author: La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

text:
    Alexis Morales Cales y Yolanda Torres González, peticiona-rios, v. Rafael Marengo, Reinaldo Torres Cruz, Antonio González Alicea y Ángel Arce, recurridos.

      Número: CC-2010-0303

      Resuelto: 13 de mayo de 2011

      Juan González Santiago, abogado de la parte peticionaria; Irene S. Soroeta Kodesh, procuradora general, Rosa Elena Pérez Agosto, procuradora general auxiliar, y Leticia Ca-salduc Rabell, subprocuradora general, abogadas de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

emitió la opinión del Tribunal.

Los peticionarios, Alexis Morales Cales y Yolanda Torres González nos solicitan la revisión de una sentencia del Tribunal de Apelaciones que desestimó el recurso de apelación incoado ante ese foro por entender que carecía de jurisdicción. Concluyó el foro a quo que los peticionarios presentaron el recurso de forma tardía. Nos corresponde determinar si en un pleito contra varios funcionarios del Estado, representados legalmente por el Procurador General, es necesario que el Estado figure como parte para que aplique el término de sesenta días para presentar la ape-lación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia ante el Tribunal de Apelaciones. A priori, contestamos en la negativa. Previo a iniciar nuestro análisis, expondremos los hechos que dieron génesis a la controversia de autos.

I

El 14 de febrero de 2007, los peticionarios instaron una demanda sobre violación de derechos civiles contra los re-curridos Rafael Marengo, Reinaldo Torres Cruz, Antonio González Alicea y Ángel Arce. En síntesis, alegaron que, entre el 12 de febrero y el 16 de mayo de 2001, los recurri-dos Antonio González Alicea y Ángel Arce, ejerciendo como maestros de la escuela superior Gabriela Mistral de Lares, y Rafael Marengo y Reinaldo Torres Cruz, actuando como oficiales de la Policía de Puerto Rico, actuaron en contuber-nio para difamar y provocar el arresto y detención ilegal del peticionario Alexis Morales Cales. Los peticionarios adujeron que las actuaciones de los recurridos estuvieron motivadas por las expresiones públicas que realizó el señor Morales Cales contra estos, con relación a un incendio ocu-rrido en esa escuela el 18 de enero de 2001.

Así las cosas, el 6 de septiembre de 2007, el Departa-mento de Justicia asumió la representación legal de los recurridos según lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 3085.

Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de Pri-mera Instancia dictó sentencia el 28 de diciembre de 2009, notificada ese mismo día, en la que desestimó la demanda incoada al concluir que estaba prescrita y que hacían falta partes indispensables.

Inconforme, los peticionarios presentaron una apelación ante el Tribunal de Apelaciones el 26 de febrero de 2010. Luego de ciertos trámites procesales, el 10 de marzo de 2010, el ilustrado foro apelativo intermedio dictó sentencia donde, inter alia, determinó que la apelación fue presen-tada de forma tardía, por lo que no tenía jurisdicción para atender el recurso. El tribunal a quo hizo el razonamiento siguiente:

En el caso de autos la Demanda no incluyó alegación alguna en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través del Departamento de Educación o la Policía, por lo que no fueron emplazados. Todas las alegaciones y los remedios soli-citados, se refieren a actuaciones culposas de los co apelados actuando como maestros y policías. Es decir, el Estado nunca fue parte de la reclamación. Si bien es cierto que bajo la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975, el Departamento de Jus-ticia asumió la representación legal de los co apelados, ello no implica que el Estado fuese parte del litigio. Ortiz, et. als. v. E.L.A., et. als., 158 D.P.R. 62, 72 (2002). Incluso, los propios apelantes han reiterado durante todo el proceso que su inten-ción nunca ha sido traer al Estado como parte al pleito. Nótese que la propia sentencia recurrida tiene como uno de sus fun-damentos que el Estado resultaba parte indispensable que no fue traída al pleito por lo que procedía la desestimación del mismo. Habida cuenta de ello, el término correspondiente para presentar su recurso de apelación era de treinta (30) días y no de sesenta (60) como si el Estado fuese parte. Cierta-mente, el tribunal recurrido dictó su Sentencia el 28 de diciem-bre de 2009, notificándosela a las partes en igual fecha. Siendo ello así, el término para solicitar la revisión del dictamen dis-ponible para los apelantes expiró treinta (30) días después de la notificación, es decir, el 27 de enero de 2010. Presentado el recurso el 26 de febrero de 2010, éste se presentó, pasados treinta (30) días del término dispuesto por nuestro ordena-miento jurídico.
Del expediente ante nuestra consideración no surge que la sentencia objeto del recurso fuera ilegal, se dictó sin jurisdic-ción o en contravención al derecho vigente, por lo tanto, esta-mos ante una sentencia final y firme. Transcurridos los térmi-nos de la Regla 53.1 y la Regla 13(A), expiraron los plazos para que los apelantes presentaran su apelación de la sentencia, que se presume dictada dentro de las facultades y poderes del tribunal sentenciador, pues al advenir final y firme, hemos perdido jurisdicción para revisarla. (Énfasis en el original.) Apéndice del Certiorari, págs. 298-299.

Insatisfechos, los peticionarios recurren ante nos plan-teando como error:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL DESESTIMAR LA APELACI[Ó]N PRESENTADA Y CONCLUIR QUE NO TEN[Í]A JURISDICCION POR ENTENDER QUE LA APELACION FUE RADICADA TARD[Í]AMENTE. Certio-rari, pág. 4.

Examinado el recurso, concedimos a los recurridos un término para mostrar causa por la cual no debíamos expedirlo. Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes procedemos a resolver conforme lo intimado.

1 — I HH

A. La controversia ante nuestra consideración re-quiere que analicemos las disposiciones estatutarias que establecen los términos para presentar un recurso de ape-lación ante el Tribunal de Apelaciones.

Al hacer tal análisis, es imperativo tener presente las normas de interpretación de las leyes. Tales reglas requieren que los tribunales consideren los propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobar el estatuto, de forma que éste se ajuste a la política pública que lo inspira. Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 D.P.R. 849 (2010). Véanse, además: Claro TV y Junta Regl. Tel. v. OneLink, 179 D.P.R. 177 (2010); Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155, 163 (2000), citando a Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408, 417 (1998).

Se ha indicado que cuando el lenguaje de una ley es claro e inequívoco, el texto del estatuto es la expresión por excelencia de la intención legislativa. Ortiz v. Municipio San Juan, 167 D.P.R. 609, 617 (2006); B.B.C. Realty v. Secretario Hacienda, 166 D.P.R. 498, 507-508 (2005); Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., supra, pág. 164. Es por tal razón que, en primer lugar, se debe acudir al texto de la ley, ya que si el lenguaje es claro y libre de toda ambigüedad, su letra “no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu”. Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14. Por lo tanto, ante un lenguaje claro y libre de ambigüedad, no se debe buscar más allá del texto de la ley para encontrar la verdadera voluntad del legislador, sino que se debe descubrir y dar efecto a la intención expresada en la letra del estatuto. Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460, 477 (2006).

Claro está, si surge alguna ambigüedad con el texto del estatuto, el tribunal debe asegurar el cumplimiento con los propósitos legislativos. S.L.G. Rivera-Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 333 (2009). En este contexto, la fuente que se ha de consultar para descifrar la verdadera inten-ción del legislador es el historial legislativo del estatuto en cuestión, incluyendo la exposición de motivos de la ley, los informes rendidos por las comisiones de las Cámaras y los debates celebrados en el hemiciclo. Ortiz v. Municipio San Juan, supra, pág. 617; Vicenti v. Saldaña, 157 D.P.R. 37, 48 (2002); Caballero v. Sistemas de Retiro, 129 D.P.R. 146, 159 (1991). Incursionar en el historial legislativo del esta-tuto en controversia permite afrontar, con una perspectiva amplia, el sentido de su texto y la intención legislativa que lo inspiró. Id.

Como parte del ejercicio de hermenéutica también debemos tener presente que las leyes no deben ser interpretadas tomando aisladamente algunas de sus secciones, párrafos u oraciones, sino que deben serlo tomando en consideración todo su contexto. Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, supra; SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 D.P.R. 657 (2009); Descartes, Tes. v. Tribl. Contrib. y Sucn. Cautiño, 71 D.P.R. 248, 253 (1950). De igual modo, se deben analizar las leyes o disposiciones in pari materia o complementarias que puedan ayudar a esclarecer cuál ha sido la verdadera intención legislativa. Art. 18 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 18; Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740, 750 (1992).

B. La derogada Regla 53.1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) establecía los términos para incoar un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones en el que se solicitara la revisión de una sen-tencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso civil.

En lo concerniente a la controversia de autos, esa regla disponía lo siguiente:

... El recurso de apelación deberá ser presentado ... dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sen-tencia dictada por el tribunal apelado. En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios o una de sus instrumentalidades que no fuere una corporación pública, o los municipios de Puerto Rico sean parte en un pleito, el recurso de apelación se formalizará, por cualquier parte en el pleito perjudicada por la sentencia, presentando un escrito de apelación ... dentro del término jurisdiccional de sesenta (60) días contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 53.1(c) (ed. 2001).

Al igual que la Regla 53.1 de Procedimiento Civil de 1979, supra, la Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, regula el término que las partes tienen para presentar el recurso de apela-ción ante ese foro. Sobre el particular, esta regla dispone que

... [l]as apelaciones contra sentencias dictadas en casos ci-viles por el Tribunal de Primera Instancia, se presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia.
En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios(as) o una de sus instrumentalidades que no fuere una corporación pública, o en que los municipios de Puerto Rico o sus funcionarios sean parte en un pleito, el recurso de apelación se formalizará, por cualquier parte en el pleito que haya sido perjudicada por la sentencia, presentando un escrito de apelación dentro del término jurisdiccional de sesenta (60) días, contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado.

Al analizar los preceptos legales discutidos, podemos ver que existen dos (2) términos distintos para presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones que son de carácter jurisdiccional. Ello implica que si el recurso de apelación se presenta fuera de los plazos provis-tos para ello, el foro apelativo intermedio estará impedido de considerarlo. Ghigliotti v. A.S.A., 149 D.P.R. 902, 906 (1999). “En otras palabras, pasados los días para presentar un escrito de apelación, la sentencia del tribunal de instan-cia se convierte en final y firme, y la parte pierde su opor-tunidad para apelar.” Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 D.P.R. 840, 849 (2007).

Conforme a las disposiciones citadas, como norma general, el término para presentar el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones es de treinta (30) días a partir del archivo en autos de la copia de la notificación de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. No obstante, ese término se extiende a sesenta (60) días en el caso de que el Estado Libre Asociado, sus funcionarios o sus agencias que no sean una corporación pública, o los municipios de Puerto Rico sean parte en el pleito.

Sobre este último plazo, es de notar que tanto la Regla 53.1 de Procedimiento Civil de 1979, supra, como la Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, utilizan la conjunción “o” al hacer la enumeración de las personas y entidades que deben estar incluidas en el litigio para que aplique el término de sesenta (60) días para in-coar el recurso de apelación ante el foro apelativo intermedio.

La conjunción “o” es una conjunción disyuntiva que “denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas”. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22da ed., Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2001, T. II, pág. 1601. Esta conjunción se distingue de la conjunción “y” en que esta última se utiliza “para unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo” mientras que la conjunción “o” tiene el efecto de desvincular las palabras entre las que es usada. Véanse: Torres, Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481 (2010); Alejandro Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R. 538, 544 (1996); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes de Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, pág. 353.

Sin embargo, aun cuando la conjunción “y” se considera copulativa y la conjunción “o” disyuntiva, se ha indicado que sus significados son intercambiables y que pueden ser sustituidas de manera que la conjunción “o” puede ser leída como “y”, o viceversa. Pueblo v. Villafañe, Contreras, 139 D.P.R. 134, 145 (1995). Véanse, además: Pérez, Pellot v. J.A.S.A.P, 139 D.P.R. 588, 597 (1995); Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36, 42 (1950); Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 353. No obstante, tal sustitución se realizará cuando sea necesario para cumplir con la intención legis-lativa del estatuto en controversia. Pérez, Pellot v. J.A.S.A.P., supra, pág. 597; Pueblo v. Mantilla, supra, pág. 42.

C. En el caso ante nos, a pesar de que seis (6) funcio-narios del Estado fueron demandados en el pleito y que el Departamento de Justicia asumió su representación legal, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el plazo para in-coar el recurso de apelación ante tal foro era de treinta (30) días a partir del archivo en autos de una copia de la noti-ficación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, ya que el Estado no fue incluido en el litigio.

No obstante, los peticionarios sostienen que la interpre-tación del Tribunal de Apelaciones es contraria a la inten-ción por la cual se estableció el término de sesenta (60) días y que, al ser parte del pleito varios funcionarios del Estado, ello era suficiente para que aplicara ese plazo.

Al analizar los propósitos que motivaron el que se insti-tuyera el término de sesenta (60) días, debemos comenzar por señalar que, cuando se aprobaron las Reglas de Proce-dimiento Civil de 1979, el Tribunal de Apelaciones no for-maba parte de nuestro Sistema Judicial. Solamente contá-bamos con: el Tribunal Supremo y el Tribunal de Primera Instancia el cual estaba compuesto de dos (2) secciones, a saber, el Tribunal Superior y el Tribunal de Distrito. Sec. 1 y 9 de la Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según enmen-dada, conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. secs. 1 y 61 (Supl. 1978). Al no existir el Tribunal de Apelaciones, una vez concluían los procesos ante el Tribunal de Primera Instan-cia, las partes podían acudir directamente a este Tribunal para solicitar la revisión de las determinaciones del foro primario. Sec. 14 de la Ley Núm. 11 (4 L.P.R.A. sec. 37 (Supl. 1978)).

Como parte de su competencia, este Foro podía revisar las sentencias civiles finales que fuesen emitidas por el Tribunal Superior. Id. Ello se efectuaba a través de un auto de revisión, el cual se concedía de manera discrecional. Id.

Originalmente, había un solo término para formalizar el auto de revisión el cual constaba de treinta (30) días a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Véase la Regla 53.1 de Procedimiento Civil de 1979, supra. Sin embargo, este plazo resultaba ser muy breve en los casos en los que el Estado, sus funciona-rios o agencias que no fuesen una corporación pública acu-dieran en revisión ante nos. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 143 de 19 de julio de 1986 (1986 Leyes de Puerto Rico 465).

Tradicionalmente, la representación de estas personas y organismos ante el Tribunal de Primera Instancia, por lo general, ha estado a cargo de abogados de varias divisiones del Departamento de Justicia. Id. No obstante, cuando el Estado, sus funcionarios o agencias son parte o tienen al-gún interés en procedimientos ante los tribunales apelati-vos, el caso es referido a la Oficina del Procurador General la cual asume la representación en tales foros. Id. Véase, además, Art. 60 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, conocida como Ley Orgánica del Departamento de Justicia, 3 L.P.R.A. sec. 294L

Este fraccionamiento en la representación legal ocasio-naba que en la mayoría de los casos en los cuales el Estado, los fimcionarios o sus agencias que no fueren corporación pública decidían acudir ante este Tribunal a través de un auto de revisión, estos se referían a la Oficina del Procura-dor General próximo a vencerse el término de treinta (30) días que se disponía para incoar tal solicitud. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 143, supra. Ello se debía a que el trámite de estos casos requería una coordinación efectiva entre las distintas divisiones del Departamento de Justicia y la Oficina del Procurador General la cual, generalmente, consumía más de la mitad del término dispuesto para pre-sentar el auto de revisión. íd. Esta situación provocaba que se redujera considerablemente el tiempo que tenía el Procu-rador General para evaluar, estudiar y formalizar tal recurso. íd. Informe de la Comisión de lo Jurídico Civil del Senado sobre el P. del S. 841 de 22 de mayo de 1986.

Para atender este problema, se aprobó la Ley Núm. 143, supra. A través de este estatuto, se amplió el término para presentar el auto de revisión a sesenta (60) días en aque-llos casos en que el Estado, sus funcionarios o agencias que no fueran una corporación pública eran parte en el pleito. Con esta enmienda se buscaba asegurar que tales organis-mos y fimcionarios contaran “con un plazo adecuado para proteger los intereses del Pueblo de Puerto Rico, sin me-noscabo de los intereses de las otras partes en el pleito, a quienes también les beneficia la ampliación del plazo”. Ex-posición de Motivos de la Ley Núm. 143, supra, pág. 466. Véanse, además: Almodovar v. Warren Electric Co., 140 D.P.R. 906, 910 (1996); Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R. 168, 173 (1996).

Posteriormente, la Regla 53.1 de Procedimiento Civil de 1979, supra, sufrió varios cambios.

En primer lugar, este precepto fue enmendado mediante la Ley Núm. 108 de 7 de diciembre de 1993 (32 L.P.R.A. Ap. III). Según el historial legislativo de este estatuto, los mu-nicipios de Puerto Rico tenían un problema similar al que afrontaba el Procurador General cuando se aprobó la Ley Núm. 143, supra. Informe de la Comisión de lo Jurídico Civil del Senado sobre el P. de la C. 344 de 7 de junio de 1993. El término de treinta (30) días para formalizar el auto de revisión resultaba ser muy limitado para los mu-nicipios, ya que la preparación del caso requería una coor-dinación efectiva entre diversas divisiones o dependencias lo cual consumía tiempo adicional a los abogados que los representaban. Id. Es por ello que, a través de la Ley Núm. 108, supra, el plazo de sesenta (60) días se extendió a aque-llos casos en que los municipios eran parte del pleito.

En segundo lugar, la Regla 53.1 de Procedimiento Civil de 1979, supra, fue enmendada como consecuencia de la aprobación del Plan de Reorganización de la Rama Judicial Núm. 1 de 28 de julio de 1994, conocido como Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 22 et seq.) (Supl. 1996), mediante el cual, inter alia, se creó el antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones como un tribunal apelativo intermedio entre el Tribunal de Primera Instancia y este Tribunal. Con la creación de este foro, las sentencias finales dictadas en caso civiles ante el Tribunal de Primera Instancia (incluyendo las sentencias emitidas por el Tribunal de Distrito, el cual se encontraba en pro-ceso de abolición) ahora eran revisables mediante la pre-sentación de un recurso de apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Art. 4.002 del Plan de Reorgani-zación Núm. 1 (4 L.P.R.A. sec. 22k (Supl. 1996)).

Para conformarla a este cambio, la Regla 53.1 de Proce-dimiento Civil, supra, fue modificada mediante la Ley Núm. 249 de 25 de diciembre de 1995 de manera que los términos de treinta (30) y sesenta (60) días dispuestos para el auto de revisión ahora fuesen aplicables al recurso de apelación ante el foro apelativo intermedio, hoy día cono-cido como Tribunal de Apelaciones.

Según se puede apreciar, a pesar de que la Regla 53.1 de Procedimiento Civil de 1979, supra, fue enmendada con posterioridad a la aprobación de la Ley Núm. 143, supra, el Procurador General, así como las demás partes involucra-das en el pleito, continuaron disfrutando del beneficio de la extensión del término de sesenta (60) días para solicitar que se revise una sentencia dictada por el Tribunal de Pri-mera Instancia, el cual aplica a aquellos casos en el que el Estado, sus funcionarios o agencias que no sean una cor-poración pública, o los municipios de Puerto Rico, sean parte. De esta manera, se mantuvo el propósito de la Ley Núm. 143, supra, de proveerle al Procurador General tiempo suficiente para tramitar los casos que le son referi-dos de las distintas divisiones del Departamento de Justi-cia de forma que pueda representar adecuadamente al Es-tado en los tribunales apelativos en todos aquellos procedimientos civiles en que este último sea parte o tenga algún interés.

D. Al analizar si es necesario que el Estado sea in-cluido en el pleito para que aplique el plazo de sesenta (60) días, es importante señalar que, en ocasiones, el Procura-dor General tiene el deber de representar a funcionarios o exfuncionarios del gobierno aunque el Estado no sea parte en el litigo.

La Ley Núm. 104, supra, permite que se demande al Estado o a un funcionario o empleado público, “cuando éste actúa negligentemente u omite actuar según su deber dentro del marco de las funciones propias de su cargo o empleo”. García v. E.L.A., 146 D.P.R. 725, 734-735 (1998). Esta demanda se puede incoar contra el Estado o el funcionario, o contra ambos conjuntamente. González Pérez v. E.L.A., 138 D.P.R. 399 (1995); De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 D.P.R. 472 (1989).

Conforme al Art. 12 de la Ley Núm. 104, supra, los funcionarios o exfuncionarios del Estado que sean de-mandados en su carácter personal por actos u omisiones ocurridos en el marco de sus funciones oficiales tienen el derecho a solicitar que el Estado les provea representación legal.

Para implantar esta directriz, el Departamento de Jus-ticia aprobó el Reglamento sobre Representación Legal y Pago de Sentencia, Reglamento Núm. 7622 del Departa-mento de Justicia, 3 de diciembre de 2008. Este cuerpo reglamentario establece, inter alia, el procedimiento que deben seguir los funcionarios del Estado que sean deman-dados en su carácter personal para solicitar y obtener la representación del Departamento de Justicia.

Como parte de sus disposiciones, el Reglamento dispone que, una vez el Departamento de Justicia determine pro-veer representación legal a un funcionario, tal representa-ción se extiende a “todos los procedimientos de revisión o apelativos que el Procurador General o el Secretario de Justicia decidan promover”. Art. 33(a)(1) del Reglamento sobre Representación Legal y Pago de Sentencia, supra, pág. 32.

Por lo tanto, cuando una persona demanda directamente a un funcionario del Estado por violaciones a derechos civiles cometidos por éste en el ejercicio de sus funciones oficiales y el Departamento de Justicia se hace cargo de su representación legal, el Procurador General estará obligado a representar a tal funcionario ante los tribunales apelativos aunque no se demande directamente al Estado. El Procurador General tendrá las mismas obligaciones y deberá llevar a cabo los mismos procedimientos que realizaría en los casos en los que el Estado sea parte en el pleito; lo cual incluye incoar un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones si ello resulta procedente. Véase el Art. 60 de la Ley Núm. 205, supra.

HH I — I HH

En el marco jurídico enunciado, procedamos a resolver la controversia ante nuestra consideración.

Según indicamos, tanto la Regla 53.1 de Procedimiento Civil, supra, como la Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, disponen que el término de sesenta (60) días será aplicable en aquellos casos en los que el Estado, sus funcionarios o agencias, que no sean una corporación pública, o los municipios sean parte en el pleito. En ambos estatutos se utiliza la conjunción disyun-tiva “o” al expresar las personas o entidades que deben estar incluidos en el litigo para que aplique el término de sesenta (60) días para presentar el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Al emplearse esta conjun-ción, no es necesario que esté presente cada uno de ellos para que aplique este término, sino que basta con que sea parte cualquiera de las personas u organismos señalados. Por lo tanto, si la demanda se dirige contra uno o varios funcionarios del Estado, no es necesario que se incluya al Estado para que aplique el término de sesenta (60) días, ya que tal situación está cobijada por la Regla 53.1 de Proce-dimiento Civil, supra, y por la Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

El período de sesenta (60) días aplicará si está presente el Estado o sus funcionarios o cualquiera de las demás en-tidades mencionadas en las reglas. Opinamos que si la in-tención al establecerse ese período era exigir la inclusión del Estado en el pleito como requisito para que aplicara el mencionado término de sesenta (60) días, se hubiese utili-zado la conjunción “y” en Ia redacción de ambos cuerpos estatutarios.

Por otro lado, aunque la conjunción “o” puede leerse como conjunción “y” en aquellos casos que sea necesario para cumplir con la intención legislativa del estatuto que se interprete, en este caso no procede hacer tal sustitución. La enmienda introducida a través de la Ley Núm. 143, supra, para extender el término para presentar el recurso de revisión, ahora de apelación, se llevó a cabo con el pro-pósito de proveerle al Procurador General tiempo sufi-ciente para prepararse adecuadamente para sus casos, ya que el término de treinta (30) días resultaba ser muy corto debido a la dilación que existía en la tramitación de los casos entre las divisiones internas del Departamento de Justicia y la Oficina del Procurador General.

Como hemos visto, cuando el Departamento de Justicia asume la representación de un funcionario público que es demandado en su carácter personal por actos u omisiones incurridos por éste en el ejercicio de sus deberes oficiales, el Procurador General tiene el deber de continuar tal re-presentación ante los foros apelativos aunque el Estado no sea incluido en el pleito. En ese tipo de casos, si el término aplicable fuera el de treinta (30) días, ocurriría el mismo problema que la Ley Núm. 143, supra, trató de evitar. Los casos que son tramitados por las distintas divisiones del Departamento de Justicia a nivel de primera instancia se-rían referidos a la Oficina del Procurador General cerca del vencimiento del plazo para presentar el recurso de apelación. El Procurador General no tendría tiempo sufi-ciente para examinar cuidadosamente el expediente, llevar a cabo las investigaciones que estime pertinentes, reunirse con los abogados de las otras partes de ser necesario, entre otras. Por lo tanto, la intención del legislador al aprobar la Ley Núm. 143, supra, era cobijar también aquellos casos en que se demanden a funcionarios del Estado directa-mente por actos u omisiones cometidos en el ejercicio de sus deberes y que sean representados por el Procurador General aunque el Estado no haya sido incluido en el litigio.

Conforme a lo expresado, el hecho de que el Estado no sea parte en este caso no implica que el término aplicable para presentar el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones era el de treinta (30) días. El peticionario in-coó su demanda contra varios maestros y policías en su carácter personal en la que alegó que éstos le habían vio-lado sus derechos civiles como consecuencia de varios actos que tales personas alegadamente cometieron mientras des-empeñaban sus deberes oficiales. Además, el Procurador General era el representante legal de estos funcionarios ante el Tribunal de Apelaciones toda vez que el Departamento de Justicia asumió esa representación ante el tribunal de instancia conforme a lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley Núm. 104, supra.

En vista de que varios funcionarios del Estado forman parte del pleito y que el Procurador General los represen-taba legalmente ante el tribunal a quo, el peticionario con-taba con un término de sesenta (60) días a partir del ar-chivo en autos de copia de la notificación de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia para presentar su re-curso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones.

La sentencia del foro primario, cuya revisión se solicita, fue dictada y notificada el 28 de diciembre de 2009. Por otra parte, el recurso de apelación en controversia fue pre-sentado ante el Tribunal de Apelaciones el 26 de febrero de 2010, sesenta (60) días después de emitido el dictamen por el foro primario. Por lo tanto, el recurso de apelación fue presentado en el plazo dispuesto para ello por lo que el foro apelativo intermedio tiene jurisdicción para atenderlo.

IV

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de “cer-tiorari”, se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso a ese foro para que atienda la apelación instada en sus méritos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.

       En la demanda también se incluyó a Marta Torres Delgado como demandada. No obstante, el 29 de septiembre de 2008 los peticionarios desistieron de su reclamación contra la señora Torres Delgado lo cual se hizo constar en una “Sen-tencia Parcial de Archivo por Desistimiento” emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 7 de octubre de 2008.

       Originalmente, el 8 de mayo de 2003, los peticionarios instaron una demanda contra los recurridos ante el Tribunal Federal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por los alegados actos mencionados. En su solicitud, los peticionarios invocaron la jurisdicción y competencia del foro federal al amparo de la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C.A. secs. 1983, 1985 y 1986. Además, hicieron una alegación de reserva de jurisdicción pendiente, reteniendo así el derecho a presentar reclamaciones al palio de la Constitución y las leyes de Puerto Rico ante los tribu-nales estatales o federales contra el Estado Libre Asociado o de sus dependencias. Luego de varios trámites procesales, mediante Sentencia de 16 de febrero de 2006, el Tribunal de Distrito Federal desestimó sin peijuicio la reclamación.

       El Art. 12 fue añadido a la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, a través de la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975 (32 L.P.R.A. sec. 3085).

       En reiteradas ocasiones hemos señalado que las normas de carácter procesal, como regla general, tienen efecto retroactivo, por lo que aplican tanto a las acciones pendientes al momento de su vigencia como a las incoadas con posterioridad a la vigencia de estas. Lincoln Saos. Bank v. Figueroa, 124 D.P.R. 388, 394-395 (1989); Ortiz v. Fernós López, 104 D.P.R. 851, 852 (1976); Reyes v. Mayagüez Transport, 86 D.P.R. 273, 281 (1962); Souchet u. Cosío, 83 D.P.R. 758, 762 (1961); Fajardo v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 476, 481 (1949); Mason v. White Star Bus Line, 53 D.P.R. 337, 340-341 (1938); Ojeda v. Gavilán, 46 D.P.R. 399, 401 (1934). Véase, además, R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, See. 203, págs. 18-19.
      Sin embargo, esta regla debe aplicar solo a incidentes que aún estén por ocurrir luego de que entre en vigor el nuevo estatuto procesal; no en cuanto a cuestiones que ya fueron dilucidadas mediante la antigua norma. Hernández Colón, op. cit., págs. 19 y 24-25.
      En este caso, la decisión del foro apelativo sobre la falta de jurisdicción se emitió fundamentándose en la Regla 53.1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), la cual se encontraba vigente cuando el Tribunal de Apelaciones dictó su sentencia. Por lo tanto, aunque actualmente se encuentran vigentes las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V), nos corresponde analizar la contro-versia ante nuestra consideración en conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil de 1979.
      No obstante, conviene aclarar que la Regla 52.2 de Procedimiento Civil de 2009, supra, recoge esencialmente los mismos términos y las mismas condiciones que se establecían en la Regla 53.1 de Procedimiento Civil de 1979, supra, con relación a la presentación del recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones.

       Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22da ed., Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2001, T. II, pág. 2326.

       Sobre este asunto conviene aclarar que las sentencias que dictaba el Tribunal de Distrito en los casos civiles que se ventilaban ante esa sección eran apelables ante el Tribunal Superior. No obstante, la determinación que emitía el Tribunal Superior con relación a tal apelación podía ser revisada ante el Tribunal Supremo mediante el recurso de certiorari. Sec. 14 de la Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según en-mendada, conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 37 (Supl. 1978).

       Las apelaciones provenientes del Tribunal Superior en casos civiles eran permisibles cuando se planteaba una cuestión constitucional sustancial al amparo de la Constitución de Puerto Rico o de la Constitución de Estados Unidos de América. Sec.ción 14 de la Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según enmendada, conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 37 (Supl. 1978). Véanse, además: Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R. 168, 171-172 (1996); Bermúdez v. Ortiz, 80 D.P.R. 707, 708 (1958).

       Véanse los Arts. 4.001 a 4.008 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (4 L.P.R.A. secs. 24t a 25).


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license: Public Domain

text:
      In re Enmiendas a la Regla 6(6.1.1), (6.2.1) y (6.3.1) del Re-glamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría.

      Número: ER-2011-01

      Resuelto: 19 de mayo de 2011
   RESOLUCIÓN

Al amparo del poder inherente de este Tribunal para regular la admisión y el ejercicio de la práctica de la abo-gacía y la notaría, y conforme a lo dispuesto en la Regla 15(15.4) del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, de junio de 1998, según enmendado, 4 L.RR.A. Ap. XVII-B, se enmienda la Regla 6(6.1.1) del citado reglamento para que exprese lo siguiente:

(6.1) Solicitud.—
(6.1.1) Todo aspirante interesado en tomar el examen de Reválida General presentará ante la Junta una solicitud a esos efectos, bajo su responsabilidad de ofrecer información cierta, correcta y completa. La solicitud se presentará me-diante el mecanismo dispuesto por la Junta, ya sea electróni-camente o mediante correo certificado con acuse de recibo, en la fecha que se disponga mediante edicto, que deberá ser por lo menos de cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha señalada para el comienzo del examen de reválida que desee tomar el aspirante. El Director Ejecutivo podrá dispensar a un aspi-rante de cumplir con el requisito de enviar su solicitud de admisión mediante el mecanismo dispuesto por la Junta, y aceptar su entrega personal, cuando el aspirante se vea impo-sibilitado de hacer la presentación a través del medio dis-puesto por la Junta o cuando el Director Ejecutivo estime que la entrega personal no afecta adversamente los trabajos admi-nistrativos de la Junta Examinadora.

Se enmienda el inciso (a) de la Regla 6(6.2.1) del citado reglamento para que exprese lo siguiente:

(6.2) Documentos que han de ser sometidos con la solicitud.—
(6.2.1) Salvo una dispensa autorizada por justa causa por la Junta, la solicitud deberá estar acompañada de:
(a) un documento escrito de su puño y letra y firmado por el(la) aspirante, en el que hará constar bajo juramento que reúne los requisitos enumerados en el Capítulo 4 de este Reglamento. En el caso de un aspirante con una condición que le impida completar el documento de su puño y letra, la Junta diseñará un procedimiento alterno.

Igualmente, se enmienda la Regla 6(6.3.1) del citado re-glamento para que exprese lo siguiente:

(6.3) Obligación continua de informar.—
(6.3.1) Todo aspirante que presente ante la Junta una so-licitud de admisión al examen de Reválida General o Notarial estará obligado a cumplimentarla, posteriormente, bajo su responsabilidad de ofrecer información cierta, correcta y com-pleta por cualquier hecho, circunstancia o información rele-vante que sustancialmente altere o haga inexacta la informa-ción, hecho o circunstancias afirmadas originalmente. Esta obligación será de naturaleza continua hasta la fecha en que el aspirante, de aprobar el examen de reválida, preste jura-mento como abogado.

Estas enmiendas entrarán en vigor inmediatamente. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: PER CURIAM:

text:
      In re José A. Plaud González, querellado.

      Número: CP-2008-23

      Resuelto: 19 de mayo de 2011

      Irene S. Soroeta Kodesh, procuradora general, Ileana M. Oliver Falero, procuradora general interina, Ricardo E. Ale-gría Pons, procurador general auxiliar, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general, abogados de la parte querellante; José A. Plaud González, pro se; Crisanta Gon-zález Seda, comisionada especial.
   PER CURIAM:

Nos corresponde atender una querella contra un aboga-do-notario a quien se le imputa haber incurrido en viola-ciones a los Cánones 12, 18 y 19 del Código de Ética Pro-fesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Por entender que las actuaciones del querellado se apar-taron de las normas éticas que rigen el ejercicio de la pro-fesión, ordenamos la suspensión inmediata del licenciado Plaud González del ejercicio de la abogacía y de la notaría por el término de seis meses.

I

El Ledo. José A. Plaud González (el querellado), fue ad-mitido al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1996 y al ejercicio de la notaría el 19 de septiembre del mismo año. El 15 de marzo de 2007 se presentó ante este Tribunal una queja contra el licenciado Plaud González por alegado in-cumplimiento de sus obligaciones como abogado con su cliente durante su representación legal en un caso civil ante el Tribunal de Primera Instancia. A continuación ex-ponemos un resumen de los hechos que motivaron el pro-ceso disciplinario que hoy atendemos.

A. El 16 diciembre de 2002, el Sr. Carlos J. Ortiz Morales (el quejoso) contrató verbalmente con el licenciado Plaud González para que este lo representara en un pleito civil sobre división de comunidad de bienes (caso Núm. G3CI200200615) en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Patillas, en la que el quejoso era el demandado. Especí-ficamente, el licenciado Plaud González debía contestar una demanda presentada el 26 de noviembre de 2002 en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Patillas, en repre-sentación del Sr. Carlos J. Ortiz Morales. Así, pues, el Sr. Carlos J. Ortiz Morales entregó al licenciado Plaud Gonzá-lez: $500 en efectivo como adelanto de sus honorarios, co-pia de una escritura sobre segregación y compraventa re-lacionada con el inmueble objeto de controversia en el caso y copia de las planillas de contribución sobre ingresos para 1992-1993.

Así las cosas, el 23 de diciembre de 2002, la parte de-mandante solicitó que se anotara la rebeldía del deman-dado, el Sr. Carlos J. Ortiz Morales, pues había transcu-rrido el término prescrito por ley para que este contestara la demanda. El foro primario proveyó “no ha lugar” a la solicitud de la parte demandante, pues el demandado, por conducto del licenciado Plaud González, contestó la de-manda el 9 de enero de 2003. En vista de lo anterior, y a solicitud de la parte demandante, el Tribunal de Primera Instancia señaló una vista procesal que habría de cele-brarse el 25 de abril de 2003.

Según surge de la minuta de la mencionada vista, el licenciado Plaud González no compareció a ella a pesar de que fue notificado. Así, el tribunal señaló otra vista para el 11 de julio de 2003 y notificó al licenciado Plaud González. Entretanto, el 14 de abril y el 20 de mayo de 2003, la parte demandante presentó ante el foro primario una moción in-formativa y un escrito informativo sobre descubrimiento de prueba, respectivamente, en los que indicó que remitió a la parte demandada un aviso de toma de deposición y un pliego de interrogatorio por conducto del licenciado Plaud González.

Debido a que la parte demandada no compareció a la vista señalada para el 11 de julio de 2003 ni contestó los requerimientos de prueba, el tribunal de instancia rese-ñaló la vista para celebrarse el 8 de agosto de 2003. Ni el demandado ni el licenciado Plaud González compare-cieron. Surge de la minuta de esa vista que la parte de-mandada no había sometido la contestación al interrogato-rio que le había enviado la parte demandante desde mayo de 2003 por lo que el foro primario concedió un término de quince días a la parte demandada para contestar, so pena de eliminar alegaciones, e impuso una sanción económica de $250 a favor del Estado y $250 a favor de la parte demandante.

El 29 de enero de 2004, la parte demandante presentó un escrito al amparo de la Regla 34 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, en el que indicó que a pesar de los múltiples requerimientos extrajudiciales a la parte deman-dada para que contestara los requerimientos de prueba es-tos aún no habían sido contestados ni se había tomado la deposición. Por esto, la parte demandante solicitó que se le eliminaran las defensas afirmativas al demandado. Como consecuencia, el tribunal señaló una vista para el 7 de mayo de 2004 la cual fue notificada al licenciado Plaud González. En esta ocasión, el licenciado Plaud González compareció a la vista y llevó la contestación al interrogato-rio cursado por la parte demandante, pero sin la firma del demandado, pues, según alegó, no pudo comunicarse con el demandado. Se señaló en la minuta de esa vista que el licenciado Plaud González aún no había satisfecho las san-ciones impuestas por lo que el tribunal le concedió un tér-mino improrrogable de diez días para consignarlas y, en el mismo término, proveer las contestaciones al interro-gatorio.

Así, pues, el tribunal señaló una vista de continuación sobre el estado de los procedimientos para el 9 de julio de 2004. El licenciado Plaud González compareció a dicha vista en representación del demandado mas nuevamente incumplió con proveer la contestación al interrogatorio y no consignó las sanciones económicas que impuso el Tribunal. Ante esa conducta, el tribunal hizo constar en el expediente del caso que la parte demandada había incum-plido con sus órdenes. No obstante lo anterior, ese mismo día de la vista, el licenciado Plaud González presentó una moción informativa en la que anunció al tribunal que re-mitió a la parte demandante un requerimiento de admisiones.

Por su parte, la parte demandante compareció el 12 de julio de 2004, mediante un escrito al amparo de la Regla 34 de Procedimiento Civil, supra, en el que informó que la parte demandada todavía no había accedido con el descu-brimiento de prueba que sometió la parte demandante, a pesar de que el término provisto por el tribunal se había vencido, por lo que solicitó que se eliminaran las alegacio-nes y defensas de la parte demandada. En la misma fecha, la parte demandante presentó un escrito al amparo de la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, en el que solicitó una orden protectora para que se declarara “no ha lugar” el requerimiento de admisiones que remitió la parte demandada.

Por lo anterior, el 18 de agosto de 2004, el tribunal emi-tió una resolución y orden en la que hizo una relación de los eventos procesales descritos, y expresó lo siguiente:

Nos resulta insólito que, no empece las órdenes del Tribunal concediendo términos perentorios para remitir la contestación a Interrogatorio a la representación legal de la parte deman-dante y no empece a las sanciones económicas impuestas, el Ledo. Plaud, no sólo incumple con las mismas sino que tiene la osadía de informar al Tribunal que está sometiendo un Reque-rimiento de Admisiones a la otra parte cuando, al día de hoy, ni ha sometido las contestaciones al Interrogatorio que se le cursó ni ha consignado las sanciones económicas impuestas. Resulta, además, insostenible, que en las dos ocasiones en las que compareció el Ledo. Plaud ante esta juez, indicara que tenía consigo las contestaciones al Interrogatorio, pero que sólo le faltaba juramentarlo (7 de mayo de 2004 y 9 de julio de 2004).

Así, el tribunal concluyó que la conducta del licenciado Plaud González en el trámite del caso ante su considera-ción fue “de mala fe y con el único propósito de dilatar los procedimientos”. A base de lo anterior, el tribunal eliminó las alegaciones y defensas planteadas por la parte deman-dada, concedió la orden protectora solicitada por la parte demandante y le requirió al licenciado Plaud González que mostrara causa por la cual no debía ser encontrado en des-acato por no cumplir con el pago de las sanciones económi-cas impuestas y las contestaciones al interrogatorio en el término concedido para ello. Nuevamente el licenciado Plaud González incumplió, por lo que el 4 de octubre de 2004, el tribunal emitió una orden en la que concedió cinco días para contestar el interrogatorio y satisfacer las san-ciones económicas.

Mientras, el 25 de octubre de 2004, la parte deman-dante presentó nuevamente un escrito al amparo de la Re-gla 34 de Procedimiento Civil, supra, en el que señaló que a pesar de lo dispuesto por el tribunal en su resolución y orden de 18 de agosto de 2004, el licenciado Plaud Gonzá-lez no ha actuado conforme a lo allí dispuesto. El 12 de noviembre de 2004, el tribunal emitió otra resolución y or-den en la que señaló que el licenciado Plaud González “no recurrió, ni tampoco procedió a cumplir con ninguna de las órdenes dictadas” por este. En vista de lo anterior, el tribunal señaló una vista en rebeldía que habría de celebrarse el 17 de diciembre de 2004, impuso una sanción económica adicional al licenciado Plaud González de $750 a favor del Estado y ordenó que depositara esa cantidad junto con los $250 de la sanción impuesta desde el 8 de agosto de 2003, en el término de cinco días.

El tribunal suspendió la vista en rebeldía y la señaló para el 20 de mayo de 2005. Surge de la minuta de esa vista que ni el licenciado Plaud González ni su represen-tado comparecieron a pesar de que el primero fue notifi-cado de esta. El tribunal señaló una vista para el 10 de junio de 2005 y ordenó a que se le notificara a la parte demandada a su dirección del expediente o a través de la oficina de alguaciles, pues el licenciado Plaud González no proveyó una dirección precisa de su cliente. A la mencio-nada vista en rebeldía compareció el demandado represen-tado por el licenciado Plaud González, siendo esta la pri-mera vez que el demandado acudía a una vista de su caso por no recibir anteriormente notificación alguna por parte de su representación legal sobre las vistas anteriores.

En la vista en rebeldía surgió que el licenciado Plaud aún no había satisfecho las sanciones económicas que le impuso el tribunal y aún no había producido los documen-tos solicitados por la parte demandante desde mayo de 2003. Sobre lo anterior, el licenciado Plaud González no dio explicación alguna al tribunal sobre el porqué de sus incumplimientos. Tampoco solicitó al tribunal que retirara la sanción impuesta que eliminó las alegaciones y defensas del demandado. Aunque el licenciado Plaud González alegó estar preparado para ver la vista, el tribunal concedió quince días adicionales a las partes para completar el des-cubrimiento de prueba y cinco días al licenciado Plaud González para que cumpliera con el pago de las sanciones impuestas.

El 10 de junio de 2005, el Sr. Carlos J. Ortiz Morales entregó al licenciado Plaud González un cheque por $3,000 que este le solicitó y el 16 de junio del mismo año, el licen-ciado Plaud González depositó en el tribunal los $1,000 que sumaban las sanciones impuestas. Así las cosas, el 2 de septiembre de 2005 se celebró el juicio y el 21 de noviembre del mismo año el tribunal dictó una sentencia a favor de la parte demandante.

Por lo anterior, el 6 de diciembre de 2005, el licenciado Plaud González presentó una moción de reconsideración la que fue declarada “no ha lugar” por falta de jurisdicción. Luego, el licenciado Plaud González presentó una moción de relevo de sentencia, que fue declarada “no ha lugar”, y el 19 de septiembre de 2006, presentó una moción urgente en la que solicitó la paralización de los procedimientos. En la moción informó, además, sobre la apelación de una que-rella que el demandado presentó contra el juez que atendía el caso, y que fue archivada mas no dijo nada sobre la ape-lación de la sentencia del caso.

Finalmente, el licenciado Plaud González solicitó ser re-levado de ser representante legal del Sr. Carlos J. Ortiz Morales pues, según alegó, no había comunicación entre ellos y este le había mencionado que se querellaría contra él. La parte demandante se opuso a la solicitud de relevo de la representación legal, pues se dilatarían aún más los procedimientos. Así, tras varios incidentes procesales, el Tribunal emitió una resolución mediante la cual relevó al licenciado Plaud González de la representación legal del demandado.

B. Por todo lo anterior, el 15 de marzo de 2007, el Sr. Carlos J. Ortiz Morales presentó ante este Tribunal una queja (AB-2007-91) contra el licenciado Plaud González en la que alegó que este incumplió en su rol de abogado, pues nunca le notificó de los procedimientos, sanciones y vistas en el tribunal. Indicó el quejoso que el licenciado Plaud González se volvió inaccesible, pues no respondía llamadas y no podía ser localizado por él. De igual manera, señaló el quejoso que tal comportamiento ocasionó que se elimina-ran alegaciones y defensas de la parte demandada y, peor aún, ocasionó que venciera el término para apelar la sen-tencia emitida en su contra. Añadió el quejoso que el licen-ciado Plaud González no asumió una buena conducta pro-fesional, actuó de mala fe e intencional, no cumplió con los cánones del Código de Ética Profesional e “hizo posible que [se] violar [a] n [sus] derechos constitucionales”. Por su parte, el licenciado Plaud González replicó que fue el que-joso quien desapareció por un término de dos años y, a sabiendas, no obedecía las órdenes del tribunal.

C. Tras varios incidentes procesales, el 21 de no-viembre de 2008, autorizamos al Procurador General a for-mular cargos contra el licenciado Plaud González por vio-lación a los Cánones 12, 18 y 19 del Código de Etica Profesional, supra. En cumplimiento con lo anterior, el 16 de diciembre de 2008 el Procurador General presentó una querella disciplinaria contra el licenciado Plaud Gon-zález en la que imputó tres cargos a saber.

En el Cargo I, el Procurador General le imputó al que-rellado haber violado el Canon 12 del Código de Etica Pro-fesional, supra, pues el Procurador entendió que “[a]ún dando por cierta la alegación del querellado de que perdió comunicación con su representado, ello no explicaría su consecuente ausencia de las vistas del caso para las cuales fue debidamente citado”. Querella, págs. 4-5. Debido a lo anterior, el Procurador entendió que la gestión profesional del licenciado Plaud González ocasionó dilación indebida al trámite judicial.

En lo que respecta al Cargo II, el Procurador le imputó al querellado infringir el Canon 18 del Código de Ética Pro-fesional, supra, pues de los autos del caso surge que el querellado obvió los señalamientos de vista del Tribunal y no fue hasta después de. ser sancionado con una multa que éste compareció por primera vez a un señalamiento de vista. El Procurador entendió que “[d]e ser correcta la afir-mación de que había perdido contacto con su cliente, éste debió informarlo al tribunal y solicitar su relevo como re-presentante legal”. Querella, pág. 5.

En el Cargo III, se le atribuyó al querellado haber vio-lado el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, por entender que el querellado se volvió inaccesible para su cliente, pues no contestaba las llamadas que le hacía el quejoso, no le proveyó una dirección física dónde conse-guirlo y mantenía en el Colegio de Abogados de Puerto Rico una dirección errónea.

Así las cosas, el 19 de diciembre de 2008, mediante un “Mandamiento”, ordenamos al licenciado Plaud González a contestar la querella presentada por el Procurador General en un término de quince días a partir de la notificación de ese mandamiento. Luego de varios trámites procesa-les el licenciado Plaud González presentó su contesta-ción a la querella. En síntesis, el licenciado Plaud González reiteró que la falta de comunicación en la relación abogado-cliente que tenía con el quejoso se debió a la conducta de este. Añadió que reconocía haber fallado al no renunciar antes a la representación legal del demandado.

D. Vista la querella presentada por el Procurador General y la “Réplica a la Querella” presentada por el licen-ciado Plaud González, el 18 de junio de 2009 nombramos a la Hon. Crisanta González Seda, exjueza del Tribunal de Primera Instancia, como Comisionada Especial (Comisio-nada), conforme a lo dispuesto en la Regla 14(h) del Re-glamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, para que nos rindiera un informe con determinaciones de hechos y recomendaciones. Celebradas las vistas correspondientes, y analizada la totalidad de la prueba recibida, el 19 de marzo de 2010, la Comisionada nos presentó un informe en el que hizo un recuento de los trámites procesales descritos y concluyó que la evidencia presentada ante su considera-ción sostuvo los cargos formulados por el Procurador General, a saber, la violación a los Cánones 12, 18 y 19 del Código de Etica Profesional, supra. Por su parte, el licen-ciado Plaud González objetó las determinaciones de hecho que hizo la Comisionada. Además, garantizó que, luego de los procedimientos que ha pasado en el trámite de la acción disciplinaria en su contra, se asegurará que la conducta imputada no vuelva a ocurrir.

Examinado el informe de la Comisionada y los “Comen-tarios y objeciones a determinaciones de hechos” al informe de la Comisionada que presentó el querellado, procede-mos a resolver el caso de epígrafe.

II

A. En reiteradas ocasiones hemos señalado que los cánones del Código de Etica Profesional establecen las normas mínimas de conducta que rigen a los miembros de la profesión legal en el desempeño de su delicada e importante labor. En particular, el Canon 12 del Código de Etica Profesional, supra, dispone que es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y los testigos ser puntual con su asistencia y conciso y exacto en el trámite y la presentación de las causas. Dispone, además, que los abogados deben asegurarse de no causar dilaciones indebidas en la tramitación y solución de las causas. Sobre el mencionado Canon 12 del Código de Etica Profesional ex-presamos en In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70, 75 (2001), que es norma reiterada que los abogados sean puntuales y diligentes en la tramitación de las causas y tal deber se ex-tiende a todo el trámite judicial. También dijimos que un abogado incurre en violación a los Cánones 12 y 18 del Código de Etica Profesional, supra, cuando no comparece a los señalamientos de vista ante el tribunal de instancia, pues el incumplimiento con las órdenes emitidas por ese foro y la falta de diligencia en la tramitación del caso cons-tituyen un patrón de conducta irresponsable que demues-tra su falta de diligencia y cuidado en su desempeño profesional.

B. De otra parte, el Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra, dispone, en lo pertinente, que “es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. Este canon prescribe, además, que un abogado no debe asumir una representación legal cuando es consciente de que no tiene la capacidad para rendir una labor idónea y competente. Así, pues, hemos expresado que el deber de diligencia profesional del abogado prescrito en el Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra, es del todo incompatible con la desidia, despreocupación y displicencia en el trámite de un caso.

También hemos enunciado que hay conductas específicas que contravienen los principios del Canon 18, supra. Entre estas conductas se encuentran: (1) no comparecer a los señalamientos del tribunal; (2) no contestar los interrogatorios sometidos; (3) no informar a las partes sobre la presentación de un perito; (4) desatender o abando-nar el caso; (5) permitir que expire el término prescriptivo o jurisdiccional de una acción; (6) cualquier tipo de actua-ción negligente que pueda conllevar o, en efecto, resulte en la desestimación o el archivo del caso.

C. Por otro lado, el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, establece que “el abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. Es decir, todo abogado está obligado a informar a sus clientes sobre las gestiones realizadas para la tramitación de la causa de acción para la que fue contratado. Consecuentemente, hemos sostenido que dictada una sentencia en un caso que pone fin, parcial o totalmente a la causa de acción, es obligación del abogado informar a su cliente sobre lo acaecido. Asimismo, he-mos expresado que no informar al cliente de las incidencias de su caso constituye una lesión al Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, y al proceso general de impartir justicia.

D. Finalmente, este Tribunal ha establecido que al determinar la sanción disciplinaria que habrá de imponerse a un abogado que haya incurrido en conducta contraria a los cánones del Código de Ética Profesional que guían el desempeño en la profesión legal, podemos tomar en cuenta los factores siguientes: (1) la buena reputación del abogado en la comunidad; (2) el historial previo de este; (3) si esta constituye su primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada; (4) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (5) si se trata de una conducta aislada; (6) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (7) el resarcimiento al cliente, y (8) cualesquiera otras con-sideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien según los hechos.

III

Con el beneficio de la normativa expuesta, evaluamos los hechos que motivaron la querella para determinar si, en efecto, el querellado cometió los cargos imputados.

A. Como explicamos en detalle, contra el licenciado Plaud González se presentó una queja ante este Tribunal por incumplir con su rol de abogado en el trámite de un caso civil ante el Tribunal de Primera Instancia. Luego de los trámites procesales correspondientes, el Procurador General presentó tres cargos contra el licenciado Plaud González.

En el Cargo I, se le imputó al querellado la violación del Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, por cuanto se ausentó sin justificación a varias de las vistas del caso en el que fungía como representante legal de la parte demandada conducta que ocasionó dilaciones innecesarias en el trámite judicial. En el Cargo II, se le imputó al que-rellado infringir lo dispuesto en el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, pues el licenciado Plaud González obvió varios señalamientos de vista del Tribunal y no fue hasta que se impuso una sanción económica en su contra que compareció por primera vez a un señalamiento de vista. Asimismo, en el Cargo III se le imputó al querellado incumplir con el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, debido a que el licenciado Plaud González se abs-tuvo de mantener a su cliente informado de los asuntos de su caso.

B. Luego de haber analizado los hechos que motivaron la querella que atendemos hoy, opinamos que el Ledo. José A. Plaud González se apartó de los principios éticos que rigen la profesión de la abogacía, y que todo abogado debe observar celosamente.

Según surge del expediente, el licenciado Plaud Gonzá-lez incumplió con el deber que impone el Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, de ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y la presentación del caso que le fue encomendado. De la misma forma, el licenciado Plaud González faltó a su obligación de desple-gar las diligencias necesarias para asegurarse de evitar dilaciones indebidas en la tramitación y solución del caso, pues el querellado no compareció a varias vistas ante el Tribunal e incumplió con los requerimientos de este para que contestara el descubrimiento de prueba sometido por la parte demandante. Por lo anterior, y como mencionára-mos, el Tribunal de Primera Instancia hizo expresiones ne-gativas sobre la conducta del querellado. Específicamente, el tribunal se expresó acerca de la falta de diligencia y conducta intencional del licenciado Plaud González.

Es importante señalar que el querellado, luego que pre-sentó la contestación a la demanda, no hizo gestiones adi-cionales significativas hasta dos años y medio después, cuando informó al tribunal que presentaría un requeri-miento de admisiones a la parte demandante. Además, luego de que el tribunal emitiera una sentencia desfavora-ble para el quejoso, cliente del querellado, el licenciado Plaud González no inició trámites apelativos por lo que el término prescriptivo para apelar, venció. La conducta des-crita, cuanto menos, transgrede lo dispuesto en el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, sobre el deber de diligencia que debe tener un abogado al defender los inte-reses de su cliente.

De otra parte, además de que el querellado no notificó al quejoso sobre los señalamientos de vista que el Tribunal señaló en su caso, el licenciado Plaud González se volvió inaccesible para el quejoso, pues el querellado no le pro-veyó una dirección física donde pudiera ser localizado. El quejoso tenía una dirección postal en la que nunca pudo conseguir al licenciado Plaud González, y la dirección que aparecía en el registro del Colegio de Abogados de Puerto Rico no estaba actualizada, pues cuando el quejoso se per-sonó a esa dirección le informaron que el licenciado Plaud González se había mudado hacía siete años. Como expre-sáramos, el deber de informar al cliente de las incidencias de su caso constituye una lesión al Canon 19 del Código de Etica Profesional, supra, y al proceso general de impartir justicia y esto precisamente fue lo que logró el querellado en este caso.

Por su parte, el querellado justificó su conducta atribu-yéndole al quejoso la falta de comunicación que había entre ellos. Entendemos que si lo anterior hubiese sido la situa-ción del licenciado Plaud González, entonces debió infor-mar al Tribunal y renunciar a la representación legal del caso. No lo hizo. Por el contrario, el querellado asumió un comportamiento que produjo que el Tribunal impusiera una anotación de rebeldía en el caso, sanciones económicas a favor del Estado y de la representación legal de la parte demandante, y eliminara alegaciones y defensas de su cliente, quien es el quejoso en este caso.

No obstante lo anterior, es importante señalar que esta es la primera vez que se sigue un procedimiento discipli-nario contra el licenciado Plaud González. Por otra parte, el querellado se sometió al proceso disciplinario, cumplió oportunamente con los requerimientos de este Tribunal, y aseguró que la conducta por la cual hoy es disciplinado no se volvería a repetir.

IV

Por los fundamentos mencionados y por haber incurrido en la violación de los Cánones 12, 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra, ordenamos la suspensión inme-diata del Ledo. José A. Plaud González del ejercicio de la abogacía y de la notaría por el término de seis meses, con-tado a partir de la notificación de la opinión “per curiam”y Sentencia. El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello del licenciado Plaud González, y los entre-gará a la Oficina de Inspección de Notarías para el corres-pondiente examen e informe a este Tribunal. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su presente inha-bilidad para seguir representándolos, les devuelva cuales-quiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e in-forme oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. Además, deberá cer-tificarnos en treinta días del cumplimiento de estos deberes.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco lo suspende-ría por tres meses.

      *) Por conducto de su representación legal, el Ledo. Iván L. Torres Rodríguez.

       El 1 de agosto de 2003, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden en la que se notificó a los abogados de las partes que la vista señalada para el 8 de agosto de 2003 sería trasladada de la Sala de Patillas a la Sala de Guayama.

       Según surge de la minuta de la vista, la representación legal de la parte demandante renunció a la imposición de la sanción a su favor.

       Originalmente, la vista se celebraría el 19 de marzo de 2004, pero el Tribunal de Primera Instancia la trasladó motu proprio para el 7 de mayo de 2004.

       La representación legal del Sr. Carlos J. Ortiz Morales la asumió el Ledo. Gennoll Vladimir Hernández Rodríguez.

       En cumplimiento con la orden de este Tribunal, el 28 de diciembre de 2007, el Procurador General presentó su informe en el que concluyó que el licenciado Plaud González violó con su conducta los Cánones 12, 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. El 20 de junio de 2008, el licenciado Plaud González presentó la contestación al informe del Procurador General en el que indicó que no cometió las violaciones señaladas. Evaluados ambos escritos, el 21 de noviembre de 2008, auto-rizamos al Procurador General a formular cargos por violación a los citados cánones.

       Por conducto del Procurador General Auxiliar.

       El mandamiento se notificó el 25 de febrero de 2009.

       El 9 de marzo de 2009, el licenciado Plaud González solicitó una prórroga para presentar la contestación a la querella. Mediante la Resolución emitida el 14 de abril de 2009 y notificada al día siguiente, este Tribunal le concedió un término final de veinte días, contado a partir de la notificación de la Resolución, para que contes-tara la querella. Aun así, el licenciado Plaud González presentó una “Moción Urgente solicitando se acepte réplica a querella presentada tres días después de vencida la prórroga para replicar” el 7 de mayo de 2009. Junto a esa moción, presentó la “Ré-plica a la querella”.

       La Regla 14(h) del Reglamento de este Tribunal dispone en lo pertinente que: “Se celebrará una vista para recibir la prueba sobre la querella. El Tribunal podrá ordenar que se celebre ante sí o, en el uso de su discreción podrá nombrar un(a) Comisionado (a) Especial para que reciba la prueba y rinda un informe con sus determinaciones de hecho”. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A R. 14(h).

       El licenciado Plaud González lo presentó el 2 de junio de 2010.

        In re Vélez Lugo, 180 D.P.R. 987 (2011); In re Hernández Vázquez, 180 D.P.R. 527 (2011); In re Izquierdo Stella, 154 D.P.R. 732, 736 (2001); In re Matos González, 149 D.P.R. 817, 819 (1999); In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710, 715 (1998).

        In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70, 77-78 (2001); In re Ayala Torres, 150 D.P.R. 288, 292 (2000).

        In re Pujol Thompson, 171 D.P.R. 683, 689 (2007), citando a In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770, 776 (1994).

        In re Vilches López, 170 D.P.R. 793, 798 (2007), citando a In re Collazo I, 159 D.P.R. 141, 147 (2003).

        In re Nieves Nieves, 181 D.P.R. 25, 39 (2011), citando a In re García Ortiz, 176 D.P.R. 123 (2009).

        In re García Muñoz, 170 D.P.R. 780, 789 (2007), citando a Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984).

        In re Nieves Nieves, supra; In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6, 22 (1978).

        In re Colón Morera, 172 D.P.R. 49 (2007); In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138; In re Montalvo Guzmán, 164 D.P.R. 806 (2005); In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 310-311 (2000); In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998).