text:
    Luce & Co., S. en C., demandante y apelante, v. Damián Morell y su consorte María Adelaida Cabrera, demandados y apelados; Damián Morell y su consorte María Adelaida Cabrera, demandantes y apelados, v. Luce & Co., S. en C., demandada y apelante.
    No. 4495.

    Visto: Mayo 8, 1928.

      Resuelto: Noviembre 28, 1928.

      Tons Soto & Zapater, abogados del apelante Luce & Co.; López de Tord & Zagas Bizarro y T. Bernurdvni de la Huerta, abogados de los apelados Morell.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Luce & Co., S. en C., sociedad civil agrícola, con domicilio en Salinas, P. B., presentó demanda contra Damián Morell y su esposa María Adelaida Cabrera, alegando en esencia, que la sociedad demandante es dueña, desde 18 de diciembre de 1923, de ocho veinteavas partes de una finca rústica, Hacienda “Carmen,” en el término municipal de Salinas, P. B., siendo dueño de once veinteavas partes Manuel González Martínez, quien además adquirió, en venta judicial una veinte-ava parte más, de la que había sido dueña la menor Prancine Peri, teniendo esta ultima adquisición fecha 20 de mayo de 1924; que el referido Manuel González Martínez, en 2 de abril de 1925, y por escritura pública, vendió a Damián Mo-rell y Bauzá el condominio de una veinteava parte que había adquirido, y que perteneció a Franeine Peri; y que esta venta se hizo por precio de seis mil dollars, y tuvo gastos por treinta y seis dollars más; que la demandante, ejerci-tando la acción de retracto de comuneros consigna en la corte seis mil cincuenta dollars por importe del precio de venta, de la finca, y los gastos de contrato; y pidió a la corte, se dictara sentencia en el sentido de resolver la compraventa-entre Manuel González Martínez y Damián Morell y esposa, por virtud del ejercicio de la acción de retracto. Por permiso de la corte se incorporó a. la súplica de la demanda, la obli-gación de la demandante de no vender en el término de cuatro años la participación a que la demanda se refiere.

En la contestación a esa demanda, los demandados Morell y esposa, niegan que la demandante fuera desde el 18 de diciembre de 1923, o en 2 de abril de 1925 dueña de las ocho veinteavas partes de la finca descrita en la demanda, y afirman que ella vino a adquirir tales condominios el 26 de septiembre de 1925 en que el Marshal de la Corte de Distrito de Ponce, en ejecución de una sentencia, otorgó escritura válida a favor de la demandante, en cuanto a la trasmisión de aquellos con-dominios; que la primera noticia que de tal venta tuviéron-los demandados, fué el 16 de septiembre de 1925, en que les; fué notificada la demanda de retracto en este caso; que cuando) la demandante en 26 de septiembre de 1925 adquirió su con-dominio, ya el demandado Morell era dueño del de una veinteava parte desde el 2 de abril de 1925, por título válido e inscribible, y que la demandante no puede ejercitar acción de retracto, y sí el demandado, quien lo ha hecho en otra demanda; alegaron como defensa especial que ante el mismo tribunal se halla un pleito en el que Damián Morell Bauza ejercita la acción de retracto de comuneros contra Luce & Go., S. en C., para subrogarse en su lugar en cuanto a la compraventa de ocho veinteavas partes de la misma finca, en cuyo pleito hay dos demandas complementarias; y pidió se desestimara la demanda.

Damián Morell Bauzá presentó ante la misma corte una demanda de retracto, contra Luce & Co., S. en C., alegando ser dueño de una veinteava parte de la finca Hacienda Carmen, en término municipal de Salinas, P. R., la que adquirió por compra a Manuel González Martínez, por escritura de 2 de abril de 1925; que el 16 de septiembre de 1925 tuvo el demandante conocimiento de que Luce & Co., S. en C., era dueña de un condominio de ocho veinteavas partes en la citada finca, sin que, por esa información apareciera que la dicha participación estuviera inscrita en el registro de la propiedad, y no teniendo el demandante conocimiento de que la demandada hubiera adquirido debidamente y mediante un valedero traspaso el dominio de tal condominio, y sí sólo la noticia por la notificación de la demanda; que el demandante adquirió de Don Manuel González su condominio antes de que Luce & Co. adquiriera los suyos por título válido, siendo Luce & Co. un extraño a la comunidad; que por la informa-ción del demandante, Luce & Co. pagó por sus condominios $66,299.99, y los gastos del contrato ascienden a $376.10, cantidades que el demandante Morell consigna ante la corte, a disposición de la demandada, con más una suma para cual-quier otro gasto, al ejercitar, como lo hace, la acción de retracto de comuneros, para subrogarse en lugar de Luce & Co. en la compra de aquel condominio. Presentó también Morell una demanda complementaria para alegar que el Márshal de la Corte de Distrito de Ponee en representación de unos demandados Antonetti y otros en pleito sobre rati-ficación de escritura, en que era demandante Luce & Co., S. en C., y en que se dictó sentencia a favor de la demandante, había otorgado escritura traspasando el título del condominio de ocho veinteavas partes de la Hacienda Carmen, en Salinas, a dicha Luce & Co., S. en C., en 26 de septiembre de 1925; y en una segunda demanda complementaria, alegó Morell la inscripción en el registro de la propiedad, de la copia de 1a. escritura otorgada por el márshal en la fecha citada.

Con relación a la demanda original y a la primera com-plementaria, presentó Luce & Co., S. en C., la demandada, una moción pidiendo que se eliminaran los siguientes ex-tremos :

1. La aleg’ación de que el demandante Morell adquirió de Manuel González una participación, antes de la adquisición de Luce & Co. y por título válido, por ser una conclusión legal, y no una alegación de hecho, y por incongruente con otra parte de la demanda en que se alega ser Luce & Co. dueña de ocho veinteavas partes.

2. La parte de la alegación 3 de la demanda en que dice: “y sin que el demandante hubiera tenido noticias en forma alguna ele que dicha demandada hubiera adquirido debida-mente y mediante un valedero traspaso el dominio de dicho condominio,” por aparecer contradictorio con lo que se dice en la misma alegación, en esta forma: “que el día 16 del corriente mes por la tarde el aquí demandante tuvo conoci-miento de que la demandada Luce & Co., S. en C., era dueña de un condominio de 8/20 partes, etc.”; y porque las palabras “valedero” y “debidamente,” dan una conclusión legal, y porque oscurecen la alegación. Y en cuanto a la demanda complementaria, pidió la eliminación en su totalidad, por no tener notificación de orden alguna de la corte permitiendo su presentación y porque se compone de hechos inmateriales. La corte resolvió declarando sin lugar la moción. La deman-dada presentó excepción previa por falta de hechos para de-terminar causa de acción, que fue declarada sin lugar por la corte.

Tja demandada Luce & Co., S. en C. contestó las demandas, original y complementarias, alegando en esencia, que es dueña de las 8/20 partes de la finca Hacienda Carmen, que compró por escritura pública de 18 de diciembre de 1923, cuya ins-cripción en el registro de la propiedad fue denegada, enta-blándose por ello el recurso ante el Tribunal Supremo, y luego otro ante la Corte de Circuito de Estados Unidos, que está pendiente de resolución, y quedando pendiente la anota-eión preventiva que se tomó en el registro al hacerse la dene-gación; que dicha anotación estaba pendiente en la fecha de la venta de condominio por Manuel González a Morell, y éste tenía conocimiento presuntivo de la venta de las 8/20 partes a Luce & Co., por haberse anotado en el registro una demanda de Luce & Co., S. en C., contra Madame Yeuve Antoinette Antoni-Antonetti y otros sobre confirmación y ratificación de la citada escritura de compraventa de 18 de diciembre de 1923, y cuya anotación se hallaba vigente en la fecha de la venta entre Manuel González y Damián Morell; que éste tuvo conocimiento actual de la venta de condominio a Luce & Co., S. en C.; rechaza la consignación por carecer de cansa y ser simulada; alega que la compraventa de 1/20 entre González y Morell fue simulada; que Manuel González Martínez, dueño de las 11/20 partes de la misma finca tiene renunciado su derecho al retracto; que la escritura otorgada por el Málrshal de la Corte de Distrito de Ponce a favor de Luce & Co., S. en C., en 26 de septiembre de 1925, fué de ratificación de la de 18 de diciembre de 1923, vendiendo las 8/20 partes, y que ambas fueron presentadas juntamente en el registro para producir la inscripción de esa participación.

En el día señalado para la vista de ambos casos, las partes en los dos casos, estipularon y convinieron, con la aprobación de la corte, que los dos pleitos se acumularan en uno solo para todos los efectos, considerándose que la demanda pre-sentada por Damián Morell contra Luce Sc Co., S. en C., es una eontrademanda, y que la contestación de Luce Se Co., S. en C., a la demanda de Damián Morell es una contestación a la eontrademanda, y que no habría más que una sola sen-tencia.

Practicada la prueba, la corte dictó sentencia, declarando sin lugar la demanda de Luce & Co., S. en C. contra Damián Morell y con lugar la contrademanda de Damián Morell contra Luce & Co., S. en C., sin especial condena de costas. Contra esta sentencia, de fecha 14 de febrero de 1927, se ha interpuesto por Luce & Go., S. en C., el recurso de ape-lación que consideramos.

Se señalan por la parte apelante, Luce & Go., S. en C., veinte y seis errores. De ellos toca considerar en primer lugar, los que se refieren a la resolución de la moción elimina-toria, y a la recaída en cuanto a la excepción previa.

El primer señalamiento de error, se enuncia y presenta por la apelante, así:

“Primer error. Erró la Corte al desestimar la moción elimina-toria contra la demanda.”

La apelante tiene razón en el señalamiento de error de que se trata.

La alegación tercera de la demanda de Morell v. Luce & Co., S. en C., está redactada de esta forma:

“Que el día dieciséis del corriente- mes y año por la tarde, el aquí demandante tuvo conocimiento de que la demandada Luce & Go., S. en C., era dueña de un condominio de 8/20 partes sobre la finca antes descrita, que pertenecía a Madame Yeuve Antoinette, Antoni-Antonetti, nacida María Antoinette Magdalaine Helen Portafox; Madame Yeuve Helen de Gaffori Antoni Antonetti, nacida Helen o Elena Antoni Antonetti; Madame Matbilde Ferrand Mugnier; Mademoiselle Angele o Angela Moratti Antoni Antonette; Mademoiselle Diane o Diana de Zerbi Antoni Antonette; Mademoiselle Pauline o Paulina de Zerbi Antoni Antonette; Madame Mathilde o Matilde Lemaitre nacida de Zerbi; Mister Horace u Horacio Morati Antoni Antonette; Madame Gabrielle Escoffier, nacida Gabrielle Matilde Ursula Antoni Antonette; y Monsieur Máxime Escoffier, Monsieur Joseph Ferrand y Mr. Lucian Lemaitre; sin que según la mejor in-formación y creencia del aquí demandante, dicho condominio haya sido inscrito o esté pendiente de inscripción a favor de dicha de-mandada, y sin que el demandante hubiera tenido noticias en forma alguna de que dicha demandada hubiera adquirido debidamente y mediante un valedero traspaso el dominio de dicho condominio, ha-biendo tenido conocimiento del referido hecho únicamente al ser no-tificado de la demanda en el caso de retracto de comuneros, número 13932, de Luce & Company S. en C. contra Damián Morell y su consorte María Adelaida Cabrera, radicado el día 15 de septiembre de 1925,. ante la Corte de Distrito de Ponce, en el cual litigio dicha demandada trata de usar el retracto de comuneros contra el aquí de-mandante como condueño que alega ser del referido inmueble, sin que aparezca de la referida demanda presentada por la dicha de-mandada contra el aquí demandante en el referido tribunal, la forma ni fecha de la adquisición de los referidos 8/20 sobre el dicho in-mueble, a favor de la aquí demandada, y sin que tampoco aparezca de dicha demanda si la referida adquisición de las 8/20 partes se ha hecho constar en escritura pública a favor de dicha Luce & Oo. S. en C., pero constándole al aquí demandante y así lo alega específicamente, el haber adquirido su condominio de don Manuel Gon-zález, antes de haber adquirido Luce & Co. S. en C. el dominio sobre el referido condominio de 8/20 partes sobre el referido inmueble y antes de que dicha Luce & Co. S. en C. hubiera adquirido por medio de título válido el referido condominio, siendo dicha Luce & Oo. S. en C. un extraño a la referida comunidad en cuanto a la descrita finca.”

En la alegación aparecen las siguientes afirmaciones:

1. Que en. 16 de septiembre de 1925, el demandante Morell tuvo conocimiento de. que la demandada Luce and Co. S. en C. era [dueña de un condominio de 8/20 paries sobre la finca descrita (itálicas nuestras).
2. Que al demandante consta el haber adquirido su condominio de Don Manuel González antes de que Luce and Co. S. en C. adquiriera las 8/20 partes por medio de título valido (itálicas nuestras).
3. Qúe de la demanda de Luce and Co. S. en C. contra Morell, en retracto, no aparece la fecha de la adquisición por Luce and Co. S. en C., y si se llevó a cabo por escritura, o no.

En realidad, esta última afirmación es impertinente en la demanda de Morell. Las alegaciones deben corresponder, al fin que la demanda persigne. Entre ellas y la suplica debe existir una relación de causa y efecto: sentados deter-minados hechos (causa) deben producir, en derecho, un re-sultado (efecto) que es el que se solicita que produzcan. Y lo que en otro litigio puede ser motivo de determinadas peti-ciones, no es para alegar en un litigio distinto, a menos que en él tenga, o deba lógicamente tener una influencia clara y positiva. En la demanda de Morell contra Luce and Co. S. en C., la forma y fechas de las adquisiciones de Morell y de Luce and Co., S. en C., tiene gran importancia, y debe apa-ieeer de las alegaciones en ese pleito; pero esto no quiere decir que en ese litigio pueda alegarse un defecto, si lo es, de las alegaciones en un pleito distinto. Esa parte de la alegación debió ser eliminada.

Pero de máte importancia son las otras afirmaciones, y las objeciones que a ellas se hicieron.

En 16 de septiembre de 1925, sabe el demandante que Luce and Co., S. en C., era dueña de un condominio en la finca. Este hecho es de tal importancia que sin su afirma-ción no cabe ejercitar la acción de retracto. El retracto tiene como objeto la resolución de una venta. Para que la resolución se produzca, y veng’a con ella la subrogación en el lugar del comprador, es preciso que el contrato de compra-venta haya existido, legal y eficazmente, y que haya habido un vendedor y un comprador en cuyo derecho y personalidad se va a dar la subrogación; y que haya habido la trasmisión de la cosa vendida, a un tercero, a un extraño. De forma que son bases invariables la eficacia del contrato de compra-venta y la realidad de la trasmisión.

El artículo 1409 del Código Civil de Puerto Eico, dice así:

“La venta se resuelve por las mismas causas que todas las obliga-ciones, y además por las expresadas en los capítulos anteriores, y por el retracto convencional o por el legal.”

Y el retracto legal, es así definido por el artículo 1424 del mismo código:

“Art. 1424. — El retracto legal es el derecho de subrogarse con las mismas condiciones estipuladas en el contrato en lugar del que ad-quiere una cosa por compra o dación en pago.”

Se ve que el precepto legal se refiere a un contrato exis-tente (“en las mismas condiciones estipuladas en el con-trato”) y a una adquisición eficaz y positiva (“en lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago”).

Si M.orell tiene nna acción de retracto, es inevitable para .él afirmar la existencia del contrato por el que se trasmitió la cosa o derecho que él quiere retraer; asegurar la presencia jurídica de un comprador, en cuyo sitio y lugar va el retracto a colocar a Morell. Si la compraventa no se hizo, no hay retracto, porque la cosa o derecho no fue trasmitida; no hay subrogación porque no hubo comprador a quien susti-tuir. Por esa razón cuanto en la alegación se refiere a ‘ título válido” y “traspaso valedero” y “debidamente” adquirido, en cuanto es una negación de la validez del título o del traspaso, trae consigo la negación del derecho de retracto.

Aparte de esto, y como motivo de menor importancia que el expresado, la calificación de título “válido,” la de. traspaso “valedero” (eficaz, en derecho) y la de “debidamente” en cuanto a la adquisición, son conclusiones de ley, perfectamente propias en la opinión y sentencia de la corte, a que corresponde hacer esas definiciones, y dictar la sanción; pero impropias de las alegaciones de las partes; alegaciones que quedan oscurecidas, y en las que unas palabras como ésas pueden .dar lugar a dificultades de trascendencia en la prueba, y a sorpresas perjudiciales a los derechos de las partes. La subsistencia de esas palabras en la alegación, pone a la parte que las empleó, en condiciones de aspirar a probar, en un ca.so de retracto, los elementos de un caso de nulidad de contrato, sin correr los riesgos del ejercicio de una acción de nulidad. No es ésa la doctrina de nuestra ley de procedimientos, ni puede permitirse que se alegue en esa forma, si la protección de la ley ha de ser igual para las dos partes.

La eliminación solicitada, debió ser concedida; y fue error de la corte el no hacerlo así.

El segundo señalamiento de error se enuncia así

“Segundo error. Erró la Corte al desestimar la moción elimina-toria de las demandas complementarias.”

Las demandas complementarias se refieren al otorgamiento por el Márslial de la Corte de Distrito de Ponce de una escri-tura de feclia 26 de septiembre de 1925 a favor de Luce and Co., S. en C., y a su inscripción en el registro.

Si la parte demandante fia alegado que en 16 de sep-tiembre de 1925 conoció el fiecfio de ser Luce and Co., S. en C., dueña de las 8/20 partes de la finca, su alegación con respecto a que la escritura de trasmisión fué otorgada por el Márslial en 26 de septiembre, 1925, no es compatible con •la alegación anterior.

Aparte de esto, nos parece que las demandas comple-mentarias no fueron de necesidad, y que sus alegaciones, no sólo adicionaron, sino que también varían las de la demanda original. Parece que ellas revelan una duda muy grave del demandante acerca de si su demanda original fué prematura. Si las alegaciones de ésta eran suficientes para sostener la acción de retracto, no son de precisión, y quizá son 'más de obstaculización y duda, las de las complementarias, que no debieron ser admitidas.

Los motivos legales que sostenían las mociones de elimi-nación, fueron, según se indica en el tercer señalamiento de error, base de una excepción previa formulada por Luce and Co., S. en C., con relación a la demanda de Morell. Por las mismas razones que fiemos expuesto, declaramos que la excepción previa debió ser sostenida por la corte, y que fué su error el no fiacerlo así.

Es innecesario el estudio de los demás señalamientos de error, si con la resolución de los tres primeros vuelve el caso al estado en que se bailaba cuando los errores fueron come-tidos.

Por las razones expuestas, debe revocarse la sentencia apelada, devolviendo el caso a la corte inferior para ulte-riores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Manuel Seoane San Martín, demandante y apelante, v. Fernando J. Cortés y Angel Cortés, demandados y apelados.
    No. 4661.

    Visto: Julio 2, 1928.

      Resuelto: Noviembre 28, 1928.

      F. Soto Gras, abogado del apelante; Fraser & Castro Fernandes, abo-gado del apelado F. J. Cortés; J. Martínez Dávila, abogado del apelado Angel Cortés.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación de este recurso por no haberse notificado en tiempo el escrito de apelación a uno de los de-mandados apelados.

Manuel Seoane San Martín demandó a Fernando J. Cortés y a Angel C. Cortés en solicitud de que se declarara que cierta venta aparentemente hecha por el primero al segundo jamás había existido, debiéndose su simulación al propósito de defraudar al demandante, acreedor legítimo del demandado Fernando J. Cortés.

Los demandados contestaron separadamente oponiendo a las alegaciones de la demanda la existencia y verdad de la transacción y negando el fraude. Ambos comparecieron por medio de los abogados Frazer y Castro Fernández.

Al celebrarse el juicio ocurrió lo que sigue:

“El día 8 de febrero de 1927, se llamó este caso para juicio, compareciendo el demandante por su abogado F. Soto Gras, y los demandados Fernando J. Cortés y Angel C. Cortés, por sus abogados Castro Fernández y José Martínez Dávila, respectivamente.
“Dindo. — Ledo. Castro: — En este caso son dos los demandados, Fernando J. Cortés y Angel C. Cortés, y quiero exponer a la Corte que solamente represento al demandado Fernando J. Cortés, y que el demandado Angel C. Cortés estará representado por el compañero José Martínez Dávila.
“Dte. — La contestación del otro demandado, Angel C. Cortés, está presentada y suscrita, como abogado de récord, por el Ledo. Frazer y el Ledo. Castro, y no ba habido ninguna moción oficial de subs-titución ni notificación al cliente de esa sustitución; por lo tanto no me parece que sea la forma adecuada para una substitución. Yo, por mi parte, no tengo inconveniente ninguno, porque no me va ni me viene quién represente a este demandado, pero no parece que sea la manera formal, porque si mi colega representa al otro, ¿ con qué derecho él sugiere una sustitución ? Ni siquiera el abogado que va a representar a Angel O. Cortés ha dicho nada.
“Dmdo. — Ledo. Martínez Dávila: — Represento a Angel O. Cortés y vamos a hacer las defensas completamente separadas del otro de-mandado, sosteniendo las alegaciones de la contestación.
“Dmdo. — Ledo. .Castro: — Si quiere lo puedo hacer en forma de moción: que se me dé por retirado de la representación de Angel C. Cortés, por estar representado en este acto por el compañero José Martínez Dávila.
“Dte. — jEs a nombre de Frazefi también?
“Dmdo. — Ledo. Castro: — Sí, señor.
‘ ‘ Juez: — Entonces se tiene por retirado' al abogado Frazer y Castro Fernández de la representación de Angel C. Cortés, compare-ciendo el abogado Martínez Dávila como abogado de este deman-dado.”

El 7 de septiembre de 1927 la corte de distrito dictó sen-tencia declarando la demanda sin lugar. La sentencia se basa en una cuidadosa opinión en la que después de reconocer la corte la presunción de fraudulenta que la venta tenía de acuerdo con los hechos y la jurisprudencia establecida en el caso de Santini Fertilizer Co. v. Burgos, 34 D.P.R. 869, estima, a virtud del análisis que hace de la prueba, que dicha presunción fue destruida por ésta, y, que el contrato esistió, celebrándose legalmente y no en fraude del acreedor deman-dante.

En la sentencia se expresa que los demandados compa-recieron por sus abogados R. Castro Fernández y José Mar-tínez Dávila. También aparece igual constancia en la minuta del secretario correspondiente al 8 de febrero de 1927, copia de la cual el propio día se unió al récord del caso. En la carátula de éste figuran como abogados de récord de los demandados O. B. Frazer, It. Castro Fernández y José Martínez Dávila.

No conforme el demandante, apeló de la sentencia de 7 de septiembre de 1927 notificádale el 8 de septiembre de 1927, notificando su escrito al secretario de la corte y al abogado R. Castro Fernández y radicando la notificación en secre-taría el 6 de octubre de 1927.

Así las cosas, el 13 de octubre de 1927 el abogado Castro Fernández presentó un escrito jurado titulado “Aclaración de notificación” que en lo pertinente dice:

“Que el día 6 de octubre 1927 al regresar a su oficina encontró encima de su escritorio un escrito de apelación en el presente caso, el cual examinó muy a la ligera y guardó la misma en el file co-rrespondiente; que en el día de hoy se le ha llamado la atención al hecho de que la notificación de dicho escrito es algo obscuro e in-cierto puesto ,que si bien es cierto que el escrito de apelación está dirigido ‘Al Secretario de la Corte, y al abogado R. Castro Fernán-dez’, la taquígrafa del deponente al aceptar la notificación de dicho escrito y al firmar el mismo en mi nombre no se fijó que debajo de donde estaba firmando decía ‘Abogados de los Demandados’; que desde el día del juicio y según se hizo constar al empezar la vista del mismo, cesó por completo la autorización del deponente y del Ledo. O. B. Frazer como abogados del demandado Angel C. Cortés quien días antes había nombrado su único y exclusivo abogado al Ledo. José Martínez Dávila, de todo lo que tiene amplio conoci-miento el abogado del demandante Ledo. Francisco Soto Gras: que como el deponente no tiene autorización alguna en esta fecha ni en ninguna fecha posterior a la de la celebración del juicio para re-presentarle y darse por notificado a nombre del demandado, Angel C. Cortés; y para aclarar cualquier duda que pueda existir sobre el alcalice de la notificación del escrito de apelación, el deponente hace constar bajo juramento que su taquígrafa no estaba autorizada como no lo está autorizado él ni Mr. Frazer para aceptar notificacio-nes a nombre de otra persona que del demandado, Fernando -I. Cortés. ’ ’

El apelante entonces, el 15 de octubre, 1927, notificó la apelación al abogado Martínez Dávila, así:

“El abogado que suscribe a nombre y en representación del abo-gado F. Soto Gras, representante de la parte demandante en el caso de, epígrafe, habiendo sido notificado con fecha, 11 de octubre de 1927, de que usted 'representa al demandado Angel C. Cortés, por la presente se le notifica de que con fecha 6 de octubre de 1927 fué radicado un escrito de apelación por la parte demandante por uo estar ésta conforme con la sentencia dictada en 7 de septiembre de 1927 y notificada el día 8 de septiembre de 1927. — San Juan, P. R., octubre 15, 1927. — ’(Fdo.) F. Soto Gras. — R. Díaz Collazo, abogado del demandante. — Notificado con copia oct. 15 de 1927. — (Fdo.) José Martínez Dávila. — Radicado (filed) oct. 17, 1927. — Luis Vergne Ortiz, See. ’ ’

Con esos antecedentes como base, se presentó una moción de desestimación por el demandado Angel C. Cortés por medio de su abogado J. Martínez Dávila que fué impugnada poi’ el apelante y que dió lugar a un amplio debate entre las partes el día de la vista.

Que Angel C. Cortés fué un demandado en el pleito y que es parte necesaria en la apelación, surge de modo evidente de los hechos. T que cuando finalmente notificado de la interposición del recurso en la persona de su abogado, había transcurrido el término de ley, también surge de modo evi-dente de los hechos.

Siendo ello así, la desestimación solicitada se impone como consecuencia inevitable de acuerdo con la ley y la repetida jurisprudencia de este tribunal.

Pero el apelante sostiene que no procede la desestimación porque el demandado Angel G. Cortés quedó notificado cuando el escrito lo fué al abogado Castro Fernández que continuó siendo el abogado de récord de arabos demandados, ya que nunca fué sustituido legalmente por el otro abogado Mar-tínez Dávila cuya intervención se limitó a la vista del pleito. Llama la atención el apelante a que debajo de la firma de Castro al darse por notificado aparecen las siguientes pa-labras: “Abogados de los demandados.” También se bace mérito de la intervención del Sr. Díaz Collazo como abogado del demandante al tiempo de la apelación en ausencia del Sr. Soto Giras que fué el que compareció a la vista del pleito y del liecho de no constar según él del récord del caso la sustitución de Castro por Martínez como abogado de A. C. Cortés. Finalmente, invocando la jurisprudencia establecida en el caso de Moyle v. Landers, 78 Cal. 99, sostiene el apelante que la conducta observada por el abogado de los de-mandados al valerse de sus propias deficiencias para tratar de destruir el derecho del demandante, exige que su moción sea declarada sin lugar.

En primer término diremos' que dada la explicación del abogado Castro en su “Aclaración de notificación,” las pala-bras en maquinilla puestas por el propio apelante al preparar el escrito de notificación, si se llega a la conclusión de que hubo una sustitución de abogado en el acto de la vista, no tienen importancia decisiva. El nervio de la cuestión a de-cidir está en si en efecto a partir del juicio un nuevo abogado, Martínez Dávila, se encargó o no de defender los derechos del demandado A. C. Cortés cesando el antiguo, Castro, en su representación.

Para sostener que la sustitución no se hizo en forma y que Martínez no puede considerarse como el abogado de récord, invoca el apelante las reglas 25 y 26 de las que-go-biernan la tramitación de los asuntos en las Cortes de Dis-trito de la Isla y que dicen así:

“Regla 25. — El abogado que primeramente haya sido ocupado en el pleito, se considerará como el que lleva la representación en el mismo y cuando esté presente tendrá la dirección del pleito, a me-nos que se liaga un cambio por la parte interesada y conste en el récord.
“Regia 26. — Un abogado de récord es aquel que ha comparecido en el pleito, y se entenderá que ha comparecido, cuando su nombre aparezca suscribiendo las alegaciones o algún convenio de las partes archivado en el pleito; y dicho abogado será considerado con derecho para continuar como tal hasta el fin del pleito, a menos que otra cosa en contrario aparezca del récord.”

Recientemente, el 28 de julio último, en el caso de Carreras v. Pérez, esta corte interpretando la regia 26, dijo:

“La regla de la Corte citada no se opone a que un abogado sea considerado como tal en casos distintos de los previstos en ella.”

Este caso sometido ahora a nuestra consideración es más fuerte que el de Carreras, supra, y bien puede sostenerse que en él se cumplió implícitamente con las exigencias de las regias.

Ambos demandados comparecieron al principio por la misma firma de abogados pero formularon también desde el principio contestaciones por separado y cuando llegó la vista encomendaron su representación cada uno a un abogado. El cambio no pasó inadvertido al demandante. Por su abogado objetó a la forma en que la sustitución se pedía y entonces ocurrió lo que ya conocemos.

El hecho de la sustitución no sólo quedó grabado en la mente de los abogados y en las notas taquigráficas, sí que además en las minutas del secretario una copia de las cuales, de acuerdo con la ley, se unió a los autos, y en la carátula de éstos, haciéndose expresa mención del nuevo abogado en la sentencia misma que se registró y contra la cual se inter-puso el recurso.

Hubiera sido mejor que una moción escrita se hubiera presentado, pero el hecho de la sustitución tuvo lugar de modo tan ostensible y claro y de él quedaron tantas constan-cias en los autos que no puede invocarse su desconocimiento aunque exista la circunstancia favorable de la ausencia del abogado del demandante que estuvo presente en el acto de la vista.

En el caso de Moyle v. Landers, 78 Cal. 99, que se invoca finalmente por el apelante, se trataba de un abogado que firmó a nombre de su cliente que estaba muerto, y al pro-moverse por los herederos la desestimación del recurso, la corté, fundándose en que el abogado notificado tenía cono-cimiento del fallecimiento y no lo avisó al contrario, de ma-nera que pudiera hacer una notificación correcta, denegó la desestimación de apelación. La corte dijo:

“Sieberst era el abogado de Landers. Después de hacerse el nom-bramiento de sus representantes personales, continuó actuando como abogado de ellos. Según se demuestra por la declaración jurada, él tenía conocimiento, mientras actuaba como abogado de estos últimos, que por virtud de la orden de la corte ellos habían sido substituidos como demandados en lugar de Landers, y estando presente en la corte no hizo objeción alguna y permaneció en silencio hasta que ya era demasiado tarde para los apelantes notificar y radicar un nuevo escrito. Siendo el abogado de los representantes personales, tenía autoridad para obligarles. No solamente es esto así, sino que se alega directamente, y no se niega que su silencio tenía por objeto el fin avieso de dejar caer el recurso de los apelantes, y que la ad-ministradora tomó parte en tal fraude.
“El 'permitir que esta moción prevalezca bajo tales circumstan-cias, sería disfrazar la justicia y someterla a que con razón se pxi-diera reprochar la administración de la ley.
“Nos confrontamos con la' alegación levantada por los demandados de que ésta es una cuestión puramente jurisdiccional, que esta corte sólo puede adquirir jurisdicción en las formas dispuestas por la ley. y que tal jurisdicción no puede conferírsele por el consentimiento o por la sumisión voluntaria de las partes, y en apoyo de esta contención citan los casos de Bonds. vs. Hickman, 29 Cal. 462; Judson vs. Love, 35 Cal. 466; Shartzer vs. Love, 40 Cal. 96; Reed vs. Allison, 61 Cal. 465.
“Según ya hemos dicho, debe admitirse que la regla expuesta por estos casos es la verdadera, pero a nuestro juicio ellos no son apli-cables al caso que tenemos ante nuestra consideración.
‘ ‘ En ninguno de los casos citados surgió la cuestión de fraude. El apelante sencillamente dejó de dar los pasos necesarios para perfec-eionar su recurso de apelación, y en uno de dichos casos existia una»-estipulación al efecto de que la notificación se. habió, hecho, pero esto fué contradicho con un certificado del secretario y con una declara-ción jurada. Creemos que muy bien puede surgir la cuestión de si una estipulación expresa de las partes renunciando a los pasos necesarios para perfeccionar una apelación, o al efecto de que se han dado tales pasos, hecha de buena fe, es o no obligatoria para ellas y si confiere jurisdicción a la corte. (Hayne sobre Nuevos Jui-cios, see. 210, pág. 642, y casos citados.)
“Pero ésta no es la cuestión que tenemos ante nos. La cuestión en este caso es si aquellas personas que fraudulentamente han impe-dido que se haga la notificación del 'escrito, ocultando hechos mate-riales y dejando de presentar oportunamente objeción a la juris-dicción de la corte, y que con el fin avieso de impedir la debida notificación de las mismas, han demor.ado presentar sus objeciones hasta que ya era demasiado tarde para remediar el defecto, no están ahora impedidas de atacar la notificación que se les ha hecho, o la jurisdicción de la corte.
“Bajo las circunstancias de este caso somos de .opinión que ahora no debe darse oportunidad a los querellados de atacar la jurisdicción de la corte por no haberse notificado oportunamente el escrito de ape-lación. ’ ’

Como puede verse los hechos y las circunstancias son dis-tintos. Aquí el demandante conocía todo lo ocurrido. Quizá el ahogado Castro tuvo oportunidad de hacer en tiempo a la parte contraria la aclaración de notificación que luego hizo a la Corte, pero, mientras su palabra jurada no se destruya, debemos creer que la primera oportunidad que tuvo para hacer la aclaración fué después de vencido el término que la ley concedía al apelante para hacer su notificación, y como el apelante conocía los hechos y no podía descansar en la actitud que pudiera asumir la parte contraria, sino en su propia diligencia, no tiene más remedio que estar y pasar por las consecuencias de sus propios actos.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse con lugar la, moción del apelado A. C. Cortés y desestimarse el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Juan Rivera Michel, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 743.

    Sometido: Noviembre 26, 1928.

      Resuelto: Diciembre 4, 1928.

      Andrés Mena, abogado del recurrente; el registrador recurrido no-compareció.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Rivera Michel tomó en préstamo de Manuel Garrido Farizo seiscientos dollars, que se obligó a devolverle el 8 de octubre de 1924; y para garantizar el pago impuso Rivera una hipoteca sobre una finca urbana de su propiedad, solar y casa en Caguas.

Manuel Garrido Farizo cedió el crédito hipotecario a. José Garrido Farizo, quien falleció en junio de 1927, sin testar, y sin que se haya hecho declaración judicial de here-deros.

Contra la Sucesión de José Garrido Farizo compuesta de su viuda, María Puig, y John Doe y Richard Doe, herederos desconocidos de aquél, siguió Isabel Polanco un pleito, ante la Corte de Distrito de Humacao, y en vía de aseguramiento de efectividad de sentencia, embargó el referido crédito hipo-tecario, que, luego al ejecutarse la sentencia, fue vendido en subasta por el márshal a Félix Baerga; éste obtuvo su escri-tura, y la presentó al registro de la propiedad, que denegó la inscripción, consintiendo Baerga la denegación.

En estas condiciones, Juan Rivera Michel consignó en la Corte de Distrito de Humacao el importe del préstamo hipo-tecario y sus intereses, y una vez que el tribunal ordenó que se notificara la consignación a María Puig, Isabel Polanco y Félix Baerga, y éstos nada opusieron en el término que se les dió, dictó dicho tribunal en 29 de agosto de 1928 una orden declarando bien hecha la consignación, y decretando la cancelación de la expresada hipoteca, y en virtud de ella se libró el mandamiento al Registrador de la Propiedad de Caguas; éste denegó, la cancelación decretada, fundándose en que en el procedimiento de consignación no se había cum-plido con las reglas establecidas por los artículos 1144 a 1149 del Código Civil, y especialmente lo dispuesto en el 1145, con respecto a la notificación; en que la inscripción del crédito hipotecario a favor de Félix Baerga había sido denegada por falta de jurisdicción en la corte por no apa-recer que John Doe y Richard Doe hubieran sido notificados por edictos en el pleito seguido por Isabel Polanco, y reco-nocerse por la corte que tal denegación fué fundada y consen-tida por Baerga; no constando que la consignación fuera notificada en forma alguna a John Doe y Richard Doe, ni que se le diera el aviso que requiere la ley.

Contra la nota denegatoria del registrador se ha inter-puesto el presente recurso.

Es verdad que la primera impresión que produce la nota recurrida es lo de ser demasiado general, al afirmar que no se han cumplido en la consignación los requisitos de los ar-tículos 1144 a 1149 del Código Civil. Pero también es cierto que el registrador puntualiza y señala el defecto de la falta de notificación a los herederos desconocidos de José Garrido Farizo, que es la base de la no admisión o denegación de la cancelación.

El artículo 1144 del Código Civil señala los únicos casos en que la consignación puede producir efecto por sí sola, prescindiendo del ofrecimiento de pago: ausencia o incapa-cidad del acreedor, pluralidad de personas que pretendan tener el derecho a cobrar (se entiende, derechos opuestos o encontrados) y extravío del título de la obligación. Fuera de esos casos, no puede prescindirse del ofrecimiento de pago. Y por el artículo 1145 del mismo código se establece el requi-sito del anuncio o aviso de la consignación, como se establece por el 1146 la notificación de que aquélla se hizo. En el caso de autos, lo cierto es que no aparece que a los herederos de José Garrido Farizo se haya hecho el ofrecimiento de pago, o hayan sido en cualquier forma avisados de la con-signación, o notificados de la misma. Es verdad que el cré-dito aparece vendido a Félix Baerga, pero el registrador en-cuentra que la inscripción de tal venta fué denegada por falta de jurisdicción do la corte y consentida por el intere-sado, y no le es posible reconocer a éste como dueño del crédito, a los efectos del registro, únicos a los que la calificación hace referencia según el artículo 101 de la Ley Hipotecaria. Y en este caso la calificación está bien hecha y la denegación es correcta, ya que pueden hacerse, cuando menos, el aviso y la notificación por edictos.

Se confirma- la nota del Registrador de la'Propiedad de Oguas, a la que se refiere este recurso.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    A. Alvarez y Hermanos, S. en C., como sucesora y liquidadora de A. Alvarez y Hermanos, demandante y apelada, v. Victoria R. de Alamo y Agustín Alamo, demandados apelantes.
    No. 4687.

    Visto: Noviembre 13, 1928.

      Resuelto: Diciembre 10, 1928.

      M. Benitez Flores, abogado de los apelantes; F. Soto Oras, abogado de la apelada.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 23 de julio último se presentó en este caso ’ una moción solicitando la desestimación del recurso de apela-ción establecido contra la sentencia complementaria dictada en el mismo el 16 de mayo de 1928. El fundamento de la moción es el de no haberse radicado la transcripción de los autos dentro del plazo de treinta días a partir del en que se interpuso la apelación. Sus becbos 5, 6 y 7 dicen:

“V. — Que los demandados se limitaron a formular apelación contra la sentencia relacionada, el día 13 de junio de 1928.
“VI. — Que todos lo's procedimientos que han dado lugar a la sentencia apelada son los que arriba se expresan, o sea, la moción de la demandante sobre cumplimiento de sentencia complementaria (deficiency judgment), dictada en su consecuencia, sin que se hu-biera presentado u ofrecido prueba oral o documental de clase al-guna, y estando además los heeho's de la moción admitidos por los demandados debido a su falta de contestación u oposición a 'dichos hechos.
“VII. — Que siendo innecesario o improcedente la exposición del caso o la transcripción de la evidencia, el término para, radicar la transcripción del récord en la Secretaría de esta Ilon.. Corte es de 30 días contados desde la fecha del escrito de apelación, y por tanto han transcurrido con exceso dichos 30 días.”

Se pidió un señalamiento especial de la moción para antes de las vacaciones de la corte y no se accedió a ello, siendo la vista señalada para el 5 de noviembre de 1928. En dicbo día comparecieron ambas partes. A petición del apelante se pospuso la vista para el día 13 del propio mes pudiendo las partes radicar certificaciones y memorándums. El 9 de noviembre la parte apelada pidió que se adicionara a los z utos una certificación de lo que según ella constituye el récord de la apelación. Además una certificación del taquí-grafo José Morales que dice:

“1. — Que asistí como tgi taquígrafo a la sesión celebrada por la Corte el día 14 de mayo de 1928, en la cual 'se sometió por la de-mandante en el caso arriba indicado la moción sobre cumplimiento de sentencia.
“2. — Que en relación con esa moción, al ser sometida, o en nin-guna otra ocasión posterior, las partes presentaron prueba testifical ni oral alguna que fuera incluida en el récord taquigráfico tomado por mí de las sesiones de la Corte.
“3. — Que por ese motivo al ser ordenada por la Corte la trans-cripción de la evidencia con fecha 19 de junio de 1928, manifesté al Hon. Juez proveyente y al abogado de los demandados, que me sería imposible hacer transcripción alguna de evidencia no presen-tada según mis notas.
“4. — Que no obstante esa actitud mía, los demandados han pe-dido y obtenido varias prórrogas para preparar la transcripción men-cionada, pero el taquígrafo que suscribe no ha efectuado ni efectuará trabajo alguno de transcripción de evidencia que no conste de sus notas fuera ofrecida o admitida como prueba, a menos que se le or-dene específicamente la transcripción que se interesa, si ello proce-diere en derecho.”

Nada presenta la parte apelante.

El día 13 de noviembre volvieron a comparecer ambas partes por sns abogados sosteniendo nna sn moción de deses-timación e impugnándola la otra.

Creemos que tiene razón la parte apelada. No era nece-saria transcripción de evidencia alguna. Todo lo que se requería para preparar la apelación estaba listo y a dispo-sición del apelante. Este lia dejado transcurrir más de cinco meses sin 'archivar un récord que pudo serlo holgada-mente dentro del término, de treinta días que concede la ley para tales casos.

Las diferentes prórrogas que se solicitaron por la parte apelante en la corte inferior lo fueron basándose “en que el taquígrafo no había tenido tiempo material para preparar la transcripción de los autos, solicitada a los efectos de la apelación establecida.” Conocemos lo que dice el taquígrafo. En esta Corte Suprema no se ha solicitado prórroga del término de ley para archivar la transcripción.

Debe desestimarse el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Texidob,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emeterio y Vicente Tirado, acusados y apelantes.
    No. 3459.

    Visto: Noviembre 20, 1928.
    Resuelto: Diciembre 10, 1928.

      Agustín E. Font, abogado de los apelantes; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

Contra Emeterio Tirado, Vicente Tirado y Juan Tirado, se presentó por el fiscal de la Corte de Distrito de Ponce, nna acusación por homicidio voluntario. Los acusados hi-cieron la alegación de inocentes; y el juicio tuvo efecto ante el tribunal del jurado. De las instrucciones que el juez de la corte dió al jurado, tomó la representación de los acusados varias excepciones, de las que se hará mención, en lo pro-cedente, en esta opinión. El jurado rindió veredicto decla-rando culpables de homicidio voluntario a los acusados Emeterio Tirado y Vicente Tirado, y no culpable a Juan Tirado; y la corte condenó a los expresados Emeterio y Vicente Tirado a sufrir cinco años de presidio cada uno, y las costas. Contra esta sentencia se ha interpuesto la pre-sente apelación.

La parte apelante señaló diez y siete errores. No es preciso considerar los diez y siete señalamientos; especial-mente, porque el fiscal de este tribunal conviene en la exis-tencia de algunos de esos errores, y en que los hechos en que se fundan los señalamientos ocasionaron que los acu-sados no tuvieran un juicio justo e imparcial.

Se ha señalado por los apelantes como tercer error, las manifestaciones y preguntas del Juez de la Corte de Distrito de Ponce al testigo Julio Irizarry (páginas 60 a 63 de la transcripción). Fueron éstas:

“Juez. — Usted ha prestado un juramento. Por lo que ha estado oyendo la Corte, observa que Ud. ha declarado aquí algo en relación a estos hechos que no concuerda con lo declarado ante el Hon. Juez Municipal de Guánica. La Corte observa que usted está ahí violento, que casi no puede hablar, y se le llenan los ojos con agua, como si quisiera llorar. R. — ¿Yo? P. — Sí. R. — No, señor. P. — ¿A usted le pasa algo? ¿Usted está enfermo? R. — No, señor. P — ¿Usted se encuentra bien? R. — Sí, señor. P. — ¿Usted no tiene nada que le impida físicamente prestar declaración? R. — No, señor. P. — ¿Y mo-ralmente? ¿Ha habido alguien que le haya dicho: ‘Cuidado con lo que tú vayas a declarar allí?’ R. — No, señor. P. — Dígamelo, y verá usted como se concluyen estas cuestiones. R. — No, señor. No señor. No me han dicho nada. P. — ¿Nadie lo ha intimidado? R. — Nadie. P. — i Nadie le ha prometido a nsted algo dieiéndole: ‘ Si declara esto, le voy a regalar esto otro ? ’ R. — Nadie; nadie. P. — ¿ Por qué enton-•ees usted no se produce como dehe producir'se un testigo, con espon-taneidad, lo mismo que se produjo usted ante el Juez Municipal de Guániea? ¿Qué le pasa a usted? R. — Nada. P. — Hable con los se-ñores del Jurado. Diga qué es lo que usted sabe de estos hechos y cualquier cosa que le ocurra a u'sted, venga donde mí y venga donde el Fiscal. A usted no le pasará nada. ¡Ay del que se atreva a ha- ■ serle algo! Dígale a los señores del Jurado lo que pasó allí.”

Indudablemente, el fin perseguido era asegurar la pureza del testimonio. Pero el medio empleado era expuesto a que •el jurado incurriera en error, e interpretara en el sentido de que la corte quiso establecer la poca veracidad del testigo en ciertos extremos de su declaración, y se dio por estable-ado que la primitiva declaración del testigo fue alterada. Esto influye al jurado. En el caso El Pueblo v. Rodríguez, 36 D.P.R.. 427, ba dicho este tribunal:

“‘No podemos convenir con el apelante en que la prueba no ten-día a demostrar la comisión del delito, pero nos vemos obligados a resolver que la admisión de esta's declaraciones fué un error perju-ílieial para el acusado, ya que tendían en la forma indicada a arro-jar serias dudas sobre las declaraciones de estos testigos, quienes de-clararon a favor de la teoría de defensa propia y quienes no debe ol-vidarse fueron presentados por el fiscal.”

Existe el error señalado bajo el número tercero.

Cuando declaraba el testigo de la defensa Ventura 'Casiano (páginas 112 a 121 T. E.), el juez de distrito interrumpió al fiscal que contrainterrogaba, e hizo al testigo un interrogatorio (páginas 115 a 119 T. E.) en el que era 'materia de interés la declaración que el mismo testigo prestó •ante el Juez Municipal de Guániea, declaración que se le recordó en detalle; y después dijo lo que sigue:

“La Corte le ha hecho a usted todas estas preguntas, y la Corte, después de haberlo oído a usted, entiende que ha cometido un delito de perjurio en Corte abierta, y haciendo uso de las facultades que Se da la Ley para castigar el delito de perjurio cometido en Corte abierta como desacato y para otros fines, lo procesa a usted y ordena su arresto, a no ser que preste una fianza de trescientos dollars, para que responda de un delito de perjurio en corte abierta, consis-tente en hacer ante esta Corte todas las manifestaciones completa-mente contrarias a las hechas por Ud. bajo juramento ante el Juez Municipal de Guánica. El taquígrafo sacará copia íntegra de esta de-claración prestada ante esta Corte de Distrito, ante el Jurado, a los efectos del delito de perjurio en corte abierta. Abogado. — Tomamos excepción de las manifestaciones de la Corte, porque de acuerdo con la Ley el jurado es el juez que debe resolver sobre la credibilidad de los testigos, si debe o no creer a dicho testigo, y al decir la Corte que este testigo ha cometido perjurio en corte abierta, está resolviendo sobre los mérito's de su testimonio, y esto lo debe resolver el jurado únicamente; y esto lesiona los derechos de los acusados, que tienen derecho a un juicio imparcial.”

Ha sostenido este tribunal, el derecho del jurado para aquilatar, como tínico juez, la prueba, sin sugestiones que lo perturben en el acto de pronunciar su veredicto. Y ha declarado asimismo que no puede, bajo ningún concepto, hacerse entrever al jurado el juicio que cada uno de loa elementos de prueba merezca al juez que comunica las ins-trucciones, ni es lícito sugerirles nada que tienda a desviar su criterio de lo que entiende honradamente que es justo e im-parcial (El Pueblo v. Rodríguez, 11 D.P.R. 235).

En este caso, fué grave error este proceder del juez ante el jurado. Este, necesariamente ha tenido que sentir la in-fluencia de lo ocurrido ante él, y ha tenido que sospechar gravemente de la declaración del testigo, cuya credibilidad lio ha pasado íntegra y cabal a la apreciación del jurado, sino tachada por la declaración que ha hecho el juez. Las frases de éste, aunque proferidas con el mejor espirita, invaden el campo de acción del jurado, penetran en la con-ciencia de los que le constituyen, y allí quedan, como un obstáculo a un juicio sereno e imparcial; juicio a que tienen derecho innegable los acusados.

Confirmamos la doctrina establecida por este tribunal, especialmente en el caso El Pueblo v. Acevedo, 35 D.P.R. 966, en lo que se refiere a la intervención del juez en los interrogatorios. No se niega el derecho del juez a inter-venir en los interrogatorios; pero se afirma qne, en los inicios por jurado especialmente, el fiscal debe condncir el caso por parte del Pueblo, y la intervención excesiva de la corte en el enrso general de los interrogatorios, y los comen-tarios hechos a favor de la acnsación producirán prejuicio en la mente del jurado contra el acusado, que no tendría un juicio justo e imparcial.

Siete errores (del décimo al décimo-sexto, inclusives,) se señalan a las instrucciones dadas por el juez al jurado. Reconocida la existencia de otros errores, suficientes para la revocación de la sentencia, no es preciso entrar en minuciosos detalles en cuanto a los demás. Indudablemente el juez fué, en algunos momentos en sus instrucciones, más allá de los límites naturales de éstas. No puede dudarse que su voluntad fué la de ayudar a la recta administración de justicia, pero la forma elegida no fué la más aconsejable. Las imprecaciones del párrafo que empieza con las palabras: “Oh, raza de Pilatos . . . .” y termina así: “como no habrías de continuar con vuestra obra,” no pueden ser admisibles; el jurado tiene que sentirse, forzosamente, atemorizado; y no es ése el estado de espíritu más propio para llegar a un veredicto imparcial.

Por las razones expresadas, debe revocarse la sentencia devolviéndose el caso a la corte inferior, para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    Dr. J. T. Ramírez Cuerda, demandante-apelado-apelante, v. Angel María Yumet Méndez, demandado-apelante-apelado.
    No. 4798.

    Visto: Noviembre 26, 1928.

      Resuelto: Diciembre 10, 1928.

      A. García Bucos y L. Méndez Vas, abogados del apelante-apelado; J. Alemañy Sosa, abogado del apelado-apelante.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado Dr. J. T. Ramírez Cuerda ha solicitado que se desestime la apelación interpuesta por la parte deman-dada basándose en que la sentencia apelada fué notificada a las partes en 31 de julio de 1928, por medio del correo, y la apelación fué interpuesta el 4 de septiembre siguiente. A la moción se acompaña certificación del secretario de la Corte de Distrito de Aguadilla, • incluyendo copia del escrito de apelación en el caso, presentado el 4 de septiembre de 1928; y otra certificación del mismo funcionario haciendo constar que en 31 de julio de 1928 el juez de aquella corte archivó la opinión y sentencia en el caso, y que al pie de tal opinión y sentencia hay una diligencia que dice:

“Copia de la anterior opinión y sentencia ha sido enviada por correo en el día de hoy a los abogados de las partes en este caso. Aguadilla, P. R., a 31 de julio de 1928.—Firmado A. Méndez Liciaga, Secretario."

El apelante se opuso a la desestimación alegando que su abogado no fué notificado de la sentencia hasta el día 6 de agosto de 1928, y presentando con su oposición una certificación. del secretario de la Corte de Distrito de Agua-dilla, en la que, entre otros extremos, aparece que la notifi-cación de la sentencia al abogado del demandado Yumet se hizo en 6 de agosto de 1928, y la apelación de dicha parte fue presentada el 4 de septiembre del mismo año; y que es costumbre de la secretaría enviar, por cortesía a los abogados de las partes, la copia de la opinión y la sentencia en el caso. Presentó, además, declaraciones juradas que comprueban que la notificación se hizo en la referida fecha.

No aparece la fecha en que por el secretario de la corte se archivara la copia de notificación de sentencia, ni si se ha hecho tal archivo.

El plazo para apelar se cuenta desde que se archiva la copia de la notificación de la resolución apelable; ésta es la ley, y ésta es la constante jurisprudencia de este tribunal.

La nota que indica que. el secretario de la corte ha remitido, o entregado, a las partes la copia de la sentencia, no expresa la notificación formal de ésta, que debe hacerse de acuerdo con la Ley No. 70 de 1911, según ha dicho este tribunal en el caso Delgado v. Márquez, 37 D.P.R. 135, y en el caso Del Rosario v. Allende, 33 D.P.R. 770.

Por lo expuesto se declara sin lugar la moción de desesti-mación.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Rosa María Parra Vda. de Sánchez, demandante y apelante, v. The Great American Insurance Co. of New York, demandada y apelada.
    No. 4651.

    Visto: Diciembre 10, 1928.

      Resuelto: Diciembre 11, 1928.

      B. Arjona Biaca, abogado de la apelante; Harlzell, Kelly <& Ilartzell, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La transcripción de los autos para esta apelación fué' radicada en este tribunal el 20 de julio de este año y de acuerdo con nuestro reglamento el alegato en apoyo de la apelación debió ser presentado dentro de los diez días siguientes. No se bizo así ni se solicitaron prórrogas para radicarlo y tres meses después, el 9' de octubre, el apelado solicitó que por ese motivo desestimemos la apelación, notificando el mismo día esa moción a la parte apelante. El mismo día se comunicó al apelante que la vista de esa moción tendría lugar el 13' de noviembre, pero en este día, a instancia del apelante fundada en que las ocupaciones continuas y urgentes de su abogado durante los últimos meses habían quebrantado su salud basta el punto de tener que guardar reposo por algunas semanas, suspendimos la vista de tal moción y al día siguiente fué notificado el apelante de que estaba señalada de nuevo para el 10 de diciembre. En este día y a la hora fijada para la vista de esa moción el apelante presentó su alegato con moción solicitando que lo admitamos y que desestimemos la moción de desestimación alegando que las cuestiones que propone en su alegato son fundamentales y que la última parte de él ha tenido que dictarla estando enfermo de la vista.

No solamente el apelante dejó transcurrir tres meses sin piesentar su alegato en tiempo oportuno y sin solicitar pró-rrogas sino que desde el 10 de octubre en que se le notificó la moción de desestimación ha dejado transcurrir otros dos Dieses para radicarlo, lo que demuestra ana falta grande de diligencia por su parte, sin qae paeda servir de excasa para ella las o capaciones del abogado, como Remos resnelto en el caso de Dávila v. Del Campo, 33 D.P.R. 130, ni aan el qae baya necesitado reposo por alganas semanas y qae al ter-minarlo esté enfermo de la vista. Si él Rubiera cumplido •con nuestro reglamento o Rubiera solicitado prórrogas, Rubiera evitado la moción de desestimación.

La apelación debe ser desestimada.


text:
    Rosa Molina de Manzanares, peticionaria y apelante, v. Andrés Lugo, Alcaide de la Cárcel de Distrito de San Juan, opositor y apelado.
    No. 3688.

    Visto: Noviembre 16, 1928.

      Resuelto: Diciembre 12, 1928.

      M. Rodríguez Serra, abogado de la peticionaria; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Rosa Molina de Manzanares presentó una petición de Habeas Corpus en la Corte de Distrito de San Juan. Alegó que se Rallaba encarcelada a virtud de orden de arresto del fiscal del distrito, por considerarla éste co-autora del delito--calificado por él de asesinato perpetrado en la persona d© Amador Manzanares, esposo de la peticionaria. Alegó,,, además, que el fiscal se negaba a admitirle fianza y pidió a-la. corte que investigara la causa de su prisión y ordenara finalmente su libertad sin o con fianza “porque la imputa-ción que se le liace no tiene causa razonable o probable que justifique su arresto y menos aún sin admitírsele fiam-mientras se sustancia el proceso.”

La corte de distrito expidió el auto, investigó la causa, de la prisión y decidió, sin prejuzgar en forma álguna di caso en su fondo, que debía desestimar como desestimó la petición.

No conforme la Sra. Molina apeló para ante este tribunal, señalando en su alegato la comisión de cinco errores.

El primero de dichos errores se refiere al cometido a juicio de la apelante por la corte al admitir com© prueba una carta dirigida al fiscal por el doctor Martínez Alvarez.

Hemos examinado la llamada carta y ella consiste en eí dictamen pericial de la autopsia practicada en el cadáver del Sr. Amador Manzanares. Dicho dictamen se dirige al fiscal' que ordenó la práctica de la autopsia, está firmado por eí Doctor A. Martínez Alvarez, apareciendo después de la firma lo que sigue:

“Jurado y suscrito ante mí, por el doctor A. Martínez Alvarez (Firmado) M. Romaní, Fiscal.”

Como puede verse, el error no existe. La ley no exige que se comience jurando el documento. Tal como el jura-mento fué tomado en este caso, debe entenderse que se juró el contenido del dictamen. La alegación de la apelante de-que no podría sujetarse al médico a un proceso por perjurio-de resultar falso alguno de los hechos esenciales del dicta-men, carece de fundamento. Aún aceptando que el jura-mento apareciera tomado o prestado en forma irregular, elfo-no sería admitido como defensa en una causa por perjurio, según el precepto terminante del artículo 117 del Código Penal.

Los restantes errores pueden reducirse a uno, a saber: la prueba aportada por el fiscal no demuestra, la existencia de un delito de asesinato en primer grado, ni que sea evidente o grande la presunción de culpabilidad de la £ pelante.

Toda la evidencia que el fiscal presentó en la vista del auto de Habeas Corpus, consistió en el dictamen indicado y en la declaración jurada de un testigo.

El dictamen es demasiado largo para- ser transcrito. De él se deduce que practicada la autopsia del interfecto Man-zanares encontráronse en su cuerpo varias contusiones en las regiones craneana, toráxica y abdominal. Concluye así:

“Resumen de las lesiones de mayor importancia Ralladas en el curso de esta autopsia que por su carácter, intensidad y efectos pro-dujeron la muerte:
“ (a) Hemorragia intracraneana por contu'sión en la región fronte parietal derecha.
“(b) Hemorragia pleurítica por laceración de ambos pulmones.
“(c) Hemorragia intra-abdominal producida por rotura del bazo y riñón izquierdo.
“(d) Shock por pérdida de sangre.”

Es evidente, pues, que la muerte de Manzanares sobre-vino a consecuencia de las contusiones que recibiera. ¿Cómo y por quién se infirieron dichas contusiones? A demostrarlo tiende el otro documento presentado por el fiscal, que, copiado a la letra, dice:

“Ante el Fiscal del Distrito, Marcelino Romaní, comparece Francisco Montañez, quien después de prestar el debido juramento de acuerdo con la ley, dice:
“Que se llama Francisco Montañez, de 19 años de edad, y es ve-cino de San Juan; que allá por la noche del 26 al 27 de octubre de 1928, el declarante era mensajero de la Farmacia Colón No. 1, sita en la calle Monserrate de Santuree de la ciudad de San Juan; que dicha farmacia era de la propiedad de Don Amador Manzanares, quien estaba ca'sa'do con Sosa Molina; que Rafael Figueroa era de-pendiente de dicha botica desde hacía dos meses y medio; que esta farmacia estaba situada en una casa de dos pisos y en el segundo piso había un balcón que estaba a una altura de la calle como de seis metros; que debajo del balcón hay una acera de concreto y en la calle hay mucha's piedras y cascajos, las piedras son de distintos tamaños, desde dos libras para abajo.
“Que en la noche del 26 al 27 de octubre el declarante estaba durmiendo en los bajos de la casa donde está la farmacia; que como de doce a doce y media de la noche vió al Sr. Amador Manzanares que bajó a la farmacia a tomar una pepsina regresando inmediata-mente a los altos de la casa, donde dormía la esposa; que al llegar a la habitación donde está ’su esposa Rosa Molina, el declarante oyó que Don Amador Manzanares dijo: “So sinvergüenzas, eso es lo que ustedes .hacen,” y seguido sintió una lucha, un fuerte motín; que entonces el declarante salió a la calle para desde allí ver lo que pa-saba arriba en los altos; que este motín continuó por mucho tiempo y entonces el declarante vió que Ro’sa Molina traía cogido por los pies a Don Amador Manzanares y Rafael Figueroa por la cabeza; que Amador Manzanares estaba mongo, más de la parte de la muerte que de la vida y en esa forma lo trajeron al balcón de la casa donde está la farmacia y allí Rosa Molina con un martillo o un marrón bastante regular le dió con él en la frente a Don Ama-dor Manzanares y entonces entre ambos, después que Rosa Molina le dió dicho martillazo o marronazo, entre ella y Rafael Figueroa lo tiraron por el balcón a la acera y a la calle, donde chocó con ésta y eon la's piedras de la callé recibiendo muchísimos golpes.
“Que entonces después que lo tiraron a la calle Rafael Figueroa huyó tirándose del balcón al garage, del garage a otro balconcito que hay en el primer piso y de este balconcito abajo a la calle; que del balcón donde fué tirado Don Amador Manzanares, es el balcón del segundo piso, que como ya he dicho queda como a unos seis metros de alt' ra: que Don Amador cayó a la cafe casi muerto y de ahí lo llevaron al Hospital Municipal de San Juan, donde murió momentos después. ’ ’

He ahí el caso. Ejercitando el derecho que a todo ciu-dadano reconoce la ley, la Sra. Molina pidió que se investi-gara la causa de su prisión. El fiscal, acusador público, sostuvo que había decretado dicha prisión sin fianza porque en las diligencias que estaba practicando con motivo de la muerte violenta del Sr. Manzanares había encontrado prueba bastante para creer que dicha muerte constituía un asesinato en primer grado y que uno de sus autores lo era la Sra. Molina. No se trata, pues, de juzgar a la apelante. Se trata simplemente de resolver si el fiscal ■ estuvo o no justi-ficado al decretar su encarcelamiento sin fianza.

El artículo 2 de la vigente Oarta Orgánica de Puerto Eieo, dice:

“Toda persona podrá antes de ser convicta, prestar fianza con suficiente garantía, excepto por crímenes capitales cuando la prueba sea evidente o la presunción grande.”

Ese precepto constitucional es el mismo que regía en Puerto Eieo desde el 1902 a virtud de lo dispuesto en los artículos 372 y 373 del Código de Enjuiciamiento Criminal, así:

“Art. 372. — Ningún acusado a quien se impute la comisión de un crimen que apareje la pena de muerte, podrá prestar fianza, cuando sea evidente la prueba o grande la presunción de su culpabilidad. El hecho de presentarse una acusación no da más fuerza a la prueba ni'a la presunción que de ésta pueda deducirse.”
“Art. 373. — Si la imputación fuere por cualquier otro delito, el acusado puede prestar fianza antes de ser convicto.”

La ley que rige en el estado de California es igual a la de Puerto Eieo. En el caso de Flores v. El Pueblo, 30 D.P.R. 583, 585, esta corte después de transcribir el artículo 372 del Código de Enjuiciamiento Criminal, dijo:

“Ese artículo es igual al 1270 del Código Penal de California. En dicho estado está además incluido dicho precepto en la constitución. Artículo 1, sección 8. Lo mismo .sucede en Puerto Rico: Ley Orgánica, artículo 2, párrafo 4.”

Siendo esto así, parece lógico recurrir a la jurisprudencia de California para interpretar el alcance del precepto, como lo hicimos en el citado caso de Flores v. El Pueblo, supra, para fijar la regla que debía seguirse después de formulada la acusación en el proceso.

Dicha jurisprudencia es como signe:

“La's expresiones ‘la prueba sea evidente’ o la ‘presunción gran-de’ han recibido distintas interpretaciones por las cortes de los va-rios estados, resolviendo algunas cortes que el acusado tiene derecho a que se le fije fianza a menos que la prueba contra él sea tal que satisfaga a un jurado de 'su culpabilidad fuera de duda razonable; mientras que otros han resuelto que debe negarse la fijación de fianza cuando la prueba es suficiente en derecho para sostener una convic-ción con pena de muerte. La última regia ha sido adoptada en este estado. De igual suerte, en un procedimiento de habeas corpus, la corte no debe anticipar las actuaciones del jurado poniendo en li-bertad a una persona acusada de un delito que apareja pena capital, con o sin prestación de fianza, fundándose en prueba que la corte no puede decir que es insuficiente para permitir que quede en pie un veredicto por un delito que apareje pena capital. Se ha resuelto que para sostener una resolución rehusando fijarle fianza a una persona acusada de un delito que apareja pena capital, no es necesario que la prueba sea tan convincente que justifique un veredicto contra el acusado, sino que eS suficiente si lo relaciona con el delito e induce a la creencia de que el acusado pudo haberlo cometido.” 3 Cal. Jur. p. 1029-30.

Analizada la prueba aportada por el fiscal en este caso a la luz de la ley vigente tal como ha sido interpretada por la Corte Suprema de California, es necesario concluir que actuó derechamente la corte de distrito al negar la solicitud de la apelante.

A los efectos de la formación de nuestro criterio dehe partirse de la base de la certeza de la declaración del testigo Montañez. Puede que sea deficiente en algunos extremos, susceptible de crítica en otros, pero hay que reconocer que guarda relación con el dictamen facultativo y que contiene imputaciones directas contra la apelante que de ser creídas por un jurado, le permitirían llegar a un veredicto de culpable de asesinato en primer grado.

“Asesinato es dar muerte ilegal a un ser humano, con malicia y premeditación (malice aforethought).” Artículo 199 del Código Penal. “Dicha premeditación puede ser ex-presa o tácita. Es expresa cuando se manifiesta el propósito deliberado de quitar la vida ilegalmente a un semejante. Es tácita, cuando no resulta notable provocación, o las circuns-tancias que concurran demuestran un corazón pervertido o maligno.” Artículo 200 del propio código. “Todo asesi-nato por medio de veneno, acecho, o tortura, y toda clase de muerte alevosa, deliberada y premeditada (or by any other kind of wilful, deliberate, and premeditated killing) o come-tida al perpetrarse o intentarse algún incendio de morada, rapto, robo, asalto, o mutilación, constituye asesinato en primer grado; siendo de segundo grado todos los demás.” (Itálicas nuestras). Artículo 201 del mismo cuerpo legal. “Toda persona culpable de asesinato en primer grado in-currirá en pena de muerte ...” Artículo 202 del Código Penal.

A virtud de la declaración de Montañez sabemos que en la noche del 26 al 27 de octubre último Manzanares fué desde el piso alto de la casa en que vivía al bajo en que estaba su establecimiento de farmacia a tomar una medicina, que regresó al piso alto y dirigió ciertas palabras en plural a las que siguió “una lucha, un fuerte motín.” El testigo se trasladó a la ealle y desde ella “vió que Eosa Molina traía cogido por los pies a don Amador Manzanares y Eafael Figueroa por la cabeza; que Amador Manzanares estaba mongo, más de la parte de la muerte que de la vida y en esa forma lo trajeron al balcón . . .”'

¿Qué hizo entonces la apelante? Según el testigo, tomó un martillo o marrón y “le dió con él en la frente a Man-zanares ...”

¿Y qué más hizo? Montañez le atribuye que entre ella y Eafael Figueroa tiraron a Manzanares “por el balcón a la acera y a la calle.”

El balcón era el del segundo piso de la casa y de la calle fué recogido Manzanares para morir poco después como describe el doctor Martínez Alvarez en su certificación de autopsia.

Surge, pues, de esa prueba que la apelante en unión de otra persona dió muerte ilegal a su esposo de una manera alevosa, premeditada y deliberada. Aunque el término ale-voso del texto castellano es más fuerte que el wilful del inglés, existe aquí la alevosía, ya que cuando Rosa Molina dió el martillazo en la frente a Manzanares éste estaba mongo, más de la muerte que de la vida. ¿Y qué otra cosa que deliberación y premeditación en la perpetración de la muerte revelan el hecho' de sacar al balcón a Manzanares en aquel estado, darle en el balcón un golpe de martillo y luego arrojarlo desde él a la calle?

La jurisprudencia ba muchas. veces resuelto que no se necesita el transcurso de un largo tiempo para decidir que existen la premeditación y la deliberación. Lo que se nece-sita es que surja de la prueba la actuación consciente y firme y persistente del autor para ocasionar la muerte aunque todo ello ocurra en un momento. Y aquí esa actuación cons-ciente y firme y persistente surge clara de la prueba.

Nos hemos visto obligados a expresar nuestro juicio para resolver el caso que se nos ba sometido, pero deseamos insis-tir en lo dicho por el juez de distrito al fundar la resolución apelada. Nuestro criterio de ahora en nada prejuzga el caso ni puede ser invocado, en forma alguna en contra de la apelante. La declaración de Montañez puede ser confirmada o destruida o explicada en otro' sentido en el acto del juicio. La verdad puede ser otra que la expresada por Montañez. Sólo a virtud de la prueba que se practique por ambas partes en el acto de la vista, es que podrá ser juzgada definitiva-mente la apelante.

Deloe confirmarse la resolución recurrida.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


text:
    Francisco A. Clemente, demandante y apelado, v. La Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Etc., demandada y apelante.
    No. 4562.

    Visto: Noviembre 23, 1928.

      Resuelto: Diciembre 13, 1928.

      Hon. Attorney General James R. Beverley, y Ortiz Toro, Sub-Pro-curador, abogados de la apelante; Alberto S. Poventud, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco A. Clemente formuló ante la Corte de Distrito de Ponce una demanda contra la Junta Examinadora de In-genieros, Arquitectos y Agrimensores, alegando que él se liabía dedicado al ejercicio de la ingeniería eléctrica en Puerto Rico, por más de diez y seis años con anterioridad a la ítprobación de la Ley No. 31, de 26 de abril de 1927, una de cuyas secciones da a los que ban estado en el ejercicio de la profesión de ingeniero por no menos de tres años con anterioridad a la aprobación de la ley, el derecho a que se le dé por la Junta Examinadora una licencia para ejercer tal profesión,- que, en ese concepto, acudió a la junta, pi-diendo en forma la licencia para ejercer como ingeniero electricista, y haciendo el depósito de veinte dollars para tal licencia; que la junta se ha negado a expedirle la licencia, expresándole los motivos en carta fechada en San Juan, P. B., a 28 de enero de 1928; qne el peticionario presentó a la jnnta nna moción de reconsideración, con otro affidavit demostrando qne ha trabajado como ingeniero electricista por más de diez y seis años, y la jnnta denegó de nnevo la petición, cansándole así nn perjuicio. T pidió la expedición de nn anto de mandamus para qne la jnnta dé la licencia pedida o exponga razones para la negativa.

Se expidió por la corte el anto condicional de mandamus; y compareció la jnnta demandada, por medio del Procurador General Interino, el Procurador Auxiliar y el Sub-Proeu-rador, para pedir el traslado del caso a la Corte de Distrito de San Juan, acompañando a la moción nn affidavit de mé-ritos, excepciones previas y contestación. La moción de traslado se funda en qne la jnnta demandada reside en San Juan, y qne la acción qne se ejercita tiene por base hechos realizados por la demandada en sn carácter oficial, y en San Juan.

El demandante se resistió al traslado y al mismo tiempo presentó nna moción para inspección ocular de ciertos tra-bajos. Los fundamentos de la oposición fueron: qne el de-mandante reside en Ponce, donde ha ejercido sn profesión: que la demanda se dirige contra la Jnnta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, creada por la ley para funcionar, en toda la Isla, por lo qne puede ser deman-dada en cualquier distrito de la misma: que se trata de nn remedio rápido y especial, por lo qne el traslado traería pos-posición de la vista y dilaciones, y qne de admitirse se vio-laría la ley estableciendo el mandamus, qne no admite más .defensa que la contestación: que los testigos del caso residen en Ponce, y les sería materialmente imposible trasladarse a San Juan, por razón de sus ocupaciones en Ponce: qne la cansa de acción tuvo origen en Ponce, y de acuerdo con el ..artículo 79, Código de Enjuiciamiento Civil, y la jurispru-dencia, el caso debe verse en el distrito en qne se originó la cansa del litigio o alguna parte de ella; e invocó la discreción de la corte en casos de traslado.

Fijada la fecha para ver el caso, la demandada pidió suspensión de la vista por falta de tiempo para obtener la prueba; y la corte resolvió, declarando sin lugar la moción de traslado, y haciendo nuevo señalamiento para la vista. Contra esta resolución, de 26 de marzo de 1928, apeló la demandada.

El único error que señala la apelante, se formula así:

“La Corte de Distrito de Ponee, cometió error al denegar la mo-ción de traslado del caso para la Corte de Distrito de San Juan.”

Invoca la apelante el precepto del artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil, que autoriza la petición de traslado al distrito propio para el conocimiento del pleito. Induda-blemente, los requisitos que de dicho precepto aparecen, han sido cumplidos en la moción de la apelante. Si es cierto que con la petición se presentaron escepciones previas y contes-tación, el artículo 82 que se cita autoriza, y aún mejor, ordena que se haga la moción al comparecer “a contestar o a for-mular excepciones,” lo que no excluye que se presenten al mismo tiempo las dos alegaciones. Y es indudable que por la ley que estableció el auto de mandamus, (Art. 8, Ley citada, Sección 1335, Compilación de 1911) la persona noti-ficada podrá alegar las causas en la forma de una contesta-ción, y no se admitirá ninguna otra defensa o alegación escrita sino el auto y la contestación (Art. 10, Ley, y Sección 1337, Compilación citada). El precepto no es de tal manera rígido que fuerce a la parte a someterse a un tribunal que no sea competente. No hay situación alguna que autorice a crear en un tribunal una competencia de que, por ley, carece; y a la parte a someterse a tal competencia, sin invocar el amparo de la ley. Esta, al hacer declaraciones como la del artículo 10 que estudiamos, ha partido de la premisa de que la corte que conoce del caso tiene jurisdicción para ello; y sobre esa premisa puede sustentar la declaración, por rígida qne aparezca. La demandada no se sometió a la competencia de la corte, por el hecho de presentar la con-testación, qne era indispensable para la moción de traslado.

No nos parece dndosa la aplicabilidad del número 2o. del artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil al pre-sente caso. La demandada lo ha sido por razón de.la dene-gación de una licencia, qne, a juicio del demandante, tenía el deber de expedir. Ese acto es oficial, y parte del conjunto de actos para los que la ley ha facultado a la junta deman-dada; se halla entre los comprendidos en el párrafo 2" del artículo 79, antes citado. La realización de ese acto tuvo lugar en San Juan, donde la demandada tiene sus oficinas y su domicilio legal. La competencia para conocer de los litigios a que dé lugar, como causa directa e inmediata, ese acto, está en las cortes de San Juan.

La resolución apelada debe ser revocada, y ordenarse el traslado del caso a la Corte de Distrito de San Juan.