author: El Juez Asociado Sr. MacLeary, JUEZ ASOCIADO SE. DEL TOEO.

text:
    Coll v. Leake, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari.

    No. 75.
    Resuelto en junio 21, 1911.
    Abogados — Desacato—Crítica de las Declaraciones de un Testigo. — Las mani-festaciones hechas en corte abierta por el abogado de una de las partes, expre-sando que no cree las manifestaciones de ciertos testigos, ni aún hechas bajo juramento, no constituyen un desacato al tribunal ante quien se critican las declaraciones de los testigos en esa forma, pues de acuerdo con'la jurispru-dencia, el abogado puede atacar la credibilidad de los testigos, y puede aún ■ manifestar que se ha cometido perjurio y que un testigo ha sido sobornado cuando semejante conclusión sea una consecuencia lógica de las declaraciones prestadas ante la corte.
    Desacato — Desobediencia de Ordenes Nulas — Jurisdicción.—La desobediencia de una orden de un tribunal dictada sin jurisdicción para ello, no constituye desacato. , *
    Suspensión de un Abogado — Jurisdicción de las Cortes de Distrito para De-cretarla. — Pena por Desacato. — De aeuerdo comías leyes vigentes en Puerto Rico, las cortes de distrito no tienen facultades para castigar a un abogado por desacato, suspendiéndolo temporalmente en el ejercicio de su profesión o sea eliminando su nombre de los abogados de récord de una parte, euya eliminación constituye en realidad una suspensión temporal.
    Desacato — Facultades Inherentes en los 'Tribunales. — La facultad inherente que los tribunales tienen para castigar por desacato, debe ejercitarse dentro de los límites prescritos en los estatutos.
    Id. — Facultades Generales de los Tribunales para Castigarlo — Las faculta-des conferidas por el párrafo 5 del artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil a los tribunales, para dirigir la condueta de sus funcionarios y demás per-sonas que comparezcan ante ellos, son de carácter general y deben ejercitarse de acuerdo con las leyes vigentes sobre materia de desacato.
    Interpretación de Ley — Preceptos de Carácter General y Particular. — Es un principio general de interpretación que dos preceptos legislativos, uno de carácter general y otro particular pueden subsistir al mismo tiempo, aunque al parecer estén en contradicción, ya sean partes de la misma o de leyes dis-tintas, cualquiera que sea la feelia de su aprobación, entendiéndose que los preceptos de carácter particular califican y constituyen excepciones a los precep-tos de carácter general.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sres. Herminio Díaz Navarro, Cayetano Coll, y Cuchí, Tomás Bernardini de la Huerta y Manuel A. Martínez Dávila.

    Abogados del demandado: Sres. Foster V. Brown, Attorney General, y Jesús M. Rossy, Fiscal.

    Abogados de la parte opositora: Sres. José Tons Soto y Willis 'Sweet.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso el peticionario, el Sr. Cayetano Coll y Cuchí, abogado, que postula ante las cortes de esta Isla, so-licitó un anto de certiorari dirigido al Hon. Harry P. Leake, Juez de Distrito del Distrito de G-uayama, para revisar cier-tas órdenes de aquella corte por las que se le imponía nna nanita de cien dollars ($100) por desacato, y por las que se le suspendía temporalmente en el ejercicio de su profesión, en cierto caso, mientras no fuera satisfecha la multa. El inci-dente tuvo su origen en un caso sobre nulidad de elecciones pendiente ante dicha corte, cuya vista había ya ocupado va-rias semanas, y en el que tomaban parte niuchos abogados y se habían examinado gran numero de testigos. El día 8 del corriente y durante el curso de la vista, mientras se discutían algunas cuestiones incidentales, el abogado usó cierto len-guaje que el juez estimó improcedente e inmediatamente hizo que se registrara la orden siguiente en el libro de actas:

“Durante las argumentaciones por parte de los demandantes de la evidencia en esté caso de Gregorio Valdés Roque, el Sr. Cayetano Coll Cuchí refiriéndose a la evidencia de los dos testigos los letrados Ramos y Abella, dijo: ‘En cuanto a los testigos Ramos y Abella debo comenzar manifestando a la corte que yo no creo las manifestaciones de dichos testigos ni aun hechos bajo juramento.’ Entonces la corte le indicó que debía cesar en su argumentación y debía retirar las palabras ofensivas. Y después de la discusión de este asunto el Sr. Coll rehusó retirar las palabras, y entonces la corte le ordenó sentarse y cesar en su argumentación, y le condenó a una multa de cien dollars por desacato a la corte en rehusar obedecer las indica-ciones del juez, .o en defecto del pago, retirarse definitivamente del pleito. ’ ’

Inmediatamente se suspendió la vista y al reanudarse la sesión, el día nueve, el abogado rehusó pagar la multa o reti-rarse de la dirección del caso, según se le requería en la or-den, y la corte seguido dictó la siguiente orden:

“En el día de hoy el Sr. Coll y Cuchí anuncia en1 corte abierta que no considera que haya cometido ningún desacato. Y para hacer más claro el récord, la corte declara que anoche, durante el juicio en el caso de Gregorio Valdés, los señores Ramos y Abella, ambos letrados de esta corte, declararon con respecto a un incidente de poca impor-tancia que ocurrió en los pasillos de la corte, y que las declaraciones de ellos se referían a la evidencia del testigo Navarro. Más tarde, y durante su argumentación del caso, el Sr. Coll dijo, refiriéndose a la evidencia de los dos señores, lo siguiente: ‘En cuanto a los testigos Ramos y Abella voy a comenzar .manifestando a la corte que yo no • creo las manifestaciones de dichos testigos ni aun hechas bajo jura-mento.’ Y que entonces la corte le indicó que debía retirar esas frases, a lo que se negó. El abogado tiene el derecho de argumentar sobre la evidencia y criticar las declaraciones de los testigos; pero en este caso la corte considera las frases innecesarias, gratuitas y suma-mente ofensivas; y provocativas de un incidente desagradable en corte abierta. Se le dió al Sr. Coll la oportunidad de retirar las frases ofensivas y seguir en su argumentación. El Sr. Coll rehusó aceptar la indicación de la corte, y entonces se le ordenó que retirara las frases, siendo ellas ofensivas a la corte, o de no hacerlo se conside-raría como un desacato. El Sr. Coll y la corte discutieron entre sí el hecho; y el letrado tuvo' repetidas oportunidades de retirar el len-guaje usado sin que por ellú se lesionara su dignidad; pero él se negó. Entonces la corte le impuso la multa de cien dollars o en defecto del pago de la misma retirarse definitivamente del pleito. Y en este momento el Sr. Coll manifiesta que no tiene intención de pagar la multa ni de retirarse voluntariamente del pleito. Y por tal motivo, la corte ordena: que se haga una entrada en el récord retirando el nombre del Sr. Coll como abogado de los demandantes, y que desde este momento el Sr. Coll cesa de tomar participación en corte abierta en este litigio. ’ ’

El abogado, el día 10, solicitó de este Tribunal Supremo la expedición de un auto de certiorari, alegando en su peti-ción, entre otras puntos, lo siguiente':

“El peticionario alega que el Juez de la Corte del Distrito de G-uáyama al hacer la orden anterior abusó de su jurisdicción al ex-tremo de ejercitarla fuera de los límites que la ley le concede y siendo por lo tanto dicha orden nula y sin efecto de ninguna natu-raleza. Y alega además el peticionario, que la Corte del Distrito de Guayama no tiene jurisdicción para eliminar su nombre como abo-gado del récord en el indicado pleito sobre nulidad de elecciones, lesionando de una manera grave los intereses de los’litigantes que no tienen medios hábiles para sustituir su representación legal actual .por otra que se encuentre en las mismas condiciones de conocimientos del asunto.”

Se expidió, oportunamente el auto de certiorari y el juez de distrito presentó su contestación a dicho auto el día 15 enviando una transcripción de los procedimientos celebrados en la corte y algunos de los autos originales en la causa, los chales son muy voluminosos y que consideramos innecesario revisar en su totalidad.

Solamente ‘se han presentado en esta controversia dos cuestiones que requieren nuestra consideración. T son: Ia. ¿Se ha cometido desacato alguno?, y 2a. Suponiendo que el abogado cometiera desacato, ¿podría la corte de distrito obli-garle a que se retirara o eliminar su nombre de la dirección del caso en que ocurrió el incidente? Estudiaremos dichas cuestiones en su orden.

En cuanto a la primera cuestión bien podemos examinar el récord para averiguar con exactitud qué palabras eran las que se consideraron ofensivas y que constituían el fundamen-to de las órdenes dictadas contra el peticionario. Examina-remos primero el informe hecho por el juez de distrito en su contestación sobre este punto. Dice así:

“Entonces se dictó la orden marcada con el No.. 1; y mientras se dictaba la misma la corte manifestó que le gustaría tener la certeza de las palabras exactas usadas por el abogado y que según su re-cuerdo eran que el abogado babía dicho en inglés, que él no creía a Ramos y Abella, ni en corte bajo juramento y como testigos ni fuera de la corte como hombres. El abogado negó que hubiera usado ex-actamente aquellas palabras, pero manifestó que eso era lo que él quiso dar a entender y que si la corte quería hacer consignar esas frases en el record podía hacerlo. Otro abogado, sin embargo, y a requerimiento de la corte, repitió las frases usadas por el Sr. Coll, y habiendo éste convenido en que aquéllas eran sus frases, así se hicieron constar en el record. ’ ’

Las palabras textuales, en la orden, son: “En cuanto a los testigos Ramos y Abella debo comenzar manifestando a la corte^ que yo no creo las manifestaciones de dichos testigos ni aun hechas bajo juramento.” El informe hecho por el juez, en su contestación a dicho auto, aunque pudiera servir de aclaración, no nos ha sido sometido como evidencia, y sí solamente como alegación del demandado.

Luego lógicamente debemos primero determinar qué es lo que constituye desacato.

Nuestro estatuto al tratar de este punto, entre otras ma-terias que constituyen desacato, expresa que serán objeto de castigo “Obstinada desobediencia, u oposición intencionada o realizada contra cualquier decreto, mandamiento u' orden legal, expedido o dictado por algún tribunal en un pleito o pro-ceso de que estuviere conociendo.” (Est. Rev., P. R., apar-tado 2, artículo 144, p. 87.)

En el mismo sentido se expresa el tomo 9 de Oye., p. 8-E. Nuestro estatuto es análogo, aunque no en idénticas pala-bras, al artículo 166 del Código Penal de California. El esta-tuto de este Estado ha sido interpretado varias veces por su Tribunal Supremo, empezando por el caso de In re Cohen and Jones, 5 Cal., 494. Y más tarde en los casos de People v. Dwinells, 29 Cal., 633; Spencer ex parte, 83 Cal., 461; Cosby v. Superior Court, 110 Cal., 47, y otros más. Nosotros hemos comentado también este estatuto nuestro en diferentes casos, y en el caso-cle una actriz de Mayagüez declaramos que el hecho de que una persona rehúse o deje de cumplir una orden que la corte no tenía jurisdicción para dictar, no constituía desacato. (Nuñez v. Corte de Distrito de Mayagüez, resuelto el 20 de marzo de 1908.) Si la orden no es legal no puede ser-vir de fundamento para establecer desacato ni para casti-garlo.

Pero, ¿ se excedió el Sr. Coll, al comentar sobre las declara-ciones, de los límites legales que se le permiten al abogado, y cometió por ello desacato, y merece el castigo que se le ha im-puesto ?

Según dice la “Encyclopedia of Law and Practice,” el abogado puede criticar la conducta de las partes; puede im-pugnar, excusar, justificar, o condenar sus móviles, según los revela la evidencia; puede también atacar la credibilidad de los testigos cuando ésta se encuentra puesta en duda por prue-ba directa o por la inconsecuencia o incoherencia de sus de-claraciones, su manera de declarar, su porté en el momento de declarar, o por otras circunstancias.. Cuando semejante conclusión llega a ser una- deducción lógica de las declara-ciones que debidamente se han hecho ante la corte, puede él aún manifestar que se ha cometido perjurio, o que .un testigo ha sido sobornado.

Encyclopedia óf Law and Practice, vol. 5, pp. 326, 327 y 328.

Esta doctrina la apoyan numerosas decisiones de las cuales citamos unas pocas.

Jones v. State, 50 Tex. Crim. Rep., pp. 195 y 196.

E. St. L. C. Ry. Co. v. O’Hara, 150 Ill., 587.

People v. Amaya, 134 Cal., 539.

Moore v. State, 52 Tx. Crim. Rep., 343-344.

People v. Rohl, 138 N. Y., 621,

People v. Ramsey, 153 Mich., 299.

En uno de los casos referidos se encuentra una opinión del Juez Brooks, de Texas, del cual vamos a extractar algo ex-tensamente : digimos: ‘Debemos manifestar que las facultades de la corte son ofi-ciales — judiciales, y no personales, y la relación de tribunal y letrado es correlativa. Los tribunales ejercen y deben ejercer la autoridad y las funciones judiciales cuando sea necesario, pero de una manera sancionada por la ley, y en consonancia con la dignidad judicial, y con el debido miramiento al derecho de las partes interesadas. El abogado está obligado a obedecer las órdenes legalés del tribunal; mas el tribunal debe invocar su autoridad judicial de acuerdo con la ley y en cumplimiento de la misma. Las relaciones de tribunal y abogado, judicatura y foro, son recíprocas, y cada uno, dentro de su propia esfera, está revestido de facultades, derechos y privilegios que el otro debe reconocer y respetar. Estas relaciones deben ser reco-nocidas y respetadas tanto por .el juez como por el abogado, y si se tienen bien presentes y se siguen como norma de acción y de conducta, se evitarán rozamientos.’ No queremos que se nos entienda como que sostenemos que el tribunal sentenciador no tiene derecho a mantener el decoro de la sala, ni que sostenemos que el tribunal no podía exigir al peticionario a que se limitara en su argumento a los hechos adu-cidos en la prueba, o que al dirigirse al jurado se limitara a hacer deducciones racionales, propias y decorosas de los hechos aducidos en la prueba. Estos son los únicos límites que pueden imponerse a los argumentos del abogado por el tribunal sentenciador. No podemos concebir cómo el peticionario podía comentar sobre las declaraciones contradictorias de los testigos de un modo distinto a como lo hizo. Quizás el peticionario pudo haber evitado el hacer aparecer el testi-monio de dichos testigos ante el jurado bien como una mentira o como error, diciendo que una de las partes estaba en error. Aun así, el jurado habría quedado en libertad de inferir, si así lo deseaba, que era un error intencionado, y por lo tanto una mentira. Sea de ello, lo que quiera, era una forma justificada de argumentar en la vista del caso, según nos lo revelan las declaraciones juradas presentadas. Los tribunales no deben tratar de invadir las atribuciones del abo-gado, ni dictar una norma en cuanto a la forma de la argumentación sobre cualquier estado de hechos, como no sea en la forma ya indi-cada. ' No creemos que el peticionario infringió la letra o el espíritu de la ley sobre desacatos; pero, por otro lado, creemos que su argu-mento era legítimo y pertinente a los hechos que se discuten, y. la imposición de una multa por el juez sentenciador estuvo ’enteramente injustificada por la ley y los hechos alegados en la vista del caso. ’ ’

“Que mientras se dirigía al jurado en el caso de State of Texas v. Bob. Catlin, y en corte abierta, diebo F. L. Snodgrass, al analizar las declaraciones de.los testigos H. N. Beakley y J. M. Crawford, que declararon en la causa, y refiriéndose a dichos dos testigos, manifestó y dijo al jurado, y en presencia y durante la vista de la corte, y en presencia y mientras declaraba el testigo, en sustancia y en efecto, que o bien Beakley o bien Crawford (queriendo indicar los testigos ya mencionados) estaban equivocados, o que uno de ellos mentía.
“Ahora bien, la cuestión que se presenta es, ¿constituye desacato la materia expuesta en la sentencia? Opinamos que nó. Para que exista el desacato no solamente debe tener la corte jurisdicción de la persona del peticionario, sino también del asunto en cuestión, y para dictar la sentencia determinada que se dictó. Tenía jurisdicción del peticionario, pero no del asunto en cuestión, porque carecía de la facultad o autoridad legal para dictar la sentencia contra el peti-cionario por las manifestaciones hechas según constan en los autos. Si la tuviera anularía el derecho del peticionario a alegar los derechos de su representado en los tribunales de justicia. Es un derecho que la constitución garantiza a toda persona que sea juzgada en los tribunales de este Estado, el ser oída personalmente y por medio de letrado; y ciertamente cuando declaran dos testigos uno a favor y otro en contra de determinada proposición, y existe una contradic-ción absoluta y completa, solamente se puede deducir una de -dos con-clusiones — que uno de los dos declaró falsamente, o que uno de los dos se equivocó. La argumentación del peticionario parece haber sido bastante benévola, colocándola en la alternativa. No podía llegarse a otra conclusión, partiendo de las manifestaciones contradictorias, sino que uno de ellos había declarado falsamente o se había equivo-cado. Parece ésta haber sido una circunstancia importante en la "vista del caso, y ciertamente no sólo era el derecho sino también el deber del peticionario para con su representado comentar sobre el hecho, poniéndolo de manifiesto, de que Crawford, testigo del de-mandado, había dicho la verdad, y que Beakley no lo había dicho. Los tribunales miran con tolerancia el celo y parcialidad del abogado en defensa de su cliente ante los mismos. Sin celo y sin un anhelo leal y ferviente de hacer todo lo que en su poder esté y -que sea justo ■para favorecer los intereses de su representado, y asegurarle un juicio equitativo e imparcial, se destruiría el propósito del abogado, y la toga pronto caería en el descrédito. En el caso de Duncan, 42 Texas Criminal Reports, 661, 2 Texas Court Reports, 402, se suscitó una •cuestión muy semejante a la que nos ocupa; y, entre otras cosas,

No podemos nosotros decir, por consiguiente, que el abo-gado se había excedido de los límites de la ley en su crítica del testimonio de los testigos, cualquiera que sea nuestra opinión de la conducta o mal gusto demostrado en el uso de palabras tan cáusticas.

La orden del tribunal tiene que baber sido legal; de lo contrario no puede considerársele con derecho a que se res-pete y obedezca. El error del tribunal al declarar que las palabras us.adas por el abogado, al comentar sobre las declara-ciones de los testigos, constituían desacato, invalidó toda ac-ción posterior basada en la misma; y no existiendo jurisdic-' cion para dictar las órdenes que se registraron en el presente caso, dichas órdenes fueron, por consiguiente, nulas.

Se observará que las frases ofensivas las usó el abogado al empezar sus comentarios sobre las declaraciones, y que no se le permitió concluir. Fué interrumpido por el tribunal con una súplica perentoria de que debía retirar las palabras usa-das, y parece que se suscitó una larga discusión que duró quince minutos, que no podía conducir a un resultado benefi-' cioso, y que era impropio tanto del tribunal como del letrado. Las palabras usadas no constituían por sí misma desacato. Fueron palabras enérgicas y pudieron considerarse de mal gusto. Pero en sus comentarios sobre las declaraciones debe permitírsele al abogado considerable latitud. Puede ser que si al abogado se le hubiera permitido explicar y continuar sus comentarios, quizás hubiese dado las razones de su increduli-dad. Si su opinión con respecto al testimonio era o no cues-tión importante, no podía afectar impropiamente el resultado, pues la vista del caso tenía lugar ante el tribunal y no ante un jurado.

Esas palabras del letrado ciertamente que no constituyen desacato; y aunque quizás el acto de negarse a obedecer la in-dicación de retirarlas pudiera considerarse como tal, porque ello pudiera ser necesario para la conservación del orden, sin embargo, no hay necesidad de que tomemos eso en consi-deración en vista de lo improcedente del castigo. Aunque el tribunal pudiera-haber estado justificado en multar al abo-gado en la cantidad fijada en la orden, se carecía de autoridad para eliminar su nombre de la lista de abogados que tomaban parte en el caso, y para requerir que cesara de ejercer sus funciones en el mismo.

Ahora viene la segunda cuestión para su consideración. ¿Qué autoridad tiene un tribunal de distrito en Puerto Eico para suspender a un abogado en el ejercicio de sus funciones como funcionario del tribunal, o para hacerlo en parte, eli-minando su nombre de la lista de abogados en un caso deter-minado? No existe tal autoridad.

Según nuestras leyes, los tribunales de distrito no tienen jurisdicción para admitir abogados al ejercicio de su profe-sión, ni pueden éstos ser suspendidos temporal o permanente-mente en el ejercicio de su profesión por la acción de esos tribunales. Estas funciones le corresponden exclusivamente al Tribunal Supremo de Puerto Rico, y el modo de ejercerlas está precisamente prescrito por el estatuto. (Stats. Rev., P. R., Arts. 39 al 43 y artículos enmendatorios de los mismos: Leyes de Puerto Rico de 1909, pp. 101-103, arts. 9 y 10 de la Ley de 11 de marzo de 1909.) Se sostiene, sin embargo, que la acción del tribunal en el presente caso no fué una suspen-sión ni temporal ni permanente. No fué una suspensión per-manente, pero sí fué una suspensión temporal, por lo que se refería al caso cuya vista se celebraba- y durante la duración de] mismo, en la corte de distrito, y hasta su conclusión.

Tal fué la naturaleza del castigo impuesto por el supuesto desacato, que. al imponerlo la corte ciertamente carecía de autoridad para ello dentro de la ley estatutoria de Puerto Rico. Nuestra ley sobre desacato concede autoridad a las cortes de registro, de las cuales forma parte la corte de dis-trito, para imponer una multa que no exceda de doscientos dollars ($200), y prisión que no exceda de treinta días o am-bas. (Stats. Rev., P. R., art. 145.) A falta de pago el delin-cuente puede' ser encarcelado, dentro de los límites legales, hasta que sea satisfecha la multa. Estos son los únicos méto-dos prescritos en el estatuto para castigar el desacato. Hasta ahora han resultado suficientes para el mantenimiento del or-den y el prestigio y dignidad de todos los tribunales de jus-ticia.

Pero se alega-con gran velieniencia y argumentos inge-niosos, que todos los tribunales tienen' la facultad inherente de castigar por desacato y que el castigo se deja a su discre-ción en el caso particular que baga necesaria su aplicación. Se citan algunas autoridades para apoyar esta proposición; entre otros se cita el caso de Robinson ex parte en 86 U S p. 505.

La opinión en este caso, emitida por el difunto Juez Field, dice en parte lo siguiente:

“La facultad para castigar por desacatos es inherente a todos los tribunales; su existencia es esencial para la conservación del orden en. procedimientos judiciales, y para hacer cumplir las sentencias, órdenes y mandamientos de los tribunales, y por consiguiente para la debida administración de justicia. Desde el momento que se crearon los tribunales de los Estados Unidos y se les confirió jurisdic-ción de cualquier asunto, esos tribunales poseyeron esa facultad. Pero la autoridad conferida ha sido limitada y definida por la ley del Congreso de 2 de marzo de 1831. Esa ley, según sus disposiciones, se aplica a todos los tribunales; si puede considerarse como limitando la autoridad del Tribunal Supremo, cuya existencia y facultades se derivan de las Constitución, puede quizás ser objeto de duda. Pero no hay duda que tiene aplicación a las cortes de distrito y de circuito. Estos tribunales fueron creados por ley del congreso. Sus facul-tades y deberes se basan en la ley que los creó o en leyes posteriores que extendían o limitaban su jurisdicción. Para ellos la ley de 1831 es, por consiguiente, la ley que especifica los casos en que se puede imponer castigos sumarios por desacato. * *
“Afortunadamente la ley prescribe el castigo que el'tribunal puede imponer por desacatos. El artículo diecisiete de la Ley sobre la Judicatura de 1789 establece que los tribunales tendrán la facultad de castigar los desacatos a su autoridad en cualquier caso o vista que ante los mismos se celebre con multa o prisión, a discreción de ellos. Este decreto circunscribe el modo de ejercer esa facultad, y debe con-siderarse como una negación de tpdas las demás formas de castigo. La sentencia del tribunal suspendiendo permanentemente al 'peti-cionario, considerada como un castigo por desacato, careció, por con-siguiente, de autoridad y era nula. * * #.
“La facultad de suspender permanentemente a un abogado des-cansa sobre bases distintas. Esta facultad la poseen todos los tribunales que tienen autoridad para admitir abogados al ejercicio de su profesión. Pero esta facultad solamente puede ejercerse en aquellos casos en que ba habido una conducta tal por parte de aquellos contra los cuales se procede, que demuestra que no merecen ser miembros de la profesión. Solamente se admiten individuos al ejercicio de la pro-fesión después de haber probado satisfactoriamente que poseen una buena reputación y suficientes conocimientos legales para defender ante los tribunales las causas de los litigantes. La orden de admisión es la decisión del tribunal que poseen las condiciones requeridas tanto en cuanto a su reputación como a sus conocimientos.”

Ex parte Robinson (19 Wall.), U. S. Rep., vol. 86, pp. 510, 511 y 512.

Luego esta facultad inherente de los tribunales en casos de desacato debe ejercerse de acuerdo con las disposiciones de los estatutos y está circunscrita a los límites, que le fija la autoridad legislativa. Esto sucede con los tribunales de la. nación y lo mismo es con los tribunales insulares. Siguiendo el ejemplo del Congreso nuestra Legislatura Insular ha fijado límites a la discreción de los tribunales al imponer castigos por desacato. Estamos obligados a seguir esas leyes, lo mis-mo que todas las demás, y debemos seguirlas en el ejercicio de nuestras facultades judiciales inherentes y las demás. El gobierno de Puerto Rico como el de Massachusetts y todos los demás Estados de la Unión, ■ es un gobierno de ley y no de hombres.

Se alega que el Tribunal Supremo de Puerto Rico podría, de surgir una oportunidad adecuada, ordenar a un abogado que estuviera argumentando un caso, que se retirara de la dirección del mismo, y suspenderle en sus funciones hasta que cumpliera con las órdenes del tribunal. Sea de esto lo que quiera, las Cortes de Distrito de Puerto Rico no tienen tal facultad. La suspensión aún por un tiempo limitado y refi-riéndose a un caso determinado esta fuera de su jurisdicción. Estatutos anteriormente citados. Y desde luego cualquier orden dictada por un tribunal sin jurisdicción, es evidente-mente nula. La Corte de Distrito de Guayama, en el caso presente, no tenía autoridad ni jurisdicción para imponer al abogado la alternativa de pagar una multa o retirarse de la dirección del caso que defendía ante la misma; ni para eli-minar su nombre de los autos del caso como abogado. Como se ba dicho en el caso de Bobinson, el conceder la facultad, por medio de estatuto, para castigar desacatos mediante multa o prisión, es negarles a los tribunales toda otra forma de castigo. El que hubiera varios otros abogados en el mismo caso, no cambia la cuestión en lo más mínimo. Falta la juris-dicción y las órdenes dictadas eran por consiguiente nulas.

Se ha hecho referencia por el letrado a las facultades con-feridas a todo tribunal por el artículo 7 del Código de Enjui-ciamiento Civil, cuyo párrafo quinto les- da autoridad’“Para dirigir en bien de la justicia, la conducta de sus funcionários y de las demás personas que tuvieren algún interés en cual-quier procedimiento judicial seguido ante ella o actuación per-teneciente a dicho procedimiento.” Ésta es una facultad general que se ha conferido a todas las cortes de la isla, y debe ejercerse de conformidad con las leyes vigentes y no con in-fracción de las mismas. El Código de Enjuiciamiento Civil en que se encuentra esta disposición, fue aprobado con el ob-jeto de establecer los métodos de dirigir los litigios y los pro-cedimientos judiciales en general; pero esto no es incompatible con otras leyes que se aplican a asuntos determinados dé los cuales el desacato es uno; y los diferentes castigos prescri-tos por nuestras leyes ofrecen numerosos ejemplos. Es una regla muy conocida de interpretación que cuando disposiciones de carácter general y específico son aparentemente incompatibles, ya pertenezcan al mismo o a diferente estatuto, y ha-ciendo caso omiso de la prioridad en la promulgación, pueden subsistir juntamente, la específica calificando y supliendo ex-cepciones a la general.

Townsend v. Little, 109 U. S., 512; y casos allí citados.

Por consiguiente, como las palabras por. las cuales se mul-tó al abogado no constituían desacato, y aunque su conducta posterior pudo quizás serlo, como la corte, no tenía jurisdic-ción para hacer cumplir la pena imponiendo la multa median-te la eliminación del abogado de la dirección del caso, las dos órdenes dictadas por la corte, contra las cuales se ha estable-cido el presente recurso, deben anularse y dejarse la situación legal del abogado en la condición en que se hallaba antes de dictarse dichas órdenes. Debe dictarse una sentencia ade-cuada para efectuar ese resultado.

Con lugar la- solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y del Toro disintieron, el primero en absoluto y el segundo en parte.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SE. DEL TOEO.

No puedo estar conforme con la opinión ni con la resolu-ción de la mayoría de los jueces de esta Corte Suprema, en todas sus partes.

Aparece perfectamente claro para mí que la actitud asu-mida por el letrado recurrente para con la Corte de Distrito de G-uayama, es constitutiva de desacato. Se trataba de un-juicio sobre impugnación de elecciones. Habían 'comparecido muchos abogados en defensa de los intereses de ambas partes. La dirección del caso era naturalmente difícil. El juez no sólo en el cumplimiento de sus deberes, estaba obligado a resolver de acuerdo con la ley las cuestiones que fueran sur-giendo, sino a mantener y asegurar el orden y la urbanidad en los debates, en bien de la justicia y por el prestigio de la corte y de los abogados que ante ella actuaban y que formaban parte de la misma.

Si tomamos en consideración todas estas circunstancias, tendremos que concluir que cuando el Juez de la Corte de Distrito de Guayama llamó la atención al letrado recurrente sobre las frases que pronunciara refiriéndose a dos de los le-trados de la parte contraria que habían, deciar ado como testi-gos, el juez procedió rectamente y con la clara intención de evitar un conflicto enteramente innecesario.

Y si. analizamos lo ocurrido después, la discusión que tuvo lugar entre el letrado recurrente y el juez de la corte de dis-trito, la insistencia del juez en que se retiraran las frases sin desdoro alguno para el honor del letrado que las emitiera, la actitud del recurrente, la orden final de la corte y la desobe-diencia a la misma, no vemos que pueda llegarse a otra con-clusión que no sea la de que el recurrente se colocó én una po-sición de franca, abierta e insistente desobediencia a una or-den de la corte dictada en uso de las facultades que la ley le confiere, y en cumplimiento de los deberes que la ley le im-pone. ■ . '

Pero lo que no aparece claro para mí es el poder de la corte de distrito para' separar al letrado recurrente de la dirección del pleito principal.'

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha determinado das penas que se pueden imponer a los culpables de desacato. Tales penas, multa o prisión, son suficientes para garantir el buen funcionamiento de los tribunales, y a ellas deben suje-tarse las cortes.

Además, separar al letrado recurrente de la dirección del pleito de que se trata, equivalía a suspenderlo de una manera directa en el ejercicio de su profesión al menos en un deter-minado asunto, y la facultad de suspender o separar abogados, en el ejercicio de su profesión, está reservada por la- ley a. la Corte Suprema de Justicia de Puerto Rico.

En tal virtud opino que aquella parte de las órdenes dic-tadas por la Corte de Distrito de Gfuayama, decretando que el letrado recurrente Sr. Cayetano Coll, se separara de la dirección del pleito seguido por Genaro Cautiño et al. v. José Muñoz Vázquez et al., sobre impugnación de elecciones, lo fué en exceso de su jurisdicción y debe anularse.


source: Caselaw Access Project

author: JUEZ PRESIDENTE SR.- HERNANDEZ.

license: Public Domain

text:
    Sucesión Nieves v. Sucesión Sánchez.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 676.
    Resuelto en junio 21, 1911.
    En este caso los Jueces Presidente Sr. Hernández y Asociado Sr. .MacLeary, opinaron'que debía desestimarse el recurso, y los Jueces Asociados Sres. Wolf y del Toro opinaron que debía considerarse el caso en su fondo y confirmarse la sen-tencia apelada)
    Apelación — Confirmación de la Sentencia Apelada en Casos de Empate— Sentencia del Tribunal Supremo. — No pudiendo l'os Jueces del Tribunal Supremo llegar a obtener acuerdo unánime o por .mayoría de votos para resolver una apelación, y resultando empate en la votación por ausencia de uno de los jueces, queda firme la sentencia apelada.
    OPINIÓN DEL JUEZ .PRESIDENTE SR. HERNANDEZ EN-LA CUAL'ESTUVO CONFORME EL JUEZ ASOCIADO SR; MACLEARY.
    Desestimación de la Apelación — Resoluciones Inapelables. — Son inapelables por no estar comprendidas en los casos que taxativamente enumera el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, las resoluciones de las cortes de . distrito resolviendo excepciones previas, y debe desestimarse todo recurso de apelación interpuesto contra tales resoluciones.
    Id. — Interpretación de Alegaciones — Escrito de Apelación. — Cuando las pala-bras son claras y no dejan duda sobre la intención del que las emplea, debe estarse al sentido literal de las mismas.
    Id. — Escrito de Apelación — Resolución de Excepciones Previas. — Habiendo expresado la parte apelante en su escrito de apelación, que apelaba de la resolución de la corte declarando con lugar las excepciones previas de la parte demandada, es evidente que su intención fué de apelar contra la resolu-ción qiie sostuvo la excepción previa, y no contra la sentencia que desestimó la demanda por el fundamento o como consecuencia de haberse declarado sin lugar la excepción previa.
    Resolución de Excepciones Previas — Sentencia.—A tenor de la definición de ■sentencia contenida en el artículo 188 del Código de Enjuiciamiento Civil, la resolución u orden que sostiene una excepción previa no puede calificarse de sentencia.
    Recurso de Apelación — Fundamentos de una Sentencia. — El recurso de apela-ción se da contra la parte dispositiva de una sentencia y no contra el funda-mento de ella, aunque ese fundamento sea una orden declarando con lugar una excexieión previa.
    Id. — Jurisdicción del Tribunal Supremo — Conformidad de las Partes — Ape-lación. — Aún en el supuesto de que las partes apelante y apelada estén con-formes en que el reeurso de apelación se lia interpuesto contra la sentencia definitiva y no contra la resolución declarando con lugar las excepciones previas, si del escrito de apelación aparece claramente que el reeurso se ha interpuesto contra está última, el Tribunal Supremo carece de jurisdicción para conocer del recurso, pues la conformidad de las partes no le da tal juris-dicción sino la real y positiva interposición del reeurso.
    Reglas de Procedimiento — Convenios Particulares de las Partes. — Las reglas de procedimiento son obligatorias para todos los que intervienen en el juicio, y no cabe sustituirlas por conformidad o convenios particulares de las partes.
    Los hechos están expresados en las dos opiniones emiti-das.
    Ahogados del apelante: Sres. Augusto Malaret y Sanda-lio Torres Monge.

    Abogados del apelado: Sres. Bosch y So\to.

   OPINIÓN EMITIDA POR EL

JUEZ PRESIDENTE SR.- HERNANDEZ.

Con fecha 8.de julio .del-año próximo pasado la Sucesión de Agustina Nieves presentó demanda ante la Corte de Dis-trito del Distrito Judicial de San Juan, contra la Sucesión de Benito Sanchez García, alegando como hechos fundamen-tales de' su acción, que los cónyuges Cleto Estrada y Agus-tina Nieves- adquirieron durante su matrimonio dos fincas, y fallecida la Agustina, el viudo, sin liquidar la sociedad de gananciales ni formalizar la testamentaría de su difunta es-posa, vendió dichas fincas a Benito Sánchez García por es-critura de 14 de marzo de 1895; y en virtud de esos hechos, suplica la parte demandante se declare por sentencia la nuli-dad de la venta hecha por la expresada escritura, se condene a los demandados a entregar,a los demandantes la mitad de las dos fincas y sus productos, y se ordene la cancelación de las inscripciones que de ellas se hubieren hecho en el registro de la propiedad, con las costas a los demandados.

La Sucesión demandada opuso a la demanda la excepción previa de que no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, por cuanto ejercitándose una acción de nulidad de escritura otorgada en 14 de marzo de 1895, han transcurrido con exceso los cuatro años que fija el artículo 1268 del Código Civil, para que tal acción pueda ser ejerci-tada.

La corte sostuvo la excepción alegada, dictando una orden, que copiada a la letra dice así:

“Resolución. — A la demanda se ha interpuesto la excepción de que no aduce hechos bastantes para determinar una causa de acción, porque de la misma aparece que la acción de nulidad de contrato, de la cual depende la de reivindicación, está prescrita de acuerdo con el artículo 1268 del Código Civil. Teniendo en cuenta las alegaciones y las argumentaciones de los abogados, sostenemos dicha excepción, fundada en la prescripción de la acción de nulidad, y ordenamos se anote esta resolución como sentencia, con costas a los demandantes en el libro del secretario. San Juan, 19 de enero de 1911.”
i

La sentencia dice así:

“Sentencia. — El día diez y seis de diciembre de 1910 y en corte abierta, se llamo este pleito a la vista de las excepciones previas de que la demanda no aduce hechos bastantes para una causa de acción, y comparecieron ambas partes por sus abogados, quienes leyeron sus alegaciones, y argumentaron oralmente en apoyo de las mismas. Y la corte, tomando en consideración dichas alegaciones y argumenta-ciones, declara que la ley está en favor de dicha excepción previa, la que sostenemos, y por tanto, se desestima la dicha demanda, con las costas a los demandantes. El secretario librará la correspondiente orden de ejecución. Pronunciada en corte abierta el día diez y nueve de enero de 1911, y registrada en la misma fecha.”

La parte demandante interpuso recurso de apelación en los siguientes términos:

“Señor Secretario: Notifico a Ud. que apelamos para ante la Hon. Corte Suprema, de la resolución de ésta corte de fecha 19 del actual, declarando con lugar las excepciones previas de la parte demandada. Sírvase tomar nota de ello a los efectos oportunos. San Juan, enero veinte y siete de mil novecientos once. (Firmado) A. Malaret, Abo-gado del demandante. Notificado con copia hoy 27 de enero de 1911. (Firmado) Bosch y Soto, Abogado de la demandada.”

Ese es el recurso sometido a nuestra consideración.

Ante todo se hace necesario definir cuál es la materia u objeto del recurso, si la resolución de 19 de enero de 1911, o la sentencia de la misma fecha.

Desde luego no vacilamos en afirmar lo primero. La parte recurrente expresa qne apela de la resolución declarando con lugar las excepciones previas de la parte demandada.

Cuando las palabras son claras y no dejan duda sobre la intención del que las emplea, debe estarse al sentido literal de las mismas. Las palabras empleadas por la parte ape-lante son claras, y no dejan duda de su intención de apelar contra la resolución que sostuvo la excepción previa, y no contra la sentencia que desestimó la demanda por el funda-mento o comb consecuencia de haberse declarado sin lugar la excepción previa. Difícilmente hubiera podido emplear palabras más propias y adecuadas para recurrir contra la orden de 19 de enero último.

No es propiamente la sentencia la que ha declarado sin lugar la excepción previa, sino la orden que precedió a la sentencia. La sentencia desestima la demanda con las cos-tas a los demandantes, por haberse sostenido la excepción previa en dicha orden, y dictada ésta, holgaba declarar en la sentencia que la ley está en favor de la excepción previa.

Sentencia, según el artículo 188 del Código de Enjuicia-miento Civil, es la decisión definitiva sobre los derechos de las partes en un pleito o procedimiento. Resolución u orden que sostiene una excepción previa no puede calificarse de sen-tencia.

El recurso de apelación se da contra la parte dispositiva de una sentencia <y no contra el fundamento de ella, aunque ese fundamento sea una orden declarando con lugar una ex-cepción previa.

Ya se atienda a los términos en que aparece redactado el escrito de apelación, ya a los principios legales que deja-mos consignados, es claro como la luz meridiana, que la reso-lución apelada es la orden de 19 de enero de 1911 que sos-tuvo la excepción fundada en la prescripción de la acción de nulidad., y siendo ello así, es improcedente el recurso, pnes la resolución que declara con o sin lugar una excepción previa, no está comprendida en caso alguno de los que taxativamente enumera el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, al determinar las resoluciones de las cortes de distrito contra las que puede establecerse apelación para ante la Corte Su-prema. Apelada la sentencia definitiva, lo que no se fia hecho en el presente caso, es que aquella resolución debería esti-marse • excepcionada por ministerio de la ley al tenor de lo que dispone el artículo 213 del Código citado, y a ella se liaría extensiva también la jurisdicción del tribunal para con-firmarla o revocarla.

Y no se diga que ambas partes, apelante y apelada, han admitido que el recurso há sido interpuesto contra la sen-tencia definitiva al sostener respectivamente la revocación o confirmación de dicha sentencia, pues no es la conformidad de” las partes la que da jurisdicción a la corte, sino la real y positiva interposición del recurso. • Las reglas de procedi-miento son obligatorias para todos los que intervienen en el juicio, y no cabe sustituirlas por conformidad o convenios particulares de las partes, según digimos en 29 de junio de 1906, al resolver el caso Ex Parte Margarita Hecht.

Deploramos no discutir el recurso en el fondo por falta de jurisdicción,- en atención a no ser apelable la resolución recurrida.

Procede se desestime el recurso interpuesto contra la reso-lución que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 19 de enero último.

OPINIÓN DEL JUEZ ASOCIADO SE. DEL TOEO EN LA CUAL ESTUVO CONEOEME EL JUEZ ASOCIADO SE. WOLE.

Acción ^Reivindicatoría — Nulidad del Título del Demandado — Casos en que es Necesario Ejercitar Previamente la Acción de Nulidad. — La doctrina legal de que cuando se ejercita la acción reivindicatoría contra personas que están en posesión de la cosa objeto del litigio, en virtud de un título que se tenía por legítimo, es preciso que antes se pida la nulidad de éste, sólo tiene aplicación cuando la nulidad produce la acción, pero no cuando el derecho de reivindicar es independiente de ella.

Id. — Acción de Nulidad — Título del Demandante. — El que funda la aeeión rei-vindicatoría en un título independiente del de los poseedores, no está obligado a pedir y obtenerla nulidad de éste para que prevalezca su aeeión.

Id. — Bienes Gananciales — Liquidación de la Sociedad Conyugal. — No es título bastante para fundar la aeeión reivindicatoría, la adquisición de bienes durante la sociedad conyugal porque sin preceder la liquidación del haber común, no puede afirmarse la existencia del sobrante que 'corresponde por mitad a los cónyuges.

Apelación — Término Genérico, ‘ ‘ Resolución. ’ ’ — Teniendo en • cuenta las cir-cunstancias de este caso y que el término genérico "resolución” incluye sen-tencia, este tribunal no debe despojarse de su jurisdicción, porque el escrito de apelación consigne que se apela de la resolución, cuando correctamente debió decir de la sentencia, sino por el contrario, debe entrar a conocer del recurso y a resolverlo por sus propios méritos.

La Sucesión de Agustina Nieves entabló demanda en la Corte de Distrito de San Juan que tituló de “reivindicación de partición de dos fincas rústicas con sus frutos y nulidad de inscripciones,’-’ alegando los siguientes Lechos:

“Primero. Que al igual que los demandados residen en este dis-trito judicial y tienen capacidad para demandar y ser demandados, obligarse y ser obligados.
“Segundo. Que Cleto Estrada y Agustina Nieves, se casaron en Loíza en ocho de junio de mil ochocientos sesenta y siete dejando por sus únicos y universales herederos, a sus cuatro hijos nombrados Mar-gara, Clara, G-umersinda y Juan Estrada Nieves.
“Tercero. Que Margara murió dejando por sus únicos y univer-sales herederos a sus hijos legítimos Antero, Leonor, Leocadia, Pedro y Juana, el primero mayor de edad y los otros menores representados por su padre legítimo el viudo Gavino Tirado, los cuales, en unión de Clara, G-umersinda y Juana Estrada Nieves son los demandantes en esta acción.
“Cuarto. Que dentro del matrimonio, Cleto Estrada y Agustina Nieves, adquirieron por escrituras de diez y ocho de abril de mil ochocientos ochenta, otorgadas ante el notario que fué de la Carolina Don Juan Bolet Durán, de Paseasio Calderon y de Matías Tirado las dos fincas siguientes:
‘ ‘ Once cuerdas de terreno en el barrio de Lomas, partido de Loíza circunscrita bajo cuatro piquetes de jobo, colindando por el norte con Angela Pérez; al sur, el comprador; al este, Pedro Gómezy al oeste, Máximo Tirado.
“Cinco cuerdas radicadas en el barrio de Lomas, circunscrita bajo-cuatro piquetes de jobo y colindante por el norte con Angela Pérez; al sur, Cayetana Kodríguez; al este, Pedro Gómez; y al oeste, Nico-lás C. Nieves.
“Quinto. Que ambas parcelas fueron cultivadas y fomentadas de café y varios frutos menores por los esposos Estrada Nieves.
“Sexto. Que fallecida la consorte Agustina, el viudo Cleto Estrada sin liquidar la sociedad de gananciales ni formalizar como debió, la testamentaría de su difunta esposa, entregando a cada hijo su.par-ticipación hereditaria, maliciosamente vendió las dos fincas descritas, como si a él sólo hubieran pertenecido, a Don Benito Sánchez García, comerciante, quien también obró de mala fe en la compraventa que tuvo lugar por escritura de catorce de marzo de mil ochocientos no-venta y cinco, pasada ante el Notario Don Leandro Lara Tomé, ins-crita ilegalmente en el registro de la propiedad.
“Séptimo. Que desde la expresada fecha catorce de marzo de mil ochocientos noventa y cinco, primero Don Benito Sánchez, y después sus sucesores, se han venido beneficiando de la totalidad de las dos fincas descritas, cuyos productos, salvo el juicio de peritos, se calculan en trescientos dollars anuales líquidos.
“Octavo. Que Don Benito Sánchez García falleció en Loíza, de-jando por sus únicos y universales herederos a -sus hijos Francisca, Josefa y Pina, mayores de edad; Carmen, Isabel, Julia, Benito y José, menores representados por su legítima madre la viuda Delfina Castro, residentes todos en este distrito judicial, cuyos herederos se encuentran en posesión de las fincas descritas y son los demandados en esta acción. ’ ’

La sucesión demandada opuso a la demanda la excepción de que no aducía hechos suficientes para determinar mía causa de acción. (Art. 105, No. 6, del Código de Enjuiciamiento Civil.)

Y la corte, después de oídas ambas partes, dictó la si-guiente resolución que fué registrada como sentencia:

• “A la demanda se ha interpuesto la excepción de que no aduce hechos bastantes para determinar una causa de acción, por que de la misma aparece que la acción de nulidad de contrato, de la cual de-pende la de reivindicación, está prescrita de acuerdo con el artículo 1268 del Código Civil.
“Teniendo en cuenta las alegaciones y las argumentaciones de los abogados, sostenemos dicha excepción, fundada en la prescripción de la acción de nulidad y ordenamos se anote esta resolución como sentencia, con costas á los demandantes en el libro del secretario. ’ ’

Contra la resolución de la corte se interpuso el presente recurso de apelación en el cual comparecieron ambas partes y discutieron en su fondo la cuestión planteada.

En los autos aparecen así la resolución de la corte que liemos transcrito como la sentencia registrada el mismo día. El escrito de apelación consigna que se apela de la resolución, cuando correctamente debió decir de la sentencia; pero, aten-didas las circunstancias de este caso y a que el término gené-rico resolución incluye sentencia, creemos que ésta fué sufi-cientemente identificada y que este tribunal no debe despo-jarse de su jurisdicción, sino por el contrario entrar a cono-cer del recurso y a resolverlo por sus propios méritos.

Estudiado cuidadosamente el caso, no podemos estar con-formes con el fundamento de la sentencia apelada.

La acción ejercitada por la demandante es la de reivindi-cación, independiente de la de nulidad del título de la deman-•dada.

“La doctrina legal de que cuando se ejercita la acción reivindica-taria contra personas que están en posesión de la cosa objeto del ■pleito en virtud de un título que se tenía por legítimo, es preciso que antes se pida la nulidad de éste, sólo tiene aplicación cuando la nuli-dad produce la acción, pero no cuando el derecho de reivindicar es independiente de ella. (Sent. del.'T. S. de E. de 16 de octubre de 1873.)
“Fundándose la acción reivindicatoria en un derecho reconocido -como preexistente al del título que ostenta el demandado, es inne-cesario pedir previa y separadamente la nulidad de dicho título, porque no nacía de ella la acción del demandante, sino que es conse-cuencia de la que ha deducido. (Sent, del T. S. de E. de 17 de enero •de 1889.)
“Es inaceptable el principio de que no puede entablarse la acción reivindicatoria contra poseedor que tiene título más o menos firme inscrito en el registro de la propiedad sin que preceda otra acción que, conforme a derecho sea adecuada para destruirlo, cuando la en-labiada no tiene otro objeto que el de perseguir el inmueble que el demandante reclama como dueño, pero no en el concepto de que el título del demandado sea más o menos eficaz. (Sent, del T. S. de E. de 6 de abril de 1889.)
“El que funda la acción reivindicatoría en un título independiente del de los poseedores, no está obligado a pedir y obtener la nulidad de éste para que prevalezca su acción. (Sent, del T. S. de E. de 13 de febrero de 1892.) ”

Pero, si Men la sentencia apelada no se sostiene por el fundamento que tuvo el juez para dictarla, siempre será nece-sario llegar a la conclusión de que debe confirmarse por estar sostenida por otro fundamento, esto es, por el de que ejerci-tándose como se ejercita la acción reivindicatoria, la sucesión demandante no alega un título claro y preciso a los bienes que reclama.

“No es título bastante para fundar la acción reivindica-toria la adquisición de bienes durante la sociedad conyugal, porque sin preceder liquidación de baber común, no puede afirmarse la existencia de un sobrante que corresponde por mitad a los cónyuges.
“Si bien las leyes Ia., tít. 3°. y 4°., tít. 4°., libro 10 de la Novísima Recopilación declaran gananciales lo adquirido du-rante la vida en común de los cónyuges, esto se entiende res-pecto al saldo que resulte, deducidas las bajas, cuyo pago es preferente.” (Sent, del Trib. Sup. de España de 11 de mayo de 1889; 65 Jurisprudencia Civil, 698.)

Yéase además el caso de Fernández v. Velázquez, decidido por esta Corte Suprema el 9 de junio actual, y la sentencia del Tribunal Supremo de España de 13 de junio de- 1901, citada en el mismo.

La demanda no contiene una sola alegación precisa con respecto a que la exacta mitad de las fincas descritas en la demanda pertenezca a la sucesión demandante, basándose solamente en la teoría de que habiendo sido adquiridas tales. 'fincas a título oneroso durante el matrimonio, la mitad co-rrespondía a cada uno de los cónyuges y por consiguiente a la sucesión demandante que comparece como heredera de uno de ellos. Pero esto como ya se ha dicho, no es título suficiente por sí solo para una acción como la reivindicato-ría en que es necesario alegar un título claro, perfecto y pre-ciso. La misma demandante alega en su- demanda que no se liquidó la sociedad de gananciales al morir su causante y si esto es así, no es posible saber si existieron o no ganancias en tal sociedad.

Por tales razones opinamos que el recurso debe decla-rarse sin lugar y confirmarse la sentencia- apelada.

Estoy autorizado para decir que el Sr. Juez Asociado Wolf está conforme con esta opinión.

Confirmada.

',Juez Asociado Sr. Aldrey no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro, JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNÁNDEZ.

text:
    El Centro de Detallistas de San Juan v. A. Vicente & Co., et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de . San Juan.
    No. 636.
    Resuelto en junio 21, 1911.
    Conteoversia Jurídica — Cdestiones Abstractas. — No alegándose en la demanda que se haya realizado algún pacto concreto y positivo en perjuicio del deman-dante, no existe base para una controversia jurídica que debe ser resuelta por los tribunales de justicia.
    Los hechos están expresados en la opinión:
    Abogado del apelante: Sr. Jacinto Texidor.

    Abogados de los apelados: Sres. Hartsell y Rodríguez Serra.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Centro de Detallistas de San Juan, una corporación constituida con arreglo a las Leyes de Puerto Rico, entabló demanda contra A. Vicente y Compañía,. Sucesores de L. Vi-llamil y Compañía, Sucesores de M. Lomba y Compañía, J. Ochoa y Hermano, Villar y Compañía, Freiría y Compañía, Sucesores de Pérez Hermanos, S. en C., Aboy Vidal y Com-pañía, M. Lamadrid y Compañía, Sobrinos de’Izquierdo y Compañía, Baquero y Compañía, Balasquide y Compañía, F. Font y Hermano, Pérez Hermanos, R. Paniagua y Com-pañía, Luiña Hermanos, Sucesores Benitez y Compañía, Ce-recedo Hermanos y Compañía, Sucesores A. Suárez y Com-pañía, E. R. Pons y Compañía, V. Melón y Compañía, Sán-chez Pórtela y Compañía, Sucesores de F. Juncos y Com-pañía, C. Malatrasi y Compañía, Cadierno Hermanos, Allés y Hermano, y B. Fernandez y Hermano, a fin de que la corte de distrito declarara que el único sistema a que deben sujetarse ías transacciones comerciales en Puerto Rico es el métrico decimal y que el acuerdo adoptado por las sociales demandadas es ilegal y nulo.

Los hechos esenciales de la demanda son que los deman-dados adoptaron el 1 de febrero de 1910, un acuerdo que fué comunicado a los comerciantes detallistas, relativo a que a partir del primero de marzo próximo, quedaría establecida por los demandados, comerciantes al por mayor, la regla de fijar sus precios para todo artículo cuya venta haya de efec-tuarse por peso, para cada 45-3597 ídlos, equivalentes a cien libras americanas.

“Que tal acuerdo causa perjuicios a todos los comerciantes de provisiones al detalle y a este Centro de Detallistas y a todos y a cada uno de sus socios, cambiando, sin autoridad alguna por parte de los demandantes, el sistema de peso legal, e imponiendo, para las transacciones comerciales un sistema arbitrario1, caprichoso y perjudicial para la buena marcha de los negocios del comercio de provisiones al de-talle; y

‘ ‘ Que el demandante nombró una comisión para entenderse con los demandados, habiéndose negado éstos a adoptar el sistema métrico decimal y a revocar su acuerdo.”

Los demandados, excepto H. Santos, Pérez Hermanos, y A. Suárez y Cía., alegaron la excepción previa de que la de-manda no aduce hechos suficientes para determinar una cau-sa de acción.. La corte declaró con lugar dicha excepción y como el demandante manifestara que no tenía más hechos que exponer, ordenó que su resolución se registrara como sentencia. Así se hizo y contra la sentencia, registrada el 5 de noviembre de 1910, se interpuso el presente recurso de ape-lación.

La notificación de la apelación hecha a todos los abogados de los demandados el 14 de noviembre de 1910, se archivó el mismo día en la oficina del secretario de la corte de distrito, y elevada la transcripción de los autos a esta Corte Suprema, ambas, partes en su alegatos escritos discutieron amplia-mente el recurso en su fondo.

Hemos estudiado cuidadosamente la transcripción de los autos y los alegatos de las partes y opinamos que la senten-cia que desestimó la demanda por no aducir ésta hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción, está bien fun-dada y debe confirmarse.

Dos razones fundamentales existen para ello.

La primera es, que estudiado el acuerdo de los comercian-tes demandados, no aparece que esté en abierta oposición con las prescripciones de -los artículos 230 y 240 del Código Político.

Y la segunda es, que aun cuando se concluyera que lo estaba, en la demanda no se alega que se haya realizado un soló acto concreto y positivo en perjuicio del demandante y siendo esto así, no existe base para una controversia jurídica que deba ser resuelta por los tribunales de justicia. No obs-tante haberse presentado la demanda el 10 de mayo de 1910, no se consigna en ella que el acuerdo adoptado por los de-mandados en 1 de febrero de 1910, para empezar a regir el 1 de marzo del mismo año, se llevara a vías de hecho.

Yéase el caso de la Liga de Propietarios v. El Ayuntamiento de San Juan, decidido por esta Corte Suprema el 12 de febrero de 1908, en donde esta última cuestión ha sido tratada ampliamente y resuelta de modo claro y preciso. ■

No creemos necesario entrar- en otro orden de considera-ciones. El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Juez concurrente: Sr. Wolf.

Juez disidente: Sr. Presidente Hernández.

Los Jueces Asociados Sres. MacLeary, y Aldrey.no toma-ron parte en la resolución de este caso.'

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNÁNDEZ.

El Centro de Detallistas de' San Juan de Puerto Ribo produjo demanda ante la Sección Ia. de la Corte de Distrito de San Juan, fechada en 10 de mayo del año próximo-pasado, contra las sociedades mercantiles que se mencionan en el título de la acción, y después de varias alegaciones, entre las que -figura como principal un' acuerdo de los comerciantes demandados de 1 de febrero del año citado, comuuicadó a los demandantes por medio de circular, y relativo a que desde el día 1°. de marzo siguiente quedaría establecida por los fir-mantes del acuerdo, la -regla de fijar sus precios para todo artículo cuya venta haya de efectuarse por peso, para cada 45-3597 kilos, equivalente a 100 libras americanas,' concluye con la súplica de que en su día se dicte sentencia declarando que el único sistema a que deben sujetarse las transacciones comerciales en Puerto Rico, es el métrico-decimal, y que el acuerdo de que se deja hecho mérito es ilegal y nulo.

A la anterior demanda opusieron los demandados excep-ción previa por el fundamento de que no aduce hechos bas-tantes para constituir una causa de acción, y esa excepción se sostuvo por la corte, desestimando la acción por senten-cia que copiada a la letra dice así:

"Sentencia. El día doce de octubre de 1910, y en corte abierta, se llamó este pleito a la vista de las excepciones previas de que la de-manda no aduce hechos bastantes para constituir una causa de acción, y comparecieron ambas partes por sus abogados, quienes sometieron la cuestión bajo, argumentaciones escritas, que. presentaron. Y la corte, tomando en consideración dichas alegaciones y argumentaciones, declara que la ley está en favor de dicha excepción previa, y por tanto, se sostienfe dicha excepción previa y se desestima la presente acción, con las costas a los demandantes. El secretario librará la correspondiente orden de ejecución. Pronunciada en corte abierta el día cinco de noviembre de 1910. Registrada hoy día siete de los mis-mos mes y año. (Firmado) Pedro de Aldrey,' Juez.”

De haberse interpuesto apelación contra dicha sentencia, no hay mas constancia en él record que el escrito que trans-cribimos a continuación.

• “A los Sres. Hartzell y Rodríguez Serra, E-. S. Paine, Damián Monserrat, y H. F. Hord, Abogados de los demandados en el caso arriba citado. Por la presente se notifica .a Vds. que el demandante en este caso apela para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico de la resolución dictada por la Corte de Distrito de San Juan, en cuanto a las excepciones previas, cuya resolución de fecha 5 de noviembre de 1910 ha sido registrada como séntencia en fecha 1 de noviembre de 1910. Texidor y Cautiño. (Firmado) J. Texidor: Abogados de los demandantes. Notificado 14 noviembre,- 1910, con copia. (Fir-mado) Damián Monserrat. (Firmado) H. F. Hord, por M. A. Borges, Abogados de los demandados. Filed, Secretary’s Office, no-viembre 14, 1910. (Firmado) J. de J. Cavo. Dep. Secretary.” ’

¿Es suficiente esa simple constancia ele autos, que sólo envuelve la notificación ele una apelación a la parte contraria archivada en secretaría, para que este tribunal estime que la apelación ha sido interpuesta y que tiene, por tanto, juris-dicción para el conocimiento de la misma? Opinamos que no.

El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil dice lo siguiente:

Artículo 296. Una apelación se interpone entregando al secre-tario de la corte en que fue dictada o registrada la sentencia o pro-videncia apelada, un escrito manifestando que se apela de ella, o de determinada parte de la misma, y presentando idéntica manifestación a la parte contraria o a su abogado.”

Es decir, que para que una apelación se entienda perfec-cionada, es necesario que el apelante haya dado debido cum-plimiento a los dos requisitos que dicho artículo determina, o sea (a) la presentación del escrito de apelación al secreta-rio de la corte, y (6) la notificación de ese escrito a la parte contraria o a su abogado. La ley es clara y no cabe acudir a reglas de interpretación. Nosotros no sabemos si la parte apelante en este caso cumplió o nó con las disposiciones de nuestro estatuto, pues, como ya hemos visto, sólo hay cons-tancia en los autos de una notificación del apelante dirigida a los abogados de la parte contraria, al efecto de que apelaba de la resolución dictada por la Corte de Distrito de San Juan, sobre las excepciones previas, para ante este Tribunal Supremo. La cuestión pues, se reduce a determinar si la omi-sión por parte del apelante de incluir en los autos la copia del escrito de apelación que ha debido presentar al secreta-rio de la corte, es una omisión fatal, o si por el contrario po-demos prescindir de ella y resolver la apelación por sus mé-ritos. No hay duda alguna de que la observancia o inobser-vancia de los requisitos que exige un estatuto para que una apelación se entienda perfeccionada, es una cuestión de juris-dicción :

“Los autos deben mostrar afirmativamente un exacto cumplimiento de los requisitos estatutorios con respecto a la presentación y noti-ficación del éscrito de apelación; y la notificación del escrito de ape-lación, o de la citación en un recurso por causa de error, a la parte contraria, o a su abogado, y al secretario de la corte sentenciadora, son hechos jurisdiccionales. ’ ’

2 Cyc., 1028.

Es un principio sentado por este tribunal, de acuerdo con la jurisprudencia de los más altos tribunales de los Estados de la Unión, que los estatutos que regulan la jurisdicción de las cortes, sean éstas de jurisdicción original o de segunda instancia, deben ser rigurosamente interpretados. (The Bonnie Fruit Co. v. Dávila et al., 2 Dec. P. R., 155.) A este

principio dimos aplicación en el caso de Del Valle v. Andreu, resuelto en noviembre 7, 1907, en el qne apesar de existir en los antos nna constancia auténtica de la interposición de la apelación, pnes en la exposición del caso debidamente apro-bada por el juez se consignaba qne Del Valle babía presen-tado en secretaría el escrito de apelación y lo babía notifica-do al abogado de la parte contraria, este tribunal desestimó la apelación por no contener la transcripción copia de dicbo escrito de apelación, dando así nna rigurosa interpretación al precepto estatutorio que regula nuestra jurisdicción de apelación. Igual resolución y por idéntico motivo dictamos en los siguientes casos:

Fernández v. Sucesión Irizarry, 3 Dec. P. R., 17.

Ex Parte Hecht, 3 Dec. P. R., 433.

Ex Parte Franco, resuelto en octubre 16, 1906.

La misma jurisprudencia ba sido establecida por la Corte Suprema de los Estados de Idabo y California, interpretando preceptos estatntorios similares al nuestro, con excepción del requisito referente a la fianza que nuestro Código de Enjui-ciamiento Civil no exige:

“Se interpone una apelación presentando y notificando el escrito de apelación. Ambos requisitos deben existir para que la apelación se entienda perfeccionada.” (Whipley v. Mills, 9 Cal., 641; 2 Idabo, 747.)
“Para que una apelación se entienda establecida, son necesarias tres cosas: (1) la presentación del escrito: (2) su notificación; y (3) la presentación de la fianza. Todos estos pasos hay que darlos dentro del término que fije el estatuto. Si no se dan esos pasos en esa forma, no hay apelación perfeccionada, y este tribunal no tiene jurisdicción del caso.” (Hastings v. Halleck, 10 Cal., 31; 1 Idaho, 369.)
“Estas disposiciones del Código tienen por objeto, asegurar los derechos de las partes y deben cumplirse estrictamente.” (Hastings v. Halleck, supra.)
“Una apelación se interpone presentando al secretario de la corte ’ en que se dicta la orden o sentencia, un escrito expresando que se apela dé la orden o sentencia, o de determinada parte de la misma, y-sir-viendo una copia idéntica de dicho escrito a la parte contraria o a su abogado. Este precepto del Código es imperativo y exige que el apelante presente al. secretario y entregue a la parte contraria o, a su abogado el escrito de apelación. La apelación se interpone cumpliendo con los requisitos de la ley que regula la materia, no pudiendo inter-ponerse la apelación si no se cumple con tales requisitos. La juris-dicción depende del cumplimiento de las prescripciones de la ley, debiendo aparecer del récord en apelación dé modo afirmativo que se hizo la éntrega del escrito de apelación a la parte contraria o a su abogado, a fin de conferir a esta corte jurisdicción para conocer de los méritos del caso.” (Adams v. Therson, 34 Idaho, 1095.)

■ Y no puede menos que ser así, pues las regias de proce-dimiento como de carácter público, son obligatorias para to-dos los que intervienen en el juicio, y no es lícito sustituirlas por otras a capricho de las partes. La ley ordena cómo debe interponerse el recurso de apelación y sus preceptos deben ser cumplidos. Cuando no se cumplan como en el presente caso, en que no ha venido en el récord copia del escrito de apelación presentado al secretario • de la corte inferior, sino la notificación del recurso a la parte apelada, el .recurso debe ser desestimado sin oirse, de conformidad con lo que previene el artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La presentación del escrito de apelación' al secretario de la corte y la notificación del recurso a la parte contraria, son dos requisitos distintos y ambos necesarios para que esta corte adquiera jurisdicción en el caso. No basta llenar el segundo requisito y dar de ello conocimiento al secretario, para que el primer requisito se estime cumplido. Si así opi-náramos, infringiríamos abiertamente la ley y usurparíamos las funciones del poder legislativo, estableciendo, que una ape-lación se interpone entregando al secretario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o providencia apelada, un escrito dirigido a la otra parte a la que se manifiesta que se apela de la sentencia a providencia, o de determinada parte de la misma. Así quedaría derogado el artículo 296 ya trans-crito del Código de Enjuiciamiento Civil.

Por las razones expuestas, procede se desestime el recurso de apelación interpuesto en el presente caso, por carecer este tribunal de jurisdicción para discutirlo y resolverlo- en el fondo. . . .


author: El Juez Asociado Sr^Aldrey,

text:
    Puente et al. v. Foote, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida auto de mandamus.

    No. 138.
    Resuelto en junio 21, 1911.
    Mandamus — Intervención de Partes Interesadas. — De acuerdo eon la jurispru-dencia americana, las partes a quienes pueda afectar la resolución que se dicte, o que demuestren estar interesadas en el asunto, por regla general se les per-mite que intervengan en un recurso extraordinario de mandamus; criterio admitido por este tribunal en casos análogos, como- son los autos de certiorari.

    Id. — Declaratoria de Herederos — Hijos Naturales — Resoluciones Apela-bles. — Declarados los peticionarios herederos de su supuesto padre en un expediente de declaratoria de herederos promovido en el .tribunal inferior, fundándose dicha declaratoria en una sentencia dictada a su favor en el ' mismo tribunal inferior en una acción de filiación, y revocadas por este tribunal ambas resoluciones, comparecieron de nuevo los peticionarios ante el tribunal inferior en el expediente de declaratoria de .herederos presentando dos mociones, cuya eliminación fué decretada a instancia de la parte opositora, han comparecido los peticionarios ante este tribunal, para qué por medio de un auto d'e mandamus 'se obligue al tribunal- inferior a que conceda audiencia a los peticionarios, antes de resolver la moción, de eliminación. g Este tribunal decidió que la resolución del tribunal inferior eliminando dichas mociones tenía el alcance de eliminarlos como partes en el procedimiento,'por lo que tiene el carácter de una providencia especial, dictada después de sentencia final, y pol-lo tanto era una resolución apelable, contra la cual podían ejercitar los peti-cionarios el remedio adecuado y eficaz de apelación, sin necesidad de acudir al remedio extraordinario de mandamus.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los peticionarios: Sres. N. B. K. PettingiU, W. V. Robbins y H.. P. Leake.

    Abogados de los interventores: Sres. López Tord y Ca-nales. .

   El Juez Asociado Sr^Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los hermanos Puente Amsterdam presentaron en la Corte de Distrito de Ponce, una solicitud para que como hijos natu-rales reconocidos de Don Lázaro Puente y Compostizo, se les 'declarase sus únicos-herederos abintestado.

En ese procedimiento presentaron reclamaciones opues-tas los hermanos Puente Compostizo y Puente Solana, para que como hermanos y sobrinos del difunto se les declarase a ellos los- únicos herederos; y también Antonia Rodríguez solicitando ser ella sola declarada heredera, como hija natural de dicho señor. . ,

En definitiva se dictó una sentencia por la corte de dis-trito, declarando a los Puente Amsterdam únicos herederos de Don Lázaro Puente, cómo hijos naturales suyos declara-dos así por sentencia dictada, y que no era firme, en pleito sobre reconocimiento de hijos naturales; desestimó las pre-tensiones de los Puente Compostizo y Puente Solana; y tam-bién la de Antonia Rodríguez.

Apelada la sentencia que estos pronunciamientos conte-nía, este .Tribunal Supremo dictó la suya en la que- revocó la declaración de herederos hecha a favor de los Puente Amsterdam; la revocó también en el particular que desestimó las pretensiones de los Puente Compostizo y Puente Solana, ordenando además, que por la corte inferior se continuaran los procedimientos; y la confirmó en cuanto a la declaración que hizo para Da. Antonia Rodríguez.

Desestimado el recurso de apelación que contra esta sen-tencia se había interpuesto para ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, fué comunicada a la Corte de Dis-trito de Ponce, donde entonces presentaron los Puente Com-postizo y Puente Solana una moción en el mismo procedi-miento, para que en virtud de la sentencia de esta Corte Su-prema se hiciese la declaratoria de herederos a su favor; y por su parte los Puente Amsterdam presentaron dos mocio--nes, una para que se les permitiera enmendar su petición original sobre declaratoria de herederos, y otra oponiéndose a lo que los Puente Amsterdam interesaban en la moción a que hemos hecho referencia.

Después de estas dos mociones, los Puente Compostizo y Puente Solana presentaron- otra, como la primera de ellos, no notificada a los Puente Amsterdam, para que las mociones de éstos fueran eliminadas del récord.

' Esta última moción fué resulta por la corte mandando eli-minar esas dos mociones; y como al resolver la corte no oyo a los Puente Amsterdam, éstos presentaron en esta Corte Suprema, a un juez de la misma, una petición d&'mandamus, para que se obligase al Juez de la Corte -de Distrito de Ponce a oirlos, antes de resolver si procedía o nó decretar la elimi-nación. • ' '

Librado el auto condicional para- que el juez compareciera ante la Corte Suprema a mostrar causa por lá que no se debiera expedir el auto perentorio, no' compareció, pero los Puente Compostizo y Puente Solana lo hicieron con permiso del tribunal, en vista de una petición suya en ese sentido y fundada en que tenían interés en el asunto, por afectarles grandemente la resolución que se dictase como consécuencia del mandamus interesado.

La intervención de esas personas fué propiamente admi-tida porque la regla general en la Jurisprudencia Americana para estos casos, es permitir la intervención de personas a quienes pueda afectar la resolución que dicte. (26 Cyc., 418.)

Además, esta Corte Suprema en casos análogos- como son los autos' de certiorari fia permitido esa intervención siempre que se la ha demostrado estar interesado en el asunto.

Por consiguiente, consideraremos la contestación de los interventores, la que acepta los hechos de la solicitud, pero sostiene que el auto de mandamus no es el remedio proce-dente en este caso: que la mociones de los peticionarios fue-ron propiamente eliminadas, porque después de la sentencia dictada por este Tribunal Supremo, dejaron de ser partes en el asunto, y que de accederse a lo pedido quedaría sin efecto la sentencia, que en el mismo día se dictó a favor de los inter-ventores, declarándolos únicos herederos de Don Lázaro Puente y Compostizo, lo que sólo podía obtenerse mediante una apelación.

Como puede .verse por lo expuesto, ios Puente Amsterdam, peticionarios, del.mandamus, iniciaron el procedimiento de declaratoria de herederos y fueron parte ante la corte de distrito, hasta que ésta los rechazó al acceder a la moción de que se eliminasen las peticiones que en • ese procedimiento hicieron después de la sentencia.

El hecho de que la corte eliminé las mociones de los peti-cionarios sin siquiera oirlos, tiene indudablemente el alcance de no reconócerlos ahora como parte,' como en efecto así lo dice la corte inferior conm fundamento de su resolución, por lo que ésta tiene el carácter de una providencia especial dic-tada después de sentencia final, y que niega a los peticiona-rios el derecho de continuar como parte en ese procedimiento, cuando antes se lo había reconocido, y por consiguiente, es de aquellas resoluciones contra las que' se’ puede interponer apelación. ’ ’ ■

La apelación es un remedio adecuado y eficaz, porque por .ella puede tratarse y resolverse si los Puente Amsterdam continúan o nó siendo partes en'el procedimiento y si deben oirse o nó sus mociones; y cuando'la ley concede un recurso ordinario como es la apelación, es improcedente acudir a remedios extraordinarios, como son los' autos de mandamus y de certiorari. (Véanse los cásos de Palmer v. Guerra, y Körber v. Quiñones, resueltos por esta Corte Suprema en 18 de diciembíé de 1905 y 27 de junio de 1903, y 26 Cyc. notas en las páginas 168, 173, 175 y Í77'.

Los peticionarios alegan que no pretenden intervenir con la discreción judicial y que el objeto que persiguen es que el juez cumpla con su deber de oirlos antes de decidir la mo-ción de eliminación.

Si se accediera a la solicitud de mandamus interesada, produciría el resultado de dejar sin .efecto la orden de la corte inferior accediendo a la moción de los Puente Compos-tizo y Puente Solana, para que se eliminen las mociones de los peticionarios, valiéndose para ello de un recurso extra-ordinario, cuando tienen nno adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley.

Por los motivos expuestos la solicitud de mandamus debe negarse.

Denegada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados ManLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Monserrat v. Foote, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento' de certiorari.

    No. 77.
    Resuelto en junio 21, 1911.
    Injunction — Orden Decretando el Entredicho t Para Alesar Razones (to Show Cause) — Injunction.—En este caso la corte, inferior dictó una orden para que el demandado compareciera en determinado día para alegar razones por las cuales no debía concederse el injunction solicitado, y mientras tanto puso al demandado en entredicho. El 'Tribunal Supremo resolvió que como dicha orden decretando la comparecencia para mostrar causas y poniendo al demandado en entredicho, no resuelve ni decreta el injunction, y como la comparecencia de las partes- estaba señalada para tres días antes que la subasta que se trataba de suspender, no aparece que el peticionario sufrió perjuicio alguno, siendo por lo tanto improcedente el recurso de certiorari interpuesto.
    Los fiecfios están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Alfredo Amoldo Sevilla.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Don Damián Monserrat Suro sigue ante la Corte de Dis-trito de Mayagüez un juicio por el procedimiento ejecutivo de la Ley Hipotecaria, contra Tbe American Trading Co., para el cobro de un plazo de crédito hipotecario, en el que esta sociedad fue requerida de pago, y transcurrido el tiempo que se le concedió para hacerlo, se ordenó sacar a remate los bienes hipotecados, habiéndose anunciado la subasta para el día veinte y dos del presente mes.

Mientras tanto, The American Trading Co. ha presentado en la Corte de Distrito de Ponce, una demanda contra Don Damián Monserrat Suro, en la que interesa se declaren nulos el embargo y anuncio de subasta obtenido por Monserrat en la Corte de Distrito de Mayagüez y que se cancele su hipo-teca en garantía del pagaré número cinco, que es el crédito que tiene Monserrat sobre las fincas de The American Trading Co.

Al mismo tiempo que esa demanda, y alegando- que los endosos del pagaré son nulos, que no tiene oportunidad de defender sus derechos si continúa el procedimiento hipote-cario y por otras razones, pidió una orden de injunction pre-liminar, para que se prohibiera a Monserrat continuar su pro-cedimiento, hasta nueva orden de la corte.

Esta, en doce de este mes, dictó una orden para que Monserrat compareciera el día diez y nueve, también de este mes, a mostrar causa por las que no deba concederse el injunction solicitado, y mientras tanto, puso al demandado en entredicho.

Contra esta orden es que Don Damián Monserrat* Suro establece el presente recurso de certiorari, a fin de que se anule, fundándose para ello en los preceptos del artículo 175 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.

La orden contra la que se interpone el recurso de certio-rari, no resuelve ni decreta el injunction; y como la compare-cencia de las partes está señalada para tres días antes que la subasta que se trata de suspender, en realidad, no aparece que hasta ahora sufra por ella perjuicio el peticionario, por lo que el recurso es improcedente.

Además, si después de la comparecencia la corte decreta el injunction, el peticionario tiene el derecho de apelar esa resolución.

Por estas razones, la petición debe desestimarse.

Denegada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    El Pueblo v. Sierra.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 340.
    Resuelto en junio 22, 1911.
    Derecho Penal — Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravan-tes — Prescripción.—Examinados los autos y resultando que el delito impu-tado en la aeusaeión se cometió el día 27 de septienibre de 1908 y la acusa-ción no fué formulada hasta el 6 de julio de 1910, de acuerdo con el artículo 79 del Código Penal, la -acción había prescrito, pues según dicho artículo, la acción por cualquier misdemeanor debe entablarse dentro del año de su comisión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: ' Sr. Pedro Gómez.

    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto .por el acusado Francisco Sierra contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan de 20 de diciembre del año próximo pasado, que le condenó mediante la celebración de nuevo jui-cio, como culpable del delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, a la pena de seis meses de cárcel y las costas.

El caso procedía de la corte municipal de Bayamón, ante la cual el Fiscal de la corte de distrito ‘presentó acusación en 6 de julio del año 1910, contra Francisco Sierra, imputando a éste la comisión de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, porque el día 27 de septiem-bre de 1908, en el poblado de Palo Seco de la jurisdicción de Toa Baja, dentro del Distrito Judicial de Bayamón, ilegal, voluntaria y maliciosamente y con intención de causarle daño, acometió y agredió con una navaja al policía insular Hilario Andino, infiriéndole varias heridas graves.

Según se consigna en la sentencia, el acusado negó ante la corte de distrito la acusación, e hizo alegaciones de jeop ardy y prescripción que le fueron denegadas; pero en el bill de excepciones nada encontramos' relativo a la- alega-ción de jeopardy, y por más que el Fiscal trató de subsanar esa omisión presentando para su agregación al récord, una certificación del secretario de la Corte de Distrito de San Juan, expresiva de los procedimientos en otro caso criminal de “El Pueblo de Puerto Rico v. Francisco Sierra y otros, por delito de ataque con intención de cometer homicidio,” tal certificación no fué admitida por esta corte, por razones con-signadas en opinión de 23 de mayo último.

En vista de la anterior resolución, el Fiscal se ha adhe-rido al'recurso interpuesto y solicita la revocación de la sen-tencia apelada por el fundamento de que la acción ejercitada contra el acusado ha prescrito.

En efecto, habiéndose cometido el delito en 27 de septiem-bre de 1908 y formuládose la acusación en 6 de julio de 1910, la acción penal había prescrito con arreglo al artículo 79 del Código Penal, preceptivo de que la acción por cualquier misdemeanor deberá entablarse dentro del año de su comisión.

La excepción de prescripción opuesta a la acusación debe declarárse con lugar y revocarse en su consecuencia la sen-tencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 20 de diciembre de 1910, con las costas de oficio.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.