text:
    José Ruiz de Val, demandante y apelante, v. Lucía Morales Vda. de Riefkohl, demandada y apelada.
    No. 5343.

    Sometido: Marzo 5, 1931.

      Resuelto: Marzo 30, 1932.

      C. Coll y Cuchí, abogado del apelante; E. H. F. Dottin, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito titulado en “cobro de honorarios”, más la primera causa de acción' o la primera narración se basa claramente en un supuesto incumplimieírto de contrato. La segunda causa es en verdad una en cobro de honorarios.

En la primera causa de acción se alega que Lucía Morales, viuda de Riefkohl, utilizó al demandante como abogado suyo, debido principalmente a un conflicto surgido entre la demandada y los herederos de su difunto esposo, Luis Riefkohl. El demandante alegó que la demandada tenía en su poder la suma de cuarenta mil dólares que procedían de su esposo, y la cuestión a resolver por él era si ella tenía derecho a retener dicha suma. La demanda aducía que las partes habían convenido expresamente lo siguiente:

“(1) El desmandante Sr. Ruiz de Yal representaría a la deman-dada Sra. Morales en su carácter de abogado y le prestaría todos los servicios profesionales necesarios a reivindicar para su cliente la dicha suma de cuarenta mil dollars.
“(2) La demandada pagaría al Sr. Ruiz de Val por estos ser-vicios la suma de cinco mil dollars.
“(3) La demandada entregaría al Sr.Ruiz de Val la dicha suma ■ de cinco mil dollars, en el entendido que si su derecho fuere recono-cido sin necesidad de obligar el Sr. Ruiz de Val podría usar de esa suma la parte que creyere conveniente para efectuar una transac-ción; y el resto lo aplicaría al pago de sus honorarios.
‘ ‘ Si por el contrario el litigio fuere necesario, entonces dicha suma se aplicaría a pagar los servicios del demandante.”

El demandante alegó que comenzó inmediatamente el es-tudio del caso y trató de llegar a la transacción antedicha, pero que fué impedido de lograrla porque la demandada lo privó de su representación e impidió que prosiguiera en el cumplimiento del contrato celebrado entre él y la deman-dada. La alegación final era que debido al incumplimiento del contrato, el demandante sufrió daños y perjuicios por la suma de $5,000.

Al momento de radicar esta demanda el demandante te-nía en su poder la suma de $5,000 a que se refieren los parra-fos anteriormente transcritos. De suerte qne es evidente qne no se demandaba con el objeto de recobrar dichos $5,000 sino $5,000 distintos qne él había dejado de' obtener con mo-tivo del snpnesto incumplimiento del contrato. Podemos repetir qne esta cansa de acción es claramente, no por hono-rarios, sino por el snpnesto incumplimiento.

La cuestión en controversia era la suma de $40,000 más o menos qne el Sr. Biefkohl dió a Lucía Morales antes de su matrimonio. El demandante sostenía insistentemente que no podía ser considerada como una “capitulación matrimonial”, pero fnérelo o no se trataba claramente de una donación hecha por Biefkohl a su futura esposa, y no vemos razón alguna por la cual tal donación no era perfectamente válida, siempre que no perjudicara la legítima correspondiente a sus herederos forzosos. Creemos que doquiera prevalezca el derecho común inglés o el derecho romano,' un hombre sui juris puede regalar a su futura esposa o a cualquiera otra persona mientras permanezca soltero, una suma no prohibida por la ley. Por tanto, la transacción en perspectiva era enteramente innecesaria e inútil, y cualquier abogado en ejercicio debió saberlo, y así aconsejarlo a su cliente. Por tal consejo él quizá tenía derecho a honorarios, mas no por la suma de $5,000. Si el pleito fué instituido por los herederos de Biefkohl o si ellos claramente amenazaban con iniciarlo, la suma que debía pagarse al abogado podría ser aumentada. Somos de opinión que la apelada está en lo cierto al sostener que no existió verdadera causa (consideration) para el supuesto contrato. Además, nos inclinamos a convenir con la corte inferior en que el contrato sobre honorarios celebrado para efectuar algo inútil debe examinarse con cautela y no sostenerse, a menos que el abogado claramente pruebe la necesidad de tal convenio.

Sin embargo, la corte examinó la evidencia y resolvió que no había contrato alguno, que la entrega de los $5,000 por Lucía Morales era para efectuar una transacción y no en pago de servicios. Aunque hubo conflicto entre la declara-ción del demandante y las de la demandada y sn hermano, la evidencia justifica esta, conclusión. La corte específica-mente dijo que no tenía motivo alguno para dudar de lo declarado por esos dos testigos.

El demandante entregó a la demandada un recibo en que se consignaba lo expresado en la parte arriba citada. El demandante se fundó principalmente en la entrega de este recibo que contenía la manifestación relativa al pago de honorarios. Esa era una manifestación unilateral. Natu-ralmente, si un demandado acepta un recibo y hace algo de conformidad con los términos del mismo, esa conducta po-dría ayudar a una parte a probar la existencia de un con-trato. Empero, cuando la demandada y sus testigos nie-gan la existencia de tal contrato, el documento en sí carece de valor.

Asimismo, como cuestión de derecho, resolvemos que si se emplea a una persona para celebrar una transacción, su destitución no le da derecho a obtener la cantidad mencionada en el contrato, a menos que el asunto quede definitivamente transigido. La persona despedida puede demandar sobre un quantum meruit, pero raras veces tendría derecho a toda la cantidad aludida en el contrato, especialmente en ausencia de prueba sobre la consumación del compromiso, o de otras materias en que un cliente pueda haber sido ayudado por su abogado. Sin embargo, en parte alguna de su demanda trata el actor de recobrar servicios prestados a este respecto, sino sólo por el incumplimiento del contrato.

La segunda causa de acción es por el cobro de $10,000 en compensación de otros supuestos servicios prestados por el demandante. La corte consideró cuidadosamente la eviden-cia y limitó este resarcimiento a la cantidad de $2,000. La prueba pericial fué contradictoria en cuanto al valor de los servicios, mas no hallamos que la corte cometiera error al fijar la cuantía. Algunos de sus servicios eran claramente no profesionales, es decir, no eran necesariamente los servi-cios de un abogado. Por ejemplo, la conveniencia de arren-dar un predio de terreno en Maunabo o de obtener la venta de 50 quintales de café. Bajo todas las circunstancias la corte tenía derecho a considerar que los servicios valían me-nos que lo que declaró cualquiera de los peritos, o en otras palabras, a determinar lo que consideraba como el valor ra-zonable de tales servicios. No bailamos error en la aprecia-ción de la prueba sobre este particular.

La demandada radicó una contrademanda para recuperar la suma de $5,000 entregádale al demandante. La corte, en su sentencia ordenó que se devolvieran los $5,000 a la demandada. Convenimos con la corte en que como se trataba de un mero depósito y la transacción jamás se llevó a efecto, la demandada tenía derecho a la devolución. El error alegado a este respecto no se discute en el alegato del apelante, a no ser para decir que el error había sido discutido al argumentarse los otros errores. No vemos que la discusión de los otros errores abarque la teoría de la corte.

Quizá si sus servicios hubieran beneficiado a su cliente, el Sr. Ruiz de Yal habría tenido derecho a reclamar com-pensación por su trabajo inicial, pero en un quantum meruit deberíamos poner en duda el valor de los servicios. De todos modos, este pleito no ha sido radicado con ese fin.

Bebe confirmarse la sentencia.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    Augusto Saavedra Riquelme, peticionario, v. Enrique S. Mestre, Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla, demandado.
    No. 274.

    Sometido: Marzo 14, 1932.

      Resuelto: Marzo 30, 1932.

      José Sabater, abogado del peticionario; Martínez Nadal & Martínez .Rivera, abogados de la demandada en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Enrique S. Mestre es el juez en propiedad de la Corte de Distrito de Aguadilla. Por varias razones, incluyendo co-nocimiento e intervención en' los hechos de determinado caso, él se sintió incapacitado para actuar como juez en el procedimiento y en consecuencia dictó una orden inhibién-dose. El caso era el No. 9305, titulado Adolfo Saavedra Solá et ux. v. Augusto Saavedra Riquelme et ux. Entonces el Gobernador de Puerto Pico nombró a Luis Samalea Iglesias, que a la sazón era Juez de Distrito de Arecibo, para que actuara como juez en dicho caso. Poco después el Juez Samalea fue nombrado Juez de Distrito de Bayamón y entonces el Gobernador designó a Rafael Sancho Bonet, que era entonces el Juez de Distrito de Arecibo, como juez para que actuara en dicho caso. Mientras el pleito estaba pendiente los demandados, peticionarios en este recurso, ac-tuaron en alguna forma o comparecieron ante el Juez Sancho Bonet. Después hubo un cambio de abogado de los deman-dados y el Sr. Sabater, quien posteriormente era abogado de ellos, radicó la petición en este recurso de mandamus. Los peticionarios alegaron que el Juez Sancho no tenía de-recho o autoridad para actuar y que el juez en propiedad Enrique S. Mestre debió haber trasladado el caso a la Corte de Distrito de Mayagüez, posiblemente después de oír a las partes de conformidad con el artículo 84 del Código de En-juiciamiento Civil. El Juez Mestre se negó a hacer esto fundándose en la teoría de que el Juez Sancho estaba comple-tamente autorizado para actuar y en que él había perdido su jurisdicción. Cuando el asunto fué presentado al Juez Sancho éste se negó igualmente a considerarse incapacitado para actuar y declaró sin lugar una moción de los peticiona-rios para impedirle que actuara. Entonces estos peticiona-rios presentaron tanto un recurso de mandamus como un auto inhibitorio.

El artículo 84 del Código de Enjuiciamiento Civil provee:

“Si un°pleito o procedimiento se iniciare o estuviere pendiente ante una corte, y el juez de ésta estuviere incapacitado para actuar, o si por cualquier motivo la corte ordenare un cambio en el lugar de la vista, deberá aquél trasladarse a un tribunal convenido por las partes mediante estipulación por escrito o celebrada ante la corte y consignada en su libro de actas; y si no llegasen a ponerse de acuerdo, entonces se trasladará el asunto a la corte más cercana en que no exista el mismo inconveniente o la causa que originó el traslado, veri-ficándose éste a otra corte de distrito. ’ ’

Empero, existe otra ley en vigor en Puerto Rico que au-toriza al Gobernador a designar jueces en ciertos casos. Esta lee así:

“. . . Disponiéndose, que el Gobernador, a propuesta del Attorney General, podrá, si el servicio público lo exigiere, ordenar a cualquier otro Juez de Distrito que ocupe el puesto de cualquiera de los jueces nombrados regularmente y que se hallen temporalmente impedidos ya por enfermedad o por cualquier otra causa; ...” (Leyes de 1904, pág. 94).

Es bastante curioso que ambas leyes fueran aprobadas en 10 de marzo de 1904. Por tanto las cortes están obligadas a tratar de permitir qne subsistan ambas leyes.

La jurisprudencia de California es clara al efecto de que de acuerdo con el artículo 398 del Código de Enjuicia-miento Civil, que corresponde al 84 de nuestro Código, el juez en propiedad está obligado a oír a las partes y finalmente a trasladar el caso. Krumdick v. Crump, 98 Cal. 117; Livermore v. Brundage, 64 Cal. 299.

En el caso de El Pueblo v. Juliá, 25 D.P.R. 284, un juez en propiedad se bailaba ausente en vacaciones y se presentó la objeción de que la ley expecial de marzo 10, 1904, no era aplicable a dicho caso. Esta corte resolvió qne no solamente casos de enfermedad estaban incluidos sino también ausen-cias y casos similares. Leyendo cuidadosamente ambas le-yes somos del criterio que la ley especial de marzo 10, 1904, cubre incapacidades en general así como los casos en que por tal incapacidad un juez no puede actuar en caso alguno, mientras que el artículo 84 específicamente comprende el caso de un juez incapacitado en determinado recurso como el presente. Por tanto, era el deber del Juez Mestre oír a las partes de conformidad con dicho artículo 84.

Hubo alguna discusión respecto a si las partes se habían sometido al Juez Sancho. Tal sumisión de conformidad con los varios' artículos del Código de Enjuiciamiento Civil se hace a la corte en cuestión. No había duda de .que en el presente caso las partes se sometieron originalmente a la Corte de Distrito de Aguadilla, de suerte que esos artículos no son aplicables. Por consiguiente, nos sentimos obligados a resolver que el Juez Mestre debió haber actuado de acuerdo con el artículo 84 del Código de Enjuiciamiento Civil, y en su consecuencia se librará un auto de mandamus ordenán-dole que oiga a las partes de acuerdo con las disposiciones del artículo 84, supra, y que actúe de conformidad.


text:
    Augusto Saavedra Riquelme, promovente, v. Hon. R. Sancho Bonet, Juez de la Corte de Distrito de Arecibo, y Adolfo Saavedra Solá y su esposa Victoria Feliciano, demandados.
    No. 54.

    Sometido: Marzo 14, 1932.

      Resuelto: Marzo 30, 1932.

      José Sabater, abogado del promovente; Martínez Nadal <& Martínez Rivera, abogados de los demandados esposos Saavedra-Feliciano.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Por los motivos consignados en el caso de Augusto Saavedra Riquelme v. Enrique S. Mestre, etc., mandamus, ante, pág. 288, nos sentimos obligados a resolver que el Juez Sancho Bonet no tenía autoridad para actuar y, por tanto, se librará una orden dirigida a él para que se abstenga de actuar en el caso de Adolfo Saavedra Solá et ux. v. Augusto Saavedra Riquelme et ux, núm. 9305, a que se refiere la petición en este caso.


text:
    La Sucesión de José S. Mandés Cintrón, compuesta de su Viuda María Ortiz Muñoz, su hijo legítimo José S. Mandés Ortiz y sus hijos naturales reconocidos José Juan y José Alejandro Mandés, demandante-apelada-apelante, v. La Sucesión de Alfonso G. Agüero Vázquez, compuesta por su Viuda Adelina Capó Núñez y los hijos legítimos María Adelina, Rosa Dolores, Alfonso María, Adelina del Carmen y Alberto Rafael Agüero Capó, demandada-apelante-apelada.
    No. 5090.

    Resuelto: Marzo 30, 1932.

      Tons Soto & Zapater, abogados de la demandante-apelante; R. Rivera Zayas y A. L. López, abogados de la demandada-apelada.

      Nota: Véase el prefacio.

   EN MOCION DE RECONSIDERACION

El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Según reseñamos en nuestra opinión original, se trata de un ataque a un procedimiento ejecutivo por dos funda-mentos, a saber, que uno de los herederos de Mandés no ha-bía sido hecho parte, y que al tiempo de efectuarse la venta en pública subasta la acreedora Passalacqua Hnos. & Cía. no era dueña del crédito hipotecario. Se ha presentado una moción de reconsideración.

Respecto a la cesión, poco tenemos que agregar a nues-tra opinión original, salvo decir que estamos convencidos de que los demandados eran terceros, y los demandantes no nos convencen en forma alguna de que al tiempo de efectuarse la subasta ninguno de los demandados supiera o tuviera co-nocimiento de que Passalacqua Hnos. & Go. no era la dueña; es decir, que aun suponiendo que el procedimiento hipoteca-rio original fuera nulo o anulable, ese defecto no constaba del registro.

Los demandantes insisten en que cuando se ins-tituye un procedimiento de reivindicación para recobrar una finca, todo lo que el demandante necesita hacer es demos-trar que tiene el título o que el causante lo tenía, y que en-tonces el peso de la prueba recae sobre el adquirente en la subasta para demostrar que la venta fué efectuada en de-bida forma. Esto tal vez sería cierto si la subasta misma no hubiera sido inscrita en el registro de la propiedad. Con tal inscripción el peso recae, o permanece, en el demandante para demostrar que la inscripción fué indebidamente hecha o que la subasta estaba sujeta a ser anulada. Lo que ocu-rrió en este caso fué, en realidad, que la sucesión Mandés, que sucedió a éste en sus derechos, se componía de su viuda, de dos hijos naturales y de José S. Mandés Ortiz, que era un hijo legítimo. En los certificados librados por varios re-gistradores de la propiedad se hace la aseveración o las ase-veraciones de que la venta fué efectuada en contra de la su-cesión Mandés, compuesta de su viuda y dos hijos natura-les. No se menciona a José S. Mandés Ortiz como parte de dicha sucesión. Ocurrió durante el juicio que todos los do-cumentos del procedimiento hipotecario se habían perdido y que no había indicios de los mismos. Por tanto, uno no podía realmente saber cómo se tramitó el procedimiento eje-cutivo original, o si José S. Mandés Ortiz fné en verdad he-cho parte en el mismo. Non constat que a él se le hiciera tal parte, en caso de qne fuera necesario, y puede ser sin embargo que la transcripción en el registro no fuera una transcripción fiel de lo que en realidad sucedió en el proce-dimiento.

Repetimos lo que dijimos en nuestra opinión original que el procedimiento hipotecario no es uno contencioso en el sentido ordinario, de suerte que en realidad no hay partes, sino que lo que hay es un requerimiento a los deudores o a la persona a cargo de la propiedad, según sea el caso. Además, como no tenemos ante nos el procedimiento ejecutivo, a diferencia del caso de Arvelo v. Banco Territorial y Agrícola, 25 D.P.R. 728, no podemos decir que el requerimiento no fuera hecho a la persona a cargo de la propiedad. Todo lo que la inscripción originalmente demostraba era la aseve-ración de que la ejecución de la hipoteca se había llevado a cabo contra la sucesión de José S. Mandés, compuesta de su viuda y de dos hijos naturales. Aparentemente, ésta era una descripción perfecta. No obstante, el registrador de la propiedad inscribió la escritura con el defecto subsanable de que la finca jamás había sido inscrita a nombre de dicha sucesión. Esta resolución del registrador fue apelada y revocada por esta corte en el caso de Passalacqua Hnos. v. Registrador, 6 D.P.R. 86, (1a. ed.); p. 42, (2a. ed.)

Lo que aparecía en el registro era solamente una reía-' ción hecha por el registrador de las personas que componían la sucesión, mas no que los procedimientos no fueron debi-damente iniciados y seguidos. Cualquier persona que adqui-riera en la subasta no podía saber por el registro de ningún defecto en la inscripción, y una vez más los demandados eran, hasta que se siguiera el debido procedimiento, terce-ros en lo que concernía a cualquier defecto en el procedi-miento ejecutivo. Esto desde luego no milita contra nues-tra resolución en el caso de Anaud v. Martínez, 40 D.P.R. 669, de que la mera inscripción por sí sola no hace que el título de las personas que adquieren la propiedad sea bueno, sino que, ello no obstante, incumbe a la persona que ataca la inscripción demostrar que el procedimiento ejecutivo fue en verdad nulo e írrito.

Lo que el caso de Anaud, y su confirmación, deciden es que la Ley Hipotecaria reserva al deudor el derecho a anular el procedimiento ejecutivo hipotecario. Sin tal anulación los terceros están protegidos a virtud de los artículos 33 y 34 de la Ley Hipotecaria. Una venta en ejecución de hipoteca debidamente inscrita es válida hasta que sea anulada. El artículo 34 protege a terceros con la excepción contenida en la Ley Hipotecaria misma, incluyendo el artículo 175 del Beglamento.

Tampoco importa que los demandantes en su demanda alegaran que no se hizo parte demandada en el procedi-miento ejecutivo a José S. Mandés Ortiz, ya que conforme hemos indicado y según han insistido los demandados, en un procedimiento ejecutivo no hay partes en puridad de verdad. El resultado no es res adjibdicata, según demues-tra el caso de Anaud. La jurisdicción y una venta válida pueden surgir sin que se notifique el requerimiento a de-terminado heredero. Por tanto, el demandado no quedaba obligado por haber dejado de negar la alegación contenida en la demanda. La alegación de que no se hizo parte a José Mandés Ortiz no excluía la posibilidad de que se hiciera el ■debido requerimiento. También deseamos llamar la aten-ción hacia el hecho de que el registro no demostraba autén-ticamente quiénes eran los herederos de José S. Mandés Cin-tron, causante de los demandantes en este caso.

Estas consideraciones son aplicables a un pleito de reivindicación como el presente. Sin embargo, podemos decir de paso que nos parece que el artículo 175 del Beglamento tiene por mira un pleito para anular el procedimiento ejecutivo. La fraseología del artículo 175 es como sigue:

“Todas las demás reclamaciones que puedan formular, así el deudor como los terceros poseedores y los demás interesados, incluso las que versaren sobre nulidad del título o de las actuaciones, o sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio plenario que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo.”

Con las palabras “incluso las que versaren sobre nuli-dad del título o de las actuaciones”, el legislador aparen-temente tuvo en mente un pleito sobre nulidad de procedi-miento ejecutivo y no una acción reivindicatoria.

Los demandantes, que han logrado recobrar dos parce-las de terreno, nos pidieron bace algún tiempo que remitié-semos el mandato a la corte de distrito, pero bemos creído más prudente resolver el caso en su totalidad, aunque los demandados no bayan apelado o presentado una moción de reconsideración.

Debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.


author: El Juez Asociado Señob Aldeey,

text:
    María Alicea Vda. de Jesús, demandante, v. Bautista Nieves y Rafael Solla, demandados; Rafael Villamil, tercerista y apelante.
    No. 5708.

    Sometido: Marzo 9, 1932.

      Resuelto: Marzo 31, 1932.

      Largó & Acevedo, abogados del apelante; R. Muñoz Ramos, abogado de la demandante, demandada en tercería.
   El Juez Asociado Señob Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

María Alicea viuda de Jesús estableció pleito en la Corte de Distrito de San Juan contra dos personas en cobro de dinero y embargó bienes de una de ellas para aseguramiento de la sentencia. Rafael Villamil reclamó esos bienes como suyos y formuló su demanda de tercería contra María Ali-cea y contra sus dos demandados. Los últimos no compa-recieron y fué anotada su rebeldía, pero María Alicea com-pareció y adujo excepciones previas contra la demanda de tercería, las que fueron declaradas sin lugar el 6 de octu-bre de 1930 concediéndosele diez días para que contestase la demanda. No presentó María Alicea su contestación y a instancia del tercerista fué registrada también la rebeldía de ella, habiéndose dictado después por la corte sentencia declarando con lugar la demanda de tercería contra los tres demandados. Siete días después la demandada Alicea so-licitó de la corte que dejara sin efecto la anotación de su rebeldía y también la sentencia en cuanto a ella fundándose en el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil y en que no pudo contestar la demanda porque no le fué notifi-cada la resolución que desestimó sus excepciones previas y le concedió un término de diez días para contestar. Se opuso el tercerista a esa petición alegando que en los autos consta dicha notificación y la corte negó lo solicitado fundándose en que la demandada Alicea fué notificada de la sentencia que declaró con lugar la tercería. Dos meses después esa demandada solicitó de la corte que reconsiderara su anterior resolución, y fundándose la corte en que la resolución desestimando las excepciones previas tenía como título el del pleito principal y no el de la tercería y en que se refería a las excepciones de los demandados y no de esa deman-dada, dejó sin efecto la rebeldía de María Alicea y también la sentencia en cuanto a ella. Contra esa resolución inter-puso el tercerista Villamil este recurso de apelación. Tene-mos que consignar aquí que al pie de la resolución de las ex-eepciones previas existe la siguiente nota que copiamos li-teralmente: “Notificado con copia hoy 7 de octubre de 1930. P. N. Colberg, Secretario.” No bay otra diligencia de no-tificación de esa resolución en los autos que tenemos ante nosotros.

No se halla en los autos la constancia del aviso de notificación de la resolución que desestimó las excepciones y concedió término para contestar a la parte que las propuso, como debió hacerse de acuerdo con el artículo 142 a de la Ley No. 33 de 1915; ni la nota puesta por el secretario de haberla notificado, sin decir a quién, es el aviso requerido por la ley, por lo que al llamar la apelada la atención sobre esa falta a la corte ésta debió haber dejado sin efecto la ano-tación de rebeldía y la sentencia dictada en cuanto a esa parte, lo que no hizo por estimar equivocadamente que ha-biendo sido notificada de la sentencia no era procedente la solicitud. En vista de lo expuesto no cometió error la corte al reconsiderar. después su resolución y conceder lo que era procedente y había negado, pues sin la notificación reque-rida por la ley no empezaban a contarse los diez días que se concedieron a la demandada para contestar. El hecho de que la reconsideración fuese solicitada y concedida después de ser firme la sentencia no era obstáculo a ella, como dice el apelante, pues lo que hizo la corte fué dictar la resolución que debió haber dictado antes; ni tampoco lo es que la ape-lada no tuviese el derecho de alegar excepciones previas en el procedimiento de tercería, como alega la apelante, pues aunque así sea es lo cierto que el tercerista no se opuso a la alegación de tales excepciones. Las citas que hace el apelante de los casos de Pérez v. Sucesión Collado, 19 D.P.R. 422; de Figueroa et al. v. Sepúlveda, 24 D.P.R. 690, y de Casillas v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 734, no tienen relación con el caso presente.

La resolución apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Francisco Gastón, demandante y apelante, v. Herederos de Francisco María Franceschi, demandados y apelados.
    No. 5626.

    Sometido: Febrero 5, 1932.

      Resuelto: Marzo 31, 1932.

      Tons Soto & Zapater j L. Tormes García, abogados de los herederos del apelante Gastón; López de Tord <& Zayas Bizarro, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión- del tribunal.

Este pleito se inició por demanda presentada en la Corte de Distrito de Ponce el 15 de octubre de 1928. Los deman-dados la excepcionaron y la contestaron negando que el de-mandante fuera hijo natural reconocido de su causante y alegando expresamente la falsedad del documento en que dice el demandante que fué reconocido.

Sin que las cuestiones previas suscitadas por los deman-dados se hubieran resuelto aún, el demandante archivó una demanda enmendada. Se opusieron a su admisión los de-mandados y la corte resolvió la cuestión en favor del' de-mandante. Excepcionaron entonces los demandados la de-manda enmendada y sus excepciones fueron declaradas con lugar. Pidió el demandante que se registrara sentencia. Accedió la corte, registrándose la sentencia el 12 de enero de 1931. Y es contra ella que se lia interpuesto el presente recurso de apelación.

Pendiente el recurso, el 2 de diciembre de 1931 falleció el demandante y apelante Francisco Gastón, y la parte ape-lada presentó a esta Corte Suprema una moción sobre ca-ducidad de la instancia, sobre la cual se oyó a ambas par-tes el mismo día que se vió el recurso en su fondo, esto es, el 20 de enero de 1932. Los herederos del demandante com-parecieron oponiéndose a la caducidad y pidiendo que se les sustituyera en el pleito en lugar de su causante.

Sostienen los demandados y apelados que ejercitándose como se ejercita la acción de filiación que es de naturaleza personalísima, desapareció con la muerte del demandante, no pudiendo continuar tramitándose el litigio a nombre de sus herederos. En apoyo de su contención citan el artículo 69 del Código de Enjuiciamiento Civil, el 608 del Código Civil, algunas decisiones judiciales y varios comentaristas.

El artículo 69 invocado establece la regia general de que una acción o procedimiento no termina por la muerte o in-capacidad de una de las partes, siempre que la causa sub-sista o continúe.

El artículo 608 del Código Civil de Puerto Rico (1930) dispone que la herencia comprende todos los bienes, dere-chos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte.

Las citas de jurisprudencia y de autores, son en igual sentido.

Todo es pertinente, pero nada de lo invocado resuelve de modo concreto la cuestión suscitada.

Refiriéndose a los hijos legítimos prescribía el artículo 118 del antiguo Código Civil:

“Art. 118. La acción que para reclamar su legitimidad compete al hijo dura toda la vida de éste, y se transmitirá a sus herederos si falleciere en la menor edad o en estado de demencia. En estos casos tendrán los herederos cinco años de término para entablar la acción.
“La acción ya entablada por el hijo se transmite por su muerte a los herederos, si antes no hubiese caducado la instancia.”

'En 1902 el Legislador Puertorriqueño sustituyó el ar-tículo 118 por el 199 del Código Civil Revisado que dice:

“Art. 199. — La acción para reclamar su filiación dura hasta dos años después de ser el hijo mayor de edad, y se trasmitirá a sus he-rederos si falleciere en la menor edad o en estado de demencia. En estos casos tendrán los herederos cinco años de término para enta-blar la acción.”

En 1911 el propio Legislador, por la sección 4 de la Ley No. 73, derogó expresamente el artículo 199 transcrito del Código Civil Revisado.

No existe hoy, pues, vigente en Puerto Rico, precepto alguno legal que regule de modo expreso la materia.

Siendo ello así, debemos acudir a la equidad que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y cos-tumbres aceptados y establecidos. Artículo 7 del Código Civil de Puerto Rico.

Comentando el artículo 137 del antiguo Código Civil que ha vuelto a ser ley en Puerto Rico desde 1911 — artículo 126 del Código Civil de Puerto Rico (1930) — la Enciclopedia Ju-rídica Española expresa:

“No dice concretamente quién puede entablar esta acción, si bien el núm. Io. parece atribuirla al hijo, cual si fuera el único intere-sado en conseguir una filiación determinada.
“Pero después de la muerte del mismo, ¿se extingue la acción, o, por el contrario, pasa a sus herederos o sucesores? Hay varias opiniones: unos creen que las palabras de la ley, envuelven la afir-mativa a la primera cuestión, mientras otros entienden lo contrario, porque consideran a los herederos y sucesores como interesados, al menos pecuniariamente, en el ejercicio de esta acción, es decir, que del propio modo que éstos pueden impugnar el reconocimiento, han de poder hacerlo de su obtención, claro que si se interpone sin trans-currir el término mencionado.
“Sin embargo, la tendencia de la jurisprudencia extranjera con-siste en declarar que la investigación expresada no es posible más que en interés del hijo, y constituye un derecho exclusivo inherente a su persona, y que, en su consecuencia, después de la muerte de aquél, tal derecho no es transmisible a sus descendentes ni a los demás he-rederos, y claro que menos a los acreedores.
“lY si el fallecimiento del hijo sobreviene después de haber en-tablado la acción? Parece que, trabada la litis, pueden continuar aquéllos él pleito, si les conviene, o desistir con arreglo a derecho cuando se les notifique su existencia.”

No hay duda alguna de que la acción de filiación es personal y de que existe la máxima Actio personalis moritur cum persona. Pero ya en el caso de Porto Rico Ry. Lt. & P. Co. v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 340 tuvimos ocasión de citar abundante jurisprudencia con respecto a que esa máxima está completamente descartada en el presente y nin-gún juez ni comentarista la fia defendido durante los últi-mos doscientos años, estableciendo la siguiente jurisprudencia:

“El derecho a reclamar daños y perjuicios por lesiones sufridas por una persona a virtud de la culpa o negligencia de otra, ya ejer-citado en corte y trabada la contienda, no es uno personalísimo que muera con el reclamante, pudiendo sus herederos como continuado-res de su personalidad seguir ejercitándolo.”

Y ésa es la regla que debe prevalecer en este caso. El hijo tenía la acción y la ejercitó. A virtud de ella, si triun-faba, adquiriría un status — condición de hijo natural reco-nocido con derecho a llevar el apellido del que lo reconoce y a percibir la porción hereditaria que determina la ley — ar-tículo 127 del Código Civil de Puerto Rico — que era trasmi-sible a sus herederos. Siendo ello así, tienen éstos derecho a continuar la acción dentro de la regla general contenida en el artículo 69 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Claro es que todo cuanto hemos dicho para que pueda tener realidad práctica depende en este caso concreto de la cuestión de prescripción, a cuyo estudio y decisión procede-remos en seguida.

Alegó el demandante en su demanda enmendada, en resumen, que don Francisco María Francesehi falleció en Ponce, P. R., el 30 de septiembre de 1927, bajo testamento abierto, siendo viudo y sin dejar descendientes legítimos, ni ascendientes; que instituyó como sus únicos y universales herederos a varios parientes colaterales que se nombran, quienes tomaron posesión de la herencia y perciben sus frutos desde el fallecimiento del testador; que en el referido testamento no fué preterido como heredero el demandante, si bien se le dejó solamente el legado de varias casas y solares que se describen y de cierta cantidad de dinero;

“7. — Que don Francisco María Francesehi' reconoció expresa-mente como ■ su hijo natural al demandante, en documento indubi-tado y auténtico, que según nuestra mejor información y creencia, es del tenor siguiente:
“ ‘ Acta. En la ciudad de Ponce, a los once días del mes de marzo de mil ochocientos noventa. Yo, Francisco María Francesehi pol-la presente hago constar solemnemente que durante mi vida de sol-tero sostuve relaciones amorosas y viví con Constanza Gastón, de color negro, habiendo procreado y tenido con ella y como fruto de su unión un hijo llamado Francisco y que el Pueblo le llama Gastón.
“ ‘Declaro por este documento que Francisco Gastón es mi hijo y lo reconozco como tal como así se le prometí a Constanza a la hora de su muerte.
“ ‘Ante Dios, ante mi conciencia y ante el público no puedo negar este hecho, por lo que todo el mundo sabe que es mi hijo y en ese concepto lo tengo.
“ ‘Iíago este reconocimiento de buena fe, aconsejado por mi con-ciencia y mi amigo Antonio Luchetti; pero como mi esposa Margarita se opone tenazmente porque puede perjudicar- a los hijos que pudiera tener en ella, no puedo hacer .este reconocimiento en escri-tura pública.
“ ‘Sin embargo, si no tuviere hijos en mi esposa, le ruego al que encontrare este documento después de mi muerte, lo presente a un notario o al Juez de Primera Instancia de Ponce, o al mismo hijo mío Francisco Gastón, para lo qu.e pudiera servirle.
“ ‘Digo también que lo único que me impide reconocer ante No-tario a mi hijo Francisco es la oposición de mi esposa; pero lo hago por medio de esta acta que deseo tenga la misma fuerza que si fuera por documento público. Firmado y rúbrica. F. M. Franceschi, Testigo.’ ”
“9. — Que el demandante ha tenido conocimiento de la existencia de dicho documento por el rumor público, seis meses después del fa-llecimiento de su señor padre, don Francisco Miaría Franceschi, y sólo hace quince días ha obtenido copia del mismo, que considera fiel y exacta, según nuestra mejor información y creencia y que a la fecha de la interposición de la demanda original no habían trans-currido seis meses todavía de tener noticias el demandante del refe-rido documento.”
“10. — Que el demandante es fruto de la unión camal en concu-binato de su señora madre doña Constanza Gastón y don Francisco María Franceschi, habiendo nacido el demandante en Ponee, Puerto Rico, el día 4 de octubre de 1868, mientras existía dicha unión y que así en dicha fecha, como en la de la concepción del demandante, sus padres eran solteros y no existía entre ellos ningún otro impedi-mento legal para casarse.”
“11. — Que el demandante fué reconocido privada y públicamente por su padre natural, don Francisco María Franceschi, como tal hijo desde su nacimiento y que desde antes del año 1899, tenía el de-mandante el status de hijo natural reconocido de don Francisco Ma-ría Franceschi y se hallaba en la posesión constante del estado de tal hijo natural, habiéndole siempre su padre tratado y llamado hijo, alimentado y asistido en todas sus necesidades.”
“12. — Que independientemente del reconocimiento expuesto en la alegación séptima, eí demandante fué reconocido en vida de su padre, don Francisco María Franceschi, en documento público y notarial, según información y creencia del demandante, quien no ha po-dido encontrar todavía dicho documento.”

A esa demanda se adujeron las siguientes excepciones:

“PRIMERO: — Que la demanda interpuesta en este caso no expone hechos suficientes para determinar una causa de acción.
‘Segundo : — Los demandados interponen contra la demanda en-mendada en este caso la excepción previa de falta de causa de ac-ción, basada en la prescripción de la acción de filiación
“Fundamento: Porque cualquier acción que hubiera podido tener el demandante en este caso ha prescrito por haber transcurrido desde la fecha en que pudo ejercitar dicha acción hasta la fecha de la radicación de la demanda, más del tiempo que la ley señala para establecer dicha acción. Según la demanda dicho demandante nació en 4 de octubre de 1868, y la demanda original en este caso se radicó el día 15 de octubre de 1928. De acuerdo con los artículos 198 y 199 y 1840 del Código Civil Revisado que empezó a regir el día primero de julio de 1902, y el artículo 194 del mismo Código tal como quedó enmendado por la Ley de 9 de marzo de 1911, y sus concordantes del Código Civil antiguo (Español) en sus artícu-los 137 y 1939, que empezó a regir el día 31 de julio de 1899, en consonancia con la regla cuarta de las disposiciones transitorias para la aplicación de ambos Códigos, del antiguo (Español) y del Re-visado, cualquier acción que hubiera podido tener el demandante Francisco Gastón en este caso ha prescrito y tal prescripción apa-rece de la faz de la demanda según claramente lo tiene resuelto la Corte Suprema de Puerto Rico en varios casos y especialmente en el típico exactamente igual al presente de Figueroa vs. Díaz et al., 20 D.P.R. página 284, 31 D.P.R. página 728.”

La corte, como ya dijimos, declaró las excepciones con lugar, registrándose luego una sentencia, a petición del pro-pio demandante, desestimando la demanda.

Se ha disentido largamente por las partes sobre el he-cho de si se trata o no del ejercicio de una acción de filia-ción. A nuestro juicio por muy hábil que sea la presenta-ción de su caso por la parte demandante, no le es posible de-jar de reconocer que se trata de una acción de filiación ten-dente a establecer en forma auténtica y fehaciente el reco-nocimiento de un: hijo natural no hecho de tal modo.

La alegación de haber sido reconocido el demandante en documento público, esto es, en forma auténtica y fehaciente, que dejamos transcrita en los mismos términos en que consta en la demanda, está hecha en forma tan vaga, que no es po-sible reconocerle fuerza por sí sola para variar por completo la naturaleza del litigio. Claro está que si la parte intere-sada encuentra el documento a que se refiere, podrá hacer valer sus derechos inmediatamente sin dificultad.

Dentro del campo de la acción de filiación indicada (re-conocimiento de hijo natural) la parte apelante ha argumen-tado admirablemente en contra de la jurisprudencia de esta Corte Suprema relativa a la prescripción de esa clase de ac-ciones, establecida desde hace muchos años en una larga se-rie de casos, algunos de los cuales fueron confirmados por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Córdova (Rijos) v. Folgueras, 227 U. S. 375; Calaf v. Calaf, 232 U. S. 371.

Esa jurisprudencia se estableció a virtud de una cuida-dosa consideración no sólo de la ley y de la jurisprudencia aplicables, sino de las mismas condiciones del país después del cambio de la soberanía española a la americana, y no ve-mos razón alguna de peso para variarla en los actuales mo-mentos. (Gual v. Bonafoux, 15 D.P.R. 559; Puente v. Amsterdam, 16 D.P.R. 554; Escobar v. Escobar, 16 D.P.R. 590 ; Rijos v. Folgueras, 16 D.P.R. 624; Calaf v. Calaf, 17 D.P.R. 198; Jesús v. Sucn. Pérez Villamil, 18 D.P.R. 403; Questel v. Conde, 18 D.P.R. 752; Roble V. Sucn. Pérez, 18 D.P.R. 929; Osorio v. Sucn. Pérez, 18 D.P.R. 932; Santiago v. Sucn. Mata, 19 D.P.R. 169; Rosado v. Sucn. Mata, 19 D.P.R. 307; Castro v. Solis, 19 D.P.R. 677; Jesús v. Sucn. Pérez Villamil, 19 D.P.R. 893; Figueroa v. Díaz, 20 D.P.R. 284; Orta v. Arzuaga, 23 D.P.R. 260; Castro v. Solís, 23 D.P.R. 516; López v. López, 23 D.P.R. 824; Ramírez v. Ramírez, 30 D.P.R. 617; Ciuró v. Ciuró, 31 D.P.R. 728; Vázquez v. Rucabado, 33 D.P.R. 439; Guadalupe v. González, 34 D.P.R. 669; Resto v. Silva, 38 D.P.R. 332.) Este caso no puede distinguirse en verdad del de Ciuró v. Ciuró el al., 31 D.P.R. 728.

Quizá sea conveniente agregar que aun cuando fuera aplicable la Ley No. 73 de 1911, esto es, el artículo 126 del Código Civil de Puerto Rico (1930), dado el tiempo trans-currido a partir del hallazgo del documento, sería por lo menos muy dudoso que el demandante hubiera podido aco-gerse a sus prescripciones.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con que se declare sin lugar la caducidad pero no con que se declare sin lugar el recurso. A su juicio la sentencia debe ser revocada.


text:
    Francisco Gastón, demandante y apelante, v. Herederos de Francisco María Franceschi, demandados y apelados.
    No. 4944.

    Sometido: Diciembre 16, 1930.

      Resuelto: Marzo 31, 1932.

      Tons Soto <& Zapater, abogados del apelante; López de Tord & Zayas Bizarro, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Gastón inició en la Corte de Distrito de Ponce un pleito contra los herederos de Francisco María Frances-chi en solicitud de que se le declarara hijo natural recono-cido y en su consecuencia heredero del finado. Los deman-dados a su vez contrademandaron al demandante solicitando la devolución del legado héchole en ,sn testamento por Francisco María Franceschi y para asegurar la sentencia que pudiera dictarse en tal sentido, pidieron y obtuvieron el embargo de bienes del demandante. Este hizo gestiones para que se dejara sin efecto el embargo y la corte no accedió, dictando dos resoluciones contra las cuales interpuso el pre-sente recurso de apelación. Las resoluciones apeladas, en lo pertinente, dicen:

“La Corte declara sin lugar la moción para disolver el embargo presentada por el demandante-contrademandado Francisco Gastón, ...”
y asimismo declara sin lugar la moción sobre levantamiento de embargo de hipoteca para garantizar vales hipotecarios y anota-ción en el registro, presentada por el demandante ...”

Dos errores señala el apelante en su alegato, el primero cometido, a su juicio, por la corte al no declarar disuelto el embargo en general de bienes del demandante y el segundo al no acceder al levantamiento del embargo de la hipoteca para garantizar vales al portador.

Examinemos el primero. No hay duda alguna de que si claramente la contrademanda no aduce hechos suficientes para .determinar una causa de acción, caería por su base cualquier medida adoptada para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse a virtud de la misma.

La contrademanda presentada en este caso se funda en que al establecer el demandante su demanda violó la cláu-sula séptima del testamento de su alegado padre, que dice:

“Séptimo: — Quiere el testador que todas las personas y entida-des beneficiadas por este testamento gocen de lo que por su voluntad les deja en paz y gracia de Dios, y sólo les pide que rueguen al cielo por su alma y la de su esposa Margarita. Pero si alguna de ellas protestare de ésta mi fdtima voluntad pretendiendo haber sido preterida o injustamente tratada, es su firme voluntad que pierda lo que aquí le deja y pase a sus sobrinos Juan y José María Francesehi. ’ ’

El demandante acepta que don Francisco María Frances-chi le dejó un legado en su testamento, pero sostiene que él no impugna dicho testamento, limitándose a ejercer un de-recho cuya renuncia por ser contraria a la ley, sería nula. Su demanda contiene las siguientes alegaciones:

“Que en el referido testamento no fué preterido como heredero, el demandante, si bien se le dejó solamente el legado siguiente: ‘Las casas y sus solares de las calles Mayor esquina a Comercio y Cristina esquina a Salud en Ponce, y la cantidad de diez mil dollars, los lega a Francisco Gastón,’ ... 6: Que el demandante, ni alega pre-terición, ni protesta del expresado testamento o impugna su justicia, limitándose a ejercitar el derecho que cree le asiste a reclamar su filiación respetando la voluntad paterna hasta donde sea compatible con este derecho.”

Y termina con la siguiente súplica:

. . suplicamos a la Honorable Corte, que declare al deman-dante hijo natural reconocido de don Francisco María Franeesehi y heredero del mismo en la porción legal correspondiente; que no existiendo preterición del demandante, se declare eficaz el testamento de don Francisco María Franeesehi en tanto no afecte la legítima del heredero forzoso que demanda, o sea, en cuanto a los dos tercios de toda la herencia a que asciende su legítima ...”

Creemos que asiste la razón al apelante. Sin necesidad de entrar a resolver si en un caso apropiado la actuación de un legatario al recurrir a la vía judicial constituiría o no una violación de una cláusula como la séptima del testamento de que aquí se trata, bastará decir que dicha cláusula debe entenderse por no puesta en cuanto al demandante porque privar a una persona de alegar su condición de hijo de otra o transar con ella en el sentido de dejarle determinada suma de dinero con tal que no haga valer su dicha condición, se-ría contrario a la ley. El artículo 4 del Código Civil prescribe :

“Son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordene su validez. Los derechos concedidos por las leyes son renunciables, a no ser esta renuncia contra la ley, el interés o el orden público, o en perjuicio de tercero.”

Y el 1715 del propio cuerpo legal ordena:

“No se puede transigir sobre el estado civil de las personas, ni sobre las cuestiones matrimoniales, ni sobre alimentos futuros.”

En la Enciclopedia Jurídica Española, vol. 17, p. 821, co-mentando el artículo 137 del antiguo Código Civil y citando la sentencia del Tribunal Supremo de España de 25 de ju-nio de 1909, que se encuentra en 115 J. C. 488, se dice:

“Ha de consignarse, por último, que el ejercicio de estas accio-nes no es renunciable, porque evidentemente .afecta al estado civil de las personas, y ese derecho familiar está comprendido entre los que se refieren al orden público, que exceptúa de la renuncia el pá-rrafo 2°. del art. 4o. del Código.”

Siendo suficiente lo expuesto para concluir que no hubo base para decretar el embargo, no es necesario considerar los otros motivos alegados por el demandante para solicitar su anulación. Tampoco se hace indispensable el estudio de la interesante cuestión de derecho que suscita el segundo error.

Parece oportuno consignar además que en el día de hoy se ha resuelto el recurso de apelación establecido posterior-mente por el demandante contra la sentencia que declaró su demanda sin lugar, No. 5626, Herederos de Francisco Gastón v. Herederos de Francisco María Franceschi, ante p. 300.

Debe declararse con lugar el recurso y revocarse en su consecuencia las resoluciones apeladas, anulándose los em-bargos practicados para asegurar la sentencia que pudiera dictarse a virtud de la contrademanda en el pleito.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el re-sultado.


text:
    Rafael Carrión Pacheco, demandante y apelante, v. Charles E. Lawton, George H. Joy, Arturo L. Carrión y Vicente Rodríguez Rivera, demandados y apelados.
    No. 5930.

    Sometido: Febrero 24, 1932.

      Resuelto: Abril 8, 1932.

      J. Henri ,Brown, C. Burn Nazario y G. González, abogados del ape-lante; F. Soto Gras y B. Díaz Collazo, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicitó la reconsideración de la resolu-ción de esta corte de enero 28 último por virtud de la cual se negó la desestimación del recurso, acompañando un me-morándum de razonamientos y autoridades. Sostiene que esta corte dejó de considerar en su opinión algunas de las cuestiones fundamentales que levantara e insiste en que tiene razón en ellas.

Se señaló el 24 de febrero para oír a las partes sobre la moción. Ambas comparecieron por sus abogados y argu-mentaron su caso, archivando la apelante además un memo-rándum escrito que abarca todos los puntos tratados en su informe oral.

Con respecto a; la deficiencia que advierte la apelada en la opinión de esta corte, nos referiremos al caso de Martorell v. Crédito y Ahorro Ponceño, 43 D.P.R, 90, en que se dijo:

‘‘El que cuestiones discutidas en un alegato no lo sean en la opi-nión del Tribunal, no implica necesariamente que éste dejara de tra-tarlas; la presunción es que lo fueron.”

Hemos vuelto a estudiar cuidadosamente los autos y quizá lo mejor que podríamos hacer sería declarar simplemente no haber lugar a la reconsideración. Sin embargo, ampliaremos en algo la opinión de enero 28, 1932, 43 D.P.R. 53.

No sólo quedaron corregidas ampliamente las deficiencias que pudieran encontrarse en el juramento de la notificación de la apelación por correo, a virtud de la declaración jurada de Cándido Morales, si que también por la propia oposición del apelante a la moción de reconsideración, que fué jurada por uno de sus abogados, el Lie. Clemente Ruiz Nazario, de tal suerte que a la fecha de la vista de la moción pudo afir-marse que la notificación por correo del escrito de apelación se hizo cumpliéndose con todos los requisitos exigidos por la ley.

No hay duda alguna de que la mejor práctica hubiera sido la de archivar en la corte sentenciadora la prueba demos-trativa de que se dió cumplimiento estricto a todo lo exi-gido por la ley para poder hacer la notificación por correo, inmediatamente después de advertidos los defectos, y pre-sentar en esta corte, previo permiso, copia certificada de la misma, tal como se expresa en forma convincente por la Corte Suprema de California en Moore v. Besse, 35 Cal. 183; pero el principio de que la corrección es factible queda en pie, y en cuanto a poderse hacer ante esta propia Corte Su-prema cuando la cuestión se suscita ante ella, existe en esta jurisdicción el precedente sentado por los casos de Tettamauzi et al. v. Zeno, 24 D.P.R. 53-61 y A. Alvarez y Hermanos v. Alamo, 36 D.P.R. 54-56. El permiso de esta corte' quedó implícitamente concedido al considerar y tomar por base de su resolución la oposición jurada y los documentos acompañados a la misma.

Al citar con aprobación en la' opinión de enero 28, 1932, sufra, lo dicho, sin que fuera necesario, por la propia corte en el caso de American Colonial Bank v. Ramos, 33 D.P.R. 890-894 por considerarlo de interés para la práctica, quedó aceptado y convertido en regla en este caso en que la cuestión fué suscitada. La regla no implica la extensión de un término jurisdiccional. La notificación de apelación tiene que archivarse — y aquí se archivó — con el secretario de la corte sentenciadora dentro del término de ley. Se trata de la igual notificación que debe hacerse a la parte contraria.' La regla procede de la misma ley y es tan equi-tativa que concede a la dicha parte contraria el tiempo ne-cesario para compensar la dilación con que la notificación llegue a sus manos.

Además, las circunstancias que en el caso concurren mi-litan fuertemente en pro del ejercicio de toda la discreción de que pueda la corte estar investida, en pro de la no de-sestimación. Las partes verdaderamente interesadas en la contienda están ante la corte. El debate es claramente en-tre Carrión demandante y apelante y Lawton demandado y apelado, y sobre la notificación de la apelación a Lawton no se levanta cuestión alguna. La parte apelante sostiene que no siendo partes contrarias Joy, Arturo L. Carrión y Bodríguez Bivera, ni siquiera estaba obligada a notificarlas, y quizá tenga razón. Decimos solamente quizá, porque una conclusión definitiva nos obligaría a estudiar el caso en su fondo y no lo consideramos necesario por ahora.

Debe declararse no haber lugar a la reconsideración so-licitada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Augusto Dieppa, acusado y apelante.
    No. 4622.

    Sometido: Marzo 15, 1932.

      Resuelto: Abril 8, 1932.

      B. Guerra-M'ondragón, abogado del apelante; E. Díaz Viera, Fiscal Auxilia)-, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se imputó a Augusto Dieppa el hecho de haber portado sobre su persona un revólver, voluntaria, ilegal y malicio-samente y para fines de ofensa y defensa, el 7 de mayo de 1931 y en el. pueblo de Juncos. La causa se vió primero en la Corte Municipal de San Lorenzo y luego en la Corte de Distrito de Humacao. De la sentencia condenatoria de la última corte apeló Dieppa para ante este Tribunal Supremo habiendo presentado por medio de su abogado un amplio alegato en apoyo del recurso.

No hay duda alguna de que la denuncia es suficiente. No la ataca el acusado. Examinemos la prueba.

Consistió la del Pueblo en las declaraciones de varios testigos y en la presentación del revólver ocupado al acu-sado por uno de ellos en la fecha y en el sitio especificado en la denuncia. Declaró el primer testigo, Isabelo Zayas, que había tenido un disgusto con el acusado y en la noche de autos lo vió cruzar por la plaza y le dirigió algunas pa-labras agresivas, que el acusado penetró en un callejón y el declarante siguió hablando con otras personas, cuando casi en seguida sintió por detrás unos disparos. El segundo testigo, el policía Santiago, sintió unas detonaciones, se dirigió al sitio y encontró al acusado con un revólver, que le ocupó. Las otras declaraciones son similares.

La prueba de descargo consistió en los testimonios de Virgilio Rodríguez, Gil Figueroa, Santiago Mojica, Ramón Ramos y en el del propio acusado. El primero declaró que tiene un puesto de frutas y la noche de que se trata fué el acusado a comprarle algunas que no tenía y poco después volvió corriendo y cogió un revólver que el testigo tenía en-cima de una mesa. Salió y seguido sintió unos disparos. Copiamos textualmente de la transcripción: “A repregun-tas del Hon. Fiscal, el testigo declaró: no saber el calibre del revólver. Hacía un año que tenía ese revólver, el que no portaba ni usaba. Al preguntarle el fiscal: ‘¿Me hace el favor de abrirlo?’ el testigo hizo por abrirlo y no pudo. Al volver a preguntarle el fiscal: ‘¿No'sabe abrir sn revól-ver?’ el testigo contesta: ‘Yo be bregado por abrirlo, pero nunca lo be abierto,- no lo be usado.’ El revólver le costó siete pesos y se lo compró a un campesino en la calle no sa-biendo el nombre de la persona a quien se lo compró.” Figueroa dijo que se encontraba en el puesto de frutas de Ro-dríguez y vió cuando el acusado llegó primero y volvió des-pués, corroborando en esos extremos la declaración de Ro-dríguez. Mojica presenció cuando Zayas insultó al acusado y cuando “Zayas bizo como que se cogía el bolsillo así y Augusto Dieppa viró entonces para atrás, seguido rápida-mente, y al salir empezó a disparar. El declarante no sabe a quién disparaba. Augusto Dieppa disparaba alto, para arriba. Hizo cuatro disparos.” Ramos declaró en igual sentido. La declaración del acusado es en la misma línea. De sus contestaciones a las repreguntas del fiscal, transcri-bimos lo que sigue:

“. . . pasó por delante de la botica con dirección a la plaza y allí de la botica le dijeron, unos insultos, frases insultantes, pronun-ciadas por Isabelo Zayas, y vió' en él la actitud como del que va a sacar un arma. Y que es un hecho cierto que tuvo entonces en su mente la idea de armarse para defenderse y que por eso fue que se dirigió a la casa de don Rodrigo donde había visto un revólver, y donde llegó corriendo, apoderándose del revólver con intenciones dé defenderse en caso de ser agredido, guardándose la funda y saliendo corriendo hizo los disparos ... El revólver lo cogió para defen-derse en caso de una agresión, pero' su intención no fué la de vengar la amenaza y las frases que le había dicho. El testigo cumplirá treinta y nueve años el día diez y seis de octubre. ’ ’

El apelante sostiene que se trata de la portación incidental de un arma becbo que no constituye delito de acuerdo con la jurisprudencia sentada por este tribunal en los casos de El Pueblo v. Moll, 28 D.P.R. 783, El Pueblo v. Santiago, 34 D.P.R. 801 y El Pueblo v. Ríos, 41 D.P.R. 764, por la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, de cuyo es-tado procede la ley vigente en Puerto Rico prohibiendo la portación de armas, en los casos de McQueen v. State, 177 S.W. 91, Rees v. State, 263 S.W. 910, y por la Corte de Apelaciones de Georgia en los casos de Amos v. State, 78 S.E. 866 y Harris v. State, 85 S.W. 813.

No sólo cita el apelante los anteriores casos de Texas y Georgia si que los analiza en sus hechos y principios, faci-litando así su estudio por este tribunal. Ese estudio nos permite asegurar sin dificultad alguna que se trata de si-tuaciones distintas y que la regla de la portación incidental del arma no es aplicable a los hechos de este caso. En cuanto a las decisiones de esta corte invocadas por el apelante, las de Santiago y Ríos le son adversas y la de Moll revela cir-cunstancias muy diferentes a las que aquí concurren.

En primer lugar, para confirmar la sentencia bastaría decir que la corte no estaba obligada a creer los testigos del acusado y que presentando la prueba de cargo creída por ella un caso claro en armonía con la denuncia, su sentencia estaba enteramente sostenida por los autos.

Quizá fué esa en verdad la conclusión a que llegó la corte. Sólo conocemos su sentencia.

Pero admitiendo que debiera darse entero crédito a la prueba de descargo, creemos que demuestra que el acusado portó el revólver de una manera ilegal.

El acusado fué insultado, pero el insulto cesó, retirándose sin ser perseguido. Ni para defenderse, ni para llamar la polióía, ni para denunciar el hecho de que había sido víc-tima, se vió necesitado de arma alguna. Aunque el revól-ver no fuera suyo, lo tomó por su propia voluntad, salió a la calle con él, armándose con él para defenderse según su propia admisión, y lo disparó. ¿Cuál fué su propósito? ¿Herir? ¿Provocar? ¿Amedrentar? No importa. El he-cho claro es que según su propia prueba portó para fines de ofensa y defensa un arma prohibida por la ley, y decimos para fines de ofensa porque la segunda escena se debió en-teramente a su propia iniciativa. Aunque disparando al aire, fué él quien entonces rompió el fuego, acto que pudo tener muy serias consecuencias si considerándose atacada la persona que antes lo había insultado hubiera entrado con él en lucha.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Presidente Señoh del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Dolores Cardona, acusado y apelante.
    No. 4605.

    Sometido: Febrero 17, 1932.

      Resuelto: Abril 8, 1932.

      B. 'Guerra-Mondragvn, abogado del apelante; E. Díaz Viera, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señoh del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia, base' de este proceso, dice, en lo pertinente, así:

“Yo, Carlos Feltiou, . . . formulo denuncia contra Dolores Car-dona por delito de Slander, calumnia e injuria, cometido de la ma-nera siguiente:
“Que en 25 de febrero de 1931 y en Juncos, P. R. . . . el men-cionado acusado Dolores Cardona, voluntaria y maliciosamente con intención criminal de exponer al denunciante al descrédito y menos-precio público, hizo manifestaciones públicas delante de varios tra-bajadores consistentes en decirles que si están en huelga, contestando los trabajadores que sí, y continuarían en ella hasta a un lado o a otro. ■ Que entonces el acusado Dolores Cardona les dijo mientras vds. tengan líderes del movimiento del trabajo con Mr. Carlos Fel-tiou no conseguirán nada por así como se vendió el año pasado por diez mil dollars este año se venderá por quince mil.
“Los conceptos vertidos contra el denunciante le exponen al des-crédito y menosprecio público. El denunciante no se encontró pre-sente.
“Este beebo es contrario a la Ley.”

Juzgada la causa en apelación por la Corte de Distrito de Humacao, el acusado fue declarado culpable y condenado a pagar una multa de cincuenta dólares, con prisión sub-sidiaria en caso de falta de pago. No conforme, apeló para ante este tribunal. Sostiene como único error el cometido a su juicio por la corte sentenciadora al desestimar la excep-ción perentoria que le presentara alegando que la denuncia no aducía hechos suficientes constitutivos de delito público.

La ley aplicable es la aprobada en 9 de marzo de 1911, titulada Ley para definir y castigar el delito de calumnia e injuria (slander), que figura en la Compilación de 1911, secciones 5691 a 5696. Las secciones 1, 2 y 3 de la ley, ex-presan :

“Sección 1. Se entiende por calumnia toda falsa y maliciosa im-putación hecha de palabra y públicamente contra otra persona natural o jurídica, imputándole la comisión de hecho constitutivo de delito.
“Sección 2. Entiéndese también por calumnia toda palabra o concepto proferido maliciosa y públicamente en deshonra, descrédito, menosprecio de otra persona natural o jurídica.
“Sección 3. Se presumirá maliciosa y será calumnia procesal!e toda expresión calumniosa hecha públicamente en presencia o en ausencia de la persona agraviada.”

Basta leer la denuncia para concluir que fue redactada por persona no perita en el conocimiento de la lengua cas-tellana, pero ello no es por sí solo bastante para conside-rarla fatalmente defectuosa. Si interpretadas las palabras usadas en la misma, en su acepción usual en el lenguaje corriente, imputan el delito perseguido, y si leyendo el do-cumento en su integridad cualquier persona de inteligencia común puede conocer lo que quiere decir, no obstante sus defectos gramaticales, deberá estimarse suficiente. Adver-tido esto, procederemos al estudio de los argumentos del apelante.

Sostiene en primer término que no alegándose en la denuncia que las manifestaciones proferidas por el acusado lo fueran falsamente, el hecho imputado no puede considerarse comprendido en la sección 1 de la ley.

Sin detenernos a considerar si se emplean o no en la de-nuncia palabras reveladoras de la falsedad de la imputa-ción, aceptaremos que tiene razón el apelante.

Insiste éste en que tampoco es aplicable la sección segunda. Para ello divide la denuncia en dos partes y alega que las palabras voluntaria y maliciosamente, con intención criminal de exponer al denunciante al descrédito y menosprecio público, hizo manifestaciones públicas, se refieren únicamente a la primera parte, quedando la segunda, que es la que contiene la verdadera substancia del delito, sin calificación y, por tanto, insuficiente para imputar acción criminal alguna.

Reconociendo, toda la importancia que tiene el signo or-tográfico denominado punto, indicativo del “fin del sentido gramatical y lógico de un período o de una sola oración”, opinamos sin embargo, que estudiada en su integridad la denuncia se concluye que las indicadas palabras usadas antes del primer .punto, dan color también a los actos imputados después del mismo. No se trata de un punto y aparte y las palabras que le siguen son: “Que entonces”. Todo revela un solo acto cometido en el momento, en el sitio y en la forma y con la intención qué se indica al principio en la denuncia.

Considerado así el documento, no creemos que exista duda alguna de que contiene hechos bastantes para consti-tuir el delito previsto en la sección 2 de la ley, ya que de-cir a unos obreros que están en huelga, públicamente, volun-taria y maliciosamente, con intención criminal de exponer al denunciante al descrédito y menosprecio público, que nada conseguirán mientras tengan líderes como el denunciante que así como se vendió el pasado año por diez mil dólares se venderá en éste por quince mil, es en verdad calumniarlo de la manera que establece la expresada ley, tal como fué in-terpretada entre otros en los casos de El Pueblo v. García, 21 D.P.R. 163 y El Pueblo v. Matos, 35 D.P.R. 899.

Sostiene además el apelante que la denuncia no expresa con la claridad y precisión que exige el estatuto, quién es la persona calumniada. Úsase en la denuncia ciertamente un con precediendo a Mr. Cáeles Feltion que debió ser un como y ello introduce alguna confusión, pero el error es tan pa-tente y queda tan subsanado por el contexto de todo el do-cumento, que no puede considerarse como substancial.

Quizá sea conveniente agregar que la sentencia condena-toria dictada lo fué no con motivo de la resolución de la ex-cepción previa sí que después de haberse celebrado un juicio y por el resultado de la prueba practicada en el mismo.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Peesidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Quiñones Martínez, acusado y apelante.
    No. 4723.

    Sometido: Marzo 29, 1932.

      Resuelto: Abril 8, 1932.

      Jasé Veray, Jr., abogado del apelante; E. Díaz Viera, Fiscal Auxi-liar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Peesidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El policía insular José Rivera denunció a Ramón Quiñones porqne “en Aguadilla, P. R., . . . allí y entonces, ilegal, vo-luntaria y maliciosamente violó las disposiciones del artículo 1 de la ley que regula el uso de vehículos de motor por los caminos públicos de Puerto Rico, consistente en que por dicho camino público, guiaba el automóvil Chrysler No. P-1102, propiedad de Tomás Pellot, el cual es Un Automóvil de Seb-vioio Público, poseyendo solamente una placa y licencia de OonductoR No. 37502, sabiendo que para guiar tales vehícu-los de servicio público, necesariamente tiene que poseer una placa o licencia de chauffeur.”

La Corte de Distrito de Aguadilla, en apelación, declaró culpable al acusado y le impuso una multa de un dólar. No conforme Quiñones, recurrió para ante este Tribunal Supremo.

En su alegato sostiene que los hechos que se le imputan en la denuncia no constituyen delito público y que la corte erró al apreciar la prueba.

Conocemos la denuncia. La prueba de cargo consistió en. la declaración del policía denunciante. En resumen dijo que en la noche del nueve de agosto el acusado Quiñones guiaba un automóvil que tenía tablilla de servicio público alrede-dor de la plaza de Aguadilla. A su lado iban sentadas dos personas. Nadie ocupaba el asiento de detrás. Que no puede asegurar que Quiñones cobrara a esas dos personas. Que Quiñones tenía placa de conductor, pero no de chau,ffeur. Que formuló otra denuncia contra Quiñones por conducir dos pasajeros, de la cual denuncia Quiñones salió bien. La prueba de descargo consistió en las declaraciones de José Beléndez y en la del acusado. En resumen dijeron que ellos y Miguel Acevedo, todos empleados de un banco, acostumbra-ban alquilar carros para pasear los domingos-y que así lo hicieron en la noche del 9 de agosto en que guiaba Quiñones y fué denunciado por el policía.

El hecho último es, pues, el siguiente: un automóvil de servicio público alquilado para uso particular de tres per-sonas y guiado por las calles de una ciudad por una de ellas que tenía licencia de conductor.

j, Constituye ese hecho una infracción a la Ley de Auto-viles y puede por tanto perseguirse y castigarse como un delito público? Examinemos la ley en vigor para contestar debidamente la pregunta formulada.

Es la No. 75 de 1916 (p. 144) titulada Ley para reglamen-tar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico y para otros fines, enmendada por la No. 55 de 1921 (p. 423), la No. 93 de 1925 (p. 757) y la No. 9 de 1926 (p. 23). Su sección 1, tal como quedó enmendada en 1921, dice:

“Sección 1. — Por la presente se enmienda el término ‘Conductor’ en el Artículo 1 de la ‘Ley para reglamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico, y para otros fines, ’ aprobada abril 13, 1916, de manera que se lea en la forma siguiente:
“ ‘Conductor’ significará cualquier persona que no siendo un chauffeur, maneje un vehículo de motor que no sea de servicio pú-blico.
“ ‘Automóvil de servicio público.’ Por ‘automóvil de servicio público’, para los efectos de esta Ley, se considerará todo vehículo de motor que mediante retribución o pago se dedique a la conduc-ción de pasajeros, mercancías o materiales de cualquier clase, y dichos vehículos no podrán traficar sin pagar los derechos adiciona-les establecidos más adelante en esta Ley, para automóviles que ac-túen como porteadores públicos.”

El mismo caso que ahora se persigue surgió antes de dicha enmienda, cuando la definición de conductor era: “Conductor significará cualquier persona que, no siendo un chauffeur, maneje un vehículo de motor” y fué resuelto por esta corte como sigue:

“El apelante sostiene que ‘un conductor con licencia como tal necesita de una licencia de chauffeur para poder dedicarse a mane-jar y guiar un vehículo de motor dedicado al servicio público,’ y que al no reconocerlo así erró la corte de distrito y debe revocarse la sentencia que dictara.
“Examinemos la Ley No. 75 de 1916 que .es la que regula la materia. En su artículo 1, expresa que chauffeur significa ‘toda persona a quien se pagare por manejar un vehículo de motor,’ y con ductor ‘cualquier persona que, no siendo un chauffeur, maneja un ve-hículo de motor.’ Y de estas definiciones deduce el apelante que para que la persona que guía un automóvil esté autorizado para re-cibir dinero en pago del pasaje en un carro de servicio público, tiene necesariamente que poseer la licencia de chauffeur, sin que le baste la de conductor.
“Para resolver en justicia la cuestión planteada es necesario es-tudiar más a fondo la ley. Sólo pueden guiar vehículos de motor en Puerto Rico aquellas personas que posean licencias de chauffeur o de conductor. Esto es claro. ¿Cómo se obtienen esas licencias? Me-diante una solicitud acompañada de certificación médica jurada, en la cual se hará constar claramente que dicha persona está capacitada física y mentalmente para manejar dicho vehículo; previo examen en el que el solicitante deberá probar sus conocimientos y habilidad prácticos, y previo también el pago de la suma de cinco pesos. (Ley No. 75, arts. 5 y 10.) Los requisitos personales y los derechos que deben satisfacerse al Tesoro Público son, pues, enteramente iguales para obtener una u otra licencia. Lo que la ley exige para que se maneje un vehículo de motor es que se demuestre la capacidad nece-saria para ello y se pague la suma fijada, sin hacer distinción entre vehículos de servicio público o privado.
“¿Dónde se hace la distinción? En el artículo 10 de la misma Ley No. 75, de 1916. Al fijarse la tarifa de los derechos que deben satisfacerse se establece una clara distinción entre los automóviles de servicio privado por los cuales sólo es necesario pagar cincuenta centavos o un peso al año por caballo de fuerza, y los de servicio pú-blico por los que se está obligado a satisfacer veinte pesos anuales, en adición a los demás derechos prescritos, cuando el tráfico es den-tro de un solo municipio, y treinta cuando abarca la isla entera.
“Siendo esto así, no es posible extender la idea del pago de que habla la ley al establecer e.1 significado del término chcmffeur, al que recibe el que guía un auto de manos de los pasajeros que conduce, sino que debe restringirse a sus propios límites, esto es, al sueldo o cantidad en globo o en proporción a otra que recibe una persona por el trabajo realizado por ella al guiar un vehículo de motor. In-terpretada la ley de ese modo, no vemos qué obstáculo pueda existir para que el dueño de un auto le guíe por sí mismo y cobre el precio del pasaje, cuando ha probado su capacidad para manejarlo y, previo el pago de la cantidad fijada por el estatuto, ha obtenido la licencia necesaria sin restricción alguna, y además ha satisfecho la otra suma exigida por la ley para poderlo dedicar al servicio público.” Arenas v. Enright, 26 D.P.R. 742, 744.

Los preceptos de la ley relativos a exámenes y pago de derechos no lian variado substancialmente a virtud de las en-miendas aprobadas después de la decisión de esta corte en el caso que dejamos citado.

No podemos explicarnos cuál fuera el propósito que guiara al Legislador a enmendar la definición del término “conductor” en la forma en que se hizo. Hemos examinado la Ley en su totalidad y no encontramos el motivo. Hemos pensado en las responsabilidades en cuanto a daños y perjui-cios ocasionados a otras personas a consecuencia del ma-nejo negligente del vehículo y tampoco hemos podido adver-tirlo. Ni al chauffeur ni al conductor se les exige la pres-tación de fianza alguna para tales casos. Quizá el estado de la ley en Puerto Rico y de la jurisprudencia — artículos 1803 y 1804 del Código Civil, Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 656 — fuera el motivo, aunque el artículo 17 de la primitiva ley de 1916 no ha sufrido alteración alguna.

Pero sea lo que fuere, nos encontramos que, de acuerdo con la ley vigente sobre la materia, al concedérsele al acu-sado licencia de “conductor” sólo quedó autorizado para manejar “un vehículo de motor que no sea de servicio pú-blico” y como el que manejaba lo era, la infracción es evi-dente. Las circunstancias concurrentes explican la pena mínima que impuso el tribunal sentenciador.

Dehe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Isidoro Infante, peticionario y apelante, v. Junta de Médicos Examinadores de Puerto Rico, compuesta por M. Quevedo Báez, D. A. Biascoechea, F. Hernández, N. Quiñonez Jiménez, E. Seín, A. Vallecillo y R. López Nussa, demandada y apelada.
    No. 5206.

    Sometido: Diciembre 12, 1930.

      Resuelto: Abril 8, 1932.

      Armando A. Miranda, abogado del apelante; Attorney General James B. Beverley y A. Ortiz Toro, Primer Procurador General Auxiliar, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación lia sido interpuesta por Isidoro Infante contra resolución de la Corte de Distrito de San Juan que anuló el auto condicional de mandmnus que libró a instancia del apelante para que la Junta Examinadora de Médicos lo admitiese a examen.

Los hechos de este caso en lo necesario son los siguientes: el apelante solicitó en febrero de 1929 de la Junta Exami-nadora de Médicos que lo admitiese a los exámenes que ten-drían lugar al mes siguiente y acompañó a su solicitud diploma de médico cirujano expedido en 1928 por “The Kansas City University of Physicians and Surgeons,” de Kansas, Missouri, Estados Unidos de América. No presentó a la junta diploma de una alta escuela ni tampoco en la vista del auto de mandamus pero después de dictada la resolución apelada y para solicitar que fuese reconsiderada por la corte presentó un título expedido a su nombre por el Instituto José de Diego, de San Juan, Puerto Rico.

El apelante comenzó sus estudios de medicina en la ci-tada universidad en septiembre de 1923, después de haber aprobado un curso preparatorio de dos años en Howard. La Junta Examinadora de Médicos se negó a admitir a examen al apelante porque la universidad qne le expidió el diploma médico está clasificada con la letra “O” por la junta y por la Asociación Médica Americana. Según la prueba en la vista del mandamus bay un solo estado de la Unión Americana y el Distrito de Columbia qne admiten a exámenes a esos graduados, teniendo también la clasificación “C”, qne es la ínfima, en el Estado de Missouri donde la universidad se encuentra.

Sobre la clasificación de esa universidad no bay contro-versia en este caso ni se alega por el apelante qne sea errónea. La cuestión en disputa es cuál de las varias leyes que lian sido promulgadas sobre la materia es la aplicable al apelante, ya que los requisitos que se señalan para ser ad-mitido a examen como médico son diferentes en ellas. En esa cuestión descansa el segando motivo del recurso. Del primero prescindiremos porque carece de importancia por fundarse en una manifestación aislada del juez de la corte inferior sin tener en cuenta el apelante otras que demues-tran que la corte sabía cuál era la cuestión en controversia, por lo que no nos referiremos más a él.

La primera ley creando la Junta Examinadora de Médi-cos en esta Isla fué aprobada en 1903 y se encuentra en los Estatutos Revisados de Puerto Rico, páginas 354 a 357, con las enmiendas que le fueron hechas en 1906 y en 1911. Se-gún ella y sus enmiendas, para ser admitido a los exáme-nes de medicina o cirugía o a cualquiera de sus ramas te-nía que presentarse a la junta diploma de haberse graduado en un colegio o institución de medicina “bien acreditada.” Esta ley estaba en vigor cuando en septiembre de 1923 el apelante comenzó sus estudios de medicina en la universidad de la ciudad de Kansas, pues aunque en 30 de julio de ese año se promulgó la ley No. 73, página 549, por disposición expresa de ella no empezaba a regir hasta el 1 de noviem-bre de ese año.

La ley 73 de 1923 a que nos hemos referido derogó to-da las leyes que a ella se opusieran y dispuso en su sección 14 que para poder ser admitido a examen como médico te-nía que presentar el solicitante un título de médico-cirujano expedido por universidad o colegio clasificado con las letras “A” o “B” según la clasificación de la Asociación Médica, si estuviera establecido dicho colegio o universidad en los Estados Unidos. En la misma sección se declara que sus disposiciones no serán aplicables a los estudiantes de medi-cina que hubiesen comenzado sus estudios en los Estados Unidos con anterioridad a la fecha en que la ley comience a regir y que a tales estudiantes se aplicarán los términos de la ley en vigor al tiempo de comenzar bona fide sus estu-dios.

Otra ley de 1924, la No. 15, página 123, por su sección octava enmendó la sección 14 de la Ley de 1923 en el sen-tido de que los aspirantes a exámenes de médico tienen que presentar a la junta diploma de una alta escuela que tenga un curso de cuatro años como mínimum y cuyo standard sea igual, por lo menos, al fijado por las altas escuelas en esta Isla por el Departamento de Instrucción de Puerto Rico: no menos de dos años de instrucción aprobados en un colegio autorizado de artes liberales o de ciencias en los cuales se cursen extensamente y aprueben, entre otras materias, quí-mica orgánica e inorgánica, física superior, biología avan-zada y un idioma extranjero: y presenten un diploma o tí-tulo de médico-cirujano demostrativo de haber cursado y aprobado, por lo menos, cuatro cursos de no menos de siete meses cada uno, en cuatro años diferentes, en las escuelas médicas de los Estados Unidos o del extranjero, registradas por el tribunal y que mantengan el más alto nivel educacio-nal en las materias propias de la profesión; y dispuso que el tribunal, además de su criterio propio en el registro de las escuelas de medicina acreditadas, tendrá la facultad de guiarse para tal registro por la clasificación adoptada por los tribunales de estado de los Estados Unidos de la Unión Americana, con los cuales mantenga reciprocidad. Esta sec-ción dispone también que nada de lo contenido en ella será aplicable a aquellas personas que hayan hecho gestiones ante la Junta de Médicos Examinadores de Puerto Rico para ser admitidos a examen con anterioridad a la aprobación de la ley, que lo fné en 1 de julio de 1924. Tal es la ley actual-mente en vigor, pues aun cuando la No. 45 de 1927, pág. 247, enmendó esa sección 14, otra ley posterior, la No. 20 de 1928, pág. 155, restableció y promulgó nuevamente dicha sección 14 de 1924 y derogó expresamente toda ley que a ella se opusiera.

Por lo expuesto se ve que la Ley de 1923 que exigía que el diploma o título de médico fuese expedido por universi-dad o colegio clasificado con las letras “A” o “B” fué promulgada en 30 de julio, antes de que el apelante comen-zara su estudios en septiembre de ese año; y que su cláu-sula preceptiva de que no sería aplicable a los que hubiesen comenzado sus estudios de medicina antes del 1 de noviem-bre en que entraría en vigor fué modificada en 1924 y pro-mulgada nuevamente en 1928 en el sentido de que la nueva ley no se aplicaría a las personas que hubieren hecho ges-tiones ante la Junta Examinadora para ser admitidas a exa-men antes de la aprobación de dicha ley en 19 de abril de 1928.

La cuestión a resolver en este caso es si los requisitos que debe llenar el apelante para tener derecho a ser admitido a examen y las cualidades que debe tener la univeridad que le expidió su diploma de médico se rigen por la ley de 1903 y sus enmiendas vigentes en septiembre de 1923 cuando comenzó sus estudios de medicina o por la ley de 1928 en vigor cuando solicitó el examen.

Alega el apelante que habiendo comenzado sus estudios de medicina cuando estaba en vigor la ley de 1903 con sus enmiendas de 1906 y 1911 sus disposiciones le son aplicables y no las de las leyes posteriores, y nos cita el artículo 3 del Código Civil preceptivo de que las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contra-rio, y de que en ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior, así como varias decisiones nuestras re-ferentes a ese artículo que se refieren a casos distintos.

Toda persona tiene derecho a ejercer la medicina, la abo-gacía o cualquier profesión o negocio que crea conveniente pero no como un derecho absoluto sino como mera licencia subordinada a los requisitos y condiciones que razonable-mente imponga la legislatura en el ejercicio del poder regu-lador (police power) que tiene para beneficio de la comuni-dad. Dent v. West Virginia, 129 U. S. 121; Hawker v. New York, 170 U. S. 189; 48 C. J. 108; Cooley’s Constitutional Limitations, 6a. ed., pág. 745. Por eso el Estado puede variar en cualquier tiempo las leyes sobre esa materia para beneficio de la comunidad, como lo ha hecho respecto a los médicos para requerir mayores condiciones de capacidad. En el caso Ex parte Huertas, 33 D.P.R. 825, un abogado aprobó el pri.mer curso de su carrera en 1911 cuando había sido aprobada, pero no estaba en vigor, otra ley sobre la materia; aprobó después las asignaturas de los cursos siguientes y habiendo solicitado ser admitido al ejercicio de la profesión sin el examen llamado de reválida porque tal examen no existía en 1911 su petición fué negada. En otro caso, Virella v. Junta de Médicos Examinadores, 22 D.P.R. 777, a un médico que obtuvo su diploma de acuerdo con la ley de 1903 y que so-licitó examen sin que entonces estuviese clasificada su uni-versidad, le fué negado porque después fué clasificada con la letra “C.”

Por consiguiente, esa clase de leyes rigen para todos desde que entran en vigor aunque contengan requisitos distintos a los anteriores, salvo que contengan alguna disposición en contrario; y si bien la ley de 1923 contenía esa cláusula a favor de las personas que habían comenzado sus estudios, fué dejada sin efecto por la ley de 1928 que la substituyó en favor de los que habían hecho peticiones de examen antes de entrar en vigor. La expresada cláusula de 1923 no im-pedía que pudiera ser modificada y no creó derecho alguno en favor del apelante.

En último término este asunto carece de importancia prác-tica porque aun siendo de aplicación al apelante la ley de 1903 y sus enmiendas de 1906 y 1911, siempre resulta que de acuerdo con ellas su título debe ser de universidad o cole-gio “bien acreditado”, y ya hemos visto que no tiene esa condición la universidad que expidió el título al apelante por estar clasificada con la letra “G”, que es la ínfima, y que esos graduados no son admitidos a examen en los Estados de la Unión con excepción de un Estado y del Distrito de Columbia.

El tercer motivo del recurso no hay que tratarlo porque la reconsideración que fué negada no se fundó en los méritos del caso sino en prueba que no' se presentó a la junta ni al tribunal inferior.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Rafael Maldonado, demandante y apelado, v. Juan Vázquez demandado y apelante.
    No. 5306.

    Sometido: Marzo 6, 1931.

      Resuelto: Abril 8, 1932.

      Luis F. Camacho, abogado del apelante; José F. Fernández Segarra, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en ana acción de daños y perjuicios apeló de la sentencia dictada por la corte municipal. En la corte de distrito el demandado solicitó la desestimación del recurso. Su moción fué declarada sin lugar y después de celebrarse un juicio sobre los méritos del caso, se dictó sentencia en favor del demandante. El demandado apela de esta sen-tencia y señala como error el haberse declarado sin lugar su moción.

El primero de los seis fundamentos en que el demandado basó su moción fué que el escrito de apelación no había sido dirigido al secretario de la corte municipal ni al abogado del demandado. El escrito fué archivado con el secretario y dirigido a la corte municipal. Una copia del mismo fné notificada por correo al abogado del demandado. El dejar de seguir literalmente la forma prescrita por el estatuto no era un defecto fatal. Roig Commercial Bank v. Sucesión Lugo, 34 D.P.R. 155.

Otro motivo era que el escrito de apelación no especificaba la fecha de la sentencia. Esta fué dictada por la corte municipal el 22 de agosto. El escrito de apelación fué archivado el 28 del mismo mes. Éste especifica la sentencia, dictada por la corte municipal en el “caso de epígrafe”. La sentencia dictada en 22 de agosto fué la única emitida por la corte municipal en dicha causa. El escrito de apelación identificó suficientemente esa sentencia. Calcerrada v. Am. Railroad Co., 36 D.P.R. 720.

Otro fundamento era que la transcripción había sido certificada por el secretario, sin solicitarse previamente que los abogados la certificaran y sin demostrarse que el abogado de la demandada se hubiese negado a certificar la misma o que hubiera habido un desacuerdo entre los abogados. La cuestión que aquí se trata de suscitar, según se discute en el alegato del apelante no requiere seria consideración. El mero hecho de que la corte de distrito se negara a desesti-mar la apelación, no obstante la supuesta ausencia de una demostración suficiente de la necesidad de un certificado li-brado por el secretario en vez de por las partes o sus abo-gados, no es suficiente para justificar la revocación de la sen-tencia sobre sus méritos.

Otros motivos eran que el affidavit de notificación del escrito de apelación no decía en qué oficina de correos se babía depositado el sobre que contenía el escrito, que no babía prueba de notificación por correo de copia de la transcripción de los autos en apelación y que tampoco babía prueba de notificación por correo del escrito de apelación. El demandado admite que estas omisiones fueron subsanadas por el demandante después de radicada la moción, pero insiste en que no puede presentarse prueba de la notificación ni subsanarse los defectos en ella cometidos después de radicarse una moción para desestimar el recurso. Cita el caso de Ríos v. Ríos, 15 D.P.R. 263. No bailamos en dicbo caso ninguna base satisfactoria para la teoría del demandado. Entre los casos más recientes que resuelven que puede presentarse prueba de la notificación en respuesta a una moción para desestimar aparecen los de A. Alvares & Hnos. v. Victoria R. de Alamo, 36 D.P.R. 54, y Rivera v. Reyes 32 D.P.R. 961.

El juez de distrito no cometió error al declarar sin lugar la moción para desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por la corte municipal.

El demandado solicitó en la corte de distrito que se eliminaran ciertas palabras, de “la' segunda alegación de la demanda”. Bastaría decir que en el momento, de radicarse esta moción la demanda había sido enmendada y la segunda alegación de la demanda enmendada no contenía la palabras citadas en la moción. Empero, la tercera alegación de la demanda enmendada lee como sigue:

“Que el automóvil ‘truck’ de carga, marca Graham Brothers, motor No. 1096-555, que el día 17 de mayo del corriente año, fecha en que incurrió (sie) el accidente que se relatará más adelante, y en el cual se ocasionaron daños y perjuicios a propiedad del de-mandante, llevó las tablillas No. íI-385 y abora tiene las No. C-625, era en dicbo día 17 de mayo de 1928, y antes y después de esa fecba, propiedad del referido demandado Juan Vázquez, cual así consta re-gistrado en el Departamento del Interior de Puerto Rico, ‘División de Automóviles’.”

El fin claro de esta' alegación fné identificar el autoca-mión como de la propiedad del demandado. Carece de im-portancia el hecho de si las palabras “y en el cual se oca-sionaron daños y perjuicios a propiedad, del demandante” alegan o no una conclusión de derecho, según sostiene el apelante. La eliminación de la frase no pudo haber afec-tado el resultado en la corte inferior y ningún derecho subs-tancial del demandado fué perjudicado al declararse sin lu-gar la moción.

En la misma moción el demandado solicitó que se eliminara de la demanda la segunda causa de acción. La moción misma no es muy inteligible sobre este aspecto. No aparece si el significado peculiar de su fraseología fué ex-plicado o no al juez de distrito antes de que éste emitiera su resolución. En la segunda causa de acción se reclamaban daños y perjuicios a razón de $5 diarios durante el período de treinta días por la pérdida de lo que el demandante pudo haber ganado mediante el uso o arrendamiento de su automóvil, vehículo público, que había sido averiado o destruido en una colisión con el autocamión del demandado. El juez de distrito llegó a la conclusión de que no había prueba para sostener esta reclamación ni nada en qué basar la concesión de daños y perjuicios de conformidad con la misma. El error, de haberse cometido, al declarar sin lugar la moción para eliminar la segunda causa de acción del demandante, fué en su consecuencia inofensivo.

En marzo de 1929 el demandado excepcionó la demanda por falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción. En mayo el demandado dejó de comparecer el día señalado para la vista v la excepción fué decía-rada sin lugar pro forma. La objeción nunca fue suscitada de nuevo, aunque el caso no fue juzgado hasta el mes de octubre. El juez de distrito nunca fue informado respecto a la omisión específica de que ahora se queja el apelante, o sea la omisión de alegar que el conductor del autocamión del demandado actuara dentro de las atribuciones de su em-pleo.

En la tercera alegación, siopra, el demandante dijo que el demandado era dueño del camión. En la cuarta, mani-fiesta que al tiempo del accidente Toribio Martínez, empleado del demandado, conducía el autocamión de este último.

Si el demandado hubiese indicado a la corte de distrito la omisión específica de que ahora se queja, y si el juez de distrito hubiese sostenido la excepción, el demandante hu-biese tenido la oportunidad de enmendar su demanda en-mendada. El defecto no era notorio. En ausencia del de-mandado el día señalado para la vista, no incumbía al juez de distrito escudriñar la demanda. Puede ser o no una in-ferencia lógica de la fraseología de la cuarta alegación que el empleado del demandado a cargo del autocamión en el mo-mento del accidente actuaba dentro de las atribuciones de su empleo.

Habría campo para argumentación respecto hasta qué ex-tremo esta alegación debe ser considerada como una alega-ción defectuosa más bien que como la omisión de un hecho esencial de la causa de acción del demandante. Estas cues-tiones no han sido discutidas en el alegato del apelante. Sin perjuicio de considerar la cuestión con más amplitud en fu-turos casos, resolvemos que cualquier error técnico al de-clarar sin lugar la excepción previa' no es motivo suficiente para que se revoque la sentencia.

Cuanto hemos dicho en relación con haber desestimado la moción para, eliminar la segunda causa de acción resuelve la contención de que el juez de distrito cometió error al per-mitir cierta pregunta relativa a los fines para los cuales ha-bía sido usado el automóvil del demandante.

Otra contención es que la corte de distrito cometió error al admitir como prueba un certificado librado por el Sub-Comisionado del Interior sin identificar debidamente su firma. La teoría del apelante es que la corte de distrito no podía tomar conocimiento judicial de la firma de un subcomisionado. El apelante no cita ninguna página o parte del récord en relación con esta contención. El alegato del apelante por sí mismo es contradictorio respecto a lo sucedido' en la corte de distrito. De conformidad con la parte de la transcripción taquigráfica citada por el apelado, el demandado se opuso por otros motivos al tiempo en que el documento fué ofrecido como prueba. Nada se dijo en aquel momento respecto a haberse dejado de identificar la firma del sub-comisionado. La cuestión de conocimiento judicial o falta de conocimiento judicial, parece haber sido una idea surgida con posterioridad. La objeción de que la firma no fué debidamente identificada se suscita demasiado tarde al plantearse por primera vez en apelación.

Nos inclinamos a convenir con el apelante en que el juez de distrito cometió error al permitir ciertas preguntas sugestivas con la objeción del demandado, pero esto sin más no es suficiente para revocar la sentencia.

El séptimo y último señalamiento es que la corte de dis-trito cometió error al dictar sentencia por la suma de $400 por concepto de daños y perjuicios. La súplica de la de-manda era por $407. De esta suma se reclamaban $150 como compensación por la pérdida de las utilidades que hubiesen sido derivadas del uso del vehículo. Conforme ya hemos indicado el juez de distrito llegó a la conclusión de que no había prueba para sostener tal concesión. El apelado admite que la cuantía de la sentencia debe ser reducida a $257.

Debe modificarse de conformidad la sentencia apelada y confirmarse así modificada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.