, mayor de edad, ca-sada, propietaria y en la actualidad residente en New York, compareció con el socio gestor de la arrendataria ante el no-tario público y otorgaron un contrato formal que contenía las siguientes cláusulas:

“Tercero: La sociedad ‘C. Pérez Alvarez, S. en C.’ por la pre-sente se obliga a que antes de la terminación del arrendamiento de la casa número noventa y cinco de la calle de San Francisco, o Salvador Brau, se cierren por cuenta de la misma sociedad las puertas de comunicación abiertas para con la casa número noventa y siete, en la pared que comunica la pared medianera de ambas casas; y que para cerrarse tales puertas intervendrá y dirigirá las operaciones un arquitecto, o ingeniero, o un maestro de obras nombrado por doña Julia Pastrana, y cuyos derechos u honorarios serán pagados por la sociedad ‘C. Pérez Alvarez, S. en C.’ — Cuarto: ‘0. Pérez Alvarez, Sociedad en Comandita, por la presente declara que se obliga a solu-cionar por su cuenta todas las responsabilidades que puedan origi-narse por la apertura como para el cierre de las referidas puertas, en relación con el dueño de la casa vecina número noventa y siete de la calle de Salvador Brau, y que se hace cargo de cualquier in-demnización que pudiera exigir el referido dueño por ese concepto. — - Quinto: Los comparecientes doña Julia Pastrana y don Carmelo Pérez Alvarez, en sus respectivas representaciones, declaran y con-vienen en lo siguiente. — En que por el tiempo que queda de subsis-tencia al contrato de arrendamiento entre ellos existente, las repa-raciones ordinarias menores, tales como cambio de algunas planchas de zinc, tomas de goteras, cambio de alguna a algunas tablas o cuar-tones y otros de la misma naturaleza, serán de cuenta de los arrenda-tarios ‘C. Pérez Alvarez, S. en C.’; y que cuando se trate de cambios de muchas planchas de zinc o muchas tablas o cuartones, se llevará a efecto la obra mediante un presupuesto de acuerdo entre arrenda-dores y arrendatarios, y satisfaciéndose por mitad los gastos de ma-teriales. Y en cuanto a las reparaciones mayores originadas por accidentes meteorológicos, como ciclón, inundación, huracán, y a los desplomes de paredes, techos, etc., serán de cuenta de los arrenda-dores exclusivamente. ’ ’

Las declaraciones de la Sra. Cid y del socio gestor presta-das en el juicio indican claramente que estas modificaciones en los términos del primitivo contrato se hicieron a instancia de la Sra. Cid tomando en consideración un viaje a Europa, y no solamente con el fin de arreglar la cuestión de 1a. respon-sabilidad por las aberturas hechas por la arrendataria en la pared medianera sino también para que quedara relevada la Sra. Cid de la responsabilidad y molestias de tener que aten-der a las reparaciones menos importantes durante el período de su ausencia. Puede concebirse quizá que la disposición relativa al nombramiento por los arrendadores de un arqui-tecto, bajo cuya dirección había de restaurarse a su anterior condición la pared medianera antes del vencimiento del con-trato de arrendamiento, se refería al término original sin to-marse en consideración el privilegio de la prórroga, si bien el hecho de no haberse nombrado ningún arquitecto es una circunstancia muy significativa que indica la interpretación que se dió entonces a la cláusula en cuestión por la Sra. Oid. Pero semejante conclusión no puede inferirse del hecho de que después de haber transcurrido dos años y diez meses de un contrato de arrendamiento por tres años los arrendadores solicitaron y obtuvieron una exoneración formal de su respon-sabilidad por las reparaciones ordinarias que se hicieran ne-cesarias por el transcurso del tiempo, con estipulaciones cla-ras no sólo en cuanto a la toma de goteras y cambio por los arrendatarios de alguna tabla o plancha de zinc sino también para intervenir el arrendador en caso de mayores y más im-portantes deterioros. Asumir sencillamente que el proyec-tado viaje a Europa era un viaje rápido en un vapor ligero, y que todas estas precauciones se tomaron para justificar un período de algunas semanas equivaldría a un verdadero ab-surdo. La única alternativa es aceptar la consecuencia inevitable de que lo que las partes debieron haber tenido en cuenta fué una prórroga del arrendamiento por un período de dos años, de acuerdo con las estipulaciones del mismo y que tal prórroga fue tan ciertamente convenida por deducción como pudo haberlo sido mediante el' otorgamiento de' una nueva es-critura.

“La regla general es que no es necesario ningún nuevo contrato de'arrendamiento al ejercitarse un derecho de opción de prórroga.” Nota al caso de Grenshaw-Gary Lumber Company v. Norton, L. R. A. 1916 E, página 1227, en la página 1238.
“Cuando el arrendamiento se hace por término que se especifica teniendo el arrendatario el privilegio de prorrogar el término por uno mayor, y no contiene ninguna disposición sobre aviso al arren-dador de la elección del arrendatario de prorrogar de tal modo el término, se ha declarado que el arrendatario no está en la obligación de dar un aviso expreso al arrendador antes de vencer el primer período de su elección en prorrogar el término.” 16 R. C. L., pá-gina 893, sección 397.

No habiéndose citado ninguna autoridad en sentido con-trario estamos satisfechos al sostener la regla a que se hace referencia en el texto que acabamos de citar.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no in-tervinieron en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldeet,

license: Public Domain

text:
    Goffinet, Demandante y Apelado, v. Polanco, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao • en pleito sobre crédito refaccionario. Moción sobre deses-timación de apelación.
    No. 2861.
    Resuelto en noviembre 21, 1922.
    Desestimación de Apelación — Exposición del Caso — Prórrogas Ntjlas. — No puede concluirse que es prematura una petición para que se desestime una apelación fundada en ser nulas las prórrogas concedidas por la corte inferior al apelante para archivar la exposición del caso, por el hecho de que el apelado no gestionara tal declaración de nulidad en la corte inferior.
    Id. — Id.—Peórrogas Nulas por Indefinidas — Transcripción Radicada Nuera de Tiempo. — En el presente caso fué apelada la sentencia en agosto 5, 1922; en agosto 11, 1922, la corte coneedió una prórroga al apelante para archi-var la exposición del caso la que debía empezar a contarse desde el día en que el taquígrafo le entregara las notas que ya le había pedido. En agosto 23, 1922, la corte fijó al taquígrafo el término de 30 días para la entrega de la transcripción al apelante a quien posteriormente concedió otras pró-rrogas para presentar la exposición del caso. Se resolvió: que siendo nula por indefinida la primera prórroga lo es también la segunda porque al ser concedida ésta estaban vencidos los 10 días que tiene el apelante para pre-sentar la exposición del caso; y por tanto, no habiendo sido radicada la transcripción en la Corte Suprema dentro del término legal, procede la de-sestimación del recurso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. A. Sarmiento j.J. Puig.

    Ahogados del apelado: Sres. H. G. Molina y R. Cuevas Zequeira.

   El Juez Asociado Se. Aldeet,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una moción en la que se nos pide desestime-mos la apelación establecida en este pleito porque no ha sido presentada en este tribunal la transcripción de la apelación dentro de los treinta días siguientes a haber sido establecido el recurso y para ello se alega que si bien la corte inferior prorrogó a la parte apelante los diez días que tiene después de su apelación para presentar una exposición del caso tal prórroga es nula por ser indefinida.

A esa moción se opone el apelante alegando en primer término que la petición del apelado es prematura porque dicha prórroga y otras que fueron concedidas no han sido im-pugnadas en forma alguna por la parte apelada, en la corte inferior y nos cita los casos de Ciuró v. Ciuró, 19 D. P. R. 1200 y de Rossy v. Fernández, 21 D. P. R. 271, en los cuales una de las razones que tuvimos para no desestimar la apela-ción fué que la parte apelada no se opuso a la concesión de ul-teriores prórrogas ni hizo gestión en la corte inferior. En verdad, la cuestión que atora suscita el apelante no fué pro-puesta en esos casos para su resolución por lo qne tal razón puede considerarse como incidentalmente dada.

Es cierto que para un apelado parece ser la mejor prác-tica que antes de acudir a este tribunal baga gestión en la corte inferior para que anule las prórrogas que indebida-mente baya concedido, porque se aborra tiempo y da opor-tunidad a la corte para corregir sus resoluciones si son erró-neas, pero no encontramos precepto alguno en la ley que im-ponga al apelado tal deber de modo que sin tal gestión esté impedido de acudir a este tribunal a solicitar que por tales nulidades desestimemos la apelación porque no existiendo pró-rrogas válidas de los diez días concedidos por la ley para pre-sentar la exposición del caso la transcripción de la apelación debió ser presentada en este tribunal dentro de los treinta días siguientes a baber sido establecido el recurso de apela-ción, y así no podemos declarar que es prematura la petición que se nos bace.

El 5 de agosto último fué apelada la sentencia dictada en este caso y el día 11 del mismo mes, dentro de los diez días que la ley concede al apelante para presentar el pliego de ex-posición del caso o de excepciones, el apelante pidió a la corte sentenciadora que le concediera una prórroga de diez días para presentar la exposición del caso, prórroga que debía empezar a contarse desde el día en que el taquígrafo de la corte le entregara la tránscripción de las notas del juicio, las que ya le había pedido. Esa solicitud fué resuelta por la corte diciendo: “Como se pide.” Después, el 23 de agosto y a petición del apelante la corte fijó al taquígrafo el término de treinta días para la entrega de su transcripción al ape-lante y posteriormente concedió al apelante otras prórrogas para presentar la exposición del caso, la que abora está pre-sentada y pendiente de la aprobación de la corte sentencia-dora, pero en 7 de septiembre la parte apelada nos presentó su moción para que desestimemos la apelación por ser inde-finida la primera prórroga concedida y porque la resolución de 23 de agosto concediendo término al taquígrafo para en-tregar sus notas al apelante es nula porque cuando tal tér-mino se le concedió ya estaban vencidos los diez días que el apelante tiene para presentar su exposición del caso.

El apelante se opone a esa moción alegando que la desesti-mación pedida es improcedente porque la primera prórroga de 11 de agosto no es indefinida toda vez que la ley creando el .cargo de taquígrafo fija a éste el término de treinta días para entregar sus notas, las que le fueron pedidas el 9 de agosto, y porque la corte concedió otras prórrogas.

Ya liemos resuelto anteriormente que una prórroga con-cedida en los términos en que en este caso fué pedida es in-definida y nula. Belaval v. Córdova, Juez de Distrito, 21 D. P. R. 537; Rivera v. North British and Mercantile Insurance Co., 24 D. P. R. 653; Guardian Assurance Co. v. López Acosta 24 D. P. R. 637. Es cierto que la ley creando el cargo de ta-quígrafo dispone en su seccción sexta que será su deber entre-gar la copia de su record taquigráfico dentro de treinta días a partir de la fecha en que baya sido solicitada, a menos que la corte prorrogue dicho plazo que nunca excederá de otros treinta días, pero a pesar de esto y según dijimos en el caso de Belaval v. Córdova, Juez de Distrito, siopra, “resulta, sin embargo, difícil que podamos llegar a la conclusión de que la sección que ha sido citada últimamente define y fija de modo claro e inexorable el máximum que dejó de fijar la corte y de modo concluyente convierte la ampliaqión vaga que trató de hacer esta última en una prórroga definida.”'

En la forma que fué pedida y concedida la primera pró-rroga, los diez días concedidos para presentar la exposición del caso no dependían de los treinta que la ley da al taquí-grafo para entregar sus notas, contados desde que le han sido pedidas, sino de la fecha de la entrega de dichas notas, aun-que fuera posterior a dichos treinta días, por lo que la pró-rroga no estaba limitada a esos treinta días y por esto, a pesar de dicha ley, no podemos declarar que se concedió un término limitado, con mayor razón cuanto que no se mani-festó a la corte la fecha en que la petición de las notas se hizo y no podía ella ni la apelada saber cuándo vencían dichos treinta días. Como para presentar una exposición del caso de acuerdo con el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil no son de absoluta necesidad las notas taquigráficas, para preservar el apelante su derecho de presentar una ex-posición del caso debió solicitar prórrogas para presentarla hasta que el taquígrafo le entregara sus notas si creía conve-niente utilizarlas.

Siendo nula por indefinida la primera prórroga concedida también lo es la que en 23 de agosto la corte concedió al ta-quígrafo porque entonces estaban vencidos los diez días que de acuerdo con el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, según ha sido enmendado, tenía la parte apelante para presentar la exposición del caso, y por esto los treinta días para presentar la transcripción de la apelación empezaron a correr desde que el recurso fué establecido, y no habiendo sido presentada dentro de él en este tribunal ni antes de la petición de desestimación, debemos declarar ésta con lugar y desesti-mar la apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso-.


author: El Juez Presidente ,Sr. del Toro,

text:
    Agrait et al., Recurrentes, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ins-cripción de una escritura de prórroga de hipoteca.
    No. 552.
    Resuelto en noviembre 24, 1922.
    Bienes Gananciales — Consentimiento de la Esposa. — El consentimiento ex-preso ¿Le la esposa no es necesario para que el marido, como administrador de la' sociedad de gananciales, pueda prorrogar una escritura de préstamo de dinero perteneciente a la sociedad garantizado con hipoteca.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los recurrentes: Sr. E. H. F. Dottin.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente ,Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 4 de abril de 1922 comparecieron ante notario público José Alies, casado, de una parte, y de la otra, Irene Agrait y Eugenio T. Iglesias. Las partes expusieron que los compa-recientes Agrait e Iglesias eran dueños de cierta finca urbana que estaba hipotecada a favor del compareciente Allés y de su esposa y que venciendo dicha hipoteca el 10 de mayo de 1922, habían convenido prorrogar el contrato por cuatro años más, modificándose sólo el interés del préstamo garantido con la hipoteca que en vez del seis sería el nueve por ciento anual.

Presentada para'1 su inscripción la escritura en el registro, el registrador se negó a ello porque tratándose de bienes ga-nanciales, era necesario el consentimiento expreso de la es-posa.

De la calificación del registrador se ha apelado para ante este tribunal habiendo presentado sus escritos el recurrente y el registrador desprovistos de citas de ley o jurisprudencia.

El dinero prestado y la garantía hipotecaria correspondían a una sociedad de gananciales. No hay duda sobre este ex-tremo. Tampoco la hay con respecto al hecho de que la pró-rroga se otorgó solo por el administrador„de la sociedad, el marido, sin el consentimiento expreso de la esposa.

Sostiene la parte recurrente qne la prórroga constituye un mero acto de administración, ya que el marido pudo prestar el dinero de la sociedad de gananciales sin necesidad del con-sentimiento expreso de la mujer, y la hipoteca simplemente garantiza el préstamo. Alega por el contrario el registrador que la prórroga constituye la enajenación del derecho que el acreedor, la sociedad de gananciales, tenía para hacer efec-tivo su crédito dentro de determinada fecha, y qne por tanto no se trata de un mero acto de administración.

Veamos cuál es la ley aplicable.

Dispone el artículo 159 del Código Civil que “el marido será el administrador de los bienes de la sociedad conyugal” y que “los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no po-drán ser enajenados o gravados, bajo pena de nulidad, sino mediante el consentimiento expreso de ambos cónyuges.” Repite el artículo 1327 del propio código que ‘ ‘ el marido es el administrador de la sociedad de gananciales,” con las sal-vedades que establece. T el 1328 expresa que “sin embargo de las facultades que tiene el marido como administrador, no podrá enajenar ni obligar a título oneroso, los bienes inmue-bles de la sociedad de gananciales, sin el consentimiento ex-preso de la mujer. ’ ’

A la luz de esos preceptos, es que debe resolverse la cues-tión envuelta.

Lo que la ley prohíbe es la enajenación y el gravamen. La prórroga en modo alguno constituye un gravamen. ¿Puede considerarse como una enajenación? A nuestro juicio tam-poco. Enajenación, según Escriche, es:

“El acto por el cual se transfiere á otro la propiedad de alguna cosa á título lucrativo, como la donación; ó á título oneroso, como la venta o permuta. Esta palabra tomada en una significación más extensa,, comprende la enfitéusis, la prenda, la hipoteca, y aun la constitución de servidumbre sobre un fundo. Síguese de aquí que el que no puede enajenar una cosa, no la pnede tampoco obligar, ni sujetar con hipoteca, ni imponerle servidumbre. ‘Aquel á quien es defendido de non enagenar la cosa, dice la ley 10, tít. 33, Part. 7a., non la puede vender, nin cami'ar, nin empeñar, nin puede poner servidumbre en ella, nin darla á censo,- á ninguna de aquellas per-sonas a quien es defendido de la enagenar.’ ”

2 Eseriche, Diccionario de Legislación, 803.

No estando el acto ejecutado prohibido por la ley, pudo llevarse a efecto válidamente por el marido administrador, siendo por tanto inscribible la escritura de prórroga de que se trata.

Debe revocarse la nota recurrida.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    Salvá, Demandante y Apelante, v. Rivera, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre desahucio.
    No. 2665.
    Resuelto en noviembre 24, 1922.
    Desahucio — Prueba Insuficiente. — Para que pueda prosperar una acción de desahucio establecida por una mujer casada sin la concurrencia de su esposo, respecto a una finca que a pesar de ser adquirida constante el matrimonio se alega ser un bien privativo de ella, es necesario destruir con prueba ro: busta la presunción de ganancial, especialmente cuando como en este caso la alegación sobre el carácter privativo de la finca es controvertida por el demandado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. E. Casalduc.

    Abogado de la apelada: Sr. J. R. Quiñones.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es im caso de desahucio en apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito.

Se alega en la demanda que la demandante es dueña de cierta finca urbana y que la demandada, sin tener título al-guno, la posee no pagando canon o merced a dicha deman-dante.

La parte demandada contestó la demanda, alegando que es condueña de la referida finca; que la casa la compró con dinero propio de ella, y el solar lo hubo en unión de Jesús Jiménez, con quien había vivido en concubinato por espacio de diez y ocho años.

En la segunda comparecencia que dispone la Ley de Desahucio y en la que se practicaron las pruebas, la deman-dada presentó una moción en la que se afirma simplemente que la demandante es una mujer casada y no tiene derecho a demandar en este caso.

La corte inferior reservó su resolución a la moción ante-dicha, y en 7 de noviembre de 1921 dictó sentencia declarando sin lugar la demanda.

No conforme con la sentencia, la demandante ha estable-cido el presente recurso.

Se señalan tres errores por la parté apelante.

El primero y segundo error sé refieren a que la corte inferior permitió presentar la moción de la demandada arriba mencionada, y que se admitió como una excepción previa a la demanda. La corte inferior no resolvió dicha moción cuando fue presentada, sino se reservó considerarla en relación con la prueba practicada cuando fuera a dictar sentencia. Según los términos de la sentencia apelada, la corte inferior no cali-ficó de excepción previa la moción de la demandada, ni tam-poco podía así calificarse porque las excepciones se dirigen a cuestiones que aparezcan de los hechos que se alegan en una demanda y la cuestión planteada por la demandada no resulta de la demanda. Más bien podía admitirse que se trataba de una moción de nonsuit, sin que, por tanto, aparezcan come-tidos los errores que ha señalado el apelante en relación con dicha moción.

El tercer error consiste en que la corte inferior erró al apreciar la prueba.

No se alegó en la demanda el estado civil de la deman-dante y de la prueba es que resulta que es casada con Juan Díaz y que durante el matrimonio adquirió la finca de este' caso. Bien es cierto que en la escritura de adquisición se hace constar llanamente que el esposo de la demandante reconoce que el dinero invertido en la compra pertenece a ella en pro-piedad, y no a la sociedad de gananciales. Sin embargo, la sola manifestación del esposo, sin expresarse la procedencia del dinero ni otros datos que pudieran corroborar tal mani-festación, constituiría simplemente un principio de prueba, pero no bastante para establecer el carácter de bien priva-tivo de la finca, cuando así fuere objeto de impugnación, como ocurre en el presente caso, y sin que tampoco resulte confir-mada aquella manifestación del resto de la prueba practicada por la demandante.

En la prueba testifical nada encontramos que pueda com-pletar la insuficiencia de la prueba documental en cuanto a ese extremo. Declararon tres testigos. El testigo Jesús Ji-ménez, vendedor, que es la persona con quien la demandada vivió en concubinato por muchos años y a quien la demandada alude en su contestación, se concreta más bien a intentar de-mostrar el origen y la forma cómo él adquirió la referida finca, pero también dice que la finca la vendió a Juan Díaz y Julia Salvá. Esta declara también en el juicio pero sola-mente hace la simple afirmación de haber adquirido la finca como un bien privativo suyo sin que hiciera ninguna otra, manifestación en relación con ese extremo. El último testigo, José Rodríguez Yélez, declara con el único objeto de demos-trar la forma en que adquirió la finca el vendedor Jesús Jimé-nez. En nada se refiere a la demandante.

No vemos la pertinencia de esa prueba, ya que Jesús Jimé-nez no es parte on este caso. La prueba en conjunto es insu-ficiente, y la sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-Aldrey y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Feanco Soto,

text:
    Ortiz, Demandante y Apelante, v. Dávila, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre desahucio.
    No. 2783.
    Resuelto en noviembre 27, 1922.
    Desahucio en Precario — Título—Conflicto de Títulos — Posesión Meramente Tolerada. — Este es un caso de desahucio en precario en el que el deman-dante alegó y probó un título de adquicisión inscrito en el registro, y el de-mandado alegó una donación, sin expresar la forma en que se hizo, y ade-más alegó la posesión bajo ella con los requisitos de la prescripción ordi-naria. El demandado no presentó prueba, y el demandante probó que la alegada donación era una mera tolerancia por parte del administrador de la finca. Se resolvió: que siendo la posesión, cuando menos, una mera to-lerancia, sino un aeto clandestino sin conocimiento del poseedor, no puede aprovechar al demandado, y, por consiguiente, no existe conflicto de títu-los que haya de ventilarse en una aeeión independiente al efecto.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Toro Cabañas.

    Abogados del apelado: 'Sres. Gomales Fagundo & Gon-zález, Jr.

   El Juez Asociado Sb. Feanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de desahucio en donde el demandante alega que es dueño de una finca rústica de 40,018 metros cuadrados, ubicada en el barrio Juan Martín, del término mmiicipal de Yabucoa; que el demandado ocupa un solar que mide 17 pies de frente por 40 pies de fondo en el que tiene construida una casa de maderas, de una sola planta, de las mismas dimensio-nes clel solar, contra la expresa voluntad del demandante y que dicho demandado detenta la posesión material del re-ferido solar precariamente sin pagarle canon o merced al-guno.

El demandado niega que la casa se hubiera construido contra la expresa voluntad del demandante y alegó como de-fensa especial que la casa fué construida por su madre hace más de veinte años, en un solar que le regaló Eaimundo Díaz, primitivo dueño de la finca, y desde esa época viene po-seyendo la casa y solar en concepto de dueño, pública y pa-cíficamente y sin interrupción alguna.

En 17 de abril de 1922 la corte inferior dictó sentencia de-clarando sin lugar la demanda, y de dicha sentencia apeló el demandante alegando la comisión de cuatro errores. Besu-miendo los errores señalados, más bien pueden reducirse a dos; el primero se refiere a una moción de nonsuit que pre-sentó el demandado al terminar la prueba del demandante, y el segundo versa sobre la apreciación que de la prueba hizo la corte inferior.

El apelante alega que la corte erró al admitir la moción de nonsuit y después haberla declarado con lugar.

A pesar de que en la opinión y sentencia de la corte inferior se hace referencia a la moción de nonsvñt, hemos llegado sin embargo a la conclusión que la corte resolvió el caso en su fondo o por sus méritos, toda vez que el abogado del deman-dado, según sus palabras del record taquigráfico, hablando de la moción, dijo: “Si la declarase sin lugar suplico a la corte dicte sentencia, y renuncio a presentar prueba.” No vemos que se haya, cometido el error señalado.

Examinemos el error relativo a la apreciación de la prueba.

Es ya cuestión repetidamente resuelta por esta corte que no cabe deducir dentro de los límites de un juicio de desahucio el conflicto real o aparente de títulos o derechos sobre una pro-piedad entre las partes. Y tal conflicto no encontramos que exista en forma alguna en este raso.

■ El único título que aparece de la prueba fué M escritura de adquisición del demandante, en donde consta su carácter de dueño, y la que tiene nota de estar inscrita en el registro. El demandado no ofreció ni practicó prueba alguna en oposi-ción al demandante. En la contestación negó el título del de-mandante y alegó como defensa especial un título de donación y la posesión por más de veinte años. No se alega, sin embargo, la forma en que se bizo la donación, y en cuanto a la posesión, la prueba testifical demuestra que Raimundo Díaz, de quien se alega que se recibió el regalo, nunca fué dueño de la finca descrita en la demanda; era un administrador de la misma y que solamente pudó dar un permiso a la madre del demandado para que construyera una casa de paja, lo cual tuvo lugar a raíz del ciclón de San Ciriaco, el que bizo grandes estragos y babía destruido muchas casas en Yabucoa. Ha-biendo sido esta la condición del caso, el permiso o tolerancia dado a la madre del demandado, son actos que ni afectan ni aprovechan a la posesión del demandado, de acuerdo con lo que determinan los artículos 446 y 1843 del Código Civil, que copiados, dicen:

"Art. 446. — Los actos meramente tolerados y los ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor, de una cosa, o con violencia, no afectan a la posesión.” ;
“Art. 1843. — No aprovechan para la posesión los actos de ca-rácter posesorio, ejecutados en virtud de licencia o por mera tole-rancia del dueño.”

ITn extremo que la corte inferior tomó en consideración para declarar sin lugar la demanda, fué el interés que pa-rece tener la madre del demandado en este caso, y la que no aparece como parte demandada.

Este interés de la madre del demandado resulta de la sola declaración de José A. Día?. Este testigo fué dueño de la finca; la heredó de su madre, y su padre Raimundo Díaz la administraba. Este último fue quien, como Remos dicho, dió permiso a la madre del demandado, y cuando éste era menor, para construir la casa de pajas en un rincón de la finca; pero también declara el testigo Díaz que la primitiva casa de pajas fué sustituida por una de madera que reedificó el demandado y cuya construcción Rizo dicho demandado en contra de la vo-luntad del testigo cuando era dueño de la finca. No Ray, pues, actualmente interés que se relacione con la madre del demandado en cuanto a la propiedad de la casa y para que toda duda pudiera quedar disipada, el mismo demandado en su contestación a la demanda afirma de que es dueño del solar y casa que es objeto del desahucio.

Por las razones expresadas, la sentencia debe ser revo-cada y dictarse otra declarando con lugar el desahucio, sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y decretado él desahucio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Hutci-iisoN, JUEZ ASOCIADO Sb. WoLE.

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Sucesión Valdés, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad de título de do-minio, etc.
    No. 2222.
    Resuelto en noviembre 28, 1922.
    Conclusiones de Lev — Defectos Técnicos. — La desestimación de una moción para eliminar de la demanda términos que envuelven conclusiones de ley cuando tales defectos son meramente técnicos, de ser un error, no es motivo bastante para una revocación.
    Enmiendas Durante el Juicio — Discreción Judicial. — La negativa de la corte a permitir la radicación en el momento del juicio, de una contestación en-mendada, no es motivo de revocación en ausencia de prueba de abuso de discreción.

      Pruebas no Objétalas Durante el Juicio. — Las cortes de apelación no presta-rán seria consideración a supuestos errores en la admisión de pruebas cuando la admisión no fué objetada durante el juicio.
    Incongruencias — Enmiendas a las Alegaciones. — Las cortes de apelación han sido liberales en permitir enmiendas a las alegaciones o considerar la en-mienda como que se hace en apoyo de la sentencia, cuando la enmienda es-de tal naturaleza que debió haberse permitido por la corte inferior al solici-tarse y la justicia substancial se promovería con tal procedimiento. En estas circunstancias se ha resuelto generalmente que la sentencia no será revoeada debido a los defectos u omisiones en las alegaciones que se subsanan por la prueba o las alegaciones de la parte contraria, o debido a una incongruencia entre las alegaciones y la prueba, si la suficiencia de las alegaciones no fué debidamente atacada en la corte inferior, o la prueba introducida sin ob-jeción, o aparece claramente que el defecto o incongruencia no afeetó a los derechos substanciales de las partes pero * * * la enmienda se conside-rará que ha sido hecha.
    Beivindicaoión — Nulidad del Título del Poseedor. — El principio legal de que cuando se establece una acción de reivindicación contra personas que están en posesión de la cosa en controversia por la virtualidad de un título que se creyó era válido, es necesario que se pida primero la nulidad de este título, es aplicable solamente cuando la acción surge de tal nulidad, pero no cuando el derecho a establecer una acción reivindicatoría es independiente de la misma.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Feliú & Alemañy.

    Ahogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. Hutci-iisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes, qne fueron los demandados en la corte inferior en una acción reivindicatoría, insisten en que la corte sentenciadora cometió los siguientes errores:

“I. Al denegar la moción que, para la eliminación del. párrafo. VII de la demanda, se formuló por la demandada-apelante.
“II. Al desestimar la excepción previa que, a la demanda, y por-el fundamento de no alegar ésta hechos bastantes para determinar una causa de acción, formuló y radicó la demandada-apelante.
“III. Al desestimar la moción de la demandada-apelante radicada en el curso del juicio, para que se le permitiera radicar una contes-tación enmendada a la demanda radicada en este caso, la cual con-testación enmendada presentó (tendered) la demandada con dicha moción en el mismo acto.
“IV. Al admitir en evidencia y considerar y dar peso y efecto al fallar este caso, a la copia del documento que representa contener úna franquicia o concesión becba por el Gobierno español al causante de la demandada, para establecer un tranvía de vapor de Gataño a Bayamón, el cual documento se identifica en el Récord con la letra ‘B’ de la prueba del demandante.
“Y. Al admitir en evidencia por parte del demandante, y consi-derar y dar peso y efecto al fallar este caso, a la copia de un docu-mento que representa contener el proyecto de un muelle que babría de construirse para servicio del tranvía de Gataño a Bayamón, el cual se identificó con la letra ‘ O ’ de la prueba del demandante.
“VI. Al admitir en evidencia por parte del demandante, y con-siderar y dar peso y efecto al fallar este caso, al documento que re-presenta ser parte de un plano de los terrenos de Oataño, en el que se dice que están representados los terrenos objeto de esta acción, y que se identificó con la letra ‘D’ de la prueba del demandante.
“VII. Al admitir en evidencia por parte del demandante, y con-siderar y dar peso y efecto al fallar este caso, al documento que re-presenta contener el expediente original y plano, relativos a cierta solicitud del causante de la demandada para que se le concedieran unos manglares de Cataño, el cual se identificó con la letra ‘E’ de la prueba del demandante.
“VIII. Al admitir en evidencia por parte del demandante, y con-siderar y dar peso y efecto al fallar este caso, al documento que re-presenta contener una copia certificada de lá solicitud que se dice fué becba por el causante de la demandada a la Comisión creada por la Legislatura, en Ley 39, de 1910, en relación con terrenos de Ca-taño, y resolución recaída a tal solicitud, el cual documento se iden-tificó con la letra ‘F’ de la prueba del demandante.
“IX. Al admitir en evidencia por parte del demandante, y con-siderar y dar peso y efecto al fallar este caso, al documento que representa ser un expediente original, contentivo de una concesión becba por el Gobierno Militar de 1900 al causante de la demandada, para construir un muelle y tender una vía en Cataño, y un plano de tal obra, el cual documento se identificó con la letra ‘G’ de la prueba del demandante.
“X. Al admitir en evidencia por parte del demandante y consi-derar y dar peso y efecto al fallar este caso, al documento que re-presenta ser la orden general No. 97 de julio 7 de 1903, publicando una Orden Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos, en re-lación con la reserva federal de ciertos terrenos, el cual documento se identificó con la letra ‘H’ de la prueba del demandante.
“XI. Al admitir en evidencia por parte del demandante y con-siderar y dar peso y efecto al fallar este caso, a la declaración del testigo Manuel Carmona.
“XII. Al admitir en evidencia por parte del demandante, y con-siderar y dar peso y efecto al fallar este caso a la declaración del testigo Rafael Carmona.
“XIII. Al desestimar la moción de nonsuit formulada por la de-mandada, al terminar la prueba del demandante.
“XIV. Al no permitir que el testigo de la demandada, Rafael del Valle Zeno, declarase a preguntas de la propia demandada, sobre la identidad de la finca descrita en la demanda y la descrita en el do-cumento (plano) letra ‘D’ del demandante.
“XV. Al no dar peso ni efecto al documento marcado con el ISÍo. 1 de la prueba de la demandada, que es copia auténtica del auto ■declarando acreditado a favor del causante de la demandada el do-minio de una finca de 5,485.61 metros cuadrados en Cataño, Muni-cipio de Bayamón, P. R., el cual fué inscrito en el Registro de la Propiedad.
“XVI. Al no dar peso ni efecto a la declaración del testigo de la demandada, Rafael del Valle Zeno.
“XVII. Al dar por probado y concluir, para dictar la sentencia apelada, que el demandante es dueño de, o le ‘pertenece en pleno dominio,’ la finca descrita en la demanda.
“XVIII. Al dar por probado, y concluir, para dictar la sentencia apelada, que la demandada está en posesión d'e la misma finca re-clamada en la demanda.
“XIX. Al dar por probada y concluir, para dictar la sentencia apelada, que la finca reclamada es la misma de la cual está en po-sesión la demandada.
“XX. Al considerar para dictar la sentencia apelada, la nulidad del espediente de- dominio en virtud del cual se declaró justificado a favor del causante de la demandada el que tuvo aquél y tiene boy ésta de la finca a que se refiere el exhibit 1 de la demandada.
“XXI. Al declarar y concluir para dictar dieba sentencia que el ameritado expediente, el auto en el mismo dictado y su inscripción en el Registro, son nulos.
“XXII. Al dictar sentencia a favor del demandante.
“XXIII. Al imponer las costas en este caso a la demandada.”

El primer señalamiento no se discute como una proposi-ción separada y precisa en el alegato. Pero los apelantes, después de argumentar algo la cuestión envuelta en el se-gundo señalamiento, o sea, que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, se conforman con hacer referencia al primer señalamiento y adoptan el mismo razonamiento para sostener dicho primer señalamiento.

En la demanda se alega en substancia, entre otros particu-lares, que El Pueblo de Puerto Rico es dueño en pleno dominio de la propiedad que en ella se describe; que la finca así des-crita hasta el año 1898 perteneció y era propiedad de la Corona de España y fué considerada, por tanto, como propiedad deFEstado y al concertarse el Tratado de Paz entre la Corona de España y los Estados Unidos, en 10 de diciembre de 1898, la isla de Puerto Eico, incluyendo en dicha cesión todos los terrenos que pertenecían a la Corona de España, fué ce-dida por el Gobierno de España al de los Estados Unidos; que el Presidente de los Estados Unidos, debidamente auto-rizado por una ley del Congreso, aprobada en marzo é de 1.907, renunció a favor de El Pueblo de Puerto Rico, por pro-clamas presidenciales de varias fechas, todos los terrenos pertenecientes al Gobierno Federal que no se reservó éste, y, como el predio objeto del litigio no fué reservado por el Go-bierno Federal por ninguna de las proclamas ni ley alguna, dicha finca pasó a ser y es propiedad del demandante; que en el año 1901 Ramón Valdés Cobián promovió un expediente de dominio ante el Tribunal de Distrito de San Juan, ale-gando ser el dueño de dicha finca, parte por compra a Juan Carmona y parte por concesión que le hiciera el Gobierno es-pañol; que la corte declaró justificado el dominio de la finca, la cual fué inscrita en el Registro de la Propiedad de San Juan; que primero Ramón Yaldés Cobián, en perjuicio del demandante, estuvo en posesión de la referida finca, y desde el fallecimiento de dicho Yaldés, sus sucesores los demandan-tes han estado y están en posesión de la finca, con perjuicio también del demandante; que la referida parcela de terreno es y ha sido de la pertenencia del demandante y que ni Ramón Yaldés primero, ni sus sucesores hoy, han tenido ni tienen de-recho alguno sobre la misma, y que la sucesión del citado Ra-món Yaldés está ilegalmente en la posesión de la referida par-cela.

En la súplica se pide que se dicte sentencia declarando que la finca en cuestión pertenece en pleno dominio a El Pueblo de Puerto Rico, con el consiguiente pronunciamiento sobre la en-trega, cancelación de la inscripción en el registro de la propie-dad y pago de las costas al demandante.

Por el artículo 8 del Tratado de Paz a que se ha hecho re-ferencia, España cedió a los Estados Unidos toda la propie-dad inmueble en Puerto Rico que con arreglo a derecho era del dominio tníblico y como tal correspondía a la Corona de España.

El primer argumento es que la demanda no alega que la finca en ella descrita pertenece al dominio público y como tal a la Corona de España. A esto sigue una crítica severa respecto al uso de las palabras “Gobierno Federal” donde el término Estados Unidos podría haber servido con más pre-cisión para indicar la verdadera significación. Hacen tam-bién referencia los apelantes a la impropiedad de la alegación “de que ni Ramón Yaldés, primero, ni sus sucesores hoy, han tenido ni tienen derecho alguno sobre la precitada propiedad y que la sucesión del citado Ramón Yaldés está ilegalmente en la posesión de la referida parcela,” como equivalente a decir que los demandados no tienen ningún título. Esta con-tención se robustece entonces con la indicación adicional de que la alegada ilegalidad de la referida posesión es una mera conclusión de derecho, y, por último, y sobre este particular del caso se alega que el demandante no imputa mala fe ni alega la previa nulidad de la orden sobre el título de dominio obtenido por Yaldés en el año 1901.

Una ley de la Legislatura de Puerto Rico, transformando la Corte Suprema de Puerto Rico' en corte de apelación, aprobada en 12 de marzo, 1903, dispone que esta corte “No se limitará solamente a infracciones de ley o quebrantamien-tos de forma, según fneren señalados, alegados o salvados por los litigantes, o según se hiciera constar en sns exposi-ciones y excepciones, sino qne con el más alto fin de justicia, el tribunal puede también entender en todos los hechos y tramitaciones en la causa tal como aparecieren en autos, con-siderando en igual forma sns méritos para la mejor adminis-tración de justicia y del derecho, y evitar injusticias y de-moras. ’ ’

Y nuestro Código de Enjuiciamiento Civil contiene las si-guientes prescripciones:

“Art. 122. — Al considerar una alegación para determinar sus efectos, deberá interpretarse con liberalidad', a fin de asegurar abso-luta justicia entre las partes.”
“Art. 142. — En cualquier estado de un pleito la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o procedimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o de-fecto.”

El error, de haber alguno, al declarar sin lugar la moción para eliminar y la excepción previa a la demanda, era de ca-rácter técnico y no perjudicaba. La demanda apenas si puede recomendarse como modelo de buena alegación, pero en el actual estado del procedimiento no estamos dispuestos - a hacer un análisis más o menos censurable de la laxitud en el-estilo o de la falta de precisión en la elección de las palabras, ni como resultado de tal estricta interpretación revocar la sentencia dictada por la corte de distrito por razón de cual-quier mero defecto técnico u omisión en la demanda.

La moción para eliminar términos que envuelven conclu-siones de ley fué presentada en el mes de mayo de 1914 y declarada sin lugar en el mismo mes del año 1916. Entonces fué formulada una excepción previa en mayo 18 qne se declaró sin lugar en junio 30 del año citado últimamente. En julio 11, 1916, se radicó la contestación.

Los demandados no comparecieron a la celebración del jui-cio que tuvo lugar en marzo de 1918, pero después de introdu-cida la prueba del demandante y de haber quedado terminado el caso sometido a la decisión de la corte, solicitaron que fuera abierto nuevamente' y se les permitiera presentar su prueba. Esta moción fué declarada con lugar.

En abril 4, o sea, el día señalado para presentar su prueba la defensa, solicitaron los demandados permiso para radicar una contestación enmendada. El abogado no dió ninguna ex-plicación o excusa por su omisión en enmendar la contestación antes del juicio. La solicitud se fundaba en las dos simples razones de que la contestación original no había sido jurada como debía haber estado, y que las demás enmiendas pro-puestas no tenían por fin el sorprender al demandante. Los autos dejan poca o ninguna duda de que debió haberse permi-tido la enmienda en cuanto al juramento, de no haberse com-plicado la cuestión con la alegación de nueva materia y “de-fensas adicionales.” Después de una negativa a admitir la contestación enmendada, el abogado ni siquiera hizo constar que podría permitirse a los demandados jurar la contestación original, indicación que no tenemos motivo para suponer que no hubiera recibido la aprobación de la corte. El alegato de los apelantes no establece la proposición de que las “defensas adicionales” de estoppel y prescripción hubieran podido pros-perar de algún modo mediante la presentación de prueba de todos los hechos alegados en su apoyo. Ni consta por otra parte que no se permitió a los demandados bajo la primitiva contestación probar todo lo que hubieran podido establecer bajo las alegaciones más acabadas de la propuesta substitu-ción. De todos modos, no vemos que se haya cometido abuso de discreción en la negativa de la corte a permitir la radica-ción de la contestación enmendada.

Decir que la prueba testifical y documental a que se hace mención en los señalamientos 4 al 12, inclusives, fué presen-tada sin objeción o excepción, sin duda que sería suficiente contestación a la alegación de los apelantes en cnanto a la ad-misibilidad de tal prneba. En lo qne concierne a los docu-mentos en cuestión, sin embargo, mucbo de lo dicho en el caso *de El Pueblo de Puerto Pico v. Zamorano, 28 D. P. R. 722, sería más o menos aplicable, mutatis mutandi, al presente caso. El -único razonamiento que se hace para sostener los señalamientos 11 y 12 es que Manuel Carmona, sin haber de-mostrado su capacidad como perito, se le permitió qne hiciera referencia a un plano qne mostró el abogado del demandante, que las preguntas hechas a este testigo fueron capciosas en su forma, y que la declaración de Rafael Carmona consistió en conclusiones por él deducidas más qne en una exposición de los hechos. Es claro que a falta de la oportuna objeción en la' corte inferior, tales sugestiones no requieren seria considera-ción en la corte de apelación.

De los autos aparece que la moción de nonsuit se fundó en' los siguientes motivos: en que no se probaron por el deman-dante los hechos esenciales de la demanda; en que no identi-ficó la finca reclamada; en que no probó el título del deman-dante a la finca reclamada; y en que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción.

La mayor parte del razonamiento contenido en el deci-motercero señalamiento se funda en la teoría de existir una incongruencia fatal entre la alegación supra, en cuanto al traspaso del título hecho por los Estados. Unidos a Puerto Rico mediante proclamas presidenciales autorizadas por ley del Congreso aprobada en marzo de 1907, y a la fecha y forma de adquisición que aparece de la prueba, en cuyo razonamiento se señala la ley de julio 1, 1902, autorizando al Presidente para hacer dentro del término de un año a partir de la fecha citada últimamente aquellas reservas que a su juicio pudie-ran ser necesarias de los terrenos públicos en esta isla adqui-ridos ile España en la forma referida y conceder todos aque-llos terrenos no reservados de tal modo al Gobierno de Puerto Rico. El alegato del Gobierno no trata en absoluto la cues-tión de incongruencia ni pretende contestar el ataque directo sobre la suficiencia de la prueba en cuanto a este eslabón en la cadena que forma el título del demandante, aunque se hace gran hincapié en este aspecto del caso en el alegato de la ape-, lante y la cuestión así suscitada apenas si puede ser pasada por alto como demasiado frívola para no recibir siquiera una consideración casual. Véanse, por ejemplo, los casos de Johnson v. Robinson Consol. Min. Co. 5 L. R. A. 769; Equitable Accident Ins. Co. v. Osborn, 13 L. R. A. 267. En verdad que a no ser por el fundamento algo inadecuado para la alegación de sorpresa y prejuicio a lo que ahora se nos llama la atención, tal vez si la revocación y sentencia de non-suit sería la única consecuencia lógica de la situación así creada.

El razonamiento de la apelante en cuanto a esto es en cierto modo una reproducción del hecho bajo el señalamiento décimo, supra. El documento a que allí se hace referencia es un panfleto impreso titulado “Ordenes G-enerales No. 97, Cuartel General del Ejército, Oficina del Ayudante General, Washington, julio 7, 1903.” Incorporada a ellas hay una or-den ejecutiva que parece haberse originado en la Casa Blanca, en la que se cita de la ley de julio 1, 1902, arriba indicada, y se hacen ciertas reservas de terreno para fines militares y. termina así: “Dada bajo mi firma hoy día 13 de junio de 1903. — ‘Theodore Roosevelt —By the President, Elihu Root, Secretary of War.”

Se cita el caso de Burke v. Miltenberger, 19 Wall. 519, para sostener la alegación de que una corte no puede tomar conocimiento judicial de una orden militar. La orden general en ese caso “se dijo por el abogado de Burke” que fué expe-dida “por el Mayor General Banks, al mando del Cuartel, General del Golfo.” La orden allí referida “se citaba en to-, talidad en el alegato del abogado.” Con excepción de e,sto “nada sobre este particular aparecía, sin embargo, en los autos: y nada había que mostrara que sobre esta orden se hubiera llamado la atención de alguna corte inferior. ’ ’ Al hablar de la alegación respecto al efecto de dicha supuesta orden la Corte Suprema se expresó como sigue:

“A estas proposiciones se contesta con decir que en el estado de las alegaciones y de la prueba estamos en condiciones de resolver sobre la legalidad de esta orden, o determinar qué efecto deberá dár-sele de haber sido expedida debidamente. No consta en absoluto en los autos, y de todo lo que aparece, de ella nunca se llamó la atención de cualquiera de las cortes de Louisiana ocupada en la decisión del caso. Puede ser que las cortes del país tomarían conocimiento judicial de que Louisiana, en la fecha mencionada, estaba bajo la ocu-pación militar de nuestras fuerzas, al mando del general Banks, pero no conocemos ninguna regla de ley o práctica que requiera a ésta, o a ninguna otra corte, tomar conocimiento judicial de las varias órdenes expedidas por un comandante militar en el ejercicio de la autoridad que le ha sido conferida.”

En el presente caso la presentación de la orden general, prescindiendo de su valor probatorio, por lo menos fue sufi-ciente para llamar la atención de la corte inferior a la posible, si no probable existencia de la orden ejecutiva citada y para sugerir la probabilidad adicional de otras reservas hechas dentro del año siguiente al decreto en cuestión. En la página 526 del documento del Senado número-, Imprenta del Gobierno, 1914, que es el tomo 6 de una serie de compilaciones de antecedentes relativos a los territorios no contiguos, etc., preparado por el Negociado de Asuntos Insulares, Departa-mento de la Guerra, encontramos apuntada la “Orden Ejecu-tiva de junio 30, 1903, en la que se hacen reservas de terrenos públicos y edificios en Puerto Pico” y para el texto completo una referencia a “G. O. núm. 91, A. G. O. julio 7, 1903.” La misma serie .de documentos del' Senado contiene el texto ín-tegro de las proclamas presidenciales donde se hacen otras re-sérvas para diferentes fines de las que hasta ahora hemos to-mado conocimiento judicial. El Pueblo v. Dimas, 18 D. P. R. 1061; El Pueblo v. El Municipio de San Juan, 19 D. P. R. 656. Verdaderamente que estas cosas son tan bien enten-didas localmente que en el más reciente de los dos casos citados últimamente, el juez sentenciador parece haber tenido en cuenta los hechos como acontecimientos notorios de his-toria corriente. No hay duda de que eran asimismo bien cono-cidos de la corte inferior y del abogado de los demandados en el caso presente. Una copia auténtica de la orden ejecutiva en cuestión pudo haberse obtenido de haberse considerado necesaria por la corte inferior sin el requisito de la presen-tación formal como prueba. Pero sea esto como fuere, los de-mandados no aprovecharon la oportunidad que tenían a su al-cance de comparecer al juicio y oponerse a la admisión de la orden general, en cuyo caso el demandante podría haber pre-sentado una copia certificada de ella o de la orden ejecutiva misma de no poderse obtener como documento público pro-mulgado por la autoridad legislativa. Dentro de las circuns-tancias no es necesario considerar la cuestión del conoci-miento judicial.

Podemos hacer referencia de paso, sin embargo, al caso de Central of Georgia Ry. Co. v. Gwynes, 113 S. E. 183, como decisión reciente, la que tiende a indicar el sabio cuidado en difundir la doctrina de cualquier caso en particular sin tener en cuenta los hechos.

Se cita el caso de Elmore v. Elmore, 140 Cal. 516, para demostrar que la cuestión de incongruencia puede ser levan-tada mediante moción de nonsuit. En ese caso “la causa de acción, de haber alguna, establecida por las conclusiones” era “enteramente distinta a la alegada en la demanda.” La corte inferior había dictado sentencia “sobre una causa de acción no determinada en la demanda ni sostenida por las alegaciones de la misma.” Además, “por virtud de la mo-ción de nonsuit la apelante suscitó categóricamente el punto en el cual se insistía” en la corte de apelación, “y llamó, por tanto, la atención, así de la corte inferior como de los abo-gados ante ella,” y, por consiguiente, se resolvió que no es-taba comprendida en la regia de que a una parte no se permi-tirá levantar una objeción por primera vez en apelación.

La declaración becba en la moción de nonsuit de que “los becbos esenciales de la demanda” no fueron probados y que “el título del demandante a la propiedad reclamada” no quedó establecido, no levanta necesariamente la cuestión de incongruencia. En tanto concierne al punto que abora se con-sidera, el becbo esencial era el dominio, o a lo sumo un tí-tulo obtenido de los Estados Unidos. La manera en que se llevaron a cabo las formalidades para el traspaso y la fecba o fechas exactas envueltas son detalles de menor importancia que pudieran o no baber inducido a error a los demandados' pero que apenas si pueden considerarse como constitutivos de una nueva causa de acción. En tanto revela la moción de nonsuit la supuesta falta de prueba podría haberse referido exclusivamente a la identificación de la finca ya como la par-cela en cuestión o como comprendida en los terrenos que pa-: saron a los Estados Unidos por virtud del tratado.

La exposición del caso en apelación contiene el detalle de haber sido negada.la moción de nonsuit por la corte por las' razones consignadas por escrito y que este documento se' transcribiría como parte de los autos en apelación. No pa-rece que esto se hizo y nada hay que demuestre que al dis-cutirse la moción de nonsuit; o en algún otro momento, lla-maron los demandados la atención de la corte o del abogado’ del demandante a la cuestión de incongruencia sometida ahora’ a nuestra consideración.

Nos es difícil creer que un error tan palpable en la alega-ción de baber sido debidamente impugnado en la corte inferior’ no hubiera sido prontamente corregido mediante enmienda para ajustarlo a la prueba.

“Las cortes de apelación han sido liberales en permitir enmiendas a las alegaciones o considerar la enmienda como que se hace en apoyo de la sentencia, cuando la enmienda es de tal naturaleza que debió haberse permitido por la corte inferior al solicitarse y la justicia subs-tancial se promovería con tal procedimiento. En estas circunstancias se ha resuelto generalmente que la sentencia no será revocada debido a los defectos u omisiones en las alegaciones que se subsanan por la prueba o las alegaciones de la parte contraria, o debido a una incon-gruencia entre las alegaciones y la prueba, si la suficiencia de las alegaciones no fué debidamente atacada en la corte inferior, o la prueba introducida sin objeción, o aparece claramente que el defecto o incongruencia no afectó a los derechos substanciales de las partes pero * * * la enmienda se considerará que ha sido hecha.” Nota al caso de Ellinghouse v. Ajax Live Stock Co., L. R. A. 1916 D, pág. 841, en la pág. 843.

Sin entrar en pormenores innecesarios sólo tenemos que agregar que la finca en cuestión fué identificada con razonable certeza y el título del demandante a la misma quedó es-tablecido satisfactoriamente por lo menos en lo que concierne a cualquier puntó levantado específicamente en este caso. No nos sentimos justificados en escrudiñar cuestiones que no se discuten en el curso del alegato de la apelante que consta de ochenta y tres páginas. ®

Al testigo Rafael del Valle Zeno se le mostró un plano que había sido presentado por el demandante y pidió que lo cotejara con la descripción del terreno en controversia que aparece en la demanda y que dijera si la finca descrita en el plano era o no idéntica a la descrita en la demanda. Formu-lada objeción la corte' resolvió que ése no era el modo ade-cuado de acreditar este extremo y el abogado de los deman-dados tomó excepción sin expresar su fundamento. Se per-mitió entonces a los abogados examinar a este testigo sin inconveniente sobre los alegados defectos del plano y para establecer cualquier base que en efecto pudiera existir para la supuesta discrepancia. Ni siquiera el alegato en apelación indica qué diferencia hay, de haber alguna, entre las dos des-cripciones, ni se cita ninguna autoridad para sostener el dé-cimocuarto señalamiento. Si la información que así se trató de obtener no es cosa que la corte misma era tan competente para determinar como lo sería cualquier agrimensor al cono-eerse los datos en que podría basarse una opinión, por lo menos no se demuestra que liaya habido perjuicio.

Podemos considerar los señalamientos restantes menos basta cierto punto quizá el vigésimo tercero, como de dife-rentes aspectos al vigésimo segundo. En verdad que la mayor parte si no todas las cuestiones envueltas se discuten en el alegato de los apelantes bajo la proposición general de que la sentencia apelada ‘ ‘ es contraria a la ley y a la prueba. ’ ’

Aquí vuelve a tratarse mucho de la falta en alegar defectos en el título de dominio de los demandados o en solicitar que sea anulado y se ataca el pronunciamiento de la sentencia qué declara que es nulo, por ser en exceso del remedio solicitado, citándose los casos de Sache v. Gallette, 11 L. R. A. (U. S.) 803; Reynolds v. Stockton, 140 U. S. 254, y Belford v. Woodward, 29 L. R. A. 593.

1 “El principio legal de que cuando se establece una acción de reivindicación contra personas que están en posesión de la cosa en controversia por la virtualidad de un título que se creyó era válido, es necesario que se pida primero la nulidad de este título, es apli-cable solamente cuando la acción surge de tal nulidad, pero no cuando el derecho a establecer una acción reivindicatoría es independiente de la misma. (Opiniones de la Corte Suprema de España de oc-tubre 16, 1873, enero 17, 1889, abril 6, 1889 y febrero 13, 1892).” El Pueblo v. Dimas, supra.

Pero dicen los apelantes: Derivamos el título por compra a Juan Carmona y el demandante no ha probado que Carmona adquirió la propiedad así traspasada por él, de igual modo que Calvo Hermida y María P. Ríos, obtuvieron posesión de los terrenos envueltos en el caso de Dimas. Aparte del hecho dé que dos hijos de Carmona declararon que la pequeña parcela de terreno vendida por su padre a Valdés había sido ganada al mar, la prueba en conjunto revela más allá de toda duda razonable, que la finca en controversia fué primeramente parte de un manglar y que' esto era bien sabido y reconocido por Ramón Valdés, tanto antes como mucho después de su ale-gada compra a Carmona. De ser esto cierto, el traspaso, si alguno hubo, hecho por Carmona no podía establecer nin-gún título aparente. El Pueblo v. Zamorano, supra. Véase también el caso de Doolan v. Carr, 125 U. Ss 618. Dentro de las circunstancias no es necesario discutir la cuestión de la buena fe a la que se dedican varias páginas en el alegato de los apelantes.

La teoría de la demanda fué ciertamente que habiendo for-mado parte la finca en controversia del dominio público cuando Valdés obtuvo su llamado título de dominio, la orden decretando el dominio era enteramente nula. Tal vez debió el demandante haber alegado el conocimiento que de los he-chos tenía Valdés, pero esa omisión quedó subsanada por la prueba presentada sin objeción por parte de los demandados. La alegación de una conclusión derivada de los hechos expre-sados en nada hubiera robustecido la virtualidad de tales he-chos que indican la- completa nulidad del título de los deman-dados. La súplica de la demanda para la cancelación de las inscripciones en el registro de la propiedad claramente que tiene por objeto que la corte pudiera considerar la orden de-cretando el dominio como inexistente sin hacer un pronuncia-miento expreso en este sentido. De todos modos, toda vez que los demandados comparecieron en la corte inferior, obtu-vieron la apertura del caso e introdujeron toda su prueba in-cluso la orden decretando el dominio, las autoridades que sos-tienen que una sentencia dictada en rebeldía en exceso del remedio invocada es nula por falta de jurisdicción, no son de aplicación.

Atendidas todas las circunstancias no podemos declarar que la corte inferior abusara de su discreción ya en la aprecia-ción de la prueba, o en la concesión de costas, debiendo, con-firmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó “Conforme con la sen-tencia.”

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO Sb. WoLE.

Estoy de acuerdo con los puntos principales de la anterior opinión así como con su razonamiento. Me parecía simple-mente que la cuestión de la falta de prueba o incongruencia estaba suficientemente cubierta por los artículos 136, 137 y 138 del Código de Enjuiciamiento Civil, los cuales prescriben lo siguiente:

“Art. 136. — Ninguna incongruencia entre las alegaciones y las pruebas en un juicio se tendrá por esencial, a menos que por su índole y efectos dé lugar a que la otra parte incurra en su perjuicio, en falsas apreciaciones al mantener su demanda o su contestación. Siempre que una de las partes resultare así equivocada, la corte podrá disponer que se enmiende la alegación en los términos que estimare justos.
“Art. 137. — Cuando la incongruencia no fuere esencial, según lo previsto en el precedente artículo, la corte podrá resolver que el becbo se admita de acuerdo con la prueba, o disponer una enmienda inmediata sin costas.
“Art. 138. — Sin embargo, cuando las alegaciones de la demanda, o contestación a que se refiera la prueba, queden sin probar, no en algún particular o particulares solamente, sino en su alcance y sig-nificación general, no deberá considerarse como un caso de incon-gruencia, con arreglo a los dos últimos artículos, sino como deficien-cia de la prueba.”

Por tanto, era innecesarió ya citar o fundarse en la juris-prudencia general de otros Estados que no sea el de California, según lo explica la nota del caso de Ellinghouse v. Ajex Live Stock. Co., L. R. A. 1916 D, 843, transcrita en la opinión de la mayoría. La doctrina. citada puede o no tener mayor alcance que las prescripciones del Código, pero mi confor-midad descansa en la suficiencia de las prescripciones del Có-digo, para comprender la cuestión ante nuestra consideración.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Quiñones, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán en nna escritura de compraventa.
    No. 544.
    Resuelto en diciembre 1, 1922.
    Precio Indeterminado — Defecto Subsanable. — En la cláusula segunda de la escritura se dice que el precio de la venta lo constituye los $500 recibidos más el importe del dos hipotecas que gravan la finca y en la cláusula ter-cera que los $500 satisfechos, más el importe de las hipotecas ascendente a $1,835, más los intereses y lo calculado para gastos y costas son el justo precio y que por tanto por ese motivo no se anulará la escritura. Al ins-cribir la compra consignó el registrador como defecto subsanable que el pre-cio es indeterminado por no expresarse las cantidades por intereses, gastos y costas. Se resolvió: que en la segunda cláusula es que se halla claramente consignado el precio, que no resulta indeterminado.
    Id.- — -Medida Superficial — Equivalencia en el Sistema Métrico — Defecto Sub-sanable.- — En el presente caso en el título se consignó una cantidad como equivalencia en el sistema métrico decimal de la medida superficial que tiene la finca, pero estando equivocada es como, si no hubiera sido puesta pues no puede sostenerse que es la equivalencia de la cabida del inmueble, por lo que n9 es errónea la calificación del registrador al considerar tal error como defecto subsanable.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. B. Forés.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente compró nna finca que está gravada con des-hipotecas, consignándose en el contrato de compraventa entre otras cláusulas las siguientes:

“Segunda: constituye el precio -de esta venta el importe de las-dos hipotecas a que está afecta la finca enajenada y que quedan sub-sistentes con la -obligación el comprador d'e satisfacerlas y además, la suma de quinientos dollars que el vendedor confiesa recibidos con anterioridad a este acto en efectivo metálico de manos del comprador en diferentes fechas y partidas. En su virtud yo el notario advertí a las partes que confesado el recibo de los expresados quinientos dollars, por lo que respecta a esa suma queda la finca rústica ena-jenada libre de responsabilidad, aun cuando se pruebe después no haber sido cierta la entrega en todo o en parte. — Tercera: declaran. los contratantes que siendo el precio de la finca los quinientos dollars satisfechos en. efectivo más el importe de las hipotecas cuyo capital de ambas asciende a mil ochocientos treinta y cinco dollars más los intereses y lo calculado para gastos'y costas, tal precio es el justo y por tanto esta escritura no se anulará por causa ni motivo alguno.? ’

El Registrador de la Propiedad de San Germán inscribió' esa finca a favor del comprador “con los defectos subsana-bles de no expresarse en el mismo las cantidades que por in-, tereses, gastos y costas responden las dos hipotecas subsisten-tes, toda vez que el capital de éstas y dichas cantidades más-la suma de $500.00 constituyen el precio por el que se ena-jena la finca, quedando éste, por tanto indeterminado; y de estar equivocada en dicho documento la equivalencia de la ca-bida de la finca con arreglo al sistema métrico decimal.”

Interpuesto por el comprador recurso gubernativo por la, consignación de esos defectos, nos pide que declaremos que no existen y que no se hagan constar en la inscripción de su título.

Dispone el artículo 10 de la Ley Hipotecaria que “en la inscripción de los contratos en que haya mediado precio o en-trega de metálico, se hará mención del que resulte del título, así como de la forma en que se hubiese hecho o convenido el pago;” y dice el artículo 11 de la misma ley en su párrafo primero que “Si la inscripción fuere de traslación de domi-nio, expresará si ésta se ha verificado pagando el precio al contado o a plazos; en el primer caso, si se ha pagado todo el precio o qué parte de él, y en el segundo, la forma y plazos en que se haya estipulado el pago.” Por consiguiente, tratán-dose de la inscripción de una venta, que es traslación de domi-nio, el registrador debe hacer constar en la inscripción el pre-cio de la venta y la forma de su pago. En este caso el precio y la forma del pago se hizo constar en el documento que motiva este recurso, y la única cuestión a decidir con respecto al primer defecto subsanable consignado en la inscripción es si tal precio es indeterminado como hizo constar el registrador en la no.ta recurrida.

Es cierto que en la cláusula segunda del contrato se dice que el precio de la venta lo constituyen los $500 recibidos y el importe de las dos hipotecas insolutas que el comprador se obliga a satisfacer, y que en la cláusula tercera se dice que el precio son esas dos partidas más los intereses y lo calculado para gastos y costas; pero estas últimas partidas no forman parte del precio, no sólo porque la cláusula segunda expresa claramente en qué consiste el precio, pues la cláusula tercera más que fijación del precio es una estipulación de que siendo justo la escritura no se anulará, sino que no constando del con-trato que se debieran intereses vencidos y no satisfechos no puede sostenerse que el pago de intereses sea parte del precio yá que los intereses por devengar son el del dinero retenido por ■el comprador. En cuanto a los gastos y costas tampoco son ni 'pueden ser parte del precio porque no es cantidad debida por el vendedor y sólo existirán si el comprador diere lugar a ejecución de las hipotecas. Por esas razones entendemos que el precio está claramente consignado en la cláusula segunda y que no es indeterminado, como estimó el registrador. -

En el segundo motivo del recurso se sostiene que el regis-trador no debió consignar como defecto subsanable que la equivalencia en el sistema métrico decimal de la medida superficial de la finca está equivocada.

Según el artículo 9, párrafo primero, de la Ley Hipóte-, caria, la inscripción que haga el registrador expresará, entre otras circunstancias, la medida superficial con arreglo a la usada en el país, y su equivalencia en el sistema métrico decimal, si constaren del título. En este caso en el título consta la medida superficial de la finca en cuerdas y también su equi-valencia en el sistema métrico decimal pero por estar equivo-cada dicha equivalencia por error aritmético, hecho que no niega el recurrente, consignó el registrador ese error como de-fecto subsanable.

' Haciendo aplicación de ese artículo en los casos de Gon-zález v. El Registrador, y de Carrasquillo v. El Registrador, 17 D. P. R. 239 y 431, hemos dicho que la falta de expresión en el título de la medida superficial de la finca no da motivo para negar la inscripción pero que constituye un defecto sub-sanable que debe hacerse constar en el registro, y en el de Vázquez v. El Registrador, 27 D. P. R. 870, declaramos que el no expresarse en el título la equivalencia en el sistema mé-trico decimal de la medida superficial de la finca constituye un defecto subsanable. Es cierto que en este caso en el título se consignó una cantidad como equivalencia en el sistema mé-trico decimal de la medida- superficial que tiene la finca pero estando equivocada es como si no hubiera sido puesta pues no puede sostenerse que es la equivalencia de la cabida del in-mueble y por esto no podemos declarar que el registrador co-metiera error al consignar el segundo defecto subsanable de que se recurre.

La nota recurrida debe revocarse en cuanto al primer de-fecto subsanable en ella consignado y confirmarse en cuanto al segundo. - •

Revocada en parte y confirmada la nota en cuanto al segundo defecto consignado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez A soot ado Se. Wole,

text:
    Cuadro, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Eecurso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad de Arecibo denegando la inscripción de una or-den de embargo.
    No. 553.
    Resuelto en diciembre 5, 1922.
    Cortes Municipales — Jurisdicción—Cuantía de la Reclamación. — Un manda-miento de embargo para ejecución de una sentencia por $497 e intereses con-tados a partir de la fecha de la misma es inscribible y no puede concluirse que dicha corte carecía de jurisdicción para dictar tal sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del recurrente: Sr. E. Marm Marión.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez A soot ado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada una orden de ejecución de sentencia dictada por la Corte Municipal de Utuado al Registrador de la Pro-piedad de Arecibo, se negó éste a inscribirla sustancialmente por'el fundamento de que la cuantía de la reclamación que se trataba de hacer efectiva excedía a la suma de quinientos dó-lares, y por tanto que dicha corte municipal carecía de juris-dicción.

Las leyes de la sesión de 1904, página 93, indican que un juez municipal tiene jurisdicción sobre todos los asuntos civi-les en su distrito hasta la suma de quinientos dólares, inte-reses inclusive. La orden ante nos trata de hacer efectiva la suma de $497 con intereses inclusive desde la fecha de la orden y sostiene el apelante que la jurisdicción ha de determinarse no por los 'intereses concedidos en la sentencia, sino por la reclamación hecha en la demanda.

De la orden o escrito sometido en este caso aparece que la sentencia fué por la suma de $497 y que los intereses sólo corrían a partir o inmediatamente después de la sentencia. No consta que hubiera una reclamación en exceso de la suma de quinientos dólares, o que la acción fuera establecida por intereses además del principal. Por el contrario, lo que consta es que la acción estaba dentro de la cuantía de quinien-tos dólares, siendo la reclamación como hemos dicho, por la suma de $497.

Debe revocarse la nota del registrador y verificarse la anotación del embargo decretado.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ano-tación del embargo.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Grillo, Demandante y Apelada, v. Grillo et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre reconocimiento de filiación.
    No. 2721.
    Resuelto en diciembre 5, 1922.
    Rebeldía — Apertura de Rebeldía —Filiación.'—Teniendo en cuenta que este pleito tiene por objeto que la demandante sea declarada bija natural reco-nocida por su padre, muerto a la feeha de ser interpuesta la demanda; que los pleitos sobre filiación afectan no/ sólo a las partes litigantes sino a la so-ciedad en general; que habiendo comparecido las demandadas en 1912 y no habiendo sido resuelto el pleito antes de agosto de 1921 estaban justifica-das en creer la información que les dió su abogado referente a que el pleito estaba terminado; que la petición para incluirlo en el calendario especial fué hecha después del término fijado por la ley y que el juicio fué celebrado a los tres días, parece que los fines de la justicia se cumplen mejor permitiendo que las demandadas, que son una viuda y una menor de edad, se defiendan, que no negándoles la petición que hicieron con tal fin.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. F. Gomales.

    Abogado de la apelada: \Sr. M. Tous Soto.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito tiene por objeto obtener de la corte la decla-ración de qne la demandante es hija natural reconocida por José A. Grillo Santiago y, por haber muerto éste, fueron de-mandadas su viuda y su hija légitima menor de edad.

Aunque la demanda fué presentada en el año 1910 no se hizo la citación de las demandadas hasta dos años después y entonces comparecieron por medio de abogado alegando la excepción previa de que la demanda no aducía hechos deter-minantes de causa de acción. Como consecuencia de esa ex-cepción fué presentada otra demanda enmendada que tam-bién fué excepcionada por igual motivo, y en 14 de julio de 1914 los abogados de las partes convinieron por escrito, con la aprobación de la corte, en que las demandadas retirarían la excepción previa presentada y en que tendrían veinte días para contestar, contados desde dicha estipulación. Después de esto, el pleito quedó sin tramitación durante seis años hasta que en enero de 1920 la demandante, sin intervención de su abogado, pidió y obtuvo del secretario de la corte que re-gistrara la rebeldía de las demandadas. Otra vez quedó pa-ralizado el pleito hasta que al año siguiente la corte ordenó fueran citadas las partes a exponer por qué no debía tenerse a la demandante por desistida de su acción, por abandono; y habiendo comparecido la demandante la corte declaró el 28 de marzo de 1921 que no procedía el archivo del pleito.' Cinco meses después, el 23 de agosto, un día después del fijado por la Ley Núm. 94 de 31 de marzo de 1909 para la inclusión en .calendario especial de la corte de los pleitos en rebeldía, la parte demandante, sin autorización de la corte, consiguió que el pleito fuera incluido en ese calendario, celebrándose el jui-cio el día 26 de agosto sin la asistencia de las demandadas y recayendo sentencia declarando con lugar la demanda. Noti-ficadas las demandadas de la sentencia comparecieron en se-guida ante la corte bajo la dirección de otro abogado y le pi-dieron que dejara sin efecto la sentencia y también la anotación de su rebeldía alegando sorpresa, entre otras razones, porque según la declaración jurada de la madre de la menor demanda-da que presentaba la única noticia que tuvo por su abogado desde que le confió su representación en 1912 fué la de que el pleito estaba terminado, por lo que desde hace más de seis años no se ocupaba de él, que su abogado nunca le manifestó que el pleito estuviera pendiente ni ha renunciado la representa-ción de las demandadas, que la peticionaria tiene evidencia suficientemente para demostrar que la demandante no es hija de José A. Grillo y que ha confiado su representación ahora a otro abogado a quien expuso todas las cuestiones.

■ La corte inferior negó la solicitud de las demandadas e interpuesta por ellas esta apelación contra esa resolución ale-gan en su recurso como único motivo para sostenerlo que la corte inferior abusó de la facultad discrecional que le concede el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil para de-jar sin efecto su sentencia y la anotación de rebeldía.

Teniendo en cuenta que este pleito tiene por objeto que la demandante sea declarada bija natural reconocida por su padre, muerto a la fecba de ser interpuesta la demanda; que los pleitos sobre filiación afectan no sólo a las partes liti-gantes sino a la sociedad en general; que habiendo compare-cido las demandadas en 1912 y no habiendo sido resuelto el pleito antes de agosto de 1921 estaban justificadas en creer la información que les dió su abogado referente a que el pleito estaba terminado: que la petición para incluirlo en el calen-dario especial fuá hecha después del término, fijado por la ley y que el juicio fué celebrado a los tres días, nos parece que los fines de la justicia se cumplen mejor permitiendo que las de-mandadas, que son una viuda y una menor de edad, se defien-dan, que no negándoles la petición que hicieron con tal fin. En circunstancias como las presentes los tribunales, generalmente, son benévolos en dejar sin efecto la sentencia y también la re-beldía de los demandados.

La resolución apelada debe ser revocada con instruccio-nes a la corte inferior de que proceda de acuerdo con esta opinión.

Revocada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez PeesideNte Se. del Tobo,

text:
    Martínez, Demandante y Apelante, v. Echandí, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Areeibo en pleito sobre reivindicación y daños.
    No. 2706.
    Resuelto en diciembre 5, 1922.
    REIVINDICACIÓN-PARTICIÓN-DIVISIÓN ENTRE HEREDEROS-MENORES DE EDAD.— Cuando entre los herederos existen menores de edad, no puede dividirse váli-damen'te por los herederos mayores una finca poseída en común. La ley fija el procedimiento que debe seguirse en tal caso.
    Id. — Derechos Hereditarios. — Heredada una finca por tres hermanos, uno de ellos murió, sucediéndole sus hijos menores de edad. En tal estado, privada-mente, se dividió la finca y a cada heredero se entregó su porción. Uno de los herederos mayores de edad, de la porción que le entregaron, vendió seis cuerdas. El otro heredero mayor de edad intervino en el contrato y se mos-tró conforme con la venta. Pasaron los años y otra persona, el demandante, con conocimiento de todo lo ocurrido, adquirió los derechos hereditarios de los tres hermanos y redamó para sí del comprador, el demandado, las seis cuerdas de que se ha hecho mérito. Se resolvió: que si bien la venta de las seis cuerdas fué nula en su origen, sólo tenía el demandante derecho a re-clamar la poreión que correspondía a los menores, o sea, una tercera parte indivisa, pues los herederos mayores estaban impedidos de reclamar y nada, por tanto, pudieron transmitirle.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Mercader.

    Abogado del apelado: \8r. A. Lens Cuena.

   El Juez PeesideNte Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Remigio Martínez Badía demandó a Francisco Echandí en reivindicación de cierta porción de terreno y reclamación de daños y perjuicios. Alegó que era dueño de una finca rústica de ciento treinta cuerdas, situada en el barrio de Florida Adentro de Barceloneta, y que una parte de ella— seis cuerdas — estaba poseída por el demandado sin título y con ánimo de apropiársela.

El demandado aceptó en su contestación que el deman-dante era dueño de la finca de ciento treinta cuerdas descrita en la demanda y negó las demás alegaciones de ésta, afir-mando que la finca de seis cuerdas que posee la adquirió por compra a Ramón Lourido en 1908.

Fué el pleito a juicio. Ambas partes practicaron su prueba y la corte dictó sentencia finalmente declarando sin lugar la demanda. El demandante apeló entonces para ante este tribunal.

Admitido por el demandado que el demandante es dueño de la finca de ciento treinta cuerdas a que se refiere la de-manda* es necesario dejar por establecido dicho hecho.

La prueba es complicada con respecto a otros extremos comprendidos en el pleito. No bay duda alguna que las seis cuerdas en disputa pertenecieron antiguamente a Francisco Lourido de la Riva. También las ciento treinta. Se admite el origen común.

Tampoco hay duda de que muerto Lourido pasaron sus bienes a sus herederos. Estos eran sus tres hijos: Francisco, Ramón y Manuel. Hubo disputas entre ellos. Al fin lograron ponerse de acuerdo. Un agrimensor dividió materialmente la finca y a Ramón le correspondieron ciento y pico de cuerdas de las cuales se posesionó y pagó contri-bución aisladamente. Pero cuando esa división material de las tierras pertenecientes a la sucesión se hizo, el heredero Francisco, hermano de Ramón y de Manuel, había ya muerto, y le habían sucedido sus hijos, algunos de los cuales eran me-nores de edad. De ahí que el demandante sostenga, con razón a nuestro juicio que la división practicada está vi-ciada de nulidad y que la finca continuó perteneciendo a la sucesión sin que niguno de sus miembros pudiera disponer de una parte separada de ella.

¿Cómo se posesionó el demandado de las seis cuerdas?

En la propia demanda se alega que hacía quince años dichas seis cuerdas fueron entregadas al demandado por los llamados albaceas de Francisco Lourido de la Riva y su es-posa para que con su usufructo se cobrara una suma que le debía la sucesión y el demandado se adueñó de ellas y se negó a entregarlas no obstante los requerimientos que se le hicieron. Y declarando en el juicio, el propio demandante se expresó así:

“P. Cuando adquirió esa finca tuvo algún conocimiento con res-pecto a la posesión de Echandi, se le aclaró el punto? — Sí, señor; me dijeron que había una parcela que tenía Echandi la cual le habían dado en garantía de un dinero que había facilitado para el pago de las contribuciones. — P. ¿No sabe en qué garantía se la die-ron? — Que la usufructuara en lo que ellos devolvían el dinero, y en-tonces fui a donde Echandi: Ud. tiene una parcela de cinco o seis cnerdas, la sucesión le debe un pico y dígame la cantidad que es para devolverla, y me dijo entonces que no, que él había comprado aquello.”

La prueba del demandado tiende a demostrar que las seis cuerdas no fueron entregadas en la forma que dice el de-mandante, sino a virtud -de un contrato de venta. Decla-rando el demandado espresó:

“P. ¿Qué le proponía él? — -Que me vendía el terreno ese.— P. ¿Qué terreno? — Las cinco cuerdas ochenta centavos. — P. ¿Las que le reclaman ahora? — Sí, señor. — F. ¿Cómo fué el negocio? — El ne-gocio fué: me dijo, la finca está embargada y van a rematarla entre tres o cuatro días por las contribuciones que debe de dos o tres años. — P. ¿ De qué finca debía las contribuciones ? — De las ciento una cuerdas de las que se sacaron las cinco cuerdas. — lion. Juez. ¿Esas cinco cuerdas formaban parte de otra finca mayor? — Sí, señor; de las ciento una cuerdas que debían las contribuciones. — P. Siga — Le dije, no puedo comprar, y me dijo: si me saca de este apuro com-padre, y dije, está bien, le doy el dinero y pagaré a razón de diez pesos cuerda, y dijo: como Ud. quiera, y me dijo, tengo que decirlo a mi hermano Manuel; y al día siguiente fueron los dos y dijo, aquí pasa esto ha dicho su hermano para que pague las contribuciones, cincuenta y ocho pesos. — P. ¿ Aceptó la venta ? — A razón de diez pesos cuerda. — P. ¿O sea cincuenta pesos? — Cincuenta y ocho pesos. — P. Siga. — Le entregué el dinero y pagó sus contribuciones, y a los pocos días vino un día de fiesta y dijo, vengo a entregarle el terreno y fué el mismo y midió con varas.”

También declaró en el juicio Manuel Lourido, de setenta y dos años, uno de los hijos de Francisco Lourido de la Diva. Confirma en todo lo dicho por el demandado sobre la venta. Expresa que la finca heredada de sus padres fué dividida ma-terialmente posesionándose Bamón de ciento y pico de cuer-das; que se atrasó en el pago de las contribuciones y para sa-tisfacerlas vendió a Echandi un trozo de terreno y que fué llamado para presenciar el contrato y nada tuvo que objetar. Un extremo de su declaración es así:

“P. ¿Uds. celebraron algún negocio con Remigio Martínez Badía? —Sí, señor; después d'e eso. — P. ¿Ud. le hizo alguna indicación a Remigio Martínez Badía con respecto a esa parcela de Francisco Eebandi? — El preguntó que qué terrenos habían vendido, que no pertenecían a la sucesión, y le hice la explicación de que había ese predio y otro predio de Ramón Pérez G-erena. — P. ¿Cuándo le ad-virtieron eso, antes o después de comprar él ? — Antes de comprar él.— P. ¿Le explicó cómo se había efectuado el negocio? — Le hice la ex-plicación. — P. ¿Ud. se lo explicó antes de vender? — -Sí, señor.”

Hay una carta del demandado al demandante presentada por éste como prueba que permite penetrar en la verdad de lo ocurrido en este caso; dice así:

“Manatí, P. R., 9 de Sebre. de 1920. — Sor. Don Remigio Martínez Badía, Areeibo. — Estimado amigo: Recibí tu muy atta. la que me haces referencia en la del 7 del cte. la que te contesto con gusto. Tú sabes que hace 16 o 18 años que estoy en posesión del terreno que me vendieron los Louridos, no del número de cuerdas aunque me entregaron medido y con puntos, creo son algo menos de lo com-prado, todo ese tiempo nadie me ha dicho nada, he estado pacífica posesión, si esos Sres. me vendieron sin tener derecho pa. ello, en ese caso no sólo me engañaron a mí sino también al Tesorero de Pto. Rico; no te acuerdas que tratamos algo de esta venta, cuando estubistes en la oficina de Plazuela Sugar en San Juan, a redimir el remate, como apoderado de los Louridos hecho por contribuciones, así es que puede ser como tú me dices que estés dentro de la ley, pero bien sabes que mi derecho es innegable entre caballeros, por lo tanto creo lo más combeniente tanto pa. ti como para mí, someter a decisión de 4 amigos de ambos pa. que decidan, dígame si te parece bien, con esto en nada nos perjudicamos ni tú ni yo, pues tienen responsabi-lidad mi bendedores que también son parte de los tuyo. — Tu afirmo, amigo (firmado) Franco. Echandi.”

Investigando el título del demandado con respecto a la finca que posee, es necesário reconocer su debilidad. Eamón Lou-rido no podía vender una porción separada de la gran finca que pertenecía tanto a él como a sus hermanos. Pero de todos modos había ya vendido cuando transmitió sus dere-chos y acciones al demandante, estando por tanto impedido de volver sobre sus propios actos. Nada en relación con las seis cuerdas pudo el demandante adquirir de él o de sus he-rederos.

Igual ocurre con respecto al otro hermano Manuel. El acepta la validez de la venta y dice que cuando a su vez ven-dió sus derechos y acciones a la herencia de sus padres al de-mandante le advirtió lo sucedido en relación con las tierras poseídas por Echandi.

iSójo resta el derecho de los herederos de Francisco Lou-rido, otro de los hijos de Francisco Lourido de la Riva. El tí-tulo del demandante fué admitido en la contestación y como el demandante es duepo de los derechos y acciones de los he: rederos de Francisco y éstos eran dueños de una tercera parte indivisa de las seis cuerdas, esa parte dehe reconocerse al de-mandante. Capó v. Fernández, 27 D. P. R. 715.

La sentencia, en tal virtud, dehe ser revocada y declararse con lugar la demanda en cnanto a la tercera parte indivisa de que se deja hecho mérito. En cuanto a los frutos reclama-dos, la prueba no aporta una base segura para concederlos. Laclas las circunstancias concurrentes, cada parte pagará sus costas.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: En Juez Asociado Se. "Wolp,

text:
    Ríos, Demandante y Apelante, v. Central Pasto Viejo, Inc., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre negativa de servidumbre. Injunction.

    No. 2714.
    Resuelto en diciembre 5, 1922.
    Servidumbre de Paso de Vía Pérrea — INJUNCTION Pendente Lite — Discreción Judicial — Alegaciones—Perjuicio Inmediato. — El Tribunal Supremo no intervendrá en la discreción que ejercitó la corte inferior para denegar ún injunction pendente lite solicitado en una acción sobre negatoria de servi-dumbre, levantamiento de vías, injunction j dañod y perjuicios, cuando las alegaciones, única prueba ante la corte, tienden a mostrar convenios entre los demandados y los anteriores dueños que permitían el establecimiento de una1 vía de ferrocarril y el demandante y sus causantes dejaron pasar años sin tomar ninguna medida para el levantamiento de la vía, y cuando, ade-más, no existe nada que demuestre un gran perjuicio inmediato.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. H. R. Francis.

    Ahogado de la apelada: Sr. H. G. Molina.

   En Juez Asociado Se. "Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

En nna acción sobre nugatoria de servidumbre, levanta-miento de vías férreas, injunction y daños y perjuicios, la demandante solicitó también que se decretara un injunction pendente lite.

La corte inferior se negó a expedir una orden de injunction durante la tramitación de la acción (pendente lite) por-que no aparecían daños irreparables y los daños alegados po-dían recobrarse mediante el ejercicio de una acción ordinaria.

Sin detenernos a investigar en la naturaleza exacta de las razones que tuvo la corte para negar la orden, creemos que la actuación de la corte debe ser confirmada por las siguientes razones:

1. Los autos muestran que las alegaciones fueron la única prueba ante la corte y que la contestación alegaba aparente-mente defensas suficientes o discutibles. En estas condicio-nes generalmente una corte de apelación no investigará más allá de la discreción que tuvo la corte inferior al denegar el injunction.

2. Las alegaciones tendían a mostrar convenios, o un en-tendimiento con los anteriores dueños que permitían que un ferrocarril cruzara la finca más o menos permanentemente,, y que en ella funcionaba activamente un ferrocarril en co-nexión con la central de la demandada.

3. La demandante y sus causantes toleraron que pasaran años sin tomar ninguna acción para que las vías férreas fue-ran levantadas y esta falta aparente de cuidado no podía ser destruida por la mera presentación de alegaciones juradas con perjuicio inmediato de la demandada y de su activo neg’ocio.

4. No hubo demostración alguna de un gran daño inme-diato para la demandante.

Debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso--ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.