text:
    Núm. 8183.
    Pueblo, apldo. v. Calderón, aplte.
    Julio 18, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por Cuanto, éste es un caso de asesinato procedente de la Corte de Distrito de San Juan;

Por cuanto, del Legajo de Sentencia y récord taquigráfico se desprende que al leerse la acusación se nombró un abogado de oficio al acusado; que al llamarse el caso para juicio el acusado compareció sin defensor y se nombró de oficio al Lie. Justo A. Casablanca; que éste pidió un receso de cinco minutos para entrevistarse con el acu-sado, que fué concedido, y que al cabo del cual el abogado anunció que el acusado estaba dispuesto a declararse culpable de homicidio vo-luntario, si se rebajaba la calificación del delito; que el fiscal se negó a ello; que al anunciar más tarde el fiscal que sostendría la acusación por asesinato en segundo grado, estando ya constituido el jurado, el acusado se declaró culpable de asesinato en segundo grado ; y que el juez ordenó al jurado que trajese un veredicto al efecto;

PoR CUANTO, aparece, además, que el acusado presentó posterior-mente una moción interesando se le permitiera retirar su alegación de culpabilidad y radicar una de inocencia, y se procediera a juicio; y como fundamento alegó:

“6. Alega ahora el acusado que en el momento de formular la alegación do culpable no tuvo oportunidad ni tiempo suficiente para conocer el alcance de su confesión y siempre tuvo el deseo de estar asistido de su abogado el Ledo. Leopoldo Tormes, quien conocía los hechos y le hubiera proporcionado la oportunidad de una defensa adecuada frente a la grave responsabilidad por la cual estaba acusado y que él no se dió cuenta porque el abogado designado por la corte no le explicó ni tuvo tiempo para explicarle el alcance de su confesión y la pena que podía acarrearle la misma y que por tales razones el acusado estuvo pri-vado de su día en corte y privado asimismo de tener adecuada y suficiente re-presentación en menoscabo de sus derechos constitucionales y de los principios de justicia.”

Por cuanto, la Corte de Distrito de San Juan denegó la moción y dictó sentencia condenándole a sufrir' la pena de diez años de pre-sidio, con trabajos forzados.

Por Cuanto, el acusado apeló y señala en su alegato tres errores, a saber:

“(a) Al conceder un plazo perentorio aj acusado apelante para preparar su defensa, en un caso de la naturaleza de éste: asesinato.
“ (fi) Denegando la petición interesando retirar su alegación de culpable.
“(o) No coneeder la oportunidad de juicio.”

Por cuanto, no aparece que la corte concediera al acusado un plazo perentorio para preparar su defensa, sino por el contrario, que al serle solicitados cinco minutos por el defensor para hablar con el acusado el Juez se expresó así: “Como no. Márshal, declare un receso hasta que el abogado tenga oportunidad de hablar con el acu-sado. ’ ’

Por cuanto, una moción solicitando permiso para retirar alega-ción de culpabilidad va dirigida a la discreción de la corte, y no aparece que existiera un abuso de discreción en este caso;

Por cuanto, aparece que se concedió al acusado la oportunidad de juicio;

Por tanto, debe confirmarse y se confirma, la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan, con fecba 29 de mayo, 1940, confirmándose asimismo la resolución apelada dictada por la misma corte con fecba 27 de mayo, 1930, en el caso arriba indicado.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Sr. Hutchison.)

license: Public Domain

text:
    Núm. 8096.
    Pueblo, apldo. v. Sánchez, aplte.
    Julio 19, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por Cuanto, los únicos errores señalados son los siguientes:

“1. La acusación, en los términos eñ que está redactada, no imputa delito público por cnanto en ella no se alega que el acusado actuara 'maliciosamente’, elemento eseneialísimo del delito de mutilación.
"2. La corte de distrito cometió error al declarar sin lugar la moción de nuevo juicio presentada por este acusado basada en que dicha corte errónea-mente informó al jurado acerca de los puntos de derecho aplicables a la causa y en que el veredicto del jurado es contrario a derecho y a la prueba.
"3. La corte de distrito erró al permitir al fiscal de distrito impugnar con la declaración de Santiago G-uzmán la declaración de su propio testigo Mateo Pérez. ’ ’

Por cuanto, en la acusación se alega que Francisco Sánchez, “. . . ilegal, voluntariamente y con intención criminal, acometió y agredió con un instrumento cortante al ser humano Santiago G-uzmán, infiriéndole una herida de carácter grave ...”

Por cuanto, el inciso cuarto de la sección 559, lee como sigue: (Código Penal, ed. 1937.)

"Las palabras 'malicia’, 'maliciosamente’, denotan la comisión de un acto dañoso, inteneionalmente, sin justa causa o excusa, — la esciente infracción de la ley, en perjuicio de otro.”

Por CUANTO, las palabras empleadas en la acusación “con in-tención criminal”, equivalen sustancialmente a las palabras “con malicia” o a la palabra “maliciosamente”; y en todo caso, el acu-sado no fué convicto del delito de mutilación imputádole en la acusación, sino del delito de acometimiento y agresión grave definido en las secciones 1 y 6 de la Ley de marzo 10, 1904, “ . . . para de-terminar y castigar . . . acometimiento y agresión con circunstan-cias agravantes ...” (Código Penal, ed. 1937, pág. 155).

Por cuanto, el apelante no discute en su alegato los méritos del primer fundamento de su moción de nuevo juicio en la corte de distrito y en cuanto al segundo fundamento de dicha moción, se trata de nn conflicto en la prueba resuelto por el jurado y examinada la prueba no encontramos que el juez de distrito baya abusado de su discreción al declarar sin lugar la referida moción.

POR CUANTO, atendidos los hechos, y circunstancias especiales del caso, el supuesto error especificado en el tercer señalamiento, si existe, carece de importancia suficiente • para justificar por sí una revocación de la sentencia.

Por tanto, se confirma la sentencia que dictó la Corte de Dis-trito- de San Juan en junio 19, 1939.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: Juez Asociado Sr. Wolf.)

text:
    Núm. 8303.
    Pueblo, apldo. v. Cruz, aplte.
    Julio 26, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por Cuanto, este caso procede de la Corte de Distrito de Ponce donde después de un juicio por jurado, se rindió un veredicto de culpabilidad y se condenó al acusado por el delito de homicidio vo-.' luntario;

Por cuanto, el acusado en su alegato señala cuatro errores, pero no discute nada más que los números dos y tres;

Por cuanto, el segundo señalamiento de error lee como sigue:

“La corte cometió errores graves y perjudiciales al acusado al transmitir ai jurado instrucciones sobre legítima defensa, insistiendo y calificando lo que cons-tituye legítima defensa.”

Por cuanto, apareciendo que la teoría del acusado fué precisa-mente la defensa propia, no cometió error la corte al dar instrucciones detalladas al jurado de qué es y qué no es defensa propia; especial-mente cuando examinadas por esta Corte las mismas, son correctas;

Por Cuanto, el tercer señalamiento de error dice:

“El veredicto en este easo es contrario a las pruebas y al derecho.”

Por Cuanto, aparece de la transcripción de evidencia que la: prueba presentada por el fiscal, de ser creída por el jurado, es sufi-ciente para sostener el veredicto de homicidio voluntario traído por el jurado y que el conflicto de prueba fué resuelto adversamente al acusado, sin haberse demostrado que los jurados actuaran con pasión,' prejuicio o parcialidad, o cometieran. error manifiesto.

Por cuanto, no aparece que el veredicto sea contrario a las pruebas ni a derecho, y por el contrario el mismo es correcto:

Por TANTO, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce, con fecha febrero 26, 1940, en el caso arriba indicado.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 8275.
    Pueblo, apldo. v. Serrano, aplte.
    Julio 26, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, el único señalamiento de error es que:

"1. Erró la corte inferior al apreciar la evidencia ofrecida para sostener la denuncia en este caso (Portar Armas), la misma del caso de acometimiento grave, y al decidir qne la misma era suficiente para sostener una convicción por dicho delito, a pesar de haberla considerado insuficiente para la denuncia por acometimiento. ’ ’

Por cuanto, se trata de un conflicto en la prueba resuelto por el juez de distrito en contra del acusado, sin que exista motivo su-ficiente para revocar la sentencia dictada.

Por tanto, se confirma la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Arecibo en julio 7, 1939.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: Juez Asociado Sr. De Jesús.)

text:
    Núm. 8452.
    Pueblo, apldo. v. Ortiz, aplte.
    Noviembre 14, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, el delito imputado en el presente caso es el de hurto de menor cuantía y de la faz de la denuncia claramente resulta que dicho delito fué cometido en el barrio Bayaney, del término municipal de Hatillo, dentro de la jurisdicción de la Corte Municipal de Ca-muy, careciendo por tanto de jurisdicción la Corte Municipal de Arecibo donde originalmente se celebró el juicio y se dictó sentencia contra el acusado, careciendo por consiguiente de jurisdicción la corte de distrito que en grado de apelación conoció del caso y dictó la sentencia que es objeto de este recurso; -

Por cuanto, el Fiscal de este Tribunal solicitó en su informe' oral que la sentencia sea revocada por los fundamentos anteriormente expuestos ;

Por tanto, vistos los autos de este caso, se declara con lugar el recurso, se revoca la sentencia apelada por falta de jurisdicción en la corte sentenciadora, y se absuelve libremente al acusado.


text:
    Núm. 8384.
    Pueblo, apldo. v. Pacheco Padró, et al., apltes.
    Noviembre 30, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuaNto, el Secretario de la corte inferior, a petición de los acusados apelantes, ha elevado a la Secretaría de este Tribunal los originales de la prueba documental que alegan fue ofrecida y admitida en el juicio de este caso, pidiendo los acusados apelantes en moción radicada el 22 del actual que por este Tribunal se ordene que dicha prueba se incorpore a los autos y a la vez se les conceda un nuevo término para la radicación de su alegato;

Por cuanto, la prueba de que se trata no consiste de mapas, documento original o exhibit de cualquier clase que no sea susceptible de copia, fotografía, etc., a que se refieren el párrafo 3 del ar-tículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal (ed. de 1935) y el 40-6 del Reglamento de este Tribunal, ni ha sido dicha prueba autenticada en legal forma;

Por cuanto, celebrada la vista de la referida moción, el Fiscal de este Tribunal se opuso a la misma por no elevarse dicha eviden-cia en la forma prescrita por la ley;

Por cuanto, en el acto de la vista, luego de oír la oposición del Fiscal, los apelantes en moción oral que inmediatamente formalizaron por escrito, solicitaron que en caso de que esta Corte resolviese que no tiene autoridad para ordenar la incorporación de dicha prueba a los autos, se ordene su devolución a la corte inférior y se les conceda un término para incorporar a los autos de este litigio una copia cer-tificada de toda dicha prueba, petición a la cual no se opuso el Fiscal;

Por tanto, visto el artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal (ed. de 1935) y el 40-6 del Reglamento de este Tribunal, se desestima la moción de los acusados apelantes radicada el 22 del actual, se declara con lugar su segunda moción del 25 del actual antes mencionada, y en su consecuencia se ordena que por "el Secretario se devuelva a la corte inferior la referida prueba documental, para que sea elevada a este Tribunal en la forma prescrita por el citado ar-tículo 356, debiendo los apelantes radicar su alegato dentro del término legal a contar de la fecha en que se eleve dicha prueba a este Tribunal, para lo cual se concede a los acusados un término de treinta días a partir de la devolución de la evidencia a la corte inferior.


author: Juez Presidente Sr. Del Toro.)

text:
    Núm. 8522.
    Pueblo, apldo. v. Cintrón, aplte.
    Diciembre 23, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

POR ouaNto, el acusado apelante presentó una moción sobre en-miendas por adición al legajo de sentencia, notificada al Fiscal de esta Corte desde el 11 de diciembre de 1940, en solicitud de que dicho legajo sea adicionado con los documentos que especifica, y

POR cuanto, dichos documentos — ampliación moción nuevo juicio, fundamentos adicionales moción nuevo juicio, petición aclaración resolución denegando nuevo juicio y orden. de la Corte resolviendo moción aclaración resolución denegatoria nuevo juicio — forman pro-piamente parte del legajo de la sentencia:

Por tanto, se accede a lo solicitado y se ordena al Secretario de la Corte de Distrito de Arecibo que a la mayor brevedad posible re-mita al Secretario de esta Corte Suprema copia certificada de los dichos documentos, que se unirán una vez recibidos al récord de esta apelación para que formen parte de la misma.


text:
    Núm. 8385.
    Pueblo, apldo. v. Viera, aplte.
    Diciembre 23, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por Cuanto, la corte inferior sentenció al acusado a cumplir seis meses de cárcel por infracción al artículo 7 de la Ley núm. 14 de 8 de julio de 1936, titulada "Ley para reglamentar la venta de armas de fuego en Puerto Rico; ordenar la declaración de las mismas en cualquier forma que éstas fueren poseídas; prohibir la entrega de ellas a ciertas personas e imponiendo penas, y.para otros fines”, (3a. Leg. Ext. pág. 129);

Por cuanto, interpuesto recurso de apelación para ante este Tribunal el único error que se imputa a la corte sentenciadora es en lo que respecta a la apreciación de la prueba;

Por cuanto, examinada la evidencia presentada, la misma sos-tiene las conclusiones a que llegó la corte inferior, sin que se haya demostrado que actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad o cometiera error manifiesto en su apreciación;

Por tanto, procede desestimar y por la presente se desestima el recurso y se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 10 de enero de 1940..


author: Juez Asociado Sr. Travieso.)

text:
    Núm. 8500.
    Pueblo, apldo. v. Quiñones, aplte.
    Enero 16, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por CUANTO, el apelante fue acusado de un delito de asesinato en primer grado, consistente en haber agredido con una tranca de ma-dera que portaba al ser humano Antero Colón, produciéndole varias heridas en el cráneo, que le causaron la muerte;

PoR Cuanto, en el acto de la vista del caso, después de haberse constituido el jurado y al serle leída la acusación, el acusado mani-festó al Tribunal'“que estaría dispuesto a declararse culpable si el fiscal se allanaba a rebajar la calificación del delito a asesinato en segundo grado,” a lo cual se allanó el fiscal, procediendo acto seguido el acusado a declararse culpable de asesinato en segundo grado;

Por Cuanto, el único error imputado a la corte inferior es el de haber impuesto al acusado una pena de 25 años de presidio; la cual considera el apelante es excesiva;

Por tanto, visto el artículo 202 del Código Penal vigente que autoriza a la corte sentenciadora a castigar el delito de asesinato en segundo grado con pena de presidio “por no menos de diez años, ni más de treinta años,” y no apareciendo del récord circunstancia o hecho alguno que nos autorice a intervenir con la discreción de la corte inferior, se desestima el recurso y se confirma la sentencia recurrida.


text:
    Núm. 8598.
    Pueblo, apldo. v. Torres, aplte.
    Enero 28, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, en el caso arriba expresado el acusado no ha ele-vado a este Tribunal la transcripción de evidencia;

Por cuanto, no obstante, radicó un alegato en que solicita la revocación de la sentencia por dos fundamentos, a saber: (a) por no haber estado asistido de abogado en el juicio celebrado en la corte inferior; y (&) por habérsele denegado una moción de archivo y sobreseimiento por no haberse celebrado el juicio dentro de los 120 días que señala el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal;

Por cuanto, de los autos no aparece afirmativamente que el acusado no fuese advertido de su derecho a estar representado por abogado y que no hubiese renunciado a tal derecho, subsistiendo por consiguiente la presunción de que los procedimientos se han llevado con regularidad (Franzeen v. Johnston, Warden, 111 F. (2) 817);

Por cuanto, de los autos resulta que la moción solicitando el ar-chivo del proceso fue radicada tardíamente, ya que se presentó el día señalado para la celebración del juicio;

Por tanto, no existiendo los errores señalados por el apelante, se desestima el recurso y se confirma la sentencia apelada que en este caso dictó la Corte de Distrito de Bayamón el día 9 de abril de 1940.


text:
    Núm. 8456.
    Pueblo, apldo. v. Figueroa, aplte.
    Enero 29, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por Cuanto, el apelante fué acusado y convicto por un delito de infracción de la Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas (artículo 81, Ley núm.. 6 de junio 30, 1936, enmendada por la Ley núm. 149 de mayo 15, 1937) consistente en que "tenía bajo su posesión y custodia, a su disposición, como dueño, un alambique de cobre, desmontado, compuesto de tanque, condensador, serpentín y refrigerador, el cual no tiene registrado en la oficina del Tesorero de Puerto Pico. ” (Su-brayado nuestro.)

Por cuanto, los dos señalamientos de error en que se basa el presente recurso se refieren a la insuficiencia de la evidencia y a la alegada errónea apreciación de la misma por la corte inferior.

Por cuanto, del examen que hemos hecho de la transcripción de evidencia, resulta:

1. Que la prueba aducida por el fiscal consistió en las declaraciones de dos policías insulares al eíecto de que en el día de autos ocuparon en un ranchón situado en el batey de la casa del acusado, un alambique metido dentro de un saco; que el ranchón no forma parte de la casa donde vive el aeusado con su mujer y sus hijos; y que el aeusado les dijo que ese alambique lo había de-jado allí otro individuo.
2. Que en favor del acusado declararon:
llamón Toro Nazario: Que conocía al difunto Juan Bracero, por ser ambos veteranos de la Guerra Mundial y sabe que Bracero vivía en un ranchón en el barrio ‘‘Lavadero,'’ de Hormigueros; que un día encontró a Bracero en la pasada del tren, llevando dos paquetes de yerba y ¡pobre ellos un saeo viejo; que no vió lo que llevaba dentro, así exactamente como lo ve ahora, “pero se podía apreeiar lo que llevaba porque era un saco roto; que siguió con Bracero hasta la casa del acusado y entonces Bracero tiró la yerba en un cuarto de ca-ballos que tenía alquilado al acusado y puso el saeo sobre un tablado, “pero no puedo asegurar lo que tenía.”
Esteban Cancel: Que ha visto antes el alambique que se le muestra; que lo vió en un ranchón de la casa del aeusado, donde vivía Juan Bracero; que el ranchón, está separado de la casa del acusado; que como al mes de haber Bracero encontrado el alambique, el testigo estuvo en la habitación de Bracero y éste le enseñó el alambique, el que tenía metido en un saco grande y viejo; que el aparato que vió allí es el mismo que está ante la Corte.
Cesáreo Antonio Rodríguez, Juez de Paz de Hormigueros, declaró: Que co-noce al acusado; que en mayo de 1939 se le presentó el acusado a pedirle su parecer y le dijo: “Yo tengo una casita y al lado tengo un ranchón con un cuarto que lo tenía alquilado a Juan Bracero. Yo quiero que Ud. me dé una información sobre lo que yo puedo hacer con unos trastos que tiene allí el Sr. Juan Bracero, porque a este señor lo llevaron a una clínica y no tiene fami-liares, y allí hay unos trastes de él; hay un baúl, una ropa, una hamaca guin-dada en un clavo, y hay un aparato alambique ’ ’; que entonces el testigo le preguntó al acusado: “¿Qué relación tiene él (Bracero) con ese alambique?”, y el acusado le contestó: “M se lo encontró por allá”; y que entonces él le dijo al acusado: “Ud. debe dejar1 eso allí en un rincón por si se presenta algún familiar a reclamar.”
Manuel Figueroa Ortiz, el acusado, declaró: Que por tres o cuatro años tuvo arrendado el ranchón a Juan Bracero, por una peseta semanal; que Bracero sufría de hidropesía y se fué para la clínica, como veterano; que al irse, Bracero dejó allí un baúl y otras cosas más; que como Bracero tenía una en-fermedad mala, él lo trancó todo allí; que consultó con el juez de paz sobre qué debía hacer con las cosas que había dejado Bracero allí y que el juez le aconsejó las dejase allí hasta que las reclamara algún familiar; que el baúl que dejó Bracero está aún en el ranchón.

POR cuaNto, la evidencia examinada en conjunto no lleva a nues-tro ánimo el convencimiento, fuera de toda duda razonable, de la cul-pabilidad del acusado, razón por la cual opinamos que al apreciarla cometió error manifiesto el tribunal sentenciador.

Pob lo tanto, se declara con lugar el recurso, se revoca la senten-cia que dictó la Corte de Distrito de Mayagiiez el día 2 de mayo de 1940, y se absuelve al acusado.


text:
    Núm. 8602.
    Pueblo, apldo. v. Rodríguez, aplte.
    Enero 29, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por ouanto, el apelante en este caso fué acusado y convicto de un delito de falsa representación y condenado a la pena de un año de cárcel;

Por cuanto, la única cuestión levantada por el apelante es la de que él no estuvo durante el juicio asistido de abogado; que la corte no le advirtió de su derecho constitucional a tenerlo; y que él no renunció inteligentemente dicho derecho;

Por cuanto, el apelante no ha elevado ante esta corte la trans-cripción de la evidencia y del legajo de la sentencia ante nos no aparece afirmativamente que el acusado ño estuviese representado por abogado en el acto del juicio o que la corte dejase de advertirle en cuanto a su derecho;

Poe Cuanto, el apelante no ba establecido hechos suficientes para controvertir la presunción de regularidad que lleva consigo toda sentencia de una corte de justicia. Franzeen v. Johnston, 111 F. (2d) 817.

POR no tanto, se desestima el recurso y se confirma la sentencia recurrida que dictó la Corte de Distrito de Bayamón el día 8 de abril de 1940.


author: Juez Presidente Sr. Del Toro.) .

text:
    Núm. 8470.
    Pueblo, apldo. v. Berenguer, aplte.
    Enero 31, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.) .

A la moción del acusado apelante solicitando de esta Corte que “se sirva ordenar a la corte inferior que a su vez ordene al taquígrafo que ofició durante la celebración del juicio contra Juan Pietri, que proceda a transcribir la moción de archivo y sobreseimiento presen-tada por el acusado en aquel caso y la evidencia presentada por el fiscal, a los fines de que dicha transcripción sea elevada a este Hon. Tribunal para ser unida a la transcripción de evidencia de este caso ’ ’, visto el informe del fiscal y no demostrándose que la moción y la evi-dencia de que se trata formen parte de los autos de este caso, no ha lugar.


text:
    Núm. 8332.
    Pueblo, aplte. v. Barreto, apldo.
    Noviembre 6, 1940.
   Llamada hoy para vista la moción de desestimación presentada per la parte apelada, compareció el Fiscal de este Tribunal quien se allanó a la solicitud, por lo que se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima el recurso de apelación establecido en este caso por El Pueblo de Puerto Rico contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Bayamón en diciembre 18, 1939.


text:
    Núm. 8506.
    Pueblo, apldo. v. Pacheco, aplte.
    Diciembre 16, 1940.
   Llamada a la vista en el día de hoy la moción del Fiscal solici-tando la desestimación del recurso, sólo dicho Fiscal compareció. El Secretario dió cuenta con una moción del acusado desistiendo de la apelación con ciertas reservas y la Corte resolvió declarar con lugar la moción de desestimación, porque no siendo apelable la resolución recurrida debe desestimarse, como se desestima, el recurso.


text:
    Núm. 8517.
    Pueblo, apldo. v. Rodríguez, aplte.
    Enero 21, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, la Corte de Distrito de Arecibo, con fecha 9 de enero de 1940, dictó sentencia condenando al acusado a sufrir la pena de seis meses de cárcel y las costas.

Por Cuanto, el mismo día en que se dictó la sentencia el acu-sado interpuso recurso de apelación para ante este Tribunal, sin que aparezca de los autos haber notificado el recurso al Fiscal de Dis-trito ;

Por cuanto, con fecha 27 de diciembre último el Fiscal de este Tribunal solicitó la desestimación del recurso interpuesto por el acu-sado por falta de jurisdicción por no haber notificado al Fiscal de Distrito del escrito de apelación.

Por Cuanto, señalada la vista de la moción últimamente men-cionada para el día 13 del corriente, compareció el abogado del acu-sado y alegó oralmente qne no había sido notificado de la misma, por ■1o qne la Corte dejó sin efecto la vista señalada, posponiéndola para el 20 del actual, dando así una oportunidad al abogado del apelante para qne presentase evidencia, si alguna tuviere, demostrativa de que el escrito de apelación había sido realmente notificado al Fiscal de Distrito, no obstante no aparecer afirmativamente de los autos que se hiciera tal notificación;

Pok cuaNto, en el día de ayer, 20 del actual, se llamó a la vista, de dicha moción, no compareciendo la representación del acusado,, no obstante tener conocimiento de dicho señalamiento.

Poe tanto, vista la moción del Fiscal de este Tribunal y los autos de este caso, de los que no aparece afirmativamente que el acusado» notificase al Fiscal de Distrito su escrito de apelación, se desestima; el recurso por falta de jurisdicción.

Llamadas las causas que a continuación se expresan para la vista de la moción de la parte apelada solicitando la desestimación del recurso por abandono, sólo compareció dicha parte por su Fiscal, y habiendo informado el Secretario que el apelante fué notificado de-la moción y del señalamiento, sin que haya impugnado la moción en forma alguna, y apareciendo de la certificación acompañada que el' apelante dejó transcurrir el término de ley sin perfeccionar el re-curso y no habiéndose elevado aún los autos a este Tribunal, se de-clararon con lugar las mociones y en su consecuencia se desestimaron los recursos.

Núms. 7976, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532,. 8533, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8545, 8547, 8548, 8549, 8550, 8552„ 8554, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573, 8574 y 8575.


text:
    Núm. 7871.
    Pueblo, apldo. v. Labrador et als., apltes.
    Julio 5, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, esta apelación fué desestimada por la supuesta falta,, de notificación al fiscal;

Por cuanto, el abogado del apelante presenta un escrito en que-jura que el fiscal del distrito de Arecibo fué debidamente notificado de la apelación;

Por tanto, se deja sin efecto la resolución dictada por este Tribunal con fecha 27 de mayo de 1940, y se ordena se señale oportuna-mente la vista de este caso en sus méritos.


text:
    Núm. 8420.
    Pueblo, apldo. v. Rodríguez, aplte.
    Diciembre 10, 1940.
   Pob CUANTO, el Fiscal solicita la desestimación de este recurso por el fundamento de no haberse notificado el escrito de apelación al Fiscal del Distrito, y no haber adquirido jurisdicción este Tribunal para conocer de esta causa;

POR CUANTO, el apelante no ha demostrado haber cumplido con dicho requisito;

POR tanto, se desestima el recurso.

Llamadas para vista las causas que a continuación se expresan, compareció El Pueblo de Puerto Rico por su Fiscal, y apareciendo que el apelante faltó en comparecer no obstante habérsele notificado el señalamiento, y que el escrito de apelación no fué notificado a la parte apelada, se desestimaron los recursos por falta de jurisdic-ción.

Núms. 8210, 8231, 8247, 8254, 8267, 8272, 8274, 8277, 8282, 8299, 8308, 8325, 8346, 8352, 8356, 8359, 8365, 8381, 8388, 8389, 8394, 8413, 8414, 8416, 8417, 8418, 8419, 8425', 8426, 8427, 8428, 8434, 8437, 8438, 8440, 8441, 8444, 8460 y 8566.

Llamadas las causas que a continuación se expresan para vista, compareció El Pueblo de Puerto Rico por su Fiscal, y si bien el pro-pio acusado y apelante radicó su alegato, no obstante, apareciendo que el escrito de apelación no se notificó a la parte apelada, se deses-timaron los recursos por falta de jurisdicción.

Núms. 8279, 8288, 8324, 8326, 8327, 8328, 8329 y 8599.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, querellante, v. Rubert Hermanos, Inc., demandada.
    Núm. 2.

    Sometido: Junio 24, 1940.

      Resuelto: Julio 26, 1940.

      Ron. Procurador General George A. Malcolm, y Miguel Guerra-Mondragón, Rafael Rivera Zayas y Luis Venegas Cortés, abogados asociados, abogados del querellante;

      Jaime Sifre, Jr., y J. Henri Brown, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Por sentencia dictada en julio 30 de 1938 por esta Corte Suprema (53 D.P.R. 779), confirmada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en marzo 25 de 1940, se decretó la caducidad y cancelación de la licencia y de las cláusulas de incorporación de la querellada “Rubert Hermanos, Inc.,” y se ordenó al mismo tiempo la inmediata disolución de dicha corporación y la liquidación de sus negocios.

El querellante solicita ahora el nombramiento de un sín-dico para que bajo la dirección y control de esta corte prac-tique la liquidación de la corporación querellada.

En su oposición al nombramiento de un síndico, los fidei-comisarios-liquidadores de la corporación demandada alegan.: que la sentencia ya ha sido cumplida, habiéndose disuelto la corporación, extinguido sus obligaciones y transferido sus bienes por acuerdo de sus accionistas y de sus liquidadores; que esta corte carece de jurisdicción para nombrar un sín-dico, porque la Ley de Quo Warranto no le da facultad para ello; que la moción es insuficiente y no expone hechos que justifiquen el nombramiento de un síndico; que el nombra-miento de un síndico privaría a los que fueron accionistas de la corporación de sus derechos y propiedades sin el de-bido proceso de ley; y por último, que el nombramiento de un síndico constituiría legislación por la corte y violaría la prohibición de leyes ex post facto de la Ley Orgánica de Puerto Rico.

La primera cuestión que debemos considerar y resolver es la referente a la alegada falta de jurisdicción de esta Corte Suprema para nombrar, un síndico con facultades para liquidar los negocios de la corporación cuya disolución fue decretada por sentencia de este mismo tribunal.

Está fuera de toda discusión el que esta Corte Suprema, al dictar sentencia decretando la caducidad (forfeiture) y la cancelación de la licencia y de las cláusulas de incorporación de la querellada y ordenando sn disolución y liquidación, actuó dentro de la jurisdicción que expresamente le fué con-cedida por la Ley núm. 47 de agosto 7 de 1935 ((2) pág. 531). Así lo sostuvo la Corte Federal al confirmar dicha sentencia y devolver el caso a esta Corte Suprema para ul-teriores procedimientos. No creemos que pueda sostenerse con probabilidades de buen éxito, que una corte de justicia que tiene jurisdicción para dictar una sentencia no la tiene para ordenar, intervenir en y dirigir su cumplimiento. Se-ría anómalo si esta corte, después de declarar a la querellada culpable de haber' violado la Ley Orgánica, la Ley de Cor-poraciones y sus propias cláusulas de incorporación y des-pués de haberla condenado al pago de una multa, a la caducidad de sus cláusulas corporativas y a ser disuelta y liquidada, se viese obligada por falta de jurisdicción a cru-zarse de brazos, dejando a sus accionistas y directores, a los verdaderos culpables de tales contravenciones, en com-pleta libertad de acción para cumplir con el decreto de esta corte cuando y como mejor les plazca. Opinamos que la facultad concedida a esta Corte Suprema para conocer del procedimiento de quo warranto y para dictar una sentencia como la dictada en el caso de autos, lleva implícita la de hacer cumplir dicha sentencia mediante el nombramiento de un síndico.

El artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Civil au-toriza el nombramiento de un síndico por la corte en que un pleito esté pendiente o se haya fallado. Y el inciso 4 del mismo artículo dispone que podrá nombrarse un síndico en los casos en que una corporación haya sido disuelta o se hallare insolvente, o en inminente peligro de insolvencia o hubiere perdido sus derechos como tal corporación.

El procedimiento de quo warranto no terminó al ser con-firmada nuestra sentencia por la Corte Suprema Federal. Esta corte retuvo su jurisdicción sobre la extinta corporación y sobre sus propiedades para hacer cumplir y hasta que se cumpla la sentencia por ella dictada. No se trata en este caso de una disolución voluntaria acordada por los accionis-tas y sí de uno en que la corporación ha perdido todos sus derechos como tal por decreto judicial.

Existe otra razón fundamental para que esta corte re-tenga su jurisdicción sobre las propiedades que la corpora-ción demandada poseía en violación de la ley y de su carta constitucional. La Ley núm. 47 de 7 de agosto de 1935, por su sección 2, párrafo segundo, concede a “El Pueblo de Puerto Rico” una opción para instar, dentro del propio procedimiento de quo warranto, la confiscación a su favor o la enajenación en subasta pública de los bienes ilegalmente poseídos por la extinta corporación, dentro de un término de seis meses contado desde la fecha en que se dictó senten-cia final. Y ese término no expira hasta el 13 de noviembre de 1940. Si se permitiera a los llamados fideicomisarios-liquidadores hacer por su cuenta la liquidación de los nego-cios y la enajenación de los bienes de la extinta corporación, sin la intervención y supervisión de esta corte, el propósito fundamental de la ley y la política pública que motivó la iniciación de este procedimiento quedarían burlados y El Pueblo de Puerto Rico despejado de su opción por un simple traspaso de los bienes a otra persona.

La oposición de los fideicomisarios-liquidadores, basada en que la sentencia de esta corte ha sido 3ra cumplida, las obligaciones de la corporación satisfechas y sus bienes ena-jenados, por haberlo así acordado ellos y los accionistas, no puede ser tomada en consideración, primero, porque dichos fideicomisarios-liquidadores no han acreditado en manera alguna su capacidad y personalidad ni han ofrecido eviden-cia alguna tendiente a substanciar sus alegaciones, no habiendo ni siquiera jurado su escrito de oposición; y, segundo, porque a nuestro juicio todos dichos actos reali-zados con posterioridad a la fecha dq la sentencia que puso fin a la existencia legal de la corporación querellada son legalmente nulos.

Cuando una corporación queda disuelta por una sentencia válida que declara la caducidad (forfeiture) de su carta constitucional, desde ese momento deja de existir para todos los propósitos — a menos que exista alguna disposición esta-tutaria que continúe su existencia — y queda despojada de facultad para contratar o para adquirir, poseer o enajenar propiedades, o para demandar o ser demandada, o para ejercitar cualquiera de las franquicias o poderes otorgádosle por sus cláusulas de incorporación. Véanse: Greenwood v. Union Freight R. Co., 105 U. S. 13, 26 L. Ed. 961; Thorton v. Marginal Freight R. Co., 123 Mass. 32; Bradley v. Reppoll, 135 Mo. 545, 54 Am. St. Rep. 685; Fletcher Cyc. of Corporations, Vol. 8, sec. 5564.

No se ha llamado nuestra atención hacia estatuto alguno de Puerto Rico que provea que una corporación que ha dejado de existir a virtud de 'sentencia judicial continúe teniendo existencia legal para poder liquidar sus negocios y enajenar sus bienes sin la intervención o permiso de la corte. Las disposiciones de nuestra Ley de Corporaciones (Sección VI, arts. 27 y 28) son aplicables solamente cuando se trata de una disolución voluntaria por acuerdo de los accionistas de la corporación o por expiración del término fijado para su duración.

Una vez decretada la disolución de una corporación, ésta no puede aceptar ni hacer un traspaso de propiedades, a menos que exista un estatuto que prorrogue su existencia corporativa para los fines de su liquidación. En Louisiana se ha resuelto que cuando la corte ha adquirido jurisdicción sobre toda la propiedad de la corporación desde la fecha en que el Estado comienza una acción para la cancelación de su carta corporativa, la propiedad, después de comenzado el pleito, no puede ser tomada por liquidadores nombrados con posterioridad en relación con una disolución voluntaria. State v. People’s Fire Ins. Co. of New Orleans, 126 La. 548, 52 So. 763.

El presente no es nn caso corriente de disolución de una corporación por infracción de las estipulaciones de sus cláu-sulas de incorporación. Como dijo la Corte Suprema Federal en sn opinión confirmando la sentencia de esta corte, “la cuestión aquí en controversia es asunto de gran impor-tancia para Puerto Rico y envuelve el poder de su Legisla-tura para hacer cumplir la política congresional que afecta a la Isla.” Se trata de una corporación agrícola, que en contravención de sus cláusulas, de la Ley de Corporaciones y de la Carta Orgánica llegó a acaparar unas 12,188 cuer-das de tierra propias para el cultivo de caña. Teniendo en cuenta la política pública del Congreso Nacional y el interés de la comunidad insular en disolver esas grandes concentra-ciones de tierras labrables en manos de las corporaciones y fomentar la creación del mayor número de propietarios de pequeñas parcelas de tierra, la Legislatura Insular concedió al Pueblo de Puerto Rico el derecho opcional de adquirir para sí, mediante la correspondiente .indemnización, o de hacer vender en subasta pública las tierras ilegalmente poseídas por la corporación disuelta por decreto judicial. El decreto de disolución no puede ser cumplido ni por la extinta corporación, ni por sus liquidadores, mediante la enajenación de propiedades, mientras no haya expirado la opción concedida al Pueblo de Puerto Rico. La sindicatura es sin duda alguna el remedio más adecuado para la pro-tección de los intereses del .público, de los accionistas y de los acredores si los hubiere.

En el caso de San Antonio Gas Co. v. State, 54 S. W. 289, 293-394, se dijo:

¿A quién se confiará la propiedad de la difunta corporación, si no se nombra un -síndico? El apelante contesta, al presidente y junta directiva de la extinta corporación. El artículo 682, Sayles’ Rev, Civ, St,, es el único estatuto que provee que el presidente y la junta directiva serán fideicomisarios y tomarán posesión de los bienes de la corporación, y esa disposición se hace solamente en casos de disolución de una corporación. Que el estatuto hace una distin-ción entre una disolución y la sentencia de caducidad (forfeiture) de una carta constitucional lo demuestra el lenguaje de la sección 3, art. 1465, Id., que autoriza el nombramiento de un síndico en caso de disolución, insolvencia, o ‘forfeiture’. Cuando una carta consti-tucional es cancelada (forfeited) la vida de la corporación termina, y ni el presidente ni la junta directiva pueden sobreviviría, y, a menos que' estén expresamente autorizados por el estatuto, no po-drían, por virtud de sus cargos, tomar el control de los bienes do la corporación. ... Si fuese necesario justificar la facultad conce-dida por el estatuto, convendría recordar que la apelante en este caso es una corporación cuasi pública, y para la protección de los intereses públicos fué necesario que se nombrase un síndico. Colo-car otra vez la propiedad en las manos de los oficiales de la corpo-ración, sería devolverla a la custodia de aquellos que dejaron de cumplir sus deberes y violaron las leyes de] Estado, y los intereses públicos no serían protegidos al así hacerlo. Llamamos la atención, en relación con lo expuesto, a People v. Ice Co., 18 Abb. Prac. 382, y Herring v. Railroad Co., 105 N. Y. 340, 12 N. E. 763.
“Que el nombramiento de un síndico tendrá el efecto de imponer una multa a los accionistas de la difunta corporación no puede in-fluir en modo alguno en la decisión de una corte. El estatuto en términos claros concede a la corte autoridad para hacer el nombra-miento, y el efecto que pueda tener en cuanto a los accionistas es asunto para ser considerado por la legislatura y no por las cortes. En este caso, por lo menos, los infractores de la ley serán los que habrán de sufrir con el nombramiento de un síndico. Hemos discu-tido la cuestión de la sindicatura como si fuese una cuestión abierta en Texas, pero no lo es. El estatuto ha sido interpretado por la Corte Suprema, y se sostuvo que la corte sentenciadora, cuando de-clara la caducidad y cancelación de unas cláusulas de incorporación, tiene autoridad, bajo el estatuto, para nombrar un síndico a peti-ción del Estado, independientemente de la súplica de un acreedor.”

Véanse: Conlan y. Oudin, 94 P. 1074; Herring v. New York L. E. & W. R. Co., 12 N. E. 763, 781; State v. Municipal Saving & Loan Co., 144 N. E. 736; Eel River R. Co. v. State, 57 N. E. 388; 14 A. C. J. 1140, see. 3777.

Se ha llamado nuestra atención hacia el caso de Havemayer v. Superior Court, 84 Cal. 327, 24 P. 121, en el que se sostuvo que-en un caso de caducidad y cancelación (forfeiture) de la franquicia de una corporación podía nombrarse un síndico solamente a petición de una persona interesada. El citado caso en nada ayuda la contención de los oposicio-nistas. En primer lugar, ya hemos hecho constar que El Pueblo de Puerto Rico es parte interesada en el nombra-miento de un síndico, para la protección de los derechos que le concede la sección 2, párr. 2, de la Le}^ de Quo Warranto. Nuestro estatuto (artículo 182 Código de Enjuiciamiento Civil nos concede la facultad discrecional de nombrar un síndico al decretar la caducidad (forfeiture) de una corporación, sin necesidad de que se presente solicitud de parte interesada en la propiedad corporativa. En el caso de autos, repetimos, se ha presentado una petición por parte interesada en la tenencia futura de las tierras ilegalmente poseídas por la difunta corporación.

Por las razones expuestas debe declararse con lugar la moción del querellante.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resultado.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Mamerto López Ruiz, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido
    Núm. 1081.

    Sometido: Enero 18, 1941.

      Resuelto: Febrero 3, 1941.

      Francisco A. González Btiárez, abogado del recurrente; el registrador reeurrdo compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Domingo López Román, casado con Ramona Ruiz, falleció en el barrio Marías, de Moca, en agosto de 1926, bajo testa-mentó por el cual instituyó como sus herederos a su viuda en la cuota usufructuaria y a sus hijos Atanacio, Hilario, Mamerto, Felicita, Juana y Ramona, por partes iguales.

En agosto primero de 1927, ante el notario de Aguadilla don Alberto Grarcía Ducós, comparecieron la viuda y los hijos del causante y otorgaron una escritura de partición por la cual se adjudicó a Mamerto López Ruiz, entre otras, una finca que se describe así:

“G. — Rústica radicada en el barrio Marías, de Moca, de dos cuer-das, o sean setenta y ocho áreas sesenta y una centiáreas, lindando al norte Central Coloso y Simplicio Jiménez, sud y este, Nieasio López y oeste Simplicio Jiménez. Libre de gravamen y se valora en ciento dos dólares con doce centavos.”

En 12 de diciembre de 1939 comparecieron en Moca, Puerto Rico, ante el notario Francisco A. G-onzáiez Suárez, Atanacio, Hilario y Mamerto López Ruiz, en unión de Simplicio Ji-ménez y la esposa de éste. Expusieron que Mamerto había vendido la finca que le había sido adjudicada, a Simplicio Jiménez y que era necesario inscribirla a nombre de Mamerto para que Jiménez pudiera a su vez inscribir su título en el registro. Hicieron constar, a manera de aclaración, que la referida finca aparece inscrita así del registro: “lindando al norte y sud Nieasio López, este Ramón Lorenzo y el río Culebrinas, oeste un caño y Domingo López Román,” pero que al describirse en la escritura de partición no se pusieron esos linderos sino otros, por haber variado; y que por omi-sión involuntaria tampoco se dijo que dicha finca estaba ins-crita al folio 16 del tomo 10 de Moca en el Registro de la Propiedad de Aguadilla. Para reconciliar la discrepancia entre una y otra descripción hacen una tercera, que llaman “la verdadera descripción actual de dicha propiedad,” como sigue:

“RÚSTICA, en Marías, de Moca, de dos cuerdas de terreno, o seten-tiócho áreas y sesenta centiáreas, lindando al norte antes Nieasio López boy Central Coloso Inc., y Simplicio Jiménez, sud antes y boy Nica-sio López, este antes Ramón Lorenzo y el río boy Nicasio López, oeste antes un caño y Domingo López lioy Simplicio Jiménez; libre ele gravámenes e inscrita al folio dieciséis del tomo diez de Moca; valo-rada en ciento cincuenta dólares.”

Se presentó la escritura de partición, acompañada del acta aclaratoria, para-que se inscribiera a nombre de Mamerto López Ruiz la referenda finca.

El registrador denegó la inscripción por la siguiente nota:

“DeNegada la inscripción de la finca que en este documento se describe bajo la letra ‘G’ adjudicada a don Mamerto López Ruiz, única de que se solicita inscripción, con vista de otro, por los siguien-tes fundamentos: Primero, porque la finca descrita bajo la letra ‘G-’ por sus eolindancias, no puede identificarse satisfactoriamente como la finca 642 del municipio de Moca que aparece descrita en el Regis-tro; y Segundo, porque no se lia presentado ni acompañado al Re-gistro el testamento de don Domingo López Román ni certificación del acta de su defunción; ni se han presentado ni acompañado certi-ficaciones de la Corte de Distrito de Aguadilla comprensivas de las declaratorias de herederos a que este documento se refiere, ni se ha presentado ni acompañado el recibo de contribución de herencia a que se refiere el Código Político.”

Mamerto López Ruiz radicó recurso gubernativo contra la referida nota. Su contención en cuanto al primer fundamento de la denegación es que apareciendo del registro una finca de dos cuerdas inscrita a favor del causante, y no apareciendo de la escritura de partición otra finca de dos cuerdas, debe concluirse que es la misma; que si bien no se dice en la escritura de partición que la finca está inscrita, tampoco se afirma lo contrario; que puede fácilmente verse que lo ocurrido fué una ligera equivocación del notario al poner los linderos; que la aclaración becba por los coherederos que actualmente están en la isla es suficiente; que los otros herederos están en Estados Unidos o han fallecido.

Replica el registrador que la descripción de la finca en la escritura de partición coincide con la del registro única-mente en uno de los linderos; que el hecho de que aparezca a nombre del cansante no es una presunción concluyente do que se trata de la misma finca; que en la escritura no se consigna la procedencia ni se expresa el tomo y folio ni el número de la finca. También apunta el registrador que dos linderos que aparecen del registro — al este el río Culebrinas, y al oeste las aguas de un caño — no deben variar. El regis-trador se niega a .reconocer valor alguno a la escritura de aclaración, por cuanto en la misma figuran solamente tres de los herederos.

A nuestro juicio el registrador actuó correctamente al denegar la inscripción por el primer fundamento de su nota. Véase: Galindo y Escosura, Comentarios a la Ley Hipoteca-ria, tomo 2, pág. 225.

Alega el recurrente, en cuanto al segundo fundamento de la nota denegatoria, que ya los documentos relacionados por el registrador habían sido presentados, en otra ocasión, al registro de la propiedad, con el fin de inscribir a 'nombre del peticionario otra de las fincas adjudicádasle, lo que se llevó a cabo en los libros de Moca. Y que habiendo sido calificados todos ellos por el entonces registrador, no cabe hacerlo de nuevo, y de .acuerdo con la jurisprudencia, las inscripciones hechas tienen toda la fuerza de ley y los registradores deben atenerse a ellas.

El registrador admite en su alegato que la escritura de partición había sido ya inscrita, en cuanto a otras fincas, por el anterior registrador; y acepta que dichas inscripciones así hechas sobre las otras fincas tienen la fuerza de cosa juzgada y solamente pueden ser anuladas por los tribunales. Pero sostiene que la inscripción que se va a hacer ahora, sobre otra finca, debe ser el reflejo de la calificación hecha por él a la luz del artículo 18 de la Ley Hipotecaria.

Estamos conformes con el registrador. Al presentarse un documento para su inscripción deben presentarse al mismo tiempo cualesquiera otros documentos que puedan ser legal-mente requeridos para que el registrador pueda practicar una inscripción válida y suficiente. No importa el que esos documentos hayan sido presentados al registro en ocasión de hacerse otras inscripciones. Cada inscripción dehe des-cansar sobre sus propios méritos. El registrador no está obligado a examinar todos los asientos referentes a la persona que trasmite o adquiere, sino sólo los que se hubieren practicado con relación a la misma finca. Véase: Gralindo y Escosura, tomo 2, página 20.

El registrador es responsable de sus propias calificaciones y no podría excusarse por un error por él cometido, alegando que aceptó como buena una calificación errónea hecha por su antecesor al practicar una inscripción anterior. Véase: Morell y Terry, tomo 2, página 238.

La nota recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Fedetrico Dijols, peticionario, v. Andrés A. Lugo, Alcaide de la Cárcel de Distrito de San Juan, demandado.
    Núm. 127.

    Sometido: Febrero 5, 1941.

      Resuelto: Febrero 6, 1941.

      Federico Dijols, por su propio derecho; Hon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo y Lids Negrón Fernández, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Federico Dijols presentó ante este tribunal una solicitud de hábeas corpus. Como no estaba jurada y el peticionario se encontraba preso, se ordenó al alcaide de la cárcel que lo trajera a secretaría para darle una oportunidad de cumplir con ese requisito. Cumplió y el auto fué expedido, señalán-dose la vista para la tarde de ayer.

A ella comparecieron el alcaide con el peticionario y el fiscal. Presentó el alcaide su informe y el peticionario de-claró e introdujo en evidencia el récord 8330, El Pueblo v. Federico Dijols, Infracción Ley 45 de 1932 (debe ser Ley 43) de esta Corte Suprema. Habló el peticionario. Informó el fiscal. Eeplicó el peticionario. Y el caso quedó sometido.

De la solicitud y del informe del alcaide resulta que el peticionario se encuentra preso a virtud de sentencia dictada en contra suya por la Corte de Distrito de Bayamón en enero 26, 1940, imponiéndole cuatro meses de cárcel como autor de una infracción a la Ley 43 de 1932, y del récord 8330 aparece que apelada esa sentencia para ante este tribunal, el recurso fué desestimado, por abandono, en noviembre 6, 1940.

En la solicitud se alega:

“4o. — Que al dictar sentencia la Corte de Distrito de Bayamón, P. R., contra el peticionario esa corte actuó sin jurisdicción sobre la persona del peticionario.
“5o. — Que el peticionario no es culpable de dicho delito porque en ningún momento se probó por la prueba del Pueblo que el peticiona-rio se hiciera pasar y actuara como abogado y asimismo se des-prende de la transcripción de autos que está radicada en la Secre-taría de la Corte Suprema de Puerto Rico.
“6°. — Que durante la vista de este caso ni en el acto de la corte dictar sentencia la corte no le hizo comprender al peticionario el de-recho constitucional que tenía el acusado de ser representado por re-presentación profesional de abogado.
“7°. — Que todo lo actuado por la Corte de Distrito de Bayamón, P. R., es nulo por haberse hecho en violación a la Carta Orgánica de Puerto Rico y especialmente al Art. 141 del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente en Puerto Rico.”

Del récord 8330 consta que la denuncia, base del proceso, es, en lo pertinente, como sigue:

“Yo, Benicio Sánchez Castaño, . . . formulo denuncia contra Federico Dijols . . . Que en 19 de diciembre de 1938, y en Comerío, P.R. . . . Federico Dijols, allí y entonces, de una manera ilegal, mali-ciosa, voluntaria y criminalmente y a sabiendas violó lo dispuesto en el artículo 12 de la ley Núm. 45 de 14 de mayo de 1932, 'Ley para determinar la organización del Colegio de Abogados de Puerto Rico, especificar sus fruiciones y sus deberes y para otros fines’, según ha quedado enmendada; porque sin baber sido debidamente admitido y licenciado para el ejercicio de la abogacía, trataba de hacerse pasar y pasaba y actuaba como abogado en ejercicio, preparando la demanda y otros escritos en el caso Sidelio Rivera, demandante, v. Juan Yilcbi, demandado, sobre Cobro de Dinero, Civil Núm. 250 de la Corte Municipal de Bayamón, a sabiendas de que no era tal abogado y no estaba autorizado para actuar como tal abogado.”

La prueba de cargo, según la transcripción de la evidencia, fué, en resumen, la siguiente:

Sidelio Rivera, comerciante de Comerío, declaró que el acusado fué a su tienda y le preguntó si tenía algunas cuentas por cobrar. Tenía la de Juan Vilcbes. Se la dió y al día siguiente el acusado trajo la demanda y él la firmó y le dió cinco dólares para radicaría. No sabe quién la preparó. Dió nueve pesos a Antonio Román Benitez, un abogado, quien fué donde él con el acusado y le habló para segiiir el pleito.

Providencia Cortés, Subsecretaria de la Corte Municipal de Bayamón, manifestó que la demanda de Rivera contra Vil-ches, sobre cobro de dinero, firmada por Rivera, la llevó a radicar e] acusado; que ‘ ‘ a lo último se presentó un abogado, Román Benitez, con un escrito para actuar como abogado del caso”; que el acusado no le manifestó que era. abogado, ni ha firmado documentos como abogado, ni ha comparecido a la corte como abogado; que no sabe quién hizo la demanda y que el abogado del pleito lo era Antonio Román Benitez.

Manuel Torres Reyes, abogado, conoce al acusado, y a la pregunta: “¿Sabe a qué se dedica?” contestó: “Bueno le he visto haciendo diligencias en la corte. Específicamente no sé la profesión a que se dedica. En cuanto a ese caso (el de Rivera v. Vilches) en cierta ocasión fué a mi oficina y me habló del caso, de la demanda de Sidelio Rivera contra Vilches; me dijo que si quería intervenir en ese caso; en esa fecha no quedamos en nada; posteriormente — fué el día en que se iba a ver el caso en su fondo — me habló para que viera el caso; le pregunté quién había hecho la demanda y me dijo que la había hecho él.”

Y luego agregó: “Específicamente yo tengo conocimiento de tres o cuatro casos. Primero fué el caso éste. Y el se-gundo caso se refiere a un ejecutivo hipotecario en que la parte demandada lo era una viuda de Comerlo, Josefa Díaz, si mal no recuerdo. En ese caso la señora Díaz fué acompañada del señor Dijols a mi oficina y me entregó trece dólares para hacer unas cuantas gestiones y el señor Dijols me dijo que había cierto documento que podía impugnar el procedimiento ejecutivo hipotecario. Y me llevó el documento a mi oficina.

Luis Feliú, marshal de la Corte Municipal de Bayamón, en relación con el caso de Rivera v. Yilches, expresó: “No re-cuerdo la fecha bien exacta, pero el señor Dijols fué en re-presentación del señor demandante al barrio Palomas para identificar una yunta de bueyes que se señalaba en la moción de embargo.” El acusado no le dijo que era abogado. Le entregó los papeles.

Terminada la prueba pidió el acusado que se le absolviera y la corte declaró “sin lugar la moción de nonsuit.”

Declararon entonces, presentados por el acusado, Gruido Umpierre, José Santiago González y José María Pérez. Um-pierre, taquígrafo del Fiscal del Distrito de Bayamón, con-testó haber tomado cierta declaración a José Santiago Gon-zález y al tratar de introducirla el acusado en evidencia se opuso el fiscal, sosteniendo la corte su oposición; Santiago González manifestó que conocía al acusado y a Sidelio Rivera; que declaró ante el fiscal. No se le permite decir lo que declaró. Se le muestran unos documentos y contesta que los prepararon Sidelio y él, sin que en ello interviniera el acusado, limitándose éste a traerlos a Ja corte; que el tes-tigo es tenedor de libros, que Sidelio fué a su oficina, que habían conseguido. una fórmula de demanda y llenaron los espacios en blanco, y José María Pérez declaró haber llamado al acusado “para que se viera con un abogado y me gestio-nara el cobro de una cuenta, y a los diez o doce días me presentó al licenciado Torres para que me gestionara la cuenta.”

Llamó entonces el fiscal a Sidelio Rivera quien ratificó lo declarado con respecto a la demanda en el caso contra Yilclies y explicó que la que preparó con Santiago González fué otra contra José María Santiago. También, de nuevo, al abogado Manuel Torres Reyes. Dijo refiriéndose al caso de Rivera contra Vilcbes que el acusado le había manifestado que “ha-bía preparado la demanda y que había que corregir cierto defecto en la demanda.”

Presentó por último el acusado a Edelmiro Mercado, policía insular, que declaró que Antonio Román Benitez fué a Comerío y solicitó al acusado, viéndolo y dándole unas monedas.

Insistió el acusado en. que se le absolviera y la corte lo condenó como autor del delito imputádole o sea el previsto y castigado en el artículo doce de la Ley para determinar la organización del Colegio de Abogados de Puerto Rico, especificar sus funciones y deberes, y para otros fines, Núm. 43 de 1932, páginas 523, 529, que dice:

“Toda persona que sin ser debidamente admitida y licenciada para el ejercicio de la profesión según se dispone por esta Ley o que durante la suspensión de su licencia practique como persona capacitada para ello, se anuncie como tal o trate de hacerse pasar como abogado en ejercicio, será culpable de delito menos grave; y convicta que fuere, se le impondrá multa no menor de cien (100) dólares o prisión por período no menor de dos meses, o ambas penas. ’ ’

Nada de modo afirmativo consta del récord 8330 con res-pecto a lo ocurrido en el juicio ante la Corte de Distrito de Bayamón en relación con la defensa del acusado por medio de abogado, pero el acusado, como peticionario en este pro-cedimiento de hábeas corpus, declaró:

“La alegación del peticionario se funda en que este peticionario fué denunciado en la Corte de Distrito de Bayamón, y el día 25 de enero de 1939 se vió la vista del caso. Compareció El Pueblo por el Sr. Fiscal y el peticionario no encontró abogado. ... Yo mientras estaba gestionando abogado el juez le decía a los abogados que no me sirvieran a mí. .Se lo decía al abogado Fournier y al abogado Jusino. ... El Sr. Fiscal se interesó en que me defendieran. Me encontré indefenso y Fournier me dice a mí, ‘Dijols, el caso tuyo es un caso en que no bay prueba. ’ Quince días antes yo le babía pagado a Víctor Gutiérrez Franqui para mi defensa y él mandó conmigo una moción a donde el Sr. Benieio Sánchez para que me la firmara y una carta pidiéndole permiso para ir a la corte a defenderme. Llevé la carta y junto con la carta la moción para suspender la v'sta. Dejamos las cosas así. A Víctor Gutiérrez Franqui se le olvidó y comparecí solo a la Corte de Distrito de Bayamón sin abogado. Traté de defenderme porque ya el abogado Fulgencio Piñero me babía dado ciertas ideas y seguí defendiéndome solo y el caso se apeló para el Supremo. ... Yo comparecí a la corte y traté de bacer gestiones para conseguir abogado para la prueba. Yo gest'oné a Víctor Gutiérrez Franqui, y estaba Jusino, el Ledo. Piñero, estaba Ful-gencio Piñero y estaba Fournier y basta Leopoldo Santiago y mien-tras bacía gestiones para que me defendieran resolvieron que nadie se prestó a defenderme. El juez no dejó que me defendieran.”

No nos merece crédito en toda su extensión el testimonio del peticionario. Va a nuestro juicio demasiado lejos en sus imputaciones, pero apreciándolo a conciencia en relación con las constancias del récord 8330, nos parece enteramente claro que la realidad de los lieehos es que la corte de distrito no llegó a adquirir jurisdicción para juzgarlo de acuerdo con la ley al dejar de advertirle sobre su derecho a estar repre-sentado por abogado, nombrándole uno de oficio que lo repre-sentara, en su caso, no obstante hallarse en la corte un buen número de ellos.

El fiscal llamó la atención sobre la manera hábil como se condujo el acusado durante el juicio, interrogando a los tes-tigos, formulando oposiciones, tomando excepciones y pi-diendo que se le absolviera libremente. Ello es cierto. Sin embargo, la acusación formulada, la ley que se alegó infrin-gida y la evidencia presentada hablan por sí mismas de modo elocuente de lo necesario que era en un caso de esta natu-raleza la intervención de un letrado y de cuán distinto hubiera podido ser tal vez el resultado final de la causa a virtud de la intervención de una mente ilustrada,’ conocedora de la ley y la jurisprudencia, en defensa del acusado.

Resultando claro que la corte no advirtió de su derecho al acusado, que éste no estuvo representado por ahogado y que no renunció a su derecho a estarlo, su caso cae dentro del espíritu de la. decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el de Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458, y dentro del de las de esta Corte Suprema en Ex parte Hernández Laureano, 54 D.P.R. 416, Pueblo v. Rivera, 54 D.P.R. 611, Pueblo v. Correa, 54 D.P.R. 795, Pueblo v. Mercado, 54 D.P.R. 903, Pueblo v. Rodríguez, 54 D.P.R. 1004 (per curiam), Pueblo v. Santana, 55 D.P.R. 239, Ex parte Oropesa, 55 D.P.R. 281, Ex parte Rodríguez, 55 D.P.R. 415, Ex parte Resto, 55 D.P.R. 725, Pueblo v. Delestre, 55 D.P.R. 1000 (per curiam) y Pueblo v. Muriel, 57 D.P.R. 914.

Si en alguna ocasión debieron esmerarse tanto el Colegio de Abogados como corporación y los abogados del distrito, en particular los que se encontraban en corte el día del juicio, como la corte, en que el acusado estuviera asistido de la mejor defensa legal imaginable, fue en ésta en que se impu-taba a un ciudadano el ejercicio ilegal de la abogacía. Pudo y debió en tal momento la profesión mostrarse en toda su grandeza y no lo hizo.

“Que asumiré la representación y me haré cargo sola-mente de aquellas causas, procedimientos y defensas que en mi opinión sean justas y dignas de ser discutidas legal-mente, con excepción de la defensa de personas a quienes se imputare la comisión de un delito público”, jura cada abogado al ser admitido por esta corte al ejercicio de su noble profe-sión, y agrega: ‘ ‘ Qne nunca rechazaré, por consideración de carácter personal que pueda afectarme, la causa del indefenso u oprimido, ni demoraré en forma alguna el mantener los derechos de una persona por motivos de lucro o malicia.”

Va tan lejos la promesa de defensa que exceptúa la de las personas a quienes se imputa la comisión de un delito público de aquella investigación previa escrupulosa que, como regla general, debe hacerse de sus méritos legales antes de asumirla en cualesquiera otros casos, y se reafirma la valerosa conducta a seguir cuando de la causa del indefenso u opri-mido se trata, al colocar dicha causa por encima del interés personal del abogado'.

Procede la libertad ‘del peticionario, y debe decretarse.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro,

text:
    José María Cortés, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    Núm. 1083.

    rSometido: Febrero 4, 1941.

      Resuelto: Febrero 7, 1941.

      Caspar Gerena Brás., abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Según certificado, de compra de bienes inmuebles expe-dido por el Colector de Rentas Internas de Utuado se siguió un procedimiento de apremio por falta de pago de las con-tribuciones de cierta finca urbana, contra su dueño “Hernán Cortés, cuyas circunstancias personales y paradero se igno-ran. ’ ’

Ordenado el embargo de la finca, se libró el certificado que prescribe el artículo 340 del Código Político para su ins-cripción en el Registro de la Propiedad y devuelto registrado se notificó .por medio de entrega de copia a “Rita María Ro-dríguez viuda de Cortés, como familiar.” El embargo fué también notificado por edictos “al portador de nn pagaré por la suma de cuatrocientos dólares ($400), y a Hernán Cortés, o a sus herederos o cesionarios desconocidos.”

Celebrada la subasta, la finca fué vendida por $30.67 a José María Cortés, que fué el único postor, otorgándose a su favor el certificado a que nos referimos al principio.

Presentado el certificado en el Registro para que se ins-cribiera la finca así vendida a favor del comprador, el regis-trador se negó a ello por los siguientes motivos:

“A. Porque el procedimiento.de apremio para el pago de contri-buciones se siguió contra 'Hernán Cortés, cuyas circunstancias perso-nales y paradero se ignoran,’ y no obstante, la notificación del embargo de la finca urbana inscrita a favor de éste como bienes pri-vativos, se Irzo por dicho Colector de Rentas a Rita María Rodrí-guez Viuda del referido Hernán Cortés, lo que evidencia el falleci-miento de éste, y cuando fallece un presunto dueño la notificación debe hacerse en el nombre de los nuevos dueños que adquieren el título, o sea a las personas que forman la sucesión del finado. Una notificación como la de este caso, dirigida nominalmente a una persona fallecida es absolutamente ineficaz, y mientras el embargo no sea de-bidamente notificado no es ejecutivo, según disponen los artículos 342 y 336 del Código Político, y por ende ineficaces las actuaciones pos-teriores. Véase resolución sobre reconsideración del caso Hernández v. Registrador, 30 D.P.R. 198.
“B. Porque la venta de la finca subastada tan sólo , se notificó por edictos al ‘Portador de un pagaré por la suma de cuatrocientos dólares’ cuando ha debido hacerse al portador de un pagaré por la cantidad de trescientos dólares de principal, más cien dólares adicio-nales para responder de las costas y gastos caso de reclamación judicial que es el garant'zado con la hipoteca inscrita de dicha finca. No habiéndose por tanto notificado en forma alguna la venta de la finca subastada al acreedor hipotecario portador del pagaré de trescientos dólares y cien más, para costas y gastos caso de reclamación judicial. Manuel Moraza v. Registrador, 45 D.P.R. 829.”

Contrapesa negativa interpuso José María Cortés, el com-prador, el presente recurso gubernativo, limitándose a con-signar en su escrito que no está conforme con la calificación del registrador, sin exponer argumento alguno en apoyo des su no conformidad ni hacer cita de ley o de jurisprudencia que sostenga su criterio.

El caso de Hernández v. Registrador, 30 D.P.R. 196, 198, fué uno en que la propiedad embargada y vendida para el cobro de contribuciones pertenecía a Tomasa González fallecida en 1881 y fué tasada para fines contributivos a nombre de su albacea Juan Ballesteros. El albacea falleció también y la notificación de la venta se hizo a un familiar del albacea y no a los herederos de Tomasa González. Esta Corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf, dijo:

“. . . La teoría de la notificación era que estando muerto Juan Ballesteros y por tanto no pudiendo ser notificado, la notificación po-dría dir'g’rse a alguno de sus familiares o causahabientes, pero repe-timos que al fallecim’ento del albacea el tesorero estaba obligado a notificar a alguien que fuera causahabiente del primitivo dueño. Aún vamos más lejos y decimos que cuando fallece un presunto dueño, ya fuere albacea o dueño, la notificación debe hacerse en el nombre de les dueños que adquieren el título. Una notificación como la de este caso, dirig'da nominalmente a una persona fallecida es absoluta-mente ineficaz. La notificación al igual que un emplazamiento en un pleito debe prepararse con el nombre de la persona realmente intere-sada y entonces tal notificación puede hacerse en ciertos casos a un supuesto familiar. La razón es clara. Entonces es muy probable que la notificación se haga a la persona realmente interesada qu’en puede defender su título o la acción, según sea el caso.”

Aunque eu verdad los hechos en ambos casos no son igua-les, los razonamientos de la opinión sostienen el primer mo-tivo de la negativa, del registrador y mientras no se nos de-muestre que. son erróneos, a ellos debemos atenernos, espe-cialmente en un caso presentado en las condiciones en que éste lo ha sido.

Examinemos el otro motivo de la nota. Esta Corte en el caso de Moraza v. Registrador, 45 D.P.R. 829, resolvió, copiando del resumen, que:

'‘Tratándose de propiedades que, afectas a hipotecas garanti-zando obligaciones al portador, se rematen por contribuciones, la venta debe notificarse a los tenedores de las obligaciones de acuerdo con las constauc'as del registro y además aeudirse al medio supletorio de la publicación por edictos para notificar a los posibles tenedores de las mismas. ’ ’

Aquí, según las constancias del registro la finca de. que se trata respondía de un pagaré al portador por trescientos dó-lares de capital y cien dólares para costas en caso de reclama-ción judicial y la notificación por edictos se hizcual “portador de un pagaré por la suma de cuatrocientos dólares.”

No hay duda que el colector intentó cumplir con la ley y la jurisprudencia, pero la verdad es que al involucrar en una las sumas garantizadas, varió los términos de la garantía, y en estos procedimientos debe serse exacto hasta el detalle para evitar ulteriores conflictos. También se sostiene, pues, la calificación del registrador por su segundo fundamento.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la nota.


author: El Juez Asociado Señor Travieso,

text:
    Felipe Soto, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    Núm. 1072.

    Sometido: Octubre 21, 1940.

      Resuelto: Febrero 7, 1941.

      Angel Rivera Colón, abogado del recurrente; el registrador recurrido' compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente presentó para su inscripción en el Registro de la Propiedad de Ponce un certificado de compra de bienes inmuebles expedido por el Colector de Rentas Internas de Oro-covis, por el cual se adjudicó a dicho recurrente una finca rústica perteneciente al contribuyente Ceferino Rosario. La nota denegatoria del registrador, contra la cual se ha esta-blecido este recurso, lee así:

“DeNEGáda la inscripción de este documento y extendida la co-rrespondiente anotación por ciento veinte días a favor de Felipe Soto al folio 73 vuelto del tomo 42 de Barros, finca número 2105, anotación letra A, por los motivos siguientes: (1) que no lia sido parte en el procedimiento el dueño de la finca según aparece identificado en su inscripción primera (citada en este documento) o sea Ceferino Rosario, viudo, agricultor, mayor de edad y vecino de Ciales; (2) que en el caso de haber fallecido el mencionado Ceferino Rosario, sus herederos no han sido parte en el procedimiento ni Penen inscrita a su favor la finca vendida y (3) que esta venta no ha sido notificada en debida forma a los efectos de los artículos 347 y 348 del Código Político. La finca no tiene cargas. La antedicha anotación se pracJ tico con el defecto subsanable de no expresarse en el documento lá equivalence de la finca al sistema métrico decimal.” u

En el certificado en cuestión se hace constar que el expediente de apremio fué seguido por el Departamento dé Hacienda contra el contribuyente Ceferino Eosario “cuyas circunstancias personales y paradero se ignoran”; que dé acuerdo con lo dispuesto en el artículo 339 del Código Político se solicitó autorización para embargar y se embargaron bienes inmuebles del referido Ceferino Eosario, anotándose el embargo en el Eegistro de Ponce; que después de haberse anotado el embargo, se dictó notificación de embargo de una finca rústica de 17.50 cuerdas perteneciente al contribuyente Ceferino Eosario; que dicho embargo fué notificado a Eafael Arroyo como familiar mayor de edad, mediante la entrega de una copia de la notificación de embargo, a tenor de lo disi puesto en los artículos 336 y 342 del Código Político; que sé publicaron edictos en el periódico “El Mundo”, de San Juan, durante tres semanas consecutivas, a razón de dos publicaciones por semana y también se fijaron edictos anunciando la venta en pública subasta; y que según lo dispone el artículo 315 del Código Político se notificó de la venta “a Ceferino Eosario o a sus herederos o cesionarios desconocidos por medio de edictos publicados en ‘El ImparciaV, de San Juan, durante los días 14, 15, 16, 17, 18 y 20 de marzo de 3939.”

Del Eegistro de la Propiedad aparece que el dueño de la finca vendida por el colector y adjudicada al recurrente es £ ‘ Ceferino Eosario, mayor de edad, viudo, agricultor y vecino de Ciales.”

Sostiene el recurrente que el colector cumplió con todas las formalidades prescritas en el Código Político; que se trata de una herencia yacente, sin que aparezca que haya sido aceptada o renunciada expresamente, en cuyo caso se supone existente la personalidad del finado y debe considerarse como verificada, por él mismo la venta de la finca; que en casos de herencias yacentes no es necesario hacer parte en el proce-dimiento a los herederos, por ser éstos ignorados, ni tampoco puede exigirse la previa inscripción a nombre de los herede-ros; y que la notificación de la venta, hecha por medio de edictos, “a Ceferino Rosario o a sus herederos o cesionarios desconocidos” cumplió estrictamente con lo prescrito en el artículo 315 del Código Político, por no existir, según el re-gistro, persona alguna con hipoteca o gravamen sobre la pro-piedad.

El recurrido cita en su alegato varios casos en que el mismo registrador recurrido denegó la inscripción de certifi-cados de ventas, en los cuales el colector hacía constar que ignoraba las circunstancias personales y el paradero del con-tribuyente moroso, no obstante aparecer consignados en el registro dichas circunstancias y la dirección o residencia del contribuyente.

La primera cuestión que debemos considerar y resolver es la siguiente: ¿Está el registrador obligado a aceptar como válida y concluyente la manifestación del colector, al efecto de que ignora las circunstancias personales y el paradero del contribuyente, cuando en los libros del registro a su cargo, constan los datos que el colector alega no conocer? En el caso de autos la finca radica en el término de Barros, hoy Orocovis, y se halla inscrita, en virtud de información de dominio, desde junio 17, 1929, a nombre de Ceferino Rosario, viudo, agricultor, mayor de edad y vecino de Ciales.

El Departamento de Hacienda no puede alegar ignoran-cia de las constancias del registro de la propiedad referentes a las fincas embargadas y ofrecidas en venta pública por falta de pago de contribuciones. Ni el colector ni el Departa-mento de Hacienda están autorizados para considerar como ausente en ignorado paradero al dueño de un inmueble em-bargado y ofrecido en venta para cobro de contribuciones por el mero hecho de que el contribuyente moroso esté avecindado en un lugar distinto de aquel en que radique la finca. Opi-namos que en ausencia de hechos que demuestren que el colector practicó gestiones para encontrar al contribuyente en la dirección consignada en el registro y que dichas gestiones re-sultaron infructuosas, el registrador no debe ni puede aceptar como válida y concluyente la manifestación del colector al efecto de que ignora el paradero del contribuyente. Véase: Pérez v. Registrador, 57 D.P.R. 326.

La segunda, cuestión que se plantea en la nota del registrador es que en el caso de que Ceferino Rosario haya fallecido, sus herederos no han sido parte en el procedimiento ni tienen inscrita a su favor la finca vendida.

El recurrente alega que “del certificado aparece clara-mente que el Departamento de Hacienda ignoraba el paradero de Ceferino Rosario, y además sus herederos o cesionarios desconocidos. En otras palabras, aparece claro como la luz meridiana que se trata de un caso de herencia yacente. Figueroa v. Registrador, 18 D.P.R. 260.”

Ni del registro, ni de los documentos, aparece que Cefe-rino Rosario haya fallecido. El registrador en su alegato hace constar que después de denegar la inscripción del certi-ficado se enteró de la muerte de Ceferino Rosario, pero el tribunal está limitado a la nota del registrador y no puede tomar en consideración ese hecho que aparece por primera vez en el alegato. Pérez v. Registrador, 57 D.P.R. 326; Rivera v. Registrador, 55 D.P.R. 104. No aparece que se haya de-mostrado al registrador con documentos oficiales, que Rosario haya fallecido. En tales condiciones no puede concluirse que haya una herencia, yacente o no yacente. La inclusión de la frase “herederos o cesionarios” en la nota se debe probable-mente a que la misma aparece en el certificado; El caso de Figueroa, v. Registrador, supra, es fácilmente distinguible. Allí no se trataba de subasta por contribuciones, sino de una demanda en corte, un procedimiento ordinario, y se llevaron al registro todos los documentos necesarios para acreditar que había una herencia, y declaratoria de herederos, etc.

Con respecto a la no inclusión de los herederos en el procedimiento, son aplicables los razonamientos expuestos con respecto al primer fundamento.

La tercera cuestión levantada es consecuencia de las ante-riores. Si el procedimiento no se siguió correctamente contra Cef erio Rosario, tampoco se le notificó correctamente el resul-tado del mismo.

Por las razones expuestas debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señob. De Jesús

text:
    José Ibáñez Rivera, peticionario, v. Hon. Guy J. Swope, Gobernador de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 349.

    Sometido: Febrero 4, 1941.

      Resuelto: Febrero 7, 1941.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y II. González Blanes, abogados del peticionario; Hon. Procurador General George A. Malcolm, B. García Cintrón y Pablo Defendini, Subprocuradores Auxiliares, abogados del querellado.
   El Juez Asociado Señob. De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La Junta Insular de Elecciones certificó al Gobernador que en las últimas elecciones generales celebradas en Puerto Rico el 5 de noviembre del año pasado, el peticionario resultó electo Representante a la Cámara por el quinto distrito re-presentativo, y el Gobernador, en cumplimiento de la ley, le expidió el correspondiente certificado de elección. Posterior-mente-, el 28 de diciembre ultimo, el peticionario dirigió al Gobernador una comunicación presentándole la renuncia de dicbo cargo para tener efecto inmediatamente, negándose éste a aceptar tal renuncia, alegando que no podía permitir ni dar curso a la misma basta tanto el peticionario no hubiera acep-tado, jurado y tomado posesión de su cargo ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico, alegando además el Go-bernador que tal renuncia deberá dirigirse entonces al Presi-dente de la Cámara de Representantes para que por éste sea remitida a él.

Radicó el peticionario solicitud de mandamus contra el Go-bernador el 28 del mes pasado, y habida cuenta de que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por disposición de la Ley Orgánica, no abrirá sus sesiones hasta el segundo lunes del corriente mes, o sea el 10 del actual, expedimos el auto condicional de mandamus y señalamos la vista del caso para el 4 del corriente mes, a las dos de la tarde, fecha en que comparecieron las partes, y sustituido el Gobernador original-mente demandado, que lo era el Hon. José M. Gallardo, por el actual incumbente, Hon. Guy J. Swope, radicó el demandado su contestación, en la que luego de aceptar los hechos alegra-dos en la solicitud, alegó como defensas especiales que este tribunal carece de jurisdicción para expedir el auto que se solicita y que la petición no aduce hechos constitutivos de causa de acción.

Las dos defensas especiales están basadas en la contención del querellado al efecto, de que un miembro de la Legislatura no puede renunciar su cargo hasta tanto no haya prestado juramento y tomado posesión del mismo, y que entonces la renuncia deberá presentarla por conducto del Presidente de la Cámara para la cual hubiere sido electo. Invoca en su apoyo el artículo 32 de la Ley Orgánica, que dice así:

"Artículo 32. — El Senado y la Cámara de Representantes, res-pectivamente, serán los únicos jueces de las elecciones, escrutinios y capacidad de sus miembros, y tendrán y ejercerán todas las atribu-ciones, con respecto a la dirección de sus procedimientos, que usual-mente corresponden a cuerpos legislativos parlamentarios. Ambas Cámaras se reunirán en la capital el segundo lunes de febrero después de la última elección, y se organizarán eligiendo un Presidente, un secretario y un macero para cada Cámara, y los demás empleados y auxiliares que necesitaren.” (Bastardillas nuestras.)

El precepto de la Ley Orgánica contenido en su artículo 32, dispositivo de que el Senado y la Cámara de Represen-tantes, respectivamente, serán los únicos jueces de la elección, escrutinio y capacidad de sus miembros, ha sido tomado de la sección 5, artículo I, de la Constitución de los Estados Unidos, y ésta a su vez lo tomó de la práctica seguida en Inglaterra. 1 Blackstone’s Oomm. 163, 178, 179. Era nece-sario confiar esta importante facultad a algún funcionario u organismo y como dice el Juez Story en-su obra “Commentaries on the Constitution of the-United States”, tomo 1, pág. 604, si esta facultad se confiriera a otro organismo que no fuera el propio cuerpo legislativo, la independencia, Ja pureza y aun la propia existencia y medios de acción de dicho cuerpo podrían ser destruidos o puestos en inminente peligro. Pero este privilegio por sus propios términos y por la razón que lo inspira, está limitado a aquellas cuestiones que de ma-nera efectiva puedan afectar la determinación sobre la vali-dez de la elección, del escrutinio o de la capacidad de sus miembros. Así vemos, por ejemplo, que la Corte de Apela-ciones de Nueva York, interpretando esta cláusula, se ba ex-presado en los siguientes términos:

“Es verdad que el Congreso es el juez de la capacidad de sus propios miembros y que el Congreso está actualmente en sesión. Pero es nuestro deber exigir a los oficiales públicos del Estado que cumplan con las leyes del Estado... No se ba expedido todavía certificado de elección a ningún candidato; el escrutinio no ha sido transmitido a la Cámara de Representantes, y ninguno de los dos candidatos ha sido todavía aceptado ni ha prestado juramento del cargo como miembro. El certificado de elección crea un derecho prima facie y debe exponer un resultado verdadero. Si el certificado se hubiera expedido ya y el representante hubiera jurado su cargo, la situación sería distinta y envolvería entonces cuestiones de las cuales no intentaríamos conocer. Pero hasta que el certificado haya sido enviado a la Cámara correspondiente y se haya actuado sobre el mismo, las cortes del Estado están abiertas al candidato que alegue que se va a expedir el certificado en violación de la ley.” People ex rel. Brown v. Suffolk County (1915) 216 N. Y. 732. (Bastardillas nuestras.)

El mismo principio se aplicó a contrario census en Burchell v. State Board of Election Commrs., (1934) 252 Ky. 823, 68 S. W. (2) 427. En dicho caso la Junta Estatal de Comisio-nados de Elección había expedido certificado de elección a un candidato al Congreso y había certificado el resultado al secretario de la Cámara de Representantes, y el candidato había prestado juramento del cargo y empezado a cumplir los deberes del mismo. Otro aspirante al mismo cargo recu-rrió a los tribunales en solicitud de un auto de injunction mandatorio dirigido a la Junta de Comisionados de Elección, ordenándole que le extendiese un certificado de elección. Resolvió la corte que carecía de jurisdicción para conocer del caso, toda vez que la acción establecida era esencial-mente una controversia electoral {election contest) y la. fa-cultad para juzgar sobre la elección y capacidad de sus miem-bros radica exclusivamente en el Congreso. Véase la monografía en 107 A.L.R. 205, citada por el propio querellado, en la cual se analizan distintos casos, entre ellos los dos últi-mamente citados.

¿Se infringe o se violenta en manera alguna la letra o el espíritu de dicho precepto constitucional por el hecho de que un representante electo que aun no ha aceptado ni ju-rado su cargo presente su renuncia al Gobernador y éste la acepte, cuando aun no se han reunido ni organizado las Cá-maras que acaban de elegirse en las últimas elecciones cele-bradas en noviembre del año pasado?

A nuestro juicio no está envuelta en este caso una cues-tión de validez de {election contest), escrutinio o capacidad del miembro renunciante. Tampoco puede en manera alguna afectar la independencia, la pureza ni la existencia ni medios de acción de la Cámara de Representantes. Habiéndose ex-pedido al peticionario el certificado de elección, su elección es prima facie válida hasta que la Cámara de Representantes resuelva lo contrario, si él se dispusiera, a tomar posesión del cargo (Brown v. Suffolk County, supra), y nada le impide renunciar el derecho que tiene a presentarse a la Cámara de Representantes a tomar posesión del cargo para el cual fué electo. La propia Ley Orgánica, en su artículo 30, le reco-noce un derecho a renunciar y es al Gobernador a quien in-cumbe nombrar su sucesor. A este efecto prescribe el citado artículo:

“Artículo 30.' — (Según fué enmendado por ley del Congreso apro-bada en Io. de junio de 1938.) — El término del cargo de los sena-dores y representantes electos en cualquier elección general será de cuatro años, comenzando el segundo día de enero siguiente a la fecha en que se celebre tal elección. En caso de ocurrir una vacante en el cargo de senador o representante, por razón de defunción, renuncia, o cualquier otra causa, el Gobernador, a propuesta del comité central del partido político a que pertenezca tal senador o representante, nombrará para cubrir tal vacante un senador o representante de dicho partido político, quien desempeñará su cargo por el resto del término para el cual fué electo su antecesor.” (Bastardillas nuestras.)

Arguye el querellado que la facultad de renunciar sólo existe después de tomar posesión y jurar el cargo, pero la ley no distingue entre una renuncia presentada antes y la presen-tada después de tomar posesión, como tampoco distingue entre la vacante producida por el fallecimiento de un miembro acae-cido antes o después de tomar posesión, y donde la ley no dis-tingue los tribunales no deben distinguir. La actuación del Gobernador al aceptar la renuncia del peticionario no impide que cuando el que lo sustituya intente tomar posesión, la Cámara baga la investigación correspondiente y resuelva lo que proceda, ya que los derechos del nombrado por el Go-benador se derivan de los del que renunció, y si la elección de este último no le daba derecho a tomar posesión del cargo, por ser nula, tampoco le daría ese derecho al sustituto nom-brado por el Gobernador.

Pretender como pretende el querellado que el peticiona-rio tome posesión y jure su cargo para que entonces pueda presentar la renuncia, es un absurdo manifiesto. La ley no requiere cosas inútiles, e inútil sería obligar al peticionario que acepte un cargo para que inmediatamente lo pueda re-nunciar. ¿Por qué no renunciar antes de aceptarlo? Además, al tomar posesión de un cargo es preciso prestar juramento de que se acepta y se cumplirá bien y fielmente con los deberes del mismo, y que el juramento se preste sin reservas mentales y sin propósito de evadirlo. ¿No equivale a obligar al peticio-nario a prestar un juramento falso cuando ya él ha manifes-tado su firme propósito de no aceptar, y por consiguiente de no cumplir los deberes del cargo para el cual fué electo?

El querellado invoca a su favor el artículo 207 del Código Político, que en lo pertinente dice así:

“Art. 207. Las renuncias de empleos y cargos deberán hacerse por escrito del modo siguiente:
“2. Las hechas por los miembros de la Cámara de Delegados, esté o no en sesión la Asamblea Legislativa, se dirigirán al Presi-dente de la Cámara, quien deberá inmediatamente trasmitirlas al Gobernador. ’ ’

Asumiendo a los efectos del argumento que el artículo 207 del Código Político esté en vigor — ya que por sus pro-pios términos se comprende que es obsoleto, toda vez que trata de reglamentar una situación que lia variado desde que se aprobó la actual Carta Orgánica creando dos Cámaras legis-lativas electas por el voto popular en lugar de la Cámara de Delegados electa por el pueblo y el Consejo Ejecutivo de nom-bramiento presidencial — aun así, asumiendo que esté en vigor dicho artículo, repetimos, el mismo contempla una situación que no existe en estos momentos, es decir, que haya un Pre-sidente de la Cámara a quien presentarle la renuncia. En el caso de autos aun no existe un Presidente a quien presentar tal renuncia, pues aunque el término de los Bepresentantes electos empezó el 2 de enero último, las Cámaras no se reuni-rán ni organizarán hasta el 10 del actual, y será en esa fecha que se elegirán sus respectivos presidentes. A nuestro juicio es de aplicación el artículo 208 del Código Político, que dice:

“Art. 208. Queda vacante un cargo al ocurrir cualquiera de los .siguientes casos, antes de vencerse el período de su duración: ... (3) Su renuncia, debidamente aceptada, disponiéndose, que si la persona que hubiere sido elegida para un cargo público no desea cumplir con los requisitos y tomar posesión de su-cargo, podrá pre-sentar su renuncia al Gobernador antes que principie el período del cargo, y la aceptación de dicha renuncia surtirá el efecto de crear una vacante en dicho cargo el primer día del período para el cuál fue elegida dicha persona..(Bastardillas nuestras.)

Arguye el querellado que no existe deber ministerial' por parte del Gobernador de aceptar la renuncia del peticionario y que por consiguiente no procede el auto de mandamus.

Como hemos demostrado, el peticionario tiene derecho a renunciar su cargo presentando su renuncia al Gobernador por no existir un presidente de la Cámara para la cual fue electo, y ese derecho del peticionario crea el deber recíproco del G-obernador de aceptarle su renuncia sin condición alguna. Siendo ello así, es un deber ministerial del Gobernador acep-tar la renuncia al peticionario, y negándose a ello como se niega, procede obligar el cumplimiento de ese deber mediante el auto de mandamus que se solicita.

Procede, por lo expuesto, declarar con lugar la petición y expedir en este caso un auto de mandamus perentorio.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Julio del Valle, acusado y apelante.
    Núm. 8465.

    Sometido: Febrero 4, 1941.

      Resuelto: Febrero 10, 1941.

      Eudaldo Báez García, abogado del apelante; Ilon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Riscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Convenimos con el apelante y con el fiscal de este tribunal en que la sentencia apelada no está sostenida por la prueba. El apelante fue denunciado por un delito de libelo consistente en la publicación en el diario “El Mundo”, que se edita en esta ciudad, de cierto artículo que el denunciante y la corte sentenciadora consideraron libeloso. Se presentó en evidencia un número del referido diario en que aparece el indicado artículo como firmado por el acusado, pero no se presentó su original, y la única evidencia tendente a probar que el acusado es su autor, fué la declaración del testigo Fernando Sierra Berdecia, redactor de “El Mundo”, quien ma-nifestó que el original del artículo liabía sido destruido; que se recibió por correo acompañado de una carta en la que se solicitaba su publicación, que él no conoce la firma del acu-sado, pero “que llega a la conclusión” de que el acusado es el autor del artículo porque era éste el Presidente de la Unión de Estibadores, y el artículo aparece firmado por “Julio del Valle, Presidente Unión de Trabajadores de Muelles Núm! 3”; que el acusado, según el testigo, nunca rectificó; que el Sr. del Valle acostumbraba enviar a “El Mundo” informaciones, unas veces a través del agente de Mayagüez, otras por carta, y nunca escribió a “El Mundo” diciendo que las notas que se publicaban no fueran suyas. Esta es la única evidencia que ante sí tuvo la corte sentenciadora para conectar al acusado apelante con la comisión del delito.

El mero hecho de que el apelante no hubiese rectificado al aparecer un artículo publicado bajo un nombre igual al suyo, no demuestra más allá de toda duda razonable que fuese él su autor, ya que él no venía legalmente obligado a hacer tal rectificación.

Por consiguiente, sin entrar a considerar los demás errores señalados por el apelante, procede declarar'con lugar el re-curso, revocar la sentencia apelada y absolver libremente al acusado.