author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    In re Francisco Figueroa Maestre, querellado.
    No. 8.

    Visto: Diciembre 4, 1928.

      Resuelto: Diciembre 17, 1928.

      J. B. Huyke, F. Gonzales Fagundo y M. Benitez Flores, abogados del querellado. '
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En mayo 8, 1914, Figueroa Maestre fué suspendido en el ejercicio de la profesión en las cortes de la isla. Ahora ha radicado una petición de rehabilitación. Si bien la petición misma no contiene ninguna manifestación errónea sobre los deberes y responsabilidades de esta corte, sin embargo, durante la vista fueron examinados varios testigos y se presentaron argumentos evidentemente bajo la teoría de que el peticionario Rabia sido castigado suficientemente, qne Rabia snfrido bastante y qne esta corte debía ejercer sn poder inherente para perdonarle. En otras palabras, si bien los letrados del peticionario presentaron otros argumentos, se nos suplicó encarecidamente, tal cual si ocupáramos un puesto como el de Gobernador, que consideráramos la suficiencia del castigo. El deber o la responsabilidad nuestra es entera-mente distinto. Posiblemente varios meses o un año podrían dar derecho a un peticionario a ser rehabilitado en el ejer-cicio de su profesión. La cuestión siempre es la integridad actual del peticionario después de haber sido suspendido en e] ejercicio de su profesión. TJn abogado tiene enormes pri-vilegios y graves responsabilidades y la sociedad debe ser protegida de una persona que no esté moralmente preparada,. Hemos hallado una discusión muy hábil de esta cuestión, así como una revisión de los casos en el de In re Egan, (S. D.), resuelto el 17 de febrero de 1928, 218 N. W. 1. Después de hacer una revisión parcial, la corte dijo:

, “Bajo estos principios fundamentales, necesariamente tenemos que a'sumir qne la cuestión sometida a la consideración de esta corte en virtud de la solicitud de rehabilitación presentada por un abogado que había sido suspendido en el ejercicio de su profesión, no es, ha-ciendo un análisis final, si el peticionario ha sido suficientemente cas-tigado por su falta anterior, sino si al tiempo de hacer 'su solicitud goza de tal reputación que justifique su admisión al ejercicio de la profesión. ’ ’

Posteriormente la corte citó lo siguiente de una decisión anterior, o sea, de In re Morrison, 45 S. D. 123, 186 N. W. 556:

“Pero cuando después de un juicio completo e imparcial Se le castiga de tales faltas que demuestren su incapacidad para actuar como un funcionario de las cortes de justicia y se le ha revocado su licencia, si solicita su rehabilitación el peso de la prueba recae so-bre él para establecer mediante evidencia satisfactoria, bien que ia corte ha cometido error en su sentencia 'suspendiéndole en el ejer-cicio de su profesión, o que su conducta moral ha cambiado tanto que le habilite para disfrutar del puesto y de la confianza que una vez fueron en él depositados. Una corte debe ser muy cautelosa al suspender en el ejercicio de la profesión a un abogado, pero debe ser aún más cautelosa para rehabilitarlo; debe e'star absolutamente segura de que no pone nuevamente en las manos de un peticionario poco digno de confianza, esa oportunidad casi ilimitada que tiene un abogado en ejercicio para hacer daño a la sociedad. Por tanto, la corte está en el deber al presentársele una solicitud de rehabilitación por un abogado que ha sido suspendido, de tratar no solamente, me-diante vistas celebradas en la corte, sino valiéndose de cualquier forma legítima’ que pueda utilizar, obtener toda la información que le sea posible respecto a la integridad moral del peticionario para ser admitido al ejercicio de su profesión.”

La corte está-en el sagrado deber de hacer cuanto le sea humanamente posible para impedir que ocurran nuevamente la clase de actos por el cual el peticionario fue suspendido de la profesión, o que cometa otras faltas. No nos deten-dremos a revisarlos cuidadosamente. Son expuestos clara-mente en 20 D.P.R. 425. Podría decirse, sin embargo, que el fundamento de los cargos era que el peticionario no sola-mente era infiel a sus clientes, sino que también usaba su despacho para defraudarlos. Les formulaba cargos falsos a los clientes y los amenazaba con acusarlos cuando le pedían que les devolviera su dinero.

¿Ha experimentado el peticionario, usando sus propias palabras, tal “regeneración” que merezca su rehabilitación en el ejercicio de su profesión? En una investigación de esta clase es imposible la certeza absoluta, pero el peticionario ha hecho todo esfuerzo y la prueba presentádanos es de tal naturaleza fuerte que nos obliga a declarar con lugar la petición.

De la jurisdicción a que pertenece el peticionario, o sea, Arecibo, prácticamente todo el Colegio de Abogados, inclu-yendo al juez de distrito y al fiscal, declararon sobre su actual preparación moral. Profesionales, funcionarios pú-blicos, hombres de neg’ocios, ciudadanos particulares residen-tes en el mismo pueblo del peticionario, Utuado, aseveraron su confianza en él. Los abogados del vecino distrito de A guadilla, igualmente endosaron la petición, según lo hicieron los principales letrados de Mayagüez. El Colegio de Abo-gados de San Juan en una sesión pública expresó su coope-ración. Expresiones similares de confianza fueron recibidas de los abogados de Ponce,' Gruayama y Humacao.

La Legislatura de Puerto Rico ' aprobó una Resolución Concurrente recomendando la rehabilitación del peticionario. Desde luego, la responsabilidad para con el público recae sobre esta corte y no sobre la Legislatura y así lo reconoce la resolución. Durante la vista. se desprendió igualmente que la' resolución de la Legislatura no era. pro forma sino que los varios comités, compuestos en gran parte de abo-gados, practicaron una investigación respecto del carácter y la conducta del peticionario.

La naturaleza de la prueba presentada, en su mayor parte distinta de la del caso de Egan, supra, se basaba aparente-mente en la apreciación absoluta por parte de los testigos de su responsabilidad como ciudadano. Ellos demostraron que desde el momento en que el peticionario fué suspendido en el ejercicio de su profesión había llevado una vida ejem-plar, tanto privada como en los negocios. Se desligó de las cortes, se estableció en un negocio de imprenta y se sostenía a sí mismo parcialmente con los conocimientos que poseía de la música. Testigo tras testigo declararon sobre sus rela-ciones y experiencia con el peticionario. Nos aseveraron de la buena conducta del peticionario, desde el momento que fué suspendido, sobre su preparación moral al presente y sobre sus méritos personales. Un gran número de ciudadanos par-ticulares declararon que sin vacilación alguna no, tendrían inconveniente en confiar al peticionario sus asuntos. El peticionario personalmente ocupó la silla testifical y confe-sando en efecto su falta anterior dijo que la conducta que había motivado su suspensión fué una aberración en su con-ducta ordinaria, que se daba cuenta de su responsabilidad y que ahora era un hombre distinto.

Como de las declaraciones prestadas por los testigos qne aseveraron ante nos y de la prueba presentada, el peticio-nario lia demostrado en todo lo qne le ha sido posible sn regeneración moral, debe declararse con lugar la petición.

El Juez Asociado Sr. Texidor'no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: Él Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Alejandro Ruiz Soler, demandante y apelado, v. Anunciación Morazzani y Bosch, demandada y apelante.
    No. 4413.

    Visto: Abril 20, 1928.

      Resuelto: Diciembre 18, 1928.

      Benet é Souffront, abogados de la apelante,- M. Figueroa del Rosario, abogado del apelado.
   Él Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Doctor en medicina Alejandro Ruiz Soler contrajo matrimonio en 1908 con 'Anunciación Morazzani Bosch ha-biendo procreado cuatro hijos en esa unión, teniendo el mayor 16 años de edad y el menor seis años cuando en febrero de 1926 el marido presentó la demanda de divorcio inicial de este pleito, que fundó en abandono por parte de su osposa por más de xm año. Se opuso ella a esa demanda y formuló contrademanda para que se decretase el divorcio por abandono de su marido. Celebrado el juicio la Corte de' Distrito de San Juan dictó sentencia declarando con lugar la demanda con los pronunciamientos consiguientes y sin lugar la eontrademanda, contra cuyo fallo ha sido interpuesto-este recurso de apelación por la parte a quien perjudica-

Como las alegaciones de las partes son contradictorias-respecto a cuál de los consortes abandonó al otro también resultó contradictoria la evidencia en ese particular, conflicto-que dirimió expresamente la corte inferior dando entero cré-dito a la prueba del demandante y basándose en ella para fundar su sentencia. Para llegar a esa conclusión dijo la corte que apenas si hay prueba que no sea la de ambas partes-contendientes : que la solución de este caso dependía de la credibilidad que haya de darse a una u otra parte y que el demandante, por su modo de declarar y por la forma' en que se expresó, le pareció ser un hombre que ha sufrid® mucho por la situación que atravesaba su hogar y que al declarar lo hacía con pleno conocimiento de lo que ello sig-nificaba para él.

No hay discusión entre las partes en que en la fecha en que fue presentada la demanda hacía varios años que Ios-esposos no vivían juntos y en que desde la separación mo-hán vuelto a tratarse más.

En consecuencia de lo expuesto los motivos de error ale-gados por la apelante hacen relación casi exclusivamente a. la apreciación que de la prueba hizo la corte sentenciadora,, y así dice: que hubo error al declarar probado que la deman-dada abandonó al demandante: al declarar que la demandad® se negó a seguir a su marido a la ciudad de Caguas: af resolver el conflicto de la evidencia en contra de la deman-dada: al declarar que el demandante estuvo justificado es abandonar el hogar conyugal y al declarar sin lugar la con-trademanda. Podemos considerarlos conjuntamente y así lo liaremos excepto nno de ellos.

Los esposos litigantes vivían con sns hijos en nna casa de la Calle Canals del barrio de Santnrce de esta ciudad, casa que según alegación de la contrademanda enmendada, que es la que tenemos ante nosotros, pertenece a la esposa por haberla comprado cón bienes privativos suyos obtenidos por herencia. El apelado fué Comisionado de Sanidad Insular y al cesar en ese cargo tuvo que buscar nueva orientación para ganarse la vida con su profesión y estableció una oficina médica en una casa de^Santurce pero después, creyendo que la ciudad de Caguas sería mejor campo para sus actividades, se trasladó a ella a principios del año 1923 y alquiló una casa grande para tener a su esposa y a sus hijos, y como cuando hizo su traslado hacía unos seis meses que los consortes no vivían juntos escribió por correo a su esposa para que con los hijos fuese a residir en Caguas con él: no tuvo contestación a esa carta y entonces comisionó a su hermano José para que se entrevistara con ella con el fin dicho, entrevista que tuvo lugar habiendo contestado la esposa que no quería vivir con su marido. Algunos meses después quitó el demandante la casa de Caguas porque volvió a San Juan como médico de los asilos pero al mes y medio volvió a Caguas donde fué nombrado oficial de Sanidad, teniendo que residir allí por ese cargo, y donde alquiló otra vez casa capaz para su familia; volviendo a escribir otra vez a su esposa' para que fuese a vivir con él. No tuvo tampoco contestación a esa carta enviada por correo y volvió a comisionar a su hermano José para que la apelante fuese a su hogar de Caguas, requerimiento que fué hecho sin éxito. A pesar de esto el marido sostuvo esa casa, por dos años hasta que en vista de sus crecidos gastos por sostener esa casa puesta con sirvientes y pagar además los gastos de la casa en que vivían su esposa e hijos la quitó y desde entonces vive en casas de familia.

El apelado se limitó a decir eh su interrogatorio directo que cuando fué por primera vez a Caguas hacía unos seis meses que no vivía con su esposa e hijos pero que pensaba poner otra casa para su esposa, como la puso en Caguas, y fué a repreguntas de la parte contraria que manifestó que ím un disgusto que tuvo con su esposa ésta lo echó de la casa diciéndole “bueno, ya es tiempo de que te largues de esta casa; tú sabes que esta casa ha sido comprada con mi dinero y me haces el favor de irte ahora mismo de aquí”; y que por esa humillación no volvió a vivir en aquella casa con su esposa hasta que pudiera ofrecerle otra en donde no pudiera lanzarlo de ella. La apelante admitió en su declara-ción que existió ese disgusto y negó que echase de la casa a su marido; pero que las cosas ocurrieron como dice el apelante lo comprueba en algo el hecho de alegar ella innece-sariamente en su contrademanda que la casa en que vivían, y ella vive, es de su exclusiva propiedad.

También admitió la demandada en su declaración que José Ruiz Soler estuvo en dos ocasiones a hablar con ella pero niega que fuese para que se uniese otra vez a su marido en Caguas sino, por el contrario, para decirle que su marido ya no le tenía afecto y que presentase la demanda de divorcio, a lo que ella se negó porque no- quería divorciarse. Sin embargo la última manifestación de ella está en contradicción con su conducta solicitando el divorcio en su contrademanda y con su alegación de que hubo error en no declarar con lugar su reclamación para el divorcio. Ella también declaró que estaba dispuesta a vivir con su marido, pero, aparte de que tal aserto no concuerda con su conducta anterior y posterior a la demanda de su esposo, tal manifestación no puede enervar la acción del demandante, si éste tiene causa de acción. Meléndez v. Pérez Díaz, resuelto el 13 de noviembre de 1928, (pág. 811).

Tanto la apelante como el testigo José Ruiz Soler estu-vieron conformes en que las entrevistas que ellos tuvieron y a que nos hemos referido antes fueron secretas y en la sala de la casa, manifestando dicho testigo que las verificaba en esa forma para evitar que los hijos del matrimonio se ente-rasen de los disgustos de sus padres, y no obstante esto la apelante presentó como testigo a su madre, quien manifestó que cuando llegó José Buiz Soler a la casa de la apelante ésta estaba con sus hijos en el comedor y al entrar en él dijo que su hermano no pensaba volver más a aquella casa y quería que ella le diese el divorcio; testigo que se contra-dijo pues después dijo que al entrar el testigo en la casa llamó a la apelante quien dejó a sus hijos y fueron a la sala donde conversaron pero los oyó desde otra habitación. En parecidos términos declaró Josefa Campesino, otra testigo de la apelante en cuanto a que había, oído los términos de esa conversación en la sala desde otra habitación, declara-ciones que no parecen verosímiles pues si ambos litigantes admiten que la conversación fué secreta no parece natural que pudiera ser en voz tan alta que fuese oída en otra habita-ción y mucho menos si era para hacer la proposición de divorcio.

Declaró también la apelante que ella hizo gestiones para que su marido volviese al hogar valiéndose de sus hijos porque lo veían con frecuencia, pero se limitó a esto sin presentar las declaraciones de sus hijos para saber si efec-tivamente hablaron con su padre sobre ese asunto y para conocer la contestación que les diera.

Gomo resumen de todo lo expuesto diremos que no habién-dose alegado pasión, prejuicio o parcialidad en la corte sen-tenciadora, opinamos que no cometió error en la resolución del conflicto de la evidencia al dar crédito a la de la parte demandante y fundar en ella su sentencia.

La única cuestión de derecho que surge en este pleito es la de si el hecho de haber dejado el marido la casa en que vivía con su esposa durante unos seis meses antes de poner casa otra vez en Caguas para ella y sus hijos y de requerirla para que se trasladase a ella constituye aban-dono por su parte qúe le impida ejercitar con éxito la acción de divorcio.

Ya hemos visto que el apelado dejó de ir a la casa en que -vivía con su esposa al decirle ella que se largase de la casa que había comprado con su dinero, pero no con el propósito de separarse de ella para siempre, como él dice, sino de vivir con su mujer en otra casa de donde no pudiera ser lanzado por ella, como lo demuestra el hecho de que unos seis meses después, cuando se trasladó a Caguas, puso casa allí para su familia y la requirió para que fuese a vivir en ella, por lo que no existe abandono por su parte, pues dadas las circuns-tancias de este caso no estuvo carente en absoluto de justi-ficación su ausencia del hogar conyugal ni existió el propósito de poner término definitivamente a sus relaciones con su consorte. Fué la esposa la que con su conducta hizo impo-sible en aquella casa las relaciones conyugales y por esto no existe abandono por parte del marido sino por la esposa 19 C. J. pág. 61, par. 116-117bb. En un caso de la Corte Suprema de Arizona, Lundy v. Lundy, 202 Pac. Reporter 809, bastante similar al presente pues viviendo el matrimonio en una casa propiedad de la mujer él se marchó del hogar conyugal al decir ella que se fuese de la casa y que no vol-viera, al ser confirmada la sentencia que declaró con lugar el divorcio por abandono solicitado por el marido, la corte dijo que la cuestión a resolver era cuál de los esposos abandonó al otro y que si la demandada dijo e hizo las cosas que declaró el demandante, la acción de éste al dejar la casa era natural y que el marido no tenía otra alternativa que la que hizo, y agrega: “La parte que deja la casa ordinaria y generalmente es la parte responsable de abandono. Esta regla, sin embargo, no es sostenible cuando una parte ha sido compelida a marcharse por las condiciones intolerables en el hogar conyugal.”

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Agustín Hernández Mena, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    N.o 744.

    Sometido: Diciembre 14, 1928.

      Resuelto: Diciembre 19, 1928.

      A. Hernández Mena, recurrente; el registrador, recurrido compare-ció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Agustín Hernández Mena, el recurrente, obtuvo sentencia a su favor en un pleito que seguía contra Ruperto Puentes.

El 31 de marzo de 1927 Fuentes: por ante notario público compró a José Pilar Santiago cierta finca urbana situada en Hato Rey, Río Piedras, por el precio de seis mil dólares, y a su vez tomó a préstamo del vendedor igual suma y garan-tizó el préstamo con hipoteca sobre la finca comprada.

El 18 de mayo de 1928 Hernández Mena presentó en el registro una copia de la dicha escritura de 31 de marzo de 1927 y pidió su inscripción sólo en cuanto a la venta. Acce-dió el registrador el 29 del propio mes de mayo, pero hacien-do mención en la inscripción de la hipoteca.

Presentado que hubo la escritura en el registro, solicitó Hernández Mena que la finca adquirida por su deudor Puentes fuera embargada para satisfacer la sentencia de que se deja hecho mérito. El embargo fué decretado y anotado en el registro el 31 de mayo de 1928.

Seguido por Hernández Mena el procedimiento judicial correspondiente, se subastó finalmente la finca embargada adjudicándosela el marshal al propio Hernández Mena el 21 de junio de 1928. El 22 del propio junio presentó Hernández Mena en el registro copia de la escritura de compraventa otorgada por el marshal y el registrador la inscribió. A su vez J.osé Pilar Santiago el 16 de octubre de 1928 pidió que se inscribiera formalmente la escritura de hipoteca que se había solamente mencionado y el registrador accedió a ello el 22 del propio mes de octubre de 1928.

Santiago instó entonces un procedimiento judicial en cobro de su crédito garantizado con hipoteca. Hernández Mena, dueño según el registro de la finca hipotecada, fué requerido de pago, y radicó una demanda contra Santiago sobre nulidad de hipoteca y daños y perjuicios.

Así las cosas, Hernández Mena acudió al registro y acom-pañando la copia de otra escritura otorgada por José Pilar Santiago y Ruperto Fuentes por virtud de la cual, el 24 de mayo de 1927, rescindieron el contrato de compraventa y préstamo con hipoteca que otorgaran el 31 de marzo de 1927, le pidió que cancelara la hipoteca que mencionó en 29 de mayo de 1928 e inscribió en octubre 22, 1928. No accedió el registrador y es contra sn negativa que Hernández Mena establece este recurso gubernativo.

La nota recurrida, en lo pertinente, dice:

“Denegada la cancelación de la hipoteca por seis mil dollars, que comprende este documento, única operación que se solicita, por-que para ello sería preciso que las fincas hipotecadas volvieran si-multáneamente a sus anteriores dueños, según lo convenido en la cláusula sexta de esta escritura, lo que ni se interesa ni podría efec-tuarse con la finca que pertenece a la demarcación de este Registro (que responde de 5,900 dollars), por hallarse inscrita en favor de Agustín Hernández Mena, persona distinta de Ruperto Fuentes, de quien aquél la adquiriera; y que, si la hipoteca quedó sin efecto, por la rescisión, también dicha finca dejó de pertenecer al hipote-cante para volver a su anterior dueño José P. Santiago y si se can-celara la hipoteca, como se pretende por Agustín Hernández Mena, perdería José P. Santiago, además de la finca que vendió, su dere-cho real sobre la misma, lo cual es contrario a la ley en materia de rescisión de contratos.”

A nuestro juicio debe confirmarse la nota del registrador por sus propios fundamentos.

Hernández Mena si quiso aprovecharse del contrato de compraventa de 31 de marzo de 1927 por virtud del cual su deudor Fuentes adquirió cierta finca, debió aceptarlo en su integridad. Es cierto que su deudor se convirtió en dueño, pero lo fue de una finca que en el acto mismo de adquirirla hipotecó para responder de una cantidad tomada a préstamo igual al precio de la adquisición.

Así lo entendió justamente el registrador desde el primer momento. Por eso cuando Hernández Mena le pidió lo que no habían solicitado los propios otorgantes, a saber, la ins-cripción de la escritura de 31 de marzo de 1927, sólo en cuanto a la compra, dicho funcionario accedió pero haciendo mención de la hipoteca. Y de tal modo, cuando Hernández Mena anotó su embargo, ya la hipoteca estaba mencionada, y constituía según el propio registro, un derecho preferente.

Hernández Mena no puede invocar la otra escritura otor-gada por Santiago y por Fuentes el 24 de mayo de 1927, rescindiendo el contrato de 31 de marzo de 1927, sólo en lo que le favorece. Si la hipoteca quedó sin efecto a virtud de la rescisión, sin efecto también quedó la compraventa. No hay términos medios. O nada adquirió Hernández Mena a virtud de la venta que le hiciera el márshal el 21 de junio de 1928, porque rescindido el contrato désde mucho antes no ya de la venta del márshal si que también del embargo, de nada era dueño su deudor; o si algo adquirió, fué la finca con la hipoteca impuesta sobre ella por su dueño, mencionada en el registro antes del embargo y luego debidamente inscrita.

Se confirma la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Ex parte Rafael Figueroa, peticionario.
    No. 3694.

    Visto: Noviembre 21, 1928.

      Resuelto: Diciembre 19, 1928.

      B. Cuevas Zequeira, abogado del peticionario apelante; José E. Fi-. güeras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario apela de una resolución adversa dictada por uno de los jueces de esta corte, después de celebrada la vista en una petición de habeas corpus.

La primera y segunda de las tres proposiciones levan-tadas por el apelante son:

“1. El Juez Asociado Sr. Wolf cometió error al declarar sin lugar las objeciones hechas por el peticionario al mandamiento de prisión, en el sentido de que dicho mandamiento se había expedido con infracción del artículo segundo de la Ley Orgánica de Puerto Rico y del art. 38 del Código de Enjuiciamiento Criminal Vigente.
“2. El Juez Asociado Sr. "Wolf cometió error al admitir contra la objeción del peticionario, las declaraciones presentadas por el Fiscal, y que fueron obtenidas varios días después de haber sido encarcelado el peticionario.”

Nuestra Declaración de Derechos dispone:

“No se expedirá mandamiento de arresto o registro sino por motivo fundado, apoyado con juramento o afirmación, y describiendo particularmente el lugar que ha de registrarse y las personas que han de ser detenidas o= las cosas que deben ser embargadas.”

El artículo 38 del Código de Enjuiciamiento Criminal lee así:

“El auto de prisión estará concebido en estos términos: Distrito de-
El Pueblo de Puerto Rico al alcaide de la cárcel de distrito de-
“Habiéndose con esta fecha dictado por mí una orden para que_sea detenido con objeto de que responda al cargo que se le hace de (aquí se reseña brevemente la naturaleza del de-lito con especificación tan aproximada como sea posible, de la fecha y lugar en que se cometiera) por el presente se ordena a V. lo reciba bajo su custodia y lo detenga en tanto Sea legalmente excarcelado.
“Fechado hoy día_de_de 19_”

La orden de encarcelación en el presente caso dice así:

“Al alcaide de la cárcel de San Juan. — Habiéndose con esta fe-cha dictado por mí una orden para que Rafael Figueroa sea dete-nido con objeto de que responda al cargo que se le hace de asesi-nato consistente en haber dado muerte con malicia premeditada al sér humano Amador Manzanares en 26 de octubre de 1928 en San Juan, por la presente se ordena a Ud. lo reciba bajo su custodia y lo detenga, en tanto sea legalmente excarcelado. — Fechado hoy en San Juan a 27 de octubre de 1928. — (fdo.) M. Romaní, Fiscal del Distrito.”

Sobre la cuestión constitucional suscitada, el apelante cita el tomo tres de la Enciclopedia U. S. Supreme Court Reports, página 953, Ex parte Burford, 3 Cranch 488, 6 Enciclopedia U. S. Supreme Court 646, nota 86, y 16 C. J. 335, Dota 70. El fiscal de esta corte insiste en que todas las auto-ridades en que se funda el peticionario tratan de registros, órdenes de allanamiento u órdenes de arresto, expedidas en relación con los mismos. Aceptamos su aseveración sin comprobarla.

Las declaraciones juradas presentadas durante la. vista y admitidas como prueba con la objeción del peticionario, fueron tomadas tres o cuatro días después de su arresto, y como una semana o diez días antes de radicarse la petición de habeas corpus. En ausencia de cualquier cita o autoridad en contrario, creemos que la cuestión de si el peticionario tiene o no derecho a ser puesto en libertad, fue debidamente resuelta al considerarse las condiciones existentes al tiempo de radicarse la solicitud, más bien que en el momento de la encarcelación. Por tanto, no hubo error alguno al admitirse las declaraciones juradas con la objeción del peticionario de que habían sido tomadas varios días después de la fecha del arresto y encarcelación.

La orden de encarcelación pudo haber sido enmendada durante la vista, y para los fines de esta opinión tal enmienda puede considerarse como hecha.

El tercer y último señalamiento de error es que:

“El Juez Asociado Sr. Wolf cometió error al declarar sin lugar la petición de habeas corpus de Rafael Figueroa, sosteniendo que existía causa probable para denegar la excarcelación bajo fianza.”

Durante la vista se demostró que la prueba presentada en este caso era idéntica a la del de Molina de Manzanares v. Lugo, Alcaide, 38 D.P.R. 895, pero hay por lo menos dos factores sobresalientes que son suficientes para demostrar que el ratio decidendi en el caso de la Molina es aplicable a fortiori al presente. Figueroa era prima facie un trans-gresor en la casa de Manzanares, de no serlo en el propio dormitorio de la esposa de éste, Rosa Molina, a una hora inusitada de la noche. Después de haber sido lanzado Man-zanares del balcón, Figueroa huyó inmediatamente.

En el caso de la Molina el juez que suscribe no pudo estar de acnerdo con la mayoría de esta corte al adoptarse la llamada regla de Pennsylvania, seguida, en California y en muclios otros estados. Pero aun de acuerdo con la regla más liberal aplicada en el Estado de Texas, al igual que en otros estados, Ex parte Molina era un caso dudoso. Desde el punto de vista de la doctrina de Pennsylvania, la conclu-sión a que se llegó era inevitable. El mismo principio debe regir en el presente caso.

La resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Mario Beauchamp, acusado y apelante.
    No. 3530.

    Visto: Noviembre 22, 1928.

      Resuelto: Diciembre 20, 1928.

      Angel A. Vázquez y J. Alemañy Sosa, abogados del apelante; José E. Figneras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Mario Beauchamp fué juzgado por el jurado y la Corte de Distrito de Mayagüez, por virtud de una acusación del fiscal de distrito, en la que se le imputó que, bajo promesa de matrimonio, había seducido a la joven soltera y reputada como purá, Altagracia Irizarry, con la que tuvo actos car-nales.

El jurado en este caso trajo un veredicto declarando culpable del delito imputado, al acusado Mario Beauchamp, y la corte le condenó a sufrir un año de presidio con trabajos forzados. Contra la sentencia se ha interpuesto esta apela-ción.

El apelante señala dos errores: uno de insuficiencia de la prueba para sostener la sentencia; y el otro en las ins-trucciones al jurado, cuyo error dice influyó en que se pro-dujera el veredicto de culpabilidad.

Al argumentar el primer señalamiento se sostiene por el apelante que no se probó el estado' de soltería de Altagracia Irizarry, ni su previa reputación de pura, ni que la seducción se efectuara bajó promesa de matrimonio.

En cuanto al estado de soltería de la perjudicada, es cierto que ésta no declaró nada en cuanto a ese extremo; pero la testigo Norberta Vargas, madre de Altagracia, declaró que ésta era soltera; y de las declaraciones de los testigos Olivencia y Mercader, que hablan de ella como una “señorita” honesta, se desprende esa condición de soltera que de todos modos, tendría suficiente prueba en la afirmar eión de un solo testigo digno de crédito.

En el caso El Pueblo v. Rodríguez, 11 D.P.R. 235, se dijo por este tribunal, lo que sigue:

"Las palabras ‘una joven’ y ‘una mujer soltera’ Son sinónimas para los fines del presente caso y debemos presumir que la joven de que aquí se trata es soltera, porque si fuera casada pudo el acusado probar ese hecho y ésa hubiera sido una buena defensa. Esto mismo dijimos en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Francisco Córdova en que fué ponente el Juez Sr. MacLeary.”

No subsiste aquí la doctrina de que no sea necesario probar el estado de soltería de la ofendida. "El Pueblo de Puerto Pico tiene la obligación de probar que la seducida era soltera al tiempo de cometerse el delito,” ha dicho esta corte en el caso El Pueblo v. Ramos, 29 D.P.R. 21. No sería exigible que se probara el estado por otros medios que las declaraciones de testigos que reafirman la presunción de tal soltería. Y si para los fines de un buena acusación es sufi-ciente la expresión "una joven,” como sinónima de "una mujer soltera,” es indudable que la acepción corriente y constante de la palabra "señorita,” que en el uso vulgar y diario se aplica por el pueblo en Puerto Rico exclusivamente a las mujeres solteras, ha de tenerse en cuenta para la esti-mación de la evidencia.

La reputación de pura tuvo en su apoyo las declaraciones de Santiago Mercader y Femando Olivencia. El acusado presentó testimonio para demostrar que Altagracia Irizarry salía al cine o de paseo con algunos jóvenes, y que una noche fué con Gerónimo Baltazare a un sitio en la playa, y que allí estuvieron sentados, y les enfocó con su, luz un automóvil, y que Baltazare estaba dispuesto a tener actos carnales con Altagracia, y ésta no oponía una rotunda negativa, pero en eso apareció el automóvil y les enfocó con su luz, y no pasó otra cosa. El dueño del automóvil declaró que .en la noche a que se refiere el otro testigo, él fué a la playa en su automóvil, y esa noche vió a Altagracia y Baltazare, detrás de la casa de Arnaldo, conversando, como a las ocho de la noche; que esto ocurrió después de febrero de 1927, o en marzo; que a ella no la vió bien primero y luego le vió la cara. Y en cuanto a los demás testigos de descargo, ellos hablaron de que Altagraeia salía de paseo con algún joven, Rafael Suárez, y con Baltazare, pero refiriéndose en ocasiones a época posterior a la señalada por la prueba de cargo como aquella en que tuvo lugar la seducción, y en otras a época anterior. Uno de los testigos declaró que había sido novio de Altagraeia, y que ésta algunas veces se ponía de acuerdo para ir al cine o a paseo con él, y luego se iba con otro, Beauchamp o Suárez; presentó unos retratos de Alta-gracia dedicados y dijo que ella se los había dado en marzo o abril. Altagraeia, en su nueva declaración, dijo que esos retratos se los dió ella a Beauchamp.

El jurado, si la prueba era contradictoria, resolvió, en conciencia, la contradicción, en favor de la perjudicada.

No hay duda alguna de que el jurado tiene la más amplia autoridad para la apreciación de la prueba, y la solución de las contradicciones reales o aparentes en la misma. Y la tenía en este caso como en cualquier otro.

Conviene recordar aquí que en casos en que, al tratarse de la reputación de una mujer el hecho de que algunos tes-tigos declaren que aquélla no les merece el mejor concepto, mientras otros afirman que gozaba de buena reputación, no imputándole ninguno actos que abiertamente contradigan su honestidad, no es suficiente para estimar que esa mujer no estuviera reputada por pura (El Pueblo v. Cabranes, 7 D.P.R. 303). Y aun, en un caso en que el acusado ha presentado prueba para demostrar que la ofendida había tenido relaciones con un hombre, y con él había vivido como su concubina, no quita al jurado su facultad para creer, o no, en tal prueba, sin que el no darle crédito sea error alguno.

La parte apelante señala como errores la instrucción oue el juez de la corte dió al jurado acerca de la castidad, en la siguiente forma:

“Castidad, en el caso de una mujer soltera, significa que ella es virgo miada,-, y cualesquiera que fueran las familiaridades ante-riores, libertades y demás, y lo intensas que hayan sido, permitidas por ella, hasta tanto que ella no haya rendido su persona hasta ser seduc'da por el acusado bajo promesa de matrimonio, de ello no se puede deducir que ba sido no casta o que no ba sido una mujer soltera de carácter ca’sto previamente, dentro de la significación del estatuto/’

Convenimos en que la instrucción es errónea, en parte, al menos. Está declarado que no es preciso probar que la ofendida era virgen cuando se cometió el delito (El Pueblo v. Santos, 8 D.P.R. 366; El Pueblo v. Millán, 27 D.P.R. 862). Pero, de todas maneras, la instrucción así dada no perjudicaba los derechos del acusado, y antes bien ponía a El Pueblo en la necesidad de probar que la ofendida era virgen intacta cuando el delito se cometió. El error, por consiguiente, no perjudicó al aquí apelante.

En lo que atañe a la promesa de matrimonio, y a su influencia en la entrega de la mujer, hay que diferenciar entre la prueba de la promesa, como un hecho que puede ser conocido por persona distinta a la misma ofendida, y la influencia de tal promesa en la que la recibe, como algo que es puramente personal, y que no trasciende a otros. Sostiénese, por esto, la posible necesidad de la corroboración del testimonio de la ofendida, en cuanto al hecho de la pro-mesa. En este caso Altagracia Irizarry declaró afirmativamente acerca de la promesa, previa a su entrega carnal; y su declaración se corrobora con la de Julia Josefa Rosas, y con la carta que Beauchamp escribió a Altagracia, en la que le comunica que él ya no tiene que cumplir promesas.

En el caso El Pueblo v. Santos, 8 D.P.R. 366, ha soste-uido este tribunal que en estos casos la evidencia será con-siderada suficiente cuando las circunstancias son tales que justifican la conclusión o creencia de que el acto no se habría realizado excepto bajo la promesa de matrimonio; y si apa-rece que el acusado visitaba la casa de la ofendida en concepto de novio, y que la familia consideraba que entre ellos había una promesa de -matrimonio, y ese hecho no ha sido contra-dicho por cualesquiera circunstancias, eso será suficiente para considerar que la seducción se llevó a cabo bajo pro-mesa de matrimonio.

No encontramos que se bayan cometido los errores que por el apelante se señalan.

La 'Sentencia apelada de-be ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    E. Solé & Cía., S. en C., demandante y apelada, v. Frank A. Crescioni y José Dolores Cruz, demandados y apelantes.
    No. 4748.

    Visto: Diciembre 17, 1928.

      Resuelto: Diciembre 20, 1928.

      José S. Alegría, abogado del apelante Sr. Crescioni; B. Sánchez Castaña y G. Benitez Gautier, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Uno de los motivos alegados por el apelado para que desestimemos esta apelación es por ser frívola.

En la demanda se reclamó al apelante Frank A. Crescioni el pago de cierta cantidad de dinero que reconoció deber en varios pagarés suscritos por él a la orden de José Dolores Cruz y por éste endosado a la sociedad demandante, estando todos vencidos al ser presentada la demanda. El apelante aceptó en su contestación jurada la- autenticidad de su firma contenida en esos pagarés transcritos en la demanda pero negó la certeza de su contenido así como que fueran puestos n la orden de José Dolores Cruz y alegó que tales docu-mentos son apócrifos en su contenido así como que haya tenido negocio alguno con José Dolores Cruz por el que éste haya recibido esos documentos, negando también la autenti-cidad de la firma del endoso.

El día señalado para el juicio el demandado-apelante no compareció en la corte pero su abogado presentó moción solicitando que fuera suspendido porque estaba muy ocu-pado en asuntos electorales, a lo que se opuso el demandante, cuya moción fue negada por la corte, celebrándose el juicio y dictándose sentencia condenatoria. Contra la sentencia y contra la resolución que negó el nuevo juicio que solicitó el demandado alegando sorpresa por no haber sido suspendida el juicio fue interpuesta esta apelación.

El recurso interpuesto contra la negativa de un nuevo juicio es claramente frívolo, pues el motivo alegado para que el juicio no fuese celebrado no justificaba dicha petición; e igual carácter tiene la apelación contra la sentencia, sin que exista motivo aparente para atacarla, porque de la prueba que tenemos ante nosotros aparece justificada la sentencia condenatoria ya que el demandante probó en el juicio con una escritura pública que es una sociedad mercantil, y uno de sus gestores declaró que el demandado firmó én su pre-sencia los pagarés cuyos cobros se reclaman, que también vió firmar a José Dolores Cruz los endosos de esos pagarés a favor de la demandante y que esas obligaciones fueron ori-ginadas por precio aplazado de unos ómnibus (guaguas) que la demandante vendió a José Dolores Cruz y que éste tras-pasó al demandado, quien ha satisfecho a la demandante otros pagarés por la misma negociación. Los pagarés cuyo pago se reclama fueron presentados como prueba y están firmados por el demandado a la orden de José Dolores Cruz. Además, muy posiblemente los autos ante nosotros no están completos, pues haciéndose en la demanda la transcripción de los endosos y apareciendo de la prueba que los endosos fueron-firmados, sin embargo, al ser copiados los pagarés no aparecen en ellos dichos endosos.

Las apelaciones contra la sentencia y contra la negativa de nuevo juicio deben ser desestimadas por frívolas.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    Morris & Compañía, demandante y apelante, v. José González Clemente & Cía., demandada y apelada.
    No. 4135.

    Visto: Abril 22, 1927.

      Resuelto: Diciembre 20, 1928.

      F. B. Fornaris, abogado del apelante; Benet & Souffront, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Este es ótro de los casos a que se hace referencia en el de Farinacci v. Niagara Fire Ins. Co., 38 D.P.R. 81.

En mayo 11, 1927, las partes suscribieron una estipula-ción y se unieron para suplicar que la resolución de este caso fuese pospuesta hasta fines de noviembre o hasta cual-quiera otra fecha posterior.

El señalamiento de errores levanta unas diez y seis cuestiones, muchas de las cualés atacan el razonamiento o las conclusiones en que se fundó la sentencia, más bien que les méritos de ella;- La doctrina enunciada por una mayoría de esta corte en el caso de Paganacci v. Lebrón, 24 D.P.R. 796, y seguida en nna serie de decisiones posteriores, nos releva de la necesidad de disentir tales cuestiones. Véase también el caso de López de Tord & Zagas Pizarro v. Molina, 38 D.P.R. 823, y los casos allí citados.

El décimoquinto señalamiento es que la corte inferior cometió manifiesto error al declarar que la ley y los liechos estaban en contra de la demandante y al desestimar la demanda. En el caso de Morris & Co. v. José González Clemente & Co., 33 D.P.R. 171, se discutió la demanda original presentada y la corte resolvió que ésta no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción.

Una demanda radicada posteriormente en la corte de dis-trito se titulaba “sobre cobro de pesos” y alegaba en subs-tancia que Morris & Co. había vendido a la demandada cincuenta barriles de tocino a $46 por barril; que los cin-cuenta barriles de tocino llegaron oportunamente al puerto de Mayagüez, consignados y entregados a la demandada mediante los conocimientos que cubrían dichos embarques, cumpliendo la demandante con todas las obligaciones con relación a dicha venta; que el importe de los cincuenta barriles de tocino al precio convenido ascendía a $2,300, que la demandada se niega a pagar a pesar de las gestiones hechas a tal fin; y que el importe antes referido de $2,300, que constituye el precio de venta, es una deuda líquida y exigible.

Para los fines de esta opinión podemos asumir, de con-formidad con la apelante, que la alegación algo vaga e inde-finida de que el tocino llegó oportunamente “y que fué consignado y entregado a la demandada, mediante los cono-cimientos,” puede ser’interpretada liberalmente en el sentido de que ello implica una aceptación de tal entrega por parte de la demandada. Sobre ese punto la demanda enmendada riega la alegación hecha en la demanda original de que la demandada había rehusado aceptar la entrega. No apare-tiendo de la faz de la demanda enmendada indicación alguna de tal negativa, no era necesario, desde luego, alegar que se Mzo el depósito con el fin de demostrar que el tocino en cuestión se puso a disposición de la demandada.

Sin embargo, la prueba demuestra concluyentemente que la demandada devolvió prontamente los conocimientos de embarque y rehusó aceptar aún esta entrega implícita del embarque en cuestión. Durante el curso del juicio se de-mostró igualmente que nunca había sido hecho el depósito exigido por el Código de Comercio en caso de tal negativa. De suerte que el juez sentenciador, a la terminación del juicio, se confrontaba con los mismos hechos alegados en la demanda original, y que esta corte resolvió en una apelación anterior que no eran suficientes para determinar una causa de acción.

Un demandante puede disfrazar ciertos aspectos de su .causa de acción, cambiando el título y substituyendo, en vez de una alegación que es claramente fatal, una negativa implí-cita de tal alegación y haciendo una indicación de un hecho contrario. Pero en esta forma no se puede destruir la signi-ficación de todos los demás hechos alegados, ni ignorar el efecto de la prueba respecto a la veracidad de alegaciones omitidas. De la faz de la demanda enmendada en el presente caso se desprende que ésta era una acción entablada por una sociedad mercantil contra otra para recobrar el precio de mercancía que se alegaba había sido vendida y entregada por la demandante a la demandada. En el presente caso, al igual que en el de Bertaut & Co. v. Márquez, 32 D.P.R. 685:

“No puede haber, duda de que la compraventa en este caso es mercantil, y con respecto a ella dispone el artículo 332 del Código de Comercio que si el comprador rehusare sin justa cansa el recibo de los efectos comprados, podrá el vendedor pedir el cumplimiento o rescisión del contrato, depositando judicialmente en el primer caso las mercaderías.”

Desde luego nó surge la necesidad del depósito en todo caso en que esté envuelta una transacción mercantil. El de-pósito es necesario solamente al rehusar el comprador acep-tar la entrega de la mercancía vendídale. El hecho de si una negativa de aceptar la entrega aparece de la faz de la de-manda o de la prueba, es una cuestión que afecta el momento y la forma de su presentación, más bien que los méritos de la cuestión envuelta. Cuando los hechos alegados en una demanda no son suficientes para determinar una causa de acción, difícilmente podría resolverse que justifiquen una sentencia a favor del demandante al ser establecidos sin una demostración ulterior durante la vista.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


text:
    Central Victoria, Inc., demandante y apelada, v. William P. Kramer, Jefe del Servicio Forestal Insular, demandado y apelante.
    No. 4677.

    Visto: Julio 16, 1928.

      Resuelto: Diciembre 24, 1928.

      Hon. Attorney General James B. Beverly, B. A. Gómez. Procurador General Auxiliar j F. Janer Arias, Sub-Procurador, abogados del apelante; Goll y Cuchí & Cruzado Silva, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Se ha presentado por la parte apelada, Central Victoria, Inc., nna moción para' qne se desestime la apelación en este caso, porque el apelante no lia fijado o pagado, al radicar su escrito de apelación, ni en fecha alguna posterior, el sello de rentas internas por valor de $5> que se exige por la sección 6 de la Ley No. 17 de 1915, o sea el arancel judicial. Se acompaña a la moción una certificación del secretario de la corte de distrito que demuestra que tal sello de $5 no ha sido fijado, o entregado por el apelante.

Argumentando la moción, la apelada sostuvo que Kramer ro está exento del pago de los derechos de arancel; que, dentro de este pleito de injunction este tribunal ha resuelto que Kramer no podía escudarse bajo el manto de El Pueblo de Puerto Rico para realizar los actos que se le imputaban, y que la expresión “Jefe del Servicio Forestal” era una descriptio personae; y se alegó la doctrina del caso Nazario v. Santos, 27 D.P.R. 89, y la de los casos Paz v. Bonet, 30 D.P.R. 920, y otros.

Por el demandado han comparecido, para oponerse a la desestimación, el Attorney General de Puerto Rico, el Pro-curador Auxiliar y el Sub-Procurador. Presentaron un ale-gato, sosteniendo que el demandado Kramer actúa en nombre, o como oficial, de El Pueblo de Puerto Rico, y que este último no viene obligado al pago de los sellos de rentas internas.

En la decisión en el caso Central Victoria v. Kramer, supra, se relatan los hechos ante esta corte. Se trataba de una demanda de Central Victoria, en la que se imputaban al demandado William P. Kramer ciertas invasiones de finca de la demandante, y se pedía un injunction, para prohibirle esos actos; en la demanda se alegó que el demandado sos-tenía que los terrenos de que se trataba eran de El Pueblo de Puerto Rico, y se hallaban bajo su custodia como Jefe del Servicio Forestal de Puerto Rico. El Fiscal General de Puerto Rico compareció ante la corte inferior, y fué contra la jurisdicción de la corte, por tratarse de una acción contra El Pueblo de Puerto Rico, y no haber éste consentido en ser demandado. Así lo estimó la corte, y en ese sentido dictó sentencia. Este tribunal revocó la del inferior, entendiendo que la demanda imputa hechos torticeros de W. P. Kramer, realizados en terrenos de la demandante, y que el mencio-narse su título oficial no era más que una descripción de su persona; y que alegada la posesión por parte de la deman-dante el caso cae dentro de la serie de decisiones que no suministran protección a un agente por el hecho de que él sea un funcionario.

Pero en este caso nos falta saber qué ocurrió en el pro-cedimiento. ¿Apareció de éste que Kramer realizara ciertos actos por sí, o como funcionario de El Pueblo de Puerto Rico? ¿Los actos realizados por Kramer lo fueron dentro de sus funciones, o fuera de ellas? Esto no se conoce con la moción de la apelada, ni con la eontramoción, o defensa del apelante. Y en esas condiciones, sería arriesgado resolver en el sentido que se pide. La parte apelada puede insistir en su petición, una vez que los autos de apelación se hallen ante nosotros.

Se declara sin lugar la moción de desestimación.


text:
    Porto Rican Express Company, peticionaria y apelante, v. Víctor Igartúa, Juez Municipal de Aguadilla, y Santiago R. Roble, demandados y apelados.
    No. 4650.

    Visto: Diciembre 11, 1928.

      Resuelto: Diciembre 24, 1928.

      Eartzell, Kelley & Eartzell y B. 0. Fernandez, abogados del ape-lante; García Méndez é García Méndez, abogados del apelado Sr. Roble.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Santiago R. Roble presentó ante la Corte Municipal de Aguadilla una demanda contra Porto Rican Express Co., en cobro de $291.20. La demandada compareció para pedir el traslado del caso a la Corte Municipal de San Juan, con una petición alegando que su oficina principal y centro de nego-cios se baila en San Juan, y que la acción es una de la clase de personales; y acompañando una declaración jurada, de méritos, y una excepción previa. La corte municipal, en resolución de 23 de mayo de 1928, denegó el traslado. En-tonces la Porto Rican Express Company acudió a la Corte de Distrito de Aguadilla con una petición de auto inhibitorio contra el juez Municipal Víctor Igartúa y Santiago R. Roble, para que se les ordenara que desistieran de todo procedi-miento en el caso. Y la Corte de Distrito de Aguadilla, en resolución de 1 de junio de 1928, denegó el auto; y de esta resolución se apela ante nosotros.

En el caso No. 4471, Arcelay v. American Railroad Co. of Porto Rico, resuelto por este tribunal en 13 de noviembre de 1928 (pág. 807), hemos fijado la doctrina jurídica en esta materia de traslado, siguiendo la sustentada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Power Co. v. Saunders, 274 U. S. 490. Y de acuerdo con los principios allí reconocidos, aplicable al caso ante nosotros, la deman-dada tiene derecho a obtener el traslado a la Corte Municipal de San Juan. La resolución de la Corte de Distrito de Aguadilla denegando el auto inhibitorio es errónea.

Debe revocarse la resolución apelada, devolviendo él caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Nazario López, alias Nene, acusado y apelante.
    No. 3593.

    Visto: Diciembre 20, 1928.

      Resuelto: Diciembre 24, 1928.

      Leopoldo Tornes y R. Hernández Matos, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Nazario López (a) Nene fué acusado de tentativa de •someter incendio malicioso y sentenciado a sufrir una pena -de cinco años de presidio, después del jurado baber traído aa veredicto declarándole culpable del delito de que se le .acusaba.

El artículo 284 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone lo siguiente:

“Cuando hubiere que hacer distinción entre varios grados de cul-pabilidad al apreciar un delito, el jurado deberá determinar, si de-clarare culpable al reo, el grado del delito cometido por é'ste.”

Los artículos 404 y 405 del Código Penal leen así:

“Art. 404. — El incendio malicioso se divide en dos grados.
“Art. 405. — Es incendio malicioso en primer grado el acto de incendiar maliciosamente, de noche, un edificio habitado, en que es-tuviere alguna persona al tiempo de cometerse. Todos los demás •casos de incendio malicioso, corresponden el Segundo grado.”

De acuerdo con los términos del artículo 50 del Código Penal, toda tentativa para la cual no hubiere señalada la pena correspondiente, se castigará en la forma expresada a con-tinuación :

“1. — Si el delito frustrado aparejare pena de presidio por cinco años o más, o de cárcel, se impondrá al culpable de intentarlo, pena, de reclusión en presidio o cárcel, según fuere el caso, por un tér-mino que no excederá de la mitad del máximo de prisión impuesta-ai convicto del delito así intentado.
“2. — Si el delito frustrado aparejare pena de pre'sidio por ran-término menor de cinco años, el culpable de intentarlo será casti-gado con pena de cárcel por un término máximo de un año.”

El delito de incendio malicioso en primer grado es easti-gable con pena de presidio mínima de diez años, e incendio-malicioso en segundo grado con una pena de presidio no-menor de un año ni mayor de diez años.

Desde la fecña en que fue resuelto el caso de El Pueblo v. Rivera (a) Panchito, 7 D.P.R. 332, esta corte ña revocado-uniformemente las sentencias dictadas en causas criminales en que los veredictos dejan de especificar el grado en un delito que, según nuestro Código Penal, consta de varios grados.

La cuestión que añora tenemos ante nuestra consideración es si la misma regla debe seguirse o no cuando se trata de-una tentativa para cometer un delito, al ser la tentativa de la clase a que se ñace referencia en el artículo 50, supra. Ese artículo establece una relación directa e íntima entre la penalidad para una- tentativa y el delito mismo. La pena señalada para la tentativa de un delito de dos o más grados se ñace depender del grado del delito que se ña tratado de-cometer.

Según se indica en el caso de El Pueblo v. Rivera, supra, al exigirse que un veredicto especifique el grado del delito,, ello se ñace para beneficio del acusado y así debe ser razo-nablemente interpretado.

De lo que antecede parece desprenderse que en un caso de tentativa para cometer el delito de incendio malicioso un veredicto de culpabilidad debe especificar el grado del de-lito de incendio que se ña tratado de cometer.

La sentencia apelada debe ser revocada y ordenarse nuevo juicio.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Luis Vilella Vélez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 740.

    Sometido: Noviembre 16, 1928.

      Resuelto: Diciembre 24, 1928.

      José Sabater, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La sección 24 de la Ley No. 39 de abril 23, 1928, dispone lo siguiente:

“El importe de los derechos que el arancel señala por los diversos servicios, se depositarán en los sello's de rentas internas co-rrespondientes, en la forma que esta Ley dispone, cuando se pre-sente cualquier documento para ser inscrito o anotado o cuando se so-licite cualquier certificación y el registrador fijará y cancelará los correspondientes a los servicios que hubieren sido prestados y de-volverá sin inutilizarlos al interesado los sellos que en su caso no fueren necesarios usar. Si resultare que al irse a practicar la ope-ración en el registro, se requiriese por el registrador mayor canti-dad de derecho que la depositada en sellos por el interesado, el re-gistrador requerirá al interesado para que deposite la diferencia y si éste no hiciere el depósito dentro del término que duren los efec-tos del asiento de presentación, el registrador suspenderá la inscrip-ción o anotación por medio de nota fundada que extenderá al mar-gen del asiento de presentación. Esta nota durará ciento veinte días y de ella podrá recurrirse para ante el Tribunal Supremo utilizando el recurso establecido en la Ley sobre recursos contra las resolucio-nes de los registradores de la propiedad, aprobada en marzo 1 de 1902. Si la nota se revoca, el registrador procederá a inscribir o anotar el documento y si se confirma, el interesado para conseguir la inscripción o anotación deberá depositar la diferencia en sellos exi-gida por el registrador.”

Juan Aquino Eíos vendió una finca. Por esta transacción el vendedor recibió $1,085, mientras que el comprador retuvo $1,700 para pagar una hipoteca que pesaba sobre la finca. De acuerdo con el arancel, calculando en $2,785 el valor total, la persona que tratara de inscribir debía depositar $6.50. El registrador exigió un depósito de $8, e invocaba el párrafo 7 de la sección 22 del arancel.

Este párrafo dice así:

“Para el efecto de graduar los honorarios, se entiende por valor de las que están gravadas con hipotecas, el precio por el que 'se trasmitan, más el que representen las hipotecas cuando queden sub-sistentes.” Ley No. 32 de 1917.

El registrador estaría en lo cierto si el comprador hubiese pagado al vendedor la suma de $2,785 y si además hubiera una hipoteca sobre la finca. Lo que el comprador hizo fué entregar al vendedor, no $2,785 sino $1,085. El comprador retuvo $1,700 para pagar una hipoteca, y ésta era la hipo-teca a que se refería el párrafo 7 de la sección 22, supra, y era en realidad una hipoteca ya existente.

Creemos que las palabras “el precio por el que se tras-mitan,” contenidas en el párrafo arriba citado, significan solamente la cantidad de dinero que pasa del comprador al vendedor, en este caso $1,085. El vendedor nunca recibió ninguna otra cantidad. La intención de la ley fué que el comprador pagara derechos sobre el valor real de la tierra, representado por la cantidad de dinero que pasaba de manos, más el montante de hipoteca o hipotecas existentes sobre la propiedad, y esto fué en realidad lo que se hizo en este caso. El efecto de la resolución del registrador sería exigir que un comprador pagara dos veces los derechos sobre una hipo-teca de $1,700.

Debe revocarse la nota recurrida.


text:
    Lorenza Peña, Viuda de Balbás, Josefa y Alejandro Peña Ramos, representado éste por su viuda Providencia Machuca y sus hijos menores bajo la patria potestad de ésta Alfonso y Marina y Vicente Balbás Peña por sí y como componente de la Sociedad Civil “Peña y Balbás,” demandantes y apeladas, v. Pedro Vergne de la Concha demandado y apelante.
    No. 4777.

    Visto: Noviembre 19, 1928.

      Resuelto: Diciembre 24, 1928.

      G. Cruzado Silva y F. González Fagundo, abogados del apelante; A. Marín Marién, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la reconsideración de nuestra resolución de diciembre 3, 1928 (per curiam). Entre otras cosas esta corte resolvió que el término o período para solicitar que la corte dicte una resolución ordenando al taquígrafo transcribir sus notas podía ser prorrogado. La teoría de los apelados apa-rentemente es que la orden al taquígrafo debió obtenerse pri-mératiiente y entonces prorrogarse el términoque el término mismo para obtener tal orden no podía ser prorrogado. Creemos que es demasiado claro para que sea necesario argu-mentar más, que el término para imponer un deber puede ser prorrogado así como el período para cumplir el deber una vez impuesto. Esta es la única proposición- levantada por la moción de desestimación que consideramos de importancia o que merecía atención especial.

La otra cuestión levantada en la moción, al igual que la de los abogados, era un mera cuestión de identificación y que está más que claramente resuelta por nuestra decisión en el caso de Domínguez v. Fabián, 35 D.P.R. 314.

En ese caso el apelante solicitó una prórroga de 60 días para preparar la transcripción del récord. El apelante sostenía que “la transcripción del récord” solamente podía referirse a las notas taquigráficas, en vista de que si un ape-lante deseaba el récord hubiese dicho “transcripción de autos.” La mayoría de esta corte resolvió que la intención del apelante había sido expresada suficientemente. Los jueces disidentes, entre los cuales estaba el que suscribe, sostenían, 35 D.P.R. 1046, que en ningún momento el apelante había demostrado que deseaba acogerse a las leyes del 1917 y 1919; que nada había que demostrara que el apelante tenía la intención de aprovecharse de las notas taquigráficas.

En el presente caso el apelante solicitó una prórroga de 10 días para obtener una orden para que se preparara la transcripción de evidencia y no hay duda alguna de lo que se trataba de obtener. La petición era suficientemente amplia para cubrir cualquier posibilidad y el caso principal, de no ser el único, en que la ley exige específicamente que se dicte una orden para que se prepare la transcripción taquigráfica es cuando el peticionario se acoge a las leyes de 1917 o 1919.

En cuanto a alegar una razón para que se prorrogue el término, tal cuestión descansa dentro de la sana discreción de la corte sentenciadora. Dado el bien conocido hecho de que casi invariablemente es necesario prorrogar el término para la preparación de las notas taquigráficas, daría mucho trabajo para convencernos de que la corte sentenciadora cometió abuso de discreción.

La moción de reconsideración debe ser declarada ■ sin lugar.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Domingo Collazo, acusado y apelante.
    Nos. 3500-01.

    Vistos: Diciembre 6, 1928.

      Resueltos: Diciembre 24, 1928.

      Pedro E. Anglade y B. Martínez Nadal, abogados del apelante; José jE. Figueras abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Estos dos casos fueron oídos conjuntamente, y las cues-tiones que se presentan para resolución son las mismas.

Domingo Collazo fue denunciado ante la corte municipal •de Guayama, por explotación de menores y por infracción de la Ley Nacional de Prohibición, en dos denuncias separadas, en las que se le acusó de que, por medio de su empleado y de-pendiente Julio Santana, y en la tienda de su propiedad, ven-dió al menor de 16 años Salvador Santiago, media botella de ion, bebida alcohólica. Los dos casos fueron vistos por aquella corte, y luego, en apelación por la de Distrito de Guayama, que declaró al acusado culpable, y le condenó a sufrir quince días de cárcel por el de explotación de menores*, y a pagar quinientos dollars de multa y sufrir tres .meses-de cárcel, por el de infracción de la Ley Nacional de Prohibi-ción.

Al empezar el juicio, en ambos casos, el acusado presenté-una moción para el sobreseimiento, invocando los artículos 451 y 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y fun-dándose en que el tribunal inferior había decretado de propia moción el sobreseimiento en los dos casos. Se opuso el fiscal, y determinó el juez oír la prueba. Se pro-bó que la Corte Municipal de Guayama, conoció original-mente de las denuncias contra Domingo Collazo, por explo-tación de menores y por infracción de la ley de prohibiciói%, y en los dos casos dictó resolución ordenando el archivo, per» ordenando también la presentación de nuevas denuncias, que fueron presentadas, y seguido el procedimiento la misma, corte condenó al acusado a pagar diez dollars de multa era el caso por explotación de menores, y a dos meses de cárcel y a pagar quinientos dollars de multa en el caso por infrac-ción de la ley de prohibición. Las mociones de sobresei-miento fueron declaradas sin lugar, y el acusado tomó excep-ción.

La prueba fué la siguiente:

El testigo Rafael Milán, cabo de la Policía Insular que prestaba servicios en Guayama, dijo que como a las 9 de 1st noche del 4 de junio de 1927, sorprendió en la calle de Derkes, en Guayama, al menor Salvador Santiago con medfe botella de ron; que fué luego el testigo con el investigador de rentas internas, y un guardia a registrar el establecimient® de Domingo Collazo, en el que no encontraron licor alguno^ que el testigo en otra ocasión denunció a Collazo por tenencia: y venta ilegales de licores embriagantes; que fué a registrar-la tienda- de Collazo una hora después de haber detenido a Salvador Santiago con el licor.

Salvador Santiago declaró que tiene quince años; que «I‘ 4 de junio de 1927 vió a Domingo Collazo en su tienda en la calle de Derkes en Guayama, adonde liabía ido a comprar; que no compró licor, ni le fué ocupada botella alguna; que ante el juez municipal babía declarado que compró una botella o media botella, porque el cabo Milán le dijo que declarara que la babía comprado a Domingo Collazo, y le ofreció palos; y el testigo lo dijo para no estar de malas con el cabo. Se le da a leer una declaración, y la niega.

Julio Santana, que era dependiente del acusado en la feeba a que se refiere la denuncia, dijo que en esa fecba, 4 de junio de 1927, le vendió a Salvador Santiago media botella de ron, en 50 centavos; que el ron era de Domingo Collazo; que lo tenía en la caja, cuya llave pidió el testigo al acusado; que se la dió para vender el ron, y que el testigo estaba autorizado e instruido por Collazo para vender; que los 50 centavos los cogió Collazo, quien estaba presente cuando se vendió el ron; el testigo dice que sabía que esa venta era un delito, pero él estaba autorizado por Collazo para hacerla. La defensa pidió se eliminara la declaración por ser la prueba de un cómplice. La corte denegó la moción, tomando excep-ción la defensa.

El testigo Rafael Milán declaró de nuevo para reconocer la botella que babía ocupado a Santiago. Declaró Gumer-sindo Sánchez, secretario de la corte municipal de Guayama; para presentar la sentencia en un caso anterior contra Domingo Collazo por infracción a la ley de prohibición; y en el mismo sentido Luis F. Camacho, Juez Municipal de Gua-yama; y de nuevo Rafael Milán, .para decir que él babía hecho la denuncia en el primer caso.

Por la defensa declararon varios testigos para probar que en la noche del 4 de junio de 1927 de ocho a nueve no hubo transacción alguna sobre licores en la tienda de Collazo. Y declararon también Juan Silva Ocasio, agente de Rentas Internas en Guayama, y Andrés Carire, guardia de Policía Insular, que el 4 de junio hicieron un registro en el esta-blecimiento de Domingo Collazo, en la registradora y en la caja, y no encontraron ron, ni alcohol; el registro se hizo entre nueve y media y diez de la noche. Declaró el acusado que él había despedido a su dependiente Julio Santana, por-que supo que había vendido media botella de ron, porque se lo dijo al acusado el marshal.

Esa fue, sustancialmente, la prueba.

Ahora se señalan por el apelante tres errores. Se refiere el primero a la desestimación de la moción de sobreseimiento; el segundo a la negativa a eliminar la declaración de Julio Santana; y el tercero a la apreciación de la prueba.

El extremo principal de esta apelación es el que se refiere a la prueba por medio de la declaración de Julio Santana. Este testigo dijo que él sabía que al vender la media botella de ron, cometía un delito. Es un coautor o un cómplice, si su declaración se estima cierta. T en ese caso es necesaria la corroboración en la forma y términos que exige el artículo 253 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

“La regla general admitida para comprobar si un testigo es cóm-plice o no, es la de si podría ser acusado por el mismo delito que se investiga, pue's si no puede serlo entonces no puede ser conside-rado como tal . . .
“Un cómplice en un crimen es el que coopera o ayuda a su co-misión.”

Esto ha sostenido este tribunal en el caso El Pueblo v. Buxó, 29 D.P.R. 81.

En el caso El Pueblo v. Martínez, 32 D.P.R. 957, el acusado-apelante fué absuelto, porque la prueba que conectaba al acusado con el delito era la declaración, no corroborada, de un cómplice.

. En esta jurisdicción se ha sostenido siempre la doctrina legal que declara que el testimonio no corroborado de un cómplice no es suficiente para declarar culpable al acusado.

El testigo Julio Santana era sin duda un cómplice, si su declaración se acepta. El, según dijo, cooperó a la reali-zación del delito, de tal forma que lia podido ser por el mismo perseguido, sujeto a proceso, y condenado. Y su de-claración no tiene corroboración alguna.

Se cometieron por la corte los errores que se marcan por el apelante bajo los números dos y tres. T así resuelto esto, no es necesario estudiar el primer error que se señala.

Debe revocarse la sentencia apelada, y dictarse otra absolviendo al acusado y apelante, en los dos casos.


author: El Juez Asociado Señob Wolf,

text:
    United States Casualty Co., demandante y apelada, v. Juan Méndez Pérez, demandado y apelante.
    No. 4388.

    Visto: Abril 19, 1928.

      Resuelto: Diciembre 24, 1928.

      Salvador Stiau, abogado del apelante; Oscar Souffront, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso está envuelto el derecho a obtener el tras-lado del pleito. The United States Casualty Company cum-plió con los términos de una póliza de seguro reparando un automóvil. Alegando que quedaba subrogada en los derechos del asegurado en la citada póliza, dicha United States Casualty Co. entabló un pleito contra Juan Méndez Pérez. Se alegaba además que la causa de acción del asegurado surgió con motivo de la negligencia del demandado en el momento de ocurrir la colisión entre el automóvil del asegu-rado y el autocamión del demandado. Para asegurar la efectividad de la sentencia, la demandante embargó un ve-hículo perteneciente al demandado.

El demandado, llamándose a sí mismo con ese nombre, después de alegar que comparecía especialmente a los solos efectos de la moción, y sin someterse a la jurisdicción ni a la competeñcia de la corte, solicitaba el levantamiento del embargo mediante la prestación de una fianza. La moción fechada agosto 8, 1927, estaba firmada “Salvador Suau, por Rafael O. Fernández, abogado del demandado.” La Corte de Distrito de Mayagüez declaró la moción con lugar con fecba 9 de agosto, 1927.

El día 10 de dicho mes el demandado excepcionó la de-manda, radicó un affidavit de méritos y solicitó el traslado del caso a la Corte dé Distrito de Aguadilla donde se alegaba que residía el demandado. La Corte de Distrito de Mayagüez declaró sin lugar la moción de traslado fundándose en el caso de Ramos v. Lloveras, 36 D.P.R. 685, o en los puntos tintados en el mismo. La cuestión esencialmente resuelta en dicho caso fué que un demandado que radica una moción de traslado que no va acompañada siquiera con una excepción previa ó por una contestación, y que por otra parte cumplía con la ley, podía insistir en su derecho al traslado, y más particularmente, guiándonos por el sumario, a que su moción fuese resuelta antes de procederse a la vista del caso. En aquél no había cuestión de renuncia similar a la del presente caso. En realidad ese caso favorecía el derecho general que tiene un demandado a solicitar el traslado de un caso y re-solvió que tal derecho debe ser interpretado liberalmente. Sin embargo, el estatuto que autoriza el traslado de un pleito fué, según se dice en el curso de la opinión, interpretado a la luz de su historia y del antiguo procedimiento de California que requería que la cuestión fuese levantada en pri-mera oportunidad, o en el momento en que el demandado comparecía por primera vez en el litigio. Hasta ese extremo el ratio decidendi tiende a sostener la conclusión a que llegó el juez de distrito, a menos que el presente caso deba consi-derarse como una excepción a la regia general.

La cuestión que tenemos ante nuestra consideración es si un demandado que comparece ante la corte a solicitar el levantamiento de un embargo efectuado sobre bienes de su propiedad renuncia su derecho a insistir en el traslado del pleito, al radicar más tarde una moción en tal sentido. En otras palabras, ¿se sometió el demandado a la jurisdicción de la corte de Mayagüez?

Los artículos pertinentes del Código de Enjuiciamiento Civil leen como sigue:

“Artículo 77. — Se entenderá hecha la sumisión:
1. Por convenio escrito de las partes.
2. Por el demandante en el mero hecho de acudir a la corte inter-poniendo la demanda.
S Por el demandado en el hecho de hacer, después de personado en el juicio, cualquiera gestión que no sea la de pedir que el juicio se celebre en la corte correspondiente.”
“Artículo 82. — Si el distrito en que se establece la demanda no es el en que deba seguirse el juicio, podrá, sin embargo, continuarse en aquél, a menos que el demandado al comparecer a contestar o a íormular excepciones, presente una declaración jurada y fundada y pida por e'scrito que el juicio se celebre en el distrito correspon-diente. ’ ’
“Artículo 323. — Un demandado comparece en un pleito cuando contesta, opone excepción previa, o notifica por escrito su compare-cencia al demandante; o cuando un abogado hace constar su compa-recencia por dicho demandado. Después de la comparencia, el demandado o su abogado, tendrá derecho a que se le notifiquen to-dos los procedimientos subsiguientes cuando corresponda. Pero si el demandado no ha comparecido, no habrá necesidad de que se le hagan las notificaciones o entrega de documentos a menos que se hallare en prisión con motivo del pleito, por falta de fianza.”

El caso de Aparicio Hnos. v. H. C. Christianson, 23 D.P.R. 493, de ser correcto parecería ser decisivo de este caso. Nos encontramos en cierta desventaja en virtud de que no se hace referencia de dicha opinión en los alegatos de las partes y de que sólo fue ligeramente discutido durante la vista después de haberse llamado la atención de los letrados hacia la misma.

Ese era un caso en que los demandados, nna razón social domiciliada en los Estados Unidos continentales, compare-cieron especialmente para solicitar el levantamiento de nn embargo. Esta corte resolvió después de mencionar el artículo 323, supra, que el primer paso de los demandados en dicho caso, aunque se llamara comparecencia especial, era sin embargo una comparecencia y un aviso de comparecencia y que los demandados, como en el presente caso, llamaron el escrito una comparecencia. Las autoridades generales a ese efecto fueron expuestas y no es necesario repetirlas en el curso de esta opinión. Puede consultarse todo el caso. Seguimos los casos de Hernaiz Targa & Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106, y Ortiz v. Gómez, 21 D.P.R. 507, al efecto de que cualquier comparecencia, excepto para atacar la jurisdicción de la corte, era una comparecencia general.

En el caso de Christianson se alegaba que como el esta-tuto enumeraba las comparecencias, éste excluía que se con-siderara como' comparecencia todo aquello que no fuera una contestación, excepción previa o un aviso escrito sobre el hecho de la comparecencia. En uno u otro caso el deman-dado informó de su comparecencia y trató de limitarla a un fin especial.

En el presente caso es cierto que el demandado dijo que presentaba su moción “sin someterse a la jurisdicción ni a la. competencia de la corte.” La palabra competencia puede ser descrita como la corte donde el demandado tiene derecho a ser oído, dependiendo a los fines de este caso en su resi-dencia. En el derecho común una persona podía ser deman-dada en una acción transitoria dondequiera que se hallara.

Ahora bien, el demandado no podía atacar la jurisdicción de la Corte de Distrito de Mayagüez por el hecho de residir en cualquiera otra parte de la isla. Debió solicitar el tras-lado del pleito. Su moción, sin embargo, no atacaba ni la jurisdicción ni la competencia de la corte. No era una com-parecencia especial según la definición dada en esta juris-dicción.

En el caso de H. C. Christianson no había cuestión alguna de traslado pero puede decirse que allí se trataba de negar la jurisdicción a las cortes de Puerto Rico. Parece un poco fuerte que un demandado cuyos bienes han sido embargados no puede obtener que el embargo sea levantado inmediata-mente sin someterse a la jurisdicción de la corte en que los bienes han sido embargados. No obstante, según la inter-pretación dada por esta corte, la regia es terminante. Hasta el momento en que se declara con lugar la moción de traslado, la corte original, es nuestra creencia, tiene poder para or-denar el levantamiento del embargo. Por tanto, deb.e ser posible para una de las partes en el litigio solicitar el traslado de un pleito y obtener la restitución de bienes de la corte que ba ordenado el embargo.

La resolución apelada debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Sucesores de A. Mayol & Co., acusada y apelada.
    No. 3578.

    Visto: Noviembre 27, 1928.

      Resuelto: Diciembre 24, 1928.

      José E. Figueras, abogado de El Vuéblo, -apelante,- Monserrat & Momerrat, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión deí tribunal.

La sección 14 de la ley “autorizando la creación de una Junta de Farmacia, determinando la validez de ciertos diplomas de farmacéuticos, y para otros fines,” leyes de 1921, página 135, lee en parte, como sigue :

“Nadie que no fuere un farmacéutico debidamente autorizado, podrá establecer farmacia, ni dedicarse a la venta de productos quí-micos, farmacéuticos, medicinas de patente o de propiedad ni clase de droga alguna.”

La sección 18 de dicha ley, según fué enmendada en 1927, Leyes del 1927, página 423, 429, dispone lo siguiente:

“Toda persona que en contravención con las disposiciones de esta Ley ejerciere la profesión de farmacia incurrirá en delito menos grave (misdemeanor), y convicta que fuere será castigada con una multa de cien a doscientos dólares, o prisión subsidiaria correspondiente. El Comisionado de Sanidad, tendrá a su cargo el hacer velar por el cumplimiento de esta Sección de esta Ley; Disponiéndose, que las palabras Farmacia, Droguería, Droga, Productos Químicos, Produc-tos Farmacéuticos y Medicina de Patente tal como se emplean en esta Ley se entenderán definidos del modo siguiente:
“(a) ‘Farmacia’, es todo establecimiento público en donde se preparan, componen, preservan o venden productos químico's, farma-céuticos, medicinas de patente, drogas o fórmulas magistrales al de-tall.
“ (b) ‘Droguería, es todo establecimiento público en donde se preservan y venden productos químicos, farmacéuticos, medicinas de patente o drogas al por mayor; Dispowiéndose, que los agentes, re-presentantes y concesionarios exclusivos de manufactureros nacionales y extranjeros que tengan existencias de sus productos en lo's envases originales para suplir así originalmente la demanda a las farmacias y droguerías debidamente autorizadas, no se considerarán para los efectos de esta Ley como droguerías.
“ (c) ‘Droga’, es un nombre genérico dado a toda substancia medicinal cruda o seca, ya sea de origen mineral, animal o vegetal. Estarán exentos de esta disposición: aguarrás, aceite linaza, pinturas en polvo, en pasta y preparadas, abonos y sus componentes.
“(d) ‘Productos químicos’, son todas aquellas substancias me-dicinales, simples o compuestas que se obtengan por los procedimien-tos de la ciencia y arte de la química, ya sean de origen orgánico o inorgánico.
“(e) ‘Productos farmacéuticos’, son todas aquellas substancias medicinales que se obtengan o preparen por medio del arte y cien-cia de la farmacia.
“(f) ‘Medicina de patente’, es todo producto medicinal que esté en paquete o envase original , y tenga su inscripción en el registro de patentes de Puerto Rico o Estados Unidos.”

En una denuncia presentada por un inspector de sanidad local, se alega:

“Que en 22 de octubre de 1927 y en San Juan No. 32 Alien St., del Distrito Judicial Municipal de San Juan, Sucesore's de A. Mayol & Go. representados por Salvador Rullán, en su estableci-miento ‘Los Muchachos’ sito en San Juan No. 32 Allen St., inten-cional y maliciosamente y a sabiendas de que infringían la ley men-cionada vendían al público Listerina y Agua de Hamamelis de Hum-phreys, sin tener atendiendo a dicho negocio de venta de medicinas de patente a farmacéutico alguno autorizado para ejercer la profession en Puerto Rico, tal y como lo dispone la sección 14 de la Ley No. 15 de mayo 19 de 1921, enmendada por la Ley No. 9 de mayo 12 de 1927.”

La corte de distrito, en la apelación de la sentencia dic-tada por una corte municipal, sostuvo una excepción peren-toria a la denuncia, fundada en la teoría de que la sección 14 supra es inconstitucional en tanto en cuanto prohíbe la venta de medicinas de patente o de propiedad a todas aquellas personas que no sean farmacéuticos debidamente autorizados. La apelación de esa resolución es más o menos perfunctoria, habiendo sido perfeccionada solamente con el fin de obtener la resolución final de esa cuestión. El fiscal de esta corte conviene con el letrado del apelado en que la decisión de la corte de distrito debe ser confirmada. Estamos de acuerdo con ese punto de vista.

“Un estado no puede, ‘eon el fin de proteger al público, inter-venir arbitrariamente en los negocios particulares, prohibir ocupacio-nes legales o imponerles restricciones poco razonables e innecesarias’.” Liggett Co., vs. Baldrige et al. Decidido por la Corte Su-prema de los Estados Unidos en noviembre 19, 1928, y ea'sos citados.

Un mero monopolio por parte de los farmacéuticos del tráfico mercantil en medicinas de patentes o de propiedad, no tiene relación real ni substancial con la salud, costumbres o bienestar públicos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.