author: JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE

text:
    Pedro Fernández Reyes, demandante y apelante, v. Ramón González Betancourt, demandado y apelado.
    No. 5163

      Nota: Véase la opinión de la mayoría en el Tomo 42 D.P.R. 726 y la nota del repórter al pie de la página 970 de dicho Tomo.

   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE

En la demanda en este caso se aducía que el demandante tenía la posesión material y el disfrute continuo de un ca-Yuino que se Rallaba dentro de la propiedad del demandado; que el demandante viajaba por dicbo camino con toda clase de vehículos y que el mismo fué construido y preparado por él con su propio peculio y que en ningún tiempo y en modo alguno se había desprendido de tal derecho. Se quejó de una perturbación y solicitó un auto de injunction, cono-cido anteriormente con el nombre de interdicto.

La palabra “derecho” quizá fué usada inadvertidamente. No obstante, a mi modo de ver es claro que el único dere-cho que una persona puede tener en un camino de esa clase surge de la existencia de una servidumbre.

El demandado trató de demostrar que no existía tal ser-vidumbre y la corte inferior permitió semejante prueba. Esta corte revocó la sentencia de la corte de distrito fun-dándose en que en un procedimiento de injunction para re-cobrar la posesión lo único que podía discutirse era la po-sesión como cuestión de hecho; que las cuestiones relativas al derecho o título con que una persona poseía no' eran pro-pias de tal procedimiento.

Las decisiones de esta corte hasta ahora habían sostenido meramente que en casos para recobrar la posesión de te-rreno era suficiente probar la tenencia del terreno mismo y que todas las cuestiones de título necesariamente debían diferirse. Tal vez la razón fundamental fué que en pleitos para recobrar la posesión de una cosa o propiedad de que uno se veía privado, la mera posesión crea una presunción de título y que no es necesario ir más allá. En tales casos las cortes dejan que las partes posteriormente discutan’ la •existencia del título. La posesión y el título son conceptos separables y la posesión puede ser probada independiente1 mente. Sostengo que no existe tal concepto separable al hablarse de servidumbre.

El artículo 536 del Código Civil define la servidumbre como sigue:

“La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño.”

Por consiguiente, una servidumbre, calificada por el de-recho inglés como un bien incorpóreo (incorporeal hereditament), es necesariamente una cosa intangible. Si bien sig-nos aparentes pueden indicar la existencia de una servidum-bre, tales signos o señales son frecuentemente consistentes con la no existencia de la servidumbre.

El artículo 433 del Código Civil provee que:

“Posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por una persona. Posesión civil es esa misma tenencia o disfrute, unidos a la intención de haber la cosa o derecho como-suyos. ’ ’

Conforme se define, en toda la sección el legislador ha hablado de la tenencia de una cosa o del disfrute de un de-recho — división cabal.- Cuando alguien radica un- injunction para recobrar la posesión de una cosa, de una finca, por ejemplo, debe probarse la existencia de ese terreno, de lo contrario no puede haber prueba de posesión. De igual modo para probar la tenencia de un dérecho este último debe ser probado. Es inútil hablar de tener la posesión de un derecho-sin demostrar la existencia de tal derecho. Debe existir la. posesión de algo. Y permítaseme repetir que la posesión es definida por el- artículo 433, supra, como la tenencia de mía cosa o de un derecho. Una servidumbre es necesariamente sólo un derecho, o según la define el código, el disfrute de un derecho. Por tanto, no importa cuán difícil sea, un quere-llante debe probar la existencia del res cuya posesión él haya alegado tener. Cuando hablamos de la posesión de un te-rreno, el res es el terreno; cuando hablamos de la posesión de un derecho, el res es el derecho mismo.

El derecho a utilizar el injunction para recobrar, el uso de una servidumbre fué impugnado. No obstante, la Corte Su-prema de España en dos decisiones citadas en la opinión de la mayoría resolvió que podía utilizarse el recurso para im-pedir una perturbación del derecho de servidumbre. En el caso No. 349, resuelto el 31 de diciembre de 1879, tomo 4, Jurisprudencia Civil, pág. 523, la corte consideró que ciertas objeciones carecían de fundamento “porque bajo el nombre d.e posesión se entiende comprendida la cuasi posesión para los efectos de esta clase de interdictos, en los cuales se re-suelve una cuestión de orden público que del propio modo se afecta a uno por mano propia de la cosa corporal que posee, como de un.derecho de servidumbre que ejercita o cuasi posee.” En el caso No. 338 de julio 11, 1881, tomo 47, Jurisprudencia Civil, pág. 100, la corte se expresó en idénticos términos. En cada uno de estos casos, a mi modo de pensar, la corte decidió que podía probarse la tenencia de un derecho o quasi derecho para remover obstáculos o algo similar, pero en ninguno de dichos casos he hallado nada que sostenga que la tenencia de una servidumbre pueda ser probada indepen-dientemente del derecho en sí.

En la opinión de la mayoría al referirse al artículo 433 (erróneamente citado como 443) la corte dice que la posesión o tenencia del uso de una servidumbre podía ser objeto de un injunction para recobrar la posesión. En esta frase la corte habla de una palabra que no figura en el Código Civil, o sea, la palabra “uso”. Sostengo que no existe tal cosa como la tenencia del uso de una servidumbre a diferencia do la posesión de la servidumbre. La idea de la Corte Suprema de España fué proteger el predio dominante y permitir al dueño del mismo preservar o recobrar su derecho de servi-dumbre en caso de que hubiese sido perturbado en el mismo. Tratándose de terrenos, según ya he indicado, la tenencia puede ser probada fácilmente. En el campo de las servi-dumbres tal posesión es imposible de probar sin establecerse la existencia de un derecho.

El artículo 433, supra, es el primero- de una serie de ar-tículos que aparecen bajo el título V, capítulo I, del Código r!ivil. relativos a la posesión. Un número de esos artículos en mi opinión sostienen las conclusiones a que he llegado, y especialmente el artículo 439, que lee así: “Sólo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación.” En otras palabras, sostengo que la pose-sión objeto de la opinión de la mayoría queda excluida por la fraseología de este artículo.

En su consecuencia, me parece que la corte inferior estuvo justificada al admitir prueba al efecto de que el demandante se hallaba en la finca del demandado por mera tolerancia.


source: Caselaw Access Project

author: JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

license: Public Domain

text:
    Fajardo Sugar Growers’ Asso., demandante y apelada, v. Central Pasto Viejo, Inc., et al., demandados-apelantes.
    No. 4924

         Nota: Véase la opinión de la mayoría en el Tomo 41 D.P.R. 825 y la nota del repórter al pie de la página 970 de dicho Tomq.

   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

Al igual que en el caso de Fernández v. González, 41 D.P.R. 726, y 42 D.P.R. 992,i la opinión del presente caso depende de la misma teoría o teorías que fueron enunciadas en el caso anterior. Sin embargo, me parece que aquí los hechos fueron, de serlo, ligeramente más claros, toda vez que el de-recho a usar el camino aparentemente dependía en su tota-lidad de la existencia de un arrendamiento. Necesariamente al expirar el arrendamiento, el derecho al uso se extinguió y debió permitirse a los demandados probar la terminación de la existencia del arrendamiento y sus consecuencias. De lo contrario mi voto disidente en este caso se funda en mi disentimiento en el de Fernández v. González, supra.


author: JUEZ ASOCIADO SR. TV'OLF.

text:
    La Iglesia Católica, Apostólica, Romana de Puerto Rico, demandante-apelada, v. Combate Tobacco Corporation, demandada-apelante.
    No. 4868

       Nota: Véase la opinión de la mayoría en el Tomo 41 D.P.R. 376 y la nota del repórter al pie de la página 970 de dicho Tomo.

   'OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. TV'OLF.

Mi motivo principal, si no el único, para disentir es que la demandada era nn tercero qne no tenía conocimiento por el registro de 1a, existencia de una servidumbre. Toda vez que las ventanas y cosas similares pueden existir por mera tolerancia, sostengo que no se impuso el deber a un comprador de cerciorarse de si se liabía creado una servidumbre ya por título o por prescripción. Convengo' en que no hay presun-ción de tolerancia, pero mantengo que no bay presunción de que existe una servidumbre por el mero becbo de haber signos exteriores, como ventanas. En mi opinión incumbía a la demandante demostrar positivamente que la demandada nó era un tercero.


text:
    Ramón M. Ortiz, demandante y apelante, v. Nicolás Ab-del-Nour y Ab-del-Nour & Koury, demandados y apelados; y Ramón Torres Pagán, demandante y apelante, v. Nicolás Ab-del-Nour y Ab-del-Nour & Koury, demandados y apelados.

      No. 5301.

    Sometido: Pebrero 19, 1931.

      Resuelto: Abril 22, 1931.
   En estos casos sobre daños y perjuicios reclamados por-motivo de un choque de automóviles, el debate quedó plan-teado, como en la mayoría de estos casos, sobre la base de cuál de las partes fue la que a virtud de manejo negligente o temerario de su automóvil fue la culpable del accidente.

No habiéndose demostrado que la corte inferior hubiera cometido error manifiesto en la apreciación de la larga prueba sometida a su consideración ni que al imponer las costas hu-biera cometido abuso alguno de discreción, el Tribunal Supremo confirmó las sentencias apeladas en ambos casos.


author: Juez Asociado Sr. Hutchison.)

text:
    No. 5353.
    Reyes, aplda. v. Delgado, et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Abril 9, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Siendo cuestiones de hecho las únicas levantadas por el señalamiento de errores y no apareciendo error manifiesto alguno en la apreciación de la prueba, ni la supuesta pasión y prejuicio imputada al juez de distrito .por el apelante, se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino.


author: Juez Asociado Sr. Aldrey.)

text:
    No. 5319.
    Sepúlveda, aplte., v. Gigliotty, apldo.
    C. D. Ponce.
    Abril 13, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

P¿r cuanto,'- examinados los autos de esta apelación y oí-das las partes llegamos a la conclusión de qne la resolnción de la solicitud de la demandante para qne se dejase sin efecto la sentencia qne fué dictada en este caso descansa fundamentalmente en la apreciación qne de la prneba pre-sentada con ese fin hizo la corte inferior;

Pob cuanto, la prneba en este caso fné claramente con-tradictoria, y estamos convencidos sin dnda algnna de qne ese conflicto fné resuelto mny acertadamente por la corte inferior en contra de la demandante-apelante, por lo qne no cometió el quinto motivo de error alegado en este recurso;

Pob cuanto, en vista de la conclusión anterior son im-procedentes los motivos primero, tercero y cuarto de esta apelación, basados en los becbos declarados por la deman-dante, no creídos por la corte inferior;

PoR cuanto, el segundo motivo fundado en qne la corte inferior bizo manifestaciones en su resolnción apelada de ser final la sentencia no es procedente porque a pesar de ella la corte resolvió la moción por sus méritos;

Pob cuanto, tampoco es sostenible el sexto motivo con-signado porque las palabras dichas' por la corte inferior al practicarse la prneba de la moción cuya reclamación se apela no demuestran qne tuviera prejuicio contra la demandante ni contra su abogado;

Pob cuanto, como consecuencia de todo lo expuesto se imponía declarar sin lugar la moción de la demandante, por lo que la corte inferior no cometió el séptimo y último de los errores alegados por haber declarado sin lugar dicha moción,

Pob tanto,, debemos confirmar y confirmamos la reso-lución apelada.


text:
    No. 844.
    López, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección 1ª, recurrido.
    Mayo 6, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por cuanto, el precio de la subasta en un juicio ejecu-tivo hipotecario no cubrió el importe de la cantidad garan-tizada con la hipoteca objeto del procedimiento;

Pon cuanto, como consecuencia de lo expuesto la corte que conoció del procedimiento ordenó al registrador de la propiedad que anulase un embargo posterior a la hipoteca ejecutada, hecho a favor de Henri G. Molina, por haber sido éste notificado expresamente del procedimiento y de la su-basta en los edictos publicados para ella;

Poe cuanto, habiéndose negado el registrador a hacer la cancelación ordenada se ha interpuesto este recurso guber-nativo ;

Poe cuanto, decretada esa cancelación por la corte el re-gistrador no está autorizado para examinar si tal resolución está ajustada a derecho o no. Central Aguirre y otro v. Registrador de Guayama, resuelto el 17 de abril último,

Poe tanto, debe revocarse la nota recurrida y se ordena al Registrador de la Propiedad de San Juan que haga la cancelación decretada por la corte.


text:
    No. 5323.
    Berio, aplte., v. De Santiago, apldo.
    C. D. Guayama.
    Mayo 19, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Vista la moción del demandante y apelante Gaspar Be-rio para que sustituyamos en su lugar en este pleito a Antonio Beiró Prau por haberle cedido todo su interés en el mismo, y la oposición a ella del apelado por no aparecer que el cesionario solicite la substitución y que está dispuesto a subrogarse en todas las obligaciones del cedente, no ha lugar a lo solicitado por no estar hecha la petición por la persona que se dice sustituye al apelante.


text:
    No. 5703.
    Berio, apldo., v. Frau, et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Mayo 22, 1931.
   Vista la moción del demandante y apelado Gaspar Berio para que sustituyamos en su lugar en este pleito a Antonio Berio Frau por haberle cedido todo su interés en el mismo, y no apareciendo que el cesionario solicite la substitución y que está dispuesto a subrogarse en todas las obligaciones del cedente, no lia lugar a lo solicitado por no estar hecha la petición por la persona que se dice substituye al apelado.


text:
    No. 5613.
    Berio, apldo., v. Díaz, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 22, 1931.
   Yista la moción del demandante y apelado Gaspar Berio para que sustituyamos en su lugar en este pleito a Antonio Berio Frau por haberle cedido todo su interés en el mismo, y no apareciendo que el cesionario solicite la substitución y que está dispuesto a subrogarse en todas las obligaciones del cedente, no ha lugar a lo solicitado por no estar hecha la petición por la persona que se dice substituye al apelado.


text:
    No. 5102.
    Berio, apldo., v. Rivera, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 22, 1931.
   Vista la moción del demandante y apelado Gaspar Be-rio para que sustituyamos en su lugar en este pleito a Antonio Berio Frau por haberle cedido todo su interés en el mismo, y no apareciendo que el cesionario solicite lá subs-titución y que está dispuesto a subrogarse en todas las obli-gaciones del cedente, no ha lugar a lo solicitado por no es-tar hecha la petición por la persona que se dice substituye al apelado.


text:
    Ex parte Brunet, peticionario.
    Junio 22, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la petición que antecede, así como el caso Ex Parte Muñoz, 41 D.P.R. 360, no ha lugar a la admisión del peti-cionario al‘ ejercicio de la abogacía en esta Isla sin examen de reválida.


text:
    No. 5394.
    Pabón, aplte., v. Asamblea Municipal de Cabo Rojo, aplda.
    C. D. Mayagüez.
    Junio 22, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por, cuanto, Bernardo Pabón presentó en la Corte de Distrito de Mayagüez una solicitud de certiorari contra la Asamblea Municipal de Cabo Rojo alegando que en una se-sión extraordinaria admitió la renuncia del asambleísta Aga-pito Padilla y se nombró en su lugar a Serafín Avilés, y que ambos actos son ilegales;

Por cuanto, librado el auto la parte demandada pre-sentó moción escrita a la corte allanándose a la petición y solicitando se dictase sentencia declarando vacante el cargo de miembro de la Asamblea Municipal de Cabo Rojo que desempeñaba Serafín Aviles, con cuya moción estuvo con-forme el peticionario;

Poe cuanto, la corte en vista del allanamiento de la de-mandada y de la conformidad del peticionario, dictó senten-cia declarando nula la aceptación de la renuncia de Aga-pito Padilla del cargo referido y nulo el nombramiento que para sustituirlo fue hecho a favor de Serafín Avilés;

Por cuanto, contra esa sentencia se interpuso esta ape-lación por el peticionario del auto por ser la sentencia con-traria a derecho y por no haber impuesto las costas a la de-mandada ;

Por cuanto, la sentencia está de acuerdo con la petición del ahora apelante y no se expuso por qué es contraria a de-recho ;

Por cuanto, la imposición de costas no era procedente en este caso,

Por tanto, debemos confirmar y confirmamos la senten-cia apelada que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez el 14 de mayo, 1930, en el caso de epígrafe.


text:
    No. 779.
    Peña, peticionario, v. La Corte Municipal de Humacao, Hon. Miguel A. Burset, Juez, dmdo.

    Junio 23, 1931.
   (Pór la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Examinada la petición que antecede, aclare el peticiona-rio si constan o no de la faz de los autos en la corte municipal todos los hechos alegados como fundamentos de dicha petición y especialmente el hecho de haberse llevado a cabo el procedimiento de que se queja a puertas cerradas y ha-berse denegado una solicitud presentada por el peticiona-rio en el sentido de que .la vista fuese pública, acompañán-dose a su escrito aclaratorio un memorándum de -autorida-des en apoyo de su alegado derecho a un término de 24 horas o más para preparar y' presentar su defensa y un affidavit de méritos demostrativo de la naturaleza de tal defensa y el perjuicio que haya podido sufrir el peticionario por ha-bérsele negado tal derecho.


author: Juez Asociado Sr. Wolf.)

text:
    No. 792.
    Bianchi, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Enrique S. Mestre, Juez en comisión, dmda.

    Julio 31, 1931.
   (Por la corte a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, no aparece de la petición que la Corte de Distrito de Mayagüez todavía ha. impuesto honorarios en contra de la peticionaria, ni que ésta haya solicitado que se elimine el pronunciamiento sobre honorarios;

Por cuanto, el hecho de no insistir en la representación de la demandada en el juicio de desahucio exponiendo las razones que tenía el abogado para adoptar tal actitud, no es motivo para que esta corte revise las actuaciones de la inferior, siendo la condena de costas discrecional bajo tales condiciones y no un error o falta de jurisdicción;

Por tanto, no ha lugar a expedir el auto solicitado.


text:
    No. 99.
    Ex parte Soto Ramos, peticionario, v. Sardaña, etc., dmdo.
    Diciembre 11, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por cuanto, el peticionario en este procedimiento de há-beas corpus fué declarado convicto de infringir la sección 3-del título 29 de la Ley Nacional de Prohibición por fabricar ron, que es una bebida embriagante, con más del medio del uno por ciento de alcohol, del que le fueron ocupados cin-cuenta cuartillos, que son más de un galón;

Por cuanto, la sentencia por ese delito lo condena a la pena de dos meses de prisión y dispone que la cumpla en el presidio de esta Isla, en el que ha sido recluido;

Por cuaNto, el peticionario solicita que lo pongamos en libertad alegando qne tal sentencia es nula porque siendo sn condena de dos meses de prisión no pudo disponer que la sufra en el presidio;

Por cuaNto, vistas la ley de 2 de marzo de 1929 para enmendar la Ley Nacional de Prohibición, 45 Estatutos de los Estados Unidos, Parte l5, página 1446, y las decisiones en los casos de In Re Mills, 135 U. S. 263 y de In Re Bowner, 151 U. S. 242, procede que se declare con lugar la petición en este caso:

Por tanto, decretamos la excarcelación del peticionario Agustín Soto Ramos y se ordena al Jefe del Presidio de esta Isla Don Sixto M. Saldaña que lo ponga inmediata-mente en libertad.


text:
    No. 66.
    Ex parte Escalera, peticionario.
    Diciembre 15, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Examinada la moción que antecede, firmada por el peti-cionario en persona, y estando como está dicho peticiona-rio representado por su abogado de récord, no ha lugar a la nueva vista solicitada, sin perjuicio de que el peticiona-rio, con la anuencia de su referido abogado, presente por es-crito las razones adicionales indicadas en su moción den-tro de un período de cinco días a contar de esta fecha.


author: Juez Presidente Sr. del Toro.)

text:
    No. 32.

    In re James R. Beverley, querellado.

    Diciembre 24, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Por cuanto, Ramón Echavarry Alfonso presentó ante esta Corte Suprema una solicitud de disbarment contra James R. Beverley, Attorney General de Puerto Rico, basándose en que el dicho Attorney General en el pleito seguido por Roberto H. Todd como Alcalde de San Juan contra el Go-bernador de Puerto Rico, sobre nulidad de la Ley No. 99 de 1931, titulada “Ley para establecer un Gobierno Especial para la Capital de Puerto Rico y para otros fines ’ ’, juró que dicha ley fué aprobada por la Asamblea Legislativa el 15 de mayo de 1931, a sabiendas de qne lo babía sido el 16, cuando había ya vencido el período legal de sus sesiones; y

Pon cuanto, algunos tribunales, entre ellos la Corte Su-prema de los Estados Unidos, han resuelto que la fecha de la aprobación de una ley por la Asamblea Legislativa, es la certificada por los Presidentes de sus Cámaras; y

PoR cuanto, es lo cierto que la dicha Ley No. 99 ha sido publicada oficialmente como aprobada por el Gobernador el 15 de abril, 1931, lo que implica que en o con anterioridad a esa fecha fue certificada por los Presidentes de ambas Cá-maras como pasada por la Asamblea';

PoR tanto, y sin que sea necesario decidir en definitiva en este caso si esta corte sigue o no las indicadas decisio-nes, es lo cierto que siendo una realidad su existencia el Attorney General pudo ajustar a ellas su conducta y ésta no puede calificarse de corrupta a los efectos de un disbarment, debe desestimarse y se desestima la querella presentada.


text:
    No. 36.
    Ruiz, peticionario, v. Saldaña, Jefe del Presidio de Puerto Rico, querellado.
    Diciembre 26, 1931.
   Vista la petición que antecede y los hechos jurados que en ella se consignan: el allanamiento del fiscal de este tribunal a la mencionada solicitud, el caso de Agustín Soto Ra-mos, resuelto por este tribunal el 11 de diciembre del año en curso y la ley y sentencias en él citadas (ante p. 998) se decreta la libertad de Daniel Ruiz Miranda por el pro-ceso a que se refiere esta petición y se ordena al Jefe de) Presidio de Puerto Rico, Sixto M. Saldaña, que lo ponga inmediatamente en libertad por dicha causa, a menos que estuviere detenido o sufriendo prisión por otra condena en su establecimiento.


text:
    No. 5602.
    Symister, apldo., v. Correa, et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Marzo 31, 1931.
   Desestimado el recurso a petición de la parte apelada, por no Raber prestado el apelante la fianza que exige la Ley de Desahucio.


text:
    No. 5661.
    Cruz, aplda., v. Franco, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Mayo 6, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede, fundada en que el escrito de apelación está dirigido a la corte de distrito y no al se-cretario de la misma y en que una resolución declarando con lugar una moción para desestimar una apelación de una corte municipal y ordenando el archivo del caso no es ape-lable por no ser una sentencia, siendo insuficiente el pri-mero de dichos fundamentos para justificar una desestima-ción (De la Cruz v. Porrata, 39 D.P.R. 851 y Roig Commercial Bank v. Sucesión Lugo, 34 D.P.R. 155), y careciendo de mérito el segundo, no siendo de aplicación. el caso Del Valle v. Llompart, 37 D.P.R. 798, citado por el promovente, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 5690.
    Hostos, aplte.-apldo., v. Larrazabal et al., apldos.-apltes.
    C. D. San Juan.
    Mayo 26, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Poe cuanto, en este caso hay dos apelaciones de los de-mandados, contra la sentencia y contra una resolución posterior ;

Pos cuanto, también el demandante apeló la sentencia en cuanto no le concede frutos y costas;

Por cuanto, el demandado solicita que desestimemos la apelación del demandante porque su alegato no cumple con la regla 42 de las de este Tribunal Supremo;

Pon cuanto, el demandante también solicita la desestima-ción de la apelación de los demandados porque la notifica-ción de la apelación al demandante no cumple con el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil;

PoR cuanto, la vista de ambas mociones fué señalada para el mismo día;

Pos. cxjaNTO, si bien el alegato del apelante. contiene un señalamiento de error que no aparece congruente con su ape-lación, por lo demás cumple substancialmente con la regla 42 de las de este Tribunal Supremo, pues contiene una re-lación del caso, un señalamiento de errores, y en general hace referencia a las páginas del legajo de sentencia en la argumentación de ellos;

Pos cuanto, aunque el escrito de apelación de los de-mandados está dirigido únicamente al secretario de la corte inferior aparece notificado al abogado de la parte contraria, por lo que le es aplicable la doctrina del caso de Roig Commercial Bank v. Sucesión Lugo, 34 D.P.R. 155;

Pos tanto, declaramos no haber lugar a desestimar la apelación del demandante ni la de los demandados.


text:
    No. 5734.
    Beiró, aplte., v. Bonar, apldo.
    C. D. San Juan.
    Junio 18, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por cuanto, dictada sentencia en este caso fué apelada el lp de mayo último, habiendo concedido la corte senten-ciadora el 9 de dicho mes el término de veinte días para que el taquígrafo preparara la transcripción de la evidencia;

Por cuanto, ese término venció sin haber sido prorro-gado, por lo que el apelado solicitó el 3 de junio que deses-timáramos la apelación;

Por cuanto, la parte apelante admite que la desestima-ción sería procedente pero solicita que le concedamos un nuevo término para preparar la transcripción de la eviden-cia;

Por cuanto, la parte apelante pagó los derechos del ta-quígrafo y éste comenzó su trabajo en seguida pero no pudo terminarlo por haber enfermado, habiendo ofrecido a uno de los abogados de la parte que presentaría una petición de prórroga a la corte, y - la redactó el 28 de mayo, y siendo festivos el 30 y 31 de ese mes, se dió cuenta el l9 de junio de que no la había presentado y en ese día la radicó aunque fuera del término, que vencía el 29 de mayo;

Poe cuanto, el abogado del apelante alega que su cliente tiene una buena defensa en apelación;

PoR tanto, se concede al apelante un nuevo término de veinte días para que el taquígrafo presente en la corte inferior la transcripción de la evidencia y en consecuencia se niega la desestimación solicitada.


text:
    No. 5744.
    Feliú, et al., apldos., v. Santiago, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 23, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

PoR cuanto, dictada sentencia en este pleito decretando el desahucio del demandado éste apeló de ella el 2 de junio en curso;

PoR cuanto, el demandado no ha depositado en la corte de distrito las cantidades debidas, dentro de los cinco días concedidos por la sección 12 de la Ley de Desahucio;

Poe cuanto, si bien la corte inferior concedió al apelante una prórroga que vencería después de dichos cinco días para consignar las cantidades debidas, tal prórroga es nula, se-gún lo hemos, declarado en el caso de Figueroa v. Sepúlveda, 24 D.P.R., 690;

Por tanto, se desestima la presente apelación, a instan-cia del apelado.


author: Juez Asociado 'Sr. Wolf.)

text:
    No. 5712.
    López, apldo., v. Quiñones, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 22, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado 'Sr. Wolf.)

Por cuanto, Candelario Quiñones, el demandado y ape-lante en este caso, falleció el 2 de julio, 1930;

Por cuanto, el abogado que lo representaba informa ha-ber practicado gestiones infructuosas para notificar a los he-rederos del apelante a fin de que ellos prosigan la presente apelación;

Por cuanto, en ley dicho abogado no tiene hoy la re-presentación de la sucesión del demandado;

Por cuanto, es el deber de la parte apelada traer a esta corte a los herederos del demandado para que este tribunal adquiera la facultad de resolver sobre la moción de deses-timación ;

Pon tanto, se declara sin lugar esa moción.


text:
    No. 5774.
    Macías, aplte., v. Banco Territorial y Agrícola de P. R., et als., apldos.
    C. D. San Juan.
    Julio 28, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

La corte de distrito dictó en este caso la siguiente reso-, lución, que fué apelada por- la parte demandante, a saber: . .

“Con fecha 30 de junio último se vieron ante esta.corte conjuntamente las mociones radicadas por los demandados, Josefina Fabián de Lozana y Manuel González, sobre au-mento de fianza en relación con el embargo ordenado en el caso arriba expresado sobre bienes de dichos demandados. Fueron oídas ambas partes, los demandantes y los deman-dados, y la corte, después de considerar los argumentos de. una y otra parte, entiende que con motivo de dicho embargo' pueden ocasionarse daños y perjuicios a los. demandados en cantidad mayor de $25,000 que es el importe señalado para la fianza que habían de prestar los demandantes en este caso.
“La suma a embargar asciende a $300,000 y opina la-corte que embargándose como se han tratado de embargar valores consistentes en acciones de corporaciones, pagarés, etc., los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a los demandados podrán no ser compensados con el importe dé-la fianza prestada y por lo tanto, la corte aumenta el im-porte de la- fianza que deberán prestar los demandantes a-, la cantidad total de $75,000.
“Mientras se presta la nueva fianza para lo cual se concede a los demandantes un término de cinco días a partir de esta fecha, se suspenden los procedimientos en relación con el embargo solicitado, de modo que el márshal se abs-tendrá de embargar más bienes de los demandados mien-tras se preste la fianza de $75,000 antes relacionada.”

A petición de la parte apelada se desestimó el recurso porque.conforme a lo-determinado en la sección 14 de la Ley de nuestra Asamblea Legislativa del l9 de marzo de 1902 sobre “Ley para asegurar la efectividad de sentencias,” la transcrita resolución solamente es apelable conjuntamente con la sentencia que en su día ponga término definitivo al caso de epígrafe, y porque tampoco la predicba resolución es apelable a tenor de lo dispuesto en el artículo 295 del vigente Código de Enjuiciamiento Civil, toda vez que no está envuelta una providencia anulando o negándose a anular un embargo.


text:
    No. 4654.
    Molla, et al., apltes., v. McK. Jones, apldo.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 25, 1931.
   (Por la corte, a propuesta, del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Pon ouaNto, cuando una parte que apela para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito de una sentencia dictada por esta corte deja de perfeccionar su recurso, no incumbe a este tribunal ha-cer declaración alguna;

Por taNto, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 5613.
    Berio, Etc., apldos. v. Díaz, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 25, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Basándose únicamente la moción escrita del apelado so-licitando la desestimación del recurso en que no se ha radi-cado una exposición del caso y no siendo dicho motivo sufi-ciente por sí solo para desestimar cuando existe como existe aquí una transcripción de los autos radicada en tiempo y que no se ha alegado que sea insuficiente, no ha lugar.


text:
    No. 5885.
    Falú, aplte., v. Suárez, et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 11, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, se nos ha solicitado la desestimación del presente recurso;

Por cuanto, el apelante tiene radicada en la Corte de Distrito de San Juan una exposición del caso;

Por cuanto, la corte inferior, en vista de la oposición del apelado, dejó de aproBar la exposición del caso por la razón de que la prneba se Babia oído ante nn árbitro;

Pos cuanto, la corte necesariamente tuvo que leer el’in-forme del árbitro y llegar a conclusiones de Becho, y, por tanto, puede determinar si la exposición del caso presen-tada es un reflejo fiel de los BecBos presentados al juez;

Pob tanto, no Ba lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 5662.
    Gilormini, aplte., v. Lorenzo, apldo.
    C. D. Guayama.
    Diciembre 24, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Por cuanto, la parte apelada solicitó la desestimación de la apelación interpuesta, basándose en que los autos no con-tenían copia de la sentencia apelada; y

Por cuanto, posteriormente la parte apelante solicitó co-rregir los autos adicionándolos con la copia certificada de la sentencia que faltaba en los mismos, solicitud que fue con-cedida, quedando en efecto adicionada a los autos con la in-dicada copia;

Por tanto, habiendo desaparecido el fundamento de la moción de desestimación, debe declararse y se declara sin lugar.


text:
    No. 5076.
    Mendía, apldo., v. Alfonsi, aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 17, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Estando envuelta una suma inferior a cinco mil dólares, vistos la Sección 128(a) del “Judicial Code”, según enmen-dado por la Ley del Congreso de los Estados Unidos de 13 de febrero de 1925, y lo resuelto en los casos de Cortés y Segura v. Cortés, 40 D.P.R. 926, y Orange Rice Milling Co. v. Barasorda, 40 D.P.R. 903, no ha lugar a admitir la ape-lación que se establece para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito.


text:
    No. 772.
    Mayagüez Sugar Company, peticionaria, v.
      Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Enrique S. Mestre, Juez, dmda.

    Mayo 19, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

, .N.o considerando que la radicación de una petición de certiorari ante esta corte y su negativa, constituya un caso dentro del significado dado a esa palabra en las leyes fede-rales que autorizan las apelaciones a la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos, Luce & Co. v. Registrar of Property of Guayama, 20 Fed. (2d) 115, y consi-derando que no bay sentencia final en este caso, según esas .palabras son usadas en las aludidas leyes, no ha lugar a la apelación solicitada.


text:
    No. 771.
    Bravo, peticionario, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, por su Juez en Comisión Hon. Enrique S. Mestre, dmda.

    Mayo 19, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

No considerando que la radicación de una petición de certiorari ante esta corte y su negativa, constituya un caso dentro del significado dado a esa palabra en las leyes fe-derales que autorizan las apelaciones a la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos, Luce & Co. v. Registrar of Property of Guayama, 20 Fed. (2nd.) 115, y conside-rando que no hay sentencia final en este caso, según esas palabras son usadas en las aludidas leyes, no ha lugar a la apelación solicitada.


text:
    No. 5830.
    Lanuza, aplte., v. Quiñones, apldo.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 12, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Apareciendo ■ que la cosa reclamada en este pleito no ex-cede de |300 y visto el artículo 295 No. 2 del Código de En-juiciamiento Civil según quedó enmendado en 1905 y lo re-suelto en 22 de julio último en el caso de Oller v. López, sin que el hecho de que se reclame cierta cantidad para ho Horarios de abogado altere la regla establecida, .se deses-tima a instancia del apelado-'la apelación interpuesta contra .la; sentencia que en grado de apelación dictó la Corte de Distrito de San Juan el 27 de marzo de 1931, por carecer nosotros de jurisdicción para resolverla.


text:
    No. 5068.
    Santini Fertilizer Co., aplte., v. Vidal, et. al., apldos.
    C. D. Guayama.
    Mayo 6, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Desestimada por falta de diligencia en la prosecución del recurso, toda vez que lia transcurrido un año siete me-ses sin radicarse alegato, sin que sea obstáculo a la deses-timación el hecho de que el apelante haya estado obteniendo prórrogas para presentarlo, la última de las cuales le ha sido denegada.


text:
    No. 5776.
    Sucesores de José Fernández, S. en C., aplda., v. Zalduondo, aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 21, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Por cuanto, la parte apelada solicitó la desestimación del recurso interpuesto en este caso por haber transcurrido más de noventa días desde que se estableció sin que se haya radicado la transcripción, y por ser frívolo; y

Por cuanto, en el acto deí la vista de la moción la parte apelante presentó una certificación de la que consta que se estaba tramitando legalmente una exposición del caso y ex-cepciones a los efectos de perfeccionar la apelación, que fue aprobada el 20 de julio por el juez sentenciador; y

Por cuanto, en lo que se refiere a la frivolidad la parte apelada se limita a una mera afirmación;

Por tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 5570.
    Angleró, apldo., v. Municipio de Fajardo, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 20, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Por cuanto, la parte apelada solicita la desestimación de este recurso porque no hay base en los autos para re-solverlo y porque la parte apelante lia dilatado su trami-tación en forma indebida, solicitud que fue impugnada por la parte apelante; y

Pon cuaNto, examinado el alegato del apelante y la trans-cripción de los autos archivada se concluye que la trans-cripción es suficiente para estudiar y resolver el único error señalado, a saber: que el memorándum de costas de que se trata se radicó fuera de término; y

Pos, cuanto, no resulta de los autos la alegada falta de diligencia en la tramitación del recurso, sin que sea apli-cable la regia 53 del Reglamento de este tribunal porque nin-guna de las prórrogas solicitadas y concedidas excede de treinta días;

Por tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.

Los siguientes casos fueron también desestimados por el fundamento expresado en el inciso (o) supra:

Nos. 5593, 5637, 5634, 5556, 5669, 5502, 5276, 5574, 5140, 5470, 5397, 5380, 5585, 5584, 5265, 5322, 5673, 5652, 5683, 5594, 5688, 5693, 5674, 5699, 5723, 5722, 5726, 5712, 5727, 5664, 5131, 5743, 5749, 5750, 5760, 5765, 5775, 5797, 5803, 5809, 5739, 5799, 5823, 5841, 5758, 5838, 5857, 5735, 5854, 5862, 5752, 5874, 5879, 5876, 5875, 5887, 5898.


author: Juez Asociado Sr. Texidor.)

text:
    No. 5529.
    Vincenty, aplte., v. La Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, Etc., aplda.
    C. D. San Juan.
    Abril 7, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Texidor.)

Por cuanto, en este caso se ha pedido por la apelada la desestimación de la apelación por no haberse presentado por la apelante, en término, su alegato;

Por cuanto, aparece de autos que la parte apelante ra-dicó la transcripción de autos, y luego pidió varias prórro-gas para alegato, siendo la ultima una de treinta días que venció el 6 de marzo de 1931;

PoR cuanto, aparece también que el alegato del apelante fué presentado en la secretaría de esta corte el 10 de marzo de 1931;

Por cuanto, el apelante en oposición a la moción deses-timatoria lia justificado que el 6'de marzo último se encon-traba enfermo; y por otra parte, no nos parece que baya sido negligente;

Por cuanto, examinado el alegato las cuestiones en él presentadas merecen discusión;

Por tanto, én ejercicio de nuestra discreción, se deniega la moción de la apelada para desestimar la apelación.


author: Juez Asociado Sr. Texidor.),,

text:
    No. 5503.
    P. R. Fertilizer Co., aplda., v. Díaz, aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 28, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Texidor.),,

Aunque aparece cierto que la prórroga última' que se concedió al apelante para presentar- su alegato fué basta el 31 de marzo de 1931, y en la fecba en .que se pidió la deses-timación, o sea en primero de abril siguiente, no se babía presentado el alegato, la parte apelante, justificando sn re-traso por razón de enfermedad, y además, presentando el alegato antes de la vista de la moción, acude a nuestra dis-creción para que su recurso no sea desestimado; y en ejer-cicio de tal discreción, declaramos sin lugar la moción deses-timatoria.


text:
    No. 5758.
    Perea Fajardo, apldo., v. Nadal Vda. del Moral, Etc., aplte.
    Noviembre 17, 1931.
   Cobro de dinero.


text:
    No. 5649.
    Stubbe Bros., Inc., aplda., v. Paléu, aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 21 de 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Vista la moción. del apelado para que desestimemos la apelación de los demandados contra la sentencia dictada en este'caso el 8 de enero de 1931 por la corte inferior, los do-cumentos a ella acompañados y el caso de Méndez v. Hijos de Borinquen, 35 D.P.R. 272, en el qne;está resuelta la cues-tión que motiva esta apelación, la desestimamos por frívola.


text:
    No. 5716.
    Ruiz, aplte., v. La Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, Hon. Ignacio Carballeira, Juez, aplda.
    C. D. San Juan.
    Junio 3, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuaNto, la Corte de Distrito de San Juan dictó una sentencia con opinión en la cual se anuló un auto de cer-tiorari originalmente dirigido contra la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, en un caso de desahucio ;

Por. cuanto, la corte de distrito resolvió que una pro-puesta apelación de la sentencia dictada por ella en apela-ción procedente de la corte municipal no puede prosperar por no conceder la ley más que una apelación en procedi-mientos de desahucio y por tanto la apelación no era óbice para que la corte municipal siguiese el trámite de desahucio ;

. Por cuanto, se desprende también de la opinión que el lanzamiento del demandado en el pleito original puede lle-varse a cabo en ausencia de la prestación de fianza o algo similar;

Por cuanto, en la vista de la moción en este caso sobre desestimación del recurso no compareció el demandado ni radicó oposición escrita;

Por cuanto, no aparece que la apelación tiene alguna po-sibilidad de ser meritoria;

. Por tanto, se resuelve que la apelación es frívola, y como tal debe desestimarse.


text:
    No. 5753.
    Arabía, apldo., v. Lago, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 8, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Ni'en la propuesta o no aprobada exposición del caso, ni en la moción de impugnación radicada por el apelante, en-contramos datos suficientes para intervenir con la discre-ción. de la corte sentenciadora al fijar costas y honorarios de abogado en este caso, toda vez que dicha corte tuvo ante sí prueba y quizá otros elementos que no están reproduci-dos ante nosotros, por lo que la apelación es frívola y debe desestimarse, como por la presente se desestima.


text:
    No. 5867.
    M. Lamadrid & Co., Sucrs., S. en C., aplda., v. Zalduondo Veve, aplte.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 1, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

PoR cuanto, la parte apelada en' moción notificada á la apelante cuya vista se celebró el 30 de noviembre último con la sola asistencia de la dicha parte apelada, solicita la desestimación de este recurso por frívolo, ya que se trata de un cobro de dinero basado en un pagaré cuyo otorgamiento fué admitido por el propio demandado;

Por tanto, visto el caso del Banco Masónico v. Heraclio López y Co., 38 D.P.R. 187, se desestima, por frívola, la apelación interpuesta.


text:
    No. 5644.
    Sellés, Casas & Co., Sucrs., S. en C., aplte., v. Santini Fertilizer Co., Inc., et als., apldos.
    C. D. San Juan.
    Abril 17, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Vista la moción de la apelada para que desestimemos esta apelación interpuesta contra sentencia en juicio de tercería y los casos de González v. N. Santini & Co., 25 D.P.R. 650, y de Schroeder v. Sucn. Collazo Miñiz, 26 D.P.R. 730, se desestima esta apelación por haber sido interpuesta después de transcurridos los diez días que la ley concede para es-tablecerla.


text:
    No. 5697.
    Sucn. González, Etc., apldos., v. Graña, et als., apltes.
    C. D. Mayagüez.
    Mayo 27, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Texidor.)

Desestimada a petición de la apelada por haberse esta-blecido el recurso ■ después de los diez días a que se refiere la sección 19 de la Ley de Tercería, 5279 de la Compilación de 1911.


text:
    No. 5826.
    Soto, apldo., v. Cerezo, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 23, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, la apelación en este caso se interpuso el 23 de julio de 1931;

Por cuanto, la parte apelante intentó preparar una trans-cripción de la evidencia, que después abandonó;

Por cuanto, la transcripción de autos no llegó a este tribunal hasta el 18 de septiembre de 1931;

Por tanto, vistos los casos Hernández v. Quiñones, 34 D.P.R. 720; Parker v. Oller, 21 D.P.R. 448; Batista v. Benitez, 28 D.P.R. 898; y Banuchi v. Cabán, 32 D.P.R. 931, se desestima el recurso.


text:
    No. 5494.
    Zalduondo Mier & Co., en quiebra, por su Trustee, Pedro G. Quiñones, aplte., v. Reglero & Castrillo, et al., apldos., y Revilla, Interventor, apldo.
    C. D. San Juan.
    Junio 18, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, aparece de los autos que Fidel Mier, uno de los demandados originalmente en el pleito, traspasó aparen-temente o trató de traspasar su interés en el litigio ante el tribunal;

Por cuanto, también aparece de los autos que por es-tipulación se citó a Antonio Eevilla, supuesto cesionario de dicho Fidel Mier, el cual subsiguientemente compareció;

Por tanto, teniendo esta corte la idea de que Fidel Mier no es aliora parte necesaria para el fallo, por lo que no fue ■ indispensable notificarle el escrito de apelación, y habiendo la parte promovente desistido del primer fundamento de. su moción, no lia lugar a desestimar el recurso.


text:
    No. 5742.
    Mejías, aplte., v. Vélez, apldo.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 9, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Resultando, que Acisclo Mejías demandó en la Corte Municipal de San Sebastián a José R. Vélez y a dos personas más como deudores solidarios de varias obligaciones de pa-gar dinero, constantes en varios pagarés;

Resultando, que en rebeldía del demandado José R. Vé-lez, el secretario de dicha corte registró sentencia condena-toria contra ese demandado, quien apeló de ella para ante la Corte de Distrito de Aguadilla;

Resultando, que en esa corte de apelación solicitó el de-mandante que fuese desestimado-el recurso de dicho-deman-dado y fué negada su petición, celebrándose después el jui-cio y dictándose sentencia condenatoria contra José R. Vé-lez, con pronunciamientos idénticos a los de la corte municipal ;

Resultando, que el demandante apeló de esa sentencia para ante nosotros, limitando la apelación, según el alegato que nos ha presentado, a sostener que la corte de distrito debió desestimar la apelación que Vélez interpuso contra la sentencia de la corte municipal;

Resultando, que el apelado Vélez nos pide que desesti-memos la apelación del demandante porque éste no la noti-ficó a todas las partes demandadas;

ConsideRando, que no habiendo sido condenados por la sentencia recurrida los otros dos demandados, éstos no pue-den ser afectados por el recurso establecido por el deman-dante, tanto más cuanto que el apelante no interesa la re-vocación del fallo dictado a su favor sino que debió ser de-sestimada la apelación que origina la sentencia pronunciada por la corte de distrito, por lo ■ que no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, por no ser esos demandados partes contrarias en la presente apelación;

No ha lugar a desestimar este recurso de apelación.


author: Juez Presidente Accidental Sr. Wolf.)

text:
    No. 5739.
    Paradís et al., apltes., v. Fernández et al., apldos.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 9, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Accidental Sr. Wolf.)

Poe cuanto, se nos lia presentado una moción para que desestimemos este recurso, fundándose en la falta de notifi-cación a dos de los demandados;

Poe cuanto, aparece que los demandantes radicaron una demanda complementaria contra esos demandados, que fue declarada sin lugar, y los demandantes apelaron pero luego desistieron de tal recurso;

Poe cuanto, los ahora demandados-apelados, no los su-sodichos demandados, no nos demuestran que los deman-dados aludidos en la demanda complementaria son partes ne-cesarias en el pleito principal cuya apelación pende ahora ante nos;

Poe cuanto, también se ha fundado la moción desesti-matoria en-infracciones de las reglas 40 y 59 de las de éste tribunal;

Poe cuanto, consta en autos una certificación firmada por los abogados de ambas partes en que se admite la correc-ción del legajo de la sentencia, incluyendo la exposición del caso, y hay que presumir que las prórrogas obtenidas en la corte inferior lo fueron debidamente, y, de todos modos, los apelados no nos convencen de lo contrario;

Poe cuanto, no aparece que las prórrogas obtenidas en’ esta corte ni en la inferior para completar el récord mon-' taran a más de lo que generalmente se precisa para ello;

Poe tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 5888.
    Santos, aplte., v. Martinó, apldo.
    C. D. Bayamón.
    Diciembre 11, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede con la asistencia de ambas partes, apareciendo que la sentencia apelada fué dictada con fecha 21 de octubre de 1931 y notificada al apelante en el mismo día, que el escrito de apelación fué radicado en 20 de noviembre de 1931 y notificado a la parte contraria fuera de término, el dip 21 de noviembre de 1931 por correo cer-tificado, examinados los casos citados por el apelante, o sean Tettamauzi et al. v. Zeno, 24 D.P.R. 53; Noriega v. Sucesión Colón, 40 D.P.R. 452 y Mitchell v. California, 154 Cal. 734, y especialmente el último a la luz de la Ley No. 27, aprobada en 27 de noviembre de 1917, página 275, enmen-dada por la Ley No. 81, de junio 26, 1919., página 675, por la cual no se ha cambiado el- período dentro del cual es requi-sito esencial para perfeccionar una apelación tanto la noti-ficación del escrito de apelación como la radicación de ésta en la secretaría de la corte de distrito, se desestima por falta de jurisdicción el presente recurso.


text:
    No. 5270.
    Schlüter, Etc., aplte., v. La Sucesión de Benigno Díaz, aplda.
    C. D. San Juan.
    Junio 23, 1931.
   No habiendo el apelante perfeccionado el recurso que para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito se admitió en marzo 31, 1931, se declara con lugar la anterior moción sobre desisti-miento, y envíese el mandato a la corte de distrito.


text:
    No. 4442.
    El Pueblo de Puerto Rico, apldo., v. Ramos, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 13, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Pon cuanto, el único documento acompañado a la mo-ción que antecede para que se deje sin efecto la sentencia dictada por este tribunal en julio 8 del corriente año es una copia de la resolución dictada por el juez de la corte de dis-trito declarando sin lugar una moción de sobreseimiento del caso por no haberse celebrado el juicio dentro de los 120 días de haberse radicado la acusación;

Pon cuanto, la resolución del juez de distrito se funda en los siguientes hechos:

“. . . . que la acusación fué radicada el 5 de junio de 1930 y se leyó el día 12' de dicho mes y año, alegando el acu- ■ sado ser inocente y solicitando juicio por jurado; que el mes de junio, 1930, no pudo celebrarse el juicio por jurado porque los fiscales estaban ausentes de San Juan, en el desem-peño de funciones oficiales ante la Corte de Distrito de Hu-macao en la vista de casos contra José Enrique Pérez, por abuso de confianza, trasladados de esta corte; por los me-ses de julio y agosto, 1930, fué el período regular de vaca-ciones, el descanso de la corte, al cual se tiene derecho por la ley; que en el mes de septiembre de 1930, fueron vistas las apelaciones de las cortes municipales contra acusados presos y bajo fianza; y que en el presente mes de octubre, 1930, se está en la celebración de los juicios por delito grave (felony) contra los acusados presos y bajo fianza, hallán-dose el acusado en este caso, bajo fianza, y habiendo sólo transcurrido 24 días después de los 120; y estima la corte que ha existido justa causa para la no celebración del juicio dentro de los 120 días, vistos los casos de Gerardino v. People, 29 Fed. (2d Ed.) 517; y El Pueblo v. Romero, 39 D.P.R. 158; y declara sin lugar la moción de archivo y sobresei-miento. ’ ’

Pon cuanto, los hechos reseñados por la-corte inferior explican satisfactoriamente el tiempo transcurrido durante los meses de junio, julio y agosto y la suficiencia de lo ex-puesto en cnanto a los meses de septiembre y octubre depende de circunstancias no detalladas por el juez de distrito, las cuales no podemos. apreciar por falta de constancia alguna en relación a lo que ocurrió durante la vista de la moción de archivo y sobreseimiento en la corte de distrito, aparte de la resolución de dicha corte;

Pon tanto, se declara sin lugar la referida moción.


text:
    No. 4601.
    El Pueblo de Puerto Rico, apldo., v. Oliveras, aplte.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 22, 1931.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Por cuanto, la presente apelación se basa en que la corte erró al apreciar la prueba como suficiente para declarar culpable al acusado y al dictar sentencia contraria a derecho y a las pruebas; y

Por cuanto, examinados los autos y los alegatos la corte estima que la prueba aportada es bastante y que la senten-cia no es contraria a derecho ni a las pruebas;

Por tanto, se declara sin lugar el recurso y se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce el 23 de abril de 1931.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    In re José Soto Rivera, querellado.
    No. 29.
    Visto: Enero 27, 1931.

      Resuelto: Enero 14, 1932.

      Leopoldo Feliú, abogado del querellado; B. A. Gómez, Fiscal del Su- ' premio.

   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de este Tribunal Supremo por delegación del Attorney General do Puerto Rico nos presentó el 15 de diciembre de 1930 querella contra el abogado en ejercicio en los tribunales de esta Isla, José Soto Rivera, para que lo separemos de la práctica de la abog’acía, siendo los Pechos en ella relatados los siguientes:

"Que allá para mediados del año 1926 Nicolás Ortiz estableció demanda de divorcio contra su esposa en la Corte de Distrito de San Juan, siendo su abog’ado el Ledo. José Soto Rivera.
"Que para esa época poseían el señor Ortiz y su esposa una casa que habían adquirido del señor Jorge L. Zeno, quien a su vez la había adquirido de la asociación ‘Constructora del Hogar.’
“Que sobre dicha propiedad pesaba una hipoteca a favor de dicha Constructora del Hogar por dos mil quinientos dollars que eran parte del precio en que la había comprado el señor Jorge L. Zeno a dicha asociación, ‘Constructora del Hogar.’
“Que dicha hipoteca para la época a que nos referimos había sido reducida por medio de pagos parciales a unos mil setecientos dollars.
“Que durante se tramitaba el pleito de divorcio establecido por Nicolás Ortiz contra su esposa en la Corte de Distrito de San Juan, éste se había atrasado en los pagos a la Constructora del Hogar hasta que allá para el mes de mayo de 1927, fecha en que todavía no se había terminado el pleito de divorcio, los atrasos de Ortiz en ios pagos a la Constructora del Hogar' montaban como a cuatro-cientos dollars.
“Que en esa situación, la Constructora del Hogar amenazó al señor Ortiz con ejecutar la hipoteca para cobrar su crédito. Así ias cosas, Ortiz consultó con su abogado, Ledo. José Soto Rivera, sobre la gravedad de su situación, aconsejándole dicho abogado hacer gestiones inmediatas para conseguir dinero a los fines indicados.
“Que entonces Francisco A. Martínez, amigo íntimo y compa-ñero de oficina de Nicolás Ortiz, comunicó a éste que de sus ahorros y economías tenía en el banco quinientos dollars que estaba dispuesto á prestárselos y que le diera una segunda hipoteca sobre la casa, ya que la Constructora del Hogar tenía una primera hipoteca, a fin de que pudiera el señor Nicolás Ortiz pagar los plazos atrasados a la Constructora del Hogar y que no perdiera su casa.
“Que eh día 4 de mayo de 1927 fueron los señores Nicolás Ortiz y Francisco A. Martínez a la oficina del Ledo. José Soto Rivera, situada en la calle Salvador Brau No. 4-2, de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, y allí comunicó el señor Ortiz a su abogado, el Ledo. José Soto Rivera, que ya había conseguido los quinientos dollar's para salvar su casa; que aunque no se debía toda esa canti-dad a 'la- Constructora del Hogar, él quería pagarla toda a fin de disminuir la deuda lo más posible, que preparara la escritura de hipoteca a favor del señor Martínez.
“Que entonces el Ledo. José Soto Rivera les expregó a dichos señores Ortiz y Martínez que no se podía hacer la operación sin una orden de la corte de distrito a causa del pleito de divorcio que estaba entablado, y que como ya era una hora avanzada del día, que le dejaran a él los quinientos dollars que al otro día, o sea, el 5 de mayo de 1927, él los depositaría en la Corte de Distrito y obtendría la orden de dicha corte para llevar a cabo la operación.
“Que el señor Nicolás Ortiz creyendo de buena fe en las mani-festaciones que le hacía y en lo que le expresaba su abogado Ledo. José Soto Rivera, en quien tenía depositada toda su confianza, pidió a Francisco Martínez los quinientos dollars que éste llevaba consigo en tres billetes de cien dollars y diez billetes de veinte dollars y se los entregó a su abogado el Ledo. José Soto Rivera, quien expidió al señor Ortiz un recibo concebido en los siguientes términos:
“ ‘$500.00, Mayo 4 de 1927. — Recibí de don Nicolás Ortiz qui-nientos Dollars para depositar en la Corte en la solicitud de 'hipo-teca planteada en su caso de divorcio, para amortizar a la deuda de la Constructora del Hogar. (Firmado) José Soto Rivera.’
“Que inmediatamente después el señor Nicolás Ortiz expidió a su vez otro recibo por la misma cantidad al señor Francisco .A. Martínez.
■ “Que al día sigrdente volvieron a la oficina del Ledo. José Soto Rivera los señores Ortiz y Martínez a enterarse de si la corte había expedido la orden que expresaba el Ledo. Soto Rivera era necesaria y si se podía hacer ya la escritura, manifestando el Ledo. Soto Rivera a dichos señores Ortiz y Martínez que aunque había depositado ya el dinero en la Corte de Distrito de San Juan, no se podía hacer la escritura porque la corte no había dictado la orden.,
“Que así las cosas, esperaron días y esperaron meses y siempre el Ledo. José Soto Rivera usando las mismas evasivas hasta que por fin el día 14 de diciembre de 1927 se falló por la Corte de Distrito de San Juan el caso de divorcio que ante la misma había entablado contra su esposa el señor Nicolás Ortiz.
“Que cansados ya los señores Ortiz y Martínez de sus gestiones eon el Ledo. José Soto Rivgra para que éste otorgara la escritura de hipoteca a favor del señor Martínez, se decidieron dichos señores a -indagar en la Corte de 'Distrito de San Juan si los quinientos dollars entregados por Ortiz al Ledo. José Soto Rivera habían sido allí depositados por dicho abogado, obteniendo del secretario de dicha Corte de Distrito de San Juan una certificación de que no se había hecho tal depósito por el Ledo. ^José Soto Rivera ni por ninguna otra persona a su nombre, resultando así falsas y fraudu-lentas las simulaciones y manifestaciones hechas por el Ledo. José Soto Rivera a ese efecto. Que también concurrieron los señores Ortiz y Martínez a la oficina de la Constructora del Hogar a ente-rarse de si habían sido pagados por el Ledo. Soto Rivera los qui-nientos dollars a dicha compañía para abonarlos a la cuenta de los pagos atrasados del señor Ortiz, obteniendo también una certifica-ción negativa de dicha compañía expedida por el secretario de la misma, el Ledo. Samuel Medina.
“Que en esta situación han estado los señores Ortiz y Martínez constantemente gestionando con el Ledo. José Soto Rivera la devo-lución de los quinientos dollars entregados a él por el señor Nico-lás Ortiz y obtenidos por éste en la forma antes indicada y de cuyos quinientos dollars se ha apropiado el Ledo. Soto Rivera, vio-lando la confianza depositada en él por su cliente el señor Nicolás Ortiz y sin haber dedicado los quinientos dollars mencionados al fin para que le fueron entregados; y sin haber podido, hasta la fecha, dicho señor Nicolás Ortiz obtener- la restitución por el Ledo. Soto Rivera de dicha cantidad ni ninguna parte de ella.
“Que en distintas ocasiones el Ledo. José Soto Rivera ha tra-tado de arreglar este asunto con los señores Nicolás Ortiz y Francisco A. Martínez por medio de ofertas hechas por dicho Ledo. José Soto Rivera a dichos señores de darles pagarés e hipotecas sobre propiedades, cuyas ofertas han resultado también engañosas, pues ni los pagarés expresados han tenido valor alguno ni las propieda-des sobre las cuales ha ofrecido hipotecas han resultado ser de su pertenencia. ’ ’

Señalado día para oír al querellado y las pruebas de las partes, éstas presentaron las que estimaron convenientes informando después oralmente sus abogados y quedó el caso-pendiente de decisión, que ña tardado por el largo tiempo-invertido por los taquígrafos en la reproducción a máquina de sus notas tomadas en el juicio.

Por el conjunto de las pruebas practicadas llegamos a la conclusión, fuera de duda razonable, de que el fiscal lia probado sustancialmente los hechos expuestos en su querella. Esos $500 nunca los depositó el querellado en la corte de-distrito. A los dos años de haberlos recibido, en 29 de octubre de 1929, la firma profesional de- abogados Besosa & Besosa lo requirió para que pagase dicha cantidad, y des-pués de varias ofertas sin éxito que hizo el querellado para garantizar la devolución de dicho dinero, entregó a dichos-abogados un pagaré del municipio de Río Pidras por $500, librado a favor del querellado, vencedero en 1932, endosado-a favor de Nicolás Ortiz y se comprometió con esos abogados a pagar $200 por intereses, los que no satisfizo hasta el 9 de enero de 1931, después de estar presentada la querella en este Tribunal Supremo.

La defensa del querellado lia sido que esos $500 tenían que ser depositados en el tribunal que conocía del pleito de divorcio pero que después convino con Ortiz en que quedaran en su poder como préstamo, pero esto lia sido negado por Nicolás Ortiz, a quien creemos, entre otras razones porque si 'Ortiz tomó ese dinero a préstamo a otra persona para satisfacer los atrasos que tenía en la hipoteca con cuya ejecu-ción se le estaba amenazando, no parece creíble que fuera a darlos en préstame al querellado.

■ La conducta seguida, por el querellado aplicando a su uso personal la cantidad de dinero que su cliente Nicolás Ortiz dejó en su poder como depósito para pagar los atrasos de su deuda hipotecaria es impropia y abusiva de un abogado en sus relaciones de confianza con su cliente y lo hace culpable de engaño para con él, aparejando su separación o suspen-sión en el ejercicio de la profesión de abogado, y consiguiente-mente en la de notario; pero atendidas las circunstancias de este caso y de qiie posteriormente pagó la cantidad rete-nida e intereses de ella, nos limitaremos a suspenderle en el ejercicio de la profesión de abogado y en el de la de notario por el término de dos años.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Marcelino Díaz, acusado y apelante.
    No. 4595.

    Sometido: Diciembre 16, 1931.

      Resuelto: Enero 15, 1932.

      V. M. Fernández, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso imputaba el ofrecer en venta leche adulterada para destinarla al consumo humano. La prueba directa y circunstancial tendió a demostrar el ofrecimiento de leche adulterada a distintas personas. Quizá hubiera sido mejor que la acusación hubiese imputado una o varias ventas, pero no se hizo objeción por este motivo.

El apelante- insiste en que la prueba no demuestra una venta. Empero, su propia declaración es al efecto de que él vendía leche para fines industriales y la otra prueba tendió a revelar entregas a otras personas.

Una venta con el objeto de fabricar dulces u otras confituras es una venta para el consumo humano.

La leche estaba adulterada. Cuando un inspector dice que la leche contiene 9 por ciento de agua, éste quiere decir en adición a su consistencia normal. Necesariamente toda leche contiene un tanto por ciento de agua mayor del nueve, al igual que todos los productos alimenticios. El caso está regido por el de El Pueblo de Puerto Rico v. Maldonado, 41 D.P.R. 28.

Se señala también como error el haberse admitido un documento suscrito por el acusado como recibo de una venta efectuada al inspector. Iíubo algún conflicto de prueba respecto a cuándo fué suscrito este recibo. La corte pudo resolver este conflicto, el cual tendía a demostrar una venta, pero creemos que también era prueba tendente a identificar la lecbe realmente vendida.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Sbñoe Wole,

text:
    Guillermo Esteves, Comisionado del Interior, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Agitadilla, recurrido.
    No. 828.

    Sometido: Diciembre 22, 1930.

      Resuelto: Enero 15, 1932.

      Nota de L. Abella Blanco, R. (Áiguadilla), denegando inscripción de una escritura en tanto en cuanto por ella se traspasaba el usufructo de una persona en una finca. Comfirmada y revocada en parte.

      Attorney General James R. ¡Beverley y M. Rodríguez Berra, Procu-rador General Auxiliar, abogados del recurrente; el registrador ■recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sbñoe Wole,

emitió la’opinión del tribunal.

En 5 de diciembre de 1930 Amedée Du Laurens D’Oiselay otorgó escritura a favor de El Pueblo de Puerto Rico. El objeto de la escritura era traspasar el nudo interés que dicho oedente tenía en la ñuca “El Duque,” en Lares, y el usu-fructo de la madre del compareciente en la misma finca. El nombre de la madre era Marie Charlotte Francoise de Duranti La Calade veuve du (viuda de) Laurens. Con respecto al usufructo, el aludido cedente alegaba actuar de conformidad con un poder otorgádole, según el documento, en Francia por la madre.

Cuando dicha escritura y el poder que la acompañaba fueron presentados al registrador de Aguadilla, éste inscribió la misma en lo que a la nuda propiedad se refería, pero se negó a hacer la inscripción en lo relativo al usufructo de la madre, debido a supuestos defectos en la escritura de poder.

Estos alegados defectos son substancialmente dos: pri-mero, por no haber el notario en Avignon, Francia, certifi-cado sobre el conocimiento de la otorgante ni haber suplido esa diligencia con testigos de conocimiento; y segundo, por que el poder aparecía firmado por la supuesta madre como Durant veuve du Laurens cuando su verdadero nombre era ■Duranti A7euve du Laurens.

Guillermo Esteves, a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, apeló de esta resolución del registrador.

El artículo 20 de la Ley Notarial dispone en parte . como sigue:

"Serán nulos los instrumentos públicos:
"3. — En que el notario no certifique sobre el conocimiento de los otorgantes, o no supla esta diligencia con testigos de conoci-miento, ..."

El recurrente hace algún hincapié en el artículo 11 del Código Civil de Puerto Eico, que lee como sigue:

"Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y de-más instrumentos públicos, se rigen por las leyes del país en que se otorguen.
"Cuando los actos referidos sean autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de los Estados Unidos en el extranjero, se observarán en su otorgamiento las solemnidades establecidas por las leyes de los Estados Unidos.
"No obstante lo dispuesto en este artículo y en el anterior, las leyes prohibitivas concernientes a las personas, sus actos o sus bie-nes, y las que tienen por objeto el orden público y las buenas cos-tumbres, no quedarán sin efecto por leyes o sentencias dictadas, ni por disposiciones o convenciones acordadas en países extranjeros."

Asumiendo entonces que en este caso esté envuelta la forma o solemnidad expresada en el artículo 11, no obstante, no podemos tomar conocimiento judicial de la ley de Fran-cia, como tampoco podía hacerlo el registrador. No tenemos idea de cuál es la ley de Francia a este respecto y es de presumirse que la ley allí, en lo que a las escrituras se re-fiere, es la misma que en Puerto Eico. 10 E.C.L. 890 et seq. No habiéndose demostrado cuáles son las leyes en Francia, el artículo 11 del Código Civil no puede favorecer al recu-rrente. No incumbe al registrador demostrar que las leyes son distintas sino que la persona que solicita una inscripción debe demostrar cómo es la ley allí.

El recurrente entonces da algún énfasis a la pre-sunción contenida en el inciso 15 del artículo 102 de la Ley de Evidencia, el cual lee como sigue:

“Que los deberes de un cargo ban sido cumplidos con regula-ridad. ’ ’

Las autoridades revelan que no puede descansarse en esta presunción para probar un hecho independiente. United States v. Carr, 132 U. S. 644, 22 C. J. 135. Examinando algunas de las autoridades citadas bajo la nota 30, página 139, de 22 O. J., se verá que esta presunción se refiere a la regularidad de la certificación del notario, o a cosas simi-lares. Por ejemplo, se ba resuelto en varios estados que se presume que el notario actuó dentro del condado en que está autorizado para ello y no fuera del mismo. Es lógico suponer que un notario podría otorgar una escritura con perfecta regularidad y sin embargo no cumplir con las reglas nece-sarias para que una escritura surta efecto en país extran-jero. La presunción de regularidad no puede suplir la identidad del otorgante exigida por la sección 20 de la Ley Notarial.

Además, el artículo 102 de la Ley de Evidencia se refiere a una presunción. Existen varias definiciones de lo que una presunción es, pero en realidad es un indicio de evidencia, generalmente en un pleito contencioso, en que después de probarse ciertos becbos, la parte que los presenta no nece-sita ir más allá, sino que entonces el peso de la prueba ■incumbe a la parte contraria. No deseamos entrar en con-sideraciones muy extensas respecto a qué presunciones podrían ser usadas en la inscripción de escrituras, pero estamos bastante convencidos de que la presunción de regu-laridad, controvertible como es, no suple la corteza que la inscripción de documentos exige. En una corte la parte contraria tiene oportunidad de controvertir o de renunciar el efecto de una presunción. El hombre, la mujer y el niño de Puerto Bico no tendrían tal privilegio u oportunidad en un caso como el presente sino que sólo pueden ser protegidos por el registrador. Si en verdad el notario no cumplió con da ley, la calificación del registrador es lo que protege a la ■madre del cedente en este caso.

El recurrente sostuvo que se trataba meramente de una escritura de poder, pero los poderes deben llenar las mismas formalidades y solemnidades observadas en las escrituras que fian de afectar. Artículo 1247 del Código Civil. Además, el artículo 20 de la Ley Notarial se refiere a toda clase de documentos.

Con respecto al otro fundamento, creemos que el registrador está equivocado. La escritura de poder original fué presentada y al calce de la misma aparece el nombre de la supuesta madre de Amedée du Laurens. Si bien el nombre Durant quizá sea todo lo que necesariamente aparece, existe una pequeña marca o extensión del nombre al final del mismo que fácilmente podría pasar por una “i” adicional. Además, estamos muy contestes con el recurrente en que de conformidad con las decisiones de esta corte, si Madame Duranti acostumbraba firmar su nombre en forma tal que pareciera más o menos como Durant, no obstante ello serviría como su firma. Rivera v. Registrador, 29 D.P.R. 903.

La nota debe ser confirmada por él primer motivo de la negativa.


author: El Juez Asociado Senob Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emilio Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 4599.

    Sometido: Diciembre 8, 1931.

      Resuelto: Enero 15, 1932.

      A. Ramírez Silva, abogado del apelante; E. Díaz Viera, Fiscal Auxiliar, abogado de El Fneblo, apelado.
   El Juez Asociado Senob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Una denuncia en que se alega en efecto que el acusado 'tenía una máquina automática (slot machine) en la cual al depositar dinero una o varias personas podían obtener una suma mayor que la depositada y que varias personas, nombrando a una de ellas, probaban su suerte en tal máquina, suficientemente expone un juego de lotería conforme lo describe el Artículo 291 del Código Penal y lo castiga el Artículo 292 del mismo Código. La denuncia en este caso ha sido prácticamente copiada de una acusación similar considerada por esta corte en el caso de El Pueblo v. Torres, 40 D.P.R. 253, en el que este tribunal resolvió que la acusación era suficiente. No podemos convenir con el apelante en que la denuncia no imputa hechos constitutivos de un juego de lotería.

La Ley No. 83 de 1931, que es una ley de contribuciones, impuso un arbitrio al uso de máquinas automáticas ele la naturaleza descrita en la denuncia, así como una contribución a la importación de las mismas en Puerto Rico. El apelante sostiene que esta ley de la Legislatura fue un reconocimiento del derecho del ciudadano a montar y usar dichas máquinas. El peso de las autoridades es que el imponer contribuciones a artefactos castigados por la ley penal no deroga la ley penal a menos que tal intención sea claramente indicada por la Legislatura. Blaufield v. State, 103 Tenn. 593, 53 S. W. 1090, y casos; Palmer v. State, 88 Ten. 553, 13 S. W. 233; 16 C. J. 69, sec. 33 et seq.; 12 R.C.L. 711.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Antonio Pérez Amador, demandante y apelado, v. Guillermo Esteves, Comisionado del Interior, demandado y apelante.
    No. 5294.

    Sometido: Marzo 17, 1931.

      Resuelto: Enero 15, 1932.

      Son. Attorney General Interino Arturo Ortiz Toro- y T. Torres Fé-rez, Suhprocu-rador, abogados del apelante; B. Bivera Zayas, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan ordenó en una petición de mandamus que Antonio Pérez Amador fuese restituido en su empleo. La corte resolvió que el peticionario tabla sido empleado del Departamento de Policía y que mediante cierto convenio celebrado entre el Comisionado- del Interior y el Jefe de la Policía el peticionario fué transferido a nn puesto en el Negociado del Telégrafo Insular. El cargo específico para el cual fué nombrado fué el de oficinista y traductor. Los autos en su totalidad no dejan duda alguna c¡e que el traslado fué debidamente techo bajo- la Ley de Servicio Civil y su reglamento. Sucede que la persona que ocupaba este empleo era por regla general designada también como encargado de la propiedad. No importa que su nombramiento como encargado de la propiedad dependiera de la aprobación del contador. Cuando su caso fué sometido al Contador de Puerto Rico éste se negó a aprobar la fiaima. por- razones que- probablemente fueron sometidas al Comi-sionado del Interior. Este último formuló cargos al peticio-nario, le suspendió de su empleo, y, a solicitud de éste, nombró al Sr. A. S. Romero para que investigara los cargos. En esta investigación el Sr. Romero retiró prontamente los cargos y así se lo informó al peticionario. No obstante el Comisionado del Interior se negó a restituir al peticionario on su empleo, alegando que uno de los cargos aún subsistía y que era al contador a quien el peticionario debía dirigirse.

El demandado en su contestación trató de alegar defensas especiales que consistían más o menos en la idea de que era suficiente causa para remover al peticionario el que éste, faltando la aprobación del contador, no pudiera calificarse debidamente para desempeñar el puesto de encargado de la propiedad. La Corte de Distrito de San Juan resolvió que las defensas especiales carecían enteramente de mérito, y convenimos en ello. La corte y el apelado ponen de relieve que el empleo para el cual el peticionario fué designado no fué el de encargado de la propiedad sino el de oficinista y traductor en la oficina del Negociado del Telégrafo.

El lieclio de que el Contador de Puerto Rico dejara de aprobar su fianza o de designarle como encargado de la pro-piedad no era motivo alguno para remover al peticionario de su empleo legal. El puesto de encargado de la propiedad podía ser desempeñado por cualquier otra persona. Si bien lo accesorio frecuentemente sigue a lo principal, sin embargo no se desprende que lo accesorio deba regir a lo principal.

De suerte que en este caso la única forma en que el peti-cionario podía ser removido de su empleo fué mediante cargos suficientes debidamente formulados y después de cele-brada una vista. En varios casos liemos resuelto que tal vista es indispensable y un requisito claro al tratar de remover a una persona de su empleo dentro del servicio .civil clasificado por causa. Castro v. Gallardo, 34 D.P.R. 199; Gil v. Chardón, 41 D.P.R. 218.

Debo confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolj?,

text:
    Arturo Izquierdo, demandante y apelado, v. Banco Industrial de Puerto Rico, demandado y apelante.
    No. 5197.

    Sometido: Marzo 17, 1931.

      Resuelto: Enero 15, 1932.

      Campos & Romero, abogados del apelante; R. Rivera Zagas, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolj?,

emitió la opinión del tribunal.

El Banco Masónico de Puerto Rico, que más tarde se con-virtió en el Banco Industrial de Puerto Rico, instituyó un procedimiento en la Corte Municipal de San Juan contra Arturo Izquierdo, Antonio Díaz y Félix Monclova para reco-brar una suma algo mayor de $100. Para asegurar la efec-tividad de la sentencia el demandante embargó una casa de concreto, sita en la calle José de Diego del Municipio de Toa Alta, perteneciente a Arturo Izquierdo o de la cual él tenía la propiedad sujeta a una posible reclamación del mu-nicipio. El demandante obtuvo sentencia y para la ejecución de la misma se señaló la subasta para el 3 de noviembre de 1928, a las 2 p. m.

En el ínterin las partes estaban en negociaciones para llegar a una transacción. Aparentemente no llegaron a un acuerdo respecto a los términos de la transacción basta la mañana misma del 3 de noviembre, en que la venta en pública subasta había sido señalada para las dos de la tarde. Se admite aparentemente por el apelado Arturo Izquierdo que no se llegó al convenio definitivo como hasta las diez de la mañana de dicho 3 de noviembre. El contrato debía redu-cirse a una escritura formal. Esta fué redactada entre once y doce de la mañana y firmada inmediatamente por el deudor Izquierdo, por la esposa del deudor como a la una de la tarde, y por el banco como a las tres. Mientras las negocia-ciones estaban pendientes en dicho día el Sr. Izquierdo soli-citó del Sr. Schlüter, Presidente del Banco Industrial, que hiciera suspender la venta judicial señalada para las dos de la tarde. Schlüter envió a Izquierdo donde Campos del Toro, abogado del banco. Este último dió instrucciones a una de las empleadas del banco para que llamara al márshal de la corte municipal de Toa Alta y le pidiera que suspen-diese la subasta. Fué imposible establecer comunicación telefónica con Toa Alta. Entonces Campos del Toro envió un telegrama al márshal dándole instrucciones de suspender la. subasta. Hubo prueba tendente a demostrar que Arturo Izquierdo pidió a Campos del Toro que le acompañara a Toa Alta, lo cual no hizo dicho abogado, evidentemente en la teoría de que el márshal no procedería a celebrar la subasta. Sucedió que Campos del Toro tenía en su poder los certifi-cados de la publicación de los edictos y por tanto creía que el márshal no celebraría la subasta sin que se le mostraran primeramente tales certificados. En esto Campos del Toro estaba equivocado, ya que a las dos de la tarde del sábado 3 de noviembre de 1928 el mársbal vendió la finca valorada finalmente quizá en 5 ó $6,000, por nnos $200. La venta fné inscrita en el registro mny poco después y la finca así inscrita fné vendida por el comprador a nn tercero. Este pleito fné instituido por Arturo Izquierdo contra el Banco Industrial por no obtener la suspensión de la subasta y por permitir que surgiera un título de la propiedad a favor de un tercero, contra quien era difícil, si no imposible, incoar un procedi-miento.

La Corte de Distrito de San Juan, donde el pleito de Izquierdo fue radicado, resolvió a favor del demandante.

Conforme fiemos dicfio, las partes convinieron en una escritura formal de transacción, según la cual el pago del importe de la sentencia, más las costas ($145.69), fué prorrogado por seis meses y garantizado con una hipoteca sobre la misma finca. La escritura no contenía cláusula alguna respecto a que la subasta debía ser suspendida, mas nos inclinamos a convenir con la corte inferior en que el dejar de mencionar la escritura este fiecho no podía favorecer al banco apelante si tal convenio formal bacía que el banco fuera responsable a Arturo Izquierdo por haber dejado de suspender la venta en pública subasta. En otras palabras, si la transacción celebrada, en la mañana del 3 de noviembre de 1928, impuso al banco el deber de hacer diligencias activas para suspender la venta, el hecho de que la. escritura no mencionara este deber no hacía diferencia alguna. Quizá baste agregar que el banco, después de celebrada la subasta, hizo gestiones para anular la misma radicando una moción ante la Corte Municipal de San Juan. La corte de distrito resolvió que era una obligación inherente al banco demandado suspender la venta; que si el banco .celebró una transacción con Arturo Izquierdo surgió una obligación clara por parte del banco para suspender y no continuar ios procedimientos. Más o menos la teoría es que el márslial de. Toa Alta no era otra cosa que la continuación de la personalidad del banco, y, por tanto, que el banco era responsable de los actos de su agente; que el objeto de la transacción era suspender la subasta; que el banco dejó de suspender la subasta y que fué negligente. Ciertas posicio-nes técnicas asumidas por el banco fueron declaradas sin lugar por la corte, correctamente con toda probabilidad, y no las discutiremos.

De lo que no se nos ba convencido ni por la corte inferior ni por el apelado es que el banco fuera en realidad negligente o aun si bajo las circunstancias surgió algún deber legal de de bacer algo más de lo que el banco realmente bizo en este caso.

Asumiendo que surgió alguna obligación legal por parte del banco para tratar de suspender la venta, resolvemos que el banco bizo todo lo que normalmente xouede esperarse de un acreedor para tratar de suspender una subasta. Seg-ún indica el apelante el banco tenía interés en suspender la venta, mas no el deber de ir a Toa Alta.

Hubo alguna duda respecto a si el márslial de la corte municipal de Toa Alta pudo haber suspendido la venta sin nna orden de la corte municipal. Nos inclinamos a convenir con el apelado en que el márslial debió haber suspendido la venta al ordenárselo así el banco.

1 El principal fundamento de esta decisión es que el banco hizo todo lo que razonablemente podía exigirse a un acreedor para suspender la subasta, especialmente al admitirse que la transacción fué celebrada solamente, según podría decirse, pocos minutos u horas antes de celebrarse la venta. Por haber dejado Arturo Izquierdo de pagar la sentencia o de comenzar antes sus gestiones para llegar a una transacción, surgió la situación embarazosa en que él se halla. El deudor fácilmente pudo haber obtenido de Campos del Toro una orden dirigida al márshal de la corte municipal de Toa Alta informándole que desistiera de celebrar la subasta o tomando alguna otra medida a última hora o antes para estar seguro de que la subasta no era celebrada. Ambas partes tenían interés en- suspender la venta y el interés de Izquierdo era mucho mayor que el del banco. Ambas partes tenían la misma facultad de previsión para darse cuenta de que el márshal procedería a celebrar la subasta si no era detenido oportunamente. Si bien es cierto que el Lie. Campos del Toro creyó erróneamente que la venta no sería celebrada, sin embargo, la corte resolvió que todas las partes- envueltas en el caso actuaron de buena fe.

Ahora bien, aunque hasta cierto punto es verdad que c-1 márshal es una especie de agente del demandante, sin embargo, hasta un punto mayor el márshal es un brazo de la corte para ejecutar sus sentencias. La ley es la que exige de un márshal que ejecute una sentencia. Todo esto lo sabían igualmente ambas partes. Podría decirse que si pudiera imputarse negligencia al banco, surgiría un caso de negligencia contribuyente por parte del demandante, no sólo al no actuar prontamente, sino también al no ir en persona a Toa Alta. El apelante insiste con razón en que el banco no tenía obligación alguna de incurrir en gastos de ninguna clase.

Tal vez la consideración principal del caso es que toda la cuestión envuelta fué un incidente desgraciado debido principalmente al dejar el deudor de moverse con más pron-titud.

Debe revocarse la sentencia y declararse sin lugar la demanda.


text:
    David Iglesias Jordán, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    No. 858.

    Sometido: Enero 13, 1932.

      Resuelto: Enero 19, 1932.

      G. Zeno Sama, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Tenemos ante nos la interpretación que lia de dársele a la Ley No. 69 de 1931. Dicba ley fué aprobada en mayo 1, 1931, y debía empezar a regir noventa días más tarde, o sea, el 30 de julio del mismo año. Esta ley dice así:

“Artículo 1. — El artículo 127 de la Ley Hipotecaria vigente queda enmendado en la forma siguiente:
“ ‘Artículo 127. — En la escritura de hipoteca se hará constar el precio en que tasan la finca los contratantes, para que sirva de tipo a la primera subasta que se debe celebrar, en el caso de que, vencido el plazo del préstamo, no conste en el registro de propiedad el pago de dicho préstamo.
“ ‘Si no produjere remate ni adjudicación la primera subasta, en la segunda que se celebrare servirán de tipo las dos terceras partes del precio en que hayan tasado la finca los contratantes, pero cuando esas dos terceras partes no excedieren de la cuantía de las respon-sabilidades preferentes, esa cuantía señalará el mínimo de las postu-ras admisibles.
“ ‘Si tampoco hubiere remate ni adjudicación en la segunda su-basta, regirá como tipo en las otras subastas que pudieran celebrarse el valor total a que ascienden los créditos preferentes.5
“Artículo 2. — Las disposiciones de la Ley de 9 de marzo de 1905, relativa a las sentencias y la manera de satisfacerlas, en cuanto se opongan a los preceptos del artículo 127 de la Ley Hipotecaria, se-gún queda enmendado por el artículo anterior, y toda otra ley, o parte de ley, que esté en contradicción con la presente, quedan dero-gadas.
“Artículo 3. — Esta ley empezará a regir a los noventa días des-pués de su aprobación.”

La cuestión específica envuelta es si las hipotecas otor-gadas con anterioridad al 30 de julio de 1931 deben con-tener necesariamente el avalúo de la propiedad.

En el presente caso se otorgó una hipoteca voluntaria por David Iglesias Jordán para garantizar a Louise Mersch Esteva la suma de $700. Fué otorgada el 11 de julio de 1931. Al presentársele al registrador en octubre 19, 1931, éste la inscribió con el defecto subsanable de que no se había especificado el valor.

La Ley Hipotecaria de 14 de julio de 1893 disponía en su artículo 127 lo siguiente:

‘ ‘ En la escritura de hipoteca se liará constar el precio en que tasan la' finca los contratantes, para que sirva de tipo a la única subasta que se debe celebrar, en el caso de que, vencido el plazo del préstamo no conste en el Registro de la Propiedad el pago de dicho préstamo.”

En varias decisiones de este tribunal, Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. Registrador, 23 D.P.R. 507; Cintrón et al. v. Banco Territorial y Agrícola, 15 D.P.R. 507; Giménez et al. v. Brenes, 10 D.P.R. 128, se ha resuelto que la ley de marzo 9, 1905, que alteró la forma de ejecutar las hipotecas, hizo que la expresión del valor de la finca, conforme lo exigía la sección 127 de la Ley Hipotecaria, careciera de fin o nece-sidad prácticos. Por tanto, por lo menos hasta el Io. de mayo de 1931, era innecesario expresar el valor de la pro-piedad al otorgarse una escritura de hipoteca.

El recurrente sostiene que la Ley No. 69 no podía tener efecto retroactivo y por tanto que no era aplicable a un notario que otorgara una escritura en julio 11, 1931. El registrador sostiene que la disposición del artículo 127 de la Ley Hipo-tecaria nunca fué en realidad abrogada y que la Ley No. 69 siendo solamente una disposición adjetiva podía revivir (1 efinitivamente el artículo 127 de la Ley Hipotecaria aim respecto a escrituras otorgadas eon anterioridad al 30 de julio de 1931.

Oremos que el registrador está equivocado. Las leyes son prospectivas. La ley de 1905 estuvo en vigor hasta el 30 de julio de 1931. Con anterioridad a dicha fecha las partes celebraban sus contratos de acuerdo con la ley existente y con su forma de ejecución. La ley de 1905 no fué derogada con respecto a escrituras otorgadas antes de empezar a regir la Ley No. 69. De conformidad con la jurisprudencia exis-tente, las partes o el notario no estaban obligados en julio 11, 1931, a fijar el valor de la finca, ya que tampoco- les incumbía tomar ningún conocimiento de la ley de 1931' basta que ésta efectivamente empezara a regir. Las partes tenían derecho a considerar que el sistema prevaleciente debía ser seguido. Estamos bastante convencidos de que dicha ley solamente era aplicable a escrituras que se otor-garan con posterioridad al 30 de julio y que escrituras otor-gadas antes de dicha fecha estarían regidas por la Ley de 1905.

El recurrente también sostiene que el artículo 127 de la Ley Hipotecaria habla de que los contratantes fijarán .el valor de. la finca; que no hay contratantes en una escritura voluntaria. Somos de opinión que el artículo 127 era apli-cable a toda clase de hipotecas, ora fuesen voluntarias o de cualquiera otra clase, toda vez que una escritura voluntaria presupone la aceptación final por el acreedor hipotecario. Aun la hipoteca voluntaria tiene por mira dos partes.

Debe revocarse la nota del registrador y efectuarse la inscripción sin defecto subsanable.