author: El. Juez Asociado Señor Aldret,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Párquez, acusado y apelante.
    No. 2538.

    Visto: Julio 20, 1925.

      Resuelto: Julio 24, 1925.
    1. Testigos — Competencia—Capacidad y Condiciones en: General — Menores de Diez Años. — El decidir sobre la capacidad de un menor de diez años para ser testigo queda al buen criterio del juez sentenciador y su decisión no será modificada en apelación a menos que sea claramente errónea.
    2. Violación — Proceso y Castigo — Evidencia—Corroboración de la Declara-ción de la Ofendida. — En un proeeso por ataque con intención de cometer violación, las manifestaciones de la mujer agraviada hechas inmediatamente o poco después de inferida la ofensa son admisibles en corroboración de la evidencia de la ofendida.
    3. Violación — Proceso y Castigo — Evidencia—Corroboración de la Declara-ción de la Ofendida. — La ley no exige la corroboración de la declaración de la ofendida para el delito de ataque con intención de cometer violación.
    4. Violación — Proceso y Castigo — Juicio y Revisión — Instrucciones Sobre la Corroboración de la Ofendida — Ataque con Intención de Cometer Vio-lación. — En un proeeso por delito de ataque con intención de cometer viola-ción la instrucción al efecto de que 'la ley en tales casos no requiere la corroboración de la ofendida no es error; y menos tal instrucción puede ser motivo de queja cuando el juez expresa al jurado la conveniencia de que exista algún elemento de prueba, aparte de la declaración de la perjudicada, que relacione al acusado con el delito imputádole.
    SENTENCIA ele Pablo Barga, J. (Humacao), condenando al acusado por delito de ataque para cometer violación.

      Oonfii-mada, así como la negativa de nuevo juicio.

      Francisco Gervoni, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El. Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné acusado por delito de ataque para come-ter violación en la niña menor de catorce años de edad Alejandra Rivera Figueroa, conocida por Alejandrina Car-dona, y habiendo sido declarado culpable de ese delito por un jurado solicitó de la corte que le concediera un nuevo juicio pero le fué negada esa petición y habiendo sido con-denado a la pena de dos años de presidio interpuso apela-ción contra la negativa de nuevo juicio y contra la sentencia, alegando como errores de ésta los mismos motivos por los que pidió nuevo juicio.

Los-errores alegados son los siguientes: primero, haber permitido la corte inferior que declarase la niña de 8 años Fidelina Matos habiéndose demostrado ser incapaz para re-cibir impresiones exactas de los hechos sobre los cuales ha-bía de declarar: segundo, haber permitido que Eustaquio Camacho declarase lo que le manifestó Alejandra Rivera: y tercero, haber instruido al jurado que en los casos de ata-que para cometer violación la ley no requiere que sea corro-borado el testimonio de la mujer agraviada.

No se nos ha presentado en esta apelación una exposi-ción del caso con la prueba presentada en el juicio pero en un pliego de excepciones aprobado por la corte inferior en-contramos con respecto al primer motivo de error que ocu-rrió lo siguiente:

■'‘Fidelina Matos, esta testigo a preguntas del fiscal, declara: que se llama Fidelina Matos; que tiene ocho años de edad; no sabe leer ni escribir; qne no va todavía a la escuela, sino que la van a po-ner; que no sabe lo que quiere decir verdad; que no sabe lo que le pasa al que no dice verdad, ni al que no dice mentira; que decir la verdad es bueno y decir la mentira es malo. El ñscal entonces solicitó de la testigo que dijera lo que sabía en el presente caso. Y' el abogado defensor se opuso porque la testigo es una niña, que no pasa de ocho años, que no sabe lo que es decir verdad, ni mentira, ni lo que es un juramento. El fiscal sigue interrogando a la tes-tigo y declara; que no sabe lo que es un juramento, ni lo que quiere decir declarar una cosa bajo juramento.
“A preguntas del juez declara: que no va a la escuela y su mamá la va a poner ahora; que cuando vino aquí primero, le hi-cieron levantar la mano y jurar. A preguntas del juez para qué levantó la mano, si lo sabía, contestó que no había levantado la mano. Y sigue diciendo: que viene a declarar hoy aquí lo que le hicieron; que va a decir en relación con esto la verdad; que si le ocurre un hecho lo contaría, diciendo lo que le hicieron, y que esto es decir verdad; que su mamá no la ha castigado por decir verdad; que nunca ha dicho a su madre una mentira; que su mamá, con res-pecto a los que dicen mentira, le dice que no diga mentira; que no sabe lo que le pasa a los que dicen mentira, pero que viene aquí a declarar lo que le ocurrió.
“La corte permitió entonces que la testigo declarara, y el abo-gado defensor tomó excepción. La testigo continuó declarando a preguntas del fiscal.”

Ya ha declarado este tribunal en el caso de El Pueblo v. Rivera, 12 D.P.R. 416, que puesto que el Código de" Enjui-ciamiento Criminal nada dice con respecto a las personas capaces de ser testigos en los juicios es aplicable la Ley de Evidencia, la que en su artículo 39 declara que no podrán ser testigos los niños menores de 10 años que parecieren in-capaces de recibir impresiones exactas de los hechos respecto de los cuales fueren examinados, nj relatarlos con exactitud.

Por consiguiente, la norma de acuerdo con nuestra ley para decidir si un niño menor de 10 años puede ser testigo ha de ser que sus contestaciones demuestren que es capaz de recibir dichas impresiones y de relatarlas, decisión que queda al buen criterio de la corte donde el juicio se celebra, y así lo declaró el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Wheeler v. United States, 159 U. S. 523, 16 Sup. 93, (40 L. Ed. 244), donde se dice: “La decisión de esta cues-tión descansa primariamente en el juez que preside el juicio, quien ve al testigo propuesto, observa sus maneras, su apa-rente inteligencia o falta de ella y puede recurrir a cualquier examen que tienda a descubrir su inteligencia y capacidad así como sobre su comprensión acerca de las obligaciones de un juramento. Y como muchas de estas cosas no pueden ser fotografiadas en los autos, la decisión del juez que preside el juicio no será modificada en apelación a menos que de la que se haya conservado aparezca claro que fue errónea.” En igual sentido son las decisiones de People v. Craig, 111 Cal. 469, (44 Pac. 186), y de People v. Baldwing, 117 Cal. 250, (49 Pac. 186).

Del interrogatorio hecho en este caso a la niña Fidelina Matos no resulta un claro error de la corte inferior al per-mitir que declarase.

Para decidir el segundo error alegado acudiremos también al pliego de excepciones, que dice así:

“Eustaquio Camacho. — Este testigo a preguntas del fiscal de-clara : que se llama Eustaquio Camacho y vive en la playa de Fa-jardo; que conoce a Miguel Párquez, así como también a la niña Alejandrina Rivera; que una noche en que se encontraba dur-miendo con su señora Paula Camacho, entre 12 y 1 de la noche, se le presentaron las niñas a que se refiere el presente caso y como eran entre las 12 y 1 de la madrugada y decían que se le había me-tido un hombre en su casa, les abrió la puerta y entonces dichas ni-ñas le dijeron.
“La defensa se opone a que el testigo manifieste lo que le dije-ron, porque no son palabras proferidas por la perjudicada en el mismo momento en que se cometió el delito, si acaso se cometió, cosa que no se había probado todavía.
“El fiscal continuó interrogando: que es vecino de la familia de dichas niñas, a una distancia como desde donde está sentado el acu-sado a la silla donde se encuentra el testigo; que se despertó cuando fué llamado por las niñas; que las niñas estaban llorando, les abrió la puerta y le- manifestaron.
'‘La defensa se opone otra vez a que el testig’o manifieste lo que le dijeron, por no ser prueba de res gestae. Y la corte permitió al testigo declarar lo que le dijo Alejandrina Rivera y el abogado de-fensor anotó una excepción. Y siguió declarando el testigo a pre-guntas del fiscal.”

Con los particulares que se nos ha traído de las declara-ciones de ese testigo no estamos en condiciones de declarar que su testimonio no fuera admisible por ser de referencia pues en el caso de El Pueblo v. Ruiz, 18 D. P. R. 606, hemos declarado que las manifestaciones de la mujer agraviada hechas inmediatamente o poco después de inferida la ofensa es prueba buena como parte del res gestae en corroboración de la evidencia de la ofendida, aplicable con igual fuerza en caso de ataque con intención de cometer violación. Puede verse también los casos de El Pueblo v. Anglada 20 D. P. R. 12 y el de El Pueblo v. Calventi que resolvimos el 24 de junio de este año. [34 D. P. R. 390].

En cuanto al último error alegado convenimos con la corte inferior en que el artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal que requiere corroboración de la declaración de la perjudicada en los delitos de violación no la exige para el delito de ataque para cometer violación. De todos modos el apelante no puede tener motivo de queja en este caso porque la corte inferior dijo al jurado que la naturaleza del caso aconsejaba como más conveniente que haya algún elemento de prueba que de algún modo, aparte de la declaración de la perjudicada, relacione al acusado con la comisión del delito imputádole.

Por virtud de lo expuesto deben ser confirmadas la nega-tiva de nuevo juicio y la sentencia dictada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    Félix y Carmen Cortés Díaz, Teresa y Luisa Díaz Maldonado y Manuel y Elisa Díaz, demandantes y apelantes, v. Gabriel Garau Castañer y Cristóbal Díaz Maldonado, demandados y apelados.
    No. 3428.

    Visto: Febrero 19, 1925.

      Resuelto: Julio 24, 1925.

      1. Apelación y ErKor — Récord y Procedimientos que no EstAn en Récord— Autenticación y Certificación — Prueba Documental que nq es Parte de las Alegaciones. — La prueba presentada en juicio que no forma parte de las alegaciones debe ser certificada por el juez, aunque sea documental, y no por el secretario.
    2. Apelación y Error — Resolución y Disposición del Caso — Confirmación— Autos Incompletos. — Cuando por haberse elevado unos autos incompletos en apelación, el Tribunal Supremo no está en condiciones de discutir los errores levantados por el apelante, procede confirmar la resolución apelada.
    Resolución ele Enrique Lloredo,, J. (Areeibo), no aceptando terce-ría presentada en cnanto a la suspensión del procedimiento eje-cutivo hipotecario, y declarando no haber lugar a la suspensión de la subasta anunciada.

      Confirmada.

      José Toits Soto y Manuel Tous Soto, abogados de los apelantes; Fé-lix Santoni, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Aparece de la opinión y sentencia en este caso qne Gabriel Garau Castañer, estableció nn procedimiento sumario en ejecución de una hipoteca contra Cristóbal Díaz Maído-nado. Los apelantes Félix Cortés y otros aparentemente trataron de intervenir en dicho procedimiento ejecutivo su-mario. La demanda de tercería lleva el número 7398.

Gabriel Garau Castañer hizo una oposición a la demanda de tercería. El juicio tuvo lugar el día 26 de julio, 1924, y el 29 de julio, 1924, la corte resolvió que una tercería de la clase que se pretendía no procedía para paralizar el proce-dimiento ejecutivo sumario y nos inclinamos al parecer de que la corte tuvo razón. Sin embargo, no basamos nuestra decisión en este fundamento.

Tenemos ante nuestra consideración unos autos entera-mente incompletos. Las alegaciones en el procedimiento sumario de hipoteca no han sido certificadas a nosotros. No tenemos ninguna certificación, exposición del caso o pliego de excepciones que muestre la prueba oída. por la Corte de Distrito de Arecibo en el juicio. De lo más lo que podíamos tomar conocimiento era de un certificado del re-gistrador de la propiedad al cual se refiere la demanda de tercería, así como una declaratoria de herederos y una sen-tencia anterior de la Corte de Distrito de Arecibo. El Se-cretario de la Corte de Distrito de Arecibo certifica que ciertos documentos que anteceden son copia fiel de todos los documentos en el caso civil No. 7963, una tercería pre-sentada dentro del procedimiento sumario número 7398. Algunos de los documentos que anteceden son otras certifi-caciones del registro de la propiedad. Una de estas certifi-ciones no forma parte de la demanda y fué pedida y archi-vada en el año 1924 mientras que la acción fué establecida en 1919. Otro de estos certificados del registrador fue pe-dido por el abogado de Gabriel Uarau Castañer, la deman-dante original en el procedimiento ejecutivo de hipoteca, y era un documento que fué evidentemente presentado en oposición a la demanda.

La teoría del apelante evidentemente fué que ésta era toda la prueba documental y no necesitaba más que la certificación del secretario, pero hemos sostenido que la prueba presentada en el juicio que no forma parte de las alegaciones debe ser certificada por el juez aunque sea documental. Non constat que el juez haya tenido ante su consideración otra prueba. De documentos anexos a una demanda solamente el otorgamiento y autenticidad se admite. Ellos por sí no prueban necesariamente su contenido, especialmente no siendo las alegaciones de una demanda prueba en el juicio. Teniendo ante nosotros un legajo de sentencia imperfecto, sin ninguna exposición de la prueba aducida al juicio, no estamos de modo alguno en condiciones de discutir los errores levantados por el apelante.

El apelado también llama la atención a que la apelación aparentemente fué interpuesta en el procedimiento de ter-cería y no en el procedimiento ejecutivo sumario, en el cual la sentencia fué dictada. Quizás hay alguna fuerza en la sugestión de no haber derecho a apelar, pero fundamos nues-tra decisión en la falta de unos autos completos.

Debe confirmarse la resolución apelada.


text:
    Manuel González, como padre con patria potestad y a nombre de sus menores hijas nombradas Carmen Elena y Delia González, demandante y apelante, v. Porto Rico Railway Light & Power Co., demandada y apelada.
    No. 3387.

    Visto: Marzo 4, 1925.

      Resuelto: Julio 24, 1925.
    1. Evidencia — Presunciones—“Res Ipsa Loquitur” — Refutación (Bebuttal).— La doctrina de res ipsa loquitur sólo establece una presunción que e>l deman-dado tiene derecho a rebatir.
    2. Negligencia — Acciones—Derecho de Acción, Partes, Procedimientos y Ale-gaciones — Demanda—Acción Pundada en la Existencia de un Peligro Atrayente. — Una demanda por daños debido a negligencia fundada en la existencia de un peligro atrayente (attractive nuisance) debe demostrar que el demandante se funda en tal doctrina.
    3. Negligencia — Acciones—Evidencia—Actos que Exoneran de Responsabili-dad. — En una acción de daños y perjuicios, cuando, aparece que el demandado suministra protección, cercas y vallas razonablemente suficientes para impedir la entrada de niños transgresores, él tiene derecho a ser exonerado de res-ponsabilidad.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), de-clarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Campillo & Campillo, abogados del apelante; J. II. Brown, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La corte 'inferior tenía derecho a creer en vista de la prueba en este caso, que la demandada era la dueña de una “machina” de caballitos para niños; que ocurrió allí un ac-cidente y el demandante fué lesionado; que el accidente ocu-rrió después de las seis de la tarde cuando la “machina” había terminado el trabajo del día; y que al tener lugar el accidente estaba protegida por una cerca de cinco o seis pies de altura, la cual generalmente impediría la entrada de- los niños; que la única explicación de la presencia de los niños era porque ellos se subían por la cerca. No hubo prueba alguna tendente a acreditar que cualquier otro niño alguna vez se encaramara por la cerca o que a la demandada de al-gún modo se le hiciera saber que los niños subirían por la cerca. En estas circunstancias la corte estuvo justificada al absolver a la demandada.

El apelante, en un. alegato sin señalamientos de error, hace referencia a la doctrina de res ipsa loquitur. La doc-trina, sin embargo, de ser aplicable, sólo establece una pre-sunción que la demandada tiene derecho a rebatir. Así lo hizo, demostrando la altura de la cerca y las puertas de en-trada, estar cerrada la “machina,” y además por el hecho de que el accidente ocurrió debido a la intervención activa de los niños. En otras palabras, la corte inferior pudo saber cómo fué que el accidente ocurrió y que no se debió a la negligencia de la demandada.

En cuanto a la aplicación de la doctrina de un peligro atrayente, semejantes consideraciones son aplicables. La demanda por lo general debe demostrar que el deman-dante se fundó en tal doctrina. Thompson on Negligence, Supplement, sec. 7582. El construir una cerca tan alta que ningún niño podía subir por ella, o poner otras defensas al-rededor de una machina de caballitos es un deber que la ley por lo general no lo exige. El demandante no quedó comprendido dentro de ninguna excepción conocida de no-sotros. Si aparece que la demandada suministra protec-ciones, cercas y vallas que son razonablemente suficientes para impedir la entrada a los niños transgresores, ella tiene derecho a ser exonerada de responsabilidad. 20 R. C. L. 88, see. 78.

Debe confirmarse la sentencia.


author: Juez Presidente Señor del Toro, JUEZ ASOCIADO SE. EEANCO SOTO

text:
    Ramiro Castro, demandante y apelante v. Societé Anonyme des Sucreries de Saint Jean, demandada; August y Constant Goffinet, Interventores y apelados.
    No. 3635.

    Visto: Junio 10, 1925.

      Resuelto: Julio 24, 1925.
    1. Costas — Cuantía, Tasación y Partidas — Imposición del Pago de Honorarios y Fijación de la Cuantía. — De acuerdo eon la ley de costas, la corte sen-tenciadora juzgando las circunstancias concurrentes en cada caso, impone o no el pago de honorarios de abogado y fija su cuantía; interviniendo el Tribunal Supremo cuando dicha corte abusa de su discreción o comete mani-fiesto error.
    2. Costas — Cuantía, Tasación y Partidas — Imposición del Pago de Honorarios y Fijación de la Cuantía. — Las cortes, al determinar la cuantía de los honorarios de abogado, no vienen obligadas a fijar la cantidad pagada por tail concepto por la parte victoriosa, sino aquella que represente el valor ñe los servicios prestados, y no toda, sino parte de ella, si así las circunstancias del caso la exigieren.
    3. Costas — Naturaleza, Fundamentos y Extensión del Derecho — Ejercicio de Discreción. — Hay dos momentos en que la corte sentenciadora ejercita su discreción en materia de costas: cuando dieta su sentencia y cuando aprueba el memorandum. La temeridad de la parte vencida debe tomarse en cuenta en el primero y puede considerarse en el segundo.
    4. Costas — Cuantía, Tasación y Partidas — Imposición del Pago de Honorarios y Fijación de la Cuantía — Existencia de un Contrato d£ Iguala. — Exis-tiendo un contrato de iguala entre la parte victoriosa y su abogado, puede tomarse en cuenta para determinar la cuantía de los honorarios, pero sin perder la corte de vista que el valor de los servicios es la base sobre la cual debe actuar al fijarlos.
    ResoluoiÓN de Charles IS. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), aprobando memorándum de costas.

      Modificada.

      M. Tons Soto, abogado del apelante; Henry G. Molina, abogado de los interventores-apelados.
   Opinión del

Juez Presidente Señor del Toro,

con la cual está conforme el Juez Asociado Señor Hutchison.

Se apela de una resolución sobre costas y honorarios de abogado.

Ramiro Oastro entabló demanda contra la Societé Ano-nyme des Sucreries de Saint Jean. Intervinieron en el pleito Angnsto y Constancio de Goffinet y la corte finalmente dictó sentencia ordenando al demandante “pagar a los in-terventores del producto que reciba o haya recibido de las doce cuerdas de plantilla mencionadas, la suma de $669.00,” intereses y costas del pleito.

Firme la sentencia, los interventores presentaron un me-morándum de costas que comprende dos partes, una por de-sembolsos ascendente a $24.60, y otra por honorarios que se eleva a $1,000.

El demandante Castro impugnó el memorándum por va-rios motivos. Los únicos que tienen importancia y que es-tudiaremos son los que se refieren a los honorarios, a saber : porque los interventores no han pagado, ni se han obligado a pagar mil dólares, ni ninguna otra suma por con-cepto de honorarios de abogado, y porque en todo caso los honorarios son excesivos.

En la vista del incidente declararon los abogados F. Soto Gras y H. G-. Molina.

El primero se expresó así:

‘ ‘ Que ha examinado las alegaciones y las mociones y alegatos que forman el récord de este pleito, y también ha oído las declaraciones-del Sr. Moling teniendo perfecto conocimiento así de la cuestión dis-cutida como de la labor realizada por el señor Molina.
“Que en el caso se envuelve una cuestión de preferencia de cré-dito entre el arrendador de una finca rústica para cobrar el canon de arrendamiento y el refaccionista de cañas de azúcar sembradasen la misma finca para cobrar el montante de la refacción y conse-cuentemente se requería un estudio especial de la ley sobre refac-ción agrícola.
“Que la cuestión era de difícil solución, requería detenido e in-tenso estudio y no estaba al alcance de un abogado cualquiera con la preparación y la práctica como la del señor Molina.
“Que los honorarios del abogado que ha llevado un asunto no-pueden ser apreciados teniendo en cuenta únicamente el tiempo in-vertido ante el Tribunal y es preciso tomar en consideración al es-tudio en la oficina, la dificultad de la cuestión en estudiar y la cons-tancia de no ser una de las discusiones corrientes y sobre las cuales-hay algo ya decidido.
“Que teniendo en cuenta todas las circunstancias a que se ha re-ferido y que concurren en este caso cree de buena fe y sin duda al-guna que la cantidad de mil dollars cobrada como honorarios por; el señor Molina no es excesiva y constituye una compensación razo-nable por sus servicios, aunque la cantidad envuelta en el litigio sea. inferior a dicha cantidad.
“Que en un pleito envolviendo una fuerte suma de dinero puede ser muy fácil y su estudio y atención ante la corte merecer honora-rios módicos y en cambio un asunto de pequeña cuantía puede en-volver cuestiones tan obscuras y difíciles como las de este pleito de honorarios crecidos. ’ ’

Y el segundo dijo:

“Que es abogado de los interventores August y Constant de Goffinet y también de la demandada Societé Anonyme des Sucreries de Saint Jean, teniendo una misma iguala con unos y otros, pa-gándosele los honorarios convenidos por los trabajos de ambos, es-tando obligado al estudio y defensa de todos los asuntos que du-rante el año se interpongan contra la sociedad o los señores de Gof-finet; que de acuerdo con el convenio del testigo con sus referidos clientes, además de la iguala fijada por sus servicios profesionales, el testigo habría de recibir todos los honorarios concedidos a cual-quiera de dieh.os clientes en cualquier litigio ante las cortes de Puerto Rico, y dicha condición se tuvo en cuenta por el testigo al fijar la cantidad de la iguala. •*
“Que distribuyéndose las cantidades pagadas por él como iguala por la Societé Anonyme des Sucreries de Saint Jean y los 'señores Goffinet durante el período de tiempo que ha estado pendiente este pleito entre el número de aquellos asuntos a que ha atendido du-rante el mismo tiempo, corresponderá a este asunto la cantidad de cincuenta o sesenta dollars.”

El demandante Castro no presentó prueba alguna y la corte dictó la resolución a que nos referimos al principio.

Examinando nuestras decisiones encuéntrase que un gran, número de ellas trata sobre la materia de costas, especial-mente en el particular relativo a honorarios de abogado. Parece que hay una tendencia a cobrar cantidades realmente elevadas por honorarios de abogado y aunque las cortes de distrito y esta Corte Suprema han generalmente rebajado esas cantidades, se dice que no habiéndose establecido una regla fija, todo permanece en lo incierto y los litigantes com-parecen a las cortes temerosos de que la condena de costas pueda constituir para ellos un gravamen o penalidad superior a sus fuerzas.

Tal como está redactada la ley vigente en Puerto Rico, no es posible establecer otra regla que no sea la de dejar a la corte sentenciadora que, juzgando las circunstancias concurrentes en cada caso, imponga en el mismo los honorarios y fije su cuantía, interviniendo esta Corte en grado de apelación cuando la corte sentenciadora abusa de su discreción o comete manifiesto error.

Si el estatuto determinara cierta cantidad nominal para todos los casos, o cierta escala en relación con la cuantía del litigio o la naturaleza del mismo, podría obtenerse la previa certeza que parece desear el abogado de la parte apelada. Quizá sería lo mejor bajo las condiciones que se han desa-rrollado, pero no es para nosotros resolverlo, sino para la Legislatura.

Sin embargo, dentro de la ley y la jurisprudencia como existen, no vemos motivo de gran alarma si la una y la otra se aplican debidamente. En el caso de Fragoso v. Marxuach, 32 D. P. R. 690, después de analizar varias decisiones, dijo el tribunal:

“Es un hecho sobre el cual se ha llamado la atención en repeti-dos casos que en las cortes se vienen reclamando crecidas sumas de dinero por honorarios de abogado y que no existe una regla clara y precisa para determinar la cuantía.
“Si el pensamiento del legislador y la jurisprudencia de esta Corte se estudian bien y se aplican en su propio espíritu, se verá que la regla existe. Consagra la ley el derecho a percibir honora-rios. La cuantía queda a discreción de la Corte. Esa discreción es amplísima, pues la corte.no viene obligada a fijar lo que real-mente haya pagado por honorarios la parte victoriosa, sino -la can-tidad que represente el valor de los servicios, y no toda la cantidad, en casos en que así las circunstancias que concurren lo demanden, sino una parte de ella. Todo depende, pues, de que los litigantes sepan presentar su caso exponiendo a la corte las circunstancias con-currentes y que la corte con ánimo de hacer justicia pese y aqui-late dichas circunstancias y dicte en cada pleito la resolución que proceda. ’ ’

La ley prescribe:

“Sección 1.. — El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, queda enmendado en la siguiente forma:
“Sección 327. — Las partes en acciones o procedimientos, inclu-yendo El Pueblo de Puerto Rico, tendrán derecho a las costas y desembolsos, sujeto a las reglas que más adelante se prescriben.
“ ‘En todos los casos en que se hayan concedido a una parte las costas en una acción o procedimiento en la corte de distrito, dicha parte, a discreción de la corte de distrito, tendrá derecho a recibir de la parte vencida, una cantidad que represente el valor de los ser-vicios de su abogado o una parte de dicha cantidad; Disponiéndose, que nada de lo contenido en esta Sección, se entenderá que concede honorarios de abogado para ser incluidos en las costas que se im-pusieren a un demandado que no hubiere radicado su comparecen-cia en una acción o procedimiento; Y disponiéndose, ademéis, que los honorarios y costas serán concedidos a discreción del juez que tenga conocimiento de la acción o procedimiento, teniendo en cuenta también el grado de culpa de la parte, si la hubiere, contra quien se dictare sentencia.’ ” Leyes de 1917, Vol. I, página 207.

Véanse los otros artículos del Código que fijan el proce-dimiento que debe seguirse una vez que se archiva el me-morándum.

Hay dos momentos en que la corte sentenciadora ejercita su discreción, a saber: 1, cuando dicta su sentencia, y 2, cuando aprueba el memorándum: para imponer o nó las costas en el primero con o sin honorarios: para graduar su cuantía en el segundo; debiendo llamarse poderosamente la atención hacia el hecho de que la ley faculta a la corte para condenar al pago de todo el valor de los servicios del abogado de la parte victoriosa o de una parte de dicho valor, de acuerdo, como es natural, con las circunstancias que en cada caso concurran.

La temeridad de la parte vencida es una de esas circuns-tancias. Cuando la corte condena por su sentencia al pago de las costas, es porque estima que la parte vencida actuó temerariamente. La temeridad tiene varios grados. Al dic-tar su sentencia, apreciando el grado de temeridad de la parte vencida, puede la Corte condenarla al pago de las cos-tas excluyendo de ellas los honorarios de abogado o puede simplemente condenarla en costas, condena que lleva consigo la de honorarios de abogado, teniendo luego la oportunidad dicha corte de considerar de nuevo la mayor o menor teme-ridad de la parte vencida a los efectos de graduar la cuantía de los honorarios.

Otras muchas circunstancias pueden tenerse en cuenta por la corte para fijar la cuantía. Véase el caso de Bertrán v. Carrasquilla, 29 D. P. R. 559, donde se transcribe juris-prudencia sobre la materia resumida por Corpus Juris.

En el caso concreto sometido a nuestra consideración es difícil llegar a una conclusión matemática. El abogado de la parte victoriosa reconoció que tenía un contrato con sus clientes y se refirió a una pequeña suma en relación con el tiempo empleado en este litigio, pero habló además de que el contrato estipulaba que dicho abogado tenía derecho a percibir los honorarios que se concedieran a su cliente en -cualquier litigio ante las cortes'y que ello se había tenido en cuenta para fijar la iguala.

Bajo esas circunstancias no podemos estar conformes con la parte apelante con respecto a que la única suma que puede concederse en este caso como honorarios es la de cin-cuenta o sesenta dólares que el mismo abogado de los inter-ventores calculó como proporción entre el tiempo empleado en este litigio y la iguala. Si durante todo el año en que tuvo lugar este litigio los1 interventores sólo hubieran tenido un pleito, se hubieran visto obligados a pagar siempre a su abogado la suma acordada. ¿ Sería justo que se condenara a la parte vencida en este pleito a satisfacer toda dicha suma? En modo alguno.

Aunque en verdad es a la parte victoriosa y no a su abo-gado a la que se reconoce el derecho a percibir los honora-rios de abogado, la norma que da la ley para el cálculo es el “valor de los servicios” y ese valor es el que debe fijarse por la corte para ordenar que se pague íntegro o en parte, seg'ún las circunstancias que en cada caso concurran. Cuando existe un contrato de iguala entre la parte victoriosa y su abogado, puede tomarse en cuenta para determinar la cuan-tía en relación con las otras circunstancias concurrentes, pero nunca debe perderse de vista que es el valor de los servicios mismos lo que debe tenderse a fijar por la corte como base de su actuación.

Atendidas todas las circunstancias que concurren en este caso bien puede concluirse que el valor de los servicios del abogado de la parte victoriosa puede fijarse en mil dólares, pero % debe ordenarse el pago de todo el valor o de una parte del mismo ?

No resulta extraordinario el grado de temeridad de la parte vencida. Ella entabló su reclamación. Intervinieron otras personas y alegaron su mejor derecho a la suma recla-mada y la corte finalmente les reconoció ese derecho. Se trataba de una cuestión de ley nueva, difícil, sobre la cual al parecer no existía jurisprudencia y siendo ello así cabe explicar la persistencia de la parte vencida en defenderse. Además, la suma concedida por la sentencia sólo asciende a $669. ¿Cómo es posible conceder mil de honorarios? Tendría que tratarse de un caso verdaderamente extraor-dinario en que toda circunstancia militara en contra de la parte vencida. Creemos que doscientos dólares, que es más del veinte por ciento de la sentencia, es la parte del valor de los servicios que equitativamente debe ordenarse satis-facer en este caso.

En conexión con todo lo expuesto, véase la opinión de esta Corte emitida por el Juez Asociado Sr. Hutchison en el caso de López Ramírez de Arellano, et al., v. Benítez Castaño, etc., resuelto en el día d.e hoy, (pág. 592.)

La resolución apelada debe modificarse en tal sentido y, así modificada, confirmarse.

El Juez Asociado Señor 'Wolf no tomó parte en la reso-lución de este caso.

OPINIÓN DEL

JUEZ ASOCIADO SE. EEANCO SOTO

CON LA CUAL ESTÁ CONEORMB EL JUEZ ASOCIADO SR. AUDREY.

Estoy conforme con el resultado de la sentencia rebajando el montante de honorarios de abogado a la suma de $200 por ser excesiva la cantidad de $1,000 que fue concedida por el juez inferior a los apelados, toda vez que la importancia de los servicios prestados por el abogado apelado en relación con la cuantía en litigio que monta a $669 no fueron bien apreciados por el juez inferior al fijar tales honorarios.

Parece ser de gran trascendencia que fijemos, sin embargo, nuestro criterio en la cuestión relativa a costas, ya que no obstante las numerosas decisiones de este tribunal que existen rendidas desde hace años- sobre la materia, surge hoy una división en el tribunal en cuanto a la recta interpre-tación del artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil que había sido enmendado en marzo 12, 1908, y más tarde por la Ley No. 38 de abril 12, 1917 (p. 207).

Seguramente que la incertidumbre de que se habla por el abogado de los apelados sosteniendo que no existe un cri-terio fijo en las decisiones de esta Corte sobre costas, se debe sin duda en no tener en cuenta el origen o precedentes de la Ley .de Enjuiciamiento Civil española, de donde se tomó la materia prima, si podemos decirlo así, para enmen-dar el Código de Enjuiciamiento Civil vigente, tomado a su vez de la legislación de California, pero quedando enmen-dado más tarde en lo relativo a costas en la forma que más adelante se indica.

Los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente, tal como fué aprobado originalmente, dicen lo siguiente :

“Art. 327.- — La cuantía y forma de pago de los honorarios de los abogados y consultores se deja al convenio expreso o tácito de las partes; pero las partes en pleitos o procedimientos tendrán de-recho a las costas y a los desembolsos, según más adelante se dis-pone.
“Art. 339. — La parte en cuyo favor se dictare la sentencia, y que reclamare sus costas, entregará al Secretario, dentro de los cinco días después de haberse dictado dicha sentencia o de la noti-ficación de la decisión de la corte o del árbitro, un memorándum de las partidas de costas y de los desembolsos necesarios hechos en el pleito o procedimiento, cuyo memorándum se certificará con el ju-ramento de la parte, o con el de su abogado o agente, o con el del empleado de su abogado, haciendo constar que, según su leal saber y entender, las partidas son correctas, y los desembolsos se han cau-sado necesariamente en el pleito o procedimiento. La parte a la que no se pagaren las costas reclamadas, puede, dentro de tres días des-pués de la presentación y notificación del memorándum de aquéllas, presentar una moción para que se impongan dichas costas por la corte que dictó la sentencia o por el Juez de ésta en su despacho.”

Y tal como han quedado enmendados por leyes aproba-das en 1917, vol. I, p. 207, y vol. II, p. 229, dicen literal-mente :

“Section 327. — Las partes en acciones o procedimientos, inclu-yendo El Pueblo de Puerto Rico, tendrán derecho a las costas y desembolsos, sujeto a las reglas que más adelante se prescriben.
“En todos los casos en que se hayan concedido a una parte las costas en una acción o procedimiento en la corte de distrito, dicha parte, a discreción de la corte de distrito, tendrá derecho a recibir de la parte vencida, una cantidad que represente el valor de los servicios de su abogado o una parte de dicha cantidad; Disponién-dose, que nada de lo contenido en esta sección, se entenderá que concede honorarios de abogado para ser incluidos en las costas que se impusieren a un demandado que no hubiere radicado su compa-recencia en una acción o procedimiento; Y disponiéndose, además, que los honorarios y costas serán concedidos a discreción del juez que tenga conocimiento de la acción o procedimiento, teniendo en cuenta también el grado de culpa de la parte, si la hubiere, contra quien se dictare sentencia.
“Art. 339. — Las costas se reclamarán por la parte a la cual ha-yan sido concedidas, entregando al secretario de la corte ■ en que se hubiere dictado sentencia en primera instancia un memorándum de dichas costas, de los desembolsos necesariamente hechos por el recla-mante en el pleito y del montante de los honorarios de su letrado, la veracidad del cual memorándum deberá ser jurada por la parte o su abogado; y la entrega de dicho memorándum se hará dentro de los diez días siguientes al en que haya vencido el término para ape-lar de la sentencia dictada en el caso de que no se hubiere apelado; si se hubiere apelado, la entrega se hará dentro de los diez días si-guientes al en que se haya recibido en la corte sentenciadora en pri-mera instancia aviso oficial de la resolución dictada en apelación en última instancia.
“A la parte condenada al pago deberá servírsele una copia de dicho memorándum por la que lo presente, pudiendo aquélla im-pugnar todas o cualesquiera de sus partidas dentro de los diez días siguientes al en que se le haya entregado su copia. En caso de im-pugnación, la parte contraria, dentro de los cinco días siguientes al en que se le haya entregado la copia de aquélla, podrá contestarla. La corte señalará día para la vista del asunto y celebrada ésta, practicándose en el acto las pruebas pertinentes que las partes pro-pongan, dictará su resolución.
“Si se hubiesen impugnado los honorarios de un abogado por excesivos, la corte, al resolver la impugnación, si la declara con lu-gar, fijará el montante de aquellos que deben ser pagados.
“Contra las resoluciones de la corte resolviendo impugnaciones hechas a un memorándum de costas se podrá apelar por la parte o por su abogado.
“Cuando no se hubiese impugnado en tiempo un memorándum de costas, o cuando hecha la impugnación el tribunal hubiere dic-tado resolución definitiva en el asunto, y no se hubiere interpuesto recurso contra la misma o, en caso de haberse interpuesto, se dictare sentencia definitiva de acuerdo con la resolución de dicho recurso, deberá la parte condenada al pago consignar su montante en la se-cretaría de dicha corte dentro de los cinco días siguientes a la noti-ficación que por el secretario se le haga con tal fin. Si así no lo hi-ciese se librará orden de ejecución en la misma forma que para la de una sentencia; Disponiéndose, que nada de lo contenido en esta sección podrá entenderse en el sentido de permitir que los honora-rios de abogados se incluyan en las costas impuestas contra un de-mandado que no hubiere comparecido en el pleito o procedimiento.”

En el orden natural del procedimiento lo primero es la condena de costas y después viene en segundo término de-terminar su cuantía. En cuanto a la sola imposición de costas, o sea, al primer momento, ya la Ley de Partidas, ley 8% tít. 22, Partida 3% para justificar que merecen pena los que promueven pleitos maliciosamente y sin derecho, porque molestan sin razón a sns contrarios ocasionándoles costas y gastos, añade:

‘ ‘ E por ende. decimos que los que en esta manera facen deman-dad, o se defienden contra otro, non habiendo derecha razón por que lo deban facer, que non tan solamente debe el juzgador dar por vencido en un pleito, en el juicio de la demanda, al que lo ficiere, más aun lo debe condenar en las costas que fizo la otra parte por razón del pleito. Empero, si el Juez entendiere que el vencido se moviera por alguna derecha razón para demandar o defender su pleito, non ha por qué le mandar que peche las costas.”

Y esta antigua doctrina legal ña sido conservada, en otras palabras, en el último proviso del artículo 327, supra, lo que en el orden lógico debía ser lo primero por que debió empezar a tratarse la disposición sobre costas. Al dictarse sentencia es que se determina la condena de costas y enten-demos que este es el solo momento en que las mismas son con-cedidas en todo, en parte o rehusando concederlas, teniendo en cuenta el juez inferior en su discreción la temeridad o el grado de culpa o completa exención de la parte vencida. De manera que si la temeridad es manifiesta la imposición de costas es cuestión de ley, pero si se entendiese que el ven-cido se moviese, como dice la ley de Partidas, por alguna derecha razón para demandar o defender su pleito, enton-ces es que interviene la discreción del juez apreciando tales motivos para graduar la temeridad o el grado de culpa y absolver o imponer parte de las costas. Esto no puede ser más racional, pues no pudiendo ser tal discreción arbitraria, a merced del capricho de un juez, sino judicial, inspirada en las circunstancias de cada caso, la teoría de la Ley es una garantía, sobre todo si consideramos que tal discreción está sujeta a ser revisada en apelación. Pero una vez que pasa esta oportunidad y no se combate con la sentencia final el pronunciamiento de costas, la cuestión de temeridad o grado de culpa deja de tener ningún peso o valor para discutir y apreciar la cuantía de las costas en el procedimiento que para fijarlas ha prescrito la ley por separado. Y antes de seguir adelante en este pnnto y volviendo al primero, diremos que el Tribunal Supremo de España en varias sentencias esta-blece las reglas a que ha de subordinarse la materia, decla-rando que dicha ley exige para la condena de costas en la primera instancia, que son las únicas provistas por nuestra ley local, que sea maliciosa la demanda, o que el litigante' ya sea actor o demandado, carezca de razón derecha o pro-ceda con temeridad. Se declara también que el tribunal inferior es el que aprecia tales circunstancias como cuestión de hecho por el resultado de los autos y que en apelación nose puede ir contra tal apreciación a menos que exista error de derecho o de hecho, este último resultante de documentos o actos auténticos obrantes en los autos. Sentencias de 27 de febrero de 1861, 69 J. C. 279; 9 de enero de 1862, 7 J. CL 24; 4 de enero de 1866, 13 J. C. 2; 4 de octubre de 1869, 20 J. C. 374; 11 de febrero de 1874, 29 J. C. 266; 10 de marzo de 1881, 45 J. 0. 474; 15 de diciembre de 1883, 53 J. C. 409 y otras muchas.

Una vez impuestas las costas y firme la sentencia en ese [Junto, llegamos al procedimiento especial para fijar su cuan-tía. El artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil,, supra, es el que regula el procedimiento. Sobre las costas propiamente dichas y los desembolsos necesariamente hechos que deben consignarse en el memorándum que al efecto se archive por la parte reclamante apenas hay nada que decir, pues ellos están sujetos a un arancel. Por esto dicho aiv tículo 339 nada dice de lo que hará el juez inferior en ese particular. En cambio expresamente dispone que: “Si se hubieren impugnado los honorarios de un abogado por ex-cesivos, la corte, al resolver la impugnación, si-la declara con lugar, fijará el montante de aquéllos que deben ser paga-dos.” La ley prescribe además que se practicarán las prue-bas pertinentes que las partes propongan. Se puede obser-var que la legislatura siguió la norma de la Ley de Enjui-ciamiento Civil española de un procedimiento incidental in-dependiente para fijar el montante de los honorarios de abo-gado cuando son impugnados, pero se separó de ella no so-metiendo, desde luego, la tasación a pruebas taxativas, pues en aquella ley se somete la cuestión al colegio de abogados, y donde no lo hubiere a dos letrados designados por el juez, si bien es de advertir que el criterio de este último no que-daba sujeto al dictamen del colegio de abogados designado. Artículo 427 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española. De todos modos la práctica de tales pruebas no tenía más objeto .que determinar la importancia de los servicios y así tiene que ocurrir en nuestra ley enmendada, no desviándose de la antigua en ese sentido. Nada' tenía que ver entonces el elemento de temeridad, malicia o grado de culpa que ha-bía servido de fundamento para la condena en el pleito principal. La discreción del juez inferior no tiene que fundarse para nada en la temeridad o grado de culpa al fijar la cuan-tía de honorarios y negamos que su discreción sea continua en ese punto hasta llegar a su última decisión y fijar el montante. Si se adoptase tal criterio en sentido “de con-siderar de nuevo la mayor o menor temeridad de la parte vencida a los efectos de graduar la cuantía de honorarios,” podría a cada momento darse el caso que confirmada en una apelación una sentencia que dió por bien impuestas las cos-tas en razón a la temeridad de la parte vencida, o consen-tida la sentencia en dicho extremo, se suscitará nuevamente la misma cuestión ya juzgada al decidir sobre la impugna-ción al memorándum de costas. Debemos insistir, por con-siguiente, diciendo que la cuestión de si una parte ha de pa-gar las costas por haber sido declarada, su temeridad en el pleito queda decidida definitivamente por la sentencia o por la apelación en ese particular y que solamente en el memo-rándum se determina la cuantía o montante de lo que tiene que pagar dicha parte según el valor o importancia de los servicios del abogado y no fijar tal valor o importancia por el grado de temeridad que tuviera en su acción o defensa. El juez, por tanto, puede reducir los honorarios a la canti-dad que estime justa o declarar no haber lugar a la impug-nación tomando como base la importancia de los servicios prestados por los abogados. En muchas decisiones de está corte se ha declarado más de una vez de un modo implícito que la cuestión de temeridad no es cuestión que puede sus-citarse de nuevo al fijar la cuantía de los honorarios de abo-gado. En el caso de Cruz v. Valentín, 31 D. P. R. 258, fué decidido que el memorándum de costas no tiene otro objeto que determinar y fijar la cantidad que debe ser pagada, ci-tándose los casos de Veve v. Municipio de Fajardo, 18 D. P. R. 771; Busigó v. Yordán, 19 D. P. R. 627; Hermida v. Márquez, 19 D. P. R. 466; Byrón v. González, 19 D. P. R. 1035; Fajardo Sugar Co. v. Santiago, 19 D. P. R. 1151; y Laborde v. López, 29 D. P. R. 518. En el caso de Busigó, supra, se declaró que la corte inferior carece de jurisdicción para resolver en un memorándum de costas si un abogado tiene derecho o nó a cobrar honorarios por su propia defensa porque tal cuestión debe ser resuelta en la sentencia que pone fin al pleito.

No es extraño, sin embargo, que la cuantía de honora-rios haya tomado a veces extravagantes proporciones no obs-tante la pequeña cantidad en litigio, como ocurre en este caso, y aun con mayor razón pudiera suceder en casos de más impor-tancia; el mal está en el sistema y en que tal vez nos hemos desviado enteramente de la antigua práctica y nuestras de-cisiones quizá han ido un poco más lejos en cuanto a la na-turaleza de tales honorarios.

En la práctica anterior los letrados solían poner el valor del servicio al pie de su firma y luego al presentar su minuta no se incluían en ella los honorarios en globo sino en detalle, partida por partida, por su orden de fechas, y el objeto del servicio.

El fin de esto era saber si los honorarios habían sido devengados en el pleito porque las conferencias para pre-parar el pleito o sostener su defensa o las consultas evacua-das con el mismo objeto, no podían exigirse de la parte con-denada en costas sino que el abogado podía exigir el pago por esos conceptos directamente de su cliente. No se consi-deraban dichos servicios como devengados en el pleito, aun-que con él tuvieran relación. La ley vigente no define la na-turaleza o servicios de los honorarios que pueden ser exigi- ' dos a la parte contraria; las nuevas prácticas y la jurispru-dencia han interpretado, sin embargo, en sentido de no es-tablecer diferencia y esto indudablemente los han hecho más crecidos. Pero de cualquier modo, aunque las circunstan-cias que concurran las aprecia el juez inferior según las regias de una sana discreción, no hay peligro, sin embargo, de que pueda abusar o hacer un mal uso de tal discreción porque su resolución es apelable a diferencia de la antigua ley que no daba recurso alguno contra el auto del juez, cual-quiera que fuere la resolución que contenga.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Rosa de la Plaza Díaz, demandante y apelante-apelada, v. Central Bocachica, Inc., demandada y apelada-apelante. lante.
    No. 3470.

    Visto: Marzo 24, 1925.

      Resuelto: Julio 24, 1925.
    1. Sentencias — Casos Contenciosos — Conformidad de la Misma oon las Ale- . gaciones, Pruebas y Veredictos o Conclusiones — Sentencia Fundada en Hechos no Alegados o Probados. — En una acción en cobro de dinero, la condena de pago que se funda en un hecho no alegado ni probado es errónea.
    2. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Conclu-siones — Preponderancia de la Prueba. — Examinada la evidencia en el caso de autos, se resolvió: que la demandante no había probado suficientemente su caso y que la preponderancia de la prueba estaba a favor de la demandada.
    SENTENCIA de R. Díaz Gintrón, J. (Ponee), declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Revocada, declarándose sin lugar la de-manda.

      D. Sepulveda, abogado de la apelante-apelada; López de Tord & Zayas Bizarro, abogados de la apelada-apelante.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La señorita Rosa de la Plaza Díaz, tenedora de libros, demandó a la Central Bocaclúca, Inc., en cobro de pesos ale-gando que en 1920, y basta 1922 existió en la jurisdicción de Juana Díaz una comunidad de bienes nombrada Central Bo-cacbica cuyo administrador don Manuel León Parra la con-trató el primero de septiembre de 1920 para la contabilidad de dicba hacienda mediante el sueldo de $150 mensuales de los cuales podía disponer de $100 cada mes y a fin de cada año de los $50 restantes de cada mes, así como que también se le ofreció una bonificación de $600 si babía beneficios: que al mes siguiente se formó la corporación demandada Central Bocachica, Inc., siendo su presidente-administrador el mismo Sr. León Parra quien la puso a hacer trabajos adicionales de contabilidad y en horas extraordinarias para la Central Bo-cachica, Inc., desde octubre de 1920 hasta el 14 de septiem-bre de 1922: que en enero de 1923 los condueños de la hacienda Bocachica vendieron sus fincas a la Central Boca-chica, Inc., siendo entonces y ahora los vendedores los que poseen casi todas las acciones de la central demandada: que de su sueldo se le deben $1,105 más $600 porque hubo bene-ficios en 1920 a 1921 y $1,250 por sus servicios extras, ha-ciendo todo un total de $2,955 cuyo pago reclama.

Se opuso la demandada a esa reclamación y la corte dictó sentencia condenando a la demandada a pagar a la deman-dante una de esas partidas, la de $1,105 por los $50 mensua-les no cobrados cada mes y la absolvió de las otras dos re-clamaciones, contra cuyo fallo ambas partes han interpuesto apelación en cuanto les perjudica y han tramitado sus recur-sos conjuntamente.

Alega la demandada en apoyo .de su recurso que la corte inferior cometió error al condenarla al pago fundada en que “la comunidad de bienes Hacienda Bocachica se refundió en la corporación Central Bocachica, Inc., haciéndose cargo del activo y pasivo de la primera y de todas las responsabilida-des de dicha comunidad de bienes Hacienda Bocachica:” y expone que la corte declaró probado un hecho que no fué alegado ni probado, por haber olvidado que la alegación que en ese sentido tenía el lieclio séptimo de la demanda fné enmendada antes del juicio.

Así ocurrió, pnes el hecho séptimo de la demanda que dice lo que la corte declaró prohado fué enmendado antes de ■practicarse las pruebas por otra alegación en la que no se dice que la comunidad de bienes de la Hacienda Bocachica se refundió en la corporación Central Bocachica, Inc., ni que ésta se hiciera cargo del activo y del pasivo de la comuni-dad de bienes dicha, sino que, como hemos dicho al princi-pio, los condueños de la hacienda vendieron sus fincas a la corporación y poseen casi todas las acciones de la misma, por lo que la corte inferior erró al fundar su condena en que la corporación se había hecho cargo de satisfacer el pa-sivo de la comunidad de bienes.

A pesar de lo expuesto, la demandante alega que como •casi todas las acciones de la Central son poseídas por los ■que fueron los dueños de la comunidad de bienes, existe en-tre ambos una refundición o consolidación por lo que la central debe responder de las obligaciones de la comunidad de bienes, a lo que opone la demandada que no sería justo que •accionistas de la central que no eran dueños en la comuni-dad de bienes paguen las deudas de ésta.

Podemos dejar a mi lado esa cuestión porque con el exa-men que hemos hecho de la evidencia llegamos a la conclu-sión que no es suficiente para poder declarar que la deman-dante ganaba más de $100 mensuales.

En efecto, las únicas personas que declararon que el sueldo de la demandante era de $150 mensuales de los cuales cobra-ría $100 cada mes y los restantes $50 mensuales al término de cada año fueron .la propia interesada y su testigo don Manuel León Parra, persona que según la evidencia tiene re-sentimientos contra las que dirigen actualmente los nego-cios de la corporación; habiendo declarado en contrario tes-tigos de la demandada en cuanto a los $50 cobrables a fin de cada año, y sobre todo porque ese crédito reclamado por la demandante no aparece en los libros que ella misma lie-vaba -ni figuró en estados de acreedores que con juramento tuvo que presentar el Sr. León Parra en la Corte Federal, estados que hizo la demandante, por lo que en vista de esas pruebas opinamos que la demandante no probó suficiente-mente su caso y que la preponderancia clara de la evidencia está a favor de la demandada; conclusión que es aún más fuerte en cuanto a las otras dos reclamaciones que negó la corte inferior, especialmente en cuanto a que en el año 1920-21 hubo beneficios, conclusión que ella sostiene por creer que fué mal hecho en los libros uu asiento que fué ordenado por los contadores públicos Goodrich & Co.

En vista de las anteriores conclusiones y resolviendo am-bas apelaciones debemos revocar la sentencia apelada y dictar otra declarando sin lugar la demanda, sin especial condena de costas.


author: El Juez Asociado Señor. HutchisoN,

text:
    Ramón López Ramírez de Arellano, Bruno y Vázquez, R. Lloveras Soler, The Porto Rico Theatrical Corporation, Francisco Rodríguez, García & Rahola, Pedro Gelabert, Compañía General de Cines y Espectáculos, Ramón Tembleg, Crosas & Co., Juan Sierra, Vallecillo Hermanos y Miguel Portell, peticionarios y apelantes, v. Regalado Benítez Castaño, en su carácter de Comisionado Municipal de Hacienda de la Ciudad de San Juan, P. R., demandado y apelado.
    No. 3494.

    Visto: Mayo 6, 1925.

      Resuelto: Julio 24, 1925.
    1. Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Oorte Inferior — Costas y Honorarios de Abosados. — Si bien las cuestiones relativas a que la corte inferior abusó do su discreción al conceder honorarios de abogado y aí iinpo- * ner el pago de' ellos sin existir temeridad se levantan demasiado tarde cuando se suscitan por vez primera en apelación contra resolución aprobando un memorandum; sin embargo, en apelación contra dieha resolución cabe discutir el grado de dieha temeridad a- los efectos de fijar la cuantía de los honorarios, pués la discreción de la corte es continua. (Castro v. Sodeté Anonyme des Suorei'ies de St. Jean, 34: 575, seguido.)
    2. Apelación y Error — Señalamientos de Error — Cuestiones Levantadas en Ellos — Investigación por el Supremo. — Corresponde a los apelantes esta-Mecer ante el Tribunal Supremo la solidez de las proposiciones sometidas como razones para una pretendida revocación; al Tribunal Supremo no in-cumbe investigar cuestiones levantadas en los señalamientos de error y que se alegan sostenidas por principios que se encuentran en digestos, enciclope-dias, etc., cuando nada indique que se han examinado los casos donde el principio así sugerido fué formulado.
    3. Costas — Cuantía, Tasación y Partidas — Honorarios de Abogado y Fijación de la Cuantía — Pago Previo Como Condición Precedent® a su Concesión.— La ley no exige, como condición precedente a la concesión de honorarios do abogado, que se demuestre que una parte ha pagado o es responsable de tales honorarios.
    4. Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Corte Inferior — Honora-rios de Abogado. — Considerada la cantidad concedida por la corte inferior como honorarios — $800—, se resolvió: que si bien era un cálculo razonable del valor de los servicios, sin embargo, dentro de las circunstancias concu-rrentes del caso, debía reducirse en $300, y el remanente adjudicarse por ser justo y razonable.
    ORDEN ele Charles F. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), apro-bando memorándum de costas.

      Modificada.

      .Guerra-Mondragón <& Soldevila, abogados de los apelantes; B. Mar-tines Nadal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Apelan los peticionarios de nna orden aprobando nn me-morándum de costas, después de celebrada nna vista impug-nando dicbo memorándum, y alegan que:

“1. La Corte de Distrito erró y cometió abuso de discreción al conceder honorarios de abogado en este caso, donde las cuestiones planteadas eran nuevas y se resolvían por vez primera.
“2. La Corte de Distrito erró y cometió abuso de discreción al imponer el pago de honorarios de abogado en contra de los apelan-tes sin éstos ser culpables de temeridad por la interposición de la acción.
“3. La Corte de Distrito erró al aprobar una partida de hono-rarios de abogado no obstante el hecho admitido de no haberse pa-gado ni tenerse que pagar compensación alguna por la parte de-mandada a su letrado.
“4. La Corte de Distrito erró, aun cuando hubiera derecho a la concesión de honorarios de abogado, al señalar la cantidad de $800 en tal concepto, por ser excesiva, irrazonable y crecida la mencio-nada suma. ’ ’

La sentencia que sirvió de fundamento al memorándum fué confirmada por este Tribunal en junio 25, 1924, López Ramírez v. Benítes Castaño, (33 D.P.R.).

Las cuestiones sugeridas en los tres primeros señalamien-tos de error se formulan, por tanto, demasiado tarde cuando se suscitan por primera vez en apelación contra una orden aprobando un memorándum de costas.

La doctrina basta abora establecida en este sentido, sin embargo, excluye solamente la cuestión que realmente se re-suelve por la sentencia, o sea, si deben concederse o nó las costas, con o sin honorarios de abogado. Esto no quiere decir que la corte al resolver esta cuestión ba agotado la discreción así ejercitada. (Castro v. Societé Anonyme des Sucreries de Saint Jean, de julio 24, 1925, pág. 575.)

Mencionamos esto, de paso, porque los apelantes al dis-cutir el cuarto señalamiento se fundan en cierto sentido en el mismo razonamiento antes aducido en apoyo de las pro-posiciones contenidas en los anteriores señalamientos. Y toda vez que la discreción ejercitada al conceder las costas al tiempo de dictarse sentencia es una discreción continua, el procedimiento adoptado por los apelantes no sólo es per-misible sino también lógico, compatible y, con sujeción a las limitaciones que más adelante se indican, es correcto.

El tercer señalamiento podría resolverse por otros fun-damentos, sin decidir sobre sus méritos intrínsecos en lo que concierne a la concesión de por lo menos de una cantidad nominal por honorarios.

Los apelantes» citan en relación con esto el tomo 15 de Corpus Juris, págs. 179 y 117, secciones 434 y 254. Los abo-gados de los apelantes se limitan a citar de la parte principal de la referida autoridad, y dentro de las circunstancias no tenemos que dedicarnos a iniciativa propia en determinar si los casos relacionados en las notas finales a la sección 434 envuelven o nó honorarios de abogado, o si los casos canadienses en los cuales parece fundarse la sección 254, fueron o nó resueltos con arreglo a un estatuto semejante al nuestro.

Como basta ahora frecuentemente se ha indicado es el deber de los apelantes establecer la solidez de las proposi-ciones sometidas como razones para una pretendida revoca-ción y esta corte no dispone de tiempo alguno, ni le incumbe investigar cuestiones que son'más o menos dudosas, levan-tadas en los señalamientos de error, y que se alega están sostenidas por principios abstractos que se encuentran en cierto digesto, enciclopedia o compilación, pero sin que nada indique que los abogados han examinado los casos donde la regia así sugerida fué formulada.

El texto de nuestros estatutos (Art. 327 del Cód. de Enj. Civil) parece ser perfectamente claro y suficientemente comprensivo. Dice así (bastardilla nuestra):

“En todos los casos en que se hayan concedido a una parte las costas en una acción o procedimiento en la corte de distrito, dicha parte, a discreción de la corte de- distrito, tendrá derecho a recibir de la parte vencida, una cantidad que represente el valor de los servicios de su abogado o una parte de dicha cantidad; . . . .”

Por medio de un disponiéndose la legislatura procede en-tonces a excluir de la clase de casos así expecificados aquellos en los cuales el demandado “no hubiere radicado su compa-recencia,” pero no se hace ninguna mención de los casos en donde no se demuestra que cualquiera de las partes ha pa-gado, o es responsable de tales honorarios de abogado.

Pero aun cuando una verdadera cuenta y una responsa-bilidad existente fuera una condición precedente a la conce-sión de honorarios de abogado, sin embargo, en el caso pre-sente los servicios prestados no eran gratuitos. La acción se siguió contra el demandado en su carácter oficial de comi-sionado municipal de hacienda. Entre los deberes impues-tos al abogado del municipio estaba el de defender a los fun-cionarios municipales cuando así fueran demandados y por este y otros servicios profesionales recibía nn sueldo do $2,400 por año. Además, como aparece suficientemente de la opinión en el caso de López Ramírez de Arellano v. Benitez Castaño, Comisionado Municipal de Hacienda, supra, el municipio era la parte realmente interesada y para todos los fines prácticos el verdadero demandado. Cualesquiera honorarios de abogado que correspondieran al supuesto de-mandado en concepto de costas, es de presumirse que no quedarían en su poder, y su último destino es una cuestión en la cual el apelante no necesita tener ningún interés.

Nos inclinamos a convenir con el apelante en que la cantidad concedida por la corte inferior és algo más de lo que podría estimarse como una suma justa y razonable, teniendo todo en cuenta, especialmente debido a las circunstancias indicadas en los señalamientos primero y segundo.

Sin embargo, se admitió en la vista en la corte inferior que las rentas envueltas ascenderían a unos $8,000 ó $10,000, y el razonamiento para sostener el primero y segundo seña-lamientos tiende a la conclusión de que las cuestiones lega-les no eran menos nuevas, complicadas y difíciles desde el punto de vista del municipio que del sustentado por los pe-ticionarios. Sin duda que la partida de $1,000 reclamada por el demandado y rebajada a $800 por la corte inferior, era un cálculo muy razonable del valor de los servicios pres-tados por el abogado del demandado. .

Dentro de las circunstancias estamos persuadidos de que otra rebaja de $300 y una adjudicación de la cantidad res-tante estaría más en armonía con el tipo doble y método elástico de medida prescrito por la ley con el fin de cumplir los requisitos de la justicia sustancial de conformidad con las circunstancias de cada caso en particular. ;

Debe modificarse la orden apelada de conformidad con estos principios, y así modificada, confirmarse.

Los Jueces Asociados Señores Aldrey y Fraileo Soto, disintieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Miguel F. Chiqués Martí, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 615.

    Sometido: Abril 28, 1925.

      Resuelto: Julio 24, 1925.
    1. Gravámenes — Gravámenes Existentes en el Registro — Cancelación—Parte Interesada para Solicitarla. — El vendedor que, a virtud de un contrato de compraventa, se obliga a cancelar ciertos gravámenes existentes sobre la finca vendida, si bien no es parte dentro del significado de los artículos 388 (a) y 388 (6) de la Ley Hipotecaria (Leyes de 1923, p. 37) es al menos el representante de la otra para solicitar la cancelación de dichos gravámenes.
    2. Contratos — Interpretación y Operación (Operation) — Reglas Generales de Interpretación — Naturaleza del Contrato. — La naturaleza de un contrato debe determinarse por su sentido general y efecto obtenido de acuerdo con. sus términos y cláusulas más que por el nombre que se dé a dicho documento.
    3. Gravámenes — Gravámenes Existentes en el Registro — Cancelación—Cen-sos — Ley que Rige, — Una llamada hipoteca — en garantía de una capellanía— que tiene todas las características de un censo! a diferencia de una hipoteca, es un gravamen cuya cancelación se rige por la Ley No. 12 de 1924 (p. 109) y no por el último párrafo del artículo 388 (6) de la Ley Hipotecaria.
    Nota de L. Marqués, R. (Caguas), denegando solicitud interesando cancelación de gravámenes existentes.

      Revocada en parte y en parte confirmada.

    El recurrente y el recurrido comparecieron por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En un escrito debidamente firmado ante notario el Sr. Miguel Chiques manifestó que era el dueño de un condomi-nio ascendente a ocho novenas partes indivisas de cierta finca rústica, describiéndola, y que las inscripciones primera y segunda, hechas en el régistro de la propiedad en relación con dicha finca, acreditaban que la misma estaba sujeta a determinados gravámenes cuya cancelación se solicitaba de acuerdo con los artículos 388 (A) párrafo (c) y 388 (B), pá-rrafo final.

El registrador se negó a cumplir con la petición que de tal modo se le hizo:

“porque el solicitante Don Miguel F. Chiqués Martí no es parte según el Registro ni representante de parte por bailarse la finca inscrita a favor de don Celestino Pérez y Fernández en cuanto a ocho y media novenas partes indivisas, y a favor de don Migue! Chi-qués Carrión en cuanto a la restante media novena parte, según exige la ley número doce aprobada en 29 de Agosto de 1923, y ade-más en cuanto a la cancelación de la hipoteca en garantía de una capellanía, por ser éste uno de los gravámenes comprendidos en la Ley No. 12 aprobada en 25 de Junio de 1924.”

El registrador admite que Chiqués era el dueño del condominio en cuestión en la fecha en que el documento arriba citado en primer término fué firmado, pero parece que antes de ser presentado en el registro se había otorgado e inscrito un contrato de compraventa de Chiqués a favor de Pérez.

Consta también que el documento citado en último tér-' mino contenía la cláusula siguiente:

“Segunda: Del valor total de los tres cuerpos de bienes relacio-nados, que monta a la cantidad de treinta y tres mil novecientos un dollars, los enajenantes confiesan haber cobrado hoy, a entera satis-facción, de mallos del adquirente don Celestino Pérez Fernández la cantidad de treinta y dos mil novecientos un dollars, quedando los restantes un mil dollars en poder del predicho comprador y a título de depósito voluntario por parte de los vendedores esposos Chiqués Torres para garantizar la obligación que prometen cumplir solem-nemente, de cancelar totalmente en el Registro de la Propiedad de este Distrito la mención de fianza hipotecaria constituida por don Pascual Borras a favor del Ayuntamiento de Caguas, para responder del manejo de fondos del depositario don Manuel Capetillo, y de la hipoteca otorgada por el mismo señor Borras por cantidad de mil pesos macuquinos que reconoció como capellanía de Nuestra Se-ñora de la Candelaria, quedando obligado don Celestino Pérez Fer-nández a restituir a don Miguel F. Chiqués a o sus legítimos suce-sores esos mil dollars materia del depósito de que antes se habla, tan pronto como se compruebe legalmente la cancelación de los re-feridos gravámenes.”

Los artículos 388 (A) y 388 (B) de la Ley Hipotecaria, siendo éstos los 1 y 2 de la ley aprobada en agosto 29 de 1923, Leyes de ese año, Sesión Especial, página 36, en tanto son pertinentes a la cuestión qne aquí se levanta, prescri-ben lo siguiente:

‘ ‘ Sección 1. — Los registradores de' la propiedad a instancia es-crita de parte o de su representante, autenticada ante notario, pro-cederán a cancelar en el respectivo registro:
“(a) Las menciones de hipotecas, de censos y de otros derechos para el pago de dinero o precio aplacado de la compraventa de in-muebles, ya consten en los antiguos y modernos libros del registro si hubieren transcurrido más de veinte (20) años desde que se ve-rificó la respectiva mención, cuando la parte interesada no solici-tare la inscripción del derecho mencionado dentro del plazo de un año siguiente al día en que empiece a regir esta Ley, o promoviere, dentro de ese período, demanda en reclamación de su derecho, ano-tándola en el registro.
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“(o) Las inscripciones de fianzas hipotecarias para garantizar el ejercicio de cargos públicos verificadas a favor del Estado, municipio instituciones o funcionarios del gobierno que tuvieren más de veinte (20) años de constituidas, a no ser que, por autoridad competente, se comunicare al registrador en el término de seis (6) meses desde que comenzare a regir esta Ley, que el funcionario a cuyo favor se prestó la fianza está en el ejercicio del mismo o existen reclamacio-nes pendientes por razón de dicho ejercicio.
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“Sección 2. — Cualquier persona natural o jurídica, que sea dueña de bienes inmuebles sobre los cuales pesen gravámenes hipotecarios-que tengan veinte (20) años de vencidos o de constituidos, si no tu-vieren vencimiento, podrá presentar a la corte de distrito en que radiquen los bienes o la mayor parte de ellos, una petición solici-tando la cancelación de dichas hipotecas, y el juez de dicha corte or-denará la citación del acreedor para que comparezca ante la misma dentro del término de diez (10) días, si la citación se hace en el distrito, de veinte (20) días si se hace fuera del distrito, pero den-tro de la Isla, y cuarenta (40) días -si se hace fuera de la Isla, a que exponga las razones por las cuales dichas hipotecas no deben ser canceladas.
“Transcurrido un año desde la vigencia de esta Ley, los regis-tradores, a instancia de las personas interesadas ya indicadas, pro-cederán a la cancelación de las hipotecas referidas en esta sección, sin necesidad de notificación alguna, si no se hubiere acreditado en el registro la interposición de la demanda en cobro de la misma o la de subsistencia de tales gravámenes.”

Un año después, Leyes de 1924, página 108, párrafo (a), el artículo 1, supra, fué enmendado en la forma indicada en el siguiente extracto:

. . . Las menciones de censo no se cancelarán de los antiguos <t> modernos libros del registro cuando la parte interesada solicite la traslación del asiento o mención del derecho mencionado a los mo-dernos libros del registro dentro del plazo de dos años a contar desde el día en que empiece a regir esta Ley o promueva dentro de ese período, demanda en reclamación de su derecho, anotándola en el registro; Disponiéndose, además, que ....

El artículo 6 de la Ley Hipotecaria, como fué enmendado en las Leyes de 1923, página 213, dispone que:

“La inscripción de los títulos en el registro podrá pedirse indis-tintamente :
■“Por el que trasmita el derecho;
■“Por el que lo adquiera;
“Por quien tenga interés en asegurar el derecho que se deba ins-cribir ;
“Por quien tenga la representación legítima de cualquiera de ellos o por cualquier mandatario verbal de aquellas personas.”

Comentando sobre el mismo artículo de la Ley Hipoteca-ria, Morell, en la página 10 del volumen 2 de sus Comenta-rios, se expresa así:

“El artículo 6 es aplicable, lo mismo a las inscripciones, que a las anotaciones, cancelaciones y notas. Todos estos asientos pueden pedirse indistintamente por las personas enumeradas en dicho ar-tículo. ’ ’

Interpretando los artículos 388 (a) y 388 (b) a la luz del artículo 6 como ha sido interpretado por Morell, y teniendo muy en cuenta el fin general, espíritu y tendencia de la re-ciente legislación en los particulares arriba indicados, esta-mos obligados a convenir con el apelante en que el vendedor en este caso si no es parte dentro del significado de los pre-ceptos estatutorios arriba citados era al menos el represen-tante de una parte por virtud de una estipulación expresa contenida en la escritura de compraventa.

Eesulta, pues, que el registrador incurrió en error al ne-garse a cancelar la mención de un gravamen en garantía de la obligación de una fianza oficial.

Pero no podemos convenir con la segunda proposición sometida por el recurrente, o sea, que era igualmente erróneo:

Estimar que la inscripción de hipoteca a favor de la Parroquia de Caguas, es un gravamen cuya cancelación se regula por la Ley No. 12 aprobada en junio 25 de 1924, y no por el último párrafo del artículo 388 (6) de la Ley Hipotecaria.”

Sin entrar en detalles bastará con decir que la llamada hipoteca a la cual se hace* referencia en la última parte de la calificación que abora se impugna, tiene todas las carac-terísticas de un censo a diferencia de una hipoteca y que la naturaleza del contrato debe ser determinada por su sentido general y efecto obtenido de acuerdo con sus términos y cláusulas más que por el nombre que se dé al documento por el notario que lo redactó o el registrador que lo inscribió.

El registrador, por tanto, no incurrió en error al califi-car el gravamen como un censo. Manresa, tomo XI, edi-ción de 1911, página 34.

También nos inclinamos a convenir con el registrador en que no fué el objeto de la legislatura dar a las meras men-ciones hechas, ya en los antiguos o en los modernos libros del registro, un privilegio mayor o una categoría superior que la conferida a las amplias, completas y más formales anotaciones envueltas en la inscripción de derechos de pro-piedad de una clase idéntica a las referidas en tales men-ciones.

La nota recurrida en tanto se trata de la capacidad del recurrente como parte o representante de tal parte, con de-recho a exigir el remedio por él solicitado, debe ser revo-cada, y en cuanto a la negativa a cancelar en el registro el gravamen calificado por él registrador como un censo, con-firmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Jacobina García Esclavón, demandante y apelante, v. Dionisia Elisa Arabia de Goyco, demandada y apelada.
    No. 3696.

    Visto: Julio 6, 1925.

      Resuelto: Julio 24, 1925.
    1. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Apelación Frí-vola. — Cuando una corte, al dictar sentencia, fija la cuantía de los intereses siguiendo las palabras de la escritura en que se estipularon, cualquier dis-cusión en apelación sobre diclios intereses es frívola.
    2. Apelación y Error — Revisión—Su Alcance y Extensión en General — Ape-lación Contra Toda la Sentencia — Cuestiones Incidentales. — Con arreglo al artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, el1 apelante puede apelar contra toda la sentencia y levantar cualesquiera cuestiones incidentales.
    Mooión sobre desestimación de apelación presentada por la apelada.

      Sin lugar.

      Leopoldo Tormos García, abogado del apelante; B. Arjona Siaca, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El objeto de la acción en este caso era que una venta con pacto de retro debe ser considerada como una hipoteca; La demanda también contiene la súplica de que se condene 'a demandada en costas y al pago de honorarios de abo-gado. La demandada-apelada consintió en que se registrara una sentencia pero se opuso a la imposición de las costas y honorarios de abogado. La cuestión fué sometida a la Corte de Distrito de Ponce, que dictó sentencia a favor de la de-mandante con costas pero sin honorarios de abogado. La demandante apeló. La apelada solicita ahora la desestima-ción del recurso por el fundamento de que la apelación es frívola.

La corte, al dictar sentencia, fijó la cuantía de los inte-reses, según entendemos, siguiendo las palabras de la escri-tura, y por tanto nos inclinamos a convenir con la apelada en que cualquier discusión sobre los intereses es frívola toda vez que la demandante obtuvo exactamente lo que solicitaba en la demanda.

No podemos, sin embargo, convenir con la apelada en que la apelación es frívola en lo que respecta a la omi-sión en conceder honorarios de abogado. Aunque existe una razonable probabilidad de que la corte actuó sabiamente ai negarse a conceder los honorarios, ésta era la cuestión principal sometida a la corte sentenciadora y que fué resuelta en contra de las contenciones de la demandante y apelante.

Aunque hay cierta jurisprudencia al efecto de que una apelación debe dirigirse a la parte específica de la sentencia apelada, sin embargo, nuestro estatuto no se presta necesa-riamente a tal interpretación. El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe lo siguiente:

“Art. 296. — Una apelación se interpone entregando al secretario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o providen-cia apelada, un escrito manifestando que se apela de ella, o de de-terminada parte de la misma, y presentando idéntica manifestación a la parte contraria o a su abogado.”

Con arreglo a este texto nos sentimos obligados a decla-rar que la apelante puede apelar contra toda la sentencia y levantar cualesquier cuestiones incidentales. No encontra-mos nada en nuestras decisiones o en las de California en sentido contrario. *

La moción de desestimación debe ser declarada sin lugar.


text:
    Julio, María, Diego, Luis-Felipe, Emilio, Mercedes y Miguel Ortiz Sandoval, herederos y sucesores de Don Julián Ortiz y Sainz, demandantes y apelantes, v. Modesto Ortiz Martínez y Germán Ortiz Pastrana, como liquidadores de la Sociedad J. Ortiz & Co., demandados y apelados.
    No. 3592.

    Visto: Mayo 8, 1925.

      Resuelto: Julio 24, 1925.
    Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa— Causa de Error, Citación o Notificación — Escrito de Apelación — Palta de Notificación a un Oo-demandado. — Sostenida una excepción previa de falta de causa de acción contra un eo-demandado y sin lugar en cuanto al otro, y desestimada posteriormente 'la demanda por haber insistido éste en su excepción mencionada, la falta de notificación del escrito de apelación al • primero priva al Tribunal Supremo de jurisdicción para conocer de dicha apelación y debe ser ésta desestimada.
    Moción sobre desestimación de apelación.

      Con lugar.

      L. Abella Blanco, abogado de los apelantes; Francisco Soto Gras e Ignacio Hernández, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión, del tribunal.

Una moción para desestimar una apelación, oída conjun-tamente con el caso sobre sus méritos, debe prevalecer. El demandante estableció demanda contra Modesto Martínez y Germán Ortiz Pastrana como liquidadores de la mercantil de J. Ortiz y Compañía. La demanda alegaba que la disolu-ción de dicha firma tuvo lugar el día 20 de marzo de 1910, siendo ambos demandados miembros de la referida mercan-til. Los demandantes son los herederos del socio principal de dicha firma, Julián Ortiz y Sainz. La demanda también alegaba que los demandados en el año 1911, ocultando la disolución anterior, indujeron a la viuda en su nombre propio y en el de sus menores hijos, a entrar en una nueva disolu-ción^ liquidación. La teoría era que de la anterior disolu-ción y liquidación los demandantes hubieran adquirido más. Los demandados excepcionaron la demanda.

La Corte de Distrito de San Juan declaró sin lugar la ex-cepción previa en cuanto a Modesto Ortiz Martínez y la sos-tuvo en cuanto a Germán Ortiz Pastrana, en efecto porque la responsabilidad de este último no constaba de las manifes-taciones vagas contenidas en la demanda. El demandado Modesto Ortiz Martínez contestó entonces. El caso fué ce-lebrado en enero 11, 1925. El demandado Modesto Ortiz Martínez, representado por un nuevo abogado, insistió otra vez, como era su derecho, en que la demanda no determinaba una causa de acción. La corte, muy acertadamente, si es-tuvo convencida de que su anterior decisión era errónea, sostuvo el criterio del demandado. En enero 13, 1925, la ' corte dictó sentencia declarando sin lugar la demanda.

La moción para desestimar la apelación interpuesta contra la sentencia se funda en el hecho de que dicha apelación nunca fue notificada al demandado Germán Ortiz. En la vista los apelantes no alegaron sériamente que Germán Ortiz no era una parte contraria que sería afectada por la re-vocación de la sentencia. En verdad que la sentencia de. enero 13 era tan apelable en cuanto a Germán como lo era respecto a Modesto, quien solamente fué notificado de la apelación. La sentencia y no la excepción previa exoneró a Germán.

Los apelantes sostuvieron que existía un completo aban-dono de la acción en cuanto a Germán y que aunque no lo hubiera, ellos renunciaron en esta corte toda intención de proceder contra él.

La posibilidad de una renuncia en esta corte no está abierta a los apelantes. La corte sólo adquiere jurisdicción por la virtud del cumplimiento con las disposiciones-del Có-digo de Enjuiciamiento Civil y en cuestiones jurisdicciona-les como ésta no tenemos discreción alguna. El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, como ha sido inter-pretado por nuestra jurisprudencia como condición prece-dente a la jurisdicción, exige la notificación a todas las par-tes adversas que pudieran ser afectadas por una revocación. 2 Jurisprudencia de California, páginas 119 y siguientes. Como la jurisdicción nunca la hubo, una renuncia no ser-viría.

En tanto se trata de los procedimientos de la corte inferior los autos no revelan una renuncia. El récord muestra únicamente una excepción previa declarada con lugar en cuanto a Germán Ortiz y no ninguna renuncia. Si la hu-biera hábido, Germán Ortiz hubiera podido obtener una sen-tencia firme a su favor probablemente con costas.

Sabemos que éste es uno de esos casos marginales en los cuales el invocar la regla de ley produce una aparente injusticia. La ley escrita, sin embargo, es clara y en defi-nitiva produce justicia y limita el litigio. Cuando la ley no permite distinción no podemos hacer ninguna. Aquí antes de apelar, los apelantes pudieron haber examinado los autos y renunciado, o separado a las partes demandadas. Si hubieran notificado a Germán Ortiz de la apelación proba-blemente hubieran podido obtener la desestimación de la apelación en cuanto a él.

Un examen superficial de la opinión de la corte inferior nos inclina al criterio de que su sentencia no es errónea, pero por la falta ele la debida notificación la apelación debe ser desestimada.


text:
    Eugenio Padilla Ríos, demandante y apelado, v. La Corte de Paz de Maricao, Francisco Miró, Juez Interino, la Hon. Junta Insular de Elecciones y E. W. Keith, Superintendente General de Elecciones de Puerto Rico, demandados y apelante el primero.
    No. 3618.

    Visto: Abril 20, 1925.

      Resuelto: Julio 24, 1925.
    1. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa— Escrito de Apelación — Persona Quien no es Necesario Notificar.— No es necesario notificar un escrito de apelación a una persona que nunca llegó a ser parte en el pleito de cuya sentencia se apela.,
    2. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Apelación Aca-démica. — Una apelación no es académica cuando, para revocar la sentencia que condena al apelante en costas, puede ser necesario un examen de las cuestiones envueltas en dicha apelación.
    3. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord— Autenticación y Certificación — Certificación Suficiente. — Certificado el legajo de la sentencia por los abogados del' apelado en unión de un fiscal y btro abogado como abogados éstos del apelante, no procede desestimar la apelación aún cuando el fiscal no tuviera déi'eehoi a intervenir.
    Moción de desestimación de apelación.

      Sin lugar.

      José E. Eigueras, Fiscal del Supremo, Marcelino Romani, Fiscal del Distrito de Mayagüez, y Angel A. Vázquez, abogados del apelante; Benet & Souffront, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado en la corte de distrito obtuvo sentencia a su favor y en contra del Jnez de Paz de Maricao, Francisco Miró. Este último apeló y el apelado solicita ahora qne se desestime esta apelación.

Anteriormente en .el Juzgado de Paz de Maricao Tomás Quintana había logrado en apelación impugnar el derecho del apelado Padilla a ser un elector. El apelado ex-presa que Quintana era una parte necesaria y que esta apelación debe ser desestimada toda vez que no fué notificado de ella el expresado Quintana. Hemos examinado los autos y no encontramos qne el peticionario en el procedimiento de certiorari, apelado en este tribunal, hiciera parte en el mismo al referido Quintana. El procedimiento de certiorari fué oído y resuelto sin él y no vemos ninguna posibilidad de notificarle puesto que nunca llegó a ser parte.

La Corte de Distrito de Mayagüez al dictar sentencia contra Miró, Juez de Paz de Maricao, lo condenó en costas. De ahí que si la sentencia en el certiorari fué errónea el demandado y apelante tiene un interés suficiente para apelar. Para revocar la sentencia y permitir al apelante si obtiene éxito que se le exima del pago de costas puede ser necesario nn examen de todas y cada una de las cuestiones envueltas, de modo que la apelación no es meramente académica como sostiene el apelado.

El fiscal de Mayagüez, M. Bomany, y Angel A. Vázquez, abogados del demandado y apelante certifican el legajo de sentencia en unión de la firma de Benet y Souffront, abogados del demandante y apelado. Este último niega el derecho del fiscal para poder certificar. El fiscal puede asumirse, tenía instrucciones de defender al Juez de Paz, pero como también certifica otro abogado, el legajo de sentencia está debidamente ante nos y la apelación no está sujeta a desestimación aun cuando el fiscal no tuviera derecho a intervenir.

La moción de desestimación debe ser declarada sin lugar.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, Ex-Rel., José Víctor Bosch, José A. Irizarry, Pablo Font, Pedro Bosch, Felipe Romero y Rafael Muñoz Ramos, querellantes y apelados, v. Francisco Pietri Mariani, querellado y apelante.
    No. 3533.

      Visto: Abril 28, 1925.

      Resuelto: Julio 24, 1925.
    "Quo Warranto” — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — Cuestiones que Pueden Presentarse para Decisión — "Res Judicata”. — Cuando en un procedimiento de guo warranto se plantea la cuestión de si el querellado, que se alegaba era un súbdito francés, podía ser alcalde por un término que vencía en determinada fecba, la única cuestión que puede propiamente pre-sentarse ante el tribunal para su decisión es su derecho a dicho cargo y no su ciudadanía, y ésta, por eso, no puede ser cosa juzgada.
    SENTENCIA de B. Días Cintrón, J. (Ponee), declarando con lugar petición de "quo warranto”, con costas al querellado.

      Confir-mada.

      Leopoldo Tormes García, abogado del apelante; José Rosario Gelpí, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la.opinión del tribunal.

El apelante por virtud de un auto de quo warranto radi-cado en la Corte de Distrito de Ponee fue separado de su cargo. El apela y alega haberse cometido diez errores por la corte sentenciadora.

Desde que el apelante estableció su apelación ha tenido lugar una elección en Puerto Rico y por tanto la revocación de la sentencia no podía restituir al apelante en el cargo que una vez ocupó. El apelante admite prácticamente esto en su décimo señalamiento de error, pero sostiene substan-cialmente que había una cuestión de hecho envuelta que se-riamente le ha afectado en sus derechos, a saber: que el caso decidió que el apelante era un ciudadano francés y no un ciudadano de Puerto Rico y de los Estados Unidos.

La sentencia de la Corte de Distrito de Ponee declarando que el peticionario era un súbdito francés, sería concluyente para el apelante solamente en un pleito para poner a prueba su derecho al cargo de alcalde de la ciudad de Adjuntas por el término que vencía en enero de 1925. La' sentencia de la Corte de Distrito de Ponce no sería conclusiva contra él en cuanto a la ciudadanía en una acción establecida por cual-quier otra persona contra él, o en un pleito por él comen-zado contra alguna otra persona. La sentencia no podía ni. siquiera ser concluyente si el apelante fuera otra vez can-didato para el cargo de Alcalde de Adjuntas. El principio de res adjudicaba es aplicable únicamente a las acciones en-tre las mismas partes sobre la misma causa de acción, y cualquier hecho envuelto en dicha acción entre dichas partes»

El único hecho que puede propiamente presentarse ante un tribunal para su decisión (justiciable) envuelto en este caso, era si el apelante, que se alegaba era un súbdito fran-cés, podía ser alcalde de Adjuntas por un término que ven-cía en enero de 1925. Su ciudadanía no era tal hecho que pudiera presentarse debidamente en un tribunal para su de-cisión, toda vez que el Pueblo de Puerto Rico no tiene nin-gún interés en declarar que él no es un ciudadano de los Estados Unidos. El interés era y la cuestión fué su dere-cho a dicho cargo.

Gomo la apelación no envuelve ninguna ctiestión substan-cial y la revocación de la sentencia no podia restituir al ape-lante en su cargo, debe confirmarse cficha sentencia.


text:
    Agustín Pérez, demandante y apelante, v. María Narcisa Pérez y Díaz, y Dr. Frank Rivera, éste como encargado del Registro Civil de Hormigueros, P. R., demandados y apelados.
    No. 3455.

    Visto: Marzo 5, 1925.

      Resuelto: Julio 28, 1925.
    1. Injunction — Materias Sujetas a Protección y Remedio — Deberes y Dere-chos Personales — Inexistencia de un Alegado Derecho de Propiedad.— No existiendo indicación clara alguna de una intención legislativa en abolir ■las reglas de práctica en equidad, una corte no comete error al desestimar una petición de entredicho e injunction cuando no existe ‘ ‘ un alegado derecho de propiedad” en el cual “el ejercicio de la facultad” — concesión del reme-dio — pueda siquiera “fundarse nominalmente”.
    2. Injunction — Naturaleza y Fundamentos en General — Fundamentos del Remedio — Alegación Iusueiciente de Daños Irreparables. — Considerada la alegación en euanto a daños irreparables heeba en la petición de entredicho e injunction — en nn caso de divorcio fundado on adulterio — para que no se verificara la inscripción del nacimiento de un niño como hrjo del peticionario, se resolvió: que dicha alegación es vaga y poco satisfactoria..
    SENTENCIA de Angel Acosta, J. (Mayagüez), declarando sin lugar pe-ticiones de entredicho e injunction.

      Confirmada.

      Alemañy & Ramírez, abogados del apelante; Pedro Baigés Gómez, abogado de la demandada-apelada María Narcisa Pérez.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante estableció demanda de divorcio basado en el adulterio de la esposa, con la súplica de que la corte dicte nn pronunciamiento sobre el estado legal de nn niño qne se alega haber nacido como consecuencia de tales relaciones ilí-citas, y que la corte dicte una orden preliminar de injunction para que no se verifique la inscripción del nacimiento de tal niño como hijo del demandante en el Registro Civil.

Estamos interesados ahora solamente en este último particular, siendo la única alegación del apelante que:

"La corte erró al desestimar las peticiones de entredicho e injunction fundándose en que en una acción de la naturaleza de la que en este caso se ejercitó, hasta tanto no sea el mismo resuelto en definitivo, no procede ningún remedio extraordinario de la natura-leza del que se solicita.”

En apoyo de esta proposición el apelante descansa en nuestra definición estatutoria del injunction, Estatutos Compilados, sección 1354, en la máxima Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus y en la cita que hace en su alegato, a saber:

"Aunque la jurisdicción de equidad para conceder un injunction se considera generalmente como limitada a los casos donde están en-vueltos derechos de propiedad y que no se extiende a un derecho exclusivamente personal, sin embargo, en muchos casos en los cuales se ha concedido un remedio, parece que aunque el ejercicio de la fa-cultad se funda nominalmente en un alegado derecho de propiedad, la observancia de la regla de que la equidad se limitará a los dere-ebos de propiedad es, en realidad, sólo nominal, siendo el derecho para proteger el cual se concede el remedio, en realidad meramente personal. En una jurisdicción se ha afirmado categóricamente que un injunction puede concederse para proteger un derecho personal, cuya resolución, aun cuando se dicte en una jurisdicción donde prevalece la Ley Civil, sin embargo, parece estar de acuerdo en espíritu, si no en el texto empleado, con algunas de las modernas decisiones.” 14 R.C.L. 370.

Poro en el presente caso ni siquiera existe “un alegado derecho de propiedad” en el cual “el ejercicio de la facul-tad” pudiera siquiera “fundarse nominalmente.”

Aunque nuestro estatuto es al parecer bastante amplio para permitir a una corte insular que vaya tan lejos como una corte de equidad se sentiría justificada en hacerlo, y no. estamos dispuestos a ser más conservadores que lo que han sido otras cortes en este respecto, sin embargo no encontra-mos ninguna indicación clara de una intención legislativa en abolir las bien reconocidas y por mucho tiempo estableci-das reglas de práctica en equidad.

Ni tampoco estamos satisfechos con la vaga alegación en cuanto a daños irreparables, o sea que:

“El demandante sufrirá daños irreparables, consistentes en crear vínculos de padre e hijo entre él y el hijo de la demandada María Narcisa Pérez y Díaz, afectando tanto a la reputación y moral del demandante como a sus sentimientos y dignidad.”

Presumiéndose la paternidad del hijo nacido durante el matrimonio, hasta que se haga constar lo contrario, no pode-mos comprender, ni trata tampoco el apelante de explicar, cómo es que una inscripción en el Registro Civil pudiera es-tablecer un nuevo estado legal o cualquier responsabilidad, o hasta notoriedad adicional.

Asimismo el demandante alega que no tiene ningún otro remedio adecuado por el cual pueda “evitar la inscripción ilegal de dicho niño” y en el alegato del apelante el abogado manifiesta que la prestación de una fianza proporcionaría una compensación amplia a la esposa y madre por cuales-quiera daños en caso de una sentencia definitiva a su favor. Pero el demandante no alega que la esposa no pueda igual-mente ser responsable en daños y perjuicios por cualquier grave daño a la reputación, susceptibilidad y dignidad del demandante como consecuencia de la pretendida inscripción si se hace indebida, voluntaria y fraudulentamente.

Debe confirmarse la sentencia apelada.