text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. Manuel León Parra, Presidente, Francisco Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida; y Santos Torres y Ramona Rodríguez, peticionarias ante la Comisión.
    Núm. 170.

    Sometido: Mayo 29, 1939.

      Resuelto: Julio 24, 1939.

      IIon. Procurador General B. Fernández García, F. de Aldrey, Procu-rador General Auxiliar, y Víctor J. Vidal González y Guillermo Atiles Moréu, abogados los dos últimos del Fondo del Estado, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la recurrida; J. Valide july Rodríguez, abogado de las peticionarias ante la Comisión.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Rodrigo Rodríguez era policía insular y prestaba servi-cios en Naguabo el 24 de marzo de 1938. En la noche de ese día, efectuaba una investigación en la casa de Herminio Espinosa, en la calle De Diego de dicha población, persiguiendo un individuo de malos antecedentes que solía frecuentar la casa indicada. No pudo encontrar el sujeto que buscaba, pero mientras se hallaba en los alrededores de aquel sitio, que según resulta de la prueba era considerado peligroso para la policía, llegó un individuo llamado Luis Meléndez, enemigo' del policía Rodríguez. Conforme aparece de la prueba, el referido Meléndez manifestó en presencia del policía que él y dicho policía eran enemigos y que use tenían ganas”, por-que Rodríguez lo había denunciado y había tenido que cum-plir unos meses de cárcel. El policía manifestaba que lo había tenido que denunciar en cumplimiento de su deber. El lenguaje usado por Meléndez con el policía era irrespetuoso y desafiante, según aparece de la prueba. Llegó a tal grado la discusión que el policía se despojó del revólver que portaba y se fué a las manos con Meléndez. Este último logró apo-derarse del revólver del policía y disparó varias veces contra él, logrando matarlo.

El Administrador del Fondo del Estado resolvió que el policía se había enfrascado innecesariamente en una discusión personal con Meléndez después de haber terminado la inves-tigación en la casa de Espinosa, y que por consiguiente su muerte no ocurrió como consecuencia del desempeño de sus funciones como policía insular. Por estas razones negó la compensación solicitada por sus beneficiarías..

Recurrieron éstas para ante la Comisión Industrial, la que revocó la resolución del Administrador del Fondo del Estado y decidió que Rodrigo Rodríguez perdió la vida por un accidente que provino de un acto o función inherente a su empleo, y ocurrió en el curso de éste y como consecuencia del mismo, y que las peticionarias, su viuda Ramona Rodrí-guez Torres y su madre Santos Torres González, dependían de lo que ganaba el fenecido y tenían derecho a la compen-sación que determina la ley.

No estando conforme el Administrador del Fondo del Estado con la citada resolución, después de solicitar su recon-sideración y serle denegada, interpuso este recurso de revisión que basa en los siguientes errores que imputa a la Comisión Industrial:

“1. La Comisión Industrial de Puerto Rico cometió error al admitir en evidencia y considerar en la resolución del caso presente, la copia que del informe de los sucesos relacionados con la muerte del policía Rodrigo Rodríguez hiciera la policía insular, por consti-tuir dicho informe prueba de referencia, incompetente a los fines de establecer los hechos que se pretendía probar.
“2. La Comisión Industrial cometió error al admitir en eviden-cia y considerar en la resolución a los fines de determinar la com-pensabilidad del caso el testimonio del Sr. Francisco A. Irizarry sobre el pago que se hizo a la viuda del policía insular Rodrigo Rodríguez, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 14 de 1915 (pág. 44) titulada ‘Ley para Indemnizar la Vida de los Miembros de la Policía Insular que Mueren en el Ejercicio de su cargo, y para otros fines,’ por ser dicha prueba inmaterial, de referencia e incompetente.
“3. La Comisión Industrial cometió error al resolver que la muerte del policía Rodrigo Rodríguez provino de un acto o función inherente a su empleo y ocurrió en el curso de éste y como conse- • cuencia del mismo. ’ ’

A nuestro juicio, independientemente de la evidencia de cuya admisión se queja el recurrente, existe prueba bastante y competente para sostener la resolución de la Comisión Industrial, por lo que resultaría académico resolver si cometió o no error alguno la Comisión al admitir la evidencia objetada por el recurrente. Los siguientes párrafos de la resolución recurrida, de 21 de marzo último, exponen per-fectamente las conclusiones de hedió y de derecho a que llegó la Comisión, con las cuales estamos enteramente conformes:

“Precisamente por estar cumpliendo con sus funciones como policía insular fué que le ocurrió el accidente que culminó con su muerte al policía Rodrigo Rodríguez. La prueba es clara en cuanto a que el policía Rodríguez, cuando surgió la discusión que tuvo tan trágico desenlace, estaba cumpliendo con su deber al practicar el registro en la casa de Luis Espinosa buscando un individuo llamado Torrentino, acusado de un delito de hurto. Y la prueba nos dice además, que ese sitio — casa de mujeres de mal vivir — era frecuen-tado por el tal Torrentino; y fué en el momento en que, terminado el registro y cuando el policía hablaba con el dueño de la casa in-dicándole que si veía a ese sujeto por allí le avisara a él (al policía), fué entonces que entró en la referida casa el sujeto Luis Meléndez Caballer, sujeto éste que le tenía mala voluntad al policía porque éste en cierta ocasión tuvo que denunciarlo y como consecuencia de esa denuncia fué encarcelado por tres meses. No se podría, por lo tanto, sostener que cuando le ocurrió el accidente que privó de la vida al policía Rodrigo Rodríguez, no estaba éste en el cumplimiento de su deber y que no fué consecuencia de su deber como tal policía, puesto que ya la prueba ha demostrado la mala voluntad que Luis Meléndez Caballer le tenía al policía Rodríguez, por haberlo éste denunciado y tenido que cumplir una condena.
“Muchos son los casos que bajo la actual Ley de Compensaciones por accidentes del Trabajo ha tenido que resolver la Comisión Industrial, cuando a los beneficiarios de aquéllos que han muerto en el cumplimiento de su deber les ha sido denegada la compensación por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, y, aunque el caso de autos se aparta un poco de los casos corrientes, por cuanto que pudiera alegarse que la causa que motivara la discusión entre el policía y Luis Meléndez Caballer fuera algo remota, sin embargo, entendemos que de no haber sido por esa circunstancia, la discusión que degeneró en tan trágico suceso no hubiera nunca surgido.”

Procede, por lo expuesto, confirmar la resolución recurrida dictada en él caso 0.1. 4919, de 21 de mareo ultimo.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Gregorio Cuadrado Concepción, demandante y apelante, v. José Puig Morales, demandado y apelado.
    Núm. 8013.

    Sometido: Julio 3, 1939.

      Resuelto: Julio 26, 1939.

      José Benet Colón, abogado del apelante; Brown, González c6 Newsom, y E. Córdova Díaz, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se pide la desestimación del recurso interpuesto en este caso por no haberse proseguido con la debida diligencia.

De la certificación acompañada a la moción del apelado resulta que dictada sentencia declarando sin lugar la demanda en febrero 24, 1939, se notificó a la parte perdidosa en marzo tres siguiente; que dicha parte apeló en marzo 23, 1939, soli-citando en marzo 31 prórroga del término concedídole para preparar y radicar la transcripción de evidencia y la Corte en abril 3 siguiente le concedió veinte días para ello,- que en abril 22,1939, el apelante solicitó treinta días más de prórroga declarando la Corte con lugar su moción y que a la fecha de la certificación — junio 3, 1939 — -no se había radicado aún en Secretaría la transcripción ni. solicitado prórroga.

El apelante se opuso por escrito a la desestimación. Alega en substancia que la certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan en junio 3, 1939, acom-pañada a la moción de desestimación de la parte apelada, “no se ajusta a la verdad de las alegaciones y órdenes de la corte tal como aparecen de los autos” y que había radicado una nueva moción de prórroga de mayo 23, 1939, habiendo ordenado la corte en junio 9, 1939, que se diera traslado de ella al taquígrafo para que informara dentro de diez días y una vez conocido el informe proveer.

En julio 3, 1939, se oyó a ambas partes por sus abogados en corte abierta y el caso quedó sometido a nuestra conside-ración y resolución con la súplica oral del apelante de que esta corte le concediera un nuevo término atendidas las cir-cunstancias concurrentes.

Hemos visto que el apelante hace la imputación de no ajus-tarse a la verdad de los autos la certificación de junio 3, 1939, presentada por el apelado, y alega que habiendo transcurrido los treinta días concedidos al taquígrafo en abril 24, 1939, mediante una nueva y cuarta moción de mayo 23, 1939, expuso los hechos a la corte y le pidió que llamara al taquígrafo al cumplimiento de su deber y adoptara cualquiera otra medida en consonancia con lo expuesto en la moción.

Examinada la certificación de junio 3, 1939, en relación con lo dicho por la parte apelante y la certificación de las constancias de autos que presenta, no resulta que se falte en ella a la verdad. Por el contrario lo que resulta es que la moción del apelante de fecha mayo 23, 1939, no se radicó en la corte hasta junio 5, 1939, o sea el mismo día en que aparece notificado de la moción de desestimación y dos días después de expedida la certificación acompañada.

Resulta, pues, de los propios autos que el último término que se había concedido al apelante para archivar la trans-cripción feneció sin que se pidiera que fuera prorrogado y sin que la transcripción se presentara.

Tiene en tal virtud razón el apelado. Y como han trans-currido con exceso todos los términos de ley y reglamenta-rios para el perfeccionamiento del recurso sin que fueran utilizados, la desestimación procede, a menos que esta Corte ejercite su discreción concediendo el nuevo término que se solicitó a última hora.

¿Hay base para el ejercicio de esa discreción1? Creemos que no. Es cierto que se trata de un caso en que el deman-dante es pobre y en que su abogado vino luchando con el taquígrafo en un principio al parecer con toda actividad para obtener la transcripción, pero es lo cierto también que final-mente se abandonó y dejó vencer el último amplio término que se le concediera y entonces en lugar de admitir franca-mente su falta y de acuerdo con la repetida jurisprudencia de este tribunal sobre la materia haberse dirigido directa-mente a esta corte en solicitud de un nuevo término explicando el motivo de su omisión y exponiendo con claridad los méritos de su caso si es que los tiene, trató de imputar falsedad a otro y de producir la impresión de haberse dirigido a la corte desde mayo 23 cuando en verdad no lo hizo hasta junio 5 siguiente.

La moción debe ser declarada con lugar y en su consecuen-cia desestimarse el recurso.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Rafael Nones, demandante y apelante, v. Luis C. Trigo, demandado y apelado.
    Núm. 7675.

    Resuelto: Julio 26, 1939.

      Adrián Agosto, abogado del apelante; J. M. Calderón, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

En este caso el demandante apelante acudió ante la corte inferior y obtuvo una sentencia que ordenó al demandado tapiara sus ventanas. En otras palabras, el demandante obtuvo sentencia a sn favor. Más tarde se quejó de que la sentencia no babía sido debidamente ejecutada, toda vez que el demandado no tapió sus ventanas en la forma que debió haberlo hecho. Bu idea entonces era, más o menos, que las ventanas debían ser tapiadas en tal forma que el hueco tapiado quedara al nivel de la pared exterior. En dicho procedi-miento el juez de distrito hizo una inspección ocular del sitio y resolvió que el demandado original, Trigo, había tapiado suficientemente las referidas ventanas. La resolución del juez de distrito fué apelada por el demandante y confirmada' por este tribunal (ante, pág. 130).

El apelante ha radicado una moción de reconsideración. Sostiene ahora que prácticamente su condición no es mejor que cuando radicó el pleito original. Desde luego, para sus fines hubiera sido mejor si la alteración o cambio se hubiera hecho de cemento o concreto y se hubiesen tapiado las ven-tanas al nivel de la pared exterior, mas no estamos prepa-rados para decir, después de la inspección ocular practicada por la corte inferior, que el esfuerzo hecho por Trigo para tapiar las ventanas no fué suficiente.

Nones sostiene que fácilmente se pueden abrir estas ven-tanas y hacerse huecos, mas esa posibilidad existe siempre aun tratándose de paredes de concreto. Por otra parte, si la casa en este caso hubiera sido de madera, no hubiera podido exigirse que las ventanas se tapiaran con mampostería. En-general, no creemos que cuando se abren huecos o ventana-les, una persona que se opone a ello puede insistir en que los mismos sean tapiados al nivel de las paredes exteriores.

Conforme dijimos en nuestra anterior opinión, y según reiteramos ahora, Nones siempre tiene una sentencia defini-tiva que puede ser ejecutada, aun mediante procedimiento de desacato, al ser refractario cualquier vecino que ocupe la casa.

Bebe declararse sin l/ugar la moción de reconsideración.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Rosalía Roca, como madre con patria potestad sobre su menor hijo Juan Antonio Roca, demandante, apelada y apelante, v. Juan Vázquez Suárez, demandado, apelante y apelado.
    Núm. 7911.

    Sometido: Marzo 16, 1939.

      Resuelto: Julio 26, 1939.

      Edelmiro Martínez Rivera, abogado del apelante apelado; José G. Jusino, abogado de la apelada apelante.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Bayamón y en 27 de enero de 1937, Rosalía Roca, a nombre de su hijo menor Juan Antonio Roca, radicó demanda de filiación contra Juan Vázquez Suá-rez. El demandado fué emplazado en noviembre 27 del refe-rido año. Éste radicó moción eliminatoria en diciembre 4, 1937. La demandante presentó demanda enmendada el 4 de febrero de 1938. El demandado presentó excepción previa en febrero 15. La excepción fué discutida en marzo 14 en ausencia del demandado. El 17 de marzo la corte declaró la excepción previa sin lugar y concedió diez días al deman-dado para contestar. Los autos demuestran que el secretario notificó a las partes el mismo día enviándoles copia de la resolución. En 29 de marzo el demandado radicó una moción de prórroga, fechada marzo 28. La corte, por resolución de marzo 30, 1938, declaró sin lugar la moción y dijo:

“Resultando que el término concedido al demandado para radicar su contestación en este caso vencía el 27 de marzo de 1938, pero por ser domingo ese día el término venció en realidad el 28 de marzo de 1938; y la moción de prórroga fué radicada fuera de término.”

La demandante solicitó en abril 1, 1938, que se anotara la rebeldía del demandado. Ese mismo día el abogado del demandado escribió al de la demandante solicitando que no le anotara la rebeldía y prometiéndole archivar su contesta-ción antes del día 10 de abril. La rebeldía se anotó el día 2 de abril. El demandado radicó nna contestación jurada el 8 del mismo mes. Algún tiempo después el abogado del demandado se enteró de que se le había anotado la rebeldía y en abril 30 presentó a la corte una moción jurada solici-tando apertura de la misma. En su moción alegó que la copia de la resolución que declaró sin lugar su excepción pre-via y le concedió diez días para contestar había sido recibida por él en marzo 20, y que erróneamente había asumido que el término expiraba en marzo 30; que la moción de prórroga había sido puesta en el correo por él en marzo 28, pero que no había sido radicada en corte hasta el día 29; y que para aquel entonces creyó que su moción había sido radicada opor-tunamente. Alegaba que su cliente, tenía una buena defensa y solicitaba se le diera la oportunidad de presentarla a la corte. Esta por resolución de junio 25 declaró sin lugar la moción, y dijo:

1. Que no debe asumirse el vencimiento de un término.
2. Que la fecha de depositar una alegación en el correo no es la de la radicación del documento.
3. Que convenios o estipulaciones de las partes hechos a espaldas de la corte no obligan a ésta.

El demandado solicitó la reconsideración el 29 de junio. Su moción fué denegada el 5 de julio.

El caso fué visto ex parte, el 29 de julio. El demandado no fué notificado del señalamiento y éste no fué entrado en el calendario que el secretario lleva en su oficina sino en una libreta de hojas sueltas que el juez guarda en su despacho. Durante el juicio se eliminó la contestación a instancias de la demandante. Esta practicó su prueba en ausencia del demandado y en 30 de julio la corte dictó sentencia en favor de la demandante declarando a Juan Antonio Boca hijo natural de Juan Vázquez Suárez. No se impusieron costas. La sentencia fué notificada a las partes el 1 de agosto. El día 6 de dicho mes el demandado compareció por moción jurada solicitando de la corte dejara sin efecto la rebeldía y la sentencia; que admitiera la contestación radicada y que cele-brara el juicio durante el siguiente término. Esta moción fué discutida en agosto 26 y resuelta adversamente el día 31 de dicho mes.

El 31 de agosto la demandante apeló de aquella parte de la sentencia que no le concedía costas ni honorarios de abo-gado. El demandado apeló de la sentencia en rebeldía de julio 30, y de la resolución que declaró sin lugar su última moción para que se dejara sin efecto la anotación de la rebeldía y la sentencia, de agosto 31.

El alegato de la demandante (radicado como apelante) sostiene que la ley (artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal cual fué enmendado por la Ley núm. 69 de mayo 11, 1936), impone a la corte el deber de conceder las costas a la parte que obtiene sentencia, con honorarios de abogado cuando la parte contraria ha sido temeraria, e insiste en que las -muchas alegaciones del demandado constituyen temeridad.

El demandado no radicó alegato en su carácter de apelado.

En su alegato' como demandado apelante señala cuatro errores, a saber:

1. Erró la Corte de Distrito de Bayamón al declarar sin lugar la moción del demandado solicitando apertura de la rebeldía anotada y al negarse a reconsiderar tal negativa a solicitud del demandado.
2. Erró la Corte de Distrito de Bayamón al celebrar un juicio en este caso con la sola comparecencia de la parte demandante y no obstante existir en autos una contestación jurada, sin que previamente se notificara al demandado y por la demandante de su moción de señalamiento así como del señalamiento mismo hecho por la corte para tal juicio, a fin de que el demandado tuviera la oportunidad siquiera de oír la prueba de la demandante en apoyo de sus preten-siones.
3. Erró la Corte de Distrito de Bayamón al dictar sentencia en rebeldía en este caso y al negar la solicitud del demandado para dejarla sin efecto bajo la autoridad del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil.
4. Erró la Corte de Distrito de Bayamón al estimar y conside-rar que la prueba de la demandante presentada ex parte en apoyo de sus alegaciones era suficiente para sostener la sentencia dictada en este caso en contra del demandado.

El demandado reproduce en su alegato los argumentos con-tenidos en sus mociones radicadas en la corte inferior. Sos-tiene que cuando presentó su moción de prórrog’a estaba bajo la impresión de que ésta no era tardía: que sea ello como fuere, la moción llegó tan sólo con un día de retraso; que la copia de la resolución en que se le concedían 10 días para contestar estaba fechada marzo 17, pero que la recibió el 20 del mismo mes y que de la copia de la resolución no se desprendía cuándo se archivó en los autos del caso la noti-ficación de dicha orden. El fundamento que tuvo el letrado del demandado para solicitar una prórroga fué que tenía un caso pendiente ante el Tribunal Supremo de los Estados Uni-dos y que le era menester radicar un alegato en dicho caso, estando, en su consecuencia excesivamente ocupado.

También alega el letrado que antes de anotarse la rebeldía escribió al abogado de la demandante solicitando no la anotara y que se allanara a la radicación de la contestación; que al no recibir contestación creyó de buena fe que se había acce-dido a su petición; y que radicó la contestación siete días más tarde, o sea a los cinco días de anotada la rebeldía y sólo once días después de expirado el término.

Dice también que la carta dirigida al abogado de la deman-dante se menciona, no como evidencia de que se llegó a una estipulación o para sostener que obligaba a la demandante o a la corte, sino para explicar los motivos que indujeron al demandado a creer, al presentar su contestación, que no se le había anotado la rebeldía.

Sostiene que el secretario de la corte inferior no cumplió con las disposiciones de ley (artículo 142-u del Código de Enjuiciamiento Civil) porque “el tiempo dentro del cual se debe enmendar o contestar ... se empezará a contar desde la tedia en qne se una a los antos el antedicho aviso,” y porque la ley requiere que “un aviso por escrito” sea enviado por correo a la parte perjudicada o a su abogado, y que una copia de dicho aviso sea unida a los autos.

Sostiene el apelante que la notificación escrita que se envíe a la parte perjudicada o a su abogado debe contener toda la información necesaria para que la parte pueda determinar cuándo expira el término concedido: es decir, debe contener la fecha en que se archiva en autos la copia de la notificación.

Alega que se le envió copia de la resolución de la corte y no una notificación original, cuya copia, al ser archivada en los autos, daría comienzo al término; y que no se cum-plieron las disposiciones del estatuto.

El apelante cita muchas decisiones en apoyo de su con-tención de que las cortes deben dar siempre una oportunidad a las partes para exponer su defensa; y que el estatuto bajo el cual se solicita el remedio (art. 140 del Código de Enjui-ciamiento Civil) debe ser liberalmente aplicado e interpretado.

SEGUNDO EkROB.

En apoyo de su segundo señalamiento el apelante sostiene que tenía derecho a ser notificado de la moción de la deman-dante solicitando se fijara fecha para el juicio y del día que se fijara para la celebración del mismo.

Alega el demandado que un pleito de filiación es un pro-cedimiento judicial importante, que él había comparecido en corte y que en su consecuencia tenía derecho a ser notificado de todas las mociones y procedimientos posteriores, tal cual provee la ley (artículos 323 y 324 del Código de Enjuicia-miento Civil).

Sostiene el demandado apelante que el caso fué entrado en un calendario especial y que su abogado no estaba obli-gado a tomar conocimiento de los casos allí entrados conforme lo está con los casos entrados en el calendario general.

Insiste además en que una vez qne un demandado lia com-parecido, él tiene derecho a qne se le notifique de cualquier señalamiento qne se ordene y a comparecer a la vista en defensa de sns intereses.

Y qne ann si no existía el deber legal de notificar a un demandado en semejante caso, en el presente debió haberse hecho tal cosa, toda vez qne había una contestación jnrada en qne se negaban todos los hechos alegados en la demanda. Cita los casos de Pérez Hnos. v. Oliver, 11 D.P.R. 397; Sucn. Chavier v. Sucn. Giráldez, 15 D.P.R. 154; Andino v. Knight, 20 D.P.R. 198.

Cuarto Error,.

El demandado apelante sostiene qne la prneba era insufi-ciente para dictar sentencia en favor de la demandante, por los siguientes motivos:

1. La prneba consistió en nn certificado de nacimiento y en las declaraciones de tres testigos.

2. Los testigos fueron (a) la demandante, (b) sn madre, (c) nn menor.

3. Las preguntas hechas por el letrado de la demandante fueron sugestivas.

4. La prueba era insuficiente.

5. La corte no hizo esfuerzo para investigar la prneba ni repreguntó a los testigos.

El alegato radicado por la demandante como apelada sos-tiene :

1. El primer error señalado no existe, puesto qne la corte cumplió con la ley. Los argumentos del demandado no eran convincentes y las órdenes de la corte negándose a abrir la rebeldía no fueron dictadas en exceso de su discreción.

2. El segundo error no existe. El demandado estaba en rebeldía y no había obligación alguna de notificarle la fecha señalada para el juicio. Si en realidad deseaba estar presente durante el juicio, debió haber estado pendiente del calendario.

3. El tercer error no existe. Es cierto que la demandante recibió una solicitud del demandado pidiéndole que no le anotara la rebeldía, mas la carta fné recibida por ella des-pués de haberse anotado la rebeldía. Sin embargo, la ape-lada no se opuso a la moción del demandado en que se solicitaba la apertura de la rebeldía. Ella dejó el asunto a la discreción de la corte. Ésta no halló razón alguna para abrir la rebeldía y la demandante sostiene que la corte actuó de acuerdo con la ley y la justicia.

4. El cuarto error no existe. La apelada cree que la corte estuvo acertada en su conclusión de que existía el estado de hijo natural reconocido, y sostiene que el demandado lo que desea es impedir la ejecución de la sentencia y que el deseo de éste es evitar tener que alimentar al menor. Suplica quo la sentencia sea confirmada y se condene al demandado al pago de las costas.

No trataremos de analizar todos los señalamientos de error presentados por el demandado apelante, ni los argumentos que expone en apoyo de los mismos. Creemos que el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, bajo las circunstan-cias expuestas, debió haber movido a la corte inferior a abrir la rebeldía original y más especialmente a dejar sin efecto la sentencia dictada en rebeldía. El presente es un pleito para establecer el estado de un menor, incoado contra su padre putativo. Existen probabilidades razonables de que el presunto padre crea que tiene una buena defensa. Las rebel-días se anotaron al transcurrir cortos períodos y entendemos que las faltas se debieron generalmente al exceso de trabajo del- abogado del demandado.

El artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil en su parte pertinente dispone:

"Artículo 140. — Podrá la corte, en bien de la justicia, y en los términos que fuesen adecuados, permitir a una de las partes enmen-dar cualquier alegación o procedimiento, bien añadiendo o eliminando el nombre de alguna parte o corrigiendo un error en el nombre de la misma, o en cualquier otro particular, y en igual forma, prorro-gar el término para la contestación o excepción previa. La corte puede también, a su arbitrio, después de notificada la parte contraria, permitir en la forma que estimare justa, una enmienda a cualquier alegación o procedimiento en otros particulares, y puede, en igual forma, permitir que se formule una contestación después del tér-mino prescrito por este Código, y también eximir a alguna persona o a sus representantes legales, de los efectos de una sentencia, orden u otro procedimiento que se hubiese dictado contra ella, por causa de equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia

Hallamos que varias de las faltas del letrado eran las inadvertencias o .equivocaciones especificadas en el estatuto.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la Corte de Distrito de Bayamón para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presidehte Señor Del Toro

text:
    Ex parte Emiliano Rodríguez Reyes, peticionario.
    Núm. 119.

    Sometido: Julio 24, 1939.

      Resuelto: Julio 29, 1939.

      Santos P. Amadeo, Ciro Malatrasi, Jr., Antonio J. Amadeo, Noel González Beichard y Pascual Semidey, abogados del peticionario; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo.
   El Juez Presidehte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Por medio de su abogado Santos P. Amadeo, Emiliano Bodríguez Beyes solicitó un auto de hábeas corpus dirigido ■ a Andrés A. Lugo, Alcaide de la Cárcel del Distrito de San Juan, que lo retenía bajo su custodia, y pidió que una vez investigado su caso, lo exonerara de los efectos de la senten-cia condenatoria dictada contra él sin jurisdicción por la Corto Municipal de San Juan en marzo 23, 1938.

El anto fué expedido celebrándose la vista el 24 de julio actual. El fiscal se allanó a la solicitud. Los fiecfios, tales como en ésta se alegan, quedaron comprobados. Son así:

“1. — Que el día 20 de marzo de 1938 como a las 8 de la mañana el peticionario fué arrestado por la detective de San Juan por unos supuestos delitos de escalamiento en segundo grado.
“2. — Que el peticionario fué encarcelado en el Cuartel de la Policía de Santurce y estuvo allí hasta el 23 de marzo de 1938.
“3. — Que el día 23 de marzo de l938 la Detective de San Juan denunció ante la Hon. Corte Municipal de San Juan, Sec. Ill, al peticionario acusándole de seis delitos de escalamiento en segundo grado.
“4. — Que en el mismo acto de la acusación el peticionario se declaró culpable de dichos delitos.
“5. — Que vista la confesión del acusado en Corte abierta, la Corte Municipal de San Juan inmediatamente después y en el mismo acto declaró culpable al peticionario de seis delitos de escalamiento en segundo grado condenándole a sufrir la pena de 3 años de cárcel.
“6.' — Que en virtud de dicha sentencia y habiendo mediado el correspondiente mandamiento, el peticionario fué encarcelado en la Cárcel de Distrito de San Juan bajo la custodia del Sr. Andrés A. Lugo, Alcaide de dicha institución.
“1. — Que en ningún momento desde su arresto hasta después de su encarcelación, el peticionario tuvo la asistencia de un abogado defensor y la Corte en ningún momento le ofreció ni le nombró de-fensor alguno al peticionario ni le instruyó en cuanto al derecho que tenía a estar representado por un abogado, y en caso de no poder pagar los servicios de un abogado, a tener los servicios de un abo-gado de oficio nombrado por la Corte.
“8. — -Que el peticionario cuando fué sentenciado tenía 17 antis de edad, sabía leer y escribir y no tenía antecedentes penales de ninguna especie.”

Repetidamente fia resuelto este tribunal en estos últimos meses siguiendo la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de los John A. Johnson, Petitioner v. Fred. C. Zerbst, Warden, 304 U. S. 458, que “Cuando no se instruye a un acusado que comparece ante la corte a quo sin abogado en cuanto a su derecho constitu-cional a estar representado por letrado, se deja de proveerle defensa y nada indica que él renunciara a ese derecho com-petente e inteligentemente, dicha corte deja de tener juris-dicción para seguir el proceso hasta convicción y sentencia y, de ser encarcelado a virtud de tal sentencia, puede obtener su libertad mediante habeas corpus.” Ex parte Hernández Laureano, 54 D.P.R. 416.

La única diferencia entre este caso y los decididos por el tribunal estriba en que en dichos casos se trataba de senten-cias dictadas por cortes de distrito y aquí las sentencias dic-tadas contra el peticionario lo fueron por una corte municipal.

Hemos visto que eso no obstante el fiscal se allanó, haciendo la salvedad de que lo hacía por tratarse de un delito cali-ficado de menos grave pero revestido de características tales que lo distinguían necesariamente de pequeñas ofensas para las cuales no fuera tal vez necesario el auxilio de abogado. Llamó la atención de la corte hacia el artículo 324 del Código de Enjuiciamiento Criminal, ed. 1935, que copiado con la nota, que le sigue, lee así:

“Artículo 324. — En todos los casos de convicción por delito grave1 (felony), el tribunal que sentencie a cualquier persona convicta, debe agregar a la sentencia de prisión la prescripción. de que será con trabajos forzados.
“Nota. — La sección 3 de la ley de 8 de marzo de 1906, pág. -66,, dice como sigue:
“ ‘Sección 3. — Siempre que una persona fuere convicta de un delito menos grave (misdemeanor), y fuere sentenciada a cárcel en una cárcel de distrito por un período que exceda de noventa díasj la corte podrá, a su arbitrio, disponer que se le ponga a trabajar en obras públicas durante el período de su encarcelación.’ ”

Citó también el fiscal una decisión reciente que arroja luz sobre el problema a resolver. Nos referimos a la de la Carte de los Estados Unidos de Apelaciones para el Distrito de Columbia en el caso de Sanders v. Allen, et al., 100 F. (2d) 717.

Dicho caso se vio ante los Jueces ‘G-roner, Juez Presidente, y Miller y Vinson, Jneces Asociados, y la opinión se emitió per curiam. En lo qne consideramos pertinente, dice:

“La presente es una apelación de una orden declarando sin lugar una petición de habeas corpus de la apelante. Allá para julio de 1938 la apelante (peticionaria) y un amigo fueron arrestados por hallarse en estado de embriaguez en la calle, cerca de un restaurante. La peticionaria fué juzgada por una corte de policía (police court) y se le impuso una multa de $100, y no habiéndola pagado, fué en-viada a la cárcel en tanto pagase dicha multa o, en su defecto, a 60 días. Después de varios días de estar detenida, se la transfirió a la casa de trabajo de distrito, en Qccoquan, distante como 20 millas de la ciudad de Washington, donde se encontraba cuando radicó su petición.
“Alega en su- petición que cuando fué arrestada y juzgada no ■estaba ebria, sino sufriendo los efectos de una droga suministrádale sin su conocimiento, y que en ningún momento estuvo mentalmente ■capacitada para entender la naturaleza de la acusación que se le ha-cía o para defenderse. Contiende que en su juicio tenía derecho, bajo las disposiciones de la Quinta y Sexta Enmiendas a la Consti-tución, U.S.C.A. Const. Amends. 5, 6, a estar representada por abogado, y que no fué informada de ese derecho ni tampoco renun-ció a él.
*#■»«***
“La regla general establecida por una larga serie de decisiones empezando con Ex parte Carll, 106 U. S. 521, 1 S. Ct. 535, 27 L. Ed. 288, es que el poder para revisar una sentencia criminal con-denatoria a través de un auto de hábeas corpus está circunscrita a determinar la jurisdicción de la corte para juzgar al acusado por la ofensa y para condenarlo a cárcel. En el reciente caso de Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458, 465, 58 S. Ct. 1019, 82 L. Ed. 1461, sin embargo, la Corte Suprema dijo que la regla debe interpretarse y aplicarse en tal forma que salvaguarde — y no que destruya — las garantías constitucionales a la vida y a la libertad. La Corte re-solvió que esta extensión de la regla incluía exámenes de hechos fuera de, pero no inconsistentes con, el récord, y el deber, una - vez de-terminados los hechos, 'de “disponer de la parte como lo requiera la ley y la justicia” (página 1024). Mirando el récord encontra-mos la alegación de la peticionaria al efecto de que en el momento del juicio ella estaba mentalmente incapacitada para entender la naturaleza de la acusación en su contra o de defenderse; Sostiene que cuando fué arrestada y juzgada estaba totalmente bajo la in-fluencia de una droga suministrádale sin su conocimiento y consen-timiento, y que, en su consecuencia, ella no sabía lo que estaba ocurriendo en la corte cuando fué juzgada y condenada; y que este estado de incompetencia mental le duró los cinco días dentro de los cuales tenía derecho para solicitar una revisión. Si esta alegación es cierta, la ley y la justicia requieren que se la absuelva. Siguiendo, por lo tanto, la regla expuesta en Johnson v. Zerbst, creemos propio que se devuelva el caso a la Corte de Distrito con instrucciones de que se expida el auto, se oiga la evidencia, y sobre las bases de la vista se proceda a determinar si' es o no verdad que la peticionaria estaba, cuando fué arrestada y juzgada, tan afectada mentalmente como para estar imposibilitada de entender la naturaleza del pro-ceso en su contra y de defenderse. Pero el examen debe circuns-cribirse sólo a ese punto.
“El juicio y la condena de una persona mental y físicamente incapacitada para defenderse, viola ciertos principios inmutables de justicia que son inherentes a la idea fundamental de un gobierno li-bre. Powell v. Alabama, 287 U. S. 45, 71, 53 S. Ct. 55, 77 L. Ed. 158, 84 A.L.R. 527. Tal es el caso que presenta el récord. Si los hechos están de acuerdo con las alegaciones, entonces la peticionaria tiene derecho a su libertad por ese solo fundamento. Si, por el contrario, las alegaciones en los particulares mencionados no son ciertas, el auto debe anularse. No hay, por lo tanto, oportunidad para que se interprete la Sexta Enmienda en cuanto a juicio en una corte municipal por violación de una ordenanza municipal.
“Debe desestimarse la petición en cuanto al Procurador General y el Director del Negociado de Prisiones, pero debe prosperar en cuanto a los otros demandados.”

De acuerdo con la ley, el cuarto término de sesiones de esta corte correspondiente a este año expira hoy y el quinto no comienza hasta el primer lunes de noviembre próximo y como la decisión de este caso no admite demora no podremos estudiar en nuestra opinión como quisiéramos la cuestión sugerida por el fiscal en relación con la diferencia en grave-dad de los delitos menos graves. También de cortes. Nos limitaremos, pues, a tomar por guía la decisión citada— Sanders v. Allen, et al., supra — resolviendo el caso de acuerdo con sus peculiares circunstancias y a llamar la atención de las cortes, en evitación de dificultades, hacia el más estricto cumplimiento de su deber en cuanto al reconocimiento del derecho constitucional de que se trata. Tal actitud por su parte no dañará en modo alguno la administración de la jus-ticia y contribuirá por el contrario a arraigar en la práctica el espíritu de nuestras instituciones. Véase Juan Oropesa Rolón, Ex parte, decidido el catorce de este mes, ante; pág. 281.

Conocemos los hechos. Adquieren más vivo color trans-cribiendo lo dicho por el peticionario respondiendo a pre-guntas que se le hicieron en el acto de la vista. Es:

“Juez Presidente: (Al peticionario) ¿Usted tiene algo que de-cir a la Corte, ya que usted ha venido aquí?
“Peticionario: Yo lo que quería decir que la corte en ningún momento me ofreció un abogado para mi defensa. Y también cuando a mí la corte me sentenció, yo era ignorante, yo no sabía lo que quería decir culpabilidad ni inocencia.
“P. — ¿Cuántos años tiene usted?
“R. — Yo hasta ahora tengo 18 años.
“P.' — ¿Usted estaba preso cuando le llevaron a la corte, cuando hizo la declaración de culpabilidad?
"■R. — Yo estaba en el cuartel.
“P. — ¿Usted estaba en el cuartel?
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿La policía lo puso preso a usted y lo llevaron a la corte?
“R. — Al cuartel.
“P. — ¿Quién lo llevó a la corte?
“R. — Me llevó a la corte la detective.
“P. — ¿La detective? ¿Usted no estuvo en libertad después de ser acusado? ¿Alguien prestó fianza por usted?
“R. — No, señor.
“P. — ¿De manera que lo pusieron preso, lo llevaron a la corte y usted se declaró culpable?
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿En esas condiciones?
“R. — Me llevaron primeramente al cuartel donde me tuvieron tres días en el cuartel.
“P. — ¿Tres días?
“R. — Tres días y luego del cuartel me pasaron a la corte, donde el Juez me declaró culpable y a la vez me condenó a tres años de cárcel.”

Nos encontramos, pues, frente a un caso en que una persona de alrededor de diez y siete años de edad que no lia recibido al parecer el beneficio’ de una educación que le per-mita ejercitar por sí misma sus derechos, en la investigación de un delito o delito's de escalamiento es retenida por tres días en el cuartel de la policía, al cabo de los cuales es lle-vada por la misma policía a una corte municipal donde, inme-diatamente, sin que se le advierta de su derecho a recibir la ayuda de un abogado, se declara culpable de los varios delitos que se le imputan, dictándose inmediatamente también sentencias condenatorias por tres años que va a cumplir de la corte a la cárcel.

Para esa persona letra muerta fueron la Constitución, el Acta Orgánica, el Código de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia de los tribunales en sus preceptos y principios sobre la materia. Una sentencia así dictada, no puede subsis-tir.

Puesta de relieve la verdad de lo ocurrido, de conformidad con la ley y la jurisprudencia, y atendidas las circunstancias peculiares del caso, debe ordenarse la inmediata libertad del peticionario, sm perjuicio de cualquier otra acción legal que Gontra él pueda seguir el Pueblo de PuGrto Rico.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez PResidente Señob Del Tobo

text:
    Isabel Díaz y Ada Bisinia Pastrana, menor representada por su madre, Isabel Díaz, peticionarias, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, Juez, demandada.
    Núm. 1191.

    Sometido: Julio 24, 1939.

      Resuelto: Julio 29, 1939.

      Burset & Pérez Pimentel, abogados de las peticionarias; Antonio L. López, abogado del interventor, demandado en el pleito principal.
   El Juez PResidente Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Isabel Díaz y Ada Bisinia Pastrana, menor esta última representada por la primera su madre Isabel Díaz, compare-' cieron por medio de abogado y radicaron una petición de certiorari en solicitud de que esta corte reclamara los autos del pleito núm. 20,665 seguido en la Corte de Distrito de Humacao por la menor representada por su madre contra el padre de la misma Pedro Pastrana, sobre alimentos provi-sionales, y revisara y anulara los procedimientos de dicha corte a partir de la moción de reconsideración de la senten-cia dictada en el mismo y especialmente las resoluciones de mayo 25 y junio 19 de 1939 ordenando que la menor fuera, internada en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Manatí.

El mandamiento fué expedido y las partes interesadas oídas por sus abogados el 24 de julio en curso.

Muestran los autos originales del pleito que en agosto 16, 1937, la menor, representada en la forma que se ba dicho, demandó en la corte de distrito a su padre en reclamación de una pensión alimenticia de treinta dólares mensuales, alegando que tiene cuatro años de edad y vive con y está bajo el cuidado y patria potestad de su madre Isabel Eíaz, divorciada; que es insolvente, contando exclusivamente para su sostenimiento con la ayuda de su padre el demandado que sólo le da cuatro dólares semanales, suma que le resulta insuficiente; que el demandado trabaja en Juncos en una casa de comercio y recibe ochenta dólares mensuales de sueldo más. un tanto por ciento en las ganancias que le produce una entrada anual como de quinientos dólares, lo que le permite pasar la pensión de treinta dólares mensuales que necesita para su alimento, medicinas y vestido.

Señaló la corte la primera comparecencia para agosto 20, 1937, contestando un día antes el demandado. Alegó que dados su sueldo — sesenta dólares mensuales — y el hecho de habitar la demandante la única propiedad que el demandado tiene — una casa que vale unos mil dólares — los diez y siete dólares mensuales que da a su hija para su sostenimiento es todo cuanto puede.

El 29 de octubre de 1937 se celebró la segunda compare-cencia practicándose la prueba ofrecida en la primera y el 5 de noviembre siguiente dictó el juez su sentencia señalando la pensión en veinte y cinco dólares mensuales.

Apeló el demandado para ante esta Corte Suprema a cuya Secretaría se elevó la transcripción de los autos en marzo 4, 1938. El recurso quedó resuelto por sentencia de diciem-. bre 16, 1938, confirmando la apelada (Pastrana v. Pastrana, 54 D.P.R. 956).

Así las cosas, en abril 27 de este año el demandado pre-sentó a la corte una “moción de reconsideración” como sigue:

“(1) Que esta Corte lia dictado sentencia ^condenando al deman-dado a pasarle alimentos a la demandante.
“(2) Que el día 26 de noviembre de 1938 la señora Isabel Díaz, madre de la demandante y quien fué esposa del demandado contrajo nuevo matrimonio con el Sr. Carmelo García Rodríguez, y se llevó consigo a la niña Ada Bisinia Pastrana, la demandante en este caso.
“(3) Que el señor Carmelo García Rodríguez tiene otros hijos de otro matrimonio y todos viven bajo el mismo techo que la señora Isabel Díaz de García y con la demandante, o sea la niña Ada Bisinia Pastrana.
“(4) Que tanto el señor García como sus hijos y su esposa Isabel Díaz y la niña Ada Bisinia Pastrana viven en la mayor penuria debido a que el referido Sr. García Rodríguez no está trabajando actualmente y no percibe rentas ni sueldos de clase alguna.
“(5) Que la niña Ada Bisinia Pastrana no está siendo atendida ni cuidada debidamente en el hogar del señor Carmelo García Ro-dríguez y la situación que prevalece en dicho hogar es altamente perjudicial para la salud y bienestar de dicha niña.
“ (6) Que el demandado en este caso ofrece ahora formalmente el conducir y llevar a dicha niña ál propio hogar del demandado y allí alimentarla y atenderla debidamente, haciendo constar el demandado que está conforme con cualquier disposición que haga esta Corte de la custodia de la referida niña con excepción de su permanencia en el hogar del señor Carmelo García Rodríguez.
“POR todo no que, el demandado respetuosamente solicita de esta Corte que reconsidere su anterior sentencia condenándolo al pago de los alimentos y le exonere definitivamente de continuar pasando dichos alimentos permitiendo que el demandado tenga bajo su cus-todia a la demandante y la alimente y la eduque de acuerdo con lo que disponga esta Corte.”

Se opuso la demandante, alegando en su defensa:

“(a) Que la moción de reconsideración no alega hechos suficien-tes y meritorios para que esta Hon. Corte reconsidere la sentencia dictada en el caso de epígrafe.
“(6) Que la cuestión relativa al uso del derecho de elección que concede al alimentante el artículo 148 del Código Civil (Ed. 1930), fué resuelta contra el demandante en la sentencia dictada por esta Hon. Corte y confirmada por nuestra Corte Suprema, conforme a lo resuelto en el caso de Capifali v. Lloveras, 33 D.P.R. 804, siendo por tanto dicha resolución definitiva.
“ (c) Que esta Corte carece de jurisdicción y autoridad para privar a doña Isabel Díaz de la patria potestad sobre su hija Ada Bisinia Pastrana, dentro del presente pleito sobre alimentos.”

En mayo 22, 1939, se celebró la vista de la moción con asistencia, de las partes y práctica de prueba por ambas y tres días después el juez resolvió el caso en la siguiente forma:

“Celebrada la vista y en armonía con la prueba practicada, la solicitud del demandado puede y debe entenderse enmendada en el sentido de pedir que la pensión se satisfaga proveyendo para la ali-mentación, cuidado y atención médica, albergue y educación de la niña, matriculándola como interna en el Colegio de la Inmaculada Concepción, ubicado en Santuree. Sobre lo adecuado de este Co-legio para los fines antes indicados no hay discusión, constándole el hecho, además, al Tribunal. La demandante, sin embargo, mani-festó preferir que su referida hija fuese a dicho Colegio' en calidad de externa, en las mismas condiciones en que van otras estudiantes; pero continuando viviendo en su compañía, como antes se ha indi-cado.
“Apreciada en detalle y en conjunto la prueba presentada por ambas partes, la Corte llega a las siguientes conclusiones de hecho:
“1. — Por causas tal vez ajenas a su voluntad, las hijas del nuevo esposo de la demandante no han recibido la educación que es de esperarse de una persona que está y ha estado en las condiciones eco-nómicas que alega la demandante a favor de su nuevo esposo, pues la mayor de ellas, que tiene ahora 15 años de edad, y que se ha visto obligada a no asistir a la escuela por prescripción facultativa du-rante el último año, pero que,' según dijo su padre, declarando como testigo, es inteligente y estudiosa, está todavía en sexto grado, sin que hubiera fracasado en ninguno de los años cursados. Esto indica que la niña fué puesta a la escuela a los 9 años de edad y que vendrá a terminar su educación primaria, probablemente, a la edad de 18 a 19 años, con un considerable retraso en su educación, si se compara con lo normal. Además, otra de las hijas del nuevo esposo de la demandante, que tiene en la actualidad 8 años de edad y que es la que sigue a la mayor, comenzará a cursar su primer grado de ins-trucción primaria en el curso escolar de 1930-40; es- decir, a los 9 años de edad, si se realiza el propósito de su padre de comenzar a enviarla a la escuela el próximo año, también con un considerable retraso en su proceso educativo. Además de ésta, la hija del nuevo esposo de la demandante, que sigue a la segunda, y que tiene en la actualidad 6 años de edad, todavía no asiste a escuela alguna, ni se ha indicado cuándo se piensa que comience a asistir.
•‘2. — Los inestables y reducidos ingresos del nuevo esposo de la demandante, no pueden permitir a éste y a la demandante, a pesar de la mejor disposición y voluntad que ellos tengan, para dar a la hija del demandado el bienestar hogareño que ella disfrutaba antes, cuando estaba sola con su señora madre, al dictarse sentencia original en este caso, época en que los cuidados de la madre se concentraban en ella sola, al contrario de lo que ocurre ahora en que tienen que dedicarse a la atención de cuatro niños de su nuevo esposo y a la de éste, por lo que necesariamente no puede prestar a su hija la misma atención y solicitud que antes; siendo, además, evidente que pueden ocurrir, como en la generalidad de los casos, serias desave-nencias conyugales por las fricciones que indiscutiblemente ocurren con frecuencia entre las hijas de los distintos matrimonios, cuando dos personas divorciadas y con hijos se casan y constituyen un hogar común. Esas diferencias han apuntado ya en este caso y la conti-nuación de las mismas no ha de ser beneficiosa para la hija del de-mandado en esta acción. Aparte de esto es indiscutible que el nuevo esposo de la demandante, como jefe de familia, ha de imprimir en el hogar su personal criterio sobre la conducta, educación y solución de los conflictos entre los distintos hijos, en todo lo cual necesaria-mente tiene que estar interesado el padre demandado en este caso, que está subviniendo con $25.00 mensuales a los gastos de su hija, cuya suma no se ha justificado que se invierta exclusivamente en ella.
“Estas y otras consideraciones de igual naturaleza, que se des-prenden de la prueba practicada y estudiada por la Corte, la llevan a la conclusión de que el bienestar de Ada-Bisinia Pastrana Díaz aconseja que sea internada en un Colegio adecuado para su mejor atención y educación, teniendo acceso a la misma, para llevar sus relaciones familiares con ella, sus legítimos padres, la demandante y el demandado en este caso. En su virtud, y por haber'variado las circunstancias que existían a la fecha en que se dictó sentencia en este caso, la cual, por la naturaleza del mismo, nunca es defi-nitiva y está sujeta a variación en armonía con las nuevas circuns-tancias del dispensador de los alimentos y del recipendiario de los mismos, la Corte entiende que debe modificar dicha sentencia en el sentido de disponer que la niña, desde ahora en adelante, recibirá sus alimentos, en toda la extensión legal de los mismos, mediante su internado en el Colegio de la Inmaculada Concepción, en Santurce, o en cualquier otro que, en su defecto, este Tribunal apruebe, de-biendo ser pagados todos los gastos de dicho internado por el de-mandado en este caso, aunque los mismos importen una suma mayor que la originalmente fijada en la sentencia que ahora se modifica, a lo cual manifestó estar dispuesto en el acto de la vista, bajo con-dición de que la niña no habrá de ser trasladada a otro Colegio, ni egresada del mismo, bajo concepto alguno, a petición de los padres o de cualquiera otra persona, sin orden de esta Corte, pudiendo los padres visitarla en dicho Colegio, en armonía con la reglamentación interna del mismo, hasta que otra cosa se resuelva por el Tribunal.”

El 6 de junio de 1939 el demandado comunicó a la corte que no le sería posible conseguir el ingreso de la menor en el colegio ordenado y le pidió que decretara el ingreso de la niña en el de la Inmaculada de Manatí. Al serle notificada la moción al abogado de la demandante, hizo constar por escrito al pie de la misma su oposición.

Sin celebración de vista el juez resolvió en junio 19, 1939, la petición así:

Narra en los primeros dos por cuantos los antecedentes del caso y continúa:

“Por cuanto: el Juez que suscribe, hizo un viaje al referido Colegio de la Inmaculada Concepción establecido en la ciudad de Manatí, y, después de una personal observación del mismo y de ha-ber obtenido toda la información suficiente con referencia al cuidado material y espiritual y a la educación académica y moral de las ni-ñas que en el' mismo se educan y viven, está plenamente convencido de que dicho Colegio constituye un sitio apropiado para el cuidado, la instrucción y la educación de Ada-Bisinia Pastrana;
“Por tanto: se autoriza el ingreso de dicha niña en la referida institución educativa de Manatí, hasta que otra cosa se resuelva por este Tribunal, quedando en pie todas las demás disposiciones con-tenidas en la resolución que esta Corte dictara el día 25 de mayo del año en curso y de la cual es ésta complemento.”

Las peticionarias en su solicitud de certiorari sostienen:

“Que la .Corte de Distrito de Humacao carecía de facultades y jurisdicción para dictar las resoluciones mencionadas en los párrafos octavo y noveno precedentes, por las siguientes razones:
“(a) Porque dichas resoluciones equivalen a una sentencia me-diante la cual se priva a la peticionaria Isabel Díaz de la patria potestad sobre su menor hija Ada Bisinia Pastrana, en violación a lo dispuesto en el Artículo 164 de nuestro Código Civil.
“(b) Porque las referidas resoluciones resuelven cuestiones ex-trañas a la acción principal de alimentos.
“ (c) Porque las referidas resoluciones privan ilegalmente de su libertad a la menor Ada Bisinia Pastrana, por cuanto una vez in-gresada ésta en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Manatí, no podría ser egresada del mismo, bajo concepto alguno, a no mediar una orden de la Corte de Distrito de Humacao.”

Y argumentan en su alegato:

“Las resoluciones de que nos quejamos privan para siempre a doña Isabel Díaz de la custodia de su hija menor Ada Bisinia Pas-trana, lo que equivale a decir que prácticamente se le está privando de la patria potestad sobre dicha menor.
“Si con motivo de haber pasado a segundas nupcias doña Isabel Díaz han surgido circunstancias que requieran para, beneficio de la menor que dicha señora sea privada de la patria potestad sobre ella, la ley previendo tales casos, ha dictado las reglas a seguir. Al efecto existe el artículo 164 del Código Civil que lee así:
“ ‘Disuelto por cualquier causa el vínculo matrimonial, el padre o la madre que pasare o hubiere pasado a segundas nupcias, perderá la patria potestad sobre sus hijos mientras duren esas nupcias, siempre que así lo ordene, en juicio declarativo, la Corte de Distrito del distrito en que residan el padre o madre, previa demanda hecha por alguna de las personas llamadas a ejercer la tutela legítima, y siempre que el Tribunal, después de oír la prueba que corresponda, lo estime conveniente para beneficio del menor; Disponiéndose, que el padre o madre, si lo hubiere, privado ya de la patria potestad, podrá también pedir que se nombre el tutor correspondiente’.”

Por el contrario el demandado en apoyo del poder de la corte para actuar en la forma en que lo hizo invoca varias decisiones de esta Corte Suprema. Nos referiremos a dos, a saber: Puigdollers v. Monroig, 14 D.P.R. 782, donde se resol-vió, copiando del resumen, que “La corte de distrito que asigna una pensión alimenticia tiene jurisdicción para revo-carla o modificarla, cuando de acuerdo con el artículo 177 del Código Civil las circunstancias lo justifiquen, y esto puede pedirse por medio de una moción en el pleito principal, sin que sea necesario entablar una demanda para ese objeto.” Y Chardón v. Corte, 45 D.P.R. 621, donde se resolvió, copiando también del resumen, que:

“Una corte, después de dictar un decreto de divorcio, retiene jurisdicción posterior para dictar las órdenes necesarias y apropia-das en relación con la custodia de los Rijos o para modificar de cuando en criando, en armonía con los cambios de circunstancias, las órdenes previamente dictadas.”
“Las cortes de distrito pueden, en moción presentada después, de dictada sentencia de divorcio, dictar cualquier orden relativa a la custodia de los Rijos que pueda ser librada en una acción indepen-diente incoada con tal fin.”
“La patria potestad está subordinada siempre al ejercicio por las cortes del poder de parens patriae, siendo el factor dominante en el ejercicio de tal poder el bienestar del Rijo o hijos.”

Habidos en consideración esos pronunciamientos, robuste-cidos por la propia disposición del precepto legal citado por las peticionarias — art. 164 del Código Civil — no creemos que pueda sostenerse que la Corte de Distrito carecía de juris-dicción sobre la materia.

Siendo ello así y no obstante haberse adoptado la medida en el pleito sobre alimentos y no en el de divorcio, como el uno fue la consecuencia del otro, nos está vedado penetrar en los hechos dentro de este procedimiento de certiorari. Se ha interpuesto apelación y si se perfecciona debidamente será dentro de ese recurso ordinario que podremos juzgar amplia-mente si las alegaciones y las pruebas justifican la sentencia.

Ahora bien, nos parece tan claro el error de procedimiento cometido por la corte al dictar su última resolución — la de junio 19, 1939 — que ésa sí que creemos que puede y debe ■■.anularse dentro de este recurso de certiorari.

Se trata de una enmienda trascendental. No es lo mismo sacar a una niña de unos cinco o seis años de edad del hogar materno para trasladarla a nn colegio situado en la misma población, que para internarla en otro que está en un pueblo distante, especialmente cuando se trata de una madre que carece en absoluto de bienes de fortuna.

En el primer colegio podría la madre visitarla a menudo, sentirse ambas más cerca; en el segundo, la separación sería casi completa. Y una medida de tal naturaleza no es posible tomarla sin escuchar a la madre, especialmente cuando da noticia de su oposición al ser notificada de la solicitud.

Anulada la orden de junio 19, 1939, y señalado día para oír a las partes sobre la petición de junio 6, tendrá el juez de distrito una oportunidad mayor para actuar a conciencia, para juzgar si tal vez sería mejor para el bienestar de la niña, tan pequeña aún, que vaya, como indicó la madre en la vista de mayo 22, 1939, de externa al Colegio de la Inma-culada en Santurce y continúe viviendo, con la pensión razo-nable, al lado de la madre, recibiendo de tal modo al par que la luz de la instrucción, el afecto, el cuidado y el calor maternos que tanta falta hacen especiálmente a su edad.

.No debe perderse de vista al actuar en estos casos cuán honda es la huella de tristeza que deja para toda la vida en el alma de un hijo el hecho de la separación forzada de sus padres. Para que el bienestar del hijo justifique la medida, debe tratarse de casos serios, graves, en que se tema que reciba ejemplos corruptores o esté sometido a un régimen cruel o deprimente, y aquí de la moción de reconsideración y de la prueba tal como fué apreciada por el propio juez sen-tenciador no aparecen situaciones semejantes. Sólo pobreza que exige privaciones pero que no daña necesariamente si que a veces dignifica, es lo que se advierte, y falta de buena orien-tación educativa, que podría tal vez obviarse en la forma indicada.

Nada revela en los autos prejuicio por parte del juez sen-tenciador, al contrario, el mejor deseo de acertar, de suerte que una nueva consideración del asunto por su parte cons-tituye una garantía de justicia para todos ’ los intereses envueltos.

En tal virtud se revisa y muía la repetida resolución de jimio 19, 1939, y el caso se devuelve para ulteriores proce-dimientos de acuerdo con la ley.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: Eli Juez Asociado Señor Wole

text:
    Joaquín Santana, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. García Quiñones, Juez, demandada.
    Núm. 1173.

    Sometido: Julio 5, 1939.

      Resuelto: Julio 29, 1939.

      Rafael Buscaglia, abogado del peticionario; Mimoso, Vendrell & Mimoso, abogados del interventor, demandado en el pleito principal.
   Eli Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En agosto 31, 1931, Félix Benitez Rexach obtuvo sen-tencia contra Domingo Quintana por la suma de $3,000, más intereses, etc., en la Corte de Distrito de Humacao, en el pleito núm. 15,692. Dicha sentencia es al presente firme e inapelable. Esta sentencia fué posteriormente cedida a Joa-quín Santana, peticionario en este recurso.

La ejecución de esta sentencia fué demorada primeramente a virtud de una orden sobre aseguramiento de la sentencia que pudiera dictarse en el pleito núm. 17,770, iniciado por Sergio Muñoz y Domingo Quintana contra Félix Benitez Rexach.

El referido pleito núm. 17,770 fué desistido y entonces Joaquín Santana obtuvo de la Corte de Distrito de Humacao en el aludido pleito núm. 15,692 una orden para la ejecución de la sentencia en él dictada.

Cuando el marshal se disponía a vender los bienes embar- . gados, Domingo Quintana inició un nuevo pleito bajo el número 19,014, con las mismas alegaciones y súplicas contenidas en el caso núm. 17,770, y logró que se suspendiera la ejecución de la sentencia en el pleito núm. 15,692. Dicho caso núm. 19,014 está aún pendiente.

Entonces, según parece, Domingo Quintana acudió ante el Registro de la Propiedad y obtuvo la cancelación de los embargos trabados en el caso núm. 15,692, por tener dichos embargos más de cuatro años.

Posteriormente Domingo Quintana radicó una moción ante la Corte de Distrito de Humacao en el pleito núm. 15,692 soli-citando lo que pudiera llamarse el levantamiento por decreto judicial de dichos embargos. Adujo ciertos motivos para el levantamiento que no es menester discutir ahora. La Corte de Distrito de Humacao declaró con lugar su moción, no por los motivos expuestos, sino porque Domingo Quintana y sus fiadores habían prestado una fianza en el pleito núm. 19,014. Esa fianza fue prestada para responder de daños y perjui-cios en caso de que no se tuviera éxito en el pleito núm. 19,014/

Las partes aducen varias cuestiones que no es necesario considerar.

Tras un estudio detenido de la cuestión envuelta creemos que la corte de distrito erró al dejar sin efecto el embargo porque al obtenerse la orden de suspensión de la ejecución de la sentencia a virtud de la iniciación del nuevo pleito y del aseguramiento mediante fianza de la sentencia que pudiera recaer en el mismo, las cosas quedaron en el ser y estado en que se- encontraban en el momento de la suspensión y en ese momento el embargo existía.

El hecho de que el embargo fuera cancelado en el regis-tro a-virtud del transcurso de cuatro años sin haberse reno-vado, no importa. El registrador actuó sin conocimiento de los hechos y circunstancias concurrentes, tomando en consi-deración el mero transcurso de un término fijado por el estatuto.

Llevado el asunto a la corte, puesta de relieve la verda-dera situación de hecho y de derecho existente, creemos no-sólo que la corte debió haber declarado -sin lugar la moción de Quintana' si que debió haber accedido a la petición de-Santana ordenando el restablecimiento del embargo en el'. Registro mediante nueva anotación.

La mera actuación de las partes al prestar una fianza en otro pleito no puede substituir la intervención de la corte. Para estar seguro de ajustarse a la ley, el demandante debe-ría renovar la inscripción de los embargos en el registro, para-lo cual tiene derecho ahora.

La fianza de $5,000 prestada en el pleito núm. 19,014, con-forme ya hemos dicho, respondía de daños y perjuicios. Los embargos trabados después de sentencia tan sólo pueden ser levantados mediante el pago de la misma, mediante ejecución o a virtud de otra acción directa. El peticionario alega que en el caso núm. 15,692 la sentencia con sus intereses asciende a más de $7,000. La corte, al suspender la sentencia, había hecho bastante en favor del demandante en el caso núm. 19,014.

El querellado dice que el certiorari no es el recurso adecuado en este caso. Creemos que la orden de la corte levantando el embargo fué una dictada después de sentencia y que, en su consecuencia, era apelable bajo el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. Dada la demora que acarrearía tal apelación, dado además lo inadecuado de la fianza y el enmarañamiento de los pleitos que perturban el status quo, creemos que la apelación resultaría un remedio inadecuado.

La resolución de 5 de abril de 1939 ordenando el levanta-miento de los embargos en el pleito núm. 15,692 debe ser a/im-lada y ordenarse que se haga una 'imeva inscripción en el registro de la propiedad.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    La Mercantil “Cedó & Latoni”, representada por sus gestores Darío Cedó y Gerardo Latoni, peticionaria y apelante, v. F. Navarro Ortiz, Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez, demandado y apelado.
    Núm. 7903.

    Sometido: Junio 15, 1939.

      Resuelto: Julio 29, 1939.

      Enrique Báez García, abogado de la apelante; Pascasio Fajardo Martínez, abogado de la interventora, demandada en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una apelación contra la sentencia del Juez Pre-sidente Sr. Del Toro, como juez de turno, fechada el 5 de noviembre de 1938. Uno de los demandados ha presentado una moción para desestimar la apelación.

Los hechos son los siguientes:

La mercantil “Cedo & Latoni” presentó una demanda en la Corte Municipal de Mayagüez contra R-C-R Flexible Clothes Corp., Inc., en cobro de $253.27. La demandante embargó cierta maquinaria, equipo de oficina y otros artícu-los, de la propiedad de la demandada. La demandada levantó el embargo mediante fianza. Se falló a favor de la deman-dada, de cuyo fallo se apeló a la Corte de Distrito de Mayagüez.

Algún tiempo después y a petición de la demandante, la corte municipal anuló la fianza y ordenó a la demandada que prestara nueva fianza dentro de cuatro días, o de lo contrario el márshal volvería a embargar toda la propiedad que había sido originalmente embargada.

Mientras tanto, la corporación había presentado una soli-citud ex parte en la corte de distrito para el nombramiento de un síndico. La solicitud fué presentada por el tesorero de la corporación y pedía que ésta fuera puesta en manos de un síndico por el término de ocho meses. Se concedió la solicitud y Enrique López Delgado, como el mayor acreedor de la corporación, fué nombrado síndico.

Habiendo transcurrido el término concedido a la corpora-ción para prestar fianza sin que lo hiciera, el márshal proce-dió a trabar nuevo embargo. El síndico solicitó de la corte de distrito que levantara el embargo por el fundamento de que la corporación estaba bajo la sindicatura de él. La corte accedió a lo pedido y ordenó el levantamiento del embargo. La demandante en el caso original acudió a nosotros en soli-citud de un auto inhibitorio contra la Corte de Distrito de Mayagüez, la cual, según la demandante, actuó sin jurisdic-ción, y contra el síndico y la corporación. Un auto alterna-tivo fué expedido por el Juez de Turno, Sr. Presidente Del Toro.

Visto el caso, el Juez Presidente denegó la solicitud y anuló el auto por sentencia de 5 de noviembre de 1938. La peti-cionaria apeló contra dicha sentencia a la corte en pleno.

La R-C-R Flexible Clothes, Corp. era una de las partes contra la cual se expidió el auto y compareció en la vista ante el juez de turno. Ha presentado una moción de deses-timación por los siguientes motivos:

(a) Que la sentencia obtenida por la apelante en la corte municipal y cuya ejecución había sido asegurada por el embargo que fué levantado debido a la sindicatura, ha sido satisfecha en su totalidad y por consiguiente la mercantil “Cedo & Latoni” no tiene interés en la sindicatura, no es una parte adversa y no tiene causa de acción en los procedi-mientos sindicales que se siguen en la Corte de Distrito de Mayagüez.

(b) Porque la sindicatura ha cesado, como aparece del récord y del certificado del secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez.

La demandada ha unido a esta solicitud certificados al efecto de que la sentencia de referencia ha sido satisfecha con intereses y costas, y de que la sindicatura ha cesado. La peticionaria se opone a la moción fundándose en que si se desestimara la apelación los actos del síndico serían con-firmados; en que la apelación no es frívola y en que se han cumplido todos los requisitos. También alega que la senten-cia ha sido satisfecha con el único fin de evitar que esta corte considerara la validez de la sindicatura que fué decretada sin jurisdicción y en que la R-C-R Flexible Clothes, Corp. no es parte en esta apelación.

Somos de opinión que este caso se ha hecho completamente académico y debe archivarse, y así se ordena. Véase Bianchi v. Pierazzi et al., 25 D.P.R. 631, por la relación que pueda tener.

Los Jueces Sres. Presidente Del Toro y Asociado Trar vieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor ’Wglf

text:
    Juana Pérez, demandante y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7396.

    Sometido: Mayo 8, 1939.

      Resuelto: Julio 29, 1939.

      Miguel A. Rústelo, abogado de la apelante; IIon. Procurador Ge-, neral B. Fernández Garda y E. de Aldrey, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor ’Wglf

emitió la opinión del tribunal.

Juana Pérez instó demanda ante la Corte de Distrito de Humacao en cobro de daños y perjuicios con motivo de la muerte de un hijo suyo de tres años de edad que se abogó en un tanque de inmersión. El demandado, Pueblo de Puerto Rico, radicó una excepción previa a la demanda y la misma fué declarada con lugar por la corte. La demandante insis-tió en que la excepción no procedía, se dictó sentencia en su contra y en apelación la sentencia de la corte de distrito fué confirmada. La opinión de este tribunal fué emitida el 23 de diciembre de 1938 por el suscribiente (54 D.P.R. 34).

En enero 20, 1939, la apelante radicó una-moción de recon-sideración. Como el caso sólo babía sido oído por tres jueces y babía duda por parte de algunos de los miembros del tribunal, ordenamos una nueva vista del caso, que fué celebrada el 8 de mayo de 1939.

El Pueblo de Puerto Pico insistió en que no procedía una acción en su contra toda vez que la persona que construyó el tanque de inmersión no era un agente especial de El Pueblo de Puerto Rico ni podía considerársele como tal. Todo el tribunal acepta ese criterio.

Según los artículos 1802 y 1803 del Código Civil, El Pueblo sólo es responsable de la acción u omisión que causa daño a otro cuando la culpa o negligencia ba sido causada “por mediación de un agente especial.”

El infrascrito indudablemente se adhiere al criterio expre-sado en la opinión de diciembre 23, 1938, mas por el presente los demás miembros del tribunal no creen necesario conside-rar esa cuestión, sino que prefieren basar su decisión escue-tamente en el fundamento de que no se demostró que existiera una agencia especial.

Debe confirmarse la sentencia de la corte de distrito.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Juana Torres, en su carácter de madre con patria potestad sobre sus menores hijos Joaquín, Marta, Isabel, Aurea e Irma Solís Torres, recurrentes, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta de sus miembros Sres. M. León Parra, Francisco Paz Granela, y Juan M. Herrero, demandada, y Ramón Montaner, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrido.
    Núm. 172.

    Sometido: Julio 5, 1939.

      Resuelto: Julio 29, 1939.

      Virgilio Brunet, abogado de la recurrente; M. León Parra, abogado de la Comisión Industrial; Hon. Procurador General B. Fernán-dez García, Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar, y Victor J. Vidal González y G. Atiles Moréu, abogados estos últi-mos del Fondo del Estado, abogados del Administrador del Fondo recurrido.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

José Solís León trabajaba como maestro de obras en la construcción de una casa. El patrono lo era Emilio Solís, hermano suyo. Emilio con frecuencia tenía que salir de la ciudad y José estaba a cargo de la obra. El 23 de octubre de 1935 dos trabajadores bajaban unos moldes de madera que se habían utilizado para el piso de la segunda planta. Uno de los moldes, que medía como dos y medio por tres pies, se desprendió y cayó desde una altura de diez pies sobre el piso inferior de concreto. El molde rebotó e hirió a José Solís León en la pantorrilla izquierda. La parte lesionada no san-gró, pero inmediatamente se ennegreció. El obrero salió y regresó más tarde con un vendaje en la pierna. Continuó trabajando el resto del día. Tuvo que recluirse en cama uno o dos días más tarde. Dentro del término de cinco días acudió ál doctor Soto Eivera, su médico particular, para que lo exa-minara y lo atendiera. El obrero empeoró y se le infectó la herida. Fué llevado al Hospital Municipal de Eío Piedras. Según la declaración de dicho médico, de la lesión se le desarro-lló una flebitis que le produjo una pulmonía. Como resultado de esta enfermedad el obrero murió el 19 de noviembre. El 8 de diciembre de 1935 sus herederos radicaron una recla-mación ante el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, siendo éste el primer aviso que el Fondo tuvo del accidente. En noviembre 1 de 1937 el Administrador denegó la reclamación. Los beneficiarios, representados por su madre, apelaron para ante la Comisión Industrial. Luego de una prolongada vista durante la cual ambas partes ofrecieron numerosos testigos, la Comisión, por resolución de marzo 9, 1939, resolvió el caso contra la recurrente. Ésta solicitó la reconsideración y la misma le fué denegada. Entonces acudió ante este Tribunal con un recurso de revisión.

La Comisión no encontró motivo para excusar la omisión del obrero de notificar el accidente. Dice ella: “no fué basta después del día 8 de diciembre de 1935, esto es, cuando ya el obrero llevaba muchos días de enterrado, que se informara por los familiares de aquél al Fondo del Seguro del Estado, asegurador del patrono en este caso, del accidente que se alegaba sufrido por él.” Ella sostuvo que al no notificar al Fondo del Seguro del Estado de su accidente y no compare-cer ante el médico del Fondo para ser examinado había vio-lado las reglas que dispone la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, artículo 5, párrafo 4.

Sostuvo la Comisión que al omitir Solís presentarse ante el médico del Fondo del Seguro del Estado dentro de cinco días del accidente fué culpable de “la negativa u oposición sin justa causa del obrero a someterse al examen médico pro-visto por el Administrador,” y que no tenía derecho a com-pensación. No se convenció la Comisión que el accidente del obrero originara una flebitis que se complicara con pulmonía, o que él padeciera primero de una pulmonía, de la cual se desarrollara después una flebitis. Para sostener su decisión la Comisión aduce otros razonamientos.

La peticionaria levanta cuatro cuestiones, a saber:

1. Que la Comisión erró al resolver, que José Solís León faltó a lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 4, de la Ley núm. 45' de 1935, porque no compareció ante el médico del Pondo, y que al así actuar el obrero, sus beneficiarios perdieron todo derecho a reclamar la compensación que provee la ley para casos de muerte.

2. Que la Comisión erró porque ella carece de facultad legal para privar de compensación a los beneficiarios de un obrero cuando éstos establecen su reclamación muchos días después de enterrada una persona.

3. Que la Comisión erró porque aun cuando el obrero hubiera renunciado al derecho que tenía a recibir compensación, negándose a recibir tratamiento médico, el derecho de los beneficiarios no que-daba perjudicado por ser un derecho independiente y distinto com-pletamente del derecho del obrero.

4. Que la Comisión erró porque cualquier duda que pudiera tener la Comisión en cuanto a los hechos debió resolverse en favor de los beneficiarios.

Los argumentos''1 que la peticionaria aduce en apoyo de su primero y tercer señalamientos de error son: que el obrero babía comparecido ante su propio médico para tratamiento y examen dentro de los cinco días del accidente y que por tanto babía cumplido con las reglas del artículo 5, párrafo 4, de la ley. Sostiene que el deber de comparecer ante un médico se cumplió al presentarse ante cualquier médico. También argumenta la peticionaria que aunque el obrero hubiera faltado a las disposiciones de ley y fuera culpable de no notificar al Fondo dentro del término debido, esa falta no puede perjudicar a los herederos porque el artículo 5 provee que el obrero podrá ser privado de compensación pero no menciona para nada a los herederos, y que los derechos de éstos son completamente distintos de los del obrero y no surgen hasta el momento de la muerte.

No necesitamos discutir el resto de su argumentación. El Fondo del Seguro del Estado recurrido en este caso alega que el determinar si el obrero cumplió o no con el artículo 5 de la ley es una cuestión de hecho que no puede ser revisada por este tribunal y que no considera una cuestión a resolver en este caso el determinar si la oposición del obrero a some-terse a tratamiento priva de compensación a sus herederos.

La cuestión principal a resolver es si el obrero cumplió con las disposiciones de ley sobre comparecencia ante un médico dentro de cinco días del accidente y si la falta de así hacerlo debe privar de compensación a sus herederos.

El artículo 5, párrafo 4 (Leyes de 1935, págs. 251, 275), provee:

“La negativa u oposición sin justa causa, del obrero o empleado a someterse al examen médico o tratamiento facultativo provisto por el Administrador surtirá el efecto de privarlo de su derecho a recibir compensación de acuerdo con esta ley o entablar o seguir procedi-miento de acuerdo con la misma para obtener tal compensación; Disponiéndose, que si el obrero o empleado no se presentare al mé-dico dentro de un término que no excederá de cinco (5) días des-pués de la ocurrencia del accidente para tratamiento facultativo, ni explicare satisfactoriamente su demora al Administrador, éste podrá privarlo de su derecho a recibir compensación alguna, pero no po-drá negarse al obrero o empleado bajo ninguna circunstancia, la asistencia médica que a juicio del Administrador se considere nece-saria hasta tratar de lograr su total restablecimiento; Y disponién-dose, además, que para apreciar y comprobar la incapacidad con que queda afecto el obrero o empelado, el Administrador podrá com-peler la comparecencia personal del lesionado por cuenta del Fondo del Estado,”

Y el párrafo 3 del mismo artículo dice:

“El obrero o empleado lesionado tendrá derecho a designar por su cuenta un médico o un cirujano para que presencie su examen o le preste tratamiento. Esto, sin embargo, no afectará el derecho del médico o del cirujano designado por el Administrador para visitar al obrero o empleado lesionado en todos los momentos que considere oportunos y bajo circunstancias razonables, durante ■ el tiempo que esté imposibilitado de trabajar.”

Por la lectura de la ley vemos que dentro de cinco días después de la ocurrencia del accidente el obrero debe pre-sentarse ante el médico del Pondo del Seguro del Estado para examen y tratamiento médico, ill puede designar su propio médico para que esté presente durante el examen, y después de éste puede escoger el tratamiento de su propio médico y no el del médico del Fondo del Seguro del Estado. Pero en ninguna parte la ley autoriza que el examen lo prac-tique un médico que no sea el del Fondo del Seguro del Estado. El obrero no se presentó ante el médico del Fondo del Seguro del Estado dentro de los cinco días del accidente y faltó a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Compen-saciones por Accidentes del Trabajo. ¿Privó esta omisión de algún derecho al Fondo del Seguro del Estado? Creemos que sí. La comparecencia del obrero ante el médico del Fondo hubiera informado al asegurador de la ocurrencia del acci-dente y le hubiera dado la oportunidad de investigarlo. n

“El artículo de la Ley de Compensaciones a Obreros que trata sobre notificación del accidente tiene como objeto ofrecer una opor-tunidad al patrono para investigar y determinar si hay un accidente de acuerdo con los términos de la ley.” Amerada Petroleum Corp. v. Lovelace, 85 Pac. (2d) 407.

Las cortes han sostenido en muchos casos que el asegura-dor debe ser notificado del accidente dentro del límite pres-crito por el estatuto y que la omisión de así hacerlo puede ser un impedimento para reclamar compensación.

“Éste es un procedimiento estatutario especial. La condición de que la parte a quien se demanda debe ser notificada o tener conoci-miento del accidente, es un derecho estatutario sustancial y cuando se alega no puede ser ignorado- por una comisión o por una corte. ’ ’ Ames v. Lake Independence Lumber Co., 226 Mich. 83, 90, 197 N. W. 499, 502.

“El precepto estatutario de que el patrono debe ser notificado del accidente dentro de tres meses de su ocurrencia es un derecho sustancial y no puede ser ignorado.” Podkastelnea v. Michigan Cent. R. Co., 193 Mich. 321, 164 N. W. 418; Herbert v. Lake Shore & M. S. Ry. Co., 200 Mich. 566, 166 N. W. 923; Gumtow v. Kalamazoo Motor Express, 266 Mich. 16, 253 N. W. 198; Maki v. J. Groves & Sons, 279 Mich. 644, 273 N. W. 300; Clifton v. Chrysler Corporation, 287 Mich. 87, 282 N. W. 912.

“Como el estatuto provee que la negativa por parte del empleado de someterse a examen por el médico del patrono suspenderá sus derechos a reclamar compensación, la falta de un empleado de noti-ficar su accidente, como provee la ley, y así impedir que el patrono pudiera ordenar un examen del obrero por sus médicos, y facilitarle tratamiento, es base para alegar que el patrono sufrió perjuicio por la falta de notificación, aunque el empleado tuviese derecho a ne-garse a recibir tratamiento del médico del patrono. ’ ’ Frank Martin-Laskin Co., et al. v. Industrial Commission, et al., 193 N. W. 70.

En algunas jurisdicciones en que la ley tiene disposición igual a la nuestra, la falta del obrero de comparecer ante el médico para examen dentro de cinco días, le priva del derecho a compensación y además le impide entablar o seguir proce-dimiento alguno para obtener tal compensación. Se ba deci-dido que una Comisión Industrial no tiene jurisdicción para resolver un caso cuando no se ba demostrado que se notificó al asegurador dentro del término prescrito por el estatuto.

“Bajo la Ley de la Comisión de Compensaciones a Obreros, ar-tículo 24, que provee que no se podrá entablar procedimiento bajo dicha ley a menos que se informe del accidente al patrono dentro de 30 días, tal notificación es esencial a la jurisdicción de la Comi-sión Industrial.” Ridge Coal v. Industrial Commission, 131 N. E. 637; 298 Ill. 532.

En Michigan se ba sostenido que la omisión de notificar al asegurador dentro del período estatutario de la ocurrencia de un accidente a consecuencia del cual un obrero falleció algún tiempo después, de modo que la primera noticia que el asegurador tuvo de tal accidente fue después de la muerte, constituye un impedimento para recibir compensación. El caso fue uno en que un obrero de una compañía maderera aban-donó el trabajo y se marchó para su casa quejándose de fiebre. Resultó luego que padecía de fiebe tifoidea y de ella murió a los pocos días. Después de su muerte los herederos alegaron y probaron que la tifoidea había sido adquirida tomando agua en el campamento donde trabajaba. La corte sostuvo que la omisión de notificar al asegurador dentro del límite esta-tutario le había privado de su derecho a disponer que su propio médico examinara al obrero y a revisar el tratamiento seguido por éste, y a investigar dentro de tiempo razonable si el accidente había realmente ocurrido en el curso del trabajo.

“La omisión de notificar al patrono que el empleado sufría de fiebre tifoidea o que ésta le causó la muerte, dentro de tres meses después de la ocurrencia, como requiere la ley, es un impedimento para recibir compensación por la muerte del empleado.” Johnson v. Bergland Lumber Co., 203 N. W. 840, 231 Mich. 34.

Creemos, como la Comisión, que si se autorizara a pre-sentar reclamaciones por la muerte de un obrero alegando que había sido causada por un accidente del cual no se noti-ficó nunca al Fondo del Seguro del Estado, o del cual se le notificó después del término prescrito por la ley,*el Fondo no tendría una oportunidad justa para investigar los hechos del caso. El Fondo tiene un derecho estatutario a ser informado del accidente dentro de cinco días de su ocurrencia, ya por el informe del patrono o por la comparecencia del empleado ante el médico del Fondo.

Esto resuelve los errores primero y tercero.

Habiéndose resuelto que la peticionaria está impedida de recobrar compensación, es innecesario considerar los otros errores señalados.

La resolución recurrióla debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor W-ole

text:
    José Collazo Bracero, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1051.

    Sometido: Junio 13, 1939,

      Resuelto: Julio 29, 1939.

      Buenaventura Esteves, abogado del recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor W-ole

emitió la opinión del -tribunal.

José Collazo Bracero entabló una acción contra la suce-sión de José Soto Yélez en la Corte de Distrito de Aguadilla para recobrar la suma de $2,873.10. En aseguramiento de sentencia fueron embargadas 71.75 cuerdas propiedad de la sucesión demandada. Mientras se ventilaba el caso en la corte de distrito las partes llegaron a un arreglo. Debido a que entre los herederos había menores se sometió a la corte de distrito un proyecto de transacción para poner término al litigio. Dentro del procedimiento se presentó una solicitud de acuerdo con el artículo 80 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales (Artículo 614 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933) para que dicha corte de distrito, previa inter-vención del fiscal, aprobara la transacción, y también para que autorizara la permuta de ciertas propiedades entre el presente peticionario José Collazo Bracero y la sucesión demandada compuesta por los menores y la madre de éstos. A dicho fin se libró una resolución por la corte de distrito.

Dicha resolución disponía que la -finca de 71.75 cuerdas, con un valor de $8,054.78, fuera traspasada al peticionario, a cambio de la cual los herederos demandados recibirían (en pago de cierta diferencia entre el valor de dicha finca y el montante de la deuda reclamada a más de otras cargas) otra finca de 10 cuerdas propiedad del peticionario.

El peticionario trató de inscribir la finca así adquirida por él en el registro de la propiedad, pero el registrador rehusó la inscripción debido a qne la transacción aprobada por la corte equivalía a una enajenación de dicha finca que no podía verificarse sin nna venta previa en pública subasta, según dis-posición de la ley, por ser la finca propiedad de menores.

Se alega por el peticionario, primeramente, qne un traspaso por medio de venta, según la Ley de Procedimientos Legales Especiales, requiere una subasta pública, mas no así una permuta; en segundo lugar, que la escritura de permuta en cuestión se ajusta a lo que exige la ley, puesto que se había obtenido previamente autorización de una corte de distrito competente con la intervención del fiscal.

¿Es la intención de la ley que bienes de menores requieran para su enajenación siempre una subasta pública? No cree-mos que lo sea. Dice la ley (artículo 614 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933):

Artículo 614. En todos los casos en que según el Código Civil necesitan los padres o el tutor de un menor o incapaz autorización judicial para actos o contratos que se refieren a la guarda de dicho menor o incapaz y de sus bienes, deberá presentarse la oportuna so-licitud a la competente corte de distrito, haciendo constar en aquélla bajo juramento los particulares enumerados a continuación:
“1. *
“2. *
“3. *
“4 *
“5. En todo caso de venta de bienes inmuebles., y en el de bie-nes muebles, cuando el valor de éstos exceda de las cantidades seña-ladas en los artículos 229 (ahora 159) y 282 (ahora 212), inciso 5, del Código Civil, el precio que debe señalarse como tipo mínimo de la subasta pública de dichos bienes.
“6. Si la autorización se refiriese a la constitución de un gravamen sobre bienes inmuebles, la naturaleza y condiciones detalladas del gravamen,
“7. En caso de permuta de bienes inmuebles, o en el de su arrendamiento, por término mayor de seis años, las condiciones es-pecíficas del contrato.”

La ley habla de subasta pública “en todo caso de venta," pero en casos de permuta la condición requerida es que se harán constar en la solicitud las condiciones específicas del contrato de permuta.

Vemos más adelante en el artículo 614 que cualquier duda que pudiera surgir queda disipada. Entre los particulares que deben constar en la solicitud hay el de:

“8. El nombre del adquirente del derecho que haya de trans-mitirse, salvo en el caso de enajenación en pública subasta."

Este inciso del artículo 614 pone de manifiesto que hay casos de enajenación que no son por medio de subasta pública. Estos casos son necesariamente los que surgen de los incisos 6 y 7 y a ellos es que se refiere el inciso 8.

El registrador está de acuerdo en que sería prácticamente imposible realizar permuta a través de subasta pública, y alega que por lo tanto bienes de menores no deben permutarse.

Es evidente que según la ley pueden permutarse bienes de menores, si la corte lo autoriza, y que no hay necesidad de una subasta pública. En realidad, como dice el registra-dor, la naturaleza de la permuta de bienes es incompatible con la venta en pública subasta.

El caso citado por el registrador, Acosta v. Registrador, 29 D.P.R. 9, no es aplicable al presente. En dicho caso se vendieron sin autorización de la corte bienes de menores.

En el caso que nos ocupa se ve, por la resolución de la corte, que se cumplieron todos los requisitos legales.

El registrador en su alegato levanta la cuestión de si la madre debió haber recibido una mitad de la finca adquirida puesto que la finca objeto del traspaso pertenecía en su totalidad a los hijos menores y la madre sólo tenía derecho a un usufructo en la misma. No podemos considerar este punto no habiendo sido uno de los fundamentos para denegar

Bebe revocarse la nota objeto del recurso.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    José Isern Aponte, sustituído por Carmen Isern de la Cruz, demandante y apelada, v. Luisa Ramírez Santana y Clotilde Benítez Rexach, demandadas y apelante la última.
    Núm. 7912.

    Sometido: Julio 24, 1939.

      Resuelto: Julio 29, 1939.

      Jaime Benitez y Géigel & Silva, abogados de la apelante; Francisco González Fagundo, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Tenemos ante nos una moción para desestimar un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Dis-trito de- Humacao. Los autos fueron archivados en este tribunal el 30 de diciembre de 1938. La apelante obtuvo de esta corte un gran número de prórrogas para radicar su alegato. La última de ellas venció el 26 de mayo de 1939.. Desde entonces no se ha solicitado ninguna prórroga ni nin-guna en su consecuencia ha sido concedida.

El 19 de julio del año en curso la apelada solicitó se deses-timara el recurso por no haberse radicado alegato y la moción para desestimar fué vista el 24 del actual. En dicho día,, por primera vez, la apelante radicó su alegato. No lo acom-pañó de moción alguna solicitando que el mismo fuera con-siderado por la corte ni de un affidavit de méritos.

Sin embargo, hemos examinado el alegato para ver si la apelación tiene méritos y hallamos en él lo suficiente para que declaremos sin lugar la moción.

Debe declararse sin lugar la moción para desestimar.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: Fl Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Pascasio Fajardo Martínez, recurrente, v. Comisión de Oposiciones para Registrador de la Propiedad de Mayagüez, compuesta por Augusto Malaret, R. B. Pérez Mercado, Leopoldo Felíu, F. Fernández Cuyar y Rafael Martínez Álvarez, demandados.
    Núm. 330.

    Sometido: Julio 11, 1939.

      Resuelto: Julio 29, 1939.

      Pascasio Fajardo Martínez, pro se; B. B. Pérez Mercado, F. Fernán-dez Cuyar, Leopoldo Felíu y Rafael Martínez Alvarez, pro se.

   Fl Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

La sección 2 de la Ley asignando sueldos a los Registra-dores de la Propiedad, y para otros fines (Estatutos Revisa-dos de 1911, sección 2140) provee:

"Las vacantes ocurridas o que en lo sucesivo ocurrieren en los Registros de la Propiedad de Puerto Rico, se cubrirán por concurso entre todos los registradores que las solicitaren dentro del término de 15 días siguientes al anuncio de la convocatoria hecha por el Attorney General, y en todos los casos en que a juicio del Gobernador, las cualidades de dos o más de dichos solicitantes fueren iguales, se dará preferencia entre éstos al registrador de la propiedad que haya servido mayor número de años, y en igualdad de antigüedad en el que elija libremente el Gobernador. Los registros que no se pidieren en la forma indicada, se proveerán por oposición verificada ante una comisión de cinco abogados nombrados por la Corte Suprema, y de la cual comisión formará parte necesariamente un registrador de la propiedad; disponiéndose, que la comisión formará terna entre los opositores por el orden de aptitud demostrada en las oposiciones.
"En todo caso el Gobernador hará los nombramientos de acuerdo .y con el consentimiento del Consejo Ejecutivo.”

Con motivo ele una vacante existente en el Registro de la Propiedad de Mayagüez se designó tal Comisión y ésta actuó el 4 de noviembre de 1938. Hubo seis aspirantes al cargo y Pascasio Fajardo Martínez, peticionario en este recurso, era nno de ellos. En lugar de enviar una terna al Gobernador de Puerto Rico para que éste hiciera el nom-bramiento, la Comisión sólo le remitió un nombre. Al ser sometido al Senado el nombramiento no fué confirmado.

El 26 de junio de 1939 Pascasio' Fajardo Martínez acudió ante este tribunal en solicitud de un auto de mandamus, pidiendo, en síntesis, que se obligara, a la Comisión designada a hacer lo que la ley nominalmente dice, es decir, a certificar una terna al Gobernador.

No hay duda de que la Comisión no mandó una terna. Este tribunal expidió el auto alternativo de mandamus. Los querellados R. B. Pérez Mercado, Leopoldo Felíu, F. Fernán-dez Guyar y Rafael Martínez Alvarez, quienes en unión de Augusto Malaret componían la Comisión de Oposiciones, radicaron una moción para anular, el auto. La vista del recurso de mandamus y de la moción para anular fué cele-brada el 11 de julio de 1939.

La posición asumida por la comisión fué más o menos la, siguiente: que la Comisión preparó el certificado de confor-midad con la aptitud demostrada por los aspirantes; que de acuerdo con el examen celebrado por la Comisión, ninguno de los aspirantes que se presentaron ante ella demostraron aptitud alguna, excepto aquél cuyo nombre fué enviado al Gobernador; que tanto la letra como el espíritu de la ley re-quieren que para que se forme una terna, todas las personas en ella designadas demuestren la idoneidad que la ley espe-cifica.

Otra de las posiciones asumidas por la Comisión fué que aun si ella estuviera obligada a certificar tres nombres, el de Pascasio Fajardo Martínez no hubiera, figurado en la terna. En otras palabras, la Comisión sostiene que el peticionario dejó de demostrar, según debió haberlo hecho, que él hubiera caído en la terna que la ley requiere que la Comisión certi-fique.

El peticionario insiste en la letra de la ley, y sostiene que cualquier letrado que ha pasado el examen de reválida que celebra este tribunal es capaz de desempeñar los deberes del cargo de registrador. La Comisión, por otra parte, estu-dia el caso históricamente y demuestra que en tiempos de España, bajo la práctica, allí existente, el examen para regis-trador de la propiedad era estricto y que los aspirantes al cargo de registrador tenían que demostrar ciertos conoci-mientos, lo que, según entendemos, contesta el argumento de que cualquier letrado estaría en condiciones de desempeñar los deberes de registrador.

Los querellados también sostienen que la ley de 1904, con su enmienda de 1908, no eliminó la práctica existente bajo la Ley Hipotecaria antes de su adopción y cita el caso de Giménez v. Brenes, 10 D.P.R. 128, al efecto de que la ley general continúa en vigor hasta que sea expresamente dero-gada.

Igualmente convenimos en que la Comisión no estaba obli-gada a certificar una terna a menos que estuviera convencida de que las personas cuyos nombres se incluían eran abogados que tenían los conocimientos que siempre se habían exigido a los registradores de la propiedad, y que ella no estaba obli-gada a incluir en su lista el nombre de ninguna persona que no cumpliera con estos requisitos, aunque no pudiera remi-tirse una terna al G-obernador.

Dede anularse el auto expedido y declararse sin lugar la petición.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.