author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Compañía Mercantil Arroyana, demandante y apelada, v. The Home Insurance Company, demandada y apelante.
    No. 3539.

    Visto: Abril 13, 1925.

      Resuelto: Mayo 26, 1925.
    Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar el Caso — Recurso por Causa de Error-, Citación o Notificación — Notificación de Apelación — Partes Necesarias. — Un síndico (receiver) fué nombrado en otro litigio, conformo al artículo 1S2 del Código de Enjuiciamiento Civil para tomar posesión de los bienes de la demandante-apelada en este caso; el nombramiento fuó posterior a la sentencia apelada, y la orden incluyendo al síndico como parte fué posterior a la apelación. Se resolvió: que dicho síndico no era parto necesaria en la apelación interpuesta.
    Moctones sobre desestimación de apelación presentadas por el ape-lado y por el Síndico de la demandante-apelada.

      Sin Lugar.

      ' Henry ’Q. Molina y Leopoldo Feliú, abogados de la apelante; E. 11. Dottin y 0. Domínguez Rubio, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión planteada en las mociones solicitando la desestimación del recurso, una a nombre del apelado y la otra a instancia del síndico, incluido como parte en el pleito después de ardíivado el escrito de apelación, es si debemos desestimar la apelación por no haberse notificado a dicbo síndico del aviso de apelación.

• La sentencia fué dictada el 14 de febrero de 1924. El 10 de marzo de 1924, a moción de la apelada, la corte dictó una orden incluyendo al síndico, nombrado como tal de la corporación demandante el 16 de febrero de 1924, para que se le tuviera como parte de este litigio.

Interpretado el artículo 296 del Código de Enjuicia-miento Civil en que se fundan los peticionarios, parece ser la regla establecida por la jurisprudencia que solamente los autos del pleito es lo que debe ser examinado para determi-nar quiénes son las partes necesarias en el mismo. Y de este caso aparece claramente que en la fecha de la interpo-sición del recurso no existía orden alguna de la corte inferior haciendo parte al síndico en el procedimiento.

' Las autoridades de donde procede el artículo 296 dicen lo siguiente:

“No toda persona que pueda ser afectada por una revocación o modificación de una sentencia u orden e's una ‘parte contraria’ con derecho a ser notificada del escrito de apelación. Aunque la regla está ampliamente expresada así en un número de casos, dicha regla debe ser interpretada en relación con otra regla al efecto de que sólo pueden examinarse los autos a fin de determinar quiénes son tale'siqTártes contrarias. En otras palabras, la ‘parte contraria’ a quien ha de notificarse un escrito de apelación es la que de los autos aparece ser tal parte contraria, y corresponde a la parte que Solicita la desestimación de la apelación probar con los autos que una parte no notificada era parte contraria. Los autos a considerar con este objeto son los autos de los procedimientos en que la apela-ción es establecida. El hecho de si una parte en el pleito es contra-ria al apelante debe determinarse de sus posiciones relativa's en los autos y de las alegaciones contenidas en sus pliegos de alegaciones, más bien que de la forma en que dicha parte expresara 'sus deseos durante el juicio o de cualquier presunción deducible de la relación de las partes entre sí o con respecto a la materia objeto del pleito en cuestiones ajenas al mismo.” 2 California Jurisprudence, pág. 335, see. 121.

Se sostiene, no obstante, por los promoventes, en apa-rente oposición a la jurisprudencia citada, que el síndico por el mero hecho de su nombramiento es una parte necesaria en el pleito en todo lo que atañe a la tramitación de la ape-lación, e invocan para ello el caso de Scannel v. Felton et al., (57 Kan. 468), 46 Pac. 948.

En este caso se trataba de una corporación bancaria que se declaró insolvente y el nombramiento de síndico se hizo a instancia del Attorney General y después que se dictó sentencia en la corte inferior a favor del banco. Se declaró, sin embargo, que sólo el síndico estaba autorizado para re-presentar a los acreedores por sentencia y la corte llegó a la conclusión que dicho síndico era una parte necesaria, única que podía representar al banco y desestimó la apela-ción por falta de notificación. La opinión no cita la ley del estado en que se funda ni el apelado hace referencia alguna a la misma.

No se demuestra, por tanto, que el caso sea análogo al que nos ocupa, pues en éste el síndico no aparece nombrado de acuerdo con nuestra ley de corporaciones. Lo fué’ con-forme al artículo 182, apartado 1°., o para evitar la insol-vencia, apartado 4°., en otro pleito separado e independiente y su función únicamente se limita, según la naturaleza de es-tos síndicos, a conservar los bienes de la corporación ape-lada, sin tener más poderes que aquellos que le confiere la corte.

Asumiendo que el nombramiento se hubiera hecho según prescriben los artículos 30 y 32 de la ley de corporaciones aprobada en 9 de marzo de .1911 (secciones 436 y 438 Comp. 1911) o el artículo 183 del Código de Enjuiciamiento Civil, el caso de Scannel, supra, hubiera tenido alguna analogía al presente. Estas disposiciones dicen:

“Art. 30. — Cuando una corporación por cualquier motivo se disolviere, la corte de distrito * * * podrá '* '* * nombrar a una o más personas para actuar como liquidadores de dicba corpo-ración y hacerse cargo del activo de la misma, cobrar las deudas y ■caudales pertenecientes a la corporación, e investirlas de poder para demandar y ser demandadas a nombre de la corporación, o de otro modo promover la's acciones necesarias o convenientes al objeto; « # * >>
“Art. 32. — Ningún pleito que. esté pendiente o que se entablare ei¿ adelante contra cualquier corporación disuelta antes de haberse dictado sentencia definitiva, caducará por razón de dicha disolución; pero no se dictará sentencia en ninguno de dichos pleitos sin previa notificación a los síndicos o liquidadores de la corporación.”
“Art. 183. — Al disolverse cualquiera corporación, la corte de dis-trito del distrito judicial en que verifique sus negocios o tuviere su oficina principal, a solicitud de cualquier acreedor de dicha corpo-ración o de cualquiera de sus miembros o accionistas, podrá nombrar una o más personas como síndicos o depositarios de la corporación, para encargarse de los bienes y efectos ele la misma, cobrar lós cré-ditos a su favor y recoger sus pertenencias, satisfacer sus deudas pendientes, y repartir los fondos y demás propiedades entre los ac-cionistas y socios.”

En cualquiera de estos casos previstos, la ley se refiere al síndico liquidador, único representante de los acreedores, quien se encarga del activo y cobra el pasivo de la entidad disnelta. No es éste el síndico que fia sido nombrado. No es un liquidador y sus funciones son más limitadas. Su de-finición, según la jurisprudencia, le distingue de aquella «lase de síndicos.

En el caso de Spring Valley v. San Francisco, 225 Fed. 728, 731, se cita de la Corte Suprema de los Estados Unidos lo siguiente:

“Un síndico es una persona indiferente entre las partes, nom-brado por la corte para recibir las rentas, productos o beneficios de terreno u otra cosa en controversia en e'sta corte, pendiente el litigio cuando le pareciera razonable a la corte que ninguna de las partes lo haga.”

Del caso de Atlanta Trust Co. v. Champman, 208 U.S. 360, 371, 52 L. ed. 528, que también se cita en el anterior, se copia lo siguiente:

“Es un funcionario de la corte; su nombramiento es provisional. Es nombrado en representación de todas las partes y no del deman-dante o del demandado solamente. Es nombrado para beneficio de toda's las partes que puedan establecer derechos en el pleito. El dinero en sus manos está en custodia legis para quienquiera que esta-blezca tener derecho a él. Delany v. Mansfield, 1 Hogan, 234. Es la corte misma quien tiene el cuidado de los bienes en controversia. El síndico es 'sencillamente obra de la corte, y' no tiene otras facul-tades que las conferídasle por la orden de nombramiento y la prác-tica y procedimientos de la corte.”

De todo se infiere que dada la índole del síndico qne ha sido nombrado, la regla de que sólo debe atenderse al récord al momento de presentarse la apelación para determinar quiénes son las partes necesarias queda en pie, y no habién-dose hecho tal nombramiento cuando se archivó la apela-ción de este caso, las mociones de los promoventes deben de-clararse sin lugar.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe FeaNco Soto,

license: Public Domain

text:
    Enrique Bosch, peticionario, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. R. Díaz Cintrón, Juez, demandado.
    No. 480.

    Visto: Marzo 16, 1925.

      Resuelto: Mayo 26, 1925.
    Apelación v Error —• Revisión — Presunciones — Procedimientos en la Corte Inferior.- — Corresponde al peticionario en un procedimiento de certiorari incorporar al récord todas las actuaciones ante la corte inferior bien me-diante una transcripción de las notas taquigráficas o una exposición del caso o pliego de excepciones; no estando el Tribunal Supremo en las mismas condiciones que estuvo la corte inferior para dictar la resolución apelada, se presumo que los procedimientos fueron correctos y procede dejar sin efecto el auto expedido.
    OeRtioRAri para revisar RESOIjUCIÓn de R. Díaz Cintrón, J. (Ponce), declarando la nulidad de una subasta.

      Anidado el auto expedido.

      José Rosario Gélpí, abogado del peticionario; López de Tord & Za-gas Bizarro, abogados de la parte interventora.
   El Juez Asociado Señoe FeaNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Enrique Bosch fué un postor a quien se le concedió la .buena pro de un inmueble en la subasta que tuvo lugar para satisfacer cierta sentencia dictada en un procedimiento hi-potecario. Juan Bonin Fuster, ejecutante, presentó una mo-ción en el mismo procedimiento solicitando la nulidad de la adjudicación que hizo el marshal al anterior postor y para que se celebrara una nueva subasta. La corte inferior así lo acordó y con objeto de revisar su resolución, Bosch esta-bleció el presente recurso de certiorari.

El auto fué expedido, requiriéndose a la corte inferior para que remitiera a este tribunal los autos originales del pleito principal, junto con los procedimientos habidos en la subasta y el incidente que motivó la resolución de la corte inferior declarando la nulidad de la subasta. El récord fué -elevado, pero fundándose la corte inferior para dictar su resolución en prueba documental y testifical, esta evidencia, así como la moción promoviendo el incidente, son constan-cias que no aparecen de los autos.

El peticionario con el fin de suplir esas deficiencias pre-sentó una moción, acompañada de un affidavit del marshal y una transcripción de las notas taquigráficas, para que fueran unidos al récord y así completar el return. Esta moción fué denegada toda vez que el affidavit del márshal era • inadmisible y las notas taquigráficas no estaban certifi- ’ cadas por el juez inferior.

-El peticionario de nuevo insiste que la corte inferior no ha .cumplido con el auto expedido. Sin embargo, no se de-muestra que los procedimientos que tuvieron lugar ante dicha corte hayan sido incorporados de algún modo al récord. Si como se alega, la corte inferior no tuvo jurisdicción sobre el peticionario ni le concedió tiempo para sus defensas y fundó su resolución en documentos y prueba que fué practi-cada, correspondía al peticionario incorporar al récord tales actuaciones y elementos de prueba mediante uno de los dos modos que autoriza la ley: transcripción de las notas ta-quigráficas o una exposición del caso o pliego de excepcio-nes. No habiéndose hecho nada de esto, el peticionario no' puede quejarse, pues no había diligencias complementarias que elevar a esta Corte Suprema ni base para requerir a la corte inferior para que cumpliera con nuestra segunda or-den de 31 de marzo de 1925. Por consiguiente, no estando esta corte en las mismas condiciones que estuvo la corte inferior para dictar su resolución de 2 de mareo de 1925, la presunción es de que tales procedimientos fueron correctos y en su consecuencia se deja sin efecto el auto.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Saturnino Torres, acusado y apelante.
    No. 2398.

    Visto: Marzo 4, 1925.

      Resuelto: Mayo 26, 1925.
    1. “Indictment” y Acusación — Enmiendas—Enmiendas en General. — Las enmiendas a las acusaciones, si no están autorizadas por otros artículos de • la ley, lo están por el artículo 461 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
    2. “Indictment” y Acusación — Enmiendas—Cambios en el Apellido del In7 terfecto.- — En un proceso por asesinato, la enmienda en el apellido del in-terfecto es una de fondo no permisible en el juieio, y no puede hacerse sin la intervención del gran jurado.
    3. “Indictment” y Acusación — Enmiendas—Cambios en el Apellido del In-terfecto. — Cuando a una persona se imputa el hecho de haber dado muerte a Donata Díaz, siendo el verdadero nombre de ésta Donata. Fontánez la pro-puesta enmienda a la acusación para que el nombre de la interfecta lea ‘ ‘ Donata Díaz, conocida también por Donata Fontánez ’ ’ imputa todavía al acusado el acto de haber dado muerte a Donata Díaz, y demostrados los hechos, surge una incongruencia fatal.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Iíumaeao), condenando al acusado por delito de asesinato en 'segundo grado, sin costas.

      Revocada y absuelto el acusado.

      González Fagundo & González, Jr. abogados del apelante; José E. Figueras. abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación imputaba al acusado la comisión de un de-lito de asesinato en segundo grado por haber dado muerte a Donata Díaz. No obstante las objeciones hechas por el acusado, fué admitida prueba tendente a acreditar que la interfecta era Donata Fontánez. Al terminarse el juicio la corte permitió que se hiciera una enmienda a la acusación por virtud de la cual después de las palabras “Donata Díaz” se insertaron las palabras “conocida también por Donata Fontánez.” No hubo prueba tendente a demostrar que la interfecta fuera conocida alternativamente como se alegaba.

Las enmiendas a las acusaciones en Puerto Rico están autorizadas probablemente por el artículo 461 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual es como sigue:

“Art. 461. — Ni el hecho de separarse de la forma prescrita por este Código para cualquiera alegación o procedimiento, ni el de que éste adolezca de algún error o equivocación, bastará para invalidarlo, a menos que real y efectivamente haya perjudicado al acusado o tienda a perjudicarle, en cuanto a algún derecho 'sustancial.”

También el artículo 158 reconoce la facultad de hacer enmiendas en cuestiones sustanciales.

Existen autoridades que sostienen que el cambio en un nombre es una cuestión sustancial, — Watts v. State, 99 Md. 30, 57 Pac. 542, y casos; State v. Van Cleve, 5 Wash. 642, 32 Pac. 461; State v. Mayer, 76 Oregon 396, 149 Pac. 84,— aunque cuando han de formularse cargos formales hay au-toridades que indican que una enmienda para corregir el nombre de un fallecido es una enmienda de forma. Miller v. State, 68 Miss. 221, 8 So. 273; State v. Tolla, 7 N.J.L. 515, 62 A. 675, 32 L.R.A., N.S. 523; State v. Peterson, 41 La. 85, 6 Southern 527. No encontramos ningún caso en el cual se permitiera hacer una enmienda del apellido. Por el contrario el describir erróneamente al fallecido o a los dueños de propiedad que lia sido robada, es un error sus-tancial.

Las cortes, si acaso, son algo más estrictas en los casos en que se presenta una acusación por un gran jurado. En-tonces a falta de un estatuto no pueden hacerse enmiendas en la acusación excepto por el gran jurado. El Pueblo v. Anthony, 20 Cal. App. 590. Admitiendo pero no resolviendo definitivamente que el artículo 461 del Código de Enjuicia-miento Criminal era aplicable después de la vigencia en el año 1919 del sistema de gran jurado en Puerto Rico, esta-mos obligados, sin embargo, a resolver que la enmienda aquí verificada era una de fondo. El Pueblo v. Anthony, supra, y casos.

Tal vez si se hubiera acreditado que la interfecta era ge-neralmente conocida sólo por su sobrenombre, un caso algo más fuerte se hubiera presentado, pero aún así la acusación debió haber tratado de alegar esta condición de los hechos y no describir mal a la interfecta. Un acusado tiene dere-cho a ser informado exactamente de cuál es el ser humano cuya muerte se alega que ha originado.

En el presente ■ caso, como se ha indicado, no hubo nin-guna prueba de que Donata Díaz era conocida por Donata Pontánez como se describe en la acusación enmendada. No s.e logró acreditar que el acusado había sido agente en el acto de dar muerte a Donata Díaz. Sobre si puede el Fiscal presentar el caso nuevamente al Gran Jurado y formu-larse acusación por la muerte de Donata Fontánez, no ex-presamos opinión alguna, pues no deseamos prejuzgar las cuestiones que puedan surgir.

El Fiscal de esta corte se allana a la súplica del acusado para que se revoque la sentencia. Hubo un fracaso en la prueba; la sentencia debe ser revocada debiendo absolverse al acusado.


text:
    Schlüter & Co., Sucr., demandante y apelada, v. Manuel González, demandado y apelante.
    No. 3551.

    Visto: Abril 24, 1925.

      Resuelto: Mayo 29, 1925.
    1. Sociedad — Derechos y Responsabilidades en Cuanto a Terceras Personas —Representación de la Firma por un Socio — Oobro por un Socio de Pa-garés a Favor de la Sociedad. — Un socio gestor no puede redamar perso-nalmente el cobro de pagarés otorgados a favor de una sociedad sin más alegación que la de su carácter de socio gestor.
    2. Letras y Pagarés (Bills and Notes) — Acciones—Demanda—Requisitos de las Demandas — Cobro de Pagares. — En el cobro de pagarés es necesario alegar, además de liaber sido suscritos, la entrega de los mismos o, cuando menos, la posesión de ellos por el demandante.
    Í^ENTENCLV en rebeldía dictada por la Corte de Distrito de Humaeao, y registrada de acuerdo con la suplica de la demanda, con costas.

      Revocada, concediéndose permiso para enmendar.

      González Fagundo <& González, Jr., abogados del apelante; Antonio L. López j JuUo Reguero González, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción en cobro de dinero. El demandado excepcionó la demanda por falta de cansa de acción. Su alegación fné desestimada y no contestando se le anotó la rebeldía y se dictó sentencia en sn contra.

El apelante sostiene dos puntos de error.

El primero se funda, en que si bien del título de la demanda aparece como demandante Schlüter & Co. Sucr., firma a cuyo nombre están suscritos los pagarés que se reclaman, al comenzar la demanda comparece,, no obstante, Ernesto Fernando Schlüter en su carácter de socio gestor de la sociedad Schlüter & Co., Sucr. demandando en representación de la sociedad. ■ .

Se alega también en la demanda que Schlüter & Co., Sucr., vendió a crédito abonos al demandado, quien le sus-cribió cuatro pagarés cuyas cantidades y fechas de venci-miento se relacionan. Siendo esto así, el apelante tiene ra-zón, la mercantil es la que puede proceder al cobro de los pagarés y no el socio gestor sin más alegación qne la de su carácter de socio gestor.

El segundo punto se refiere a que no es bastante que se alegue que el demandado suscribió a la demandante los mencionados pagarés y se sostiene por el apelante que no alegándose además la entrega de los pagarés, ni Schlüter & Co., Sucr., ni menos su socio gestor, pueden establecer la acción para su cobro.

El artículo 80 de la Ley de Evidencia (Comp. 1911, see. 1448), dice:

“Art.'80. — El otorgamiento de un documento consiste en suscri-birlo y entregarlo con o sin la fijación de un sello.”

El estatuto parece claro. No basta suscribir el docu-mento, es además esencial su entrega. La razón de la ley es que por la entrega sé consuma el contrato, o 'sea, por la tradición del documento.

“Es un elemento esencial en todo contrato escrito que sea entre-gado por la parte que se obliga, a alguien que tiene derecho a te-nerlo ; siendo la entrega la prueba del consentimiento del que la da, y el recibo del que la obtiene, esto da por consumado el contrato. Y así por regla general un pagaré, como cualquier otro documento, no tiene ningún principio legal o existencia válida como tal hasta que ha sido entregado de acuerdo con el objeto o intención de las partes.” 3 R.C.L. 859. Véase el caso dé Bennet v. Bosquetti, 31 D.P.R. 856.

El punto ahora es determinar si con ausencia de esa ale-gación la demanda es suficiente. En ella se dice simple-mente que el demandado suscribió al demandante los paga-rés. No parece bastante de acuerdo con lo que exige la ley y la jurisprudencia en el otorgamiento de documentos pri-vados, que tal alegación sea suficiente para establecer una causa de acción. Si el demandante, sin embargo, hubiese alegado adémás que era el tenedor de los documentos, la alegación de la entrega no hubiese sido indispensable por-que la ley presupone la entrega en esos casos, a menos que se pueda destruir tal presunción, pero ya esto sería mate-ria de evidencia.

“El tenedor de una cuenta o pagaré no tiene que probar la en-trega; ni la ley presumirá la entrega a menos que algo 'se haga cons-tar que contrarreste tal presunción. Si el acreedor de un pagaré lo tiene en su posesión, ese hecho se considera prima facie como prueba de que ha sido entregado.” 3 R.C.L., 859.

La corte inferior en su consecuencia cometió error al no sostener la excepción del demandado, por lo que debe revocarse la sentencia, con permiso de enmendar el deman-dante su demanda.


text:
    Angel Carrión, demandante y apelante, v. Carmen María Nadal Carrión como sucesora de Doña Cristina Carrión Otero, demandada y apelada.
    No. 3582.

    Visto: Mayo 5, 1925.

      Resuelto: Mayo 29, 1925.
    1. Apelación y Error — Decisiones Sujetas a Revisión — Modo dtí Rendirlas;. Eorma, y Registro de Sentencia u Orden — Sentencias Consentidas.. — Al pedir un demandante, motu proprio, el desistimiento de su acción, consiente en la sentencia que se dicte y está impedido de apelar contra la misma.
    2. Costas — Tasación—Memorándum de Costas — Radicación del Mismo. — Pe-dido por un demandante que se le tenga por desistido de su acción, puede radicarse un memorándum de costas inmediatamente después de dictada sen-tencia de desestimación que condene en costas.
    3. Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Corte Inferior — Tasación de Costas — Concesión de Honorarios de Abogado. — Cuando nada substan-cial se alega respecto a que fueren excesivos los honorarios de abogado fijados por la corte inferior, y las actuaciones del pleito principal demues-tran una justa discreción al determinar los mismos, debe confirmarse la sentencia apelada.
    SENTENCIA de Angel Acosta, J. (Mayagüez), teniendo al demandante por desistido de su acción, con co'stas.

      Confirmada.

      A. Nazario Lugo, abogado del apelante; Angel A. Vázquez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Angel Carrión demandó en la Corte de Distrito de Ponee a Carmen María Nadal en cobro de la suma de $13,440, más intereses y costas.

La demandada excepeionó la demanda por falta de cansa de acción y a su vez solicitó el traslado del pleito a la Corte de Distrito de Mayagüez. El traslado fué acordado y en-tonces el demandante pidió que se le tuviera por desistido de su demanda, y la corte inferior le tuvo por desistido im-poniéndole las costas, todo ello conforme dispone el artículo 192, No. 1, del Código de Enjuiciamiento Civil.

La demandada presentó luego un memorándum de costas montando la partida de honorarios de abogado a la canti-dad de $500. Impugnada que fué por excesiva, recayó sen-tencia rebajándose a $200.

De esta sentencia se apeló y se alegan como motivos de error, 1°., que la radicación del memorándum es prematura, toda vez que el demandante no fué notificado de la resolu-ción en el pleito principal en la que se imponen las costas, y 2°., porque la concesión de $200 es aún excesiva.

El demandante pidió motu proprio el desistimiento de la acción y al hacerlo así consintió la sentencia que le declaró por desistido con costas. Parecía lógico que habiéndose dictado el fallo a su instancia y con su consentimiento, él quedara impedido de apelar del mismo. Así se declara por las autoridades, diciéndose:

“Si una parte consiente en que se dicte determinada sentencia, .decreto, u orden, no puede apelar del mismo o hacer que sea revi-sado por auto de error. Así, por ejemplo, una sentencia de desesti-mación o sobreseimiento dictada a 'solicitud del demandante, no es por regla general revisable a moción suya.” 2 R.C.L. págs. 59, 60.

En el caso de Sanders Philippi, S. en C., etc., v. Viuda de Baigés e Hijos, 32 D.P.R. 855, análogo al presente, se sienta la misma doctrina y se dijo:

“El apelante, sin embargo, insiste en que no había derecho de apelación por haber .sido obtenida la sentencia por allanamiento, y en que el memorándum podía ser archivado inmediatamente después de dictada la sentencia. Creemos que el apelante tiene razón. Cuando una parte no mue'stra disposición a levantar cuestión litigiosa alguna, sino que por el contrario, como aquí sucede, explícitamente permite que se dicte sentencia contra ella, no bay un verdadero litigio y tampoco derecho de apelación. Hibernia Savings and Loan Society v. Waymire, 152 Cal. 286, 92 P. 645; Sutherland Code Pleading, vol. 2, p. 1107, sección 1687; 2 R.C.L. 59 y casos citados en la nota número 7, p. 60; 3 C.J. 604, sección 449; 3 C.J. 608, sección 453; 3 C.J. 546. Hay quizás algunas excepciones indicadas por la's auto-ridades, como por ejemplo, cuando el allanamiento de la parte derro-tada ha sido, inducido por alguna actuación previa de la corte, como la desestimación de una excepción previa.”

Basta contestar en cnanto a este error qne el apelante nada substancial alega de que el montante de honorarios concedido sea excesivo, y por el contrario, las actuaciones del pleito principal que fué lo único que tuvo en cuenta la corte inferior, demuestran su justa discreción al determinar los honorarios de abogado en la suma que fué fijada en su sentencia.

Por todo lo expuesto, la sentencia inferior debe ser con-firmada.


author: El Juez Asociado Señoe Wolf,

text:
    Luisa López Laborde por sí y por sus menores hijos nombrados Marina, Estela, Luz y Jaime Vázquez Prada y López; Leopoldo y Luisa María Vázquez Prada y López, por su propio derecho, demandantes y apelados, v. Cipriano Santos Lanchas, demandado y apelante.
    No. 3409.

    Visto: Febrero 25, 1925.

      Resuelto: Mayo 29, 1925.
    1. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredicto y Conclu-siones — Conclusiones de un Arbitro. — Rendida una decisión arbitral y confirmada ésta por la corte inferior, el Tribunal Supremo no revocará la sentencia dietada sobre dicha decisión arbitral a falta de un claro conven-cimiento de error.
    2. Apelación y Error — Autos y Procedimientos que no Están en Récord-Arbitraje — Pruebas Ante el' Arbitro. — Cuando on apelación contra sen-tencia que confirma una decisión arbitral,' la prueba tomada ante el árbitro no está debidamente ante la corte de apelación, procede confirmarse la sen-tencia apelada.

      SENTENCIA de la Corte de Distrito de San Juan, (Distrito Primero), confirmando decisión arbitral, dictada a favor del demandante, sin costas.

      Confirmada.

      José Martínez Dávila, abogado del apelante; V. M. Fernández y A. J. Amadeo, abogadós de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Las partes aquí, estando pendiente el pleito, convinieron en someter sns diferencias a nn árbitro nombrado por la corte. El árbitro rindió nna larga cuenta y llegó a la conclusión de que se pagara la suma de $152 a la demandante. La corte confirmó esta decisión y dictó sentencia a favor del demandante sin costas.

Después de tales dos conclusiones esta corte no está dis-puesta a revocar la sentencia a falta de un claro convenci-miento de error. Lejos de ser esto así, tenemos un récord imperfecto ante nosotros.

Las partes sometieron documentos y comprobantes al árbitro. Este rindió un informe en el cual se refirió a estos documentos y comprobantes. Este informe probablemente fué sometido a la corte, pero no tenemos ninguna manifestación terminante de lo que realmente sucedió.

Es verdad que existe una llamada exposición del caso en los autos, pero, al examinarse, si bien está suscrita por el juez, representa ser la prueba sometida al árbitro y no al juez. El segundo difícilmente podía certificar prueba intro-ducida ante otra persona. No bay ninguna manifestación, ni siquiera de que las notas taquigráficas tomadas ante el árbitro fueran sometidas a la corte. De todos modos, no tenemos ante nuestra consideración, ni los documentos y comprobantes presentados al árbitro, ni ninguna certifica-ción suya en cuanto a la prueba tomada ante él. Phelps v. Peabody, 7 Cal. 50; Bernard v. Sloan, 2 Cal. App. 737, 84 Pac. 237. No tenemos la debida incorporación de la prueba por virtud de la cual fué resuelto el caso.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor "Wole,

text:
    José Villanueva Bonilla, demandante y apelante, v. José Cristóbal Díaz Maldonado, demandado y apelado.
    No. 3420.

    Visto: Enero 23, 1925.

    Resuelto: Mayo 29, 1925.
    Hipotecas — Acción Ordinaria en Oobro de Hipotecas — Pastes Demanda-das — Ejecutivo Hipotecario Nulo en Cuanto a Varios Condueños.- — De-eiarado nulo un procedimiento ejecutivo hipotecario a instancia de y en cuanto a ciertos condueños de la finea hipotecada, el acreedor hipotecario puede entablar aceión ordinaria en cobro del crédito e incluir como deman-dados a los otros condueños.
    SENTENCIA de Enrique Lloreda, J. (Arecibo), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Revocada y devuelto el caso.

      A. SuUveres j R. Agrait Aldea, abogados del apelante; José Tous Soto, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Tres de varios herederos obtuvieron sentencia final a su. favor en la cual se declaró nulo un procedimiento hipo-tecario, toda vez que en dicho procedimiento sólo fue citado el viudo y ninguno de los herederos. Estos últimos tenían-derecho a una notificación debido al fallecimiento de su ma-dre, la consiguiente disolución de la sociedad conyugal y de-volución a los herederos de su debida participación en los bienes conyugales. Cortés v. Díaz, 31 D.P.R. 454. En esa decisión dijimos que el procedimiento hipotecario era nulo e ineficaz en tanto afectaba al derecho de los demandantes en la acción que entonces pendía ante nuestra consideración. La cuestión que se presenta es si el procedimiento hipote-cario no era enteramente nulo e inexistente. No estábamos por supuesto, considerando en dicho caso de Cortés v. Díaz, supra, ni consideramos, los derechos de terceros por virtud de la Ley Hipotecaria.

En la supuesta venta en ejecución la. acreedora doña Juana de Dios Sofía Eeventós compró la propiedad. Ella vendió ésta, o parte de la misma, al causante de la deman-dante en esta acción, José Villanueva Bonilla. Como con-secuencia de los procedimientos de nulidad antes referidos, Villanueva demandó a la Sra. Revenios. El pleito terminó eon una transacción por virtud de la cual la Sra. Reven-tós cedió el crédito hipotecario a Bonilla. Este último es-tableció demanda cuyo fin último era cobrar el crédito hi-potecario. El hizo partes demandadas a todos los anterio-res dueños y sus herederos. La corte inferior resolvió que el demandante no había probado una causa de acción.

La corte tuvo razón al resolver que la primera narración de la demanda no determinaba una causa de acción. En ella e.l demandante se limitó a expresar en una forma más extensa que nosotros, los hechos que dieron lugar a la deci-sión de esta corte en el caso de Cortés v. Díaz, supra. La segunda narración, sin embargo, es muy diferente. Expone la acción establecida por Villanueva contra la Sra. Revenios, la transacción de la misma y el traspaso del crédito hipoteca-rio al demandante con todos los derechos de acción que ella pudo haber tenido. La demanda entonces pasa a decir que la hipoteca es aún debida y no satisfecha y que los deman-dados no la han pagado. La demanda al final contenía en-tonces lo siguiente:

“1. Que la referida sentencia de esta corte, fecha 13 de marzo de 1920, y por la que se declaró la nulidad de las ventas de dichas fincas otorgadas el 8 de marzo de 1908, la primera por el Márshal del Distrito de Arecibo a nombre de Hermógenes Díaz a favor de Doña Juana de Dios Sofía Revenios, y la segunda por ésta a favor de Cristóbal Díaz, en cuanto afectan al condominio reconocido de los allí demandantes, por fundarse en la falta de jurisdicción del tribunal para decretar dicha subasta y venta judicial, y en no ha-berse cumplido la ley en el procedimiento de la publicación de los edictos para la total nulidad de tales ventas, por tratarse de con-tratos enteramente nulos o inexistentes.
“2. Que de no estimarlo así, se sirva declarar la nulidad com-pleta y absoluta de dichas escrituras de ventas, así como la subasta que las originó, y nulas también sus inscripciones en el Registro de la Propiedad y las que posteriormente se hayan derivado de tales contratos nulos, en cuanto no lo estén ya en virtud de la repetida sentencia.
“3. Que se condene a los demandados a pagar al demandante la referida suma de trece mil ciento veinte y cinco dollars veinte y siete centavos que se resta y adeuda de la repetida hipoteca, sus intereses de mora al doce por ciento anual desde el 13 de marzo de 1920 y un mil dollars más, fijados para costas y gastos.”

Este pleito es esencialmente para ejecutar la hipoteca. El demandante se encontró en una situación embarazosa por el hecho de que la sentencia de esta corte sólo declaraba nula la venta en ejecución de la hipoteca en cuanto a tres de lo¡? herederos. Ellos eran los únicos que se encontraban ante la corte. Pudo haberse alagado contra el aquí demandante que el derecho de otros dueños había sido traspasado por la venta en ejecución. Por tanto, el demandante tenía de-recho a una declaración de una corte de si su hipoteca era susceptible o no de una ejecución total en lo que respecta a todos los dueños o sus herederos, o sólo contra una parte de ellos. Convenimos con el demandante en que la hipoteca ante nuestra consideración era indivisible — Ley Hipotecaria, artículo 122 — y que la venta en ejecución que fué declarada nula en cuanto a algunos de los herederos era nula contra todos los dueños. Por tanto, el demandante tiene derecho a comenzar de nuevo la acción y libre de la duda particular que se presenta. La corte estuvo equivocada al resolver que no había ninguna relación o nexo existente entre el de-mandante y los demandados. El adquirió todo el derecho que los primitivos dueños del crédito hipotecario tenían contra dichos demandados. La acción no es para hacer la anterior sentencia, como tal, efectiya contra otros demanda-dos; pero, como hemos indicado, éste es un procedimiento en cobro de una hipoteca en el cual el demandante tiene de-recho a que todo el crédito hipotecario sea satisfecho en cuanto a dichos herederos. Por tanto, habiendo compare-cido y contestado los demandados y no existiendo duda al-guna. .sobre los hechos, la venta en ejecución debe ordenarse en debida forma de acuerdo con la ley. Se revoca la sen-tencia y devuelve el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    In re Angel M. Torregrosa, peticionario.
    No. 9.

    Visto: Junio 1, 1925.

      Resuelto: Junio 3, 1925.
    Abogado y Cliente — Profesión de Abogado — Suspensión y Separación (Disbarment) — Rehabilitación en el Ejercicio de la Profesión. — Procede la rehabilitación de un abogado al ejercicio de su iirofesión, cuando la socie-dad en que vive y la abogacía en general, convencidas de su integridad de carácter 'actual, así lo piden, y la corte queda satisfecha a virtud de la prueba robusta que se le presenta, de que puede depositar en él nuevamente su confianza.
    Sobre rehabilxtagión al ejercicio ele la profesión de abogado.

      Juan B. García Méndez, abogado d¿L peticionario.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

■ Hace cerca de ocho años este tribunal, después de un juicio, separó del ejercicio de su profesión de abogado y no-tario a Angel M. Torregrosa. In re Torregrosa, 25 D.P.R. 637. En varias ocasiones desde entonces se solicitó su re-posición. No obstante las razones alegadas en los escritos presentados al efecto y la recomendación favorable de abo-gados y ciudadanos prominentes, esta corte, atendida la gra-vedad del hecho por él realizado y fijo su pensamiento en que las facultades de que está investida sólo deben usarse para el bien de la comunidad y no para satisfacer un sen-timiento de personal piedad o para beneficio o en conside-ración de una persona, familia o ^rupo, no estando conven-cida de la reacción operada en él carácter de Torregrosa en forma tal que no liubiera temor de confiar a su honradez la gestión y defensa de los más delicados asuntos, negó las peticiones.

El 28 de abril último se archivó una nueva solicitud de rehabilitación recomendada por los abogados que ejercen en el distrito de Aguadilla, donde Torregrosa reside y donde se cometió el hecho que dió lugar a su separación. En la recomendación, que está jurada, entre otras cosas, se. dice: “Asimismo declaramos en la forma más enfática que sus excelentes condiciones morales le acreditan como un ciuda-dano probo y honorable, de magnífica reputación general.”

A la solicitud se acompañó una certificación del actual Juez de Distrito de Aguadilla, que entre otros particulares dice: “que en las labores a que viene dedicándose ña pro-cedido siempre con acrisolada honradez,” y otras de los Sres. Berga, Acosta, Rivera Zayas, Quiñones y Massari, que han desempeñado los cargos de juez y fiscal del distrito de Aguadilla, todas recomendando favorablemente a Torre-grosa.

Además treinta affidavits de abogados, oficiales públicos y ciudadanos distinguidos del distrito y de la Isla, apoya-ban sin reservas la solicitud.

Siguiendo la pauta marcada en Ex parte Justo A. Casablanca, 32 D.P.R. 667, se señaló el 1 de junio actual, para oir en corte abierta al peticionario y a los abogados y otras personas que desearan declarar. Se ordenó además la no-tificación del señalamiento a las Asociaciones de Abogados de la Isla y a la Comisión de Reputación.

El día señalado compareció el peticionario representado por su abogado Juan B. García Méndez y declararon, a nom-bre de la Comisión de Reputación, el abogado P. Soto Gras, en representación de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, los abogados Jacinto Texidor, su Presidente, y Leopoldo Feliú, y por su propio acuerdo, los abogados Salvador Mestre, Juan Valldejuli, Enrique González Mena y Juan B. Soto.

Fueron sus'declaraciones de tal manera convincentes, no-tábase en sus afirmaciones y opiniones tal sinceridad, que el tribunal se dió cuenta en seguida de que no se trataba de uno de esos casos en que por compromiso o simpatía se accede a intervenir. La Comisión de Reputación creyó que sus facultades no se extendían a casos de la naturaleza del presente. La Asociación de Abogados nombró un comité in-vestigador y como resultado de su investigación recomendó decididamente la rehabilitación. Los abogados Mestre, Vall-dejuli, González Mena y Soto, conocedores de la vida de To-rregrosa, que describieron, mostraron su plena confianza en él, asegurando algunos que no tendrían inconveniente en confiarle sus propios asuntos o asociarlo a su práctica pro-fesional.

El criterio de esta corte fue bien expresado en una re-solución que dictó en el caso de Casablanca, citado anterior-mente, el 24 de mayo de 1925, (33 D.P.R.), que dice así:

“PoR la Corte: Vista la solicitud presentada, la Corte llega a la conclusión de que cuando a un candidato se le niega la admisión debido a los delitos por él cometidos, para qúe este Tribunal haga uso de su facultad de admitirlo al ejercicio de la profesión, es pre-ciso que tal candidato supla prueba satisfactoria de su presente con-dición moral. No encontramos que tal cosa se haya hecho en este caso. La mera recomendación de abogados no es suficiente. A falta de prueba de una conducta que distinga señaladamente al can-didato, deberá éste pedir y obtener tal ayuda de la abogacía que disipe cualquier fuerte duda que exista de dicha presente condición. No estamos ejercitando la facultad de indultar sino que comparti-mos con la abogacía la responsabilidad de estar razonablemente sa-tisfechos de que una persona admitida a ejercer la abogacía debe ser digna de la confianza pública. 'Se deniega la petición.”

Examinado este caso a la luz de ese criterio, es ne-cesario concluir que todos los requisitos se lian cumplido. La petición fué recomendada desde el principio por los abo-gados del distrito y apoyada luego sin reservas por la Aso-ciación de Abogados de la Isla, In re Hawkins, [4 Boyce 200] (Del.), 87 A. 243, citado en 6 C.J. 615; personas de responsabilidad en el comercio y la agricultura, en el go-bierno municipal y en el Insular, la sostienen, y los abogados que personalmente, declararon bajo juramento en la forma indicada, gozan de gran prestigio, han desempeñado y des-empeñan puestos eminentes y merecen entero crédito a la corte. Ni una sola voz en contra se lia levantado, no obs-tante el tiempo transcurrido y la publicidad dada al seña-lamiento.

Bajo esas circunstancias la corte estima que está justi-ficada en creer y resolver que Torregrosa después de come-ter el grave hecho que dió lugar a su separación, realizado cuando aún era joven y no llevaba mnclio tiempo en el ejer-cicio de su profesión, reaccionó y se elevó moralmente, y que la sociedad en cuyo seno lia vivido y la abogacía, con-vencidas de su integridad de carácter actual, desean y pi-den como un acto de justicia que sea rehabilitado.

Siendo ello así, debe declararse con lugar la petición.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Andrés Cruz Rosado, acusado y apelante.
    No. 2522.

    Visto: Mayo 26, 1925.

      Resuelto: Junio 3, 1925.
    1. Armas — Asmas Prohibidas. — El artículo 1 de la Ley de 1924, página 117, en cuanto a las armas por él prohibidas, se refiere a aquellos instrumentos des-tinados a ofensa o a defensa, como son los que se enumeran en la Ley de 1905 y cualquier otro de igual naturaleza.
    2. Armas — Armas Prohibidas — Instrumentos.—Los instrumentos prohibidos por la Ley de 1924 son aquellos similares a las armas, y no los que no están destinados a fines de ofensa y defensa, aunque con ellos se pueda causar daño corporal.
    3. Armas — Armas Prohibidas — Vergajo de Toro. — Un vergajo de toro no es un arma prohibida por la ley.
    SenteNCIA de Angel Acosta, J. (Mayagüez), condenando al acusado por delito de portar armas.

      Revocada y absuelio el acusado.

      Benet & Souffront, abogados del apelante; J,osé E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Andrés Cruz Rosado fue acusado por el delito de portar armas prohibidas porque según la acusación el 24 de sep-tiembre de 1924 portaba sobre su persona un vergajo de toro, arma o instrumento con el cual puede causarse daño corporal. Fué condenado por ese delito y estableció esta apelación en la que alegó varios motivos de error, pero nos será suficiente considerar la siguiente cuestión.

El artículo primero de la ley de 9 de marzo de 1905 (Comp. 5994), no modificado por la ley enmendatoria de 1908, especificaba las armas cuyo uso se prohibía, siendo ellas revólver, puñal, daga, honda, espada, bastón de esto-que, garrote, arpón o manopla, hecho de cualquier metal o cualquier substancia dura, o faca u otro cuchillo manufac-turado o vendido para fines de ofensa y defensa, o machete; a menos que se portaran por determinadas personas o en ciertas ocasiones.

Ese artículo fué enmendado por la Ley No. 14 de 25 de junio de 1924 (p. 115) que en vez de determinar las armas cuyo uso se prohibía dijo que toda persona que ilegalmente portara o condujere cualquier arma o instrumento con' el cual pueda causarse daño corporal incurrirá en pena de pri-sión de uno a seis meses.

Arma, según su significado corriente y la definición que de esa palabra da el diccionario de la Academia Española, es un instrumento 'destinado a ofender o defenderse: o en otras palabras, el instrumento destinado a fines de ofensa o defensa. Por consiguiente, al castigar el artículo primero de la ley de .1924 (p. 117) a cualquier persona que ilegal-mente portare o condujere cualquier arma no puede refe-rirse sino a los instrumentos destinados a ofensa o a de-fensa, como son los que se enumeraban en la ley de 1905 (Comp. 5994), y aunque es cierto que prescindió en 1924 de la enumeración de las armas prohibidas y usó una palabra general, sin embargo, el significado de esa palabra no com-prende otras armas que los instrumentos destinados a fines de ofensa y defensa, como son los mencionados en la ley de 1905 y cualquier otro de igual naturaleza.

Es cierto que la ley actualmente en vigor no sólo prohíbe el uso de armas sino de instrumentos con los cuales pueda causarse daño corporal, pero como con las armas destinadas a fines de ofensa o defensa puede causarse daño corporal, aplicando la regla noscitur a sotáis llegamos a la conclusión de que los instrumentos que pueden causar daño corporal que se prohíben son aquellos similares a las armas y no los que no están destinados a fines de ofensa o defensa, aunque con ellos se pueda causar daño corporal. Esta nos parece que fue la intención del legislador, pues de otro modo habría que llegar a la conclusión de que muchísimos obje-tos o instrumentos que no están destinados a fines de ofensa o defensa, como alfileres de corbata, alfileres o pasadores para sombreros de señoras, pisapapeles, foetes, y muchos más, tendrían que ser considerados como armas prohibidas porque con ellos se puede producir daño corporal y con al-gunos hasta la muerte.

En vista de la conclusión a que llegamos y toda vez que un vergajo de toro no es un arma, ni un instrumento similar a un arma, porque no está destinado a fines de ofensa o defensa, pues es un foete ordinario destinado generalmente al castigo de animales, el apelante no ha cometido la infracción por la cual se le condenó y la sentencia apelada debe ser revocada y absuelto el acusado.


author: El Juez PresideNte Señor -del Toro,

text:
    Leonardo García Suárez, demandante y apelante, v. Sucesión de Emilio de Mazarredo y López de Araujo, representada por sus Albaceas Monserrate Maysonet y José Ramírez, demandada; Fortuna de Mazarredo, heredera de Emilio de Mazarredo, demandada y apelada.
    No. 3435.

    Visto: Marzo 4, 1925.

      Resuelto: Junio 4, 1925.
    1. Apelación y Error — Recurso de Error, Citación y Notificación — Notifi-cación de Escrito de Apelación — Parte Adversa. — Al que solieita la desestimación de la apelación corresponde probar que una parte no notificada de dicha apelación es parte adversa. Bajo las circunstancias concurrentes en este caso, se resolvió: que no se probó que los albaeeas demandados ori-ginalmente en el pleito y no notificados de la moción de nulidad, base de la apelación, fueran partes adversas en la misma.
    2. Mociones — Vista—Término Estatütorio — Señalamientos Dentro de Tér-minos Más Breves — Casos Meritorios. — Aunque las leyes fijando el término de cinco días de notificación antes de la vista de una moción son meramente directivas, y las cortes pueden y deben ejercitar su discreción para hacer señalamientos dentro de términos más cortos, sólo deben hacerlo en casos meritorios,
    3. Apelación y Error — Derecho de Revisión — Efecto de Una Míoción Sobre Keconsideración. — El hecho de haberse presentado una moción de reconsi-deración no afecta al derecho de apelar.

      Orden de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), anulando el emplazamiento expedido en el caso, la anotación de rebeldía y la sentencia y la subasta que se celebró como consecuencia de dicha sentencia.

      Bevocada y devuelto el caso. ■

      Buenaventura Estoves y Arturo. Reichard, abogados del apelante y Eduardo Acima, como amicus curice; José 8abater, abogado de la apelada.
   El Juez PresideNte Señor -del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 20 de marzo de 1924 Fortuna Mazarredo compareció en este pleito terminado por sentencia dictada el 9 de julio de 1912 y presentó una moción pidiendo que se declarara nulo el emplazamiento, la anotación de rebeldía y lp. senten-cia o inexistente y nula la subasta celebrada como conse-cuencia de la sentencia.

La corte señaló el día 24 de marzo de 1924 para discu-tir la moción y en dicho día, copiando textualmente de la transcripción de la evidencia, ocurrió lo que sigue:

“El Ledo. Buenaventura Esteves, en representación de la parte demandante, presenta por escrito una moción interesando la pospo-sición de esta vista para el próximo lunes o cualquier otra fecha, por los fundamentos que se expresan en dicha moción. La parte demandada se opone, alegando que- los fundamentos alegados en la misma son erróneos.
“Juez. — -La corte declara sin lugar la moción basada en el mismo artículo 217, o sea, la continuación dél mismo artículo, que dice, entre otras cosas, que la corte puede abreviar los términos.
“Dte. — Anunciamos a la Corte que no estamos preparados para discutir la moción señalada para hoy, y solicitamos permiso para retirarnos.
“Juez. — La Corte resuelve que la‘ parte no puede alegar sor-presa en un asunto de esta naturaleza porque es un demandante que está enterado de todos los actos del pleito y debido a eso mismo la Corte no autoriza al Letrado para que se retire del asunto.
“Dte. — Quiero manifestar que este es un pleito, según veo por el Legajo, que data del año 1912, es decir,, seis años antes de yo ser abogado, de modo que la Corte debe tomar en consideración, en primer término que lo que se va a discutir es una cuestión legal, y de' las cdestiones legales no tienen conocimiento las partes sino los abo-gados; qne cuando se inició este pleito y seis años después, todavía no era abogado, y qne minea lie sido abogado de récord en este caso basta este mismo día en que el señor García me encomendó su de-, fensa para qne viniera a la Corte, no con el propósito de discutir esta moción, sino con el propósito de venir a radicar una moción solicitando la suspensión del señalamiento.
“Juez. — En ese caso anuncie a la parte que su misión ba ter- > minado para que él pueda poner otro abogado que lo represente.
“Dte. — Aparte de esto,- quiero que se baga constar en récord la excepción nuestra a la resolución de la Corte declarando sin lugar nuestra moción, y también nuestra excepción a la resolución de la Corte no autorizándonos para retirarnos, puesto que nos encontra-mos completamente huérfanos de todo argumento y de toda arma para poder entablar una controversia jurídica con el compañero.”

Celebrada la vista bajo las circunstancias indicadas, la corte, el 28 de marzo de 1924, decretó las nulidades solicita-das y ordenó que se expidiera un nuevo emplazamiento.

El 4 de abril solicitó el demandante la reconsideración de la resolución del 28 de marzo, y el propio día la corte se negó a anular su resolución, pero concedió al demandante cinco días para que contestara la moción de Fortuna Ma-zarredo, después de lo cual y de oir las alegaciones de am-bas partes, resolvería si procedía o no la reconsideración solicitada.

El 8 de abril de 1924 el demandante presentó su escrito de apelación y la transcripción fué radicada en su oportu-nidad en la secretaría de esta corte.

Fortuna' Mazarredo pidió la desestimación del recurso porque la • evidencia no se había certificado debidamente y porque no se notificó a las partes contrarias. La moción de desestimación fué declarada sin lugar en cuanto al primer extremo. En cuanto al segundo se pospuso basta que el caso quedara como quedó el 4 de marzo último sometido por sus méritos.

Sostiene la parte apelada que esta corte no ba adquirido jurisdicción porque no ban sido notificados del re-curso los albaceas testamentarios de Emilio Mazarredo que fueron los demandados en el pleito. Y alega la parte ape-lante que la misma Fortuna Mazarredo sostuvo en su moción de nulidad que Monserrate Maisonet y José Ramírez no eran albaceas de Emilio Mazarredo, ni tenían autoridad para representar a la Sucesión demandada y congruente con su criterio dejó de notificar su moción a los citados Maisonet y Ramírez, llamando sólo al debate al demandante en el pleito, y que siendo ello así no está en condiciones de pedir la desestimación del recurso porque el apelante no hiciera lo que ella misma dejó de hacer al suscitar la contienda.

Tiene razón a nuestro juicio el apelante. Dejando a un lado si Monserrate Maisonet y José Ramírez eran o no par-tes necesarias en el pleito, cuando el pleito fué entablado, es lo cierto que cuando después de doce años de dictada la sentencia Fortuna Mazarredo solicitó su nulidad, sólo noti-ficó su moción al demandante y sería injusto que cuando el demandante se dirige al Supremo para que revise la actua-ción de la corte de distrito en el procedimiento de tal ma-nera iniciado y tramitado, se negara la revisión porque no se notificara a personas que de hecho ninguna intervención tuvieron en la contienda.

Si bien la moción de nulidad se presentó en el pleito, constituye en verdad un incidente separado en el cual For-tuna Mazarredo no hizo partes a los repetidos albaceas. No sabemos si dados los años transcurridos dichos albaceas existen o podrían funcionar como tales. La misma parte apelada al discutir la cuestión en su fondo invoca el artículo 878 del Código Civil para sostener que el albaceazgo dura sólo un año, a menos que hubiere sido prorrogado el plazo por el testador, y luego dice textualmente: “Los herederos no prorrogaron el plazo, no hay cartas testamentarias, no se ha aceptado por ellos el cargo, y no hay procedimiento para prorrogar el año del albaceazgo.”

Bajo tales circunstancias nos inclinamos a resolver que los dichos albaceas no son partes necesarias en esta apela-ción, especialmente no habiendo citado la parte apelada ju-risprudencia alguna que demuestre lo contrario. “En otras palabras, la parte adversa a quien ba de notificarse un es-crito de apelación, es la que de los autos aparece ser tal parte contraria, y corresponde a la parte que solicita la des-estimación de la apelación probar con los autos que una parte no notificada era parte contraria. Los autos a consi-derar con este objeto son los autos de los procedimientos en que la apelación es establecida.” 2 Cal. Jur. 335.

Señala el apelante en su alegato varios errores para pedir la revocación de la resolución apelada. Sólo será ‘necesario considerar el primero.

La moción de nulidad se presentó el 20 de marzo de 1924. La vista fue señalada para cuatro días después. La impor-tancia de la moción salta a la vista. Aunque no existiera ley escrita sobre el particular, es la buena práctica que se dé a las partes el tiempo necesario para preparar sus de-fensas. Las razones alegadas por el abogado del deman-dante para pedir la posposición de la vista son tan lógicas; y convincentes que apenas puede concebirse que dejaran de ser atendidas dentro del sereno ambiente peculiar de las cortes de justicia. . •

Pero existe ley escrita sobre el particular. El artículo 317 del Código de Enjuiciamiento Civil de modo terminante dice que toda •notificación de una moción deberá verificarse con cinco días de anticipación al señalado para su vista. Y otra ley posterior al Código (Leyes de 1917 (3), p. 19) al referirse al calendario especial de asuntos en las cortes de distrito, prescribe la misma notificación con cinco días. de antelación a la vista. Y aunque se concluya que tales re-glas son meramente directivas y que las cortes pueden y de-ben ejercitar su discreción para hacer señalamientos dentro de términos más breves, es necesario reconocer que consti-yen la norma fijada por la Legislatura que sólo cabe alte-rar en casos verdaderamente meritorios. Y ya hemos visto que este que estudiamos no lo es.

¿Qué influencia puede tener la moción de reconsideración y la resolución recaída a la misma? Ninguna, a nuestro juicio. Es recomendable la práctica de pedir a la propia corte la reconsideración. Mncbas veces se obtiene un resultado inmediato y se evitan con ello las apelaciones. Debe solicitarse como regia general antes de recurrir a un remedio extraordinario, pero cuando se ejercita el ordinario de apelación, no es imprescindible. La parte pudo desistir como desistió. Sólo está en verdad sometida a nuestra consideración la resolución de 24 de marzo de 1924, no la de 4 de abril siguiente.

Resultando, pues, evidente el error cometido por la corte de distrito al no conceder a la parte demandante tiempo ne-cesario para preparar y presentar sus defensas, debe revo-carse la orden recurrida y el caso devolverse para ulteriores ■procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    Rivera y Compañía, demandante y apelante, v. The London Assurance Corporation, demandada y apelada.
    No. 3491.

    Visto: Marzo 13, 1925.

      Resuelto: Junio 4, 1925.
    Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Heoi-ios, Veredictos y Conclu-siones — Apreciación de la Prueba. — Cuando a prueba tiende a demos-trar que unos bienes estaban asegurados por más de su valor, que las mer-cancías fueron fraudulentamente quemadas y que, contra varias señales de fraude que ella revela, sólo existe la declaración del socio gestor de la firma demandante a quien la corte inferior no creyó y tuvo motivos suficientes para no creer, no hay base para una revocación ni justificación alguna para apelar.
    SENTENCIA de Angel Acosta, J. (Mayagüez), desestimando la de-manda con costas.

      Confirmada.

      Angel A. Vázquez, abogado de la apelante; José ¡¡¡abater, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción sobre cobro de póliza de seguro de incen-dio la corte dictó sentencia a favor de la demandada. De la opinión aparece qne mercancías qne fueron aseguradas en $4,000 tenían un valor de no más de $500; que el fuego fué un conato de incendio en el cual sólo se quemó una pequeña parte de la mercancía asegurada; que la recla-mación de la demandante se fundaba en una declaración falsa con el fin de defraudar a la demandada; que como el fuego ocurrió en abril 30, 1922, la prueba de pérdidas, de acuerdo con los términos de la póliza, debió haberse presen-tado dentro de los quince días subsiguientes, y que el fuego fué de naturaleza fraudulenta.

En oposición a estas conclusiones, en tanto envuelven he-chos, sólo existe la declaración del socio gestor de la deman-dante, que trató de demostrar que al momento de ocurrir el fuego el establecimiento contenía mercancías por más de $500. Se refirió especialmente a cien cajas de chocolate va-loradas, según él, en $5,280. Convenimos con la corte en que la prueba acreditó que prácticamente nada fué quemado, especialmente no habiendo podido la demandante probar el origen de estas cajas de chocolate o de quién las compró. La prueba de aquellos que entraron en el establecimiento inmediatamente, tendió a establecer que sólo poco se había destruido y hubo señales de un incendio premeditado. Hubo algunas otras señales de fraude reveladas por la prueba y la opinión de la corte.

En los autos nada encontramos que contradiga las con-clusiones de la corte y como la prueba de fraude fué tan ro-busta creemos que es innecesario considerar si la prueba de pérdidas fué presentada a tiempo. Esta era una cuestión acerca de la cual no hay señalamiento de error.

No hubo justificación alguna para esta apelación y debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Hernández, acusado y apelante.
    No. 2445.

    Visto: Mayo 19, 1925.

      Resuelto: Junio 4, 1925.
    1. ACOMETIMIENTO Y AGRESIÓN-ACOMETIMIENTO'. Y AGRESIÓN GRAVE-PRUEBA DE la Edad del Acusado. — El artículo 320 del Código Civil no es obstáculo para probar que un hombre tiene más de veintiún años de edad cuando no está envuelta la cuestión de su estado civil (Pueblo v. Ruiz, 31: 312, seguido).
    2. Derecho Penal — Evidencia—Prueba de Opinión — Edad del Acusado. — Un observador capacitado puede permitírsele expresar su opinión en cuanto a la edad de seres humanos.
    SentbNciÁ de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), condenando al acusado por delito de acometimiento y agresión grave.

      Confirmada.

      Buenaventura Esteves, abogado del apelante; José E Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor "Wole,

emitió ■ la opinión .del tribunal.

Para probar nn acometimiento y agresión grave cometido por un hombre contra una mujer, era necesario • demostrar que el acusado tenía más de 21 años de edad. Para establecer esta conclusión el fiscal ofreció la declaración de dos testigos tendente a acreditar que cada uno de ellos había conocido al acusado desde hacía diez o quince años, en cuya fecha el referido acusado tenía edad suficiente para usar pantalones largos; que a juzgar por el conocimiento que tenían del acusado y la apariencia de este último, él debió haber tenido alrededor de 36 años de edad en la fecha de la celebración del juicio y que un hombre de su apariencia y características tenía que ser mayor de 21 años de edad.

El acusado se opuso a la presentación de esta evidencia primero* por el fundamento de que no era la mejor prueba; que una certificación del Registro Civil sería la mejór prueba de la.edad del acusado. En el caso del Pueblo v. Ruiz, 31 D.P.R. 312, resolvimos que la declaración de un médico era admisible para demostrar que un acusado tenía más de 21 años de edad cuando ese hecho era tan aparente que no so-lamente un perito, sino hasta cualquier testigo podía declarar sobre dicho hecho. Sostuvimos que el artículo 320 se refe-ría al estado civil y no era obstáculo para probar que un hombre tenía más de 21 años de edad cuándo no estaba en-vuelta la cuestión de su estado civil.

El artículo 320 del Código Civil además prescribe lo si guiente:

' “Artículo 320.- Las actas del registro serán la’prueba del estado , civil, la cual sólo podrá ser suplida por otras en el caso de que no hayan existido aquéllas o hubiesen desapareciólo los libros del regis-tro, o cuando ante los tribunales se suscite una contienda.”

En el caso de Assise v. Curet, 22 D.P.R. 555, la objeción en cuanto a la mejor prueba no fué presentada en la corte inferior. Sin embargo, cuando la cuestión se suscitó resol-vimos, emitiendo 1$, opinión del tribunal el Juez Presidente Sr. Hernández, que los términos del artículo 320 no eran aplicables cuando el estado civil (status) era el asunto en controversia. En relación con la misma cuestión está el caso de El Pueblo v. Díaz, 19 D.P.R. 520.

Si bien en el caso del Pueblo v. Ortiz, 29 D.P.R. 746, sos-tuvimos que la corte por una mera inspección no tenía nin-gún derecho a condenar, la teoría fué que debe presentarse alguna prueba aún cuando si, como se sugiere, el juez de-clarara como testigo. En el presente’caso el acusado fué confrontado con los testigos en su. contra, quienes prestaron declaraciones basadas en la experiencia y la opinión.

A un observador capacitado puede permitírsele ex-presar su opinión en cuanto a la edad de los seres humanos, sean ellos adultos o niños de corta edad. 22 Corpus Juris, 560, notas 43 y 44; People v. Bond, 13 Cal. A., 175, 191, 109 Pac. 150; Wigmore on Evidence, secciones 222, 227, 660.

El caso de El Pueblo v. Lebrón, 23 D.P.R. 658, fué uno en el cual la carrera del acusado con otro chauffeur causó el accidente. Se resolvió que los testigos podrían declarar con respecto al acto de correr en porfía, y que tal declaración no era una mera conclusión.

En cnanto al peso de la prueba, el apelante no nos con-vence de que la corte incurrió en error.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoe HutchisoN,

text:
    Rafael San Millán, demandante y apelante, v. José García Abreu, demandado y apelado.
    No. 3414.

    Visto: Febrero 6, 1925.

      Resuelto: Junio 4, 1925.
    Funcionarios (Officers) — ^Nombramiento, Condiciones y Término del Cargo — • Funcionarios “De Facto’’ — Responsabilidad por Sueldos Percibidos.— Un funcionario municipal de jure que ilegalmente ha sido separado de su cargo, puede recobrar del funcionario de facto el sueldo eobrado por éste durante el período de exclusión ilegal de aquél.
    SENTENCIA de. Enrique Lloreda, j. (Arecibo), desestimando la de-manda, con costas.

      Revocada.

      Rafael Rivera Zayas, abogado del apelante; R. Agraii Aldea, abo-gado del apelado. ,
   El Juez Asociado Señoe HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Fundado en la teoría de que la demanda no aduce hechos determinantes de una causa de acción, la corte de distrito declaró con lugar 1^, excepción previa formulada por el de-mandado y desestimó la demanda por las razones que pasa-mos a citar:

“El demandante, en síntesis alega: que fué nombrado Comisio-nado de Servicio Público, Policía y Prisiones del municipio de Are-cibo, por la asamblea municipal; y que, posteriormente, ésta declaró nula su elección, vacando el referido cargo; y nombró para el mismo al demandado, ocupándolo éste dos meses diez días, al cabo de los cuales cesó en el mismo por virtud de resolución de la Corle Su-prema de Puerto Pico en recurso de certiorari establecido por el de-mandante San Millán contra la Asamblea Municipal de Arecibo. Alega asimismo el demandante que el demandado durante el tiempo que desempeñó dicho cargo cobró el sueldo perteneciente al cargo de comisionado de servicio público, y que éste le fué pagado sin ^derecho alguno, ascendiendo a $588.71 el importe total del sueldo pagado, el cual alega le debe el demandado y no le ha sido sa-tisfecho por éste a pesar ele haberle requerido. Concluye solici-tando se condene al demandado al pago de los $588.71, con susdnte-reses legales, costas, desembolsos y honorarios de abogado.,..
“En toda acción judicial deben contenerse los tres elementqs-constitutivos de la misma, o sean, derecho en el demandante, daño' causado a dicho derecho, y remedio al daño alegado, siendo los he-chos correspondientes a dichos elementos los determinantes de la causa de acción que se ejercita.
“Examinada la demanda, considero que en la misma no se aduce hecho alguno que determine o establezca vínculo o relación jurídica de clase alguna entre demandado y demandante, que haya produ-cido una obligación en el demandado a favor del demandante y que aquél haya dejado de cumplir.
“Los hechos alegados en la demanda tienen, sí, relación directa con las actuaciones de la Asamblea Municipal de Arecibo, al nombrar primeramente al demandante San Millón comisionado de servicio pú-blico, y posteriormente al declarar nula su elección, y nombrar para el referido cargo al demandado José García Abren, quien entró en el desempeño del mismo por elección y nombramiento de la asamblea municipal, no por violencia, usurpación ni despojo, sin que el error legal en que haya incurrido la asamblea municipal en sus actuacio-nes o resoluciones ilegales pueda afectar virtualmente al demandado, constituyéndolo en deudor de una cantidad que no procede de obli-gación alguna ni vínculo jurídico alguno establecido entre deman-dante y demandado, y que representa el sueldo correspondiente per-cibido por un funcionario de facto (véase 22 R. C. L., 588 y 589).
“En el caso de Belaval v. Todd, 24 D.P.R. 833, el Juez Wolf resolviendo una moción sobre reconsideración de la sentencia dijo: .
“ ‘Aunque en gran parte fue una cuestión académica en este caso, nos inclinamos a sustentar el criterio de que la corte inferior procedió correctamente al resolver que los sueldos, como • tales, no podían ser cobrados por mandato específico de una corte por haber sido pagados ya a funcionarios de facto. * * * Convenimos en que el apelante pudo haber tenido derecho a recobrar daños y per-juicios, pero no se le concedieron ningunos en su sentencia.’
“Se ha sostenido con mucha frecuencia que el pago hecho a un funcionario de facto es una buena defensa contra un pleito subsi-guiente del funcionario jure para recobrar los sueldos dejados de percibir. Riding Case Law, vol. 22, pág. 599.”

En las páginas 588 y 589 del tomo 22 de Ruling Casé Law encontramos sólo una definición del término “de facto officer” (funcionario de 'facto), una exposición del funda-mento de la doctrina de facto, y la distinción que se esta-blece entre, funcionarios de facto y de jure. El caso de Belaval v. Todd, 24 D.P.R. 820, y la sección 321, en la página 599 del tomo 22 de R. C. L., podrían tener cierta relación acerca de la responsabilidad del municipio, si se le hubiera hecho parte demandada en este pleito; pero no parecen sos-tener la conclusión a que llegó la corte inferior.

La cóntrarefereneia en las notas finales al párrafo citado últimamente sirve, sin embargo, para identificar otro pá-rrafo del cual cita el apelante en su alegato sin indicar el tomo o la página. Es la sección 245 en la página 545 del volumen ya citado (22 R.C.L.), que en parte es como sigue:

“En la ley común un funcionario de jure que ilegalmente ha sido separado de su cargo puede demandar al funcionario de facto por el sueldo que le ha sido pagado durante tal período de exclu-sión ilegal del funcionario con derecho al cargo. No importa que el rival del funcionario legal fuera puesto en posesión por virtud de una sentencia de tina corte con jurisdicción sobre la materia. Aun cuando el derecho del funcionario de jure a recobrar los emolumen-tos del estado o municipio se niegue, si han sido satisfechos al fun-cionario de facto el derecho del funcionario de jure a recobrarlos en la debida acción está reconocido. El principio fundamental es que el funcionario de facto antes de entrar en el cumplimiento de sus deberes del cargo y recibir sus emolumentos está obligado a saber si tiene un título.” .

Véase también el tomo 29 de Cyc., pág. 1430; 12 Ann. Cas. 894, y nota; y 2 McQuillin sobre Corporaciones Muni-cipales, pág. 1125, citados por el apelante.

Puede ser y probablemente es cierto que el demandado, si no es parte en el procedimiento de certiorari, no está obli-gado por el mismo. Quizá el anterior pronunciamiento de este tribunal en cuanto a la nulidad de la acción tomada por la asamblea municipal es a lo sumo prueba prima facie de tal nulidad, o no es prueba alguna de la misma, en tanto concierne a los respectivos derechos de las partes en esta acción.

Posiblemente hubiera sido mejor alegación para el deman-dante haber alegado hechos indicativos de que tal acción era ultra vires, independientemente del resultado en el procedi-miento de certiorari. Pero ello no implica que la demanda deja enteramente de expresar una causa de acción, por de-fectuosa que sea en su forma, o quedar de otro modo su-jeta a un ataque por otros fundamentos, acerca de lo cual no expresamos ninguna opinión.

Creemos que es razonablemente claro, en vista de la ale-gación tal y como aparece, admitiendo que los hechos alega-dos son ciertos, y prescindiendo de la forma en que han sido expresados, que el demandante era el funcionario de jure durante el tiempo que el demandado desempeñó el cargo y recibió el sueldo como funcionario de facto. T a menos que haya de establecerse alguna distinción sutil sobre la cual no se nos ha llamado la atención entre la acción de la ley común por virtud de un contrato expreso (assumpsit) en la forma de una cuenta por dinero obtenido y recibido, y la acción de la ley civil proveniente de cobro de lo inde-bido, y aún en tal caso, a menos que la acción de la ley co-mún o su equivalente no exista de otro modo en esta juris-dicción hoy, y el alegato del apelado no contiene ninguna indicación en este sentido, entonces los hechos citados en último término son bastantes para constituir una causa de acción.

Debe revocarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Máximo Aponte, acusado y apelante.
    No. 2487.

    Visto: Mayo 6, 1925.

      Resuelto: Junio 5, 1925.
    Oasas Escandalosas — "Indictment” y Acusación — Suficiencia de la Acu-sación — Delito Expuesto Bajío Distintos Cargos. — Examinada la acusación en el caso de autos, se resolvió: que no obstante usar en ella el fiscal dis-tintos tiempos de verbo al exponer los varios cargos, dicha acusación, inter-pretada razonablemente, no puede considerarse que imputa diferentes delitos cometidos en distintas fechas.

      SeNtencia de Charlas E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), condenando al acusado por infracción al Artículo 288 del Código Penal.

      Confirmada.

      Campillo & Campillo, abogados del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los autos de este caso están formados por una acusa-ción, la sentencia y un escrito de apelación.

Aparece de la sentencia que la corte inferior declaró sin lugar una excepción perentoria, y alega aliora el apelante que:

“La corte cometió error al declarar sin lugar la excepción inter-puesta y reconociendo que los tres delitos sólo constituyen uno, ex-puesto en diferentes formas y bajo.distintos cargos.”

La acusación es substancialmente como sigue:

‘ ‘ El fiscal que ’ suscribe, comparece y formula acusación contra Máximo Aponte, por un delito de infracción al artículo 288 del Có-digo Penal de Puerto Rico, cometido bajo los siguientes cargos: PRIMER Cargo, que allá durante los días de los meses de enero y fe-brero de 1924, y en el Boulevard del Valle- de la ciudad de San Juan, que está dentro de la Sección Primera de la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de San Juan, que a su vez forma parte del Primer Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, dicbo acusado Máximo Aponte a sabiendas, maliciosa, voluntaria y crimi-nalmente tiene establecido y dirige como dueño y administrador un cafetín o mesón donde constantemente se promueven desórdenes y alteraciones de la paz pública, habiéndose registrado allí y entonces, entre otros casos, de alterar la paz pública, los siguientes: No. 6199, El Pueblo de Puerto Rico v. Etanislao Pimentel; El Pueblo de Puerto Rico v. Antonia Pérez; No. 6985, El Pueblo de Puerto Rico v. E. Baoy et al.; No. 7007, El Pueblo de Puerto Rico v. Martín Parrilla. Alegándose además que en todos estos casos los acusados fue-ron declarados culpables, y se sometieron a la ejecución de la sen-tencia, las que en la actualidad son firmes. Segundo CARGO, que dicho Máximo Aponte allí y entonces a sabiendas, maliciosa, voluntaria y criminalmente tenía y aún tiene establecido en el segundo piso de dicha casa un salón de recreo, o salón de bailes frecuentado por prostitutas conocidas donde constantemente se perturba la tranqui-lidad, bienestar y decoro del inmediato vecindario y donde dichas prostitutas bailan con hombres en formas inmorales y desordenada, usándose allí y entonces de un repertorio de palabras obscenas e in-decorosas, dichas en alta voz y al alcance del oído de mujeres y niños que viven por allí, siendo dichas palabras entre otras, ‘chulo,’ ‘maricón/ ‘sinvergüenza/ ‘puta mala.’ Teroer Cargo, que dicho acusado Máximo Aponte maliciosa, voluntaria y criminalmente tiene allí y entonces un tercer piso de dicha casa donde arrienda habita-ciones a prostitutas conocidas, a sabienda que las mismas se van a dedicar a citas deshonestas y a la prostitución.
“Los hechos especificados en los tres cargos anteriores constitu-yen una infracción al artículo 288 del Código Penal, y son hechos contrarios a la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico.”

No liay duda de que hubiera sido mejor que el fiscal, en el empleo de los tiempos, hubiera evitado usar el tiempo presente en absoluto, o al redactar los cargos primero y tercero haber observado la forma adoptada en el segundo; pero áunque tal descuido, como es el método realmente se-guido, parece indicar que no debe ser favorecido, no pode-mos decir que interpretada razonablemente la acusación pueda considerarse que imputa diferentes delitos cometidos en distintas fechas. Artículo 77 del Código de Enjuicia-miento Criminal; 18 C. J. p. 1253.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrex,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Aurelio Bauzá, acusado y apelante.
    No. 2526.

    Visto: Junio 4, 1925.

      Resuelto: Junio 5, 1925.
    1. Alimento (Food) — Leche—Leche Adulterada en un Depósito — Presunción. —El tener leche adulterada en un depósito destinado a la venta de leehe levanta la presunción de que estaba allí para la venta (Fl Pueblo v. Pérez, 23: 877, confirmado).

      2. Alimento (Food) — Procesos Criminales — Prueba Insuficiente. — Examinada la prueba en este caso, se resolvió: que la del acusado, relativa a haber regalado la leche, no es suficiente para destruir la presunción de que la leche adulterada que se tenía, en el depósito estaba allí para la venta.

      SENTENCIA de B. Díaz Cinlrón, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de tener para la venta leche de vaca adulterada.

      Con-firmada.

      .Domingo Sepúlveda, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrex,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné acusado y condenado por tener para la venta leche de vaca adulterada.

En el juicio se probó que el 25 de noviembre de 1924 fue encontrada leche de vaca adulterada en el depósito que el apelante tenía para la venta de leche, hechos que no son negados por el apelante, quien a pesar de esto sostiene que debió ser absuelto de la acusación porque antes de que el inspector de sanidad fuera a su depósito de leche ya él ha-bía regalado a una tercera persona la leche que el inspector encontró adulterada, por ló qué no la tenía para la venta y no debe ser condenado.

A pesar de que el inspector declaró también que vió vender de esa leche, el solo hecho de tener dicha leche adulterada en el depósito destinado paira la venta dp leche levanta la presunción de que estaba allí para la venta, según hemos declarado en el caso de El Pueblo v. Pérez, 23 D.P.R. 877, citado después en otras decisiones; y aunque tal presunción puede ser destruida, opinamos que el mero hecho de que el apelante declarase que él había regalado esa leche y que así lo testificara también la persona a quien dijo la había dado no destruye necesariamente esa presunción, pues la corte inferior pudo no dar crédito a la declaración del apelante teniendo en cuenta su interés en el caso ni a la de la otra persona por ser la madre del empleado en el depósito del apelante y por la contradicción que hubo entre ella y el inspector, porque mientras éste afirmó que estuvo en el depósito a las 10 de la mañana, ella declaró que fué a la una de la tarde. • •

Los casos de El Pueblo v. Andino, 21 D.P.R. 225, y El Pueblo v. Ríos, 28 D.P.R. 760, citados por el apelante, no son de aplicación al presente porque las circunstancias que en ellos concurrieron son distintas del que estamos resol-viendo.

Por lo expuesto no podemos declarar que la corte inferior cometiera error manifiesto en la apreciación de la prueba y la sentencia apelada debe .ser confirmada.


text:
    Joaquín Bonilla, demandante y apelado, v. Josefa Echeandía Arteaga y Carmela Charón, demandadas y apelantes.
    No. 3580.

    Visto: Abril 15, 1925.

      Resuelto: Junio 5, 1925.
    1: Apelación y Error — Alegatos—Señalamiento de Errores — Discusión.—En un alegato deben primero señalarse todos los errores y luego discutirse sepa-radamente.
    2. Reivindicación — Jurisdicción, Partes, ’Diligencias (Process) y Procedimien-tos Incidentales — Jurisdicción de las Oortes de Distrito. — Una corte de distrito tiene jurisdicción para conocer de una demanda en que se reivin-dican dos casas que, según dicha demanda y la prueba, valían respectiva-mente $550 y $500 cada¡ una, aún cuando ellas fueron compradas por $175.
    3. Juicio — "Dockets”, Listas y Calendarios — Señalamientos—Notificación. —Cuando el señalamiento para juicio se hace al leerse el calendario, no es necesario notificarlo a las partes.
    4. Reivindicación — - Alegaciones (Pleadmgs) y Evidencia — ’Demanda—Sufi-ciencia de la Misma. — Es suficiente una demanda en reivindicación de unas fincas que alega que el demandante es dueño de las fincas que en ella se describen y que el demandado las ocupa ilegalmente contra la voluntad del demandante.
    5. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hechos, Veredictos y Con-clusiones — Apreciación de la Prueba. — Examinada la evidencia en este caso, se resolvió: que la corte sentenciadora no cometió error al apreciarla.
    6. Apelación y Error — -Revisión—Discreción de la'Corte Inferior — Imposi-ción de Costas. — La imposición, de costas no será revocada en apelación si no se demuestra que hubo abuso de discreción.
    SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Víctor P. Martínez González, abogado de las apelantes; José C. Rivera, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Joaquín Bonilla entabló demanda en la Corte de Distrito de Aguadilla en reivindicación de dos fincas urbanas y re-clamación de frutos civiles y daños y perjuicios. Las de-mandadas excepcionaron la demanda. Las excepciones fue-ron declaradas sin lugar concediéndose a las demandadas diez días para presentar su contestación, que archivaron por último y que contiene una- negación de que el deman-dante sea dueño de las casas que reclama y materia nueva exponiendo que las demandadas son las verdaderas dueñas por haberlas adquirido en subasta pública.

Quedó paralizado el pleito por algún tiempo. Solicitado señalamiento de la vista, se fijó para el 19 de agosto, 1924. Compareció el demandante. Las demandadas no. Se prac-ticó la prueba ofrecida por el demandante y la óorte dictó sentencia declarando la demanda con lugar.

No conformes las demandadas apelaron señalando en su alegato cinco errores cometidos por la corte, 1, al actuar sin jurisdicción; 2, al celebrar la vista sin estar el caso listo; 3, al desestimar la excepción previa de falta de hechos; 4, al declarar probados los hechos de la demanda, y 5, al im-poner las costas.

El alegato no contiene un debido, señalamiento de errores. Se señala el error y se discute en seguida, y así sucesivamente. Con ello no se cumplen las reglas 42 y 43 del Reglamento de este tribunal. Deben primero señalarse todos los errores y luego discutirse separadamente uno a uno. Debido al exceso de trabajo de esta corte, cada vez se hace más necesario que los abogados presenten sus casos cumpliendo con las regias de la corte ideadas para la más justa, clara, rápida y fácil resolución de los asuntos.

Se sostiene la falta de jurisdicción de la corte de distrito para conocer originalmente del pleito, porque las casas de cuya reivindicación se trata fueron compradas por el propio demandante en $175. En la demanda se alega que cada una de las casas valía $550 y en el juicio declaró el testigo José C. Rivera que valían $500 cada una habiendo rentado siempre cada una- más de siete dólares al mes. Ade-más se reclaman $200 por daños y perjuicios. Lo expuesto basta para concluir que no tienen razón las apelantes. El hecho de que una finca se compre por determinada suma no implica necesariamente que ése sea su justo valor. Es un dato que puede y debe tenerse en cuenta para determi-nar el valor, pero no excluye otra prueba.

Tampoco se ha cometido el segundo de los errores señalados. Cuando el señalamiento de la vista de un pleito se hace al leerse el calendario, no es necesario notificarlo a las partes. Los litigantes que tienen asuntos pendientes, deben estar al tanto de las lecturas del calendario. Habiendo las demandadas formulado finalmente su contestación, quedó trabada la contienda de hecho y de ley y el caso listo para la vista. El que la parte demandante dejaratranscurrir más de un año sin pedir el señalamiento, no implica necesariamente que abandonara el pleito. La parte demandada pudo actuar por su propio acuerdo y pedir el señalamiento.

Hemos examinado la demanda y en ella se aducen a nuestro juicio hechos suficientes para determinar la causa de acción ejercitada. Se alega que el demandante es dueño de las casas que se describen por haberlas comprado a su dueño anterior por documento privado ratificado luego por escritura piíblica. Y se alega además que las demandadas contra la voluntad del demandante ocupan ilegalmente dichas casas y sin derecho alguno para ello vienen cobrando sus rentas.

La prueba fué documental y testifical. Por medio de testigos no impugnados y creídos por la- corte se probó el contrato privado de compra y por medio de la escritura pública otorgada al efecto su ratificación. Se probó además que desde el contrato privado el demandante cobró las rentas de las casas que los inquilinos se negaron luego a pagarle cuando se adjudicaron las casas a las demandadas.

Sucedió que las demandadas iniciaron un pleito en co-bro de dinero contra el primitivo dueño de las casas. Die-tada sentencia a sn favor para ejecutarla embargaron dichas casas y anunciada luego su venta en pública subasta le fueron adjudicadas en pago de su crédito. El embargo no se inscribió en el registro y fue posterior al contrato pri-vado de venta y a la toma, de posesión de las casas por el demandado. La adjudicación se hizo después de haberse otorgado la escritura pública ratificando el contrato privado.

Bajo las circunstancias la prueba debe estimarse sufi-ciente, no habiendo cometido error la corte al apreciarla.

Del examen de los autos y de'lo que dejamos ex-puesto no puede concluirse que el juez sentenciador abusara de su discreción al imponer las costas.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Luis Carrero, demandante y apelado, v. Juan Morales Díaz, demandado y apelante.
    No. 3484.

    Visto: Marzo 17, 1925.

      Resuelto: Junio 10, 1925.
    1. Apelación t Error — Revisión—Cuestiones de Hechos, Veredictos y Con-clusiones — Conclusiones Sobre la Evidencia — Evidencia Contradictoria. —Examinada la evidencia en el presente easo, se resolvió: que el eonñieto existente fué debidamente resuelto por la corte inferior.
    2. Daños y Perjuicios — Medida de dos Daños y Perjuicios — Daños a la Persona — Sufrimientos Písicos y Mentales. — El sufrimiento físico y mental, así como el estado en. que lia quedado el perjudicado, deben ser considerados para fijar la cuantía de la indemnización: los hechos del caso sostienen la concesión de $1,175 como indemnización por tales conceptos.
    SENTENCIA de Angel Acosta, J. (Mayagüez), declarando con lugar la demanda con costas.

      Modificada y confirmada.

      Bafael O. Fernández, Charles Harlzell, Jaime Sifre, Horacio Fran-ceschi y Enrique Igaravidez, abogados del apelante; Genaro Al-tieri y Pascasio Fajardo Martínez, abogados del apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de daños y perjuicios en que la Corte de Distrito de Mayagüez ordenó al demandado que pagara al demandante la suma reclamada, a saber, $1,420, basándose en los siguientes liecbos que declaró probados a virtud de las alegaciones y la evidencia. Extractados dichos hechos son así:

. que el día 14 de noviembre de 1923, y como a las 4 p. m. mientras el demandante Luis Carrero subía de la playa de Ma-yagüez, P. R, por su derecha, lado Sud de la calle- de Méndez Vigo, .... el demandado Juan Morales Díaz, bajaba por el lado Norte hacia la playa, guiando el automóvil No. 1796, . . . . desvió repen-tina y súbitamente el automóvil .... al lado Sud .... y lo lanzó .... contra la bicicleta en que iba montado el demandante con la que chocó; que como consecuencia del choque, rompió dicha bici-cleta y lanzó al demandante a tierra, ocasionándole un fuerte golpe en el lado izquierdo del pecho, fracturándole la cuarta costilla y una fuerte contusión en una pierna y rasguños en varias partes del cuerpo; .... que esos golpes tuvieron y tienen al demandante .... enfermo y privado de poderse dedicar a trabajo alguno, es-pecialmente a su comercio de quincalla. ... en cuyo negocio per-cibe un beneficio de cinco dólares diarios.
“. . . . que el accidente se debió a la súbita y repentina desvia-ción que (el demandado) hiciera.
“. . . . que el choque se debió a descuido y negligencia del de-mandado .... siendo el sitio donde ocurrió .... una calle ancha y recta.
“. . . . En el presente caso la evidencia .... es robusta y con-vincente en cuanto a que el demandado de un modo repentino, sú-bito, desvió y lanzó el automóvil hacia el lado por donde subía el demandante.”

No conforme el demandado, apeló alegando que la corte de distrito erró al declarar probado que el accidente se debió a su culpa y negligencia y al fijar el montante de la indem-nización.

La prueba del demandante consistió en las declaraciones de los doctores Lange y G-uzmán, de los testigos Cristina de Santiago, Carlos Pérez, Nicolás Ramos, Alejandro Bravo y el propio demandante. El doctor Lange asistió al deman-dante; el doctor Cfuzmán le tomó una radiografía. Ambos sostienen los hechos declarados probados por la corte en la parte relativa a las lesiones. Los testigos Santiago, Pérez y Ramos presenciaron el choque. De sns declaraciones se desprende, entre otras cosas, que Carrero iba por su dere-cha; que el demandado venía haciendo sig-mgs; que pare-cía que no sabía manejar, y que se desvió y lanzó al deman-dante a la cuneta. Bravo declaró sobre la patente de quin-callero del demandante. Este sostuvo su caso, excepto en el extremo que veremos luego. _ .

La prueba del demandado consistió en las declaraciones de Carmelo Soto, de su hijo Rodolfo y en la suya. Sostie-nen que al ver el demandado al demandante que corría en su bicicleta a gran velocidad, paró el auto y la bicicleta fue a chocar con él y así ocurrió el accidente. •

Un examen cuidadoso de la evidencia nos lleva a concluir sin vacilación alguna que el conflicto fué debidamente resuelto por el juez sentenciador. Es un hecho de gran importancia el sitio mismo en que ocurrió el choque. La calle era ancha, recta, y el demandante quedó en la cuneta de la acera correspondiente a su derecha.

“El que por acción u omisión causa daño a otro, inter-viniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado,” dice el artículo 1803 del Código Civil, y habién-dose demostrado que el demandado del modo negligente que se ha descrito causó el daño que se ha especificado, es clara su obligación de repararlo. ¿Cómo?

Sostiene el apelado que no se demostró el pago de los honorarios médicos, de la placa radiográfica, ni de las me-dicinas, y que de la propia declaración del demandante se desprendé que sólo ganaba un promedio de dos dólares dia-rios.

Es cierto que no hay prueba específica de haberse pagado las tres primeras partidas, pero hay prueba terminante de que la radiografía se tomó, de que el doctor Lange prestó sus servicios profesionales y de que se usaron medicinas. Por atención médica se reclaman $50, por la radiografía $5 y por las medicinas $15. Bajo esas circunstancias, no creemos que deba alterarse el fallo en ese extremo. No se advierte exageración alguna y el gasto necesariamente debió existir.

En lo que tiene razón el apelante es en el promedio de la ganancia diaria del demandante. En la demanda se alegó qne era cinco dólares y así lo declaró probado el juez sen-tenciador, pero de la propia declaración del demandante se deduce que sólo ganaba dos. La sentencia debe modificarse rebajando la partida de $175 por 35 días en que el deman-dante no pudo trabajar, a $70.

Entra el apelante en una larga discusión sobre si se pueden conceder o nó los $1,175 reclamados por “dolores físicos, daños materiales, agonía mental que lia- sufrido y está actualmente sufriendo” el demandante. La corte a este respecto dijó en su opinión:

“. . . . el sufrimiento físico y mental, así como el estado en que ha quedado el perjudicado, son elementos que las cortes tienen que tener en consideración para fijar la cuantía de la indemnización.”

Se trata de un accidente serio. No sólo se fracturó una costilla al demandante y estuvo éste impedido de trabajar sufriendo de dolores físicos y de la consiguiente agonía mental, si que fia quedado débil, “predispuesto,” como dijo el Dr. G-uzmán, “para una pulmonía, para una pleuresía, para cualquier lesión pulmonar.”

Siendo ello así, • no puede concluirse que sea. impropia, ni exagerada la suma reclamada y concedida. Morales v. Central Vannina, 32 D.P.R. 203, 214; Berríos v. Central Vannina, 32 D.P.R. 215, 216.

Modificada en el sentido indicado, debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Wolf firmó “conforme con la sentencia. ’ ’


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Arce, acusado y apelante.
    No. 2319.

    Visto: Enero 16, 1925.

      Resuelto: Junio 10, 1925.
    Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Resolución y Disposi-ción del Caso — Revocación.—Cuando la prueba tiende a demostrar que los actos que se imputan a un acusado fueron realizados por una sociedad mer-cantil, aunque se liaya admitido que dicho acusado es socio gestor de la firma, si no se prueba que él es el únied gestor y autor de los hechos, procede revocar la sentencia apelada.
    SentenCia de B. Días Cintrón, J. (Ponce), condenando al acusado por infracción a la Resolución Conjunta No. 22, aprobada junio 5, 1919.

      Revocada y absuelto él acusado.

      Jacinto Texidor, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Arce fue acusado de baber infringido la Reso-lución Conjunta No. 22 de 5 de junio de 1919 (p. 781) para reglamentar la venta de café extranjero porque habiendo traficado en esa clase de café en el período de tiempo com-prendido entre el 14 y 30 de septiembre de 1923 no colocó en la parte exterior de su establecimiento en que almacenó ese café un rótulo expresando su nombre, el número de la licencia que le fuera concedida para traficar con café ex-tranjero y además las palabras “Traficante en café extran-jero”; y porque en el indicado período de tiempo no llevó el registro que previamente debió obtener del Tesorero de Puerto Rico para asentar diariamente las cantidades de café que entraran y salieran de su establecimiento, el país de la procedencia del café, y los nombres y domicilios de los ven-dedores y de los compradores.

'Habiendo sido condenado interpuso esta apelación en la que alega entre otros motivos para que revoquemos la sen-tencia condenatoria que no se lia probado que él sea alma-cenista de café extranjero ni que baya traficado con esa clase de café.

Hemos examinado la prueba presentada en el juicio y con vista de ella llegamos a la conclusión de que no se ba probado que el apelante baya realizado los actos que se le imputan en la acusación, pues lo que tiende a probar la evi-dencia es que dichos actos fueron realizados por la mer-cantil Sucesores de Grilet & Arce, y aunque está admitido que el apelante es socio gestor de esa sociedad, no se ba probado que sea el único gestor, ni que ba sido el verda-dero actor de los hechos que se le imputan.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.