source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

license: Public Domain

text:
    Josefina, Diana Margarita, Rosalía Elena y Jaime Antonio, todos de apellidos Olivella Zalduondo, peticionarios, v. Seguros de Servicios de Salud de Puerto Rico, Inc., t/c/p Triple-S, Inc., y Triple S Management Corporation, recurridos.

      Número: AC-2011-83

      Resuelto: 8 de enero de 2013

      Freddie Pérez González y Federico Pérez Irizarry, de Freddie Pérez González & Assoc., abogados de la parte peticiona-ria; Jorge I. Peirats y Fernando J. Collazo Valle, de Pie-trantoni Méndez & Alvarez LLC, abogados de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

We reject at the outset any suggestion that the present transaction, evidenced by the sale of shares called “stock”, must be considered a transaction simply because the statutory definition of a security includes the words “any... stock”.

Nos corresponde determinar la naturaleza jurídica de una acción en cobro de dinero en la que se reclama el pago del valor de unas acciones comunes de una corporación como resultado de una redención. Concluimos que la con-troversia de autos es de naturaleza contractual entre unos accionistas y la corporación y no constituye una transac-ción de valores por lo cual no está sujeta a la Ley Uniforme de Valores y, por lo tanto, al término prescriptivo de dos años, sino al término de quince años para las acciones per-sonales que establece el Código Civil.

El 21 de septiembre de 2010, los hijos del doctor Jaime A. Olivella y Josefina Zalduondo Benitez, ambos fallecidos, presentaron una demanda contra Seguros de Servicios de Salud de Puerto Rico, Inc. (Triple S), alegando que su fe-necido padre era dueño de seis acciones comunes de Triple S. En particular, alegaron que, en 1999, los accionistas de Triple S crearon la corporación Triple S Management (Management) y votaron por la adquisición y redención de sus respectivas acciones por parte de la nueva corporación. De esa forma, Management se convirtió en la matriz de Triple S “a cambio del pago de las acciones a los accionistas de Triple S”.

Según los demandantes, producto de los acuerdos de los accionistas, a sus seis acciones se les otorgó un valor de $250,000 cada una, para un total de $1,500,000. Los de-mandantes alegaron que, al momento de su muerte en el 2001, el doctor Olivella seguía siendo dueño de las seis acciones comunes. Ahora bien, según ellos, Triple S ni Management “nunca pagaron al Dr. Olivella, ni a su sociedad [legal] de gananciales, el valor de la redención de dichas acciones”.

Tras la muerte de su madre en el 2006, los demandan-tes, a través de su representación legal, enviaron varias cartas a diferentes funcionarios de ambas corporaciones solicitando información. El 20 de julio de 2007, los de-mandantes recibieron una misiva enviada por un repre-sentante de la compañía informando que

... según nuestro registro de accionistas, el Dr. Jaime A. Oli-vella Catoni y sus herederos no son accionistas de la [c]ompañía. Las acciones comunes de la [cjompañía de las cua-les era titular el Dr. Olivella fueron redimidas en 2003 por $160.00, el valor pagado por el Dr. Olivella al adquirir dichas acciones. Dicha redención se efectuó conforme a los documen-tos organizativos de la empresa.
Es importante notar que la [c]ompañía se comunicó con la viuda del Dr. Olivella para informarle sobre la redención. No obstante, surge de nuestros archivos que el valor pagado por la redención no ha sido cobrado. Por tanto, aunque los herede-ros del Dr. Olivella no son accionistas de la [c]ompañía, sí tie-nen derecho a recibir el valor pagado en el 2003 al redimirse las acciones comunes de la [c]ompañía que poseía el Dr. Olive-lla previo a su fallecimiento.

Insatisfechos con la posición de Triple S, los peticiona-rios presentaron su demanda el 21 de septiembre de 2010 alegando varias causas de acción. En primer lugar, los demandantes sostuvieron que “tiene [n] derecho a que se les pague el precio de sus acciones al valor que fuera pa-gado al resto de los accionistas de Triple S, que se estima en una suma no menor de $1,500,000, más los intereses por mora, desde esa fecha hasta el día que dicha suma se pague”. Según los demandantes, se trata de una acción en cobro de dinero. En segundo lugar, solicitaron, al am-paro de la Ley General de Corporaciones, examinar los li-bros de la codemandada para determinar el valor real de sus acciones y de las transacciones que los demandados han llevado a cabo con las mismas. Según los demandan-tes, esta causa es parte del deber de rendir cuentas que tiene la compañía. Por último, solicitaron que el Tribunal de Primera Instancia determinara el valor justo de las ac-ciones, ya fuese para que la parte demandada las comprara o, en la alternativa, se les permitiese venderlas en el mercado.

Los demandados presentaron una moción de desestima-ción al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, alegando que la causa de acción estaba prescrita. Según ellos, dado que se trataba de una impug-nación de la redención de unas acciones y que las redencio-nes de acciones constituyen transacciones de valores, apli-caba la Ley Uniforme de Valores, la que establece un término prescriptivo de dos años para la presentación de un pleito. Para los demandados, independientemente de la fecha de partida que se tomara, habían transcurrido los dos años establecidos por ese estatuto, por lo que procedía la desestimación de la demanda. Según los demandados, “toda transacción relacionada a valores se rige por la Ley Uniforme [de Valores]”. En particular, adujeron que la ley aplicaba “pues se trata de una reclamación en la cual se impugna una transacción en la cual estuvo involucrado un valor. En este caso, la transacción que se impugna es una redención de seis (6) acciones alegadamente llevada a cabo por los demandados en 1999”. Es decir, dado que la con-troversia involucraba un “valor”, que la redención de unas acciones es una transacción de valor y que se estaba cues-tionando el valor pagado como resultado de dicha reden-ción, aplicaba el término prescriptivo establecido por la Ley Uniforme de Valores.

En su oposición, los demandantes sostuvieron que la Ley Uniforme de Valores aplica únicamente cuando se alega fraude o engaño en una transacción llevada a cabo por una entidad que se dedica al negocio de valores, como agentes, corredores u otros, y que la transacción entre Triple S y Management no está comprendida entre las transacciones de venta de valores cubiertas por dicha ley. De igual forma, cuestionaron la caracterización de los de-mandantes de su causa de acción como una impugnación de redención de acciones, pues lo único que estaban recla-mando era que se les pagara el precio total correspondiente al valor de sus acciones.

Ambas partes hicieron referencia a nuestra decisión en Paine Webber, Inc. v. First Boston, Inc. para sostener sus alegaciones. Según los demandados, en dicho caso resol-vimos que a toda causa de acción que involucre un valor o una transacción de valores le aplicará el término prescrip-tivo establecido por la Ley Uniforme de Valores. Por su parte, los demandantes plantean que esa decisión no aplica a los hechos de la controversia de autos. Según estos, la decisión en PaineWebber era sobre una controversia entre dos entidades dedicadas a la compra y venta de valores, reguladas por el Comisionado de Instituciones Financie-ras, en la que una reclamó a la otra por incumplimiento de contrato en cuanto a la compra de unos valores que se re-venderían a inversionistas. Distinguiendo esa controversia de los hechos de autos, los demandantes insisten en que ni ellos ni los demandados son casas de corretaje o se dedican al negocio de valores, que no hay una disputa sobre la com-pra o venta de valores y que no ha habido alegación alguna de fraude. Por lo tanto, entienden que no aplica la Ley Uniforme de Valores. En ese sentido, insisten en que no están impugnando la redención de valores llevada a cabo, más bien han instado una reclamación de naturaleza contractual para que se les pague el valor de las acciones.

El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por prescripción al concluir que se estaba impugnando una transacción en la cual estaba involucrado un valor, por lo cual el término prescriptivo es de dos años contados a par-tir de la fecha de la transacción impugnada. Inconfor-mes, los demandantes recurrieron al Tribunal de Apela-ciones. El foro intermedio confirmó la sentencia del tribunal de instancia en todos sus extremos, al concluir que la demanda presentada por los peticionarios era una impug-nación de una transacción que “atañe a un valor” y, por lo tanto, aplicaba el término prescriptivo establecido por la Ley Uniforme de Valores. Los demandantes apelaron entonces a este Tribunal. El 20 de enero de 2012 acogimos la apelación como un certiorari y expedimos el auto.

Los demandantes rechazan el que la Ley Uniforme de Valores o nuestra decisión en PaineWebber aplique al caso de autos “por el mero hecho de que la demanda envuelve certificados de acciones”. Se reafirman en que no han hecho alegación alguna de fraude, que Triple S no se de-dica al mercado de valores y que no hubo un contrato de venta de acciones para impugnar. Por el contrario, sos-tienen que el “propósito de la Ley de Valores es proteger a los inversionistas y al público en general, mediante la exi-gencia de ciertos requisitos, a las personas que se dediquen al negocio de valores”.

Por su parte, Triple S enfatiza en que el propósito de la Ley de Valores es “no imponer cargas indebidas sobre el emisor de valores de que se trate”, e insiste en que la acción de los demandantes equivale a una impugnación de la redención llevada a cabo. Por consiguiente, rechazan que la Ley Uniforme de Valores aplique únicamente cuando haya una alegación de fraude o esté involucrada una entidad que se dedique específicamente al mercado de valores. En vez, entienden que el estatuto incluye a quie-nes los emiten, aunque no se dediquen al negocio de valores.

II

La Ley Uniforme de Valores se aprobó en 1963 con el propósito de “proteger a los inversionistas y al pú-blico en general mediante la exigencia de ciertos requisitos a las personas que se dediquen al negocio de valores y la creación de un organismo gubernamental con poderes de supervisión y fiscalización sobre diversas fases del negocio, a los fines de evitar que se incurra en prácticas fraudulen-tas en el curso del mismo”. Dado que en Puerto Rico no existía legislación alguna que regulara directamente la materia y que la Asamblea Legislativa concluyó que las disposiciones del Código Civil y el Código de Comercio eran insuficientes para atender este problema social, hacía falta aprobar un estatuto especial. La preocupación de la Asam-blea Legislativa era, sin lugar a dudas, lidiar con situacio-nes de “prácticas fraudulentas en la distribución de valores”.

Según el Informe Conjunto de las Comisiones de lo Ju-rídico Civil e Industrias y Comercio del Senado de Puerto Rico, la nueva Ley Uniforme de Valores estaría dividida en cuatro partes fundamentales. La primera prohibía “prácti-cas fraudulentas en relación con el negocio de valores”. La segunda exigía la inscripción de todos los agentes y co-rredores-traficantes de valores, mientras que en la tercera se exigía la inscripción de todos los valores propiamente. Por último, el estatuto establecía las disposiciones genera-les para la administración de la ley. De lo anterior surge un claro propósito legislativo: evitar que las personas dedi-cadas al negocio de valores incurran en prácticas engaño-sas y fraudulentas en sus transacciones que puedan afec-tar al público inversionista.

El Artículo 101 de la Ley Uniforme de Valores establece que

[s]erá ilegal que cualquier persona, en relación con la oferta, venta o compra de cualquier valor, directa o indirectamente:
(1) Emplee cualquier treta, ardid o artificio con el propósito de defraudar;
(2) haga cualquier manifestación falsa sobre un hecho material necesario para evitar que las declaraciones formuladas, a la luz de las circunstancias bajo las cuales se hicieron, con-duzcan a error;
(3) se dedique a cualquier acto, práctica, o clase de negocio que opere u operaría como fraude o engaño sobre cualquier persona;
(4) emita, circule o publique cualquier material impreso o por medios electrónicos que contenga representación falsa so-bre un hecho material, u omita información sobre un hecho material necesario de forma de que la información que se emita, circule o publique, a la luz de las circunstancias en que fue emitida, circulada o publicada, conduzca a error, o
(5) emita, circule o publique cualquier material, o realice cualquier representación escrita, a menos que el nombre de la persona que emita, circule, publique o haga la misma, y el hecho de que es esa persona quien emite, circula, publica o hace la representación, esté claramente indicado en esa misma comunicación.

Los artículos subsiguientes de la Ley Uniforme de Valo-res atienden materias similares, como el fraude en las ac-tividades consultivas y las manipulaciones del mercado mediante información falsa o engañosa. Como se ade-lantara en el Informe Conjunto, esta primera parte de la ley se enfoca en prohibir actividades fraudulentas por las personas que se dedican al negocio de valores.

Los artículos contenidos en el segundo subcapítulo de la ley establecen los requisitos y procedimientos para la ins-cripción de los corredores, agentes y otras entidades que llevan a cabo transacciones de valores. Acto seguido, los Artículos 301 al 307 atienden la inscripción propiamente de los valores. Finalmente, los Artículos 402 en adelante establecen las disposiciones generales de la ley. Cabe destacar que el antiguo Artículo 401, que ofrece una lista de las definiciones de los términos empleados en el esta-tuto, fue renumerado como el Artículo 100. De lo anterior se puede colegir que la estructura estatutaria coincide con el propósito legislativo plasmado en el Informe Conjunto.

El Artículo 410 del estatuto establece las circunstancias en las que habrá responsabilidad civil, así como los requisitos para presentar una causa de acción a su am-paro:

(a) Cualquier persona que:
(1) Ofrezca o venda un valor en violación a las [secciones] 861(a), 871, u 885(b) de este título, o a cualquier re-glamento u orden conforme a la [sección] 883 de este título la cual requiere la aprobación afirmativa de material de propaganda de venta antes de que el mismo se use, o de cualquier condición impuesta con arreglo a las [secciones] 874(d), 875(g) u 875(h) de este título; o
(2) Ofrezca o venda un valor por medio de una declara-ción falsa sobre un hecho material, o mediante omisión de con-signar un hecho material necesario para evitar que las decla-raciones formuladas, a la luz de las circunstancias bajo las cuales se hicieron, conduzcan a error (desconociendo el com-prador la falsedad o la omisión), y que no sostenga el peso de la prueba de que no sabía, y que ejercitando una prudencia razonable, no pudo tener conocimiento, de la falsedad u omi-sión, será responsable a la persona que le compre el valor-, quien podrá entablar una demanda para recobrar el precio pagado por el valor, además de intereses al tipo de interés aplicable a sentencias judiciales... costas y razonables honora-rios de abogado menos la cuantía de cualquier ingreso que haya recibido derivado del valor, al ofrecer devolver dicho valor, o por daños y perjuicios, si él ya no es dueño del valor ....
(e) Ninguna persona podrá entablar una demanda civil de acuerdo con las disposiciones de esta sección, después de transcurridos más de dos (2) años de haber efectuado el con-trato de venta...

Por último, el nuevo Artículo 100 ofrece las de-finiciones estatutarias. A continuación, ofrecemos las más pertinentes a la controversia de autos:

(b) Agente. — Significará cualquier individuo que no sea un corredor-traficante, que represente a un corredor-traficante, o a un emisor, al llevar a cabo o tratar de llevar a cabo la compra o la venta de valores. La palabra “agente” no incluye a un individuo que represente a:
(1) Un emisor...
(2) Un corredor-traficante...
(c) Corredor-traficante. — Significará cualquier persona que se dedique a llevar a cabo transacciones en valores, ya sea por cuenta propia o a cuenta de otros. El término “corredor-traficante” no incluirá:
(1) Una instrumentalidad gubernamental
(2) un agente;
(3) un emisor;
(4) un banco, institución de ahorros o compañía de fidei-comiso con facultades bancarias, siempre y cuando las activi-dades de estas instituciones relacionadas con el negocio de valores se limiten a aquellas categorías enumeradas en [varios incisos de este capítulo].
(d) Fraude, engaño y defraudar. — No estarán limitados a la definición de dolo según el Código Civil.
(g) Emisor. — Significará cualquier persona que emita o se proponga emitir cualquier valor...
(j)(l) Venta o vender. — Incluirá todo contrato de venta de, contrato para la venta, o disposición de un valor, o interés en un valor, a título oneroso.
(i) Valor. — Significará cualquier pagaré, acción, acciones en cartera, bono, vale, comprobante de deuda, certificado de interés o participación en algún convenio de distribución de beneficios o sociedad, certificado de valores fiduciarios en ga-rantía, certificado de preorganización o subscripción, acción transferible, contrato de inversión, certificado de fideicomiso con derecho a voto, certificado de depósito en garantía, cuota de interés indiviso en petróleo, gas u otros derechos sobre mi-nerales, o, en general, cualquier interés o instrumento cono-cido comúnmente como “valor”, o cualquier certificado de inte-rés o participación en cualquiera de los precedentes valores, certificado temporero o provisional o recibo por los mismos, garantía de dichos valores o instrumentos de autorización u opción o derecho para suscribirlos. “Valor” no incluirá ninguna póliza de seguro, o de seguro dotal, ni contrato de anualidades mediante la cual una compañía de seguros se compromete a pagar una suma determinada de dinero, sea ésta pagadera en suma englobada o periódicamente, durante la vida de la persona o en cualquier otro período especificado.

La única ocasión en la que hemos tenido la oportunidad de interpretar este estatuto fue en PaineWebber, Inc. v. First Boston Inc. En esa ocasión, PaineWebber acordó con First Boston la compraventa de un valor conocido como “Ginnie Mae”, que fue entregado a la primera y pagado por ésta en 1987. Acto seguido, PaineWebber revendió el valor a inversionistas. En 1989, PaineWebber descubrió que el valor adquirido de First Boston no era exento de contribu-ciones, por lo que se vio obligado a resolver la venta reali-zada y a resarcirle a sus clientes por los daños causados. Como consecuencia, PaineWebber demandó a First Boston por incumplimiento de contrato, solicitando la devolución del precio pagado por los valores, más daños y perjuicios. First Boston planteó que la acción estaba prescrita, por haber transcurrido más de dos años, es decir, el término prescriptivo establecido por la Ley Uniforme de Valores.

La controversia en ese caso giró en torno a la Sección 890(h) de la Ley Uniforme de Valores que establece que los “derechos y remedios provistos por este capítulo son en adi-ción [sic] a cualesquiera derechos o remedios que pueden existir...”. Es decir, se cuestionaba si el término pres-criptivo de dos años establecido en la Sección 890(e) era exclusivo para los casos en los que se impugnaba una tran-sacción de valores. A la luz de los hechos en ese caso, resol-vimos en la afirmativa.

Ahora bien, como explica el profesor Díaz Olivo, tanto la Opinión mayoritaria como la disidencia en PaineWebber “coincidieron al calificar de mercantil la compraventa entre PaineWebber y First [Boston]. Esta calificación se funda-mentó en lo dispuesto en el Artículo 243 del Código de Co-mercio, y en las interpretaciones del propio Tribunal [Supremo] al efecto de que el elemento que distingue prin-cipalmente a la compraventa mercantil es la presencia del doble propósito de revender las cosas compradas y obtener un lucro”. De igual forma, el profesor toma nota de que, en ese caso, la demandante PaineWebber era una “empre-sa dedicada al negocio de corretaje, donde en múltiples ocasiones lleva a cabo transacciones con valores exentos y no exentos...”. Es decir, se trataba de una entidad dedi-cada al negocio de valores y no de una corporación cualquiera. Más aún, se trataba de una transacción de na-turaleza mercantil.

En ese sentido, nuestra decisión en PaineWebber partía de la premisa de que la Ley Uniforme de Valores aplicaba a los hechos de ese caso, pues no había controversia de que se trataba de una transacción de valores llevada a cabo por dos compañías dedicadas a ese negocio. Por lo tanto, no tuvimos la oportunidad de resolver en qué circunstancias hay que recurrir a la Ley Uniforme de Valores.

Aun así, nuestro análisis en PaineWebber es muy útil para precisar cuáles son esas circunstancias. En aquella ocasión explicamos, de entrada, que la Ley Uniforme de Valores “fue creada con el propósito de establecer en Puerto Rico una reglamentación protectora para el inversionista en el negocio de valores”. De igual forma, cita-mos extensamente del Informe Conjunto del Senado, al que también hemos hecho referencia en esta Opinión. En ese contexto, resolvimos que las “transacciones de valo-res en Puerto Rico están regidas por la Ley Uniforme de Valores” y recalcamos que los hechos particulares del caso, entiéndase, una controversia sobre una compraventa entre dos entidades dedicadas al negocio de valores, “enmarca [ban] perfectamente en los supuestos contenidos en la Ley Uniforme de Valores”. No se trataba, pues, de que toda controversia que involucrara un valor estaría su-jeta a ese estatuto, sino de que los hechos particulares de cada controversia deben coincidir con los supuestos estatutarios. Por eso resolvimos que la Ley Uniforme de Valores “regula un tipo específico de relación comercial”, Es decir, no toda relación comercial en la que esté presente un valor está al alcance de esa ley.

Después de nuestra decisión en PaineWebber, supra, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 114 del 11 de agosto de 1996 para actualizar la Ley Uniforme de Valores. La Exposición de Motivos de este estatuto hace referencia a la aprobación original de la Ley Uniforme de Valores, expresando que ésta fue adoptada, a su vez, del Uniform Securities Act de 1956, la cual, al 1996, había sido adoptada por cuarenta y una jurisdicciones en Estados Unidos. Reconociendo que la Ley Uniforme de Valores de 1963 “ha cumplido bien con los propósitos por los que se aprobó”, la Ley Núm. 114 tenía como objetivo “ampliar y clarificar las definiciones sobre prácticas fraudulentas”. Cabe destacar que los cambios principales introducidos por la Ley Núm. 114 se refieren a fiscalización y exenciones. El marco general de la Ley de Valores de 1963 quedó intacto.

El Informe Conjunto del Senado sobre el proyecto que se convertiría en la Ley Uniforme de Valores de 1963, en el cual descansó fuertemente nuestra Opinión en PaineWebber, revela la preocupación de la Asamblea Legislativa por evitar las “prácticas fraudulentas en el mercado de valores”. Sobre esto expresa que, a pesar de que “[e]n Puerto Rico, no hemos tenido hasta el presente ningún pro-blema serio relacionado con prácticas fraudulentas en el mercado de valores[, no] obstante, debemos prevenir [para] que ello no ocurra en el futuro. La adopción de un estatuto tipo ‘Blue Sky’ redundará en una mayor protección del pú-blico inversionista y de aquellas personas y entidades que se dedican al negocio de valores en nuestra comunidad” , Al hacer referencia directa a las llamadas leyes Blue Sky, el Informe Conjunto explicó que “[l]a legislación que se pro-pone ha sido cuidadosamente confeccionada para proveer la mayor protección posible al inversionista sin imponer cargas indebidas sobre el emisor de valores ni sobre el ne-gociante en los mismos. Cabe indicar, además, que esta propuesta medida legislativa ha sido objeto de extensa in-terpretación judicial en las diferentes jurisdicciones esta-tales, así como, también, en el nivel federal”.

En efecto, las llamadas Blue Sky Laws tienen como propósito principal “la protección al público del engaño y el fraude en las transacciones de valores”. Se les da este nombre porque su objetivo es evitar los “esquemas especulativos que no tienen más fundamento que tantos pies de cielo azul”. Se trata de leyes aprobadas a nivel estatal, muchas de las cuales utilizan el modelo de la Uniform Securities Act de 1956.

Desde 1910, la mayoría de las jurisdicciones en Estados Unidos han adoptado leyes para evitar la “venta o inter-cambio fraudulento de valores”. Según los tratadistas, los estatutos son de tres tipos: (1) para evitar el fraude, (2) para requerir el registro o inscripción de los corredores de valores o (3) para requerir el registro o inscripción de los valores mismos. Su fin principal es, sin duda, la preven-ción del fraude en las transacciones de valores. Algunas jurisdicciones, como Puerto Rico, adoptaron leyes que in-cluyen los tres elementos. De igual forma, los tratadis-tas han tomado nota de que los entes regulados por estas leyes son los bancos, firmas de valores y otras entidades dedicadas al negocio de valores, mientras que el sujeto protegido es el público inversionista.

Por último, tanto los tratadistas como los tribunales en Estados Unidos se han enfrentado a la pregunta de qué constituye un “valor” para efectos de las Blue Sky Laws, particularmente ante argumentos de que toda transacción que involucre un valor está cobijada automáticamente por dichos estatutos. En ese sentido, señalan que es necesario “determinar en cada instancia si un valor es, de hecho, de tal naturaleza como para caer justamente dentro del alcance del estatuto”. Por eso, en United Housing Foundation, Inc. v. Forman, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que el enfoque de las leyes reguladoras federales es regular “la venta de valores para obtener capital con el propósito de generar ganancias, los mercados en los que se intercambian esos valores y la necesidad de regular para evitar el fraude y proteger los intereses de los inversionistas”. Por lo tanto, no será suficiente la mera presencia de un valor en una controversia para concluir que se trata de una transacción de valores sujeta a lo es-tablecido por las leyes Blue Sky. En particular, el que la Ley de Valores regule las transacciones de valores y una acción se considere un valor para efectos de la definición estatutaria, no equivale, sin más, a que se esté siempre ante una transacción de valores sujeta a un estatuto de esta naturaleza. El máximo foro federal lo explica así:

We reject at the outset any suggestion that the present transaction, evidenced by the sale of shares called “stock”, must be considered a security transaction simply because the statutory definition of a security includes the words “any... stock”.

III

La Ley Uniforme de Valores de 1963, según enmendada, no aplica automáticamente a todas las controversias en las que se vea involucrado un valor. Por el contrario, como explicamos en PaineWebber, el estatuto regula un tipo específico de relación comercial. Se trata de relaciones mercantiles entre inversionistas y entidades que se dedican al negocio de valores, o entre varias entidades de esta naturaleza, como ocurrió en el caso de PaineWebber. En particular, nuestra Ley de Valores se concentra, por un lado, en evitar que entidades dedicadas a dicho negocio cometan fraude en las transacciones de valores y, por el otro, en asegurarse de que tanto los valores que se intercambien como las personas que se dedican a este tipo de transacción estén debidamente registradas. Claro está, lo anterior no significa que la Ley Uniforme de Valores aplicará únicamente a aquellos casos en los que se alegue fraude. Pero sí es necesario que se trate de una controversia centrada en una transacción de valores que incluya inversionistas o, al menos, entidades cuya actividad principal sea el negocio de valores.

En resumen, para determinar si aplica la Ley Uniforme de Valores, debe analizarse si la controversia trata sobre una transacción de valores llevada a cabo por entidades dedicadas a ese negocio, sin perder de perspectiva que el propósito principal, aunque no exclusivo, de dicha Ley es evitar el fraude y asegurar la debida inscripción de los valores y sus corredores. De igual forma, debe recordarse que, como explica el profesor Díaz Olivo, el elemento que distingue principalmente a la compraventa mercantil es la presencia del doble propósito de revender las cosas compradas y obtener un lucro.

No estamos ante una ley especial de alcance amplio. Por el contrario, la eficacia de dicho estatuto está limitada por las propias disposiciones de la ley. En lo que concierne la responsabilidad civil que permite la presenta-ción de una causa de acción privada, la Ley Uniforme de Valores establece expresamente los elementos necesarios para poder entablar un pleito legal. Incluso, el Artículo 410 del estatuto limita las causas de acción civil sujetas a sus disposiciones a las que surgen por violaciones al Artículo 201(a) —que la persona que vendió el valor no está debi-damente registrada — ; al Artículo 301 —que el valor com-prado o vendido no está debidamente registrado — ; al Artí-culo 405(b) —hacer representaciones ilegales concernientes a inscripciones o exenciones — ; o al propio Artículo 410(a)(2) —ofrecer o vender un valor dolosamente — . Si la causa de acción no recae sobre alguno de estos elementos, no está sujeta al término prescriptivo establecido en el Artículo 410(e). Evidentemente, una con-troversia contractual entre un accionista y una corporación que no se dedica al negocio de valores, sobre la redención de las acciones del primero, y su correspondiente pago, no están dentro del alcance de la Ley Uniforme de Valores.

La postura de Triple S nos parece poco persuasiva y muy simplista. Insiste en una aplicación injustificada-mente amplia de la Ley Uniforme de Valores para incluir toda transacción que involucre una acción, sin más. Los recurridos basan su argumento en que la Ley Uniforme de Valores define una acción como un valor, las transacciones de valores están cobijadas por dicho estatuto y una reden-ción de acciones es una transacción. La suma de esos fac-tores no conlleva, sin más, que se trata de una actividad al palio de ese estatuto. Tal interpretación es insostenible.

Hemos visto que el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos ha descartado esa interpretación mecánica. El mero hecho de que la definición estatutaria de valor incluya las acciones no equivale a que toda controversia sobre el pago del precio de una acción esté regulada por la Ley Uniforme de Valores. También hemos constatado que la Ley Uniforme de Valores tiene un enfoque muy estrecho: evitar el fraude, proteger a los inversionistas, regular el mercado de valores y a las personas y entidades que se dedican a ello.

En el caso de autos, la sucesión del doctor Olivella alega que, en 1999, los accionistas de Triple S decidieron redimir sus acciones por un precio de $250,000 cada una. Según ellos, Triple S nunca les pagó dicha cantidad. Por eso ins-taron una acción en cobro de dinero. No se trata de una corporación que se dedique al negocio de valores, sino de una compañía dedicada a la industria de seguros. No hay una transacción de valores de naturaleza mercantil. Por el contrario, estamos ante una relación contractual clásica que gira en torno a unas acciones que ciertamente consti-tuyen un valor. Tampoco se trata de una compraventa de valores en la que hubo fraude, dolo o engaño. Por lo tanto, es forzoso concluir que el término prescriptivo aplicable no es el de dos años establecido por la Ley Uniforme de Valo-res, sino el de quince años establecido por el Código Civil. La demanda no está prescrita. Erraron los tribunales infe-riores al concluir lo contrario.

Por lo anteriormente expuesto, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la celebración de los procedimien-tos de manera compatible con esta Opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco disintieron sin opinión escrita.

        United Housing Foundation, Inc. v. Forman, 421 U.S. 837, 848 (1975).

       Según surge de la demanda, el doctor Olivella falleció el 11 de octubre de 2001 y la señora Zalduondo el 14 de marzo de 2006. Ambos fallecieron sin otorgar testamento. Los demandantes son Josefina, Diana Margarita, Rosalía Elena y Jaime Antonio, todos de apellidos Olivella Zalduondo.

       Demanda, pág. 2, Alegación núm. 12, Apéndice, pág. 2.

         Id., pág. 3, Alegación núm. 14, Apéndice, pág. 3.

       El abogado de los demandantes envió cartas a partir del 19 de mayo de 2006 a diferentes funcionarios de ambas corporaciones. En las primeras misivas, el abo-gado preguntó sobre la cantidad de acciones poseídas por el doctor Olivella, el valor de las mismas y los requisitos corporativos para venderlas o transferirlas, entre otros asuntos. Así comenzó un intercambio de correspondencia que duró desde esa fecha hasta el 2009: 9 de noviembre de 2006 (Carta de Management informando que no podían ofrecer información porque la corporación se encontraba en el proceso de convertirse en corporación de emisión de acciones al público), 5 de julio de 2007 (Carta del representante legal de los demandantes), 20 de julio de 2007 (Carta de representante legal de los demandados informando que, según los registros de la compañía, ni el doctor Olivella ni sus herederos son accionistas de la corporación), 2 de junio de 2009 (Carta del representante legal de los demandantes alegando falta de comunicación por parte de la corporación).

       Apéndice de la Demanda, págs. 27-28, Exhibit J.

       Dado que la demanda fue desestimada sumariamente, nos limitamos a re-producir las alegaciones contenidas en la misma.

       Apéndice, pág. 4.

       Las posibles fechas ofrecidas por los demandados son: 1999 (fecha de la decisión de los accionistas de redimir sus acciones), 2003 (fecha informada por Triple S en su carta del 20 de julio de 2007 como el momento en que se llevó a cabo la redención) o 2007 (fecha de la carta que contenía la información aludida).

       Cabe señalar que en su moción de desestimación y a pesar de alegar que la controversia trata sobre una impugnación de redención de acciones sujeta a la Ley Uniforme de Valores, los demandados expresaron que la reclamación de los deman-dantes era que, “al redimir las acciones!,] las demandadas no pagaron el valor co-rrecto de las mismas”. (Énfasis suplido). Moción de desestimación, pág. 2; Apéndice, pág. 33. En ese sentido, aparentan reconocer que la causa de acción de los deman-dantes es de cobro de dinero.

       (Énfasis suplido). Moción de desestimación, pág. 6; Apéndice, pág. 37.

       (Énfasis suplido). Moción de desestimación, pág. 8; Apéndice, pág. 39.

        PaineWebber, Inc. v. First Boston, Inc., 136 D.P.R. 541 (1994).

       Los demandantes sostienen que “[l]a Ley de Valores de Puerto Rico se le-gisló con el propósito de proteger a los inversionistas contra el engaño y fraude por los agentes y entidades dedicadas al negocio de valores y el término de prescripción que allí se establece es para las acciones por engaño y fraude que a tal fin establece dicha ley. La presente demanda no alega engaño o fraude, ni las demandadas se dedican al negocio de venta o corretaje de valores”. Oposición a la Moción de deses-timación, pág. 11; Apéndice, pág. 57. En su réplica, los demandados insisten en que la Ley Uniforme de Valores aplica a toda reclamación “cuya base sea una transacción que involucre valores”. Apéndice, pág. 75.

       Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 2; Apéndice, pág. 86.

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pág. 7, Apéndice, pág. 317.

       Apelación, pág. 9. Los peticionarios incluyeron otros señalamientos de error por parte del Tribunal de Apelaciones. Dado que la discusión del primer error dis-pone de la controversia, no atenderemos los demás señalamientos,

       Los peticionarios también hacen referencia a una excepción contenida en la Ley Uniforme de Valores que expresamente excluye de su aplicabilidad a transaccio-nes que surgen de una reorganización corporativa. Según ellos, el proceso de apro-bación de la redención de las acciones de Triple S y la creación de Management como la nueva entidad matriz constituye una reorganización corporativa.

       Apelación, pág. 11, citando nuestra decisión en PaineWebber, supra, pág. 544.

       Alegato de las recurridas, pág. 2, citando nuestra decisión en PaineWebber, supra, pág. 546. Aducen que excluir este tipo de acción del término establecido por la Ley de Valores resultaría en una avalancha de casos de “personas que, luego de largos años, decidan impugnar transacciones de valores, como lo son transacciones relacionadas con acciones corporativas como la[s] de este caso”. (Enfasis suplido). Id., pág. 5.

       Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963 (10 L.P.R.A. sec. 851 et seq.). Este estatuto fue actualizado mediante la Ley Núm. 114 de 1996.

       (Enfasis suplido). Informe Conjunto de las Comisiones de lo Jurídico Civil e Industrias y Comercio del Senado de Puerto Rico, 17 Diario de Sesiones T. 4, pág. 1629.

       (Énfasis suplido). íd.

       (Énfasis suplido). íd.

       íd.

       10 L.P.R.A. sec. 851. Los incisos (4) y (5) fueron añadidos por la Ley Núm. 114 de 1996.

       Véase 10 L.P.R.A. sees. 852 y 853.

       10 L.P.R.A. sees. 861-864.

       10 L.P.R.A. sees. 871-877.

       10 L.P.R.A. sees. 882-898. La Sección 882 establece una lista de numerosas exenciones a la aplicación de la Ley Uniforme de Valores.

       10 L.P.R.A. sec. 881.

       “Será ilegal que cualquier persona haga negocios como corredor-traficante o agente en Puerto Rico a menos que esté inscrito según las disposiciones de este capítulo”. 10 L.P.R.A. sec. 861(a), dentro del subcapítulo relacionado con la inscrip-ción de las personas que se dedican al negocio de valores.

       “Será ilegal que cualquier persona ofrezca o venda cualquier valor en Puerto Rico a menos que: (1) Dicho valor haya sido inscrito bajo las disposiciones de este capítulo; (2) el valor o transacción esté exento bajo las disposiciones de la see. 882 de este título, o (3) el valor en cuestión es un valor bajo cubierta federal”. 10 L.P.R.A. sec. 871, dentro del subcapítulo que cobija la inscripción de valores.

       “Será ilegal hacer, o inducir que se haga, a cualquier comprador o cliente potencial, cualquier representación inconsistente con el inciso (a) de esta sección”. 10 L.P.R.A. sec. 885(b).

       (Énfasis suplido). 10 L.P.R.A. sec. 890.

       La ley establece unas excepciones a esta definición, pero no son pertinentes a la controversia de autos.

       (Énfasis suplido). 10 L.P.R.A. sec. 881.

       Es importante señalar que la Ley Uniforme de Valores fue enmendada des-pués de nuestra decisión en este caso. Discutiremos esto más adelante en la Opinión.

       10 L.P.R.A. sec. 890(h).

       (Escolios omitidos y énfasis suplido). C.E. Díaz Olivo, Derecho mercantil, 64 (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 861, 862 (1995).

       íd, pág. 868.

       (Enfasis suplido). PaineWebber, supra, pág. 543.

      En particular, enfatizamos en el propósito legislativo, según explicado en el Informe Conjunto, entiéndase, la protección a los inversionistas y al público en general para evitar que se incurra en prácticas fraudulentas en la compraventa de valores. íd., pág. 544.

       íd.

       íd., pág. 545.

       (Énfasis suplido). íd., pág. 547.

       1996 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 490.

       (Énfasis suplido). íd.

       (Énfasis suplido). Informe Conjunto, supra, págs. 1629-1630.

       íd., pág. 1630.

       (Traducción nuestra). “The primary purpose of these ‘blue sky laws’ is the protection of the public from deceit and fraud in securities transactions”. S.G. Chris-tianson, What Gives Rise to Right of Rescission Under State Blue Sky Laws, 52 A.L.R. 5th 491.

       “[S]peculative schemes which have no more bases than so many feet of‘blue sky’ ”, L. Loss y E.M. Cowett, Blue Sky Law, Boston/Toronto, Little, Brown and Co., 1958, pág. 13, citando a Hall v. Geiger-Jones Co., 242 U.S. 539, 550 (1917).

       Christianson, supra, pág. 505. Otras leyes federales de esta naturaleza son la Securities Act of 1933 y la Securities Exchange Act of 1934.

       “[Fraudulent sale or exchange of securities”. Loss y Cowett, op. cit., pág. 17.

       íd., pág. 19. Véanse, además: 87 A.L.R. 43; Loss, Seligman y Paredes, Securities Regulation, 4ta ed., Austin, Walters Kluwer Law & Business, 2006, Vol. 1, pág. 157.

       Loss y Cowett, op. cit., págs. 12 y 129.

       Véase Loss, Seligman y Paredes, op. cit., pág. 196 esc. 197 en la que se hace referencia directa a nuestra Ley Uniforme de Valores.

       Loss y Cowett, op. cit., pág. 28.

       87 A.L.R. 43.

       (Traducción nuestra). “[T]o determine in each instance whether a security is in fact of such a character as fairly to fall within the scope of the statute”. Id., pág. 75.

       (Traducción nuestra). “[T]he sale of securities to raise capital for profit-making purposes, the exchanges on which securities are traded, and the need for regulation to prevent fraud and to protect the interests of investors”. United Housing Foundation, Inc. v. Forman, supra, pág. 849.

       (Énfasis suplido). Id., pág. 848. Citando, a su vez, a Tcherepnin v. Knight, 389 U.S. 332, 336 (1967), el Tribunal Supremo federal explica que “en la búsqueda de la definición y alcance de la palabra ‘valor’ en los estatutos, la forma debe ser susti-tuida por la sustancia y el énfasis debe ser en la realidad económica”. (“[I]n searching for the meaning and scope of the word ‘security’ in the Act, form should be disregarded for substance and the emphasis should be on economic reality”). Id., pág. 848.


text:
    Ramón Ortiz Matías et al., recurridos, v. Mora Development Corporation et al., peticionarios.

      Número: CC-2011-0803

      Resuelto: 24 de enero de 2013

      Juan Carlos Garay Massey, abogado de la parte recurrente.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso nos brinda la oportunidad de expresarnos sobre el procedimiento que debe seguirse para hacer cum-plir una orden o resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). En específico, debemos determi-nar lo siguiente: (1) si la parte beneficiada por una resolu-ción de DACo puede acudir directamente al Tribunal de Primera Instancia mediante una demanda para solicitar la puesta en vigor de la resolución y, de contestar en la afir-mativa, (2) qué remedios procesales tiene disponible esa parte para hacer que se cumpla la resolución de DACo. Por los fundamentos expuestos a continuación, contestamos la interrogante en la afirmativa y pautamos el alcance de los remedios disponibles. Así pues, confirmamos la denegato-ria del Tribunal de Apelaciones de expedir el auto de certiorari.

I

En abril de 2003, el Sr. Ramón Ortiz Matías y la Sra. Ivette Figueroa Figueroa adquirieron de Mora Development Corp. (Mora) una vivienda en Carolina, Puerto Rico. Dos años más tarde, presentaron una querella ante DACo contra Mora, Builders Unlimited, Inc. (Builders) y United Surety & Indemnity por vicios de construcción. En la que-rella solicitaron que se corrigiera una serie de defectos en la residencia. A raíz de la querella, el 9 de mayo de 2005, personal de DACo llevó a cabo una inspección de la resi-dencia y rindió un Informe de Inspección (Informe) en el que se detallaron varios de los defectos alegados en la que-relia que no habían sido corregidos hasta el momento. El Informe no fue impugnado por ninguna de las partes.

Así las cosas, el 25 de agosto de 2006 —notificada el 6 de septiembre de 2006— DACo emitió una resolución en la cual responsabilizó solidariamente a las partes querelladas. Ordenó que en un término de 60 días se ins-talaran unos topes de cerámica en la cocina, enchaparan las paredes de los baños y corrigieran los demás defectos reclamados por los querellantes. En la Resolución también se les apercibió que de incumplir con lo ordenado, DACo podría imponer una multa administrativa de hasta diez mil dólares y tomar la acción legal correspondiente para su cobro. Señalaba, además, que el pago de dicha multa no les relevaba del cumplimiento con lo ordenado y que DACo solicitaría el auxilio de los tribunales para hacer cumplir la resolución. Finalmente, se les advirtió del derecho a solici-tar la reconsideración y revisión judicial.

En vista de lo anterior, Mora y Builders presentaron un escrito de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro, mediante sentencia de 25 de abril de 2007, confirmó la resolución dictada por DACo. Oportunamente, acudie-ron ante nos mediante una petición de certiorari, que de-claramos “no ha lugar”.

Luego de advenir final y firme la resolución de DACo, la parte querellante suscribió una carta a los querellados so-licitando información sobre cómo cumplirían la orden de DACo. Producto de esto, Builders se reunió con los quere-llantes el 6 de junio de 2008 pero no pudieron llegar a un acuerdo. En cartas posteriores, Builders les expresó su in-tención de cumplir solamente con aquello que le correspon-día como constructora de la residencia. Esto a pesar de que la orden de DACo establecía que Builders y Mora eran res-ponsables solidariamente por los defectos. Por otra parte, está en controversia las gestiones, si alguna, que hizo Mora para corregir los defectos y cumplir con la orden de DACo.

El 24 de abril de 2009, el señor Ortiz Matías, la señora Figueroa Figueroa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, presentaron una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia en contra de Mora y Builders, solicitando la ejecución de la resolución de DACo. Para esto requirieron el pago de $48,000 por los defectos —según lo cotizado por un contratista independiente — , más $15,000 en concepto de mudanza por dos semanas en lo que se corrigieran los defectos.

La parte demandada presentó una Moción de Desesti-mación, en la que argumentó que la parte demandante se había negado en varias ocasiones a que se le corrigieran los defectos en su residencia. Adujeron también que la de-manda buscaba relitigar asuntos adjudicados por DACo, por lo que procedía la aplicación de la doctrina de cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia, puesto que, según ellos, la parte demandante debió haber traído a la atención de DACo la forma como se debían corregir los defectos. Por último, adujeron que lo que procedía era que DACo compareciera al tribunal mediante una Petición para Hacer Cumplir Orden, y no los querellantes mediante una demanda de ejecución. El foro primario dictó una re-solución mediante la cual denegó la Moción de Desestima-ción y ordenó la designación de un perito de DACo para que lo orientara sobre la mejor manera de corregir los defectos. La parte demandada solicitó la reconsideración, la que fue declarada “no ha lugar”.

Inconforme, la parte demandada presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El foro interme-dio denegó la expedición del recurso mediante una resolu-ción notificada el 7 de septiembre de 2011. Aún inconforme, acudieron oportunamente ante nos, reiteraron sus argu-mentos y solicitaron que revoquemos la resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró “no ha lugar” la Moción de Desestimación y que desestimemos la demanda de epígrafe.

El 23 de enero de 2012 expedimos el recurso de certiorari. Luego de transcurrido el término reglamentario para que la parte recurrida presentara su alegato, le con-cedimos un término final de diez días para que compareciera. Esta no lo hizo, por lo que el caso quedó sometido sin el beneficio de su comparecencia.

II

A. Moción de desestimación

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil permite a la parte demandada solicitar que se desestime la demanda presentada en su contra cuando la parte demandante deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. 32 L.P.R.A. Ap. V. Ante una moción de desestimación, los tribunales deben dar por ciertas y buenas todas las alegaciones bien hechas aseveradas en la demanda que hayan sido aseveradas de manera clara. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 935 (2011); Torres, Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 501 (2010); Roldan v. Lutrón, S.M., Inc., 151 D.P.R. 883, 891 (2000). Así pues, las alegaciones de la demanda se deben interpretar conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable para la parte demandante. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra. En fin, para que proceda una moción de desestimación tiene que demostrarse de forma certera en ella que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que se pudiese probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497, 505 (1994).

B. Doctrina de cosa juzgada

El Art. 1204 del Código Civil codifica la doctrina de cosa juzgada y dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los liti-gantes y la calidad con que lo fueron. 31 L.P.R.A sec. 3343.

Esta doctrina persigue poner fin a los litigios luego de que los tribunales los adjudiquen de forma definitiva y, de este modo, garantizar la certidumbre y la seguridad de los derechos declarados mediante una resolución judicial. Así se evitan gastos adicionales al Estado y a los litigantes. Presidential v. Transcaribe, 186 D.P.R. 263 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 D.P.R. 133, 153-157 (2011); Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 D.P.R. 827, 833-834 (1993).

Al aplicar la doctrina de cosa juzgada se busca que se finalicen los pleitos y no someter a los ciudadanos a las molestias de tener que litigar dos veces una misma causa. Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 D.P.R. 281 (2012); P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 D.P.R. 139 (2008). No obstante, su aplicación no procede de forma inflexible y automática si hacerlo derrota los fines de la justicia o las consideraciones de orden público. Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, supra. Para que se configure la presunción de cosa juzgada debe concurrir la más perfecta identidad de cau-sas, cosas, partes y la calidad en que lo fueron. Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., supra.

C. Procedimiento de ejecución de órdenes administrativas

Es norma reiterada que las agencias administrativas carecen del poder coercitivo que tienen los tribunales para exigir el cumplimiento de órdenes y resoluciones. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San Jose, Inc., 130 D.P.R. 782, 795 (1992). Por tal razón, la ley habilitadora de DACo, Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, (3 L.P.R.A. sec. 341 et seq.) (Ley Núm. 5), reconoce a esta agencia el derecho de acudir a los tribunales para poner en vigor sus decisiones. Así pues, el Secretario del DACo puede: “[i]nterponer cua-lesquiera remedios legales que fueran necesarios para ha-cer efectivos los propósitos de este capítulo y hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones del Departamento”. 3 L.P.R.A. sec. 341e(i).

De igual forma, la Ley Núm. 5 establece que “[e]l Secretario [de DACo] podrá recurrir al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en solicitud [de] que se ponga en vigor cualquier orden de cesar y desistir por él emitida o cualquier orden correctiva. El incumplimiento de una orden judicial declarando con lugar tal solicitud constituirá desacato al tribunal”. 3 L.P.R.A sec. 341Z(e). Por otro lado, este Tribunal ha reconocido que, al igual que el Secretario de DACo, la Junta de Directores de un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal puede presentar en los tribunales una petición para obligar el cumplimiento de una orden o resolución emitida por la agencia administrativa. Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223, 231-232 (1994).

Este procedimiento de ejecución de orden no debe ser confundido con el procedimiento de revisión judicial. Ind. Cortinera Inc. v. P.R. Telephone Co., 132 D.P.R. 654, 664 (1993). Durante la revisión judicial, el tribunal revisa la determinación de la agencia administrativa mientras que en la ejecución de orden, este implanta la determinación administrativa una vez adviene final y firme, sin pasar juicio sobre su corrección. Ind. Cortinera Inc. v. P.R. Telephone Co., supra. Esto responde a que una querella administrativa consiste de dos etapas. En la primera, el trámite ante la agencia se rige por las secciones sobre procedimientos adjudicativos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sees. 2151-2170 (L.P.A.U.), y por la ley orgánica de la agencia. Durante esta etapa se investiga la querella, se determinan los hechos que la originaron y, de haber una controversia adjudicable, se concede el reme-dio que proceda en derecho. La parte afectada por la deci-sión administrativa, entonces, puede acudir al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial de acuerdo con los térmi-nos y requisitos dispuestos en la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sees. 2171-2177, y en la ley habilitadora de la agencia. Una vez concluido el proceso de revisión judicial, la decisión del ente administrativo adviene final y firme.

Es entonces que comienza la segunda etapa del procedimiento: la ejecución de la determinación administrativa. En este proceso, la agencia administrativa o la parte favorecida por la decisión administrativa solicita al tribunal que ponga en vigor la resolución u orden. El foro primario tiene disponible todos los mecanismos de ejecución de sentencia que proveen las Reglas de Procedimiento Civil, el desacato y la acción en cobro de dinero para hacer cumplir las determinaciones. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., supra, págs. 811-812; Pérez Colón v. Cooperativa de Cafeteros, 103 D.P.R. 555, 557-560 (1975). Es decir, los tribunales están facultados para poner en vigor y ordenar la ejecución, por la vía procesal ordinaria, de una resolución u orden de una agencia administrativa, así como para conceder cualquier otro remedio que estime pertinente ante el incumplimiento de sus órdenes. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., supra, págs. 811—812. A pesar de esta facultad de los tribunales, el proceso de ejecución de una orden o resolución administrativa no debe convertirse en un ataque colateral a la decisión ni en un método alterno de revisión judicial.

III

Conforme a la normativa antes expuesta, procedemos a resolver. Según examinado, una demanda no debe ser des-estimada a menos que surja que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, independientemente de los he-chos que puedan ser probados en apoyo a su reclamación. En el caso de autos, la parte peticionaria sostuvo en su Moción de Desestimación que los recurridos no podían acu-dir al Tribunal de Primera Instancia, que era DACo quien debía acudir al foro primario mediante una Petición para Hacer Cumplir Orden. Adujeron, además, que aplica la doctrina de cosa juzgada, ya que la controversia sobre cómo corregir los defectos de construcción está íntima-mente relacionada con la controversia sobre la existencia de tales defectos, de manera que debió haber sido presen-tada y litigada ante el foro administrativo.

Esta posición es inmeritoria. Por un lado, tanto DACo como la parte querellante podían acudir al foro judicial por haber culminado el trámite administrativo en virtud de la resolución que advino final y firme. La facultad del Secretario de DACo para recurrir a los tribunales y solicitar la puesta en vigor de cualquier orden o resolución administrativa es potestativa, no exclusiva, por lo que no limita el derecho de la parte beneficiada por una determinación administrativa de hacer lo mismo. Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, supra, pág. 232. Así pues, el foro de primera instancia tenía jurisdicción para atender la demanda de ejecución presentada.

Por otro lado, una simple lectura de la demanda de-muestra que la parte querellante no busca relitigar asun-tos ya adjudicados; por el contrario, solicita el auxilio del tribunal para poner en vigor la resolución. El proceso de revisión judicial que le asiste a las partes culminó de ma-nera favorable para la parte recurrida, por lo que la deter-minación administrativa en donde se le impuso responsa-bilidad solidaria a los codemandados es final y firme. La demanda no presenta una nueva reclamación contra los peticionarios ni busca atacar colateralmente la resolución de DACo. Se trata, pues, de un procedimiento análogo al de ejecución de sentencia.

En vista de lo anterior, resta poner en vigor el mandato administrativo a través del foro judicial. Para esto, según examinado, el foro de primera instancia posee una amplia jurisdicción que le permite implantar cualquier remedio que estime pertinente ante el incumplimiento por Mora y Builders de la resolución que DACo emitió. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., supra, págs. 811-812. Hoy resolvemos que esa potestad no se limita a las órdenes de DACo en controversias al amparo de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1291 et seq. Esto es lógico ante la jurisdicción general que posee el Tribunal de Pri-mera Instancia. Por tal razón, el Tribunal de Apelaciones concluyó acertadamente que la determinación tomada por el Tribunal de Primera Instancia de denegar la Moción de Desestimación y continuar con los procedimientos no ame-ritaba su intervención.

En vista de ello y por los fundamentos que anteceden, se confirma la Resolución del Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.


author: per curiam:

text:
      In re Ramón Colón Olivo.

      Números: AB-2008-41
    AB-2008-54

      Resueltos: 25 de enero de 2013

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías; Edna Evelyn Rodríguez Benitez, pro-curadora general auxiliar, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general; Ramón Colón Olivo, pro se.

   per curiam:

El 13 de enero de 2009, referimos a la Ofi-cina de Inspección de Notarías (ODIN) una Resolución de 8 de febrero de 2008 emitida en el caso Hon. Antonio Silva Delgado v. Mario Tevenal Avilés, DPE 2008-0074, en la que la Hon. Luisa M. Colom García indica que el notario público Ramón Colón Olivo (el querellado) notarizó dos pie-zas documentales con el mismo número de testimonio, el número 3462. En cada una de estas declaraciones se iden-tifica al declarante como vecino de un municipio diferente; una declaración indica que reside en Toa Alta, Puerto Rico, y la otra, en Bayamón, Puerto Rico.

De la documentación recopilada durante el proceso de investigación, ODIN concluyó que, efectivamente, el 3 de julio de 2007, el notario querellado autorizó dos declaracio-nes juradas sobre “Formulario Informativo para Aspiran-tes a Puestos Electivos (Intención de Candidatura)” con el mismo número 3462 y suscritas ambas por el mismo otor-gante: Mario Tevenal Avilés. En cada una de estas decla-raciones se identifica al declarante como vecino de un mu-nicipio diferente, según expuesto.

Ambas declaraciones juradas fueron realizadas en horas laborables en las inmediaciones o en la cafetería del Fondo del Seguro del Estado, lugar donde Colón Olivo y Tevenal trabajan, según admitió el notario en su declara-ción jurada. Sin embargo, el notario también expuso bajo juramento que se trataba de una sola declaración jurada, y que al juramentar la declaración, “como es su práctica usual”, entregó al señor Tevenal dos originales de esta, “mas no verificó en toda su redacción la declaración iden-tificada con el número 3462 y puesta en segundo orden”. En su determinación de hecho número 15, el tribunal in-dica que “esa declaración de autenticidad, la que estaba en segundo término y debajo de la primera, no fue completada en todos sus términos por el notario”.

Al momento de la queja, el querellado laboraba para la CFSE, según la información que surge del Registro Único de Abogados (RUA) y de su índice notarial para julio de 2007. El querellado figura en el Registro de Prohibiciones de la CFSE y solo puede ejercer la notaría para asuntos oficiales, en horas laborables.

En más de una ocasión, ODIN le requirió al querellado copia del asiento 3462 y del índice notarial de julio de 2007. La misiva se le envió a su dirección del expediente en ODIN: PO Box 23030, UPR Station, San Juan, Puerto Rico 00931-3030. Aunque no respondió a la notificación de la ODIN, en una visita que hizo el notario a ODIN para aten-der otro asunto se le abordó al respecto y, como el notario tenía consigo el Registro de Testimonios, se fotocopió el asiento en cuestión. Del Registro de Testimonios surge que el querellado informó un solo testimonio con dicho número y no presentó un índice enmendado para julio de 2007.

Tras examinar el derecho aplicable, el informe concluye que el notario querellado, al actuar como lo hizo el 3 de julio de 2007, infringió las disposiciones de los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, ya que omitió cerciorar que los testimonios no eran original y copia, pues se trataba de dos formularios diferentes, con información distinta. El informe recomienda, además, que se amplíe la investigación para determinar si hubo viola-ción al Artículo 4 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2013.

El 30 de septiembre de 2011, concedimos al Ledo. Ra-món Colón Olivo un término de veinte días para que se expresara en torno al informe presentado por la ODIN. No compareció, por lo que él 23 de enero de 2012 emitimos una segunda resolución concediéndole un nuevo término impro-rrogable de veinte días y advirtiéndole que su incumpli-miento podría conllevar sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión indefinida de la práctica de la profesión. El abogado tampoco respondió a esta orden.

Por tratarse de los mismos hechos, consolidamos las quejas AB-2008-41 y AB-2008-54.

I

En numerosas ocasiones hemos resuelto que las y los miembros de la clase togada tienen la obligación ineludible de responder con premura y por escrito a los requerimientos relacionados a quejas por conducta profesional. No obrar conforme a esta exigencia puede redundar en una falta ética separada e independiente a la imputada originalmente.

Desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Igualmente hemos resaltado que los abogados tienen el deber ineludible de cumplir diligentemente con las órdenes de este Tribunal, incluso en aquellos casos en que ya han sido suspendidos. Desatender nuestras órdenes acarrea la imposición de sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión.

En In re Escalona Colón, 149 D.P.R. 900, 901 (1999), indicamos que “[d]esatender nuestras órdenes en el curso de un procedimiento disciplinario, revela una gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro de la profesión legal”. Se trata de un acto de indisciplina, des-obediencia, displicencia, falta de respeto y contumacia ha-cia este Tribunal que no habremos de tolerar.

II

Resulta evidente que el abogado de epígrafe ha actuado de forma censurable al no ser responsivo a los requeri-mientos que le ha hecho este Tribunal. Más aún cuando las faltas que se le imputan pueden redundar en serias viola-ciones a sus deberes profesionales y éticos como abogado y notario.

Por lo tanto, se suspende indefinidamente al abogado Ramón Colón Olivo del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a todos sus clien-tes de su inhabilidad para seguir representándolos, devol-verles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior en el término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez no intervinieron.

       Una de las piezas fue identificada como el Exhibit I — Formulario Informa-tivo para Aspirantes a Puestos Electivos (Intención de Candidatura). Declaración de autenticidad número 3462, suscrita por el Sr. Mario Tevenal Avilés, el 3 de julio de 2007, en San Juan, Puerto Rico. La otra fue identificada como Exhibit 2 — Formulario Informativo para Aspirantes a Puestos Electivos (Intención de Candidatura); Declaración de autenticidad número 3462, suscrita por el Sr. Mario Tevenal Avilés, el 3 de julio de 2007, en Bayamón, Puerto Rico.

       La orden ejecutiva del Gobernador PE 2009 028 establece las normas y po-lítica pública relacionada al ejercicio de la notaría por notarios en el servicio público. Cada jefe de agencia creará su propio registro de prohibiciones y le notificará a la oficina de acuerdo con el Artículo 4 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2004. Una solicitud para un cargo electivo que fue el documento que notarizó el querellado no es un asunto oficial. El registro de la CFSE se estableció mediante carta el 14 de febrero de 2008 por su Administrador de entonces, Ledo. Carlos J. Ruiz Nazario.

        In re Borges Lebrón, 179 D.P.R. Ap. (2010).

       Véanse: In re Vilanova Alfonso, 159 D.P.R. 167 (2003); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).

        In re Betancourt Medina, 183 D.P.R. 821 (2011); In re Rosado Cruz, 176 D.P.R. 1012 (2009); In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999).

        In re Marrero Luna, 166 D.P.R. 578 (2006).

       Véanse, entre muchos otros: In re Fiel Martínez, 180 D.P.R. 426 (2010); In re Zayas Cabán, 162 D.P.R. 839 (2004); In re Arroyo Rivera, 161 D.P.R. 567 (2004); In re Torres Torregrosa, 161 D.P.R. 66 (2004); In re Laborde Freyre, 154 D.P.R. 112 (2001).

       Véanse: In re Guemárez Santiago I, 146 D.P.R. 27, 28 (1998); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717, 718 (1992).