author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Dyer, Peticionario, v. Rossy, Juez de Distrito, Demandado.

      Mandamus para que se ordene al Juez de Distrito de San Juan, Sección 2a., el sobreseimiento de un caso.
    No. 154.
    Resuelto en mayo 2, 1916.
    Mandamus — Contestación del Demandado — Moción de Desestimación — Excep-ción Previa.' — Cuando el demandado en un recurso de mandamus en vez. de contestar el auto conforme con lo que dispone la sección 10 de la ley presenta moción para que se desestime la solicitud con el solo objeto de combatir los fundamentos expuestos para que se expida el auto, sin alegar materia alguna que niegue los hechos "de la petición, éstos se consideran como admitidos en la misma forma, que si se tratara de una excepción previa.
    Id. — Fianza—Juicio Rápido — Derechos del Acusado — Sobreseimiento.—El auto de mandamus es el remedio que puede utilizar un acusado cuando, hallándose bajo fianza, no puede obtener un juicio rápido de su causa. Procede para que se decrete el sobreseimiento de la acusación por ese motivo.
    Sobreseimiento — Justa Causa — Juicio—Discreción Judicial — Extensión de la Facultad de Revisión. — De acuerdo con el artículo 448, número 2, del Código de Enjuiciamiento Criminal, cuando no se demuestra justa causa para la no celebración del juicio dentro de los 120 días, la corte carece en absoluto de discreción y está obligada perentoriamente a decretar el sobreseimiento de la acusación. Por eso una corte de revisión tiene derecho a examinar los autos y resolver si se ha alegado justa causa, y si no hay conflicto en la prueba fallar como hubiera debido resolver la corte inferior. ' .

      Id.- — Suspensión del Juicio — Derechos del Acusado — Discreción Judicial.— Si dentro de los 120 días la corte suspende un caso hasta una fecha que está aún comprendida en ellos, no surge cuestión alguna aeerca del derecho del acusado a que la causa sea sobreseída, pues dentro de ese término la discre-ción es absoluta.
    Id. — -Juicio Bápido — Suspensión del Juicio — Discreción Judicial — Justa Causa. — Cuando un acusado presenta moción para que su causa sea sobre-seída por no haber sido juzgado dentro de los 120 días que señala el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, es el deber de la corte no tomar en consideración si tenía o no discreción para ordenar la suspensión, sino ver si el juicio ha sido demorado por más de 120 días sin causa razonable y sin la conformidad del acusado; esto es, determinar si El Pueblo ha alegado motivos justificados para la demora.
    Suspensión del Juicio — Aeeidavit—Interpretación Estricta- — Conclusiones de Ley — Información y Creencia — Conocimiento Propio. — Las manifesta-ciones contenidas en el affidavit de un Fiscal para obtener la suspensión de la vista de una causa deben ser interpretadas estrictamente, debiendo expresar en él hechos preeisos y no meras generalidades o conclusiones de ley. En el affidavit debe alegarse además qué parte del mismo se hace por información y creencia, y cuál de propio conocimiento.
    Id. — Acometimiento y Agresión- — Justa Causa. — Las manifestaciones hechas en un affidavit para obtener la suspensión de la vista de un caso por acometi-miento y agresión, de que cierto testigo, un juez de paz, que se encontraba ausente, declararía de que el acusado cuando vino a su presencia estaba em-briagado y excitado, y que él dijo que iba a hacer armas con un revólver contra la denunciante si ella no hubiera salido de la casa, no constituyen causa razonable para la demora del juicio, pues ellas no establecen lógica-mente un acometimiento y agresión por el acusado.
    Id. — Falta de Testigos — Requisitos Esenciales — Negligencia.—Conforme al artículo 202 del Código de Enjuiciamiento Civil, tres son los requisitos esen-ciales que deben establecerse para suspender un juicio por la falta de un testigo: Io. que el testigo sea realmente esencial, y de que así parezca a la corte; 2o. que la parte que hace la solicitud no sea culpable de negligencia; y 3o. que pueda conseguirse al testigo en la fecha para la- cual se suspende el juicio y como parte de la esencialidad que no puede obtenerse otro de igual clase.
    Testigos — Credibilidad de los Testigos — Manifestaciones Sobre Eventuali-dades. — El hecho de que un acusado al ser llevado ante el juez de paz esté excitado y embriagado y que haga manifestaciones respecto. a lo que hubiera ■ hecho en cierta eventualidad, no afecta a su credibilidad como testigo.
    Mandamus — Discreción Judicial — Abuso de Discreción. — El auto de mandamus no debe ser usado para regular la discreción judicial, pero sí puede expedirse para regular actos judiciales cuando no surge ninguna discreción o se abusa de ella.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. J. Henri Brown.

    Abogado del demandado: ¡Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

F. E. Dyer, contra quien está pendiente nn proceso criminal, lia presentado nna solicitud a este tribunal intere-sando la expedición de un auto de mandamus por el que se ordene a la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., que sobresea dicha causa.

Proveyendo a la solicitud de auto de ■mandamus fué dic-tada por este tribunal una resolución ordenando a la Corte de Distrito de San Juan, o al juez de la misma, que exprese las causas, dentro del término de diez días, por las cuales no deba expedirse el auto perentorio de mandamus. En con-testación a esta orden el demandado lia presentado una mo-ción para que se desestime la petición en la que se alegan varios fundamentos. Nuestra ley de mandamus dispone en su sección décima, que no se admitirá ninguna otra defensa o alegación escrita sino el auto y la contestación. De acuerdo con la sección 9 de dicta ley, si no se diere contestación alguna, se expedirá un auto de mandamus perentorio en contra del demandado, suponiendo siempre que el acto particular que se trata de hacer cumplir por el peticionario puede obtenerse mediante el auto de mandamus. La moción que ha sido presentada en este caso, o es una contestación o no es nada. Sólo tiene por objeto combatir los fundamentos que han sido alegados para que se expida el mandamus. De todos modos, los hechos de la solicitud tienen que ser con-siderados como admitidos como en cualquier caso de excep-ción previa. Las autoridades se pronuncian en este sentido cuando la alegación que se presenta no contiene materia al-guna que niegue los hechos de la petición. Véase especial-mente en cuanto a mandamus los casos de Beadles v. Fry, 2 L. R. A. (N. S.) 855 y Thompson v. State, 154 Pac. 503.

La petición presentada en este caso alega que el peti-cionario fué acusado y juzgado en la Corte Municipal de Bayamón a virtud de una denuncia por acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes, siendo las siguientes las alegaciones esenciales de dicha denuncia:

Que en 2 de junio, 1915, a las 7 a. m. y en el barrio de Candelaria de Toa Baja, Puerto Rico, dentro del distrito judicial municipal de Bayamón, Puerto Rico, el citado F. E. Dyer, voluntaria y maliciosamente y con la intención criminal de causar gravé daño corporal a Martha A. Caull, la acometió y agredió con los puños, produciéndole varios gol-pes en un hombro y en la espalda; que las circunstancias agravantes en este caso consistían en que el agresor era un varón adulto y fuerte y la agredida una mujer.

La Corte Municipal de Bayamón celebró el juicio de la causa y dictó sentencia en 17 de julio de 1915, declarando al peticionario culpable del delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes y le impuso una multa de cien dólares y costas, con prisión alternativa. El peti-cionario interpuso apelación contra esta sentencia y los autos y todos los documentos relacionados con dicha causa fueron elevados a la Corte de Distrito de San Juan y archivados en ella el día 27 de julio, 1915; que el juicio en la corte de distrito fué señalado para el día 7 de octubre de 1915, en cuya fecha compareció el peticionario con su abogado y sus testigos, anunciándose listo para juicio y solicitando de la corte que el juicio se celebrase; que el Hon. Salvador Mes-tre quien había sido designado especialmente por la oficina del Attorney General de Puerto Rico para actuar en la causa y quien, en todas las fechas y ocasiones mencionadas en la solicitud, ha llevado la representación de El Pueblo de Puerto Rico, por moción oral solicitó de la corte la suspensión del juicio, y la corte contra la oposición del peticionario y sin motivo fundado o causa legal (como fué alegado en la soli-citud), declaró con lugar la moción del Fiscal y el juicio fué suspendido y transferido hasta nuevo señalamiento.

Que el juicio de la dicha causa fué señalado por segunda vez para el día 21 de diciembre de 1915, en cuya fecha com-pareció el peticionario con su abogado y testigos, anuncián-dose listo para el juicio. El abogado del Gobierno enton-ces presentó una moción escrita solicitando la suspensión y transferencia del juicio, moción que fué concedida por la •corte contra la oposición del peticionario sin cansa como se alega en la solicitad, para la suspensión, y sin que exis-tiera causa fundada para ello. En la misma fecha mediante moción oral, el peticionario solicitó dé dicha corte de dis-trito el sobreseimiento de la causa, fundando su moción en el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal en relación con el 11 del propio código, por haber transcurrido más de ciento veinte días desde que la dicha causa fué ini-ciada en dicha corte sin haberse celebrado el juicio, pero la corte, sin causa legal, denegó la moción del peticionario.

El juicio de dicha causa fué señalado por tercera vez para el día 23 de febrero de 1916, en cuya fecha compare-ció vuestro peticionario con su abogado y sus testigos. En esa fecha presentó el Fiscal una moción escrita y affidavit en la que se alegaba- en sustancia que uno de los testigos más importantes de El Pueblo era Pabló Lavandero, Juez de Paz de Bayamón,. en la época en que ocurrieron los hechos denunciados; que dicho Lavandero se encontraba ausente en España por una corta temporada y debía regresar a Puerto Pico en breve término; que la declaración del referido Lavan-dero no era acumulativa y declararía más o menos en los siguientes términos:

“Que en la mañana de autos, por requerimiento de la Señora Martha Oaull, extendió la denuncia contra el Sr. Dyer; que el acu-sado Dyer fué traído a su presencia y que estaba algo ebrio a tal extremo, que se encontraba muy excitado, y en actitud colérica, te-niendo (el juez de paz) que manifestarle qüe si no se moderaba habría -de ser reducido .a prisión; que dicho Dyer le manifestó que había echado de su casa a la Señora Canil y que si se hubiera resistido hubiera hecho armas contra ella con un revólver que tenía."

Que esa declaración era esencial sin que otro testigo pu-diera declarar sobre estos particulares; que dicho Lavan-dero fué testigo en la corte municipal y si no había sido citado para este juicio anteriormente fué porque a la fecha que se hizo el señalamiento del juicio el testigo se encontraba ya ausente en España; que esta solicitud se hizo de buena fe y no tenía por objeto la dilación del caso; que existía nna' buena y suficiente cansa de acción contra el acusado; que en mérito de las razones expuestas el Fiscal solicitaba la suspensión de la causa basta nuevo señalamiento dentro de las conveniencias de la corte. En el juramento se dice meramente que fué jurado y suscrito por Salvador Mestre, Fiscal del Tribunal Supremo y certificado por el secretario de la corte de distrito.

Que la corte de distrito, continúa expresando la petición, -contra la oposición del peticionario y sin causa legal o mo-tivo fundado y excediéndose en el uso de sus facultades dis-crecionales, ordenó la suspensión del juicio basta nuevo seña-lamiento; que en la misma fecba, febrero 23, 1916, el peti-cionario presentó una moción jurada por escrito alegando que habían trascurrido más de ciento veinte días después de iniciarse el proceso sin haberse celebrado el juicio; que el juicio de dicha causa no había sido suspendido ni trans-ferido a petición o con el consentimiento del peticionario, y fundándose en las prescripciones del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal solicitó de la corte el sobresei-miento de la causa; y la corte, en exceso de su discreción, declaró sin lugar dicha moción; que el peticionario en todas las ocasiones mencionadas ha insistido siempre en que se celebrase un juicio rápido de dicha causa.

La duda principal que ha tenido este tribunal ha sido sobre la cuestión de si procedería el auto de mandamus, puesto que se alega que la suspensión de un juicio es una cuestión que está dentro de la discreción de la corte, y que el mandamus no es el remedio adecuado para regular la discreción judicial. La sección 2 de la Ley-de Mandamus dispone que aun cuando el auto puede requerir a un tribunal inferior, o a un juez del mismo, para que ejecute un acto determinado, o proceda al desempeño de cualquiera de sus funciones, el auto no puede tener dominio sobre la discreción judicial.

En California, donde existe un estatuto semejante al ar-tículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, la corte originalmente resolvió que el auto de mandamus no procedía. Strong v. Grant, 99 Cal. 100. En ese caso el Juez Pre-sidente Sr. Beatty estuvo conforme y emitió una extensa opinión concurrente en la que hacía referencia a la injusti-cia de no concederse a un hombre que no podía obtener un juicio rápido, el recurso de habeas corpus o de mandamus. Estuvo conforme, porque creyó que los hechos en particular no justificaban la expedición de uno u otro auto. Las cortes de California han resuelto uniformemente que cuando un prisionero se encontraba en libertad bajo fianza él mismo no podía entregarse con el objeto de poner a prueba mediante habeas corpus el derecho que tenía el Estado a proceder contra él. La teoría era la de que como el acusado estaba en libertad no podía invocar el auto de habeas corpus para que se le restituyera la libertad que voluntariamente había renun-ciado.

Subsiguientemente en Ex parte Ford, 169 Cal. 334, 116 Pac. 757, en que fué presentada una solicitud para un auto de habeas corpus por falta de un juicio rápido, la Corte Su-prema de California negó la solicitud en que se interesaba dicho auto, evidentemente basada en la teoría de que no pro-cedía el auto de habeas corpus cuando el peticionario se entregaba voluntariamente, pero resolvió que el auto de mandamus era procedente, analizando y revocando el caso de Strong v. Grant, supra. La Corte Suprema de California resolvió en aquel caso, aprobando el razonamiento del Juez Presidente Sr. Beatty, que el mandamus era el único reme-dio que podía utilizarse cuando se negaba al acusado un juicio rápido; en otras palabras, en el caso de Ex parte Ford, aunque se niega el habeas corpus, se resolvió, después de una detenida consideración, que el mandamus era el reme-dio adecuado para regular determinados actos judiciales en los cuales el deber era claro o estaba envuelto un verdadero derecho del acusado, como sucede en el presente caso. El peticionario Ford, después de la decisión del caso anterior, presentó una solicitud para que se expidiera un mandamus la cual fué denegada por la corte inferior por virtud de los hechos, pero la Corte de Distrito de Apelaciones en la apelación revocó la sentencia de la corte inferior y el pri-sionero fué puesto en libertad. Ford v. Superior Court, 118 Pac. 86. Subsiguientemente en el caso de Hosburgh v. Murasky, 169 Cal. 50, la Corte Suprema de California aprobó la doctrina establecida en el caso de Ex parte Ford, mani-festando que procederá el mandamus para restablecer una apelación que lia sido desestimada erróneamente o para que se conceda una moción de sobreseimiento de una acusación por virtud de la cual debió haber procedido la corte inferior.

En Oklahoma el mismo principio ha sido siempre apli-cado. State ex rel Sims v. Caruthers, 98 Pac. 474, State v. Cole, 109 Pac. 736, McLeod v. Graham, Judge, 118 Pac. 160. En el caso citado últimamente se cita el de Ex parte Ford y vuelve a citarse el razonamiento del Juez Presidente Sr. Beatty en el caso de Strong v. Grant. Creemos conve-niente reproducir estas consideraciones puesto que las mis-mas regularon en gran parte el caso de Ex parte Ford.

“Una persona acusada de un delito tiene derecho a un juicio rápido para que si es inocente pueda quedar en libertad. Retenerla bajo custodia, u obligarla mediante fijación de fianza a hacer plan-tón ante una ■ corte mientras sú juicio se suspende arbitrariamente sin su consentimiento no sólo es un daño y una injusticia para tal persona, sino un detrimento al público. El objeto del estatuto, citado en la opinión de la corte (Strong v. Grant), es evitar esos males. Sin embargo, el efecto de dicha opinión, en unión de otras decisio-nes en casos análogos, es privar al estatuto del efecto para el cual fué creado, al menos en lo que respecta a su cumplimiento por esta corte, y darle un uso completamente extraño y contrario a su inten-ción. En efecto, ha sido resuelto que, sin que importe cuan injus-tificadamente el derecho concedido por el estatuto haya sido desa-tendido por la corte superior, la persona agraviada no tiene reme-dio alguno, excepto el de apelación a esta corte; y éste claramente no es tal remedio para un hombre inocente cuyo juicio ha sido irra-zonablemente pospuesto, pues al ser absuelto no tiene de qué ape-lar. Las únicas personas que pueden apelar son aquellas que han sido declaradas culpables, y si sus condenas son de algún otro modo ilegal, no tienen oportunidad de recurrir a este estatuto para su liberación. Por tanto, la única persona que puede obtener sus bene-ficios por la intervención de esta corte, es aquella convicta por sen-tencia que en todos sus demás particulares sea correcta o en otras palabras, aquella que realmente es culpable del delito que se le imputa. People v. Morino, 85 Cal. 515, 24 Pac. 892. Puede decirse sin temor a equivocación que la Legislatura nunca hubiera pasado tal ley si ese fuera el único caso en que pudiera hacérsele cumplir. La verdad es que la ley fue decretada como todas aquellas disposiciones análo-gas relativas al procedimiento criminal para beneficio del inocente, y no con el objeto de abrigar al culpable. T esto es verdad no sólo en cuanto a esta regla, sino en cuanto a todas aquellas de procedi-miento, necesarias para la protección de hombres inocentes injusta-mente acusados. También los culpables, como se presumen inocen-tes mientras no se demuestre su culpabilidad, pueden aprovecharse de ellas; pero sería un resultado muy extraordinario que por la volun-taria y deliberada infracción de esa regla, un hombre inocente no tuviera remedio alguno, mientras que uno debidamente convicto de un delito pudiera por virtud de la misma, evadir el castigo. Me parece que debe haber un error en alguna parte de las resoluciones que conducen a tal resultado, y creo que el error consiste en soste-ner que la parte agraviada no puede recurrir a un ma'tvdamus, como se sostiene en esta opinión, o en declarar que no puede recurrir al hateas corpus, como fué resuelto en un procedimiento anterior enta-blado por este mismo peticionario (diciembre 12, 1892). Si un hombre inocente que está encarcelado mes tras mes mientras su juicio se suspende arbitrariamente, no puede recurrir a esta corte en soli-citud de un remedio, ya mediante hateas corpus, o mandamus, no sé qué otro remedio pueda tener. La apelación, como ya hemos dicho, no es un remedio, pues él no puede apelar hasta después del juicio, y la negativa a ser traído a juicio es precisamente el perjuicio de que se queja; y además, siendo inocente, es de presumirse que será absuelto, de traérsele algún día a juicio, y que entonces no tendrá de qué apelar. No puedo llegar a admitir que no exista un reme-dio adecuado para tal perjuicio y por consiguiente estoy convencido de que procede el hateas corpus o el mandamus.”

Y en Ex parte Ford la corte dice además:

“En nuestra opinión los verdaderos medios de prueba son si la ley tiene por objeto que su resolución sea definitiva; y si no lo. .es, .si existe algún otro remedio claro, rápido y adecuado. Si la reso-lución del tribunal tenía por objeto ser definitiva, es evidente que no puede ser modificada bien mediante mandamus o de algún otro modo. Si el objeto no era que fuera definitiva, pero existe otro reme-dio ‘claro, rápido y adecuado,’ el auto no puede ser expedido; pues no fué su intención la de usurpar el lugar de otros remedios. Pero si la resolución no tenía por objeto ser definitiva y no existe otro' remedio adecuado; debe expedirse el auto. De otro modo habría un reconocido perjuicio sin remedio alguno. El auto se expide en tal caso para evitar un fracaso de la justicia. ■ Y este es su antiguo ofi-cio. Según dice Lord Mansfield ‘fué introducido para evitar des-orden debido a un fracaso de la justicia y defecto del poder guber-nativo (■defect of police). Por tanto, debe ser utilizado en todas las ocasiones en que la ley no lia establecido un remedio específico y cuando de acuerdo con la justicia y buen gobierno debe existir uno.’ Se citan casos.
“No tiene finalidad una orden por la que se niega el sobresei-miento de una acusación en que la moción se funda en la razón de que el juicio de un acusado ha sido suspendido ilegalmente fuera del término prescrito. Puede ser revisada en apelación si luego el acusado es traído a juicio y declarado culpable. No existe, sin embargo, apelación directamente contra la orden negando el sobresei-miento, y el derecho de apelación después de la condena no propor-ciona ningún remedio adecuado, puesto que el acusado puede no ser jamás llevado a juicio. En tales circunstancias si una persona que está en libertad bajo fianza no tiene un remedio mediante mandamus para corregir un claro abuso de discreción por parte de la corte al negarse arbitrariamente a sobreseer la acusación presentada contra él cuando no ha sido traído a juicio dentro del término espe-cificado, la garantía constitucional y el mandato estatutorio son en lo que a él respecta de ningún valor.” 116 Pac. 762.

Ahora bien, aunque no queremos que se entienda que esta-mos de acuerdo con las cortes de California al declarar que un acusado no debe entregarse e invocar el auto de habeas corpus, creemos, sin embargo, que ningún hombre está obli-gado a renunciar su libertad, y si está en libertad bajo fianza su único verdadero remedio os - el mandamus.

El artículo 448. del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe lo siguiente: .

“A menos que exista justa causa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso en los casos siguientes:
“1. Cuando una persona baya sido detenida para responder por la comisión de un delito público, siempre que no se haya presentado acusación contra ella en el término de sesenta días desde su deten-ción.
“2. Cuando un acusado, cuyo juicio no haya sido transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de ciento veinte días a contar desde la presentación de la acusación.”

De,, acuerdo con este artículo cuando no se demuestra justa causa, la corte está obligada perentoriamente a sobreseer la causa. Si no se demuestra justa causa creemos que la corte carece absolutamente de discreción. El derecho que tiene un hombre acusado de un delito a la celebración del juicio den-tro del término de ciento veinte días y el deber de la corte de sobreseer la causa a falta de tal juicio rápido son coex-tensivos. Cuando nada se demuestra la corte no tiene dis-creción para negarse a sobreseer la causa. Por tanto, cree-mos en primer lugar que una corte de revisión tiene derecho a examinar el estado de los autos para ver si el Gobierno alegó alguna causa justa. En Ex parte Ford se llamó la aten-ción hacia el hecho de que si la solicitud envuelve la cuestión del peso ele la prueba o del ejercicio de una verdadera dis-creción, no procederá el auto de mcmdamus; pero conveni-mos con el peticionaiúo en que en este caso no había nada que envolviera el ejercicio de discreción judicial, porque cree-mos que la moción del'Fiseal carecía enteramente de los ele-mentos esenciales de una moción válida para obtener una suspensión. Ordinariamente cuando se dice, como se ha dicho frecuentemente, que la cuestión relativa a la suspensión de un juicio descansa en la sana discreción de la corte, no ha estado envuelta ninguna cuestión de un derecho estatu-tario particular a un juicio rápido. Ninguno de los derechos que tiene un acusado a un juicio rápido estaban envueltos en la inmensa mayoría de las decisiones, en las que se decía que la suspensión de un juicio descansa en la discreción de la corte. Por ejemplo, si dentro de los ciento veinte días la corte suspende un caso hasta una fecha que está todavía comprendida en los ciento veinte días, no puede surgir cues-tión alguna acerca del derecho del acusado a que la causa sea sobreseída de acuerdo con el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal; dentro de ese término la dis-creción es prácticamente absoluta. Si se hace una solicitud fuera de ese término, la corte, como hemos dicho, a no ser que se alegue alguna razón, carece de discreción. Puede de-cirse que Ja corte siempre tiene discreción para suspender un caso, en tanto se trata de la mera cuestión de suspen-sión, independientemente de' algún derecho adquirido por el acusado. Sin embargo, cuando el acusado como lo hizo en la corte inferior, presente una moción para que la causa sea sobreseída por no haber sido juzgada dentro de los ciento veinte días, es el deber de la corte no tomar en consideración si tenía o no discreción para ordenar la suspensión, sino ver si el juicio había sido demorado por más de ciento veinte días sin causa razonable y sin la conformidad del acusado. En otras palabras, era el deber de la corte sentenciadora en este caso ver si había sido alegado algún motivo justifi-cado para la suspensión de la causa por espacio de tanto tiempo. La cuestión era si el Fiscal en este caso concreto había alegado motivos justificados para la demora. El mero hecho de que la corte había suspendido el caso a instancia del Fiscal en varias ocasiones no era una razón suficiente. La corte sentenciadora debió haber examinado los hechos y cerciorádose de si la suspensión por ciento veinte días o más se hizo con justa causa. Y donde no haya habido dis-puta en cuanto a los hechos la corte de revisión tiene el mismo derecho.

También se ha resuelto que el deber de mostrar justa causa se hace todavía más necesario después de cada sus-pensión sucesiva. Cuando el peticionario en este caso pre-sentó una moción para el sobreseimiento de la causa ya el caso había sido suspendido dos veces, a pesar de su opo-sición y como él afirma, sin justa causa. Ahora bien, aun-que su aleg’ación de que las anteriores suspensiones se hicie-ron sin justa causa puede ser una mera conclusión legal,, creemos, de acuerdo con las autoridades, que el peso de la prueba lo tenía el Gobierno para establecer de algún modo que las anteriores suspensiones se hicieron con justa causa.

Deben expresarse, hechos precisos y no meras generali-dades o conclusiones de ley; y en vista de la presunción de que ei promovente trataría de probar su caso en la mejor forma posible y haría mención de todo aquello que tienda a obtener la suspensión, las manifestaciones contenidas en el affidavit serán interpretadas lo más estrictamente posible en su contra. 6 R. C. L. 562 y autoridades citadas en la nota. El acusado estuvo allí presente cada vez que el juicio había sido señalado insistiendo en la celebración del mismo. Cree-mos que el Gobierno no . ha demostrado nada en absoluto, excepto en lo que respecta a la última suspensión, y como hemos visto, los hechos de la petición no han sido controver-tidos. Examinaremos, sin embargo, la última suspensión bajo la teoría de que las anteriores suspensiones se hicieron con alguna justificación legal. Sin embargo, por razón de estas anteriores suspensiones la solicitud presentada por- el Fiscal en este caso para obtener una nueva suspensión estaba sujeta a un severo análisis al ser presentada la moción de sobreseimiento.

Creemos que la mera inspección del affidavit y moción presentados por el Fiscal demuestran que los hechos sobre los cuales había de declarar Lavandero eran sumamente re-motos en vista de los hechos alegados en la acusación. Nos parece que las manifestaciones hechas por el acusado ante el juez de paz no tienen prácticamente fuerza probatoria o lógica al tratar de establecer un acometimiento con los puños por el referido Dyer, en el barrio Candelaria. Lo más que puede decirse del affidavit es que el acusado estaba embria-gado y excitado ante el juez de paz y que dijo que iba a hacer armas con un revólver contra la Sra. Caull si se hubiera resistido a. su tentativa- de ponerla fuera de su casa. Según aparece de su faz no creemos que alegaba una causa razo-nable para la demora del juicio. Se ha indicado que en soli-citudes de esta clase no es sólo el derecho del peticionario a obtener su libertad la cuestión envuelta, sino a estar libre en la comunidad del carg’o que sobre él pende. Porque un juez de paz que está ausente pudiera ofrecer prueba tendente a demostrar que en el día en que los sucesos tuvieron lugar estaba el acusado ebrio y excitado y dijera que hubiera en ciertas condiciones empleado violencia en la persona de la Sra. Caull, esto no tiende a establecer el hecho de que el acu-sado realmente empleó dicha violencia. Por el contrario, la deducción más razonable que de la misma se desprende es que el acusado negaba el acto de violencia y solamente hablaba de lo que hubiera hecho en alguna ocasión que no se deter-mina si la Sra. Caull se hubiera negado a salir de la casa. Una eventualidad sobre otra eventualidad.

Pero analizando el affidavit de acuerdo con los princi-pios establecidos por las cortes, creemos que los hechos que en el mismo se refieren eran dudosamente pertinentes y que jamás fué demostrada su esencialidad (materiality). En una moción para obtener una suspensión debe siempre estable-cerse la esencialidad (materiality) de las alegaciones.

En el caso de Ford v. Superior Court, 118 Pac. 99, supra, se establecen las reglas para una moción sobre suspensión, como sigue: “Tres cosas son necesarias para suspender nn juicio: Primero, que el testigo sea realmente esencial (material) y así parece a la corte; segundo, que la parte que hace la solicitud no haya sido culpable de negligencia; y tercero, que pueda conseguirse al testigo en la fecha para la cual ha sido suspendido el juicio.” En otras palabras, deberá probarse la esencialidad (materiality). 6 R. C. L. 556, 74 Am. Dec. 147.

Nuestro propio Código de Enjuiciamiento Civil expresa la ley.

“Artículo 202. — Una moción para transferir un juicio por falta de prueba, sólo puede hacerse mediante declaración escrita y jurada ‘-demostrando la importancia esencial (materiality) de la prueba con \que se cuenta, y que se ha practicado la debida diligencia para obte-nerla. La corte podrá también exigir al solicitante que exprese me-diante declaración escrita y jurada, las pruebas que- espera conse-guir * *

El Pueblo v. Gallart, 11 D. P. R. 377; El Pueblo v. Román, 18 D. P. R. 219, son dos casos criminales que también mues-tran los requisitos de una moción sobre suspensión de la causa.

Alega la denuncia que el acusado agredió con los puños en el barrio de Candelaria a la Sra. Oaull. El affidavit tiende a demostrar que en el caso de su negativa a salir de su casa él hubiera usado un revólver contra ella. Las dos cosas que se describen, la pretendida agresión y la verdadera agresión, son enteramente distintas. Creemos que era necesario para el Gobierno demostrar la relación lógica que existe entre los dos hechos. Si fuera sugerido que en un conflicto de prueba entre los dos partícipes principales la prueba ten-día a demostrar que el acusado estaba encolerizado y ebrio aunque la prueba sea remotamente pertinente, todavía no se ha demostrado que es esencial (material). Las supues-tas manifestaciones del acusado, como hemos visto, no admi-tían la violencia. Tendían a negarla. Ni en el affidavit ni •en la denuncia se dice que la casa del peticionario está situada en Candelaria. No hay nada que demuestre que tuvo lugar un verdadero acometimiento en la casa del peticionario. Se le hizo decir que si la Sra. Caulhno hubiera salido de la casa del peticionario él hubiera empleado violencia contra ella, pero no se acredita que estaba haciendo alusión al res gestee de la .supuesta agresión. El peticionario, a quien se presenta como que estaba ebrio y encolerizado podría haber estado haciendo referencia a cualquier suceso anterior ocurrido re-cientemente, o de mucho tiempo. Debe agregarse de paso, ■que si en la fecha de la supuesta violencia la embriaguez ■era un hecho esencial, no puede presumirse porque estuviera •ebrio el peticionario cuando' fué traído ante el juez de paz, que lo estuviera también al tener lugar la supuesta agresión. No se ha probado el tiempo que había transcurrido y el peti-cionario pudo haberse embriagado después.-

Pero si se cousidera que la manifestación del peticio-nario citado en el affidavit se refiere a sucesos que tuvie-ron lugar en la casa del acusado y a la denuncia, ellos toda-vía no tienden necesariamente a probar un ataque criminal puesto que una persona en su casa tiene el derecho de emplear la fuerza que sea razonable para sacar a una persona que se niega a salir cuando así se le ordena legalmente. En tales circunstancias aun cuando el affidavit tienda a de-mostrar cierto estado de ánimo por parte del peticionario, la actituid que se le imputa tiene poca fuerza al tratar de probarse el mens rea (intento criminal) con respecto al delito que se describe en la denuncia.

Algunas de las manifestaciones hechas en el affidavit como ha sido presentado parecen ser improbables. Uno de los requisitos de un affidavit sobre suspensión de un juicio es que la prueba que trata de presentarse no solamente es esen-cial sino que no pudo obtenerse prueba de igual clase. El affidavit expresa que el acusado fué llevado a presencia del magistrado, ebrio y excitado. Si' fué llevado allí, debió ha-berlo sido por alguna otra persona. No existe nada que indique que el acusado estaba solo con el juiez de paz en el momento en que se hizo la declaración. Por el contrario lo que debe entenderse del affidavit es que había sido arres-tado y traído a presencia del juez de paz, y si fué llevado allí,- debió haber sido por una o más personas. Se representa al peticionario como que estaba tan indisciplinado que el juez de paz tuvo que llamarle al orden y, por tanto, parece ser la cosa más improbable que fuera el juez de paz la única persona que oyera las palabras del acusado. T en cuanto a este estado de embriaguez si era un hecho que hacía refe-rencia al momento del supuesto acometimiento, alguna otra persona debió haber estado en condiciones de poder decla-rar acerca de este estado aun cuando haya de suponerse que la perjudicada no podía. Puede ser cierto, como expresa el affidavit, que el Sr. Lavandero es la única persona que puede declarar acerca de estos hechos, pero su manifesta-ción no está corroborada por el resto del affidavit, todo lo cual entra a formar parte de la consideración de si este affidavit constituía causa razonable para la negativa a’ sobre-seer la causa.

Existe, sin embargo, otra razón y ésta es la forma del affidavit. No se ha demostrado de qué parte adquirió el Fiscal estos hechos respecto a los cuales dice que el Sr. Lavan-dero declarará. El affidavit no muestra qué parte del mismo se hace por información y creencia y lo que el Fiscal sabía de propio conocimiento. Esto pudiera llegar a tener impor-tancia si en realidad de verdad el testigo en particular no era el único que podía declarar sobre los hechos.

No es una cuestión muy importante para el caso en vista de las demás consideraciones, pero creemos que la moción para obtener la suspensión dejó de mostrar diligencia, puesto que el testigo en particular que se necesitaba era y es de presumirse que sea un juez de paz y un funcionario del Go-bierno, que generalmente no se ausenta sin el consentimiento de su jefe administrativo. No se trató de hacer que per-maneciera aquí para el juicio o de conseguir que regresara pronto.

El caso de Ex parte Ford, se basó en gran parte en la teoría de un abuso de discreción por una corte inferior y se ha resuelto generalmente que el mandamus es procedente cuando existe tal abuso. Inglin et al. v. Hoppin et al., es un caso muy interesante en lo que respecta al particular. 156 Cal. 483, 105 Pac. 582. Nota 122 A. S. R. 746. Véase también la nota a 122 A. S. R.; 26 Cyc. 190.

Creemos que si alguna duda pudiera surgir respecto a la esencialidad (materiality) de los hechos que se pretenden probar, el negarse a sobreseer la causa constituyó un abuso-de discresión. Sin tomar en consideración las varias sus-pensiones, el' affidavit se- refería a cuestiones de tan poca importancia que si la condena dependía de este eslabón en el supuesto encadenamiento de la prueba, circunstancial o de otra clase, no valía la pena de seguir con el proceso del caso. Si se alegara que esta declaración era necesaria para resolver un conflicto en las declaraciones de dos personas aparentemente de igual veracidad, entonces después de pre-sentarse tal pretendida declaración cualquier jurado o cual-quier juez debe todavía tener una duda razonable. El hecho de que el acusado hay podido estar indisciplinado o embria-gado ante el juez de paz y las vagas referencias respecto a lo que hubiera hecho en cierta eventualidad, no tenía nada que ver con su credibilidad como testigo.

Ahora bien, ya pueda decirse que hubo abuso de discre-ción o que se diga que jamás llegó el momento de ejercitar dicha discreción a cuya última opinión nos inclinamos, muy poco importa para el caso. El auto no debe ser usado para regular la discreción judicial pero los actos judiciales pue-den ser regulados cuando no surge ninguna discreción o se abusa de la misma. En este último caso las cortes no pre-tenden regular la discreción. Ellas corrigen el abuso. El hecho de que teng’a la corte que determinar si un hecho o condición de hechos existe para el ejercicio de un claro deber no convierte al acto que ha de ejecutarse en un acto discre-cional. 26 Cyc. 161, nota 10.

Oreemos que el Gobierno no mostró razones suficientes para anular el derecho del peticionario a obtener el sobre-seimiento de una causa suspendida después de ciento veinte días sin el consentimiento y contra la oposición del peticio-nario. La causa fué señalada tres veces para juicio y sus-pendida tres Aceces contra la oposición del peticionario. Para justificar la negativa al sobreseimiento debió haberse pre-sentado una razón sustancial.

Debe expedirse el auto.

Com lugar la solicitud y ordenada la expedi-ción de un auto de mandamus perentorio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y HutcMson.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Monroig, Demandante y Apelante, v. Córdova et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte- de Distrito de San Juan, Sección Ia., en causa sobre tercería de bienes inmuebles.

      No. 1358.
    Resuelto en mayo 2, 1916.
    Descripción de Fincas — Cabida—Linderos—Colindantes.—La regla general al determinar lo que ha sido incluido en un traspaso es que las referencias gene-rales respecto a cabida están subordinadas a los linderos más ciertos que des-criben el sitio de los propietarios colindantes, los que son precisos o pueden ser determinados. Veve v. Sánoheg, 226 TJ. S. 235.
    Tercería de Bienes Inmuebles — Descripción de Fincas — Caso de Yeve v. Sánchez, 226 TJ. S. 235- — Límites Exteriores. — Distinguiendo este caso del de Yeve v. Sánoheg, 226 TJ. S. 235, se resolvió: que hay disparidad entre uno y otro. En aquel caso las 134 cuerdas reclamadas por Sánchez estaban dentro de los límites exteriores de la finca hipotecada, mientras que en el presente no es posible afirmar que las 7 cuerdas de terreno que se redaman y las cuales colindan por el oeste con las 24 cuerdas hipotecadas, estuviesen comprendidas dentro de la finca hipotecada, por la razón de que colindando por su lado con el mismo dueño, no puede sentarse la afirmación de que las referidas 7 cuerdas estuviesen radicadas dentro de los límites exteriores de la finca hipotecada de 24 cuerdas.
    Hipoteca — Interpretación de Documentos — Prueba Oral. — Cuando al interpre-tar un documento escrito sobre hipoteca aparece que a una finca de determi-nado número de cuerdas se le reconoció ese número, y una colindancia con cierta persona sin especificación de monumento artificial o natural alguno, se fijó de acuerdo con la medida especificada en el título, método éste que per-mitió al par que reconocer la totalidad de los derechos del comprador en una venta judicial de la finca hipotecada, los del colindante indicado, no puede decirse que por prueba oral se variaran los términos del documento eserito.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Frank Antonsanti.

    Abogado de los apelados: Sr. Antonioi Trujillo Qüil.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito sobre tercería de bienes inmue-bles. Josefa O. viuda de Monroig, entabló una demanda en la Corte de Distrito de San Juan alegando, en resumen, que en cierto pleito seguido por Ramón Córdova contra Ra-món Solía, en cobro de pesos, el demandante Córdova había: embargado como de la propiedad del demandado Solía cierta finca rustica de siete cuerdas que pertenecía a la tercerista-, viuaa de Monroig, por haberla ésta adquirido en la ejecución de dos hipotecas que gravaban dos fincas del indicado Solía parte de las cuales era la embargada por el expresado Cór-dova.

Uno de los demandados dentro de este pleito de tercería, Ramón Córdova, contestó la demanda, alegando, en resumen, que la finca por él embargada era distinta de las ejecuta-das por la demandante. Y así quedó trabada la contienda en este pleito que fué resuelto, una vez practicadas las prue-bas, en contra de la demandante. La dicha demandante esta-bleció entonces el presente recurso de apelación.

La prueba de la demandante consistió en la escritura de la venta judicial que hizo a s.u favor el marshal de la Corte de Distrito de San Juan, en la declaración de los testigos-, Dionisio Bausó, Antonio Monroig, Plácido Ripoli y Frank Antonsanti y en un plano.

Por la escritura' se viene en conocimiento de que Ramón Solía era dueño por título de herencia de dos fincas rústi-cas que se describen así:

“Primera: Terreno de altura con una cabida de veinte y cuatro cuerdas, equivalentes a nueve hectáreas, cuarenta y tres áreas, veinte y nueve eentiáreas y treinta y seis centésimos, en el barrio de Hato Tejas, del término municipal de Bayamón, lindando con fincas por el norte, de Antonio Monroig, hoy de su sucesión; por el sur, de Eulogio Rivera, hoy de su sucesión; por el este, de Ramón A. Solía y de Antonio Monroig, hoy su sucesión, y por el oeste, de Eulogio Rivera, antes, hoy de la sucesión de Antonio Monroig.
“Segunda: Terreno con una cabida de nueve cuerdas, equiva-lentes a tres hectáreas, cincuenta y tres áreas, y setenta y tres een-tiáreas, en el barrio de Hato Tejas, del término municipal de Baya-món, y lindando con fincas, por el norte y el este, de Antonio Mon-roig, hoy de su sucesión; por el sur, de Eulogio Rivera, hoy de su sucesión, y por el oeste de la Sucesión Solía.”

También se consigna en la escritura que Solía hipotecó las fincas descritas a favor de Don Pedro Fernández Umpie-rre, que éste vendió las hipotecas a la demandante y ape-lante, y que no habiendo Solía satisfecho a su debido tiempo la deuda garantida, la demandante y apelante ejecutó las hipotecas y habiéndose anunciado la venta de las fincas hipo-tecadas en pública subasta, la repetida demandante y ape-lante las adquirió por cierta suma de dinero que se abonó a su crédito.

El testigo Bausó, dijo que era agrimensor y empleado de la Central Juanita, perteneciente a la Sucesión Monroig; que recibió orden de su jefe de practicar la mensura de unas fincas de Ramón Solía y que cumplió en efecto dicha orden. Su declaración ocupa cinco páginas en maquinilla y toda ■ella tiende a demostrar que Solía le indicó las colindancias y le habló siempre solamente de dos fincas. La mensura dió por resultado que la finca de -nueve cuerdas las tenía en efecto y que la finca de veinte y cuatro se componía de treinta y una.

Declarando el testigo, se introdujo como prueba el plano levantado por el mismo. En él aparece deslindada una exten-sión de terreno que comprende cuarenta cuerdas dividida en dos porciones — una de nueve y otra de treinta y una. Figura una casa.

El testigo Monroig declaró amplia y detalladamente con respecto a cierta transacción que tuvo concertada con Solía sobre la compra de sus tierras colindantes con la Central Juanita; que mandó medir dichas tierras; que siempre en-tendió que se trataba de dos fincas; que sabía que las fin-cas estaban gravadas y que en la transacción se había tomado en cuenta tal hecho encargándose' el comprador del pago del gravamen, y entregando al vendedor, además, cierta suma de dinero. No se pudo llegar a un acuerdo con respecto a la cantidad que debía pagarse en efectivo y el contrato fra-casó. El declarante insistió en que Solía siempre se refe-ría a dos fincas y nunca le Rabió de que tuviera una tercera finca en aquel sitio.

El testigo Ripoll fué otro empleado de la Central Juanita que acompañó al agrimensor Bausó a practicar la men-sura. Corrobora en todas sus partes lo dicho por Bausó.

El testigo Antonsanti, abogado, Rabia extensamente del contrato de compraventa que estuvo a punto de celebrarse entre la Central Juanita y Solía. Toda su declaración tiende a demostrar que Solía en todas sus conversaciones con el testigo, admitía que sólo tenía en aquel sitio dos fincas, una de 24 y otra de 9 cuerdas.

La prueba del demandado Córdova consistió en las decla-raciones de los testigos Ramón Solía, Pedro Fernández y Nicanor Cepero.

Solía en su declaración reconoce que intentó vender todas sus tierras a la Central Juanita; que se practicó la men-sura, y que en efecto indicó las colindancias en globo por que se iba a vender todo, pero niega que dijera que sólo tenía dos fincas. Sostiene que además de las dos fincas hipo-tecadas que Reredó de sus padres, tenía otra pequeña finca en donde está la casa que vino a su poder por herencia de una parienta suya, siendo esta pequeña finca la embargada por Córdova. La descripción de esa finca de siete cuerdas es como sigue:

“Rústica de altura, en la cual hay una casa de madera, terrera, techada de zinc, cuyas colindancias son como siguen: por el norte propiedad de Solía y Sucesión de Solía; por el sud con propiedad de Eulogio Rivera; por el este con propiedad de Eulogio Rivera y por el oeste con propiedad de Ramón Solía. Siendo la cabida de la finca descrita 7 cuerdas.”

Solía explica, además, que no habiendo llegado a un acuerdo con la Central Juanita, por no haberse ésta ave-nido a darle en efectivo la cantidad que' él exigía, la central compró las hipotecas y ejecutó las fincas gravadas, pero in-siste siempre en que sólo dos de sus fincas estaban hipote-cadas.

La declaración del testigo Fernández, primitivo dueño de las hipotecas, liace referencia al hecho de que estaba ente-rado de la transacción entre Solía y la Central Juanita, sin conocer sus detalles. “Que Solía le dijo que tenía esa nego-ciación, y en virtud de ella los Sres. Monroig se entendie-ron con el declarante.”

Por último, Nicanor Cepero, dice que le consta la exis-tencia de las tres fincas por haber trabajado por años en ellas. Describe la finca de siete cuerdas habiendo conocido residiendo en ella a Doña Josefa Ortiz. Según la' decla-ración de Solía se llamaba Josefa Ortiz la parienta de quien heredó la' finca en cuestión.

Tales son, a grandes rasgos, las pruebas practicadas. El juez sentenciador las analizó cuidadosamente y luego se ex-presó, en su opinión, así:

“La corte no puede con la prueba presentada sentar la conclu-sión de que dentro del terreno comprendido en las 24 cuerdas, de acuerdo con sus colindaneias, figura también el terreno objeto de e'ste litigio, porque como colindando como colinda el terreno hipo-tecado, por el este con Ramón Solía, no tenemos otra base que la medida de las 24 cuerdas para fijar la extensión de la finca hipóte^ cada al Señor Fernández Umpierre. En ausencia de una línea divi-soria que deslinde los campos de una manera clara y evidente, debe-mos presumir que el inmueble afectado termina allí donde termi-nan las 24 cuerdas. El hecho de que la finca de nueve cuerdas y las 24 con sus colindaneias respectivas, hayan sido objeto de un mismo contrato de hipoteca, no quiere decir que todo el terreno com-prendido dentro de estas dos fincas quede necesariamente incluido en el perímetro de la propiedad hipotecada. Cada finca tiene sus propias eolindaúcias, y no se ha demostrado que Ramón Solía al hipo-tecar estas 24 cuerdas hiciese comprender al acreedor Señor Fer-nández Umpierre que dentro de las colindaneias de esta finca estu-viese incluido todo el terreno que reclama la parte demandante. El Sr. Solía hipotecó 24 cuerdas colindando con él mismo por el este, y a nuestro juicio la parte demandante sólo tiene derecho a la can-tidad de terreno especificada en la escritura, porque no se ha demos-trado, por medio de prueba competente y satisfactoria que dentro de las colindaneias del inmueble hipotecado, hubiese una mayor cabida de terreno que el que se determina en el contrato de hipoteca.”

Sostiene la parte apelante en su alegato:

1. Qne los demandados están impedidos para negar qne la parcela de siete cnerdas en litigio está comprendida den-tro de la finca objeto de las hipotecas qne fné traspasada por el mársbal de la corte de distrito a la demandante;

2. Qne la sentencia apelada es contraria a la resolnción de la Corte Snprema de los Estados Unidos en el caso de Veve v. Sánchez, 226 U. S. 234;

3. Qne la sentencia apelada varía los términos de nn docu-mento escrito en virtud de prueba oral;

4. Qne el demandado Solía no presentó prueba para esta-blecer su derecho a las siete cnerdas en litigio, y

5. Qne la prueba es contraria a las alegaciones.

6. Qne la sentencia es contraria a la prueba.

1. Examinemos el primer error. Como puede observarse .del extracto de la prueba qne dejamos consignado, la parte demandante tendió a demostrar por medio de sus testigos, qne Solía siempre se refirió a dos fincas, qne nunca habló de la tercera finca embargada por el demandado Córdova. De esto deduce el abogado de la apelante que Solía está im-pedido- de alegar ahora la existencia de la tercera finca. En su declaración Solía reconoce que cuando se trató de. vender directamente sus tierras a la Central Juanita, partió siempre de la base de que se iba a desprender de todo el te-rreno que tenía en aquel sitio. Por eso cuando el encargado por la central de medir las fincas se personó en ellas, le indicó sus colindancias en globo. Pero Solía niega que reconociera que tenía hipotecadas todas sus propiedades e insiste en que sólo dos de ellas, las que. había adquirido por herencia de sus padies, estaban gravadas a Fernández. La demandante no se convirtió en dueña por virtud del contrato de compra-venta que se planeó primero. La demandante compró las hipotecas, las ejecutó y en -subasta pública adquirió lo que estaba hipotecado. Juzgando la prueba, el juez sentencia-dor creyó cierta la explicación de Solía, y si lo es en efecto, no vemos cómo pueda sostenerse el impedimento alegado con respecto a Solía. Queda reducida, pues, la cuestión, a . una de apreciación de prueba, y como a nuestro juicio no se lia demostrado que la corte de distrito actuara erróneamente, debe prevalecer su criterio.

2. Estudiemos el segundo de los' errores señalados. En el caso citado, Veve v. Sánchez, supra, aparecía que José Avalo Sánchez hipotecó a María Díaz y Siaca una planta-ción de.azúcar conocida por “Bello Sitio” constante de 400 cuerdas. El acreedor hipotecario ejecutó su crédito y final-mente se le adjudicó la finca. Luego Sánchez entabló pleito reclamando cierta porción de terreno de 134 cuerdas de exten-sión existentes, según él, dentro de los límites de' “Bello Sitio” y que, según él, no fué nunca hipotecada. Se midió la finca subastada y adjudicada al acreedor hipotecario y resultó contener 415 cuerdas o sea un exceso menor de un cinco por ciento de lo que resultaba del título. Si se hubiera declarado con lugar la demanda de Sánchez, entonces la finca de 400 cuerdas hubiera quedado reducida solamente a 279. Además, como se ha dicho, la finca reclamada por Sánchez estaba dentro de los límites de la hacienda “Bello Sitio.” La Corte Suprema, revocando la sentencia apelada, decidió que Sánchez no tenía derecho alguno. En el resumen de la decisión aparece establecida la siguiente jurisprudencia:

“La regla general al determinar lo que ha sido incluido en un traspaso es que las referencias generales respecto a cantidad (cabida) están subordinadas a los linderos más ciertos que describen el sitio de los propietarios colindantes, los que son precisos o pueden ser determinados.” 226 U. S. 235.

En su opinión el juez sentenciador sostuvo que lá deci-sión de la Corte Suprema en el caso de Veve v. Sánchez, supra, no era aplicable al presente. En efecto, hay disparidad entre uno y otro caso. Como hemos visto, si se hubiera dado la razón a Sánchez su acreedor sólo hubiera obtenido 279 cuerdas cuando Sánchez le hipotecó 400. Resolviendo el caso a favor del acreedor sólo resultaban de más quince cuer-das o sea, como hemos dicho, una porción menor del cinco por ciento. Por el contrario, si este caso se resolviera a favor de la demandante, por una finca hipotecada de 24 cuer-das se le entregaría una de 31, o sea más de un 25 por ciento.

Pero prescindiendo de la cabida y yendo a la regla que debe prevalecer según la Corte Suprema de los Estados Uni-dos, o sea la más segura de las colindancias, nos encontra-mos con que en el caso de Veve v. Sánchez las 134 cuerdas reclamadas por Sánchez estaban dentro de los límites exte-riores de la hacienda “Bello Sitio” que había sido hipo-tecada, mientras que aquí, como sostiene el juez de distrito en su opinion, pág. 49 de la transcripción, “no es posible afirmar que las siete cuerdas de terreno que se reclaman y las cuales colindan por el oeste con las 24 cuerdas hipo-tecadas, estuviesen comprendidas dentro de la finca de mayor cabida, por la sencilla razón de que colindando por su lado con el mismo dueño, no puede sentarse la afirmación de que las referidas siete cuerdas estuviesen radicadas dentro de los límites exteriores de las 24.”

3. Veamos el tercer error. A nuestro juicio el juez sen-tenciador no permitió que se variaran por prueba oral los términos de un documento escrito. El documento escrito se interpretó por sus propios términos. A una finca hipotecada de 24 cuerdas se le reconocieron 24 cuerdas, y una eolindan-cia con una determinada persona, Solía, sin especificación de monumento artificial o natural alguno, se fijó de acuerdo con la medida especificada en el título, método éste que per-mitió al par que reconocer la totalidad de los derechos del comprador en la venta judicial de la finca hipotecada, los del colindante indicado.

Iíáy una circunstancia que debe hacerse constar y es que generalmente, al fijar la medida de las fincas, se consignan a continuación del número las palabras más o menos y en este caso nada indefinido se dejó en la descripción.

También debe hacerse constar que dentro de las cuarenta cuerdas que fueron de Solía, .según el mismo plano levan-tado por el encargado de la demandante, existe una casa, y es lo cierto que en la descripción de las lincas hipotecadas no se hace constar, como es costumbre, tal hecho. En cam-bio en la porción de siete cuerdas embarg'ada por Córdova consta la existencia de la casa.

4. El cuarto de los errores señalados tampoco tiene fun-damento, a nuestro juicio. Solía, según su declaración, adqui-rió las lincas hipotecadas por herencia de sus padres. Dichas fincas estaban inscritas en el registro de la propiedad. La finca de siete cuerdas la adquirió por herencia de una parienta suya. A primera vista se observa que tal vez pueda exis-tir algo anormal en esta adquisición. La parienta vivía con Solía, Solía gastó en su enfermedad y entierro y luego se quedó con la finca. Quizás Solía no sea el único heredero. Quién sabe si debido a esta circunstancia Solía no aclaró su título y por eso no figura inscrito en el registro. Mas-sea como fuere, es lo cierto que Solía estaba en posesión como dueño de la finca en cuestión y si jamás hipotecó dicha finca jamás tampoco pudo ser adquirida por la demandante que no tiene, por tanto, personalidad para impugnar el título más o menos legal que Solía pueda tener sobre la misma.

5 y íi, Por virtud de todo lo expuesto, puede concluirse fácilmente que opinamos que no existen los errores Nos. 5 y 6 alegados por la parte apelante. Examinadas las alega-ciones y la prueba practicada en su totalidad, no creemos que pueda sostenerse que la prueba, tal como fué apreciada por la corte de distrito, sea contraria a las alegaciones, ni que la sentencia esté en contra de la prueba.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Vega, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    'Becurso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro- ■ piedad de San Germán inscribiendo con defecto subsanable una sentencia de dominio.
    No. 276.
    Resuelto en mayo 2, 1916.
    ^Expediente de Dominio — Inscripción de Sentencia de Dominio — Nombre de la Esposa del Promovente — Defecto Subsanable — Bienes 'Privativos— Presunción de Bienes Gananciales. — No constituye defecto subsanable para la inscripción en el registro de una sentencia dictada en expediente de do-minio, por no exigirlo la ley, el que no se exprese en ella el nombre de la esposa del promovente. Sin embargo, como inscrita una finca a favor de una persona casada sin que conste por alguno de los medios reconocidos en derecho que se trata de un bien privativo, se presume ganancial, sería conveniente a las partes interesadas, para mayor claridad y evitación de dificultades en las transacciones futuras, el que se consignara en la sentencia el nombre do la otra persona que tiene derecho al dominio de la finca.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: iSr. Benito Forés.

    El registrador recurrido, Sr. A. Malaret, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Mayagüez declaró justificado a favor de Pedro A. Vega, mayor de edad, casado y vecino de San Germán, el dominio de cierta finca radicada en el término municipal de Sabana Grande. Presentada copia cer-tificada de dicha declaratoria en el registro, el registrador la inscribió, pero con el defecto subsanable que se consigna en la siguiente nota:

“Inscrito el documento que precede al folio 94 del tomo 15 del ayuntamiento de Sabana Grande, finca número 767, inscripción Ia., con el defecto subsanable de no expresarse en el título el nombre de la esposa del promovente Don Pedro A. Vega y Vega,.”

No conforme dicho Pedro A. Yega con la calificación transcrita, interpuso contra ella el presente recurso guber-nativo.

La cuestión suscitada por el registrador no es nneva. Fué resuelta en sentido contrario por este tribunal en el caso de Ramos v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R. 60. El resumen de la opinión de la corte en dicho caso, es como sigue:

“Es inscribible una sentencia dictada en expediente de dominio que contiene todas las circunstancias esenciales que' la ley hipotecaria exige que deben exigirse en las inscrip-ciones que se bagan en los registros de la propiedad.

“De acuerdo con la anterior doctrina, no debe denegarse la inscripción de una sentencia dictada en expediente de domi-nio, porque siendo casado el promovente, no resulta si adqui-rió la finca en constante matrimonio, o en estado de solte-ría, y en el primer caso, no se expresa 'el nombre de la esposa, conteniendo como contiene dicha sentencia todas las circuns-tancias esenciales para la inscripción.”

No exigiendo, pues, la ley el requisito exigido por el regis-trador, es claro que cae por su base el defecto apuntado por dicho funcionario al inscribir el título de que se trata en este caso y que en tal virtud debe revocarse la nota recurrida en la parte en que lo ha sido.

No obstante la resolución a que hemos llegado, deseamos hacer constar que a nuestro juicio conviene a las partes inte-resadas adoptar el criterio del registrador para mayor clari-dad y en evitación de dificultades en las transacciones futu-ras. Inscrita una finca a favor de una persona casada sin que conste por alguno de los medios reconocidos en derecho que se trata de un bien privativo, se presume ganancial. ¡ Cuánto mejor no es entonces consignar el nombre de la otra persona que tiene derecho al dominio de la finca, en vez de omitirlo! Ya el mismo legislador, para los documentos nota-riales dispuso en la sección 16 de la ley sobre la materia, Leyes de 1906, p. 143, lo que sigue: “También darán fe” (los notarios) “acerca de la edad, estado, profesión y vecin-dad-de ios otorgantes, con relación al dicho de-los mismos, y caso de que fuere casada la persona que aparezca como adquirente del derecho que es objeto del contrato, se expre-sará el nombre y apellido del cónyuge que no comparezca al otorgamiento ” Véanse también los casos de Delgado v. El Registrador de San Germán y Ortiz Toro v. El Registrador de San Germán, decididos el 14 de abril de 1916.

Se revoca la nota recurrida en cuanto al defecto subsa-nable en la misma consignado.

Revocada la nota en la parte recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrejr y Hutchison.


text:
    Romero, Demandante y Apelante, v. Calderón, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa sobre desahucio: apertura de rebeldía.
    No. 1440.
    Resuelto en mayo 5, 1916.

    Desahucio — Apertura de Rebeldía — Sentencia—Discreción Judicial — Abuso de Discreción — -Negligencia Inexcusable. — En este caso el demandado fué emplazado personalmente de la demanda y, no habiendo comparecido, se dictó „ sentencia en su contra decretando el desahucio. Por no haber desalojado la finca dentro del término ordenado, se expidió mandamiento al marshal, cons-tando de su diligeneiamiento que, por convenio de las partes, se concedieron quince días más al demandado para que efectuara el desalojo de la finca, y no habiéndolo verificado, fué lanzado de ella, dándose posesión al demandante. Más tarde el demandado, por medio de moción, solicitó se dejara sin efecto la sentencia fundándose en que al emplazársele entregó sus documentos ’a persona a quien creía un abogado para 'que lo defendiera, y en que tenía una buena defensa, por no ser la propiedad de que se trata del demandante y sí de él. Da corte a qiio declaró con lugar la moción y dejó sin efeeto su sen-tencia. En apelación se resolvió que no era excusable la negligencia del demandado y que la corte inferior no tuvo verdadera base para el ejercicio-de su discreción, siendo revocada la resolución apelada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Adrián Agosto.

    Abogado del apelado: Sr. L. Santiago Carmona.

       En mayo 11, 1916, denegada la reconsideración.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de resolver si nn ¡jnez de distrito abnsó o no de sn discreción al anular cierta sentencia de desahucio pronunciada por el mismo.

El 28 de julio de 1915 Julio Romero Negrón archivó en la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., una demanda de desahucio contra Asunción Calderón. En ella se alegó que el demandante era dueño do cierta finca rústica de catorce cuerdas que adquirió en pública subasta celebrada en la eje-cución de cierta sentencia dictada contra el dicho Calderón y que la indicada finca estaba ocupada por el demandado contra la voluntad del demandante, sin pagar merced alguna.

El 19 de julio se emplazó personalmente al demandado citándolo para la comparecencia que prescribe la ley especial sobro la materia, con el apercibimiento de que si no com-parecía se dictaría sentencia sin más citarlo ni oirlo. El 23 de julio, o sea en la fecha expresada en la citación, se cele-bró la comparecencia sin que asistiera el demandado y la corte dictó sentencia decretando el desahucio y ordenando al demandado que dentro del término de veinte días desalo-jara la finca, apercibido de lanzamiento si no lo verificaba. El 24 de julio el secretario de la corte notificó la sentencia al demandado. El 4 de octubre de 1915 el demandante pre-sentó una moción a la corte pidiendo el lanzamiento del de-mandado por no haber desalojado la finca dentro del plazo que se le concediera y la corte así lo ordenó. Se expidió el mandamiento. Su “certificado de diligenciamiento,” co-piado a la letra, es como sigue:

“CERTIFICO: que en cumplimiento de la anterior orden me tras-ladé el día 11 de octubre de 1915 al pueblo de Toa Alta y de allí al barrio de Calateo, del término municipal del expresado pueblo, a la finca objeto de esta orden y requiriendo al demandado Asun-ción Calderón el cual estaba en la casa de la ya mencionada finca dispuse a nombre de la corte que desalojase la finca entregándosela al demandante en este caso D. Julio Romero.
“El Sr. Calderón solicitó 15 días para desalojar la finca y la casa, la parte demandante o sea Julio Romero, le concedió ese tiempo en presencia del marshal a condición de que sólo pudiera vivir la casa sin utilizar la finca para nada retirando el ganado que en ella hubiera, el Sr. Calderón quedó conforme en así hacerlo. El márshal que suscribe dió la conformidad a lo convenido entre ambas partes indicándole al Señor Calderón que si en el plazo indicado por el Señor Romero no desalojaba la casa entonces iría en persona a lan-zarlo de la casa y de la finca. Que cumplido el plazo el demandado no desalojó la casa y el demandante requirió al márshal para que cumplimentase la orden que en su poder tenía desde fecha anterior. Que de nuevo el márshal se trasladó al citado barrio y en la citada finca, el día dos de noviembre de 1915 y desalojó al demandado Asun-ción Calderón dándole posesión de la finca tantas veces mencionada al Señor Julio Romero, a quien le entregué la casa y la propiedad bajo las colindancias que se describen en la orden anterior. San Juan, P. R., Nov. 2 de 1915. Ramón Martínez Reyes, Marshal del Distrito.”

Así las cosas, el 5 de noviembre de 1915, el demandado, por medio de su abogado Santiago Carmona, presentó a la corte una moción para que se dejara sin efecto la sentencia que, también copiada a la letra, en lo pertinente, dice así:

“1. Que fué emplazado para comparecer ante esta corte el día 19 de julio de 1915. Que inmediatamente después de emplazado vino a Bayamón y entregó todos los documentos de este asunto a Don José de J. Pesquera, a quien también había encargado para defen-derlo en el caso en cobro de dólares que originó esta acción. Y re-gresó a su casa de Toa Alta, en la firme creencia que Don J. Pes-quera había de contestar la demanda, creyendo firmemente este deman-dado que Don José de J. Pesquera podía hacerlo, por haberle mani-festado dicho señor que él se ocuparía de defenderlo, habiéndole entre-gado ya una cantidad de -dinero para tal efecto.
‘ ‘ 2. Que se hallaba tranquilamente disfrutando de su finca de Toa Alta, cuando fué desahuciado el día 3 de noviembre de 1915 por el márshal de esta corte por haber dictado ésta, sentencia en rebeldía contra este demandado.
“Que este demandado ha hecho todas las diligencias posibles para defenderse y desea defenderse, teniendo una meritoria defensa en este caso, por no ser la finca de que se trata propiedad de Julio Romero y sí del demandado, habiendo consultado con su abogado Don L. Santiago Carmona y recibiendo de éste la información de que tenía una buena defensa, siendo así que este demandado consiguió que la Corte Municipal de Bayamón, anulara la rebeldía anotada y permitiera a este demandado defenderse en la acción en cobro de dólares, que originó la venta en pública subasta de la finca de que se trata en este desahucio, siendo nulos todos los actos posteriores a tal sentencia en rebeldía y nula la venta que hizo el marshal de aquella corte para satisfacer aquella sentencia declarada nula por la corte que la dictó.
“Y en tal virtud, siendo absolutamente de justicia, por la equi-vocación sufrida y la negligencia excusable de este demandado a la corte suplica, se sirva dejar sin efecto la sentencia de desahucio dic-tada en este caso y se permita a esta parte contestar la demanda.
“Yo, L. Santiago Carmona, mayor de edad, abogado, vecino de Bayamón, juro solemnemente que los hechos establecidos en esta mo-ción son ciertos y verdaderos y me constan unos de propio conoci-miento y otros por información y creencia y en cuanto a éstos creo firmemente que son ciertos y verdaderos. Bayamón, para San Juan, noviembre 5 de 1915. Y la parte no jura estos hechos, por encon-trarse ausente de esta ciudad. L. Santiago Carmona, abogado del demandado.
“Jurada y suscrita ante mí hoy día 5 de noviembre de 1915, co-nozco al que jura que es mayor de edad, abogado y vecino de Baya-món. (Pdo.) Quintín Negrón Sanjurjo, secretario. Notificado con copia hoy día 5 noviembre, 1915. A. Agosto, abogado del deman-dante. ’ ’

El seis de diciembre de 1915 se celebró la vista de la mo-ción transcrita. El demandante por su abogado se opuso a lo .pedido, presentando además una petición escrita soli-citando que se eliminara la moción del demandado.

Luego aparece en los autos una moción del demandado de 15 de diciembre de 1915 pidiendo a la corte que le admi-tiera un escrito de contestación. La moción no se notificó a la parte contraria y la contestación no está jurada.

Por último, el 18 de diciembre de 1915, la corte decidió el caso de la siguiente manera: “Considerando suficientes las razones en que se funda esta moción se declara la misma con lugar, y al efecto se deja sin efecto la sentencia de desa-hucio dictada en el caso por esta corte abriéndose la rebel-día dentro del mismo y permitiéndose la contestación a la demanda.” Y contra esa resolución de la corte, el deman-dante interpuso el presente recurso de apelación, cuya vista se celebró con la sola comparecencia del abogado de la parte apelante.

Hemos narrado con alguna extensión los hechos porque a nuestro juicio basta exponerlos simplemente para concluir que no justifican la acción tomada por la corte al anular la sentencia que meses antes dictara y que ya se había ejecu-tado totalmente cuando la petición de anulación se hizo.

El juramento de la solicitud es claramente defectuoso, como alegó el demandante en la corte inferior y ante este Tribunal Supremo, pero prescindiendo de tales defectos y partiendo de la base más favorable al demandado, esto es, aceptando sin resolverlo que sea aplicable el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, las circunstancias alegadas por el demandado no demuestran que su negligencia fuera excusable. El no fue emplazado por edictos, sino personal-mente, y no obstante habérsele advertido en la citación que se dictaría sentencia en contra suya sin más citarlo ni oirlo si dejaba de comparecer, se limitó a encomendar la defensa de sus intereses a una persona.a quien llama unas veces José de J. Pesquera y otras J. Pesquera sin que se alegue ni conste que tal persona sea un abogado admitido a ejercer su profesión en esta isla. (En la lista de abogados admi-tidos a ejercer en Puerto Eico sólo figuran dos de apellido Pesquera, a saber: José L. Pesquera y Ramón S. Pesquera.) Pero es más. La sentencia se dictó el 23 de julio y se noti-ficó al demandado el 24 del mismo mes sin que el demandado hiciera gestión alguna. El márshal que verificó el lanza-miento certifica que el 11 de octubre de 1915 se constituyó en la finca de que se trata y al requerir al demandado para que la desalojara, el demandado solicitó quince días que el demandante que se hallaba presente le concedió a condición de que sólo pudiera vivir la casa sin utilizar la finca, con-dición que aceptó el demandado Calderón. Nada gestionó el demandado dentro de ese término de quince días. Sólo después de haber sido lanzado de la finca, esto es, cuando ya se Rabia cumplido totalmente la sentencia, es que acude a la corte pidiendo que la sentencia se deje sin efecto.

Bajo tales circunstancias, repetimos, no es posible con-cluir que la negligencia del demandado fuera excusable. La corte de distrito no tuvo pues una verdadera base para el ejercicio de su discreción y su resolución debe ser revocada por esta Corte Suprema.

Revocada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison

text:
    González, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recueso gubernativo contra nota del Registrador Sustituto de la Propiedad de Humacao, denegando la inscripción de una escritura de venta judicial.
    No. 264.
    Resuelto en mayo 5, 1916.

    Calificación de Documentos — Resoluciones Judiciales — Registradores de la Propiedad — Facultades de los Registradores — Jurisdicción.—Los registra-dores de la propiedad tienen facultades para calificar las resoluciones de los tribunales que se le presenten para su inscripción, pero esa facultad no se extiende liasta permitirles apreciar la justicia o injusticia intrínseca de las mismas. Está limitada dicba facultad a un examen de la naturaleza de la resolución, la acción y el procedimiento, y considerar si el tribunal actuó con jurisdicción.
    Recurso^ Gubernativos — Cuestiones no Resueltas por el Registrador. — En un recurso gubernativo la Corte Suprema no considerará cuestión alguna que, aunque aparezca de los autos, no fué resuelta por el registrador en su nota.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. José López del Valle.

    El registrador sustituto, Sr. Francisco González, no com-pareció.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito seguido en la Corte de Distrito de Huma-cao por la mercantil A. López' y Ca. contra la Sucesión de Tulio Carrión, compuesta de María García y sus hijos Joséj Herminio, Laura, Ana María, Providencia, Antonio, Tulio, Dolores y Adela Carrión y García, fué embargada una finca que aparecía inscrita a nombre de Doña María García, ha-biendo sido anotado el embargo en el registro de la propie-dad. Con posterioridad a esto fué también inscrito otro embargo hecho por M. Lomba y Cía. Ultimamente dos abo-gados, uno de los cuales alegaba representar a estas dos mer-cantiles, y el otro en representación de, otros varios acree-dores que también habían establecido acciones, aceptaron a nombre de sus respectivos clientes una hipoteca sobre la misma finca que fué otorgada por el dueño de ella con título inscrito. En el documento se hacía mención de ciertos liti-gios pendientes y de las respectivas sumas envueltas; hacían referencia a una transacción a la cual se dice que llegaron, que tenía por objeto conceder al demandado en .dicho liti-gio, o sea a la mercantil deudora Sucesión Carrión, repre-sentada por su socio gestor José Carrión, “un plazo de un año para el pago de las cantidades debidas y reclamadas,” y hacer asimismo una rebaja a dicha deudora del cincuenta por ciento de sus créditos, “debiendo pagarse el cincuenta por ciento restante en la fecha mencionada devengando las cantidades adeudadas el interés del uno por ciento mensual pagadero por meses vencidos.” La hipoteca fué otorgada .“para garantizar las obligaciones contraídas por la mercan-til demandada,” y fué inscrita solamente en cuanto a los derechos de un número de los acreedores conjuntamente men-cionados en la inscripción entre los cuales no fué incluida la mercantil de López & Cía. En tanto aparece del expe-diente de donde han sido tomados estos datos, no hizo nin-guna referencia bien en lo que respecta a los embargos ya inscritos o acerca de algún convenio para la cancelación de cualesquiera anotaciones en el registro, o de alguna renuncia expresa de derecho por virtud de los mismos. Por el con-trario, no solamente no han sido cancelados ninguno de los dos embargos en el registro, sino qne expresamente se les menciona como gravámenes existentes sobre la finca, tanto en la inscripción de la hipoteca como en todas las subsiguien-tes inscripciones, incluyendo aquella de que se hace referen-cia en las dos notas que han sido apeladas. •

El registrador al inscribir la hipoteca también llama la atención hacia el hecho de no constar las respectivas resi-dencias de las diferentes mercantiles acreedoras.

La finca fué adquirida pendente lite, por Arturo Aponte, Jr., e inscrita a su "nombre.

Algunos meses después del otorgamiento y antes del ven-cimiento de la mencionada hipoteca la demandante A. López ■& Cía. obtuvo una sentencia a su favor y la finca fué ven-dida en ejecución al recurrente Manuel E. González. Aponte fué notificado de la venta y su nombre aparece entre los lim-itadores que estuvieron presentes.

Posteriormente el juez de la corte de distrito dictó una resolución haciendo constar la compra hecha por Aponte, la inscripción a su nombre, y el aviso que se le dió de la venta, ordenando al registrador de la propiedad que pro-cediera a cancelar la inscripción hecha a favor del expre-sado Aponte, “así como cualquiera otra inscripción o ano-tación hecha o extendida después del embargo de los deman-dantes A. López & Cía,.”

El registrador sustituto se negó a inscribir la escritura -otorgada por el márshal y a cumplir con lo dispuesto en la orden a que acabamos de hacer referencia, por las razo-nes consignadas en sus dos notas denegatorias, la primera puesta al dorso de una copia certificada de dicha orden, y la segunda, a la escritura del márshal, en la forma siguiente:

“DENEGADA la inscripción de la cancelación a que se contrae el precedente documento, con vista de un testimonio de la sentencia re-caída en la acción de A. López y Compañía contra la sucesión de Tulio Carrión, con vista también de una solicitud adicional firmada por J. López del Valle como abogado de Don Manuel Rodríguez Con-zález, y de otra certificación de fecha 22 de diciembre último firmada por el secretario de la corte de este distrito creditiva de qne es firme la orden de la misma corte en que se ordena la expresada cancelación, por el defecto de que del registro resulta que la acción de los deman-dantes A. López y Compañía en cuya virtud se remató la finca, quedó transada y pagada su deuda mediante la hipoteca que sobre la misma finca se constituyó a favor de dichos demandantes por el cincuenta por ciento de su crédito de $1,049.65, según así consta de la inscrip-ción 3a. de la finca número 1096, al folio 158 del tomo 25 de Huma-cao; y en su lugar se ha tomado la anotación por 120 días que dis-pone la ley, en el tomo 38 de Iíumacao al fol. 139 vto., finca No. 1096 duplicado, anotación letra c. Humacao, P. R., enero 7 de 1916.
“Denegada la inscripción del presente documento porque según la inscripción 3a. de la finca No. 1096 que es la misma objeto de esta escritura, la deuda de A. López & Cía. que sirvió de fundamento para la acción en la cual se remató la finca quedó cancelada, por la escritura No. 95 otorgada el 7 de diciembre de 1914 ante el notario Don Juan B. Huyke, por la cual se constituyó una hipoteca a favor de dichos A. López y Compañía en pago de su crédito; y además porque la finca hoy aparece inscrita a favor de Don Arturo Aponte, Jr., y no a favor de los demandados, tomándose en su lugar la corres-pondiente anotación por 120 días, en el tomo 38 de Humacao al folio 141, finca No. 1096 duplicado, anotación letra d. Humacao, P. R., 7 de enero de 1916.”

En el caso de Crehore v. El Registrador de la Propiedad, 22 D. P. R. 640, este tribunal, por conducto del Juez Asociado Sr. Aldvey, se expresó en estos términos:

“Aun cuando la facultad que el artículo 18 de la Ley Hipoteca-ria concede a los registradores para calificar los documentos judi-ciales que se les presentan para surtir efecto en el registro no se ex tiende hasta apreciar la justicia o injusticia intrínseca de las resolu-ciones de los tribunales, según hemos declarado repetidas veces, sin embargo, los autoriza para examinar la naturaleza del mandato, del juicio en que se dictó, del procedimiento y si. el juez tenía jurisdic-ción. Véase Fernández v. El Registrador, 17 D. P. R. 1062.”

Véanse también los casos de Ortiz v. El Registrador, 22 D. P. R. 339; Pietri v. El Registrador, 22 D. P. R. 729; Dumas v. El Registrador, 22 D. P. R. 291; Machuca y. El Registrador, 22 D. P. R. 755.

No puede haber ninguna duda de la facultad y autoridad de la corte en lo que concierne a las partes ante la misma y a ia inscripción a favor de Arturo Aponte, Jr. Pueden o no existir razones que no han sido consignadas en las notas que justifiquen la negativa del registrador a cumplir con la orden de la corte, pero intencionalmente nos abste-nemos de discutir cualquier cuestión que sugieran los autos-y que no haya sido resuelta en primera instancia por el registrador. 2 Qalindo, pág. 626.

Las notas recurridas no pueden ser sostenidas por Ios-fundamentos alegados por el registrador sustituto, debiendo* ser revocadas.

Revocadas las notas recurridas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Peesidente Sb. HeRítábdez

text:
    Seoane, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Becurso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro-piedad de Caguas denegando la inscripción de una escri-tura de compraventa.
    No. 275.
    Resuelto en mayo 8, 1916.
    Mandatarios — Incapacidad—Gerentes, Administradores o Directores de So-ciedades.- — La incapacidad de los mandatarios a que hace referencia el nú-mero 2 del artículo 1362 del Código Civil comprende, entre otros, a los gerentes,, directores o administradores de sociedades.
    Id.- — Compraventa—Gestores de Sociedades- — Adquisición de Bienes del Man-dante por el Mandatario — Confabulación Entre Comprador y Vendedor.-— Atendido el texto del artículo 1362, número 2, del Código Civil, aunque el comprador recurrente en este caso fuera el gestor de la sociedad vendedora cuando ésta traspasó a los ahora vendedores la finca de que se trata, no estaba impedido de adquirirla después para sí, por no aparecer que él, como tal gestor, efectuara la venta con el propósito de adquirir después la finca para sí, mediando confabulación con los compradores.
    Id. — Incapacidad—Confabulación Entre Comprador y Vendedor — -Presunción de Confabulación — Nulidad de Contrato — Tribunal Competente — Juicio.— Cuando la incapacidad de adquirir para sí un mandatario los bienes de su mandante no aparece del mismo documento presentado al registrador, la con-fábulaeióa, si la hubo, entre vendedor y comprador, no puede presumirse para viciar de nulidad el contrato, sino que ésta debe ser declarada por un tribunal competente, en el correspondiente juicio, y a virtud de gestión de parte interesada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    . El registrador recurrido,. Sr. Emigdio S. G-inorio, com-pareció en nombre propio.
   El Juez Peesidente Sb. HeRítábdez

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública No. 274 otorgada en el pueblo de Gurabo a 23 de octubre de 1915 ante el notario Andrés Mena Latorre, los esposos Nicolás .Colón y Paula Márquez Rivera vendieron a Manuel Seoane Sanmartín una casa ubicada en la calle de Lago de dicho pueblo, que aquéllos habían adqui-rido de la Sociedad Agrícola de Gurabo por escritura de 15 de octubre de 1912; y presentado aquel documento para su inscripción en el Registro de la Propiedad de Oaguas, el registrador la denegó por medio de nota que copiada a la letra dice así:

"Denegada la inscripción del precedente documento, que es la escritura número 274, fecha 23 de octubre, 1915, otorgada en Gurabo, ante el notario Andrés Mena, porque Manuel Seoane' Sanmartín, que adquiere la finca para sí, fué el gestor de la Sociedad Agrícola de Gurabo que la vendió a Nicolás Colón, que la vende abora a aquél; y que ‘no pueden adquirir por compra, aunque sea en subasta pública, por sí ni por persona alguna intermedia, los mandatarios los bienes, de cuya administración o enajenación estuviesen encargados; habiendo tomado anotación preventiva de la citada venta por el término legal de 120 días y a favor del comprador Manuel Seoane Sanmartín, al folio 41 del tomo 16 de Gurabo, finca número 722, inscripción, digo, anotación letra B. Caguas, a 23 de febrero de 1916. Emigdio S. Ginorio, Registrador. ’ ’

Esa nota ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema por Manuel Seoane Sanmartín, quien funda su recurso en la indebida aplicación del artículo 1362 del Código Civil vi-gente, en su número 2.

Prescribe dicho artículo que uo podrán adquirir por com-pra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia, entre otros, los mandatarios, los bienes de cuya administración o enajenación estuviesen en-cargados. En el caso de Jiménez v. El Registrador de San Juan, Sección 1ª., 21 D. P. R. 329, decidimos que la incapa-cidad de los mandatarios a que hace referencia el número 2 del artículo 1362 comprende, entre otros, a los gerentes, directores o administradores de las sociedades, cuya doctrina reprodujimos en el caso de Turner v. el mismo registrador, 22 D. P. R. 573.

Opinamos que, atendido el texto del artículo 1362, número 2, del Código Civil Eevisado, aunque Seoane era gestor de la Sociedad Agrícola de Grurabo cuando vendió a Nicolás Co-lón y Paula Márquez' Eivera en 15 de octubre de 1912, la casa perteneciente a dicha sociedad, no estaba incapacitado de adquirirla para sí de los consortes expresados, por la escritura de 23 de octubre de 1915, pues no aparece que Seoane como gestor de la Sociedad Agrícola de Grurabo, hi-ciera la venta de la finca con el propósito de adquirirla nue-vamente para sí, mediando para ello confabulación entre los consortes Colón-Márquez, y Seoane Sanmartín.

En apoyo de nuestra opinión viene la resolución de la Dirección General de los Eegistros de España de 13 de no-viembre de 1895, la cual sostiene “que la incapacidad esta-blecida en dicho artículo (1459 del Código Civil Español y 1362 del Eevisado) con relación a los mandatarios, es sólo para adquirir por sí o por persona intermedia los bienes de cuya administración o enajenación estuviesen encargados al tiempo de realizar la venta; que si el legislador hubiese querido establecer una prohibición absoluta y para todo tiempo, la habría consignado claramente, bastando para ello haberla extendido a los que hubiesen estado encargados de la enajenación o administración; y que. la frase ni por persona alguna intermedia no tiene ni puede tener la virtud de convertir en indefinida y absoluta nna incapacidad relativa y temporal, ni tiene más objeto qne evitar qne en las subas-tas hiciera un extraño postura, se rematase la finca a su favor y luego cediese su derecho al mandatario encargado de la enajenación.”

La anterior resolución fué invocada por esta Corte Suprema al resolver el caso de Bengoa v. El Registrador de Mayagües, 14 D. P. R. 107.

En otra resolución de la Dirección General de los Regis-tros de España de 22 de agosto, 1907, se reproduce la doc-trina establecida en la de 13 de noviembre de 1895, y se añade “que aun en el supuesto de que por no ser clara la redac-ción del artículo 1459 del Código Civil Español (1362 del Revisado) fuera necesaria su interpretación, debería ser ésta restrictiva, por tratarse de un precepto que coarta la liber-tad de contratar; y que cualquiera que sea la fuerza que mo-ralmente puedan tener las razones alegadas por el registra-dor para dar por evidente la confabulación entre comprador y vendedor, sería preciso para que la tuvieran en el terreno del derecho, que fueran apreciadas por los tribunales en el juicio correspondiente.

Es de notar que la escritura cuya inscripción se ordenó por la resolución de 22 de agosto de 1907 era de venta de varias fincas por Francisco Recarte a José Joaquín Oruezá-bal, habiéndolas adquirido aquél por compra al último como apoderado de Antonio Aguirre, con intervalo sólo de 4 días entre uno y otro contrato. En el presente caso, entre la venta por Seoane a los consortes Colón-Márquez, y por éstos a Seoane, han mediado más de tres años.

Poco importa que Seoane, gestor de la Sociedad Agrí-cola de Gurabo cuando vendió la casa de esta sociedad a los consortes Nicolás Colón y Paula Márquez por escritura de 15 de octubre de 1912, fuera o no gestor de la misma socie-dad al adquirir para sí la finca por escritura de 23 de octu-bre de 1915, pues en esta fecha no estaba encargado de la administración de dicha casa, y si medió confabulación entre vendedor y comprador, tal confabulación no puede presumirse para viciar de nulidad el contrato de compraventa contenido en la escritura de 23 de octubre de 1915, sino que esa nuli-dad debe ser declarada por tribunal competente en el corres-pondiente juicio y a virtud de gestión de parte verdadera-mente interesada. Otra cosa sería si la incapacidad resul-tara del mismo documento, como resultaba en el caso ya citado de Jiménez v. El Registrador de San Juan, Sección 1ª., 21 D. P. R. 329.

Es de revocarse la nota recurrida.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutcbison.