author: El Jtjez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tomás González, acusado y apelante.

      No. 2586.

    Visto: Noviembre 17, 1925.

      Resuelto: Diciembre 10, 1925.

      Asmas — Portar Ajímas Prohibidas — Chaveta de Tabaquero. — Cuando un ins-trumento — chaveta de tabaquero — se usa fuera del oficio, en momentos y en circunstancias tales en que el portador ninguna relación tiene con el mismo, surge entonces la infracción a la ley.
    SENTENCIA de B. Díaz Cintrón, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de portar armas prohibidas.

      Confirmada.

      Cristino B. Colón, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Jtjez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apela de una sentencia que le impuso la pena de treinta días de cárcel. La acusación es por portar ar-mas prohibidas.

La única alegación para sostener el recurso es la errónea apreciación de la prueba por el juez inferior.

La prueba de cargo tendió a establecer que dos policías se dirigieron al sitio en donde estaba el acusado en momen-tos en que alteraba la paz. Era entre una y dos de la ma-drugada y se le ocupó una chaveta. La prueba de descargo sólo establece la ocupación del acusado, de oficio tabaquero.

El apelante trata de sostener que esa ocupación le daba derecho al acusado a llevar el arma por ser inherente a su oficio. Sin embargo, dadas las circunstancias en que fue ocupada, el oficio del acusado no desvirtúa la comisión del delito. Mientras un instrumento que puede causar daño corporal es usado por razón del, oficio del que lo emplea y du-rante su ocupación habitual, la ley nada tiene que interve-nir. El hecho en sí es inocente. Pero si el mismo instru-mento se usa fuera del oficio, en momentos que el portador ninguna relación tiene con el mismo, surge entonces la in-fracción de la ley. No' es el instrumento solamente lo que da vida al delito; éste nace de las circunstancias que con-curran y éstas en el presente- caso demuestran una clara vio-lación de la ley.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

license: Public Domain

text:
    Ex parte Lorenzo Rivera, peticionario.
    No. 92.

    Visto: Noviembre 30, 1925.

      Resuelto: Diciembre 11, 1925.
    Porteadores (Carriers) — En General — Control y Reglamentación de los Por-teadores Públicos — Penas por Violación a los Reglamentos_De acuerdo con el artículo 95 de la Ley definiendo las compañías de servicio público. tal como quedó enmendado en 1921 (p. 185), las multas que pueden im-ponerse — para corregir la infracción de cualquiera de las disposiciones de dicha ley de servicio público — tienen un carácter administrativo y no penal.
    SENTENCIA de A. Acosta Quintero, J. (Ponee), condenando al acu-sado por infracción del Reglamento de la Comisión de Servicio Público de junio 3, 1924, a sufrir prisión subsidiaria a falta del pago de la multa impuesta.

      Con lugar el hateas corpus.

      B. Arjona 8iaca, abogado del peticionario; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo.

   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Lorenzo Rivera fné acusado por infringir la regla pri-mera del Reglamento aprobado en junio 3, 1924, por la Co-misión de Servicio Público y condenado a pagar cincuenta dólares de multa o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejase de satisfacer.

El peticionario fue reducido a prisión por no satisfacer la multa y ba presentado esta apelación de habeas corpus alegando, en síntesis, que su prisión es ilegal porque la in-fracción de que se trata no está prevista y penada por nin-gún precepto legal y la corte inferior carecía, por tanto, de jurisdicción para dictar la sentencia que le declaró culpable y le impuso la pena alternativa de multa o cárcel.

La regla Ia- del Reglamento a que se refiere la acusación y sentencia, dice lo siguiente:

“A partir del primero de julio, 1924, toda persona natural o ju-rídica, sus arrendatarios o administradores judiciales, dedicada por lucro al transporte- de pasajeros y sus equipajes, en Puerto Rico, usando vehículos de motor, será considerada como porteador público de pasajeros, y como tal no podrá dedicarse a dicho transporte en-tre puntos fijos, o a lo largo de rutas determinadas, sin antes barber obtenido un certificado de necesidad y conveniencia para la ex-plotación de dichos servicios, expedido por la Comisión de Servicio Público.”

Y la única sanción por faltar a dicba regia, se establece ■ en el artículo 95 de la ley definiendo las compañías de ser-vicio público, tal como fue enmendado por la Ley No. 32, aprobada en jimio 20, 1921, p. 185, el cual textualmente dice:

“Art. 95. — Pena por infracción de ley o de franquicia. — Si cual-quier compañía de servicio público infringiere cualquiera de las dis-posiciones de esta Ley, o realizare cualquier acto que por la presente se prohibe; o dejare, omitiere, desatendiere .o se negare a desempe-ñar cualquier deber a que está obligada por esta Ley; o dejare, omitiere, desatendiere o se negare a obedecer, observar y cumplir cualquier disposición, requisito, determinación u orden final que hu-biere dictado la comisión; o si dejare de cumplir cualquier senten-cia pronunciada, u orden o decreto expedido por cualquier corte, dicba compañía de servicio público pagará al Tesorero de Puerto Rico una suma no menor de cincuenta (50) dólares ni mayor de mil (1,000) dólares por dicha infracción, omisión, falta, desatención o negativa. T cualquier compañía de servicio público que dejare de cumplir cualesquiera o cualquiera de las obligaciones que le .fue-ren impuestas por la franquicia, incurrirá en una multa de qui-nientos (500) a cinco mil (5,000) dólares, que deberá ser impuesta por la comisión por cada infracción de franquicia, en un procedi-miento de carácter sumario, que podrá iniciarse en virtud de orden expedida al efecto, motu propio o a moción de cualquier persona que establezca por escrito la querella. En casos de reincidencia, la multa que se imponga no bajará de mil (1,000) dólares y la comisión po-drá cancelar la franquicia, debiendo el Pueblo de Puerto Rico sus-tituir a la concesionaria en los privilegios y obligaciones de dicha franquicia.
“El montante de tocia multa impuesta de acuerdo con este Ar-tículo, deberá ser satisfecho dentro de los treinta (30) días de ha-ber sido notificada la compañía multada, o dentro de una prórroga que por causa justificada podrá conceder la comisión; Disponién-dose, que si la multa en cuestión no fuere satisfecha a su debido tiempo, será ello causa suficiente para que se ordene la cancelación de la franquicia, y la cantidad adeudada por concepto de multa po-drá recobrarse en la acción entablada a nombre de El Pueblo de Puerto Rico ante la • Corte de Distrito competente, cuyo tribunal queda investido con jurisdicción exclusiva para oir y resolver todo procedimiento en cobro de multas.
“Al interpretar y hacer cumplir las disposiciones de este Ar-tículo, la infracción, omisión, falta, negligencia o negativa de cual-quier oficial, agente u otra persona que actuare o estuviere em-pleada por dicha compañía de servicio público, actuando dentro de la esfera de su cargo, se considerará en todo caso que es la infracción, omisión, negligencia o negativa de dicha compañía de servicio pú-blico.”

• Basta la simple lectura del precepto para que digamos que el peticionario tiene razón. En él se prescribe, en todo lo que concierne a las compañías de servicio público, la forma de corregir la infracción de cualquiera de sus disposi-ciones. Se determinan las multas y su cuantía y se bace mención de un procedimiento sumario para cobrarlas. Todo ello indica que las multas que pueden imponerse tienen un carácter administrativo y no penal. La corte inferior no pudo ir más allá de lo que establece el estatuto mismo y dar a la multa un efecto criminal. La prisión es una pena aflic-tiva que es consecuente al delito, y es elemental en materia penal que ningún hecho puede ser perseguido y castigado a menos que esté expresamente previsto y penado en la ley. Art. 5 del Código Penal.

Por la expuesto, debe declararse con lugar la petición y ponerse en libertad al peticionario.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Mateo, Lorenza, Fermina y Petronila Montañéz, Guillermo Morales, Francisco Coto, Sabás Donis, Jesús Morales y Rafael Rivera, recurrentes, v. El Registrador de Caguas, recurrido.
    No. 624.

    Sometido: Noviembre 21, 1925.

      Resuelto: Diciembre 11, 1925.
    Matrimonios — Prueba de dos Mismos — Certificado de Matrimonio. — Registros Parroquiales Antes del 1885. — Una certificación en la que se transcribe el acta cíe un matrimonio celebrado en 1870, expedida por el guardador legal de los libros parroquiales, bajo el sello de la parroquia, es suficiente para probar el matrimonio, sin que sea necesario que el documento se jure por dicho guardador legal ni su firma se autentique por funcionario público alguno.
    Notas de Marqués, R. (Caguas), negándose a inscribir escrituras de declaración de bienes y cesión de derechos y accion.es.

      Revocadas.

      Rafael Arce, abogado de los recurrentes; el registrador compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a decidir en el presente recurso gubernativo es si una certificación librada este año por el cura ecónomo de una parroquia católica de esta Isla con el sello de la pa-rroquia, en la que se transcribe el acta de un matrimonio celebrado en el año 1870 que consta en el libro de matrimo-nios de la expresada parroquia es suficiente para probar dicho matrimonio o si, como entiende el registrador recurrido, ese documento debe ser jurado o su firma autenticada por funcionario capacitado por la ley para autenticar documen-tos por no tener el registrador ele la propiedad conocimiento judicial de las firmas de los sacerdotes católicos bajo cuya custodia se hallan los archivos parroquiales referentes a matrimonios celebrados antes de la implantación del Regis-tro Civil en esta Isla.

El registro sobre el estado civil de las personas estuvo en esta Isla a cargo de los párrocos de las iglesias hasta enero de 1885 en que comenzó a regir la Ley del Registro Civil, y esos párrocos eran funcionarios públicos auxiliares del Estado. Iturrino v. Iturrino, 24 D.P.R. 471. En esas parroquias se llevaban libros referentes a los nacimientos, matrimonios y defunciones de las personas, teniendo dichos libros el carácter de documentos públicos según fué decla-rado en el caso de Ex parte Otero et al. v. Striker, 27 D.P.R. 340. Teniendo, pues, esos libros parroquiales el ca-rácter de documentos públicos, sus asientos pueden ser pro-bados, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley de Eviden-cia, mediante el registro original o copia del mismo, certifi-cada por el guardador legal del registro, y, por tanto, no es necesario que el sacerdote encargado de tales libros jure la certeza de su contenido ni que sus firmas sean autenticadas por funcionario público porque esas certificaciones son bas-tantes poi~ sí mismas, prima facie. Así, en el caso de Tardi v. Tardi, 30 D.P.R. 225, se estimaron probados ciertos he-chos con documentos como el que motiva este recurso; y en el de García v. Aguayo, 32 D.P.R. 422, en el que fue presen-tada una certificación de los libros parroquiales para pro-bar un matrimonio, se dijo que los asientos de los libros pa-rroquiales tienen la condición de originales y que el funcio-nario que los custodia puede expedir certificaciones válidas.

Por lo expuesto, el registrador debió dar1 valor a la cer-tificación que se le presentó y debió inscribir la escritura de declaración de bienes y cesión de acciones y derechos que se le presentó, así como la otra escritura de compraventa de terreno y donación que no inscribió por no haber sido inscrita la escritura anterior,- por lo que ambas negativas, que han sido recurridas, deben ser revocadas y ordenarse las inscripciones solicitadas.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señou Feanoo Soto,

text:
    Lao Flores Salazar, demandante y apelante, v. Juana Damiana Delgado, demandada y apelada.
    No. 3703.

    Visto: Noviembre 3, 1925.

      Resuelto: Diciembre 11, 1925.
    1. Desahucio — Desahucio en Precario — Evidencia—Presunción Disputable— Evidencia Superior Adversa a la Presentación de Otra Inferior. — Cuando en acción de desahucio en precario ejercitada por el comprador de una finca arrendada cuyo arrendamiento no consta inscrito, el demandado alega que e) demandante asumió la continuación del arrendamiento, cobrando un canon al demandado, y no se produce en evidencia el recibo como la mejor pruebaen cuanto a la continuación, ni se explica satisfactoriamente las circunstancias para no haberse producido, es preciso sostener la presunción que establece el inciso 6 del artículo 102 de la Ley de Evidencia.
    2. Desahucio — Desahucio en Precario- — Procedencia del Mismo — Posesión en Precario — Comprador de Finca. Arrendada que no Asume la Continuación del Arriendo. — Si ejercitada acción de desahucio en precario por el compra-dor de una finca arrendada, cuyo arrendamiento no consta inscrito, no liay-prueba de que aquél asumió la continuación del arrendamiento, según alegó el demandado, la posesión del arrendatario es equivalente al disfrute de la finca en precario y no surge cuestión alguna del montante de las ventas anuales, por lo que procede declarar con lugar dicha acción.

      SentbNCIa de M. Rodríguez Berra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando sin lugar demanda de desahucio, sin costas.

      Revo-cada.

      Campillo & Campillo, abogados del apelante; I. Carballeira, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señou Feanoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este fué un caso de desahucio tramitado originalmente en 'la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito. El fundamentó de dicha corte inferior para declarar sin lugar el desahucio se expone en la misma sentencia diciendo: “No existe, pues, ocupación en precario sino a virtud de un contrato, y computando el canon mensual de $1.25 por anualidades resulta una cantidad inferior a la que la Ley establece para regular la jurisdicción de esta corte en materia de juicios de desahucio.”

La demandada hace una relación de los hechos y declara que ella había arrendado el solar objeto de la demanda a Bernabé Sabalier; que pagaba a razón de $1.25 mensual; que luego la propiedad pasó al Banco de San Juan a quien pagaba el arrendamiento por conducto del demandante; que suspendió los pagos hasta que el pleito de Sabalier con el banco terminase y que aun después de adquirida la propie-dad por el demandante éste llegó a cobrar por su propio derecho un canon de arrendamiento.

El solar había pasado del Banco de San Juan a Damiana Andino y ésta lo vendió al demandante. Las escrituras de venta constan de la evidencia practicada. No aparece que traspasada la propiedad a Damiana Andino, ésta percibiera los arrendamientos. Lo esencial para la demandada fué intentar demostrar que una vez que dicha propiedad pasó al demandante por título de compra, él asumió la continua-ción del arrendamiento, cobrando un canon de arrenda-miento a la demandada. El único pasaje de la1 declaración de la demandada en que se trata de establecer tal extremo es el siguiente:

“P. ¿En qué fecha fué la última vez que Ud. le pagó al señor Lao Flores, como cobrador? — R. No me acuerdo, porque soy lo más bruta -en eso. P. ¿No recuerda? — R. No, señor, P. Cuando le co-bró ¿le entregó algunos recibos? — R. Sí, señor, hay algunos recibos; casi siempre los tengo. P. ¿Tiene el último recibo? — R. No sé si lo tendré, porque soy lo más olvidadiza.”

La inseguridad de tal declaración es manifiesta. No ex-plica satisfactoriamente las circunstancias que concurrieran para no haberse producido en evidencia los recibos como la mejor prueba en cuanto a la continuación del arrendamiento con el demandante. Bajo estas condiciones tenemos que sostener la presunción que establece el inciso 6 del artículo 102 de la Ley de Evidencia de que toda prueba superior babrá de ser adversa a la presentación de otra inferior. Véase además el caso de Angleró v. Fernández, 31 D.P.R. 262.

La sentencia apelada debe revocarse y dictarse otra de-clarando con lugar el desahucio.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Fraetco Soto,

text:
    Diego Jiménez, demandante y apelante, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, demandada y apelada.
    No. 3698.

    Visto: Diciembre 1, 1925.

      Resuelto: Diciembre 15, 1925.
    Patrono y Empleado — Ley de Indemnizaciones a Obreros — Ocupaciones Com-prendidas Dentro del Estatuto — Obreros Labradores. — Un obrero que trabaja como peón en una finca de café j se ocupa en la recolección del fruto para luego conducirlo hasta un almacén o depósito en la misma finca, está excluido de los efectos de la Ley de Indemnizaciones por disposición expresa del artículo 2 de la misma..
    SeNtencia de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), desestimando la de-manda, sin costas.

      Confirmada.

      B. Esteves, abogado del apelante; Hon. George C. Butte, Attorney General'j E. Aldrey, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Fraetco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Diego Jiménez era un obrero que trabajaba como peón en una finca de café y se ocupaba en la recolección del fruto para luego conducirlo en sacos basta un almacén o depósito en la misma finca. Mientras bacía la operación de condu-cir un saco de café en uva, accidentalmente resbaló en el camino, que estaba húmedo, y al bacer un esfuerzo y tratar de aguantar la carga y evitar que se cayera, se produjo nna. luxación traumática en la muñeca de la mano derecha, quedando anquilosada e incapacitado parcialmente el obrero para dedicarse a sus ocupaciones habituales.

La Comisión de Indemnizaciones a Obreros resolvió que el caso no está comprendido en la ley y resolviendo una moción de reconsideración, declaró:

“En el caso ele Diego Jiménez, 28,825, se da cuenta con la soli-citud de reconsideración presentada por el Ledo. Buenaventura Es-teves a nombre del lesionado y la Comisión, visto el espediente, del cual aparece por las propias declaraciones del lesionado que éste era un cogedor de'café, y no estando esta ocupación protegida por la Ley, de acuerdo con el art. 2 de la misma, resuelve denegar dicha solicitud de reconsideración. Comuniqúese al peticionario.”

El peticionario no conforme estableció un recurso de certiorari para ante la Corte de Distrito de Aguadilla. La petición fué excepcionada por falta de causa de acción y la corte inferior desestimó la demanda “por entender que el demandante en este caso no está protegido por la Ley de Indemnizaciones por accidente del trabajo.”

La acción se funda en el artículo 2 de la ley estable-ciendo la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, tal como quedó enmendado por la ley No. 61, aprobada en julio 14 de 1921 (p. 473). Dicho artículo así enmendado, dice:

“Art. 2.- — Las clisposicioens de esta Ley serán aplicables a los obreros lesionados o que se inutilicen o pierdan la Adda por acci-dente o enfermedades que provengan de cualquier acto o función in-herente a su trabajo o empleo y ocurran dentro del curso de éste, por consecuencia del mismo. Se exceptúan los labradores que no sean empleados para trabajar con maquinaria movida por vapor, gas, corriente eléctrica, fuerza animal o cualquier otra fuerza mo-triz mecánica o instrumentos o herramientas cuyo uso no pueda ori-ginar graves daños corporales, sirvientes domésticos y empleados de-dicados a trabajo de oficina en oficinas y establecimientos comercia-les en donde no se usa maquinaria; Disponiéndose, sin embargo, que los labradores empleados en las faenas agrícolas donde se utilice fuerza animal, instrumentos o herramientas cuyo uso pueda origi-nar graves daños corporales serán protegidos por los beneficios de esta ley; .,. . .”

Haciendo un examen de esta disposición en la forma que fue redactada originalmente, Ley No. 10, aprobada en febrero 25, 1918, p. 55, y su primera enmienda, Ley No. 62, aprobada en junio 19, 1919, p. 335, se podrá ver que aun-que en otros de sus aspectos se hizo más amplia y liberal su aplicación, el punto relativo a obreros labradores no su-frió variación. La ley hace expresa excepción de esta clase de trabajadores y seguramente la razón del legislador des-cansó en que las faenas agrícolas no ofrecen el peligro de otras ocupaciones a menos que en ellas, haciendo a su vez salvedad la misma ley, se utilice fuerza animal, instrumen-tos. o herramientas cuyo uso pueda originar graves daños corporales.

Se puede notar, además, de un somero examen de las autoridades, que como regla, los labradores han sido excep-tuados del efecto de las léyes de indemnizaciones en los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, aunque frecuente-mente se ha dispuesto que pueden los labradores elegir aco-gerse al estatuto. 28 R.C.L. 718.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Sucesión de Arturo Díaz Vázquez y Juana Vázquez Vda. de Rucabado, recurrentes, v. El Registrador de Guayama, recurrido.
    No. 623.

    Sometido: Noviembre 11, 1925.

      Resuelto: Diciembre 15, 1925.
    Hipotecas — Pago, Cumplimiento de Condiciones, Cancelación y Carta de Pago —Cancelación Inscribible — Cancelación por una Sociedad a Nombre de su Poderdante. — Otorgado poder a nombre de una sociedad mercantil, si ésta a virtud del mismo, cancela una hipoteca a nombre de su poderdante, y el socio gestor que comparece en -la escritura de cancelación en representa-ción de la sociedad firma el documento estampando el nombre de la razón social, dicho documento es inscribible aún cuando aquél haya suscrito la can-celación haciendo uso de -la firma social únicamente si el carácter con que comparece — gestor—resulta debidamente acreditado.
    Nota de Pérez Mercado, R. (Guayama), denegando inscripción de una escritura de cancelación de hipoteca.

      Revocada.

      Monserrat <& Monserrat, y C. Dominguez Rtibio, abogados de los re-currentes;- el Registrador compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Juana Vázquez, vda. de Rucabado, otorgó .poder a la sociedad mercantil Santisteban Chavar'ri y Cía., S. en C., y en virtud de dicho poder la sociedad canceló a nombre de su poderdante cierta hipoteca perteneciente a la misma. En la escritura de cancelación, el socio gestor que compareció en representación de la sociedad firmó el documento estam-pando el nombre de la razón social. Fundado en esta cir-cunstancia, el registrador denegó la inscripción alegando que el gestor debió firmar la escritura con su nombre individual.

A primera vista la cuestión planteada no parece tan simple, y no es extraño que ella induzca a cierta confusión. Sin embargo, un estudio más atento de la ley notarial y de la jurisprudencia nos hace concluir que la forma en que fue suscrita la escritura de cancelación es correcta.

La sección 20, inciso 39, de la Ley Notarial, sección 1998 Comp. 1911, p. 410, declara que serán nulos los instrumen-tos públicos en que no aparezcan las firmas de las partes, y parece claro inferir qne esta, disposición tiene que refe-rirse necesariamente a los comparecientes. La sociedad mercantil Santisteban Chavarri y Co., S. en C., compareció a nombre de sn mandante. Dicha sociedad es una persona jurídica que funciona por conducto de sus representantes legales que lo son sus socios gestores. Siendo ello así, son de aplicación los artículos 126, 146 y 147 del Código de Co-mercio que determinan la manera de formar el nombre co-lectivo de las sociedades mercantiles y prescriben que tal nombre constituirá la razón o firma social con que ha de gi-rar la sociedad y que usarán los socios gestores debida-mente autorizados para hacerlo.

En la comparecencia de la escritura se hace la descrip-ción del carácter con que Anselmo Soroeta y Mancicidor comparece a nombre de la sociedad Santisteban Chavarri y Co., S. en C., y si debidamente resulta acreditado el carácter de gestor, no tenemos dudas.que Soroeta suscribió propia-mente la cancelación haciendo uso' únicamente de la firma social.

La Dirección General de los Registros en resolución de mayo 23, 1879, estima válidos los actos o contratos otorga-, dos a nombre de la sociedad bajo la firma que ésta tenga adoptada por persona autorizada para la gestión y adminis-tración de sus negocios. Igual doctrina sostiene la de mayo 28, 1879.

En el Tratado de Notaría por Miguel Fernández Casado, tomo I, página 476, se encuentran los siguientes precedentes:

“Respecto de la representación de las personas jurídicas, el ar-tículo 20 de la Instrucción de 1861 dispuso lo siguiente: 'Las so-ciedades y establecimientos públicos se designarán por los nombres con que fueren conocidos, su razón social o el nombre de los Direc-tores, Administradores ó personas competentemente autorizadas para representarlos o llevar su firma, y por su domicilio.’
“Con diferente redacción, lo propio vino a expresar el art. 5o de la instrucción de 1874, que dice: 'Cuando alguno de los otor-gantes concurre al acto en nombre de una sociedad, establecimiento público, corporación o persona jurídica, se’ expresará esta circuns-tancia, designando, además de las relativas a la personalidad del re-presentante, el nombre de dicha entidad y su domicilio, e indicando el título del cual resulte la expresada representación, debiendo au-torizar en su caso el instrumento público con la firma social.’ ”

La práctica más recomendable, aquella que obvia todas las dificultades, es la de firmar con el nombre social aña-diendo la firma individual de la persona que comparece pre-cedida de la palabra “por” en castellano y “by” en inglés.

La nota debe revocarse y ordenar la inscripción del do-cumento.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Aldret,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Marcos Echevarría, acusado y apelante.
    No. 2578.

    Visto: Diciembre 1, 1925.

      Resuelto: Diciembre 16, 1925.
    Alimentos (Rood) — Leche—Leche Adulterada — Procesos Criminales — De la Evidencia — Prueba de la Adulteración. — Si para llegar a la conclusión de que la leclie está adulterada bay que usar procedimientos que llevan a ese resultado, que no darían otros procedimientos, ello no es obstáculo para con-cluir que el acusado cometió el delito de adulteración de leche.
    Sentencia de B. Díaz Cintrón, J. (Ponce), condenando al acusado' por delito de adulteración de leche.

      Confirmada.

      A. Fiol Negrón, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Fueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

Marcos Echevarría apela de una sentencia que lo con-dena por el delito de adulteración de leche y alega como único motivo para su revocación que la corte inferior come-tió manifiesto error al declararle culpable con la evidencia que se presentó en el juicio, porque la declaración del quí-mico auxiliar del departamento de Sanidad, Rafael Barreras, perico presentado por la acusación y único testigo esencial, prueba que haciendo el examen de la leche que motivó la acusación de acuerdo con los boletines administrativos del Departamento de Sanidad la leche hubiera estado buena o a lo más sospechosa y que hubo que acudir a métodos ultra-científicos y modernos para determinar por refracción que la leche estaba adulterada con agua.

La ley castiga la adulteración de la leche con agua y si para llegar a esa conclusión hay que usar procedimientos que llevan a ese resultado, que no darían otros procedimien-tos, eso no es obstáculo para concluir que el apelante co-metió el delito de adulteración de leche.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Rosa Blanca Martínez, Representada por su Madre Isabel Martínez, demandante y apelada, v. Juan Asencio Segarra, Acisclo Asencio Segarra, Fernando Asencio Segarra, y Carmen Camacho Colón, demandados y apelantes.
    No. 3810.

    Visto: Diciembre 14, 1925.

      Resuelto: Diciembre 16, 1925.
    Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Apelación no Pro-seguida con la Debida Diligencia — Tardanza en Aprobar la Transcrip-ción de la Evidencia. — Atendidas las circunstancias concurrentes que en el caso de autos motivaron la tardanza en aprobar la transcripción de la evi-dencia a los efectos de la apelación interpuesta, se resolvió: que habiéndose debido la tardanza a la creencia, no infundada, del apelante de que el juez que presidió el juicio, y que había sido suspendido en sus funciones, regre-saría a su corte, más bien que a voluntario abandono y dilación en tramitar su apelación, no procedía desestimar el recurso.
    Moción sobre desestimación de apelación presentada por la apelada.

      Sin lugar.

      Alemañy efe Bamíres, Nasario efe'García Méndez, abogados de los ape-lantes; B. del Toro Soler, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Hedía por el taquígrafo la transcripción de la evidencia ■el 17 de junio de 1925 para esta apelación fue señalado el •día 24 de agosto para ser aprobada por el juez que presidió ul juicio pero habiendo sido suspendido el juez eu sus fuu-ciones no fué aprobada ese día y según declaración jurada del abogado del apelante hizo después gestiones con el se-cretario de la corte para que el juez señalara día para la aprobación de la transcripción de la evidencia y se esperaba que el juez regresara a su corte, basta que prolongándose su ausencia y habiendo sido nombrado ese juez para otro distrito le fué enviada la transcripción y la aprobó el 9 de diciembre actual.

Cuando fué solicitada la desestimación de esta apelación estaba pendiente de que fuera aprobada la transcripción de la evidencia para ella, y en vista de los becbos expuestos llegamos a la conclusión de que la tardanza en aprobarla se debió a la creencia, no infundada, del apelante de que el juez regresaría a su corte, más bien que a voluntario aban-dono y dilación en tramitar su apelación, por lo que no la desestimaremos.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Manuel Negrón, recurrente, v. El Registrador de Humacao, recurrido.
    No. 625.

    Sometido: Diciembre 2, 1925.

      Resuelto: Diciembre 16, 1925.
    Principal t Agente — La Relación — Creación y Existencia — De lcs Poderes- - Otorgamiento e Inscripción — Poderes Otorgados en el Extranjero.— Una escritura o poder otorgado ante un comisionado de escrituras para Puerto Rico en el Estado de New York, si de otro modo no está sujeto a objeción, es tan suficiente para que pueda ser inscrito en esta isla como si fuere otor-gado ante un notario público, bien aquí, o en otra parte.
    Nota ele López del Talle, E. (Humaeao), denegando la inscripción de una escritura.

      Revocada.

      F. González, abogado del recurrente; el registrador compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El registrador de la propiedad denegó la inscripción de la escritura que le fué presentada “por resultar que el po-der número doscientos noventa y siete, otorgado en la Ciu-dad Condado y Estado de Nueva York, a veinte de febrero de mil novecientos veinte y cinco, ante don Ramón Miranda, Comisionado de Escrituras de Puerto Rico, en el Estado de Nueva York, en virtud del cual don Antonio Roig concu-rre como mandatario de don Antonio B. Ramos, no ba sido autorizado ante Notario Público, y sí ante el Comisio-nado de Escrituras de Puerto Rico, en el Estado de Nueva York, que no tiene facultades para otorgar tal documento; tomándose anotación por 120 días de acuerdo con la Ley a favor del comprador don Manuel Negrón Benitez, al folio 11 del tomo 63 de Humacao, finca número 2071, anotación letra A.”

El poder de referencia no ba sido traído a nuestra consi-deración y el registrador no levanta ninguna cuestión en cuanto a su forma o suficiencia, fuera del becbo de baber sido otorgado ante un comisionado de escrituras en vez de un notario.

El alegato en apoyo de la nota recurrida se funda en la teoría de que la Legislatura Insular no puede invadir las atribuciones de la legislatura de un Estado pretendiendo de-terminar quiénes son los funcionarios que pueden autenti-car escrituras de venta y otros documentos dentro de los lí-mites de cualquier Estado de los Estados Unidos.

Nuestro Código Político, sin embargo, no pretende regular la forma de verificar traspasos de bienes inmuebles den-tro del Estado de New York, o de los límites de- cualquier otro Estado en lo que respecta a la validez y efecto de tales traspasos al ser propuestos como prueba, o presentados para su inscripción en tal Estado. Dicbo código meramente auto-riza el nombramiento de comisionados de escrituras y prescribe que:

“Todo Comisionado puede, en el Estado o Territorio para que ha sido nombrado, recibir y certificar juramentos y tomar deposicio-nes y declaraciones juradas, legalizar reconocimientos y otorgamien-tos de escrituras o cualquier otro documento público, que hayan de utilizarse o registrarse en Puerto Rico, y suministrar las pruebas y constancias de tales escrituras cuando el otorgante niegue la auten-ticidad de éstas; y todos los juramentos, deposiciones, declaraciones juradas, reconocimientos de escritura y pruebas así recibidos o to-mados, certificados por el Comisionado bajo su sello oficial, tendrán el mismo valor y efecto que si fuesen recibidos o autorizados y cer-tificados por los funcionarios competentes de esta isla, y serán ad-mitidos como prueba en todos los tribunales de- Puerto Rico.” Art. 165.

El registrador no indica ningún Estado, ni es probable que alguno pueda encontrarse que no baya decretado una ley semejante. El alegato no cita autoridad alguna para sos-tener la proposición de que tal legislación es ultra vires, ni conocemos ningún caso en que baya sido levantada tal cues-tión, aunque es razonable decir, tal vez, para no desalen-tar la ulterior investigación en este sentido, que no ba sido becba por esta corte ninguna investigación independiente acerca de la cuestión.

El' registrador también insiste en que la traducción cas-tellana del art. 165, supra, contiene disposiciones que no constan en la versión inglesa y que siendo el estatuto de origen americano, el texto .inglés debe prevalecer. En el alegato se admite que una escritura o poder otorgado ante un notario público dentro del Estado de New York, cuya autoridad para actuar está debidamente certificada por un comisionado de escrituras, sería aceptable. Se alega, no obstante, que este modo de acreditar el carácter oficial del notario en cuestión es el “reconocimiento” (acknowledgment) a que se refiere el art. 165 del Código Político.

Claramente que esta idea surge de la falta de familiari-dad con el método e historia de la forma de bacer traspa-sos .en los Estados Unidos, y de la más amplia significación l§gal de la palabra “reconocimiento” como ba sido em-pleada en relación con los mismos. Una discusión razona-blemente comprensiva de la cuestión puede encontrarse en la sección sobre Reconocimientos en el tomo 1 de Corpus Juris, páginas 739 y siguientes.

El lenguaje del texto castellano, “legalizar reconoci-mientos y otorgamientos de escrituras o cualquier otro do-cumento público”, no es una interpolación o ampliación de la versión inglesa, sino más bien un esfuerzo consciente de parte del traductor en expresar en castellano un concepto más exacto- de la palabra “aclcnoivledgment” (reconoci-miento) del que pudiera ser indicado mediante cualquier equivalente literal de dicha palabra sin un sentido técnico semejante adquirido en la jurisprudencia española. Esto resulta aún más claro al considerarse la siguiente disposi-ción expresa de que (bastardilla nuestra): “todos los jura-mentos, deposiciones, declaraciones juradas, reconocimien-tos de escritura y pruebas así recibidos o tomados, certifi-cados por el Comisionado bajo su sello oficial, tendrán él mismo valor y efecto que si fuesen recibidos o autorizados y certificados por los funcionarios competentes de esta isla.”

Los “funcionarios competentes de esta isla” en tanto se trata de la autenticación de documentos públicos otorgados dentro de este territorio, deben ser los notarios públicos o de otro modo las palabras carecen de significación. Pues, como ha indicado el propio registrador, un documento pú-blico en Puerto Pico no puede ser otorgado legalmente ante ningún otro “funcionario.”

Parece ser consecuencia de-esto que una escritura o un poder otorgado ante un comisionado de escrituras para Puerto Rico en el Estado de New York, si de otro modo no está sujeto a objeción, es tan suficiente para que pueda ser inscrito en esta isla como si fuese otorgado ante un notario público, bien aquí o en otra parte.

La nota recurrida debe ser revocada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    José Mulero Orellana, peticionario apelante, v. Juan Cruz Rivera, opositor y apelado.
    No. 3809.

    Visto: Diciembre 14, 1925.

      Resuelto: Diciembre 18, 1925.
    Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord-Necesidad del Pliego de Excepciones, Exposición del Oasó y Relación de Hechos — Ausencia de la Exposición del Caso y Efecto — Desestima-ción.' — Pudiendo un apelante — en ausencia de una exposición del caso — sos-tener su recurso por las alegaciones, el hecho de ser nula una prórroga con-cedida para presentar dicho documento y que éste, consecuentemente, no pueda tenerse en cuenta en apelación, no es motivo suficiente para desestimar el recurso (Selavdl v. Todd, 22: 130, y iofeo Sugar Co. v. Saquero # Co., 30: 997, seguidos).
    MOCIÓN sobre desestimación de apelación presentada por el opositor apelado.

      Sin lugar.

      Carlos B. Buitrago, abogado del apelante; José C. Rivera, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Al apelante le fueron concedidas varias prórrogas para presentar su exposición del caso y pliego de excepciones para su apelación, habiendo solicitado una de ellas en es-crito fechado el 1Q de septiembre de este año en el que ma-nifestó que ese día vencía la prórroga anterior pero cuyo escrito no presentó hasta el día siguiente, siéndole conce-dida la prórroga pedida el día 8.

Estando sin vencer otra prórroga posterior el apelado nos ha pedido la desestimación de la apelación, por el fun-damento de que la prórroga concedida el 3 de septiembre es nula porque cuando se presentó el escrito solicitándola ya estaba vencida la prórroga anterior.

Aun siendo nula dicha prórroga por el expresado motivo y aunque como consecuencia de esa nulidad no pueda te-nerse en cuenta la exposición del caso que se presente, por ese solo hecho no podemos desestimar la apelación, porque como dijimos en los casos de Belaval v. Todd, 22 D.P.R. 130, de Loíza Sugar Co. v. Baquero & Cía., 30 D.P.R. 997, y otros citados en el primero, el apelante puede sostener su apela-ción por las alegaciones, aunque no haya nna exposición del caso.

Negada la desestimación de la apelación.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Oscar F. Bravo, peticionario, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandado.
    No. 497.

    Visto: Noviembre 16, 1925.

      Resuelto: Diciembre 21, 1925.
    Cortes — Cortes de Jurisdicción Inferior y Limitada — Cortes Municipals®— Procedimientos Especiales. — El procedimiento fijado por la Ley No. 10 de 1921 (p. 113) no está limitado a todo caso civil que nazea de un contrato sobre cobro de dinero, si que también comprende toda acción en que el demandante pida una sentencia que condene al demandado a pagar una suma de dinero o cantidad en dinero, ya nazca la acción de un contrato o un cuasi contrato.

    Certiorari para revisar sentencia de Charles E. Foote, J. (Maya-güez), desestimando la demanda.

      Anulada la sentencia.

      José Sabaier, abogado del peticionario; la parte demandada no com-pareció.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Está envuelta en este caso la interpretación de la ley No. 10 de 1921 (p. 113) estableciendo juicios especiales en las cortes municipales de la Isla.

» El peticionario, acogiéndose a los trámites de dicha ley, entabló una demanda titulada en cobro de dinero en la Corte Municipal de Mayagüez, contra Juan Cario Ramírez recla-mando la suma de setenta dólares en pago de los daños y perjuicios que sufriera por haber un truck del demandado, guiado negligentemente, roto a un buey del demandante el chifle derecho.

El demandado solicitó la nulidad del procedimiento por tratarse de una acción sobre indemnización y no sobre co-bro de dinero. Falló de conformidad la corte. Apeló el demandante para ante la corte de distrito que resolvió el caso de igual modo, y entonces interpuso el presente recurso de certiorari.

El demandado en el pleito no ha comparecido. Las re-soluciones de la corte municipal y de la corte de distrito no están fundadas. Sólo está ante nosotros el alegato del pe-ticionario.

La Ley No. 10 de 1921 de que se trata se titula “Ley estableciendo juicios especiales en las cortes municipales de Puerto Rico, y para otros fines,” y su sec. 1 dice:

“En todo caso civil sobre cobro de dinero que envuelva una suma no mayor de cien (100) dólares, o concerniente a contrato de apar-cería que entrañe una cuantía que no exceda de cien (100) dólares, el demandante podrá presentar un simple escrito de demanda a la corte municipal que tenga jurisdicción sobre el asunto, y el juez de la misma dictará una orden citando a las partes interesadas con co-pia de dicha demanda, para una comparecencia que deberá celebrarse dentro de tres días después de la citación. Si el demandado resi-diere dentro del distrito municipal y dentro de seis días en los de-más casos. Si el demandado residiere fuera de Puerto Rico, se hará su citación por edictos de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil, y el juicio deberá celebrarse dentro de los cinco días siguien-tes a la publicación del último edicto.”

Las razones del peticionario se exponen en los siguientes párrafos de su alegato:

“Hay qué tener en cuenta que el nuevo sistema de enjuiciar ha abolido la distinción entre acciones en ley y pleitos en equidad y aunque la naturaleza de la acción tiene que surgir de los hechos ale-gados en la demanda o petición, en materia de procedimiento, es elemental que no tenemos que designar la acción con ningún nom-bre especial; y al decir el legislador en este caso que tratamos, que la acción se daría en todo caso civil en COBRO de dineRO que No exceda de cieN DÓLARES, equivale a decir en toda acción en que el • demandante pida una sentencia que condene al demandado a pagar una suma de dinero o cantidad en dinero y no otra propiedad.
# * * * , • # # *
“Parece que existe una confusión entre el término ‘causa de ac-ción’ y el término ‘remedio’. La causa de acción es el derecho que ha de hacerse efectivo o el daño que debe ser compensado; el reme-dio es el Medio que la ley ba provisto por el cual se bace efectivo el derecho o se compensa el daño. Cyc. Vol. 1, pág. 643.
“La Legislatura de Puerto Rico, estableció por la Ley No. 10 de 1921, un procedimiento, un medio, de ‘cobrar’ en ‘todo caso civil’ DINERO, cuando el montante de lo que se reclama no excede de $100.00; y nada dijo sobre la clase de ‘causa de acción’ a que es aplicable esa ley de procedimiento o de remedio.”

Aunque fácilmente se percibe que no' está desprovista de fundamento la interpretación estricta de la corte de dis-trito, creemos que debe prevalecer la amplia que sostiene el recurrente.

La ley dice: “todo caso civil sobre cobro de dinero que envuelva una suma no mayor de cien dólares. ’ Consultando el viejo Diccionario Razonado de Legislación y Jurispru-dencia de Escricbe, no se encuentra epígrafe alguno que diga: cobro de dinero. Sobre acción tiene escritas veinte y una páginas y entre las veinte y seis diferentes acciones que estudia, no figura ninguna clasificada como cobro de dinero. Al tratar sobre acción civil y acción criminal en general, en parte, expresa: “La acción civil nace del derecho en la cosa y de las mismas fuentes que la obligación, esto es, no sólo de los contratos, pactos, deliberados y de la ley, sino también de los delitos y cuasi delitos; la acción criminal nace sólo de los delitos.” Las palabras cobro de dinero usadas por el legislador deben interpretarse en relación con estas otras: todo, caso civil, que las preceden. T si estima-mos que todo caso civil se ba usado en el sentido de toda acción civil, tendremos que concluir que el procedimiento que se fija no está limitado a todo caso civil en cobro de dinero procedente, por ejemplo, de un pagaré, de una cuenta corriente liquidada o de una deuda reconocida, si que tam-bién comprende un caso civil en cobro de dinero por daños ocasionados a la persona o a la propiedad. Si la ley hu-biera dicho: “en todo caso civil que nazca de un contrato sobre cobro de dinero,” nuestra conclusión sería distinta.

El texto inglés de la ley es como sigue: “In all' civil cases to recover money involving art amount not greater than one hundred dollars.” Y en la obra Words & Phrases Judicially Defined, vol. I, página 143, encontramos la siguiente cita:

“Las palabras ‘cobro de dinero’, como se emplean en los estatu-tos que autorizan un embargo en un caso sobre cobro de dinero, comprenden una acción por daños así como una fundada en un con-trato. Una acción por acometimiento y agresión es tanto una en cobro de dinero como la que se establece por incumplimiento de un contrato, y la suma reclamada, y los fundamentos de ella pueden asimismo ser expresados en el caso anterior y con tanta certeza como puede serlo la reclamación por daños y perjuicios no liquidados en la segunda. Floyd v. Blake (N.Y.) 11 Abb. Prac. 349, 351.”

Aunque se trata de un caso que envuelve una pequeña suma de dinero, es importante porque interpreta una ley apli-cada anualmente a la decisión de cientos de casos en las cor-tes municipales de la Isla, y hubiéramos deseado tener el be-neficio de una discusión completa entre las partes. La histo-ria de la jurisprudencia americana demuestra la parte esen-cialísima que en su formación ha tenido la labor de los abo-gados. Si cada parte agota la ley, la jurisprudencia, el ra-ciocinio al discutir cada lado de la cuestión envuelta, la labor de la Corte de apelación se simplifica y puede reali-zarse a todas luces más a conciencia y con más seguridad de acierto.

Ya que de la Ley No. 10, de 1921 tratamos, deseamos consignar que en el texto inglés las palabras castellanas “o concerniente a contrato de aparcería,” figuran así “or concerning a partnership contractEl texto inglés es de-masiado general. Aparcería, según la misma vieja autori-dad que antes citamos, Escriche, es: “El trato o convenio de los que van a la parte en alguna granjeria, principal-mente en administración de tierras y cría de ganados. Si el dueño de un campo, v. gr., lo da en arriendo al colono, no por una retribución en dinero, sino por una parte de los frutos aue se cojan, y no por una parte alicuanta que con-siste en cierta medida determinada, como diez fanegas o arrobas, sino por nna parte alícuota, como la mitad, la ter-cera o la cuarta, entonces bay aparcería, que viene a ser una especie de compañía o sociedad, pues el uno pone la cosa y el otro la industria, con objeto de tener una ganan-cia común.” Escriche. Diccionario de Legislación, vol. I, .página 569. Se trata, pues, de cierta especie de sociedad, pero no de las sociedades todas como resulta del texto in-glés.

Por todo lo expuesto, debe anularse la sentencia recu-rrida devolviéndose él caso a la corte inferior para ulterio-res procedimientos no incompatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Francisco Miranda, demandante y apelante, v. Ricardo Agrait Aldea, Alcalde del Municipio de Arecibo, demandado y apelado.
    No. 3714.

    Visto: Noviembre 17, 1925.

      Resuelto: Diciembre 22, 1925.
    Corporaciones Municipales — Funcionarios, Agentes y Empleados — Término del Cargo — Funcionarios Ejecutivos. — El término de cuatro años a que se refiere el artículo 28 de la Ley Municipal según quedó enmendado por Ley No. 11 de 1924 (p. 77) se refiere a los alcaldes electos el 4 de noviembre de 1924 y los que en lo sucesivo se elijan y a los demás funcionarios ejecu-tivos que se especifican en dicho artículo y son nombrados de acuerdo con el artículo 29 de dicha Ley Municipal y no a los funcionarios ejecutivos que, elegidos por la asamblea municipal, constituían el antiguo concejo de admi-nistración.
    Sentencia ele E. Llorada, J. (Arecibo), declarando sin lugar la so-licitud de mandamus, sin costas.

      Confirmada.

      B. Rivera Zayas, abogado del apelante; B. Agrait Aldea y F. Cadi-lla, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinióu del tribunal.

Francisco Miranda fue nombrado Tesorero Municipal del Municipio de Arecibo en julio 1, 1924. En 4 de noviembre del mismo año se celebraron elecciones generales en Puerto Rico y el demandado Ricardo Agrait Aldea fue electo, en la candidatura local, Alcalde de Arecibo. El demandado luego de tomar posesión de su oficio designó los demás funciona-rios ejecutivos que enumera el artículo 28 de la Ley No. 11, aprobada en junios 25, 1924 (p. 84), nombrando _ entre ellos a José R. Castillo para desempeñar el' cargo de tesorero municipal, del cual tomó posesión el 19 de enero de 1925.

El peticionario protestó de la designación de José R. Castillo, y ba interpuesto el presente recurso de mandamus solicitando se le reponga en su cargo, alegando en resumen que él había sido nombrado por cuatro años y que el de-mandado “le destituyó y separó de su cargo sin justa causa ni previa audiencia y formulación de cargos por escrito, si los hubiere, y presentar el peticionario la prueba que tu-viere en su favor, con infracción del artículo 28 de la vi-gente Ley Municipal y de 1a. Constitución de los Estados Unidos, privándole de su cargo y de sus emolumentos sin el debido proceso de ley.”

Bajo la ley original No. 85, estableciendo un gobierno local y reorganizando los servicios municipales, aprobada en julio 31, 1919 (p. 685), la administración de los municipios estaba regida por un gobierno cuasi por comisión, pues se-gún reza el artículo 15 de aquella ley, el gobierno de cada municipio quedaba investido en una asamblea municipal y un concejo de administración. El concejo de administración se componía de varios jefes ejecutivos, elegidos por la asam-blea municipal y no se expresaba el término de duración. Artículos 28 y 29 (p. 701). Sin embargo, como las asam-bleas municipales eran elegidas por el voto popular y el ar-tículo 16 prescribe que en todas las elecciones generales los electores de cada municipio elegirán una asamblea municipal, había que suponer lógicamente que el concejo de admi-nistración no podía tener más duración que la que tuviera aquel organismo.

En junio 25, 1924 (Leyes de 1924 p. 77), se decretó la Ley No. 11 que enmienda, entre otras disposiciones de la Ley No. 85, los artículos que han sido mencionados, que-dando enmendados como sigue:

“Art. 15. — -El gobierno de cada municipio queda por la presente constituido por una asamblea municipal y por los funcionarios eje-cutivos que. se expresan más adelante. m
“Art. 28. — Los funcionarios ejecutivos serán los que se expresan a continuación, cuyos cargos serán incompatibles con los de miem-bro de la asamblea municipal y con cualquier otro cargo insular o municipal retribuido. Estos “funcionarios serán nombrados por cua-tro años y desempeñarán sus cargos basta que sus sucesores sean nombrados y debidamente instalados, a menos que antes fuesen des-tituidos por justa causa:
“1. Alcalde,
“2. Director de beneñcencia municipal,
“3. Tesorero municipal,
“4. Director escolar,
“5. Director municipal de obras públicas, ■
“6. Auditor municipal,
“7. Secretario municipal.”
' “Art. 29. — El alcalde será elegido por el voto popular en la misma forma requerida por esta Ley para los miembros de la asam-blea municipal y deberá reunir las mismas condiciones de elegibili-dad que éstos.

La Ley No. 11 empezó a regir el primero de julio de 1924. De modo que se dio a sus disposiciones un efecto casi inmediato. Del estudio de la nueva ley se puede notar, sin embargo, que en la mayor parte de sus prescripciones se legisla para un futuro algo más remoto, pues aquellos preceptos que en seguida entraban en vigor eran como me-didas transitorias para preparar la maquinaria municipal que con ciertas innovaciones empezaba a funcionar luego de constituida en virtud de las próximas elecciones. Así por lo menos lo indica el artículo 72 que fué enmendado, diciendo :

“Art. 72. — El actual comisionado de servicio público, policía y prisiones asumirá los deberes del alcalde y tendrá las atribuciones que a éste se confieren desde el día en que empiece a regir esta Ley basta que tome posesión el alcalde que fuere elegido en las próxi-mas elecciones generales.
“La disposición contenida en el Artículo 51 de esta Ley, fijando un límite en los presupuestos municipales a las asignaciones para sueldos personales, empezará a tener efecto en el año económico 1925-26. Los presupuestos municipales para 1924-25 se regirán por las disposiciones de la ley municipal tal como existen en la actua-lidad.
“En todos los casos en que en esta Ley se mencione al ‘comisio-nado municipal de beneficencia’; al ‘comisionado municipal de hacienda’; al ‘comisionado municipal de instrucción pública’, y al ‘co-misionado municipal de obras públicas’, se entenderá que se refiere al ‘director de beneficencia municipal’, ‘tesorero municipal,’ ‘director escolar’, e ‘inspector municipal de obras públicas’ respectiva-mente.”

En armonía con este precepto está el artículo 29 de la ley enmendada que dispone que el alcalde será elegido por el voto popular. Y las próximas elecciones a que se refiere el artículo 72 fueron las que tuvieron lugar el 4 de noviem-bre de 1924. El mismo apelante admite que el término del antecesor del actual alcalde expiró con las últimas eleccio-nes, y así tenía que ser para los demás funcionarios ejecuti-vos cuyos nombramientos dependieran del antecesor o que hubieran sido nombrados durante su término. No parecería conforme a los naturales principios de un gobierno repre-sentativo, que es el espíritu que prevalece en la ley, tendentes a establecer la uniformidad y armonía en una administra-ción, que se extendiera el término de funcionarios de con-fianza más allá que el señalado para el jefe ejecutivo. No tenemos dudas, por tanto, que el término de duración de cuatro años para desempeñar dichos cargos, se refiere a los alcaldes que fueron electos por el voto popular el 4 de noviembre de 1924 y a los demás funcionarios ejecutivos que especifica el artículo 28, y que son nombrados de acuerdo con lo que determina el subsiguiente artículo 29.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Antonio Cantres Rodríguez, querellante y apelante, v. El Municipio de Río Grande, P. R., Representado por su Alcalde Municipal Bonifacio Rodríguez Bauzó y la Asamblea Municipal de Río Grande, P. R., Compuesta de su Presidente Federico Santiago y Miembros Félix Rexach, Antonio Méndez, Pascual Orellano, Carlos Falú, José González y Pedro Monge, querellados y apelados.
    No. 3668.

    Visto: Diciembre 9, 1925.

      Resuelto: Diciembre 22, 1925.
    Certiorari — Procedimientos y Resolución— Partes Demandadas en el Re-curso. — Nombrada una persona para el cargo de secretario municipal bajo la Ley No. 11 de 1924 (p. 84), no procede un recurso de certiorari entablado por el mismo para revisar y anular procedimientos relacionados con su re-nuncia y el nombramiento de otro para dicho cargo cuando la petición se dirige contra un municipio y su asamblea en vez del alcalde, única parte' que debe ser demandada.
    RESOLUCIÓN de M. Rodríguez Serva, J. (Segundo Distrito, San'Juan),. negando expedición de auto de certiorari.

      Confirmada.

      Luis S. Vahamonde, abogado del apelante; Angel Rodríguez Esco-bar y Jacinto Texidor, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Está es una petición de certiorari dirigida contra el mu-nicipio de Río Grande y la asamblea municipal para que se revisen y anulen ciertos procedimientos que- se relacionan con la renuncia del peticionario de su cargo de secretario municipal y el nombramiento de Antonio Paz Ruiz para el mismo cargo.

• La corte inferior tal vez teniendo dudas en cuanto a la. expedición del auto citó a una comparecencia preliminar para oir a las'partes y discutir si procedía o nó expedir el auto. Hubo oposición por los demandados y la corte deses-timó la petición estableciéndose esta apelación. Sería sufi-ciente decir en este recurso que el alegato del peticionario no cumple con el Reglamento de esta corte. No se liace una especificación de errores. La jurisprudencia en ese particular es repetida. Por otra parte tampoco procedería el recurso. La petición no aparece bien dirigida. Se esta-blece contra el municipio como entidad jurídica y la asam-blea municipal. El caso de Rodríguez, v. El Municipio de Guánica, 31 D.P.R. 495, que cita en su apoyo el peticionario no es aplicable. Esta decisión se funda en una situación legal distinta, o sea, cuando las asambleas municipales es-taban investidas del poder de nombrar el concejo de admi-nistración. Véase artículo 28, Ley No. 85, aprobada en ju-lio 31, 1919 (p. 701). Esta ley fué enmendada y el poder de bacer el nombramiento de los funcionarios ejecutivos pasó a los alcaldes, según prescriben los artículos 28 y 29 de la Ley enmendatoria No. 11, aprobada en junio 3, 1924 (p. 84). Bajo esta ley se hizo el nombramiento del,peticionario y el alcalde es la parte que debió ser demandada.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Hipólita Santiago, acusada y apelante.
    No. 2568.

    Visto: Noviembre 13, 1925.

      Resuelto: Diciembre 23, 1925.
    Abmas — Portar Abmas Prohibidas — Navaja Barbera. — Una persona cflie re-clama de otra su navaja y llega a tomarla en sns manos con intención de conservarla sobre su persona — no importa lo corto del tiempo — la porta sobre su persona e infringe la ley.
    SENTENCIA de B. Díaz Cintron, J. (Ponce), declarando culpable a la acusada de infracción a la Ley prohibiendo portar armas.

      Confirmada.

      F. Colón y L. Tor mes, abogados de la apelante; José F. Figueras y Luis Samalea, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Hipólita Santiago fué condenada a un mes de cárcel por portar una navaja barbera, arma prohibida. Apeló para ante este tribunal e invocando el caso de El Pueblo v. Moll, 28 D.P.R. 783, sostiene que aun aceptando como cierta la prueba del Fiscal no se ba demostrado la comisión del de-lito por el qne fue castigada.

No estamos conformes. La evidencia fue contradictoria en extremos esenciales. Aquella que creyó la corte demues-tra que la acusada al subir a un automóvil pidió a otra persona su dinero y su navaja. La persona no quería acceder a entregar la navaja. Lo bizo al ñn y al ir la acusada a guardarla en una de sus medias, un policía que se encon-traba en el auto trató de quitársela y ella la arrojó a la calle.

En el caso de Moll, supra, se dijo: “La intención de la ley que probibe portar armas es castigar al que lleva con-sigo el arma prohibida, pero no al que incidentalmente pueda tomarla en sus manos.” Moll no era dueño del arma, ni tuvo la intención de portarla. Aquí la acusada reclamó su ‘imvaja y llegó a tomarla en sus manos con intención de ■conservarla sobre su persona. No importa lo corto del Lempo. Por escaso que fuera, la portó. Si no continuó con ella se debió a la- intervención del policía.

Siendo ello así y no habiéndose demostrado que el juez actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera error manifiesto al dirimir el conflicto de la evi-dencia, debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Manuel Cividanes Alonso, demandante y apelado, v. Marcelo Oben y Jesús Vázquez, demandados y apelantes, y Luce & Co., S. en C., interventora y apelante.
    No. 3450.

    Visto: Abril 14, 1925.

      Resuelto: Diciembre 23, 1925.
    1. Injunction — Materias Sujetas a Protección V Remedio — Bienes, Traspasos y Gravámenes — Injunction para Recobrar la Posesión — Suficiencia de la Demanda — Defectos Subsanados por la Prueba. — Atendida la demanda de injunction en el caso de autos, se resolvió: que si bien las omisiones ale-gadas para sostener que aquélla no aduce hechos suficientes constitutivos de causa de acción, dentro de las circunstancias — habiéndose levantado la cues-tión por primera vez en el alegato presentado a la corte inferior después de celebrado el juicio sobre los méritos — los defectos quedaron subsanados por la prueba. (Serrano y. Sum. Santos, 24: 175, seguido.)
    2. Injunction — Materias Sujetas a Protección y Remedio' — Bienes, Traspasos y Gravámenes — Injunction para Recobrar la Posesión — Alegaciones—De-manda de Intervención Equivalente a Una Contestación. — Cuando en acción de injunction para recobrar la posesión los interventores en su de-manda asumen la responsabilidad por los actos admitidos por ellos como eje-cutados de acuerdo con sus instrucciones por los demandados, y la demanda de intervención parece expresar en sustancia y de hecho una defensa a la causa de acción del demandante, dicha demanda de intervención es en efecto una contestación a la demanda de la parte actora.
    3, Injunction — Materias Sujetas a Protección y Remedio — Bienes, Traspasos y Gravámenes — Injunction para Recobrar la Posesión — Preceptos Esta-tutiorios^Objebo del Estatuto. — El espíritu y objeto de nuestro estatuto es desalentar toda conducta tendente a provocar una violación de la paz, para dar a las partes en posesión su día ante la corte, obligando a los que no están en posesión a acudir a las cortes para establecer sus derechos.
    ■A Injunction — Materias Sujetas a Protección y Remedio — Bienes, Traspasos y Gravámenes — Injunction para Recobrar la Posesión — Defensas—Pose-sión Civil Anterior y Coexistent®. — Una posesión civil anterior y coexis-tente, o un derecho posesorio en ley o equidad, no es ninguna defensa contra un procedimiento para recobrar la posesión material una vez perdida ésta como consecuencia de procedimientos violentos o clandestinos empleados por un demandado.
    5. Apelación y Error — Señalamiento de Errores — Señalamiento sin Argu-mentación. — Cualquiera que sea el mérito de las contenciones envueltas en errores que sólo se enuncian y no se discuten en el alegato, no requieren seria consideración.
    SENTENCIA de G. Castejón, J. (Ghiayama), declarando con lngar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      J. Tons Soto y B. Pérez Marchand, abogados de los apelantes; L. Muñoz Morales, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandados e interventores apelan de una sentencia dictada contra ellos y cuyos fundamentos son los siguientes:

“El peticionario en este caso que lo es el Sr. Manuel Cividanes en su carácter de administrador judicial de la herencia de doña Ru-fina Molinari, ha deducido de acuerdo con la Ley 43 de 1913, el pre-sente recurso especial de injunction para recobrar la posesión de cierta propiedad en la cual ha sido perturbado por los actos de los demandados Marcelo Oben y Jesús Vázquez, administrador de campo y mayordomo respectivamente de la Central Machete.
“Tales demandados alegaron haber actuado por orden de su principal Luce and Company, S. en C., y ésta a su vez radicó una demanda de intervención oponiéndose a las pretensiones del peticio-nario.
“Sirven de base a la petición de injunction en sustancia los si-guientes hechos: .
“Que el peticionario es el administrador de los bienes pertene-cientes a la herencia de doña Rufina Molinari, entre los cuales está a su cargo y bajo su custodia una factoría de azúcar enclavada en terrenos radicados en el barrio de Jobos de la jurisdicción de Gua-yama.
“Que desde el año de 1916 fecha en que tomó posesión de su cargo como tal administrador judicial, se encuentra en posesión no interrumpida de dicha factoría de la hacienda Merced, integrada aquélla por maquinarias, edificios y demás instalaciones dentro del radio de dicha factoría.
“Que en los últimos días del mes de Septiembre de 1923 los de-mandados Oben y Vázquez ordenaron e instalaron respectivamente dentro del radio de la citada factoría seis casas de madera del país, techadas de zinc, destinadas a viviendas de peones, proponiéndose los demandados continuar haciendo nuevas construcciones en el pro-pio lugar.
“Que actuando de este modo los demandados han despojado al demandante de la posesión y tenencia de dicha factoría y que el pe-ticionario en el carácter que ostenta ha requerido a los demandados para que cesen en la perturbación, habiéndose éstos negado a ello.
“La demanda de intervención a nombre de Luce and Co., S. en C., alega los siguientes hechos en sustancia:
“Que Luce and Co., S. en C., son dueños de la Hacienda Merced y se encuentran en la posesión material y civil de la misma actual-mente y desde que la adquirieron de la sociedad A. Hartmann y Compañía en 25 de junio de 1920.
“Que en dicha Hacienda Merced se encuentran enclavados dife-rentes edificios, almacenes y dependencias ubicados en una parcela de una extensión aproximada de ocho cuerdas, siendo dichos edifi-cios propiedad de la sucesión de doña Rufina Molinari pero perte-neciendo el suelo en que están 1-os edificios como parte de la Hacienda Merced a la sociedad Luce and Company, hallándose ésta en la posesión de todo el terreno que rodea dichos edificios, almacenes y dependencias.
“Que la corporación Central Machete no es dueña ni poseedora de la Hacienda Merced, habiendo sido ■ ordenada la instalación de dichas casas por la interventora a sus empleados Oben y Vázquez.
■ “Que la sucesión Molinari no ba estado en ningún tiempo en la posesión de la Hacienda Merced ni parte de ella, ni dentro del año anterior a la interposición de esta acción y sí solamente de los edi-ficios antes reseñados pero no de los terrenos inmediatos o adyacen-tes a tales edificaciones que ban estado en posesión de la interven-tora desde-que fueron adquiridos.
“Se ba presentado por las partes en este caso prueba documen-tal con respecto al título, la cual admitimos y consideramos abora únicamente a los efectos de determinar el becbo de la posesión, ya que en estos procedimientos es improcedente considerar cuestiones de título y propiedad si bien éste puede servir para aclarar aquélla. Ortiz v. Silva et al., 28 D.P.R. 386. Alfaro v. Alonso, 27 D.P.R. 56.
“Existe además prueba testifical que consideraremos oportuna-mente.
“La interventora ha levantado en su alegato como cuestiones le- . gales:
“Que la petición es insuficiente por no describir la porción de terreno cuya posesión se reclama y a más que la demanda de in-tervención no ba sido contestada.
“En cuanto a la primera cuestión diremos que si bien en la de-manda se habla de un radio de terreno, éste ba quedado suficiente-mente identificado por la prueba, quedando subsanado por ésta cual-quier error que pudiera haber existido. Serrano v. Sucesión Santos, 24 D.P.R. 179.
“En lo que respecta a la falta de contestación nos parece que dada la forma en que han sido planteadas las cuestiones en este caso, la demanda de intervención constituye una verdadera sustitu-ción de partes demandadas, ya que los demandados contestaron ha-ber actuado a nombre de la interventora y ésta al comparecer no hace otra cosa que oponerse a lo solicitado por el actor, siendo en puridad de verdad una verdadera demanda de oposición a las pre-tensiones del demandante.
“La cuestión queda pues reducida a determinar a quién corres-ponde la posesión material de ciertos terrenos adyacentes a la facto-ría antes reseñada.
“La prueba testifical demuestra que la hacienda Merced era una finca dentro de la cual existía una factoría dedicada a la fabricación de azúcar.
“Que más tarde a virtud de transacciones los terrenos pasaron a la propiedad de ciertas personas y la factoría a otras distintas.
“Que alrededor de ésta existe una porción de terreno cercado y dentro de él están instalados un tanque de concreto usado como se-cadora de azúcar, una grúa para levantar cañas, un molino de viento elevador de agua y tres casas, perteneciendo todo esto, en unión de dos de las casas, a la factoría, o sea, a la Sucesión de Molinari, y la otra casa a la interventora Luce and Company, formando dicbo te-rreno la plaza o sitio de operaciones de la ameritada factoría.
“Que sobre este lugar, o sea, en la misma plaza de la factoría se ban levantado las seis casas que ban dado origen al presente pleito.
“Que Cividanes tiene allí dos hombres encargados de la factoría y Luce- and Company en su citada casa también tiene otra persona.
“Luce and Company por medio de su prueba y para sostener la posesión material en que se encuentra sostiene que ba reparado las cercas que rodean tal perímetro de terreno y ba pastado ganado de su propiedad en aquel lugar desde que adquirió la finca en el año 1920.
“Cividanes sostiene con su prueba que el citado predio de te-rreno pertenece y forma parte de la factoría que ba poseído desde que entró en el ejercicio de su cargo y que el mismo es necesario para llevar a cabo las funciones de la industria azucarera, si bien es cierto que allí no se muele desde bace algunos años.
“La inspección ocular que hiciéramos con el consentimiento de ambas partes demuestra que frente a la factoría existe un perímetro de terreno y en el límite de éste están instaladas las dos casas ocu-padas por los representantes de Cividanes; a la derecha la casa de Luce and Company y que dentro del solar comprendido entre la factoría y las dos citadas casas de la Sucesión Molinari están encla-vadas las casas de la interventora, siendo cierto que la plaza de la factoría está ocupada en parte por dichas construcciones.
“La prueba en cuanto al hecho de la posesión, como puede verse, resulta contradictoria en extremo, pero si la Sucesión Molinari ba estado siempre en posesión de la factoría, hecho que no ba sido ne-gado, y el terreno cercado alrededor de aquélla es un adyacente y forma parte integrante de la misma por ser necesario para cumplir los fines de la industria que explota, no es difícil llegar a la conclu-sión de que la posesión de tal terreno ha estado siempre en poder y posesión de la sucesión Molinari sin que cualquier acto de mera tolerancia de su parte en cuanto a permitir allí ganado de la inter-ventora haya podido hacerle perder su derecho de posesión.
“Luce and Company alega, además, su derecho a la posesión a. virtud de ser dueña del terreno, pero sabido es que tal derecho no puede ser discutido dentro de un interdicto como el establecido en el presente caso. Padró contra Eíos 1 S. del T. S. 557.
“Manresa en sus comentarios al Código Civil, tomo 4, pág. 211, al referirse a las personas contra las cuales son procedentes los in-terdictos de retener o recobrar, se expresa en la siguiente forma:
“ ‘Por regla general, pueden establecerse contra toda persona que realice actos de perturbación o despojo, aunque sea el mismo dueño, y contra sus herederos, si bien respecto a éstos ha de tenerse presente el artículo 442.’ ”

A moción de los interventores, el juez sentenciador sub-siguientemente emitiólas siguientes conclusiones adicionales:

“(a) En cuanto al terreno ocupado por la interventora con sus construcciones que si bien las mismas no impiden totalmente el trá-fico por la plaza de la central, menoscaban la capacidad de ésta en gran parte, debiendo tenerse en cuenta que la plaza la ocupa tam-bién un tanque de concreto dedicado a secadora y una grúa para el levantamiento de cañas.
“(Z>) En cuanto al estado de la factoría en su parte exterior está algo deteriorada no pudiendo determinarse su estado interior por no haberlo inspeccionado y a más por ser imposible a la corte aunque lo hubiera visto determinar el estado de las maquinarias que requerirían el informe de peritos o expertos en la materia. Es-tando probado que la misma no funciona hace ocho o nueve años.
“ (c) La corte estima probado que mayordomos de Cividanes y no éste solicitaron de mayordomos de Luce & Co., S. en S., permiso para pastar ganado de Cividanes, si bien éste declara que el ganado de la interventora pastaba allí por mera tolerancia suya y haberse opuesto a ello dirigiéndose a la interventora por medio del Sr. Oben y a más por haber prohibido el uso del molino para levantar agua.
“ (d) La corte estima probado que la parcela en que está encla-vada la factoría está limitada por tres lados con terrenos sembrados de caña. En cuanto a la cerca la prueba demuestra que la misma data en aquel sitio desde hace mucho tiempo (20 ó 25 años) y que Luce & Co., S. en C., la ha reparado tres veces durante los cuatro años que lleva de posesión.
“Que uno de los lados aparece sin cerca o sea aquel en que está la casa de Luce & Co., S. en C.
“Los demás hechos que estima probados la corte constan de la opinión emitida en este caso, así como el resultado de la inspección ocular que no pudo ser lo amplio que se deseara debido al mal tiempo que reinó durante la práctica de la misma.
“No obstante se hace constar la inspección ocular por medio de la correspondiente acta.”

El acta de inspección ocular verificada por el juez de dis-trito al examinar el sitio también se consigna separadamente como signe:

“Acta SobRE INSPECCIÓN OoudaR. — Hoy día doce de mayo de 1924, a petición de la parte demandante secundada por la interven-tora se trasladó el Juez que'suscribe en unión del secretario de la corte y de los abogados de las partes al barrio Jobos de la munici-palidad de Guayama con el fin de practicar una inspección ocular en la hacienda Merced de la cuál es administrador judicial el de-mandante Sr. Manuel Cividanes.
“Llegados al referido sitio se pudo observar un perímetro de te-rreno como de ocho a nueve cuerdas separadas de plantaciones de caña que lo circundan por una cerca en tres de sus lados.
“Dentro de tal predio aparece enclavada una factoría o estable-cimiento para elaborar azúcar, bastante deteriorado en su parte exterior.
“Frente a tal factoría o establecimiento existe la plaza y dentro de ella un tanque de concreto dedicado a enfriadero en la fabrica-ción de azúcar y a más una grúa para el levantamiento de cañas.
“Frente a éstos un espacio de terreno sin vegetación debido sin duda al tráfico continuo por aquel lugar.
“Después una hilera de casas destinadas a peones propiedad de la interventora Luce & Co., S. en C., cuyas casas son las que moti-van el presente pleito.
“Al fondo de éstas un pequeño callejón y después dos casas de maderas cuyo fondo linda con la cerca del lado Este propiedad del demandante Manuel Cividanes.
“A la derecha, mirando hacia el Oeste y dando frente a la fac-toría, una casa de Luce & Co., S. en C., que penetra un poco en la plaza, así como dos casas para peones de Luce & Co., S. en C.
“A la izquierda aparecen otras dos casas también para peones de la propiedad de la interventora, cuyas casas son todas objeto del presente pleito.
‘ ‘ Al fondo, de la factoría se ven pastos naturales y un molino de viento para alumbrar agua.
“Debido a la inclemencia del tiempo se dió por terminado el acto regresando a Guayama el juez y secretario en unión de los abo-gados de las partes que estuvieron presentes durante la inspección.”

Los señalamientos de error que fian sido alegados son los siguientes:

“1. La corte de distrito erró ál no estimar que la demanda no aduce becbos bastantes para determinar una causa de acción, y por tanto al no desestimar dicba demanda.
“2. La corte de distrito erró al dictar sentencia contra los de-mandantes en intervención, no habiéndose contestado dicba demanda por la parte demandante y no pidiéndose en la demanda original remedio alguno contra dichos demandantes en intervención.
“3. La corte de distrito erró al no estimar que existiendo una comunidad de bienes entre la sucesión de Rufina Molinari (deman-dante) y la demandante en intervención (Luce and Co.) por ser dueños éstos del suelo y usufructuaria aquélla basta su muerte del suelo y dueña plena de los edificios, cada condueño tiene derecho a ejercer actos de posesión y disfrute de la cosa, siempre que no per-judique al otro condueño, de acuerdo con el artículo 401 del Código Civil.
“4. La corte de distrito erró al no estimar que Luce & Co. y sus antecesores en título estuvieron siempre en la posesión civil y en la material y tenencia física de la parcela en que están sitos los edificios, sujeta esta posesión, sin embargo, al ejercicio por la dueña de éstos de una servidumbre sobre dicba parcela para todos los usos y servicios de la antigua factoría.
“5. La corte de distrito erró al considerar que Luce and Company, S. en C., perturbó la posesión de la 'Sucesión de Rufina Moli-nari erigiendo cuatro casas de peones en la parcela ocupada por los edificios propiedad de aquélla erigidos en dicha parcela, toda vez que la factoría azucarera, no está en explotación y que dichas casas no estorbarían el uso de dicha factoría, si estuviera en explotación.
“6. La Corte de distrito cometió error al infringir por su no aplicación el artículo 461 del Código Civil, toda vez que estando de-mostrada la posesión de los antecesores en título de Luce & Co., en fecha anterior al año de 1916 (en que alega Cividanes el deman-dante que comenzó su posesión) y la posesión actual de éstos, debe presumirse que han poseído durante todo el tiempo intermedio.
“7. La corte erró al admitir como evidencia un croquis del te-rreno y edificios en cuestión preparado por el testigo Cividanes, sin tener conocimientos en la materia (folio 21).
“8. La corte erró al no consentir que el testigo Cividanes decla-rara sobre el estado de los edificios (folio 24).
“9. La corte erró al permitir que el testigo Manuel Cividanes declarara impugnando la declaración de sus propios testigos (folio 44).”

Alegan los apelantes que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción:

“A. Porque alega la posesión, no de la parcela de terreno donde está la factoría o Central Merced, sino la posesión de esta factoría.
“B. Porque no alega que se le perturbara en la posesión de la factoría (que es el bien objeto de posesión) sino del radio o terreno adyacente, cuya posesión no se alega.
“C. Porque no se describe tal radio.”

La demanda no es un modelo de perfección, pero las omisiones alegadas en tanto existen apenas si pueden considerarse como que constituyen una completa falta en determinar una causa de acción. Si hubiera sido interpuesto una excepción previa y declarada con lugar, el demandante hubiera tenido una oportunidad para hacer enmiendas. Según consta de la opinión emitida por el juez, supra, la cuestión fué levantada por primera vez en el alegato presentado en la corte inferior después de celebrarse un juicio sobre los méritos. Dentro de las circunstancias, el juez de distrito claramente tuvo razón al sostener que los defectos quedaron subsanados por la prueba.

La demanda de intervención concluía con la súplica de que se desestimara la demanda. Como indicó el juez sentenciador, los interventores asumieron la responsabilidad completa por los actos admitidos por ellos como ejecutados de acuerdo con sus instrucciones, por los demandados, y según también llamó la -atención la corte inferior, la alegación parece expresar en sustancia y de hecho una defensa a la causa de acción del demandante. Por una curiosa coincidencia el alegato en apelación se titula “Brief de los demandados.” El abogado no cita ninguna autoridad para sostener el segundo señalamiento de error y será bastante, por tanto, con hacer referencia de paso al caso del Pueblo v. Pérez Irrigation District, 132 Cal. 289, y al de Henry v. Vineland Irrigation District, 140 Cal. 376, citados por el apelado.

Los señalamientos tercero, cuarto y quinto de losapelantes se discuten conjuntamente y pueden ser resueltos en igual forma. Del razonamiento del alegato hacemos el siguiente extracto:

“En resumen. Posesión exclusiva de doña Rufina es la que ésta tuvo y tiene abora su administrador judicial de la factoría, edificios, etc. La posesión del terreno adyacente a dicba factoría, de la plaza no es exclusiva, fué la posesión de todos los condueños, de Doña Rufina usufructuaria y de los nudos propietarios, mientras ella vi-vió, y muerta ella es la posesión de estos últimos con exclusión de ella, salvo en cuanto al uso de los .terrenos adyacentes para las labo-res de la fábrica. Esta posesión es ni más ni menos que la que el disfrute de una servidumbre impuesta por la voluntad tácita de las partes en la partición de bienes de Don Ignacio Díaz, al conceder la propiedad de la factoría y edificios a Doña Rufina, y la propiedad de los terrenos, sin excepción alguna, a los demás herederos en nuda propiedad y a Doña Rufina en usufructo. En tanto vivió ésta, no pudo surgir problema legal alguno, porque ella estaba en posesión, uso y disfrute de todo: edificios y terrenos. Fallecida la usufruc-tuaria y trasmitidos los terrenos a terceras personas, ha surgido ahora el problema legal, que a nuestro juicio no tiene otra solución que la expuesta. La sucesión de Doña Rufina, dueña de edificios construidos en suelo ajeno, tiene derecho a usar, desde luego, el suelo en que están construidos, tiene derecho a una servidumbre de paso para entrar y salir por los terrenos adyacentes y si la factoría funcionara tendría derecho a ocupar los terrenos necesarios para las operaciones de la molienda, durante ésta, o sea carga y descarga de cañas, movimiento de carros, almacenamiento de bagazo, leña, etc., sin que los dueños del suelo pudieran oponerse a tales actos; pero al propio tiempo los dueños del suelo, que lo han poseído siempre, a través de la usufructuaria, por lo menos, tienen el derecho de usar los terrenos adyacentes a la factoría, de disfrutarlos y poseerlos en tanto su posesión no menoscabe o perturbe las operaciones de la factoría.
Las perturban las casas portátiles erigidas por Luce and Co., S. en C.? De ningún modo, entre otras razones por la elemental razón de que la factoría no muele ha mucho tiempo.
“Por lo expuesto se ve que la corte de distrito no tiene razón al decir que la prueba es contradictoria. No lo es. Cividanes ha ejercitado actos de posesión en el terreno adyacente a la factoría, cuando allí se molía, utilizando la plaza en las labores de la zafra. Los realiza abora entrando y saliendo con sus guardas y peones de las casitas que allí tiene, entrando y saliendo del ruinoso edificio de la factoría; y Hartmann & Co. y después Luce and Co., S. en C., realizan también actos de posesión, entrando y saliendo en la casa de su propiedad que está ubicada en la misma plaza, pastando bueyes en dicho sitio, abrevándolos, manteniendo empleados, empla-zando casas para peones allí, componiendo las cercas de las piezas de caña contiguas que por tres lados circundan el terreno en cues-tión, etc. Ambas posesiones son compatibles y armónicas. La ar-monía lia querido perturbarla el señor Cividanes tratando de pro-hibir a los dueños del suelo y poseedores del mismo que realicen ac-tos de posesión que son compatibles con la servidumbre de que goza la dueña de la factoría.”

Como ya se lia indicado, la demanda de intervención no contiene ninguna súplica, para un remedio afirmativo, admi-tiendo en pro del argumento, aunque sin resolver, que por virtud de los hechos alegados, los interventores hubieran te-nido derecho a tal remedio en un procedimiento de esta na-turaleza.

No estamos, por consiguiente, tratando de los derechos posesorios definitivos de las respectivas partes.

Si bien la demanda de intervención habla en términos ge-nerales y sin hacer diferencia alguna entre la posesión natural y la civil, la única cosa envuelta, si no la única cuestión que podía ser levantada aquí, era y es si el demandante es-taba en posesión real del terreno en el cual las casas edifi-cadas por los interventores estaban situadas. Si es así, él tiene derecho al inmediato restablecimiento de tal posesión, aparte de cualquier derecho que los interventores puedan tener, de ser alegados en la debida acción para lanzar al ad-ministrador de cualquier parte o porción o de la totalidad del terreno, o prohibirle que intervenga con el ejercicio por parte de los interventores de cualquier derecho que puedan tener a participar en tal posesión, o solicitar cualquier otro remedio, bien sea en ley o en equidad.

Mientras no se pruebe de un modo claro que existió error, si lo hubo, en las anteriores decisiones de esta corte, esta-mos obligados a resolver de conformidad con las mismas y de acnerdo con la historia del interdicto de recobrar de la Ley romana, que el espíritu y objeto de nuestro estatuto es desalentar aquella conducta tendente a provocar una viola-ción de la paz, para dar a las partes en posesión un día ante la corte, obligando a las partes que no están en posesión a acudir a las cortes para establecer sus derechos en vez de tomar la ley por su mano. Parece ser consecuencia de la precedente proposición que una posesión civil anterior y co-existente, o un derecho posesorio en ley o equidad, no es ninguna defensa contra un procedimiento para recobrar la posesión material una vez que ha sido perdida como conse-cuencia de procedimientos violentos o clandestinos empleados por un demandado. Véase también el tomo 6 de Manresa, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, Tercera Edición, Título 20, págs. 142, 149, 152, 153, 155 y 157.

La teoría del abogado del apelante en cuanto a una po-sesión material por parte del dueño del terreno coexistente, o alternante e intermitente, es interesante y en tanto con-cierne al hecho de pastar el ganado es más o menos admi-sible. La principal dificultad en la aplicación de tal regla se vería que descansa quizás en la imposibilidad práctica de cualquier línea fija de demarcación entre, o una determina-ción precisa, de los derechos de las respectivas partes sobre tal base inestable y variable.

No existe ninguna muy marcada diferencia entre un due-ño de terreno cualquiera y esa considerable porción de la humanidad que ha hecho proverbial que de dársele una pul-gada tomarán “una yarda.” El dueño del terreno que em-pieza por pastar ganado en los terrenos de la factoría, mientras ésta no se encuentra moliendo y da permiso luego a los empleados del dueño de la factoría para ejercitar tem-poralmente un privilegio semejante, está dispuesto a ter-minar construyendo en la finca así usada para pastar ga-nado, estructuras permanentes que impedirán el acto de la molienda al practicarse ésta. Y de no ser prontamente res-tringido, el dueño de la finca puede, por tanto, decir al dueño o administrador de la factoría, “Ud. está impedido por su' conducta, a Ud. no puede permitírsele que continúe callado mientras yo tengo que gastar grandes sumas de dinero en la construcción de edificios en mi propia finca y requerir en-tonces la supresión o demolición de tales estructuras sim-plemente porque interrumpen más .o menos el funciona-miento de la factoría. Rabell v. Rodríguez, 24 D.P.R. 561.

Admiten los apelantes, al parecer, que la posesión del dueño de la factoría es exclusiva mientras está funcionando la misma, y citan como prueba fundamental de la conclusión a que llegó la corte inferior el artículo 447 del Código Civil, el cual es como sigue:

“Art. 447. — La posesión como Lecho, no puede reconocerse en dos personalidades distintas, fuera de los casos de indivisibilidad. Si surgiere contienda sobre el hecho de la posesión, será preferido el poseedor actual; si resultaren dos poseedores, el más antiguo; si las fechas de las posesiones fueren las mismas, el que presente tí-tulo; si todas estas condiciones fuesen iguales, se constituirá en de-pósito o guarda judicial la cosa, mientras se decida sobre su pose-sión o propiedad por los trámites correspondientes.”

Entre las presunciones disputables establecidas expresa-mente en el artículo 102 de la'Ley de Evidencia está la si-guiente :

“Inciso 31. — Que una vez probada la existencia de una cosa, continúa ésta todo el tiempo que ordinariamente duran las cosas de igual naturaleza.”

Que la posesión del terreno realmente ocupado en rela-ción con las operaciones de molienda es exclusiva durante tales operaciones, ya se admita o nó ser así, parece ser cosa demasiado clara para discutirse. Por lo general y práctica-mente el mismo espacio no puede ser ocupado al propio tiempo por dos objetos sólidos. El ganado no puede ser puesto en cercados en los cuales ya hay otro ganado. El bagazo producido por una factoría de azúcar no puede ser depositado convenientemente en terreno ya ocupado por vi-viendas edificadas por el dueño de dicho terreno donde está la factoría.

Los apelantes, si entendemos el razonamiento, no alegan ni podrían razonablemente alegar que los interventores ten-drían derecho a erigir estructuras permanentes durante el período que media entre las épocas de molienda en terreno actualmente usado en relación con las operaciones de mo-lienda, pero si están en libertad para construir tales edifi-caciones simplemente porque la factoría por alguna razón que no se explica ha estado sin trabajar por un año o más, entonces vuelve a hacerse difícil establecer una línea más allá de la cual no deben ellos pasar, o decir que no puedan hacer lo mismo en el período comprendido en las épocas de molienda o, por eso, siempre que la factoría, debido a la es-casez accidental de caña, o por cualquier otra razón, pueda creer necesario suspender las operaciones por una semana o diez días, o hasta por la noche.

Por otra parte, si la presunción respecto a la ocupación material del terreno ha de extenderse a tal intervalo, enton-' ces no parecería existir ninguna razón suficiente por la cual no debiera continuar, a falta de alguna prueba de lo que es el curso natural u ordinario de los sucesos en tales circuns-tancias, por un período de varios años.

No necesitamos investigar sobre cuál pudo haber sido el resultado si los interventores hubieran alegado e introducido prueba para demostrar que la factoría no tiene caña propia que moler, ni contratos de molienda ni ninguna perspectiva de obtener tales contratos en el futuro, o que la factoría no podía ser rehabilitada y puesta en condiciones de funcionar sin tener que reconstruirla prácticamente, o que no sería funcionada beneficiosamente después de tales reparaciones, o que no hay ninguna perspectiva o probabilidad razonable de una venta de la factoría como tal o, en resumen, que dicha factoría en realidad no es tal factoría sino nn montón de desperdicios.

Hubo cierta prueba tendente a acreditar que si bien la factoría no está en condiciones de trabajar, sin embargo, podría servir para la molienda sustituyéndole varias de sus partes componentes. De todo lo que aparece de los autos la molienda puede continuarse al principio de la próxima es-tación de molienda.

De las proposiciones enumeradas 6 a la 9, inclusive,, en los señalamientos de error, los apelantes se conforman con decir:

“Errores sexto, séptimo, octavo y noveno. — No requieren argu-mento especial. Entendemos que es suficiente la enunciación de los mismos. Son materia de evidencia.”

Cualquiera que sea el mérito que estas contenciones pue-dan tener, no resulta por sí evidente para nosotros como parece serlo para los apelantes y según ban sido presenta-das y sometidas en el alegato no requieren seria conside-ración.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.