author: 'El Juez Asociado Señor HtttchisoN

text:
    Francisco Acevedo Hernández y Pilar Defilló Ruiz, demandantes y apelados, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico y El Banco Industrial de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 6930.

    Sometido: Noviembre 12, 1936.

      Resuelto: Enero 11, 1938.

      Han. Procurador General B. Fernández García y R. Cor do ves Arana, Procurador General Auxiliar, y Carlos Santana Becerra, abogado éste del Síndico del Banco Industrial, abogados de los apelantes; T/argé, ¿Lgevedo, & Jjfcgrgz, abogados de los apeladas-
   'El Juez Asociado Señor HtttchisoN

emitió la opinión del tribunal.

En julio de 1932 los demandantes instaron demanda para .establecer la nulidad de cierta hipoteca y de un procedi- - miento ejecutivo sumario que estaba pendiente. Como pri-mera causa de acción alegaron, en síntesis, que el demandado Domenech, quien había instruido el procedimiento ejecutivo sumario como acreedor y tenedor de un pagaré otorgado a favor del Banco Industrial de Puerto Rico o a su orden y .garantizado con hipoteca, no había unido a su petición el referido pagaré ni aducido hechos suficientes para demostrar la propiedad del mismo, y que el demandante Acevedo como interventor en otro recurso había obtenido una orden pro-hibiendo la ejecución de la hipoteca por el creedor, Banco .Industrial de Puerto Rico, hasta tanto se'resolvieran ciertas cuestiones relativas a la intervención, todo lo cual aparecía ' de una nota marginal en el Registro de la Propiedad y de un certificado del registrador expedido en el procedimiento eje-cutivo. Como segunda causa de acción los demandantes ale-garon : que la hipoteca otorgada por Acevedo por sí y como apoderado de su esposa, Pilar Defilló, fué en realidad dada ' para garantizar el pago de una deuda con el Banco Industrial . de Puerto Rico de la mercantil F. Elizalde Lecároz & Co., no obstante la aseveración de Acevedo en el documento mismo de que había recibido como préstamo del banco la cantidad especificada en el pagaré que había suscrito; que la deman- ■ dante Pilar Defilló había otorgado en favor de su esposo una escritura de poder autorizándole para tomar dinero a préstamo y para otorgar hipotecas en garantía del pago de las obligaciones así contraídas, pero que nunca le había au-torizado para dar garantía a favor de persona alguna ni para reconocer deudas existentes ni asegurarlas con hipo-teca; que la demandante Pilar Defilló se había negado a ; suscribir el pagaré y no había autorizado a su esposo a re-.anunciar el derecho de hogar seguro^ que los demandantes no habían-hecho frente al requerimiento- de pago expedido en el procedimiento ejecutivo sumario porque nada debían al Tesorero de Puerto Rico. Como tercera causa de acción alegaron que la hipoteca era nula, toda vez que el notario ante quien se otorg’ó y uno de los testigos eran primos her-manos.

En una demanda complementaria los demandantes aduje-ron que en una subasta celebrada en el procedimiento eje-cutivo sumario radicado por el demandado Domenech, como Tesorero de Puerto Rico, la finca hipotecada había sido ad-judicada al aludido Tesorero de Puerto Rico por la suma de $300, la cual había sido acreditada a la cuenta de los de-mandantes, y que éstos el día de la subasta habían abando-nado la casa a fin de evitar ser lanzados de ella por el marshal. Había otras alegaciones respecto al valor en alquiler de la finca. En la súplica de esta demanda complementaria se solicitaba la devolución de la casa o el valor de la misma, más las rentas y utilidades a partir de la subasta.

En una segunda demanda complementaria los demandan-tes alegaron que a instancias del tesorero, peticionario en el procedimiento ejecutivo, la corte había dejado sin efecto la subasta a que se hace referencia en la primera demanda complementaria, había ordenado se anunciara una segunda subasta y que en esta segunda subasta la finca hipotecada nuevamente había sido adjudicada al Tesorero ele Puerto Rico por la suma de $300 para ser acreditada a la cuenta de los demandantes. En esta segunda demanda complementaria los demandantes solicitaron se decretara la nulidad de la segunda subasta y la devolución de la casa, más las rentas y utilida-des, al igual que se hizo en la primera demanda complemen-taria. •

El banco' solicitó la desestimación de la demanda en Cuanto al‘mismo se refería-y luego solicitó la eliminación de la primera y segunda demandas complementarias. Se señala como error el haberse declarado sin lugar estas mociones. La teoría‘de las tres mociones fué qué un' síndico no- puede ser' demandado sin permiso de la corte que le designó.

No existe duda, desde luego, sobre la regia general cuando un recurso afecta la posesión y dominio de bienes que están en poder de un síndico. Si los demandantes hubiesen descansado en las alegaciones relativas a la nulidad de la hipoteca como base para solicitar una sentencia por una suma de dinero contra el banco, el caso hubiera caído dentro de la regia invocada por éste. Sin embargo, el único fin de las alegaciones relativas a la nulidad de la hipoteca aparentemente fué obtener un decreto en torno a la nulidad del procedimiento ejecutivo sumario que en forma alguna pudiera intervenir con la posesión o dominio de los bienes que estuviesen en poder del síndico. Por tanto, el caso no cae dentro de la regia sino más bien dentro de una bien reconocida excepción a la misma. 53 C. J. 332, see. 546; 23 R.C.L. 124-126, sees. 132, 133.

La corte de distrito, luego de un juicio sobre los méritos, declaró sin lugar la contra demanda, resolvió que el ejecutivo sumario y la subasta efectuada de conformidad con el mismo eran nulos, ordenó la devolución de la finca hipotecada a los demandantes, junto con $50 por mes como renta de la misma desde el 5 de julio de 1932, o en defecto de ello la suma de $4,000 como valor de la finca, más intereses al 6 por ciento desde el 5 de julio de 1932 hasta que se pagara dicha suma y ordenó la cancelación de los asientos hechos en el registro de la propiedad como resultado del procedimiento ejecutivo sumario y de la venta, sin especial condenación de costas.

Los artículos 1766, 1768 y 1771 del Código Civil (edición 1930) lean así:

“Artículo 1766. — El acreedor debe cuidar de la cosa dada en prenda con la diligencia de un buen padre de familia; tiene dere-cho al abono de los gastos hechos para su conservación, y responde de su pérdida o deterioro conforme a las disposiciones de este código.
“Artículo 1768. — Mientras no llegue el caso de ser expropiado, de la cosa dada en prenda, el deudor sigue siendo dueño de ella.
“Esto no obstante, el acreedor podrá ejercitar las acciones que competan al dueño de la cosa- pignorada para reclamarla o defen-derla contra tercero.
“Artículo 1771.— {Ariíctdo 1773, Código Civil de, 1902 enmen-dado según la ley núm. 48 de 1930, página 369.) El acreedor a quien oportunamente no hubiese sido satisfecho su crédito, podrá proceder por ante notario a la enajenación de la prenda. Esta ena-jenación habrá de hacerse precisamente en subasta pública y con citación del deudor y del dueño de la prenda, en su caso. Si en la primera subasta no hubiese sido enajenada la prenda, podrá cele-brarse una segunda con iguales formalidades; y si tampoco diere resultado, podrá el acreedor hacerse dueño de la prenda. En este caso estará obligado a dar carta de pago de la totalidad de su crédito. ’ ’

El juez de distrito basó su sentencia, en lo que a la nu-lidad del procedimiento ejecutivo se refería, en el hecho de que el prestatario no se había desprendido de la propiedad de la cosa dada en prenda y en el hecho ulterior de que el. acreedor no se había convertido en dueño de la misma en la. forma prescrita por el artículo 1771. La cuestión, sin embargo, no es si el acreedor era el dueño absoluto del pagaré-dado en prenda como garantía colateral, sino más bien si' como tal acreedor había adquirido un interés suficiente en el pagaré para sostener un pleito instruido por él a nombre-propio exigiendo el cobro del mismo.

En armonía con las disposiciones del artículo 1766, el acreedor debe cuidar de la cosa dada en prenda y res-ponde de su pérdida o deterioro. Según el artículo 1768-“podrá ejercitar las acciones que competan al dueño de la cosa pignorada para reclamarla o defenderla contra tercero.”' Sin embargo, el artículo 51 del Código de Enjuiciamiento* Civil provee:

“Toda acción deberá ejercitarse en nombre de la parte realmente* interesada, excepto en los casos en que se dispone otra cosa por este-Código. La comparecencia ante las cortes deberá hacerse por medio de abogado legalmente autorizado para ejercer su profesión conforme* a las disposiciones de la ley.”

Por tanto, si el acreedor es la parte realmente interesada, la acción lia de instarse a sn nombre. Cuando el firmante de un documento negociable se desprende de la posesión del mismo, también se desprende de su dominio sobre éste. Ese poder o dominio pasa al transferirse la posesión al acreedor, quien por razón de su responsabilidad, así como por la na-turaleza del contrato de prenda, adquiere un interés especial en el pagaré' mismo. El no sólo tiene derecho a presentar una demanda en cobro del pagaré una vez vencido éste sino que bajo determinadas circunstancias es su deber entablar tal demanda y, al descuidar tal deber, puede hacérsele res-ponsable de cualquier pérdida o daños y perjuicios sufridos por la persona que lo dió en prenda. No era necesario que el acreedor fuera el dueño absoluto del pagaré o de la hi-poteca a fin de que pudiera iniciar un procedimiento ejecutivo sumario. Véanse 12 Manresa 392, 393; 21 R.C.L. 666, 667; 49 C. J. 1019, 1020, 1028, 1029; Kelly v. Carmichael, 117 So. 67; Elk Valley Coal Co. v. Third Nat. Bank of Lexington, 163 S. W. 766.

Ordinariamente, desde luego, la persona a quien se transfiere un pagaré a la orden garantizado con hipoteca debe exhibir el pagaré debidamente endosado cuando inicia •un procedimiento ejecutivo sumario. Sin embargo, el endoso de tal pagaré no es necesario para que constituya un contrato de prenda. 49 C. J. 919, sección 47, y casos citados en la nota 95. Por tanto, a un acreedor, si exhibe otra prueba documental que baste para establecer su derecho a demandar en cobro del pagaré y a ejecutar la hipoteca, no debe exigírsele que presente un endoso formal por parte del deudor pignoraticio. En el presente caso el acreedor alegó que era tenedor del pagaré que le había sido entregado por el tomador como garantía colateral. La escritura de hipoteca que se acompañó a la petición del ejecutivo sumario contenía copia verbatim del pagaré. Acompañado a la petición estaba un certificado librado por el síndico del banco al efecto de que el pagaré había sido dado en prenda el día 9 de agosto de 1929 por el banco al Tesorero de Puerto Rico para ga-rantizar el depósito de fondos insulares. El objeto de este certificado, conforme se bace constar en el mismo, era poner al Tesorero de Puerto Rico en posición de presentarlo en el procedimiento ejecutivo sumario. Esto, a nuestro juicio, bastaba para relevar al tesorero de la necesidad de presentar un endoso formal del pagaré.

De la faz de la hipoteca no se desprendía que el notario y uno de los testigos fueran primos hermanos o que estuvieran emparentados en alguna otra forma dentro del cuarto grado de consanguinidad. De la faz de la hipoteca sí se desprendía afirmativamente que la causa (consideration) del pagaré fué un préstamo, y los demandantes admitieron en su demanda que Acevedo había sido autorizado para tomar dinero a préstamo j para otorgar hipotecas en garantía del mismo. El injunction preliminar fué librado, unos dos años después de la fecha de la prenda. El mismo no prohibía el uso del pagaré como garantía colateral ni la ejecución de la hipoteca por un acreedor. Sea ello como fuere, éste no tenía efecto retroactivo y no prohibía la ejecución de la hipoteca por un acreedor que hubiera adquirido un interés en el pagaré y en la hipoteca más de un año antes de la fecha en que se expidió el aludido injunction preliminar. El pagaré fué dado en prenda como garantía colateral poco después de su otorgamiento y mucho antes de vencer. El acreedor no tuvo conocimiento del hecho de que el notario y uno de los testigos eran primos hermanos ni- del hecho, de serlo, de que la causa (consideration) del pagaré no fué un préstamo según se hacía constar expresamente en la hipoteca misma. El no estaba llamado a investigar sobre la posibilidad de litigios ulteriores entre los deudores hipotecarios y el banco. La mala fe nunca se presume y en la ausencia de algo que demuestre que el Tesorero tuvo alguna razón para sospechar la existencia de algún defecto en el pagaré o en la hipoteca, a él no correspondía alegar y establecer su buena fe como defensa. Los casos, de Pagán v. Sellés, 29 D.P.R. 821; Sucesión Torres v. Torres, 29 D.P.R. 909; Fragoso v. Marxuach, 31 D.P.R. 195, 198 y Hernández v. Hernández, 31 D.P.R. 678, no son aplicables.

Cnanclo de la faz de una demanda se desprende que el demandado, como acreedor, se bailaba en la posición de un tenedor de buena fe, el demandante debe, a nuestro juicio, ir más lejos, y demostrar conocimiento o alegar y establecer liecbos suficientes para poner al demandado sobre aviso res-pecto a cuestiones que afectan el derecho del tomador a exigir el cobro del pagaré o a ejecutar una hipoteca dada para ga-rantizar el pago del mismo. No existiendo tal alegación o prueba, no incumbe al demandado alegar o probar la falta de tal notificación o la no existencia de circunstancias sufi-cientes para ponerle sobre aviso.

En ausencia de .algo que demuestre la existencia de un hogar seguro, bien al tiempo en que la esposa otorgó la escritura de poder a favor de su marido o al tiempo en que éste otorgó la hipoteca, la cuestión relativa a si la esposa había autorizado la renuncia del derecho de hogar seguro no exige seria consideración.

La sentencia apelada debe ser revocada y declararse sin lugar la demanda.

El Juez Presidente Señor Del Toro no -intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    J. Seoane & Co., Sucrs., S. en C., demandante y apelante, v. Encarnación Hernández, Generoso, Etelvina, Alfonso y Jacinto Zayas, demandados y apelados.
    Núm. 6898.

    Resuelto: Enero 12, 1938.

      Antonio L. López, abogado de la apelante; M. Rodriguez Alberty, abogado de los apelados.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Este caso se resolvió por sentencia de julio 23, 1937, (ante pag. 59). No conforme, la parte apelante ba presentado una moción de reconsideración. La hemos estudiado cuidadosa-mente y estamos convencidos de que debe declararse sin lugar porque la sentencia se sostiene no sólo por el motivo consig-nado en la opinión en que se basa si que por otro fundamental que en dicha opinión se dejó sin resolver en los siguientes términos:

“Al formular su señalamiento de error parte la apelante de la base de que constituye una donación graciosa el acto realizado por los cuatro primeros demandados al renunciar sus derechos a la. finca de que se trata, acto que completando en lo que pudiera faltar la. disposición testamentaria de Maximino Zayas mejorando a su hijo más pequeño el otro demandado Jacinto, causó la inscripción en el registro de la finca a favor del mismo, y aceptando nosotros, sin resolverlo, que sea así, esto es, colocándonos en el terreno más favorable a la apelante, creemos, sin embargo, que no debe revocarse la sentencia recurrida.” Ante, pág. 63.

Se concluye entonces que no quedó demostrada la insol-vencia de los demandados, terminando la opinión así:

“Y siendo ése el resultado de la prueba, no cabe anular la dona-ción que por otro lado no inspira ni siquiera la sospecha de fraude alguno si que se explica perfectamente por los motivos consignados en el acta de agosto 29, 1930, a saber, hacer los hijos mayores efec-tiva la voluntad del padre consignada de modo solemne en su tes-tamento y asegurar a la madre y al hermano menor de edad un. hogar donde continuar viviendo.” Ante, pág. 64.

Al reestudiar el caso en su totalidad creemos que la cues-tión que se dejó abierta debió y debe resolverse en la nega-tiva.

No es aplicable a este caso el precepto legal en que funda su acción la demandante, a saber: “Se presumirá siempre hecha la donación en fraude de los acreedores, cuando al ha-cerla no se haya reservado el donante bienes bastantes para pagar las deudas anteriores a ellas.”

Aquí quien trasmitió la finca de que se trata a favor del demandado Jacinto Zayas, fué su padre para después de su muerte, al mejorarlo en su testamento, no los otros deman-dados Encarnación Hernández y G-eneroso, Etelvina y Alfonso Zayas, que lo único que hicieron fué despejar la situa-ción para que pudiera cumplirse en un todo la voluntad pa-terna.

Es cierto que el artículo 578 (644, Comp. 1911) del Código Civil (ed. de 1930) prescribe que “No obstante lo dispuesto en el artículo 576, ninguno podrá dar ni recibir, por vía de donación, más de lo que pueda dar o recibir por testamento”, y que “La donación será inoficiosa en todo lo que exceda de esta medida.”

Y es cierto también que el propio cuerpo legal en su ar-tículo 596 (662, Comp. 1911) ordena que “Las donaciones que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 578 sean inoficiosas computado el valor líquido de los bienes del donante al tiempo de su muerte, deberán ser reducidas en cuanto al exceso; . . .”

Pero seguidamente en el artículo 597 (663, Comp. 1911) limita la acción para pedir la reducción como sigue:

“Sólo podrán pedir reducción de las donaciones aquellos que ten-gan derecho a legítima o a una parte alícuota de la herencia, y sus herederos o causahabientes.
“Los comprendidos en el párrafo anterior no podrán renunciar su derecho durante la vida del donante, ni por declaración expresa, ni prestando su consentimiento a la donación.
“Los donatarios, los legatarios que no lo sean de parte alícuota y los acreedores del difunto, no podrán pedir la reducción ni apro-vecharse de ella.”

La demandante, acreedora de los herederos que le eran en deber los cuatrocientos dólares que con sus intereses re-clama, no podía obligar a dichos herederos a pedir la reduc-ción de la mejora. Ellos pudieron actuar 'libremente como lo hicieron aunque fueran insolventes. Tan allá no puede ir la acción del acreedor. El acto es diferente al de la dona-ción de bienes que el deudor tiene en su poder con ánimo de defraudar a un acreedor, o al de la repudiación de la he-rencia en perjuicio de sus propios acreedores en cuyo caso el repetido Código Civil en su artículo 955 reconoce a éstos el derecho a pedir de la corte de distrito competente que los autorice para aceptar la herencia en nombre de su deudor el heredero.

Como los principios que dejamos establecidos no han pa-sado por el crisol de una verdadera discusión entre las partes, a los efectos de la jurisprudencia sólo deberán ser tomados, en consideración de acuerdo con los hechos y las circunstan-cias que les sirven de base tales como han sido expuestos en la opinión.

Debe declararse no haber lugar a la reconsideración soli-citada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Pablo Ruberté, demandante y apelante, v. The American Railroad Co. of Puerto Rico, demandada y apelada.
    Núm. 6845.

    Sometido: Diciembre 20, 1937.

      Resuelto: Enero 12, 1938.

      Fernando B. Fornaris, B. Hernández Matos y E. Huertas Zayas, abogados del apelante; Mariano Acosta Velarde, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

En este caso concedimos daños y perjuicios a un padre por la pérdida del hijo que le alimentaba. El deber de darse' alimentos surge de los artículos 142 y 143 del Código Civil (ed. 1930), que leen como sigue:

“Artículo 142.' — Se entiende por alimentos todo lo que es indis-' pensable para el sustento, babitaeión, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia.
“Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista, cuando es menor de edad.
“Artículo 143. — Están obligados recíprocamente a darse alimen-tos, en toda la extensión que señala el artículo precedente:
“1. Los cónyuges.
“2. Los ascendientes y descendientes legítimos.

La apelada sostiene que una acción de daños y perjuicios por la muerte de una persona debido a la negligencia de otra, corresponde solo y exclusivamente a sus herederos, y que como Justo Ruberté dejó hijos legítimos, su padre Pablo Ruberté no era tal heredero. Que Pablo Ruberté no es un heredero, se desprende del artículo 736 del Código Civil, que expresamente excluye los ascendientes del finado cuando hay descendientes legítimos. La contención principal de la apelada se basa en el artículo 61 del Código de Enjuicia-miento Civil, que lee así:

“Cuando la muerte de una persona mayor de edad fuere cau-sada por el acto ilegal o negligencia de otra, sus herederos o repre-sentantes personales podrán entablar demanda por daños y perjui-cios contra la persona causante de la muerte; y si dicha persona estuviere empleada por otra, responsable de su conducta, podrán tam-bién entablarla contra ésta. En toda demanda con arreglo a este artículo y al precedente, se regulará el importe de los daños y per-juicios que fueren justos, vistas todas las circunstancias del caso.”

En González v. San Juan Light & Transit Co., 17 D.P.R. 124, este tribunal resolvió que el artículo 1803 del Código Civil era la fuente original de una acción de daños y perjuicios. En Arrecho et al. v. The Porto Rico Railway, Light & Power Co. 41 D.P.R. 445, este tribunal resolvió nueva-mente que el artículo 1803 del Código Civil es una fuente original de donde un demandante puede hacer responsable a un demandado por la muerte de otra persona. En el caso de Orta v. P. R. Railway, Light & Power Co., 36 D.P.R. 743, esta corte, al discutir el artículo 61 del Código de Enjuicia-miento Civil, se expresó así:

“Entonces, es evidente que en Puerto Rico la causa de acción no dependía ni depende exclusivamente de los artículos 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Civil. La causa de acción no £ué creada por primera vez por estos artículos. Dado el estado anterior de la ley en Puerto Rico, examinemos estos artículos para ver el efecto que en realidad han tenido. Se nota inmediatamente que estos dos artículos se colocan bajo el capítulo del Código de Enjui-ciamiento Civil que trata de las partes en las acciones civiles. Deter-minan las personas que pueden entablar una acción por muerte ilegal. Tal vez concedan el derecho a entablar una causa de acción a per-sonas que anteriormente no lo tenían e impidan que otras personas ejerzan derechos similares. No hallamos nada en estos artículos que demuestre que la Legislatura pensara que estaba creando una causa de acción por primera vez. Por el contrario, la Legislatura tiene que haber sabido que existía el artículo 1803 del Código Civil y no trató de derogarlo o de restringirlo.
“. . . Nada hay en los artículos 60 ó 61 que demuestre inten-ción alguna de desviarse de las causas de acción existentes anterior-mente, o la intención por parte de nuestra Legislatura de adoptar la ley con la interpretación dádale en algún otro estado.”

El hecho fué que Justo Ruberté no sólo tenía el deber de alimentar a su padre sino que en verdad contribuía a su sos-tenimiento. Habiéndose establecido la negligencia de la de-mandada, surgió en su consecuencia una causa de acción en favor de Pablo Ruberté por razón de la muerte de su hijo. El artículo 1802 del Código Civil (ed. 1930) dispone lo si-guiente:

“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”

Por lo tanto, no importa que Pablo Ruberté fuera o no un heredero.

Debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Córdova D avila no intervinieron.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Milton Abel Soto, representado por su madre con patria potestad, Ana Bermúdez, peticionario, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. F. Navarro Ortiz, Juez, demandada. Angel Rafael Toro, interventor.
    Núm. 1116.

    Sometido: Noviembre 23, 1937.

      Resuelto: Enero 13, 1938.

      Euddldo Báez García, abogado del peticionario; J. A. Suris Agrait, abogado del interventor.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Hallándose la corte en vacaciones, se presentó esta soli-citud de certiorari por Milton Abel Soto, representado por su madre con patria potestad, Ana Bermudez, dirigida en la siguiente forma: “Al Hon. Adolpli G-. Wolf, Juez Asociado del Tribunal Supremo en funciones de turno y a la Hon. Corte Suprema.”

El juez de turno ordenó que se oyera a las partes el 26 de octubre último. En dicho día el peticionario se excusó de comparecer y archivó su alegato en apoyo de su petición y Angel Rafael Toro, la parte contraria en el pleito a que se refiere el certiorari, presentó una petición de intervención acompañada de una contestación. Al final de ésta pidió un término de diez días para radicar un alegato en apoyo de la decisión dictada por el Juez de la Corte de Distrito de Maya-güez. El juez de turno dió por celebrada la audiencia sin la asistencia de las partes y concedió permiso para inter-venir a Angel Rafael Toro, asociándose a la demandada Corte de Distrito de Mayagüez, y al día siguiente tomando en consi-deración que la solicitud se dirigía también a la, corte y que de concederse al interventor el término que solicitaba para alegato dicho término vencería déspués de haber comenzado a funcionar la corte, ordenó que se diese cuenta a ésta en su oportunidad.

Así se hizo y el 5 de noviembre, 1937,ula Corte concedió al interventor hasta el 15 para presentar su alegato y hasta el 20 al peticionario para replicar, habiendo presentado am-bas partes sus respectivas posiciones por escrito, quedando la solicitud debidamente sometida a la consideración de la corte el 23.

Los hechos, tales como surgen de la solicitud, son así:

Angel Rafael Toro, por medio de su abogado, demandó en la Corte Municipal de San Germán a Milton Abel Soto, menor de edad, representado por su madre con patria po-testad sobre el mismo Ana Bermudez, en cobro de ciento veinte y cinco dólares por daños y perjuicios que le cansara como consecuencia de haber chocado en la carretera insular núm. 2 de San Germán a Sabana Grande el 17 de marzo de 1935 nn antomóvil de servicio público propiedad del menor, guiado por sn chófer Oscar Nazario con otro del demandante.

Emplazado el menor, asistido de su madre con patria potestad y por medio de su abogado, excepcionó la demanda por falta de hechos constitutivos de cansa de acción. La excepción fné declarada sin lugar. . Contestó entonces ha-ciendo una negación general y alegando como defensa especial “que el demandado sólo tenía dos o tres años de edad y que vivía en unión de su madre con patria, potestad Ana Bermúdez, la cual era responsable de los actos de dicho de-mandado.”

La corte municipal falló el pleito en contra del demandado. Apeló éste para ante la Corte de Distrito de Mayagüez que declaró sin lugar la excepción previa en diciembre 21, 1936, y celebrado el juicio en septiembre 14, 1937, dictó sen-tencia declarando la demanda con lugar en octubre l9, 1937, sentencia que le fue notificada al demandado cuatro días después.

Así las cosas y no existiendo apelación para ante esta Corte Suprema por ser inferior a trescientos dólares la cuan-tía del litigio, el 14 de octubre, 1937, el dicho demandado radicó la presente solicitud de certiorari en la forma que dejamos indicada.

El solo hecho de que no existe apelación, no es suficiente para que pueda recurrirse al certiorari como cuestión de derecho. Tienen que concurrir además las otras circunstancias que la ley y la jurisprudencia exigen para la procedencia del recurso. No nos detendremos, sin embargo, a considerar si se trata o no aquí de una cuestión de jurisdicción, o de procedimiento o de injusticia notoria, y procederemos a estudiar y a resolver la cuestión planteada, a saber: si este caso se rige o no exclusivamente por el artículo 1803, párr. 2, del Código Civil (ed. de 1930), como sostiene el peticionario, esto es, si la responsabilidad exigida por el demandante corresponde a la madre y no al menor.

En efecto, el artículo 1803, en sus párrafos primero y se-gundo, prescribe:

“La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas per-sonas de quienes se debe responder.
“El padre, y por muerte o incapacidad de éste', la madre, son responsables de los perjuicios causados por los bijos menores de edad que viven en su compañía.”

Habiendo antes dispuesto el 1802, lo que sigue:

“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”

No bay que esforzarse mucho para concluir que la res-ponsabilidad de los padres lo es por los actos personales del hijo menor. Éste está bajo su custodia. Conocen ellos que su juicio no está aún formado y deben vigilarlo a fin de que no cause daño a otro. Si lo causa y no demuestran que para prevenir el daño emplearon toda la diligencia de buenos padres de familia, son responsables del mismo. Nadal v. Miranda, 27 D.P.R. 323; Portalatín v. Noriega, 33 D.P.R. 790; Rodríguez v. Santos, 40 D.P.R. 48.

Cuando no es .el menor el que actúa personalmente si que es la propiedad del menor en administración, .su capital material en producción, su agente actuando en su servicio el que causa el daño, como sucedió en este caso, una situación dis-tinta surge y no son los padres directamente, sino el caudal del menor, él, el responsable. Entonces el aplicable no es el párrafo segundo del artículo 1803 en relación con el artículo 1802 del Código Civil (ed. de 1930), sino el párrafo cuarto de dicho precepto legal a saber:

“Lo son igualmente los dueños o directores de un. establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.”

Un menor no está impedido de poseer bienes que puedan consistir en empresas. Completada su personalidad en la forma que la ley ordena, puede ser dueño como aquí lo era de un automóvil de servicio público que él no guíe sino que maneje por su agente, y si éste por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, el dueño no obstante ser menor es responsable en la forma y extensión que fijan los párrafos primero, cuarto y último del repetido artículo 1803 del Código Civil (ed. de 1930) exigiéndose en tal caso la responsabilidad de acuerdo con lo establecido por la ley procesal aplicable. Véase el artículo 93, núm. 3, del Código de Enjuiciamiento Civil.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse no haber lugar a expedir el auto de certiorari.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Francisca Torres, Monserrate García, Margarita Rodríguez y Guillermo Vincenty, demandantes y apelantes, v. Sucn. del finado Etanislao Vargas Hernández, o sean sus herederos testamentarios Juan y Concepción Vargas, demandados y apelados.
    Núm. 7366.

    Sometido: Diciembre 14, 1937.

      Resuelto: Enero 13, 1938.

      José M. Valentín Estoves, abogado de los apelantes; Enrique Báez García, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Etanislao Vargas Hernández, dejó a su fallecimiento un testamento pop el que instituyó por sus únicos y universales herederos a los dos demandados, quienes eran.sus hijos.na-turales reconocidos, y dispuso que se pagase a los aquí de-mandantes, en metálico, los siguientes legados:

A Francisca. Torres, $500; a Monserrate G-arcía, $800; a Margarita Rodríguez Planel, $1,000;. y a Guillermo Vincenty, $1,000.

Alegan los demandantes qne los demandados se lian in-cantado de todos los bienes inmuebles, muebles y semovien-tes qne poseía el testador a. la fecba de su muerte y que se ban negado a pagar a los demandantes sus respectivos lega-dos.

Los demandados excepcionaron la demanda por el funda-mento de haberse acumulado en ella varios demandantes. La corte de distrito declaró con lugar la excepción y a petición de los demandantes dictó sentencia definitiva. Los deman-dantes ban apelado, alegando como base del recurso que la corte inferior erró al resolver que los demandantes no son partícipes unidos por un interés común en la acción ejerci-tada y al declarar con lugar la excepción previa.

Convenimos con la corte inferior en que existe una inde-bida acumulación de partes demandantes.

El Código de Enjuiciamiento Civil dispone:

“Artículo 62. — Todas las personas que tuvieren interés en el asunto objeto de la acción y en obtener lo pedido en la demanda, podrán asociarse como demandantes, excepto cuando se dispusiere otra cosa por este Código.
“Artículo 66. — Los partícipes en una acción que estuvieren uni-dos por interés común deberán asociarse como demandantes o deman-dados ; pero si no pudiera obtenerse el consentimiento de alguno que debió haberse asociado como demandante, podrá éste ser demandado, consignándose el motivo en la demanda; . . . .”

No existe, a nuestro juicio, ni el interés en el asunto oto-jeto de la acción, ni el interés común que los citados artículos fijan como requisitos indispensables para que dos o más per-sonas puedan o deban asociarse como demandantes en una misma demanda. El objeto de la acción en el presente caso es distinto para cada uno de los demandantes. Cada uno de ellos tiene interés en reclamar el pago de la cantidad especí-fica que le fué legada por el testador, pero no tiene interés alguno en el pago de las cantidades legadas a cada uno de los otros tres demandantes. No existe aquella comunidad de interés que daría derecho a uno o más de los legatarios de-mandantes a hacer parte demandada a cualquier otro lega-tario que se negara a asociarse a ellos como demandante. ¿Podría, por ejemplo, obligarse a un legatario que no tuviera ni el interés ni el deseo de reclamar su legado, a asociarse como demandante, bajo pena de ser demandado si negare su consentimiento? Seguramente que no, pues ese legatario no podría en manera alguna ser considerado como parte nece-saria para la debida adjudicación de la controversia entre los demás legatarios y los herederos universales. El caso sería distinto si lo reclamado fuese una propiedad específica de-jada por el testador a varias personas, aun cuando la par-ticipación de cada una en la cosa legada fuese distinta en cantidad y en extensión.

En el caso de Ortiz v. La Comisión de la Policía Insular, 40 D.P.R. 166, en el que varios policías se asociaron como demandantes para reclamar el pago de sus respectivas pen-siones, esta corte sostuvo que tal acumulación de partes de-mandantes no era permisible, diciendo:

"No hay duda alguna que todos los demandantes tienen el mismo interés, a saber: que la comisión les pague. Sin embargo, igual podría decirse de varios acreedores de un solo deudor cualquiera que fuere la fuente de sus respectivos créditos. Y asociar tales acreedo-res, no puede en manera alguna ser el propósito del legislador. El interés común debe existir en la cosa reclamada. Debe ser una la reclamación, aunque puedan, desde luego, derivarse varias de ella. Aquí cada demandante tiene un caso especial. Todos son de la misma naturaleza, es cierto, pero cada uno hay que considerarlo en sí mismo, por sus propias circunstancias, y resolverlo por sus pecu-liares méritos.”

Cuando los intereses legales de los demandantes son se-parables, la causa, de acción no es única; y faltando la.co-munidad de interés, falta el fundamento principal para la asociación de partes demandantes en nna misma demanda. 1 Sutherland “Code Pleading, Practice & Forms”, pág. 18; 47 C. J. 57; Dyas v. Ding-Grave, 15 La. Ann. 502, 77 Am. Dec. 196.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Cirila Verdejo Peña, demandante y apelante, v. Henry G. Molina, demandado y apelado.
    Núm. 7355.

    Sometido: Diciembre 21, 1937.

      Resuelto: Enero 13, 1938.

      Rosendo Cordero Rodríguez, abogado de la apelante; Santiago de. la Fuente, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Cirila Verdejo y Peña presentó demanda de reivindica-ción en la que alega qne es dueña de una finca de cuatro cuerdas y veinticinco céntimos de otra, la que adquirió por herencia de Pedro Arroyo; que el demandado posee dicha finca sin el consentimiento, sin la autorización y en contra de la expresa voluntad de la demandante; y que ésta es la única y legítima dueña del inmueble, sobre el cual tiene verdadero título. El demandado contestó negando todas y cada una de las alegaciones de la demanda.

Señalado el caso para juicio el día 15 de junio de 1936, compareció solamente el demandado, quien solicitó de la corte que le permitiera presentar su evidencia a fin de obtener una sentencia sobre los méritos del caso. La corte sentenciadora, en su relación del caso y opinión, sintetiza la prueba docu-mental ofrecida por el demandado, en la forma siguiente:

“En el Registro de la Propiedad de San Juan se inscribió el día 6 de junio de 1899 una finca de 7 cuerdas a favor de Pedro Arroyo Verdejo; en el mismo año éste segregó y vendió 11,000 metros cuadrados, quedando entonces una finca o parcela de 4 cuer-das 25 céntimos, que es la que se describe en la demanda; en diciem-bre de 1912, Pedro Arroyo y su esposa Petronila Verdejo vendieron la finca inscrita a los cónyuges Catalina Casenave y Adolfo Arras-tia, quienes en mayo 5 de 1933 constituyeron un gravamen hipote-cario sobre la misma a favor de "William II. Hylan. En 1915 la Corte de Distrito de San Juan anuló la venta hecha a favor de los esposos Arrastia-Casenave, pero dejó subsistente la hipoteca consti-tuida por ellos a favor de Hylan. En junio 4 de 1915, los esposos Arroyo y Verdejo vendieron la mitad pro indiviso de la finca a Thomas T. Mott, y éste en 1915 la hipotecó a don José D. Riera. En 1918 Petronila Verdejo y Cirila Verdejo inscribieron la mitad pro indiviso de la finca a su favor por herencia testamentaria de Pedro Arroyo, y en junio del mismo año hipotecaron dicha mitad a la sociedad ‘Viejo & Rodríguez,’ para garantizarles un préstamo de $2,500.00. ‘Viejo y Rodríguez’ cedieron su crédito a Henry Gr. Molina el día 24 de marzo de 1920 por el importe del mismo, o sea $2,500, y en abril 17 de 1920, el marshal de este Tribunal adjudicó la totalidad de la finca a William H. Hylan en el caso civil núm. 12,395, sobre ejecución de hipoteca. En mayo 10 de 1920 Hylan vendió la finca a Molina, quien desde esa fecha, según aparece del Registro de la Propiedad, la viene poseyendo sin interrupción alguna y de modo quieto y pacífico.
“De esta relación cronológica de las distintas vicisitudes por que ha pasado la finca desde la fecha de su inscripción, es evidente que cuanto derecho pudiera corresponder a la demandante como here-dera de don Pedro Arroyo Verdejo en la mitad de la finca que éste conservaba para la fecha de su defunción fué perdido como con-secuencia de la venta judicial celebrada en el procedimiento eje-cutivo sumario establecido por don William H. Hylan. Es signi-ficativo también que posteriormente a la inscripción de este cré-dito hipotecario, la demandante en unión de su coheredera doña Catalina Verdejo, obtuvieron la suma de $2,500 en garantía de la cual hipotecaron a la sociedad ‘Viejo & Rodríguez’ la que a su vez cedió el crédito' a favor de Molina. Aparece de todo esto que Molina tuvo que adquirir todos los créditos que garantizaban la finca, a fin de poder asegurar la cantidad por que adquirió el crédito de ‘Viejo & Rodríguez.’ ”

Declarada sin lugar la demanda, la demandante apeló. Alega en su escrito de apelación que no está conforme con la sentencia “porque existen pruebas que no ban sido presen-tadas, que justifican el derecho a la reivindicación presen-tada por esta demandante.”

La parte apelante ha radicado en la Secretaría de esta Corte Suprema, para ser unida a los autos, una copia certificada de una moción radicada por ella en la Corte de Distrito de San Juan, en 16 de noviembre de 1936, o sea cerca de cinco meses después de habérsele notificado la sentencia y exactamente cuatro meses después de haberse radicado ante esta Corte Suprema la transcripción de autos. En dicha moción la demandante apelante pide al tribunal inferior que en •uso de la discreción que le concede el Artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil revoque la sentencia dictada en 19 de junio de 1936 y le conceda un nuevo juicio. Los fundamentos de la moción son que el abogado de la demandante cayó enfermo; que en los últimos días del mes de junio fué cuando el abogado se enteró por primera vez de que el juicio se había celebrado el 15 de dicho mes; que el señalamiento del juicio a espaldas y sin conocimiento de la demandante ni de su abogado constituye una sorpresa para ambos; que al recibir la noticia de haberse dictado sentencia, el abogado trató de comunicarse con el juez que la dictó para informarle de los hechos y de las razones que tuvo para no comparecer a la vista del caso, pero no pudo efectuarlo por encontrarse ausente dicho juez; y que en vista de esos hechos la deman-dante no tnvo otro camino qne optar por establecer el recurso de apelación contra la sentencia. Se alega además en la mo-ción, qne la sentencia es nula por haber sido obtenida por sorpresa, aprovechándose de la enfermedad del abogado de la demandante; qne ni ésta ni su abogado fueron notificados del señalamiento del juicio ni de la sentencia dictada; y qne el abogado no fue nunca notificado de la sentencia, ni per-sonalmente ni por escrito. Del récord ante nos no aparece cuál haya sido la resolución del tribunal inferior sobre la citada moción.

Esta Corte Suprema ha resuelto en numerosas decisiones que ni el secretario de la corte inferior, ni el abogado de la parte adversa están obligados a notificar a la otra parte el señalamiento de un caso para juicio. Véanse: Gallardo v. Crescioni, 49 D.P.R. 368; Cubano v. Jiménez et al., 32 D.P.R. 167; Santalís v. “El Zenit”, 28 D.P.R. 695; Cintrón v. “El Zenit”, 28 D.P.R. 687.

Del récord elevado a esta corte por el propio apelante aparece que la sentencia apelada.fue notificada al abogado de la demandante el 22 de junio de 1935. Niega dicho abogado haber recibido tal notificación, pero admite en su moción que se enteró en uno de los últimos días de dicho mes de que el juicio se había celebrado y de que se había dictado sentencia en su contra. No fué diligente la parte apelante, pues pu-diendo haber pedido la reconsideración de la sentencia tan pronto como tuvo conocimiento de ella, no lo hizo hasta cinco meses más tarde.

El artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil invo-cado por el apelante como fundamento de su moción concede a la corte sentenciadora la facultad discrecional de suspender los efectos de su propia sentencia. Esta Corte Suprema in-terviene solamente para corregir cualquier abuso de esa dis-creción. El presente recurso no ha sido establecido con el propósito de corregir un abuso de discreción, pues no hay -constancia en los autos de que la corte inferior baya decla-rado sin lngar la moción de reconsideración.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Córdova Dávila no intervinieron.


author: En Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Ramírez, acusado y apelante.
    Núm. 6823.

    Sometido: Diciembre 17, 1937.

      Resuelto: Enero 13, 1938.

      Rurset & Pérez Pimentel y Manuel A. Rústelo, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   En Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en el presente caso lee así:

‘ ‘ El referido Ramón Ramírez, en uno de los días del mes de octu-bre de 1936, en la municipalidad de Vieques, dentro del Distrito Judicial de Humacao, P. R., ilegal y voluntariamente portaba sobre su persona un revólver, arma con la cual puede causarse daño corporal y con disparos del cual dió muerte a Felipe Bermúdez (a) Toto.”

El acusado ha apelado de la sentencia de tres meses de prisión que le fué impuesta, alegando como único error que dicha sentencia no está sostenida por la prueba y es contra-ria a la prueba y a derecho.

Hemos examinado la prueba. Ella establece los hechos siguientes:

El policía insular Hermenegildo Maldonado declaró que como dos o tres días después del encuentro entre el acusado y Felipe Bermúdez (a) Toto, en el que este último perdió la vida, el acusado le entregó un revólver y le manifestó que él le había quitado el revólver a Bermúdez en el momento de la lucha; que el acusado tenía una herida en el hombro, que parecía como de navaja o algo así.

Agustín R. Quiñones, declaró: que en la madrugada del suceso él estaba como a 75 u 80 metros de donde oyó unas detonaciones; que corrió hacia el sitio, quedándose como a 20 ó 25 metros de distancia y que desde allí oyó al acusado que decía que con el mismo revólver de Toto éste se había pegado un tiro mientras luchaba con el acusado; que cree que cuando el acusado decía eso el tendría el revólver en la mano, pero que no vió el revólver porque estaba a distancia.

Eladio Pérez Rodríguez, declaró: que el día de autos el interfecto, conocido por Toto, llegó al establecimiento del tes-tigo y pidió le sirvieran una botella de ron; que se le dió el ron y se lo tomó allí con otras personas; que después pidió otra botella y él se la dió; que continuaron en la tienda, hablando de política, el testigo y Maximino Ramírez y Ramón Ramírez, el acusado; que poco después de haberse marchado el acusado oyó un disparo y él abrió la puerta y vió un caballo en la ca-rretera en el que andaba Toto Bermúdez y dos que luchaban en el suelo; que él corrió hacia allá y cuando llegó al sitio donde ellos estaban en la cuneta, entonces se levantaba el acusado del suelo, portando un revólver en la mano, y al pre-guntarle “qué pasa” el acusado le dijo: “Este hombre ha querido arrebatarme la vida con este revólver y luchando con él por no dejarme matar salió un tiro y está herido, yo también estoy herido”; que el herido le dijo que había sido herido con su mismo revólver y que el revólver que portada el acusado era el suyo; que el herido al llegar al hospital le declaró a dos policías que él había sido herido con su mismo revólver; que al otro día la policía vino a casa del acusado y éste les entregó el arma; que cuando el interfecto estuvo en su establecimiento él le vió el revólver que tenía dentro del seno y que se le veía porque estaba en cuerpo de camisa.

El acusado Ramón Ramírez declaró que al salir de casa de Eladio Pérez para la suya el interfecto se le fué detrás, montado en un caballo, le atajó en el camino y le preguntó que para dónde iba y él le respondió que se iba a dormir; que el interfecto le dijo “tú no eres guardia de aquí” y le tiró una patada desde arriba del caballo; que él le dijo al interfecto “mire, tenga calma, no me tire a atropellarme” y entonces él le dijo: “Lárguese de todo esto, mire que yo tengo mi revólver aquí y se lo esgrano en los sesos a cual-quiera”; que él siguió andando y el interfecto se le fué de-trás, se tiró del caballo y le dijo: “Entonces tú dices que vas a dormir”; que al decirle que sí, el interfecto replicó: “Pues no, a dormir tú no vas abora”; que cuando el interfecto fué a bacer uso del revólver para pegarle un tiro él avanzó, lo em-puñó por la correa con todo y revólver y cuando uno y otro forcejearon salió un tiró; que el revólver con que aconteció el suceso era el del interfecto y que él no portaba ninguna arma.

Convenimos con el apelante en que la prueba de cargo no es suficiente para sostener la acusación. La evidencia ofrecida por El Pueblo demuestra que el revólver visto en manos del acusado en el momento en que luchaba con su ad-versario era propiedad de este último, y que fué éste el que portó el arma basta el sitio en que ocurrió la lucha.

Argumenta el Fiscal en el sentido de que aun admitiendo que el revólver fuese propiedad del interfecto, el acusado lo portó ilegalmente desde el sitio en que ocurrió la lucha basta su casa, donde fué entregado por él algún tiempo después a la Policía. Aun cuando aceptáramos que después de desarmar y herir a su adversario el acusado se llevó el arma a su casa, con el propósito de entregarla a la policía y de probar que el arma no era de él sino de su adversario, ésa no sería la portación ilegal y voluntaria a qne se refiere el estatuto. Si los hechos ocurrieron tales y como aparecen de la prueba de cargo, el acusado no violó el estatuto al lle-varse y conservar, como evidencia de su alegada legítima defensa, el arma con que su adversario trató de agredirle o de privarle de su vida.

Debe revocarse la sentencia y absolverse libremente al acu-sado apelante.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Córdova Dá-vila no intervinieron.


text:
    Sucn. de J. Serrallés, peticionaria y apelada, v. Hon. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante. Sucn. de J. Serrallés, demandante y apelante, v. Hon. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núms. 7182 y 7152.

    Sometidos: Febrero 19, 1937.

      Resueltos: Enero 18, 1938.

      Son. Procurador General B. Fernández García y B. Gordovés Arana, Procurador General Auxiliar, abogados del demandado, apelante y apelado; F. Parra Capó y Leopoldo Formes García-, abogados de la peticionaria y demandante, apelada y apelante.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Los siguientes hechos fueron estipulados por las partes en la corte inferior y sirvieron de base a su sentencia.

En diciembre 31, 1919, la Sucesión Serrallés, que en ade-lante será llamada “la contribuyente,” pagó al Tesorero de Puerto Bico la suma de $30,407.08, por sus contribuciones sobre ingresos para el año contributivo 1917-18. El Teso-nero redujo esta suma a $15,375.28, y luego de una apelación para ante la Junta de Revisión e Igualamiento, la misma fue reducida nuevamente a $14,840.20. La suma de $15,566.88 pagada en exceso fue entonces devuelta a la contribuyente, domo ésta no estaba satisfecha, al ser reconsiderada por la jjunta la contribución quedó finalmente fijada en la suma de '$10,700.96. El 22 de septiembre de 1924 el Tesorero informó por escrito a la contribuyente que el saldo de $4,139.24 le sería devuelto tan pronto como se cumplieran los trámites de ley.

En octubre 31, 1919, la misma contribuyente radicó su pía-milla de contribuciones sobre ingresos para el año contribu-áivo 1918-19, en la que se computaba su contribución en la suma de $31,466.04. Esta cantidad fue pagada bajo protesta,, en dos plazos, uno en mayo 19, 1920, y otro en septiembre 15 • del mismo año. Luego de una tasación de deficiencia por el. Tesorero y de una subsiguiente apelación para ante la Junta de Revisión e Igualamiento, se resolvió que la contribuyente adeudaba al Tesorero la suma adicional de $14,426.08. En. enero 22, 1923, la contribuyente efectuó un pago parcial de-$7,213.04 a cuenta del referido saldo desfavorable. Poste-riormente solicitó de la junta la reconsideración y como re-sultado de ella se imputó al Tesorero haber cobrado, en ex-ceso, la suma de $6,077. En septiembre 22, 1924, este fun-cionario informó a la contribuyente por escrito, que la anterior suma ($6,077) le sería devuelta cuando se llenaran los-trámites de ley. En diciembre 18 del mismo año el Tesorero' finalmente determinó dicho pago en exceso y notificó a la con-tribuyente el 23 del mismo mes, y al Colector local de Rentas - Internas de Ponce en diciembre 18, que la suma sería de-vuelta a la contribuyente directamente por el departamento..

Surgieron dificultades entre el Tesorero y la contribu-yente con respecto a las contribuciones sobre ingresos para el año 1919-20 y sobre un mes adicional de 1920. La Suce-sión Serrallés originalmente radicó una planilla de contri-buciones sobre ingresos, para los trece meses, ascendente a. $173,346.48. Esta suma fue pagada en cuatro plazos, uno en octubre 24, 1921, otro en febrero 7, 1923, y los otros dos en. marzo 12, 1923.

En el ínterin el Tesorero impuso tasaciones de deficiencia de $143,764.60 para el período de doce meses, y de $28,833.48-para el término adicional. Luego de una apelación para ante-la Junta de Revisión e Igualamiento, el saldo desfavorable-para el período mayor fue reducido a $41,101.96, y el del pe-ríodo menor a $17,870.72. En enero 2, 1923, la contribuyente-pagó bajo protesta $10,326.87 a cuenta de los $41,101.96 y $4,490.02 a cuenta de los $17,870.72. Como resultado de una. reconsideración por la Junta se halló que existía un pago en. exceso por parte de la contribuyente para el año 1919-20* ascendente a $44,118.17. Las partes están de acuerdo en cuanto a esta suma. En abril 9, 1924, el Tesorero escribió a la contribuyente notificándole que la suma anterior podía ser devuelta tan pronto como se llenara y devolviera el formu-lario núm. 40. Posteriormente se concedieron créditos de $7,371.90 y $22,595.08 a la contribuyente por contribuciones sobre ingresos para los años 1923 y 1924, lo que redujo el pago en exceso para 1919-20 a $14,151.19. Estos créditos fueron concedidos de conformidad con un convenio celebrado entre las partes.

Así las cosas, la contribuyente en febrero 26, 1926, solicitó que el importe de una contribución especial sobre ingresos para el año 1924 fuera rebajado del saldo a su favor. Se rehusó esta operación porque el Contador de Puerto Pico con fecha primero de marzo de 1926 solicitó del Tesorero que des-continuara la concesión de créditos adicionales a la Sucesión Serrallés fundado en que una investigación practicada por Auditoría había revelado que la contribuyente adeudaba al Pueblo de Puerto Rico la suma de $82,346.34. El Pueblo de Puerto Rico instó demanda para recobrar esta suma en 1926 y se dictó sentencia en su contra, que fué firme en octubre de 1933.

En noviembre 6, 1933, la contribuyente escribió al Teso-rero solicitando la devolución de los $24,367.43 que habían estado pendientes desde febrero de 1926, y por primera ves exigió el pago de intereses sobre dicha suma.

Debe insertarse aquí, por el alcance que pueda tener, que en abril 2, 1929, la contribuyente había solicitado se com-putaran y devolvieran las sumas pagadas en exceso para los años 1917-18, 1918-19 y 1919-20, de conformidad con la de-terminación final de la Junta de Revisión e Igualamiento de fechas 7 de enero y 12 de agosto de 1924, supra. El Tesorero se negó a esto alegando que existía un pleito pendiente entre El Pueblo de Puerto Rico y la contribuyente en relación con las contribuciones sobre ingresos para dichos años y que tenía que esperar el resultado de dicho pleito. En vista de ello, en 11 de abril de 1929 la contribuyente radicó un mandamus contra el Tesorero y el Contador para la computación y devolución inmediatas de dichos pagos en exceso. Este re-curso fue finalmente archivado por la Corte de Distrito el 2 de febrero de 1932 por falta de instancia.

En abril 18, 1934, el Tesorero envió varios ejemplares del formulario núm. 40 para ser llenados por la contribuyente sobre la devolución de $4,139.24 (1917-18), $6,077.00 (1918-19) y $14,151.19 (1919-20). Estos formularios nunca fueron de-vueltos porque la contribuyente insistía en que se le conce-dieran intereses sobre estas sumas.

En octubre 18, 1934, el Tesorero informó a la apelada que desde entonces las sumas anteriormente mencionadas estaban a disposición de ella y que las mismas serían pagadas tan pronto como se devolvieran los formularios.

En octubre 17, 1934, la contribuyente instó el recurso de mandamus que ahora está ante nos, en que se solicita se or-dene al Tesorero acredite a sus contribuciones sobre ingresos para el año 1933, que ascendían a $34,931.73, el saldo de $24,367.43 que figuraba a favor de la contribuyente, más la suma de $17,596.46 por concepto de intereses al 6 por ciento, a contar de la fecha del pago hasta el 18 de abril de 1934. También solicitaba se le concedieran intereses legales sobre esta suma total, o sea $41,963.89, desde el 18 de abril de 1934 hasta que se hiciera el pago o crédito definitivo. Como remedio alternativo solicitaba la devolución inmediata de $41,963.89.

La corte inferior concedió la suma de $24,367.43, más in-tereses al 6 por ciento anual desde la fecha del cobro ilegal hasta el 18 de octubre de 1934. Ambas partes han apelado separadamente. Consideramos ahora la apelación interpuesta por el Tesorero.

Muchos de los detalles de la controversia serán ampliados al discutir por separado los señalamientos.

Los cinco primeros errores pueden ser agrupados en uno, toda vez que la cuestión presentada por cada uno de ellos gira sobre idéntico punto. La cuestión precisa a de-terminarse es la fecha o fechas exactas en que el Tesorero de Puerto Rico concedió el reintegro o crédito definitivo a la contribuyente de las distintas sumas arriba mencionadas, o sean $44,118.17, posteriormente rebajada a $14,151.19; $6,077; y $4,139.24, es decir, un total de $24,367.43. La corte inferior resolvió que esta decisión final tuvo lugar el 18 de octubre de 1934 al notificar el Tesorero a la Sucesión Serrallés que tenía las sumas anteriores a la disposición de ésta, para serle devueltas tan pronto, como la contribuyente llenara y devol-viera al departamento cierto formulario (núm. 40). El ape-lante, por otra parte, sostiene que el Tesorero llegó a su de-cisión el 9 de abril de 1924 en lo que se refería a la suma de $44,118.17, que luego fué reducida a $14,151.19, por concepto del pago en exceso para el año 1919-20, y en diciembre 18, 1924, en lo que concernía a las sumas de $6,077 (cobrada en exceso para el año 1918-19) y $4,139.24 (cobrada en exceso para el año 1917-18).

Los autos sostienen plenamente la conclusión de que en abril 9, 1924, el Tesorero notificó a la contribuyente que tenía un saldo favorable en lo que se refería a sus pagos por con-tribuciones sobre ingresos para el año 1919-20, ascendente a $44,118.17, suma que le sería devuelta tan pronto como ésta llenara el formulario núm 40. No es menos evidente que en mayo 31, 1924, y en respuesta a una solicitud escrita de la contribuyente, fechada el 26 de mayo de 1924, el Tesorero redujo de la anterior suma $7,371.90 por concepto de contri-buciones sobre ingresos para el año 1923. Esta operación se hizo de conformidad con un convenio anterior celebrado entre el Tesorero y la contribuyente al efecto de que los $44,118.17 debían quedar en poder del Tesorero en calidad de depósito, para ser utilizados como un fondo del cual pudieran dedu-cirse las futuras contribuciones sobre ingresos. En agosto 28, 1924, se celebró una transacción similar con respecto a la suma de $22,595.08, que representaba contribuciones sobre in-gresos para el año 1924. Estas dos rebajas dejaban un saldo en poder del Tesorero y a favor de la contribuyente que ascen-día a $14,151.19. Nos es difícil resolver, según lo hizo la corte sentenciadora, que en lo que se refería a estos $44,118.17, o sobre aquella parte de dicha cantidad por la cual la con-tribuyente no obtuvo crédito alguno, el Tesorero no decidió finalmente que se hiciera la devolución hasta el 18 de octubre de 1934. Las anteriores circunstancias hablan por sí mismas. El Tesorero llegó a la determinación de que había un pago en exceso el 9 de abril de 1924 e inmediatamente dió los pasos necesarios para que su departamento hiciera directamente la devolución. Más tarde se celebró el convenio, que podemos calificar de un pacto sobre crédito, y luego los créditos espe-cíficos. No tenemos duda alguna, sin considerar los aconte-cimientos posteriores, de que el ■ 9 de abril de 1924 estaba dentro de las facultades de la contribuyente, con un mero rasgo de la pluma, cobrar u obtener los $44,118.17. Para aquel entonces estaba en vigor la ley de contribuciones sobre ingresos de 1919, según fué enmendada en 1921. Esas leyes no contienen disposición alguna en torno al pago de intereses sobre las sumas a devolverse, o sobre los créditos o pagos en exceso. Así, pues, es evidente que de no haber intervenido alguna otra cosa, a la contribuyente se le hubiera acreditado gradualmente la suma anterior y no hubiese tenido derecho al pago de intereses.

No es menos claro que en diciembre 18, 1924, el Tesorero finalmente llegó a la determinación de que los pagos en exceso para los años contributivos 1917-18 y 1918-19 ascendían a $4,139.24 y $6,077, respectivamente, y dió los pasos necesarios para su definitiva devolución a la contribuyente. Más tarde se celebró o se ratificó un convenio sobre estas sumas, similar al celebrado con respecto al pago en exceso para el año 1919-20. Para esta época el estado de la ley tampoco permitía que se pagaran intereses sobre estas sumas. Aunque no se hicieron rebajas materiales de conformidad con este con-venio, no es menos cierto que pudieron ser solicitadas si la contribuyente así lo hubiera deseado. La concesión del eré-•dito o de la devolución quedó terminada, por lo menos tempo-ralmente, en diciembre 18, 1924.

Bajo todas estas circunstancias, resolvemos que la corte •cometió error al decidir que no hubo una determinación final sobre la devolución de los $4,139.24 y $6,077 hasta el 18 de •octubre, 1934. Irrespectivamente de lo que hubiera de seguir, en diciembre 18, 1924, hubo una oferta definitiva por parte •del Tesorero de pagar $4,139.24 y $6,077.

Los señalamientos sexto, séptimo, octavo y noveno ■están relacionados entre sí y se refieren a la resolución de la corte inferior con respecto al derecho de la contribuyente a reclamar y recibir intereses de conformidad con las disposiciones del artículo 79 de la Ley 74 de agosto 6, 1925 (Leyes de ese año, pág. 543). Para la debida discusión de estos •señalamientos defiéraos retrotraernos a febrero de 1926. Debe recordarse que para aquel entonces la contribuyente solicitó ■del Tesorero que la suma de $16,174.70 (contribución especial sobre ingresos para el año 1924), le fuese rebajada de las sumas que el Tesorero ya había resuelto debía recibir. Los autos demuestran que en Io. de marzo, 1926, el Contador de Puerto Rico informó al Tesorero que luego de haberse practicado una investigación por su oficina, la Sucesión Serrallés adeudaba al Tesoro ia suma de $82,346.34 por concepto de •contribuciones sobre ingresos correspondientes a los años 1918, 1919 y 1920. Dió instrucciones de que no se concedieran •créditos o rebajas adicionales a dicha contribuyente. En armonía con esta carta, el Tesorero denegó el crédito que en febrero 26, 1926, la contribuyente había solicitado.

En junio, 1926, El Pueblo de Puerto Rico instó demanda •contra la Sucesión Serrallés en cobro de los $82,346.34. Mien-tras pendía este litigio, la contribuyente, con fecha 2 de abril, 1929, solicitó la devolución de $24,367.43 que habían sido con--venidos allá para 1924 y contra cuyo saldo el Tesorero se había negado a acreditar (luego de haber concedido dos cré-ditos anteriores), en 1926, el importe de la contribución especial sobre ingresos de 1924, de acuerdo con el convenio anterior. Esta petición fué denegada debido al pleito iniciado'' por El Pueblo de Puerto Rico a instancias del Contador, que-estaba pendiente. La contribuyente, según se ba dicho antes, radicó entonces un recurso de mandamus para obtener la. devolución del saldo que aún se le adeudaba, el que fué ar-chivado en 1932 por falta de instancia. La contribuyente,, aparentemente, optó por no insistir en su reclamación. En. 1933 se dictó sentencia final contra El Pueblo de Puerto Rico en el pleito instruido por éste como resultado de la investi-gación del Auditor en 1926. Entonces, fué en noviembre*. 1933, que la contribuyente presentó su primera solicitud para. que se le pagaran intereses.

La corte inferior resolvió que la apelada tenía derecho a intereses sobre la suma principal de conformidad con las-disposiciones de los artículos 64, 75 y 79 de la Ley núm. 74 de 1925. Es a la certeza de este pronunciamiento que la se-gunda serie de errores señalados por el apelante va dirigida. Las partes aplicables de dichos artículos leen:

“Sección 64.— (a) Cuando cualquier contribución sobre ingresos, o beneficios excesivos impuesta por esta Ley o por la Ley de Contri-buciones sobre Ingresos número 59 de 1917, la Ley de Contribuciones, sobre Ingresos número 80 de 1919, la Ley de Contribuciones sobre-ingresos número 43 de 1921, o por cualquiera de dichas leyes según han sido enmendadas, o por cualquiera otra ley, se hubiere pagada en exceso, el montante de dicho exceso será acreditado a cualquier contribución sobre ingresos o beneficios excesivos o a cualquier plaza-de las mismas que estuviere vencido, y cualquier remanente de dicha exceso será reintegrado inmediatamente al contribuyente.
“Sección 75. — El Tesorero queda autorizado para remitir, rein-tegrar y devolver todas las contribuciones erróneas o ilegalmente im-puestas o cobradas y las penalidades cobradas sin autoridad, y toda-contribución que aparezca injustamente impuesta o en cantidad ex-cesiva o de cualquier manera erróneamente cobrada; y hará un in-forme a la Legislatura de Puerto Rico al empezar cada sesión.ordi-naria, de todas las transacciones que en esta sección se autorizan.
“Sección 79. — Al concederse un crédito o reintegro de una con-tribución sobre ingresos o beneficios excesivos errónea o ilegalmente-impuesta o cobrada, o de alguna penalidad pecuniaria cobrada sin autoridad, o de alguna suma que fuere excesiva o de algún modo erróneamente cobrada, se abonarán y pagarán intereses sobre el mon-tante de dicho crédito o reintegro del 6 por ciento anual desde la feeba en que dicha contribución, penalidad pecuniaria o suma fuere pagada hasta la fecha de la concesión del reintegro, o, en caso de un crédito, hasta la fecha de vencimiento de la cantidad contra la cual el crédito se otorga; pero si la cantidad contra la cual se otor-gare el crédito fuere una tasación adicional, entonces hasta la fecha de la tasación de aquella suma. El término ‘tasación adicional’ como se emplea en esta sección significa una imposición adicional de una contribución de índole igual a la que fué antes parcialmente pagada. ’ ’

Según la conclusión a que hemos llegado en el curso de la discusión de los primeros cinco señalamientos la ley de 1925 sería ordinariamente inaplicable, pues es el estatuto en vigor al tiempo de concederse la devolución o crédito el que rige la cuestión de intereses. Este precepto de ley está acep-tado por ambas partes y sostenido por la jurisprudencia.

Hasta el año 1926 existía un statu quo entre el Tesorero y la contribuyente, a virtud del cual esta última podía retirar a manera de crédito cualquier suma que se le adeudare, sin objeción alguna por el Tesorero, mas en dicho año 1926 el Tesorero a instancias del Contador, modificó su posición y entonces se le hizo imposible a la contiibuyente obtener su dinero o utilizarlo como crédito para las contribuciones co-rrientes.

Ahora bien, es cierto que según la decisión en el caso de Fajardo Sugar Company of Puerto Rico v. F. G. Holcomb, Auditor, 16 F. (2d) 92, ni el Tesorero ni el Contador tienen el derecho legal a retener estos fondos, aunque el Tesorero en realidad actuó por recomendación del Auditor. Desde luego, la contribuyente pudo haber presentado un recurso de mandamus o algún otro, para obligar al Tesorero a pagarle la suma que entonces estaba pendiente, pero de ordinario una persona no tiene deber alguno de entablar un litigio para exigir un derecho.

•El crédito fué concedido en 1924, pero en 1926 el Tesorero se negó a devolverlo o a aplicar a cuenta el importe cobrado. Este proceder del Tesorero bien directamente o por necesaria inferencia, a nuestro juicio, hizo que la contribuyente cayera dentro de las disposiciones del artículo 79 supra. Ello equi-valió a una apropiación o conversión por parte' del Tesorero •y por ende, a un cobro o retención ilegal a partir de dicha fecha, y puede decirse que la ley de 1925 es aplicable directa-mente, es decir, en 1926.

Empero, ya fuere directamente aplicable o no, el proceder del Tesorero estuvo, desde el punto de vista de la ley, injus-tificado y deben pagarse intereses desde la fecha en que hubo una retención sin el consentimiento de la contribuyente. No hay duda de que ésta fué privada del uso de $24,367.43.

De acuerdo con la posición que hemos asumido el recurso de mandamus era aplicable no sólo para recobrar la suma principal, que no lia sido impugnada, sino también los intereses desde 1926, fecha en que el Tesorero decidió retener dichos veinticuatro mil dólares. Los intereses se convirtieron en parte de la suma principal y el auto de mandamus era tan aplicable a ellos como a cualquiera otra suma.

Las partes han radicado muy extensos alegatos y citado, entre otros, casos de la Corte Suprema de Estados Unidos, algunos de los cuales sostienen que deben pagarse intereses bajo los estatutos en cuestión a partir de la fecha en que hubo la retención o pago ilegal. Es innecesario que citemos o distingamos casos, dada la naturaleza especial del que está ante nos.

El décimo señalamiento suscita la proposición de que toda vez que el derecho a obtener intereses no era un derecho legal claro, el auto de mandamus no era el remedio adecuado. Bajo las circunstancias del caso creemos que el derecho de la contribuyente a obtener intereses legales sobre el dinero retenídole era sustancialmente claro.

El siguiente error se refiere a la concesión de intereses durante el período que transcurrió desde la fecha en que se ordenó originalmente la devolución. Este señalamiento ha sido suficientemente cubierto por la discusión anterior.

Tanto el señalamiento doce como el trece levantan la de-fensa de prescripción y demora indebida (laches). La situa-ción especial aquí envuelta y el amplio criterio que hemos adoptado de la misma excluye la posibilidad de que una u otra defensa sean aplicables.

Los últimos cinco señalamientos o no fueron cometidos o su discusión se ha hecho superflua por la posición asumida por este tribunal en el curso de esta opinión.

La sucesión demandante también apeló y señala dos errores. Éstos leen así:

“1. Cometió error la corte inferior al declarar como declaró que la peticionaria tenía derecho a que se le paguen intereses hasta el 18 de octubre de 1934, al tipo del seis por ciento anual, desde que fueron cobradas ilegalmente por el Tesorero de Puerto Rico las can-tidades de $4,139.24, $6,077.00 y $14,151.19, por concepto de contri-buciones sobre ingresos pagadas en exceso por la peticionaria por los .años contributivos de 1918, 1919 y 1920, respectivamente, y no hasta la fecha en que el demandado, Tesorero de Puerto Rico, pague a la peticionaria aquí esas cantidades.
“2. Cometió error la corte inferior al no imponer las costas en este procedimiento al demandado, Tesorero de Puerto Rico.”

Fué con fecha 18 de abril de 1934 que el Tesorero informó por escrito a la contribuyente que tan pronto como ésta lle-nara cierto formulario se le devolvería la cantidad de $24,367.43 pagada en exceso. Creemos que a partir de dicha fecha no deben concederse intereses sobre la suma principal, toda vez que la devolución fué oficialmente concedida para aquel entonces.

En lo que a la cuestión de costas se refiere, nos sentimos inclinados a seguir la discreción ejercida por la. corte inferior, especialmente por ser del criterio de que no hubo culpa o temeridad por parte del Tesorero. La cuestión de inte-reses era debatible, según puede verse de la discusión anterior.

La sentencia debe ser modificada en el sentido de con-ceder a la demandante la suma principal, con intereses a razón del 6 por ciento anual desde el 26 de febrero de 1926 hasta el 18 de abril de 1934, y asi modificada, confirmada.

El Juez Asociado Señor CórcLova, Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jacinto Torres, acusado y apelante.
    No. 6653.

    Sometido: Diciembre 10, 1937.

      Resuelto: Enero 18, 1938.

      Alfonso Lastra Cháfriez y J. Ramírez Tiñas, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión, del tribunal.

Jacinto Torres, acusado de asesinato, fué convicto de ho-micidio voluntario y sentenciado por la Corte de Distrito de Arecibo a la pena d.e tres años y seis meses de presidio. Contra esa sentencia ha interpuesto el presente recurso.

En el acto de la vista el acusado admitió haber dado muerte a Ramón Rosa Sicardó, y basó su defensa en la alegación de que lo había hecho en ocasión en que el interfecto perpetraba un delito de robo (felony) dentro de la tienda del acusado.

En el primer señalamiento de error se alega que el veredicto es contrario a derecho y a la evidencia presentada en el juicio. Examinaremos la prueba de cargo.

El testigo Cándido de Cacho, Juez Municipal de Manatí, declaró que fué avisado de que había, ocurrido un caso en la tienda de Carrión, donde trabaja el acusado; que al entrar en el establecimiento encontró frente a unas vidrieras el ca-dáver de Ramón Rosa; que la policía trajo allí al acusado; que éste le manifestó que lo había matado porque lo había cogido robando y que estaba cerca, detrás de la caja regis-tradora; que el acusado le manifestó qne babía visto a Rosa meterse por el enrejillado que bay en la parte atrás de la tienda y que lo dejó libre y cuando Rosa se dirigió donde estaba la caja registradora y empezó a manipularla, entonces él sacó el revólver y le disparó un tiro y se agarró con el in-terfecto y dieron la vuelta bacia afuera, donde cayó Rosa muerto; que el cadáver estaba descalzo y que se fijó en que sus pies estaban limpios.

Angel Guillermo Rosa declaró ser hermano del interfecto; que en el día de autos, como a las dos y media de la tarde, el testigo y el interfecto se dirigieron bacia la tienda del acusado para comprar un par de medias; que al llegar a la tienda preguntaron al acusado si quería venderles un par de medias y éste contestó que no; que entonces cruzaron la ca-rretera y se pararon allí a hablar con un muchacho; que en ese momento salió el acusado y los llamó; que el interfecto se fué y él fué detrás; que el acusado no dejó entrar al tes-tigo, diciéndole que tenía que decir una cosa a Ramón (el interfecto); que su hermano entró a la tienda y él esperó en la puerta y se puso a lavarse las manos; que después que su hermano entró el acusado cerró la puerta; que mientras se lavaba las manos sintió una detonación, corrió a la vi-trina, miró y no vió nada y ahí mismo salió el acusado a la puerta gritando: “Cógelo guardia, que lo maté”; que cuando su hermano entró a la tienda llevaba zapatos; que al oír ai acusado gritar que lo había matado, él se fué para su casa y que no vió a su hermano muerto en la tienda; que desde que su hermano entró a la tienda hasta que sonó el disparo trans-currió como un minuto y desde el disparo hasta que el acu-sado abrió la puerta como dos minutos.

Pelegrín Busquets, Cabo de la Policía Insular, declaró que al llegar al sitio del suceso encontró allí al guardia Valedón,. al acusado y al muerto; que el acusado le dijo que lo había matado porque lo había encontrado robando allí, pero no dijo> qué era lo que estuviera robando.

Enrique Valedón, Policía Insular, declaró que a las tres de la tarde sintió el disparo y se dirigió a la tienda del acu-sado y tocó dos o tres veces y se abrió la puerta; que al pre-guntarle al acusado qué pasaba éste le dijo: “Acabo de ma-tar a un individuo porque bace tiempo que nos viene ro-bando” y que con anterioridad a ese becbo ellos habían no-tado hurtos de dinero en la tienda; que el interfecto llevaba ropa sucia y estaba descalzo; que el acusado y sus socios habían reportado a la policía varios hurtos ocurridos en la tienda; que el día de autos él estaba de servicio en la calle-frente a la tienda del acusado; que no vió el establecimiento abierto en ningún momento ni vió entrar gente por el frente, pues era domingo y estaba cerrado.

Los testigos de cargo Manuel Morán, Fidel Benero y Vicente G-arcía corroboraron las declaraciones precedentes.

Andrés Agosto declaró que el día de autos cuando venía de su casa para, el pueblo vió al interfecto que iba delante de él acompañado de su hermano; que los conocía a los dos de vista; que cuando llegaron a la entrada del pueblo ellos siguieron y él se quedó parado; que eran como las tres me-nos cuarto de la tarde; que ellos siguieron para arriba por la Calle Principal, que es donde está la tienda del acusado; que el interfecto Ramón Rosa iba con ropa sucia y llevaba unos zapatos viejos y negros.

Guadalupe Moll, declaró que cuando regresaba de la Central para el pueblo, como a las 3 P. M., vió al acusado y al interfecto hablando en la puerta del establecimiento del acu-sado ; que el acusado estaba parado arriba y el interfecto abajo y el hermano de éste parado al pie de un puesto de ga-solina; que él, el testigo, siguió su camino para la farmacia; que sintió un escándalo en la esquina y cuando regresó el' muchacho estaba muerto; que como a los cinco minutos de haber pasado por allí oyó la detonación; que él no sintió detonaciones sino un escándalo; que viró para abajo al oír la gritería de que habían matado a fulano y cuando fué abajo vió al muchacho muerto; que no oyó la conversación entre el acusado y el interfecto; que el interfecto no llavaba cha-queta ni sombrero e iba calzado con zapatos negros.

Para sostener su teoría de que Ramón Rosa fué muerto én momentos en que trataba de cometer un hurto dentro del establecimiento del acusado, éste presentó varios testigos, los cuales declararon como sigue:

Dionisio García Torres declaró que durante una hora y media antes del suceso se encontraba en el Café de Antonio Torres, situado frente a la tienda del acusado; que no vió por allí a Ramón Rosa, pero que lo vió antes vestido de blanco en un sitio que llaman “El Troly”; que en ningún mo-mento, vió a Ramón Rosa frente a la tienda del acusado; que más tarde al oír un disparo en la casa de Carrión corrió hacia la tienda, creyendo se trataba de un suicidio, pues la casa estaba sola y cerrada; que como a los dos minutos de él lle-gar allí el acusado abrió la puerta y dijo “aquí maté a uno”, y en ese momento llegó el policía Valedón; que vió al inter-fecto desde fuera y estaba descalzo y con ropa sucia, en una condición distinta a la en que lo había visto a la una de la tarde.

Pelegrín Busquets, Cabo de la Policía Insular, declaró que después del levantamiento del cadáver él practicó una investigación; que en la parte, atrás del establecimiento en-contró una escalera montada sobre un cajón y apoyada en el establecimiento de Carrión; que la escalera llegaba hasta unas alfajías puestas en la parte alta para proteger el esta-blecimiento; que el testigo Benero se subió a una escalera para traquetear con las alfajías y sacó una con la mano y otra se cayó; que cuando vió las alfajías de primera inten-ción las vió bien puestas; que las alfajías estaban aparen-temente clavadas; que cuando Benero las manipuló se trajo una que se desclavó- fácilmente, sin tener que halar fuerte-mente; que el pedazo de alfajía que se desclavó era como de dos pies de largo; que desde las alfajías al aparador dentro de la trastienda hay una distancia de cinco y medio a seis pies; que después de quitada la alfajía quedaba un bueco de nueve a diez pulgadas de ancbo y dos pies de largo.

Esteban Carrión declaró ser uno de los socios de la casa Oarrión; que en la casa ocurrieron robos a menudo por lo que él se quejó a la policía, pero que nunca se podía coger .al que robaba; que en vista de eso decidió poner un guardia; que la noche del día anterior al de autos hicieron la guardia Cruz Carrión y^Juan G-rauló basta las 6 de la mañana del domingo; que él estuvo de guardia el domingo desde las seis basta las 10.30 A. M. que fué sustituido por Grauló basta las 12 que vendría Jacinto Torres, el acusado, a almorzar y a baeer la guardia. Continuó declarando en corroboración de lo declarado con referencia a las alfajías de la trastienda y dando detalles sobre los diversos hurtos que se habían hecho en la tienda.

Creemos innecesario resumir las declaraciones de los de-más testigos, por ser ellas meras repeticiones o corroboracio-nes de las anteriores.

- La evidencia, considerada en conjunto, presenta un con- ■ fficto entre dos teorías. La prueba de la defensa tiende a .sostener la teoría de que el interfecto penetró en la tienda del acusado, a las tres de la tarde, con el propósito de come-ter allí un delitó de hurto; y que el acusado, quien se en-contraba allí haciendo guardia, le hizo un disparo que le privó d.e la vida. La prueba del fiscal tiende a sostener la de que el acusado invitó al interfecto a entrar a la tienda, se encerró .allí con él y lo mató. El jurado dirimió el conflicto declarando .al acusado culpable de homicidio voluntario, o sea de haber .dado muerte ilegal a un ser humano, sin que mediara en ello' malicia. Asumiendo, por lo tanto, que el jurado aceptó y creyó.que la muerte de Ramón Rosa ocurrió en la forma y manera expuestas por el propio acusado, ¿estuvo justificado -el jurado al declararle culpable de homicidio voluntario? Oreemos que sí.

Nuestro Código Penal contiene las siguientes disposicio-nes:

“Artículo 209. — Podrá también justificarse el homicidio cuando* lo cometiere alguna persona en cualquiera de los casos siguientes:
“1. En el acto de resistir o impedir la tentativa de asesinato o de' inferir grave daño corporal a alguna persona, o de cometer algún delito grave (felony).
“2. Cuando se comete al defender uña morada, propiedad o persona contra alguno que manifiestamente intente o procure, por medio-de violencia o sorpresa, cometer cualquier delito grave (felony) o que-violenta, desordenada y tumultuosamente intente o procure penetraren la morada de otro con el propósito de agredir a alguna persona que se bailare en ella.
“3. Cuando se comete en legítima defensa de dicha persona, o dé-la esposa o esposo, padre o madre, hijo, amo, o sirviente de tal persona, siempre que hubiere motivos fundados para sospechar que-existe el propósito de cometer un delito grave (felony) o de inferir grave daño corporal, e inminente riesgo de que tal propósito se rea-lice; pero dicha persona, o la persona cuya defensa se intentare,, si fuere el agresor, o estuviere empeñada en lucha mortal, deberá tratar de desistir de ella, antes de cometerse el homicidio.
“4. Cuando hubiere necesidad de cometerlo, al intentar por me-dios legítimos, la prisión de algún reo de delito grave (felony), o al procurar legalmente mantener el orden público.
“Artículo 210. — La mera sospecha de la comisión de cualquiera-de los delitos mencionados en los números 2 y 3 del anterior artículo, para impedir los cuales puede legalmente cometerse el homicidio, no-bastará para justificarlo; sino que las circunstancias que concurran, deberán ser suficientes para excitar el temor de una persona razo-nable y será preciso que el matador obre sólo bajo la influencia de-dicho temor.”

Según las -declaraciones hechas por el propio acusado in-mediatamente después del suceso, él vió cuando el interfecto-entró a la trastienda por el hueco entre las alfajías; le dejo-entrar hasta donde estaba la caja registradora y cuando el interfecto empezó a manipular la caja, el acusado le hizo el disparo que le ocasionó la muerte. Aceptando como verídicos los hechos relatados por el acusado, ellos no son suficientes en derecho para justificar el homicidio que se le imputa. AI penetrar en la tienda, a las tres de la tarde, con el propósito de hurtar dinero o mercancías, el interfecto cometía un delito de escalamiento en segundo grado, castigable con pena de cárcel por un término máximo de dos años y calificable como misdemeanor. Véanse: Artículos 14, 408 a 410 del Código Penal, ed. 1937. No aparece de la prueba que el interfecto tratara de inferir grave daño corporal al acusado, antes de que éste le hiciera el disparo. Véase Pueblo v. Díaz, 16 D.P.R. 70. La lucha entre el acusado y el interfecto ocurrió, según declaración del propio acusado, después que éste hizo el disparo. El interfecto luchó para defender su vida, des-pués de haber recibido la herida que le privó de ella.

Somos de opinión que el veredicto rendido por el jurado se ajusta a la ley y está ampliamente sostenido por la prueba. Y no habiéndose demostrado que el jurado obrara con par-cialidad, pasión o prejuicio, nuestro deber es respetar ese veredicto. Pueblo v. Díaz, supra.

El segunda señalamiento se refiere a la negativa de la corte inferior a dar al jurado ciertas instrucciones solicitadas por la defensa.

1. La primera instrucción denegada lee así:

“El Artículo 238 del Código Penal de Puerto Rico define el de-lito de robo de la siguiente manera:
“ ‘Robo es la criminal apropiación de la propiedad perteneciente a o en posesión de otra persona, de su persona o inmediata presen-cia contra su voluntad por medio de violencia o intimidación.’
“El delito de robo es un delito ‘felony’ grave y la tentativa para, cometer el delito de robo es también un delito grave.”

No cometió error el tribunal inferior al negarse a dar tal instrucción. La evidencia no demostró que en el momento-de recibir la herida que le causó la muerte el interfecto es-tuviese cometiendo o tratando de cometer un delito de robo, tal como lo define el artículo 238 del Código Penal. No hubo-prueba alguna de que el interfecto tratara por medio de la intimidación o de la violencia de apoderarse de bienes per-tenecientes al acusado. La instrucción denegada hubiese con-fundido al jurado. Un acusado no tiene derecho a que se den al jurado instrucciones sobre materias que no han sido objeto de prueba. Además, las instrucciones dadas por la corte inferior cubrieron perfectamente el tema, estableciendo las diferencias esenciales entre los delitos de robo, hurto y escalamiento.

2. La segunda instrucción denegada, decía:

"De acuerdo con lo que dispone el Artículo 208 del Código Penal de Puerto Rico, el homicidio, o sea el dar muerte a una persona, ya se califique éste por el Fiscal como asesinato o como homicidio, es jus-tificable cuando se comete por una persona particular al resistir cual-quier tentativa para matar a otra persona o para cometer un delito grave, ‘felony’, o cuando se comete en defensa del hogar, la propie-dad o la persona del acusado.”

No hubo error en tal denegación. La instrucción solici-tada es contraria a derecho y claramente errónea. En primer lugar, el artículo 208 en ella citado, (supra) no es de aplicación. Es el artículo 209, supra, el que define los casos en que una persona está justificada al dar muerte a otra. Ni dicho artículo ni ningún otro precepto legal justifica el que úna persona dé muerte a otra en defensa de una propiedad, a menos que se trate de privarle de ella por medio de vio-lencia. o sorpresa. El acusado en el caso de autos no tenía-derecho a matar a Ramón Rosa por el solo hecho de que éste estuviera tratando de abrir una caja registradora. T no se presentó evidencia alguna de que Rosa recurriera a la violen-cia, a la sorpresa o a la intimidación para tratar de realizar el hurto.

3. La tercera instrucción solicitada por la defensa y denegada por la corte inferior decía:

"De acuerdo con el artículo 211 del Código Penal de Puerto Rico, si aparece en un proceso contra un acusado, por el hecho de haber dado muerte ilegal a otra persona, que el acusado realizó la muerte de que se le acusa bajo circunstancias que lo justifiquen, en su juicio el acusado debe ser absuelto y exonerado en absoluto.”

Opinamos que la corte sentenciadora no erró al negarse a dar tal instrucción. Es cierto qne la instrucción se ajusta al lenguaje del'artículo 211 del Código Penal, pero resulta incompleta 7 confusa por no hacerse en ella una exposición de las circunstancias bajo las cuales una persona está justi-ficada al dar muerte a otra. Sin esa exposición el jurado no estaría en condiciones de poder determinar si la muerte de Rosa había ocurrido bajo circunstancias reconocidas por la ley como suficientes para justificar el homicidio. Hemos estudiado cuidadosamente las instrucciones dadas por la corte sentenciadora y encontramos que ellas cubren amplia y co-rrectamente el punto que la defensa trató de cubrir mediante la instrucción denegada. El acusado no fue en modo alguno perjudicado por la denegación.

4. La corte sentenciadora rehusó dar la siguiente instrucción:

“Una persona tiene el derecho legal de defender su propiedad de cualquier otra que criminalmente trate de incautarse de ella, y tam-bién tiene derecho a evitar la comisión de un delito grave, usando la fuerza que fuere necesaria, yendo hasta el extremo de acometer a la persona que trate de apoderarse violentamente o por sorpresa de su propiedad, o que trate de cometer un delito grave.”

Aún cuando la instrucción que antecede se ajusta a la ley, sin embargo, considerada por sí sola y sin tener en cuenta los hechos del caso, hubiera podido confundir al jurado. Si hubo algún error en la negativa de la corte inferior, estima-mos que ese error no pudo perjudicar en manera alguna los derechos substanciales del acusado, toda vez que las instruc-ciones generales dadas por el juez sentenciador cubrieron amplia y correctamente la misma materia.

5. Opinamos que no hubo error en la denegación de la si-guiente instrucción:

“Si analizada la prueba del fiscal y de la defensa los señores del jurado llegan a la conclusión de que el interfecto Ramón Rosa, entró al establecimiento del acusado por sorpresa, para robar en la inme-diata presencia del acusado, con violencia e intimidación trata de apo-derarse de cualquier propiedad del acusado, y para evitar que el in-terfecto se apoderara de esa propiedad, o que realizara el delito de robo, el acusado disparó, entonces es el deber de absolverlo.”

Ni la teoría de la defensa ni la prueba aducida en su apoyo daban derecho al acusado a exigir tal instrucción. No bubo prueba alguna de que el interfecto entrara al establecimiento por sorpresa. Si alguna sorpresa bubo en el caso de autos fue la que experimentó el interfecto al ver interrumpida su manipulación de la caja por el disparo que sin previo aviso le luciera el acusado. Tampoco bubo prueba de que el inter-fecto recurriera a la violencia o a la intimidación para apo-derarse de propiedad alguna. El propio relato de los hechos que el acusado hizo inmediatamente después del suceso de-muestra que el acusado no fué sorprendido, pues él se en-contraba allí, en acecho, armado y dispuesto a matar a cual-quiera que pudiese entrar para cometer un hurto. No hubo prueba alguna de que el interfecto estuviese armado.

6. La sexta instrucción denegada se refería a la duda razonable y decía así:

“Sí los señores del jurado tienen duda razonable en cuanto a si los hechos sucedieron como dice la prueba del Pueblo, o si sucedieron como dice la prueba de la defensa, es decir, que después de un justo e impareial (sic), y considerar toda la prueba ofrecida en el caso, los señores del jurado se encuentran en tal condición de ánimo que puedan decir si realmente, sin lugar a dudas razonables, que en efecto el interfecto entró allí en la forma y manera que alega el acusado, pero tampoco pueden decir realmente sin lugar a dudas que el interfecto entró en la forma que alega el Pueblo de Puerto Rico, entonces es también el deber de los señores del jurado dar el beneficio de la duda al acusado y absolverlo.”

La corte inferior no erró al negarse a dar tal instrucción. Además de ser confusa y de no fácil comprensión, ella equi-valía prácticamente a. ordenar la absolución perentoria del acu-sado. El jurado no podía tener dudas en cuanto a que los he-chos ocurrieron en la forma en que los relató el acusado. El veredicto de homicidio voluntario indica claramente que ellos 'creyeron y aceptaron la teoría de la defensa, pero estimaron -que las circunstancias bajo las cuales el acusado dió muerte •a Ramón Rosa no eran legalmente suficientes para justificar -el homicidio. El hecho fundamental del caso no fué contro-vertido. Que el acusado mató a Rosa fué un hecho admitido por el propio acusado. La única cuestión a resolver era si la muerte estaba justificada. El jurado la resolvió, a nues-tro juicio, correctamente y en la forma más favorable para el acusado, pues opinamos que los hechos relatados por el acu-sado eran suficientes para sostener un veredicto más severo. La única duda posible era la* de si el acusado había cometido un asesinato, como alegaba el Fiscal, o si había cometido un homicidio, de acuerdo con los hechos admitidos por la de-fensa. Y es evidente que el jurado ■ dió al acusado el bene-ficio de esa duda al declararle culpable de homicidio.

En el último señalamiento se imputa a la corte inferior haber cometido error al dar al jurado la siguiente instrucción:-

“Si los señores del jurado tienen duda razonable de si este hombre fué el que cometió el delito, o fué el que dió muerte al interfecto, o si los señores del jurado tienen duda razonable de si aquí se ha probado o no la culpabilidad del acusado, entonces debéis absolverlo.
“Duda razonable es aquel estado en que queda la conciencia cuando no tiene certeza moral de si se ha cometido o no el delito.”

No nos convence el apelante de que se haya cometido el error señalado. El jurado era el llamado a resolver si fué el acusado quien dió muerte al interfecto, aún cuando la prueba así lo demostrara claramente. Y no podía haber error en decirle al jurado que si tenían duda razonable en cuanto a •ese extremo debían absolver al acusado. Tampoco hubo error en decirle al jurado que debían absolver al acusado en el caso de que tuvieran duda razonable en cuanto a si se había probado o no su culpabilidad.

Hemos leído detenidamente las instrucciones dadas por el juez sentenciador al jurado y no encontramos en ellas nada que pueda considerarse como error perjudicial a los derechos del acusado. Admitido por el acusado el hecho de haber dado muerte al interfecto, su absolución sólo podía basarseen la justificación del homicidio. El jurado estimó que la muerte de Rosa no estuvo justificada. T nosotros opinamos-que el veredicto fué justo.

Debe confirmarse la sentencia apeldóla.

El Juez Asociado Señor Cór-dova. Dávila no intervino.