text:
    Francisca García Aponte, Etc., demandantes y apelantes, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Lic. Emigdio S. Ginorio y Alberto E. Lugo, demandados y apelados.
    Núm. 6967.

    Sometido: Marzo 13, 1936.

    Resuelto: Febrero 26, 1937.

      L. Santiago Carmona, abogado de los apelantes; Son. Procurador General B. Fernández García y T. Torres Pérez, Subprocurador, abogados del Registrador apelado; Manuel Cruz Orta, abogado del apelado Sr. Lugo.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso en que el registrador de la propiedad se negó a acceder a cierta petición de los apelantes. El re-gistrador fué de opinión que cualesquiera correcciones que en sus libros pudieran Facerse requerirían la intervención de la corte de distrito. En su consecuencia los apelantes- radi-caron un pleito contra el registrador' de la propiedad. La Corte de Distrito de San Juan fué del criterio de qué el único remedio que tenían los apelantes era un recurso guber-nativo para ante este tribunal, y citó el caso de Meléndez v. Cuchí, 15 D.P.R. 658. Ese caso tan sólo resolvió que no procedía un mandamus contra un Registrador por negarse a ins-cribir una sentencia, toda vez que existía un remedio claro y adecuado en el curso ordinario de la ley, o sea, el recurso gubernativo. No resolvimos que un remedio extraordinario excluía un remedio ordinario; ni tampoco decidimos que un recurso gubernativo debe preferirse a un pleito ordinario ante la corte de distrito. Todo lo contrario es lo cierto cuando ban deshacerse correcciones en el registro de la pro-piedad, bien sea por defectos que son aparentes en el re-gistro, o por algún otro motivo. Siempre hemos sido de opi-nión de que por regla general cualquier cosa que pueda ha-cerse mediante un recurso gubernativo para corregir los asientos del registro puede lograrse mediante un pleito entre las partes mismas o por una de ellas contra el registrador. En un caso adecuado, las personas que tengan intereses opuestos, de ser conocidas, deben incluirse como partes.

En este caso los apelantes eran los dueños de una se-gunda hipoteca sobre una finca y de una primera hipoteca sobre la casa en ella construida, de aceptar como ciertos los hechos de la demanda. El deudor cayó bajo la jurisdicción de la corte federal por razón de su quiebra. El juez de quiebras (referee in bankruptcy) ordenó la venta de las fin-cas hipotecadas libres de todo gravamen y los bienes fueron así vendidos. Fué tan sólo entonces, según la demanda, que se notificó a los demandantes de la propuesta confirmación de la venta. Se quejan de que no fueron notificados de los procedimientos originales habidos para la venta de la pro-piedad. La venta fué confirmada y el juez de quiebras or-denó la cancelación de las hipotecas a que se ha hecho re-ferencia en este caso, orden que fué debidamente inscrita. Entonces los apelantes solicitaron del registrador que reins-talara en los libros del registro sus créditos hipotecarios.

' Somos del criterio de que los Lechos deben ser investi-gados por la corte de distrito y a menos qne se presenten 'Otras defensas adecuadas, debe darse a las partes la oportu-nidad de corregir los asientos.

' • Tenémos algunas dudas con los apelantes respecto a si el procedimiento en la corte federal quedó completo, no es-tando los apelantes notificados de la venta antes de efectuarse lá misma, conforme ellos indican en su alegato. También te-ntemos algunas dudas respecto al procedimiento en la corte federal a virtud del cual se vendió o trató de vender esta pro-piedad.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinion.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron. .


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor C ordo va Dávila

license: Public Domain

text:
    Domingo Velasco & Co., demandante, apelada y apelante, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado, apelante y apelado.
    Núm. 7007.

    Sometido: Abril 17, 1936.

      Resuelto: Febrero 26, 1937.

      Son. Procurador General B. Fernandes, García y B. Gordovés Arana, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante y apelado; J. J. Ortiz Alibrán, abogado de la apelada y apelante.
   El Juez Asociado Señor C ordo va Dávila

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, Domingo Velasco & Co., rindió una de-claración de ingresos por el período contributivo compren-dido entre 30 de octubre de 1926 y 13 de enero de 1928, decla-rando un ingreso neto montante a $4,118.81. Como la ley le concede una deducción de $5,000, de acuerdo con esta decla-ración la sociedad referida no tuvo que satisfacer contribu-ción alguna. No obstante, en 2 de agosto de 1928 el Teso-rero de Puerto Eico le impuso una contribución por defi-ciencia montante a $980.21, tomando en cuenta su ingreso neto durante el período comprendido entre 30 de octubre de 1926 y 31 de octubre de 1927. Por el período restante, o sea basta el 13 de enero de 1928, estimó el Tesorero que la de-mandante babía sufrido una pérdida neta.

Esta actuación del Tesorero fué confirmada por la Junta de Revisión e Igualamiento, ante la cual acudió en alzada la sociedad mencionada. La referida contribución, ascendente a $1,284.64, incluyendo los recargos por no haberse satisfe-cho oportunamente, fné pagada bajo protesta.

Para reclamar dicha suma se inició la presente acción. Se alega que el Tesorero no dedujo del ingreso que tuvo la demandante durante el período comprendido entre octubre 30, 1926, y octubre 31, 1927, los sueldos pagados a sus em-pleados y que por el contrario dedujo la totalidad de esos sueldos del ingreso de los dos meses y días restantes.

Se hace la -misma alegación con respecto a. una deuda que aparece consignada en los libros como no cobrable en 15 de enero de 1928.

La corte de distrito declaró con lugar la demanda en cuanto a los sueldos, y sin lugar en cuanto a la cuenta no co-brable, ascendente a $6,345.56. Concedió intereses legales desde la fecha en que se hizo el pago bajo protesta. No con-formes con la sentencia de la corte a quo ambas partes ape-laron para ante este tribunal: la demandante por el pronun-ci'añiiento de la corte inferior en cuanto a la suma declarada como no cobrable, y el demandando en cuanto a los pronún-ciá'mieñtos que se relacionan con los sueldos de los emplea-dos y con los intereses.

Es cierto que los sueldos que se le pagaron a los empleados durante el año en que se impuso la contribución aparecen consignados en los libros de la demandante en el mes de enero de 1928; pero ya esta corte ha resuelto que las entradas- en los libros no son terminantes y que la determinación del ingreso neto tributable descansa en hechos ciertos y no en teorías, tecnicismos o entradas en libros de contabilidad. Loíza Sugar Co. v. Domenech, 44 D.P.R. 556.

Exi el presente caso se demostró que los servicios se pres-taron y que los sueldos se devengaron y pagaron durante todo el año contributivo. No importa que tales sueldos se carga-sen en los libros en el año-1928. La verdad es que se pres-taron servicios durante el período comprendido' entre octtt-bre 30 de 1926 y octubre 31 de 1927, y que la deducción de los sueldos de los empleados debió hacerse en el período en que esos servicios fueron prestados.

En cuanto a los intereses, sostiene el Tesorero que no debieron concederse desde la fecha del pago bajo protesta de la contribución ilegalmente cobrada, sino desde el momento en que se radicó la demanda. Esta alegación está basada en la Ley núm. 8 de 19 de abril de 1927 (pág. 123), que trata en términos generales sobre el pago bajo protesta. Dispone esta ley que los intereses se deben computar desde la fecha de la radicación de la demanda. La demandante, por el contrario, cita el artículo 79 de la Ley núm. 74 de 1925 (pág. 401), que trata específicamente de las contribuciones sobre ingresos y dispone que los intereses se pagarán desde la fecha en que se satisfizo la contribución ilegalmente cobrada. La obligación de satisfacer intereses es un precepto de carácter sustantivo. A nuestro juicio, debe aplicarse en este caso la ley especial de 1925, que dispone que los intereses se abonarán y pagarán desde la fecha en que la contribución fuese pagada. Véase P. R. Fertilizer Co. v. Domenech, Tesorero, 50 D.P.R. 405.

Hemos resuelto los dos errores atribuidos a la corte inferior por la parte demandada. Pasamos ahora a resolver el recurso interpuesto por la demandante.

Se alega que la corte inferior incurrió en error al no dictar pronunciamiento alguno sobre la cuenta de Miguel Ocejos en cuanto a si debía deducirse en el período de’ doce meses o en el período de dos y medio meses, y al no deducir del ingreso bruto en el período de doce meses comprendido entre noviembre 1°., 1926, y octubre 31, 1927, la referida cuenta de Miguel Ocejos.

La prueba de la demandante demuestra claramente que la íeferida cuenta se consideró perdida durante el año 1926, y que no obstante' se hizo una entrada en los libros reduciendo dicha cuenta en un 25 por ciento.

El testigo Luis Menoyo, contable de la firma demandante, declaró “que en el año 1926, a principio del año, al cerrarse los libros, la cuenta de Miguel Ocejos, que montaba a $8,460.75 en aquel año, estaba perdida completamente, porque ya no existía la casa comercial de Miguel Ocejos, y se decidió echar un 25 por ciento a las pérdidas de las cuentas y por eso es. que aparece luego con $6,300.”

La declaración de este testigo, producida por la propia demandante, demuestra que para el año 1926, al cerrarse los libros de la sociedad, esta cuenta fue considerada completa-mente perdida. La única explicación ofrecida por el conta-ble de la demandante para no haber echado a ganancias y pérdidas la referida cuenta al cerrarse los libros a principios de 1926, es que “no se quería que apareciera un inventario, tan raquítico en ese año.” A raíz de ofrecer esta explica-ción dice el testigo que cuando se hizo el inventario de ese año, ya Miguel Ocejos era un deudor insolvente y que la firma en esa época consideró la cuenta como incobrable.

En nuestro sentir, si ésta era la verdad, la referida cuenta debió haber sido eliminada de los libros en aquella fecha. Sostiene la demandante que el Tesorero está.impedido ,de. oponerse a la inclusión del 75 por ciento de la cuenta" en el próximo año contributivo por haber aceptado la referida de-ducción. El Tesorero, a nuestro juicio, no está obligado a investigar si una cuenta vale más o menos de lo que alega el contribuyente, ya que tiene que suponer que el propio con-tribuyente tendría interés en excluir toda la cuenta, a menos que tenga algún propósito especial para arrastrarla, estando Completamente perdida, por varios años en sus libros. La explicación que ofrece la demandante para justificar su ac-tuación no resulta satisfactoria. No es posible admitir que un contribuyente pueda reservarse una cuenta totalmente perdida, sin declararla en un año determinado, para evitar que el balance del negocio aparezca “raquítico”. El contri-buyente no puede determinar a su arbitrio el año en que ha de deducir las deudas que carecen en absoluto de valor. Su deber es hacerlo en la fecha en que esa cuenta se considere incobrable. El Tesorero, al aceptar la deducción, partió de la base de que la demandante le estaba diciendo la verdad, es decir, que el valor de la cuenta había sido reducido en un 25 por ciento en la fecha en que se hizo la declaración. Si más tarde se demuestra que no fue ésa la realidad, es decir, que esa cuenta había perdido por completo su valor en los momentos de hacerse la deducción parcial, el hecho de que el Tesorero haya confiado en la buena fe del contribuyente y en la veracidad de la información, no puede considerarse como una aceptación de carácter obligatorio para dicho fun-cionario público. No consiente el Tesorero, asumiendo, sin aceptarlo, que pudiese consentir, cuando en virtud de una in-formación errónea acepta la deducción parcial de una cuenta que según la prueba del propio contribuyente, practicada dos años más tarde, resulta que se consideraba totalmente per-dida en la fecha en que se hizo esa deducción parcial.

En el caso de Avery v. Commissioner, 22 F. (2d) 6, la Corte de Circuito de Apelaciones del Quinto Circuito se ex-presó así:

“La Ley ele Rentas de 1918 (40 Stat. 1057), que rige en el pre-sente caso, permite que el contribuyente, al computar su ingreso neto, deduzca las deudas que resultan incobrables y que se hayan elimi-nado durante el año contributivo.' La interpretación razonable de la ley es que para poder conseguir la deducción de deudas incobrables, éstas deben ser eliminadas en los libros dentro del año en que se tiene conocimiento que no tienen valor. Se presume que un indivi-duo sabe lo que una persona razonable debería saber de los hechos que tiene ante su consideración. No debe permitirse que un contri-buyente cierre los ojos ante lo obvio, y que lleve en sus libros, como buenas, cuentas que en realidad no tienen valor, y deducirlas enton-ces en un año subsiguiente a aquél en que debe presumirse que tuvo conocimiento de que eran incobrables. El hacerlo así le permitiría dejar de hacer deducciones en sus años menos prósperos, cuando és-tas tendrían poco efecto en reducir sus contribuciones, y entonces, en cualquier tiempo posterior, acumularlas con detrimento al fisco. Esto invalidaría el fin y propósito que persigue la ley.”

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cristóbal Dávila, acusado y apelante.
    Núm. 6160.

    Sometido: Noviembre 20, 1936.

      Resuelto: Febrero 26, 1937.

      M. Guzmán Texidor, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

Cristóbal Dávila, acusado de dedicarse. ilegal y volunta-riamente al negocio de café de Puerto Rico sin exhibir en su establecimiento el letrero o rótulo exigido por la ley, fue declarado culpable y condenado a pagar $25 de multa o en su defecto a extinguir un día de cárcel por cada -dólar que dejase de satisfacer.

El artículo 4 de la Ley núm. 3, de 11 de junio de 1935 ((2) pág. 47), que se considera infringido, dice, en lo perti-nente, así:

“A partir de la aprobación de esta ley, todo importador, trafi-cante o torrefactor de café de Puerto Rico deberá fijar en su esta-blecimiento o sitio de negocio un letrero en el que debajo del nombre o razón social diga ‘Traficante en café de Puerto Rico’, según fuere el caso.”

Las infracciones a esta ley constituirán un delito menos grave y podrán castigarse con una multa de $25 a $500, o un día de cárcel por cada dólar de multa que se deje de sa-tisfacer.

Formuló el acusado excepción perentoria a la acusación, alegando que la misma no imputa delito alguno. Se arguye que no se alega en la referida acusación que el acusado sea importador, traficante o torrefactor de café. La corte inferior declaró sin lugar la excepción perentoria. A juicio del acusado lia debido declararse con lugar la referida excepción oportunamente formulada.

Es verdad que en la denuncia no se usa la frase “trafi-cante de café”, pero se alega que el acusado se dedicaba al negocio de café de Puerto Pico.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Es-pañola, se llama traficante a la persona que trafica o comer-cia. Traficar, según el mismo diccionario, es “comerciar, ne-gociar con el dinero y las mercaderías, comprando o ven-diendo, o con otros semejantes tratos.” N-egociar, es “tra-tar y comerciar, comprando y vendiendo o cambiando géne-ros, mercaderías o valores para aumentar el caudal.” Ne-gocio, en una de sus acepciones, es “todo lo que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés.” Y ade-más, según el referido diccionario, negociación es. “la utili-dad o interés que se logra en lo que se trata, comercia o pretende. ’ ’

La ley autoriza al Comisionado de Agricultura y Trabajo para dictar aquellas reglas y reglamentos que no sean incompatibles con los términos de la ley, para la mejor ejecución de la misma. El reglamento promulgado por el Comisionado de Agricultura y Trabajo define la palabra traficante del modo siguiente:

“Toda persona que por sí, o por medio de sus agentes o emplea-dos, se dedique a la venta, cambio o permuta de café de Puerto Rico, extranjero o de Puerto Rico mezclado con café extranjero, en su es-tablecimiento comercial o fuera de él, o en cualquier sitio separado o en conexión con el mismo, será considerado como traficante, y como tal será tenido cuando poseyere para la venta, traspasare, cambiare o expusiere dichos artículos o cualquiera de ellos, a la venta pública, bien sea en su establecimiento comercial, o en cualquier sitio sepa-rado o en conexión con el mismo o para cualquier otro objeto.”

Las palabras que se incluyen en la acusación constituyen delito público, a nuestro juicio, tanto si nos atenemos a los términos claros del estatuto, como si acudimos al reglamento, que no puede estar en conflicto con la ley. El acusado se de-dicaba, según la acusación al negocio de café de Puerto Rico, sin exhibir en su establecimiento el letrero exigido por la ley. Es decir, el acusado se dedicaba a traficar con café de Puerto Rico, comprando o vendiendo el mismo, sin haber cumplido con los preceptos del estatuto. Es claro que de acuerdo con la ley un agricultor de café en Puerto Rico que vende y en-trega en el establecimiento de su finca café en ella producido, aunque esté dedicado al negocio de café de Puerto Rico, no incurre en delito alguno, porque la misma ley dice expresa-mente que “se entenderá que no es un traficante la persona que vendiere exclusivamente el café producto de su finca. ’ ’ Esta excepción, que a nuestro juicio confirma la regla general y constituye una defensa, no necesita ser alegada en la acusación.

Alega además el apelante que la prueba dejó de estable-cer la culpabilidad del acusado fuera de toda duda razonable. Hemos examinado cuidadosamente la evidencia aportada y no creemos que la corte inferior haya incurrido, al apreciar la prueba, en un error que justifique la revocación de su fallo.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Travieso disin-tieron.

OPINIÓN DISIDENTE

EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR TRAVIESO

Siento tener que disentir de la opinión de mis colegas.

En este caso se procesó a Cristobal Dávila, imputándole que ilegal y voluntariamente se dedicaba al negocio de café de Puerto Rico, sin exhibir en su establecimiento el letrero o rótulo dispuesto por la sección 4 de la Ley núm. 3 de 11 de junio de 1935. Dicha sección,, en lo pertinente, lee así:

“A partir de la aprobación de esta Ley, todo importador, trafi- . cante o torre fact or de café, en Puerto Rico, deberá fijar en su esta-blecimiento o sitio de .negocio, . ... un letrero ... en el que debajo del nombre o razónvsocial diga: . . . 'Traficante en Café de Puerto Rico,’ ... según fuere el caso.”

El acusado formuló excepción perentoria a la acusación, alegando que ésta no le imputada la comisión de delito al-guno, ni tampoco el de infracción a la Ley núm. 3, supra, toda vez que no se alega en ella que el acusado sea “impor-tador, traficante o torrefactor” dé café. La corte inferior declaró la excepción sin lugar, procedió a la vista del caso y condenó al acusado. Éste interpuso el presente recurso. '

La excepción perentoria estaba bien fundada. Todo acu-sado tiene derecho a que se le informe con precisión y cla-ridad del delito que se le imputa. Y ese derecho fué igno-rado en el caso de autos.

El propósito fundamental de la ley que se dice violó el acusado es perseguir y castigar la importación y venta de café extranjero en Puerto Rico, haciéndolo pasar como del país, engañando así al consumidor y desacreditando el pro-ducto de nuestra Isla. Es con ese fin que la ley impone al importador, que introduce café extranjero en la Isla; al tra-ficante, que se dedica a la venta, cambio o permuta de café en Puerto Rico; y al torrefactor de café en Puerto Rico, la obligación de informar al público acerca de la procedencia, del café que ofrece a la venta en sus establecimientos comer-ciales dentro de la Isla.

No se acusa al apelante de ser importador, ni tampoco torrefactor de café. Sostiene el fiscal, y con él la mayoría del tribunal, que las palabras “se dedicaba al negocio de café de Puerto Rico, sin exhibir en su establecimiento el letrero, o rótulo, etc.,” son suficientes para imputar al acusado la violación del estatuto, como “traficante” ilegal en café. En otras palabras, se sostiene que “dedicarse al negocio de café” y “traficar” o ser “traficante,” en café, tienen idéntica-sig-nificación. Y es sobre ese punto que el suscribiente se ve-obligado a disentir.

No es necesario recurrir a diccionarios o textos legales para encontrar la definición de lo que se entiende por trafi-cante, dentro dq la ley que comentamos. El Reglamento pro-mulgado por el Comisionado de Agricultura, y Trabajo, de acuerdo con las facultades que le confiere el artículo 12 de la Ley núm. 3 de 1935, dice:

“Traficante. — Toda persona que por sí, o por medio de sus agen-tes o empleados, se dedique a la venta, cambio o permuta de café de Puerto Rico, extranjero o de Puerto Rico o mezclado con café •extranjero, en su establecimiento comercial o fuera de él, o en cual-quier sitio separado o en conexión con el mismo, será considerado •como traficante, y como tal será tenido cuando poseyere para la wenta, traspasare, cambiare, o expusiere dichos artículos o cualquiera de ellos, a la venta pública, bien sea en su establecimiento comer-cial, o en cualquier sitio separado o en conexión con el mismo o para cualquier otro objeto.”

De acuerdo con la anterior definición, una acusación que dijera que el acusado se dedicaba a “vender,” o a' “cam-biar,” o a “permutar” café, de Puerto Rico o extranjero, dentro de su establecimiento comercial o fuera del mismo; o que alegara que el acusado poseía para la venta, o que tras-pasó, cambió o expuso café a la venta pública, en su estable-cimiento comercial, sin fijar el rótulo requerido por la ley, indudablemente sería suficiente para informar al acusado de que se le imputaba ser un “traficante” ilegal o de estar tra-ficando ilegalmente en café en Puerto Rico.

Se ve, pues, que lo que la ley persigue es el tráfico ilegal, y que la misma ley entiende que traficar en café es vender, cambiar, permutar, poseer para la venta, traspasar o expo-ner el café a la venta pública.

Las palabras “se dedicaba al negocio de café en Puerto Rico,” que se emplean en la acusación para describir el de-lito que se imputa al acusado, no implican necesariamente la comisión de ninguno de los actos que, de acuerdo con la ley que se discute, constituirían un tráfico ilegal o converti-rían al acusado en un “traficante” obligado a cumplir con los requisitos de dicha ley. Esas mismas palabras pueden usarse para describir situaciones o hechos que están fuera de los fines o del alcance de la ley. Es indudable que un agricultor de cafó en Puerto Rico, que vende y entrega en el establecí-miento de su finca el café en ella producido, está dedicado al negocio de café en Puerto Pico; y otro tanto puede de-cirse del comerciante que compra a nuestro agricultor el café que éste lia producido en su finca, para exportarlo a los mer-cados extranjeros. A uno y a otro podría acusárseles de es-tar “dedicados al negocio de café en Puerto Pico,” porque es indudable que el agricultor, al vender su café en el esta-blecimiento industrial de su finca y el “exportador” de café, al comprarlo, realizan un negocio. Pero no podría soste-nerse la acusación, toda vez que ni el “productor,” ni el “exportador,” ni el “comprador” de café están obligados a fijar el letrero o rótulo que requiere la ley.

La acusación formulada contra el apelante no describe delito alguno y por esa razón la corte inferior erró al decla-rar sin lugar la excepción perentoria.

Y no puede alegarse en este caso que las deficiencias de la denuncia fian sido subsanadas por la evidencia, pues el acusado impugnó a su debido tiempo la acusación.

Estoy autorizado por el Juez Wolf para consignar aquí que está conforme con esta opinión.

Debe revocarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Porto Rico Fertilizer Co., demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 6690.

    Sometido: Noviembre 2, 1936.

      Resuelto: Febrero 26, 1937.

      J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario, G. E. González,- G- Benitez Gautier j W. L., Butte,, abogados de la apelante; Hon. Procurador General B. Fernández García y R. Gordovés Arana, Procurador General Auxiliar, abogados del ap’elado; M. Acosta Velarde, como amicus curiae de la apelante.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la' opinión, del . tribunal.

Se ba solicitado la reconsideración de la sentencia dictada en este caso el 23 de julio de 1936 (50 D.P.R. 405).

Parece conveniente recordar que este recurso se resolvió primeramente por sentencia de noviembre 13, 1935, confir-mando la apelada y que fué la propia parte apelante la que pidió a esta corte que modificara “la opinión dictada en este caso sosteniendo que la doctrina sentada en los casos de American Colonial Bank of P. R. v. Gallardo, y Soto Gras v. Domenech no ba sido modificada en forma alguna; con-formando la opinión y sentencia en este caso con la doctrina establecida en los mencionados casos, o haciendo la distin-ción correspondiente, si ello fuere posible, entre la doctrina establecida en este caso y la doctrina establecida en dichos otros casos, con el fin de evitar graves confusiones en cuanto a la interpretación de la ley y la jurisprudencia aplicables y para evitar graves perjuicios a contribuyentes que de buena fe basta esta fecha han actuado y procedido en protección y defensa de sus derechos de acuerdo con lo resuelto por esta corte en los casos anteriormente citados.”

Dándose cuenta de la necesidad que existía de fijar' una regia clara, definitiva, sobre el particular, fué que la corte decidió reconsiderar como reconsideró su dicha sentencia de noviembre 13, 1935, y oír de nuevo a las partes como las oyó ampliamente por escrito y oralmente, oyendo además al amicus, curiae Mariano Acosta Velarde.

¥ fué a virtud de ese detenido estudio por parte de los abogados y la corte que ésta se confrontó al fin, con la cues-tión ineludible de un precepto de ley escrito en vigor al que debería darse eficacia, A ello se reduce en ultimo análisis toda la larga opinión de que aliora se queja la apelante. Fue a su propia instancia que la cuestión quedó definitivamente esclarecida, a fin precisamente de que no continuaran causán-dose los perjuicios a que se refiere la dicha parte apelante en su moción de reconsideración.

Nos dimos cuenta de la dificultad del problema al encon-trarlo resuelto en sentido contrario por la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, y así lo expusimos en la indicada opinión. 50 D.P.R. 405, 417.

Sostiene ahora la parte apelante que la decisión de la Corte de Circuito constituye una regla de stare decisis que debe ser aceptada y seguida. Así podría ser pero no lo es a nuestro juicio bajo las circunstancias que concurren.

En primer lugar el tiempo transcurrido es muy breve para que surja una regia de stare decisis inatacable, en se-gundo lugar la Corte de Circuito actuó siguiendo las deci-siones de esta propia Corte Suprema en una forma que no revela convicción propia sino deferencia al tribunal local, y en tercer lugar se trata de una cuestión de ley escrita que una vez depurada no admite interpretación. Los tribunales no tienen la potestad de legislar.

Debe negarse la reconsideración solicitada.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Justino Pacheco, acusado y apelante.
    Núm. 6320.

    Sometido: Marzo 5, 1937.

      Resuelto: Marzo 5, 1937.

      Joaquín Velüla, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

El 11 de septiembre, 1936, el acusado por su abogado pre-sentó ante esta corte una moción de nuevo término.

Alegó que babía sido declarado culpable del delito de ase-sinato en segundo grado, habiéndosele impuesto diez años de presidio; que no conforme con la sentencia apeló de la misma para ante esta Corte Suprema el 4 de. agosto de 1936; que el 11 de agosto solicitó de la corte sentenciadora que ordenara al taquígrafo que intervino en la vista que preparara la trans-cripción de la evidencia de oficio por ser pobre el acusado; que no fué notificado de la resolución que recayera a su peti-ción, no obstante haber sido resuelta favorablemente el propio 11 de agosto de 1936; y que habiendo por tal motivo transcu-rrido el término de ley para que el taquígrafo dejara radicada la transcripción, solicitaba de esta corte un nuevo término de treinta días para hacerlo.

Se oyó al fiscal. Sucedió que dicho fiscal había sido el juez que dirigió el juicio. Hizo constar ese hecho que lo lle-vaba a adoptar una actitud favorable a que se brindaran al apelante todas las oportunidades de ley, y no se opuso a la solicitud, sugiriendo' sin embargo que el término que se con-cediera lo fuera con carácter de único.

La corte concedió un nuevo término hasta el 4 de diciembre de 1936. El 4 de diciembre solicitó el apelante una prórroga de 30 días. Le fue concedida. El 4 de enero de 1937 solicitó el apelante otra prórroga de treinta días. Le fué concedida. El 3 de febrero de 1937 solicitó el apelante otra prórroga de treinta días. Le fué concedida. Y hoy, 5 de marzo de 1937 en que vence, vuelve a pedir otra prórroga basándose en que el taquígrafo según le ha informado no ha tenido tiempo por sus otros trabajos de preparar la transcripción. Pide a esta corte que dicte cualquier providencia que garantice el cum-plimiento de su deber por parte del taquígrafo.

La dilación es ya seria en verdad. Un acusado que fué juzgado por un jurado y condenado por la corte por un de-lito grave se encuentra seguramente en libertad provisional desde hace más de siete meses. Esa situación no debe con-tinuar a menos que esté verdaderamente justificada.

A los efectos de indagar sobre esa justificación, se conce-derá al acusado basta el 11 de marzo actual a fin de que pre-sente nn affict/(wit sobre los méritos de su apelación entre-gando copia del mismo al fiscal quien tendrá basta el 15 de marzo para informar lo que juzgue procedente sobre el particular. Si el tribunal encuentra que los méritos son sufi-cientes, concederá la prórroga que se pide, negándola de otra suerte.


author: El Juez Peesidente SeñIob Del Tobo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Agostini (a) Yiyi, acusado y apelante.
    Núm. 6560.

    Sometido: Marzo 5, 1937.

      Resuelto: Marzo 5, 1937.

      J. Esteves Gómez, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Peesidente SeñIob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Bamón Agostini (a) Yiyi fué acusado por el fiscal el 21 de enero de 1936 por un delito de portar armas prohibidas, cometido como sigue:

“El referido acusado Ramón Agostini (a) Yiji, allá en o por el -día 11 de enero de 1936, en Añasco, que forma pa-rte del Distrito Judicial de Mayagüez, P. R., ilegal, voluntaria y maliciosamente, portaba sobre su persona, para fines de ofensa y defensa, un puñal, que es un arma mortífera, con el cual se puede causar daño corporal. .¡ ... i

El 24 de enero de 1936 se leyó la acusación al acusado ale-gando éste que no era culpable. Se señaló el juicio para enero 31, 1936. Se celebró practicándose prueba de cargo y de descargo. Basándose en el resultado de la misma, la corte dictó sentencia condenando al acusado a sufrir seis meses de cárcel. El 3 de febrero de 1936 el acusado apeló fijándosele una fianza de $500 para permanecer en libertad provisional.

El 12 de febrero de 1937, o sea, más de un año después de interpuesta ía apelación, el secretario de la corte de distrito certificó y elevó a esta Corte .Suprema la transcripción que únicamente contiene la acusación, el acto del arraignment, la sentencia, 'el escrito de -apelación y la orden -sobre fianza— cuatro páginas en maquinilla.

Dicba transcripción fué archivada en este Corte Suprema el 3 3 de febrero último y hoy -al vencerse los veinte días que la ‘ley concede al apelante para presentar su alegato, dicho apelante comparece por -medio de su abogado y pide una pró-rroga de treinta días. El único motivo que se alega para so-licitar dicha prórroga es el de que “las múltiples ocupaciones tanto legislativas como profesionales” han impedido al abo-' gado del apelante preparar e‘1 documento.

A virtud de los hechos que dejamos expuestos no podemos comprender cómo por múltiples que sean las ocupaciones pro-fesionales y legislativas del abogado, no ha podido formular Su alegato en los veinte días que concede la ley contados a partir de la fecha en que la transcripción quedó archivada en -esta Corte Suprema.

No es para dilatar la ejecución de la sentencia que la ley concede el derecho de apelación. Es para garantizar a los acusados la corrección de errores que puedan haberse come-tido al dictarse sentencia contra ellos.

Basta un somero examen de los autos para -concluir que se trata, prima facie, de una sentencia justa y que la apela-ción se interpuso con el mero propósito de dilatar su ejecu-ción. Sin embargo, daremos ‘a:l acusado una oportunidad para destruir la presunción. En tal virtud se le concederá hasta el 15 de marzo actual para renovar su petición de pró-rroga alegando en ella el motivo fundamental que pueda tener para pedir la revocación de la sentencia. Si tal motivo sa-tisface a esta corte, su discreción será ejercida concediendo la prórroga solicitada, o negándola de otra suerte.


text:
    Rafael Saurí, demandante y apelado, v. María Echevarría Viuda de Subirá, Concepción Subirá y su esposo Manuel A. Frau, y Providencia Subirá y su esposo Salvador Perelló, demandados y apelantes.
    Núm. 6915.

    Sometido: Diciembre 3, 1936.

      Resuelto: Marzo 5, 1937.

      Henry G. Molina y Gusta/uo Rodríguez, abogados de los apelantes; Leopoldo Tormes García, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

En 9 de enero de 1929 el demandante apelado radicó ante la Corte de Distrito de Ponce una demanda de deslinde, rei-vindicación y negatoria de servidumbre, alegando seis causas de acción. En la vista del caso el demandante solicitó per-miso para radicar una demanda enmendada que acompañó con la moción. Para evitar la suspensión de la vista, la corte se negó a admitir la aludida demanda enmendada, pero hizo constar que admitiría que luego se enmendara la de-manda original para ajustarla a la prueba.

Por estipulación de las partes la corte practicó una ins-pección ocular sobre el terreno antes de presentarse eviden-cia alguna. Practicada la prueba del demandante apelado, los demandados apelantes solicitaron que se declarase sin lugar la primera causa de acción de la demanda por no ha-berse presentado evidencia para sostenerla, y habiéndose allanado el demandante, la corte declaró con lugar dicha moción. Luego se enmendó la demanda original para ajus-tarla a la prueba. En esta demanda enmendada se alega como segunda causa de acción que las fincas Santa Cruz, de la propiedad del demandante, e Isabela, de la propiedad de los demandados, lindan entre sí; que la pieza de caña Sa-lichs, perteneciente a la finca Isabela, linda por el oeste con un camino privado perteneciente a la finca Santa Cruz, del demandante, y que la colindancia la marca el borde o arista este de una zanja que separa ambas fincas por esa parte. Como tercera causa de acción se alega que la aludida pieza Saliehs y la pieza Trapiche de Bueyes, pertenecientes a la finca Isabel, están separadas por el sur, de los terrenos de la finca Santa Cruz, por una zanja que corre de este a oeste y que la colindancia por esa parte es el borde o arista norte de dicha zanja. Como cuarta causa de acción se alega que la pieza de caña Pan de Azúcar, perteneciente a la aludida finca Isabela, de los demandados, está separada de los terré-nos de la finca Santa Cruz, del demandante, por el oeste, por una zanja que corre en dirección norte a sur, y que la colin-dancia por esa parte es el borde o arista este de dicha zanja. Como quinta causa de acción se alega que el camino municipal de Bucaná, al llegar a un punto esquina de la hacienda Santa Cruz del demandante, dobla a la derecha con dirección suroeste y atraviesa el río Bucaná por un puente de madera y luego termina en el mar, y que los demandados, confun-diendo maliciosamente dicho camino vecinal con un camino privado perteneciente a la finca Santa Cruz y alegando que éste es una continuación o parte de aquél, están usando y po-seyéndo el referido camino de la finca Santa Cruz para uso de la finca Isabela y que pretenden seguir usándolo como una servidumbre de paso.

Los demandados apelantes contestaron la demanda, ad-mitiendo algunos hechos y negando otros, alegando materia nueva de oposición a la demanda y aduciendo como defensa adicional que ellos y sus antecesores se encuentran y se han encontrado en posesión de las parcelas de terreno descritas en relación con la segunda, tercera y cuarta causas de acción, con justo título y buena fe, y en concepto de dueños, por más de treinta años no interrumpidos, por lo que dichas parcelas son hoy de su propiedad en virtud' de prescripción adquisiti-va de acuerdo con los artículos 1858 y 1860 del Código Civil.

Sometido el caso a la corte inferior, dicha corte declaró edn lugar la demanda en cuanto a la segunda, tercera, cuarta y quinta causas de acción. La sexta causa°de acción fué de-.clarada sin lugar por no haberse presentado evidencia en cnanto a ella durante la vista. No conforme con la sentencia, los demandados ban apelado para ante este tribunal, ale-gando en primer término que la Corte de Distrito de Ponce cometió error al apreciar la evidencia en el sentido de que la colindaneia en controversia entre las haciendas Isabela y .Santa Cruz es el borde este, norte y este, respectivamente, de las zanjas que transcurren por la colindaneia oeste y sur de la pieza Salichs, sur de la pieza Trapiche de Bueyes y oeste de la pieza Pan de Azúcar, en vez de ser el borde oeste, sur y oeste respectivamente de dichas zanjas.

El error apuntado cubre la segunda, tercera y cuarta causas de acción. Examinemos la prueba por ambas partes aportada en apoyo de las referidas alegaciones:

Jubo Torres Troche declaró que fue mayordomo en la hacienda Santa Cruz alrededor de siete años (de 1905 a 1911), y en la hacienda Isabela alrededor de dos años (de 1912 a 1913); que la pieza de caña Salichs, perteneciente a la Hacienda Isabela, bndaba, cuando él estaba allí, por el oeste con un camino llamado “La Gran Calle de Santa Cruz”, perteneciente a la hacienda del mismo nombre; que entre dicho camino y la hacienda Isabela había una zanja que corría en dirección norte a sur; que a lo largo del borde este de dicha zanja había una cerca; que hoy sólo quedan de dicha cerca los árboles que eran los antiguos espeques vivos; que esa zanja era utilizada por la hacienda Santa Cruz para desagüe y era bmpiada por los dueños de Santa Cruz. También de-claró que la aludida pieza Sabchs estaba separada por el sur, de la hacienda Santa Cruz, por una zanja de desagüe que corría de este a oeste; que sobre el borde norte de dicha zanja había una cerca. Finalmente declaró que al oeste de la pieza Pan de Azúcar, perteneciente a la Hacienda Isa-bela, y separándola de la hacienda Santa Cruz, había una zanja en dirección de norte a sur y que había una cerca en pedazos sobre el borde este de dicha zanja.

Julio- Ribas Salguero declaró que su padre- fué subarren-datario de la Hacienda Isabela por los años de 1906 a 1910; que dicho testigo atendía personalmente el cultivo de dicha hacienda; que su padre le indicó las colindancias de dicha finca; que su padre había aprendido dichas colindancias de un representante de la sucesión Oppenheimer; que la pieza Salichs lindaba por el oeste con un camino vecinal conside-rado de la Hacienda Santa Cruz; que al borde o arista este de una zanja que dividía dicha pieza del camino, había una cerca de espeques vivos y alambres. También declaró que la pieza Salichs estaba separada por el sur de los terrenos de la Hacienda Santa Cruz por una zanja; que a lo largo del borde norte de la zanja había una cerca, en parte destruida-, en parte buena. Finalmente declaró que por el lado oeste de la pieza Pan de Azúcar también había una cerca que la se-paraba de la finca Santa Cruz; que aquí también había en parte, por el borde este de dicha zanja, espeques y pedazos de cerca; que estas zanjas eran utilizadas por la hacienda Isa-bela para desagüe.

Modesto Quiñones Feliciano declaró que su hermano Víctor tuvo arrendada la hacienda Santa Cruz y que él la admi-nistró después del año- 1894; que luego fué inspector de ca-minos del municipio de Ponce desde el año 1924 hasta el año 1928; que- entre la hacienda Santa Cruz y la Isabela había por esa parte una zanja en dirección norte a sur a lo largo del camino de Rueaná, que entonces dobla hacia el este por el sur de las piezas Salichs y Trapiche de Bueyes y después dobla la Pan de Azúcar hacia el sur; que el lindero visible era una “palizada” de alambre con espeques vivos de árbo-les de zarcillo, guásima, higuera y almáeigo, que quedaba al este, norte y este respectivamente de dicha zanja.

Ramón María Roig declaró que es ingeniera y fué encar-gado por el apelado Sr. Saurí para- hacer un levantamiento de detalles de las colindancias entre las haciendas Isabela y Santa Cruz y declaró ampliamente explicando dicho plano, el que fué admitido en evidencia y marcado exhibit 8 del de-mandante.

Antonin Leandri (prueba de mbuttal) manifestó que era mayordomo de la hacienda Santa Cruz en la fecha del liti-gio; que había trabajado antes con don Oscar Oppenheimer en la hacienda Santa Cruz, primero como peón y después como mayordomo; que conoce las colindancias por .las cercas de alambre con palos prendidos y palos secos que hay allí; que a lo largo de la colindancia oeste de la pieza Salichs hay una cerca que tiene palos de jobo, palos de guásimas, palos de higuera y de zarcillo, por el borde norte de la zanja que separa dichas piezas de la hacienda Santa Cruz; que luego esa zanja dobla hacia el este por el sur de las dos piezas mencionadas hasta la pieza Pan de Azúcar y de ahí endereza de norte a sur y va hacia el mar; que la hierba de la zanja la cortaban los peones de Santa Cruz.

Hasta aquí la prueba del demandante. Pasemos a exa-minar la que aportaran los demandados sobre los particula-res cubiertos por el primer error.

Oscar Oppenheimer declaró que vendió la hacienda Santa Cruz al demandante Sr. Saurí; que conoce las colindancias de dicha hacienda desde que tiene uso de razón; que le indicó a Saurí que la colindancia entre ambas ñucas es el borde o arista oeste, sur, oeste de la zanja que las separa; que a lo largo del borde oeste, sur, oeste de la zanja había una cerca que ha sido cambiada por el demandante Saurí por conve-niencia; que al borde este, norte, este, hay unos palos viejos de zarcillo y guásimas, con unos alámbres donde se ve que existía una cerca, pero ésa no era la colindancia; que la lim-pieza de la zanja la hacía la hacienda Isabela y no la Santa Cruz; que antes de vender a Saurí no tuvo divergencias de clase alguna con los dueños de la Isabela en cuanto a las co-lindancias entre ambas fincas.

J. Otilio Milán declaró que fué administrador de la hacienda Isabela de 1912 a 1919 y entre la pieza Salichs y el camino había ima zanja; que la limpieza de la misma era hecha por la hacienda Isabela y nunca por la hacienda Santa Cruz; que se usaba la zanja para desagüe de la pieza Salichs y de la pieza que le quedaba arriba; que la zanja al sur de la pieza Salichs corría en dirección este y luego do-blaba hacia el sur; que esta zanja que corre hacia el sur era dedicada al desagüe y limpiada generalmente por la hacienda Isabela; que al entregarse la hacienda Isabela a los ape-lantes, se incluyeron las zanjas y las cercas.

Hipólito Vázquez declaró que trabaja con la sucesión Su-birá, atiende al riego y zanjas; que entre el camino Bucaná y la hacienda Isabela hay una zanja y que él la ha limpiado personalmente; que nunca ha trabajado en esa zanja por cuenta de la hacienda Santa Cruz; que la hacienda Isabela linda por el sur de la pieza Salichs con terrenos de la hacienda Santa Cruz y una zanja las separa; que ha trabajado en esa zanja por cuenta de la hacienda Isabela; que dicha zanja, después de seguir al este, dobla hacia el sur a lo largo del margen oeste de la pieza Pan de Azúcar; que en esta zanja al oeste de Pan de Azúcar ha trabajado por cuenta de la hacienda Isabela; que al borde este de la zanja al oeste de la pieza Salichs, había una empalizada con espeques de mangle, etc.; que al borde norte de la zanja al sur de la pieza Salichs había también una cerca; que en la zanja al oeste de Pan de Azúcar la cerca estaba al este y no al oeste de la zanja.

Después de un estudio detenido de estos testimonios y de los planos y fotografías presentados en evidencia por am-bas partes, la corte inferior llegó a la conclusión de que los árboles en línea a lo largo del borde o arista este, norte, este, de las respectivas zanjas que separan las referidas fincas de qué hablan testigos de ambas partes y que el juez vió en la inspección ocular que hizo sobre el terreno, son los espeques vivos’, con puntos de alambre, de la cerca de colindancia en-tre ambas haciendas. Cita la corte inferior el caso de Isales v. Maeso, 16 D.P.R. 791, donde se resolvió que al detétnfihar y fijar los linderos de nna finca, las líneas divisorias que resultan indicadas por objetos naturales deben aceptarse con preferencia a las que puedan resultar de cálculos- matemáti-cos, y si existe como lindero natural de las fincas una línea de árboles que por mucho tiempo ha sido considerada como li verdadera colindancia, y la preponderancia de la prueba se pronuncia en ese sentido, la corte inferior no comete error al designarla como lindero entre las dos fincas.

La corte inferior también declaró probados todos los hechos alegados en la quinta causa de acción de la demanda. Examinaremos ahora la prueba por ambas partes aportada sobre este particular.

J. Torres Troche declaró que el camino de Bucaná prin-cipiaba por la quinta del Lie. Salichs y al llegar al portón que está ahí colocado en la “Gran Calle de.la Hacienda Santa Cruz” (este camino fué observado por el juez de la corte inferior en la inspección ocular),- doblaba a la derecha y seguía a.1 río Bucaná hasta la central Constancia y luego llegaba al mar; que en 1905 había otro portón en la Gran Calle de la Hacienda Santa Cruz, un poco más arriba del que está hoy, y tenía un rótulo que decía “Prohibido el Paso”; que nunca oyó decir que la Gran Calle fuera un camino vecinal, y que él tenía órdenes de no dejar pasar a nadie por allí, sin permiso de don Oscar Oppenheimer.

Julio Ribas Salguero declaró que el camino de Bucaná llega hasta el portón principal de la hacienda Santa Cruz; que ese portón a él le parece que hoy no existe; que el ca-mino después se desviaba hacia el oeste, donde hay una lí-nea de ferrocarril (esta línea de ferrocarril fué observada por el juez en la inspección ocular); que lo que se llama la Gran Calle- de Santa Cruz no era un camino vecinal.

Modesto Quiñones Feliciano declaró que cuando fué inspector de caminos municipales tuvo que reparar el camino de Bucaná; que el camino llega hasta el portón de la hacienda Santa Cruz; que al llegar a ese portón el camino dobla a la-derecha donde está una vía de ferrocarril y de ahí sigue hasta la playa; que antes de llegar a la playa hay nn puente de madera en dicho camino al cruzar el río; que desde donde el camino de Bucaná dobla para la derecha lo que sigue para el sur es la Gran Calle que llamaban de la hacienda Santa Cruz.

Bamón María Boig declaró que es ingeniero y que fue en-cargado por el apelado Sr. Saurí para hacer un levantamiento de detalles de las colindaneias entre ambas haciendas. Con el plano a la vista declaró que para determinar los puntos hizo uso de las descripciones tomadas del registro de la pro-piedad y de unas escrituras que le suplió el abogado de dicho apelado; que hizo constar en el mapa el camino que separa la pieza Salichs de la hacienda Santa Cruz como pertene-ciente a esta última porque de los documentos que le sumi-nistraron no constaba que la hacienda Santa Cruz colinde por el este con un camino vecinal.

Pedro Clausells declaró que es agrimensor y levantó un: plano de la hacienda Santa Cruz hace más de veinte años, cuando esta finca pertenecía a doña Ana Salomón viuda de Oppenheimer; que para levantar dicho plano se valió del encargado de la hacienda, quien le iba marcando los linderos de la finca. El plano fuá admitido y marcado como exhibit número 4 del demandante.

Don Guillermo Vivas Valdivieso (prueba de rebuttal) de-claró que el camino Bucaná nace en la finca del Lie. Salichs,. hace ángulo, camina hasta confundirse con el Callejón que; vira hacia el río Bucaná; que el camino que pasa por la hacienda Isabela no pasa por la hacienda Santa Cruz. Luego,, contestando a repreguntas con el plano de caminos munici-pales a la vista, declaró que el camino marcado como núm. 8 en el plano es el camino de Bucaná y que cruza la finca de Oppenheimer llamada Santa Cruz.

Antonio Leandri declaró que conoce el camino de Bu-caná; que ese camino parte de casa de Pepito Salichs, llega a la entrada de Santa Cruz y dobla hacia el oeste para seguir hasta la playa de Ponce; que respecto al camino a la entrada-de la hacienda Santa Cruz recibió órdenes de don Oscar Oppenheimer de no dejar pasar por allí a nadie; que siendo él peón fué a pasar y el mismo don Oscar lo hizo virar; qne después, siendo mayordomo, existía un portón donde existe hoy un portón de hierro, a la entrada del camino'; que este portón tenía candado y él guardaba la llave; que para pasar por allí había que pedir permiso.

Esta es la prueba del demandante en apoyo de la quinta causa de acción. Veamos lo que dijeron los testigos de la parte demandada:

Roberto Arroyo Vivas declaró que es Director Municipal •de Obras Públicas de Ponce y como tal tiene bajo su custodia •el plano oficial de los caminos municipales de Ponce. Des-pués de identificada por el testigo una copia azul de dicho plano oficial, fué admitida en evidencia y marcada como exhibit A de los demandados. Con el plano- a la vista el tes-tigo declaró que el camino Bucaná es el que está marcado número 8, con una línea de puntos, es decir, como camino en proyecto.

Oscar Oppenheimer declaró que el camino de Bucaná em-pieza desde la quinta de Salichs y llega hasta donde tenía el Sr. Subirá una romana y ahí dobla a la derecha (el juez de la corte inferior observó en la inspección ocular que la ro-mana de pesar caña queda en el mismo camino por donde pasa la vía de ferrocarril); que en ese punto en que doblaba, había otro camino que va a la hacienda Santa Cruz; que este camino era vecinal y a través del mismo no existía por-tón alguno hasta que el Sr. Saurí compró la hacienda y puso uno allí; que hasta la fecha en que entregó la hacienda Santa Cruz al apelado, conoció siempre ese camino al sur del por-tón como un camino vecinal y no como la Gran Calle de Santa Cruz; que él no le prohibía el paso a la gente por allí.

Otilio Milán declaró que la hacienda Isabela linda con el camino Bucaná, el cual corría de norte a sur; que después atraviesa la hacienda.Santa Cruz y sigue hacia el mar; que todo el mundo usaba el camino al- oeste de la pieza Salichs; que la hacienda Isabela lo usaba para pasar caña y para pasar sus empleados; que nunca vió en el camino un portón con un rótulo prohibiendo el paso.

Juan Elias Cordero declaró que es ingeniero civil; que en el año 1907 levantó un plano de la hacienda Isabela a ins-tancias de don Santiago Oppenheimer (el plano fué admitido en evidencia y marcado como exhibit E). Con el plano a la vista declaró que el camino marcado en el plano “Camino Vecinal” es el marcado al oeste de la pieza núm. 10; que ese camino vecinal viene de norte a sur; que lo denominó “Ca-mino Vecinal” porque así se lo indicó el peón que le señaló las colindancias; que no recuerda haber visto un portón en ese camino ni recuerda dónde empieza.

Blas C. Silva declaró que actuó como ingeniero municipal de Ponce desde 1904 hasta 1910; reconoce su firma en uno de dos planos de los caminos municipales de Ponce que le fueron mostrados y lo identifica como una copia en tela del original preparado en 1920 (el plano fué admitido en evi-dencia y marcado como exhibit Gr); con el plano a la vista el testigo declaró que el camino Bueaná está señalado en el plano con el núm. 8; que está señalado en el plano como un camino en proyecto; que el camino tiene dos ramales y en uno de esos dos ramales hay una vía de ferrocarril.

Aunque la corte inferior estimó que la prueba testifical respecto al camino de Bueaná es contradictoria, resolvió el conflicto a favor del demandante, basándose principalmente en la evidencia documental por ambas partes aportada.

En su relación del caso y opinión la corte inferior hizo el siguiente análisis de dicha prueba documental:

“Tenemos a la vista el ‘Plano General de la hacienda Isabela’ le-vantado en abril de 1907 por el ingeniero señor J. Elias Cordero (exhibit E de los demandados).
“En este plano aparece delineado un camino que va en dirección de norte a sur y marcado así: ‘ Camino vecinal’.
“Tenemos a la vista el ‘Plano General de las haciendas. Isabela, Aguas Prietas y Consuelo Vallas’, levantado por el agrimensor señor Francisco Valls, en julio de 1901, (exhibit núm 1 del demandante).
“En este plano aparecen dos caminos que forman nn ángulo agudo. El lado del ángulo que está en dirección de este a oeste está marcado en el plano así: 'Camino vecinal’. Y el otro lado de dicho ángulo, que va de norte a sur, está marcado en el plano así: 'Camino de Santa Cruz’.
“Tenemos también a la vista el 'Plano General de la Colonia Santa Cruz’, levantado en diciembre de 1910 por el ingeniero Sr. Pedro Clausells (exhibit núm. 4 del demandante).
“En dicho plano, como en el anterior, aparece marcado un ca-mino, que va en dirección de este a oeste, con estas palabras: ‘ Ca-mino vecinal’. Y otro camino, que forma un ángulo con el anterior y que va en dirección de norte a sur, con estas palabras: ‘ Camino de la propiedad’.
“Tenemos también a la vista el ‘Plano de Levantamiento de De-talles’, hecho por el ingeniero señor Ramón M. Roig, con fecha 5 de marzo de 1931 {exhibit núm. 3 del demandante). En dicho plano aparece delineado un camino que va de norte a sur y después dobla en dirección de este a oeste, marcado así: 'Camino municipal de Bueaná’. Y aparece otro camino que va en dirección de norte a sur, marcado de este modo: ‘G-ran Calle de la Hacienda Santa Cruz’.
“También tenemos a la vista dos planos con el título de 'Plan General del Trazado de los caminos municipales de Ponce’. {Exhibits A y G de los demandados.) El exhibit A está firmado por J. E. Colón y el exhibit G por Blas C. Silva, ambos Directores de Obras Públicas que fueron del Municipio de Ponce.
“En ambos planos aparece el camino de ‘Bueaná’, marcado con el número 8, como un camino a construir, o sea, en proyecto. El in-geniero señor Blas C. Silva, en su declaración que dejamos consignada más arriba, hizo constar ‘que se trata de un camino en proyecto’.
“Ese plan de caminos fué aprobado por el Departamento del Interior. {Exhibit D de los demandados.)
“Según aparece de la certificación del Comisionado del Interior {exhibit D), dicho camino de Bueaná, que lleva el número 8, fué ins-crito en febrero 14 de 1908.
“Y la inscripción de ese camino fué hecha en virtud de un acuerdo tomado por el Consejo Municipal de Ponce en sesión celebrada en 17 de enero de 1908. {Exhibit C de los demandados.)
“La evidencia testifical sobre el camino de ‘Bueaná’ es contradic-toria; pero el exhibit C de los demandados, en relación con el exhibit D y los exhibits A y G (todos presentados por los demandados) nos proporciona la clave más segura para resolver, como resolvemos, el conflicto de evidencia a favor de la parte demandante.
“En efecto, el exhibit C de los demandados, copiado literalmente, lee como sigue:
“ ‘El SECRETARIO MUNICIPAL DE PONCE, PUERTO RlCO, CERTIFICA : Que el Concejo Municipal de Ponee en su sesión ordinaria celebrada el día 17 de enero, 1908, por unanimidad, acordó la inscripción del camino de “Bucaná”, según consta en el Particular-número 5 del acta de la sesión de diclia fecba, obrante en el folio 254 del Libro de Actas del Concejo Municipal de Ponce núm. 235, el cual Particular copiado literalmente dice así:
“ ‘ “Particular NÚM. 5: Se dió lectura a un informe del In-geniero Municipal, sobre el escrito de varios vecinos de Bucaná pre-sentado al Concejo el 10 de diciembre último, pidiendo urgentes re-formas en el camino vecinal del barrio. Manifiesta el Ingeniero que todo lo que expresan los exponentes es verdad, a excepción de lo que informan respecto al puente de madera establecido en el río Bucaná, pues ignora si ha sido hecho con o sin permiso del Comisionado de] Interior, y añade que de la misma manera que el de San Antón debe inscribirse dicho camino y votarse una partida de 80 a 100 dollars para bachear sus puntos en mal estado. El Concejo acordó por una-nimidad la inscripción del camino de Bucaná, como camino municipal y consignar para el arreglo del mismo la cantidad de ochenta dollars, proponiéndose por Contaduría de acuerdo con el Departamento de Obras Públicas Municipales la correspondiente transferencia.”
“ ‘Y para entregar a doña María Echevarría Yda. de Subirá, a petición suya, después de satisfacer los derechos correspondientes al caso, expido la presente, que firmo y sello en la ciudad de Ponce, Puerto Rico, a los dieciocho días del mes de diciembre del año mii novecientos veintiséis. (Fdo.) A. Vélez Bajandas, Secretario Municipal. ’
“Según aparece de la certificación que se acaba de transcribir, ese camino vecinal de Bucaná tenía un puente de madera sobre el río Bucaná.
“Luego, el camino vecinal de Bucaná que fué inscrito bajo el número 8 en el Departamento del Interior tiene que atravesar el Río Bucaná.
“Veamos ahora los planos de caminos vecinales presentados por los mismos demandados. (Exhibits A y G-.)
“En ambos planos aparece el camino de Bucaná marcado con el número 8 y aparece delineado como camino en proyecto-, con dos ra-males.
“Uno de dichos ramales, que es la Gran Calle de la Hacúnda Santa Cruz, va en dirección de norte a snr y no atraviesa el Río Bncaná. (Véanse los dos planos de caminos antes mencionados.)
“El otro ramal va en dirección de este a oeste y sí atraviesa ;-l Río Bncaná. (Véanse otra vez los referidos planos.)
“La Corte llega a la conclnsión, fnera de toda dnda razonable, que el camino vecinal de Bncaná es el qne atraviesa el Río Bncaná, o sea el qne se describe en el apartado 2o de la qninta cansa de acción de la última demanda enmendada.
“La Corte declara probados satisfactoriamente todos y cada nno de los hechos alegados en la qninta causa de acción de la demanda. ’

De lo expuesto aparece que aunque hay un conflicto de prueba, éste fue dirimido por la corte inferior a favor del de-mandante apelado, ya que ésta estimó probado con prepon-derancia de prueba: que la colindancia entre las fincas en-vueltas en este litigio es el borde o arista este, norte, este y no el borde o arista oeste, sur, oeste, de las zanjas que sepa-ran dichas fincas, por lo que siendo el demandante apelado dueño de dichas zanjas tenía derecho a reivindicarlas; que el camino municipal de Bucaná, al llegar a un punto esquina en el oeste de la hacienda Santa Cruz, del demandante ape-lado, dobla a la derecha (hacia el oeste), cruza sobre un puente del río Bucaná, y termina en la playa de Ponce, y no sigue derecho hacia el sur para penetrar dentro de y atravesar la hacienda Santa Cruz hasta llegar al mar Caribe, y que el camino denominado La G-ran Calle de Santa Cruz es un camino privado perteneciente a la hacienda Santa Cruz, y no una continuación del camino Bucaná. No encontrando nada en los autos que revele pasión, prejuicio o parcialidad ni error manifiesto por parte de la corte sentenciadora al apreciar la prueba y dirimir el conflicto de la misma a favor del demán-dente, esta corte no se siente justificada para alterar la sen-tencia apelada.

Se alega por último que la corte inferior cometió error al resolver que los demandados no habían adquirido título sobre las fajas de terreno o zanjas en controversia a virtud de prescripción adquisitiva y que los demandados ha-Man perdido todo derecho de acción por prescripción a tenor del artícnlo 1857 del Código Civil.

Los apelantes alegan que la evidencia ha demostrado que tanto ellos como sus antecesores han poseído las zanjas en controversia por más de diez años antes de entablarse la presente demanda, de buena fe y con justo título, pues las han poseído en concepto de dueños como parte de la finca Isabela de su propiedad y pacíficamente hasta que el deman-dante compró la hacienda Santa Cruz. Alegan además que la evidencia aportada por ellos demuestra que esta posesión había existido por más de cuarenta años.

No toda posesión puede producir la prescripción ni tiene la eficacia necesaria para invalidar los legítimos derechos del dominio, haciendo surgir éste a favor de una persona distinta del dueño. Para poder producir la prescripción ordinaria, ha de ser una posesión civil llevada a cabo en concepto de dueño, pública y pacíficamente, por el término que fija la ley y sin interrupción. Iglesia Católica y Romana v. El Pueblo, 11 D.P.E. 485; Rivera et al v. Juncos Central Co., 31 D.P.R. 265. La posesión quieta y pacífica durante el término que fija la ley, no es, sin embargo, suficiente por sí sola, pues es necesario además que sea de buena fe y con justo título. Ex parte Tapia, 6 D.P.E. 247; Ex parte Loubriel, 6 D.P.E. 107; Picart v. De León, 22 D.P.E. 592.

En el caso de Alvares v. Avila, 40 D.P.E. 523, 526, el allí demandante solicitó la reivindicación de cierta pequeña par-cela dé terreno, alegando que era parte de una finca de su propiedad que lindaba con terrenos del municipio de Que-bradillas. El demandado estableció la defensa de prescrip-ción ordinaria, alegando que venía poseyendo la porción re-clamada por el demandante durante 22 años por concesión que le hizo el municipio de Quebradillas. Declarada con lu-gar la demanda, el demandado insistió en apelación haber de-mostrado en el juicio que venía poseyendo la parcela en con-troversia desde el año 1907.

Esta corte, al confirmar la sentencia, resolvió que cuando •una persona que posee nn terreno con justo título lo extiende más allá de sus verdaderos límites, penetrando en campo ajeno y poseyendo éste por veintidós años, esta posesión no puede convertirse en dominio en virtud de prescripción or-dinaria por no ser la posesión de buena fe y con justo título que requiere el artículo 1857 del Código Civil.

En el caso de autos la posesión gozada por los apelantes de las zanjas en litigio, no puede producir la prescripción ordinaria a tenor de la doctrina establecida en el referido caso, ya que de la prueba aparece claramente que dichos ape-lantes no hicieron otra cosa que extender su finca más allá de sus verdaderos linderos a pesar de que al ellos comprarla existían a lo largo del borde este, norte y este de la zanja que separa su finca de la del apelado los espeques vivos de una antigua cerca.

Tampoco puede la posesión llevada a cabo por los apelan-tes servir de base a la defensa de prescripción extraordinaria alegada por ellos, pues hubiese sido necesario que dichos ape-lantes hubiesen probado haber poseído las referidas zanjas por lo menos durante treinta años. Artículo 1859 del Código Civil.

Estamos conformes con la corte inferior en que tomando como base la declaración del testigo Julio Ribas Salguero, quien durante los años 1906 a 1910 atendía al cultivo de la hacienda Isabela de los apelantes, resulta satisfactoriamente probado que hasta el año 1910 hubo una cerca de alambre a lo largo del borde o arista este, norte y este de las zanjas en litigio, y que esa cerca era la eolindancia entre la finca de los apelantes y la del apelado.

Bajo tales circunstancias, habiéndose radicado la demanda primitiva en este litigio en enero 9, 1929, el período de diez y nueve años que ha transcurrido no es suficiente para con-■vertir la posesión de los apelantes en dominio en virtud de [prescripción extraordinaria.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Pedro Clausells Armstrong, demandante y apelado, v. Enrique Salas y su esposa Basilia Ferrer, demandados y apelantes.
    Núm. 6911.

    Sometido: Marzo 11, 1936.

      Resuelto: Marzo 5, 1937.

      Rafael Gintrón Lastra, abogado de los apelantes; Gustavo Rodrigues, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión, del tribunal.

Este pleito, calificado en la demanda como uno de resci-sión de contrato, fué iniciado para obtener una adjudicación al efecto de que dos contratos, cada uno de ellos relativo a la compraventa de un solar urbano, habían finalizado de confor-midad con los términos de una condición resolutoria contenida en ambos contratos y al efecto de que el demandante tenía de-recho, en armonía con los términos de la condición resolutoria, a recobrar la posesión de dos solares y a retener cierta parte del dinero pagádole por el comprador en perspectiva. Los demandados excepcionaron fundándose primero, en que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción; y segundo, en que la misma era ambigua y dudosa. El primer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar esta excepción.

Los párrafos 3, 4, 6 y 9 de la demanda leen así:

“3. — Las condiciones de precio, pago, intereses y tiempo se esta-blecieron así: el señor Salas pagaría por la finca $969 dólares de los cuales entregó a cuenta al señor Clausells el día del contrato $100 y los restantes $869 debía satisfacerlos a razón de $15 como abono mínimum mensualmente o sea el día treinta de cada mes, a partir de la fecba del contrato citado, y la cantidad así satisfecha se abo-naba al capital e intereses al tipo del 8 por ciento anual, devenga-dos en cada mes, hasta el total pago; la duración del término para dejar satisfecho el precio total del solar, no excedería de tres años, al final del cual Salas debía dejar satisfecho el precio total del solar prometido en venta por Clausells, o en caso contrario quedaría res-cindido el contrato, procediéndose a su liquidación.
“4. — Se establecieron como condiciones resolutoria y penal, las siguientes: si Enrique Salas dejaba de satisfacer tres plazos men-suales de los estipulados fueren o no corridos, se consideraba rescin-dido el contrato a opción del señor Clausells, y se procederá a su liquidación en la forma siguiente: quedaban como propiedad de Clausells, la mitad de las cantidades satisfechas por Salas en con-cepto de indemnización de perjuicios por el incumplimiento del con-trato y la totalidad de aquellas cantidades que Salas hubiere satis-fecho por concepto de intereses vencidos y que se debieran hasta la terminación del asunto, pudiendo incautarse el demandante Clausells del solar objeto del contrato, para volverlo a su libre disposición, re-integrando a Salas la otra mitad de las cantidades pagadas, una vez hechos los descuentos expresados.
“6. — Fué convenido que una vez satisfecho por Salas el importe del solar, y corriente en el pago de intereses, Clausells efectuaría la venta, siendo los gastos de la escritura., pago de contribuciones del solar desde el día del contrato, gastos judiciales en caso de litigio y honorarios de abogado de Clausells, en que éste incurriera por ra-zón de dicho contrato, serían de exclusiva cuenta de Salas.
“9. — El demandado Enrique Salas satisfizo a cuenta del capital $308.50. Dejó de pagar los intereses devengados desde el 1 de fe-brero de 1932 hasta el 30 de julio de 1934, al tipo del 8 por ciento anual, o sean treinta meses a razón de $4.40 cada mes, montantes a $132.00. De acuerdo con el contrato esta suma ha de deducirse de lo que se pagó a cuenta del precio del solar, y restan $176.50; y de este restante deben deducirse los $32.69 importe de las contri-buciones pagadas, y quedan como sobrante $143.81. La mitad de esta suma que representa $71.90, corresponde al demandante Clau-sells según el contrato y la otra mitad a los esposos demandados.”

La segunda causa de acción contiene alegaciones similares respecto al otro solar,' con ligeras variaciones en torno al precio de la compraventá y a otros detalles de menor impor-tancia.

Los apelantes invocan el segundo párrafo del artículo 1340 del Código Civil (edición de 1930) en apoyo de la con-tención de que el demandante debió baber alegado imposibi-lidad de cumplimiento, y que, en ausencia de tal alegación, no son aplicables otras disposiciones del Código relativas a las obligaciones y contratos. Citan Joseph v. Holt, 37 Cal. 250 y 23 Mucius Scaevola 332, 333.

También se basan los recurrentes en el artículo 1246 del Código Civil (edición de 1930) que preceptúa:

“La acción de rescisión es subsidiaria; no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.”

En apoyo de la objeción de que la demanda no contiene alegación sobre ofrecimiento u oferta alguna de parte del de-mandante, los apelantes citan el caso de Gutiérrez Viuda de Crosas v. Longpré, 44 D.P.R. 674; Loeffler v. Wright, 13 Cal. App. 224; y el artículo 1247 del Código Civil (edición de 1930) que en parte dispone:

“La rescisión obliga a la devolución de las cosas que fueron ob-jeto del contrato con sus frutos y del precio con sus intereses; en consecuencia sólo podrá llevarse a efecto cuando el que la haya pre-tendido pueda devolver aquello a que por su parte estuviese obli-gado. ’1

Otro supuesto defecto es que la demanda no contiene ale-gación específica de que el demandante baya sufrido daños materiales de clase alguna. A este respecto los apelantes se fundan en el caso de Díaz v. San Juan Light & Transit Company, 17 D.P.R. 69, Arruza v. Laugier, 14 D.P.R. 25 y Paniagua v. Sobrinos de Ezquiaga, 14 D.P.R. 803.

Los apelantes también insisten en que la cláusula relativa a la terminación del contrato a opción de Clausells en caso de ;que Salas dejara de pagar tres plazos mensuales era nula por ser contraria a los preceptos del artículo 1208 del Código Civil (edición de 1930) y a la doctrina sentada en el caso de Albizu v. Royal Bank of Canada, 46 D.P.R. 514.

Los apelantes sostienen que el contrato es inicuo e irrazo-nable y que por ende cae dentro de la disposición prohibitiva más bien que dentro de la permisiva del artículo 1207 del Có-digo Civil (edición de 1930) que lee así:

“Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y con-diciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.”

También insisten en la ambigüedad e ineertidumbre de la demanda conforme indican en la primera de sus dos excep-ciones.

Los artículos 1044 y 1066 del Código Civil (edición de 1930) proveen:

“Artículo 1044. — Las obligaciones que nacen de los contratos tie-nen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.”
“Artículo 1066. — -Será exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto, o de un suceso pasado, que los interesados ignoren.”

La voluntad de las partes, conforme la misma surge del contrato, de ser éste válido, es la ley del presente caso. 19 Scaevola 674; 8 Manresa 669 (edición de 1929); 20 Scae-vola 882, 912; Sentencia del Tribunal Supremo de España de abril 17 de 1873, 27 Jurisp. Civ. 592; Wade v. Texarkana Bldg., etc., 233 S. W. 937; New Richmond Land Co. v. Ivanovich, 198 P. 221; Spokane Canal Co. v. Coffman, 103 P. 1106.

No podemos convenir con'los apelantes sobre la interpretación, alcance y efecto del artículo 1340 del Código Civil (ed. de 1930). El segundo párrafo de ese artículo no significa que un demandante debe alegar la imposibilidad de un cumplimiento específico como condición precedente al cumplimiento de los términos expresos de una condición subsiguiente. La opinión en el caso de Joseph v. Holt, supra, habla por sí sola. Una respuesta suficiente a la contención de los apelantes puede hallarse en el extracto que de Scaevola ellos mismos hacen. Dice así:

“La segunda parte del artículo' 1451 dice relación al incumpli-miento de la promesa por imposibilidad de la compra y venta, y de-cimos imposibilidad, porque no es lícito presumir que dicbo texto aluda al que se produzca por negativa caprichosa de los interesados, toda vez que en estos casos ambos contratantes tienen el derecho de reclamarse recíprocamente el cumplimiento del contrato.
“La imposibilidad a que se hace referencia en el artículo que comentamos, comprende el caso en que la cosa vendida no pertenezca ya al que prometió venderla, o haya perecido-, el de que el compra-dor no pueda entregar el precio convenido, y el en que las demás con-diciones pactadas no sea posible, física, moral o legalmente, .llevarlas a debida ejecución.
“Bajo tan fundados supuestos, y no obstante la vaguedad de ia alusión, es fácil colegir que las últimas palabras del artículo 1451 ‘lo dispuesto acerca de las obligaciones y contratos en el presente libro’, se refieren al tratado general sobre obligaciones; y comoquiera que se parte del caso de un incumplimiento por imposibilidad, sólo se nos ofrece como pertinente el artículo 1101, a cuyo tenor quedan su-jetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieran en dolo, negligen-cia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas, teniendo en cuenta, por otra parte, con el artículo 1105, que fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos su-cesos que no hubieran debido preverse, o que, previstos fueran inevi-tables.” 23 Scaevola 332, 333.

El presente recurso no es la “acción de rescisión” a que alude el artículo 1246. En su consecuencia, no era necesario que el demandante alegara que carecía “de todo otro recurso legal.” Manresa en la página 669, del tomo 8 de sus Comentarios (edición de 1929), dice:

“Con mayor o menor impropiedad de lenguaje suele llamarse res-cisión a la resolución de un contrato, con arreglo a las cláusulas del mismo, por voluntad de una de las partes, o de las dos. Acerca de esos casos, y refiriéndose especialmente al artículo 1294, se ha dicho que ‘dicho artículo, como los que le preceden y siguen, se refiere a los contratos rescindibles, con arreglo a la ley, y no es aplicable a la rescisión de aquellos en que los interesados, en uso de su voluntad soberana en esta materia, establecen una condición resolutoria, de cuyo cumplimiento depende la subsistencia del contrato’ (sentencia de 24 de abril de 1901 [91 Jur. Civil 581]).”

Por idénticas o similares razones el demandante no estaba obligado, según el artículo 1247, a ofrecer la devolución de todo el dinero recibido por él bajo el contrato ejecutorio mencionado en la demanda. El mostró su disposición a devolver cuanto venía obligado a devolver (excepto conforme se verá más adelante) bajo la condición resolutoria del contrato.

Lo anterior resuelve también la contención de que el precepto relativo a la terminación del contrato a opción de Olausells al dejar Salas de pagar tres plazos mensuales era nula por ser contraria a las disposiciones del artículo 1208 del Código Civil y a la doctrina establecida en el caso de Albizu v. Royal Bank of Canada, supra.

Los casos de Díaz v. San Juan Light & Transit Company, Arruza v. Laugier, y Paniagua v. Sobrinos de Esquiaga, supra, citados por los apelantes, dejan de convencernos de que el demandante en una acción de este género debe alegar daños materiales como condición previa a la obtención de daños líquidos. Sin embargo, tal alegación hubiera tenido bastante importancia en la cuestión relativa a lo razonable de la cuantía especificada como daños líquidos si el demandante en verdad hubiera sufrido daños materiales.

Las contenciones relativas a que la demanda es ambigua y dudosa y a la naturaleza poco equitativa de la penalidad impuesta por los términos de la condición resolutoria, plantea una cuestión más seria.

La demanda pudo haber sido y debió ser mucho más espe-cífica. Quizá la mejor práctica habría sido declarar con lugar la excepción previa de ambigüedad e incertidumbre. Empero, el error de haberse cometido, de no declarar sin lugar la demanda no es suficiente para justificar la revoca-ción de la sentencia.

En ausencia de algo que demuestre que el demandante haya sufrido daños materiales o de que hubiera podido obte-nerse algo en arrendamiento por el solar y en vista de la suma realmente pagada por el comprador en perspectiva, existe amplio oampo para divergencia de criterio en torno a la naturaleza equitativa o poco equitativa de las estipula-ciones referentes a daños líquidos. Podría admitirse que el juez de distrito en el ejercicio de una sana discreción pudo haber mitigado el alcance y efecto del presente caso bajo la autoridad del artículo 1108 del Código Civil (edición de 1930) que dispone:

“El tribunal o juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cum-’ plida por el deudor.”

Éste es, sin embargo, a lo sumo un caso dudoso. Véanse: 8 Manresa 227, 230, 553 (edición de 1929); 19 Scaevola 839; Cape May Real Estate Co. v. Henderson, 79 Atl. 982; Barrows v. Harter, 130 Pac. 1050. No estamos dispuestos a al-terar el resultado a no ser en la forma que indicamos en el siguiente párrafo.

Nos inclinamos a convenir con los apelantes en que Salas debía pagar contribuciones a partir de la fecha del contrato sólo- en el caso de que hubiera un traspaso. De ello no se desprende que la sentencia apelada deba ser revocada. Será modificada agregándole a los $124.85 que Clausells debía devolver a los apelantes la suma de $57.23 retenida por él para reembolsarse a sí mismo el importe pagado por concepto de contribuciones.

El juez de distrito declaró sin lugar las excepciones previas en octubre 2, 1934, y concedió a los demandados diez días para contestar. Al siguiente día los demandados solicitaron la reconsideración de esta orden. El juez de distrito desestimó la moción en octubre 10 y concedió a los demandados diez días adicionales para contestar. En 20 del mismo mes los demandados solicitaron sentencia sobre las alegaciones. En octubre 29 el secretario anotó la rebeldía de los demandados. En noviembre 2, luego de una vista en que los demandados dejaron de comparecer, y el demandante adujo su prueba,- la corte de distrito dictó sentencia.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito co-metió error al anotar la rebeldía de los demandados en oc-tubre 29. Se arguye que la actuación del secretario fné pre-matura. No podemos concurrir con este criterio. Véase Vázquez v. Valdés, 28 D.P.R, 467.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito erró al dictar sentencia contra los demandados “en la extensión y términos que eostan de la misma.” La objeción, seg’ún se desprende del argumento, es:

(a) Que la sentencia es contraria a la equidad y que el contrato debió haberse modificado de conformidad con las disposiciones del artículo 1108 del Código Civil, supra.

(b) Al conceder costas al demandante.

La primera de estas dos cuestiones ya fia sido discutida. La concesión de costas se basó en el convenio expreso de las partes que intervinieron en el contrato. Cintrón & Aboy v. Solá, 22 D.P.R. 262; Blázquez v. Hernáiz, 34 D.P.R. 631.

La sentencia apelada debe ser modificada en la forma;, arriba expuesta, y así modificada, confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso» no intervinieron.


text:
    Raúl Colón Torres, demandante y apelante, v. María Luisa Colón Viuda de García e Isabel Colón Alvarez, demandadas y apeladas.
    Núm. 7346.

    Sometido: Enero 15, 1937.

      Resuelto: Marzo 5, 1937.

      Raúl Colón Torres por su propio derecho y Luis Venegas Cortés, abogados del apelante; Agustín E. Font, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En noviembre de 1911 María Luisa Colón Alvarez y María Isabel Colón Alvarez traspasaron a Rafael Colón Alvarez un «condominio pro indiviso de cierta casa y solar por un precio que se admitía haberse recibido con anterioridad al otorga-miento de la escritura. Esta fné otorg’ada ante el notario ’Tomás Castillo León. Al siguiente día Rafael Colón traspasó la casa y solar a doña Francisca Castaing Soto por $2,000, pagados por la adquirente en presencia del notario. Doña Francisca Castaing convino en la retroventa de la propiedad al devolvérsele el precio de la compraventa dentro de dos años. Se convino además qne Rafael Oolón permaneciera en posesión de la finca por nn canon mensnal de $20, estipulán-dose qne vencidas tres mensualidades sin ser satisfecho su importe, se consideraría vencido el plazo para la retroventa y rescindido el contrato de inquilinato. En octubre de 1919 doña Francisca Oástaing vendió la finca a José Luis Vendrell Valdivieso. En abril de 1921 Vendrell la traspasó a María Luisa Colón Álvarez por $2,800, de la cual suma reconocía haber recibido $800 con anterioridad al otorgamiento de la escritura, quedando el saldo garantizado con hipoteca. En abril de 1926 Doña María Luisa Oolón Álvarez y su esposo vendieron la finca a Rafael Colón Álvarez por $2,500. En esta escritura se hacía constar que Rafael Colón pagó $500 en efectivo en presencia del notario Felipe Colón Díaz y retuvo el saldo con el objeto de pagar la hipoteca. En septiembre de 1931 Rafael Colón Álvarez traspasó la finca a su hijo Raúl Colón Torres por $3,000, de los cuales reconoció haber reci-bido la suma de $500 con anterioridad al otorgamiento de la escritura. En noviembre de 1934, Raúl Colón Torres tras-pasó la propiedad a la Sucesión de Francisco María Fran-ceschi en pago de una hipoteca. En junio de 1935 la Suce-sión Franceschi retransmitió la propiedad a Raúl Colón Torres por la suma de $2,732.32. En la escritura se hacía constar el pago de $2,000 en efectivo en presencia del notario y Raúl Colón otorgaba hipoteca para garantizar el saldo. Entonces inició el presente recurso de desahucio contra María Isabel Oolón Viuda de García y contra Isabel Colón Álvarez como poseedoras en precario.

Las demandadas contestaron en la siguiente forma:

“1. — Negamos el hecho único de la demanda. Se alega, en con-trario, que la finca que se describe en dicha demanda perteneció en común pro indiviso a las demandadas y su hermano Rafael Oolón Álvarez, hasta que en abril 24 de 1926 el citado Rafael Oolón Alvarez, valiéndose de engaños obtuvo de la ahora codemandada, Ma-ría Luisa Colón y esposo, que por escritura pública le pasara dicho inmueble con el pretexto de hacer ciertos negocios; y en esa forma engañosa y frandnlenta y sin qne mediara precio ni consideración, obtuvo un título a su favor que, posteriormente, defraudando a las añora demandadas, traspasó a su hijo Raúl Colón Torres, y quienes obrando de común acuerdo y maliciosamente, adjudicaron dicha finca a la Sucesión de Francisco María Franceschi. Y siguen alegando las demandadas que la Sucesión de Francisco María Franceschi convino con las demandadas en que tan pronto como les fuera adjudicada la finca se la revertirían a ellas mediante el pago de la suma que dicha finca debía; pero contrario a lo así convenido, obrando maliciosa-mente, la Sucesión de Francisco María Franceschi, y de acuerdo con Rafael Colón Alvarez y Raúl Colón Torres, convinieron en que dicho Rafael Colón Alvarez vendiera simuladamente dicha propiedad a Raúl Colón Torres a fin de que éste la adjudicara en pago a la Su-cesión de Francisco María Franceschi; y se alega que la escritura de venta de Rafael Colón Alvarez a Raúl Colón Torres es una simu-lada y fraudulenta por no haber mediado precio ni consideración. Y se sigue alegando que todo ello se hizo y convino entre la Suce-sión de Francisco María Franceschi y dichos señores, con el propó-sito de que dicha sucesión desahuciaría a las ahora demandadas para traspasar la finca, luego de realizado ese hecho, a Raúl Colón Torres - Que obrando en consonancia con lo anteriormente expuesto, la Suce-sión de Francisco María Franceschi radicó el pleito civil número 9440, sobre desahucio en precario, el cual está aún pendiente ante esta misma Corte de Distrito de Ponce. Y siguen alegando las demanda-das que en la actualidad ellas ocupan parte de la finca que se describe en la demanda como condueñas que son de la misma por título de herencia, ocupando otra parte de dicha finca, o sea, la panadería, su hermano Rafael Colón Alvarez, quien la tiene arrendada y recibe por ese arrendamiento un canon mensual que utiliza para su propio y exclusivo beneficio. Y siguen alegando las demandadas, que la Sucesión de Francisco María Franceschi maliciosamente y actuando de común acuerdo con Rafael Colón Alvarez y Raúl Colón Torres, han convenido la compraventa' de la finca que se describe en la de-manda bajo la condición de desalojar a las demandadas de dicha finca para entonces traspasársela a Raúl Colón Torres, todo ello ma-liciosamente y con el propósito de defraudar los derechos de las ahora demandadas. Y siguen alegando las demandadas que la escritura de venta de Rafael Colón Alvarez a Raúl Colón Torres y la adjudica-ción de Raúl Colón Torres a la Sucesión de don Francisco María Franceschi y la venta de la Sucesión de don Francisco María Fran-eeschi a Raúl Colón Torres, son simuladas, falsas y fraudulentas, con el solo propósito de privar a las demandadas de nn legítimo derecho, resultando de los hechos nn conflicto de títulos.
“defensas especiales
“Primera Defensa Especial. — Como primera defensa especial ale-gan las demandadas qne son dueñas en común pro indiviso por tí-tulo de herencia de la finca que se describe en el hecho único de la demanda en la proporción de una tercera parte para cada una de ellas.
“Segunda Defensa Especial. — Que el demandante, Raúl Colón Torres, no es dueño de la finca descrita en la demanda por ser los títulos nulos, por haberse hecho simuladamente y en confabulación para defraudar los derechos de las aquí demandadas.
“Tercera Defensa Especial.' — Alegan las demandadas que ante esta Corte de Distrito está pendiente el caso civil número 9440, sobre desahucio un precario entablado por la Sucesión de Francisco María Franeesehi contra María Luisa Colón Yiuda de García y doña Isabel Colón en el cual está envuelta la misma propiedad que alega el de-mandante como suya.
“Cuarta Defensa Especial.' — Como cuarta defensa especial alegan las demandadas que ante esta Corte de Distrito de Ponce se entabló y resolvió el caso civil número 10154 sobre desahucio en precario, entablado por el aquí demandante Raúl Colón Torres contra las mis-mas demandadas, María Luisa Colón Yiucla de García e Isabel Colón Alvarez, habiendo declarado la Corte de Distrito sin lugar dicha de-manda y- resultando este nuevo pleito incoado por el mismo deman-dante y por las mismas demandadas sobre la misma propiedad una materia juzgada (res judicata).
“Quinta Defensa Especial. — Alegan las demandadas que sobre ia propiedad descrita en el hecho único de la demanda, cada una de ellas tiene constituido separadamente el derecho de ‘Homestead’ u Hogar Seguro, siendo cada una de ellas una jefe de familia. Dicho derecho de ‘Homestead’ u Hogar Seguro no ha sido renunciado ex-presamente por ninguna de las demandadas ni separadamente ni con-juntamente en ninguna de las transacciones de que ha sido objeto la propiedad descrita en la demanda. Tampoco han abandonado ellas la propiedad en ocasión de las transacciones de las cuales dicha pro-piedad ha sido objeto.
“En mérito de lo expuesto, respetuosamente se solicita de esta Hon. Corte que en su día y previo los trámites legales se sirva dic-tar una sentencia a favor de las demandadas y en contra del de-mandante con los siguientes pronunciamientos:
“1. — Declarando sin lugar la demanda por existir un conflicto de títulos el cual debe ser resuelto en una acción plenaria.
“2. — Declarando y reconociéndoles a cada una de las demanda-das el derecho de Hogar Seguro (Homestead) que tiene cada una de ellas como jefe de familia sobreda casa descrita en la demanda. Y condenando al demandante Raúl Colón Torres a satisfacer la canti-dad de quinientos dólares ($500.00) a cada una de las demandadas en caso de que quiera tomar posesión de la propiedad objeto de este litigio.
“3. — Condenando al demandante Raúl Colón Torres al pago de las costas, gastos y honorarios de abogado de este pleito.”

En el señalamiento de errores se agrupan bajo cuatro tí-tulos unos treinta fundamentos de apelación, así: (a) Imper-tinencia; (b) Defensa de Hogar Seguro; (c) La forma de-fectuosa de admitir la prueba, y (d) Errores de la sentencia.

La contención relativa a los grupos primero y segundo es que toda la prueba de las demandadas era impertinente. La relativa al cuarto grupo en lo que se refiere a seis de los odio errores allí especificados, es que la corte cometió error al tomar en consideración la prueba designada como impertinente en los grupos primero y segundo. La teoría de estas dos contenciones es que las demandadas en un pleito de desahucio no pueden atacar la validez del título del demandante como fraudulento cuando ese título está evidenciado por un documento público otorgado en debida forma e inscrito en el registro de la propiedad. A este respecto' el apelante se basa en la sentencia del Tribunal Supremo de España, de fecha 27 de septiembre de 1905 (102 Jur. Civ. 261); en León Lugo v. Alvarado, 24 D.P.R.. 700; en Ortiz v. Aguayo, 26 D.P.R. 735, y en un extracto de la opinión del juez de distrito citado por este tribunal en el caso de Gelabert v. Candelaria, 49 D.P.R. 770.

En el primero de estos cuatro casos la parte demandada en el recurso de desahucio no alegaba ser dueña de la propiedad. Solicitaba la rescisión de la compraventa debido a que la misma había sido otorgada para defraudarle de sus derechos como acreedor del vendedor.

En el segundo, León Lugo, en un pleito entablado por él contra Alvarado, babía adquirido la finca en cuestión como comprador en una subasta.

Este tribunal dijo:

“En cnanto al segundo, el hecho de que el apelante ha pedido la nulidad del juicio que produjo la venta y adjudicación de la casa no es motivo para declarar que León Lugo no tenga un título sufi-ciente para obtener sentencia favorable en un juicio por desahucio porque mientras no se anule el juicio y la venta es válido el título del demandante, seguirá siendo el dueño y cómo tal tiene derecho a. que el apelante desocupe la casa en cuestión. Declarar que la recla-mación de nulidad de un título impide ejercitar los derechos que del mismo dimanan equivaldría a resolver en el juicio de desahucio que dicho título adolece de los vicios en que se basa la nulidad pre-tendida, cuestión ésta que no puede ser apreciada ni resolverse en un juicio sumario y especial como es .el de desahucio en el que sólo se trata del derecho que para despedir al que ocupa la finca tiene el que por el momento aparece dueño y poseedor de ella.”

Las opiniones emitidas en los casos tercero y cuarto ha-blan por sí solas.

Véanse también Dávila v. Sotomayor, 35 D.P.R. 794, y la Sentencia del Tribunal Supremo de España, de 8 de abril de 1914, 130 Jur. Civ. 45.

La teoría de todos esos casos es que el demandante en un pleito de desahucio que presenta un título válido hasta que el mismo se invalida, tiene derecho a la inmediata posesión en tanto en cuanto se determina judicialmente en cualquier otro recurso, la cuestión relativa a ia validez de su título. La doc-trina de tales casos es inaplicable, cuando la parte demandada, en un pleito de desahucio, se encuentra en posesión a título de dueña, alega hechos suficientes para demostrar la nulidad ab-soluta del título del demandante y aduce suficiente prueba para indicar que su defensa no es un pretexto. Véanse Sucrs. de Huertas González v. Rosario, 50 D.P.R. 360 y Martínez v. Figueroa, 50 D.P.R. 951.

Para los fines de esta opinión, podría admitirse que en lo que a la Sucesión Franceschi se refería, no hubo práctica-mente prueba alguna de fraude, conspiración o conocimiento •sobre la naturaleza-simulada de las enajenaciones anteriores. :Si la Sucesión Franceschi no hubiera traspasado la propiedad a Raúl Colón ella hubiera tenido derecho como demandante en un procedimiento de desahucio a ser protegida por el artí-culo 34 de la Ley Hipotecaria no obstante la alegada nulidad absoluta de las ventas hechas por doña María Luisa Colón Alvarez a Rafael Colón Alvarez en abril de 1926. Empero, la Sucesión Franceschi no es demandante en el presente re-curso.

La prueba de las demandadas establece un caso prima facie sobre la naturaleza simulada del traspaso hecho por doña María Luisa Alvarez a Rafael Colón. Es una inferencia lógica, a juzgar por las íntimas relaciones de familia y por otros hechos establecidos por la prueba, que Raúl Colón tenía conocimiento de la naturaleza simulada del traspaso hecho por su tía a su padre. Si él tenía conocimiento de este hecho no puede escudarse en las disposiciones del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Si la enajenación hecha por doña María a su hermano fué simulada, ella fue una absoluta nulidad. De ello se desprendería, desde luego, que la venta hecha por Rafael a Raúl era también una nulidad absoluta. González Rodríguez v. Fumero, 38 D.P.R. 556; Sentencia del Tribunal Supremo de España, de noviembre 30 de 1909 (116 Jur. Civil 501); German Savings & Loan Soc. v. De Lashmutt, 67 F. 399; 8 C. J. 1149; Del Río v. Sastre, 9 D.P.R. 193.

El juez de distrito no cometió error al admitir prueba ten-dente a demostrar la nulidad absoluta del título del deman-dante ni al tomar en consideración esta prueba para dictar sentencia.

El juez de distrito admitió cierta prueba provisionalmente para darle el valor probatorio que tuviera, y se reservó la decisión sobre su admisibilidad. De ordinario la mejor práctica es resolver cuestiones de prueba conforme las mismas son presentadas, pero no habiéndose demostrado prejuicio, el error de haberlo, no es suficiente para justificar la revocación.

El juez de distrito en el curso de su relación del caso y opinión, dijo:

“Después de haber examinado toda la e-videneia documental en relación con las declaraciones que se dejan sustancialmente transcri-tas, la Corte llega a la conclusión de que en este caso hay entre el demandante y las demandadas cuestiones de derecho más o menos controvertibles, toda vez que las demandadas alegan que ellas ocu-pan parte de la finca en cuestión como condueñas que son de la misma por título de herencia, y tal alegación no está desnuda de toda prueba; no debiendo por consiguiente decretarse el desahucio y sí dejar que las partes ventilen sus derechos en el juicio ordinario co-rrespondiente, de acuerdo con la doctrina constantemente sostenida por la Corte Suprema de Puerto Rico en numerosos casos, entre ellos, los que se citan a continuación: Del Valle v. Andréu, 11 D.P.R. 415; Merhoff v. Rodríguez, 14 D.P.R. 67; Elzaburu v. Chaves, 15 D.P.R. 17; Torres v. Pérez, 18 D.P.R. 573; Andino v. Canales, 27 D.P.R. 281; Hernández Martínez v. Padilla, 35 D.P.R. 513; Ermita del Rosario v. Collazo, 41 D.P.R. 597.”

El apelante basa tres de sus contenciones en esta relación. Ella fné sustancialmente correcta. Cualquier imprecisión o expresión inadecuada con referencia a ‘ * cuestiones de derecho más o menos controvertibles” y a “título de herencia” no es un error que dé lugar a la revocación. El caso de Hernandez Martinez v. Padilla, 35 D.P.R. 513 no era distinto. El hecho de que éste y otros casos citados por el juez de distrito sean más o menos distinguibles no hace que la doctrina sentada en los mismos (especialmente toda vez que ha quedado suple-mentada por la de Sucesores de Huertas González v. Rosario y por la de Martínez v. Figueroa, supra), resulte inaplicable al presente.

Sea ello como fuere, la prueba en su totalidad suscitó una verdadera controversia sobre la nulidad absoluta del título del demandante y en su consecuencia bastaba para justificar la sentencia que declaró sin lugar la demanda. En su conse-cuencia, es innecesario que consideremos la cuestión de hogar seguro. !

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Oórdova Dávila no intervinieron.