author: PER CURIAM:

text:
      In re Margarita Dávila Tellado.

      Número: TS-3,835

      Resuelto: 5 de mayo de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   PER CURIAM:

I

La Leda. Margarita Dávila Tellado fue admitida al ejercicio de la abogacía el 16 de diciembre de 1971 y al de la notaría el 10 de febrero de 1972.

El 24 de septiembre de 2015, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, compareció ante este Tribunal mediante el escrito intitulado Informe especial sobre incumplimiento de la ley notarial [de] Puerto Rico y su reglamento y en solicitud de remedios. En éste, alegó que la licenciada Dávila Teliado incumplió su deber de presentar ante ODIN diversos índi-ces de actividad notarial mensual e índices estadísticos de actividad notarial anual. Además, adujo que, del expediente de la licenciada Dávila Teliado, no surge que ésta cuente con una fianza notarial vigente desde 2011. Por otro lado, señaló que ODIN, según lo anterior, le cursó a la le-trada de epígrafe una serie de comunicaciones, con tal de que presentara los índices e informes adeudados y sumi-nistrara evidencia de que, en efecto, había pagado su fianza notarial. Estas fueron devueltas por el sistema de correo federal (RTS-Vacant-Unable to Forward). Por lo tanto, el licenciado Ávila de Jesús solicitó que este Tribunal ordenara la suspensión inmediata de la licenciada Dávila Teliado del ejercicio de la notaría y la incautación in-mediata de su obra y sello notarial. Asimismo, solicitó que le ordenáramos que presentara evidencia acreditativa del pago de su fianza notarial desde 2011 hasta el presente.

En consideración, este Tribunal, el 20 de octubre de 2015, emitió una resolución en la que le concedía a la li-cenciada Dávila Teliado un término de diez días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendida indefi-nidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría. El alguacil de este Tribunal se personó a la residencia de la letrada, según ésta consta en el Registro Único de Abogadas y Abogados (RUA), para diligenciar la resolución personalmente. Sin embargo, ello no fue posible. Al día de hoy, la licenciada Dávila Teliado no ha comparecido.

El Canon 9 del Código de Ética Profesional consagra, sin cualificación alguna, que “[e]l abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. IX. Véase In re Fontánez Fontánez, 181 DPR 407, 416 (2011). Por lo tanto, corolario de lo anterior, todos los abogados admiti-dos al ejercicio de la profesión legal están indefectiblemente obligados a prestar atención y obedecer con dili-gencia cualquier orden o requerimiento emitido por algún tribunal. In re Dávila Toro, 179 DPR 833, 840 (2010). En consecuencia, incumplir con semejante deber bien puede acarrear la imposición de severas sanciones disciplina-rias; entre éstas, la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. In re Aponte Sánchez, 178 DPR 647, 649 (2010); In re Meléndez González, 166 DPR 196, 198 (2005).

De otra parte, es imperativo destacar que el de-ber de respeto aludido aplicación plenamente a cualquier requerimiento hecho por ODIN. Ello, por el importante rol que desempeña esa oficina, al velar por el cabal cum-plimiento de las disposiciones jurídicas que regulan el de-licado oficio de la notaría en nuestra jurisdicción. Así, este Tribunal ha sido enfático al disponer que “[l]os abogados tienen la obligación ineludible de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal, así como a los de O.D.I.N.”. In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, 736 (2011). Véase, también, In re Rivera Irizarry, 155 DPR 687 (2001). Por lo tanto, procede la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría cuando un abogado hace caso omiso a los requerimientos de ODIN. In re Martínez Romero, 188 DPR 511, 515 (2013).

III

Por último, conviene recordar que, dado lo dispuesto en la Regla 9(j) de este Tribunal, las personas ad-mitidas al ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción están obligadas a informar cualquier cambio en su direc-ción postal o física, con tal que ello conste en el RUA. 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 9(j); In re Grau Collazo, 185 DPR 938, 944 (2012). “Cabe mencionar que nuestro énfasis en la importancia de que todo abogado mantenga al Tribunal al tanto de sus direcciones y de su información personal no es novel [sic]. En reiteradas ocasiones hemos señalado la gra-vedad que conlleva no notificar de manera inmediata a la Secretaría de este Tribunal de cualquier cambio ocurrido”. In re Camacho Hernández, 188 DPR 739, 743 (2013).

IV

En el caso ante nuestra consideración, la licenciada Dávila Tellado ha hecho caso omiso reiteradamente tanto a los requerimientos de ODIN como a los de este Tribunal. Ello, al margen de cualquier incumplimiento con las dispo-siciones jurídicas que regulan el ejercicio de la notaría en nuestra jurisdicción. Por consiguiente, ante la indiferencia de la licenciada Dávila Tellado, no nos queda más remedio que ordenar su suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría.

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefi-nidamente a la licenciada Dávila Tellado del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir represen-tándolos, devolverles cualquier honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su sus-pensión a los distintos foros judiciales y administrativos del País. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cum- plimiento con lo anterior en el término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia.

Finalmente, el alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial de la abogada suspendida y en-tregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notaría para la investigación y el informe correspondientes.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Es menester señalar que la licenciada Dávila Tellado fue suspendida del ejercicio de la abogacía y de la notaría anteriormente por no contestar los requeri-mientos de este Tribunal. Véase Col. Abogados P.R. v. Dávila, 152 DPR 221 (2000). Sin embargo, el 25 de octubre de 2002 fue reinstalada al ejercicio de ambas profesiones, mediante Resolución.

       De hecho, el alguacil de este Tribunal entrevistó a los vecinos del lugar. Uno de ellos le indicó que la licenciada Dávila Teliado posiblemente se encuentre viviendo en Estados Unidos. Valga destacar que también se hicieron gestiones en el Departa-mento de Justicia y en el Registro Demográfico, pero ambas fueron infructuosas.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Luis Oscar Santiago Montañez et al., peticionarios, v. Fresenius Medical Care et al., recurridos.

      Número: CC-2013-986

      Resuelto: 6 de mayo de 2016

      Maryse Roldán Ruiz y José F. Velázquez Ortiz, abogados de la parte peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

En este caso reafirmamos los postulados de estimación y valoración de daños que establecimos en Rodríguez et al. v. Hospital et al., infra. Resulta imperativo llamar la aten-ción a los foros primarios en torno a la necesidad de ape-garse a los aspectos metodológicos esenciales aplicados en esta Opinión en la difícil pero vital gestión de valoración de daños.

Procedemos a exponer el contexto fáctico y procesal en el que se desató la cuestión planteada ante nos.

I

Tras ser diagnosticada con insuficiencia renal en su etapa terminal en noviembre de 2006, la Sra. Ruby Navarro Santiago (señora Navarro Santiago) comenzó a recibir terapias de remplazo renal mediante hemodiálisis, según recomendado por su nefrólogo, el Dr. Enrique Ortiz Kidd (doctor Ortiz KidcQ. Específicamente, en enero de 2007 comenzó a tomar las terapias de hemodiálisis en el centro de diálisis Fresenius Medical Care/Bio-Medical Applications of Caguas, Inc. (BMA Caguas). Ésta recibía el trata-miento tres veces por semana y cada terapia duraba aproximadamente de dos horas y media a tres horas y media cada una.

Como de costumbre, el 5 de septiembre de 2007 la se-ñora Navarro Santiago acudió a BMA Caguas para recibir su tratamiento de hemodiálisis. Al arribar al centro con su cónyuge Luis Oscar Santiago Montañez (señor Santiago Montañez), quien siempre la llevaba a sus terapias, la se-ñora Navarro Santiago fue recibida por una de las enfer-meras de BMA Caguas, Irma I. Pedraza Ríos (enfermera Pedraza), quien estuvo a cargo de darle su terapia rutina-ria de hemodiálisis. Esta enfermera comenzó la terapia re-alizando un procedimiento para absorber la heparina que se había dejado en los lúmenes de la señora Navarro Santiago en su terapia anterior del 3 de septiembre. Empero, en el proceso de extracción de la heparina, la enfermera sintió una obstrucción que impedía el flujo, por lo que aplicó solución salina al catéter. Sin embargo, continuó sintiendo resistencia para remover la heparina, por lo que le informó sobre la obstrucción a la enfermera líder Nilda Maldonado López (enfermera Maldonado).

Resulta importante destacar que, para ese entonces, existía un protocolo en BMA Caguas que disponía que en estos casos de oclusión en los catéteres se debía insertar el trombolítico Activase en los lúmenes para destruir los coá-gulos y poder reanudar el proceso de hemodiálisis. Asi-mismo, el protocolo establecía que el personal de enferme-ría debía comunicarse primero con uno de los médicos del centro de diálisis para que alguno de éstos autorizara el uso del fármaco Activase. Una vez se obtenía la autoriza-ción de un médico, debían dejar el fármaco por 30 minutos y, luego, extraerlo y comenzar nuevamente la terapia de hemodiálisis. Ello, solo si el Activase había sido exitoso en destruir los coágulos o trombos que obstruían los catéteres.

Contrario al protocolo establecido por BMA Caguas y al estándar aceptado para atender las oclusiones en los caté-teres, según expuesto por los peritos de las partes, la en-fermera Maldonado no se comunicó con el doctor Ortiz Kidd —quien era el médico que estaba de guardia— para que autorizara el uso del Activase. En su lugar, ordenó que se le inyectaran 5000 unidades de heparina al catéter de la señora Navarro Santiago y que se le dejara el fármaco por 30 minutos. Posteriormente, la enfermera Pedraza conti-nuó el proceso de diálisis que había quedado interrumpido por las oclusiones en el catéter de la séñora Navarro Santiago. Nuevamente, ello se hizo sin que se le hubiese comunicado la situación al doctor Ortiz Kidd u otro médico y sin administrar el fármaco Activase, según requería el protocolo de BMA Caguas.

Como consecuencia, al poco tiempo de haber comenzado nuevamente la hemodiálisis, la máquina de dializar se de-tuvo sola por haber registrado una presión venosa elevada. Eso significaba que la señora Navarro Santiago confron-taba problemas para recibir el retorno de su sangre desde la máquina hacia su cuerpo. Este problema en el retorno de sangre respondió a la obstrucción existente en el catéter y que no fue atendida correctamente al administrar la heparina. Ante la situación, la enfermera Maldonado le instruyó a la enfermera Pedraza que puncionara una vena periferal para devolverle a la señora Navarro Santiago la sangre que quedó atrapada en la máquina de dializar y por esa misma vena continuar la terapia de hemodiálisis que quedó interrumpida.

Tanto la enfermera Pedraza como la enfermera Maído-nado intentaron puncionar a la señora Navarro Santiago en varias ocasiones por distintos lugares de sus extremida-des superiores, pero no tuvieron éxito. Así las cosas, con-tactaron a la enfermera Yolanda Delgado (enfermera Delgado), especialista en puncionar bebés, para que ésta puncionara a la señora Navarro Santiago. La enfermera Delgado puncionó la vena cefálica del brazo izquierdo de la paciente —la que había sido utilizada para construir la fístula que nunca maduró— y, al encontrar retorno de san-gre en esa vena, tomó la línea de la máquina con un clavo o angio #14 y se lo insertó para devolverle la sangre que quedó atrapada en la máquina. Como corolario, la señora Navarro Santiago sufrió una infiltración o extravasación de sangre en su brazo izquierdo, por lo que el área de la punción comenzó a “edematizarse”.

Una vez las enfermeras se percataron de la hinchazón en el área de la punción, apagaron la máquina de dializar y removieron el clavo insertado. Acto seguido, la señora Navarro Santiago comenzó a sangrar. Para detener el san-grado, le hicieron presión al área del brazo por espacio de 30 minutos, le colocaron compresas de hielo y un torni-quete de presión encima de la venda. Fue para ese enton-ces que la enfermera Maldonado trató infructuosamente de comunicarse con varios médicos del centro. Cuando final-mente conversó con el doctor Ortiz Kidd, solo le informó de la oclusión en el catéter de la señora Navarro Santiago, por lo que éste ordenó que se administrara el Activase por 30 minutos.

La enfermera Maldonado le ocultó al doctor Ortiz Kidd la infiltración que provocó el edema y el sangrado en el brazo izquierdo de la paciente. Ésta administró el Activase y refirió a la señora Navarro Santiago a otra enfermera. Para ese momento, la infiltración se extendía desde el codo hacia el hombro del brazo izquierdo. Posteriormente, la se-ñora Navarro Santiago se defecó en dos ocasiones en el sillón donde estaba recibiendo el tratamiento y se quejaba de dolor severo en su brazo.

La señora Navarro Santiago pidió que llamaran a su cónyuge. Según establece el Tribunal de Primera Instancia en sus determinaciones de hechos, el señor Santiago Mon-tañez pudo escuchar a su cónyuge gritar del dolor, por lo que salió de inmediato hacia el área de diálisis. El foro primario determinó asimismo que las enfermeras de BMA Caguas conocían que la condición de la señora Navarro Santiago era urgente y sospechaban que ésta había sufrido un síndrome de compartimiento o, al menos, que existían indicios de ello. Aún así, el centro no gestionó los servicios de una ambulancia para trasladarla a la sala de emergencias. Un paramédico que escuchó a la paciente gri-tando de dolor y vio al señor Santiago Montañez desespe-rado por la situación, le ofreció sus servicios. El foro prima-rio también creyó la versión del señor Santiago Montañez, quien indicó que BMA Caguas se negó a firmar para que el paramédico pudiera ofrecer los servicios de ambulancia sin que ello representara un costo para la paciente. Ante la negativa del centro, el señor Santiago Montañez asumió el costo del servicio y solicitó que la señora Navarro Santiago fuera trasladada al Hospital HIMA San Pablo de Caguas (HIMA de Caguas).

La paciente llegó a HIMA de Caguas con hemorragia activa en su brazo izquierdo y deshidratación. El cirujano periferal Dr. Luis Aponte (doctor Aponte) atendió a la se-ñora Navarro Santiago en la sala de emergencias y, poste-riormente, le diagnosticó el síndrome de compartimiento. Para ese entonces, la paciente había perdido movimiento en la extremidad, estaba rígida y el dolor había aumentado. De esperar más tiempo, ésta se exponía a su-frir daño severo en los nervios del brazo, pues la sangre no fluía adecuadamente hacia esa extremidad. En consecuen-cia, el doctor Aponte tuvo que someter a la paciente a una cirugía de fasciotomía en su brazo izquierdo. El foro pri-mario consideró como hecho probado que la sangre coagu-lada que encontró el doctor Aponte al realizar la fascioto-mía provino de la vena cefálica que puncionó la enfermera Delgado.

Al día siguiente, 6 de septiembre de 2007, la señora Navarro Santiago también sufrió un episodio severo de hipo-glucemia, con un nivel de azúcar en la sangre de 7 mg/ dL, un fallo respiratorio que requirió entubación endotraqueal y una encefalopatía anóxica.

Luego de estos incidentes, y por los próximos 40 días de su hospitalización, la señora Navarro Santiago sufrió una pulmonía y entró en un aparente estado de coma. Durante ese tiempo, contrajo varias infecciones y otras complicacio-nes que tuvieron que ser tratadas por médicos de distintas especialidades. Al cabo de dos meses, la señora Navarro Santiago fue dada de alta del hospital HIMA de Caguas, pero tuvo que ser admitida en varias ocasiones en los me-ses subsiguientes. Conforme a las determinaciones de he-chos del foro primario, ésta regresó a su hogar sumamente delicada de salud, tenía instalada una traqueotomía que le ayudaba a respirar y permaneció encamada hasta su fallecimiento. Del mismo modo, el referido foro determinó que la llegada de la señora Navarro Santiago a su hogar ocasionó un cambio notable en su familia. Así, por ejemplo, su hijo Luis Joel Santiago Navarro y su nuera Rosalí Flores Rodríguez tuvieron que mudarse al hogar de la señora Navarro Santiago para atenderla mientras el señor Santiago Montañez trabajaba, puesto que la señora Navarro Santiago no podía valerse por sí misma.

Según los hechos que el foro primario entendió proba-dos, antes de los incidentes acaecidos el 5 de septiembre de 2007, la señora Navarro Santiago era activa, hacía los que-haceres de su hogar y, dentro de su condición, tenía una vida normal; después de esa fecha, fue otra persona. Par-ticularmente, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que “la disminución en sus funciones, con motivo del sín-drome de compartimiento y la cirugía posterior, su encefa-lopatía anóxica, pulmonía y otras complicaciones, fueron huellas indelebles que perduraron hasta su fallecimiento” el día 24 de abril de 2008. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de marzo de 2012, Apéndice del Certiorari, pág. 79. De igual forma, le resultó evidente al tribunal sentenciador que, aun cuando ninguno de los peticionarios fue a un psicólogo o psiquiatra, éstos demos-traron “el débito emocional que han dejado en ellos los eventos suscitados en [BMA Caguas], aquellos ocurridos por espacio de más de dos meses [mientras la señora Navarro Santiago se encontraba hospitalizada] en HIMA [de] Caguas y en los [cinco] meses que siguieron”. íd.

El referido foro indicó no tener dudas de que todos los peticionarios “fueron y se encuentran emocionalmente afectados de una manera permanente, no pasajera”. Sen-tencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de marzo de 2012, Apéndice del Certiorari, pág. 79. Con su testimo-nio demostraron lo estrecha que era su relación familiar con la señora Navarro Santiago y su sufrimiento al escu-char cómo ésta les imploraba que la ayudaran.

El 26 de febrero de 2010 los familiares de la señora Navarro Santiago (peticionarios) presentaron una de-manda en daños y perjuicios contra BMA Caguas, su com-pañía aseguradora y otros (recurridos). En ésta, solicita-ron que se ordenara a los recurridos pagar solidariamente $1,000,000 por los daños morales y angustias mentales su-fridas por la señora Navarro Santiago. Asimismo, reclama-ron $1,000,000 por los daños sufridos por el viudo, Sr. Luis Oscar Santiago Montañez; $500,000 para cada uno de sus hijos, Luis Joel Santiago Navarro y Luis Oscar Santiago Navarro, y $250,000 para cada nuera.

Tras aquilatar la prueba presentada por las partes, el 23 de marzo de 2012 el Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia en la cual declaró “ha lugar” la de-manda instada por los peticionarios. En consecuencia, or-denó a BMA Caguas y a su aseguradora que compensa-ran al señor Santiago Montañez con $40,000 por sus sufrimientos y angustias mentales; a cada uno de los hijos con $15,000 por sus sufrimientos y angustias mentales; a una de las nueras con $15,000 y a la otra nuera con $10,000. Asimismo, ordenó el pago de $35,000 por los daños físicos y emocionales sufridos por la señora Navarro Santiago.

Inconformes, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones el 4 de mayo de 2012 mediante un Recurso de Apelación. En éste solicitaron que se modificara el dicta-men emitido por el foro primario en cuanto a las cuantías de daños concedidas a cada peticionario por los distintos conceptos, por entender que son ridiculamente bajas al am-paro de las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho contenidas en el dictamen recurrido. Además, ar-güyeron que erró el foro primario al determinar las cuan-tías sin ceñirse a los criterios establecidos en la jurispru-dencia aplicable en torno a la valoración de los daños en nuestro ordenamiento. El 5 de diciembre de 2012 los peti-cionarios presentaron un alegato suplementario.

En oposición al alegato suplementario de los aquí peti-cionarios, los recurridos presentaron un alegato en el que adujeron, en síntesis, que procedía confirmar o disminuir las cuantías concedidas por el foro primario. Además, ale-garon que ese foro erró al incluir al señor Santiago Monta-ñez en la cuantía otorgada por los daños que sufrió su cón-yuge antes de morir. Así, argumentaron que el viudo no es propiamente un heredero de la causante, por lo que no tiene un derecho hereditario sobre la causa de acción que su cónyuge no ejerció en vida.

Examinados los escritos de las partes, el 15 de octubre de 2013 el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia mediante la cual confirmó lo dictaminado por el foro pri-mario con relación a las cuantías concedidas a los peticionarios. No obstante, en lo que concierne a la partida por los daños que sufrió la señora Navarro Santiago antes de morir, acogió el planteamiento de los recurridos. En con-secuencia, modificó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia para excluir al señor Santiago Monta-ñez de la partida por los daños heredados.

En desacuerdo, los peticionarios recurrieron a este Tribunal el 18 de noviembre de 2013. Argüyeron que erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que el cónyuge supérstite no es un heredero propiamente y, por lo tanto, al excluirlo de la partida por los daños sufridos por su cón-yuge antes de fallecer. Asimismo, adujeron que erró el referido foro al confirmar las cuantías concedidas por el Tribunal de Primera Instancia a los peticionarios, ya que procedía aumentarlas por ser ridiculamente bajas.

En respuesta, los recurridos sostienen que la valoración de daños realizada por el foro primario fue razonable a la luz de sus determinaciones de hechos, por lo que no ame-ritaba que el foro apelativo intermedio interviniera con su dictamen. Además, arguyen que lo expresado por el Tribunal de Apelaciones en cuanto a la exclusión del cónyuge viudo de la partida de daños heredados constituyó, en todo caso, obiter dictum.

Así las cosas, el 28 de marzo de 2014 expedimos el recurso ante nuestra consideración. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver conforme a derecho.

II

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que el derecho de indemnización de un causante al amparo del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141, por los daños y peijuicios sufridos durante su vida, es un bien patrimonial transmisible a sus herederos y reclamable por éstos como parte de su herencia legítima. Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 101 DPR 598, 607 (1973). Véanse, también: Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 350-351 (1998); Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 707, 731-733 (1993); Publio Díaz v. E.L.A., 106 DPR 854, 871-872 (1978); Arts. 608 y 610 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 2090 y 2092. Sabido es que la legítima se refiere a la porción de bienes que el testador no puede disponer por haber sido reservada por la ley a determinados herederos, los llamados “herederos forzosos”. Art. 735 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2361.

Con relación a lo anterior, el Art. 736 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2362, designa al viudo como uno de los llamados a suceder al causante como heredero forzoso. En virtud de este precepto estatutario, desde hace más de seis décadas dejamos meridianamente claro que en nuestra jurisdicción el cónyuge viudo es un heredero forzoso. Así, en Luce & Co. v. Cianchini, 76 DPR 165, 172 (1954), expresa-mos diáfanamente que el cónyuge supérstite es un here-dero forzoso al que la ley separa una cuota usufructuaria como legítima. Véase E. González Tejera, Derecho de suce-siones, San Juan, Ed. UPR, 2001, T. I, pág. 101. Ello es así aunque el disfrute de su participación hereditaria esté sus-tancialmente limitado, ya que recibe bienes del caudal he-reditario en usufructo y no en pleno dominio, como ocurre con otros herederos legitimarios. Id. Desde entonces, he-mos reiterado ese carácter de heredero forzoso que confiere el Art. 736 de nuestro Código, supra, al cónyuge supérstite.

Así lo pronunciamos en Díaz Lamoutte v. Luciano, 85 DPR 834 (1962), en ocasión de evaluar el alcance de unas cláusulas testamentarias que condicionaban el derecho le-gitimario que posee la viuda como heredera forzosa. En González de Salas v. Vda. de González, 99 DPR 577 (1971), reafirmamos el carácter de heredero forzoso del cónyuge viudo en el contexto del retracto de coherederos para acla-rar que la viuda no es una extraña en la herencia de su cónyuge fenecido. Más adelante, en Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 DPR 1, 10-11 (1988), indicamos que un cón-yuge adquiere derechos sobre la sucesión de su cónyuge difunto y que éstos interfieren con los derechos de todos aquellos hijos que existan, pues la ley considera al viudo un heredero forzoso. En Ab Intestato Saldaña Candelario, 126 DPR 640 (1990), también recalcamos que el cónyuge viudo es un heredero forzoso, al concluir que los cónyuges que optan por regir su matrimonio por el régimen econó-mico de separación de bienes no pueden renunciar al dere-cho de usufructo viudal. Finalmente, en Moreda v. Rosselli, 141 DPR 674 (1996), enunciamos que es una norma reite-rada que el cónyuge viudo es un heredero forzoso, siendo su legítima la cuota viudal usufructuaria.

III

Por otra parte, hemos expresado reiterada-mente que los tribunales revisores no debemos intervenir con las determinaciones de los foros de primera instancia, salvo que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error ma-nifiesto en la apreciación de la prueba. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 753 (2013); Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908—909 (2012); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 25 (2005). En lo atinente a las acciones de daños y perjuicios, hemos reconocido que la tarea judicial de estimar y valorar los daños es difícil y angustiosa, debido a que no existe un sistema de computación que permita llegar a un resultado exacto con el cual todas las partes queden complacidas y satisfechas. Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, pág. 909; Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774, 784 (2010); Publio Díaz v. E.L.A., supra, pág. 867; Urrutia v. A.A.A., 103 DPR 643, 647 (1975). Es por ello que establecimos que los tribunales apelativos no deben intervenir con la valoración de daños que realiza el foro primario, salvo cuando la cuantía concedida resulte ridiculamente baja o exageradamente alta. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 203 (2013); Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, pág. 909; Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra, págs. 784-785; Publio Díaz v. E.L.A., supra, pág. 868; Urrutia v. A.A.A., supra, págs. 647-648. Esto es así ya que ese ejercicio de valoración de daños involucra cierto grado de espe-culación y elementos subjetivos, tales como la discreción y el sentido de justicia y conciencia humana del juzgador de los hechos. Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra, pág. 785; Publio Díaz v. E.L.A., supra, págs. 867-868; Urrutia v. A.A.A., supra, pág. 647. Además, es el foro pri-mario el que tiene contacto directo con la prueba testifical presentada y, por ende, el que está en mejor posición de emitir un juicio sobre la valorización de daños. Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, pág. 909; Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra, pág. 785.

De igual modo, hemos destacado que para eva-luar si la compensación concedida por el Tribunal de Pri-mera Instancia es ridiculamente baja o exageradamente alta, debemos examinar la prueba desfilada ante ese foro y las cuantías otorgadas en casos similares resueltos anteriormente. Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra, pág. 785. En ese sentido, concluimos que las indemnizaciones concedidas en casos anteriores constituyen un punto de partida y referencia útil para pasar juicio sobre las concesiones otorgadas por el foro primario. Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, págs. 909-910; Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra, pág. 785. Ello es así aun cuando reconocemos que no existen dos casos exactamente iguales y que cada caso es distinguible según sus circuns-tancias particulares. Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra, pág. 785. En todo caso, estas compensaciones otorgadas en casos anteriores deben ajustarse a su valor presente. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 204; Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, pág. 910; Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra, pág. 785.

IV

Los peticionarios acuden ante nos, en primer lugar, para que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, mediante la cual se modificó el dictamen del tribunal sentenciador para excluir al señor Santiago Montañez de la partida de $35,000 por los daños que sufrió la señora Navarro Santiago. El foro intermedio entendió que éste no es un “heredero propiamente” en el caudal he-reditario de su cónyuge.

En cuanto a este asunto, declaramos que la normativa jurídica que hemos expuesto es clara en reconocer el carác-ter de heredero forzoso del cónyuge supérstite. Hemos sido enfáticos en expresar que el cónyuge viudo tiene una par-ticipación en el caudal hereditario de su cónyuge difunto a título de heredero forzoso, cuya legítima constituye el usu-fructo viudal. En consecuencia, resolvemos que el Tribunal de Apelaciones erró al modificar el dictamen emitido por el foro primario y excluir al señor Santiago Montañez de la partida concedida por daños heredados.

Atendido el primer señalamiento de error, procedemos a considerar el planteamiento de los peticionarios en torno a la valoración de daños realizada por el tribunal sentenciador.

V

Como indicamos, los peticionarios recurren ante este Tribunal para que aumentemos las cuantías concedidas por el Tribunal de Primera Instancia, confirmadas por el foro apelativo intermedio, por entender que son ridicula-mente bajas. El foro primario concedió a los peticionarios una partida de $35,000 por los daños que sufrió la señora Navarro Santiago antes de morir. Asimismo, concedió a su cónyuge una partida de $40,000 por sus sufrimientos y an-gustias mentales. Además, otorgó una partida de $15,000 a cada uno de sus hijos y a una de sus nueras. Finalmente, concedió $10,000 a la otra nuera. En consideración a este segundo señalamiento de error, nos corresponde evaluar si el foro primario erró en la estimación y valoración de daños. Veamos.

En lo que concierne a la metodología utilizada por el foro primario para establecer estas cuantías, el referido foro expresó haber efectuado un análisis de aquellos casos que más se asemejan al presente caso y haber aplicado los criterios establecidos en Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra, para la valoración de daños. No obstante, llama nuestra atención que el foro primario no mencionó en su dictamen cuáles son los casos similares que utilizó como guía. Tampoco explicó cuál fue el cómputo que realizó para determinar las cuantías que concedió.

Ante ello, nos vemos obligados a advertir a los jueces y las juezas sobre la importancia de detallar en sus dictámenes los casos que se utilicen como referencia o punto de partida para la estimación y valoración de daños y el cómputo realizado para establecer las cuantías que se concedan. Este llamado a los jueces y las juezas cobra im-portancia ante la necesidad imperante de instruir a las partes y a los miembros de la profesión jurídica en torno al método que se utiliza en ese difícil y angustioso proceso de estimar y valorar los daños. Habida cuenta de que esa ta-rea lleva consigo cierto grado de especulación, es forzoso explicar qué casos se utilizan como referencia y cómo las cuantías concedidas se ajustan en esos casos anteriores al caso que el tribunal tiene ante su consideración.

En este caso, resultaba de particular importancia que el foro primario expusiera de forma específica los casos simi-lares utilizados y los cómputos realizados para ajustar las cuantías allí concedidas al valor presente. Ello responde a que, a nuestro juicio, las cuantías concedidas no encuen-tran apoyo en los hechos que ese foro entendió probados. Abundemos.

Un análisis sosegado de la prueba desfilada ante el Tribunal de Primera Instancia y del expediente que obra en autos nos posiciona a favor de la deferencia a las determi-naciones realizadas por el referido foro.

Precisamente, destacamos que a lo largo de sus 125 de-terminaciones de hechos, el foro primario expresó que las actuaciones y omisiones negligentes de los recurridos fue-ron la causa del deterioro abismal de salud que sufrió la señora Navarro Santiago desde los hechos ocurridos el 5 de septiembre de 2007 hasta su fallecimiento. De igual modo, catalogó los daños ocasionados a la señora Navarro Santiago como una “catástrofe”.

En cuanto a la catástrofe que ésta sufrió, el foro prima-rio determinó, entre otras cosas, lo siguiente: que la señora Navarro Santiago contrajo pulmonía y tuvo que ser tra-tada por varias infecciones y complicaciones durante los 71 días que estuvo hospitalizada; que posteriormente tuvo que ser admitida al hospital en varias ocasiones; que fue dada de alta del hospital, pero regresó a su hogar enca-mada y jamás volvió a caminar; que salió del hospital su-mamente delicada de salud, con una traqueotomía que le asoldaba a respirar; que su hijo Luis Joel y su nuera Rosalí tuvieron que mudarse al hogar de la señora Navarro Santiago y su cónyuge para ayudar con su cuidado; que a pesar de ser paciente de hemodiálisis y de tener ciertas condicio-nes de salud, la señora Navarro Santiago tenía una expec-tativa de vida de al menos 4 o 5 años más; que su expecta-tiva de vida se acortó de forma dramática por el quebranto de salud provocado a raíz de los hechos ocurridos el 5 de septiembre de 2007; que antes de esa fecha la señora Navarro Santiago era una persona activa, que hacía las ta-reas del hogar y que, dentro de su condición, tenía una vida normal; que después de esa fecha era otra persona; que tanto la disminución en sus funciones —con motivo del sín-drome de compartimiento y la posterior cirugía de fascio-tomía— su encefalopatía anóxica, el fallo respiratorio así como las otras complicaciones que sufrió, fueron huellas indelebles que perduraron hasta su fallecimiento, y que los peticionarios se encontraban emocionalmente afectados de forma permanente, no pasajera, aunque ninguno fue a un psicólogo o psiquiatra.

Empero, el tribunal sentenciador concede a los peticio-narios unas sumas por concepto de daños que son irrisorias y ridiculamente bajas, apartándose así de sus propias deter-minaciones de hechos. Intenta justificar las cuantías conce-didas indicando que consideró unos casos que se asemejan y lo dispuesto en Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra. Sin embargo, un examen de las compensaciones otor-gadas en casos similares anteriores y la aplicación de la norma prevaleciente en materia de estimación y valoración de daños demuestran que las cuantías concedidas por el foro primario son ridiculamente bajas. Discutamos primera-mente el método de valoración de daños aplicable.

En Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra, acogimos el método que recomendó el ex juez Antonio Amadeo Murga (Amadeo, Murga) para actualizar al valor pre-sente las compensaciones otorgadas en casos similares anteriores. A.J. Amadeo Murga, El valor de los daños en la responsabilidad civil, Ira ed., San Juan, Ed. Esmaco, 1997,- T. I, págs. 91-126. Conforme a ese método, utiliza-mos el cambio en el poder adquisitivo del dólar a través del tiempo para obtener el ajuste por inflación. Íd., pág. 92. A su vez, el valor adquisitivo del dólar lo obtuvimos del ín-dice de precios al consumidor que prepara el Departa-mento del Trabajo y Recursos Humanos (Departamento del Trabajo). Una vez obtenido el ajuste por inflación, realizamos un ajuste adicional por el crecimiento económico ocurrido entre el año del caso que se utiliza como referencia y el año cuando se dictó sentencia en el caso que tení-amos ante nuestra consideración. íd., págs. 102-105.

En aquel entonces, el método propuesto por Amadeo Murga aplicaba el índice de precios al consumidor que uti-lizaba como base el año 1984. Sin embargo, en el 2009, el Departamento del Trabajo adoptó un nuevo índice de pre-cios al consumidor que utiliza como base el año 2006. En la nueva edición de su libro, Amadeo Murga desfavorece el uso del nuevo índice. Indica que, de acuerdo al con el nuevo índice, el costo de vida resulta más bajo en Puerto Rico que en Estados Unidos, lo que considera irreal. A.J. Amadeo Murga, El valor de los daños en la responsabilidad civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 2012, págs. 71-72. En su lugar, recomienda utilizar el índice que representa el producto bruto per cápita. Id., pág. 72. No obstante, señala que si se desea continuar utilizando los índices de precios al consumi-dor para ajustar las compensaciones, debe utilizarse la tabla de índices de precios al consumidor y ajustar el aumento en el nivel de vida utilizando la tabla de ingreso personal per cápita a los precios constantes de 1954. Id.

Recientemente, en Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, reconocimos que no hay consenso entre los expertos en en cuanto al método que debe utilizarse para actualizar las compensaciones concedidas en el pasado y optamos por acoger el método que utiliza el índice de precios al consu-midor con el 2006 como año base. íd., págs. 913-914. Em-pero, rechazamos realizar el ajuste que recomendó Amadeo Murga y adoptamos la postura del Prof. José Julián Alvarez González, quien desfavorece que se haga un ajuste adi-cional por el crecimiento económico cuando se utiliza el nuevo índice de precios al consumidor. J.J. Alvarez González y L.M. Pellot Juliá, Responsabilidad civil extracontractual, 81 (Núm. 2) Rev. Jur. UPR 661 (2012). Así, concluimos que cuando utilizamos un índice de precios al consumidor cuyo año base es reciente, es innecesario rea-lizar el ajuste que señala Amadeo Murga como segunda parte del proceso de actualización de las partidas concedidas Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, pág. 914. Asimismo, establecimos también que si del proceso de actua-lización resultan cuantías que consideramos muy bajas, puede responder a que las partidas concedidas en el pa-sado también eran muy bajas, por lo que procedería au-mentar la indemnización que se concederían si las circuns-tancias particulares del caso lo justifican. Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, pág. 915. Véase, también, Alvarez González y Pellot Juliá, supra, págs. 678-679.

Como mencionamos, el foro primario aduce que siguió el procedimiento que adoptamos en Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra. Sin embargo, procede que analice-mos las cuantías concedidas por el foro primario aplicando el método de valoración de daños que adoptamos reciente-mente en Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra. Veamos cada una de las partidas por separado.

Sra. Ruby Navarro Santiago

El Tribunal de Primera Instancia concedió a los peticio-narios $35,000 por los daños sufridos a causa de la enferme-dad de la señora Navarro Santiago. Para evaluar la razona-bilidad de esta suma, y considerando que no existen dos casos exactamente iguales, examinemos algunos casos similares.

En Morales v. Hosp. Matilde Brenes, 102 DPR 188 (1974), confirmamos una sentencia del foro primario que concedió $39,000 a una víctima que tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica por sufrir de apéndice perforada y peritonitis generalizada como consecuencia de im-pericia médico-hospitalaria. En ese caso, la negligencia consistió en no haber realizado un diagnóstico diferencial que le hubiese permitido tratar a tiempo la condición severa de la paciente.

Conforme al método que adoptamos en Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, debemos calcular el valor adquisitivo del dólar para el año 1974 y multiplicarlo por los $39,000 que se concedieron en ese caso, y así obtener el valor presente de esa cuantía. Para calcular el valor adqui-sitivo del dólar debemos dividir 100 entre el índice de pre-cios al consumidor para 1974. El índice de precios al con-sumidor para ese año era 38.53, lo que significa que el valor adquisitivo del dólar era $2.60. Como resultado, el ajuste por inflación de los $39,000 es $101,400.

Como segundo paso, nos corresponde actualizar esa can-tidad para llevarla al año cuando se dictó sentencia en el presente caso, es decir, al 2012. Para ello debemos dividir el ajuste por inflación obtenido ($101,400) entre el valor adquisitivo del dólar para el 2012. El valor adquisitivo del dólar para ese año era $0.87, por lo que obtenemos como resultado $116,552, que constituye el valor presente de la suma que se concedió en Morales v. Hosp. Matilde Brenes, supra.

Resulta importante destacar que en Morales la víctima no falleció y sufrió durante 3 días por la omisión del médico y del hospital en realizar un diagnóstico adecuado. Por el contrario, en el caso de la señora Navarro Santiago debe-mos considerar que ésta enfrentó las consecuencias nefas-tas de la negligencia de las enfermeras de BMA Caguas durante siete meses hasta su fallecimiento.

En Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464 (1997), compensamos a una víctima con $140,000 por los daños que sufrió a causa de la negligencia del médico y de los facultativos del hospital donde le realizaron una cesárea y le dejaron una gasa quirúrgica en el abdomen. Ello ocasionó la perforación de la pared del intestino grueso, peritonitis e infla-mación extensa en los tejidos adyacentes. La paciente tuvo que someterse a dos cirugías adicionales, utilizar durante 10 meses un aditamento artificial para defecar, se afecta-ron severamente sus relaciones íntimas, se afectó su desempeño en actividades domésticas y recreativas, y estuvo afligida por un dolor intenso por más de 2 meses, entre otros sufrimientos. A diferencia de la señora Navarro Santiago, la paciente sobrevivió. Según el método adoptado, el valor presente de la cuantía otorgada en Toro Aponte es $197,931.

Posteriormente, en Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484 (2009), concedimos una indemnización de $50,000 a unos padres por los daños sufridos por su hijo durante 25 días por la negligencia de los facultativos del hospital en que se le atendió al nacer. La víctima en este caso sufrió un paro cardíaco que lo mantuvo en estado comatoso por varios días y falleció. El valor presente de la cuantía de $50,000 es $53,448. Resaltamos que, al igual que en el caso de la señora Navarro Santiago, la víctima en Sagardía de Jesús estuvo en estado de coma por varios días a causa de los daños que se le infligieron. Sin embargo, contrario a lo ocurrido con el recién nacido en ese caso, la señora Navarro Santiago superó el estado comatoso y continuó sufriendo otras complicaciones como consecuencia de la impericia médico-hospitalaria durante aproximadamente 5 meses.

En torno al asunto del estado comatoso, en Sagardía de Jesús el Tribunal de Apelaciones consideró el tiempo que el recién nacido estuvo en coma para reducir la cuantía que concedió el foro primario. Ello por entender que ese tiempo no era compensable. En ocasión de revocar la determina-ción del foro apelativo y reinstalar la cuantía otorgada por el tribunal sentenciador, dictaminamos que “[e]l que una persona esté en estado de coma o sedada como consecuencia de un acto torticero, constituye una lesión corporal com-pensable como daño moral”. (Enfasis suprimido). Id., pág. 511. Destacamos que esa compensación no se fundamenta solo en la percepción de dolor, sino en la lesión que sufrió y que le mantiene en estado de coma o imperceptible al dolor, íd. Contrario a la norma pautada en Sagardía de Jesús, en el caso de la señora Navarro Santiago el foro primario consideró los 40 días que ésta estuvo en estado de coma al momento de establecer la cuantía de $35,000 por sus sufrimientos y angustias mentales.

En Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra, compensamos con $600,000 a un joven por los daños morales que sufrió por la incapacidad total de su brazo izquierdo. Tal incapacidad surgió como corolario de la negligencia del médico que le atendió al nacer, quien hizo una maniobra que causó que el niño naciera con el brazo izquierdo paralizado y flácido, un hematoma en el pecho y una laceración en un dedo del pie izquierdo. El valor presente de la suma concedida en Herrera, Rivera es $627,586.

Conforme a las cuantías que se otorgaron en estos casos similares que hemos examinado, y a la luz de las circunstancias particulares del caso ante nos, determinamos que los $35,000 concedidos por el foro primario a los herederos de la señora Navarro Santiago por los sufrimientos y angus-tias mentales que ésta sufrió es una cuantía ridiculamente baja. Consideramos que $200,000 es una suma que se ajusta más a las particularidades de este caso y es comparable con las cuantías otorgadas en los casos anteriores que revisamos. La compensación que concedemos es razonable ante la gravedad de los daños y perjuicios que enfrentó la señora Navarro Santiago a partir del 5 de septiembre de 2007, que se extendieron por siete meses y cuyo desenlace fue su muerte.

Recordemos que, como corolario de las actuaciones ne-gligentes de BMA Caguas, la señora Navarro Santiago su-frió una infiltración en su brazo izquierdo que le causó un dolor grave y un sangrado constante. Por consiguiente, tuvo que ser trasladada en ambulancia a una sala de emergen-cias, donde se le diagnóstico un síndrome de comparti-miento causado por la infiltración y fue sometida a una cirugía de fasciotomía. Estuvo hospitalizada 71 días, tiempo en durante el cual tuvo que ser tratada por varias infeccio-nes y complicaciones que incluyen, pero no se limitan, una encefalopatía anóxica y un fallo respiratorio. De esos 71 días, estuvo 40 días en coma a causa de las lesiones graves que se le infligieron. Fue dada de alta del hospital, pero regresó a su hogar para permanecer encamada, con una tra-queotomía que le ayudaba a respirar; posteriormente, tuvo que ser admitida al hospital en varias ocasiones. Tal como determinó el Tribunal de Primera Instancia, las actuaciones negligentes de BMA Caguas provocaron el deterioro abismal de salud sufrido por la señora Navarro Santiago y fueron huellas indelebles que perduraron hasta su óbito.

Sr. Luis Oscar Santiago Montañez

El Tribunal de Primera Instancia concedió $40,000 al señor Santiago Montañez por los sufrimientos y las angus-tias mentales que sufrió tras el incidente de impericia médico-hospitalaria que causó la muerte de su cónyuge. En aras de determinar la razonabilidad de la referida cuantía, procedemos a examinar las sumas concedidas en varios ca-sos anteriores similares.

En Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721 (1984), otorgamos $40,000 a la cónyuge de un señor que acudió al hospital luego de sufrir un accidente automovi-lístico y que falleció al día siguiente como consecuencia de impericia médico-hospitalaria. De acuerdo con el método de valoración de daños que hemos adoptado, el valor pre-sente de esa cuantía es $72,644.

Asimismo, en S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614 (2002), confirmamos una cuantía de $65,000 concedida a la cónyuge de una víctima que sufrió lesiones luego de que su vehículo fuera impactado por un camión. Contrario al caso del señor Santiago Montañez, la cónyuge en ese caso no tuvo que sufrir la pérdida de compañía de su esposo, ya que éste sobrevivió. En conformidad con el método que adoptamos, el valor presente de la cuantía concedida en SLG Rodríguez es $88,161.

En Vélez Rodríguez v. Amaro Cora, 138 DPR 182 (1995), confirmamos la indemnización de $34,000 que otorgó el foro primario a la viuda de un causante que feneció en un accidente automovilístico. El valor presente de esa cuantía es $50,805.

Debemos destacar que, a diferencia de lo ocurrido en los casos reseñados, el señor Santiago Montañez presenció el sufrimiento de su cónyuge y cómo ésta se aferraba a la vida durante siete meses. Además, el señor Santiago Montañez también tuvo que cuidar de ella durante esos siete meses hasta su fallecimiento.

En consideración a las compensaciones concedidas en los casos similares anteriores que estudiamos, resulta for-zoso concluir que la partida de $40,000 que otorgó el foro primario al señor Santiago Montañez es ridiculamente baja. Estamos convencidos de que en este caso particular una cuantía de $80,000 es razonable.

Luis Joel Santiago Navarro y Luis Oscar Santiago Navarro

El Tribunal de Primera Instancia otorgó a Luis Joel Santiago Navarro y a Luis Oscar Santiago Navarro, hijos de la señora Navarro Santiago, una compensación de $15,000 a cada uno por sus sufrimientos y angustias mentales. Con el propósito de evaluar la razonabilidad de estas sumas, exa-minemos algunos casos similares anteriores.

En Roses v. Juliá, 67 DPR 518 (1947), confirmamos un dictamen del foro primario en el que se concedió una suma total de $8,000 a los dos hijos de una señora, quien se lanzó de la azotea de la clínica para enfermos mentales en la que estaba hospitalizada. El incidente desgraciado en el que falleció la señora ocurrió como consecuencia de la negligencia del personal de la clínica, quienes desatendieron a la paciente. Conforme con el método de valoración de daños que adoptamos, el valor presente de la suma concedida en ese caso es $53,517. Si consideramos la cuantía otorgada por el Tribunal de Primera Instancia a cada hijo de la señora Navarro Santiago, obtenemos la suma de $30,000 entre los dos, lo que no es comparable con el valor presente de la suma total concedida en Roses a los dos hijos de la causante.

Similarmente, en Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, supra, concedimos $15,000 al hijo de un señor que fue víctima de negligencia médico-hospitalaria tras sufrir un accidente automovilístico. El valor presente de esa cuantía es $27,241.

Cabe resaltar que, contrario a los hechos ocurridos en los casos anteriores que analizamos, los hijos de la señora Navarro Santiago le acompañaron durante los siete meses en que fue sometida a varios tratamientos, en las numero-sas ocasiones en que estuvo hospitalizada y mientras es-tuvo encamada en su hogar sin la posibilidad de recuperarse. Incluso, Luis Joel se mudó a vivir con la cau-sante para asistir a su padre en el cuidado de ésta.

Evaluadas las indemnizaciones otorgadas en los casos re-señados, concluimos que las cuantías de $15,000 otorgadas a cada hijo de la causante son ridiculamente bajas. En su lugar, concedemos una cuantía de $30,000 a cada uno de los hijos.

Rosalí Flores Rodríguez y Yarelis Vázquez

El Tribunal de Primera Instancia compensó a Rosalí Flores Rodríguez y Yarelis Vázquez —nueras de la señora Navarro Santiago— con $15,000 y $10,000, respectivamente, por sus sufrimientos y angustias mentales. Evaluemos estas cuantías a la luz de las indemnizaciones conce-didas en casos similares anteriores.

De entrada, reconocemos que no hemos identificado pro-nunciamientos de este Tribunal en el que se hayan conce-dido compensaciones a personas que hayan sufrido daños ante el sufrimiento y deceso de su suegra a causa de negli-gencia médico-hospitalaria. Sin embargo, en otras ocasiones se ha interpretado que, en acciones instadas al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, no existe límite en torno al grado de vínculo de lazo sanguíneo o afectivo que deba existir entre el causante y el que reclama daños por sus sufrimientos y angustias mentales. Véase Amadeo Murga, op. cit, 2da ed., pág. 304. Ello, toda vez que lo determinante es que el reclamante pruebe a satisfacción del tribunal que ha sufrido un daño moral apreciable. Id.

En cuanto a los lazos afectivos que no involucran relaciones sanguíneas, en Zeno Molina v. Vázquez Rosario, 106 DPR 324 (1977), indemnizamos con $10,000 a una tía de crianza por sus sufrimientos y angustias mentales ante el fallecimiento instantáneo de un joven cuyo automóvil fue impactado por un vehículo conducido negligentemente. Según el método de valoración de daños adoptado, el valor presente de esa cuantía es $25,862.

En consecuencia, resolvemos que las cuantías concedi-das por el Tribunal de Primera Instancia a Rosalí Flores Rodríguez y Yarelis Vázquez son ridiculamente bajas. De la prueba desfilada y de las determinaciones del foro pri-mario surge que las nueras de la señora Navarro Santiago mantenían una relación familiar muy estrecha con ella y que se afectaron emocionalmente de forma permanente y no pasajera ante su fallecimiento. Además, una de las nue-ras se mudó con su cónyuge al hogar de la causante para asistir al señor Santiago Montañez en el cuidado de ésta. Concluimos que, ante las particularidades de este caso, es razonable la suma de $25,000 para cada una de las nueras.

Finalmente, una revisión de las indemnizaciones otorga-das en los casos similares que hemos discutido y la aplica-ción de los preceptos jurídicos expuestos nos llevan a con-cluir que las partidas de daños concedidas por el Tribunal de Primera Instancia a los peticionarios son ridiculamente bajas. En consecuencia, aumentamos las cuantías otorgadas por el foro primario en la forma que hemos expuesto.

VI

Por los fundamentos que anteceden, revocamos el dicta-men emitido por el Tribunal de Apelaciones y aumentamos las cuantías concedidas por el foro primario. Particular-mente, resolvemos que el Tribunal de Apelaciones erró al excluir al cónyuge supérstite, señor Santiago Montañez, de la partida de daños concedida por los sufrimientos y las angustias mentales que sufrió la señora Navarro Santiago antes de su muerte. Además, dictaminamos que los recurri- dos deben indemnizar a los peticionarios en la forma como disponemos a continuación: $200,000 por los daños sufri-dos por la señora Navarro Santiago antes de su muerte; $80,000 para el señor Santiago Montañez por sus sufri-mientos y angustias mentales; $30,000 para Luis Joel Santiago Navarro; $30,000 para Luis Oscar Santiago Navarro; $25,000 para Rosalí Flores Rodríguez, y $25,000 para Ya-relis Vázquez.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez hizo constar las expresiones siguientes:

Concurro con el dictamen de una mayoría de este Tribunal, puesto que estimo correcto resolver que el Tribunal de Apela-ciones erró al excluir al Sr. Luis Oscar Santiago Montañez, como cónyuge supérstite, de todo acceso a la partida de daños por sufrimientos y angustias mentales concedida a la Sra. Ruby Navarro Santiago. Valga señalar que dicho dictamen tiene la limitada función de corregir el referido error, puesto que todo lo relativo a la partición del caudal hereditario de la señora Navarro Santiago no es objeto de este litigio. Asi-mismo, estoy conteste con la conclusión de este Tribunal con relación a que las cuantías concedidas a los demandantes por el Tribunal de Primera Instancia, y confirmadas por el foro apelativo intermedio, son ridiculamente bajas.
Ahora bien, me veo forzada a disentir puesto que una mayo-ría de este Tribunal emplea, nuevamente, el método de valora-ción de daños adoptado en Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889 (2012), el cual considero erróneo e injusto. En esa ocasión disentí del proceder mayoritario debido a que se adoptó una nueva fórmula de valoración de daños que militaba contra la uniformidad, el fluir de la economía y el sentido de justicia. Consecuentemente, opté por proponer como metodología aquella ilustrada por el Ledo. Amadeo Murga en su obra El valor de los de los daños en la responsabilidad civil. Así pues, en con-creto, expliqué los beneficios de utilizar el índice de Producto Bruto per Cápita de Puerto Rico como base para calcular el valor presente de las cuantías concedidas en dictámenes anteriores. Argumenté que dicho indicador se ajustaba con mayor precisión a la filosofía que subyace el proceso de estimación de daños, ya que en éste se contempla tanto la inflación de la moneda como el crecimiento en el estándar de vida.
En el caso de autos, al aplicar la fórmula según propuesta en mi opinión disidente en Rodríguez, partiríamos de unos importes más altos al ajustar las cuantías concedidas en casos similares previos al valor presente. Estimo que esto proporcio-naría un marco de referencia adecuado para determinar las cuantías que deben concederse debido a que éstas se ajusta-rían con mayor precisión al poder adquisitivo del dólar hoy en día. Sin duda alguna, tal proceder redundaría en un resultado beneficioso para los demandantes que solicitaron nuestra intervención. Reitero que el empleo de la metodología avalada por la mayoría de este Tribunal no propicia la certeza judicial a la que debemos aspirar al momento de enfrentarnos a este ejercicio de estimación de daños. Por lo tanto, disiento.

       Antes de comenzar sus terapias de hemodiálisis, la Sra. Ruby Navarro Santiago (señora Navarro Santiago) se sometió a una cirugía de construcción de una fístula arteriovenosa en su brazo izquierdo, toda vez que la fístula es el acceso vascular preferido para dar la terapia de hemodiálisis. Sin embargo, la fístula cons-truida en su brazo izquierdo tuvo un fallo primario, por lo que ésta no se desarrolló o maduró lo suficiente como para ser utilizada en el tratamiento de hemodiálisis. Por ello se le implantó quirúrgicamente a la señora Navarro Santiago un catéter que eventualmente se utilizó como acceso vascular para su terapia de hemodiálisis.

       Heparina es un anticoagulante que evita la formación de coágulos o que, una vez formados los coágulos, hace que se expandan pero no los destruye. Véase Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de marzo de 2012, Apéndice del Certiorari, pág. 65.

       Las enfermeras de Fresenius Medical Care/Bio-Medical Applications of Ca-guas, Inc. (BMA Caguas) le inyectaban a la señora Navarro Santiago el fármaco heparina en los dos lúmenes del catéter al concluir cada terapia de hemodiálisis y le dejaban el anticoagulante en los lúmenes hasta la próxima terapia para así evitar la formación de coágulos que impidieran que se efectuara la terapia subsiguiente.

       El fármaco Activase es un trombolítico que se utiliza para destruir o diluir los coágulos o trombos que obstruyen los catéteres instalados quirúrgicamente en los pacientes. Véase Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de marzo de 2012, Apéndice del Certiorari, pág. 64.

       Cabe resaltar que desde que la señora Navarro Santiago comenzó a recibir su tratamiento de hemodiálisis en BMA Caguas nunca habían intentado devolverle sangre o realizar la hemodiálisis por una vena periferal. Siempre que hubo compli-caciones por oclusiones en los catéteres, se intentaba corregir el problema con el Activase. De no solucionarse el problema de oclusión, se suspendía la terapia de inmediato y se le enviaba a la sala de emergencias del Hospital HIMA San Pablo de Caguas (HIMA de Caguas) para que se remplazara el catéter y se continuara allí la terapia utilizando el nuevo catéter. De hecho, a la señora Navarro Santiago se le remplazaron más de una veintena de catéteres disfuncionales, por lo que las enfer-meras de BMA Caguas debían estar familiarizadas con el curso de acción que se tomaba cuando la paciente confrontaba problemas de oclusión en su catéter.

       El angio #14 es la aguja de mayor diámetro utilizada para la hemodiálisis en pacientes con fístulas arteriovenosas.

       El síndrome de compartimiento es una afección seria que implica que ha ocurrido un aumento de la presión en un compartimiento muscular. Puede ocasionar daños en los nervios y músculos, al igual que problemas con el flujo sanguíneo. El Dr. Luis Aponte (doctor Aponte) señaló en su testimonio que ello puede causar isquemia o muerte del tejido y, por lo tanto, la posible amputación de la extremidad.

       Según expbcó el doctor Aponte en su testimonio, la fasciotomía es una inci-sión que se hace en la fascia •—que es el tejido del brazo—•, que reviste el comparti-miento donde están los músculos y vasos sanguíneos. Con la incisión se libera la presión que existe dentro de ese compartimiento y la fascia del músculo se brota hacia afuera, para así restaurar el flujo sanguíneo. Así, pues, cuando se libera la presión aumenta el flujo sanguíneo hacia la extremidad y evita que desarrolle gangrena.

       El nivel normal mínimo de azúcar en la sangre es 110 mg/dL.

       El 5 de septiembre de 2008 se presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia por estos mismos hechos. No obstante, el 27 de febrero de 2009 los peticionarios presentaron una moción para el desistimiento sin peijuieio de la causa de acción. Así las cosas, el 6 de marzo de 2009 el referido foro dictó una Sentencia decre-tando el desistimiento sin peijuieio. Ese dictamen se notificó el 12 de marzo de 2009.

       Los familiares demandantes son los siguientes: el Sr. Luis Oscar Santiago Montañez, sus hijos Luis Joel Santiago Navarro y Luis Oscar Santiago Navarro, sus cónyuges Rosalí Flores Rodríguez y Yarelis Vázquez, respectivamente, y las Socieda-des Legales de Gananciales constituidas entre éstos.
      Por su parte, los demandados son los siguientes: el Dr. Rafael Baquero, su compañía aseguradora y la Sociedad Legal de Gananciales constituida entre éste y su cónyuge; el Dr. Enrique Ortiz Kidd, su compañía aseguradora y la Sociedad Legal de Gananciales constituida entre éste y su cónyuge; el Dr. José Ayala, su compañía aseguradora y la la Sociedad Legal de Gananciales constituida por éste y su cónyuge; el Dr. Moisés Villalobos, su compañía aseguradora y la la Sociedad Legal de Ganan-ciales constituida por éste y su cónyuge, y la Dra. Eugenia Galindo, su compañía aseguradora y la la Sociedad Legal de Gananciales constituida por ésta y su cónyuge. También se incluyó en la demanda a Richard Doe como demandado desconocido.

       El 2 de diciembre de 2011 el Tribunal de Primera Instancia dictó una Sen-tencia Parcial en la que consignó el desistimiento voluntario con perjuicio solicitado por los peticionarios en cuanto a los médicos incluidos en la demanda, sus sociedades gananciales y sus respectivas aseguradoras.

       Al adjudicar los daños físicos y emocionales sufridos por la señora Navarro Santiago, el foro primario expresó que tomó en consideración que la paciente estuvo en coma alrededor de 40 días.

       El juez Troadio González Vargas emitió una opinión disidente en la que expuso, en esencia, que no le correspondía al foro apelativo intermedio pasar juicio sobre la participación del cónyuge viudo en la partida de daños heredados, ya que los recurridos presentaron este planteamiento por primera vez en su alegato en oposi-ción al alegato suplementario instado por los peticionarios. El juez González Vargas entendió que los recurridos debieron traer el asunto al Tribunal de Apelaciones me-diante el correspondiente recurso de apelación.

       Con relación a este señalamiento de error, los peticionarios argumentan que el foro apelativo intermedio se inmiscuyó en un asunto que no se le planteó y para lo cual carecía de jurisdicción, según explicado por el juez Troadio Gonzalez Vargas en su disidencia. En lo que concierne a esta cuestión procesal, no podemos obviar las particularidades de este caso en que los recurridos plantearon el asunto ante el Tribunal de Apelaciones. En casos apropiados, “un ‘tribunal apelativo tiene la facul-tad inherente de considerar y resolver errores patentes que surjan de un recurso aun cuando éstos no hayan sido presentados por las partes’ ”. ELA v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40, 55 (2012). Véanse, también: S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008); Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 264 (1998).

       El índice de precios al consumidor está basado en los precios al consumidor de una canasta de bienes y servicios que consumen los ciudadanos del país. A base del promedio total de los bienes y servicios que se incluyen en esa canasta se deter-mina el valor adquisitivo del dólar. Continuamente se recopilan los cambios en los precios de los artículos contenidos en la canasta para determinar el aumento en el nivel de precios. A.J. Amadeo Murga, El valor de los daños en la responsabilidad civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 2012, pág. 70.

       Las tablas estadísticas que proveen el nuevo índice de precios al consumidor por año están disponibles en la página cibernética del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos: http://www.mercadolaboral.pr.gov/Tablas_Estadisticas/Otras _Tablas/T_Indice_Precio.aspx (última visita, 5 de mayo de 2016).

       El cómputo realizado para obtener el ajuste por inflación fue $39,000 X $2.60= $101,400.

       El índice de precios al consumidor para el 2012 era 115.21, por lo que el valor adquisitivo del dólar se computó de la forma siguiente: 100/115.21= $0.87. El cómputo para obtener el resultado de la actualización fue $101,400/$0.87= $116,552.

       El índice de precios al consumidor para el 1997 era 81.14, por lo que el valor adquisitivo del dólar era $1.23. Realizamos el cómputo siguiente para obtener el ajuste por inflación: $140,000 X $1.23= $172,200. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación ($172,200) entre el valor adquisitivo del dólar para el 2012 ($0.87) y obtuvimos $197,931 como valor presente de la cuantía concedida en 1997.

       El índice de precios al consumidor para el 2009 era 107.81, por lo que el valor adquisitivo del dólar era $0.93. Realizamos el cómputo siguiente para obtener el ajuste por inflación: $50,000 X $0.93= $46,500. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación ($46,500) entre el valor adquisitivo del dólar para el 2012 ($0.87) y obtuvimos $53,448 como valor presente de la cuantía concedida en el 2009.

       El índice de precios al consumidor para el 2010 era 110.48, por lo que el valor adquisitivo del dólar era $0.91. Realizamos el cómputo siguiente para obtener el ajuste por inflación: $600,000 X $0.91= $546,000. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación ($546,000) entre el valor adquisitivo del dólar para el 2012 ($0.87) y obtuvimos $627,586 como valor presente de la cuantía concedida en el 2010.

       El índice de precios al consumidor para el 1984 era 63.35, por lo que el valor adquisitivo del dólar era $1.58. Realizamos el cómputo siguiente para obtener el ajuste por inflación: $40,000 X $1.58= $63,200. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación ($63,200) entre el valor adquisitivo del dólar para el 2012 ($0.87) y obtuvimos $72,644 como valor presente de la cuantía concedida en el 1984.

       El índice de precios al consumidor para el 2002 era 84.9, por lo que el valor adquisitivo del dólar era $1.18. Realizamos el cómputo siguiente para obtener el ajuste por inflación: $65,000 X $1.18= $76,700. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación ($76,700) entre el valor adquisitivo del dólar para el 2012 ($0.87) y obtuvimos $88,161 como valor presente de la cuantía concedida en el 2002.

       j¡¡i ¡n(Jice de precios al consumidor para el 1995 era 77.08, por lo que el valor adquisitivo del dólar era $1.30. Realizamos el cómputo siguiente para obtener el ajuste por inflación: $34,000 X $1.30= $44,200. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación ($44,200) entre el valor adquisitivo del dólar para el 2012 ($0.87) y obtuvimos $50,805 como valor presente de la cuantía concedida en el 1995.

       El índice de precios al consumidor para el 1947 era 17.17, por lo que el valor adquisitivo del dólar era $5.82. Realizamos el cómputo siguiente para obtener el ajuste por inflación: $8,000 X $5.82= $46,560. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación ($46,560) entre el valor adquisitivo del dólar para el 2012 ($0.87) y obtuvimos $53,517 como valor presente de la cuantía concedida en el 1947.

       El índice de precios al consumidor para el 1984 era 63.35, por lo que el valor adquisitivo del dólar era $1.58. Realizamos el cómputo siguiente para obtener el ajuste por inflación: $15,000 X $1.58= $23,700. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación ($23,700) entre el valor adquisitivo del dólar para el 2012 ($0.87) y obtuvimos $27,241 como valor presente de la cuantía concedida en el 1984.

       El índice de precios al consumidor para el 1977 era 44.53, por lo que el valor adquisitivo del dólar era $2.25. Realizamos el cómputo siguiente para obtener el ajuste por inflación: $10,000 X $2.25= $22,500. Como segundo paso, dividimos el ajuste por inflación ($22,500) entre el valor adquisitivo del dólar para el 2012 ($0.87) y obtuvimos $25,862 como valor presente de la cuantía concedida en el 1977.


text:
    Telenoticias, Telemundo de Puerto Rico, Ex parte.

      Número: MC-2016-430

      Resuelto: 6 de mayo de 2016

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Monica Cordero Vázquez, procuradora general auxiliar; Walter M. Soto León, abogado de la parte peticionaria; Roberto A. Cámara Fuertes y Jaime Mercado Almodóvar, abogados de GFR Media LLC, en solicitud especial.
   RESOLUCIÓN

A la Petición Especial de Autorización para el Uso de Cámaras y Equipo Audiovisual para la Transmisión y Gra-bación de la Vista Preliminar contra Luis G. Rivera Seijo, presentada por Telenoticias, Telemundo de Puerto Rico, se provee “ha lugar”.

Este proceso se regirá por lo provisto en el Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Me-dios de Comunicación en los Procesos Judiciales, según en-mendado (Reglamento). Véanse: In re Enmdas. Regl. Uso Cámaras Proc. Jud. 193 DPR 475 (2015); In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424 (2013).

En específico, recalcamos que se observarán estrictamente las restricciones contenidas en la Regla 8 del citado Reglamento, a saber:

(a) La cobertura electrónica mediante el uso de cámaras fo-tográficas de equipo audiovisual de difusión estará prohibida en todo procedimiento de naturaleza confidencial, según esta-blecido por ley o así dispuesto por orden judicial.
(b) La cobertura electrónica de un proceso judicial, porciones de este o del testimonio de una parte, una persona testigo o una persona perita puede prohibirse, concluirse o limitarse motu proprio por la jueza o el juez que preside el proceso o a instancia de parte. La jueza o el juez efectuará su determina-ción tomando en consideración el interés de la justicia en pro-teger los derechos de las partes y de las personas testigos, y para preservar el orden y la buena conducta que debe imperar en el proceso judicial.
(c) El juez o la jueza podrá ordenar en cualquier momento a los medios de comunicación que suspendan el uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión, o podrá con-ducir el procedimiento en cámara, para evitar la difusión de la presentación en evidencia de cualquier documento o testimo-nio de naturaleza confidencial o sensitiva.
(d) No se autorizará la cobertura electrónica de los procedi-mientos celebrados en cámara ni tomas de video o de fotogra-fía cercanas al rostro (close-ups) de cualquiera de los partici-pantes en un procedimiento judicial con cobertura electrónica.
(e) Solo se permitirá la transmisión en vivo o en directo de cualquier etapa de las vistas del proceso judicial por radio, televisión e Internet o por algún medio de transmisión análogo mediante la autorización expresa del tribunal, previa solicitud específica al respecto y siempre que no se afecten los procedi-mientos, los derechos de las partes ni el acceso del público y de las funcionarías o de los funcionarios a la sede del tribunal.
(f) No se permitirá realizar entrevistas para la difusión ni tomar fotografías en los pasillos adyacentes a la entrada del salón donde se lleva a cabo el procedimiento o donde se efectúen otros procesos judiciales. Solo se permitirán en las áreas desig-nadas para ello, que deben ser áreas retiradas de las entradas a los salones del tribunal (por ejemplo, en áreas cercanas a los elevadores o al final de los pasillos), ello de conformidad con la directriz u orden administrativa que regule el asunto.

Se dispone, además, que la transmisión de la vista se regirá según el procedimiento dispuesto a continuación.

La grabación y transmisión en vivo de la vista prelimi-nar en alzada se hará a través de un sistema portátil que la Oficina de Prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales adquirió para este tipo de transmisión. Este sistema permite la instalación de cámaras de video en las salas de los tribunales y la transmisión remota de las imá-genes captadas por éstas a los distintos medios de comunicación. El Director de la Oficina de Prensa, el Sr. Daniel Rodríguez León, estará encargado de coordinar todo lo relacionado con la transmisión en vivo de la vista preli-minar en alzada mediante este sistema remoto. Todos los interesados deberán coordinar con el señor Rodríguez León para obtener acceso remoto a la transmisión en vivo de la vista.

Por otra parte, para asegurar la solemnidad y el decoro del proceso judicial, se permitirá la entrada de cámaras de fotografía operadas por representantes de los medios de prensa escrita o digital (Internet). Para regular el uso de cámaras fotográficas extendemos, de forma excepcional, el Reglamento, según enmendado, a los gremios periodísti-cos, quienes deberán regirse por las disposiciones pertinen-tes del antedicho Reglamento siempre y cuando no sean contrarias o incompatibles con lo aquí dispuesto. No se per-mitirá tomar fotografías mediante el uso de equipo electró-nico adicional alguno.

También se permitirá, sujeto a las restricciones impuestas en el Canon 15 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, y en el Reglamento:

1. El uso de grabadoras de audio portátiles, sujeto a que su operación sea discreta y silenciosa.

2. El uso de computadoras portátiles, teléfonos celula-res, tabletas, entre otros dispositivos electrónicos o equipo similar, para recopilar y transmitir información escrita a través de Internet, siempre que no interfiera con el proceso judicial, que su operación sea silenciosa y discreta, y que no se utilicen para fotografiar, grabar imágenes o audio, para radiodifundir ni para televisar.

Recordamos a los medios de comunicación que, por la solemnidad del proceso judicial, deben ceñirse estricta-mente a las disposiciones aplicables del Reglamento y a lo aquí dispuesto.

Reiteramos que, en conformidad con la Regla 13 del ci-tado Reglamento, el juez o la jueza que presida el proceso resolverá, según su sana discreción, cualquier controversia o aspecto no previsto en el Reglamento.

Se instruye al Director de Prensa de la Oficina de Ad-ministración de los Tribunales que brinde el apoyo técnico y logístico necesario para garantizar el cumplimiento de las normas reglamentarias aplicables.

Notifíquese inmediatamente por teléfono, facsímil y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emi-tió un Voto particular de conformidad, al cual se unieron los Jueces Asociados Señores Kolthoff Caraballo y Estrella Martínez. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez estuvo conforme con la determinación del Tribunal e hizo constar la expresión siguiente:

Estoy conforme con la determinación emitida por este Tribunal. Reitero que por bien del interés público, de las partes involucradas y del propio sistema judicial, resulta imperativo conceder la petición de la prensa para transmitir el proceso penal en cuestión. Sostengo que ello abonará a la transparencia y accesibilidad necesaria que debe caracterizar al Poder Judicial y a la confianza del Pueblo en sus instituciones. Véanse: Voto particular disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez en Telenoticias, Telemundo PR, Ex parte I, 195 DPR 34, 37 (2016); Voto particular disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez en Televicentro of PR, LLC, Ex parte, 195 DPR 18, 29 (2016); Voto particular del Juez Asociado Señor Estrella Martínez en In re Enmdas. Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 193 DPR 475 (2015); Voto particular disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez en ASPRO, Ex parte, 192 DPR 961 (2015); Voto particular de conformidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez en ASPRO et al., Ex parte, 192 DPR 395 (2015); Voto particular de conformidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez en ASPRO et al., Ex parte, 191 DPR 490 (2014); Voto particular de conformidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez en Solicitud ASPRO et al., Ex parte II, 190 DPR 184 (2014); Voto particular disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez en ASPRO et al., Ex parte I, 190 DPR 82 (2014); Voto particular de conformidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez en ASPRO et al., Ex parte I, 189 DPR 769 (2013); Voto particular de conformidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez en In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424 (2013).

El Juez Asociado Señor Rivera García proveería “no ha lugar” e hizo constar la siguiente expresión, a la cual se unió la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco:

Es mi criterio que una vista preliminar en alzada queda fuera del alcance del Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales. Por otra parte, disiento por los mismos fundamentos que expuse en mi voto particular de conformidad en parte y disidente en parte en In re Enmdas. Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 193 DPR 475 (2015), en referencia a las salas de asuntos criminales.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por la Jueza Presi-denta Oronoz Rodríguez, al cual se unen el Juez Aso-ciado Señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

Hace solo unas semanas estuvo ante nuestra considera-ción la solicitud de uno de los medios de prensa televisiva del País para transmitir los procedimientos en la vista pre-liminar del caso contra el Sr. Luis G. Rivera Seijo, acusado por la muerte del niño Lorenzo González Cacho. En aquel momento me vi obligada a disentir, luego de que una ma-yoría de los miembros de este Tribunal denegara la peti-ción y descartara la oportunidad de fortalecer nuestro com-promiso con la mayor apertura de los procedimientos judiciales y la transparencia.

Hoy estoy conforme con la determinación tomada por este Tribunal de permitir la transmisión de la vista prelimi-nar en alzada de ese mismo caso. Estoy convencida de que las circunstancias excepcionales de este caso requieren que declaremos “con lugar” la petición. No hay impedimento para que así sea, ya que nuestro ordenamiento jurídico pro-vee los mecanismos y la Rama Judicial cuenta con el equipo y la infraestructura para permitir la transmisión del pro-ceso y proteger los derechos de las partes involucradas.

Debo repetirlo, se trata de uno de los casos que más in-terés público ha despertado en los últimos años, no solo por los terribles hechos que lo originaron, sino además por el accidentado trámite que ha seguido. Dicho trámite, sumado a la proliferación de toda clase de información reproducida a lo largo de seis años, ha propiciado el desconcierto y el es-cepticismo en la ciudadanía. Frente a semejante panorama, no debe extrañar el gran interés que tiene el País en conocer las incidencias del caso Pueblo v. Luis G. Rivera Seijo, DVP 2016-0291, sin más intermediarios que sus propios sentidos y su consciencia.

Sin duda, los reportajes de la prensa juegan un papel muy importante a la hora de transmitir lo que acontece den-tro de una sala de justicia. Sin embargo, como parte del derecho a la libre expresión, todos los ciudadanos tienen de-recho a acceder por ellos mismos y presenciar el proceso. A pesar de ello, la posibilidad real de ejercer este derecho es en muchos casos una ficción debido a la dificultad que implica abandonar los asuntos acuciantes del diario vivir. Precisa-mente por eso fue que en el 2013 enmendamos el Canon XV de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, y aprobamos el Pro-grama Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales (PECAM).

La ciudadanía exige de sus instituciones mayor transparencia. Este caso es el mejor ejemplo de ello. La sala donde se realizó la vista preliminar estuvo llena todos los días en que allí hubo sesión. Tanto así, que muchos de los que llegaron al tribunal no pudieron entrar, situación que generó confusión y que incluso llevó, lamentablemente, al amontonamiento de ciudadanos en los pasillos. Estoy se-gura de que esto no habría pasado si hubiéramos facilitado en aquel momento el acceso por medio de la transmisión audiovisual y electrónica de los procedimientos.

Por otro lado, la apertura de las salas es compatible con el derecho de todo acusado a un debido proceso de ley y a un juicio justo e imparcial. Garantizar esos derechos es nuestro deber y prioridad. Por eso, todas las iniciativas que se han tomado para fomentar el acceso a través de proyec-tos como el PECAM tienen como premisa la centralidad de los derechos de las partes. Es por esta razón que hemos incluido en el Reglamento del PECAM los mecanismos que permiten balancear los intereses de todas las partes.

Así, por ejemplo, el juez o la jueza que preside tiene facultad para limitar la cobertura de cualquier parte del proceso, incluyendo la suspensión de la transmisión. Estas herramientas se extienden, entre otras medidas, para pro-hibir que se enfoque a los testigos, la transmisión de decla-raciones sensitivas, requerir la alteración de la voz y otras salvaguardas que provee la tecnología.

Tampoco es excusa que el PECAM no se haya extendido a salas fuera del Centro Judicial de San Juan ni a la etapa de vista preliminar en alzada. La Regla 15 del Reglamento del PECAM permite, por excepción, la cobertura y trans-misión de procedimientos como el presente. Véase In re Enmdas. Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 193 DPR 475, 479 (2015). Como dije, si hay un caso verdaderamente excepcional, en el que urja utilizar los mecanismos a nuestra disposición para cumplir el cometido de mayor acceso y transparencia, tiene que ser éste.

Confío plenamente en la capacidad, el profesionalismo y la ética de quienes componen la Rama Judicial. Sin embargo, el pueblo tiene derecho a poderlo constatar por sí mismo, a estar informado y a observar el desarrollo de los procedimientos. Esto no solo es esencial para solidificar la confianza, sino que ayuda a despejar la confusión, la in-quietud y el escepticismo que han rodeado este caso. Más aún, se trata de uno de los pilares sobre el que se asienta nuestro sistema democrático de gobierno.

Al permitir la transmisión de esta vista preliminar en alzada, una mayoría de este Tribunal valientemente apro-vecha la oportunidad de poner en práctica, en una coyun-tura apremiante, los propósitos que motivaron la adopción de este programa; esto es, el acceso de la ciudadanía a los procesos judiciales.

Por todo lo anterior, estoy conforme.

       Véase Televicentro of PR, LLC, Ex parte, 195 DPR 18, 21 (2016), Voto particular disidente de la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

       Cabe mencionar que, en vista de los resultados positivos del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difu-sión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales (PECAM), el 15 de julio de 2015 enmendamos el Reglamento para extender la aplicación de dicho Pro-grama a la Sala 901 de Asuntos de lo Civil y a la Sala 1104 de Asuntos de los Criminal en el Centro Judicial de San Juan. En aquella ocasión emití un Voto Particular de Conformidad por entender que la entrada de cámaras a un sala judicial
      permiten que la ciudadanía tenga acceso de primera mano al funciona-miento de su sistema de justicia. Sin este tipo de acceso, quienes nunca han acudido a los tribunales están sujetas a las impresiones que le transmitan terceras personas —impresiones que no siempre se ciñen a la realidad de los procesos y a lo acontecido en las salas—, así como a las concepciones erróneas que suelen predominar acerca del proceso judicial”. In re Enmdas. Regí. Uso Cámaras Proc. Jud., 193 DPR 475, 513 (2015), Voto particular de conformidad.


author: per curiam:

text:
      In re Juan C. Ramírez Ramos.

      Número: TS-16,874

      Resuelto: 9 de mayo de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

Nuevamente, nos vemos obligados a ejercer nuestro poder disciplinario y ordenar la suspensión inme-diata e indefinida de un miembro de la profesión jurídica por incumplir con los requerimientos de la Oficina de Ins-pección de Notarías (ODIN) y con las órdenes de este Tribunal.

I

Luego de la concesión de varios términos y de agotar esfuerzos mediante comunicaciones escritas y telefónicas, la ODIN no tuvo otro remedio que presentar ante este Tribunal un Informe Especial, en torno a varias omisiones e incumplimientos por parte del Ledo. Juan C. Ramírez Ramos (licenciado Ramírez Ramos). Del Informe Especial surge que el licenciado Ramírez Ramos incurrió en múltiples omisiones de sus obligaciones como notario e incumplió con varios requerimientos realizados por la ODIN. En específico, el licenciado Ramírez Ramos ha incumplido con su obligación de remitir a la ODIN, dentro de los términos dispuestos en el ordenamiento notarial, treinta y nueve Informes de Actividad Notarial Mensual y los Informes Estadísticos de Actividad Notarial Anual correspondientes a los años 2011 al 2013. No surge evidencia ante la ODIN de que el licenciado Ramírez Ramos tenga vigente la fianza notarial requerida por ley.

Ante ese cuadro, el 21 de noviembre de 2014 la ODIN le cursó una carta por motivo de sus incumplimientos. A pe-sar de que se orientó al abogado sobre el derecho aplicable y las consecuencias disciplinarias de su incumplimiento, de que se le advirtió sobre la gravedad de la conducta y que se le concedió un término de diez días para rendir todos los documentos adeudados, el abogado no contestó los requeri-mientos de la ODIN. En consecuencia, el 15 de enero de 2015 la ODIN le dirigió una segunda comunicación al no-tario, en la cual le indicó que le concedía un término final e improrrogable de quince días, esto es, hasta el 30 de enero de 2015. Sin embargo, no compareció.

Según consta en el Informe Especial, la ODIN intentó localizar al licenciado Ramírez Ramos por la vía telefónica y mediante correo electrónico. El licenciado Ramírez Ramos contestó la comunicación cursada por correo electró-nico y adujo que no practica la notaría y que entendía que, a pesar de que tenía problemas de salud, los índices esta-ban siendo presentados como de costumbre. Ante esas ale-gaciones, mediante carta de 16 de marzo de 2015, la ODIN le concedió hasta el 25 de marzo de 2015 para cumplir con los documentos requeridos. Nuevamente, el licenciado Ra-mírez Ramos incumplió.

Habida cuenta de que el licenciado Ramírez Ramos in-cumplió con los requisitos de la ODIN, el 7 de agosto de 2015 este Tribunal emitió una Resolución y le ordenó que se expresase en torno al Informe Especial. A pesar de ello, el licenciado Ramírez Ramos incumplió con nuestra orden y no compareció. Por lo tanto, el 8 de septiembre de 2015 la ODIN presentó una Moción Notificando Incumplimiento de Orden. Evaluada la moción, el 26 de febrero de 2016 emi-timos una orden al licenciado Ramírez Ramos para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido de la profesión de la abogacía. Dicha orden se le notificó perso-nalmente al abogado el 4 de marzo. Lamentablemente, el licenciado Ramírez Ramos también incumplió con lo orde-nado en esa Resolución.

II

Sabido es que nuestro Código de Ética Profesional establece las normas mínimas de conducta que deben regir a los miembros de la ilustre profesión de la abogacía en el desempeño de sus funciones. In re De Jesús Román, 192 DPR 799, 802 (2015); Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véanse, también: In re Cepero Rivera et al., 2015 TSPR 119, pág. 9, 193 DPR 1021 (2015); In re López González et al., 2015 TSPR 107, pág. 5, 193 DPR 1021 (2015).

En múltiples ocasiones nos hemos visto obligados a disciplinar a abogados que incumplen con su deber de contestar con diligencia los requerimientos de este Tribunal y acatar nuestras órdenes. In re Rivera Trani, 188 DPR 454, 460 (2013); In re Guzmán Rodríguez, 187 DPR 826, 829 (2013). Desatender nuestros requerimientos es incompatible con la práctica de la profesión, pues constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, y menoscaba nuestro poder inherente de regular la profesión jurídica. In re Cepero Rivera et al., supra, pág. 10; In re López González et al., supra, pág. 6; In re Rivera Trani, supra, pág. 461; In re Guzmán Rodríguez, supra, pág. 829. Por lo tanto, tal conducta conlleva la separación inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. Véanse: In re López González et al., supra, págs. 6-7; In re Rivera Trani, supra, pág. 461; In re Guzmán Rodríguez, supra, pág. 829.

Del mismo modo, hemos establecido que el deber de responder no se circunscribe a los requerimientos emitidos por este Foro, toda vez que se extiende a las exigencias que le imponga cualquier otro foro al que el abogado se encuentre obligado a comparecer. In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77 (2013); In re García Baliñas, 167 DPR 125 (2006). A tales efectos, este Tribunal consecuentemente ha requerido igual obediencia a las órdenes de la ODIN. In re Piñeiro Vega, supra; In re Montes Díaz, 184 DPR 90, 94 (2011).

Al amparo de la normativa jurídica expuesta, evaluaremos la conducta del abogado de epígrafe.

III

En el informe presentado a este Tribunal, el Director de la ODIN ha expuesto de forma detallada las gestiones re-alizadas para requerirle al abogado de epígrafe que cumpla con los requisitos reglamentarios que hemos examinado. No obstante, éste ha desatendido en repetidas ocasiones sus requerimientos. En consecuencia, éste nos refirió el asunto para que ejerzamos nuestra facultad disciplinaria.

Este Tribunal, por su parte, le concedió al abogado am-plia oportunidad para que compareciera ante nos y acredi-tara su cumplimiento con los requisitos de la ODIN y con los requerimientos de este Tribunal, lo cual no hizo. Éste incumplió con los requerimientos de la ODIN y no compa-reció ante nos, en clara inobservancia de nuestras órdenes.

De lo anterior resulta claro que el abogado de epígrafe ha incumplido con los requisitos de la ODIN y de este Tribunal y ha asumido una actitud despreocupada en cuanto a este asunto. Asimismo, ha tomado livianamente nuestros requerimientos y, aún hoy no ha comparecido ante nos para cumplir con lo ordenado.

Así pues, la dejadez y la desidia de este abogado nos obligan a decretar que ha incumplido con su deber de guar-dar el mayor respeto hacia este Tribunal, relegando su res-ponsabilidad de regirse por el Código de Ética Profesional y de satisfacer los requisitos reglamentarios que se han establecido para garantizar el mejoramiento profesional y la diligencia de quienes ejercen la profesión jurídica. Como guardianes de nuestra jurisdicción disciplinaria, no pode-mos avalar este proceder.

IV

Al amparo de los fundamentos que anteceden, suspen-demos inmediata e indefinidamente al Ledo. Juan C. Ra- mírez Ramos del ejercicio de la abogacía y la notaría hasta tanto cumpla con las órdenes de este Tribunal y subsane la totalidad de las deficiencias notariales señaladas por la ODIN. Previo a ser reinstalado en la práctica de la notaría, éste deberá evidenciar que ha rectificado todas las fallas notariales descritas mediante una Certificación emitida por la ODIN. Se le apercibe al señor Ramírez Ramos que la presente acción disciplinaria no lo exime de tener que sub-sanar las deficiencias señaladas por la ODIN en su obra notarial. Dicha obligación subsiste y su desatención lo ex-pondría al procedimiento de desacato correspondiente.

Por su parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Ramírez Ramos y los entregue al Director de la Ofi-cina de Inspección de Notarías para la correspondiente in-vestigación e informe.

Asimismo, se le impone al señor Ramírez Ramos el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera ho-norarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar oportunamente de su suspen-sión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar a este Tribunal el cumpli-miento con lo anterior dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de la presente Opinión “per curiam” y Sentencia.

La Oficina del Alguacil de este Tribunal notificará per-sonalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia al Sr. Juan C. Ramírez Ramos.

Se dictará sentencia de conformidad.

       El Ledo. Juan C. Ramírez Ramos fue admitido al ejercicio de la profesión de la abogacía el 20 de febrero de 2008 y prestó juramento como notario el 29 de octubre de ese año.