author: El Juez Presidente SR. Hernández,

text:
    Irizarry, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad' de San Germán denegando la inscripción de nn documento sobre operaciones particulares.
    No. 201.
    Resuelto en febrero 16, 1915.
    Legados — Anotación Preventiva de Legado — Particióií de Herencia y Adju-dicación — Una vez practicadas las operaciones divisorias de una herencia y hechas las adjudicaciones correspondientes para el pago de legados, no es de aplicación el artículo' 49 de la Ley Hipotecaria, por no ser necesaria en ese caso la anotación preventiva del legado para garantir su pago.
    Partición de Herencia — Contadores Partidores. — Aún cuando las operaciones divisorias de los bienes de un finado fueren practicadas por los mismos inte-resados sin intervención alguna de los contadores partidores nombrados, la falta de intervención de éstos no las vicia de nulidad.
    Id. — Aprobación Judicial de las Operaciones Divisorias. — Habiendo confor-midad entre los herederos, pueden éstos por sí mismos hacer la partición de bienes, sean o no mayores de edad, siendo necesaria la aprobación judicial de la partición cuando haya menores que no están representados por su padre y en su caso por la madre.
    Colación — -Liquidación de la Sociedad Conyugal — Convenio Entre los In-teresados en la Herencia. — Los interesados en una herencia, pueden con-venir en que la cantidad recibida por un hijo en concepto de legítima anti-cipada no sea descontada de su haber hereditario, sino que se le cargue como deuda a favor del cónyuge viudo.
    Id. — Bienes Adquiridos por un Legatario a Título Lucrativo — Inscripción Anterior a Título Oneroso. — En el presente caso el registrador denegó la inscripción por haberse colacionado el importe de nna casa legada a una here-dera estando ya inscrita a su favor por compra que había heeho al testador, y se resolvió: que el registrador erró al denegar dicha inscripción porque habiendo convenido los interesados todos en que la adquisición de la casa . fué por título lucrativo y uó pneroso y establecida así la verdad de los hechos, la colación era procedente para que la viuda percibiera su mitad de gananciales sin quebranto alguno, quedando la heredera dueña de la casa por título lucrativo de logado.
    Arrendamiento — Condominio en la Finca Arrendada — Inscripción del Con-dominio. — El hecho de que por ministerio de la ley quede extinguido un con-trato dé arrendamiento respecto a los herederos arrendatarios en la parte de los condominios que a ellos han sido adjudicados, no es razón legal para dene-gar la inscripción en el registro de tales condominios.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. -M. Juan Llaneras.

    El Registrador Sr. Rafael B. Sama compareció por escrito -en nombre propio.
   El Juez Presidente SR. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Presentadas en el Registro de la Propiedad de San Ger-mán con féclia 5 de agosto de 1914 para suv inscripción las operaciones divisorias de los bienes hereditarios de Don Ga-villo Irizarry, fallecido en 28 de mayo del mismo año, cnyas operaciones había aprobado la Corte de Distrito de Maya-güez en expediente ex parte No. 4683 por resolución de 27 de julio, el registrador denegó la inscripción solicitada por medio de nota que copiada a la letra dice así:

“No admitida la inscripción del precedente documento, por los defectos siguientes: Io. Por no poderse inscribir los bienes a favor de los herederos antes de los 180 días de la muerte del testador, sin haberse cumplido los requisitos que exige el artículo 49 de la Ley Hipotecaria. ' 2o. Por no haberse cumplido la voluntad del testador en cuanto al nombramiento de contadores partidores, de conformi-dad con el artículo 1024 del Código Civil. 3o. Tampoco en cuanto al anticipo a cuenta de la legítima paterna hecho a su hija María Ana de los Dolores Irizarry y Cancel, declarado en la escritura pú-blica ante el Notario Don Mariano Riera Palmer a 8 de enero de 1913, cuya cantidad de tres mil cien dollars debe colacionarse con sujeción al artículo 1001 del Código Civil. 4o. Por colacionarse el importe de la casa de la calle de la Luna, legada a Doña Felicita Beatriz Irizarry y Cancel, según el motivo cuarto de la partición, estando inscrita a favor de ésta por compra que hizo al testador con consentimiento de su esposa, con posterioridad al testamento. 5o. Por-que con las adjudicaciones de condominios que se hace a "los herederos Don Luis Telesforo, Don Ramón Cornelio y Don Santos Enrique Irizarry y Cancel, arrendatarios de las fincas ‘Esperanza* y ‘Liber-tad,’ quedan canceladas en cuanto a dichos condominios por confu-sión de derechos las inscripciones de arrendamiento de las expresa-das fincas, resultando una novación del contrato primitivo. Y 6o. Por no acreditarse que esté firme el auto de aprobación de las expre-sadas operaciones; y tomada en lugar de la inscripción pretendida, la anotación por 120 días que determina la ley al folio 11 del tomo 40 de esta ciudad, finca número 2194, anotación letra A. San Ger-mán, septiembre Io. de 1914. El Registrador. (Firmado) Rafael B. Sama.”

Dicha nota está sometida a nuestra consideración a vir-tud de recurso gubernativo contra ella interpuesto por Don Ramón Cornelio Irizarry, uno de los herederos del difunto Don Gavino Irizarry, cuya representación en su alegato es-crito impugna los cinco primeros motivos de la nota recu-rrida, pues en cuanto al sexto, consistente en el defecto de no estar acreditado que sea firme el auto aprobatorio de las operaciones divisorias, expresa el recurrente por modo claro que existe el defecto a que alude y está dispuesto a subsa-narlo, sin que por tanto sea materia, del recurso.

• Examinemos por su orden los motivos legales de la nota recurrida, prescindiendo del sexto:

Primer motivo. — El testamento otorgado por Don Gavino Irizarry con fecha 6 de mayo de 1911 contiene en su cláusula 4a. los siguientes legados:

“Es su voluntad legar y lega a los pobres del lugar la cantidad de $25 que serán repartidos a quienes y en la cantidad a cada uno que determine su esposa (Ramona Cancel), y en su defecto, su hijo Luis Telesforo.
“También'es su voluntad legar y lega a su nieto Nicolás Gustavo, hijo de su hija Petra, la cantidad de $500 en efectivo, y reco-mienda a su madre se los invierta en cosa que conserve y pueda entre-garle cuando el legatario cumpla su mayor edad.
“También es su. voluntad legar y lega a su hija Felicita Beatriz la casa de dos pisos, de madera sita en la calle de la Luna de esta ciudad (San Germán) que actualmente habita con su esposo Don Antonio Fabbiani.”

Sobre el cumplimiento de los dos primeros legados de que se deja hecho mérito, las operaciones divisorias consig-nan los siguientes particulares:

“El legatario Nicolás Gustavo Agrait e Irizarry ha de haber como tal legatario la cantidad de $500, y para su pago se le adjudica lo si-guiente :
‘ ‘ Efectivo del existente en cuenta corriente en la Caja Popular de Ahorros y Préstamos, resto de dicha cuenta, ciento tres pesos--$103. 00
‘'Efectivo de lo pagado por Francisco Yélez y Francisco P. Irizarry, trescientos noventa y siete pesos___ 397. 00
“Suma quinientos'pesos, con lo cual queda pagado dicbo legatario__._ 500. 00
“Los pobres del lugar lian de haber la cantidad de veinte y cinco pesos; para cuyo pago se adjudica a Doña Ramona Cancel la misma cantidad en efectivo, resto de lo pagado por los Sres. Yélez e Irizarry, con lo cual queda satis-fecho dicho legado_ 25. 00

Como se ve, en las operaciones divisorias de que se trata se han hecho las correspondientes adjudicaciones para el pago, de los dos legados a que acabamos de hacer referencia, y por tanto no es aplicable al presente caso el artículo 49 de la Ley Hipotecaria. Ese artículo prescribe que si el here-dero quisiera inscribir a su favor dentro del plazo de 180 días siguientes a la muerte del testador los bienes heredita-rios, y no hubiere para ello impedimento legal, podrá hacerlo, con tal de que renuncien previamente y en escritura pública todos los legatarios a su derecho de anotación, o que en de-fecto de la renuncia expresa, se notifique a los mismos lega-tarios, con 30 días de anticipación, la solicitud del heredero, a fin de que dentro de dicho término puedan hacer uso de aquel derecho.

La Ley. Hipotecaria quiso amparar a los legatarios,, ase-gurándoles el pago de los legados mediante anotación pre-ventiva de su derecho en el caso de que tal amparo fuera necesario, como sucedería si el heredero' tratará de inscribir a su favor los bienes hereditarios antes de practicarse las operaciones divisorias de éstos, pero si esas operaciones divisorias están ya practicadas, como sucede en el presente caso y se ha hecho la adjudicación correspondiente para el pago de los legados, no vemos necesidad alguna de que se dé apli-cación al citado artículo 49 de la Ley Hipotecaria.

El artículo 46 de la misma ley, que guarda relación con el 49, preceptúa que el legatario que no tenga derecho según las leyes, a promover el juicio de testamentaría, podrá pedir en cualquier tiempo anotación preventiva sobre la misma cosa legada, si fuere determinada e inmueble, y si el legado no fuere de especie, podrá exigir el legatario la anotación de su valor sobre cualesquiera bienes raices de la herencia, bastantes para cubrirlo, dentro de los 180 días siguientes a la muerte del testador. Dicho artículo, según lo revela su 'texto, se refiere al caso en que no haya arreglo de testamen-taría con la adjudicación correspondiente para el pago de legados si los hay, pues si hay semejante arreglo, huelga la anotación preventiva del legado. No cabe promover un .juicio de testamentaría, que está ya terminado mediante la ■práctica de las operaciones divisorias y adjudicación a cada interesado de lo que le corresponde.

El registrador ha cometido error al dar aplicación al artículo 49 de la Ley Hipotecaria.

Del legado de una casa hecho por el testador Don G-avino Irizarry a su hija Felicita Beatriz, nos ocuparemos al exami-nar el cuarto motivo' de la nota recurrida.

Segundo motivo. — La cláusula 7a. del testamento de Don Gavino Irizarry dice así:

“En uso de la facultad que la ley concede al testador, probibe ■que en su testamentaría intervenga la autoridad judicial, aunque ■estén interesados menores, ausentes o incapacitados, pues quiere que todas las operaciones se practiquen extrajudicialmente, y la partición de los bienes de la misma la ejecuten Don Francisco Vélez y Don Rafael Mercado, a quienes nombra contadores y concede las facul-tades en derecho necesarias.”

Las operaciones divisorias de los bienes de Don Gravino Irizarry fueron practicadas por los mismos interesados sin intervención alguna de los contadores-partidores nombrados, ■o sean Don Francisco Yélez y Don Rafael Mercado; pero la falta de intervención de éstos, no las vicia de nulidad.

El artículo 1024 del Código Civil, invocado por el regis-trador en su nota, establece que el testador podrá encomen-■dar por acto inter vivos o mortis causa para después de su muerte la simple facultad' de hacer la partición a cualquiera persona que no sea uno de los coherederos, lo cual se obser-vará, aunque entre los coherederos haya alguno de menor edad o sujeto a tutela, en cuyo caso-el comisario deberá inven-tariar los bieneb de la herencia con citación de los cohere-deros, acreedores y legatarios.

El artículo 1025 previene que cuando el testador no hu-biere hecho la partición ni encomendado a otro esta facul-tad, si los herederos fueren mayores y tuvieren la libre admi-nistración de sus bienes, podrán distribuir la herencia de la manera que. tengan por conveniente'; y el artículo 1027, ■que cuando los menores de edad estén sometidos a la patria potestad y representados en la partición por el padre y en .su caso por la madre, no será necesaria la intervención ni la aprobación judicial.

Examinados los preceptos que contienen los artículos cita-•dos, entendemos que los herederos, habiendo conformidad •entre ellos, pueden hacer por sí mismos la partición de bie-.nes, sean o nó mayores de edad, aún cuando haya contadores-partidores nombrados, siendo necesaria la aprobación judicial de la partición cuando haya menores que no estén repre-sentados por su padre y en su caso por la madre.

A este propósito dicen los ilustrados comentaristas Ga-lindo y Eseosura en el tomo 2 de su obra <£Legislación Hipo-tecaria, ” (4a. ecliciqu), páginas 257 y 258: ■'

“Cuestionable es si habiendo hecho la partición el mismo testa-dor o encomendado a otro la facultad de hacerla, sería no obstante inscribible la que hicieran todos los herederos mayores de edad, o .aún habiendo menores, si se había obtenido la aprobación judicial.
“En el primer caso nuestra opinión es que no debe inscri-birse *' * *.
“Respecto del segundo caso, es distinto nuestro criterio. El tes-tador no ha transmitido inmueble determinado: los herederos han .adquirido el derecho hereditario al fallecimiento de aquél, y en vir-tud de él pueden hacer la división en' los términos que les con-venga * * *.
1 ‘ En el orden moral es evidente' que, hecha por los herederos, únicos interesados, nadie puede reclamar contra ella, y no hay razón para que no surta efecto jurídico.
“En el legal, ya indicamos que el propósito del legislador al redactar el artículo 1057 fue sin duda procurar que reinara la armo-nía allí donde pudiera baber voluntades discordantes. En ese caso, la del contador, como encarnación del testador, se impone a todos; sujeta al rebelde; concilia a los contrarios, y es como el símbolo del pensamiento del testador, supremo legislador a quien todos los here-deros deben acatamiento.
“A esto se agrega que no liay precepto alguno en el Código que sancione con la pena de nulidad la partición hecha de común acuerdo por todos los herederos en el caso de haber el testador encomendado esa facultad a otra persona, por lo cual puede afirmarse que no es necesariamente nula, y no siéndolo, el registrador no debe ,denegar su inscripción, según lo establecido en el artículo 65 de la Ley Hipo-, tecaria, mientras que, por el contrario, siendo como es la partición un contrato, concurriendo en él todas las circunstancias exigidas por el artículo 1261 del código, para apreciar su validez, no hay más que sujetarle al artículo 1265.”

Los artículos 1261 y 1265 del Código Civil español corres-ponden con los 1228 y 1232 del Código Civil Eevisado.

En el presente caso en que hay .una menor, o sea, Doña Daría Irizarry representada por su defensor Don Juan E. Stefany, lia mediado la aprobación judicial.

No es sostenible el segundo fundamento de la nota recu-rrida.

Tercer motivo. — En el supuesto 5o. de las operaciones divisorias de los bienes de Don G-avino Irizarry, se hizo cons-tar lo siguiente:

“Por escritura otorgada en San Germán con el número 15 ante el Notario Don Mariano Riera Palmer a 8 de enero último pasado, (1913), el causante Don Gavino Irizarry y Pabón entregó a su hija doña María Ana de los Dolores, llamada en dicha escritura Dolores, en concepto de anticipo a cuenta de su legítima paterna, la canti-dad de $3,100 en efectivo, cuya cantidad convienen los interesados en convertirla en una deuda a favor del caudal de la herencia, de-bida por dicha heredera.”

Como se ve, los interesados todos en la'herencia de Don Gavino Irizarry convinieron con Doña María Ana de los Dolores en que la cantidad de $3,100 que de su padre había recibido en concepto de legítima anticipada, se considerara como una deuda a favor del caudal común.

En virtud de ese convenio, en vez de descontarse a la Doña María Ana de los Dolores, de sn legítima, la expresada cantidad, fue ésta inventariada como debida por dicha señora, viniendo esa deuda a aumentar el capital inventariado, el cual fué repartido entre la viuda e hijos del testador, una mitad para aquélla y la- otra mitad para éstos en partes igua-les, inclusa Doña María Ana de los Dolores, la que en defi-nitiva recibió igual porción hereditaria que sus demás her-manos, si bien quedó debiendo los $3,100 a su madre,- la viuda Doña Ramona Cancel.

A los efectos de liquidar la sociedad conyugal, poco im-porta que la expresada cantidad de $3,100 se inventariara en concepto de colación o en concepto de deuda. Ni el cónyuge viudo ni los hijos han sufrido perjuicio en sus respectivas cuotas. El convenio hecho no ha producido otro resultado que el de que en vez de recibir Doña María Ana de los Dolores su legítima con descuento de los $3,100, la recibió ínte-gra, quedando adeudando esa misma cantidad a su madre Doña Ramona Cancel.

El registrador procedió erróneamente al consignar el ter-cer motivo que estamos examinando.

Cuarto motivo. — Al considerar el primer motivo que sirve de fundamento a la nota recurrida dejamos consignado que Don Gavino Irizarry por la cláusula 4a. de su testamento, legó a su hija Felicita Beatriz la casa de manera de dos-pisos situada en. la calle de la Luna de £>an Germán, y aña-dimos que de ese legado nos ocuparíamos al examinar el cuarto motivo de dicha nota!

El supuesto cuarto de las operaciones divisorias dice así:

“Con posterioridad al otorgamiento del testamento inserto, el testador vendió a su bija Felicita Beatriz' lá casa de inádera de dos pisos, sita en la calle de la Luna de esta ciudad, legádole, cuya ven-ta, si bien aparece verificada por título oneroso, es lo cierto, y en ello conviene la propia legataria,' que es a título lucrativo, por con-siguiente, de conformidad con las disposiciones legales, habrá de estimarse, y se estima satisfecho dicho legado, no obstante el que se colacione al haber común a los efectos de determinar los gananciales. ’ ’

En el inventario de dichas operaciones divisorias se-trajo a colación con un valor de $1,000 la casa de que se deja hecho mérito al solo fin de aumentar en esa cantidad el montante de los bienes inventariados, pues dé dicha casa no se hizo adjudicación alguna, como era lógico y legal, pues el artículo 852 del Código Civil preceptúa que si el legatario adquiere la cosa legada por título oneroso después de la fecha del tes-tamento, podrá pedir al heredero que le indemnice de lo que haya dado para adquirirla; más si la adquisición fuera a título lucrativo nada podrá pedir por ello. Las partes inte-resadas convinieron en que la adquisición no había sido hecha por título oneroso según se consignó en la escritura, sino por título lucrativo, y mediante dicho convenio Dóña Feli-cita Beatriz se privó del derecho de reclamar la indemniza-ción de lo que, según la escritura de adquisición, había dado por la casa, de la que quedó dueña, no por título oneroso, sino por título gratuito de legado, sin necesidad de adjudi-cación alguna. Con la colación de tal casa al haber heredi-tario, restableciéndose por convenio de los interesados la ver-dad de los hechos, o sea que la trasmisión de la casa legada se había hecho a título lucrativo y no a título oneroso, nadie se perjudicó en sus intereses: la viuda obtuvo su mitad de gananciales sin quebranto ‘alguno, y el importe del legado quedó a cargo del caudal hereditario del causante, teniendo así estricto cumplimiento su disposición testamentaria.

La casa legada que aparece inscrita en el registro a favor de Doña Felicita Beatriz, continúa siendo de la propiedad de la misma, y esa inscripción no impide la inscripción ne-gada por el registrador, pues ésta en nada afecta a aquélla.

Es, pues, erróneo el cuarto motivo de la nota recurrida.

Quinto motivo.- — En. el inventario general de bienes que forma parte de las operaciones divisorias, figuran marcadas con las letras 6 ye, dos estancias, una de ellas llamada “Esperanza” y la otra “Libertad,” las cuales, según se consigna, habían sido arrendadas por el causante Don Gavino Irizarry mediante escritura pública de 13 de octubre de 1911, a sus hoy causahabientes Don Ramón Cornelio, Don Luis Teles-foro y Don Santos Enrique, por término de diez años a con-tar del día Io. de dicho mes de octubre, término prorrogable por cinco años más a opción de los arrendatarios.

■ Esas fincas se adjudican en las operaciones divisorias a la viuda e hijos de Don Gavino Irizarry, entre los que figu-ran los arrendatarios Don Luis Telesforo, Don Ramón Cor-nelio y Don Santos Enrique, .los cuales todos interesan ins-cribir a su nombre sus respectivos derechos dominicales. El hecho de que por ministerio de la ley quede extinguido el contrato de arrendamiento' respecto de los'herederos arren-datarios en la parte de los condominios que a ellos han sido adjudicados, no es razón legal para denegar la inscripción de tales condominios. Esa inscripción de condominio produ-cirá los efectos legales correspondientes y mostrará por si sola en el registro que el contrato de arrendamiento- se ha extinguido respecto de los herederos arrendatarios Don Luis Telesforo', Don Ramón Cornelio y Don -Santos Enrique, y con relación a las participaciones de que han venido a ser dueños, quedando subsistente respecto de los demás condue-ños que no son arrendatarios, los cuales tendrán derecho a percibir la parte proporcional del arrendamiento que les co-rresponda.

En la misma escritura de partición de bienes, los inte-resados consignan la aclaración de que en virtud dé los con-tratos de arrendamiento, del • fallecimiento del arrendador* y del resultado de las operaciones testamentarias, la viuda y causahabientes del arrendador adquieren personalidad para percibir de los arrendatarios la parte.respectiva de los cánones de arrendamiento en la proporción que a cada nno se .señala y con independencia de los demás.

Así como el adqnirente de nna finca hipotecada a sn favor puede inscribir la adquisición, también el adquirente de una finca de que es arrendatario puede inscribirla.

Mediante esas inscripciones quedan extinguidos los dere-chos del acreedor hipotecario o del arrendatario, pues nadie puede' ser acreedor hipotecario o arrendatario de una finca de que ha llegado a ser dueño.

También es erróneo el quinto motivo de la nota recurrida.

Y no cabe discutir el sexto motivo de esa nota, por no ser materia del recurso, como ya hemos dicho.

Por las razones expuestas es de revocarse la nota del Re-gistrador de la Propiedad de San Germán de Io. de septiem-bre del año próximo pasado, y ordenarse la inscripción soli-citada; con el defecto subsanable que en el motivo 6o. de dicha nota se consigna, a no ser que se subsane tal defecto antes de verificarse la inscripción.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Wolf,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en una causa sobre violación.
    No. 756.
    Resuelto en febrero 18, 1915.
    Violación — Corroboración de la Declaración í>e la Ofendida. — No es necesario que la prueba de corroboración comprenda todos los elementos del delito, sino que es bastante si ella tiende a mostrar algunos detalles que establezcan una relación entre el acusado y el delito.
    Id. — Corroboración Suficiente.- — En el presente caso la perjudicada declaró que el acusado, profesor de su escuela, la baló por un brazo, la bizo entrar en la oficina del colegio y allí.tuvo' con ella contacto carnal. Como eorrobo- ■■ ración declaró una -compañera de escuela de la ofendida, quién dijo que el profesor (el acusado) llevó a la perjudicada a su ofieina y cerró la puerta, habiendo además prueba pericial tendente a demostrar la 'ruptura del himen; y se resolvió: que el testimonio de la perjudicada fué suficientemente corro-borado, de acuerdo con la ley.
    Los hechos están expresados en la opinión. .
    Abogado del apelante: Sr. Juan B. Huyke.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se imputó al acusado el delito de violación cometido con una niña menor de catorce años. Fué juzgado por un jurado que lo declaró culpable de dicho delito y sentenciado a sufrir la pena de diez años de presidio con trabajos forzados.

El apelante admite en su alegato que las manifestaciones hechas por la perjudicada tendían a probar la comisión del delito imputado pero alega que la prueba exigida por el esta-tuto sobre la corroboración fué insuficiente. La cuestión fué promovida ante la corte inferior por medio de moción de nonsuit que fué presentada a la terminación de la prueba del Fiscal.

La perjudicada declaró en sustancia que el apelante, pro-fesor de la escuela, la haló por un brazo, la hizo entrar en la oficina de la escuela y allí la desgració. Evangelia Váz-quez, compañera de escuela, declaró que en uno de los días del mes de mayo (mes en que se cometió el delito) ella acom-pañó a la escuela a la ofendida; que el profesor llevó a la perjudicada a su oficina y cerró la puerta, y que después vió salir solo al profesor; que le llamó la atención porque lo mismo le había hecho a ella. El Doctor Brice declaró, que de un examen que hizo del himen el día del juicio aparecía que la niña había sido desflorada.

En -los casos de El Pueblo v. Maldonado, 17 D. P. R., 23, y El Pueblo v. de Jesús, 18 D. P. R., 591, se establece el prin-cipio de que no es necesario que la prueba de corroboración comprenda todos los elementos del delito, pero que dicha prueba debe ser tendente a mostrar algunos detalles que esta-blezcan una relación entre el acusado y el delito. En casos de esta naturaleza, generalmente cometidos secretamente, es difícil una prueba corroborante que sea fuerte y no se exige que sea muy robusta dicha prueba. Sin embargo, en el pre-sente caso una compañera de escuela declaró que el profe-sor llevó a la perjudicada a su oficina y cerró la puerta' y la prueba pericial tendía a mostrar la ruptura del himen. Aun-que la prueba de corroboración no haya sido muy robusta, es suficiente de acuerdo con la ley.

’ Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. "Wole,

text:
    El Pueblo, Peticionario, v. Central Fortuna, Demandada.
    Solicitud para que se 'expida un auto de mandamus a la cie- ■ mandada para que presente al Tesorero de Puerto Rico-la planilla de contribución de patente.
    No. 143.
    Resuelto en febrero 18, 1915.
    Resuelto en reconsideración en abril 16, 1915.
    Contribución de Patentes — -Ferrocarriles Intraterritoriales — Fijación de un Impuesto como Condición Previa a la Explotación del Negocio— Ingresos Procedentes del Negooio en Puerto Rico — Ingresos Proceden-tes del Transporte Fuera de Puerto Rico — Comercio Entr-e Estados — • Corporaciones Extranjeras — Corporaciones del País — Constitución de los Estados Unidos — Ley Orgánica. — La demandada en este caso, Central Fortuna, se dedica actualmente al negocio de ferrocarriles en Puerto Rico, el cual ha estado explotando desde antes y después del 1 de enero de 1914. El Tesorero de Puerto Rico, de acuerdo con la Ley No. 134, de agosto 12, 1913, requirió a dicha corporación para que le remitiera el certificado del total de los ingresos brutos de las operaciones mercantiles del negocio reali-zado durante el año anterior, a lo que se negó la demandada, alegando, en su contestación a la solicitud de mandamus, que se dedica, como conductora pública, al comercio entre Estados, a saber, al comercio entre los varios Esta-dos de' los Estados Unidos y Puerto Rico, y que la referida Ley No. 134, imponiendo una contribución de patente sobre negocios en Puerto Rico, cons-tituye una reglamentación de es.e comercio y un gravamen sobre el mismo, por lo que es contraria a la Constitución de los Estados Unidos y a la Ley Orgánica. Se resolvió:

    1. Que un Estado puede imponer una contribución a una corporación extranjera apreciada por el total de sus ingresos, pero no puede imponerse una contri-bución de patente como condición previa a la realización de un negoeio cuando el impuesto del mismo recae sobre un negocio que se lleva a cabo necesaria y principalmente fuera del Estado.
    2. Que todos los ingresos obtenidos por una compañía de ferrocarriles por trans-portes efectuados dentro del territorio constituyen necesariamente, dada las condiciones físicas del país, el producto de un negoeio llevado a cabo en Puerto Eico, y la Ley No. 134 de 1913, estableciendo un nuevo sistema de contribución de patente, tiene por objeto comprender a todos y cada uno de los ingresos derivados del negocio de ferrocarriles en Puerto Eico, pro-cedente o nó en parte dichos ingresos de los paquetes cuyo último destino sea su embarque para New York.
    3. Que la Central Fortuna explota un negocio que se realiza y depende exclusiva-. mente del suelo de Puerto Eico; que no lleva a cabo ninguna parte de su negoeio de ferrocarril fuera de Puerto Eico; que los ingresos por el negocio de ferroeárril realizados en Puerto Eico son esencial y fácilmente separables de aquellos que se obtienen por el transporte fuera de la Isla, y que por tanto aunque la'contribución que se pretende imponer es a manera de un impuesto y eomo condición previa para la • realización del negocio, es reguladora del negocio mismo y como tal no constituye una contribución sobre el comercio entre Estados.
    4. Que ninguna compañía de ferrocarriles en Puerto Eico puede eludir el pago de esta clase de patentes y su reglamentación por el solo heeho de ser una corporación extranjera o porque transporte paquetes cuyo último destino sea el embarque a los Estados Unidos, pues la ley no trata de fijar una con-tribución a los paquetes entre Estados sino que pretende imponer, sin distin-ción alguna, una contribución gradual de patentes apreciada por el total de los ingresos prácticamente sobre toda clase de negocios realizados en Puerto Eico.
    5. Que sólo se expresa en las alegaciones de la Central Fortuna que ‘ ‘ se dedica al comercio entre Estados,” y aunque puede estar realizando un negoeio de expreso o de expedición de mercancías independiente de un negoeio de ferro-carril y alegar que es una porteadora entre Estados, sostener siquiera, según las condiciones de Puerto Eico, que el ferrocarril está ocupado en el comercio entre Estados, sería expresar una conclusión de dereeho más bien que un heeho, siendo además de la incumbencia de la demandada el probar no sola-mente que su negoeio de ferrocarriles formaba parte del comercio entre Estados, sino también que esta clase de patentes constituía un gravamen sobre dicho comercio entre Estados.
    6. Que el heeho de que las mercancías sean transportadas en vapores desde el continente para luego ser conducidas por ferrocarril a algún punto de la Isla, o vice versa, no convierte el negocio realizado por un ferrocarril en Puerto Eico en comercio entre Estados.
    Eeconsideración de sentencia.
    Ferrocarriles — Comercio Entre Estados — Conocimiento Judicial. — Esta Corte Suprema está en el deber de tomar conocimiento judicial del hecho de q-ue el negocio de ferrocarril, como tal, que está enteramente situado en Puerto Eieo, no es comercio entre Estados.
    Id. — Ingresos Derivados del Negocio en Puerto Rico. — Euando el negocio de ferrocarril se efectúa en su totalidad dentro de Puerto Rieo, los ingresos derivados del mismo son necesariamente ingresos procedentes de un negocio local.
    Comercio Entre Estados — Lev No. 134 de 1913 — Contribución de, Patentes.— La Ley No. 134 de 1913, no impone una contribución sobre el material o instrumentos usados en el negocio entre Estados, por lo que no existe ningún gravamen o prohibición sobre tal comercio, ni impedimiento alguno a su libre realización.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Srés. Wolcott H. Pitkin, Jr., Attorney General de Puerto Pico, y Robert Ssold, oficial jurídico.

    Abogado de la demandada: Sr. Francis E. Neagle.

   El Juez Asociado Sr. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión que ha sido promovida en este caso en la cual han insistido las partes, y que.no fue sometida a la consideración de este tribunal en el caso de El Pueblo v. Neagle, 21 D. P. R., 356, es si la Ley No. 134 de agosto 12, 1913, es contraria a la Constitución de los Estados XJnidos y a la Ley Orgánica porque impone una contribución de pa-tente como requisito previo al derecho de la demandada para dedicarse al comercio, sosteniendo' dicha demandada en su alegato que dicho comercio, o por lo menos parte del mismo, es comercio entre Estados y que la Ley No. 134 constituye por tanto una reglamentación del comercio inter-estadó y un gravamen sobre el mismo, y además que con ella se trata de legis-lar sobre una materia ya abarcada por el Congreso en su Ley de Comercio entre Estados.

Quedó admitido por el gobierno mediante estipulación que todas las alegaciones de hecho en la contestación formulada por la demandada en este caso debían ser tenidas por ciertas.

El peticionario alegó entre otras, cosas que la “ ‘ Central Fortuna’ está explotando actualmente una línea ferroviaria en Puerto.Bico y ha. estado realizando dicho negocio antes y después del día Io. de enero de 1914,” siendo la contesta-ción de la demandada respecto a dicha alegación como signe:

“2. Admite todas y cada una de las alegaciones contenidas en el párrafo ‘segundo’ de dicha .petición, y alega que se dedica como conductor público al comercio entre Estados, a saber, al comercio entre los varios Estados de los Estados Unidos y Puerto Rico.”

Las cuestiones legales envueltas en este caso surgen del párrafo citado y de la estipulación.

Alega el gobierno en primer término que el objeto de la ley en este caso es sólo imponer contribución al negocio de ferrocarriles intra-territoriales, y, por consiguiente, que no hay en ello envuelta ninguna cuestión que se relacione con el comercio entre Estados. Sin embargo, las partes han con-siderado esta cuestión bajo cierto aspecto que es muy distinto de nuestro propio criterio sobre la materia, el cual estudia-remos primeramente.

Las secciones pertinentes de la Ley No. 134 son las si-guientes :

“Sección 1. — Que a partir del día Io. de julio de 1913, el Teso-rero de Puerto Rico, en adición a todas las otras, contribuciones ya autorizadas por la ley, impondrá y cobrará de acuerdo con los tipos especificados, a toda persona, firma, asociación, sociedad, corpora-ción ú otra forma cualquiera de organización comercial o industrial, y a cualquiera rama o ramas de éstas, las patentes que más adelante se enumeran; * * *
“Sección 2. — El negocio o industria de toda persona, firma, aso-ciación, sociedad, corporación, etc., o cualquier sucursal o sucursa-les del mismo, sujeto al pago de patentes como se dispone en esta ley, será clasificado por el Tesorero de Puerto Rico en una de las clases que más adelante se mencionan, de acuerdo con la relativa importan-cia del mismo, apreciada por el volumen de negocios realizados en Puerto Rico, sin tener en cuenta la ganancia neta o provecho que produzcan, y según resulte de su comparación con otros negocios o industrias similares en todo Puerto Rico.
“Sección 3. — Toda persona, firma, asociación, sociedad, corpora-ción, etc., que explote cualquiera de los negocios o industrias que en esta ley se relacionan, pagará cada trimestre la patente que en esta ley se prescribe, de acuerdo con la clasificación a que se refiere la sección anterior, y ninguna persona, firma, asociación, sociedad, o corporación, etc., se dedicará o explotará ningún negocio, oficio o industria de los que en esta ley se describen, liasta o a menos que hubiere pagado la patente correspondiente en la forma y cantidad que más adelante se dispone.”
“Sección 10. — * * *.
“Toda persona, firma, asociación, sociedad, corporación-, etc., que explotare o ■ que se propusiere explotar cualquier negocio o indus-tria para el cual se requiere una .patente por virtud de las disposi-ciones de esta ley, presentará bajo juramento o afirmación al Teso-rero de Puerto Rico, a solicitud de dicho Tesorero, un certificado en la forma que él prescribiere por reglamento, haciendo constar el nombre o estilo del referido negocio o industria’ sitio en que se está explotando, o se va a explotar dicho negocio o industria, y el volumen de negocios hechos en Puerto Rico. La frase 'volumen de negocios’ tal como se emplea en esta sección y en la sección 2 de esta ley, se considerará en el sentido de significar las ventas brutas sola-mente, distinguiéndoseles de compras y ventas, en aquellos negocios o industrias que se exploten principalmente con el fin de vender mercancías o productos de una fábrica ú otra industria. El Teso-rero de Puerto Rico, el jefe del Negociado de Rentas Internas, y los varios agentes o representantes del antedicho negociado, quedan por la presente autorizados para administrar el juramento o afirma-don qu.e se requiere por esta sección.
“Toda persona, firma, asociación, sociedad, corporación, etc., que voluntariamente dejare de presentar al Tesorero de Puerto Rico el antedicho certificado o que, a sabiendas, hiciere una declaración falsa en el mismo, o que infringiere cualquier, disposición de esta ley, podrá, ser denunciado por el Tesorero de Puerto Rico ante una corte de competente jurisdicción y convicta que fuere será culpable de de-lito menos grave (misdemeanor), y penada con multa que no exceda de' quinientos ($500) dólares.”

El mandamus tenía por objeto obtener el anterior certi-ficado, habiendo pedido el Tesorero a la corporación deman-dada que le remitiera un certificado- del total de los ingre-sos brutos de las operaciones mercantiles del negocio reali-zado en Puerto Rico durante el año anterior. La enume-ración contenida; en’ el artículo 12- de dicha Ley No. 134, es también pertinente.

No puede haber duda alguna y es un hecho que ha sido prácticamente admitido por la demandada, que el Estado puede exigir una contribución a las corporaciones extranjeras, apreciada por el 'total de sus ingresos, criterio que está soste-nido por la jurisprudencia. Maine v. Grand Trunk Ry. Co., 142 U. S., 217; Adams Express Co. v. Ohio, 165 U. S., 220; United States Express Co. v. Minnesota, 223 U. S., 335; Baltic Mining Co. v. Massachusetts, 231 U. S., 86. Pero lo que la de-mandada sostiene es que ningún Estado o Territorio puede fijar una contribución de patente a una corporación que ob- . tiene parte de sus ingresos del comercio' entre Estados, cuando el estatuto exige que dicha corporación o compañía adquiera una patente y pague tales derechos de patente como condición previa para llevar a cabo comercio entre Estados, disponiendo el estatuto de. Puerto Eico que “ninguna persona, firma, asociación, sociedad, o corporación se dedicará o explotará ningún negocio, oficio o industria de los que en esta ley se describen, hasta o a menos que hubiere pagado la patente correspondiente.”

Admite el gobierno en su alegato, por lo menos para los fines de la discusión, que la Central Fortuna se encuentra transportando paquetes entre Estados, de sitios en Puerto Eico a puntos a y dentro de los Estados Unidos; pero alega también el gobierno que los ingresos de los referidos paque-tes entre Estados pueden separarse de aquellos que proceden 'del negocio puramente insular. En otras .palabras, si un ferrocarril obtenía sumas de dinero por paquetes enviados de San Juan a Caguas y también recibía dinero por paquetes procedentes de Caguas cuyo último destino es Nueva York, en-tonces los ingresos del negocio local entre Caguas. y San Juan podrían ser diferenciados de aquellos ingresos derivados de los paquetes de Caguas y que van destinados finalmente a Nueva York. Llama la atención el gobierno al hecho de que la Corte Suprema de los Estados, Unidos probablemente se regiría por la interpretación que esta corte diera a este esta-tuto, y por esa misma razón creemos que se debe al ciernan-dado el que expresemos que uo estamos de acuerdo con la alegación formulada por el gobierno en cuanto a este particular. La patente es apreciada sobre los ingresos proce-dentes del negocio de ferrocarriles realizado'en Puerto Rico. La sección 2 de la ley impone al Tesorero de Puerto Rico el deber de clasificar un negocio o industria “de acuerdo con la relativa importancia del mismo apreciada por el volu-men de negocios realizados en Puerto Rico.” Todo lo que obtenga un ferrocarril por transportes dentro de Puerto Rico es necesariamente un negocio llevado a cabo en Puerto Rico y un negocio de ferrocarriles realizado en Puerto Rico. Cree- * mos que el propósito del estatuto es el de incluir todos y cada uno de los ingresos procedentes del negocio de ferrocarriles en Puerto Rico, ya sean éstos obtenidos o no en parte de los paquetes cuyo último destino es el embarque para Nueva York. Si los funcionarios administrativos del gobierno se basan solamente en esta cuestión de divisibilidad, entonces el mandamus en este caso no debe tomar una forma defini-tiva.

Los casos que lian sido citados por el gobierno Osborne v. Florida, 165 U. S., 650; State v. Fleming, 70 Neb., 523; Northern Pacific Ry. Co. v. Barnes, 2 N. D. 351, se referían todos a porteadores entre Estados, y en ellos la corte de Es-tado declaró que el negocio entre Estados podría ser distin-guido del negocio dentro del Estado propiamente dicho. No se-trató de modo alguno de establecer diferencia entre el trans-porte local de paquetes entre Estados y el transporte local de paquetes dentro del propio estado. Los casos de Armour Packing Co. v. Lacy, 200 U. S., 226, y Kehrer v. Steward, 197 U. S., 67, eran simplemente casos en los cuales el negocio de las casas empaquetadoras dentro del Estado se diferenciaba del negocio de las casas empaquetadoras fuera del Estado, y en los que la corporación realizaba un negocio entre Estados. Convenimos con la demandada en que los ingresos procedentes de cualquier parte del negocio del ferrocarril son necesariamente obtenidos dentro de Puerto Rico.

■ Sin embargo según ya hemos dicho, también sostiene el gobierno q3ie esta patente se impone por llevar a cabo i3n negocio local de ferrocarriles en Puerto Rico. Si la compa-ñía no obtiene ingresos por el transpoi*te de paquetes de puntos en Puerto Rico a la costa de Puerto Rico, o en otras palabras, si nada recibe como ferrocarril por el transporte de los referidos paquetes entre Estados, desde luego que en-tonces no obtiene ningún ingreso, por dicho negocio entre Estados,y éstos única y exclusivamente proceden del negocio de ferrocarriles por el transporte de paquetes intra-insula-res. Si, por el contrario, parte de sus ingresos proceden del transporte • en su ferrocarril de paquetes entre Estados, en-tonces, teniendo en cuenta el estado material de cosas en Puerto Rico, se hace posible para la Central Fortuna el sepa-rar los ingresos de su negocio de ferrocarril de aquellos que provienen del transporte de las costas de Puerto Rico a pun-tos a o dentro de'los Estados Unidos.

Debe notarse que en los principales casos que han sido citados por la demandada, o sea, en los de Leloup v. Port of Mobile, 127 U. S., 640; Crutcher v. Kentucky, 141 U. S., 47; The Postal Telegraph Cable Co. v. Adams, 155 U. S., 688; y el de Adams Express Co. v. New York, 232 U. S., 14, en los cuales la Corte Suprema resolvió que no podía exi-girse una contribuciÓ3i de patente como condición previa a la realización de un negocio, en cada uno de estos casos la contribución que de tal modo se trataba de fijar se imponía principalmente y era por su naturaleza esencial sobre el co-mercio entre Estados. En verdad, como ha sido frecuente-mente expresado por la Corte Suprema de los Estados Uni-dos, la razón por la cual las contribuciones de esta natura-leza 330 son consideradas como válidas es la de que el gravamen se impone al negocio que se efectúa necesariamente fuera del Estado y principalmente por ese motivo'. Las compañías' de telégrafo y de expreso e33 cuestión eran ciertamente portea-' deres ei3tre Estados. Un negocio de ferrocarriles en Puerto Rico está irecesaria y enteramente compréiícudo dentro cié' la isla. Ninguna parte de dicho negocio de ferrocarriles puede llevarse a cabo fuera de la isla. El ferrocarril puede transportar paquetes cuyo último destino sea el embarque de los mismos a puntos dentro de los Estados Unidos, pero el negocio de ferrocarriles no se realiza fuera de Puerto Bico. Creemos que la demandada confunde en su alegato el negocio de ferrocarriles que ella explota con un negocio posible de expreso o de remisión de artículos que pueda tener en perspectiva, pero sin embargo la duda que surge en este caso es si una patente sobre el negocio de ferrocarriles de la Central Fortuna constituye una contribución sobre el co-mercio entre Estados, por el hecho, según alega la deman-dada, de que tal compañía de ferrocarriles transporta paque-tes entre Estados.

En el caso de Western Union Telegraph Co. v. Kansas, 216 U. S., 1, se vuelve a expresar el criterio de que la regla de que un Estado puede excluir a las corporaciones extran-jeras de sus límites, o fijar tales términos y condiciones al ne-gocio que en el mismo lleven a cabo según lo considere compatible con su política pública, no es de aplicación a las cor-poraciones extranjeras dedicadas al comercio entre Estados; y que el hecho de exigir que una compañía de telégrafos pague cierto tanto por ciento sobre la totalidad de su capital por medio de una contribución o derecho de patente, cuando dicho capital representa todos sus intereses en los negocios y la propiedad del mismo dentro y fuera del Estado, constituía un gravamen y contribución al negocio de la com-pañía entre Estados, en violación. de la cláusula de comer-cio contenida en. la. constitución, así como también una con-tribución sobre sus propiedades fuera de los límites del Es-tado que este último no podía imponer de modo compatible con el debido procedimiento de ley prescrito en la Enmienda 14. Y en el caso de Galveston, Harrisburg & Ry. Co. v. State of Texas, 210 U. S., 217, se resolvió que un estatuto de Texas que imponía una contribución anual del 1 por ciento sobre los ingresos netos de cada ferrocarril comprendido entera-mente dentro del Estado no era válido,-puesto que la mayor parte del total de ingresos de tal ferrocarril procedía del transporte de pasajeros y carga procedentes de puntos fuera del Estado o con destino a los mismos. Se sostuvo el crite-rio de que la contribución constituía un gravamen sobre el comercio entre Estados y era nula en cuanto se basaba en los ingresos del transporte entre Estados. La corte se expresó en el siguiente lenguaje que se cita con aprobación en el caso de Western Union Tel. Co. v. Kansas, supra:

“Ni las cortes del Estado ni las legislaturas, por el hecho de dar un nombre determinado a una contribución o por usar cierto len-guaje, pueden quitar a esta corte el derecho que tiene a considerar la naturaleza y el efecto de una contribución, y si la misma afecta al comercio entre Estados de un modo tan directo que constituya una reglamentación, no puede ser eludido por el nombre o forma.”

Pero es una regla pobre aquella que es buena para unos y mala para otros, y la cuestión que ha sido sometida a este tribunal es si no puede exigírsele a una compañía de ferro-carriles que esté transportando algunos paquetes destinados al embarque para el extranjero, que pague una contribución de paténtes de igual manera que las demás corporaciones de la isla, por el mero hecho de que está realizando dicho transporte de paquetes. Si una corte puede examinar un estatuto que expresa que no impone una contribución al nego-cio entre Estados, para encontrar eso no obstante, su ver-dadero efecto, también puede una corte de igual modo exami-nar un estatuto en el. que generalmente se impone una con-tribución a los ingresos del negocio de ferrocarril, para cer-ciorarse de si es anticonstitucional la inclusión accidental en dicha contribución de los ingresos de paquetes cuyo último destino es el embarque trans-oceánico. En otras palabras, ¿constituye la fijación de tal impuesto como condición pre-via a la explotación del negocio, un verdadero gravamen u obstáculo sobre el comercio entre Estados?

En realidad, estando este ferrocarril necesariamente si-tuado y funcionando enteramente ^ en Puerto- Bico, y como sus ingresos se deben a las operaciones llevadas a cabo en Puerto Rico, la cuestión planteada queda prácticamente re-suelta por el caso de Ponce Lighter Co. v. Municipio de Ponce, 19 D. P. R., 760, pero consideraremos la cuestión relativa al negocio del ferrocarril en Puerto Rico de un modo más am-plio.

Como ya liemos visto, la pregunta que surge en todos los casos es, ¿cuál es-la naturaleza esencial del comercio que lia de ser protegido? Podemos saberlo tomando en considera-ción la índole del negocio.

Asumiremos, como lo lia Pecho el gobierno, que la Central Fortuna es dueña de un ferrocarril que parte de un punto en el interior de Puerto Rico a un punto- o puntos en la costa de Puerto Rico. Ese es el caso de todos los ferrocarriles de Puerto Rico. Se desprende del caso de Western Union Tel. Co. v. Kansas, supra, y otros anteriores a la resolución de ese caso, que Puerto Rico puede fijar términos y condiciones a sus negocios puramente locales lo mismo en el caso de que el negocio que se explote lo lleve o no a cabo una corpo-ración local. Si puede exigirse a una corporación del país que realiza negocios de ferrocarriles que pague previamente una contribución de patente, no vemos razón por la cual una corporación extranjera no deberá quedar sujeta al cumpli-miento del mismo requisito. Existe una fuerte presunción de que toda corporación de ferrocarriles en Puerto Rico trans-porta carga y paquetes con destino al embarque para el ex-tranjero, fuera de la isla. Sabemos que la demandada habrá cié alegar que toda compañía de ferrocarriles en Puerto,Rico deberá entonces quedar exenta de tal clase de contribución.

En los Estados Unidos la mayor parte de los ferrocarriles están dedicados directamente al negocio entre Estados o aso-ciados con otros ferrocarriles o conductores en otros Estados, ciue realizan dicho negocio entre Estados. Tal vez pueda decirse que el negocio de ferrocarriles en los Estados Uni-dos es casi necesariamente entre Estados, así como una com-pañía de expreso o una compañía de telégrafos casi siempre lleva a cabo un negocio esencialmente entre Estados. Por consiguiente la Corte Suprema de los Estados Unidos lia observado con atención dicbo negocio de ferrocarril para pro-teger el carácter que tiene de negocio entre Estados de cual-quier intervención o gravamen que pueda imponerle el Es-tado. Una contribución de patente como requisito previo para llevar a cabo negocios de ferrocarriles en los Estados Unidos casi necesariamente intervendría en el comercio entre Estados. El caso es necesariamente de otro modo en Puerto Eico. Acl ea quae frequentius accidunt pira adaptcmtur. El negocio que realiza la Central Fortuna y al cual se trata de fijar una contribución, es un negocio de ferrocarriles que tiene lugar y depende exclusivamente del suelo de Puerto Eico. Ninguna parte de tal negocio de ferrocarriles se lleva a cabo fuera de Puerto Eico como tampoco ninguna porción de sus ganancias o ingresos a los cuales se pretende fijar una contri-bución están fuera de Puerto Eico. Ya nos hemos referido al* hecho de que los ingresos del negocio de ferrocarril efectuado en Puerto Eico son esencialmente, y pueden fácilmente ser separados de los ingresos procedentes del transporte llevado a cabo fuera de la isla. Aunque esta contribución es en la forma de una licencia y una condición previa a la realización del negocio, es reguladora del negocio de ferrocarriles como tal y no es una contribución sobre los ingresos entre Estados. La parte demandada parece deducir, especialmente al hablar de la ley sobre comercio entre Estados, el hecho de que nin-gún negocio de ferrocarriles puede ser regulado por Puerto Eico sino que está sometido exclusivamente al poder del Con-greso. No existe absolutamente nada en la ley de comercio entre Estados que afecte o trate sobre las cuestiones pro-movidas en este caso, y el mero hecho de que el Congreso haya fijado derechos que han de cobrarse por el transporte territorial, para nada se relaciona con el presente caso. La cues-tión que tenemos ante nuestra consideración y que siempre queda por resolver es si la clase de • patente que trata de imponerse por la Ley No. 134 constituye un gravamen sobre el comercio entre Estados. En el presénte caso la verdadera naturaleza de la patente es por el nso del' suelo de Puerto Eico, por ¿1 dereclio a efectuar el negocio, a usar exclusiva-mente caminos en Puerto Eico y pagar por el monopolio de dicho camino en particular. Ninguna compañía de ferroca-rriles en Puerto Eico puede eludir esta clase de patente y su reglamentación, simplemente por el hecho de ser una com-pañía extranjera o meramente porque transporte paquetes cuyo último destino sea el embarque a los Estados Unidos.

Los casos que han sido citados por la demandada, a saber, The Daniel Ball, 77 U. S., 557, 565; Cincinnati, etc., Co. v. Interstate Commerce Commission, 162 U. S., 184; Heyman v. Southern Ry. Co., 203 U. S., 270; Galveston, etc., Ry. Co. v. Texas, 210 U. S., 217; Railroad Commission v. Texas, etc., Co., 239 U. S., 336, 341; St. Louis, etc., Co. v. Seale, 239 U. S., 156, 161, con el fin de mostrar que el transporte local de paque-tes entre Estados es comercio entre Estados, no pueden afec-tar a la decisión. La Ley No. 134 no trata de fijar una patente a los paquetes entre Estados, sino que pretende cobrar una contribución graduada de patentes, de acuerdo con la impor-tancia del negocio, de ferrocarriles, apreciada por sus ingre-sos brutos. EL caso de Daniel Ball continúa siendo el más fuerte, pero en dicho caso la corte resolvió que ningún Estado podría exigir una patente a un barco dedicado al transporte de comercio entre Estados, cuando dicho barco viajaba por aguas navegables de los Estados Unidas. También hace refe-rencia la corte al hecho de que cuando un ferrocarril cons-tituye un ramal en el negocio entre Estados, está compren-dido también en la jurisdicción del Congreso. Pero, el razo-namiento en cada uno de los casos citados es el de que el barco o tren forma parte del comercio entre Estados. En ninguno de dichos casos existe tentativa alguna por el Es-tado de imponer una contribución al negocio realizado por el vapor o al del ferrocarril. Los casos se diferencian además por las razones, a que hemos hecho referencia de que el trans-porte por tierra o agua dentro de los límites geográficos de los .Estados Unidos, es casi necesariamente transporte entre Estados.

Cualquiera duda que pudiera subsistir queda resuelta por la naturaleza de las alegaciones formuladas ante este tribunal. El peticionario alega que la Central Fortuna está explo-tando abora un negocio de ferrocarriles en Puerto Eico. La demandada admite el becbo, pero alega que es una conductora pública de comercio entre Estados. En primer lugar, no apa-rece de las alegaciones que existan ingresos procedentes del negocio de comercio entre Estados y mucbo menos de cuál es su proporción. Tampoco consta de las alegaciones la exis-tencia de un transporte o tráfico continuo.- Nada dicen res-pecto a ingresos derivados del transporte de pasajeros o carga. Quizás podemos admitir como cierto que lo que la demandada quiso expresar fué que su ferrocarril se dedi-caba al comercio entre Estados, pero las alegaciones sola-mente expresan que la Central Fortuna “se dedica al comer-cio entre Estados.” La Central Fortuna muy bien, podría estar realizando un negocio de compañía de expreso o como agente para remitir efectos de comercio independientemente de su negocio de ferrocarril, y alegar que tal' negocio es de porteador entre Estados. Creemos, en vista de las condi-ciones existentes en Puerto Eico, que el decir siquiera que el ferrocarril está dedicado al comercio entre Estados equivale a expresar una conclusión legal más bien que a bacer una expo-sición de los hechos. Además, aunque puede ser algo dudoso el becbo de si esta corte puede tomar conocimiento judicial de la significación de las palabras “Central Fortuna,” es evi-dente, sin embargo, que era de la incumbencia de la demandada el probar no solamente que su negocio de ferrocarriles for-maba parte del negocio entre Estados sino también que esta clase de patente constituía un gravamen sobre dicho negocio entre Estados.

La Ley No. 134 en cuestión, en su sección 2 dispone que el negocio o industria será clasificado por el Tesorero de Puerto Eico en una de las clases que más adelante se mencio-lian, de acuerdo con la relativa importancia del mismo apre-ciada por el volumen de negocios realizados en Puerto Pico. Por consiguiente, aún aceptando la teoría que sustenta la demandada en su principal aspecto, este tribunal sin embargo, no podría negarse a expedir el mandamus puesto que esta corte no puede determinar por el mérito de las alegacio-nes que una parte considerable de los ingresos de la com-pañía de ferrocarriles procediera del comercio entre Esta-dos. Si los ingresos del comercio entre Estados eran pocos comparados con la mayor parte de sus negocios, entonces es evidente que la clasificación del Tesorero prácticamente no estaría afectada por dicho negocio entre Estados. Nin-guna corporación doméstica o extranjera que explote un nego-cio de ferrocarriles necesariamente local, puede impedir que Puerto Eico cobre un derecho de patente como requisito pre-vio para llevar a cabo dicho negocio simplemente por el hecho de que una porción pequeña de sus ingresos procedan del comercio entre Estados.

La sección 12 de la ley entre otras numerosas clasificacio-nes determina que las compañías de ferrocarril de vapor dedicadas al servicio público pagarán contribuciones por pa-tentes, de acuerdo con la siguiente clasificación: Primera clase, $200; segunda clase, $100; tercera, cuarta j quinta clases, $25. No existe verdadera división por la renta o in-greso y sería absurdo suponer que un ferrocarril que trans-porta paquetes destinados al tráfico en el Océano debe estar exento del pago de esta contribución de patentes, cuando un ferrocarril que únicamente transporte paquetes intra-insu-lares tiene que pagarla como requisito previo a su negocio. El estatuto impone la contribución de patentes prácticamente sobre todos los negocios en Puerto Rico y no existe distin-ción alguna en contra de la Central Fortuna o de cualquier otro supuesto porteador entre.Estados.

Atendidas las condiciones físicas peculiares de Puerto Rico, para poder llegar a la conclusión de que la Central Fortuna en realidad realizaba comercio entre Estados, tendría que pro-barse que su negocio de ferrocarriles estaba de tal modo ligado al de alguna compañía de vapores que prácticamente cons-tituyera dicho negocio una sola transacción. Aún en ese caso el negocio más bien sería a manera de un negocio de expreso que de ferrocarriles; y aún así el negocio de ferrocarriles podría ser diferenciado. El hecho de que las mercancías sean' transportadas desde el continente a la isla en vapor ;s, y entonces sean conducidas por ferrocarril a algún otro punto de la isla o vice-versa, no convierte el negocio realizado por un ferrocarril en comercio entre Estados. Si fuera cierta la alegación, entonces cada persona o compañía que transporte paquetes en Puerto Eico por limitado que pudiera ser su ne-gocio, estaría dedicada al comercio entre los Estados, puesto que una gran parte de las provisiones, mercancias y mate-riales de construcción que se consumen en la isla proceden de los Estados Unidos, y se exporta la mayor parte del café, azúcar, frutas y tabaco producido en la isla.

La- intención de la Legislatura fué fijar una patente al negocio del ferrocarril puesto que ese negocio se- lleva a cabo enteramente dentro de la isla. El negocio de ferrocarriles como tal no tiene el carácter de entre Estados, o, si lo tiene, tal carácter no consta de las alegaciones.

Debe expedirse el mandamus en este caso.

Concedida la solicitud y ordenada la expedi-ción de un auto perentorio de mandamus contra la demandada, para que, dentro del término de dies dias, presente el certificado pirado exigido por el Tesorero de Puerto Rico.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la'Vista de este caso.

Habiéndose presentado con posterioridad nna moción de reconsideración de sentencia, el Juez Asociado Sr. Wolf en abril 16 de 1915, emitió la siguiente opinión del tribunal.

No obstante lo que puedan estipular ■ las partes con res-pecto a los hechos, este tribunal está en el deber de tomar conocimiento judicial del hecho de que el negocio de ferro-carril, como tal, que está enteramente situado en Puerto Eico, no es comercio entre Estados. La Central Fortuna puede estar enviando paquetes a los Estados Unidos, o a cualquiera otra parte, pero el negocio de ferrocarriles se efectúa en su totalidad dentro de Puerto Bico y los ingresos derivados del mismo son necesariamente ingresos procedentes de un negocio local, o sea del de transporte de personas y paquetes en Puerto Bico. La Ley No. 134 de 1913 no impone una contribución sobre el material o instrumentos usados en el negocio entre Estados. No.se obstaculiza en ninguna forma el transporte de paquetes de la costa de Puerto Bico a los Estados Unidos. No existe ningún gravamen o prohibición sobre el comercio entre Estados, ni impedimento alguno a su libre realización.

La moción de reconsideración debe ser denegada.

Denegada la reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no interrino.


author: El Juez Asociado Ss. Aldbey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Clivillé, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de M'ayagüez en causa por portar un arma prohibida.
    No. 774.
    Resuelto en febrero 19, 1915.
    Portae Armas Prohibidas — Jurisdicción—Jueces de Paz — Jueces Munici-pales. — El conocimiento dé los delitos de portar armas prohibidas en reu-niones públicas, como son las manifestaciones que discurren por los barrios o poblados, no es de la jurisdicción de los jueces de paz, según la sección 4 de la ley de marzo 9, 1905, prohibiendo el uso de armas, sino que corres-ponde a los jueces municipales. Véase M Pueblo v. López, 17 D. P. R., 526.
    Id. — Interpretación de Ley — Mandamiento de Arresto. — Habiendo determi-nado concretamente la ley de marzo 9, 1905, prohibiendo el uso de armas, en qué casos tiene jurisdicción el juez de paz y en cuáles el juez municipal, lo que dispone el artículo 8 de dicha ley es que cuando se infrinja cualquiera de las disposiciones de la misma podrá verificarse el arresto sin necesidad de mandamiento, y que la persona arrestada deberé ser conducida ante el juez de paz para ser juzgada en los casos en que tenga jurisdicción para ello.
    Id. — Acusación—Ilegal y Maliciosamente. — Si bien la ley de marzo 9, 1905, prohibiendo portar armas, permite a algunas personas el uso de armas, cuando se alega en la acusación que el acusado la portaba ilegal y maliciosamente, ello expresa que no tenía autorización legal ni justa causa o excusa, no siendo necesario alegar que el acusado no estaba autorizado para llevarla.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. ¡Salvador Mestre, Fiscal.

    El acnsado no compareció.
   El Juez Asociado Ss. Aldbey,

emitió la opinión del tribiinal.

El apelante Mónico Clivillé no se ha presentado en este tribunal a sostener ■ el recurso de apelación que ihterpuso contra la sentencia del Tribunal de Distrito de Mayagüez que lo condenó a la pena de 60 días de cárcel por el delito depor-tar un arma prohibida en una manifestación política y al pago de las costas, ni nos ha presentado pliego alguno conte-niendo la prueba practicada en el juicio ni las excepciones que tomara durante él por lo que tenemos que limitarnos a considerar si, como alegó en su excepción previa contra la acusación, ésta es insuficiente porque de su faz aparece que el conocimiento originario del hecho que se persiguió corresponde al Juzgado de Paz de Mayagüez; que ño aduce •hechos constitutivos de delito alguno, y que no aparece de ella que portara el arma sin autorización para ello; excep-ción que consideraremos brevemente ya que no se han presen-tado razones algunas para sostenerla.

Al apelante se le acusó ante el Tribunal de Distrito de Mayagüez ele que yendo en una manifestación política que recorría el Barrio de Leguísamos del municipio, de Mayagüez, en la tarde del 28 de octubre de 1914, llevaba encima o en su persona, ilegal y maliciosamente, un revólver para fines de ofensa o defensa.

El conocimiento de los delitos de portar armas prohibi-das en reuniones públicas, como son las manifestaciones que discurren por los barrios o poblados, no es de la jurisdicción de los jueces de paz según la sección 4 de la Ley de 9 de marzo de 1905, prohibiendo el uso de armas, ya que dichos jueces no tienen jurisdicción para conocer de esos hechos cuando el arma se portare en una iglesia o asamblea religiosa, escuela o cualquier otro sitio donde haya personas reunidas con fines de diversión, espectáculo social o recreativo, o para fines instructivos o científicos; en un colegio electoral, el día de la elección o de la inscripción, donde esté reunido cualquier número de individuos de cualquier distrito, para votar o inscribirse, en cualquier otro sitio donde haya gente reunida para pasar revista o ejecutar cualquier otro deber público, o en cualquier otra reunión pública. Los jueces de paz solo tienen jurisdicción para conocer de los delitos de portar ar-mas en los casos que no están especificados en la precedente sección, por lo que el hecho que motivó esta acusación no era de la jurisdicción del juez de paz.

Quizás entiende el apelante que en todos los delitos de portar armas prohibidas es el juez de paz el que tiene juris-dicción para conocer de ellos porque el artículo 8 de dicha ley dice que “ cualquier persona que infrinja cualquiera de las disposiciones de esta ley podrá ser arrestada por cual-quier funcionario del orden público, y conducida ante el tribunal dé un juez de paz que tenga jurisdicción sobre el caso, para ser juzgada.” Si es así, dicho precepto no tiene tal interpretación-pues si se tiene en cuenta que en esa ley se ha determinado concretamente en qué casos tiene jurisdicción el juez de paz y en cuáles el juez municipal, podemos llegar a la conclusión de que lo que dispone es que cuando se in-frinja cualquiera de sus disposiciones podrá verificarse el arresto sinmecesidad de mandamiento y que la persona arres-tacla deberá ser conducida ante el juez de paz, para ser juz-gada en los casos en que tenga jurisdicción para ello.

En cuanto a los otros dos motivos de la excepción, tam-poco son procedentes porque al decir la acusación que ei apelante portaba en su persona un revolver cuando iba en una manifestación política que recorría el Barrio de Legun samos, le imputó claramente la infracción del artículo 4 de la citada ley, sin que fuera necesario que alegase que el acu-sado no estaba autorizado para llevarla pues, si bien tal ley permite a algunas personas el uso de armas, al alegarse en la acusación que el apelante la portaba ilegal y maliciosa-mente se expresó que no tenía autorización legal para ello-ni justa causa o excusa.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado -Se. Wolf,

text:
    Delgado, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Rbcueso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas denegando la inscripción de una escri-tura de hipoteca voluntaria.
    No. 211.
    Resuelto en febrero 19, 1915.
    Bienes Privativos —• Sociedad de Gananciales — Declaración de una Parte Interesada. — La mera declaración de una parte interesada no es suficiente para justificar que determinada propiedad pertenece única y exclusivamente a uno de los cónyuges y no a la sociedad de gananciales.
    Bienes Gananciales — Expediente Posesorio Promovido por Uno de los Cón-yuges — Presunción.—La presunción de que los'bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen a la sociedad de gananciales, no puede ser contradicha en un .procedimiento para justificar la posesión, promovido por uno solo de los cónyuges.
    Cónyuges — Res Inter Alios Acta — Efecto Obligatorio. — La acción de un cónyuge en lo que respecta a los derechos del otro constituye res inter alios aeta y no puede tener efecto, obligatorio.

      Bienes Gananciales — Bienes Privativos — Declaraciones Prestadas en un Expediente Posesorio. — -Las declaraciones de testigos prestadas en un proce-dimiento para justificar la posesión promovido por uno solo de los cónyuges no tienen valor alguno en cuanto se refieren a si los bienes de que se trata son gananciales o privativos del cónyuge peticionario, de acuerdo con la Ley Hipotecaria.
    Hipotecas — Inscripción Anterior de Otra Escritura de Hipoteca. — La acción de un registrador al inscribir indebidamente una' escritura de hipoteca ante-riormente otorgada no le obliga a él ni a su sucesor al serle presentada para su inscripción, una nueva escritura de Mpoteea. sobre la misma propiedad.
    Affidavit — Bienes Privativos — Uso de un Affidavit para Acreditar ■ el Carácter Privativo de una Propiedad. — El objeto principal de un affidavit es para fines de la corte, pudiendo usarse para otros fines cuando la ley expresamente lo permita, no habiendo precepto alguno que autorice el uso de un affidavit para acreditar el carácter privativo de una propiedad.
    ‘Id. — Escritura Pública — Transmisión del Dominio.- — -Un affidavit no tiene el alcance de una escritura pública para la transmisión del dominio sobre bienes inmuebles, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Hipotecaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente-. Sr. Andrés Mena. •
    El Registrador sustituto Sr. Lorenzo Giménez García no compareció.'
   El Juez Asociado -Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso que ha sido interpuesto contra el Registra-dor de Caguas promueve la cuestión relativa a si cierta prueba a la cual se ha hecho referencia es suficiente para acreditar que determinada finca era de la pertenencia tínica y exclu-siva del marido y no pertenecía a los bienes gananciales, ha-biendo sido denegada la inscripción por la supuesta insufi-ciencia de dicha prueba. Se ha resuelto frecuentemente que la mera declaración de la parte interesada.no es suficiente.-:Sin embargo, en este caso alegó el- promovente quo el carác-ter privativo de la finca del esposo Don Valentín Díaz Serrano ■está acreditado no solamente por las inscripciones que ya se han hecho en el registró, sino también por la declaración jurada de su esposa.

La inscripción primera, a la cual se refiere el apelante, es la de posesión de la finca a favor de Don Valentín Díaz Serrano a virtud de expediente posesorio- por él promovido siendo casado y aprobado por el Juez Municipal de Caguas. En dicha inscripción consta que el esposo y dos de los propie-tarios colindantes manifestaron ante el juez municipal que aquél había adquirido la finca por herencia, parte de su madre y la otra parte de su abuela. El juez municipal' libró la cer-tificación interesada. ¡La regla tercera del artículo ’ 391 de la Ley Hipotecaria al tratar de las declaraciones de los tes- . tigos en un expediente posesorio, prescribe lo siguiente:

“Artículo 391. * * *.
‘Tercera. Los testigos justificarán tener las cualidades expresa-das en la anterior regla, presentando los documentos que las acre-diten.
“ ‘Contraerán sus declaraciones al hecho de poseer los bienes en nombre propio el que promueva el expediente, y al tiempo que haya durado la posesión, y serán responsables de los perjuicios que puedan causar con la inexactitud de sus disposiciones.’ ”

El recurrente sostiene que este artículo no limita la decla-ración de los testigos a la simple manifestación del hecho de la posesión del promovente, pero entendemos que sí la limita. El objeto del procedimiento es sencillamente el de acreditar el título posesorio del peticionario.' La presunción de que los bienes adquiridos durante el matrimonió son ga-nanciales no puede ser contradicha en un procedimiento en el cual no es parte la esposa y en que el fin manifiesto es esta-blecer la posesión. Dicha posesión puede ser declarada a favor de uno u otro de los esposos, bien que los bienes sean gananciales o privativos. La jurisdicción del juez no va más allá de la' declaración del título posesorio. La acción de un peticionario en lo que respecta a los derechos del otro esposo constituye res inter alios acta y no puede tener efecto obli-gatorio. No existe examen de repreguntas a los testigos y la mente del j.uez municipal está fija solamente en la prueba de la posesión. La cuestión referente al carácter privativo de la finca no fué ni pudo ser sometida a la consideración del juez municipal. Las declaraciones de los testigos de tal modo prestadas no tienen valor alguno - como prueba de si los bienes son gananciales o privativos de uno de los cónyuges de acuerdo con la Ley Hipotecaria. Los casos de Després v. El Registrador, 14 D. P. R., 621, y Boscio v. El Registrador, 14 D. P. R., 624, citados por el registrador sostienen estas conclusiones. La escritura que en este caso fué presentada para su inscripción es una hipoteca constituida a favor del recurrente. Alega éste que con anterioridad había sido ins-crita por el anterior registrador otra hipoteca otorgada por Don Valentín Díaz y Serrano sobre la misma finca como pro-piedad privativa de dicho Valentín Díaz y Serrano. Esa escritura no ha sido sometida a nuestra consideración y si un registrador cometió error su acción no es obligatoria para él o sus sucesores al serle presentada otra escritura de hipo-teca. La inscripción indebida de una escritura anterior no prueba el carácter privativo de la finca.

Según los términos de la nota del registrador, su nega-tiva a verificar la inscripción se basó en el hecho de que siendo ésta a virtud de expediente posesorio no tenía derecho a cons-tituir hipoteca sin el consentimiento de su esposa, y también porque la declaración jurada de ésta era insuficiente atendida la naturaleza de la misma.

En el caso de Sucesores de Andreu & Co., S. en C., v. El Registrador, 20 D. P. R., 421, este tribunal resolvió que el affidavit es principalmente para fines de la corte, pudiendo usarse para otros objetos cuando la ley expresamente lo permite. No hay precepto alguno que autorice el uso de un affidavit para acreditar el carácter privativo de una propiedad. El artículo 3 de la Ley Hipotecaria exige que para que un título sobre bienes inmuebles sea inscrito el acto por virtud del cual se transfiere el dominio deberá estar consignado en escri-tura pública u otro documento auténtico, judicial o del go-bierno. En el caso que acabamos de citar tuvimos en cuenta la naturaleza de este artículo. Es evidente que un affidavit no puéde equipararse a una escritura pública.

Debe confirmarse la nota del registrador.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Alclrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Belaval, Demandante y Apelado, v. Todd, Alcalde de San Juan, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre mandamus.

    Moción del demandante y apelado para que se desestime la apelación por no haberse presentado la transcripción de autos.
    Moción oral del demandado y apelante en el acto de la vista en solicitud.de que se archive el caso por carecer de fina-lidad práctica.
    No. 1259.
    Resuelto en febrero 20, 1915.
    Reglas 40 y 58 de la Corte Suprema — Poder Judicial. — Las reglas 40 y 58 de la Corte Suprema fueron ambas adoptadas por virtud'del poder • judicial con-ferido a la Corte por la Ley Orgánica y el Código de Enjuiciamiento Civil.
    Transcripción de Autos — Término para Radicarla. — Si bien no existe precepto alguno ni en el Código de Enjuiciamiento Civil ni en 'sus enmiendas, que fije el término dentro del cual, debe presentarse en. la Corte Suprema la trans-cripción de autos cuando no existe exposición del caso ni pliego de excep-ciones, debe aquélla radicarse dentro del término de treinta días que prescribe la sección 40 del Reglamento. . •.
    Id. — Prórroga para Presentarla — Discreción Judicial — Jurisdicción—Reglas 40 y 58. — Las reglas 40 y 58 no agotan el poder de la corte y una vez que ha adquirido jurisdicción por razón de una apelación es completa la facultad que' tiene para prorrogar el término para la presentación de la transcripción de autos, y no fué la intención de la legislatura al aprobar la Ley No. 70, de marzo 9, 1911, restringir esa facultad por el he'cho de expresar que la transcripción de.autos deberá ser presentada a la corte dentro de los treinta días después de aprobada la exposición del caso por el juez sentenciador.
    Regla 58 de la Corte Suprema — Poder Judicial. — Analizada la regia 58 de- . muestra que el poder que en ella se ejercita es en virtud de la facultad plena que tiene la corte sobre los autos en aquellos casos en que ha adquirido juris-dicción.
    Transcripción de Autos — Prórroga Concedida Antes de Presentada una Moción para que se Desestime la Apelación. — Habiendo obtenido el ape-lante una prórroga del término para presentar la transcripción de autos antes de que se radicara una moción para que se desestimara la apelación, y habiéndose archivado los autos dentro del término fijado en dicha prórroga, se resolvió: que de acuerdo con los principios de un estricto procedimiento y de acuerdo con las reglas de la corte, la transcripción debía considerarse como presentada dentro de término.
    Desestimación de Apelación — Exposición del Caso. — La falta de exposición del caso no es fundamento por sí solo suficiente para desestimar una ape-lación, puesto que ello no impide que la corte examine las alegaciones (;pleadings).
    Mandamus — Desestimación de Apelación — Palta de Finalidad Práctica del Becurso. — La cuestión de si debe o no desestimarse y archivarse una apela-ción en un recurso sobre mandamus por el fundamento de que éste no tendría eficacia alguna, no debe considerarse en una moeión para que se desestime la apelación por no haberse presentado en tiempo la transcripción de autos, por-que ello envolvería realmente los méritos del caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Ramón Falcón y Adrián Agosto.

    Abogados del apelado: Sres. Eduardo Acuña y II. S. Belaval.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Es esta la segunda moción que se presenta en este caso sobre desestimación de la apelación. La primera fné presen-tada en noviembre 2, 1914, la vista de la cnal se celebró en noviembre 9 y fné resuelta en noviembre 16, Belaval v. Todd, Alcalde de San Juan, 21 D. P. R., 441.

La primera moción se basó en la Regla 59 de esta corte y la corte resolvió que no había prueba de mala fe de parte del apelante ni tampoeo prueba suficiente de falta de dili-gencia, especialmente cuando la cuestión de tal falta de diligen-cia había sido sometida a la corte de distrito y resuelta contra lo alegado por el autor de la presente moción.

Algún tiempo después, a saber, el 20 de noviembre de 1914, el demandado en este caso presentó una solicitud para que se expidiera un auto de certiorari, la cnal fué vista ante la corte en diciembre 3, 1914, y resuelta con verdadera rapi-dez, teniendo en cuenta la importancia del caso, el 24 de diciembre de 1914. Belaval v. Córdova, Juez de Distrito, et al., 21 D. P. R., 537. Mientras el recurso de certiorari estaba pendiente en esta corte, en diciembre 12, 1914, el apelante alegó 'que había preparado y presentado a la Corte de Dis-trito de San Juan el récord de la apelación, pero que el secre-tario de esa corte no había podido certificar el récord a causa de haber sido remitidos los autos originales a esta corte por virtud del auto de certiorari. El apelante solicitó de la corte, por tanto, que se le concediera una prórroga de veinte días porque el término para presentar el récord estaba próximo a expirar. En diciembre 14, 1914, la corte dictó una orden por virtud de la cual el término para presentar la transcrip-ción fué prorrogado por veinte días, a contar de diciembre 18, 1914. Dicha orden fué notificada al Sr. Falcón abogado del apelante, y al Sr. Belaval, abogado del apelado, en diciem-bre 15, 1914.

En diciembre 26, 1914, eh apelado hizo su segunda moción para desestimar la apelación, expresando en la misma que en diciembre 24, 1914, esta corte había dictado resolución en el recurso de certiorari anulando la prórroga concedida al apelante por la Corte de Distrito de San Juan, para presen-tar la exposición del caso.

El motivo en que se basa la segunda moción solicitando la desestimaeióh de la apelación es el de que, como la expo-sición del caso había sido eliminada del récord, el caso de mandamus quedaba como si la exposición del caso no se hu-biera nunca presentado, y que, por tanto, el apelante estaba en el deber ele radicar la transcripción de autos dentro de los treinta días, a contar desde la fecha de la apelación, ci-tando la Begla 40 de esta corte y la-opinión en el caso de Ciuró v. Ciuró, 20 D. P. R., 38. El mandamiento de certio-rari anuló una orden de la Corte de Distrito de fSan Juan fechada en mayo 29, 1914. La expresada moción fué pre-.sentada en 26 de diciembre de 1914. El auto de certiorari que fué finalmente expedido por esta corte hubiera podido también haber sido concedido al apelado en cualquier tiempo a contar de la fecha en que se dictó dicha orden por la Corte de Distrito de San Juan, esto es, mayo 29, 1914. La regla 58 de esta corte dispone lo siguiente:

'“Si la copia de los autos no fuere presentada dentro del término prescrito, puede desestimarse la apelación al hacerse una moción en tal sentido, previa notificación de la misma. Si la copia de los autos ha sido presentada a la fecha en que se haga tal notificación, este hecho constituirá una contestación eficaz a la referida moción aún en el caso de que dicha copia no se hubiere presentado dentro del término prescrito. ’ ’

Esta regla, así como la regla 40 eu que descansa el ape-lado, fué adoptada como resultado del poder judicial con-ferido a esta corte, por la Ley Orgánica y por el Código de Enjuiciamiento Civil aprobado por la Asamblea Legislativa de Puerto Eico. Nada dispone el Código de Enjuiciamiento Civil ni ninguna otra ley acerca de cuándo deberá radicarse una apelación en esta corte en los, casos en que no exista expo-sición del caso ni pliego de excepciones. Las reglas 40 y 58 fueron simbas adoptadas en virtud del poder conferido a esta corte para regular los casos sobre los cuales ha adqui-rido jurisdicción por razón de una apelación de una corte de distrito, pero estas reglas no encierran todo el poder de la corte sobre las apelaciones una vez que la misma na adqui-rido jurisdicción. Con frecuencia hemos prorrogado el tér-mino para presentar la transcripción de autos, tanto antes como después de haber la Legislatura aprobado la Ley No. 70 de marzo 9, 1911, puesto que es completa' la facultad que tiene, esta corte en los casos sobre los cuales ha adquirido jurisdicción, y no. fué la intención de la Legislatura restrin-gir .esa facultad para. prorrogar por el hecho de expresar que la transcripción de autos deberá ser presentada en esta corte dentro de los treinta días después de aprobada la expo-sición del caso por el juez sentenciador. Asimismo hemos resuelto en. varios casos, que la regia .58' está aún en toda su fuerza y vigor. García v. The American Railroad Co. of Porto Rico, 17 D. P. R., 949; Hernández v. The American Railroad Co. of Porto Rico, 17 D. P. R., 1225; y Sucesores de José Martínez v. Tomás Dávila & Co., 17 D. P. R., 1008. Véase también. Parker v. Oller, 21 D. P. R., 448. Ahora bien, si esta corte puede adoptar una regla, como se ha resuelto que puede, que abarque casos en que la transcripción se ha radi-cado ya, a pesar de haber transcurrido más de treinta días después de haber expirado el término que determina la regla 40, tenemos también el mismo poder para prorrogar el tiempo para presentar., una transcripción antes de que una moción para desestimar sea presentada por el apelado.

En diciembre 12, 1914, el apelante, bajo la impresión erró-nea de que él disponía aún de unos días para presentar la transcripción, solicitó de esta corte-una prórroga para pre-sentar tal transcripción. Su impresión errónea se basaba en la acción de la Corte de Distrito de San Juan al pretender prorrogar el término. Sea como fuere, en la fecha en que el apelante presentó la referida moción sobre prórroga no había ninguna moción pendiente solicitando la desestimación de lá apelación y el certiorari no había sido aún resuelto. La moción sobre prórroga fué concedida a contar desde diciembre 18, habiendo expirado tab término en enero 7, 1915, En enero 6, 1915, la transcripción en este caso fué radicada en la corte. Aún cuando la transcripción fué archivada, como ha alegado el apelado, once días después de haberlo sido la moción sobre desestimación, sin embargo, la misma fué radicada dentro de los veinte días concedidos por esta corte. Ninguna solicitud se presentó a esta corte por el apelado para que se redujera el término o para que la corte recon-siderara su acción de diciembre 14. La orden prorrogando el término para presentar la transcripción quedó en vigor, y el récord, de acuerdo con los principios de un estricto pro-cedimiento y de acuerdo con nuestras reglas, debe conside-rarse como presentado dentro de término.

Pero considerando la naturaleza peculiar de este caso, y considerando también que la Corte de Distrito de San Juan y, aparentemente, todos los abogados tenían la idea de que una orden prorrogando el término para presentar un pliego de excepciones basta que las potas del taquígrafo fueran entregadas, era un perfecto y válido ejercicio de poder, hubié-ramos nosotros ejercitado nuestro poder discrecional per-mitiendo que esta apelación quedara en pie. El caso fue de lo más extraordinario. No solamente todos los abogados en general, sino también los abogados del apelado estaban bajo la misma impresión que la corte de distrito, porque, como liemos dicho, el certiorari que fué' finalmente expedido pudo haber sido obtenido en junio o julio de 1914, y ningún es-fuerzo se hizo por el apelado para solicitar el certiorari hasta noviembre 20, 1914. La primera moción presentada para desestimar la apelación no estaba basada en los fundamentos del certiordri, pues todos estaban confiados en la práctica de esperar las notas taquigráficas, que ha sido la seguida du-rante años.

El apelado en su alegato pretende censurar a la corte poí-no haber resuelto la primera moción en su favor. Insiste, en lenguaje quejoso, en que la mala fe del apelante se ha comprobado, pues éste insiste ahora en que el mandamus se declare sin efecto. Ea actitud y lenguaje del apelado son muy poco respetuosos, y no debe ser esa la conducta observada por las partes o abogados que comparecen únte esta corte. No solamente en la moción .original, sino tam-bién en la moción ahora pendiente ante la corte, el ápelado ha dejado de mostrar la mala fe del apelante, y ha dejado de probar la falta de diligencia de dich^» apelante. Por el contrario, el récord' demuestra que el apelado pudo haber buscado algunos meses antes el remedio finalmente obtenido por medio del certiorari. No estamos convencidos de que el apelado en ningún tiempo agotara los remedios de que dis-ponía, ya en esta corte o en la corte inferior. La misma soli-citad hecha en la petición de certiorari pudo haber sido hecha en la moción original, y tal moción pudo haber sido presen-tada a esta corte en los meses de junio o julio. El apelado pndo siempre haber sostenido, y croemos que con éxito, que la acción de la corte de distrito en su orden de mayo 29, 1914, era nula y sin valor. Los comentarios hechos por el apelado están por consiguiente, fuera de tono. Además, el apelado no solamente ataca al apelante sin las debidas pruebas y censura a la corte de una manera irrespetuosa, sino que los comentarios en cuestión no tienen nada que ver con el asunto ahora pendiente ante la corte, esto es, si la apelación debe o no desestimarse porque el récord, como alega el apelado, no fue presentado en tiempo.

Además de la moción del apelado, el apelante en- el acto de la vista hizo una moción oral para que se desestimara y archivara el caso por el fundamento de que el mandamus no tendría eficacia alguna. No entraremos a considerar tal cuestión porque ella envuelve realmente los méritos del caso. Hemos resuelto frecuentemente que el dejar de presentar una exposición del caso no impide que esta corte examine las ale-gaciones (pleadings). Los méritos de estas alegaciones pue-den ser considerados después de una vista de todo el caso, y las cuestiones envueltas en el mismo no pueden ser resuel-tas de .esta manera irregular y poco satisfactoria . , .

Las mociones del apelado y del apelante deben ser deses-timadas.

Desestimadas ambas mociones.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison,

El Juez Presidente Sr. Hernández no formó parte del tribunal' en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Belaval, Demandante y Apelado, v. Del Castillo et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la" Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en nn caso sobre indemnización de daños y perjuicios por libelo.
    Moción del demandante y apelado para que se desestime la apelación por no haberse presentado la transcripción de • • autos. -
    No. 1284.
    Resuelto en febrero 20, 1915.
    Transcripción de Autos — Término para Badícarla. — Si bien no hay precepto alguno que fije el término dentro del cual delje presentarse en la Corte Su-prema la transcripción de autos cuando no existe exposición del caso o pliego de excepciones, debe aquella radicarse dentro del término de treinta días que prescribe la sección 40 del Beglamento.
    Los hechos están expresados en lá opinión.
    Abogado del apelado: Br. R. 8. Belaval.

    Abogado del apelante: Sr. Miguel Guerra, quien compa-reció por escrito.
   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión' del tribunal.

Esta es una solicitud para que se desestime la apelación por el .fundamento de que la transcripción de autos no ha sido radicada en tiempo. La moción expone que la Corte •de Distrito de San Juan dictó sentencia en julio 1, 1914; que la apelación fué interpuesta en julio 30, 1914; que la expo-sición del caso presentada a la Corte de Distrito de San Juan en agosto 24, 1914, ha sido eliminada del récord por orden de dicha corte de distrito, y que han transcurrido más de 150. días desde que la apelación fué interpuesta.

Este caso no es igual al caso de Belaval v. Todd, que acaba de decidirse y que. precede a este caso, porque el apelante, Fray Antonio del Castillo, nada ha demostrado en forma alguna ante nosotros.' El apelante alega que la ley no fija el tiempo en que debe una apelación ser presentada en esta corte cuando no existe exposición del caso o pliego de excep-ciones. El caso de Ciuró v. Ciuró, 20 D. P. R., 38, resuelve este punto en contra de lo sostenido por el apelante. .Hemos tenido oportunidad de considerar la cuestión más detallada-mente en el caso de Belaval v. Todd, citado.

La apelación debe ser desestimada.

Declarada con lugar la moción y desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y HutcMson.

El Juez Presidente Sr. Hernández no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. "Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Carrasquillo, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por delito de acometimiento y agresión con cir-cunstancias agravantes.
    No. 760.
    Resuelto en febrero 25, 1915.
    Denuncia — -Juramento—Presunción.—El encabezamiento de la denuncia en este caso es el siguiente:. “Juzgado de Paz de G-urabo,” y aparece jurada ante “Francisco Carreras, .Juez de Paz” y se resolvió: que mientras no se pro-bara lo contrario la presunción es de que Francisco Carreras era el Juez de Paz de Gurabo.
    Conocimiento Judicial — Jueces de Paz. — Del nombramiento y firma oficial de un juez de paz puede tomarse conocimiento judicial, de acuerdo con el artículo 36, párrafo 5 de la Ley de Evidencia.
    Denuncia — Juramentos—Falta de Objeción. — No constando de la transcripción de autos que se formulara objeción a la denuncia en la corte de distrito o en la corte municipal por defectos en el juramento de la misma, debe consi-derarse que el acusado renunció a ell’o, no pudiendo promover por primera vez esta cuestión ante la Corte Suprema.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: .Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    . Abogado del apelante: Sr. Francisco González, quién com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Se. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El único error que lia sido alegado en esta apelación es el de que la Corte de Distrito de Iíumacao cometió error al juzgar al acusado sin que hubiese una denuncia jurada. La denuncia y su juramento al cual se ha hecho referencia, son los siguientes:

“El Pueblo de Puerto Rico vs. Emilio Carrasquillo. — Juzgado de Paz de Gurabo, P. R. .
“Yo, Francisco Yélez Ortiz, P. I., No. 164, vecino de Gurabo, P. R., calle del Telégrafo No. 31,' de 32 años, formulo denuncia contra Emilio Carrasquillo por delito de acometimiento y agresión grave, cometido de la manera siguiente: Que en junio 5 de 1914 bora 8 a. m., y en la calle de 'San José’ de Gurabo, P. R., del Dis-trito Judicial del Juzgado de Paz de Gurado, P. R., que forma parte del Distrito Judicial Municipal de Caguas, P. R., y éste a su vez de la Corte del Distrito Judicial Insular de Humacao, P. R., el acusado arriba expresado, voluntaria, ilegal y maliciosamente, con intención de causar grave daño personal, acometió y agredió con una navaja barbera, al individuo José Manuel Aranga, dándole una he-rida de gravedad en la espalda, teniendo que ser asistido en la Sala de Socorros. — Y como este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y contra la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico,, lo denuncio a la Corte para los fines de justicia.— (Firmado) Francisco Yélez Ortiz. — P. I. No. 164. — •
“Jurada ante mí hoy_de._. __191_ (Firmado) Francisco Carreras, Juez de Paz de_”

Alega el apelante que el juramento es insuficiente por no constar el funcionario ante quien fué jurada la denuncia como tampoco la fecha y lugar en que se administró el jura-mento.

Tenemos duda de si es necesaria la fecha de una denun-cia siempre que ésta, haya sido en realidad jurada ante un funcionario competente. Este podría probar su fecha me-diante prueba de otra procedencia (aliunde) si fuere nece-sario.

El encabezamiento de la denuncia es el siguiente: “Juz-gado de Paz de Gurabo” y está suscrita por “Francisco Carreras, Juez de Paz de * * La presunción sería, mientras no se probara lo contrario, que Francisco Carre-ras era el juez de paz de Gfurabo. Además, entendemos que podemos tomar conocimiento judicial, de que Francisco Ca-rreras era juez de • paz de Gfurabo. ' El artículo 36, párrafo 5o., de la Ley de Evidencia, prescribe lo siguiente-:

“Artículo 36. — Los Tribunales tomarán en consideración judi-cialmente los siguientes lieclios:
“5. — La instauración,» firmas y sellos oficiales de los principales funcionarios del gobierno en los departamentos legislativo, ejecutivo y judicial de Puerto Rico y de los Estados Unidos.”

Estas consideraciones resolverían incidentalmente la cues-tión referente a no Faber sido jurada la denuncia ante un funcionario adecuado.

Pero se considerará que todas estas cuestiones lian sido renunciadas por el apelante a no ser que sean alegadas por él en la corte de distrito. Tal vez él debió haberlas promo-vido en la corte municipal. De todos modos, no constando de los autos que se formulara ninguna objeción a la denuncia en la corte de distrito o en la municipal, debe declararse que el apelante ha renunciado a estos supuestos defectos. Este.-principio está sostenido por numerosas autoridades. El Pueblo v. Aponte et al., 9 D. P. R., 383; El Pueblo v. Rodríguez, 12 D. P. R., 181; El Pueblo v. García, 18 D. P. R., 570. 12 Cyc., 296.

Debe confirmarse la sentencia. ■

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison. .

El Juez Presidente Sr. Hernández no formó parte del tri-' bunal en la vista de este caso.


text:
    Ex parte Negrón, Peticionario.
    Moción para que se le admita a examen de derecho penal para el ejercicio de la abogacía.
    No. 15.
    Resuelto en febrero 26, 1915.
    Abogados — Exámenes para la Admisión al Ejercicio de la Abogacía — Apro-bación de Cursos y Nó de Asignaturas. — De acuerdo eon la seeeión 3 de la ley determinando reglas para el ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, de 8 de marzo de 1906, enmendada por Ley No. 51 de marzo 9, 1911, solo será aprobado el que en la calificación general baya obtenido un promedio de 75 por ciento en cada uno de los cursos, y por tanto la obtención de 75 puntos en algunas de las asignaturas no releva de sufrir nuevos exámenes de las mismas.
    Los hechos están expresados en la resolución.
    El peticionario compareció por escrito en nombre propio.
   RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL.

Por cuanto, con fecha 18 de febrero, 1915, ha sido pre-sentada por Fabriciano Negrón-una petición.sobre admisión a examen de abogado, alegando haber obtenido en los exá-menes celebrados en el mes de noviembre del año próximo pasado, 1914, nn promedio de 75 puntos en cada una de las asignaturas del primer curso, como sigue: Derecho Natural, Derecho Civil, Medicina Legal, Derecho Político, Insular y Federal, y Legislación Notarial, y un promedio de 60 puntos en la asignatura Derecho Penal.

Por cuanto, solicita en su dicha moción que habiendo obte-nido tales calificaciones en las referidas asignaturas se le admita a examen de derecho penal únicamente en los exá-menes que tendrán lugar en el mes de marzo próximo, o en su defecto, en los de noviembre del corriente año, para com-pletar el primero curso de derecho.

Por cuanto, en la sección 3 de la ley determinando reglas para el ejercicio de la abogacía en Puerto Pico de 8 de marzo de 1906, enmendada por Ley No. 51 de marzo 9, 1911, se dis-pone que sólo será aprobado el que' en la calificación general haya obtenido un promedio de 75 por ciento en cada uno de los cursos, habiendo quedado el- peticionario suspendido en el primer curso, sin que haya sido aprobado en ninguna de las asignaturas que lo integran, pues la aprobación o suspen-sión ha de referirse a los cursos y no a las asignaturas.

Por taNto, se declara sin lugar la instancia del peticio-nario Pabrieiano Negrón Rodríguez.

Sin lugar la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.