text:
    José de Jesús, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger Díaz, Juez, e Iglesias & Co., Inc., demandados.
    No. 850.

    Sometido: Julio 19, 1932.

      Resuelto: Noviembre 28, 1932.

      Besom & Besosa, abogados del peticionario; L. Feliú, abogado de la demandada e interventora Iglesias & Co., Inc.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En marzo 3 de 1932, José de Jesús.entabló demanda ante la Corte de Distrito de San Juan contra Iglesias & Co. Inc., reclamando una liquidación de cuenta y la mitad de los bene-ficios obtenidos en el negocio convenido por las partes, de acuerdo con el contrato que se relaciona en la demanda. En mayo 4 del propio año la demandada solicitó de la corte-inferior la suspensión de los procedimientos en la referida acción, alegando que había sido adjudicada en quiebra por la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de-Nueva York. La corte inferior resolvió favorablemente la moción de la demandada y ordenó la suspensión de los pro-cedimientos en la referida acción. El demandante pidió la reconsideración de esta orden, y habiendo sido ratificada por la corte inferior, lia solicitado de esta corte, mediante un recurso de certiorari, la nulidad de las órdenes dictadas pol-la Corte de Distrito de San Juan en 4 y 26 de mayo de 1932 y en 28 de junio del mismo año.

Alega el peticionario que la corte inferior erró al suspender los procedimientos, después de declarada la quiebra, sin haber recibido ninguna orden general ni específica de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, al resolver que es la Corte de Quiebra y no la Corte de Distrito de San Juan la llamada a determinar si la reclamación en este caso es liberable o no, y al suspender los procedimientos por una quiebra existente fuera de esta jurisdicción y en la cual ya existe una adjudicación.

El párrafo primero de la sección 11 de la Ley de Quiebra dice así:

“Pleitos establecidos por quebrados y contra quebrados. — Se sus-penderá todo pleito fundado en una reclamación (claim) de la cual quedaría exento el quebrado por Consecuencia de una orden de libe-ración, que se encuentre pendiente al tiempo en que se presentare una petición de quiebra contra él, basta después que recaiga la de-claración de quiebra o de la desestimación de la petición de la misma. Si la persona demandada es declarada quebrada, tal acción podrá sus-penderse por doce meses más, a contar desde la fecha de tal resolu-ción, o si dentro de dicho tiempo el quebrado s’olieita su liberación, entonces la suspensión durará hasta que la cuestión relativa a dicha liberación quede resuelta.”

La suspensión puede acordarse antes o después de haberse decretado la quiebra: en el primer caso hasta que se deses-time la petición o recaiga la declaración de quiebra; en el segundo, hasta que transcurran doce meses, a contar desde la fecha de la resolución, o si dentro de dicho tiempo el que-brado solicita su liberación, hasta que la cuestión relativa a la liberación quede resuelta.

En el presente caso la corporación demandada, después de declarada la quiebra, solicitó la suspensión de los procedi-mientos en la Corte de Distrito de San Juan. Se alega que la Corte Federal de Nueva York, una vez decretada la quiebra, no tiene jurisdicción sobre el territorio de Puerto Rico y que por lo tanto sus órdenes carecen de validez para suspender los procedimientos en las cortes de Puerto Rico que están fuera del territorio específico de la Corte Federal. Conve-nimos en que una corte de quiebra no puede salvar los límites de su jurisdicción territorial a menos que actúe a través de otra corte de quiebra que pueda hacer efectivas, dentro de su jurisdicción, las órdenes de la corte que solicita su inter-vención; pero en este caso no se trata de una orden de la Corte Federal de Nueva York para suspender los procedi-mientos en la Corte de Distrito de San Juan, sino de una solicitud de la corporación declarada en quiebra, quien acude a la corte donde ha sido demandada para pedir la suspensión de los procedimientos, acogiéndose a la sección 11 de la Ley de Quiebras. El quebrado puede solicitar la suspensión en la corte en que ha sido demandado, antes o después de decla-rada la quiebra, y la corte tiene el deber de considerar y resolver su solicitud, aun cuando no la alcance directamente la jurisdicción territorial de la corte que declaró la quiebra. Star Braiding Co. v. Stienen Dyeing Co., 114 Atl. 129; Acme Harvester Co. v. Beekman Lum. Co., 222 U. S. 300.

La práctica que parece más aceptable es la de solicitar la suspensión en la corte donde está pendiente la acción que se quiere suspender. En el caso In re Geister, 97 Fed. 322, se solicitó, después de decretada la quiebra, una orden para suspender los procedimientos en la corte del estado. La Corte de Distrito de Iowa, resolviendo esta solicitud, se ex-presó en los siguientes términos:

“La práctica apropiada a seguirse en esta clase de casos es la de hacer la solicitud al tribunal en que penda la acción que se interesa suspender y es el deber de la corte, sea estadual o federal, el conce-der la suspensión de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Quie-bras . . .
“La regla así expuesta bajo las disposiciones de la Ley de 1867 es claramente aplicable a la see. 11 de la Ley de 1898 y señala el camino a seguir en casos como el que ahora consideramos. El que-brado, que es demandado en la corte estadual, debe radicar en esa corte la alegación (pleading) procedente exponiendo la pendencia de los procedimientos de quiebra, y, fundándose en ellos, debe pedir la suspensión según se provee en la sección 11; y, al ser así informada de la pendencia de los procedimientos de quiebra, será el deber de la corte estadual el conceder la suspensión solicitada. No solamente es éste el medio apr'opiado para traer al conocimiento judicial de la corte estadual el hecho de que procedimientos en quiebra se han ins-tituido y que, por tanto, el quebrado tiene derecho a una suspensión del caso hasta que se oiga sobre la rehabilitación, sino que es también el procedimiento procedente p'or razón de que los acreedores que son demandantes en la acción que se pretende suspender son partes en la acción en la corte estadual, están en su jurisdicción y quedarán, por tanto, obligados por su acción” (de la corte) “en e] caso, mien-tras que ahora no están bajo la jurisdicción de esta corte, porque n'o. han sido notificados de la radicación de esta petición que ahora pende en esta corte, ni en modo alguno colocados dentro de la jurisdicción material (actual) de esta c'orte. Por estas razones se deniega la sú-plica de la petición, por el fundamento de que la solicitud de suspen-sión debió haberse hecho a la corte estadual en que pende el caso.”

De acuerdo con la sección 11, párrafo Io. de la ley citada, la suspensión es- mandatoria hasta el momento en que se decreta la quiebra o se desestima la petición. Una vez decretada la quiebra los procedimientos pueden suspenderse a discreción del tribunal. Remington on Bankruptcy, tomo 7, pág. 478, 480; Collier on Bankruptcy (12 ed.) tomo 1°., pág. 287. La corte del estado no tiene derecho a proseguir en una acción pendiente hasta que la petición de quiebra haya sido resuelta. Cuando esto se ha hecho el caso.puede suspenderse por la corte del estado a su discreción. Carpenter Bros. v. O’Connor, 1 A.B.R. 383, 16 Ohio C. C. 526. En Rosenthal v. Nove, 175 Mass. 559, 78 Am. State Rep. 512, la Corte Suprema de Massachusetts se expresó así:

“Nosotros sostenemos que la corte en la cual está pendiente una demanda contra, un quebrado no. está obligada, después de. la declara-ción de quiebra, a suspender los procedimientos, si bien puede hacerlo en tanto en cuanto pueda requerirlo la justicia. La acción no queda ■absolutamente paralizada y la corte puede proseguir a dictar sen-teneia. ’ ’

En Smith v. Miller, 115 N. E. 243, la misma corte, ratifi-cando esta doctrina, dijo:

“La discreción qne la sección 11 de la ley de quiebra concede a la corte no depende de que se baya practicado un embargo dentro o antes de los cuatro meses de radicarse la petición de quiebra, o de que ■se baya practicado cualquier embargo. Se concluye que el demandado no tiene derecho como una cuestión de ley a la suspensión de la ac-ción después de haber sido declarado quebrado.”

Para que el quebrado pueda tener derecho a la suspensión, la reclamación debe ser liberable. La liberación es xm privilegio que el quebrado puede obténer si la solicita dentro del término fijado por la ley.

Las reclamaciones probables, es decir, aquellas que puedan ser probadas en una corte de quiebra, son liberables, a menos que estén comprendidas dentro de las excepciones a la regla general. En el presente caso se solicita una liquidación y se pide que se condene a la demandada a pagar el 50 por ciento de los beneficios recibidos. La obligación, según los términos de la demanda, surge de un contrato celebrado entre el demandante y la demandada. De ser ciertas las alegaciones de la demanda, la demandada, no ha cumplido con los términos del contrato. Opinamos que es ésta una reclamación susceptible de ser probada en una corte de quiebra. En el caso In re Du Quesne Incandescent Light Co., 176 Fed. 785, se trataba de una reclamación por incumplimiento de contrato. De la opinión de la corte extractamos lo siguiente:

“La reclamación se basa en un contrato expreso que se hizo cons-tar por escrito, siendo ilíquidos los daños ocasionados por el incum-plimiento del contrato. La reclamación era, por tanto, probable y, de acuerdo con la sección 63, cláusula b, puede ser liquidada, previa solicitud, en la forma en que la corte lo hubiese ordenado.’.’

“Que la cláusula b”, dice la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Schall v. Camors, 251 U. S. 239, “dis-pone el procedimiento para liquidar reclamaciones probables bajo ía cláusula a si no han sido liquidadas, especialmente aquellas basadas en una cuenta abierta o en ún contrató ex-preso o implícito, es completamente claro y ha sido frecuente-mente reconocido en nuestras decisiones.”

Veamos ahora si la reclamación del demandante puede considerarse incluida en las excepciones a la regla general, cuando se trata de reclamaciones probables. El peticionario arguye que la corte inferior dejó de considerar las alegaciones de fraude que aparecen en la demanda para resolver si la reclamación es o no liberable. La alegación a que se refiere el peticionario es la siguiente:

“Que más o menos el 16 de febrer'o de 1928, la demandada, Igle-sias & Co. Inc., presentó al demandante, José de Jesús, una liquida-ción de las cuentas de los acreedores de la Eneglotaria Medicine Co-compradas por Iglesias & Co. Inc., cuya liquidación aceptó de confor-midad el demandante José de Jesús, pero posteriormente el deman-dante, José de Jesús, ha sido informado de que dicha liquidación es errónea y falsa, por motivo de que las cantidades que aparecía Igle-sias & Co. Inc. haber pagado por las citadas cuentas de acreedores de la Eneglotaria Medicine Co. no eran las cantidades fieles y exactas pagadas por Iglesias & Co. Inc.”

En la alegación que antecede el demandante se limita a decir que, según la información que ha recibido, la liquidación que le presentó la demandada es errónea y falsa. Ha podido ser errónea sin ser fraudulenta, y en cuanto a la alegación, de que es falsa, no basta esta afirmación para imputar una intención fraudulenta a la demandada. Las reclamaciones que se basan en falsas y fraudulentas simulaciones no son libera-bles aunque puedan ser probadas, por ser ésta una de las-excepciones establecidas por la Ley de Quiebra. No podemos decir, de acuerdo con las alegaciones de la demanda, que la demandáda se haya valido de falsas y fraudulentas simula-ciones para defraudar al demandante. La reclamación inter-puesta no puede ser incluida dentro de esta excepción a la regla general.

Tampoco son liberables las deudas o reclamaciones creadas por el fraude del quebrado, como por ejemplo abuso de confianza, desfalco, etc., mientras actúa como un oficial o en una capacidad fiduciaria.

El fraude que la ley requiere tanto en estos casos como en aquellos de falsa representación es fraude real y positivo que envuelva torpeza moral y maliciosa intención. Basta exa-minar las alegaciones de la demanda para concluir que la acción ejercitada por el demandante no puede considerarse incluida dentro de esta excepción.

No son liberables tampoco las obligaciones que surgen por daños maliciosos y voluntarios a la propiedad ajena. Dentro de esta excepción la conversión voluntaria y maliciosa de la propiedad ajena puede considerarse un daño malicioso y voluntario a la propiedad; pero no es posible deducir de las alegaciones de la demanda que sea éste un caso compren-dido dentro de esta excepción.

Por último, no son liberables las deudas y reclamaciones que no han sido debidamente incluidas por el quebrado en la lista de acreedores, con el nombre de dichos acreedores, si son conocidos del quebrado, a menos que tales acreedores tengan conocimiento de los procedimientos de quiebra en una fecha en que puedan probar su reclamación. En el presente caso la reclamación del demandante no fué incluida por la corporación quebrada en la lista de sus acreedores; pero el demandante tuvo conocimiento de los procedimientos de quiebra en tiempo oportuno para proteger sus derechos, cuando fué notificado de la moción de suspensión y cuando ésta fué decretada. La omisión del nombre del acreedor demandante en la lista de acreedores del quebrado no impide que se suspenda el caso, porque la suspensión misma constituye noticia al acreedor. Remington, tomo 7, pág. 485.

Opinamos q%t,e la corte inferior no cometió error al suspender los procedimientos en este caso en el uso de sus fa-cultades discrecionales, por lo cual debe declararse sin lugar la solicitud, anularse el auto expedido y devolverse el récord a la corte de su origen.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Tomasa Vergara Garced, demandante y apelante, v. Antonio Besito Pérez, demandado y apelado.
    No. 6035.

    Sometido: Noviembre 18, 1932.

      Resuelto: Noviembre 28, 1932.

      R. A. Ortiz Pacheco, abogado de la apelante; F. Cervoni Gely, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito declaró sin lugar un procedimiento de desahucio por falta de prueba suficiente para establecer el título de la demandante. En una escritura de partición la finca había sido adjudicada a la demandante para que pagara ciertas deudas de la sucesión de su finada madre. La teoría del juez de distrito fue que la demandante no había adquirido el título, toda vez que ella no había pagado las deudas pen-dientes contra la sucesión. Estas deudas se convirtieron,, desde luego, en una carga contra el terreno. El pago de las mismas no se hizo una condición precedente a la adquisición del título por la demandante ni dependía su derecho a la posesión de tal pago anterior.

Debe revocarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Manuel Despiau, acusado y apelante.
    No. 4835.

    Sometido: Noviembre 22, 1932.

      Resuelto: Noviembre 28, 1932.

      Juan Valldejuly, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Despian fué convicto del delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes y alega que El Pueblo dejó de probar el sitio del suceso o la fecha en que se cometió el delito.

El acusado fué juzgado en la Corte de Distrito de Baya-món el 28 de marzo de 1932. Cecilio Quiñones era un policía insular que vivía en Bayamón y que se hallaba de servicio en el momento de cometerse el delito. El dice que esto ocu-rrió el 27 de diciembre anterior al juicio, en la Calle Dr. Veve. Fué un testigo ocular y hace referencia a una conversación habida entre el jefe de la policía y la víctima del acometi-miento en la residencia del jefe, inmediatamente después del acometimiento y del arresto del acusado. El 27 de diciembre anterior al juicio el jefe de la policía de Bayamón se hallaba en el balcón de su casa, sita en la Calle Dr. Veve, frente al cuartel de la policía. El también fué un testigo presencial del acometimiento. El delito le fué comunicado por la víc-tima y por el policía que arrestó a Despiau, pocos minutos después de la comisión del mismo. La declaración de estos dos testigos respecto a los hechos anteriores, sin más, fué suficiente para establecer, tanto la fecha del delito, como el lugar de su comisión.

La sentencia no fue contraria a la prueba según alega el apelante en su tercer señalamiento. Debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    Julián Molinari Cintrón, recurrente, v. En Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 870.

    Sometido: Noviembre 7, 1932.

      Resuelto: Noviembre 29, 1932.

      E. Torres Solé, abogado del recurrente; el Registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Una hipoteca otorgada en 1908 venció en mayo 2 de 1909. La hipoteca fue inscrita en diciembre de 1912. En junio de 1932 el registrador de la propiedad se negó a cancelar este asiento, fundado en la teoría de que los veinte años especi-ficados en la sección 2 de la ley (No. 12) aprobada el 29 de agosto de 1923, (Primera sesión extraordinaria, pág. 37) debían empezarse a contar a partir de la fecha de la inscrip-ción, y no a partir de la fecha del vencimiento de la obliga-ción hipotecaria.

El inciso (a) de la sección primera de dicha ley autoriza la cancelación de “menciones de hipotecas, de censos y de otros derechos para el pago de dinero o precio aplazado de la compraventa de inmuebles” después del transcurso de vein-te años a partir de la fecha del asiento. El inciso (b) autoriza la cancelación de asientos de embargo y otras órdenes de la corte después de transcurrir un período de cuatro años de anotadas. El inciso (c) autoriza la cancelación de inscrip-ciones de fianzas para garantizar el ejercicio de cargos pú-blíeos, garantizados con hipotecas, después de veinte años de sn otorgamiento. El inciso (d) autoriza la cancelación de “los gravámenes por razón de sentencias que tengan más de cinco años de constituidos.” La sección 2 autoriza un pro-cedimiento judicial sumario para la cancelación de hipotecas (que tengan veinte años de vencidas o de constituidas, si no tuvieren vencimiento) y dispone además que:

“Transcurrido un año desde la vigencia de esta Ley, l'os registra-dores, a instancia de las personas interesadas ya indicadas, procede-rán a la cancelación de las hipotecas referidas en esta sección, sin necesidad de notificación alguna, si no se hubiere acreditado en el registro la interposición de la demanda en cobro de la misma o la de subsistencia de tales gravámenes.”

Aquí no hallamos indicios de intención legislativa de que el período de veinte años prescrito por la sección 2 se cuente a partir de la fecha en que se inscribió la hipoteca. La fraseología de ese artículo es enteramente clara y no deja lugar a interpretaciones. Es un caso de lex scripta.

Debe revocarse la nota recurrida.


text:
    Juana Estela, como madre con patria potestad sobre su menor hijo Esteban Camilo Estela, demandante y apelante, v. Sucn. de Benito Medraño, compuesta de su universal heredero, Benito Medraño, demandada y apelada.
    No. 5528.

    Sometido: Junio 19, 1931.

      Resuelto: Noviembre 29, 1932.

      V. M. Fernández, abogado del apelante; O’Neill & O’Neill, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito sostuvo una excepción previa a la de-manda en un pleito de filiación, y desestimó la acción. El demandante es un hijo natural postumo. Su padre falleció en septiembre 28 de 1929. El demandante tenía ocho meses de edad cuando se radicó la demanda en agosto 2 de 1930. El padre y la madre vivían en concubinato al tiempo de la concepción y durante el embarazo de la madre hasta que ocurrió el fallecimiento del padre. No existía impedimento legal para el matrimonio. Otras alegaciones de la demanda son que desde el tiempo de la concepción el supuesto padre Benito Medraño se ocupó de la alimentación del,actor; hizo los preparativos necesarios para el alumbramiento y dijo en sus conversaciones ser el padre del demandante; y que el demandante ha estado desde esa fecha en la posesión continua del estado civil de hijo natural.

Según los términos del artículo 119 del Código Civil Español, que estuvo en vigor en Puerto Rico hasta el año 1902, eran hijos naturales “los nacidos, fuera de matrimonio, de padres que al tiempo de la concepción de aquellos pudieron casarse sin dispensa o con ella.” Esta definición fue omitida en la revisión de 1902, pero volvió a ser promulgada en 1911. Véanse leyes de ese año, pág. 247. Allí aparece como parte del artículo 193 del Código Civil. Véase también la Compilación de 1911, sección 3263. Vuelve a aparecer en una forma substancialmente igual como el artículo 125-de la edición de 1930.

. Fuera de la obligación impuesta por ciertas disposiciones del Código Penal como parte de la penalidad, prescrita para determinados delitos, tm pleito de filiación, cuando se incoaba en contra de un padre putativo o sus herederos, sólo era per-mitido, de acuerdo con el Código Civil Español (art. 135), en los casos siguientes:

“1. Cuando exista escrito suyo indubitado en que expresamente reconozca su paternidad.
“2. Cuando el hijo se baile en la posesión continua del estado de hijo natural del padre demandado, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia.”

A estos incisos, según quedaron enmendados por la re-visión de 1902 '(Código Revisado, Art. 189) se añadió el siguiente:

“3. Cuando la madre fué conocida viviendo en concubinato con el padre al tiempo del embarazo o nacimiento del hijo, o cuando éste baya nacido llevando sus1 padres relaciones amorosas.”

En 1911 se agregó un cuarto inciso, como sigue:

“4. Cuando el hijo pueda presentar cualquier prueba auténtica de su paternidad.”

Al mismo tiempo fueron eliminadas del inciso tercero las palabras “o cuando éste haya nacido llevando sus padres relaciones amorosas”, y las palabras “durante el embarazo y al tiempo del nacimiento del hijo” se emplearon en vez de las palabras “durante el embarazo o nacimiento del hijo.”

Evidentemente, el fin primordial de la enmienda fué eli-minar la alusión a la existencia de relaciones amorosas al tiempo del nacimiento como bastantes, por sí solas, para sos-tener una sentencia a favor del demandante en un caso de filiación. Sin embargo, esa enmienda ofreció la oportunidad de mejorar la dicción de la cláusula anterior. Es por lo menos una cuestión debatible la de si la legislatura tuvo la intención de sustituir la disyuntiva “o” por la copulativa “y”. Si a la versión castellana de la definición de hijos -na-turales, tal como volvió a ser adoptada al mismo tiempo y en el mismo artículo, hubiera seguido la fraseología del texto inglés, hubiera quedado poco lugar a dudas sobre este ex-tremo. Para los fines de esta opinión, sin embargo, no nece-sitamos sutilizar acerca de cuál de las dos debe prevalecer.

. . Es regla familiar que una cosa puede estar dentro de la letra de un estatuto y sin embargó fuera del mismo, por no hallarse dentro de su espíritu ni de la intención del legislador.” Holy Trinity Church v. United States, 143 U. S. 457.

Véanse también Smith v. Fiske, 23 Wall. 374, 380; y Hawaii v. Mankichi, 190 U. S. 197, 212.

Como los incisos anteriores, el inciso tercero del artículo 189, tanto según fué originalmente adoptado en 1902, como en la revisión de 1911 (Estatutos Compilados, see. 3263) tiene que ver con la cuestión del reconocimiento. El primero de estos tres incisos comprende el caso de un reconocimiento previo expreso hecho constar por escrito. El segundo se refiere a otros actos de reconocimiento, ya directos o tácitos, como base para establecer un estado. Por virtud del tercero, tal como se promulgó originalmente y como quedó enmendado, el reconocimiento se infiere de la continuación de las rela-ciones existentes entre los padres al tiempo de la concepción. En otras palabras, al padre putativo se le da la ocasión de negar su paternidad y evitar cualquier presunción de reco-nocimiento rompiendo sus relaciones con la madre en cual-quier fecha antes del nacimiento del hijo. Este privilegio de repudiación parece ser la explicación más plausible y satis-factoria de la enmienda, enfocada desde el ángulo de una supuesta intención de substituir la “o” por la “y”. No fué la intención de la Legislatura disponer que el derecho de acción de un hijo natural reconocido debía suprimirse por la: mera circunstancia de morir el padre poco antes de nacer el hijo. Un hijo postumo, nacido dentro de tres meses o más después de la muerte del padre, de padres que al tiempo de la concepción y hasta el momento de la muerte del progenitor vivían en concubinato, tiene derecho a un decreto estable-ciendo su estado como un hijo natural reconocido.

Debe revocarse la sentencia recurrida y devolverse el caso. para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Isabel Ortiz, como madre de la menor Gloria Villanueva, demandante y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 5643.

    Sometido: Diciembre 8, 1931.

      Resuelto: Noviembre 30, 1932.

      García 3íéndez & García Méndez y J. Veray Jr., abogados de la ape-lante; Hon. Attorney General Charles E. Winter (James Tt. Beverley en el alegato) y T. Torres Pérez, Snbprocnrador, abo-gados del apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción por daños y perjuicios que se alega fueron cansados por la negligencia de un conductor empleado por el Gobierno de Puerto Rico mientras se bailaba a cargo 'de un camión perteneciente al demandado. La corte de dis-trito sostuvo la excepción previa a la demanda por falta de hechos suficientes para determinar causa de acción, y pos-teriormente, a instancias de la parte actora, desestimó la acción.

El inciso (a) de la sección Ia. de la ley aprobada en abril 13, 1916, Leyes de ese año, página 155, autorizando a las cortes de distrito de Puerto Rico a conocer de pleitos-contra El Pueblo de Puerto Rico en ciertos casos, especifi-caba:

‘ ‘ Acciones por daños y perjuicios basados sobre contratos, celebra-dos después que esta Ley entre en vigor.”

Según fue enmendado en 1928 (Leyes de ese año, página 181) este inciso ahora expresa: “Acciones por daños y per-juicios.” Por tal disposición El Pueblo de Puerto Rico con-sintió en ser demandado en ciertos casos en que hubiera una causa de acción bajo la ley que ya estaba en vigor. La en-mienda de 1928 no creó ninguna causa de acción nueva. Era una renuncia de inmunidad contra cualquier acción para exigir una responsabilidad existente, pero no constituía una renuncia de inmunidad en casos en los cuales no existiera ninguna responsabilidad legal en que basar un pleitg. Véanse 36 Cyc. 915; Saurí y Subirá v. Sepulveda, 25 D.P.R. 242; y Austin W. Jones Co. v. State, 119 Atl. 577.

Según los términos del artículo 1804 del Código Civil (1803 de la Revisión de 1930) El Pueblo de Puerto Rico noes responsable de daños y perjuicios excepto cuando obra, por mediación de un agente especial. La apelante no sostieneque el conductor del camión en el presente caso era un agenteespecial. Los hechos alegados en la demanda llevan a una conclusión contraria.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Arístides Delgado, acusado y apelante.
    No. 4765.

    Sometido: Noviembre 25, 1932.

      Resuelto: Noviembre 30, 1932.

      F. Cerv.oni G-ely, abogado del apelante; B. A. Gomes, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Aristides Delgado fue convicto por la Corte de Distrito de Humacao del delito de homicidio voluntario y sentenciado a sufrir la pena de diez años de presidio con trabajos for-zados. A él se le acusó de haber dado muerte a Manuela Millán con un machete.

El acusado presentó una moción de nuevo juicio que fue declarada sin lugar. Esta apelación ha sido interpuesta contra la resolución negando la concesión de un nuevo juicio.

El primer señalamiento es que la corte cometió error al permitir que el fiscal modificara la acusación originalmente presentada de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado. Se desprende que al solicitarse durante el juicio que la acusación fuese modificada, el fiscal manifestó a la corte algo al efecto de que así se reduciría el número de recusaciones. El apelante alega que la razón señalada por el fiscal fue injusta para con el acusado al así reducirse el número de recusaciones. Empero la corte entendió estas observaciones como que simplemente llamaban su atención al hecho de que las recusaciones serían menos. El objeto del fiscal, según entendió la corte, no fue meramente reducir el número de recusaciones. De todos modos, el derecho del fiscal de rebajar la calificación del delito era prácticamente absoluto y no se cometió error alguno. En realidad el acu-sado resultaba beneficiado. Decimos esto, sin entrar en la cuestión de si se privó al acusado de algún derecho a recusar, no habiéndose demostrado que se hubieran agotado las recu-saciones.

El segundo señalamiento de error se dirige al hecho de que la corte permitió a un testigo que declarara respecto a la agresión sin antes haber probado el corpus delicti. El orden .de la prueba cae dentro de la sana discreción de la corte y no se demostró perjuicio alguno.

En sus instrucciones al jurado la corte incidentalmente dijo que el acusado debió esperar la continuación de los ataques de la interfecta para poder tener derecho a la •defensa propia. Hemos examinado las instrucciones en su totalidad, y el error, de existir, fue inofensivo, especialmente •en ausencia de unos autos completos, cuestión a que nos refe-riremos más adelante.

Mientras el Dr. Yeve declaraba en pro del acusado fue repreguntado por el fiscal si la herida que el acusado tenía en la garganta no pudo ser inferida por sí mismo. Se señala como error el que la corte permitiera esta pregunta. El apelante no está equivocado al sostener que en general a los peritos no se les debe permitir contestar preguntas que son •del conocimiento corriente de todo el mundo. Sin embargo, la pregunta y respuesta en este caso específico carecían de importancia y fácilmente podía inferirse que el jurado no adquirió, según sostiene el apelante, ningún prejuicio contra el acusado debido a la pregunta y respuesta. Ni la pregunta ni la respuesta tendían a probar que la herida fuera en realidad inferida por sí mismo.

Según sostiene el fiscal de esta corte, tenemos ante nos una transcripción de autos imperfecta. La exposición del caso fue preparada para los fines de un nuevo juicio y evi-dentemente no contiene toda la prueba. Esto afectaría seria-mente algunos, si no todos, los errores señalados por el ape-lante.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Juan Vargas, acusado y apelante.
    No. 4879.

    Sometido: Noviembre 23, 1982.

      Resuelto: Noviembre 30, 1932.

      R. Hernández Matos, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Vargas fue condenado por la Corte de Distrito de-Ponce como autor de un delito de acometimiento y agresión grave a sufrir dos meses de cárcel y al pago de las costas. No conforme apeló. Su alegato contiene un solo señala-miento, el que sigue: -“La Corte de Distrito de Ponce erró-gravemente al no permitir que el abogado del acusado argu-mentara su caso.” El Fiscal del Tribunal Supremo se adhiere al recurso. Su alegato contiene un cuidadoso estudio de la ley y la jurisprudencia aplicables.

Los autos revelan que terminada la práctica de la prueba ocurrió lo que sigue:

“Fiscal: Sometemos el caso.
“Al empezar el abogado defensor a argumentar el caso, la corte-manifestó :
“Juez: La Corte no necesita argumentación para apreciar la prueba.
“Defensa: Tomamos excepción de la orden de la Corte en sentido-de no permitirme argumentar el caso o en el sentido de decir que no necesita argumentación.
£ ‘ Juez: La Corte repite que no necesita argumentación para apre-ciar la prueba, que no hay ninguna cuestión de derecho aquí sino cues-tiones de hecho, una evidencia contradictoria; y repite otra vez que no necesita a la altura de su experiencia como juez que se le informe, para poder apreciar una evidencia, por el abogado, y tampoco nece-sita el informe del fiscal.
“Póngase de pie, el acusado. La Corte lo declara culpable del delito de acometimiento y agresión c'on circunstancias agravantes, y le impone dos meses de cárcel y las costas.”

El derecho de un acusado a estar asistido de su ahogado para su defensa al celebrarse el juicio de su causa está garan-tizado por la Constitución de los Estados Unidos, en su en-mienda sexta, como sigue: “En todos los procesos criminales el acusado disfrutará del derecho ... a tener la ayuda de abogado para su defensa. ’ ’ También por nuestra Carta Orgá-nica que en su artículo 2 dice: “En todos los procesos crimi-nales el acusado gozará del derecho de tener para su defensa la ayuda de abogado.” Y por nuestro Código de Enjuicia-miento Criminal que en su artículo 11 expresa: “En un-proceso criminal el acusado tiene derecho a ... (2) Que se le asigne defensor o que se le permita defenderse en persona y con abogado.”

Ese derecho fue reconocido plenamente por esta Corte Su-prema en el caso de El Pueblo v. Plata, 36 D.P.R. 590. In-cluye la argumentación del caso por el abogado, de tal manera que ha sido resuelto que “el argumento del abogado constituye una parte del juicio, tanto como el someter la propia prueba.” Meredeth v. People, 84 Ill. 479, 480.

Al prescribir el Código de Enjuiciamiento Criminal la forma en que debe celebrarse el juicio tanto en las cortes de paz cuanto en las de distrito, la audiencia de las partes queda consagrada. Expresamente dice el apartado sexto del ar-tículo 233 de dicho cuerpo legal que “terminado el período de la prueba y salvo que el caso fuere sometido sin argumen-tación a la decisión de la corte o -del jurado por ambas partes, ... el abogado de la defensa argumentará entonces el caso ante la corte o el jurado exponiendo de igual modo todos sus argumentos en favor de la defensa.”

La jurisprudencia de las cortes americanas es uniforme no sólo en cnanto al derecho del acusado a contar con la •asistencia de su abogado para defenderse, sino en cuanto a que tal derecho incluye el de argumentar su caso ante la •corte o ante el jurado.

Se ha reconocido que las cortes tienen poder para limitar, bien por reglas- previamente establecidas o razonablemente -de acuerdo con las circunstancias de cada caso, el tiempo en que deban presentarse los argumentos, pero en manera alguna para negar en absoluto el derecho de argumentar.

Así, en el caso de Walker v. State, 32 Tex. Crim. Rep. 173 se resolvió que:

"Aunque la Corte tiene el derecho a limitar el tiempo para argu-mentos, no puede limitarlo arbitrariamente de tal modo que la limi-tación llegue a convertirse en una privación del derecho del acusado a presentar su eas'o al jurado plena y razonablemente y que no puede .servir de fundamento a tal privación el hecho de que en opinión de la corte la prueba haya sido tan clara que el argumento no pueda variar el resultado de la sentencia.

Y en el de City of Seattle v. Erickson, la Corte de Apelaciones de Washington dijo:

“Creemos que una mera relación de la cuestión en controversia, así Como de la prueba, demuestra que la corte inferior no abusó de su discreción al limitar el tiempo para argumentar el caso ante el jurado. Una persona acusada de un delito tiene el derecho consti-tucional a ser oída por medio de abogado y de ese derecho la corte bo puede privarle; pero al mismo tiempo el poder de la corte para regular el ejercicio de ese derecho pOr medio de reglas razonables, tampoco es discutible. En ausencia de estatutos que prescriben reglas para la práctica, descansa en la sana discreción de la corte el poner un límite razonable al tiempo que debe ser consumido por abogados «m argumentos; con esa discreción la corte de apelaciones no inter-vendrá a menos que el tiempo no se haya limitado en tal forma que resulte manifiestamente perjudicial a los derechos de la parte que se queja. La regla ha sido establecida en el caso de El Pueblo v. Kelly, 94 N. Y. 526, en esta forma : ‘El tiempo que un abogado debe emplear para presentar su eas’o a la consideración de un jurado, debe necesa-riamente quedar en gran parte a la discreción de la corte. Si fuera de otro modo, un período ilimitado de tiempo podría ser usado sin ninguna ventaja para el cliente causándose gran demora en los pro-cedimientos de la corte y perjuicios a la administración de justicia. El tiempo a ser usado para tal propósito debe, por tanto, ser materia a regularse por el juez que presida el juicio lo mismo que cualquiera otra cuestión durante el pr'oceso. Se presume que la corte salvaguar-dar á propiamente y protegerá los dereolios de las partes de manera que pueda hacerse verdadera justicia a todos, y el juez es, segura-mente, una persona competente y adecuada para determinar con res-pecto al tiempo que debe requerirse para una debida discusión y pre-sentación del caso en el juicio. De todo esto se deduce que la corte tiene el derecho a ejercer su discreción a ese respecto y a menos que no se abuse de tal discreción no habrá intervención por las cortes-superiores.’ En el caso de State v. Page, 21 Mo. 257, 64 Am. Dec. 329, después de traer el estudio de la práctica de limitar el tiempo-para l’os argumentos en procedimientos judiciales desde la antigua-Grecia y Roma, la corte se expresó así: ‘Llegamos a la conclusión,, por tanto, que un cuarto de hora concedido a un orador moderno en un pequeño caso de cortar árboles en terrenos escolares no debe con-siderarse como una prohibición hecha al abogado de ser oído en de-fensa de su cliente.’ Dentro de estas reglas no consideramos que se ha puesto de manifiesto ningún abuso de discreción p'or parte de la corte en este caso. El abogado del apelante invoca el caso de State v. Mayo, 42 Wash. 540, 85 Pac. 251, en apoyo de su contención de-que hubo un abuso de discreción por parte de la corte inferior; pero en el caso de Mayo al acusado se le celebraba juicio en un caso capital, el juicio fué largo y laborioso y la prueba muy voluminosa. Tal caso no puede tomarse como standard en comparación con un-caso sencillo como el de autos.” 25 L.R.A. 1027, 1030.

No es necesario referirnos a otros casos. Ambas pariesen sns alegatos citan algunos muy interesantes sobre el particular. La cuestión envuelta es clara. Los autos demues-tran que el derecho que la ley y la jurisprudencia reconocen, al acusado le fué negado en absoluto por la corte. Y siendo^ ello así, la sentencia dictada no puede subsistir. Debe re-vocarse y la causa devolverse para la celebración de un nuevo« juicio.


author: El Juez Pbbsidente SeñoR del Toeo,

text:
    Elías B. Wilcox, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 873.

    Sometido: Noviembre 7, 1932.

      Resuelto: Noviembre 30, 1932.

      H. Torres Sola, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Pbbsidente SeñoR del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el registro de la pro-piedad la escritura No. 50 de préstamo y constitución de hipo-teca otorgada ante el notario F. García Yeve por Gabriel Capó, casado, a favor de Elias B. Wilcox, sobre una finca que le pertenecía privativamente, que contiene una cláusula que dice: “Quinta: El deudor por sí y a nombre de sus herederos, cesionarios y causahabientes, renuncia a favor del acreedor y de los suyos, de todo y cualquier derecho que tiene o pueda tener sobre los descritos solares objeto de esta hipoteca, por concepto de Homestead, Hogar Seguro, siendo extensiva esta renuncia a favor de cualquier adjudicatario que lo fuere en caso de ejecución, de la finca aquí hipote-cada.”, el registrador la inscribió pero “con el defecto subsa-nable de no estar renunciado el derecho de homestead también por la esposa del deudor.”

No conforme el acreedor, interpuso el presente recurso gubernativo.

La exacta cuestión envuelta en el mismo fue decidida por esta Corte Suprema en contra del recurrente en el caso de Ramírez v. Registrador, 39 D.P.R. 269, en el que hablando el Juez Sr. Hutchison por la mayoría de la corte, se expresó así:

“No es necesario que resolvamos por ahora si en Puerto Rico la esposa tiene un interés o derecho de homestead adquirido sobre los bienes privativos de su esposo, cuando tales bienes son ocupados por la familia como residencia.
“El documento que se tuvo' en mente al redactarse la sección 3, supra, es una exoneración, renuncia o traspaso otorgado por ambos esposos. Las palabras ‘su esposo o esposa, si él o ella lo tuvieren,’ difícilmente podrían considerarse como equivalentes a, o como que se intentó que significaran, ‘el cónyuge sobreviviente, si l'o hubiere.’ Un jefe de familia, al morir, puede dejar un cónyuge superviviente, pero no puede ‘tenerlo’. Tampoco es un cónyuge superviviente ‘su esposo o esposa.’ Lo que la ley exige es una escritura otorgada ‘por dicho jefe de familia’ y ‘su esposo o esposa, si él o ella lo tu-vieren. ’
“Tal interpretación está en arm'onía con el espíritu general y fin de la ley de hogar seguro. También está de acuerdo con lo que pro-bablemente fué el prototipo de la sección 3. 29 C. J. pág. 785, pá-rrafo 7; id. pág. 884, párrafo 256, et seq.”

El alegato del recurrente no contiene nuevo dato o argu-mento o cita de ley o autoridades que demuestre que no deba seguirse y sostenerse el criterio de esta corte como lo siguió y sostuvo el registrador.

Debe declararse el recurso sin lugar.

El Juez Asociado Señor Aldrey disintió.


text:
    María Maeso de Sandoval, demandante y apelada, v. Luis Felipe Ortiz Sandoval, demandado y apelante.
    No. 5646.

    Sometido: Noviembre 30, 1932.

      Resuelto: Diciembre 2, 1932.

      M. Cruz líorta, abogado del apelante; L. Toro Cabañas, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre alimentos. María Maeso, casada con Lnis Felipe Ortiz Sandoval, demandó a sn esposo en re-clamación de ciento cincuenta dólares mensuales para su-fragar los gastos de alimentación, habitación, vestido, medi-cinas y diversiones lícitas de ella y del único hijo habido en el matrimonio. Alegó que desde hacía más de un año su esposo la llevó a la casa de su padre, sin ocuparse más de ella y que allí nació su único hijo y su esposo nunca les envió cantidad alguna para alimentos.

Aceptó el demandado en su contestación el matrimonio, el nacimiento del hijo y la separación, pero negó el abandono. Como defensas especiales alegó que no existían bienes de la sociedad de gananciales, que los privativos del demandado estaban fuertemente gravados y que estaba dispuesto a recibir y mantener en su hogar a su esposa y a su hijo.

Fue el pleito a juicio. Ambas partes aportaron prueba y la corte dictó finalmente su sentencia condenando al deman-dado a pagar a la demandante para ella j para el legítimo hijo de ambos una pensión alimenticia mensual de cincuenta dólares.

No conforme el demandado apeló. Señala en su alegato 1¿ comisión de cuatro errores.

Por el primero sostiene que la corte no apreció debidamente la prueba. No existe. Hemos examinado dicha prueba consistente en las declaraciones de la demandante y del de-mandado, las del padre de la demandante y las de los otros testigos del demandado y de ellas snrge claramente la cansa de acción de la demandante resuelto el-conflicto que entre las mismas se advierte en puntos esenciales en favor de la prueba de la demandante.

Se trata de un matrimonio joven que quizá pudo avenirse y seguir cumpliendo, a virtud de concesiones y respeto mutuos, sus deberes en la vida.

El cuadro que presenta no sólo la prueba de la deman-dante si que la misma del demandado es el de una esposa que al quedar sola en la casa lloraba y quiso suicidarse. ¿Poi-qué? Aunque bay indicios en los autos, el motivo no consta perfectamente claro de los mismos.

Lo cierto es que la mujer fue a vivir finalmente a la casa de su padre. Ella dice que el marido la llevó y la dejó allí sin procurarla más. El admite finalmente que la llevó, pero insiste en que ella se fue voluntariamente. Admite también que la dejó de procurar por dos meses para darle una lección y que luego al proponerle por medio de un amigo que volviera con él, ella no quiso y así continuaron las cosas.

El beclio evidente es que ella quedó en la casa de su padre y allí dió a luz a su único bijo que tenía, a la fecha del juicio en la corte de distrito, unos once meses, y que el esposo jamás fué a ver a su esposa o a su hijo y nada les envió para sus alimentos.

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia, y están obligados a dárselos recíprocamente, entre otros, los cónyuges y los ascen-dientes y descendientes legítimos. Cuando procedan y sean dos o más los obligados a prestarlos, corresponderá la obli-gación en primer término al cónyuge, en segundo a los des-cendientes del grado más próximo, en tercero a los ascen-dientes del grado más próximo y por último a los hermanos. El padre y la madre tienen para con sus hijos no emanci-parios, entre otros, el deber de alimentarlos. Véanse los ar-tículos 142, 143, 144 y 153 del Código Civil, ed. 1930.

De acuerdo, pues, con los hechos y la ley, .la obligación del cónyuge y padre demandado en este caso es evidente, ineludible.

Como segundo error sostiene el apelante que la corte estuvo equivocada al consignar en su opinión “que las rentas como el salario están incursos en el concepto de bienes.”

En primer lugar los errores no se dan contra los funda-mentos sino contra la parte dispositiva de la sentencia. Aunque sus fundamentos sean erróneos, si la sentencia ape-lada se sostiene por otros verdaderos, no será revocada sino confirmada en apelación.

Pero aunque la conclusión de la corte tuviera que ser examinada por considerarla parte. de la sentencia misma, diremos que no estuvo equivocado el juez sentenciador al tomar en cuenta la renta que percibía el demandado de sus bienes privativos y el producto o salario que obtenía a virtud de su trabajo en el negocio a que se dedicaba, para fijar la cuantía de la pensión, y ése es todo el .alcance de la conclu-sión de la corte que se considera errónea.

El tercer error se formula así: “La corte de distrito cometió error al no dar aplicación al artículo 148 del Código Civil.”

Dicho artículo prescribe:

“Artículo 148.- — El obligado a prestar alimentos podrá, a su elec-ción, satisfacerlos, o pagando la pensión que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos.” .

Conocemos lo que fué alegado como defensa especial. En el juicio declaró el demandante que su hogar siempre estaba dispuesto para recibir a su esposa y a su hijo. La deman-dante sostuvo en su declaración- que ni directa ni indirecta-mente. su esposo la había llamado de nuevo a.su hogar. Pero es lo cierto que de-, su actitud se desprende que su decisión es no volver en las anteriores condiciones. Por lo menos expresamente manifestó qne tendría qne pensarlo mucho. Aseguró qne después de separados, su marido había llevado otras mujeres al hogar. Pesando sus contestaciones, se ob-serva una dignidad de mujer que no puede abatirse, ni debe serlo como al parecer se pretende en este caso, esto es, obli-gándola a volver al hogar sin condiciones como cuestión de derecho o a dejar de percibir los alimentos fuera de él. La ley no tuvo en mente sumisiones contrarias al propio honor y fines del matrimonio. Desde hace años dijo esta corte en el caso de Moll v. Llompart, 17 D.P.R. 694, 701:

“La oferta del marido de atender a las necesidades de su esposa en su propia casa, puede ser rehusada cuando razones de orden legal, moral o social impidan su aceptación, o cuando exista causa razo-nable justificada para rechazar aquella oferta. Según doctrina del Tribunal Supremo de España consignada en sentencia de 5 de julio de 1901, ‘el derecho de opción que el artículo 149 del Código Civil Español (218 del Código Civil de Puerto Rico) concede al obligado a prestar alimentos para satisfacerlos, abonando la pensión o reci-biendo y manteniendo en su propia casa al alimentista, no es ab-soluto o inflexible, sino que se halla subordinado a la doble condición de que el deudor por tal concepto tenga casa o domicilio propio, y de que no exista estorbo alguno legal o moral para que el acreedor se tralade a ella, y reciba en la misma el conjunto de ventajas o ¿socorros, así naturales como civiles, que se comprenden en la acep-ción jurídica de la palabra alimentos, pues faltando cualquiera de esas condiciones, la elección se hace imposible de hecho o de derecho, y la obligación alimenticia tiene necesariamente que cumplirse en la primera de las formas indicadas.’ En igual sentido se pronuncian las autoridades americanas. (Yéase el tomo 21 de Cye., pág. 1150.) ”

Por el cuarto y último error se impugna la cuantía de los alimentos.

Se demostró que los bienes del demandado le producían una renta líquida de unos cien ' dólares mensuales y que además contaba.con el producto de su trabajo en una vaquería. ¿Qué menos pudo asignar el juez, bajo esas circunstancias, que cincuenta dólares mensuales para la esposa y el hijo? -

D'ebe Confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Sucesión de Demetrio Rodríguez et als., demandantes y apelantes, v. Enrique Umpierre, Jr., demandado y apelado.
    No. 5745.

    Sometido: Abril 15, 1932.

      Resuelto: Diciembre 6, 1932.

      L. Mercader y José E. Díaz, abogados de los apelantes; J. Henri Broten, G. Buiz Nazario, G. E. González y G. Benitez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes en este pleito lian interpuesto la presente apelación contra la sentencia contraria a sus pretensiones que después del juicio puso término al asunto en la corte inferior.

La demanda se funda en que un automóvil Packard de dos asientos propiedad del demandado, que ocupaban su chófer y una sirvienta, mientras se dirigía de Barceloneta a Manatí en asuntos del negocio que el ^demandado llevaba á cabo para El Pueblo de Puerto Rico como contratista de los puentes en Barceloneta, atropelló al padre de los demandantes y lo mató, por la negligencia del chófer del demandado.

La prueba no demostró que el demandado tenía negocio >alguno en los puentes que se construyeron entre Barceloneta y Manatí pues el contratista de ellos era una tercera persona, sino''qué erá: un empleado con sueldo de su padre Enrique Umpierre que había contratado con El Pueblo dé Puerto Rico lá' construcción • dé los accesos de la carretera a los puentes, .por lo qué' no puede sostenerse que el demandado tenía negocio alguno allí al que tuviera destinado su automó-vil, como requiere el artículo 1804 del Código Civil para que los dueños o directores de un establecimiento o empresa sean responsables de los perjuicios causados por sus dependientes en' el servicio de los ramos en los. que los tuvieran empleados o. con ocasión de sus funciones. Ese automóvil estaba dedi-cado al uso particular del demandado y de su esposa, e iba regularmente al pueblo de Manatí a buscar el desayuno y el almuerzo para ellos, que temporalmente vivían en las obras que ejecutaba el padre, pues su casa la tenían en San Juan.

Quizás, eventualmente, en alguna ocasión se condujo algún material como clavos o alambre para la obra en ese auto-móvil cuando iba-por el desayuno, o el almuerzo pero eso no es demostración de que estaba dedicado a la obra, que como hemos dicho no era negocio del demandado sino de su padre.

En vista de esa prueba y de que el demandado no iba en el automóvil cuando ocurrió el accidente a que se refiere la demanda, el caso ha de regirse por la jurisprudencia sentada en le caso de Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 656, y seguida con aprobación en el de Alicea v. Aboy, 23 D.P.R. 108; Truyol y Cía. v. West India Oil Co., 26 D.P.R. 361, y Méndez v. Baldassari, 28 D.P.R. 613. Esa jurisprudencia declara que el dueño de un automóvil que no está dedicado a su negocio o empresa no es responsable por la negligencia de su chófer; doctrina que, como dijimos en el caso de Méndez v. Baldassari, supra, fue aceptada tácitamente por. el poder legislativo al disponer cuatro años después del caso de Vélez v. Llavina, supra, en el artículo 17- de la Ley No. 75 de 19 de abril de 1916 reglamentando el uso de vehículos de motor, que el dueño de cualquier vehículo de motor-será responsable de los- daños •pausados, por negligencia del conductor. o chófer mientras dicho dueño;-estuviese en el-,vehículo.

Así quedan resueltos los motivos tercero y cuarto de este recurso, lo que hace innecesario considerar los dos primeros.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Rafael Argüelles Fernández, demandante y apelado, v. Pedro Cosme y Providencia Rivera, demandados y apelantes.
    No. 6060.

    Sometido: Noviembre 25, 1932.

      Resuelto: Diciembre 9, 1932.

      Armando A. Miranda, abogado de los apelantes; I. Morales Acosta, Molina, Dubón c& Ochoteco, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de un procedimiento de desabncio en el que los demandados se limitaron • a hacer nna negación general de los hechos de la demanda y en el qne después de ;praeticadas las prnebas y de .qnedar el- caso sometido a la .corte para su decisión, seis días después presentó el deman-dante moción a la corte desistiendo de.su acción. Fundándose la corte en esa moción dictó sentencia teniendo al demandante por desistido de sn pleito con las costas pero sin honorarios de ahogado. Contra ese fallo fué interpuesta esta apelación.

Según el artículo 192 del Código de Enjuiciamiento' Civil se podrá desistir de una demanda o declararse abandonada en varios casos, siendo el primero de ellos por el mismodemandante en cualquier tiempo antes del juicio, excepto endeterminadas circunstancias que no existen en este caso; y según el cuarto por la corte, cuando durante el juicio’y antesde la resolución final del caso lo abandona el demandante.

El caso primero citado autoriza a un demandante a desistir de su acción cuando presenta tal escrito antes del juicio; y como en este caso esa solicitud del demandante fué presen-tada después del juicio-y mientras el pleito estaba sometida para su decisión final a la corte, ésta no estaba autorizada, para dictar la sentencia que es objeto de esta apelación. Heilin v. Castro, 22 Cal. 102; Casey v. Jordán, 68 Cal. 246; MacDermot v. Grant, 181 Cal. 332; State v. Riley, de la Corte Suprema de Missouri, 118 S.E. 647. En el caso de MacDer-mot, supra, y en otros que en él se citan se interpretan las-palabras “antes del juicio” en el sentido de que significan “antes de sumisión,” y dice que un caso ha sido sometido-después que la corte lo ha tomado para su -resolución al ter-minar la prueba y los argumentos.

El apelado alega que la sentencia recurrida no está fundada en el párrafo primero sino en el cuarto del artículo192 citado y que por eso debe ser sostenida, pero esto noes así porque ese caso se refiere a la desestimación que sedicta por la corte sin petición del demandante por lo que no tiene relación con el caso presente.

Es innecesario decidir si la sentencia apelada debió incluir-honorarios de abogado en la condena de costas, que es el segundo motivo del recurso, toda vez que la sentencia ape-lada debe ser revocada.