author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Elvira Juana Manuela Joaquina García Fernández, demandante y apelada, v. Josefa Aguayo Casals, et al., demandados y apelantes.
    No. 5863.

    Sometido: Febrero 8, 1933.

      Resuelto: Diciembre 1, 1933.

      Totis Soto & Zapater, abogados de las apelantes; Guerra Mondragón & Soldevila, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Ha transcurrido algo más de nna década desde que este tribunal dijo en el caso de García et al. v. Aguayo et al., 32 D.P.R. 422:

“Desde hace cerca de veinte años la demandante en este pleito está luchando porque se le reconozcan sus derechos como hija legítima de don Juan García Villarraza y de su esposa doña Manuela Fernández y Rodríguez. Aguayo et al v. García, 11 D.P.R. 274; García v. Aguayo et al., 29 D.P.R. 1022.”

En enero de 1926 la corte de distrito declaró a Elvira Juana Manuela Joaquina García Fernández bija legítima de Juan García Villarraza y Manuela Fernández, y como tal, con derecho a heredar a su padre. Además dejó sin efecto una declaratoria de herederos anterior a favor de las aquí demandadas, ordenó la cancelación de ciertos asientos en el registro de la propiedad, y dispuso que los bienes dejados por el finado Villarraza fueran nuevamente distribuidos. La sentencia también dispuso que el importe de los frutos y rentas fuese traído a la masa común e incluido, en la nueva partición después de una vista y de la determinación de su cuantía. Al confirmar esta sentencia en García v. Aguayo, 39 D.P.R. 91, copiamos de la opinión del juez de distrito lo que sigue:

“ ‘En cuanto a los frutos que se reclaman, no tenemos una base segura para poder determinar el importe y cuantía de los mismos, tanto porque ellos dependen de la cuota hereditaria que pueda asig-nársele a la demandante en la partición, cuanto porque de la prueba practicada en este juicio no tenemos una base segura para poder determinar el importe total de tales frutos o rentas. La deman-dante alega que la casa citada en la demanda ha producido unas veces de 75 a 100 pesos y actualmente 200 y pico de pesos. La de-mandada nos ha presentado una cuenta ereditiva de los ingresos y egresos de la administración de dicha finca, cuenta que no ha sido aceptada por la demudante en su fondo, y si bien se ha ofrecido por la representación de las demandadas el traer los recibos y com-probantes de dicha cuenta ,y testigos para sostener la misma, esa prueba no ha venido ante nosotros, y de ahí que no podemos llegar a una conclusión final en el asunto, y creem'os procedente en bien de la justicia que se haga una liquidación completa de dichos' frutos 'para determinar la cuantía de los mismos, adjudicándose a la de-mandante la parte que de ellos pueda corresponderle de acuerdo con su participación hereditaria. Cuya liquidación deberá llevarse a cabo dentro de los 15 días de ser firme esta sentencia, en cuyo acto deberán presentarse por la demandada los correspondientes compro-bantes y prueba pertinente, al objeto de determinar con la mayor certeza el importe total de tales frutos. (Véase el caso de Cintrón et al. v. Banco Territorial y Agrícola, 15 D.P.R. 536).’ ”

Después que los árbitros nombrados por la corte hubieron rebajado del ingreso bruto ciertas partidas por contribu-ciones, reparaciones y conservación de la propiedad, e infor-mado el resultado total neto como base para una división de las rentas y frutos, las demandadas solicitaron que se recti-ficase la cuenta rendida previamente por ellas, eliminando de la misma la mitad de los ingresos recibidos desde septiem-bre 12,1908, a mayo 10,1911. Las demandadas alegaron por primera vez en esta moción que la mitad de las rentas y frutos recibidos durante este período había sido pagada a un tal Roque Suárez como dueño, según el registro, de un condominio pro indiviso de la mitad de la propiedad. Esta moción fue acompañada por una propuesta nueva cuenta de las rentas y frutos recibidos y de los gastos hechos durante el período de que se trata. La corte de distrito, al aprobar el informe de los árbitros, resolvió que la cuestión relativa a estas rebajas y a ciertas otras materias no podía propia-mente determinarse en un procedimiento incidental a la ejecución de la sentencia ya dictada. Las demandadas apelan de esta orden y alegan que la corte de distrito erró al no re-bajar las rentas recibidas por Roque Suárez.

La demandante alegó en su demanda que los deman-dados habían recibido las rentas y frutos, sin darle participa-ción a la actora, todo ello de mala fe, desde la fecha del falle-cimiento de Villarraza. Se solicitó una nueva partición, una vez traídos a colación las rentas y frutos producidos por la propiedad. Las demandadas contestaron que doña Josefa había recibido las rentas y frutos por sí y como representante de su hija Graciela, de buena fe y fundándose en la declara-toria de herederos y en la sentencia de la corte de distrito. El fallo de la corte de distrito, seguido por el de este tribunal (39 D.P.R., supra) y por el de la Corte de Circuito de Apela-ciones — 40 Fed. (2d) 831 — fue adverso a las demandadas en lo referente a la cuestión de buena fe, y cerró las puertas a una ulterior meditación respecto a si el total o sólo parte de las rentas y frutos debe traerse a colación. Una determina-ción inferior al importe de todas las rentas y frutos (luego de rebajar los gastos útiles y necesarios, tales como por con-cepto de contribuciones, reparaciones y otras materias rela-cionadas con la conservación de la propiedad) hubiera mon-tado a una modificación de la sentencia ya dictada. Las únicas cuestiones que quedaron abiertas a una investigación futura fueron las relacionadas con el cumplimiento de la sentencia y las preliminares de rigor para una partición material de todas las rentas y frutos o de su importe neto. El dinero pagado a Roque Suárez no era una partida deducible del total de las rentas y frutos recibidos al fijar la cantidad neta sujeta a distribución. La teoría de las apelantes es que Roque Suárez era un comprador inocente con derecho a una parte de las rentas y frutos durante el tiempo que poseyó su condominio, y que las rentas correspondientes a esa parte pro indivisa no había que llevarlas a colación. Esta cuestión debió plantearse por las alegaciones y la evidencia antes de que se dictara el fallo disponiendo que todas las rentas y frutos, o su importe neto, a ser posteriormente determinados, fuesen traídos a colación. Véase Jiménez v. Cartagena, 18 D.P.R. 540. Aunque así no fuera, ni asumiendo, sin resol-verlo, que Roque Suárez (por lo que respecta a su nexo con las demandadas), tenía derecho a una parte de las rentas y frutos mientras retuvo su alegado condominio, no estamos inclinados a convenir con las apelantes en que cualquier pago que a él se le hiciera por doña Josefa con cargo a las rentas y frutos recibidos por ella, no la relevaría de toda respon-sabilidad para con la demandante por las rentas y frutos así recibidos y desembolsados. Véase Román Benitez v. Rivera, 43 D.P.R. 535, 548.

La siguiente cuestión suscitada por las apelantes pre-senta una situación diferente. En' su cuenta original de ingresos y egresos, doña Josefa Aguayo especificó como gastos correspondientes a la demandante un número de par-tidas mensuales para la manutención de la actora, desde mayo de 1899 a junio 30 de 1902, y por concepto de pagos mensuales hechos a la demandante desde julio de 1902 hasta junio de 1904, ascendente todo a $1,165.04. La demandante admitió haber recibido esta cantidad proveniente de las rentas y frutos. En un detalle revisado que se presentó en evidencia ante los árbitros, ese total fué consignado como deuda de la demandante, y se agregó una partida de $65 por arrendamiento de una casa que, según se alegó, ocupó la demandante durante abril de 1925. La cuestión de si debía, concederse esa reclamación fué excluida por la corte de dis-trito de la consideración de los árbitros, reservándose la corte; el derecho a determinarla. Al aprobar el informe .de los: árbitros, el juez de distrito dijo que la reclamación de doña, Josefa contra la demandante debía establecerse al tiempo de la partición material o por medio de una acción independiente. A nuestro juicio, esto fué un error. Puede admitirse que cabría plantear y resolver la cuestión cuando se efectúe la partición material. Ese no es motivo suficiente para no ha-berla resuelto al aprobar el laudo de los árbitros. El criterio sostenido por el juez de distrito pasa por alto la íntima rela-ción que existe entre las cuestiones ya determinadas por los árbitros y la proyectada partición misma. Al aprobar el informe, la corte no estaba sentando una base para la parti-ción, sino que ya estaba anticipando cuestiones que usual y normalmente se resuelven al tiempo de la partición verdad. El artículo 1016 del Código Civil (Edición de 1930) dispone que: “Los coherederos deben abonarse recíprocamente en la partición las rentas y frutos que cada uno haya percibido de los bienes hereditarios”, así como “las impensas útiles y necesarias Reclias en los mismos. . . ” La corte ya Labia de-terminado, anticipándose a la partición, la compensación que debía hacerse por las impensas útiles y necesarias en qne incnrrió doña Josefa y pagadas por ella de las rentas y frutos. Si estuvo justificada al hacer esto, no hay razón alguna por la cual no debiera, haber determinado, también anticipándose a la partición, las cantidades exactas de rentas y frutos ya recibidos por la demandante, que podían, por consiguiente, cargarse a su cuenta como anticipos, a fin de que se tuvieran en consideración al partirse los bienes. Ni el artículo 1016, ni ningún otro principio o precepto de ley, prohibe una previa determinación judicial de una u otra cuestión. No hay mayor motivo en un caso que en el otro para que una corte posponga su conclusión de hecho o de derecho hasta tanto se efectúe la partición material. Tam-poco se ha sugerido un motivo satisfactorio por el cual la demandada Aguayo deba ser relegada a un pleito indepen-diente. Su reclamación no había prescrito, porque el mo-mento adecuado para hacer el requerimiento era, u ordinaria-mente hubiera sido, al efectuarse la partición. No era pre-matura, bajo las circunstancias del presente caso, por razones que ya se han expresado. La determinación de la cuantía de las rentas y frutos recibidos por la demandante, no habría envuelto la modificación de la sentencia previamente dictada. Hubiera estado en completa consonancia con la súplica de la demandante y con la disposición contenida en la sentencia de que todas las rentas y frutos fueran traídos a colación. Puede ser que una enmienda oportuna de la contestación fuese un procedimiento más adecuado, pero en vista de los hechos anteriormente reseñados, debe considerarse que la contestación ha sido enmendada. Debe ponerse fin a esta controversia, si es posible, antes de que la pequeña herencia— una casa en Ponce que sólo vale unos cuantos miles de dó-lares, y las rentas provenientes de ella — haya sido consumida por el costo de los litigios.

El cuarto señalamiento es que la corte de distrito erró al negarse a considerar la reclamación qne hizo la demandada Agnayo por concepto de compensaciones como administradora del inmueble de qne se trata y al no fijar esa compensación en el 10 por ciento de las rentas cobradas por ella.

En apoyo de esta contención, las apelantes citan los ar-tículos 992, 405, 1310 y 1486 del Código Civil (Estatutos Bevisados de 1911) y 31 y 53 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales. “Hasta que resulten pagados todos los acreedores conocidos y los legatarios,” de conformidad con el artículo 992, se entenderá que se halla la herencia en admi-nistración. Este artículo se refiere a herencias aceptadas a beneficio de inventario. (7 Manresa, Comentarios al Código Civil, segunda edición, pág. 473). El artículo 405 se refiere a bienes poseídos en común, y dice que “para la administra-ción y mejor disfrute de la cosa común serán obligatorios (para todos) los acuerdos de la mayoría de los partícipes.” No es necesario transcribir el resto de ese artículo. El ar-tículo 1310 fija la participación de los respectivos cónyuges en las ganancias o beneficios existentes al disolverse el matri-monio. El artículo 1486 autoriza una acción para el cobro del valor razonable de los servicios profesionales. El ar-tículo 31 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales autoriza el nombramiento del cónyuge supérstite, o de ciertas otras personas en la forma allí prescrita, como administra-dor judicial. El artículo 54 fija la compensación de los albaceas y administradores en ausencia de disposición testa-mentaria al efecto.

La argumentación de las apelantes asume, sin tratar de demostrarlo: primero, que doña Josefa Aguayo estaba admi-nistrando la propiedad de que se trata como la herencia de su finado esposo; segundo, que había acreedores o legatarios, o ambos; y, tercero, que a tales acreedores o legatarios no se les había pagado. Por otra parte, la alegación contenida en la contestación en el sentido de que doña Josefa había recibido las rentas por sí y como representante de su hija, claramente implicaba que ella trataba la propiedad, no como la herencia del finado, sino como nn bien perteneciente exclu-sivamente a ella y a su bija. Por idénticas o similares razones, la sugestión alternativa de que ella estaba encargada del inmueble al amparo de alguna autoridad conferídale por “los acuerdos de la mayoría de los partícipes para la admi-nistración y mejor disfrute de la cosa común,” carece asi-mismo de fundamento.

A tenor del artículo 384, nn poseedor de mala fe “sólo tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos necesarios hechos para la conservación de la cosa.” El artículo 290, sin embargo, exige que “el que percibe los frutos tiene la obligación de abonar los gastos hechos por un tercero para su producción, recolección y conservación.” Estos dos ar-tículos fueron interpretados conjuntamente en Román Benitez v. Rivera, supra. Como hemos visto, el artículo 1016 concede compensación por las impensas útiles y necesarias que haya acarreado la conservación de la propiedad que ha de ser distribuida entre los coherederos. En ninguno de estos artículos se hace mención de la comisión que deba pagarse a nn poseedor de mala fe como administrador de los bienes que se niega a restituir a su legítimo dueño o a compartirlos con un condueño. Mas ésos son los únicos artículos de mayor aplicación a los hechos del presente caso, y en uno de ellos o en el otro, más bien que en otra parte del Código Civil, habría de esperarse encontrar alguna justificación que pu-diera hallarse para la reclamación que por compensación como administradora hizo doña Josefa.

Debe revocarse la orden apelada en lo concerniente a la negativa del juez de distrito a considerar la cuestión de la responsabilidad de la demandante por las rentas y frutos gibe ella recibió y a determinar la cuantía de los mismos; y en su hogar se dictará por este tribunal la sentencia corres-pondiente. En todos los demás respectos, la orden debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Daniel Blanco Comas, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 6102.

    Sometido: Junio 7, 1933.

      Resuelto: Diciembre 1, 1933.

      Diego O. Marrero y Alejandro Laanour, abogados del apelante; Ron. Procurador General Charles E. Winter y Felipe Janer, Subpro-curador, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito, después de nn juicio sobre los mé-ritos, resolvió que el peticionario babía sido ilegalmente des-tituido de su cargo de agente de rentas internas, pero de-claró sin lugar la demanda fundándose en la teoría de que la corte no podía ordenar la reposición, en primer término porque el cargo estaba ocupado por otra persona que no babía sido becba parte en el pleito ni oída en el mismo, y en segundo término porque el peticionario babía sido culpable de abandono (laches), toda vez que babía transcurrido más de un año entre la fecba de la destitución ilegal de dicbo peti-cionario y la de su solicitud de mandamus.

Al tiempo de su destitución el peticionario estaba, y babía estado' durante años, incluido en el Servicio Civil Clasificado. Para esa fecba, 27 de junio de 1929, prestaba servicios en Ponce. En una carta de esa misma fecha, dirigida al peticionario en Ponce, el Tesorero de Puerto Rico le decía: “Habiendo sido suprimidas del Presupuesto de 1929-30 dos plazas de agente de rentas internas, he resuelto designar a usted para una plaza de Inspector de Café, con un sueldo anual de $1,452 a partir de julio 1, 1929.” El peticionario entendió que su cargo era uno de los que se mencionaban como suprimidos por la Legislatura. Por unos dos meses o más él permaneció bajo esa impresión. Otras circunstancias, así como la carta misma y toda la atmósfera del caso, indican que el que la escribió tuvo la idea de dar esa impresión. En julio 8 el peticionario fué trasladado a San Juan como Inspector Auxiliar de Café. En una carta de fecha agosto primero, el Tesorero le informó que debería cesar el 15 de agosto por haberse agotado el fondo especial de donde se venía pagando su salario. El 5 de septiembre se le concedieron sesenta días de licencia con sueldo, exclu-yendo domingos y días de fiesta legales. Esa licencia se ex-tendió desde agosto 16 a octubre 26. Durante la vigencia de la misma se enteró de que el cambio en el presupuesto no había afectado su cargo anterior como agente de rentas internas y que otro agente para el que no se había asignado sueldo alguno había sido nombrado para el puesto. Entonces él tuvo una entrevista con el Jefe del Negociado de Rentas Internas y éste le manifestó que él había estado fuera del servicio desde agosto 15, no obstante la licencia. Entonces él acudió al Presidente de la Comisión de Servicio Civil, quien le aconsejó que se dirigiera a la comisión por escrito, de modo que ella pudiera actuar formalmente. Es conveniente agregar de paso que hasta esa fecha el aquí demandado, ahora Tesorero de Puerto Rico, no había asumido los deberes de su cargo.

El 27 de noviembre el peticionario presentó por escrito su queja a la Comisión de Servicio Civil. En diciembre 4 él Presidente de la Comisión, respondiendo a la carta del peticionario de noviembre 27, lo invitó a que lo visitara a fin de discutir el asunto en detalle. Una carta fechada abril 9 de 1930, dirigida por el Subtesorero al Presidente de la Comisión de Servicio Civil, demuestra que el Presidente le había escrito al Tesorero en diciembre 20 de 1929, acompa-ñándole la carta del peticionario de noviembre 27, y en el ínterin no había recibido respuesta alguna del Tesorero. La carta del Subtesorero lee así:

“Tengo el honor de contestar sn comunicación de diciembre 20, 1929, acompañando carta de Daniel Blanco Comas, empleado que fué de este departamento.
“Con fecha 17 de noviembre de 1926 el Sr. Blanco Comas fué nombrado Agente de Rentas Internas, con un sueldo de $1,252 anua-les. En mayo 1 de 1927 su salario fué aumentado a $1,452.
“En el presupuesto de 1929-30, dos de las plazas de Agentes de Rentas Internas, de $1,500 anuales cada una, fueron suprimidas, 10 que hizo necesario que este departamento redujese su personal.
“Aunque el Agente Blanco no desempeñaba una de las plazas eliminadas, fué trasladado en julio 1 de 1929 a uno de los puestos de Inspector de Café a rasjón de $1,452 anuales, a fin de proveer sitio para uno de los agentes que estuvieron desempeñando una de las plazas de $1,500 eliminada.
“Este aparente discrimen en contra de Blanco se debió a repe-tidas quejas del Agente- Corretjer en el sentido de que la conducta de Blanco no era propia, por ser adicto a las bebidas alcohólicas.
“El Agente Blanco no hizo objeción a su traslado al aludido puesto de Inspector de Café, que le fué comunicado por carta de junio 27, 1929, aunque ahora trata de causar la impresión de que este traslado le era enteramente desconocido.
“El 1 de agosto de 1929 se le informó que a causa de falta de fondos, debería cesar el 15 de agosto.
“Luego de una entrevista con el Tesorero anterior, a»Blanco se le concedieron sesenta días de licencia, desde agosto 16 a octubre 26 de 1929, dando por terminados sus servicios en esta última fecha.
“El puesto de $1,452 que Blanco ocupó como Agente fué dado al Agente Sais, quien ha estado en el servicio por muchos ’años y contra quien jamás se ha formulado la más mínima queja.
“La información que precede ha sido suministrada por el Jefe del Negociado de Arbitrios, toda vez que el que suscribe no tiene conocimiento personal de los hechos del caso, por no haber interve-nido directamente en el nombramiento, traspaso o cesantía de este empleado.”

Esta carta fue seguida inmediatamente por otra en que el Subtesorero dijo:

“En relación con mi carta de esta fecha, referente al Sr. Daniel Blanco Comas, empleado que fné de este departamento, y particular-mente al quinto párrafo de la misma expresando el motivo por el cual el Sr. Blanco fué trasladado del cargo de Agente de Rentas Internas al de Inspector de Café, deseo manifestarle que he sido informado por el Jefe del Negociado de Arbitrios que en los archivos de este departamento no consta correspondencia oficial alguna en el sentido de que la conducta del Sr. Blanco no era satisfactoria, y que las quejas del Agente Corretjer fueron hechas oralmente cuando visitó estas oficinas. Como el Agente Corretjer estaba a cargo del Distrito de Ponce y tenía la superintendencia del trabajo encomendado al Agente Blanco, sus informes respecto a la supuesta conducta de este último no fueron puestos en duda.
“Yo sugeriría, como un acto de justicia al Sr. Blanco, que esta carta se hiciera formar parte de su hoja de servicios oficial.”

El 22 de abril de 1930, el Presidente de la Comisión de Servicio Civil, en cumplimiento de una resolución adoptada por ese organismo, notificó al Tesorero que la separación del peticionario a base del informe oral de su jefe inmediato, sin darle la oportunidad de ser oído, era una violación del reglamento del Servicio Civil en su regla VII, y solicitó su reposición. En una carta de la misma fecba, el Presidente de la Comisión de Servicio Civil informó al peticionario en torno al resultado de la investigación practicada por la comi-sión y dijo que ésta autorizaría la reposición del peticionario cuando el Tesorero lo solicitara. En una carta de mayo 26, Blanco se refirió a la comunicación que recibiera del Presi-dente de la Comisión de Servicio Civil y a la carta de ese mismo funcionario dirigida al Tesorero; llamó la atención del Tesorero bacia la existencia de una vacante, y solicitó que se tomara acción.

El Tesorero, por carta de mayo 29, contestó que cuando pudieran utilizarse los servicios de Blanco, su solicitud reci-biría atención detenida. En 2 de junio Blanco volvió a soli-citar que se tomara alguna acción. En la carta que al efecto escribió hizo mención de una entrevista anterior con el Teso-rero. En carta, de junio 11, Blanco nuevamente aludió a la solicitud beeha por la Comisión de Servicio Civil para que fuera repuesto; llamó la atención del Tesorero bacia la am-bigüedad de la carta de éste de fecha mayo 29, y pidió una respuesta definitiva. El Tesorero replicó en junio 13 que cuando el departamento necesitara sus servicios se lo noti-ficaría. Este pleito fue iniciado el 5 de diciembre de 1930.

Los hechos que anteceden bastarán para explicar la de-mora del peticionario en comenzar su acción, y la corte de distrito cometió error en negarse a conceder el remedio soli-citado fundada en que había existido demora indebida. La corte de distrito también cometió error, a nuestro juicio, al resolver que el peticionario no podía ser restituido en su cargo debido a que el puesto del cual había sido ilegalmente destituido fué nominalmente cubierto con el nombramiento de un sucesor. Véanse 38 C. J. 712, sección 300; íd. 707, sección 291; 18 R.C.L. 265, sección 192.

La sentencia apelada debe ser revocada y en su lugar esta corté dictará otra ordenando la restitución del peticionario en su cargo.


text:
    Claudio Capó, demandante y apelante, v. Jorge Romaní, demandado y apelado.
    No. 5828.

    Sometido: Enero 27, 1933.

      Resuelto: Diciembre 1, 1933.

      Pellón & Ayioso, abogados del apelante; J. Valldejuli, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito, después de un juicio sobre los mé-ritos, declaró sin lugar una acción reivindicatoría y dictó sentencia a favor del demandado como contrademandante. El demandante apela y sostiene que la corte de distrito come-tió error: al decretar que la escritura de compraventa de 27 de diciembre de 1925, de Charles B. Colmore a Claudio Capó y Capó, no transmitió derecho real alguno porque no hubo tradición material alguna; al declarar que Bomaní era dueño de la finca después de computar las segregaciones de la finca principal; al declarar que para ejercitar la acción era necesario probar el pleno dominio, o sea, la propiedad y la posesión; al declarar que Bomaní tenía justo título para la prescripción; al computar el término prescriptivo a partir de la fecha de la adquisición de la finca por un causante común al demandante y demandado; al declarar un derecho a favor de una parte que no compareció en el pleito; al declarar sin lugar la excepción previa de falta de parte con-trademandante; al declarar sin lugar la demanda y con lugar la contrademanda; al ordenar la cancelación en el registro de la propiedad de la inscripción a favor del demandante; y al imponerle las costas a éste.

La argumentación asume que los predecesores del deman-dante tenían la posesión implícita de la faja de terreno en controversia.

La mayor parte las contenciones del apelante depende, ya para su existencia o ya para sn supuesto efecto perjudicial, de la certeza de esta asunción. Prácticamente la única base que de los autos aparece para tal asunción es el hecho de que la escritura de enajenación a que se hace referencia en el primer señalamiento fue inscrita en el re-gistro de la propiedad. Es un hecho incontrovertido que ninguno de los causantes del demandante, retrotrayéndose hasta- el causante común, se hallaba a la fecha en que se otorgó cualquiera de las escrituras que aparecen en la cadena de títulos del demandante o en cualquier época posterior, en la posesión material de la faja de terreno en controversia. Si ninguno de estos vendedores era al tiempo de la enajena-ción dueño de dicha faja, su escritura no podía conferir título alguno al comprador. La inscripción de la escritura de Colmore no otorgó a Capó un título mejor del que Colmore poseía. De tener el demandante derecho a recobrar la finca, deberá hacerlo fundándose en su propio título. A menos que Colmore fuera dueño de la finca en controversia y de que se demostrara mediante evidencia aducida durante el juicio que era tal dueño, es innecesario discutir cualquier error que pudiera haber cometido la corte de distrito sobre las con-secuencias provenientes de haberse dejado de dar posesión material, así como la mayoría de los otros errores señalados por el apelante.

En 1906 Courtenay Camplejohn Nairn y Perpal era dueño de tres cuerdas de terreno, resto de once cuerdas adquiridas anteriormente y en parte vendidas por él. De esta parcela de tres cuerdas él segregó y vendió en julio 12,1906, a Charles M. Boerman, 1,337.05 metros, lindantes al norte y en una extensión de 27.50 metros con la zona marítima; por el sur, en una extensión de 28 metros, con otro solar del mismo ven-dedor; por el este, y en una extensión de 44 metros, con terrenos de Elias Allende, antes Sucn. Allende, y por el oeste y en una extensión de 55.50 metros, con otro solar del mismo vendedor que tiene una cabida de 26.50 metros poi; el norte y 27 metros por el sur, hacia el este desde la avenida Nairn, que tiene 40 pies de ancho de lado a lado. Boerman entró en posesión y procedió a señalar los linderos del solar sem-brando palmas de coco por las líneas previamente marcadas con estacas. Romaní derivaba sn títnlo de Boerman. La posesión material establecida por Boerman nnnca ba sido interrumpida. El terreno en controversia es nna faja de 189.47 metros cuadrados que se extendía a través de la parte sur del solar ocupado por Romaní y sus predecesores. Sus linderos por tres lados, este, oeste, y sur, están marcados por las palmeras sembradas por Boerman.

En noviembre de 1906 Nairn vendió a John D. Leavitt 7,150 metros que se describen como lindantes al norte con el mar y la zona marítima y en una extensión de 28 metros con el solar de Boerman; por el oeste con la avenida Nairn y por el este con terrenos pertenecientes a Elias Allende, boy su sucesión, y en una extensión de 55 metros con el mismo terreno de Boerman. El lindero sur lo era la calle Washington. Se estipuló que se practicaría una nueva men-sura y la inscripción siguiente en el registro de la propiedad indica que la nueva mensura produjo un exceso de 212.60 metros cuadrados. Más tarde Leavitt vendió esta propiedad a William M. Aitldn. Aitldn le vendió a Oscar M. Sewell. Sewell le vendió a George Dana Graves, y Graves a Charles B. Colmore.

Colmore segregó y vendió un número de solares. Uno de éstos vendido a Capó en marzo de 1919, se describía como de 795.77 metros, en la avenida Nairn, lindante al norte con una casa perteneciente a doña Catalina Vda. de Cuyar, y en una extensión de 27.19 metros con una faja de terreno de la cual la viuda de Boerman estaba en posesión, y al este, en una extensión de 5.29 metros, por la misma faja, y en una extensión de 8.12 metros con un solar perteneciente a la viuda de Hord, antes sucesión de Elias Allende, y por el sur con el resto de la parcela de que el solar así vendido fué segregado. Más específicamente, la escritura hace constar que al norte y este del solar vendido a Capó se halla una faja de terreno de 189.47 metros cuadrados que ocupa la viuda de Boerman pero que es reclamada por Colmore, lin-dante al norte, en una extensión de 28 metros, con el solar de Boerman, al este, en una extensión de 8.31 metros con el solar de Hord, al sur, en una extensión de 28 metros, y al oeste, en una de 5.29 metros, con el solar de Capó. En diciembre de 1925 Colmore también vendió a Capó los 189.47 metros. Capó inscribió su escritura e inició este procedimiento para recobrar los 189.47 metros.

La transcripción taquigráfica de los procedimientos en la corte de distrito contiene la siguiente aseveración del le-trado del demandante: que el caso había comenzado en época anterior y que se había presentado alguna prueba docu-mental; que se había radicado una estipulación; que el de-mandante había presentado un plano y cuatro certificaciones y que este plano y estas certificaciones habían sido ya mar-cadas exhibits A, B, C, D y E. Luego en los autos se explica la imposibilidad de transcribir el exhibit A, el plano, y se dice que el original será elevado. No tenemos el plano ante nos y no parece haberse dictado ninguna orden para que el mismo sea elevado. Ni siquiera se hace mención de él en el alegato del apelante.

El exhibit B es una planilla de contribuciones para el año fiscal 1922-23, según la cual un administrador judicial, como representante de la sucesión Boerman, declaró el solar de Boerman como de 1,614.82 metros cuadrados. El adminis-trador judicial declaró durante el juicio que poco después de su nombramiento un tasador se presentó con la planilla que el testigo había firmado; que éste en aquella época no sabía el área del solar; y que la única cuestión discutida por él con el tasador fué la cuantía de la tasación. Los exhibits C y D son dos planillas para el año fiscal 1923-24. En una de ellas Romaní declara tener una participación indivisa de % partes en 1,337.05 metros cuadrados. En la otra, que está sin firmar, las % partes restantes de dicha área figuran a nombre de Boerman. El área dada en los exhibits Cy D es el área especificada en la escritura. El exhibit E no figura en la transcripción.

En la escritura otorgada a Boerman aparece que Nairn había segregado previamente parte de las 11% cuerdas y vendido 3% cuerdas al Presbyterian Board of Home Missions, y cuatro cuerdas a la Women’s Home Missionary Society of the Methodist Episcopal Church. El registro de la pro-piedad denota otras segregaciones, como sigue: octubre, 1906, a Benjamín S. Haywood, un solar de 75 pies de frente por 145 pies, más o menos, de fondo; diciembre, 1906, 7,150 metros cuadrados a John D. Leavitt; abril, 1910, a Haywood, un solar de 30 pies de ancho por 75 pies de fondo; junio, 1910 a Prank F. Harrington 182 pies por el norte, 178 pies 8 pulgadas por el sur, 85 pies por el este y 85 pies por el oeste; julio, 1910, a Prank J. Brizzie, 178 pies 8 pulgadas por el norte, 176 pies por el sur, 75 pies por el este y 75 pies por el oeste; y en septiembre, 1917, una faja de 25 pies de ancho por 413 pies a Edward Mayers. Los autos no revelan cuándo fueron trazadas la calle Washington y la avenida Nairn. Se mencionan por primera vez en la escritura otor-gada a Leavitt. No se desprende si fueron establecidos defi-nitivamente como mojones, o si en aquella época existían meramente sobre el papel. El área de la parcela vendida a Leavitt era incierta en la fecha en que se hizo la enajenación. La escritura otorgada por Leavitt a Aitkin contiene la aser-ción de que una mensura había revelado la existencia de 212 metros 60 centímetros más que el estimado en proyecto es-pecificado en la escritura otorgada por Nairn a Leavitt. Esto, sin más, no es prueba muy satisfactoria de ese hecho, caso de que lo sea. La escritura de Graves a Colmore trata de enajenar solamente 7,325 metros cuadrados. Esta discre-pancia inexplicada de 37 metros no tiende a inspirar mayor confianza en la aserción contenida en la escritura otorgada por Leavitt a favor de Aitkin.

Un cálculo aritmético hecho por el juez de distrito basado en el número de metros especificado en la escritura de Graves a Colmore y en la suma total del número de metros especi-ficada en las ventas posteriores efectnadas por Colmore, in-cluyendo la venta de la faja de terreno que ahora se halla en controversia, demuestra que faltan 59 metros cuadrados en adición a los 189 metros y 47 centímetros que Capó trata ahora de recobrar de Romaní. En otras palabras, el déficit de Colmore sobre esta base sería 248 metros 47 centímetros en vez de 189.47 metros. Sin embargo, al hacer este cálculo el juez de distrito asumió que la diferencia existente entre el área especificada en la escritura de Graves a Colmore y el área total de los solares segregados y vendidos por Col-more era un déficit y no un superávit. En realidad no hay prueba satisfactoria en que basar tal conclusión.

La primera de las dos escrituras de Colmore a Capó no hace mención de ningunas segregaciones anteriores. El solar se describe como lindante al norte en parte por una casa perteneciente a la Sra. Catalina Yda. de Cuyar. Fuera de esta circunstancia la escritura lee tal cual si el solar ven-dido por ella a Capó fuera el primero vendido por Colmore. El registro demuestra otras ventas anteriores, más denota también que la mayoría de las ventas realizadas por Colmore fueron hechas después de haberse efectuado la primera ena-jenación a Capó. La segunda escritura de Capó dice en términos generales que se habían hecho segregaciones ante-riores y trata de demostrar una segregación y venta de la faja que ahora está en controversia. La primera escritura demuestra que Colmore alegaba tener el dominio de la faja de terreno que posteriormente trató de enajenar. No sienta base alguna para tal reclamación. Mucho menos demuestra que la faja reclamada por él jamás hubiese formado parte del terreno comprado a Graves. La segunda escritura no arroja ninguna luz adicional en la cuestión. Ninguna de estas dos escrituras menciona déficit alguno. La inferencia obvia que se puede hacer de ambas es que Colmore retuvo un re-manente no vendido de área desconocida.

Colmore declaró como testigo durante el juicio. Asume en sn testimonio, al igual que lo hizo el juez de distrito en su opinión, sin tratar de demostrarlo, la existencia de un déficit. Él declaró que al comprarla de Graves tenía una mensura hecha por Castro. Entonces se le permitió que dijera, sin objeción alguna, que Castro le había dicho que había una porción que la Sra. Boerman le manifestó era suya; y que ella estaba en posesión de la misma sin razón alguna; y que él (Castro) había estudiado “la cerca de ella” y la de él. .Colmore también manifestó que Castro le había mos-trado en el mapa la porción ocupada por la Sra. Boerman sin título alguno y era una faja en la parte sur del solar de ella y otro pedazo más pequeño en la parte oeste y que le parecía que ésas eran las porciones que vendió a Capó en la segunda escritura. Este testimonio, al igual que la prueba documental, está muy lejos de establecer la existencia de cualquier déficit. Tal cual sucede con la prueba documental, el mismo no ofrece base alguna para llegar a la conclusión de que la faja en controversia estaba incluida en los terrenos vendidos por Nairn a Leavitt y posteriormente por Graves a Colmore.

La prueba relativa a la existencia de cualquier exceso en poder del demandado es igualmente poco satisfactoria. Del hecho de que un administrador judicial, bajo las circunstan-cias por él explicadas durante el juicio, firmara unas pla-nillas en que se especificaban 1,614.82 metros en vez de 1,337.05 metros como el área del solar de Boerman no se desprende necesariamente que el solar de Boerman, tal cual fué trazado en el terreno por el mismo Boerman, contiene más de los 1,337.05 metros especificados en las escrituras de Nairn a Boerman. El mero hecho de que Romaní al radicar las planillas de sus propiedades para el siguiente año fiscal describiera el solar como que se componía del número de metros especificado en su escritura y en la de Nairn a Boer-man no equivalía a una admisión de que él estuviera en pose-sión material de cualquier cantidad en exceso de dicha área. La declaración de Colmore deja tanto de establecer un exceso en el solar de Boerman como de establecer nn déficit en la parcela mayor adquirida por Colmore. Esta es la única prueba relativa a cualquier exceso. Fuera de esta débil prueba, el demandante no tenía mayor razón para reclamar un exceso en el solar de Boerman que la que hubiese tenido para solicitar un superávit en cualquiera de los solares se-gregados y vendidos a personas distintas al demandante por Colmore, como tampoco podía hacerlo en cualquiera de los solares segregados o vendidos por Nairn a personas dis-tintas a Colmore y Boerman, o en la calle Washington, o en la avenida Nairn. Be todos modos, de la prueba que obra ante nos no tenemos mayor razón para creer que Boerman al plantar sus palmeras unos veinte años antes de iniciado el presente litigio, tomara hacia el sur terreno de su ven-dedor, que la que tendríamos para creer que él tomó otros terrenos al este o al oeste o en ambas direcciones, o en la zona marítima al norte, o que el exceso en cuestión pudiera, haber sido agregado por accesión debido a un cambio de 1a, costa y a la consiguiente variación de la zona marítima en sí. ¡

Empero no es necesario que basemos nuestra decisión en el hecho de que el demandante dejara de establecer un déficit o un superávit. Aún si el demandante hubiese establecido la existencia de un déficit en el resto del terreno materialmente poseído por Colmore después de numerosas segregaciones cuyos linderos materiales, al igual que los de la porción mayor, eran más o menos inciertos, y hubiese también esta-blecido la existencia de un exceso sobre el área especificada en el título del demandado, esto sin más no le hubiese dado derecho a que se dictara una sentencia a su favor por el total de dicho exceso. El hecho saliente es que el deman-dante dejó de establecer aun la posesión implícita por parte de Colmore, toda vez que no se demostró que la faja en cuestión hubiese estado incluida implícitamente o en alguna otra forma dentro de los linderos especificados en cualquiera de las escrituras, comenzando con la enajenación hecha por Nairn a Leavitt y terminando con el traspaso efectuado por Graves a Colmore. Si el mismo Colmore no tenía la pose-sión implícita de la faja en controversia, él no podía tras-pasar tal posesión a Capó. Entonces la cuestión relativa a si la corte de distrito cometió error al resolver que la escri-tura de Colmore a Capó era ineficaz por falta de entrega material de la posesión, es académica y a excepción de la cuestión de costas los otros errores, de haberse cometido, no eran perjudiciales.

. Nada hay en los autos que tenemos a la vista que sirva de base a la conclusión de que la corte de distrito abusara de su discreción al conceder las costas al demandado.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Luis Rubert Catalá, hoy su sucesión, demandante y apelante, v. Ignacio Cabo, demandado y apelado.

      No. 6536.

    Sometido: Noviembre 27, 1933.

      Resuelto: Diciembre 1, 1933.

      Luis Toro Catanas, abogado del apelante; M. Acosta Velarde, abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Confirmada por esta Corte Suprema en 19 de julio último la sentencia dictada en este caso por la Corte de Distrito de San Juan por la cual se declaró sin lugar la demanda con imposición de las costas al demandante, la confirmación fué. comunicada a la corte de distrito el 31 del propio mes de julio. El 4 de agosto siguiente la parte victoriosa archivó su memorándum de costas que comprende doce partidas as-cendentes a $1,748.95. Diez días después la parte vencida impugnó el memorándum, 1, por haberse radicado prema-turamente; 2, por ser improcedente el cobro de $150 como honorarios de dos peritos que declararon en el juicio; 3, por no ser reembolsable el gasto de $75 que se dijo hecho en fotografías y un plano aportados como prueba, y 4, porque los $1,500 que se reclamaban' como honorarios de abogado constituían una suma arbitraria, excesiva e irrazonable.

Oyó la corte sentenciadora a ambas partes, decidió que el memorándum se había radicado en tiempo, eliminó las partidas de $150 por honorarios a peritos y de $75 por foto-grafías y plano, redujo la de honorarios de abogado a $800, y, con esas modificaciones, aprobó el memorándum el 6 de octubre último.

No conforme el demandante apeló para ante esta Corte Suprema quedando radicada la transcripción de los autos el 14 de noviembre, 1933. El 17 la parte apelada pidió la deses-timación del recurso celebrándose la vista de la moción el 27.

Tiene razón a nuestro juicio el apelado. Procede la desestimación y tratándose de un recurso claramente frívolo, el caso cae dentro de la regla establecida entre otros en los de Schlüter v. Villafañe, 41 D.P.R. 308 y Banco Comercial v. Perales, 38 D.P.R. 183, no siendo necesario esperar a los noventa días a que se refiere la sección 59 del Eeglamento de esta corte para desestimarlo.

El memorándum se radicó en tiempo. En el caso de Bauzá v. Colón Medina, 38 D.P.R. 413, 414, dijo esta corte:

“Tres son los errores que señala el apelante:
“Por el primero se sostiene que la corte erró al decidir que el memorándum se presentó en tiempo.
“No tiene fundamento alguno. Es cierto que el memorándum no se presentó como exig’e la ley — artículo 339 del Código de En-juiciamiento Civil, tal como quedó enmendado en 1917 — dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término para apelar, pero lo es también que habiendo sido-apelada la sentencia se archivó den-tro de los diez días siguientes al aviso oficial de la resoluión del Tribunal Supremo decidiendo el recurso, como la misma ley dispone.”

Aquí la sentencia del Supremo confirmando la de la corte de distrito que condenó en costas al demandante se dictó, como se ha dicho, el 19 de julio, 1933, recibiéndose el man-dato en la corte de distrito el 31 del propio mes y archiván-dose el memorándum el 4 de agosto siguiente, o sea dentro de los diez días de recibido el mandato. Véanse el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó en-mendado por la Ley No. 15 de 1917, Leyes de 1917, Vol. II, p. 229, y los casos de Morales v. Cruz Vélez, 36 D.P.R. 197; Royal Bank of Canada v. Goico, 36 D.P.R. 89; Noriega & Alvarez v. N. Y. & P. R. S. Co., 33 D.P.R. 557, y Empresa Teatral Ponceña v. Municipio de Ponce et al., 30 D.P.R. 539.

No hay base para juzgar si los honorarios son o no excesivos. La transcripción elevada a los efectos de esta apelación no comprende los autos del pleito principal, y a juzgar por lo que dice el juez én la resolución de que se apela, estuvo justificado al fijar la suma que fijara. El pleito versó sobre división de comunidad de una finca urbana valorada en $20,000. Pué largo y complicado, y en el acto de la vista del memorándum las partes estipularon que el abogado del demandado Acosta Velarde declararía que además del tra-bajo profesional que resulta de los autos, hizo un estudio de las constancias del registro de la propiedad y de todas las inscripciones relacionadas con la finca en litigio según se detallan en la certificación presentada como prueba. Bajo esas circunstancias no es posible concluir que la Corte de Distrito abusara de su discreción al fijar en ochocientos dó-lares los honorarios de abogado.

Debe desestimarse, por frívolo, el recurso.


author: El Juez Asociado Señoh Wolf,

text:
    Lucrecia Gutiérrez, demandante y apelante, v. Juan Ramón Ramos, demandado y apelado.
    No. 5901.

    Sometido: Febrero 9, 1933.

      Resuelto: Diciembre 6, 1933.

      José E. Díaz, abogado de la apelante; A. Beyes Delgado, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoh Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte Mnnieipal de Manatí se inició nn pleito recla-mando nn derecho de hogar seguro. Fue titulado así:

"Lucrecia Gutiérrez,
Representada por su
apoderado Manuel Marchan,
Demandantes.”
v.
Juan Ramón Ramos,
Demandado. ’ ’

Los tres primeros párrafos de la demanda leen como sigue:

“Comparece la demandante en el presente caso, Lucrecia Gu-tiérrez, representada por su apoderado que suscribe, y respetuosa-mente y bajo juramento expone y solicita:
“I. Que la demandante es mayor de edad, residente en Puerto Rico y vecina de este pueblo de Manatí, y el demandado es mayor de edad, y vecino de Manatí, Puerto Rico.
“II. Que la demandante, Lucrecia Gutiérrez, y ante el notario José C. Rodríguez Cebollero, otorgó un poder a favor del com-pareciente, el seis de enero de 1929, autorizándolo para llevar su re-presentación caso de pleitos.”

La demanda fue posteriormente enmendada pero no en forma substancial respecto a las alegaciones transcritas.

Comenzamos exponiendo estos hechos porque en varias formas los derechos de Manuel Marchán como supuesto repre-sentante de Lucrecia Gutiérrez están envueltos.

La Corte Municipal de Manatí falló a favor de la parte demandante. En apelación el demandado satisfizo los derechos para el señalamiento del caso en calendario, pero no pagó la cantidad de cinco dólares para la radicación del recurso, según lo exigían ciertas leyes de la Legislatura. Sin embargo, por virtud de las disposiciones de la llamada Ley No. 93 de 1917 que regía todo el campo de las apelaciones de las cortes municipales, se hizo innecesario que el apelante pagara derechos de radicación.

Esta Ley de 1917 la mencionan erróneamente el apelante y la corte como la Ley No. 93 del año de 1919. Ésa y otras leyes fueron promulgadas en 1919 con motivo de una deci-sión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y fueron decla-radas nulas y sin valor por la Corte de Circuito de Apela-ciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito en el caso de Porto Rico Telephone Co. v. People of Porto Rico, 47 Fed. (2d) 484. Resolviendo una moción para desestimar, la Corte de Distrito de Areeibo declaró que por virtud de la Ley No. 93 el apelante para ante ella no estaba obligado a satisfacer derechos para la radicación de un pleito; que cuando el caso fue apelado la Ley No. 93 no había sido de-clarada nula y que por nna ley posterior (la No. 94 de 1931, Leyes de ese año, pág. 463) los actos de los funcionarios del gobierno, cometidos en relación con las leyes y resoluciones conjuntas promulgadas con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico fueron convalidados, siempre que basta entonces no hubiesen sido impugnados ante los tribu-nales de justicia. La actuación de la Corte de Distrito de Arecibo, es atacada en apelación.

Hay una probabilidad razonable de que a falta de la ley validando lo actuado por los funcionarios del gobierno, el Secretario de la Corte de Distrito de Arecibo tenía derecho a recibir el caso por razón de la supuesta Ley No. 93. Hubiera sido una actuación similar a la de un juez de facto.

Posteriormente el caso fué desestimado por la Corte de Distrito de Arecibo porque al ser llamado para juicio la demandante dejó de comparecer debidamente. La corte dijo que había dos mociones radicadas por Manuel Marchán pidiendo la posposición del juicio, una de ellas alegando que había un certiorari pendiente ante la Corte Suprema de Puerto Rico. La corte resolvió que la moción de suspensión no podía prevalecer por no haber sido notificada en debida forma a la otra parte, o, más particularmente, por no haber sido la notificación debidamente jurada; que cuando los abogados admitidos al ejercicio de su profesión certifican respecto a una notificación, toda vez que son funcionarios de la corte, su simple certificación es suficiente, pero que cuando una persona particular o un apoderado trata de notificar a la parte contraria, debe hacerlo bajo juramento. La corte desestimó el caso fundándose en el artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Estamos muy de acuerdo con la Corte de Distrito de Are-eibo que un apoderado no tiene los mismos derechos que un abogado debidamente admitido, y que cualquiera notificación que haga, siempre debe ser jurada, suponiendo que tenga derecho a comparecer en forma alguna ante una corte.

El apelado no radicó alegato, pero dudamos seria-mente qne este pleito fuese propiamente iniciado en la Corte Municipal de Manatí. A excepción de las mismas partes, nadie que no sea un abogado debidamente admitido a pos-tular ante los tribunales tiene derecho a comparecer en re-presentación de otra persona.

El artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone:

“Toda acción deberá ejercitarse en nombre de la parte realmente interesada, excepto en los casos en que se dispone otra cosa por este Código. La comparecencia ante las cortes deberá hacerse por medio de abogado legalmente autorizado para ejercer su profesión con-forme a las disposiciones de la ley.”

Hasta tanto se nos demuestre lo contrario, resolvemos que el pleito de la corte municipal fue impropiamente iniciado y era enteramente nulo. Los poderes sólo se extienden a casos fuera de las cortes. Véase, v. g., 6 C. J. 818. Nece-sariamente la frase “abogados debidamente admitidos” ex-cluye de su campo de operación a los apoderados. Decimos esto teniendo en mente la excepción señalada por nuestra opinión en el caso de Hull v. Corte, 42 D.P.R. 151.

Debe confirmarse la resohición apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carlos Castillo Juarbe, acusado y apelante.
    No. 4898.

    Sometido: Noviembre 15, 1933.

      Resuelto: Diciembre 6, 1933.

      Luis Tirado Géigel, abogado del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Carlos Castillo Jnarbe fué convicto de una infracción a la Ley de Automóviles por baber dejado de tocar klaxon en tiempo oportuno, por así decirlo, para evitar lesionar a la persona de G-abriel Blanco. Sólo hubo dos testigos de cargo. El testimonio de los dos testigos de cargo fué en parte contra-dictorio. El hecho que no ha sido controvertido en este caso es que Blanco fué golpeado por el automóvil y que después del accidente sus piernas se hallaban atrapadas por las ruedas del vehículo. Dichos dos testigos no precisan con claridad cuándo y cómo fué golpeado.

El accidente ocurrió en la calle San Justo, entre las de Salvador Brau y Alien. Tomaremos conocimiento judicial de que hay mucho tránsito a través de ese sitio; que general-mente hay carros estacionados al lado este de la calle; que el espacio disponible para pasar un automóvil es muy redu-cido, de suerte que un conductor al pasar queda muy cerca de la acera del lado oeste. La evidencia tendió a demostrar que G-abriel Blanco caminaba por el lado oeste de la calle; que trató de pasar a un grupo de personas que estaban frente a él; que al intentar pasar fué cogido por el automóvil. Negó haber bajado a la calle, pero dijo que el automóvil se había subido a la acera. Por la prueba inferimos con bas-tante certeza que el automóvil no se subió a la acera. Tam-poco hay evidencia de que el mismo invadiese la acera.

En el caso de Aguayo v. Municipio de San Juan, 35 D.P.R. 425, dijimos:

“En cnanto al deber de dar aviso sostenemos como cuestión de derecho qne nn conductor de nn automóvil no tiene ninguna obli-gación de tocar su bocina constantemente al correr por las calles de una ciudad populosa a no ser qne sea para avisar a la gente qne ve o qne están tratando de cruzar, y lo mismo acerca de los vehículos. Generalmente entre cruces es una especie de estorbo (nuisance) el tocar continuamente la bocina a menos que sea para avisar a alguien que está a la vista en la calle o que hace señal de que va a cruzar.”

Desde luego, según expresa el fiscal, nn conductor debe tocar bocina cuando el peligro de otra persona es aparente, según se dijo o se indicó en el caso citado. No bailamos evidencia al' efecto de que Carlos Castillo Juarbe advirtiera peligro alguno para Blanco. No podemos resolver que el conductor hubiese podido prever que alguien se colocaría repentinamente frente al automóvil. Todo el caso tiende a demostrar que se trata de un accidente inevitable, por lo menos en lo que al acusado se refiere. Cualquier duda res-pecto a si al acusado se le presentó la ocasión de tocar bocina debe resolverse a su favor. Los hechos demuestran que al dirigirse hacia la calle Alien, Blanco, en vez de pasar al grupo por la derecha trató de hacerlo por la izquierda, más cerca de la calle, e, indudablemente que descendió de súbito a la calle.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acusado.


author: El Juez Asociado Señob. Wole,

text:
    The National City Bank of New York, peticionario, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. T. Torres Pérez, Juez Accidental, demandada.
    No. 925.

    Resuelto: Diciembre 7, 1933.

      E. T. Fiddler, José G. González y J. L. Górdova, abogados del peti-cionario.
   El Juez Asociado Señob. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una segunda moción de reconsideración. Am-parándose en un procedimiento sumario hipotecario en que un predio de terreno, o varios predios de terreno, fueron adjudicados al peticionario, éste alega tener un derecho pre-ferente sobre una venta hecha por El Pueblo de Puerto Rico para cobrar ciertas contribuciones. El peticionario sostiene que parte de estas contribuciones, aunque afecta a los bienes inmuebles, no constituía un gravamen sobre la propiedad, ya que caía fuera de los tres años inmediatamente anteriores a la venta en ejecución, y, asimismo, que otra parte de esos impuestos no constituía gravamen alguno por ser por con-cepto de arbitrios.

El peticionario trató de invocar el artículo 71 de la Ley Hipotecaria y de conseguir que la inscripción hecha por el Tesorero de Puerto Rico en el registro de la propiedad fuese cancelada.

Nos inclinamos a convenir con el peticionario en que la decisión de la corte de distrito negándose a aplicar el artículo 71, supra, no era apelable. Boscana v. Vivas Valdivieso, 39 D.P.R. 685; Lothrop v. Casalduc, 11 D.P.R. 563.

El argumento del peticionario se basa en gran parte en que él, y no El Pueblo de Puerto Rico, tiene la preferencia. Un motivo muy importante para denegar esta solicitud es nuestra idea de que cuestiones de ley substantiva, o municipal en un sentido amplio, deben primeramente ventilarse en nna corté inferior y no en la Corte Suprema. Puede ad-mitirse la importancia del caso, pero, en esencia, para las partes interesadas no es mayor que en los casos ordinarios oídos por las cortes de distrito, algunos de ellos pendientes en apelación ante este tribunal. En una u otro forma, el peticionario en este caso debe llevar su acción a la corte de distrito. Las cortes de distrito tienen jurisdicción general sobre las actuaciones de los registradores, y un pleito contra el registrador tal vez sea suficiente. No estamos, sin .embargo, sugiriendo que éste es el remedio adecuado para el peticionario.

Hemos tenido una duda en este caso con motivo del becho de que El Pueblo de Puerto Rico quizás podría alegar que es el demandado propio y que no se puede incoar acción en su contra, pero si esto fuera así, análogamente podría apli-carse a la tentativa de invocar el artículo 71 de la Ley Hipo-tecaria contra El Pueblo de Puerto Rico.

Debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Natalia Sosa, demandante, tercerista y apelante, v. Manuel Sosa y Central Coloso, Inc., demandados y apelados.
    No. 6194.

    Sometido: Noviembre 17, 1933.

      Resuelto: Diciembre 7, 1933.

      Buenaventura Esteves, abogado de la apelante; García Méndez é García Méndez, abogados de la Central Coloso, Inc.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Natalia Sosa apela de una resolución aprobando un me-morándum de costas, excepto en lo que se refiere a una partida de $250 para honorarios de abogado, que fue reducida a $150. Los motivos de la apelación son que la corte de distrito co-metió error al aprobar el memorándum y al desestimar la impugnación de la Sra. Sosa al mismo; y que la resolución apelada es contraria al artículo 327 del Código de Enjuicia-miento Civil, tal como fue enmendado por la Ley No. 38 de 12 de abril de 1917, Leyes de ese año, tomo I, pág. 206, contraria al artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, según quedó enmendado por la Ley No. 15 de noviembre 19, 1917, Leyes de ese año, tomo II, pág. 228, contraria a las secciones 12, 14 y 15 de la Ley proveyendo el procedimiento en casos de tercería de bienes muebles, etc., aprobada el 14 de marzo de 1907 '(Estatutos Bevisados de 1911, secciones 5271, 5273 y 5274), y contraria a la prueba.

El memorándum contenía una partida de $6.75 por concepto de derechos del márshal. Este funcionario declaró respecto al embargo de un autocamión que la Sra. Sosa pos-teriormente alega era de su propiedad. La contención de la apelante es que los derechos por practicar este embargo no eran indemnizables como parte de las costas incidentales a la reclamación de la Sra. Sosa de los bienes embargados. No hallamos que éstos fueran los derechos especificados en el memorándum y concedidos durante la vista por el juez de distrito. El márshal meramente mencionó el embargo de un autocamión en el cnrso de su reseña de los sucesos que cul-minaron en la presentación de la tercería de la Sra. Sosa, de la prestación de una fianza, entrega del autocamión a la Sra. Sosa, embargo posterior de bienes pertenecientes a uno de los fiadores y entrega de nuevo del autocamión por el fiador. Al terminarse el testimonio del mársbal los letrados de la Central Coloso ofrecieron como prueba otro mandamiento de embargo librado en el curso del procedimiento de tercería. El abogado de la Sra. Sosa se opuso a la admisión de esta prueba fundado en que no se refería al truck que era objeto de la tercería. La prueba en sí no fué incluida en la expo-sición del caso y no podemos asumir con la apelante que los derechos del mársbal concedidos por la corte de distrito fueron por practicar el primer embargo más bien que por el segundo.

La sentencia que dió origen al memorándum de costas fué dictada en 22 de enero de 1932. Copia de la notificación enviada a la Sra. Sosa fué archivada el 26 de enero. El término dentro del cual podía interponerse apelación contra esta sentencia expiró el 5 de febrero. De ahí que la apelante arguya que el término para radicar el memorándum de costas expiró el 15 de febrero. El memorándum fué archivado el 3 de marzo. Empero en el ínterin la Sra. Sosa había radi-cado una moción de reconsideración. La corte de distrito se negó a considerar esta moción, y al mismo tiempo .enmendó su sentencia. También se hizo notificación de esta sentencia enmendada y se archivó copia de dicha notificación. No se interpuso apelación. El memorándum de costas fué radicado dentro del período estatutario si se cuenta a partir de la fecha en que expiró el término dentro del cual debió haberse perfeccionado tal recurso de apelación. Podría admitirse que la moción de reconsideración no interrumpió ninguno de los términos en cuestión, mas a nuestro juicio pudo apelarse de la sentencia, tal cual fué enmendada. La corte de distrito no cometió error al declarar sin lugar la objeción de la Sra. Sosa al efecto de que el memorándum no se había archivado dentro del período fijado por el estatuto. La sección 15, supra, dispone qne si dentro de los diez días de haberse dic-tado el fallo contra el reclamante éste devolviera la propiedad entregádale “en la misma bnena condición en qne la hubiere recibido, y pagare por el nso de la misma, así como por los daños y costas cansados, con tal entrega y pago, se tendrá por satisfecha la sentencia.” Asnmiendo para los fines de la argumentación qne el autocamión al ser devuelto por uno de los fiadores de la Sra. Sosa, estaba en tan bnena condi-ción como al tiempo de serle entregado a la Sra. Sosa, sub-siste el hecho de que ni la Sra. Sosa, ni sus fiadores habían pagado por el nso del autocamión, incluyendo o excluyendo los daños y costas. Esto resuelve la contención de que la resolución apelada era contraria a la prueba.

La apelante también indica que las costas, al ser concedidas en un procedimiento de tercería, no deben ser interpretadas en el sentido de que incluyen honorarios de abogado. En ausencia de cualquier razón satisfactoria para tal excepción a la regla general, no podemos estar de acuerdo con este criterio. Las objeciones relativas a la regularidad de la sentencia son suscitadas demasiado tarde al ser plan-teadas por primera vez después de radicarse un memorándum de costas basado en tal sentencia.

Debe confirmarse la resolución apelada.