author: per curiam: El Juez Presidente Señor Hernández Denton

text:
      In re José R. Ríos Ríos, querellado.

      Número: CP-2006-7

      Resuelto: 20 de noviembre de 2008

      Maite D. Oronoz Rodríguez, procuradora general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, parte que-rellante; Rafael Román Jiménez, abogado del querellado; Crisanta González Seda, comisionada especial.
   per curiam:

El Ledo. José R. Ríos Ríos (querellado) fue admitido a la práctica de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 3 de enero de 1990 y al ejercicio del notariado el 4 de septiembre de 1990. El 4 de junio de 2004 los esposos Samuel E. Monge Pastor y Celia M. López González presentaron una queja juramentada, aduciendo que el licenciado Ríos Ríos los representó en un caso de daños y perjuicios y no incluyó como demandantes a la esposa del señor Monge y a la Sociedad de Bienes Ganan-ciales compuesta por ambos, lo que permitió que prescri-biera cualquier acción que tuvieran éstas a su favor. Adujeron, también, que el querellado no los mantuvo infor-mados de los incidentes del caso y lo transigió sin su auto-rización y conocimiento. Además, señalaron que el licen-ciado obtuvo y retuvo un cheque por la suma de $18,000 emitido por American Internacional Insurance Co., asegu-radora de Las Piedras Construction, el 23 de diciembre de 2002 y lo depositó en una cuenta del Banco Popular de Puerto Rico el 30 de diciembre de 2002. Expusieron que requirieron al querellado que les entregara su expediente y éste no lo hizo, sino que dispuso de éste sin haberles con-sultado ni informado.

Posteriormente, los quejosos presentaron una demanda civil por impericia profesional contra el querellado, la cual fue transigida. El 10 de febrero de 2005, el señor Monge Pastor informó al Procurador General, en una carta diri-gida a la Secretaria de este Tribunal, que no deseaba con-tinuar con su queja por haber llegado a un acuerdo con el licenciado Ríos Ríos. No obstante, el Procurador General continuó su investigación, pues, según hemos resuelto, una transacción de esta índole no requiere que se archive la queja.

El 3 de febrero de 2006, ordenamos al Procurador General que presentara una querella sobre conducta profesional contra el licenciado Ríos Ríos. En la querella presentada el 31 de marzo de 2006, el Procurador General le imputó al licenciado Ríos Ríos haber violado los Cánones 18, 19, 20, 23 y 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. El querellado contestó la querella y el 13 de febrero de 2007 designamos a la Leda. Crisanta González Seda como Comisionada Especial para recibir la prueba y rendir un informe con determinaciones de hechos y las recomenda-ciones que estimara pertinentes. Luego de varios trámites procesales, se celebró la vista adjudicativa el 28 de agosto de 2007. Ese día compareció el querellado, personalmente y representado por el Ledo. Rafael Román Pérez. La Ofi-cina del Procurador General estuvo representada por la Procuradora General Auxiliar, Leda. Minnie H. Rodríguez.

I

El Procurador General alega, primeramente, que el Ledo. José R. Ríos Ríos violó el Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra, pues no ejerció el cuidado y la diligencia necesarios en la gestión encomendada al no in-cluir entre los demandantes a la esposa del señor Monge y a la Sociedad de Legal de Gananciales compuesta por ellos. El licenciado Ríos Ríos, según alegado, no consultó a su cliente ni obtuvo su aprobación respecto a esta decisión, que resultó en que se perdiera cualquier acción que hubie-ran tenido estas partes.

Al negar este cargo, el querellado alegó que a quien los querellantes contrataron inicialmente para que los repre-sentara en el caso civil que da lugar a la presente queja fue al Ledo. José A. Mojica Mojica, quien a su vez subcontrató al querellado. Adujo que preparó la demanda con los datos suplidos por el licenciado Mojica Mojica y que no se le in-formó que el señor Monge Pastor estuviera legalmente ca-sado con la señora López González, o que ésta, la Sociedad de Legal de Gananciales o los hijos del querellante hubie-ran sufrido daños. Sólo recibió información de los daños físicos sufridos por el señor Monge Pastor. Por eso incluyó como demandante al señor Monge Pastor y no a su esposa ni a la sociedad ganancial. El querellado expuso, además, que el señor Monge Pastor tenía pleno conocimiento del contenido y de las alegaciones de la demanda. Indica que ejerció el cuidado y la diligencia necesarios para cumplir con la gestión encomendada, ya que logró una transacción favorable para su representado, por dieciocho mil dólares ($18,000), los que compensaban los daños realmente sufri-dos por el señor Monge Pastor.

En segundo lugar, el Procurador General expone que el Ledo. José R. Ríos Ríos incumplió con su deber de mante-ner informado a su cliente de todo aspecto importante del caso, como requiere el Canon 19 del Código de Etica Profe-sional, supra, al no incluir como demandantes a la Sra. Celia M. López González y la Sociedad Legal de Ganancia-les compuesta por ésta y su esposo, al no mantenerlos in-formados del trámite del caso, al transigir el caso sin el consentimiento de sus clientes y al obtener el pago acor-dado en dicha transacción sin informárselo.

Por su parte, el querellado alegó que el querellante se mantenía informado sobre el curso del caso por medio del licenciado Mojica Mojica y que, además, participó en la re-visión del texto de la demanda, la contestación a interro-gatorios, la comparecencia a deposiciones y la discusión de la oferta de transacción. De igual manera, el querellado afirma que obtuvo el consentimiento del señor Monge Pastor para transigir su reclamación por la cantidad indicada y que prueba de ello es que éste aceptó y cambió el cheque por la cantidad de $12,000, que era lo que le correspondía luego de restar los honorarios de abogado.

El Procurador General también alega que el licenciado Ríos Ríos no fue sincero ni honrado con sus clientes, en violación al Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra. El querellado niega esto y afirma, según explica-mos, que el querellante conocía sobre las negociaciones con la parte demandada que concluyeron con la oferta de $18,000, la cual fue notificada y aceptada por el señor Monge Pastor.

También se le imputa al licenciado Ríos Ríos una viola-ción al Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, por no haber entregado el expediente del caso a sus clien-tes una vez éstos se lo requirieron. Aduce el Procurador General que el licenciado Ríos Ríos dispuso de dicho expe-diente sin el conocimiento, consentimiento y aprobación de sus clientes.

Respecto a esto, el querellado alegó que informó a su cliente que podía recoger su expediente y que éste no lo hizo. Señala que es costumbre de su oficina que si el cliente no recoge su expediente, se dispone de éste una vez se ter-minan los procedimientos judiciales y se paga la compen-sación que corresponde al cliente. Cuando el señor Monge finalmente solicitó el expediente, no fue posible entregár-selo porque aparentemente se había extraviado durante la mudanza de oficina del querellado.

El quinto cargo de la querella presentada por el Procu-rador General sostiene que el Ledo. José R. Ríos Ríos violó el Canon 23 del Código de Etica Profesional, supra, al re-cibir y retener indebidamente el cheque por $18,000 pro-ducto de la transacción habida en el caso DDP-1999-0109.

Por su parte, el querellado alega que no recibió ni re-tuvo indebidamente el cheque producto de la transacción. Señala que el uso y la costumbre en su oficina es depositar en la cuenta de ésta los cheques que son producto de las transacciones, con el consentimiento de los clientes, para luego entregarles el dinero que les corresponda. En este caso, alega que no se hizo el pago al señor Monge Pastor con la premura acostumbrada por un error de buena fe provocado por una condición personal y familiar del quere-llado, relacionada con la salud de la madre de los hijos menores del querellado. Por motivo de esta situación, el licenciado Ríos Ríos tuvo que recibir tratamiento psicológico.

II

Surge del Informe de la Comisionada Especial que el Procurador General no presentó testigos, sino que solicitó, sin objeción del querellado, que se marcaran como exhibit los expedientes de la queja AB-2004-196, del caso civil Núm. DDP-1999-0109 —Samuel E. Monge Pastor v. Las Piedras Construction, Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón— de la demanda civil por impericia profesional presentada contra el querellado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, Caso Núm. KPD-2004-0452 y de la carta, suscrita por los que-reliantes el 10 de febrero de 2005, mediante la cual retiran la querella como condición del acuerdo transaccional que concluyó la demanda sobre impericia profesional.

Por su parte, el querellado sometió, sin reparo de la Pro-curadora General Auxiliar, una declaración jurada de la sicóloga, Dra. Ada Rosabal. Presentó, además, el testimo-nio del Ledo. José A. Mojica Mojica. Este se reiteró en su declaración jurada de 18 de julio de 2007 y fue contrainte-rrogado por la Procuradora General Auxiliar.

Una vez sometido el caso, el querellado presentó una Moción de Desestimación, en la que adujo que la querella presentada por el Procurador General se fundamentó en la declaración jurada de los quejosos, señor Monge Pastor y señora López González, y que al no presentar el testimonio de éstos en la vista adjudicativa y someterse el caso por el expediente, se violó su derecho a contrainterrogarlos y, por lo tanto, su derecho al debido proceso de ley. Adujo, ade-más, que al admitir la declaración jurada en evidencia se violó la Regla 14(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, que dispone que “[l]a parte querellada tendrá derecho a confrontar [a] los testigos en su contra durante la vista ...”. (Corchetes en el original.) 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. También alegó que al presentarse para probar la veracidad de su contenido, la declaración jurada era prueba de referencia que no podía admitirse a menos que el Procurador General demostrase que los testigos no estaban disponibles, lo cual no hizo. Denegamos la solicitud de desestimación el 25 de enero de 2008.

El 10 de marzo de 2008 la Comisionada Especial rindió su informe, exponiendo los hechos que encontró probados. Concluyó la Comisionada que el querellante contrató al Ledo. José A. Mojica Mojica para que le tramitara un caso relacionado con un accidente de automóvil en el que se vio involucrado y que el licenciado Mojica refirió el asunto al licenciado Ríos Ríos. Este, a su vez, presentó una demanda en reclamación de daños a nombre del querellante. El estado civil del querellante se identifica en la demanda como soltero. Además, se identifica al querellante como el dueño del automóvil involucrado en el accidente, que se alegó fue pérdida total, y que en la querella se alega que era propiedad de la Sociedad Legal de Gananciales.

Según determinó la Comisionada Especial, ni el licen-ciado Mojica ni el querellado redujeron a escrito su con-trato de representación legal con el querellante. Tampoco pusieron por escrito los datos que recogiera el licenciado Mojica en la entrevista inicial que hiciera al querellante. El licenciado Mojica testificó que no recuerda si se le pre-guntó al querellante si era soltero o casado, pero sí que éste acostumbraba visitar su oficina a vender artículos de computadoras y realizar trabajos en las computadoras, y que nunca le habló de su esposa o de daños que ésta hu-biera sufrido. Nunca la vio ni habló con ella y su impresión era que el querellado era soltero.

El licenciado Ríos Ríos no entrevistó al querellante antes de redactar la demanda, sino que lo hizo con la infor-mación provista por el licenciado Mojica Mojica. Sin embargo, el licenciado Mojica no aparece como representante legal ni en la demanda ni en ningún otro documento del caso. El querellado firmó la demanda como representante legal del querellante.

La Comisionada Especial concluyó que el querellante visitaba la oficina del licenciado Mojica alrededor de dos veces al mes y hablaba del caso, pero que no era una con-versación de abogado y cliente. El licenciado Mojica supo del trámite del caso a través del querellante, no a través del querellado. En esas conversaciones, el querellante le habló al licenciado Mojica de una oferta de transacción y el abogado le explicó las razones por las cuales debía aceptar los $18,000 que le ofrecían. Luego de la conversación sobre la oferta de transacción, el querellante no regresó a la ofi-cina del licenciado Mojica.

Según el Informe de la Comisionada Especial, el expe-diente del caso civil Núm. DDP-1999-0109, supra, revela que el querellado lo litigó de manera diligente, vigorosa y continua desde que presentó la demanda el 9 de febrero de 1999. Ambas partes llevaron a cabo un descubrimiento de prueba completo, incluyendo interrogatorios y deposi-ciones. El querellante contestó uno de los interrogatorios y también se le tomó una deposición. El 18 de diciembre de 2002, la parte demandante en el caso civil, representada por el querellado, presentó una moción de desistimiento en la que informó al Tribunal de Primera Instancia que las partes habían concretado un acuerdo transaccional. A esa fecha, se había señalado el juicio y se habían expedido las citaciones para los testigos de la parte demandante, solici-tadas por su representante, el abogado querellado.

No hay en el expediente algún escrito sobre un acuerdo transaccional u otro documento firmado por el querellante aceptando la oferta de transacción. Como resultado de la transacción, el licenciado Ríos Ríos recibió el cheque nú-mero 174064, de American Internacional Insurance Co. of P.R., fechado el 23 de diciembre de 2002. Este fue girado a nombre suyo y del señor Monge. El cheque fue endosado con el nombre del señor Monge y la firma del licenciado Ríos Ríos, y depositado en una cuenta de este último el 30 de diciembre de 2002. No se notificó de ello al querellante, señor Monge. La firma del señor Monge que aparece en el cheque no coincide con su firma en otros documentos.

El 28 de marzo de 2003, casi tres meses después que se entregara el cheque al querellado, el querellante recibió un pago de $12,000. La diferencia de $6,000 correspondía al pago de honorarios al querellado.

Durante todo este trámite, el querellante nunca cues-tionó el hecho de que no se hubiera incluido a su esposa y a la Sociedad Legal de Gananciales como partes demandan-tes en el pleito, ni proveyó evidencia alguna de daños su-fridos por éstas. Según determinó la Comisionada Especial, el único daño atribuible a la sociedad ganancial en el accidente es la pérdida del vehículo de motor y esto se re-clamó en la demanda, aunque a nombre del querellante y no de la Sociedad Legal de Gananciales.

Una vez terminó el procedimiento judicial y se pagó la compensación al querellante, el querellado dispuso del ex-pediente del caso sin la autorización del cliente.

El 26 de marzo de 2004, el querellante y su esposa, la Sra. Celia M. López González —también querellante en este caso— demandaron al querellado reclamando daños y peijuicios por impericia profesional. El 17 de febrero de 2005 se suscribió un acuerdo privado y confidencial entre los querellantes y el querellado para dar fin a la demanda, según el cual el querellado pagaría $5,000 a los querellan-tes sin aceptar responsabilidad por lo alegado en la de-manda y éstos lo relevarían de cualquier responsabilidad como consecuencia de los hechos que dieron lugar a la demanda. Según el acuerdo, se pagarían $2,500 una vez los querellantes presentaran ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico y en la Oficina del Procurador General, una carta en la que expresamente manifestaran su deseo de retirar la queja en este caso. El segundo pago de $2,500 se haría dentro de los 30 días siguientes a la firma del acuerdo por los querellantes. La carta se presentó el 18 de febrero de 2005, y el 22 de febrero de 2005 los querellantes desistieron con peijuicio de su demanda. El 4 de marzo de 2005, el Tribunal de Primera Instancia ordenó el archivo y sobreseimiento de la demanda, con perjuicio.

Por último, la Comisionada Especial determinó que el querellado se afectó emocionalmente ante la situación de sus hijos, debido a la muerte de la madre de éstos. Señala que el impacto de la muerte de la madre de los hijos del licenciado Ríos Ríos pudo ocasionar que éste descuidara los asuntos de su oficina.

III

En numerosas ocasiones hemos expresado que el objetivo de los cánones del Código de Etica Profesional es propiciar que los abogados se desempeñen, profesional y personalmente, de acuerdo con los más altos principios de conducta decorosa para beneficio de la profesión, de la ciudadanía y de las instituciones de justicia del país. In re Pujol Thompson, 171 D.P.R. 683 (2007). Es en este contexto que debemos evaluar la conducta del querellado y los hechos antes reseñados.

Al querellado se le imputa haber violado el Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra, que impone al abogado el deber de defender los derechos de su cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. In re Laureano Molina, 161 D.P.R. 58 (2004); In re Colón Ortiz, 171 D.P.R. 855 (2007). Viola este canon quien no emplee la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y más completa honradez en la defensa de los intereses de su cliente. In re Meléndez La Fontaine, 167 D.P.R. 111 (2006); In re Alonso Santiago, 165 D.P.R. 555 (2005).

La desidia, el desinterés, la inacción y la displicencia como patrón de conducta en la representación del cliente violan las disposiciones de este canon. In re Vilches López, 170 D.P.R. 793 (2007); In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770, 776 (1994). Entre las acciones de un abogado o una abogada que infringen este canon están aquellas ac-tuaciones negligentes que puedan conllevar, o que en efecto conlleven, la desestimación o el archivo de un caso. In re Colón Morera, 172 D.P.R. 49 (2007).

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, requiere que el abogado mantenga a su cliente siempre informado de todo asunto y toda gestión importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado y que no esté dentro del ámbito de discreción de la representación legal, e incluye cumplir con las instrucciones de los representados. In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595, 603 (1987). Sobre las transacciones de los casos, dis-pone que siempre que la controversia sea susceptible de un arreglo o transacción razonable, el abogado debe aconsejar al cliente que evite o termine el litigio. El abogado debe notificar a su cliente de cualquier oferta de transacción hecha por la otra parte. Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra. Este deber de los abogados se configura como una obligación ética independiente. Véase In re Hernández Pérez, 169 D.P.R. 91 (2006).

Sobre dicho canon hemos expresado que “[ejl deber de informar al cliente es un elemento imprescindible de la relación fiduciaria del abogado y el cliente”. In re Alonso Santiago, supra, pág. 563. Véase In re García Muñoz, 170 D.P.R. 780 (2007). Por consiguiente, cuando un abogado mantiene a su cliente ajeno a las incidencias de su caso, ello constituye una violación, no sólo al Canon 19, supra, sino al proceso de impartir justicia en general. In re Laborde Freyre, 149 D.P.R. 59 (2003).

Se viola el Canon 19, supra, cuando no se atienden los reclamos de información del cliente, no se le informa sobre los asuntos importantes que surjan del caso ni del resultado adverso de la gestión encargada, no se mantiene al cliente al tanto del estado o la situación procesal del caso, o simplemente se niega al cliente información del caso. Véanse: In re Acevedo Álvarez, 143 D.P.R. 293, 298 (1995); In re Rosario, 116 D.P.R. 462, 467 (1985); In re Acosta Grubb, supra, pág. 603. Según reiteramos en In re Ayala Torres, 150 D.P.R. 288 (2000), uno de los asuntos importantes a los que se refiere el Canon 19, supra, com-prende la notificación al cliente de que se dictó sentencia. Esta notificación ha de ser inmediata, en tiempo para que el cliente tome la decisión que éste interese sobre los pro-cedimientos disponibles para revisarla. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 241 (1984).

El Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, establece el procedimiento que deben seguir los abogados al renunciar a la representación legal de un cliente. En lo pertinente, este canon requiere que al ser efectiva tal renuncia, el abogado debe entregar el expediente y todo documento relacionado con el caso a su cliente, además de reembolsarle inmediatamente cualquier cantidad que éste le haya pagado por adelantado en honorarios por servicios que no se han prestado.

Hemos interpretado este canon en el sentido de que no debe haber dilación alguna en la entrega del expediente una vez el abogado concluye las gestiones para las cuales fue contratado o cuando el cliente solicita dicha entrega. In re Franco Rivera, 169 D.P.R. 237 (2006). De igual forma, la devolución del expediente no puede estar sujeta a ninguna condición, pues el abogado no tiene derecho de retención sobre los documentos y papeles del cliente, ni tiene un gravamen sobre el producto de una sentencia o un dictamen judicial. In re Irizarry, González, 151 D.P.R. 916, 922 (2002); In re Santos Rivera, 172 D.P.R. 703 (2008).

El Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra, en lo pertinente al presente asunto, dispone que por razón de la naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente, éstas deben estar fundadas en la honradez absoluta. En particular, el abogado debe dar pronta cuenta del dinero y de otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que eso suceda.

En torno a esta obligación, hemos recalcado que “los abogados deben velar por que la relación abogado-cliente sea transparente”. In re Álvarez Aponte, 158 D.P.R. 140, 146 (2002). Véase In re Rivera Irizarry, 155 D.P.R. 687, 693 (2001). La naturaleza fiduciaria de esta relación exige con-fianza y absoluta honradez entre el abogado y el cliente, especialmente en los asuntos de carácter económico. Por consiguiente, el abogado debe rendir cuentas de cualquier dinero o bien de un cliente que esté en su posesión, porque “[l]a retención de cualquier cantidad de dinero, pertene-ciente a sus clientes, trastoca e infringe los postulados del Canon 23 del Código de Etica Profesional, ante, y demues-tra un menosprecio hacia sus deberes como abogado”. In re Rivera Irizarry, supra, pág. 693.

La mera retención por un abogado de fondos pertenecientes a un cliente justifica una sanción, independientemente de que el abogado los hubiera devuelto y de que los hubiera retenido sin intención de apropiárselos. In re Rivera Irizarry, supra, pág. 693. En efecto, “la dilación en la devolución de los fondos es causa suficiente para tomar medidas disciplinarias contra el abogado”. Íd., pág. 694. Véase In re Feliciano Rodríguez, 150 D.P.R. 859, 864 (2000).

El Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, establece, en lo pertinente, que la conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros, debe ser sincera y honrada. Este precepto impone a todo abogado la obligación de regirse por unas normas mínimas de conducta, indispensables para promover el honor y la dignidad de la profesión. In re López de Victoria I, 163 D.P.R. 1, 8 (2004); In re Montañez Miranda, 157 D.P.R. 275, 281 (2002). En conformidad con tales postulados éticos, se ha señalado que el abogado no puede proveer al tribunal información falsa o que no se ajuste a la verdad, ni puede ocultarle información verdadera que deba ser revelada. In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710, 717-718 (1998). Evidentemente, ante una imputación de violación al referido Canon 35 no es defensa el que no se haya obrado de mala fe, deliberadamente o con la intención de engañar o defraudar. Tampoco importa que no se haya causado daño a un tercero. In re Astacio Caraballo, 149 D.P.R. 790, 799 (2000).

Las alegaciones presentadas por el Procurador General en este caso están fundamentadas, en gran medida, en la declaración jurada de los esposos Monge Pastor y López González, requerida al presentarse una queja ante este Tribunal y que forma parte de los autos del caso. Sin embargo, los quejosos no testificaron durante la vista. Por esa razón, debemos determinar si el Procurador cumplió con el grado de prueba requerida para demostrar la violación a los cánones de ética profesional.

En In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575, 685 (2001), resolvimos que el criterio a utilizarse por este Tribunal en los casos disciplinarios es el de prueba clara, robusta y convincente. Véanse, además: In re Mulero Fernández, 174 D.P.R. 18 (2008); In re Irizarry Pérez II, 173 D.P.R. 282 (2008); Tal determinación se basa en que los casos disciplinarios contra los miembros de este foro inciden sobre el derecho de los abogados a ganarse su sustento, que es indudablemente un derecho fundamental. Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 421 (1985). Para dichos casos —es decir, para la negación de un derecho fundamental— el debido proceso de ley exige que el valor y la suficiencia de la prueba sean medidos con un criterio más riguroso que el de la preponderancia de la prueba (utilizado en procedimientos civiles comunes) sin que le aplique el criterio de “prueba más allá de duda razonable” (utilizado en el campo criminal). P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199, 223 (1981); In re Caratini Alvarado, supra.

Por otro lado, el debido proceso de ley en su vertiente procesal impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con el interés propietario o libertario del individuo se haga mediante un procedimiento justo y equitativo que respete la dignidad de los individuos. Art. II, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881, 887-888 (1993). Los abogados tienen un interés propietario en el ejercicio de la profesión, por lo cual son acreedores de las garantías de un debido proceso de ley en aquellos procedimientos disciplinarios en que esté en juego su licencia. In re Deynes Soto, 164 D.P.R. 327 (2005); In re Caratini Alvarado, supra. Véase, además, In re Ruffalo, 390 U.S. 544, 550 (1968). Las exigencias mínimas del debido proceso de ley constitucional incluyen el ser notificado adecuadamente de los cargos en su contra, la oportunidad de ser oído, el derecho a contrainterrogar y el derecho a examinar la prueba documental y material presentada por la otra parte. Salvá Santiago v. Torres Padró, 171 D.P.R. 332 (2007); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra.

Acorde a lo anterior, la Regla 14(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, establece el derecho de la parte querellada en un procedimiento disciplinario a confrontar y contrainterrogar a los testigos en su contra. Sobre la importancia del derecho a contrainterrogar, el tratadista Wigmore asevera: “it is beyond any doubt the greatest legal engine ever invented for the discovering of truth.” 5 Wigmore, Evidence in Trials at Common Law Sec. 1367, pág. 29 (3ra ed. 1974).

Cabe recordar, además, que la Regla 60 de Evidencia excluye, como norma general, la prueba de referencia, esto es, las declaraciones que se hacen fuera de la vista o del juicio en el que se ofrecen para probar que tal declaración es verdadera. 32 L.P.R.A. Ap. IV. El profesor Chiesa explica que la prueba de referencia se excluye por su falta de confiabilidad y por su dudoso valor probatorio, basado, precisamente, en la falta de confrontación entre el declarante y la parte contra la que se ofrece la evidencia. E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Santo Domingo, Ed. Corripio, 1998, T. II, págs. 616 y 631. La confrontación es necesaria para disipar la ambigüedad de la declaración, la sinceridad, la percepción y la memoria del declarante, íd. Véase, además, Pueblo v. García Reyes, 113 D.P.R. 843, 853 (1983).

Por último, cuando el quejoso retira la queja, tiene efecto la norma reiterada de que los procedimientos disciplinarios ante este Tribunal son independientes de las acciones legales, civiles o criminales que se deriven de la misma relación de hechos. In re Deynes Soto, supra; In re Laborde Freyre, supra, pág. 63. Por lo tanto, no limita nuestra jurisdicción el hecho de que el abogado y el cliente transijan sus diferencias mediante un acuerdo en el cual el segundo se compromete a no presentar cargos éticos ante los foros pertinentes. In re Pagán Ayala, 117 D.P.R. 180, 187 (1986).

Sin embargo, también hemos resuelto que el Canon 26 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, no prohíbe que un abogado informe y acepte ante su cliente su responsabilidad por errores y omisiones atribuibles a su persona. In re Pagán Ayala, supra, págs. 186-187. Tampoco le impide indemnizar al perjudicado, ya sea extrajudicialmente o mediante un contrato de transacción judicial. Lo que tal principio ético está dirigido a evitar es que el abogado limite, se exonere o evada, contractualmente o de otro modo, su responsabilidad profesional. En otras palabras, en forma alguna el abogado puede establecer como condición para transigir con su cliente la acción civil en daños por mala práctica profesional, que no se presente una querella por violación ética en su contra.

Por otro lado, una vez satisfecho el perjuicio privado de la persona afectada, en ausencia de un interés público mayor, de ordinario el asunto no debe trascender. In re Pagán Ayala, supra, pág. 187. La admisión de responsabilidad civil y el resarcimiento por el abogado a su cliente constitui-rán atenuantes, o podrá ser determinante para su archivo, si es que finalmente se insta una querella. íd.

IV

A la luz de los hechos probados y de los preceptos legales y normas jurídicas aplicables, la Comisionada Especial concluyó que el licenciado Ríos Ríos incurrió en violaciones a los Cánones 19, 20, 23 y 35 del Código de Ética Profesio-nal, supra. Sin embargo, determinó que la evidencia no sostiene la imputación de violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. Resolvemos que son correctas ambas conclusiones.

En lo que respecta al Canon 18, supra, el Procurador General alega que el licenciado Ríos Ríos no ejerció el cui-dado y la diligencia necesarios en la gestión encomendada al dejar fuera de la demanda incoada a la esposa del señor Monge y a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, decisión que, según expone, no fue consultada ni aprobada por sus clientes y que resultó en que se per-diera cualquier acción que hubieran tenido estas partes. Sin embargo, los hechos probados demuestran que esta alegación no se sostiene.

Los esposos Monge López no declararon en la vista y no estuvieron disponibles para ser contrainterrogados. Según expusimos antes, esto es un derecho garantizado por nues-tro reglamento y por el debido proceso de ley. El licenciado Mojica, quien sí declaró personalmente y fue contrainterro-gado, sostuvo en sus declaraciones que recibió la versión del querellante sobre el accidente y éste nunca le mencionó que su esposa o algún otro familiar hubiera recibido algún daño como consecuencia de tales hechos. El señor Monge nunca mencionó tener esposa en las conversaciones con el licenciado Mojica. Éste no recordó si el querellante le dijo que era casado o soltero, pero su impresión era que era soltero. El licenciado Mojica refirió el caso al licenciado Ríos Ríos, quien presentó la demanda el 9 de febrero de 1999, apenas un mes y medio después del accidente.

Sin duda, fue un serio error del licenciado Ríos Ríos el no entrevistar a quien se convirtió en su cliente antes de presentar la demanda y depender exclusivamente de los datos provistos por el licenciado Mojica. Sin embargo, un examen del escrito de demanda revela que éste es ade-cuado, contiene alegaciones e información suficiente para el inicio del pleito y para sostener tales alegaciones. El expediente del caso relacionado con el accidente del señor Monge también revela que el licenciado Ríos Ríos litigó de manera adecuada, vigorosa, en defensa de los intereses de su cliente —el querellante— y que demostró diligencia du-rante el procedimiento, conocimiento de las controversias, capacidad y efectividad.

Por otra parte, concurrimos con la Comisionada Especial en que la contestación del pliego de interrogatorio que la parte codemandada sometió al demandante, sin duda requirió que el señor Monge discutiera las contestaciones con su abogado y luego juramentara las contestaciones. Por eso no es creíble que el señor Monge no supiera que la demanda se redactó solamente a su nombre, al menos para el mes de junio cuando el licenciado Ríos Ríos solicitó que se señalara una conferencia sobre el estado de los procedi-mientos e informó que se había contestado el interrogatorio. A esa fecha faltaban casi seis meses para que prescribiera la acción de daños, si alguna, que pudie-ran tener su esposa y la sociedad de gananciales. Por todo lo anterior resolvemos que el licenciado Ríos Ríos no violó el Canon 18, supra, como se le imputa.

Coincidimos con la Comisionada Especial en que el ver-dadero problema ético que revelan los hechos probados ra-dica en que el licenciado Ríos Ríos no informó a su cliente sobre el evento más importante del caso que le fue éneo-mendado, esto es, la terminación del pleito por transacción y la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instan-cia mediante la cual se desestimó la demanda con perjuicio. Además, no le informó inmediatamente que ha-bía recibido una cantidad de dinero que pertenecía al cliente.

No tenemos duda que el señor Monge conocía que había una oferta de transacción y la cantidad que le estaban ofre-ciendo, conforme surge del testimonio del licenciado Mo-jica, y podemos inferir razonablemente que obtuvo dicha información del licenciado Ríos Ríos. Sin embargo, si bien no consideramos las aseveraciones del señor Monge en su declaración jurada, a los efectos de que no aprobó la tran-sacción ni supo de la terminación del juicio, la realidad es que tampoco hay en el expediente prueba alguna que de-muestre o de la que podamos inferir que el señor Monge finalmente aceptó dicha transacción, según fue informado al Tribunal de Primera Instancia para justificar el desisti-miento voluntario, con perjuicio, de la demanda.

El licenciado Ríos Ríos alega en su contestación que le informó a su cliente que se dictó una sentencia que puso fin al pleito y que había recibido un cheque por $18,000 como pago del acuerdo transaccional. No presentó prueba al-guna a esos efectos. Los hechos probados sostienen, por el contrario, que al licenciado Ríos Ríos se le entregó el che-que y éste lo aceptó como pago final y lo depositó en una cuenta bancaria de la oficina, sin informárselo al cliente. Además, el cheque fue endosado, con el nombre del señor Monge, sin su autorización. Estas actuaciones del licen-ciado Ríos Ríos violan el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, según adujo el Procurador General.

La prueba establece que el licenciado Ríos Ríos no dio pronta cuenta o entregó a su cliente la parte que le corres-pondía del dinero que la compañía aseguradora pagó como resultado del acuerdo transaccional que puso fin al pleito. Por el contrario, no es hasta tres meses después que se recibió el cheque, que el licenciado Ríos Ríos le entrega al querellante la parte que le correspondía. La explicación o justificación que ofrece el licenciado Ríos Ríos, en el sen-tido de que el uso y costumbre de su oficina era depositar los cheques de las transacciones en una cuenta de la ofi-cina para luego entregar el dinero a los clientes, no puede excusar esta violación ética. Ningún abogado puede esta-blecer procedimientos en su oficina que sean contrarios a sus obligaciones éticas. Por ello, tal explicación no excusa la violación al Canon 23, supra, que, en lo concerniente al manejo de los bienes de los clientes, prohíbe la retención y disposición inapropiada de cualquier suma de dinero que pertenezca a éstos. En este caso, el abogado pospuso el acto de entrega de dinero su cliente, dinero que era el producto de la transacción del caso. Tal hecho nunca estuvo en con-troversia, porque el propio licenciado Ríos Ríos lo aceptó. Es por ello que entendemos que el licenciado Ríos Ríos in-currió en la conducta que se le imputa de violar el Canon 23 del Código de Etica Profesional, supra.

Respecto a la violación al Canon 20, supra, se alega que el licenciado Ríos Ríos dispuso del expediente del caso sin la autorización del cliente. La evidencia recibida así lo establece. El licenciado Ríos Ríos no respondió en forma alguna a la solicitud de entrega del expediente que le hizo su cliente. Tampoco cumplió con dicha entrega, a pesar de la orden a esos efectos dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el caso civil Núm. KDP-2004-0452, Samuel E. Monge Pastor y otros v. José R. Ríos y otros, el 8 de septiembre de 2004. El 18 de noviembre de 2004, el abogado que representaba al señor Monge Pastor y a su esposa en ese caso solicitó que se impusieran sanciones al licenciado Ríos Ríos por no haber entregado el expediente. Este, en-tonces, presentó varias excusas en una moción de 13 de diciembre de 2004. Expuso que entendía que había entre-gado el expediente, que luego se percató de que no lo tenía —pues es su costumbre disponer de los expedientes una vez se terminan los procedimientos judiciales y se paga la compensación correspondiente al cliente— y que no podía entregar lo que no tenía.

Por las razones que hemos expresado, ningún abogado puede establecer procedimientos en su oficina que violen las disposiciones de los cánones de ética profesional. La realidad es que el expediente nunca fue entregado y las excusas ofrecidas por el licenciado Ríos Ríos no son satis-factorias, por lo que resolvemos que violó el Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra.

La prueba recibida, como ya hemos explicado, establece que el licenciado Ríos Ríos recibió un cheque en pago de la transacción del caso en el que representaba al señor Monge y que dicho cheque se expidió a nombre de éste y del licen-ciado Ríos Ríos, quien endosó —o permitió que otra persona lo hiciera— escribiendo el nombre del señor Monge sin estar autorizado para ello. También establece que el licenciado Ríos Ríos no informó al cliente que había reci-bido un cheque y que lo había depositado en una cuenta de la oficina. Por último, la prueba también establece que el licenciado Ríos Ríos dispuso del expediente del caso sin informarlo al señor Monge, ofreciendo explicaciones que denotan un manejo inapropiado y descuidado de dicho expediente. Tales actuaciones reflejan y constituyen una falta de sinceridad y honradez para con su representado. Se apartan del deber que tenemos los abogados y las abo-gadas de exaltar el honor y la dignidad de la profesión. Por ello, resolvemos que la prueba estableció que el licenciado Ríos Ríos violó del Canon 35 del Código de Ética Profesio-nal, supra, conforme lo imputó por el Procurador General.

V

Hemos señalado que cuando se demuestre que un abogado o abogada ha incurrido en una conducta reñida con los postulados éticos de la profesión legal, determina-remos la sanción disciplinaria adecuada tomando en cuenta los factores siguientes: (i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) su historial previo; (iii) si ésta constituye su primera falta y si alguna parte ha resul-tado perjudicada; (iv) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una conducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (vii) el resarcimiento al cliente, y (viii) cualesquiera otras conside-raciones, ya bien atenuantes o agravantes, que sean perti-nentes según los hechos. Véanse: In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005); In re Montalvo Guzmán, 164 D.P.R. 806 (2005); In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998).

Acorde con lo anterior, tomamos en consideración que los querellantes se dieron por satisfechos con el resultado de la demanda que presentaron contra el licenciado Ríos Ríos y la indemnización que éste les pagó. Así lo expresa-ron en una carta a la que hemos hecho referencia, y con posterioridad a dicha carta no comparecieron a este procedimiento. También consideramos que el licenciado Ríos Ríos presentó la declaración jurada de la Dra. Ada Rosabal Silva, psicóloga clínica, quien le brindó trata-miento para depresión en fechas no especificadas, pero quien señala que el impacto de la muerte de la madre de los hijos del licenciado Ríos Ríos, en o para el año 2002, pudo ocasionar que éste descuidara los asuntos de su oficina.

Por otra parte, debemos considerar que el licenciado Ríos Ríos no aceptó responsabilidad por los hechos alega-dos en la demanda que luego transó con los querellantes y que puso como condición al pago de lo acordado el que se desistiera de la queja, contrario a lo que establecimos como valor ético en In re Pagán Ayala, supra. Es preciso señalar, además, que hay pendientes ante este Tribunal dos quere-llas adicionales presentadas por el Procurador General contra el licenciado Ríos Ríos.

Considerado todo lo anterior, ordenamos la suspensión del Ledo. José R. Ríos Ríos de la práctica de la profesión por el término de nueve meses.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton

disintió de la sanción disciplinaria impuesta por entender que, según lo resuelto en In re Fernández Paoli, 141 D.P.R. 10 (1996), y en In re García Muñoz, 170 D.P.R. 780 (2007), procede suspender indefinidamente de la profesión al licenciado Ríos Ríos.

       Civil Núm. DDP-1999-0109, Samuel E. Monge Pastor v. Las Piedras Construction.

       El hecho que el abogado haya indemnizado a su cliente no lo exime del trámite disciplinario por infracción al Código de Etica Profesional. In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770, 777 (1994); In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595, 604 (1987).

       Caso civil Núm. DDP-1999-0109, Samuel E. Monge Pastor v. Las Piedras Construction, Autoridad de Carreteras de Puerto Rico y la compañía aseguradora —que resultó ser la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico— en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.

       Caso Núm. KPD-2004-0452, Samuel E. Monge Pastor v. José A. Ríos Ríos, Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

license: Public Domain

text:
    Alma Ivette Torres Martínez, peticionaria, v. Belford Torres Ghigliotty et als., recurridos.

      Número: CC-2006-70

      Resuelto: 21 de noviembre de 2008

      Luis M. Muñiz Pérez, del Bufete Muñiz & Muñiz, abogado de la parte peticionaria; Ramón Guillermo Vélez Rivera, abo-gado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos la ocasión para resolver si la adjudicación de una finca a título mortis causa, a favor de una heredera forzosa, constituyó un llamamiento a título de heredero o si, por el contrario, es un legado de cosa específica, el cual quedó revocado cuando el testador, con posterioridad al otorgamiento del testamento, concedió a un tercero una opción de compra sobre la finca. Examinemos los hechos que originaron la controversia.

I

El 2 de marzo de 1999, el Sr. Belford Torres Vélez, otorgó un testamento abierto, mediante el cual instituyó a sus hijos, el Sr. Juan Belford Torres Ghigliotty y la Sra. Alma Ivette Torres Martínez, como sus únicos y universa-les herederos. Además, nombró al señor Torres Ghigliotty albacea y administrador de todos sus bienes, derechos y acciones.

En este testamento, el causante dispuso específica-mente cuatro legados a favor de sus nietos. Asimismo, dis-puso que una vez pagados esos legados, el remanente del tercio de libre disposición fuera adjudicado a su hijo, el señor Torres Ghigliotty.

En la sexta cláusula del testamento se detalló lo relativo a la institución de herederos y, luego de instituir herederos a sus dos hijos, el de cujus dispuso lo siguiente:

Asimismo dispone el testador, señor Torres Vélez, que al pa-garle a su hijo nombrado Juan Belford Torres Ghigliotty, lo que le corresponde en los bienes que deja a su fallecimiento se le adjudique como parte de lo que le pertenezca, la siguiente propiedad. [Se describe una finca rústica de 67 cuerdas ubi-cada en el Municipio de Cabo Rojo.]

A renglón seguido, respecto a su hija, la señora Torres Martínez, señaló lo siguiente:

También dispone el testador, Don Belford Torres Vélez, que al pagarle a su hija nombrada doña Alma Ivette Torres Mar-tínez, por su participación hereditaria se le adjudique la si-guiente propiedad [Se describe una finca de 25 cuerdas ubi-cada en Boquerón, Cabo Rojo.] (Énfasis suplido.)

Pasados dos años y medio del otorgamiento de su testa-mento, el señor Torres Vélez suscribió un “Contrato de Op-ción de Compra” con MAC Development Corp. (MAC Development). Mediante el contrato, el causante otorgó a favor de MAC Development una opción de compra sobre la finca adjudicada en el testamento a favor de su hija, la señora Torres Martínez.

El 26 de enero de 2002, después de otorgado el contrato de opción de compraventa y antes de expirar el término dispuesto para que MAC Development ejerciera la opción, el señor Torres Vélez falleció, sin que la opción fuera ejercida. Le sobrevivieron sus dos hijos, el señor Torres Ghigliotty y la señora Torres Martínez, y su viuda, la Sra. Josefa Rivera Irizarry. MAC Development notificó enton-ces a la sucesión del señor Torres Vélez que deseaba ejercer la opción de compraventa.

Al no recibir respuesta, MAC Development presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una demanda contra la Sucesión Torres Vélez y solicitó, entre otras cosas, el cumplimiento específico del contrato de opción y el otorga-miento de la escritura de compraventa correspondiente.

Con el propósito de zanjar la controversia, la Sucesión Torres Vélez y MAC Development suscribieron y presenta-ron ante el foro primario un “Acuerdo por estipulación”, mediante el cual reconocían la validez del Contrato de Op-ción de Compra otorgado por su causante. Estipularon, además, que una vez recibido el correspondiente relevo del Departamento de Hacienda, otorgarían la escritura de compraventa.

El Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia para aprobar el “Acuerdo por estipulación” presentado por ambas partes. Como parte integral de ésta, se incorporó por referencia, la totalidad de los acuerdos habidos entre las partes. No obstante, en vista de las desavenencias en-tre las partes en torno a la distribución del producto de la compraventa de la finca adjudicada a la señora Torres Ghi-gliotty, el foro determinó que MAC Development debía con-signar el dinero en el tribunal hasta tanto se resolvieran sus diferencias. Así se hizo.

El 23 de mayo de 2003, la Sucesión Torres Vélez fue citada, mediante notario, para que comparecieran a la au-torización de la escritura de compraventa de la finca en cuestión, pero sus miembros no comparecieron.

Un día antes de la fecha pautada para la autorización de la escritura de compraventa del inmueble, la señora Torres Martínez presentó ante el Tribunal de Primera Ins-tancia una demanda sobre división de comunidad de bie-nes, partición hereditaria y solicitud de cartas testa-mentarias contra el señor Torres Ghigliotty y la señora Rivera Irizarry. En ella alegó, inter alia, que el inmueble ob-jeto de la compraventa le pertenecía por disposición testa-mentaria y solicitó la totalidad del dinero producto de la compraventa. Adujo, además, que el señor Torres Ghiglio-tty incumplió con sus deberes como albacea, por lo que so-licitó su destitución y la indemnización de los daños y per-juicios causados por la negligencia de éste.

El señor Torres Ghigliotty contestó la demanda. Negó haber incumplido con sus deberes como albacea y solicitó la desestimación de la demanda. Por su parte, la viuda, señora Rivera Irizarry, en su contestación a la demanda, advirtió que el albacea no había presentado informes, in-ventario ni avalúo del caudal hereditario, razón por la cual solicitó al foro primario que ordenara a éste cumplir con estas obligaciones, a fin de proceder con la división del caudal y el pago de la cuota viudal usufructuaria.

Luego de varios incidentes procesales, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia, en la que declaró “no ha lugar” la demanda instada por la señora Torres Martínez. Resolvió, entre otras cosas, que la disposición testamentaria, sobre el inmueble que nos ocupa, era un le-gado de cosa específica y que. al enajenarse el inmueble me-diante el ejercicio de la opción de MAC Development, éste se tornó ineficaz e inexistente. A base de ello, concluyó que la señora Torres Martínez no tenía derecho al producto de la venta de la finca, el cual se refundiría en la masa hereditaria. El foro primario le ordenó al señor Torres Ghi-gliotty, como albacea testamentario, que procediera a rea-lizar el inventario, avalúo, partición y adjudicación de la herencia. De esta determinación, la señora Torres Martí-nez solicitó reconsideración, mas fue denegada.

Inconforme, la señora Torres Martínez presentó ante el Tribunal de Apelaciones una “Solicitud de apelación y/o certiorari”, en la que solicitó la revocación de la sentencia emitida por el foro primario. Alegó que dicho foro erró al determinar que: (a) cuando el señor Torres Vélez suscribió el contrato de opción revocó el legado de cosa específica; (b) dicho legado se extinguió cuando MAC Development ejer-citó opción, y (c) la señora Torres Martínez no tenía dere-cho al producto de la venta de la finca.

El foro apelativo intermedio dictó sentencia, en la cual denegó por prematura la expedición del recurso de certiorari. Resolvió que, ya que no se habían adjudicado los derechos hereditarios de forma final, carecía de jurisdic-ción para intervenir en esa etapa de los procedimientos. No obstante, explicó su decisión y expresó su conformidad con los fundamentos del dictamen del foro primario.

Aún inconforme, la señora Torres Martínez presentó ante nos una Petición de certiorari y le imputó al foro ape-lativo intermedio la comisión del error siguiente:

ERRÓ EL [TRIBUNAL DE APELACIONES] AL DENEGAR LA EXPEDICIÓN DEL RECURSO DE CERTIORARI POR SER ÉSTE PREMATURO Y CARECER DE JURISDICCIÓN PERO A SU VEZ CONFIRMA LA RESOLUCIÓN RECU-RRIDA DEL [TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA] DONDE DECLARA NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE SEN-TENCIA SUMARIA Y DESESTIMA LA DEMANDA. (Énfasis suplido.) Petición de certiorari, pág. 5.

Examinado el recurso, expedimos el auto solicitado. Posteriormente la señora Torres Martínez presentó ante nos su alegato y señaló la comisión de los errores siguien-tes:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DESESTIMAR LA DEMANDA Y DICTAR SENTENCIA CUANDO AÚN NO HA CULMINADO EL CASO.
ERRO EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DETERMINAR LO SIGUIENTE:
“La Opción fue ejercitada por el optante, MAC DEVELOPMENT, por lo que el legado se revocó completamente. Conforme a lo dicho por los comentaristas, una vez se revoca un legado por la voluntad del propio testador, el mismo es ineficaz y no existe. Al ser ineficaz el legado, la Demandante de epígrafe, Doña Alma Ivette Torres Martínez, no tiene derecho al pro-ducto de la venta de la finca que le fue dejada mediante legado de su padre, ya que el dinero no puede sustituir algo que dejó de tener validez jurídica.
Por lo tanto, el dinero producto de la compraventa del inmue-ble que le fue legado a Doña Alma Ivette Torres Martínez se funde en la masa hereditaria y ésta recoge en el caudal here-ditario como heredera forzosa.”
ERRÓ EL [TRIBUNAL DE APELACIONES] AL DENEGAR LA EXPEDICIÓN DEL RECURSO DE CERTIORARI POR SER ÉSTE PREMATURO Y CARECER DE JURISDICCIÓN, PERO A SU VEZ CONFIRMA LA RESOLUCIÓN [sic] RECU-RRIDA DEL TPI DONDE DECLARA NO HA LUGAR LA MO-CIÓN DE SENTENCIA SUMARIA Y DESESTIMA LA DEMANDA. Alegato de la parte peticionaria, pág. 5.

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, estamos en posición de resolver el asunto ante nuestra consideración.

I — I

Antes de pasar a la controversia sustantiva planteada aquí, debemos resolver una cuestión de índole procesal, a saber: si el Tribunal de Apelaciones tenía jurisdicción para acoger un recurso de certiorari presentado en un litigio so-bre división de una herencia antes de la adjudicación final de ciertos derechos hereditarios.

El Tribunal de Apelaciones fundamentó su negativa para expedir el auto de certiorari presentado por la señora Torres Martínez, en que el asunto planteado por ésta era prematuro debido a que el tribunal a quo no había adjudi-cado aún los derechos hereditarios de forma final. Por tal razón, concluyó que carecía de jurisdicción. Al así resolver, erró. Veamos.

Como es sabido, nuestro ordenamiento procesal civil establece una diferencia sustantiva entre lo que constituye una sentencia y una resolución. Esta distinción responde a la naturaleza y los requisitos de ambos dictámenes judiciales. Mientras que la sentencia adjudica de forma final la controversia trabada entre las partes, la resolución resuelve algún incidente en el litigio sin adjudicar la controversia de manera definitiva.

La Regla 43.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, conceptúa la sentencia del modo siguiente:

Según se usa en estas reglas, el término “sentencia” incluye cualquier determinación del Tribunal de Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión litigiosa de la cual pueda apelarse. (Enfasis suplido.)

Del citado precepto se desprende que una sentencia es final o definitiva cuando resuelve el caso en sus méritos y termina el litigio entre las partes, en forma tal, que no quede pendiente nada más que su ejecución. Es de esa determinación que la parte inconforme, si así lo desea, puede interponer un recurso de apelación.

De otra parte, el foro primario podrá emitir una sentencia parcial cuando, conforme a la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, se trate de un caso que tenga partes o reclamaciones múltiples y el juzgador concluye que no existe razón alguna para posponer el dictamen de la sentencia en cuanto a una o más de esas reclamaciones o partes hasta la resolución final del pleito. En conformidad con esta regla, la sentencia parcial emitida será final una vez el juez ordene expresamente su registro y el archivo en autos de copia de la notificación. Desde entonces comenzará a transcurrir el término para presentar un recurso de apelación.

Al interpretar esta regla, hemos enfatizado que estaremos ante una sentencia parcial final si el Tribunal de Primera Instancia: (a) concluyó expresamente que no existía razón para posponer dictar sentencia sobre la reclamación que tenía ante sí y (b) ordenó expresamente que se registrara la sentencia. Ausentes ambos requisitos, cualquier orden o forma de decisión que adjudique menos de la totalidad de las partes, no finaliza el pleito y se entiende que se trata de una resolución interlocutoria.

De lo anterior se colige que la resolución es un dictamen que pone fin a un incidente en un proceso judi cial respecto al procedimiento o a los derechos y las obliga-ciones de algún litigante o en cuanto a algún aspecto de la reclamación o reclamaciones que se están dilucidando en el proceso, ya sea éste anterior o posterior a la sentenciad. En Rodríguez v. Tribl. Mpal. y Ramos, 74 D.P.R. 656, 664 (1953), al diferenciar entre una sentencia y una resolución, señalamos que “[u]na resolución pone fin a un incidente dentro del proceso judicial, mientras una sentencia pone fin a la controversia entre las partes mediante una adjudi-cación final”. (Enfasis suplido.)

Es imperativo puntualizar que la resolución interlocutoria, distinto a una sentencia, será revisable mediante un certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en conformidad con la Regla 53.1(e)(1) de Procedimiento Civil, y la Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Es decir, dicho recurso deberá presentarse en el término de treinta días contados a partir del archivo en autos de una copia de la notificación de la resolución u orden interlocutoria. Siendo este término de cumplimiento estricto, su observancia tardía es permisible sólo si existe y se demuestra a cabalidad justa causa para no haber cumplido rigurosamente con éste.

Ahora bien, una vez el foro apelativo intermedio ha adquirido jurisdicción sobre el recurso de certiorari, la expedición del auto y su adjudicación en sus méritos es discrecional. No obstante, esta discreción no opera en lo abstracto. A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII, enumera los criterios que dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su decisión de aten-der o no las controversias que le son planteadas. La regla dispone que el Tribunal de Apelaciones al expedir un auto de certiorari, considerará los factores siguientes:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y ma-nifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Pri-mera Instancia.
(D) Si el asunto planteado exige consideración más dete-nida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

De los factores mencionados se deduce que el foro ape-lativo intermedio evaluará tanto la corrección de la deci-sión recurrida así como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento inde-bido o una dilación injustificada del litigio.

En consecuencia, cuando se trate de una determinación que está pendiente ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia, y que aún no ha sido finalmente resuelta, la cuestión recurrida no estará madura para ser considerada por el foro apelativo intermedio. Como se sabe, en el ámbito procesal un recurso prematuro es aquel que es presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes del tiempo en el cual éste adquiere jurisdicción. Sobre este particular, este Tribunal ha reiterado que, al igual que un recurso tardío, el recurso prematuro adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Ello es así, puesto que su presenta-ción carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en ese momento o instante en el tiempo —punctum temporis— aún no ha nacido autoridad judicial o adminis-trativa alguna para acogerlo.

Ahora bien, distinto es la negativa a expedir un auto de certiorari, la cual no implica necesariamente ausencia de jurisdicción. Como ya dijimos, una vez el foro apelativo intermedio adquiere jurisdicción sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y su adjudicación en sus méritos es discrecional. Claro está, la discreción de dicho foro debe responder a una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho.

Debe de quedar claro que la denegatoria a expedir no implica la ausencia de error en el dictamen, cuya revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo intermedio para no interve-nir a destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia. Ahora bien, la parte afectada por la denega-toria a expedir el auto de certiorari podrá revisar esta de-terminación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte sentencia final y ésta resulta adversa para la parte, quien aún estima importante revisarla por entender que ha afectado la decisión del caso.

En este caso, la señora Torres Martínez reclamó en su demanda ante el tribunal a quo, la correspondiente divi-sión de comunidad de bienes, partición hereditaria y soli-citud de cartas testamentarias contra el señor Torres Ghi-gliotty y la señora Rivera Irrizary. No obstante, el foro primario, previo a atender la causa de acción relativa a la liquidación y adjudicación de bienes hereditarios, tenía ante su consideración varios asuntos. En primer lugar, si la señora Torres Martínez tenía el derecho a recibir el pro-ducto de la venta de un bien inmueble alegadamente le-gado por su padre, el cual fue vendido en cumplimiento de un contrato de opción de compraventa otorgado posterior-mente por éste. En segundo lugar, si era procedente una acción por daños y perjuicios contra el señor Torres Ghi-gliotty, albacea testamentario, por incumplir alegada-mente con las obligaciones que el Código Civil impone al albacea en la administración de los bienes hereditarios.

Luego de los trámites procesales pertinentes, el foro pri-mario declaró “no ha lugar” la demanda interpuesta por la señora Torres Martínez, en cuanto a la negligencia alegada del albacea testamentario. Al respecto, dicho foro concluyó que la solicitud por vía sumaria no era procedente, ya que cuando la señora Torres Martínez entabló su reclamación aún no se había realizado el correspondiente inventario, avalúo y distribución de los bienes del caudal hereditario.

En cuanto al bien inmueble en controversia, el Foro de Primera Instancia señaló que éste constituía un legado de cosa específica. Determinó, además, que el bien inmueble legado había sido revocado puesto que el testador, luego de otorgar su testamento, celebró un contrato de opción de compraventa mediante el cual enajenó dicho bien inmueble. Finalmente, concluyó que el dinero producto de la compraventa del inmueble no le correspondía a la se-ñora Torres Martínez, ya que se refundiría en la masa hereditaria.

Un análisis del contenido de la sentencia nos permite concluir que no estamos ante una sentencia que resuelva la cuestión litigiosa en su totalidad, pues no será hasta que el Tribunal de Primera Instancia adjudique finalmente los derechos hereditarios, que la cuestión litigiosa de este caso será resuelta en su totalidad.

Sin embargo, aunque el foro primario no emitió dicta-men alguno respecto a la partición de la herencia, al esta-blecer que el legado en controversia fue revocado adjudicó contra la señora Torres Martínez urna de las controversias planteadas en el caso ante nos.

Según lo discutido, y en cuanto a este aspecto de la con-troversia, es inevitable concluir que el Tribunal de Apela-ciones tenía ante su consideración una resolución interlocu-toria del Tribunal de Primera Instancia. Habida cuenta que la señora Torres Martínez cumplió con los requisitos exigidos para la presentación de un auto de certiorari, el foro apelativo intermedio tenía jurisdicción para atenderlo y expedir el auto solicitado para revisar la corrección sobre la determinación de la disposición testamentaria en controversia. Ello es así, puesto que la resolución interlo-cutoria tendría un impacto sustancial en el proceso de li-quidación y adjudicación de la herencia entre los interesados. En este sentido, el recurso cumplía con los cri-terios esbozados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

Además, y como discutiremos a continuación, el foro apelativo intermedio debió percatarse de que la determina-ción del foro recurrido, respecto a la interpretación de la disposición testamentaria en controversia, era errónea en derecho.

III

Contrario a lo resuelto por el Tribunal de Primera Ins-tancia y sostenido por el foro apelativo intermedio, esta-mos ante un llamamiento a título de heredero y no de legatario. Ambos foros analizaron la controversia plan-teada ante ellos partiendo de la premisa errónea de que el bien inmueble adjudicado a la señora Torres Martínez constituyó un legado a su favor. Esa interpretación no es cónsona con la evidente intención del testador. Veamos.

Nuestro ordenamiento jurídico otorga a los individuos la libertad de plasmar su última voluntad a través del testamento. Claro está, tal libertad no es irrestricta, puesto que los testadores tienen que observar las limitaciones impuestas por el Código Civil en cuanto a la legítima de sus herederos forzosos. A través del acto solemne del testamento, el testador puede instituir a personas determinadas o determinables en carácter de herederos o de legatarios para que le sucedan desde el momento de su muerte en sus bienes, derechos y obligaciones. De lo anterior se deduce que el testador puede disponer de sus bienes a título de herencia o de legado.

A esos efectos, el Art. 609 del Código Civil dis-pone que es heredero quien sucede a título universal. Dicho de otro modo, la persona o las personas designadas como herederos son los sucesores del causante, a quienes éste les adjudicó la totalidad de sus relaciones patrimoniales o una parte alícuota de ellas, independien-temente del nombre con que sean designados. A diferen-cia del heredero, el legatario es aquella persona que sucede a título particular. Esto significa que el legatario es el sucesor en bienes o en derechos determinados.

Ante la ausencia de una definición del legado en nuestro Código Civil, el profesor González Tejera, acertadamente, lo define del modo siguiente:

[Llegado es la atribución que hace el testador a favor de una o varias personas, determinadas o determinables, por la cual ordena a uno o más de sus herederos, al albacea o, inclusive, a otro legatario, que a su debido tiempo proceda a ceder o a hacer al legatario un derecho, una cosa o un servicio, o entre-gar una fracción del activo neto hereditario. Rivera v. Sanoguet, 164 D.P.R. 756, 765 (2005). Véase E. González Tejera, Derecho de sucesiones: la sucesión intestada, San Juan, Ed. Universidad de Puerto Rico, 2005, T. II, pág. 390.

El Código Civil permite al testador plasmar en su testamento diversos legados, a saber: legado de cosa específica y determinada, legado de parte alícuota, legado genérico, legado de perdón de deuda, legado de educación y alimento, etc. En lo pertinente al caso ante nos, cuando el legado es de cosa específica y determinada, propia del testador, el legatario adquiere su propiedad desde la muerte de aquél y tiene derecho a hacer suyos los frutos o las rentas pendientes. No obstante, el legatario de cosa específica y determinada no adquiere la posesión de la cosa legada, por lo que tendrá que pedir su entrega y posesión al heredero o albacea, si éste está autorizado para hacerlo. Conviene señalar, además, que el derecho a adquirir el legado de cosa específica y determinada no impide que los acreedores, legitimarios o legatarios preferentes cobren lo que les corresponda, a costa del legado de cosa específica.

Aunque a primera vista puede resultar de fácil determinación la distinción entre un heredero y un legatario, no siempre es así. Es por ello que el Art. 617 del Código Civil, supra, dispone que en caso de duda y “aunque el testador no haya usado materialmente la palabra heredero, si su voluntad está clara acerca de este concepto, valdrá la disposición como hecha a título universal o de herencia”. De otra parte, el Art. 697 del Código Civil señala que el “heredero instituido en una cosa cierta y determinada será considerado como legatario”. Es menester indicar que la diferenciación entre heredero y legatario es vital, puesto que el heredero representa la herencia y responde de las deudas de ésta, mientras que legatario carece de esta representación y está desvinculado de esa responsabilidad.

En diferentes ocasiones hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a la ardua y difícil tarea de determinar si cierto llamamiento realizado por el testador es a título de heredero o de legatario. En Junghanns v. Cornell University, 71 D.P.R. 673 (1950), resolvimos que, a pesar de que el testador utilizó las palabras “devise” y “bequeath” —indica-tivas en el Derecho anglosajón de un legado— el llama-miento a la Universidad de Cornell era a título de heredero y no de legatario, ya que la cláusula testamentaria transmi-tía a ésta la universalidad de su caudal hereditario y no un bien individual y determinado.

Posteriormente, en Vivaldi v. Registrador, 86 D.P.R. 629 (1962), siguiendo la exégesis pautada en el caso Jung-hanns, determinamos que el llamamiento realizado por doña Sabina Brigantti era a título de heredero, aun cuando había utilizado la palabra “lego” en su testamento. Al ana-lizar el testamento de la causante, determinamos que el llamamiento comprendía el remanente de los bienes de la universalidad del caudal.

Quince años más tarde, en Blanco v. Sucn. Blanco Sancio, 106 D.P.R. 471 (1977), tuvimos ante nuestra conside-ración una controversia similar. En esa ocasión resolvimos, entre otras cosas, que el testador no les había legado el tercio de libre disposición a sus nietos, sino que los había instituido herederos en esa porción de la herencia, dado que el llamamiento era a una cuota indeterminada del caudal hereditario.

De la jurisprudencia normativa discutida se deduce que hemos aplicado el criterio objetivo o germánico para determinar si el llamamiento realizado por el testa-dor era a título de heredero o de legatario. La teoría obje-tivista o germánica conceptúa como heredero “a quien sea llamado por el difunto a adquirir la totalidad o universali-dad de las relaciones jurídicas objeto de la transmisión, o una parte alícuota del caudal, haya sido o no designado como heredero”. Según el criterio germánico, la califica-ción del llamamiento de herederos o de legatario va a de-pender del contenido objetivo de la disposición testa-mentaria. Por lo tanto, será heredero aquel en cuyo favor se dispone la universalidad, o una cuota o porción aritmética de la herencia, y será legatario aquel quien es llamado a recibir bienes específicos o determinados del caudal heredi-tario.

Ahora bien, la teoría objetivista o germánica no es el único criterio utilizado por los tribunales para determinar si las personas llamadas por el testador a sucederle son herederos o legatarios. Así pues, en Torres Ginés v. E.L.A., 118 D.P.R. 436 (1987), incorporamos definitivamente en nuestro ordenamiento jurídico la teoría subjetivista o romana. Dicha doctrina considera heredero a “ ‘aquel sucesor a quien el testador designe como heredero, independientemente, en principio, de que le instituya en toda la herencia, en una parte alícuota de ella o en una cosa cierta y determinada’ ”. En conformidad con lo anterior, se colige que bajo la teoría subjetivista la clasificación del llamamiento dependerá de las palabras que haya utilizado el testador en su testamento. Por lo tanto, si el testador utiliza la palabra “lego” se estará ante un legado y si emplea el término “heredero” se tratará de un llamamiento en tal concepto.

Es de rigor indicar que, como regla general, al determinar si el llamamiento es a título de heredero o de legatario, se utilizará la teoría subjetivista. Empero, si hay duda sobre el llamamiento, se aplicará la teoría objetivista o germánica. Así lo reconocimos en Torres Ginés v. E.L.A., supra, pág. 455, al afirmar que en la jurisprudencia anterior —entiéndanse Junghanns, Vivaldi y Blanco— habíamos adoptado la teoría objetivista como mecanismo para dar cumplimiento a la verdadera voluntad del causante por ésta no resultar clara, según los hechos particulares de cada caso.

Tres meses después de haber resuelto Torres Ginés v. E.L.A., supra, aplicamos la teoría subjetivista en Fernández Franco v. Castro Cardoso, 119 D.P.R. 154, 156 (1987). En esa ocasión, la testadora dispuso en su testamento lo siguiente: “por la presente lega la totalidad de la media porción de libre disposición de sus bienes a su esposo, Don Isidro Fernández Franco.” (Énfasis suprimido.) Según el lenguaje expresado por la causante, resolvimos que el lla-mamiento era a título de legado.

Contrario a lo resuelto en el caso anterior, en Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, 120 D.P.R. 39 (1987), empleamos la teoría objetivista y concluimos que, a pesar de que el testador utilizó la palabra “lego” para adjudicarle el tercio de mejora y el tercio de libre disposición a sus nietos, en realidad había hecho un llamamiento a la universalidad de sus bienes. Ello es así, puesto que del testamento se des-prendía que el causante quería proteger a sus nietos, de-jándoles la mayor parte de su herencia, y por ello no apli-camos la teoría subjetivista.

Finalmente en Fernández v. Fernández, 152 D.P.R. 22 (2000), analizamos la cláusula testamentaria en controver-sia desde el criterio subjetivista, ya que la voluntad del causante era clara e inequívoca. Resolvimos que el testa-dor había instituido a su esposa premuerta como legataria de parte alícuota, puesto que dispuso que dicho legado se pagase del remanente del tercio de libre disposición, una vez se hayan pagado los otros legados.

En resumidas cuentas, cuando la voluntad del testador es clara y no hay dudas sobre ella, se utilizará la teoría subjetivista o romana. De otro lado, se aplicará el criterio objetivista o germánico, cuando de un examen integral del testamento se concluya que la voluntad del causante es difusa y hay dudas sobre ésta. Al realizar el análisis, es preciso tener por norte que nuestro ordenamiento suceso-rio está “cimentado en dar cumplimiento a la voluntad del testador en la disposición de sus bienes en lo que no sea contrario a la ley”.

IV

Teniendo estos principios en mente, pasemos a los mé-ritos de la controversia.

La señora Torres Martínez alega que su padre, el señor Torres Vélez, la designó como legataria en el acápite sexto del testamento. Como tal, reclama el dinero producto de la compraventa, mediante la cual MAC Development adqui-rió de la sucesión dicha finca. No le asiste la razón.

Es un principio básico de hermenéutica que toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador, y en caso de duda se observará lo que parezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del mismo testamento.

De una lectura del testamento en cuestión se desprende que el testador en el acápite quinto de su testamento plasmó la institución de herederos. Acto seguido, dispuso lo siguiente:

TAMBIÉN dispone el testador, don Belford Torres Vélez, que al pagarle a su hija nombrada doña Alma Ivette Torres Martínez, por su participación hereditaria se le adjudique la siguiente propiedad .... (Énfasis suplido.) Apéndice de la Peti-ción de certiorari, pág. 62.

Sin lugar a dudas, estas expresiones del testador reve-lan que el llamamiento que éste realizó, respecto a la pro-piedad, es a título de heredero, y no de legatario. El sentido literal de sus palabras —“por su participación hereditaria se le adjudique la siguiente propiedad”— no admite otra conclusión. La voluntad del causante es evidente e inequí-voca, pues expresamente dispuso que la participación he-reditaria de su hija se pagase con un bien del caudal.

A esos efectos, el testador dispuso de un bien de su patrimonio, según la autoridad conferida por el Art. 1009 de nuestro Código Civil. para efectuar la partición de sus bienes en el testamento. Según este artículo, el testador tiene la libertad para hacer la partición de sus bienes en el testamento y disponer la forma como se pagará la legítima de los herederos forzosos. En vista de ello, el testador puede adjudicar cualquier bien específico que sea suficiente para satisfacer la porción hereditaria de sus legitimarios. Según estos principios, el hecho de que el testador optara por adjudicarle a su hija un bien específico en pago de la porción hereditaria, no implicó la institución de un legado.

La actuación del testador fue asegurar a esta heredera la fuente de pago de la participación hereditaria que por ley le correspondía a ésta. Es decir, aseguró con dicho bien inmueble el derecho a cobrar su participación hereditaria, en este caso, su legítima estricta. No tenemos otros ele-mentos que nos indiquen una intención distinta.

Finalmente, surge del expediente de autos que, la suce-sión Torres Vélez reconoció la validez del contrato de op-ción suscrito por el testador y MAC Development sobre la finca adjudicada en el testamento a la señora Torres Martínez. La compraventa se llevó a cabo una vez dicho foro dictó sentencia por estipulación. Desde entonces, la compradora, MAC Development, consignó el producto de la compraventa en la secretaría del Tribunal de Primera Ins-tanda por no existir acuerdo entre los herederos en cómo adjudicar el producto de esa compraventa.

Por lo tanto, con el fin de disponer de esta controversia, resolvemos que, ya que la finca que nos ocupa no es un legado, el derecho civil aplicable exige que el producto total de la venta de esta finca se refunda en la masa here-ditaria para prorratearlo conforme a las disposiciones testamentarias.

Desde luego, tratándose de la legítima estricta de la se-ñora Torres Martínez, en caso de que ese bien no satisfaga económicamente la participación hereditaria que le corres-ponde a ésta como heredera forzosa, está obligada la suce-sión a pagar el remanente que falte para completar su par-ticipación en el caudal. Por el contrario, si el producto del bien inmueble adjudicado excede la participación here-ditaria de la señora Torres Martínez, dicho exceso revertirá al caudal hereditario y se distribuirá a prorrata conforme a las disposiciones testamentarias entre los tres tercios de ley.

V

Por las razones antes expuestas, se revoca en su totali-dad la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.

       Testamento Abierto y Revocación, Apéndice la Petición de certiorari, págs. 56-64.

       Cláusula sexta del Testamento.

       Íd.

       El “Contrato de Opción de Compra” se suscribió el 28 de septiembre de 2001. El precio de compraventa de la finca fue cuatrocientos mil dólares. Además, se dis-puso que el señor Torres Vélez podría escoger un apartamento del proyecto que sería desarrollado por MAC Development Corp. (MAC Development). Véase el “Contrato de Opción de Compraventa”, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 101-105.

       MAC Development realizó una notificación mediante carta de 14 de agosto de 2002, la cual envió a cada uno de los miembros de la Sucesión Torres Vélez por correo certificado. Véase el Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 106-108; “Contrato de Opción de Compra”, id., pág. 102.

       Esta demanda originó un pleito distinto al de autos, identificado como MAC Development, Corp. v. Sucn. Belford Torres Vélez et als., Civil Núm, IAC 2002-0091. Véase la Demanda enmendada, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 91-99.

       Véase el Acuerdo por estipulación, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 109-110.

        U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962 (2000).

       32 L.P.R.A. Ap. III.

        Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 838 (1999); Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 D.P.R. 237, 244 (1996); First Fed. Savs. v. Nazario et als., 138 D.P.R. 872, 877 esc. 4 (1995); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 655 (1987). Véase, además, J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, pág. 680.

        Suárez v. E.L.A., 162 D.P.R. 43, 62 (2004). Cabe señalar que una sentencia es final cuando el tribunal ha resuelto todas las cuestiones planteadas, y contra la cual cualquier parte podría interponer recurso de apelación en el término dispuesto para ello en el ordenamiento procesal vigente. De otra parte, una sentencia final y firme es aquella contra la cual no cabe un recurso de apelación debido a que transcurrió el término para solicitar apelación o por razón de que, presentado el recurso de apela-ción, el tribunal apelativo confirmó ésta y los términos de reconsideración ya transcurrieron. Véanse, además: Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., supra, pág. 244; Cuevas Segarra, op. cit., pág. 680.

       32 L.P.R.A. Ap. III.

       La Regla 43.5 de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:
      “Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea mediante de-manda, reconvención, demanda contra coparte o demanda contra terceros o figuren en él partes múltiples el tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del pleito, siempre que concluya expresamente que no existe razón para posponer dictar sentencia sobre tales reclamaciones o partes hasta la resolución total del pleito, y siempre que ordene ex-presamente que se registre sentencia.

        “Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la sentencia parcial dictada será final para todos los fines en cuanto a la controversia en ella adjudicada, y una vez sea registrada y se archive en autos copia de su notificación, comenzarán a correr en lo que a ella respecta los términos dispuestos en las reglas 47, 48 y 53.” (Énfasis suplido.)

       Íd.

        U.S. Fire Ins. Co. v. A.E.E., supra.

        Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 D.P.R. 300 (1997).

        U.S. Fire Ins. Co. v. A.E.E., supra, pág. 967; Díaz v. Navieras de P.R., 118 D.P.R. 297, 301-302 (1997). Véase, además, H.A. Sánchez Martínez, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal apelativo, San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2001, pág. 351 esc. 831.

       32 L.P.R.A. Ap. III, R. 53.1(e)(1).

       4 L.P.R.A. Ap. XXII.

        Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998).

        Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79 (2001).

        Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400 (1999).

        S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873 (2007).

        Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153 (1999).

       H.A. Sánchez Martínez, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal apelativo, San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2001, pág. 560.

        Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834 (1999).

        Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 esc. 2 (1997).

       Art. 826 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2523.

       En lo pertinente, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia expresó lo siguiente:
      “En este caso, el albacea tuvo que esperar a las resultas de los sucesos relacio-nados con el bien en cuestión, para entonces proceder a valorar y a repartir los bienes de la herencia. En adición, al haber controversia sobre si a dicha Demandante había que entregarle específicamente el bien, o si por el contrario había que entre-garle el dinero producto de la compraventa, la entrega del mismo se detuvo.
      “Por lo antes esbozado, este Tribunal entiende que el albacea no ha incurrido en negligencia, por lo que, no procede imponerle responsabilidad.” Apéndice de la Peti-ción de certiorari, pág. 40.

       Véanse: Art. 692 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2281; Arts. 735 a 741 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 2361 a 2367.

       Véase Art. 617 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2122.

       31 L.P.R.A. sec. 2091.

        Blanco v. Sucn. Blanco Sancio, 106 D.P.R. 471, 478 (1977).

       Íd.

       Art. 804 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2493.

       Art. 807 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2496.

        Rivera v. Sanoguet, 164 D.P.R. 756, 766 (2005).

       31 L.P.R.A. sec. 2286.

       Véase Torres Ginés v. E.L.A., 118 D.P.R. 436, 459 (1987).

        Junghanns v. Cornell University, 71 D.P.R. 673 (1950).

        Torres Ginés v. E.L.A., supra, págs. 453-454.

       Íd., pág. 454. La profesora y hoy jueza del Tribunal de Primera Instancia, Bnid Martínez Moya, expresó en su escrito El Derecho Sucesorio Puertorriqueño, 67 Rev. Jur. U.P.R. 1, 15 (1998), que la adopción del enfoque germánico tuvo el efecto de que, por mucho tiempo, se le negara reconocimiento jurídico a la figura del legado de parte alícuota. Razonó, además, que ello era así puesto que una de las características determinantes del legado de parte alícuota es la indeterminación de su objeto. El profesor Efraín González Tejera define “legado parciario” o “de parte alícuota” como aquel que se hace a favor de una o varias personas no herederas de una porción aritmética ideal o, lo que es lo mismo, de una fracción de la totalidad del caudal. Véase E. González Tejera, Derecho de sucesiones: la sucesión intestada, San Juan, Ed. U.P.R., 2005, T. I, pág. 9.

        Torres Ginés v. E.L.A., supra, pág. 453.

       Martínez Moya, supra, pág. 15.

       Id. Al adoptar el enfoque romano en Torres Ginés v. E.L.A., supra, dimos cabida en nuestro ordenamiento a la figura sui géneris del legado de parte alícuota. En ese caso, concluimos que la intención del testador era clara y que no había duda que el legado hecho a su hija Rixie era de parte alícuota.

        Torres Ginés v. E.L.A., supra, pág. 462.

       Art. 624 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2129.

       31 L.P.R.A. sec. 2875.

       El artículo dispone, también, que “[e]l padre que en interés de su familia quiera conservar indivisa una explotación agrícola, industrial o fabril, podrá usar de la facultad conferida en est[e artículo], disponiendo que se satisfaga en metálico su legítima a los demás hijos”. 31 L.P.R.A. sec. 2875.

       Véase Testamento abierto y revocación, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 62.

       Véase el Art. 743 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2369.


text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de Concesión del Viernes 28 de Noviembre de 2008.

      Número: EM-2008-6

      Resuelto: 26 de noviembre de 2008
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, ha concedido a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial el viernes 28 de noviembre de 2008, libre con cargo a vacaciones.

A tales efectos, y según nuestra facultad para reglamen-tar los procedimientos judiciales, al computar los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplicables a los procedimientos y trámites judiciales se aplicará lo dis-puesto por los Arts. 388-389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. sees. 72-73) y se considerará el viernes 28 de no-viembre de 2008, como si fuera un día feriado completo. Cualquier término que venza ese día se extenderá hasta el lunes 1 de diciembre de 2008, próximo día laborable.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina.

(.Fdo.) Dimarie Alicea Lozada

Secretaria del Tribunal Supremo Interina


author: per curiam:

text:
      In re Carlos M. Feliciano Lassalle.

      Número: TS-9079

      Resuelto: 2 de diciembre de 2008

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías.
   per curiam:

Una vez más estamos obligados a suspender a un miembro de la profesión legal por el incumplimiento obstinado y desafiante con las órdenes de este Tribunal y con las obligaciones que emanan de la Ley Notarial de Puerto Rico y su reglamento.

I

El Ledo. Carlos M. Feliciano Lassalle fue admitido al ejercicio de la abogacía el 19 de enero de 1989 y al ejercicio de la notaría el 5 de octubre de ese mismo año.

El pasado 22 de octubre de 2002, la entonces Directora de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), Leda. Carmen H. Carlos (Directora), le cursó una misiva al licen-ciado Feliciano Lasselle informándole que no había ren-dido los índices notariales para los meses de diciembre de 1998; enero, abril, agosto y noviembre de 1999; enero, marzo, mayo, agosto y octubre a diciembre de 2001, y los correspondientes al 2002. Por ello, le solicitó que en el tér-mino de diez días enviara los índices notariales adeudados con una moción explicativa, en donde expusiera las razo-nes para la presentación tardía de los índices.

En vista de que el licenciado Feliciano Lassalle no cum-plió con el requerimiento de la Directora de ODIN, ésta refirió ante nuestra consideración el expediente del abo-gado de epígrafe. La Directora de ODIN expuso que el li-cenciado Feliciano Lassalle había incumplido reiterada-mente con su obligación de presentar los índices notariales antes mencionados y los correspondientes al 2003.

Luego de examinar el Informe de la Directora de ODIN y en vista del incumplimiento con la Ley Notarial de Puerto Rico, el reglamento notarial y la jurisprudencia, el 30 de mayo de 2003 concedimos al licenciado Feliciano Lassalle un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía y la notaría. Dentro de dicho término el abogado estaba obligado a rendir los índices notariales adeudados.

El 23 de junio de 2003, el licenciado Feliciano Lassalle compareció ante nos y expresó que, luego de haber recibido la Resolución emitida por este Tribunal, procedió a presen-tar los índices mensuales adeudados. No obstante, adujo que no había recibido las cartas cursadas por ODIN el 22 y 28 de octubre de 2002. Finalmente, señaló que desconocía las razones por las cuales los índices notariales no habían llegado a ODIN y que por ello presentó copia de éstos.

Vista la moción explicativa del licenciado Feliciano Las-salle, concedimos a ODIN un término de veinte días para que se expresara sobre ésta. En su moción informativa, la Directora de ODIN explicó que los índices notariales pre-sentados por el licenciado Feliciano Lassalle, junto a su moción explicativa, son fotocopias que no muestran la fecha ni la hora en que fueron presentados en ODIN.

En apoyo a su contención, la Directora anejó una Certi-ficación emitida por la Supervisora de índices Notariales de ODIN, Sra. Wanda de León Crespo, el 26 de abril de 2007, en donde ésta certifica que el licenciado Feliciano Lassalle adeuda los índices mensuales siguientes: diciem-bre de 1998; enero, abril, agosto y noviembre de 1999; enero, marzo, mayo, agosto, octubre, noviembre y diciem-bre de 2001, y enero, febrero y marzo de 2007. Señaló, ade-más, que el abogado de epígrafe adeuda los Informes de Actividad Notarial Anual correspondientes a 2003, 2004, 2005 y 2006.

Examinada la moción informativa de la Directora de ODIN, concedimos el término de veinte días al licenciado Feliciano Lassalle para que mostrara causa por la cual no debíamos suspenderlo del ejercicio de la notaría en Puerto Rico. Vencido el término concedido, el licenciado Feliciano Lassalle no compareció.

Posteriormente, la Leda. Lourdes I. Quintana Lloréns, actual Directora de ODIN, nos informó que el licenciado Feliciano Lassalle continuaba desatendiendo nuestras ór-denes, puesto que nunca presentó los índices mensuales requeridos. Acompañó la moción informativa con una Cer-tificación emitida el 21 de mayo de 2008 por la Supervisora de índices Notariales de ODIN, en la que reitera que el licenciado Feliciano Lassalle adeuda los índices notariales señalados en el párrafo anterior, así como los correspon-dientes a 2007 y a enero, febrero, marzo y abril de 2008.

Aún hoy, el licenciado Feliciano Lassalle no ha compa-recido ante nos. Procedemos a resolver sin ulterior trámite.

II

El Art. 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico y la Regla 12 de su reglamento imponen a todo notario la obligación de rendir índices mensuales sobre sus activida-des notariales no más tarde del décimo día calendario del mes siguiente al mes informado. Tal obligación es de cum-plimiento estricto y no requiere conocimientos especiales, puesto que se trata de “un procedimiento tan sencillo que corresponde a todos los notarios diseñar un método para asegurar su cumplimiento”.

En In re Sáez Burgos, 161 D.P.R. Ap. (2004), enfatizamos que la omisión de rendir índices notariales es una falta grave a los deberes que impone la investidura de la fe pública notarial al notario, y por ello tal conducta es merecedora de severas sanciones disciplinarias. Asimismo, hemos resuelto que el dejar de enviar los referidos índices dentro del término exigido por ley, puede prestarse a actuaciones de naturaleza grave y contribuir a la desviación de la fe pública que reviste a los notarios.

Es imperativo señalar que el ejercicio del notariado exige un grado razonable de organización administrativa, supervisión, responsabilidad y consciencia pública. Por ello, en In re Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005, 1007 (1991), expresamos que el abogado que no puede cumplir cabalmente con las obligaciones que le impone la Ley Notarial de Puerto Rico y su reglamento debe, en el ejercicio de su honestidad profesional, abstenerse de practicar el notariado.

Por otro lado, hemos señalado una y otra vez que todo abogado tiene el ineludible deber de responder diligentemente a las órdenes de este Tribunal. Por ello, hemos resuelto que la inobservancia e indeferencia de los abogados con nuestras órdenes es razón suficiente para suspender a un abogado del ejercicio de la abogacía. Evidentemente, dicho proceder constituye un acto obstinado de indisciplina y una patente violación al Canon 9 del Código de Etica Profesional, el cual le exige a todo letrado el mayor respeto hacia los tribunales.

III

En el caso de autos, el licenciado Feliciano Lassalle ha incumplido reiteradamente con su obligación de rendir los índices notariales mensuales y con su deber de actuar dili-gentemente ante los múltiples requerimientos que le hiciera ODIN. A esos efectos, es preciso señalar que al examinar las fotocopias de los índices notariales provistos por el licen-ciado Feliciano Lassalle, surge que éstos no muestran la fe-cha ni la hora en que fueron presentados en ODIN.

En vista de lo anterior, ordenamos al licenciado Feli-ciano Lassalle que mostrara causa por la cual no debíamos suspenderlo de la notaría. No obstante, éste ignoró nuestra orden y no compareció. Su actitud de displicencia hacia este Tribunal no lo hace digno de continuar desempeñando la profesión legal. No cabe duda que su indiferencia hacia las órdenes de este Tribunal y la falta de compromiso hacia el notariado demuestran que no le interesa continuar ejer-ciendo su profesión.

Por los fundamentos expuestos y al amparo de nuestro poder inherente de reglamentar la profesión, se suspende inmediata e indefinidamente al licenciado Feliciano Lassa-lle del ejercicio de la abogacía y la notaría.

Se impone a Carlos M. Feliciano Lassalle el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios reci-bidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y adminis-trativos del país, si tiene algún asunto pendiente en éstos.

Deberá, además, certificarnos dentro del término de treinta días contados a partir de la notificación de esta opi-nión “per curiam” y Sentencia, el cumplimiento de estos deberes.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incau-tarse de la obra y del sello notarial del abogado suspendido y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para que realice la correspondiente investigación e informe.

       4 L.P.R.A. sec. 2023.

       4 L.P.R.A. Ap. XXIV.

        In re Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005, 1007 (1991).

       Véanse, además: In re Nogueras Cartagena, 127 D.P.R. 574 (1990); In re Santiago Arroyo, 132 D.P.R. 239 (1992); In re Castrillón Ramírez, 137 D.P.R. 459 (1994).

        In re Montañez Miranda, 158 D.P.R. 738 (2003); In re Alvarado Tizol, 122 D.P.R. 587 (1988)

        In re Laborde Freyre I, 154 D.P.R. 112 (2001); In re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39 (1998).

       4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 9.