author: El Juez Presidente Señor Hernández Denton el Juez Asociado Señor Mar-tínez Torres.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Ronny A. Román Feliciano, peticionario.

      Número: CC-2009-733

      Resuelto: 12 de abril de 2011

      Carlos J. García Morales y Javier H. Jiménez Vázquez, abo-gados de la parte peticionaria; Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general, e Isabel Sánchez del Campo, pro-curadora general auxiliar, abogadas de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El recurso de epígrafe nos brinda la oportunidad de pre-cisar la existencia del mecanismo de reconsideración de asuntos interlocutorios en el ámbito procesal criminal. Asi-mismo, debemos determinar si una moción oportuna de re-consideración sobre un dictamen interlocutorio durante un proceso penal interrumpe el término para acudir mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Por entender que una solicitud de reconsideración sobre una resolución u orden interlocutoria interrumpe el término para acudir ante el foro apelativo intermedio, revocamos el dictamen del Tribunal de Apelaciones que decidió lo contrario.

I

En agosto del 2007, el Ministerio Público le presentó al Sr. Ronny A. Román Feliciano una acusación por presun-tamente haber infringido el Art. 404 de la Ley de Sustan-cias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2404. En esta, esencialmente, se le imputó al señor Román Feliciano haber poseído ilegalmente la sustancia controlada conocida como marihuana. Posteriormente, luego de presentada la acusación, el señor Román Feliciano instó una moción de supresión de evidencia al amparo de la Regla 234 de Pro-cedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En síntesis, alegó que la supuesta sustancia controlada ocupada por el Minis-terio Público en su caso había sido incautada ilegalmente.

El 3 de febrero de 2009, el Tribunal de Primera Instan-cia emitió una resolución mediante la cual ordenó transfe-rir el asunto a otra sala del tribunal para la celebración de la correspondiente vista de supresión de evidencia. No obs-tante, el 1 de abril de 2009, el foro primario declaró “no ha lugar” la solicitud de supresión de evidencia sin haber ce-lebrado vista para ello. Esto, pues, según el foro de instan-cia, de la moción presentada por el señor Román Feliciano no surgían hechos o razones específicas que fundamenta-ran la ilegalidad de la incautación. A tales efectos, el 17 de abril de 2009, el señor Román Feliciano presentó una opor-tuna moción de reconsideración, la cual fue denegada por el foro de instancia el 27 de abril del mismo año.

Como consecuencia de ello, el 26 de mayo de 2009, el señor Román Feliciano acudió ante el Tribunal de Apela-ciones mediante un recurso de certiorari. En este, esencial-mente, alegó que erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar “no ha lugar” una solicitud de supresión de evi-dencia sin la celebración de la correspondiente vista, cuando esta ya había sido ordenada por otro Juez del foro primario. El foro apelativo intermedio, sin embargo, deses-timó el recurso por entender que carecía de jurisdicción para atenderlo. Según el Tribunal de Apelaciones, la mo-ción de reconsideración presentada por el señor Román Fe-liciano ante el foro primario no interrumpió el término para acudir ante el foro apelativo intermedio mediante re-curso de certiorari.

Inconforme con esa determinación, el señor Román Fe-liciano acude ante nos y alega, en esencia, que erró el Tribunal de Apelaciones al desestimar su recurso apelativo por falta de jurisdicción, pues, según señala, la moción de reconsideración presentada ante el Tribunal de Primera Instancia tuvo el efecto de interrumpir el término para acudir ante el foro apelativo intermedio mediante certiorari.

Examinado el recurso, acordamos expedir. Con el bene-ficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

Este caso presenta dos controversias principales. Por un lado, debemos aclarar la existencia del mecanismo de re-consideración de órdenes o resoluciones interlocutorias du-rante un proceso penal. Por otro lado, debemos determinar si la presentación oportuna de una solicitud de reconside-ración sobre una orden o resolución interlocutoria inte-rrumpe el término para acudir mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

De hecho, es pertinente mencionar que nos encontramos ante una situación en la cual hay una diferencia de crite-rios entre dos decisiones de paneles distintos en el Tribunal de Apelaciones. Por un lado, en el caso de epígrafe el foro apelativo intermedio decidió que la solicitud de recon-sideración de una resolución interlocutoria no interrumpió el término para acudir mediante certiorari ante ese foro. En otra ocasión, sin embargo, en Pueblo v. Daniel E. Montes Carro, KLCE0601048, otro Panel del Tribunal de Ape-laciones decidió lo contrario. En otras palabras, que la mo-ción de reconsideración presentada en ese caso sí interrumpió el término para acudir en alzada ante el foro apelativo intermedio. Ante tal panorama y divergencia en-tre paneles del Tribunal de Apelaciones, nos vemos obliga-dos a atender el asunto.

A. Como es sabido, los jueces están facultados para corregir sus dictámenes y providencias en aras de ajustarlos a la ley y a la justicia. 4 L.P.R.A. sec. 24o(h). Por tal razón, no debe haber la menor duda sobre el hecho de que los tribunales tienen el poder inherente de reconsiderar sus determinaciones, a solicitud de una parte o motu proprio, siempre que, al actuar de esa manera, todavía conserven jurisdicción sobre el caso. Pueblo v. Vera Monroig II, 172 D.P.R. 797 (2007), opinión disidente del Juez Asociado Señor Rebollo López; Pueblo v. Rodríguez Meléndez, 150 D.P.R. 519 (2000); Pueblo v. Valdés Sánchez, 140 D.P.R. 490 (1996).

Así, nuestros cuerpos normativos procesales regulan lo relativo a las solicitudes de reconsideración tanto en el ám-bito civil como en el penal. A tales efectos, en los procedi-mientos civiles, la Regla 47 de Procedimiento Civil esta-blece las características elementales de la moción de reconsideración tanto para sentencias como resoluciones emitidas por el tribunal. 32 L.P.R.A. Ap. V.

Por otro lado, nuestro cuerpo procesal criminal no regula de forma directa la presentación de una moción o petición de reconsideración durante un proceso penal. No obstante, en la Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, que establece el procedimiento mediante el cual se puede formalizar un recurso apelativo en el ámbito penal, se mencionan los efectos de una moción de reconsideración sobre una sentencia. Véase, además, Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400, 404-405 (1999). Sobre el efecto procesal de una petición de reconsideración, esa regla establece que:

Si cualquier parte solicitare la reconsideración de la senten-cia dentro del término improrrogable de quince (15) días desde que la sentencia fue dictada, el término para radicar el escrito de apelación o de certiorari quedará interrumpido y el mismo comenzará a partir de la fecha en que se archive en autos la notificación de la resolución del tribunal adjudicando la mo-ción de reconsideración. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 194.

Como se deduce del texto citado, una oportuna moción de reconsideración de una sentencia emitida por el tribunal interrumpe el término para acudir mediante apelación o certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Esta regla, sin embargo, regula el efecto procesal que tendrá solo la opor-tuna presentación de una solicitud de reconsideración de una sentencia en el proceso penal. Sobre los posibles efec-tos, y la existencia misma del mecanismo de reconsidera-ción sobre resoluciones u órdenes interlocutorias en los procesos penales, las Reglas de Procedimiento Criminal no preceptúan nada.

Anteriormente, sin embargo, la Ley de la Judicatura de 1994, en su Art. 4.002(f) (4 L.P.R.A. sec. 22k), regulaba lo relativo a las peticiones de reconsideración sobre resolucio-nes interlocutorias en los casos penales. A tales efectos, el artículo establecía que:

En casos criminales, la presentación de una moción de re-consideración no interrumpirá el término para solicitar un cer-tiorari bajo este inciso, a menos que el Tribunal de Primera Instancia acoja la moción dentro del término de treinta días dispuesto en este inciso para solicitar un certiorari. Id. (ed. 2008).

Por lo tanto, quedaba claro en nuestro ordenamiento procesal que, de ordinario, una solicitud de reconsideración sobre una resolución interlocutoria en un proceso penal no interrumpía el término para acudir ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Ese tér-mino solo se interrumpía si el foro primario acogía esta moción. Asimismo, también existían lagunas sobre el plazo para presentar una moción de reconsideración en estos ca-sos, pues tanto la Ley de la Judicatura de 1994 como las Reglas de Procedimiento Criminal vigentes no se expresa-ron al respecto. Tal como nos lo expresa el profesor y ex-juez Hiram A. Sánchez Martínez:

Subsiste, sin embargo, la incógnita de cuál será el plazo para presentar la moción de reconsideración respecto a una orden o resolución interlocutoria. Como el asunto no está re-suelto, el modo más seguro de actuar es utilizar, por analogía, el plazo de 15 días que contienen todas las demás reglas pro-cesales vigentes sobre mociones de reconsideración .... H.A. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Ed. Lexis-Nexis, [s. año], pág. 97.

No obstante, el Art. 4.002(f) de la Ley de la Judicatura de 1994, supra, quedó derogado al aprobarse la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura de 2003), Ley Núm. 201, supra. Al advenir en vigencia este nuevo cuerpo normativo, vemos que nada se dispuso específicamente sobre la existencia de la moción o petición de reconsideración sobre órdenes o re-soluciones interlocutorias en procesos penales.

De una lectura cuidadosa del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, así como de la Ley de la Judicatura de 2003 y de las Reglas de Procedimiento Criminal se deduce que existe un vacío normativo al respecto. A pesar de ello, no podemos obviar la máxima de derecho que le reconoce a los tribunales el poder para re-visar sus dictámenes y así ajustarlos al derecho vigente y al principio rector de justicia. Sánchez Martínez, op. cit., pág. 92. Para esto, la moción de reconsideración en los pro-cesos judiciales funge como un mecanismo procesal me-diante el cual una parte afectada, ya sea por una resolu-ción, orden interlocutoria, sentencia final o dictamen posterior, le solicita al tribunal adjudicador que modifique o deje sin efecto el dictamen en controversia. íd., Dumont v. Inmobiliaria Estado, Inc., 113 D.P.R. 406 (1982). Véanse, además: Dávila v. Collazo, 50 D.P.R. 497 (1936); Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601 (1997).

Como es sabido, es un principio de derecho seguido co-múnmente por este Foro el cual, en circunstancias deter-minadas, se entiende por permitido lo que no está prohibido. Pueblo v. Valdés Sánchez, supra; Campos del Toro v. Ame. Transit Corp., 113 D.P.R. 337 (1982). En el ámbito penal, esta máxima está predicada, claro está, en circunstancias en las que no se afecten los derechos de un imputado o acusado.

Asimismo, en Pueblo v. Cortés Rivera, 142 D.P.R. 305 (1997), expresamos el poder inherente de este Tribunal para suplir procedimientos cuando estos no existen o cuando hayan sido preceptuados inadecuadamente por al-gún estatuto y ante alguna laguna procesal creada al en-trar en vigor la Ley de la Judicatura de 1994. Ello, con la finalidad de uniformar los plazos apelativos al amparo del antiguo estatuto regulador de la Judicatura.

Así, también, la Ley de la Judicatura de 2003 fija como objetivo el funcionamiento de un sistema judicial unificado en lo concerniente a la jurisdicción, el funcionamiento y la administración. 4 L.P.R.A. sec. 24b. Además, ese estatuto exige que las normas procesales, tanto civiles, de derecho probatorio, penales y las correspondientes a la administración de los tribunales, tomen en cuenta y adelanten los principios y objetivos del cuerpo normativo. 4 L.P.R.A. sec. 24c. Y no es para menos, pues mediante un sistema unificado de reglas los principios de economía procesal, rapidez y justicia se pueden alcanzar de forma más eficiente.

Por su parte, como se mencionó, las Reglas de Procedi-miento Civil regulan explícitamente lo concerniente a la moción o solicitud de reconsideración en la Regla 47, supra. Entre otras cosas, la regla establece que “[1]a parte adversa afectada por urna orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de cumplí-miento estricto de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la orden o resolución, presentar una moción de reconsideración de la orden o resolución”. Id. Por lo tanto, en los procesos civiles está muy claro que una parte afectada por una resolución u orden interlocutoria puede solicitarle al tribunal adjudicador la revisión de alguna de estas en el plazo de quince días a partir de la notificación de estas.

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además, establece y detalla lo relativo a la moción de reconsideración en los procedimientos administrativos. 3 L.P.R.A. sec. 2165. En lo concerniente, esta sección expresa que “[l]a parte adversa-mente afectada por una resolución u orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden, presentar una moción de reconsideración de la reso-lución u orden”. Id. Así, se establece estatutariamente el mecanismo de reconsideración de resoluciones u órdenes interlocutorias emitidas durante un proceso adminis-trativo.

Por otro lado, el “Proyecto de Reglas de Procedimiento Penal de diciembre de 2008”, el cual está siendo conside-rado actualmente por el Pleno de esta Curia, arroja luz sobre la existencia y los efectos de la moción o solicitud de reconsideración tanto para sentencias finales como para resoluciones u órdenes interlocutorias o postsentencia. A tales efectos, la propuesta Regla 805 del Proyecto de Re-glas de Procedimiento Penal preceptúa, entre otras cosas, que:

La presentación de una moción de reconsideración dentro del plazo improrrogable de quince días de emitida cualquier sentencia interrumpirá los plazos dispuestos en la Regla 803 para la presentación de los recursos de apelación o certiorari. Una moción de reconsideración de un dictamen interlocutorio o postsentencia deberá presentarse dentro del término de cum-plimiento estricto de quince días. Los plazos comenzarán a transcurrir nuevamente a partir de la fecha en que se notifi-que la resolución del tribunal que haya adjudicado definitiva-mente la moción de reconsideración. (Énfasis suplido.) Regla 805, Proyecto de Reglas de Procedimiento Penal, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, enero de 2008, pág. 115.

Como se deprende de la regla propuesta, el Comité Ase-sor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal, asignado para renovar y actualizar nuestro cuerpo de nor-mas de procedimiento criminal, entendió necesario recono-cer y explicitar la existencia del mecanismo de moción de reconsideración sobre no solo sentencias finales, sino tam-bién respecto a órdenes y resoluciones interlocutorias, así como dictámenes postsentecia. Mediante esta disposición, no solo se logra el objetivo mencionado de una unificación en el funcionamiento del sistema judicial mediante reglas cada vez más congruentes entre sí, sino que reglamenta-riamente es viable el poder inherente de los tribunales de revisar sus dictámenes y providencias.

El decidir lo contrario, tendría la consecuencia de pri-varle al foro judicial de corregir sus órdenes o resoluciones interlocutorias cuando una parte afectada negativamente se lo solicite durante un proceso penal. Asimismo, ante la falta de prohibición de este mecanismo procesal utilizado comúnmente en nuestros tribunales, es forzoso concluir que esta práctica forma parte de nuestro sistema de justi-cia y de las estrategias de litigio que diariamente realizan las partes durante los procesos penales.

De igual forma, ante la falta de regulación de este me-canismo procesal, entendemos que lo propio, al evaluar las disposiciones reglamentarias análogas en las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 y en el Proyecto de Reglas de Procedimiento Penal de diciembre de 2008, es que se fije un término de estricto cumplimiento de quince días me-diante el cual una parte afectada podrá solicitarle al Tribunal de Primera Instancia la reconsideración de alguna orden o resolución interlocutoria en un proceso penal. Ello es cónsono con el principio de uniformidad entre reglas procesales para adelantar los objetivos plasmados en la Ley de la Judicatura de 2003 y de una administración de la justicia eficaz y eficiente.

Aclarada la existencia de la moción o solicitud de recon-sideración respecto a una orden o resolución interlocutoria en el proceso penal, pasemos a analizar su efecto procesal sobre el término para acudir ante el Tribunal de Apelacio-nes mediante un recurso de certiorari.

B. La Ley de la Judicatura de 2003 establece en su Art. 4.006(b) (4 L.P.R.A. sec. 24y(b)) la competencia del Tribunal de Apelaciones sobre los asuntos que está facultado para atender. Entre otros, “[e]l Tribunal de Apelaciones conocerá de los siguientes asuntos: ... (b) mediante auto de certiorari expedido a su discreción, de cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia”. (Enfasis en el original.) Id. De igual manera, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece que:

(D) El recurso de certiorari para revisar cualquier otra reso-lución u orden o sentencia final al revisar un laudo de arbi-traje del Tribunal de Primera Instancia se formalizará me-diante la presentación de una solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución u orden recurrida. Este término es de estricto cumplimiento. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 32(D).

Por ende, la parte afectada por alguna orden o resolu-ción interlocutoria en un proceso penal, al amparo de las disposiciones citadas, puede presentar un recurso de cer-tiorari mediante el cual apele el dictamen interlocutorio del foro primario en los treinta días siguientes a la fecha en que el dictamen fue notificado. Este término, tal como se deduce de lo anterior, es de cumplimiento estricto. No obstante, subsiste la interrogante sobre el efecto procesal de una presentación oportuna de una moción o solicitud de reconsideración de alguna orden o resolución interlocuto-ria sobre el término de treinta días para presentar un re-curso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

Como se expresó, de una lectura del Art. 194 de Proce-dimiento Criminal, supra, así como de la Ley de la Judica-tura de 2003 y del Reglamento del Tribunal de Apelaciones surge que, al igual que con la existencia del mecanismo de reconsideración sobre asuntos interlocutorios en el ámbito penal, también existe un vacío normativo en cuanto al efecto de este mecanismo procesal sobre el plazo para acu-dir ante el foro apelativo intermedio. La Regla 194 de Pro-cedimiento Criminal, supra, sin embargo, es muy clara so-bre el efecto de una presentación de solicitud de reconsideración de sentencia en el término improrrogable de quince días respecto al término para presentar un re-curso de certiorari o apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Por tal razón, esta regla expresa que:

Si cualquier parte solicitare la reconsideración de la senten-cia dentro del término improrrogable de quince (15) días desde que la sentencia fue dictada, el término para radicar el escrito de apelación o de certiorari quedará interrumpido y el mismo comenzará a partir de la fecha en que se archive en autos la notificación de la resolución del tribunal adjudicando la mo-ción de reconsideración. íd.

Por ende, no hay duda de que si se solicita la reconside-ración sobre una sentencia emitida por el Tribunal de Pri-mera Instancia, ello interrumpe el término para acudir ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de apelación o de certiorari. Ese término comenzará a trans-currir nuevamente a partir del archivo en autos de la no-tificación de la resolución del tribunal mediante la cual adjudicó la moción de reconsideración. Claro está, la Regla 194 de Procedimiento Criminal, supra, es muy precisa al limitar este efecto a solicitudes de reconsideración de una sentencia emitida por el foro primario, no así sobre órdenes o resoluciones interlocutorias.

Por otro lado, como mencionamos, el derogado Art. 4.002(f) de la Ley de la Judicatura de 1994, supra, estable-cía que una solicitud de reconsideración sobre una resolu-ción interlocutoria en un proceso penal no interrumpía el término para acudir mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, a menos que el Tribunal de Primera Ins-tancia la acogiese en el término de treinta días dispuesto en este artículo derogado. No obstante, al aprobarse la Ley de la Judicatura de 2003 el legislador derogó la disposición contenida en el anterior Art. 4.002(f) de la Ley de la Judi-catura de 1994, supra. Al así proceder, rechazó el que las mociones de reconsideración de resoluciones u órdenes in-terlocutorias en los procesos penales no interrumpan con su mera presentación el término para acudir ante el foro apelativo intermedio mediante recurso de certiorari.

Asimismo, con el propósito de eliminar la ambigüedad creada sobre qué significaba considerar una moción de re-consideración en el ámbito civil y, por ello, concluir que sí se interrumpieron los términos para acudir ante el Tribunal de Apelaciones en alzada, el legislador entendió que lo más adecuado era pautar que la oportuna y correcta pre-sentación de una moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia, tanto para resoluciones y órde-nes interlocutorias como para sentencias, interrumpe el término para acudir mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47.

De igual forma, los miembros del Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal entendieron que, en aras de uniformar los cuerpos procesales en el ámbito civil y penal, la oportuna presentación de una moción de reconsideración de alguna resolución u orden interlocutoria, interrumpe de por sí, como mencionamos que sucede durante un proceso civil, el término para acudir mediante certiorari ante el foro apelativo intermedio. Específicamente, la Regla 805 propuesta establece que, entre otras cosas:

... Una moción de reconsideración de un dictamen interlocuto-rio o postsentencia deberá presentarse dentro del término de cumplimiento estricto de quince días. Los plazos comenzarán a transcurrir nuevamente a partir de la fecha en que se noti-fique la resolución del tribunal que haya adjudicado definiti-vamente la moción de reconsideración. Regla 805 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Penal, supra.

Ante el vacío normativo que existe en cuanto al efecto procesal de la presentación de una solicitud de reconsideración sobre el término para acudir en alzada ante el Tribunal de Apelaciones, lo más prudente es, persuadiéndonos la recomendación del Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal, determinar que una oportuna moción de reconsideración de una resolución u orden interlocutoria durante un proceso penal interrumpe el referido término de treinta días para acudir mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Así, el término comenzará cuando se notifique la resolución que resuelva la solicitud de reconsideración.

Como se sabe, uno de los propósitos de la Ley de la Ju-dicatura de 2003 es la uniformidad en el funcionamiento de la Rama Judicial. En nuestra prerrogativa de adoptar reglas que propicien el cumplimiento con los objetivos ele-mentales de la Ley de la Judicatura de 2003, y al amparo de los principios rectores de economía procesal, justicia y rapidez en los trámites judiciales, entendemos que es pre-ciso dejar claro que una oportuna moción de reconsidera-ción de una resolución u orden interlocutoria en un proceso penal interrumpe el término para acudir ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Esa so-licitud de reconsideración, como hemos dicho, debe presen-tarse durante el término improrrogable de quince días a partir de notificada la orden o resolución interlocutoria que se pretende reconsiderar.

Decidir lo contrario sería darle la espalda a la realidad procesal del litigio penal en nuestros tribunales. El acoger otros términos, por su parte, sería obviar uno de los propó-sitos rectores de la revisión de las Reglas de Procesal Civil, Procesal Criminal y de Evidencia: uniformar el funciona-miento de los tribunales mediante reglas correlacionadas entre sí.

A la luz de la normativa expuesta, pasemos a disponer concretamente del caso ante nuestra consideración.

III

En este caso, el 1 de abril de 2009, el Tribunal de Pri-mera Instancia declaró “no ha lugar” una oportuna solici-tud de supresión de evidencia presentada por el señor Ro-mán Feliciano al amparo de la Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra. Insatisfecho con tal determinación, el 17 de abril de ese mismo año, el señor Román Feliciano pre-sentó ante el foro primario una solicitud de reconsidera-ción respecto a la resolución que declaró “no ha lugar” la referida moción de supresión de evidencia en su caso. Exa-minada esta, el 27 de abril de 2009, el foro de instancia la declaró “no ha lugar”. Aún inconforme, el 26 de mayo de 2009, veintinueve días después de haber sido notificada la resolución en la que se denegó la moción de reconsidera-ción, el peticionario presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

Por su parte, el foro apelativo intermedio se declaró sin jurisdicción para atender el caso. Esto, esencialmente, por-que concluyó que la Regla 194 de Procedimiento Criminal, supra, solo regula lo relativo a las mociones de reconside-ración de sentencias en procesos penales. No obstante, el Tribunal de Apelaciones expresó que, sobre la moción de reconsideración de una orden o resolución interlocutoria en el ámbito penal, existe un evidente vacío normativo. Ese foro, sin embargo, concluyó que, al no estar regulada la solicitud de reconsideración sobre dictámenes interlocuto-rios en nuestros cuerpos normativos, solo una moción de reconsideración de una sentencia emitida por el foro de instancia interrumpe el término para acudir ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Un ar-gumento similar es el que también nos esboza el Estado mediante la Procuradora General. No nos convence este razonamiento.

De acuerdo con la normativa pautada, y supliendo la laguna normativa que existía al respecto, la presentación de la moción de reconsideración de la resolución interlocu-toria que declara “no ha lugar” una solicitud de supresión de evidencia en este caso interrumpió el término para acu-dir mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Al amparo de la normativa expuesta, el término para acudir en alzada ante el Tribunal de Apelaciones en el caso de autos quedó interrumpido el 17 de abril de 2009, día en que el señor Román Feliciano presentó una oportuna mo-ción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia. Al haber emitido ese foro una resolución para denegar la moción de reconsideración el 27 de abril de ese mismo año, desde ese momento comenzaron los treinta días de estricto cumplimiento para acudir mediante certio-rari ante el foro apelativo intermedio.

Por lo tanto, como el señor Román Feliciano presentó un recurso de certiorari en el término de treinta días para acudir ante el Tribunal de Apelaciones en este caso, ese foro no puede justificar la denegatoria del recurso apela-tivo por este haber sido presentado tardíamente.

Mediante este proceder, subsanamos por ahora el vacío normativo existente referente a los efectos de la moción de reconsideración de órdenes o resoluciones interlocutorias sobre el término para acudir en alzada ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante, esto no impide que, al momento de adoptar nuevas Reglas de Procedimiento Criminal, este Tribunal acoja una normativa diferente sobre esta materia. En estos momentos, sin embargo, es imperativo suplir normativamente este vacío, pues nos enfrentamos a un mecanismo procesal utilizado a diario en los Tribunales de Primera Instancia de nuestra jurisdicción.

IV

Por los fundamentos expuestos, se revoca la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso ante ese foro para que lo atienda si, discrecionalmente, en-tiende que es lo correcto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Martínez Torres disintió con una opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino.

Opinión disidente emitida por

el Juez Asociado Señor Mar-tínez Torres.

¿Qué efecto tiene la presentación a tiempo de una mo-ción de reconsideración de una resolución interlocutoria, en un caso penal, en el Tribunal de Primera Instancia? ¿Interrumpe el término para recurrir por certiorari al Tribunal de Apelaciones? El Tribunal concluye que sí porque identifica que existe un “vacío normativo” al respecto. Dis-crepo respetuosamente. No hay vacío alguno. Lo que su-cede es que la presentación oportuna de una moción de reconsideración de una resolución interlocutoria en casos penales no interrumpe el término para recurrir al foro in-termedio, en ausencia de una ley que así lo disponga. Por esa razón, confirmaría al Tribunal de Apelaciones.

El Tribunal se basa en dos principios para concluir que existe un vacío normativo al respecto. Primero, según la Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, la presentación oportuna de una moción de reconsideración de sentencia en un caso criminal interrumpe el plazo para apelar. Véase Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400 (1999). Segundo, en aras de la uniformidad procesal, el Tribunal afirma que debemos aplicar el mismo principio a las solicitudes de certiorari de una resolución interlocutoria del foro primario, en casos penales.

Esa posición pretende resolver un problema que no existe. Como bien menciona el Tribunal, el Art. 4.002(f) de la derogada Ley de la Judicatura de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 22k(f)) disponía que la presentación oportuna de una mo-ción de reconsideración interlocutoria interrumpía el tér-mino para recurrir de ella por certiorari únicamente si el Tribunal de Apelaciones la acogía en el mismo plazo. No obstante, como bien señala el Tribunal, al derogar esta dis-posición el legislador rechazó que la presentación de una moción de reconsideración interrumpa de alguna manera el plazo para revisar una resolución interlocutoria en casos penales.

A mi modo de ver, esto contesta la interrogante que este recurso presenta. Como bien concluyó el Tribunal de Ape-laciones, según el estado de derecho vigente había un tér-mino de treinta días para revisar la resolución interlocuto-ria que dictó el foro primario en este caso penal. Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B. Desde que se derogó el Art. 4.002(f) de la Ley de la Judicatura de 1994, supra, la presentación de la moción de reconsideración en el Tribunal de Primera Instancia no interrumpe el término para recurrir al Tribunal de Apelaciones.

Coincido en que sería preferible que ese término se in-terrumpiera, especialmente cuando el Tribunal de Primera Instancia acoge la moción antes de resolverla, tal y como contemplaba la Ley de la Judicatura de 1994. Más aún, en aras de lograr una uniformidad procesal es preferible, como señala el Tribunal, que la mera presentación de la moción interrumpa el plazo para recurrir, según se con-templa en la propuesta Regla 805 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Penal del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, enero de 2008, pág. 115. Después de todo, ese es el efecto de la presentación oportuna de una moción de reconsideración en los casos civiles y en las re-visiones judiciales de las decisiones finales de las agencias administrativas. Véanse: Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; Sec. 3.15 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2165.

Lo que el Tribunal interpreta como un vacío es en rea-lidad un defecto normativo de la Ley de la Judicatura de 2003. En ese sentido al menos, esto es muestra de que el estatuto de 2003 es inferior en su alcance y utilidad prác-tica a la ley de 1994 que suplantó. Ello no obstante, la insatisfacción con la derogación legislativa de la interrup-ción del término para revisar y la superioridad aparente de la norma propuesta en el Proyecto de Reglas de Procedi-miento Penal no nos faculta para legislar nuestras prefe-rencias desde el estrado.

Tenemos la facultad para complementar los procedi-mientos que aprobó la Asamblea Legislativa, pero siempre que la norma jurisprudencial que adoptemos no contra-venga lo dispuesto por ley. Pueblo v. Sánchez Torres, 102 D.P.R. 499 (1974). Lamentablemente eso es lo que sucede en este caso, pues no hay vacío normativo que llenar. En 2003, el legislador derogó la interrupción del término para presentar un certiorari interlocutorio en casos penales. El efecto de esa derogación no es crear un vacío en la norma sino cambiarla. En otras palabras, al presente el plazo no es susceptible de interrupción. Un estudio de las reglas y leyes aplicables debió convencer de esa realidad al abogado del acusado peticionario. Hasta que la Asamblea Legisla-tiva disponga lo contrario mediante enmienda a las reglas o la adopción de la propuesta de nuestro Secretariado, no podemos alterar el cómputo de los términos para recurrir según la ley vigente. La facultad de hacer enmiendas a las reglas procesales le corresponde a la Asamblea Legislativa, según el Art. V, Sec. 6, de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1.

Por esa razón, disiento respetuosamente. La moción de reconsideración no podía interrumpir el plazo para recu-rrir al Tribunal de Apelaciones. Por ello, confirmaría su dictamen, en el cual se rechazó el recurso de certiorari in-terlocutorio, por tardío.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Ramón Rivera Cuevas, recurrido.

      Número: CC-2008-1086

      Resuelto: 20 de abril de 2011

      Maite D. Oronoz Rodríguez, procuradora general interina, y Mayra J. Serrano Borges, procuradora general auxiliar, abogadas de la parte peticionaria; Aurelio García Morales, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión tenemos la encomienda de auscultar si se cumplieron los requisitos que nuestro ordenamiento ju-rídico exige para que proceda la desestimación de una acu-sación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Además, tenemos la oportunidad de expresarnos sobre el elemento subjetivo que requiere el delito de apropiación ilegal agravada. Art. 193 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4821. Debido a que se presentó prueba de todos los elementos del delito de apropiación ilegal agravada, revocamos la sentencia dic-tada por el Tribunal de Apelaciones.

I

El recurrido, Sr. Ramón Rivera Cuevas, llevaba más de veintiséis años como empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El 20 de octubre de 2007, el señor Rivera Cuevas comenzó a trabajar a las 7:30 am. Durante ese día de trabajo tenía que atender alrededor de trece tareas que le tomarían todo el día. Sin supervisión directa de ningún gerencial de la AEE, se le asignó un camión, materiales y herramientas, entre las que se encontraban unos rollos de cable de cobre.

Al mismo tiempo, el Sr. Carlos Bosque Pérez, oficial de seguridad de la AEE, recibió una confidencia que lo aler-taba sobre un empleado de la agencia que se apropiaba ilegalmente de materiales. En específico, la confidencia im-putaba al señor Rivera Cuevas apropiarse de rollos de cable tamaño 12, que luego dejaba en una estación de gasolina.

Para corroborar la confidencia recibida, el señor Bosque Pérez acudió el 20 de octubre de 2007 a la gasolinera señalada. Allí observó que, a las 10:30 am, el señor Rivera Cuevas se personó en el camión de la AEE que conducía, se estacionó y se bajó del vehículo. Sacó dos rollos de cable y entró a la gasolinera. El señor Bosque Pérez notó que cuando salió el señor Rivera Cuevas de la estación de ga-solina no cargaba con los rollos de cable. Además, observó que el señor Rivera Cuevas tenía disposición de buscar más rollos de cable en el camión y dejarlos en el garaje. Sin embargo, cuando el señor Rivera Cuevas salió del lugar fue intervenido por el señor Bosque Pérez quien se identificó como oficial de seguridad corporativa e inquirió explicacio-nes de por qué Rivera Cuevas dejaba los rollos de cable en el garaje. El señor Rivera Cuevas alegó que dejaría el material allí para recogerlo luego.

Por otro lado, el Sr. José Santiago Colón, supervisor del señor Rivera Cuevas, recibió una llamada de este último. En la llamada, el señor Rivera Cuevas le informó al supervisor Santiago Colón que dejó unos rollos de cable en un garaje de gasolina porque le molestaban en el camión y que el señor Bosque Pérez intervino con él. A raíz de esa lla-mada, el supervisor Santiago Colón se presentó en el garaje. En ese momento, el señor Bosque Pérez le cues-tionó al supervisor Santiago Colón si ese día el señor Rivera Cuevas tenía algún tipo de trabajo en ese lugar y si estaba autorizado a dejar materiales en la estación de gasolina. El supervisor Santiago Colón contestó en la ne-gativa a ambas preguntas. Posteriormente, el señor Bos-que Pérez procedió a llamar a la Policía.

Por los hechos narrados, se denunció al señor Rivera Cuevas por infracción al Art. 193 del Código Penal de Puerto Rico, supra (apropiación ilegal agravada). En la pri-mera vista preliminar, celebrada el 14 de diciembre de 2007, el magistrado que intervino determinó que no había causa probable para acusar. En igual fecha, se señaló la vista preliminar en alzada para el 10 de enero de 2008.

El imputado estuvo representado por abogado en la vista preliminar en alzada. La prueba de cargo consistió en el testimonio de los señores Bosque Pérez y Santiago Colón. Luego de las respectivas argumentaciones, el caso quedó sometido y el tribunal determinó que existía causa probable para juicio.

El acusado Rivera Cuevas presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción de supresión de evidencia al amparo de la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y una moción de desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra. El foro primario declaró improcedente la solicitud de supresión de evidencia. Sin embargo, consideró afirmativamente la mo-ción de desestimación. Es decir, el foro primario concluyó que hubo ausencia total de prueba de los elementos del delito de apropiación ilegal agravada.

Inconforme con esa determinación, la Procuradora General presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante, el foro apelativo intermedio con-firmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. En particular, concluyó que se trataba de prueba débil y poco confiable que confirmaba la ausencia total del elemento de “intención específica” del delito de apropiación ilegal agra-vada y la insuficiencia de prueba para continuar con el proceso judicial. El Hon. Troadio González Vargas, juez presidente del panel que atendió el recurso, disintió.

Entonces, el Ministerio Público nos solicitó que revisá-ramos la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Le ordenamos al señor Rivera Cuevas que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari, revo-car la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y declarar “no ha lugar” la moción de desestimación mediante la Regla 64(p), supra. En cumplimiento de nuestra orden, el señor Rivera Cuevas presentó su alegato. Con el beneficio del criterio de ambas partes, pasamos a evaluar la controver-sia ante nuestra consideración.

II

A. Al analizar la institución procesal de la vista preliminar, regulada en la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, hemos expresado que

[e]l fiscal no viene obligado a presentar en una vista preli-minar toda la prueba de que dispone para establecer en su día la culpabilidad del acusado. Le basta con presentar aquella prueba que convenza al magistrado ante quien se celebra la vista de que se ha cometido un delito y de que hay causa probable para creer que el acusado lo cometió. Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279, 284 (1974), citado como autoridad en Pueblo v. Rodríguez López, 155 D.P.R. 894, 906 (2001).

Véase, además, D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 9na ed., San Juan, Ed. Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2007, págs. 109-110.

Como expresamos recientemente, el propósito principal de la vista preliminar es “evitar que una persona sea sometida injustificadamente a los rigores de un proceso penal”. Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 D.P.R. 868, 875 (2010). Por tal razón, en la vista preliminar no se hace una adjudicación en los méritos sobre la culpabilidad de la persona imputada. No se trata de un “mini juicio”. íd.

En la etapa de la vista preliminar, el peso de la prueba recae sobre el Ministerio Público. Pueblo en interés menor K.J.S.R., 172 D.P.R. 490, 498 (2007). No obstante, el fiscal no tiene que presentar toda la prueba que ostente contra el acusado. Basta con “demostrar que existe evidencia sobre todos los elementos del delito y su conexión con el acusado”. Id.

Comenta la profesora Olga E. Resumil Ramírez que el grado de evidencia necesario para que se emita una deter-minación positiva de causa probable en vista preliminar se cumple con presentar una scintilla en la cual apoyar una determinación prima facie de que se cometió un delito y que con toda probabilidad el imputado lo cometió. O.E. Resumil Ramírez, Derecho Procesal Penal, Orford, Ed. Butterworth, 1993, T. II, See. 23.8, pág. 197.

Por otra parte, hemos señalado que durante la vista preliminar “el Ministerio Público debe presentar evidencia, legalmente admisible en un juicio plenario, sobre todos los elementos del delito imputado en la denuncia y su conexión con el imputado”. Pueblo v. Andaluz Méndez, 143 D.P.R. 656, 662 (1997), citando a Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 664 (1985). Nuestros pronunciamientos al respecto quedaron codificados en la nueva Regla de Evidencia 103(f), 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 103(f), que establece que “[e]n la vista de determinación de causa para acusar (vista preliminar), aunque las Reglas de Evidencia no obligan, la determinación de causa deberá efectuarse con evidencia admisible en el juicio”.

El propósito de esta regla es dejar palmariamente establecido que las reglas de evidencia no obligan en la vista preliminar con el rigor que aplican en el juicio. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, San Juan, Pubs. J.T.S., 2009, pág. 81. No obstante, la propia Regla 103(c), supra, establece que “[l]as reglas de privilegios y conocimiento judicial aplican en todas las etapas de los procedimientos, acciones, y casos civiles y penales”. En otras palabras, las únicas reglas de evidencia que aplican con todo rigor en la etapa de vista preliminar son las relativas a los privilegios y al conocimiento judicial. Véase Reglas 201-202 y 501-518 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI.

Como se puede concluir, la cantidad de evidencia que tiene que presentar el Ministerio Público durante la vista preliminar es una scintilla. Sin embargo, esta tiene que ser de calidad, pues tiene que ser admisible en el juicio en su fondo.

B. La Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra, establece que una acusación puede ser desestimada si no se determinó causa probable por un magistrado con arreglo a la ley y al derecho. En ocasiones anteriores he-mos expresado que el remedio exclusivo que tiene el acusado ante una determinación de causa probable en la vista preliminar, ya sea la vista inicial o en alzada, es la desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra. Véase Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, págs. 877-878.

Para que prospere una desestimación al amparo de esta regla es necesario que esté presente alguno de los dos fundamentos expresados en esta. El primer fundamento reconocido es que haya ausencia total de prueba en la determinación de causa probable para acusar. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 878, citando a Pueblo v. Anda luz Méndez, supra, pág. 662; Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37, 42-43 (1989). El segundo fundamento recono-cido es que se infringió alguno de los requisitos o derechos procesales que se deben observar en esa vista. Id.

De ordinario, será necesario celebrar una vista para dirimir todas las controversias que puedan surgir en torno a la moción de desestimación. Ahora bien, el propósito de esa audiencia no es recibir prueba que no se presentó en la vista preliminar. Pueblo v. Rivera Vázquez, supra, pág. 877. Sobre el particular, comenta el profesor E.L. Chiesa Aponte sobre la Regla 64(p) que

[l]a carga del acusado para que se desestime la acusación con-forme a derecho es ciertamente onerosa. La moción de deses-timación sólo ha de progresar en caso de que en la vista de determinación de causa probable hubiera una situación de au-sencia total de prueba para creer que el acusado cometió el delito que se le imputa. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, See. 26.2, pág. 257.

Por tal motivo hemos expresado que solo en caso de que haya ausencia total de prueba en la vista preliminar es que procede sustituir el criterio del juez que atienda la moción de desestimación por el del magistrado que haya presidido la vista aludida. Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 592, 594 (1972), citado como autoridad en Pueblo v. Rivera Vázquez, supra.

En suma, a la hora de analizar una moción de desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra, se debe examinar la prueba desfilada en la vista preliminar, y determinar si esa prueba establece la probabilidad de que estén presentes cada uno de los elementos del delito y que el imputado lo cometió. Asimismo, se debe considerar que aunque la prueba pueda establecer la posible comisión de otro delito, solo procede desestimar la acusación ante un caso claro de ausencia total de prueba sobre uno o varios elementos del delito, o en cuanto a si el imputado lo cometió. Véanse: Pueblo v. Rivera Vázquez, supra; Pueblo v. Rivera Alicea, supra.

III

A. Es un principio básico del Derecho penal sustantivo que “[t]odo delito presupone una conducta humana que co-rresponde a la descripción de un tipo penal”. D. Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2004-2005, pág. 24. De igual forma, se ha establecido que “[e]l tipo penal específico ha de tener una parte objetiva (la acción u omisión) y una parte subjetiva (el elemento mental) que ha de reflejarse en la conducta humana ...”. íd.

En esencia, el tipo objetivo del delito se refiere a la ac-ción u omisión que realiza una persona y que se encuentra codificada en algunos de los delitos prescritos en la parte especial del Código Penal de Puerto Rico o en otras leyes penales especiales. Véanse, en general: D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 6ta ed., San Juan, Ed. Inst. para el Desarrollo del Derecho, 2010, See. 5.3.1., págs. 139 — 147; L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, San Juan, Pubs. J.T.S., 2007, págs. 82-103; S. Mir Puig, Derecho Penal: Parte General, 7ma ed., Montevideo, Ed. B de F, 2004, págs. 179-206; W.E. LaFave y otros, Criminal Law, 4ta ed., St. Paul, Ed. Thomson West, 2003, Sec. 6.1-6.5, págs. 301 — 366. Luis E. Chiesa Aponte expresa que “[d]e conformidad con ciertos principios firmemente arrai-gados de derecho criminal [sic], resulta injusto castigar a un sujeto por realizar un hecho sin intención ni negligencia”. (Escolio omitido.) L.E. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 140. En iguales términos se pronuncia LaFave al co-mentar que “la premisa básica que requiere algún mens rea para imponer responsabilidad penal se expresa en la máxima latina actus not facit reum nisi mens sit rea. (Un acto no hace que uno sea culpable a menos que su mente sea culpable)”. (Traducción nuestra.) LaFave, op. cit., pág. 239 (“The basic premise that for criminal liability some mens rea is required is expressed by the Latin maxim ac-tus not facit reum nisi mens sit rea, an act does not make one guilty unless his mind is guilty”).

En armonía con este principio básico, el Art. 22 del Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. sec. 4650) establece que

[n]adie podrá ser sancionado por un hecho previsto en una ley penal si no lo ha realizado con intención o negligencia.
La intención o negligencia se manifiestan por las circuns-tancias relacionadas con el hecho, la capacidad mental y las manifestaciones y conducta de la persona.
Los hechos sancionados en este Código requieren intención, salvo que expresamente se indique que baste la negligencia.

La primera oración del citado Art. 22 recoge la norma antes expresada de que para imponer una responsabilidad penal es necesario que se configure el tipo subjetivo. Por otro lado, la segunda oración del artículo nos ilustra las diferentes formas en las que se puede manifestar la intención. Al analizar si se configuró el elemento subjetivo, es necesario considerar “las circunstancias retrospectivas, es decir, circunstancias anteriores a la acción u omisión tipificada como delito que sean indicativas de una negli-gencia o intención de realizar el acto o la omisión delictiva”. (Enfasis suprimido.) Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, op. cit., pág. 193. Igualmente, es me-nester analizar las circunstancias concomitantes que “ocu-rren simultáneamente con la acción u omisión delictiva”. Id. Por último, resulta ineludible auscultar “las circuns-tancias prospectivas, es decir, aquellas que ocurren posterior al acto u omisión sancionado pero que tienden a de-mostrar una determinada intención o negligencia”. (Enfasis suprimido.) íd.

Es preciso puntualizar que la última oración del Art. 22, supra, incorpora en nuestra jurisdicción un sistema ce-rrado a la negligencia. L.E. Chiesa Aponte, op. cit, pág. 141. Esto significa que todos los delitos requieren inten-ción, a menos que expresamente el tipo penal disponga que baste con la negligencia. íd. Esta distinción es importante, pues según el Código Penal de 1974 era necesario analizar el tipo penal en particular y analizar cuál era el elemento subjetivo que requería el delito en cuestión. E.L. Chiesa Aponte y L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal, 73 Rev. Jur. U.P.R. 671, 685-686 (2004). Ante el Código Penal de 2004 la tarea es más sencilla. Como regla general, los delitos son punibles cuando se realizan con intención. L.E. Chiesa Aponte, op. cit, pág. 142. “Sin embargo, es permisible cas-tigar hechos negligentes si se dispone expresamente en el tipo penal que el delito puede ser cometido mediante accio-nes imprudentes.” Id.

Por otro lado, el Art. 23 del Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. sec. 4651) regula las modalidades de intención. En particular dispone que:

Sec. 4651. Intención
El delito se considera cometido con intención:
(a) Cuando el hecho correspondiente ha sido realizado por una conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo;
(b) el hecho correspondiente es una consecuencia natural de la conducta voluntaria del autor; o
(c) cuando el sujeto ha querido su conducta a conciencia de que implicaba un riesgo considerable y no permitido de produ-cir el hecho delictivo realizado.

En el inciso (a) se recoge lo que la doctrina española llama dolo directo de primer grado. Mir Puig, op. cit., pág. 265. “En el dolo de primer grado el autor persigue la reali-zación del delito.” Id. (Énfasis en el original.) En otras pa-labras, “quien produce el resultado lesivo a propósito, ac-túa intencionalmente, pues desea la ejecución del hecho prohibido. Este querer producir el resultado constituye la instancia más clara de conducta intencional”. (Énfasis en el original.) L.E. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 160.

Por otro lado, el inciso (b) establece lo que la doctrina española llama dolo directo de segundo grado. Mir Puig, op. cit., pág. 265. En el dolo directo de segundo grado “el autor no tiene como propósito la producción del hecho de-lictivo, pero sabe que es prácticamente seguro que su ac-tuación dará lugar a un resultado lesivo”. Pueblo v. Sustache Sustache. 176 D.P.R. 250, 312 (2009).

Mediante el inciso (c) se regula la forma más aguada de la intención. L.E. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 159. Este tipo de intención

... incluye el dolo eventual, en la expresión “cuando el sujeto ha querido su conducta a conciencia de que en su caso concreto implica un riesgo considerable y no permitido de producir el hecho realizado”. ... Esta propuesta concede al dolo eventual toda la amplitud posible, desde el punto de vista de lo que puede considerarse como conocido y por lo tanto aceptado por el sujeto en el momento en que decide actuar. La intención supone, por lo menos, que el sujeto está consciente de la peli-grosidad objetiva de su conducta en su caso concreto. (Escolios omitidos.) Informe del P. de la S. Núm. 2302, Comisión de lo Jurídico del Senado, 5ta Sesión Ordinaria, 14ta Asamblea Le-gislativa, págs. 24-26, citado como autoridad en Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, op. cit., pág. 190.

En algunas ocasiones, los delitos codificados en la Parte Especial del Código Penal de 2004 o en otras leyes penales especiales requieren un elemento subjetivo adicional a la intención que requiere el Art. 23, supra. “En estos supues-tos se requiere, además de prueba sobre la intención del sujeto, evidencia de que actuó con determinado propósito o estado mental que convierte su conducta en una particu-larmente reprochable.” (Escolios omitidos.) L.E. Chiesa Aponte, op. cit., págs. 163-164.

En cuanto al deber que tiene el Ministerio Público de establecer el elemento subjetivo adicional a la intención, el profesor Luis E. Chiesa Aponte expresa que: “[e]n vista de que estos estados mentales adicionales a la intención son elementos constitutivos de delitos, el Ministerio Público tiene la obligación de alegarlos en la acusación y de traer evidencia tendente a establecerlos durante su presentación de la prueba de cargo.” L.E. Chiesa Aponte, op. cit, pág. 165.

En resumen, en nuestro ordenamiento jurídico el tipo subjetivo se cumple con satisfacer algunas de las mo-dalidades de la intención que contiene el Art. 23 del Código Penal de 2004, supra. No obstante, existen ciertos delitos que exigen un elemento subjetivo adicional a la intención requerida por este artículo y que el Ministerio Público tiene la obligación de probar durante la presentación de la prueba de cargo.

B. El Art. 192 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4820, establece, en lo pertinente, que “toda persona que ilegalmente se apropie sin violencia ni intimidación de bienes muebles pertenecientes a otra persona incurrirá en el delito de apropiación ilegal”. Por otro lado, el Art. 193 del mismo Código dispone que incurrirá en delito de apropiación ilegal agravada de tercer grado “toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal descrito en [el Art. 192], si se apropia de propiedad o fondos públicos, o de bienes cuyo valor sea de mil (1,000) dólares o más”.

El bien jurídico protegido en este delito es el derecho de posesión y propiedad de la cosa mueble. F. Muñoz Conde, Derecho Penal, Parte Especial, 15ta ed., Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2004, págs. 376-377. Por tal motivo, al analizar los elementos del delito, notamos que el objeto material es la cosa mueble ajena. Id., pág. 377.

La acción que configura el delito consiste en apropiarse, es decir, tomar las cosas muebles ajenas. Esta actuación se puede lograr por los medios más diversos. Id. Señala el profesor Cifredo Cancel que “[u]n tipo objetivo como el de ejercer control sobre cosa ajena sin autorización indica con suficiente precisión cuál es el comportamiento prohibido en el delito de apropiación ilegal”. (Enfasis suplido.) F.A. Ci-fredo Cancel, Apropiación indebida, hurto, estafa y daños en España, Estados Unidos y Puerto Rico (con excurso so- bre problemática concursal), 69 Rev. Jur. U.P.R. 135, 297 (2000). Así pues, para que se configure el delito es necesa-rio que haya una transferencia o un desplazamiento de la propiedad mueble de un patrimonio a otro, aunque la apro-piación del bien mueble sea de carácter temporero, o in-cluso aun cuando se devuelva a su dueño el bien apropiado.

Para establecer claramente el tipo subjetivo requerido para el delito de apropiación ilegal es ilustrativo que acu-damos al derecho comparado. En específico, el Código Penal español define el hurto, delito análogo al delito de apro-piación ilegal, de la forma siguiente: “[e]l que con ánimo de lucro tomare las cosas muebles sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto.” (Énfasis suplido.) Mu-ñoz Conde, op. cit., pág. 376. Como se aprecia, el delito de hurto en España exige un elemento subjetivo adicional a la intención, a saber, que haya ánimo de lucro, requisito que no se exige en Puerto Rico. No obstante en Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188, 194 (1986), mencionamos que “el delito de apropiación ilegal es uno que, por su natura-leza, exige que se realice con intención específica de apro-piarse de los bienes”. (Énfasis suplido.) Esta aseveración parece indicar que se requiere un grado subjetivo adicional a la intención que requiere el Art. 23, supra.

La frase “intención específica” ha traído gran confusión al derecho penal sustantivo de esta jurisdicción. Véase L.E. Chiesa Aponte, op. cit., págs. 165 y ss. La confusión se debe a que “[e]l significado de los conceptos de intención especí-fica e intención general varían según el contexto en que sean empleados”. íd., pág. 165.

En la más común de las acepciones, “el término inten-ción específica se utiliza para designar un elemento subje-tivo adicional al estado mental requerido por el tipo obje-tivo del delito”. (Traducción nuestra.) LaFave, op. cit., págs. 253-254. En otras ocasiones, el término “intención específica” puede utilizarse para distinguir la intención re-querida por el inciso (a) del Art. 23, supra, de la intención requerida por los incisos (b) y (c) del referido artículo. Chiesa, op. cit., pág. 165.

Sin embargo, en Pueblo v. Miranda Ortiz, supra, utili-zamos el término “intención específica” en otra acepción. En este caso el acusado recibió un veredicto de culpabili-dad por el delito de apropiación ilegal, Art. 166 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 4272). Un análisis detenido de la opinión demuestra que al utilizar el término “inten-ción específica” nos referíamos a que el delito de apropia-ción ilegal requiere un tipo subjetivo o “mens rea”, como cualquier otro delito. En particular, mencionamos que “ ‘[l]a situación fáctica del caso de autos denota una ausen-cia total de intención criminal’ ”. Pueblo v. Miranda Ortiz, supra, pág. 194. Es decir, el Ministerio Público no presentó prueba más allá de toda duda razonable de que el acusado cometiera el delito con cualquiera de los grados de inten-ción que prescribía en ese entonces el Art. 15, supra. Véase Pueblo v. Miranda Ortiz, supra, pág. 196.

Por tal motivo, nuestras expresiones anteriores en torno al tipo subjetivo requerido en el delito de apropiación ilegal deben ser interpretadas a la luz de la doctrina de intención específica. Así pues, el tipo subjetivo del delito de apropiación ilegal estatuido en el Art. 192, supra, se configura mediante cualquiera de las modalidades del Art. 23, supra. En otras palabras, el delito de apropiación ilegal no requiere ningún tipo de elemento subjetivo adicional a la intención regulada en el Art. 23, supra.

Una vez delimitada con precisión la intención requerida para el delito de apropiación ilegal, es menester señalar que la intención de apropiarse ilegalmente del bien inmue-ble ajeno puede ser temporalmente, aun cuando posterior-mente el objeto sea devuelto a su dueño. Pueblo v. Pintos Lugo, 131 D.P.R. 1015, 1020-1021 (1992). De igual forma, la intención puede inferirse de las circunstancias relacio-nadas con la comisión del delito y la conducta del imputado. Id. Basta con recordar que la evidencia indirecta o circunstancial es intrínsecamente igual a la evidencia directa. Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 D.P.R. 470, 479 (1992); Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 145 (1985); Zambrana v. Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517, 525 (1980). Esto significa que el tipo subjetivo del delito se puede inferir a base de prueba circunstancial. Pueblo v. Torres Montanez, 106 D.P.R. 125, 130 (1977). Véase además, E.L. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, San Juan, Pubs. J.T.S., 1998, T. II, Sec. 14.8, pág. 1238.

IV

Al analizar la prueba presentada en la vista preliminar, no podemos concluir que el foro de instancia estuviera ante una situación de la ausencia total de evidencia. La prueba presentada en la vista preliminar en alzada cumplió con la scintilla de prueba que se requiere en la etapa en la que se encuentra el proceso penal. Conviene recordar que nos en-contramos ante una moción de desestimación al amparo de la Regla 64(p), supra, que solo prosperará si hay ausencia total de prueba sobre los elementos del delito de apropia-ción ilegal agravada, Art. 193, supra. Por tal razón, se de-rrota una moción de desestimación al amparo de la citada Regla 64(p) si se demuestra que se presentó alguna eviden-cia sobre todos los elementos del delito y su conexión con el acusado. Resumil, op. cih, pág. 197. Claro está, esta prueba tiene que ser admisible en el juicio en su fondo. Pueblo v. Andaluz, supra, pág. 661. En el caso que nos ocupa se cum-plió con ese requisito.

En específico, el señor Bosque Pérez testificó que había una confidencia en la cual se incriminaba al imputado con un esquema de apropiación ilegal de materiales propiedad de la AEE. Según su relato, para corroborar ese esquema se personó en la estación de gasolina y vio cuando el impu-tado dejaba los rollos de cobre en la estación de gasolina. Es un hecho incontrovertido que el acusado no estaba au-torizado a dejar ni almacenar en la estación de gasolina los rollos de cable. Además, los camiones de la AEE no se abas-tecían de combustible en ese garaje. En resumidas cuen-tas, no había autorización ni razón para que el recurrido dejara en la estación de gasolina los materiales de la AEE que tenía bajo su custodia.

La consumación del delito de apropiación ilegal se con-figura con el desplazamiento de un bien mueble ajeno a otro patrimonio aunque la apropiación sea temporera. En el caso que nos ocupa, y según la prueba de cargo, el señor Rivera Cuevas ejerció control sobre los rollos de cable (cosa ajena) sin autorización de la AEE y los extrajo del patrimo-nio de esta entidad pública. Al así actuar, configuró el tipo objetivo del delito de apropiación ilegal agravada.

En cuanto al elemento subjetivo del delito de apropia-ción ilegal, ya mencionamos que se consuma con cual-quiera de las modalidades de la intención recogidas en el Art. 23, supra. En el caso de autos, nos encontramos con una actuación dirigida voluntariamente a sustraer los ro-llos de cobre del patrimonio de la AEE (inciso (a) de este artículo, supra). Si analizamos las circunstancias concomi-tantes que ocurrieron en este caso, resulta ineludible con-cluir que se presentó prueba suficiente en esta etapa de los procedimientos para inferir la intención requerida por el delito de apropiación ilegal agravada. Véase Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, op. cit., pág. 193. Es poco menos que imposible probar el elemento subjetivo del delito mediante prueba directa. No obstante, en el caso que nos ocupa se presentó prueba circunstancial.

Según la prueba de cargo, el señor Rivera Cuevas no tenía ninguna tarea que realizar en la estación de gasolina. Mucho menos tenía instrucciones de dejar fuera de su custodia unos rollos de cobre propiedad de la AEE. De igual forma, el señor Rivera Cuevas le comunicó a su supervisor que dejaría los rollos de cobre en la gasolinera después de que el señor Bosque Pérez lo cuestionara. Sin lugar a dudas, se presentó más que una scintilla de eviden-cia sobre el elemento subjetivo requerido en el delito de apropiación ilegal. Por eso no procede la desestimación de la acusación.

En conclusión, la prueba presentada cumplió con el quantum requerido en esta etapa de los procedimientos. Claro está, no hemos adjudicado el caso en sus méritos. Esa labor se tiene que realizar en un juicio plenario en el que el acusado Rivera Cuevas tenga todas las garantías procesales que nuestro ordenamiento jurídico provee.

V

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de “cer-tiorari”, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se declara “no ha lugar” la moción de desestimación pre-sentada al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, para la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.