author: El Juez Asociado Sr. Hutchison

text:
    Belaval, Peticionario v. Córdova, Juez de Distrito, et al., Demandados.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., para anular una orden concediendo una prórroga indefinida para presentar el proyecto de exposición del caso en un procedi-miento de mandamus.

    No. 137.
    Resuelto en diciembre 24, 1914.
    Taquígrafos — Deber de Transcribir las Notas Taquigráficas. — La obligación de un taquígrafo de transcribir las notas taquigráficas de un caso, no surge basta que la parte se las pide.
    Apelación — Tramitación Rápida del Recurso — Deberes del Apelante y de los Tribunales. — Es un deber imperativo y claro del apelante el tramitar con toda actividad el recurso, y de los tribunales, tanto sentenciadores como-de apelación, el hacer que el apelante cumpla con ese deber y rechazar y desa-probar toda gestión de carácter dilatorio.
    Certiorari — Apelación Pendiente Contra la Misma Orden Objeto del Cer-tiorari — Discreción de la Corte Suprema. — El heeho de que una parte haya interpuesto apelación contra la orden que trata de revisar por medio de un reeurso de certiorari, no le priva del derecho de ejercitar el reeurso de cer-tiorari cuando el de apelación es, como ep. este caso, inadecuado, siendo ésta una cuestión que descansa en la discreción de esta corto.
    Exposición del Caso — Prórroga del Término para Presentarla — Interpre-tación del Artículo 353 del Código de Enjuiciamiento Civil. — El artículo-353 del Código de Enjuiciamiento Civil debe interpretarse cuando se trata de prórrogas para presentar el proyecto de exposición del caso en relación con el artículo 299 enmendado del mismo código, y en este caso particular con los artículos 5 y 6 de la ley de marzo 10, 1904, página 110, creando las plazas de taquígrafos de las cortes de distrito.
    Id. — Prórroga Indefinida para Presentarla — Interpretación del Artículo 299 Enmendado del Código de Enjuiciamiento Civil — Discreción de las-Cortes de Distrito para Prórrogar Dicho Término. — La enmienda hecha al artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil por la Ley No. 70 de marzo 9, 1911, demuestra que la intención de la legislatura ha sido el quitar obstáculos que impidan el que una apelación se tramita con toda rapidez, y una corte de distrito no puede, en el ejercicio de su facultad discrecional,, conceder una prórroga indefinida para que un apelante -prepare el proyecto-de exposición del caso.
    .Id. — Prórroga Indefinida para Presentarla — Orden Dictada con Exceso de Jurisdicción. — Una orden de una corte de distrito concediendo ‘ ‘ una prórroga de 30 días contados desde la fecha de la entrega del récord taquigráfico para presentar la exposición del caso” es nula por'haber sido dictada con exceso-de jurisdicción.
    Los hechos -están, expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sres. J. H. Brotan, Eduardo Acuña Aybar y Horacio 8. Belaval.

    El Juez, Hon. Péliz Cordova Dávila, no compareció.
    Abogado del demandado Eoberto H. Todd: Sr. Ramón Falcón.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En procedimientos sobre mandamus seguidos en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, recayó sentencia en 22 de mayo de 1914, por la qne se ordenaba que el peticio-nario fuera restituido en sn cargo de Director de los Hospi-tales Municipales, del cual cargo, según se alegó, había sido-destituído ilegalmente por el alcalde.

Bn 29 de mayo habiendo el demandado radicado sn es-crito de apelación nna vez qne le fné notificada la sentencia, solicitó de la corte nna prórroga de treinta días, término que empezaría a contarse desde la fecha en qne por el taquígrafo se le entregara la copia del récord, para preparar dentro del referido término la exposición del caso y pliego de excepcio-nes, alegando como fundamento de la moción que la corte es-taba para entrar en su período regular de vacaciones, que se había pedido la entrega de los autos pero debido a las muchas ocupaciones del taquígrafo en otros asuntos y por ser el ré-cord bastante voluminoso no podría el taquígrafo entregar dicho récord dentro del término señalado en la ley para presen-tar la indicada exposición y pliego de excepciones.

Aparece en las minutas de la corte del mismo día, la si-guiente resolución:

“A moción del abogado del demandado, la corte le concede una prórroga de 30 días, contados desde la fecha de la entrega del récord taquigráfico, para presentar la exposición del caso.”

En 8 de septiembre el taquígrafo de la corte informó al secretario y al abogado del apelante que había terminado el récord taquigráfico el cual fué entregado también en la misma fecha.

En 3 de octubre -el abogado del apelante, después de ale-gar nuevamente las muchas ocupaciones que había tenido en otros asuntos más urgentes y llamando otra vez la atención-de la corte al hecho de ser muy voluminosos los autos, que se componían de 199 páginas, solicitó otra prórroga de treinta días más a contar de la fecha en que venciera la que ya le había sido concedida. En octubre 5 la corte proveyendo a esta moción concedió una prórroga de quince días más para presentar la exposición del caso, a partir del día en que ven-ciera la ya concedida.

En 22 de octubre el abogado del apelante alegando los mis-mos fundamentos, volvió a solicitar otra prórroga de diez, días, a partir’de la fecha del vencimiento del término adicio-nal ya concedido, y en la misma fecha la corte concedió nna prórroga de cinco días dentro de los críales debía presentarse la exposición del caso.

En 27 de octubre el peticionario por las mismas razones que han sido sustancialmente alegadas aquí, presentó una mo-ción a la corte de distrito con el objeto de que reconsiderara y dejara sin efecto las varias órdenes a que se ha hecho referen-cia, y al día siguiente la corte, después de haber oído las ar-gumentaciones de ambas partes declaró sin lugar dicha mo-ción y concedió al demandante 10 días para radicar sus en-miendas a la exposición del caso.

En noviembre 7 el demandante radicó su escrito de apela-ción contra la expresada orden. ' ■

En la vista de las enmiendas propuestas a la exposición del caso, que tuvo lugar en la fecha últimamente indicada, el demandante reprodujo su moción que ya había sido discutida y denegada en octubre 28, la cual fue nuevamente declarada sin lugar, y habiendo sido sostenidas las objeciones formula-das a la exposición concedió la corte al demandado cinco días para presentar enmiendas.

En 20 de noviembre el peticionario presentó a este tribunal su solicitud interesando la expedición de un mandamiento de certiorari, alegando además de los hechos arriba indicados, que la apelación perfeccionada contra la orden de octubre 28, al efecto de que no quedase consentida dicha orden, es inade-cuada e insuficiente, por el tiempo que ha de emplearse en el curso ordinario del procedimiento para su resolución final, lo cual podría dar por resultado un completo o parcial fracaso de la justicia si se tiene en cuenta que está para vencer y ven-cerá el término del cargo del alcalde a quien incumbe la obli-gación, — que es el demandado en los procedimientos de mandamus, —• antes de que dicha apelación pueda verse y resol-verse en definitiva; que habiendo sido aprobada la exposición del caso enmendada por el Juez de distrito, a pesar de la opo-sición de la parte demandante, se prosigue por el alcalde de-mandado y apelante en aquel caso ante este tribunal la ape-lación interpuesta contra la orden a qne se-Ra lieclio referen-cia primeramente; qne la orden de 29 de mayo, así como to-das las órdenes y procedimientos snbsignientes Rábidos en la corte inferior son nulos, por carecer la corte de facultades para conceder una prórroga por un tiempo indefinido y para dejar, como lo Rizo por la orden primeramente indicada, a voluntad del taquígrafo y del apelante la fijación de la feclia para presentar la exposición del caso, delegando así una fa-cultad que pertenece exclusivamente al juez en abuso de la discreción judicial y en exceso de su jurisdicción; y en mé-rito de estas alegaciones fue expedido el auto, remitidas las actuaciones a esta corte y ahora se nos pide que resolvamos las cuestiones así planteadas.

No se Ra llamado la atención de este tribunal a ningún caso bien razonado de fecRa reciente que Raya sido conside-rado debidamente, en el que se resuelva terminante y satis-factoriamente la cuestión que aparece envuelta precisamente en primer término, en el presente caso, y en tal investigación, según Remos podido hacerla dentro del tiempo de que dispo-nemos para ello, no Remos encontrado ninguno. Sin embargo, los muy pocos casos en los cuales se Ra discutido o tratado li-geramente la cuestión, bien por estar necesariamente en-vuelta o porque en ellos se hace referencia a la misma de modo incidental (obiter dicta), indican que existe general-mente una marcada inclinación por parte de las cortes para sostener la doctrina enunciada en 3 Oye., 42, de que “El tér-mino fijado por la corte para la aprobación y radicación de un pliego de excepciones tiene que ser definido.” Lansing v. Coats, 18 Ind., 166; Simonton v. H. and L. M. P. Co., 12 Ind., 380; Smith, etc., v. Blakeman, VIII Bush., 71 Ky., 476; Freeman v. Brenham, etc., XVII B. Monroe, 56 Ky.’ 603; Reisler v. Interborough Rapid Transit Co., 135 N. Y. S., 603; Gross v. Wood, 83 Atl., 337; Parker v. Snow, 9 N. E., 808; Welch v. Kansas City, etc., Co., 132 S. W., 49.; Mowery v. Wilson State Bank, 72 Pac., 539, y casos citados; Butler v. Scott, 75 Pac., 496; Granite State Fire Ins. Co. v. Harn, 76 Pac., 822; y casos citados por Kerr en las diferentes secciones del código de California que comprenden o se refieren a las prórrogas del término.

Con la excepción que más bien es dudosa de uno o dos ca-sos de California — donde la cuestión es de muy poca impor-tancia y la teoría de “un término razonable” no perjudica de modo alguno y donde la orden se convierte para todos los fines y propósitos en una prórroga definida que no fia de ex-ceder de un tiempo determinado por virtud de la limitación terminante del estatuto en la discreción del juez en cuanto al máximum del término de cualquier prórroga que pueda con-cederse, —■ no existe por lo menos ninguna autoridad respe-table en sentido contrario; y de conformidad con los dictados del sentido común, a la luz de los principios fundamentales de interpretación de estatutos y de justicia sustancial, no te-nemos duda alguna, de acuerdo con nuestro propio estatuto, respecto a la corrección de la teoría del caso sostenida por el peticionario, por lo menos en lo que respecta a la carencia de facultades y a acción de la corte en exceso de su jurisdicción.

El alcalde de San Juan sostiene, 1°., que no .habiendo el estatuto fijado límite alguno a la discreción de la corte, ésta es ilimitada y únicamente podrá ser revisada y regulada si se cometiere un grave abuso de la misma, y que en el presente caso se probó una buena causa para la prórroga original y no fiubo abuso de discreción; 2°., que debemos presumir que el taquígrafo, como funcionario público, en el debido y fiel cum-plimiento de los deberes de su cargo, entregaría el récord dentro de un tiempo razonable, y que los hecfios en este caso respecto a la verdadera entrega de dicfio récord demuestran la base firme en que descansa dicfia presunción legal; 3°., que el peticionario hubiera podido haber solicitado en cualquier momento del juez que hiciera más definida la prórroga, fi-jando una fecha para su vencimiento,'y no habiéndolo hecho así no puede ahora oirse su queja; y 4°., que el peticionario no solamente tiene un remedio claro y adecuado mediante la ape-¡ación, sino que realmente ha preferido ejercitar el mismo y en la actualidad prosigue tal apelación.

El caso de Welch( supra), no citado por el alcalde, sos-tiene en principio la teoría de la primera proposición según ha sido expresada, y una vez establecida la premisa envuelta no puede negarse la fuerza de la lógica de tal razonamiento. Si fuera cierto que nuestro estatuto no establece limitación alguna en las facultades del juez de distrito, entonces no ha-bría otro remedio que confirmar la orden apelada, y en lo que respecta a la cuestión relativa a la mayor o menor exten-sión del término que haya de darse, o de cuántas prórrogas sucesivas se concedan, así como a la duración de cada una de las mismas, aceptamos enteramente y de veras convenimos con la teoría sustentada por el alcalde y del caso de Missouri en cnanto a la aplicación de la norma general de “un término razonable;” pero cuando pasamos a considerar la facultad del juez sentenciador para conceder una prórroga no por cualquier término definido, ya sea largo o corto, sino por un tiempo indefinido cuya duración depende de la voluntad del taquígrafo y del apelante y especialmente del último, término “que puede ser por años o para siempre,” suspendiendo así la aplicación de los preceptos del estatuto, cuyo objeto es abreviar “la demora de la ley” y facilitar el rápido despacho y la pronta resolución de los casos en apelación, la cuestión que se nos ofrece es enteramente distinta. Según el parecer que tenemos del caso no es necesario considerar la cuestión relativa al abuso de discreción, o la alegación referente a “justa causa.”

En la suposición que sirve de base a la segunda cuestión se encuentra igual defecto fatal. El deber del taquígrafo de entregar el récord según el precepto terminante del estatuto tiene lugar solamente al pedírselo el apelante, por cuyo ser-vicio el primero “tendrá derecho a recibir además de su sueldo,„ diez centavos como honorario por cada cien palabras que habrá de satisfacer la parte que solicite aquélla, cuya suma habrá de cargarse como costas de la causa a la parte vencida en juicio.” La teoría de que cualquier taquígrafo de una corte, de experiencia ordinaria, antes de que le sea pe-dido el récord- procederá inmediatamente que se arcliíve el escrito de apelación a transcribir sus notas taquigráficas de-bido a la promesa tácita de una compensación (quid pro quo) que lia de recibir según el estatuto, sin tener en cuenta la po-sibilidad de que pueda ser abandonada la apelación o de que el récord en apelación sea preparado mediante una exposición del caso convenida por las partes, o que de otro modo no sea necesario recurrir al récord taquigráfico, envuelve una pre-sunción forzada. Existe, sin embargo, un precepto legal al que más adelante liaremos referencia, que no solamente esta-blece una fuerte presunción en cuanto a dicha entrega del récord dentro dé un término razonable después que lia sido pedido, sino que llega basta determinar expresamente el má-ximum del término tanto para la entrega del récord como para cualquier prórroga que pueda ser concedida por la corte en relación con esto. En lo que respecta a este aspecto del caso, el demandado “se ba perjudicado con su propio razona-miento.”

La tercera proposición del alcalde envuelve una rara in-terpretación de los respectivos deberes y obligaciones del ape-lante y del apelado, se contradice a sí misma, y cae por su propio peso con su simple enunciación. Es el deber claro e imperativo del apelante proseguir activamente su apelación, y de las cortes, tanto inferiores como de apelación ver que lo verifica con toda prontitud razonable y.censurar y desaprobar sin vacilaciones de ninguna clase y en términos precisos, todos los métodos y procedimientos dilatorios que puedan ser desa-rrollados en este sentido. No es de la incumbencia del ape-lado, que ha obtenido una sentencia por virtud de los méritos del caso en la corte inferior, ni debe exigírsele al mismo por regla general que incite al apelante y a la corte al debido cumplimiento de sus deberes. Su derecho a que el caso en apelación sea resuelto rápidamente es tan claro y de impor-tancia tan grande, que no se permitirá que haya ningún arti-fieio con el mismo. La alegación de que el apelado puede en. cualquier momento, exigir al juez que fije la fecha en que vence una prórroga indefinida, reconoce al apelado así un de-recho a pedir que se fije un término definido a tal prórroga y admite por su-faz que al dictarse la primera orden de mayo 29 el juez no ejercitó en manera alguna aquella discreción en que el alcalde precisamente confiaba; y si tal discreción no fue ejercitada dentro del término señalado en el estatuto, cuya ampliación se pretendió, entonces, de acuerdo con el peso abrumador de las autoridades, la corte carecía enteramente de jurisdicción por virtud de los artículos invocados, y que aquí han sido citados, para dictar luego dicha orden.

El alcalde cita en apoyo de su contención la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en los casos de Vega et al. v. Rodríguez et al., 19 D. P. R., 1003, y Morfi et al. v. The Fajardo Development Co., 19 D. P. R., 1202. Sin embargo,, dicha jurisprudencia no es aplicable, porque en dichos casos la exposición se entregó en tiempo, la corte actuó, por tanto, con plena jurisdicción, mientras que en éste, según veremos más adelante, la corte carecía por completo de facultades para dictar la orden de 29 de mayo en los términos en que lo hizo.

En cuanto a la existencia de ún remedio en la apelación y al ejercicio simultáneo de la misma por el peticionario, no carecemos enteramente de precedentes en otras jurisdiccio-nes al declarar que el peticionario no está necesariamente obligado a seguir el método que adoptó primeramente — que según se alega fué para que no quedase consentida la orden apelada — con exclusión de todos los demás remedios, y que por el mero hecho de haber interpuesto tal apelación no está necesariamente privado del derecho que tiene a acudir al re-medio más rápido del certiorari, si el de la apelación resulta inadecuado, como verdaderamente creemos que lo es en este caso. Estas son cuestiones dirigidas a la sana discreción de esta corte y no es necesario que sean discutidas extensa-mente.

El artículo 353 del código dice lo siguiente:

“Artículo 353. Cuando haya de verificarse algún acto de confor-midad con lo dispuesto en este Código, referente a alegaciones en el pleito, o a fianzas que hayan de presentarse, o a la responsabilidad de fiadores, o a la preparación de exposiciones o pliego de excepciones, o a enmiendas a éstos, o a notificaciones que no sean relativas a apela-ción, el tiempo concedido para ello por este Código podrá ampliarse por la corte que conociere del pleito o por el juez de la misma si se alegara y demostrare una justa causa.”

En cuanto a los principios que regulan tales concesiones de facultades, véase a Sutherland, secciones 391, 395, 456; Maxwell, pp. 203-210.

El precepto del código últimamente citado debe también, desde luego, ser interpretado siempre en relación con otros preceptos estatutorios relativos al acto “que baya de verifi-carse” a que en el mismo se hace referencia, que en este caso es el artículo 299 del mismo código, y como resultado de la eventualidad contenida en la primera orden de prórroga men-cionada anteriormente, con los artículos 5 y 6 de la Ley de 1904 que prescriben el nombramiento, deberes y compensa-ción de los taquígrafos de las cortes de distrito.

El artículo 299, según fué aprobado originalmente en 1904, era como sigue:

“Artículo 299. En la apelación contra una sentencia definitiva, el apelante debe presentar en la corte de apelación una copia del escrito interponiendo el recurso, del legajo de la sentencia y de cualquier pliego de excepciones o alegación hecha en el caso, en los cuales se .apoyare el apelante. Cualquier alegación hecha en una moción pi-diendo un nuevo juicio, o certificada después de la resolución de la misma, cuando la moción se hubiese hecho con referencia a las mi-nutas de la corte, o cualquier pliego de excepciones certificado o utili-zado en una moción pidiendo un nuevo juicio, podrá asimismo utili-.zarse en la apelación -de una sentencia definitiva, de igual modo que •en la apelación contra una orden concediendo o denegando un nuevo juicio.”

Según fné enmendado en 1911, lee atora como signe:

“Artículo 299. Archivada que sea una apelación contra una sen-tencia de una corte de distrito, la parte apelante, dentro de los diez días siguientes a su archivo o de la prórroga que en su caso se le con-ceda por la corte deberá presentar a ésta, entregando a la vez copia a la parte contraria, un pliego en el que hará constar las excepciones tomadas durante el curso del caso y una exposición de éste.
“En ese pliego se expondrán todos los antecedentes del litigio y pruebas practicadas o presentadas entonces. De la demanda, contes-tación y demás alegaciones que forman parte del legajo de la senten-cia, bastará que se haga referencia a ellos. Así las pruebas testifica-les como las documentales se expondrán en forma narrativa, extrac-tándose lo que esencialmente, concierna al punto o puntos controver-tidos y determinando además, en cuanto a la prueba documental, los lugares, fechas, y en su caso, funcionarios que concurrieron en el otorgamiento
“Cuando sea necesario para una correcta inteligencia y resolu-ción del asunto, que algún mapa, documento original o exhibit de cualquier clase, que no sea susceptible de reproducción por medio de copia, fotografía o de otro modo, sea presentado al examen e inspec-ción de la-Corte Suprema, se hará una descripción del mismo, y el secretario de la corte a quo, después de autenticar dicho mapa o do-cumento original o exhibit, bajo su firma y sello de la corte, remitirá el mismo al secretario de la Corte Suprema, haciendo constar que se ha hecho parte del record del asunto.
“El pliego original así redactado, se archivará en la secretaría de la corte con la constancia- de haberse entregado por el abogado del apelante a los abogados de las partes apeladas, una copia literal del mismo. Archivado dicho pliego en la secretaría de la corte, el secre-tario dará el mismo día o .al siguiente cuenta de ello al juez, y éste fi-jará la fecha en que ante él deberán comparecer las partes para la aprobación de dicho pliego.
“Celebrada esa comparecencia, la corte, tomando en consideración las manifestaciones hechas por dichas partes y las resultancias del li-tigio, hará en el mencionado pliego las correcciones que estime opor-tunas y le impartirá su aprobación. Impartida ésta, certificará el juez al pié del pliego su contenido tal como lo haya aprobado, y pa-sará en tal forma a formar parte del legajo de la sentencia.
“Constituirá el record de una apelación la certificación que li-brará el secretario del tribunal a quo o los abogados de las partes, del legajo de la sentencia y de la notificación de la apelación. Dicha "eer-tificación deberá ser archivada en la secretaría de la Corte Suprema dentro de los treinta días siguientes al en que se baya aprobado el pliego de excepciones y exposición del caso, con la constancia de ha-berse entregado a los abogados de las partes apeladas una copia literal de la misma, certificada por el abogado del apelante.”

La diferencia más notable y esencial que existe entre el artículo original y el enmendado en lo que respecta a cual-quier cuestión habida en este caso, estriba en el hecho de que en el año 1904 no se especificaba tiempo alguno dentro del cual “el acto que ha de verificarse” será ejecutado; mientras que según la enmienda, se exige que éste sea ejecutado “den-tro de los diez días,” o-“de la prórroga” si alguna se concede. Resulta de igual modo claro que las palabras por las que se fija el término de diez días son específicas y terminan-tes, claras y definidas, mientras que aquellas que se refieren a la prórroga de dicho término son algo menos restringidas, más generales e indefinidas; — que las primeras constituyen ]a cláusula por la que se decreta, la parte principal, la incor-poración del objeto fundamental de la enmienda, mientras que las segundas son, en efecto, un “disponiéndose” (proviso)' para evitar cualquier dificultad que pueda ocurrir en casos excepcionales mediante el elemento de flexibilidad que así se adiciona —• y que los dos elementos, el específico y el general, la cláusula en que se decreta y el “disponiéndose” (proviso)', la fijación de un término definido de diez días y la disposi-ción condicional relativa al remedio en algún caso extraor-dinario mediante prórroga del mismo, están estrecha, íntima e inseparablemente asociados uno al otro. Las copias debe-rán entregarse “dentro de los diez días,” o “dentro de” ¿qué tiempo? Dentro de la prórroga del término limitado por el estatuto; un tiempo razonable ciertamente, pero no un tér-mino indefinido. “IJn tiempo razonable,” así como las pala-bras “dentro de,” significa un límite máximo, un tiempo, es cierto que está limitado solamente según lo determine la dis-creción de la corte, cuando no existe abuso alguno, pero, limi-tado. Y la prórroga no es automática; el privilegio de tal tiempo adicional depende claramente del ejercicio de la dis-creción conferida a la corte.

La presunción de que el término debe ser definido en lo que respecta a la prórroga, creemos que es demasiado clara para que baya de ser discutida con mayor extensión. Lo que bizo la corte, si algo bizo, según su efecto legal, no fue pro-rrogar el término del estatuto ni conceder una prórroga, sino Suspender la aplicación del estatuto basta la fecba en que pu-diera ocurrir la eventualidad a que la orden se refiere. La corte claramente no tenía facultades para bacer esto.

La conclusión a que fiemos- llegado en cuanto a este particular es inevitable si algo significan aquellos principios'car-dinales de interpretación de estatutos, según los cuales todo lo que necesaria o claramente se'deduce de un estatuto forma tanta parte del mismo que aquello que aparece expresado en él; que de acuerdo con la máxima noscitivr a so\ciis la signifi-cación de una palabra empleada en iin estatuto deberá ser in-terpretada en relación con las palabras con las cuales va acompañada; que de ser posible debe dársele efecto a toda palabra, cláusula, y sentencia; que es el deber de la corte, en todo lo que sea posible, armonizar los distintos preceptos de modo que resulten compatibles y en armonía, dándoles un efecto razonable e inteligente a cada uno; que euando los tér-minos generales o expresiones contenidos en una parte de un estatuto son incompatibles con otros preceptos más especí-ficos y particulares de otra parte del mismo, se dará efecto a estos últimos en el sentido de constituir la expresión más clara y definida de la voluntad legislativa; que las palabras, frases y sentencias de un estatuto, deberán ser interpretadas en el sentido en que son usadas y no en uno abstracto, pero con la debida consideración al contexto de las mismas, y en aquel sentido que esté más en armonía con todas las demás partes del estatuto; que cuando una parte del estatuto es susceptible de dos interpretaciones y el lenguaje de otra parte es más claro y definido, compatible con una de tales interpre-taciones y opuesto a la otra, deberá adoptarse aquella inter-pretación por virtud de la cual se armonicen todas las clan-sulas; que el “disponiéndose” (proviso) deberá ser interpre-tado juntamente con la cláusula en qne se decreta, con el fin de dar efecto a cada nna de ellas y para llevar a efecto la in-tención de la legislatura según aparece de la ley considerada en su totalidad; y qne la cláusula en qne se ordena es desde luego, la parte principal del estatuto y como debe presumirse que en sus términos está comprendido el objeto principal de la ley, deberá “el disponiéndose” (proviso) ser interpretado estrictamente. 36 Cyc., 1110-1188.

De una comparación más general, cuidadosa y detenida del artículo en cuestión, según lia sido enmendado, con la pri-mitiva ley, se verá claramente que la enmienda concuerda es-trictamente con otras prescripciones numerosas semejantes, que son explicativas de la tendencia digna de encomio de nuestra legislatura la cual está en completa armonía con la tendencia general del moderno pensamiento y se mantiene al lado de las ideas más avanzadas de reforma en el procedi-miento, eliminando tan rápida y radicalmente como sea po-sible, sin ocasionar perjuicios y violentar los principios fun-damentales, todos los obstáculos técnicos y motivos de de-mora en este respecto, asegurando a todos los litigantes la libre y eficaz administración de justicia por igual.

Que todo estatuto deberá ser interpretado teniendo en cuenta el fin que el mismo se proponía alcanzar; que para de-terminar este fin debe tenerse presente la ocasión y la nece-sidad que hubo para aprobarlo, los defectos o peligros que existían en la ley anterior, así como los remedios previstos en la nueva; que debe darse al estatuto aquella interpretación con la cual pueda promoverse mejor su objeto, suprimiendo lo malo que contenga y asegurando los beneficios que tuvo en perspectiva; que cuando la interpretación ordinaria de un es-tatuto conduce a conclusiones tan peligrosas y absurdas que jamás pudieron'haberse tenido en cuenta, la corte puede adop-tar una interpretación teniendo en consideración otros precep-tos análogos y suplir así la omisión; que al interpretarse un estatuto la intención legislativa será determinada conside-rando la ley en sn totalidad con referencia a la materia en cuestión a que el mismo es aplicable, así como el sitio preciso en que dicho lenguaje aparece usado; que al considerar pres-cripciones que en un estatuto están en conflicto, la intención de la legislatura será siempre la estrella polar de interpreta-ción y que todas las regias particulares pará la interpretación de tales preceptos se considerarán como subordinadas a este fin, son principios todos adicionales y algo anticuados, pero importantes, por los cuales debemos guiarnos en casos de esta naturaleza. 36 Cyc., supra.

T finalmente, podemos referirnos otra vez a la ley arriba expresada relativa al nombramiento, deberes y com-pensación de los taquígrafos de las cortes.

La sección 6 de la misma, al hacer referencia a la copia del' récord del taquígrafo, que según la sección anterior deberá entregarse a la parte qu.e lo solicite mediante el pago de una compensación fijada, según se ha dicho, es como sigue:

“Sección 6. Será deber del taquígrafo entregar dicha copia den-tro de treinta días, a partir de la fecha en que ha sido solicitada, a menos que la corte prorrogue dicho plazo que nunca excederá de otros; 30 días.”

Aun cuando se admita, por vía de argumento, que la orden de mayo 29 pudiera ser sostenida por entenderse que en ella; se concede un término razonable, y considerando por un mo-mento la cuestión desde el punto de vista en que ha sido-considerada por el alcalde, resulta sin embargo difícil — y son de aplicación a este punto los casos de California arriba, citados — que podamos dejar de llegar a la conclusión de-que la sección que ha sido citada últimamente define y fija de modo claro e inexorable el máximum que dejó de fijar la corte y de modo concluyente convierte la ampliación vaga que trató de hacer esta última, en una prórroga definida por un término limitado que no ha de exceder de 60 días, a partir de la fecha en que fué solicitado el récord al taquígrafo — fecha que, se-gún se alegó por escrito a la corte al solicitar la orden ya ha-bía sido fijada y señalada, si bien el taquígrafo jura que tal petición no se bizo basta junio 6, lo que también se dijo en el informe oral del abogado del peticionario sin que fuera con-tradicho por el abogado del alcalde. De todos modos, el tér-mino de 60 días así fijado por la ley había vencido desde ha-cía más de un mes antes de que se entregara el récord, sin que el alcalde hubiera presentado ninguna moción solicitando nueva prórroga ni tomara ninguna medida para mantenerla vigente; careciendo, por tanto, la corte de jurisdicción para dictar las órdenes subsiguientes concediendo más prórrogas.

Si el máximum del término no es así fijado y determinado, entonces la corte, sin la más remota indicación de que existe algún propósito o-intención de prorrogar el término para que el taquígrafo entregue el récord, puede con la mera concesión de una prórroga por tiempo indefinido, de acuerdo con los ar-tículos 299 y 353, hacer indirectamente lo que precisamente de modo expreso y enfático le prohibe que haga, ya directa-mente o en otra forma, el lenguaje claro e inequívoco del ar-tículo 6.

Para evitar cualquiera mala interpretación que pueda ocurrir, debemos añadir que no tenemos necesidad de resolver y no resolvemos, qué remedio podría o no obtenerse en caso de que el récord fuere entregado por el taquígrafo des-pués de la prórroga del término de treinta días señalado en el-estatuto, o de una prórroga del mismo debidamente auto-rizada, en tales circunstancias que, sin mediar falta por parte del apelante o error, por su inadvertencia, sorpresa o negli-gencia excusable, pudiera afectar de un modo serio y adverso 'a su derecho de apelación. Cualquiera que sea la jurisdic-ción que pudiera tener y ejercitar una corte, después de no-tificada la parte contraria, o que de otro modo sea inherente o haya sido conferida expresamente ’por el artículo 140 del código, u otra prescripción de ley, cualquiera que fuera el remedio que en equidad pudiera proporcionar, y cualesquiera que fueran los términos y condiciones que pudiera imponer on tales circunstancias, parece razonablemente claro en cual-quier caso que pueda ocurrir, que la mera entrega del récord después de vencido el término del estatuto, difícilmente pro-duciría ipso facto el restablecimiento de prórrogas ya venci-das, de facultades ya perdidas, bien por no baber sido ejerci-tadas oportunamente, o si se ejercitaron, se habían agotado completamente, ■— prórrogas concedidas y facultades ejerci-tadas, si es que se concedieron o ejercitaron • — • única y exclu-sivamente por virtud de los preceptos contenidos en los artí-culos 299 y 353, ninguno de los cuales es por sí suficiente-mente amplio para comprender, el caso hipotético que ha sido sugerido.

■ La orden dictada en mayo 29 de 1914, y todos los procedi-¡mientos subsiguientes a la misma que tuvieron lugar en la corte inferior, deben ser anulados.

Declarada con lugar la solicitud y anulada la orden de mayo 29, 1914 y todos los demás procedimientos subsiguientes a la misma.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wole

license: Public Domain

text:
    Orcasitas, Recurrente v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas sobre calificación de defectos subsana-bles en la inscripción de una escritura de venta judicial.
    No. 206.
    Resuelto en diciembre 24, 1914.
    Venta Judicial Otorgada por tin Submarshal — Conocimiento Judicial por un Registrador, de los Submarshals — Defectos Subsanables. — Un registrador de la propiedad en Puerto Rico no puede tener conocimiento judicial de los submarsbals de*'las cortes de distrito y constituye un defecto subsanable en una escritura de venta judicial otorgada por un submarshal el no justificarse debidamente el nombramiento de dicto funcionario, no siendo suficiente la certificación que hace el notario de que el compareciente está desempeñando el cargo de submarshal.
    Id. — Transcripción en la Escritora de la Orden de Ejecución y del Acta de la Subasta — Defectos Subsanables. — Constituye un defecto subsanable el no transcribir en una escritura de venta judicial la orden de ejecución y el acta de la subasta o el no presentar al registrador junto con dicha escritura copia certificada de dichos documentos o su equivalente, no siendo suficiente-el que el notario haga referencia a dichas constancias en la escritura.
    Id. — Calificación del Documento — Facultades de los Registradores. — Los re-gistradores tienen facultades para examinar cuando se presente para su ins-cripción una escritura de venta judicial en un procedimiento sumario hipote-cario, si se ha cumplido con la ley que regula dieho procedimiento y si el requerimiento de pago fué hecho a la persona que ordena la ley.
    Id. — Presunción en Tales Casos. — En las ventas judiciales no existe la presun-ción de que todo se haya hecho en debida forma por el marshal, sino que incumbe al comprador probar al registrador mediante documentos auténticos-que se ha observado la ley.
    Id. — Procedimiento Sumario Hipotecario Contra una Sucesión — Designación de las Personas que Componen la Sucesión — Defecto Subsanable.— Constituye un defecto subsanable el no expresarse en una escritura de venta judicial en virtud de un procedimiento sumario hipotecario, las personas que-eomponen dicha sucesión.
    I». — Expresión del Título de Adquisición por una Sucesión. — De acuerdo con la jurisprudencia sentada en los casos de Rasalaegua Hermanos Co. v. El Registrador, 6 D. P. R., 86, y Zagas v. El Registrador, 14 D. P. R., 607, noes necesario para inscribir una escritura de venta judicial en virtud de un procedimiento sumario hipotecario seguido contra la sucesión del deudor, el' expresar en dicha escritura la forma en que dicha sucesión adquirió la finca ejecutada, ni inscribir previamente en el registro dicha finca a nombre de Ios-herederos que componen dicha sucesión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El Registrador sustituto Sr. Lorenzo Jiménez G-arcía. compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Wole

emitió la opinión del tribunal..

En nueve de octubre fué presentada en el Registro de la Propiedad de Caguas para su inscripción una escritura otor-gada por el sub-márshal de la Corte de Distrito de Humacao-Don Eafael Más, a favor del recurrente, e inscrita con ciertos defectos subsanables. El promovente niega que existan tales-defectos subsanables los cuales discutiremos por su orden co-rrespondiente.

El primer defecto alegado fué que en la escritura otor-gada con motivo de una venta judicial no se acreditó debida-mente qne Rafael Más fuera nn sub-marshal de la corte de de distrito. No podemos estar conforme con la alegación hecha por el recurrente respecto a qne es suficiente la cer-tificación del notario para acreditar qne Rafael Más era sub-márshal de la Corte de Distrito de Humacao. El notario, se-gún la ley notarial, tiene que dar fe de que conocía a las par-tes, habiendo en efecto dado fe en este caso de dicho conoci-miento. El notario no dió ni podía dar fe del conocimiento personal que tuviera de que determinada persona estuviera desempeñando cierto cargo o compareciera con determinado carácter. Un Registrador en Puerto. Rico no puede tomar conocimiento judicial de los sub-márshals de la Corte de Dis-trito en este caso. Tal vez podría tomar conocimiento judicial del cargo del márshal, pero por lo regular es éste último funcionario quien debe hacer la venta judicial y en los casos en que sea el sub-márshal el que verifica dicha venta el regis-trador tiene derecho a exigirle prueba de que es ta'l submár-shal y que acredite su autoridad. El márshal es elegido por el pueblo. Los submárshals nó y son nombrados y separa-dos a voluntad del márshal. La actitud asumida por el re-gistrador en cuanto a este primer defecto fue enteramente co-rrecta.

Señaló el registrador como segundo defecto, que la escri-tura que fue presentada para inscripción no contenía la orden de ejecución ni el acta de la subasta. El registrador llama la atención de este tribunal en su contestación hacia el hecho de no constar en la escritura estos dos documentos y alega que faltaba el requerimiento de pago. El recurrente alega que todo esto consta de modo suficiente de las manifestaciones que hace el notario en la escritura, si bien resulta, al parecer, que la venta que se hizo al recurrente fué de acuerdo con el procedimiento sumario de la ley hipotecaria y por tanto somos del parecer del registrador al expresar que es de su in-cumbencia el observar si se cumple con el referido procedi-miento sumario y no del notario. No es bastante con qué el notario haga referencia al procedimiento habido ante una corte de distrito, sino qne deben presentarse copias de aque-llos procedimientos qne sean necesarios al registrador para qne pneda tener la oportunidad de saber si se ha cumplido con la ley, o deben transcribirse en la escritura, tomándolos de sus originales o de copias debidamente expedidas y certi-ficadas. De ninguna otra manera podrá quedar protegido, el derecho de un comprador subsiguiente. Los documentos ori-ginales o copias de los mismos, como alega el registrador, eran de absoluta necesidad en este caso' puesto qne el pro-cedimiento hipotecario fné seguido contra el deudor José Ji-ménez Sauri o su sucesión y la cuestión relativa a si el reque-rimiento de pago se hizo a la debida persona era una, acerca dé la cual, podía propiamente investigar el registrador. No existe en las ventas judiciales la presunción de que todo se haya hecho en forma adecuada por el márshal sino que in-cumbe al que compra probar al registrador mediante docu-mentos auténticos que se ha observado la ley.

Los casos de Carbonell v. El Registrador, 16 D. P. R., 440, y de Vázquez v. El Registrador, 19 D. P. R., 1133, son de al-guna aplicación, aunque en ellos las ventas se hicieron en la corte municipal y no estaba envuelto en los mismos el pro-cedimiento sumario de la ley hipotecaria.

El tercer defecto que ha sido alegado se refiere a que en la escritura no se expresó quienes eran las personas que compo-nían la sucesión de José Saurí. Estamos de acuerdo con el registrador en que si era necesaria la notificación o citación a la indicada sucesión debió haberse hecho constar quienes la componían con el objeto de que. dicho registrador pudiera de-terminar si dicha notificación fué hecha en forma adecuada.

Con respecto al cuarto defecto nos inclinamos a opinar con el recurrente en que no era preciso expresar en la escritura la forma en que adquirió la sucesión o que la finca debía ser inscrita en el registro a nombre de los herederos. Passalacqua Hermanos & Co. v. El Registrador, 6 D. P. R., 86; Zayas v. El Registrador, 14 D. P. R., 607.

Debe confirmarse la nota recurrida en lo que se refiere a los tres primeros defectos alegados y revocarse en cuanto al cuarto.

Confirmada la nota recurrida en cuanto a los tres primeros defectos subsanables y revo-cada en cuanto al ultimo.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y HutcMson.


text:
    No. 126.
    Carlo, Petitionario, v. López Antongiorgi, Secretario de la Corte de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en una acción de desahucio.
    Resuelto en junio 15, 1914.
    Ahogado del peticio-nario: Sr. Luis Freyre Barbosa. El demandado no com-pareció. ■
   Desestimada la solicitud y denegada la expedición del mandamiento por no alegarse en la petición la fecha en que fue notificada la sen-tencia por desahucio al solicitante, ni la fecha en que se pre-sentó en secretaría el escrito de apelación, así como tampoco si se consignó en secretaría el importe del precio adeudado o la fianza a satisfacción del tribunal.


text:
    No. 1166.
    Alonso, Demandante y Apelado, v. Oller et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre cobro de una cantidad de dinero. Moción del apelado para que se desestime la apelación.
    Resuelto en junio 16, 1914.
    Abogado del apelado: Sr. Damián Monserrat, Jr. Los apelantes no comparecieron.
   Deses-timada la apelación por no haberse radicado la transcripción de autos.


text:
    No. 1167.
    Zuazo, Promovente y Apelada, v. Molina et al., Opositores y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en un expediente de dominio. Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.
    Resuelto en junio 16, 1914.
    Abogado de la apelada: Sr. V. Polanco de Jesús. Los apelantes no com-parecieron.
   Desestimada la apelación por no haberse radicado la transcripción de autos.


text:
    No. 1188.
    Mariani, Demandante y Apelante, v. Bartoli, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un caso sobre rendición de cuentas y nulidad de actos de administración. Moción del apelante de-sistiendo de la apelación.
    Resuelto en junio 19, 1914.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco Parra. Abogados de la apelada: Sres. Tord, Castro & Canales.

   Setiene por desistido al apelante.


text:
    No. 54.
    Ex parte Rodríguez, Peticionario.
    Solicitud para que se expida mandamiento de habeas corpus.

    Resuelto en junio 23, 1914.
    Abogados del peticionario: Sres. Travieso & Iriarte.

   Desestimada la solicitud por no alegarse con toda precisión si lia vencido o no el período de cinco días de prisión a que fue condenado el peticionario.


text:
    No. 1150.
    Sucesores de José Martínez, Demandantes y Apelantes, v. Tomás Dávila & Co., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en un caso sobre cobro de una cantidad de dinero. Moción de los apelantes desistiendo de la apelación.
    Resuelto en junio 25, 1914.
    Abogados de los apelantes: Sres. Bosch & Soto. Abogado de los apelados: Sr. Cay. Coll Cuchí.

   Se tiene por desistidos a los apelantes.


text:
    No. 55.
    Ex parte Rodríguez, Peticionario.
    Solicitud para que se expida mandamiento de habeas corpus.

    Resuelto en junio 25, 1914.
    Abogados del peti-cionario: Sres. Travieso & Iriarte.

   Denegada la solicitud.


text:
    No. 127.
    Martínez, Peticionario, v. Soto Nussa, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida manda-miento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Agua-dilla en nn caso sobre otorgamiento de escritura.
    Resuelto en junio 27, 1914.
    El peticionario compareció en nombre propio. El demandado no compareció.
   Desestimada la solicitud por el funda-mento de la opinión emitida en el caso de Martínez v. Soto Nussa, Juez de Distrito, 20 D. P. R., 359.


text:
    Nos. 690, 697 y 701.
    El Pueblo, Demandante y Apelado v. Cerecedo, Acusado y Apelante.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en cansas por lotería. Moción del apelante desistiendo de la apelación.
    Resueltos en julio 6, 1914.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, fiscal. Abogados del apelante: Sres. Jacinto Texidor v Travieso & Iriarte.

   Se tiene al apelante por desistido de dichas apelaciones.


text:
    No. 1176.
    Banco de Puerto Rico, Demandante y Apelado, v. Ereño et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación pro-cedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre cobro de dinero con intereses, costas y hono-rarios de abogado. Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación por no haberse radicado la transcrip-ción de autos.
    Resuelto en julio 20, 1914.
    Abogado del apelado: Sr. Antonio Sarmiento. Los apelantes no comparecieron.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 699.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Palés, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama.
    Resuelto en julio 29, 1914.
    Abogado del Pueblo-. Sr. Jaime Sifre, Jr., Fiscal interino. Abogado del apelante: Sr. Tomás Ber-nardini.

   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1179.
    Cartagena, Demandante y Apelado, v. Mayagüez Light & Ice Company, Demandada y Apelante.
    Apela-ción procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un procedimiento sobre aprobación de memorándum de costas. Moción del apelado para que se desestime la apelación por no haberse radicado la transcripción de autos.
    Resuelto en julio 29, 1914.
    Abogado del ape-lado: Sr. Fernando Vázquez. El apelante no compareció.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1101.
    Quiñones, Demandante y Apelante, v. Vivoni, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre cobro de un pagaré. Moción de la parte demandada para que se reconsidere la sentencia dictada en este caso el 22 de mayo de 1914 (Quiñones v. Vivoni, 20 D. P. R., 495.)
    Resuelto en agosto 1, 1914.
    Abogado de la parte apelante: Sr. José Benet. Abogado de la parte apelada: Sr. José de Diego.

   Denegada la reconsideración solicitada.


text:
    No. 56.
    Ex parte de Jesús, Peticionario.
    Solicitud de habeas corpus presentada al Juez Asociado Sr. Hutchison.
    Resuelto en agosto 15, 1914.
    Abogado del peticionario: Sr. Manuel Benitez Flores. Abogado del Pueblo: Sr. Jaime Sifre, Jr., .Fiscal interino del Tribunal Supremo.

   Denegada la solicitud por los motivos consignados en la opinión emitida por el Juez Aso-ciado Sr. Hutchison.

Este caso fué apelado por el peticionario para ante el Tribunal Supremo en pleno y está pendiente d.e resolución.


text:
    No. 57.
    Ex parte Moreno et al., Peticionarios.
    Solicitud de habeas corpus presentada al Juez Asociado Sr. Hutchison.
    Resuelto en septiembre 10, 1914.
    Abogado de los peticionarios: Sr. Garlos Buitrago. Abogado del Pueblo: Sr. Santiago Vivaldi, Fiscal.

   Declarada con lugar la soli-citud ordenando la inmediata libertad de los peticionarios, por haberse demostrado que la orden para mostrar causa por la cual no debieran ellos ser castigados por desacato por perjurio fué expedida después de dictarse la sentencia en el caso principal de El Pueblo v. Rafael Ortiz et al., por turbar la paz y teniendo en cuenta la jurisprudencia sentada en los casos de El Pueblo v. Valcourt, 18 D. P. R., 484; El Pueblo v. Guzmán, 18 D. P. R., 836; y El Pueblo v. Silva, 19 D. P. R., 277.


text:
    No. 706.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acuasdo y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por seducción. Mo-ción del apelante desistiendo de la apelación.
    Resuelto en noviembre 2, 1914.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco González. Abogado del Pueblo: Sr. Jaime Sifre, Jr., Fiscal interino.

   Se tiene por desistido al apelante de dicha apelación.


text:
    No. 1226.
    González, Demandante y Apelado, v. Sucesión González, Demandada y Apelada, y Vilella, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ma-yagüez en un procedimiento sumario hipotecario. Moción del apelante desistiendo de la apelación.
    Resuelto en noviembre 2, 1914.
    Abogado del demandante: Sr. Leopoldo Feliú. Abogado del opositor: Sr. Guillermo H. Moscoso.

   Se tiene al apelante por desistido de la apelación.


text:
    No. 1225.
    Ex parte Urriza, Peticionaria y Apelante, v. Negrón, Opositora y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en un procedi-miento de administración judicial de los bienes del finado Mariano Villanúa. Moción del apelante desistiendo de la apelación.
    Resuelto en noviembre 2, 1914.
    Abogados de la apelante: Sres. Alvarez Nava dk Domínguez. La parte ape-lada no compareció.
   Se tiene por de-sistida a la apelante de dicba apelación.


text:
    No. 1224.
    Ex parte López, Peticionario y Apelado, v. Rico, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un procedimiento de declaratoria de herederos. Moción de la parte apelante desistiendo de la apelación con el consentimiento de la apelada.
    Resuelto en noviembre 2, 1914.
    Abogado del apelado: Sr. José Sabater. Abo-gado del opositor: Sr. Angel A. Vázquez.

   Se tiene por desistido al apelante de dicba apelación.


text:
    No. 1227.
    Coll, Demandante y Apelado, v. Mestres Hermanos et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación proce-dente de la Corte de Distrito de Arecibo en un caso sobre reivindicación y otros extremos. Moción del apelado para que se desestime la apelación.
    Resuelto en noviembre 5, 1914.
    Abogado del apelado: Sr. Antonio Lens Güeña. Abogado de los apelantes: Sr. Santiago B. Palmer.

   Desestimada la apelación por incumplimiento del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por ley No. 70 de marzo 9,1911..


text:
    No. 1228.
    Giuliani, Demandante y Apelante, v. Janer, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso de divorcio. Moción del apelado para que se desestime la apelación.
    Resuelto en noviembre 5, 1914.
   Desestimada la apelación por incumplimiento del artículo 229 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por ley No. 70 de marzo 9, 1911.

Abogado del apelante: Sr. Jacinto Texidor. El apelado compareció por escrito en nombre propio.


text:
    No. 1229.
    Figueroa, Demandante y Apelado, v. Fernandez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en un caso de reivindicación y daños y perjuicios. Moción del apelado para que se deses-time la apelación.
    Resuelto en noviembre 5, 1914.
    Abogados del apelado: Sres. G. Domín-guez Rubio y Francisco Navarro Ortiz. Abogado del ape-lante: Sr. Benigno Fernández García.

   Desestimada la apelación por incumplimiento del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por ley No. 70 de marzo 9, 1911.


text:
    No. 1187.
    Alfonzo, Demandante y Apelante, v. Rosso, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en un caso sobre restitución de bienes. Moción del apelado para que se desestime la apelación.
    Resuelto en noviembre 5, 1914.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael López Landrón. Abogado del apelado: Sr. Félix Santoni.

   Denegada la moción por baber radicado su alegato el apelante antes de que se discutiera la moción del apelado y teniendo en cuenta la jurisprudencia sentada en el caso de González v. Acha et al., 19 D. P. R., 1208.


text:
    No. 1171.
    Longpré et al., Demandantes y Apelantes, v. Wolff et al., Demandados y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 1a., en un caso sobre cancelación de hipoteca. Moción de los apelantes para sustituir una transcripción de autos certificada por los abo-gados por otra certificada por el secretario de la corte inferior.
    Resuelto en noviembre 6, 1914.
    Abogados de los apelantes: Sres. H. H. Scoville y Enrique Rincón. Abogados de los apelados: Sres. Alvarez Nava & Domínguez.

   Concedida la moción.


text:
    No. 709.
    No. 708.
    No. 707.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Garófalo, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Benítez, Acusado y Apelante.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Huma-cao en causas por acometimiento y agresión e infracción del artículo 370 del Código Penal.
    Resueltos en noviembre 6, 1914.
    Abogados del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal. Los acusados no com-parecieron.
   Confirmadas las sentencias apeladas.


text:
    Nos. 136, 135 y 133.
    Hernández, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitudes para que se expi-dan mandamientos de certiorari al Juez de la Corte de Dis-trito de Mayagüez.
    Resueltos en noviembre 6, 1914.
   Denegadas las solicitudes. El peticionario compareció en nombre propio. El demandado no compareció.


text:
    No. 1195.
    Serrano, Demandante y Apelado, v. Berdiel et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un caso sobre nulidad de ejecución hipotecaria y otros extremos. Moción del apelado para que se desestime la apelación.
    Resuelto en noviembre 9, 1914.
   Denegada la moción del apelado por haber radicado su ale-gato la parte apelante antes de la vista de la moción.

Abogado de los apelantes: Sr. Francisco Tarro, Capó. Abogado del apelado: Sr. Ramón Dapena.


text:
    No. 131.
    Hernández, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida manda-miento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Maya-güez.
    Resuelto en noviembre 10, 1914.
   Denegada la solicitud. El peticionario compareció por escrito en nombre propio. El demandado no compareció.


text:
    No. 1234.
    Cabrer, Demandante y Apelado, v. Blanch, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez, en un caso sobre cobro de cantidad de dinero. Moción de la parte apelada con la conformidad de la apelante para que se desestime la apelación.
    Resuelto en noviembre 11, 1914.
    Abogado del ape-lante: Sr. Luis Janer Landrón. Abogado del apelado: Sr. José Sabater.

   Desestimada la apelación por no ha-berse radicado la transcripción de autos.


text:
    No. 733.
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Fajardo, Acusado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por infracción de la ley de rentas internas. Moción del apelante desistiendo de la ape-lación.
    Resuelto en noviembre 12, 1914.
    Abogado del Pueblo :_/SV. Salvador Mestre, Fiscal. El apelado no compareció.
   Se tiene al apelante por desistido de dicha apelación.


text:
    No. 134.
    Hernández, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida manda-miento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Maya-güez.
    Resuelto en noviembre 16, 1914.
   Denegada la solici-tud. El peticionario compareció por escrito en nombre pro-pio. El demandado no compareció.


text:
    No. 732.
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Fajardo, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por infracción de la ley de rentas internas. Moción del.apelado para que se desestime la apelación, para acumular las dos apelaciones Nos. 732 y '733 y para suspender la vista de este caso.
    Resuelto en noviembre 17, 1914.
    Abogados del apelante: Sres. Robert Szold y Salvador Mestre, Fiscal. Abogados del acusado: Sres. Willis Sweet y Benjamin J. Horton.

   Denegada la moción en todas sus partes, ’menos en cuanto a la desestimaéión del recurso, sobre cuyo particular la corte se reserva dictar resolución cuando se decida el caso en definitiva.


text:
    No. 723.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Benítez et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción del .artículo 85 del Código Penal. Moción del apelante para corre-gir los autos.
    Resuelto en noviembre 18, 1914.
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal. Abogado de los apelantes: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

   Denegada la moción sin perjuicio' de acordar lo que proceda si se presen-tase nuevamente dicbo documento con la aprobación y certi-ficación del Juez sentenciador.


text:
    No. 717.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Santos, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Gutiérrez, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pellot, Acusado y Apelante.
    No. 716.
    No. 715.
    No. 714.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Maya-giiez en cansas por infracción de la Ley Electoral y por por-tar armas prohibidas la última.
    Resueltas en noviembre 19, 1914.
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal. Los acusados no com-parecieron.
   Confirmadas las sentencias apeladas.


text:
    No. 713.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Martínez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por daños maliciosos.
    Resuelto en noviembre 20, 1914.
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal. El acusado no compareció.
   Confirmada la sentencia ape-lada, pero modificándola en el sentido de que se condene al acusado al pago de $50 de multa y costas o en su defecto a un día de cárcel por cada dollar de multa que dejare de satis-facer, no debiendo exceder la totalidad de la prisión de 30 días.


text:
    No. 726.
    No. 719.
    No. 722.
    No. 721.
    No. 720.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Nary, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Mangual, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Valle, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Báez, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Aviñón, Acusado y Apelante.

      Apelaciones procedentes de.la Corte de Distrito de Maya-giiez en cansas por infracción de la Ley Electoral.
    Resueltos en noviembre 23, 1914.
    Abogado del Pueblo: Sr: Salvador Mestre, Fiscal. Los acusados no comparecieron.
   Confirmadas las sentencias-ape-ladas.


text:
    No. 1196.
    Gandía & Co., Demandantes y Apelados, v. Alonso, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en un caso sobre cobro de dinero. Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.
    Resuelto en noviembre 24, 1914.
    Abogado del apelado: Sr. Ontonio Suliveres. Abo-gado del apelante: Sr. Pedro Amado Rivera.

   Denegada la moción por baber presentado su alegato el apelante antes de que se discutiera la moción y teniendo en cuenta la jurisprudencia sentada en los casos de González v. Acha et al., 19 D. P. R., 1208; Alfonzo v. Rosso, decidido en noviembre 5, 1914.


text:
    No. 1242.
    Rodríguez et al., Demandantes y Apelados, v. Sucesión Virella et al., Demandados y Apelantes.
    Apela-ción procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en un caso de filiación y nulidad de testamento y otros extremos. Moción de los apelantes desistiendo de la apelación.
    Resuelto en noviembre 24, 1914.
    Abogado de los apelantes: Sr. Rafael Lopes Landrón. Los apelados no comparecieron.
   Se tiene a los apelantes por desis-tidos de su apelación.


text:
    No. 1243.
    Vela, Demandante y Apelado, v. Cruz et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 1a., en un caso sobre cobro de obligación declarada por sentencia. Moción del apelado-para que se desestime la apelación.
    Resuelto en noviembre 24 de 1914.
    Abogado del apelado: Sr. Artemio P. Rodrigues. Abogado de los ape-lantes: Sr. Ramón S. Pesquera.

   Desestimada la apelación por no haberse radi-cado en esta Corte la transcripción de autos.


text:
    No. 718.
    No. 725.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pecunia, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ortiz, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Maya-güez, la primera por infracción de la Ley Electoral y la se-gunda por desacato por perjurio;
    Resueltos en noviembre 24, 1914.
    Abogados del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal. Los acusados no com-parecieron.
   Confirmadas las sentencias apeladas.


text:
    No. 1186.
    Sucs. de L. Villamil & Co., S. en C., Demandantes y Apelantes, v. Solá, Demandado y Apelado.
    Apela-ción procedente de la Corte de Distrito de Humacao en un procedimiento sumario hipotecario. Moción de Celestino Sola para que se desestime la apelación por no habérsele notificado a él el escrito de apelación a pesar de ser parte realmente interesada.
    Resuelto en noviembre 24, 1914.
    Abogado de los apelantes: Sr. Hugh R. Francis. Abogado de Celestino Solá: Sres. Carlos Buitrago y José Martínez Dávila.

   Denegada por ahora la moción sin perjuicio de resolver la cuestión cuando el caso quede sometido a la decisión del tribunal, siguiendo la jurisprudencia establecida en los casos de Sucesión Igaravídez et al. v. Sucesion Gallart et al, 17 D. P. R., 1213; Sucesión Igaravídez v. Hubert Hnos., 20 D. P. R., 155; Caldelas v. Ramírez, 20 D. P. R., 33, y Uriza v. Negrón, decidido en noviembre 13, 1914.


text:
    No. 1177.
    Del Rosario et al., Demandantes y Apelantes, v. Rucabado et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gfuayama en nn caso de reivindicación. Moción de ambas partes para corregir los antos.
    Resuelto en noviembre 27, 1914.
    Abogados de los demandantes: Sres. Muños & Brown. Abogados de los demandados: Sres. Adolfo Dones y Damián Monserrat, Jr.

   Concedida la mo-ción.


text:
    No. 728.
    No. 729.
    No. 727.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ramírez, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Seda, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Arán, Acusado y Apelante.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Maya-güez en causas por infracción de la Ley Electoral.
    Resueltos en noviembre 30, 1914.
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal. Los acu-sados no comparecieron.
   Confirmadas las sentencias apeladas.


text:
    No. 1221.
    Soriano et al., Demandantes y Apelantes, v. Rexach et al., Demandados y Apelados.
    Apelación proce-dente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso de reivindicación y daños y perjuicios. Moción de los apelados para que se desestime la apelación.
    Resuelto en noviembre 30, 1914.
    Abogados de los apelantes: Sres. Luis Samalea Igle-

      sias y Henry G. Molina._ Abogados de los demandados: Sres. Bosch & Boto.

   Denegada la moción por haber presentado su alegato la parte apelante antes ele que se dis-cutiera la moción de la parte apelada y siguiendo la jurispru-dencia establecida en los casos de González v. Acha et al., 19 D. P. R., 1208; Alfonzo v. Rosso, decidido en noviembre 5, 1914, y Gandía & Co. v. Alonso, decidido en noviembre 24, 1914.


text:
    No. 735.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ochart, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en cansa por infracción del artículo 162 del Código Penal.
    Resuelto en diciembre 1, 1914.
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal. El acusado no compareció.
   Confir-mada la sentencia apelada.


text:
    No. 1244.
    Alonso, Riera & Co., Demandantes y Apelados, v. Riera, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de, San Juan, Sección Ia., en un caso sobre cobro de dinero. Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación por no haberse radicado la transcrip-ción de autos.
    Resuelto en diciembre 2, 1914.
    Abogado de la parte apelada: Sr. Jacinto Texi-dor. Abogado de la parte apelante: Sr. José Martines Bávila.

   Desestimada la apelación.


text:
    No. 736.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Monsegur, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por portar armas prohi-bidas.
    Resuelto en diciembre 10, 1914.
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal. El acusado no compareció.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 724.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rosario, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por delito contra la salud pú-Mica.
    Resuelto en diciembre 11, 1914.
    Abogado del Pneblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal. El acnsado no compareció.
   Confirmada la sen-tencia apelada.


text:
    No. 1249.
    Alonso, Riera & Co., Demandantes y Apelantes, v. Riera, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Ia., en nn caso sobre cobro de dinero. Moción de la parte apelante desis-tiendo de la apelación.
    Resuelto en diciembre 14, 1914.
    Abogado de la parte apelante: tSr. Jacinto Texidor. El apelado no compareció.
   Se tiene por desistida a la parte apelante.


text:
    No. 740.
    No. 741.
    No. 743.
    No. 742.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Colón, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Santiago, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ramos, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Maya-g'tiez en cansas por delito electoral.
    Resueltos en diciembre 16, 1914.
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal. Los acusados no com-parecieron.
   Confirmadas las sentencias apeladas.


text:
    No. 1250.
    López et al., Demandantes y Apelantes, v. Saldaña et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente .de la Corte Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre nulidad de contrato, indemnización de daños y perjuicios y otros extremos. Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación por no haberse radicado la transcrip-ción de autos.
    Resuelto en diciembre 16, 1914.
    Abogado de la parte apelante: ¡Sr. Juan Gregory, Jr. Abogado de la parte apelada: Sr. Antonio Sar-miento.

   Desestimada la apelación.


text:
    No. 745.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vélez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez en cansa por portar armas prohibidas.
    Resuelto en diciembre 17, 1914.
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal. El acusado no compareció.
   Confirmada la sentencia ape-lada.


text:
    No. 1252.
    Rossy, Demandante y Apelado, v. Fernández, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre cobro de honorarios. Moción de la parte apelada para que se deses-time la apelación por no haberse radicado la transcripción de autos.
    Resuelto en diciembre 18, 1914.
    Abo-gado de la parte apelante: Sr. Luis Samalea Iglesias.

   Desestimada la apelación. El apelado compareció en nombre propio.


text:
    No. 1204.
    No. 1205.
    No. 1206.
    No. 1207.
    No. 1208.
    León, Demandante y Apelante, v. Hernández, Juez Municipal, Demandado y Apelado. Ayala, Demandante y Apelante, v. Hernández, Juez Municipal, Demandado y Apelado. García, Demandante y Apelante, v. Hernández, Juez Municipal, Demandado y Apelado. García, Demandante y Apelante, v. Hernández, Juez Municipal, Demandado y Apelado. Maldonado, Demandante y Apelante, v. Hernández, Juez Municipal, Demandado y Apelado. De Jesús, Demandante y Apelante, v. Hernández, Juez Municipal, Demandado y Apelado. Rodríguez, Demandante y Apelante, v. Hernández, Juez Municipal, Demandado y Apelado. Ramos, Demandante y Apelante, v. Hernández, Juez Municipal, Demandado y Apelado. Rodriguez, Demandante y Apelante, v. Hernández, Juez Municipal, Demandado y Apelado.
    No. 1210.
    No. 1214.
    No. 1215.
    No. 1216.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Ghia-yama en nn procedimiento de certiorari contra el Juez Municipal de Salinas, en nn caso sobre exclusión de electores. Mo-ciones de la parte apelada para que se desestime la apela-ción por no haberse radicado la transcripción de autos y por carecer de finalidad práctica el recurso.
    Resueltos en diciembre 21, 1914.
    Abogado de la parte apelada: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Desestimadas las apelaciones por las razones consignadas en la resolución dictada en el caso de Vega v. Hernández, resuelto en diciembre 21, 1914. Los apelantes no comparecieron.


text:
    No. 738.
    No. 739.
    No. 744.
    No. 746.
    No. 747.
    No. 748.
    No. 749.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Nogueras, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Mas, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Muñiz, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pérez, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ramos, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Matos, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cintrón, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera, Acusado y Apelante.
    No. 755.
    Apelaciones procedentes de las Cortes de Distrito de Ma-yagüez y Ponce en cansas por delito electoral.
    Resueltos en diciembre 23, 1914.
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal. Los acu-sados no comparecieron.
   Confirmadas las sentencias apeladas.


text:
    No. 372.
    Ex parte Besosa, Peticionario.
    Solicitud para que se apruebe la fianza notarial otorgada por la National Surety Company en junio 19, 1914.
    Resuelto en junio 22, 1914.
   Aprobada la fianza. El peticionario compareció en nombre propio.


text:
    No. 379.
    Ex parte Coballes, Peticionario.
    Solicitud para que se apruebe la fianza notarial otorgada por la National Surety Company en febrero 18, 1914.
    Resuelto en junio 24, 1914.
   Aprobada la fianza. El peticionario compareció en nombre propio.


text:
    No. 375.
    Ex parte Guzmán, Peticionario.
    Solicitud para que se apruebe la fianza notarial otorgada por la Fidelity & Deposit Company of Maryland en junio 20, 2914.
    Resuelto en junio 30, 1914.
   Aprobada dicha fianza. El peticionario compareció en nombre propio.


text:
    No. 419.
    Ex parte López, Peticionario.
    Solicitud para ■que se apruebé la fianza notarial otorgada por la National Surety Company.
    Resuelto en julio 7, 1914.
   Aprobada dicha lianza. ' El peticionario compareció en nombre propio.


text:
    No. 72.
    Ex parte Sucesión Amill, Peticionario.
    Expediente sobre cancelación de la fianza notarial hipotecaria constituida para garantir al Notario Don Luis Campillo Abrams, originado en la Corte de Distrito de San Juan, Sección 1a.
    Resuelto en agosto 14, 1914.
   Decretada la cancelación de la fianza notarial hipotecaria constituida por Don Antonio Amill Oramas por escrituras de 15 y 31 de marzo de 1902, otorgadas en la ciudad de Mayagüez ante el Notario Don Ramón Quiñones. La parte peticionaria compareció por es-crito en nombre propio.


text:
    No. 17.
    Ex parte Guzmán, Peticionario.
    Solicitud para que se apruebe la fianza notarial otorgada por la National Surety Company el 8 de septiembre de 1914 para garantir las funciones notariales del abogado Don José de Guzmán Benitez.
    Resuelto en septiembre 10, 1914.
   Aprobada dicha fianza. El peticionario compareció por escrito en nombre propio.


text:
    No. 156.
    In re Antonsanti, Notario Público.
    Solicitud de la National Surety Company para que se dé por terminada la fianza notarial No. 357 otorgada por dicha Compañía el 6 de abril de 1910, para garantir las funciones notariales del abogado Don Frank Antonsanti.
    Resuelto en septiembre 16, 1914.
   Se da por terminada dicha fianza a partir del 10 de noviembre de 1914. La National Surety Company compareció por medio de su agente general Sr. Harry F. Besosa.


text:
    No. 170.
    Ex parte Ramos, Peticionario.
    Solicitud para que se apruebe la fianza notarial No. 3098 otorgada por la National Surety Company el 27 de junio de 1914 para garan-tir las funciones notariales del abogatlo Don José C. Ramos cu sustitución de la fianza personal otorgada por los Sres. Ramón Córdova Díaz y Raimundo Rodríguez y Rodríguez por escritura No. 75 de febrero 28, 1908, ante el Notario de San Jtian Don Damián Monserrat Simó.
    Resuelto en septiembre 18, 1914.
   Aprobada dicha fianza. El peticionario compareció por escrito en nombre propio.


text:
    No. 64.
    Ex parte Picornell, Notario Público.
    Solicitud de la National Surety Company para que se dé por terminada la fianza, notarial No. 2107 otorgada por dicha compañía el 6 de enero de 1913 para garantir las funciones notariales del abogado Don Salvador Picornell.
    Resuelto en septiembre 28, 1914.
   Se da por terminada dicha fianza notarial a partir del 25 de noviembre de 1914. La National Surety Company compareció por medio de su agente general Sr. Harry P. Besosa.


text:
    No. 67.
    Ex parte Vallecíllo, Notario Público.
    Solicitud de la National Surety Company para que se dé por termi-nada la fianza notarial No. 3263 otorgada por dicha compa-ñía el 13 de junio de 1913 para garantir las funciones nota-riales del abogado Don Francisco Vallecillo.
   Se da por ter-minada dicha fianza a partir del 1o. de diciembre de 1914. La National Surety Company compareció por medio de su agente general Sr. Harry F. Besosa.


text:
    No. 231.
    Ex parte Feliú, Notario Público.
    Solicitud de la National Surety Company para que se dé por terminada la fianza notarial No. 451 otorgada, por dicha compañía el 15 de abril de 1910 para 'garantir las funciones notariales del abogado Don Leopoldo Feliú.
    Resuelto en octubre 1, 1914.
   Se da por terminada dicha fianza a partir del 1o. de diciem-lire de 1914. La National Surety. Compáriy compareció por medio de su agente general Sr. Harry F. Besosa.


text:
    No. 373.
    Ex parte Mas, Notario Público.
    Solicitud de la National Surety Company para que se dé por terminada la fianza notarial No. 2034 otorgada por dicha Compañía el. 20 de diciembre de 1912 para garantir las funciones notariales del abogado Don Félix C. Mas.
    Resuelto en octubre 1, 1914.
   Se da por terminada dicha fianza a partir del 1o. de diciembre de 1914. La National Surety Company compareció por medio de su agente general Sr. Harry F. Besosa.


text:
    No. 344.
    Ex parte Siaca, Peticionario.
    Solicitud .para que se' apruebe la fianza notarial otorgada por los fiadores Doña Carmen González de Siaca y Don Horacio S. Belaval por. escritura No. 159 otorgada ante el Notario Don .Juan de Guzmán Benitez en San Juan, el 19 de octubre de 1914, para garantir las funciones notariales del abogado .Don Ramóu Siaca Pacheco.
    Resuelto en octubre 20, 1914.
   Aprobada dicha fianza. El peticionario compareció por escrito en nom-bre propio. .’


text:
    No. 359.
    Ex parte Kelly, Peticionario.
    Solicitud para que se apruebe la fianza notarial otorgada por la Fidelity and Deposit Company of Maryland, el 26 de octubre de 1914, para garantir las funciones notariales del, abogado Don Daniel F. Kelly.
    Resuelto en octubre 27, 1914.
   Aprobada dicha fianza. El peticionario compareció por escrito en nombre propio.


text:
    No. 281.
    Ex parte Coll, Notario Público.
    Solicitud de la National Surety Company para que se dé por terminada la fianza notarial No. 1617 otorgada por diclia compañía el 14 de .mayo de 1914 para garantir las funciones notariales del abogado Don José Coll y Cuchí.
    Resuelto en noviembre 10, 1914.
   Se da por terminada dicha fianza a partir del 8 de enero de 1915. La National Surety Company compareció por medio de su agente general Sr. Harry F. Besosa.


text:
    No. 156.
    Ex parte Antonsanti, Peticionario.
    Solicitud para que se 'apruebe la fianza notarial otorgada por Don Salvador Suau y Doña Agustina Monroig el 9 de noviembre de 1914, por escritura otorgada ante el Notario Don Rafael F. Ferrer.
    Resuelto en noviembre 12, 1914.
   Aprobada dicha fianza. El peticionario compareció por escrito en nombre propio.


text:
    No. 386.
    Ex parte Fernández, Peticionario.
    Solicitud para que se apruebe la fianza notarial No. 3232 otorgada por la National Surety Company el 2 de septiembre de 1914 para garantir las funciones notariales del abogado Don José Y. Fernández.
    Resuelto en noviembre 13, 1914.
   Aprobada dicha fianza. El peticionario compareció por escrito en nombre propio.


text:
    No. 309.
    Ex parte Martínez, Notario Público.
    Solicitud de la National Surety Company para que se dé por terminada la fianza notarial No. 724 otorgada por dicha compañía el 9 de enero de 1911, para garantir las funciones notariales de Don José C. Martínez.
    Resuelto en noviembre 30, 1914.
   Se da por terminada dicha fianza a partir del 29 de enero de 1915. La National Surety Company compareció por medio de su agente-general Sr. Harry F. Besosa.


text:
    No. 231.
    Ex parte Feliú, Peticionario.
    Solicitud para que se apruebe la fianza notarial No. 3400 otorgada por la National Surety Company el 27 de noviembre de 1914, para garantir las funciones notariales del abogado Don Leopoldo Feliú.
    Resuelta en diciembre 2, 1914.
   Aprobada dicba fianza. El peticionario compareció por escrito en nombre propio.


text:
    No. 309.
    Ex parte Martínez, Peticionario.
    Solicitud para que se apruebe la fianza notarial otorgada por. la Fidelity and Deposit Company of Maryland el 3 de diciembre de 1914 para garantir las funciones notariales de Don José C. Mar-tínez.
    Resuelta en diciembre 4, 1914.
   Aprobada dicba fianza. El peticionario compareció por escrito en nombre propio.


text:
    No. 375.
    Ex parte Guzmán, Notario Público.
    Petición de la Fidelity and Deposit Company of Maryland para que se dé por terminada la fianza notarial otorgada por dicba compañía el 20 de junio de 1914 para garantir las funciones notariales del abogado Don Miguel G-uzmán y Texidor.
    Resuelta en diciembre 4, 1914.
   Se da por terminada dicba fianza a partir desde el 3 de febrero de 1915. La compañía peticionaria compareció por escrito por medio de su agente Sr. Joaquín N. Torres.


text:
    No. 277.
    Ex parte Sifre, Notario Público.
    Petición de la National Surety Company para qne sé dé por terminada la fianza notarial No. 454 otorgada por dicha compañía el 7 de abril de 1910 para garantir las funciones notariales del abogado Don Jaime Sifre, Jr.
    Resuelta en diciembre 17, 1914.
   Se da por terminada dicba fianza a partir desde el 16 de febrero de 1915. La compañía peticionaria compareció por escrito por medio de su agente Sr. Harry F. Besosa.


text:
    No. 322.
    Ex parte Buitrago, Notario Público,
    Petición de la National Surety Company para que se dé por terminada la fianza notarial No. 1033 otorgada por dicha compañía el 12 de ’junio de 1911 para garantir las funciones notariales del abogado Don Carlos ■ B. Buitrago. ■
    Resuelta en diciembre 24, 1914.
   Se da por terminada dicha fianza a partir desde el 23 de febrero de 1915. La compañía peticionaria compa-reció por escrito por medio de su agente Sr. Harry F. Besosa.


text:
    No. 287.
    Ex parte Martínez, Notario Público.
    Petición de la National Surety Company para que se dé por terminada la fianza notarial No. 648 otorgada por dicha compañía el 19 de octubre de 1910 para garantir las funciones notariales del abogado Don Rafael Martínez Alvarez.
    Resuelto en diciembre 28, 1914.
   Se da por terminada dicha fianza .a partir del 26 de febrero de 1915. La compañía peticionaria compa-reció por escrito por medio de su agente Sr.- Harry F. Besosa.


text:
    No. 136.
    Ex parte Rodríguez, Notario Público.
    Petición de la National Surety Company para que se dé por terminada la fianza notarial No. 2504 otorgada por dicha compañía el 9 de septiembre de 1913, para garantir las funciones nota-riales del abogado Don José C. Rodríguez Cebollero.
    Resuelta en diciembre 28, 1914.
   Se .da por terminada dicha fianza a partir del 26 de febrero de 1915. La compañía peticionaria compareció por escrito por medio de su agente Sr. Harry F. Besosa.


text:
    No. 193.
    Ex parte Nazario, Notario Público.
    Petición de la National Surety Company para que se dé por terminada la fianza notarial No. 575 otorgada por dicha compañía el 12 de agosto de 1910 para garantir las funciones notariales del abogado Don Amadeo Nazario Lugo.
    Resuelta en diciembre 28, 1914.
   Se da por terminada dicha fianza a partir desde del 26 de febrero de 1915. La compañía peticionaria compa-reció por escrito por medio de su agente Sr. Harry F. Besosa.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    De Jesús, Peticionario y Apelante, v. El Pueblo, Opositor y Apelado.
    ApelaoiÓN contra resolución del Hon. Juez Asociado Sr. HntcMson en nn recurso sobre habeas corpus.

    No. 705.
    Resuelto en enero 18, 1915.
    CAUCIÓN PARA NO TURBAR LA PAZ PÚBLICA-MANDAMIENTO DE 'PRISIÓN. — La forma del mandamiento de prisión en procedimientos sobre caución para no turbar la paz pública, se halla comprendida dentro de las prescripciones del artículo 70 del Código Penal, no siendo de aplicación en esos casos los pre-ceptos del artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
    Id. — Mandamiento de Prisión — Requisitos—Intención del Legislador. — No es necesario expresar en el mandamiento de prisión en procedimientos sobre caución para no turbar la paz pública, el motivo por el cual se expide el mandamiento, sino el requisito de que se ha exigido previamente al denun-ciado que prestase fianza para no turbar la paz, puesto que todo lo que la legislatura considera que necesariamente debe saber el alcaide, es el hecho de quedar el denunciado bajo su custodia por nó haber prestado fianza.
    Id. — Mandamiento de Prisión. — En los procedimientos sobre caución para no turbar la paz pública, no es necesario consignar en el mandamiento de prisión la amenaza específica hecha por el denunciado, por no exigirlo así el Código Penal.
    Id. — Acometimiento t Agresión con Circunstancias Agravantes — Altera-ción de la Paz Pública — Merged.—No se confundieron (merged) en los delitos de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes o por alteración de la paz pública, las amenazas hechas por el acusado al denun-ciante, de que iba a darle una puñalada y de que había de matarlo, aunque se dijera en la denuncia que trató de llevar a vías de hdclio su amenaza.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. Benítes Flores.

    Abog’ado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se exigió al apelante Candelario de Jesús que prestara una.fianza o caución para no turbar la paz pú-blica y no habiéndola prestado fué reducido a prisión por orden de la Corte Municipal de Eío Grande. El apelante presentó entonces una solicitud de habeas corpus al Juez Asociado de este tribunal Sr. Hutchison, ante quien tuvie-ron lugar todos los procedimientos en debida forma, habién-dose interpuesto esta apelación contra la orden dictada por él denegando la excarcelación del peticionario.

El peticionario alegó que la orden por la cual se decretó su encarcelación era nula por no haber sido dictada de con-formidad con las prescripciones de la sección 327 del Código ■de Enjuiciamiento Criminal que dispone lo siguiente:

‘ ‘ Cuando se haya dictado sentencia que no sea de muerte, se entre-gará en seguida una copia certificada del original al oficial que tenga la obligación1 de ejecutarla, y no será necesaria ninguna otra orden ni autorización para justificar o pedir la ejecución.”

En general el Código de Enjuiciamiento Criminal es su-pletorio del Código Penal. Resulta, sin embargo, que todo el procedimiento relativo a caución para no turbar la paz pública está comprendido en el Título VI del Código Penal, y la forma del mandamiento aparece expresada en la sec-ción 70, bajo el mismo capítulo del referido código, a saber:

“SECCIÓN 70. — Si se-prestare la fianza exigida de acuerdo con el precedente artículo, deberá ponerse en libertad al denunciado. Si dejare de prestarla, el juez de paz deberá disponer su encarcela-ción, especificando en el auto la necesidad de la fianza, el importe de ésta y la circunstancia de no haberse prestado. ’ ’

Como ha sido sugerido por el Juez Asociado Sr. Hutchi-son, la Legislatura fijó una forma de procedimiento para cuando hubiera de dictarse cualquier sentencia que no sea de muerte y otra para el caso de que el mandamiento que haya de librarse fuere por no prestarse la fianza para no turbar la paz. Las prescripciones de la 'sección 70 del Có-digo Penal impiden la consideración de los preceptos de la sección 327 del Código de Enjuiciamiento' Criminal cuando la cuestión que lia de considerarse se refiere al mandamiento de prisión por dejar de prestarse la fianza para no turbar la paz, pues la sección 70 es por sí completa y terminante.

El apelante también sostiene que no se cumplió con las prescripciones de la sección arriba transcrita. El error que se alega fué cometido, consiste en que el mandamiento de prisión debió expresar “la necesidad” que había para exi-gir al acusado que prestara fianza para no turbar la paz. El mandamiento en cuestión es como signe:

“En la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Río Grande, P. R. Estados Unidos de América. El Presidente de los Estados Unidos, S. S. El Pueblo de Puerto Rico v. Candelario de Jesús. Criminal Número 1789. ‘Caución para no turbar la paz pú-blica.’ Al Alcaide de la Cárcel de San Juan, Puerto Rico. Habién-dose en esta fecha dictado por mí una orden para que Candelario de Jesús pase a esa cárcel del distrito si dejare de prestar una fianza que por la suma de quinientos dólares ($500) se le señaló vigente por un período de seis meses y como no ha prestado tal fianza por no encontrar fiadores que respondan de las obligaciones de la misma, por lá presente se ordena a Y. lo reciba bajo su custodia por un pe-ríodo de seis meses, a partir desde la fecha de la presente y lo de-tenga, en tanto sea legalmente excarcelado, esto es cuando haya pres-tado lá fianza senaládale de acuerdo con el artículo 69 del Código Penal vigente. Fechado en Río Grande, P. R., 22 de julio de 1914. (Fir-mado) C. García de la Noceda, Juez Municipal de Río Grande, P. R.”

El Juez Asociado Sr. Hutchison llamó la atención acerca de la diferencia que existe entre el texto inglés y el caste-llano del artículo 70, siendo de opinión de que el error a que fué inducido el apelante fué debido a lo deficiente de la traducción. Las palabras en ingiés “specifying in the warrant the requirement to give security,” han sido tra-ducidas al castellano como sigue: “Especificando en el auto la necesidad de la fianza.” El apelante insiste en que el propósito de la ley es el de que en dicho auto debió expre-sarse cuáles eran las razones que se tuvieron en cuenta pri-meramente para ordenar a un acusado que prestara fianza para no turbar la paz; en otras palabras, el motivo por el cual se expide el mandamiento. Insiste también el apelante en el hecho de que no existe verdadera diferencia entre las palabras "necesidad” y “requirement” en inglés. En cnanto a esto el apelante lia sufrido un error. Las pala-bras (requirement) "requisito” y (necessity) "necesidad,” a veces son sinónimas, pero la palabra “requirement” puede, sin embargo; hacer referencia a algo que ya se ha ordenado que se cumpla sin que tenga relación alguna con el hecho de la "necesidad” que hay para ello, siendo este precisamente el caso de la sección 70.

Esto aparece un poco más claro de una consideración que hagamos de la sección precedente. La sección 69 prescribe "que si hubiere justo motivo para temer que se cometa el atentado, se exigirá a la persona denunciada una fianza O' caución,” como lo determina la referida sección. La sección 70, que sigue inmediatamente, dispone que si se dejare de-prestar la fianza, el juez de paz deberá, entre otras cosas,, especificar en el auto la necesidad- de la fianza; en otras, palabras, debe' especificar el juez que se ha exigido previa-mente al denunciado que preste fianza para no turbar la paz.. Todo lo que la Legislatura consideró que necesariamente de-bía .saber el alcaide era el hecho de quedar el denunciado bajo su custodia por no haber prestado fianza. En este caso el auto hacía referencia a la orden original por virtud de. la cual se le exigió la fianza expresando además que la fianza, exigida por el juez municipal no había sido prestada y se-denominaba “caución para no turbar la paz pública.” No-vemos ninguna razón por la que pueda alegarse que con este mandamiento no se informó ampliamente tanto al denun-ciado como al alcaide de la naturaleza de la orden de pri-sión. El Código Penal no exige que sea necesario consignar en la denuncia la amenaza especifica hecha por el denunciado-corno tampoco se requiere tal cosa en jurisdicciones que tie-nen estatutos semejantes. 5 Cyc., 1033.

La alegación que liac,e el apelante sobre los méritos del caso es la de que los hechos investigados por el juez municipal hubieran podido constituir nn delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, o una alteración de la paz pública; en otras palabras, que las amenazas hechas por el denunciado se confundieron con la verdadera comisión del delito. No se ha hecho alegación alguna de que el denun-ciado hubiera sido declarado culpable ni siquiera procesado por tal delito. Se acusó al denunciado por haberle dicho al denunciante en presencia de otras personas que iba a darle una puñalada, imputándosele además en la denuncia el hecho de haber tratado de realizar sus amenazas, manifestando a la vez que había de matar al denunciante. Esta es una clara y persistente amenaza y el denunciante tenía derecho a ser amparado por el Título VI del Código Penal. El hecho de que intentara el denunciado poner en práctica parte de sus amenazas hace más necesaria todavía la intervención de la justicia preventiva.

Debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.