author: El Juez Asociado Señoe Teavieso,

text:
    Matilde Ríos Ovalle, demandante y apelante, v. Manuel, María, Eulalio, Eduardo y Jorge Rosaly y Hosta y María Hosta Vda. de Rosaly por su propio derecho y como madre investida de patria potestad sobre los menores Miguel Angel y Angeles Rosaly y Hosta; Valois Pagán y El Crédito y Ahorro Ponceño, demandados y apelados los primeros.
    Núm. 7059.

    Sometido: Mayo 19, 1936.

      Resuelto: Noviembre 30, 1936.

      Fernando Zapater y Raúl Matos, abogados de la apelante; Cipriano Olivieri, abogado de los apelados Sres. Rosaly y Hosta y Sra. Hosta Vda. de Rosaly.
   El Juez Asociado Señoe Teavieso,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, doña Matilde Eíos Ovalle, y doña Claudia y don Eulalio Eosaly y Vázquez, constituían la Suce-sión legítima del finado don Manuel Eosaly y Castillo, la primera como viuda superviviente del causante, y los otros dos por legitimación testamentaria hecha por el finado en su testamento ológrafo, el que fué debidamente protocoli-zado.

Habiendo surgido desavenencias entre los componentes de la dicha Sucesión, éstos, en 15 de noviembre de 1920' otor-garon escritura de. transacción, cesión de derechos y accio-nes e hipoteca voluntaria, por los términos de la cual don Eulalio Eosaly y Vázquez se comprometió a satisfacer a la demandante, durante el resto de la vida de ésta, una renta o pensión menual de $65, pagadera por mensualidades anti-cipadas, garantizando el pago de dicha pensión con hipoteca constituida por doña María Hosta y Pasarell, su esposa, sobre una finca urbana ubicada en la calle de la Eeina, en la ciudad de Ponce, por la suma de $6,500.

Al fallecimiento de don Eulalio Eosaly y Vázquez, ocu-xrido el 12 de noviembre de 1925, su viuda doña María Hosta Pasarell y sus ocho hijos le sucedieron como sus únicos y universales herederos.

Al practicarse las operaciones particionales del caudal hereditario del difunto señor Eosaly, la pensión vitalicia a favor de la señora demandante fué reconocida entre las ba-jas a deducir; y a la señora Hosta, viuda del causante, le fueron adjudicadas varias fincas para el pago de las bajas del1 caudal. En la inscripción de esas fincas se hizo una mención de la carga impuesta sobre ellas para el pago de las mencionadas deudas.

Para facilitarle a la señora Hosta, viuda de Rosaly, la ampliación de un crédito hipotecario con el Federal Land Bank, la demandante doña Matilde Ríos Ovalle otorgó, por escritura, pública de 19 de julio de 1929, su consentimiento para la cancelación de la referida mención en cnanto a una de la fincas que habían sido afectadas para el pago de las deudas del caudal hereditario, expresando que daba su con-sentimiento “por entender la compareciente que son sufi-cientes garantías para el pago de dicho crédito (la pensión vitalicia) no sólo la propiedad específicamente hipotecada ... sino al mismo tiempo las demás propiedades de la señora Hosta, Viuda de Rosaly.”

Alegó la demandante que los herederos de don Eulalio Rosaly Vázquez han dejado de pagarle las pensiones de $65 mensuales correspondientes a los meses de junio de 1932 a septiembre de 1933, o sea 16 meses, montantes a $1,040, por cuya suma pidió sentencia contra los herederos demandados. T solicitó que una vez firme la sentencia se ordenase la venta en pública subasta de las propiedades que habían sido adjudicadas a la demandada, doña María Hosta, Vda. de Rosaly, para el pag’o de las- deudas.

Como defensas alegaron los demandados Rosaly y Hosta r

Ia. Que por la escritura de partición se le adjudicaron a doña María Hosta Viuda de Rosaly $43,131.90 en bienes, para satisfacer todas las deudas del causante, incluyendo la pensión de la demandante; que por escritura de 19 de julio de 1929 la de-mandante tomó conocimiento de y aceptó la adjudicación de bienes hecha a la Viuda Rosaly para pago de su deuda, y mani-festó y aceptó que eran suficientes garantías para su crédito no sólo la propiedad del haber privativo de doña María Hosta Vda. de Rosaly, gravada con hipoteca, sino al mismo tiempo las otras propiedades de dicha señora; y que por virtud de dicha escritura, los demandados -Rosaly y Hosta quedaron liberados del crédito hipotecario, quedando como única deudora la señora Yda. de Rosaly, a quien desde esa fecha ha cobrado sus pen-siones la demandante y de quien ha recibido los pagos.
2a. Que la demanda no aduce causa de acción.
3a. Que la Corte carece de jurisdicción sobre los demandados.

La corte inferior desestimó las excepciones previas y dictó sentencia condenando únicamente a la demandada Ma-ría Hosta Yda. de Rosaly a pagar la suma reclamada, más intereses legales desde la interposición de la demanda hasta sn pago, y absolviendo de la demanda a los demás deman-dados, todo sin especial condenación de costas. La deman-dante interpuso el presente recurso y alega como base del mismo que la corte inferior erró:

1ro. Al resolver que hubo novación en el contrato sobre reconoci-miento y garantía de la pensión vitalicia, y que la Yiuda de Rosaly era la única obligada a pagarla a la demandante.
2do. Al resolver el conflicto de la evidencia a favor de los deman-dados.
3ro. Al no condenar en costas a los demandados.

La cuestión que nos presenta el primer error es si la obligación de pagar a la demandante una pensión vitalicia, contraída por don Eulalio Rosaly y Vázquez por la escritura de noviembre 15, 1920, y que a su muerte se convirtió en una deuda de su sucesión, ha sido novada por los términos de la escritura de partición otorgada por los lierederos de Rosaly en 13 .de mayo de 1927, y en la cual no tuvo parte ni intervención la demandante, o por cualquier otro acto de la demandante.

La corte inferior opinó que había habido novación de la obligación, por los siguientes motivos:

(a) Porque en la escritura de partición se adjudicaron bienes a la demandada Yiuda de Rosaly para el pago de deudas del caudal hereditario, comprometiéndose dicha demandada a pagarlas íntegramente, de manera que los bienes que se adjudiquen a los demás herederos resulten libres de responsabilidad en cuanto al pago de deudas del causante.
;(&) Porque aun cuando la demandante no fue parte en dicha escri-tura de partición, aparece probado que ella fué consultada previamente sobre la forma en que iba a hacerse la adjudi-cación a María Hosta Yda. de Rosaly, para pago de deudas; y que la demandante no se opuso al convenio celebrado entre los herederos, y lo aceptó tácitamente, pues a partir de la fecha de su celebración, todos los pagos a la demandante fueron hechos por la demandada Viuda de Rosaly, a favor de la cual la demandante otorgó los recibos.
/(c) Porque de acuerdo con los términos de la escritura de 19 de julio de 1929, la demandante consintió la cancelación de la mención en cuanto a una de las fincas adjudicadas a la Viuda de Rosaly para pago de deudas, porque entendió que su cré-dito estaba suficientemente garantizado por la hipoteca sobre la casa en Fonee y por las demás propiedades de la referida señora.
‘(d) Porque de acuerdo con el Artículo 1037 del Código Civil (ed. 1930), cuando se adjudican bienes a un heredero para el pago de deudas, dicho heredero es el único obligado a pagarlas.

La novación de una obligación consiste en sustituirla o cambiarla por otra posterior, que extingue o modifica la primera, ya sea variando su objeto o condiciones principa-les, o sustituyendo la persona del deudor, o subrogando a un tercero en los derechos del acreedor. Y para que una ■obligación quede extinguida por otra posterior es preciso ■que así se declare terminantemente, o que la antigua y la mueva sean de todo punto incompatibles. Véanse: Artícu-los 1157 y 1158 del Código Civil (ed. 1930), equivalentes a los 1203 y 1204 del Código Español.

La novación que invocan en su defensa los demandados es de carácter personal, pues se trata de la sustitución de la Sucesión de don Eulalio Rosaly Vázquez, deudora de la pensión vitalicia a que tiene derecho la demandante, por la heredera Viuda de Rosaly, quien por virtud de la escritura de partición otorgada por los componentes de dicha suce-sión' recibió bienes dedicados por los herederos a pagar las deudas del caudal hereditario.

¿Puede tener efecto legal nna novación como la que se invoca en el presente caso, sin el consentimiento del acree-dor? El Código Civil (ed. 1930) contesta esa pregunta así:.

“Artículo 1159. — La novación, que consiste en sustituirse un.' nuevo deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin el conoci-miento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor.”

Comentando el artículo 1205 del Código Civil Español,, equivalente al 1159 del nuestro, supra, dice Manresa:

“El precepto del art. 1205, que exige como requisito indispensable de esta especie de novación el consentimiento del acreedor, y no el del deudor en todo caso, si bien no hace imposible que se exprese, im-plica la distinción de las dos formas que esta novación puede tener; y se basa en la sencilla consideración de justicia, de que pudiendo ser perjudiciales las consecuencias de la sustitución para el acreedor, mas no para el deudor, se necesita sólo el consentimiento de aquél.’r Tomo 8, 2da. ed., págs. 424-425.

Veamos si de la prueba practicada resulta es-tablecido el hecho de que la demandante aceptó o dió su con-sentimiento, expresa o tácitamente, para la sustitución de-la Viuda de Rosaly como única deudora de la pensión vita-licia que le adeudaba la Sucesión Rosaly.

La demandante.no figuró como parte en la escritura de partición otorgada por los herederos de Rosaly, y por tanto-no está obligada por ninguno de los convenios o estipula-ciones contenidos en aquel instrumento. Al fallecer Rosaly, la obligación contraída por el finado a favor de la deman-dante y garantizada con hipoteca sobre una casa de la es-posa del finado, pasó a ser una carga o deuda del caudal hereditario, siendo responsable de su pago todos y cada uno de los herederos que aceptaron la herencia pura y simple-mente, como la aceptaron los demandados. Véase: Artículo-957 del Código Civil (ed. 1930).

Hemos examinado cuidadosamente la exposición del caso, en la que aparece una relación concisa de lo declarado en el acto del juicio por la demandante y por los demandados-Concepción Rosaly, Eulalio Rosaly y María Hosta, Viuda de Rosaly, y no encontramos hecho alguno que pueda ser in-terpretado como un consentimiento expreso o tácito por parte de la acreedora para la alegada sustitución de deudo-res.

Es cierto que de la propia declaración de la demandante aparece que ésta- se enteró, por informes que le diera el abogado de la Sucesión Rosaly, de los términos y condicio-nes en que los herederos proyectaban hacer la partición de la herencia, y de que se adjudicarían bienes a la heredera María Hosta Viuda de Rosaly para que ésta se- encargara de hacer los pagos. Es cierto también que la demandante-no se opuso al proyecto de partición, ni al convenio cele-brado entre los herederos para el pago de las deudas. Pero, preguntamos: ¿Por qué había de oponerse? ¿En qué le perjudicaba a ella el que los herederos, quienes por haber aceptado la herencia pura y simplemente estaban obligados al pago de su pensión, no solamente con los bienes de la he-rencia sino con los propios, conviniesen entre sí dedicar una parte de los bienes al pago de las deudas de todos y adju-dicar esos bienes a un solo heredero para que éste se hiciera cargo de satisfacerlas?

Opinamos que ni el conocimiento que tuviera lá deman-dante de los términos de la partición, ni su falta de oposi-ción pueden ser interpretados como un consentimiento tácito de la demandante para la novación de la obligación, convir-tiendo a María Hosta Viuda de Rosaly en su única deudora y exonerando a los demás herederos de la obligación de pa-gar la pensión que se reclama.

No podemos aceptar la interpretación que da la corte inferior al artículo 1037 del Código Civil, al efecto de que cuando se adjudican bienes a un heredero para el pago de deudas, ese! heredero es el único obligado a pagarlas. Veamos lo que provee dicho • artículo:

“Artículo 1037. — Hecha la partición, los acreedores podrán exigir el pago de sus deudas por entero de cualquiera de los herederos que no hubiere aceptado la herencia a beneficio de inventario, o hasta donde alcance su porción hereditaria, en el caso de haberla admitido con dicho beneficio.
“En uno y. otro caso, el demandado tendrá derecho a hacer citar y emplazar a sus coherederos, a menos que por disposición del tes-tador, o a consecuencia de la partición, hubiere quedado él solo obligado al pago de la deuda.”

Comentando el artículo 1084 del Código Civil Español, que es el equivalente al 1037, supra, dice Manresa:

“La declaración del Artículo 1084 es de excesiva importancia. Su primer párrafo establece claramente las relaciones entre los acreedores y los herederos. El párrafo segundo y los demás artículos tratan de las relaciones de los herederos entre sí, todo en lo que respecta al pago de las deudas hereditarias.
( i
“El derecho de los acreedores al pago de las deudas hereditarias existe con anterioridad a la muerte del causante, y es independiente del número de sus herederos. Uno o muchos, su derecho sólo ha de recaer sobre el resto del caudal después de deducidas las deudas; siendo anómalo, por otra parte, que por el hecho del fallecimiento del testador, los acreedores hayan de dividir su acción en tantas partes como herederos, con los riesgos y gastos naturales a tal división.
“Nuestro Código ... ha optado por la solución que menos vio-lenta el rigor de los principios jurídicos, no alterando el derecho de los acreedores, y permitiéndoles dirigirse contra aquél de los here-deros que le ofrezca más garantías o facilidades para el cobro de su crédito.
“Concretándonos ahora a lo relativo al pago de las deudas here-ditarias, tenemos, pues, que a los acreedores del causante les es indi-ferente el número de herederos, y, por otra parte,, no les afectan los pactos o convenios que éstos celebren entre sí, ni las disposiciones testamentarias del testador, cuando no han dado su consentimiento. Uno o muchos los herederos, el acreedor escoge, digámoslo así, entre ellos, reclama contra cualquiera de los mismos, contra aquél o aquéllos que le inspiren más confianza o más seguridad para el cobro. Las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de enero de 1901 y 3 de abril de 1903, conformes desde luego con esta doctrina, declaran que cada heredero es responsable solidariamente de las deudas hereditarias, por lo que, esté o no practicada la partición, los acreedores del causante pueden dirigir su acción contra cualquiera de los herederos por el total de sus créditos.” Manresa, 3a. ed., Yol. 7, págs. 767 a 771.

En el caso de autos la demandante optó por dirigir su acción contra todos los herederos, sin tener en cuenta la ad-judicación de bienes hecha a la Viuda del causante para pago de deudas. Y es indudable que la demandante tenía derecho a proceder en esa forma, pues ella no aceptó ni con-sintió en forma alguna el considerar a la adjudieataria de dichos bienes como su única deudora.

El efecto legal de la adjudicación de bienes hecha a la señora Viuda de Rosaly fué el de constituir a ésta en mandataria o comisionada de los demás herederos para el pago de las deudas hereditarias. Y es por esa circunstancia, y en ausencia de otra evidencia de consentimiento, que los cheques dados a la demandante en pago de la pension mensual, firmados por la mandataria de los demás herederos, y los recibos otorgados por la demandante en favor de dicha mandataria, no pueden ser considerados como pruebas de consentimiento para la sustitución de la señora Viuda de Rosaly, la mandataria de los demás herederos, como única deudora de la demandante. Véase: Manresa, (3‘- ed.,) Vol. 7, pág. 777.

Las manifestaciones hechas por la demandante en la escritura de julio 19 de 1929, al efecto de que ella consideraba como suficiente garantía de su crédito no solamente la hipoteca constituida a su favor, sino también las demás propiedades de la señora Viuda de Rosaly, no pueden ser interpretadas como una aceptación de los términos de la partición practicada dos años antes y de la alegada sustitución de deudores. En primer lugar, la escritura de partición fué otorgada el día 13 de mayo de 1927, o sea más de dos años antes de que se otorgara la escritura por la cual la demandante dió su consentimiento para que se cancelase la mención que aparecía en el Registro sobre una de las fincas adjudicadas por los herederos a su mandataria para el pago de deudas. En segundo lugar, en toda la es-critura de 19 de julio de 1929 no.hay una sola frase que pueda interpretarse como una exoneración de los demás deudores. Lo único que hace la acreedora, al consentir la cancelación de la mención, es expresar su parecer en cuanto a la suficiencia del resto de la garantía. Y no podemos aceptar que una expresión de esa naturaleza sea interpre-tada como una liberación o descargo de los demás deudores de la obligación de satisfacer el crédito de la demandante.

El hecho de que la pensión de la demandante estuviera garantizada con hipoteca sobre una finca urbana no exime a los herederos demandados de la obligación de pagar esa deuda del caudal hereditario. El crédito de la demandante es un crédito personal; la hipoteca que lo afianza es un contrato accesorio y real por su naturaleza, pero no convierte en real el crédito que garantiza.

Los casos de Fernández v. Hernández, 16 D.P.R. 75, y Trautman v. P. R. Ore Co., 46 D.P.R. 775, citados por los demandados apelados, no tienen aplicación al caso de autos. Ambos casos sostienen la doctrina de que el comprador (tercero) de una finca sujeta al gravamen de una hipoteca, que no ha asumido el pago del crédito que dicha hipoteca garantiza, puede optar entre satisfacer el gravamen y liberar la finca o dejar que la misma responda, pero no está obligado a satisfacer con sus otros bienes el gravamen en el caso de que el producto de la venta de la fijica. hipotecada no fuere suficiente. Esa obligación corresponde al deudor original o sea al que contrajo la deuda.

El deudor original de la pensión de la demandante era don Eulalio Rosaly y Vázquez. Los demandados, que son sus herederos y causahabientes, no pueden invocar la pro-tección de la doctrina establecida por los dos casos, supra, pues ellos no son ni pueden ser considerados como terceros con respecto a'- las obligaciones contraídas por el causante de la herencia. Y al aceptar ésta pura y simplemente, asumie-ron la obligación de pagar sus cargas sin beneficio de in-ventario.

La acción ejercitada por la demandante es una acción personal en cobro de pensión alimenticia, y va dirigida contra todos aquéllos a quienes la ley Lace responsables de su pago. La demanda interpuesta y la prueba presentada justifican una sentencia en contra de todos los demandados herederos del deudor original.

Por las razones expuestas se revoca la sentencia apelada y en su lugar se dicta otra condenando a todos y a cada uno de los herederos demandados al pago de la cantidad re-clamada, con intereses legales desde la fecha de la interpo-sición de la demanda y sin especial condenación de costas.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso,

license: Public Domain

text:
    Sotero Pluguez, demandante y apelante, v. Junta de Retiro de los Funcionarios y Empleados Permanentes del Gobierno Insular, compuesta de Manuel V. Domenech, Charles H. Terry, José G. López, Dr. E. Garrido Morales y Pablo L. Sosa, demandada y apelada.
    Núm. 6975.

    Sometido: Noviembre 17, 1936.

      Resuelto: Diciembre 8, 1936.

      Luis Tirado Géigel, abogado del apelante; Hon. Procurador General B. Fernández García y Luis Janer, Subprocurador, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario lia interpuesto el presente recurso en contra de la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, ne-gándose a expedir auto de mandamus dirigido a la Junta de Eetiro de los Funcionarios y Empleados Permanentes del Gobierno Insular, ordenándole conceder al peticionario el beneficio de pensión por separación involuntaria del servicio, de acuerdo con las disposiciones de la sección 9 de la Ley núm. 104 de septiembre 2, 1925 (pág. 949), que lee así:

“Sección 9. — Si un funcionario o empleado de cuarenta o más años de edad, a quien esta Ley sea aplicable, después de baber ser-vido por un período total no menor de quince años y antes de tener derecho al retiro, fuere separado involuntariamente por cualquier motivo, excepto destitución, del servicio civil clasificado o nó clasi-ficado tendrá derecho a una pensión vitalicia anual igual al dos (2) por ciento del promedio de sus sueldos o compensaciones básicas anuales durante los siete últimos años de servicio computables, multi-plicado por el número de años de servicios. Si un funcionario o empleado que recibe una pensión de acuerdo con las disposiciones de esta sección, retornase al servicio activo, su pensión cesará y él contribuirá otra vez al fondo de retiro de los funcionarios y em-pleados del Servicio Civil en la misma forma y en igual proporción en que lo hacía antes de ser separado del servicio. En la época de su subsiguiente retiro se le acreditarán los servicios prestados antes de su separación del Gobierno y los prestados después de haber vuelto al servicio activo.”

Alega el peticionario que estuvo empleado en el servicio del Gobierno Insular, como capataz de • carreteras, basta el día 30 de junio de 1932, fecba en que cesó en el desempeño de diebo empleo, por baber sido éste suprimido o abolido al hacerse una reorganización del servicio mediante disposi-ción administrativa del Departamento del Interior; y que basta esa fecba, y en diferentes épocas, el peticionario babía prestado al Gobierno Insular servicios de carácter perma-nente, durante un período de más "de quince años.

En el mes de junio, 1932, encontrándose' aún desempe-ñando el cargo de capataz, el peticionario presentó ante la Junta recurrida una solicitud de pensión, la que le fué de-negada por el fundamento de que el peticionario ocupaba una plaza creada por el Comisionado del Interior, con sueldo a cargo de asignaciones englobadas, no consignado especí-ficamente en el Presupuesto Insular, estando sujeto el in-cumbente al riesgo de supresión o abolición administrativa de tal plaza, no siendo por tanto de aplicación la Sección 9 de la Ley de Retiro, supra.

No existe disputa alguna en cuento a los becbos alegados en la petición. Y la única cuestión legal que debemos resolver es si de acuerdo con esos becbos el recurrente ba ad-quirido el derecho a percibir la pensión que solicita.

La pensión por separación involuntaria que provee la Ley de Retiro en su sección 9, supra, sólo puede concederse al “funcionario o empleado de cuarenta o más años de edad a quien esta Ley sea aplicableque fuere separado del servicio después de baber servido por un período total no menor de quince años.

La sección 1 de la citada Ley de Retiro, dispone:

“Sección 1. — Por la presente se establece el retiro de los funcio-narios y empleados permanentes del Gobierno Insular de Puerto Rico. Esta Ley comprenderá a todos los funcionarios o empleados en "el Servicio Civil clasificado y no clasificado del Gobierno Insular de Puerto Rico, con excepción de los jueces del Tribunal Supremo, los catedráticos de la Universidad de Puerto Rico, los profesores de ins-tracción pública, los miembros de la Policía Insular y los empleados municipales.” (Bastardillas nuestras.) '

Es evidente que para poder tener derecho a la pensión que concede la Sección 9, supra, el solicitante de ella deberá tener más de cuarenta años de edad y deberá haber pres-tado servicios al Gobierno durante más de quince años. De-berá ser además un funcionario o empleado permanente del Gobierno Insular y como tal comprendido dentro del Ser-vicio Civil, ya sea Clasificado o el No clasificado.

Está admitido en este caso que el peticionario tiene más de cuarenta años de edad, que ha sido empleado del Gobierno Insular por más de quince años y que fue separado del ser-vicio por haber sido suprimido el puesto que ocupaba. No sé ha establecido controversia alguna en cuanto a si el puesto de capataz de carreteras que ocupaba el peticionario está o no está comprendido en el Servicio Civil Clasificado. La única cuestión que se sometió a la resolución del tribunal inferior fue la de si el incumbente de dicho puesto era un empleado permanente del Gobierno Insular y como tal con derecho a la pensión provista por la ley. La resolución fué adversa al peticionario, sosteniéndose por la sentencia ape-lada el criterio sustentado por la Junta demandada.

Entendemos que existen otros requisitos o condiciones que el solicitante de una pensión debe cumplir, antes de que pueda exigir a la Junta de Retiro, como un deber ministerial, que le conceda la pensión que la ley dispone para beneficio de los empleados permanentes del Servicio Civil. Nos referimos al pago de las cuotas que los empleados comprendidos en la ley deben satisfacer y con las cuales se forma el Fondo de Retiro, destinado al pago de las pensiones.

Ni en la demanda interpuesta por el peticionario, ni en la estipulación suscrita por su abogado y por el de la Junta demandada, se hace constar el hecho de que el peticionario haya contribuido en manera alguna al “Fondo de Retiro de Empleados del Servicio Civil de Puerto Rico” creado por las secciones 13 y 15 de la Ley núm. 104 de 2 de sep-tiembre de 1925.

Somos de opinión qne el hecho de haberse pagado las «cuotas o el de su deducción por el Auditor de Puerto Eico, ■según, la dispone la sección 13, supra, es absolutamente esen-cial y necesario para que la acción que ha tratado de ejer-citar el peticionario pueda prosperar.

Tampoco se ha hecho constar en la petición las respecti-vas fechas de las diferentes épocas o períodos de tiempo durante los cuales el peticionario alega haber servido al Go-bierno y que en conjunto dan un total de más de quince años de servicios. Consideramos que la especificación de esas fe-chas es absolutamente necesaria para poder determinar si ■el peticionario tiene o no derecho a la pensión que solicita. La Ley núm. 22 de septiembre 22 de 1923 (Leyes de 1923 '(2) pág. 157), que estableció el retiro de los funcionarios y ■empleados permanentes de El Pueblo de Puerto Eico, no es de carácter compulsorio. En ella se dispone expresamente '(sección 1) que los empleados o funcionarios comprendidos ■en la ley, que empiecen a servir en o después del 1ro. de •diciembre de 1923, podrán renunciar a sus beneficios dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su nombramiento. Si no lo hicieren así, el Anditor de Puerto Eico procederá •a hacer los descuentos dispuestos por la misma ley.

La ley ahora vigente, o sea la número 104 de 1925, dis-pone lo siguiente:

“Sección 18. — Al funcionario o empleado comprendido en esta Ley, que como tal no hubiese contribuido al fondo de pensiones creado por la Ley No. 22, de 1923, y que desee se le dé crédito por el tiempo de servicios prestados desde enero primero de 1924 hasta que empiece ■a regir esta Ley, podrá concedérsele ese crédito siempre que abonare •al Fondo de Retiro el dos por ciento (2) de sus sueldos durante ■dicho período de tiempo; Disponiéndose, que la falta de ese pago no privará al funcionario o empleado comprendido en esta Ley, del •erédito de sus servicios prestados con anterioridad al primero de ■enero de 1924.”

Los autos ante nos no contienen dato alguno que pueda ayudarnos a resolver si el peticionario reclama crédito por-servicios prestados por él durante el período de' enero 1,. 1924, hasta noviembre 30, 1925, o si dicho- peticionario abonó-ai Fondo de Retiro el dos por ciento de los sueldos deven-gados por él durante el expresado período. El pago de ese-dos por ciento es sin duda alguna una condición precedente-ai derecho a reclamar crédito por los servicios prestados-durante ese tiempo. Y el peticionario no nos ha puesto en. condiciones de poder resolver esta cuestión.

Podríamos, tal vez, presumir que al peticionariole fueron descontadas de sus sueldos las cuotas para el Fondo de Retiro, por el período de tiempo cubierto por la>. Ley núm. 104 de 1925, o sea desde noviembre 30, 1925, hasta junio 30, 1932, por ser dicha ley de carácter compulsorio.. Pero esa presunción no bastaría para probar el caso del peticionario, pues ese período de tiempo, que es el comprendido entre la fecha en que empezó a regir la ley y la fecha, en que el peticionario cesó en su empleo, cubre solamenteseis años y seis meses de los quince años que debe haberservido el solicitante de una pensión, para tener derecho a ella, según lo dispone la sección 9 de la Ley núm. 104, supra.

No podríamos en manera alguna presumir que el Auditor descontó al peticionario o que éste abonó al Fondo de-Retiro, durante la vigencia de la Ley núm. 22 de 1923, el 2 por ciento de sus sueldos, de acuerdo con lo dispuesto por la sección 7 de dicha ley. Si el período de tiempo cubierto-por dicha Ley núm. 22 de 1923, forma parte de o es nece-sario para completar los quince años de servicios prestados-por el peticionario, éste debió alegar y probar que durante-la vigencia de dicha ley él abonó o el Auditor le dedujo la cuota legal. Véase: Pérez Almiroty v. Junta de Retiro, 49 D.P.R. 522.

Tampoco se ha alegado o probado la fecha del nombramiento original del peticionario, ni el período de tiempodurante el cual el peticionario prestó servicios con anterio-ridad al primero de enero de 1924, con el fin de que pudié-ramos determinar si ese período unido al de la vigencia de la Ley núm. 104 de 1925, es suficiente para completar los quince años de servicios -que requiere la ley.

El Pondo de Retiro es un fondo creado por el Gobierno, para beneficio de sus empleados permanentes del Servicio Civil, a los cuales se les descuenta un tres por ciento (8%) de su sueldo o compensación básica. Ese fondo se dedica exclusivamente al pag'o de pensiones, y parece natural que esas pensiones sean concedidas solamente a aquellos emplea-dos que contribuyeron con sus cuotas a crear y sostener el fondo común.

Nos inclinamos a convenir con el recurrente en que el empleo de que se trata en este caso es de carácter perma-nente y comprendido dentro del Servicio Civil Clasificado del Gobierno Insular. Y nos inclinaríamos a resolver que tiene derecho a la pensión que solicita, si se hubiesen lle-nado los requisitos que hemos señalado en el curso de esta opinión. Véanse: Ley de Servicio Civil, secciones 4 y 5; sección 13, Ley núm. 104 de 1925.

Si el peticionario ha contribuido con sus cuotas a formar y mantener el Fondo de Retiro, sería injusto privarle de los derechos que la ley concede a los que así lo hicieren. Pero sería también notoria injusticia permitir el disfrute de una pensión a una persona, si ésta no hubiere contribuido a la formación y sostenimiento de ese fondo formado y soste-nido por las cuotas de los demás empleados públicos.

No nos ha colocado el apelante en condiciones que nos permitan dictar una sentencia con la absoluta y plena con-ciencia de que realizamos un acto de justicia. 7 no que-riendo privar al peticionario de los derechos que pueda tener a participar del Fondo de Retiro, creemos que lo procedente <es dejar sm efecto la sentencia recurrida y de-volver el caso a la corte de donde procede, para los procedi-mientos ulteriores que fueren procedentes, concediéndose al peticionario el permiso necesario para que pueda enmendar su petición, conformándola a los hechos que consideramos esenciales para el éxito de una reclamación de esta natura-leza, si le fuere posible hacerlo.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo de Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Hons. Manuel León Parra, Presidente, Francisco Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida.
    Núm. 4.

    Sometido: Noviembre 16, 1936.

      Resuelto: Diciembre 8, 1936.

      Uon. Procurador General B. Fernández García, Emilio de Aldrey, Subprocurador y Luis Negrón Fernández, Oficial Jurídico del Fondo de Seguro del Estado, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la recurrida; Besosa & Besosa, abogados de los peticionarios y apelantes ante la Comisión Industrial.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 29 de abril de 1936 el Administrador del Fondo de Seguro del Estado declaró a Petrona Campos viuda de Mon-tero, madre del obrero fallecido Angel Montero Campos, y ■al hijo natural reconocido del mismo, Alexis Montero Ba-lasquide, beneficiarios del referido obrero, asignándoles una compensación ascendente a la suma de $1,509.60, la cual de-bería distribuirse entre los beneficiarios antes mencionados en la siguiente proporción: para el menor Alexis Montero Balasquide, el 75 por ciento de la suma antes indicada, y para doña Petrona Campos viuda de Montero, el 25 por ciento de dieba cantidad.

Recurrida esta resolución para ante la Comisión Industrial, este organismo resolvió que los menores apelantes Angel Manuel y Zaida Iris Montero Martínez, hijos legíti-mos del obrero fallecido, dependían para su subsistencia par-cialmente de lo que ganaba su padre Angel Montero Campos, por lo cual tenían derecho a indemnización de acuerdo con la Ley núm. 45 de abril 18, 1935 (ipág. 251), además de los beneficiarios Petrona Campos viuda de Montero, madre del obrero fallecido, y el hijo natural reconocido del mismo, Alexis Montero Balasquide. La indemnización fijada por el Administrador del Pondo de Seguro del Estado, ascendente a la suma de $1,509.60, se distribuyó, de acuerdo con la re-solución de la Comisión Industrial, entre los beneficiarios en la siguiente proporción: $459.60 para doña Petrona Campos viuda de Montero, madre del obrero fallecido, $300 para cada uno de los hijos legítimos de dicho obrero, Angel Manuel y Zaida Iris Montero y Martínez, y el hijo natural reconocido Alexis Montero Balasquide, y $150 para ser pa-gados por partes iguales a los abogados por servicios pro-fesionales prestados a las personas que representaban.

Negóse la Comisión Industrial a decretar la reconside-ración de esta resolución, solicitada por el Administrador del Pondo de Seguro del Estado, quien comparece ahora ante nosotros pidiendo que revisemos y revoquemos los fun-damentos de dicha resolución, confirmando la que original-mente dictara el referido Administrador.

Los recurridos, Angel Manuel y Zaida Iris Montero Martínez, solicitan la desestimación del recurso de revisión interpuesto, entre otras razones porque el Pondo de Seguro del Estado no es parte interesada en este asunto. Se ar-guye que dicho Pondo no ha sido perjudicado por la parti-cipación concedida a los recurridos, toda vez que la canti-dad acordada por el Administrador no lia sufrido la menor alteración. Lo único que hizo dicha Comisión fué distribuir esa suma entre la madre, los menores hijos legítimos del obrero fallecido, y el hijo natural del mismo.

El artículo 11 de la Ley núm. 45 de 18 de abril de 1935, denominada Ley de Compensaciones por Accidentes del. Tra-bajo, dice así:

‘ ‘ Cualquier parte interesada podrá presentar copias certificadas de una orden o decisión de la Comisión Industrial, de acuerdo con esta ley, contra la cual se haya radicado petición de revisión y haya recaído resolución de ésta, de la que podrá solicitarse revisión ante la Corte Suprema de Puerto Rico dentro del término de quince (15) días después de su notificación; Disponiéndose, que dicha revisión solamente podrá concederse sobre cuestiones de derecho.”

Como se ve, únicamente las partes interesadas pueden solicitar revisión de una orden o decisión de la Comisión Indutrial, para ante esta Corte Suprema. A nuestro juicio, es claro que el Administrador del Pondo de Seguro del Es-tado no es parte interesada en este caso, porque la resolución dictada por la Comisión Industrial y la que pueda recaer en apelación en nada perjudican los fondos del Seguro del Estado. La cantidad asignada por el Administrador no ha sido alterada ni es cuestión que se discute en el presente recurso. La Comisión Industrial se ha limitado a conceder a los menores hijos legítimos una parte propor-cional de la suma referida. El hijo natural, realmente per-judicado, por habérsele reducido la suma que le asignó el Administrador, no ha tenido a bien recurrir contra la reso-lución de la Comisión Industrial. El referido Administra-dor, que no tiene interés en el asunto, es la única parte que aparece estábleciendo este recurso, y por esta razón enten-demos que el mismo debe ser desestimado.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Cókdova Davila,

text:
    Juan B. García Mendez, peticionario, v. Corte de Distrito de Aguadilla, Hon. E. S. Mestre, Juez, demandada.
    Núm. 1087.

    Sometido: Noviembre 16, 1936.

      Resuelto: Diciembre 8, 1936.

      Juan B. García Méndez, por su propio derecho; J. Babater, abogado de los demandantes en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Cókdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

Eduardo Méndez inició nn procedimiento de injunction -contra el Municipio de Aguadilla y Juan Bautista García Méndez. El Hon. Enrique S. Mestre, juez de la corte donde .se radicó el pleito, se inhibió de conocer del mismo, alegando que desde que tomó posesión de su cargo se ha venido in-Mbiendo de conocer de casos en los cuales ba sido parte Eduardo Méndez Quiñones y que a menos que existan ra-zones poderosas para ello, no debe apartarse de sus prece-dentes decisiones. Decretada la inhibición, se citó a las par-tes de acuerdo con el artículo 84 del Código de Enjuicia-miento Civil, para trasladar el caso a la corte correspon-diente. Al discutirse la cuestión del traslado, el demandado Juan B. García Méndez hizo constar- que los fundamentos aducidos por la orden de la corte para decretar la inhibición no están sostenidos por la ley ni por la jurisprudencia. A raíz de estas manifestaciones se dictó la siguiente resolu-ción :

“La corte, no habiendo habido convenio ni estipulación entre las partes para elegir el tribunal a que debe trasladarse este caso a virtud del auto de inhibición esponte- sua, designa la Corte de Distrito» de Mayagüez, por ser la que tiene sus salones más próximos a la de este tribunal.”

Solicitaron los demandados que se reconsiderara la refe-rida orden y se dejara, sin efecto el traslado de la causa para la Corte de Distrito de Mayagüez y la inhibición decretada, por el Hon. Juez Mestre. Negóse éste a reconsiderar su resolución, y entonces el demandado Juan B. G-arcía Méndez: acudió a esta corte solicitando la revisión de las órdenes de-inhibición y de traslado, por considerarlas nulas y sin nin-gún efecto legal.

No se hacen constar en los autos las razones que tuvo el Juez de la corte inferior para inhibirse de conocer del litigio iniciado por Eduardo Méndez. El Juez se limita a decir que se ha inhibido en casos anteriores y que no debeapartarse de los precedentes establecidos. El peticionario ha cuestionado los motivos en que parece basarse la inhibición. El hecho de que el Juez se haya inhibido en pleitos; anteriores no es una razón legal para inhibirse en un pleitoposterior. Esta corte ignora cuáles fueron los fundamentos legales que tuvo el Juez Mestre para inhibirse en los litigios en que ha sido parte Eduardo Méndez. No estamos en condiciones de afirmar ni negar la existencia de esos fundamentos, porque no surgen de los autos, pero como la suficiencia de esas razones ha sido cuestionada y se ha negadala reconsideración de la orden dictada a solicitud del demandado y peticionario Juan B. García Méndez, entendemosque el Juez ha debido hacer constar en autos los motivosque tuvo para decretar dicha orden y no limitarse a decir-que se inhibe abora porque ba venido inhibiéndose en pleitos anteriores.

Cuando un juez se inhibe de conocer de un pleito, sin oposición de ninguna de las partes, y traslada el caso de acuerdo con el artículo 84 del Código de Enjuiciamiento Civil, debe presumirse que su decisión fué correcta y que le-galmente se hallaba incapacitado para actuar. Cuando existe objeción, sin embargo, y se discute el hecho de que el juez está legalmente incapacitado, entonces los autos deben de-mostrar las razones que tuvo dicho juez para decretar la inhibición.

En el caso de Bates v. Casey, 61 Tex. 593, la corte se expresó así:

“Esta causa fué trasladada del Condado a la corte de distrito debido a que el juez del condado estaba incapacitado para juzgarla. Los motivos de su incapacidad no han sido consignados en los autos ni creemos nosotros que sea necesario consignarlos cuando el juez se recusa a sí mismo, a menos que sean atacados antes de que la causa sea elevada a este tribunal. Si una parte desea discutir el hecho de que el juez del condado está incapacitado, puede, en virtud de su objeción, establecer las razones de la supuesta incapacidad en los autos, tanto en la corte de distrito como en la corte del condado. Cualquier decisión impropia sobre la materia puede ser revisada en apelación por esta Corte, trayéndose a nuestra atención" como un caso de error.
“Pero cuando tal objeción no ha sido hecha, y el récord demuestra, como en el presente caso, que el juez trasladó la causa por hallarse incapacitado, la presunción conclusiva debe estar en favor de su de-cisión, y de la jurisdicción de la corte de distrito.”

Es verdad que en el presente caso no se trata de una apelación, sino de un recurso de certiorari; pero, a nuestro juicio, se sirve mejor a la justicia interviniendo oportunamente por medio de este procedimiento extraordinario que esperando corregir los errores que puedan haberse cometido en una apelación, por la razón de que si en último caso se decidiera que el juez no se hallaba legalmente incapacitado, tendría que tramitarse nuevamente el pleito ante é'l, todo lo cual constituiría una dilación indebida en la ad-ministración de justicia.

Opinamos que deben revocarse las órdenes de inhibición y de traslado decretadas en 13 y 31 de agosto de 1936 res-pectivamente.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    Jeanne Vda. de Mauret, demandante y apelante, v. Esteban García Cabrera, demandado y apelado
    Núm. 7354.

    Sometido: Noviembre 2, 1936.

      Resuelto: Diciembre 9, 1936.

      Henry G. Molina y 8. de la Puente, abogados de la apelante; B. Castro Fernández y José López Barali, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 20 de mayo de 1936, la demandante apeló de la sen-tencia dictada contra ella en el presente caso, declarando sin lugar la demanda. Al siguiente día solicitó la parte apelante que se ordenara “al taquígrafo repórter que asis-tió al juicio, Sr. Eduardo Ugarte”, una transcripción de las declaraciones ofrecidas y tenidas, de las pruebas ofrecidas y practicadas, y de todas las resoluciones, actos o manifes-taciones de la corte, así como de todas las objeciones y ex-cepciones de los abogados y cuestiones sobre materias con el caso relacionadas. La corte resolvió de conformidad, or-denando al taquígrafo Eduardo Ugarte la transcripción so-licitada.

La parte demandada ba pedido la desestimación de la apelación, entre otras razones, (a) por baber transcurrido el término legal para radicar la transcripción en la corte inferior sin que la apelante baya cumplido todavía con este requisito, y (;&) porque en la vista de esta causa intervi-nieron dos taquígrafos, Eduardo Ugarte y Juan Comas Vera, y la apelante únicamente solicitó de la corte que se ordenara al taquígrafo Eduardo Ugarte la transcripción de la evidencia, sin bacer referencia alguna al taquígrafo Juan Comas Vera, a quien nunca se ba ordenado por la corte la transcripción de la evidencia tomada por él en el juicio.

Entiende la parte apelante que no procede la desestimación, pero solicita se le conceda un nuevo término para radicar la transcripción de evidencia en la corte inferior, en caso de que esta corte' llégue a la conclusión de que ba expirado ya el término concedido por el tribunal a quo para radicar dicba transcripción. Esta corte ba ejercitado siempre sus facultades discrecionales, concediendo nuevos términos en bien de la justicia, cuando la parte apelante ba desplegado debida diligencia en la tramitación del recurso interpuesto. Los autos en este caso demuestran que además del taquígrafo Eduardo Ugarte intervino en la vista del mismo el taquígrafo Juan Comas Vera, quien tomó en rebuttal las declaraciones de Luis Castro Feliú, José Morales, Maximino Mareano, Hernán Franco, Flor Torres, Juan Maldonado, Ramón Ramos, José Solís Serrano, Máximo de Mauret; Simone de Mauret de Babcock, Santiago de la Fuente y Juan José Fuertes.

La parte apelante tenía pleno conocimiento de que los referidos taquígrafos Rabian intervenido en la vista de este caso y en su moción dirigida a la Corte para la transcrip-ción de la evidencia pide que se ordene la transcripción al taquígrafo repórter que asistió al juicio, Eduardo Ugarte, sin bacer mención del taquígrafo Juan Comas Vera. En las prórrogas solicitadas para transcribir la evidencia, la parte apelante insiste en pedir que la orden concediéndolas se dirija al taquígrafo Ugarte, sin hablar del taquígrafo Comas. En ninguna ocasión ba solicitado la demandante orden alguna dirigida a este último taquígrafo, a pesar de que ban transcurrido ya más de cinco meses desde que se in-terpuso el recurso de apelación. Para justificar su falta de diligencia arguye la demandante que el taquígrafo principal es el Sr. Eduardo Ugarte y que la intervención del ta-quígrafo repórter Juan Comas fué puramente incidental. La ley no establece distinciones entre taquígrafos perma-nentes y taquígrafos incidentales. La verdad es que Juan Comas Vera tomó el testimonio de doce testigos y que la transcripción de la evidencia quedaría incompleta si no se bace formar parte de la misma toda la prueba aportada. Al referido taquígrafo no puede culpársele por no baber dado paso alguno para la transcripción de la evidencia, por-que no ba sido requerido para ello ni ba recibido orden de la corte para transcribir el testimonio de los testigos que declararon cuando actuó como taquígrafo.

En Salichs v. Junta Examinadora de Ingenieros, 39 D.P.R. 245, se desestimó una apelación por baber expirado’ el período original de veinte días para preparar la trans-cripción taquigráfica sin haberse dado el aviso correspon-diente al taquígrafo y sin haberse obtenido la debida pró-rroga para bacer tal notificación.

El presente caso es mucho más fuerte, porque no se trata de una falta de notificación, sino de la ausencia completa de una orden que, en cuanto al taquígrafo Comas, no fué soli-citada ni expedida, y que por lo tanto no pudo ser notificada al taquígrafo mencionado.

El recurso interpuesto 'debe ser desestimado.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor HutohisoN,

text:
    Manuel Egozcue Acha, demandante y apelante, v. Josefa Olivar Amil, demandada y apelada.
    Núm. 7073.

    Sometido: Noviembre 23, 1936.

      Resuelto: Diciembre 10, 1936.

      Llorens Torres & O’Neill, abogados del apelante; Rafael Soltero Peralta, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor HutohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en una acción de divorcio anunció que había decidido desistir de su continuación en el momento actual y solicitó de la corte que sin perjuicio de su acción se le considerara por desistido y apartado de la continua-ción del pleito, decretando el archivo de los autos, sin especial condenación de costas. La corte dictó sentencia te-niendo al demandante por desistido, a su perjuicio, conce-diendo costas a la demandada y sin perjuicio del derecho de ésta a recibir cierto dinero que la corte había ordenado al demandante que pagara a la demandada. El demandante apeló y la demandada solicita la desestimación del recurso. Durante la vista el caso fué sometido por sus méritos.

El caso no había sido señalado para juicio y la demandada no había exeepcionado ni contestado la demanda cuando el demandante anunció sn intención de descontinuar el recurso y solicitó que se le permitiera hacerlo sin perjuicio. Él tenía derecho a un desistimiento voluntario a tenor del ar-tículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil, previo pago de costas. La corte de distrito al conceder las costas siguió la fraseología del estatuto. No creemos necesario por ahora determinar el significado y alcance de la palabra “costas”. La corte de distrito cometió error al disponer que el desis-timiento fuera “a su perjuicio”.

La sentencia apelada debe ser modificada eliminando de ella las palabras “a su perjuicio”, y así modificada confir-mada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    José Manuel Alonso Muñoz, demandante y apelante, v. Ramón Nieves Luyando, demandado y apelado.
    Núm. 7315.

    Sometido: Noviembre 25, 1936.

    Resuelto: Diciembre 11, 1936.

      Román Díaz Collazo, abogado del apelante; Dubón & Ochoteco, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Alonso entabló una acción de desahucio en la teoría de que el demandado era un mero poseedor en precario. Este último alegó el derecho de posesión, fundado en un contrato de aparcería. La corte de distrito resolvió que la evidencia aducida en apoyo de la contención del demandado bastaba para demostrar que él era un aparcero y no un mero po-seedor en precario, y desestimó el recurso. El demandante apela y sostiene que:

“Primero: La corte inferior cometió error manifiesto al consi-derar y apreciar la prueba de las partes en este caso;
“Segundo: La corte inferior aplicó en su fallo el criterio de la duda, en lugar de aplicar el de la preponderancia de la prueba;
“Tercero: La corte inferior ignoró la mayor parte de la evi-dencia ofrecídale por las partes y en su consecuencia dictó un fallo contrario a la preponderancia de la prueba;
“Cuarto: La corte inferior pasó por alto las disposiciones termi-nantes de la ley estableciendo el procedimiento para el desahucio; „
“Quinto: La corte inferior erró al declarar la existencia de un contrato de aparcería agrícola entre demandante y demandado;
“Sexto: La corte inferior cometió error manifiesto al dictar sen-tencia declarando sin lugar la demanda;
“Séptimo: La corte inferior abusó de su discreción y crasamente violó la ley, al tomarse sin causa, motivo y justificación de naturaleza alguna, el término de cuarenta y ocho (48) días para resolver este asunto a contar desde la fecha en que le fue sometido.”

La transcripción, de evidencia escrita a máquina com-prende nnas 236 páginas del récord en apelación. El error, de haberlo, al permitir que transcurrieran 48 días para dictar sentencia, no es uno que da lugar a la revocación.

Los señalamientos tercero, cuarto, quinto y sexto no son discutidos separadamente por el apelante en su alegato ni requieren ser tratados separadamente en esta opinión. Hemos examinado cuidadosamente la voluminosa transcrip-ción de evidencia sometida y no hallamos una clara prepon-derancia en favor del demandante sobre la cuestión principal en disputa ni tan manifiesto error de parte del juez sen-tenciador en la apreciación de la prueba que exijan una re-vocación.

Las secciones 9 y 10 de la ley (núm. 76) que regula los contratos de aparcería, aprobada el 4 de mayo de 1931 (Le-yes de ese año, pág. 476) leen así:

"Sección 9. — El terrateniente podrá desahuciar judicialmente al aparcero por alguna de las causas siguientes:
“1. Haber expirado el término convencional o el qne se fija para la duración de este contrato en la sección 3 de esta Ley.
“2. Infracción de cualquiera de las condiciones estipuladas en el contrato; Disponiéndose, que en este caso el aparcero tendrá derecho a- que se le pague la parte proporcional que le corresponda en los frutos sembrados, previa "tasación de peritos nombrados al efecto.
"Sección 10. — Si una finca sujeta a contrato de aparcería agrí-cola fuera vendida, cedida o arrendada a otra persona, el aparcero podrá exigir que se le deje recoger los frutos de la cosecha que corres-ponda al año agrícola corriente pudiendo el aparcero reclamar como suyos labores, plantíos o cualquiera otra cosa a que tenga derecho.”

Un aparcero no es un poseedor en precario y la sección 18 de la Ley para reglamentar los procedimientos de desa-hucio (Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. 1933, sección 637 Comp. 1642) no puede ser invocada con éxito en un caso de esta naturaleza. Los fundamentos por los cuales puede ins-truirse un procedimiento de desahucio contra un aparcero y el procedimiento a seguir en tal recurso están prescritos por las secciones 9 y 10 de la Ley de 1931, supra.

La sentencia apelada dede.ser confirmada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor CÓRdova Dávila,

text:
    Salvador Torres Pérez, demandante y apelante, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelada.
    Núm. 6871.

    Sometido: Noviembre 13, 1936.

      Resuelto: Diciembre 11, 1936.

      Jinan Validejuli Rodríguez, abogado del apelante; Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor CÓRdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción en reclamación de daños y perjuicios, iniciada por Salvador Torres contra la White Star Bus Dine, Inc.

La apelación interpuesta contra la sentencia dictada se Lasa exclusivamente en que el tribunal sentenciador cometió equivocación o error al apreciar la prueba.

La corte inferior, en la relación del caso, expone con cla-ridad, ajustándose a la evidencia aportada, las teorías por ambas partes establecidas.

La evidencia del demandante tiende a demostrar que frente a La Colectiva, en dirección de San Juan a Santurce, había una guagua estacionada; que delante del automóvil del demandante, en dirección de Santurce a San Juan, cami-naba otra guagua, la que paró casi paralelamente a la que se hallaba estacionada; que al tratar de parar también el de-mandante detrás de la referida guagua, venía en dirección contraria, a mucha velocidad, sin tocar klaxon, otra guagua propiedad de la demandada, la cual, al pasar a la guagua que estaba estacionada delante de ella, hallándose mojado el pavi-mento, hizo un sig sag y chocó con la parte delantera izquierda del vehículo del demandante y lo arrastró, quedando la parte delantera del vehículo en el centro y la trasera inclinada hacia la izquierda; y que el demandante, lo mismo que la señora Eduarda Conroy Vda. de Mack que le acompañaba, re-cibieron lesiones y fueron inmediatamente trasladados al Hospital Presbiteriano y allí asistidos.

La evidencia de la demandada tiende a demostrar que la guagua P-196 se dirigía de San Juan a Santurce, con-duciendo pasajeros, a poca velocidad, porque llovía, y guiada por el chauffeur Francisco Santana; que frente a La Co-lectiva había otra guagua parada a su derecha, y cuando pasaba a ésta, por el centro de la carretera, venía en direc-ción contraria, de Santurce hacia San Juan, el automóvil del demandante, guiado por éste, a exagerada velocidad, y al enfrentarse con la guagua P-196 frenó el vehículo, dande éste una patinada o sig sag, y chocando con la guagua por el lado izquierdo delantero y quedando encajado en el bumper de ésta, la que paró inmediatamente.

Alega con énfasis el apelante que no se trata en este-caso de prueba contradictoria, como sostiene la corte inferior en su sentencia resolviendo el conflicto de la eviden-cia a favor de la parte demandada. Se arguye que no-puede haber conflicto de evidencia, porque la teoría del de-mandante establece los hechos de su demanda con testigos-oculares y la demandada tiende a establecer sus alegacio-nes y la teoría de su caso con declaraciones de policías in-sulares que no presenciaron el accidente y que declararon únicamente sobre la posición en que encontraron los vehícu-los.

Se olvida la parte apelante de las declaraciones de Gregorio García y Francisco Santana, testigos oculares, quienes sostienen independientemente del testimonio de los policías,, la teoría de la demandada. Estos policías, que acudieron prontamente al sitio del accidente, declararon con respecto a la posición de los vehículos y sobre las huellas que había en la carretera. El policía Nemesio J. Nieves declara que la guagua estaba con dirección a Santurce y el carro de frente encajado por el bumpér de la guagua, con un guar-dalobo bollado bastante, que vi'ó al demandante Salvador Torres Pérez en el Hospital Presbiteriano, después de ha-berse curado; que el demandante le manifestó que “venía de Santurce con una señora, que llovía, que había visto un vehículo de frente por su derecha, que luego vió una gua-gua que estaba parada y otra que seguía hacia Santurce y que en virtud de eso quiso desviar el carro de tal manera que no pudo porque los frenos no correspondieron y ahí de-generó el choque.” Esta prueba policiaca corrobora las manifestaciones de los testig’os oculares de la demandada. De parte del demandante y en apoyo de su teoría, declara-ron cuatro testigos oculares. La contradicción de la prueba es manifiesta. El tribunal inferior dio crédito a los testi-gos oculares de la demandada y tuvo en cuenta el testimo-nio de los policías sobre 1a. posición de los vehículos a raíz del suceso, así como las manifestaciones becbas por el de-mandante a uno de los agentes de orden público. No cree-mos que dicho tribunal haya estado desacertado en la apre-ciación de la prueba. Por el contrario sus conclusiones nos parecen lógicas y razonables de acuerdo con la prueba prac-ticada y las circunstancias que concurren en el presente caso. No se ha demotrado que el tribunal a quo actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad, ni que haya incurrido en manifiesto error en la apreciación de la prueba.

Opinamos que debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Epifanio Torres, acusado y apelante.
    Núm. 6260.

    Sometido: Diciembre 9, 1936.

      Resuelto: Diciembre 11, 1936.

      Negrón López & Negrón López, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Epifanio Torres fné acusado y declarado culpable de haber infringido el artículo primero de la Ley prohibiendo portar armas. Se alega en la acusación que dicho acusado, ilegal y voluntariamente, portaba y conducía un cuchillo, siendo dicho cuchillo un arma con la cual puede cansarse daño corporal.

Se atribuyen a la corte dos errores, que pueden condensarse en uno sólo: • insuficiencia de la prueba para declarar culpable al acusado.

A juicio de la defensa, si se probó la portación de un arma, ésta fué una cuchilla y no un cuchillo. Se arguye que existe conflicto entre la propia prueba de El Pueblo, porque dos de sus testigos, policías insulares, declararon que el acu-sado había admitido que portaba una cuchilla, y otros dos testigos habían declarado que portaba un cuchillo.

Se añade que en este caso no se ocupó el arma y que por lo tanto la prueba debe ser fuerte, y se cita el caso de Pueblo v. Cartagena, 37 D.P.R. 281 donde se dice que cuando ni se ocupa ni se presenta el arma, la prueba de su existen-cia debe ser clara y convincente.

El policía insular Esteban Pratts declara que el acusado le manifestó que portaba una cuchilla. Jesús María Ma-lavé, también policía insular, dice que dicho acusado le dijo que portaba una cuchilla plegadiza. Ramón Andino de-clara que el acusado tenía en la mano un cuchillo que “le sobresalía bastante para afuera, como cinco pulgadas.” Cuando se le pregunta si está seguro de que fuese un cu-chillo, responde que dice cuchillo porque entre claro y obs-curo no se podía precisar si era largo y e} acusado se quedó amenazándolo. Antes de cometer el delito no le vió nada al acusado. Después “le vió un cuchillo así, después que cerró la mano, le sobresalía bastante.” Marcelo Cruz dice que vió al acusado cuando le tiró con un cuchillo a Pedro Yubién, por el lado derecho; que Yubién murió al poco rato y que no sabe si después se le ocupó el arma al acu-sado; que esto ocurrió como de siete y media a ocho de la noche; que vió el cuchillo, un arma, una hoja de hierro que sobresalía de la mano del acusado. Ésta es, en síntesis, la evidencia aportada por El Pueblo.

Los testigos de la defensa declaran que no vieron arma alguna en el lugar del suceso ni saben quién fué la persona que infirió la herida que ocasionó la muerte a Pedro Yubién. La defensa bace hincapié en el testimonio de los policías, quienes, como hemos dicho, declaran que el acusado mani-festó que portaba una cuchilla. No hay duda alguna de que Epifanio Torres portaba un arma. La única cuestión a resolver es si se trataba de una cuchilla plegadiza o de un cuchillo. El testigo Marcelino Cruz declara de una manera categórica que el acusado portaba un cuchillo, una hoja de hierro, que le sobresalía de la mano. Ramón Andino tam-bién nos dice que el acusado portaba un cuchillo.

Esta corte ha declarado, en Pueblo v. González, 36 D.P.R. 52, y en Pueblo v. Cruz, 36 D.P.R. 94, que cuando se imputa la portación de un cuchillo no es necesario alegar el largo de dicha arma, porque “no se trata de cortaplu-mas o cuchillas plegadizas de bolsillo, sino de un cuchillo que, según el diccionario, es un ‘instrumento de hierro ace-rado y de un corte solo, con mango de metal, madera u otra cosa,’ que no se lleva generalmente sobre la persona.

Es claro que si no es necesario alegar en la acusación el tamaño del arma, tratándose de un cuchillo, tampoco está obligado el Pueblo a presentar prueba sobre cuestiones que son materia de defensa.

La corte inferior dió crédito al testimonio de los testi-gos de El Pueblo. De acuerdo con esta prueba, creída por el tribunal a quo, el acusado admitió que portaba una cu-chilla plegadiza; pero no la entregó a la policía para de-mostrar que estaba diciendo la verdad. Por el contrario, el arma desapareció de sus manos sin que pudiese averi-guarse su paradero. El policía Esteban Pratts denunció ante el fiscal a Epifanio Tomes por la portación de un cu-chillo. No puede decirse que hay' incongruencia entre la evidencia del Pueblo, la denuncia y la acusación- fiscal ba-sada en la misma, porque hay dos testigos que sustienen que el acusado portaba un cuchillo y ninguno de los po-licías niega la verdad de esta afirmación, limitándose a poner en conocimiento de la corte la admisión de dicho acusado. No es extraño que la corte pusiese en tela de juicio la admisión de este último de que portaba una cu-chilla plegadiza, sin exhibir el arma, que hubiera podido demostrar fuera de toda duda la certeza de su afirmación. Hay otro factor además que la corte inferior pudo tener en cuenta, y es el natural interés de dicho acusado en su pro-pia causa. No habiéndose demostrado que dicho tribunal actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad, ni que incurriera en manifiesto error en la apreciación de la prueba, entendemos que procede la confirmación de la sentencia ape-lada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señoé Wole,

text:
    Antonio Guijarro Cobián, demandante, contrademandado y apelante v. Otilia Lluberas Negroni, demandada, contrademandante y apelada.
    Núm. 7327.

    Sometido: Noviembre 2, 1936.

      Resuelto: Diciembre 11, 1936.

      Ismael Soldevila, abogado del apelante; M. Marcos Morales, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoé Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante Antonio Guijarro Cobián entabló de-manda contra su esposa por abandono. Finalmente, y luego de algunos procedimientos preliminares, la demandada Otilia Lluberas Negroni radicó contrademanda por abandono de ella por su marido y trato cruel. Antes del juicio el letrado del demandante se retiró del caso y el día de la vista se oyó prueba sin la comparecencia del demandante y sin estar asis-tido por abogado. No bay indicación en los autos al efecto de que el demandante no pudo comparecer bien personal-mente o por letrado. La corte declaró sin lugar la demanda y dictó sentencia en favor de la contrademandante por am-bos motivos. El demandante apeló y tenemos ante nos una moción para desestimar el recurso por frívolo.

Anteriormente se presentó una moción similar, que fue denegada para aquel entonces porque no teníamos la debida transcripción a la vista. Esta deficiencia ba sido corregida por el apelante mismo y el fiscal de este Tribunal ha pre-sentado su informe sobre toda la transcripción.

El apelante se opone a la desestimación, fundándose primeramente en que bubo colusión entre las partes. Para justificar su posición llama nuestra atención hacia el hecho de que ambas partes dieron ciertos pasos con extrema rapidez, más la rapidez de acción no es necesariamente in-consistente con la falta de colnsión. El demandante pudo-haber creído qne sn caso no tenía remedio o algo así, pero independientemente de los motivos qne pndo haber tenido para no dar ningún paso activo en defensa de sn caso, no ha demostrado, según le incumbe, qne en realidad hubo colnsión. Nada hay en los autos qne nos convenza de tal colnsión y el apelante no podría ser ayudado a este respecto por una vista final sobre los méritos.

El demandante ataca la suficiencia de la contrademanda. Sn teoría es que la contrademandante debió haber alegado qne sn marido la abandonó más de nn año antes de la radicación de la demanda. La alegación de la contrademanda es al efecto de qne el apelante abandonó a la contrademandante hace más de nn año con anterioridad a la radicación de la contrademanda. Esta expresión de “hace más. de nn año” es consistente con nn período de más de nn añoanterior a la radicación de la demanda. El demandante pudohaber solicitado en la corte inferior qne se hiciera más específica la contrademanda. En ausencia de ello estamos convencidos de que la prueba aducida durante el juicio tendióa demostrar qne el abandono por parte del marido realmente tuvo lugar más de nn año antes de la presentación de 1a. demanda. Así pues, la falta de especificación en la contrademanda podría ser considerada como subsanada. En verdad es enteramente claro qne cada una de las partes en este caso confiaba en el mismo período de tiempo en qne se separaron. En otras palabras, mientras la demanda alega el abandono en una época anterior, la contrademandante adujoprueba tendente a demostrar qne el supuesto abandono en qne se basaba el demandante fué causado por sus propios actos y no por los de ella. Oreemos que es una inferencia lógica que las partes en sus alegaciones o en otra forma se referían a la misma fecha.

La contrademandante admitió - que ella dejó el domicilio conyugal pero la teoría de su caso fue que se vió precisada a abandonarlo por los actos del marido. El apelante sos-tiene que las alegaciones relativas a su abandono implícito debieron baber sido más específicas. Esta es otra cuestión que pudo ser atacada mediante la debida moción en la corte inferior y que puede ser considerada como subsanada du-rante el juicio.

En lo que respecta a la causa de acción por trato cruel, el apelante alegó asimismo que ésta no era lo suficien-temente específica e insiste en que la contrademanda- debió' baber contenido la alegación de que los actos de crueldad cometidos contra la esposa lo fueron sin provación por parte de ella. Sin embargo, nos inclinamos fuertemente al crite-rio de que tal alegación sería más propiamente una cuestión de defensa. En otras palabras, un demandado debe demos-trar y por ende alegar, que los supuestos actos de crueldad fueron provocados por la otra parte. El apelante cita auto-ridades en sentido contrario, más la política general en esta jurisdicción es no requerir al demandante que anticipe ma-terias de defensa. Además, esta objeción al igual que las anteriores faltas de ser más específicas, podían ser y fueron subsanadas por la prueba aducida durante el juicio. De igual modo, cualquier duda relativa a la suficiencia de la contrademanda a este respecto no podría afectar la senten-cia, toda vez que la misma podía ser confirmada por la causal de abandono solamente.

El apelante nos pide que consideremos los errores cometidos durante la presentación de la prueba. El menos importante fué que la corte permitió preguntas sugestivas. Esto es de ordinario cuestión que cae dentro de la sana discreción de la corte. El principio de que toda presunción está en favor de lo correcto de una sentencia comprende el caso en que la corte ejercía su discreción para admitir preguntas sugestivas (leading questions).

Las otras objeciones se refieren a la suficiencia de la prueba en general y especialmente al trato cruel.

Si bien la prueba podría ser más fuerte, ella tendió a demostrar que el trato cruel por parte del marido obligó a la esposa a abandonar el domicilio común y a regresar al de sus padres, y la corte la creyó. La suficiencia de la prueba para sostener la sentencia queda ratificada por el informe del fiscal.

No bailamos razón alguna para dar al caso mayor consi-deración mediante una vista en los méritos, y la moción para desestimar el recurso por frívolo debe prevalecer.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Hutcbison no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cecilio Sánchez, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo.
    Núms. 6190 y 6191.

    Sometidos: Diciembre 2, 1936.

      Resueltos: Diciembre 15, 1936,

      B. Díaz Cintrón, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Cecilio Sánchez fué. convicto en la Corte de Distrito de San Juan de alterar la paz y de portar un arma prohi-bida. Los casos fueron vistos conjuntamente ante este Tribunal y en la corte inferior.

El testimonio de dos policías y de una tercera persona tendió a demostrar que en la calle principal del pueblo de Loíza tuvo lugar una riña y que Cecilio Sánchez disparó a.1 aire un revólver, lo 'que produjo una alteración de la paz y atrajo mucha gente. Luego de ocurrido el suceso principal hubo prueba que tendía a demostrar que el acusado cogió el revólver y lo lanzó al balcón de la casa del Sr. Albandoz. Este lo recogió y lo entregó a un policía. El policía y Albandoz declararon.

El apelante sostiene que el revólver no fué suficiente-mente identificado. En realidad dada la prueba aducida en el caso, no había necesidad de identificarlo. Si se daba crédito a los testigos no había duda alguna de que Cecilio Sánchez disparó al aire un arma en la calle principal de Loíza, y por ende la presentación del revólver, aunque con frecuencia es importante, no era absolutamente necesaria. Asumiendo sin embargo que lo era, cuando se alega que un hombre ha. hecho uso de un arma y que poco después ha lanzado un revólver en el balcón de una casa, la conclusión es prácticamente inevitable de que el revólver fué el mismo utilizado por él para disparar al aire.

El caso de El Pueblo v. Cartagena, 27 D.P.R. 281, no sos-tiene nada en contrario. Naturalmente si no se halla el arma la prueba de que se ha hecho uso de la misma debe ser fuerte.

En este caso hubo una serie. de prueba, tanto directa como circunstancial, que en forma alguna dejaba duda en la mente del juzgador, de que el arma hallada fué la misma que se utilizó al tiempo en que tuvo lugar la riña o inmediata-mente después.

El apelante también alega algo respecto a que los dos delitos se ban fundido en uno. Estamos enteramente de acuerdo con el fiscal en que alterar la paz y portar un arma prohibida son delitos distintos y no puede surgir confusión alguna. ■ En realidad el revólver era portado antes de ocurrir la alteración de la paz. También se hizo alguna referencia al efecto de que fiemos decidido en algunos casos que era el uso ilegal más bien que la portación del arma lo que constituía el delito. Sea esto como fuere, para determinados casos la portación de un revólver constituye de por sí un delito, a menos que caiga dentro de alguna de las ex-cepciones claramente permitidas por la ley, de las cuales este caso no lo es.

La sentencia apelada en cada uno de los casos de epí-grafe debe ser confirmada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Caro Brignoni, acusado y apelante.
    Núm. 6322.

    Sometico: Diciembre 11, 1936.

      Resuelto: Diciembre 15, 1936.

      José Veray, Jr., abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este era un caso en que el acusado trató de sacar un re-vólver, más no disparó. La tentativa tuvo lugar mientras se desarrollaba una lucha electoral y el uso del arma causó o contribuyó a causar una alteración de la paz. En verdad, la prueba tendió a demostrar que el apelante alteraba la paz antes de tratar de sacar el arma. Se le pidió que se fuera y en vez de hacerlo, se entregó a un altercado con uno de los testigos principales. Trató de darle una bofetada, se echó un poco hacia atrás y empezó a sacar un revólver.

Aunque podría ser que ninguno de los testigos ocu-lares realmente viera toda el arma, un número de ellos vió el cabo de la misma en una baqueta, y uno por lo menos, aunque no vió otra cosa que el cabo, estaba enteramente se-guro de que la baqueta contenía un arma.

El revólver, desapareció y se sugirió que parientes o amigos del acusado se lo habían llevado. ,La corte escribió una opinión en este caso, en la que dice que cuando no se halla el arma, el juzgador tiene que estar razonablemente seguro de los hechos, o palabras a ese efecto. Podría ser que la corte expresara alguna otra duda. Sin embargo, el juez, después de analizar la prueba, quedó plenamente convencido de que el acusado era culpable y no vemos razón alguna para dudar de la conclusión a que finalmente llegó. El caso de Pueblo v. Cartagena, 37 D.P.R. 281, al igual que en el caso de Pueblo v. Sánchez que acabamos de resolver (;ante, pág. 722), no es de aplicación.

Aquí se-trataba de una acusación tanto por alterar la paz como por portar un arma prohibida, y ambas sentencias deben ser confirmadas.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    Banco de Puerto Rico, como Liquidador del Banco Comercial de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 981.

    Sometico: Noviembre 2, 1936.

      Resuelto: Diciembre 15, 1936.

      José y Rafael Ramírez Santibáñez, abogados del recurrente; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

El Banco de Puerto Rico, en su carácter de Liquidador del Banco Comercial de Puerto Meo, ejecutó, por el proce-dimiento sumarísimo, una hipoteca sobre finca propiedad de los esposos Rafael Saldaña y Mercedes P adi al, sobre la que pesaba además un embargo por la suma de $1,200, trabado por José del Río, y anotado en el Registro con posterioridad a la inscripción de la hipoteca ejecutada.

El auto de requerimiento fué notificado a los deudores, esposos Saldaña-Padial, y a José del Río, y transcurrido el término legal se ordenó la venta de la propiedad en subasta pública, siendo finalmente adjudicada la finca al banco por la suma de $4,000. El secretario de la Corte de Distrito de Bayamón expidió mandamiento dirigido al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, para que can-celase en los libros del registro a su cargo el embargo a que se refiere la orden transcrita en el mandamiento, la que tex-tualmente dice:

“Vista la anterior moción, la corte la declara con lugar y ordena la cancelación del gravamen posterior, consistente en un embargo por la suma de $1,200.00 trabado por José del Río, y que afecta la finca que fué adjudicada al Banco de Puerto Rico,- en su carácter de Li-quidador del Banco Comercial de Puerto Rico, en la subasta cele-brada el día 25 de agosto de 1936, en el caso de epígrafe, por apa-recer de los propios autos, no haber producido los bienes ejecutados remanente alguno, para pagar acreencias posteriores y aparecer asimismo de los autos, que el referido acreedor posterior fué notifi-cado personalmente de este procedimiento, con fecha 16 de mayo de 1936 y habiéndose cumplido además con todos los requisitos de la Ley, ordenando además que por el Secretario de este tribunal se ex-pida un mandamiento dirigido al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, para que haga la cancelación correspon-diente en los libros del Registro a su cargo del referido embargo, que grava la finca ejecutada y que se describe como sigue:”

Presentado clicbo mandamiento en el registro, junto con la escritura de venta judicial otorgada por el márshal a favor del banco ejecutante, el registrador consignó al dorso del primero, la siguiente nota:

“Hecha la cancelación al folio 237 Vto. tomo 87 de Bayamón, finca 3738, inscripción 3a., con el defecto subsanable de no ser firme la orden de la corte de acuerdo con el artículo 82 de la Ley Hipoteca-ria. — San Juan, septiembre 22, 1936.”

De dicha nota recurre para ante esta Corte Suprema la parte interesada en la cancelación, calificándola de errónea.

En su alegato, el registrador invoca los artículos 82 y 125 de la Ley Hipotecaria, aceptando asimismo que es de aplicación el 295 del Código de Enjuiciamiento Civil porque es supletorio de la Ley Hipotecaria, según el párrafo final del 176 del reglamento.

El artículo 125, supra, se encuentra en el Título V de la Ley Hipotecaria, que trata “De las Hipotecas” y dispone lo siguiente:

“Cuando sea una la finca hipotecada, o cuando siendo varias no se haya señalado la responsabilidad de cada una por oeuivir el caso previsto en el artículo 123, no se podrá exigir la liberación de nin-guna parte de los bienes hipotecados, cualquiera que sea la del crédito que el deudor.haya satisfecho.
“En los casos de que sobre una o varias fincas graviten créditos hipotecarios de varios acreedores y lleguen a venderse o adjudicarse para el pago al primer acreedor, en términos de que el valor de lo vendido o adjudicado o no iguale o no^ supere al crédito hipote-cario que se realice, los créditos restantes se entenderán de hecho y de derecho cancelados, y se cancelarán en el Registro, previa pre-sentación del oportuno mandamiento judicial en que consten la venta o la adjudicación y sus causas, con expresión del acto que consti-tuye la solvencia del crédito preferido, todas las inscripciones pos-teriores de censos e hipotecas y las anotaciones de embargo hechas también con posterioridad, dejando libres de todo' gravamen por estos conceptos la finca o fincas enajenadas o adjudicadas.
“Esto se entenderá sin perjuicio de los demás derechos y acciones que los acreedores postergados puedan ejercitar contra su deudor conforme a las leyes.”

Su correspondiente en la ley de la Península lo es el ar-tículo 125, ampliado al incorporarse con el número 133 a la ley de 1880 para Puerto Rico, con la adición de los dos úl-timos párrafos de que consta hoy. La Comisión encargada -de redactar los proyectos para la aplicación a la Provincia de Pnerto Rico de la legislación hipotecaria de la Penín-sula, explica la reforma así:

"El Título V, de las Hipotecas, es igual al de la ley expresada por tratarse en él de cuestiones de, doctrina, habiéndose tan sólo acla-rado algún artículo y ampliado el 125 de la Península (133 de Puerto Rico), en el sentido de que cuando la finca hipotecada no vale más que para pagar al primer acreedor y sobre ella gravitan créditos hipotecarios posteriores de otros acreedores, se cancele expresamente la hipoteca respecto a éstos, para que no pese siempre sobre dicha finca un crédito ilusorio que ningún interés tienen en cancelar los segundos y demás acreedores, y que puede embarazar a la libre dis-posición del adquirente. ’ ’ Yéase 1 Stuyck, Legislación Hipotecaria, pág. 33.

Al aprobarse en 1893 la Ley Plipotecaria vigente hoy ■en Puerto Rico, se dió a ese artículo el número 125, y se varió algo la redacción del segundo párrafo.

Sus disposiciones, como puede verse, son de carácter subs-tantivo y no procesal. Simplemente, considera extinguido el derecho real inscrito, cuando vendida judicialmente la finca, o hecha su adjudicación, el valor de lo vendido, des-pués de satisfecho el crédito del primer acreedor, no alcance a pagar los demás créditos posteriormente inscritos. Cuanto ,se refiere al efecto general de la cancelación, sus clases, casos ■en que puede pedirse u ordenarse, formalidades o condicio-nes y requisitos necesarios para cancelar, es materia del Tí-tulo IY de la ley, que comienza con el artículo 77 y termina -con el 104, ambos inclusive. Véase 3 Morell, Legislación Hipotecaria, página 369. A la página 400 del mismo tomo dice el mismo autor: “Los artículos 82 y 83 (que forman ’parte del título IY) puede decirse que comprenden toda la materia de cancelaciones en lo relativo a las formalidades y requisitos necesarios para cancelar. ’ ’ (Bastardillas nuestras.) A ellos debemos referirnos, cuando de poner en práctica o (hacer viables las disposiciones del artículo 125 se trate.

Figura entre éstos el artículo 79, que dice:

"Podrá pedirse, y deberá ordenarse en su caso, la cancelación to¡-tal:
"1 ......
"2. Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito..
"3 ......
"4 ......

Según el artículo 132 del Reglamento para la Ejecución? de la Ley Hipotecaria,

"Se considerará extinguido el derecho real inscrito para los efectos-del número 2 del mismo artículo 79:
"Primero: ........
"Segundo: . . . . . • .
"Tercero: Cuando vendida judicialmente la finca y pagado el primer acreedor hipotecario, no quedare residuo para aplicar a los-demás créditos posteriormente inscritos, conforme a lo dispuesto en. el artículo 125 de la ley.”

De acuerdo, pues, con los artículos anteriormente trans-critos, los créditos hipotecarios a que se refiere el segundo-párrafo del artículo 125 de la ley, posteriores al del primer acreedor hipotecario que ejecuta, se consideran extinguidos-por declaración de ley, y su cancelación deberá ordenarse,, si se pidiere. Podría caber alguna duda en cuanto a si tam-bién se consideran extinguidas por disposición de ley las anotaciones de embargo hechas con posterioridad, ya que el artículo 132 del reglamento habla de "derecho real ins-crito” y la anotación de embargo no es un derecho real.. Yéase 3 Morell, Legislación Hipotecaria, página 446. Sin. embargo, nosotros opinamos que también se consideran ex-tinguidas, dada la redacción del artículo 125 de la ley y el tercer párrafo del artículo 132 del reglamento.

Dispone el artículo 82 de la Ley Hipotecaria, en lo que es d,e aplicación a este recurso, lo siguiente':

"Las inscripciones o anotaciones preventivas, hechas en virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por providencia ejecuto-ria contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, o por otra escritura o documento auténtico, en el cual exprese su consen-timiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción o anotación, o sus causahabientes o representantes legí-timos.
“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las inscripciones o anotaciones a que el mismo se refiere, podrán cancelarse sin los requisitos expresados, cuando quede extinguido el derecho inscrito por declaración de la ley, o resulte así de la misma escritura inscrita.
“Las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de mandamien-tos judiciales no se cancelarán sino por providencia ejecutoria que tenga las circunstancias prevenidas en el párrafo primero de este artículo. ’ ’

De acuerdo con el párrafo primero de este artículo (supra) “las inscripciones o anotaciones preventivas, hechas en virtud de escritura pública” podrán cancelarse de dos modos, a saber:

(1) “por providencia ejecutoria contra la cual no se halle pen-diente recurso de casación.”
(2) “por escritura o documento auténtico en el cual exprese su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hu-biese hecho la inscripción.”

Entiende Barrachina, con muchísima razón, a nuestro juicio, que:

“El legislador ha antepuesto el medio cancelatorio de ejecutoria al de la escritura pública, cuando lo más natural es que hubiera dicho que tales cancelaciones se verificarán por escritura pública, en la que exprese su consentimiento la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación, sus causahabientes, en defecto, o sus representantes legales, y a falta de este medio (voluntario, pací-fico, desenvuelto en la vida normal) por ejecutoria contra la que no se halle pendiente recurso de casación.” 2 Barrachina, Derecho Hipotecario y Notarial, página 304. (Bastardillas nuestras.)

El párrafo segundo del mismo artículo dispone que, para cancelar las inscripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura pública, o sea aquéllas a que se refiere el párrafo anterior, puede preseindirse del requisito de la providencia ejecutoria o de la escritura en su caso, “cuando quede extinguido el derecho inscrito por declaración de la ley, o resulte así de la misma escritura inscrita.”

Y hemos visto que esto ocurre en el caso previsto en el artículo 125 de la ley, segundo párrafo. En esas circuns-tancias, es preciso traer a colación el artículo 137 del Re-glamento, que dice en lo que es pertinente para resolver este caso:

"En consecuencia de lo dispuesto en el párrafo segundo del ar-tículo 82 de la ley, la cancelación de las inscripciones cuya existen-cia no dependa de la voluntad de los interesados en las mismas, se verificará con sujeción a las siguientes reglas:
“Primera: .......
“Segunda: Cuando por consecuencia de la prelación consignada en el número cuatro del artículo 107 de la ley, en favor del primer acreedor hipotecario, se enajene judicialmente la finca o derecho gravado, las inscripciones de crédito extendidas a favor de segundos o posteriores acreedores se cancelarán a instancias del que resulte dueño del inmueble o derecho gravado, con sólo presentar manda-miento en que la cancelación se ordene, en el cual deberá expresarse que el importe de la venta no bastó a cubrir el crédito del primero, o que el sobrante, si lo hubo, se consignó a disposición de los acree-dores posteriores.”

Sigue al párrafo segundo otro que se refiere a la can-celación de inscripciones o anotaciones hechas en virtud de mandamientos judiciales. En cuanto a éstos, dispone que “no se cancelarán sino por providencia ejecutoria que tenga las circunstancias prevenidas en el párrafo primero de este artículo,” o en otras palabras, por providencia ejecutoria contra la cual no se halle pendiente recurso de casación.

Todo embargo de propiedad inmueble debe hacerse, se-gún las secciones 1 y 9 de la Ley para asegurar la efectivi-dad de sentencias, aprobada el día primero de marzo de 1902 (Comp. 5233 y 5241), mediante una orden d.el tribunal que conociere de la demanda, que llevada por vía de man-damiento al registro de la propiedad, produzca la anotación deseada. Es, pues, a virtud de un mandamiento judicial que actúa el registrador al anotar, entre otros gravámenes, nn embargo sobre propiedad inmueble.

De lo expuesto resulta que si bien el artículo 82 en sus párrafos primero y segundo, permite cierta liberalidad en cuanto a la cancelación de inscripciones o anotaciones pre-ventivas hechas en virtud de escribirá publica, el párrafo tercero, que se refiere a las hechas en virtud de mandamien-tos judiciales, es exigente en cuanto a sus términos manda-torios y medios para realizarla. También resulta de lo ex-puesto que, siendo las de embargo, anotaciones hechas a virtud de mandamiento judicial, el precepto aplicable para su cancelación es el párrafo tercero, supra.

En resumen, si el derecho real fué inscrito a virtud de escritura, y quedare extinguido por declaración de ley, su cancelación se rige por el párrafo segundo del artículo 82, supra, y por su concordante, el 137 del Reglamento, supra, que sólo requiere un mandamiento. Si el derecho fué inscrito mediante escritura pública y no ha quedado extinguido por declaración de ley, entonces la cancelación debe hacerse por escritura o documento auténtico en el cual exprese su con-sentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción, o en su defecto, por providencia ejecutoria contra la cual no se halle pendiente recurso de casación.

Pero si por el contrario, se tratara de un caso como el de autos, en que la anotación (el embargo) ha tenido que ser hecho a virtud de mandamiento judicial, de acuerdo con los preceptos terminantes del párrafo tercero del artículo 82, la cancelación debe hacerse mediante providencia ejecuto-ria contra la cuál no se halle pendiente recurso de casación. Quede o no quede extinguida la anotación por declaración de ley, el artículo 82, párrafo tercero, es definitivo en cuanto a que la cancelación debe practicarse por providencia ejecu-toria.

No obstante lo anterior, pudiera ocurrir que la providen-cia mandando a cancelar el gravamen posterior no sea ape-lable de acuerdo con el artículo 295 del Código de Enjui-ciamiento Civil, y por lo tanto ejecutoria desde el momento en que se dicta. Es obvio que en ese caso procedería la cancelación inmediatamente después de autorizado el corres-pondiente mandamiento; siendo ejecutoria la providencia, se cumple con el artículo 82, supra, pues como dice Morell:

“No es muy convincente el argumento. La verdad es que en el artículo 82 sobran las-palabras ‘contra la cual no se baile pendiente recurso de casación’; con decir que ha de tratarse de providencia firme o ejecutoria es bastante.” 3 Morell, 473.

El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil dice, en la parte que pudiera ser de aplicación a este caso, así:

“Artículo 295. — Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguientes:
“1 ......
“2 ......
“3. De una providencia . . . anulando o negándose a anular un embargo . . . dentro de los 10 días de dictada la providencia o sen-tencia interlocutoria y de anotada ía misma en el libro de actas de la corte o de archivada en la secretaría. ’ ’

La cuestión se reduce abora a determinar si la orden de la Corte de Distrito de Bayamón decretando la cancelación del embargo por $1,200 objeto de este recurso, es o no apela-ble dentro del citado artículo.

En Gelabert & Co., S. en C., v. Morales et al., 28 D.P.R. 602, la corte decretó el embargo de bienes del demandado para asegurar la efectividad de la sentencia. El embargo se llevó a cabo en bienes de Burgos y éste gestionó, consi-guiéndolo, por orden de abril 30, que se dejara sin efecto y ordenara el levantamiento. Un mes después pidió a la corte que librase al marshal mandamiento para que cum-pliese la orden de abril 30, por ser ejecutoria. La corte lo resolvió así, y el demandante apeló. Esta Corte Suprema resolvió:

“La parte apelada no ha suscitado la cuestión, de nuestra juris-dicción para resolver esta apelación, pero, esto no obstante, debemos •considerarla motu proprio.
“Entendemos que la .orden contra la cual se ha interpuesto este recurso no es apelable porque no se halla comprendida en ninguno •de los casos del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, pues no anula el embargo que se había decretado sino que se limita •a disponer el cumplimiento de la orden anterior de 30 de abril de 1919 que fué la que anuló y dejó sin efecto la orden de embargo que .se .había dictado en este pleito. La resolución de 30 de abril de 1919 sí era apelable porque anulaba y dejaba sin efecto la orden de ■embargo, pero no puede ser revisada ahora al ser apelada la orden que solamente dispuso su cumplimiento. De aceptarse el camino ■seguido por el apelante en este caso cualquier sentencia firme dic-tada en un pleito podría ser revisada en apelación interpuesta pos-teriormente contra la orden que se limita a disponer su ejecución.”

En Pizá & González v. Ramis, 24, D.P.R. 868, con mo-tivo de procedimiento ejecutivo sumario seguido por Ramis •contra Pizá & González, éstos demandaron a aquél para que .se declarara extinguida la hipoteca y otorgara escritura •de cancelación. Consiguieron de la corte una orden, man-dando retener toda cantidad que en virtud del procedimiento •sobre ejecución y subasta deba entregarse a Ramis. En-tonces Ramis solicitó se le fijara fianza para obtener el alza-miento de la retención acordada, señalando la corte $700-. .Posteriormente y sin que prestara fianza, pidió que se le en-tregaran $700 retenidos a virtud de la orden de la corte. Eista moción fué declarada sin lugar por orden de 23 de .junio de 1916. De esa orden apeló Ramis. Dijo este tribunal :

“Se ha levantado por la parte apelada la cuestión legal de si la •orden de 23 de junio de 1916 es apelable o no. Entendemos que lo es por estar comprendida en el número 3ro. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil que otorga recurso de apelación contra una providencia de la corte de distrito ‘anulando o negándose a anular un embargo,’ según el texto español, ‘disolviendo o negán-dose a disolver un embargo,’ según el texto inglés.
“La orden de que se trata deniega el alzamiento de la retención de una suma de dinero sujeta a las resultas de un juicio seguido por Pizá y González contra Francisco Ramis sobre extinción y cancela-ción de hipoteca, y tal denegatoria es una orden por la que se de-niega la disolución de un embargo.”

En Hermida y Palos v. Gestera, 20 D.P.R. 452, se tra-taba de una acción en cobro de dinero en que se embargó una finca del demandado en aseguramiento de sentencia, to-mándose en el registro anotación del embargo. Entonces el demandado pidió que se levantara el embargo y ordenara la cancelación en el registro por haber consignado en corte la cantidad reclamada. La corte ordenó en 23 de enero de 1914 que quedara sin efecto dicho embargo debiendo cance-lar el registrador la anotación que se había hecho de diche embargo. Contra esta orden de 23 de enero de 1914 inter-pusieron los demandantes apelación. Se resolvió lo que si-gue :

“Alega el apelado que este Tribunal carece de jurisdicción para resolver la apelación por no pstar comprendida la orden apelada en ninguno de los preceptos del artículo 295 del Código de Enjuicia-miento Civil. El apelado conoce el precepto legal que autoriza la apelación contra cualquier orden anulando o negándose a anular un embargo, pero alega que la orden apelada no constituía sino una mera modificación del embargo, la que no anuló o dejó sin efecto el embargo hecho anteriormente. Sostiene que habiéndose hecho la consignación en este caso por virtud de la sección 15 de la ley de-marzo 1, 1902, dicha orden era simplemente modificando la forma del embargo y disponiendo la suspensión del mismo. También se ha alegado que la ley de marzo 1, 1902, no incluye intereses y hono-rarios y por tanto que el caso no varía por el hecho de que solamente-se hubiera consignado la suma de ochocientos dólares sin consignar a la vez otra suma suficiente a cubrir los intereses y las costas.
“Según los términos de la orden dictada en enero 23, 1914, el embargo quedó sin efecto. Si las palabras tienen alguna significación el embargo quedó anulado por virtud de dicha orden. Una fianza. que responda al mismo fin no deja embargada la finca. Ésta queda-necesariamente exenta del embargo. Además, la orden de embargo-de acuerdo con sus términos comprendía sumas diferentes y distin-tas a la de ochocientos dólares consignados por el demandado. .La. consignación hecha por el demandado se fundó en una razón dis-tinta de la que tuvieron los demandantes al hacer el embargo. Exa-minado el caso desde cualquier punto de vista somos de opinión de que la orden de la corte anuló el embargo y era apelable.”

La orden dictada por la Corte de Distrito de Bayamón en el caso de autos, ut supra, ni anula ni se niega a anular el embargo de José del Río. Simplemente ordena su cancela-ción en los libros del Registro correspondiente. No está, pues, comprendida dentro del inciso 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, y no es, por lo tanto, ape-lable. Es de perfecta aplicación el caso de Gelabert & Co., S. en C., v. Morales et al., 28 D.P.R. 602.

Yisto lo cual, debió el registrador cancelar el embargo-posterior de José del Río, sin defecto de ninguna especie.

Debe revocarse y se revoca la nota recurrida.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.