author:
(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

text:
      In re Juan José Bernal Sánchez.

      Número: TS-5435

      Resuelto: 22 de junio de 2017

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar; Cynthia Iglesias Quiñones, abogada del peticionario.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Solicitud de reconsideración y segunda moción urgente de reinstalación al ejercicio de la abogacía presentada por la Leda. Cynthia Iglesias Quiñones en re-presentación del Sr. Juan José Bernal Sánchez, se provee “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres hizo constar la expresión siguiente:

Al igual que la Comisión de Reputación, no tengo duda de que el Sr. Juan José Bernal Sánchez está rehabilitado. No tengo base para cuestionar eso. No obstante, eso no es suficiente para reinstalar su licencia de abogado. Mi punto de vista es este: Igual que no dejaría que un pedófilo trabaje con niños aunque esté rehabilitado y haya cumplido su condena tam-poco, dejaría a un narcotraficante tener una licencia de abo-gado, aunque esté rehabilitado y haya cumplido su condena. Creo que, como ciudadano, el señor Bernal Sánchez puede ha-cer muchas cosas, pero no debe dedicarse a trabajar en el sis-tema de justicia que una vez laceró profundamente.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez reconsideraría y emitió un voto particular disidente. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo reconsideraría. El Juez Asociado Señor Colón Pérez no intervino.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián, y solicita que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede de-jarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar.

—Tal vez— dice el centinela —pero no por ahora

Juan José Bernal Sánchez, quien hace trece años fuera suspendido de la profesión legal tras ser sentenciado en el foro federal por delitos graves, comparece ante este Tribunal y solicita ser reinstalado al ejercicio de la abogacía. Hizo igual solicitud el 6 de diciembre de 2013, cuando este Tribunal remitió su pedido a la Comisión de Reputación de Aspi-rantes al Ejercicio de la Abogacía (Comisión de Reputación). Luego de las investigaciones correspondien-tes, la Comisión de Reputación y la Oficina del Procurador General comparecieron a este Tribunal y recomendaron que se readmitiera al peticionario a la profesión. Fue entonces que el señor Bernal Sánchez solicitó que, en virtud de esas recomendaciones y de nuestra jurisprudencia previa, le re-instaláramos al ejercicio de la abogacía. Denegamos su solicitud.

El peticionario solicitó la reconsideración de nuestra denegatoria. El 8 de junio de 2017 una mayoría de este Tribunal proveyó “no ha lugar” a su pedido Bernal Sán-chez comparece una vez más e implora a este Tribunal que, en consideración a los informes favorables de la Comisión de Reputación y la Oficina del Procurador General, así como el cumplimiento con los requisitos establecidos en In re Figueroa Vivas, 182 DPR 347 (2011), declaremos “con lugar” su reinstalación. Aduce también que el escueto “no ha lugar” provisto por este Tribunal dificulta la defensa de su solici-tud, pues le deja desprovisto de las razones por las cuales este Foro rechaza los hallazgos y las recomendaciones ante nuestra consideración. Comparto la posición del peticionario y, dado que no hallo motivo para distanciarme de los infor-mes rendidos en favor de su reinstalación, concedería su solicitud.

El señor Bernal Sánchez cometió unas faltas graves al conspirar para distribuir sustancias controladas y utilizar armas de fuego en la comisión de un delito vinculado al trá-fico de sustancias controladas. In re Bernal Sánchez, 160 DPR 286 (2003). Nadie, ni siquiera el propio Bernal Sán-chez, niega ese hecho ni sus consecuencias para su vida personal y profesional. Esas implicaciones ya fueron adjudica-das en el procedimiento penal que conllevó que Bernal Sánchez fuera sentenciado a 10 años de cárcel y que, en el procedimiento disciplinario, implicó también su suspensión indefinida de la profesión. Ahora, la interrogante que nos plantea el peticionario es si ese error grave debe dictar el resto de su vida y, cual “carimbo imborrable”, supeditarle de por vida a “ser juzgado en función de su grave error”

Situaciones de esta índole deben atenderse mediante un balance fino de intereses y criterios. Entre estos, debe es-tar presente el supuesto importante de la rehabilitación de la persona y su aptitud para desenvolverse en la libre co-munidad y ejercer sus facultades ciudadanas. En cuanto a la abogacía se refiere, más allá de la rehabilitación personal resulta imprescindible la confianza que a este Tribunal le inspiren las cualidades éticas de la persona para desem-peñar responsablemente una profesión tan revestida de in-terés público. Esto pues, en el fondo, la médula del proceso disciplinario no es penalizar a los abogados por sus actos, sino proteger a la comunidad de aquellos profesionales in-capaces de desempeñarse con la dignidad y el honor debidos. In re Barreto Ríos, 157 DPR 352, 356 (2002).

Si bien una convicción penal tan seria como la que en-frentó el señor Bernal Sánchez nos llevó a concluir que éste no estaba a la altura moral requerida para ejercer la abo-gacía, solo en ciertos casos estaría inclinada a asumir esa postura irreversiblemente. Por el contrario, en un caso como éste, en el que el peticionario demostró que atravesó un proceso serio de crecimiento personal y cuenta actual-mente con un aval amplio a su buena reputación, me veo conmovida a reconocer que merece una segunda oportuni-dad para integrarse a la comunidad juridical Ante la prueba documental y oral vertida, así como las recomenda-ciones de la Comisión de Reputación y de la Oficina del Procurador General, opino que lo contrario sería exhibir un purismo judicial extremo, ajeno a esa falibilidad inhe-rente a la condición humana y reticente a su capacidad igualmente inherente de enmendar los errores del pasado.

Por otro lado, me preocupa el silencio que guarda la mayoría al emitir su dictamen. Esto, considerando particu-larmente que mediante la Resolución del 6 de diciembre de 2013 el caso del peticionario fue referido a la Comisión de Reputación y los informes generados en ese proceso le fue-ron favorables. Es decir, una mayoría opta por distanciarse de las conclusiones de la Comisión sin comunicarle al peti-cionario las razones de ese distanciamiento. En estas cir-cunstancias, no me parece que esa constituya la mejor práctica judicial, dado que el peticionario queda relegado a un proceso poco justo e insensible que podría, incluso, de-nominarse como “kafkiano”:

“Allí espera [el campesino] días y años. Intenta infinitas veces entrar [en la Ley] y fa-tiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa breve-mente con él, le hace pregun-tas sobre su país y sobre mu-chas otras cosas; pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y, finalmente siempre le re-pite que no puede dejarlo entrar”.

“Allí espera [el señor Bernal Sánchez] días y años. Intenta infinitas veces [su re-admisión a la profesión] y fa-tiga al [Tribunal] con sus súplicas. Con frecuencia [la Curia] conversa breve-mente con él [mediante resoluciones], le hace pregun-tas [en comisiones] sobre su [persona] y sobre muchas otras cosas; pero son pregun-tas indiferentes, como las de los grandes señores, [porque] finalmente siempre le [provee ‘no ha lugar’]”.

Sr. Juan José Bernal Sánchez: examiné sus mociones de reconsideración y opino que cuenta con las cualidades ne-cesarias y la reputación adecuada para, hoy por hoy, ejer-cer cabalmente la profesión jurídica. Una vez más, sepa que —a mi entender— se le debe reinstalar al ejercicio de la abogacía cuanto antes.

Disiento respetuosamente de los distinguidos colegas de este Honorable Tribunal que sostienen lo contrario. Excu-sen, por favor, mi optimismo y mi fe en la naturaleza humana.

       Franz Kafka, “Ante la ley”, en: http://ciudadseva.com/texto/ante-la-ley/

       Resolución de 6 de diciembre de 2013 que refirió la Solicitud de Readmisión al Ejercicio de la Abogacía a la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía (Comisión de Reputación). La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez y los Jueces Asociados Señores Martínez Torres, Rivera García y Feliberti Cin-tron proveerían “no ha lugar”.

       Resolución de 12 de mayo de 2017 que proveyó “no ha lugar” a la solicitud de reinstalación luego de examinados los informes de la Comisión de Reputación y la Oficina del Procurador General.

       Resolución de 8 de junio de 2017. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo reinstalarían al Sr. Juan José Bernal Sánchez al ejercicio de la abogacía.

       Solicitud de reconsideración y segunda moción urgente de reinstalación al ejercicio de la abogacía, pág. 5.

       “[L]a cuestión a considerar no es si el peticionario ha sido castigado suficien-temente, sino si en el momento de la solicitud goza de tal reputación que se justifica permitirle de nuevo que ejerza la profesión. En otras palabras, lo importante es la integridad moral del peticionario en la actualidad”. In re Figueroa Vivas, 182 DPR 347, 355-356 (2011).

       Véase Informe de la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía, pág. 25, donde la Comisión de Reputación enumera todos los criterios adoptados en In re Figueroa Vivas, supra, para readmitir a un abogado y concluye que, “[a]nalizada la prueba del Peticionario, a juicio de esta Comisión, éste se ha rehabi-litado y hoy día goza del carácter, reputación, integridad, honestidad y conocimientos que lo habilitan para ejercer la abogacía. Consecuentemente esta Comisión respetuo-samente recomienda al Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico que admita al Peticionario al ejercicio de la profesión de la abogacía”. Véase, también, Informe sobre Petición de Reinstalación, pág. 10, donde la Oficina del Procurador General concluye que “[a]l sopesar y evaluar todos los factores [...] mencionados, expresamos nuestra anuencia a que el señor Juan José Bemal Sánchez sea readmitido al ejerci-cio de la abogacía [...] Entre la prueba vista por la Comisión de Reputación y pre-sentada por el peticionario ante este Tribunal, obran unos cinco testimonios (Ledo. José Miguel Sagardía Pérez, Ledo. Rafael Torres Torres, Ledo. José Antonio Ralat Pérez, Sr. José Almeida Medero y el propio peticionario) y más de veinte cartas de abogados y familiares que acreditan las cualidades morales y profesionales de éste para ejercer la abogacía. Además, el peticionario acreditó estar enterado del desarro-llo del Derecho puertorriqueño y haber tomado un curso de reválida en julio de 2013.

       Kafka, op. cit.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Teresa Jiménez Meléndez, querellada.

      Número: AB-2016-284

      Resuelto: 23 de junio de 2017

      Joseph Feldstein del Valle, subprocurador general, y Laura W.

      Robles Vega, procuradora general auxiliar, en informe; Teresa Jiménez Meléndez, pro se.

   per curiam:

Una vez más nos vemos precisados a suspender inmediata e indefinidamente a un miembro de la pro-fesión legal por desatender las órdenes emitidas por este Tribunal y los requerimientos de la Oficina del Procurador General. Veamos.

I

La Leda. Teresa Jiménez Meléndez fue admitida al ejer-cicio de la abogacía el 10 de enero de 1986 y a la práctica de la notaría el 26 de febrero del mismo año.

El 13 de septiembre de 2016, la Sra. Alba L. Ramos Díaz presentó una queja en contra de la licenciada Jiménez Meléndez. Conforme al procedimiento establecido en la Re-gla 14(c) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, el 22 de septiembre de 2016 se le concedió a la letrada un término de diez días para contestar la Queja.

Ante la incomparecencia de la letrada, el 25 de octubre de 2016 se le envió una segunda notificación. En esta oca-sión, se le concedió un término final de diez días para pre-sentar su reacción a la Queja. Además, en dicha misiva se le apercibió que, de no contestar en el término provisto, se estaría refiriendo el asunto al Pleno de este Tribunal para la acción correspondiente. Esta segunda comunicación llegó devuelta por el servicio de correo postal el 27 de diciembre de 2016.

El 9 de enero de 2017, la Secretaría de este Tribunal logró comunicación telefónica con la letrada. Esta confirmó que la dirección a la cual se le habían enviado las comuni-caciones era la correcta. No obstante, informó que había tenido problemas con el correo postal, por lo que solicitó que se le enviaran los documentos por correo electrónico. Esa misma tarde se le remitió a las direcciones de correo electrónico que tenía consignadas en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA) una copia de la Queja presentada por la señora Ramos Díaz y las dos car-tas que se le habían enviado previamente. Además, se le otorgó un nuevo término de diez días para comparecer ante nos y contestar la Queja.

Vencido el término sin recibir respuesta alguna de parte de la licenciada Jiménez Meléndez, el 7 de febrero de 2017 se le refirió el expediente al Procurador General para in-vestigación e informe a tenor de la Regla 14(d) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B. Así las cosas, el 22 de febrero de 2017, la Oficina del Procurador General remitió a la letrada, vía correo electrónico, una misiva mediante la cual le requirió que presentara su contestación a la Queja en un término no mayor de cinco días, en aras de llevar a cabo la investigación correspondiente En dicho comuni-cado se le advirtió que

[...] el Canon 9 del Código de Ética Profesional impone a los abogados la responsabilidad de responder los requerimientos del Tribunal Supremo, por lo que la desatención de las órdenes emitidas durante la tramitación de un procedimiento discipli-nario pudiera conllevar sanciones disciplinarias. Asimismo, están expuestos a sanciones disciplinarias los abogados que no cumplan con las solicitudes de nuestra Oficina.
Por tanto, se le apercibe que el incumplimiento con esta solicitud pudiera conllevar la imposición de sanciones disciplinarias.

A pesar de los apercibimientos de la Oficina del Procu-rador General, la licenciada Jiménez Meléndez tampoco compareció en el término provisto. Es por ello que el 10 de abril de 2017, el Procurador General nos sometió su in-forme en el cual concluyó que la licenciada Jiménez Melén-dez no fue diligente ni respondió responsablemente a los requerimientos del Tribunal Supremo y de la Oficina del Procurador General, razón por la cual infringió los precep-tos consignados en el Canon 9 del Código de Ética Profe-sional, 4 LPRA Ap. IX. En consecuencia, recomendó la im-posición de sanciones disciplinarias.

Examinado el Informe del Procurador General, el 12 de mayo de 2017 emitimos una Resolución. Concedimos a la togada un término de diez días para que compareciera y mostrara causa por la cual no debía ser suspendida del ejercicio de la profesión legal por ignorar los requerimien-tos del Procurador General y de este Tribunal. Dicha Reso-lución se le notificó personalmente a la letrada el 18 de mayo de 2017. El 30 de mayo de 2017, la licenciada Jimé-nez Meléndez solicitó una prórroga de cinco días para com-parecer mediante representación legal, lo cual acogimos en nuestra Resolución emitida el 31 de mayo de 2017 y noti-ficada el 1 de junio de 2017. No obstante, vencido dicho plazo adicional, la licenciada Jiménez Meléndez tampoco compareció.

t-H HH

AI prestar juramento para ejercer la profesión legal, los togados se comprometen a obedecer, con lealtad y fidelidad, aquellos deberes y responsabilidades que les im-pone la ley y el Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. En específico, el Canon 9 de dicho cuerpo normativo prescribe que los togados deben exhibir una conducta de res-peto hacia los tribunales. Lo anterior conlleva el cumpli-miento oportuno y diligente de las órdenes y los requerimientos emitidos por los foros judiciales, más aún cuando estos se originan dentro de un procedimiento disciplinario. In re Mangual Acevedo, 197 DPR 998 (2017); In re Marín Serrano, 197 DPR 535 (2017); In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541 (2016); In re Prado Galarza, 195 DPR 894 (2016). Las obligaciones consignadas en el Canon 9 se extienden, además, a los requerimientos de la Oficina del Procurador General, de la Oficina de Inspección de No-tarías y del Programa de Educación Jurídica Continua por ser entidades con funciones que inciden en la fiscalización de la profesión legal. In re Montañez Melecio, 197 DPR 275 (2017). Mostrarse indiferente hacia los requerimientos de un tribunal y de los entes antes mencionados contraviene los postulados consagrados en dicho canon, lo que puede sujetar a los abogados a sanciones disciplinarias severas, como la suspensión del ejercicio de la profesión. In re Abadía Muñoz et al., 197 DPR Ap. (2017); In re Montalvo Delgado, supra; In re Torres Román, 195 DPR 882 (2016). Ello es así pues desatender los requerimientos realizados en el curso de un procedimiento disciplinario denota indisci-plina, desobediencia, displicencia, falta de respeto y contu-macia hacia las autoridades, y revela una gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro de la profesión legal. In re Ortiz Medina, 198 DPR 26 (2017).

HH HH HH

Una vez presentada la Queja en cuestión, este Foro rea-lizó un sinnúmero de gestiones vía correo postal, teléfono y correo electrónico para conceder a la letrada múltiples oportunidades para que sometiera su reacción, pero la li-cenciada Jiménez Meléndez no cumplió con nuestras órdenes. Del mismo modo, la letrada hizo caso omiso a los requerimientos de la Oficina del Procurador General, a pe-sar de haber sido apercibida de la posible imposición de sanciones disciplinarias por sus incumplimientos. Tan re-ciente como el 12 de mayo de este año emitimos una orden para que mostrara causa por la cual no debía ser suspen-dida del ejercicio de la profesión legal. No obstante, a pesar de todas las oportunidades brindadas, la licenciada Jiménez Meléndez volvió a ignorar nuestras órdenes.

IV

En conformidad con el derecho aplicable, así como por la conducta exhibida por la Leda. Teresa Jiménez Meléndez, decretamos su suspensión inmediata e indefinida del ejerci-cio de la abogacía y de la notaría. En virtud de lo anterior, su fianza notarial queda automáticamente cancelada. Le or-denamos a la señora Jiménez Meléndez notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles tanto los expedientes de los casos pendientes como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos, e informar inmediatamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto pendiente. Además, deberá acreditar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta días, a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia. No hacerlo pudiese conllevar que no se le reinstale cuando lo solicite.

Por otra parte, se le ordena al Alguacil de este Foro que incaute inmediatamente la obra y el sello notarial de la señora Jiménez Meléndez y los entregue al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia a la señora Jiménez Meléndez a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Entiéndase, las cartas emitidas el 22 de septiembre y el 25 de octubre de 2016 por la Secretaría de este Tribunal.

       El día antes, es decir, el 21 de febrero de 2017, la Oficina del Procurador General se comunicó por teléfono con la letrada y le informó que se le estaría en-viando dicha solicitud.

       Según indicado anteriormente, esta Orden se le notificó personalmente a la Leda. Teresa Jiménez Meléndez.

       La fianza se considerará buena y válida por tres años después de su termi-nación dados los actos realizados por la licenciada Jiménez Meléndez durante el periodo en que la misma estuvo vigente.


text:
      In re Jaime L. Vázquez Bernier, querellado.

      Número: AB-2015-457

      Resuelto: 26 de junio de 2017

      Isaías Sánchez Báez y Joseph G. Feldstein del Valle, subpro-curadores generales, y María C. Ortiz Toral, procuradora general auxiliar, en informe; Jaime L. Vázquez Bernier, pro se.

   per curiam:

Hoy nos vemos obligados a suspender a un miembro de la profesión legal por infringir los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, infra, durante la tramitación de un pleito ante el Tribunal de Primera Instancia y por desatender los requerimientos de este Tribunal y de la Oficina del Procurador General. Estos son los hechos que dieron inicio a este procedimiento disciplinario.

H-i

El 29 de diciembre de 2015, el Dr. José R. Rodríguez Santiago (quejoso) presentó una queja contra el Ledo. Jaime L. Vázquez Bernier Explicó que contrató al licen-ciado para que lo representase en una demanda de cobro de dinero e incumplimiento de contrato. Relató que la de-manda se presentó el 14 de junio de 2012 y planteó que el licenciado no realizó ninguna gestión en la tramitación de su causa de acción a partir de dicho momento. Además, alegó que desconoce cuál es el estado de su reclamación porque no ha logrado comunicarse con el letrado, a pesar de que intentó contactarlo en múltiples ocasiones mediante cartas, correos electrónicos y llamadas telefónicas. En ese contexto, explicó que contrató al Ledo. Angel L. Tapia Flores para que asumiese su representación legal e indicó que éste tampoco consiguió comunicarse con el licenciado. Fi-nalmente, afirmó que se siente desatendido por el letrado y que sospecha que no recuperará el dinero que reclamó en su demanda, a saber, $424,187.50.

La Secretaría de este Tribunal le cursó dos comunicacio-nes al licenciado Vázquez Bernier en las que se le requirió que presentase su contestación a la queja en un término de diez días El letrado incumplió con los plazos provistos, por lo que, el 21 de septiembre de 2016, emitimos una Re-solución para concederle un término final e improrrogable de cinco días y cumpliese con lo ordenado.

El 30 de septiembre de 2016, el licenciado Vázquez Ber-nier presentó su contestación a la queja. Explicó que cono-ció al quejoso en el 2005 y que entre ellos se desarrolló una relación de amistad. Relató que, a mediados del 2012, el doctor Rodríguez Santiago le comentó que tenía un pro-blema con un suplidor, pues adquirió $24,187.50 en losas de mármol que no le fueron entregadas. Afirmó que le re-comendó al quejoso que presentase una querella en la Po-licía, pero que también le indicó que entendía que la acción criminal estaría prescrita debido a que la transacción se consumó en el 2003. Explicó que inquirió sobre los porme-nores del negocio jurídico, a lo cual éste le respondió que el comercio se comprometió a almacenar gratuitamente su mercancía. De igual forma, relató que le solicitó al quejoso copia del contrato de compraventa y que éste le manifestó que solo contaba con una factura. Así, afirmó que le espe-cificó al quejoso la prueba que necesitaría para instar su reclamación judicial.

Por otro lado, aclaró que las gestiones que realizó en representación del doctor Rodríguez Santiago se dieron en el contexto de ayudar a un amigo, por lo que no suscribió un contrato de servicios profesionales. Explicó que, por tal razón, las comunicaciones con el quejoso siempre fueron mediante llamada telefónica o visita y negó que existiesen comunicaciones escritas.

En cuanto a la tramitación del pleito, relató que el pro-cedimiento se retrasó por los problemas de salud que sufrió la representación legal de la parte demandada. Expuso que intentó reunirse en más de una ocasión con dicho abogado para preparar el Informe del Manejo del Caso, pero afirmó que sus gestiones resultaron infructuosas. Por lo tanto, se-ñaló que la no presentación del Informe estuvo justificada y que la representación legal de la parte demandada le indicó que presentaría una moción de reconsideración para que se dejase sin efecto la sanción económica que le fue impuesta.

Por otra parte, afirmó que no compareció a la vista que se celebró el 25 de noviembre de 2013 por motivos de salud, de lo cual informó al tribunal oportunamente. Asimismo, relató que tampoco compareció a una vista que el tribunal señaló para el 28 de enero de 2014 —que anotó en su ca-lendario para el 28 de enero de 2015—, de la cual también fue excusado.

Por otro lado, advirtió que la parte demandada presentó una solicitud de desestimación, por lo que, en febrero de 2014, sometió una moción explicando que dialogó con la re-presentación legal de dicha parte sobre los documentos que necesitaba para replicar a la petición de desestimación. En ese contexto, expresó que se comprometió a desistir de la reclamación si los documentos provistos acreditaban que la demanda era inmeritoria y señaló que nunca recibió la in-formación solicitada.

De igual forma, planteó que su cliente tampoco le en-tregó la prueba que necesitaba para tramitar el litigio. Ex-plicó que, seis meses después de haber presentado la de-manda, el quejoso le entregó un listado de las llamadas que efectuó siete años después de haberse perfeccionado la transacción, “sin detalle de qui[é]n realizó las llamadas, con qui[é]n se sostuvo conversación y en qu[é] consistió la conversación”. Además, explicó que recibió una nota post-it con varios nombres —algunos sin apellido— sin identificar quiénes eran y cuál era su relevancia en el caso, y sin sus datos personales ni información de contacto. Por último, indicó que el quejoso le entregó un borrador de una declaración jurada suscrita por una de sus empleadas so-bre las gestiones que realizó para obtener la entrega de la mercancía.

El licenciado Vázquez Bernier alegó que le advirtió al quejoso que “quizás se debería desistir de la demanda” si la evidencia no estaba disponible, por lo que lo responsabilizó por la desestimación del pleito. En ese contexto, recono-ció que debió haber renunciado a la representación legal del quejoso o no haber instado la demanda hasta que se le suministrase la información requerida.

Finalmente, explicó que comenzó a reducir sus labores profesionales desde el 2014 y que, a partir de noviembre de 2015, solo atendió asuntos que podía despachar por medios electrónicos. Ello, pues la salud de su progenitora se dete-rioró al punto que tuvo que encargarse de su cuidado. Ad-mitió que no atendía la correspondencia, por lo que no se enteró de los requerimientos de este Tribunal hasta que se le notificó personalmente la Resolución que le concedía un término de cinco días para contestar la queja.

Posteriormente, referimos la queja a la Oficina del Pro-curador General para que se investigara conforme a lo dis-puesto en la Regla 14(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B. El 13 de marzo de 2017, el Procurador General presentó su informe, en el cual concluyó que el licenciado Vázquez Bernier infringió los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, infra, al: (1) incumplir con las órdenes y los requerimientos del tribunal durante la tramitación del pleito; (2) no renunciar oportu-namente a la representación legal del quejoso cuando éste no le proveyó la información solicitada; (3) permitir que se desestimase con perjuicio una de las causas de acción de su cliente; (4) no informar a su cliente sobre las incidencias procesales del pleito; (5) no devolver el expediente cuando le fue requerido, y (6) desatender los requerimientos de su Oficina durante el procedimiento disciplinario.

El 31 de marzo de 2017 emitimos una Resolución conce-diendo al licenciado Vázquez Bernier un término de veinte días para reaccionar al Informe del Procurador General. Le apercibimos que, de no comparecer, tomaríamos nuestra determinación sin el beneficio de su postura. El licenciado no compareció en el término provisto.

Por otro lado, el 2 de febrero de 2017, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), Ledo. Manuel E. Avila de Jesús, presentó una Moción notificando incumpli-miento de orden y en solicitud de remedios. En esencia, explicó que el licenciado Vázquez Bernier incumplió con nuestra Resolución de 1 de diciembre de 2016, en la cual le concedimos un término de veinte días para que entregase los Protocolos para los años naturales 1993 y 1994, y un término de sesenta días para subsanar las deficiencias identificadas en su obra notarial. Por consiguiente, nos solicitó que suspendamos inmediata e indefinidamente al licenciado del ejercicio de la notaría y que le confiramos un término final e improrrogable de treinta días para cumplir con lo ordenado, so pena de ser referido a un procedimiento de desacato.

I—i HH

El Código de Ética Profesional establece las normas mí-nimas de conducta que deben seguir los miembros de la profesión legal en el ejercicio de sus funciones. In re Armenteros Chervoni, 195 DPR 693, 699 (2016); In re Nazario Díaz, 195 DPR 623, 634 (2016). Ello en aras de promover un comportamiento ejemplar por parte de los letrados que beneficie a la ciudadanía, a la profesión y a las instituciones de justicia. In re Ortiz, Rivera, 195 DPR 122, 131 (2016); In re Mulero Fernández, 174 DPR 18, 29 (2008).

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, impone a los abogados el deber de observar una conducta hacia los tribunales que se caracterice por el mayor respeto. In re De León Rodríguez, 190 DPR 378, 390 (2014). Entre otras cosas, este deber incluye la obligación de atender con prontitud las órdenes y los requerimientos del foro judicial. In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 660 (2015); In re Fontánez Fontánez, 181 DPR 407, 416 (2011). Por lo tanto, un abogado quebranta este canon cuando incumple con las órdenes del tribunal, ya que dicho proceder constituye una afrenta al poder judicial. In re Rodríguez Quesada, 195 DPR 967, 969 (2016). De igual forma, se infringe este canon cuando se ignoran los reque-rimientos de la Oficina del Procurador General. In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 375 (2014).

Por otro lado, el Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, exige que los miembros de la profesión tramiten “las causas que le son encomendadas con puntualidad y diligencia, lo cual conlleva desplegar to-das las diligencias necesarias para asegurar que no se cau-sen dilaciones indebidas”. In re Prado Galarza, 195 DPR 894, 904 (2016). La obligación de ser puntual en la trami-tación del pleito se extiende a todas las etapas del litigio. Id. En particular, hemos expresado que “la incomparecen-cia injustificada a las vistas señaladas por el tribunal y [...] las actuaciones y omisiones que coloquen en riesgo la causa de acción de los clientes” configuran violaciones a este Canon. In re Miranda Daleccio, 193 DPR 753, 761 (2015).

Por su parte, el Canon 18 del Código de Ética Pro-fesional, 4 LPRA Ap. IX, requiere que los letrados defien-dan los intereses de su cliente de forma competente. In re Roldán González, 195 DPR 414, 422 (2016); In re Rivera Nazario, 193 DPR 573, 582 (2015). En lo pertinente, este canon dispone lo siguiente:

Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abobado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable. 4 LPRA Ap. EX, C. 18.

Por consiguiente, cualquier actuación que pueda conlle-var, o que en efecto conlleve, la desestimación o el archivo de un caso constituye una infracción a este canon. In re Pietri Torres, 191 DPR 482, 488 (2014); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 37 (2011).

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, exige que el abogado sostenga una comuni-cación efectiva con su cliente, manteniéndolo informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado. In re Nazario Díaz, supra, pág. 638; In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 200 (2012). Así, se infringe este canon cuando “no se atienden los re-clamos de información que el cliente solicita; no se le in-forma del resultado adverso de la gestión encargada; la acción se desestima o se archiva; no se mantiene al cliente al tanto del estado o la situación procesal del caso, o, sim-plemente, se le niega información del caso”. In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 752-753 (2014).

Por otro lado, el Canon 20 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, regula lo relacionado con el relevo de representación legal. Este canon exige que un abogado renuncie a la representación de su cliente cuando este último es negligente y no coopera con la tramitación del pleito. In re Rivera Nazario, supra, págs. 585-586; In re Cruz Tollinche, 112 DPR 699, 699-700 (1982). Ello, pues “[n]o renunciar le impide al letrado representar adecuada-mente a su cliente”, por lo que continuar con el caso cons-tituye un error de juicio y configura una violación a este canon. In re Ramos Hernández, 183 DPR 647, 655 (2011).

Finalmente, el Canon 38 del Código de Ética Pro-fesional, 4 LPRAAp. IX, requiere que los letrados se es-fuercen al máximo de sus capacidades para exaltar el honor y la dignidad de la profesión. In re Ortiz, Rivera, supra, págs. 133-134; In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966, 975 (2015). Así, en reiteradas ocasiones hemos expresado que “los abogados son el espejo donde se refleja la imagen de la profesión”, por lo que éstos “deben actuar conforme al pun-tual sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen”. In re Prado Galarza, supra, pág. 906, citando a In re Rodríguez Vázquez, 176 DPR 168, 177 (2009). Véase, también, In re Gordon Menéndez, 183 DPR 628, 642 (2011).

H—I )—I

Según el expediente, el 21 de junio de 2012, el licenciado Vázquez Bernier presentó, en representación del quejoso, una demanda de cobro de dinero e incumplimiento de contrato. En ésta alegó que el 10 de febrero de 2003 su representado adquirió $24,187.50 en losas de mármol de la parte demandada, las cuales no le fueron entregadas. En la demanda solicitó la devolución de la suma satisfecha y una compensación de $50,000 por daños y perjuicios, así como $7,981.88 en honorarios de abogado.

El 27 de agosto de 2012, la parte demandada presentó su alegación responsiva, en la cual planteó que la causa de acción del quejoso era inmeritoria. Aceptó que el doctor Rodríguez Santiago adquirió las losas de mármol en con-troversia, pero alegó que éste no intentó recogerlas hasta el 2009, por lo que acumuló gastos de almacenaje que ex-cedían el costo del producto. Así, afirmó que, entre el 2009 y 2010, le informó al doctor Rodríguez Santiago que había dispuesto de la mercancía. Por otro lado, argumentó que no procedía la demanda instada contra el Sr. Erick Halais en su carácter personal, ya que el quejoso contrató con Tra-vertino Romano, Inc., una corporación con personalidad ju-rídica propia. Por lo tanto, solicitó que se declarase “sin lugar” la demanda y que se le concediesen $7,500 por ho-norarios de abogado.

El 5 de septiembre de 2012, el Tribunal de Primera Ins-tancia emitió una orden concediendo a las partes hasta el 15 de noviembre de 2012 para someter el Informe para el Manejo del Caso. Las partes incumplieron con el término provisto, por lo que el 26 de diciembre de 2012 el tribunal les impuso una sanción de $50 y les concedió hasta el 31 de enero de 2013 para presentar el Informe.

El 25 de enero de 2013, la representación legal de la parte demandada presentó una Moción en solicitud de re-consideración, en la cual solicitó que se relevara a ambos abogados de las sanciones impuestas, ya que el incumpli-miento se debió a los problemas de salud que enfrentó du-rante septiembre y octubre de 2012. El 5 de febrero de 2013, el Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto las sanciones y concedió a las partes un término de veinte días para que presentasen el Informe para el Manejo del Caso.

El 6 de marzo de 2013, las partes, por conducto de sus respectivas representaciones legales, presentaron una Mo-ción informativa en cumplimiento de orden, en la cual ex-presaron que presentarían el Informe en o antes del 29 de marzo de 2013. A pesar de lo anterior, las partes no presen-taron el Informe dentro del término provisto.

El 9 de mayo de 2013, el Tribunal de Primera Instancia señaló la Conferencia con Antelación al Juicio para el 25 de noviembre de 2013 y apercibió a las partes que, de no pre-sentar el Informe, les impondría sanciones económicas.

El 13 de agosto de 2013, la parte demandada presentó una Moción solicitando desestimación, en la que planteó que procedía la desestimación del pleito debido a que la parte demandante no efectuó trámite alguno durante los últimos seis meses. Posteriormente, la parte demandada presentó una segunda moción de desestimación. En ésta solicitó la desestimación de la reclamación instada contra el señor Halais en su carácter personal debido a que el quejoso adquirió el producto de una corporación con perso-nalidad jurídica propia.

El 20 de septiembre de 2013, tras evaluar las solicitudes de desestimación ante su consideración, el Tribunal de Pri-mera Instancia notificó una orden en la que le concedió a la representación legal del doctor Rodríguez Santiago un tér-mino de veinte días para que expusiese su posición al respecto. En el ínterin, el 13 de septiembre de 2013, el licenciado Vázquez Bernier presentó una Moción informa-tiva y solicitud de término, en la cual expresó que confrontó problemas de salud que culminaron con una intervención quirúrgica que se se realizó el 9 de septiembre de 2013, por lo que requirió un término adicional de treinta días para replicar a las mociones de desestimación presentadas por la parte demandada. El 24 de septiembre de 2013 el foro primario declaró “ha lugar” la solicitud del licenciado.

El 25 de noviembre de 2013 se celebró la Conferencia con Antelación a Juicio. El licenciado Vázquez Bernier no compareció, pero se excusó oportunamente. Así, la vista se recalendarizó para el 28 de enero de 2014. Sin embargo, ninguna de las partes compareció a este señalamiento, por lo que, el 28 de enero de 2014, el Tribunal de Primera Ins-tancia concedió un término de diez días a los abogados de las partes para que mostrasen causa por la cual no debía imponérseles una sanción de $500 por su incomparecencia.

El 10 de febrero de 2014, el licenciado Vázquez Bernier presentó una Moción informativa en cumplimiento de orden. Explicó que le cursó un requerimiento de documen-tos a la parte demandada con el propósito de acreditar que Travertino Romano, Inc. no era un alter ego del señor Halais. Por lo anterior, solicitó que se le ordenase a la parte demandada a cumplir con la producción de documen-tos en un término de treinta días y que se le concediese un término de quince días para oponerse a las solicitudes de desestimación. Ese mismo día, el licenciado también pre-sentó una demanda enmendada, en la cual reiteró que la corporación era un alter ego de los demandados, por lo que éstos respondían solidariamente.

El 14 de febrero de 2014, el Tribunal de Primera Instan-cia emitió una orden mediante la cual denegó la enmienda a la demanda. Concedió, además, un término de diez días a la parte demandante para que expusiese su posición en cuanto a los documentos solicitados.

El 5 de marzo de 2014, el licenciado Vázquez Bernier presentó una Moción informativa sobre fechas ofrecidas para conferencia sobre el estado de los procedimientos, en la cual identificó varias fechas hábiles para pautar la con-ferencia sobre el estado de los procedimientos. El tribunal calendarizó el señalamiento para el 27 de mayo de 2014. Sin embargo, el licenciado Vázquez Bernier se ausentó de la vista, por lo que el foro primario notificó una Minuta mediante la cual le impuso una sanción de $400 por su incomparecencia y por su incumplimiento con las órdenes del tribunal. Además, según surge de la Minuta, dictó sen-tencia desestimando la reclamación instada contra el señor Halais en su carácter personal.

Así las cosas, el 23 de octubre de 2014, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia declarando “ha lu-gar” la moción de desestimación de la parte demandada y desestimando con perjuicio la misma reclamación al amparo de la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. En su sentencia, resaltó el incumplimiento reiterado del li-cenciado Vázquez Bernier con las órdenes del tribunal y destacó que éste nunca presentó su posición en torno a las mociones de desestimación que obraban en el expediente.

Luego de evaluar la conducta del licenciado Vázquez Bernier a la luz de los hechos reseñados, concluimos que el licenciado infringió los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Etica Profesional, supra.

En primer lugar, el letrado desatendió las múltiples ór-denes que emitió el foro primario requiriéndole que se ex-presase sobre las mociones de desestimación que presentó la parte demandada y se ausentó de varias vistas señala-das durante la tramitación del procedimiento. Dicho proce-der configuró una violación a los Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, supra. Como previamente menciona-mos, el Canon 9, supra, impone a los abogados el deber de observar una conducta hacia los tribunales que se caracte-rice por el mayor respeto, por lo que ignorar los requeri-mientos del foro judicial configura una infracción a este canon. In re Rodríguez Quesada, supra, pág. 969. De igual forma, la desatención a las órdenes y los señalamientos del tribunal constituye una violación al Canon 12, supra, toda vez que éste exige que los letrados tramiten las causas que le son encomendadas con puntualidad y diligencia, de modo que no se ocasionen dilaciones indebidas en la adju-dicación del pleito. In re Prado Galarza, supra, pág. 904.

Por otro lado, el Canon 18 del Código de Ética Profesio-nal requiere que los abogados defiendan los intereses de su cliente de forma competente. In re Roldán González, supra, pág. 422; In re Rivera Nazario, supra, pág. 582. Por lo tanto, cualquier actuación que pueda conllevar, o que en efecto conlleve, la desestimación o el archivo de un caso constituye una infracción a este canon. In re Pietri Torres, supra, pág. 488. En el caso de autos, la desidia del licenciado Vázquez Bernier ocasionó que se desestimase con perjuicio una de las causas de acción de su cliente, por lo que su conducta también infringió este canon.

Por otra parte, el Canon 19, supra, exige que el abogado mantenga a su cliente informado de todo asunto impor-tante que surja en el desarrollo del caso que le fue encomendado. In re Nazario Díaz, supra, pág. 638. En el caso que nos ocupa, el licenciado Vázquez Bernier no in-formó a su cliente tan siquiera de la desestimación que realizó el foro primario, por lo que su proceder quebrantó la obligación impuesta por este canon.

Por otro lado, el licenciado infringió el Canon 20 del Código de Etica Profesional, supra. Ello, pues de los documen-tos que obran en los autos del caso no surge que el letrado haya devuelto el expediente al quejoso, a pesar de los múl-tiples requerimientos que éste le hizo a tales efectos. De igual forma, el licenciado transgredió este canon al no re-nunciar oportunamente a la representación del quejoso cuando se percató de que éste, según él, no estaba coope-rando con la tramitación del pleito. Véase In re Rivera Nazario, supra, págs. 585-586; In re Cruz Tollinche, supra, págs. 699-700.

En vista de lo anterior, resulta forzoso concluir que el licenciado Vázquez Bernier no exaltó el honor y la dignidad de la profesión, por lo que su conducta también infringió el Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra. In re Ortiz, Rivera, supra, págs. 133-134; In re Villalba Ojeda, supra, pág. 975.

Finalmente, cabe resaltar que el licenciado desatendió los requerimientos de la Oficina del Procurador General durante el procedimiento disciplinario. Según surge de la Moción notificando incumplimiento de orden y en solicitud de remedios, presentada por el Director de la ODIN, el le-trado también incumplió con los términos que le fueron provistos para que subsanara las deficiencias identificadas en su obra notarial y para que entregara los Protocolos que formó para los años naturales 1993 y 1994. Ambas actua-ciones configuran una violación a los Cánones 9 y 12 del Código de Etica Profesional, supra. Véase In re Irizarry Irizarry, supra, pág. 375.

El trámite procesal antes descrito, así como la desaten-ción del licenciado a nuestras órdenes y a los requerimien-tos de la Oficina del Procurador General, denotan un pa-trón de irresponsabilidad que, a nuestro juicio, lo inhabilita para continuar ejerciendo la profesión. Tal y como surge del expediente, el licenciado incumplió en rei-teradas ocasiones con las órdenes del Tribunal de Primera Instancia y se ausentó a tres vistas que fueron debida-mente señaladas. De igual forma, no presentó el Informe para el Manejo del Caso ni se opuso a las dos mociones de desestimación que presentó la parte demandada, entre otras omisiones durante el proceso judicial. No podemos permitir que los miembros de la profesión se comporten con tal desidia en perjuicio a los derechos de sus clientes.

IV

Luego de concluir que el licenciado Vázquez Bernier in-fringió los Cánones 9, 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Etica Profesional, supra, nos resta determinar cuál es la sanción correspondiente. Según hemos explicado, al mo-mento de imponer una sanción disciplinaria debemos con-siderar: el historial previo del abogado; su reputación en la comunidad; si ésta constituye su primera falta y si alguna parte resultó perjudicada; la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; si la conducta se realizó con ánimo de lucro; si se trata de un comportamiento aislado; el resarcimiento al cliente, así como cualquier otra consi-deración pertinente a los hechos. In re Morell Bergantiños, 195 DPR 759, 765 (2016); In re Peña Santiago, 185 DPR 764, 787 (2012).

En el caso de autos, las actuaciones del licenciado per-judicaron directamente los intereses de su cliente, pues sus acciones provocaron la desestimación con perjuicio de la causa de acción que le fue encomendada. En ocasiones an-teriores, hemos sancionado conductas similares con una suspensión de tres meses. Véase In re Morell Bergantiños, supra; In re Ramos Hernández, supra. No obstante, en el caso de autos el letrado también infringió otros preceptos éticos, por lo que debemos atemperar su sanción para que refleje la gravedad de su conducta.

Por consiguiente, suspendemos inmediatamente al Ledo. Jaime L. Vázquez Bernier por un término de seis meses del ejercicio de la abogacía e indefinidamente del ejercicio de la notaría. En consecuencia, la fianza notarial queda automá-ticamente cancelada. El señor Vázquez Bernier deberá no-tificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos y, de proceder, devolverles los honorarios que haya recibido por los servicios profesionales que no po-drá realizar. Be igual forma, deberá informar inmediata-mente de su suspensión a cualquier foro judicial o adminis-trativo ante el cual tenga algún asunto pendiente. Además, deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumpli-miento con lo anterior dentro del término de treinta días contados a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia. No hacerlo podría acarrear que no se le reinstale cuando lo solicite.

Por otro lado, ordenamos al señor Vázquez Bernier a que subsane las deficiencias identificadas en su obra notarial y entregue los Protocolos que formó para los años naturales 1993 y 1994 en un término de treinta días, so pena de ser referido a un procedimiento de desacato. Notifíquese perso-nalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia al Sr. Jaime L. Vázquez Bernier.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón no intervienen.

       El Lcdo. Jaime L. Vázquez Bernier fue admitido al ejercicio de la abogacía el 13 de enero de 1992 y prestó juramento como notario el 8 de junio de 1993.

       Según surge del expediente, las comunicaciones se cursaron el 4 de enero y el 8 de abril de 2016.

       La Resolución se notiñcó personalmente al licenciado el 23 de septiembre de 2016.

       Contestación a queja, pág. 5.

       Íd., pág. 7.

       En específico, el 2 de marzo de 2017, la Oficina del Procurador General le cursó rm requerimiento de información al licenciado Vázquez Bemier, en el cual le solicitó que informase si devolvió el expediente del caso y si notificó la sentencia al quejoso. Informe de la Oficina del Procurador General, págs. 19-20.

       Ello pues, el 6 de septiembre de 2016 ordenamos la incautación preventiva de la obra notarial del licenciado por su falta de cooperación con el proceso de inspección.

       Según surge del expediente, la segunda moción de desestimación se presentó el 28 de agosto de 2013. Informe de la Oficina del Procurador General, pág. 13.

       De hecho, el licenciado Vázquez Bernier admitió en su contestación a la queja que no atendía la correspondencia “por no hacer uso de dicho método” de comunicación. Contestación a queja, pág. 8.


author: La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

text:
    Jeannette Collazo Dragoni, peticionaria, v. Frank Noceda González, recurrido.

      Número: CC-2016-0402

      Resuelto: 26 de junio de 2017

      Julio E. Gil de Lamadrid, abogado de parte peticionaria; Ludmila Ortiz-Marrero, del Bufete Ortiz-Marrero, abogada de la parte recurrida.
   La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso nos permite precisar la jerarquía jurisdiccio-nal que establece el Parental Kidnapping Prevention Act (PKPA), 28 USCA sec. 1738A, y armonizar nuestras expresiones en Ortega, Jr v. Morales Ortega, 131 DPR 783 (1992), y en Santiago v. Kabuka, 166 DPR 526 (2005). En particular, resolvemos que, una vez se satisfacen los requisitos dispuestos en 28 USCA sec. 1738A(d), los tribunales de Puerto Rico mantienen jurisdicción continua para aten-der una modificación de custodia, incluso si el estado de residencia del menor es otro. A continuación, reseñamos brevemente los hechos pertinentes del caso que nos ocupa.

HH

En el 2008, la Sra. Jeannette Collazo Dragoni (peticio-naria) presentó una demanda de divorcio en contra de su esposo, el Sr. Frank Noceda González (recurrido). Tras va-rios trámites procesales, que incluyeron la participación de la Procuradora de Asuntos de la Familia y de un psicólogo del tribunal, en el 2010 el foro primario concedió la custo-dia legal de los menores a su padre, el señor Noceda González. Por otra parte, estableció que la patria potestad sería compartida entre este y la señora Collazo Dragoni. En desacuerdo, la señora Collazo Dragoni acudió en revi-sión ante el Tribunal de Apelaciones, pero ese foro confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

En el 2013, el señor Noceda González presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una Solicitud de Autoriza-ción de Traslado de Menores. Expresó que recibió una oferta de empleo en el estado de Florida, la cual hacía ne-cesario establecer su residencia en ese estado. Solicitó al Tribunal que autorizara el traslado de los menores a Florida, puesto que aceptar la oferta sería en los mejores in-tereses de sus hijos. En consideración a su solicitud de traslado, el señor Noceda González también pidió que se modificara la relación materno-filial, de modo que resul-tare más beneficiosa para las partes. Por su parte, la se-ñora Collazo Dragoni solicitó la custodia de los menores. Ambas solicitudes fueron referidas a la Oficina de Relacio-nes de Familia.

Luego de examinar la prueba documental y testifical, incluyendo estudios realizados por tres trabajadores socia-les y dos psicólogas, el Tribunal de Primera Instancia con-cluyó que el mejor bienestar de los menores se encontraba bajo la guardia y compañía del señor Noceda González. Por esa razón, concedió a este la custodia legal y permanente de los tres menores y autorizó el traslado inmediato de estos al estado de Florida. Finalmente, el foro primario también impartió instrucciones sobre las relaciones filiales con ambos padres.

En desacuerdo, la señora Collazo Dragoni presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante, el foro apelativo intermedio confirmó al foro pri-mario, pues entendió que su determinación respondió al mejor bienestar de los menores. El Tribunal destacó que, aunque el traslado pudiese afectar la relación materno-filial, la misma no estaba imposibilitada, pues el foro pri-mario determinó la manera en que esta se llevaría a cabo.

Luego de varias mociones que buscaban impugnar la determinación referida, en el 2015, el Tribunal de Primera Instancia concedió un término a las partes para que expre-saran por qué los tribunales de Puerto Rico aún ostentan jurisdicción. Ello, en atención a que los menores residían fuera de Puerto Rico desde hacía más de seis meses.

La señora Collazo Dragoni sostuvo que el foro primario conservó su jurisdicción, que la residencia de los menores en Florida no convierte ese estado en el estado de residencia conforme con el PKPA, y que no existía ningún pleito pen-diente en otra jurisdicción. También pidió el traslado de los menores a Puerto Rico, pues alegó que el señor Noceda Gon-zález obtuvo el traslado mintiéndole al Tribunal. Por su parte, el señor Noceda González solicitó el archivo del caso por falta de jurisdicción, pues el estado de residencia de los menores es Florida. En cuanto a la solicitud de traslado de la peticionaria, indicó que esos planteamientos ya habían sido rechazados en trámites anteriores. Por tal razón, exigió que le impusieran honorarios de abogado por temeridad.

El Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución en la cual resolvió que el estado con jurisdicción es Florida, debido a que los menores residían en ese estado hacía más de seis meses. La señora Collazo Dragoni presentó una mo-ción de reconsideración, pero la misma fue denegada por el Tribunal.

Inconforme, la señora Collazo Dragoni recurrió ante el foro apelativo intermedio. Planteó que el foro primario erró al declararse sin jurisdicción. Así también, reiteró su ale-gación de que el señor Noceda González defraudó al Tribunal al brindar información falsa. En cambio, el recurrido sostuvo que el PKPA establece un esquema de preferencia jurisdiccional mediante el cual se favorece el estado de re-sidencia del menor. Por otro lado, reiteró que los señala-mientos de fraude al Tribunal ya han sido rechazados, por lo cual deben constituir cosa juzgada.

El Tribunal de Apelaciones denegó el recurso al amparo de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Concluyó que el foro primario actuó conforme al PEPA, el cual “establece una preferencia juris-diccional sobre el estado de residencia de los menores de edad, para atender las cuestiones relativas a los derechos de custodia de sus padres o parientes” Enfatizó que, como los menores residen en Florida desde el 2014, esa jurisdic-ción está en mejor posición de salvaguardar sus mejores intereses.

Luego de que su solicitud de reconsideración fuese recha-zada, la señora Collazo Dragoni presentó un recurso de cer-tiorari ante este Tribunal. Planteó que, conforme con el principio de jurisdicción continua del PKPA y nuestra juris-prudencia interpretativa, Puerto Rico es el único foro con jurisdicción. Posteriormente, presentó una solicitud en au-xilio de jurisdicción. En consideración a lo anterior, ordena-mos al señor Noceda González mostrar causa por la cual no debíamos revocar al Tribunal de Apelaciones. Oportuna-mente, el recurrido presentó una Moción en Cumplimiento de Orden. Consecuentemente, denegamos el auxilio solici-tado y, luego del trámite correspondiente, expedimos el recurso. Con el beneficio de la comparecencia de ambas par-tes, procedemos a resolver.

⅜—! ⅜—i

A. Parental Kidnapping Prevention Act

El traslado interestatal de menores con el propó-sito de obtener decretos de custodia favorables en otros foros provocó que el Congreso promulgara el PKPA. Me-diante esta ley, los tribunales de los estados están obligados a darle entera fe y crédito a los dictámenes de custodia emi-tidos por sus equivalentes. 28 USCA sec. 1738A(a). Sus ob-jetivos principales son: “promover la cooperación interesta-tal; facilitar la ejecución de los decretos de custodia de otros estados, prevenir la competencia y el conflicto interjurisdic-cional y frenar que los parientes remuevan unilateralmente a los menores para obtener decretos judiciales favorables en otros foros”. Santiago v. Kabuka, supra, pág. 534. Véase, también, Ortega, Jr. v. Morales Ortega, supra, pág. 788.

Para precisar el alcance jurisdiccional del PKPA. conviene discutir sus ocho incisos. El inciso (a) esta-blece que, como norma general, un tribunal no podrá mo-dificar un dictamen de custodia emitido por otro estado si este fue compatible con la ley. 28 USCA sec. 1738A(a). Por lo tanto, si un estado tenía jurisdicción de forma compatible con la ley, los demás estados deberán otorgarle en-tera fe y crédito a ese dictamen. En cambio, el inciso (b) define varios conceptos mencionados en la ley. En lo perti-nente, define “estado de residencia” o home state como el estado donde el menor ha residido por seis meses consecu-tivos antes de la fecha en que comenzaron los procedimien-tos de custodia. 28 USCA sec. 1738A(b)(4). Cabe destacar que, al definir “Estado”, la ley federal expresamente ex-tiende sus disposiciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 28 USCA sec. 1738A(b)(8).

Para determinar si un dictamen de custodia emi-tido es compatible con la ley, de modo que aplique la pro-hibición del inciso (a), el inciso (c) establece que se exami-nará: (1) si el tribunal que lo emitió tenía jurisdicción bajo las leyes de su estado y (2) si se cumplió con una de varias bases jurisdiccionales. 28 USCA sec. 1738A(c). Estas bases jurisdiccionales, que tienen un orden preferencial, son: (i) jurisdicción del estado de residencia del menor; (ii) juris-dicción por contactos significativos con el foro; (iii) jurisdic-ción para situaciones en las que el menor fue abandonado o se encuentra en estado de emergencia; (iv) jurisdicción cuando no existe otro estado con jurisdicción o ha declinado ejercerla, o (v) jurisdicción continua. Id.; Santiago v. Kabuka, supra, pág. 535. Por lo tanto, al momento de exami-nar si un decreto original de custodia fue emitido válida-mente, se evaluará primero si se cumplía con el requisito de residencia y así sucesivamente.

De gran importancia para la controversia ante nuestra consideración, el inciso (d) establece que el estado que haya emitido el decreto original de custodia, conserva jurisdicción continua sobre el asunto para hacer valer y revisar su determinación original. 28 USCA sec. 1738A(d). Para conservar la jurisdicción se deben cum-plir los requisitos siguientes: (1) que el decreto original de custodia sea compatible con las disposiciones del PEPA; (2) que el foro original mantenga jurisdicción bajo sus propias leyes, y (3) que dicho foro continúe siendo el estado de re-sidencia del menor o al menos de una de las partes. Santiago v. Kabuka, supra, pág. 536. Una vez establecida la jurisdicción continua, la misma prevalece sobre cualquier otra base jurisdiccional.

Por su parte, el inciso (e) establece otro requi-sito para la validez de los decretos de custodia: la notifica-ción adecuada a los padres y oportunidad de ser oídos pre-vio a la determinación. 28 USCA sec. 1738A(e). Como excepción al inciso (d), el inciso (f) reconoce a los tribunales la autoridad para modificar una determinación de custodia emitida originalmente por otro estado, si: (1) el estado que pretende modificar el decreto ostenta jurisdicción y (2) el foro original perdió su jurisdicción para modificar el de-creto o renunció a ella. 28 USCA sec. 1738A(f). Por consi-guiente, se trata de una excepción débil, pues exige que el foro inicial pierda la jurisdicción o renuncie a ella. Por otro lado, el inciso (g) previene los conflictos interjurisdicciona-les al prohibirle a los tribunales ejercer jurisdicción si otro tribunal ejerció jurisdicción conforme a la ley. 28 USCA sec. 1738A(g). Finalmente, el inciso (h) es prácticamente idéntico al (f), pues prohíbe modificar el decreto inicial a menos que el tribunal inicial haya perdido o renunciado su jurisdicción. 28 USCA sec. 1738A(h).

B. Código Civil

Según vimos, uno de los requisitos para determi-nar si el foro original conserva jurisdicción es analizar si mantuvo jurisdicción bajo sus propias leyes. En Puerto Rico, la disposición pertinente es el Art. 107 del Código Civil, 31 LPRA sec. 383, cuyo tercer párrafo establece:

El cónyuge que haya sido privado de la custodia y la patria potestad tendrá derecho a recobrarlas si acreditare ante cual-quier sala competente del Tribunal Superior el fallecimiento del otro ex cónyuge o demostrase a satisfacción del tribunal que a los mejores intereses y bienestar de los menores con-viene la referida recuperación de la custodia y la patria potestad.

En reiteradas ocasiones hemos expresado que los tribunales deberán analizar todas las circunstancias ante su consideración, teniendo siempre como norte los mejores intereses y el bienestar de los menores. Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16 (2005); Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298 (1985). Sobre el asunto jurisdiccional, en Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 DPR 90, 99 (1976), resolvimos que los tribunales pueden atender casos de custo-dia en cualquiera de las siguientes circunstancias: “(1) cuando se posee jurisdicción in personam sobre [alguna de las partes]; (2) cuando el menor está domiciliado en Puerto Rico; (3) cuando el menor está físicamente presente o tiene su residencia habitual en Puerto Rico; y (4) cuando el me-nor es ciudadano o nacional de Puerto Rico”. Por consi-guiente, vemos que el ordenamiento puertorriqueño es abarcador con respecto a la jurisdicción de nuestros tribu-nales en casos de custodia de menores.

C. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

En varias ocasiones hemos atendido controversias sobre si los tribunales de Puerto Rico ostentan jurisdicción, con-forme con el PKPA, para modificar un decreto de custodia de menores. Tres de ellas ameritan discutirse extensa-mente, pues explican por qué hay confusión con respecto al esquema jurisdiccional del PKPA.

En Ortega, Jr v. Morales Ortega, supra, las partes con-trajeron matrimonio en el estado de California en el 1979. En el 1984, el padre comenzó el procedimiento de divorcio en ese estado. Con el conocimiento del padre, mientras se tramitaba el pleito, la madre y el niño se trasladaron a Puerto Rico. En 1985, el Tribunal Superior de California decretó el divorcio, estableció que ambos padres comparti-rían la patria potestad pero concedió la custodia a la madre. Tres años después, el padre solicitó al Tribunal Superior de California que le concediera la custodia del menor. La madre compareció y solicitó la desestimación del caso, pues el menor residía en Puerto Rico desde el 1984.

Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de California concedió la custodia al padre. Fundamentó su de-cisión en que hubo un cambio sustancial en las circunstan-cias del caso y sostuvo “que tenía jurisdicción porque se trataba de un decreto original de California donde [el padre] todavía reside”. Ortega, Jr. v. Morales Ortega, supra, pág. 786. Para poner en vigor el dictamen, el padre presentó una solicitud de exequatur en el Tribunal Superior de Puerto Rico. No obstante, el Tribunal denegó la so-licitud, pues entendió que el estado con jurisdicción era Puerto Rico. Inconforme, el padre compareció ante este Tribunal y sostuvo que el foro primario erró al interpretar el PEPA, pues su inciso (d) dispone que el estado que emitió el decreto de custodia tiene jurisdicción para hacer cual-quier cambio a dicho decreto, si el menor o uno de los padres aún reside en el estado.

Este Tribunal resolvió que, de todas las bases jurisdic-cionales, “[e]l P.K.P.A. expresa preferencia por el estado de residencia del menor”. Ortega, Jr. v. Morales Ortega, supra, pág. 791. Destacamos que esta preferencia se justificó por lo siguiente:

[S]e entiende que [el estado de residencia del menor] es el que puede determinar mejor lo que es más beneficioso para el niño. Es en dicho estado donde el niño ha hecho amistades, asiste a la escuela y recibe asistencia médica: donde su vida se ha desenvuelto. Por lo tanto, se entiende que es en el estado residencia del menor donde con mayor probabilidad está dis-ponible la evidencia que se requiere para hacer una adecuada determinación de custodia, una que tome en cuenta lo que es más conveniente para el menor. De manera que de existir con-flicto con respecto a cuál es el requisito jurisdiccional aplicable de acuerdo al P.K.P.A., siempre deberá prevalecer el del estado residencia del menor. (Enfasis suplido). Id., pág. 792.

Por lo tanto, este Tribunal confirmó la determinación del foro primario, pues los tribunales de California ya no tenían jurisdicción por no ser el estado de residencia del menor.

Posteriormente, en Santiago v. Kabuka, supra, se argumentó que, según el PKPA, los tribunales de Puerto Rico no tenían jurisdicción para atender una controversia de custodia. En ese caso las partes contrajeron matrimonio en St. Thomas, Islas Vírgenes, donde establecieron su domici-lio conyugal. El matrimonio tuvo un menor que vivió con sus padres en St. Thomas hasta el 1999, cuando la Corte Superior de las Islas Vírgenes decretó el divorcio. El Tribunal acogió un acuerdo que regía las relaciones paterno-filiales y de custodia, pero no lo fusionó (merged) al dicta-men de divorcio. Consecuentemente, la madre y el menor se trasladaron a Puerto Rico.

En el 2004, la madre solicitó al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico que asumiera jurisdicción y le otorgara a ella la custodia legal del menor. El padre re-clamó la falta de jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico de acuerdo con el PKPA. Asimismo, presentó en el tribunal de Islas Vírgenes una petición para modificar las condiciones de custodia. No obstante, el tribunal de Islas Vírgenes denegó su solicitud y se proclamó sin jurisdicción, pues el acuerdo de custodia no se fusionó a la sentencia.

En cambio, el foro primario de Puerto Rico asumió ju-risdicción sobre el caso. Ese dictamen fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones, al considerar que Puerto Rico es el estado de residencia del menor para fines del PKPA. En desacuerdo, el padre presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal.

En Santiago v. Kabuka, supra, citamos a Ortega, Jr. v. Morales Ortega, supra, y reiteramos que la ley esta-blece un esquema que favorece el estado de residencia del menor. No obstante, aclaramos su relación con la jurisdic-ción continua del inciso (d) del PKPA:

[S]i bien el PKPA da preferencia al estado de residencia del menor sobre cualquier otra jurisdicción, la ley confiere juris-dicción continua al estado o foro que haya emitido un decreto original de custodia para que haga valer o revise sus determi-naciones originales. 28 U.S.C.A. sec. 1738A(d). Debe enten-derse que ante la existencia de un decreto original que se ajuste a las disposiciones del estatuto, la jurisdicción continua es el criterio principal, aun cuando ésta no sea la jurisdicción de residencia del menor. (Énfasis suplido). Santiago v. Kabuka, supra, pág. 536.

Ahora bien, concluimos que los tribunales de Islas Vír-genes carecían de jurisdicción continua porque ese ordena-miento no reconoce tal jurisdicción cuando los acuerdos de custodia no son fusionados a la sentencia. Por consi-guiente, resolvimos que los tribunales de Puerto Rico po-dían asumir jurisdicción por tratarse del estado de residencia del menor. Santiago v. Kabuka, supra, págs. 542-543.

Finalmente, en Infante v. Montalvo, 165 DPR 757 (2005), emitimos una sentencia donde devolvimos el caso al foro primario para que determinase si, al momento del divorcio, Puerto Rico era el estado de residencia de la menor. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, quien fue la juez ponente en Santiago v. Kabuka, supra, emitió una opinión de conformidad donde reafirmó que “bajo la cláusula de continuidad del P.K.P.A., un tribunal de Puerto Rico mantiene jurisdicción sobre un procedimiento de custodia a pesar de no ser el estado de residencia del menor”. Id., pág. 760 (opinión de conformidad de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez). Cabe mencionar que en una nota al calce la Juez señala que en Ortega, Jr. v. Morales Ortega, supra, no examinamos la cláusula de jurisdicción continua, sino la cláusula de residencia del menor. Infante v. Montalvo, supra, pág. 776 esc. 16.

r-H h-1 l-H

En resumen, la peticionaria sostiene que los tribunales de Puerto Rico conservan jurisdicción conforme con el prin-cipio de jurisdicción continua. En cambio, el recurrido plantea que Florida es el foro con jurisdicción, pues es el estado de residencia de los menores. El Tribunal de Pri-mera Instancia acogió esta postura y se pronunció sin jurisdicción. De igual modo, el Tribunal de Apelaciones de-negó expedir el recurso y explicó que la ley federal y nuestra interpretación en Ortega, Jr. v. Morales Ortega, supra, establecen una preferencia jurisdiccional por el estado de residencia. La peticionaria acude ante nosotros y reitera que los tribunales de Puerto Rico poseen jurisdicción continua para revisar el dictamen de custodia emitido previamente. Le asiste la razón. Veamos.

En primer lugar, las disposiciones del PKPA aplican ante un conflicto interjurisdiccional, es decir, cuando se so-licita que un tribunal modifique el decreto de custodia emi-tido por otro estado. Por ejemplo, si el recurrido solicita que se modifique la custodia en los tribunales de Florida, o en cualquier otro estado, ese tribunal debe examinar si tiene jurisdicción conforme con el PKPA. En un caso como este, donde el tribunal de Puerto Rico emitió un decreto de custodia de forma cónsona con la ley, los tribunales de Florida tienen prohibido modificar ese dictamen conforme con el inciso (a) del PKPA, 28 USCA sec. 1738A(a). Ahora bien, cuando no está presente ningún conflicto jurisdiccional, no aplican las prohibiciones del PKPA. Por lo tanto, si los tribunales de Puerto Rico son los únicos que han ejercido ju-risdicción y solicitan que se modifique su decreto de custo-dia, como ocurrió en este caso, no estamos ante conflicto jurisdiccional alguno.

De todos modos, en este caso los tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción continua conforme con las disposi-ciones del PKPA debido a que: (1) el decreto original, emi-tido en el 2010, fue compatible con las disposiciones de la ley; (2) los tribunales de Puerto Rico (foro original) tenían jurisdicción bajo nuestras leyes, y (3) Puerto Rico sigue siendo el estado de residencia de una de las partes, la peticionaria. Véase Santiago v. Kabuka, supra, pág. 536. Sobre el primer aspecto cabe destacar que, al momento de emitirse el dictamen de custodia, Puerto Rico era el estado de residencia de los menores; de modo que el decreto fue compatible con las disposiciones del PKPA. Por consi-guiente, la peticionaria tiene derecho a solicitar a los tribunales de Puerto Rico que modifiquen el dictamen de cus-todia emitido en el 2010.

En Ortega, Jr. v. Morales Ortega, supra, realiza-mos unas expresiones que sugieren que el estado de resi-dencia del menor debe prevalecer sobre el estado con juris-dicción continua. Estas fueron desacertadas, pues la ley es clara al disponer en su inciso (a) que ningún estado podrá modificar un decreto de custodia de otro estado, aun cuando el menor resida en otro estado. Santiago v. Kabuka, supra, pág. 536. La importancia jurisdiccional del estado de residencia radica más bien en la determinación de si el dictamen original de custodia fue emitido de forma compatible con la ley, pues debemos evaluar si se cumplie-ron con las bases jurisdiccionales del inciso (c). De este modo, si el dictamen original cumplió con la base jurisdic-cional preferida (estado de residencia), los tribunales de otro estado no podrán modificar ese dictamen.

Cabe señalar que aunque el PKPA no limita de forma alguna la facultad de nuestros tribunales de revisar nuestro dictamen inicial de custodia, el inciso (f) reconoce la posibilidad de que el tribunal con jurisdicción continua renuncie a su jurisdicción. 28 USCA sec. 1738A(f). El hecho de que nuestros tribunales posean jurisdicción para revi-sar un dictamen de custodia no necesariamente implica que deban ejercerla. En ocasiones los mejores intereses del menor invitan al tribunal a no ejercer su jurisdicción, pues el estado de residencia actual del menor resulta ser el foro más adecuado para dirimir la controversia. Véase Manuel E. Moraza Choisne, Juridical Solutions in the U.S.A. for Parental Kidnapping in Child Custody Cases, 24 (Núm. 2) Rev. Jur. UIPR 309, 323 (1990) (“Even if a custody decree had been issued by the original state, so that it has continuing jurisdiction, the original state where the present parent remained alone may decide to decline its preferred ju risdictional basis because the new home state has a more significant connection with the child and thus is presumably better able to protect the child’s best interests”). (Enfasis suplido).

Como los tribunales de Puerto Rico conservaron jurisdicción continua con respecto a su dictamen inicial, los tribunales inferiores erraron al resolver que el foro con ju-risdicción es Florida. El lugar de residencia actual de los menores no afecta lo anterior, pues el PKPA se aprobó pre-cisamente para evitar que un menor sea trasladado a otra jurisdicción y se pretenda obtener un dictamen más favorable en ese estado. Véase Moraza Choisne, supra, pág. 316 (“By making the physical possession of the child irrelevant to the exercise of jurisdiction, child snatching is thus discouraged”). En fin, resolvemos que, si se cumplen los tres requisitos del 28 USCA sec. 1738A(d), los tribuna-les de Puerto Rico tienen jurisdicción continua para aten-der una modificación de custodia, incluso si el estado de residencia del menor es otro.

IV

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la Reso-lución del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García concurrieron sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez hizo constar la expresión siguiente:

Concurro con la opinión emitida por el Tribunal Supremo en el caso de referencia. En primera instancia, considera que la discusión y aplicación del Parental Kidnapping Prevention Act (PKPA), 28 USCA sec. 1738A et seq., es innecesaria en este caso, dado que no se ha suscitado una controversia interjuris-diccional, cuestión que se reconoce en la opinión. Véanse las págs. 490-491 de la Opinión. Si bien los menores, junto con su padre, residen en el estado de la Florida, del expediente surge que ninguna de las partes ha iniciado un procedimiento judicial en ese estado para dirimir cuestiones referentes a la cus-todia de los menores. Es decir, no hay controversia entre dos estados. La PKPA aplica cuando hay dos jurisdicciones en conflicto. Véase PKPA, 28 USC sec. 1738A(a). En este caso, todos los procedimientos se han realizado ante los tribunales de Puerto Rico y, por lo tanto, opino que la controversia se puede resolver simplemente acudiendo a la legislación y juris-prudencia local, la cual establece las circunstancias en las cua-les un tribunal de Puerto Rico posee jurisdicción en un caso de custodia. Véanse: Art. 107 del Código Civil, 31 LPRA sec. 383; Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 DPR 90, 99-100 (1976).

Por otro lado, discrepo del criterio del Tribunal en cuanto a que las expresiones en el caso de Ortega, Jr. v. Morales Ortega, 131 DPR 783 (1992), fueron desacertadas. En ese caso se de-terminó que, bajo la legislación del estado de California y los hechos particulares que se suscitaron, el tribunal de ese es-tado carecía de jurisdicción para emitir un decreto modifi-cando la custodia. Id., pág. 795. En consecuencia, se concluyó que los tribunales de Puerto Rico no tenían que darle “entera fe y crédito al decreto de California”, según lo establecido en el PKPA. Id. En ese sentido, no se discutió la cláusula de conti-nuidad de jurisdicción del PKPA, pues era inaplicable en ra-zón de que el estado de California había perdido jurisdicción bajo sus propias leyes. Véanse: 28 USCA sec. 1738A(d); Infante v. Montalvo, 165 DPR 757, 776 esc. 16 (2005), opinión de conformidad de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. En consecuencia, resulta equivocado concluir, como sucede en la opinión que hoy emite este Tribunal, que en Ortega, Jr. v. Morales Ortega, supra, se estableció “que el estado de residen-cia del menor debe prevalecer sobre el estado con jurisdicción continua”. Opinión del Tribunal, pág. 491.

       Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones, KLAN201100269.

       El foro primario dispuso que dos de los menores pasarían treinta días del receso de verano con la señora Collazo Dragoni. Además, estableció que las vacacio-nes navideñas se alternarían entre ambos padres. Apéndice, pág. 33.

       Véase Resolución del Tribunal de Apelaciones, KLCE201401218.

       Resolución del Tribunal de Apelaciones, KLAN201600137, Apéndice, págs. 7-8.

       “Las autoridades de cualquier estado deberán poner en vigor, de acuerdo a sus propios términos y no podrán modificar un decreto de custodia de otro estado, el cual fue emitido acorde con lo que dispone esta sección, excepto por lo dispuesto en el subincisos (f), (g) y (h) de esta sección”. (Traducción y énfasis suplidos). 28 USCA see. 1738A(a).

       “La jurisdicción de un tribunal de un estado que haya emitido una determi-nación de custodia de menores o de derechos de visita, compatibles con las disposi-ciones de esta sección, continúa mientras se cumplan los requisitos de la sección (c)(1) y ese estado se mantenga como estado de residencia del menor o de alguno de los litigantes”. (Traducción nuestra). 28 USCA sec. 1738A(d).

       R. Serrano Geyls, Derecho de familia de Puerto Rico y legislación comparada, San Juan, Ed. Programa de Educación Jurídica Continua Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2002, Vol. 2, pág. 1328 (“En situaciones de modificación de decretos de custodia, ocupa la posición preferencial en dicho esquema la jurisdicción continua, siempre y cuando que los tribunales del foro que emitió el decreto inicial de custodia mantengan jurisdicción sobre la acción conforme a sus leyes”). (Enfasis suplido).

        Véase Infante v. Montalvo, 165 DPR 757, 776 (2005) (“El Tribunal de Apelaciones erró al resolver bajo el P.K.PA., cuando ante dicho foro no se había planteado conflicto jurisdiccional alguno, ya que no fue informado del pleito presentado por la recurrida ante un tribunal en la Florida”). Opinión de conformidad de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

       Aunque errado en su análisis del PKPA, en Ortega, Jr. v. Morales Ortega, 131 DPR 783 (1992), este Tribunal fundamentó elocuentemente por qué conviene que sea el estado de residencia del menor quien tome la determinación sobre custodia.


text:
      In re Lcda. Carmen Cardona Rodríguez.

      Número: TS-6202

      Resuelto: 27 de junio de 2017

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Marylin R. Llanis Menéndez y Carlos S. Dávila Vélez, procurador del abogado(a) del Co-legio de Abogados de Puerto Rico, abogados de Carmen Cardona Rodríguez; Carmen Cardona Rodríguez, pro se.

   per curiam:

La Leda. Carmen Cardona Rodríguez (licen-ciada Cardona Rodríguez) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 1 de noviembre de 1978 y prestó juramento como notaría el 12 de febrero de 1979.

El 11 de julio de 2014, el Ledo. Manuel E. Ávila de Je-sús, Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), nos solicitó la incautación cautelar de la obra notarial de la licenciada Cardona Rodríguez. Esto, ante una queja presentada por el Secretario de Justicia relacionada a sus funciones como notaría. Por ello, el 15 de julio de 2014 ordenamos la incautación inmediata de la obra y el sello notarial de la licenciada Cardona Rodríguez.

El 31 de julio de 2014, parte de la obra notarial fue incautada a través de un representante de la licenciada Cardona Rodríguez. Esto pues, tras las gestiones realiza-das por la Oficina de Alguaciles, la letrada reconoció que residía fuera de Puerto Rico desde el 2011.

Así las cosas, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) compareció el 27 de octubre de 2014 mediante un Informe sobre el Estado de la Obra Notarial Incautada. Nos notificó que la notaría omitió hacer entrega de tres (3) tomos de su Libro de Registro de Testimonios así como de serias deficiencias en su obra notarial, entre ellas una deuda arancelaria ascendente a la suma preliminar de $46,300.50. Por ello, mediante Resolución de 6 de febrero de 2015, notificada el 17 de febrero de 2015, ordenamos a la letrada que entregara inmediatamente los tomos de su Libro de Registro de Testimonios que no fueron incautados y corrigiera las deficiencias señaladas, en particular el pago de aranceles adeudados en un término de treinta (30) días. Asimismo, ordenamos referir el asunto de la deuda de aranceles al Departamento de Justicia de Puerto Rico para el trámite correspondiente.

El 24 de marzo de 2015 la licenciada Cardona Rodríguez compareció e informó que circunstancias de índole personal le impidieron viajar a Puerto Rico previamente, pero indicó que entregó varios tomos de su Libro de Registro de Testi-monios y que comenzó a corregir las deficiencias señaladas.

Considerando lo anterior, ordenamos a la ODIN que se expresara sobre la comparecencia de la licenciada Cardona Rodríguez. El 22 de septiembre de 2015, la ODIN confirmó que la letrada había entregado varios tomos que no habían sido incautados, pero que un gran número de asientos ha-bían sido omitidos en el Libro de Registro de Testimonios, entre otras deficiencias. Añadió que la notaría corrigió va-rias faltas de su obra protocolar, pero que todavía no había encuadernado parte de la misma, y que mantenía una deuda arancelaria ascendente a $49,980.50. Indicó que, desde su visita en marzo, la licenciada Cardona Rodríguez no se había comunicado nuevamente con la ODIN. Asi-mismo, solicitó que separáramos de manera inmediata e indefinida del ejercicio de la notaría a la licenciada Car-dona Rodríguez. Esta solicitud fue reiterada el 29 de diciembre de 2015.

El 18 de marzo de 2016, le ordenamos a la letrada que mostrara causa por la que no debíamos separarla de ma-nera inmediata e indefinida del ejercicio de la notaría y re-ferir el incumplimiento del pago de la deuda arancelaria y la subsanación de la obra protocolar al proceso de desacato. Le advertimos que su incumplimiento con nuestros requeri-mientos podían conllevar sanciones disciplinarias severas, entre ellas, la suspensión del ejercicio de la abogacía.

En su comparecencia, la licenciada Cardona Rodríguez aceptó los señalamientos y las deficiencias identificadas por la ODIN. No obstante, señaló que “su condición de sa-lud y situación económica no le ha permitido cubrir las deficiencias arancelarias identificadas, ni con la encuader-nación de los protocolos”. Informó que había sido incapa-citada por la Administración del Seguro Social desde el 18 de enero de 2013 y que, por lo tanto, estaba impedida de generar ingresos. No obstante, entendía que el Fondo de Fianza Notarial del Colegio de Abogados de Puerto Rico (Fondo de Fianza Notarial) asumiría el pago de los arance-les adeudados. Por lo tanto, solicitó que le concediéramos un término de noventa (90) días para culminar las gestio-nes de pago con esa entidad para que, una vez satisfecha la deuda arancelaria, autorizáramos su baja voluntaria.

El 22 de julio de 2016 compareció la ODIN y presentó un informe actualizado sobre la obra notarial de la licen-ciada Cardona Rodríguez. Del informe surge que la deuda arancelaria de la letrada totaliza $53,864, entre otras deficiencias. Así las cosas, el 16 de diciembre de 2016 de-claramos “no ha lugar” la solicitud de baja voluntaria. Asi-mismo, ordenamos a la licenciada Cardona Rodríguez que cumpliera con el pago de los aranceles adeudados en un término de sesenta (60) días, so pena de que comenzára-mos los procedimientos legales correspondientes.

No obstante, el 21 de febrero de 2017, la letrada solicitó un término adicional de veinte (20) días para atender nuestra orden. Asimismo, el 12 de abril de 2017 compa-reció la representante legal de la letrada, Leda. Marylin R. Llanis Menéndez, y solicitó ser relevada de esa función, pues su representada interesaba que la Oficina del Procu-rador de Abogados del Colegio de Abogados de Puerto Rico la asumiera. A su vez, indicó que su representada intere-saba que este Tribunal autorizara el inicio de los procedi-mientos al amparo de la Regla 15 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B. Tras conceder un término para que la licenciada Cardona Rodrí-guez notificara su nueva representación legal, el 26 de mayo de 2017 anunció que el Ledo. Carlos S. Dávila Vélez, Procurador del Abogado(a) del Colegio de Abogados de Puerto Rico, asumiría su representación.

El 8 de junio de 2017, la ODIN compareció nuevamente e indicó que la licenciada Cardona Rodríguez no había cumplido con la entrega completa de su Registro de Testi-monios, no había satisfecho su deuda arancelaria y no se había expresado sobre el cumplimiento con la Orden de 16 de diciembre de 2016.

Con estos hechos en mente, examinemos las disposicio-nes éticas aplicables.

I

Los notarios están obligados al estricto cumpli-miento de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 LPRA sec. 2001 et seq.), su reglamento y los cánones del Código de Ética Profesional. Como hemos expresado en innumerables oca-siones, “[e]l incumplimiento con una de estas fuentes de obligaciones y deberes del notario implica ineludiblemente la acción disciplinaria correspondiente no sólo en la fun-ción de éste como notario, sino también como abogado”. In re Capestany Rodríguez, 148 DPR 728, 733 (1999). No obstante, al notario apartarse del cumplimiento de sus funcio-nes, su conducta acarrea una sanción disciplinaria, pues lesiona la confianza y la función pública que le fueron confiadas. Íd.; In re Salas González, 193 DPR 387 (2015).

Entre las funciones que se imponen a los notarios está el deber de adherir y cancelar —en su Protocolo y en su Libro de Testimonios— los sellos arancelarios corres-pondientes al momento de autorizar los documentos públi-cos que otorga. Art. 10 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2021. Véase In re Troche Mercado, 194 DPR 747, 752 (2016). Incumplir con este deber es una falta grave del no-tario, pues no solo da fe de haber realizado un acto que realmente no efectuó, sino que “expone a la anulabilidad e ineficacia jurídica de estos documentos en perjuicio de los otorgantes o de terceros”. In re Capestany Rodríguez, supra, pág. 735. Véase, además, In re Troche Mercado, supra. A su vez, defrauda al erario y podría resultar en la confi-guración del delito de apropiación ilegal. In re Capestany Rodríguez, supra, pág. 734. Es por ello que hemos expresado “que no aceptaremos como excusa para incumplir con este deber, tener o haber tenido problemas personales”. In re Torres Hernández, 160 DPR 709, 712 (2003).

Por otro lado, el notario, debido a la función pú-blica que ejerce, es un mero custodio de los Protocolos, pues estos pertenecen al Estado. Por lo tanto, los notarios deben acatar y respetar los deberes que el ordenamiento notarial les impone en cuanto a la forma de llevar y mantenerlos. Entre todos los deberes, los notarios no pueden ausentarse más de tres meses de su oficina. Art. 52 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2076. Asimismo, este artículo impone a los notarios la obligación de tener los Protocolos del año anterior encuadernados a más tardar para el último día de fe-brero del año corriente. In re González Maldonado, 152 DPR 871 (2000). Además, tan pronto el Inspector de Proto-colos detecta incumplimientos con estas disposiciones lega-les, es deber del notario corregirlas con suma diligencia. Ignorar los requerimientos de la ODIN o de este Tribunal constituye no solo una grave ofensa sino también una vio-lación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. A su vez, la ausencia de corrección combinada con la gravedad de tales deficiencias permiten a este Tribunal hacer valer nuestra facultad disciplinaria sobre los nota-rios y nuestra revisión sobre su función pública.

Por otro lado, el Artículo 7 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2011, requiere a todo notario prestar una fianza no menor de $15,000 para que responda por el buen des-empeño de las funciones de su cargo y por los daños y per-juicios que cause. Asimismo, “responderá preferentemente de las cantidades que dejare de abonar el notario [...] por concepto de sellos de Rentas Internas, notariales y demás exigidos por ley, por encuadernación de los protocolos,” en-tre otros. Id. No obstante, los notarios deben recordar al solicitar la sustitución y cancelación de una fianza que nuestro ordenamiento, al dar por terminada una fianza notarial, la considerará buena y válida por tres (3) años des-pués de su terminación por los actos realizados por el fiado durante el periodo en que la misma estuvo vigente. 30 LPRA see. 1726.

Por otra parte, el Artículo 7 de la Ley Notarial, supra, requiere a los notarios que notifiquen al Secretario del Tribunal Supremo y al Director de la ODIN de los cam-bios de oficina notarial. In re Díaz Algarín, 169 DPR 805 (2007). A su vez, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, dispone que todos los aboga-dos tienen “la obligación de mantener actualizados sus da-tos y realizar cualquier cambio en la información que consta en el Registro Unico [de Abogados y Abogadas (RUA)]”. Entre otras cosas, el incumplimiento con este de-ber obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. Por lo tanto, el mero incumplimiento de lo anterior es causa suficiente para suspenderlo indefinida-mente del ejercicio de la abogacía, sin necesidad de trámi-tes ulteriores. In re Sitiriche Torres, 192 DPR 777 (2015); In re Díaz Algarín, supra.

hH HH

En este caso, la obra notarial de la licenciada Cardona Rodríguez sufre de serias deficiencias notariales, entre ellas, una deuda arancelaria de $53,864.

Ciertamente, la licenciada Cardona Rodríguez nos in-formó de ciertas condiciones de salud y económicas que le han afectado. No obstante, no podemos aceptar como ex-cusa para incumplir con sus deberes notariales tener o ha-ber tenido problemas personales. Esto pues, no podemos perder de perspectiva que su incumplimiento por un pe-riodo de diez (10) años puede tener efectos serios para to-dos aquellos otorgantes para los cuales la validez de las escrituras otorgadas están en entredicho hasta tanto los sellos sean adheridos y cancelados, y todas las deficiencias corregidas. Además, la licenciada Cardona Rodríguez in-cumplió con su obligación de encuadernar los Protocolos desde el 2002 al 2011, lo que demuestra su falta de diligen-cia, celo profesional y responsabilidad.

Por otro lado, la licenciada Cardona Rodríguez no ha indicado qué gestiones ha llevado a cabo con el Fondo de Fianza Notarial ni qué frutos han rendido estas. No obs-tante, al examinar el expediente de la licenciada Cardona Rodríguez, nos percatamos de que la letrada contaba con una Fianza Notarial expedida por el Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR) el 10 de noviembre de 1978 y que prestó nueva Fianza Notarial con Mapfre Praico Insurance Company el 10 de noviembre de 2011. Por esta razón, dimos “por terminada la Fianza otorgada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico para garantizar las funciones no-tariales de dicha notaría, la cual se considerará buena y válida por tres años después de su terminación por los ac-tos realizados por la mencionada fiada durante el periodo en que la misma estuvo vigente”. Al examinar los infor-mes de la ODIN sobre la obra notarial incautada observa-mos que las deficiencias señaladas datan desde el 2002 hasta el 2011 y que ya han transcurrido más de tres (3) años desde que dimos por terminada la fianza notarial del CAPR. A pesar de esto, es necesario señalar que es respon-sabilidad de la notaria corregir estas deficiencias arancela-rias, para lo que le hemos concedido múltiples términos.

Por último, la licenciada Cardona Rodríguez no reside en Puerto Rico desde el 2011, situación de la que no in-formó a este Tribunal ni a la ODIN para tomar las precau-ciones requeridas con relación a su obra protocolar. Tam-poco tenía actualizada su dirección postal y física en la base de datos del RUA al momento de comenzar la pre-sente acción disciplinaria, conforme lo exige la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, supra.

H—I HH I—H

Por los fundamentos expuestos, suspendemos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y de la nota-ría a la Leda. Carmen Cardona Rodríguez.

En consecuencia, se le impone a la señora Cardona Ro-dríguez el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos, y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar inmedia-tamente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga al-gún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del tér-mino de treinta (30) días contados a partir de la notifica-ción de la presente Opinión “per curiam” y Sentencia. Se apercibe a la señora Cardona Rodríguez que la presente acción disciplinaria no la exime de tener que subsanar, a sus expensas, las deficiencias señaladas por la ODIN en su obra notarial. Esa obligación subsiste y su desatención la expone al correspondiente procedimiento de desacato.

Toda vez que la señora Cardona Rodríguez prestó nueva Fianza Notarial con el CAPR el 28 de agosto de 2013, y en vista de su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la notaría, se da por terminada la fianza otorgada por el CAPR para garantizar sus funciones notariales, la cual se considerará buena y válida por tres años después de su terminación por los actos realizados por esta durante el pe-riodo en que la misma estuvo vigente.

Atendida la Moción Reiterando Solicitud de Relevo de Representación Legal y la Moción en Cumplimiento de Or-den de 26 de mayo de 2017, ambas se declaran “ha lugar”.

Se dictará sentencia de conformidad.

       La obra protocolar de la Leda. Carmen Cardona Rodríguez estaba aprobada hasta el año natural 2001. Cabe señalar que en comparecencias ante este Tribunal, la licenciada Cardona Rodríguez sostuvo que residía en Puerto Rico para el 2012 y 2013. El 29 de enero de 2016, la licenciada nos informó un nuevo cambio de dirección.

       La obra notarial incautada incluyó los protocolos para 1986, 1987, 1994 al 2011, así como doce (12) tomos de su Libro de Registro de Testimonios.

       Se destacan las deficiencias notariales siguientes: la omisión de instrumen-tos públicos, la falta de encuadernación de los tomos correspondientes a los años naturales 2002 al 2011, la omisión de firma, signo y rúbrica de la notaría, la omisión de firmas de partes comparecientes en instrumentos públicos, la omisión de nota de saca y de firma en nota de saca.

         Réplica a moción reiterando solicitud de remedios de 12 de mayo de 2016, pág. 2.

       El 28 de marzo de 2017 le concedimos una prórroga de diez (10) días para cumplir con nuestra Resolución de 16 de diciembre de 2016.

       Moción reiterando solicitud de relevo de representación legal de 12 de abril de 2017.

       Moción en cumplimiento de orden de 26 de mayo de 2017.

       Resolución de 15 de noviembre de 2013, Expediente Personal de la Leda. Carmen Cardona Rodríguez.