author: per curiam: El Juez Asociado Señor Colón Pérez

text:
      In re Isis N. Ramírez Salcedo, querellada.

      Número: CP-2015-004

      Resuelto: 2 de agosto de 2016

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Yaiza-marie Lugo Fontánez, procuradora general auxiliar, aboga-das de la parte querellante; Ramón A. Pérez González, abo-gado de la parte querellada; Isis N. Ramírez Salcedo, pro se-, Carlos S. Dávila Vélez, comisionado especial.
   per curiam:

Todo abogado tiene el compromiso ético in-quebrantable de conducirse, tanto en el desempeño de su ministerio profesional como en su vida privada, en forma digna, honorable, íntegra y honrada. En este caso, reproba-mos las actuaciones de una letrada que, durante el trámite de una acción civil en la cual fungía como parte demandada, se apartó de lo dispuesto en los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX (Cánones 35 y 38). Si bien todo abogado tiene el derecho a defenderse de las ale-gaciones que se planteen en un proceso civil en su contra, ello no le autoriza a transgredir los preceptos éticos que re-gulan la práctica del Derecho en Puerto Rico. Veamos los hechos que sustentan nuestra determinación.

í—{

A. Trámite disciplinario

El 14 de julio de 2011, el Sr. Luis E. Millán Velázquez (señor Millán), presidente ejecutivo interino de la Corpora-ción Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (conocida como COSSEC), dirigió una carta al entonces Secretario de Justicia, el Ledo. Guillermo Somoza Colombani (Secretario de Justicia), para solicitar una investigación por alegada conducta ilegal de la Leda. Isis N. Ramírez Salcedo (licenciada Ramírez Salcedo o querellada). En su comunicación, el señor Millán adujo que, estando pendiente un proceso judicial en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la aquí querellada, ésta logró, por medio de treta y engaño, la cancelación por pres-cripción de un gravamen hipotecario que garantizaba la controvertida deuda en el Registro de la Propiedad. Esa cancelación, según añadiera, le permitió a la abogada gra-var el inmueble con dos hipotecas revertidas, la primera a favor del Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (Secretario de Vivienda Federal) por $370,000 y la segunda a favor de Money House, Inc. (Money House) por $247,000. Expresó que, en vista de lo anterior, la entidad tenía motivos fundados para creer que la licenciada Ramírez Salcedo había incurrido en conducta delictiva, por lo que en conformidad con el Art. 9.08 de la Ley Núm. 255-2002, Ley de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Crédito, 7 LPRA sec. 1369g, refirió el asunto a su atención y solicitó que se investigara.

Acto seguido, el 20 de julio de 2011, el Secretario de Justicia remitió la misiva del señor Millán a la Oficina de la Procuradora General (Procuradora) para que investi-gara si, en efecto, la querellada había cometido alguna in-fracción al Código de Ética Profesional. No fue hasta el 16 de enero de 2014 que la Procuradora sometió su Informe.

En su escrito, la funcionaría advirtió que no se evalua-ron los méritos de las controversias que estuvieron ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia. Recalcó, además, que no se examinó la responsabilidad civil de la abogada con la parte demandante, por entender que la res-ponsabilidad personal y económica de la licenciada Ramí-rez Salcedo eran materias ajenas al proceso disciplinario. Tampoco se atendió la responsabilidad criminal de la que-rellada, ya que, según indicó, este fue un asunto referido a la atención de la Fiscalía. Explicó que su gestión se cir-cunscribió, más bien, a examinar la conducta de la abo-gada durante su participación como parte demandada en los casos civiles que enfrentó. De la investigación efec-tuada, la Procuradora concluyó que la licenciada Ramírez Salcedo había infringido los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional.

En cumplimiento con nuestra Resolución de 9 de febrero de 2015, el 13 de abril siguiente la Procuradora presentó una Querella, mediante la cual le formuló dos cargos dis-ciplinarios a la letrada por supuestamente haber quebran-tado los deberes impuestos en los Cánones 35 y 38 del Có-digo de Ética Profesional, supra. Oportunamente, en su Contestación a la Querella la abogada rechazó las imputa-ciones éticas y solicitó su desestimación. Sostuvo, en esen-cia, que COSSEC estaba utilizando el procedimiento disci-plinario como mecanismo de presión.

Vista la Querella, así como su Contestación, el 9 de julio de 2015 nombramos al Hon. Carlos S. Dávila Vélez, exjuez del Tribunal de Primera Instancia, como Comisionado Especial (Comisionado Especial). Después de ciertos inciden-tes procesales, el 16 de noviembre de 2015 se celebró una Conferencia con Antelación a la Vista, en la cual se discutió el Informe Preliminar entre Abogados presentado por las partes. En esa vista, se sometió el asunto disciplinario a base del expediente.

A continuación reseñamos las determinaciones de hecho consignadas en el Informe del Comisionado Especial.

B. Trasfondo fáctico

1. Caso Civil Núm. KCD-1997-0125: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía de Puerto Rico v. Bario Bover Irizarry, et al.

El 24 de marzo de 1997 la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía (Poli-Coop) demandó en cobro de dinero y ejecución de hipoteca al Sr. Barto Bover Irizarry, a su entonces es-posa, la licenciada Ramírez Salcedo, así como a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos. Poli-Coop solicitó al Tribunal de Primera Instancia el pago de $87,604.71 de principal, intereses al 11.166% anual a partir del 6 de enero de 1994 y una suma de costas y honorarios de abogado, según fuera estipulado en el pagaré hipotecario. Suplicó, además, que una vez adviniera final y firme la sentencia, expidiera los man-damientos correspondientes para la venta en pública subasta del inmueble que garantizaba la obligación y que, de ser insu-ficiente para satisfacer el monto adeudado, expidiera un man-damiento de ejecución contra el resto de los bienes de la parte demandada. La querellada fue emplazada personalmente el 21 de julio de 1997, en representación de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales constituida por ella y su excónyuge.

Tras los trámites de rigor, el 10 de febrero de 1999 el foro juzgador dictó una Sentencia en Rebeldía, en la que le or-denó a la parte demandada pagar $81,105.17 de principal y cargos por mora, intereses sobre dicha suma, las costas, más $8,110.51 de honorarios de abogado. La Sentencia en Rebeldía, la cual le fue notificada a la licenciada Ramí-rez Salcedo a la dirección 1023 Altos Ponce de León, Río Piedras, Puerto Rico 00926, fue devuelta posteriormente por el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).

En lo pertinente, el 25 de marzo de 1999, la querellada compareció por derecho propio al Tribunal de Primera Ins-tancia para solicitar la paralización de todo trámite judicial del caso en su contra, puesto que se había acogido a los beneficios de la Ley Federal de Quiebra. Debajo de su firma hizo constar la dirección siguiente: MSC 288, Suite 112, 100 Gran Boulevar[d] Paseos, San Juan, PR 00926. Atendido su escrito, el 17 de mayo de ese mismo año el foro de instancia paralizó los procedimientos postsentencia ati-nentes al caso, no sin antes instruir a las partes a que le informaran las determinaciones del Tribunal de Quiebra de Estados Unidos. Ese dictamen le fue notificado a la abo-gada a la dirección consignada en su moción.

Transcurrido más de ocho años desde la paralización del caso, el 20 de noviembre de 2007 Poli-Coop, representada por COSSEC, su síndico liquidador, presentó una Moción Solicitando Enmendar la Sentencia en Rebeldía. En esen-cia planteó que, al tratarse de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, era necesario enmendar la Senten-cia en Rebeldía para incorporarle las disposiciones concer-nientes a la ejecución de hipoteca y venta en pública su-basta del inmueble que garantizaba la deuda objeto del pleito. Poli-Coop certificó haberle enviado copia del escrito presentado a la querellada a MSC 283, Suite 112, 100 Gran Boulevarfd] Paseos, San Juan, PR 00926.

Atendida la moción, el 21 de febrero de 2008, el tribunal de instancia se negó a enmendar su dictamen y ordenó a Poli-Coop, entre otras cosas, que acreditara el estado de la petición de quiebra ante el foro federal e informara si la deuda había sido descargada. La notificación de la Orden cursada a la querellada fue devuelta el 31 de marzo de 2008 por el USPS (“Attempted, Not Known”)

Finalmente, el 28 de mayo de 2008, la entidad coopera-tiva indicó que la última petición de quiebra interpuesta por la querellada había sido archivada el 25 de mayo de 2001. Por consiguiente, rogó al tribunal de instancia que continuaran los trámites de ejecución de sentencia. El re-presentante legal de la parte demandante certificó haberle remitido este documento a la abogada a la dirección indicada. Así las cosas, el 13 de junio de 2008, el foro juz-gador concedió a la licenciada Ramírez Salcedo diez días para que se expresara en tomo a la solicitud de la institu-ción cooperativa. La notificación de este mandato también fue devuelta por el USPS (“Attempted, Not Known”).

El 29 de julio de 2008, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Orden y Mandamiento de Ejecución de Sentencia para la venta en pública subasta del inmueble sujeto al gravamen hipotecario. Según consignó el Comisionado Especial en su Informe, el 1 de agosto de 2008, la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia notificó ese mandato a la licenciada Ramírez Salcedo al PO Box 364033, San Juan, Puerto Rico 00936-4033.

Como consecuencia de tal suceso, el 8 de agosto de 2008, la licenciada Ramírez Salcedo, por conducto de su repre-sentante legal, presentó una Moción [Juramentada] Solici-tando Relevo de Sentencia Conforme a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil Vigente sin Someterse a la Jurisdicción. Impugnó la jurisdicción del tribunal sobre su persona por supuestamente no haber sido emplazada en conformidad con lo prescrito en el ordenamiento procesal. Alegó, además, que no “tuvo conocimiento del pleito [...] ya que las notificaciones de este Honorable Tribunal constan devueltas en el expediente del caso”. Moción Solicitando Relevo de Sentencia Conforme a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil Vigente sin Someterse a la Jurisdicción, pág. 1, Anejo XVI del Informe de la Procuradora General. Rogó, entre otras cosas, que se dejara sin efecto la Sentencia, la Orden de Ejecución y todos los procedimientos del caso.

El 5 de septiembre de 2008, la parte demandante se opuso a la petición de la licenciada Ramírez Salcedo. Ex-puso que del expediente del propio Tribunal surgía que, en efecto, la aquí querellada había sido emplazada personal-mente y que tenía conocimiento del pleito en su contra, ya que el 25 de marzo de 1999 había comparecido por derecho propio para solicitar su paralización.

Cuatro días más tarde, la licenciada Ramírez Salcedo, por conducto de su representación legal, presentó una Mo-ción Informativa junto con una certificación registral expe-dida por el Registro de la Propiedad el 11 de agosto de 2008. Indicó que de la certificación aludida no se despren-día carga alguna a favor de Poli-Coop. Así pues, la que-reliada planteó que la obligación que gravaba su propiedad había sido saldada, por lo que correspondía que el deman-dante desistiera de la acción en su contra.

Atendida la Moción Informativa de la aquí querellada, el 15 de septiembre de 2008, el tribunal de instancia dispuso: “Acredite la codemandada Ramírez Salcedo si retira su ‘Mo-ción [S]olicitando [R]elevo de Sentencia [...] [...] dado que esta moción constituye una sumisión voluntaria a la juris-dicción personal Orden, Anejo 4 del Informe Prelimi-nar entre Abogados. El 24 de septiembre de 2008, la licen-ciada Ramírez Salcedo, a través de su representante legal, se sometió voluntariamente a la jurisdicción del tribunal. Consistente con lo anterior, el 1 de octubre de 2008, el foro de instancia aceptó la sumisión voluntaria de la querellada y entendió retirada su solicitud de relevo de sentencia.

Entre tanto, el 13 de mayo de 2009 Poli-Coop sometió una Moción en Cumplimiento de Orden, Informativa y Soli-citud de Orden. Manifestó que en una reunión celebrada el 2 de abril de 2009 con la licenciada Ramírez Salcedo y su re-presentante legal, salió a relucir que la querellada había presentado una instancia en el Registro de la Propiedad, en la cual solicitó la cancelación de la hipoteca que garantizaba la obligación con Poli-Coop por estar prescrita. Explicó, ade-más, que a pesar de que la aquí querellada se había com-prometido a entregarles copia de este documento, aún no lo había hecho. Por lo cual, solicitó al tribunal que ordenara a la abogada de epígrafe a producir copia de la instancia re-gistral y que, en su día, la declarara nula y ordenara al Registrador de la Propiedad cancelarla, así como cualquier otra anotación relacionada.

Durante la Conferencia con Antelación a Juicio cele-brada el 10 de marzo de 2010, el foro de primera instancia concluyó que no entraría a adjudicar si la Sentencia se había notificado adecuadamente, ya que luego de su noti-ficación la deudora había comparecido voluntariamente y reconocido la obligación. Así pues, procedió a señalar una vista para el 26 de agosto de 2010 con el fin de dilucidar el monto de la deuda a partir del reconocimiento voluntario de la deuda por parte de la querellada.

En lo pertinente, celebrada la vista en la fecha pau-tada los abogados de las partes informaron que sus re-presentados habían alcanzado un acuerdo, a los efectos que la querellada le entregaría a la demandante un cheque de gerente o certificado por $80,000. El abogado de Poli-Coop solicitó un término de cuarenta y cinco días para someter la estipulación a la consideración de su Junta de Síndicos. Así pues, el 25 de octubre de 2010, Poli-Coop compareció al foro de primera instancia para informar que, tanto el Pre-sidente Ejecutivo de COSSEC, así como la Junta de Síndi-cos de Poli-Coop, habían aceptado la oferta de pago. Soli-citó, entonces, una orden dirigida a que la licenciada Ramírez Salcedo cumpliera de inmediato con los términos del acuerdo pactado.

El 25 de febrero de 2011, las partes redujeron a escrito el acuerdo transaccional y lo presentaron ante el tribunal de instancia. En vista de ello, el 9 de marzo de 2011, el foro juzgador le impartió su aprobación a ese acuerdo y le con-cedió a la querellada treinta días para su cumplimiento. Se le apercibió que, de lo contrario, se ejecutarían sus bienes en pago de la deuda.

Transcurrido poco más de dos meses sin cumplir con lo acordado, el 24 de mayo de 2011, Poli-Coop presentó una Moción Solicitando Anotación de Embargo en el Registro de la Propiedad por $80,000, más los intereses y gastos incu-rridos, sobre la propiedad inmueble de la querellada. Luego de considerar la postura de la abogada en torno a este asunto, el foro juzgador declaró “ha lugar” la petición de Poli-Coop y emitió la Orden de Embargo correspondiente

2. Caso Civil Núm. KAC-2011-0736: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía de Puerto Rico y otros v. Isis Nydia Ramírez Salcedo y otros

El 29 de junio de 2011, Poli-Coop, representada por su síndico liquidador COSSEC, interpuso una Demanda sobre nulidad y cancelación de inscripciones en el Registro de la Propiedad, contra la querellada, Money House y el Secre-tario de Vivienda Federal. En síntesis, reclamó la anula-ción de la anotación consignada en el Registro de la Pro-piedad mediante la cual se canceló la hipoteca a su favor; la reinscripción del referido gravamen, y la cancelación de las inscripciones de las dos hipotecas revertidas. Después de varios incidentes procesales, que incluyeron el traslado del caso a la jurisdicción federal (removal) y su posterior devolución al foro estatal el 13 de agosto de 2012, el Tribunal de Primera Instancia acogió una moción de desis-timiento presentada por Poli-Coop y dictó Sentencia de conformidad, archivando la acción sin perjuicio, según la Regla 39.1(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

⅜—I HH

El Código de Ética Profesional es un cuerpo normativo que recoge los estándares mínimos de conducta que deben acatar los abogados admitidos por este Tribunal, para be-neficio de la ciudadanía, la profesión legal y las institucio-nes de justicia del país. In re Ortiz, Rivera, 195 DPR 122 (2016); In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611 (2014). Aunque la mayoría de las pautas que prescribe el Código de Ética Profesional se circunscriben a regular el desem-peño del letrado en su faceta profesional, los principios que comprenden los Cánones 35 y 38 trascienden su alcance hasta el ámbito privado. In re Astacio Caraballo, 149 DPR 790 (1999); In re Padilla Rodríguez, 145 DPR 536 (1998), Véase, además, S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 44. Sin embargo, conviene destacar que no nos inte-resa toda actuación en su dimensión personal, sino solo aquella conducta que afecte las condiciones morales del abogado y que le haga indigno de pertenecer a este Foro. In re Reyes Coreano, 190 DPR 739 (2014); In re Sepúlveda, Casiano, 155 DPR 193 (2001).

A. Canon 35 del Código de Ética Profesional

La verdad es una cualidad ínsita e inseparable del ejercicio de la abogacía. In re Martínez, Odell II, 148 DPR 636 (1999). En otras palabras, “[l]a profesión jurídica está predicada en la búsqueda y defensa de la verdad. Por lo tanto, resulta inherentemente contrario a su función que un abogado se desvíe de su obligación de ser sincero y honrado en toda faceta en que se desempeñe, ya sea en su vida pro-fesional o privada”. In re Sierra Arce, 192 DPR 140, 147 (2014).

Así pues, el Canon 35 del Código de Ética Profe-sional, supra, impone a la clase togada del país el deber de proceder con integridad, sinceridad y honradez frente a to-dos y en todo escenario. In re Reyes Coreano, supra. Veanse, además: In re Sierra Arce, supra; In re Astado Caraballo, supra. Este deber obliga a los abogados ante los tribunales, con sus representados, con las partes adversas y hasta en las relaciones profesionales con sus compañeros. In re Guemárez Santiago, supra; In re Astacio Caraballo, supra. Cónsono con lo anterior, para infringir el Canon 35 “[1]o fundamental es que se falte [objetivamente] a los va-lores de honradez y veracidad, pilares de la profesión legal”. In re Reyes Coreano, supra, pág. 756. No es defensa, por consiguiente, no haber procedido deliberadamente, de mala fe, con la intención de engañar o defraudar, como tampoco que no se le haya causado perjuicio a un tercero. In re Reyes Coreano, supra; In re Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011); In re Astacio Caraballo, supra.

Es meritorio puntualizar que a todo abogado le está vedado proveer a los foros judiciales información falsa, incompatible con la verdad, así como ocultar información cierta que deba ser revelada. In re Astacio Caraballo, supra. No es sincero ni honrado inducir a error al tribunal, empleando artificios o una relación falsa de hechos o Derecho. In re Ayala Vega I, 189 DPR 672 (2013). Cuando un abogado le miente a un tribunal bajo juramento para promover su causa, falta a su deber de actuar con integridad. In re Padilla Rodríguez, supra; In re Currás Ortiz, 141 DPR 399 (1996).

La mentira degrada el carácter y envilece el espíritu y es antítesis de la conducta recta y honorable que el Código de Ética Profesional exige de todo abogado. La palabra de éste debe en todo momento ser tan buena y tan leal como la del propio magistrado, porque tanto el juez como el abogado son partícipes en una función excelsa que jamás debe ser lasti-mada por la falsedad. In re Ramos y Ferrer, 115 DPR 409, 412 (1984) (Sentencia).

De igual forma, a la luz de este precepto ético un abogado no puede suscribir hechos incompatibles con la realidad. In re Rodríguez Gerena, 194 DPR 917 (2016); In re Belk, Serapión, 148 DPR 685 (1999). Todo jurista os-tenta la obligación ineludible de asegurarse que los datos consignados en cada documento que firma o redacta son veraces. In re Ayala Vega I, supra; In re Martínez, Odell II, supra; In re Belk, Serapión, supra. La verdad es el princi-pio sobre el cual se erige la confianza ciudadana en la pro-fesión legal y en las instituciones de justicia, por lo que independientemente de si el abogado actúa en su función profesional o personal, su falta de sinceridad es absoluta-mente injustificable.

B. Canon 38 del Código de Ética Profesional

El Canon 38 ordena a todo abogado a preservar el honor y la dignidad, baluartes de la práctica legal. “Com-portarse a la altura de los principios éticos reseñados cons-tituye piedra angular de la confianza que genera el hecho de pertenecer a esta ilustre profesión”. In re Sierra Arce, supra, págs. 147-148. La conducta de los miembros de la clase togada no se evalúa con los mismos criterios que le aplican a un individuo particular. íd. Ello amerita que se desempeñen siempre con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejerce, tanto en su vida privada como en su ministerio profesional. Íd.; In re Reyes Coreano, supra; In re De León Rodríguez, 190 DPR 378 (2014). Cada uno de los abogados representa la imagen misma de la profesión del Derecho en el país, por lo que sus actos, buenos o malos, repercuten en la percep-ción que el público tiene sobre el sistema de administra-ción de justicia. In re Sierra Arce, supra; In re Guemárez Santiago, supra.

i—í h—i I—i

De la prueba reseñada se desprende que la letrada de epígrafe infringió los dos preceptos éticos que le fueran imputados. Esta no observó el deber de sinceridad y hon-radez hacia los tribunales y las partes adversas que formula el Canon 35. Tampoco preservó el honor y la dignidad de la profesión legal, según lo exige el Canon 38. Con eso en mente, repasemos la conducta de la licenciada Ramírez Salcedo.

En la Moción de Relevo de Sentencia presentada en agosto de 2008, la querellada manifestó bajo juramento no tener conocimiento del pleito civil en su contra, puesto que las notificaciones emitidas, con excepción de la Orden que concedió la paralización del caso, constaban devueltas en el expediente del caso. Ahora bien, la licenciada Ramírez Salcedo incorporó esta aseveración bajo juramento en su escrito, a pesar de que se desprende del expediente judicial que, en efecto: (1) fue emplazada personalmente en repre-sentación de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales el 21 junio de 1997 y (2) presentó un escrito por derecho pro-pio, mediante el cual solicitó la paralización del proceso judicial en conformidad con las protecciones que concede la Ley de Quiebra Federal, poco más de un mes después de haberse dictado la Sentencia en Rebeldía. A raíz de esa petición, el foro de instancia paralizó los trámites posterio-res a la sentencia y le notificó su determinación a la direc-ción que la querellada consignó en su escrito. De los docu-mentos que constan en los autos del caso, no surge que esa correspondencia específicamente llegara devuelta.

Los acontecimientos reseñados revelan que, cierta-mente, la licenciada Ramírez Salcedo sí conocía del pleito que enfrentaba y de la sentencia emitida. Por lo tanto, los planteamientos esbozados en apoyo a su solicitud sobre este particular carecían de base o fundamento alguno.

Por otro lado, la querellada adujo, también infundada-mente, que la deuda objeto de la reclamación judicial fue saldada. La abogada de epígrafe compareció el 9 de sep-tiembre de 2008 para negar la existencia del gravamen hi-potecario, lo cual acreditó con una certificación registral. Omitió informarle, tanto al Tribunal de Primera Instancia como a la parte adversa, que la anotación del gravamen hipotecario fue cancelada a petición suya meses antes, no por pago, sino según el mecanismo dispuesto en la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad por haber trans-currido más de veinte años de constituida. Asimismo, es importante señalar que no fue hasta mayo de 2009 que el foro juzgador supo de ese hecho, cuando Poli-Coop compa-reció a informarlo. Igualmente la defensa de saldo por pago resulta contraria a los fundamentos empleados por la abo-gada en la instancia presentada ante el Registro de la Pro-piedad para solicitar la cancelación de la hipoteca.

Es meritorio atender una de las defensas planteadas por la licenciada Ramírez Salcedo durante el curso del trámite disciplinario. La querellada planteó que las posturas pre-suntamente incompatibles, fueron esgrimidas por su repre-sentante legal para impugnar la existencia, validez y, poste-riormente, la cuantía de la deuda, por entender de buena fe que procedían en derecho. De ordinario, y en ausencia de circunstancias que justifiquen lo contrario, como bien fun-damenta el Comisionado Especial en su Informe, todo liti-gante que escoge libremente a su representante legal no puede evitar los actos u omisiones de ese agente. Tenorio v. Hospital Dr. Pila, 159 DPR 777 (2003); Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494 (1982). Además, como pro-fesional del campo del Derecho, la querellada debía tener conocimiento acerca de las implicaciones éticas a las cuales se exponía, al hacer planteamientos infundados, incompatibles y que no se ajustaban a la verdad para sustentar su defensa Por último, es menester destacar que la quere-liada en ningún momento expuso que la representante legal de su caso lo hizo sin su consentimiento.

Como abogada de este foro, la querellada tenía la obligación de actuar de acuerdo con los valores ínsitos a la profesión del Derecho, recogidos en los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional. Estos son la verdad, el honor y la dignidad.

[Ulna vez un abogado es admitido al seno de la profesión, éste no puede desprenderse de sus obligaciones éticas simplemente señalando que actuaba como cliente y no como abogado [...]. No existe tal dicotomía entre la vida cotidiana del ciudadano que es abogado y el ejercicio de su profesión. [...] Dicho de otra manera, las responsabilidades éticas de los miembros de la profesión de abogado no tienen un horario de trabajo. (Énfasis suprimido). In re Bryan, Vargas, 150 DPR 1, 7 (2000). Véase, además, In re López González, 171 DPR 567 (2007).

En conclusión, las actuaciones impropias de la licenciada Ramírez Salcedo quedaron establecidas con prueba clara, robusta y convincente. De los hechos reseñados surge que la querellada, como parte demandada en el caso de referencia, se apartó de los deberes de sinceridad y honradez que exige el Canon 35. Por lo que resulta irrelevante si la licenciada Ramírez Salcedo actuó de mala fe o con la intención de en-gañar al foro judicial o a la parte adversa. Asimismo, al no ajustarse a la veracidad de los hechos, la querellada tam-poco se condujo de la manera digna y honorable que le exige el Código de Ética, lo que constituyó un quebrantamiento al Canon 38 del mismo cuerpo normativo. In re Astacio Caraballo, supra.

Con el objeto de evitar la arbitrariedad y promover una reglamentación disciplinaria uniforme y consistente, es importante examinar los precedentes en los que se formu-lan infracciones disciplinarias análogas. In re Rivera Nazario, 193 DPR 573 (2015). Ahora bien, al momento de im-poner la medida disciplinaria, hay que reconocer que cada caso es único y que presenta circunstancias particulares que, en ocasiones, justifican que nos distanciemos de la san-ción disciplinaria correspondiente In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966 (2015); In re De León Rodríguez, supra. Lo importante es que “cuando nos apartemos de los preceden-tes similares, brindemos una explicación satisfactoria que justifique nuestro proceder”. In re Villalba Ojeda, supra, pág. 983.

La querellada goza de buena reputación en la comuni-dad legal. Así lo acreditan los miembros de la profesión que ofrecieron declaraciones juradas que hablan sobre la calidad de su desempeño profesional. La licenciada Ramí-rez Salcedo ha sido miembro del panel de abogados del Programa Pro Bono, Inc., Servicios Voluntarios del Colegio de Abogados (Pro Bono o programa) desde 1984. Su labor en favor del acceso a la justicia de las personas de bajos recursos económicos le ha merecido el reconoci-miento del programa en múltiples ocasiones. Esa enti-dad reconoció a la licenciada Ramírez Salcedo en 2004, 2006, 2008, 2009 y 2015 por su destacada labor y colabo-ración al servicio de las personas indigentes. En este con-texto es importante señalar que, el 16 de octubre de 2015 Pro Bono la seleccionó como abogada destacada del año por poner sus servicios legales a la disposición de la clien-tela elegible del programa.

IV

Por todo lo anterior, censuramos enérgicamente la con-ducta desplegada por la Leda. Isis N. Ramírez Salcedo. Le recordamos a la querellada que tiene el deber de ob-servar escrupulosamente cada uno de los postulados del Código de Ética Profesional. Asimismo, le apercibimos de que, de incurrir en otro acto que contravenga las normas de ese mismo cuerpo normativo, se expone a medidas dis-ciplinarias más severas, incluyendo su suspensión del ejercicio de la abogacía, Notifíquese esta opinión “per cu-riam” y Sentencia personalmente a la Leda. Isis N, Ramírez Salcedo a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Colón Pérez

concurrió con el re-sultado e hizo la expresión siguiente:

Entiendo que la conducta desplegada por la Leda. Isis N. Ramírez Salcedo, la cual se apartó de lo dispuesto en los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, debe conllevar la suspensión de la licenciada del ejercicio de la abogacía por un periodo de tres (3) meses.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez concurrió sin opinión escrita. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez no intervino.

       La Leda. Isis N. Ramírez Salcedo (licenciada Ramírez Salcedo o querellada) fue admitida a la abogacía el 15 de mayo de 1981 y prestó juramento como notaría el 5 de junio de 1981.

       La comunicación en cuestión sirvió para dar inicio al proceso disciplinario contra la querellada. El 17 de agosto de 2011, el Sr. José E. Pérez Ayala, oficial legal adscrito a la Oficina de la Procuradora General (Procuradora), le dirigió una carta a la licenciada Ramírez Salcedo en la que le informó sobre la Queja presentada, así como de las alegaciones en las que se sustentaba. Así pues, le concedió un término de diez días para que expresara su posición.
      Es meritorio señalar que, en su contestación, la querellada no ofreció su versión acerca de lo planteado en la misiva suscrita por el Sr. Luis E. Millón Velázquez, presidente ejecutivo interino de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC). Más bien se limitó a referirse a cierta documentación incluida junto a su comunicación y a afirmar que haría pagos parcia-les a la deuda tan pronto recibiera un dinero producto de unos casos pendientes de adjudicación.

       En reacción al Informe de referencia, la querellada presentó un escrito el 11 de febrero de 2014, mediante el cual finalmente ofreció su versión de los hechos y negó haber incurrido en conducta antiética alguna.

       Específicamente, la Procuradora imputó lo siguiente:
      “La [licenciada Ramírez Salcedo infringió los preceptos de sinceridad y honra-dez del Canon 35 de Ética Profesional y no exaltó el honor y la dignidad de la profesión, aunque ello conllevase sacrificios personales, no evitó la apariencia de conducta impropia ni hizo su propia y cabal aportación a la administración de la justicia conforme a los preceptos del Canon 38 de Ética Profesional, al no actuar de forma digna, honorable, sincera, honrada ni ajustarse a la verdad de los hechos en el trámite judicial [KCD19971-0125, en el cual ella era parte demandada”. Querella, pág. 10.

       A solicitud de la Procuradora se unió el expediente del AB-2014-0010 al asunto CP-2015-0004 y se tomó conocimiento judicial de los casos Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía de Puerto Rico v. Barto Bover Irizarry, et al., Civil Núm. KCD-1997-0125, y Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía de Puerto Rico y otros v. Isis Nydia Ramírez Salcedo y otros, Civil Núm. KAC-2011-0736.

       El Comisionado Especial adoptó en su escrito los hechos estipulados por la Procuradora y la querellada en el Informe Preliminar entre Abogados. En su In-forme, el funcionario coligió que, en el ámbito privado, la licenciada Ramírez Salcedo había incurrido en una conducta contraria a las Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX (Cánones 35 y 38).

       Cabe mencionar que el 21 de enero de 1999, la parte demandante compareció para solicitar que se anotara la rebeldía de la parte demandada, ya que, según alegó, las conversaciones transaccionales no habían rendido frutos, En el expediente consta una carta de 15 de enero de 1998, mediante la cual la querellada le propuso una oferta de pago a la entidad predecesora de COSSEC con el fin de cumplir con el importe de la deuda. En respuesta a esa comunicación, el 28 de enero de 1998, la representante legal de la antigua entidad le remitió copia de esa carta a una de sus oficiales para que le informara si aceptaba o no la oferta de pago allí consignada. A su vez, un duplicado de esa última misiva, identificada con el número del caso, fue dirigida a la licenciada Ramírez Salcedo. Por lo cual, podemos inferir que la abogada de epígrafe tenía conocimiento del pleito, contrario a lo alegado posteriormente.

       Esa era una de las direcciones que constaba en la solicitud del préstamo hipotecario otorgado a los excónyuges por la institución cooperativa.

       El Caso Núm. 99-02240(ESL) fue presentado el 2 de marzo de 1999 ante la Corte Federal de Quiebra y fue desestimado a solicitud de la querellada en julio de ese mismo año. Poco tiempo después, presentó una segunda petición que fue deses-timada en 2001 (Caso Núm. 99-15722(ESL)). Del expediente no surgen las razones específicas que justificaron esa desestimación.

       Surge de los autos del caso disciplinario que el 19 de abril de 2000 la que-rellada y Poli-Coop suscribieron un Acuerdo de Restructuración de Pago, a través del cual la licenciada Ramírez Salcedo reconoció la deuda. Este convenio, solicitado por la abogada, se hizo a fin de facilitar su cumplimiento con el plan de pago propuesto a la Corte Federal de Quiebra. No obstante, en la primera cláusula del acuerdo suscrito aparece un número de caso en cobro de dinero distinto al que nos concierne ([KCD19196-0482). Este número corresponde a otro pleito entre las partes desistido previamente. Podemos deducir que este fue un error generado por una confusión con los números de los casos desistidos anteriormente y que involucraban a las mismas partes. Poli-Coop indicó que el caso Civil Núm. KCD-1997-0125 representaba su tercer esfuerzo para cobrar judicialmente su acreencia. Anteriormente, la entidad había presentado los casos civiles Núm. KCD1991-2290 y Núm. KCD1996-0482, am-bos desestimados sin perjuicio ante la promesa de pago de la parte demandada.

       Esta es la misma dirección que la licenciada Ramírez Salcedo consignó en su única comparecencia ante el Tribunal de Primera Instancia y a la cual se le remitió la Orden de paralización del pleito en el 1999.

       Ese documento también le fue notificado a MCS 283, Suite 112, 100 Grand Boulevar[d] Paseos, San Juan, PR 00926.

       Poli-Coop acompañó el aludido escrito, entre otros, con una Certificación Registral de 31 de marzo de 2008, de la cual se desprendía el gravamen disputado. Asimismo, presentó copia de una Sentencia de divorcio de 13 de marzo de 1998, a través de la cual se le adjudicó la titularidad del inmueble objeto de la controversia a la querellada. En el ínterin, el 1 de abril de 2008 Poli-Coop presentó una Moción bajo la Regla 51.1 de Procedimiento Civil. Mediante Orden emitida el 26 de abril de 2008, el Tribunal de Primera Instancia atendió el escrito e indicó lo siguiente: “Esta moción no cumple con lo requerido en la Orden de 21 de febrero de 2008, La señora secretaria de este Tribunal debe evaluar si del registro de direcciones de este Tribunal surge una dirección correcta de la Leda. Ramírez [Salcedo]. Entonces proveeremos”. Orden, Anejo 2 del Informe Preliminar entre Abogados. Este docu-mento le fue remitido a la licenciada Ramírez Salcedo a la misma dirección a la que se le había enviado el último documento judicial devuelto.

       La querellada omitió revelar que el 30 de abril de 2008 había presentado una instancia ante el Registro de la Propiedad, por medio de la cual solicitó la can-celación de la hipoteca en controversia por prescripción, al haber “transcurrido el término de veinte años desde su presentación al Registro de la Propiedad”. Escritura de Instancia para Cancelación por Prescripción, Anejo XXXVII del Informe de la Procuradora General.

       El 11 de septiembre de 2008, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a la licenciada Ramírez Salcedo que replicara al escrito en oposición sometido por la parte demandante días antes. Además, señaló que “[l]os documentos que se [...] pre-sentan parecen indicar que las representaciones efectuadas ante el Tribunal por la codemandada Ramírez Salcedo son frívolas y temerarias”. Orden, Anejo XIX del Informe de la Procuradora General.

       Cabe señalar que el 22 de octubre de 2008, la licenciada Ramírez Salcedo interpuso otro escrito en el que reiteró no haber sido notificada de las incidencias del caso ni de la correspondiente Sentencia. Asimismo, alegó que el demandante había cobrado la deuda, ya que no fue hasta pasados nueve años que requirió su ejecución. Por último, argumentó que dado a que habían pasado más de cinco años de haberse dictado la Sentencia, no procedía su ejecución.

       Asimismo, cabe mencionar que el 23 de agosto de 2010, tres días antes de esa vista, Poli-Coop presentó una moción en la cual solicitó: (1) traer al pleito como partes indispensables a Money House, Inc. y al Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (Secretario de Vivienda Federal), entidades financieras que gravaron la propiedad con unas hipotecas revertidas por las sumas de $247,000 y $370,500, respectivamente; (2) que se señalara una vista en los méritos para ad-judicar la validez de la instancia registral, y (3) que una vez ésta se declarara nula, se ordenara la cancelación de toda inscripción basada en esa instancia. Durante la vista celebrada el 26 de agosto de 2010, el foro juzgador expresó que no dispondría de esa moción hasta tanto se determinara la existencia y monto de la deuda.

       En respuesta al mandato emitido por el Tribunal de Primera Instancia, el 6 de junio de 2011, la aquí querellada presentó una Moción en Cumplimiento de Orden. En síntesis, la licenciada Ramírez Salcedo indicó que, aunque estaba dis-puesta a pagar, no contaba con la suma adeudada. Afirmó que, una vez consiguiera el dinero, se lo entregaría a su acreedor o, en la alternativa, efectuaría un plan de pago.

       El 21 de diciembre de 2011 el caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia, después de que la parte demandante desistiera con perjuicio de su recla-mación contra Money House, Inc. y el Secretario de Vivienda Federal. Más adelante, el 14 de mayo de 2012 el demandante solicitó el archivo sin perjuicio de la reclama-ción, debido a que exigiría la ejecución de los acuerdos en el caso KDC-1997-0125.

       En lo pertinente, el Canon 35 del Código de Ética Profesional establece lo siguiente:
      “La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.

      “No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho.

        “El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávits u otros documentos, y al presentar causas (Énfasis suplido), 4 LPRA Ap. IX.

       Por su parte, el Canon 38 del Código de Ética Profesional prescribe lo si-guiente:
      “El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios persona-les y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. [...]
      “Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable (Énfasis suplido). 32 LPRA Ap. IX.

       El 24 de agosto de 1997, la querellada solicitó a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) la autorización para el traslado de su obra protocolar. La dirección postal consignada en esa carta fue MCS 283, Suite 112,100 Gran Boulevard Paseos, San Juan, Puerto Rico 00926. El 4 de octubre de 1999, la licenciada Ramírez Salcedo le indicó por escrito a la entonces Directora de la Oficina de Inspección de Notarías su nueva dirección postal: GPO Box 36-4033, San Juan, Puerto Rico 00936-4033. De la Certificación emitida el 3 de noviembre de 2015 por el Colegio de Abogados de Puerto Rico aparece que la dirección postal de la querellada de 14 de agosto de 1997 a 3 de octubre de 1999 era MCS 283, Suite 112, 100 Gran Boulevard Paseos, San Juan, Puerto Rico 00926, mientras que del 4 de octubre de 1999 hasta la fecha en la que se emitió la Certificación era GPO BOX 36-4033, San Juan, Puerto Rico 00936-4033. Finalmente, del Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA) surge que la dirección postal de la licenciada Ramírez Salcedo a partir de 21 de mayo de 2001 es PO Box 364033, San Juan, Puerto Rico 00936-4033.

       El planteamiento incorporado por la licenciada Ramírez Salcedo en la mo-ción de relevo de sentencia, a los efectos de no haber sido emplazada personalmente, fue amplio y general, por lo que se presta a distintas interpretaciones que la letrada nunca aclaró en sus comparecencias.
      No existe controversia en cuanto a que la querellada fue emplazada personal-mente únicamente en representación de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ella y su exesposo. No surge del expediente que haya sido emplazada en su capacidad personal. Por tal razón, contrario a lo consignado por el Comisionado Especial en su Informe, entendemos que esa alegación, a pesar de haber sido reti-rada posteriormente, no carecía enteramente de méritos o fundamentos. Por tal ra-zón, limitamos nuestro análisis al aspecto cognoscitivo de la abogada sobre el pleito en su contra.

       Recordemos que el 19 de abril de 2000, la querellada suscribió un Acuerdo de Restructuración de Pago que, aunque hizo referencia a un número de pleito dis-tinto, tenía como objeto transigir la misma obligación. Además, aunque la abogada de epígrafe no compareció a defenderse ante el Tribunal, en el expediente constan documentos que corroboran que estaba negociando la deuda con el acreedor, por lo que tenía conocimiento del caso. Véanse escolios 7 y 10.

       Aunque la querellada fundamentó su petición al amparo del Art. 140 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 LPRA sec. 2464, coincidimos con la Procuradora General, quien interpretó que la cancelación del gravamen en el Registro de la Propiedad se efectuó por prescripción, en conformidad con el Art. 145 de la misma disposición estatutaria, 30 LPRA sec. 2969.

       Recordemos que la abogada alegó inicialmente que la deuda había sido saldada. Posteriormente, expresó que la sentencia no se podía ejecutar. Al final, terminó reconociendo la deuda y expresó que nunca se había negado a pagar.

       Al momento de establecer la sanción disciplinaria que se le impondrá a un abogado, es importante tomar en consideración los factores siguientes: (1) la repu-tación del letrado en la comunidad; (2) su historial previo; (3) la aceptación y el arrepentimiento sincero por la falta ética cometida; (4) si se trata de una conducta aislada; (5) si medió ánimo de lucro; (6) el perjuicio, si alguno, causado a alguna de las partes implicadas, y (7) cualquier otra consideración atenuante y agravante pertinente a los hechos. In re Miranda Daleccio, 193 DPR 753 (2015); Pueblo v. Quiles Negrón et al., 193 DPR 609 (2015); In re Rivera Nazario, 193 DPR 573 (2015).

       De una Certificación emitida por el Ledo. José M. Vázquez Balasquide, director regional de la Oficina de San Juan de Pro Bono, Inc., Servicios Voluntarios del Colegio de Abogados de Puerto Rico, aparece que la querellada, como voluntaria de este programa, atiende los casos, principalmente en derecho de familia, desde su ofi-cina y de forma gratuita,

       A continuación discutimos los precedentes en los que hemos dispensado una sanción similar basada en la conducta de ciertos abogados en el ámbito pri-vado: (1) en In re Sierra Arce, 192 DPR 140 (2014), censuramos enérgicamente a una abogada que quebrantó los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional; (2) por infringir esos mismos cánones, censuramos enérgicamente a una abogada en In re Bryan, Vargas, 150 DPR 1 (2000); (3) dispensamos idéntica sanción al censurar enérgicamente a una letrada por quebrantar los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional en In re Astacio Caraballo, 149 DPR 790 (1999); (4) en In re Padilla Rodríguez, 145 DPR 536 (1998), limitamos la sanción a una amonestación por el abogado haber infringido los Cánones 35 y 38; (5) censuramos enérgicamente a dos abogados por quebrantar el Canon 35 en In re Martínez, Odell I, 148 DPR 49 (1999), y (6) en In re Belk, Serapión, 148 DPR 685 (1999), circunscribimos la san-ción de los abogados a una censura enérgica por faltar al Canon 35.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rivera García

license: Public Domain

text:
    Nelson Rivera Marcucci, Jaime V. Sepúlveda Ruiz, Víctor García Muñoz, Carlos Alberto Mejías Cortés, Norbert Cruz Martín y David J. Lebrón, recurridos, v. Suiza Dairy Inc. y Compañía de Seguros “A” Inc., peticionarias.

      Número: CC-2014-0586

      Resuelto: 2 de agosto de 2016

      Julio I. Lugo Muñoz, de Sifre & Muñoz Noya, CSP, abogado de la parte peticionaria; Pedro Hernández Guilbe, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

El Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia para desestimar la acción que los Sres. Nelson Rivera Mar-cucci, Jaime V. Sepúlveda Ruíz, Víctor García Muñoz, Carlos Alberto Mejías Cortés, Norbert Cruz Martín y David J. Lebrón Báez (los recurridos) presentaron contra Suiza Dairy, Inc. (la peticionaria o Suiza). Los recurridos solici-taron la reconsideración del dictamen, pero le notificaron la moción de reconsideración a Suiza fuera del término de cumplimiento estricto que dispone la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Por tal incumplimiento, el foro primario declaró “no ha lugar” la moción. Inconformes, los recurridos apelaron la Sentencia ante el Tribunal de Apelaciones, pero computaron el término para recurrir a partir de la notificación de la Resolución que declaró “no ha lugar” la moción de reconsideración. La contención de la peticionaria es que el término para apelar no quedó inte-rrumpido y que, por lo tanto, el recurso de apelación de los recurridos se presentó tardíamente.

En ese marco debemos resolver si procede revocar la Sentencia que emitió el Tribunal de Apelaciones por ha-berla emitido sin jurisdicción. Al hacerlo, ratificamos la im-portancia de cumplir con el requisito de notificación que impone la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, y la con-secuencia de no hacerlo. Esto lo analizamos en el contexto de la disposición de esa regla que establece que, una vez presentada una moción de reconsideración, quedarán inte-rrumpidos para todas las partes los términos para recurrir en alzada.

Pasamos a exponer un resumen de los hechos pertinen-tes para resolver esta controversia y los eventos procesales que sostienen nuestra determinación.

1

En vista de que los errores que atenderemos se circuns-criben al asunto procesal reseñado, es innecesario referir-nos a todas las discusiones y los planteamientos de derecho que se han suscitado en este caso. Basta con señalar que se originó con una reclamación laboral que los recurridos pre-sentaron en julio de 2012 en contra de Suiza. Luego de varios trámites procesales, el 29 de agosto de 2013, el Tribunal de Primera Instancia dispuso de una moción de sen-tencia sumaria que la peticionaria había presentado y emi-tió una sentencia para desestimar con perjuicio la acción de los recurridos. La notificación y el archivo de ese dic-tamen se realizó el 3 de septiembre de 2013.

Inconformes con esa determinación, los recurridos pre-sentaron el 17 de septiembre de 2013, es decir, catorce días luego de archivada en autos copia de la notificación de la sentencia, una moción de reconsideración ante el foro pri-mario para cuestionar que la reclamación laboral se hu-biese resuelto sin la celebración de una vista evidenciaría. En ese escrito la representación legal de los recurridos certificó que le remitió copia a la peticionaria mediante correo certificado y correo electrónico. Sin embargo, ello no ocurrió así. Contrario a lo que dispone la Regla 47, supra, sobre la notificación simultánea de este tipo de moción, los recurridos la notificaron dos días luego de haberla presentado. De esta forma, según surge del ex-pediente, la notificación se efectuó fuera del término de cumplimiento estricto que dispone la Regla 47, supra, pues se debía notificar en el término de quince días que señala la regla para presentarla.

Consecuentemente, Suiza presentó el 7 de octubre de 2013 ante el Tribunal de Primera Instancia un escrito para informar esa situación procesal. En este solicitó que ante la falta de una justificación adecuada para esa dilación, se desestimara la moción de reconsideración, con la conse-cuencia de que se entendiera que no había interrumpido el término para apelar. En la alternativa, peticionó un tér-mino para replicarla. En respuesta a esa moción, el 8 de octubre de 2013, el Tribunal de Primera Instancia le or-denó a los recurridos que mostraran causa en el término de 48 horas por la cual no se debía conceder lo solicitado por Suiza. Esta orden fue notificada el 15 de octubre de 2013.

En cumplimiento con esa orden, los recurridos compare-cieron y expusieron su posición al respecto. En el escrito, su representación legal enumeró varias razones para jus-tificar la notificación tardía de la moción de reconsideración. En síntesis, adujo que durante la semana en que presentó la moción tuvo mucha carga de trabajo. También alegó que cuando estaba presto a notificarla vía correo certificado se percató de que le faltaba una página a la fotocopia. Señaló que ante esa situación optó por esperar al día siguiente para cerciorarse de que había presentado ante el Tribunal la moción completa, para luego notificarla.

El Tribunal de Primera Instancia evaluó los escritos de las partes y dictó una Resolución el 16 de octubre de 2013, notificada el 18 de ese mes, en la que declaró “no ha lugar” la moción de reconsideración. Como fundamento con-signó lo siguiente:

La Regla 67.2 de Procedimiento Civil permite que se haga la notificación entre abogados —además de por correo— me-diante el fax o correo electrónico; i.e., e-mail. La parte quere-llante [los recurridos] no ha acreditado la imposibilidad de ha-ber utilizado un medio electrónico para lograr la notificación a la parte adversa antes de que venciera el término de presen-tación establecido en la Regla 47.

Así las cosas, los recurridos acudieron al Tribunal de Apelaciones el 18 de noviembre de 2013 y presentaron un recurso de apelación. En este solicitaron que se revisara la Sentencia emitida el 29 de agosto de 2013 que desestimó la reclamación laboral y la Resolución de 16 de octubre de 2013 que declaró “no ha lugar” la moción de reconsidera-ción por no haberse acreditado justa causa para omitir no-tificar en el término señalado en la Regla 47, supra. En ese contexto se suscitó la controversia jurisdiccional que está ante nuestra consideración.

Una vez presentado el recurso de apelación, Suiza soli-citó que se desestimara por falta de jurisdicción por ha-berse presentado tardíamente. Razonó que, como la mo-ción de reconsideración se notificó fuera del término de cumplimiento estricto sin haberse acreditado justa causa para ello, no tuvo el efecto de interrumpir el término de treinta días para apelar la sentencia. Ante tales plantea-mientos, el foro apelativo intermedio le ordenó a los recu-rridos que se expresaran al respecto. Ambas partes reac-cionaron mutuamente a sus distintas posturas.

Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones emitió senten-cia el 31 de marzo de 2014 en la que revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. En su dictamen no incluyó mención alguna relacionada con el asunto jurisdiccional que estaba en controversia. Posteriormente, el 22 de abril de 2014, Suiza solicitó la reconsideración de ese dictamen, reiterando el argumento de que el foro apelativo no tenía jurisdicción para atender el recurso de apelación de los recurridos. El 30 de abril de 2014, el Tribunal de Apelacio-nes le ordenó nuevamente a estos últimos que expusieran su posición en cuanto a esa cuestión jurisdiccional. Sin embargo, el 11 de junio de 2014 declaró “no ha lugar” la reconsideración presentada por Suiza.

En vista de esos eventos, el 18 de julio de 2014, Suiza acudió ante esta Curia mediante el Certiorari de epígrafe y señaló la comisión de siete errores. Entre ellos destacamos los siguientes:

Erró el [Tribunal de Apelaciones] al hacer caso omiso y nunca atender, analizar y resolver, como se requiere ante ese tipo de alegación, una alegación jurisdiccional planteada por ambas partes que patentemente privaba a dicho foro de entender (por tardío) en el recurso apelativo presentado.
Erró el TA al no determinar, como procedía, que carecía de jurisdicción para entender en la apelación que se le presentara por la aquí recurrida.

El 12 de diciembre de 2014 expedimos el auto. Consi-guientemente, la peticionaria presentó su alegato en abril de 2015 y los recurridos al mes siguiente. En cuanto a la discusión del asunto jurisdiccional que nos atañe, se limi-taron a referirnos a ciertas mociones que habían presen-tado ante el Tribunal de Apelaciones en las que discutieron ese asunto.

Al contar con el beneficio de la comparecencia de las partes, pasamos a resolver.

I—I

Como sabemos, la jurisdicción es el poder o la au-toridad que tiene un tribunal para decidir casos o controversias Debido a la gran envergadura de este prin-cipio, los entes adjudicativos tienen que ser celosos guardia-nes de su jurisdicción y no poseen discreción para asumirla en aquellas circunstancias en que no la tienen De ma-nera que, una vez se cuestiona la jurisdicción del tribunal, este tiene el deber de examinar y evaluar rigurosamente ese señalamiento Luego de llevar a cabo este examen, si el tribunal concluye que en efecto carece de jurisdicción, lo pro-cedente es la desestimación del caso. Ello, independiente-mente de las consecuencias que ello conlleve

La Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que los recursos de apelación al Tribunal de Apelaciones deberán presentarse en el término jurisdic-cional de treinta días contados desde el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado. Empero, el inciso (e)(2) de la precitada dispo-sición aclara que el transcurso del término para apelar se interrumpirá, entre otras instancias, por la oportuna pre-sentación de una moción formulada según la Regla 47, supra, y que el referido término comenzará a contarse de nuevo desde que se archive en autos copia de la notifica-ción de la orden "resolviendo definitivamente una moción de reconsideración sujeto a lo dispuesto en la Regla 47”. (Énfasis nuestro).

Como vemos, uno de los remedios procesales que tiene a su disposición una parte afectada por una sentencia emi-tida por el Tribunal de Primera Instancia, que a su vez puede tener un efecto en la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar las actuaciones de ese foro, es la moción de reconsideración regulada por la Regla 47, supra. Revisemos lo que dispone al respecto.

A. La moción de reconsideración

El mecanismo procesal de la moción de reconsideración existe en nuestra jurisdicción desde 1937, cuando se intro-dujo en el Código de Enjuiciamiento Civil de 1904. Ini-cialmente, se incorporó para concederle a los tribunales sentenciadores la facultad de relevar a cualquier parte de los efectos de una sentencia que se hubiese dictado por equivocación, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable. Actualmente, la finalidad de la moción de re-consideración continúa siendo esencialmente la misma. Se entiende que busca conferirle la ocasión al tribunal que dicta una sentencia para que enmiende o corrija los errores en los cuales hubiese incurrido al dictarla. Sin embargo, de igual manera, hay que tener presente que este meca-nismo está regulado de forma tal que evita que se con-vierta en una vía para dilatar injustificadamente la ejecu-ción de un dictamen judicial.

Actualmente, la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, establece como sigue:

La parte adversamente afectada por una orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la orden o resolución, presentar una moción de reconsideración de la orden o resolución.
La parte adversamente afectada por -una sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término jurisdic-cional de quince (15) días desde la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, presentar una mo-ción de reconsideración de la sentencia.
La moción de reconsideración debe exponer con suficiente particularidad y especificidad los hechos y el derecho que la parte promovente estima que deben reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las determinacio-nes de hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales.
La moción de reconsideración que no cumpla con las especi-ficidades de esta regla será declarada “sin lugar” y se enten-derá que no ha interrumpido el término para recurrir.
Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las partes. Estos términos comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos copia de la notifica-ción de la resolución resolviendo la moción de reconsideración.
La moción de reconsideración se notificará a las demás par-tes en el pleito dentro de los quince (15) días establecidos por esta regla para presentarla ante el tribunal de manera simultánea. El término para notificar será de cumplimiento estricto. (Enfasis suplido).

Uno de los cambios más significativos que se incorporó en las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fue el de con-ferir a la solicitud de reconsideración el efecto de paralizar automáticamente los términos cronológicos para acudir en revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Conforme a ello, la mera presentación de una solicitud de reconsidera-ción tiene el efecto de paralizar los términos concedidos por ley para acudir al foro apelativo intermedio con el fin de cuestionar la determinación del foro sentenciador. No obstante, ese efecto interruptor no opera de manera aislada. Ello ocurrirá “siempre y cuando se cumplan con los requisitos de fondo expuestos en la regla”. Precisa-mente, la propia disposición reglamentaria estipula que “[l]a moción de reconsideración que no cumpla con las es-pecificidades de esta regla será declarada ‘sin lugar’ y se entenderá que no ha interrumpido el término para recurrir”. Regla 47, supra.

Unas de esas especificidades es el requisito de notificación. A pesar de las enmiendas sustanciales que su-frió esta regla cuando se aprobaron las Reglas de Procedi-miento Civil de 2009, el requerimiento de notificarle a las partes contrarias la solicitud de reconsideración en el tér-mino de cumplimiento estricto de quince días permaneció intacto. Es oportuno explorar brevemente la razón de este requisito y las consecuencias de incumplir con este.

El requisito de notificación contenido en la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, fue producto de una enmienda que se le incorporó a la otrora Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979 mediante la Ley Núm. 268-2002. La inten-ción del legislador al promulgar esa pieza legislativa fue establecer un plazo para que la parte afectada por una sentencia supiera cuándo era que debía notificar la solici-tud de reconsideración al resto de las partes en el pleito. Ello, pues la Regla de 1979, tal y como estaba redactada, era silente en cuanto al término en el cual se debía notifi-car a las partes. Ese asunto había generado confusiones y controversias que luego fueron atendidas por esta Curia. Ante el vacío legislativo previo a la aprobación de la Ley Núm. 268, supra, interpretamos que el término que tenía una parte para notificar la moción era el mismo que se utilizaba para presentar la moción ante el tribunal y que su carácter era de cumplimiento estricto. Esta interpre-tación fue acogida por la Asamblea Legislativa en la refe-rida legislación.

Así también, la enmienda descrita tuvo el propósito de que la parte que ha de ser notificada no se viera perjudi-cada por la notificación tardía de la moción de reconsidera-ción y, de esta manera, salvaguardar el principio de econo-mía procesal que rige nuestro ordenamiento jurídico. Al respecto, la Asamblea Legislativa consignó en la Exposi-ción de Motivos de la Ley Núm. 268, supra, que:

El fiel cumplimiento de los términos y la diligencia en las notificaciones, tanto del tribunal como de las partes, envuel-ven los principios rectores de la economía procesal, en cuanto a una solución justa, rápida y económica del proceso [...] En muchas ocasiones por error o inadvertencia una parte no es notificada a tiempo. Esto conlleva a que el Juez, una vez noti-ficada correctamente la parte, le brinde más tiempo al afec-tado para replicar si ese fiiera el caso. Obviamente, esto afecta la diligencia y consideración de los casos, afectándose el calen-dario judicial y la economía procesal.

En conformidad con esto, hemos expresado que este re-quisito le brinda la oportunidad a las otras partes a expre-sarse y les alerta sobre la posibilidad de que el término jurisdiccional para presentar el recurso de revisión se interrumpa.

B. El término de cumplimiento estricto

En nuestro ordenamiento reconocemos una varie-dad de términos cuyo incumplimiento conlleva distintas consecuencias. Podemos encontrar los conceptos de térmi-nos: discrecionales, directivos, de estricto cumplimiento y fatales o jurisdiccionales. Estos términos tienen el pro-pósito de que la parte actúe en determinado plazo y las consecuencias de no hacerlo difieren. Así por ejemplo, el incumplimiento con un término jurisdiccional impide la re-visión judicial por privar de jurisdicción a los tribunales. Por otra parte, el término de cumplimiento estricto se sitúa entre los términos prorrogables y los improrrogables. Estos pueden prorrogarse siempre y cuando exista una justa causa. Por ello, no constituye un defecto fatal la notifi-cación tardía de una moción de reconsideración, si se puede demostrar la existencia de justa causa.

Es importante señalar que los tribunales no gozan de discreción para prorrogar los términos de cumplimiento estricto automáticamente. Un perfecto ejemplo de esto es lo que ocurrió en García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250 (2007), caso en que intervenimos debido a que el Tribunal de Apelaciones actuó contrario a esta norma. Allí el foro apelativo intermedio acogió un recurso a pesar de recono-cer que se había presentado fuera del término de cumpli-miento estricto. El tribunal apelado justificó su jurisdic-ción mediante dos fundamentos. Primero, que el recurso se había presentado pocos días después de haberse vencido el término correspondiente y segundo, que la determinación del foro recurrido perpetuaría una situación improcedente en derecho. Al llegar la controversia ante esta Curia se planteó que el Tribunal de Apelaciones había errado al aco-ger el recurso sin que los peticionarios hubiesen solicitado una prórroga justificando la tardanza. Resolvimos que si bien se trataba de un término de cumplimiento estricto y no jurisdiccional, el tribunal no podía considerar el recurso sin que se le hubiesen acreditado las razones para la dila-ción en su presentación. Más aún, aclaramos que esa actuación errónea no se justificaba con el fundamento de que el Tribunal de Primera Instancia hubiese incurrido en un error de derecho.

Por lo tanto, el foro adjudicativo tiene discreción para extender un término de cumplimiento estricto solo cuando la parte que lo solicita demuestra justa causa para la tardanza. Al ser así, se le requiere a quien solicita la pró-rroga o a quien actúe fuera del término que presente justa causa por la cual no puede o pudo cumplir con el término establecido En conformidad con esto, hemos reafirmado que los tribunales podrán eximir a una parte de observar el cumplimiento con un término de este tipo únicamente si concurren las condiciones siguientes :(1) que en efecto exista justa causa para la dilación y (2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para la dilación, es decir, que acredite de manera adecuada la justa causa aludida.

Las partes litigantes deben atender estos requeri-mientos con seriedad, ya que "[n]o se permitirá desviación alguna del plazo[...] so pena de desestimación del recurso, a menos que la tardanza ocurrida se justifique detallada-mente y a cabalidad”. De hecho, en Soto Pino v. Uno Radio Group señalamos que "es un deber acreditar la exis-tencia de justa causa, incluso antes de que un tribunal se lo requiera, si no se observa un término de cumplimiento estricto”. (Énfasis en el original).

C. El elemento de la justa causa

Recientemente tuvimos la oportunidad de expre-sarnos respecto al requisito de justa causa en Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. En ese caso reiteramos que la justa causa se acredita mediante explicaciones " ‘concretas y particulares, —debidamente evidenciadas en el escrito— que le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa razonable para la tardanza o la demora’ ’’. Por otro lado, no constituyen justa causa las "vaguedades y las excusas o planteamientos estereotipados”. De lo contrario, la acre-ditación de la justa causa se convertiría en un juego de “mero automatismo” con justificaciones genéricas carentes de los detalles que causaron la dilación. De permitirse esto, los términos reglamentarios redundarían en “metas amorfas que cualquier parte podría postergar”.

Es evidente que la existencia de justa causa es un ele-mento que ha de evaluarse caso a caso. Al justipreciar las razones ponderadas por una parte, el juzgador debe llevar a cabo un análisis cuidadoso de las explicaciones que de-muestren el incumplimiento y de la evidencia que lo sustenta Pasemos a reseñar algunos casos que ejempli-fican lo que puede o no constituir una justa causa.

Por ejemplo, en Rojas v. Axtmayer Ent. Inc., 150 DPR 560, 565-566 (2000), dictaminamos que el estado crítico de salud de la representación legal de una parte —debida-mente evidenciado— puede constituir justa causa. Así también, en Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 740 (2005), con-cluimos que el hecho de que la esposa del representante legal estuviera enferma y hospitalizada era justa causa para que no cumpliera con cierta notificación de manera oportuna.

Por otra parte, recientemente arribamos a la conclusión de que no constituía justa causa el hecho de que se espe-rara hasta el último minuto para presentar el recurso que se debía notificar Entendimos que esas razones eran un ejemplo perfecto de lo que son “meras generalidades y ex-cusas superfluas”. En ese caso también se alegó para justificar la existencia de justa causa que la notificación tardía no había causado ningún perjuicio indebido a la parte contraria porque había tenido una notificación en un término razonable. Dijimos que tales explicaciones no eran suficientes para justificar una notificación fuera de tér-mino y que mucho menos constituían una justa causa per se. Recalcamos que el hecho de que la notificación tardía no le causara peijuicio indebido a la otra parte no era de-terminante al momento de examinar la existencia de una justa causa, ya que si los tribunales fueran a aceptar ese planteamiento, los términos de cumplimiento estricto se convertirían en un mero formalismo. En otra ocasión, en Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 132 (1998), resolvimos que excusas como que el incumplimiento fue “involuntario”, que “no se debió a falta de interés”, que no hubo “menos-precio al proceso”, o que “exist [ía] un firme propósito de enmienda”, no configuraban justa causa. Tampoco lo es el hecho de que las partes comparezcan por derecho propio ni el descuido extremo al preparar y redactar un recurso.

Luego de exponer el marco de Derecho que precede, pa-semos a discutir los errores señalados por la peticionaria.

H-i HH HH

La cuestión principalísima que debemos atender en este caso se circunscribe a determinar si el Tribunal de Apela-ciones tenía jurisdicción para atender el recurso de apela-ción que los recurridos presentaron ante ese foro. Como mencionamos, la presentación de una moción de reconside-ración ante el foro primario puede tener efectos en los trá-mites subsiguientes que hayan de ejecutar las partes a ni-vel apelativo. Dependiendo de cómo y cuándo se haya presentado la moción, podrían configurarse varios escena-rios procesales. Por ejemplo, si la moción de reconsidera-ción se presenta oportunamente y conforme a las especifi-cidades de la Regla 47, supra, se activa el efecto interruptor preceptuado en la regla, deteniéndose así el término de treinta días que tiene una parte para recurrir al Tribunal de Apelaciones.

Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las partes. Estos términos comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos copia de la notifica-ción de la resolución resolviendo la moción de reconsideración. (Énfasis nuestro). Regla 47, supra.

De presentarse un recurso de apelación antes de que el Tribunal de Primera Instancia disponga de esa moción, este sería prematuro, por lo que el foro apelativo interme-dio carecería de jurisdicción para atenderlo.

Por otro lado, también podría darse el caso en que, aun presentándose a tiempo la moción de reconsideración, esta no tenga el efecto de paralizar los términos. Ello debido a que la moción de reconsideración que incumpla con las es-pecificidades de esa regla será declarada “sin lugar” y se entenderá que no ha interrumpido el término para recurrir. Ante estos escenarios, en caso de que una parte haya acu-dido al Tribunal de Apelaciones fuera del término de treinta días a partir de la notificación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que interesa revisar, su re-curso resultaría tardío. Como consecuencia, el Tribunal de Apelaciones tendría la obligación de declararse sin juris-dicción, pues sabemos que un recurso tardío adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y debe ser desestimado.

En este caso, los recurridos apelaron la Sentencia que el Tribunal de Primera Instancia emitió el 29 de agosto de 2013 en los treinta días siguientes a la notificación de la Resolución que resolvió la moción de reconsideración, pues presentaron su recurso el 18 de noviembre de 2013. Como es de conocimiento, la Regla 47, supra, establece que los términos para recurrir en alzada comenzarán a discurrir nuevamente desde que el Tribunal de Primera Instancia resuelva la moción de reconsideración. Sin embargo, la Re-solución que el foro primario dictó en este caso declaró “no ha lugar” la moción de reconsideración porque que no se presentó conforme a la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, al ser notificada fuera del término de cumplimiento estricto sin que se acreditara justa causa. Queda claro que la propia Regla 47, supra, preceptúa que la moción de re-consideración que incumpla con las especificidades que allí se disponen se entenderá que no ha interrumpido el tér-mino para apelar.

De manera que, los recurridos acudieron oportuna-mente de dicha Resolución al Tribunal de Apelaciones, mas no así de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. De haber entendido el foro apelativo intermedio que el Tribunal de Primera Instancia había errado al de-terminar que no existía justa causa que ameritara prorro-gar el término de cumplimiento estricto para que los recu-rridos notificaran la moción de reconsideración, procedía que devolviera el caso al foro primario para que la aten-diera en sus méritos. En ese caso, el término de treinta días para apelar se entendería interrumpido hasta que el foro primario dispusiera finalmente de esa moción, comen-zando a discurrir nuevamente desde la notificación de ese dictamen. De lo contrario, de no haber existido justa causa, procedía entonces que el Tribunal de Apelaciones desesti-mara el recurso que se había presentado ante sí, en lo que respecta a la apelación de la Sentencia emitida el 29 de agosto de 2013 por el Tribunal de Primera Instancia.

Por lo tanto, ante los hechos particulares de este caso, la apelación que eventualmente hubiesen podido presentar los recurridos para revisar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su acción laboral depen-día necesariamente de si existió o no justa causa para que notificaran tardíamente su moción de reconsideración. Es-tas son las consecuencias jurídicas que asume quien pre-sente una moción de reconsideración incumpliendo con el requisito de notificación que dispone la Regla 47, supra, sin tener una justa causa que excuse esa inobservancia. En el caso que nos ocupa el Tribunal de Apelaciones le solicitó a los recurridos que se expresaran sobre este asunto particular, empero, no lo atendió en el dictamen que posterior-mente emitió. De hecho, solo aludió a los planteamientos relacionados con los errores que presuntamente había co-metido el foro primario en su Sentencia desestimatoria, mas no se expresó en torno al asunto de si había actuado correctamente al declarar “no ha lugar” la moción de recon-sideración por defectos procesales. Pasamos a atender esta situación a la luz del expediente del caso.

Es un hecho incontrovertido que los recurridos notifica-ron su moción de reconsideración fuera del término de cumplimiento estricto que dispone la Regla 47, supra. Como ya discutimos, podríamos concluir que se prorrogó ese término si estos cumplen con la carga de acreditar la justa causa que les impidió notificar oportunamente, pero las razones que acreditan no nos mueven a resolver a su favor. Veamos.

La representación legal de los recurridos alegó que du-rante la semana del 16 al 20 de septiembre de 2013 tuvo mucha carga de trabajo, porque estuvo atendiendo trámi-tes relacionados a otros casos. También explicó que elaboró la moción de reconsideración el 17 de septiembre luego de las 5:00 p. m. y que fue a reproducir el documento en una tienda al día siguiente. Relató que el día 18 trabajó du-rante la mañana y que en la tarde acudió al correo para enviar los documentos pero que, mientras esperaba, se per-cató de que faltaba la página 2 en la fotocopia de la moción. Según manifestó, al advertir esto optó por esperar al día siguiente para llamar a la Secretaría del Tribunal de Pri-mera Instancia para cerciorarse de que el documento original estuviera completo. Por otro lado, argüyó que ese mismo 18 de septiembre llevó el documento a digitalizar y que le remitieron el mismo a su correo electrónico cerca de las 9:00 p. m. Explicó que en ese momento analizó que como en la certificación de la moción de reconsideración se habían indicado dos métodos alternos de notificación, in-cluyendo el correo electrónico, decidió notificarla al día si-guiente, el 19 de septiembre, a las 10:00 p. m. Finalmente, nos advierte que, a su juicio, Suiza no sufrió perjuicio al-guno y que, por lo tanto, los planteamientos de la peticio-naria son totalmente “frivol[os] y olímpic[os]”.

Evidentemente, las razones presentadas para justificar la tardanza en la notificación no se acercan a lo que cons-tituye una justa causa. Como bien resolvió el Tribunal de Primera Instancia, no se acreditó razón alguna para no poder notificar vía correo electrónico, aun cuando en la pro-pia moción de reconsideración se había certificado que así se había hecho. El abogado de los recurridos sostiene que los tribunales “deben tener en mente que existen múltiples alternativas para cumplir con el requisito de notificación” y que en este caso él escogió notificar mediante correo certificado. Su contención es que ello se vio afectado por la ausencia de una de las páginas de la copia del docu-mento y que fue entonces cuando decidió notificar electrónicamente. Estos planteamientos son completa-mente contrarios a nuestro ordenamiento procesal y al pro-pio expediente del caso.

En primer lugar, si bien las Reglas de Procedi-miento Civil disponen varios métodos para que las partes se notifiquen documentos entre sí, ello debe hacerse cum-pliendo con los términos que las propias reglas establecen. No puede ser de otra manera. El propósito de estos medios altemos es facilitar los trámites procesales al proveer varias opciones para poder notificar. Pero esto no puede utilizarse como fundamento para argüir que, ante la imposibilidad de utilizar el método de notificación de preferencia, no se pudo cumplir con la notificación si la evidencia demuestra que la parte no ejecutó acciones afirmativas para notificar me-diante otro método disponible. Y eso fue lo que ocurrió en este caso. El propio representante legal de los recurridos sostiene que recibió el documento digitalizado en la noche de 18 de septiembre a su correo electrónico y no explicó ra-zón alguna para que impidiera remitirlo en ese momento. Sin lugar a dudas, las razones aducidas por los recurridos no constituyeron justa causa para notificar la moción de re-consideración a Suiza dos días después del término dis-puesto en las Reglas de Procedimiento Civil. Pues tal y como resolvimos en Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, págs. 95-96, aunque en otro contexto fáctico,

[l]os tribunales deben tener en mente que existen múltiples alternativas para cumplir con el requisito de notificación a las demás partes en el término dispuesto. Por ejemplo, en el caso de autos el recurrido pudo haber optado por presentar su re-curso con tiempo suficiente para en horas laborables haber enviado por correo certificado la notificación. Incluso pudo ha-ber notificado el recurso por correo electrónico [...] En fin, si la parte optó por esperar hasta el último momento, tenía alter-nativas para cumplir con el término de cumplimiento estricto o, como mínimo, acreditar la justa causa con excusas de peso.

IV

Resolvemos, que cuando una parte incumple con el requisito de notificar una moción de reconsideración en el término de cumplimiento estricto que establece la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, el efecto que pueda tener esa moción en cuanto a interrumpir el término para recu-rrir en alzada queda supeditado a la determinación judicial que posteriormente se haga sobre si hubo o no justa causa que ameritara la tardanza. Solo de esta manera po-drá entenderse que la moción cumplió con todas las espe-cificidades de la Regla 47, supra, y que, por lo tanto, inte-rrumpió los términos para recurrir. Estas son las consecuencias jurídicas a las que se expone una parte que notifica fuera del término de cumplimiento estricto sin te-ner una justa causa que lo exima de ese cumplimiento. Si bien ese elemento debe evaluar el tribunal caso a caso, en reiteradas ocasiones este Tribunal se ha pronunciado en torno a lo que constituye o no una justa causa. En atención a los fundamentos que hemos expresado, reafirmamos que los litigantes deben procurar acatar rigurosamente los tér-minos reglamentarios a no ser que en efecto haya aconte-cido una situación que —conforme a nuestros pronuncia-mientos— justifique una tardanza.

V

Por los fundamentos expuestos, erró el Tribunal de Ape-laciones al acoger el recurso de apelación de los recurridos. El recurso se presentó tardíamente, toda vez que la moción de reconsideración presentada ante el Tribunal de Primera Instancia no interrumpió el término para apelar la senten- cia emitida el 29 de agosto de 2013. Se revoca la sentencia apelada.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       Querella, Apéndice del Certiorari, pág. 107.

       Sentencia, id., pág. 170.

       Notificación de Sentencia, id., pág. 169.

       Moción en solicitud de reconsideración, id., pág. 198.

       Moción informativa sobre reconsideración presentada por la querellante, id., pág. 262.

       Orden, íd., pág. 251.

       íd., pág. 250.

       Oposición a moción informativa sobre solicitud de reconsideración presen-tada por la parte querellante, íd., pág. 241.

       Resolución y notificación de archivo en autos de Resolución, íd., págs. 235-236.

       Íd., pág. 236.

       Recurso de apelación civil, íd., pág, 102.

       Solicitud de desestimación por falta de jurisdicción, Apéndice del Certiorari, pág. 1024.

       Íd., pág. 24.

        Certiorari, pág. 6. El resto de los errores señalados son los que siguen:
      “Erró el TA al determinar que a base de las circunstancias y hechos que se entendieran probados en la sentencia sumaria no era posible adjudicar la controver-sia sobre el carácter de la relación existente entre las partes.
      “Erró el TA al obviar el craso incumplimiento de la recurrida con las reglas aplicables para replicar adecuada y efectivamente a una sentencia sumaria y recu-rrir y otorgarle dicho valor a dicho documento y su apéndice para fundamentar su sentencia.
      “Erró el TA al determinar que la tenencia de una licencia de agente de leche y el mandato reglamentario que regula a dichos entes no era suficiente para concluir que estos no podían ser empleados de la elaboradora de leche aquí compareciente.
      “Erró el TA al revocar la sentencia del TPI al resolver que una sentencia final y firme en otro caso que dirimiera entre algunas de las partes un asunto que le era común tanto a aquel como al caso de marras no constituía cosa juzgada o impedi-mento colateral por sentencia para efectos de este caso”.

       En su alegato, al discutir los errores “A” y “B” presentados por la peticiona-ria, refirió a este Tribunal a los documentos siguientes, todos presentados ante el Tribunal de Apelaciones: Oposición a Moción Informativa sobre Solicitud de Recon-sideración, presentada por la parte querellante; Oposición a Solicitud de Reconside-ración y Memorando en Oposición a Solicitud de Desestimación de Apelación por Falta de Jurisdicción. Véase Alegato de los querellantes recurridos y en cumpli-miento de orden, pág. 20.

        Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014).

        González v, Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).

       Íd.

        Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012). Véase, además, Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012).

       Mediante la Ley Núm. 67 de 8 de mayo de 1937 (32 LPRA ant. sec. 1251), Véase, además, Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 192 DPR 989, 995-996 (2015).

        Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, supra, pág. 996; Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601, 609 (1997).

       Íd.

       Véase Lagares v. E.L.A., supra, págs. 609-610.

       Las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron aprobadas mediante la Ley Núm. 220-2009 y entraron en vigor a partir del 1 de julio de 2010.

       J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, San Juan, [ed. de autor], 2012, pág. 292.

       Véase el comentario a la Regla 47 de 2009 en el Informe de Reglas de Procedimiento Civil del Comité Asesor Permanente, pág. 554. Disponible en: http:// www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/informe-reglas-procedimiento-civil.pdf.

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 268-2002 (2002 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1301),

       Véase Lagares v. E.L.A., supra.

       Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 1302.

        Febles v. Romar, 159 DPR 714, 719 (2003).

       R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Lexis-Nexis, 2010, pág. 197.

       Íd.

        Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013); Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra, pág. 403.

       Íd.

       Echevarría Vargas, op. cit., pág. 291.

        Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93.

       Inicialmente se había presentado el recurso como de apelación, pero el Tribunal de Apelaciones lo acogió como de certiorari.

        García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 254 (2007).

       Íd.

        Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 92.

       Íd., pág. 93.

        Pueblo v. Fragoso Sierra, 109 DPR 536, 539 (1980).

        Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 97.

        Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93, citando a Febles v. Romar, supra, pág. 720.

       Íd.

        Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 94.

       Íd., pág. 93.

       Hernández Colón, op. cit., pág. 201.

        Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 95.

       Íd.

       Íd.

       Íd.

       Véanse: Febles v. Homar, supra, pág. 722; Pueblo v. Pérez Suárez, 146 DPR 665, 675 (1998).

       Véase S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007). Allí se resolvió que el Tribunal de Apelaciones había acogido y considerado un recurso de forma prematura, ya que cuando se presentó, todavía el Tribunal de Primera Instan-cia no había determinado si tenía jurisdicción para considerar unas solicitudes de determinaciones de hecho adicionales que se habían presentado al amparo de la anterior Regla 43.3 de Procedimiento Civil de 1979. Resolvimos que esa situación impedía que el foro apelativo intermedio considerara el recurso de apelación. Íd., pág. 885.

        S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883; Rodríguez v. Segarra, 150 DPR 649, 654 (2000).

       Véase Oposición a moción informativa sobre solicitud de reconsideración presentada por la parte querellante, Apéndice del Certiorari, pág. 246.

       Íd.

       Aclaramos que de todas maneras la ausencia de una página en la fotocopia no equivale a una justa causa para no notificar en el término de cumplimiento estricto.