text:
    Gandía, Demandante y Apelado, v. Stubbe, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad de contrato. (Traslado de causa.)
    No. 2284.
    Resuelto en marzo 10, 1921.
    Traslado del Caso — Cortes—Jueces—Inhibiciones de los Jueces — Capacidad del Juez. — Un juez que mientras era fiscal formuló acusación contra una persona que es fe parte demandada en un pleito en el cual los hechos que motivan la acción civil son los mismos que motivaron la criminal, no está impedido por el artículo 23 del Código de Enjuiciamiento Civil de actuar como juez en dicho pleito y tal circunstancia no es suficiente para el traslado del pleito a otra corte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. C. Coll Cuchí y G. Cruzado Silva.

      Abogado del apelado: Sr. José de Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión, del tribunal.

Pedro Gandía entabló una demanda en la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección Primera, contra Jobann D. Stubbe, sobre nulidad de contrato. El demandado contestó. Luego-solicitó el traslado del pleito a la Corte de Distrito de Are-cibo o a la de ITumacao, porque el juez de dicha sección pri-mera estaba impedido de actuar en el litigio. La razón de dicho impedimento consistía en haber formulado el juez como fiscal del distrito varias acusaciones contra el demandado por los mismos hechos envueltos en el pleito ele nulidad y haber sostenido en juicio una de dichas acusaciones, la formulada contra Arturo Trías, en cuya vista el demandado Stubbe presentó la prueba con que contaba para su defensa. La moción de traslado fuá negada y el demandado apeló para ante este tribunal.

De acuerdo con la ley vigente en Puerto Bico, artículo 23 del Código de Enjuiciamiento Civil, un juez no puede actuar como tal en ninguno de los casos que siguen: (1) en un pleito o procedimiento en que sea parte o en que estu-viere interesado, (2) cuando estuviere ligado a alguna de. las partes con parentesco de consanguinidad o afinidad den-tro del tercer grado, y (3) cuando hubiere sido abogado o consultor de cualquiera de las partes en el pleito o proce-dimiento.

No se demostró que el juez fuera parte, ni que estuviera interesado en el pleito; tampoco que estuviera ligado con alguna de las partes con parentesco de consanguinidad o afinidad en grado alguno, ni que hubiera sido abogado o con-sultor de cualquiera de las partes en el pleito.

Dentro de la letra de la ley, no cabe, pues, la impugna-ción, pero el apelante sostiene que cabe dentro de su espí-ritu, porque equivale a haber sido el abogado de una de las partes, el liedio de haber actuado como fiscal en los casos criminales indicados, circunstancia que necesariamente tiene que crear en el juez un prejuicio que le impedía actuar de un modo justo e imparcial en el litigio.

Hemos examinado la jurisprudencia y no fiemos encon-trado ningún caso enteramente igual al presente. Aquellos que tienen relación con él, se refieren a causas criminales. R. C. L., Yol. 15, página 535, resume esa jurisprudencia así:

“El hecho de que el juez presidente fuera fiscal, y como tal hubiera formulado la acusación por la cual se juzga al reo, no le impide presidir el juicio, bajo la regla de un estatuto que prohiba a un juez presidir cuando hubiere sido el abogado.”

El caso que se cita para sostener esa doctrina es el de Kirby y. State, 78 Miss. 175, 28 So. 846. Hemos leído la opinión y si bien la doctrina ha sido bien resumida, en jus-ticia al apelante debemos consignar que en dicha opinión hay un párrafo que dice:

“Si se hubiera demostrado que el juez, como fiscal, había oído los hechos, y hubiera recomendado y redactado la acusación, un caso muy diferente estaría frente a nosotros.”

Cyc. en su tomo 23, página 587, resume la jurisprudencia así:

“Un juez que mientras fue fiscal tomó participación activa en la preparación de una causa criminal, está impedido de juzgarla.”

Y cita en apoyo de esa doctrina los casos de Mathis v. State, 3 Heisk (Tenn.) 109, y Terry v. State, (Tex. Cr. App. 1893), 24 S. W. 510.

El caso de Texas aplica el estatuto vigente en dicho Es-tado que expresamente dispone que “ningún juez podrá co-nocer de causa alguna en la que hubiere sido abogado del Estado o del acusado.” Artículo 569 del Código de Enjui-ciamiento Criminal.

En el caso de Tennessee la corte dijo:

“Aparece del record que la acusación fué firmada por James E. Rice, Attorney General, y que él presidió como juez el juicio de la causa. Este es uno de los errores asignados, y que nosotros creemos correctamente. La. Constitución, art. 6, s. 11, dispone que ningún juez presidirá en ninguna causa en la cual hubiere sido abogado, y la sección 3913 del código contiene una disposición similar. No podemos encontrar razón alguna para prohibir a un juez que presida un pleito civil en el cual haya sido abogado, que no deba aplicarse al juicio de una causa criminal. La Constitución no hace distinción, y nosotros no estamos autorizados para hacerla.” Mathis v. State, supra.

Comparadas las acusaciones con la demanda no liay duda alguna que se trata de los mismos hechos, pero no creemos que pueda sostenerse que el caso del fiscal sea igual al del abogado. Las relaciones entre el abogado y su cliente son íntimas y estrechas y en ellas está envuelto generalmente un interés pecuniario. Las del fiscal no ;tienen tal carácter. Acusa no por odio o favor a ninguna de las partes, sino en cumplimiento de la ley y en bien de la comunidad. El fiscal recibe su remuneración del pueblo, por medio de su gobierno.

El aspecto de la cuestión que nos hace dudar es el del prejuicio que a virtud del examen de la prueba de cargo que lo llevó cuando actuaba como fiscal, a formular las acusaciones, hubiera podido formar el juez en relación con la conducta del demandado en este pleito. Sin embargo, esta es una cuestión de conciencia y era para el juez mismo decidir si no obstante su primera actuación, su mente estaba libre de prejuicio y abierta para considerar y pesar las alegaciones y defensas del demandado con entera imparcialidad.

Se presume que un hombre que ha sido elevado a la po-sición de juez, reúne aquellas cualidades de entereza moral, sin las cuales es imposible cumplir debidamente su misión, ni inspirar confianza, y cuando un hombre así afirma, como ha afirmado el juez en este caso, que está en perfectas con-¿liciones de administrar justicia, en ausencia de un mandato expreso de la ley o de prueba en contrario, el tribunal de ape-lación no estaría justificado en revocar su decisión.

Si se trata de un hombre que tenga el verdadero temple de un juez, que en circunstancias iguales a las de este pleito asuma la grave responsabilidad de seguir actuando en el mismo, debemos presumir que será tal vez aún más escrupu-loso que en los casos corrientes al considerar y pesar las cuestiones que afecten a la parte que expresó sus dudas con respecto a su libertad de criterio.

Oreemos conveniente citar la opinión de esta corte en el caso de Laíno v. Blondet et al., 27 D. P. R. 346. Esta corte revocó la orden del tribunal inferior decretando el traslado, y en el curso de la opinión, emitida por el Juez Asociado Sr. Wolf, se expresó así:

“El prejuicio que lia de alegarse tiene que ser personal del juez y debe demostrarse, ya mediante prueba tendente a mostrar una hos-tilidad personal, o por tales decisiones y órdenes arbitrarias, de las que se infiera necesariamente el prejuicio; pero no podían las meras resoluciones, por erróneas que fueran, demostrar prejuicio.
“No se demostraría prejuicio aun cuando la corte hubiera formado la opinión de que Laíno no tenía un arma en su mano cuando ocurrie-ron las hostilidades, las que parecen ser el fundamento de la causa de acción sometida a nuestra consideración. Tal opinión podía ceder a la prueba, como ocurre en el caso de un jurado. Sin embargo, aun cuando de los hechos de un caso que fueron realmente sometidos a un jurado (siendo los procedimientos por acometimiento y agresión con intención de cometer homicidio resueltos contra uno de los apelados) hubiera tenido el juez una opinión determinada, tal opinión no cons-tituiría prejuicio y se presumiría, todavía, que el juez celebra la causa de acuerdo con la prueba presentada.
“El caso estaba dentro de la jurisdicción de la Corte de Distrito de Guayama. El derecho de una corte para trasladar una causa no es personal en el juez; pero si el pleito se comienza o somete debida-mente, las partes adquieren derechos a que el caso sea oído en la corte en que la acción está pendiente, a menos que se justifique la razón que existe para invocar la facultad que tiene la corte para trasladar la causa. Los artículos 79 y 81 del Código de Enjuiciamiento Civil establecen este derecho a la celebración del juicio. Si una corte tras-ladara una causa sin mostrársele hechos que justifiquen dicho traslado, cualquiera de las partes tendría derecho a que se revocara su acción. No podía existir presunción de prejuicio o de cualquier otro hecho que autorice el traslado. De non apparentibus et non existentibus eadem est ratio. No hubo demostración alguna de prejuicio y la fa-cultad de la corte para verificar el traslado nunca fué invocada debi-damente. ’ ’

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse siu lugar el recurso y confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Gandía, Demandante y Apelado, v. Porto Rico Fertilizer Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera. Traslado de causa.
    No. 2291.
    Resuelto en marzo 10, 1921,
    por los fundamentos del caso No. 2284, Gandía v. StuVbe, de marzo 10, 1921.
   Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Rivera, Demandante y Apelado, v. Martínez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre daños y perjuicios por libelo.
    No. 2363.
    Resuelto en marzo 11, 1921.
    Desestimación del Recurso — Transcripción Incompleta — Alegaciones de Hechos. — Una transcripción que sólo contiene la moción pidiendo la nulidad de resoluciones dictadas en el pfeito, la resolución denegatoria apelada j el escrito de apelación, no es suficiente para que el Tribunal Supremo dicte sentencia, pues la mera moción no es bastante para tener por ciertos los hechos en la misma expuestos. Si el apelante no incluye en la transcripción aquellas actuaciones del pleito ofrecidas como evidencia en apoyo de la moción, a fin de poner al Tribunal Supremo en la misma situación en que estaba la corte inferior cuando dictó la resolución apelada, procede la desestimación •del recurso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Víctor P. Martines.

    Abogados del apelado: <8'res. J. C. Rivera y L. Llorens Torres.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

En el pleito No. 2128 de la Corte de Distrito de Agua-cella de José C. Rivera contra Víctor P. Martínez, por libelo y daños y perjuicios, el demandado presentó el 9 de sep-tiembre de 1920 su moción no jurada, fechada el 25 del mes anterior, interesando la declaración de ineficacia de las sen-tencias y resoluciones dictadas en él el 26 de octubre de 1917, 6 de octubre de 1918, 27 de junio de 1919 y 5 de marzo de 1920 y que se dejen sin efecto los actos ejecutados en virtud de ellas y que el pleito quede en la situación que antes de su radicación. En la moción se hacen alegaciones de hecho y de derecho y se ofrece como evidencia las actuaciones del pleito.

El día señalado para la vista de esa moción comparecie-ron las dos partes y a petición de ambas fué la vista seña-lada para otro día en el que no compareció el demandante Rivera por estar enfermo, según telegrama suyo. El deman-dado sometió la moción a la resolución de la corte y ésta en 2-7 de octubre de 1920 la declaró sin lugar.

Apelada esa resolución pór Martínez nos ha presentado para resolver su recurso una transcripción que sólo contiene su moción, la resolución de la corte y su apelación.

Esa transcripción no es suficiente para poder resolver si la resolución apelada es errónea o acertada porque no siendo suficiente la mera moción del apelante para tener como cier-tos los hechos en ella relatados El Pueblo v. Pujols, 23 D. P. R. 882, debió el apelante ponernos en la misma situación que estaba el juez de la corte inferior cuando dictó la reso-lución recurrida, haciendo formar parte de la transcripción aquellas actuaciones del pleito en que comparecía y que ofre-ció como evidencia, para demostrarnos la certeza de los he-chos expuestos en su moción.

La falta de esas constancias del pleito nos priva de base para resolver esta apelación y debemos desestimarla.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldkey,

text:
    Gandía, Demandante y Apelado, v. Stubbe, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad de contrato. (Traslado de cansa.)
    No. 2311.
    Resuelto en marzo 31, 1921.
    Traslado del Pleito — Inhibiciones de los Jueces — Capacidad del Juez.— Es impropio de la corrección de los actos de un fiscal el que éste ofrezca a un acusado el sobreseimiento del proceso y de otros análogos pendientes en delitos de falsificación, a condición de que transe pleitos en los cuales lia. sido demandado por los mismos lieelios que originaron las acusaciones; pero no siendo necesariamente tal conducta demostrativa del interés a que se re-fiere el artículo 23 del Código de Enjuiciamiento Civil, no incapacita a la persona que aetuó como fiscal para actuar como juez en dichos pleitos y no es por tanto motivo suficiente para el traslado de éstos a otra corte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. Goll Cuchí.

    Abogado del apelado: Sr. José de Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Sr. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

En el pleito donde se ha establecido esta apelación por Johann D. Stubbe por la negativa de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, a trasladarlo a otro tribunal se adujeron como motivos de incapacidad para que el Juez Sr. Campillo actúe en él los mismos hechos que en el pleito entre las mismas partes cuya apelación No. 2284 hemos re-suelto ayer; pero, además, en una declaración jurada del abogado del apelante Stubbe se consignaron otros hechos, a saber: que celebrándose el juicio en una de las acusaciones criminales contra Arturo Trías, coacusado de Johann D. Stubbe, en el que actuaba como fiscal el Sr. Campillo, a me-diados del juicio fué suspendido y entonces en el despacho del Juez Sr. Nossy dicho fiscal ofreció al abogado de Stubbe que sobreseería todas las acusaciones criminales contra él si transigía sus pleitos con Pedro Gandía Córdova y que aceptada por Stubbe la oferta con cierta condición que no fué aceptada por el abogado de Gandía, quien pretendía que su contrario confesara todas las demandas civiles, el Fiscal Campillo reanudó el juicio suspendido; y que el actual Juez; Sr. Campillo está vivamente interesado, personalmente, no sólo en que Stubbe pierda los litigios civiles sino también en que fuera condenado en las acusaciones criminales, habiendo usado de su influencia personal en muchas ocasiones para obtener una condena contra Stubbe.

Si bien entiende esta corte que de ser cierto el ofreci-miento del Fiscal Sr. Campillo al abogado de Stubbe de sobreseer las causas criminales que contra su representado seguía por delitos de falsificación si transaba sus pleitos con Gandía revelaría un proceder impropio de la corrección de los actos de un fiscal, sin embargo tal conducta no demuestra necesariamente que tenga interés personal en contra de Stubbe ni que ejerciera coerción alguna para obligarlo a transar sus pleitos con Gandía sino simplemente que estaba dispuesto a sobreseer dichas acusaciones si eran transados los pleitos que tenían por base los mismos hechos de las acusaciones. En cuanto al otro extremo de la declaración jurada no se consigna en ella hecho alguno que lleve a la conclusión expresada por el declarante que el Juez Sr. Cam-pillo tiene interés personal en que Stubbe pierda los pleitos, pues aunque se manifiesta que en muchas ocasiones ha usado de su influencia personal para obtener condena contra Stubbe tampoco se consignan los actos ejecutados por el Sr. Cam-pillo de los cuales podamos inferir que efectivamente usó de su influencia personal para obtener condena contra Stubbe.

En vista de lo expuesto esta apelación ha de regirse por los principios consignados en la opinión de esta corte al resolver la apelación No. 2284 que decidimos ayer.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Martínez, Peticionario, v. Bryan, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de mandamits al Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por falsa representación e impostura. *

    No. 199.
    Resuelto en marzo 14, 1921.
    Mandamus — Sobreseimiento del Proceso — Juicio Rápido — Justa Causa paría la Demora del Juicio. — Cuando en una, petición de mandamus para obtener el sobreseimiento de una causa por no haber sido llamada a juicio en el término de 120 días, no se consignan las razones que sirvieron de fundamento al juez inferior para denegar el sobreseimiento, procede desestimar el re-curso, pues al peticionario incumbe destruir la presunción de que fe demora estaba justificada por justa causa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El peticionario compareció en nombre propio.
    El juez demandado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal. Según entendemos los hechos de esta petición los enales son algo dudosos, fue presentada una denuncia en cierta ' ocasión contra el peticionario, o sea en agosto 17, 1917, en la Corte Municipal de Aguadilla, y posteriormente, o sea en julio 31, 1920, se formuló una acusación contra él en la Corte de Distrito de Aguadilla por el mismo delito; que en diciembre 21, 1920, el peticionario presentó una moción soli-citando el sobreseimiento de la acusación por virtud del ar-tículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, toda vez que no se babía celebrado el juicio dentro1 del término de ciento veinte días (a contar y después de una fecha que no se menciona); que en 21 de febrero presentó una moción semejante por no haberse celebrado el juicio dentro de los ciento veinte días después de iniciado el proceso. No esta-mos seguros de que en la petición no se trate de decir que no hubo ningún juicio desde la primitiva causa en la corte municipal iniciada en agosto de 1917. El peticionario no expresa que los ciento veinte días debían contarse desde la presentación de la acusación como exige el artículo 448, supra.

El peticionario también présentó una moción el mismo día alegando varias cuestiones, a saber: que el Gran Jurado no tenía derecho a considerar un caso de misdemeanor y que el supuesto misdemeanor fue cometido por lo menos tres años antes, estando por tanto prescrito. Independientemente del hecho de que debe alegarse la prescripción, en la causa es evidente que estas cuestiones particulares podían todas ser consideradas por medio- de una apelación y que el peticio-nario no pudo ser perjudicado por una demora.

En el caso de Dyer v. Rossy, 23 D. P. R. 772, resolvimos que procedía el auto de mandamus para obligar a un juez a sobreseer una causa cuando el juicio había sido demorado por más de ciento veinte días desde la radicación de la trans-cripción en apelación en la corte de distrito. En ese caso, sin embargo, la petición expresaba las causas alegadas por el fiscal y tuvimos la oportunidad de juzgar si eran o no causas justas.

El artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe en su párrafo primero lo siguiente:

“Artículo 448. — A menos que exista justa causa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso en los casos siguien-tes: * * *”

De modo que cuando una corte se ha negado a sobreseer una causa la presunción sería que la corte ha negado así dicho sobreseimiento porque había suficiente motivo para ello y por tanto el peticionario debe destruir la presunción de que la negativa se fundaba en buena causa.

No estando convencidos de la petición prima facie de que el caso del peticionario fue demorado sin justa causa, debe denegarse el auto.

Denegada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Wole, JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNANDEZ

text:
    Félix, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegatoria de inscripción de una escritura de compraventa y otra de préstamo hipotecario.
    No. 485.
    Resuelto en marzo 14, 1921
    Venta de Bienes bob Menor Emancipado — Consentimiento del Padee paea la Venta — Emancipación.—Cuando padre e hijo, emancipado éste de acuerdo con el artículo 303 del Código Civil, comparecen en una escritura manifes-tando su propósito de vender cierta finca y efectivamente “hacen venta real y absoluta” del inmueble al comprador y aceptan en varias formas y ratifican el contrato y aceptan una hipoteca por el precio aplazado, el consentimiento del padre, que por el artículo 307 del cuerpo legal citado no tiene que ser expreso, debe deducirse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Br. H. Torres Bold.

      El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En el mes de julio de 1920 Bernardo itosa emancipó a sil hijo de diez y nueve años de edad, Francisco Rosa y Lienza. En septiembre de 1920 Bernardo Rosa y su liijo Francisco Rosa y Lienza vendieron a Román Félix y Do-minga Maldonado una finca rústica de la cual eran dueños en común proindiviso los vendedores. La finca pertenecía a la sociedad conyugal y Bernardo Rosa adquirió la mitad de ella a la muerte de su esposa y su Mjo Francisco Rosa la otra mitad por herencia. .

Junto con la escritura de compraventa de la referida finca las partes presentaron para su inscripción una escri-tura de préstamo hipotecario a favor de Bernardo y Francisco Rosa por la suma de $5,000.00, garantizada con la misma propiedad.

Tanto la inscripción de la escritura de compraventa como la de préstamo hipotecario fueron denegadas.

El recurso en este caso ha sido establecido por Román Félix, el comprador, y la nota denegatoria de inscripción de la escritura de compraventa es como sigue:

“Inscrito el precedente documento, con vista de la escritura de emancipación y otro de donde resulta que Román Félix es casado con Dominga Maldonado; solo en cuanto a la participación que trasmite don Bernardo Rosa y Cuadrado, al folio 160 del tomo 32 de Río Piedras, finca 958 triplicado, inscripción 16a.; y deniego la inscripción en cuanto a la participación trasmitida por el menor emancipado, porque la comparecencia y actuación del primero en la escritura se refiere sólo a la venta de su condominio sin que preste a su hijo emancipado también vendedor, el consentimiento que previene el artículo 307 del Código Civil como quedó enmen-dado en 8 de marzo de 1906, habiéndose tomado en. su lugar ano-tación preventiva por el término legal en el mismo asiento. San Juan, P. R., 29 de noviembre de 1920.”

El artículo 307 del Código Civil en el cual funda su nega-tiva el registrador, prescribe lo siguiente:-

“La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor; pero hasta que llegare a la mayor edad no podrá el emancipado contraer promesa u obligación alguna que exceda del importe de sus rentas por un año. Tampoco podrá gravar ni vender bienes inmuebles suyos sin consentimiento de su padre, en defecto de éste, sin el de su madre, y, en su caso, sin el de su tutor. Tampoco podrá comparecer en juicio sin la asistencia de dichas personas.”

Se verá que el artículo simplemente habla del consenti-miento y no dice que tal consentimiento deba ser expreso como se dice por ejemplo en el artículo 1328 del Código Civil donde se prohíbe al esposo vender o comprar los bienes in-muebles de la sociedad de gananciales sin el consentimiento expreso de la esposa.

El recurrente con la cita que hace de Escriclie, Diccio-nario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, página 507, sostiene que la adhesión de uno a la voluntad de otro, o al concurso mutuo de la voluntad de las partes sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento constituye consenti-miento.

Los vendedores en la escritura eran, como hemos dicho, dueños en común proindiviso, y empezaban manifestando en la escritura que comparecían de una parte, don Bernardo Rosa y Cuadrado y don Francisco Rosa; en otras palabras, ellos comparecían juntos para vender una sola finca en su totalidad de la que eran dueños conjuntamente y en toda la escritura y en diferentes partes de ella hablan de vender toda la propiedad.

Además en el segundo párrafo de la escritura dicen:

“Siguen exponiendo los comparecientes que teniendo todos con-venido la compraventa de la descrita finca la llevan a efecto y for-malizan en la forma y manera que explican las cláusulas que a con-tinuación otorgan:”

Y pasan entonces a expresar que Bernardo Rosa y Cua-drado y Francisco Rosa y Lienza hacen venta real y abso-luta a favor ele don Román Félix sin reserva ni limitación alguna, y en la cláusula tercera se dice que todas las partes aceptan dicha escritura.

Además en la cláusula final las partes*ratifican el conte-nido de la escritura.

Creemos que es claro que cuando dos dueños en común proindiviso, padre e hijo, comparecen en una escritura para vender una finca, el consentimiento del padre para la venta por el hijo se presumiría irrefutablemente, aún cuando las anteriores citas más o menos expresas de las escrituras no mostraban en realidad un consentimiento.

A mayor abundamiento estas consideraciones están sos-tenidas por el hecho de que tanto el padre como el hijo com-parecían conjuntamente para aceptar una hipoteca consti-tuida sobre la misma propiedad por el comprador.

Sin tratar de discutir todos los principios de estoppel que podrían surgir, nos sentimos obligados a resolver que el consentimiento del padre a la venta hecha por el hijo de no darse expresamente debe inferirse necesariamente.

La nota del registrador debe ser revocada debiendo veri-ficarse la inscripción.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son. Los Jueces- Sres. Presidente Hernández y Asociado A! drey, disintieron.

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNANDEZ

CON LA QUE ESTUVO CONFORME EL JUEZ ASOCIADO SE-ÑOR AUDREY.

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL

Por escritura pública otorgada en el pueblo de Río Pie-dras a 20 de septiembre de 1920 ante el notario Heriberto Torres Solá, Bernardo Rosa y Cuadrado y su hijo Francisco Rosa y Lienza, menor de edad, emancipado, vendieron a Ro-mán Félix y Dominga Maldonado una finca rústica de que aquéllos eran dueños proindiviso, en proporción de una mi-tad cada uno de ellos, y por otra escritura de 22 del propio septiembre los compradores constituyeron hipoteca sobre la misma finca a favor de los vendedores para garantizarles un préstamo por valor de $5,000.

Presentadas ambas escrituras en el Registro de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, para su inscripción, el registrador denegó la de la escritura de compraventa en cuanto a la participación del menor emancipado por medio de nota de 29 de noviembre de 1920 que en lo conducente dice así:

“Inscrito el precedente documento, con vista de la escrita de eman-cipación y otro de donde resulta que Román Félix es casado con Do-minga Maldonado, sólo en cuanto a la participación que trasmite don Bernardo Rosa Cuadrado, y deniegue la inscripción en cuanto a la participación trasmitida por el menor emancipado, porque la compa-recencia y actuación del primero en la escritura se refiere sólo a la venta de su condominio, sin que preste a su hijo emancipado, también vendedor, el consentimiento que previene el artículo 307 del Código Civil como quedó enmendado en 8 de marzo de 1906.”

La anterior nota, pues la de la escritura de préstamo hi-potecario es ajena al presente recurso, ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema por el comprador Román Félix, quien, alega en síntesis para obtener su revocación, que el artículo 307 enmendado del Código Civil ha sido cumplido en la escritura de 20 de septiembre de 1920, pues de ella aparece haber otorgado Bernardo Rosa y Cuadrado el con-sentimiento para la enajenación del condominio de que se trata por su menor hijo emancipado Francisco Rosa y Lienza.

El artículo citado del Código Civil ordena que el menor emancipado “no podrá gravar ni vender bienes inmuebles suyos sin consentimiento de su padre, en defecto de éste, sin el de su madre, y en su caso, sin el de su tutor.” El precepto legal es claro y la única cuestión sujeta a discusión es la de si en el otorgamiento de la escritura de compraventa Bernardo Rosa ha prestado su consentimiento para la venta del condominio perteneciente a su menor hijo emancipado Francisco Eosa y Lienza.

El examen de la escritura muestra que ante el notario autorizante comparecieron Bernardo Eosa y Cuadrado y su hijo Francisco Eosa y Lienza, de una parte, y de la otra Eo-mán Félix y Dominga Maldonado; que Bernardo y Francisco Eosa eran dueños en común proindiviso y en proporción de una mitad cada uno de ellos de la finca vendida; que la venta se hizo por precio de $2,000 que los vendedores recibieron de manos del comprador; y que todos los otorgantes acep-taron la escritura en los términos en que estaba redactada, estuvieron conformes con ella y se ratificaron en su con-tenido.

El texto de la escritura no revela que Bernardo Eosa y Cuadrado prestara en cuanto a su hijo Francisco Eosa y Lienza el consentimiento que la ley exige, pues aunque uno y otro comparecieron juntamente ante el notario y juntos verificaron la venta y recibieron el precio, cada uno de ellos obró en propia representación y él padre no hizo manifesta-ción alguna sobre su consentimiento en la venta del condo-minio hecha por su hijo.

La aceptación, conformidad y ratificación prestadas por todos los otorgantes, así vendedores como compradores se refieren a cada uno de ellos en la parte que les concierne. No hubo adhesión del padre a la voluntad del hijo ni con-curso mutuo de voluntades para la venta del condominio del hijo. Padre e hijo procedieron con plena independencia ven-diendo cada uno lo suyo sin tomar uno parte en la venta del otro. No dudamos que el padre tuvo conocimiento de ía enajenación que hacía su hijo, pero afirmamos que no prestó su consentimiento a ella. Puede afirmarse que no impugnó la enajenación, pero no cabe llegar a la conclusión de que la consintiera o aprobara. La intención del legisla-dor al exigir el consentimiento del padre, de la madre o del tutor para la enajenación de bienes inmuebles de un menor emancipado, es la de que se considere el acto de enajenación del menor por el que deba prestar el consentimiento y pro-ceda éste o no a prestarlo según lo exijan los intereses del menor. Parece que el padre en el presente caso con relación a su hijo actuó bajo la teoría de que no era necesario su consentimiento, pues a no ser así lo hubiera prestado por modo expreso si quería que la enajenación del menor produ-jera los efectos legales consiguientes. La escritura se hu-biera otorgado en los mismos términos en que fué otorgada, si no hubiera existido el precepto del artículo 307 del Código Civil. Y la escritura posterior de hipoteca sobre la misma finca vendida a favor de los vendedores por los compradores nada arguye a favor del cumplimiento del artículo 307 del Código Civil en el otorgamiento de la escritura de compra-venta.

Por las razones expuestas disentimos de la opinión de la mayoría de los jueces de esta corte y opinamos que ha de-bido confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Se. Htttchisow,

text:
    Barceló, Demandante-Apelado-Apelante, v. Díaz, Demandado-Apelante-Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de servicios profesionales.
    No. 2176.
    Resuelto en marzo 14, 1921.
    Honorarios de Abogado — Servicios Profesionales — Reclamación de Servicios Prestados por Abogado. — Aunque la frase '‘servicios profesionales,” según la jurisprudencia, no siempre comprende actos realizados por un agente, apo-derado u otro representante, sin embargo en una acción entablada por un abogado en cobro de servicios profesionales prestados al demandado actuando a requerimiento de éste ‘ ‘ como consejero, consultor y defensor suyo en cuantos asuntos se relacionaren con sus intereses y con su persona,” el demandante no está restringido por la interpretación estricta de aquella frase, la cual debe ser interpretada en relación con el contrato de servicios, pues un abo-gado generalmente puede cobrar por cualesquiera servicios prestados a reque-rimiento de su cliente siempre que no envuelvan actos ilegales o criminales, y puede por tanto dicho demandante, bajo la sola causa de acción de servi-cios profesionales, incluir en un pliego de particulares ordenado por la corte, y recobrar del demandado, no sólo los servicios estrictamente profesionales sino también aquellos prestados en relación con o como incidentales a tal capacidad general de consejero o representante y dentro de los términos de tal contrato.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado-apelante: 8r. M. Benitez Flores.

    Abogado del apelante-apelado: Sr. L. Llorens Torres.

   El Juez Asociado Se. Htttchisow,

emitió la opinión del tribunal.

Alega la demanda presentada en este caso, entre otros hechos, los siguientes:

“1. — Que el demandante es abogado y ejerce ante los Tribunales de la Isla.
“3.- — Que en los últimos meses del año de 1914 el demandado requirió al demandante para que éste le prestase sus servicios pro-fesionales actuando como consejero consultor y defensor del deman-dado en cuantos asuntos se relacionaren con sus intereses y con su persona.
“4. — Que desde aquel tiempo basta los últimos días del mes de octubre de 1917 el demandánte lia estado prestando a dicho deman-dado sus servicios profesionales en todos los asuntos y negocios de dicho demandado.”

Un pliego de particulares solicitado por el demandado y radicado de acuerdo con una orden de la corte contiene las siguientes partidas por servicios profesionales prestados:

“1914. — Por la gestión, examen y estudio, por orden verbal del demandado, de todo lo relacionado con la venta de una casa de su propiedad a la Junta Es-colar de Vieques, incluyendo viajes en automóvil a San Juan, en distintas fechas, con dicho motivo; gastos y estadía por cuenta del demandante, y cuya casa fué vendida en la suma de once mil quinientos ($11,500.00 dólares. (Cantidad ofrecida por el de-mandado al' demandante en pago de sus servicios,
$1,000:00)-,___ $1,000.00
“1915. — Consulta verbal y examen, con el propósito de rescindir un contrato sobre el paso de un ferrocarril de don José J. Benitez, por la Colonia Arkadia, ha-biendo sido, por este motivo, llamado a San Juan el demandante; viaje en automóvil y estadía_ $250. 00
“1915. — Consulta verbal y examen de toda la documen-tación relacionada con la liquidación de una sociedad agrícola con don José J. Benitez de Vieques, en la co-lonia de cañas “Paraíso,” de Fajardo; examen de títulos en el Registro de la Propiedad, habiendo dado varios viajes a San Juan y a Humacao en automóvil, con gastos y estadía por cuenta del demandante_ 500. 00
“1915. — Examen e investigación por mandato expreso mediante poder especial otorgado en la notaría de don Joaquín López Cruz, de Fajardo, de toda la contabi-lidad de la sociedad Díaz & Aboy y de la corporación Arkadia Sugar Co. desde el mes de julio de 1904 hasta el mes de septiembre del año 1915, en relación con las cuentas de don Luis M. Cintrón, Cintrón & Aboy, y Aboy, Vidal & Co., cuyos libros fueron también exami-nados a este respecto, habiendo tenido que abrir nue-vos libros; y por último trasladados todos los libros, correspondencia y comprobantes desde San Juan a Fa-jardo para terminar el balance general de comproba-ción en la propia oficina del demandante; y habiendo dado con este motivo el referido demandante más de diez viajes en automóvil a San Juan, con estadía de dos o tres días en cada período mientras el examen se hizo en dicha ciudad, y habiendo trabajado los últimos diez días en Fajardo de día y de noche por la urgencia que el demandado requería: años de contabilidad re-visados, once a $500.00-5, 500. 00
$7, 250. 00
“A deducir: Valor de un automóvil Packard recibido del demandado por el demandante al terminar los tra-bajos de la revisión de 1a- contabilidad antes expresada, cuyo automóvil le fué enviado por el primero al se-gundo en consideración de los esfuerzos, a la actividad y a la eficacia por él desplegada en dicho asunto, según la propia manifestación del demandado,_ 3, 000. 00
$4, 250. 00
“1916. — Por estudiar, preparar y gestionar según orden verbal del demandado, la venta de su participación en en la sociedad Díaz & Aboy, y en otras propiedades de la Arkadia Sugar Co., habiendo, con. este motivo, tenido el demandante una serie de entrevistas con don Ramón Aboy Benitez, uno de los principales partícipes y representante de otras participaciones y con don José J. Benitez, el comprador, de quien obtuvo finalmente una suma de ,$56,250.00 en exceso de la cantidad que adquirieron por participaciones mayores o iguales por lo menos don Ramón Aboy Benitez y los partícipes que éste representaba. Con motivo de este asunto tuvo el demandante que extender diversas minutas a medida que era preciso resolver las dificultades que se oponían al término de la operación, basta extender el docu-mento extrajudicial correspondiente con carácter provisional y con diversas copias mientras se llevaba a cabo el contrato por escritura pública. El demandan-te tuvo que recoger las firmas de cada partícipe en el referido documento extrajudicial. Tuvo, además, el demandante que trasladarse a la vecina isla de Vieques representando al demandado para hacer allí la entrega de las propiedades vendidas y extender acta de inven-tario que firmaron ambas partes contratantes y testigos presentes. Tuvo el demandante, además, que ocuparse de la ampliación y modificación del expediente testa-mentario correspondiente a los bienes de la difunta es-posa del demandado, muerta hacía unos cuantos años, porque en el expediente incoado primeramente se omi-tió hacer constar como bienes gananciales del matri-monio de doña Carlota Longpré Benitez con don José Agustín Díaz Gómez, precisamente los bienes que for-maban parte de la Sociedad Díaz & Aboy adquiridos dentro de dicho matrimonio, haciéndose necesario, por tanto, además, la autorización judicial para dicha venta a nombre de los menores hijos habidos en dicho matrimonio. Fué necesario también que el deman-dante se ocupara personalmente de liquidar en la Te-sorería de Puerto Rico los derechos de herencia dejados de pagar en su oportunidad y correspondientes a los bienes omitidos, habiendo tenido que demostrar a sa-tisfacción del Hon. Tesorero de Puerto Rico la buena fe de tal omisión, para evitar la multa correspon-diente. Las operaciones testamentarias con la liquida-ción de los bienes fueron promovidas y terminadas por el demandante y el abogado don José de G-uzmán Beni-tez, habiéndose ocupado el demandante de hacer todas las gestiones necesarias para la documentación bus-cando datos, obteniendo certificaciones hasta presen-tar a la corte para su aprobación, el espediente. Tuvo, por último el demandante que actuar como abogado representante de don José Agustín Díaz Gó-mez y sus menores hijos en la demanda presentada contra ellos ante la Corte de Distrito de Humacao, por don Ramón Aboy Benitez requiriéndoles para que rati-ficaran el contrato social de Díaz & Aboy, el cual con-trato se encontraba pendiente de inscripción en el Re-gistro de la Propiedad por haber sido ésta denegada a causa de no haber comparecido en dicho contrato la esposa de don José Agustín Díaz Gómez ni haber pres-tado su consentimiento para el mismo. Tales trámites hubo necesidad de llevar a cabo para poder otorgar por último la escritura de venta a don José J. Benitez, habiéndose hecho dos documentos por separado, uno para la venta a dicho señor José J. Benitez por una cantidad igual a don Ramón Aboy y otros partícipes y a don José Agustín Díaz Gómez y otros partícipes y otro documento separadamente o carta de pago a favor de don José J. Benitez por la suma de $56,250.00 recibidos por el demandado en un check de dicho señor como plus en el referido negocio. Tuvo por último, aún, el demandante que intervenir en las operaciones finales de la Arkadia Sugar Co. para liquidar los divi-dendos que en dicha corporación correspondían a don José Agustín Díaz Gómez. Valor de los trabajos del demandante en todas estas operaciones,-$25, 000. 00
“A deducir: Recibido por el demandante en un check No. 91 del demandado a cargo del American Colonial Bank,- — ——- 15,000. 00
$10~ 000. 00
“1916. — Reclamación ante la Corte de Distrito de Hu-macao a nombre de Cándido Gómez y por orden y cuenta del demandado de una cuenta administración de las colonias de caña “Brignoni” y “Berros” per-tenecientes a los Señores Aboy & Show montante a $4,312.50 habiendo sido aprobada esta cuenta a pre-sentación y moción del demandante y mediante com-probación documental y testifical por la Corte de Distrito de Humacao con fecba 17 de agosto de 1916, habiéndole sido ofrecida al demandante por el de-mandado, en pago de sus honorarios la mitad de la suma cobrada- — _ $2,156. 25
“1916. — Espediente de dominio tramitado por cuenta del demandado a favor de los hijos de su hermano don Aureo Díaz, con todos los gastos y desembolsos suplidos por el demandante_ 200. 00
“1916. — Poder generalísimo .otorgado por el deman-dante como notario a favor de su señorita hija Ma-ría Esther, yendo a la ciudad de Humacao con dicho motivo_ — _ 50. 00
4 £ 1916. — Estudio y redacción de un testamento oló-grafo disponiendo de todos sus bienes y haciendo una distribución específica de los mismos en forma muy especial y delicada,_ 5, 000.0D
“1916. — Bestiones por su orden verbal para la venta de la maquinaria de la Arkadia Sugar Co., yendo a Carolina, a Coamo y a Ponce con ese motivo_ 300.00
“1917. — Nueva consulta sobre sus cuentas con don Ra-món Aboy, Benitez, pretendiendo establecer una recla-mación de $45,000.00 y sobre la cual dió el deman-dante su opinión adversa, después de haber estado casi todo un día con el demandado en su propia ofi-cina de Fajardo examinando e investigando todos los puntos señalados por el demandado,- 100. 00
“1917. — Por diversas gestiones en asuntos relacionados con denuncias en la Corte de San Juan y en la Corte de Humacao en que tomaron parte algunos de sus empleados y familiares, habiendo comisionado algu-' nos de dichos asuntos al abogado don Eugenio Benitez Castaño, quien compareció una vez ante la Corte Municipal de San Juan y otra ante la Corte Municipal de Humacao,- 500. 00
Total, _$22, 556. 00
Por bonificación voluntaria,--- 7, 556. 25
Balance. $15, 000. 00”

El demandado solicitó la eliminación de la primera, cuarta» quinta, octava, novena y décima partidas, por contener ma-teria extraña a las alegaciones de la demanda y ser imper-tinentes a la causa de acción alegada, y a la vez solicitó un. pliego adicional en cuanto a las partidas segunda, tercera» sexta, undécima y duodécima, por el fundamento de que és-tas no contenían los particulares y detalles ordenados por la corte.

El juez sentenciador al desestimar esta moción hizo la siguiente declaración:

“Parece que el fundamento del demandado es, que siendo eü demandante un abogado, y habiendo titulado su acción ‘Cobro de servicios profesionales,’ no tiene derecho a incluir en la demanda» gestiones que practicara sin actuar en su capacidad de tal abogado. Pero si se atiende a los términos en que está redactada la alegación 3a. de la demanda, que es generadora de la causa de acción, ha de-verse fácilmente que el demandado requirió el demandante para que éste le prestara sus servicios profesionales en cuantos asuntos, se relacionasen con sus intereses y con su persona. De suerte-que, de acuerdo con el contrato que ha dado lugar a la demanda., el demandante tiene derecho a comprender en una sola reclama-ción, todas aquellas gestiones que practicara en beneficio del de-mandante, y en virtud de su requerimiento, porque todas traen su origen de un mismo convenio.
“En cuanto al otro aspecto de la moción, o sea, aquél en que se alega que ciertas partidas del bill de particulares no están debi-damente especificadas, carece de fundamento, toda vez que dichas^ partidas están redactadas con el detalle y claridad que las circuns-tancias permiten, habida cuenta de la naturaleza del caso.”

El demandado entonces formuló excepciones previas a la. demanda por los siguientes fundamentos:

“1. Que la corte no tiene jurisdicción sobre la materia de la acción ejercitada en cuanto a los servicios legales que se alegan come prestados fuera de este distrito de Humacao.
“Se funda esta excepción en que la Ley especial para cobro de servicios legales determina que dichas acciones deben ser ejercí-tadas ante los tribunales del lugar en que se hayan prestado dichos servicios, y ante la corte en que se hayan rendido.
“En la demanda, según ha sido ampliada por el Bill de Par-' tieulares, hay una partida que dice:
“ ‘Por diversas gestiones en asuntos relacionados con denuncias en la Corte de San Juan y en la Corte de Humaeao en que tomaron parte algunos de sus empleados y familiares, habiendo comisionado algunos de dichos asuntos al abogado don Eugenio Benitez Castaño, quien compareció una vez ante la Corte Municipal de San Juan y otra ante la Corte Municipal de Humaeao: quinientos dólares.’
“Y de igual modo hay también otras partidas que se alegan como prestadas fuera de este Distrito y ante otras Cortes de Jus-ticia.
“2. Que la demanda, en sí, y según ha sido ampliada por el Bill de Particulares, no aduce hechos suficientes para determinar la acción ejercitada en cuanto a los servicios profesionales de abo-gado que se reclaman.
“3. Que la demanda, en sí, y según ha sido ampliada por el Bill de Particulares, no aduce hechos suficientes para determinar la acción ejercitada en cuanto a los servicios no profesionales que se reclaman o sea, en cuánto a los servicios que se reclaman como agente, mandatario, contable y demás conceptos fuera de la pro-fesión de abogado.
“4. Que varias acciones han sido indebidamente acumuladas en la demanda.
“Se funda esta excepción en que, si bien es cierto que todas las acciones' que se ejercitan están comprendidas dentro del grupo de contratos expresos o tácitos, a que se refiere el artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil, sin embargo, no pueden ser acu-muladas por exigir distintos lugares para la celebración del jui-cio, y porque el procedimiento para el cobro de servicios de abogado, según la ley especial que regula dicha materia es distinto del pro-cedimiento ordinario para el cobro de servicios no profesionales.
“5. Que la demanda es ambigua, ininteligible y dudosa. Fúndase esta excepción en la vaguedad e incertidumbre con que está redac-tada la alegación fundamental de la demanda, que dice así:
“3o. Que en los últimos meses del año mil novecientos catorce, el demandado requirió al demandante para que éste le prestase sus servicios profesionales, actuando como consejero, consultor y defen-sor del demandado en cuantos asuntos se relacionaren con sus in-tereses y con su persona.”
“Tal alegación es ambigua por la multitud de contratos que puede abarcar sin precisarlos y concretarlos; y es ininteligible y dudosa, porque realmente no determina bien si se refiere solamente a servicios legales o si abarca otros contratos no profesionales.
‘ ‘ Así, dicha alegación se ha prestado a que esta parte la interprete como refiriéndose tan sólo a servicios de abogado, mientras que el Hon. Juez la ha interpretado en el sentido de que abarca también servicios no profesionales.

Estas excepciones previas fueron declaradas sin lugar por las razones que a continuación se expresan:

“ * * * que dichas excepciones, anas bien que a la demanda de la parte actora, se refieren a un bill de particulares presentado por .el demandante, en virtud de orden de esta corte.
“Los hechos expuestos en la demanda son suficientes, habida cuenta de la. naturaleza de la reclamación y la causa de acción que se ejercita. Para resolver las excepciones establecidas por la parte actora digo demandada, la corte debe considerar solamente la demanda, sin pax'ar mientes en lo que contenga el bill de parti-culares que no es una alegación ni forma parte de la demanda; y siendo así que ésta llena a juicio de la corte los requisitos que son indispensables a la causa de acción que se ejercita, procede se declaren sin lugar las excepciones propuestas.”

El demandado establece apelación de una sentencia que le condena a pagar la suma de $4,350.25, dictada después de un juicio sobre los méritos.

Se impugna fuertemente la acción tomada por la corte sentenciadora al basar su negativa a eliminar del pliego de particulares ciertas partidas por la teoría de que la tercera alegación es suficientemente amplia para comprender servi-cios no profesionales, así como profesionales, y por haber declarado luego sin lugar las excepciones previas formula-das a la demanda tal como fueron ampliadas con dicho pliego de particulares, por el fundamento de que este documento no podía ser considerado como parte de la demanda al resol-verse tales excepciones previas. En tanto las dos resolu-ciones en cuestión son susceptibles de esta interpretación están claramente sujetas a crítica por ser incompatibles y de no estar sostenidas por ninguna otra teoría la sentencia tal vez no podía permitirse que subsistiera. Pero el juez sentenciador no expresa precisamente que los servicios es-pecificados en el pliego no son servicios profesionales-, aun-que debe admitirse que la referencia a un solo contrato como origen y fuente de todos los servicios prestados sostiene basta cierto punto el criterio del apelante que por lo demás no es enteramente insostenible. Si el lenguaje empleado puede ser interpretado a la luz de la teoría enunciada más precisamente para resolver finalmente el caso (y en manera alguna resulta claro que el germen de esta idea no estaba ya tomando forma en la mente de la corte,) entonces quizás el pensamiento que prevalece en la orden que declara sin lugar la moción para eliminar aunque algo vagamente ex-presado puede ser que de acuerdo con los amplios términos del contrato de servicios profesionales descrito en la tercera alegación, los servicios especificados en el pliego de parti-culares no eran necesariamente no profesionales. Y si esto es cierto, baya o no sido entendido de este modo por la corte, entonces, las partidas comprendidas en el pliego de parti-culares no constituyen una causa distinta de acción que de-bió haber sido expresada separadamente en la demanda, sino que están incluidas en la alegación general en cuanto al al-cance del contrato que en la demanda se alega y respecto a la naturaleza de los servicios que de acuerdo con la misma se alegó habían sido prestados. La excepción previa, por tanto, fué debidamente desestimada ya que se considera la demanda aisladamente y sin referencia alguna al pliego de particulares, o si se le considera como que comprende las partidas contenidas en tal pliego, e interpretada en relación con ellas. Se infiere pnes que la mera incompatibilidad en cuestión difícilmente puede considerarse como perjudicial y por tanto como motivo suficiente de revocación.

Se ha establecido como regla general y fué la teoría de la corte inferior al resolver el caso sobre sus méritos, qne “a menos que un acto de un abogado no sea ilegal o criminal puede él por lo general cobrar por prestar cualesquiera ser-vicios que se le baya pedido que preste.” 6 C. J. 747.

El apelante insiste en su alegato en que la corte senten-ciadora cometió los siguientes errores:

“Primero. Al desestimar la moción para eliminar y para más específicos particulares.
“Segundo. Al desestimar la excepción previa porque no con-tiene las alegaciones necesarias y además por el fundamento de que es ambigua, ininteligible y dudosa.
“Tercero. Al desestimar las excepciones fundadas en falta de jurisdicción y en indebida acumulación de acciones.
“Cuarto. En haber admitido que se practicaran pruebas rela-tivas a servicios no profesionales de abogado.
“Quinto. En permitir al demandante que presentara pruebas de actos ejecutados como abogado sin haberse probado antes la relación de abogado j cliente.
“Sexto. En permitir que se practicara prueba de trabajos o ser-vicios no incluidos en el pliego de particulares.
“Séptimo. En la apreciación de la prueba respecto a la decla-ración del testigo Gruzmán Benitez.
“Octavo. En admitir como prueba (a) el expediente No. 4534 referente a servicios prestados a la Sucesión de Lauro Díaz y no al demandado José Agustín Díaz (6) el expediente No. 2139 que no se refiere a servicios suministrados al demandado Díaz.
“Noveno. Al permitir prueba subsidiaria de documentos que se decía obraban en poder del demandado sin mediar un subpoena duces tecum.
“Décimo. Al resolver que sin necesidad de tal orden es admisi-ble dicha prueba.
“Undécimo. Al desestimar las numerosas objeciones hechas por el demandado al interrogatorio que tuvo lugar en el curso del juicio.
“Duodécimo. Al admitir documentos públicos y privados que fueron presentados como prueba con oposición del demandado.
“Decimotercero. Al admitir que se hicieran varias preguntas hipotéticas a. los peritos a pesar de la objeción de la parte deman-dada, por el fundamento de que tales preguntas no estaban basadas en la prueba.
“Decimocuarto. Al desestimar una moción de non suit.
“Décimoquinto. En la apreciación general de la prueba dictando sentencia a favor del demandante.”

El razonamiento bajo el primer señalamiento se resume por el apelante en el sentido de que comprende las siguientes proposiciones:

“1. Que la demanda expresa una sola causa de acción.
“2. Que la única acción expresada en la demanda es la recla-mación de servicios de abogado.
“3. Que en la demanda no se expresa ninguna otra causa de acción por servicios que no sean profesionales.
“4. Que la frase ‘servicios profesionales’ no comprende otros servicios tales como los que presta un agente, apoderado, adminis-trador, etc. ’ ’

Puede admitirse la corrección de las tres primeras de estas proposiciones. También xes cierto, como lo demuestra la extensa cita y copia de libros de textos y autoridades, que el término “servicios profesionales” no siempre comprende cosas realizadas por un agente, apoderado, o de otro modo ejecutadas en una capacidad representativa. Pero el volu-minoso alegato del apelante no revela ninguna base sólida para la conclusión de que en una acción seguida por un abo-gado por servicios profesionales prestados, tanto en, como fuera de la corte, pdr virtud de un contrato de la clase espe-cificada en la demanda presentada en este caso, el deman-dante queda obligado por la estricta interpretación que trata de dársele a las palabras en cuestión. Bajo la misma regia liberal enunciada en la obra de Corptks Juris, supra, las cues-tiones reseñadas en el pliego- de particulares, con la posible excepción de la pequeña partida relativa a la venta de la maquinaria, están claramente comprendidas en el alcance de la acción que abora consideramos. Y aún esta partida por la cual el demandante sólo cobró $200 parece baber sido incidental si es que verdaderamente no debió baber sido in-cluida en una de las transacciones de más importancia.

Que la incansable energía y extensa investigación del abo-gado del apelante no le ha permitido presentar ninguna au-toridad directamente aplicable y opuesta a la regla general invocada por la corte inferior es muy significativo.

El amplio razonamiento contenido en el segundo señala-miento se resume de igual modo por el apelante en la siguiente forma:

“1. Que cuando se reclaman servicios profesionales, es bastante alegar el valor razonable de los mismos;
“2. Que- cuando se reclaman servicios no profesionales, es ne-cesario alegar el precio pactado, o, a falta de éste, el sancionado por la costumbre.
“3. Que, tratándose de un mandato, es también necesario ale-gar el precio convenido, o que el demandante tiene por oficio la prestación de tal clase de mandato.”

La primera de estas proposiciones no está sujeta a argu-mentación. Ella forma la base de la sentencia apelada. La premisa envuelta en la segunda y tercera hemos demostrado que es falsa.

El tercer señalamiento se funda en las regias estableci-das por el antiguo Código de Enjuiciamiento Civil referentes a compensación por servicios prestados en el curso del liti-gio ante las cortes. Todo el argumento estriba en los ar-tículos 8, 12, 426-7-8 de ese código como ha sido interpre-tado por Manresa y otros comentaristas y que se dice con-tinuó en vigor de acuerdo con la doctrina enunciada en los casos Ex-parte Caraballo, 9 D. P. R. 326 y Giménez v. Brenes, 10 D. P. R. 128. La conclusión a que de tal modo, llegó el apelante es:

“1. Qlue la reclamación de servicios prestados en corte, debe ha-cerse ante la corte o tribunal donde radicare el asunto en que se prestaron dichos servicios;
“2. Que la reclamación debe incluir una minuta jurada y deta-llada de'los servicios prestados.”

■ Será bastante con decir que las referidas prescripciones del antiguo Código de Procedimiento-fueron derogadas por el nuevo Código de Enjuiciamiento Civil, aprobado en 1904, y otras leyes decretadas de tiempo en tiempo desde la ocu-pación americana y que los casos citados no son de aplicación.

El cuarto señalamiento meramente levanta en otra forma la misma cuestión envuelta en la moción para eliminar cier-tas partidas del pliego de particulares. Nada se argumenta en apoyo de los señalamientos quinto, sexto, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimotercero, decimocuarto y décimoquinto, los cuales por esta razón no requieren detenida consideración.

En el señalamiento séptimo se sugiere sin demostración alguna que la declaración del abogado G-uzmán Benitez está sujeta a inferencia y que tanto él como el demandante en este caso eran abogados de la Sociedad Díaz y Aboy más bien que de José Agustín Díaz' demandado en este pleito, en el litigio con José Benitez respecto a una servidumbre de paso. La declaración de este testigo consta de unas se-senta páginas del récord de este caso que contiene dos pie-zas, el cual en cambio se compone de algo menos de mil páginas, dejándonos el apelante la tarea do encontrar alguna base para las conclusiones que se tratan de establecer de ésta y otras partes de la transcripción. Dentro de las cir-cunstancias no creemos que tenemos la obligación de analizar los autos para determinar si todas las varias cuestiones así indicadas carecen enteramente de mérito.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.