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license: Public Domain

text:
    Lemuel Velilla Reyes, Ex parte.

      Número: TS-5411

      Resuelto: 9 de enero de 2017

      Lemuel Velilla Reyes, pro se.

   RESOLUCIÓN

Evaluada la Moción en cumplimiento de orden presen-tada por el Ledo. Lemuel Velilla Reyes, se ordena su sus-pensión provisional, tanto del ejercicio de la abogacía como de la notaría. Asimismo, se le ordena que nos mantenga informados sobre el estado del procesamiento penal que obra en su contra en el caso U.S. vs. Velilla Reyes, Criminal No. 14-556(DRD), 15-410(DRD). Se le apercibe que, si se confirma la condena, procederá su suspensión indefinida de la profesión legal.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez no intervino.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


author: La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

text:
    Marimar Pérez Riera, peticionaria, v. Consejo de Titulares del Condominio Marymar Condado y Momentum Management, Inc., recurridos.

      Número: CC-2015-0462

      Resuelto: 10 de enero de 2017

      Michel J. Godreau Robles, abogado de la parte peticionaria; Roberto A. Rivera Ruiz, abogado de la parte recurrida.
   La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso nos permite abordar una controversia nove-dosa relacionada al régimen de propiedad horizontal. En particular, nos corresponde determinar qué cantidad de vo-tos requiere la Ley Núm. 103-2003, conocida como Ley de Condominios, 31 LPRA see. 1291 et seq., para aprobar obras de mejora cuando se impone una derrama para costearlas.

En virtud de los principios aplicables a nuestro régimen de propiedad horizontal y del historial legislativo de la Ley de Condominios, resolvemos que el Consejo de Titulares sólo puede aprobar obras de mejora que impliquen la im-posición de una derrama mediante el acuerdo unánime de los titulares.

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El Condominio Marymar Condado (Condominio) tiene veintitrés titulares y está sometido al régimen de propiedad horizontal. El 25 de noviembre de 2014, la Junta de Direc-tores del Condominio (Junta) circuló entre los titulares una convocatoria para celebrar una asamblea ordinaria que se llevaría a cabo el 16 de diciembre de 2014. La convocatoria detallaba que la agenda a discutirse incluiría lo siguiente:

8. Discusión y aprobación de las siguientes derramas:
a. Derrama #l-para llevar a cabo los siguientes siete pro-yectos:
1. Reparación de rampa en área de carga, junta fría, y empozamiento en niveles de estacionamiento — $2,200
2. Tiestos (2) para redondel frente a entrada — $803
3. Cambio de piso al Gimnasio — $4,782
4. Mejoras de Jardinería/Landscaping — $8,695
5. Mejoras al sistema de cámaras de seguridad — $7,081
6. Cambio a iluminación LED en áreas comunes— $11,161
7. Control de acceso key/fob (puertas y elevadores)— $12,431
b. Derrama #2-Mejoras al Salón de Actividades $19,800. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 81-82.

El 8 de diciembre de 2014, la Sra. Marimar Pérez Riera, quien es titular del apartamiento del último piso, le envió un correo electrónico al asesor legal y al presidente de la Junta, así como al administrador de Momentum Management Inc. (Momentum), agente administrador del Condominio. Les expresó, entre otros asuntos, que tenían que obtener el consentimiento unánime de los titulares si se proponían aprobar una derrama para obras de mejora.

Así las cosas, la asamblea se efectuó en la fecha pautada y contó con la asistencia de once titulares, quienes aproba-ron unánimemente todos los asuntos en agenda, incluso las derramas. Cabe destacar que durante la asamblea se acordó también que el pago de las derramas formaría parte de la cuota de mantenimiento. En consecuencia, éste vence-ría el primer día de cada mes y su incumplimiento daría pie a la suspensión de los servicios de agua y electricidad. El 17 de diciembre de 2014 se entregó copia del acta de la asamblea a los titulares y, poco después, la Junta comenzó a cobrar las derramas en las facturas de mantenimiento.

Oportunamente, la señora Pérez Riera presentó una querella contra el Consejo de Titulares, su Junta y Momentum (en conjunto, parte demandada) ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). En lo pertinente, alegó que, conforme con el Artículo 38(d)(3) de la Ley de Condo-minios, 31 LPRA sec. 1293b(d)(3), se requería el voto de todos los titulares del Condominio para aprobar las derra-mas dirigidas a costear las mejoras en cuestión Solicitó, pues, que el foro administrativo le ordenara a la parte de-mandada que se abstuviera de cobrarlas.

El DACo emitió una Resolución sumaria mediante la cual desestimó la querella presentada. Concluyó que cuando “se necesite aprobar una derrama para el financia-miento de cualquier tipo de obra, sea ésta extraordinaria, urgente o de mejora, sólo se necesitará [el] consentimiento mayoritario de [los presentes en una asamblea debida-mente citada] ”. Según el DACo, el requisito de aproba-ción de dos terceras partes de la totalidad de los titulares al que se refiere el Artículo 38(d)(3), supra, aplica única-mente a aquellos casos en que se pretenda retirar dinero del fondo de reserva. Expresó que la Ley de Condominios detalla aquellos acuerdos que requieren la aprobación uná-nime o de dos terceras partes de los titulares y que los acuerdos no especificados pueden aprobarse por la mayoría de los presentes en la reunión particular que se celebre.

La señora Pérez Riera presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, foro que confirmó al DACo. Concluyó, en síntesis, que en este caso no se re-quería el aval de dos terceras partes de los titulares. Esto pues, a su juicio, dicho requisito aplica únicamente cuando se utiliza dinero del fondo de reserva para costear las me-joras, mas no así cuando se impone una derrama. Según el foro apelativo intermedio, dado que no se afectó el fondo de reserva, “bastó el consentimiento mayoritario de la [a]samblea [o]rdinaria debidamente citada y celebrada para discutir el financiamiento de la[s] mejora[s]”.

Inconforme, la señora Pérez Riera presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal. Sostuvo que, conforme con el Artículo 38(d)(3) de la Ley de Condominios, supra, para aprobar obras de mejora se requiere el voto de dos terceras partes de los titulares cuando existen fondos suficientes para costearlas sin necesidad de imponer una derrama. En cambio, cuando se incurre en una derrama para costear las mejoras, se requiere unanimidad.

Según la señora Pérez Riera, un análisis del historial le-gislativo de la Ley de Condominios y, específicamente, del Artículo 38, supra, apoya su contención. A tales fines, ex-puso que antes de la aprobación de la Ley de Condominios, se requería la unanimidad de votos para aprobar toda mejora. Esto, precisamente, para evitar que, en aras de cos-tear este tipo de obras —que, por su naturaleza, no son ne-cesarias — , una mayoría impusiera gastos adicionales a un titular. Así, la señora Pérez Riera señaló que el propósito del legislador al aprobar la Ley de Condominios fue "reducir el requisito estricto de la unanimidad, cuando hubiesen fondos suficientes para costearlas. Correlativamente[,] se mant[uvo] el requisito de unanimidad, cuando no hubiesen fondos suficientes para costear las obras de mejor [a] y[,] por consiguiente[,] se [requiriera] imponer una derrama”.

La parte demandada presentó su alegato y adujo, en sín-tesis, que el Condominio contaba con fondos suficientes para costear las obras en cuestión. Asimismo, planteó que existe controversia sobre si las obras aprobadas con la derrama son gastos necesarios o mejoras También expresó que la oposición de la señora Pérez Riera era caprichosa por lo que, en virtud de las disposiciones del Artículo 42(b) de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293f, no debía surtir efecto alguno.

Este Tribunal celebró una vista oral a la cual compare-cieron las partes y discutieron sus respectivas posturas en cuanto a la controversia que nos ocupa. Con el beneficio de sus comparecencias, procedemos a resolver.

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A. La Ley de Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, 31 LPRAsec. 1291 et seq., se aprobó con el propósito de establecer un régimen jurídico que facilitara la vida en convivencia y propiciara la disponibilidad de viviendas en un área restringida de terreno. Exposición de Motivos de la Ley de Condominios, 2003 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 355. Véanse, además: Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 218 (2012); Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 417 (2012); Rivera Rodríguez v. Junta Dir. I y II, 173 DPR 475, 480 (2008). Cabe destacar que la Ley de Propiedad Horizontal ha sido enmendada en múltiples ocasiones. El proyecto de enmiendas más sustancial y significativo de ésta fue introducido mediante la Ley de Condominios en el 2003.

Entre las características fundamentales del es-quema urbanístico que nos ocupa se encuentra “el disfrute del apartamiento como núcleo del régimen y de ahí la pre-servación del requisito de consentimiento unánime para toda obra o acción que afecte directamente su disfrute [...] ”. Exposición de Motivos de la Ley de Condominios, supra, pág. 356.

Una de las figuras principales del régimen de pro-piedad horizontal es el Consejo de Titulares, organismo que tiene personalidad jurídica propia, está integrado por todos los titulares y “constituye la autoridad suprema so-bre la administración del inmueble [...] ”. 31 LPRA see. 1293b. Véanse, además: Exposición de Motivos de la Ley de Condominios, supra; Consejo Titulares v. Ramos Vázquez, 186 DPR 311, 326 (2012). Éste, en conjunto con la Junta y el agente administrador, tiene como deber principal orientar sus acciones “salvaguardando el principio de que el propósito del régimen de propiedad horizontal es propiciar el disfrute de la propiedad privada sobre el apar-tamiento y que la administración de las áreas y haberes comunes del edificio se realiza para lograr el pleno disfrute de este derecho”. Exposición de Motivos de la Ley de Con-dominios, supra, pág. 359. El Artículo 38 de la Ley de Con-dominios regula los deberes y las facultades del Consejo de Titulares y, entre otros asuntos, dispone que corresponde a dicho organismo aprobar la ejecución de obras extraordina-rias y mejoras, y recabar fondos para su realización con-forme a los criterios elaborados más adelante en la ley. 31 LPRA sec. 1293b.

Vale señalar que, con el citado Artículo 38, la Ley de Condominios introdujo una definición y diferenciación más rigurosa y clara entre aquellas obras que se consideran extraordinarias, urgentes y de mejora, y estableció requi-sitos distintos para cada una. Véase Exposición de Motivos de la Ley de Condominios, supra.

Así, según la Ley de Condominios, las obras ex-traordinarias son aquellas de mantenimiento no previstas en el presupuesto anual que requieran el diez por ciento o más de dicho presupuesto o la imposición de una derrama para su ejecución. Artículo 38(d)(1) de la Ley de Condomi-nios, 31 LPRA sec. 1293b(d)(l). Asimismo, son obras urgen-tes aquellas “cuya ejecución no pueda posponerse por razo-nes apremiantes de seguridad o porque sea necesaria para la restitución de los servicios esenciales [...] ”. (Énfasis suplido). 31 LPRA sec. 1293b(d)(2). Debido a su carácter imperioso, tanto las obras extraordinarias como las urgen-tes pueden ser aprobadas por la mayoría de los titulares presentes en una asamblea extraordinaria convocada para atender el asunto específico. íd.

Por otra parte, según el Artículo 38(d)(3), las obras de mejora son aquellas obras permanentes “que no sea[n] de mantenimiento, dirigida[s] a aumentar el valor o la productividad de la propiedad en cuestión o a proveer mejores servicios para el disfrute de los apartamientos o las áreas comunales”. (Énfasis suplido). 31 LPRA see. 1293b(d)(3). Nótese que estas últimas se distinguen de las primeras dos en que no son obras de mantenimiento ni mucho menos necesarias para el sostenimiento del condominio. En cambio, las obras de mejora van dirigidas al “lujo u ornato o [a la] mera conveniencia [...] ”. A. Ventu-ra-Traveset y González, Derecho de propiedad horizontal, 4ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1980, pág. 275,

En aras de analizar la controversia de autos, pa-semos a reseñar el desarrollo legislativo de la aprobación de mejoras —tipo de obras que nos ocupa— en nuestra Ley de Propiedad Horizontal. Esto, pues sabemos que es norma de hermenéutica que, “ [a]l interpretar una disposición es-pecífica de una ley, los tribunales deben siempre considerar cuáles fueron los propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobarla y nuestra determinación debe atribuirle un sentido que asegure el resultado que original-mente se quiso obtener’ ”. (Énfasis suprimido). Morell et al. v. Ojeda et al., 151 DPR 864, 877 (2000).

B. Originalmente, conforme a la Ley de Propiedad Horizontal, se requería el voto unánime de los titulares para aprobar obras de mejora. Lo anterior se desprendía de su Artículo 16, que expresaba lo siguiente:

Las obras necesarias para la conservación del inmueble y para el uso eficaz de los elementos comunes serán acordadas por la mayoría de los titulares.
Para toda obra que afecte los elementos comunes del inmue-ble [se] requerirá el consentimiento unánime de todos los titulares. (Enfasis suplido). Véase Artículo 16 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958 (31 LPRAsec. 1291n) (ed. 1993).

El requisito estricto y absoluto de unanimidad para todo tipo de obras que no fueran necesarias, incluso las de me-jora, fue objeto de críticas por parte de varios sectores del País. Ello, principalmente, porque permitía que “un solo titular [pudiera] caprichosamente frustrar el mejora-miento de la vida en comunidad en un gran número de inmuebles sometidos al régimen de la [p]ropiedad [h]orizontal en Puerto Rico, en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de los restantes titulares”. A. Ferrer, Ne-cesidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal de Puerto Rico, en: Ponencias y comunicaciones presentadas al III Congreso Internacional de Derecho Registral, San Juan, Instituto de Derecho Registral y Notarial de Puerto Rico, 1978, T. I, pág. 532 esc. 20. Años más tarde, conoce-dores de la materia señalaban que era necesario hacer un justo balance entre tales intereses de la comunidad de me-jorar el inmueble y el interés fundamental en el contexto de la horizontalidad de proteger la propiedad individual y evitar la imposición de gastos innecesarios a los titulares.

Así las cosas, posteriormente, mediante la Ley Núm. 153 de 11 de agosto de 1995 (Ley Núm. 153) la Asamblea Legislativa enmendó sustancialmente la Ley de Propiedad Horizontal. Entre los asuntos alterados mediante dicha le-gislación se encontraba el citado Artículo 16. La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 153 explicó que “la forma en que están redactados los [a]rtículos [enmendados], los cua-les exigen unanimidad de los titulares, ha creado una pa-rálisis que impide [...] un mejoramiento sustancial y desa-rrollo de los condominios existentes [...] ”,1995 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 814.

Con tales propósitos, en lo pertinente, esta ley eliminó el requisito de consentimiento unánime “para toda obra que afecte los elementos comunes del inmueble” y, en su lugar, añadió una disposición particular sobre la aproba-ción de obras de mejora en elementos comunes. Así, dis-puso expresamente que “fijas obras de mejora que afecten los elementos comunes del inmueble serán acordadas por el setenta y cinco (75) por ciento de los titulares que a su vez representen el setenta y cinco (75) por ciento de parti-cipación en los elementos comunes”. Artículo 16 de la Ley Núm. 153, Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 817.

No obstante, un año después se aprobó la Ley Núm. 43 de 21 de mayo de 1996 (Ley Núm. 43) “con el firme propó-sito de devolver al status anterior la Ley de Propiedad Horizontal, debido a la abrumadora solicitud de las diferentes partes afectadas e interesadas en dicha ley”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 43 (1996 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 118). Esta ley derogó en su totalidad la Ley Núm. 153, restableciendo así el requisito de la unanimidad para obras que “afectfaran]” los elementos commies. Véase Rivera Rodríguez v. Junta Dir. I y II, supra, pág. 484 esc. 6.

En el 2003 se enmendó nuevamente la Ley de Propiedad Horizontal mediante la aprobación de la Ley de Condominios. Esta ley introdujo el lenguaje vigente actual-mente, que dispone lo siguiente:

En los condominios donde ubique por lo menos un aparta-miento dedicado a vivienda, las obras de mejora sólo podrán realizarse mediante la aprobación de la mayoría cualificada de dos terceras (2/3) partes de los titulares que a su vez reúnan las dos terceras (2/3) partes de las participaciones en las áreas comunes, si existen fondos suficientes para costearlas sin nece-sidad de imponer una derrama. (Énfasis suplido). 31 LPRA sec. 1293b(d)(3).

Esto significa que para aprobar obras de mejora en aquellos condominios que alberguen, al menos, un aparta-miento residencial, de ordinario es indispensable la concu-rrencia de dos requisitos, a saber: (1) el voto de una mayo-ría cualificada; esto es, de dos terceras partes de todos los titulares, y (2) que existan fondos suficientes para costear-las sin necesidad de imponer una derrama. 31 LPRA see. 1293b(d)(3).

Según describe la Exposición de Motivos de la Ley de Condominios, supra, pág. 357, con esta enmienda “se reduljo] el número necesario de voto[s] a dos terceras par-tes, para aprobar obras de mejora, siempre que existan fondos para realizarlas [...] ”. El Informe Conjunto de las Comisiones de Vivienda, de Banca y Asuntos del Consumi-dor y de lo Jurídico del Senado sobre el P. del S. 1425 de 12 de noviembre de 2002, 14ta Asamblea Legislativa, 4ta Se-sión Ordinaria —que eventualmente se convirtió en la Ley de Condominios— arroja luz sobre la controversia de autos. En específico, respecto a la justificación de la en-mienda que nos ocupa, explica que

[l]a liberalización del requisito de unanimidad para la realiza-ción de mejoras [...] ha sido un reclamo constante en el régimen. [.,.] [L]a actual Ley no contempla que su realización pueda efectuarse con menos de la unanimidad. Por otro lado, permitir la imposición de inversiones con la mera aprobación del gasto por una mayoría c[u]alificada puede acarrear gran-des injusticias para aquellos titulares cuyos ingresos no les permitan afrontar el gasto cuantioso que una derrama de este tipo pueda representar. Por ello se propone que la inversión en un gasto de mejora sólo pueda imponerse mediante el voto de 2/3 partes de los titulares, si existen fondos suficientes en la reserva de forma que se haga innecesaria la imposición de una derrama. Correlativamente se dispone que deberá establecerse un fondo de reserva para estos fines. (Énfasis suplido). íd.

Evaluado lo anterior, procedamos a resolver la contro-versia a la luz del derecho expuesto.

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En este caso, el Consejo de Titulares aprobó dos derra-mas dirigidas a costear varias obras mediante el voto de once titulares de los veintitrés que componen el Condominio. La peticionaria, en desacuerdo con ese proce-der, presentó oportunamente ante el DACo una querella para impugnar las actuaciones en controversia. No obs-tante, los foros inferiores determinaron que el escenario que nos ocupa únicamente requería el voto de la mayoría de los titulares que asistieron a la asamblea. Esto pues, según con-cluyeron, el requisito de mayoría cualificada al que se re-fiere el Artículo 38(d)(3) aplica solamente en aquellos casos donde sea necesario retirar dinero del fondo de reserva. Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos que los foros inferiores erraron al resolver así.

Como vimos, la Ley de Propiedad Horizontal original-mente requería el voto unánime de los titulares para apro-bar obras de mejora. Este criterio fue objeto de enmienda en varias ocasiones hasta que, con la aprobación de la Ley de Condominios, se flexibilizó el requisito de unanimidad para ciertas circunstancias. Así, la Asamblea Legislativa “redufjo] el número necesario de votofs] a dos terceras par-tes, para aprobar obras de mejoras [...] ”. Exposición de Mo-tivos de la Ley de Condominios, supra, pág. 357. Esta fle-xibilización pretendió adelantar el interés legítimo que pueda tener una mayoría de los titulares en hacer mejoras y aumentar el valor del condominio. No obstante, el legis-lador limitó el poder de esa mayoría y puntualizó que ello aplicaría únicamente “cuando existieran] fondos suficien-tes para costearlas [...] ”. 31 LPRA sec. 1293b(d)(3).

En atención a lo anterior, el Artículo 38(d)(3) de la Ley de Condominios, supra, si bien no lo dispone de forma expresa en su texto, claramente mantuvo el requisito de unanimidad para la aprobación de obras de mejora cuando no existen fondos suficientes para costearlas o cuando, se-gún ocurre en el caso de autos, aun habiendo fondos sufi-cientes se determina costearlas mediante la imposición de una derrama. Esta inteipretación es cónsona con el his-torial legislativo que hemos discutido y que demuestra in-dubitadamente que el legislador pretendió hacer un balance entre, por un lado, el interés de fomentar la realización de mejoras dirigidas a aumentar el valor y la productividad del condominio y, por otro, la protección de los titulares frente a gastos a los que no consintieron. Véase Informe Conjunto de las Comisiones de Vivienda, de Banca y Asuntos del Consu-midor y de lo Jurídico sobre el P. del S. 1425, supra.

Contrario a lo resuelto por el DACo y por el Tribunal de Apelaciones, la aprobación de obras de mejora que requie-ran derramas no puede exigir meramente el voto de “la mayoría de los presentes en [una] asamblea”. Tal crite-rio es menos estricto que el dispuesto en el Artículo 38(d) para aquellos casos en los que existen fondos suficientes para costear las obras y que, por lo tanto, no implican un trastoque del patrimonio de los titulares. Téngase presente que la imposición de una derrama puede representar una carga onerosa para los titulares. Incluso, el incumpli-miento de su pago podría acarrear la suspensión de los servicios de agua y luz o forzar la venta del apartamiento. Lo anterior sería irrazonable teniendo en cuenta que, se-gún discutimos, los fines y la naturaleza de las obras de mejora son muy distintos a los de las obras extraordinarias y las urgentes.

Nótese también que, conforme al Artículo 38-C(a) de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293b-3(a), para consti-tuir quorum en una asamblea es suficiente con que a una primera convocatoria asistan una tercera parte de los titu-lares y, si se trata de la segunda convocatoria, basta con los que asistan, sin importar si es un ínfimo número de titulares. Así, según advierte la señora Pérez Riera, avalar el criterio de los foros inferiores y aplicar el requisito de “mayoría de los presentes” a la controversia de autos permi-tiría que un número reducido de titulares tenga el poder de aprobar una derrama, vinculante para todos los demás, des-tinada a costear obras de mejora. Ello laceraría injustifica-damente el derecho de los titulares a disfrutar de su propie-dad privativa, principio fundamental de la Ley de Condominios. Véase Artículo 1-A de la Ley de Propiedad Horizontal, según enmendado, 31 LPRA see. 1291 n.

En fin, la norma que pautamos protege a los titulares de condominios sometidos al régimen de propiedad horizontal al evitar que, sin su consentimiento, se les impongan gas-tos adicionales dirigidos a costear obras que, por su propia naturaleza, no son necesarias. Se trata, pues, de una lec-tura integral de la Ley de Condominios que toma en consi-deración el fin cardinal de la horizontalidad: hacer viable el disfrute de la propiedad individual.

Nuestra conclusión en nada impide la aprobación de obras de mejora. Más bien, de acuerdo con lo pautado y conforme con el texto de la ley, si el condominio no cuenta con los fondos suficientes, el Consejo de Titulares deberá hacer los ajustes presupuestarios necesarios para costear este tipo de obras sin imponer a los titulares una carga económica adicional, abrupta y no consentida.

En este caso, si se tratara de obras de mejora —asunto sobre el cual no se ha desfilado prueba — se requería el consentimiento unánime de los titulares, en tanto se apro-baron derramas para costearlas.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se revoca el dicta-men recurrido y se devuelve el caso al DACo para que determine prontamente si las obras aprobadas constituyen mejoras o gastos necesarios. Conforme con lo aquí re-suelto, el DACo deberá ordenar la devolución de las can-tidades pagadas, si alguna, por la señora Pérez Riera en concepto de derramas por las obras que determine que son mejoras. Esto, restando las cantidades relacionadas a la “[Reparación de rampas en área de carga, junta fría y empozamiento en niveles de estacionamiento”, la cual, se-gún estipuló la señora Pérez Riera, es una obra de man-tenimiento necesaria. Apéndice de la Petición de certio-rari, pág. 74.

Se dictará sentencia de conformidad.

       La Sra. Marimar Pérez Riera, titular del Condominio Marymar Condado (Condominio) y peticionaria en el recurso de autos, reconoce que el inciso (a)(1) sobre “[Reparación de rampa en área de carga, junta fría, y empozamiento en niveles de estacionamiento” es un gasto necesario, no una mejora. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 81.

       También se comunicó por teléfono con el asesor legal de la Junta de Directo-res del Condominio (Junta).

       La señora Pérez Riera no asistió a la asamblea.

       Véase Acta de la Asamblea Ordinaria del 16 de diciembre de 2014, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 118.

       Conviene tener presente que el Artículo 38(d)(3) de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293b(d)(3) —medular para la controversia de autos— dispone lo si-guiente:
      “(3) Obras de mejoras.— En los condominios donde ubique por lo menos un apartamiento dedicado a vivienda, las obras de mejora sólo podrán realizarse me-diante la aprobación de la mayoría cualificada de dos terceras (2/3) partes de los titulares que a su vez reúnan las dos terceras (2/3) partes de las participaciones en las áreas comunes, si existen fondos suficientes para costearlas sin necesidad de im-poner una derrama”. (Énfasis suplido).

       Véase la Resolución, del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 78.

       La señora Pérez Riera presentó una solicitud de reconsideración que, trans-curridos quince días sin ser atendida por el DACo, fue denegada de plano.

       Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 11,

       Véase Alegato de la parte peticionaria, pág. 11.

       Se tienen por no puestos los planteamientos de la parte demandada relacio-nados a que en una asamblea extraordinaria, celebrada luego de que expidiéramos el certiorari, el Consejo de Titulares ratificó la aprobación de las derramas y catalogó como gastos necesarios las obras aprobadas.

       El tratadista Ventura-Traveset explica que, según la doctrina española, a las obras de mejora “no les es aplicable el régimen de mayoría”, pues “en la obli-gación normal de contribuir sólo [deben] incluirse los gastos de conservación y reparación, y [...] ningún propietario [debe estar] obligado a satisfacer los gastos de las obras realizadas sin necesidad o exigencia que las justifique debidamente”. A. Ventura-Traveset y González, Derecho de propiedad horizontal, 4ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1980, págs. 274-275.

       Cabe destacar que la Ley de Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104 de 26 de junio de 1958 (31 LPRA see. 1291 et seq.), tomó como punto de partida la Ley-Decreto Núm, 407 de 16 de septiembre de 1952 de la República de Cuba “por guardar ésta mayor consonancia [que otras legislaciones] con nuestro Derecho”. Bravman, González v. Consejo Titulares, 183 DPR 827, 841 (2011). Véase S.E. Casellas, Comentarios y notas: legislación en torno a la nueva Ley de la Propiedad Horizontal, XXVIII (Núm. 3) Rev. Jur. UPR 301, 304 (marzo-abril 1959). No obstante, uno de los aspectos en que la legislación puertorriqueña se apartó de la cubana fue, precisamente, en la exigencia del consentimiento unánime de todos los titulares para toda obra que afec-tara los elementos comunes, salvo las necesarias. A. Ferrer, Necesidad de reformar la

        Ley de Propiedad Horizontal de Puerto Rico, en Ponencias y comunicaciones presen-tadas al III Congreso Internacional de Derecho Registral, San Juan, Instituto de Derecho Registral y Notarial de Puerto Rico, 1978, T, I, pág. 532 esc. 20.

       Claro está, según expusimos anteriormente, no fue sino hasta que se aprobó la Ley Núm, 103 del 5 de abril de 2003, conocida como Ley de Condominios, 31 LPRA see. 1291 et seq., que la Asamblea Legislativa definió y delimitó con claridad los tipos de obras susceptibles de aprobación en el régimen de propiedad horizontal. No obs-tante, se entendía que las obras de mejora, en tanto no eran necesarias, requerían el consentimiento unánime de todos los titulares. Véase M. Godreau, El condominio: el régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico, San Juan, Ed. Dictum, 1992, pág. 122.

       Vale señalar que esta discusión no es extraña a otras jurisdicciones. Trata-distas españoles, por ejemplo, han propuesto repensar el principio de la unanimi-dad, criterio clásico doctrinal para la alteración de elementos comunes. Véase Ven-tura-Traveset y González, op. eit., pág. 275, citando a M. Batlle Vázquez, La propiedad de casas por pisos, Alcoy, Ed. Marfil, 1954, pág. 108. No obstante, han puntualizado que “ello ha de ser con garantías para los condóminos [...] pues debe pensarse que no se puede forzar a modestos propietarios a afrontar empresas econó-micas superiores a sus fuerzas y con las que no se contaba al adquirir el piso”. íd.

       Véase Godreau, op. cit., pág. 19, para una discusión sobre la reducción del requisito de la unanimidad dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal, sus proble-máticas y los intereses involucrados.

       Conviene aclarar que originalmente el P, del S. 1426 proponía que el Artí-culo 38(d)(3) de la Ley de Condominios requiriera, en lo pertinente, la existencia de “fondos suficientes en el fondo de reserva para costear” las mejoras. (Énfasis suplido), Véase P. del S. 1423, según presentado. No obstante, el texto aprobado por el Senado y eventualmente convertido en ley eliminó la frase “fondo de reserva” del artículo que nos ocupa. Véase XTV Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado) 31101 (2003). De esta forma, conforme al texto aprobado y vigente de la Ley de Condomi-nios, es necesaria la votación de una mayoría cualificada para aprobar obras de mejora siempre que “existan fondos suficientes”, sea en el fondo de reserva o de otras fuentes, sin necesidad de imponer una derrama,

       Esto, ya sea en el fondo de reserva —que, valga la aclaración, fue creado precisamente para reducir la imposición de derramas— o en virtud de otras fuentes de financiamiento. Véase XIV Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Se-nado) 31619 (2003).

       Esto, claro está, en aquellos condominios que alberguen, al menos, un apar-tamiento residencial. Véase Artículo 38(d) de la Ley de Condominios, supra.

       Véase Resolución del DACo, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 73.

       La señora Pérez Riera elaboró otros dos señalamientos de error que, al ser innecesarios para disponer del recurso que nos ocupa, no serán atendidos.


author: El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Judith Cátala Morales, peticionaria.

      Número: CC-2015-138

      Resuelto: 18 de enero de 2017

      Ménica Cordero Vázquez, subprocuradora general interina, y Yazmet Y. Ramírez Díaz, procuradora general auxiliar, abogadas de la parte recurrida; Emma Cristina Torres Martínez, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada de la parte peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

I — I

En Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 DPR 28 (1984), resol-vimos una controversia muy parecida a la que nos ocupa en este caso. En esa ocasión, el Tribunal de Primera Instancia encontró causa probable para acusar al denunciado, no por el delito imputado, sino por uno inferior. Esto es, se le im-putó al denunciado el portar un arma de alto calibre o con capacidad destructiva (Art. 8A de la Ley de Armas de 1951), sin embargo, el tribunal no encontró causa por ese delito, sino por el delito inferior de portación de una pistola o revólver (Art. 8 de la Ley de Armas de 1951 [25 LPRA see. 418 (ed. 1979)] ). Inconforme, el Ministerio Público recu-rrió en vista preliminar en alzada. No obstante, la acusación se desestimó “por haber transcurrido más de los 60 días dis-puestos jurisprudencialmente para celebrar la vista prelimi-nar en alzada”, quedando vigente entonces la determinación de causa probable en cuanto a la portación de una pistola o revólver.

Ante la desestimación por el incumplimiento con los términos de juicio rápido en la vista preliminar en al-zada, el Ministerio Público presentó una nueva denuncia por los mismos hechos, pero imputándole al denunciado el Art. 8A por el cual un tribunal de primera instancia ya ha-bía determinado que no había encontrado causa. O sea, que en Pueblo v, Cruz Justiniano, supra, el Estado utilizó el de-recho que le asistía de recurrir en alzada ante una determi-nación distinta a la denunciada, pero, habiéndose desesti-mado esa segunda oportunidad por no haber cumplido con los términos provistos para un juicio rápido, buscó iniciar todo de nuevo, pretendiendo obviar lo ocurrido en la vista preliminar. En ese caso, y al rechazar tal pretensión, seña-lamos que el Estado “no podía, haciendo caso omiso de las determinaciones de dos jueces, reiniciar un procedimiento criminal contra los peticionarios por los mismos hechos”.

Como advertimos, las circunstancias en el caso de autos son muy similares a las de Pueblo v. Cruz Justiniano, supra, excepto que en esta ocasión el Estado falló en conse-guir que en la vista preliminar se encontrara causa por delito alguno. En la Sentencia que aquí revisamos, el Tribunal de Apelaciones expresó que la norma establecida en Pueblo v, Cruz Justiniano, supra, “puede causar confusión al aplicarse a casos cuyos hechos son similares, pero no idénticos [...] ”. Por otro lado, y como señala el profesor Ernesto L. Chiesa Aponte en su crítica a lo resuelto en Pueblo v. Cruz Justiniano, supra, la Opinión de este Tribunal en ese caso se reduce a una “breve opinión Per Curiam de una página [...] ”. En esta ocasión, confirmamos lo re-suelto en Pueblo v. Cruz Justiniano, supra, y tenemos la oportunidad de precisar con más detalle el fundamento de nuestra determinación en el descargo de nuestra función de brindar certeza y pautar el Derecho. Los hechos de este caso se exponen a continuación.

HH HH

Contra la Sra. Judith Cátala Morales se presentaron en febrero de 2014 dos denuncias, una por la alegada comisión del delito de apropiación ilegal agravada y otra por incurrir en el delito grave de tercer grado al apropiarse de forma ilegal, voluntaria, maliciosa y criminal de un vehículo de motor. En la vista al amparo de la Regla 6 de Procedi-miento Criminal, 34 LPRA Ap. II, se encontró causa probable para arresto por los delitos imputados. Sin embargo, en la vista preliminar, celebrada el 11 de marzo de 2014, no se halló causa probable para acusar. Así las cosas, el Estado recurrió en vista preliminar en alzada —celebrada el 18 de junio de 2014— con el resultado de que el Tribunal de Pri-mera Instancia desestimó los cargos criminales por ha-berse violado el derecho a juicio rápido de la peticionaria.

Sin embargo, el 11 de septiembre de 2014 el Ministerio Público presentó unas denuncias nuevas contra la señora Cátala Morales en las que le imputó los mismos delitos a base de los mismos hechos que dieron lugar a la presenta-ción de las primeras denuncias. La señora Cátala Morales solicitó la desestimación de las denuncias nuevas alegando que el Ministerio Público no podía presentar una nueva causa criminal cuando en la vista preliminar en alzada del procedimiento anterior el caso fue desestimado por viola-ción al derecho a juicio rápido. El Ministerio Público se opuso a la moción de desestimación y sostuvo que las Re-glas de Procedimiento Criminal y la jurisprudencia permi-ten la presentación de las denuncias nuevamente cuando se trata de un caso por delito grave que ha sido desesti-mado por violación a los términos de juicio rápido.

Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución en la que denegó la solicitud de desestima-ción presentada por la peticionaria, fundamentado en el argumento presentado por el Ministerio Público de que nuestro ordenamiento jurídico permite la presentación de las denuncias nuevamente cuando se trata de mi caso por delito grave que ha sido desestimado por violación a los términos de juicio rápido. Inconforme, la señora Cátala Morales recurrió mediante un certiorari al Tribunal de Apelaciones y señaló que el Tribunal de Primera Instancia erró al no desestimar la denuncia presentada en su contra a pesar de que había una determinación de no causa en la vista preliminar y de que la vista preliminar en alzada había sido desestimada por violación a los términos de jui-cio rápido. Por lo tanto, entendía que debía subsistir la determinación de no causa y que el debido proceso de ley impedía que se presentara un proceso nuevo.

Por su parte, el Ministerio Público argumentó —en re-sumen— que al amparo de las Reglas de Procedimiento Criminal y la jurisprudencia que rigen el efecto de la des-estimación de una acción penal por delito grave debido a la violación de los términos de juicio rápido, el Ministerio Pú-blico posee la facultad de iniciar un nuevo proceso puesto que nada lo impide. Sostuvo que la interpretación de que la determinación de “no causa” en la vista preliminar inicial fue una adjudicación en los méritos que impide un nuevo procedimiento no es cónsona con las claras disposiciones de las normas jurídicas aplicables al cuadro fáctico que nos ocupa.

Luego de considerar las posturas de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de cer-tiorari solicitado por la peticionaria y, en consecuencia, se mantuvo la decisión del foro de instancia. El foro apelativo intermedio se fundamentó en los casos resueltos por este Foro, a saber, Pueblo v. Rivera Rodríguez, 150 DPR 428 (2000), y Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1 (2008). En su interpretación, el Tribunal de Apelaciones argumentó que como esta Curia ha determinado que una vez desesti-mada la vista preliminar por violación a los términos de juicio rápido, el Ministerio Público puede comenzar un nuevo procedimiento criminal por los mismos hechos, pues igual interpretación se debe alcanzar cuando se desestima en una vista preliminar en alzada.

Nuevamente inconforme, la peticionaria compareció ante este Foro mediante una Petición de certiorari, la cual expedimos. Habiendo presentado las partes sus correspon-dientes alegatos, resolvemos.

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A. La garantía constitucional a juicio rápido y la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal

En los tiempos de las monarquías inglesas, antes y du-rante la Edad Media, las cárceles no se utilizaban como instrumento de castigo, pues los castigos eran principal-mente físicos, incluyendo la muerte En Puerto Rico, du-rante el tiempo del dominio español, la situación fue bási-camente la misma La cárcel era el lugar en el cual la persona esperaba por la determinación del Rey respecto a lo que sería su suerte. Así, una persona podía estar encar-celada por meses, y en ocasiones años, en espera de que el Rey evaluara y decidiera finalmente a qué castigo sería sometido o si sería liberado al fin por considerarlo inocente. Como es de entenderse, la mera espera por lo que sería la determinación del monarca constituía de por sí un castigo. Según una forma de gobierno de democracia constitucional republicana como la nuestra, lo que se pretende con la no-toria garantía constitucional a juicio rápido es precisa-mente evitar lo anterior; que la mera espera del ciudadano, ya sea libre bajo fianza o encarcelado en calidad de suma-riado, constituya de por sí un castigo.

El derecho a juicio rápido se encuentra consa-grado tanto en la Constitución de Estados Unidos como en la Constitución de Puerto Rico En particular, el Art. II, Sec. 11, de nuestra Constitución establece que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido [...] ”. Por otro lado, esta garantía consti-tucional se encuentra incluida específicamente en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, págs. 541-543 (ed. 2016), que establece, en lo pertinente, lo si-guiente:

La moción para desestimar la acusación o denuncia, o cual-quier cargo de las mismas sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:
(n) Que existen una o varias de las siguientes circunstan-cias, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la demora para someter el caso ajuicio se deba a la solicitud del acusado o a su consentimiento:
(8) Que se celebró una vista preliminar en alzada luego de 60 días de la determinación de no causa en vista preliminar.

Uno de los fines principales de la garantía consti-tucional a juicio rápido es proteger los intereses del acu-sado, a saber: (1) prevenir su detención opresiva y peijui-cio; (2) minimizar sus ansiedades y preocupaciones, y (3) reducir las posibilidades de que su defensa se afecte. Como hemos reiterado en múltiples ocasiones, en nuestra jurisdicción esa garantía constitucional cobra vigencia tan pronto el imputado de delito es detenido o está sujeto a responder (held to answer),

Según señalamos en Pueblo v. Camacho Delgado, supra, págs. 7-8, el derecho a un juicio rápido “constituye uno de los valores más fundamentales de nuestra sociedad [, cuyo propósito es] salvaguardar los intereses de las personas imputadas de delito para evitar su indebida y opresiva en-carcelación [y] minimizar la ansiedad y preocupación que genera una acusación pública

B. La vista preliminar y la vista preliminar en alzada

La Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, pág. 490 (ed. 2016), establece el proceso de la vista preliminar que, en lo pertinente, señala lo siguiente:

Si a juicio del magistrado la prueba demostrare que existe causa probable para creer que se ha cometido un delito y que la persona lo cometió, el magistrado detendrá inmediatamente a la persona para que responda por la comisión de un delito ante la sección y sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia; de lo contrario determinará no causa y ordenará que la persona sea puesta en libertad. (Énfasis suplido).

Con relación a esta regla hemos señalado que, en esencia, el propósito principal de la vista preliminar es evitar que una persona sea sometida injustificadamente a los rigores de un juicio en su fondo. Por eso, en ausencia de una determinación de causa probable, el Ministerio Pú-blico no puede presentar cargo alguno contra el imputado. Ahora bien, una determinación de no causa probable para acusar no es final. Hemos señalado que ante una determi-nación adversa en los méritos contra el Estado en la vista preliminar —ya sea porque el tribunal determinó inexis-tencia de causa probable o porque determinó causa por un delito menor incluido— el Ministerio Público puede utili-zar el mecanismo procesal que provee la Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, pág. 501 (ed. 2016), esto es, acogerse al procedimiento de “vista prelimi-nar en alzada”. La referida Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, supra, establece lo siguiente:

(c) Efectos de la determinación de no haber causa probable. Si luego de la vista preliminar, en los casos en que corresponda celebrar la misma, el magistrado hiciere una determinación de que no existe causa probable, el fiscal no podrá presentar acu-sación alguna. En tal caso o cuando la determinación fuere la de que existe causa por un delito inferior al imputado, el fiscal podrá someter el asunto de nuevo con la misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia.

Con relación al asunto que estamos discutiendo, hemos señalado que,

[a] demás de la adjudicación en los méritos de la causa penal, otros eventos procesales pueden dar por terminada la acción contra el imputado, como por ejemplo, la determinación de “no causa” para presentar una acusación en la etapa de vista pre-liminar en alzada, puesto que ésta, por su naturaleza y fina-lidad, impide el comienzo de otro proceso por ese delito. (Én-fasis suplido).

Además, reiteradamente hemos señalado que la vista preliminar en alzada es un instrumento que existe precisamente para darle una segunda oportunidad al Es-tado para que pueda obtener una determinación de causa probable por el delito que entiende que cometió el imputado. Así, surge tanto del texto de ambas reglas —Regla 23 y Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, supra— como de nuestra normativa jurisprudencial, que al iniciar cada encausamiento criminal contra un ciudadano, el Estado cuenta con solo dos oportunidades para conven-cer al Tribunal de Primera Instancia de que existe causa para someter a un ciudadano al proceso de un juicio criminal en los méritos.

C. La Regla 67 de Procedimiento Criminal

La Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, pág. 558 (ed. 2016), provee al Estado otra oportunidad cuando la persona denunciada consigue que la causa criminal en su contra se desestime. La referida regla señala lo siguiente:

Una resolución declarando con lugar una moción para des-estimar no será impedimento para la iniciación de otro proceso por el mismo delito a menos que el defecto u objeción fuere insubsanable, o a menos que tratándose de un delito menos grave (misdemeanor) dicha moción fuere declarada con lugar Íior alguno de los fundamentos relacionados en la Regla 64(n). d.

Como vemos, según surge del texto de la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, la desestimación de una causa al amparo de la citada Regla 64(n) de por sí no impide el inicio de otro proceso por el mismo delito, salvo que exista un defecto u objeción insubsanable o que se trate de un delito menos grave. Así, con la excepción de la existencia de un defecto u objeción subsanable, la regla parece permitir el inicio de otro encausamiento contra un ciudadano por los mismos hechos y por el mismo delito grave, ello sin ninguna otra condición aparente. Sin embargo, y como otras veces hemos advertido, al examinar una ley, en este caso las Reglas de Procedimiento Criminal,

[...] todas sus partes deben compararse entre sí de suerte que sean compatibles y tengan efecto. Las diferentes secciones deben interpretarse en relación las unas con las otras, comple-tando o supliendo lo que falte o sea oscuro en una con lo dis-puesto en la otra, procurando siempre dar cumplimiento al propósito del legislador.

IV

En su alegato, el Estado plantea que lo resuelto por este Tribunal en Pueblo v. Cruz Justiniano, supra, “no es de aplicación al presente caso”. (Enfasis en el original). Se-ñala que Pueblo v. Cruz Justiniano, supra, es anterior a nuestra norma establecida en Pueblo v. Camacho Delgado, supra, cuando “ante una desestimación por violación a los términos de juicio rápido [en la etapa de vista preliminar], el Ministerio Público podía —y debía— continuar el pro-ceso sin volver a la etapa de [la] Regla 6, presentando úni-camente una nueva acusación”. (Énfasis en el original).

No vemos incompatibilidad alguna entre lo re-suelto en Pueblo v. Cruz Justiniano, supra, y la norma es-tablecida en Pueblo v. Camacho Delgado, supra, como tam-poco son incompatibles el caso de autos y Pueblo v. Cruz Justiniano, supra. El problema es que el Estado parece in-terpretar lo resuelto en Pueblo v. Camacho Delgado, supra, como una norma a su favor. Sin embargo, lo correcto es que lo resuelto en Pueblo v. Camacho Delgado, supra, esto es, la obligación de iniciar nuevamente el proceso porque la des-estimación de la denuncia por violación a la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, en la etapa de vista prelimi-nar, cancela la determinación de causa probable para arresto; no implica que la vista al amparo de la Regla 6, supra, haya sido anulada, y mucho menos a favor del Estado.

El caso Pueblo v. Camacho Delgado, supra, más bien resuelve que se incumplía con la Regla 64(n) de Pro-cedimiento Criminal, supra, y el principio constitucional que esta protege cuando se le permitía al Estado —como habíamos resuelto en Pueblo v. Ortiz Díaz, 95 DPR 244, 246-248 (1967)— reiniciar el proceso en la etapa de la Re-gla 23 de Procedimiento Criminal, supra. Por eso, desde Pueblo v. Camacho Delgado, supra, una desestimación por violación a los términos de juicio rápido cancela lo ocurrido al amparo de la Regla 6, supra, pero no obvia o deja sin efecto la realidad de que el Estado ya tuvo una primera oportunidad para probar los cargos contra el imputado y no tuvo éxito en la vista preliminar. Tanto así, que si el Estado vuelve a presentar la misma causa de acción criminal contra el imputado y esta nuevamente se desestima en la vista preliminar por razón de otra dilación excesiva e injustificada a los términos de juicio rápido, procedería la desestimación, pero esta vez con peijuicio. O sea, la ga-rantía de un juicio rápido pretende entonces, no sólo pro-teger al ciudadano ante la ansiedad que produce la dilación irrazonable del proceso criminal, sino limitar —a su vez— el número de ocasiones que dicho ciudadano está expuesto irrazonablemente a tales vicisitudes.

En el caso de autos, sin embargo, la desestimación ocu-rrió en la etapa de la vista preliminar en alzada, a saber, en la segunda oportunidad del Ministerio Público y luego de una determinación de no causa en vista preliminar por un juez de la misma jerarquía.

V

En su alegato, el Estado también arguye que “la Regla 67 expresamente establece que una resolución declarando ‘con lugar’ mía moción para desestimar no será impedimento para la iniciación de otro proceso por el mismo delito salvo que el defecto u objeción sea insubsanable, o salvo que —tratándose de un delito menos grave— dicha moción fuese declarada ‘con lugar’ por alguno de los fundamentos dis-puestos en la Regla 64(n) [...] (Énfasis en el original). En ese contexto, añade “que la Regla 67 precisamente considera la desestimación al amparo de la Regla 64(n) y, a tales efec-tos, dispone que al desestimarse un proceso conforme a la mencionada regla no se podrá iniciar otro proceso por el mismo delito si el delito en cuestión se trata de un delito menos grave”. (Énfasis en el original). Concluye así el Es-tado que “si el delito desestimado al amparo de la Regla 64(n) es de naturaleza grave, no existe impedimento alguno para [presentar nuevamente la causa de acción] por el mismo delito”. (Énfasis en el original).

Ciertamente, en su texto, la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, no distingue una desestimación por delito grave ante un incumplimiento con los términos de juicio rápido acontecido en una vista preliminar, de la acontecida —bajo las mismas circunstancias— en una vista prelimi-nar en alzada. Esto es, la regla no parece hacer una excep-ción a su autorización de presentar nuevamente la denuncia desestimada bajo estas circunstancias, cuando el Estado ha ejercido su opción de acudir en alzada. Sin embargo, la Re-gla 67 de Procedimiento Criminal, supra, debe interpretarse en armonía con las demás reglas que son pertinentes, en esta ocasión, las Reglas 23 y 24(c) de Procedimiento Criminal, supra. Así, la aplicación de esta regla en las circunstan-cias del caso que nos ocupa se enmarca en función de las oportunidades que ha tenido el Estado para probar la exis-tencia de “causa probable” contra el ciudadano.

Una lectura armonizada de las Reglas 23 y 24(c) de Procedimiento Criminal, supra, nos lleva forzosamente a concluir que, con relación a unos mismos hechos por el mismo delito, iniciado el proceso de encausamiento y en el contexto de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, el Estado solo cuenta con dos oportunidades para con-vencer al tribunal de que existe causa para acusar. O sea, con cada inicio de los términos de juicio rápido esta-blecidos en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, en sus distintas vertientes, comienza a descontarse a su vez el número de oportunidades con las que cuenta el Estado para probar su causa. Así, el Estado cuenta con dos oportunidades para convencer al magistrado de que existe causa para someter al ciudadano a un juicio criminal.

De igual forma, para poder armonizar el texto de la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, con las Re-glas 23 y 24(c) de ese cuerpo de reglas, es necesario entonces concluir que la Regla 67 no aplica cuando el Estado ya ha agotado sin éxito una primera oportunidad para probar en los méritos que existe causa probable para acusar por el de-lito imputado, y la causa se desestima por violación a los términos de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra. Y es que es imposible que una violación por parte del Estado a los términos de juicio rápido tenga el efecto de ampliar prácticamente ad infinitum el número de oportuni-dades con las que cuenta para probar causa probable en sus méritos. Nos explicamos.

De aceptar la interpretación que pretende la Procuradora General con relación a la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, el Estado podría, habiendo fallado en los méritos una primera vez, incumplir intencionalmente con los térmi-nos de juicio rápido para, haciendo uso de la referida Regla 67, iniciar nuevamente el proceso y tener una tercera opor-tunidad en lo que sería la segunda vista preliminar, y una cuarta oportunidad en lo que representaría una segunda vista preliminar en alzada. De hecho, para adjudicarse una quinta oportunidad de presentar su causa con éxito, todo lo que tendría que hacer el Estado es incumplir nuevamente los términos en la segunda vista preliminar en alzada, y así sucesivamente continuar hasta conseguir finalmente tener éxito en su gestión, en un círculo de ansiedad y molestia interminable para el ciudadano que está siendo sometido al proceso. En otras palabras, la teoría que nos propone la Pro-curadora General permite que el Ministerio Público gane tiempo a su entera conveniencia cuando tenga duda de que su prueba justifique la determinación de causa probable para acusar por determinado delito en alzada.

Por otro lado, y con relación al hecho cierto de que nues-tra pauta en este caso priva al Estado de una segunda oportunidad en esta etapa para que la causa se dilucide en sus méritos, es menester señalar lo siguiente. Nuestra de-cisión en Pueblo v. Pérez Pou, 175 DPR 218 (2009), deja ver claramente el daño colateral que puede producir para el Estado su incumplimiento con la garantía constitucional de juicio rápido que cobija a un ciudadano. Lo resuelto en Pueblo v. Pérez Pou, supra, implica, en primer lugar, que el incumplimiento por parte del Estado con el requerimiento constitucional a un juicio rápido no interrumpe, obvia ni, mucho menos, cancela cualquier otro incumplimiento o fra-caso del Estado en el proceso. Así, y desde ese precedente, el Ministerio Público conoce que, habiéndose interrumpido el término prescriptivo de un delito por la presentación de la denuncia contra el ciudadano, tal interrupción queda sin efecto si la causa es desestimada por violación a los térmi-nos de juicio rápido que establece la Regla 64(n) de Proce-dimiento Criminal, supra, quedando el Estado expuesto a que el delito haya prescrito.

De igual forma, el Estado debe entender que con la de-terminación que tomamos hoy deberá ser más consciente de la consecuencia fatal que acarrea una violación a los términos establecidos en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, en una vista preliminar en alzada. Con esta determinación nos reiteramos, no sólo en lo resuelto en Pueblo v. Cruz Justiniano, supra, sino en lo que señala-mos en Pueblo v. Pérez Pou, supra, en el sentido de que "la desestimación de la acción penal por violación a los térmi-nos de enjuiciamiento rápido debe ser una verdadera san-ción para el Ministerio Público”.

VI

Por los fundamentos expuestos en esta Opinión, se revo-can las sentencias de los foros “a quo”y, en consecuencia, se desestiman las denuncias contra la peticionaria.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Presi-denta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión disidente. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco se inhibió.

Opinión disidente emitida por la

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

Los hechos que dieron inicio a esta controversia se consignan adecuadamente en la Opinión del Tribunal, por lo que procedo a exponer los fundamentos que motivan mi disenso.

Hoy, una mayoría de este Tribunal reafirma la norma pautada en Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 DPR 28 (1984), y resuelve que el Ministerio Público no puede presentar una nueva denuncia contra un imputado cuando, ante una determinación de no causa para acusar en vista prelimi-nar, solicita la celebración de una vista preliminar en al-zada y ésta se desestima por violación a los términos de enjuiciamiento rápido. Al proceder así, el dictamen mayo-ritario desvirtúa la Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, pág. 558 (ed. 2016), la cual expresamente autoriza el inicio de una nueva acción penal por delito grave cuando la acción criminal se desestima por violación a los términos de juicio rápido.

Como bien señala el profesor Ernesto L. Chiesa, la única premisa que podría justificar este resultado es que “la determinación de inexistencia de causa probable en vista preliminar tiene el efecto de cosa juzgada, impedi-mento colateral o exposición anterior con relación a un[a] nueva acusación o denuncia por el delito anterior”. E.L. Chiesa Aponte, Efecto de la desestimación de la denuncia o acusación: impedimento o no para un nuevo procedimiento, 54 Rev. Jur. UPR 495, 496 (1985).

La determinación de no causa en vista preliminar cierta-mente no constituye cosa juzgada o impedimento colateral, pues estas doctrinas presuponen la existencia de una sen-tencia ya que se fundamentan en la adjudicación previa de una controversia. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654-655 (2013); Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 266-267 (2005). De igual forma, la determinación de no causa tampoco activa la protección contra la doble exposición porque, para que se active esta garantía, se debe haber iniciado o celebrado un juicio por el mismo delito en contra del imputado. Pueblo v. Santos Santos, 189 DPR 361, 367 (2013).

Así, por carecer de fundamentos jurídicos que validen su postura, la Opinión mayoritaria interpreta conjuntamente las Reglas 23 y 24(c) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, págs. 489 y 501 (ed. 2016), y concluye que la Regla 67, supra, “no aplica cuando el Estado ya ha agotado sin éxito una primera oportunidad para probar en los méritos que existe causa probable para acusar por el delito impu-tado, y la causa se desestima por violación a los términos de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal [...] ”. (Énfasis suprimido). Opinión mayoritaria, pág. 230. Ello, pues, tras una determinación de no causa en vista preliminar, el Estado pudiera “incumplir intencionalmente con los térmi-nos de juicio rápido para, haciendo uso de la referida Regla 67, iniciar nuevamente el proceso y tener una tercera opor-tunidad en lo que sería la segunda vista preliminar, y una cuarta oportunidad en lo que representaría una segunda vista preliminar en alzada”. íd., págs. 230-231.

La situación hipotética que elabora una mayoría de este Tribunal para justificar la confirmación de la norma pau-tada en Pueblo v. Cruz Justiniano, supra, presupone la existencia de un plan elaborado y malicioso por parte de los y las fiscales del Departamento de Justicia para man-tener al imputado “en un círculo de ansiedad y molestia interminable Opinión mayoritaria, pág. 231. Tal pre-sunción no se sostiene como cuestión de derecho. En esen-cia, la Opinión mayoritaria esboza una solución a un pro-blema que no se ha demostrado que existe en nuestro sistema de justicia criminal y que tampoco fue alegado por la parte peticionaria. De este modo, más allá de la triste imagen de nuestros funcionarios y nuestras funcionarías del Ministerio Público que dicho proceder esboza, esta pre-supone que dichos funcionarios y dichas funcionarias pro-curarán intencionalmente desestimar su caso anticipando que se conjugarán a su favor un sinnúmero de factores, muchos fuera del control del Ejecutivo, a fin de obtener una determinación afirmativa de causa probable por el de-lito originalmente imputado. No creo que debamos pautar derecho basado en hipotéticos.

Finalmente, cabe resaltar que el supuesto ciclo de an-siedad antes descrito se evita mediante la implementación de las salvaguardas que el legislador contempló, sin nece-sidad de modificar la política pública mediante fiat judicial. En primer lugar, ante la situación descrita por la mayoría, el Ministerio Público tendría que enfrentarse a la figura de la prescripción. Como es sabido, la desestima-ción de la denuncia en vista preliminar por violación a los términos de juicio rápido conlleva la cancelación de la de-terminación de causa probable para arresto. Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1 (2008). Por consiguiente, el Es-tado tendría que iniciar el encausamiento con una nueva determinación de causa probable para arresto, arriesgán-dose así a que el delito esté prescrito. En segundo lugar, en caso de que el imputado considere que el Ministerio Pú-blico infringió su derecho constitucional a un juicio rápido, este podría solicitar el sobreseimiento de la acción al am-paro de la Regla 247 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, pág. 823 (ed. 2016). Finalmente, cabe recordar que el tribunal siempre conserva la facultad de ordenar el sobreseimiento del procedimiento si considera que el Es-tado incurrió en una conducta que atente contra la sana administración de la justicia. Véase Pueblo v. Gómez, 166 DPR 487 (2005); Pueblo v. Monge Sánchez, 122 DPR 590 (1988).

Así, hoy una mayoría de este Tribunal pasa por alto el hecho de que “el texto de la ley es la expresión por excelen-cia de toda intención legislativa”. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 DPR 231, 245 (2010). Véase, también, Cuevas v. Ethicon Div. J & J Prof. Co., 148 DPR 839, 850 (1999). En vista de lo anterior, resulta forzoso concluir que, al adoptar la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, el legislador optó por conferir al Ministerio Público la facultad de iniciar un nuevo procedimiento contra el imputado cuando la ac-ción criminal se desestima por violación a los términos de rápido enjuiciamiento. Con ello se implica precisamente eso, el inicio de un nuevo procedimiento, salvo que hechos concretos y comprobables exijan que se implementen salva-guardas para garantizar el debido proceso de ley que asiste a toda persona en un proceso criminal.

Por consiguiente, revocaría la norma pautada en Pueblo v. Cruz Justiniano, supra, y confirmaría el dictamen recurrido.

       Armas de alto calibre como una ametralladora, escopeta de cañón cortado, rifle o carabina, delito que conllevaba una pena de 20 años de cárcel. En la actuali-dad, la media por ese delito sería 24 años.

       Art. 8A de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, 25 LPRA sec. 418a (ed. 1979).

       Ese delito conllevaba una pena de 5 años de cárcel, mas en la actualidad la media por ese mismo delito sería de 10 años.

        Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 DPR 28, 29 (1984).

       Id., págs. 80-31,

       Resolución del Tribunal de Apelaciones, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 66.

       B.L, Chiesa Aponte, Efecto de la desestimación de la denuncia o acusación: impedimento o no para un nuevo procedimiento, 54 Rev. Jur. UPR 495 (1985).

       No obstante, valga aclarar que en el caso de autos la controversia gira en torno a una segunda oportunidad del Ministerio Público, en una vista preliminar en alzada, luego de que un juez de la misma jerarquía tomó una determinación de no causa.

       R.J. McWhirter, Baby, don’t be cruel, 46-JAN Ariz. Att’y 38 (2010); M. Gut-terman, Prisión Objectives and Human Dignity: Reaching a Mutual Accommodation, 1992 B.Y.U. L.Rev. 857 (1992).

       P. Malavet Vega, El sistema de justicia criminal en Puerto Rico, 5ta ed., Puerto Kico Ed. Omar, 2014, págs. 414 y 418.

      u) En lo pertinente, la Enmienda VI de la Constitución de Estados Unidos dispone que “[e]n todas las causas crimínales, el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público [...] Emda. Art. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 198.

       Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 364.

        Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 141 (2011). Véanse, además: Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 670 (2009); Pueblo v. Miró González, 133 DPR 813, 818 (1993).

        Pueblo v. García Colón I, supra; Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 569; Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419, 431 (1986).

        Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868 (2010).

        Pueblo v. Ríos Alonso, 149 DPR 761 (1999); Pueblo v. Quiñones, Rivera, 133 DPR 332 (1993).

        Pueblo v. Pérez Pou, 175 DPR 218, 229-230 (2009).

        Pueblo v. Rivera Rivera, 145 DPR 366 (1998); Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 DPR 685 (1994); Pueblo v. Opio Opio, 104 DPR 165 (1975); Pueblo v. Tribunal Superior, 95 DPR 412 (1967).

        Pueblo v. Pérez Pou, supra; Pueblo v. Ríos Alonso, supra; Pueblo v. Cruz Justiniano, supra.

        Pueblo v. Rivera Vázquez, supra; Pueblo v. Camacho Delgado, 175 DPR 1 (2008). Véanse, además: E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1995, Vol. II, págs. 114-115; O.E. Resumil Ra-mírez, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal penal, Orford, Ed. Equity, 1990, T. II, págs. 278-279.

        Pueblo v. Santana Vélez, 168 DPR 30, 43 (2006).

       Alegato del Pueblo de Puerto Bico, pág. 14.

       íd,, pág. 15,

        Pueblo v. Camacho Delgado, supra, pág. 12; Pueblo v. Montezuma Martínez, 105 DPR 710, 713 (1977).

       Alegato del Pueblo de Puerto Rico, pág. 14.

       Id.

       Id.

       En Pueblo v. Ríos Alonso, 149 DPR 761, 769 (1999), señalamos que la vista preliminar en alzada “es un instrumento que existe precisamente para darle una segunda oportunidad al Pueblo para que pueda obtener una determinación de causa probable por el delito que entiende ha sido cometido por el imputado”. (Énfasis suprimido). Más adelante, en Pueblo v. García Saldaña, 151 DPR 783, 790 (2000), reiteramos que “[ajunque no constituye un proceso apelativo, la vista preliminar en alzada confiere al Fiscal una segunda oportunidad para obtener la autorización para acusar por el delito que estima ha quedado configurado”.

       Obsérvese que en Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 884, señalamos que cuando un juez, atendiendo una moción fundamentada en la Regla 64(p) de Procedi-miento Criminal, 34 LPRAAp. II, pág. 543 (ed. 2016), desestima una acusación por ausencia total de prueba en una vista preliminar en alzada, el Ministerio Público ya no tiene remedio alguno.

        Pueblo v. Pérez Pou, supra, pág. 245.

       En específico, la Regla 67 de Procedimiento Criminal dispone lo siguiente:
      “Una resolución declarando con lugar una moción para desestimar no será im-pedimento para la iniciación de otro proceso por el mismo delito a menos que el defecto u objeción fuere insubsanable, o a menos que tratándose de un delito menos grave (misdemeanor) dicha moción fuere declarada con lugar por alguno de los fun-damentos relacionados en la Regla 64(n)”. 34 LPRA Ap. II, pág. 558 (ed. 2016).

       Así, la doctrina de cosa juzgada “persigue poner fin a los litigios luego de que los tribunales los adjudiquen de forma definitiva, y de este modo, garantizar la cer-tidumbre y la seguridad de los derechos declarados mediante una resolución judicial”. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 655 (2013). Asi-mismo, el impedimento colateral por sentencia pretende “proteger a los litigantes contra juicios repetidos sobre la misma controversia”. (Énfasis suplido). Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 59 (2004).

       En casos por jurado, se estima que el juicio comienza cuando se le toma juramento definitivo al Jurado, mientras que en casos por tribunal de derecho, el juicio comienza con la juramentación del primer testigo. Pueblo v. Martínez Torres, 126 DPR 561, 568 (1990).

       En apoyo de su contención, el dictamen mayoritario enfatiza que “al iniciar cada encausamiento criminal contra un ciudadano, el Estado cuenta con solo dos oportunidades para convencer al Tribunal de Primera Instancia de que existe causa para someter a un ciudadano al proceso de un juicio criminal en los méritos”. (Énfa-sis suprimido). Opinión mayoritaria, pág. 225. Como cuestión de hecho, contrario a lo que expone la Opinión mayoritaria, en el caso de autos el Fiscal no tuvo dos oportu-nidades para probar su caso, pues el caso fue desestimado, en lo que hubiese sido su segundo turno, por violar los términos de enjuiciamiento rápido.

       Ciertamente, en este caso no existe evidencia de que el interés del fiscal era dilatar indefinidamente los procedimientos.

       Comprendo las razones por las cuales pudiésemos no estar de acuerdo con la política pública esbozada por el legislador, pero no nos corresponde a nosotros modi-ficarla desde el estrado.

       Como muy bien reconoce la Opinión mayoritaria, una segunda violación injus-tificada a los términos de rápido enjuiciamiento podría conllevar el archivo definitivo de la causa al amparo de la Regla 247 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, pág. 823 (ed. 2016). Opinión mayoritaria, págs. 227-228. Véase Pueblo v. Camacho Delgado, 176 DPR 1, 12 (2008); Pueblo v. Montezuma Martínez, 105 DPR 710, 713 (1977).

       De hecho, la propia Opinión mayoritaria reconoce que dicha Regla “no distin-gue una desestimación por delito grave ante un incumplimiento con los términos de juicio rápido acontecido en una vista preliminar, de la acontecida —bajo las mismas circunstancias— en una vista preliminar en alzada”. Opinión mayoritaria, pág. 229.