author: El Juez Peesidekte Señok Travieso

text:
    Sucesión A. Lledó, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada y Guillermo Atiles Moréu, Administrador del Fondo del Estado; Luis Santiago Pacheco y Eurípides Figueroa, beneficiarios del obrero Occiso.
    Núm. 349.

    Sometido: Noviembre 20, 1945.

      Resuelto: Noviembre 29, 1945.

      Víctor J. Vidal González, abogado de la recurrente; A. De Jesús Matos y A. Sandin del Manzano, abogados del Administrador del Fondo del Estado; E. Cornier Martínez, abogado de los benefi-ciarios.
   El Juez Peesidekte Señok Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En el mes de julio de 1944, la Sucesión A. Lledó, patrono asegurado en el Fondo del Seguro del Estado y dedicado al negocio de fabricación y venta de hielo en la ciudad de Ponce, tomó a su servicio al joven obrero Concepción Santiago, para trabajar como repartidor en un vehículo de motor que dicho patrono utilizaba para la venta y distribución de hielo. En agosto 16 de 1944, mientras el joven Santiago se encontraba en el desempeño de las funciones inherentes a su empleo, al ir a subir a la guagua resbaló en el estribo del vehículo, cayó y fue atrapado por una de las ruedas tra-seras del mismo, quedando como consecuencia privado de su vida.

El administrador del Fondo resolvió que el accidente era compensable. Otorgó a los padres del obrero difunto una compensación por la suma de $2,000 y resolvió, además, que el patrono debía pagar a los padres reclamantes otra suma igual a la fijada como compensación, basándose en que el obrero había sido empleado por el patrono en contravención de las disposiciones de la Ley Reglamentando el Empleo de Menores (Ley núm. 230 de mayo 12 de 1942, pág. 1299). En mayo 1 de 1945, la Comisión Industrial de Puerto Rico confirmó la decisión del administrador; y habiéndose negado a reconsiderar ju resolución, el patrono acudió ante esta Corte mediante la presente solicitud de revisión.

1. El primer fundamento de la solicitud de revisión es que la Comisión Industrial erró al aplicar a la resolución del presente caso la doctrina sentada por esta Corte en Monta- ner v. Comisión Industrial y Ramón García Robles, 54 D.P.R. 67, en que el reclamante era el mismo menor, mientras que en' el presente caso los reclamantes son los padres, quienes dependían para su subsistencia del salario del menor y sa-bían que éste estaba trabajando en violación de la ley. Ale-gan los patronos recurrentes, que ellos fueron inducidos a error en cuanto a la edad del muchacho, por las falsas y fraudulentas simulaciones del propio menor y de su padre reclamante y también por la apariencia física del obrero, quien aparentaba ser mayor de 18 años en la fecha en que íué empleado y demostraba vigor, capacidad y aptitud en el desempeño de sus labores. En apoyo de su contención invocan la disposición del inciso 5 del artículo 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, tal como quedó específicamente enmendada por la Ley núm. 162 de 14 de mayo de 1943 (pág. 525).

2. Los recurrentes señalan, como segundo error cometido por la Comisión, el no haber resuelto que los padres del menor están impedidos dé obtener del patrono una doble penalidad, por encontrarse in pari delicto con el patrono; y alegan, que siendo los padres culpables de haber violado la ley, no debe permitírseles obtener un beneficio o enrique-cimiento injusto como consecuencia de sus actos ilegales.

3. Alegan por último los recurrentes que la interpreta-ción de la evidencia por la Comisión fué de tal modo arbi-traria y errónea que constituye un grave error de derecho, revisable por esta Corte Suprema.

Examinemos las .leyes vigentes en la fecha en que el obrero Concepción Santiago perdió su vida.

La Ley núm. 230 de mayo 12, 1942 ((1) pág. 1299), ti-tulada “Ley para Reglamentar el Empleo de Menores, etc.”, dispone en su artículo 3 que “ningún menor entre catorce (14) y menos de diez y ocho (18) años de edad será em-pleado ni se le-permitirá ni tolerará que trabaje en ninguna ocupación lucrativa, ni en relación con ésta”, por un período de tiempo mayor que el específicamente provista por el mismo artículo y por el 4 de da citada ley. De acuerdo con el artículo 5, para poder trabajar el número de boras auto-rizado por el estatuto, es necesario “que su patrono procure y conserve en sus archivos y accesible para cualquier fun-cionario, ... un certificado de empleo o un permiso especial expedido de acuerdo con lo que más adelante se dispone en esta ley”.

El artículo 15 de la misma ley dispone' que “ningún me-nor de diez y ocho (18) años será empleado ni se le permi-tirá ni tolerará que trabaje en ninguna de las siguientes ocupaciones, declaradas peligrosas a la salud y la vida ni en relación con ellas:” Entre las ocupaciones peligrosas a la salud y la vida, enumeradas en el citado artículo, figura la siguiente: “Como conductor de un vehículo de motor o ayudante del mismo, entendiéndose por ayudante cualquier persona que vaya en el vehículo y realice trabajos relacio-nados con la distribución de mercancías”.

De acuerdo con el certificado del acta de nacimiento del menor Concepción Santiago, éste nació el día 1 de febrero de 1930. Por lo tanto, en agosto 16, 1944, fecha del accidente, su edad era catorce años, seis meses y diez y seis días. La prueba demostró que dicho menor estaba trabajando como ayudante del conductor de un vehículo de motor; que el me-nor iba en el carro; y que el trabajo que realizaba estaba relacionado con la distribución de hielo a los clientes de su patrono. Siendo ésa una de las ocupaciones,que la Ley (Art. 1.5, supra) declara “peligrosas a la salud y la vida,” el em-pleo en ella de un menor de diez y ocho.años, como lo era Concepción Santiago, constituía una violación del estatuto.

El artículo 3, párrafo 5, de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Compilación de 1941, págs. 376 y 1072), según quedó enmendado por la Ley núm. 162 de 1943 (pág. 525), dispone:

“Derechos de-los Menores — En caso de obreros menores de diez y ocho (18) años empleados en contravención a las leyes regulando el empleo de menores vigentes a la fecha del empleo, que sufrieren lesiones, .... la compensación que les corresponda por cualquier incapacidad permanente a que quedaren afectos, o a sus beneficiarios en casos de muerte, será el doble del importe correspondiente a un obrero de diez y ocho (18) años empleado legalmente;” (Bastar-dillas nuestras.)

Dándose cuenta sin duda de que la concesión de doble in-demnización a los padres de un menor empleado en contra-vención de la ley, pudiera constituir un incentivo para que, los padres poco escrupulosos o tal vez necesitados de ma-yores ingresos para el sostenimiento de su familia, engaña-sen a los patronos haciéndoles creer que sus hijos tenían la edad requerida por el estatuto, el legislador añadió al pá-rrafo 5 dél artículo 3, supra, lo siguiente:

“Disponiéndose, que la doble penalidad a que se refiere esta sec-ción no será aplicable al caso de un patrono que sea inducido a error por la apariencia física del menor o por una declaración jurada hecha con anterioridad al empleo del menor por el padre, por la ma-dre, o por el tutor o encargado del menor, en que se haga constar que éste es mayor de edad. Disponiéndose, además, que el patrono pagará la compensación adicional aquí provista, etc.” (Bastardillas nuestras.)

Yernos, pues, que el legislador ha concedido a los bene-ficiarios de un menor empleado en contravención de la ley, el derecho a recibir doble compensación por la muerte del menor en un accidente del trabajo. Para que pueda quedar exento de esa obligación, el patrono está obligado a probar (1) que la apariencia física del menor le indujo a creer que el menor tenía en realidad la edad fijada por el estatuto; o (2) que fue inducido a ese mismo error por una declaración hecha bajo juramento por el padre, la madre o el tutor del menor, con anterioridad a su empleo, haciendo constar que el menor tenía la edad requerida para poder trabajar legal-mente en la clase de empleo en que fue lesionado o perdió la vida.

En el caso de autos, el patrono recurrente basó su ale-gada exención en las dos únicas causas reconocidas por el estatuto. Y para sostenerlas ofreció prueba testifical, la cual fué refutada por la presentada por los beneficiarios.

Como testigo del patrono declaró Manuel Benitez Rexaeh, contratista: que en varias ocasiones el joven Santiago fué a su oficina, que queda junto a la del patrono recurrente, a solicitar trabajo, diciéndole que había trabajado anterior-mente en la planta de hielo; que él, Benitez, le preguntó al muchacho: ¿Y tu papá? y el muchacho le contestó: “Tengo padre”; que pocos días después volvió el muchacho acom-pañado de su padre, y al preguntar Benitez por la edad del muchacho, el padre le dijo que tenía como 19 años; que su apreciación fué que el muchacho era fuerte, de una estatura como de cinco pies tres pulgadas, peso como de 125 libras y de diez y ocho y medio a diecinueve años de edad; que Benitez llevó al padre y al hijo donde Antonio Lledó y se lo recomendó como un muchacho fuerte, repitiéndole que el padre le había dicho que tenía como 19 años; que Lledó le preguntó al padre la edad del muchacho y el padre le dijo que tenía alrededor de 19 años; que Lledó puso al muchacho en un truck para repartir hielo y lo vió en varias ocasiones cargando bloques de hielo de 75 ó 100 libras de peso.

El Sr, Antonio Lledó y dos testigos más declararon en el mismo sentido que el Sr. Benitez Rexaeh, en cuanto a la apariencia física y probable peso y edad del difunto obrero.

Contradiciendo la prueba ofrecida por el patrono, declaró el padre del menor, que para la fecha de.su muerte el mu-chacho tenía catorce años y medio; que nunca fué con su hijo a la oficina de Benitez; que nunca dió al Sr. Lledó, ni a Benitez, informe alguno en cuanto a la edad de su hijo y que esos informes nunca le fueron pedidos; que nadie le pidió permiso para poner a su hijo a trabajar con la Suce-sión Lledó y que él no hubiese dado el permiso pues quería que su hijo estudiase; que su hijo no era ni grueso ni del-gado y tenía como cinco pies y un cuarto de pulgada de es-tatura; que no era fuerte ni podía serlo, pues era hijo de un pobre y a veces si comía a mediodía, no comía por la noche; que él supo que su hijo estaba trabajando con Lledó, pero no sabía que estuviese trabajando en las guaguas de repartir hielo, ni en trabajo fuerte; que él creyó que el mu-chacho estaba empleado para barrer y hacer mandados. Los demás testigos presentados por los beneficiarios declararon que el muchacho era “un.niño de escuela”, ni grueso ni del-gado ; y que a juzgar por su aspecto y complexión física re-presentaba tener entre 14 y 15 años de edad.

La Comisión, que vió y oyó declarar a los testigos de una y otra parte, resolvió el conflicto de la evidencia en cuanto a la apariencia física del muchacho, dando crédito a lo de-clarado por el padre y sus testigos al efecto de que el mu-chacho representaba tener la edad que realmente tenía o sea entre 14 y 15 años. La declaración del testigo Benitez Bexach no podía tener gran valor probatorio. ¿ Si era cierto, como declaró dicho testigo, que el joven Santiago era fuerte y vigoroso y aparentaba tener de diez y ocho y medio a die-cinueve años de edad, qué razón tuvo el Sr. Benitez Bexach para preguntarle al muchacho si tenía padre y pedirle que viniese con el padre para darle empleo? ¿No espesa duda del Sr. Benitez Bexach la mejor prueba de que la apariencia física del menor no le indujo a él, ni tampoco al Sr. Lledó, al error de creer que estaban tratando con un joven que te-nía edad legal para trabajar? La prueba presentada por los beneficiarios, creída por la Comisión, es suficiente para jus-tificar la resolución recurrida.

Para que pueda establecerse legalmente la defensa de que el patrono, al emplear al menor, fué inducido a error por el padre, madre o tutor del menor, el estatuto requiere que se presente como evidencia de ese hecho “una declaración ju-rada hecha con anterioridad al empleo del menor por el padre, por la madre o por el tntor del menor, en qne se haga constar qne éste es mayor de edad”. Ese requisito del es-tatuto, que es una garantía tanto para el patrono como para el padre del menor, no fué cumplido en este caso. No se presentó ninguna declaración jurada por el padre o por la madre del muchacho. La Comisión admitió prueba testifical en cuanto a manifestaciones que se dice fueron hechas por el padre. Éste las negó rotundamente. La Comisión resol-vió el conflicto dando entero crédito a lo declarado por el padre, No estamos autorizados para intervenir con el fallo de la Comisión.

Tal vez fuere mejor para la protección de los menores si el estatuto, en vez de imponer al patrono la obligación de pagar a los beneficiarios del menor una compensación ’ adi-cional igual a lo que deba pagar el Fondo del Estado, exi-miera al Fondo de la obligación de pagar compensación al-guna en estos casos de menores e impusiese al patrono la obligación de pagar la compensación normal fijada por- el es-tatuto, como si se tratase de un caso de patrono no. asegu-rado. Así quedaría suprimido el incentivo de la doble com-pensación y el menor protegido contra la explotación, tanto la patronal como la paternal.

Considerados todos los hechos y circunstancias del pre-sente caso y, especialmente, que el menor fué empleado para trabajar en una ocupación peligrosa a la salud y la vida, para la cual no podía ser legalmente autorizado ni por sus padres ni por los funcionarios del Departamento del Trabajo, resol-vemos que la Comisión Industrial no erró al imponer a los recurrentes el pago de la doble compensación.

La resolución recurrida debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Ramona Serrano Vda. de Talavera, et als., demandantes y apelantes, v. Onofre, Dámaso y Cayetano Talavera Serrano, demandados y apelados.
    Núm. 9053.

    Sometido: Junio 1, 1945.

      Resuelto: Noviembre 29, 1945.

      Pedro E. Anglade, abogado de los apelantes; Pedro J. Aguilar y L. Mercader, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes y los demandados componen la Suce-sión de Dámaso Talavera Nieves. Alegaron los primeros en su demanda que al fallecimiento del causante, éste dejó una finca de 74.83 cuerdas descrita en la demanda, ubicada en el término municipal de Hatillo; que la finca estaba hipote-cada al Federal Land Bank of Baltimore en garantía de un préstamo que había recibido el causante; que con posterio-ridad a la muerte de éste uno de sus hijos, el demandado Onofre Talavera Serrano, fué designado por los demás he-rederos como administrador de la finca; que la administró por espacio de tres años, al cabo de los cuales cesó como tal administrador; que poco después fue designado con el mismo objeto otro de los demandados, Dámaso Talayera Serrano, a quien se le otorgó poder general por todos los herederos; que estando la finca bajo la administración de éste, la hipo-teca fué ejecutada por y adjudicada al Banco; que cuando los miembros de la Sucesión Talayera fueron requeridos de pago en el procedimiento ejecutivo hipotecario, la viuda de Dámaso Talayera Nieves y algunos de sus hijos, llamaron a Dámaso Talayera Serrano para aconsejarse con él y que éste les manifestó que no debían preocuparse por el procedi-miento ejecutivo, toda vez que él había convenido con el . Banco en que se ejecutase la hipoteca para así obtener él la finca, ya que el Banco entendía que sería más fácil reali-zar el cobro de los plazos entendiéndose con una sola persona y a la vez sería conveniente para la Sucesión, pues el precio en que él la comprase sería distribuido en veinte anualidades y que era entendido que la finca la adquiriría Dámaso para todos los miembros de la Sucesión en la pro-porción que la poseían al fallecer el causante; que luego de ejecutada la finca Dámaso la compró al Banco a su nombre ' y se niega a reconocer derecho alguno sobre ella a los de-más miembros de la Sucesión.

Como una segunda causa de acción alegaron, además, que durante la administración de uno y otro hermano, se apro-piaron éstos para su exclusivo beneficio los productos de la finca, no pagando los plazos de la hipoteca del Banco ni las contribuciones ni deuda otra alguna de la Sucesión, dando lugar la falta de pago de los plazos de la hipoteca a que la finca fuese ejecutada en la forma antes dicha. Termina la demanda con súplica de que se declare que Dámaso Tala-vera Serrano adquirió la finca en trust para él y los demás miembros de la Sucesión y que se condene a Dámaso y Ono-fre Talayera Serrano a rendir cuenta de sus respectivas ad-ministraciones y satisfagan a los demandantes lo que a cada uno corresponda por concepto de frutos producidos o debi-dos producir.

En la contestación niegan los demandados la existencia del trust, se refieren a algunos de los pagos hechos por los administradores- con los escasos productos de la finca; se alega que durante todas las fechas que se mencionan en la demanda y aún al radicarse la contestación, algunos de los hermanos de Dámaso Talayera y la madre de. éste han vi-vido en la finca, limitándose la administración de Onofre y Dámaso Talayera a la pequeña plantación de caña que dejó su padre al fallecer; se alega, además, que la finca fue ven-dida por Dámaso Talayera Serrano a su hermano Cayetano quien la posee en la actualidad, aun cuando continúan vi-viendo en la finca su madre y algunos de sus hermanos sin pagar canon o merced alguna.

La corte inferior, resolviendo el caso en sus méritos, de-claró que los demandantes no habían probado la existencia del trust, y en cuanto a la acción de rendición de cuentas resolvió que los demandantes habían incurrido en laches, por lo que desestimó la demanda en cuanto a las dos causas de acción.

En verdad la evidencia no sostiene la alegada existencia del trust. La prueba con respecto a que, en presencia de otras personas, según la declaración de Eoberto Martínez, abogado de los demandantes, Dámaso Talayera había admitido que adquirió la finca para todos los miembros de la Sucesión, es débil en extremo, y en- verdad no hay motivo alguno para creer que Dámaso Talayera, no teniendo en su poder dineros de los demandantes con que comprar la finca para ellos, realizase tal acto de generosidad. Por el contrario, de la prueba surge que la compra tuvo efecto más de un año después de haberse adjudicado la finca al Banco, y que poco después Dámaso la vendió a su hermano Cayetano. Podría, quizás, atribuirse el motivo de la compra a mante-ner a su madre y hermanos en la finca donde por tanto tiempo habían venido viviendo.

Se hace difícil creer que Dámaso Talayera diera a su madre y hermanos la explicación que ellos le atribuyen al efecto de que el Banco deseaba que él comprase la finca para de ese modo poder entenderse con una sola persona en lo que respecta al cobro de los intereses y plazos vencidos. Se recor-dará que Dámaso Talavera desde mucho antes de ejecutarse la hipoteca, tenía un poder otorgádole por todos los miem-bros de la Sucesión, lo cual hacía innecesario, a los efectos del Banco, que la finca figurase a nombre de Dámaso Talá-vera.

Convenimos con el juez a quo que la evidencia no es su-ficiente para sostener la alegación de la existencia del trust. En lo que no podemos convenir es en su conclusión al efecto de que los demandados no estén obligados a rendir las cuen-tas de su administración porque los demandantes hayan in-currido en laches.

La acción de accounting en el Derecho Angloameri-cano es de equidad, y siendo la defensa de laches una doc-trina de equidad, es de aplicación en las acciones de accounting bajo el Derecho Angloamericano. Pero aún bajo ese mismo Derecho la doctrina de laches no es de aplicación en acciones en ley donde exista un término de prescripción. United States v. Mack, 295 U. S. 480, 489, (1935); Transbel Inv. Co. v. Scott, 26 A.2d 205 (Pa. 1942).

Independientemente de que la evidencia en este caso- fuese o no suficiente para dar lugar a la aplicación de- la doctrina de laches en una acción de accounting en una corte de equi-dad, la doctrina de laches no es aplicable en el presente caso. En esta jurisdicción la acción de rendición de cuentas no tiene su origen en la Jurisprudencia de Equidad. Por el contrario, está regulada por nuestro Código Civil que a su vez la tomó del Código Civil Español De conformidad con el.art. 1861 del Código Civil, las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por'la ley, y como lia re-suelto el Tribunal Supremo de Cuba en su Sentencia■ Núm. 163 de 5 de noviembre de 1931, el que alega la prescripción extintiva no debe probar otra cosa que el decurso del tiempo. Por consiguiente ninguna circunstancia acorta el término de prescripción fijado por la ley.

Aceptamos que en esta jurisdicción se lia aplicado dis-tintas veces la doctrina de laches, pero ha sido siempre en relación con remedios extraordinarios adoptados del Derecho Angloamericano.

Como no existe ninguna disposición especial fijando, el término de prescripción para la acción de rendición de cuentas, siendo como es ésta una acción personal, prescribe a los quince años, de acuerdo con el art. 1864 del Código Civil, ed. 1930. Pero como de conformidad con el art. 1872 del mismo cuerpo legal la prescripción de la acción para exi-gir rendición de cuentas corre desde el día en que cesaron en sus cargos los que debían rendirlas, y en el presénte caso el primero de los administradores, Onofre Talavera Serrano, cesó como administrador en el año 1931 y la demanda original se radicó antes del 22 de julio de 1941, tenemos que concluir que la acción en el presente caso no está prescrita.

Procede, por lo expuesto, confirmar la sentencia apelada en lo que respecta a la primera causa de acción, revocarla en cuanto■ a la segunda y dictarse por este Tribunal la sen-tencia que debió haber dictado la corte inferior, o sea, de-clarar sin lugar la demanda en cuanto a la primera causa de acción, con lugar 'en cuanto a la segunda, y condenar a los demandados Onofre y Dámaso Talavera Serrano a ren-dir a los demandantes las cuentas de sus respectivas admi-nistraciones dentro de um término de sesenta días, a partir de la devolución del mandato a la corte inferior, con impo-sición de costas a los demandados.

       Véanse los Arts. 1872, 986 y 218-222 del Código Civil, ed. 1930.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Celio Díaz Nieves, acusado y apelante.
    Núm. 11,057.

    Sometido: Noviembre 15, 1945.

      Resuelto: Noviembre 29, 1945.

      William Luyando Charneco, abogado del apelante; Hon. Procurador General E. Campos Del Toro, L. Negrón Fernández, Procurador-General Interino y J. Rivera Barrera, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Celio Díaz Nieves fué acusado ante la Corte de Distrito de San Juan de un delito de escalamiento en primer grado. Celebrado el juicio ante jurado fué declarado culpable y sen-tenciado por la corte a cumplir ocbo años de presidio. En este recurso señala los siguientes errores: 1ro., el haber la corte admitido la confesión del acusado sin haberse probado previamente por el fiscal que la misma fué obtenida volun-tariamente; 2do., al dejar el taquígrafo repórter de tomar las instrucciones de la corte al jurado y, 3ro., que el vere-dicto rendido es contrario a la prueba.

La confesión del acusado, firmada por él contiene las siguientes advertencias hechas por el fiscal:

' ’“Celio, a usted se le acusa junto con este Rafael Rivera de haber escalado el bar Montañez la noche del 23 de julio de 1943. Como acusado tiene el derecho de declarar o no declarar, y si declara lo hace voluntariamente y esa declaración puede usarse en su contra. Sin promesa ni amenazas, ni oferta ninguna, ¿usted quiere declarar voluntariamente ?”

El acusado contestó en la afirmativa y continuó su decla-ración confesando haber penetrado en el Bar Montañez du-rante la noche del 23 de julio de 1943. Declaró, además, en rebuttal y sin oposición de la defensa, el taquígrafo del fiscal al efecto de que el acusado prestó dicha declaración vo-luntariamente y pidió ser llevado ante la corte para decla-rarse culpable.

No se cometió el primer error y tampoco el tercero pues la declaración del cómplice del acusado fué corroborada y la prueba de cargo, en conjunto, creída por el jurado, es suficiente para sostener el veredicto de culpabilidad.

De haber sido cierto el segundo- señalamiento procedería, de acuerdo con lo resuelto en Pueblo v. Colón, 63 D.P.R. 385, la revocación de la sentencia. No obstante la afirmación del abogado del apelante Lie. William Luyando Charneco al efecto de que el taquígrafo repórter de la corte inferior dejó de tomar las instrucciones de la corte al jurado, lo cierto es que dichas instrucciones sí fueron tomadas taquigráficamente y su transcripción elevada a esta Corte. El hecho de que al tramitarse la apelación por el apelante no so incluyera por el taquígrafo dicha transcripción no justificaba que dicho letrado afirmara, en su alegato, que las instrucciones no habían sido tomadas por el taquígrafo. He-mos de suponer que, cumpliendo su deber como defensor del acusado, él estaba presente mientras el juez instruía al jurado y que vió o pudo ver si el taquígrafo cumplía con el suyo de tomar taquigráficamente dichas instrucciones. Si no estaba presente, fácilmente pudo enterarse con el propio ta-quígrafo. Sea ello como fuere, lo censurable es que se haya alegado como error ante esta Corte un hecho incierto. Es de esperarse que esta actuación no habrá de repetirse.

Debe confirmarse la sentencia ajelada.

      Cf. Pueblo v. Lebrón, 61 D.P.R. 657, 671-2.


author: El Juez Asociado Señor SNYder

text:
    Eulogia G. de Roig, peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones, demandado. J. Adalberto Roig v. El Mismo. Antonio Roig v. El Mismo.
    Núms. 57, 58 y 59.

    Sometidos: Noviembre 5, 1945.

      Resueltos: Noviembre 29, 1945.

      James R. Beverley, R. Castro Fernández j J. López Baralt, aboga-dos de los peticionarios; Hon. Procurador General E. Campos del Toro j A. D. Marchand Paz, abogados del interventor, Teso-rero de Puerto Rico, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor SNYder

emitió la opinión del tribunal.

La Ley núm. 20 de diciembre 3, 1942 proveía un au-mento en los tipos de la contribución sobre ingresos, espe-cialmente en cuanto a la contribución adicional (Secciones 3, 4, que enmendaron las secciones 12, 13 de la Ley de Contri-buciones Sobre Ingresos) y disponía que (sección 11) “ten-drá efecto a contar del día 1 de julio de 1942 . . .

J. Adalberto Eoig, Antonio A. Eoig y Eulogia de Eoig prepararon sus planillas para 1942 a base de un año natural. Primeramente dividieron sus ingresos entre dos; en-tonces asignaron la mitad como ingreso devengado desde enero 1 a junio 30; finalmente, calcularon la contribución para dicho semestre a los tipos provistos en las secciones 12 y 13 que regían antes de la aprobación de la Ley núm. 20. De igual manera, los contribuyentes asignaron la otra mitad de sus ingresos al segundo semestre del año 1942, pero cal-cularon la contribución para el segundo semestre a base de los nuevos tipos fijados en la Ley núm. 20.

Una vez hechas las deducciones y los créditos permiti-dos por la ley, los Eoig informaron que sus ingresos netos para 1942 sujetos a contribución ascendían a $156,779.32, $154,310.45 y $41,521.28, respectivamente. Calculando su con-tribución en la forma aquí indicada, pagaron como contri-bución sobre ingresos para 1942 las sumas de $73,569.08, $73,406.13 y $8,344.05. Más tarde, el Tesorero les notificó deficiencias ascendentes a $18,246.98, $18,155.53 y $5,845.90.

La base de estas deficiencias es la contención del Teso-. rero de que los contribuyentes debieron baber calculado sus contribuciones (a) tomando el ingreso para todo el año; (fe) calculando la contribución al tipo anterior, y también al tipo nuevo; (c) dividiendo cada una de estas cantidades por dos; y (d) sumando las dos cifras obtenidas con esta operación. El Tribunal de Contribuciones sostuvo la actuación del Te-sorero. Expedimos el auto de certiorari para revisar las decisiones del Tribunal de Contribuciones.

En los comienzos del caso, encontramos un punto fatal en la posición del contribuyente. Nada bay en la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos o en .sus enmiendas que le permita dividir arbitrariamente su ingreso anual en dos mitades iguales y reportar una mitad como devengada durante el primer semestre y la otra mitad durante el segundo semestre. Por el contrario, nuestra Ley, igual que la Ley Federal, está predicada en 'un período aznual para devengar el ingreso. Secciones 3(a), 14(fe), Ley de Contribuciones Sobre Ingresos. Con excepciones que no vienen al caso aquí, tanto las disposiciones específicas como la filosofía de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos prueban con clari-dad que el caudal de ingresos es separado y medido para fines contributivos entre dos fechas que cubren un año com-pleto, ya sea éste natural o económico (Heiner v. Mellon, 304 U. S. 271, 275; 2 Mertens, Lew of Federal Income Taxation, sección 1206, págs. 137-8; sección 13.01, págs. 360-63; sec-ción 13.07, pág. 370).

La médula del argumento del contribuyente es que la Le-gislatura, al meramente disponer que la Ley núm. 20 fuera retroactiva a julio 1, 1942, quiso decir que se permitiera a un contribuyente de año natural que calculara su contribu-ción para 1942 en dos mitades, empleando un período de con-tabilidad — un semestre- — que anteriormente era desconocido para la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos. En verdad, esto sería una desviación drástica del período anual que siempre ha sido contemplado por la ley. Y el resultado final en casi todos, si no todos, los casos, particularmente en lo referente a contribución adicional, sería reducir la contribu-ción para 1942, no obstante las disposiciones de la Ley núm. 20 expresamente aumentando- tales tipos para dicho año con-tributivo.

Creemos que la Legislatura no tuvo la intención de rea-lizar tan brutum fulmen. Tampoco este resultado es exigido inexorablemente, como alega Roig, por la disposición de la sección 11 de que la Ley núm. 20 entrará en vigor en julio 1 de 1942. La sección 11 debe leerse conjuntamente y a la luz de otras secciones de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos con el fin de determinar su verdadero significado y propósito. (Artículo 18, Código Civil, ed. 1930; Puerto Rico Ilustrado Inc. v. Buscaglia, 64 D.P.R. 914, 940; Ex Parte The Public National Bank of New York, 278 U. S. 101, 104; United States v. Katz, 271 U. S. 354, 357). Así interpretada, nada encontramos en la sección 11 que elimine de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos las secciones 3(a), 14(6) y las otras secciones que disponen una contabilidad anual. Más bien, si se lee la sección 11 junto al resto de la ley, encon-tramos razonable la interpretación del Tesorero, ya que dicha-interpretación las armoniza, dándole efecto tanto • a la sec-ción 11 como a las otras secciones en cuestión.

Como ya se ha indicado, bajo el método del Tesorero el ingreso para 1942 se toma en su totalidad; se liquida la con-tribución, tanto bajo los tipos viejos como bajo los nuevos; cada una de estas cifras se divide por dos; y la suma de estas dos cantidades representa la contribución para el año —la mitad al tipo viejo, y la otra mitad al nuevo. Por otro lado, el método del contribuyente para hacer el cálculo, ba-sado en el empleo de una fracción de un año con el fin de determinar el tipo en cuanto a la contribución adicional que le es aplicable al contribuyente, burlaría las secciones 3(a) y 14(6), que siempre han estado en nuestra Ley.

Para apoyar su posición, el contribuyente cita casos al efecto de que cuando dos secciones de una ley están en con-flicto, deberá prevalecer la última — aquí, la sección 11 frente a la sección 1 de la Ley núm. 20. Pero toda vez que no encontramos que estas secciones estén en irreconciliable con-flicto, estos casos son inaplicables.

La sección 10(a) de la ley expresamente dispone el mismo resultado a que hemos llegado cuando el contribuyente, que informa su ingreso a base de año- económico, se confronta con dos leyes contributivas que disponen tipos difurentes para períodos del mismo año económico. Nues-tra ley no contiene tal disposición para un contribuyente que paga por año natural. Por tanto, Roig alega que el no haber la Legislatura dispuesto expresamente por ley que los contribuyentes de año natural serían tratados de igual ma-nera, impide que se llegue a ese resultado aquí.

Si la Legislatura hubiera incluido a los contribuyentes de año natural en la sección 10(o), este pleito no hubiera sur-gido. Pero nuestra ley se copió sustancialmente de la Ley Federal. Y nunca ha sido necesario incluir en las leyes fe-derales tal disposición para los contribuyentes de año natural en vista del hecho de que el Congreso de ordinario aprueba las leyes de Contribuciones Sobre Ingresos con ca-rácter retroactivo a enero 1. (2 Mertens, supra, sección 13.23, pág. ,391, y su Suplemento para 1945, pág. 144 <et s&q.; 4 Paul & Mertens, Law of Federal Income Taxation, sec. 40.30, pág. 621). Por tanto, bajo, las Leyes Federales nunca podría haber un pleito como el presente.

Cuando nuestra legislatura cambió la norma Federal aprobando una ley retroactiva a una fecha distinta a enero 1, pudo haberse evitado este pleito ampliando la sección 10 (a) para que incluyera los contribuyentes de años naturales. Sin embargo, por los motivos ya indicados, somos de opi-nión que el método del Tesorero para calcular la contribu-ción aquí envuelta fué el correcto. Si bien pudo ser de al-guna ayuda el que la Legislatura, en un .exceso de precau-ción, lo hubiera expresamente así dispuesto, no estamos con-vencidos de que al no hacerlo la Legislatura quiso abandonar ci principio de una planilla anual y permitir dos planillas fraccionadas para 1942.

La decisión del Tribunal de Contribuciones será confir-mada.

       Leyes de P. R., Sesión Extraordinaria, 1942, pág. 97.

      Ley núm. 159, Leyes de P. R., 1941 ((1) pág. 973); Ley núm. 23, Leyes de P. R., 1941, Sesión Extraordinaria (pág. 73).

      Toda vez que estos tres casos envuelven la misma cuestión, nos referi-remos en adelante a los contribuyentes en singular.

      La sección 3(a) dice en parte como sigue:
      "El término 'año contributivo' significará el año natural o el año econó-mico quo termina dentro de cada año natural sobre cuya base será computado el ingreso neto, de acuerdo con las secciones 14 ó 30. El término 'año econó-mico' significará un período de contabilidad de doce (12) meses que termine el último día de cualquier mes que no sea diciembre. ... El primer año con-tributivo, a los efectos de esta Ley, será el año natural de 1942, ...”
      La sección 14(b) dice en parte como sigue:
      ‘‘El ingreso neto será computado sobre la base del período anual de con-tabilidad del contribuyente (año económico o año natural, según sea el caso) de acuerdo con el sistema de contabilidad usado regularmente por el contribu-yente en sus libros; ... Si el período anual de contabilidad del contribuyente es otro que el de ano económico, según se define en la sección 3, o si el con-tribuyente no siguiera un período anual de contabilidad o no llevare libros, el ingreso neto será computado a base del año natural.”
      Las secciones 12 y 13 son al mismo efecto. Al disponer los tipos de con-tribución, siempre los han impuesto ‘‘por cada año contributivo”. Y la sec-ción 16 permite como deducciones los gastos pagados o incurridos ‘‘durante el año contributivo”.

      Es obvio por qué el método empleado por Roig al calcular su contribu-ción para 1942 resultarla en una rebaja más bien que. en un aumento en la contribución: aún a lo-s tipos mayores provistos en la Ley núm. 20, el tipo para la contribución adicional sobre la mitad de $50,000 e3 menos que el tipo para la contribución adicional sobre $50,000 a los tipos viejos. Nadie puede emplear el sistema de hacer dos planillas semestrales para el ingreso anual con el fin de caer en un tipo más bajo de contribución adicional.

      La sección 1 es la sección 3(a) de la Ley de Contribuciones Sobre Ingre-sos; fuó enmendada por la Ley núm. 20 con fines de gramática y de fecha.

      La seeeión 10(a) dice como sigue:
      “Si el contribuyente rinde declaración por un período que empieza en un año natural (el cual se denominará en adelante en esta subdivisión 'primer año natural’) y que termina en el próximo año natural (el cual se denominará en adelanto en esta subdivisión 'segundo año natural’) y la ley aplicable al segundo año natural es distinta de la aplicable al primer año natural, entonces su contribución a virtud de este título por el período que termina durante los segundos años naturales será la suma de: (1) la misma proporción que una contribución por el periodo completo, determinada de acuerdo con la ley apli-cable al primer año natural y el tipo que corresponda a tal año, que la porción de dicho período que caiga dentro del primer año natural es el período com-pleto; y (2) la misma proporción que una contribución por el período completo, determinada de acuerdo con, la ley aplicable al segundo año natural y a los tipos contributivos de dicho año, que la porción de dicho período que caiga dentro del segundo año natural es del período completo.’’

        Iron Mountain Oil Co. v. Alexander, 37 F.2d 231, (C.C.A. 10, 1930) sen-cillamente resuelve que el equivalente Federal de la sección 10(a) es válido; en él no hay lenguaje o insinuación alguna al efecto de que en ausencia de la sección 10(a) no pueda conseguirse el mismo resultado.

       indicamos de paso que aun si el método usado por el contribuyente, fuera permitido, estaría obligado a informar el cálculo exacto de su ingreso tal cual fué éste devengado en cada uno de los dos semestres; en verdad no puede el contribuyente, como lo ha hecho aquí, dividir sencillamente el ingreso de todo el año en dos mitades.


text:
    Isabel Carmen Llambías, por sí y representada por su madre María Bauzá, demandante, contrademandada y apelada, v. Juan Carlos Pagán, demandado, contrademandante y apelante.
    Núm. 9054.

    Sometido: Abril 6, 1945.

      Resuelto: Diciembre 4, 1945.

      Pedro lú. Anglade, abogado del apelante; José Veray, Jr„, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En 14 de marzo de 1940 la demandante Isabel Carmen Llambías otorgó ante notario una escritura de venta de finca con pacto de retro que en lo pertinente decía:

“Cuarto: Doña Isabel Carmen Llambías en este acto -vende al otro compareciente, don Juan Carlos Pagan la finca descrita en el hecho primero de esta escritura con cuanto contiene y le es anexo. Entendiéndose que la venta lleva consigo la transmisión del dominio, posesión y demás accesiones naturales y civiles al inmueble enaje-nado. — Precio.—Quinto: Que el precio de esta venta lo constituye, la suma de un mil quinientos dólares, suma que confiesa la vendedora doña Isabel haber recibido de manos del comprador señor Pagán con anterioridad a este acto, y por cuya cantidad le otorga su más cumplida y eficaz carta de pago. — Retracto Convencional. — Sexto: Es condición expresa, además, convenido formalmente por las partes comparecientes en este acto, que la venta se efectúa con Retracto Convencional por el término de un año, a contar a partir de la fecha de hoy; de manera que, si doña Isabel Carmen Llambías de-vuelve al señor Juan Carlos Pagán, la cantidad recibida de un mil quinientos dólares, dentro del referido término de un año, que vence el día catorce de marzo de mil novecientos cuarentiuno, el compra-dor señor Pagán, deberá y queda obligado, a otorgarle la corres-pondiente escritura de retrovenda, quedando en otro caso, irrevoca-blemente efectuada la enajenación de la finca vendida. — Séptimo.— Convienen además las partes y así quedan obligadas a lo siguiente: que durante el curso del referido año, que comienza con el otorga-miento de esta escritura hasta el día catorce de marzo de mil nove-cientos cuarenta y uno, don Juan Carlos Pagán tendrá derecho a percibir las mensualidades que rente la casa enajenada.”

Tres días antes de vencer el año especificado en el con-trato, o sea, el 11 de marzo de 1941 Isabel Carmen Llam-bías radicó la demanda en este caso, en la cual solicitó sen-tencia declarando: (a) que la escritura de venta de finca con pacto de retro era nula porque la demandante era menor de edad cuando la otorgó; (b) que de ser válida dicha escri-tura, el contrato de que trataba era una hipoteca y no una compraventa; (c) que el demandado debía abonar los cáno-nes que por concepto de alquiler de dicha casa había venido recibiendo, a la deuda del capital, después de descontar los intereses legales, y (d) el pago de una suma.de $5,000 por daños'y perjuicios. La corte de distrito declaró sin lugar una excepción previa por indebida acumulación de- acciones, y después de contestar el demandado y de practicarse la prueba de ambas partes, dictó sentencia a favor de la de-mandante, resolviendo que la escritura era válida y que el contrato a que se refería era realmente una hipoteca, fiján-dole a la demandante un plazo improrrogable de seis meses para satisfacer al demandado la suma de $1,500 más los in-tereses legales, y condenando a este último a pagar a la de-mandante los cánones de arrendamiento a razón de $40 men-suales a partir del 15 de marzo de 1941, las costas y $250 en concepto de honorarios de ahogado. El demandado apeló.

En sn primer señalamiento sostiene el apelante que la corte inferior erró al admitir la declaración de la demandante para probar qne el contrato otorgado por las partes era nno de hipoteca y no de venta con pacto de retro, variándose así con prueba oral, los términos de un contrato escrito en violación del artículo 25 de la Ley de Evidencia.

Hemos resuelto en el caso de Monagas v. Albertucci, 17 D.P.R. 712, confirmado en 235 TJ. S. 81, que es admisible prueba oral para poder determinar si la verdadera intención de las partes en una venta con pacto de retro de propiedad inmueble era otorgar ese contrato o simplemente un prés-tamo con garantía hipotecaria.' Dijimos en dicho caso a la pág. 715:

“Todo el caso en realidad gira sobre la cuestión de si el docu-mento escrito objeto de controversia era una hipoteca o una venta condicional. Si es lo segundo, deben cumplirse las condiciones del mismo; si es lo primero, debe permitírsele al demandante que de-vuelva el dinero recibido haciéndole un traspaso de los bienes. La verdadera intención de las partes en el momento de otorgar el do-cumento escrito, es la que debe regir en la interpretación que le den los tribunales. Esto debe averiguarse de las circunstancias que concurrieron en la transacción y del texto del documento mismo. La norma correcta, en los casos en que tenga aplicación, es la con-tinuación de la existencia de una deuda u obligación entre las par-tes. De existir tal deuda u obligación, la venta puede considerarse meramente como una garantía de la deuda o como indemnización de una obligación. Por el contrario, si no existe deuda u obliga-ción, entonces la transacción no es una hipoteca y sí meramente una venta con pacto de retracto dentro de un tiempo determinado. Aun cuando cada caso debe contener sus propios hechos especiales, ciertas circunstancias se consideran como importantes, y los tribu-nales las consideran como aclarando la intención real de las partes y la naturaleza de tales transacciones; tales son la existencia de un contrato colateral ejecutado por el cedente para el pago de dinero al cesionario, su obligación de pagar interés, que el precio de la venta sea inadecuado, que el cedente quede todavía en po-sesión de los bienes traspasados, y cualquier negociación o solicitud de un préstamo con anterioridad o durante la transacción que dió lugar al traspaso.”

üi bien es cierto que en el caso qne acabamos de citar se revoió la sentencia de la corte inferior por haber admitido prueba, oral en relación con un contrato de compraventa con pacto ie retro, el dictum que dicha opinión contiene sobre la inadnisibilidad de dicha prueba oral en casos de esta na-turaleza quedó aclarado por esta Corte en el caso de Oclio-teco, Jr.v. Córdova, 47 D.P.R. 554, donde a la página 560 dijimQS:

“Los apelantes hallan algún alivio en el caso de Monagas v. Albertucci, 7 D.P.R. 712. Ahora bien, hubo un dictum en esa opi-nión que de(a que prueba oral era inadmisible para demostrar que un contrato le compraventa, con pacto de retro, no podía justifi-carse que fuea una hipoteca. Sin embargo, si se lee con cuidado la opinión se verá que esta corte realmente resolvió que no había suficiente prulpa para demostrar la existencia de una hipoteca.
“Esto tamlpn se desprende cuando se considera el caso en ape-lación para ant la Corte Suprema de los Estados Unidos, Monagas v. Albertucci, 235U. S. 81, 87, donde la corte, por voz del Juez Aso-ciado Sr. Whit^ dijo lo siguiente:
“ ‘Maseuando se considera la relación que del caso hemos he che, la Cuestión descansa en la más palpable errónea apre-ciaron de la actitud de la corte inferior, toda vez que, con-forae heaos visto, su conclusión de que la corte inferior co-meió enor al resolver que el contrato de venta era de hi-poeca, no surgió de la resolución de que existía falta de ayoridad para admitir cualquier prueba con tal fin, sino til hecho de que el testimonio específico ofrecido y recibido con 3 objeción de una de las partes, se halló, después de con-.derarlo y apreciarlo, que no tenía relación legal con tal bjetivo y que por ende no presentaba fuerza probatoria Iguna tendente a sostener que se variara el contrato.’ ”

E: el caso más reciente de Nieto v. Torres, 56 D.P.R. 154, t el cual no se admitió prueba oral para demostrar la verdiera naturaleza de la transacción celebrada y en el que un ontrato de compraventa con pacto de retro era en rea-lidad lino de garantía hipotecaria, al revocar la sentencia resolvimos, citando a 2 Jones on Evidence in Civil Casis, 4a. ed. (1938), pág. 951, see. 446, que'dicha prueba era per-fectamente admisible.

Al mismo efecto, véanse 9 Wigmore on Evidence Sec. 2437, pág. 119; González Franquí v. Brice, 27 D.P.R. 69; Monrozeau v. Amador, 40 D.P.R. 132, y el caso de J. W. Pierson Co. v. Freeman, 166 A. 121, 123, donde se discute extensamente la diferencia entre una venta condieioial de un inmueble y una hipoteca.

De acuerdo con la doctrina expuesta, somos (é o*pinión que la corte de distrito no erró al admitir el tesimonio de la demandante. Esto constituía una de las excepiones a la regla sancionada por la jurisprudencia, y dichaprueba po-día ser admitida sin violar los preceptos del aiículo 25 de la Ley de Evidencia.

Ahora bien ¿fue correcta la conclusión n la corte a quo de que el contrato otorgado era en verdaduna hipoteca y no una venta con pacto de retro? Veamos leprueba aportada por las partes.

La de. la demandante consistió de su proio testimonio y del de su madre María Bauzá. La demandante declaró, en síntesis, que a la fecha de la transacción día eia una es-tudiante de la Universidad de Puerto Rico; qae paa el mes de marzo de 1940 ella fue donde el demandado a pdirle un préstamo por la suma de $1,500 para con ese dineo com-prarle una casa al tío de ella, Antonio Alcover; que'a casa rentaba $45 mensuales, sobre los cuales ella y el demudado convinieron que por vivir ella en Río Piedras y el demudado en Izares, éste último cobraría las mensualidades de 1 casa y descontaría los intereses del préstamo, y que el rdo se lo enviaría a Río Piedras; que nunca recibió dichos ema-nentes; que compró la casa el mismo día que otorgó ■, es-critura a favor del demandado, por una suma de $1,200 que por dicha escritura lo que ella hizo fué hipotecar la cas«por $1,500 a Juan Carlos Pagán; que previamente había reali-zado varias gestiones con ciertos prestamistas sin conseguir el dinero; que la planta alta de la casa estaba arrendada a la Corte Municipal por.$25, y la planta baja a ciertos in-quilinos por $20. En rebuttal declaró que Juan Carlos Pa-gán no había- aceptado la hipoteca que se le propusiera so-bre la casa por $1,200 “porque si tenía que llevar una eje-cución entonces tenía que pagarme a mí quinientos pesos de hogar seguro”; que el demandado aceptó una retroventa por $1,500 y que ella aceptó el negocio “porque al cabo era lo mismo”; que en cierta ocasión le hizo al demandado una oferta de pago que éste no aceptó, habiendo ido ella personal-mente “a -entregarle mil quinientos pesos par-a que me de-volviera- la- casa y él se negó a aceptarlos porque según él la casa era de él”; que el día en que se firmó la escritura recibió de Pagán un cheque por $1,200 y que entonces se fué a Río Piedras, y que al otro día el demandado le en-tregó un pagaré a un tío suyo que le enviaron a Río Piedras donde su mamá lo firmó; que su madre María Bauzá no es-tuvo presente cuando se firmó la escritura, y que firmó el pagaré por $300 en Río Piedras

María Bauzá declaró que la casa del negocio era origi-nalmente suya y que la había perdido por contribuciones; que su cuñado la había rematado en pública subasta pero que consintió en vendérsela a su hija por $1,200; que supo del negocio cuando su hija regresó de Lares y se lo explicó; que no lo encontró bien “porque nos quitaban las rentas de la casa”, que no estuvo presente al otorgarse la escritura y que el pagaré que aparece con su firma fué firmado por ella en Río Piedras. En rebuttal declaró que no conocía a Juan R. Maldonado (testigo que declaró posteriormente haberla visto en Lares el 14 de marzo de 1940).

La prueba documental de la demandante consistió del acta de nacimiento de Isabel Carmen Llambías y de copia certificada de la escritura de compraventa a favor de Juana Carlos Pagán.

La parte demandada presentó como testimonio de su primer testigo la declaración original de Salvador Vilella, el notario que otorgó la escritura número 27 de 14 de marzo de 1940, sometiéndose a la corte una estipulación de las partes que de declarar dicho testigo declararía exactamente lo mismo. En síntesis, el testigo había declarado que en la fecha del otorgamiento de la escritura se personaron en su oficina Juan Carlos Pagán, Antonio Alcover Pol, Isabel Carmen Llambías, María Bauzá y el Lie. Obdulio Bauzá; que este último le explicó la transacción, la cual era que Isabel Llam-bías le iba a comprar la casa a Antonio Alcover para luego vendérsela a Pagán con pacto de retro por un año; que las escrituras las llevó Bauzá redactadas a su oficina; que el cheque por $1,200 se lo entregó Pagán a María Bauzá ese día en su presencia; que al día siguiente se presentaron la referida María Bauzá y Juan Carlos Pagán, adelantándole él $96 y entregándole un pagaré por $300, sobre el cual él autorizó un affidavit; que en mngwn momento se habló por alguna de las partes de hipoteca, manifestando que “si se habla allí de hipoteca yo no autorizo una escritura con pacto de retro aunque hubiese sido hecha por un compañero mío; allí no se habló nada de hipoteca.”

Antonio Alcover Pol declaró en lo pertinente que el che-que de $1,200 con el cual le pagaron por la casa le fué en-tregado el día del otorgamiento de las escrituras en la ofi-cina del notario Vilella estando presente su cuñada María Bauzá; que ella o Vilella — uno de los dos — le entregó el che-que; que cuando María Bauzá le explicó las condiciones de los estudios de su hija, él accedió a venderle la casa; que la casa tenía un valor de $2,500; que no estaba presente cuando Isabel Llambías otorgó la escritura a favor de Pa-gán; qne deducía que el contrato en dicha escritura era nna hipoteca; qne las dos escrituras fueron redactadas por Ob-dulio Bauzá, tío de la demandante.

Juan R. Maldonado declaró que había hablado con María Bauzá el día 14 de marzo de 1940 en Lares; que ella le ha-bía salido a vender la casa el día antes, y que él le había sugerido que fuera a ver a Pagán; que el día 14 ella le informó que le había vendido la casa a Pagán.

Federico Juan Soler declaró que anteriormente había .sido llamado a declarar en una vista en el mismo caso por María Bauzá; que el día 14 de marzo de 1940 vió a la referida María Bauzá en Lares.

El demandado, Juan Carlos Pagán, testificó que María Bauzá y su hija Isabel Carmen Llambías fueron donde él a hipotecarle la casa por $1,200, lo que él rehusó: “ ... yo le dije que no, que en hipoteca no; que yo lo que podía ha-cer era comprársela; entonces la señorita dijo, ‘pero, mamá, es igual; lo mismo es,’ y entonces yo acepté”; que entonces convinieron en una retroventa por $1,500, después de haber pedido ella $1,800 por la casa; que en ningún momento con-vino con María Bauzá ni la demandante en hacerles un prés-tamo; que en ningún momento recibió solicitudes de pró-rroga ni ofertas de pago; que Obdulio Bauzá le había suge-rido que habiendo sido la casa de su hermana María se veía mejor que pasara a Isabel Carmen Llambías y de ella a él; que no convinieron nada en cuanto a los cánones; que el negocio lo hizo de buena fe.

Como prueba documental el demandado ofreció el certi-ficado de compra de bienes inmuebles dado por el Colector cuando se remató la propiedad por contribuciones, la es-critura número 26 de 14 de marzo de 1940 otorgada por Antonio Aleover Pol y su esposa a favor de Isabel Carmen Llambías, el cheque por $1,200 con que se pagó a Aleover por la casa y el pagaré por $300 que completó la suma de Si,500 entregada a la Llambías por Juan Carlos Pagán.

La corte inferior hizo constar en su opinión que daba “entero crédito al testimonio de la demandante y sus testi-gos” y que “la declaración del demandado ... no le ha me-recido crédito alguno ...” Aun cuando en algunos detalles la corte inferior, inconsistentemente con estos pronuncia-mientos, aparentemente sí dió crédito a la prueba del deman-dado, el hecho primordial que resalta de toda la prueba es el siguiente: No obstante haber negado el demandado que la demandante le ofreciera pagarle los $1,500 objeto del con-trato, antes de vencer el año, el hecho es que la demanda en este caso fué radicada el 11 de mayo de 1941, es decir, tres días antes de vencer el año especificado en el contrato. Este hecho da fuerza a la prueba que tendió a demostrar, no que se trataba de una hipoteca como resolvió la corte inferior, sino que ella trató de ejercitar el derecho de retroventa es-pecificado en el contrato.

Esta Corte por lo general no interviene con la aprecia-ción que de la prueba hace una corte inferior ni con sus con-clusiones de hecho a base de dicha apreciación. Empero, el caso de autos presenta una situación distinta. Be trata de una conclusión de derecho al resolver la corte que el con-trato en este caso fué uno de hipoteca y no uno de compra-venta con pacto de retro.

Existe bastante similitud entre una compraventa con pacto de retro, y una hipoteca ; y dentro de la excepción consignada a la regia de evidencia oral extrínseca, se debe fijar con exactitud cuál fné la intención de las partes al otor-gar el contrato. Somos de opinión que una prueba como la de la demandante en este caso, débil y contradictoria, no puede tener el efecto de destruir la veracidad de la escritura suscrita por ella. Su propia prueba en general propendió a demostrar que en varias ocasiones ella estuvo consciente del •verdadero acto jurídico que realizaba. Trató de hipotecar y al negarse el demandado, vendió con la esperanza de po-der redimir la casa dentro del año.

No vemos cómo la corte pudo resolver que en realidad se trataba de una hipoteca. La evidencia admitida para ex-plicar la transacción no tuvo el efecto de cambiar, variar, o modificar el contrato. No es éste un caso que caiga bajo las disposiciones del artículo 1410 del Código Civil que espe-cifica los casos en los cuales una venta de inmueble se pre-sumirá una hipoteca. Tampoco es uno en que la venta haya surgido como consecuencia de una obligación preexistente. Mona-gas v. Albertucci, supra.

4, Qué efecto, si alguno, tuvo el hecho probado de haber la demandante, antes de vencer el año, ofrecido pagar al de-mandado los $1,500 objeto del contrato y el haber radicado la demanda tres días antes de vencer dicho plazo pero va-piando su causa de acción? Creemos que ninguno que pueda favorecer a la demandante.

No se trata de un caso en que sea aplicable la doctrina sobre elección de remedios, pues ésta se aplica a las diferentes formas de bacer valer un derecho. Se trata de uno en el que la demandante ejercitó un derecho sustantivo diferente al que realmente tenía. Sobre esto, en 18 Am. Jtor. 131, Election of Remedies, sección 6, se dice:

“§6 — Elección de Derechos Sustantivos. — A menudo lo que se llama en las opiniones judiciales como una elección de remedios es en realidad una elección entre derechos sustantivos. La distin-ción es una no pocas veces obscurecida, y sin embargo es importante que se tenga en mente. Una elección entre derechos sustantivos va, no a la forma, sino a la sustancia, afectando algún derecho ele-gido. Mientras que una elección de remedios o forma de acción o procedimiento no envuelve necesariamente una elección entre dere-chos sustantivos existentes, ya que una forma ele acción es nada más que un medio de administrar justicia más bien que una fina-lidad en sí misma. La doctrina sobre elección de remedios se aplica para proteger a uno de litigios molestosos, mientras que la regla sobre elección de derechos sustantivos se refiere al status verda-dero de alguna propiedad o derechos contractuales. Es decir,’ una persona que tiene la opción de fijar definitivamente un derecho contractual de propiedad sin referencia al consentimiento o deseos de la otra parte a la transacción está sujeto por el ejercicio de la opción.”

Este Tribunal ha resuelto que puede concederse un remedio que aparece de la prueba, cuando es compatible con las alegaciones y cuando en el pleito concurren los requisitos necesarios para que proceda. Así, en Ruiz v. Ruis, 61 D.P.R. 823, 829, se dijo que “El hecho de que los demandantes hayan titulado su acción ‘reivindicación de condominios y pago de frutos’ no nos impide resolver que en este caso existe un fideicomiso constructivo, resultando como resulta que dicho remedio es perfectamente compatible con las alegaciones y la prueba.” Y en la opinión emitida por el Juez Asociado Sr. Snyder en Sosa v. Sosa, 64 D.P.R. 769, 779, copiamos del sumario lo siguiente (en lo que estuvo conforme todo el Tribunal) :

“El hecho de que los demandantes seleccionen erróneamente el título de su acción y el artículo aplicable a ésta no es fatal cuando hay un remedio que puede ser aplicable y en el pleito concurren todos los requisitos necesarios al mismo.”

En el mismo sentido está la regla 81(b) de las de Enjui-ciamiento Civil, la cual dispone:

“ {b) Denominación o Súplica Erróneas. — Cualquier defecto en la denominación de la acción ejercitada o en la súplica del remedio solicitado, no será óbice para que la corte, descartando el error así cometido, conceda el remedio que proceda de acuerdo con las ale-gaciones y la prueba.”

La situación en el caso de autos, sin embargo, es dife-rente. No podemos conceder a la demandante un remedio que no tiene. El hecho de hacer ella el ofrecimiento de pago antes de vencer el año no equivale, por sí solo, al ejercicio de la acción de retracto. Hay una razón fundamental para ello, y es que el mero ofrecimiento de pago no constituye el ejercicio del derecho de retracto.

El artículo 1396 del Código Civil dispone que:

“Tendrá lugar el retracto convencional cuando el vendedor se reserve el derecho de recuperar la cosa vendida, con obligación de cumplir lo expresado en el artículo 1407, y lo demás que se hubiese pactado.”

Y el 1407 dispone a su vez que:

“El vendedor no podrá hacer uso del derecho de retracto sin reembolsar al comprador el precio de la venta, y además:
“1. Los gastos del contrato, y cualquier otro pago legítimo hecho para la venta.
“2. Los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida.”

Hemos resuelto en los casos de González v. Acha et al., 21. D.P.R. 134 y Martínez v. Pirallo, 61 D.P.R. 91, que el ar-tículo 1616 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para las Islas de Cuba y Puerto Rico, igual al artículo 1618 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, que dispone que para poder dar curso a una demanda de retracto el retrayente debe con-signar el precio si es conocido, o si no lo fuere que dé fianza de consignarlo luego que lo sea, está en vigor en esta ju-risdicción. En el caso de autos, no habiendo la demandante consignado en corte los $1,500 objeto del contrato no podía ejercitar la causa de acción sobre retracto y no podemos tampoco nosotros considerar la que ejercitó como tal.

Por lo expuesto debe revocarse la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Aguadilla y dictarse otra declarando sin hogar la demanda, con -costas sin incluir honorarios de albo gado.

      E1 pagaré por $300 fué suscrito únicamente por el demandado como deu-dor. La firma de María Bauzá al dorso se refiere a un abono de $96.52 que hizo el demandado y recibido por ella a nombre de la demandante.

       Comenta Manresa:
      “Empléase el retracto convencional o venta al quitar o a carta de gracia, que de todas estas maneras se denomina, como forma del contrato de préstamo; pero, jurídicamente es acto bien distinto de éste. Una sola observación pondrá de manifiesto esta diferencia: en la venta con pacto de retracto hay siempre la transmisión del dominio de una cosa, siquiera sea de un dominio revocable; en el préstamo, osa transmisión no existe: aseméjanso los dos actos en que en ambos se transmite dinero, en el préstamo el que se presta, en la compra con pacto de retro el que sirve de precio; pero la transmisión de la cosa determinada, fuera aparte del numerario, sólo se da en la venta.
      “No obstante esta diferencia jurídica, sería completamente pueril negar que en la práctica, las ventas con pacto de retro son verdaderos préstamos, a los que se da esa forma como podía dárseles la de constitución de crédito hipo-tecario o la de antieresis, por ejemplo: de aquí precisamente surgen los motivos de las censuras que se dirigen contra el retracto convencional hasta el punto de que algunos autores opten decididamente por su supresión. ’ ’ Comentarios al Código Civil, Tomo X, pág. 271 (Cuarta Edición).

      E1 artículo 1410 del Código Civil loe:
      "Toda venta de propiedad inmueble con pacto de retroventa se presumirá que constituye un contrato de préstamo por el montante del precio, con garantía hipotecaria de la finca vendida, en cualquiera do los casos siguientes;

        Primero: Cuando el comprador no hubiere entrado en posesión material de la cosa vendida.

        Segundo: Cuando el vendedor pague interés al comprador por el precio de la venta, aunque se denomine canon de arrendamiento o se le dé otro nombre cualquiera.

        Tercero: Cuando se hiciere figurar en el contrato, como precio de enajena-ción una cantidad enteramente inadecuada.'’

      Véanse los Comentarios de Manresa, ob. cit., págs. 306-309, a este artículo, en relación con el 1518 del Código Civil español equivalente al 1407 del nuestro, supra.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Máximo Rosario Pagán y Sara Rodríguez Lorenzana, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Bayamón, recurrido.
    Núm. 1169.

    Sometido: Noviembre 5, 1945.

      Resuelto: Diciembre 4, 1945.

      Francisco Acevedo, abogado de los recurrentes; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un recurso gubernativo contra la negativa del Re-gistrador a inscribir copia certificada de una escritura de compraventa por no consignarse en dicha copia que en el original se hubiera cancelado el sello forense de 25 centavos del Colegio de Abogados.

El artículo 2 de la Ley núm. 170, Leyes fie P. R., 1939 (pág. 863), dice como sigue:

“La sección 6 de la ley titulada ‘Ley para regular el ejercicio de la profesión- notarial en Puerto Rico’, según quedó enmendada por la ley de marzo 10 de 1910, se enmienda para que lea como sigue:
“ ‘Sección 6. — El notario redactará escrituras originales, expe-dirá copia de las mismas y formará protocolo; Disponiéndose, que será deber de todo notario adherir y cancelar en cada escritura original que otorgare y en las copias que de ellas se expidieren, un sello que el Colegio de Abogados de Puerto Rico, adoptará y ex-pedirá por valor de veinticinco centavos (25^) el producido de la venta de cuyo sello ingresará a los fondos de dicho colegio, ¥ dis-poniéndose, además, que la escritura original o la copia de la misma en la que no se hubiere adherido dicho sello se considerará nula para todos los efectos.’ ”

Alega el recurrente que este artículo sólo exige que dicho sello sea de hecho adherido al original y a todas sus copias; que la copia certificada presentada por él al Registrador te-nía adherido a la misma un sello y por tanto no era nula; y que en la ley nada hay que exija .que se exprese en la copia el hecho de que también en el original se ha adherido v cancelado el referido sello.

No podemos convenir con el argumento del recurrente. La Ley núm. 170 considera nulo el original de no adherír-sele tal sello. De igual manera, una copia certificada del mismo debe expresar completa y fielmente todo lo que contiene el original, incluyendo la declaración de que tal sello se encuentre adherido, con el fin de que la copia certi-fieada sea inscribible. Artículo 18, Ley Hipotecaria; ar-tículo 77, Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipote-caria. Toda vez que la copia certificada de la escritura aquí envuelta guardó silencio sobre si tal sello fué adherido y cancelado en el original, era el deber del Registrador ne-garse a inscribirla.

El recurrente también levanta la cuestión de que el artículo 2 de la Ley núm. 170 menoscaba la obligación de los contratos, siendo por tanto nulo dicho artículo. Un recurso gubernativo no es el procedimiento para suscitar tal con-tención.

La nota del Registrador será confirmada.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Olimpio Otero Figueroa, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 1176.

    Sometido: Noviembre 27, 1945.

      Resuelto: Diciembre 5, 1945.

      Andrés Mena Latorre, abogado del recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En una solicitud radicada ante la Corte de Distrito de Caguas, Olimpio Otero Figueroa alegó ser dueño y poseedor en pleno dominio de nna finca de cinco cnerdas, la cnal ad-quirió por compra a Antonio Agostini, quien a su vez la find o por compra a El Pueblo de Puerto Pico, en subasta pública para el cobro de contribuciones. Alegó el promovente, que los anteriores dueños de la finca fueron, por más de 20 años, los esposos Elias Pérez Fernández y Francisca Collazo, quie-nes fallecieron desde hacía más de cinco años; que todos los dueños de la finca han residido siempre en Puerto Pico; y que la finca ha sido poseída entre unos y otros dueños por más de 20 años, pública y pacíficamente, sin interrupción al-gunq, de buena fe y con justo título.

Admitida la información, se citó por medio de edictos a los anteriores dueños, o sea a Antonio Agostini y “a los he-rederos legales sucesores o causahabientes desconocidos de Elias Pérez Fernández y Francisca Collazo”. En septiem-bre 17 de 1943 la Corte de Distrito dictó su resolución decla-rando justificado el dominio de la finca y ordenando su ins-cripción en el Registro de la Propiedad de Guayama. Ne-góse el Registrador a practicar la inscripción, consignando sus razones en la siguiente nota:

“Denegada la inscripción de la resolución de dominio que precede, porque la posesión de la finca objetó de dicha información, figura inscrita en el Registro a nombre de Elias Pérez Fernández, y no se decreta en dicha resolución la cancelación de la inscripción contradictoria existente a favor de dicho señor, etc.”

Alega el recurrente que el Registrador erró al negarse a practicar la inscripción y al no cancelar de oficio la alegada inscripción contradictoria a nombre de los anteriores due-ños, por cuanto del mismo expediente de dominio aparece que los anteriores dueños, Elias Pérez Fernández y su es-posa, fallecieron, y que sus herederos o causahabientes des-conocidos fueron citados por edictos.

Es cierto'que este Tribunal ha resuelto que dentro de la tramitación de un expediente de dominio puede obtenerse la cancelación de un asiento contradictorio. Pero, para que pueda ordenarse la cancelación, es necesario que se cite a la persona que tiene inscrita la posesión a su nombre, o a sus herederos o causahabientes, requiricndoles expresa-mente para que comparezcan ante la corte a consentir la cancelación, bajo apercibimiento de que si no comparecen a oponerse dentro del término legal, se decretará por la corte la cancelación de los asientos posesorios y se ordenará la inscripción del dominio a nombre del promovente. Canino v. Registrador, 31 D.P.R. 434 y Alarcón v. Registrador, 35 D.P.R. 41. Véanse: López v. Registrador, 34 D.P.R. 31 y Figueroa v. Registrador, 34 D.P.R. 349.

En el auto presentado al registro no se hace constar la existencia del asiento contradictorio, ni tampoco que los he-rederos o causahabientes de los anteriores dueños fueran no-tificados de la cancelación. Cf. Cerdá v. Ossorio, ante pág. 336. Tampocb se ordena al Begistrador que practique la cancelación. Y sin esa orden el registrador carece de au-toridad para practicarla.

La nota recurrida será confirmada.


text:
      In Re Lucien Longchamps, querellado.
    Núm. 57.

    Sometido: Noviembre 5, 1945.

      Resuelto: Diciembre 10, 1945.

      Luden Longchcmnps, pro se y Celestino Iriarte y H. González Blanes, abogados■ éstos del querellado; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn procedimiento de disbarment contra Lncien Longchamps, quien fué admitido al ejercicio de la abogacía el 9 de marzo de 1926 y al del notariado el 16 de mayo del año siguiente. Los hechos probados pueden resumirse así: Allá, para el año 1942, Juan Nazario Rodríguez radicó una denuncia contra Delfín Rodríguez por infracción al art. 3-71 del Código Penal, consistente en que penetró en el domicilio del denunciante y Eloína Vélez, contra la voluntad expresa de ellos y sin su consentimiento, interviniendo con el citado domicilio, alterándolo, clausurando sus puertas y ventanas, realizando actos de dominio en el mismo y no permitiendo que los moradores entraran en él, alegando que él era el dueño de la casa.

Con posterioridad a la presentación de la denuncia, el querellado, a instancias del denunciante, solicitó y obtuvo del Procurador General le extendiese un nombramiento de fiscal privado para actuar .en dicha causa criminal.

Enterado el acusado Delfín Rodríguez de que el quere-llado iba a actuar como fiscal en el caso, sostuvo una entre-vista con aquél a fin de transigir el caso y lograr que el de-nunciante desistiese de la denuncia. Con la anuencia del de-nunciante se convino que en consideración a la cantidad de $60 que el acusado se obligaba a pagar al denunciante, éste presentaría una moción solicitando el desistimiento del caso. A ese efecto el querellado preparó una moción a nombre del denunciante haciendo constar que había sido indemnizado de los daños que le había causado el -acusado y solicitando que se archivase la denuncia, previo pago de las costas. Presen-tada la moción al Juez de la Corte Municipal de Yauco donde estaba pendiente el caso, dicho funcionario manifestó al que-rellado que denegaría la moción, toda vez que en su opinión el caso no era transigible de conformidad con el art. 446 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Una vez que el quere-liado conoció el criterio del Juez Municipal sobre el extremo indicado, redactó el día 15 de julio de 1942 una estipulación que suscribieron el acusado y el denunciante ante el quere-llado como notario, la cual, en lo pertinente dice así:

“El denunciante en este caso, Juan Nazario Rodríguez y el acusado Delfín Rodríguez, han convenido lo siguiente:
“Entendiendo que este caso es transigible por el art. 446 del Có-digo Penal (sie), convienen transarlo mediante pago por el acusado al denunciante de la suma de sesenta dollars, más las costas de la causa si hubiere que pagarlas, el denunciante queda debidamente pagado del daño ocasionádole, esto sin que el acusado admita que es criminalmente responsable del hecho.
“El denunciante se compromete comparecer ante la Corte el día 22 de julio de 1942 y declarar de tal .manera que el acusado resulte absuelto, hecho lo cual don Delfín Rodríguez pagará a don Juan Nazario Rodríguez la suma convenida de sesenta dollars.” (Bas-tardillas nuestras.)

El mismo día el querellado redactó dos declaraciones ju-radas, una para ser jurada por Juan Nazario Rodríguez, el denunciante, y la otra para jurarla su concubina Eloína Vé-lez Ramos, las cuales dicen así:

“DECLARACIÓN JURADA DE JUAN NAZARIO R-ODRÍGUEZ.
“En Yauco a 15 de julio de mil novecientos cuarentidós, ante esta corte comparece Juan Nazario Rodríguez, mayor de edad, ca-sado, jornalero y vecino de Guánica, Puerto Rico, y previo jura-' mentó conforme a la ley, dice:
“Que aparece como denunciante en el caso de El Pueblo de Puerto-Rico v. Delfín Rodríguez, sobre infracción al artículo 371 del Có-digo Penal; que el hecho de aparecer como denunciante lo es por investigación y no porque el denunciante tenga conocimiento propio de los hechos que se alegan en la denuncia, ya que el denunciante estaba en Ensenada y no tiene conocimiento propio de los hechos que se alegan en la denuncia; que el acusado, don Delfín Rodríguez, sin admitir responsabilidad criminal por dichos hechos le ha resar-cido al denunciante por el daño que éste alega haberle sido ocasio-nado ; y que lo declarado es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.”
“DíTUARACUÓN JURADA DE El.üÍNA VfcüEZ IxAMOS.
“En Yauco a quince de julio de mil novecientos cuarentidós, ante esta corte comparece Eloína Yélez Kamos vecina de Barrio Susúa Baja de Guánica, y previo juramento conforme a la ley, dice:
“Que dicba declarante figura como uno de los testigos de cargo en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Delfín Rodríguez, sobre infracción al artículo 371 del Código Penal; que la decla-rante no estaba en el sitio en que tuvieron lugar los beebos que se imputan en la denuncia y de conocimiento propio no sabe nada del caso; que al regresar a la casa de haber estado ocupada en ayudar a los quehaceres que acostumbraba hacer su esposo- Juan Nazario Rodríguez y encontrar la casa clausurada, hizo gestiones ante el Juez de Paz de Guánica y la Policía Insular para que se le abriera la casa en que vivía con su esposo y que finalmente don Delfín Rodríguez consintió en que la casa le fuera abierta; que su esposo Juan Nazario Rodríguez no estaba presente cuando la casa fué clausurada, sino que estaba en Ensenada. Que lo declarado es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de lo que la de-clarante sabe respecto del caso.”

Luego de juradas ante el propio querellado las dos de-claraciones antes transcritas, el denunciante exigió el pago de los $60, pero informándole el querellado que no podría cobrar dicha cantidad hasta tanto se celebrase el juicio y fuese absuelto el acusado, el denunciante no estuvo conforme y solicitó y obtuvo del Procurador General la revocación del nombramiento de fiscal que se había expedido a favor del querellado.

Conforme declaró Juan Nazario Rodríguez él manifestó al querellado que el día en que se realizaron los hechos de-nunciados el denunciante se hallaba trabajando en una finca del padre del acusado y que éste vino donde él y le dijo que tenía que irse de la casa donde vivía a más tardar a las siete de la noche; que el denunciante fué para el pueblo a ver al padre del acusado y que cuando regresó a las seis de la tarde encontró la casa clausurada, impidiendo el acusado que pe-netraran en la casa. Eloína Vélez a su vez declaró que el mismo día el acusado le había dicho que ella y su esposo debían mudarse de la casa y que le entraría a tiros y que ella le prohibió hacer tal cosa, insistiendo el acusado en que antes de las siete tendrían que irse de allí o de lo contrario le pegaría fuego a la casa o tiraba todo fuera de la casa, y que ella fue a ayudar a su marido cuando éste fué a ver al padre del acusado, regresando más tarde con el denunciante; que por fin los moradores de la easa pudieron entrar en ella a las dos de la mañana mediante una orden del Juez de Paz.

No tenemos duda alguna que, tanto el denunciante como su concubina, han dicho la verdad al manifestar lo que in-formaron al querellado cuando éste se hizo cargo de llevar su caso como fiscal privado en la Corte Municipal. En efecto si sus manifestaciones al querellado hubieran sido tal y como éste posteriormente las -redactó, sin duda que el querellado no hubiera solicitado del Procurador General que lo nom-brase fiscal privado en un caso en que había una absoluta falta de prueba. Al redactar el querellado las dos declara-ciones juradas, tenía conocimiento, conforme resulta de la prueba, que tanto la una como la otra eran falsas.

De igual modo el querellado como abogado estaba obli-gado por los Cánones de Etica Profesional a abstenerse de redactar y suscribir como notario una estipulación como la que antes se menciona en esta opinión, en la cual el denun-ciante se obligaba virtualmente a engañar a la corte alte-rando su declaración de tal forma que el acusado tuviese que salir absuelto.

Los hechos realizados por el querellado, aparte de que podrían calificarse de instigación a perjurio, contravienen aquella parte del juramento que prestó al ser admitido al ejercicio de la abogacía, a saber:

“Que a los efectos de defender las causas que se me confíen, em-plearé únicamente aquellos medios que sean compatibles con la verdad y el honor y nunca trataré de engañar a los Jueces o Ju-rados por ningún artificio o falsa manifestación de hecho o de derecho.”

También infringió el Canon 32 de Ética Profesional que prohíbe a los abogados prestar servicios o dar consejos que impliquen deslealtad a la ley y falta de respeto al Poder Judicial.

Por los fundamentos antes expuestos procede declarar con lugar la querella y separar al querellado del ejercicio de la abogacía y del notariado por un término de dos años, a partir de esta fecha.

       Celebrado luego el juicio el acusado fué convicto en la Corte Municipal de Yauco, en juicio de novo en la Corte de Distrito de Ponce y finalmente fué confirmada la sentencia de ésta última por este Tribunal. Pueblo v. Rodríguez, 62 D.P.R. 322.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, representado por Rexford Guy Tugwell, Gobernador de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Manuel Acevedo Rosario, demandado y apelado.
    Núm. 9104.

    Sometido: Junio 1, 1945.

      Resuelto: Diciembre 10, 1945.

      Iíon. Procurador General Interino Jesús A. González, Fernando B. Fornaris, Procurador General Auxiliar, y Federico Tilén y Domingo Candelario, Asesor Legal y abogado éstos últimos, respec-tivamente, del Departamento del Interior, abogados todos del ape-lante; B. Cuevas Zequeira, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Después de practicada la prueba del demandante, la Corte de Distrito de San Juan declaró con lugar una moción de sobreseimiento {nonsuit) presentada por el demandado y de-sestimó la demanda. El demandante apeló y en este recurso sostiene que. esta actuación fue errónea. Los hechos son los siguientes:

El demandante celebró un contrato con el demandado el 30 de abril de 1941 para la construcción de un trozo de la carretera número 2 comprendido entre el puente de báscula y la entrada al Campamento Buchanan, conviniéndose que la obra se terminaría el 4 de mayo de 1942. En vista de que el contratista no iba a terminar la obra para dicha fecha y debido a que dicho trozo de carretera se necesitaba con urgencia para fines de la defensa nacional el demandante, por conducto del Comisionado del Interior, decidió rescindir el contrato y realizar la obra por administración y al efecto las partes convinieron en dicha rescisión a virtud de un contrato, redactado en inglés, que, en lo pertinente, dice así:

‘‘ That the Commissioner of the Interior, as party of the first part, and Manuel Acevedo Rosario, as party of the second part, do mutually agree and consent to the rescission of said contract in the manner and form stipulated in the memorandum of February 5, 1942, sus-cribed to by both parties.
“That the rescission of said contract is hereby agreed upon and accepted by both parties to the contract subject to the terms and conditions hereinafter set forth :
“1- — That the party of the first part, in the name and on behalf of The People of Puerto Rico, agrees to acquire by purchase from the party of the second part, for the sum of eighty thousand ($80,000) dollars all of the necessary equipment acquired by said party of the second part for the construction of said FAP 8-D (1) works, whether the same has been used or is available for future use in connection therewith, as per inventory marked ‘Exhibit A’ attached hereto and made to form part of this instrument.
“2. — That the party of the first part shall make settlement for and pay to the party of the second part, for all work executed up to and including February 5, 1.942, in accordance with the computations made to that effect by the engineers and accepted by the party of the second part, on the basis of the unit price stipulated in the contract.
“3. — That the party of the first part shall make a just and reasonable settlement for all extra or additional works which may'have been executed during the term the contract was in force.
“4. — That all rights or interest in or liability under the contract, shall cease between the parties and the sureties thereto upon the execution of this instrument.
“5. — That The People of Puerto Rico through its Department of the Interior shall take charge of the works and of their execution as of February 6, 1942, from which date and thereafter the party of the second part shall have no right to or intervention whatsoever with the equipment, works, personnel or with anything relating or pertaining to said contract.
“6. — The party of the first part shall cause to be returned to the party of the second part, such Workmen’s Compensation Premiums as he may have paid pursuant to law, to which he may be entitled as a result of the rescission of the contract prior to the date fixed for its execution. As to any excise taxes which the party of the second part may have paid in connection with the execution of said contract, in ease the party of the first part and the Treasurer of Puerto Rico should have no power to return said taxes, then the party of the first part promises to introduce a bill in the Legislature authorizing the return of such taxes as may correspond in proportion with the work not executed.” (Bastardillas nuestras.)

Es importante hacer resaltar aquí las fechas que se men-cionan en este contrato. Nótese que el contrato de rescisión fue otorgado el 17 de febrero de 1942 pero que en el mismo se hace constar que sus efectos se retrotraen al 5 de febrero de 1942 y que el demandante se hizo cargo de la obra al día siguiente, 6 de febrero.

La demanda en este caso se radicó casi un año después, o sea, el 4 de febrero de 1943 y, después de enmendada el día de la vista, en ella solicita el demandante que se condene al demandado a devolverle $41,260.55 que alega fueran pa-gados por el demandante por error incurrido en ciertos cóm-putos hechos por los ingenieros en relación con la cantidad c!e material excavado por el demandado de ciertos cerros para hacer la obra de relleno en la carretera. Al analizar la prueba del demandante la corte inferior hizo constar en su opinión lo siguiente:

“Al comenzar la obra, el ingeniero Girod del Departamento del Interior hizo una mensura de los cerros, apuntando los datos en libretas, y preparando luego, a base de estos datos, planos o perfiles demostrativos de los contornos de los cerros antes de comenzar las excavaciones.
“Al terminar el demandado las excavaciones, se practicó otra men-sura, por el ingeniero León del Departamento del Interior, y a base de esa mensura se trazaron nuevos perfiles demostrativos de los contornos de los cerros al terminar el demandado su obra. No existe, ni ha existido nunca, controversia en cuanto a la corrección de los planos hechos por León. La controversia surgió, al proce-derse a computar el terreno excavado a los ;fines de fijar las bases para el convenio de febrero 17 de 1942, en torno a ios perfiles tra-zados por Girod. Los impugnó el demandado. Cuando los inge-nieros fueron a constatar los planos de Girod con los datos de campo contenidos en las libretas, no encontraron las libretas. Un repre-sentante del demandado ofreció entonces unos datos que dijo eran copia de los contenidos en las libretas de Girod. Preparados los perfiles a base de estos datos, resultaban distintos de los de Girod y computado el terreno excavado a base de estos nuevos perfiles, resultaba un exceso de unos 70,000 metros cúbicos sobre la cifra arrojada al Utilizar los perfiles de Girod, y un exceso de unos 50,000 metros cúbicos sobre la cantidad de material excavado depositado en la carretera.
‘ ‘ A pesar- de estas discrepancias, y en vista de la gran urgencia que revestía para el gobierno la transacción y liquidación de sus dife-rencias con el demandado, el Departamento del Interior resolvió aceptar las cifras del demandado, haciéndolas suyas, y haciéndose constar que éstas representaban los cómputos hechos por los in-genieros y aceptados por’ el demandado.
“No sabemos, ni las alegaciones ni la prueba nos lo dicen, si, de haberse cerciorado el Departamento del Interior de que los ‘ cómputos hechos por los ingenieros’ eran erróneos, pudo el Departamento haber obtenido una transacción más favorable de la que obtuvo. En verdad que el 17 de febrero de 1942, el Departamento tenía en su poder todos los diitos que necesitaba para tener, por lo menos, la convicción moral, sino la certeza, de que la reclamación del demandado por excavaciones era exagerada. Sabía el Departamento que la cantidad que decía haber excavado el demandado se excedía en 50,000 metros cúbicos de la cantidad de material que según las certificaciones del De-partamento había depositado el demandado en la carretera, y se excedía en unos 70,000 metros cúbicos de la cubicación hecha a base de los perfiles trazados por sus propios ingenieros Girod y León. Y sabía, o si no lo sabía pudo haberse enterado con una sola pregunta hecha a su ingeniero Girod, que los datos que suministraba el de-mandado no eran copia de los datos consignados por Girod en sus libretas, porque Girod nos dice que de esos datos no se hizo copia. Es perfectamente evidente que el Departamento aceptó los cómputos en que insistió el demandado, no porque los creyera correctos, sino porque urgía al gobierno una transacción.” (Bastardillas nuestras.)

El apelante señala, como único error cometido por la corte inferior al declarar con lugar la moción de nonsuit, el haber llegado a “una conclusión equivocada al apreciar la prueba del demandante” y arguye que esa conclusión es al efecto de que los cómputos de la obra ejecutada por el de-mandado apelado se habían hecho y el valor de dicha obra se había determinado por las partes al celebrarse el contrato (ie rescisión el 17 de febrero de 1942 y que tal valor previa-mente determinado había sido parte de la causa o conside-ración del referido convenio de rescisión. Partiendo de la corrección de esta conclusión entendió la corte que la acción incoada iba dirigida a obtener la restitución de parte de la causa o consideración del convenio, siendo la acción proce-dente una para anular dicho convenio “por error que viciara el consentimiento de una de las partes.” Arguye además el apelante que el error de la corte inferior consiste en haber interpretado erróneamente la cláusula segunda del contrato de rescisión en su frase “in accordance with the computations made to that effect by the engineers and accepted by the party of the second part,” y sostiene que cuando se firmó dicho contrato los cómputos no estaban hechos.

Creemos que la conclusión de la corte está sostenida por los términos del contrato y por la prueba.

Del contrato aparece, como liemos diclio antes, que si bien se firmó el 17 de febrero sus términos ya habían sido convenidos en un memorándum suscrito por las partes el 5 de febrero. Aunque dicho memorándum no fué presentado como prueba, nos parece que la cláusula segunda del contrato claramente indica que el pago había de hacerse de acuerdo con los cómputos hechos entre una y otra fecha y aceptados por el demandado. Además, la prueba demostró, como sos-tuvo la corte inferior, que el demandante, a pesar de que le constaba que existía una discrepancia en cuanto a los cóm-putos, pagó al demandado, no porque creyera que dichos cómputos eran correctos, sino porque aún creyéndolos erró-neos, le urgía llegar a una transacción. Contestando a pre-guntas del juez de la corte inferior, dijo el testigo Angel Dos Silva, ingeniero del Departamento del Interior:

“P. ¿Y eso no les llamó la atención antes de pagar? R. Eso nos llamó la atención, pero como expliqué hace un momento la presión externa era tan grande que cualquier dilación iba a ser un daño o traer mayores protestas del público y de las fuerzas armadas; de manera que éste fué un trabajo que se liizo bajo una presión muy intensa. P. ¿Entonces ustedes se dieron cuenta de la diferencia antes de que se pagara, de esa notable diferencia entre lo que arrojaba la línea según los datos que daba Lugo y lo que aparecía entregado parcialmente, esa diferencia de cincuenta y pico de mil metros? R. Sí, nos dimos cuenta de la diferencia.” (Bastardillas nuestras.)

Aún asumiendo, como sostiene el apelante, que los cóm-putos no se hubieren realizado cuando se firmó el contrato de rescisión, somos de opinión que lo esencial en este caso para que pudiera prosperar la acción ejercitada por el de-mandante es que al momento de hacer el pago al demandado lo hubieran efectuado por error de hecho, ya que se trata de una acción en cobro de lo indebido que, de acuerdo con el artículo 1795 del Código Civil, procede “Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha sido indebidamente entregada, . . . ”. Interpretando el ■alcance de este artículo hemos resuelto, después de citar au-toridades y jurisprudencia, que “ . . . . para que exista el cuasicontrato de cobro de lo indebido, es necesaria la con-currencia de dos requisitos, a saber: 1°., que se pague in-debidamente, y 2°., que se haga el pago por error o equivo-cación y no por mera liberalidad o por cualquier otro con-cepto. El error que da origen al cuasicontrato, debe ser de hecho y no simplemente de derecho.” American R. R. Co. of P. R. v. Wolkers, 22 D.P.R. 283, 288.

Comentando Sánchez Román este cuasicontrato, dice:

“Es, por consecuencia, indispensable fundamento de este cuasi contrato, el indicado error de hecho en el que paga; pues si pagó in-debidamente á sabiendas de que no debía ó pagó con certeza en el hecho, pero error en el Derecho por no ser la deuda civilmente exi-gible, por ejemplo, lo debido en virtud de una obligación natural, no existe cuasi contrato de pago de lo indebido, ni puede, por tanto, re-clamar su devolución, reputándose que tuvo intención de donar.” (Bastardillas nuestras.) Derecho Civil; Tomo 4, pág. 1004,

En el caso de autos, como hemos dicho, el demandante pagó a sabiendas de que el error existía e inducido a ello por las razones de urgencia que explicó. No se pagó por error de hecho sino “por mera liberalidad o por cualquier otro concepto,” es decir, debido a la urgencia del caso con motivo de la emergencia de guerra.

Como dicen Colín y Capitant “ . . . cuando el pago indebido se efectúa a sabiendas de que el supuesto acreedor no tenía derecho a percibirlo, sale el hecho de la esfera pro-pia del cuasicontrato para entrar de lleno en otro orden de relaciones jurídicas.”

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      Dereclio Civil, Tomo 3, pág. 943.