text:
    Bravo et al., Demandantes y Apelantes v. Bravo et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre rendición de cuentas, y otros extremos.
    No. 1747.
    Resuelto en mayo 31, 1919.
    Rendición de Cuentas- — Tutor—Alegaciones.-—En una acción sobre rendición de cuentas no es bastante con que los demandantes aleguen solamente la falta de rendición de cuentas, sino que si el tutor reliusa rendir esas cuentas los demandantes tienen que probar que el tutor se hizo cargo del caudal here-ditario o que negligentemente dejó de encargarse de los bienes de que debió incautarse.
    Id. — Id.—Malicia o Fraude — Cuidado y Diligencia. — -La sentencia en una ac-ción como ésta es siempre reparadora y nunca de carácter punitivo, a menos que se alegue malicia o fraude. El deber de un tutor respecto a los bienes de sus pupilos es el de emplear aquella clase de diligencia que todo hombre Xirudente habrá de ejercitar en sus propios negocios.
    Id. — Id.-—Sentencia por Virtud de las Alegaciones. — Aun cuando en una ac-ción sobre rendición de cuentas la contestación sea defectuosa y en la de-manda se exponga toda la verdad, de acuerdo con el artículo 194, párrafo 2, del Código de Enjuiciamiento Civil, siempre es necesario la celebración de un juicio para investigar las cuentas; por tanto no comete error la corte al negarse a ordenar la eliminación de la contestación y dictar sentencia sobre las alegaciones.
    I'd. — Id.—Negligencia—Productividad de las Propiedades. — La exclusión de la prueba para demostrar que ciertas propiedades pudieron haberse hecho pro-ductivas no constituye error en ausencia de alguna demostración de que era la intención demostrar que la falta de productividad era debida a la negli-gencia del tutor, y la falta de productividad de ciertas propiedades no cons-tituye prueba de negligencia a menos que se demuestre que era su deber hacerlas producir.
    Id. — Id.—Firma Social- — -Partes.—El hecho de ser el tutor miembro de una firma social en que los apelantes tenían un interés no da derecho a que se haga una investigación de los asuntos de dicha firma más allá de lo que la corte permitió cuando dicha firma no es parte en la acción de rendición de cuentas.
    Id. — Id.—Prueba—Sele-Serving Declaration. — La declaración del demandado de que él no había tenido ninguna queja de los inquilinos no constituye un “self-serving declaration,” pues esto es un hecho en sí y no meramente prueba de referencia.
    Id. — Id.—Pagos.—Due un error inofensivo, de constituir error, el permitir al demandado presentar sus comprobantes en globo por los pagos verificados, pues' el hecho de que estuvieran bajo su custodia constituyó prueba de su autenticidad y su manifestación bajo juramento de que se hicieron los pa-gos constituye prueba prima facie.

    Id. — Id.—Erutos por Pensión. — Cuando existe la tutela testamentaria a frutos por pensión el tutor no está obligado, por lo general, a rendir cuentas a sus pupilos de la administración o disposición de los frutos de los bienes sujetos a tutela, y este principio no sólo es aplicable a las cuentas anuales sino también a la euenta final de la administración, pues los productos de las propiedades son los suyos propios y estaría él rindiéndose euenta a sí mismo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Feliú é Alemañy.

    Ahogados de los apelados: Sres. G. H. Moscoso y José de Diego.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal. En la vista de este caso la representación de la parte apelante dejó de extenderse mucho por razón de la condi-ción física de su adversario, el Sr. José de Liego, quien en aquellos momentos mostraba hallarse muy decaído de sa-lud; sin embargo, la primera impresión que adquirimos en el momento de la vista nos la produjo la argumentación oral de José de Liego, que fué por cierto la última oración fo-rense que pronunció tan eminente letrado, y aquella impre-sión favorable a la posición del demandado principal en este caso ha llegado a apoderarse más de nuestro ánimo por el examen que hemos hecho de los autos y de los alegatos.

Trátase de una acción de rendición de cuentas y daños y perjuicios por negligencia entablada por tres de los seis interesados contra su tutor con respecto a dos sucesiones, a saber: la de su abuelo y la de su abuela paternos. Los otros tres herederos lian sido nombrados como demandados por haber rehusado unirse a los demandantes-

Don Lnis Bravo y Pardo, abuelo paterno de las deman-dantes, falleció en Mayagüez, P. R., bajo testamento qne otorgó el 4 de mayo de 1903, ante el notario de dicba' ciu-dad don Mariano Riera Palmer, en el cual instituyó por sus únicos herederos a su esposa doña Santos González e Iz-quierdo y a sus bijos Arturo, Alejandro, Alfredo, Jacobo, Oscar, Consuelo, Carmen y Sara, y por representación a sus nietos Luis, Clara, Sara, Judith, Berta y David Bravo y Roselló, hijos legítimos de Luis Bravo y González, que a su vez lo fué del testador don Luis Bravo y Pardo, y que ya en. dicha fecha había fallecido.

En su testamento el expresado Luis Bravo y Pardo nom-bró e instituyó a su esposa doña Santos González e Izquier-do tutora de las demandantes, que entonces eran menores de edad, y de sus hermanos Luis, Berta y David Bravo y Ro-selló, y en el caso del fallecimiento de la tutora, al deman-dado Alberto Bravo y González, relevándole de fianza y a. frutos por pensión. La referida señora renunció su cargo de tutora el 26 de diciembre de 1906, aceptando la renuncia la corte el mismo día, mes y año de su presentación.

El mismo día 26 de diciembre de 1906, la corte designó al demandado Alberto Bravo González como tutor de dichos menores; el día 17 de enero de 1907, el Sr. Bravo Gonzá-lez renunció a favor de las demandantes y de sus hermanos cualquier retribución que por la tutela de ellos le pudiera corresponder; y el 25 de febrero siguiente presentó la re-nuncia de su cargo de tutor, que le fué aceptada el 28 del mismo mes y año, cancelándose la fianza que había prestado, de cuatro mil dollars, para responder del fiel cumplimiento de su cargo y que suscribieron como fiadores los codeman-dados Juan Torruellas y José G. Rivera.

El 8 de marzo de 1908 falleció en la ciudad de Mayagüez doña Santos González Izquierdo, y en virtud de su disposi-ción testamentaria ante el notario don Mariano Riera Palmer, el 4 de mayo de 1903, nombró tutor para las deman-dantes y sns hermanos al demandado Alberto Bravo Gon-zález. El 16 de inlio de 1908 se presentó ante la corte la partición del caudal hereditario de dicha señora en la qne correspondía a las demandantes y a sns hermanos la suma de $3,908.32 9|11, para el pago de los cuales se le adjudi-caron varios bienes a saber:

(а) Un condominio por $369.42 a cada uno o sea $2,216.52, en una casa marcada con el No. 86 de la calle de Méndez Vigo de Mayagüez.
(б) Una participación de $1,681.819/11, o sea, $280.30 8/6, más la sexta parte de 9/11, en el capital de $18,500 correspondientes a la testadora en la comandita de la sociedad A. Bravo y Compañía, S. en C.
(c) En muebles domésticos, para todos por sextas partes igua-les $9.99.

Los bienes qne heredaron las demandantes de su abuelo consistían de: (a) una finca rústica de dos cuerdas en el barrio de Sábalos de Mayagüez; (ó) otra de 15 % cuerdas sita en el mismo barrio; (c) solar de 19 % varas en la prolon-gación de la calle de Candelaria conocida con el nombre de “Boulevard Balboa”; (d) $1,681.2|9 en la comandita que por $37,000 impuso el testador en la mercantil que giraba en Mayagüez bajo la razón de A. Bravo & Co., S. en C.

Aunque los apelados han presentado consideraciones ge-nerales en contestación al alegato de los apelantes, sin embargo no han discutido punto por punto los motivos de error formulados por dichos apelantes; y por eso el trabajo de contestar los susodichos motivos de error ha recaído sobre esta corte.

Antes de entrar a discutir los errores apuntados quere-mos hacer algunas consideraciones generales también. La acción principal es la de rendición de cuentas. En esta clase de acciones no les basta a los demandantes alegar solamente la falta de rendición de cuentas, sino que, además, si el tutor rehúsa rendir esas cuentas los demandantes tienen que probar que aquél se ha hecho cargo del caudal hereditario o que negligentemente lia dejado de encargarse de los bienes de que debió incautarse.

La sentencia que se dictara en este caso es siempre repa-radora y nunca de carácter punitivo, a menos que se alegue malicia, dolo o fraude, elementos que no han sido aún ni su-geridos en este caso. El deber que tiene el tutor con res-pecto a los bienes de sus curadas. es el de emplear aquella diligencia que todo hombre prudente habría de ejercitar en sus propios negocios (quanta in suis rebus diligentia.) 12 R. C. L. 1155, y casos bajo la nota 3. Véase también Sandar’s Justinian, p. 403 y 19 Scaevola 513. Konigmacher v. Kimmel, 21 A. D. 374; McLean et. ux. v. Hosea, et al., 48 A. D. 94-97.

Cuando se prueba que determinados bienes o fondos han llegado a poder del tutor que no ha de desempeñar el cargo a frutos por pensión, el deber de rendir cuentas es riguro-samente estricto, pero el cuidado o diligencia que ha de pres-tar es la de un hombre prudente.

I. Los apelantes como demandantes en la corte inferior presentaron una moción para eliminar la contestación y para que se dictase sentencia por las alegaciones. Asumiendo que la contestación era defectuosa en las materias enunciadas y enumeradas y asumiendo que en la demanda se exponía toda la verdad, sin embargo con arreglo al artículo 194, párrafo 2, del Código de Enjuiciamiento Civil aún era necesario que se ordenase la investigación de las cuentas tanto del dinero que llegó a manos del tutor o de los fondos o bienes que negligentemente ha dejado de cobrar, de modo que siempre era necesaria la celebración de un juicio. La contestación, sin embargo, no era totalmente defectuosa. Los apelantes dicen que debe presumirse que la corte desestimó la moción para eliminar. Aunque en una ocasión, por lo menos, hemos sostenido que debe prevalecer tal presunción con respecto a una excepción previa abrigamos dudas sobre si tal presun-ción existe con respecto a una mera moción. La moción se discutió, pero nunca fué resuelta. Casi inmediatamente des-pués las partes hicieron una estipulación para someter el caso a árbitros (referees), después a un solo árbitro y sub-siguientemente para someter las cuestiones litigiosas entra las partes junto con el informe del árbitro.a la misma corte-Bajo esas circunstancias y especialmente por la falta de in-sistir en la moción y por la sumisión a la corte, el no haber la corte eliminado la contestación no constituye error.

II. Los apelantes señalaron otro error consistente en permitir presentar el tutor prueba para demostrar que fué-sustituido por otro tutor con respecto a la sucesión del abue-lo. La admisión de esta prueba fué completamente inofen-siva y sin consecuencias, según lo indican los mismos apelan-tes, o contribuyó a demostrar que otra fué la persona res-ponsable. Por supuesto, si el apelado se hizo cargo de Ios-bienes de los menores pudiera exigírsele la responsabilidad que nace de un cuasi-contrato, pero no como tutor. La prueba tenía alguna importancia para la cuestión de tutor vel non.

Ill y IY. La exclusión de la prueba de peritos estaba enteramente justificada si el demandado no era el tutor en la sucesión del abuelo aún cuando el demandado fuese res-ponsable bajo una obligación cuasi-contractual. La exclusión de la prueba que demuestra que ciertas propiedades pudie-ron haberse hecho productivas o producir más no constituye error en ausencia de una oferta por parte de los apelantes de que ellos iban a demostrar que la falta de productividad era debida a la negligencia del demandado. Este razona-miento es aplicable también a cualquier propiedad que Bravo tuviese bajo su control por razón de la tutela y bajo su res-ponsabilidad. Aisladamente considerada, prueba tendente a demostrar la falta de productividad en una propiedad y es-pecialmente en una propiedad de frutos, no constituye negli-gencia. Como hemos dicho el demandado no tenía que ejer-citar más cuidado que aquel que corresponde a un hombre que atiende a sus propios negocios; y el hecho de que él de-jó de hacer productivas algunas fincas rústicas no era prue-ba de negligencia en ausencia de una demostración de que era deber del demandado, hacerla productiva.

Y. Los apelantes tenían ciertos derechos o interés en la firma social de A. Bravo & Co. Con respecto a este pleito, como tal firma no era parte en él, propiamente no podía hacerse investigación de los asuntos de esa firma, salvo para demostrar que determinados bienes o fondos de los me-nores y que ingresaron en el haber social fueron a poder del demandado como tutor y que de los mismos hubiera de-jado éste de dar razón. Ni aquí ni en ninguna otra parte existe la más mínima insinuación de fraude o apropiación por parte del demandado, sino que la tendencia de la prueba era que había dinero en la firma que debió distribuirse o co-brarse por los gerentes de la firma. Es cierto que el deman-dado era uno de los socios gerentes de la mercantil A. Bravo & Co., pero como tal firma no era parte sólo podía per-mitirse una limitada investigación en los asuntos de dicha firma. Además* los apelantes hicieron testigo suyo al de-mandado y la corte tenía el perfecto derecho a dar crédito a su dicho de que él no había recibido nada de tal firma y para tal cuenta.

Los errores VI, IX, XII, XIII, XIX y XX se refieren a la admisión de prueba tendente a probar la buena adminis-tración del demandado. El hecho de que al demandado se le permitió decir que él no recibió ninguna queja de los in-quilinos no constituía una ‘'self-serving declaration”. La ausencia de queja por parte de los inquilinos es un hecho en sí mismo y no meramente prueba de referencia.

Por parte de los testigos se presentaron sus opiniones de la administración del demandado. Esa prueba fué inofen-siva o admisible porque propendía a probar la concurrencia de otros • condueños en la administración de los bienes en litigio. Los otros socios de una comunidad pueden muy bien ser llamados y mostrar su concurrencia en la administración cuando ellos en unión del demandado constituyen la mayo-ría de los condueños. Artículo 405 del Código Civil Bevisado.

VII. De serlo fue un error inofensivo por parte de la corte en una administración compleja el permitir al deman-dante presentar sus comprobantes en globo por los pagos verificados. Constituyó un principio de prueba de su au-tenticidad el heelio de que estuviese bajo la custodia del de-mandado. En una acción de rendición de cuentas el deman-dado no puede bacer otra cosa que presentar sus comproban-tes- jurándolos y si se exigiera probar el verdadero pago y la firma de cada comprobante, el juicio se haría interminable y toda clase de cuestiones colaterales podrían sugerirse. Sería mucho más fácil para los demandantes demostrar que algu-nos de los créditos a que se refiere el tutor no se pagaron. La contestación de un demandado o su juramento de pago es prueba prima facie. I. C. J. 663 et seq.

Los apelantes discuten muy poco los errores números XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, e igualmente lo haremos no-sotros. Se refieren parcialmente a la admisión de compro-bantes jurados por el demandado o 'a la prueba del pago de contribuciones.

Los errores VIII y IX se refieren a la admisión de prueba por parte del demandado de haber adquirido la partici-pación que tenían otros de los condueños en la casa No. 86 de la calle de Méndez Vigo. La admisión de dicha prueba no constituye error por parte de la corte. Sin embargo, el demandado tenía razón en sostener que su administración de tal casa fué como dueño principal y no como tutor, como así lo creemos, punto que vamos a discutir más adelante.

El apelante sostiene que una orden declarando vacante la tutela es nula a menos que se cumpla con algunos requi-sitos formales y se hagan inventarios y se rinda cuentas. No es necesario resolver dicha cuestión tratándose como se trata de una acción sobre rendición de cuentas. Ann cuando un demandado, ya como tutor, ya como gestor de cosa ajena, está obligado a rendir cuentas, sin embargo, si es recalci-trante en rendir sus cuentas no puede dictarse sentencia contra él por cualquier suma que los demandantes quieran exigir. Como hemos indicado, éstos tendrán entonces un derecho a compensación, pero este derecho debe mostrarse. Ello.s tienen que probar, como antes hemos insinuado, que determinados bienes llegaron a manos del tutor de los cua-les haya él dejado de rendir cuentas, y además su negligen-cia. No hemos encontrado nada ni nos han indicado los apelantes que haya habido algún dinero o propiedades cuyo paradero no haya sido explicado en este pleito. Los ape-lantes insisten mucho en la. falta de rendición de cuentas y en la falta por parte de la corte de obligar al demandado a" rendir cuentas.

Con algunas ligeras excepciones que no afectan a la cues-tión planteada toda la prueba demuestra que el demandado nunca tuvo .la posesión o recibió propiedad alguna de la suce-sión del abuelo, y el récord (p. 87 et seq.) parece indicar que antes del juicio el tutor rindió sus cuentas.

XXIII. Refiérese este error a un asunto no realmente aplicable o relacionado. con este caso. Como la firma de A. Bravo & Co. no se hizo parte demandada, la cuestión de si esa firma tenía el dei'echo a disolverse y entrar en liquida-, ción independientemente de los menores es impertinente y no podemos ver cómo este pronunciamiento de la corte pu-diera afectar a los apelantes en el presente pleito.

La corte inferior estaba justificada al rehusar aceptar el informe del árbitro. Este no se limitó a hacer un informe de las sumas de que debía responder' el demandado, sino que trata de estimar la px*oporción que tenían las apelantes en la firma de A. Bravo & Co., cuestión no envuelta en este pleito, ni que se le había sometido. Además y principalmente la acción de la corte al revisar el informe del árbitro sola-mente puede alegarse como error si la acción final de la corte era ereónea, toda vez qué la corte tiene el poder de revisar por completo la acción del árbitro. La cuestión queda siempre en pie si el demandado tuvo que responder como tutor o por concepto de daños.

Queréllanse los apelantes de que la- corte dejó de emitir sus conclusiones ele hecho (findings) y de derecho. Además de la aplicación que tenga el caso de Paganacci v. Lebrón, 24 D. P. R. 796, 801, al presente caso, las apelantes dejaron de pedir que la corte hiciera tales conclusiones o tomar al-gún otro paso para obligarla a hacerlo en la corte inferior. En ningún caso puede levantarse semejante cuestión por primera vez en esta corte.

Sea cual fuere la responsabilidad del demandado como tutor o como gestor de cosa ajena, los demandantes estaban en la obligación de demostrar la responsabilidad incurrida y probar las sumas de dinero, o daños y perjuicios de que deba responder el demandado.

También estamos conformes en que el demandado tiene que responder por concepto de daños y perjuicios si se prueba alguna negligencia, pero no encontramos que ni como tutor ni como oficioso g'estor de negocios ajenos sea responsable de tales daños. La cuestión de la negligencia de los gestores de A. Bravo & Co. no está envuelta en este litigio.

Con respecto a la casa de la calle de “Méndez Vigo” esta-mos conformes con la corte inferior que la administración del demandado era como dueño principal y no como tutor, pero, además, no se probó satisfactoriamente que la admi-nistración del demandado ha sido negligente. Las indicacio-nes del récord son que su administración'no satisfizo a al-gunos de los condueños, pero sí a los otros condueños ma-yores así como también a las menores curadas o sus mari-dos. No encontramos ninguna razón para ir en contra del juicio de la corte' de que no existieron tales daños. ■

De la prueba aparece que el demandado intervino en el contrato de arrendamiento hecho en favor de Lippit de una parcela de terreno del abuelo y que también recibió algunas de las rentas de esta finca, pero aparentemente estas rentas fueron entregadas a los menores o cuando menos no ha ha-bido queja alguna.

Quizás una de las principales cuestiones en este caso fué la naturaleza de la tutela. Tanto para el caudal hereditario del abuelo como para el ele la abuela se nombró el deman-dado tutor en concepto de frutos por pensión. Guando existe la tutela testamentaria de esta naturaleza el tutor no- está obligado por lo general a rendir cuentas a sus curados ni a la corte de la administración o disposición de los frutos de los bienes sujetos a tutela. 5 Scaevola, Coment. al Código Civil, pp. 250, 251; Sents. de 1º. de octubre de 1897; 28 de octubre de 1904; 28 de noviembre 1905. Y este prin-cipio no sólo es aplicable a las cuentas anuales sino también a la cuenta final de la administración. Lo más que puede exigirse es que él les dé alimentos. Sostener la teoría con-traria equivaldría a imponer al tutor nombrado con señala-miento de frutos por pensión la obligación de rendir cuentas a sí mismo, puesto que lia de liacer suyos los frutos de los bienes del menor. Puede liaber excepciones a la regla esta-blecida, pero ellas no están envueltas en el presente caso. Los apelantes dicen que las curadas no- vivían en casa del tutor, pero, sin embargo, bay bastante prueba demostrativa de que les entregó sumas de. dinero para la educación de algunos de los niños y pagó el transporte a Nueva York. Y, además, entregó sumas bastante crecidas a las curadas de sus participaciones en la comandita de A. Bravo & Co. y de las. rentas de la casa de la calle de “Méndez Vigo”, si es que no otras cosas más y, como liemos visto, antes del juicio se practicó un inventario de los bienes.

También parece que una gran parte de la administración' estuvo a cargo de Luis Bravo Roselló, el hermano mayor de las .curadas y que éste estaba perfectamente enterado de toda la administración.

Como el objeto principal de este pleito es una cuestión de negligencia, que no se probó, y la falta de rendición de cuentas y esta falta de rendición de cuentas se refiere más bien a cosas que debieron cobrarse a juicio de las deman-dantes y no a cosas que llegaron a cobrarse, creemos que la corte no se ha equivocado en estimar que el presente pleito se entabló sin la razón derecha de que hablan las Leyes de Partidas y que repetimos nosotros en el caso de Vivas v. Hernaiz Targa & Co., 24 D. P. R. 836, 840, por lo cual la corte inferior estuvo justificada en condenar a las apelantes al pago de honorarios y costas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la resolución ele este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Fernández, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Eegistrador de San Juan, Sección Primera, denegando la inscripción de nota marginal de pago.
    No. 378.
    Resuelto en mayo 31, 1919.
    Nota Marginal de Pago de Precio Aplazado — Artículo 82' de la Ley Hipote-caria. — No procede la negativa ele un registrador a extender al margen de la inscripción de una escritura de venta la nota marginal de pago de tres pagarés que habían sido expedidos por concepto de precio aplazado, por el fundamento de no resultar de la escritura que le fuá presentada que tales pagarés hubieran sido inutilizados por analogía con lo dispuesto en el ar-tículo 82 de la Ley Hipotecaria, pues tal precepto se refiere únicamente a la cancelación de hipotecas constituidas en garantía- de obligaciones trans-misibles por endoso, 131 citado precepto legal no es de aplicación al pre-sente caso en que no existe inscripción de hipoteca ni se pretende la cancela-ción de inscripción alguna, ni consta que los pagarés sean endosables.
    Personas con Derecho a Solicitar Asientos en el Registro. — Guando no re-sulta del documento presentado, en el cual se solicita del registrador que se consigne por medio de nota marginal el pago de precio de venta aplazado, que la sucesión de uno de los interesados en la inscripción está constituida solamente por la viuda otorgante, no comete error el registrador al negarse a extender el asiento marginal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El recurrente compareció en su propio nombre, por escrito.
    El registrador recurrido, Sr. Rafael Tirado Yerrier, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del- tribunal.

La sociedad mercantil A. G-aos & Co. estaba constituida por los socios Alejandro Gaos y Manuel Padial. Ocurrida la muerte del primero, su viuda Margarita Padial acudió a la Corte de Distrito de San Juan alegando haber quedado en cinta y por esa razón en 24 de octubre de 1907 fué nom-brada administradora de los bienes dejados por su esposo hasta que ocurriera el parto o pasara' el .tiempo máximo de gestación; y también por otra resolución de igual fecha fué autorizada para que con el carácter de administradora de los bienes de su finado esposo Alejandro Gaos disolviera la sociedad A. Gaos & Co., declarándola en estado de liquida-ción y para que designase de acuerdo con el otro socio un liquidador de dicha sociedad con facultades bastantes para que realizara todo el activo de la misma y en tal virtud para que vendiera y enajenase los bienes tanto muebles como in-muebles, constituyera hipotecas y las cancelase y para que extinguiera su pasivd.

El liquidador fué nombrado y en 29 de octubre de 1907 vendió a la mercantil “Padial & Villar” cierta finca de la sociedad en liquidación por el precio de $22,059, de los cuales el comprador retuvo $8,800 para pagar una hipoteca que pe-saba sobre ella y por los restantes $13,259 entregó tres pa-garés vencederos cada seis meses.

Años después, en 21 de junio de 1918, Manuel Padial v la viuda de Alejandro Gaos otorgaron la escritura que mo-tiva este recurso en la que después de hacer referencia a los hechos anteriores y de consignar además que la mercan til A. Gaos & Co. fué liquidada definitivamente por el liqui-dador expresado y que por consiguiente fueron pagados por la sociedad “Padial & Villar” los tres referidos pagarés, pero que había muerto dicho liquidador sin haber otorgado en documento fehaciente el recibo del importe de los pagarés de manera que pudiera hacerse constar el pago en el regis-tro de la propiedad, con este fin ambos comparecientes, como únicos interesados en el cobro de los pagarés, hacían cons-tar tales hechos y querían y consentían en qne así se hiciera -constar en el registro de la propiedad al margen de la ins-cripción de la escritura de venta antes expresada.

El registrador se negó.a consignar la nota marginal de pago fundándose en que no resulta que fueron inutilizados los tres pagarés, por analogía con lo dispuesto en el artículo .82 de la Ley Hipotecaria; y la negó también en cnanto a la parte del socio Alejandro Gaos por no resultar que Manuel Padial y Margarita Padial sean los únicos interesados en el cobro de los pagarés, sino aquél y la sucesión de Alejandro Gaos, que no se acredita esté constituida solamente por su "viuda.

Contra esa negativa interpuso este recurso gubernativo Eelipe.Fernández, como liquidador de F. Fernández & Co., H. en C., alegando que dicha sociedad en liquidación es ac-tualmente dueña de dicha finca según escritura inscrita en el registro de la propiedad, hecho éste aceptado por el regis-trador recurrido en el alegato que nos ha presentado en apoyo ■de su negativa.

El precepto de la Ley Hipotecaria que por analogía aplica a este caso el registrador recurrido y en el que funda el primer motivo de su negativa para hacer constar el pago de los pagarés entregados como precio de la compra dice así en su párrafo 4º.:

•“Artículo 82.— * * *
■“Las inscripciones hechas para responder de cantidades repre-sentadas por títulos transmisibles por endoso, se cancelarán presen-tándose la escritura otorgada por los que hayan cobrado los crédi-tos, en la cual debe constar haberse inutilizado en el acto de su -otorgamiento los títulos endosables, o solicitud! firmada por dichos interesados y por el deudor, a la cual se acompañen, taladrados, los referidos títulos * * * .”

Este precepto se refiere a la cancelación de inscripciones de hipotecas constituidas en garantía de obligaciones trans-misibles por endoso, pero como en este caso no existe ins-cripción de hipoteca ni se pretende, por tanto, la cancela-ción de inscripción alguna, ni consta que los pagarés fueran endosables, entendemos qne no puede aplicarse por analogía al caso presente por el solo hecho de haber sido entregados varios pagarés como pago del preció de la compra, y que de acuerdo con el artículo 16 de la misma ley puede hacerse constar por nota marginal el pago de esas obligaciones con la escritura que se presentó en el registro.

En cuanto al otro fundamento de la nota recurrida por el que se niega la extensión de la nota marginal de' pago en cuanto a la parte del socio Alejandro Gaos por no resultar que su sucesión esté constituida solamente por su viuda Margarita Padial, entendemos que es sostenible pues no aparece de los documentos presentados al registrador que.ella sea la sola interesada en la sucesión de su esposo y, por tanto, que tenga su representación, pues si bien en 24 de octubre de 1907 fué nombrada administradora de los bienes de su finado consorte por haber quedado en cinta cuando su esposo falle-ció, y con tal carácter autorizada para nombrar liquidador de la sociedad de que formaba parte Gaos, tal nombramiento fué temporal, hasta que ocurriera el parto o pasara el tiempo máximo de gestación; y como la condición de dicho nombra-miento había terminado cuando en el año 1918 se otorgó la escritura que motiva este recurso, es claro que en esta fecha no tenía Margarita Padial la representación de la sucesión de su esposo ni ha demostrado al registrador por otros docu-mentos, que sea la única interesada en dicha sucesión para que como tal pudiera reconocer válidamente el pago hecho por “Padial y Villar” al liquidador de la sociedad “A. Gaos & Go.” de la cual su marido fué uno .de los socios.

El caso No. 357 de Fernández contra el Begistrador de San Juan, Sección Primera, 26 D. P. R. 346, citado por el recurrente en apoyo de su recurso en este extremo no es apli-cable en el presente caso, pues, según él, Carlos Conde era el único interesado en la sociedad liquidadora Villar & Co. en cuyo nombre hizo el reconocimiento de pago. El otro caso citado No. 356 también de Fernández contra el Registrador de San Juan, Sección Primera, 26 D. P. R. 396, no tiene relación alguna con el presente.

La nota recurrida debe ser confirmada por el segundo de sus fundamentos.

Revocada la nota del registrador'de julio 10, 1918, en cuanto al primero de sus funda-mentos y confirmada en manto al segwndo.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    Sobrino, Fernández & Cía., Sucesores, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, de-' negando la inscripción de una escritura de compraventa.
    No. 388.
    Resuelto en mayo 31, 1919.
    Apoderado — Sociedad Mercantil — Nombramiento de Liquidador — Facultades del Apoderado. — Cuando un apoderado está autorizado para nombrar liqui-dador de las sociedades a que perteneeezea el poderdante, con facultad para realizar los bienes de dichas sociedades, actúa de acuerdo con los poderes que le fueron conferidos al autorizar al liquidador para que venda los bie-nes inmuebles y derechos reales de una de dichas sociedades.
    Mandatario — Comprador a Nombre de Sociedad Mercantil. — El número 2?. del artículo 1362 del Código Civil se refiere a un mandatario que compra para sí, por lo cual no es aplicable al que compra para una sociedad mercantil de la cual forma parte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. Damián Monserrat.

    El registrador recurrido, Sr. Rafael Tirado Yerrier, com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

José Benito Sobrino y Rodríguez confirió poder a Benigno Fernández Pérez para que constituyese en su nombre socie-dades mercantiles y para qne nombrase liquidador de ellas y de aquellas de qne forma parte con los poderes necesarios para cobrar el activo, pagar el pasivo, realizar los bienes de la sociedad y ultimar sn liquidación.

Usando Fernández de ese poder otorgó escritura pública en 11 de junio de 1918 por la que en nombre de su poder-dante y en el suyo propio nombró liquidador de la mercantil “Sobrino y Fernández,” constituida por ambos, a Félix Pé-rez y Pérez facultándolo para vender los bienes inmuebles y derechos reales de la sociedad, para representar a la liqui-dación en juicio y fuera de él y para firmar los documentos privados y públicos que creyere pertinentes.

Algunos días después dicho liquidador, como tal, vendió una finca de la sociedad “Sobrino y Fernández” a la mer-cantil “Sobrino, Fernández & Cía., Sucesores”, de la que es socio gestor Benigno Fernández, venta qne el Begistrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera se negó a ins-cribir por los motivos consignados en la siguiente nota puesta al pie del documento:

“Denegada la inscripción del documento que precede por no te-ner el apoderado don Benigno Fernández facultad más que para “nombrar un liquidador con los poderes que creyera necesarios, para cobrar el activo, pagar el pasivo, realizar los bienes de la sociedad y ultimar su liquidación” sin estar autorizado expresamente para vender los bienes de la sociedad en liquidación Sobrino y Fernández, facultad esta última que por tanto no ha podido legalmente susti-tuir en el liquidador nombrado Félix Pérez y Pérez; y porque for-mando parte don Benigno Fernández tanto de la sociedad vende-dora como de la sociedad compradora, surge la duda de que por ello pueda ser infringido el párrafo 2o. del artículo 1362 del Código Civil revisado; y tomada en su lugar anotación preventiva * * *.”

Contra esta negativa de inscripción interpuso la mercan-til compradora el presente recurso gubernativo con súplica de que la revoquemos y ordenemos la inscripción de la venta.

Habiendo autorizado José Benito Sobrino a su apoderado Benigno Fernández para que nombrase liquidador de las so-ciedades a que pertenezca con facultad para realizar los bie-nes de dichas sociedades, obró el apoderado Fernández de acuerdo con los poderes que le fueron conferidos al auto-rizar al liquidador que nombró Félix Pérez y Pérez para que vendiese los bienes inmuebles y derechos reales de la socie-dad “Sobrino y Fernández” de que formaba parte José Benito Sobrino porque, como dijo este Tribunal Supremo en el recurso gubernativo de Banco Colonial Americano de Puerto Rico contra el Registrador, 4 P. R. R. 526, al ordenar la ins-cripción de la venta de bienes inmuebles hecha por un liqui-dador autorizado para realizar las existencias y demás bie-nes de todas clases de una sociedad mercantil, tal enajenación es uno de los medios, el .más adecuado, para llevar a efecto la liquidación de la misma. En el.recurso de Quiñones v. El Registrador, 18 D. P. R. 130, también ordenamos la inscrip-ción de la cancelación de una hipoteca otorgada por una so-ciedad liquidadora, por entender que estaba comprendida en-tre las facultades concedidas a los liquidadores por el ar-tículo 228 del Código de Comercio. El caso de Fantauzzi contra Vázquez, 22 D. P. R. 721, tiene alguna analogía con el presente en cuanto al significado de las palabras “bienes realizables ’ ’.

En cuanto al segundo motivo que tuvo el registrador para negar la inscripción, creemos que el número 2o. del artículo 1362 del Código Civil en que él se funda no tiene aplicación a este caso porque si bien Benigno Fernández como gestor de Sobrino y Fernández es mandatario de la sociedad, la compra la hace una sociedad mercantil distinta de la persona natural de Benigno Fernández, aunque es uno de sus socios, y, por tanto, de acuerdo con la doctrina establecida en el caso de Rosenstadt & Waller, Inc., contra el Registra-dor de Caguas, 23 D. P. R. 289, no habiendo una prohibición legal, expresa o tácita, o de un resultado claramente inmo-ral debe prevalecer el principio de la libertad en las transac-ciones de las personas, bien sean naturales, ya jurídicas.

La nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la ins-cripción del documento.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, del Toro y Hutcbison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    González, Demandante y Apelada, v. Alvarez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1898.
    Resuelto en mayo 31, 1919.
    Alegaciones — Demanda—Cobro de Dinero — Sociedades:—Desde el momento en que una sociedad queda disuelta y se practica la liquidación, cualquiera de los socios tiene derecho a reclamar lo que le corresponda según lo que re-sulte del balance.
    Evidencia — Prueba Suficiente. — Examinada la evidencia aportada al juicio jun-tamente con ciertas admisiones del demandado-apelante, se resolvió: que la sentencia estaba sostenida por la prueba y no había razón suficiente para ir contra las conclusiones de hecho de la corte inferior.
    Alegaciones — Demanda Suficiente — Cobro de .Cantidad — Sociedad.—Examina-das las cinco causas de acción alegadas en la demanda, se resolvió: que los hechos alegados para determinar cada una de ellas eran suficientes a cons-tituir causa de acción.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado de la apelada: Sr. José Sabater.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por el demandado Hernán Alvarez Quiñones contra sentencia que pronunció la Corte de Distrito de Mayagüez condenándole a pagar a la demandante Carmen González Armas cierta suma de dinero.

En la demanda enmendada, presentada en 28 de septiem-bre de 1917, fueron expuestas cinco cansas de acción bajo las siguientes alegaciones.

PRÍMERA CAUSA DE ACCION.

1. Que por escritura pública otorgada en 6 de julio de 1914 la demandante y el demandado" constituyeron una socie-dad industrial bajo la razón de Sucesores de J. L. Polanco, para dedicarse al negocio de compraventa de drogas, siendo el demandado, por ser farmacéutico titulado, el gerente del establecimiento de farmacia de dicba sociedad, denominada “Carmen.”

2. Que de acuerdo con el contrato social el demandado sólo aportó a la sociedad su industria y trabajo con derecho a percibir la mitad líquida de los beneficios que hubiera, y la otra mitad había de corresponder a la demandante, de-biendo cargarse los gastos generales en la proporción dé % partes a la sociedad y % parte a la demandante.

3. Que vencido el término social se practicó un balance general del establecimiento de farmacia, de común acuerdo y por el propio demandado, en 15 de mayo de 1917, de cuyo balance resultó que el demandado- adeudaba en su cuenta personal la suma de $941.46, y habiéndole correspondido por su parte de beneficios $823.68 quedó un saldo en su contra y a favor de la demandante de $117.78.

SEGUNDA CAUSA DE ACCIÓN.

1. Se reproducen los hechos 1º., 2º. y 3º. de la primera causa de acción bajo el número 1°., y se alega, además:

2. Que al verificarse el balance general del establecimiento de farmacia en 15 de mayo de 1917, la existencia en caja ascendía, según dicho balance, a la suma de $1,664.63.

3. Que al hacerse cargo la demandante de la existencia en caja resultó que el verdadero montante de ella eran $1,461.52, faltando por consiguiente la suma de $203.11 de, que dispuso el demandado. .

TERCERA CAUSA DE ACCIÓN.

1. Que a la sociedad adeudaba Vicente Alvarez Quiñones por drogas que le había vendido y entregado en diferentes partidas su hermano el demandado Hernán Alvarez Quiño-nes $215.11 de cuyo pago se hizo cargo el demandado sin que los hubiera satisfecho en todo ni en parte.

CUARTA CAUSA DE ACCIÓN.

1. Que el demandado al practicar el balance a que se hizo referencia en la primera cansa de acción, tomó para sí en drogas, medicinas y efectivo la suma de $20 que tampoco ha pagado a la demandante.

QUINTA CAUSA DE ACCION.

1. Que de acuerdo con el contrato de sociedad los gastos generales de ella deben cargarse en la proporción de % par-tes a la sociedad y % parte a la demandante.

2. Que después de practicado el balance en 15 de maya de 1917, correspondió pagar al demandado por su parte pro-porcional de gastos de la sociedad la suma de $13.65 que-tampoco ha satisfecho no obstante haber sido requerido de pago.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia condenando al demandado a pagar a la demandante la suma líquida de $569.65 a que ascienden las partidas com-prendidas en las distintas causas de acción, más los intereses legales de dicha suma, costas, gastos, clesemboJ.sos y hono-rarios de abogado. ■

A la anterior demanda opuso el demandado las-excepciones previas de que la corte carecía de jurisdicción para conocer de cada una de las causas de acción expuestas en la demanda y la de que ésta no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. Después contestó la demanda en los tér-minos que pasamos a relatar.

El demandado acepta todos los hechos contenidos en la primera causa de acción.

Acepta igualmente los lieclios 1º. y 2°. de la segunda causa de acción pero niega el tercero, y como materia nueva cons-titutiva de oposición alega: 1. Que con anterioridad al 15 de mayo de 1917 el demandado entregó a la demandante el establecimiento de farmacia, del que ella se incautó, practi-cándose en aquella fecha un balance; 2. Que a medida que se bacía el balance el demandado iba entregando a la deman-dante y ésta recibía bajo su custodia, como dueña, las exis-tencias, cuentas y efectivo que se inventariaban y se com-prendían en él balance, el cual quedó concluido en 15 d,e mayo, recibiendo la demandante el establecimiento de farma-cia y las existencias inventariadas; 3. Que firmado el balance el demandado se retiró del establecimiento .y no dispuso de cantidad alguna.

Respecto de la tercera causa de acción, admite el deman-dado que Vicente Alvarez Quiñones adeudaba a la deman-dante $25.11 y como materia nueva añade que celebró- una estipulación con la demandante comprometiéndose a gestio-nar el cobro de la cantidad expresada para entregársela a la demandante.

El demandado niega los hechos alegados en la 4ª. y 5ª. causas de acción de la demanda.

Celebrado el juicio y practicadas pruebas por ambas par-tes, la corte estimó probados los siguientes hechos:

“1. Que por escritura otorgada en San Germán á 6'de juíio de 1914, ante el notario Ledo. Benito Forés, la demandante y el deman-dado constituyeron una sociedad industrial bajo la razón de ‘Suce-sores de J. L. Polanco’ para dedicarse al negocio de compraventa de drogas en una farmacia denominada ‘Carmen’ establecida en la ciudad de San Germán y vencido el período. social las partes prac-ticaron un balance general del establecimiento dé farmacia referido, y una liquidación dé sus haberes con fecha 15 dé mayo de 1917, de lo que resultó qUe el demandado adeudaba en su eueútá personal ia suma de $941;46, y habiéndole; correspondido pol su. Trti.t’ad.!.ele bene,-ñcios la suma de $823.68, quedó un saldo en su contra y a favor de la demandante de $117.78.
“2. Que según la liquidación referida la existencia en caja en dinero ascendía a $1,664.63 pero en realidad la suma verdadera que había en el banco era sólo de $1,461.52, y fué lo que recibió la de-mandante, de modo que existía una diferencia de $203.11 que debe ■de ser agregada a la liquidación y de cuya cantidad corresponde la mitad a la demandante y la otra mitad al demandado, de modo que el demandado debe pagarle a la demandante su mitad que no ha per-cibido montante a $101.56.
“3. Que el demandado como gerente de la sociedad referida dió & crédito a su hermano Vicente Alvarez Quiñones, drogas del esta-blecimiento en diferentes partidas que montaron a la suma total de $215ill, de cuya deuda se hizo cargo el demandado haciéndola car-gar a su nombre en los libros de la sociedad.
“4. Que el demandado tomó para sí en el establecimiento de far-macia referido y después de terminada la sociedad $20 en • efectivo y de acuerdo con el contrato de sociedad el demandado debía de pagar la tercera parte de gastos y tal tercera parte hasta el 15 de mayo de 1917, eran $5.00 por alquiler de casa y $1.55 de luz.
“5. Que las cantidades relacionadas no han sido pagadas ni en •parte ni en todo por el demandado a la demandante ni por ninguna otra persona.”

Bajo las anteriores conclusiones de hecho fué pronunciada sentencia en 8 de febrero de 1918 por la que se decreta y ordena que la demandante Carmen González Armas reco-bre del demandado Hernán Alvarez Quiñones la suma de $461, con intereses legales desde la interposición de la de-manda, costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.

Contra la anterior sentencia interpuso el demandado re-curso de apelación para ante esta Corte Suprema, fundado en que la corte erró al desestimar la excepción previa de que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, y en que la prueba es insuficiente para sostener la sentencia.

La alegación tercera consignada en la primera causa de acción de que vencido el término social se practicó un balance general del establecimiento de farmacia, de común acuerdo y por el propio demandado, en 15 de mayo de 1917, de cayo balance resultó que el demandado adeudaba en sn cuenta personal la suma de $941.46, y habiéndole correspondido por sn parte de beneficios $823.68 quedó nn saldo en sn contra y a favor de la demandante de $117.78, muestra claramente qne la sociedad fné disuelta por vencimiento de sn término y qne a virtud de la liquidación practicada quedó obligado el demandado a pagar a la demandante la suma de $117.78.

Si según el balance practicado de común acuerdo por ám-bas partes la existencia en caja debía ser de $1,664.63 bajo cuya base fné que se practicó la liquidación, y luego al ha-.cerse cargo la demandante de dicha existencia resultó que • su verdadera cuantía era de $1,461.52 según se alega en la segunda causa de acción, es obvio que faltó la suma de $203.11 de la qne, según afirmación de la demandante, dispuso, el de-mandado, quedando, por tanto, obligado a pagarle la mitad que de esa suma le correspondía y dejó de percibir.

Como al exponer la tercera causa de acción alega la de-mandante que Vicente Alvarez Quiñones adeudaba a la socie-dad la suma de $215.11 y que su hermano el demandado Her-nán Alvarez Quiñones estuvo conforme en pagar esa canti-dad cargándosela en sn cuenta personal, la tercera' causa de acción contiene todos los elementos integrantes de una obli-gación contraída por el demandado con la demandante.

En cuanto a la cuarta y quinta causas de acción, alegán-dose por-la demandante, como se alega, que al practicar el balance tomó el demandado para sí en drogas, medicinas y efectivo la suma de $20, lo cual no podía serle permitido, y que después de practicado el balance le correspondió pa-gar la suma de $13.65 por su parte proporcional de gastos generales de la sociedad que deben cargarse en la propor-ción de % partes a la sociedad y % parte a la demandante, la acción de ésta para el cobro de esas partidas es manifiesta.

El apelante sostiene que en todo caso no la demandante sino la sociedad constituida por ella y el demandado sería la que tendría derecho al cobro por no haber habido disolu-ción y liquidación de la sociedad, pero tal teoría es insoste-nible pues como hemos dicho antes la sociedad quedó disuelta y liquidada desde' el 15 de mayo de 1917 en que se practicó el balance general de la misma con el resultado que se ex-plica en la demanda.

Por lo que toca al segundo fundamento del recurso con-sistente en ser insuficiente la prueba para sostener la senten-cia, hemos considerado las pruebas practicadas en el juicio, y examinadas esas pruebas en relación con la admisión del demandado al exponer la materia nueva constitutiva de opo-sición a la segunda causa de acción de la demanda, encon-tramos que la sentencia se sostiene por el resultado de las pruebas, sin que aparezca razón suficiente para ir. contra las conclusiones de hecho a que llegó la corte inferior.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia, apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Carrero et al., Demandantes y Apelados, v. Diez & Pérez, S. en C., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez sobre desestimación de apelación.
    No. 1953.
    Resuelto en mayo 31, 1919.
    DESESTIMACIÓN DE APELACIÓN — RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE INDEMNIZACIONES Á Obreros. — Las resoluciones do la Comisión de Indemnizaciones a Obreros dictadas de acuerdo con el párrafo 5 del artículo 23 de la Ley do Indem-nizaciones a Obreros de 1916, tal como quedó enmendado dicho artículo por •la Ley No. 9 de 1917, no son apelables, pues según el párrafo 8 del ar-tículo 12 de la Ley de 1916, sólo se concederá apelación contra las decisio-nes de la comisión a aquellos patronos a los cuales se hubiere impuesto cuota de acuerdo eon la ley, y aquellas resoluciones se refieren a patronos que hayan dejado de cumplir las disposiciones de la ley con respecto a la presentación de informes y al pago de cuotas.

      Desestimación de Apelación — Resolución Inapelable — Oonstitucionalidad de la Let. — Cuando se desestima una apelación por ser inapelable la resolución contra la cual se lia establecido, no cabe discutir en el mismo recurso la constitueiónalidad de la ley que hace inapelable tal resolución.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: Sres. Francis & de Jesús.

    Ahogados de los apelados: Sres. Feliu & Alemañy.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del’ tribunal.

•Se trata de un recurso de apelación interpuesto por Diez & Pérez, S. en C., contra sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez de 30 de octubre de 1918, desestimando la ape-lación interpuesta por dicha sociedad de la resolución adop-tada por la Comisión ele Indemnizaciones a Obreros, en sesión de febrero 18, 1918, cargando a Diez & Pérez la suma de $2,202 como indemnización por la muerte del obrero Félix Rivera.

La resolución de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros de febrero 18, 1918, dice así:

“Sesión No. 87. — -Febrero 18, 1918. — Félix Rivera. Caso 2-103.— Presentó el See. Administrativo a la Comisión la documentación re-lacionada con el caso de accidente en la tahona de café de los Sres. Diez y Pérez, de Añasco, P. R., incluyendo el informe del agente especial de la Comisión, Sr. Correas, solicitud de indemnización, y demás informes. — Vista la solicitud presentada por Ursula' Carrero a nombre d'e los hijos naturales reconocidos del obrero fenecido Justa, Luciano y Braulio Rivera, declarados herederos legales de Félix Rivera, por la Corte de Distrito de Mayagüez; vistos los he-chos según se desprenden de las declaraciones juradas presentadas; vistas también las declaraciones de los testigos Tomás Rodríguez y Juan Ramírez al efecto de que estos herederos dependían exclusiva mente para su sostenimiento del obrero fenecido; visto que el pa-trono, los Sres. Diez y Pérez, S. en C., se hallaba bajo las disposicio-nes d'e la Ley de Indemnizaciones a Obreros en la fecha del accidente, y nunca rechazó sus beneficios como dispone su artículo 23, ni re-mitieron a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, la nómina de empleo o informe a que hace referencia el artículo 16 de la Ley; la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, acordó unánimemente: Que éste es un caso de accidente de los previstos en el párrafo 5º. del artículo 23 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros, aprobada el 13 de abril y enmendada el 12 de abril 1917, y que los herederos legales Justa, Luciano y Braulio Rivera tienen derecho a percibir, y así se le asigna, una indemnización de $1,500 más % del jornal semanal del obrero fenecido ($3.375) por 208 semanas ($702), o sean una suma total de $2,202, la cual suma, según el párrafo 5º. del artículo 23 de la ley de referencia, se le carga al patrono, Sres. Diez & Pérez, S. en C., de Añasco, P. R., y se acuerda, además, que esta resolución sea comunicada al Sr. Tesorero de Puerto Rico para los efectos co-rrespondientes. — Attest: Y. Labor de, Sec. Adm.”

La resolución transcrita fué comunicada en marzo 9, 1918 a Diez & Pérez indicándoles, además, que el Tesorero de Puerto Pico había sido notificado del acuerdo de la comisión y oportunamente les daría aviso sobre el particular.

Y el aviso del Tesorero de Puerto Pico está redactado en los siguientes términos:

“Fondo de.depósito para indemnizaciones a obreros. — San Juan, Puerto Rico, marzo 7 de 1918. Sres. Diez & Pérez, S. en C., Añasco, P. R. — Señores: Por la presente se notifica a ustedes de que según acuerdo de la comisión de Indemnizaciones a Obreros de fecha 18 de febrero último, y en cumplimiento de lo preceptuado en el pá-rrafo 5º. del artículo 23 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros, según^ fué enmendada en abril 12, 1917, se ha cargado a Uds. la cantidad de $2,202 a que asciende el montante total dé la indemni-zación que dicha Comisión autorizó pagar a Justa, Luciano y Brau-lio Rivera, herederos legales del obrero Félix Rivera, quien falleció a consecuencia de un accidente sufrido mientras se hallaba traba-jando en la tahona de café que Uds. poseen en esa población. — La predicha cantidad de $2,202 constituye, según la citada Ley, una deuda de Uds.'a Eavor del Fondo de Depósito para Indemnizaciones a 'Obreros, y debe ser pagada, dentro del término de treinta días a contar desde hoy, esto es, antes del 6 de abril de 1918, en este De-partamento de Hacienda al oficial encargado de asuntos financieros, ingresos y sellos. — Se les encarece se sirvan pagar la indicada suma en el término señalado a fin de evitarse la acumulación de recargos y el cobro por el procedimiento ejecutivo que la ley dispone. Aten-tamente, Firmado-:" José E. Benedicto, Tesorero. — Nota: El pago debe hacerse en moneda corriente, giro postal o cheque certificado.”

La mercantil Diez & Pérez archivó en la Corte de Dis-trito de Mayagüez en 9 de abril de 1918 escrito de apela-ción contra la decisión de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros de 18 de febrero de 1918, en que 'alega que nunca fué patrono del obrero Félix Rivera; que éste nunca fué em-pleado de la mercantil Diez & Pérez; que dicha mercantil no ha sido en fecha alguna desde el 13 de abril de 1916 pa-trono que regularmente emplee cinco obreros o más; que ól fenecido Félix Rivera no ha sido en época alguna empleado regularmente con Diez & Pérez; que el accideute de que se trata no es uno por el que deba concederse indemnización de acuerdo con la Ley de Indemnizaciones a Obreros de 1916 enmendada en abril de 1917; que Justa, Luciano y Braulio-Rivera no son herederos legales del difunto Félix Rivera ni a la fecha de la muerte de éste eran hijos legítimos ni natu-rales reconocidos del mismo; que la subsistencia de Justa, Luciano y Braulio Rivera no dependía de lo que éste ga-naba; que el accidente a que el caso se refiere ocurrió sfii culpa o negligencia por parte de Diez & Pérez y fué com-pletamente fortuito; que no se han observado en la trami-tación del caso ante la Comisión de Indemnizaciones a Obre-ros los procedimientos requeridos por la ley; que los pro-cedimientos seguidos ante la Comisión de Indemnizaciones a Obreros y ante el Negociado del Trabajo han sido lleva-dos a efecto sin intervención alguna de Diez & Pérez; y que esa sociedad ha sido condenada sin haber sido notificada,, citada ni oída en tales procedimientos.

La representación de Ursula Carrero en su carácter de madre con patria potestad sobre sus hijos menores Justa, Luciano y Braulio Rivera y Carrero, herederos legales dé su padre Félix Rivera, hizo moción a la corte para que la apelación fuera desestimada, alegando como razones qué la sociedad apelante no tiene derecho a apelar de la decisión de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros según el pá-rrafo 8 del artículo 12 de la Ley sobre Indemnizaciones a .Obreros aprobada en 13 de abril de 1916, y que la apela-ción fué radicada en la Corte de Distrito de Mayagüez fuera del término que concede el artículo 12 de la ley citada.

Oída la anterior moción fué declarada con lugar en sen-tencia' de 30 de octubre de 1918 y desestimada en su con-secuencia- la apelación interpuesta por Diez & Pérez, por el fundamento de que no aparecía del récord del caso que la demandada Diez & Pérez fuera un patrono al cual se le hu-biera impuesto cuota de acuerdo con las disposiciones de la le}r a los efectos del párrafo 8 del artículo 12 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros de 1916 y que por el contrario estaba sujeto a dicha ley sin que hubiera optado por recha-zar los beneficios de la misma, habiendo dejado de cumplirse 'sus disposiciones con respecto a la presentación de infor-mes y al pago de cuotas según lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 23 de dicha ley enmendada por la No. 9 de 1917.

Esa sentencia fué apelada por la sociedad Diez & Pérez, cwya representación alega como motivos del recurso:

Primero. — Que la Corte de Distrito de Mayagüez come-tió error al desestimar la apelación, porque la negativa de ese recurso produciría el efecto de privar a la demandada de su propiedad sin debido proceso de ley; y

Segundo. — Que la.misma corte cometió error al desesti-mar la apelación porque tal resolución tiene el efecto de negar a dicha mercantil Diez & Pérez la igual protección de las leyes.

La parte apelante no alega que se halla comprendida en el caso específico del párrafo 8 del artículo 12 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros de 13 do abril do 1916, en que-precisamente se funda el juez para negarle el derecho de apelación de la decisión de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros de 18 de febrero, 1918.

El párrafo 8 del artículo 12 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros de 1916, dice así:

“Se concederá apelación de la decisión de la Comisión de Indem-nizaciones a Obreros a cualquier patrono, al cual se hubiere impuesto cuota de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, solamente en caso que la decisión de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros fuere al efecto de que el accidente es uno por el cual debe concederse indemnización de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.”

T no aparece del récord como acertadamente establece el juez en .su sentencia que Diez & Pérez sea un patrono al cual se hubiere impuesto cuota de acuerdo con las dispo-siciones de la Ley No. 19 de Indemnizaciones a Obreros, de 13 de abril de 1916, enmendada por la No. 9 de 12 de abril de 1917.

Dicha cuota había de imponerse y cobrarse con sujeción a los tipos que establece el artículo 13 de la Ley No. 19 de 1916 según ha sido enmendada por la No. 9 de 1917; y para ello era preciso que la sociedad Diez & Pérez hubiera cum-plido con la obligación que le impone el artículo 16 de la Ley No. 19 de presentar a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros el estado demostrativo de obreros y jornales en los términos prevenidos por dicho artículo, lo que no veri-ficó a pesar de estar sujeta a la ley y no haber rechazado sus beneficios mediante declaración escrita presentada a la 'Comisión de Indemnizaciones a Obreros, según dispone el artículo 23 de la Ley de 1916 enmendado por la de 1917. Ese artículo 23 enmendado contiene en su apartado 5o. el siguiente precepto:

“Caso que sobreviniere cualquier lesión a cualquier obrero de un patrono que esté sujeto a la ley y el cual no ha optado por rechazar los beneficios de la ley según se dispone en la presente, y que haya dejado de cumplir' las disposiciones de la ley con respecto a la pre-sentación de informes y al pago de cuotas, la Comisión de Indemni-zaciones a Obreros queda autorizada para cargar a dicho patrono el montante de la indemnización que la comisión autorizare pagar a dicho obrero y el Tesorero impondrá y tasará dicha cantidad y co-brará ésta en la forma que se prescribe para el cobro de cuotas

Bajo la autorización que le otorga el párrafo transcrito actuó la Comisión de Indemnizaciones a Obreros y acordó la resolución de 18 de febrero de 1918 apelada para ante la Corte de Distrito de Mayagüez.

Contra las resoluciones dictadas en las condiciones ex-puestas no otorga el artículo 23 recurso de apelación, y tam-poco pueden estimarse comprendidas entre las que son sus-ceptibles de apelación de acuerdo con el párrafo 8º. del ar-tículo 12 de la ley, cuyo artículo, como ya liemos dicho, se refiere a patrono al cual se hubiere impuesto cuota de acuer-do con las disposiciones de la ley.

T los efectos de la resolución que dicte la Comisión de Indemnizaciones a Obreros en virtud de la autorización que le concede el párrafo 5º. del artículo 23 son distintos de los que dicta la misma comisión respecto de patronos a los que' se hubiere impuesto cuota de acuerdo con las disposiciones de la ley, pues en el último caso la indemnización debe pa-garse por el Tesorero de Puerto Rico del Fondo de Depósito para Indemnizaciones a Obreros, depósito mandado constituir por el artículo 1º. de la ley, y en el primero la Comisión carga al patrono el montante de la indemnización y el Tesorero la cobra directamente del patrono en la forma prescrita para el cobro de cuotas.

Estimamos como consecuencia de lo expuesto que la reso-lución de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros 'de 18 de febrero de 1918 no está comprendida en el párrafo 8 del artículo 12 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros y que, por tanto, no cabe contra ella recurso de apelación. Y como el recurso de apelación no es un derecho constitucional sino un privilegio estatutorio, sean cuales fueren las consecuen-cias de la negativa de dicho recurso en relación con los per-juicios que puedan irrogarse a la parte apelante, nunca esta: riamos autorizados para otorgarle un derecho que la ley no le otorga, función propia del poder legislativo y no de las cortes de justicia.

Si no cabe considerar mediante recurso de apelación ante la Corte de Distrito de Mayagüez la resolución de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros de 18 de febrero de 1918, por la que se cree agraviada la sociedad Diez & Pérez, falta tam-bién jurisdicción para disentir y resolver en nn recurso abier-tamente improcedente la inconstitncionalidad de la Ley de Indemnizaciones a Obreros por los motivos invocados en el recurso. Esa inconstitncionalidad podría alegarse, discutirse y resolverse en procedimiento adecuado al efecto.

Por las razones- expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey

text:
    Rivera, Demandante y Apelado v. Martínez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre daños y perjuicios por libelo.
    No. 1991.
    Resuelto en mayo 31, 1919.
    Desestimación de Apelación — Defectos en la Transcripción. — Cuando el ape-lado alega que la transcripción de una apelación no contiene todos los ele-mentos necesarios para resolver ésta, debe exponer cuáles son las materias que faltan porque el tribunal debe estar en condiciones de decidir si falta algún particular que sea necesario.
    Id. — Entrega de Copia de la Transcripción. — Aunque no conste en la trans-cripción que una copia de ella ba sido entregada a la parte contraria, es bastante si aparece de los autos por declaración jurada que tal entrega se hizo.
    Id. — Id.—Apelación Después de Vencido su Término — Ordenes Especiales.— Una vez vencidos los diez días mareados por la ley para poder apelar de una orden especial dictada después de sentencia definitiva, no puede inter-ponerse recurso de apelación y la apelación que así se interponga fuera del término deberá ser desestimada a moción de la parte interesada.
    Ordenes Apelables — Mociones—Su Nombre, Naturaleza y Alcance. — Para -de-terminar si una orden es o no apelable es preciso tener en cuenta su natu-raleza y alcance, y no sólo el nombre de la moción que le dió origen. Así, no importa, que a una moción se le titule de “reconsideración,.” pues si realmente es una moción para que se anule y deje sin efecto cierto manda-miento de ejecución, con tal carácter será tenida y la orden recaída sobre ella se considerará como apelable.

      Mociones — Beconsideración—En qué Consiste. — No puede calificarse como mo-ción de reconsideración aunque como tal se titule aquella en’’que por pri-mera vez se plantea una cuestión determinada, (como la de la jurisdicción de la corte inferior en este caso) y no se pide que se examine de nuevo alguna resolución recaída a instancia de la parte promovente de dicha moción, sino que qror el contrario es en verdad y en su alcance una moción pidiendo que se deje sin efecto algún procedimiento, (como el de' ejecución en este caso), obtenido a instancia de la parte contraria, y sin audiencia del promovente de la moción impropiamente titulada de reconsideración.
    Apelaciones — Sos Efectos Suspensivos de Sentencias. — Las apelaciones no comprendidas en ninguno de los casos a que se refiere el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Civil producen el efeeto de suspender la ejecución de la sentencia recurrida hasta ser resuelta o desestimada.
    Apelaciones — Contra-Apelaciones (Cross-Appeals) • — Efectos Eecíprocos.— Una apelación de las que tienen el efecto de suspender la ejecución de una sentencia, de acuerdo con el artículo 297 del mismo Código de Enjuicia-miento Civil no queda anulada ni deja de seguir produciendo dichos efectos suspensivos hasta que sea resuelta o desestimada por el mero hecho de haber sido resuelta por el Tribunal Supremo una contra-apelación (cross-appeal) interpuesta por la parte contraria, en cuya resolución el Tribunal Supremo no tomó en consideración ni resolvió cuestiones que sólo pudieron discutirse bajo la otra apelación.-
    Jurisdicción — Ejecución de Sentencia — Paralización.—-No procede mandar a ejecutar una sentencia confirmada o modificada por este Tribunal en apela-ción cuando aún está pendiente y no ha sido aún desestimada una contra-apelación interpuesta por la parte contraria contra la propia sentencia y la corte que ordene la ejecución de la sentencia así contra-apelada carece de jurisdicción, y es su deber, si se le pide por parte legítima, mandar a paralizar la ejecución de dicha sentencia ordenada bajo tales circunstancias.
    Jurisdicción — Desestimación de Apelación — Dilación.—La desestimación de una apelación no es de la jurisdicción de una corte de distrito en recursos contra sus propias sentencias, y por lo tanto no está justificada una corte de distrito en dar por desestimada una apelación por no haberse la misma tramitado debidamente y en tiempo, por ser esa una cuestión que debe de-cidir el Tribunal Supremo y no una. corte inferior.
    Ejecución de Sentencia — Su Nulidad. — Es nula la ejecución de una sentencia ordenada por una corte que carecía de jurisdicción para ordenarla y una vez declarada su' nulidad deberá quedar el pleito en el mismo estado en que estaba antes de ordenarse dicha ejecución.
    Los Iioolios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Víctor P. Martínez.

    Abogados de la apelada: Sres. Luis Llorens Torres y José G. Bivera.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Aguadilla se siguió pleito por José C. Rivera contra Víctor P. Martínez reclamándole indem-nización por libelo, en el que recayó sentencia el 26 de octu-bre de 1917 por la cual declaró con lup’ar la demanda, sin lugar la reconvención del demandado, y condenó* a éste a pagar al demandante un dollar de indemnización, otro dollar por hono-rarios de abogado, y las costas del litigio.

Esa sentencia fué apelada dentro del término legal por el demandado Martínez para ante este Tribunal Supremo, con notificación al demandante y presentación del escrito al secre-tario de la corte, quedando así perfeccionada la apelación.

También apeló de ella el demandante, pues en 6 de diciem-bre de 1918 resolvimos el recurso de éste y modificamos dicha sentencia en el sentido de que el demandado debía satisfacer al demandante la cantidad de tres mil pesos, los honorarios de abogado y las costas del pleito. Después de nuestra sen-tencia el demandante Rivera solicitó de la corte inferior que ordenase se expidiera mandamiento para su cumplimiento y así lo decretó aquella corte en 20 de diciembre de 1918.

Dos días después, el 22 de diciembre, el demandado pre-sentó moción a dicha corte en la que alegando que su apela-ción contra la-sentencia dictada el 26 de octubre de 1917 es-taba aun pendiente de resolución y también que no es firme por tener recurso de apelación para ante la Corte de Apela-ciones del Primer Circuito de los Estados Unidos, en Boston, contra nuestra sentencia de 6 de diciembre de 1918, solicitó, después de alegar las razones legales que creyó pertinente, 'que la corte reconsiderase la orden que había dictado mandando a expedir el mandamiento de ejecución para el cumplimiento de nuestra sentencia dictada en el recurso del demandante y que dejase sin efecto el mandamiento librado, hasta que se resuelva o se desestime el recurso de apelación que tiene in-terpuesto contra la sentencia de la Corte de Distrito de' Aguadilla.

Esta moción fué negada por la corte inferior en 6 de fe-brero de 1919 y notificada esta resolución a Martínez el 17 de febrero, el día 24 del mismo mes interpuso el presente recurso de apelación contra la resolución de 6 de febrero de 1919 y también contra la orden de 20 de diciembre del año anterior que ordenó la expedición del mandamiento de ejecución.' Posteriormente y fundándose en la interposición de estas apelaciones pidió a la corte inferior que ordenase la paralización del cumplimiento de la sentencia y la suspen-sión de la subasta de bienes embargados para satisfacerla, petición que también le fué negada.

En la transcripción de esta apelación figuran también las diligencias practicadas con motivo del memorandum de costas y honorarios de abogado presentado por el demandante y la resolución de la corte inferior fijando su cuantía, pero no consta que esta resolución fuera apelada.

Estando el presente recurso en trámites en este Tribunal Supremo, el demandado apelante nos pidió que, mientras lo resolviéramos, ordenásemos al juez del tribunal inferior que suspendiera la ejecución de la sentencia. Señalado día para oir a las partes sobre esta petición, se opuso a ella el ape-lado por medio de moción escrita en la que nos pidió que desestimemos esas apelaciones por los diversos motivos que en ella consignó.

Al día siguiente de celebrada la vista de tal moción tuvo lugar la del recurso de apelación.

La primera cuestión que tenemos que resolver es la pro-puesta por la moción de desestimación del apelado, toda vez que si esta prosperase no podríamos resolver la apelación.

El primero de los motivos en que se funda la moción de' desestimación es en que la transcripción de autos que nos ha presentado el apelante no contiene todas las materias nece-sarias. No expone cuáles son las materias que faltan en la ■transcripción, ni el apelado nos ha pedido que la corrijamos con los particulares que echa de menos, y, por tanto, no es-tamos en condiciones de decidir si hay algún particular que sea necesario en ella. Hemos examinado la transcripción y a nuestro entender contiene todos los elementos necesarios para poder resolver la materia qne es objeto del recurso.

El segundo motivo es el de que la apelación no ha sido debidamente formalizada por el apelante por no haber cum-plido con el requisito de entregar al apelado una copia certi-ficada de la transcripción. Si bien en la misma transcripción no consta la entrega de tal copia al apelado, sin embargo, del juramento de José Dieppa obrante en los autos aparece que fué notificada a la parte apelada antes de que la trans-cripción fuera presentada en este tribunal.

El tercer motivo alegado para que desestimemos las ape-laciones es que las resoluciones de 20 de diciembre de 1918 y de 6 de febrero de 1919 no son apelables. Además, se nos llamó la atención durante la vista a que el recurso contra la orden de 20 de diciembre fué interpuesto fuera del término •legal.

No tenemos necesidad de decidir ahora si la orden de 20 de diciembre de 1918, disponiendo que se cumpliese nuestra sentencia de 6 del mismo mes, es o no apelable, porque el recurso de apelación contra ella se interpuso el 24 de febrero de 1919, mucho tiempo después de los diez días concedidos por el No. 3º. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil para establecer apelación contra providencias especiales dictadas después de sentencia, y, por tanto, la apelación de esa orden debe ser desestimada.

La cuestión es distinta con respecto a la apelación contra la resolución de 6 de febrero de 1919, porque fué interpuesta dentro del término legal.

La moción de 22 de diciembre de 1918 que dió origen a esa resolución, aunque se titula de reconsideración, es en ver-dad una moción para que se anule y deje sin efecto el man-damiento de ejecución que la orden de 20 de diciembre de 1918 dispuso que se librara para el cumplimiento de nuestra sentencia de 6 de diciembre de 1918. Esta resolución se dictó a instancia de José O. Eivera, sin notificación ni audiencia del demandado, y, por tanto, no resolvió moción alguna de éste, por lo que su petición de 22 de diciembre, aunque en ella se usa la palabra reconsideración, no pide que se examine de nuevo alguna resolución recaída a instancia suya sino que por primera vez planteó ante la corte inferior la cuestión de que no tenía jurisdicción para hacer ejecutar nuestra sentencia de 6 de diciembre de 1918 en vista de estar pendiente su recurso de apelación contra la sentencia de 26 de octubre de 1917 y por consiguiente no le es aplicable la doctrina de que es inapelable una resolución que desestima la reconsideración de otra resolución anterior. La moción del demandado a que nos referimos es en verdad y en su alcance una moción pidiendo que se deje sin efecto el man-damiento dispuesto por la orden dictada por el juez man-dando cumplir nuestra sentencia dictada en el recurso del demandante; resolución que, por tanto, es apelable porque es una providencia especial dictada después de sentencia.

En cuanto al otro motivo de desestimación fundado en que la resolución del memorandum de costas no fué apelada, ya hemos dicho antes que en efecto no lo fué y, por tanto, no la consideraremos, lo que no es motivo para que deses-timemos la apelación contra la de 6 de febrero de 1919.

En vista de las precedentes consideraciones, debemos de-sestimar la moción del apelado en la que nos pide que deses-timemos la apelación interpuesta contra la resolución de la corte inferior de 6 de febrero de 1919, y consideraremos el recurso en sus méritos.

La cuestión propuesta por el apelante es' sencilla pues habiendo sido apelada la sentencia de 26 de octubre de 1917 por el demandante y por el demandado, y no hallándose esas apelaciones comprendidas en ninguno de los casos a que se refiere el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Civil, tales apelaciones produjeron el efecto de suspender la eje-cución de dicha sentencia hasta ser resueltas o desestimadas, de acuerdo con el artículo 297 del mismo código, sin que la resolución de uno de esos dos recursos produzca el efecto de anular y dejar sin efecto la suspensión de ejecución pro-elucida por el recurso interpuesto por la otra parte.

Por estas razones, cuando el demandado Martínez llamó, la atención de la corte inferior al hecho de que estaba. ac-tuando sin jurisdicción en el procedimiento por estar pen-diente aun su recurso de, apelación contra la sentencia re-caída en el pleito, debió la Corte de Distrito de Aguadilla haber dejado sin efecto el mandamiento de ejecución que ordenó se librara, y no habiéndolo hecho así todas las actua-ciones practicadas para llevar a ejecución la sentencia que dictamos en uno de esos recursos son nulas y el pleito debe quedar en la misma situación que tenía cuando la corte inferior recibió nuestra sentencia resolviendo el recurso de una de las partes apelantes; sin que estuviera la corte justificada en las razones que tuvo para negarla porque si el deman-dado Martínez ha perdido su derecho a que sea oída su ape-lación por no haber tramitado luego su recurso, es cuestión que debe decidir este Tribunal Supremo y no la corte inferior, y porque tampoco es motivo que apoye la decisión recurrida ahora el que en la vista de la apelación del demandante hi-ciera el demandado alegaciones ante este Tribunal Supremo en apoyo de su recurso, según entendemos la resolución ape-lada, que asegura la corte inferior fueron .tomadas en consi-deración por nosotros, hecho éste que no aparece de la sen-tencia dé 6 de diciembre, 1918 ni .de la, .opinión en que se funda. ■■■ ■ < ■:

En vista de la conclusión a que .llegamos con respecto a los méritos de la apelación y de que la moción que nos. hizo el demandado apelante para que ordenásemos' la^p'arálizá-ción de la ejecución de. la sentencia fué. o¡ígl$.,M .í§í$,;; antes de la vista del. recurso, se hace - innecesario ■¡resolverla especial-mente ahora, pues implícitaihente.'ló'!. estárá 'en 'Í|,, j’^^jución que dictaremos.

Por las razones expuestas el recuííso!idé'!apéÍikción'’''éoiatra la orden .de 20 .de diciembre de 19Í8~elébe feéh‘clfesegtWado y la resolución de 6 de febrero .de 1919 debe ser revocada, dictándose en su lugar otra dejando sin efecto el manda-miento de ejecución que la corte inferior mandó que se expi-diera para cumplir nuestra sentencia de 6 de diciembre de 1918 recaída en el recurso del demandante.

Desestimada la. apelación contra la orden de la Corte de Distrito de diciembre 20, 1918, revocada la resolución de febrero 6, 1919 y dictada otra dejando sin efecto la orden de ejecución de diciembre 20, 1918 en cumpli-miento de la sentencia de este Tribunal Supremo de diciembre 6, 1918.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison..