text:
    Nos. 4939 y 4940.
    Pueblo, apldo., v. Compañía Insular de Transporte, Inc., aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 27, 1934.
   Por los motivos expuestos en el día de hoy al resolver el caso No. 4938, El Pueblo de Puerto Rico v. Compañía Insular de Transporte, Inc., se confirman las sentencias apeladas en los presentes casos.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    No. 5485.
    Pueblo, apldo., v. Segarra, aplte.
    C. D. Ponce.
    Mayo 31, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por Cuanto, la denuncia que dió lugar a la sentencia apelada lee en su parte pertinente como sigue:

"Yo, J. E. Camacho, Insp. de Sanidad, vecino de Yaueo, P. B., calle de Muñoz Bivera esq. Mejías, mayor de edad, formulo denuncia contra Antonio Segarra por delito Inf. Reg. de Sanidad 31 art. 9 en relación con el No. 10 promulgado de acuerdo con la ley en Feb. 24, 1915, cometido de la manera si-guiente: Que en 12 de octubre de 1933 y en el puesto de carne de su propiedad sito en la calle 25 de julio de Taueo, P. R., que forma parte del Distrito Judicial Municipal de Tauco y que también es parte del Dtto. Judicial de Ponce, el refe-rido acusado ilegal, voluntaria y maliciosamente destinaba carne de res para el expendio y consumo público en estado de descomposición e impropio para el con-sumo público entonces y allí.’’

Por CUANTO, el inciso 9 del Reglamento a que se contrae reza como sigue:

“Toda carne, pescado, legumbres, frutas u otros productos alimenticios desti-nados al consumo público que estuviesen contaminados, adulterados o que por cualquier otro motivo resultasen impropios para el consumo público, serán reti-rados de la venta por un funcionario del Servicio de Sanidad, debidamente auto-rizado, y se prohibirá o evitará su venta para el consumo humano, confiscándolos o por cualquier otro medio que fuese necesario guardándolos hasta que una corte de justicia competente determine lo que deba hacerse con los mismos.”

Por Cuanto, este inciso no prohíbe la venta de carne impropia para el consumo público hasta que algún funcionario del Servicio de Sanidad así lo haya indicado u ordenado;

Por cuanto, estamos conformes con el apelante en que la corte de distrito erró al declarar sin lugar una excepción previa por falta de hechos suficientes para constituir una causa de acción;

Por Cuanto, el fiscal de esta corte ha recomendado que dicha sen-tencia sea revocada; y

Por ouanto, la corte de distrito, después de oír al fiscal y al abo-gado del demandado estará en mejores condiciones que este Tribunal para resolver si debe o no, al sostener la excepción previa, ordenar la presentación de una acusación bajo el artículo 338 del Código Penal:

Por tanto, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en 5 de diciembre de 1933 en el caso de epígrafe, y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta sentencia.


text:
    No. 4984.
    Pueblo, apldo., v. Arnal, aplte.
    Enero 18, 1934.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Por cuanto, el fiscal nos pide que desestimemos esta apelación por falta de alegato del apelante;

Por cuanto, después de vencido el término que el apelante tiene para presentarnos su alegato y las prórrogas que para tal fin le con-cedimos durante un año y después de haberle negado una nueva prórroga y de estar presentada la moción de desestimación radicó su alegato por lo que es procedente la desestimación de su apelación por el motivo alegado por el fiscal;

Por cuanto, a mayor abundamiento los motivos alegados para la apelación carecen de mérito porque el veredicto de culpabilidad ren-dido por el jurado está justificado por la prueba y porque el comen-tario hecho por dos jurados durante la vista del caso no justifica la concesión de un nuevo juicio:

Por tanto, se desestima la apelación interpuesta por José Arnal contra la sentencia dictada en este caso y contra la resolución que le negó un nuevo juicio.


text:
    No. 5319.
    Pueblo, apldo., v. Echevarría, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 19, 1934.
   Celebrada la audiencia para mostrar causa acordada por resolu-ción de febrero 27, 1934. Atendidas las razones alegadas por el ape-lante en su moción de esta fecha y oído el informe favorable del Fiscal, se admite el alegato presentado por el apelante y se autoriza la continuación de este recurso.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Edmundo B. Fernández, acusado y apelante; El Mismo v. El Mismo.
    Nos. 5429 y 5430.
    Sometidos: Junio 13, 1934.

    Resueltos: Junio 20, 1934.

      Dubón & Ochoteeo, abogados del apelante; E. A. Gómez y Litis Janer, Fiscal y Fiscal Auxiliar, respectivamente, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Estos casos se iniciaron por denuncias presentadas ante la Corte Municipal de Bayamón por delitos de la misma natu-raleza y contra el mismo acusado. Condenado éste por la corte municipal, apeló para ante la de distrito y al llamarse los casos para celebrar los juicios de nuevo, ambas partes los sometieron mediante estipulación sobre los becbos. La del recurso No. 5429 dice:

“Que Edmundo B. Fernández, el acusado en este caso, desde enero primero a marzo 31 de 1933, tenía y tiene, una fábrica sita en el barrio ‘Juan Sánchez’ del término municipal de Bayamón, dedicada única y exclusivamente a la fabricación de alcoholado de-nominado ‘Santa Ana’ y a la fabricación de bay rum denominado íBoricua’; que el citado Edmundo B. Fernández desde enero 1 a marzo 31 ele 1933, no se ba provisto de licencia alguna de rentas internas correspondiente a dicho trimestre a los efectos de la fabri-cación del citado alcoholado y el mencionado boy rum.”

La del recurso No. 5430 sólo se diferencia en cnanto al período durante'el cual mantuvo el acusado su fábrica sin licencia, a saber, “desde abril primero a junio 30 de 1933.”

La corte de distrito declaró culpable en ambos casos al acusado y éste interpuso las presentes apelaciones que se ban sometido por un solo alegato y que serán estudiadas en esta sola opinión.

Sostiene el apelante que la- corte de distrito erró al resolver que la Ley de Arbitrios exige a los fabricantes de alcoholado y bay rum proveerse de licencia y por tanto que no pudo condenar al acusado como infractor de dicha ley.

De la resolución fundada de la corte declarando sin lugar la moción de -nonsuit que el acusado le presentara, transcri-bimos lo que sigue:

■ “La materia de arbitrios está, pues, regulada específicamente en el Título Segundo; y la materia de licencias está específicamente re-gulada por el Título Cuarto. En este último título está compren-dida la Sección 84 que, en lo pertinente, ya hemos dejado copiada.
“ ‘Negocios u ocupaciones sujetos a licencias’ se titula la pri-mera parte del Título Cuarto. Ocupa toda la Sección 84. Y dice la ley que cada tres meses toda persona dedicada a cualquiera de las ocupaciones o negocios relacionados en esa sección pagará por cada fábrica la contribución por concepto de licencia allí prescrita. Y en el apartado 8 de dicha sección se dispone que los fabricantes de perfumería con alcohol pagarán, los de primera clase $100 y los de segunda clase $Y5 por concepto de licencia. '
“Habiendo el acusado admitido como cierto el hecho imputádole de que se dedicó a la fabricación de alcoholado y bay rum sin ha-berse provisto de la correspondiente licencia; estando determinado en el Título Cuarto de la Ley de Rentas Internas, sección 84, inciso 8, que todo fabricante de perfumería con alcohol pagará una con-tribución por concepto de licencia; diciendo la sección 86 que nin-guna persona se dedicará a negocio alguno o industria de las cita-'das en la ley mientras no haya pagado la licencia én la forma que ?en la misma sé dispone; y declarando la sección 92 delito menos grave el emprender o continuar cualquier industria u ocupación su-jeta a licencia sin proveerse de la misma, no ’procede la absolución perentoria del acusado.
“La denuncia establecida es una por carecer el acusado de la licencia correspondiente: No es por falta del pago del arbitrio a que baee mención el 'Título Segundo de la ley, por lo que la cita que hace el acusado del inciso 32 del artículo 16 comprendido en dicho título y cualquiera interpretación del mismo no tiene relación con este caso. La cuestión ante nos, según la denuncia y los hechos estipulados, es una imputada infracción a la sección 84, apartado 8, comprendido en el Título Cuarto.”

No hay duda alguna de que el alcoholado y el bay rum se consideran como cosméticos y perfumes.

“El lay rum es un líquido aromático obtenido destilando ron con las hojas del arrayán (Pimento, o Myrcia acus) o mezclando esencias, como la esencia de myrcia, o de cáscara de naranja, y de pimienta, con alcohol. Se utiliza como cosmético y como perfume.” (The Standard Encyclopedia, Vol. 3, pág. 65, Ed. 1931.)

En Puerto Rico el bay rvm se conoce generalmente con el nombre de ron de malagueta y se obtiene destilando ron con semillas y hojas de malagueta o simplemente agregando al ron esencia de malagueta. Los alcoholados se fabrican a base de la destilación del ron con malagueta y otras semillas y hojas aromáticas. ■ :

Tampoco la hay de que los cosméticos y perfumes están sujetos al pago de arbitrios. El inciso 32 de la sección 11 de la ley de que se trata3 dice:

“32. Cosméticos. — Sobre todo cosmético, esencia, agua de tocador, perfume, jalea de petróleo, crema o aceites, pinturas o coloretes, po-madas, jabón y polvo de tocador, lociones para el cabello y cual-quier substancia, artículo, o preparación similar que se distinga como tal, por cualquier nombre o de otro modo, usado o para ser apli-cado para uso de tocador o para adorno personal, que se venda, traspase, fabrique, use o introduzca en Puerto Rico, un impuesto de diez (10%) por ciento sobre el précio de venta.”

Pero el apelante -alega que dicho inciso ha sido interpre-tado y reglamentado por el Tesorero en 24 de julio de 1931, como signe:

“32. Cosméticos y perfumería. — Se considerarán como tales toda preparación que se use o aplique o que se fabrique o introduzca para ser usada o aplicada en el tocador, para el baño o para el cabello, o para hermosear la tez o ser usada como perfume.
“Las lociones y esencias sin perfume, aceites y líquidos para shampoo, polvos talcos sin perfume, los jabones, bien en forma lí-quida o semi-líquida o en cualquier otra forma sin perfume, las cre-mas y jabones para afeitar sin perfume, o que fueren medicinales y recetadas como tales, así como las pastas, polvos, y líquidos dentí-fricos, alcoholados y 'bay rwm, estarán exentos del pago del impuesto. ’ ’

Y alega además que la propia ley prescribe:

“Sección 13. — Fabricantes.—Para los efectos de esta Ley serán considerados como fabricantes todos los que se dediquen a la ma-nufactura de cualquier producto sujeto al pago de arbitrios, según queda establecido en la sección 16 de esta Ley, o cuya venta sea tributable de acuerdo con la sección 62 de la misma.
“También serán considerados como fabricantes los que dispusie-ren de artículos manufacturados por otros y los hicieren objeto de comercio, mediante una presentación especial o distinta a como los obtuvieron, de manera que aparecieren como un produco de fabri-cación terminado. No serán considerados como tales fabricantes los que se dediquen al tráfico de productos derivados de su principal fabricación.”

Y basándose en ello sostiene en resumen que “la licencia por concepto de fabricación, a tenor de lo dispuesto por la Ley de Rentas Internas, está supeditada a que el producía fabricado esté sujeto al pago de arbitrio, a tenor de lo dis-puesto por la sección 16 de dicho estatuto, tal y como se provee en la sección 13 del mismo, y que por tanto, todo producto que expresamente no esté gravado con arbitrio, a tenor de lo determinado por la sección 16, de la tantas veces citada Ley de Rentas Internas de Puerto Rico, no puede sei" sometido a tributación, a través de una licencia, y amparán-dose el Hon. Tesorero de Puerto Rico en lo preceptuado en. la sección 84 del cuerpo legal en cuestión.”

Aunque hay que reconocer la fuerza del argumento del apelante creemos, sin embargo, que rige para los fabricantes de alcoholados y bay rum la sección 84 de la ley como sostuvo la corte sentenciadora.

A la exención del tributo que determina el inciso 32 de la sección 16 no puede dársele más alcance que el de la exen-ción en sí misma. La naturaleza de los alcoholados y bay rum continúa siendo igual y por tanto pueden y deben quedar comprendidos dentro de los términos de la sección 84 de la ley que en lo pertinente dice:

“Sección 84. — Cada tres meses toda persona dedicada a cual-quiera de las ocupaciones o negocios relacionados en esta sección pagará por cada fábrica, sitio, establecimiento comercial o industrial, la contribución por concepto de licencias respectivamente prescrita, a saber:
“8. — Fabricantes de perfumería con alcohol, primera clase, cien (100) dólares; segunda clase, setenta y cinco (75) dólares.”

El argumento de la expresa exención del pago de tributo a los traficantes en alcoholados y bay rum que también aduce el apelante, es contrario a su contención. Si hubiera sido la intención de la Legislatura la de eximir a los fabricantes de alcoholados y bay rum del deber de obtener una licencia para dedicarse a su fabricación, hubiera hecho lo mismo que hizo en el caso de los traficantes, eximirlos expresamente.

Beben confirmarse las sentencias recurridas.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Trinidad Ramírez, acusado y apelante.
    No. 5500.
    Sometido: Mayo 22, 1934.

      Resuelto: Junio 20, 1934.

      Juan Valldejuli, abogado de] apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la -opinión del tribunal.

Francisco Trinidad Ramírez fue acusado ante la Corte Municipal de Bayamón de un delito de exposiciones deshonestas cometido como sigue:

‘ ‘ Que en 8 de noviembre1 — 2: 30 P. M., 1933 — y en la Calle Dr. Barbosa de Bayamón, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Ba-yamón, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Bayamón, P. R., el referido acusado Francisco Trinidad Ramírez allí y enton-ces, de una manera ilegal, voluntaria y maliciosa, de una manera lasciva, se sacó el pene y se masturbaba en presencia de varias per-sonas, entre ellas varias niñas estudiantes del Colegio ‘Santa Rosa’ •cuyos actos lascivos molestaban y ofendían a los que .observaban esto; ...”

Hizo la alegación de inocente. Fue condenado por la corte 'municipal. Apeló para ante la de distrito. Se celebró el '.juicio de nuevo y la corte de distrito lo declaró culpable y lo condenó a sufrir cinco meses de cárcel y a pagar las costas. Apeló para ante esta Corte Suprema y señala- en su alegato da-.c,omisión de cinco errores.

'.Sostiene por el primero qué los hechos imputádosle no son constitutivos de delito por no alegarse qne se realizaron en nn sitio público.

No estamos conformes. La ley aplicable es el artícnlo ■283 del Código Penal qne en lo pertinente dice:

“Art. 283. — Toda persona qne voluntaria y lascivamente:
“1. — Expusiere su persona o partes pudendas en cualquier sitio público, o donde se bailaren presentes otras personas, a quienes tal exposición pudiere ofender o molestar; . . .
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será reo de ‘misdemeanor’.”

Como se ve, el delito puede cometerse en público, o donde se hallaren presentes otras personas a quienes tal exposición pudiere ofender o molestar, elemento que según la jurispru-dencia convierte el sitio en público, y aquí la denuncia alega que los hechos se realizaron en presencia de varias personas, entre ellas de varias niñas estudiantes del Colegio “Santa Rosa” a quienes molestaban y ofendían.

En el caso de Van Houten v. State, 46 N. J. Law, 16, 50 Am. Rep. 397, la corte, al rendir su decisión, se expresó así:

“Si la relación de los testigos de cargo en este caso fué cierta, no puede haber duda de que en un sentido legal el acto fué llevado a cabo en un sitio público. Aceptando esa versión como cierta, el acusado expuso su persona en tal forma que podía ser vista desde las ventanas de las dos casas que estaban a pocos pies del sitio del suceso. Si la ley fuera que un hombre pudiera lascivamente expo-ner su persona desnuda a los habitantes de esas dos casas, según fué dicho en el caso de Regina v. Holmes, 6 Cox C. C. 216, ‘éste no sería un país propio para vivir, si tal ultraje pudiera llevarse a cabo impunemente.’
“De acuerdo con la ley que rige este delito, el sitio se considera como público si la exposición deshonesta es tal que pudiera haber sido vista por un número casual de observadores.”

Por el segundo error se sostiene qne la corte actuó sin jurisdicción porque no se probó que el sitio en que s.e realizaron los hechos que se imputan al acusado estuviera dentro del Distrito Judicial Municipal de Bayamón. Hemos ■leído las declaraciones de los testigos Rafael Milán y Justino Santiago y de ellas se infiere qne el hecho se cometió frente al Colegio Santa Rosa, de Bayamón, y ello es bastante. No existe el error.

El tercer error se cometió a juicio del apelante por la corte de distrito al no declarar con lugar su objeción con respecto a los motivos por los cuales los agentes de la Policía Insular se situaron en las persianas del colegio para observar lo que pudiera hacer el acusado.

El error se funda en que durante el juicio el juez pre-guntó al policía Santiago: “¿Por qué se situaron ustedes allí para ver eso?” y el testigo contestó: “A virtud de una queja del Colegio de Santa Rosa, que unas niñas se le habían quejado.” La defensa entonces manifestó: “Nos opone-mos,” y la corte dijo: “Es solamente para la corte tener una idea de por qué estaban allí estos dos testigos. Es decir, para evitar una sorpresa a la corte.”

El acusado tomó excepción y ahora alega que la “actitud de la corte demuestra que ya tenía la intención de castigar a este acusado cuando so manifiesta en la forma que hemos dicho, ...”

No creemos que hubo error. El acusado sólo podía ser condenado si se demostraba la comisión del delito actual imputádole. La corte tenía derecho a averiguar por qué estaban en el colegio los policías. Así podría apreciar mejor sus declaraciones, sin que ello quiera decir que fuera a juzgar al acusado por hechos anteriormente cometidos.

Los errores cuarto y quinto pueden estudiarse conjuntamente. Van a los méritos del caso y al alcance y peso de lá prueba.

Sólo dos testigos declararon por parte del Pueblo, Rafael Milán y Justino Santiago, cabo el primero y detective el se-gundo, de la Policía Insular.

Declaró Milán que conoce al acusado y lo vió en Bayamón, Calle Barbosa, el 8 de noviembre de 1933 con motivo de cierta queja que dieron las Hermanitas.- . No siguió declarando en esa línea por haberse opnesto el acusado. Dijo luego, textualmente: “Que el detective Santiago y yo nos insta-lamos en el Colegio Santa Bosa y por una persiana que hay, pudimos observar que en una casa que queda frente al Co-legio, que está en ruinas por el ciclón, este individuo entre dos y tres de la tarde mientras se celebraba una clase en uno de los salones que dan frente a la Calle de Barbosa, este individuo se metió en esa casa y se sacó el pene y se mas-turbaba.” Describe la casa en que se encontraba el acusado como una casa en ruinas a virtud del ciclón sin techo ni puertas, pudiendo verse al acusado desde dentro del colegio de niñas a través de las persianas y por consiguiente desde la calle.

El otro testigo declaró substancialmente lo mismo. Las contradicciones que advierte el apelante entre ambas declara-ciones son explicables fácilmente.

Terminada la prueba, el acusado por medio de su abogado se dirigió a la corte como sigue:

“Solicitamos la absolución del acusado de acuerdo con la ley porque no se ha probado que él voluntariamente lo hiciera para ex-poner sus paides lascivamente; no se ha demostrado que ninguna otra persona lo viera; solamente lo vieron estos dos policías que expresamente se situaron allí para ver eso voluntariamente. La pri-mera cuestión, Sr. J uez, es que la. ley exige que sea en un sitio pú-blico; nosotros sostenemos que tal como está la prueba no se ha cu-bierto el requisito que determina la ley de exponer sus partes pu-dendas en cualquier sitio público; no se ha demostrado que eso fuera un sitio público, sino que es una casa particular. Y, segundo, en cuanto a las personas que se hallaban presentes lo que se ha de-mostrado es que allí había dos detectives que fueron expresa y vo-luntariamente a buscar eso.”

El juez desestimó la moción de nonsuit. Declaró en su favor el propio acusado. Dijo:

“Fué un muchacho a buscarme ese día para ir a la Rehabilita-ción y le dije: ‘Espérame ahí enfrente que voy a preparar el baño/ y cuando voy a buscar un cajón en la misma casa, fué que venía el Cabo y me entró a palos sin hacer nada; me dijo: ‘Bandido, te estaba velando.’ ... No estaba exponiendo mis partes pudendas a alguna persona o a alguien allí . . . solamente. fui a buscar un ca-jón para el baño, como no bay nada más que dos camas allí, la de Ángel Felipe y la mía . . . Aseguro a la Corte que vivo en ese sitio. ’’

Y así sometido el caso, la corte dictó la sentencia recurrida.

Que la exposición deshonesta tuvo lugar, es evidente, resuelto como fué el conflicto de la prueba en contra del acusado, y que lo fué en un sitio público de acuerdo con la jurisprudencia, es también evidente si se considera el estado de la casa en que se encontraba el acusado. Si pudo ser visto desde el colegio, situado al frente, pudo serlo mucbo más por todas las personas que caminaran por la calle.

Es cierto que no bubo prueba de que fuera visto por de-terminadas niñas del colegio, pero sí se demostró que fué visto por los testigos que declararon y que pudo serlo por las niñas del colegio apenas dirigieran su mirada bacia el sitio en que el acusado se encontraba.

Por el hecbo de que las personas que lo vieron fueran policías, no creemos que puede sostenerse que no pudieran ser por lo menos molestadas por el acto del acusado. Tam-poco creemos que por la circunstancia de baber ido dichas personas al colegio expresamente a investigar el caso, deba concluirse que no pudieran ser ofendidas o molestadas. El cumplimiento del deber los llevó allí, pero ello no quiere decir que porque estaban cumpliendo con su deber dejaran de sentir la reacción natural de ofensa o molestia que a toda persona-normalmente decente produce la vista de un acto tan indecoroso como el realizado por el acusado frente a un colegio de niñas.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Zoilo Felíu, acusado y apelante.
    No. 5449.
    Sometido: Junio 15, 1934.

      Resuelto: Junio 20, 1934.

      Juan B. Soto, abogado' del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Zoilo Felín apela de una sentencia que lo condena por un delito de daños maliciosos.

Aparece de la prueba que el apelante vivía a fines de 1932 como arrendatario una casa en el barrio de Santurce de esta ciudad. A mediados de diciembre de ese año cambió de dueño esa casa y con ese motivo estuvo a verla el com-prador encontrando que tenía completa su instalación sani-taria y que la casa estaba bien. Entonces dijo Felíu que él nada tenía en la casa, pero cuando se mudó de ella a prin-cipios de enero siguiente arrancó de su sitio un lavamanos, .un fregadero de la cocina y sus tuberías. El inodoro lo había arrancado y estaba en pedazos en el suelo. Requerido mi policía para que presenciara, esto le manifestó Felíu que lo había hecho porque aquello era suyo.

El fiscal presentó como prueba en el juicio un documento privado por el cual el acusado tomó esa casa en arrendamiento al anterior dueño de ella en 80 de noviembre de 1929 por término de dos años, cuyo contrato tiene una cláusula por la cual toda reforma o innovación que el arrendatario hiciera en la casa quedaría a beneficio del dueño. El apelante se opuso a la admisión de ese documento por el único motivo de que ese contrato estaba vencido y en esto funda su primer motivo para que revoquemos la sentencia apelada.

Aunque es cierto que ese contrato venció el 30 de noviem-bre de 1931, sin embargo, como el arrendatario continuó dis-frutando la casa después de esa fecha existió por ministerio de la ley una renovación de dicho contrato por tácita recon-ducción, según el artículo 1469 del Código Civil, por lo que estaba vigente y era admisible en evidencia.

Como consecuencia de tal contrato renovado pertenecían al dueño de la casa las reformas o innovaciones que el arren-datario hubiera hecho en ella por lo que si dichos aparatos sanitarios fueron puestos en la casa por el inquilino, éste no tenía derecho alguno a separarlos de su sitio ni a llevár-selos. No hubo prueba alguna en el juicio por parte del acusado de que él pusiera esos aparatos en la casa.

Por lo expuesto, no cometió error lá corte inferior al resolver que el acusado causó los daños denunciados y que es responsable de ellos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    L. J. E. Vázquez Prada, demandante y apelante, v. José Antonio Rocco y Cesarino, demandado y apelado.
    No. 6185.
    Sometido: Marzo 16, 1934.

      Resuelto: Junio 22, 1934.

      L. J. E. Vázquez Prada, por su propio derecho;’ Monserrat & Mon-serrat, abogados del apelado.
   El Jtjez Asociado Señob ' Cóbdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En agosto 15, 1910, Luisa López Laborde, a nombre propio y en representación de sus hijos menores, previa auto-rización judicial, constituyó hipoteca a favor de Antonio Rocco Cesarino sobre una casa que se describe en la demanda, para garantizar la suma de $2,000 que tomó a préstamo al referido Sr. Rocco, comprometiéndose a pagarlos en 15 de agosto de 1913. La Sra. López Laborde, viuda del Dr. Arturo Vázquez Prada, falleció en 26 de julio de 1918. Según se alega en la demanda, los hijos y herederos del Sr. Vázquez Prada y la Sra. López Laborde, han cedido todos sus derechos y acciones que puedan corresponderles en la herencia de sus finados padres al demandante Leopoldo José Eulogio Vázquez Prada y López.

Se alega en la demanda que al tiempo de constituirse la hipoteca los deudores no renunciaron el derecho de hogar seguro; que el Sr. Rocco es dueño de la totalidad de la finca mencionada y que este señor, en 15 de 'mayo de 1921, convino con el demandante Leopoldo José Eulogio Vázquez Prada y López en pagarle el hogar seguro que tiene éste en la refe-rida casa ,en cuanto a las participaciones de Francisca Luisa López Laborde, ascendentes a $333.33, obligándose también a pagar la cantidad de $167.67 como intereses de los $333.33 del hogar seguro; que el demandado se obligó a pagar al demandante la cantidad de $500 el día 10 de febrero de 1930 como pago del hogar seguro sobre la referida finca; que el demandante ha adquirido un derecho de hogar seguro por hereneia de su madre Francisca Luisa López Laborde y por cesiones que le hicieron sns hermanos, y también adquirió dicho derecho de hogar seguro mediante convenio, según consta del contrato titulado “Contrato Extrajudicial' sobre el Pago de Homestead.”

Niega el demandado que haya convenido en pagar al de-mandante cantidad alguna y que haya firmado ningún docu-mento o contrato en relación con el pretendido derecho de hogar seguro en la finca que se describe en la demanda, y alega que si existe algún documento con la firma del deman-dado ese documento es falso.

Las alegaciones de la demanda engendran cierta confusión por el desaliño y descuido con que aparecen redactadas; pero de las palabras del demandante se deduce claramente que basa su reclamación en un derecho de hogar seguro adquirido por herencia y además en un contrato celebrado con el deman-dado José Antonio Rocco y Cesarino.

En el primer error atribuido a la corte inferior se alega que dicho tribunal pone en labios del demandante manifesta-ciones que éste no hizo. En la relación de hechos autori-zada por la corte se dice que el demandante declaró que en octubre 1, 1910, o sea mes y medio después de constituirse la hipoteca, el demandado Rocco fué a la casa de doña Luisa López Laborde a cobrar los intereses pendientes de pago y en aquella ocasión Rocco. dijo a doña Luisa que en la escri-tura de hipoteca ella no había renunciado a su derecho de homestead y que él quería hacer un documento para pagárselo.

Hemos examinado cuidadosamente los autos y nada existe en ellos indicativo de que el demandante haya hecho estas manifestaciones, que la corte inferior comenta en la siguiente forma:

“Esto; según el propio demandante, tuvo lugar en- octubre 1 <de 1910, mes y medio después de constituirse la hipoteca, sin que la misma hubiese sido ejecutada y sin que el .demandado Rocco tu-viese motivos para creer que la finca habría de pertenecerle, ya que los deudores podrían conseguir el importe del préstamo y devolverlo al acreedor en o antes del vencimiento y aun en caso de ejecución podrían presentarse licitadores que cubriesen con exceso la deuda. No obstante haberse ofrecido por el Sr. Roeco el documento en 1910, en el acto del juicio se presentó como prueba tina pretendida copia en carbón de dicho documento, fechado en 15 de mayo de 1921, onee años más tarde, obligándose a pagar al demandante, Vázquez Prada, los $500.00, en diez de febrero de 1930, o sea cerca de nueve años después de la fecha del documento, y diez y nueve años después de la supuesta conversación de octubre 1 de 1910. El documento que se presenta no aparece firmado por nadie y se presentó evidencia oral para demostrar que el documento original se destruyó en un incendio que hubo en la casa del demandante. El demandado, desde luego, .negó enfáticamente la alegada conversación de 1910 y negó también haber suscrito jamás documento alguno obligándose al pago de dicha suma.
<¡)Como podrá verse por los hechos' expuestos, este caso es tan fantástico como el más inverosímil de los cuentos de Las Mil y Una Noches.
“¿Cómo es posible que el Sr. Roeco se obligase a pagar cantidad alguna por concepto de homestead, si en octubre 1 de. 1910 la finca pertenecía todavía a los deudores hipotecarios y ni siquiera tenía motivos para creer que la finca se le adjudicase, como antes hemos expresado?”

En la exposición del caso, preparada por el propio deman-dante y aprobada por la corte, no aparece ni nn leve átomo de prueba sobre las manifestaciones que se atribuyen al de-mandante. Tampoco existe testimonio alguno del demandado negando la alegada conversación de 1910. El Sr. Roeco no •aparece declarando como' testigo. No se concibe que una corte declare probado un becbo que no ha sido objeto de prueba y lo tome como base para dictar su sentencia. Las manifestaciones de la corte' inferior son tan deliberadas y sus comentarios sobre la prueba tan claros y precisos, que no acertamos a explicarnos sus conclusiones de hecho sin pensar que haya podido ocurrir' alguna irregularidad en la preparación dé la exposición del caso.

No obstante, a pesar de la equivocación en que a juzgar por los autos lia incurrido la corte inferior, entendemos que éste es un caso que por su naturaleza debe ser definitivamente resuelto por este tribunal.

El demandante dice que ba adquirido por herencia de su madre el derecho de hogar seguro. Este derecho aparece reclamado por primera vez al interponerse la demanda, cuando todos los hijos de la Sra. López Laborde han alcan-zado la mayoridad, y después de haber vendido los herederos las participaciones que tenían en la casa.

De acuerdo con el artículo 2 de la ley sobre Homestead, la exención continuará, cuando han muerto los padres, “a beneficio de sus hijos, hasta que el menor de éstos haya llegado a la edad de veintiún años.”

Es un hecho admitido que la Sra. Luisa López Laborde falleció en 26 de junio de 1918. Se ha demostrado que en 19 de mayo de 1920 los menores Estela Catalina, Luz y Jaime José Vázquez Prada otorgaron una escritura de venta de sus participaciones en la casa a favor del demandado, donde hacen constar que en esa fecha tenían respectivamente 19, 17 y 16 años de edad. La demanda enmendada que obra en autos aparece radicada en 10 de agosto de 1931. El de-mandado en su alegato dice, refiriéndose sin duda a la de-manda original, que se radicó en 9 de abril de 1930. Es evidente que los menores mencionados habían llegado a su mayor edad algunos años antes de haberse hecho reclama-ción alguna acerca del homestead.

La corte inferior ha sido muy benévola al calificar este caso de fantástico e inverosímil. Como hemos visto, el de-mandante no descansa únicamente en los derechos que dice haber adquirido por herencia, sino también en un documento titulado “Contrato Extrajudicial sobre el pago de Home-steadEn vista de esta alegación el demandado requirió al demandante, por conducto de la corte, para que le permi-tiera hacer una inspección de dicho documento, autorizándole a obtener una copia del mismo. A este requerimiento con-testó el demandante qne el referido documento había sido destruido por un incendio ocurrido en su casa el día 20 de mayo de 1921. Afirma el Sr. Vázquez Prada que el deman-dado obtuvo una copia en carbón del referido contrato y que el original lo guardó el referido Sr. Vázquez Prada en la casa que, como ya se ha dicho, fué destruida por un incendio. Termina el demandante diciendo que está practicando “las gestiones necesarias para ver si puede conseguir una copia fiel del contrato extrajudicial sobre el pago de homestead, y que si la consigue la' presentará en el acto del juicio como evidencia. ’ ’

Vamos a permitirnos transcribir la copia de este curioso contrato que más tarde se ofreció como prueba, porque su propia redacción puede darnos una idea acerca de su pre-tendida autenticidad:

“Contrato Extrajudicial sobre el Pago de ‘Homestead’.
“De una Parte, Don Antonio Rocco y Cesarino, vecino de la Ciudad de San Juan, P. R., y de otra, el Sr. L. J. E. Vázquez Prada, vecino de Santurce, P. R.; Convienen el siguiente contrato extrajudicial, dentro de estas cláusulas: Ia. Que Don José Antonio Rocco y Cesarino se compromete a pagar al Sr. L. J. E. Vázquez Prada el ‘Hogar Seguro’ (Homestead) que tiene la casa de la calle del Sol No. 52 de la Ciudad de San Juan, P. R., que según escri-tura de hipoteca número 42, otorgada en San Juan, el día 15 de agosto de 1910, ante el Notario Eugenio Benitez Castaño; el Sr. José Antonio Rocco se compromete a pagar el ‘Homestead’ en cuanto a la participación que tiene y le corresponde a doña Francisca Luisa López Laborde Viuda del Dr. Don Arturo Vázquez Prada, o sea la mitad más la tercera parte, o sea la cantidad de trescientos treinta y tres dollars con treinta y tres centavos.- — 2a. Que por la espera de ocho años, un mes diez días el Sr. José Antonio Rocco se compromete también a pagar a.1 Sr. L. J. E. Vázquez Prada la cantidad de ciento sesenta y siete dollars, con sesenta y siete centavos ($167.67), como intereses de los $333.33 de ‘Homestead’. — -3a. Que entre el capital y los intereses hacen un total de quinientos dollars ($500.00) que se obliga el Sr. Rocco a pagar a dicho joven L. J. E. Vázquez Prada el día 10 de febrero de 1930. — Conforme los Señores José Antonio Rocco y Cesarino y el Sr. L. J. E. Vázquez Prada, con cnanto queda consignado en este contrato, firman por duplicado el presente lioy 15 de mayo de 1921, en Santurce, P. R.
José Antonio Rocco y Cesarino.
L. J. E. Vázquez Prada.
Testigo.
Testigo.”

Esta supuesta copia se ofreció en evidencia sin que el demandante explicara cómo llegó a su poder. En el docu-mento se dice que se firma por duplicado y el demandante ha manifestado que el Sr. Rocco se llevó una copia en carbón. El original lo guardó el Sr. Vázquez Prada en su residencia. El demandante no ha demostrado la existencia de ninguna otra copia ni nos dice dónde y en poder de quién se encon-traba guardada la que ofreció como prueba, ni explica cómo vino a sus manos. Si estaba en posesión del original, ¿qué razones tuvo para hacerse de una copia? Y si en realidad existía esta copia, ¿por qué la guardó fuera de la casa en que vivía, que fue destruida por un incendio? Lo natural es que si se quemó el original sé quemasen también las copias. El demandante, a juzgar por sus propias manifestaciones, ignoraba la existencia de esta copia, puesto que al ser reque-rido para producir el original respondió que había sido des-truido por un incendio y que estaba practicando gestiones para conseguir una copia del mismo. Si el propio deman-dante conservaba en su poder el original y fué la parte que se entendió directamente con el Sr. Rocco, ¿por qué tuvo que practicar gestiones para conseguir una copia del documento, que, en caso de existir, debía encontrarse en su poder?

Luisa Vázquez Prada, hermana del demandante, declara que Rocco llegó a su casa con un papel para que su hermano examinara un contrato de hogar seguro, que la llamaron a firmar como testigo y que así lo hizo en unión de un señor llamado John Conder. Cuando se le pregunta por qué se hizo ese documento contesta qne el Sr. Boceo quedó de pa-garle a sn mamá. Es raro qne el Sr. Boceo, allá por el año de 1921, cuando todavía no estábamos familiarizados con la ley de hogar seguro, hasta entonces prácticamente ignorada, se personara en la casa del demandante Sr. Vázquez Prada con un papel en la mano, donde se obligaba a pagar al de-mandante una cantidad por un derecho de hogar seguro que no había sido reclamado. La existencia del referido contrato no ha sido satisfactoriamente probada.

La corte inferior no creyó a los testigos Luisa Vázquez Prada y John Conder. La verdad es que la prueba del de-mandante no merece crédito alguno y que el fallo de la corte inferior está plenamente justificado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob Aldbey, JUEZ ASOCIADO SR. OOEDOVA DAVILA

text:
    Lemuel Marqués Abrams y su esposa Dolores Campillo, demandantes y apelantes, v. Sucn. de Pedro Giusti, Inc., demandada y apelada.
    No. 6466.
    Sometido: Mayo 1, 1934.

      Resuelto: Junio 22, 1934.

      José G. Rivera, abogado de los apelantes; Edelmiro Martinez Rivera, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes en este pleito apelaron la sentencia dic-tada en él por la cual se declara sin lugar la demanda por no aducir hechos determinantes de cansa de acción.

Los esposos Lemuel Marqués Abrams y Dolores Cam-pillo demandaron a la corporación Sucn. de Pedro G-iusti, Inc., con la súplica de que la corte declare nulo un procedi-miento sumario ejecutivo que la corporación demandada siguió en la Corte de Distrito de San Juan contra los ahora, demandantes en cobro de una hipoteca en el que fue vendida en pubasta la finca hipotecada, siendo adjudicada a la deman-dada. Como causa de acción para la declaración de nulidad alega la. demanda que la escritura de hipoteca que motivó dicho pleito en ejecución de la hipoteca que se dice original-mente constituida por los esposos demandantes y que obra en los autos de dicho pleito y fué presentada en dicha acción como uno de los documentos necesarios para que se dictara el auto de requerimiento de pago, es un documento que no puede tener el carácter de documento público porque en él falta la firma del testigo Alfredo Vera.

Contra esa demanda formuló la corporación demandada la excepción previa de que no aduce hechos suficientes que-determinen una causa de acción. La Corte de Distrito de San Juan declaró con lugar esa excepción y concedió un término a los demandantes para que enmendaran su demanda pero éstos lo renunciaron y solicitaron de la corte que dictase sentencia, lo que ésta hizo declarando sin lugar la demanda con las costas. Contra ese fallo interpusieron los deman-dantes la presente apelación.

De acuerdo con nuestra Ley Notarial los docu-mentos que se otorgan ante notario no s.on entregados a Ios-otorgantes sino que el notario los conserva y forma con ellos su protocolo. Sólo entrega a las partes copias de esos docu-mentos certificadas por él o por el que legalmente le subs-tituya. Los protocolos así firmados son propiedad de El Pueblo de Puerto Rico. Secciones 9, 23, 28 y 34 de la Ley Notarial. Esas copias certificadas son admisibles en los tribunales. Artículo 24 de la Ley de Evidencia. La hipo-teca, creadora de derechos reales sobre bienes inmuebles, tiene que constituirse en documento público. Artículo 1232 del Código Civil, edición de 1930; y los documentos en que intervenga notario se regirán por la Ley Notarial. Artículo 1171 del Código Civil. La Ley Notarial dispone en su sec-ción 13 que en las escrituras será necesaria la presencia de dos testigos, salvo lo que disponga la ley para casos espe-ciales : y la sección 20 declara nulos los intrumentos públicos en que no aparezcan las firmas de los testigos. Según el artículo 1177 del Código Civil la escritura defectuosa por incompetencia del notario o por otra falta en la forma tendrá el concepto de documento privado, si estuviere firmada por los otorgantes.

Con el escrito inicial del procedimiento sumario para el cobro de hipoteca tiene que acompañarse la escritura de préstamo; y con el examen de ellos el tribunal decretará o negará el requerimiento de pago, que es el primer paso del juicio sumario ejecutivo. Artículos 128 de la Ley Hipoteca-ria y 160 de su Reglamento.

Para resolver excepciones previas opuestas a la demanda hay que tomar como ciertos los hechos en ella alegados, por lo que la corte inferior tuvo que tener por cierto, y también nosotros para resolver esta apelación, que la escritura que se presentó para el procedimiento ejecutivo que se trata de anular no tiene la firma de uno de los testigos, como se alega en la demanda. La falta de esa firma hace nula la escritura de hipoteca como documento público, por declaración de la ley. Y como ese documento fué el presentado al tribunal en el ejecutivo y como en él tuvo que fundarse necesariamente para ordenar el requerimiento de pago y la subasta de la finca objeto del ejecutivo, hay que llegar a la conclusión de que ese procedimiento ejecutivo es nulo, por lo que la de-manda aduce causa de acción.

La copia certificada por el notario tiene la presunción de ser correcta, pero aunque estuviera equivocada por haber omitido la firma del testigo Alfredo Vera, no por eso dejaría de ser nulo el ejecutivo porque el documento que sirvió de base al tribunal para ordenar el ejecutivo fue un documento en que no constaba la firma de un testigo.

En los autos encontramos copia certificada por el secre-tario de la corte inferior de la copia notarial presentada en el ejecutivo, que los apelantes dicen en su alegato que acom-pañaron a su demanda como exhibit. De ella aparece que al final del documento dice el notario que leyó la escritura a los otorgantes y testigos, que la bailaron conforme los pri-meros y que la suscriben todos; de todo lo cual y de lo demás que relaciona o expresa el documento público da fe el notario. Tal manifestación no destruye el .hecho de que no aparezca de dicha copia que la escritura fuera firmada por el testigo Alfredo Vera, con mayor motivo cuanto que esa manifesta-ción la hace el notario antes de ser puestas las firmas en la escritura, pues éstas aparecen después de tal manifestación del notario.

La corte inferior cometió error al declarar que la demanda no aduce hechos determinantes de causa de acción y al dictar sentencia por ese motivo declarando sin lugar la demanda, así como al imponer las costas a los demandantes.

El caso debe devolverse a la corte inferior para ulteriores procedimientos.

OPINION DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. OOEDOVA DAVILA

Los esposos demandantes, Lemuel Marqués y Dolores Campillo, promovieron en la Corte de Distrito de San Juan, en 15 de febrero de 1933, la presente acción, en la cual ale-gan que la corporación Sucn. de Pedro Griusti, Inc., en 29 de noviembre de 1932, había incoado ante la Corte de Distrito de San Juan contra los ahora demandantes, el caso civil No. 17771 sobre procedimiento ejecutivo sumario, en cobro de hipoteca constituida a favor de Pedro G-iusti por los esposos referidos, garantizando un préstamo de $5,000, intereses y costas, consignada dicha hipoteca en escritura pública otor-gada ante notario en 11 de mai*zo de 1926; que dicha hipo-teca gravaba una casa de los esposos Marqués Campillo ra-dicada en San Juan, barrio de Santurce; que el mismo día de la radicación del caso citado la Corte de Distrito de San Juan dictó una orden disponiendo el requerimiento de pago de los esposos deudores, el cual fue practicado en 3 de diciembre de 1932, por el márshal de la referida corte de dis-trito ; que en 31 de enero de 1933 se subastó la finca hipote-cada y fué adjudicada a la acreedora por precio de $3,500 en pago parcial de su crédito hipotecario.

Se alega, además, en la demanda que la copia de la es-critura presentada en el caso 17771 como uno de los docu-mentos necesarios para que se dictara el requerimiento de pago y que el juez de distrito tuvo a la vista para dictarlo, es un documento que no tiene el carácter de instrumento pú-blico, porque carece de la firma del testigo instrumental Alfredo Vera. En la súplica se pide la declaración de nulidad del ejecutivo hipotecario, del título emanado del márshal so-bre la finca hipotecada a favor de la corporación acreedora, y de los asientos que haya causado en el Registro de la Pro-piedad. En unión de la demanda se radicó copia certificada, que expidiera el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, de la copia de la escritura de hipoteca que obra en los autos del ejecutivo hipotecario.

Estos son, en síntesis, los hechos alegados en la demanda, tales y como los expone en su alegato el abogado de los es-posos demandantes.

La sucesión demandada excepcionó la demanda, basándose en que la misma no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción. Esta excepción fué declarada con lugar, concediéndose diez días a los demandantes para enmendar la demanda, lo que rehusaron hacer, solicitando que se dictase sentencia, a lo que accedió la corte inferior.

El único error atribuido a la corte inferior consiste en haber estimado válido el ejecutivo hipotecario seguido por Sucn. de Pedro Giusti Inc., contra los esposos Marqués Cam-pillo no obstante fundarse dicha ejecución en un título nulo.

Los apelantes parten de una base errónea. No se ha de-clarado que el ejecutivo hipotecario sea válido, sino que de los hechos alegados no surge su nulidad. Consecuente con este criterio la corte a quo concedió a los demandantes un término de diez días, que rehusaron, para enmendar su demanda. El ejecutivo puede ser nulo, y, sin embargo, no aparecer en las alegaciones los hechos que lo vician de nulidad. La corte inferior basa sus conclusiones en que de la faz de la demanda no surge que la escritura matriz no, haya sido firmada por los testigos que exige la ley y en que la omisión de una firma en la copia no anula el contrato de hipoteca si en realidad existe en la escritura matriz. La corte inferior entiende que el defecto apuntado por los demandantes establece una causa de acción si arranca del documento original y así se alega en la demanda; pero no si por un error de copia se dejó de hacer constar el nombre del testigo como firmante de la es-critura.

Los apelantes, por el contrario, sostienen que en el su-puesto de que la escritura original contenga la firma de los dos testigos instrumentales, como la copia existente en el récord sobre el cual actuó el juez no contiene más que una, el procedimiento es nulo. Los demandantes, por lo visto, des-cartan la escritura matriz y hacen descansar exclusivamente la acción ejercitada en la copia de la misma que obra en autos. La escritura original puede ser válida o no. Si lo es, la causa de acción no sufre, porque a juicio de los demandan-tes es nulo el procedimiento ejecutivo tramitado, no a base de la escritura matriz, sino de una copia que no reúne los requisitos de ley; si no lo es, tanto mejor para ellos, porque fortalece su posición.

En una excepción previa, arguyen los apelantes, hay qne admitir la certeza de los hechos alegados en la misma, y así en el presente caso hay qne admitir qne ciertamente en la copia de la escritura de hipoteca obrante en los autos del ejecutivo hipotecario no constaba la firma del testigo Alfredo Yera. A mayor abundamiento, continúan diciendo los ape-lantes, nosotros unimos a nuestra demanda copia literal de dicho documento, expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, guardián legal del mismo.

En su informe oral durante la vista de esta causa nos dijo el apelante que en ninguna parte del documento aparece el notario dando fe de que el testigo Alfredo Vera hubiese fir-mado la escritura. Los apelantes, a nuestro juicio, sufren una equivocación. De la copia del documento original que se acompañó a la demanda, copiamos lo que sigue:

“Así lo dicen y otorgan los comparecientes ante mí y a presencia de los testigos mayores de edad y de esta vecindad DON aleredo veba y DON bamón nibves. Leo la presente escritura a los otorgantes y testigos y les advierto el derecho que tienen a leerla cada uno por sí; la hallan conforme los primeros y la suscriben todos. — De todo lo cual y de lo demás que' relaciono o expreso en este instrumento público yo el notario doy fe.”

Descomponiendo el párrafo que antecede, resulta, a nues-tro juicio, claro que el notario da fe:

a.- — De que los comparecientes don Lemuel Marqués Abrams y su esposa, y don Pedro Giusti otorgan la escritura ante él y en presencia de los testigos mayores de edad, de esta vecindad don aleredo vera y don ramón nieves. (Bastardillas de la copia que obra en autos.)
b. — De que leyó la escritura a los otorgantes y testigos, advir-tiéndoles el derecho que tienen de leerla cada uno por sí.
c. — De que la hallan conforme los primeros, o sea los otorgan-tes, y la suscriben todos, es decir, otorgantes y testigos.

Las palabras “de todo lo cual” y “de lo demás que rela-ciono o expreso en este instrumento público yo el notario doy fe” no pueden ser más explícitas. Las palabras “de todo lo cual” abarcan las declaraciones que las preceden, y las últi-mas se extienden al documento en general. Es verdad que la relación del documento precede necesariamente a las fir-mas de otorgantes y testigos; pero no es menos cierto que es el notario el último que firma, y que cuando estampa la suya su fe notarial responde de la certeza de los hechos con-signados en el documento. A raíz de las palabras “doy fe” aparece lo siguiente en la copia de la escritura:

‘ ‘ Firmado: Lemuel Marqués. — Dolores Campillo de Marqués.— Pedro Giusti. — Ramón Nieves Alicea. — (Firmado, signado, sellado y rubricado) Celestino Iriarte, Jr.— ... Es segunda copia fiel y exacta de su original que obra en mi protocolo del año mil novecientos veinte y seis a que me remito. — En fe de ello y a pedimento de la Sucesión de Don Pedro Giusti, expido la presente en San Juan de Puerto Rico, hoy día veinte y cinco de Octubre de mil novecientos treinta y dos.”

En esta última parte de la copia de la escritura se basan los apelantes para decir que no aparece en la misma la firma de Alfredo Vera. Todo indica, sin embargo, que se trata de un error de copia. La actitud de los demandantes tiende a confirmar la conclusión de la corte inferior. Si el defecto apuntado apareciese también en la escritura original, los de-mandantes no hubieran pedido que se dictase sentencia en su contra, cuando tan fácil les hubiese sido establecer claramente una causa de acción a su favor, haciendo uso del permiso que les concedió la corte para enmendar la demanda. Lejos de hacerlo así, descansaron en sus alegaciones y promovieron el presente recurso de apelación. Estas acciones en que se so-licita la nulidad de todo un procedimiento deben estar am-paradas por la buena fe y presididas por cierto espíritu de equidad. No hay duda en este caso de la deuda contraída por los demandantes. Aun cuando la firma de Alfredo Vera no aparezca en la escritura original, la verdad es que fue otorgada ante notario y que tiene la solemnidad de un docu-mento auténtico. El deudor de una obligación exigible que solicita la anulación ,de un procedimiento después de ejecu-tada la sentencia donde se le condena al pago de esa obliga-ción, debe presentar ante la corte todos los hechos que sean necesarios para producir la nulidad, actuando con la limpieza y altura que demandan los principios de equidad. Desde el momento en que oculta la realidad de los hechos, no puede decir que sus manos estén limpias. Si el defecto consta en la escritura original, debe alegarse lisa y llanamente, y si no existe ese defecto no debe acudirse a los tribunales de justi-cia para anular una sentencia, por el hecho de que se haya incurrido en un simple error de copia. A nuestro juicio la corte inferior adquirió jurisdicción para decretar la orden de requerimiento. Antes de expedirla, el tribunal tuvo bajo su consideración el escrito inicial, el certificado del registrador y la copia de la escritura. De modo que además de la fe notarial asegurando que todos los testigos suscribieron el do-cumento, existe el certificado del registrador, quien segura-mente no hubiese inscrito la escritura de hipoteca si no se le hubiera demostrado que la misma reunía todos los requi-sitos exigidos por la ley.

En la opinión de la mayoría se dice que según aparece al final de la escritura el notario da fe de que la leyó a los otorgantes y testigos y que la hallaron conforme los prime-ros y la suscriben todos; pero añade “que tal manifestación no destruye el hecho de que no aparezca de dicha copia que la escritura fuera firmada por el testigo Alfredo Vera, con mayor motivo cuanto que esa manifestación la hace el notario antes de ser puestas las firmas en la escritura, pues éstas aparecen después de tal manifestación del notario.” Este argumento, a nuestro juicio, parece inaceptable. La fe notarial carecería por completo de valor si no la favoreciese la presunción de que el notario antes de estampar su firma procura cerciorarse de la certeza de todas las manifestacio-nes contenidas en la escritura. La firma del notario, que es la última que se estampa en el documento, constituye un re-conocimiento y una ratificación de todo cuanto se ha dicho anteriormente bajo su fe notarial.

Estamos conformes con la opinión de la mayoría en que la escritura defectuosa por incompetencia del notario o por otra falta en la forma, tendrá el concepto de documento pri-vado, si estuviera firmada por los otorgantes. ¿Pero quién nos lia dicho que la escritura matriz en este caso resulta de-fectuosa? Este es .un hecho que ignoramos porque no se alega en la demanda y porque los propios demandantes al rehusar enmendar la demanda nos han privado de la oportu-nidad de conocer la verdad. El hecho de que la copia pueda resultar defectuosa no quiere decir que el defecto conste de la escritura original, sobre todo después de habernos dicho el notario bajo su fe notarial que los testigos suscribieron eJ documento.

De acuerdo con la opinión de la mayoría aunque la escri-tura matriz contenga la firma de los dos testigos y reúna todos los requisitos que la ley exige, el procedimiento ejecu-tivo es nulo por el hecho de haber incurrido en un error de copia el notario que transcribió el documento original. He aquí un caso en que los demandantes aparecen contrayendo una obligación reconocida en documento auténtico y en que no se les ha ocasionado perjuicio alguno al cobrárseles por la vía ejecutiva la obligación por ellos contraída. Los fines de la justicia han quedado realizados; el acreedor ha hecho efectivo su crédito por la vía judicial y sin embargo, si la escritura matriz es válida, se declara nula toda la tramita-ción de un procedimiento ejecutivo hipotecario por un mero error de copia, obligándose a la demandada a iniciar un nuevo procedimiento ejecutivo para hacer efectiva la misma obliga-ción. Y el acreedor hipotecario que se ve sometido a todas estas inconveniencias y molestias puede subsanar el error en un nuevo procedimiento simplemente con la mera formalidad de volver donde el notario y obtener una nueva copia donde se subsane la omisión. A nuestro juicio creemos que vamos demasiado lejos cuando obligamos a un acreedor a trillar el mismo camino anteriormente recorrido en el campo judicial porque incurrió en un error que en nada lia perjudicado a su deudor.

Opinamos que la sentencia de la corte inferior ha debido ser confirmada.

Estoy autorizado para decir que el Juez Presidente Sr. del Toro está conforme con esta opinión.


author: El Juez Presidente Señor del T oro,

text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 6142.
    Sometido: Noviembre 15, 1933.

      Resuelto: Junio 22, 1934.

      Hartzell, Kelley & Hartzell y R. O. Fernández, abogados de la ape-lante; Hon. Procurador General Benjamin J. Horton y M. Ro-dríguez Berra, Procurador General Aumliar, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del T oro,

emitió la opinión de i tribunal.

The National City Bank of New York radicó nna demanda en la Corte de Distrito de San Juan contra Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Pico, en reclamación de $55,018.73 pagados bajo protesta, intereses legales y costas.

Alegó que era una asociación bancaria nacional organi-zada de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos de América, con oficina principal en Nueva York y autorizada para hacer negocios en Puerto Rico.

Que en marzo, 1931, presentó al Tesorero la planilla de su propiedad a los efectos de la contribución que debía im-ponérsele y el Tesorero en octubre 27, 1931, fijó su capital tasable empleado en Puerto Rico en $2,658,040, así:

Terreno: 9,465.12 metros enadrados_$123,390.00
Terreno: 2,174.60 cuerdas_ 5.2, 650. 00
Edificios:- 392, 940. 00
Total inmuebles_ $568, 980. 00
Otra propiedad personal_$1, 993, 820. 00
Otros muebles_ 95, 240. 00
Total muebles_$2, 089, 060. 00
Total general_$2, 658, 040. 00

Que esa tasación se hizo no obstante haber el Banco comunicado por informe adicional al Tesorero que siendo como es una asociación bancaria nacional y pagando como paga contribución en Puerto Rico sobre su ingreso neto, sólo podía imponérsele contribución en esta isla por sus propie-dades inmuebles en ellas situadas.

Que de la tasación del Tesorero apeló para ante la Junta de Revisión e Igualamiento y la Junta declaró sin lugar la apelación y entonces, actuando bajo compulsión y temor de embargo de sus propiedades, el 9 de abril de 1932 pagó bajo protesta $55,018.73 de la contribución que se le impuso. Los otros $14,196.61 de dicha contribución, correspondiendo a los bienes inmuebles que figuran en la tasación, los pagó volun-tariamente.

Y que la ley que lo exime del pago de toda otra contribu-ción que no sea la impuesta a su propiedad inmueble situada en Puerto Rico, lo es la Sección 548, Título 12, del Código de los Estados Unidos que transcribe íntegramente en la demanda.

En resumen, el demandante sostuvo que de acuerdo con la ley nacional sólo podía imponérsele contribución en Puerto Rico por los $568,980 en que se valuó su propiedad inmueble situada en la Isla, estando exenta de tributación la “otra propiedad personal” y los “otros muebles” que en la Isla tiene y que se tasaron en $2,089,060.

El demandado alegó que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción y así lo re-solvió la corte por sentencia de junio 25, 1932, contra la cual interpuso el Banco demandante el presente recurso de apela-ción, señalando en su alegato la comisión de ocho errores, a saber:

“1. — La Corte de Distrito cometió error al tomar como uno de los fundamentos de su resolución, el no baber en la demanda ale-gación alguna de que las disposiciones de la ley federal sobre tributación de bancos nacionales sean aplicables a Puerto Rico.
“2. — La Corte de Distrito cometió error al resolver que la ley federal sobre tributación de bancos nacionales es solamente aplica-ble a los ‘estados’.
“3. — -La Corte de Distrito cometió error al aplicar a este caso la doctrina del caso de Dávila vs. Corte de Distrito, resuelto por esta Hon. Corte Suprema, en lo que se refiere a la aplicabilidad en Puerto Rico de estatutos federales.
“4. — La Corte de Distrito cometió error al resolver que la ley federal de bancos nacionales equipara las dependencias o posesiones insulares con los países extranjeros en cuanto a tributación de dichos bancos.
“5. — -La Corte de Distrito cometió error al resolver que ‘si el Gobierno Federal no puede en forma alguna declarar a una insti-tución o asociación bancaria nacional exenta de pagar tributos en un país extranjero, tampoco lo pudo hacer por implicación con las dependencias o posesiones insulares.’
“6. — La 'Corte de Distrito cometió error al resolver que la vigen-cia en Puerto Rico del Código Político desde 1902 en materia de tributación y la regla de uniformidad de tributación contenida en el Acta Orgánica, hacen inaplicables en Puerto Rico las disposicio-nes de los estatutos federales sobre tributación de bancos nacionales.
“7. — La Corte de Distrito cometió error al resolver que las dis-posiciones de los estatutos federales sobre tributación de bancos na-cionales no son aplicables en Puerto Rico.
“8. — La Corte de Distrito cometió error al no resolver que si las disposiciones de estatutos federales sobre tributación de bancos na-cionales no son aplicables en Puerto Rico, entonces un banco nacio-nal no es tributable en forma alguna en Puerto Rico.”

Para fundar su sentencia, emitió la corte de distrito una opinión de la que copiamos lo que sigue:

“La ley en que se basa el demandante, es la sección 548 del tí-tulo 12 del Código de los Estados Unidos que aparece en la página 367 de la obra United States Code Annotated, título 12'. Esta sec-ción se copia toda en la demanda y a poco que nos fijemos en el en-cabezamiento de la misma, se verá que va dirigida exclusivamente a los ‘estados’ y que a estos organismos del gobierno se refiere y aplica. El párrafo inicial de la sección dice como sigue: ‘La Legislatura de cada estado puede detei’minar y dirigir de acuerdo con los preceptos de esta sección,' la manera y sitio de imponer contribuciones a todas las acciones de las asociaciones bancarias nacionales localizadas den-tro de sus límites’; y completando el artículo, el Congreso autoriza a los estados: 1. — para imponer contribución sobre las acciones, o, 2. — para incluir los dividendos derivados de las mismas en el in-greso tributable del dueño o tenedor de las acciones, o, 3. — para im-poner contribución sobre los ingresos netos de tales asociaciones. EL párrafo tercero del artículo que estudiamos dispone textualmente que nada de lo preceptuado exentúa de contribuciones la propiedad real de las asociaciones bancarias para fines de tasación en cualquier estado o subdivisión del mismo, en la misma extensión y de acuerdo con ef valor en que la demás propiedad real se tase para dichos fines contributivos. Pero no hay alegación alguna de que estas disposi-ciones del artículo 548 se apliquen a Puerto Rico, y tampoco lo dis-pone la ley en artículo alguno de la misma. El privilegio de exen-ción tributaria a favor de los bancos nacionales se dirige a las le-gislaturas de los estados o a las subdivisiones de los mismos. La contribución sobre la propiedad en Puerto Rico se cobra de acuerdo con los preceptos del Código Político. Este cuerpo legal está en vigor desde el año 1902, con las enmiendas que al mismo le ha in-troducido la Legislatura Insular. En marzo 2 de 1917 se aprobó por el Congreso de los Estados Unidos una ley titulada ‘Ley para proveer un Gobierno Civil para Puerto Rico, y para otros fines,’ en la que se confiere a la Legislatura Insular el poder para imponer contribuciones con la limitación de que las leyes al efecto serán uni-formes. Cuando se aprobó esta ley en 1917, ya estaba en vigor el Código Político, y este cuerpo de ley se ratifica por el artículo 57 de la Ley Orgánica de marzo 2 de 1917. Recientemente nuestro más alto tribunal al decidir el caso de Dávila v. Corte de Distrito, en mayo 27 último, sentó la doctrina de que si un estatuto federal no contiene disposición expresa de que es aplicable a Puerto Rico, se entenderá que no lo es. Cita también algunos casos insulares esta decisión del Supremo, y por último, puso de manifiesto la circuns-tancia elocuentísima de que cada vez que el Congreso Federal se ha propuesto extender alguna ley federal a Puerto Rico, lo ha hecho usando las palabras ‘Puerto Rico,’ o posesiones insulares o en al-guna otra forma. La ley de bancos que estamos discutiendo, dis-pone también en su sección 601 que cualquier asociación bancaria nacional que posea un capital y dividendos de más de $1,000,000.00, puede establecer sucursales en países extranjeros o dependencias, o posesiones insulares de los Estados Unidos para el desarrollo del co-mercio extranjero, y también para actuar como agente fiscal de los Estados Unidos. Esta sección aparece en la página 484 de la obra que antes citamos. Claramente se ve que la intención del Congreso ha sido equiparar las dependencias o posesiones insulares con ios países extranjeros, y si el Gobierno Federal no puede en forma al-guna declarar a una institución o asociación bancaria nacional exenta de miagar tributos en un país extranjero, tampoco lo pudo hacer por implicación con las dependencias o posesiones insulares. Si tal hu-biera sido su intención, lo hubiera dicho de modo específico y claro. El artículo 209 del Código Político impone al Tesorero el deber de tasar toda propiedad que no esté expresamente exenta de tributos, y en el ejercicio de tal derecho bien pudo el Tesorero imponer la contribución que resiste el demandante.”

Convenimos con el apelante en que no era necesario alegar expresamente en la demanda que las disposiciones del artículo 548 del Código de los Estados Unidos eran aplicables a Puerto Rico.

Como se dice en Corpus Juris, resumiendo la jurispru-dencia :

“Conforme se demuestra en otro sitio, todas las cortes estaduales toman conocimiento judicial de los estatutos públicos de los Estados Unidos. Por consiguiente, no es necesario alegar la existencia de un estatuto federal a fin de invocar el beneficio del mismo en una acción entablada ante una corte estadual. Las leyes del Congreso no son leyes extranjeras sino que son leyes de' la nación y no como las leyes de estados vecinos que deben ser alegadas y probadas a fin ■de poderse acoger a las mismas.” 59 C. J. 1198.
“Cuando un estatuto público es aplicable' a un caso basta con que la alegación de la parte que desea descansar en el mismo aduzca los hechos que hagan caer el caso dentro del estatuto; y no es ne-cesario exponer el título de la ley o su número o la fecha de su aprobación o designarlo en alguna otra forma o aun referirse a él. Sin embargo, es indispensable que la alegación aduzca hechos que demuestren una causa de acción o una defensa bajo el título a fin de invocar el beneficio del mismo.” 59 C. J. 1199.

Y convenimos también con el apelante en que el estatuto de que se trata no se aplica solamente a los estados ya admitidos como tales al seno de la Unión, si que rige además .en los territorios. Así lo resolvió desde bace muchos años la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Talbott v. Silver Bow County, 139 U. S. 438, en el que decidió, copiando del resumen:

“Los territorios poseen la misma facultad que los estados de im-poner contribuciones a los bancos nacionales.
“El artículo 1003, capítulo 53 de la división quinta de los Es-tatutos Revisados del territorio de Montana, tal cual fue enmendado por la Ley de febrero 22, 1881, Leyes de 3881, p. 67, no está en conflicto con la sección 5219 de los Estatutos Revisados.’
“Bajo el sistema territorial general, conforme expresan las dis-tintas cartas orgánicas, el poder de imponer contribuciones es ab-soluto, salvo las restricciones impuestas por la Constitución y por las leyes del Congreso.”

En el curso de la opinión la corte por medio de su Juez Sr. Brewer se expresó así:

“Estas diversas disposiciones, diseminadas en todo el estatuto respecto a bancos nacionales, dan énfasis a lo que la naturaleza del sistema implica — la intención de crear un sistema de bancos nacio-nales coextensivo con los límites territoriales de los Estados Unidos, que funcionen uniformemente dentro de esos límites, a fin de esta-blecer en todos los Estados Unidos bancos con la garantía que un examen nacional otorga, y proveer moneda d_e valor uniforme, lo mismo en Arizona que en Nueva York, lo mismo en el territorio que en el estado. En un sistema nacional de tal naturaleza y de fun-cionamiento tan uniforme y universal en todos los límites territoria-les del país, antes de que cualquier sección del estatuto que lo cree sea tachada de establecer un discrimen y privilegios y cargas con mo-tivo de la localidad, su contexto exige imperativamente tal interpreta-ción. Si se alegara que el mismo permitía que se impusiera una contribución local al este de las Montañas Alleghanies y que lo im-pedía al oeste, aun si se admitiera que el Congreso tenía facultad con respecto a tal discrimen, el artículo invocado para justificar tal contención tendría que ser claro e imperativo en su contexto. Las diferencias provenientes de la misma- adaptación a estatutos locales es una cosa, mientras que e'1 discrimen por razón de la localidad u organización política es otra, esencialmente' distinta. No- está en con-flicto con la naturaleza nacional del sistema de que los bancos de los varios estados y territorios puedan cobrar y recibir un tipo de interés .autorizado por los estatutos locales; eso equivale meramente a la adaptación del sistema a las leyes y costumbres de los distintos estados; pero militaría enteramente en contra de su naturaleza na-cional si los bancos organizados bajo el mismo estuvieran sujetos a que se les impusiera una contribución local en una parte de la Unión y estuvieran exentos en cualquiera otra parte. Ni ligeramente debe imputarse tal intención al Congreso.
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“Además, aunque la palabra Estado se usa a menudo para dis-tinguirla de Territorio, sin embargo, en su sentido público general, y como se usa algunas veces en los estatutos y los procedimientos del gobierno, tiene el significado más amplio de una comunidad po-lítica separada que incluye el Distrito de Columbia y los territorios, así como aquellas comunidades políticas conocidas como Estados de la Unión. 'Tal uso de la palabra Estado ha sido reconocido en las decisiones de esta corte. Así, en el antiguo caso de Hepburn v. Ellzey, 2 Cranch, 445, 452, el Juez Presidente Marshall observó: ‘Se alega por el demandante que el Distrito de Columbia es una sociedad política separada; y que es, por lo tanto, un estado con-forme a las definiciones de los escritores sobre ley general. Esto es verdad.’ En Metropolitan Railroad v. District of Columbia, 132 U. S. 1, 9, el Juez Bradley, hablando a nombre de la corte, declaró que ‘es indudablemente cierto que el Distrito de Columbia es una comunidad política separada en cierto sentido, y que en ese sentido puede, ser denominado un Estado. ’ Y en el caso de Geofrey v. Riggs, 133 U. S. 258, 268, se dió una interpretación similar al uso de la palabra Estado, y en una cláusula que parecía llevar en su faz un significado más reducido que el lenguaje usado en la sección 5219, supra. La cláusula figuraba en un tratado entre Francia y los Estados Unidos, y decía así: ‘ En todos los Estados de la Unión, cuyas leyes existentes lo permiten, en tanto en cuanto dichas leyes per-manezcan en vigor, los ciudadanos franceses gozarán el derecho de poseer propiedad personal y real con el mismo título y de igual ma-nera que los ciudadanos de los Estados Unidos.’ En presencia de este lenguaje, la palabra ‘Estado’ parecería referirse no a una co-munidad política en general, sino a aquellas comunidades particu-lares que componen los Estados de la Unión; sin embargo, se sos-tuvo que incluía el Distrito de Columbia, en una opinión en que el Juez Field se expresó así: ‘Este artículo no ha sido felizmente re-dactado. Deja en duda lo que se significó por “Estados de la Unión.’’ Ordinariamente se sostendría que estas palabras se apli-can a aquellas comunidades políticas que ejercen varios atributos dé soberanía y que componen los Estados Unidos, para distinguirlas de las municijmlidades organizadas conocidas como Territorios y el Dis-trito de Columbia. Y sin embargo, comunidades separadas, con go-bierno local e independiente, son a menudo descritas como Estados, aunque la extensión de su soberanía política esté limitada en sus re-laciones con un gobierno superior o con otros países. Halleck Infc. Law. c. 3, párrafos 5, 6 y 7. El término es usado en la jurispru-dencia general y por los escritores sobre derecho público como sig-nificando sociedades políticas organizadas con un gobierno estable-cido. Dentro de esta definición el Distrito de Columbia, bajo el go-bierno de los Estados Unidos, es tan Estado como cualquiera de aquellas comunidades políticas que componen los Estados Unidos’.’’

Refiriéndose a Puerto Rico la propia Corte Suprema de los Estados Unidos lia resuelto:

•“Puede acertadamente decirse que Puerto Rico es un territorio enteramente organizado, mas no un territorio incorporado a los Es-tados Unidos, y no hay razón para que no se resuelva que Puerto Rico es un territorio tal como el comprendido en la sección 5278.” Kopel v. Bingham, 211 U. S. 468, 476.
“Somos de opinión que la ley es aplicable a Puerto Rico. Es cierto que la palabra ‘posesiones’ de los Estados Unidos no se usa de igual modo que en la Ley de Responsabilidad (Liability Act). Sin embargo, la ley provee que las leyes anteriores que ella en-mienda ‘serán aplicables a porteadores públicos por ferrocarril en los territorios y en el Distrito de Columbia, ’ etc. Aunque para todos los fines la Isla de Puerto Rico no ha sido plenamente incorporada a los Estados Unidos, ella no es evidentemente un territorio extran-jero, como tampoco lo son sus ciudadanos. González v. 'Williams, 192 U. S. 1, 15. Su organización en muchos aspectos es idéntica a la de aquellas entidades políticas conocidas por territorios. Tiene una legislatura territorial y un sistema territorial de cortes. Por ■la sección 14 de la Ley Foraker de abril 12, 1900, 31 Stat-, 77, 80, c. 191, ‘las leyes estatutarias de los Estados Unidos, que no sean lo-ealmente inaplicables . . . tendrán el mismo efecto y validez en Puerto Rico que en los Estados Unidos, excepción hecha de las leyes de rentas internas’.” Am. R. R. Co. of Porto Rico v. Didricksen, 227 U: S. 145, 148.

Y esta misma Corte Suprema de Puerto Rico, no ha mucho, en el caso de The Federal Lcmd Bank of Baltimore v. Corte de Distrito de Aguadillo,, 45 D.P.R. 205, 214, 216, por medio de su Juez Córdova dijo:

“La palabra ‘estado’ puede referirse a un estado de la Unión americana dentro de la constitución y a una denominación política debidamente organizada, no necesariamente como estado ni como te-rritorio o distrito bajo el gobierno de los Estados Unidos.
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■ “Puerto Rico es una entidad política soberana. Tiene su Gober-nador, Legislatura, Poder Judicial, y en general todos los atributos de un organismo político independiente. Ha sido declarado territo-rio organizado y es. un Estado de la Unión Americana en el sentido amplio de la palabra, ...”

Ahora Men, no es sólo a virtud de lo expuesto que puede sostenerse que la ley está en vigor en Puerto Rico. Rige como consecuencia de lo prescrito por el Congreso en el ar-tículo 9 de nuestra Carta Orgánica, a saber:

“Artículo 9. — Las leyes estatutarias de los Estados Unidos que no sean localmente inaplicables, salvo lo que en contrario se dispu-siere en la presente, tendrán el mismo efecto y validez en Puerto Rico que en los Estados Unidos, excepción hedía de las Leyes de rentas internas; Disponiéndose, sin embargo, que en lo sucesivo to-dos los impuestos que se recauden con arreglo a las Leyes de rentas internas de los Estados Unidos sobre artículos producidos en Puerto Rico y transportados a los Estados Unidos, o consumidos en la Isla, ingresarán en el Tesoro de Puerto Rico.”

Nada podemos percibir que baga que la ley de que se trata sea localmente inaplicable y no se nos ba citado ni conocemos ley alguna del Congreso que directa o indirecta-mente disponga que dicba ley no rija en Puerto Eico. Al contrario, el propio juez sentenciador se refiere en su opinión a la sección 601 de la misma que autoriza a cualquier asocia-ción bancaria nacional que posea un capital de más de un millón de dólares para establecer sucursales en países extran- ' jeros o en las posesiones insulares y para actuar como agente fiscal de los Estados Unidos, aunque sostiene que ello de-muestra que la intención del Congreso fué la de equiparar las posesiones insulares a los países extranjeros.

Siendo una ley estatutaria de los Estados Unidos, no era necesaria en verdad disposición especial alguna para que rigiera en Puerto Eico. En tal' virtud la especial disposición que contiene en tanto en cuanto es aplicable a Puerto Eico creemos que sólo puede interpretarse en el sentido de que la intención del Congreso fué la de equiparar los bancos nacionales en las posesiones insulares y en los países extran-jeros en cuanto a los requisitos de capital y condición de actuar como agentes fiscales de los Estados Unidos, y nada más.

El becbo de que el banco funcione como funciona en esta Isla de acuerdo con la ley por medio de una sucursal, no convierte la sucursal en una entidad distinta a la del banco de tal manera que baga inaplicable la ley invocada a los efectos de la imposición de la contribución. En el caso de Sokoloff vs. The National City Bank of New York, 224 New York Supplement 1.02, confirmado en 227 New York Supplement 907, se resolvió que si bien una sucursal de un banco nacional establecida de acuerdo con las secciones 601 a 605 del título 12 del Código de los Estados Unidos, es una entidad separada del banco principal en lo que se refiere a transacciones de negocios (business transactions), sin embargo, no es una agencia independiente, sino que está sujeta a la supervisión del banco principal, al cual pertenece la propiedad y el activo (property and assets) de la sucursal y el cual también es últimamente responsable por las deudas de la sucursal.

Tampoco bay fuerza en el argumento de que la tasación se bizo siguiendo los preceptos del Código Político aprobado por la Legislatura de la Isla ya que las leyes de Puerto Pico rigen en tanto en cuanto no se opongan a las del Congreso.

Recientemente la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, en mayo 18, 1934, resolviendo un caso pro-cedente de la Corté de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, igual al presente, No. 2896, The National City Bank of New York, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero, demandado y apelado, dijo:

“Como Nueva York, donde el banco demandante está situado, es el estado o subdivisión política al cual se ba dado permiso para imponer la contribución contra el banco de conformidad con el ar*-tículo 5219, la contribución impuesta contra sus bienes personales por la isla de Puerto Rico no estaba autorizada. Ni expresa ni im-plícitamente el Congreso ha autorizado jamás que se fijen tales con-tribuciones a una institución bancaria nacional, y no había razón para creer, de un examen del artículo 320 del Código Político de Puerto Rico de marzo 1, 1902, tal cual fué enmendado por la Ley de septiembre 3, 1910, (Estatutos Revisados de 1911.(297.2) artículo 320), que la isla de Puerto Rico tuviera por miras imponer tal con-tribución. Todo lo que puede colegirse de esa sección del Código es que Puerto Rico se proponía fijar una contribución a las accio-nes de instituciones bancarias existentes por autoridad de los Esta-dos Unidos ‘situadas en Puerto Rico y haciendo negocios dentro de esa isla,’ conforme estaba autorizada a hacerlo por el artículo 5219. Pero en este caso Puerto Rico ni siquiera trató de tasar las acciones del banco por la sencilla razón de que la institución bancaria no es-taba domiciliada en Puerto Rico y por consiguiente las acciones no estaban allí de tal suerte que pudiera imponerles una contribución.”

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, bastará consignar en cuanto al caso de Dávila v. Corte, 43 D.P.R. 554, que dicho caso tiene su fisonomía especial y se sostiene por sus propios fundamentos, y aunque entendemos que la corte de distrito dió a la jurisprudencia en él establecida un alcance que no tiene, para evitar ulteriores confusiones diremos que todo lo que en el mismo pueda encontrarse que sea contrario a lo que aquí se resuelve, debe entenderse de-rogado.

Resta sólo considerar una circunstancia especial que con-curre en este caso, a saber, si por el hecho de haber el banco demandante en la planilla que rindiera al Tesorero enviado los datos referentes a toda su propiedad en Puerto Rico, está impedido de reclamar contra la tasación que de toda esa propiedad se hizo y de la consiguiente imposición de contri-buciones sobre ella.

El banco alegó haberlo hecho así por error y haber acla-rado debidamente el asunto antes de que la tasación se hiciera.

Bajo las circunstancias del caso, no constituye impedi-mento para su ulterior reclamación la anterior actuación del banco.

“Se ha resuelto que el capital de un banco no está sujeto al pago de contribuciones estaduales. Si el banco dió a conocer su capital para fines contributivos, el mismo no está impedido ahora de ne-garse a pagar la contribución. Ello equivaldría a hacer una lista de bienes exentos de contribución, y no hay razón alguna de justicia o de política pública que impida al banco negarse a pagar la misma. Cooley, Tax’n, 263, 264; Dunnel Manuf’g Co. v. Inhabitants of Pawtucket, 7 Gray, 277; City of Charlestown v. Middlesex Co. Com’rs, .109 Mass. 270.” Brown v. French, 80 Fed. 166, 168.

En tal virtud, disponiendo expresamente la sección 548, Título 12 del Código de los Estados Unidos de América, vigente en Puerto Rico que: “La legislatura de cada estado puede determinar y ordenar, sujeta a las disposiciones de esta sección, la forma y lugar de imponer contribuciones a las acciones de instituciones bancarias nacionales situadas dentro de sus límites. Los varios estados pueden (1) im-poner contribuciones sobre dichas acciones, o (2) incluir divi-dendos derivados de las mismas en los ingresos tributables de un dueño o tenedor de las mismas, o (3) fijar contribu-ciones a los ingresos netos de tales instituciones, o (4) de conformidad o en armonía con su ingreso neto, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 1. (a) la imposición por un estado de cualquiera de las cuatro formas de contri-bución arriba expuestas excluirá las demás. ... 3. Nada de lo aquí contenido se interpretará en el sentido de eximir los bienes inmuebles de asociaciones del pago de contribuciones en cualquier estado o subdivisión de éste, basta el límite que, de acuerdo con su valor, se fijen contribuciones sobre, sus bienes inmuebles;” estando situado el banco nacional deman-dante en el estado de Nueva York, habiendo extendido sus negocios a Puerto Rico y habiendo Puerto Rico cobrádole contribuciones sobre la base de su ingreso neto, sólo podía imponerle además contribución sobre sus bienes inmuebles en la isla situados. En su consecuencia, la contribución que le impuso sobre su otra qiropiedad personal no estaba auto-rizada por la ley.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte de distrito de su origen para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con los principios establecidos en esta opinión.