author: El Juez Asociado Sk. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Navarro, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por delito de libelo infama-torio.
    No. 1091.
    Resuelto en marzo 29, 1917.
    Libelo Infamatorio — Imputaciones no Ciertas. — Se imputó al acusado el haber publicado y circulado la siguiente hoja suelta: “El hospital no se llevaba a cabo porque Don Jorge Romany, presidente del ayuntamiento, tenía unas canteras arrendadas en el barrio de Sabana Llana, y también tenía una em-presa de bueyes y carros, por la cual no pagaba contribuciones y esperaba encontrar un rematista de la obra para que le tomase los materiales; y cuando creyó haber conseguido sus deseos, se encontró con que el rematista ya tenía el contrato adjudicado y no podía tomarle materiales malos y caros; entonces empezó a tejer; se rescindió por fin el contrato y se pasó cerca de un año para volver a legalizar las cosas, sacar la obra a nueva su- ' basta y que Romany encontrara su hombre. Por fin lo encontró, y el día 20 de noviembre citó para celebrar una sesión extraordinaria y en ella se trató de conceder el remate al Señor G-uerini, que ya estaba en negocios con Romany. ” Se resolvió: que tales imputaciones de no ser ciertas cons-tituyen claramente un libelo infamatorio.
    Id. — Comisión de Otro Delito de Libelo por el Denunciante. — El hecho de discordia existente entre dos bandos políticos y el de que se lanzara una hoja suelta por uno de ellos en la cual se atacaba al acusado, no justifican que éste, miembro del otro bando, publicara y circulara otra hoja suelta — la que sirve de base a la acusación — imputando hechos constitutivos de delito al jefe del bando contrario. Por la- circunstancia de que A cometa un delito de libelo contra B, B no está justificado en cometer otro delito de libelo contra A.
    Testigos — Preguntas y Contestaciones — Apelación.—Una decisión de la corte inferior negándose a permitir que un testigo conteste una pregunta, no puede considerarse en apelación cuando de los autos no aparece la .pregunta y la-contestación que se esperaba obtener.
    El ahogado del apelante no compareció.
   Los hechos están expresados en la opinión.

Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

El Juez Asociado Sk. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso de libelo. Se imputó al acusado el hecho de haber publicado y circulado una hoja suelta en el pueblo de Eío Piedras en la cual, y con la tendencia de im-pugnar la honradez, integridad y buena fama de Jorge Romany, exponiéndolo así al odio y desprecio públicos, expresó, lo que sigue:

“El hospital no se llevaba a cabo porque D. Jorge Romany, Pre-sidente del Ayuntamiento, tenía unas canteras arrendadas en el barrio de Sabana Llana, y también tenía una empresa de bueyes y carros, por la cual no pagaba contribuciones y esperaba encontrar un rematista de la obra para que le tomase los materiales; y cuando creyó haber conseguido sus deseos, se encontró con que el rematista ya tenía el contrato adjudicado y no podía tomarle materiales malos y caros; entonces empezó a tejer; se rescindió por fin el contrato y se pasó cerca de un año para volver a legalizar las cosas, sacar la obra a una nueva subasta y que Romany encontrara su hombre. Por fin lo encontró, y el día 20 de noviembre citó para celebrar se-sión extraordinaria y en ella se trató de conceder el remate al Se-ñor Guerini, que ya estaba en negocios con Romany.”

El acusado negó la acusación y celebrada la vista fué con-denado como autor de un delito de libelo a pagar veinte y cinco pesos de multa y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer. El acusado apeló entonces para ante este tribunal.

El apelante no compareció a la vista del recurso, ni ha presentado alegación escrita alguna en apoj’o del mismo. En la transcripción figura una'relación de las pruebas practica-das y'un pliego de excepciones. La prueba de cargo demostró que el acusado publicó y circuló la hoja de que se trata, con-tentiva de imputaciones que, de no ser ciertas, constituyen claramente un libelo infamatorio. La prueba del acusado ten-dió a demostrar la verdad de sus imputaciones, pero el juez de distrito no la estimó suficiente, con razón, a nuestro juicio.

Las excepciones tomadas fueron dos y se consignaron en el pliego así:

“Primera. — Declaraba como testigo de la defensa el Señor Octavio García Salgado, y al ser preguntado ‘la construcción del hospital, cómo se pensó llevar a cabo por el municipio’ contestó: ‘En-tonces voy a hacer un historial de eso: El Pueblo de Puerto. Rico le regaló al Ayuntamiento de Río Piedras dos cuerdas de terreno para que hiciera allí un hospital, con la condición de que los alum-nos de la Universidad pudieran venir a trabajar allí, a practicar. Hubo una oposición por parte del presidente del ayuntamiento, Don Jorge Romany. Yo era en esa época concejal del ayuntamiento
“En ese instante el Señor Fiscal manifiesta: ‘No veo que tenga que ver nada absolutamente el que El Pueblo de Puerto Rico le regalara un terreno al municipio, con los hechos que se imputan aquí. Que la declaración que va a dar el testigo, va a resultar perjudicando al mismo testigo, porque El Pueblo de Puerto Rico no ha pensado re-galar nada, y la única gestión buena que se hizo es la del Señor Romany. ’
“Entonces el Hon. Juez hace la manifestación siguiente: ‘Lo que yo tengo que saber es si la hoja es libelosa o no es libelosa. Si es libelosa, yo condeno, sean cualesquiera los móviles que motivaron la hoja suelta.’
“En tal estado el abogado defensor presenta la siguiente moción: ‘A los efectos del récord, el abogado defensor propone a la corte probar que en el pueblo de Río Piedras existen dos bandos políti-cos dentro del Partido Unionista de Puerto Rico, uno de los cuales es acaudillado por Don Jorge Romany, siendo jefe del otro Don Octavio García Salgado; que entré ambos bandos existe una discordia ab-soluta :■ que con motivo de cuestiones municipales, referentes al hospital y, a la construcción del hospital, hubo diferencias entre las per-sonas que militan en uno y otro bando, lo que dió origen a la publi-cación de dos hojas sueltas; una anterior a la que se presenta por el Ministerio Público, y otra, la hoja suelta a que se refiere la acu-sación; y que el autor de la hoja suelta a que la acusación se re-fiere, o sea el acusado Antonio Navarro, hizo y publicó la hoja suelta de referencia, en defensa y justificación de ciertos ataques que se le habían dirigido públicamente en otra hoja suelta publicada en aquella población.’
“El Señor Fiscal se opone a la moción de la defensa, y la corte resuelve en la siguiente forma: •
“ ‘Yo no estoy dispuesto (dijo el Hon. Juez) a admitir ninguna prueba sobre ese punto de que en Río Piedras haya una división po-lítica: esa prueba no interesa. El artículo 246 del Código Penal dice que, en todos los procesos promovidos por libelo, se podrá testificar la verdad ante el tribunal o jurado, y si éste estimare ser cierto lo denunciado como infamatorio, y haberse publicado con sana inten-ción y para fines justificados, deberá absolverse libremente al acu-sado; incumbe al jurado determinar las cuestiones de hecho y de derecho. Sobre ese punto es lo único que puedo admitir pruebas. No tengo para qué saber que en Río Piedras haya división entre dos partidos. ’
“La defensa manifiesta que la proposición de la prueba es con el objeto de demostrar la ausencia de malicia en la publicación de la hoja suelta. La corte mantiene su resolución y se toma excepción por el abogado defensor.
“Segunda. — Declaraba el testigo Don Octavio García, y al ma-nifestar: ‘Después del remate hecho por Garófalo, estando en la -ofi-cina del alcalde — estábamos el alcalde, Romany y yo — entró Garó-falo y Romany le preguntó * *
“El Señor Fiscal se opuso manifestando: ‘Aquí están el Señor Romany y el Señor Garófalo a la disposición de la parte. No se necesita traer prueba de referencia porque está la prueba directa aquí. ’
“El abogado defensor, rebatiendo el argumento del Señor Fiscal, contestó: ‘Cualquiera persona puede testificar acerca de una conversación habida y sostenida en su presencia. Si tratamos de probar únicamente que el Señor Salgado se hallaba presente cuando el Señor Romany y el Señor Garófalo sostenían cierta conversación relativa a la construcción del hospital y suministro de materiales, para esta prueba el Señor Salgado no es un testigo de referencia sino que sabe por propio conocimiento lo que va a declarar.
‘ ‘ El Honorable Juez resuelve la cuestión manifestando lo siguiente: ‘Figúrese que viniera el Señor Garófalo y dijera que eso no es ver-dad. Yo creo no se debe decir nada que sea de referencia, lo que oyó el testigo de otras personas, nada más que cuando están pre-sentes esas dos personas.’
“El abogado defensor del acusado tomó excepción.”

•Al razonar la primera de las excepciones, el abogado del acusado siguió el debido procedimiento y expuso lo que in-tentaba probar por virtud de las contestaciones del testigo. Examinado ese razonamiento no puede concluirse qne la corte cometiera error alguno, ya que el hecho de la discordia exis-tente entre dos bandos políticos y el de que se lanzara una hoja suelta por uno de ellos en la cual se atacaba al acusado, no* justifican que éste, miembro del otro bando, publicara y circulara otra hoja suelta — la que sirve de base a la acusa-ción — imputando hechos constitutivos de delito al jefe del bando contrario. Por la circunstancia de que A cometa un delito de libelo contra B, B no está justificado de cometer otro, delito de libelo contra A.

En la segunda excepción el abogado del acusado se apartó del procedimiento seguido en la primera, y es precisamente por ello que esta corte no está en condiciones de decidir si el error que pudo tal vez cometer la corte de distrito, fué o no perjudicial al acusado, ya que “una decisión de la corte inferior negándose a permitir que el testigo conteste una pregunta, no puede considerarse en apelación cuando del récord no apa-rece la pregunta y la contestación que se esperaba obtener.” 3 Oye. 165, y casos citados.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Fortis, Peticionaria y Apelante, v. Fortis, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la .Corte de Distrito de Ponce en pro-cedimiento de administración judicial.
    No. 1513.
    Resuelto en marzo 29, 1917.
    Administración Judicial — Declaratoria de Herederos — Prueba del Carácter de Heredero Admitida sin Objeción. — En la solicitud de este caso se alego que la peticionaria era hija legítima de la causante. Uno de los herederos impugnó ese hecho. Los demás lo aceptaron. Peticionaria j opositor pre-sentaron sus pruebas sobre el particular sin que se objetara el procedimiento. La corte, que tenía jurisdicción sobre la materia y sobre las personas, declaró sin lugar la solicitud de administración judicial porque a su juicio la pro-movente no probó de modo satisfactorio su carácter de hija legítima. Se resolvió: que aun cuando en los casos de sucesiones intestadas debe acudirse por regla general a la corte de justicia competente, a los efectos de obte-ner la declaratoria de herederos por los trámites fijados en la ley, antes de instarse la administración judicial, bajo las circunstancias que concu-rrían en éste, el procedimiento seguido no adolecía de vicio alguno de nuli-dad. Y, examinada la prueba, se resolvió además: que era bastante para demostrar el carácter de hija legítima alegado por la peticionaria.
    Nacimiento — Registro Civil — Partida de Bautismo — Prueba Secundaria. — Na-cida una persona cuando aún no se había instaurado en Puerto Rico el regis-tro civil y demostrado que tampoco pudo presentarse la partida de bautismo por haber un incendio destruido el archivo en que existía, la prueba del nacimiento puede ser suplida, conforme el artículo 320 del Código Civil Revi-sado, por medio de testigos.
    Ahogado del apelante: Sr. Manuel A. Rivera.

    Ahogados del opositor: Sres. José y Manuel Tous Soto.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión de tri- •. banal.

El presente es nn caso sobre administración judicial. Francisca Fortis Estrella presentó nna solicitad jurada en la Corte de Distrito de Ponce, alegando, en resumen, qne te-nía más de sesenta'años de edad y era hija legítima de José Fortis y Josefa Ortiz de la Estrella y Torres; qne sn naci-miento y partida bautismal se inscribieron en la parroquia de Barros qne fné destruida por nn incendio qne redujo a cenizas todo sn archivo; que sn referida madre falleció en Barros el 3 de noviembre de 1894, en cuyo pueblo tuvo su último domicilio y están radicados todos sus bienes, entre los cuales se encuentra nna finca de trescientas cinco cuerdas que se describe y gran número de cabezas -de ganado vacuno y caballar; que todos los bienes están en poder de uno de los herederos, José Ventura Fortis, quien se incautó de ellos y se ha negado a distribuirlos; que antes de su matrimonio su referida madre tuvo dos hijos naturales, reconocidos, llama-dos Petronila y José María Escalera y Estrella, y en su ma-trimonio procreó seis, nombrados Josefa Antonia, Obdulia, José Y entura, Manuel, Josefa Petronila y la peticionaria, y que a la feclia del fallecimiento de su referida madre no ex-istía en Barios ningún notario y de las buscas lieclias en los pueblos limítrofes y de las investigaciones practicadas por la peticionaria cree ésta que su repetida madre murió sin liaber otorgado testamento. La solicitud expresa que algu-nos de los hijos murieron, designando con toda precisión quié-nes son sus sucesores actuales, y termina con la súplica de que se nombre un administrador judicial de acuerdo con la sección 26 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales y se tomen las demás medidas que fueren procedentes.

El juez ordenó la citación de los herederos para la junta que la ley prescribe y uno de ellos, José Ventura Fortis, se opuso a la administración solicitada, 1°., por no ser cierto que la peticionaria fuera hija legítima; .2°., por no ser cierto que la Señora Estrella fuera dueña al tiempo de su fallecimiento ele los bienes que se indican, cuyos bienes pertenecen al opo-sitor; 3°., por no ser exacto que Antonia Teresa, Obdulia y Petronila sean hijas legítimas de la Señora Estrella, ni Pe-tronila y José M. Escalera hijos naturales de la misma; 4?, por no existir prueba alguna del parentesco de la peticiona-ria “y demás partícipes” con la Señora- Estrella, y 5°., por-que la corte había desestimado por improcedente otra petición de administración de la herencia de la Señora Estrella.

Así las cosas comparecieron ante la corte de distrito la peticionaria y todos los demás interesados por medio de un abogado y el opositor por medio de otro y se practicaron prue-bas con respecto a los hechos alegados en la solicitud.

Las pimebas de la peticionaria consistieron en: 1, la par-tida de la defunción de Josefa Ortiz de la Estrella, ocurrida el 3 de- noviembre de 1894; 2, la del matrimonio de dicha se-ñora con José Fortis, celebrado el 10 de junio de 1846; 3, 4, 5, 6 y 7, las de defunción de José Manuel Fortis, José Fortis Rivera, María del Carmen Fortis Rivera, Petronila For.tis, y José María Escalera y Estrella; 8, un affidavit del cura párroco de "Barros creditivo de que “con motivo de un incen-dio ocurrido el 15 de junio de 1875, fué totalmente destruido el archivo de aquella parroquia y, por tanto, completamente destruidos todos los libros de inscripciones de bautismos, no existiendo asiento alguno referente a bautismos anteriores a dicha fecha, y solamente un libro con algunas notas levanta-das mediante investigación hecha por el sacerdote de la pa-rroquia”; 9, nota relativa al bautismo en Barros de Josefa Antonia Fortis, hija legítima de José Fortis y Josefa Ortiz de la Estrella, nacida el 9 de agosto de 1856; 10, partida de bautismo de Petronila María, hija natural de Josefa Ortiz Estrella, nacida en 14 de jnlio de 1839, con una nota de haber sido reconocida por Tomás Escalera “hoy 8 de septiembre de 1861”; 11, nota relativa al bautismo en Barros de Juan José María Ortiz, hijo natural de Josefa Ortiz de.lá Estrella, nacido el 15 de junio de 1841; 12, partida de bautismo de José Manuel Fortis, hijo natural de José Fortis y Josefa Ortiz de la Estrella, nacido el 15 de abril de 1844; 13, partida de bau-tismo de José Ventura Fortis (el opositor), hijo'natural de José Fortis y Josefa Estrella, nacido el 29 de septiembre de 1845; 14, nota referente al bautismo en Barros de Josefa Petronila Fortis, hija legítima de José Fortis y Josefa Ortiz de la Estrella, nacida el 29 de enero de 1855; 15, copia de una escritura otorgada en 1888 por los herederos y legatarios de Don J. fe. Arroyo en la cual existe cierta constancia relativa a una finca de 305 cuerdas vendida por Arroyo a la Señora Estrella; 16, certificación del secretario del municipio de Ba-rros relativa al hecho de figurar la Señora Estrella como con-tribuyente por doscientas cuerdas de terreno desde 1862 hasta 1899, figurando a partir de 1899 como contribuyente por el mismo terreno José Ventura Fortis; 17, varios recibos de ■contribución; 18, declaración de Petronila Escalera, quien, ■entre otras cosas, dijo: “que conoce a Francisca Fortis Es-trella (la promovente) y es su hermana, la que es hija legí-tima de Don José Fortis y de su madre Josefa Ortiz Estrella; que la declarante es hija natural reconocida.” * * * “Que cuando nació Francisca, ella era pequeña, tenía como siete años, no puede recordar la fe&ha en que nació, pero sabe que es su hermana;- la declarante en esa fecha vivía con su padre ; que en esa época el marido de su madre estaba en la isla y ella lo veía, lo que sí parece que estuvo que estar de incóg-nito porque lo querían meter en lá eércel”; 19, declaración de Josefa Antonia Fortis, quien, entre otros particulares, de-puso: “que tiene 56 años de edad y es hija legítima de José Fortis y de Josefa Ortiz de la Estrella y Torres. Que conoce a Francisca Fortis Estrella (la promovente) porque es su hermana. Que su madre tuvo diez hijos: los primeros Pe-tronila y José María Escalera, después José Manuel, José Ventura, José Isaías, que murió, Francisca, Petronila y la declarante, gemelas, Pepe que murió de diez años y la última Obdulia”; 20, declaración de Domingo Fortis, hijo de José Manuel y nieto de la Señora Estrella quien dice que es sobrino de Francisca Fortis, la promoyente, y 21, declaración de Ne-mesio Melénclez, viudo de María Fortis, hija de José Manuel, quien depuso con respecto a los bienes de la herencia de la Señora Estrella. La relación de la prueba de la promovente termina con la siguiente constancia: “El opositor José Ven-tura Fortis fué citado oficialmente por la peticionaria para que compareciera a .declarar y no lo hizo.”

La prueba del opositor consistió en el récord del pleito sobre desahucio seguido por Carmen, Isabel, Josefa y Pedro Arroyo contra José Ventura Fortis. Los demandantes tra-taron de lanzar fuera de una finca de 305 cuerdas, 200 de las cuales estaban situadas en el barrio de Botijas ele Barros, al demandado. Este contestó “que por sí y sus causantes hace más de 40 años que viene poseyendo y disfrutando la referida finca, como único y legítimo dueño, sin que jamás haya sido perturbado ni interrumpida la posesión.” Y la corte, el 3 de octubre de 1907, declaró sin lugar la demanda con las cos-tas a los demandantes. En dicho pleito se introdujeron como pruebas la partida de defunción de José Sabino Arroyo, co-pia del testamento del mismo, la partida de defunción de Josefa Ortiz Estrella, un expediente posesorio instado por Pe-tronila Fortis Estrella, hermana del demandado, y copia de la escritura de protocolización de la partición de'la herencia de José Sabino Arroyo. El opositor presentó además varios recibos de contribución expedidos a su nombre a contar desde el año de 1901, y un expediente del cual resulta que en 15 de agosto de 1895 el procurador G-authier, a nombre de Petro-nila Fortis, pidió la declaratoria de herederos de la Señora Estrella a favor de sus hijos Petronila María Escalera, Juan José María, José Manuel, José Ventura y Josefa Petronila. El juez decidió que observándose el cambio de nombre en una heredera, su partida debía corregirse por separado. El pro-curador alegó que la partida de Juana Fortis había sido des-truida por un incendio que destruyó el archivo parroquial de Barranquitas. Y el Fiscal, en 27 de agosto de 1896, informó que se trataba de una declaratoria de herederos y eran de-ficientes y contradictorias las certificaciones presentadas ‘ ‘e inútiles las de los folios 10, 12 y 14, dándose además la cir-cunstancia de que según se hace constar en la del folio 3 la Señora Josefa Fortis Estrella siendo casada con Don José Fortis, cuyo domicilio se ignora, tuvo con él durante su pre-sencia en esta isla tres hijos y después de su ausencia cua-tro lo que hace necesario que se aclare la duda que sobreviene de si estos últimos no siendo ni legítimos ni naturales, no ten-drán derechos hereditarios abintestato y sí sólo los que con-cedían los artículos 139 y 140 del Código Civil. Todo ello precisa que se determine previamente de modo concreto y ter-minante ad-perpetuam resuelto lo cual, podría luego instarse la declaratoria de herederos que se pretende.” Nada más contiene el expediente.

Tales fueron, en resumen, las alegaciones y las pruebas en este caso, y, con ellos como base, la Corte de Distrito de Ponce, el 1 de marzo de 1916, declaró sin lugar en todas sus partes la solicitud de administración judicial, porque a su juicio no se probó satisfactoriamente que la promovente fuera hija legítima de José Fortis y Josefa Ortiz Estrella. La promoveute entonces interpuso ei presente recurso de ape-lación.

Alega la apelante que la corte sentenciadora interpretó indebidamente el artículo 23 de la Ley de Procedimientos Le-gales Especiales, abusó de su discreción al armonizar la prueba y erró ai no estimar satisfactoriamente probado que la pro-movente era bija legítima de la Señora Estrella. Y sostiene el apelado que no habiendo la promoveute demostrado que fuera declarada heredera de la Señora Estrella, no podía aún solicitar la administración judicial de su herencia, de acuerdó con la jurisprudencia sentada por esta Corte Suprema en el caso de Sabater v. Escudero, y que si se entra en el examen de las pruebas, es lo cierto que la promovente no demostró su alegada condición de hija legítima.

En el caso de Sabater v. Escudero, invocado por la parte apelada, este tribunal se expresó así:

“La petición, de Carlos Sabater no se ajusta al precepto del ar-tículo 23 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales que de-jamos transcrito, pues no es una petición según exige dicho artículo debidamente justificada en que se demuestren los hechos necesarios para obtener el fin pretendido. No se justifica el fallecimiento de Juanita. Sabater ni que el peticionario y los siete hermanos que enu-mera y el viudo José Escudero sean legítimos herederos de la misma.
“La declaratoria de herederos en caso de sucesión, intestada debe obtenerse en la corte de distrito competente con sujeción a las for-malidades que previene el Capítulo III del Título I de dicha ley. Cuando se acude a la Ley de Procedimientos Legales Especiales para instar la administración judicial, debe irse con un derecho claro res-pecto a la personalidad del peticionario, porque esos procedimientos no tienen por objeto la declaración de derechos, sino únicamente en vista de un derecho claro y reconocido, el obtener la administración judicial de los bienes de la persona que tiene derecho a heredar. Puente v. Puente, 16 D. P. R. 582, y Rivera v. Cámara, 17 D. P. R. 528.” Sabater v. Escudero, 23 D. P. R. 854, 858.

Como puede verse, se deduce de la opinión de esta corte su criterio de que en los casos de sucesiones intestadas debe acudirse a la corte de justicia competente a los efectos de obtener la declaratoria de herederos por los trámites fijados en la ley. Ese es el procedimiento lógico. Siguiéndolo se cumple estrictamente con la ley y se evitan dificultades en el futuro. Pero esto no quiere decir que instada una administra1 ción judicial sin haberse obtenido previamente la declaratoria de herederos, aquél procedimiento adolezca de vicio de nulidad, por incumplimiento de dicho requisito, cuando concurren las circunstancias del presente caso, las que no concurrieron en el ya citado de Sabater v. Escudero, como tampoco en los de Puente v. Puente y Rivera v. Cámara. En la solicitud se alegó que la peticionaria era hija legítima de la Señora Estrella. Uno de los herederos impugnó ese hecho. Los demás lo acep-taron. Se permitió a la peticionaria presentar su prueba y al opositor la suya, sin que nadie objetara al procedimiento seguido. Bajo tales circunstancias, sería injusto en verdad devolver este caso a la corte de distrito para, variando sim-plemente el título, de hecho volver a repetir lo mismo que ya se llevó a efecto en la corte y que fue por ella' considerado y resuelto con jurisdicción no discutida sobre la materia y so-bre las personas. Como precedentes para la actitud que asu-mimos, citaremos los casos de Morales et al. v. Landrau et al., 15 D. P. R. 782, 796, y Soriano et al. v. Rexach et al, 23 D. P. R. 573, 583.

Examinemos la prueba. Sostiene la parte apelada que siendo el nacimiento de una persona uno de los actos que de-ben hacerse constar en el registro civil, para probarlo la pe-ticionaria debió haber presentado la necesaria certificación expedida por el encargado de dicho registro. •

En efecto el artículo 320 del Código Civil Revisado ex-presa que las actas del registro serán la prueba del estado civil, pero también expresa que esa prueba podrá ser suplida por otras en el caso de que no hayan existido aquéllas, o hu-biesen desaparecido los libros del registro, o cuando ante los tribunales se suscite una contienda. Y en el presente caso concurre la primera de las excepciones, ya que surge con toda claridad de la solicitud jurada y de la prueba practicada que la peticionaria nació cuando aún no se había instaurado en Puerto Rico el registro civil.

La partida de bautismo no pudo presentarse por haber un incendio destruido el archivo en que se alega que existía y hubo necesidad de recurrir entonces a la prueba*testifical. Tal vez pudo ser ésta más clara, más precisa, pero tal como es nos pa-rece suficiente.

Sólo el hermano a quien se imputa el hecho de haberse quedado con todos los bienes de la herencia, niega que la pe-ticionaria sea hija legítima de la Señora Estrella. Y ese her-mano llamado a declarar ante la corte a instancias de la pe-ticionaria, no concurre. Todos los demás herederos aceptan la condición de la peticionaria y ya hemos visto cómo dos de sus hermanas, una natural y otra legítima, expresamente declararon que la peticionaria es hija legítima de José For-tis y de su esposa Josefa Estrella.

La prueba del demandado nada demuestra en concreto. Se limita a presentar ciertos hechos demostrativos de que existió algo anormal en el matrimonio Fortis-Estrella y que de antiguo han habido dificultades para el arreglo de la he-rencia ele la Señora Estrella. Esta tuvo antes de su matri-monio dos hijos naturales. Luego se unió, primero ilegíti-mamente y legítimamente después, a José Fortis y procreó con él, en la unión ilegítima, dos hijos, uno de los cuales es el opositor, que quedó legitimado por el subsiguiente matri-monio de sus padres, y. en la legítima, varios hijos más entre los cuales se encuentra la peticionaria.

El fiscal en el informe emitido en el expediente sobre de-claratoria de herederos presentado como prueba por el opo-sitor, insinúa el hecho de que Fortis estuvo ausente y el de que durante esa ausencia su mujer tuvo varios hijos. Esa insinuación no basta. Además, la situación anormal quedó explicada por Petronila Escalera quien en su declaración dijo que si bien Fortis se ocultaba porque lo querían meter en la cárcel, es lo cierto que estuvo siempre cerca de su esposa y que en la fecha del nacimiento de la promovente vivía con ella.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe revo-carse la sentencia recurrida y devolverse el caso a la corte de su origen para ulteriores procedimientos no inconsisten-tes con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada y de-vuelto él caso a la corte de su origen para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey disintió.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Sucesión Rodríguez, Demandante y Apelante, v. Pérez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre reivindicación y daños y perjuicios.
    No. 1478.
    Resuelto en marzo 29, 1917.
    Reivindicación — Acción Reivindicatoría — Título de Heredero — Prueba Testi-fical. — El demandante que en una acción reivindicatoría reclame su dere-cho como heredero, puede justificar este carácter mediante prueba testifical.
    Td. — Título Prima Eacie — Identificación de la Pinca — Deslinde.—En una acción reivindicatoría de finca rústica es bastante que la prueba establezca un título prima facie a favor del demandante y que la finca sea identificada por testigos conforme la descripción hecha en la demanda, de manera que el marshal, quien más bien es un funcionario ^ministerial que judicial, pueda ponerlo sin dificultad en posesión de ella. En este caso, examinada la prueba, se resolvió: que aunque es cierto que la prueba del dominio pudo haber sido más concluyente y que la identidad de la finca pudo haberse establecido más claramente mediante la práctica de un deslinde, sin embargo se demos-traron suficientemente dichos extremos.
    Abogado del apelante: Sr. Henry Q. Molina.

    Abogado del apelado: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La presente fué una acción reivindicatoría de un predio de terreno valorado en $300, más o menos, el cual se describe en la demanda como sigue:

“Rústica, situada en el barrio de Barraza, de la jurisdicción de Carolina, compuesta de diez cuerdas, colindantes por el norte con Marcelino Pérez, por el sud con Tomás Rodríguez, por el este con Anastasio Colón y por el oeste con José Pastrana.”

- En la Corte Municipal de Carolina, donde según lo que aparece ele los autos, solamente presentaron los demandantes un testigo y sólo ofrecieron como prueba un testamento a cuya admisión se opuso el demandado por considerarlo “sin valor alguno,” y el demandado renunció a la presentación de ninguna prueba, el juez municipal desestimó la demanda con-denando al demandado al pago de las costas.

El demandado no compareció al juicio de novo que se ce-lebró en la corte de distrito y cliclio juez de distrito, después de oir la prueba presentada por los demandantes declaró sin lugar la demanda por no haberse probado el dominio de la • finca reclamada a favor de la parte demandante ni la iden-tidad de la misma.

No podemos estar de acuerdo con ninguno de los funda-mentos en que se basa su sentencia el juez sentenciador.

La prueba testifical presentada por los demandantes en la corte de distrito fué substancialmente la siguiente

“Anastasio Delgado declaró que vivía en el barrio de Carruso, de da Carolina, donde nació, desde hace cuarenta y tres años; co-noció a Juan de la Cruz Rodríguez Hernández quien murió liaee como veinte años; antes de morir Rodríguez poseía una finca de 16 cuerdas en el barrio de Barraza de la Carolina en concepto de dueño, como herencia de su padre; dichos terrenos colindan al sa-liente, con Anastasio Colón, al sud, con Tomás Rodríguez, al poniente con José Pastrana y al norte, con Simón Maeso, cuyas 16 cuerdas las poseyó Rodríguez por unos 8 ó 10 años antes de morir. Juan de la Cruz Rodríguez dejó siete hijos llamados Sandalio, Juan, Anastasia, conocida por Agueda, Carlos, Julián, Andrés y Jacoba, que dejó cuatro hijos llamados Leocadia, Celestina, Isabelo y Filomeno Carrasquillo, siendo su padre Telésforo Carrasquillo; que Jacoba había tenido dos hijos más, María Filomena e Inocencia, que mu-rieron en su niñez. Juan de la Cruz Bodríguez' no dejó testamento. Que Marcelino Pérez está en posesión de esas 16 cuerdas pero no le fueron vendidas por Juan de la Cruz Rodríguez o su sucesión; que hará unos 8 ó 10 años que él entró en posesión de seis cuerdas que le vendió la sucesión de Juan de la Cruz Rodríguez, quedando 10 cuerdas que colindan al saliente, con Anastasio Colón, al sud con Tomás Rodríguez, al poniente con José Pastrana y al norte con Marcelino Pérez, o sean las seis cnerdas vendidas. Cuando la su-cesión vendió las seis cuerdas quedaron en posesión de las 10 res-tantes, dos tíos, Felipe y Petrona, que continuaron allí hasta su fa-llecimiento, hace cuatro o seis años. Preguntado por el juez si una persona que vaya allí, sin conocer ese terreno puede decir cuáles son las diez cuerdas por las simples colindaneias, contestó que sí. Pre-guntado nuevamente si a una persona que no sea el testigo le dan esas colindaneias y se le dice que los terrenos están en el barrio- de Barraza, podría decir cuáles son esas diez cuerdas o si tendría que ha-cer alguna mensura, dijo que a ojo podría identificar las diez cuerdas, por medio de los puntos.
“Julián Rodríguez declaró que es uno de los demandantes en este pleito; que su padre se llamaba Juan de la Cruz Rodríguez y murió hace unos 15 años; que cuando falleció su padre tenía éste una finca en el barrio de Barraza de 16 cuerdas y se encontraba en posesión de ella al fallecer; las tenían un hermano y una hermana a quien se las había dejado y el hermano Felipe que trabajaba allí a medias; que las 16 cuerdas eran de Juan de la Cruz Rodríguez, las cuales le correspondieron por herencia de su padre Javier Rodrí-guez que falleció hace unos veinte años antes de su padre; sabe que desde la muerte de Javier venía su padre poseyendo las diez y seis cuerdas, que sus colindaneias son al saliente, Anastasio Colón, al sud, Tomás Rodríguez, al poniente, José Pastrana y al norte Simón Maeso; que a Marcelino Pérez a quien se le vendieron seis cuerdas en colindancia con Simón Maeso, está hoy en posesión de las diez y seis cuerdas; que las 10 cuerdas que quedaron de las 16,.colindan al norte con las 6 de Marcelino Pérez, y por los demás lados con las mismas colindaneias de las 16, y éstas le fueron entregadas con una medida de vara de curricán. Se marcaron las 6 cuerdas con pali-tos, como se observa en el campo; yo he visto los terrenos en estos días, y están los palos allí; yo podría ir allí y decir, éstas son las 6 cuerdas y éstas las 10 cuerdas; que el testigo estaba presente cuando se hizo la venta de las 6 cuerdas a Marcelino Pérez; que el testigo podría ir al terreno y decir, éstas son las seis cuerdas y éstas las diez cuerdas; que nunca ban vendido esas 10 cnerdas a Marcelino Pérez ni a ninguna otra persona; que sabe que las 10 cuerdas están en el barrio de Barraza, pudiendo ir allí y distinguir a simple vista las 10 cuerdas de las 6; que Marcelino Pérez tenía cercadas las seis cuerdas, pero quitó el alambre bará un año o dos; ‘Quedó alguna huella allí del alambre?’ ‘Si señor.’ ‘¿Qué huella quedó?’ ‘Las señas de los hoyos y de los espeques.’ ‘¿Cuánto tiempo hace que quitaron esa cerca?’ ‘Habrá como un año o dos años que quitaron la cerca.’ ‘¿Cuánto tiempo hace que le vendieron IJds. esas seis cuer-das a Marcelino Pérez?’ ‘Habrá como 9 años, más o menos.’ Que hará unos 9 años que vendieron las seis cuerdas a Marcelino Pérez; que después de dicha venta Marcelino entró en posesión de las seis cuerdas quedando sus tíos en posesión de las diez restantes y des-pués del fallecimiento de Felipe hace ocho años Marcelino tomó po-sesión de las 10 cuerdas, y quitó el alambre hará un año.
“Ramón Rodríguez Plernández declaró que vive en el barrio de Carroso donde ha vivido desde que nació y tiene de cincuenta a cincuenta y cinco años; que Juan de la Cruz Rodríguez murió según parece al testigo antes de la tormenta y cuando falleció poseía una finca de diez y seis cuerdas en el barrio de Barraza que colindaban entonces al saliente, con Anastasio Colón, al poniente, José Pastrana, al sud, con Tomás Rodríguez y al norte, con Simón Maeso; después de muerto Juan de la Cruz Rodríguez se vendieron 6 cuerdas que quedan a la parte norte; que las 10 cuerdas restantes tienen las mis-mas colindancias, a excepción del norte, que las 6 cuerdas de Marcelino Pérez; que Juan de la Cruz Rodríguez poseía las 16 cuer-das como 10 ó 12 años antes de su muerte y había adquirido esos te-rrenos de su.padre Javier Rodríguez; que Marcelino Pérez está en posesión de esas 10 cuerdas hoy; que conoce las 10 cuerdas recla-madas las cuales están en el barrio de Barraza.
“Telésforo Carrasquillo declaró que vive en Carroso y tiene 45 años, habiendo vivido siempre en dicho barrio; que su señora era hija de Juan de la Cruz Rodríguez; conoció a Juan de la Cruz Ro-dríguez quien poseía al morir una finca de 16 cuerdas en el barrio de Barraza; sabe que eran 16 cuerdas porque fué con él cuando iba a pagar las contribuciones; que después de muerto Juan de la Cruz los hijos pagaban la contribución; que hoy está en posesión de las 16 cuerdas Marcelino Pérez; que a éste le vendieron ellos seis cuer-das hará más de ocho años; se entregaron esas 6 cuerdas por un curricán, un hilo por vara medidas; se fijaron los puntos entre las 6 y las 10 cuerdas con puntos de espeques de jobo; estuvieron allí esos puntos hasta algún tiempo, no sé si los habrá quitado, porque él quitó el alambre que había; hace como dos o tres años que él quitó el alambre; que no han rendido el resto de las 10 cuerdas que son las que reclaman; que ese terreno se adquirió por herencia de Juan de la Cruz Rodríguez; que éste estuvo poseyendo allí desde joven, como 20 años más o menos; después de morir Juan de la Cruz que-daron dos hermanos allí; que cuando Juan de la Cruz murió le dijo que le tuviera cuidado con sus dos hermanos que eran ancianos, que no los retiraran de allí hasta que no murieran. Que todos ellos ven-dieron las seis cuerdas a Marcelino Pérez y se les hizo un documento por las seis cuerdas; que el documento fué firmado por Sandalio Rodríguez, Carlos Rodríguez, Juan Rodríguez, Julián Rodríguez y Anastasia Rodríguez y el testigo por sus hijos menores; que los her-manos de Juan de la Cruz que quedaron en la finca no firmaron el -documento con los demás y al vender las 6 cuerdas esos tíos queda-ron en las 10 cuerdas.”

Fueron asimismo admitidas como pruebas las certifica-ciones de nacimiento y fe de bautismo de los demandantes y la certificación de defunción de Juan de la Cruz Rodríguez y Hernández de la cual aparece que falleció en el barrio de Carruso, término municipal de Trujillo Bajo, el día 11 de abril de 1898, siendo viudo de Clemencia Rodríguez, de cuyo matrimonio dejó siete lujos nombrados Sandalio, Juan, Carlos, Agueda, Julián, Andrés y Jacoba Rodríguez y Rodríguez, habiendo sido admitidas también como prueba las certifica; ciones de defunción de Jacoba Rodríguez y Rodríguez y de sus hijas Inocencia y María Filomena Carrasquillo y Rodrí-guez.

• Los demandantes que reclamen su derecho como herede-ros en una acción reivindicatoría pueden justificar su carác-ter de herederos mediante las declaraciones de testigos. Soriano et al. v. Rexach et al., 23 D. P. R. 573; Morales et al. v. Landrau et al., 15 D. P. R. 782.

Los hechos como han sido expresados en los casos de Días v. El Pueblo et al., 17 D. P. R. 60, Coira v. Ortis et al., 18 D. P. R. 213, Siragusa et al. v. El Pueblo de Puerto Rico et al., 18 D. P. R. 595, y Gil et al. v. Sucesión Rosso et al., 23 D. P. R. 206, son suficientes, sin comentario de ninguna clase, para establecer la diferencia que existe entre dichos casos y el que ahora consideramos. En el caso de Caneja v. Rosales & Co., 19 D. P. R. 270, la porción de terreno que trató de reivindicarse se describía en la demanda como sigue: seis cuerdas y un cén-timo de otra, colindando por el este con el camino vecinal de la Carolina, por el oeste con la antigua hacienda Providen-cia, hoy Pósales y Compañía, por el norte con los terrenos antes denominados-los Frailes, hoy Pósales y Compañía, y por el sur, con los demás terrenos de la finca del demandante. Este tribunal después de haber hecho un análisis acabado de los hechos como quedaron probados en el juicio, resolvió que el terreno reclamado por el demandante había sido descrito .suficientemente en la demanda, pero que la prueba presen-tada para establecer la verdad de la alegación del deman-dante respecto a la descripción de la finca y que fué negada por los demandados era tan confusa e incompleta que no po-día ser considerada como que sostenía la demanda en cuanto al particular, y por -tanto que no pudo servir de verdadero fundamento para su sentencia de conformidad con dicha des-cripción.

Aunque es cierto que en el presente caso la prueba del do-minio podría haber sido más concluyente y que la identidad de la finca pudo haberse establecido más concluyentemente mediante la práctica de un deslinde, sin embargo, difícilmente puede decirse que la referida prueba no establece un título prima facie a favor de los demandantes ni que dicha finca está tan lejos de poder ser identificada que se hace imposible veri-ficar la entrega de posesión. Asumiendo, como debemos ha-cerlo, a falta de alguna conclusión en sentido contrario que los testigos de los demandantes dicen la verdad, creemos que es razonablemente claro que el marshal de la corte, aunque desde luego es un funcionario más bien ministerial que judicial no debe encontrar verdadera dificultad en poner a los demandantes en posesión de las diez cuerdas objeto de esta demanda cuyas colindancias, como han sido referidas por los testigos, son. idénticas a la descripción hecha en la demanda, con la circunstancia adicional de que la colindancia por la parte norte es la línea ocupada anteriormente por una cerca de alam-bre que separaba las seis cuerdas que fueron vendidas al de-mandado del resto de las diez cuerdas pertenecientes a los de-mandantes.

Debe revocarse la sentencia apelada debiendo este tribunal dictar otra en su lugar en que se decrete y resuelva que los demandantes son los dueños del predio de terreno descrito en la demanda y como tales con derecho a la inmediata pose-sión de dicho predio, ordenándose debidamente que se expida mandamiento a fin de que el referido predio de terreno sea entregado a los demandantes, y consignándose por modo ex-preso que la colindancia norte de la finca reivindicada es la línea de que se deja hecho mérito ocupada anteriormente por una cerca de alambre.

Revocada la sentencia apelada y dic-tada otra decretando que la finca que se reclama es de la propiedad de la demandante, sin especial con-denación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Alclrey.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Fuentes, Demandante y Apelante, v. Martínez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pléito sobre daños y perjuicios y persecución maliciosa.
    No. 1553.
    Resuelto en marzo 29, 1917.
    Persecución Maliciosa — Arresto y Absolución — Daños y Perjuicios — -Palta de Causa Probable — Malicia.—La mera prueba del arresto y absolución del demandante y de los daños y perjuicios en causa por persecución mali-ciosa,. no es bastante para que el caso quede establecido prima facie, pues lia de demostrarse además la falta de causa probable y la malicia. El arresto y la absolución por sí solos no demuestran que bubo falta de causa probable. ■

      Id. — Id.-—Causa Probable — Falta de Prueba de Malicia. — En este caso el de-mandante probó en el jnieio el arresto y su absolueión eon algunos docu-mentos de los autos del proeeso por abuso de confianza al declarar el secre-tario de la corte municipal donde aquél se le siguió, y demostró también los daños y perjuicios. Hubo también alguna prueba referente a la cues-tión de causa probable, producida a solicitud del demandado durante el interrogatorio del testigo, con otros documentos que constaban en los mis-mos autos criminales. Se resolvió: que bajo tales circunstancias el deman-dante no había demostrado la malicia, que es una cuestión positiva, mixta de hecho y de derecho.
    Sobreseimiento de la Acción — Nonsuit — Prueba del Demandado Admitida sin Objeción Antes de Oerrar su Oaso el Demandante. — Cuando un de-mandante permite sin objeción alguna al ser repreguntado su propio tes-tigo que el demandado presente otros documentos que se encuentran en poder del testigo, por lo general la prueba así admitida se considera como parte del caso prima faeie del demandante a los efectos de una moción de sobreseimiento de la acción (nonsuit), - y no puede alegarse la improceden-cia de ésta por el fundamento de haber el demandado presentado parte de su prueba.
    Id. — Id.—Sentencia—Besoluciones Excepcionadas por Ministerio de Let.— Aun cuando el demandante no hubiera tomado excepción de la resolución de la corte al decretar el sobreseimiento del pleito (nonsuit) por el hecho de no haber demostrado prima faeie su caso, si como consecuencia directa de la moción se dieta sentencia ésta queda exeepeionada por ministerio de la ley, de conformidad eon el artículo 213 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Ahogados del apelado: Sres. Feliú & Alemañy y Genaro Altiery.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia contra la cual se ha interpuesto esta apela-ción fué dictada a virtud de una moción de non suit presen-tada por el demandado y por tanto la principal cuestión que ha sido discutida por las partes es si la prueba aducida por el demandante fué o no suficiente para establecer su caso prima facie. La acción establecida fué por persecución ma-' liciosa y opinamos, como declaró probado la corte inferior, que el demandante no probó la malicia del demandado. El demandante probó en el juicio su arresto, absolución y prueba tendente a demostrar los daños y perjuicios. Esto fué al pa-recer todo lo que el demandante creyó que era necesario pro-bar. El caso ele Parés v. Ruiz, 19 D. P. R. 342, el cual ha sido observado y citado frecuentemente, establece que ha de pro-barse la falta de causa probable y la malicia. Estamos de acuerdo con el apelado en su alegación de que la mera prueba del arresto y absolución no tiende a acreditar la falta de causa probable. En el caso de Bekkeland v. Lyons, 96 Tex. 255, 64 L. R. A. 474, la corte llamó la atención hacia el hecho de que hubo conflicto en cuanto -a este particular, pero que había mayor razón para llegar a la conclusión a que hemos llegado. De lo contrario nos parecería que una vez probado el arresto y la absolución tendría el demandado la obligación de demos-trar que hubo causa probable.

Pero existe una dificultad en aplicar el principio en este caso. El demandante probó su arresto y absolución con el secretario de la corte municipal donde tuvo lugar el proceso criminal. En el examen de repreguntas, y sin que se hiciera objeción por el demandante, el demandado probó y presentó como prueba otros documentos que estaban en poder del se-cretario y constaban en los mismos autos o expedientes. Es-tos documentos fueron según parece algunas de las pruebas presentadas en la causa criminal. Apareció de la prueba que el apelante había recibido en 30 de julio, 1916, de un tal Carlos Cruz, la suma de $43.96 para ser entregada a Valerio Mar-tínez Vanell el día 31 de agosto de 1916. Si el dejar de entre-garse esta suma de $43.96 fué la única causa para verificar el arresto, creemos que quedó establecida la falta de causa probable. Fué a manera de un recibo y promesa de entre-gar a dicho Martínez la referida cantidad de $43.96. El hecho de no cumplirse con la promesa no era un abuso de confianza si no se acreditaba que el apelante era agente del apelado y que estaba autorizado para recibir la expresada suma y por tanto que quedaba obligado de algún modo especial para con el apelado. El apelado sostiene, sin embargo, que el apelante dejó de probar que la retención de estos $43.96 fué lo que dió lugar al arresto. Aunque esto es tal vez técnicamente cierto, habiendo sido producida la prueba a solicitud del apelado y no respondiendo a nada de lo presentado en el examen directo-, puede inferirse lógicamente que el arresto tuvo lugar por no haberse entregado la referida suma de $43.96.

Hubo otra prueba presentada en el expediente que tendía a demostrar más o menos vagamente la existencia de cierta relación o agencia respecto a otros dineros o de otra cuenta entre dicho apelante y el apelado. La cuestión referente a la malicia es una cuestión mixta de hecho y de derecho, que la corte puede inferir de la falta de causa probable. Stewart v. Sonneborn, 98 U. S. 187, Paganacci v. Lebrón, 24 D. P. R. 796. La corte no dedujo la malicia en este caso. A la verdad que el apelante según parece creyó que había esta-blecido su caso prima facie al probar el arresto, abso-lución, y los daños y perjuicios, y fue solamente en una mo-ción para reconsiderar la sentencia que alegó que la prueba había sido suplida por el acto del apelado al presentar como prueba las demás que estaban en poder del secretario de la corte municipal. Corno el apelante estaba en la obligación de demostrar la malicia, que es una cuestión positiva, no in-tervendremos con la conclusión a que llegó la corte sentencia-dora en cuanto al particular. No vemos nada en los autos que indique dicha malicia.

Alega el apelante que la moción de non suit fuá improce-dente puesto que ya el demandado había presentado parte de su prueba. Considerada técnicamente esta cuestión podría haber habido algún fundamento en la alegación del apelante. La prueba no correspondía al examen directo, pero el apelante permitió que fuera presentada sin formular objeción al ser repreguntado su propio testigo. Por lo general la prueba así admitida se considera como parte del caso del demandante. Cuando el demandante cierra su caso la moción de non suit se dirige a toda la prueba que está entonces ante la corte y la prueba que ha sido admitida a solicitud de cualquiera de las partes generalmente se considera como parte del caso prima facie del demandante. En este caso la corte estuvo justificada en considerar toda la prueba que le fue presentada, como parte del caso del demandante.

Sostiene el apelado que no se tomó excepción de la reso-lución de la corte al decretar el sobreseimiento de esta causa. Generalmente fiemos considerado la sentencia como conse-cuencia directa de la moción y dicfia sentencia está excep-cionada por ministerio de la ley, de conformidad con el artículo 213 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Áldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    García, Peticionario y Apelante, v. Marini, Opositora y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en procedimiento sobre información de dominio.
    No. 1535.
    Resuelto en marzo 30, 1917.
    Expediente de Dominio — Apreciación de las Pruebas — Error Manifiesto— Conflicto de Prueba.' — Examinada la prueba en este caso se resolvió que la eorte inferior cometió manifiesto error en su apreciación negando a las del peticionario el valor que tenían y dando a las de la opositora un alcance indebido, sin que pueda afirmarse que al proceder como procedió dirimió un conflicto existente entro unas y otras pruebas, pues las de la parte opositora corroboraban las del peticionario.
    Abogado del apelante: Sr. Ricardo del Toro Soler.

    Abogado de la apelada: Sr. José Sabater.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión' del tribunal.

Con fecha 26 de noviembre de 1915. promovió Donato Gar-cía Pumares, de estado casado, ante la Córte de Distrito de Mayagüez, información de dominio para que se declare a su favor y se inscriba en el registro el que alega tener sobre cua-tro casas y los cuatro solares en que están radicadas, casas y solares que designa con las letras A. B. C y D, y describe en los términos siguientes:

“A: Rústica. Gasa de madera, de dos pisos, cubierta con hierro galvanizado, estando dedicada la planta alta a vivienda y la baja, que tiene piso de cemento, a tienda; mide treinta y cinco pies de frente por veinte y cuatro de fondo y veinte y dos pies y medio de alto. Tiene un martillo de veinte pies de largo por doce de ancho, radica en el poblado de Boquerón, barrio de Boquerón, municipio de Cabo Rojo y está implantada en un solar de cincuenta y dos pies de frente por cincuenta y cinco de fondo, o sea doscientos cuarenta y nueva metros sesenta centímetros cuadrados de superficie, y sus eolindancias son: por el frente, norte, con la calle ‘Muñoz Rivera,’ por su derecha, oeste, con casa de Julio Marini, por su izquierda, este, con casa del peticionario, la que se describe a continuación; y por su espalda, sud, con terrenos de la hacienda Boquerón de María Cristina Marini, separados por un caño llamado ‘La Boquilla.’
“B: Rústica. Casa cerca de maderas americanas, terrera, cu-bierta con hierro galvanizado, dedicada a vivienda; mide veinte y siete pies de frente, veinte y cuatro de fondo y diez de luz; radica en el poblado de Boquerón, en el barrio de ese nombre, municipio-de Cabo Rojo y está enclavada en un solar de treinta y cinco pies de frente por cincuenta y cinco de fondo, con una extensión superficial de ciento setenta y tres metros cuadrados, siendo sus colindan-cias, por su frente, norte, con la calle ‘Muñoz Rivera,’ por donde tiene la entrada; por su izquierda, este, con otra casa del peticio-nario, la que se describe a continuación; por su- derecha, oeste, con la casa del peticionario anteriormente descrita; y por su espalda, sud, con terrenos de la hacienda Boquerón, propiedad de María Cristina Marini, separados por un caño llamado ‘La Boquilla.’ Con-tiene una cisterna para agua potable.
“ C: Rústica. Casa terrera, cercada de maderas americanas, te-chada con hierro galvanizado y dedicada a vivienda; radica en el poblado de Boquerón, barrio de ese mismo nombre, municipio de Cabo Rojo; mide treinta pies de frente, veinte y seis de fondo y diez de luz y está enclavada en un solar de treinta y cinco pies de frente por cincuenta y cinco de fondo, o sea una extensión superficial de ciento setenta y tres metros cuadrado. Sus eolindancias son: por su frente, norte, con la calle de ‘Muñoz Rivera,’ por donde tiene la entrada; por su derecha, oeste, con la casa descrita anteriormente, propiedad del peticionario; por su izquierda, este, con casa de Domingo Suárez; y por su espalda, sud, con terrenos de la hacienda Boquerón de María Cristina Marini, separados por un caño llamado ‘La Boquilla.’
“ D: Rústica. Fracción de terreno radicada en el poblado de Boquerón, barrio de este nombre, municipio de Cabo Rojo, de una cabida de diez y seis céntimos, treinta y siete milésimas de cuerda, o sean seis áreas, cuarenta y una centiáreas; colinda por el norte, con el camino que conduce de Lajas a Boquerón y enlaza con la calle de ‘Muñoz Rivera,’ por el este, con solar y casa de Ricardo Naza-rio; por el sud, con terrenos de la hacienda Boquerón de María Cristina Marini; y por el oeste, con solar y casa de Tomasa Carlo y Ra-mírez. Contiene una casa de madera, terrera, cubierta con zinc, de veinte y un pies de frente, diez y ocho de fondo y diez de luz. Con-tiene diez y siete palmas de coco.”

.Alega García Pumares que fabricó la casa letra A a sus propias expensas en el año 1912 y compró el solar en el mismo año a Antonio Mercado, quien lo había adquirido en 1908 por compra a Juan Ortiz, habiéndolo éste comprado en 1898 a Juan Ramón Quiñones y éste en el mismo año a Arturo Marini, el cual lo había adquirido también por título de compra a Juan Rodríguez en 1883; que hubo las casas y solares letras B y C por compila en 1912 a Juan Ramón Quiñones, quien había fabricado las casas en 1898 y comprado el terreno a Don Francisco Wys en 1888; y que en cuanto a la casa y solar marcados con la letra D hubo el solar en 1912 por com-pra hecha a Manuel Ghigliotty, quien en 1909 lo había com-prado a José Oarbonell, habiéndolo éste adquirido en 1900 por compra a Isidro Santoni, quien a su vez lo había adqui-rido en 1890 por compra a Jorge Fagundo. La casa radicada en dicho solar fué fabricada por el promovente según éste alega en el año 1910 a orillas de la playa del poblado de Bo-querón y de allí la trasladó a dicho solar en 1915.

Agrega además García Pumares que tanto él como los an-teriores dueños poseyeron respectivamente los inmuebles ex-presados quieta, pública y pacíficamente, a título de dueños, y sin interrupción alguna.

Hechas las citaciones prevenidas por el artículo 395 de la Ley Hipotecaria, se opuso María Cristina Marini, viuda de la Baume a la información promovida por García Puma-res, alegando que los solares de que se trata le pertenecen por ser parte de la hacienda Boquerón de su propiedad y que las casas enclavadas en dichos solares han sido edificadas sin su consentimiento y en contra de sus derechos dominicales.

Propuesta evidencia por ambas partes, la corte dictó sen-tencia en 17 de abril de 1916 declarando que no se ha justifi-cado el dominio de las fincas objeto de la información y con-denando al promovente al pago de las costas, gastos y des-embolsos, contra cujrn sentencia interpuso la representación de Donato García Pumares, recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Los motivos en que se funda el recurso pueden sintetizarse en uno, a saber: error cometido por la Corte de Distrito de Mayagüez en la apreciación de las pruebas.

La ¿videncia aportada a los autos por García Primares tiende a probar las alegaciones fundamentales de la infor-mación, pues ésta se sostiene por las declaraciones de Donato García Primares, Antonio Escabí, Antonio Montalvo, Manuel Ghigliotty, Jorge Pagundo y Tomás Pabón, y por dos docu-mentos privados otorgados en 2 de octubre de 1912 y 22 de julio de 1915, el primero de ellos expresivo de la venta de las dos casas con sus solares letras By C, hecha por Juan Ramón Quiñones y su esposa Juana Rivera a Donato García Puma-res, y el segundo de la venta hecha por Manuel Ghigliotty y su esposa Prudencia Arroyo a García Primares del solar letra D.

De no haberse formulado oposición por María Cristina Marini, las pretensiones de Donato García Primares hubie-ran tenido indudablemente resultado favorable.

Pero es que la evidencia aportada por la opositora, lejos de destruir los méritos probatorios de la del promovente, viene a corroborarlos. Veámoslo.

Según certificación expedida por el Registrador de la Pro-piedad de San Germán, en ese registro fné inscrita con feclia 22 de agosto de 1884, a favor de Francisco Wys una hacienda nombrada Boquerón de 1071 cuerdas, ubicada en el barrio de Boquerón, municipio de Cabo Rojo, compuesta de cinco porciones, colindando una de ellas de 500 cuerdas por el lado norte con el camino vecinal que de Cabo Rojo conduce al barrio de Boquerón hasta su puerto. Y otra certificación del clerk de la Coi'te de Distinto de los Estados Unidos para Puerto Rico muestra que una porción de ella compuesta de 500 cuer-das fue adjudicada a María Cristina Marini y a su esposo Enrique Renón de la Baume, según decreto de partición de 23 de febrero de 1909 dado por la Corte de Distrito ele los Esta-dos Unidos para Puerto Rico en el caso de equidad, de Mayagüez, No. 163, por María Cristina Marini, demandante, v. Enrique Renón de la Baume y otros.

Esas certificaciones no están en contradicción con el do-minio alegado por García Pumares, pues aunque los solares con sus casas estén enclavados en terrenos de la hacienda Bo-querón, según alega la opositora y afirman los testigos Gil Bouyet, José A. Eire, e Hilario Marini, es de notar que Bou-yet asegura que la primera casa que fabricó Juan Ramón Qui-ñones fué con autorización de los dueños de la hacienda, y Marini, mayordomo de la hacienda Boquerón, dice que estando encargado para vender solares de dicha hacienda, vendió uno a Ramón Quiñones, a quien Francisco Wys hizo entrega del mismo bajo colindancias.

Para corroborar la declaración del testigo Marini el abo-gado de la opositora presentó un documento firmado por J. Ramón Quiñones, cuya firma reconoció Marini, estando eon-cibido ese documento en los términos siguientes:

“Estimado Don Franco. Si no lia mandado a Don Hilario a la Playa para ver el solar mándelo por ésta para yo ir con él y díga-mele cuánto es lo que yo debo darle por dicho solar, pues si no fuere así que me lo facilite me lo dirá también, pues tengo otro preparado pero como a V. le hablé primero quiero saber la seguridad de una u otra cosa. Nada más se le ofrece a su amigo. (Firmado) J. Ra-món Quiñones. Abril 8, 1897.”

También reconoció Bouyet la firma de otro documento sus-crito por José Bamón Quiñones que la representación de la opositora presentó como prueba, cuyo documento dice así:

“Don Franco. Hemos estado viendo los solares, el que vivía Sil-verio Cario que TJd. me pidió por catorce vs. cuadradas 16 pesos. El de en frente de Doña Estelvina que rápidamente da para la casa y una pequeñita cosita por el de Silverio Carlos le doy diez pesos por tener tres palmas y por el de en frente de Doña Estelvina le doy ocho pesos si le conviene una u otra cosa contésteme esta tarde para yo saber a qué atenerme. Nada más por el presente se le ofrece a su amigo. (Firmado) J. Ramón Quiñones.”

Como se ve, la misma prueba así testifical como documen-tal de la opositora favorece a la parte promovente y tiende-a justificar el dominio pretendido.

No puede negar la opositora', yendo contra su misma evi-dencia, que J. Bamón Quiñones estuvo en negocio de compra de solares con Francisco Wys, dueño de la hacienda Boque-rón y que basta llegó a comprarle un solar que Marini le en-tregó.

La Corte de Distrito de Mayagüez cometió manifiesto error en la apreciación de las pruebas negando a las de Donato Gar-cía Pumares el valor que tenían, y dando a las de María Cristina Marini un alcance indebido, sin que pueda afirmarse que al proceder como procedió dirimió un conflicto existente entre unas y otras pruebas, pues como liemos dicho las de la parte opositora corroboraban las del promovente.

Por las razones expuestas es de revocarse la sentencia apelada y dictarse otra en su lugar por la que se declare jus-tificado a favor de Donato García Pumares, de estado casado, el dominio de las fincas descritas en la demanda, sirviéndole la sentencia de título para la inscripción de diclio dominio en el registro de la propiedad correspondiente, sin especial con-denación de costas.

Revocada la sentencia apelada y dic-tada otra declarando justificado el dominio que se solicita.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Riera, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección 1.a, denegando la inscrip-ción de una escritura de compraventa-.
    No. 311.
    Resuelto en marzo 30, 1917.
    Compraventa — Venta por Contribuciones — Denegatoria de Inscripción — Ins-cripción del Certificado de Venta. — Cuando presentada para su inscrip-ción en el registro de la propiedad una escritura de compraventa de una finca otorgada por el primitivo dueño, aparece de una de sus cláusulas que la finca había sido vendida en procedimiento de apremio por contribucio-nes, el registrador está justificado en negarse a inscribir dicha escritura, pues lo expuesto en ella es obligatorio para los otorgantes porque de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria el registrador debe calificar su lega-lidad por lo que de la misma resulte, sin que varíe el caso el hecho de que el certificado de venta otorgado al comprador en el remate por contribu-ciones no hubiera sido presentado para su inscripción.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco Roto Qras.

    El Registrador recurrido, Sr. José S. Belaval, no compa-reció.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La cláusula 4a. de la escritura presentada en el registro para su inscripción mostraba en este caso que la finca letra “A” fue vendida por El Pueblo de Puerto Eico a William H. Haylan en procedimiento de apremio para el pago de con-tribuciones, por cuyo motivo se negó el registrador a inscri-bir la venta hecha por el primitivo dueño al ahora recurrente. Aunque es verdad que el primitivo dueño y su causahabiente, que en el presente caso es el comprador, tienen derecho a re-dimir la finca dentro del término prescrito por la ley y qui-zás si hasta tienen otros derechos, la escritura tiende, sin embargo, a acreditar que el dueño legal nominal de la finca es William H. Haylan. Lo expresado en la escritura es obliga-torio para el recurrente en lo que al registro concierne, porcine de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria los registradores calificarán la legalidad de las escrituras pol-lo que resulte de dichas escrituras. El caso es distinto del de Graciani v. El Registrador de San Germán, (pág. 44), en el cual resolvimos que el registrador no tenía el deber o derecho a hacer ninguna investigación fuera de la documen-tación de una determinada finca.

Y el caso no varía porque la escritura otorgada a favor de Haylan no esté registrada. La cláusula de la presente es-critura es obligatoria para terceros. No podemos estar de acuerdo con el recurrente al alegar que la venta hecha a Hay-lan es meramente suspensiva del derecho del comprador. Es una condición resolutoria y el comprador únicamente puede adquirir un verdadero título redimiendo la propiedad. Esto puede verse con más claridad si suponemos que Haylan iba a presentar su escritura para ser inscrita. El registrador estaría obligado a registrarla sujeta al derecho de redención, suponiendo que no existieran defectos en la venta hecha a Hay-lan. Este tiene un derecho que puede convertirse mi absoluto lo mismo que en un caso de venta con pacto de retro.

La nota del registrador debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

text:
    Ana María Sugar Company, Inc., Demandante y Apelada, v. Carlo et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1538.
    Resuelto en marzo 30, 1917.
    Alegaciones — Materia Impertinente y Redundante — Juramento de una Ale-gación — Eliminación.—El artículo 123 del Código de Enjuiciamiento Civil se refiere únicamente a mociones para eliminar materia impertinente y redun-dante y no comprende una moción para eliminar el juramento de una ale-gación por el fundamento de no aparecer que haya sido numerado del ida-mente, ni registrado en el libro-registró del notario que lo autorizó.
    Id. — Eliminación—Cuestión Frívola o Dilatoria.' — La frase “una moción para eliminar o una excepción previa para cualquier alegación” contenida en el articulo 142a del Código de Enjuiciamiento Civil, intercalado en el año 1915, aunque pudiera ser interpretada liberalmente en el caso de que la corte inferior de modo arbitrario prescinda de una moción meritoria, como que com-prende una moción para eliminar el juramento más bien que la alegación mis-ma, sin embargo, no se le. dará mayor alcance a los términos' de dicho artículo a fin de que puedan comprender una cuestión frívola o dilatoria que evi-dentemente se promueva eon el solo objeto de eludir temporalmente en vez de contestar o excepcional' la demanda.
    Id. — Intención del Legislador — Errores Sustanciales. — Al interpretar el ar-tículo 142a con el 142, no existe ninguna intención ya de alterar o restrin-gir en alguna forma el claro deber que ha sido mareado tanto al juez sen-tenciador como al Tribunal Supremo, en lo que respecta a errores o defec-tos que no afecten a los derechos sustanciales de las partes.
    Affidavit — Registro de Afeidavits — Falta de Inscripción en el Registro.— Un affidavit del juramento de una demanda autorizado ante un notario con-forme la ley de 12 de marzo de 1908, no adolece de nulidad por el hecho de que no lleve el número correspondiente del asiento en el registro, ni es un defecto que afecta ningún derecho sustancial del demandado, pues de acuerdo con la sección 8 de dicha ley es la omisión de inscribirlo en el regis-tro y no la falta inadvertida o de otro modo de un notario de duplicar en el documento el número correspondiente en el registro, que puede viciar el juramento. La presunción legal es que el notario cumplió con la ley que le impone el deber de registrarlo.
    Sentencia en Rebeldía — Comparecencia del Demandado para que. se Elimine el Juramento de la Demanda — Notificación de la Moción de Rebeldía.— La mera comparecencia de un demandado para que se elimine el juramente de la demanda, no le da derecho, visto el artículo 323 del Código de Enjui-ciamiento Civil, a ser notificado de una moción del demandante para que se anote la rebeldía. El aviso que es costumbre dar lo contiene la citación. • y no existe ningún precepto o principio legal que exija que se haga una doble notificación.
    Causa de Acción — Cesión y Traspaso de Contrato — Presunción de Causa.— La causa de una cesión y traspaso al demandante del contrato que se trata de hacer cumplir, no es necesario alegarla en la demanda ijara que aduzca hechos suficientes para constituir una causa de acción, pues de acuerdo con el artículo 3244 del Código Civil, dicha causa se presume que existe.
    Abogado de los apelantes: Sr. Angel A. Vázquez.

    Ahogados de la apelada: Sres. Feliu & Alemañy.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción establecida en cobro de dinero a virtud de demanda jurada, habiendo sido debidamente citados y empla-zados los demandados en 27 de abril, 1916, presentaron éstos en Io de mayo una moción para que fuera eliminado el affidavit, fundada en que del mismo no aparece que haya sido numerado debidamente ni registrado en el libro-registro del notario que autorizó el juramento.

El día 9 de mayo solicitó el demandante la anotación de la rebeldía del demandado y en 19 del propio mes y después de la negativa del secretario a anotar dicha rebeldía, pidió a la corte que dictara sentencia en rebeldía, moción que le fué concedida.

En 12 de junio los demandados solicitaron de la corte que reconsiderara y dejara sin efecto la sentencia que de tal modo, fué dictada, por los siguientes motivos:

“(a) Porque la sentencia ha sido dictada, sin haber previamente' resuelto la corte una moción de eliminación del affidavit de la de-manda, moción que fué radicada por los demandados con fecha 1 de mayo de 1916, y notificada debidamente a la demandante.
“(5) Porque tal sentencia ha sido dictada por virtud de una moción registrada por la demandante con fecha 29 de mayo de 1916, de la cual no se dió conocimiento a los demandados para que éstos' pudieran defenderse, a pesar de que dichos demandados han com-parecido en este pleito.”

El demandado apela de la sentencia y de la orden por la que se declara sin lugar la moción referida en último término.

Los errores que siguen han sido alegados por el apelante:

“I. La corte erró al dictar sentencia en contra de los demanda-dos sin haber antes resuelto la moción de eliminación por éstos pre-sentada.
“II. La corte erró al denegar la moción de reconsideración de sentencia radicada por los demandados.
“III. La demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción en favor del demandante.”

Los apelantes citan en apoyo de su primera proposición el artículo 123 del Código de Enjuiciamiento Civil ebcual prescribe lo siguiente:

“A moción de la parte contraria se eliminará por la corte toda materia impertinente y redundante contenida en una alegación, y hasta que tal moción sea resuelta por la corte la parte promovente no estará obligada a hacer nueva alegación.”

El artículo citado según puede verse de su faz se refiere únicamente a materia impertinente y redundante y no puede sostenerse mediante ningún esfuerzo de la imaginación que comprende una moción para eliminar un affidavit basado en los fundamentos anteriormente expresados.

A falta de disposiciones estatutorias que regulen la cues-tión parece ser la regla general, sujeta a ciertas excepciones que se citan posteriormente, que es erróneo e irregular el registrar una sentencia en rebeldía mientras existe una moción pendiente de resolución, aunque en este caso el apelante no ha citado ninguna autoridad que sea aplicable al punto en dis-cusión. 23 Cyc. 751. Y cuando están envueltos derechos sus-tanciales y cuestiones jurisdiccionales éste es quizás el crite-rio más sano que puede adoptarse en cualquier jurisdicción, pues como ha sido sugerido por la Corte Suprema de Oklahoma en un reciente caso:

“Sería un procedimiento raro e inconsistente declarar que para que pueda el demandado llamar la atención de la corte respecto a la falta de jurisdicción sobre su persona debido a las irregularida-des contenidas en el emplazamiento y su notificación tiene que ha-cerlo mediante moción para anular; pero para que pueda impe-dirse que sea registrada una sentencia en rebeldía contra él y evi-tar los procedimientos subsiguientes que son necesarios para hacer que dicha sentencia se deje sin efecto, deberá dicho demandado ra-dicar su contestación con la cual renunciaría a todas las irregula-ridades que puedan existir en la notificación y en la comparecencia. Cuando una moción es frívola por su faz o no ha sido radicada con prontitud o su objeto principal es demorar el procedimiento, sería distinta la cuestión que se presentaría.” Atchison, T. & S. F. Ry. Co. v. Lambert, 121 Pac. 654.

Véase también la opinión disidente emitida por el Juez Sr. Milburn en el caso de Mantle v. Casey et al., 31 Mont. 416, 78 Pac. 594.

Los abogados de las partes en este caso encontrarán la mayoría de los casos que lian sido resueltos citados en la ex-celente nota del caso Naderhoff v. Benz & Sons, 47 L. R. A. (N. S.) 853, donde el editor liace una reseña de los resulta-dos como lian sido tomados de las autoridades, a saber:

“Generalmente puede decirse que el hecho de que se encuentre pendiente de resolución una moción que según su propia faz es frí-vola, o una moción cuya resolución en uno u otro sentido no puede afectar al derecho del demandante para continuar con su acción no será obstáculo para que se registre o anote una rebeldía.
“Por tanto, si una moción sobre desestimación que ha sido radi-cada en una acción ante la corte dentro del término concedido por el estatuto para formular una alegación o excepción previa es de tal naturaleza que esté justificado el demandante en considerarla como nula, dicho demandante puede prescindir de ella y hacer que el secretario anote una rebeldía por dejarse de presentar alguna ale-gación o excepción previa; pero si la moción no es de tal índole, no podrá registrarse ninguna rebeldía hasta tanto sea resuelta dicha moción. Dudley v. White, 44 Fla. 264, 31 So. 830.
“Y en el caso de Rice v. Simmons, 89 Ark. 359, 116 S. W. 673, aunque se admite que por lo general es un procedimiento irregular dictar una sentencia en rebeldía mientras está pendiente de re-solución una moción, manifestó la corte que cuando la moción por su propia faz demuestra ser frívola y aparece claramente que dicha moción no hubiera podido ser concedida, o cuando la resolución dé la moción en uno u otro sentido no puede afectar al derecho del de-mandante para seguir adelante con su acción no es error en que pueda basarse la revocación el dictar una sentencia en rebeldía.
“Con las excepciones indicadas la cuestión relativa al efecto que produce el estar pendiente de resolución una moción en el sentido de impedir que se dicte una sentencia en rebeldía depende en gran manera del objeto y de la naturaleza de la moción, y en cierto modo de los términos en que aparezca redactado el estatuto local con re-ferencia a rebeldías.
“Por consiguiente, las decisiones de California y Nevada según las cuales no puede entenderse que por el hecho de estar pendiente de resolución una moción no queda ampliado el término para pre-sentar su contestación el demandado, se basan en un precepto del código de acuerdo con el cual puede anotarse la rebeldía al dejarse de formular la contestación o excepción previa, interpretando la corte dicho precepto en el sentido de que demuestra de modo concluyente que una moción no impedirá la anotación de una rebeldía a menos que exista una orden de la corte o estipulación de las partes sobre suspensión de los procedimientos.”

De acuerdo con nuestro código la citación deberá contener, y en el presente caso contenía,

“La prevención de que el demandado debe comparecer y con-testar la demanda dentro de los diez días si la citación se hiciere en el distrito en que se promueve la acción; dentro de veinte días si se hiciere, fuera de dicho distrito pero en la Isla de Puerto Rico; y dentro de cuarenta días si se hiciere en otra parte.
“En una acción originada de un contrato para obtener dinero, o el importe de daños y perjuicios solamente, se hará constar la pre-vención de que si no compareciere el demandado según se le ordena, el demandante obtendrá fallo por la cantidad exigida en la demanda, especificando la suma.”

Y dispone el artículo 194. del propio Código que:.

“Podrá dictarse sentencia si el demandado dejare de contestar la demanda, en los casos siguientes:
“1. En un pleito que nazca de un contrato sobre pago de dinero o para obtener perjuicios solamente, si no se hubiere presentado la contestación al secretario de la corte dentro del término señalado en la citación, o de su prórroga, si se hubiese concedido; el secre-tario, a instancia del demandante, deberá hacer constar la rebeldía del demandado, y acto seguido anotará en el récord de la corte la sentencia para el pago de la cantidad especificada en la citación, con más las costas contra el demandado, o contra uno o más de los varios demandados, en los casos previstos en el artículo 96.”

También prescribe el artículo 109, que:

“Si no se presentare impugnación, ni por medio de excepción previa, ni al contestar la demanda, deberá entenderse que el de-mandado renuncia a ello, salvo únicamente la objeción a la com-petencia de la corte y la de que la demanda no expone hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción.”

Y dispone además el artículo 142, que:

“En cualquier estado de un pleito la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o procedimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o defecto.”

En el año 1915 fué intercalado un nuevo artículo al 142, el cual es como sigue:

“Artículo 142a. — En todo caso en que se declare con o sin lugar una moción para eliminar o una - excepción previa para cualquier alegación y no se anunciare la decisión en presencia de las partes o de sus abogados, será el deber del .secretario de la corte enviar por correo un aviso por escrito a la parte perjudicada o a su abogado, dentro de cinco días contados desde la fecha de dicha decisión, noti-ficándole ésta, y la copia de dicho aviso se unirá a los autos del caso y el tiempo dentro del cual debe enmendar o contestar, si para ello se concediere permiso, se empezará a contar desde la fecha en que se una a los autos el antedicho aviso.”

Aunque ni el artículo ni la enmienda se mencionan por nin-guna de las partes en este caso, podríamos interpretar libe-ralmente la frase “una moción para eliminar o una excepción previa para cualquier alegación,” en el caso de que la corte inferior de modo arbitrario prescinda de una moción merito-ria, como que comprende una moción para eliminar el jura-mento más bien que la aleg’ación misma, pero no estamos dis-puestos a dar mayor alcance a los términos de la nueva ley ■a fin de que puedan comprender una cuestión frívola o dila-toria, que evidentemente fué promovida con el solo objeto de eludir temporalmente en vez de contestar o excepcional’ la demanda.

Al interpretar el nuevo artículo en relación con el viejo, no vemos que exista ninguna intención ya de alterar o de res-tringir en alguna forma el claro deber que ha sido mareado tanto al juez sentenciador como a este tribunal en lo que res-pecta a los errores o defectos que no afecten a los derechos sustanciales de las partes.

La “Ley estableciendo un registro de affidavits o decla-raciones juradas ante notarios y otros funcionarios,” apro-bada en 12 de marzo de 1908, prescribe lo siguiente:

“Los affidavits o declaraciones de autenticidad llevarán una nu-meración sucesiva y continua y cada declaración será encabezada por el numero que le corresponda y que será correlativo al de la inscrip-ción en el registro que más adelante se establece.”

Los artículos 5, 8 y 9 de dicha ley disponen lo que sigue:

“Los notarios llevarán un registro de affidavits o declaraciones de autenticidad, en notas concisas fechadas, numeradas, selladas y suscritas por los mismos notarios, haciendo constar el nombre de los otorgantes y la naturaleza del acto autenticado.
“Estos affidavits o declaraciones de autenticidad serán inclui-dos en los índices dispuestos por la sección 26 de la ‘Ley para regular el ejercicio de la profesión notarial en Puerto Rico,’ aprobada en marzo 8 de 1906.
“El registro de affidavits o declaraciones de autenticidad, cuando comprenda doscientos folios, será encuadernado en la misma forma que los protocolos de instrumentos públicos.
“El affidavit o declaración no inscrito en el registro, o no incluido en el índice correspondiente, será nulo.
“No se entenderán comprendidas en esta ley las declaraciones prestadas en procedimientos judiciales, o gubernativos, ante jueces o funcionarios de cualquiera clase, en asuntos de su jurisdicción.”

No es necesario para este tribunal considerar ahora el verdadero alcance y significado de la palabra “nulo” como ha sido usada en el artículo 8. Puede admitirse, para los fines de esta opinión, que el affidavit impugnado por el ape-lante en este caso “si no ha sido inscrito en el registro,” es enteramente nulo y sin ningún valor en cuanto a todas las personas, para todos los fines y en todas las circunstancias, aunque indiscutiblemente que hubiera sido válido de haberse prestado en la misma forma y sin hacerse sn inscripción ante cualquier funcionario que no sea un notario. Aun así, lo que vicia el affidavit es el haber sido omitido en el registro y no el descuido inadvertido del notario en hacer constan en el do-cumento el número correspondiente del asiento en el regis-tro. El apelante ni siquiera alegó en su moción ni en ningún momento ha demostrado, o tratado de probar que ti affidavit en cuestión en realidad no había sido inscrito en el libro regis-tro del notario. La presunción legal es que el notario cumplió con la ley que le impone este deber, y muy bien podemos su-poner, no constando en los autos' nada en sentido contrario, que así lo demostrarían los índices archivados en la oficina del secretario de la corte de distrito, como también el regis-tro mismo del notario.

Si en una acusación por delito de perjurio es suficiente con expresar “en qué tribunal y ante quién fué prestado el jura-mento que se denuncia como falso y que el tribunal, o la persona ante quien el juramento fué prestado tenía facultad para tomarlo” (Código de Enjuiciamiento Criminal, artículo 89); si “no se exige ninguna forma especial de juramento o afir-mación” (Código Penal, art. 118), y si “no se admite como defensa en ninguna causa por perjurio la circunstancia de haberse prestado o tomado el juramento en forma irregular” (id. art. 117), en manera alguna podemos ver, y los apelantes no han tratado de demostrarlo, de qué modo podía afectarles en algún derecho sustancial el defecto alegado.

En apoyo del segundo fundamento de la apelación el ape-lante insiste en los hechos alegados en los párrafos (a) y (b) de su moción solicitando la apertura de la rebeldía, supra, el primero de los cuales ya ha sido resuelto, menos en lo que respecta a la alegación que ahora se hace por primera vez del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, en unión de la vaga referencia relativa a que debió haber sido conce-dido a los demandados el beneficio de la equivocación, de la inadvertencia o de la excusable negligencia. Pero en la mo-ción ni siquiera se invoca dicho artículo y de haberse citado diclia moción, no contiene absolutamente nada que pudiera dar derecho a los apelantes a un remedio de acuerdo con el mismo.

Y respecto a la proposición contenida en el párrafo (b), el apelante se funda en el artículo 328 del Código de Enjui-ciamiento Civil que prescribe lo siguiente:

“Un demandado comparece en un pleito cuando contesta, opone excepción previa o notifica por escrito su comparecencia al deman-dante; o cuando un abogado hace constar su comparecencia por dicho demandado. Después de la comparecencia, el demandado o su abogado, tendrá derecho a que se le notifiquen todos los procedi-mientos subsiguientes cuando corresponda. Pero si el demandado no ha comparecido, no habrá necesidad de que se le hagan las noti-ficaciones o entrega de documentos a menos que se hallare en pri-sión con motivo de pleito, por falta de fianza.”

Concediendo, en pro del argumento, que la moción de los apelantes es suficiente para que puedan quedar comprendidos dentro de la significación de las palabras empleadas, la mera comparecencia, sin embargo, sin nada más, no daría derecho a los demandados a ser notificados de la moción de rebeldía. El aviso que generalmente.se acostumbra dar lo contenía la citación y no conocemos ningún precepto o principio legal que exija que se haga una doble notificación.

“Menos en los casos en que los estatutos o reglas de procedimiento exijan expresamente dicho aviso, un demandado que ya se encuen-tra ante la corte bien mediante procedimientos legales o por su com-parecencia, por regla general no tiene derecho a que so le notifique una moción solicitando que se dicte sentencia en rebeldía contra dicho demandado, especialmente cuando se trata de una sentencia que desde luego ha de ser registrada, como sucede en una acción establecida en cobro de dinero solamente.” 23 Oye. 759.

Véase también el caso de Vega v. Rodríguez, 17 D. P. R. 251.

Aunque no habrá de entenderse que adoptamos sin reser-vas el riguroso criterio observado en algunos de los casos que pasamos a citar, hacemos referencia a los siguientes: Don lan v. Thompson Falls Copper & Milling Co., 112 Pac. 445; Hall v. Whittier, 20 Idaho, 120, 116 Pac. 1031; Domer v. Stone, 27 Idaho, 279, 149 Pac. 505; y Nuestel v. Spokane International Railway Co., 27 Idaho, 367, 149 Pac. 462.

La alegación de que la demanda no aduce hechos suficien-ies para determinar una causa de acción se formula a la falta de cualquier alegación expresa en la demanda de la causa de la obligación para la supuesta cesión y traspaso al demandante del contrato que se trata de hacer cumplir, y se basa principal-mente en las prescripciones del artículo 1228 del Código Civil, según el cual no hay contrato a menos que exista una causa para la obligación, y carece igualmente de méritos.

Puede contestarse sencillamente éste argumento con sólo citar el artículo 1244 del propio código, el cual dispone lo siguiente:

“Aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario.”

Véase también el caso de McFarland v. Holcomb, 123 Cal. 84.

Tanto la sentencia dictada en rebeldía en este caso, como la orden de la corte de distrito negándose a abrir dicha rebel-día deben ser confirmadas.

Confirmadas la sentencia y orden apeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldus r,

text:
    Perea, Demandante y Apelado, v. Castro, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1520.
    Resuelto en abril 2, 1917.
    Excepciones Previas — Excepción de Indebida Acumulación de Acciones — Cos-tas y Gastos — Honorarios de Abogado — Ley Aplicable. — No hay indebida acumulación de acciones en una demanda para el cobro del importe de «na obligación y a la vez para el de los gastos, costas, intereses y honorarios' de abogado dimanados de la misma, pues estipulada del mismo contrato aparece la obligación de satisfacer sus gastos.
    Id. — -.Excepción de Palta de Causa de Acción — Excepción Prívola — Íráduc-ción de Alegaciones. — Excepcionada por falta de causa de acción una de-manda en cobro de una obligación porque ésta ha sido incluida y copiada en inglés sin hacerse constar su traducción al español conforme el artículo 34 del Código de Enjuiciamiento Civil, debe estimarse frívola la excepción,, pues un documento redactado en inglés inserto en una demanda, no es una alegación de ella; ni puede sostener el demandado que estando en inglés la obligación no podría defenderse de ella, cuando en ese idioma fué que la suscribió.
    Id. — Id.—Condiciones para Permitir Otras Alegaciones. — Cuando una corte de distrito, aplicando la sección 18 de sus reglas para causas civiles, des-pués de declarar frívola una excepción previa a la demanda impone al deman-dado como condiciones para contestar, el pago al demandante de diez dólares como costas por la comparecencia de su abogado a la vista de la excep-ción y la presentación de una declaración jurada de los méritos de la causa, tal resolución no infringe el artículo 139 del Código de Enjuiciamiento Civil, ni la ley de 12 de marzo de 1908 referente al pago de honorarios de alio-gado, pues el mismo artículo concedo al juez en ese caso la facultad de im-poner condiciones para permitir una contestación y de él se deriva la regla 18 de las cortes, las cuales generalmente regulan esta materia.
    Acciones Acumulables — Importe de las Obligaciones — Jurisdicción—Hono-rarios de Abogados. — Siendo acumulables tres causas de acción en cobro de obligaciones, el importe total y nó el de las varias causas de acción acu-muladas es el que determina la jurisdicción de la corte y su facultad para imponer como costas el pago de honorarios de abogado.
    Abogados del apelante. Srcs. Rodolfo Reunirez Viejo j Pedro Baiges Gomes.

    Ahogados del apelado: Sres. Feliú & Alemañy.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Aldus r,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Perea Fajardo presentó demanda jurada en la Corte de Distrito de Mayagüez contra Miguel Castro Rivera, recla-mándole el pago de $738.30 más los intereses, costas, desem-bolsos y honorarios de abogado fundándose en las siguientes causas de acción:

Primera. — Que según el documento que inserta en la de-manda, suscrito por el demandado como deudor principal y por el demandante como fiador y vencido en 17 de octubre ele 3914, se comprometieron a pagar la cantidad de doscientos pesos con sus intereses y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial y las costas, y que en pleito que el acree-dor siguió contra el demandante como consecuencia de esa obligación se dictó sentencia condenándole a pagar los dos-cientos pesos de la deuda, más $168.80 por costas, gastos, des-embolsos, intereses y honorarios do abogado las que satisfizo el demandante y no le lia pagado el demandado.

Segunda. — Que también tuvo que pagar por el demandado como fiador suyo por obligación vencida y no satisfecha, se-gún el documento que también inserta en la demanda, la can-tidad de doscientos pesos más doce-,pesos por los intereses debidos hasta entonces, sin que tampoco el demandado se la haya satisfecho; y

Tercera. — Que asimismo pagó como fiador del demandado la cantidad de $150 de otra obligación vencida más $7.50 por intereses, según el documento que en idioma inglés inserta en la demanda, cantidades que tampoco le ha pagado el de-mandado.

El apelante, Miguel Castro Rivera, excepcionó la demanda fundándose en que contenía indebida acumulación de accio-nes por comprender tres causas distintas de acción por la na-turaleza de la reclamación que en ellas se consignan, por la procedencia de contratos llevados a cabo en épocas diferentes y por el origen de ellas. Además alegó que por esos funda-mentos la demanda no aducía hechos suficientes para deter-minar una causa de acción.

El día señalado para la vista de esa excepción en la corte no compareció el demandado y, a petición del demandante, recayó resolución desestimando la excepción por ser frívola y ordenando que si dentro de dos días contados desde la noti-ficación de dicha resolución no pagaba el demandado al de-mandante diez pesos como costas por la comparecencia a la vista de dicha excepción y presentaba además un affidavit so-bre la suficiencia de su defensa en los méritos de la cuestión, dictaría sentencia de acuerdo con la súplica de la demanda. Esta resolución se basó en la regia 18 de las cortes de distrito.

Después de notificada esa resolución al demandado y de transcurrir el término que en ella se fijó solicitó el deman-dante de la corte que dictase sentencia por no haber cumplido el demandado con las condiciones que se le habían impuesto ni haber hecho gestión alguna para contestar la demanda y, de acuerdo con esa petición, la corte dictó sentencia conde-nando al demandado a satisfacer los $738.30 reclamados más los intereses legales desde la radicación de la demanda y las costas, gastos, desembolsos y honorarios del abogado del de-mandante, sentencia contra la cual interpuso el demandado el presente recurso de apelación.

Todo lo que alega el apelante para sostener que su excep-ción no fué frivola como declaró la corte inferior es que en la primera causa de acción cobra el demandante no solamente doscientos pesos debidos de acuerdo con la obligación escrita sino también $168.80 por gastos costas, intereses y honora-rios de abogado, siendo así que éstos no tiene obligación de satisfacerlos de acuerdo con la ley de 12 de marzo de 1908, dictada para enmendar los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, porque la cuantía de la obligación no llegaba a quinientos pesos y que por lo tanto se acumulan ahora dos acciones, una para el pago del capital de la fianza y la otra por un pago hecho indebidamente, las que necesi-tarían distintas defensas y no se refieren a contratos expre-sos ni tácitos por lo que entiende que no son acumulables.

Que es frívola la alegación de indebida acumulación de acciones por el motivo que se expresa lo demuestra el mismo documento que suscribió el apelante y que garantizó como fia-dor el apelado, pues en él se consigna expresamente que en caso ele que el acreedor tuviera que reclamar judicialmente el cobro de la deuda quedaban obligados tanto el deudor corno su fiador a satisfacer también los honorarios de abogado, por lo que los cobros que hace ahora el Señor Perea por ese con-cepto dimanan claramente del mismo contrato. Cintrón & Aboy v. Sold, 22 D. P. R. 262.

El fundamento que tiene el apelante para alegar que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción porque incluye y copia una obligación en in-glés sin hacer constar su traducción y sin dar conocimiento de ella a la parte demandada para que pudiera defenderse también es frívola, porque si bien el artículo 34 del Código de Enjuiciamiento Civil que el apelante considera infringido dis-pone que las alegaciones escritas podrán hacerse en lengua inglesa pero acompañadas ele las necesarias copias en lengua española, como el apelado presentó su alegación, la demanda, en español, no infringió ese precepto, pues un documento re-dactado en inglés inserto en ella no es una alegación, ni puede el apelante sostener que estando en ese idioma no podía de-fenderse ele él porque en ese idioma fué que él la suscribió, según la demanda.

Resueltas estas cuestiones, examinemos la otra sobre las condiciones impuestas por la corte al demandado para per-mitirle presentar una contestación a la demanda.

La regla 18 de las cortes de distrito dispone que cuando una parte interponga una excepción o moción frívola con la sola intención. de demorar una demanda o contestación, no se le permitirá presentar otro alegato excepto en la forma y manera que disponga la corte y deberá también ser reque-rida para que presente una declaración jurada de los méri-tos de su causa o de la defensa.

Para demostrar el apelante que la resolución de la corte imponiéndole condiciones para presentar una contestación fué ilegal, cita el artículo 139 del Código de Enjuiciamiento Civil que dispone en uno de sus párrafos que cuando la excep-ción previa a la demanda es desestimada y-no se presentó nin-guna contestación podrá la corte, en los términos que estimare justos, permitir que se presente una contestación. Sin embargo este mismo precepto deja a la corte la facultad de per-mitir que se presente, la contestación en los términos que sean justos, la autoriza para imponer condiciones y ele aquí nace la regla 18 antes citada. Es claro que los jueces no han de impedir caprichosamente la contestación cuando desestimen la excepción a la demanda, pero si la excepción es frívola y con el solo objeto de demorar el pleito, como en este caso, de acuerdo con el propio artículo 139 citado, puede imponer la .condición a que se refiere la regla 18 para permitirle otra ale-gación. Generalmente las reglas de la corte regulan esta ma-teria. Seale v. McLaughlin, 28 Cal 672, y Gillan v. Hutchison, 16 Cal. 154.

Se sostiene también por el apelante que el juez no pudo imponerle como una de las condiciones para permitirle que presentara su contestación a la demanda el pago de diez dó-lares como costas por la comparecencia a la...vista ele la excep-ción, porcine la materia del pago de honorarios de abogado está regulada por la ley de 12 de marzo de 1908, según la cual no podría cobrarlos el demandante por no llegar a quinientos pesos la cuantía de la primera causa de acción.

Siendo acumulables las tres causas de acción que se ejer-citan en la demanda, el importe total y nó el de las varias cau-sas de acción acumuladas es el que determina la jurisdicción de la corte y la facultad de ésta para imponer como costas el pago de los honorarios de abogado. Además, el derecho para exigir el pago de la cantidad que el demandado adeuda al demandante no dimana de la ley citada sino de la regla 18 en relación con el artículo 139 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la resolución de este caso.