author: El Juez Asociado Señou Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rosario Santos, José Natalí @ Cheo y Bernardo Oliver, acusados y apelantes.
    No. 3029.
    Visto: Febrero 16, 1927.

      Resuelto: Marzo 10, 1927.
    Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Revisión—Cuestiones1 Dis-crecionales — Cuestiones Relativas a la Admisión oe Pruebas — Examen

      de Testigos — Examen pos- la Corte. — Cuando objetada la participación de un juez en el examen de testigos, éste desiste y demuestra no tener intención de ayudar el caso de El Pueblo, aún cuando las preguntas demuestren una tendencia argumentativa y agresiva, no habiéndose cometido abuso de dis-creción, procede confirmar la sentencia apelada.
    SbntbNcia de Roberto H. Todd, Jr., J. (Ponce), condenando a los acusados por delito de Asesinato en Segundo Grado.

      Confir-mada.

      E. Ramos Antonini, Edelmiro Huertas, y Cipriano Olivieri, abogados de los apelantes; José E. Higueras, abogado de El Pueblo, ape-lado.

   El Juez Asociado Señou Hutchison,

emitió la opinión, del tribunal.

Rosario Santos, José Natali y Bernardo Oliver fueron convictos de un delito de asesinato en segundo grado, siendo sentenciados a 30, 20 y 10 años de presidio, respectivamente.

Ni Santos ni Natali ban radicado alegato alguno, y un examen detenido de los autos no arroja una base suficiente para la revocación, aunque la prueba contra Natali y Oliver no es tan clara y convincente como pudiera desearse.

La acusación alega que Natali y Oliver ayudaron a Santos en la comisión del delito imputádole a éste. Los dife-rentes grados de responsabilidad no solamente en lo que se refiere a Santos y los demás acusados, sino también en lo referente a Natali y Oliver, y tal como fueron pesados por el juez de distrito, de acuerdo con la impresión que le bizo la prueba en conjunto, sin ayuda de sugestión o recomenda-ción alguna por parte del jurado, quedan indicados clara-mente por las condenas impuestas, y especialmente, por el notable contraste entre la pena de diez años impuesta a Oliver y la de veinte años impuesta a Natalí.

El apelante Oliver, insiste en que la corte cometió error al repreguntarle en forma tal que tendía a crear prejuicio en la mente del jurado. El examen de repregunta de este acusado becbo por el fiscal y el juez sentenciador fué como sigue:

REPREGUNTAS DEL FISCAL
“P. ¿Cuando usted estaba al lado de la muertecita, usted dijo que qué era lo que pasaba allí, que qué era aquella fiesta?
“R. No, señor.
“P. ¿Por qué usted dijo eso?
“R. Yo estaba sentado al lado de la muertecita con un brazo puesto sobre el catre, conversando con una señora que estaba al lado.
“P. ¿Esa señora fué la que declaró aquí esta tarde?
“R. No, señor.
“P. ¿Una vestida de azul?,'
“R. No, señor; había muchas más allí.
“P. ¿Usted no dijo al lado de la muertecita que qué era lo que pasaba allí, que qué era aquella fiesta?
“R. No, señor.
“P. Y la señora le dijo: Cristiano, ¿usted no ve que lo que aquí hay es una muertecita, que esto es un velorio?
“R. No, señor, eso no lo hice.
“P. ¿Usted no cogió a Gutiérrez, usted y Natalí, después que éste le dió varias puñaladas y lo tiraron abajo?
“R. Nunca.
“P. ¿Usted, después de estar abajo Gutiérrez, no dijo: Ahí no, para el llano, para el llano?
“R. No, señor.
“P. ¿Por qué usted le dijo al policía que usted no sabía nada del cuchillo cuando el policía se presentó allí?
“R. No, señor; cuando el policía se presentó y me pidió el cu-chillo, que Rosario Santos le dijo que yo lo tenía, en seguida se lo preguntó a José Natalí, que llegó con el policía, a ver si yo no le entrego el cuchillo inmediatamente, que fueron los únicos que se encontraban allí, el policía, José Natalí y yo, no había más nadie despierto.
“P. Cuando el policía le pidió el puñal, cuando el policía le dijo a usted que Santos le decía que usted tenía el puñal, ¿es o no ver-dad de que usted le dijo al policía que usted no tenía el puñal?
“Defensor Ramos: Nosotros vamos a oponernos a la pregunta porque para nada ha sido objeto de interrogatorio directo ni se ha preguntado nada sobre eso.
“Juez: La Corte declara sin lugar la objeción.
“Defensor: Tomamos excepción respetuosamente.
“P. ¿Por qué cuando el policía fué donde usted y le dijo que Santos decía que usted tenía el puñal con el cual se había dado muerte a Gutiérrez, usted le negó al policía que tenía el puñal? '
"Defensor: No se ba sentado con el testigo que él baya negado nada; tiene que preguntarle si le negó para sobre eso levantarse la pregunta. . ¡
‘ ‘ Juez: La defensa le ba preguntado en el interrogatorio directo y él ba contestado en la forma en que entregó el cuchillo. Se per-mite la pregunta.
"Defensor: Tomamos excepción.
"R. Yo no le negué que tenía el puñal.
"P. ¿Usted se lo entregó voluntariamente?
"R. Voluntariamente.
"P. ¿Cuando vino el policía?
"R. Sí, señor.
"P. ¿Usted le dijo al policía quién le había entregado el puñal1 ése a usted? • .
"R. Sí, señor; porque Rosario Santos me dijo a mí que el cii-' chillo ése era el que lo habían herido a él, con el que había muerto'' Floro Gutiérrez y Rosario Santos se lo dijo al policía, que yo tenía el cuchillo.
"P. ¿Dónde fué que usted encontró el cuchillo ése?
"R. Ahí mismo, en la misma reunión, había mucha gente.
"P. ¿De dónde usted lo cogió?
"R. Ahí mismo.
"P. ¿Dónde?
"R. Cuando yo cogí a Rosario Santos para sacarlo abajo para afuera, apareció un muchacho con el- cuchillo, ya el otro estaba muerto.
"P. ¿Qué le dijo el muchacho?
"R. Entonces Rosario Santos dijo: ese cuchillo es con el que me han herido a mí; entonces yo le dije al muchacho: trae acá ese cuchillo; y me dijo Rosario Santos: Coge ese cuchillo y guárdalo para que se lo entregue a la policía.
"P. ¿Ud lo limpió?
."R. No, señor.
"P. No lo lavó?
"R. No, señor, no.
"P. ¿Estaba lleno de sangre ese cuchillo?
"R. Sí, señor.
"P. Y cuando usted se lo entregó al policía, ¿estaba lleno de;: sangre ?
■ “R. Se había secado, porque yo se lo di a un chiquito que lo guardara en casa y parece que lo guardó en un fogón; como los mu-chachos guardan las cosas donde quiera. . . .
“P. Cuando usted salió del sitio, ¿usted dejó muerto a Gutié-rrez?
“R. Sí, señor, cuando llegué al sitio ya estaba muerto.
“¿Entonces usted no vió la pelea?
“R. No la vi.
“P. Dónde estaba usted?
“R. Yo estaba en el cuarto del velorio.
“P. ¿En el cuarto de la niñita?
“R. En el cuarto de la niñita.
“P. ¿Y dónde empezó la pelea?
“R. La pelea fué en la sala, pero la gente que estaba en la sala transcurrió para el cuarto y taparon la puerta y luego se formó allí un volcán de José Pacheco y la gente que estaba allí y yo me arrimé a una esquina y cuando salí a la sala, ya habían caído abajo, y cuando llegué donde ellos ya Floro Gutiérrez estaba muerto.
“P. ¿Así es que no vió la pelea?
“R. No, señor.
INTERROGATORIO HECHO POR EL JUEZ:
“P. ¿Qué hizo usted con el cuchillo cuando llegó a su casa?
“R. Pues lo cogí y lo guardé.
“P. ¿Dónde lo guardó?
“R. Se lo di a un chiquito que lo guardara.
“P. ¿Entonces, no lo guardó usted?
“R. Sí, en mi mismo cuarto.
“P. ¿Usted no lo guardó entonces?
“R. Lo guardó un chiquito mío.
“P. ¿Hijo suyo?
“R. Hijo mío.
“P. ¿Dónde lo guardó?
“R. Lo guardó en la cocina.
“P. ¿En qué sitio de la cocina?
“R. Eso no le puedo decir, porque cuando yo llamé al chiquito y se levantó el chiquito, que llegó el policía, dijo: Papá, voy a bus-car el cuchillo: y digo: vete, búscalo, y en lo que yo me puse los zapatos, apareció el chiquito con el cuchillo.
“P. ¿Usted no acaba de declarar que el muchacho lo puso en el fogón y la sangre se había secado cuando llegó el policía?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Por qué dice que no sabe dónde lo guardó?
“R. Que lo guardó en la cocina, no sé si en el fogón.
“P. ¿Tenía ceniza el cuchillo o no tenía?
“R. El cuchillo no tenía ceniza, por eso le digo que no sé si fué en el fogón.
“P. Mi pregunta es si tenía ceniza o no tenía.
“R. No tenía, yo no reparé.
“P. ¿Tenía sangre o no tenía?
“R. Cuando yo lo cogí en mis manos tenía sangre.
“P. Cuando llegó el policía, le estoy preguntando.
“R. Estaba seco.
“P. ¿Y no tenía ceniza?
“R. No reparé.
“P. ¿Entonces estaba el cuchillo limpio?
“R. Yo no reparé.
“P. Usted dice que no tenía sangre, que no tenía ceniza, pues tiene que haber reparado en qué estado estaba el cuchillo: ¿estaba limpio el cuchillo?
“R. Estaba seco, porque yo cogí el cuchillo, el chiquito se paró así y yo cogí el cuchillo y se lo pasé al policía y no reparé lo que tenía.
"P. ¿Entonces no tenía sangre?
“R. Cuando lo cogí la primera vez tenía sangre.
“P. ¿Cuando llegó el policía?
“R. No reparé si tenía sangre o no tenía.
“P. ¿Cómo ha dicho antes que no tenía sangre?
“R.'Por eso le digo que no reparé si tenía sangre o no, porque el muchacho fué el que guardó el cuchillo.
“P. A qué hora llegó usted a su casa?
"R. Yo llegué como a las once.
“P. ¿Como a las once del día o de la noche?
“R. De la noche.
¿<P. ¿Con quién usted vino?
“R. Yo llegué allá solo a mi casa.
"P. ¿Con quién usted vive?
“R. Yo vivo en el pueblo.
“P. ¿Ya estaban acostados cuando usted llegó?
“R. Ya estaban acostados.
“P. ¿Usted se acostó cuando llegó?
"R. Sí, señor.
“P. ¿Y como a qué tiempo después llegó el policía?
“R. Como una hora, como a las doce de la noche llegó el policía.
“P. ¿Y cuando llegó el policía, lo despertó a usted, lo llamó a usted ?
“R. Me llamó a mí, sí señor.
“P. Si todos estaban durmiendo cuando usted llegó y se acostó, ¿usted levantó al chiquito y le dió el cuchillo?
“R. El chiquito venía conmigo del cine, iba conmigo del cine y estaba en un cafetín allí al lado.
“P. ¿Estaba esperándolo en un cafetín?
“R. Allí al frente.
“P. ¿Y usted le dió el cuchillo al chiquito?
“R. Cuando llegué a casa lo cogí y lo guardó.
“P. Usted se lo dió al chiquito para guardarlo?
“R. Sí, señor.
“P. ¿No lo guardó usted?
“R. No, señor; él.
“P. ¿Un cuchillo con el que había ocurrido un hecho de sangre usted se lo dió a un chiquito para que lo guardara?
“R. A un chiquito hijo mío.
“Defensor Olivieri: Nosotros queremos tomar excepción a todas las preguntas de la Corte, porque más que preguntas de un juez pa-recen preguntas de un fiscal.
“Juez: La Corte tiene derecho a hacer preguntas para el es-clarecimiento de un hecho, igual que los defensores, el fiscal y los señores del jurado.
“Defensor Huertas: Queremos fundamentar más la excepción expresamente de que el Juez tiene autoridad para aclarar, de acuerdo con la ley, cualquier punto oscuro para sus instrucciones o para el conocimiento del jurado, pero nunca para involucrar a un testigo en una forma y contradecirlo.
“Juez: La Corte lo único que ha hecho precisamente es esclarecer un punto oscuro que había en relación con el cuchillo, de quién lo había guardado y la forína en que se encontró a la hora o media hora después cuando llegó lo policía.”

En respuesta a la contención del apelante en cuanto a lo impropio del examen de repreguntas fiecho por el juez sen-tenciador, el fiscal cita del caso de El Pueblo y. Morales, (a) Yare Yare, 14 D.P.R. 234, lo siguiente: “Aunque el examen de los testigos debe dejarse generalmente al cuidado de los abogados, la corte, no obstante, pnede interrogarles con el fin de aclarar los pnntos esenciales y permitirle prepa-rar sns instrucciones.”

En el caso de El Pueblo v. Acevedo, 35 D.P.R. 966, la opinión emitida por el juez que suscribe, con la cual estuvo conforme el Juez Asociado Sr. Wolf, contiene la siguiente indicación respecto a la mejor práctica a seguir, en ausen-cia de circunstancias que justifiquen una desviación de la regla general:

“El derecho de un juez de distrito a participar en el examen de los testigos, siempre que tal derecho se mantenga dentro de los lí-mites razonables de una sana discreción judicial, no puede negarse y ha sido uniformemente sostenido por esta corte. En ausencia de presentar objeción o tomar excepción un ligero exceso en este res-pecto no garantizaría que se revocara la sentencia.
"Sin embargo, el conducir un caso por parte del Pueblo, espe-cialmente en juicios por jurado, debe dejarse al fiscal. De lo con-trario una intervención excesiva por parte de la corte en el curso general de las preguntas y comentarios hechos a favor de la acusa-ción, produciría prejuicio en la mente del jurado contra el acusado y cuando se considera en relación con otras circunstancias del caso podría conducir a la conclusión inevitable en apelación de que al acusado no se le dió un juicio justo e imparcial. ”

En el presente caso, la objeción levantada por el abogado fné oportuna y propia, pero el juez sentenciador pronta-mente desistió, y, en efecto, demostró no tener intención al-guna de ayudar el caso de El Pueblo. Si bien la pregunta hecha por la corte demuestra una tendencia argumentativa y agresiva, sin embargo, hasta el momento de hacerse la objeción no hallamos que se haya cometido abuso alguno de discreción que justifique la revocación.

En el examen de repregunta de los testigos de descargo en un caso criminal, especialmente tratándose del mismo acu-sado, es bueno recordar que aunque un acusado que se sienta en la silla de los testigos se somete a la repregunta al igual que cualquier otro testigo, no obstante, preguntas que se-rían enteramente propias en boca de nn fiscal, pueden per-judicar al acusado cuando se hacen por el juez. Un mayor grado de descuido a este respecto que el que indica el ex-tracto de la transcripción taquigráfica, supra, al ser obje-tado, como en el presente caso, o cuando está unido a otras circunstancias, no dejaría a esta corte otra alternativa que la de revocar el caso, cuando de lo contrario podría evitarse al gobierno el incurrir en los gastos y contingencias de un segundo juicio.

Sin embargo, tomándolo todo en consideración en el pre-sente caso, no podemos llegar a la conclusión de que se per-judicara alguno de los derechos substanciales del acusado. Las instrucciones fueron amplias y completas, así como jus-tas e imparciales.

Si aceptamos como ciertas las declaraciones de dos tes-tigos, como fueron aceptadas por el jurado, ellas son sufi-cientes para sostener el veredicto.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob, Aldbey,

license: Public Domain

text:
    Martín, Isabel, Juana-Basilisa y María del Carmen González Bermúdez, demandantes y apelados-apelantes, v. Ramón Díaz y Valeriana, María y Felipa González Colón, demandados y apelantes-apelados.
    No. 3735.
    Visto: Diciembre 10, 1925.

      Resuelto: Marzo 10, 1927.
    Reivindicación — Juicio, Sentencia, Cumplimiento de Sentencia t Revisión— De la Sentencia en General — Contea los Demandados — Sentencia que Condena a Reconocer Condominios en Finca no Perteneciente a Ellos. — • En acción reivindicatoría, los demandados no pueden ser condenados a reco-nocer condominios a favor de los demandantes en finca que no pertenece a aquéllos.
    Sentencia de Enrique Lloredct, J. (Areeibo), declarando con lugar la demanda, con costas. Sin lugar el recurso de los demandantes y con lugar el de los demandados revocando la sentencia apelada y declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      G. Zeno Sama y Simón Largó, abogados de los apelantes; Luis Mer-cader, abogado de los apelados.- ' '
   El Juez Asociado Señob, Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

José Antonio González Rivera hipotecó en 1893 nna finca de 170 cnerdas a favor de Tomás Aqnino González Hernán-dez en garantía de nna denda y habiendo muerto el mismo año fué hecha la partición de sus bienes por su viuda y por un defensor nombrado por el Juzgado de Primera Instancia para representar a sus hijos, que eran menores de edad. Esa partición fué aprobada por dicho juzgado e inscrita en. el registro de la propiedad y en ella fué adjudicada a la viuda la finca de 170 cuerdas para con otra satisfacerle su aportación matrimonial y sus gananciales y para que pagase las deudas de la herencia. En. 1896 la viuda segregó 112 cuerdas de la finca de 170 y con ellas pagó a Tomás Aquino González su hipoteca. De esa finca de 112 cuerdas segregó Tomás Aquino González 100 cuerdas que dió en pago de una deuda suya a otra persona y que posteriormente compró y era dueño de ella cuando murió, siendo adjudicada en condo-minios pro indivisos a ocho hijos naturales suyos. Y tres de esos hijos vendieron sus condominios a Ramón Díaz Rqr mán.

Después de esos hechos cuatro de los seis hijos y here-deros de Juan Antonio González Rivera, el primitivo dueño de las 170 cuerdas, demandaron a Ramón Díaz Román y a tres de las herederas de Tomás Aquino González que no habían vendido sus condominios en reivindicación de. las 100 cuerdas, fundados en el caso de Longpré v. Días, 237 TJ. S. 519, y a instancia de los demandados se ordenó la ci-tación en evicción de las personas que vendieron sus con-dominios a Ramón Díaz y de los otros condueños, haMem dose incluido después en la demanda a María Josefa Ber-mudez, viuda de Tomás Aquino González. ...

Los demandados contestaron la demanda exponiendo: Jai historia de esa finca y alegando que las 10Q cuerdas habían sido vendidas en pública subasta por el .Pueblo- de- Puerto Rico el día 5 de diciembre de 1922 para pago de contribucio-nes con otra finca de 51 cnerdas 37 centavos y qne ambas fueron adjudicadas a Alberto Sureda quien posteriormente vendió cinco octavas partes de esa finca en condominio a Ramón Reboyras.

'Celebrado el juicio se dictó sentencia declarando con lu-gar la demanda y condenando a los demandados a recono-cer a cada uno de los demandantes una dozava parte en condominio de la finca de 100 cuerdas con imposición de costas; sentencia que fue apelada por los demandados y también por los demandantes por no baber condenado al pago de frutos de la finca.

En el juicio se probó documentalmente que la finca de 100 cuerdas perteneciente en condominio a cinco herederos de Tomás Aquino González y en tres octavas partes a Ra-món Díaz fue vendida con otra finca de 51 cuerdas 37 centavos de dicha sucesión por cierta cantidad por ambas en subasta para el pago de contribuciones el 5 de diciembre de 1922 y que fué adjudicada a Alberto Sureda a quien el •colector de rentas expidió el certificado de compra el 30 de enero de 1923 y que después de un año, el 14 de febrero de 1924, Sureda vendió cinco condominios de las 100 cuerdas a Ramón Reboyras, por lo que habiendo vendido el colector la finca de 100 cuerdas objeto de este pleito de reivindica-ción a Alberto Sureda no pueden ser condenados los deman-dados a reconocer - condominios a favor de los demandantes <en una finca que no les pertenece. Es cierto que los deman-dantes presentaron evidencia de que el 28 de enero de 1924 habían consignado en el juzgado municipal de Utuado a favor de Ramón Reboyras cierta cantidad de dinero, calcu-lada por el valor que los demandantes dieron a cada cuerda de tierra, para redimir las 100 cuerdas, consignación que no había sido declarada bien hecha por el juzgado cuando el juicio se celebró, pero cualquiera que pueda ser su resultado no tiene valor alguno en este pleito porque demuestra que los demandantes reconocían que la finca pertenece a persona distinta de los demandados pnesto qne trataban de redi-mirla de Beboyras y porque si tal consignación los convir-tió o pudo convertirlos en dueños tampoco procedería la ac-ción reivindicatoria que ejercitan.

Los demandantes también apelaron de la sentencia por no conceder los frutos que reclamaron pero, aparte de que no ban presentado alegatos para sostenerla, no es proce-dente en vista de la conclusión a que fiemos llegado en la apelación de los demandados.

Por lo expuesto debe declararse sin lugar el recurso de los demandantes y con lugar el de los demandados, revocando la sentencia apelada y dictando otra declarando sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas.


author: El Juez Asociado Señou Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Concepción Alegría, acusado y apelante.
    No. 2941.

      Visto: Febrero 15, 1927.

      Resuelto: Marzo 11, 1927.
    Homicidio (Homicide) — Evidencia—Presunciones y Peso de la Prueba — Ele-mentos de Deliberación y Premeditación.' — Los elementos de deliberación y premeditación pueden deducirse de la manera en que se usa un arma mortífera o quizás del mero uso de la misma.
    'Sentencia de Manuel Rodríguez Berra, J. (San Juan, Segundo Dis-trito), condenando al acusado por delito de Atentado a la Vida.

      Confirmada.

      Rafael Sancho Bonet, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señou Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La prueba de cargo en este caso tendió a demostrar que en la fecha a que se refieren los hechos, el perjudicado Pilar Buiz tenía un cafetín en que se encontraba trabajando, y en momentos en que colocaba unas botellas debajo de un mos-trador, se presentó el acusado con la mano en el bolsillo, .y cuando el perjudicado se incorporaba, doblado como estaba para colocar las botellas, le hizo el acusado un disparo, el cual le produjo una herida, entrándole la bala por la axila, lado derecho, y saliéndole por la espalda cerca de la columna vertebral. Al recibir el disparo, el perjudicado salió co-rriendo en dirección a una casa que había en frente del ca-fetín, penetrando en el patio de una casa. El acusado, que venía persiguiéndolo con una pistola, se abalanzó contra él, llegando en ese momento varias personas que le quitaron el arma al acusado. Más tarde el perjudicado fue conducido al hospital.

La prueba de descargo tendió a demostrar que cierto día, el acusado, que era íntimo amigo del perjudicado, en momentos en que iba para su casa, se encontró con el per-judicado que salía corriendo de la casa del primero; que con tal motivo tuvo sospechas de su esposa, invitando al perjudicado a entrar y le pidió explicaciones, consultando luego a un abogado para divorciarse; que como un mes des-pués se encontró con el perjudicado en San Juan y éste le dió explicaciones, manifestándole que él no era el culpable y que le iba a enseñar ciertas cartas que le demostrarían que él no tuvo la culpa. Algún tiempo después de esto, el acusado estuvo en la tienda del perjudicado, el día a que los hechos se refieren, y después de haberle dado los buenos días al perjudicado, que éste contestó, le pidió las cartas que le había prometido y entonces el perjudicado se aba-lanzó sobre el acusado con una pistola, y que en los momen-tos de la lucha salió un tiro. Al mismo tiempo, el referido Pilar Euiz, el perjudicado, salió corriendo, y detrás ■ de él el acusado, agarrándose nuevamente cerca del cafetín. En-tonces llegó un tal Wolkers, y, según aparece de la prueba de descargo, entre él y el acusado le quitaron la pistola al perjudicado. El jurado trajo un veredicto condenatorio.

Se le imputó al acusado el delito de atentado a la vida. El principal error señalado es que la prueba no demostró los elementos de premeditación o deliberación que exige la Ley. La teoría es que no había nada en la prueba que de-mostrara que el acusado salió deliberada y premeditada-mente a matar al perjudicado. De la prueba aducida, el ju-rado tenía derecho a creer que el acusado, en un arrebato de celos, justificado o no, fue a la tienda del perjudicado deliberadamente, con una pistola, y si ha de darse crédito a la prueba de cargo, el- jurado tenía derecho a llegar a la conclusión de que el acusado tenía la intención de darle muerte al perjudicado. La ley y la jurisprudencia demues-tran que de los actos de una persona puede deducirse su intención. Artículo 12 del Código Penal, 13 Cal. Jur. 597. El uso deliberado de y el disparar una pistola contra un ser humano son circunstancias de las cuales el jurado tiene de-recho a rendir un veredicto de culpabilidad.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob. Hutchison,

text:
    Agustín Hernández Mena, demandante y apelante, v. Bernardo Lecumberri, demandado y apelado.
    No. 4039.
    Visto: Enero 13, 1927.

      Resuelto: Marzo 11, 1927.
    1. Hipotecas — Traspaso de Bienes Hipotecados — Derechos del Comprador— Hinca Adquirida de un Tercer Poseedor — En General. — Adquirida una finca hipotecada de un tercer poseedor, el comprador adquiere con ella cual-quier derecho, título o interés que su vendedor tenga en la propiedad ven-dida, subrogándose en los derechos de dicho tercer poseedor.
    2. Hipotecas — Traspaso de Bienes Hipotecados — Derechos del Comprador— Hinca Adquirida de un Tercer Poseedor — Mejoras—Construcciones1 de Edificios Donde Antes no los Había. — Comprada una finca hipotecada de un tercer poseedor, el heelio de que éste, en la escritura de venta, se refiera a ciertas construcciones en la finca eomo de nueva construcción no da al com-prador derecho alguno sobre las mismas cuando, además de no excluir tal ma-nifestación la hipótesis de que el que constituyó la hipoteca y no el torcer po-seedor construyera aquéllas antes de la venta do aquél a éste, las construccio-nes en cuestión no equivalen a “la construcción de edificios donde antes no los hubiere” ni se demuestra que, siéndolas, fueron construidas por dicho tercer poseedor.
    3. Hipotecas — Interpretación y “Operation” — Bienes Hipotecados e Inte-rés de Partes en los Mismos — Extensión de la Hipoteca — Mejoras— Construcción de Edificios Donde Antes no los Había. — -Un gallinero y un garage corriente en el patio de una residencia sub-urbana no son edifi-cios dentro del significado del inciso 2, artículo 111, de la Ley' Hipotecaria.

      i. Hipotecas — Interpretación y "Operation" — Bienes Hipotecados e Inte-rés de Partes en los Mismos — Extensión de la Hipoteca — Mejoras— Construcción de Edificios Donde Antes no los Había. — Una oasa de ma-deras en el patio de una residencia sub-uibana que por su tamaño, proximi-dad y situación respecto a dicha residencia tiende a demostrar que es una casita para lavandera o para alojamiento del servicio, de las que general-mente se encuentran contiguas a dichas residencias, en ausencia total de algo que indique que originalmente iba a ser dedicada para un uso independiente, no es un edificio dentro del significado del inciso 2, artículo 111 de la Ley Hipotecaria. . 1
    Sbntenoia de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando sin lu-gar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Salvador Mestre, abogado del apelante; Monserrat & Monserrat, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señob. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En agosto de 1922, Domingo Rufián vendió a Ruperto Fuentes una casa y solar en Santurce por $8,000, de los cua-les el vendedor admitió baber recibido $5,000 del comprador, reteniendo Fuentes los $3,000 restantes con el fin de satisfa-cer una obligación pendiente de pago, garantizada con una hipoteca por esta última cantidad, más los intereses sobre la misma al 10 por ciento anual y una suma adicional de $280 por concepto de costas y honorarios de abogado. Esta hi-poteca había sido otorgada en 1921 a favor de Jesús Sán-chez G-onzález, quien en enero de 1923 instituyó un procedi-miento sumario de ejecución para recobrar las cantidades anteriormente mencionadas, $120 por concepto de intereses adeudados hasta diciembre de 1922, más los intereses al tipo indicado, desde dicha fecha hasta su completo pago, y por la suma adicional de $13.89 como reembolso de la prima pa-gada por el demandante sobre una póliza de seguro contra incendio. Para esta época, la propiedad también estaba sur jeta a los gravámenes de hipotecas posteriores y de embar-gos trabados por otros acreedores de Fuentes, ascendiendo en total a la suma de $4,991, todos los cuales constaban ins-critos en el registro de la propiedad.

El 17 y el 18 de enero se notificó el requerimiento de pago a Fuentes y a los acreedores hipotecarios posteriores, nin-guno de los cuales compareció en dicho procedimiento.

En 26 de febrero el demandante solicitó, y al día si-guiente obtuvo sentencia ordenando el embargo y la venta de las propiedades hipotecadas.

El 13 de marzo, Agustín Hernández Mena radicó una moción, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 129 de la Ley Hipotecaria y el 175 del Reglamento, ale-gando el traspaso hecho por Rullán a Fuentes y un traspaso posterior de las propiedades hipotecadas hecho por Fuentes a Hernández en enero 22, 1923, y solicitando que el nombre de Hernández fuese sustituido por el de Fuentes en el pro-cedimiento ejecutivo hipotecario. En la moción se hizo men-ción y se acompañó a la misma una copia de la escritura a que se ha hecho referencia últimamente, pero no hubo in-dicación alguna de que el traspaso incluyese otra cosa que la casa y el solar, a pesar de que dicha moción contenía una descripción amplia de la casa y el solar, como que, eran las propiedades vendidas por Rullán a Fuentes, por Fuentes a Hernández, y como que eran idénticas a las descritas en la solicitud sobre ejecución de hipoteca. No era de esperarse que esta descripción detallada de la propiedad vendida por Fuentes a Hernández, siendo una copia verbatim de la que aparece en la hipoteca, llamara la atención de la corte o del abogado del acreedor a acontecimientos futuros que sólo proyectaban su sombra ligeramente, si acaso, por otros ex-tremos contenidos en la escritura, o que se hacían conspi-cuos solamente con motivo de su ausencia en lo que a la moción misma se refería.

En el presente caso, Hernández, de ser un comprador de buena fe, parece haber pasado por alto una excelente oportunidad para levantar o para exigir que se resolvieran las cuestiones que habrán de discutirse más adelante.

En marzo 16, la moción de Hernández fue declarada con lugar, su nombre fue sustituido .por el de Fuentes en el pro-cedimiento ejecutivo hipotecario, y se ordenó al márshal que notificara tal sustitución.

No aparece que Hernández fuera un postor, no obstante haber estado presente en la venta en pública subasta, mien-tras se tramitaba la cual ocurrió el siguiente coloquio, pre-guntando el márshal: “Don Agustín, ¿qué va a hacer?” Y Hernández contestó: “Yo estoy pendiente si sobra algo.”

Bernardo Lecumberri obtuvo la buena pro, obteniendo la propiedad vendida por el márshal por $3,600, pero al ha-cerse una investigación, se descubrió que Fuentes estaba en posesión de la propiedad. Entonces Lecumberri instituyó un procedimiento de desahucio contra Fuentes.

Una vez más se anotó la rebeldía de Fuentes, y Hernán- • dez solicitó de nuevo permiso para intervenir en el caso, por las siguientes razones:

“Primero: — Que por escritura pública No. 3, otorgada en 22 de enero de 1923, ante el notario de esta ciudad, don Manuel Tous Soto, el exponente hubo por venta que le hizo Ruperto Fuentes y Fuentes, demandado en esta acción de desahucio, la finca urbana que se describe como sigue: (a) — URBANA, o solar con una casa en la Sección Norte del barrio de Santurce de esta ciudad; la casa es terrera, cons-truida de cemento armado y techada de ladrillos; el solar se com-pone de 14 metros, 74 centímetros, por el oeste, frente a la calle de la Iglesia; 36 metros 72 centímetros, por el norte, izquierda, lin-dando con solar y casa de don Eduardo Fenlong; 35 metros 43 cen-tímetros, por el este, espalda, lindando con solar de don Julián Ma-tienzo y por el sud, derecha, en 20 metros 80 centímetros frente del martillo, linda con solar de don Pedro Orcasitas, en 22 metros y 2 centímetros, recodo del martillo, linda con otro de don Francisco Furnis; y en 13 metros y 70 centímetros, al oeste, con el mismo Furnis. — (b)—Una casa de madera para vivienda, con su balcón, techada de hierro galvanizado, de siete varas de frente por cuatro varas de fondo, poco más o menos, colindando por el frente, sud, este y oeste, con el solar en que está enclavada. — (c)—Un garage para guardar dos trucks grandes, con armazón de madera, y forrado y cubierto con planchas de zinc, con un frente de seis varas de frente, por siete varas de fondo, poco más o menos.— (d) — -Un galli-nero para guardar aves de corral, fabricado con cuartones de madera y forrado y cubierto con tela metálica. — 'Segundo : — Que los inmue-bles antes descritos bajo las letras (b), (c) y (d), están enclavados en el solar descrito bajo la letra (a), — en que lo está, asimismo, la casa construida de cemento que se describe, de que dice ser dueño el demandante Bernardo Lecumberri. — TERCERO:—Alega el peticiona-rio que el- título de compraventa de los inmuebles descritos en el he-cho primero de esta moción fue y está inscrito en el Registro de la Propiedad, en esta fecha, en cuanto a los inmuebles descritos bajo las letras (a), (b) y (c), al folio 50 del tomo 76 de Santurce Norte, finca No. 2335, cuadruplicado, inscripción 14. — Oxjaeto : — Alega el peticionario que, en la actualidad es dueño absoluto del dominio de los bienes inmuebles que se describen bajo las letras (b), (c) y (d) del hecho primero de esta moción; y que por tan poderoso motivo, tiene interés en la acción de desahucio en este asunto y desea ser parte uniéndose al demandado Ruperto Puentes.”

La casa y solar descritos bajo la letra (a) son las pro-piedades descritas en la hipoteca, en el procedimiento eje-cutivo y en la acción de desahucio. Ni Hernández ni Puen-tes comparecieron en la vista, preliminar de este último pro-cedimiento, y en vista de la prueba aducida por el deman-dante Lecumberri, se dictó sentencia de acuerdo con la sú-plica de la demanda.

Al llegar Lecumberri acompañado por el márshal con un auto de posesión, Puentes no fué encontrado en la propiedad, pero se obtuvo la llave de la casa de concreto que tenía un vendedor ambulante, quien había sido echado de la casa que Hernández describió como de madera en su moción solici-tando permiso para intervenir como demandado en el pro-cedimiento de desahucio.

Hernández apela de una sentencia adversa en un pleito ■de reivindicación, y alega que:

“La corte erró al declarar sin lugar la demanda expresando que el derecho del demandante se limitaba a solicitar el importe del valor de la propiedad a que se refiere, a solicitar que del precio de la enajenación de la finca en la subasta se le entregara a él el mon-tante del valor de las propiedades que radican en dicho solar en el «aso de que se entendiera que éstas eran accesiones al terreno te-niendo en cuenta su naturaleza y uso en relación con la finca principal.
“La corte erró al considerar que convenía tener en cuenta si el demandante puede alegar que es un tercer poseedor haciendo apli-cable a este extremo el caso de Valdeeilla vs. Auffant, 1 D.P.R. 802.
‘ ‘ Cometió error la corte al declarar que el demandante ' no se-encuentra dentro de las disposiciones del artículo 112 porque las-nuevas obras no fueron costeadas por él.”

En la súplica de la demanda no se solicitaba la restau-ración de la posesión de parte de la propiedad reclamada por Hernández, ni autorización judicial para un proyectado traslado de la propiedad pqr el demandante, ni para la venta judicial de la misma y la entrega del producto de-tal venta al demandante. En resumen, se pedía que se de-clarase que el demandante era el deuño de las fincas ya descritas bajo las letras (6), (c) y (d) en la moción solici-tando permiso para intervenir, supra, y en su consecuen-cia, que se obligara al demandado Lecumberri a pagar al demandante la cantidad de $1,500 por concepto de perjui-cios, más las costas y honorarios de abogado.

Los artículos 110 al 113, inclusive, de la Ley Hipotecaria y el artículo 162 del Reglamento para su ejecución dicen así:

“Artículo 110. La hipoteca se extiende a las accesiones natura-les, a las mejoras, a los frutos pendientes y rentas no percibidas al vencer la obligación, y al importe de las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario por los aseguradores de los bienes hipoteca-dos o en virtud de expropiación por causa de utilidad pública.
“Artículo 111. Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderán hipotecados juntamente con la finca, aunque no se mencionen en el contrato, siempre que correspondan al propietario:
“1. Los objetos muebles colocados permanentemente en un edifi-cio, bien para su adorno o comodidad, o bien para el servicio de al-guna industria, aunque su colocación se haya verificado después de constituida la hipoteca.
“2. Las mejoras que consistan en nuevas plantaciones, obras de riego o desagüe, obras de reparación, seguridad, transformación, co-modidad, adorno o elevación de los edificios, y cualesquiera otras se-mejantes que no consistan en agregación de terrenos, excepto por accesión natural, o en nueva construcción de edificios donde antes no los hubiere.
“3. Los frutos que al tiempo en que deba hacerse efectiva la obli-gación hipotecaria, estuvieren pendientes de los árboles o plantas, o ya cogidos, pero no levantados ni almacenados.
“4. Las rentas vencidas y no pagadas, cualquiera que sea la causa de no haberse hecho efectivas, y las que se hayan de pagar hasta que el acreedor sea satisfecho de todo su crédito.
“5. Las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario de los inmuebles' hipotecados, bien por la aseguración de éstos o de los frutos, siempre que haya tenido lugar el siniestro después de cons-tituida la hipoteca, o bien por la expropiación de terrenos por causa de utilidad pública.
“Artículo 112. Cuando la finca hipotecada pasare a manos de un tercer poseedor, no será extensiva la hipoteca a los muebles colo-cados permanentemente en los edificios, ni a las mejoras que no con-sistan en obras de reparación, seguridad o transformación, siempre que unas u otras se hayan costeado por el nuevo dueño, ni a los fru-tos pendientes y rentas vencidas que sean de la pertenencia del mismo.
“Si alguna porción de terreno de una finca gravada con hipote-cas anteriores pasare a manos de un tercer poseedor, haciéndose cons-tar en el Registro que no contiene máquina, mueble, objeto o cons-trucción de ninguna especie, dicha porción de terreno seguirá afecta a las hipotecas anteriores de la finca; pero el tercer .poseedor podrá retirar siempre que le convenga toda máquina, objeto, mueble o construcción que haya llevado o hecho, según los casos, prohibién-dose reclamaciones judiciales sobre tales agregaciones, y no siendo lícito, cuando se embargue o subaste por otros acreedores anteriores inscritos la finca y su porción vendida, pedir la retención de las re-petidas agregaciones de cualquier especie que sean. La inscripción de la venta se notificará a los acreedores hipotecarios anteriores.
“Artículo 113. El dueño de las accesiones o mejoras que no se entiendan hipotecadas, según lo dispuesto en el párrafo primero del artículo anterior, podrá exigir su importe o retener los objetos en que consistan, si esto pudiere hacerse sin menoscabo del valor del resto de la finca; mas en el primer caso no podrá" detener el cumpli-miento de la obligación principal bajo el pretexto de hacer efectivo su derecho, sino que habrá de cobrar lo que le corresponda con el precio de la misma finca cuando se enajene para pagar el crédito.”
“Artículo 162. (Del Reglamento). El dueño,de las accesiones y mejoras que no se entiendan hipotecadas, según el párrafo primero del artículo 112 de la ley, y que opte por cobrar su importe, según el artículo 113 en caso de enajenarse la finca, será pagado de todo lo que corresponda con el precio de la misma, aunque la cantidad restante no alcance para cubrir el crédito hipotecario. Mas si las accesiones o mejoras pudieren separarse sin menoscabo de la finca, y el dueño hubiere optado, sin embargo, por no llevárselas, se ena-jenarán con separación del predio, y su precio tan sólo quedará a disposición del referido dueño.”

El abogado del apelado cita Morell, Legislación Hipotecaria, tomo 3, página 711, como signe:

“Si, pues, las mejoras a que tiene derecho el tercer poseedor pueden separarse sin menoscabo de la finca, puede retenerlas en su poder, o ha de conformarse con que se vendan separadamente, co-brando sólo su importe. Si sufre menoscabo la finca por la separa-ción de las mejoras, han de enajenarse con ella, y del precio obte-nido se paga íntegramente el valor de esas mejoras, y el resto nada más, aunque no alcance, se aplica al pago del crédito. Para que esta disposición de los artículos 113 de la ley y 187 del reglamento (igual al 162 de Puerto Rico) resulte menos injusta, entendemos que las mejoras debieran apreciarse con separación de la finca y en-tregarse al poseedor, no lo que costaron, sino lo que actualmente va-lieran o importasen. La ley, en su generalidad, no se opone a esta solución, sólo da derecho al poseedor a exigir el importe de las mejo-ras, esto es, lo que valgan, y el reglamento dice solamente que se le abonará lo que le corresponda. Los jueces acordarán lo que estimen más justo, sin perjuicio de que la finca se venda con las mejoras que lleve consigo, formando todo una unidad, pues la valoración de dichas mejoras sólo debe tener por objeto, entregar después su importe al dueño o tercer poseedor.”

A esta cita sigue un extracto del Derecho Hipotecario y Notarial, por Barrachina, tomo 3, página 11, que dice así:

“El dueño de las accesiones o mejoras, a base siempre de que sea tercero, que no se entiendan hipotecadas, podrá exigir su importe o retener los objetos en que consistan. Esto último sólo cabe hacerlo si no sufriere menoscabo el valor de la finca.
“De manera que el jus retentionis reza con los muebles colocados permanentemente en los edificios y con las mejoras que consistan en obras de reparación, seguridad o transformación. Respecto de los muebles que accidentalmente se bailen en el predio o los que per-manentemente no formen parte del edificio, como por ejemplo, unas persianas, ese tercero tiene algo más que el jus retentionk: el de-recho de retirarla, puesto que a tales cosas no alcanza la hipoteca en su extensión. Pues bien; tratándose de esas accesiones o mejoras que no se entienden hipotecadas, la Ley concede al tercer poseedor dos derechos; uno, exigir su importe; otro, retener los objetos en que consistan, si con esa retención no sufre menoscabo el valor de la finca, lo cual significa, aunque huelga decirlo, que si tal menos-cabo existe, no hay tal derecho de retención, cabiéndole únicamente al tercero pedir el importe de los objetos; pero esto último, y dado el carácter de la acción hipotecaria que no puede detenerse, no au-toriza a ese tercero para impedir el cumplimiento de la obligación principal asegurada, bajo el pretexto de hacer efectivo su derecho; el procedimiento judicial, ya ordinario, ya sumario, ha de seguir sus trámites, y cuando se llegue al momento de repartir la cantidad obtenida, es cuando cobrará la cantidad que le corresponda con el precio alcanzado por la finca, al mismo tiempo que se pague el cré-dito.
“De donde resulta que la Ley ha tenido presente: de una parte, el respeto al derecho del acreedor hipotecario, para que su ejercicio no sea atravesado por ninguna reclamación que haga el tercer po-seedor para reintegrarse de las accesiones o mejoras, que aunque hechas en la finca, no se extiende a ellas la hipoteca; de otra, hacer compatibles, dentro de lo justo y de lo equitativo, los intereses de ambos interesados.
“¿Quién cobrará primero? ¿El tercero o el acreedor? A esto contesta el artículo 97 del Reglamento que, aunque dado para la Ley de 1869, puede aplicarse a la presente por no haber discrepancia en el punto a resolver que: 'Si las accesiones o mejoras son de las que no pueden separarse, ese tercero será pagado de todo lo que le corresponda con el precio de la finca, aunque la cantidad restante no alcance para cubrir el crédito hipotecario.’ ”

Galindo y E seo sur a, en sn tomo 3, página 232, hacen un resumen de la misma ley, en la siguiente forma:

“Si los objetos en que consistan las accesiones o mejoras, pueden separarse sin menoscabo de la finca, tiene el tercer poseedor opción para llevárselos o para dejarlos. En este caso, se enajenarán con se-paración de la finca, y se le entregará el precio en que se vendan (art. 96 Regí.); disponiendo de ellos según tenga por conveniente, caso de no venderse. Si no pudieran separarse sin menoscabo de la finca, .carece el tercer poseedor de opción, y sólo tiene el derecho de cobrar su importe, del precio por que se venda el inmueble hipote-cado, sin que pueda detener el cumplimiento de la obligación principal. (Art. 113 de la Ley.)”

Estamos muy de acuerdo con el apelante en que cualquier derecho, título o interés que Puentes tuviera en la propiedad ahora en controversia pasó a la persona que la compró, y que desde la fecha del tal traspaso, Hernández se subrogó en los derechos de Puentes. Pero no estamos de acuerdo en que las construcciones en cuestión equivalían a “la construcción de edificios donde antes no los hubiere,” o que se haya demostrado que fueron construidos por Puentes.

Es cierto que una cláusula de la -escritura otorgada por Puentes se refiere a la llamada casa de madera, al garage y al gallinero como de nueva construcción. Pero tal manifestación no' excluye la hipótesis de que Bullán construyera antes de transferir a Puentes con unos cinco meses de anterioridad a la compra hecha por Hernández. En lo que se refiere a la “casa de madera,” la teoría del apelante queda prácticamente destruida por la declaración de un carpintero que examinó las “casas” en cuestión, las tasó y manifestó como testigo del demandante que la “casa” mostraba señales de ser vieja y de estar deteriorada, al tiempo de hacerse tal inspección.

El demandante parece haberse conformado con hacer des-cansar la cuestión de la construcción sobre la cláusula con-tenida en la escritura, tal vez fundándose en la teoría de que hay cosas que es preferible no moverlas. Tan sólo en la repregunta Hernández por primera vez hizo la manifes-tación conservadora de que la persona que le había vendido le había asegurado, y así lo había hecho constar en la es-critura, que las casas en cuestión habían sido construidas después de haberse otorgado la hipoteca. T es sólo bajo la presión de nuevas repreguntas que este testigo manifiesta por información que dice haber tenido de Fuentes, que los “edificios” fueron construidos por Fuentes.

Evidentemente, el demandado no podría quejarse si la corte inferior hubiera admitido estas declaraciones de refe-rencia como tendentes a establecer el beebo de la construc-ción efectuada por Fuentes. Pero el juez sentenciador no estaba obligado a creer las manifestaciones imputadasle a Fuentes por Hernández, o que tales manifestaciones, de ha-ber sido hechas por Fuentes, fueran ciertas. Por tanto, la corte sentenciadora no cometió error al dejar de llegar a la conclusión de que las mejoras o “edificios,” según sea el caso, fueron hechas por Fuentes, o al pasar por alto la prueba sobre este extremo y resolver sencillamente, como lo hizo, que el trabajo en cuestión no fué hecho por Her-nández.

La naturaleza del gallinero y del garage como meras mejoras o anexos difícilmente da lugar a dudas. El gallinero estaba repleto de aves pertenecientes a Fuentes al tiempo de venderse el mismo, con su contenido, a Hernández. El garage fué usado por Fuentes mientras éste residía en la casa de concreto como dueño de la misma, y, fuera de la curiosa sugestión contenida en la escritura de traspaso a Hernández, no hay absolutamente nada que indique ningún otro uso en momento alguno. Un gallinero en el patio de una residencia suburbana difícilmente podría convertirse en un “edificio,” dentro del significado del inciso 2 del artículo 111, supra, por el mero hecho de describírsele en la escritura de venta como que se intentaba usar, por ejemplo, para albergar avestruces. Tampoco podemos concebir cómo el referirse de igual modo a un garage corriente, situado en condiciones similares, designándosele como que iba a ser utilizado para guardar “dos trucks grandes,” pueda ser otra cosa que una exageración.

La cuestión de la casa de madera es algo más dudosa. Hubo alguna prueba tendente a demostrar que durante va-rios meses anteriores y posteriores al traspaso a Hernán-dez, este “edificio” babía sido ocupado por un vendedor ambulante de hortalizas. Este inquilino hizo una división en la casa, la cual constaba anteriormente de una sola ha-bitación, puso allí un fogón de carbón vegetal y una letrina. No hay prueba alguna de a qué se dedicaba esta casa de una sola habitación antes de ser ocupada por el vendedor de hortalizas. No obstante, el tamaño de la casa, su proxi-midad a la casa de concreto, su situación en la parte posterior de una casa mayor, y la ausencia total de algo que indique que originalmente iba a ser dedicada para un uso independiente, tienden más o menos a demostrar que era una casita para una lavandera o para servir de alojamiento a los criados, de las que generalmente se encuentran conti-guas a las residencias urbanas de Santurce.

La única ocupación del apelante, además de la de pro-pietario, se refiere a cuestiones de abogado. En el pre-sente caso pagó $3,500 en efectivo en presencia del notario por’ los bienes inmuebles comprados a Fuentes. De esta suma pagó $500 por la propiedad que ahora está en con-troversia y la cantidad de $300 que representa el precio pagado por la casa y el solar. El apelante hizo esto a sa-biendas, teniendo entero conocimiento de las hipotecas ins-critas, y de otros gravámenes más que pesaban sobre la propiedad que adquirió, y que aproximadamente ascendían a $8,000, es decir, la cantidad total del precio envuelto en la venta anterior hecha a Fuentes. Entonces Hernández permitió que esta misma propiedad o, por lo menos, la casa y el solar, fuera vendida en pública subasta por la suma de $3,600, libre de gravámenes, al aquí demandado, Lecum-berri.

De suerte que a veces la escueta verdad parece ser “más rara que una novela.” El punto de vista más benévolo que puede tenerse de la situación resultante, es que Her-nández, citando las palabras del autor de “Poor Richard’s Almanac,” “parece haber pagado demasiado por su pito.”

De haberse cometido el error envuelto en la referencia hecha incidentalmente por el juez sentenciador, y ocurrída-sele posteriormente, al caso de Valdecilla v. Auffawt, el mismo no fné perjudicial.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rufo Esteves, acusado y apelante.
    No. 2832.
    Visto: Noviembre 17, 1926.

      Resuelto: Marzo 15, 1927.
    1. Derecho Penal — Jurisdicción—Jurisdicción del Delito que se Persigue — ■ Según el Sitio en que Aquél se Gómete — Aguas Navegables Alrededor de la Isla. — Las cortes de distrito insulares tienen jurisdicción para conocer de un proceso por armas portadas u ocupadas en una yola en la playa, como a diez metros de tierra, dentro de sus respectivos distrietos judiciales.
    2. Armas — Portar Armas Prohibidas — Escopeta.—Una escopeta es un arma prohibida, aún cuando la misma esté descargada.
    3. Armas — Portar Armas Prohibidas — Del Delito en General. — No es necesa-rio que la prueba demuestre que el acusado llevaba sobre su persona un arma prohibida para que el delito se entienda realizado; basta que la conduzca.
    Sentencia de Rafael López Antongiorgi, J. (G-uayama), condenando al acusado por delito de Portar Armas Prohibidas.

      Confirmada.

      L. Tormes y Herminia Tormes, abogados del apelante; José E. Fi-gueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se imputó al acusado la comisión de un delito de portar armas. Pué la causa a juicio y la prueba demostró que el acusado allá por el dos de julio de 1925 bogaba en una yola muy cerca de la playa de Santa Isabel y como unos policías que se dedicaban a perseguir la fabricación de ron que pa-rece que ilegalmente se llevaba a efecto en unas islitas que existen por allí, vieran en la yola varios barriles, se acer-caron a ella cuando se encontraba a unas diez varas de tie-rra, la registraron y encontraron una escopeta descargada. Según uno de los testigos del Pueblo el acusado aceptó que la escopeta era suya. Según otro dijo que se la Rabia en-contrado en una islita que cuidaba y la había tomado. El propio acusado declaró que estaba encargado de cuidar una islita donde había más de sesenta cabros, que la escopeta era del dueño de los cabros que se la había dado para que asus-tara a la gente y así impidiera que le robaran los cabros.

La corte declaró culpable al acusado y lo condenó a un mes de cárcel. No conforme apeló, señalando en su alegato tres errores cometidos, a su juicio, por la corte al actuar sin jurisdicción en el proceso, al considerar una escopeta sin cartuchos como arma prohibida y al apreciar en general las pruebas.

Se sostiene que la Corte de Distrito de Guayama no tenía jurisdicción porque el sitio donde se ocupó la escopeta era federal y no insular, citando los casos de Rodríguez v. Mercado e Hijos, 28 D.P.R. 439 y El Pueblo v. Dimas 18 D.P.R. 1061.

El acusado se encontraba en su yola en la playa del puerto de Santa Isabel que es uno de los pueblos del dis-trito judicial de Guayama, como a diez metros de tierra, den-tro, por tanto, del territorio insular de acuerdo con el ar-tículo 8 del Acta Orgánica que dice:

“La superficie de los puertos y los cursos y extensiones de aguas navegables y los terrenos sumergidos bajo ellos dentro y alrededor de la isla de Puerto Rico y de las islas y aguas adyacentes, que ahora pertenecen a los Estados Unidos y no han sido reservados por los Estados Unidos para fines públicos, quedan por la presente coloca-dos bajo el dominio del Gobierno de Puerto Rico, para que sean administrados de la misma manera y con sujeción a las mismas limitaciones que las propiedades enumeradas en el artículo prece-dente ”.

En el primero de los casos citados por el apelante esta corte decidió que las cortes de distrito de Puerto Eico ca-recían de jurisdicción “para conocer de un pleito en que el demandante reclama indemnización de acuerdo con una ley local regulando la acción de daños e indemnizaciones a obre-ros, por lesiones sufridas en 1916 a bordo de nn lanchón que transportaba azúcares basta el costado de nn vapor snrto en nn pnerto de la isla.” El trabajo del demandante se estimó marítimo en su naturaleza y por tanto dentro de la jurisdicción de la Corte Federal, citando el caso de Atlantic Transport Company v. Imbrovek 234 U. S. 52. Y en el segundo se resolvió que siendo los manglares montes pú-blicos inundados, correspondía su dominio al Estado durante la soberanía española en la Isla, habiendo pasado dicho do-minio a los Estados Unidos de América a virtud del Tra-tado de París. Basta lo expuesto para concluir que dichos casos no resuelven el del apelante. Surgen de situaciones jurídicas distintas.

No se trata aquí de un delito del cual tenga jurisdicción la Corte Federal a virtud de una ley del Congreso, sino de la infracción de una ley local cometida dentro de territorio puesto por el propio Congreso bajo la jurisdicción de la Isla, de suerte que, aún con todas las limitaciones estableci-das por la Corte Suprema de los Estados Unidos en rela-ción con Hawaii en el caso de Wynne v. United States 217 U. S. 234, la jurisdicción de la corte de distrito insular es clara.

Que una escopeta es un arma prohibida a menos que se use en la forma permitida por la ley, debiendo la excepción probarse por el acusado, fué resuelto en el caso de El Pueblo v. Rodríguez,, 35 D.P.R.. 276, y que no es necesario que el arma esté cargada para que el delito se entienda cometido se decidió en El Pueblo v. Alonso, 35 D.P.R. 475, citando el caso de Williams v. State (61 Ga. 417) 34 Am. Rep. 102.

No es necesario que la prueba demuestre que el acusado llevaba sobre su persona el arma prohibida para que el delito se entienda realizado. La ley castiga a “toda persona que portare o condujere . . . .” y no hay duda alguna que el acusado conducía la escopeta en su yola.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Central Pasto Viejo, Inc., demandante y apelada, v. Antonio Roig, Eulogia Guzmán de Roig, Antonio Agripino Roig, Angelina Oppenheimer de Roig, Miguel A. Bustelo y María Rodríguez de Bustelo, José Toro Ríos y Lucía Guzmán de Toro, demandados y apelantes los dos primeros.
    No. 4023.
    Visto: Noviembre 16, 1926.

      Resuelto: Marzo 15, 1927.
    Retracto Legal — Retracto por Copropietario — De la Sentencia — Cumpli-miento be la Misma — Omisión de Depositar de Nuevo el Importe de la Consignación Retirado. — Cuando un demandante en acción de retracto legal pendiente apelación retira el depósito hecho mediante estipulación al efecto y firme la sentencia no deposita de nuevo el importe de la consigna-ción, no puede quejarse de que la sentencia a su favor no se cumpla.
    Orden de Gabriel Castejón, J. (Humacao), en incidente sobre eje-cución de sentencia.

      Revocada y devuelto el caso para ulterio-res procedimientos no inconsistentes con la opinión.

      González Fagundo & González, Jr., abogados de los apelantes; Henry G. Molina y Leopoldo Féliú, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito se inició por una demanda radicada el 30 de-diciembre de 1922. El hecho octavo de la demanda dice:

"Según información y creencia, que el precio de dicha venta fué el de $195.00 por cada cnerda, pagaderos parte de contado y el saldo a plazo. Que al precio así convenido en dicha venta los demandados-Bustelo y Rodríguez tenían o tienen derecho a recibir del comprador demandado una suma total de $11,018.09, cuya cantidad, y una suma adicional de $981.91 para cubrir los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la venta, hacen un total de $12,000.00, que se acompaña a esta demanda y se depositan en la secretaría de la Corte de Distrito de Humacao a disposición del comprador, de-mandado en esta acción, en cuyo lugar, con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, se subroga la demandante.”

Y su súplica es como sigue:

"Por las- razones expuestas, la parte actora suplica a la corte se sirva declarar con lugar esta demanda resolviendo que la corpora-ción demandante tiene derecho al retracto legal en e^te caso, y or-denanclo asimismo que los demandados otorguen a favor de la de-mandante la correspondiente escritura de traspaso de las participa-ciones del inmueble descrito en la demanda; y en caso de no ha-cerlo así ordene al marshal del distrito de Humacao el otorgamiento de la escritura en cuestión, con las costas, desembolsos y honorarios de abogado.”

Celebrada la vista, la corte de distrito, el 13 de agosto de 1923, dictó sentencia, por la que:

“Se condena a dichos demandados a otorgar a favor de la de-mandante, dentro de un término de cinco días de ser firme la sen-tencia, la correspondiente escritura de traspaso de las participacio-nes o condominios adquiridos de Miguel A. Bustelo y María Rodrí-guez de Bustelo por el contrato privado de 23 de Diciembre de 1922, quedando a disposición de dichos demandados la cantidad de $12,000.00 consignados en la Secretaría de este tribunal para reem-bolsarse el precio de la venta y gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la misma, y en caso de que dichos deman-dados se negasen a otorgar la escritura, que lo verifique el marshal.”

Apelaron los demandados y esta Corte Suprema confirmó la sentencia recurrida en junio 27, 1924, Central Pasto Viejo v. Roig, 33 D.P.R. 451.

Apelaron de nuevo los demandados y la Corte de Cir-cuito de Apelaciones confirmó la sentencia de esta Corte Suprema el 12 de junio de 1925, quedando así definitiva-mente firme la sentencia de la Corte de Distrito de Humacao. Roig v. Central Pasto Viejo, 6 F. (2d.) 106.

Mientras se sustanciaba la apelación a esta Corte Su-prema, las partes estipularon, y la corte de distrito aprobó la estipulación, que se devolvieran a la demandante los doce mil dólares que había depositado. No se dijo de modo ex-preso lo que debería hacerse en caso de que la sentencia fuera confirmada, pero se consignó en la estipulación lo que sigue:

“Entendiéndose que esta estipulación y 1a, entrega acordada no han de afectar en nada las cuestiones planteadas por el demandado ante el Tribunal Supremo, como consecuencia de la sentencia dic-tada en este caso, ni para nada los derechos de la demandante. ”

La devolución no podía tener otro objeto que la de im-pedir que quedara ocioso en la corte el dinero mientras la apelación se sustanciaba.

Así lo entendió la corte de distrito y cuando los deman-dados en 20 de noviembre de 1925 acompañando el mandato de la Corte de Circuito de Apelaciones le pidieron que or-denara a la demandante que consignara nuevamente la suma que depositó con la demanda, accedió a ello.

Pidió reconsideración la demandante y la corte se negó porque acceder a tales pretensiones “equivaldría a modifi-car y dejar sin efecto los pronunciamientos de una senten-cia que en los momentos actuales es firme y ejecutoria.”

Así las cosas, la demandante archivó, sin depositar los doce mil dólares, otra moción pidiendo a la corte que orde-nara a los demandados a otorgar a su favor “una escritura de venta del condominio equivalente a 9/28 avas partes de la finca ‘Posarlo’ descrita en la sentencia de esta corte, por el precio de $11,017.89, que deberá ser y será pagado a dichos demandados de contado al otorgarse la escritura, más los gastos de la misma.”

A esa moción la corte de distrito proveyó por medio de una resolución cuya parte dispositiva dice:

“1. — Ordenar a la Central Pasto Viejo, Inc., a que consigne ante esta Corte la suma de $12,000.00 que para pago a los compradores demandados consignaron con su demanda ante esta Corte.
“2. — Que se designen por cada una de las partes un perito agri-mensor para que conjuntamente procedan a la medición del refe-rido condominio, rindiendo el informe correspondiente a esta Corte, y en caso de no ponerse de acuerdo, se designará a un tercero por esta Corte, siendo los gastos por mitad entre ambos litigantes.
“Y una vez conocida con exactitud la cabida del condominio en cuestión, se procederá al cumplimiento de la sentencia.”

No conformes los demandados apelaron para ante este tribunal. .

A nuestro juicio tienen razón los apelantes. Que la de-mandante debe consignar de nuevo los doce mil dólares no era necesario decidirlo de nuevo. Estaba ya decidido y ra-tificado por la corte de distrito.

En su alegato la parte apelada no sólo impugna la ape-lación sino que pide que dentro de este recurso, contrario a lo que dispone una resolución no recurrida por él y en el estado actual del procedimiento, esta corte decida que la consignación era innecesaria y revoque la doctrina estable-cida en el caso de González v. Acha, 21 D.P.R. 134. Basta la simple enunciación de lo pedido y de las circunstancias concurrentes, para concluir que es manifiestamente improce-dente.

La demandante debe depositar de nuevo los doce mil dó-lares para así restablecer las cosas al estado en que se en-contraban al dictarse la sentencia. Si no lo hace no puede quejarse de que la sentencia no se cumpla.

En cuanto a las medidas adoptadas por el juez de dis-trito, que ni siquiera fueron solicitadas por la demandante, nos parecen por lo menos prematuras.

La sentencia es clara y precisa en sus términos. Una vez consignados los repetidos doce mil dólares, lo que pro-cede es que la demandante pida orden de ejecución de la misma. Si dentro de cinco días los demandados no otorga-ran la escritura de traspaso a la demandante de las parti-cipaciones y condominios que adquirieron de Bustelo y su esposa por contrato privado de 23 de diciembre de 1922, procederá a hacerlo el márshal. Si entonces surgiere alguna dificultad, será el momento de intervenir. Hasta abora nada demuestra de modo terminante que la sentencia no pueda cumplirse poniendo en práctica sus pronunciamientos en la forma en que aparecen redactados.

Dehe revocarse la orden apelada y devolverse él caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opi-nión.


author: El Juez PresidbNte Señor del Toro,

text:
    Juan Mari Ramos, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 668.
    Sometido: Enero 26, 1927.

      Resuelto: Marzo 15, 1927.
    Hipotecas — Requisitos y Validez — Hipotecas para Garantizar Pagarés TRANS-FERIDLES POR ENDOSO-HIPOTECA QUE GARANTIZA PRÉSTAMO REPRESENTADO por Pagaré Hipotecario. — Una hipoteca que garantiza un préstamo repre-sentado por un pagaré hipotecario a la orden del acreedor, debe entenderse 1 constituida para garantizar una obligación transferible por endoso de acuerdo con el artículo 153 de la Ley Hipotecaria.
    Nota de Luis Capó Maires, R. (San Germán), denegando inscripción de una hipoteca.

      Revocada.

      Rafael A. Saliva, abogado del recurrente; El Registrador compare-ció por escrito.
   El Juez PresidbNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 27 de noviembre último comparecieron algunas per-sonas ante el notario Emilio Forestier y otorgaron una es-critura que comprende varios contratos. La escritura se presentó en el registro de la propiedad de San Germán. El registrador la inscribió en cuanto a algunos de los con-tratos y denegó la inscripción de cierta hipoteca constituida por el dueño de la finca a que la escritura se refiere, Temís-tocles Collado, a favor del recurrente Juan Mari Ramos.

Los fundamentos de la negativa pueden resumirse, como lo hace el recurrente en su alegato, así: 1, que por la cláu-sula 8 de la escritura el comprador constituye hipoteca vo-luntaria a favor de Juan Mari Ramos y por la 9 se dice que la deuda se representa por un pagaré hipotecario a la orden del acreedor Mari con 'privilegio de endoso; 2, que existe un doble juego de frases entre las cláusulas dichas, y 3, que la hipoteca no se ha constituido con la debida claridad.

La nota es larga y el registrador presentó además un alegato impugnando el del recurrente en el que sostiene que tal como se ha constituido la hipoteca se presta a que el crédito garantizado pueda cobrarse dos veces.

Las repetidas cláusulas 8 y 9 de la escritura, copiadas a la letra, dicen:

8a. “Para garantizar dicha deuda más cien dollars para costas en caso de ejecución, el citado Don Temístocles Collado constituye hipoteca voluntaria a favor de Don Juan Mari y Ramos sobre la finca que adquiere, y con cuyo gravamen permanecerá dicha propie-dad mientras subsista la deuda.
9a. “La deuda se representa por un pagaré hipotecario a la or-den del acreedor Señor Mari, con privilegio de endoso.”

Y el artículo 153 de la Ley Hipotecaria tal como fue en-mendado en 1912, Leyes de 1912, p. 70, expresa:

“En la hipoteca constituida para garantizar obligaciones trans-feribles por endosos o títulos al portador, cuando se enajene o ceda el derecho hipotecario, se entenderá éste transferido con la obliga-ción o con el título, sin necesidad de dar de ello conocimiento al deu-dor ni de hacerse constar la transferencia en el Registro.
“Tales obligaciones podrán ser constituidas por el dueño de una finca o derecho, sin determinación específica del nombre del acreedor, otorgándolas genéricamente a la orden de la persona a cuyo favor puedan ser transferidos o endosados los títulos quirografarios por el hipotecante. ’ ’

A nuestro juicio carece de fundamento la negativa del registrador. El documento pudo redactarse con mayor cla-ridad y propiedad sin duda, pero tal como lo está es sufi-ciente.

La hipoteca se constituyó para garantizar el préstamo y como éste “se representa por un pagaré hipotecario a la or-den del acreedor señor Mari”, que es una obligación trans-feridle por endoso, claro es que la hipoteca debe entenderse constituida para garantir una obligación transferible por endoso.

El caso que supone el registrador o sea el de que pueda cobrarse la deuda cediendo la hipoteca y cobrarse otra vez cediendo el pagaré, no se concibe que pueda ocurrir. Todo el que lee el documento sabe que sólo existe una obligación. Nadie estaría dispuesto a adquirir la hipoteca, si no se le entregara el pagaré representativo del crédito.

La forma contractual autorizada por la ley tiende a fa-cilitar las transacciones permitiendo al crédito entrar en el comercio y ser trasmitido sin tener que otorgar en cada caso un documento notarial y sin tener tampoco que anotar cada trasmisión en el registro. Unas cuantas palabras escritas en el documento mismo y la trasmisión de éste son bastan-tes y a su vez el documento lleva a su adquirente todas las garantías de la hipoteca.

Debe revocarse la nota en la parte en que ha sido recu-rrida y ordenarse la inscripción solicitada.


author: El Juez Pbesidektte Seííob del Tobo,

text:
    Jesús María Rossy, demandante y apelado, v. Rafael del Valle Zeno, demandado y apelante.
    No. 3849.
    Visto: Enero 17, 1927.

      Resuelto: Marzo 16, 1927.
    1. Arrendador t Arrendatario — Acción de Volver a Entrar en t Recobrar la Posesión por el Propietario — Desahucio—Apelación—Desestimación— Depósito o Consignación de Cánones Vencidos al Interponerse el Re-curso. — El depósito en la secretaría del tribunal de los cánones vencidos, equivale a la consignación de los mismos a que se refiere la sección 15 de la Ley de Desahucio.
    2. Arrendador t Arrendatario — Acción de Volver a Entrar en y Recobrar la Posesión por el Propietario — -Desahucio—Desestimación—Depósito o Consignación de Cánones Vencidos al Interponerse el Becurso. — Cuando el apelante deposita mes por mes los arrendamientos, su actuación en otro pleito contra el apelado — embargando el importe de los cánones depositados— no puede invocarse para sostener que no cumplió con los deberes impuéstosle por la ley en el de Desahucio en cuanto al depósito de dichos cánones.
    MooiÓN sobre desestimación de apelación presentada por el apelado.

      Sin lugar.

      Manuel Rodrigues Berra, abogado del apelante; Luis Llorens, Acuña (& Janer, abogados del apelado.
   El Juez Pbesidektte Seííob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Otro incidente ha surgido en este recurso. Se solicita ahora la desestimación del mismo porque, según alega la parte apelada, el apelante no lia consignado en la secretaría de la corte sentenciadora el importe del precio adeudado hasta la fecha de la sentencia, y porque no sólo se ha limi-tado el apelante a depositar los cánones, sino que los há embargado en un pleito que ha establecido contra el deman-dante en reclamación de daños y perjuicios. Ambas partes fueron oídas en corte abierta, habiéndose opuesto la parte apelante a la pretensión de la apelada.

Examinemos la primera cuestión. Admite la parte apelada que la parte apelante depositó los cánones de que se trata, pero sostiene que depositar no es lo mismo qué consignar que es* lo que exige la ley. Y basándose en ello insiste en que debe desestimarse el recurso en cumplimiento de la sección 15 de la Ley de Desahucio.

La sección 15 invocada dice:

“En las apelaciones interpuestas en juicios establecidos por falta de pago del canon estipulado, cualquiera que sea el estado del re-curso, el demandante puede solicitar que se sobresea en el mismo, si el demandado no consignase en la secretaría del tribunal el iim porte de todos y cada uno de los arrendamientos que vayan ven-ciendo. ’ ’

¿Qué alcance tiene la palabra “Consignase” usadá por' el legislador?

¿Basta que el apelante deposite los cánones en la corte a disposición del apelado, o es necesario que la consignación sea previamente anunciada al apelado para que libere al obligado conforme al artículo 1145 del Código Civil?

“Consignar”, según el Diccionario razonado de Legisla-ción y Jurisprudencia de Escriche, significa:

“Depositar judicialmente el precio de alguna cosa o alguna can-tidad ; señalar y destinar el rédito de una finca o efecto para el pago de alguna cantidad o renta que se debe o se constituye, enviar las' mercancías a manos de algún corresponsal; y antiguamente entre--gar.”

Y “Consignación”, según la propia autoridad, es:

“El depósito que el deudor hace de la cantidad de la deuda, cuando el acreedor se niega a recibirla. Sucede alguna vez que por motivos particulares, se resiste el acreedor a recibir el pago de la cosa o cantidad que se le debe; y el deudor entonces tiene el arbi-trio de ofrecerle el dinero delante de hombres buenos, o ante el juez, como se acostumbra, y depositarlo en seguida con aprobación de éste; con lo cual queda libre de su obligación y del peligro del dinero, que si se pierde después, se pierde para el acreedor.
“Pero para que la oferta sea válida, es preciso que sea de toda la deuda; que se baga por una persona capaz de pagar, al acreedor que tenga igualmente capacidad de recibir, o bien a su apoderado, en el lugar que se hubiera convenido, y por su falta, en el del domi-cilio del acreedor; que haya vencido el plazo, y que se haya cum-plido la condición con que se contrajo la deuda.
“El depósito debe ser real y efectivo, dándose aviso al acreedor del día, hora y lugar en que va a hacerse y notificándole después el día, hora y lugar en que se hubiere hecho, en caso de no haber com-parecido, a fin de que pueda recoger la cosa o cantidad depositada: ley 8a. título 14, Part. 5a.”

Los artículos 1145 y 1146 del Código Civil revisado, dis-ponen :

Art. 1145. — “Para que la consignación de la cosa debida libere -al obligado, deberá ser previamente anunciada a las personas inte-resadas en el cumplimiento de la obligación.

“La consignación será ineficaz si no se- ajusta estrictamente a las disposiciones que regulan el pago.

Art. 1146. — “La consignación se hará depositando las cosas de-bidas a disposición de la autoridad judicial, ante quien se acreditará el ofrecimiento en su casó, y el anuncio de la consignación en los demás.

“Hecha la consignación, deberá notificarse también a los inte-resados. ’ ’

Si se diera a la palabra “Consignarse” su estricta signi-ficación jurídica, habría que reconocer que tiene razón el apelado, pero es indudable que no fue ir tan lejos la inten-ción del legislador al usarla como la usó en la sección 15 de la ley de desahucio. Se trata de consignaciones poste-riores al litigio. Ya la contienda está trabada. Ya surgió el pleito y ambas partes están ante la corte. Los procedi-mientos son conocidos y es con la corte que ambas partes contendientes deben entenderse. Y así sólo es necesario el depósito becho en la secretaría del tribunal, enteramente co-nocido de la otra parte, para que el propósito de la ley se cumpla. Por eso esta Corte Suprema bace más de veinte años, por medio de su juez asociado Sr. Figueras en el caso de Torres v. La Corte de Distrito, 10 D.P.R. 21, se expresó así:

“No se expresan de un modo claro y concreto cuáles son los erro-res de tramitación que se han cometido a cuyo deber estaba obligado el peticionario al formular esta solicitud de certiorari.
“Pero al citarse como infringidos los artículos 1144 al 1148 del Código Civil Revisado, debemos presumir que la consignación de cantidades como canon del arrendamiento correspondiente a los me-ses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre último, no se ha hecho acomodándose a esas disposiciones citadas, porque fundándose en ese motivo fue que se solicitó que se sobreseyese en la apelación, en virtud de lo que dispone la sección quince de la ley de desahucio aprobada en nueve de marzo del año anterior, solicitud que fué des-estimada por el juez de la corte de distrito y, después de celebrado el juicio, se declaró sin lugar la demanda.
“Veamos ahora si se han cometido errores en la consignación.
“La sección 12 de la citada ley de desahucio dice así:
“No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no con-signa en secretaría el importe del precio adeudado hasta la fecha de la sentencia, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas.”

La sección 15 dice:

“En las apelaciones interpuestas en juicios establecidos por falta de pago del canon estipulado, cualquiera que sea el estado del re-curso, el demandante puede solicitar que se sobresea en el mismo, si el demandado no consignase en la-secretaría del tribunal el importe de todos y cada uno de los arrendamientos que vayan venciendo.”
“El peticionario expresa en su escrito que se consignaron en la secretaría del Juzgado Municipal de Bayamón los cánones de los meses de septiembre, octubre y noviembre y hay que presumir, no alegándose nada en contrario, qne se cumplió en un todo con la sec-ción 12 que antes se insertó, toda vez que se admitió la apelación.
“Y si además se dice que en la secretaría de la corte de distrito se consignó también el mes de diciembre último y no se alega que dejaran de satisfacerse los sucesivos arrendamientos durante la sus-tanciación de la apelación, luego por este concepto no consta ni se expresa en el escrito que se baya cometido error en el procedimiento al negarse el juez a sobreseer en la apelación, puesto que su resolu-ción se ajustó precisamente a la misma sección 15 de la ley de desa-hucio en que se apoya el peticionario.
<“Es que parece que aquí se confunde el depósito previo que exige la ley de desahucio para que pueda admitirse y se sostenga el recurso de apelación hasta su término, con el ofrecimiento del pago y la consignación a que se refieren los artículos 1144 a 1148 del Có-digo Civil Revisado.
“La consignación en ese caso, hecha debidamente, equivale al cumplimiento de la obligación de pagar y la consignación hecha para la admisión y sostenimiento de la apelación en el juicio de desahucio a que el promovente se refiere, está subordinada a las re-sultas de la resolución final y por eso no puede tener otro concepto que el de depósito como se ha dicho anteriormente.
“Y esa consignación a depósito se ha hecho, ajustándose a la ley especial de desahucio, en las secretarías de los tribunales respecti-vos según se infiere del mismo escrito solicitando el auto de certio-rari y por tanto no vemos los errores de procedimiento cometidos y proponemos que se deniegue el libramiento del auto de certiorari que se solicita en el precedente escrito.” 10 D.P.R. 21.

Desde entonces la práctica reconocida como legal por esta corte se ha venido observando en los tribunales de esta Isla. No ha y motivo alguno para alterarla.

Examinemos el segundo fundamento de la moción de desestimación o sea el haberse anulado el depósito por haberlo embargado el propio depositante en otro pleito.

De los autos aparece que la realidad de los hechos es ésta:

En cumplimiento de lo que dispone la sección 15 de la ley de desahucio, el demandado del Valle ha venido deposi-tando en la .secretaría de la corte todos los meses el precio del arrendamiento. Según una certiñcación expedida el 26 de enero -último había depositada por tal concepto la suma de $4,800.93.

Además del pleito de desahucio existe otro que se halla actualmente pendiente en la corte de distrito iniciado por del Valle contra Rossy sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. En él el demandante solicitó que se embargaran bienes del demandado para asegurar la efecti-vidad de la sentencia que pudiera pronunciarse. La corte dictó la orden exigiendo una fianza de diez mil dólares y en cumplimiento de la misma y a indicación del demandante el márshal procedió a embargar varias fincas y, además, —copiamos textualmente del diligenciado de la orden de embargo firmado por el márshal- — •, “La suma de $4,300.93, que se halla en poder del secretario de esta corte, corres-pondiente al caso civil número 899 de la extinta Corte del Distrito Segundo de San Juan, P. R., pertenecientes al de-mandado, habiéndose requerido al secretario para la traba-eión de este embargo, con fecha de 18 de agosto de 1926, según notificación escrita, y firmada por dicho funcionario, la que se une a los autos, como complemento de este dili-genciamiento. ”

En el acto de la vista de la moción de desestimación el apelante del Valle invocó en su favor la decisión de la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito en el dicho caso de mandamus — No. 1992 (original) Rafael del Valle Zeno, petitioner — , resuelto en agosto 5, 1926.

La hemos estudiado cuidadosamente y creemos que los razonamientos que contiene interpretando la sección 12 de la Ley de Desahucio, no son necesariamente aplicables a la sección 35 que es la que está ahora envuelta.

Respondiendo a preguntas de uno de los jueces en el acto de la vista de la moción sobre desestimación, el abo-gado de dicho apelante del Valle admitió que la orden de embargo no podría producir efecto alguno por tratarse de una mera nulidad ya que los bienes en custodia legis no pueden ser embargados. Sosteniendo esa proposición ba ar-chivado además un memorándum de autoridades.

Alegó la parte apelada que aunque el embargo fuera fi-nalmente declarado nulo, es lo cierto que para obtener la nulidad se vería obligada a instituir nuevos procedimientos y que siendo ello así no puede sostenerse que el apelante baya cumplido con la letra y el espíritu de la ley. El ape-lado citó la decisión de esta corte en el caso de Silva v. Aboy, Giorgetti y Co., 20 D.P.R. 76, 80, en la que se dijo:

“La ley ordena que en un caso como el presente en que el desa-hucio se funda en falta de pago, se consigne en secretaría el ‘im-porte del precio adeudado.’
“El propósito que informa la ley sobre la materia, es el de ga-rantizar los intereses del demandante impidiendo que el demandado pueda a virtud de la apelación prolongar el tiempo del disfrute de la finca sin pagar el precio estipulado, debiendo dicho precio depo-sitarse en forma tal que, en su caso, esté inmediatamente a la dispo-sición del demandante.’’

Expuesto lo que antecede, bastará decir que según la opi-nión que del caso bemos formado después de un amplio es-tudio y consideración del mismo, la cuestión no tiene la importancia que le ban dado los hábiles argumentos de la parte apelada y la posición asumida por la parte apelante.

A nuestro juicio la confusión se debe a haber impug-nado el apelado dentro del pleito de desahucio los actos realizados por el apelante del Valle en otro pleito distinto y a haber aceptado del Valle el debate en el acto de la vista de la moción en la forma en que fue planteado.

Limitándonos al pleito de desahucio, es necesario con-cluir que el apelante del Valle cumplió con el requisito exi-gido por la sección 15 de la ley especial sobre la materia depositando mes por mes las arrendamientos. Era todo lo que tenía que hacer y lo hizo. Desde el momento del depó-sito él consideró que aquella no era su propiedad sino la de Rossy.

Su actuación en otro pleito distinto no puede invocarse para sostener que no cumplió con los deberes impuéstosle por la ley en el de desahucio. Si él tiene o no razón en dicho otro pleito será cuestión a dilucidar y resolver en el mismo. Si la orden de aseguramiento estuvo bien o mal decretada, no es cuestión que debamos investigar. Lo fué previa fianza de diez mil dólares. Los bienes en depósito se designaron por el demandante en el pleito como una propiedad del de-mandado al igual que otras sobre las cuales no se ha le-vantado cuestión alguna. Creemos que legalmente la posi-ción de del Valle al pedir y obtener el embargo del dinero depositado, no se diferencia de la de cualquiera otra persona que hubiera iniciado un pleito contra Eossy y para asegurar la sentencia que pudiera dictarse en el mismo hu-biera pedido y obtenido igual medida.

Tampoco está bien fundado el segundo motivo. La mo-ción debe ser declarada sin lugar.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó conforme con la reso-lución.


text:
    José Sosa Oliva, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 671.
    Sometido: Pobrero 25, 1927.

      Resuelto: Marzo 17, 1927.
    Recursos Gubernativos — Revisión—Casos en que el Tribunal Supremo no Intervendrá — En General.- — En recurso interpuesto contra nota del regis-trador cancelando anotación de aviso de demanda haciendo constar que la orden de cancelación de la corte no era firme, habiéndose ’limitado dicho re-gistrador a consignar un hecho cierto que resultaba de los documentos mis-mos que se lo presentaron, no debe intervenir el Supremo.
    Nota de Augusto Malaret, R. (San Juan, Sección Primera), cance-lando anotación de aviso de demanda, con el defecto subsanable de que la orden de la corte sobre cancelación no era firme.

      Con-firmada.

      Luis Campillo, abogado del recurrente; El Registrador compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Iniciado cierto pleito en la Corte de Distrito de San Jnan por Francisca Sosa Fernández contra José Sosa Oliva sobre reclamación y entrega de bienes hereditarios, se anotó la demanda en el registro de la propiedad. El demandado solicitó de la corte que ordenara la cancelación de la anota-ción y la corte accedió.

. Notificado el registrador, canceló la anotación pero ha-ciendo constar que la orden de la corte no era firme.

No conforme Sosa Oliva interpuso el presente recurso gubernativo. Después de exponer en su alegato los antece-dentes del caso, se limita a decir: “El peticionario entiende que la orden dictada por la corte es firme y que el Regis-trador de la Propiedad cometió un error al cancelar la ano-tación de aviso de la demanda con el defecto subsanable de no ser firme la orden; puesto que en este caso, la can-celación para los efectos de un tercero no es un defecto y resulta ilusoria la orden de la corte. Ningún razona-miento más ni cita de autoridades en apoyo del criterio sus-tentado. Después de vencido el término, archivó el recu-rrente un alegato que sólo contiene una discusión más am-plia de lo consignado en el escrito, pero sin aportar ningún argumento nuevo.

Bajo tales circunstancias y habiéndose limitado el regis-trador a consignar la existencia de un hecho cierto que re-sultaba de los documentos mismos que se le presentaron, no debe intervenir el tribunal. Y que el registrador tuvo razón al concluir que la cuestión se encontraba aún sub-índice, lo demuestra el hecho de hallarse pendiente el caso dé certiorari No. 549, Sosa v. Corte Distrito de San Juan, en el cual esta Corte Suprema tiene sometido a su estudio y revisión el procedimiento seguido y la resolución adop-tada por la corte de distrito al decretar la cancelación de que se trata.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alfredo Valentín, acusado y apelante.
    No. 3102.
    Visto: Marzo 15, 1927.

      Resuelto: Marzo 17, 1927.
    1. Mutilación — De la Acusación — Su Suficiencia — Descripción de la He-rida Inferida. — En nna acusación por mutilación que alegue que el acusado con un machete dió una herida en el pie derecho de una persona determi-nada, mutilando e inutilizando en tal forma dicho miembro de su cuerpo no es necesario, a falta] de excepción perentoria, hacer una indicación más definida en cuanto a la naturaleza de la herida.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari- — -Revisión—Estoppel o Impedimento para Levantar Error — Instrucciones Dadas al Jurado.— Cuando el aeusado acepta las instrucciones en la forma en que son dadas al no pedir que sean ampliadas o que se den instrucciones específicas que luego echa de menos, no puede impugnarlas luego por deficientes e incom-pletas.
    SENTENCIA de Angel Acosia Quintero, J. (Mayagüez), condenando al acusado por delito de Mutilación.

      Confirmada.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue couvicto de un delito de mutilación, y alega que la acusación no imputa tal delito. La acusación alega que el acusado, ilegal, voluntaria y maliciosamente, con un machete dió una herida en el pie derecho de Juan Ríos, mutilando e inutilizando en tal forma dicho miembro de sn cuerpo. La objeción es que no se describe la herida ni se especifica la manera en qne fné mutilado e inutilizado el miembro en cuestión. En ausencia de una ex-cepción perentoria o de nna cita de autoridades, nos vemos obligados a resolver que era innecesario hacer nna indicación más definida en cuanto a la naturaleza de la herida, y que la manera en qne el pie fné mutilado e inutilizado se desprende suficientemente de las palabras usadas.

El segundo fundamento de la apelación no es tan claro. Envuelve la cuestión más bien vaga de que el juez sentenciador erró al instruir al jurado, y que por virtud de las instrucciones dadas, el jurado se vió obligado a rendir un veredicto de culpabilidad por mutilación.

En su argumentación, el apelante indica que la corte se negó a instruir al jurado sobre acometimiento y agresión simple, según lo solicitó la defensa. Se alega además que la acusación no aduce hechos suficientes para sostener una convicción por acometimiento y agresión grave. La tercera alegación es que la corte dejó de decirle al jurado que en caso de duda en cuanto a la comisión por el acusado del de-lito mayor, podía ser convicto solamente por el delito me-nor. En apoyo de esta última contención se nos cita el ar-tículo 237 del Código de Enjuiciamiento Criminal y el caso de El Pueblo v. Concepción, 30 D.P.R. 479.

No se pretende que hubiera evidencia alguna para justi-ficar una imputación del delito de acometimiento y agresión simple, a no ser en lo que el apelante asume, sin tratar de probarlo, que un acometimiento con un machete no consti-tuye acometimiento grave. Es cierto que la acusación no alega que el machete blandido por el acusado fuera un arma mortífera, pero el que lo fuera o no depende del modo en que se usó, y, en ausencia de una objeción oportuna, el acu-sado fué suficientemente informado a este respecto cuando se le dijo que con un machete, ilegal, voluntaria y malicio-samente había infligido una herida, la cual privó a un ser humano del uso de uno de los miembros principales de su cuerpo.

En el caso anteriormente mencionado, esta corte dijo:

“Según el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Criminal tal como ha sido enmendado por la Ley No. 22 de 11 de marzo de 1913, en una acusación por delito de mutilación el jurado podrá de-clarar culpable al acusado de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes o de acometimiento y agresión simple, siempre que se hubiera aprobado en el juicio que el agredido no ha quedado inutilizado en algún miembro importante de su cuerpo, por lo que el último fundamento de la negativa de la corte a dar la ins-trucción pedida es errónea, pero a pesar de esto no revocaríamos por ello la sentencia porque en verdad la corte dijo al jurado que podía dar veredicto por acometimiento y agresión grave si estimaba que la herida es grave.”

En el presente caso no hay indicación alguna de que el acusado solicitara la instrucción que fué denegada en el caso de El Pueblo v. Concepción, supra, o de que el acusado llamara la atención de la corte inferior a la omisión de que ahora se queja, o de que se anotara excepción a las instruc-ciones tal como fueron dadas.

De la opinión en el caso de Concepción hacemos el si-guiente extracto:

. . . El juez no dió al jurado instrucciones específicas de lo que constituye el delito de acometimiento y agresión grave, pero ha-biendo el acusado aceptado las instrucciones en la forma que fueron dadas al no pedir que fueran ampliadas o que se dieran las instruc-ciones específicas que ahora echa de menos no puede impugnarlas después por deficientes o incompletas.”

Bebe confirmarse la sentencia apelada.