author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

text:
    Wanda Monteagudo Pérez et al., demandantes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Universal Insurance Company, demandados y peticionaria, y Antilles Insurance Company, demandada y recurrida; Edwin Ferrer Montalvo et al., demandantes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Universal Insurance Company, demandos y peticionaria, y Antilles Insurance Company, demandada y recurrida; Ramonita Rivera Cintrón et al., demandantes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Universal Insurance Company, demandados y peticionaria, y Antilles Insurance Company, demandada y recurrida.

      Número: CC-2000-799

      Resuelto: 16 de agosto de 2007

      Plinio Pérez Marrero, abogado de Universal Insurance Company, parte peticionaria; Antonio R. Matta Murías, de Ma-tta & Matta, abogado de Antilles Insurance Company, parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso nos brinda la oportunidad de desarrollar nor-mas para interpretar las cláusulas de “otro seguro” inclui-das en los contratos de seguro de nuestra jurisdicción. Ade-más, establecemos que la responsabilidad asumida por un asegurado de proveer cubierta de seguro a otra parte, ins-tituyéndola como asegurada adicional en su póliza, no puede afectar la responsabilidad asumida contractual-mente por su aseguradora.

HH

Las tres demandas sobre daños y perjuicios presentadas en este caso fueron consolidadas el 30 de enero de 1997. Los demandantes alegaron que el 13 de enero de 1996 ocu-rrió un accidente entre un vehículo “pick-up” modelo GMC, tablilla 545-312, año 1995, y un Chevrolet Lumina, año 1990. Alegaron, además, que el primer vehículo era condu-cido por el agente Jorge Negrón Figueroa del Departa-mento de la Policía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), y que sólo la negligencia de éste causó el acci-dente en el cual murieron varias personas.

El vehículo modelo GMC fue alquilado por el ELA a Cabrera Rental de Arecibo (Cabrera Hermanos) a través del contrato de arrendamiento Núm. 2369. En dicho contrato el ELA se comprometió a indemnizar a Cabrera Hermanos por cualquier pérdida, costo, daño o riesgo de cualquier naturaleza que resultara del arrendamiento del vehículo y a proveer una cubierta de seguro de responsabilidad pri-maria por daños físicos y de propiedad, en la cual se insti-tuyera a Cabrera Hermanos como asegurado adicional.

AI ocurrir el accidente, la compañía aseguradora Antilles Insurance Company (Antilles) tenía expedida una pó-liza para cubrir el riesgo de Cabrera Hermanos y sus arrendatarios. Por su parte, la compañía aseguradora Universal Insurance Company (Universal) había expedido una póliza para cubrir el riesgo del ELA. Ambas pólizas cu-brían el riesgo de responsabilidad de sus asegurados con relación al vehículo alquilado y tenían un límite de respon-sabilidad de $500,000.

Una vez consolidadas las demandas, las partes presen-taron en el Tribunal de Primera Instancia una estipulación para transigir el pleito. Entre otras cosas, estipularon que los demandados pagarían $585,000 a los demandantes, quienes a su vez relevaban a los primeros de toda reclama-ción o causa de acción que surgiera o pudiera surgir de los hechos alegados en las demandas; que el pago de la suma indicada no se interpretaría como una admisión de respon-sabilidad de los demandados; que la sentencia se dictaría sin especial condena de costas e intereses y que los hono-rarios de los abogados serían pagados por sus representados. Además, estipularon que las compañías aseguradoras Antilles y Universal continuarían litigando entre sí para que el Tribunal determinara la proporción en que éstas habrían de contribuir al pago de la sentencia conforme a los términos de sus pólizas y a la prioridad de responsabilidad que adjudicara el tribunal.

El Tribunal de Primera Instancia nombró al Comisio-nado de Seguros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Comisionado de Seguros) como amicus curiae y condicionó la aceptación de la estipulación presentada por las partes a que las compañías aseguradoras Antilles y Universal pre-sentaran sus posiciones al Comisionado para que éste in-formara al Tribunal su opinión respecto a la proporción en que cada una de estas compañías debía contribuir al pago, conforme a los términos de sus pólizas.

Las compañías aseguradoras demandadas consignaron el pago de la transacción estipulada. La compañía asegu-radora de la Autoridad de Carreteras del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, General Accident Insurance Company (General Accident), consignó $29,250. La compañía Antilles consignó $275,000 y Universal $277,875. Poste-riormente, las partes presentaron una Estipulación Suple-mentaria en la cual relevaron de responsabilidad a la Au-toridad de Carreteras y su compañía aseguradora General Accident, solicitaron al Tribunal que desglosara los fondos consignados y acordaron que una vez se resolviera la ac-ción entre Antilles y Universal, la compañía que resultara perdedora reembolsaría a la compañía victoriosa la canti-dad de dinero que la última hubiera consignado sin estar obligada a hacerlo.

En su comparecencia especial como amicus curiae y luego de haber evaluado las respectivas pólizas y los infor-mes periciales presentados por las compañías asegurado-ras, el Comisionado de Seguros concluyó que la responsa-bilidad de proveer cubierta primaria correspondía a Antilles y que Universal debía proveer cubierta en exceso. El Tribunal de Primera Instancia llegó a la misma conclu-sión, ordenándole a Antilles devolver a Universal la canti-dad de $222,125, sin especial imposición de costas ni hono-rarios de abogados.

Ambas compañías aseguradoras recurrieron de la sen-tencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia; con-solidadas ambas, el entonces Tribunal de Circuito de Ape-laciones revocó. Concluyó ese foro apelativo que ambas pólizas cubren el vehículo arrendado a nivel primario. La compañía aseguradora Universal recurre entonces ante este Tribunal para señalar que el tribunal apelativo erró al resolver así, pues ello implica que Antilles puede subro-garse contra su asegurado; también aduce que el foro ape-lativo erró al no resolver que Antilles no había depositado la suma que le correspondía de acuerdo con la estipulación y al no imponerle a Antilles el pago de intereses y honora-rios por temeridad. En su alegato, la compañía recurrida, Antilles, argumenta que el tribunal apelativo no cometió los errores señalados por Universal. Al estar el caso some-tido en los méritos, pasamos a resolver.

II

Coinciden en este caso dos contratos, el de transacción judicial y el de seguro, que hemos atendido en gran detalle anteriormente. El primero incide en los procesos judiciales y, al incorporar una renuncia bilateral de derechos, re-quiere mucha atención en su interpretación. En cuanto al contrato de seguro, hemos establecido que está alta-mente imbuido de interés público. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 901 (1994).

Sabemos que una vez la transacción judicial es incorporada al pleito y aprobada por el tribunal, tendrá la autoridad de cosa juzgada y las partes deberán considerar los puntos discutidos como definitivamente resueltos. Art. 1715 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4827. Véanse, además: Igaravidez v. Ricci, 147 D.P.R. 1 (1998); Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860, 871-872 (1995); Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 D.P.R. 503, 516 (1988). Ahora bien, hemos establecido que se debe interpretar una transacción judicial de manera restrictiva, comprendiendo sólo los objetos expresados determinadamente en el acuerdo, o que por inducción necesaria de sus palabras deban reputarse comprendidos en éste. A su vez, se entenderá que se renuncian sólo aquellos derechos que tengan relación con la controversia que se ha transigido. Art. 1714 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4826. Véanse, además: Blás v. Hospital Guadalupe, 167 D.P.R. 439 (2006); Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., supra, pág. 514; Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 D.P.R. 782, 787-788 (1981).

Tratándose de un contrato, a la transacción judicial le aplican las normas generales de interpretación de contratos en cuanto sean compatibles con las normas específicamente relacionadas a los contratos de transacción. Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., supra, págs. 514-515. Por lo tanto, si los términos de la transacción son claros y no dejan dudas sobre la intención de las partes, se le dará a sus cláusulas el sentido literal que de ellas se desprenda. Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3471. Véase, además, S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 D.P.R. 713, 725-726 (2001).

Por su parte, el contrato de seguro se encuentra reglamentado en el Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957 (26 L.P.R.A. sec. 101 et seq.). El Código define contrato de seguro como aquel mediante el cual una persona se obliga a indemnizar, pagar o proveer un beneficio específico o determinable a otra persona cuando se produce un suceso incierto previsto en el contrato; en éste, el asegurado le transfiere al asegurador unos riesgos a cambio de una prima. Art. 1 del. Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 102. Véanse, ade-más: Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. S.L.G., 158 D.P.R. 714, 721 (2003); Aseg. LLoyd’s London v. Cia. Des. Comer-cial, 126 D.P.R. 251, 266 (1990). El propósito del contrato de seguro es indemnizar y proteger al asegurado en caso de producirse el suceso incierto previsto. Molina v. Plaza Acuática, 166 D.P.R. 260 (2005). Véanse, además: Quiño-nes López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 155 (1996); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 902. Al igual que todo contrato, el contrato de seguro constituye la ley entre las partes. Art. 1230 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3451. Véanse, además: Molina v. Plaza Acuática, supra; López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 D.P.R. 562, 568 (2003); Quiñones López v. Manzano Pozas, supra, pág. 154.

Al igual que todo contrato, el de seguro debe interpretarse globalmente, a partir del conjunto total de sus términos y condiciones, según se expresen en la póliza y según se hayan ampliado, extendido o modificado dichos términos por cualquier aditamento, endoso o solicitud que sean añadidos a la póliza para formar parte de ésta. Art. 11.250 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 1125. Véanse, además: Molina v. Plaza Acuática, supra; López v. Atlantic Southern Ins. Co., supra; Qui-ñones López v. Manzano Pozas, supra, pág. 154. Hemos resuelto que el contrato de seguro es un contrato de adhe-sión, por lo cual debe interpretarse liberalmente en bene-ficio del asegurado. Sin embargo, si los términos del con-trato de seguro son claros, específicos y no dan margen a ambigüedades o diferentes interpretaciones, se hará valer la clara voluntad de las partes. Molina v. Plaza Acuática, supra; Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. S.L.G., supra, págs. 723-724; López v. Atlantic Southern Ins. Co., supra, págs. 568-569; Quiñones López v. Manzano Pozas, supra, págs. 155-156.

Al determinar cuáles son los riesgos cubiertos por una póliza de seguro, es necesario considerar si en el contrato figura alguna “cláusula de exclusión”. Estas cláusulas tienen el propósito de limitar la cubierta establecida en el acuerdo principal y disponen que el asegurador no responderá por determinados eventos, riesgos o peligros. Por esta razón, hemos resuelto que las exclusiones se han de interpretar restrictivamente a favor del asegurado, para así cumplir con el propósito de todo seguro de ofrecer la mayor protección a la persona asegurada. R. Cruz, Derecho de Seguros, San Juan, Pubs. JTS, 1999, pág. 167. Molina v. Plaza Acuática, supra; Marín v. American Int’l Ins. Co. Of P.R., 137 D.P.R. 356, 362 (1994); Rivera v. Insurance Co. of P.R., 103 D.P.R. 91, 93 (1974). Además, según nos explica el tratadista George J. Couch, la cubierta que provee una aseguradora puede ser a nivel primario o en exceso. La cubierta primaria es aquella que responde por la pérdida una vez ésta ocurre; la cubierta en exceso sólo responde una vez se exceden los límites de responsa-bilidad de la cubierta primaria. 1 Couch on Insurance 3d, Sec. 1:4 (1999).

En el contexto del derecho de seguros, otro tipo de cláusula utilizada comúnmente por las compañías aseguradoras son las llamadas cláusulas de “otro seguro” {“other insurance” clauses). Estas cláusulas limitan la responsabilidad de la aseguradora bajo la póliza, cuando dos o más aseguradoras cubren el mismo riesgo y la misma pérdida involucrada en una causa de acción, al mismo nivel de cubierta. En esos casos, los términos de esa cláusula determinan la responsabilidad de cada aseguradora. Al respecto señala Couch:

Insurance policies, particularly liability policies, commonly contain “other insurance” clauses that limit an insurer’s liability where other insurance may cover the same loss.
Such clauses attempt to control the manner in which each insurer contributes to or shares a covered loss. ... Where such clauses are in effect, each insurer’s ultimate liability “is generally determined by the explicit provisions of the respective ‘other insurance’ clauses.” (Enfasis suplido.) 15 Couch on Insurance 3d, Sec. 219:1 (1999). Véanse, además: General Star Nat. Ins. Corp. v. World Oil Co., 973 F.Supp. 943, 948 (C.D. Cal. 1997), Planet Ins. Co. v. Ertz, 920 S.W.2d 591, 593 (1996).

Las cláusulas de “otro seguro” no afectan los derechos del asegurado, ya que sólo gobiernan la relación interna entre las aseguradoras. Por eso, se pueden aplicar válida-mente cuando dos aseguradoras cubren el mismo riesgo y la misma pérdida involucrada en una causa de acción. 15 Couch on Insurance 3d Sec. 219:1 (1999). Véanse, ade-más: Employers Insurance Company of Wausau v. Team, Inc., 824 N.Y.S.2d 768 (2006); Graphic Arts Mutual Insurance Company v. Essex Insurance Company, 465 F.Supp.2d 1290, 1294 (2006); Travelers Casualty and Surety Co. v. American Equity Ins. Co., 93 Cal.App.4th 1142, 1149-1150 (2001).

En general, existen tres tipos de cláusulas de “otro seguro”: la cláusula de exceso, la cláusula a prorrata y la cláusula de escape. En lo pertinente a este caso, la “cláusula de exceso” convierte a una cubierta primaria en cubierta en exceso cuando otra póliza primaria cubre el mismo riesgo. La “cláusula a prorrata” provee que cuando el asegurado tenga otro seguro que cubra el mismo riesgo, la aseguradora sólo responderá por la porción de la pérdida que corresponda al límite de responsabilidad establecido en su póliza, con relación al total de límites de responsabilidad aplicable a todos los seguros que cubren el mismo riesgo. 15 Couch on Insurance 3d, Sec. 219:5 (1999). Véanse, además: National Indemnity v. Continental Ins., 487 A.2d 1191, 1193 (1985); Olympic Ins. Co. v. Employers Surplus, etc., 126 Cal.App.3d 593, 598 (1981).

Cuando dos o más aseguradoras tienen cláusulas de exceso en sus contratos de seguro, es necesario interpretarlas y determinar si son conciliables. Hemos resuelto que cuando ambas cláusulas son irreconciliables, éstas no tendrán efecto jurídico y la responsabilidad entre las aseguradoras será prorrateada. Ramos v. Ortiz, 137 D.P.R. 981, 988-989 (1995). Por el contrario, si las cláusulas son compatibles tendrán efecto y determinarán la responsabilidad de cada aseguradora. Citizens Ins. Co. v. Ganschow, 859 N.E.2d 786, 793-795 (2007); Continental Cas. Co. v. Penn Nat. Ins. Co., 128 Fed.Appx. 957, 962 (2005); American Economy Ins. v. Motorists Mut., 593 N.E.2d 1242, 1245-1246 (1992).

Por último y pertinente a este caso, la responsabilidad asumida contractualmente por las aseguradoras no se afecta cuando una parte se ha comprometido por medio de un contrato a proveerle cubierta de seguro primaria a otra parte. En estos casos, los términos del contrato de seguro determinarán la responsabilidad de la aseguradora en cuanto al riesgo asumido:

In modern commerce, it is increasingly common for one party to agree that it will purchase insurance for the protection of another party. ... The terms of any such agreement have no impact on the coverage which the insurer must provide, assuming that the insurer has no knowledge of the agreement; the terms of the actual policy continue to govern the risk which the insurers assumes. (Énfasis suplido.) 7A Couch on Insurance 3d, Sec. 103:9 (1999). Véanse, además: Avilés v. Burgos, 783 F.2d 270, 279 (1er Cir. 1986); National Indemnity v. Continental Ins., supra, pág. 1195.

Ill

La transacción judicial aprobada en este caso clara-mente expresa que la responsabilidad de las aseguradoras Antilles y Universal sería determinada según los términos de sus pólizas. Conforme a la intención de las partes, pa-samos a interpretar los contratos de seguro de cada una de las aseguradoras.

El contrato de seguro de Antilles provee una cubierta primaria sobre el riesgo de responsabilidad legal de Cabrera Hermanos como dueño de los automóviles que arren-daba a terceros. La póliza establece un límite de responsa-bilidad de $500,000 por todos los daños, incluyendo los daños físicos y de propiedad ocasionados a terceras personas. Además de tener a Cabrera Hermanos como ase-gurado principal, la póliza instituye como asegurado adi-ciónale al ELA por medio de un endoso. Dicho endoso provee una cubierta primaria de responsabilidad a los arrendatarios de Cabrera Hermanos, especifica un límite de responsabilidad por daño físico de $50,000 y aclara que todos los otros términos de la póliza serán iguales a los establecidos a favor de Cabrera Hermanos.

Por otra parte, el contrato de seguro de Universal pro-vee una cubierta primaria sobre el riesgo de responsabili-dad del ELA por el uso de cualquier vehículo de motor de su propiedad o arrendado, con un límite de responsabilidad de $500,000 por todos los daños, incluyendo los daños físi-cos y de propiedad ocasionados a terceras personas. Bajo esta póliza los empleados del ELA son asegurados adicionales.

A base de los términos de los contratos de seguro ambas aseguradoras cubren a nivel primario el mismo riesgo de responsabilidad sobre el vehículo arrendado por el ELA a Cabrera Hermanos y la misma pérdida involucrada en esta causa de acción. Según hemos explicado, ante este tipo de situación muchas compañías aseguradoras utilizan las lla-madas “cláusulas de otro seguro” para limitar su responsabilidad. Por esto, es necesario atender la cláu-sula de “otro seguro” incluida en los respectivos contratos de seguro de Antilles y Universal. Dicha cláusula es idén-tica en ambas pólizas y dispone, en lo pertinente:

Other Insurance
(a) For any covered “auto” you own, this Coverage Form provides primary insurance. For any covered “auto” you don’t own, the insurance provided by this Coverage Form is excess over any other collectible insurance. ...
(b) Regardless of the provisions of paragraph a. above, this Coverage Forms Liability Coverage is primary for any liability assumed under an “insured contract”.
(c) When this Coverage Form and any other Coverage Form or policy covers on the same basis, either excess or primary, we will pay only our share. Our share is the proportion that the Limit of Insurance of our Coverage Form bears to the total of the limits of all the Coverage Forms and policies covering on the same basis. (Énfasis suplido.) Apéndice de la Petición de certiorari, 2da pieza, págs. 238 y 256.

Esta cláusula contiene tres incisos que deberán ser in-terpretados y armonizados entre sí para poder determinar la responsabilidad de cada aseguradora concurrente. El in-ciso (a) es una “cláusula de exceso” idéntica en ambos con-tratos de seguro. Ésta establece que la aseguradora del dueño del vehículo cubierto (Cabrera Hermanos) proveerá cubierta primaria y la aseguradora del que no sea dueño del vehículo (ELA) proveerá cubierta en exceso. Debido a que las “cláusulas de exceso” incluidas en ambos contratos de seguro son armonizables, éstas tendrán efecto jurídico.

Sin embargo, el inciso (b) de la cláusula de “otro seguro” dispone que independientemente de lo indicado en el inciso (a) o “cláusula de exceso”, las aseguradoras proveerán cu-bierta primaria por cualquier responsabilidad asumida bajo un “contrato asegurado” (“insured contract”). Además, a pesar que ambos contratos contienen “cláusulas de exclu-sión” con respecto a responsabilidad asumida en otros con-tratos, ambas pólizas especifican que proveerán cubierta primaria sobre la responsabilidad por daños asumida en un “contrato asegurado”. Ambas pólizas definen un “con-trato asegurado” de la manera siguiente: “That part of any contract or agreement entered into, as part of your business, by you or any of your employees pertaining to the rental or lease of any ‘auto’.” Apéndice de la Petición de certiorari, 2da pieza, págs. 242 y 263.

De esta definición se desprende que el contrato de arrendamiento entre el ELA y Cabrera Hermanos es un “contrato asegurado” cubierto por ambas pólizas. Ninguna de las partes ha impugnado la validez de dicho contrato. En éste, el ELA se comprometió a indemnizar a Cabrera Hermanos por cualquier pérdida, costo, daño o riesgo de cualquier naturaleza que resultara del contrato de arren-damiento del vehículo de motor.

De esta forma, la responsabilidad asumida por el ELA en el “contrato asegurado” (contrato de arrendamiento) está cubierta de forma primaria bajo la póliza de Universal, hasta un límite de responsabilidad de $500,000. Ahora bien, en este caso el ELA es asegurado adicional de Antilles por medio de un endoso, el cual establece un límite de res-ponsabilidad por daño físico de $50,000 y señala que todos los otros términos de la póliza serán iguales a los estableci-dos a favor de Cabrera Hermanos. Así, la póliza de Antilles provee cubierta primaria sobre la responsabilidad asumida por el ELA en el “contrato asegurado”, por lo que responde por los daños causados, que no sean físicos, hasta su límite máximo de responsabilidad de $500,000. Por lo tanto, a base del inciso (b) de las cláusulas de “otro seguro”, ambas aseguradoras responden a nivel primario exclusivamente a nombre del ELA.

No obstante, aquí no concluye nuestro análisis. El inciso (c) de la cláusula de “otro seguro” es una “cláusula a prorrata”. Esta establece que cuando dos aseguradoras cu-bran al mismo nivel de cubierta, ya sea primario o en ex-ceso, la aseguradora contratante sólo responderá por la porción de la pérdida que corresponda al límite de respon-sabilidad establecido en su póliza, con relación al total de límites de responsabilidad aplicable a todos los seguros que cubren al mismo nivel. De esta manera y según dis-pone la “cláusula a prorrata”, al ambas aseguradoras pro-veer cubiertas a nivel primario, la responsabilidad entre éstas será prorrateada.

Conforme a la transacción judicial adoptada en este caso, Antilles y Universal quedaron obligadas a pagar $555,750 a la parte demandante. Antilles consignó en el tribunal $275,000 y Universal $277,875. Ambas pólizas tie-nen un límite de responsabilidad de 500,000, por lo que su responsabilidad prorrateada debe ser dividida en partes iguales; o sea, en $277,875 cada una. Según lo establecido en la transacción judicial, ninguna de las aseguradoras tiene derecho a ser reembolsada por lo pagado, ya que nin-guna consignó una cantidad mayor a la que están obliga-das a pagar según los términos de sus pólizas. Sin embargo, Antilles queda obligada a satisfacer los $2,875 que no consignó y que faltan para completar la cantidad que está obligada a pagar a la parte demandante.

Por otra parte, en el contrato de arrendamiento el ELA se comprometió a proporcionar una cubierta de seguro de responsabilidad primaria por daños físicos y de propiedad, instituyendo a Cabrera Hermanos como asegurado adicional. Dicho acuerdo no puede afectar la responsabili-dad asumida contractualmente por Universal, por lo que no tendrá efecto sobre la relación interna entre las aseguradoras. 7A Couch on Insurance 3d, Sec. 103:9 (1999). Véanse, además: Avilés v. Burgos, supra, pág. 279; National Indemnity v. Continental Ins., supra, pág. 1195.

IV

Aunque ya hemos determinado que Antilles y Universal comparten una responsabilidad primaria, es pertinente hacer unos señalamientos en cuanto a la solución recomen-dada por el Comisionado de Seguros al Tribunal de Pri-mera Instancia y que éste adoptó.

Contrario a nuestra conclusión, el Comisionado de Se-guros y el Tribunal de Primera Instancia determinaron que la responsabilidad de Antilles es primaria y la de Universal en exceso. El Comisionado de Seguros explicó que la responsabilidad primaria de Antilles surge de la “cláusula de exceso” de su póliza, la cual establece que la asegura-dora del dueño del vehículo (Cabrera Hermanos) proveerá cubierta primaria. Explicó, además, que la responsabilidad en exceso de Universal surge de la “cláusula de exceso” de su contrato de seguro, la cual dispone que la aseguradora de quien no es el dueño del vehículo (ELA) proveerá cu-bierta en exceso. De esa forma, el Comisionado de Segu-ros aplicó el inciso (a) de las cláusulas de “otro seguro” de ambas pólizas, sin tomar en consideración que se trata de un inciso inoperante, ya que el inciso (b) de dichas cláusu-las específicamente dispone, según hemos explicado, que éste priva sobre aquél.

El Comisionado de Seguros se negó a aplicar el inciso (b) porque entendió que reconocer la responsabilidad primaria de Universal a través del “contrato asegurado” implica per-mitir que Antilles se subrogue en los derechos que Cabrera Hermanos tiene contra el ELA a base de dicho contrato, subrogándose así contra su propio asegurado. Aunque re-conocemos el peritaje del Comisionado de Seguros, no nos convence su opinión, ya que aplicar el inciso (b) de las cláu-sulas de “otro seguro” de ambas pólizas no conlleva la su-brogación de Antilles en los derechos que Cabrera Herma-nos pueda tener contra el ELA. En primer lugar, ninguna de las partes ha impugnado la validez del “contra-to asegurado” (contrato de arrendamiento). En segundo lu-gar, según hemos explicado en la parte anterior de esta opinión, la responsabilidad primaria de Antilles surge ex-clusivamente de su responsabilidad como aseguradora del ELA, ya que la responsabilidad que establece el inciso (b) de la cláusula de “otro seguro” de su póliza priva sobre la responsabilidad que establece el inciso (a) o “cláusula de exceso” de ésta. Por lo tanto, al pagar tan sólo la mitad de la compensación debida a los demandantes Antilles no se subroga en los derechos de Cabrera Hermanos, pues no está respondiendo a nombre de dicho asegurado. No esta-mos, pues, ante un supuesto de subrogación que nos im-pida reconocer la responsabilidad primaria de Universal.

V

Finalmente, Universal señala que erró el tribunal apelativo al no imponerle a Antilles el pago de intereses y honorarios de abogado por temeridad. No tiene razón. En primer lugar, la imposición de intereses y honorarios de abogado por temeridad es una facultad discrecional del tribunal, que no será variada a menos que constituya un abuso de discreción. Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 349-350 (1989). Véase, además, Miranda v. E.L.A., 137 D.P.R. 700, 719 (1994). Además, en la transac-ción judicial las partes acordaron que la sentencia se dic-taría sin especial condena de costas e intereses y que los representados pagarían los honorarios de sus abogados. Por tal razón, no procede imponer a Antilles el pago de intereses y honorarios de abogado por temeridad.

Por todo lo anterior, se confirma la sentencia del foro apelativo que dispuso que ambas aseguradoras comparten la responsabilidad primaria de pagarle $555,750 a la parte demandante.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton disintió con las expresiones siguientes: “El Juez Presidente Señor Hernández Denton disiente de la opinión del Tribunal por entender que de una lectura de las pólizas de seguro sus-critas en este caso se desprende que la responsabilidad de Antilles Insurance Company es primaria y la de Universal Insurance Company en exceso. Por ende, revocaríamos la decisión del Tribunal de Apelaciones y dejaríamos en vigor la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que estuvo fundamentada en la opinión experta de la Oficina del Co-misionado de Seguros.” La Jueza Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez no intervino.

       La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, evitan un pleito o ponen fin al que había comenzado. Hay dos clases de contratos de transacción: el judicial y el extrajudicial. Art. 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4821. Véanse, además: Igaravidez v. Ricci, 147 D.P.R. 1, 5-6 (1998); Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860, 870 (1995). El contrato de transacción judicial surge después de comenzado el proceso judicial; las partes solicitan entonces incorporar sus acuerdos al proceso en curso para poner fin a la controversia que lo generó. Igaravidez v. Ricci, supra, pág. 6.

       Debido a que el Código de Seguros aprobado en 1957 proviene de la expe-riencia obtenida en diferentes jurisdicciones de Estados Unidos, la jurisprudencia estadounidense tiene un efecto persuasivo en el desarrollo de nuestro Derecho de Seguros:
      “La idea de redactar un Código de Seguros para Puerto Rico se originó en la Superintendencia de Seguros en el año 1950. En el mes de agosto del año 1952 se encomendó la redacción de un ante-proyecto al Ledo. Robert D. Williams, Asesor del Departamento de Seguros del estado de Washington, considerado como una autori-dad en la materia. El Ledo. Williams preparó los ante-proyectos de los Códigos de Seguros más modernos de Estados Unidos: el del estado de Washington, el del estado de Kentucky, y el del estado de Atizona y redactó el ante-proyecto de enmiendas fundamentales al Código de Seguros vigente en el estado de Michigan.” P. de la C. 85 de 12 de marzo de 1957 (9 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, T.2, pág. 561).

       El ex Comisionado de Seguros, Ledo. Rolando Cruz, define el término “póliza” en su libro de Derecho de Seguros de la manera siguiente:
      “Póliza (Policy)- Se refiere al contrato por escrito mediante el cual una parte, el asegurador, se compromete, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a un tercero, por lo general al asegurado o un reclamante, por una pérdida contingente al ocurrir un evento futuro incierto previsto.” R. Cruz, Derecho de Seguros, San Juan, Pubs. JTS, 1999, págs. 386-387.

       El ex Comisionado de Seguros, Ledo. Rolando Cruz, define el término “endo-so” en su libro de Derecho de Seguros de la manera siguiente:
      “Endosos son acuerdos por escrito que se adhieren a la póliza para que forme parte del contrato con el propósito de alterar, ampliar o restringir la cubierta que dispone la póliza.” Cruz, op. cit, pág. 368.
      En el caso A.A.A. v. Librotex, 142 D.P.R. 820, 833 (1997), explicamos la impor-tancia que tienen los endosos de una póliza:
      “La singular importancia de los endosos recae en que estos reflejan la última expresión de las partes y, con marcada frecuencia, sirven de enmienda o nota acla-ratoria de alguna cláusula del contrato.”

       Respecto a las “cláusulas de exclusión” Couch nos explica:
      “Since the contract of insurance is a voluntary contract, the initial premise is that as an aspect of freedom of contract the insurer can insert any exception to coverage that it desires.” 7A Couch on Insurance 3d, Sec. 108:3 (1999).

       Algunas jurisdicciones estadounidenses explican lo que es una cubierta pri-maria y una cubierta en exceso de la manera siguiente:
      “Primary coverage is insurance coverage whereby, under the terms of the policy, liability attaches immediately upon the happening of the occurrence that gives rise to liability. ...
      “ ‘Excess’ or secondary coverage is coverage whereby, under the terms of the policy, liability attaches only after a predetermined amount of primary coverage has been exhausted.” (Énfasis suprimido.) Olympic Ins. Co. v. Employers Surplus, etc., 126 Cal.App.3d 593, 597-598 (1981). Véase Travelers Casualty and Surety Co. v. American Equity Ins. Co., 93 Cal.App.4th 1142, 1149 (2001).

       Además, el tratadista Couch nos explica:
      “Most liability insurance policies contain ‘other insurance’ clauses that attempt to limit the insurer’s liability where other insurance covers the same risk. Such clauses attempt to control the manner in which each insurer contributes to or shares a covered loss. Historically, ‘other insurance’ clauses were designed to prevent multiple recoveries when more than one policy provided coverage for a given loss. Where such clauses are in effect, each insurer’s ultimate liability ‘is generally determined by the explicit provisions of the respective ‘other insurance’ clauses’.” (Enfasis suplido.) 15 Couch on Insurance 3d, Sec. 218:5 (1999). Véase, además, 22 Holmes’Appleman on Insurance 2d, Sec. 140.1 (2003).

       En específico Couch nos aclara:
      “ ‘Other insurance’ clauses govern the relationship between insurers, they do not affect the right of the insured to recover under each concurrent policy.” Í5 Couch on Insurance 3d, Sec. 219:1 (1999).

       En Ramos v. Ortiz, 137 D.P.R. 981, 989 (1995), explicamos:
      “Diversas jurisdicciones norteamericanas han resuelto consistentemente, en controversias similares, que ambas cláusulas deben rechazarse y que las pólizas responderán por partes iguales en proporción al límite de su cubierta.”
      En particular, Couch nos explica:
      “Where two primary policies both contain excess ‘other insurance’ clauses, the excess clauses are generally treated as mutually repugnant and the loss is pro rated between insurers.” 15 Couch on Insurance 3d, Sec. 219:47 (1999). Véanse, además: American Safety Indem. v. Stollings Trucking Co., 450 F.Supp.2d 639, 650 (S.D. W. Va. 2006); 22 Holmes’Appleman on Insurance 2d, Sec. 140.3 (2003); Home Ins. Co. v. Certain Underwriters at Lloyd’s, 729 F.2d 1132, 1136 (1984); Alliance Mut. Ins. Co. v. New York Cent. Mut. Fire Ins. Co., 318 S.E.2d 524, 525 (N.C. App. 1984).

       El ex Comisionado de Seguros, Ledo. Rolando Cruz, nos explica que un asegurado adicional es la persona que no es nombrado expresamente como asegu-rado en las declaraciones de la póliza, pero que también está cubierto bajo los térmi-nos de ésta. Cruz, op. eit, pág. 351.

       15 Couch on Insurance 3d, Sec. 219:1 (1999). Véanse, además: General Star Nat. Ins. Corp. v. World Oil Co., 973 F.Supp. 943, 948 (C.D. Cal. 1997); Planet Ins. Co. v. Ertz, 920 S.W.2d 591, 593 (1996).

       En lo pertinente, la “cláusula de exclusión” dispone:
      “EXCLUSIONS
      “This insurance does not apply to any of the following:
      “2. Contractual
      “Liability assumed under any contract or agreement.
      “But this exclusion does not apply to liability for damages:
      “a. Assumed in a contract or agreement that is an ‘insured contract’ ....’’Apén-dice de la Petición de certiorari, 2da pieza, págs. 234 y 254.

       La “cláusula de exceso” incluida en cada una de las pólizas de Antilles y Universal dispone lo siguiente:

        “Other Insurance

      “(a) For any covered ‘auto’ you own, this Coverage Form provides primary insurance. For any covered ‘auto’ you don’t own, the insurance provided by this Coverage Form is excess over any other collectible insurance.” Petición de certiorari, 2da pieza, págs. 238 y 256.

       Los incisos (a) y (b) de la cláusula de “otro seguro” de la póliza de Antilles establecen lo siguiente:

        “Other Insurance

      “(a) For any covered “auto” you own, this Coverage Form provides primary insurance. For any covered “auto” you don’t own, the insurance provided by this Coverage Form is excess over any other collectible insurance. ...
      “(b) Regardless of the provisions of paragraph a. above, this Coverage Forms Liability Coverage is primary for any liability assumed under an ‘insured contract’.” (Énfasis suplido.) Apéndice de la Petición de certiorari, 2da pieza, pág. 238.

       Reiteradamente hemos establecido que los tribunales pueden revisar las conclusiones de derecho de una agencia administrativa en todos sus aspectos y que no deben otorgarle deferencia a una conclusión de derecho administrativa que sea irrazonable. La norma de deferencia judicial no es “un dogma inflexible que impide la revisión judicial si no existen las condiciones que sostienen la deferencia”. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 436 (1997). Véanse, además: Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 688-689 (2000); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279-280 (1999).

       La “cláusula de exceso” y el inciso (b) de la cláusula de “otro seguro” de la póliza de Antilles establecen lo siguiente:

        “Other Insurance

      “(a) For any covered ‘auto’ you own, this Coverage Form provides primary insurance. For any covered ‘auto’ you don’t own, the insurance provided by this Coverage Form is excess over any other collectible insurance.
      “(b) Regardless of the provisions of paragraph a. above, this Coverage Forms Liability Coverage is primary for any liability assumed under an ‘insured contract’.” Apéndice de la Petición de certiorari, 2da pieza, pág. 238.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Lourdes T. Pagán González.

      Número: TS-9867

      Resuelto: 16 de agosto de 2007

      Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar; Ma-ría de Lourdes Rodríguez, oficial investigadora de la Comi-sión de Etica del Colegio de Abogados de Puerto Rico; José L. Ramírez de León, abogado de la parte querellada; Lourdes R. Pagán González, pro se.

   RESOLUCIÓN

Atendidas las comparecencias del Colegio de Abogados de Puerto Rico y del Procurador General de Puerto Rico, se ordena la reinstalación de Lourdes T. Pagán González al ejercicio de la abogacía, efectiva el 1 de septiembre de 2007.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Rubén Hernández Rosario.

      Número: TS-2006

      Resuelto: 17 de agosto de 2007

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías; Rubén Hernández Rosario, pro se.

    Sala de Verano compuesta por el Juez Asociado Señor Rebollo López, como su Presidente, y las Juezas Asociadas Señora Fiol Matta y Señora Rodríguez Rodríguez.
   RESOLUCIÓN

Atendida la comparecencia de la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías, se ordena la reinstalación del Ledo. Rubén Hernández Rosario al ejercicio de la notaría, efectiva el 1 de septiembre de 2007.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Partido Nuevo Progresista, recurrido, v. Jorge de Castro Font, Migdalia Padilla Acevedo, Luz Z. Arce Ferrer y Carlos A. Díaz Sánchez, peticionarios.

      Número: CT-2007-6

      Resuelto: 17 de agosto de 2007

      Rubén T. Nigaglioni y Verónica Ferrainoli, abogados de la parte peticionaria; José A. Cario Rodríguez y Félix R. Pas-salacqua Rivera, abogados de la parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

Vista la Solicitud de Certificación y la Solicitud de Or-den en Auxilio de Jurisdicción presentadas en el caso de epígrafe, se provee “no ha lugar” a ambas en esta etapa de los procedimientos. Ello sin perjuicio de que el Tribunal de Primera Instancia pueda tomar las medidas cautelares que estime correspondientes.

Notifíquese vía facsímile y vía telefónica.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri proveería “no ha lugar” a la Solicitud de Certificación en esta etapa de los procedimientos, pero a la vez instruiría al Tribunal de Primera Instancia a que, en auxilio de su ju-risdicción, ordene a la Comisión Estatal de Elecciones la entrega de las solicitudes de endoso a los peticionarios, para que éstos puedan continuar con el proceso de recogido de endosos en lo que se adjudica el caso en el foro primario. De este modo, de prevalecer los peticionarios en ese foro, no sería académico el remedio que procuran. Claro está, de no resultar exitosos los peticionarios, los endosos obtenidos no tendrían eficacia alguna. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez hace constar que “proveería ‘no ha lugar’ al recurso de certificación y a la solicitud en auxilio de jurisdicción”. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió un voto disidente.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Aun cuando en estos momentos no estamos pasando jui-cio sobre la corrección jurídica de los planteamientos pre-sentados por los Senadores peticionarios, concederíamos la solicitud de Certificación presentada por éstos.

Existiendo la posibilidad de que los planteamientos sean correctos, en un justo balance de los intereses involu-crados, entendemos que debe prevalecer la solución rápida por parte de este Tribunal de la controversia planteada, de una u otra forma, en lugar de permitir que los procedi-mientos sigan su curso ordinario a nivel del Tribunal de Primera Instancia y la posterior revisión de la decisión que se emita a ese nivel, tanto por el Tribunal de Apelaciones como por este Tribunal. Dicha situación significaría que la solución final del caso se daría, u ocurriría, en o alrededor de la fecha de la celebración de las primarias en el 2008, situación que no sólo es insostenible sino injusta.

En relación a ello, debemos señalar que aquí ya no está en controversia el alegado perjuicio que podrían haber su-frido los peticionarios respecto a la presentación o no de la totalidad de los endosos que la Ley Electoral requiere a los candidatos a puestos políticos. Ya el tribunal de instancia resolvió ese asunto al disponer que la Comisión Estatal de Elecciones está obligada a poner a disposición de los peti-cionarios los correspondientes formularios de endoso “para poder concurrir a las primarias y según en la proporción que dispone en la Ley Electoral para cada cargo al que aspiran”

El perjuicio que sí pueden sufrir los peticionarios —de este Tribunal no actuar con premura— es la falta de tiempo suficiente para hacer campaña, contrario a los que ya tienen asegurada su participación en las primarias. Ello puede resultar en un perjuicio insubsanable en vista de que no se justifica que los peticionarios hagan campaña activa en apoyo de sus respectivas candidaturas mientras desconozcan si tendrán derecho o no a participar en las primarias a celebrarse en Puerto Rico en marzo de 2008.

El argumento del Partido Nuevo Progresista de que el caso debe ser devuelto al tribunal de instancia —para que éste reciba prueba sobre el alegado incumplimiento de los senadores peticionarios con los requisitos legales y regla-mentarios aplicables, ya que la descalificación de éstos ale-gadamente respondió no sólo a los eventos que dieron lu-gar al proceso disciplinario que antes revisamos sino que, además, a imputaciones adicionales cuyos pormenores no conocemos a cabalidad — resulta ser insostenible.

Un examen de estas “imputaciones” demuestra que to-das se refieren a ocasiones en que los senadores peticiona-rios no siguieron la “línea del Partido”, esto es, ocasiones en que ellos actuaron o votaron conforme a su consciencia y criterio en lugar de seguir, ciegamente, las instrucciones de los jerarcas del partido. No pasamos juicio, en este mo-mento, sobre si dichas actuaciones —en relación con las cuales podemos tomar, incluso, hasta conocimiento judicial— son suficientes o no para que un partido político pueda legalmente descalificar a un candidato de participar en un proceso primarista. Ese punto está por estudiarse y resolverse.

Lo que sí sabemos es que dicho planteamiento puede ser resuelto a nivel de este Tribunal en lugar de devolverse el caso al tribunal de instancia; acción que, repetimos, tendrá la funesta consecuencia de negarle a los senadores peticio-narios —por el mero pasar del tiempo— toda posibilidad de competir en el proceso primarista con alguna probabilidad de éxito. Resulta pertinente enfatizar que mientras este Tribunal no resuelva las controversias planteadas, existe la posibilidad de que surjan nuevas imputaciones sobre la alegada deslealtad en contra de los senadores peticionarios. Ello convertiría en interminable el asunto en cuestión, a nivel de instancia, y provocaría un perjuicio arm mayor al reseñado.

El curso decisorio que hoy mayoritariamente toma el Tribunal parece proteger los derechos de los senadores pe-ticionarios cuando la realidad es que éste no pasa de ser una farsa (“charade”) o, lo que es lo mismo, un ejercicio en futilidad.

Es por ello que disentimos.

       Véase la “Réplica a Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción”, pág. 2, presentada por el recurrido Partido Nuevo Progresista, el Secretario General y su Comisionado Electoral.

       El Partido Nuevo Progresista señala que los peticionarios incurrieron en numerosas faltas de lealtad al Partido luego de haber sido expulsados por el Direc-torio de éste.


author: per curiam:

text:
      In re Adalberto Fernández Díaz, querellado.

      Número: CP-2005-16

      Resuelto: 21 de agosto de 2007

      Sylvia Roger Stefani, procuradora general auxiliar; Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general; Heriberto Se-púlveda Santiago, comisionado especial; Adalberto Fer-nández Díaz, pro se.

   per curiam:

Tenemos la oportunidad de expresarnos so-bre la extensión y el efecto del requisito de juramentación de las quejas que se presentan contra abogados por violar su responsabilidad con sus clientes. Al hacerlo, rechazamos la recomendación de archivar este caso que nos hace el Comisionado Especial en su Informe, por las razones que exponemos a continuación.

I

El 2 de julio de 2002 el Sr. Ángel L. Félix Medina y la Sra. Antonia Vázquez de Félix presentaron ante este Tribunal una carta, firmada por ambos, en la que explican, escuetamente, que el Ledo. Adalberto Fernández Díaz

... despues [sic] de dos audiencias suspendidas en siete meses no lo hemos encontrado ni visto mas [sic], emos [sic] hecho gestiones mas lo emos [sic] llamado a residencia ademas [sic] emos [sic] escrito sin resultado alguno.

La queja fue juramentada al dorso ante una funcionaría de la Secretaría de este Tribunal, pero por sólo uno de los quejosos, el Sr. Ángel L. Félix Medina. Una vez notificada la queja al licenciado Fernández Díaz éste respondió, refi-riéndose a “la queja del Sr. Ángel Félix Medina”, para acla-rar que su cliente no era éste, sino la señora Vázquez. Más allá de eso no expresó reparo alguno por la intervención del señor Félix Medina y procedió a explicar lo siguiente:

Debemos admitir que hubo una falta de comunicación con la Sra. Antonia Vázquez .... La falta de comunicación es de nues-tra exclusiva culpa .... Telefónicamente le he indicado a la se-ñora Vázquez, en términos generales, el estado de su caso y me he comprometido con ella a visitarla ... para exponerle en detalles la situación de su caso. (Enfasis suplido.)

En su primera comparecencia en este caso, titulada Mo-ción Informativa y Solicitud de Orden, el Procurador General señala que el abogado admitió la falta de comunica-ción con su cliente, la señora Vázquez, situación que según el Procurador es “subsanable”. En este escrito y en otros posteriores del Procurador General, incluyendo el informe que da lugar a la presentación de la querella, se manifiesta cierta ambigüedad y confusión en cuanto a la identidad de la parte quejosa. En su informe el Procurador General ex-pone que “ [e] 1 Sr. Ángel L. Félix Medina presentó una queja ... alegando que no logr[ó] comunicarse con [el] abo-gado a pesar de las veces que lo intent [ó]”. Informe de Con-ferencia con Antelación a la Vista entre Abogados, 14 de marzo de 2006, pág. 1 (Informe de Conferencia). En otros escritos que obran en autos, sin embargo, el Procurador se refiere claramente a la señora Vázquez como la quejosa en este caso. También consta en autos una extensa carta de 24 de febrero de 2003 firmada por la señora Vázquez, en la que explica que ha “perdido la confianza en este Licencia-do” y solicita ayuda “para que el [sic] renuncie al caso por escrito”.

El Informe del Procurador General presentado el 14 de marzo de 2006, señala, además, que:

El 24 de junio de 2003, la demandante, señora Vázquez, so-licitó se relevara como su representante legal al licenciado Fernández, por ésta no poder localizarlo y por desconocer lo ocurrido en el caso a nivel de instancia. Surge del expediente que la Leda. Maribel Rosario asumió la nueva representación legal el 29 de de agosto de 2003.
Del expediente se desprende que el 26 de junio de 2003, se dictó sentencia sumaria parcial desestimando la demanda contra uno de los codemandados, Pedro Cruz Ayala. Esta des-estimación se debió a la falta de contestación por parte del abogado de la querellante del requerimiento de admisiones y a la fecha de oposición a que se dictara sentencia sumaria parcial.
El 16 de septiembre de 2003, notificada el 9 de octubre de 2003, el Tribunal de Primera Instancia emitió resolución de-clarando con lugar la renuncia de representación legal del Ledo. Adalberto Fernández Díaz. Ordenó que el expediente de la demandante se entregara a la nueva representación legal de ésta dentro de diez (10) días. (Enfasis suplido.) Informe de Conferencia, págs. 3-4.

Tras varias prórrogas, el licenciado Fernández Díaz pre-sentó su contestación al Informe del Procurador General y solicitó expresamente el archivo de la queja. En su escrito reitera que quien presentó la queja en su contra fue el señor Félix Medina, puesto que fue él quien la juramentó. Puesto que no existió entre el señor Félix Medina y el que-rellado una relación de abogado-cliente, solicita nueva-mente el archivo de la queja.

En nuestra Resolución de 20 de mayo de 2005, habiendo considerado el planteamiento de derecho del licenciado Fer-nández Díaz, instruimos al Procurador General a que pre-sentara querella contra el abogado por violación a los Cá-nones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Así se hizo el 11 de agosto de 2005. La querella le imputa al licenciado Fernández Díaz violar los menciona-dos cánones basándose en sus propias admisiones sobre la falta de comunicación con su cliente y la representación inadecuada de los intereses de ésta, cuyo resultado fue que se dictara sentencia sumaria desestimando su demanda contra uno de los codemandados.

En su contestación el licenciado Fernández Díaz ex-presa lo siguiente: “Aceptamos la comisión de las violacio-nes de los cánones de ética señalados.” Contestación a Que-rella, 18 de octubre de 2005, pág. 1. De esta forma nueva y expresamente admite las violaciones imputadas. Sin embargo, solicita otra vez el archivo del caso por la misma razón expresada en su escrito anterior, a saber, que el Sr. Angel L. Félix Medina fue quien juró la querella y que éste nunca fue su cliente. Aduce, además, que la demandante “no sufrió daños reales, su causa de acción contra el Muni-cipio se mantuvo y después del trabajo realizado desiste de su reclamación”. íd., pág. 2. También expone como ate-nuante que se graduó cum laude de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en 1976 y que en treinta años de práctica la presente es la primera querella en su contra.

El 25 de enero de 2006 designamos al ex Juez de Apela-ciones, Ledo. Heriberto Sepúlveda Santiago, como Comisio-nado Especial. Celebrada a la conferencia con antelación a la vista, el caso se sometió por el expediente. En el Informe con antelación a la vista presentado por las partes éstas reiteran todo lo antes dicho.

Según explicamos antes, el Comisionado Especial reco-mendó archivar la querella porque la queja que dio inicio al procedimiento disciplinario fue juramentada por el se-ñor Félix Medina, quien no era cliente del licenciado Fer-nández Díaz. Según el Comisionado, el señor Félix Medina no era parte realmente interesada en el caso con respecto al cual se le imputa al querellado falta de diligencia y no haber mantenido comunicación con su cliente. Por eso, “[e]l criterio de razonabilidad unido a los imperativos del debido proceso de ley” le llevan a concluir que el señor Félix Medina “no está legitimado para vindicar derechos de una tercera persona que no ha tenido impedimentos para com-parecer como querellante”. Informe del Comisionado Especial, 4 de enero de 2007, pág. 2.

II

Como cuestión de umbral debemos examinar si procede el archivo recomendado por el Comisionado Especial. Re-solvemos en la negativa. En primer lugar, el Comisionado pasa por alto que este Tribunal ya consideró y adjudicó el planteamiento del licenciado Fernández Díaz. En su con-testación al Informe del Procurador General el licenciado Fernández Díaz solicitó el archivo del presente caso por las mismas razones que expuso en su contestación a la querella. Al ordenar que se presentara la querella no obs-tante dicho planteamiento evidentemente denegamos esta petición. Se trata, pues, de un asunto de derecho previa-mente adjudicado y resuelto por este Tribunal. Nuestra de-terminación constituye, por lo tanto, la ley del caso y así debió resolverlo el Comisionado ante la insistencia del abo-gado en reiterar la procedencia del archivo por el mismo fundamento.

En nuestro ordenamiento jurídico, es norma reiterada que los planteamientos que han sido objeto de adjudicación en el ámbito judicial, mediante dictamen firme, constituyen la Ley del Caso. In re Tormos Blandino, 135 D.P.R. 573, 578 (1994). Según esta doctrina, general-mente las determinaciones y asuntos decididos y conside-rados por un tribunal, en particular por un foro apelativo, obligan tanto a un tribunal inferior como al que las dictó e impiden que puedan ser reexaminados. Estos asuntos y dictámenes gozan de finalidad y firmeza con arreglo a esta doctrina. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 D.P.R. 701, 704 (1987); Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 136 (1967). En aras de velar por el trámite ordenado y pronto de los litigios y promover la estabilidad y certeza del derecho, la doctrina de la Ley del caso tiene como pro-pósito el que los tribunales nos resistamos a reexaminar estos asuntos ya considerados dentro de un mismo caso. Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 D.P.R. 217, 222 (1975).

Claramente, no se trata de una regla férrea ni de aplicación absoluta y por eso se puede descartar si conduce a resultados manifiestamente injustos. Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919, 931 (1992). En situaciones excepcionales, si un caso, mediante los mecanismos apropiados, vuelve ante la consideración de un tribunal y éste entiende que sus determinaciones previas son erróneas y pueden causar una grave injusticia, puede entonces aplicar una norma de derecho distinta. Félix v. Las Haciendas, S.E., 165 D.P.R. 832 (2005); Noriega v. Gobernador, supra, pág. 931. No estamos, sin embargo, ante una situación de esa naturaleza.

El requisito de juramentación de la queja, contenido en la Regla 14(b) de nuestro Reglamento no dispone quién está llamado a hacerlo. El Comisionado Especial concluye que cuando la queja se basa en el incumplimiento del abogado con sus deberes para con sus clientes, no la puede juramentar “cualquier ciudadano”. Infiere entonces que una queja que impute violación a las obligaciones de un abogado o de una abogada en su rol como representante legal sólo puede ser juramentada por quien, en efecto, es o fue su cliente, por imperativo del debido proceso de ley.

Como cualquier norma general, el requisito de juramentación de una queja debe interpretarse de acuerdo a los hechos particulares de cada caso, con miras a adelantar el propósito del proceso disciplinario salvaguardando, claro está, los derechos del abogado o abogada a quien se imputa la violación ética. No se trata de un requisito de naturaleza jurisdiccional, más bien es uno de cumplimiento estricto cuyo fundamento es desalentar la presentación de querellas frívolas que pongan en riesgo la reputación y el buen nombre del abogado.

No existe tal riesgo en el caso que hoy resolvemos. Pri-meramente, se no trata de una queja no juramentada. Tampoco podemos calificar al señor Félix Medina, con res-pecto a los hechos alegados, como “cualquier ciudadano”. El primer documento que obra en autos, firmado por la señora Vázquez y por su esposo, el señor Félix Medina re-vela claramente que no son personas duchas en Derecho. No es de extrañar entonces que por desconocimiento los esposos comparezcan juntos y que tras firmar la carta am-bos sea uno sólo de ellos, el marido, quien juramente el documento. A poco que se examine el expediente del pre-sente caso resulta evidente que la cliente del licenciado Fernández Díaz, la Sra. Antonia Vázquez, ha comparecido de manera clara y contundente para exponer su posición. Más aún, en un documento posterior la señora Vázquez comparece sola y expone con mucha claridad sus alegacio-nes contra el licenciado Fernández Díaz, alegaciones que éste en varias ocasiones admite y acepta.

No vemos, en este contexto, razón alguna para variar nuestra determinación anterior respecto a la solicitud de archivo del procedimiento. Por ello, habiéndose sometido el caso por el expediente y no habiendo hechos en controver-sia, tampoco es necesario devolver el caso al Comisionado Especial. Por el contrario, estamos en condiciones de adjudicar.

III

Según expone la querella presentada por el Procurador General:

A septiembre de 2002 el caso civil, para el cual el Ledo. Fer-nández había sido contratado, estaba pendiente. En su contes-tación a la queja, Fernández admitió que hubo falta de comu-nicación con la Sra. Vázquez y que la misma se debió exclusivamente a él. Según Fernández, éste atravesó por un proceso duro de divorcio, luego del cual tuvo que irse a residir a San Germán, lo cual, según él, dificultó la comunicación de-bido a la distancia.
Fernández señaló que en septiembre de 2002, se había co-municado por teléfono con la Sra. Vázquez para indicarle el estado de su caso y que él se había comprometido con ella a visitarla el 14 de septiembre de 2002 y/o el 21 de septiembre de 2002, para exponerle en detalle la situación del caso. El expediente no demuestra si esta gestión se materializó o no. En junio de 2003, la señora Vázquez trató de comunicarse con su abogado, mas no fue posible. Esto ocasionó la solicitud por parte de ella del relevo de representación legal el 24 de junio de 2003. Para agosto de 2003, la señora Vázquez contaba con una nueva abogada, la Leda. Maribel Rosario Cartagena.
Del expediente se desprende que, en el caso para el cual la [señora] Vázquez había contratado al querellado, el 26 de ju-nio de 2003, se había dictado sentencia sumaria parcial deses-timando la demanda contra uno de los co-demandados, Pedro Cruz Ayala. Esta desestimación se debió a la falta de contesta-ción por parte del abogado de la Sra. Vázquez, Leda. Fernán-dez, al requerimiento de admisiones y ala falta de oposición a que se dictara sentencia sumaria. (Énfasis suplido.) Querella de 11 de agosto de 2005, pág. 2.

No hay duda que el licenciado Fernández Díaz violó los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, según él mismo acepta. Al no mantener informada a su cliente sobre los pormenores de su caso ni mantener comunicación con ésta violó el Canon 19 que impone este deber específicamente. Además, su conducta de no contes-tar el requerimiento de admisiones ni oponerse a la moción de sentencia sumaria violó el Canon 18, en cuanto éste dispone:

Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable. 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Hemos recalcado en innumerables ocasiones que los abogados y las abogadas tienen el deber de atender los intereses de su cliente con la mayor diligencia, celo y cuidado. Un abogado que acepta un caso y luego no demuestra la competencia y diligencia que exige el ejercicio de la abogacía y no mantiene a su cliente informado de los desarrollos del caso incurre en violación seria de los cáno-nes de ética profesional. In re Rodríguez Villalba, 160 D.P.R. 774 (2003); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).

La incomparecencia de un abogado a las vistas señaladas por un tribunal, su incumplimiento con las órdenes judiciales y su falta de diligencia en la tramitación del caso constituyen conductas irresponsables que violan el Canon 18 del Código de Etica Profesional independientemente de las razones que lleven al abogado o abogada a incurrir en esa conducta. In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70 (2001).

Cabe reconocer que el licenciado Fernández Díaz actuó seria y responsablemente al admitir que había violado los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra. En su contestación a la querella aduce como atenuante que su actuación no perjudicó a su dienta pues aunque se deses-timó la causa de ésta contra uno de los codemandados, el caso continuó contra el demandado principal, el Municipio de Cayey, hasta que eventualmente la propia señora Váz-quez desistió de su demanda, sin perjuicio. Expone en su favor también que en sus treinta años de gestión profesio-nal no se ha presentado en su contra otra querella.

Tomando en consideración estos factores, según lo he-mos hecho en otros casos, consideramos adecuado y justo suspender inmediatamente al Ledo. Adalberto Fernández Díaz por el término de un mes del ejercicio de la profesión. Este término comenzará a transcurrir a partir de la notifi-cación personal de esta opinión “per curiam” y sentencia.

Se le impone el deber al Ledo. Adalberto Fernández Díaz de notificar a todos sus clientes de su presente inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera ho-norarios recibidos por trabajos no realizados, e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judi- dales y administrativos del país. Además, deberá certifi-carnos el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días, a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri hizo constar que está conforme con el análisis del Tribunal en este per curiam, pero disiente en cuanto a la sanción que se impone. Vista la totalidad de las circunstancias, limitaría la sanción a una censura enérgica. La Jueza Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez concurrió sin opinión escrita.

       “Cualquier queja escrita y bajo juramento que se reciba por el Tribunal o por cualesquiera de sus Jueces respecto al comportamiento de un(a) abogado(a) o de un(a) notario(a) será debidamente anotada por el (la) Secretario(a) en el registro especial correspondiente que llevará a esos efectos. No se anotará ni practicará asiento alguno sobre queja sin jurar, o carente de suficiente especificación de hechos en que se funde.” 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

       Respecto al requisito de juramentación de querellas, véanse: In re Invest, ex Alcalde Vega Alta, 158 D.P.R. 666 (2003); Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 D.P.R. 860 (1998); Pueblo v. Rexach Benítez, 130 D.P.R. 273 (1992).

       Respecto a la función del Comisionado Especial, véanse: In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210 (2007); In re Rodríguez Feliciano, 165 D.P.R. 565 (2005); In re Ortiz Brunet, 152 D.P.R. 542, 548 (2000); In re Ríos Rivera, 147 D.P.R. 140, 143 (1998); In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012, 1016 (1994). En cuanto a nuestra facul-tad para adoptar, modificar o rechazar el informe del Comisionado y los criterios que tomaremos en consideración, véanse: In re Gordon Menéndez I, supra; In re Rodrí-guez Mercado, 165 D.P.R. 630 (2005); In re Semidey Morales, 151 D.P.R. 842, 844 (2000); In re Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78, 86 (1998); In re Soto López, 135 D.P.R. 642, 646 (1994).

       Ante las admisiones del licenciado Fernández Díaz este Tribunal pudo haber resuelto el presente caso sin necesidad de otros procedimientos, según dispone la Regla 14(e) del Reglamento del Tribunal Supremo, que en lo pertinente indica: “El Tribunal podrá imponer las sanciones que correspondan sin necesidad de trámites ulteriores cuando de la propia contestación surjan hechos que lo justifiquen”. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

       Véase In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354, 361 (1999), y casos allí citados.


text:
      In re Félix Colón Morera, querellado.

      Número: CP-2006-1

      Resuelto: 23 de agosto de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, y Wanda I. Si-mons, procuradora general auxiliar; Eliadís Orsini Zayas, comisionada especial; Arturo Nieves Huertas y Margarita Carrillo Iturrino, abogados de la parte querellada; Félix Colón Morera, pro se.

   per curiam:

El Procurador General de Puerto Rico pre-sentó un informe ante nuestra consideración referente a cierta conducta del Lie. Félix Colón Morera, que se alegó podía constituir una violación de los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. El informe del Procurador General se basó en una queja que presen-tara ante dicha oficina el Sr. Giuseppe Villa Mercadante. En su queja, el señor Villa Mercadante le indicó al Procurador General que había contratado los servicios del licenciado Colón Morera para que le representara en un pleito de divi-sión de sociedad de bienes gananciales presentado por su ex esposa y que éste no había acudido en alzada de la sentencia desfavorable recaída, a pesar de haber solicitado y recibido un adelanto de $2,000 para efectuar dicho trámite.

I

El señor Villa Mercadante informó que el enero de 1999 había sido demandado por su ex esposa en una demanda de liquidación de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales. En ese momento, el señor Villa Mercadante contrató los servicios profesionales del Lie. Ángel Collazo Matos para que lo representara en el pleito y éste presentó la alegación responsiva correspondiente. En ésta se aceptaron algunas de las alegaciones de la demanda y se negaron otras.

Posteriormente, el señor Villa Mercadante le solicitó la renuncia al licenciado Collazo Matos y contrató los servicios del Lie. Miguel Cuadros. En vísperas de celebrarse la vista en su fondo, Villa Mercadante solicitó la renuncia del licen-ciado Cuadros y contrató al querellado, Lie. Félix Colón Morera. El licenciado Colón Morera asumió la representa-ción y solicitó posposición de la vista en su fondo. Éste llevó a cabo varias gestiones a favor de su cliente en el pleito, incluyendo la presentación de un informe enmendado de conferencia con antelación al juicio. En el informe enmen-dado se amplió el informe original y se modificó la teoría legal del caso.

Celebrada la vista en su fondo, recayó sentencia ad-versa a los intereses del señor Villa Mercadante. El licen-ciado Colón Morera presentó una moción de determinación de hechos adicionales y además solicitó la regrabación de los procedimientos. Para la tramitación de la apelación re-cibió, como adelanto, $2,000 de parte del señor Villa Mercadante. Éste alegó que luego de entregar dicho dinero no tuvo más contacto con el licenciado Colón Morera ni recibió información alguna del estatus del caso en apelación.

No fue sino hasta que recibió una comunicación de que la casa en que residía, y que era parte de los bienes adju-dicados en el pleito de liquidación de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, sería vendida en subasta pública cuando se enteró que el licenciado Colón Morera no había apelado la sentencia de liquidación de los bienes ganancia-les conforme se había acordado. No empece lo anterior, el señor Villa Mercadante inquirió al licenciado Colón Morera sobre la posibilidad de demandar a su ex esposa y parali-zar el proceso de pública subasta. A esos fines, el licenciado Colón Morera le solicitó y obtuvo del señor Villa Merca-dante $1,000 adicionales.

El licenciado Colón Morera presentó, en el pleito de li-quidación de los bienes gananciales, una moción de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En ésta solicitó no tan sólo el relevo de la sentencia, sino también, la paralización de la ejecución de la subasta. En esa misma fecha, el licenciado Colón Morera presentó un pleito independiente de nulidad de sentencia, donde esgrimió, fundamentalmente, los mis-mos planteamientos presentados en la moción al amparo de la Regla 49.2, ante.

El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de relevo de sentencia —determinación que advino final y fir-me— más dispuso para la paralización de la ejecución de subasta hasta tanto se resolviera el pleito independiente de la nulidad de sentencia. Luego de varios trámites pro-cesales, recayó sentencia desestimando la demanda de nu-lidad instada. El tribunal a quo concluyó que era improce-dente utilizar una demanda de nulidad de sentencia para dejar sin efecto una sentencia final y firme de la cual no se recurrió en alzada. El tribunal le impuso al demandante una sanción de $500 en honorarios de abogado. Apelada dicha sentencia, el foro apelativo intermedio confirmó al foro primario.

Ante este cuadro fáctico, le ordenamos al Procurador General que presentara la correspondiente querella, lo cual hizo. En ésta se imputaron dos cargos por alegadas violaciones a los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Pro-fesional, ante. El primer cargo, por violación al Canon 18, se basó en el hecho de que no se recurrió de la sentencia adversa que originalmente recayó en el pleito de liquida-ción de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, conforme se había acordado. Además, se le imputó violación al Canon 18 por la falta de diligencia durante la tramitación de este pleito; específicamente, al someter el informe enmen-dado de conferencia con antelación al juicio el mismo día de la vista en su fondo, y por haber presentado en dicho caso la moción al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, ante, en sustitución del trámite apelativo. En el se-gundo cargo, por violación al Canon 19, se adujo que el querellado no mantuvo comunicación adecuada con su cliente durante el periodo en el cual se dictó sentencia y ésta advino final y firme.

El querellado contestó la querella instada y aceptó no haber acudido en alzada de la sentencia dictada según im-putado por el Procurador General, así como también no haber mantenido informado a su cliente de estos procesos. Rechazó sin embargo, que constituyera una violación a los Cánones de Ética Profesional haber presentado el informe enmendado de conferencia con antelación al juicio el mismo día de la vista en su fondo, así como tampoco cons-tituía una violación ética haber presentado la moción al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, ante. Por el contrario, adujo que en la tramitación de dicho litigio actuó correctamente. Señaló como atenuante, que había re-embolsado al querellante $2,000 pagados por el cliente para tramitar la apelación y que había tenido problemas familiares que afectaron su estado anímico.

El 4 de octubre de 2006 designamos a la Lie. Eliadís Orsini Zayas como comisionada especial para que recibiera la prueba y nos rindiera un informe con sus determinacio-nes de hechos y las recomendaciones que estimara apropiadas. Ante la comisionada, el querellado aceptó no haber presentado el recurso en alzada así como no haber mantenido adecuada comunicación con su cliente. Éste presentó ante la comisionada una extensa moción de ate-nuantes, algunos de los cuales son los siguientes: que res-tituyó los $2,000 que le había adelantado el señor Villa Mercadante para la tramitación de la apelación; que ha cooperado con el proceso y que “atendió a tiempo todas las etapas de la querella”; que admitió los hechos imputados tanto al contestar la querella como en el informe del Pro-curador General; que en todo momento actuó de buena fe; que los hechos imputados son aislados y que ésta es la primera vez que se tramita una querella en su contra; que durante los 27 años en que se ha desempeñado como abogado siempre ha actuado éticamente; que goza de buena reputación en la comunidad; que se encuentra afli-gido, arrepentido y angustiado por los hechos imputados y el trámite de conducta profesional instado en su contra. El Procurador General replicó a la moción de atenuantes, para objetar la aseveración de que el querellado había co-operado durante la tramitación de la querella. Hizo cons-tar que éste desatendió los requerimientos iniciales de dicha Oficina al grado que se nos solicitó le ordenásemos que los atendiera so pena de sanciones más severas, lo cual hicimos.

Luego de celebrada una vista sobre los procedimientos donde se estipularon varios hechos, el caso quedó sometido ante la comisionada especial. El 20 de febrero de 2007 la comisionada especial rindió su informe; en éste nos reco-mendó que el licenciado Colón Morera fuese sancionado con una enérgica reprimenda.

Sometido el caso ante nuestra consideración, pasamos a resolverlo.

HH I — H

A. Los cánones del Código de Ética Profesional tienen como objetivo propiciar que los abogados se desempeñen, profesional y personalmente, acorde con los más altos principios de conducta decorosa para beneficio de la profesión, de la ciudadanía, y de las instituciones de justicia del país. In re Pujol Thompson, 171 D.P.R. 683 (2007); In re Izquierdo Stella, 154 D.P.R. 732 (2001).

En innumerables ocasiones hemos expresado que el Canon 18 del Código de Ética Profesional, ante, le impone a todo abogado el deber de desempeñarse de forma capaz y diligente al defender los intereses de su cliente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad, y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. In re Hoffman Mouriño, 171 D.P.R. 567 (2007). Este deber se infringe cuando se asume una representación legal consciente de que no puede rendir una labor idónea competente o que no puede prepararse adecuadamente para el caso sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia. In re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199 (2005); In re Marini Román, 165 D.P.R. 801 (2005); In re Collazo I, 159 D.P.R. 141 (2003).

Todo miembro de la profesión legal tiene el ineludible deber de defender los intereses de su cliente con el compromiso de emplear la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más completa honradez. In re Meléndez La Fontaine, 167 D.P.R. 111 (2006); In re Meléndez Figueroa, ante; In re Alonso Santiago, 165 D.P.R. 555 (2005); In re Martínez Miranda, 160 D.P.R. 263 (2003); In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70 (2001). Así también hemos sostenido sin ambages, que aquella actuación negligente que pueda conllevar o en efecto conlleve la desestimación o archivo de un caso, se configura como violatoria del Canon 18 del Código de Ética Profesional, ante. In re Hoffman Mouriño, ante; In re Guadalupe, Colón, 155 D.P.R. 135, 154-155 (2001). Y así debe ser, pues el deber de diligencia profesional del abogado es del todo incompatible con la desidia, despreocupación y displicencia. In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770, 776 (1994).

El deber de diligencia del abogado requiere salvaguardar el derecho a recurrir de una determinación adversa para el cliente; por lo cual, permitir que expire el término de apelación entraña una violación al deber de diligencia que tiene todo abogado. In re Pujol Thompson, ante; In re Collado I, ante; In re Padilla Pérez, ante; In re Pérez Santiago, 131 D.P.R. 676 (1992). El hecho de que el abogado haya indemnizado a su cliente, no lo exime del trámite disciplinario por infracción al Código de Ética. In re Padilla Pérez, ante, pág. 777; In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595, 604 (1987).

B. Por otra parte, el Canon 19 del Código de Ética Profesional, ante, impone a todo abogado el deber inexcusable de mantener informado a su cliente de todo asunto importante que surja en el trámite de su caso. Dicha obligación constituye un elemento imprescindible en la relación fiduciaria que caracteriza el vínculo abogadocliente. In re García Muñoz, 170 D.P.R. 780 (2007); In re Criado Vázquez, 155 D.P.R. 436, 456 (2001); In re Flores Ayffán, 150 D.P.R. 907 (2000). Hemos sostenido que dictada una sentencia en un caso que pone fin parcial o totalmente a la causa de acción, es obligación del abogado informar a su cliente sobre lo acaecido. In re García Muñoz, ante; Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984); In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978).

Como vemos, además de ser diligente en la tramitación de una causa, el abogado debe mantener informado a su representado de todas las incidencias importantes del caso. El Canon 19, establece este deber de los abogados al margen del deber de diligencia, por lo que se configura como una obligación ética independiente. Véanse: In re Pujol Thompson, ante; In re Hernández Pérez I, 169 D.P.R. 91 (2006).

Esta obligación comprende mantener informado al cliente de las gestiones realizadas y del desarrollo de éstas, consultar las cuestiones que no estén dentro del ámbito discrecional de la representación legal y cumplir con las instrucciones de los representados. In re Acosta Grubb, ante. Es por ello que hemos dispuesto que se viola el Canon 19 cuando: no se atienden los reclamos de información del cliente; no se le informa del resultado adverso de la gestión encargada, la acción se desestima o se archiva; no se mantiene al cliente al tanto del estado o la situación procesal del caso, o simplemente se niega al cliente información del caso. Véanse: In re Acevedo Álvarez, 143 D.P.R. 293 (1995); In re Vélez Valentín, 124 D.P.R. 403 (1989); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984).

Pasemos entonces a aplicar la normativa antes rese-ñada a los hechos en este caso.

HH HH

En el caso ante nuestra consideración no hay duda de que el querellado, licenciado Colón Morera, incurrió en vio-laciones a los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profe-sional, así lo ha admitido él ante este Tribunal. No hay controversia alguna sobre el hecho que el licenciado Colón Morera se comprometió con su cliente en solicitar la revi-sión de la sentencia dictada en el pleito de liquidación de bienes gananciales, recibió un adelanto monetario para lle-var a cabo esa gestión, mas no cumplió con su encomienda. Ello sin más configura la violación imputada. Además, no le informó a su cliente del estatus procesal en el que se encontraba dicho caso. Ante la admisión y aceptación de los cargos imputados sólo resta determinar la sanción apropiada.

Al determinar la sanción disciplinaria que habrá de imponerse a un abogado que haya incurrido en conducta reñida con los postulados éticos que guían el desempeño en la profesión legal, podemos tomar en cuenta los siguientes factores: (i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) el historial previo de éste; (iii) si ésta constituye su primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada; (iv) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una conducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (vii) resarcimiento al cliente, y (viii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien de acuerdo con los hechos. Véanse: In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005); In re Montalvo Guzmán, 164 D.P.R. 806 (2005); In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 310-11 (2000); In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998). Estos criterios nos sirven de guía al determinar la sanción que procede imponer.

Aplicados los criterios antes mencionados a los hechos en este caso, concluimos que es procedente en esta ocasión imponer como sanción una censura enérgica al querellado con el señalamiento de que en lo sucesivo seremos más rigurosos de éste incurrir en nuevas violaciones éticas. El licenciado Colón Morera aceptó haber convenido con su cliente apelar la sentencia recaída en el caso de liquidación de bienes gananciales y no lo hizo. De la misma forma, aceptó no haber mantenido informado a su cliente sobre este asunto. Si bien es cierto que el licenciado Colón Mo-rera incurrió en tales desaciertos, censurables por demás, el expediente ante nuestra consideración refleja otras ges-tiones suyas a favor de su cliente en el pleito de liquidación de bienes gananciales, compatibles, aparentemente, con la gestión de solicitar revisión de la sentencia.

Por otro lado, no hay duda de que la moción de relevo de sentencia así como la demanda independiente de relevo de sentencia eran claramente improcedentes en derecho, por lo que tal y como concluyeron los foros inferiores, su litiga-ción fue temeraria. Tan es así que el foro primario le im-puso a la parte demandante una sanción de $500.

Esta es, sin embargo, la primera ocasión en que se insta una querella contra el licenciado Colón Morera, por su ges-tión profesional de abogado. Éste nos ha expresado su más sincero arrepentimiento por su conducta. Con lo cual, con-cluimos, como ya indicamos, que estimamos procedente únicamente, como sanción, una censura enérgica, aperci-biéndole para que el futuro se ciña estrictamente a las dis-posiciones de los cánones de ética profesional.

Se dictará sentencia de conformidad.

       No obstante tal aseveración, aceptó que fue objeto de una sanción disciplina-ria por el ejercicio del notariado. Véase In re Ríos Rivera, 119 D.P.R. 586 (1987).