author: El Juez Asocíalo Señob de Jesús

text:
    Federico Alcalá, demandante y apelado, v. Ponce Star Line, Inc., demandada y apelante.
    Núm. 8845.

    — Sometido: Abril 13, 1944.

      Resuelto: Julio 3, 1944.

      Leopoldo Tormes García, abogado de la apelante; Erasto Arjona Siaca, abogado del apelado.
   El Juez Asocíalo Señob de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este caso tuvo su origen en la Corte Municipal de Ponce mediante una querella que en cobro de salarios radicó Federico Alcalá contra la Ponce Star Line, Inc. Se alegó come causa de acción que desde el 2 de julio de 1940 hasta el 5 de noviembre de 1941, el querellante trabajó como revisado r de los autobuses y vehículos y del material rodante que la querellada utilizaba en la empresa de porteador público que-tiene establecida en Ponee; que el jornal convenido .fue de $1.50 diario a base de ocho horas de trabajo; que durante los 488 días comprendidos entre dichas dos fechas, el quere-llante recibió un salario de $1.50 diario, pero no tuvo com-pensación alguna por siete horas extras que diariamente tra-bajó durante dichos 488 días; que el querellante tiene derecho a doble compensación a razón de 36% centavos por cada hora extra trabajada, y que dichas siete horas diarias extras du-rante el tiempo indicado tienen un valor de $1,252.53, por cuya cantidad el querellante solicitó sentencia. La corte de distrito en el juicio de novo que celebró a virtud de apelación interpuesta por la querellada contra la sentencia que obtuvo el querellante en la corte municipal, dictó sentencia conde-nando a aquélla al pago de $732 por concepto de horas extras,, calculando doble compensación (36% centavos) por la novena hora y compensación sencilla (18% centavos) por las restan-tes seis horas extras diarias.

La primera cuestión que levanta la apelante es que-la querella no aduce hechos constitutivos de causa de acción. Al argumentar en apoyo de la excepción previa, la apelante recurre a la prueba presentada en el juicio, tratando de sos-tener que de acuerdo con dicha evidencia el querellante no-trabajaba en un establecimiento, pues no tenía sitio fijo donde realizar su trabajo, y que por lo tanto el trabajo realizado por el apelado no está incluido en los que contempla la Ley núm. 49 de 7 de agosto de 1935 (Sesión Extraordinaria, pág. 539), en la cual el querellante basa su causa de acción.

La insuficiencia de una demanda puede subsanarse por la evidencia admitida sin oposición; en cambio una demanda que como la del presente caso aduce hechos constitutivos de causa de acción, no deja de ser suficiente por el hecho de que sus alegaciones no estén sostenidas' por la evidencia.

Ya hemos visto que el querellante alegó que el trabajo en relación con el cual reclama compensación, lo realizaba para la empresa de porteador público que la querellada tiene en Ponce. La empresa a que se refiere la querella está claramente comprendida dentro de la frase “negocio lucrativo” usada en la sección 1 de la ley antes referida, la cual, en lo pertinente, dice:

“A ninguna persona se le empleará o se le permitirá que tra-baje en ningún establecimiento comercial, industrial, agrícola o en cualquier oir o negocio lucrativo, más de ocho (8) horas durante cual-quier día natural.” (Bastardillas nuestras.)

Y el trabajo que el querellante realizaba en la empresa de la querellada está claramente incluido en la sección 4 de la misma ley, que en lo pertinente dice:

“En esta Ley, a menos que del contexto de ella se deduzca otra cosa, se aceptarán las siguientes definiciones de palabras y frases de lá misma:
< * # « « # #
“ ‘Ocupación lucrativa’ incluye toda obra o todo trabajo en factorías, molinos, centrales, talleres de maquinaria o estableci-miento ... y en toda empresa de minería o pesquería, o de cual-quiera otra índole, industrial, comercial o agricola.” (Bastardillas nuestras.)

No erró, pues, la corte al declarar sin lugar la excepción previa de falta de causa de acción.

Considerando ahora los méritos del caso, tenemos qne llegar a la inescapable conclnsión de qne la corte a qno cometió manifiesto error en la apreciación de la prueba. Repetidas veces en el curso de su testimonio inequívocamente declaró el querellante que el convenio celebrado entre él y su patrono fué trabajar quince horas diarias por $10.50 a la semana, o sea a razón de $1.50 diario (T. de E., págs. 23 y 38). Aceptando como cierta la declaración del propio querellante, la conclusión a que llegó la corte inferior al efecto de que el patrono se obligó a pagar al obrero $1.50 por cada día de ocho horas de trabajo, no está sostenida por la evidencia. Sin duda, la corte fué inducida a error por el hecho de que la Ley núm. 49 de 1935, en su sección primera antes transcrita, prescribe que “a ninguna persona se le empíeará o se le permitirá que trabaje . . . más de ocho (8) horas durante cualquier día natural.” Perdió de vista la corte que, como resolvimos en el caso de Cardona v. Corte, 62 D.P.R. 61 y posteriormente en el de Muñoz Colón v. Corte, ante, pág. 236, la ley que interpretamos no es una de salario mínimo y por consiguiente si el obrero ha realizado una jornada mayor de ocho horas por un precio convenido para dicha jornada, él está obligado por su contrato, y habiéndosele pagado el jornal pactado, sólo puede recobrar del patrono la compensación extra por la novena hora de cada día trabajado.

Según declaró probado la corte inferior, el querellante trabajó 488 días. Habiendo trabajado quince horas cada día, necesariamente está incluida en las quince una novena hora diaria durante cada nno de los 488 días trabajados, o sea 488 horas. Mas como el querellante había' recibido com-pensación sencilla por la novena hora al pagársele de acuerdo con lo pactado $1.50 diario por 15 horas de trabajo, el patrono sólo le debe la compensación extra por dichas 488 horas que representan la novena hora de cada día trabajado, las cuales a razón de diez centavos por hora importan $48.80. Fué por esa cantidad y no por $732 qne la corte debió dictar sentencia a favor del querellante. Muñoz Colón v. Corte, supra.

Por lo expuesto se modifica la sentencia apelada en el sen-tido d$ condenar a la apelante a pagar al apelado la cantidad de $48.80, y así modificada se confirma.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob Todd, Jb.,

license: Public Domain

text:
    Loíza Sugar Company, demandante y apelada, v. Jorge Zequeira Benítez, demandado y apelante.
    Núm. 8787.

    — Sometido: Marzo 17, 1944.

      Resuelto: Julio 3, 1944.

      Celestino Triarte., F. Fernández Cwyar, H. González Blanes y E. Márquez Huertas, abogados del apelante; Sifre, Franceschi <& Sifre, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Todd, Jb.,

emitió la opinión del tribunal.

Dos son las cuestiones fundamentales envueltas en este litigio. Primero, si a virtud de nn poder otorgado por el demandado, Jorge Zequeira, a favor de su hermano Javier Zequeira, estaba éste facultado, en transacción de unos plei-tos, para otorgar un contrato reconociendo una servidumbre a favor de la demandante y, segundo, si el demandado, por Sus actuaciones ratificó dicho contrato. Los hechos son los siguientes :

Javier y Jorge Zequeira Benítez adquirieron en común pro indiviso por herencia'de su padre Javier Zequeira, la finca Santa Inés, de 512 cnerdas más o menos, sita en el barrio del Pneblo, sitio El Cacique, de Loíza. Colindante con esta finca está nna de la demandante Loíza Sugar Cnr Allá por el año 1914 y siendo ya dueño de su condominio en la referida finca el demandado, Jorge Zequeira Benitez.se marchó hacia los Estados Unidos con el propósito de estudiar medicina en una universidad de la ciudad de Chicago.. Desde mucho antes de 1914 la demandante había construido a sus expensas, en diversas fechas, varias vías de ferrocarril que penetraban y cruzaban por distintos sitios la referida finpa Santa Inés. En el año 1916, y estando el demandado en Chicago radicó en la Corte de Distrito de San Juan,-por mediación de su abogado Eugenio Benitez, dos acciones contra la ahora demandante y en las cuales se incluyó como parte demandada a su hermano Javier Zequeira Benitez por'haberse negado a ser parte demandante. Una de estas acciones eya para\obtener el levantamiento de las vías férreas anterior-mente mencionadas y la otra para que se le resarciera' -de los daños y perjuicios ocasionados por el mantenimiento de tales vías. Copiamos los hechos restantes de la extensa y bien razonada opinión del juez inferior:

“... Era el fundamento de ambas demandas que la Loíza Sugar Company'había tendido dichas vías y había venido operando sus tre-nes sobre ellas sin tener derecho para ello pues no existía contrato alguno de servidumbre entre Jorge Zequeira y Loíza Sugar Company. El primer pleito titulado ‘negatoria de servidumbre’ termiñó por sentencia a favor de la demandada y fué apelado por Jorge Zequeira al Tribunal Supremo. Contra la segunda acción se había establecido una excepción previa a la demanda que estaba pendiente de resolución. Pué entonces que el demandado Jorge Zequeira otorgó en Chicago y a fav'or de su hermano Javier el poder que se copia en la demanda y que en lo partinente dice así: ' '
“ ‘... by these presents make, constitute and appoint my brother, Javier Zequeira, of Loíza, Puerto Rico, my true and lawful attorney for me and in my name, place and stead and for my use and benefit to grant, bargain and to make all kinds of contracts, and specially to make contracts of lease for ten years or more of the finca Santa Inés, ... to whom and upon such terms as my said brother Javier Zequeira may deem best of all my right, title, and interest, estate and generally to say, do, act, transfer, determine, accomplish and finish all matters and things whatsoever relating, to the said finca Santa Inés, as fully amply and effectually to all intents and purposes as I might or could do if personally present, with full power of substitution or revocation, whereby (sic) ratifying, confirming and holding valid all that my said brother or his substitute shall lawfully do or cause to be done by virtue of these presents.’
“Recibido este poder por Javier Zequeira compareció éste ante el. notario Eduardo Acuña Aybar con Enrique González Rodrigue/, Presidente sustituto de la demandante, y con fecha 24 de diciembre de 1919 otorgaron una escritura, donde después de copiar íntegro el poder a que antes nos hemos referido y de hacerse constar que tanto Javier como su poderdante Jorge eran dueños de la finca Santa Inés y describir en detalle las distintas vías férreas que cruzaban dicha finca y decir González Rodríguez que la demandante era dueña de la Central Canóvanas y de la finca donde estaba enclavada y de mencionar ios pleitos entablados por Jorge Zequeira contra la Loíza Sugar Company se manifestó ‘que no obstante el fallo recaído en el primer pleito reseñado, deseosas las partes litigentes de terminar sus diferencias sin esperar el resultado final de ambos litigios y de los más que con ocasión de aquéllos pueden promoverse, han cele-brado una transacción, sobre las' bases que más adelante se consig-nan, a la que concurre y asiente el otro compareciente señor Javier Zequeira Benitez, como elemento necesario de la misma, en su con-dición de condueño de una mitad de la finca que ha de ser afectada por los términos de dicha transacción, cuyas bases son como sigue, a saber: ’, estipulándose entonces que los hermanos Zequeira acepta-ban y reconocían ‘que la Loíza Sugar Co. y sus antecesores en título han construido a su exclusivo costo, desde fechas indeterminadas sobre la dicha finca Santa Inés, las vías férreas, ramales y desvío que se reseñan en el precedente cuarto de este instrumento, y las ha uti-lizado manteniendo en operación con y sobre ellas su ferrocarril privado para transporte de cañas y otros efectos a su factoría Canó-vanas, y como materia de derecho, reconocen igualmente y declaran que tales construcciones de líneas, y tal mantenimiento en operación del susodicho ferrocarril, se han efectuado por dicha Loíza Sugar Ce. y sus causahabientes bajo título legal y obligatorio para los dueños de la finca Santa Inés, en orden a cuyo título y como efecto de su reconocimiento convienen en darlo por totalmente curado de. cual-quier vicio o defecto de que adolecer pudiera su constitución. Segunda. — Los propios señores Zequeira Benitez en su condición expresa de únicos dueños de la predicba finca, constituirán sobre ella y a favor de la Loíza Sugar Co. y sus sucesores en título, una servidumbre de vía férrea, de acuerdo con las líneas, ramales y des-vío ahora existentes, cuya servidumbre se' mantendrá por todo el tiempo que a la Loíza Sugar Co. convenga, sujeta a las condiciones de pagar por ella a los dueños del predio sirviente una suma an'ual anticipada de seiscientos dollars, y de mantener un portón en cada uno de los linderos este y oeste de la finca, en los sitios de entrada y salida de la vía general. Teroera. Como precio o consideración de los reconocimientos y convalidaciones de título que encierra ’a base primera, y también del uso y ocupación de terrenos por la vía durante todo el tiempo anterior a esta fecha e indemnización cuantos daños y perjuicios y menoscabos se hayan causado a la fino.-’ Santa Inés, o a sus dueños, y poseedores, por razón de tales vías, la Loíza Sugar Co. pagará a los hermanos Zequeira cinco mil dos-Bicntos dollars distribuidos así: dos mil ochocientos dollars cubriendo todo el tiempo comprendido desde la fecha indeterminada de insta-lación de tales vías hasta el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos quince, y dos mil cuatrocientos dollars cubriendo a razón de seiscientos dollars anuales los cuatro años que median desde pri-mero de enero de mil novecientos dieciséis a treinta y uno de diciem-bre corriente. Cuarta. El señor Jorge Zequeira Benitez desistirá a su exclusivo costo de los dos pleitos ahora pendientes a que se hace referencia en los precedentes sexto y séptimo de este instru-mento. Consiguientemente en ejecución de dicha transacción los comparecientes señores Zequeira constituyeron una servidumbre per-petua en favor de la finca donde se halla enclavada la Central Canó-Vanas y autorizaron a dicha corporación azucarera a ocupar cierta faja de terreno de la finca Santa Inés para mantener sobre ella una línea fija de ferrocarril comprometiéndose la Loíza a satisfacer las indemnizaciones convenidas. Javier Zequeira hizo constar en la escri-tura que con anterioridad había recibido la suma de $5,200 allí con-venida y que el contrato se había otorgado ‘dentro de la amplia y general facultad de resolver y terminar todas las materias y asuntos referentes a la finca ffania Inés, que contiene la última cláusula del poder de su mandante don Jorge Zequeira y con arreglo a las instruc-ciones especificas que por éste le han sido comunicadas.’ ” (Bas-tardillas nuestras.)

En la contestación en el caso de autos el demandado ad-mitió que había recibido cierta cantidad de dinero de la de-mandante en concepto “de indemnización” por el uso de su finca por la demandante y que a virtud de dicho pago el de-mandado abandonó los pleitos que había entablado contra la demandante.

La corte inferior resolvió que de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 1604 del Código Civil (ed. 1930) al efecto de que “Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cual-quier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso,” el poder arriba transcrito, por sí solo, era insufi-ciente para autorizar al apoderado Javier Zequeira Benitez para constituir a favor de la demandante una servidumbre perpetua. Sin embargo, llegó a la conclusión de que dicho poder expresamente autorizaba al apoderado para transigir pleitos en relación con la finca Santa Inés y que, por lo tanto, el contrato de servidumbre era válido ya que había sido otor-gado en transacción de los pleitos arriba mencionados. Asi-mismo llegó a la conclusión de que aun en el supuesto de que dicho contrato no fuera válido al ser otorgado, el mismo había sido convalidado y ratificado a virtud de actuaciones posteriores del demandado. El apelante en este recurso se-ñala como errores las dos conclusiones de derecho arriba ex-puestas.

No erró la corte inferior al resolver que el poder otorgado por el demandado no era suficiente para autorizar a su hermano a constituir una servidumbre perpetua a favor de la demandante. Los mandatos son de interpretación estricta, y siendo la creación de una servidumbre perpetua un acto de riguroso dominio (XI Manresa, pág. 450, ed. 1905), bajo los preceptos del artículo 1604 del Código Civil, supra, era requisito indispensable el otorgamiento de mandato ex-preso para que el mandatario hubiera podido establecer dicha servidumbre. Cf. Font v. Registrador, 57 D.P.R. 648; Lokpez v. Lokpez, 61 D.P.R. 618. No consideramos necesario resolver si por el hecho de que el poder concedía al man-datarlo la facultad de transar pleitos en relación con la finca Santa Inés pudo él constituir la servidumbre ya que somos de opinión que la corte sentenciadora tampoco erró al resolver qne el contrato otorgado por el mandatario fué ratificado por el demandado. Las conclusiones de hecho a que llegó dicha corte están ampliamente sostenidas por la prueba.

La corte inferior consideró probado el hecho de que la Loíza Sugar Company cumplió en todas sus partes el contrato de transacción y constitución de servidumbre y que pagó las cantidades convenidas a Javier Zequiera; que en el año 1928 Jorge Zequeira regresó a Puerto Rico y, según su propio tes-timonio, en dicho año o en el 1929, tuvo una entrevista coo el administrador de la central demandante en sus oficinas, y allí se le mostró el contrato de servidumbre que se copia en la demanda; que entonces protestó, aduciendo que nunca ha-bía dado poder para ello, aunque admitió que había venido recibiendo los $300 anuales que le correspondían bajo el con-trato, pero alegó que lo había venido haciendo por concepto “de servicio de vías” a través de su finca mientras durase el arrendamiento que la demandante tenía de la finca. Des-pués de esa conversación con el administrador, dijo el de-mandado que continuó recibiendo los $300 “pero solamente con el entendido de que mientras durara el arrendamiento por el cual se regía la finca”. Empero, es de notarse como hecho significativo que contradice al demandado, que hasta el 7 de julio de 1932, la finca Santa Inés no había sido disfrutada en arrendamiento por la ahora demandante pues no fué hasta esta última fecha que la central adquirió como subarrenda-taria el arrendamiento que tenía José Iturregui; por tanto, con anterioridad al 1932, nada tenía que pagar dicha central al demandado por concepto de cánones de arrendamiento, y lo que pagaba lo hacía por concepto del uso de la servidumbre de acuerdo con el contrato de transacción. La demandante siempre tuvo buen cuidado de insertar en los cheques de los pagos que hacía, primero a Javier y luego al demandado, que los hacía por concepto de la servidumbre de vía que pasaba por la finca Santa Inés. En tres de los cheques expe-didos a favor del demandado, fechados en diciembre 30, 1931, diciembre 30, 1932. y diciembre 29, 1933, y los cuales fueron presentados en evidencia, se hizo constar claramente que se extendían como pago de la referida servidumbre de paso y fueron cobrados por el demandado; uno de estos cheques, o sea el de diciembre 30 de 1931 fué extendido y cobrado por el demandado cuando la central demandante no tenía en arren-damiento la finca Santa Inés y no tenía, por tanto, que hacer pago alguno por ese motivo al demandado.

Recientemente dijimos en Dooley v. Pantoja, 61 D.P.R. 642, 645, lo siguiente:

“El segundo párrafo del artículo 1618 de nuestro Código Civil dispone que ‘En lo que el mandatario se baya excedido, no queda obligado el mandante sino cuando lo ratifica expresa o tácitamente.' Quizá, el mejor método de determinar que un principal ha ratificado los actos de un agente- no autorizado es estableciendo que el principal ha .recibido los beneficios o frutos de la transacción én cuestión (Restatement Agency, Sección 08). ...
“Pero el recibo de los frutos de la transacción en cuestión no es el único medio de ratificación por un principal de las actuaciones no autorizadas de su agente. Si un principal decide conducirse en forma tal que sus actos y todas las circunstancias concurrentes indican una ‘ratificación ... de un acto anterior que no lo obligaba pero que fué ejecutado o se pretendió ejecutar a su nombre ... al acto . . . se le da efecto como si hubiera sido originalmente autorizado por él’ (Restatement, Agency, sección 82). Cf. Lohpez Finlay v. Loh-pez et al., ante, pág. 618, decidido en 25 de marzo de 1943. Siempre que tal conducta inequívocamente constituya una ratificación, ese principal no puede en una fecha muy posterior repudiar su propia conducta al descubrir tardíamente que su agente nunca le entregó los frutos de la transación. (Citas).

Se queja el apelante de que el juez inferior estimara pro-bado que Jorge Zequeira “admitió que había recibido los $300 anuales” y alega en contrario que desde 1919 hasta 1931 fué Javier Zequeira quien recibió dichos $300 y que de 1931 en adelante, año en que empezó a recibir dichos $300, según su propia declaración, los recibió por concepto del servicio de vías a través de sn finca mientras durara el arrendamiento. Así pues, vemos qne en la página 13 de su alegato el apelante categóricamente niega que Jorge Zequeira recibiera cantidad alguna antes de 1931, ya que dice “a Jorge Zequeira la Central no le ha pagado un centavo desde 1919 hasta 1931”. Empero, a las páginas 14 y 15 de su alegato, al tratar de explicar el muy significativo hecho expuesto por el juez inferior de que no filé hasta el 1932 que la central adquirió en arrendamiento la finca Santa Inés (recuérdese que el apelante declaró que desde 1931 en adelante empezó a recibir los $300 por concepto del arrendamiento) nos dice el apelante lo si-guiente : “es inescapablemente cierto que desde antes de 1932 la central estaba pasando sus vías por terrenos de la pro-piedad de Jorge Zequeira y que por tal uso de los terrenos la central venía obligada a pagar alguna cantidad de dinero a J or ge Zequeira, de suerte que nada tenía que pagar dicha central ‘por concepto de cánones de arrendamiento’ pero sí algo tenía que pagar por concepto de paso de vía y uso de terrenos ajenos” (Bastardillas nuestras). Esta aseveración-claramente es una admisión de que Jorge Zequeira desde mucho antes de 1932 recibía los $300 que pagaba la Central ¿Cómo los recibía? El apelante mismo ya nos lo ha dicho; desde 1919 hasta 1931 la central se los pagó a su hermano Javier. Luego su hermano Javier tiene que habérselos entre-gado a él para que fuera posible que él los recibiera, y ahon-dando un poco más en la cuestión resulta con entera claridad, a la luz de lo dicho en Dooley v. Pantoja, supra, que Jorge Zequeira tiene que haber ratificado el contrato de servidum-bre. Veamos por qué. En 1928, al llegar a Puerto Rico, según alega el propio apelante, él tuvo completo conocimiento del contrato de servidumbre, así como de todos los derechos y obligaciones que presuntivamente bajo él se establecían, y tan es así que sostuvo una conferencia con Mr. A. Cochran, Administrador de la Central, a ese respecto. A este hecho debemos añadir que Jorge Zequeira, si bien regresó a Puerto Eticó en 1928, no se hizo cargo de la finca, ni de sns intereses en ella hasta el año 1931, cnando falleció sn hermano Javier. Al efecto, a la página 76 de la T. de E. declara lo siguiente:

.“P. ¿Desde cuándo comenzó a recibir usted dinero correspon-diente a ese servicio de vía, que usted recuerde?
.... “ R. Pues que yo recuerde, desde que murió mi hermano, en el 1931, que yo pasé el primer recibo.
“P. ¿Antes de eso, usted no percibió nunca dinero de eso?
“R. Nunca, lo daba por recibido porque mi administrador lo recibía. ’ ’

De todo esto surge claramente, que desde 1928 hasta 1931 Javier Zequeira era el administrador autorizado del deman-dado en relación con la finca Santa Inés, y que el demandado, aun cuando tenía entero • conocimiento de los términos del contrato de servidumbre, daba por'recibido el dinero porque su administrador lo recibía. Y si examinamos los exhibits 7 y 8 de la demandante (págs. 98 y 99 T. de E.) vemos que el exhibit 7 es un cheque de diciembre 28, 1929 por $600 a la orden de Javier Zequeira, y el exhibit 8 uno de 16 de agosto de 1930 por $582 a la orden de Javier Zequeira. En ambos cheques aparece que el concepto por el que se hace el pago es por servidumbre de paso por la finca Santa Inés, y al dorso de estos cheques se expresa “aceptado y endosado en saldo de la cuenta que al dorso se expresa” constando a renglón seguido la firma de Javier Zequeira. Como bien dice la de-mandante en su alegato: “Si Jorge repudió el contrato, como pretende alegar, ¿por qué permitió a su administrador el acep-tar estos pagos en la forma expresada?” ¿Y por qué, aña-dimos nosotros, recibió dichos pagos, como ya anteriormente hemos visto que los recibió, si su administrador los había aceptado por tal concepto si es cierto que no estaba autori-zado a aceptarlos? Pero es que hay aun más. Como ya hemos dicho, el 30 de diciembre de 1931 la demandante, en un cheque librado a favor del demandado Jorge Zequeira por $300, hizo constar al margen lo siguiente:

"Concepto del Pago. Finca Santa Inés. Mitad de la servidum-bre de vía que pasa por la finca, por un año anticipado,' que vence en diciembre 31, 1932.”

Y al dorso de dicho cheque consta lo siguiente:

"Aceptado y endosado en saldo de la cuenta que al dorso se expresa.
"Para abonar a mi cuenta con el N. Y. National City Bank. (Fdo.) Dr. Jorge Zequeira.”

De suerte que aquí ya no es el administrador quien endosa aceptando el saldo de la cuenta expresada al dorso. Aquí -quien firma, sin protesta de ninguna especie, es el propio demandado. A nuestro juicio, esta prueba, junto con todas las demás actuaciones del demandado desde que regresó a Puerto Rico, es suficiente para concluir, de acuerdo con la doctrina del caso de Dooley, supra, que el demandado ratificó el contrato de servidumbre otorgado por su hermano y que procede ¡a confirmación de la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Toe®, Jr.,

text:
    Santos Vázquez Morales, demandante y apelante, v. Josefina Díaz Rentas, demandada y apelada.
    Núm. 8899.

    — Sometido: Mayo 16, 1944.

      Resuelto: Julio 3, 1944.

      Ramón G. Goyco, abogado del apelante; Josefina Díaz Rentas, por su propio' derecho.
   El Juez Asociado Señor Toe®, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión de algún mérito envuelta en este recurso es si la corte inferior erró al proceder a la vista de este caso de hábeas corpus sin que la demandada hubiera radicado su contestación (return) por escrito al auto expedido. Los he-chos son los siguientes:

El 29 de enero de 1942 Santos Vázquez obtuvo sentencia de divorcio contra su esposa Josefina Díaz y en ella se dis-puso que “el hijo habido en dicho matrimonio, nombrado José Santos Vázquez, de nueve meses de edad, quede bajo el cuidado y patria potestad del demandante.” El 16 de julio de 1943 Santos Vázquez radicó en la corte inferior una pe-tición de hábeas corpus jurada, alegando que debido a la corta edad de su hijo lo dejó interinamente en poder de la deman-dada, sin ánimo ni intención de renunciar a la custodia y patria potestad del niño, creyendo que estaría mejor ‘con la madre, lo que no ha sido así, ya que dicho niño, ahora de tres años de edad, - está mal atendido, abandonado y descui-dado pues la madre nunca está en su casa y lo deja al cui-dado de otros familiares; que el demandante ha requerido a la demandada para que le entregue el niño a lo que se ha negado; que los mejores intereses del niño requieren sea restituido al cuidado de su padre que lo puede tener y atender debidamente.

La corte expidió el auto correspondiente y el día señalado para la vista compareció la madre con su hijo y sin repre-sentación legal y al darse cuenta la corte de que no había radi-cado contestación alguna ocurrió lo siguiente:

“Juez: — La demandada Josefina Díaz, ¿qué quiere decir a la Corte, qué es lo que tiene que contestar a la petición que se hace, o sea, aquí dice que el niño quedó con .usted porque tenía, un año, pero que ahora tiene tres años y que el niño lo tiene abando-nado, que usted nunca está en su casa, que siempre está afuera, que lo tiene abandonado, descuidado, mal atendido?
“Demandada: — Yo no lo tengo mal atendido a él.
“Juez: —¿Y que el padre de él, o sea, el demandante Santos Váz-quez Morales lo puede tener mejor que usted?
“Demandada: No, señor.
“Juez: ¿Entonces, usted niega todo lo que se dice aquí?
“Demandada: —Sí, señor. Yo lo niego.
“Juez: ¿Usted trajo testigo para probar su negativa?
‘ ‘ Demandada: —Sí, señor.
“Juez: —Bueno, pues siéntese ahí. Vuelva allí. Prueba del demandante. ’ ’

El demandante no hizo objeción a que continuara la vista ni anotó excepción alguna. Practicada la prueba de ambas partes la corte dictó sentencia declarando sin lugar la peti-ción por entender que el bienestar del menor, José Santos Vázquez, requería que continuara bajo el cuidado y la aten-ción de su madre. Contra esta sentencia interpuso el deman-dante el presente recurso de apelación en el que alega que la corte inferior erró al entrar en la vista del caso sin haberse radicado un return o contestación, estando por tanto admiti-dos los hechos de la petición, y al apreciar la prueba.

El primer señalamiento envuelve una cuestión nueva en esta jurisdicción.

El artículo 476 del Código de Enjuiciamiento Criminal, cuya traducción en español no se ajusta correctamente al texto inglés, dispone, en lo pertinente, en este idioma, que: “The person upon whom the writ is served must state in Ms return, plainly and unequivocally:” lo que en las distintas subdivi-siones de dicho artículo se especifica; y en la subdivisión quinta se provee que: “The return must be signed by the person making the same, and, except when such person is a sworn public officer, and makes such return in his official capacity, it must be verified by his oath.”

No hay duda alguna, por tanto, de que la persona contra quien se expide un auto de hábeas corpus, está en la obliga-ción no sólo de llevar a la corte a la persona detenida por ella, sino de radicar una contestación (return) jurada (cuando no sea nn funcionario público) exponiendo los motivos de la detención. Esta contestación (return) no es, como sostiene el apelante “una contestación a la petición de habeas corpus” sino la alegación que hace la persona contra quien se ha expedido el auto por la corte y corresponde a la demanda en las acciones civiles. Que esto es así lo comprueba el artículo 480 del mismo código que autoriza al peticionario a excepcionar la suficiencia del return o controvertir o negar las cuestiones de hecho expuestas en el mismo. Se ha' re-suelto en los casos. citados y en otros, que de acuerdo con estatutos como el nuestro, la persona contra quien se dirige el auto está en la obligación de radicar la contestación (return) al auto. Empero, tanto en el caso de Jensen v. Sevy, supra, como en el de Commonwealth v. Zoretshie, 188 Atl. 365 (Penn. 1936) se resolvió que cuando el peticionario no hace objeción alguna en la corte inferior y la vista se celebra, presentándose la prueba de ambas partes, el hecho de que no se haya radicado una contestación no hace inválido el procedimiento. El caso de Zoretshie es similar al de autos, pues en él un padre también solicitó se expidiera un auto de hábeas corpus para recuperar la custodia de su hijo que estaba bajo el poder de sus abuelos maternos y éstos si bien comparecieron a la corte con el niño no radicaron contesta-ción alguna (aunque sí lo hizo el alguacil {sheriff), actuación que la corte declaró errónea). No se hizo objeción alguna por el peticionario, se celebró la vista y finalmente el auto fué anulado, si bien el niño fué entregado a su madre que vivía con sus padres. En apelación, el apelante planteó la misma cuestión envuelta en el presente recurso y la corte dijo:

“Aunque hubiera sido mejor práctica que los recurridos radica-ran una contestación (return) además de producir el cuerpo del niño, de acuerdo con las disposiciones de la ley (se cita), somos de opinión que no fué una omisión que invalide la vista en sus méritos, tomando en consideración que el peticionario dejó de hacer objeción alguna a la falta de contestación o al derecho de los recurridos y sus testigos a ser oídos, (citas) Si hubiera hecho tai objeción,, el defecto pudo ser prontamente curado, (citas) La finalidad del pro-cedimiento era determinar los hechos y después de una completa vista en los méritos no revocaremos por una cuestión tan técnica ’’

Al mismo efecto, véase Flournoy v. Owens, 275 S. W. 923 (Missouri 1925).

Resolvemos, por tanto, que de acuerdo con el artículo 476 del Código de Enjuiciamiento Criminal, supra, las cortes de-hen exigir a la persona o funcionario contra quien se expida un auto de habeas corpus que radique una contestación (return) en la cual se exponga la autoridad o los motivos de la detención. En el caso de autos, sin embargo, no habiéndose objetado por el peticionario ante la corte inferior el procedi-miento y habida cuenta de que las partes presentaron su prueba y que el caso fué resuelto, en sus méritos, el error cometido no conlleva la revocación de la sentencia dictada.

Hemos leído detenidamente la prueba presentada por las partes y somos de opinión que no erró la corte sentenciadora al resolver que el bienestar del hijo del peticionario requiere que aquél continúe bajo la custodia y cuidado de su madre.

Se confirma la sentencia apelada.

        In re Collins, 151 Cal. 340, 90 Pac. 827; Jensen y Sevy, 134 P. (2d) 1081 (Utah 1943). En esto último oaso so hace im estudio cuidadoso y com-prensivo do todos los procedimientos a seguirse en un caso de liábeas corpus.


author: El Juez Asociado Seño» Snyder,

text:
    Gobierno de la Capital, demandante y apelado, v. Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, etc., y La Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 8703.

    — Sometido: Julio 7, 1944.

      Resuelto: Julio 3, 1944.

      F. Fernández Cuyar, II. González Manes y Cayetano Coll Cuchí, abogados del Gobierno de la Capital, peticionario; Ilon. Procu-rador General Interino Jesús A. González, Fernando B. Fornaris, Procurador, General Auxiliar y Luis Negrón Fernández, abogados del Gobernador, el Consejo Ejecutivo y la Autoridad de Fuentes Fluviales de P. R.; James E. Curry, José Vilá Ruiz y Antonio M. Bird, of counsel, por la Autoridad de Fuentes Fluviales.
   El Juez Asociado Seño» Snyder,

emitió la opinión del tribunal.

Todavía se encuentra ante nos este caso. El 20 de abril revocamos una sentencia declaratoria de la corte de distrito y dictamos una nueva sentencia declaratoria al efecto de que la Ley Núm. 39, Leyes de Puerto Rico, 1941, Sesión Extraor-dinaria (pág. 139), según fué enmendada por la Ley Núm. 29, Leyes de Puerto Rico, 1942 ((1) pág. 411), “no es nula por no disponer una justa compensación en el caso de que se traspase el acueducto del Gobierno de la Capital a la Auto-ridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico bajo los términos de dicha Ley.”

El 28 de abril La Capital radicó un escrito de apelación para ante la Corte de Circuito de Apelaciones contra nuestra sentencia del 20 de abril. El 1 de junio, por los motivos con-signados en nuestra opinión de igual fecha, declaramos sin lugar la moción de La Capital del 28 de abril solicitando de ■esta Corte “se sirva fijar la cuantía de la fianza que deba prestar, y expedir luego un auto de supersedeas . . . ”.

El 6 de junio La Capital radicó una petición alegando •que el Consejo Ejecutivo había aprobado el 2 de junio una resolución al efecto de que el Comisionado de Sanidad había informado, de conformidad con la referida Ley Núm. 39, que “en su opinión los acueductos de los municipios de la Capital de Puerto Rico, Pío Piedras, Gruaynabo, Bayamón y Cataño no proveen a los habitantes de todos y cada uno de dichos municipios agua de calidad, cantidad y regularidad suficientes para afrontar las necesidades ordinarias de dichos habitantes, de conformidad con las normas fijadas por el Departamento «del Tesoro de los Estados Unidos para agua potable y agua para usos culinarios a ser suministrada a los porteadores públicos en el comercio interestatal . . . ”. Asimismo alega la referida petición que en dicha resolución el Consejo Eje-cutivo había designado un examinador para que celebrara una vista el 12 de junio “a la que podrán asistir dichos mu-nicipios y mostrar causa por qué no deberá aprobarse una resolución o resoluciones traspasando dichos acueductos a la Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico . . .

La petición del 6 de junio de La Capital contiene entonces la siguiente alegación:

“5. — Que la iniciación de los procedimientos aludidos representa perjuicios y daños irreparables a la parte demandante, Gobierno de la Capital, y asimismo tienden a hacer inefectiva la jurisdicción en apelación de la Corte de Circuito de Boston, a la vez que exponen a la parte apelante a una multiplicidad de litigios innecesarios, caso de resolverse a su favor el recurso de apelación instado por ella.”

Concluye la petición suplicando que dictemos una resolu-ción en este procedimiento dirigida a los demandados-ape-lantes (apelados ante la Corte de Circuito de Apelaciones) “paralizando los procedimientos iniciados por el Consejo Eje-cutivo de Puerto Eico a los efectos de verificar el traspasa del Acueducto de San Juan a la Autoridad de Fuentes Flu-viales de Puerto Rico, así como paralizando también cualquier acción que pudieran los demandados adoptar tendientes a ve-rificar tal traspaso . . . hasta tanto se considere y resuelva el aludido recurso de apelación . . . ”.

Señalamos para el 7 de junio la vista de esta petición, a la cual comparecieron los demandados y radicaron una opo-sición escrita a la misma. En dicho día el abogado de la Autoridad de Fuentes Fluviales expresó su creencia de que esta Corte no tenía jurisdicción para conceder la petición de La Capital del 6 de junio, y pidió permiso para radicar un alegato en apoyo de su contención. Declaró que necesitaba hasta el 12 de junio para radicar dicho alegato, y que creía ra-zonable se le concediera a La Capital hasta el 17 de junio para replicar. En su consecuencia dictamos el 7 de junio una. resolución concediendo esta súplica del abogado de la Auto-ridad de Fuentes Fluviales. En dicha resolución dijimos que “sería imposible que esta Corte pudiera resolver dichas cues-tiones legales antes del día 12 de junio de 1944, fecha señalada para comenzar la vista pública ante el Consejo Ejecutivo”; y por tanto esta Corte ordenó al Consejo Ejecutivo que se abstuviera de iniciar o proseguir el procedimiento adminis-trativo ya mencionado, “sin prejuzgar en modo alguno la cuestión levantada en cuanto a su falta de autoridad para expedir el auto de injunction solicitado, y con el solo propó-sito de proteger su jurisdicción para decidir las cuestiones que habrán de ser sometidas a su decisión dentro de este procedimiento . . . ”.

Durante varios días con posterioridad al 7 de junio, se-practicó prueba sobre los méritos de la petición de La Capital del 6 de junio, habiendo las partes radicado sendos ale-gatos.

Al comenzar la consideración de esta petición, nos confrontamos con la contención de los demandados en cuanto a la falta de jurisdicción de esta corte, en esta etapa del pro-cedimiento, para prohibirle al Consejo Ejecutivo la celebra-" ción de la vista contemplada en su resolución del 2 de junio.' Procederemos, por tanto, a resolver dicha cuestión.

Para poder contestar este punto, es necesario que deter-minemos: (1) la-naturaleza del procedimiento'que pende ahora ante nos; y (2) la fuente de nuestra alegada autoridad para intervenir en el mismo.

En nuestra opinión del 1 de junio declarando sin lugar la moción de La Capital para que se fijara una fianza de super-sedeas, ya hemos contestado en parte la primera cuestión. En ella dijimos que el caso ante nuestra consideración envolvía-una sentencia declaratoria, y nada más. Ante la corte de distrito nunca se solicitó expresamente un injunction perma-nente, bien en la demanda o en alguna alegación posterior. Aun cuando La Capital solicitó un injunction pendente lite ■ por estipulación de las partes nunca se celebró la vista sobré el mismo; nunca se renovó tal solicitud; y nunca se expidió el injunction. Tampoco La Capital, una vez la corte de dis-trito dictó la sentencia declaratoria al efecto de que la Ley Núm. 39 era inconstitucional, solicitó el injunction, a pesar' de tener derecho a solicitarlo de conformidad con la sección' 8 de la Ley Uniforme de Sentencias Declaratorias, Ley Núm.-47, Leyes de Puerto Eico, 1931 (pág. 379). De haberse soli-citado tal injunction, al resolverse la apelación interpuesta, hubiéramos estado en condiciones de considerar la resolu-ción de la corte de distrito, concediendo o negando la moción de injunction, y nuestro fallo sobre la cuestión estaría ahora ante la Corte de Circuito de Apelaciones. Pero La Capital optó por no solicitar el injunction en la corte inferior. Y en su consecuencia nunca hemos tenido ante nuestra considera-ción en apelación actuación alguna de la corte de distrito en cuanto a una solicitud de remedio de injunction. Vamos más lejos y asumimos, sin resolverlo, que a pesar de que La Capital no insistió en tal remedio coercitivo ante la corte de dis-trito, de haber esta corte confirmado la sentencia de la corte inferior, hubiéramos podido luego considerar y conceder tal petición de injunction de La Capital. Si bien este último punto es, desde luego, académico, toda vez que revocamos la sentencia declaratoria de la corte de distrito y declaramos que la Ley Núm. 39 es constitucional, lo incluimos en esta discusión para recalcar el hecho de que no procede aquí la contención de que estuvo alguna vez esta corte o estará ante la Corte de Circuito de Apelaciones en sus méritos, algo que no sea una mera sentencia declaratoria. En resumen, la apelación en este caso fué contra una sentencia declaratoria, y no contra una sentencia declaratoria junto a una resolución concediendo o negando un injunction. Y la misma situación existe ahora ante la Corte de Circuito de Apelaciones.

Sin embargo, La Capital insiste en que tenemos el “poder inherente” para conceder su petición de injunction para im-pedirle al Consejo Ejecutivo la celebración de los procedi-mientos administrativos provistos en su resolución del 2 de junio — una solicitud de injunction, repetimos, que nunca es-tuvo ante la consideración de la corte de distrito. Por tanto, examinaremos la segunda cuestión — la fuente de nuestra ale-gada autoridad para tomar tal acción bajo estas circunstan-cias.

El alegato de La Capital afirma que “El injunction en el caso presente se solicita en auxilio de la apelación, tal y como se pidió en el caso de Cumberland, supra . . . ”. Pero la pri-mera oración de su alegato reconoce la diferencia entre el presente caso y el de Cumberland. Este alegato comienza por decir que “En el caso de Cumberland Telephone & Telegraph Co. v. Louisiana Public Service Commission (260 U.S. 212), se sostuvo que si bien la Corte Suprema tiene indudablemente poder para conceder una solicitud interesando una orden de entredicho provisional para proteger la apelación de una sen-tencia que deniega un injunction, generalmente, tal solicitud, debe ser presentada a los jueces que consideraron el caso en sus méritos y que pueden más adecuadamente ejercer su sana discreción para determinar el balance de conveniencia qne de-cida si debe o no expedirse la orden.” (Bastardillas nues-tras).

El caso de Cumberland cita el de Hovey v. McDonald, 109 U.S. 150, 161, en el qne también descansa La Capital. En su alegato La Capital cita sólo dos casos más — Doughty v. Somerville & Easton R. R. Co., 51 Am. Dec. 267 (N. J., 1848) y Norris v. Tripp, 82 N.W. 610 (Iowa, 1900) — en apoyo de su proposición de que tenemos el “poder inherente” para tomar la acción que ella nos pide. Pero de un examen de todos los casos citados por La Capital se desprende que, en todos ellos, con la posible excepción del caso de Norris, tal y como la propia Capital dice al citar el caso de Cumberland, se le pidió a la corte que restaurara o concediera un injunction en lo que se decidía la apelación interpuesta contra una sen-tencia concediendo o negando un injunction. No se nos lia citado caso alguno, y ninguno hemos encontrado, en el que una corte intermedia de apelaciones, como es ésta, haya al-guna vez concedido un injunction en lo. que se resolvía la ape-lación a una corte superior contra una sentencia declaratoria que consiste únicamente de una declaración de constitueiona-lidad. Pronto será evidente que ésta es una diferencia im-portante.

La Capital claramente tiene razón al afirmar que cualquier injunction concedido por nosotros en este estado del caso sería sólo con el fin de proteger la jurisdicción apelativa de la Corte de Circuito de Apelaciones. Nuestra función al resolver los méritos del caso está terminada. Del mismo modo, toda vez que nada nos queda por hacer en nuestro carácter de tribunal de última instancia en el sistema de cortes insulares, cual-quier cosa que hagamos con el fin de proteger la jurisdicción de la Corte de. Circuito de Apelaciones tiene necesariamente que hacerse dentro del papel que desempeñamos como corte inferior en la jerarquía de las cortes Federales. Por tanto, parece obvio que nuestro poder para actuar aquí, si existe, debe emanar de estatutos, reglas y casos Federales.

Al iniciar el examen de la ley Federal, nos confrontamos en seguida con el problema de si las Reglas Federales de Pro-cedimiento Civil son aplicables a las apelaciones de esta Corte a la Corte de Circuito de Apelaciones. En el Escolio 2 a la Regla 1 el Comité Consultivo sobre las Reglas Federales dice lo siguiente: “La frase ‘cortes de distrito de los Estados Unidos’ que aparece en la ley que autoriza a la Corte Suprema de los Estados Unidos a promulgar reglas de procedimiento civil no incluye las cortes de distrito radicadas en los territo-rios y posesiones insulares. Véase Mookini et al. v. United States, 303 U.S. 201, 58 S. Ct. 543, 82 L. Ed. 748 (1938).” (Título 28 U.S.C.A. foll. §723 c, Regla 1).

El Congreso se percató de esta situación y aprobó una ley especial haciendo las Reglas Federales aplicables “a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico y a las apelaciones de la misma”. (Título 48 U.S.C.A. §873a). Pero no se pasó ley especial alguna disponiendo que las Reglas Federales expresamente serían aplicables a las apelaciones procedentes de esta corte para ante la Corte de Circuito. Moore comenta la situación como sigue:

“Las apelaciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico se llevarán' ante la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Cix*cuito, y las del Tribunal Supremo de Hawaii ante la Corte de Circuito de Apelaciones para el Noveno Circuito, a no ser que se provea por ley una apelación directa para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Parece que no-hay nada en las leyes de los Estados Unidos o en las cartas orgánicas de los territorios que indique claramente que el método de llevar y perfeccionar una apelación de las Cortes Su-premas de dichos territorios se ajustará al método de llevar y per-feccionar una apelación de una corte de distrito a una corte de cir-cuito de apelación o a la Corte Suprema de los Estados Unidos. según fuere el caso. Sin embargo, sería conveniente que hubiera concordancia entre tales apelaciones y las apelaciones procedentes de las cortes de distrito de los Estados Unidos para dichos territorios; v, en su consecuencia, que las Reglas Federales deberán aplicarse a las apelaciones de las Cortes Supremas de dichos territorios, si las Reglas Federales son aplicables a las cortes de distrito de los Estados Unidos para dichos territorios.” (1 Moore’s Federal Practice, §1.09, págs. 61-2).

Nuestra Corte de Circuito de Apelaciones en s"u Regla-mento Revisado efectivo el 20 de septiembre de 1940, quizá descansando en el Título 48 U.S.C.A. §865, expresamente provee en el inciso 6 de la Regla 10 que dicha Regla 10— que sustancialmente reexpone la Regla 73 de las Reglas Fede-rales de Procedimiento Civil disponiendo la manera de per-feccionar las apelaciones de las cortes de distrito para ante las Cortes de Circuito — será aplicable a las apelaciones pro-cedentes de esta Corte Suprema para ante la Corte de Cir-cuito. En todas las apelaciones de esta corte a la Corte de Circuito de Apelaciones desde que el Reglamento Revisado de la Corte de Circuito entró en vigor, esta corte y las partes han asumido que las disposiciones apelativas de las Reglas Federales son de aplicación y han actuado de conformidad con ellas. Aparentemente nadie ha cuestionado esta práctica ante esta corte o ante la de Circuito. Por tanto, asumiremos, sin decidirlo, que las Regias Federales son aplicables a esta apelación.

Pero' de aplicarse a la presente apelación las Reglas Fede-rales, no sólo son aplicables a los diversos pasos qne deben darse para perfeccionar una apelación ante la Corte de Cir-cuito de Apelaciones, si que también al remedio que esta corte está autorizada a conceder para proteger la jurisdicción de la Corte de Circuito en relación con la apelación que pende ante dicba corte. Examinando la petición de injunction en este caso frente a las referidas disposiciones apelativas de las Reglas Federales, encontramos que la Regla 62(c) es la única Regla que posiblemente podría aplicarse aquí. Dicha Regla dice en parte como sigue:

“Injunction en lo que se Resuelve la Apelación. Cuando se apela de una sentencia interloeutoria o final, concediendo, disolviendo, o negando un injunction, la corte a discreción puede suspender, modi-ficar, restaurar, o conceder un injunction mientras la apelación se resuelve, bajo términos de fianza o de cualquiera otra índole según crea conveniente para la seguridad de los derechos de la parte con-traria."

Dicha Regla no es nueva en la práctica apelativa Federal. Está modelada en la Regla 74 de Equidad, y es sustancial-mente idéntica a dicha Regia, excepto que amplía un poco la vieja Regla de Equidad En el caso de Cumberland la Corte Suprema de los Estados Unidos cita la Regla 74 de Equidad para justificar la concesión de un injunction en lo que se resolvía una apelación contra sentencia denegando un injunction. En su consecuencia, ns inmaterial el que des-cansemos aquí en la jurisprudencia, representada por el caso de Cumberland, o en la antigua práctica comprendida en la Regia 74 de Equidad, o en la Regla 62(c) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil — cada una, a nuestros fines, es una reexposición de la regla existente anteriormente.

Pero el defecto fatal en el caso de La Capital es que el remedio autorizado por la Regla 62(c) y sus predecesoras se basa en la premisa de qne ‘ ‘ se apela de una sentencia . . •. concediendo, disolviendo, o negando un injunction . . . Bajo tales circunstancias “la corte a discreción puede suspender, modificar, restaurar, o conceder un injunction mien-tras la apelación se resuelve . . . ”. Y aquí, como hemos visto, no existe apelación contra sentencia concediendo o ne-gando un injunction. La corte de distrito dictó solamente una sentencia declaratoria, La apelación contra la misma para ante esta corte no incluía apelación contra sentencia concediendo o negando un injunction. Nuestra sentencia, que se ha apelado para ante la Corte de Circuito, es al mismo efecto. La Regla 62(c), y la jurisprudencia y Regla de Equidad anterior que la misma codificó, no puede por tanto tener posible aplicación a la sentencia que ahora se apela para ante la Corte de Circuito de Apelaciones. Lo que La-Capital en efecto nos pide es que consideremos, ante esta corte y dentro de este procedimiento, un recurso original de injunction, colateral al presente recurso de sentencia decla-ratoria. Pero al dictar nuestra sentencia final sobre los mé-ritos, agotamos toda la jurisdicción que tenemos en este pro-cedimiento específico de sentencia declaratoria bajo las leyes insulares en nuestro carácter de corte insular de última insr taneia. Una vez se apela para ante la Corte de Circuito de Apelaciones, no nos queda ningún otro papel que desempeñar como corte apelativa insular. Después de la apelación, sólo podemos actuar en ayuda de dicha apelación. Y al así actuar, funcionamos como una corte Federal inferior dentro del sis-tema judicial Federal a tenor con la ley Federal. De un examen de tal ley Federal no surge base alguna sobre la cual, en ayuda de una apelación contra sentencia declaratoria, estemos autorizados a considerar una solicitud de injunction que no estuvo ante nos cuando dictamos la sentencia que ahora se apela para ante la Corte de Circuito de Apelaciones. En síntesis, no hay injunction en el caso que se pueda “suspender, modificar [o] restaurar ...” en lo que se resuelve la apelación; y no ha habido una sentencia “negando” un injunction: el qne podamos “conceder” en lo qne se resuelve la apelación. Lo único que está ante la Corte de Circuito de Apelaciones es una declaración de constitucionalidad; nin-guna-acción puede tomarse por esta Corte — o en verdad es ■necesaria — para proteger la jurisdicción de la Corte de Cir-cuito de Apelaciones en la apelación contra nuestra sentencia conteniendo tal declaración.

Cualquier argumento de que nuestra decisión se basa en una diferencia de forma y no de sustancia no resistiría mucho análisis. La Capital eligió su camino. Si hubieran insistido en un remedio de injunction, la corte de distrito, aun cuando resolvió el caso a su favor en el aspecto declaratorio de su sentencia, concebiblemente no hubiera hallado daño irreparable que justificara el remedio de injunction, particularmente en vista de la disposición de la sección 5 de la Ley de Acue-.dueto al efecto de que una solicitud de revisión por esta Corte •de una resolución del Consejo Ejecutivo traspasando un acue-ducto de un municipio a la Autoridad de Fuentes Fluviales opera como una suspensión de tal resolución. Si la córte de distrito hubiera resuelto así, quizá hubiéramos llegado a la .conclusión que la corte de distrito no abusó de su discreción, y hubiéramos cojifirmado. La Capital ahora nos pide, ale-gando ser un recurso para proteger la jurisdicción de la Corte de Circuito de Apelaciones en un procedimiento de sentencia declaratoria, que le concedamos un injunction sobre el cual nunca Optó por insistir dentro de dicho, procedimiento de sentencia declaratoria. Si han de “restaurarse” o “conce-derse” peticiones de injunction en lo que se resuelven las ape-laciones, tales peticiones deben correr el escalafón de las .cortes mientras está el caso ante ellas en sus méritos, y no deben sacarse de algún bolsillo mágico de “poder inherente” en un procedimiento colateral instado para proteger la jurisdicción de una corte apelativa que no tiene ante sí una apelación contra sentencia concediendo o negando un injunction. Este caso, en vista de su historia, sencillamente no es un procedimiento de injunction y carecemos de facultad en momento tan tardío para convertirlo en tal procedimiento.

Esta opinión podría muy bien terminar aquí. Pero en vista del gran alcance de los argumentos y de la prueba adu-cida durante la vista en los méritos de esta petición de injunction, no creemos que sea impropio, indicar que en manera alguna hemos resuelto que el balance de conveniencias se inclina'a favor de la negativa de la petición de injunction aquí radicada. Por el contrario, aunque repetidamente se les invitó por la corte a hacerlo, los demandados no presentaron el más leve indicio de prueba competente tendiente a esta-blecer el hecho de que el agua suministrada por el acueducto de La Capital esté contaminada. Realizaron un intento de probar esto, pero lo abandonaron durante el curso de la vista. Han prevalecido aquí, no porque hayamos resuelto el balance de conveniencias a su favor en los méritos, si no porque no tenemos jurisdicción para conceder la petición de La Capital para que se decrete un injunction en esta etapa de este proce-dimiento.

De igual modo citamos con aprobación la siguiente mani-festación del alegato de los demandados: “No puede posible-mente llevarse a efecto traspaso alguno del Acueducto hasta que esta corte haya tenido otra oportunidad de considerar los méritos de la decisión. La Ley de Acueductos dispone que cualquier municipio afectado por tal resolución puede obtener una revisión de esta corte; no hay limitación alguna en este privilegio. Y al radicarse la petición de.revisión, la resolu-ción disponiendo el traspaso del Acueducto quedará automá-ticamente en suspenso.”

Si surge el caso de que esta corte llegase a resolver en, contra de un municipio una petición de revisión contra usa resolución en tal procedimiento administrativo antes de ia determinación final por las cortes superiores en cuanto a la constitucionalidad de la Ley Núm. 39, quedarían por consi-derarse los problemas de (1) retención de nuestro mandate» en el procedimiento administrativo basta dicha determina-ción final en el procedimiento constitucional, y (2) la juris-dicción de la Corte de Circuito de Apelaciones para consi-derar una apelación contra nuestra decisión en el procedi-miento administrativo, a pesar de la disposición de la Sec-ción 5 de la Ley de Acueducto de que ‘el “decreto” de esta. Corte “será final, irrevisable e inapelable”. Cf. Paul Smith Const. Co. v. Buscaglia, 140 F.(2d) 900 (C.C.A. 1, 1944), escolio 1.

En virtud de nuestra falta de jurisdicción, la petición de La Capitol del 6 de junio solicitando un injunction será de-negada.

      En este caso los miembros del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico y la Autoridad de Puentes Pluviales son los demandados-apelantes; en adelante se les llamará los demandados.

      Es difícil determinar bajo qué teoría actuó la corto en el caso de Norris. Puede ser que éste sea un caso exactamente igual a los otros citados por La Capital. Pero aun asumiendo que no lo sea, a lo sumo allí la corte estaba ejer-citando “el poder de suspender (stay) — poder que es tan antiguo como el propio sistema judicial de la nación”. (Scripps-Noward Radio v. Comm’n, 316 U. S. 4, 17). Pero ya liemos resuelto, por los motivos consignados es nuestra opinión del 1 de junio, que en el presente caso no procede una suspensión (stay).

      La Sección 865 clico como sigue:
      “Recursos por causa de en or y apelaeion.es. Los recursos por causa de error y las apelaciones contra las sentencias y decretos definitivos del Tribunal Supremo de Puerto Riro, podrán ser interpuestos y seguidos ante la Corte de Circuito de Apelación para el primer circuito y ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, de la manera como atora está dispuesto por ley.”

       las Reglas Federales no se apliean a esta apelación, presumiblemente le. vieja práctica continúa en vigor. Bajo la antigua práctica era necesario una orden admitiendo la apelación, y “era la admisión de la apelación ... lo que impide que el término para apelar siga corriendo.” (3 Moore’s Federal Practice, §73.01, pág. 3390). Aquí no se ha dictado orden alguna admitiendo la apelación- — La Capital sencillamente radicó un escrito de apelación, presumible-mente de conformidad con la Regla 73 (o) de las Reglas Federales y la Regla W de la Corte de Circuito de Apelaciones.

       Federal Rules of Civil Procedure and Proceedings of the American Bar Institute, Cleveland, 1938, pág. 326; 3 Moore’s Federal Practice, §62.03, págs. 3296-8.

      Los abogados de La Capital aparentemente entienden que su presente so-licitud es en efecto un procedimiento colateral, en vista de su cita, en apoyo de su posición, de la Anotación en 77 A.L.E. 717, que trata de remedio auxiliar (ancillary) de injunction. Pero tal procedimiento auxiliar (ancillary) es, desde luego, de ordinario un caso independiente en los méritos que descansa sobro su propia base ante una corte de jurisdicción competente, y no una moción dentro do un pleito, quo se alega está dirigida a proteger la jurisdicción de una corte superior sobre una sentencia en apelación que no contiene un fallo afirma-tivo o negativo en relación con el remedio de injunction. Conceder esta última moción equivaldría a conferir remedio direeto, y no auxiliar (ancillary).

      La decisión definitiva de dicha cuestión, desde luego, tendría que emitirsa por la. Corte do Circuito de Apelaciones y no por nosotros.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Serafín Matos Ramírez, menor de edad, representado por su defensor ad litem Emilio Matos Ramírez, demandante y apelado, v. David Antongiorgi, Jr., Emilio Enrique Pabón, Salim A. Farage y Great American Indemnity Co. de New York, demandados y apelantes los dos últimos.
    Núm. 8871.

    — Sometido: Abril 13, 1944.

      Resuelto: Julio 3, 1944.

      Hugh R. Francis y F. J. Pérez Almiroty, abogados de los apelantes; Juan Alemañy Sosa, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La presente es nna apelación contra sentencia por $3,000 dictada a favor del demandante y en contra de dos de los demandados, Salim A. Farage y Great American Indemnity Co. Se hizo responsable a Farage a cansa de ser éste dueño del automóvil manejado por Emilio Enrique Pabón, que fue uno de los dos automóviles que lesionó al demandante en el accidente que trajo como resultado este pleito. Se hizo res-ponsable a la Great American Indemnity Co. bajo una póliza de seguro contra accidentes que cubría el automóvil de Farage. Éste y la Compañía son los apelantes aquí.

David Antongiorgi, Jr., otro demandado, era el dueño y chófer del otro automóvil envuelto en el accidente en cuestión. Mediante el pago de $900, se le descargó de su alegada res-ponsabilidad. Esta transacción exigía la aprobación de la corte de distrito toda vez que el demandante era un menor. La corte de distrito dictó una resolución aprobando los tér-minos de la transacción como que compensaba al demandante por los daños recibidos por él al ser arrollado por el auto-móvil de Antongiorgi. La resolución de la corte inferior ex-presamente decía que el caso" continuaría contra los otros de-mandados.

En los primeros casos del derecho común, el descar-gar a una persona que en unión a otras han causado un daño, en muchas ocasiones descargaba a las demás, independiente-mente de la intención de las partes. El Restatement de Torts señala que esto “frecuentemente resultaba en el descargo no intencional y libre de costo de una de las personas que oca-siona el daño” y que “la Eegla no es consistente con el punto de vista moderno americano” El artículo 885 del Eestatement establece por tanto la regla de que “un des-cargo válido de una persona que comete un daño . . . des-carga a todas las otras por el mismo daño, a no ser que las partes que concurran en la transacción convengan en que ésta no descargará a las otras . . . ”. (Bastardillas nuestras). Es innecesario que determinemos en este caso si dicha regla rige en Puerto Rico (Véase artículo 1096, Código^ Civil, Edi-ción 1930). Asumimos, sin decidirlo, que de conformidad con el descargo aquí envuelto, el demandante podría continuar su acción contra los otros codemandados, siempre y cuando que el demandante estableciera todos los requisitos de un caso de daños y perjuicios, incluyendo la negligencia de tales otros codemandados y que dicha negligencia fué la causa próxima de todos o algunos de los daños recibidos por el demandante.

Los apelantes alegan que la corte de .distrito cometió error al no determinar y fijar en su sentencia y opinión la responsabilidad del demandado Antongiorgi. La corte inferior dejó de hacer esto, aparentemente bajo la-teoría de que Antongiorgi había obtenido el descargo del demandante y que en su consecuencia nada tenía que ver con el caso. Como ya se ha indicado, aceptamos, como una proposición de ley a los fines de este caso, que Antongiorgi podía ser eliminado del pleito y que éste podía entonces continuar contra los otros codemandados. Pero al considerar las cuestiones que quedan en el caso para resolver, v. g., (1) la alegada negligencia del chófer del otro automóvil y (2) si tal negligencia fué la causa próxima de todas o de algunas de las lesiones que se alega recibió el demandante, las actuaciones de Antongiorgi que culminaron en que éste arrollara al demandante eran, como más adelante veremos, sumamente pertinentes para determinar si el chófer del segundo automóvil fué negligente y qué lesiones, si algunas, fueron causadas por él. La corte de distrito por tanto debió haber dado minuciosa consideración a las actuaciones de Antongiorgi.

También indicamos, antes de enfrascarnos en una discusión de los hechos de este caso, que si se demostró en el juicio que Antongiorgi, quien había sido relevado de responsabilidad, fué negligente según se alegaba, por haber golpeado primeramente al demandante, muy bien pudo hacerse responsable a Antongiorgi, bajo todas las circunstancias del caso, de todas las lesiones recibidas por el demandante, incluyendo aquéllas ocasionadas solamente por el segundo automóvil. “Es importante indicar que existen casos en que el primero que ocasiona el daño será responsable por el daño en total, mientras que el segundo no responderá. Si un automóvil ne-gligentemente manejado por el demandado A arrolla al de-mandante, le fractura el cráneo y lo abandona en la carretera y poco después un segundo automóvil manejado negligente-mente por el demandado B le, pasa por encima y le fractura una pierna, A será responsable por ambas lesiones, toda vez que al abandonarse al demandante en la carretera, era razo-nable prever que un segundo automóvil lo arrollaría.” Pros-ser on Torts, cap. 8, pág. 336. Pero el becho de que Anton-giorgi pudiera haber sido responsable de todas las lesiones recibidas por el demandante, incluyendo las lesiones ocasiona-das por el automóvil manejado por Pabón y del cual Farage era dueño, no impide el que se continúe el pleito contra este último por las lesiones causadas por el segundo automóvil. Como lo indica Prosser en el ejemplo citado “B debe ser res-ponsable sólo por la pierna fracturada, toda vez que no tuvo nada que ver con la fractura del cráneo y no la podía prever o evitar . . . ” Por tanto debemos echar a un lado la cuestión de si podía hacerse responsable a Antongiorgi por todas las lesiones recibidas, y determinaremos si puede ha-cerse responsable a Farage, de acuerdo con los hechos de este caso, por las lesiones ocasionadas por su automóvil. Posponiendo por el momento la cuestión de si las lesiones que se alega fueron ocasionadas separadamente por los dos automóviles fueron o pudieron ser segregadas mediante prueba satisfactoria, consideraremos en primer lugar la cues-tión más importante de este caso: ¿Fué Pabón negligente al manejar el automóvil de Farage?

Nos confrontamos al empezar con una seria contradicción en el testimonio de los testigos de los demandantes, En su demanda alega el demandante que un automóvil que ilia de Mavagüez a San Germán guiado descuidada y negli-gentemente por el demandado Antongiorgi a una velocidad efe 50 kilómetros por hora lo arrolló mientras cruzaba la carretera, lanzándolo contra el pavimento, y dejándolo inconsciente. Sin embargo, durante el juicio el demandante y su único otro testigo que declaró en cuanto a este punto afirmaron que el demandante estaba parado cerca de la zanja en o cerca del sitio mareado con una X en el croquis que se inserta en el margen hacia la derecha yendo de Mayagüez a San Germán, con su carrito de refrescos, y que nunca pensó cruzar la carretera cuando fué arrollado por el carro de An-tongiorgi.

Aparentemente la corte inferior creyó totalmente, no sólo el relato del demandante y de este testigo en cuanto a cómo ocurrió el primer episodio — de que el automóvil de Anton-giorgi arrolló y lanzó contra el pavimento al demandante — si que también toda la teoría del demandante.. La corte de dis-trito resolvió lo siguiente:

“Do las alegaciones de las partes y la evidencia practicada, la Corte encuentra probado que el día 11 de marzo de 1937, mientras el demandante Serafín Matos Ramírez, quien entonces tenía 13 años de edad se encontraba atendiendo a la venta de artículos varios en su carrito de mano, a su derecha en la carretera, frente a la entrada de la Central Eureka, en el kilómetro 196, hectómetro 6, de la carre-tera insular Núm. 2, en el municipio de Hormigueros, al tratar de cambiar de posición en el carro, recibió un golpe con la parte derecha del bompe de un automóvil que iba de Mavagüez para San Hermán, manejado por David Antongiorgi, Jr., y fue lanzado hacia la parte izquierda en la carretera, sobre el pavimento de ésta, donde quedó en estado inconsciente, y encontrándose así postrado e indefenso sobre dicha carretera, fué arrollado por un automóvil propiedad del de-mandado Salim A. Parage, manejado por el otro demandado Enrique Pabón, ... y quien conducía dicho carro a una velocidad excesiva de acuerdo con las circunstancias existentes en ese sitio en aquel mo-mento debido a la aglomeración de gente frente a la entrada de la Central que se encontraba saliendo y vehículos que entraban a, y salían de la misma, y quien no tomó precaución alguna en defensa. y protección de las personas y propiedades presentes en aquel sitio.
'‘Cualquier conflicto que pudiera existir en la prueba sobre la forma como ocurrió el accidente, la Corte lo resuelve a favor de la parte demandante por ser más razonable y lógica la versión de sus testigos que la que resulta de la declaración del único testigo de la parte demandada, el co-demandado Emilio Enrique Pabón, cuyo testi-monio tiene como único fin tratar de probar que no medió negligencia de su parte en el accidente; pero que terminó por reconocer que pudo haber parado y no arrollar al demandante, pero que por uno de esos errores que uno comete no creyó necesario parar y lo pisó. La causa próxima, única e inmediata del accidente fué, pues, la negligencia del demandado Emilio Enrique Pabón, sin que mediara culpa o negligencia alguna por parte del demandante. ”

Por otro lado, Pabón, cnya extensa declaración aparente-mente rechazó la corte de distrito, dijo qne inmediatamente antes del accidente el demandante cruzó rápidamente la carre-tera de Norte a Sur (según indica la línea quebrada de Y a X en el croquis), cuando fué arrollado en el sitio X por el guardalodo delantero izquierdo del automóvil de Anton-giorgi y fué lanzado hacia la misma dirección en que venía —Z—cuando lo arrolló el carro de Pabón. La declaración de Pabón fué en parte como sigue:

“P. ¿Qué le ocurrió? Dígale a la corte qué fué lo que le ocu-rrió. R. Pues viniendo yo de San Germán para Mayagüez en esa carretera como cuarenta o cincuenta metros antes de llegar a la en-trada para la Central Eureka vi la aglomeración de personas que transitaban por ahí, como a las doce y cuarto, quité la gasolina y reduje la velocidad a todo lo más que yo creí necesario. Vi un truck que salía del camino que conduce al central ... Y por el lado que yo vi el truck cruzó el niño Serafín Matos a toda carrera, sin pararse a ver si venía alguien en una dirección o en otra dirección, y' al cruzar allí el carro de David Antongiorgi le dió un cantazo tan fuerte que lo tiró debajo del mío. Esa fué una cuestión relámpago allí, porque de lo contrario yo hubiera tenido tiempo de parar, porque yo venía demasiado poco a poco porque como la ley misma lo pro-híbe ... P. ¿De dónde salió este muchacho a cruzar? R. El sa-lió del central para la carretera, a cruzar la carretera para donde él dijo que tenía un puestecito de refrescos ... P. ¿Cómo a qué velocidad venía usted cuando ocurrió el accidente? R. Yo venía poco a poco. P. ¿ A cuántos kilómetros por hora? R. Como a doce kilómetros, diez o doce kilómetros ...”

Como dijimos una vez en otro caso, “Los hechos físicos desarrollados en el juicio nos convencen de que el accidente no pudo haber ocurrido en la forma relatada por los testigos del demandante” en cuya declaración descansó presumi-blemente la corte de distrito para llegar a sus conclusiones. Si el automóvil de Antongiorgi, que iba a una velocidad ex-cesiva, golpeó al demandante con el lado derecho del para-golpes en o cerca del punto X, es irresistible la conclusión de que el cuerpo del demandante no pudo baber sido lanzado hacia el punto Z, como resolvió la corte inferior. Por tanto era físicamente imposible que el accidente ocurriera como la corte de distrito dice que ocurrió. Si Serafín Matos fué gol-peado por el para-golpes derecho del automóvil de Anton-giorgi en el punto X, su cuerpo pudo haber sido lanzado únicamente hasta algún punto dentro del área sombreada, y no hacia el punto Z. El derecho de una corte de distrito a resolver conflictos en la declaración de lop testigos no incluye el derecho a resolver que ocurrió lo físicamente imposible.

Sin embargo, la imposibilidad física de la versión de los testigos en cuanto a como fué golpeado el demandante por el automóvil manejado por Antongiorgi, no es decisiva en este caso. La cuestión primordial aquí es si Pabón fué negligente en el manejo del automóvil de Farage cuando éste golpeo al demandante mientras este último permanecía inconsciente so-bre la carretera después de haber sido arrollado por el auto-móvil de Antongiorgi. Y es aquí precisamente, donde final-mente zozobra el caso del demandante contra los apelantes— sencillamente nada hay en el récord que justifique la conclu-sión de la corte inferior de que Pabón fué negligente al ma-nejar el automóvil de Farage. Tampoco, podríamos añadir, hay algo en el récord que justifique la manifestación de la corte de distrito de que Pabón “terminó por reconocer que pudo haber parado y no arrollar al demandante . . . ”

Hemos examinado cuidadosamente las declaraciones de todos los testigos del demandante, y nada encontramos en el récord para poder basar correctamente la sentencia a favor del demandante. La declaración del propio demandante ncí esclarece el problema, toda vez que nunca vió el automóvil de Farage.

Carlos Mercado, dueño del carrito, fue el testigo que dió la versión del accidente que, como hemos ^visto, era física-mente imposible. Y si bien declaró que Pabón guiaba ligero, también manifestó que ambas cosas ocurrieron casi simultá-neamente. En el contrainterrogatorio contestó pregunta tras pregunta, héchasle en busca de detalle, que él no pudo ‘ ‘ apre-ciar” esas cosas. Además, declaró una y otra vez en el con-trainterrogatorio que él no vió el segundo automóvil golpear al demandante, pero que “sintió” el impacto.

Pascual Beauchamp declaró que Mercado estaba en su tienda buscando cambio al momento de ocurrir el accidente; que Mercado estaba de espaldas a la carretera; y que ninguno de ellos vió el accidente, sino que “sintieron el golpe”.

El policía Francisco Trinidad declaró que el automóvil de Antongiorgi le había rebasado a una velocidad excesiva, pero que él ni vió el automóvil de Pabón ni el accidente.

La declaración de los testigos mencionados fué toda la prueba que el demandante adujo en cuanto a cómo ocurrió el accidente. La prueba del demandado sobre este punto consistió únicamente en la declaración de Pabón que ya se ha descrito. Es de importancia indicar en relación con esto que, en análisis final, Pabón fué de hecho el único testigo ocular del accidente.

Estamos satisfechos de que el récord razonablemente per-mite sólo una conclusión: que Pabón no fué negligente; que la negligencia de Antongiorgi colocó al demandante en una posición de peligro inminente e inextricable, por cuyos resul-tados podía hacerse responsable a Antongiorgi solamente; y que Pabón se enfrentó a una situación de emergencia súbita y extraordinaria que no podía haber previsto, el resultado de la cual ocasionó ulteriores lesiones al demandante. “Un mo-torista no está obligado a anticipar los actos inesperados de personas que no están en el curso de su ruta y que de súbito se colocan en el mismo” (Huddy, Cyclopedia of Automobile Law, Vol. 5, pág. 111; véase Collier v. Varino, 96 So. 500 (La. 1923)). El resultado efectivo es que mientras la actua-ción de Pabón al arrollar al demandante intervino en la ca-dena de sucesos iniciada por la negligencia de Antongiorgi, legalmente hablando, esta última fué la única causa del acci-dente. La mera manifestación de la corte de distrito, sin ninguna explicación con referencia a cómo arribó a dicha con-clusión — que “la causa próxima, única e inmediata del acci-dente fué, pues, la negligencia del demandado Pabón” — ca-rece enteramente de fundamento y no podemos aceptarla.

Gomo siempre, somos altamente renuentes a revocar la sentencia de la corte de distrito a causa de alegados errores en relación con las conclusiones de hecho. Pero, si sostu-viéramos la sentencia en este caso, en efecto crearíamos una regla de responsabilidad sin que haya culpa en casos de acci-dentes de automóviles. Algunas personas han recomendado se establezca esta regla por legislación, acoplándola con se-guro obligatorio. Quizá llegue el día en que nuestra Legis-latura dé tal paso. Mientras tanto,, no podemos permitir que subsista una sentencia,que no está sostenida por prueba de que los demandados fueron negligentes.

Creemos conveniente decir algo en relación con la forma en que la corte inferior estimó los daños en este caso. Dijo la corte de distrito:

‘•'En cuanto a los daños sufridos por el demandante en el acci-dente, la corte solamente tiene ante sí la prueba presentada por el demandante. En verdad que ésta incluye las lesiones que recibiera el demandante por ambos carros; pero en la demanda enmendada aquéllas figuran alegadas separadamente y de la posición que ocupaba el demandante al recibir unas y otras lesiones, la naturaleza de éstas y las circunstancias en que las mismas fueron producidas, lo lógico es que las lesiones más graves, como la fractura de la pierna, la dislo-cación del brazo, y la herida y los golpes sobre el pecho, además de muchas de las heridas y contusiones en las otras partes del cuerpo, se las produjo el carro del demandado Sr. Farage.”

Nuevamente carece el récord de prueba para justificar esta distribución de la lesiones recibidas por el demandante entre los dos episodios. Los dos incidentes sucedieron, como he-mos visto, casi simultáneamente. Desde luego, nadie exa-minó al demandante después de haber sido arrollado por Antongiorgi y antes de que Pabón lo arrollara. La decla-ración del doctor no cubrió este punto. En resumen, nada hay en el récord que pudiera dar lugar a una conclusión como la de la corte de distrito. No resolvemos que nunca es po-sible distribuir tales lesiones entre dos automóviles. Sólo resolvemos que en este caso no se presentó prueba sobre la cual se pueda basar tal distribución.

El demandante transigió su caso con Antongiorgi por $900 ; y dejó de probar negligencia por parte de Pabón. Por tanto, se impone la revocación de la sentencia a favor del demandante y dictaremos nueva sentencia a favor de los de-mandados Farage y Great American Indemnity Co.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.

       Torts, Restatement,. Comentarios sobre la Sección 885, página 461, 2.

      Véanso los casos citados en el escolio 32, Prosser, supra, a la página 336, y el escolio 10, infra.

       Esta alegación no indica si cruzaba la carretera de Sur a Norte o vice versa,

      La porción arriba copiada de la opinión do la corte de distrito .de cinco páginas contiene el pronunciameinto total de la corte inferior en cuanto a la ne-gligencia de Pabón; el resto de la opinión trata de asuntos que nada tienen que ver con. la negligencia de Pabón.

        Rivera v. Graham, 34 D.P.R. 1, 3.

       El pasaje del récord sobre el que la corte de distrito aparentemente basó esta conclusión aparece al final de un largo e intenso contrainterrogatorio de Pabón y fué on esencia el lenguaje del abogado más bien que el de Pabón. El récord demuestra lo siguiente:
      “R. .. . no es quo yo no pudiera parar.
      “P. ¿Y qué fué entonces?
      ‘ ‘ R. Es que uno 'croo muchas veces que uno no va a caer en ciertos errores. Eso lo puedo pasar a usted y al señor Juez que también guía carro. Uno cree quo no va a arrollar una persona yendo a eineo kilómetros que una vaya y sucede que lo arrolla.
      “P. ¿Entonces usted pudo haber parado, porque iba tan despacio, pero por esos ei’rorej que uno comete .. . ?
      “R. Yo no creí que hubiera necesidad de parar.”
      El significado de este pasaje no es el que le atribuye la corte de distrito. Al emplear en su declaración la palabra “error”, es obvio que Pabón no quiso decir “negligencia” de su parte, sino que sencillamente como cuestión de retros-pección ahora reconoce que si hubiera parado completamente,, el accidente no hubiera ocurrido. Pero la cuestión es si, al momento del accidente, pudo haber anticipado razonablemente que tal era la situación. Todo el curso de la prueba, como veremos, tiende a probar lo contrario; todas las declaraciones, incluyendo las de loa testigos del demandante, fueron al efecto de que ambos episodios ocu-rrieron casi simultáneamente — que, en efecto, el muchacho fué lanzado bajo sus ruedas antes de que Pabón tuviera una oportunidad de parar su automóvil.
      Pero aun si este pasaje de la prueba pudiera interpretarse literalmente como que significa lo que la corte de distrito concluyó, creemos que da una idea equi-vocada del caso arrancarlo del contenido total y descansar únicamente en él, como lo hizo la corte de distrito, como representativo de la versión del accidente dada por Pabón, especialmente cuando éste de hecho declaró, extensamente, como hemos visto, en cuanto a que no tenía culpa. En síntesis, no podemos aeeptar esta conclusión festinada de la corte de distrito como un análisis propio de la declaración da Pabón.

       Nuestra conclusión a esto respecto ostá robustecida* por la naturaleza do la prueba del demandante. Por ejemplo, ninguno de los testigos del demandante da hecho vió el segundo accidente; sólo el demandado Pabón declaró en cuanto a lo quo vió — los otros testigos oyeron, pero no vieron, lo que ocurrió. De igual manera, Mercado, que era' el testigo principal del demandante, se enredó en una serio do contradicciones: deelaró que vió venir el automóvil do Antongiorgi; pero también cleelaró quo estaba mirando liacia San Germán, lo cual quiere decir que le daba la espalda al carro de Antongiorgi cuando éste venía. En verdad, Beauchamp, testigo del demandante, declaró, como hemos visto, que Mercado no podía haber visto dicho episodio. V el récord demuestra ampliamente su incapa-cidad para recordar cómo quedaron las cosas y que él no “apreció” nada en detalle.

      “Guando puedo encontrarse una baso lógica para hacer una distribución aproximada y práctica quo limito la responsabilidad de un demandado a aquella parto del daño que de hecho ha causado, puede esperarse que la distribución será hecha.” (Prosser, supra, a la página 327.)

      No está auto nos el problema de si el descargo obtenido por Antongiorgi eubro solamente los daños ocasionados por su automóvil. Sin embargo, en vista del hecho de que en este caso están envueltos los derechos de un menor, no creemos impropio indicar que de resolverse que el descargo fué exclusivamente para dicho propósito, concebiblemente el demandante todavía tenga una causa de acción contra Antongiorgi por el fundamento de que su negligencia fué la causa próxima de las lesiones ocasionadas por el automóvil guiado por Pabón- Véase, Prosser, supra, pág. 336. Véanse también, Eldredge, Modern Tort Problems, Cap. VIII, Culpable Intervention as Superseding Cause, pág. 205, et seq.; McLaughlin, Proximate Cause, 39 Harv. L. Rev. 149, 178 et seq.; Bohlen & Harper, Torts, págs. 272-287.
      Quizás la mejor discusión de las muchas cuestiones legales que este caso contiene, algunas de las cuales no tenemos que resolver aquí, se encuentra en Prosser, Joint Torts and Several Liability, 25 Calif. L. Rev. 413. Y of. González v. White Star Bus Line Inc., 53 D.P.R. 615, 659; Cubano v. Jiménez et al,, 32 D.P.R. 167; Cruz et al. v. Frau, 31 D.P.R. 92.


author: El Juez Asociado Senoe. Snyder

text:
    Cándido Rivas, demandante y apelado, v. Anacleto Renta y su esposa Monserrate Geli, demandados y apelantes.
    Núm. 8893.

    — Sometido: Mayo 9, 1944.

      Resuelto: Julio 3, 1944.

      Felipe Colón Díaz, abogado de los apelantes; Ramón Q. Goyco, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Senoe. Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Durante los años 1934 y 1935 los demandados contrajeron una deuda ascendente a $575 en cuenta corriente eon una firma comercial. Para garantizar el pago de esta' deuda, el 14 de enero de 1935, otorgaron una llamada escritura de compraventa por la cual “traspasaron” a dicha firma cierta casa de su propiedad. Esta escritura expresamente dispo-nía que los vendedores “venden, ceden y traspasan” a la firma aquí envuelta “la casa antes descrita y todas sus perte-nencias, trasmitiéndole con la posesión el dominio de la misma, así como su derecho de Hogar Seguro sobre la misma . . . ”. El mismo día el llamado comprador otorgó un documento por el cual se concedía a los demandados el derecho a readquirir dicha casa dentro de un año por $575. Ambas partes con-vienen en que la transacción en conjunto era una de garantía, para garantizar el pago de la deuda. Tampoco se discute el hecho de que el alegado comprador no habiendo tomado po-sesión material de la casa, la escritura en cuestión era én. efecto legal una hipoteca, de conformidad con el artículo 1410 del Código Civil, Ed. 1930.

Mediante una transacción ajena a este caso, el deman-dante obtuvo de la firma comercial en cuestión la cesión de todos sus derechos, título e intereses en el traspaso — la hipo-teca — y la deuda que ésta garantizaba. Habiendo sido infruc-tuosas las gestiones del demandante para cobrar la deuda a los demandados, el demandante radicó demanda y obtuvo sentencia contra los demandados por $575, importe de la deuda en este caso. Esta sentencia no se apeló y es firme. Se ejecutó la sentencia embargando la casa y vendiéndola en pública subasta al demandante.

El presente caso surgió cuando los demandados intenta-i*on ejercitar su alegado derecho de Hogar Seguro de confor-midad según dicen con. el artículo 5, Ley núm. 87, Leyes de Puerto Rico 1936, la Ley de Hogar Seguro, 1936 ((1) pág. 461), por moción como incidente dentro del pleito en cobro de dinero, en el que se dictó sentencia, como ya se ha dicho, contra los demandados y de la cual no apelaron. Esta es una apelación de la resolución de la corte de distrito declarando sin lugar la moción de los demandados reclamando su derecho de Hogar Seguro.

El demandante establece ciertas contenciones en euanto a que los demandados no cumplieron con algunos requisitos supuestamente jurisdiccionales de la Ley núm. 87 de 1936. Este caso también es poco usual en cuanto a que el demandante obtuvo en subasta pública el título de 1¿ propiedad sobre la cual ya tenía una hipoteca que garantizaba la deuda en cuestión. Pero no tenemos que considerar la cuestión de si debieron haberse cumplido los requisitos jurisdiccionales o si en un caso en cobro de dinero iniciado bajo las circunstancias que aquí concurren pueden reclamarse derechos de Hogar Seguro.

El caso de los demandados cae por una razón más fundamental; El demandante goza ahora de título sobre su pro-piedad mediante venta en pública subasta; también tiene to-dos los derechos, título e intereses del cesionario en un traspaso en que los demandados “vendieron” la propiedad para garantizar una deuda. En este último traspaso los de-mandados, como hemos visto, expresamente renunciaron su derecho de Hogar Seguro. La sección 1 de la Ley núm. 87 de 1936 dispone que “Este derecho de Homestead es irrenun-eiable; y cualquier pacto en contrario se declara nulo”. Pero dicha ley no controla esta trasacción que se llevó a efecto en 1935. Hemos resuelto que las transacciones celebradas con anterioridad al 1936 están controladas por la anterior Ley de Hogar Seguro, bajo la cual podía renunciarse el dere-cho de Hogar Seguro siempre y cuando que se hiciera expre-samente en el documento de traspaso (Martines v. Registra-dor, 53 D.P.R. 622; Crédito y Ahorro Ponceño v. Beveraggi, 55 D.P.R. 649, 652, 653; Franceschi v. Claudio, 51 D.P.R. 495, 500, 501) y siempre y cuando que marido y mujer con-curran en el documento (Santoni v. Llinás & Cía, 63 D.P.R. 199; Crédito y Ahorro Ponceño v. Beveraggi, supra, pág. 656; Ramírez v. Registrador, 39 D.P.R. 269). Estos dos requisitos se cumplieron en este caso. Resta sólo añadir que bajo la Ley de Hogar Seguro que controla el presente caso podía incluirse tal renuncia, como aquí se hizo, en un documento en el que se constituye una hipoteca sobre la propiedad en cues-tión (Quiñones v. Rodríguez, 58 D.P.R. 217).

Por las razones aquí expuestas la resolución de la corte de distrito declarando sin lugar la moción de los demandados apelantes reclamando el derecho de Rogar Seguro será con-firmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Salvador Suazo, acusado y apelante.
    Núm. 10457.

    — Sometido: Junio 16, 1944.

      Resuelto: Julio 3, 1944.

      Angel M. Villamü, abogado del apelante; R. A. Gomes, Fiscal det Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una apelación contra sentencia de la corte de distrito imponiéndole al acusado una multa de $25 por infracción a la Ley núm. 131, Leyes de Puerto Rico, 1943 (pág. 405), conocida como la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico. El demandado levanta dos cuestiones de de-recho: (1) alega que la denuncia no aduce hechos que impu-ten una infracción de la ley; y (2) afirma que la Ley de De-rechos Civiles es inconstitucional.

La denuncia fué radicada originalmente en la Corte Municipal. Fué jurada por un Fiscal Auxiliar del Distrito de San Juan y alega que el delito se cometió en la siguiente forma: “Que en 14 de agosto de 1943, y en el Barrio Santurce, P. R. del Distrito Judicial Municipal de San Juan, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., el acusado Salvador Suazo, ilegal, voluntaria y maliciosamente y actuando para dicha fecha como dueño y administrador del negocio público El Esquife, sito en dicha Barriada de Santurce, negó acceso e igual tratamiento en dicho Club Esquife a las siguientes personas: Paula O. de Muriel, Jorge Haddock, Sra. de Jorge Haddock, Teniente Rafael A. Muriel, Capitán Rafael Pérez García y Sra. de Pérez García, alegando dicho Salvador Suazo que le negaba a dichas personas acceso e igual tratamiento porque las mismas o sea, dichas personas eran de color, no pudiendo por tal actitud de dicho Salvador Suazo las mencionadas personas entrar al Club Esquife en dicha fecha. Hecho contrario a la Ley Núm. 131 de 1943, Sec-ción Uno, Letra ‘A’.”

El apelante sostiene que el alegar que el acusado actuaba como dueño y administrador “del negocio público El Es-quife” no expresa una violación de la sección 1 de la Ley núm. 131. Su posición es que la frase “negocio público” es una conclusión de derecho y no una alegación de hecho, y que, para que constituya un delito bajo esta ley, es necesario que se alegue específicamente y en detalle exactamente qué clase de “negocio público” es el que se explota, con el fin- de determinar si ha ocurrido dicha infracción, En apoyo de este argumento el acusado afirma que la sección 6(2) de láLey incluye todas las clases de establecimientos y negocios públi-cos a que se refiere la Ley; que la alegación en la denuncia de que el El Esquife és un club no constituye un delito, toda vez que la sección 6(2) no menciona los clubs; y que como cuestión de conocimiento público un club es privado y no pú-blico, y sólo los socios pueden asistir, hecho éste que indujo a la Legislatura, con toda razón, a dejar á los clubs fuera del alcance de la ley.

Puede admitirse en seguida que la denuncia no está bien redactada, más aún por haber sido preparada por un fiscal auxiliar de distrito, y no por un lego. No obstante, estamos satisfechos en que, leída en conjunto, aduce un delito bajo la Ley núm. 131. En primer lugar, el acusado, al excepcional' la denuncia, acepta por ciertas sus alegaciones. Y dichas ale-gaciones están redactadas en el lenguaje de la ley, que pro-híbe tal discrimen en “sitios y negocios públicos”. Puede admitirse con facilidad que el acusado pudo haber obtenido un pliego de particulares. Pero, a la luz de las definiciones de “negocio público” que se encuentra en la sección 6(2), no puede atacar meramente la denuncia propiamente dicha. En una situación similar, dijimos hace poco: “De suerte que cuando en la acusación, siguiendo las palabras del estatuto, se imputó al acusado que ‘ . . . ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, poseía y transportaba sobre su persona un arma de fuego sin haber declarado la misma . . . ’, ‘arma de fuego’ tenía el significado que la propia ley le daba, esto es, pistola, revólver, escopeta o rifle de los especificados en la sección primera. Si el acusado necesitaba una más con-creta especificación, pudo solicitar de la corte que ordenara se le diera, como se resolvió en el propio caso del Pueblo v. Avilés, supra, y se ratificó en el del Pueblo v. Rodríguez, supra. Pero no puede sostener ahora con éxito que la acur sación no le imputó un delito.” (Pueblo v. Candelaria, 60 D.P.R. 626, 629).

El argumento del apelante en cuanto a la alegación de que el acusado operaba un club significa que éste era un club privado, no incluido en las definiciones de “negocio público” que se encuentran en la sección 6(2), se aparta del hecho de que la denuncia también alega que este club es un “negocio público”. JTn club operado como negocio público necesaria-mente tiene que ser un “sitio de diversión y recreo”, o un “sitio donde sean ofrecidos al público . . . diversión”. (Sec-ción 6(2)).

No podemos seguir el argumento del apelante de que la Ley núm. 131 es inconstitucional toda vez que menoscaba sus derechos bajo la Enmienda Decimocuarta. Si algo hacen, ésta y otras leyes estatales similares tienden a implementar y reforzar los derechos conferidos por dicha enmienda. En verdad, por tales leyes el estado meramente prohíbe a las personas afectadas por las mismas el hacer lo que el propio estado está impedido de hacer bajo la Enmienda Décimo-cuarta. Como indica la Anotación sobre Constitueionalidad de la legislación estatal de “derechos civiles”, 49 A.L.R. 505, “Desde el 1889, se ha declarado que ya no se puede discutir el derecho de la Legislatura .a aprobar estatutos de derechos civiles ‘en cuanto a toda clase de negocios, de carácter público, o cuasi público operados para el acomodo, refrigerio, diver-sión o instrucción del público, que el estado tiene el derecho de reglamentar bajo su poder de policía, de manera que todas las clases de ciudadanos puedan gozar de sus beneficios sin un discrimen injusto.’ Rhone v. Loomis (1898) 74 Minn. 200, 77 N.W. 31. ” A este efecto, véanse los casos en dicha Anotación y también los citados en el escolio 7, 10 American Jurisprudence 902.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.,

      Dicha sección lee en parte como sigue:
      "Seeeión 1. — (a) En Puerto Kico no se negará a persona alguna aeeeso, ser* vicio e igual tratamiento en los sitios y negocios públicos y en los medios de transporte por cuestiones políticas, religiosas, de raza o color o por cualquiera otra razón no aplicable a todas las personas en general.”

      La sección 6(2) lee como sigue:
      "Las frases ‘sitio de acomodo público’ y ‘negocio público’, entre otros sig-nificarán auditorios, salones de asamblea y otros sitios de reunión pública; bar-berías, cafés, salones de concierto, confiterías, tiendas de departamentos y todos los almacenes, tiendas y fábricas donde sean vendidos u ofrecidos, anunciados o desplegados para su venta al público, alimentos, medicinas, bebidas, provisiones, mercancías o servicios; parques, estadios, y todo otro sitio de diversión y recreo; elevadores, comedores, hoteles, fondas, posadas, teatros, campos atléticos, gimliát sios, donde se celebren concursos o competencias de deportes y cualquier otro, sitio donde sean ofrecidos al público mercaderías, servicios o diversión.”