text:
    Lorenzo Lafont, demandante, apelante y apelado, v. Jorge Bird Arias, demandado, apelado y apelante.
    Núm. 7795.

    Sometido: Junio 7, 1940.

      Resuelto: Junio 26, 1940.

      C. H. Julia, abogado del apelante apelado;

      Arturo Aponte, abogado . del apelado apelante.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Lorenzo Lafont radicó en la Corte de Distrito de San Juan una demanda en cobro de un pagaré por la suma de $12,000, otorgado por Jorge Bird Arias, el demandado, a la orden del tenedor de la obligación, la que babía de vencer el 30 de junio de 1930. El demandante alegó que “posee dicho pagaré al tenedor, como único dueño del mismo.” Antes de contestar, el demandado radicó una moción solici-tando especificación de los siguientes particulares: fecha en que el demandante adquirió el documento; forma en que le fué entregado, si por endoso, cesión o derecho sucesorio; cantidad o precio pagado por el mismo; y sitio o lugar de la .entrega. Declarada con lugar dicha moción, el deman-dante radicó un pliego de especificaciones en el que hizo constar que el pagaré le fué entregado en junio 29, 1932, por su hermana doña Marta Lafont viuda de "Veve, en calidad de donación y a los efectos de la educación de sus hijos; y alegó que la entrega del documento se hizo en presencia de su esposa, de su hija Mary Lafont y de los testigos Prank López y Francisco Jiménez, de San Juan.

En su contestación negó el demandado que el deman-dante sea dueño o tenedor de buena fe del pagaré en cues-tión. Y como defensa alegó: que los hermanos Rafael y Santiago Veve Calzada prestaron al demandado la suma de $24,000, para serles devuelta en todo el mes de mayo de 1930; que al llegar el 21 de mayo de 1930, temiendo el demandado no poder cumplir a tiempo lo ofrecido, extendió dos pagarés exactamente iguales, por $12,000 cada uno, y entregó uno a cada uno de los hermanos Veve Calzada; que al día siguiente el demandado y los hermanos Veve deja-ron sin efecto ambos documentos mediante el pago hecho con el importe de 200 acciones de The Fajardo Sugar Company of Porto Rico para cada uno de ellos; que el documento entregado a don Rafael Veve fué devuelto por éste al demandado inmediatamente, mas no así el de don Santiago Veve, qne es el qne figura en esta demanda; qne el demandante nunca ha sido dueño del documento objeto del litigio, ni ha tenido ni tiene interés o participación al-guna en el mismo, ni ha sido, ni es, heredero, legatario o. derechohabiente de don Santiago Veve, quien falleció en 1931; y, por último, qne la acción qne trata de ejercitar el demandante ha prescrito con arreglo al artículo 946 del Código de Comercio, edición de 1930.

Celebrado el juicio correspondiente, la corte de distrito dictó sentencia desestimando la demanda y condenando al demandante al pago de costas, sin incluir honorarios de aho-gado. Ambas partes han apelado.

El demandante apelante imputa a la corte inferior la comisión de diecinueve errores, los cuales iremos exponiendo y resolviendo en el mismo orden en que aparecen en el ale-gato.

Que la corte inferior erró al ordenar al demandante que presentara el pliego de particulares solicitado por el demandado.

Con excepción de aquellos casos en que el estatuto concede expresamente el derecho a un pliego de especificacio-nes, la corte ante la cual ha de verse el caso en sus méritos tiene la facultad discrecional necesaria para expedir o negarse a expedir una orden requiriendo a una de las partes litigantes para que presente dicho pliego. Las cor-tes de apelación no deben intervenir, a menos que se trate de un caso claro de abuso de discreción. 1 Bancroft Code Pleading, pág. 703.

Al ser requerido judicialmente en marzo de 1936 para el pago de una obligación vencida en 30 de junio de 1930; muerta desde 1931 la persona a quien se había hecho entrega del pagaré y a quien se le había satisfecho su importe; y confrontado con la concisa y escueta alegación de “que el demandante posee dicho pagaré al tenedor, como único dueño del mismo,” parece lógico y natural que al deman-dado le interesase saber, para poder establecer sn defensa, las condiciones y circunstancias bajo las cnales el docu-.mentó objeto del litigio había venido a manos del deman-dante. Si el demandante era en realidad nn poseedor de buena fe, la revelación de los hechos relativos a la adqui-sición del documento en nada podía perjudicarle. En efecto, después de la lectura cuidadosa que hemos hecho de todo el récord del caso, no hemos podido convencernos de que al demandante se le haya causado perjuicio alguno al orde-narle que suministrara al demandado tales particulares. Debe desestimarse este señalamiento.

2. Que la corte inferior erró al ordenar la inspección del pagaré, el cual se había copiado en la demanda.

Del récord ante nos no aparece constancia alguna que nos permita considerar este supuesto error. El apelante ni siquiera nos ha dicho en qué momento del proceso se ordenó la inspección de que se queja. Los artículos 121 y 314 del •Código de Enjuiciamiento Civil conceden facultad a la corte ante la cual está pendiente un pleito para autorizar la inspección de documentos que estuvieren en poder de una de las partes litigantes y que contengan prueba relativa a ■ los hechos de la demanda o de la contestación. En ausen-cia de prueba en contrario, debemos presumir que la ins-pección en este caso, si alguna se hizo, fué autorizada de acuerdo con la ley.

3. Que la corte inferior erró al decretar la suspensión de la vista para los efectos de tomar una deposición a un testigo en Es-tados Unidos.

Este señalamiento debe ser desestimado. El récord no contiene dato alguno con respecto a la alegada suspensión de la vista. Véanse: Méndez v. Piñero, 43 D.P.R. 240, y Benítez v. Muñoz, 52 D.P.R. 749.

4-10. En los señalamientos numerados del 4 al 10, ' inclusive, se dice que la corte sentenciadora cometió error al admitir cada uno de los siguientes documentos:

(a) Escritura de poder del'Dr. Santiago Veve Calzada a favor de sus hermanos Rafael y José.
(jb) Poder de doña Marta Lafont a favor de don Rafael y don Juan Veve Calzada.
(c) Testamento del Dr. Santiago Veve Calzada.
(d) Renuncia de usufructo vidual otorgada por doña Marta Lafont.
(e) Escritura de entrega de legado otorgada por don Rafael Veve Calzada y doña Marta Lafont.
(/) Sentencia declaratoria de herederos del Dr. Santiago Veve.
(g) Escritura sobre inventario, división y adjudicación de los bienes hereditarios, otorgada por doña Marta La-font y los herederos y legatarios del Dr. Veve.

Del récord aparece que el demandante se opnso oportu-namente a la admisión de cada uno de dichos documentos, por.considerarlos inmateriales e impertinentes, y que anotó las correspondientes excepciones al ser admitidos en evi-dencia. Nos toca ahora considerar y resolver si la admisión de dichos documentos constituye o no error perjudicial a los derechos del apelante.

La teoría del demandado es que doña Marta Lafont Viuda de Veve nunca fue dueña del pagaré y nunca adquirió título, derecho o interés alguno sobre dicho documento; y que, por lo tanto, dicha señora no podía trasmitir título, derecho o interés alguno, por donación, al demandante.

Con los documentos admitidos en evidencia se estable-cieron hechos esenciales y pertinentes a la expresada teoría del demandado, a saber: que el apoderado del Dr. Veve lo era su hermano don Eafael Veve y no su esposa doña Marta Lafont, con lo que quedó demostrado que cuando dicha señora entregó el pagaré al demandante no lo hizo a nombre de' su esposo; doña Marta Lafont heredó a su esposo el Dr. Veve nada más que en la cuota usufructuaria; que doña Marta Lafont, ni en el inventario de los bienes, ni en la adjudicación de los mismos, recibió participación alguna en el pagaré objeto del litigio; y que dicho pagaré no figuró en ningún momento entre los bienes hereditarios del Dr. Veve. Todos esos documentos eran a nuestro juicio admi-sibles para la debida resolución de la cuestión fundamental envuelta en este caso, o sea la de si el demandante es o no un poseedor de buena fe. No hubo error en la admisión de dichos documentos.

11 y 12. Que el tribunal inferior erró al admitir en evidencia la deposición de Rafael Veve, tomada en Fajardo, P. R., y la de Theodore Mutter, tomada en los Estados Unidos.

La deposición del testigo Rafael Veve fué rendida ante un notario público en el pueblo de Fajardo, situado a 62 kilómetros, o sea 38 millas de la ciudad de San Juan, cabe-cera del distrito en que se celebró el juicio. En dicho acto estuvieron presentes los abogados de ambos litigantes, quienes preguntaron y repreguntaron al deponente. Éste declaró que residía y pensaba continuar residiendo en Fa-jardo; que pensaba embarcar para Estados Unidos el 12 de noviembre de 1936, para regresar el 11 de enero de 1937.

Antes de ofrecer en evidencia la deposición de' Rafael Veve, el demandado ofreció el testimonio del Dr. Juan Veve Carrillo para probar que Rafael Veve se encontraba en su residencia en Fajardo, enfermo e imposibilitado para po-der comparecer ante la corte. Se opuso el demandante a la admisión de la deposición, alegando que ésta había sido tomada por el motivo de que Rafael Veve tenía que embar-carse para Estados Unidos y no podría estar en Puerto Rico en la fecha del juicio; y que habiendo regresado y encontrándose de nuevo en Fajardo el Sr. Veve, la deposi-ción no era admisible.

La deposición era admisible de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 505 y 506 del Código de Enjuiciamiento Civil. No erró, pues, la corte al admitirla. Véase: Sunol v. Molloy, 63 Cal. 369.

La objeción formulada en contra de la admisión de la deposición del testigo Mutter no merece seria consideración. La deposición fue entregada al juez de distrito por el demandado, en un sobre lacrado y sellado por el Comisio-nado de Escrituras de Puerto Pico en Nueva Tork. No se ha alegado que el sobre haya sido abierto o alterado en alguna forma o que no se encontrara en las mismas condi-ciones en que estaba al ser sellado y lacrado en Nueva York.

13 y 14. Que la corte inferior erró al admitir en evidencia los certificados de las acciones vendidas por don Jorge Bird a don Santiago y a don Rafael Veve Calzada.

El demandado alegó quo en mayo 22 de 1930 él hizo efectivo el importe de los dos pagarés al tenedor, entre-gados por él a don Santiago y a don Rafael Yeve, mediante la cesión y entrega a cada uno de dichos señores de 200 acciones de la Fajardo Sugar Co. Para sostener esa ale-gación, el demandado ofreció y la corte admitió copias fo-tostáticas de seis certificados de acciones. Cuatro de ellos, numerados 1953, 1954, 5287 y 5288, aparecen expedidos a favor de Jorge Bird Arias, por 100 acciones cada uno. Los dos primeros aparecen endosados a favor de don Rafael Veve Calzada; y los dos segundos a favor del Dr. Santiago Veve Calzada. El certificado núm. 13,260, por 200 acciones, fue expedido a favor de don Rafael Veve Calzada y endosado por éste a favor de don Rafael A. Veve el 22 de mayo del mismo año. El certificado núm. 13,261, expedido al Dr. Veve, por 200 acciones, fue también endo-sado en mayo 22, 1930, a favor de Rafael A. Veve.

No erró la corte sentenciadora al admitir dichos certifi-cados de acciones como evidencia del pago de la obligación representada por el pagaré objeto de este pleito. Dichos certificados, en los cuales aparecen las firmas de los acreedo-res originales, son admisibles como prueba complementaria y corroborativa de la declaración del demandado; y ha-biendo sido corroborados a su vez, tanto dicha declaración como dichos certificados, por el testimonio de Rafael A. Veve, heredero de los dos hermanos Veve, a quien la corte sentenciadora ha dado entero crédito, es preciso concluir que el pago de la obligación qnedó suficientemente probado.

15 y 16. Que al negarse a eliminar la declaración del Dr. Juan Veve Carrillo la corte inferior incurrió en error.

La declaración de este testigo cubre las páginas 23 a 50 de la transcripción de evidencia. En ésta no consta que el demandante hiciera moción alguna ante la corte inferior solicitando la eliminación de dicha declaración. Ya hemos resuelto en numerosas ocasiones que las cuestiones sobre admisibilidad de evidencia deben ser planteadas ante la corte inferior, mediante la correspondiente objeción y ex-cepción; y que esas cuestiones no serán consideradas cuando se plantean por primera vez en apelación. Broakway Motor etc. Corp. v. Cruz, 48 D.P.R. 749; McCormick v. McCormick, 52 D.P.R. 691.

. Por las mismas razones debemos desestimar el décimo-sexto señalamiento referente a la admisión del testimonio del demandado sobre una carta de resguardo que dijo le había sido entregada por el Dr; Veve.

17 y 18. Estos dos señalamientos deben ser desestimados por ser imprecisos y frívolos y no estar sostenidos por el récord.

19. Que la corte inferior erró en la apreciación de la prueba.

No se alega, ni tampoco aparece de los autos, que la corte inferior haya actuado bajo la influencia de la pasión, el prejuicio o la parcialidad. Solamente podríamos inter-venir con su fallo, si en la apreciación que hizo de la prueba se hubiese cometido un error substancial y perjudicial al apelante.

La corte sentenciadora, después de hacer un resumen de la prueba presentada por cada una de las partes, hizo constar en su opinión que la prueba del demandado mere-cía mayor credibilidad que la del demandante. Si de la prueba surgió algún conflicto, éste fué dirimido en favor del demandado. Y siendo la evidencia del demandado, creída por el tribunal sentenciador, suficiente a nuestro juicio para- sostener el fallo, es nuestro deber respetarlo.

Pasaremos abora a resolver la cuestión fundamental envuelta en este pleito. ¿Es el demandante un tenedor de buena fe?

De acuerdo con las alegaciones y pruebas del deman-dante, el pagaré venció en junio 30 de 1930, y le fué entre-, gado al demandante en 29 de junio de 1932, dos años después del vencimiento, por la Sra. Marta Lafont Viuda de Veve,'' en calidad de donación, o sea gratuitamente.

La prueba del demandado estableció fuera de toda duda, y sin que se presentase prueba alguna en contrario, que el Dr. Santiago Veve Calzada falleció el 18 de octubre de 1931, o sea un año y cuatro meses después de la fecha de venci-miento del pagaré; que dicho pagaré no figuró para nada en las operaciones particionales de los bienes dejados a su muerte por el Dr. Veve; y que la señora Lafont Viuda de Veve no adquirió el mencionado pagaré entre los bienes que le fueron adjudicados en pago de sus gananciales y de su legado.

La Ley núm. 17 de 1930 (pág. 173) en su artículo 53, que es ahora el artículo 405 del Código de Comercio, ed. 1932, dispone:

“Artículo 405. — Tenedor de buena fe es el que ba tomado el documento con arreglo a las siguientes circunstancias:
“1. Que esté completo y sea regular en su apariencia;
“2. Que se convirtió en tenedor del mismo antes de estar ven-cido, y sin tener conocimiento de que su aceptación o pago había sido rehusado previamente, si ése fuere el caso;
“3. Que lo tomó de buena fe y. por causa onerosa;
“4. Que cuando le fué negociado no tenía conocimiento de defecto alguno en el documento, o en el derecho de la persona que lo nego-ció.” (Itálicas nuestras.)

Son hechos admitidos por el demandante que él obtuvo el documento después de estar vencido y no por causa one-rosa si que gratuitamente. El demandante carece de las dos condiciones esenciales requeridas por el estatuto para que se le deba considerar como tenedor de buena fe.

El apelante ba invocado en su ayuda el artículo 411 del Código de Comercio, ed. 1932 (Ley núm. 17 de 1930, artículo 59) que lee así:

“Artículo 411. — En manos de un tenedor que no sea tenedor de buena fe, el documento negociable está sujeto a la misma materia de defensa que el documento que no fuere negociable. Pero un tenedor que derive su derecho del de un tenedor de buena fe, y que no baya sido parte en fraude o ilegalidad alguna que afecte al documento, tendrá todos los derechos de dicho tenedor anterior en lo que respecta a todas las partes que hayan precedido al último.”

De acuerdo con lo dispuesto en este artículo, no siendo el demandante en este caso un tenedor de buena fe, contra él puede interponerse la defensa de pago de la obligación, a menos que de la prueba resultase que la persona que le hizo donación del pagaré era tenedora de buena fe del mismo. La prueba demuestra que doña Marta Lafont Viuda de Veve, de quien el demandante obtuvo el pagaré mediante donación, tampoco era poseedora de buena fe, razón por la cual el demandante no puede acogerse al beneficio de la excepción que establece el citado artículo 411, supra. Contra dicha señora hubiera podido alegarse el pago de la obli-gación, pues ella también adquirió el documento después de vencido y no por causa onerosa. Y aun cuando aceptáramos que la señora Lafont recibió el pagaré como parte de sus gananciales o por derecho hereditario, eso en nada cambia-ría la posición legal del demandante.

El demandado no ha aducido razón alguna para que modifiquemos la sentencia recurrida en el sentido de concederle honorarios de abogado. Más aún, en su alegato nos pide que confirmemos la sentencia. Debemos, por tanto, darle por desistido de su recurso.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole

license: Public Domain

text:
    Carlos M. de Castro, peticionario y apelante, v. Junta de Comisionados de San Juan, querellada y apelada
    Núm. 8070.

    Sometido: Enero 17, 1940.

      Resuelto: Junio 28, 1940.

      B. Rivera Zayas, Damián Monserrat, Jr., y Gabriel de la liabat abogados del apelante;

      J. Validejuli Rodrigues y R. Díaz Collazo, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Ramírez Nadal .formuló cargos a Carlos M. de Castro, Administrador de la Capital, ante la Junta de Comi-sionados del G-obierno de la Capital. En noviembre 10 de 1938 la Junta hizo suyos los cargos y residenció (impeached) al Administrador de la ciudad. Este fué debidamente noti-ficado y contestó. En 21 de noviembre de 1938 comenzó una vista pública y la misma se prolongó durante varias sesiones. El 5 de enero de 1939 el Administrador fué suspendido de su empleo. La vista continuó hasta el 17 de febrero. El 5 de abril el Administrador fué removido de su cargo.

Se presentaron diecinueve cargos contra el Administrador de la Capital. Éstos estaban numerados V a XXIII. Los párrafos I a IV se dedicaron a la exposición de motivos de los cargos. Se presentó prueba sobre siete de ellos. De suerte, pues, que el juicio comenzó nominalmente sobre todos los diecinueve cargos. El Administrador fué a juicio, podría presumirse, sin saber al principio específicamente cuáles de los cargos serían presentados. Decimos esto ahora por varias razones, una de las cuales es que el apelante ante este tribunal sostiene que ninguno de los cargos formulados constituía la alegación suficiente para una destitución por justa causa. La apelada, por otra parte, sostiene que todos los cargos eran suficientemente específicos y que el quere-llado no necesitaba ningún aviso ulterior. Si cualquiera de los diecinueve cargos era suficiente para justificar la remo-ción del Administrador de la Capital, entonces debió haberse tenido gran cuidado en su redacción. Si, por otra parte, los cargos fian de ser considerados en su totalidad, entonces es cuestión muy debatible el becbo de si la corte inferior pudo o no considerarlos conjuntamente para ver si en todos ellos había lo suficiente para justificar la destitución. Tuvimos una seria duda en torno a si el cargo principal en que se fundaron la apelada y la corte inferior, es decir, el supuesto estado desastroso del acueducto de San Juan, constituye la justa causa a que se refiere la ley.

Discutiremos ahora los cuatro cargos que fueron final-mente presentados en la Corte de Distrito de San Juan.

El cargo número X dice:

“Allá por el día 24 de noviembre de 1937 un tal José Torres Silva, empleado del Gobierno de la Capital, mientras estaba en completo estado de embriaguez, disparó dos tiros de revólver en la oficina de pagaduría del Ayuntamiento de la Capital mientras se encontraba en el desempeño de su empleo, habiendo llegado el hecho a conocimiento de dicho Carlos M. de Castro sin que procediera sobre dicha actuación del señor Torres Silva.”

La Junta resolvió:

“PoR CUANTO, aparece de la evidencia testifical ofrecida tanto en apoyo de los cargos como de aquélla presentada por el querellado y, especialmente del testimonio del City Manager y de José Torres Silva, que la imputación comprendida en el apartado X de la que-rella, constituye negligencia por parte del City Manager y que la actitud de éste está muy lejos de ser la ‘buena conducta’ de que habla la Ley Orgánica de este Gobierno, y por el contrario, la ac-titud y palabras del City Manager en relación con el incidente que comprende dicho cargo constituyen claramente una inexcusable ‘conducta inmoral e incorrecta’ tal como se señala en dicha ley.”

El cargo número XII lee:

“Allá por el día 2 de octubre de 1937 en el caso de un accidente sufrido por el automóvil GM 201, propiedad de la Capital, causado por la negligencia ele José Marcos Morales, empleado del Gobierno de la Capital, según se liabía resuelto por el Auditor de la Capital, el referido Carlos M. de Castro, en su carácter de Administrador de la Capital (City Manager) requirió al Auditor de la Capital personalmente y por mediación de la Directora Escolar para que archivara el• caso; a sabiendas de que su archivo sería ilegal y en contra de los intereses de la Capital. Dicho José Marcos Morales era un empleado bajo el cargo directo de dicho Carlos M. de Castro en su carácter de Administrador de la Capital (City Manager).
“En este caso dicho Carlos M. de Castro, en su referido carácter y en su oficina en la casa-alcaldía de la Capital, amenazó, tratando de atemorizarlo, a dicho Auditor para que transara dicho caso, todo en contra de los intereses de la Capital.”

La Junta dijo:

“Por cuanto, aparece de la prueba testifical que la conducta del Güy Manager en el incidente específico a que se contrae y que se describe bajo el apartado XII del pliego de cargos, deja de ser a todas luces la ‘buena conducta’ que señala la Ley creando este Gobierno de la Capital, y por el contrario, las actuaciones del City Manager constituyen una violación de las obligaciones que el estatuto impone al City Manager y están comprendidas en la expresión ‘conducta inmoral e incorrecta’ que determina la ley citada.”

El cargo número XXII expresa:

“El referido Carlos M. de Castro en su referido carácter no ha tomado las medidas necesarias para hacer cumplirse las ordenanzas del Gobierno de la Capital, a saber:
“1. La Ordenanza Núm. 249, tal como se ha enmendado. 2. La Ordenanza Núm. 360; 3. La Ordenanza Núm. 364; 4. La Orde-nanza Núm. 367; 5. La Ordenanza Núm. 369; 6. La Ordenanza Núm. 371; 7. La Ordenanza Núm. 380; 8. La Ordenanza Núm. 385; 9. La Ordenanza Núm. 393; 10. La Ordenanza Núm. 394; y varias otras de las Ordenanzas de la Capital.”

La Junta manifestó:

“Por cuanto, ha quedado plenamente demostrado por la prueba documental ofrecida, por el testimonio del Secretario de esta Junta Sr. Luis A. Castro, y por el testimonio del propio Güy Manager, que éste, de una manera voluntaria, adrede, sistemática y negligen-temente dejó de dar cumplimiento, sin excusa legal o moral alguna, a sabiendas e ignorando el mandato expreso de esta Junta, a las obligaciones y deberes impuéstosle por las Ordenanzas Núms. 360, 367, 371 de esta Junta, adoptando así una actitud contraria a la buena conducta prescrita por la Ley del Gobierno de esta Capital e incurriendo en la conducta ‘inmoral e incorrecta’ que señala dicha ley.”

351 cargo número VI provee:

“El referido Carlos M. de Castro en el desempeño de su cargo como Administrador de la Capital (City Manager) no ha inspec-cionado ni ha administrado el sistema de Acueducto de la Capital que suministra agua a la Capital y a los municipos de Bayamón y Cataño y en parte al municipio de Río Piedras, ni lo hace en la ac-tualidad. Ha permitido y permite Carlos M. de Castro en su dicho cargo que la planta física de dicho sistema, incluyendo las represas, plantas de filtración, tubería, las válvulas y otros aparatos, cayeran en un estado de abandono y desorganización. Ha permitido y per-mite que estuviera contaminada el agua suministrada por dicho sistema y consumida por los referidos pueblos de tal modo que ha amenazado y amenaza la salud pública y el bienestar público.
“Debido a tal estado de abandono y desorganización, el abasteci-miento de agua ha sido interrumpido en varias ocasiones y existe la amenaza de que dicho abastecimiento en cualquier momento pueda ser interrumpido.
“Debido a tal desorganización en la administración del sistema de acueducto, la Capital no ha podido cobrar ni cobra por el agua suministrada a muchos de los consumidores, y Carlos M. de Castro ha permitido y permite que muchos consumidores hayan utilizado y utilicen el servicio de agua sin pagar por tal servicio.

La Junta dijo:

“Pob CUANTO, la prueba documental ofrecida, tanto en apoyo de la querella como en su descargo por parte del querellado, y la prueba testifical y pericial sometidas asimismo para justificar el cargo comprendido en el apartado 6 de la querella, incluyendo la evidencia de igual naturaleza sometida por el querellado, demues-tran sin lugar a dudas que el City Manager incurrió en negligencia y adoptó una actitud altamente perjuidicial a los intereses de la comunidad de esta Capital, no dando atención a y por el contrario ignorando las reiteradas observaciones que verbalmente y por escrito le hicieran las autoridades del Departamento de Sanidad Insular en relación con la contaminación del agua para el consumo público, ni dando atención a las repetidas observaciones y requerimiento héchosle por varios empleados de este propio Gobierno de la Capital en el sentido dicho, demostrando con todo ello que no ha observado la ‘buena conducta’ de que habla la ley creando el Gobierno de la Capital e incurriendo también en abandono y en ‘conducta inmoral e incorrecta’; y — Por cuaNto, esta Junta entiende que por las ra-zones, fundamentos y hechos que se dejan anteriormente expuestos y relacionados, existe justa causa para destituir al City Manager por abandono, negligencia inexcusable y conducta inmoral e in-correcta en el desempeño de su cargo. ...”

Él 11 de abril de 1939 el Administrador de la Capital acudió a la Corte de Distrito de San Juan en solicitud de un auto de certiorari, que fué expedido. Se celebró una vista el 3 o. de junio de 1939. Se dictó sentencia el 21 de agosto de 1939 anulando el auto expedido. El apelante señala, desde luego, varios errores que creemos innecesario discutir en determinado orden.

En realidad, gran parte de la discusión en la corte inferior y en los alegatos del apelante fué al efecto de que el artículo 22 de la Ley núm. 99 de 1931 (leyes del ese año, págs. 627, 639) tan sólo permite la formulación de cargos por la comisión de delitos graves o menos graves. Este artículo lee en el idioma castellano así:

“El Administrador de la Capital podrá ser destituido por la Junta de Comisionados por justa causa, previa audiencia y oportu-nidad para defenderse por sí o mediante abogados. Serán causas para destituir al Administrador de la Capital: cualquier acto rea-lizado por él que constituya un delito grave (felony); cualquier acto realizado por él que constituya un delito menos grave (misdemeanor) y que implique depravación moral, abandono, negligencia inexcusable en el desempeño de su cargo, o conducta inmoral e incorrecta ’en el desempeño del mismo.”

Toda vez que la ley fué redactada en el idioma español, el texto castellano debe prevalecer. La versión inglesa dice así:

“The City Manager may be removed by the Board of Commissioners, for just cause, upon hearing and an opportunity to defend himself either in person or through attorneys. The following shall be causes for the removal of the City Manager: any act of his constituting a felony; any act of his constituting a misdemeanor and implying moral turpitude; or careleness, inexcusable negligence in the performance of his duties, or immoral or incorrect conduct in the exercise thereof.”

La corte inferior resolvió que además de delitos graves y menos graves el Alcalde podía ser residenciado por negli-gencia inexcusable en el desempeño de su cargo. El efecto ■de la decisión de la corte fué seguir el texto literal de la versión inglesa más bien que el de la española, más estamos contestes en que debió haber sido la intención de la Asam-blea Legislativa que la negligencia inexcusable constituyera también causa de destitución. De ese modo leían ambas ver-siones de leyes anteriores al permitir que se revisara ppr certiorari la destitución de funcionarios subalternos. Cree-mos que en el texto castellano la conjunción “y” después de la palabra “misdemeanor” debe leerse como “o”, toda vez que cualquiera otra interpretación de la ley conduciría a un absurdo.

Estas conclusiones son sostenidas por el artículo 21 de la Ley núm. 99, que lee así:

“El Administrador de la Capital será el jefe ejecutivo de la misma, será nombrado por la Junta de Comisionados que se crea por esta Ley y desempeñará su cargo mientras observe buena con-ducta. ’ ’

No es menester que demos demasiado énfasis a este punto porque, asumiendo que nuestra conclusión y la de la corte inferior sean correctas, el caso debe ser revocado por otros motivos.

La corte de distrito resolvió que los cargos X y XII no habían sido probados. No hallamos motivo alguno para impugnar la corrección de este resultado, especialmente no habiéndola impugnado la apelada.

Al considerar los cargos XXII y VI la corte inferior resolvió que la prueba era contradictoria y que por ende las conclusiones de la Junta eran concluyentes. Se descansa en los siguientes casos: Coll v. Todd, 35 D.P.R. 625; Rivera v. Asamblea Municipal, 39 D.P.R. 79; Fernández v. Pavía, 42 D.P.R. 768, y Valldejuli v. De Castro, 52 D.P.R. 286. Podríamos decir aquí que no estamos del todo convencidos de que la situación creada por la Ley número 99 para la remoción de un Administrador de la Capital sea idéntica o aún similar al derecho de un jefe de departamento a desti-tuir a uno de "sus subalternos. Sea esto como fuere, sub-siste el hecho de que en todos estos casos la persona que lee la opinión tendría alguna idea sobre la naturaleza esen-cial de los cargos presentados contra el allí peticionario.

Ninguno de los alegatos presentados por las partes nos hace ver claramente qué fué lo que el Alcalde dejó de hacer ni qué debió haber hecho con respecto al acueducto. Es obvio que la regia aplicable a la destitución de subalternos debe ser distinta, toda vez que el Alcalde es responsable de los actos de sus empleados. No existe relación de patrono y empleado entre la Junta de Comisionados y el Administrador de la Capital. Cuando el administrador de una ciudad va a ser destituido de su cargo, la Asamblea Municipal debe alegar la justa causa por que va a destituirle, de manera específicamente más clara de lo que se hizo en este caso.

El cargo número XXII se refiere a que el Administrador de la Capital dejó de poner en vigor ciertas ordenanzas. No trataremos de copiarlas. La corte resolvió que la prueba era contradictoria. La hemos examinado y no hallamos que el dejar de poner en vigor algunas de estas ordenanzas equivaliera quizás a algo más que un abuso de discreción o a una divergencia de criterio con respecto a los méritos de las ordenanzas, y no era la justa causa a que el estatuto se refiere.

El cargo verdaderamente importante en este caso lo fué el que se refería al acueducto. En nuestra opinión, todos los demás cargos eran negligibles. Podría decirse, sin embargo, que si el cargo presentado contra el Alcalde se hubiera basado originalmente tan sólo en su manera de pro-ceder respecto al acueducto, él habría ido tal vez mejor pre-parado ante la Junta de Comisionados para defender su caso. Conforme hemos indicado antes, en el momento en que escribimos, no tenemos idea de algo que el Administra-dor debió exactamente haber hecho, que no hizo.

Hubo un prolongado juicio. Un número de ciudadanos prominentes eran miembros de la Junta de Comisionados y participaron en el juicio seguido contra el Administrador de la Capital, mas de parte de ellos nada hallamos en los autos que demuestre gran actividad con respecto a la dirección del acueducto. Podría resolverse que ellos asumieron alguna de la responsabilidad. Nada hallamos en el alegato de la ape-lada y prácticamente nada en la transcripción taquigráfica elevada a este tribunal que nos indique de manera específica qué fué lo que el Administrador debió haber hecho bajo las-circunstancias de este caso. Evidencia relativa a lo que alcaldes anteriores habían hecho, según vemos, fué excluida cuando el Administrador trató de aducir prueba de esa índole.. Hallamos, sí, lo bastante para demostrar que cuando el Admi-nistrador se hizo cargo del Gobierno de la Capital, el acue-ducto ya estaba en malas condiciones.

De alguna de la prueba presentada se desprende de manera definitiva que si la ciudad de San Juan hubiera podido-depender exclusivamente del agua que recibía de Gruaynabo,. no hubiera habido gran dificultad. Sin embargo, subsistía el hecho de que la ciudad, antes del nombramiento del SÉ De Castro, había usado para el suministro necesario las aguas procedentes de Eío Piedras. Ahora bien, este volu-men de aguas estaba hasta cierto punto contaminado con el bacilo coli. De la prueba aparecía suficientemente que alcal-des anteriores, al igual que el Dr. De Castro, por recomen-dación de sus propios ingenieros, se sintieron obligados a utilizar ambas fuentes de abastecimiento para suplir la can-tidad de agua necesaria a la ciudad de San Juan. Una de las declaraciones que hallamos en los autos demuestra qu'e los vapores que venían a la Isla no utilizaban el agua del acueducto, mas algún testimonio posterior fué al efecto de que la utilizaban para la época en que se celebraba la vista.

Además, en el interregno San Juan tuvo también bastante agua y su población no ba sufrido pestilencias ni otras cala-midades por razón del estado del agua que se le suministra.

Durante la época en que el Sr. De Castro era Adminis-trador de la Capital la población de la ciudad de San Juan '"aumentó no sólo debido al crecimiento natural y a la afluencia de todas partes de la Isla, sino también debido a que la P.R.E.R.A., la P.R.R.A. y otras agencias federales trajeron un aumento de población así como un aumento en esa clase de construcciones donde el agua se usa en mayor cantidad.

El Alcalde con su declaración, demostró que él estaba pene-trado de la difícil situación y que trataba de remediarla. Confiaba obtener mayores fondos y trataba de conseguirlos, pero infructuosamente. No obstante, consiguió algunos y trató de remediar la” situación aumentando el volumen de ag*ua.

Hemos examinado la prueba, a pesar de que la apelada ba dejado de hacernos un resumen de ella, y no podemos bailar ni resolver que las actuaciones del Administrador, en tanto en cuanto nos ban sido presentadas, en lo concerniente al estado del acueducto, fueran justa causa para que se le destituyera. El Alcalde era responsable de todos los tra-bajos importantes que se hicieran para el Municipio de San Juan. No pretendemos decir que él no pudiera hacer más para mejorar el estado del acueducto, mas la apelada no nos ba indicado el camino.

En la teoría de que la corte de distrito no podía exami-nar la supuesta prueba, contradictoria por ser la apelada el único juez de la misma, ésta dice que no debe tratar de dis-cutir las 600 páginas de que se compone la transcripción de evidencia. Según hemos dicho antes los cargos especí-ficos presentados contra el Alcalde con respecto al acueducto no se destacan como la justa causa a que el estatuto se refiere. Dada la actitud estricta del apelante sobre la interpretación del artículo 22 de la Ley núm. 99, no estamos totalmente sorprendidos de que la corte inferior se sintiera obligada a adoptar una actitud similar estricta con respecto a la clase de destituciones que tenía derecho a revisar, o sea infrac-ciones a la Constitución, Carta Orgánica, o leyes de Puerto Bico. Creemos, sin embargo, que si existe una fuerte duda sobre la suficiencia de los cargos, la ley es y debe ser que el Alcalde no sea destituido. El resolver otra cosa sería contrario a la ley.

Si bien resolvemos que el Alcalde puede ser destituido por negligencia inexcusable, también nos sentimos obligados a resolver que la prueba de tal negligencia inexcusable debe ser algo similar a la exigida para probar un crimen, ya sea éste grave o menos grave. Noscitur a sociis. Empero, aun si el cargo relativo al acueducto hubiera sido algo más grave de lo que aparece, dados todos los precedentes con respecto al acueducto, no creemos, que por sí solo constituye justa causa para la remoción del Administrador de la Capital. Éste es uno de los motivos principales por los cuales no estamos de acuerdo con la corte inferior. Igualmente tenemos seria duda en torno a si los cargos eran suficientemente específicos y respecto a si la corte inferior no tenía derecho a hacerlo así constar.

La sentencia apelada debe ser revocada y en su lugar dictarse otra anulando las Ordenanzas número 370 de enero 5, 1939, y número 373, de abril 5, 1939, que decretaron la sus-pensión y destitución del Administrador de la Capital, y ordenando en su consecuencia la reposición del peticionario Garlos M. de Castro en su cargo de Administrador de la Capital, retroactiva dicha restitución al 5 de enero de 1939, fecha en que él peticionario fué suspendido de empleo y sueldo.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    The Texas Company (P.R.) Inc., peticionaria y apelante, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7603.

    Sometido: Junio 17, 1940.

      Resuelto: Junio 28, 1940.

      IIon. Procurador General George A. Malcolm, Emilio de Aldrey, Primer Procurador General Auxiliar j Jesús A. González, Pro-curador General Auxiliar, abogados del demandado;

      José López Baralt, abogado de la apelante.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Tlie Texas Company radicó una solicitud de injunction en la Corte de Distrito de San Juan contra Rafael Sandio Bonet, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico. Luego de varios procedimientos ante la referida Corte de Distrito de San Juan, ésta, con fecha 22 de julio de 1937, declaró sin lugar la solicitud. Su decisión fué confirmada por este tribunal el .día 11 dé febrero de 1938 (52 D.P:R. 658). De la senten-cia dictada por esta corte, The Texas Company apeló para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Uni dos para el Primer Circuito. Ésta revocó la sentencia de este tribunal (102 F. (2d) 710). Al tenerse que defender de la apelación ante la Corte de Circuito, El Pueblo de Puerto Rico incurrió en ciertas costas.

La Corte Suprema de los Estados Unidos expidió un auto de certiorari y luego de visto el mismo revocó la sen-tencia de la Corte de Circuito de Apelaciones y dictó la siguiente orden en lo relativo a costas:

“En vista de todo lo cual, por la presente este Tribunal ordena y decreta que la sentencia de la referida Corte de Circuito de Ape-laciones de los Estados Unidos en esa causa sea, y por la presente es, revocada con costas, y que la sentencia de la Corte Suprema de Puerto Rico, en este recurso sea, y por la presente es, confirmada.”

Las costas incurridas por El Pueblo de Puerto Rico ante la Corte Suprema de los Estados Unidos ascendían a $75, suma que Tbe Texas Company pagó. Tbe Texas Company y uno de los letrados están bajo la impresión de que la orden de la Corte Suprema de los Estados Unidos incluía tan sólo las costas ante dicbo alto tribunal. No estamos de acuerdo con esa interpretación. Según la práctica federal, al igual que generalmente, cuando una corte revoca una sentencia con costas y nada dice en el sentido de limitarlas, semejante orden otorga a la parte victoriosa el derecho a obtener todas las costas en que pueda baber incurrido.

La misma Corte Suprema de los Estados Unidos ba dicbo:

U. S. Mo. 1930. “La palabra ‘costas’, usada en una sentencia o decreto sin calificativo alguno significa las cantidades imponibles como tales bajo las leyes del Congreso, de acuerdo con las reglas promulgadas bajo su autoridad y de conformidad con la práctica establecida consistentemente con estatutos en vigor.” Kansas City Southern Ry. Co. v. Guardian Trust Co., 50 S. Ct. 194, 281 U. S. 1, 74 L. Ed. 659, confirmando (C. C. A.) Guardian Trust Co. v. Kansas City Southern Ry. Co., 28 F. (2d) 233, certiorari concedido en Kansas City Southern Ry. Co. v. Guardian Trust Co., 49 S. Ct. 252, 279 U. S. 827, 73 L. ed. 978.

La Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Dis-trito de Maryland lia dicho:

“La costumbre tanto en las cortes de los Estados Unidos como en las estatales de Maryland, cuando el mandato de la corte apela-tiva está redactado en forma similar a la de este caso, es imponer al demandado en error todas las costas basta ese momento incurridas en la corte inferior. Los avezados secretarios de las cortes estatales y federales dicen que en su experiencia de más de un cuarto de siglo no lian sabido nunca que baya habido excepciones a esta prác-tica. . Frey & Son v. Welch Grape Juice Co., 242 F. 1004.

La única jurisdicción donde se ha sustentado un criterio contrario ha sido Nueva York, mas un estudio de los casos de dicho Estado hecho en el American Digest, Century Edition, así como en los varios Decennial Digests, demuestra que las cortes de Nueva York han pasado de una intrepre-tación a la otra al considerar la frase en cuestión. El último caso en que el punto parece haberse suscitado — Vroman v. Fish (1918) 174 N.Y.S. 484, 106 Misc. Rep. 302 — tiene el siguiente sumario:

“ (N. Y. Sup. 1918). La sentencia dictada por la corte de Ape-laciones en un caso de equidad al efecto de que la sentencia apelada ‘sea y por la presente es revocada, y la demanda declarada sin lugar, con costas’, incluirá todas las costas tanto en la corte sentenciadora como en la de apelaciones. Vroman v. Fish, 174 N. Y. S. 484, 106 Misc. Rep. 302.” Third Decennial Digest, Vol. 7, pág. 247.

El mismo criterio ha sido sustentado en Louisiana — State v. Duncan (1866) 18 La. Ann. 102.

Que la práctica de la, Corte de Circuito de Apelaciones es la misma y que por lo menos el secretario de esa corte ha dado al mandato de la Corte Suprema de los Estados Unidos la misma interpretación que nosotros le hemos dado, puede verse de la forma en que redacta su certificado, a saber:

“Yo, Arthur I. Charron, Secretario de la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, certi-fico que en la causa de dicha corte número 3380, intitulada, The Texas Company (P. R.), Inc., demandante y apelante, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero, demandado y apelado, las costas del refe-rido apelado en este Tribunal, de acuerdo con la sentencia dictada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en enero 2, 1940, son las siguientes:.”

Por tanto, hasta ese punto El Pueblo de Puerto Rico procedió acertadamente al obtener un certificado del Secretario de la Corte de Circuito de Apelaciones. El Procurador General acude abora ante este tribunal en solicitud de que se den los pasos necesarios para el cobro de las costas incurridas ante la Corte de Circuito de Apelaciones. En la-vista celebrada Tbe Texas Company no solamente difiere del criterio nuestro en torno a la interpretación de las palabras “con costas” (with costs), sino que también sostiene que no existe orden de ninguna corte tendente a cobrar u ordenar el pago de las costas. Tbe Texas Company también insisteen que este tribunal ha perdido su jurisdicción al remitir a la corte de distrito el mandato de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Después que una parte obtiene una orden concediéndole las costas, conforme hemos indicado, ella no puede obtener de la corte superior otra cosa que no sea un certificado de la naturaleza del expedido en este recurso. En la corte correspondiente no se necesita una orden ulterior, puesto que la expedida por la Corte Suprema de los Estados Unidos es suficiente. Cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos dicta semejante orden, de no haberlo hecho antes, la correspondiente corte o cortes locales tienen jurisdicción para poner en vigor la orden de la Corte Suprema de los Estados Unidos. De ordinario la Corte de Circuito de Apelaciones no tiene nexos de clase alguna con la Corte de Distrito de San Juan ni medios de ejecutar cualesquiera órdenes -exis-tentes, a no ser remitiendo dicha orden a una corte como la Suprema de Puerto Rico.

Con la orden de la-Corte Suprema de los Estados Unidos y el certificado del Secretario de la Corte de Circuito de Apelaciones este tribunal está investido de jurisdicción para ayudar a una parte victoriosa, como El Pueblo de Puerto Rico, a hacer efectiva su sentencia.

No tenemos que ordenar la devolución del mandato, tíni-camente tenemos que trasmitir a la Corte de Distrito de San Juan las órdenes o actuaciones de las cortes superiores. Al recibir copia de la orden de la Corte Suprema de los Estados Unidos y el certificado de la Corte de Circuito de Apelaciones que le enviaremos, la Corte de Distrito de San Juan estará autorizada para cobrar el importe de las costas. No será necesario que este tribunal ordene la devolución del mandato.

Debe expedirse la orden u órdenes correspondientes diri-gidas a la corte de distrito.


text:
    Violet S. Callander, demandante y apelante, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelada.
    Núm. 8039.

    Sometido: Mayo 1, 1940.

      Resuelto: Junio 28, 1940.

      F. M. Susoni, Jr., abogado de la apelante;

      Celestino Triarte, F. Fer-nández Cuyar, IT. González Blanes y F. Alvarado, Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Los Lechos de este caso, tomados más o menos de la opinión de la corte inferior, fueron como signe:

La demandada White Star Bns Line, Inc., es nna cor-poración de servicio público que se dedica al transporte de pasajeros por autobuses entre San Juan y Río Piedras; allá para el 10 de junio,-1936, la demandante, Violet S. Cal-lander, montó en una de las referidas guaguas que iba hacia Santurce. En la parada 12 el vehículo se detuvo para des-cargar pasajeros. La demandante se levantó del asiento delantero, donde iba sentada, y después de pagar su pasaje se disponía a desmontarse del vehículo. Dos pasajeros se apearon antes que ella. Cuando estaba en la. plataforma delantera del autobús, el chófer echó a caminar el vehículo, parando casi en seguida después de andar unos 5 ó 6 pies. Esta parada súbita ocasionó una sacudida que lanzó a la demandante contra la barra que sostiene el receptáculo donde se deposita el importe del pasaje. Alega la demandante que al chocar contra esta barra sufrió contusiones por las cuales reclama la suma de $25,000 como daños y perjuicios sufridos, Entonces la corte inferior procede a revisar la jurispruden-cia.

La corte de distrito decide correctamente, a nuestro juicio, que de ordinario un tranvía o autobús no es responsable de los accidentes causados por impactos o sacudidas leves cuando el pasajero se encuentra a salvo dentro del vehículo. En otras palabras, no ' existe responsabilidad cuando la sacudida o impacto son normales. La corte dice, sin embargo, que la regla está sujeta a notables excepciones cuando el vehículo se ha detenido, un pasajero está próximo a desmontarse, y el vehículo inicia su marcha nuevamente sin dar al pasajero la debida oportunidad de bajarse, citando los casos de Virginia Public Service Co. v. Silver, 68 F. (2d) 230, Walters v. City Railway, 179 (Ia.) N. W. 865, Kentucky v. Pell, 214 (Ky.) S. W. 874, y otros.

Luego de ocurrido el accidente, la demandante bajó por sí -misma. De momento, según la corte, ella no le dio importancia a lo sucedido. Nada dijo al conductor y no presentó queja alguna. Después de transcurrir _ como una hora ella fué a ver al Sr. Arcelay, y finalmente llegó a la oficina del Dr. Eeyes, médico de la corporación demandada. El Dr. Eeyes fué cuidadosamente examinado por ambas partes y declaró que cuando la demandante fué a verle ella no sufría de graves lesiones. La demandante declaró que era enfermera graduada, que recibía como $150 de su profesión, y que desde que ocurrió el accidente, y con motivo de las lesiones recibidas y de la conmoción nerviosa (shock), a ella no le era posible seguir trabajando. Esto, en unión a muchos otros detalles, entre los que mostraba un guante que se había roto en el accidente, le servía de guía para fijar el alcance de las lesiones.

La corte resolvió que considerada la prueba en conjunto, especialmente la declaración del Dr. Eeyes, que asistió a la Srta. Callander inmediatamente después del accidente, la demandante no había, sufrido mayores daños. La corte dijo que el Dr. Eeyes le merecía crédito y fijó los daños en la suma de $100. La demandante apeló.

El letrado de la apelante alega que el testimonio de ésta, que según él no ha sido seriamente controvertido, demuestra que hubo mayores daños; que la declaración de la deman-dante está corroborada por la del Dr. Biascoechea, a quien la corte ni siquiera se refiere en su opinión.

La demandante manifestó también en el curso de su decla-ración que tuvo muchas dificultades para ver al Dr. Eeyes. Hubo evidentemente un fuerte conflicto entre la declaración del Dr. Eeyes y la del Dr. Biascoechea, mas como la corte inferior dice que ella creyó enteramente la declaración del Dr. Reyes, no hallamos en los autos lo suficiente para alterar la conclusión a que llegó.

Con mucha frecuencia hemos resuelto que la opinión de la corte inferior debe subsistir en tales casos a menos que se nos convenza de que ha existido pasión, parcialidad, pre-juicio o error grave.

La apelante también se queja de que la corte no le concediera suma alguna en concepto de honorarios de abogado. La demandada fué a juicio aparentemente sin tener conocimiento de cómo ni cuándo ocurrió el accidente. Sin embargo, dadas todas las circunstancias y lo extravagante de la reclamación, creemos que la corte inferior estuvo justificada al no conceder honorarios de abogado.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    María Echandi, demandante, apelada y apelante, v. Ramón Parés Collazo, mejor conocido por Ramón C. Parés, demandado, apelante y apelado.
    Núm. 8175.

    Sometido: Junio 25, 1940.

      Resuelto: Junio 28, 1940.

      B. Díaz Collazo} abogado del apelante y apelado;

      Dubón & Ochoteco y Otero Suro & Otero Suro, abogados de la apelada apelante.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En octubre 29 de 1939 la Corte de Distrito de Arecibo ordenó .al demandado Ramón Parés Collazo que pasara a su esposa una pensión alimenticia de $45 mensuales. El pre-sente recurso de apelación lia sido interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan con-denando al mismo demandado a pagar a su esposa María Ecliandi la suma de $100 al mes. La demandante instó demanda en solicitud de $200. El demandado contestó y declaró que a ella le debería ser posible vivir con los $45 men-suales ya concedídosle. Que cuanto ella necesitaba eran $30 al mes.

Sucede que el demandado pasa o ayuda a pasar a su madre la suma de $125 mensuales. No tenemos duda alguna de que la carga principal recae sobre sus hombros. Paga la suma de $125 por la educación de su hijo en una escuela militar en el Estado de Virginia. Paga o ayuda a pagar por los gastos de educación de su hermana en los Estados Unidos y la suma gastada por ella por tal concepto .asciende a unos $1,400 al año. De una parte de su declaración se desprende,, sin embargo, que la suma entregada a su madre formaba parte de lo que ella debería pagar por mantener a su hija.

El demandado admitió que recibía la suma de $500 men-suales como administrador de la Central Los Caños en Are-cibo. Mientras la corte le ordenó que pagara $45 mensuales él percibía un sueldo de $400 al mes. Hubo alguna duda en el testimonio en torno a si él no tenía otros ingresos en adición a su referido sueldo. La corte no llegó a tal con-clusión y podría darse por sentado, para fines de este recurso, que él no percibía más de $500 mensuales en concepto de ingresos. Sin embargo, el demandado admitió que la Central le suministra una casa, agua, luz, teléfono, automóvil, chófer y gasolina.

De la prueba se desprende con claridad que la deman-dante reside ahora en San Juan, por requerirlo así su estado de salud, que exige tratamiento médico con bastante frecuen-cia.

Los antecedentes de las relaciones entre las partes aquí envueltas no se desprenden de los autos del caso, mas es evidente que el demandado prefiere no vivir con su esposa y nada hay en los autos que demuestre que de algún modo él esté tratando de que ella regrese al hogar de él. Bajo estas circunstancias, no tenemos duda alguna de que una mujer, con o sin una buena justificación, tiene derecho a escoger su propio domicilio. Conforme hemos indicado antes, la prueba incontrovertida es al efecto de que ella puede conseguir en San Juan la clase de tratamiento médico que necesita. El demandado no nos convence en absoluto de que el deber de la demandada sea tener su residencia en Manatí.

Tanto durante la vista como en los alegatos el demandado da algún énfasis al hecho de que la demandante no dependía únicamente de sus propios ingresos, sino que en Manatí, al igual que en San Juan, ella vivía con sus familiares; en Manatí con su madre.

Cuando una mujer solicita alimentos del marido, el hecho de que su padre, madre o hermanos estén en condiciones de sostenerla, especialmente si ella no tiene ingresos indepen-dientes, como ocurre en este caso, no desempeña papel alguno al determinarse la suma que su esposo tiene que pagar para su sostenimiento. Aun dudamos la pertinencia de la prueba tendente a demostrar que la esposa vive en casa de parien-tes. Dos personas de ingresos limitados pueden vivir juntos a fin de que la vida sea más llevadera para ambas.

Normalmente uno no puede ver por qué un hombre que percibe $500 mensuales no deba pagar $100 al mes a su esposa. La prueba tiende a demostrar que en sus gastos personales nada más él invierte una suma mayor. Si este caso se estuviera ventilando en las cortes de los Estados Unidos Continentales, la quinta parte de los ingresos del marido sería inferior a la cantidad mínima que se concedería a la esposa. La situación en Puerto Rico es tal vez ligera-mente distinta porque aquí un hombre está obligado a sos-tener no sólo a su esposa, sino también a sus padres y a sus hijos y hasta cierto punto a sus hermanos y hermanas.

Los artículos 143 y 144 del Código Civil (ed. 1930) pro-veen:

“Artículo 143. — Están obligados recíprocamente a darse alimen-tos, en toda la extensión que señala el artículo precedente:
“1. Los cónyuges.
“2. Los ascendientes y descendientes legítimos.
“3. Los padres y los hijos legitimados y los descendientes legí-timos de éstos.
“4. Los padres y los hijos ilegítimos y los descendientes legí-timos de éstos.
“5. El adoptante y el adoptado, salvo lo dispuesto en el artículo 136.
“Los hermanos deben también a sus hermanos legítimos, aunque sólo sean uterinos o consanguíneos, los auxilios necesarios para la vida, cuando por un defecto físico o moral, o por cualquiera otra causa que no sea imputable al alimentista, no puede éste procurarse su subsistencia. En estos auxilios están, en su caso, comprendidos los gastos indispensables para costear la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u oficio.
Artículo 144. — La reclamación de alimentos, cuando proceda y sean dos o más los obligados a prestarlos, se hará por el orden si-guiente :
“1. Al cónyuge.
“2. A los descendientes del grado más próximo.
“3. A los ascendientes también del grado más próximo.'
“4. A los hermanos.
“Entre los descendientes y los ascendientes se regulará la gra-dación por el orden en que sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga derecho a los alimentos.”

Si bien todas las personas arriba nombradas tienen dere-cho a percibir alimentos de un hombre, su esposa ocupa el primer lugar. No queremos decir que una corte no pueda tomar en consideración las otras obligaciones de nn marido, mas nn tribunal debe siempre considerar primero a la esposa, y eso fné precisamente lo que la Corte de Distrito de San Jnan hizo en este caso.

La demandante también apeló y señala como error el hecho de qne la corte limitara la suma que ella debía per-cibir a $100, cuando según la prueba debieron asignársele $200, y además que la corte debió haberle concedido hono-rarios de abogado. Por el examen que hemos hecho de la prueba en este caso no nos sentimos inclinados a intervenir con la discreción de la corte bajo uno u otro señalamiento de error.

El demandado también solicita se desestime la apelación interpuesta por la demandante. Sostiene que el término para apelar había expirado, toda vez que de acuerdo con la ley de desahucio dicho término 'está limitado a diez días. No obstante el hecho de que se nos pide que decidamos esta cuestión de manera definitiva, no creemos que’ el caso ha sido muy bien presentado. Nos inclinamos a creer que la sentencia concediendo a la demandante $100 en este caso es final tanto para ella como para el demandado y por ende el inciso 1 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil fija un término de treinta días. En este caso la pensión alimenticia solicitada era la controversia principal y no un incidente del caso.

La moción para desestimar debe considerarse como decla-rada sin lugar y la sentencia de la corte inferior confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Harry N. Baetjer et als., recurrentes, v. Registrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.
    Núm. 1070.

    Sometido: Junio 15, 1940.

      Resuelto: Junio 28, 1940.

      Fiddler, McConnell & González, y J. M. Morales, abogados de los recurrentes;
    el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Ante el Registrador de la Propiedad de Humacao se presentó un documento notarial con súplica de que hiciera ciertas inscripciones de cancelación de hipotecas que en el mismo se mencionan. Más específicamente la solicitud fue al efecto de que el registrador hiciera una inscripción extensa de la cancelación de la primera hipoteca que pesaba sobre una propiedad que se describe como número 24, y una anota-ción concisa de la cancelación de otras fincas radicadas en el distrito de Humacao.

La finca núm. 24 estaba sujeta a una primera hipoteca de $8,000, con intereses. Se acompañó la suma de $10 en sellos de rentas internas para cubrir los derechos de can-celación y $21 en sellos de la misma clase para cubrir los derechos de las anotaciones concisas.

En lo que a una segupda hipoteca que gravaba la finca número 24 se refería, se solicitó del registrador que hiciera una inscripción extensa en relación con la caneelacjón de la misma y una anotación concisa de las otras propiedades. La segunda hipoteca que pesaba sobre dicha propiedad, según se indicó, era por la suma de $100 de principal e inte-reses. Se acompañó la suma de $2 en sellos de rentas inter-nas para pagar los derechos de la inscripción extensa, más $21 en pago de los derechos de las anotaciones concisas.

En lo que a una tercera hipoteca sobre la finca número 24-se refería, se solicitó del registrador que hiciera una inscrip--c-ión extensa de la cancelación de la misma, y una anotación: concisa de cada una de las otras propiedades descritas en el documento. Se indicó que esta tercera hipoteca era por la suma de $100 de principal, más intereses. Se acompañó la suma de $2 en sellos de rentas internas en pago de los dere-chos de la inscripción extensa y $21 en pago de los derechos de las anotaciones concisas.

Tan sólo se acompañó la suma de $3 en sellos de rentas, internas para cubrir los derechos de tres anotaciones con-cisas relacionadas con la cancelación de hipotecas sobre otra finca, número 28, conocida como “Eastern Sugar Estates”-, debido a que ya se habían pagado, en el Registro de Caguas $1,479 como importe total de los derechos devengados por la cancelación de dicha finca.

El Registrador de la Propiedad de Iíumacao suspendió la cancelación solicitada por las siguientes razones que cons-tan ai dorso de la escritura de cancelación:

“Primero: Porque este registro debe percibir los derechos de cancelación en cuanto a las fincas enclavadas en su demarcación territorial que comprende los municipios de Humaeao, Yabucoa, Las Piedras, Naguabo, Vieques y Culebra, respecto de la primera hi-poteca por $7,001,087.77, más $857,748.36, intereses por 2 años al 7 por ciento anual, más $500,000 adicionales sin intereses; respecto de la segunda hipoteca por $3,092,000 de capital, intereses al 7 por ciento anual por un año y $60,000 para costas; y respecto de la tercera hipoteca, por $1,380,500 más intereses de un año al 7 por ciento anual y $60,000 para costas;
“Segundo: Porque es en el fundo ‘Eastern Sugar Estates’, finca número 28 del. documento, radicado en estos seis municipios en que se practicaron originalmente las inscripciones extensas de estas hi-potecas, donde deben hacerse las cancelaciones extensas, por ser dicha finca la que mayores responsabilidades tiene en ellas, todo de acuerdo con los artículos 234 y 236 del título VI de la Ley Hipo-tecaria y artículos 157 y 257 del Reglamento para su ejecución;
“Tercero: Porque de conformidad con el número 3 del arancel para el cobro de estos derechos, que fué aprobado por la Ley número 32 de 30 de noviembre de 1917, estas cancelaciones extensas valen las sumas siguientes:
“Por 6 extensas de la primera hipoteca: $956.00
“Por'6 extensas de la segunda hipoteca: 346.90
" ‘Por 6 extensas de la tercera hipoteca: 163. 80
'“Cuarto: Porque los interesados, después de haber sido reque-ridos por escrito no han depositado la suma de $1,453.20 en sellos de rentas internas, que falta para completar $1,530.20 que devengan las operaciones de cancelación así liquidadas, incluyendo 63 notas marginales concisas en 21 fincas más de este registro afectas a las mismas hipotecas.”

La Eastern Sugar Estates es un grupo de pequeños molinos azucareros y de otras propiedades que incluyen más de 30,000 cuerdas de terreno situadas dentro de la jurisdicción de cuatro registros de la propiedad distintos, dos de los cuales son Caguas y Humacao. Véanse artículos 8 de la Ley Hipotecaria y 61 del Reglamento. La escritura de cancelación presentada al Registrador de Humacao había sido previamente presentada al Registrador de Caguas y al Registrador de San Juan, sección segunda. Un endoso hecho por el Registrador de Caguas demuestra que la cancelación de las hipotecas de la Eastern Sugar Estates, en tanto en cuanto a las fincas situadas en los municipios de Caguas, G-urabo, Juncos y San Lorenzo se refería, se había hecho constar en el Registro de la Propiedad de Caguas, y que se habían cancelado sellos de rentas internas por un total de $1,479, de conformidad con el número 3 del arancel y Código Político.

La sección 22 de la “Ley asignando sueldos a los Regis-tradores de la Propiedad, y para otros fines,” aprobada el 10 de marzo de 1904, según fué enmendada en 1917 (Leyes de ese año, volumen II, pág. 309), lee en parte así:

“El arancel de los derechos que se ban de pagar en lo sucesivo por las operaciones de los Begistros de la Propiedad fijando y can-celando los correspondientes sellos de rentas internas en la forma que esta Ley dispone, será el siguiente:
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“Número 3. Por todas las operaciones, sea cualquiera su forma, que a instancia de parte deban verificarse para la cancelación o redención de hipotecas, censos o derechos reales, incluyendo el asiento de presentación y notas marginales, se devengará por cada finca:
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“ (m) de veinte mil a treinta mil dólares, $13. Y por cada mil dólares o fracción de mil dólares más se cobrarán diez centavos adi-cionales. Si la cancelación se niega se cobrará solamente la mitad de los derechos por esta ley designados. Las cancelaciones concisas verificadas por notas marginales, sólo devengarán un dólar.”

El artículo 119 de la Ley Hipotecaria dispone:

‘1 Cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, se determinará la cantidad o parte de gravamen de que cada una deba responder.”

En el recurso de Solís v. Registrador, 19 D.P.R. 1038, este tribunal resolvió, conforme aparece del sumario, lo siguiente:

“Cuando se constituye una hipoteca sobre una sola finca radicada en dos municipios distintos de un registro de la propiedad no es necesario describir en el título la parte de dicha finca que radica en cada uno de los municipios, pues en el registro especial de cada uno de éstos y en la primera inscripción de la parte respectiva de la finca ha de constar dicha descripción; y tampoco está obligado el deudor a determinar la cantidad o parte de gravamen de que cada porción de la finca debe responder, pues en ese caso no es de aplicación el artículo 119 de la Ley Hipotecaria.”

En el de Central Cambalache v. Registrador, 52 D.P.R. 797, resolvimos, unos veinticinco años más tarde, según apa-rece del sumario:

“El que a virtud del régimen interior de los registros una finca agrupada que se extienda por tres municipios del territorio del mismo registro haya que registrarla en tres tomos separados, no autoriza al registrador para exigir el pago de derechos arancelarios como si se tratara de tres fincas y de tres derechos distintos.”

El artículo primero de la Ley Hipotecaria ordena que:

. . Si una finca estuviere situada en la circunscripción de dos o más registros, se inscribirá en todos ellos.”

El número 3 del arancel, supra, no es una innovación. Es una nueva redacción de su prototipo, el número 5 del aran-cel vigente durante la soberanía española. El artículo 8 de la Ley Hipotecaria y el 61 del Reglamento no son nuevos. Coexistían con el artículo 1 de la ley, con el antiguo “Aran-cel de los honorarios que devenguen los registradores de la propiedad” y con las “Reglas Generales” en vigor por muchos años anteriores al cambio de soberanía. Los incisos 7 y 8 de esas “Reglas Generales” leían así: (Laws, Ordinances, Decrees and Military Orders, effective in Puerto Rico May 1, 1900, Part 2, 1256.)

“7. Para el efecto de que el Registrador pueda graduar sus ho-norarios con arreglo a las disposiciones de este Arancel, deberá ate-nerse a lo que resulte del título respectivo, prescindiendo, en el caso de que en el título se mencionasen gravámenes que en el Re-gistro resultasen cancelados, del importe de tales gravámenes. Si el valor de cada finca o derecho no constase del título, se exigirá al presentante que lo manifieste en una nota en papel simple, que se archivará en la oficina. Si no hace esa manifestación, tendrá el Registrador derecho a percibir la cuota mayor de la respectiva escala o la que estimase procedente.
“8. Cuando para fijar el valor correspondiente a alguna finca o derecho real que se transmita, sea necesario computar algxín gravamen que les afecte y afecte además a otros bienes no estando determinada la responsabilidad especial de cada uno de ellos, so presentará una nota en papel simple, en la cual se detallen los bie-nes todos que están sujetos al gravamen y el valor de cada uno de ellos, con objeto de que el Registrador baga la cuenta procedente, computando al gravamen en cuanto pesa sobre la finca, o derecho que se trate de inscribir, el importe que según el valor de éstos les corresponda a prorrata con el de los demás bienes gravados. Si no se presentase esta nota, podrá prescindir el Registrador del gravamen en cuestión.”

Aparentemente a los redactores de estas “Reglas Gene-rales” no se les ocurrió anticipar las dificultades que podrían surgir en el cálculo de los derechos al cancelarse una hipo-teca otorgada sin distribución de responsabilidad entre las partes integrantes de la propiedad hipotecada situadas en distintos registros. La omisión es significativa. La expli-cación puede o no hallarse en el artículo 119 de la Ley líipo-tecariá, supra. Sea esto como fuere, en el presente caso la escritura de cancelación no ofrece base para distribuir la responsabilidad entre las varias partes de la Eastern Sugar Estates radicadas en distintos registros. A menos que el caso de Solís pueda ser distinguido, el acreedor y los deudo-res al tiempo de otorgar la hipoteca, no estaban obligados a limitar la responsabilidad de ninguna parte de la finca hipotecada a menos del importe total de la hipoteca. Si hubieran deseado hacerlo así al momento de cancelarse la hipoteca o posteriormente, ya ello era demasiado tarde Surge la cuestión de si ahora deben ser castigados los deu-dores hipotecarios por haber dejado, por inadvertencia o por alguna otra causa, de insistir y obtener una distribución de la responsabilidad al tiempo de otorgarse la hipoteca.

El artículo 23 del Reglamento dispone:

“Si en un mismo título se enajenaren o gravaren bienes situados en territorio perteneciente a diferentes registros, se inscribirán aqué-llos en el registro correspondiente, surtiendo efecto la inscripción desde la fecha de la presentación del título en cuanto a los bienes a que la misma se refiera. Si alguna finca radicare en territorio perteneciente a dos o más registros, se hará la inscripción en todos ellos, incluyendo en cada uno tan sólo la parte de la misma finca que en él estuviere situada.”

Para fines de esta opinión podemos asumir con el regis-trador quo si una propiedad formada por la agrupación de cuatro parcelas radicadas en otros tantos registros fuera hipotecada, digamos por $100,000, y si el acreedor y deudor hipotecario convienen en que la parte de la finca hipotecada que se halla en el registro A responda de $50,000', la parte que se halla en el registro B de $25,000, la parte que se encuentra en el registro C de $15,000 y la ubicada en el regis-tro D de $10,000, entonces, al cancelarse la hipoteca y pre-sentarse la escritura de cancelación, los derechos por efec-tuar los asientos de cancelación necesarios en cada uno de los cuatro registros serían los mismos que si la parte de la finca hipotecada en dicho registro hubiera sido hipotecada separadamente por el importe de que, según se hacía cons-tar, la finca respondía. La cuestión es si en ausencia de tal convenio — después que uno de los cuatro registradores, al presentársele una escritura de cancelación, ha cobrado en' sellos de rentas internas derechos ascendentes a una suma igual a la que se hubiera requerido si la parte de la finca hipotecada dentro de su distrito hubiera sido hipotecada separadamente por $100,000 — cada uno de los otros regis-tradores, al presentársele la misma escritura de cancelación, tiene derecho a exigir y cobrar una suma igual, obligando así al deudor hipotecario a pagar cuatro veces lo que se le hubiera exigido pagar si no hubiera dejado de obtener de su acreedor tal convenio al momento de otorgar la hipo-teca. Esta cuestión, a nuestro juicio, debe contestarse en la negativa.

No se trata de un caso de doble contribución. No existe cuestión alguna de contribución vel non. Estamos contestes con el registrador en que los derechos estatutarios “no tienen el carácter de una contribución sino más bien el de una compensación que los interesados vienen obligados a satisfacer por los servicios que en ellos les presten y los beneficios que reciben.” León v. Registrador, 47 D.P.R. 890. Convenimos también en que las notas de un registrador no son obligatorias para otro registrador y en qne cada niio de ellos debe bacer sns propias decisiones bajo sn propia responsabilidad. El registrador pnede o no estar en lo cierto al sostener qne nna o más inscripciones extensas pne-den ser necesarias en vez de una o más de las notas margi-nales solicitadas por los recurrentes. Lo qne resolvemos es qne — fuera de cualquier cuestión relativa a la compensación que ba de pagarse por efectuar las notas marginales solici-tadas por los recurrentes, cuestión que no está abora ante nos — la compensación a ser pagada por cualesquiera ser-vicios prestados por el Registrador de Humacao estaba incluida en los derechos cobrados por el Registrador de Caguas y que cualesquiera servicios adicionales que pudieran requerirse debían prestarse sin pago de compensación adi-cional alguna.

La nota recurrida debe ser revocada. La escritura de; cancelación será devuelta al Registrador de la Propiedad con orden de que efectúe aquellos asientos que él hubiera efec-tuado de haberse pagado los derechos adicionales exigidos-por él.


author: 'El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Pedro Germán Arroyo Pratts, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1058.

    Sometido: Diciembre 4, 1939.

      Resuelto: Junio 28, 1940.

      Mario Báez García, abogado del recurrente;
    el registrador recurrido compareció por escrito.
   'El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

El Registrador de la Propiedad de Mayagüez solicita la reconsideración de la resolución dictada por este tribunal el día 8 de enero de 1940 (55 D.P.B. 808), declarando sin lugar la desestimación del presente recurso. En la opinión que le sirve de base a la referida resolución constan los hechos que han .dado origen al recurso, y a ella nos remitimos para una mejor inteligencia de las cuestiones a resolver. Dene-gamos la desestimación porque fuimos entonces y somos ahora de opinión que las razones aducidas por el recurrido en su nota denegatoria revestían suficiente importancia para ser consideradas y resueltas dentro de los estrechos límites de una moción de desestimación. También creimos conve-niente considerar si el recurrente tiene derecho a recurrir por la vía administrativa de la negativa del registrador a inscribir una hipoteca de propiedad mueble otorgada de acuerdo con las disposiciones de la Ley núm. 19 del 3 de junio de 1927, pág. 491. Procederemos ahora a considerar y resolver el caso en sus méritos.

Opinamos que la nota denegatoria del registrador debe sostenerse. Los deudores hipotecarios no constituyeron la hipoteca para garantizar el pago de un pagaré, sino “. . . en garantía del pago al antedicho acreedor hipotecario, o sea a la persona portadora o tenedora de este documento ...” etc., esto es, portadora o tenedora del documento en que consta el contrato accesorio de hipoteca. ¿Y quién es la persona portadora o tenedora del contrato do hipoteca? Pues sencillamente, el propio registrador, de-acuerdo con la sección 15 de la Ley Hipotecaria de Propiedad Mueble, que en lo que es pertinente dice así:

“Sección 15. — Todo registrador de la propiedad llevará un libro de inscripciones de hipotecas de bienes muebles en el cual inscri-birá cada hipoteca de propiedad mueble que le fuere presentada para su inscripción. El registrador retendrá el documento de la hipoteca original y anotará en él y en una copia del mismo, para el acreedor hipotecario, la fecha, hora y minuto en que fué recibida por él, y la hipoteca surtirá efecto desde ese momento; ...” (Bas-tardillas nuestras.)

El resultado lógico de esta doctrina, argumentando en la forma de recluctio ad adsurdum, sería que los registradores de la propiedad se convertirían por ministerio de la ley en los acreedores de todos los deudores con garantía hipotecaria sobre sus bienes muebles.

Sostiene el recurrente que como en el modelo de hipoteca que ofrece la ley en su sección 5a. se dice que “si la hipoteca se otorga en garantía del cumplimiento de alguna otra obligación, fuera del pago de pagarés, descríbase correcta, aunque concisamente, la obligación que haya de cumplirse, ” él se limitó a describir la obligación, o sea a expresar el montante de la deuda, sus intereses y la forma de pago. Creemos innecesario cualquier esfuerzo para demostrar que esta alternativa que ofrece el modelo para cuando se trata de obligaciones “. . . fuera del pago de pagarés . . no se'' refiere o no cubre la obligación contraída por los deudores hipotecarios a favor del recurrente.

Con respecto a la cuestión sobre si existe el derecho a recurrir en estos casos por la vía administrativa, opinamos que el lenguaje amplio que usa la Ley sobre Recursos contra las Resoluciones de los Registradores de la Propiedad, aprobada el día primero de marzo de 1902 (Comp. 2180-2190), cubre perfectamente el caso de autos, aun cuando el legislador no pudo tener en mente la Ley núm. 19 de 1927 al aprobar aquélla en 1902. Si la ley de 1927 no establece un procedimiento especial para recurrir de las resoluciones de los registradores al denegar o suspender alguna inscripción, transferencia o cancelación de hipoteca sobre bienes muebles, se debe precisamente al hecho de que ese procedimiento estaba ya establecido por la ley de 1902. Igual cosa ocurre con el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, que establece el recurso de apelación contra sentencias de las cortes de distrito en todos los casos que enumera, aun cuando la sentencia recayere en una acción que al tiempo de apro-barse el artículo 295, supra, no existía.

En mérito de las razones expuestas, se confirma la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. William Irizarry y Félix Pellicier, acusados y apelantes.
    Núm. 8204.

    Sometido: Junio 20, 1940.

      Resuelto: Junio 28, 1940.

      Tícente Palés Matos, abogado de los apelantes;

      R. A. Gomes, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes fueron denunciados por un delito de infrac-ción de la sección 4 de la Ley núm. 25, de julio 17 de 1935 ((2) pág. 153), cometido de la manera siguiente:

“Que en 30 de julio de 1939, y en el pueblo de Cabo Bojo, P. B., dentro del Distrito Judicial Municipal de Cabo Bojo, P. B., que forma parte del Distrito Judicial de Mayagüez, P. B., los citados acusados, William Irizarry y Félix Pellicier, voluntaria y maliciosamente, en forma ilegal y a sabiendas explotaban el negocio y pusieron en circulación para la venta billetes, papeletas, boletos o números, por medio de agentes vendedores, el primero de los abu-sados, o sea el acusado William Irizarry, como dueño o director de la misma, y, el segundo de los acusados, o sea el acusado Félix Pellicier, como administrador de la misma, de una banca de la bolita o boli-pool denominada ‘Buiseñor’, que es una lotería clandestina expresamente prohibida por la ley, lá cual lotería dirigieron y ad-ministraron y tiraron y jugaron el día 30 de julio de 1939, los aquí acusados AYilliam Irizarry y Félix Pellicier, a sabiendas de que tales billetes, boletos, papeletas, o números se utilizan y se esta-ban utilizando entonces y allí en los juegos ilegales de la bolita o boli-pool, siendo el premio mayor .de $100 para aquella persona o personas que los compraran y tuvieran o corrieran la suerte o la aventura de obtener el referido premio si el número comprado por estas personas o persona salía agraciado en el orden de sus tres cifras y que eoncuerden con las últimas tres cifras del número agra-ciado con el premio mayor de la Lotería Nacional Dominicana, que en Puerto Bico es una lotería clandestina. ...”

Los acusados formularon excepción perentoria por los dos motivos siguientes:

1. Que en la denuncia se imputa a los acusados la comisión de dos distintos delitos públicos, a saber:
(a) Infracción de la sección 4 de la Ley núm. 25 de julio 17, 1935.
(b) Infracción al artículo 291 del Código Penal.
2. Que la denuncia no se ajusta en su fondo a los requisitos de los artículos 71, 72 y 73 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico.

Declarada sin lugar la excepción perentoria y visto el caso ante la Corte de Distrito de Mayagüez, ésta declaró a los acusados “culpables del delito de infracción Ley Bolipool” y les condenó a pagar una multa de $200, o, en su defecto, a sufrir cuatro meses de cárcel.

En el presente recurso se alega que la corte inferior incu-rrió en error: (1) al declarar sin lugar la excepción peren-toria; y (2) al declarar a los acusados “culpables de infrac-ción Ley Bolipool ” en vez de declararles culpables de infracción de la Ley núm. 25 de julio 17 de 1935, especifi-cando la sección infringida.

La sección 4 de la citada ley, que es la que se alega fia sido infringida por los acusados, en lo que es pertinente lee así:

“Sección 4. — Toda persona que fuere sorprendida portando o conduciendo cualquier papeleta, billete, ticket, libreta, lista de números o implementos, a sabiendas de que se utilizan o están uti-lizando para los juegos ilegales de la ‘bolita,’ boli-pool,’ combina-ciones clandestinas relacionadas con los ‘pools’ de los hipódromos de Puerto Rico, y loterías clandestinas, y toda persona que vendiere éstos o cualesquiera otros análogos que se probare representar algún billete, suerte, acción o interés en dichos juegos ilícitos o conectados con la práctica „de los mismos, será arrestada inmediatamente, . . . .; y todo dueño, apoderado, agente, encargado, director o administra-dor de los juegos prohibidos por esta Ley, convicto que fuere, po-drá ser castigado a pagar una multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de doscientos (200) dólares, o a sufrir cárcel por un término no menor de sesenta (60) días ni mayor de cuatro (4) meses; ...”

El artículo 291 del Código Penal lee como sigue:

“Artículo 291. — Se entiende por lotería para los efectos de este código, cualquier plan para la disposición o distribución de dinero o bienes por suerte, entre personas que hayan pagado o prometido pagar cualquier precio o compensación por correr la aventura de obtener dichos objetos o parte de ellos, o cualquiera acción o interés en los mismos^ en virtud de algún acuerdo, inteligencia, o esperanza de que habrán de distribuirse por suerte, llámese lotería, rifa, em-presa de regalos o por cualquier otro nombre.”

Como se ve, la sección 4, supra, prohíbe y castiga: (a) la portación de billetes, tickets o boletos a sabiendas de 'que se usan para los juegos ilícitos denominados “bolita,” “boli-pool,” “combinaciones clandestinas relacionadas con los pools de los hipódromos” y “loterías clandestinas”; (b) la venta de billetes, tickets o boletos representativos de alguna acción o interés en los mencionados juegos ilícitos; y (c) ser dueño, apoderado, agente, encargado, director o adminis-trador de cualesquiera de dichos juegos prohibidos.

En la denuncia en el caso de autos se acusa a Irizarry de ser dueño o director y a Pellicier de ser administrador “de una banca de bolita o boli-pool denominada ‘Ruiseñor,’ que es una lotería clandestina expresamente prohibida por la ley”; y los acusa a ambos de haber puesto en circulación para la venta billetes, papeletas, boletos o números de dicha lotería clandestina. En la denuncia se describe detallada-mente el plan, procedimiento o modus operandi de los acu-sados para determinar cuál había de ser la persona con derecho a recibir el premio ofrecido. Se utilizaba para ese fin la instrumentalidad que para su sorteo semanal utiliza la' Lotería Nacional Dominicana. Los hechos expuestos en la denuncia son más que suficientes para informar a los acu-sados de que el único delito que se les imputa es el de ser dueño uno de ellos y administrador el otro de una lotería clandestina y haber puesto en circulación y venta billetes de esa lotería. Véase: El Pueblo v. Cintrón, 52 D.P.R. 334.

No es exacta la alegación del apelante de que en la denun-cia se le acusa: (1) de ser dueños y administradores de la bolita o boli-pool denominada “Ruiseñor,” y (2) de tener una lotería clandestina. Las palabras exactas de la denuncia son:

. . el primero de los acusados, William Irizarry, como dueño o director de la misma, y, el segundo de los acusados, o sea el acusado Félix Pellicier, como administrador de la misma, de una tanca de bolita o boli-pool denominada ‘Ruiseñor/ que es una lotería clan-destina expresamente prohibida por la ley. . . .

Arguyen los apelantes que la denuncia contra ellos for-mulada “es una descripción minuciosa y detallada de una ‘lotería’ (artículo 291 del Código Penal) ya que todos y cada uno de los elementos integrantes de este delito están incor-porados a la denuncia”; y que los hechos denunciados no pueden ser castigados como infracción de la sección 4 de la Ley núm. 25 de 1935, supra, porque no es en dicha ley y sí en los artículos 291 y 292 del Código Penal donde se define y castiga el juego ilícito de lotería.

Es cierto que la citada Ley núm. 25 de 1935 no contiene una definición de lo que se entiende por “loterías clandes-tinas.” Tampoco define dicha ley lo que se entiende por “bolita,” “boli-pool” y “combinaciones clandestinas relacio-nadas con los pools de los hipódromos de Puerto Pico.” En su sección 1 declara estorbo público los juegos “conocidos generalmente” por los indicados nombres. Veamos, pues, qué es lo que se conoce generalmente como “lotería clandes-tina. ’ ’

Lotería. — Genéricamente, juego a modo dé rifa, de dinero u ob-jetos varios. ...
Considerada jurídicamente, la lotería es un juego de azar que cae bajo la sanción del Código Penal . Enciclopedia Jurídica Es-pañola, vol. 21, pág. 483.
Lotería. — Especie de rifa que se hace con mercaderías, billetes, dinero y otras cosas con autoridad pública. Juego público en que se premian con diversas cantidades varios billetes sacados a la suerte entre un gran número de ellos que se ponen en venta. Diccionario de la Lengua Española (1936), pág. 787.
ClaNdestiNo, na. (Del lat. clandestinus, de clam, en secreto encubiertamente.) Adj. Secreto, ocuto. Aplícase generalmente a lo que se hace o se dice secretamente por temor a la ley o para eludirla. Diccionario de la Lengua Española (1936),, pág. 300.

Convenimos con los apelantes en que el juego ilícito que se describe en la denuncia es el que se conoce generalmente como “lotería clandestina” y que los acusados pudieron haber sido procesados por una infracción "del artículo 291 del Código Penal. La denuncia contiene todos los elementos esenciales del delito: suerte o azar, consideración y premio. Véanse: El Pueblo v. Swiggett, 37 D.P.R. 911, y El Pueblo v. Torres, 40 D.P.R. 252.

A nuestro juicio, todos los juegos específicamente prohibidos y castigados por la sección 4 de la Ley núm. 25 de 1935, pueden ser perseguidos y castigados, a opción del fiscal, de acuerdo con dicha ley o bajo el artículo 291 del Código Penal, siempre que se trate de un plan mediante el cual se distribuya dinero o bienes, por suerte, entre las personas que hayan comprado números o billetes para el sorteo, en la inteligencia de que los premios habrán de ser adjudicados por suerte. No importa el nombre que se le dé al plan o juego prohibido. Si en el mismo concurren los elementos “suerte,” “consideración” y “premió,” el plan cae dentro de la prohibición del citado artículo del Código Penal.

Para que el plan o juego de lotería pueda ser considerado como una infracción del artículo 291 del Código Penal, no es necesario que el sorteo de los premios se realice utilizando el sorteo de alguna lotería legalmente establecida en la Isla o en algún otro sitio en el exterior o que se siga un plan o sistema determinado para la adjudicación de los premios. Así, en El Pueblo v. Martínez, 23 D.P.R. 228, en el que se alegaba que el acusado organizó un plan para la distribución de dinero por suerte entre aquellas personas que jugaban y se comprometían a pagar 10 centavos por cada acción, con la esperanza de recibir un premio de $700, todo lo cual dependía de ciertas carreras que habían de celebrarse en el hipódromo de San Juan, se resolvió que la denuncia impu-taba un delito de acuerdo con los artículos 291 y 292 del Código Penal. Y en El Pueblo v. Torres, supra, se sostuvo que una denuncia cuyo lenguaje imputa substancialmente al acusado la realización, por medio de una máquina automá-tica (slot machine), de transacciones en las cuales juegan papel principal los elementos de .azar, consideración y pre-mio, alega suficientemente el delito castigado por el artículo 291 del Código Penal. Y a idéntica conclusión se llegó en El Pueblo v. Rodríguez, 43 D.P.R. 11.

No erró la corte inferior al resolver que la denuncia es válida y suficiente.

El segundo señalamiento carece de importancia. .La cuestión que en el mismo se levanta fué considerada y resuelta en sentido adverso a los apelantes en El Pueblo v. Cruz, 53 D.P.R. 531. El error cometido no es perjudicial y puede ser subsanado modificando la sentencia apelada para que en la parte pertinente lea así:

“Practicada la prueba de ambas partes, la corte es de opinión que la ley y los hechos están en contra de los acusados, a los que declara culpables del delito de infracción a la sección 4 de la Ley núm. 25 de julio 17 de 1935, y condena a cada uno de ellos a pagar una multa de $200 o en su defecto a sufrir la pena de cuatro me-ses de cárcel, y además al pago de las costas. Se les abonará el tiempo que hayan estado presos preventivamente.”

Y así modificada, se confirma.


text:
    Luis Martínez, demandante y apelante, v. Sofía Avilés Vega, demandada y apelada.
    Núm. 8072.

    Sometido: Junio 19, 1940.

      Resuelto: Junio 28, 1940.

      Negrón López & Negrón López y Luisa María Capó, abogados del apelante;
    la parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Luis Martínez radicó en la Corte de Distrito de Maya-güez una demanda de divorcio contra su esposa Sofía Aviles Vega. Se alega como causa del divorcio el abandono del marido por la esposa. Besidiendo ésta en Estados Unidos y no pudiendo, por tanto, ser emplazada personalmente, se le notificó la demanda por edictos- y mediante el envío de una copia a su dirección en el Estado de New York. Trans-currido el tiempo estatutario para contestar sin que la deman-dada lo hiciera, el secretario de la corte, a instancias. del demandante, le anotó la rebeldía. Celebrada la vista del caso y oída la prueba del demandante la corte inferior dictó sen-tencia declarando sin lugar la demanda y condenando al demandante al pago de las costas. Este apeló y alega que la ■corte sentenciadora incurrió en error:

1. Al tomar en consideración para dictar su sentencia, una carta y una declaración jurada (affidavit) dirigidas por la demandada y apelada al Hon. Juez de dicha corte.
2. Al declarar probados los hechos alegados en dicha carta y en dicha declaración jurada.
3. Al descartar y no dar crédito alguno al testimonio no contra-dicho del demandante y apelante y sus tres testigos.
4. Al declarar sin lugar la demanda.
5. Al condenar al demandante y apelante al pago de las costas.

La carta a que se contraen los dos primeros errores, lee así:

“294 Smitb Street, Brokly, N. Y., Diciembre 5 de 1938.
“Hon. Juez de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, Puerto Rico. Be: Demanda de Divorcio núm. 1481. “Hon. Señor:
“Me he tomado la libertad en dirijir a sus Honorables Oficinas estas misivas con la esperanza de que al Ud. leer el contenido de ellas comprenda por el motivo que me he visto obligada a dirigirme a Ud.
“El día 29 de noviembre de 1938, por mediación de una carta certificada, procedente de los Lcds. Negrón López & Negrón López, de Sabana Grande, Puerto Rico, una demanda por divorcio presen-tada bajo falsas acusaciones por mi esposo Sr. Luis Martínez de quien Lace como dos años no sé de él directamente, pues para más decirle •euando me encontraba en ésta embarazada de tres meses del hijo nuestro que hoy tiene dos años cumplidos él se marchó de nuestro Logar, sin dar motivos ni explicaciones hasta el día de hoy que recibo una notificación de divorcio presentada por él.
“Pues encontrándome en mala situación financiera, la cual me impide ir a Puerto Rico personalmente para exponer la verdad del caso, le adjunto una declaración jurada de mi parte para que tenga Ud. la amabilidad de detener dicha demanda por las falsas declaraciones de mi esposo el Sr. Luis Martínez.
“Dándole las más expresivas gracias por cualquier cortesía que Ud. pueda darme sobre este particular y en espera de su grata con-testación sobre el mismo.
“Quedo de Ud. atentamente s. s.
“(Firmado): Sofía Avilés Vega.”

El juez de la corte a quo, refiriéndose a ella en su opinión, dice:

“La demanda fué citada por edictos y en carta dirigida al Juez de esta corte el 5 de diciembre de 1938, manifestó que por encon-trarse en mala situación financiera, la cual le impedía venir a Puerto Rico a exponer la verdad del caso, alegando que todas las alegacio-nes de la demanda eran falsas y a esta carta acompañó una declara-ción jurada prestada en la ciudad de Nueva York, ante el notario Clhris García, en cuya declaración jurada alega que en el mes de marzo de 1935 la demandada fué a vivir con sus hijos a Brooklyn, N. "Y., con el consentimiento del demandante; que allí ha residido hasta la fecha, que viviendo con su esposo arriba mencionado, la declarante-demandada quedó embarazada y a los 3 meses de dicho embarazo su esposo, Luis Martínez, sin ninguna causa legal ni motivo, se marchó del hogar de la demandada para jamás regresar al hogar de ambos y de sus hijos; que en febrero de 1937 nació el último hijo de los cónyuges, llamado Valentín y que, a pesar de todas las gestiones realizadas por la demandada para comunicarse con el demandante desde la fecha en que la abandonó, él se ha negado a convivir con ella y a sostener a los hijos habidos en el matrimonio; que nunca ha existido ningún abandono de hogar por parte de la demandada, y que todo lo alegado por el deman-dante en su demanda es incierto y falso, no viniendo personalmente la demandada a defenderse porque no se lo permiten las malas circunstancias financieras en que se encuentra para sufragar los gastos de un viaje a Puerto Rico, solicitando que se suspenda toda acción en este caso hasta que ella pueda venir a Puerto Rico per-sonalmente a exponer la verdad para conocimiento de la corte.
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“De la prueba practicada, o sea la declaración del demandante y de sus testigos, a las cuales la corte no puede dar crédito alguno, y, teniendo en consideración la declaración jurada prestada por la demandada, la corte ha llegado a la conclusión, fuera de toda duda razonable, que el demandante estuvo viviendo en buenas relaciones maritales con la demandada hasta el mes de febrero de 1937, en que, dejando a la demandada, su esposa, encinta de 3 meses, la abandonó en la ciudad de Nueva York, trasladándose a Puerto Rico, a los efectos de obtener sentencia de divorcio contra su esposa para luego regresar a Nueva York, según consta de una moción radicada en los autos, a los efectos de prestar una deposición en este Distrito Judicial para regresar a Nueva York inmediatamente, antes del divorcio. A esta conclusión ha llegado la corte, no solamente por el resultado de la prueba falsa ofrecida por el demandante, sino por inferencia lógica de que si la demandada hubiese abandonado al demandante, como éste alega en su demanda, después de transcurrir dos años aproximadamente, ¿qué interés podría tener la demandada en comparecer a la corte con una declaración jurada controvirtiendo los hechos alegados en la demanda y oponiéndose enfáticamente a que la misma se declare con lugar?”

Es patente el error en que ha incurrido la corte senten-ciadora al tomar en consideración la carta dirigida por la demandada al juez y al declarar probados los hechos en ella expuestos. TJno de los principios más elementales del dere-cho procesal vigente prohíbe que un juez o tribunal tomo en consideración, al decidir un caso, documentos que no formen parte de las alegaciones o que no hayan sido admitidos en evidencia. Pero ese error no causaría la revocación de la sentencia, si ésta estuviese justificada por la insuficiencia de la prueba en cuanto a alguno de los elementos esenciales de la demanda.

La prueba aducida por el demandante para sostener las alegaciones de que su esposa se negó a vivir con él y a trasudarse desde New York a Puerto Pico y de que a pesar de las gestiones practicadas por él y por otras personas en su nombre ella se ha negado a regresar al hogar conyugal, no fué creída por la corte sentenciadora. Hemos examinado cuidadosamente la prueba referente a la nolición de la esposa demandada y opinamos que aun cuando la corte inferior le hubiese dado crédito, ella es insuficiente para llevar al ánimo del juzgador la convicción de que la demandada tuvo el firme propósito de no volver al hogar conyugal y de romper para siempre el vínculo matrimonial. Véanse: Arce v. Lebis, 50 D.P.R. 899, 905; y Parés v. Echandi, 55 D.P.R. 163.

Por las razones expuestas se confirma la sentencia recur rrida.