text:
    Barclay, Demandante y Apelante, v. La Sucesión de Juan Carlos McCormick et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad de testamento y otros extremos.
    No. 2338.
    Resuelto en julio 26, 1921.
    Sucesión Intestada — Herederos Eorzosos en 1886 — Hijos Naturales Recono-cidos. — De acuerdo eon la legislación vigente en Puerto Rico en el año 1886, en el caso de sucesión intestada los hijos naturales eran solamente herederos de todos los bienes en caso de falta de herederos de un grado superior, al cual la madre seguramente pertenecía. El primer orden era, descendientes legí-timos, o aquellos legitimados por subsiguiente matrimonio o concesión real. El segundo orden era, ascendientes legítimos; el tercer orden, colaterales hasta el cuarto grado, después la esposa sobreviviente y entonces el Estado. A falta de hijos legítimos, los hijos naturales tenían un derecho junto con la madre a una sexta parte de los bienes.
    Id. — Conocimiento Judicial de Leyes Extranjeras — Common Law. — Pude to-marse conocimiento judicial ¿le que gran parte de la ley en Inglaterra y en muchos Estados de los Estados Unidos es no escrita, o sea, lo que se conoce como Ley Común, pero no puede tomarse conocimiento judicial de la Ley Co-mún en Inglaterra o cuando ha sido modificado por el estatuto ni del presente estado de la ley. En tales casos es necesario probar el estado actual de la ley de un país extranjero mediante peritos.
    Id. — Causa de Acción — Demanda Insuficiente. — Una demanda deducida en Puerto Rico por hijos naturales reconocidos de un súbdito inglés fallecido en 1886 no aduce hechos suficientes si no alega que de acuerdo con las leyes inglesas los demandantes eran herederos forzosos. Y tal alegación es nece-saria haya habido testamento o no.
    Id. — Testamento Yálido. — El testamento otorgado en Puerto Rico por un sub-dito inglés ante el Vice-Cónsul de sn nación el día 27 de enero de 1886 es válido, de acuerdo con tratados vigentes entonces entre España e Inglate-rra por los cuales cónsules de ésta podían autorizar testamentos.

      Id. — Derechos de Hijos Naturales de Súbditos Ingleses — Ley Aplicable.— Los derechos de los hijos naturales reconocidos dq padres ingleses deben ser regulados en Puerto Utico por la ley inglesa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. L. Muñoz Morales.

    Abogado de los apelados: Sr. E. Acuña.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes en el caso ante nos no hicieron ninguna asig-nación de errores la que fné hecha por los apelados en la página 5a. de su alegato y hemos comprobado que el seña-lamiento comprende los mismos errores que separadamente han sido consignados en el alegato de los apelantes.

Los apelantes sostienen que la corte cometió error, pri-mero, al declarar que los apelantes no eran herederos forzo-sos de su padre según la legislación española; segundo, al declarar que los apelantes, como hijos naturales, no eran herederos de su padre según la legislación inglesa; y tercero, al declarar válido el testamento otorgado por David Barclay McFarland ante el vice-cónsul inglés en G-uayama.

Sólo tenemos que considerar la demanda, puesto que la corte inferior declaró con lug’ar una excepción previa a ella formulada y dictó sentencia a favor de los demandados.

Según la demanda David Barclay McFarland era un súb-dito inglés y en el año 1883 constituyó una sociedad mercantil con Adela Hartman, sociedad que giraba bajo la razón de A. Hartman & Co., y son los bienes de la sociedad y su tras-paso lo que está envuelto en esta acción. Aparece de la de-manda que McFarland reconoció como hijos naturales suyos a David Barclay y a Elena Barclay.

En 27 de enero de 1886, David Barclay McFarland com-pareció ante el vice-consul inglés Juan Carlos McCormick y otorgó un documento, el cual según se expresaren la demanda, dijo era su testamento en el que declaró que era soltero y dió y legó todos sus bienes de cualesquiera clases a su madre Helen M. viuda de Barclay, quien residía en Escocia, y omi-tió Racer mención de sus dos Rijos naturales que son los ape-lantes en este pleito.

David Barclay McFarland falleció en el año 1886, sin más descendientes y la Reredera Elena McFarland vinda de Barclay nombró a sn Rermano JoRn McFarland apoderado suyo, Rabiendo vendido éste último todos los derechos y acciones de David Barclay en la sociedad de A. Hartman' & Co. a Juan Carlos McCormick y William McCormick por la snma de $1,500. El resto de la demanda, además de alegar ciertos fraudes por parte del cesionario y la preterición, Rabia de traspasos, fallecimientos y herencias, para determinar quié-nes eran las partes demandadas necesarias en el pleito. Las cuestiones esenciales han sido expuestas en el resumen de los errores. Sólo tenemos que ver con los bienes muebles y por tanto ninguna cuestión de lex rei sitae puede surgir.

Los apelados sostienen en contestación al primer error alegado, que a la fecha del fallecimiento de David Barclay McFarland, o en enero 27, 1886, los Rijos naturales no po-dían ser herederos forzosos toda vez que el testador tenía su madre que vivía. Convenimos con los apelados en que las citas legales hechas por los apelantes sólo muestran que en esa fecha los Rijos naturales tenían ciertos derechos, pero no que eran ellos herederos forzosos. Escriche, tomo 3, pá-gina 864; Idem, páginas 20, 21; Idem, página 60; Febrero Beformado, tomo 1, página 369.

La corte inferior dijo lo siguiente:

“El reconocimiento de ellos tuvo lugar en los años 1884 y 1885, época en que no regía el Código Civil español, considerándolos como súbditos españoles; y de acuerdo con la legislación española aplica-ble, los hijos naturales reconocidos no tenían el carácter de herederos forzosos, en concurrencia con descendientes o ascendientes legítimos; sólo tenían el derecho a alimentos; y si hubiéramos de acudir a la herencia intestada tampoco podrían heredar habiendo ascendientes.”

Según entendemos las leyes vigentes en esa fecha, aún en el caso de sucesión intestada los hijos naturales ■ eran sola-mente herederos de todos los bienes en caso de falta de here-deros de nn grado superior, al cnal la madre seguramente pertenecía. El primer orden era, descendientes legítimos, o aquellos legitimados por subsiguiente matrimonio o conce-sión real. El segundo orden era, ascendientes legítimos; el tercer orden, colaterales hasta el cuarto grado, después la esposa sobreviviente y entonces el Estado. A falta de hijos legítimos, los hijos naturales tenían un derecho junto con la madre a una sexta parte de los bienes. Los apelantes en ningún caso tendrían no un derecho a insistir en que se anu-lara completamente el testamento, sino solamente pro tanto. Sin embargo, si hubo un testamento válido estos hijos natu-rales no eran herederos.

En la demanda nada se dice de cuál es la ley en Ingla-terra respecto a los derechos de los hijos naturales allí. Dis-cutiremos el punto un poco más tarde, pero suponiendo que no podemos tomar conocimiento judicial de las leyes de In-glaterra, entonces hubiera sido necesario para los apelantes, si ellos reclamaban por virtud de la ley de Inglaterra, ha-berlo así expresado, o haber consignado sus derechos de acuerdo con la misma en la demanda. Es evidente que los demandantes no fundaban sus derechos como súbditos ingle-ses. Bajo esta suposición los apelantes sólo podrían reco-brar alegando y probando que en Inglaterra no podía haber ninguna preterición de hijos naturales reconocidos. En ver-dad la suposición o presunción, si no podemos tomar cono-cimiento judicial de leyes extranjeras, sería que tales leyes eran las mismas que las nuestras, y por tanto que podría haber habido en el año 1886 preterición de los hijos natu-rales reconocidos en Inglaterra.

Los apelados nos piden prácticamente que tomemos cono-cimiento judicial de que por las leyes' de Inglaterra los hijos naturales reconocidos no tienen ningún derecho a la herencia. Bajo las leyes de evidencia, artículo 53, quizás podamos to-mar conocimiento judicial de las leyes estatntorias de otro país, pero aquí no sabemos si las leyes relativas a la herencia de hijos naturales reconocidos son escritas o no escritas. Po-demos tomar conocimiento judicial de qne gran parte de la ley de Inglaterra, así como de muchos Estados de los Estados Unidos, es no escrita, o lo que se conoce como Ley Común. No podemos tomar conocimiento judicial de lo que es la Ley Común en Inglaterra, o cuando ha sido modificada por el es-tatuto, del presente estado de la ley. 23 C. J. 131. En tales casos es necesario probar el actual estado de la ley de un país extranjero mediante peritos. La demanda nada dice sobre el estado de la ley inglesa y no podemos declarar judi-cialmente cuáles son actualmente en Inglaterra los derechos de herencia de hijos naturales. Sin embargo, toda vez que David Barclay McFarland era un súbdito inglés la demanda no determina una causa de acción porque no expone como hecho que estos hijos naturales, de acuerdo con las leyes in-glesas, tendrían derecho a una parte de la herencia. Y sos-tenemos que una alegación como ésta sería necesaria hubiera o no hecho Barclay un testamento válido.

Mientras tratemos de esta cuestión y aunqne puede ser una declaración incidental, obiter dicta, sin embargo, 7 Corpus Juris, página 958 y siguientes tiende a mostrar que en Inglaterra en la Ley Común los hijos naturales reconocidos no tenían derecho sobre los bienes de su padre natural. En algunos Estados un hijo natural puede ser legitimado pero esto es más bien la excepción que la regla. 7 C. J. 948. Tal hijo era filius nullius. De modo que, a menos que haya ha-bido algún cambio por el estatuto al cual no nos han referido los apelantes, su derecho a heredar, siendo súbditos ingleses no existe.-

Sostienen también los apelantes que el testamento no era válido por haber sido otorgado ante un vice-cónsul. Pueden tener razón en alegar que la autoridad para actuar como notario debe ser conferida por nn tratado y qne bay nn tra-tado entre Gran Bretaña y España qne confiere a los cón-sules tal derecho, de fecha abril 26 de 1886, o tres meses después del testamento en este caso. Tal vez podemos to-mar conocimiento judicial de qne en Inglaterra un testa-mento no necesita ser otorgado ante nn notario, pero, salvo error, estamos convencidos por los apelados qne había tra-tados anteriores entre Gran Bretaña, y España que confe-rían a los cónsules la facultad de actuar como notarios y que ésta es una cuestión de derecho internacional privado de la cual podemos tomar conocimiento, y también estamos convencidos de que un vice-cónsul tiene la misma facultad.

Diremos algo más que puede ser un obiter ditum. Apa-recería que en Inglaterra un testamento no necesita ser otor-gado ante un notario y sobre este hecho se nos llamó la atención y fuó comentado en el caso de Casiano v. Luchetti, 24 D. P. R. 114.

Somos particularmente de la opinión de que, siendo David Barclay un súbdito inglés, los derechos de los hijos natu-rales reconocidos deben ser regulados por la ley.inglesa.

Hemos recurrido a lo que tal vez puede ser obiter dicta en este caso, porque aún cuando no pudiéramos tomar cono-cimiento judicial del estado de la ley inglesa, sin embargo a estos hijos naturales reconocidos no debe sometérseles a más inconvenientes cuando las cuestiones de las cuales tal vez no pudiéramos tomar conocimiento judicial son suscep-tibles de tan fácil prueba.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes:' Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

license: Public Domain

text:
    Rivera, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán, denegando la inscripción de una escritura de venta.
    No. 501.
    Resuelto en Julio 26, 1921.
    Escrituras Públicas — Identidad entre el Firmante y el Otorgante — Firmas en Escrituras Públicas. — Una escritura pública no es nula por el Fecho de que uno de los otorgantes no estampara al firmarla todos los nombres y ape-llidos con que fué descrito por el notario, toda vez que el otorgamiento por el notario debe considerarse. Si la firma estampada era la que el otorgante acostumbraba usar, el documento es válido y no debe concluirse que el fir-mante es persona distinta del otorgante.
    Los liechos están expresados en la opinión. .
    Abogado del recurrente: Sr. B. Forés.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La nota del registrador deniega la inscripción substan-eialmente por el motivo de que mientras en la escritura se describe al vendedor con el nombre de Manuel Víctor Para-dis y Nazario, la firma en ella puesta muestra el nombre de Víctor B. Paradis, quien, según el registrador, es persona' distinta del otorgante, citando para sostener esta teoría el artículo 20 de la Ley Notarial. La nota, sin embargo, no está limitada solamente a este alegado defecto. El regis-trador sostiene que el defecto era insubsanable y se negó a tomar en consideración una escritura aclaratoria. En la se-gunda el vendedor, explicaba que acostumbraba firmar comer-cialmente Víctor E. Paradis, pero que su verdadero nombre era Manuel Víctor Paradis y Nazario.

El artículo 20 de la Ley Notarial prescribe que serán nulos los siguientes instrumentos públicos:

“Tercero: Aquellos * * * en que no aparezcan las firmas de las partes. * * * ”

Tal vez el registrador estaría algo dudoso de si la firma ' era la del vendedor, pero de todos modos debió él haber inscrito el documento con un defecto subsanable, por las ra-zones que se expondrán y esto sin tener que considerar la escriturá aclaratoria.

El artículo 2 de la Ley Hipotecaria ordena que se ins-cribirán en los registros los títulos traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles, o de los derechos reales im-puestos sobre los mismos. ¿Era el documento en cuestión de tal naturaleza? Claramente que lo fué si Manuel Víctor Paradis y Nazario quedaba obligado por su comparecencia ante el notario y por el hecho de firmar su escritura. Si él reconoció y firmó la escritura ante el notario, él efectivamente traspasó su derecho al comprador y no importa que su firma se diferenciara de su verdadero nombre, si era la firma que acostumbraba usar. Véase a 36 Cyc. página 448, y siguiente, y el caso de Sheehan v. Kearney, 35 L. R. A. 102. La Ley Notarial habla de la falta de firmas, pero nada dice respecto a una persona que suscribe un documento con una firma que no se ajusta al pie de la letra a su verdadero nombre, o que es un sobrenombre. La cosa principal como indica el recu-rrente es que el notario certifique en cuanto a las partes y eso se hizo por el notario en este caso en la forma acostum-brada. El vendedor en su firma prescindió de uno de sus verdaderos nombres y agregó una inicial a su otro nombre. Probablemente era conocido familiarmente por Víctor Para-dis, y “Víctor” y “Paradis” aparecen no solamente en su verdadero nombre, sino también en la firma puesta a la es-critura.

Aún cuando el registrador dudara de si el notario conocía sus deberes y que tal vez estaba certificando respecto a una persona que no era la verdadera, semejante duda debió desa-parecer al serle presentada la escritura aclaratoria. La es-critura fué válida y traspasaba el derecho de Manuel Víctor Paradis y Nazario, y el hecho de que éste era la persona que compareció ante el notario qnedó aclarado fuera de toda posibilidad de error.

La nota recurrida debe' revocarse y ordenarse la ins-cripción. .

Revocada la nota ordenándose la inscripción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Se. Wolp,

text:
    Lamboy, Demandante y Apelante, v. Solo et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez en pleito sobre nulidad de expediente de dominio y venta de finca.
    No. 2458.
    Resuelto en julio 26, 1921.
    Inspección Ocular. — Cuando si Bién los resultados de una inspección ocular prac-ticada con conocimiento y en presencia de ambas partes no se lian consig-nado en acta levantada al efeeto, se consignan en los findings of facts, los fines de la ley se han cumplido por la corte.
    Nulidad de Expediente de Dominio y de Venta — Prueba Suficiente- — Sentencia Sostenida por la Prueba. — Examinados los hechos declarados probados por la corte en la presente acción de nulidad' de título y de venta, los cuales se transcriben en la opinión, es necesario concluir que la sentencia está soste-nida por la prueba.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. F. Otero Rivera.

    Abogado de los apelados: Sr. J. Sabater.

   El Juez Asociado Se. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Convenimos con los apelados en que si bien la apelante alega haberse cometido dos errores,'uno de ley otro de he-cho, el caso en conjunto gira realmente sobre cuestiones de hecho, en otras palabras, si la sentencia estuvo sostenida por la prueba. La apelante incidentalmente se opone a que la corte practique una inspección ocular sin levantarse un acta de la misma, pero el resultado de esta inspección apa-rece claramente expresado en los hechos declarados proba-dos por la corte. Tal inspección fné practicada con el con-sentimiento de ambas partes y si la apelante hubiera deseado que el resultado de ella fuese incorporado a la exposición del caso, o pliego de excepciones, o hecho en otra forma, debió ella haberlo solicitado en la corte inferior. Nos incli-namos, sin embargo, al parecer de que la incorporación de la inspección ocular en los hechos declarados probados por la corte cumplió con .los filies de la ley.

Los hechos declarados probados por la corte son los si-guientes :

“El día 30 de noviembre de 1920 se llamó este caso para juicio, compareciendo la demandante por su abogado Ledo. Francisco Otero Rivera y los demandados por el suyo Ledo. José Sabater y anunciaron estar listos para juicio, procediéndose a su celebración.
“La corte, después de oir las alegaciones y la prueba practicada, a solicitud de los abogados de ambas partes, dispuso que se practi-cara una inspección ocular del solar y casa en controversia, cuya inspección se realizó el día-de-, 1921, estando pre-sente la corte y los abogados de ambas partes y sometido el caso a su decisión, se reservó su resolución basta hoy - de febrero de 1921, y en este día encuentra y resuelve, que se han probado los siguientes hechos:
“1. Que en 31 de marzo de 1915, Monserrate Cintrón, esposa de Pedro Aran hipotecó al demandado Antonio Solo Botet la finca si-guiente :
“ ‘Casa y solar con azotea y balcón radicada en la calle de Oriente de esta ciudad de 10 metros 3 centímetros de frente por 14 metros 21 centímetros de fondo, con su solar de 12 metros 53 centímetros de frente por 15 metros 4 centímetros de fondo; lin-dante por el (Norte) Sur con casa y solar de Amelia Arroyo antes Juana Badía; por la izquierda con casa de Teresa Mató antes de Agustín Ibern, o sea al Norte; por la espalda Este con el propio Ibern antes terrenos de Eugenio Cuevas y por el frente con la calle de Oriente en que radica.’
“La cabida superficial del solar descrito según cálculo es de 188 metros 45 centímetros y 12 milímetros.
‘ ‘ 2. Que por escritura de 19 de abril de 1918 ante el notario Ledo. Mariano Riera Palmer, Monserrate Cintrón vendió a Julio Otero Rivera, la finca anteriormente descrita con idéntica descripción, colin-rlanoíof! y medida; en cuya escritura se bizo constar que sobre la mis-ma finca pesa una hipoteca a favor del demandado Antonio Solo Botet por la suma de $800, y la venta se inscribió a favor del comprador Julio Otero en el Begistro de la Propiedad de Mayagüez al folio 124 del tomo 105 de Mayagüez, finca No. 1493, Insc. 23, con el defecto subsanable de no expresarse la medida superficial del solar.
“3. Que por escritura de 27 de junio de 1918, la propia Monse-rrate Cintrón, vendió a la demandante Teresa Lamboy, ante el no-tario Ledo. Mariano Eiera Palmer, la siguiente finca:
“ ‘Solar radicado en el barrio de Salud, calle de Oriente de esta ciudad, colindante al Norte con propiedad de Teresa Mató y Agustín Ibera; por el Sur con otra de Adolfo Bobert; al Este con finca del propio Bobert y Dolores Ortiz y por el Oeste con casa y solar de Monsefrate Cintrón. Mide 12 metros 53 centímetros de frente por 19 metros 34 centímetros de fondo.’
“La escritura de compra fué inscrita en el Begistro de la Pro-piedad de Mayagüez, al folio 224 del tomo 115 de Mayagüez, finca No. 4531, incripción 2da. con el defecto subsanable de no expresarse la medida superficial del solar.
“4. Que por escritura de 10 de agosto de 1920, ante el notario Ledo. José Sabater, la finca descrita en el párráfo primero de estos findings, en vista de que la casa enclavada en el solar había sido des-truida por el terremoto de 11 de octubre de 1918, su dueño entonces Julio P. Castro, la adjudicó en pago de parte de la hipoteca referida al demandado Antonio Solo Botet.
“5. Que Antonio Solo Botet, el demandado, tramitó ante esta corte un expediente de dominio, que fué aprobado, sobre la siguiente finca:
“ ‘Solar radicado en la calle de Oriente de esta ciudad, que mide una superficie cuadrada de 269 metros 77 centímetros, y colinda al Norte con casa y solar de Teresa Matos; al Sur solar de Adolfo Bobert antes hoy su sucesión; al Este terrenos de la sucesión Eugenio Cuebas; y al Oeste con solar y casa del promovente Antonio Solo.’
“Hace constar en dicho expediente dicho demandado, que adqui-rió, dicho solar por compra que en adjudicación de pago le hiciera Julio P. Castro por escritura de 5 de junio de 1919, que Castro la hubo por compra a Julio Otero por escritura de 15 de julio de 1918 y Otero la hubo por compra a Monserrate Cintrón en 19 de abril de 1918, y ésta la adquirió por herencia de su padre Fernando Cintrón que falleció en 1908, dejando como únicos herederos a Monserrate Cintrón, Fernando y Ricardo Cintrón, los cuales cedieron sus res-pectivas participaciones a la coheredera Mlonserrate Cintrón por tí-tulo de venta en 1911.
“6. Que al practicar la corte la inspección ocular de la propiedad que alegan los demandados es del demandado Salvador Guerra actual-mente, encontró que la casa de mampostería con azotea y balcón que se describe en el párrafo primero de estos findings, ocupa todo el frente de la propiedad y está constituida por un cuerpo principal de la casa y un martillo que llega hasta el fondo de todo el solar, que está rodeado de murallas de mampostería y desde el cuerpo principal de la casa hasta el fondo en dirección Oeste a Este, y entre el martillo hasta el fondo de la muralla del lado Norte existe un patio que forma parte de la casa. La casa ha sido gravemente averiada por el terremoto y está inhabitable; y se ve claramente que su construcción data de mucho tiempo y que todo el edificio, o sea el cuerpo principal de la casa y el martillo, junto con el patio del mismo y el suelo en que está enclavado, forma una sola finca o pro-piedad, que fué lo que adquirió el demandado Antonio Solo, quien promovió el expediente de dominio por el exceso de cabida que re-sultó tener el solar en realidad comprado con las medidas de frente, y fondo que resulta de la documentación.
“ OONCLUSIÓN.
“Y en virtud de tales hechos probados, la corte llega a la con-clusión de que la finca en controversia que es hoy del demandado Salvador Guerra, está constituida por la casa compuesta del cuerpo principal y el martillo, el patio y la parte del solar que ocupa, que la cabida total que se forma de los 188 metros 45 centímetros 12 milímetros que resultan de la escritura del demandado Antonio Solo Botet, por multiplicación de su frente y fondo y del expediente de dominio que se hizo del exceso de la cabida por 269 metros 77 cen-tímetros; habiendo vendido dicha finca originariamente Monserrate Cintrón sin expresar la medida superficial del total de la cabida del solar, que está todo cercado de murallas de mampostería por los lados del Norte y el fondo Este, y poseyendo dicha finca todos los anteriores dueños hasta llegar al demandado Guerra, como un solo cuerpo de propiedad, debiendo registrarse una sentencia desestimando en todas sus partes la demanda de la actora con las costas. Maya-güez, febrero 11 de 1921.”

Ahora bien aunque la demandante presentó prueba docu-mental tendente quizás a demostrar un título a su favor de la propiedad en cuestión, sin embargo la corte, como hemos' visto, declaró probado que el terreno o casa ocupado por el demandado era un sólo cuerpo de propiedad y así lo había sido por un largo período de tiempo.

La conclusión de la corte es compatible con un título original en el demandado o que un título adquirido por pres-cripción había surgido, lo cual es una de las defensas levan-tadas por el apelado. El último resultado está justificado por la prueba suponiendo • que originalmente los causantes tomaron posesión de más terreno o de una casa que no estaba estrictamente comprendida en las colindancias descritas en los títulos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    Sucesión Torres Negrón, Demandantes y Apelantes, v. Torres et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre acción reivindicatoria.
    No. 2283.
    Resuelto en julio 26, 1921.
    Heredero — Prueba del Carácter de Heredero en Pleitos Contenciosos.— Cuando el demandante funda su causa de aceión en su carácter de heredero para acreditar tal carácter en el juicio no es requisito necesario la presenta-ción de una previa declaratoria de heredero.
    Reivindicación — Nulidad del Título del Demandado. — Cuando la aeeión reivin-dicatoría que se ejercita no está subordinada a la previa declaración de nu-lidad del título del demandado como sucede en el presente caso en que el . demandante era dueño con título inscrito y el título del demandado fué ob-tenido en una venta por contribuciones que era claramente nula, el deman-dante no está obligado, para poder reivindicar, a pedir la previa declaración de nulidad del título del demandado.

      Id. — Artículo 34 de la Ley Hipotecaria — Tercero — Título Anterior Ins-crito. — Cuando el título alegado por los verdaderos dueños estaba ya ins-crito cuando inscribió el suyo un tercero, éste no podría invocar en su favor el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la parte apelante: Sr. E. Flores Colón.

    Ahogado de los apelados: Sr. F. Parra Capó.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La opinión de la corte expresa en efecto que la demanda se dirigió contra un número de demandados de los cuales todos estaban en rebeldía excepto la Santa Isabel Sugar Company; que hubo un juicio en el cual fu'é admitida la identidad de la finca que se pretendía reivindicar; que no se presentó evidencia alguna respecto a los frutos o produc-tos y la corte encontró que los demandantes dejaron de pro-bar que eran ellos los únicos y universales herederos de Bal-bina Torres y Negrón. Ella era la dueña reconocida de la finca objeto de este pleito. La corte continuó diciendo que si bien los demandantes presentaron varias certificaciones del registro civil, no probaron todos los extremos necesarios para establecer una declaratoria de herederos. Asimismo declaró probado la corte que no procedía la acción reivindicatoría sin establecerse previamente la de nulidad de títulos. La de-mandada alegaba su derecho por virtud de una serie de com-praventas cuyo primer eslabón fué una escritura de venta que surgió de una falta de pago de contribuciones. Los ape-lados no comparecieron ante esta corte y no presentaron alegato.

Ahora bien, aunque convenimos con la corte inferior en que los demandantes no cumplieron con los requisitos de una declaratoria de herederos, varias veces hemos dicho que en pleitos contenciosos no es necesario tal cumplimiento. Morales v. Landrau, 15 D. P. R. 782; Soriano v. Rexach, 23 D. P. R. 573. Es suficiente con que los demandantes prue-ben que son ellos los herederos, pues cualquiera que reclame por virtud de un testamento podría alegarlo en el juicio. Prima facie los herederos suceden al difunto por el hecho solo de su muerte en todos los derechos y obligaciones. Có-digo Civil, artículo 669.

En este caso, sin embargo, un examen de los autos revela que sólo tres hijos probaron claramente que ellos eran here-deros, pero estos tres por sí tenían ciertos derechos y tal vez podría hasta considerárseles que representan la sucesión. La prueba no muestra claramente quiénes eran los herede-ros, o que las personas designadas en la demanda eran todos los herederos.

También convenimos con los apelantes en que no estaban ellos obligados a pedir la cancelación del alegado título que quedaba al demandado. Ellos probaron un título inscrito en su causante. El título original alegado era una venta por contribuciones. El comprador obtuvo después un expediente de dominio. Balbina Torres había fallecido a la fecha de la alegada venta por contribuciones y ninguna notificación de los procedimientos, de los cuales la' escritura de venta por falta' de pago de las contribuciones, o el título de dominio surgió, ni siquiera se hizo a los herederos de ella. Por tanto el título por falta de pago de las contribuciones era entera-mente nulo y el derecho de los demandantes en manera al-guna dependía de la cancelación o nulidad de dicho título por contribuciones. Artículo 342 del Código Político; Agostino v. Philippi, 16 D. P. R. 663; Oliver v. Oliver, 23 D. P. R. 181.

Dicen también los apelantes que los demandados no pue-den fundarse en la defensa de ser terceros porque esa de-fensa no fué alegada. Asimismo, puesto que el título de los demandantes había sido inscrito previamente el artículo 34 de la Ley Hipotecaria no favorecería a la demandada. Convenimos con los apelantes en ambas proposiciones.

Siendo de opinión de que por lo menos tres de los hijos ofre-cieron prueba tendente a demostrar que eran ellos herederos forzosos de Balbina Torres la sentencia debe revocarse y el caso devolverse para que se presente prueba supletoria en cuanto a los otros herederos, y demás procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Yumet, Demandante y Apelado, v. Royal Insurance Company, Inc., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre cobro de póliza de seguro. — Moción de traslado.
    No. 2465.
    Resuelto en julio 26, 1921.
    Traslado del Caso — Residencia en Puerto Rico de Corporaciones Extranje-ras. — El mero hecho de que una corporación extranjera establezca en Puerto Rico y en San Juan una agencia de negocios no es bastante para concluir, a los fines de una moción de traslado, que dicha corporación tiene residencia en la isla. Por tanto, no importa que la demandada o su agente hubieran jurado que la corporación tenía residencia en San Juan, porque tal afirma-ción constituye simplemente una conclusión legal.
    Los hechos están expresados en la opinión,
    Abogados de la apelante: Sres. E. Acuña y L. Janer Landrón.

    Abogado del apelado: Sr. J. Garcia Ducós.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Boyal Insurance Company es una corporación extran-jera y al ser demandada en Aguadilla solicitó el traslado del pleito a San Juan por el fundamento, como asumimos de que su principal oficina estaba situada en San Juan.

El artículo 78 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe lo siguiente:

“La residencia legal de los comerciantes en todo lo que concierna a actos y contratos mercantiles y sus consecuencias, será el pueblo donde tuvieren el centro de sus operaciones comerciales.
“Los que tuvieren establecimientos mercantiles a su cargo en diferentes distritos judiciales, podrán ser demandados por acciones personales en aquel en que tuvieren el principal establecimiento, o en el que se hubieren obligado, a elección del demandante.”

La cuestión legal fundamental es si una corporación ex-tranjera puede adquirir una residencia en Puerto Rico, pres-cribiendo el artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil que si ninguno de los demandados residiere en la isla el pleito pudiera seguirse en cualquier distrito designado por el de-mandante en la demanda. Hasta que nos convenzamos de lo contrario nos sentimos obligados a resolver que el mero establecimiento de una agencia en Puerto Rico y en San Juan no establece una residencia en la isla. 40 Cyc. 102 f. Por tanto, no importaría que la demandada o su agente hubieran jurado que la corporación tenía una residencia en San Juan, porque tal cuestión es una conclusión legal.

La corte inferior, al negarse a trasladar la causa no fundó su conclusión exclusivamente en este fundamento legal sino más bien en una cuestión de hecho, o sea, que el affidavit de los demandados no demostraba satisfactoriamente una resi-dencia en San Juan y que existía un conflicto en los affidavits de las partes, el cual ella resolvió a favor del demandante. Sin detenernos a examinar la suficiencia del juramento a uno de los affidavits, podemos dudar si la alegación de que la demandada “tiene como única oficina en Puerto Rico la esta-blecida por sus agentes generales, Sobrinos de Ezquiaga, en San Juan,” es equivalente a decir que la demandada tiene establecido un domicilio o residencia en San Juan. Sostene-mos que faltan hechos para probar tal residencia o domicilio y que el affidavit sólo muestra con certeza el establecimiento de una agencia. El otro affidavit tendía a probar únicamente el hecho de que la Royal Insurance Company no tenía otra agencia en Puerto Eico que el establecido por sns agentes en San Juan.

Asimismo nos sentimos obligados a aceptar la conclusión de la corte de que no se probó debidamente que la única agen-cia de la Royal Insurance Company estaba en San Juan. La demostración hecha por el apelado fue que había una agencia en Aguadilla. Por tanto aún de acuerdo con el ar-tículo 78 si una compañía de seguros podía considerarse como un comerciante el lugar del juicio quedó bien establecido. La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Vilar, Demandante y Apelada, v. “El Ancora”, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre cobro de cantidad.
    No. 2457.
    Resuelto en julio 26, 1921.
    Excepción Previa de Otra Acción — Apelación- — Bevisión en Apelación de Prueba no Admitida. — Si el apelante no somete a la consideración del Tribunal Supremo los autos de un pleito que ofreciera en evidencia a la corte inferior para probar la existencia de otra acción pendiente entre las mismas partes por la misma causa, no es posible decidir en apelación que la orden que negó la admisión de tal prueba fué errónea.
    Nuevo Juicio — Sorpresa.—Cuando la sorpresa que da fundamento a una moción de nuevo juicio consiste en que la parte condenada por la sentencia descansaba en que la acción no estaba establecida por la parte realmente interesada, y de la prueba aducida por el demandante resulta lo contrario, la resolución negatoria de nuevo juicio no es errónea, porque tal sorpresa no es aquella “que la ordinaria prudencia no pudo preveer."
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. G. Rodrigues.

    Abogados de la apelada: Sres. Francis & De la Haba y L. Formes.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

"El Ancora,” compañía de asegurós, apela de nna sen-tencia dictada a favor de la madre de nno de sus snscritores y de una orden declarando sin lugar una moción de nuevo juicio.

En el alegato no se liace señalamiento de errores por separado y las cuestiones de 'que se queja el apelante en el curso de su razonamiento contenido en un alegato sin pá-ginas, no requieren amplia consideración.

La primera alegación es que la corte inferior cometió error al dictar sentencia a favor de la demandante no obs-tante haber reconocido en el fallo que la evidencia en general dió lugar a sospechas de que el asegurado estaba tuberculoso al ingresar en la sociedad. El hecho declarado probado por la corte y al cual se hace referencia es el siguiente:

“Por otra parte, la corte declara que, si bien de la evidencia presentada y apreciada en conjunto, aparecen algunas sospechas de que el asegurado Juan Yilar, al tiempo de ingresar en ‘El Ancora’ y a la época de su fallecimiento estuviera padeciendo de tuberculosis pulmonar, sin embargo, este hecho no ha sido probado satisfactoria-mente, a juicio de la corte, habiéndose, por el contrario, presentado evidencia por la demandante, tendente a probar que dicho Juan Vilar no padecía de la referida enfermedad.”

Los artículos 8 y 9 del reglamento de la sociedad pres-criben lo siguiente:

“Artículo 8. — Para ingresar como suscriptor se requiere la for-malidad de un examen médico. El facultativo que haga este examen será elegido por la administración la que se reservará el derecho de someterlo a un nuevo reconocimiento por su médico inspector, si el caso lo requiere.
“Artículo 9. — Previa la constancia de que el aspirante goza de perfecta salud o de alguna dolencia incapaz ‘por sí’ de causar la muerte en breve plazo a juicio del médico-inspector, la oficina le ex-pedirá un certificado que le acredite como suscriptor, previo el pago de los derechos de inscripción correspondientes.”

Un médico como testigo de la demandante declaró res-pecto a síntomas de una enfermedad del hígado más bien qne de tnbercnlosis y en el razonamiento se insiste mucho en el requisito de perfecta salud, pero se pasa por alto la clara alternativa de “alguna dolencia incapaz por sí de cau-sar la muerte en breve plazo a juicio del médico inspector.” La demandada no hizo esfuerzo por demostrar en el juicio que una enfermedad del hígado como la descrita por el perito médico a que acabamos de' referirnos es una enfermedad por sí capaz de causar la muerte en breve plazo, ni el informe del médico inspector quien como representante de la deman-dada examinó al solicitante fué presentado como prueba. Este informe estaba en poder de la demandada y el hecho de que la compañía aceptó el riesgo robustece mucho más la presunción que surge de no haberse presentado el docu-mento. Dentro de las circunstancias no estamos dispuestos a modificar ni el hecho declarado probado citado en último término, ni la sentencia fundada en el mismo.

El segundo señalamiento es que la corte cometió error al comprender en su fallo el pago de intereses de la suma que se reclama en la demanda. La teoría en que descansa este señalamiento es que no teniendo capital propio la compañía, el solicitante celebró un contrato por virtud del cual el pago ha de hacerse con las cuotas impuestas y que se cobran a sus socios después de deducirse aquella parte que es indispensable para los gastos generales y como contribución para cierto fondo, como prescriben las cláusulas de incorporación. Pero ni el espíritu ni la letra de la cláusula citada por el apelante exime a la compañía del pago de intereses sobre la suma debida y no satisfecha a los suscritores por virtud de la póliza expedida por tal sociedad.

La tercera proposición es que la corte incurrió en error al admitir en evidencia un contrato privado de retro-cesión de un traspaso anterior de la póliza hecho por el asegurado con anterioridad a su fallecimiento y ratificado y reconocido luego por la demandante como única y universal heredera del difunto.

Los artículos 1247 y 1198 del Código Civil se citan para probar la nulidad de tal rescición. El artículo 1237 dispone que “deberán constar en documento público, ’* * * 4o. la cesión, repudiación y renuncia de los derechos hereditarios o de los de la sociedad conyugal.” El documento en cuestión, sin embargo, no tenía por objeto traspasar ningún derecho hereditario del cedente, pero envolvía la retro-cesión de una póliza de aseguro por un cesionario del asegurado al único y universal heredero de tal asegurado, después de su falle-cimiento. El artículo 1198 prescribe. que “los documentos privados hechos para alterar lo pactado en escritura pública no producen efectos contra terceros.”

Si la demandada hubiera pagado el importe de la póliza al primitivo cesionario después del traspaso hecho por él a la demandante, sin tener noticia de tal traspaso, el artículo citado últimamente sería aplicable, pero la prueba demues-tra por el contrario, que la demandada se negó a reconocer, como válida la primitiva cesión por el fundamento de que la misma no había sido otorgada a presencia de ciertos fun-cionarios de la®compañía como lo exige el reglamento. Ver-daderamente esta actitud por parte de la compañía parece haber sido la principal razón para la retro-cesión que ahora se ataca por los motivos arriba indicados.

La otra cuestión que se levanta en el alegato podría haber constituido suficiente motivo para la revocación si la apelante hubiera traído el pleito cuya admisión fué denegada. La ale-gación es que la corte cometió error “al no admitir en evi-dencia el pleito de mandamus seguido ante la Corte de Dis-trito de Ponce por Juana María Vilar contra ‘El Ancora,’ para el cobro del importe de la póliza de que se trata, el cual fué ofrecido por la demandada para probar la existencia de otra acción pendiente entre las mismas partes, por la misma causa.”

La contestación contenía una alegación afirmativa que liberalmente interpretada podría considerarse como una ale-gación de sobreseimiento por el fundamento de estar pen-diente otra acción entre las mismas partes por la misma causa; pero no se llamó la atención de la corte inferior a esta circunstancia al momento de ofrecerse el pleito en la. acción anterior, no como ba sugerido la apelante en el seña-lamiento de error sino en tanto como fué revelado por la manifestación del abogado .entonces con el único objeto de demostrar que cierto procedimiento de mandamus, número 4881, estaba “ pendiente de decisión en la Corte Suprema de Puerto Rico,” por virtud de una apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la corte de distrito. La corte inferior entonces sostuvo la objeción de la demandante a la admisión de tal pleito con el fin indicado, pero agregó que podría admitirse para probar ciertas fechas a que se hizo referencia al ofrecerse primero la misma prueba. No consta claramente si dicho pleito fué o no en realidad admitido, pero de todos modos, la apelante no ha traído el pleito así ofrecido y rechazado como prueba, y por esta razón no po-demos revisar la orden que ahora se alega como error.

El quinto señalamiento es que la corte cometió error al denegar la concesión de un nuevo juicio. En la contestación la demandada alegó entre otras cosas “que la peticionaria Juana María Yilar por escritura pública de fecha 21 de agosto de 1915, ante el notario de Caguas, Sr. A. Mena, ven-dió los derechos de la póliza de Juan Vilar a Eleodoro Yilar y así lo comunicó a la compañía enviándole copia de la escri-tura de venta. ’ ’

El principal si no el único fundamento de la moción de nuevo juicio y el punto en que más se ha insistido en ape-lación en este pleito es que la demandada fué sorprendida por la presentación de la retrocesión de la póliza, cuya admi-sibilidad ya hemos discutido y que basándose en la defensa de que la demandante no era la verdadera parte con interés, y en el consejo de su abogado, y con el fin de evitar gasto innecesario, la demandada no babía llevado sns testigos a la corte. El segundo testigo de la demandante declaró sin ob-jeción tanto sobre la primitiva cesión como respecto a la retrocesión. Sin embargo, cuando el documento citado en último lugar fue presentado a este .testigo el abogado de la demandada se opuso a que se siguiera declarando más res-pecto al mismo por el motivo de que era un documento pri-vado y ya se Rabia RecRo referencia a un instrumento pú-blico. La demandante entonces ofreció el documento como prueba y la corte, aunque no se Rizo ninguna otra objeción, a moción propia se reservó su resolución mientras se iden-tificaba el documento. Al ser ofrecida y admitida nueva-mente esta prueba no se formuló ninguna objeción a la misma, ni se tomó excepción. No es necesario que investiguemos ahora acerca de si la admisión de esta prueba de haberse formulado la debida objeción por la demandada, o la nega-tiva a concederse a la demandada una oportunidad razonable para presentar sus testigos hecha oportunamente y la indi-cación de sorpresa en el juicio, hubiera constituido error que exigiera la revocación de la sentencia.

Si la alegación de sorpresa no fué cosa en que luego se pensó, o dicha alegación se presentó demasiado tarde al ha-cerse por primera vez como fundamento para un nuevo jui-cio, por lo menos no es £íel accidente o sorpresa que la or-dinaria prudencia no pudo prever” a que se refiere el Có-digo de Enjuiciamiento Civil, y la corte inferior no cometió error al declarar sin lugar la moción.

La sentencia y orden apeladas deben ser confirmadas.

Confirmadas la sentencia y orden apeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Parkhurst, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por homicidio involuntario.
    No. 1667.
    Resuelto en julio 27, 1921.
    Homicidio Involuntario — Acusación.—Quaere: Si cuando se imputa un homi-cidio por negligencia es insuficiente una acusación por no expresar los actos constitutivos de la negligencia cuando ésta podía haberse cometido de distin-tos modos.

      Id. — Bill .of Particulars. — Una moción para un pliego de particulares debe pre-sentarse antes del juicio.
    Id. — Bajo una acusación por homicidio involuntario en que meramente se imputa el manejo negligente de un automóvil la admisión de prueba en cuanto a la condición defectuosa de los frenos del vehículo que ocasionó la muerte cons-tituye error perjudicial al acusado. El manejo de un automóvil es cosa dis-tinta de su condición defectuosa por lo que el acusado tenía dereeho a saber que había de afrontar el cargo de que los frenos del vehículo no funcionaban bien.
    Id. — Prueba Inadmisible. — La velocidad a que iba el automóvil homieida un kilómetro antes de llegar al sitio del accidente no es por lo general una prueba de la velocidad a que pudo ir en el sitio mismo del accidente por lo que la admisión de tal prueba constituye error perjudicial.
    Id. — -Prueba Inadmisible. — En el presente caso el acusado deelaró bajo juramento que tenía cuatro hijos de distintas edades y una esposa. Era una prueba inmaterial y pudo haber sido presentada para ganarse la simpatía del ju-rado, pero ninguna objeción fué formulada a la misma. Subsiguientemente, en el examen de repreguntas el Eiseal preguntó: “¿Vive Ud. ahora con su es-posa?” Se hizo objeción a esta pregunta pero la corte admitió la contes-tación. Se resolvió: que habiéndose objetado la pregunta, la contestación no debió permitirse.
    Id. — El testimonio de la policía relativo a haber arrestado al acusado de homi-cidio por causa de negligencia en el manejo de un automóvil en virtud de haber llegado a su conocimiento heehos que le obligaron a practicar tal arresto, es inmaterial y no debió admitirse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. H. G. Molina.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La nueva carretera de San Juan a Bayamón al llegar a esta última ciudad sube considerablemente y hace una curva, según alega el apelante a un ángulo de 90°. Esta pendiente empieza antes de entrar al pueblo y continúa hasta la plaza. Al llegar al pueblo la carretera se conoce por calle del Dr. Veve. A mediado de la curva y antes de llegar a la plaza la calle del Dr. Veve está cruzada por la del Dr. Barbosa. El día 7 de abril de 1919, a eso de las 5 de la tarde, el ape-lante ParMrurst iba guiando un carro “Maxwell” en su viaje de San Juan para su casa más allá de Bayamón. Un truck bajaba por la calle del Dr. Barbosa en dirección sur y el apelante iba en dirección Oeste, y la prueba, que no lia sido refutada, demuestra que con el fin de evitar él un choque con el truck en la intersección de las dos calles viró el carro rá-pidamente bacia la derecha y pasó sobre la cuneta al lado más allá de la calle del Dr. Barbosa, atrapillando a una seño-rita contra la pared, ocasionándole lesiones en su pierna a consecuencia de lo cual falleció ésta. Este caso es por con-siguiente un proceso por homicidio involuntario. El acusado fué declarado culpable y apeló.

El primer fundamento de error es el de la insuficiencia de la acusación. El fiscal sostiene que como una excepción perentoria a la acusación fué formulada solamente después que el caso había sido llamado a juicio, por esa razón .la juris-prudencia sentada en el caso de El Pueblo v. París, 25 D. P. R. 111 y los casos que lo siguieron son de aplicación en tanto la acusación no determina un delito público. El presente caso ha de distinguirse del de El Pueblo v. París porque en éste el acusado solicitó y obtuvo de la corte permiso para formular una excepción perentoria. La excepción perentoria alegaba no solamente que la acusación no determinaba un delito pú-blico, sino que imputaba más de un delito y que no exponía los hechos como lo exigen los varios apartados de los artícu-los 71 y 75 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

El alegato se limita a discutir la suficiencia de los hechos alegados para constituir un delito público y nuestra revisión se limitará a la misma cuestión.

La acusación sustancialmente es como sigue:

‘ ‘ El citado Wilber P. ParMrurst allá por el día 7 de abril de 1919 y en el pueblo de Bayamón, que forma parte del distrito judicial de San Juan, y en ocasión de guiar un automóvil sin usar la debida prudencia y circunspección, en forma ilegal arrolló con dicho auto-móvil a la señorita Josefa Rodríguez, causándole fuertes contusiones .que le ocasionaron la muerte a las pocas horas.”

El razonamiento del apelante es en efecto, que como la alegada negligencia podría haberse ocasionado de varios mo-dos no existe tal alegación del delito público exigido por los artículos citados del Código de Enjuiciamiento Criminal y que cuando un estatuto es muy general en sus términos es necesaria una .especificación, o su equivalente. United States v. Cruikshank, 92 U. S. 542; United States v. Peter, 56 Fed. Rep. 99; United States v. Holtshauer, 40 Fed. 46; Ainsworth v. United States, 1 App. Cas., D. C. 518 y otros casos. En el caso de El Pueblo v. Moreno, 28 D. P. R. 104, estuvimos dispuestos a creer que el defecto de serlo, era uno de forma que podía subsanarse por un pliego de’ particulares: Los casos en particular que sostienen la teoría del Gobierno son los de Smith v. State, 115 N. E. (Ind.) 943; Reams v. State, 100 S. E. (Ga.) 230; State v. Sartino, 115 S. W. Mo. 1015.

Sin embargo, no dejamos de tener algunas dudas, y como tenemos pendiente otro caso en el que está envuelta la misma cuestión y puesto qne la sentencia ha de ser revocada por otros fundamentos, sugerimos que el fiscal enmiende la acu-sación para conformarla a la prueba que pretende ofrecer en el juicio. En general si el Gobierno conoce la naturaleza particular de la prueba de negligencia en que pretende fun-darse sería mucho mejor práctica, por así decirlo, expre-sarlo en la acusación, o estar preparado para suministrar al acusado los pormenores antes del comienzo del juicio.

En realidad de verdad el acusado efectivamente solicitó un pliego de particulares pero lo hizo demasiado tarde y sin hacer una suficiente demostración para que podamos decir que la corte sentenciadora cometió abuso de discreción al no' conceder la solicitud. Después de haber obtenido el acusado permiso y formulada una excepción perentoria, la corte la desestimó. Entonces sin permiso específico para ello el acu-sado presentó primero una moción para un pliego de parti-culares. La regla es que una solicitud para un pliego de particulares debe presentarse antes del juicio. Las razones son muchas y se indican en el caso de El Pueblo v. París, supra. Algunas de las reglas que regulan la aplicación de un pliego de particulares se expresan en los siguientes casos. Notas a los casos State v. Lewis, Ann. Cases 1913 A. 1208; Commonwealth v. Wakeling, 120 N. E. 209.

En el juicio del caso, el jefe de la policía y otro testigo prestaron declaración tendente a demostrar que los frenos del carro del acusado estaban en malas condiciones. A todas las tentativas para probar la condición del carro al momento del accidente el acusado formuló objeción y tomó excepción. Aparentemente el jefe de la policía y un testigo perito hi-cieron un pequeño examen de los frenos moviéndolos hacia atrás y hacia adelante, o algo así y pronunciaron entonces veredicto de que los frenos estaban en mala condición, pero no consta que probaran el aparato y en cambio, el acusado y sus peritos declararon de modo muy terminante que el carro estaba en la misma condición que tenía el olía del acci-dente y que los frenos funcionaron bien, aunque era un carro viejo que había estado en _ uso por espacio de cinco años. Dejando a un lado la cuestión de si la condición no satis-factoria de los frenos fué o no probada, convenimos con el apelante en que' toda la prueba, respecto a los frenos fué indebidamente admitida. La alegación en la acusación era que él guiaba o manejaba su carro de tal manera que causó la muerte de una señorita. El acusado no fué advertido por la acusación de que había de ser juzgado sobre la condición defectuosa del carro, aunque este supuesto hecho era cono-cido por el fiscal. El manejo de un carro es una cosa, su condición defectuosa otra, y el acusado debió haber sido ad-vertido que había de afrontar el cargo de que sus frenos no funcionaban. En nn juicio criminal es necesario que se planteen cuestiones (issioes) como en otros juicios y el Go-bierno debe circunscribirse a las cuestiones reseñadas o noti-ficar al acusado de otras las cuestiones.

La prueba en cuanto a la condición defectuosa de los frenos podría haber sido pertinente a la cuestión de negli-gencia en relación con la velocidad de acuerdo con las cir-cumstancias y la acusación o pliego de particulares advirtió al acusado de la intención de probar esto, pero como hemos probado esta notificación no fué hecha y bajo una acusación en que se imputa el manejo negligente de una máquina, sin más, la admisión de tal prueba fué un error perjudicial.

El apelante alegó también haberse cometido error al so-meterse el caso al jurado, pero en cuanto a esto estamos con-vencidos de que el apelante se había equivocado. Un número bastante grande de testigos declararon que el acusado subía la pendiente a una velocidad indebida. Uno de los testigos dijo que el acusado iba a una velocidad de cuarenta millas por hora. Aunque este testigo puede estar y probablemente está equivocado, era prueba para someterse al jurado. Uno o dos de los testigos manifiestan que la velocidad era exa-gerada, o que el acusado iba bastante ligero. En un acci-dente ordinario o caso de homicidio es imposible que los tes-tigos suministren un detalle exacto de la velocidad. Hace mucho tiempo, en el caso de Davis v. Mann, 10 M. & W. 546, se consideró que la palabra “smartish” significaba demasiado rápido.” Véanse nuestras decisiones en los casos de El Pueblo v. Blandford, 23 D. P. R. 625; El Pueblo v. Astacio, 23 D. P. R. 842, y El Pueblo v. Gregorio Torres, 28 D. P. R. 110. El acusado hizo un relato circunstancial de la necesi-dad que tuvo para evitar el choque con el truck, de aumentar la velocidad y que al dar velocidad chocó con un poste de telégrafo, se desvió, chocando con la pared, y por tanto que fué un accidente inevitable. El fiscal alega que si el acusado subía la cuesta en dirección a la ciudad a una velocidad mo-derada debió haber podido parar el carro. El acusado in-siste en qne iba a nna velocidad moderada y presentó testi-gos tendentes a establecer el hecho de qne el carro no podía ir a la velocidad exageracla qne refirieron los testigos del Gobierno. Estas y otras cosas deben ser resueltas por el jurado sin confundir otras cuestiones como la de la condi-ción de los frenos.

El apelante alegó también haberse cometido error en el interrogatorio del Jefe de la Policía Fernández Quiñones. Este último declaró que estaba llegando a Bayamón el día del accidente y como a un kilómetro de distancia el acusado pasó a gran velocidad. A la pregunta y contestación en cuanto a esta velocidad antes de llegar a Bayamón el acu-sado se opuso y tomó excepción. Fué ciertamente erróneo y perjudicial el admitir esta prueba. La velocidad que lleva un automóvil a media manzana de distancia por lo general no es -una señal de la velocidad a que puede ir un automóvil en el sitio del accidente. El sitio descrito por el Jefe de la Policía como ha declarado y aparece de las fotografías sería en una parte fuera .del pueblo y donde el que maneja un carro tiene el derecho a emplear mayor velocidad. El efecto en el jurado sería darles la idea de que este acusado estaba muy aprisa todo el tiempo y era un error perjudicial. Para dar una referencia específica, la siguiente cita del tomo 22 de Corpus Juris, página 750, es aplicable, a saber:

“La prueba de que uu hecho o suceso existió o uo, o tuvo lugar en determinado tiempo, no es admisible para demostrar que otro hecho o suceso existió o no u ocurrió en otra fecha, a menos que los dos hechos o sucesos estén relacionados en algún modo especial que indique su pertinencia fuera de la mera semejanza en ciertos parti-culares. 5 ’

El acusado declaró bajo juramento que tenía cuatro hijos de distintas edades y una esposa. Era una prueba inmate-rial y pudo haber sido presentada para ganarse la simpatía del jurado, pero ninguna objeción fué formulada a la misma, Subsiguientemente, en el examen de repreguntas el fiscal pre-guntó: “¿Vive usted abora con su esposa?” Se bizo obje-ción a esta pregunta pero la corte admitió la contestación. Esto constituyó error. Someter una cuestión de una contro-versia respecto a las relaciones domésticas del acusado no era sino confundir las cuestiones y fué enteramente colateral. Posteriormente se preguntó al acusado por qué no vivía con su esposa, pero la corte excluyó la pregunta. Si este fuera el único error en el caso quizás no lo consideraríamos per-judicial.

Aunque no fué directamente motivo de excepción, se per-mitió al Jefe de la Policía declarar que llegaron a su cono-cimiento becbos que le obligaron a practicar el arresto del acusado. Esto fué una prueba enteramente inmaterial y nada tenía que ver con el caso. Era más o menos dar indirecta-mente la opinión del testigo respecto a la culpabilidad del acusado puesto que el funcionario dijo que babía becbo una investigación y arrestado al acusado. El interrogatorio de funcionarios de policía y otros debe limitarse a los becbos esenciales a la cuestión que son conocidos por ellos o admi-siones o confesiones del acusado. El Pueblo v. Valle, re-suelto en junio 2, 1921, (pág. 555).

Hubo también una moción para un nuevo juicio. Aunque los affidavits sobre la alegada prueba descubierta nuevamente no eran tan claros como podrían baber sido era patente que el acusado con anterioridad al juicio no pudo encontrar ninguna prueba para contradecir al conductor del truck y que descubrió alguna tendente a ese fin después del juicio. Este conductor del truck declaró que detuvo su máquina antes de llegar a la calle del Dr. Yeve y baria aparecer que el acusado con el camino libre de obstáculo deliberadamente cambió la dirección, se metió en la acera y agolpeó a la joven. Si el fiscal no pretende basarse en un freno defectuoso en-mendando su acusación en este particular y no tiene otra prueba que la presentada en el juicio, la cuestión que ba de someterse al jurado sería si la velocidad del acusado fue tan negligente que es la cansa próxima del accidente qne cansó la muerte.

La sentencia apelada debe ser revocada, debiendo devol-verse el caso para la celebración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenado un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Portela, Demandante y Apelado, v. “Societé Anonyme des Sucreries de Saint Jean,” Demandada y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en procedimiento de injunction.

    No. 2157.
    Resuelto en julio 27, 1921.
    Servidumbre de Paso Preestablecida for Anterior Dueño — Signo Aparente de Servidumbre de Paso — Servidumbre Reconocida Tácitamente. — Ha-, biendo formado las dos fincas que boy pertenecen separadamente al deman-dante y a la demandada una sola perteneciente a un mismo. dueño que para mejor llenar las necesidades del inmueble había establecido un camino que no hizo desaparecer antes de la venta ni se hizo constar en las escrituras de enajenación que no podría utilizarse como servidumbre, es preciso concluir que el demandante adquirió un derecho a servirse del camino preestablecido; y constituye un reconocimiento de la servidumbre por parte de la demandada el hecho de que antes de negarle el paso al demandante concurriera con éste en variar el camino que en cierta extensión quedó sustituido por otro de 6 metros de ancho con varias alcantarillas y plantaciones de coco, adquiriendo por tanto el demandante sobre el nuevo trazado el mismo derecho que tenía sobre el anterior.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. F. González.

    Abogado de la apelante: Sr. E. G. Molina.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una apelación interpuesta por la deman-dada Societé Anonyme des Sucreries de Saint Jean contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Humacao en 28 de jumo de 1919 por la cual declara con lugar la demanda sobre injunction establecida por Manuel Pórtela Cabezudo contra la expresada sociedad, y en su consecuencia decreta que ésta, sus agentes, empleados, sirvientes y todas aquellas personas que actúen bajo sus instrucciones, órdenes o reque-rimientos, 'sean restringidas de continuar cerrando y obstru-yendo el camino objeto del litigio, y además que la deman-dada, sus agentes, empleados, sirvientes y todos aquéllos que actúen bajo sus instrucciones se abstengan de impedir la en-trada del demandante o de sus empleados o representantes en dicbo camino, estando asimismo obligada a permitir el uso, goce y disfrute del camino por parte del demandante o de sus empleados o representantes.

La corte, en la opinión que sirve de fundamento a la sen-tencia, encontró probados los siguientes tedios:

Que el demandante es dueño de una finca rústica radi-cada en el barrio de “Bairoa,” antes “Cagüitas,” del tér-mino municipal de Caguas, compuesta de 141 cuerdas 95 céntimos más o menos, según se describe en la demanda, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Caguas, habiendo sido en su origen y primitivamente de la propiedad de Fernando Plá, como dueño éste de una finca mayor de que aqué-lla formaba parte.

Que la demandada es dueña de otra finca rústica radicada en el mismo barrio de “Bairoa” con igual cabida de 141 cuerdas 95 céntimos poco más o menos, según se describe en la demanda, inscrita también en el Registro de la Pro-piedad de Caguas a favor de la demandada, habiendo sido §n su origen también de Fernando Plá al igual que la anterior que es hoy propiedad del demandante.

Que la finca de Plá de que eran partes integrantes las dos anteriormente expresadas, denominada “Colón,” tenía una cabida de 283 cuerdas 90 céntimos, bajo las colindancias que se describen en la demanda, y Fernando Plá la adquirió por compra a Salvador Más y Parés, José Más y G-elpí y Dolores Más y Gelpí, mediante escritura pública de 10 de enero de 1906, habiendo segregado Plá por escritura de 15 de marzo del mismo año de dicha finca y vendido a Milton Y. Dnrlach, la porción que pertenece hoy al demandante y el resto a Eugenio Fichet, quien lo vendió a la demandada en 16 de mayo de 1907.

Que desde muchos años antes de pertenecer a la deman-.dada la finca que hoy le pertenece o sea cuando esa finca y la otra de la demandante formaban -nna sola perteneciente a Salvador Más, éste, para mejor llenar las necesidades, tenía establecido nn camino que salía del centro de la finca hacia el snr y terminaba- en el antiguo camino de Caguas a Hu-macao y el referido camino no se hizo desaparecer antes de la venta, ni se hizo constar en las escrituras de venta que no podía utilizarse como servidumbre.

Que cuando la demandada compró la finca que hoy posee, estableció en ella una central azucarera, y como el camino de que se deja hecho mérito pasaba por el centro de las fábricas convino con el dueño entonces de la parcela del de-mandante variar dicho camino más hacia el este, cómo así se verificó, construyendo la demandada en la parte este de su finca un camino afirmado como de seis metros de ancho que partiendo de la colindancia sur de la finca del deman-dante penetra por el norte en la finca de la demandada y sigue -hacia el sur, terminando en el antiguo camino de Oa-guas a Humacao, en cuyo nuevo camino construyó la deman-dada varias alcantarillas y plantó sus orillas de palmas de coco, quedando ese nuevo camino perfectamente delineado en el suelo y encontrándose actualmente en las mismas con-diciones con igual signo e iguales derroteros y distintivos.

Y que el camino a que se refieren los hechos anteriores ha sido obstruido por una cerca impidiendo los empleados de la demandada que pasen el demandante o sns empleados, y se niegan a dejarlo expedito.

Tomando por base los anteriores becbos qne la corte es-timó probados, se expresó en los siguientes términos:

“El derecho del demandante descansa en el artículo 548 del Có-digo Civil de Puerto Rico (igual al 541 del Código Civil Español) que dice así:
“ ‘La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas establecido por el propietario de ambas, se considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellos, o se haga desaparecer aquel signo antes del otor-gamiento de la escritura.’
“Son tan claros los preceptos del artículo citado que no pueden dar lugar a dudas pero si algúná surge queda desvanecida con la 'claridad que resulta, de los luminosos comentarios que a este artículo hace Scaevola en el tomo 10 de su obra ‘ Comentarios al Código Civil. ’ El signo equivale al título de la servidumbre, y si éste existía cuando se dividió la finca y posteriormente la demandada convino en variar el camino, reconoció dicha servidumbre y no puede hoy en modo al-guno negarla, ni privar al demandante como dueño de la finca el hacer uso de su derecho.
“La demandada no puede impugnar el derecho del demandante desde el momento en que ella misma varió el camino y lo puso en condiciones de ser utilizado por el predio dominante, delineándolo en el suelo y marcándolo con el signo invariable y ostensible. Vélez Gaztambide v. Guánica Centrale y Sucesores de Bianchi, resuelto por la Corte Suprema de Puerto Rico en diciembre 20 de 1918.”

La parte apelante para sostener sn recurso señala varios errores cometidos por la corte inferior, los cuales todos, se-gún afirma, suscitan solamente una cuestión legal, o sea, si el demandante tiene derecho a la servidumbre alegada en virtud de lo prescrito en el artículo 548 del Código Civil.

La corte inferior transcribe dicho artículo en su opinión y relacionándolo con los becbos que estima probados contra cuya apreciación no se ha alegado formal ni específicamente error. alguno, opinamos que dicho artículo ha sido debida-mente aplicado a la resolución del caso.

Si las dos fincas que hoy pertenecen al demandante y a la demandada formaban antes una sola perteneciente a Más y éste, para mejor llenar las necesidades, tenía establecido un camino que salía del centro de la finca hacia el sur y ter-minaba en el antiguo camino de Caguas a Humacao y el referido camino no se hizo desaparecer antes de la venta ni se hizo constar en las escrituras de venta que no podía utilizarse como servidumbre, surge como consecuencia que existiendo como existía un signo aparente de servidumbre . entre las dos fincas que son hoy de las partes demandante y demandada establecido por el propietario de ambas que lo fué Más, el demandante al comprar a Más la finca que hoy posee, adquirió un derecho indiscutible a servirse del camino que ya Más tenía establecido al vender al demandante una porción de la finca en que existía el camino para el servicio de la misma. No podía existir signo más aparente, visible y ostensible del derecho de servidumbre que el mismo camino existente. Comentando Manresa en el tomo cuarto de su obra Comentarios al Código Civil el artículo 541 de dicho código (548 del nuestro) se expresa así:

‘'‘Las sentencias de 14 de septiembre de 1867, 10 de julio de 1880, 7 de junio de 1883, 21 de octubre de 1892 y 26 de junio de 3893, de-claran que al separarse dos fincas que tienen entre sí algún servicio o servidumbre establecido,' o al dividirse una finca entre dos diferen-tes personas, sin que se pacte un modo de disfrute distinto del que usaba el dueño de ambas o de la totalidad se entiende subsistente el servicio o la servidumbre; el signo aparente de dicha servidumbre es un título para que continúe, a no ser que al tiempo dé separarse la propiedad de las dos fincas se exprese lo contrario.” Manresa, Co-mentarios al Código Civil, tomo 4, pág. 614.

Cuando Más vendió de la totalidad de su finca “Colón” la parte que hoy posee el demandante, había establecido un camino para el servicio de la finca de la cual se hizo la se-gregación y tal servicio subsistió a favor del adquirente.

Ese derecho de servidumbre no fué adquirido en virtud de convenio alguno sino por ministerio de la ley en virtud del artículo 548 del Código Civil. Pero no puede negarse que la demandada reconoció el derecho del demandante cuando convino con éste en variar el camino substituyéndolo por otro de seis metros de ancho con varias alcantarillas y plan-taciones de palmas de coco, adquiriendo por tanto el deman-dante sobre el nuevo camino el mismo derecho que tenía sobre el primitivo.

En virtud de dicho convenio que se sostiene por la prueba la demandada quedó impedida de impugnar el derecho adqui-rido por el demandante desde el momento que ella misma varió el camino y lo puso en condiciones de ser utilizado por el predio dominante, delineándolo en el suelo y marcándolo con signo invariable y ostensible. Vélez Gaztambide et al., v. Guánica Centrale y Sucesores de Bianchi, 26 D. P. R. 795.

Y no cabe invocar como aplicable al caso la jurisprudencia sentada por esta Corte Suprema en el caso de Torres v. Plazuela Sugar Company, 24 D. P. R. 479, pues los hechos que motivaron aquella jurisprudencia son muy distintos de los que han originado el presente caso.

En virtud de las razones expuestas se impone la conclu-sión de que el demandante al adquirir la porción de la finca descrita en la demanda la adquirió con la servidumbre de paso clara y aparente en contra del predio de que es actual-mente dueña la parte demandada.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Torres, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad Interino, de Cagnas, denegatoria de la inscripción de una escritura de compraventa.
    No. 480.
    Resuelto en julio 27, 1921.
    División de la Comunidad — Nueva Edificación. — Inscrita en el registro de la propiedad una finca urbana compuesta de varias edificaciones a favor de dis-tintas personas con diversas participaciones de dominio que se especifican y determinan, y hecha a mayor abundamiento e ihserita la división de la co-munidad mediante escritura otorgada al efecto por todos los interesados, ad-judicándose a cada uno de éstos una finca determinada, la venta hecha por un tercero que ha adquirido la finca adjudicada a uno de ellos y ha edificado nueva casa en lugar de la adjudicada, ya destruida, es inscribible sin que pueda denegarse la inscripción por el fundamento insostenible de aparecer inscrito solamente un condominio a favor del vendedor.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del recurrente: Sres.. Llorens & Márquez.

    El registrador interino recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 6 de agosto de 1920 Emilio Fer-nández Morales como mandatario de su esposa María Pérez Ríos, vendió a Ceferino Torres Santana una finca urbana que describe así:

“Urbana. Casa terrera, de cemento armado, cubierta de zinc, en forma de azotea, sita en la ciudad de Caguas, Puerto Rico, calle de Betances, haciendo esquina a la de Padial, en su solar que le corres-ponde privativo, conteniendo fabricado 11 metros 35 centímetros de frente por 11 metros 85 centrímetros de fondo, de los que por el lado este mide 9 metros 25 centímetros fabricados y por el oeste nueve metros quince centímetros también fabricados, en colindaneias dicha, casa y solar por el sur, su frente principal, con la citada calle Be-tances; por el este otro de sus frentes por estar en esquina, con la calle de Padial; por el oeste con casa de Salvador F. Solás Rodrí-guez; y por el norte con otra casa de María Pérez Ríos.”

Presentada dicha escritura al Registrador de la Propie-dad de Caguas para su inscripción, fué denegada por nota de septiembre 15 de 1920, cuyo texto es el siguiente:

“Denegada la inscripción a que se refiere el precedente docu-mento '* * * porque no obstante ser el título un instrumento correcto pen se, del registro aparece la ambigüedad de encontrarse inscrito a favor de la trasmitente doña María Pérez Ríos, solamente un condominio representado por 700 dólares que constituye la parte de madera de una casa con tres puertas al frente, o sea el cuerpo de tienda con su aparador y mostrador, sin que pueda determinarse claramente la extensión superficial ni el derecho de la trasmitente sobre suelo alguno, que es lo principal, según la jurisprudencia, para justificar la edificación y enajenación de la nueva casa que es lo accesorio * *

Esa nota ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema por el comprador Ceferino Torres Santana, quien alega pana sostener el recurso, que en el registro consta la determina-ción del condominio de setecientos dólares a que se refiere la nota recurrida, por haberse inscrito desde el día 13 de octubre de 1910 la escritura de división de comunidad, otor-gada en Caguas el día 7 de junio del mismo año, en virtud de cuya escritura y de su inscripción en el registro, el con-dominio que pertenecía a doña Providencia Fernández Morales, causante de doña María Pérez Ríos, se convirtió en la finca número 1548 de dicho registro, como también consta en el registro el derecho de la trasmitente al suelo en que se encuentran enclavadas las edificaciones, cuyo derecho trae su origen de una escritura de 9 de julio de 1890, otorgada en Caguas e inscrita también en el registro de la propiedad.

Teniendo en cuenta las constancias del Registro de la Propiedad de Caguas, consignadas por el registrador en su alegato escrito y corroboradas por los documentos que acom-paña a su alegato la parte recurrente, son de admitirse como base para la decisión del recurso los siguientes hechos:

Io. A la muerte de Isidora Morales fué adjudicada entre otros bienes a tres de sus hijos nombrados Eleuteria del Carmen, José Ramón Emiliano y José Ramón Fernández y Morales en pago parcial de sus haberes hereditarios, una finca urbana que se describe así:

“Una casa grande con techumbre de tejas de barro y con departa-mentos de vivienda y tienda, aparador y mostrador, horno para pana-dería y corral cercado, ubicada en la calle del Rosario antes, hoy de Betanees, esquina a la del Sol, hoy Padial, de esta ciudad (Oaguas), que mide por su frente veinticuatro metros y quince de fondo, adju-dicándose la parte de mampostería de la casa determinada por las cuatro puertas al frente que es lo que constituye el local de panadería y horno, valorada en $1,000, a la heredera doña Eleuteria del Carmen la parte de maderas de la casa determinada por tres puertas al frente, que es lo que constitutye el cuerpo de tienda con su aparador y mos-trador, valorada en $700, al heredero Ramón Emiliano, y la casa pe-queña anexa, que forma la vivienda, valorada en $200 y la casa desti-nada a cochera, valorada en $350, al heredero José Ramón Fernández y Morales.”

Cuyas adjudicaciones fueron inscritas el 30 de enero de 1904 en el Registro de la Propiedad de Caguas.

2o. José Ramón Emiliano Fernández; y Morales conocido por Emilio Fernández y Morales, por escritura de 28 de mayo de 1909 vendió la mitad de la finca urbana ya descrita a Providencia Fernández y Morales, y el registrador en 14 de febrero de 1910 inscribió únicamente a favor del compra-dor el condominio de los $700 de la participación pertene-ciente al vendedor.

3o: Providencia Fernández Morales, vendió por escritura de 22 de marzo de 1911 a María Pérez Ríos, el condominio de $700 constituido por la parte de madera de la misma casa, con tres puertas al frente, o sea el cuerpo de tienda con su aparador y mostrador, cuya escritura también fué inscrita en el registro de la propiedad en 29 de marzo de 1911.

4o. De la finca de Isidora Morales adjudicada a sus hijos Eleuteria del Carmen, José Ramón Emiliano y José Ramón Fernández y Morales según nota marginal puesta a la ins-cripción de tal adjudicación en 9 de abril de 1913, fué segre-gado el solar que ocupaba la casa cochera cuyo solar pasó a formar las ñucas números 1822 y 1823 inscritas a los folios 227 y 232 del tomo 38 de Cagnas, mientras que las edi-ficaciones con excepción de la cochera pasaron, a formar las fincas números 1546, 1547 y 1548 inscritas a los folios 218, 222 y 226 del tomo 31 de Oaguas, según nota marginal de la misma- fecha, 9 de abril de 1913.

5o. Las fincas expresadas Nos. 1546, 1547 y 1548 a que se refiere la nota marginal a que acabamos de hacer referencia fueron constituidas mediante escritura de división material otorgada el 7 de junio de 1910 en virtud de la cual José Ra-món Emiliano, José Ramón y Elouteria del Carmen Fer-nández y Morales dividieron materialmente la casa que les fué adjudicada en las operaciones particionales de los bienes de su difunta madre, haciendo de ■ ella tres casas indepen-dientes, quedando José Ramón Emiliano Fernández y Morales como dueño de una de ellas, marcada con la letra “A” que se describe así:

“A. Oasa terrera de maderas del país cubierta de tejas de barro, dedicada a tienda, sita en esta ciudad, (Oaguas), calle Betances, con tres puertas al frente J con once metros veinticinco centíme-tros por el mismo frente por ocho metros veinticinco centímetros de fondo, en lindes por el sur, su frente, la calle citada de Betances; por el norte, su fondo, otra que se forma de la que se separa; por el este, esquina con la expresada calle de Betances; y por el oeste tam-bién con casa que se forma de la que se separa.”

6o. Por otra escritura posterior de 7 de octubre de 1910 Providencia Fernández y Morales ratificó la anterior escri-tura de división de comunidad, en atención a haber ella ad-quirido por escritura de 28 de mayo de 1909 el condominio de José Ramón Emiliano Fernández y Morales, cuya ratifi-cación en unión de la división de comunidad fué inscrita en el registro.

A la luz de los hechos expuestos tócanos ahora exami-nar si la razón expuesta por el registrador se ajusta o no a las constancias del Registro de la Propiedad de Caguas que el registrador debió tener a la vista al denegar la ins-cripción de la escritura de 6 de agosto de 1920.

Es de notar que en esa escritura de 6 de agosto de 1920 Emilio Fernández como mandatario de su esposa María Pé-rez y Ríos, bace constar los siguientes hechos:

(a) Que su mandante es dueña de un condominio en la siguiente finca:

“Urbana. Casa terrera de manipostería y maderas del país con cuatro puertas al frente en la parte de manipostería y tres en la parte de maderas por el mismo frente a la calle de Betances en donde está situada haciendo esquina a la calle de Padial, cubierta de tejas de barre, anexa a otra casa pequeña que forma la vivienda{ también de maderas del país y tejas de barro, de veinticuatro metros de frente toda la parte de maderas y manipostería, y quince de fondo, siendo el ranchón contiguo a la casa pequeña, en la actualidad casa terrera de maderas del país cubierta de tejas de barro, sita en la calle del Sol, hoy calle Padial, destinada a cochera, cuyo condominio consti-tuido por $700, constituye la parte de maderas de la misma casa con tres puertas de frente o sea el cuerpo de tienda con-su aparador y mostrador.”

(b) Que María Pérez y Ríos hubo dicha participación por compra a Providencia Fernández Morales por escritura de 22 de marzo de 1911, cuya adquisición se hizo con carácter de bien privativo de la adquirente y fué inscrita en el re-gistro.

(c) Que. sobre el solar correspondiente a su condominio que constituye la parte de maderas de la casa descrita y cuya parte de maderas fué destruida, ha edificado con dinero propio una casa cuya descripción hace y es la misma que dejamos transcrita al comienzo de esta opinión.

Opinamos que el registrador al calificar la escritura cuya inscripción ha sido denegada, además del contenido de dicha escritura debió tener en cuenta las inscripciones obrantes en el registro en relación con el traspaso de dominio hecho a favor del recurrente por María Pérez Ríos en la repetida escritura de 6 de agosto de 1920.

Los hechos expuestos muestran que el condominio de $700 a que se refiere la nota recurrida quedó definido por modo expreso mediante la escritura de división de comunidad de bienes de 7 de junio de 1910, inscrita en el registro en virtud de la cual se adjudicó a José Ramón Emiliano Fernández y Morales la casa de maderas del país marcada en dicha escritura con la letra “A.” Como María Pérez Ríos vino a ser dueña de aquel condominio a virtud de traspasos del mismo hechos por José Ramón Emiliano Fernández Morales a Providencia de los mismos apellidos y por ésta a María Pérez Ríos, es consiguiente que ésta es dueña de la casa que sustituyó a aquel condominio con todos los derechos con-siguientes. Habiendo sido destruida la casa y edificado Ma-ría Pérez Ríos en su lugar otra que se describe en la escri-tura de 6 de agosto de 1920, la que vendió a Ceferino'Torres Santana, procede su inscripción a favor del recurrente.

Es de revocarse la -nota recurrida.

Revocada la nota recurrida y ordenada la'ins-cripción.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.