author: El Juez Asociado, Se. Wole,

text:
    Cruz v. López et al.
    APELACIÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez.
    No. 427.
    Resuelto en enero 16, 1911.
    Apelación — Prueba Contradictoria — Apreciación de la Corte Inferior.' — En los casos en que las declaraciones testificales sean contradictorias, la aprecia-ción que de las mismas hubiere hecho la corte inferior, habrá de estimarse justa y procedente por el tribunal de apelación, a no ser que se demuestre que la corte inferior procedió en tal apreciación movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que incurrió en manifiesto error.
    Contratos — Consentimiento Prestado pob Dolo — Nulidad.—Para que pueda declararse la nulidad o rescisión de un contrato por el fundamento de haberse obtenido el consentimiento por dolo, la prueba que haya de justificar la exis-tencia del dolo, ha de ser' clara y convincente.
    Id. — Aún suponiendo que la prueba de este caso demostrara que O'Neill, persona extraña al contrato que se trata de anular, hubiera hecho falsas representa-ciones para inducir a Cruz a que prestara su consentimiento al otorgamiento de dicho contrato; este hecho por sí solo no es suficiente para imputar cono-cimiento de tales representaciones a López Díaz, la otra parte contratante, ni para exigirle responsabilidad por los actos de O'Neill, pues no se ha pro-bado que éste fuera agente de aquél, ni que entre ambos hubiera habido con-nivencia de clase alguna.
    Id. — De las alegaciones de la demanda presentada en este caso aparece que el propio demandante, al otorgar el contrato que ahora pretende que se anule, trató de poner todos, ó una parte de sus bienes, á cubierto de ciertas respon-sabilidades que pudieran derivarse contra él en determinado procedimiento judicial, lo que legalmente considerado, envuelve la comisión de un fraude, y es -un principio de dereeho que el que redama justicia por motivos de fraude debe estar libre de toda participación en él. In parti delicto potior est con-ditio defendentis.

    Id. — Consentimiento Obtenido pob Sugestión. — Aun cuando en algunos casos se ha declarado que si una persona de carácter débil, como, generalmente, una mujer, ha sido sugestionada por otra en quien confiara, y por virtud de tal sugestión, ha prestado su consentimiento á una escritura de traspaso, pro-cederá la intervención judicial para decretar su nulidad, este principio no es aplicable al presente caso, pues la prueba no demuestra que el demandante tenga un carácter débil, susceptible de ser sugestionado, sino más bien que se trató de asustarle para que otorgara el contrato, lo que no es suficiente para constituir la intimidación ó el dolo a que se refiere la ley; no se ha pro- ^ bado que se le coaccionara o amenazara en forma alguna.
    Id. — Causa del Contrato. — A falta de una prueba que positivamente demuestre lo contrario, ha de presumirse que tiene causa un contrato consignado en es-critura pública, en la que ambas partes reconocen la existencia de la causa, y de ello el notario da fe.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. F. L. Cornwell y Fernando •Vázquez. *

    Abogados de los apelados: Sres. Eduardo Acuña y José E. Figueras.

   El Juez Asociado, Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En 4 de mayo de 1909, la Corte de Distrito de Mayagiiez, dictó sentencia, desestimando la demanda en el presente caso, con las costas al demandante. Contra esta sentencia se inter-.pnso recurso de apelación, en 11 de mayo de 1909. En 15 de mayo, la corte formuló y presentó una exposición de hechos, con conclusiones legales, qne también se titula sentencia. Se presentaron excepciones contra los fundamentos de hecho con-signados en dicha exposición; esas excepciones fueron enmen-dadas en cuanto a algunos puntos, y el apelante alega multi-tud de razones por qué los fundamentos de hecho son erró-neos. La consideración de gran número de los errores ale-gados, envuelve la cuestión de la importancia de las pruebas,1 y del valor que ha de darse a la declaración del demandante. Es evidente por los fundamentos de hecho, que el tribunal no dió crédito al testigo principal del demandante; y a menos que aparezca en los autos, algo que nos convenza claramente de que el tribunal tenía prevención contra el testigo, o se ha-llaba movido por pasión o parcialidad, o ha cometido un error manifiesto, no podemos decir en el presente caso, que los fun-damentos de hecho eran erróneos en este respecto.

Este era un pleito entablado para anular una escritura, otorgada por el demandante, Rafael Cruz, a favor de los de-mandados, Ulises y Ernesto López Díaz, por la consideración, o causa de $8,000, según se relata en la escritura. El deman-dante también pidió $25,000, por daños y perjuicios. Se hicie-ron por parte de dicho demandante, tres afirmaciones prin-cipales, a saber:

1.' Que el documento fué firmado sin su consentimiento.

2. Que fué persuadido a comparecer ante el notario, y per-mitir que se firmase dicho documento, por representaciones fraudulentas, por partes de Alberto O’Neill, primo del cesio-nario, que parabién figura como demandado en el presente caso.

3. Que no hubo causa o consideración, en la transacción.

La primera afirmación fué contradicha por la propia de-claración del demandante, con respecto a que se le había per-suadido a comparecer ante el notario, y permitir que se fir-mase la escritura, según sostuvo en la segunda afirmación. Además, el anciano notario qne otorgó la escritura, lo mismo qne sn hijo, hicieron deposiciones, tendentes a demostrar qne Rafael Cruz otorgó legalmente dicha escritura a presencia de ellos. En esa ocasión, él mismo, según lo demuestra sn propia declaración, insistió sobre algunas modificaciones en la escritura con respecto al terreno descrito. Son claras las pruebas de que dicho Cruz, según tocias las apariencias, esta-ba deseoso y dispuesto a firmar la escritura, y que lo hizo con el pleno conocimiento de que estaba firmando un documento de esta clase. También- es clara la prueba de que él anterior-mente-había tenido experiencia-en negocios análogos, aunque declaró que había reposado una gran confianza en Ulises Ló-pez, que también figura como demandado y que es el padre de los otros dos demandados del mismo apellido.

El segundo punto alegado por el apelante, es que la escri-tura fué obtenida mediante falsas representaciones por parte del demandado,■ Alberto O’Neill. Las afirmaciones esenciales de la demanda son, que Alberto O’Neill, en combinación, cons-piración y de acuerdo con los demandados, y con la intención de privar al demandante de los bienes antes descritos, y sa-biendo que el demandante era una persona analfabeta, igno-rante, y sin experiencia en negocios de esta índole, y que tenía en él reposada su plena confianza, le representó falsamente, e hizo creer a dicho demandante, que una hija suya, que había contraído matrimonio con un tal Antonio Ponce, contra su voluntad, le arrebataría en los tribunales de justicia, parte de o todos los bienes descritos en la demanda, si no vendía o traspasaba dichos bienes a otra persona, por medio de escri-tura o documento ante notario. Luego se consigna en la de-manda, que los demandados, prosiguiendo su ^fraudulenta combinación y conspiración, 'persuadieron al demandante, a qne compareciera ante un notario, y otorgara la escritura, cu-ya anulación se solicita ahora por el actor. En el párrafo sexto de la demanda, se consigna que, prosiguiendo du conspi-ración y combinación, los demandados le ofrecieron ciertos documentos, que, según su creencia, eran pagarés a su orden, y los cuales documentos le fueron ofrecidos como la cantidad o importe de dicha venta; y que él rehusó y todavía rehúsa, y ha rehusado siempre, aceptar dichos documentos, y que no se le ha satisfecho cantidad o suma de dinero alguna.

El demandante y otros, hicieron, en efecto, declaraciones tendentes a demostrar que el demandante había consentido en el otorgamiento de la escritura, por las representaciones que le hiciera Alberto O’Neill, primo del cesionario, al efecto de que, mediante dicha escritura, Ulises López, padre del cesio-nario, le salvaría de un pleito, que, según se le dijo, iban a entablar contra él, su hija, Alejandra Cruz, y el esposo de ésta, Antonio Ponce. El demandante declaró que Alberto O’Neill le había dicho constantemente que el traspaso de bienes era necesario para salvarle de ese resultado; que dicho Alberto O’Neill le había enseñado varias cartas de un abo-gado, Salvador Mestre, referentes a dicho asunto; y que él mismo Mestre, así lo dijo el demandante, reconoció que esas cartas habían sido escritas con el objeto de conseguir la pro-piedad para López Díaz.

Debe observarse que el demandante es un hombre que em-pezó su carrera como simple peón, y que ha adquirido consi-derables bienes; pero no explica por qué-fuera necesario para su salvación, el traspaso de la propiedad descrita en la de-manda, ni en qué forma estuviera en peligro, ni por qué sus demás bienes, sus terrenos, ganado y dinero, no estuvieran afectados. El admite que respecto a un posible pleito, está en la misma situación, desde que se otorgó la escritura, como lo estaba antes; y alega que no teme ningún pleito de su hija, porque ella no tiene derechos que pudiera hacer-valer contra él. El abogado, Mestre, admite que él escribió una carta a O’Neill, preguntando sobre los bienes de Cruz, y el vínculo de parentesco entre Cruz y Ponce; pero niega haber escrito cualquier otra carta, o haber hecho cualquier otra manifes-tación. Como hemos dicho anteriormente, no vemos que el tribunal haya cometido error alguno, al no dar crédito a la declaración de Cruz; pero en todo caso, para anular o res-cindir un contrato, por el motivo de frande, es necesario algo más que lo probado en el presente caso. La prueba del fraude debe ser clara y convincente. (Calzada v. Carrero, resuelto en 2 de junio de 1909; Lamas Lamela v. Manuel Roig y Hernández, resuelto en 24 de junio de.1909.)

El demandante acusó a los demandados, López Díaz y O’Neill, de frande, combinación y colusión. No hubo absolu-tamente prueba alguna de tal fraude o combinación. No hubo prueba alguna de que Alberto O’Neill fuera el agente de.los hermanos, López Díaz, excepto en ayudarles para obtener la escritura. No hubo prueba de que Alberto O’Neill, si es que hizo las representaciones que se le atribuyen, las hizo en pro-secución de algún plan o acuerdo entre él y los demandados, López Díaz. Si es un hecho el qué Alberto O’Ñeill le hiciera al demandado las fraudulentas representaciones que se ale-gan, para llevar a cabo la venta de la propiedad, por ese solo hecho no se les puede imputar a los demandados, el conoci-miento ni la responsabilidad de dichos actos.

Además, suponiendo qne el demandante sea una persona normal, y capaz de cuidar de sus propios intereses, entonces resultaría que él, en el presente caso, trataba de poner parte de o todos sus bienes, fuera del alcance de los procedimientos legales. Esta es una afirmación contenida en la misma de-manda. En otras palabras, en el caso de haberse dictado sen-tencia contra él, quiso evitar que sus bienes estuviesen suje-tos a los procedimientos judiciales. Esto de por sí, hubiera sido un fraude ante la ley. La parte que comparece ante los tribunales, pidiendo justicia, con motivo de fraude, debe pre-sentarse con las manos limpias. In pari delicto potior est conditio defendentis.

Hay casos en que se ha declarado que, cuando una persona de carácter débil, con más frecuencia, una mujer, ha sido en-gañada por otra persona, en quien la víctima confía, los tribunales intervendrán para anular un traspaso de bienes.

Harding v. Handy, 11 Wheat, 103.

Allore v. Jewell, 94 U. S., 506.

Conley v. Nailor, 118 U. S., 133.

Note to Hough’s Administrators v. Hunt, 15 Am. Dec., 573.

En el presente caso, no hay prueba de que el demandante fuera una persona de carácter débil. Es verdad que era anal-fabeta, y que tenía gran confianza en el padre de los dos hombres a favor de quienes hizo el traspaso. El demandante mis-mo niega haber tenido muchas transacciones con Alberto O’Neill, pero dice que por lo general, confiaba en Ulises Ló-pez Díaz, padre. No hay prueba de acto alguno por parte de este último, que baya afectado al demandante en el presente caso. El demandante, según lo demuestra la prueba, es un hombre de negocios, suficientemente astuto, para haber ad-quirido bienes considerables mediante sus propios esfuerzos. No se demostró que el demandante reposara una confianza especial en Alberto O’Neill, antes de esta transacción. La prueba en el presente caso, demuestra a lo sumo, una, tentativa de asustar al demandante para conseguir que otorgase la es-critura a favor de lós demandados; pero esto no constituye la intimidación a que se refiere la' ley, ni es fraude tampoco. El demandante no fué forzado ni amenazado con daño corporal, ni otra consecuencia alguna, que constituyera coacción o in-timidación.

Hemos estado considerando en parte- el presente caso, fun-dándonos en la teoría de la verdad de la declaración del de-mandante; pero nosotros creemos que la preponderancia de la prueba es contraria a la verdad de la teoría sostenida por el demandante en su demanda.

El demandante también alega que la escritura carecía de causa o consideración. El notario declara que el demandante confesó que había causa o consideración. El actor también consigna en su demanda, que le fueron ofrecidos unos paga-rés endosados por Ulises López, padre, y pagaderos a la orden del demandante, Este confiesa en su declaración, la entrega manual de los mismos. También declara que los ofreció a Ulises López, padre; pero no se demuestra que se han hecho dichos pagarés.

A falta de pruebas más positivas que éstas, debemos, en vista de la escritura pública, presumir la existencia de un completo acuerdo y consideración entre el demandante y los demandados, en cuanto a pagos. Hubo pruebas en el juicio, tendentes a demostrar que la propiedad en cuestión, valía más dinero, y nos inclinamos'a ser de la misma opinión del tribunal sentenciador, de que el proceder por parte del demandante, era debido a nueva reflexión, y que deseaba mejorar su situa-ción.

En el presente caso, era necesario reformar los autos, bo-rrando un gran número de repeticiones; pero la materia in-necesaria quedó incluida en el legajo, junto con otras repeti-ciones que no fueron borradas. El estado confuso de los' autos, y las voluminosas repeticiones de materias impertinen-tes, son en parte la causa de la demora habida en esta- deci-sión.

No encontrándose error alguno en la sentencia dictada por el tribunal inferior, debe confirmarse dicha sentencia, en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados, MacLeary y del Toro.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado, Sr. MacLeary,

license: Public Domain

text:
    Huete v. Teillard.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de. Distrito de Mayagüez.
    No. 575.
    Resuelto en enero 18, 1911.
    Citación — Citación Defectuosa. — La enmienda á nna citación no- es práctica autorizada por el Código de Enjuiciamiento Civil; si por algún motivo una citación es defectuosa, debe expedirse una nueva citación, a instancia de la parte, pero no hay precepto alguno que autorice la enmienda de una citación, de tal modo que tenga efecto desde que se expidiera originalmente.
    I15- Citación por Edictos — Acción Personal. — -Es un principio bien estable-cido que en una acción personal, cuando el demandado resida fuera de la jurisdicción de las cortes insulares, la citación no puede hacerse por edictos; en estos casos la publicación de la citación no puede estimarse como noti-ficación al demandado que reside fuera de la isla, para fundar en ella una sentencia dictada en una acción personal; la notificación así hecha y el envío de una copia por correo según determina la J.ey, no da jurisdicción a la corte.
    Id. — Orden Autorizando la Publicación de la Citación. — La orden autorizando la publicación de una citación, no puede dictarse antes de que se expida tal citación. El primer paso que hay que dar es obtener la expedición de la ci-tación por el secretario, sin intervención del juez, y entregada la citación al marshal, el juez, en casos justificados ordenará entonces su publicación en la forma que dispone la ley; estos. requisitos deben cumplirse estrictamente.
    Id.-PROCEDIMIENTOS IN IiEM-EMBARCO DE BIENES DEL DEMANDADO.-En pro-cedimientos in rem, esto es, en aquellos casos en que la ley autoriza el embargo y secuestro de los bienes pertenecientes al demandado, situados dentro del distrito judicial, el emplazamiento puede hacerse por edictos, y la sen-tencia puede válidamente dictarse por virtud de tal emplazamiento.
    Pd.- — -En la expedición y ejecución de un embargo sobre bienes situados dentro de la jurisdicción de la corte, los procedimientos prescritos por la ley deben seguirse cuidadosamente a fin de que la citación al demandado sea eficaz.
    ID. — Término de Publicación. — El término de publicación de la citación, de-pende, hasta cierto punto, de la discreción de la corte, pues la ley sólo dis-pone que se hará por lo menos, una vez por semana, y por un término no menor de un mes; pero la corte' debe fijar en su resolución el tiempo por el que han de publicarse los edictos, y si ese tiempo se fija en días, habrá de computarse de tal modo que desde el día en que aparezca el primer ¿dicto hasta aquel en que aparezca el último, haya transcurrido todo el término fijado por la corte.
    .Id. — Jurisdicción.—La publicación de los edictos por el término dispuesto es necesaria para conferir jurisdicción sobre la persona del demandado, y si la resolución de la corte no se cumpliera estrictamente, -la corte carece de facultades para resolver si el demandado ha tenido, o no, suficiente aviso, y si el emplazamiento fué publicado o no, por un término suficiente, pues la aúniea cuestión que la corte puede considerar y resolver es la de si su orden ■(disponiendo la publicación fué o no, cumplida en todas sus partes.
    Dos be dios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Francis H. Dexter.

    Abogado del apelado: Sr. José Benet.

   El Juez Asociado, Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

En este pleito la Corte de Distrito de Mayagüez dictó' en 13 de mayo último, la siguiente sentencia:

“Esta causa fué llamada para juicio el día 30 de abril de 1910, compareciendo el demandante por su abogado Don José Benet, sin que compareciera la demandada, cuya rebeldía consta anotada en el récord. Oídos los alegatos, la prueba practicada y los argumentos del letrado concurrente, la corte reservó su decisión hasta el día de hoy en que declara que la ley y. los hechos están a favor del demandante, en su consecuencia declara con lugar la demanda y ordena que el deman-dante recobre de la demandada la suma de doscientos dollars, cin-cuenta centavos, en concepto de contribuciones pagadas a favor de dicha demandada y la suma de doscientos veinte y cinco dollars, por atenciones, cuidado y vigilancia del terreno de la demandada, desde el afin 1894 hasta el año 1909, y se imponen las costas a la demandada. Regístrese esta sentencia en el libro correspondiente de esta corte y líbrese mandamiento al marshal para su cumplimiento.”

Contra este sentencia se interpuso apelación a su debido tiempo, haciendo mención el apelante en su alegato' de. dos errores, que son como siguen:

“1. Que no se ha efectuado ningún emplazamiento legal, por haberse decretado la segunda orden de publicación antes de que, se expidiera el emplazamiento nuevo.
“2. El edicto no fué publicado durante los cuarenta días exigidos por la ley y según se requirió por la orden de la corte. ”

Consideremos dichos errores en el orden en que han sido presentados. ¿Se ha hecho entonces la citación en debida forma? Dos-citaciones se dirigieron en este caso al deman-dado, con el fin de que compareciera en la corte, á contestar la demanda que contra él se presentó. La primera estaba fe-chada en 6 de septiembre de 1909, y la segunda en 28 de enero, de 1910.

En 23 de septiembre de 1909, se ordenó que el servicio del emplazamiento en esta causa se hiciera por medio de edic-tos. Posteriormente, en 13 de enero último, se presentó una solicitud a la corte en la que se interesaba que se dictase una orden de embargo contra la propiedad del demandado, embargo que fué decretado en 18 del mismo mes. El día 20 .se prestó la fianza, procediéndose aí emba’rgo de la propiedad del demandado. En 25 de dicho mes el demandante presentó una moción a la corte para enmendar el emplazamiento que ya se había expedido, con el ñu de que la propiedad embar-gada apareciera descrita en el emplazamiento. El día 27 del propio mes la corte dictó la siguiente orden:

“Vista la petición del demandante presentada en 25 de enero de 1910, se ordena se libre nuevo emplazamiento por el secretario en la forma solicitada y, que dicho emplazamiento sea publicado en el perió-dico La Bandera Americana de esta ciudad, cuyo periódico se designa como el que con más probabilidad servirá para avisar a la demandada, y que la publicación se haga én la forma determinada en la orden de esta corte de 23 de septiembre de 1909, enviándose también una copia del nuevo emplazamiento bajo sobre certificado, a la última residencia de la demandada.”

Al siguiente día se expidió el nuevo emplazamiento titula-do “emplazamiento enmendado.” Dicho emplazamiento fué publicado en “La Bandera Americana,” periódico que se edi-ta en Mayagüez, en debida forma, durante los días 3, 7, 14 y 21 de febrero, y el Io. y 8 de marzo de 1910.

En 28 de abril de 1910, se anotó la rebeldía, por no ha-berse contestado la demanda. Y habiéndose incluido el caso en el calendario, la vista del mismo se celebró en 30 de abril, quedando sometido a la consideración de la corte hasta el día 13 de mayo en que se dictó sentencia a favor del demandante. En 10 de mayo de 1910, compareció el abogado F. H. Dexter Esq., sola y exclusivamente para impugnar la jurisdicción de la corte exponiendo las razones c¡ue tenía para hacer tal im-pugnación. De esta breve relación que hemos hecho, podemos examinar inmediatamente y resolver acerca de los supuestos errores de la corte inferior.

Enmendar un emplazamiento es una práctica desconoci-da en nuestro Código de Enjuiciamiento Civil. Si por cual-quier motivo resulta defectuoso un emplazamiento y no llena su objeto, entonces puede y debe expedirse un nuevo empla-zamiento al hacerse la debida solicitud; pero no podemos en-contrar ninguna autoridad que autorice se hagan enmiendas a un emplazamiento defectuoso para hacerlo eficaz y surta sus efectos desde la fecha en que fué originalmente expedido.

Está Men establecido que en una acción personal contra nna persona que resida fuera de la jurisdicción de nuestras ■cortes insulares, el diligenciamiento del emplazamiento no puede hacerse por publicación o edicto. Se ha resuelto por ■el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que:

“Que una sentencia dictada en una acción personal es nula si la ■dicta una corte de Estado en un pleito sobre cobro de dinero contra uno que no reside en el Estado, y a quien se hizo el emplazamiento por medio de edictos, no haciéndole entrega personal de la citación dentro ■del Estado, y quien no hizo ninguna comparecencia; no pudiendo traspasarse su propiedad mediante venta con motivo de embargo por virtud de una sentencia.
“La sustitución del diligenciamiento por la publicación de edictos, >o en cualquier otra forma que esté autorizada, es bastante para noti-ficar a una persona que resida fuera, del objeto de los procedimientos ■establecidos, cuando ya la corte tiene jurisdicción sobre la materia objeto de la acción por virtud de embargo o algún acto semejante; pero cuando la acción se establece para determinar sus derechos per-sonales y obligaciones, o sea, cuando es meramente una acción in per-sonam, tal diligenciamiento hecho al demandado es ineficaz para todos los fines.” .

Pennoyer v. Neff, 95 U. S., 714.

Este caso ha sido citado repetidamente con aprobación y ‘■observado generalmente durante los últimos treinta años, en-tre otras cortes por la de California, en el caso de De La Mom-tanya. v. De La Montanya, 112 Cal., 109. Por consiguiente, •de acuerdo con la doctrina enunciada en el caso de P ennoy er sr. Neff, que ha sido bien establecida, no puede hacerse empla-zamiento alguno fuera de la isla, en el cual pueda fundarse una sentencia dictada en una acción personal, como lo fué la dictada en este caso. La primer tentativa para hacer el em-plazamiento fné frívola y no debe ser tomada-en considera-ción.

Pero, ¿fué válido el nuevo emplazamiento? Dejemos a un lado el error en que se ha incurrido al llamarle “emplaza-miento enmendado,” y considerémoslo como uno nuevo en ¡absoluto. Ciertamente que dicho emplazamiento no fué ex-pedido en la forma ordinaria, puesto qne la orden para sn publicación se dictó con anterioridad a qne la citación fnera expedida, lo qne está prohibido por la ley. Con arreglo a la jurisprudencia de California, en donde existe un Código de Enjuiciamiento Civil parecido al nuestro, la primer diligencia que se hace es la expedición del emplazamiento; y esto lo- ha-ce el secretario sin la intervención del juez, éste, previa justa causa, y después de entregarse el emplazamiento al marshal o funcionario encargado de cumplimentarlo, ordena que se haga la publicación en la forma que dispone el estatuto. Esta no es una cuestión insignificante y sí un requisito de la ley que. debe observarse estrictamente.

Pueblo v. Huber, 20 Cal., 82.

Forbes v. Hyde, 31 Cal., 351.

Cohn v. Kember, 47 Cal., 145.

Por tanto, en un caso pura y exclusivamente personal, la .corte no puede adquirir jurisdicción sobre un demandado que esté ausente y al otro lado de los mares “por una substitu-ción en el diligenciamiento del emplazamiento,” o sea, por virtud de la publicación del emplazamiento en un periódico, y echando al v correo una copia del mismo según dispone el estatuto.

Debe observarse un método distinto pudiendo la corte adquirir jurisdicción mediante procedimientos in rem. Esto es, en los casos en que la ley autoriza la expedición de un embargo y el secuestro de la propiedad perteneciente al deman-dado, y que está situada dentro de la. jurisdicción territorial de la corte, puede hacerse el diligenciamiento del emplaza-miento por edictos, y obtenerse una sentencia válida como consecuencia del mismo. Además, en la expedición del embargo e imposición del mismo en propiedad radicada dentro de la jurisdicción de la corte, deben observarse estrictamente los estatutos que regulan tales procedimientos para hacer efectivo el diligenciamiento. (Artículo 94 del Código de En-juiciamiento Civil, leyes de la sesión de 1904, pág. 212; Morse v. U. S. to use of Hine, 29 App. D. C., 442.)

Pasando ahora al segundo error qne se dice haberse co-metido por la corte inferior, y concediendo en beneficio de la disensión qne el emplazamiento fné expedido en debida forma, debemos investigar si fné publicado o nó por el tiempo qne la ley exige. La fijación de este término hasta cierto pnnto está sometido a la discreción del juez qne ordena la pnblicación, limitándose el estatuto simplemente a disponer qne se haga la pnblicación “por tanto tiempo como sea razonable, por lo menos nna vez a la semana,” pero “por no menos de nn mes.” Este término debe determinarse y fijarse al hacer la orden el juez. (Artículo'95 del Código de Enjuiciamiento Civil, ley de las Sesiones de 1904, pág. 212.) La orden en el presente; caso es como signe: , '

‘ ‘ Que el servicio de emplazamiento' en esta causa se haga a la de-mandada, Eugenia Teillard, por medio de edictos, que se publicarán en el periódico de mayor circulación de esta ciudad o de San Juan, a elección del demandante, haciéndose dicha publicación por lo menos una vez por semana durante un período de 40 días y enviándose tam-bién una copia del emplazamiento y de la demanda, bajo sobre certifi-cado, a la anterior residencia de la demandada en Grenoble, Francia. ’ ’

Parece que el término que en la orden se fijaba como razo-nable fué “un período de cuarenta "días.” Al dictar esta, orden y-fijar el término necesario para el emplazamiento, ejer-citó de una vez toda su discreción, convirtiéndose la orden así dictada en la ley que regía los procedimientos del caso. Ahora bien, ¿se cumplió dicha orden?.

La primera publicación se hizo el jueves día 3 de febrero y la última el martes día 8 de marzo. Este período com-prende, incluyendo ambas fechas, treinta y cuatro días.

Se alega que al contar el tiempo para la publicación, el cómputo debe hacerse por semanas, y que toda la semana em que se hace cada publicación debe incluirse al calcularse el período de la publicación; por lo tanto, empezando el mes de febrero en domingo debe contarse todo ese mes, o sea un término de veinte y ocho días, y que el 8'de marzo, que fué cuando se hizo el último edicto, fné jueves, debió extenderse el-término desde ese día hasta el fin de la semana, o sea el sá-hado día doce, y agregándose doce días de marzo a los veinte y ocho de febrero formarían cuarenta días, completándose así el término- exigido'.

Pero es innecesario determinar el tiempo por medio de este método para mostrar que podían comprenderse los cua-renta días por medio de este engaño. Dice la orden que la publicación se hará por un término de cuarenta días, no pu-diendo razonablemente ser interpretada dicha orden como significativa de alguna otra cosa, sino de que el. tiempo que transcurre de la primera a la última semana de la publicación, será por lo menos de cuarenta días. Si la orden hubiera fi-jado el término por semanas en vez de días, podría dársele otra interpretación; pero ella habla de días y significa días. (Morse v. U. S., 29 App. D. C. 433.) Pero el tiempo requerido para el diligenciamento del emplazamiento en todo el Código de Enjuiciamiento Civil está expresado en días, y en este caso el emplazamiento se ajusta al estatuto en este particular.

Era inútil que el juez de la corte inferior exprese en la or-den de 13 de mayo que considera que “el demandado ha tenido suficiente aviso” y que “ el emplazamiento fué publi-cado por un término suficiente; ” la cuestión ya estaba fuera de su discreción, y la única cuestión que quedó sometida a su consideración fué la de si la orden que había sido dictada previamente, había sido cumplida y llevada a efecto.

Según la consideración que hemos hecho, dicha orden no se llevó a efecto y el diligenciamiento del emplazamiento no fué completo. La publicación del aviso durante el debido tiempo, era necesario para conferir jurisdicción a la corte inferior sobre la persona del demandado, y dictar sentencia contra una persona que reside fuera de su jurisdicción. No habiéndose adquirido jurisdicción, la sentencia dictada por la corte' de Distrito de Mayagüez en 13 de mayo dé 1910, debe revocarse, y devolverse el caso para los debidos procedi-mientos.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado, Su. Wole,

text:
    Sucesión Díaz v. Sucesión Díaz.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan.
    No. 572.
    Resuelto en enero 19, 1911.
    Hijo Legítimo — Prueba de Filiación — Testamento.—La filiación del Lijo legí-timo se prueba por el acta de nacimiento y el matrimonio de sus padres. Co-mo el testamento no constituye por sí sólo prueba de la verdad de todas las afirmaciones en él contenidas tampoco constituye prueba de la filiación legítima.
    Hijo Natural — Prueba de la Filiación Natural. — En los casos en que la persona o personas que puedan estar en condiciones de reeonoeer o negar la filia-ción de un hijo natural, hubieren fallecido, la prueba de la filiación debe ser completa y convincente, no siendo suficiente en este caso una mera afirma-ción del párroco, al efecto, de que el padre mismo dispuso se consignara en la partida bautismal que el bautizado era su hijo natural.
    Id. — Presunción de la Capacidad de los Padres para Contraer Matrimonio.— La doctrina referente a la presunción de los padres de un hijo natural, para contraer matrimonio, no tiene aplicación al presente caso en que no se ha es-tablecido la demanda para probar, ni se ha probado, el estado de hijo natural, sino que al establecerse, se ha partido del supuesto de la existencia de tal estado, pues si la demanda fuera de filiación, sería fatalmente defectuosa por no expresarse en ella que los padres tenían capacidad para contraer matri-monio, y la forma en que se hiciera el reconocimiento.
    Los Jechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogado del apelado: Sr. Antonio Sarmiento.

   El Juez Asociado, Su. Wole,

emitió la opinión del. tribunal.

Los apelantes entablaron este pleito ante la Corte de Dis-trito de San Juan, alegando que eran Lijos legítimos de Don Eladio Díaz, y que este último era hijo natural reconocido de Don Lucas Díaz y Suárez,- que dicho Lucas Díaz y Suárez falleció, dejando un testamento en que había omitido hacer disposiciones a favor de los apelantes. Las verdaderas cues-tiones a resolver sometidas a la consideración de la corte inferior y este tribunal, fueron si los apelantes probaron que eran hijos legítimos del que alegaron ser su padre, y si pro-baron que su dicho padre era hijo natural de Lucas Díaz y Suárez.

Una cuestión preliminar es, si la contestación niega sufi-cientemente el nacimiento legítimo y filiación de los apelantes. La demanda n,o alega directamente que los apelantes eran hi-jos de Eladio Díaz, pero da a entender eso al hacer uso de tales palabras como “heredero” e “hijos del hijo.” La con-testación admite específicamente ciertos hechos pero niega todos los demás. Ninguno de esos hechos específicos que fue-, ron admitidos en la contestación, incluye filiación ni paterni-dad, sino que todos se refieren al fallecimiento de Lucas Díaz, al otorgamiento' de su testamento y a los bienes que dejó. Además, la contestación niega específicamente por falta de información, la afirmación de que los apelantes compongan la Sucesión de Eladio Díaz. Se negó suficientemente la pater-nidad y filiación.

La única prueba tendente a demostrar la filiación, fué el testamento dé Eladio Díaz, que'había sido otorgado ante un notario. Esto no era suficiente. Un testamento otorgado en 1893, no es prueba de la verdad de todo lo que refiere. El no-tario simplemente da fe de la identidad del testador y del ob-jeto del documento. El modo de probar la filiación de hijos legítimos es mediante la prueba del matrimonio de los padres y del nacimiento de sus hijos.

Admitiendo por el momento que la cuestión de si Eladio Díaz era hijo natural de Lucas Díaz, había sido debidamente planteada, nos inclinamos a convenir con el tribunal senten-ciador en que la prueba no fué suficiente. La prueba más importante fué la presentada por el encargado del archivo de las partidas de bautismo, que demostraba que el mismo Lucas Díaz había ordenado qne se consignara en el registro, qne Eladio Díaz era sn hijo natural. Las otras pruebas, podemos añadir entre paréntesis, son análogas, a las presentadas con el propósito de demostrar la filiación, o son demasiado remo-tas. Sea como fuere, nosotros creemos qne cuando la persona o personas qne pudieron legalmente negar la filiación o reco-nocimiento, fian fallecido, entonces la prueba debe .ser com-pleta y convincente. No nos detenemos en la consideración de esta prueba, porque creemos que no sostiene la demanda. Dicha demanda fué entablada, partiendo los demandantés del supuesto de que no era necesario deducir una acción sobre reconocimiento, porque el padre de los demandantes había tenido la condición legal de hijo natural reconocido. Puede ser que la prueba tienda a demostrar el derecho de entablar una acción sobre reconocimiento, pero no demuestra que Ela-dio Días tenía la condición de hijo natural reconocido.

Los casos de Juana Meléndez v. Pedro de Diego, resuelto en 3 de diciembre de 1908; Isabel Silva v. Jaime Salamanca, resuelto en 11 de marzo de 1908; y Aviles v. Sucesión Lange, resuelto en 30 de enero de 1905, no son aplicables al presente caso, en cuanto a la presunción de la capacidad de los padres de Eladio Díaz para contraer un matrimonio válido, porque como hemos dicho anteriormente, éste no es un pleito enta-blado con el objeto de probar la condición legal de los deman-dantes, sino que se presume que tal condición legal es real, empleando en la demanda palabras tales como “hijos del hijo natural reconocido de dicho Lucas Dias.” Si se pretendiera identificar el presente pleito como una acción sobre recono-cimiento, entonces la demanda resultaría fatalmente defec-tuosa, por no expresarse en ella la capacidad de los padres para contraer matrimonio, ni el modo de reconocimiento.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary y del Toro.


author: El Juez Presidente, Sr. Hernández,

text:
    Díaz v. El Pueblo et al.
    Apelaoióst procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 463.
    Resuelto en enero 19, 1911.
    Acción Reivindicatoría — Demanda Contra el Pueblo de Puerto Rico — Juris-dicción — Consentimiento.—Es jurisprudencia constante de este tribunal, que , El Pueblo de Puerto Rico piuede ser demandado sin su consentimiento, y por tanto los tribunales tienen jurisdicción para conocer de acciones contra El Pueblo, sin que se haya prestado ese consentimiento.
    Id. — Identificación de la Einca — Descripción de la Finca en la Demanda.— Es condición indispensable a la reivindicación, que el demandante fije con toda precisión y claridad en la demanda, las cosa que reclama, y pruebe du-rante el juicio, el dominio e identidad de ella.
    Id. — -Reivindicación de una Finca Gomo Parte de Otra — Descripción.—No basta para dejar cumplido el precepto del artículo 125 del Código de En-juiciamiento Civil, describir la finca de que forme parte el terreno reclamado, sino que éste debe describirse de modo tal que pueda identificarse en caso de ejecución de sentencia, sin necesidad de ulteriores explicaciones, pues no es la finca total sino el terreno detentado el que ha de reivindicarse, y contra el poseedor de ese terreno, es que se ejercita la acción reivindicatoria.
    Id. — Colindancías de la Finca — Falta de Identificación. — No puede prosperar una acción reivindicatoria en la cual ni se precisan en la demanda las eolin-dancias o límites dentro de los cuales se encierra el terreno que se reclama, ni pueden determinarse por' el resultado de las pruebas practicadas en el juicio, en cuyo acto más bien se trató de justificar la identidad de la totalidad de la finca, que la de la parte que se reclama.
    Id. — Apreciación de las Pruebas — Confirmación de la Sentencia. — No ha-biéndose justificado la identidad del terreno que se trata de reivindicar, ni habiendo la corte inferior obrado influida por prejuicio, parcialidad ó pasión, ni constando que se haya cometido error alguno al apreciar las pruebas prac-ticadas en el juicio, debe confirmarse la sentencia apelada.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José G. Torres.

    Abogados de los apelados: Sres. Henry M. Hoyt, Attorney General, Luis Campillo, Fiscal, y J. H. Brown, Attorney General interino.

   El Juez Presidente, Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En 13 de enero del año 1909, Arturo Díaz Yalcárcel pre-sentó demanda a la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Arecibo contra El Pueblo de Puerto Rico y Wenceslao Borda Jr., sobre reivindicación de terrenos, alegando como hechos; fundamentales los siguientes:

‘ ‘ Io. Que. es dueño de una finca rústica radicada en el barrio “Islote,” jurisdicción de Arecibo, con cabida de 407 cuerdas 56 cén-timos de terreno llano, equivalentes a 160 hectáreas, 18 áreas y 84 cen-tiáreas con casa de madera, colindando, al Norte con Francisco Ji-ménez, Rufino Pérez y Francisco Torres antes, y después con Rosa María Jiménez y Rufino Pérez; al Este con Francisco Jiménez antes, y después con Justo Torres y Atiles, Donato Maldonado, Felipe Gómez y Dulcidio Alvarez; al Oeste con Rufino Pérez y la cortadera del Cam Tiburones antes, y después con Tomás Boneta y Rufino Pérez, y al Sur con el Caño Tiburones; cuya finca fué adquirida por el deman-dante durante su matrimonio, con Serafina Curbelo, a virtud de adju-dicación que se le hizo por auto de 9 de septiembre de 1901 en la eje-cución seguida por el Banco Territorial y Agrícola ante el Tribunal del Distrito de Arecibo contra Julián Muro, y continuado contra Monserrate Colón y Nievez Giraut; y por fallecimiento de-Serafina Curbelo, ocurrido, en 3. de noviembre de 1906, fué adjudicada al mismo demandante en pago de sus gananciales y de las deudas contra la sociedad conyugal de que se hizo cargo, según escritura de división de bienes de la Serafina Curbelo otorgada en 8 de mayo de 1907.
“2o. Que la finca descrita fué mensurada, por el agrimensor Arturo Puig, quien levantó un plano topográfico de la misma, en que consta la verdadera superficie con que aparece inscrita en el registro de la propiedad, en cuyo plano, que fué levantado en julio de 1895, se hace constar también por signos convencionales, el terreno destinado a cañas de azúcar y palmas de coco, pudiéndose apreciar que dicho terreno estaba totalmente- cultivado en aquella época, habiéndose dese-cado las últimas 50 cuerdas desde el año anterior, 1894, en que su poseedora entonces, Encarnación Colón, fué exenta del pago de las contribuciones con arreglo al artículo 5o. del Reglamento de la Contri-bución Territorial..
“3o. Que aunque las primeras inscripciones de la finca en el regis-tro de la propiedad se hicieron dándole una cabida de 305 cuerdas, esa medida estaba equivocada, pues dentro de sus colindaneias p.-snst.ía-n como existen, 407 cuerdas y 56 céntimos, según el plano levantado en 1895, por Arturo Puig, cuya medida fué comprobada por otra men-sura que con citación de colindantes hizo el geómetra Eduardo Rosso y Gil de Lamadrid, en virtud de la cual y de un acta levantada en 31 de enero de 1898 ante el Notario Sebastián Muñoz, se hizo la rectifica-ción correspondiente en el Registro de la Propiedad de Arecibo, con-signándose en la inscripción décima de la finca, la expresada cabida de 407 cuerdas y 56 céntimos.
“4o. Que aunque la posesión de la finca de que se trata por parte . del demandante, y sus títulos de propiedad sólo se remontan al año de 1901, en que la adquirió el demandante por título de adjudicación en la ejecución seguida por el Banco Territorial, la Ia. inscripción de dicha finca viene desde hace más de veinte años, y la posesión alcanza a muy. remota época, desde hace más de un siglo, sin que durante todo ese tiempo ni el Gobierno de Puerto Rico ni persona alguna hubiera establecido reclamación tendente a anular los títulos de propiedad o a interrumpir la legítima posesión de los terrenos¡
“5o. Que así las cosas, en el año de 1908 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico pasó una resolución conjunta autorizando al Comisio-nado del Interior para prorrogar hasta un período de cuarenta años un contrato de arrendamiento de terrenos públicos celebrado con Wenceslao Borda el 15 de septiembre de 1907, y tanto en esa resolución conjunta cuanto en el contrato de arrendamiento, se traspasa a Wen-ceslao Borda todo el terreno pantanoso no desecado', ni cultivado, per-teneciente a El Pueblo de Puerto Rico, en los Distritos de Arecibo y Manatí, en un predio constante de 6,000 cuerdas más o menos, conocido generalmente con el nombre de Caño o Laguna de los Tiburones, bajo las condiciones expresadas en dicho contrato.
“■6o. Que en virtud de la resolución conjunta de que se deja hecho mérito, en momentos en que el demandante estaba ausente de la Isla, El Pueblo de Puerto Rico por medio de su Fiscal en Arecibo y emplea-dos de la Oficina del Interior, se apropió de una cantidad considerable de terrenos de la finca descrita, que entregó a Wencesloa Borda, sin que contra el demandante se siguiera acción judicial alguna para expropiarle, ni se le notificara resolución sobre el particular.
“7o. Que según plano levantado en la Oficina del Interior, sólo se le reconocen como de su propiedad ciento cuarenta y siete cuerdas y 66 céntimos de terrenos en el barrio del Islote de Arecibo, eolin-dancia del Oaño de Tiburones, y del resto de la finca, ascendente á doscientos cincuenta y nueve cuerdas noventa céntimos, en la parte S. y O. del predio descrito, se ha incautado El Pueblo dé Puerto Rico, verificando su entrega al arrendatario Wenceslao Borda.
‘18o. Que ese, terreno de que se ha incautado El Pueblo de Puerto Rico es de la exclusiva pertenencia del demandante en virtud de sus títulos de dominio inscritos, y posesión no interrumpida por más de cien años; pero aún en,el supuesto de que El Pueblo de Puerto Rico pudiera alegar derecho a parte de esos terrenos, nunca podría esa parte estimarse comprendida en la concesión hecha a Borda, que se refiere a terrenos pantanosos no desecados ni cultivados, mientras que los terrenos de que se trata, no solamente están desecados totalmente, sino que vienen siendo objeto de cultivo hace más de diez años.”

La demanda concluye con la súplica de que a reserva de que el demandante pueda pedir la correspondiente indemniza-ción de daños y perjuicios, se declare que los terrenos de que se ña incautado El' Pueblo de Puerto Rico en la parte S. y O. de la finca descrita en el primer ñecño de la demanda, y que se ñan entregado en arrendamiento a Wenceslao Borda, corresponden al demandante, condenando en su consecuencia a los demandados a la entrega o -devolución de dicños terrenos y al pago de las costas, si se opusiesen.

Al contestar la demanda El Pueblo de Puerto Rico y Wen-ceslao Borda, negaron los ñecños consignados bajo los nú-meros 1°., 2°., 3°., 4°., 6°., y 8o. de dicña demanda y aceptaron los expresados bajo el número 5o. y también bajo el 7o. en su párrafo 1°., negando los expuestos en su párrafo 2o.

Señalado día para la celebración del juicio, después .de practicadas las pruebas propuestas por la representación de la parte demandante, los abogados de los demandados-presen-taron una moción para que se dictara sentencia a su favor por el fundamento comprendido en el párrafo 5o. del artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil, alegando entre otras ra-zones, la falta de identificación del. predio de cuya reivindica-ción se trata; y habiendo sido declarada con lugar dicña mo-ción, recayó sentencia en 11 de mayo de 1909, declarando sin lugar la demanda interpuesta por Arturo Díaz Valcárcel, sin especial condenación de costas, contra .cuya sentencia inter-puso la parte demandante recurso de apelación, que después de las alegaciones así escritas como orales de ambas partes, ña quedado sometida a nuestra consideración.

La parte apelada, al impugnar el recurso, entre otras ale-gaciones ña ñecño la de que la Corte de Distrito de Arecibo no tuvo jurisdicción'para conocer del pleito, porque El Pueblo de Puerto Rico no puede ser demandado sin su consentimiento y éste, no existe en el presente caso.

La cuestión jurisdiccional propuesta es de resolución pre-via y desde luego, opinamos que El Pueblo de Puerto Rico puede ser demandado sin su consentimiento, como así lo liemos decidido en los casos de Rosalí, de Juan Z. Rodríguez, de Su-cesión de José Fernández y de Casimiro A. Rivera, todos contra El Pueblo de Puerto Rico, fallados, respectivamente, en 14,. 17 y 18 de junio de 1910 y 7 de diciembre de ese mismo año. A esos casos nos referimos, y pasamos a examinar en su fondo» el recurso interpuesto.

Ta digimos al decidir en 10 de mayo de 1902 en el casó de Juan Bianclii Pagán contra el Ayuntamiento de Añasco, que son condiciones indispensables a la reivindicación, que el de-mandante fije con toda precisión y claridad en la demanda la cosa que reclama, y pruebe durante el juicio el dominio e iden-tidad de ella, y conforme con la anterior doctrina, establece el artículo 125 del Código de Enjuiciamiento Civil que en una acción para recobrar propiedad inmueble, ésta deberá descri-birse en la demanda con tal precisión, que un agente judicial pueda identificarla en caso de ejecución.

En el lieclio 6o. de la demanda, según dejamos consignado, alega el demandante que El Pueblo de Puerto Rico por medio de su Fiscal en Arecibo y empleados de la oficina del Interior se apropió una cantidad considerable de terreno de la finca de 407 cuerdas 56 céntimos descrita en el Lecho Io. haciendo entrega de ese terreno a Wenceslao Borda, y en el hecho 7o. explica que aquel terreno se compone de 259 cuerdas 90 cénti-mos y está situado en la parte Sur y Oeste de la finca descrita.

Como se ve, no se determina en la demanda el terreno re-clamado con los lindes necesarios para identificarlo,' y si la demanda se declarara con lugar ordenando la restitución y entrega solicitadas, ningún agente judicial podría ejecutar la, sentencia.

Y no basta para dejar cumplido el precepto del artíeulo 125 del Código de Enjuiciamiento Civil describir la finca de que forma parte el terreno reclamado, sino que éste debe des-cribirse de modo tal que .pueda identificarse en caso de ejecu-ción de sentencia sin necesidad de ulteriores explicaciones, pues no es la finca total, sino el terreno detentado el que ba de reivindicarse, y contra el poseedor de ese terreno es que se ejercita la acción reivindicatoría.

Puede suceder como en el presente caso, que la identifica-ción de la totalidad de la finca de que antes formaba parte el terreno detentado como también su dominio, guarden muy es: trecha relación con la identificación y dominio del terreno de-tentado, pero esa circunstancia no releva del cumplimiento del precepto del artículo 125 del Código de Enjuiciamiento Civil. ■

Prescindiendo de la forma defectuosa dé la demanda y en-trando en el examen comparativo de los diversos elementos probatorios aportados al juicio por la parte demandante, tam-poco podemos venir al conocimiento exacto de cual sea el terreno objeto de reivindicación, y todavía la confusión es mayor, pues si en la demanda se da al terreno reclamado una cabida de 259 cuerdas con 90 céntimos, esa cabida resulta in-i definida después de las pruebas practicadas, como pasamos a demostrarlo:

/De los testigos examinados a instancia de la parte actora, Cándido Jiménez dice que una comisión mandada por el Comu sionado del Interior trazó líneas y cercó la finca de Arturo Díaz, tirando la cerca lo menos por la mitad de la finca, y en-tregando a Borda el terreno comprendido entre la cerca y el Caño de Tiburones; José Carpió Beyes declara que Borda hizo una retenida de terreno con una empalizada de alambre que colocó en terrenos de Arturo Díaz, casi a mitad de la pose-sión, calculando que de la empalizada al Caño de Tiburones: podrá haber como cuarenta, cincuenta.o sesenta cuerdas, que antes utilizaba Arturo Díaz; Francisco Pérez manifiesta que desde la.cerca hasta el Caño, calcula que habrá como sus 30 cuerdas más o menos de las de Arturo Díaz; Bamón Nonato» Maldonado depone, que a Arturo Díaz le cogieron un pedazo de terreno que fué entregado a Borda, separándolo por medio de alambres del resto de su finca; y el mismo Arturo Díaz Valcárcel afirma, que el perímetro de terreno que se le quitó asciende a doscientas y tantas cuerdas.

Con tales méritos probatorios no es posible determinar la cabida del terreno cuyo dominio reclama Arturo Díaz.

Pero es que además de no poderse fijar por el mérito de las pruebas la medida superficial del terreno que se supone deten-tado, tampoco se precisan en la demanda las colindancias o límites dentro de los cuales se encierra aquel .terreno, ni pue-den determinarse por el resultado de las pruebas practicadas en el juicio, en cuyo acto más bien intentó la parte demandante justificar la identidad de la totalidad de la finca, que la del terreno detentado. La declaración del, testigo José Carpió ¡Reyes expresiva de que la cerca de alambre coge Sur y Po-niente, y de que Borda posee el terreno que está entre Boneta y la cerca de alambre, y también el que está entre la cerca y el Caño; la afirmación del testigo Francisco Pérez, relativa a que al entregar los terrenos a Borda le quitaron a él dos cuer-das más o menos y pusieron la cerca por allí, formando des-pués un círculo para arriba y tomando a Arturo Díaz todo el pedazo de la cortadera basta el caño; y el testimonio de Ra-món Nonato Maldonado asegurando que a Arturo Díaz le cogieron un pedazo de terreno que boy posee Borda, habién-dose puesto alambres en la finca de Arturo Díaz, en la orilla de la cortadera, son insuficientes para constituir prueba de la identidad del terreno detentado, tal como lo describe Arturo Díaz en su declaración al afirmar que el terreno que trata de reivindicar colinda por el Norte con el resto de su finca sepa-rado por una cerca de alambre, por el Sur con el Caño de Ti-burones, por el Poniente con Rufino Pérez, Tomás Boneta y la Cortadera, y por el Saliente con José Jiménez.

' No vemos que la córte inferior baya obrado influida por prejuicio, parcialidad o pasión, ni. que haya cometido error manifiesto al apreciar las pruebas practicadas a instancia de ■la parte actora a quien incumbía el onus projbandi, y por tanto estimamos ajustada a derecho la sentencia recurrida p.or el fundamento de no haberse justificado la identidad del terreno que se trata de reivindicar.

Por las razones expuestas procede la confirmación de la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Arecibo en 11 de mayo de 1909, declarando sin lugar la demanda inter-puesta por Arturo Díaz Valcárcel, sin especial condena de costas..

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados, Wolf y del Toro.

El Juez Asociado, Sr. MacLeary,- firmó, haciendo constar su conformidad con la sentencia y con la opinión, menos en lo relativo a jurisdicción, por opinar que El Pueblo de Puerto Rico no puede ser demandado sin su consentimiento.


text:
    Suriñach v. Ninlliat.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 593.
    Resuelto en enero 20, 1911.
    Bienes de Menores — Procedimiento de Utilidad y Necesidad. — En un pro-cedimiento de utilidad y necesidad, establecido con el'fin de obtener el pe-ticionario autorización para enajenar o gravar bienes de menores, la parte que alegue tener interés en tales bienes, no tiene derecho a intervenir en el procedimiento ex parte, debiendo ejercitar sus acciones por el procedimiento contencioso, ya para que se reconozca su título o para obtener en cualquier forma la revisión del procedimiento sobre autorización judicial.
    ID- — Apelación.—Una persona que hubiere sido . indebidamente admitida como parte en un procedimiento no tiene derecho a apelar, y si lo hiciere, la ape-lación ■ deberá desestimarse. Solamente las partes o sus causahabientes pue-den ejercitar el dereeho de apelación. .
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Sabater.

    Abogado del apelado: Sr. Fernando Vázquez.

   El Juez Asociado, Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Camilo Suriñach, en representación de sns menores hijos, presentó una solicitud a la Corte de Distrito de Mayagüez, pi-diendo autorización para vender o hipotecar cierta propiedad, perteneciente a sus hijos, para pagar una cantidad reclamada por el abogado de estos últimos por servicios prestados por el mismo. Luis Ninlliat y Ninlliat compareció ante la Corte de Distrito para oponerse a que la corte concediera tal autorización, alegando que él era el verdadero dueño de la propiedad que se trataba de vender o gravar. La corte se negó a considerar como suficientes los fnndamentos de la opo-sición, y concedió a Camilo Suriñach, autorización para hipo-tecar el terreno en cuestión. La apelación se ha interpuesto por Luis Ninlliat y Ninlliat.

El apelado alega, que ni las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil, ni la Ley regulando “Procedimientos Legales especiales” autorizan semejante apelación. Que la sentencia de la corte de distrito no es definitiva en cuanto al apelante, quien tiene un remedio en un juicio contencioso; y se alega qne dicho apelante había empezado un juicio conten-cioso que fué resuelto en su contra; que los procedimientos que se siguen ante la Corte de Distrito de Mayagüez, son solamente en el interés de los menores, y que el apelante nunca fué parte en dichos procedimientos. Creemos que esta ríltima consideración es terminante en la decisión de esta apelación. No encontramos en las disposiciones de la ley nada que le dé al apelante el derecho de intervenir en procedimientos es parte iniciados ante' la Corte de Distrito de Mayagüez. Si el apelante tenía algún derecho a la propiedad, y es-taba en posesión de la misma, como se alega, entonces su remedio era un juicio contencioso ordinario promovido con el fin de obtener una sentencia con respecto al título de dominio, o para revisar los procedimientos de otro modo. El nunca fué realmente parte en los procedimientos seguidos ante la Corte de Distrito de Mayagüez, y no siendo parte, no tenía personalidad ante la corte inferior, y, por consiguiente, no tenía derecho de apelar; pues sólo una parte o sus partícipes, pueden apelar. (Art. 294 del Código de Enjuiciamiento Civil. 2 Cyc., 626.)

Debe desestimarse el recurso de apelación.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary y del Toro.


author: El Juez Asociado, Sr. del Toro,

text:
    Díaz v. The San Juan Light & Transit Co.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 531.
    Resuelto en enero 20, 1911.
    Apelación — Prueba Contradictoria-: — Apreciación de la Corte Inferior.- — -En los casos de prueba contradictoria, la apreciación que de la misma hubiere hecho la corte inferior, debe aceptarse por el tribunal de apelación como justa y procedente, a no ser que se demuestre que al haeer tal apreciación aquella corte actuó movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que incurrió en manifiesto error, circunstancias que no se han demostrado en este caso y que, lejos de resultar de la prueba, aparece, por el contrario, que ésta fué debidamente apreciada.
    Acción — Civil—Penal.—-Bajo el actual sistema procesal, las acciones penal y civil ex delieto, son completamente independientes y nunca pueden ejercitarse conjuntamente. Compete al Eiseal el ejercicio de la acción penal, mientras que el de la civil queda reservado a la parte interesada, en el juicio que pro-ceda.
    Daño — Acciones Derivadas de Culpa y Negligencia Cuasi Delictivas y De-lictivas. — Las disposiciones del artículo 1808 del Código Civil Revisado tie-nen un campo de aplicación más amplio y liberal que el que tenían en el Có-digo anterior, y pueden servir de base para el ejercicio de las acciones civiles derivadas de culpa y negligencia cuasi delictivas, ásí como para el ejercicio de aquellas que se originen de culpa y negligencia delictivas.
    Id.- — Significación de la Palabra Daño. — Se entiende por daño, á los efectos del artículo 1803 del Código Civil Revisado, el perjuicio causado por una persona a otra, o a su propiedad, bien sea con el propósito de ocasionarle daño, ya por motivo de negligencia o descuido, o por accidente inevitable.
    Id. — El concepto de la palabra “daño” envuelve la indemnización reeobrable, o reclamada, por uno que, por virtud del acto o falta de un tercero, ha sufrido un perjuicio en su persona o en su propiedad, o en aquellos derechos que tuviera, derivados de sus relaciones con otras personas.

      Id. — Extremos que Deben ser Alegados y Probados — Daño Sufrido' por el Demandante y Palta de Negligencia por su Parte — Negligencia del De-mandado — Importe de la Indemnización. — Para tener derecho, a indemniza-ción por daños y perjuicios, basándose en las disposiciones del artículo 1803 del Código Civil Eevisado, es necesario que se alegue y pruebe por el deman-dante:

      (a) La existencia de un daño real y positivo, que le ha ocasionado per-didas en su persona, en sus bienes, o en sus derechos derivados de sus rela-ciones con otras personas.

      (h) Que se alegue y pruebe que tal daño es la consecuencia inmediata y natural del acto culpable o negligente del demandado y no de la propia culpa o negligencia del demandante; y
    (o) Que el demandante especifique en su demanda, con la mayor claridad que sea posible, en qué consisten las pérdidas por él sufridas y fije detallada-mente su compensación, y cuando por la naturaleza del caso las pérdidas no sean susceptibles de liquidación, no pudiendo fijarse en pesos y 'centavos, por tratarse de dolores físicos, pérdida de trabajo, reclusión en un hospital, sufri-mientos mentales, etc., deberá entonces fijarse la cantidad que se estime como justa compensación.
    Id. — Facultades de la Corte Inferior para Fijar la Indemnización. — La corte inferior es la llamada a apreciar las alegaciones y las pruebas y a fijar el montante de la indemnización que deba satisfacer el demandado; pero te-niendo en cuenta que tal indemnización, no implica un castigo, sino obliga-ción de compensar con una suma justa, los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia irrogaran al demandante.
    Id. — Facultades del Tribunal de Apelación — Indemnización Excesiva o In-moderadamente Inadecuada. — El tribunal de apelación tiene facultades para reducir o aumentar el montante de la indemnización concedida por la corte inferior, pero no las ejercitará a menos que dicha indemnización fuere ex-cesiva o inmoderadamente inadecuada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Henry F. Hord.

    Abogado del apelado: Sr. Enrique Márqioee Huertas.

   El Juez Asociado, Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Alejandro Díaz, presentó una demanda contra la San Juan Light and Transit Co., reclamando la suma de seis mil dollars en concepto de daños y perjuicios y alegando como causa de acción, los siguientes hechos:

“Primero. Que dichos demandados son una corporación organi- ■ zada en los Estados Unidos de América y que trabaja en Puerto Rico-ai amparo de nuestras leyes sobre corporaciones, teniendo su oficina principal en San Juan, siendo su agente o administrador F. W. Teele.
£ ‘ Segundo. Que dichos demandados tienen establecido entre San Juan, P. E. y Eío Piedras, un servicio público diario de trenes o tran-vías, con determinado número de paradas en el trayecto indicado, estando señaladas y numeradas tales paradas según su itinerario.
‘ ‘ Tercero. Que el lunes 5 de octubre último por la tarde, el de-mandante habiendo pagado la cuota de tarifa correspondiente al conductor respectivo, viajaba en dirección a Santurce en uno de los carros o wagones destinados al servicio de pasajeros por dicha corpora-ción demandada y al llegar al sitio denominado el cruce en que hacen parada los carros de la demandada, cerca de la parada 7 en que tenía el demandante que bajar para llegar al término de su viaje, a visi-tar su familia o sea una hija que vive por aquel lugar, el carro en que iba el- demandante hizo parada y cuando el demandante con el debido cuidado iba a apear el escalón del coche o carro para salir a la calle, el carro a impulso dado a la máquina por el motorista, siguió rápidamente viaje, sin dar tiempo a dicho demandante -a acabar de bajar, siendo éste lanzado del coche con tal impulso, dado así al coche a causa del descuido y negligencia inexcusable de tal motorista, yendo a parar así el demandante con la caída a poco distancia del coche, recibiendo al caer varias lesiones, y entre ellas las siguientes:
“Una herida contusa en el medio de la barba en la parte inferior y anterior de la mandíbula, interesando el hueso y el nervio, produ-ciéndole gran dolor en el hueso y fuerte trismo que le impidió durante varios días la masticación y fué de tal índole el golpe recibido y de tal forma, que todo su sistema se ha resentido notablemente.
“Otras heridas contusas en ambas piernas, en la tibia, habiéndo-sele formado, como consecuencia de ellas, úlceras, de las cuales aún está padeciendo, las que lo imposibilitan de andar y trabajar.
“Varias contusiones en el pecho y brazos, y como resultado de la lesión en la cabeza, está padeciendo de bastante gravedad, de fuerte dolor en el cerebro, perdiendo a veces la noción de -todo o el conoci-miento, así como también padece ahora del oído y algo de la vista, no siéndole posible atender a sus intereses bajo ese estado de imposibili-dad física.
“Y estos perjuicios así sufridos en su persona los estima el deman-dante módicamente en $5,000.
“Cuarto. Que el demandante tiene su finca en Vega Eedonda, jurisdicción de Comerío, P. E., en donde vive con su esposa y seis hijos de muy pequeña edad, y debido a estos daños recibidos en su persona, o por causa del referido accidente ocurrídole a causa del descuido del motorista indicado, ha estado tal familia privada de toda suerte de recursos pecuniarios pasando días de infelicidad con la separación del demandante y con la escasez de tales recursos para su subsistencia, sufriendo a la vez tal demandante, al saber o pensar en la miseria por-que en esa época estaba atravesando tal familia, sufrimientos morales que agravaban aún más el estado de sus padecimientos físicos, por cuyos perjuicios fija el demandante un valor limitado de $1,000.”

La demandada alegó que la" demanda no aducía hechos su-ficientes para determinar una causa de acción y, oídas ambas partes, la corte desestimó la alegación y concedió a la deman-dada tres días para contestar la demanda.

La contestación es como sigue:

“La demandada, representada por su Abogado Henry F. Hord, contesta a la demanda exhibida a su contra y niega los hechos con-signados en los hechos 1, 2, 3 y 4 de la demanda, tal como allí se alegan.
“Como defensa especial alega la demandada, que si algunas le-siones recibió el demandante, las recibió por razón de su propia culpa .y negligencia y que la demandada no fué culpable de culpa ni negli-gencia con referencia al demandante y que la culpa y negligencia de éste fué la causa próxima de haber él recibido tales lesiones, si es que las recibió.
“Suplica, pues, la demandada que se le absuelva de la demanda con las costas al demandante.”

La vista del pleito se celebró el 18 de febrero de 1910: Ambas partes hicieron sus alegaciones, practicaron sus prue-bas, e informaron oralmente por medio de sus abogados. Y la Corte de Distrito de San Juan, el mismo día 18 de febrero de 1910, dictó sentencia declarando que los hechos y la ley estaban en favor del demandante y en contra de la demandada y ordenando y decretando que el primero obtuviera de la se-gunda la suma de dos mil dollars en concepto de daños y per-juicios y las costas y gastos que se justificaren.

Apelada dicha sentencia para ante este Tribunal Supremo, la demandada y apelante San Juan Light and Transit Co., alegó, como fundamentos del recurso, los siguientes:

‘ ‘ 1. Que de los beebos probados resultó que el demandante recibió las lesiones de que se queja por razón de su propia culpa y negligencia y no por la de la demandada o sus agentes.
“2. Que aún en el caso de tener la obligación la demandada de reparar los daños recibidos por el demandante, él no ha probado que haya gastado un solo centavo ni sufrido un centavo de perjuicios materiales por razón de las lesiones recibidas por él. '
' “3. Que la corte al fallar que la demandada debería pagar al demandante dos mil pesos en concepto de daños, se apartó del prin-cipio legal que determina la única obligación que en tal caso pudiera pesar sobre la demandada, es decir: la obligación de reparar el daño sufrido y no la de gratificar al demandante una suma que ni fué objeto de prueba, ni tiene fundamento legal.” (Código Civil, art. 1803.)

Con respecto al primero de dichos fundamentos, diremos que la prueba practicada fué contradictoria y se apreció por la corte de distrito,’según se desprende de la sentencia ape-lada, como demostrativa de que las lesiones sufridas por el demandante lo fueron a consecuencia de la negligencia de la demandada y no por su propia culpa o negligencia.

Siendo esto así y no habiéndose demostrado que la corte sentenciadora actuara movida por pasión, prejuicio, o parciali-dad, ni que cometiera ningún error manifiesto, debemos acep-tar su apreciación como la justa y procedente, de conformi-dad con lo que hemos resuelto en repetidos casos, tanto más cuanto que hemos examinado cuidadosamente dicha prueba y, apreciando-su resultado a virtud de nuestro examen, llegamos a la misma conclusión.

Los otros dos fundamentos del recurso los estudiaremos conjuntamente, pues en verdad ellos presentan una sola cues-tión, esto es, la de que no habiéndose presentado por el de-mandante prueba alguna de la cuantía de los perjuicios sufri-dos, no cabe dictar sentencia en su favor.

La apelante cita en su apoyo lo dispuesto en el artículo 1803 del Código Civil revisado y la jurisprudencia estableci-da por el Tribunal Supremo de España en sus sentencias de 9 de noviembre 1886, 7 abril 1890, 26 noviembre 1895, 7 marzo-1896, 3 julio 1897 y 30 septiembre 1898.

El artículo 1803 del Código Civil revisado, dice así:

“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo-culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”

El .principio de derecho reconocido en dicho artículo, noes nuevo. En el derecho romano, la ley Aquilia estableció, que estaba obligado a indemnizar todo aquel que cometiere un daño por culpa o imprudencia, especificando el grado de esta, responsabilidad en multitud de casos y de circunstancias. Tal doctrina fue trasladada más o menos íntegramente a las leyes-del título 5o. de la Partida 7a. las cuales constituían eb derecho-civil positivo español hasta la publicación del Código Civil. En los artículos 18, 19, 29 y 21 del Código Penal español, se determinaba la responsabilidad civil como consecuencia de-la penal. (12 Manresa, Com. al C. C.-, 598.)

El Código Civil español a que nos hemos referido y que-fue puesto en.vigor en Puerto Pico por Real Decreto de 31 de julio de 1889, reprodujo el sentido general del antiguo de-recho, si bien, concordando sus preceptos con las teorías mo-dernas, impuso las obligaciones derivadas de la culpa y negli-gencia, no sólo al causante del daño, sino a veces a una ter-cera persona que deba responder por él, por estar ligado a. éste por vínculos tales que le hagan responsable de sus actos. El artículo 1902 .de dicho Código, es exactamente igual al 1803 del Código Civil revisado.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de España sobre-está materia pudiera resumirse diciendo que establece que para que se origine la obligación impuesta en el .artículo 1902 del Código Civil, es necesario la concurrencia de dos requi-sitos distintos, a saber: 1°. que exista un daño o perjuicio no-procedente de actos u omisiones propios del perjudicado, y cuya existencia se acredite debidamente por el que reclama su reparación; y 2°. que dicho daño o perjuicio haya sido cau-sado por culpa o negligencia ‘de una persona distinta de la que lo sufre. (12 Manresa, Com. al C. C., 604.)

Con respecto a la apreciación por parte del tribunal del montante de los daños y perjuicios, citaremos una de las sen-tencias del Tribunal Supremo de España que establece un claro precedente de la doctrina que sostenemos en esta opi-nión. Eulogio Santa María falleció en Madrid en el año de 1891 a consecuencia de haberse caído desde el muro de fa-chada del frontón titulado Jai-Alai, al subirse en él para colo-car unos banderines según era costumbre al empezar los par-tidos de pelota. Se investigaron los hechos por la vía criminal y se sobreseyó la causa que se formara al efecto, y en-tonces la viuda del finado, por sí y en representación de su hija menor Teodora, interpuso demanda civil ante el juzgado correspondiente, alegando que “la causa de la desgracia radi-caba en la culpa y omisión .de los dueños del juego de pelota por ño reunir, come sabían y veían, el sitio donde se coloca-ban los banderines, ni parte del camino que era preciso reco-rrer al efecto, condiciones ningunas de seguridad”; que había dejado al morir dos hijos, uno llamado Anastasio, de 14 años, habido en su primer matrimonio, y otra llamada Teodora, de 3 años, habida en su segundo matrimonio con la demandante; que los perjuicios irrogados de que debían responder los de-mandados eran de dos clases; unos que podían calificarse de afección y otros causados por la falta del modesto jornal que capitalizado al 5% y sumado a la cifra exigible por el con-cepto anterior, ascendían a 21,425 pesetas. Los demandados alegaron que la muerte del esposo de la demandante no se podía imputar a culpa, omisión o negligencia de su parte, etc., y pidieron que se desestimara la demanda. Celebrada la vista, el juzgado dictó sentencia condenando a los demanda-, dos a pagar la suma de cinco mi} pesetas a los herederos del finado, como indemnización de la muerte de éste. Apelada dicha sentencia por la demandante, se adhirieron al recurso los demandados, y al resolverlo la Audencia del territorio condenó a los demandados a pagar a la demandante por sí y en representación de su hija Teodora la suma de 5,000 pesetas como indemnización de la muerte del finado, confirmando en tales términos la apelada, y reservando al otro hijo del mismo, que no fue parte en este pleito, el derecho que le asista para pedir también la indemnización. Los demandados interpu-sieron entonces recurso de casación para ante el Supremo, ale-gando que se habían infringido diferentes leyes y entre otros particulares que la sentencia no expresaba en cuanto apre-ciaba la corte la vida de Santa María, ni si concedía a los de-mandantes algo por precio de afección o por vía de perjuicio, ni el criterio que había tenido para fijar la cifra de 5,000 pesetas.

El Supremo de España confirmó la apelada por sentencia publicada el 14 de diciembre de 1894, cuyos fundamentos co-piados a la letra, dicen así:

“Considerando: que sobre la base de estimar la Sala en virtud de las pruebas, que la muerte desgraciada de Eulogio Santa María ocurrió por la omisión por parte de los recurrentes, • dueños y empre-sarios del frontón llamado Jai Alai, de. las precauciones oportunas para evitar los peligros que ofrecía a colocar y retirar los gallardetes como lo venía haciendo aquél con su conocimiento y aquiescencia y en su provecho, aplica rectamente los artículos 1093, 1902 y 1903, y no infringe los 1101, 1103 y 1104 del Código Civil, porque, con arreglo al primero, las obligaciones que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia, no penadas por la ley, están sometidas a las disposiciones de dichos artículos 1902 y 1903, y según éstos, la indemnización del daño procede siempre que el acto u omisión hayan sido la causa del daño y no se haya empleado toda la diligencia de un buen padre de familia, tanto cuanto el acto u omisión son propios como cuando son de personas por quienes se deba responder, y porque las disposiciones de los artículos 1101, 1103 y 1104 son de carácter general y aplicables a todo género de obligaciones y no ofrecen con-tradicción con las especiales de los artículos 1902 y 1903:
“Considerando: qué la indemnización correspondiente al daño causado por un acto ú omisión culpables, que no constituyen delito, debe declararse como todas en cada pleito en relación con el perjui ció particular de las personas que reclaman, y que habiéndolo hecho así la sentencia solamente respecto de Doña Juana Alonso Celada y de su hija, únicas demandantes, fijando la cantidad a ellas debida, no infringe el citado artículo 1902 del Código, ni menos el 360 de la Ley de Enjuiciamiento:
“Considerando: que la cuantía de la indemnización otorgada des-cansa en la prueba practicada y en los hechos reconocidos por ambas partes en los escritos fundamentales del juicio, y por lo tanto, que no existe la infracción del artículo 1214 alegada en el concepto de carecer de prueba la demanda.”

Tales fueron las leyes y jurisprudencia vigentes en Puerto Eico hasta el año de 1902 en que se derogaron los Códigos Civil y Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal decretados por la Monarquía Española.

En tal año comenzaron a regir en esta Isla el Código Civil revisado y los Códigos Penal y de Enjuiciamiento Criminal, prescribiéndose en estos últimos todo lo relativo a los delitos y a sus penas y al modo de perseguirlos y de castigarlos y omitiéndose todo lo referente al ejercicio de las acciones civi-les derivadas de los actos delictivos.

“En nuestro estado de derecho la acción penal y la civil evinientes de un delito, son completamente independientes y nunca pueden ejercitarse conjuntamente. Sólo el Fiscal pue-de ejercitar la acción penal y el ejercicio de la acción civil correspondiente queda reservado a la parte interesada, en el juicio que proceda.” (Zalduondo v. Sánchez, decidido el 20 de abril de 1909.)

Si bien el artículo 1803 del Código civil revisado es igual al 1902 del Código Civil español, a virtud del cambio político operado en esta Isla, y a consecuencia de la implantación del nuevo sistema penal, sus preceptos tuvieron y tienen un campo de aplicación más amplio y sirven de base tanto al ejercicio de las acciones civiles provinientes de culpa y negligencia cuasi delictivas, como al ejercicio de las que se originan de culpa y negligencia delictivas.

La palabra castellana “daño” se tradujo por la inglesa ■“damage,” y su significación debe fijarse interpretándola en armonía con el cambio fundamental operado en nuestras ins-tituciones, tanto más cuanto que dicha significación no es con-traria a la establecida por la jurisprudencia antigua, sino más amplia y liberal, más justa y equitativa.

Se entiende por “damage,” daño, palabra derivada de la latina “damnum,” “el perjuicio causado por una persona a otra, o a su propiedad, bien sea con el propósito de ocasio-narle daño, ya por motivo de negligencia o descuidó, o por accidente inevitable. ’ ’

La voz “damage,” daños y perjuicios, expresa “la indem-nización recobrable por uno que ha sufrido un perjuicio en su persona, en su propiedad, o en sus derechos derivados de sus relaciones con otras personas, por virtud del acto o falta de otra persona”’; y también: “la suma reclamada como tal indemnización por el demandante en su demanda, o el per-juicio o daño por el cual se reclama la indemnización.”

1 Bouvíer’s Law Dictionary, 491.

Veamos ahora lo que es necesario alegar y probar en esta clase - de casos.

“En acciones personales y mixtas (mas no en acciones penales, por razones obvias,) la demanda debe alegar, en con-clusión, que el daño es en perjuicio del demandante, y debe especificar el montante de los daños y perjuicios; Com. Dig. Pleader (c,.84); 10. 116 b.

* * # # * * #

“Para constituir un derecho a recobrar daños y perjuicios, la parte que reclame dichos daños y perjuicios tiene que haber sufrido pérdidas; la parte a quien se le reclaman debe ser susceptible de culpa; las pérdidas deben ser la consecuencia natural y próxima del acto culpable.

“No existe derecho a daños y perjuicios, propiamente de-nominados, cuando no existen pérdidas. La cantidad im-puesta como multa al culpable, sencillamente como castigo por su culpa, independientemente de cualesquiera pérdidas por ella causadas, es una “multa” o “penalidad,” más bien, que daños y perjuicios. Los daños y perjuicios se fundan en el concepto de pérdidas que hay que resarcir, de un daño que hay que reparar; 11 Johns, 136; 2 Tex., 460; 11 Pic., 527; 15 Ohio, 726; 3 Sumn., 192; 4 Mass., 115; 91 Pa., 302; 104 Mass., 353; 16 Q. B. D., 613; See 142 N. Y., 391; Hale Dam., 3. Estas pérdidas, sin embargo, no tienen necesidad siempre de ser precisas y definidas, susceptibles de una descripción exacta o de ser computadas en pesos y centavos. Pérdidas suficien-tes para sostener una acción pueden desprenderse de la mera naturaleza del caso mismo. La ley en muchos casos presume pérdidas cuando se prueba un daño intencionado (wilful wrong); y así también se conceden daños y perjuicios por sen-timientos ultrajados, dolor corporal (físico), dolor moral, daño a la reputación, y por otros sufrimientos que sería im-posible sujetar a una prueba y a un cómputo exactos, en cuan-to al montante de las pérdidas sufridas; 2 Day, 250; 3 H. & M. H., 510; 5 Ired., 545; 3 Humphr., 140; 15 Conn., 267; 8 B; Monr., 432; 94 Mich., 119; 112 N. C., 323; 39 Ill., App., 495; 82 Tex., 33. La regla no es que las pérdidas deban probarse por la evidencia, sino que deben desprenderse de la evidencia o aparecer por presunción, fundándose en la naturaleza del caso.”

1 Bouvier’s Law Die., 492.

Esta misma Corte Suprema en el ya citado caso de Zálduondo v. Sánchez, por medio del Juez Asociado, Sr. Wolf, se expresó en los siguientes términos: “La corte inferior en. vista de las declaraciones de los testigos pudo inferir que el •demandante estuvo sin conocimiento por unos cinco días y -enfermo veinte o veinte y cinco días; que siifrió, heridas pro-fundas cuyas cicatrices podían notarse todavía en la época ■del juicio (pues fueron reconocidas por el Dr. Groenaga); que •el demandado sufre zumbidos en los oídos así como también ■pérdida de su memoria y otros síntomas, y está amenazado de contraer cualquiera forma de locura. De qué modo, hasta •cuándo, o en qué fecha pueden los actos del apelante afectar .al trabajo o a la vida del demandante, es imposible predecirlo. No podría determinarse con precisión, pero puede la corte determinarlo dentro de sn criterio. Nada se dice en las de-claraciones con referencia a los sufrimientos mentales que haya tenido el demandante, lo que es asimismo un reconocido elemento en los daños y perjuicios en todos los pleitos de esta clase. Así lo lia reconocido la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de McIntyre v. Giblin, 131 U. S., CLXXIV.

' “Sin resolver la cuestión de si los daños punitivos o ejem-plares son recuperables, creemos que la corte inferior no se extralimitó en la apreciación de los daños razonables sufridos y que pudiera sufrir el demandante, al fijarlos en la suma de mil dollars y debe confirmarse la sentencia dictada por dicha corte.”

Aplicando los anteriores principios y los contenidos en el artículo 1804 del Código Civil revisado, al caso concreto que resolvemos, encontramos que en la demanda se alega que el^ demandante sufrió daños y perjuicios, que aprecia en seis mil pesos, y que la causa inmediata y natural de dichos daños y perjuicios fué el acto negligente de uno de los empleados de la demandada que actuaba en su servicio y con ocasión de sus funciones.

La prueba practicada no demuestra que el demandante de-jara de ganar a consecuencia de las lesiones recibidas una suma determinada de dinero, o que tuviera que pagar al mé-dico que lo asistiera otra determinada suma, etc., pero sí de-muestra que el demandante, hombre de 51 años de edad que trabajaba en la agricultura y llevaba y traía las cosechas y las vendía y vivía de su trabajo y sostenía a su familia, al bajar de uno de los carros eléctricos de la demandada, en la parada 7% de la línea de San Juan a Río Piedras, cayó al suelo, por haber el motorista hecho caminar el carro en aquel momento sin la debida prudencia y circunspección, y sufrió un fuerte golpe que le privó del conocimiento por algunos instantes, le fracturó el maxilar inferior y le ocasionó rasguños en las piernas y otras partes del cuerpo, que permaneció en el hospital curándose de las heridas un mes más o menos, y que examinado'en el acto del juicio, o sea un año y cinco meses después de la caída, presentaba en el lado derecho de la cara, y como consecuencia de la fractura, “una contracción que significa una parálisis,” y que podía “hablar pero masticar muy difícilmente, y con dificultad abrir y cerrar la boca. ’ ’ No-Jesuíta de la evidencia que el demandante haya quedado impe-dido de trabajar, pero sí que se hallaba,, en la época en que se practicaron las pruebas, padeciendo de una enfermedad ner-viosa a consecuencia de la caída, según opinó el Dr. Stahl, uno de los peritos que declaró en el juicio.

Siendo esto así, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, procedía que el juez apreciara por sí mismo los perjuicios y determinara el montante de la indemnización que la deman-dada debía pagar al demandante. Y al hacerlo así, la corte no cometió los errores que le atribuye la parte apelante.

No se trata en el presente caso de daños punitivos o ejem-plares, sino de una compensación por daños y perjuicios su-fridos. Para acordar tal compensación, no es necesario que se pruebe por el demandante la pérdida sufrida en pesos y centavos, sino que bastará que, en casos de esta naturaleza, se pruebe que se sufrió por el demandante, ocasionado por la culpa o negligencia de la demandada y no por su chipa o ne-gligencia, un daño efectivo, consistente en dolores físicos, pér-dida de trabajo, reclusión en un hospital,' sufrimientos men-’ tales, etc.

La indemnización en este caso se fijó por la corte inferior en dos mil pesos, y aún cuando tal vez podría haberse apre-ciado en menos cantidad, no la encontramos immoderada-mente inadecuada, y siendo esto- así no debemos alterarla.

“Aun en aquella clase numerosa de casos en que no exis-te medida exacta de los daños y perjuicios, sino que se deja' a la consideración del jurado, el tribunal tiene facultad dé revisar el veredicto, y revocarlo si los daños y perjuicios; concedidos son demasiado excesivos o inmoderadamente 'in-adecuados. La regla es, sin embargo, que no se-revocará el veredicto por daños y perjuicios- excesivos á -menos-que el-montante sea tan subido que lleve, a .la .convicción., de la corte, que el jurado lia sido inducido a error por pasión, prejuicio, ignorancia, o parcialidad; Field, Dam., 683; 19 Barb., 461; 9 Cush., 228; 16 B. Monr., 577; 22 Conn., 74; 27. Miss., 68; 10 Ca., 37; 6 Rich., 419; 1 Cal., .33, 363; 11 Gratt,, 697; 2 Misc. Rep,, ,303; 69 Hun, 346; 52, Fed. Rep., 87; 74 Ind., 520; 8. id., 165; 76 N. Y., 594; 85 Tenn., 400.

1 Bouvier’s Law Die., 494,

Besumiendo los principios fundamentales envueltos en es-te caso, diremos, que para que se-puedan recobrar daños y perjuicios basándose en las prescripciones del artículo 1803 del Código Civil revisado, -es necesario: - ■

Io. Que se alegue y pruebe por el demandante la existencia de un daño real y positivo que le ha ocasionado' pérdidas, en su personar en sus bienes, o en sus derechos derivados de sus relaciones con otras personas.
2o. Que se alegue y pruebe que tal daño es la consecuencia inmediata y natural del acto culpable o negligente del deman-dado y no de la propia culpa o negligencia del demandante, y
3o. Que el demandante especifique en su demanda con la mayor claridad que sea posible, en qué consisten las pérdidas por él sufridas y fije detalladámente'sú compensación, y cuan-do por la naturaleza del caso no pudieren detallarse en pesos y centavos las pérdidas, se fije una cantidad, estimada como la justa compensación.

Y además: pero no lo ejercitará.a menog que...dicta.jnfieannizgciqn,.sea demasiado excesiva o, inmoderadamente inadecuada. ,

Io. Que la cprte es la llamada ,a apreciar las alegaciones y las pruebas y a fijar el montante de la indemnización que-deba pagar el demandado, teniendo siempre en cuenta que en estos casos no se trata de imponer un castigo al, demandado, sino de obligarlo a compensar con,cierta justa suma de dinero, los daños, y, per juicios que por su culpa o negligencia ocasionara al demandante, y. , .......
. 2o. Que .esta Corte Suprema .tiene poder, para reducir el montante de la indemnización condedida por la corte inferior,

El recurso debe declararse sinfiugar y,confirmarse la sen-tencia apelada. .. ' »

Confirmada.

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    La Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia et al. v. Rossy.
    ApelaciÓN procedente dé la Corte de-ÍDistrito de. San Juan.
    No. 533.
    Resuelto en enero 23, 1911.
    Anotación ^ de Embargo — Acción Eeal. — -La anotación ¡^e un embargo, con pro-hibición de enajenar, no puede convertir en real una acción qué carezca de ■este i carácter,1 ni. puede perjudicar lbs derechos-adquiridos. pór¡' un *• féíceíÓ, ■ ^ sobre los mismos bienes, con anterioridad a la ¡^notación, aunque, ¡su títulpmo estuviera' inscrito al tiempo de verificarse la anotación, ni pued.e. ésta darle ■ ’al que la obtuviere elearátíter dé'tercero fedpeict'd dé áqWlodqíi'é hubi'éfán ld- ■ .quirido. tales, derechos ¡anteriores,, pues la..ley. Je .copcede. preferencia* sólo- en cuanto a enajenaciones 'o gravámenes realizados con posterioridad a ,sji ano-tación.’ ’" ' ''1 ’ ’' ' 1 i. i ■ i.. ■1 i - i1 ■ ■. J * *1. i •
    Los hechos están.expresados en, lg. opinión...
    El apelante compareció en nombre propio.-
    Abogado fie’ los, apelados : 'r. .E^gemo, Bedites, Castaño.

   El Juez Asociado, Sr. del Toro,

emitió/l,a¡ opinión del;itri-btmal.:

.Esta Porte Suprema de, Justicia,.de, Huerto Rico,.por sen-tencia fie 20 de marzo, de,1906 dictada :eg clcaso.de M-oUfulled.a v. Ramos, declaró <pi£, la, .propiedad, fie pieria, finca. rústica,¡de doscientos cuerfias radicada en Hato Ley, Río Hiedras,-corres-pondía ,a las hijgs. de. Ramón.¡Mollfulleda,,.llamadas,.Carmen María, Margarita, Teresa, María, Ramona María, Paula Ma-ría y Alejandrina Mollfnlleda y Osorio, y, por escritura pú-blica otorgada ante el Notario Monser-rat el 16 de abril de 1906, las dichas Mollfnlleda y Osorio vendieron la expresada finca a la demandante y apelada Jnana Bamos Latonrt.

El demandado y apelante Manuel F. Bossy fné el abogado que defendió a las Mollfnlleda y Osorio en el pleito de Mollfulleda v. Ramos a que fiemos fiecfios referencia, y, para co-brar sus honorarios, siguió contra ellas un pleito en el cual solicitó y obtuvo una orden de aseguramiento de sentencia consistente en el embargo y prohibición de enajenar la repe-tida finca que, para esa fecha, había sido ya vendida a la de-mandante Bamos, pero no .inscrita a su nombre en el registro de la propiedad.

Para cumplimentar la orden de aseguramiento, se inscri-bió previamente en el registro la sentencia de ésta Corte Su-prema ya citada y se anotó entonces el embargo y prohibición de enajenar, allá por el mes de abril de 1907.

Anotado el embargo, la demandante y apelada Juana Ba-mos Latourt inscribió su escritura en el registro y luego ven-dió una porción de 34, 551 metros, 29 centímetros cuadrados, a la también demandante y apelada Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia, y otra porción de ochenta cuer-das a los otros demandantes y apelantes nombrados en la de-manda. Estas dos ventas se inscribieron también en el regis-tro de la propiedad.

Así las cosas, el demandado Bossy obtuvo sentencia a su favor en el pleito sobre cobro de honorarios seguido contra las Mollfulleda y Osorio y, para ejecutarla, se anunció en pública subasta la venta de la finca embargada y entonces los demandantes instituyeron el presente pleito que fué fallado a- su favor por la Corte de Distrito de San Juan, por senten-cia dictada el 3 de febrero de 1910, en la cual se declaró qué el dominio de la finca en cuestión pertenece a los demandantes sin limitación alguna derivada de la- prohibición de enajenar que anotó el demandado sobre ella, dirigida contra los anterio-res dueños. Contra esa sentencia, se interpuso el presente - recurso de apelación.

Establecidos los anteriores hechos, que hemos expuesto basándonos en las alegaciones y en la estipulación presenta-da por escrito al juez de la corte inferior, firmada por los abogados de ambas partes, se concluye sin esfuerzo alguno, que la ley sostiene la sentencia apelada.

Si la finca de que se trata hubiera-pertenecido realmente a las Mollfulleda en el momento o después de verificarse la anotación obtenida por el apelante,' dicha anotación hubiera surtido todos sus efectos legales; pero cuando tal anotación se llevó a efecto, ya la finca no pertenecía a las Mollfulleda, y en su virtud era completamente ineficaz. '

No puede considerarse al apelante como un tercero, ni cabe regular su caso por los principios que rigen la doble venta de bienes inmuebles. El sólo tenía y tiene una acción personal contra las Mollfulleda y no una acción real sobre la finca que fué de ellas. El hecho de la anotación no puede convertir por sí solo la acción personal en acción real.

El haberse inscrito en el registro la finca a favor de las Mollfulleda y haberse anotado acto seguido la demanda en cobro de pesos por honorarios, interpuesta contra ellas por el apelante, no puede destruir, ni afectar siquiera, los derechos de los demandantes y apelados con respecto a dicha finca, derechos que fueron adquiridos en virtud de una compra-venta realizada con anterioridad y hecha constar en docu-mento público, aun cuando dicha compra-venta no estuviera inscrita en el registro al tiempo de verificarse la anotación.

La anotación en este caso se obtuvo de acuerdo con las prescripciones de la ley en vigor sobre efectividad de senten-cias, cuyos preceptos guardan estrecha- relación con los artí-culos 42-y siguientes de la Ley Hipotecaria.

Comentando dichos -artículos y al tratar sobre los efectos de las anotaciones preventivas en general, los comentaristas Galindo y' Escosura en su obra sobre Legislación Hipote-caria, vol. 2, pág. 482, se refieren a la Exposición de Motivos de la ley y luego dicen: “A ellos, por tanto, remitimos al lector, no sin'llamar sn atención ácerca de las S. de 9 de mayo y 23 septiembre 1873, según las que, las anotaciones 'judiciales no pueden calificarse dé “sentencias 'definitivas, porque no de-claran derechos, siendo esencialmente revocables y transito-rias; y la de 17 junio 1875,''en que se resuelve que'las anota-ciones preventivas que se hacen para asegurar las consecuen-cias de un juicio, tienen limitados sus efectos a este solo fin; pero no alteran la índole y naturaleza de la obligación cuyo cumplimiento se quiere' asegnrar, ni de simple la convierten en hipotecaria, ni lastiman los derechos qué sobre la finca puedan tener terceras personas, 'doctrina que se repite en las S. de 5 abril, 1878,10 octubre 1882' f 19 febrero 1886.”

“Por esto es opinión! general, confirmada por la'Sent.' de 10 julio 1889, que quien, en‘ juicio éjecutivo para el' cobro de una deuda nó hipotecaria, logra el embargo de una finca que resulta vendida anteriormente,' aunque el comprador no la hubiese inscrito a su nombre, tiene mejor derecho que él em-bargante cuyo crédito carece del carácter de derecho real que no le da el embargo. ” ’ ■ ' •

Y esta misma Corte Suprema dé Justicia de Puerto Rico, en el caso de Vidal & Ca., et al. v. Banco Territorial y Agrícola, I Castro, 204, estableció la sigtiiente doctrina: “Al acreedor que obtuviere anotación' preventiva de un embargo prac-ticado en bienes inmuebles o créditos hipotecarios del deudor, no se le puede estimar como tercero,-toda vez que los artículos 44 de la Ley Hipotecaria y 1923'del Código Civil le conceden Unicamente el derecho dé preferen'cia respecto a los bienes anotados y sólo en cuanto a créditos posteriores.

“Las anotáciones de' embargo practicadas en bienes in-muebles o créditos hipotecarios del deudor, no pueden per-judicar el derecho de dominio que sobre los mismos bienes o créditos hubiere adquirido un. tercero con anterioridad a dicha anotación.” ■ ' ' ’ ' ■ ' ■ '
■ “Las disposiciones del artículo'71 dé la Ley Hipotecaria se refieren' á enajenaciones o gravámenes realizados o' cóhsti-tuíclos, respectivamente, con posterioridad a la anotación, como se deduce de' un examen comparativa de diclió artículo y del 44 de la misma Ley.” ■

Por las razones expuestas, el recurso debe declararse sin lugar f confirmarse la' sentencia apelada.

Confirmada. •

Jueces concurrentes: Sres. Asociados,-MacLeary y Wolf. Los Jueces, Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey, no tomaron parte en la resolución de este caso.