author: El Juez Presidente Señob del Turo, -

text:
    Luisa Espósito Avilés, peticionaria y apelante, v. María Guzmán Acosta Vda. de Espósito, opositora y apelada.
    No. 6148.

    Sometido: Junio 20, 1933.

      Resuelto: Noviembre 29, 1933.

      Garda Méndez <& Garda Méndez, abogados de la, apelante; Arturo Reichard, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señob del Turo, -

emitió la opinión del tribunal.

Luis Espósito Avilés tenía la vida asegurada en “El An-cora,” una compañía de seguiros de esta Isla. No designó be-neficiario especial y en tal caso de conformidad con los regla-mentos de la compañía la póliza era pagadera a sus herede-ros. Murió sin haber otorgado testamento y la corte declaró sus únicos y universales herederos a sus hermanas Luisa, Juana Cruz y Ana Dominga Espósito Avilés y a su viuda María G-uzmán Acosta, quienes no se pusieron de acuerdo en la distribución de la póliza, sosteniendo la vinda que se tra-taba de un bien ganancial y por tanto que sólo su mitad era la que podía adjudicarse a los herederos, y las hermanas que era la totalidad la que debía distribuirse siguiendo la pauta marcada en la ley para los casos de sucesión intestada.

Llevado el caso a la corte, 'ésta dió primero la razón a las hermanas y luego, en reconsideración, a la viuda, y las her-manas apelaron para ante este tribunal.

La cuestión envuelta no viene por primera vez ante este tribunal. En 1921 se resolvió el recurso interpuesto por la viuda de Quintiliano Cádiz que sostenía que una póliza que dejó su esposo constituida por éste a favor de sus hijos era un bien ganancial. Esta corte resolvió que no lo era, expre-sándose en el curso de la opinión así:

“Varias cuestiones se han suscitado por la parte apelante que carecen de importancia. La verdadera cuestión fundamental levan-tada es la de si los mil dólares de 1a. póliza deben o no considerarse como bienes gananciales.
“Para sostener la afirmativa la parte apelante no cita ley ni ju-risprudencia aplicables,, limitándose a invocar la opinión del comen-tarista Manresa, que dice así:
“ ‘La cantidad satisfecha por una compañía aseguradora al fa-llecimiento del asegurado, ¿debe considerarse ganancial? Este caso ha sido en Ftancia objeto de discusión desde el punto de vista de si debe considerarse como un bien mueble. Es claro que muchos de los argumentos allí aducidos en pro o en contra, carecen en nuestra patria de razón de ser, por ser muy distinto- el sistema lega] que rige las relaciones matrimoniales entre los cónyuges.
“ ‘Desde luego, el capital del seguro sustituye a las primas que hay que pagar, y el derecho a aquél se adquiere desde el momento del contrato, pues desde él cabe la facultad de disponer, y si ocurre el fallecimiento puede exigirse el pago. Se trata, pues, de una ad-quisición a título oneroso hecha durante el matrimonio, aunque el plazo señalado para el cumplimiento de la obligación sea el do la muerte de uno de los cónyuges, hecho que extingue la sociedad. Así considerada la cuestión, puede decirse resuelta en los artículos 1396 y 1401; si las primas se pagan con el capital privativo del marido o de la mujer, el capital del seguro- le pertenece privativamente; si se paga a costa del caudal común o no puede justificarse la proce-deneia del dinero, la adquisición es ganancial.’ 9 Manresa, Código Civil Español, 2da. edie., 589.
1 ‘ Grande es el respeto que merece a esta corte la opinión del sabio civilista español, que es necesario reconocer además que es lógica en el punto concreto debatido, pero si se estudia a fondo la cuestión, se verá que está en pugna con los artículos 416 y 428 del Código de Comercio cuerpo legal que regula el seguro de vida, por tratarse de un contrato mercantil.
“Expresamente dice el segundo de los artículos citados que las cantidades que el asegurador deba entregar a la persona asegurada, en cumplimiento del contrato, serán propiedad de ésta, aún contra las reclamaciones de los herederos legítimos y acreedores de cualquier clase del que hubiere hecho el seguro a favor de aquélla. ’ ’ Cádiz v. Jiménez, 30 D.P.R. 34, 37.

Para sostener su opinión en contrario la Corte de Dis-trito aparte de sus razonamientos — muy bien expuestos en verdad — sólo cita la autoridad de Manresa, que esta Corte Suprema no obstante reconocer su peso se negó a seguir en el caso de Cádiz, supra.

En su alegato la parte apelada se limita a sostener que el caso de Cádiz, supra, se distingue del presente porque en él existía un beneficiario y en éste no existe, no siendo aquí aplicable el artículo 428 del Código de Comercio. Termina su razonamiento como sigue:

“En bien de la justicia, teniendo en cuenta que el artículo 428 del Código de Comercio, no expresa a quién debe pagarse una póliza en la que se omite el beneficiario; que la jurisprudencia universal es que en estos casos, si la póliza se pagó con bienes privativos es bien privativo y ganancial si fueren satisfechos los premios con dinero de la sociedad conyugal, debe resolverse que el producido de la póliza de Luis Espósito Avilés, es un asset del caudal de éste (38 L.R.A. N.S. 246), bien ganancial, si fué adquirido el derecho1 con bienes gananciales, como es la opinión del ilustre comentarista Manresa.”

La cita que se hace de L.R.A. está equivocada. Al exa-minarla nos fiemos encontrado con el caso de Shannon v. McNabb de la Corte Suprema de Oklahoma, 29 Okla. 829, que versa sobre daños y perjuicios y que nada tiene que ver con el presente.

Si bien es cierto que este caso puede distinguirse del de Cádiz, supra, en el sentido de que en el de Cádiz se especificó que los beneficiarios eran los hijos, no creemos que pueda sos-tenerse que aquí no existen beneficiarios. Como ya dijimos al exponer los hechos, no habiéndolos designado específica-mente la persona aseguradá, debe entenderse que lo son sus herederos de acuerdo con el reglamento de la compañía. Y esta corte, aunque fijo su pensamiento en otra cuestión fundamental distinta — la interpretación de la enmienda a la Ley No. 35 de 1928 (p. 225) al artículo 249 inciso 9, del Código de Enjuiciamiento Civil — en el caso de Schluter v. Sucesión Díaz, 41 D.P.R. 884, 886, se expresó así:

“Al tiempo de la enmienda, el caso de una póliza pagadera a los herederos había sido plenamente cubierto por el artículo 428 del Có-digo de Comercio. Véase Del Val v. Del Val, 29 Jurisprudencia Fi-lipina 564.”

Llevados por la cita, hemos estudiado el caso de Filipinas. En el curso de la opinión se dijo:

“Convenimos con la apreciación del Juez a quo, de que los pro-ductos de la póliza de seguros pertenecen exclusivamente al deman-dado en concepto de bienes propios e individuales. Es doctrina americana que los productos de una póliza de seguro pertenecen ex-clusivamente al beneficiario, y no a la testamentaría de la persona ■cuya vida estaba asegurada; que tales productos son propiedad individual y exclusiva del beneficiario y no de los herederos de la persona asegurada. Creemos que en estas Islas rige la misma doctrina en virtud del artículo 428 del Código de Comercio, que dice lo siguiente:
“ ‘Las cantidades que el asegurador debe entregar a la persona asegurada en cumplimiento del contrato, serán propiedad de ésta aun contra las reclamaciones de los herederos legítimos y acreedores de cualqrdera clase del que hubiere hecho el seguro a favor de aquélla. ’
‘ ‘ El abogado de los demandantes alega que el artículo que acabamos de citar está subordinado a lo que dispone el artículo 1035 del Có-digo Civil. Este artículo dice:
“ ‘El heredero forzoso que concurra, con otros que también lo sean, a una sucesión, deberá traer a la masa hereditaria los bienes
o valores que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición.’
“Dicho abogado pretende también que el importe de la póliza de seguro constituía una donación o presente que el padre defirió en vida al demandado y que, como tal, su destino definitivo queda determi-nado por las disposiciones del Código Civil, relativas a donaciones, especialmente por el artículo' 819. Este artículo- dispone que ‘las donaciones hechas a los hijos, que no tengan el concepto de mejoras, se imputarán en su legítima. ’
“No podemos convenir con estas pretensiones. El contrato de seguro de vida es un concepto- especial, y el destino que debe darse a su importe está determinado por leyes esx>eciales que tratan exclusi-vamente de esta materia. El Código Civil no contiene disposición alguna que se refiera específica y directamente al contrato de seguro de vida, o al destino que deba darse al importe del seguro de vida. Esta materia está regulada exclusivamente por el Código de Comer-cio-, que establece las condiciones del contrato, las relaciones de las partes y el destino que debe darse al producto- de la póliza.” Del Val contra Del Val, 29 Jurisprudencia Filipina 564, 573-.

Romero y Girón en la página 304 de su Código de Comer-cio, refiriéndose al seguro de vida, entre otras cosas dice:

“Este importantísimo contrato trae su origen del antiguo censo vitalicio, notablemente desarrollado en los tiempos modernos, merced a las variadas, ingeniosas y fecundas combinaciones debidas a la in-fluencia simultánea del espíritu de previsión y del afán de lucro. . .
“. . . cualesquiera que sean los fines que se propongan los contra-tantes y las combinaciones que puedan estipular, siempre deben con-currir cuatro elementos o requisitos esenciales para la validez del contrato, a saber: existencia de una persona, cuya vida sirva de base para el seguro; valor previamente fijado de esta vida; persona beneficiada y entrega de un premio o capital, como precio del seguro.
“Partiendo el proyecto- de estos principios fundamentales, declara válidas todas las combinaciones que puedan hacerse, pactando entre-gas de premios o entregas de capital a cambio de disfrute de una renta vitalicia, percibo de capitales al fallecimiento de persona de-terminada a favor del asegurado, de sus herederos o de un tercero, y cualquiera otra combinación análoga o semejante, por una o más vidas, sin exclusión de edad, sexo- o estado de salud.
“Ofrece este contrato además la singularidad de que suele cons-tituirse el seguro a favor de una tercera persona, aun sin obtenerse su consentimiento; lo cual es perfectamente lícito, porque de esta forma pueden las personas dotadas de nobles sentimientos ejercer verdaderos actos de caridad en favor de familias modestas, pero hon-radas y laboriosas, sin lastimar en lo más mínimo la 'susceptibilidad o pundonor de ninguno de sus individuos, dotándolas de un capital o renta para cuando deje de existir el que, con su trabajo, atiende a la subsistencia de todos. ’ ’

De todo cuanto hemos podido examinar en relación con el contrato de seguro de vida, se deduce que fué regu-lado y se rige exclusivamente por el Código de Comercio, de-biendo darse validez a sus cláusulas tales como constan de la póliza en que se extiende. Siempre existe en él un beneficia-rio y es el beneficiario el llamado a disfrutar exclusivamente de la cantidad por la cual aseguró su vida a su favor la per-sema que constituyó la póliza, sin detenerse a considerar el origen del dinero con que se pagaron las primas. Si en este caso Aviles hubiera constituido la póliza únicamente a favor de su viuda ¿hubieran podido sus hermanas reclamar algo? Claro es que no. Todo hubiera correspondido a la viuda. De igual modo si la hubiera constituido a favor de una sola de las hermanas, a ella sola hubiera correspondido el seguro, sin que pudieran reclamar participación alguna la viuda ni sus otras hermanas. Y es que la verdadera regla aplicable consiste en que el producto de la póliza no pertenece a la tes-tamentaría del finado sino al beneficiario.

Claro es que cuando los herederos son los beneficia-rios el producto se distribuye entre ellos de acuerdo con la ley, pero en tal caso debe procederse exactamente igual que en los otros, y si en los otros no tiene el producto la condi-ción de ganancial aunque la persona asegurada sea casada, tampoco puede tenerlo cuando se trata de los herederos.

La solución parece estar en pugna con el propósito fundamental en que se inspira la sociedad de gananciales, a saber: la división por igual entre los cónyuges de todos los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio, ya que si las primas de la póliza se satisfacen con bienes de la sociedad de gananciales, el producto de la póliza en su día ganancial debiera ser también. Pero ello no fue estatuido por el legislador que autorizó la celebración de un contrato especial sin trabas de ninguna especie — a menos, desde luego, que se demostrara un. propósito fraudulento contrario a los fines de la propia ley.

Además, si se abonda un poco en la naturaleza humana se verá que es imposible garantizar una división exactamente igual desde un principio y que bay 'menos riesgo en lo que pueda ocurrir en contra de la división por igual de las ga-nancias de la sociedad conyugal con motivo del sostenimiento de pólizas de seguro de vida por cualquiera de los cónyuges, de lo que constantemente ocurre con motivo de los gastos pri-vados de cada uno de ellos. ¡ Cuántas veces se observa el caso de una esposa que vive modestamente en el seno del bogar mientras el marido gasta grandes sumas en una vida desor-denada o viciosa, y cuántas otras el de un marido dedicado ■exclusivamente al trabajo mientras su mujer dilapida una fortuna en trajes, autos o saraos ! Seguramente que las can-tidades que uno y otra en tales casos gastan serán superio-rísimas a las que puedan invertir en seguros de vida. La diferencia consistiría en que de las sumas gastadas en el des-orden o en el vicio nada queda y de las invertidas en el se-guro queda a la muerte del asegurado el producto de la póliza.

La verdad es que todas las circunstancias consideradas, se concluye que no existe injusticia, al contrario, que la pro-pia sociedad ganancial se beneficia porque la toma de seguros contribuye a formar el hábito del ahorro y a desarrollar el sentimiento de responsabilidad para con las personas con quienes se está ligado por los lazos de la sangre o del afecto, que tan beneficiosos son para el bienestar y la seguridad de las familias.

Aunque no sea del todo aplicable ya que no fue estable-cida tomando en consideración la sociedad de gananciales, ci-taremos, por vía de ilustración, jurisprudencia de las cortes americanas establecida en casos de pólizas pagaderas “a los herederos” de la persona asegurada.

De la nota que aparece al pie del caso de Hubbard, Price & Co. v. Turner et al., de Georgia, en 30 L.R.A. 593, trans-cribimos a ese efecto lo qne signe:

“La decisión arriba transcrita en el caso de Hubbard, P. & O'o. v. Turner está • plenamente sostenida por fallos anteriores sobre la misma materia.
“La persona que de acuerdo con los estatutos pueda tomar bienes muebles intestados, tiene derecho al producto de una .póliza de se-guros pagadera a los ‘herederos legales’ del asegurado, y ese pro-ducto no irá a la herencia o sucesión. Mullen v. Reed, 64 Conn. 240, 24 L.R.A. 664.
“La palabra ‘herederos’ refiriéndose a aquellas personas a quie-nes se pagará el seguro en caso de no haber testamento', significa, a tenor de lo resuelto en Northwestern Masonic Aid Asso. v. Jones, 154 Pac. 99, los herederos legales designados por el estatuto sobre parti-ción, y excluye el albacea y los acreedores de la herencia.
“La palabra ‘herederos’ que aparece en un certificado de seguro de vida, cuando no hay contexto que la explique, quiere decir aqué-llos que de .conformidad con los estatutos de partición tendrían de-recho a heredar los bienes muebles del asegurado. Johnson v. Knights of Honor, 53 Ark. 255, 8 L.R.A. 732.
“La frase ‘herederos legales’ tal como se usa en el reglamento de una sociedad benéfica, que describe la persona a quien se le hará el pago si el miembro no ha hecho disposición al efecto, significa los parientes más cercanos, o quizá en un sentido más amplio in-cluye los dependientes así como los deudos. Por consiguiente, en un caso en que un miembro no dejó ni viuda ni hijos, su madre que dependía de él para sostenerse, fué declarada con derecho al fondo. Britton v. Supreme Council of R. A., 46 N. J. Eq. 102.
“Se ha resuelto que la palabra ‘herederos,’ que describe los bene-ficiarios de una póliza de seguro de vida, significa las personas con derecho al sobrante de los bienes muebles de acuerdo con la ley de partición, quienes en este caso eran la viuda y los hijos, y que tenían derecho- al seguro en la proporción indicada por el estatuto. Leavitt v. Dunn, 56 N.J.L. 309.
“La palabra ‘herederos’ usada en la constitución de una socie-dad benéfica, que hace mención de las ‘viudas, huérfanos y herederos o legatarios’ como las personas que deberán recibir el beneficio, no se usa en. su. sentido estricto sino que incluye cualquier persona a quien pudiera adjudicarse la herencia del finado por ministerio de la ley. Lamont v. Grand Lodge Iowa L. of H., 31 Fed. Rep. 177. . . .
“Si bien hay alguna diversidad en las decisiones, casi todos los casos sostienen que la palabra ‘herederos’ al referirse a la persona a quien deba pagarse el seguro de vida, incluye la viuda del ase-gurado.
“Una viuda está comprendida entre los ‘herederos legales’ dentro del significado de un certificado de seguro pagadero a los herederos legales del miembro, en aquellos casos en que de conformidad con las leyes del estado ella tendría derecho a una parte de la herencia Mullen v. Reed, 64 Conn. 240, 24 L.R.A. 664.
“Se ha resuelto que un certificado pagadero a los herederos del asegurado incluye a la viuda como uno de los herederos, cuando los estatutos la declaran heredera de los bienes muebles. Lyons v. Yerex, 100 Mich. 214.”

Véase también 3 L.R.A. (N. S.) 904 y 14 R.C.L. 1373.

De acuerdo con la ley vigente en Puerto Rico son here-deros en este caso la viuda y las hermanas de Espósito Avilés correspondiendo a la viuda la mitad del producto de la pó-liza en usufructo, debiendo la otra mitad dividirse por partes iguales entre las hermanas. Sección 11 de la ley para modi-ficar y derogar los artículos 795, . . . del Código Civil apro-bada en 1905, Comp. 191.1, p. 721.

Debe revocarse la resolución apelada y devolverse el caso a la corte de distrito de su origen para ídteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el resul-tado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Vicente Balbás Peña, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 904.

    Sometido: Noviembre 22, 1933.

      Resuelto: Noviembre 29, 1933.

      A. Marín Marión, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 24 de julio de 1933 el Márshal de la Corte de Distrito de San Juan otorgó escritura pública vendiendo a nombre de Enrique Germán Belosa una finca urbana, situada en San-turce, a la menor María de Lourdes Balbás Ortiz representada por su padre Vicente Balbás Peña. La venta se hizo en pú-blica subasta en el procedimiento sumario hipotecario seguido por la dicha menor contra Belosa en ejecución de una hipoteca por $722.80 de principal y $150 más para costas, constituida sobre la finca vendida por su dueño Belosa a favor de la menor en garantía de un préstamo que ésta le hiciera por la indicada suma de $722.80. No hubo licitadores y la finca se adjudicó a la menor por $500 que se abonaron a su crédito.

Presentada la escritura para su inscripción en el registro, causó la nota recurrida, que dice:

“Suspendida la inscripción de este documento por no consignarse los correspondientes sellos de Rentas Internas, extendiéndose ñola por 120 días al margen del asiento' de presentación número 113, Dia-rio doscientos dieciocho.”

El recurrente consignó $3 para satisfacer los derechos de inscripción por entender que el precio que debía tomarse en consideración para fijarlos era el de la adjudicación, a saber: $500. El registrador le exigió que consignara $4 porque a su juicio la suma que debía consignarse era la que sirvió de base a la ejecución: $722.80.

Explicando sn posición dice el recurrido en sn alegato:

“El punto a dilucidar es el importe de los derechos de inscripción.
“El Registrador invoca el número 5o. de la Sección 22 de la ley número 32 fijando sueldo a los Registradores de la Propiedad, del año 1917, en donde se dice: ‘Por cada inscripción. . . Por cada finca o derecho “cuyo valor. . .’ ”
“En este caso el valor del derecho hipotecario que se ejecuta es el de $722.80, por lo que hay que consignar la cantidad de $4.00 de acuerdo con dicha sección.
“Vamos a dar algunos ejemplos en los que siempre hay que ate-nerse al valor del derecho que se enajena:
“Si A tiene inscrita una hipoteca a su favor por $700.00 y hace donación de ella a favor de B, ha sido práctica constante cobrar $4.00 por esa inscripción. El contrato es sin precio,- pero el valor de la hipoteca es de $700.00.
“Si A tiene inscrita una hipoteca por $700.00 y la cede a B por $400.00, por $10.00 o por cualquier cantidad menor de $700.00, ha sido práctica constante cobrar $4.00 por esa inscripción, es decir, el valor del derecho que se trasmite.
“Si A tiene una hipoteca inscrita a su favor por $700.00 y se recibe en pago de su deuda la finca hipotecada, ha sido práctica, cons-tante cobrar $4.00 por esa inscripción, o- sea por el valor del derecho que se da en pago-.
“Si A tiene una hipoteca por $700.00 y se ejecuta esa hipoteca y recibe en pago la finca en saldo total o en abono parcial de su deuda, ha sido práctica constante cobrar $4.00 por esa inscripción (valor del derecho ejecutado).
“Queremos advertir que adquirida una finca por A por precio de $700 y embargada en cobro de una deuda de $400.00 y vendida por esta suma en pública subasta, el Registrador se atiene a este precio de remate para cobrar esos derechos, ascendentes entonces a $3.00. Este caso es distinto al de la ejecución de una hipoteca en que se dice el valor del derecho ejecutado y hay que proceder de oficio a la cancelación de dicha hipoteca.
“Esta Hon. Corte ha sostenido este criterio en el caso de Schlüter vs. Registrador, 39 D.P.R. 462. V advertimos que en el citado caso el Registrador exigió derechos arancelarios de acuerdo con el valor de la finca, mientras que nosotros, en este caso-, los exigimos de acuerdo, solamente, con el valor del derecho ejecutado.”

A nuestro juicio debe confirmarse la nota recurrida. La práctica seguida es favorable a los adjudicatarios. Tratán-dose de una venta, lo que de acuerdo con la ley debería to-marse en consideración para fijar los derechos de su inscrip-ción en el registro, debería ser el valor de la finca vendida que es generalmente mayor que el de la hipoteca ejecutada. Las ventas en pública subasta que tuvo en mente la Dirección General de los Registros al dictar su resolución de 29 de marzo de 1889, no fueron seguramente las hechas en adju-dicación en pago del todo o parte del gravamen ejecutado en el pleito o procedimiento.

Se declara el recurso sin lugar, confirmándose la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


text:
    Eduvigis Sierra, demandante y apelante, v. Plácido Longo & Co. demandada y apelada.
    No. 6096.

    Sometido: Noviembre 24, 1933.

      Resuelto: Noviembre 29, 1933.

      M. Benitez Flores, abogado del apelante; E. Márquez Huertas, abo-gado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la .opinión del tribunal..

En diciembre 29, 1931, Eduvigis Sierra radicó en la Corte de Distrito de San Juan una demanda contra Plácido Longo & Co., en cobro de $524.16, importe de un tabaco que le babía vendido, más $175 para honorarios de abogado y otros gastos del pleito.

Emplazada la sociedad demandada, en enero 19, 1932, archivó una moción de traslado del pleito a la corte de distrito de su domicilio, Bayamón. El propio día 19 de enero pidió el demandante al secretario que anotara la rebeldía de la de-mandada y dictara sentencia en su contra, y así lo hizo dicho funcionario en 8 de febrero siguiente limitando la condena a los $524.16 más las costas, sin incluir honorarios de abogado por no constar éstos estipulados en el contrato alegado en la demanda.

El 12 de febrero se dirigió la demandada a la corte por medio de moción jurada pidiéndole que abriera la rebeldía y dejara sin efecto la sentencia que contra ella había dictado el secretario. Alegó que por inadvertencia se había dejado de acompañar a la petición de traslado un escrito de excepciones previas. A la moción se acompañó dicho escrito y además una contestación en la que se alegaba que no había comprado el tabaco, sino que éste le había sido entregado para su venta sin que se hubiera aún vendido. Oyó la corte a ambas partes y en marzo 28, 1932, declaró la petición “sin lugar por no aparecer de dicha moción que la negligencia de la demandada al dqjar de radicar excepción previa o contestación junta-mente con la moción de traslado, sea excusable. Además, no aparece de la contestación acompañada a la moción sobre apertura de rebeldía que la demandada tenga una buena de-fensa en los méritos del caso.”

En marzo 31, 1932, pidió el demandante que se ordenara la ejecución de la sentencia. “Como se pide,” proveyó el juez, y seguidamente aparece de los autos una orden de ejecu-ción fechada en abril 1 y un escrito del demandante dirigido al márshal en el mismo día señalando los bienes de la deman-dada en que había de hacerse efectiva la sentencia.

El día anterior, marzo 31, 1932, o sea en la propia fecha en que se pidió y se ordenó la ejecución, la demandada pre-sentó a la corte por medio de otro abogado una larga moción pidiéndole que reconsiderara su negativa a abrir la rebeldía y a dejar sin efecto la sentencia. La acompañó de un affidavit de méritos, de una contestación enmendada y de una contra-demanda.

Como medida previa, en 1 de abril, 1932, la corte ordenó que quedara en suspenso la orden de ejecución, señalando el 20 de abril para oír a las partes. No consta que dicha au-diencia se celebrara, pero sí aparece en los autos un largo escrito de la parte demandante oponiéndose a la reconsidera-ción fechado el 26 de abril. El 17 de mayo siguiente la corte resolvió la cuestión por medio de una resolución razonada cuyo último párrafo dice:

“Creemos que no abusamos de nuestra discreción permitiendo a la. demandada que se defienda en los méritos del caso y por consi-guiente se deja sin efecto, aplicando el principio antes indicado, la anotación de rebeldía y sentencia registrada en este caso, así como la orden de ejecución expedida y se permite la radicación del escrito de contestación y contrademanda presentado por la demandada. Y a fin de armonizar los derechos de la parte demandante, de modo que si por los méritos del caso debe obtener una sentencia favorable no se perjudique por la dilación que motivaría el dejar este pleito pendiente de que pueda señalársele en el curso ordinario del calen-dario, se señala la vista del caso para el día 6 de junio de 1932 a las nueve de la mañana, esperando la corte que la demandante, si alguna alegación tuviere que hacer para perfeccionar las alegaciones, bien sea excepclonando o eliminando particulares de la contestación' o recon-vención, lo haga rápidamente, de modo que no haya dificultad en celebrar la vista de este caso en la fecha indicada, para que el mismo quede resuelto en su fondo antes de comenzar el período de vaca-ciones.”

No conforme la demandante interpuso el presente recurso, archivando la transcripción desde junio 14, 1932, pero sin que el caso quedara listo para señalamiento hasta septiembre 14, Í933, en que el apelante presentó su alegato. Tres son los errores que, en resumen, señala en el mismo, a saber: 1, carencia de autoridad por parte de la corte para dejar en suspenso la orden de ejecución de sentencia; 2, abuso de discreción al resolver en definitiva la cuestión, y 3, no impo-sición en todo caso de las costas a la demandada como con-dición para acceder a lo por ella solicitado.

La no existencia del primer error es clara. Si a virtud del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil las cortes tienen facultad en casos apropiados para eximir a una parte de los efectos de una sentencia, evidente es que también la tienen para suspender la ejecución de esa misma sentencia como medida previa y a fin de aminorar en lo po-sible gastos, complicaciones y perjuicios. Para ello no es imprescindible oír a la parte contraria — aunque oírla siempre es en verdad la mejor práctica — ya que se trata de una medida provisional, que debe adoptarse en seguida si ha de dar re-sultados satisfactorios. Además en este caso la corte fijó al propio tiempo una .audiencia y no resolvió en definitiva ti asunto hasta después de oír por escrito extensamente a la parte a cuyo favor se había dictado la sentencia y expedido la orden de ejecución.

Estudiados cuidadosamente los hechos y circunstan-cias concurrentes, opinamos que tampoco existe el segundo error señalado. En la resolución apelada, la corte de distrito se expresó, en parte, como sigue:

“No tenemos duda alguna de que los defectos de la moción ele traslado, así como los de la primera moción sobre apertura de re-beldía, se debieron a la inexperiencia del abogado que originalmente se hizo cargo del asunto. Decimos esto sin menospreciar a dicho abo-gado, pues empieza ahora la práctica de su profesión y no nos sor-prende qne cometa errores como todos los cometemos, y con mayor frecuencia cuando empezamos la práctica de la profesión sin tener a nuestro lado un compañero experto que guíe nuestros primeros pasos por la escabrosa senda del procedimiento.
“Bajo estas circunstancias, ¿sería justo que por los errores de procedimiento que baya cometido el abogado privemos a la parte del derecho que tiene de ser oída en su defensa?
“Sobre este particular ha dicho nuestro Tribunal Supremo que el art. 140 del Código de Enjuiciamiento Civil se cumple u observa mejor resolviendo los casos por sus méritos sustanciales más bien que atendiendo estrictamente a las reglas técnicas de procedimiento, yr en el caso de Fernández vs. Pescay et al., 26 D.P.R. 808, 813, tra-tando sobre esta cuestión se expresó nuestro más alto tribunal en los siguientes términos:
“ ‘En el caso de Gutiérrez vs. Foix, 23 D.P.R. 73, 75, al interpre-tar el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, citamos con aprobación de un caso de California lo siguiente:
“ ‘ “Éste es un precepto reparador, y, de acuerdo con las pres-cripciones del artículo 4 del propio código el cual exige que sea libe-ralmente interpretado con el fin de que se cumplan sus fines y pro-mueva la justicia, se observa mejor resolviendo los casos por sus mé-ritos sustanciales más bien que atendiendo estrictamente a las reglas técnicas de procedimiento. La discreción de la corte debe siempre ser ejercitada de conformidad con el espíritu de la ley y de tal modo que más bien ayude que impida o destruya los fines de la justicia, considerando los meros tecnicismos como obstáculos que han de ser vencidos más bien que como principios a los cuales ha de darse efecto en derogación del derecho sustancial.” ’ ”

El caso está en la línea. El error del abogado lo sufre la parte. Esa es la regla. De otro modo serían intermina-bles los litigios. Pero bay casos extraordinarios en que es tan evidente el error y la cuestión envuelta tan técnica y se está tan al principio del pleito, que no dar una oportunidad de ir a los méritos, constituiría una notoria injusticia cuya comisión debe evitarse mientras sea posible.

En cuanto al tercer error, nuestro criterio es distinto.. Existe a nuestro juicio. Algo debe sufrir la parte que obtiene el beneficio. El demandante hizo uso de un derecho que la ley y la jurisprudencia le reconocen de consuno al pedir la anotación de rebeldía y el registro de la sentencia, y al sos-tener luego el reconocimiento de su derecho por parte del secretario y de la corte. Pudo la corte de distrito y debió, dadas las circunstancias que en el caso concurren, imponer como condición para acceder a lo solicitado el pago de una suma, razonable — cincuenta dólares, a nuestro juicio — como reintegro de las costas, gastos y honorarios de abogado en que incurriera el demandante.

La resolución apelada deberá confirmarse, sujeta al cum-plimiento de la condición indicada dentro de %m plazo de treinta días.


author: El Juez Asociado Señoh Córdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Gómez Ramos, acusado y apelante.
    No. 5187.

    Sometido: Noviembre 9, 1933.

      Resuelto: Noviembre 29, 1933.

      José Veray, Jr., abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoh Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Gómez Ramos, acusado de un delito de infracción a la sección tercera del título segundo de la Ley Nacional de Prohibición, fné declarado culpable por nn jurado en la Corte de Distrito de Aguadilla y condenado a sufrir la pena de tres meses de prisión. Contra esta sentencia interpuso el acusado recurso de apelación, y como base de la misma alega que la corte inferior cometió error al no permitir a latdefensa hacerle algunas preguntas adicionales al policía Esteban .Rodríguez, que declaró anteriormente, por entender que era para contra-decir al otro policía Sr. Medina, y al aceptar el veredicto del jurado, por ser éste contrario a la prueba.

El primer error se basa en que la corte no permitió a la defensa hacer algunas repreguntas al policía Esteban Rodríguez. Este testigo fue examinado por el fiscal en su interrogatorio directo y repreguntado por la defensa. El contrainterrogatorio fue completamente amplio. Rodríguez declaró que iba acompañado del policía Pablo A. Medina, cuando penetraron en una pieza de caña, donde encontraron al acusado manipulando un alambique. También declaró Medina que iba con el guardia Esteban Rodríguez, yendo éste detrás y el primero delante, a una distancia bastante cerca. Sobre este punto no observamos discrepancia en las manifestaciones de uno y otro testigo.

Terminado el interrogatorio del policía Medina y retirado el testigo, la defensa solicitó que se llamara nuevamente a declarar al policía Rodríguez y la corte así lo ordenó. Se preguntó al .testigo por el abogado de la defensa si iba con Medina ese día, si estaban juntos o separados, y contestó que iban juntos. En este momento el fiscal se opuso al contra-interrogatorio por entender que se trataba de contradecir un testigo de cargo con otro testigo de cargo. Manifestó la corte que si se trataba de interrogar nuevamente al testigo a fin de hacerle preguntas tendentes a contradecir a un testigo de cargo con otro, la prueba no era permisible, añadiendo que la defensa podía hacer suyo al testigo cuando le tocase su turno y examinarlo sobre cualquier extremo que interesase. Manifestó entonces la defensa que no era su propósito con-tradeeir al testigo Medina, sino repreguntarle con respecto a con qnién venía dicho testigo ese día o quién lo acompañaba.

Las preguntas de la defensa fueron contestadas por el policía Esteban Bodríguez, quien declaró anteriormente y cuando fué repreguntado, que ambos, Medina y él, iban juntos. La oposición gurgió luego de haber sido contestadas estas preguntas. La corte tiene facultad discrecional para llamar nuevamente a un testigo después de haber sido examinado directamente y repreguntado por la defensa. Artículo 157 Ley de Evidencia. En este caso el tribunal a quo, haciendo uso de esa facultad discrecional, no permitió que el testigo que ya había sufrido con anterioridad un eontrainterrogatorio extenso fuese repreguntado con mayor amplitud, para rei-terar testimonio anteriormente producido. Hemos exami-nado cuidadosamente la prueba y aparte de que no damos importancia alguna a este incidente que no perjudica los de-rechos del acusado y que no puede ser motivo de revocación, opinamos que la corte actuó dentro del círculo de sus atribu-ciones. Si la defensa quiso oír nuevamente de labios del tes-tigo con quién caminaba y quién le acompañaba, según mani-festó a la corte y según se deduce de su pregunta, sus deseos quedaron satisfechos al contestar el testigo que Medina y él iban juntos.

Del caso de People v. Keith, 50 Cal. 139, copiamos lo que sigue:

“La única cuestión en el caso que presenta seria dificultad es si la corte abusó de su discreción al negarse a permitir que la defensa llamara nuevamente al testigo' Price para ser repreguntado una vez más, a fin de sentar una base para el testimonio del testigo Rogers con respecto a las declaraciones de Price, demostrativas de hostilidad hacia el acusado. Ambos testigos se hallaban en la corte y la solici-tud fué prontamente hecha antes de que el pueblo hubiese ofrecido prueba de refutación. En tales casos es ciertamente la mejor prác-tica conceder tal solicitud, a menos que la corte esté convencida de que lo que se desea es molestarla o de que se perdería el tiempo inútil-mente. Mas necesariamente tales cuestiones deben descansar en gran parte en la discreción de la corte inferior; y no es la práctica núes-tra intervenir en casos de esa índole a menos que haya habido nn abuso claro de discreción. En este caso la declaración del testigo Price no difería materialmente de la de los otros testigos que se hallaban presentes al cometerse el asesinato ni de la relación que •el acusado mismo hizo de la transacción, al momento de declarar. Además ya había alguna prueba en el caso que tendía fuertemente a demostrar hostilidad por parte de Price hacia el acusado y la Corte pudo razonablemente haber considerado- que bajo estas circunstan-cias se perdería el tiempo infructuosamente si se permitía prueba adicional sobre este extremo-. No podemos decir que éste fuera un abuso de discreción tal que exija la revocación de la sentencia.”

Se alega por último que la corte cometió error al aceptar, el veredicto del jurado, por ser éste contrario a la prueba. La única razón que se alega en apoyo de este error es que la prueba de cargo es contradictoria y sospechosa. El jurado, no obstante, apreció la prueba y rindió un vere-dicto de culpabilidad. No hay razón alguna para rechazar este veredicto, que estimamos además justificado por la evi-dencia sometida a la consideración del jurado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Cókdova Dávila,

text:
    Jesús Trujillo Lange y su esposa Antonia Lange Avilés, demandantes y apelantes, v. José López Fernández, demandado y apelado.
    No. 6372.

    Sometido: Noviembre 16, 1933.

      Resuelto: Noviembre 29, 1933.

      José Sabater, abogado- de los apelantes; J. Alemañy Sosa, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La acción qne se ejercita en este caso tiene por objeto la remoción de nn estorbo qne según los demandantes tiene el carácter de público. Se alega en la demanda, sustancialmente, que los demandantes son dueños de una casa, con sn solar, enclavada en la calle Tendal, esquina a la de la Rosa y mar-cada con el No. 1 de la primera calle y No. 83 de la segunda, qne fné construida con anterioridad al año 1898; y que la expresada calle Tendal, con la qne colinda por el oeste la referida casa de los demandantes, ba sido una calle pública desde tiempo inmemorial, y antiguamente y desde tiempo in-memorial se le conocía con el nombre de “Camino del Ten-dal”, por ser éste el camino qne conducía al antiguo Tendal, propiedad de don Alfredo Cristy, y desde tiempo inmemorial ese camino llamado del Tendal fné nn camino público y ha estado desde entonces dedicado al público para el transporte de peatones y vehículos por ese sitio, cpie la calle del Tendal parte de la calle de la Eosa, hoy Boulevard de Diego, desde la esquina snr de la casa de los demandantes, en enyo sitio tiene un ancho de 8 metros 75 centímetros, y en su prolonga-ción de sur a norte hasta la casa de Sucesores de Blanes tiene-una longitud de 29 metros 30 centímetros; que el día 16 de octubre de 1931, el demandado José López Fernández, per-sonalmente, y utilizando un pico y azada, procedió al des-yerbo, desmonte y relleno de la parte de la calle del Tendal opuesta a la casa propiedad de los demandantes; que el de-mandante se opuso a esa obra porque pertenecía a las auto-ridades municipales de Mayagüez, negándose el demandado a paralizarla; que más tarde el demandado edificó una cerca de zinc que obstruye completa y absolutamente el paso de la calle Tendal; que debido a dicha obstrucción los demandantes no pueden entrar en su casa por la calle Tendal y el demandante, Jesús Trujillo Lange, ha recurrido al alcalde de esta ciudad y al ingeniero municipal de Obras Públicas para que procedan a derribar las cercas que estorban la calle del Tendal, por ser dicha calle una calle pública; pero que el alcalde no ha hecho nada, y habiendo recurrido al fiscal del distrito, dicho funcionario tampoco ha realizado ningún acto para hacer desaparecer dicho estorbo; y que si se permitiera que dicha cerca obstruyera la calle del Tendal, se causaría por el deman-dado al público en general y a los demandantes un daño irreparable, por no poder utilizar, como se utilizaba desde tiempo inmemorial, la calle del Tendal, y se causaría a los deman-dantes una multiplicidad de pleitos y procedimientos, pues están impedidos de entrar en su casa y de salir de ella, como lo venían haciendo, por la calle del Tendal, y la obstrucción hecha por el demandado hace desmerecer la casa de los de-mandantes en un 50 por ciento de su valor, que se estima en $5,000, y que los demandantes no tienen otro remedio ade-cuado y eficaz que su demanda de injvmction para hacer desa-parecer el referido estorbo.

Alega el demandado que tanto el solar en que enclava la casa ocupada por los demandantes como el solar propiedad del'demandado formaban una finca de 468 varas cuadradas, o sea, de 18 varas por su frente principal, snr, a la calle de la Eosa, boy Boulevard de Diego, por 26 varas de fondo, y la cual babía sido segregada de una finca de nna superficie de 71,022 varas cuadradas, qne perteneció a la Sucesión G-uenard; que dicba finca de 468 varas cuadradas le fue adjudicada a doña Eugenia Antonia G-uenard y Carrie, y ésta vendió la mitad de dicba finca, o sea 9 varas de frente por 26 de fondo, que es el solar en que enclava la casa ocupada por los demandantes y que anteriormente perteneció a don Nico-medes Sánchez y su esposa doña Anastasia Eamos, y después a doña Margarita Avilés, madre de la demandante doña Antonia Lange Avilés de Trujillo; y que las otras 234 varas cuadradas, o sea, 9 varas de frente por 26 de fondo, se las había vendido la Sra. Guenard y Carrié al demandado, por escritura otorgada en la ciudad de Mayagüez, ante el Notario Mariano Eiera Palmer, en 10 de agosto de 1908; que el solar vendido al Sr. Sánchez y que después perteneció a la madre de la demandante, Sra. de Trujillo Lange, colinda por el oeste con el solar comprado por el demandado, y que dicho solar perteneciente al demandado colinda por el oeste con la pro-longación de la calle San Agustín; que cuando él compró dicho solar en 1908, era un precipicio, destinado a basurero, inaccesible a toda comunicación en cualquier clase de ve-hículo, y teniendo el demandado como negocio en aquella época una empresa de coches para el servicio del público en el patio de la casa de su residencia radicada en la prolonga-ción de la calle San Agustín, resolvió ir rellenando poco a poco parte de dicho solar para comunicarse a través de él con la calle de la Eosa, y que, al efecto, rellenó y afirmó un callejón como de tres metros de ancho, poco más o menos, en las colín - dancias norte y este de dicho solar, que utilizó desde entonces, hace ahora poco más o menos veinte años, como camino para salir sus coches a la calle de la Eosa y de ésta al centro de la población, y que por mera tolerancia y condescendencia per-mitió también qne otras personas atrecharan por dicho callejón desde la prolongación de la calle San Agustín a la calle de la Rosa, o viceversa; destinando el resto del solar al cultivo de guineos, malangas y otros productos, que han ido desapareciendo a medida que ha ido rellenando dicho solar y su superficie resulta incultivable; llevándose a efecto las últimas obras de relleno de dicho solar en octubre de 1931, utilizando para ello parte de unos escombros que estaban botando del Hospital Municipal.

La corte inferior declaró sin lugar la demanda basándose en que el demandado era dueño del terreno que estaba al oeste de la casa y solar de los demandantes y en que dicho solar nunca ha sido calle ni camino público. Agrega la corte que el demandado por mera tolerancia, condescendencia e in-dulgencia, permitió el paso por la parte afirmada de dicho solar. En los particulares en los cuales la prueba resulta contradictoria, la corte inferior resuelve el conflicto de la misma en contra de la parte demandante, por la naturaleza de los testimonios en los particulares relacionados con la materia a que los mismos se refieren.

Alegan los apelantes en primer término que la corte inferior cometió error al declarar ambiguamente que había resuelto el conflicto de la evidencia cuando en realidad no existió evidencia contradictoria, ya que la prueba de los de-mandantes y aun la del demandado sostiene y prueba el caso de los demandantes. En el segundo señalamiento de error se dice que la corte inferior ha resuelto el presente caso por una cuestión de derecho, como si se tratara de una acción reivindicatoría, cuando de acuerdo con la ley y la jurispru-dencia estaba obligada a resolverlo como, una cuestión de hecho en favor del público en general y de los demandantes.

No están de acuerdo las partes en cuanto a la prueba se refiere. Hay ciertas diferencias que fueron apreciadas por la corte, con muy buen acierto, a nuestro juicio, ya que la débil prueba de los demandantes no puede equipararse a la prueba clara y robusta del demandado. El demandante, Jesús Trujillo Lange, y su testigo Eusebio Castro, declaran que parte del solar del demandado se usaba como camino para pasar carros antes de haber adquirido dicho solar el Sr. López Fernández. El Sr. Castro declara que desde 1876 caminaban por ella carros. Este testimonio está en conflicto con la prueba testifical del demandado y el plano de la ciudad de Mayagüez trazado en 1888. En este plano figura la prolonga-ción de la calle de la Eosa hacia el oeste, partiendo de la calle de Mirasol, en una extensión de noventa metros, sin alcanzar el solar del demandado. El callejón considerado por los de-mandantes como calle o camino público no aparece en el plano. El terreno ocupado por el solar del demandado se marca en el plano como vegetación, según se observa claramente y según declara el ingeniero municipal Sr. José E. Acosta. Hoy la calle de la Eosa, partiendo de la calle Mirasol hacia el oeste, se prolonga hasta la casa del Sr. Trujillo Lange, en una extensión de 140 metros.

Los demandantes entienden que la corte debió limitarse a resolver cuestiones de hecho, sin penetrar en las cuestiones, de derecho que surgen.de la prueba practicada. No vemos cómo pueda impartirse justicia en este caso si prescindimos de las cuestiones de hecho y de los derechos del demandado. La corte inferior declara que el demandado es dueño del solar que abarca el callejón considerado por los demandantes como una calle o camino público. Esta es una cuestión de hecho, y partiendo de esta base la corte sentenciadora con-cluye que el demandado no se ha desprendido nunca, ni en-lodo ni en parte, del dominio del referido solar. Las conclu-siones establecidas por la corte inferior surgen de la prueba practicada que resulta clara en favor del demandado.

La prueba, a nuestro juicio, demuestra que cuando el de-mandado compró el solar había una vereda o camino como-de iy2 metros por donde podía pasarse a pie a la calle de la Eosa. El demandado ensanchó el paso, afirmándolo de ma-nera que pudiesen pasar coches. No se ha demostrado que el demandado Raya realizado ningún acto en limitación de sus derechos dominicales sobre el terreno en cuestión. En la actualidad ese callejón mide nueve pies de anchura en la parte que linda con el Sr. Trujillo Lange, según se demuestra por la prueba, especialmente el testimonio del ingeniero municipal José B. Acosta, quien dice además que el tráfico por allí era poco, y que solamente cabe un vehículo, un coche o automóvil en ese sitio. Con excepción del demandante no aparece ninguna otra persona quejándose de que se le haya privado de algún derecho al impedirse el paso por el referido callejón. Las autoridades municipales y el fiscal del distrito fueron notificados del alegado estorbo público y no han to-mado acción alguna. Se hace hincapié en la declaración deí Sr. Acosta, quien al preguntársele si el callejón estaba regis-trado en el municipio contestó: “En el plano que se hizo en 1929 sí; ahora, sobre escrituras y eso, no.” El testigo Oscar Castro declara que es auditor municipal de Mayagüez desde el año 1921, que de acuerdo con los récords de su oficina, el municipio nunca ha gastado nada en la conservación del callejón en disputa, que se denomina también “Callejón del Aguacate.” Antonio Olivencia, secretario del municipio de Mayagüez desde 1921, declara que conoce al Sr. Trujillo Lange y también la calle Santa Isabel, y el terreno que está al oeste de la casa donde vive el demandante. Befiriéndose al callejón manifestó el testigo que “con motivo de este incidente estuvo buscando los récords de su oficina y no aparece ninguno que acredite que ese callejón sea propiedad del municipio.” Añade el testigo que conoce el terreno donde se encuentra el callejón desde hace más de treinta años, y que por allí sola-mente se podía pasar a pie, y que después fué ensanchado y pasaban coches; el terreno fué afirmado desde hace como veinte años. No hay prueba alguna de que el municipio haya adquirido la propiedad del callejón mencionado en virtud de algún título. En este-respecto hay ausencia de prueba. La única persona que aparece con un título sobre ese terreno es el demandado. La mera tolerancia del uso de ese camino no puede tener el alcance de limitar el dominio del demandado sobre el terreno mencionado.

No declara el Sr. Acosta, como dicen los demandantes en su alegato, que la calle del Tendal sea llamada por unos ca-llejón del Aguacate, y por otros Santa Isabel Segunda. El testigo dice que el callejón que se llama Aguacate parte de la calle de la Rosa, donde bay una curva, saliendo a la calle más ancha hacia el norte, “a la calle que se llama hoy ‘de ios Millonarios’ ”, y que según ha oído decir se llamaba por unos Tendal y por otros Santa Isabel Segunda. Claramente se ve que el Sr. Acosta se limita a decir que este callejón del Aguacate sale a la calle que se.llamó antes Tendal y Santa Isabel Segunda y hoy se llama calle de los Millonarios. El demandante Trujillo dice que su casa linda por el oeste con la calle del Tendal y el demandado designa un callejón sito detrás del Hospital de San Antonio, lindando por el este con su casa vivienda. Esta casa está enclavada en un solar que mide once metros setenta y nueve centímetros de frente por veinticinco metros ocho centímetros de fondo, y fuá adquirido en distintas fechas, una parte en 1896 y otra en 1900, según se acreditó en "expediente de dominio aprobado en 1914. La deducción que hace el abogado de los demandantes de que este callejón existía en 1896 y en 1900 no surge de la prueba do-cumental, toda vez que el callejón se menciona en 1914 al des-cribirse englobadas las dos parcelas que fueron adquiridas separadamente con anterioridad. En esta mención del refe-rido callejón ponen mucho énfasis los demandantes. El de-mandado declara que a la calle que pasa frente a su casa de vivienda se le dice Tendal, pero que es prolongación de la calle San Agustín. Sobre este particular la prueba testifical no es todo lo clara que fuera de desear. Sin embargo, hay un dato que demuestra claramente la posición del solar del demandado donde está enclavado el callejón en relación con la casa y solar de los demandantes. En la escritura de venta .otorgada por doña Eugenia Antonia Guenard y Carrié a favor del demandado, con el No. 424, ante el notario Lie. Mariano Riera Palmer en 10 de agosto de 1908, se dice que la vendedora es dneña de nn solar de 9 varas de frente por 26 de fondo, radicado en la calle de la Rosa, que linda por el este con Nicomedes Sánchez antes, hoy Margarita Aviles, y por el oeste con la prolongación de la calle de San Agustín. En esa misma escritura se dice que ese solar es el resto de uno que se le adjudicó en la división de los bienes otorgada ante el mismo notario, por los herederos de doña Isabel y de don José Q-uenard y Oarrié, en 19 de septiembre de 1899, que había sido segregado de una superficie de 7122 varas y que tenía una capacidad de 478 varas cuadradas, o sea 18 varas por su frente principal, sur, a la cálle de la Rosa, por 26 de fondo, con solar y tierra de la sucesión de doña Isabel Grue-nard, y a la izquierda prolongación de la calle San Agustín. Gomo se ve el solar de 478 varas cuadradas lindaba por el este con Nicomedes Sánchez antes, hoy Margarita Aviles, siendo ésta la madre de la esposa del demandante, Sra. de Trujillo Lange. De modo que en 1908, cuando el demandado adquirió el mencionado solar, sus vendedores daban como co-lindancia hacia el este el solar propiedad hoy de los deman-dantes, y no el callejón en cuestión.

El propio demandante Sr. Trujillo Lange dice en su tes-timonio, producido en 1931, a preguntas del abogado del de-mandado, que su casa ha sido ampliada recientemente, como hace dos años, y que en esa reforma se le puso balcón a la parte oeste, quedando la mayor parte del frente, según afirma el propio demandante, en la calle de la Rosa. El ingeniero Sr. Acosta dice que el frente de la casa de los demandantes es la calle de la Rosa, siendo la esquina un callejón al oeste llamado Aguacate. A la prueba testifical y documental hay que añadir la inspección ocular practicada por el juez que falló el caso declarando sin lugar la demanda. Los deman-dantes tienen franca salida por el frente de su casa que queda en la calle de la Rosa.

Los demandantes arguyen que éste es un caso que debió ser resuelto por los hechos, que los títulos de propiedad de las partes no han debido decidir la cuestión, y qne lo único qne la corte inferior tenía qne resolver es el hecho y no el derecho qne pudiera tener el público o los demandantes al callejón o calle Tendal. En apoyo de sns contenciones citan lós demandantes el caso de Fernández v. González, 41 D.P.R. 726, en el qne este tribunal resolvió qne en interdictos para recobrar la posesión se discute y resuelve sólo el hecho y no el derecho de posesión y qne en injunctions para recobrar posesión del uso de un camino no es admisible prueba sobre el derecho con qne el demandante pasara por el camino en cnestión. No debemos olvidar qne los demandantes en este caso solicitan la eliminación de un estorbo público y qne no alegan derecho alguno al uso del callejón o camino en su ca-rácter privado. Sns alegaciones sostienen qne se trata de una calle pública y qne debe dejarse expedito el paso, porque si se permitieran las cercas que obstruyen “la calle del Tendal se cansaría por el demandado al público en general y a los demandantes un daño irreparable por no poder utilizar como se utilizaba desde tiempo inmemorial la referida calle.” Se alega úna servidumbre o calle pública existente desde tiempo inmemorial y sabido es qne según nuestro Código Civil la servidumbre de paso sólo puede adquirirse en virtud de título. Los demandantes, a nuestro juicio, tienen que probar el ca-rácter público del camino para que puedan obtener un éxito favorable en sus empeños. La prueba demuestra que el de-mandado ha estado constantemente ejerciendo actos de pose-sión sobre el callejón mencionado y que únicamente por mera tolerancia ha permitido a otras personas que pasen por el mismo.

Los demandantes afirman que se trata de una calle pública y alegan que esa calle o camino se viene usando por el público desde tiempo inmemorial. No se dice que este ca-llejón haya sido dedicado al público por el demandado. La demanda está huérfana de toda alegación que pudiera com-prender los elementos constitutivos de una acción basada en la teoría de que el dueño del terreno que ocupa la alegada calle lo hubiera dedicado a que sirviera en alguna ocasión como un camino público. No surge de la prueba tampoco un acto de dedicación. En el caso de Jordán v. Rodríguez, 32 D.P.R. 619, esta corte se expresó así:

“La manifestación del testigo Santana nos deja basta cierto punto en duda respecto a si la llamada acera se usaba principalmente para fines de tráfico o como incidental a la protección que suministraba el alero a lo largo del edificio. Hubiera sido más apropiado baber presentado con un poco más de detalles la cuestión sobre el fin que persiguiera el primo y anterior dueño del edificio' al construir la ‘acera! También sería interesante saber algo más preciso sobre la escalera al final de la ‘acera’, como por ejemplo, si los escalones' se hicieron expresamente por el anterior' dueño para conveniencia del público, o si fueron un mero accidente de construcción, o si se des-gastaron por el tiempo y la intemperie o por el uso público', o si fué improvisación de algunos ciudadanos interesados en el beneficio pú-blico y como medio de acceso a esta ‘acera’ de tan rara construcción.
“El dueño de una casa situada en terrenos de otro puede, si el dueño del terreno no se opone, construir allí una acera o cualquier otra edificación que sirva para el mismo fin y si así lo desea, dedi-carla al uso público. Pero el uso poco frecuente más o menos in-termitente, por parte del público, durante un período de 16 ó 18 años, de una pared maestra u otra construcción levantada con algún fin que el dueño conoce mejor que nadie, no puede sin más, producir el efecto de una dedicación al público.
* * * * * * *
“Tampoco encontramos la más leve prueba en apoyo de la con-clusión a que llegó la corte inferior de que la nueva alineación o ensanche de la calle resultó en perjuicio de otros, dueños de propie-dades en ‘línea directa hacia el Sur.’ Por otra parte es una cir-cunstancia muy significativa que ninguno de estos dueños de pro-piedades colindantes se ha unido al peticionario en su protesta ni comparecido como testigo en el caso.”

La prueba aportada por los demandantes y sus propias alegaciones conducen a la conclusión de que el carácter pú-blico del callejón se hace depender del uso del mismo desde tiempo inmemorial. No se alega quién fué el dueño de dicho terreno, cómo se empezó a usar el camino, ni cómo fue que se convirtiera en calle ni qué derecho ni obligaciones tiene el municipio de Mayagüez para considerarlo como parte de la ciudad. Las únicas alegaciones sobre el dominio del terreno-donde está enclavado el callejón aparecen becbas por el de-mandado y estas alegaciones ban sido sostenidas por la prueba. Los demandantes descansan en el alegado uso del terreno-desde tiempo inmemorial. En el caso de Nadal v. Murattí, 34 D.P.R. 251, la corte se expresó así:

“El año de 1890 es de importancia decisiva porque con él co-menzó a regir el Código Civil y desde su vigencia la servidumbre de que se trata sólo pudo adquirirse a virtud de título y aquí ni siquiera se ha invocado ese medio de adquisición.
"El caso de Nido & Cía. v. Alicea, 27 D.P.R. 34, que cita en su. opinión el juez sentenciador, no es igual al presente. Allí la misma. parte a quien podía perjudicarle, admitió que era aplicable la legis-lación anterior al Código Civil y además de la prueba de testigos,, ancianos que declararon sobre el uso inmemorial, presentáronse 'las-admisiones de uno de los antiguos dueños del predio sirviente. Aquí la misma corte de distrito declaró probado que el camino- fué abierto, data, de la zafra de 1893 a 1894; no hubo admisiones y las propias declaraciones de los testigos de la demandada analizadas cuidadosa-mente no sostienen su contención, esto es, el uso inmemorial.
* * * * * * *
"Claro es que el callejón que se venía usando resultaba más fáeiL El hecho del xoaso por mera tolerancia se repite constantemente en las fincas de Puerto Rico. Las crecientes de ríos y quebradas, el mal estado de ciertos caminos vecinales, los atrechos, las amistades, el establecimiento de escuelas y comercios en determinados sitios, el te-mor de provocar conflictos o disgustos, el deseo de favorecer a Ios-convecinos acortando distancias y facilitando el tráfico, y otras mu-chas circunstancias podrían señalarse como causa para ello. Segu-ramente fué una situación semejante y la idea de dar fijeza y cer-tidumbre a un derecho para uno y a un gravamen para otro d.e tal importancia, la que obligó al legislador español a variar la ley y al legislador puertorriqueño a no alterar la variación. Así el paso que meramente se permite subsiste generalmente mientras de él no se abusa, como las pruebas demuestran que se abusó en este caso. Y así cuando se desea obtener uü derecho absoluto y para siempre, se sabe que hay que ir al contrato, a la adquisición del derecho mediante la compensación apropiada, garantizando la ley hipotecaria por me-dio de la inscripción el derecho que se adquiera en cuanto a terceros. A partir del 1890 las situaciones vagas, indefinidas en esta clase de servidumbres, desaparecieron en Puerto Rico.”

A la prueba testifical del demandado, que claramente de-muestra qué no bubo uso del camino por tiempo inmemorial, bay que añadir el plano de la ciudad de Mayagüez en 1888, donde como ya dijimos antes, el terreno que boy forma el ca-llejón aparece designado como vegetación. El demandado afirmó ese terreno, para dar paso a sus coches, después de haberlo comprado en 1908.

En el caso de Gierbolini v. Sucesión Rodríguez, 23 D.P.R. 870, se estableció por el demandante una acción para hacer cesar una supuesta perturbación o estorbo privado de acuerdo con el artículo 277 .del Código de Enjuiciamiento Civil. Las cuestiones de hecho y de derecho quedaron expuestas por la corte en la siguiente forma:

“Los demandados admitieron lo relativo al cierre del camino, pero negaron la existencia de una servidumbre.
“Los hechos esenciales que han sido declarados probados por la corte inferior, son que el demandante es el dueño de la finca que se describe en primer lugar en la petición; que el camino, paso, o sen-dero que atraviesa la finca del demandado había sido usado por mu-chos años como vía de entrada y salida de la finca del demandante; que dicho camino ha sido cerrado por los apelados como se ha ale-gado ; que el peticionario dejó de probar el uso o posesión del camino desde tiempo inmemorial como fué alegado, y, por tanto-, que la pre-tendida adquisición del derecho de servidumbre de paso por pres-cripción no había sido probada.
“La sentencia pronunciada es, en efecto, que la ley y los hechos están en contra del peticionario- y a favor de los apelados, y que debe declararse sin lugar" la demanda sin especial condenación de costas.
“El apelante no ataca directamente la corrección de ninguna de .las conclusiones a que llegó la corte inferior, pero insiste en el hecho de haber apreciado erróneamente dicha corte la naturaleza de lá ac-ción y el significado y alcance de ciertas alegaciones de la demanda y que fué más allá de las cuestiones envueltas en la discusión al resolver-la cuestión de reclamaciones opuestas respecto a los verdade-ros derechos de propiedad. El razonamiento impugna más bien el criterio del juez sentenciador y los fundamentos- que sirvieron de base a su decisión que la decisión misma. El alegato se funda aparente-mente en cierta vaga teoría de que cualquier intervención con el uso y disfrute de la propiedad es una perturbación (nuisance), prescin-diendo tanto de lo que constituye una perturbación, como de todos los derechos de los propietarios colindantes, siendo la deducción la de que el mero hecho de cerrar los apelados un camino o paso por su propia finca levantando' una palizada a través del mismo- en su finca, unido esto a la circunstancia de que la finca colindante del pe-ticionario queda por tal motivo privada de su medio habitual de en-trada y salida, camino que por mera tolerancia o condescendencia se ha permitido que use el peticionario por algún período de tiempo indefinido anterior a dicho cierre, confiere un derecho- de acción al peticionario. No sabemos de ningún caso en que se sostenga ese cri--criterio como tampoco ningún principio legal que pueda sostenerlo.
"Por tanto, si la corte incurrió en error, como se alega, al inter-pretar la petición en el sentido de que lo que en ella se quiere decir es una intervención en el uso y disfrute de la servidumbre más bien que con el supuesto predio dominante, no podemos comprender en absoluto qué perjuicio ha sufrido el apelante con motivo de dicho error. El derecho al paso se funda única y exclusivamente en el supuesto uso inmemorial con anterioridad a la adopción del Código Civil Español. El peticionario dejó de probar por completo el título por prescripción y no existe la más leve prueba, ni la más remota deducción de ninguna de las alegaciones de la petición,- respecto a ningún otro posible origen del título o -derecho legal de servidumbre.”

Dada la claridad de los derechos del demandado, no hay que hacer grandes esfuerzos para llegar al convenci-miento de que la corte inferior apreció correctamente los hechos e interpretó correctamente la ley. El uso del camino por tiempo inmemorial, aparte de que no ha sido prohado, no hasta por sí solo para culminar en servidumbre. Si la mera tolerancia, como dice esta corte en el caso de García v. García, 25 D.P.R. 128, no crea derecho alguno, no es de impor-tancia la consideración del elemento tiempo. . En cualquier época puede la persona que ha venido voluntariamente tole-rando, tomar otra actitud, y demandar y obtener el pleno re-conocimiento de sus derechos.

El tercer señalamiento de error consiste en haber decla-rado la corte que el demandado puede cercar y obstruir el callejón referido, cuyo uso por el público se debió a mera to-lerancia. El cuarto error consiste en no baber declarado la corte que el uso del referido callejón, que el demandado llama calle del Tendal, es una servidumbre que puede recobrarse por medio de un procedimiento de injunction. Estos errores ban sido resueltos, en nuestra opinión, al aceptar el criterio de la corte inferior sobre la no existencia de servidumbre, y al concluir que la mera tolerancia del uso del camino no puede privar al demandado de sus derechos sobre el mismo.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

text:
    Manuel Moraza, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 898.

    Sometido: Noviembre 10, 1933.

      Resuelto: Noviembre 29, 1933.

      Manuel Moraza, abogado del recurrente; el registrador recurrido' compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Moraza compró una finca urbana en Santurce Norte, del municipio de San Juan, en remate efectuado por el Colector de Eentas Internas de esta ciudad en 29 de fe-brero de 1932, en cobro de ciertas contribuciones adeudadas sobre dicha finca por el contribuyente Octaviano J. Herrera. Con fecha 3 de junio de 1932, el colector proveyó al adjudi-catario del correspondiente certificado creditivo de tal com-pra. Transcurrido el período fijado por la ley para solicitar la redención de la propiedad vendida, se presentó para su inscripción en el registro el certificado librado por el colector. El registrador denegó la inscripción basándose en la nota que copiamos a continuación:

“Denegada la inscripción de este documento, por observarse que el crédito hipotecario de J. Clivillés y Compañía, Sucesores, S. en 0., representado por pagaré, ha sido cedido por endoso de dicho pagaré a favor del National City Bank of New York, como consta mencionado al practicarse por este Banco una cancelación parcial de dicho cré-dito y al practicarse una nota de aviso de demanda en ejecución del mismo crédito, y dicho acreedor no ha sido notificado de la venta, como tampoco se prueba que se haya publicado edictos para notificar a la persona que resultare tenedora del expresado pagaré, todo ele acuerdo con el artículo 315 del Código Político, y tomada anotación preventiva, por ciento venite días, al folio 205 del tomo 161 de San-turce Norte, finca 6943 y anotación letra Ai.”

Alega el registrador que en el procedimiento no se siguie-ron los trámites de ley en lo que toca a hipotecas represen-tadas por obligaciones al portador, siendo insuficiente la no-tificación practicada en el caso que nos ocupa. No hay duda de que el colector tuvo conocimiento de que la finca vendida estaba afecta a una hipoteca inscrita a favor de la mercantil J. Clivillés & Co. Sues. S. en C., en garantía de un pagaré sus-crito por el deudor Octaviano J. Herrera. En comunicación dirigida al colector de rentas internas en 7 de abril de 1932, suscrita por el registrador A. Malaret, se dice que esta finca aparece afecta a una hipoteca a favor de J. Clivillés & Co. Sucs. S. en C., por $700, según la inscripción primera y a otra hipoteca a favor del portador de un pagaré por $700 según la inscripción segunda.

El registrador expone sn criterio con claridad y precisión. El artículo 315 del Código Político exige la noti-ficación de la venta a todas las personas que tuvieren una hipoteca o gravamen sobre la propiedad vendida, consignando en la notificación la fecha de la venta, la suma en que se hu-biere vendido la propiedad y los demás datos que el Tesorero •estimare oportunos. Para que el comprador quede investido eon el título mediante venta por contribuciones, es necesario demostrar que se ha notificado la venta a las personas intere-sadas. Salgado v. Registrador, 26 D.P.R. 172. De la faz del •certificado se desprende que de acuerdo con el artículo 315 citado fueron notificados de la venta Octaviano J'. Herrera como dueño y J. Clivillés & Cía. Sues. S. en C. y Paula Pi-neda como tenedores de pagarés hipotecarios, quienes apa-recen con interés en el remate. Exponiendo las razones que tuvo para negarse a verificar la inscripción, dice el Registra-dor en su alegato:

"Al traer el adjudicatario a inscribir su título nos encontramos con que el derecho real que primitivamente se inscribió a favor de J. Clivillés & Cía. Sues. S. en C., en garantía de pagaré, si bien no existe asiento formal de cesión del crédito, el pagaré que lo repre-senta aparece endosado a favor de The National City Bank of New York, el que ‘como tenedor actual’ del pagaré, cancela parcialmente la hipoteca, haciéndose la reducción al dorso del pagaré. Tenemos ahora que el National City Bank, endosatario del pagaré que origi-nalmente figuró a favor de J. Clivillés y Compañía, Suers. S. en C., no ha sido notificado de la venta hecha por el Colector de Rentas In-ternas de acuerdo con el Art. 315 C. P., y del mismo modo, tampoco aparece del certificado la notificación a un tercer endosatario de dicho pagaré, en el supuesto de que el Banco transfiriera tal obligación. Es nuestro criterio que el Colector, para cumplir con lo prescrito por el Art. 315 C. P. no solamente debió notificar de la venta a J. Cli-villés y Co., como probable tenedor original del pagaré, y al National City Bank of New York, como endosatario, sino también a cualquier tercer poseedor ignorado de la obligación hipotecaria aludida, para que este tercer poseedor ignorado ejercitara su derecho de acuerdo con la Ley. De ahí que sea necesario demostrar que se haya publi-cado edictos notificando de la venta a ese tenedor ignorado del pagaré. ’ ’

Opinamos que el Registrdor está en lo cierto. Cuando los préstamos hipotecarios consisten en obligaciones pagaderas al portador, el medio más eficaz y recomendable para notificar a los interesados es la publicación de edictos. Estas obliga-ciones pasan con frecuencia de una mano a otra. El tenedor de un pagaré hoy, puede no serlo mañana, y a fin de cumplir con los requisitos que exige la ley es natural que se notifique-a los tenedores de obligaciones de acuerdo con las constancias del registro y que se acuda además al medio supletorio de la publicación de edictos para notificar a los posibles tenedores de esas obligaciones. El presente caso pone de relieve cuán, acertado resulta el criterio sostenido por la parte recurrida-Cuando el Registrador informó al .colector de rentas internas acerca de las cargas e hipotecas a que resultaba afecto el in-mueble, no aparecía el National City Bank como tenedor del pagaré que originalmente figuró a favor de J. Clivillés & Co-Sucs. S. en C. El National City Bank no ha sido notificado, sencillamente porque el colector de rentas internas no tuvo conocimiento entonces de que dicho Banco era tenedor del mencionado pagaré.

Alega el recurrente que aun en el caso de que procediese-la publicación de edictos, el registrador ha debido inscribir con defecto subsanable, ya que el referido requisito puede-cumplirse en cualquier momento, si fuese necesario. Arguye el registrador que la omisión de la publicación de edictos, notificando la venta impide la inscripción del certificado, sin. que pueda calificarse tal omisión de defecto subsanable. En nuestro sentir no procede la inscripción. El artículo 348 del Código Político dispone que el término para redimir la pro-piedad vendida .comienza a correr desde la fecha del certifi-cado de compra. El colector de rentas internas no debe ex-pedir este certificado mientras no se haya cumplido con todos--los requisitos que la ley exige, entre los guales figura la no-tificación de la venta al dueño, sus herederos o cesionarios, o cualquier otra persona que tenga algún derecho o interés en la propiedad, a fin de que el derecho de redención pueda uti-fizarse por los interesados en su oportunidad. Si el término para redimir arranca desde la fecha del certificado de com-pra, parece lógico que el certificado no se expida mientras no hayan sido notificadas todas las partes interesadas, para evi-tar que el período fijado para la redención comience a correr antes de realizada la notificación.

Debe confirmarse la nota recurrida.


text:
    Manuel Moraza, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 897.

    Sometido: Noviembre 10, 1933.

      Resuelto: Noviembre 29, 1933.

      Manuel Moraza, abogado del recurrente; el registrador recurrido ■compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Moraza compró una finca urbana de 18,274.33 metros en el barrio, de Santurce, municipalidad de San Juan, en la subasta celebrada por el Colector de Rentas Internas el 29 de febrero, de 1932, en cobro de contribuciones adeudadas sobre dicha finca por Oetaviano J. Herrera. El certificado de compra expedido por el Colector de Rentas Internas expresa que la finca se llalla sujeta a un gravamen hipotecario a favor de J. Ochoa & Hno., cuyo gravamen está representado por un pagaré. El 22 de julio de 1933 se presentó para su ins-cripción en el registro de la propiedad el certificado anterior-mente referido. El registrador denegó la inscripción solici-tada basándose en la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del presente documento por no hallarse inscrita la finca a que el mismo se refiere, tal como se la describe y determina, a favor de Octaviano J. Herrera, ni de ninguna otra persona; y además porque en el supuesto de que la hipoteca que según el título le afecta a favor de J. Ochoa y Hermano, esté representada por pagaré, no se han publicado los edictos correspondientes, de acuerdo con la ley, notificando de la venta a los ulteriores tenedores del o de los pagarés que representen esa hipoteca. Die esa negativa se ha tomado anotación preventiva por el término' legal de ciento veinte días, al folio 210 del tomo 161 de Santurce Norte, finca nú-mero 6944 y anotación letra A.”

1 Alega el recurrente que el registrador cometió error al denegar la inscripción del certificado de venta, exponiendo como razón no hallarse inscrita la finca a favor de Don Oc-taviano J. Herrera ni de ninguna otra persona, constando como consta de la certificación expedida por el propio regis-trador que los esposos Don Octaviano J. Herrera y Doña Ma-ría Gorbea inscribieron en el Registro de la Propiedad una finca de 47,935.93 metros, de la cual se segregaron dos par-celas, una de 9,271.85 metros que fué inscrita en el Registro de la Propiedad, y otra de 2,002.47 metros que también fué inscrita en el registro, formando ambas parcelas sumadas la finca de 18,274.33 metros que se describe en el certificado de venta de la finca subastada y adjudicada al recurrente.

Opinamos que el registrador estuvo justificado al denegar la inscripción. El hecho de que estas dos parcelas unidas arrojen una cabida igual a la que aparece en el certi-ficado de venta, no quiere decir que necesariamente la finca vendida, esté compuesta de esas dos parcelas. Si esa es la realidad el Colector de Rentas Internas debió haber hecho Constar en. el certificado que la finca rematada se formó por agrupación de las dos porciones de terreno. El registrador no puede adivinar, sin datos precisos que lo justifiquen, que dos predios de terreno que aparecen en el registro a nombre de Octaviano J. Herrera, forman, sumando sus respectivas cabidas, la finca que fue objeto del remate y que se describe en el certificado.

En cuanto al segundo motivo aducido por el registrador para negar la inscripción, si realmente la hipoteca está repre-sentada por pagarés, debe acudirse a la publicación por edic-tos, de acuerdo con la jurisprudencia sentada en el caso de Moraza v. El Registrador, ante, pág. 829, resuelto en el día de hoy.

Debe confirmarse la nota recurrida.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emeterio Ortiz, acusado y apelante.
    No. 5109.

    Sometido: Noviembre 21, 1933.

      Resuelto: Noviembre 29, 1933.

      Juan Valldejuli, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

Emeterio Ortiz fue declarado culpable de un delito de aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes y con-denádo a seis meses de cárcel y al pago de las costas. No conforme el acusado apeló de la sentencia, por entender que la misma es contraria a la prueba, que no se ha establecido el delito imputado y que es también el producto de un proceso de parcialidad, prejuicio y pasión por parte del juez sentenciador. Declararon en este caso Ramón Cha-rriez, Faustino Correa y la supuesta perjudicada Agripina Pagán, como testigos de la acusación, y Antonio Delgado y el acusado Emeterio Oítiz como testigos de la defensa. Los testigos Ramón Cbarriez, Faustino Correa y Antonio Delgado no presenciaron los becbos. El fallo de la corte inferior se basa en la declaración de Agripina Pagán, que fué la única persona que declaró sobre la agresión de que se acusa a Emeterio Ortiz. Al acusado se le imputó, de acuerdo con la denuncia, un delito de acometimiento con circunstancias agravantes. Se alega que el denunciado es un varón adulto y que de una manera ilegal y violenta, y con intención de cau-sar grave daño corporal a la denunciante, como se lo causó, la acometió y agredió con un foete de cuero, dándole dos foe-tazos.

Agripina Pagán declara substancialmente que conoce a Emeterio Ortiz, con el cual vive, y que en 13 de agosto de 1932, por la nocbe, la declarante se bailaba en casa de su mamá y el acusado la esperaba en la casa donde vivían; que al regresar a su casa el acusado le preguntó qué bacía por allá y la testigo le contestó que estaba arreglándole la cama a su mamá que no se podía mover; que entonces entraron en una discusión y trancaron la casa y comenzaron a pelear; que Emeterio Ortiz le tiró una gaznatada y no le bizo nada más; que pelearon; que ella juró la denuncia en la Corte Municipal de Tabucoa y que fué a denunciar a Emeterio Ortiz porque le dió una gaznatada y empezaron a pelear en la casa con la casa trancada; que él cogió una silla para tirarle y cuando le fué a tirar se agarró del foete y se dió un golpe; que el golpe que se dió fué con la mesa; que el acusado le dió con el foete en el muslo; que no conserva marca del golpe; que anteriormente no le había pegado nunca con un foete; que el acusado le dió el golpe del muslo cuando levantó el foete; que había una mesa de punta y que con la mesa se dió el golpe y supuso que fue con el foete.

Preguntada por el juez si no había dicho antes al fiscal que ese golpe se lo dió el acusado con un foete, contestó: “Sí, pero otro golpe que tenía fué con la mesa.”

La declaración de la testigo terminó del modo siguiente:

“Hon. Fiscal: Dígame, señora, .¿no me declaró usted ahorita a preguntas mías que este señor le había pegado con el foete?
“R. — Sí, señor, me dió con el foete; pero otro golpe que yo tenía me lo había dado con la mesa.
“P. — ¿Entonces él le dió con el foete, y además usted se dió ese otro golpe con la mesa? Conteste con la boca.
“T.- — Sí, señor.”

En esta prueba se basó la corte inferior para pronunciar su fallo declarando culpable a Emeterio Ortiz del delito de acometimiento y agresión grave.

Se acusa a la corte inferior de pasión, parcialidad y pre-juicio. Esta acusación se basa en haber dicho la corte sen-tenciadora, al pronunciar su fallo, que Agripina Pagán, que-riendo hacer al acusado todo el bien posible, no dijo toda la verdad de los hechos, sino una parte de los mismos a la cual dió crédito el tribunal inferior. También se critican las pa-labras de la corte al decir que era un delito “grave, muy grave, agredir a una mujer, y sobre todo agredirla con un foete que es un instrumento que su empleo implica deshonor para la persona agredida.”

Arguye el acusado que el testimonio de Agripina Pagán no pudo merecer crédito, y no lo mereció, cuando el mismo tribunal lo expresa en su sentencia. Añade que la corte inferior, mediante un proceso de deducción dice haber descu-bierto una parte de la verdad de la testigo y que sobre este sector de verdad que la corte dice haber visto es que se basan las palabras llenas de prejuicio y parcialidad vertidas por el tribunal sentenciador. Al argumentar el caso ante nosotros, el abogado del acusado nos dijo que siendo la declaración de Agripina Pagán falsa en parte, ha debido ser desestimada en sn totalidad.

Conviene advertir qne la corte inferior basa sn fallo en la parte de la verdad qne a sn juicio produjo Agripina Pagan, a la cual dió crédito, haciendo constar qne la testigo no había dicho toda la verdad, queriendo beneficiar al acusado. La máxima Falsus in Uno, Falsus in Omnibus no es aplicable en nuestros tiempos con la invariable rigidez que se interpretó en el pasado. Refiriéndose a esta máxima, dice Wigmore en el tomo segundo, página 499, de su obra sobre Evidencia:

"Puede decirse, de una vez y para siempre, que la máxima en sí carece de eficacia, primero, porque, en punto a validez, meramente contiene de manera vaga el germen de una verdad que nadie nece-sita que se le enseñe, y en las otras es absolutamente falsa como máxima de la vida; y, en segundo término, porque, en punto a utilidad, meramente dice al jurado lo que éste puede hacer en todo caso, y no lo que debe o no debe hacer, y, por tanto; es una superfina combinación de palabras. Además, en la práctica resulta perniciosa, en primer lugar, porque frecuentemente surge una mala inteligen-cia respecto a su propia fuerza, y, en segundo término, porque se ha convertido en manos d© muchos abogados en un mero instrumento para obtener nuevos juicios a base de puntos que de por sí carecen en absoluto de importancia.”

La noción original asociada a esta máxima de que debe rechazarse necesariamente como indigno de crédito el testi-monio de una persona que ha incurrido parcialmente en fal-sedad, no prevalece en el día de hoy. “Esta noción,” dice Wigmore, “era compatible'con la filosofía artificial del testi-monio que prevaleció hasta una fecha tan avanzada como el año 1700, y fué eliminada de la ley mucho después de haber ■ perdido prácticamente su aceptación social como resultado de la aguda crítica de Bentham.”

En la página 450 de la obra citada, dice Wigmore:

“Pero a pesar ele haber sido perpetuada descuidadamente esta noción artificial por algunas decisiones, ha dejado de ser la ley de Inglaterra desde los comienzos del Siglo XVTII. H|ay dos razones que demuestran cuán poco sana es esta noción cómo una regla de derecho. No responde a la naturaleza humana. No es exacto que una persona que dice una simple mentira esté mintiendo necesaria-mente en todo su testimonio y no existe una fuerte probabilidad de que esté así mintiendo. La probabilidad es en contrario. El jurado es parte del tribunal encargado de formar una conclusión con res-pecto a la veracidad del testimonio ofrecido. Tiene absoluta libertad para creer o no creer a un testigo determinado. Una vez que el tes-tigo ha sido considerado por el juez como capacitado para declarar, la creencia sobre sus manifestaciones descansa exclusivamente en el jurado. Por lo tanto, el juez no puede legalmente exigirles que crean o que dejen de creer una porción del testimonio.”

“El correcto principio,” añade Wigmore, “no va más allá de declarar qne el jurado puede, y no que debe, desestimar el testimonio.” En el presente caso la corte inferior apreció la prueba, creyendo que la perjudicada Agripina Pagán no había producido todos los hechos, pero que había dicho bas-tante para hacer surgir en el ánimo del juzgador el conven-cimiento de que había sido agredida con un foete por el acu-sado. Se calificó el delito de muy grave. Las palabras ver-tidas por la corte al pronunciar la sentencia, no bastan para hacer surgir la conclusión de parcialidad, pasión o prejuicio que le atribuye el acusado. Tampoco debemos intervenir en el ejercicio de la discreción judicial al imponer la pena.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Senos, Hutchison,

text:
    Rafael Ramírez Escudero, demandante y apelante, v. Agustina Monroig, demandada y apelada.
    No. 6138.

    Sometido: Mayo 16, 1933.

      Resuelto: Noviembre 29, 1933.

      Luis Vergne Ortiz, abogado’ del apelante; F. Ramírez de Arellano, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Senos, Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Después de ejecutarse una hipoteca sobre una casa y solar, el deudor hipotecario inició esta acción para recobrar $500 como su exención por el derecho de hogar seguro. Apela de una sentencia por $33.36, o sea, la diferencia existente entre la reclamación del demandante y la suma pagada por la acree-dora hipotecaria después de celebrarse la subasta, por con-cepto de contribuciones vencidas y no pagadas sobre la finca hipotecada al tiempo de la ejecución.

De conformidad con la fraseología de la Ley de Hogar Seguro (sección 1000 de los Estatutos Revisados de 1911) el derecho de hogar seguro está exento “de embargo, sentencia, exacción o ejecución, excepción hecha de las contribuciones que adeudare.” El artículo 333 del Código Político provee que: “Cualquier persona que tuviere un gravamen sobre la propiedad de otra, podrá pagar las contribuciones y recargos impuestos sobre dicha propiedad en cualquier tiempo después que éstos hubieren llegado a ser vencidos y no satisfechos, y dichas contribuciones y recargos se acumularán al gravamen y serán reembolsados al tipo de interés especificado en el do-cumento constitutivo del gravamen.” Podría admitirse que los hechos del presente caso no lo hacen caer dentro del al-cance de la disposición que acabamos de citar ni dentro de ninguna de las disposiciones del Código Civil relativas a sub-rogación. El alegato del apelante no va más allá de esto. El artículo 7 del Código Civil dispone, sin embargo, que “Cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos.” Por consiguiente, la corte de distrito estaba en libertad de proceder de conformidad con los principios generales de equi-dad y si bien quizá no se cierre la puerta a ulterior argu-mentación en casos futuros, por ahora no estamos preparados para decir que el demandante no estaba en conciencia .obli-gado a devolver a la demandada la suma de $466.64 pagada por ella con el objeto de liberar la finca del gravamen de las contribuciones en descnbierto al tiempo de la ejecnción.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    Everaldo Maldonado, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Arecibo, recurrido.
    No. 902.

    Sometido: Noviembre 6, 1933.

      Resuelto: Noviembre 29, 1933.

      IsaÁas M. Crespo, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Magdalena Jiménez Sotomayor, después de obtener el di- ' vorcio de su marido, vendió a Everaldo Maldonado su condo-minio y derechos indivisos en cierta parcela de terreno que había pertenecido a la sociedad de gananciales. La escritura contenía una cláusula en que se decía que el activo de la so-ciedad de gananciales había sido liquidado extrajudicialmente y que cierta parte del terreno en cuestión había sido adjudi-cada a la esposa. Esta porción o subdivisión también se des-cribía en la escritura y el comprador convino en aceptar, y aceptó, la misma como equivalente al condominio pro indiviso y a los derechos realmente adjudicados a él. El registrador de la propiedad se negó a inscribir la escritura debido a que Fidel Alvarez no había comparecido en la misma. El caso de Muñoz v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, 41 D.P.R. 676, es citado en apoyo de esta resolución.

La escritura no pretendía ser una enajenación del terreno que en ella se alegaba había sido adjudicado a 1a. esposa. No trató de obligar, ni obligó, al esposo divorciado en forma al-guna. Sí obligó al adquirente a pasar por el resultado de la división que se decía ya había sido hecha, mas esto no alteró la naturaleza del documento. La transacción en su totalidad fue simplemente un traspaso del condominio pro indiviso de la vendedora o de cualquier derecho, título e interés que ella tuviera en la parcela mayor de terreno sujeta a la liquida-ción final de la sociedad de gananciales, ya hecha o por ha-cerse. Como tal era inscribible. Véanse los casos de Quiñones v. Registrador de la Propiedad de Caguas, 16 D.P.R. 16 ; Escalera v. Falú, 19 D.P.R. 751; Ríos v. Registrador de la Propiedad de Arecibo, 19 D.P.R. 742; García v. Registrador de la Propiedad de Guayama, 27 D.P.R. 624; Becerra v. Registrador de la Propiedad de Guayama, 27 D.P.R. 843; Allende v. Registrador de la Propiedad de San Juan, 28 D.P.R. 569; y Muñoz v. Registrador de la Propiedad de Caguas, 30 D.P.R. 70.

La resolución recurrida debe ser revocada.


author: El Juez Asocíalo Señor Hutchison,

text:
    Arturo Ramos Janeiro, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 895.

    Sometido: Noviembre 6, 1933.

      Resuelto: Noviembre 29, 1933.

      G. Domínguez Rubio, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asocíalo Señor Hutchison,

emitió la opinión del del tribunal.

El registrador de la propiedad inscribió nna escritura de compraventa, pero se negó a inscribir una hipoteca para ga-rantizar el pago de una parte del precio de la venta. La teoría de esta negativa fué que, si bien las partes habían te-nido la intención y trataron de constituir una hipoteca, ellas no habían realizado ese propósito en términos expresos.

De acuerdo con los términos de la primera cláusula de la escritura de compraventa, el vendedor dejó en poder del com-prador el saldo insoluto de la venta como un préstamo hipo-tecario que habría de constituirse más tarde en el mismo do-cumento. El instrumento mismo se intitula “compraventa e hipoteca”. La parte pertinente de la segunda cláusula, y la tercera, leen así:

“Los esposos compradores, o sea don Francisco Porrata Doria y doña Josefina Sabater y Rivera, proceden a establecer un préstamo HIPOTECARIO, a favor de don Arturo Ramos Janeiro, de conformidad con las cláusulas siguientes: Primera: — Don Francisco Porrata Do-ria y su esposa doña Josefina Sabater y Rivera, por la presente de-claran estar adeudando a don Arturo Ramos Janeiro la suma de seteCientos setenta y cinco dólares, moneda americana corriente que se comprometen a devolvérsela dentro1 del término- de un año a contar de la fecha de esta escritura y a vencer por tanto el veinti-cinco de noviembre de mil novecientos treintidós, con el interés del doce por ciento anual (12%) sobre la referida suma, obligándose los deudores hipotecarios a pagar mensualmente dicho interés, que-dando por tanto la finca afecta a dicha hipoteca en la forma en que aparece reseñada la urbana de méritos precedentemente.
“Tercera: — Los deudores hipotecarios pueden satisfacer la hipo-teca referida en plazos parciales dentro del término del contrato- y en cualquier momento en su totalidad, obligándose a pagar de su cuenta todos los gastos de esta escritura, su copia, sellos de Rentas Internas y la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad, como también se obligan además a pagar las costas, gastos, desem-bolsos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial asig-nándose para tales gastos y costas y honorarios una suma de ciento cincuenta dIóuaRES en caso de contienda.
'‘Ambas partes renuncian expresamente el derecho de ‘Homestead’ (Hogar Seguro) para cu'alquier reclamación que pudiera surgir con motivo de la venta e hipoteca arriba relacionada y señalan como valor de dicha finca urbana descrita anteriormente a los efectos del Prés-tamo Hipotecario la misma cantidad de un ímiu setenta y ctnco dó-laRbs que fué el precio de la compraventa.
“Las partes aceptan y ratifican la presente escritura en todos sus extremos por estar redactada de acuerdo con sus instrucciones. ’ ’

El extracto que antecede no deja lugar a dudas de que las partes no sólo tuvieron la intención de constituir una hi-poteca sino que entendieron que la habían constituido. Debe darse efecto a esa intención inequívoca y a .ese entendido mutuo.

TJn préstamo hipotecario, según lo define la Enciclopedia Jurídica Española en la página 552 de su tomo XXV, es “toda entrega de dinero cuya obligación de devolverlo se garantiza con hipoteca sobre inmuebles o derechos reales.” Un prés-tamo sin una hipoteca que garantice su pago, no es hipote-cario. Cuando las partes, quienes habían convenido expresa-mente en constituir un préstamo hipotecario, procedieron “a establecer un préstamo hipotecario .... de conformidad con las cláusulas siguientes,” y entonces hicieron constar en la cláusula posterior inmediata, luego de un reconocimiento de deuda y una promesa de pago, que la finca quedaba por tanto afecta a dicha hipoteca, lograron, a nuestro juicio, su propó-sito de constituir tanto una hipoteca como un préstamo.

Debe revocarse la nota recurrida y devolverse el caso con instrucciones de que se inscriba la hipoteca.