author: El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo Juez Asociado Señor Rivera García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Waldemar Fernández Rodríguez, peticionario.

      Número: CC-2009-622

      Resuelto: 1 de marzo de 2013

      Luis R. Román Negrón, procurador general, y Yaizamarie Lugo Fontanez, procuradora general auxiliar, abogados de la pafrte recurrida; Carmen Dolores Ruiz López, abogada de la parte peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

(En reconsideración)

Nos corresponde determinar si procede la supresión de evidencia real obtenida como producto de las declaraciones realizadas por un abogado en violación al privilegio abogado-cliente por alegadamente considerarse “finito del árbol ponzoñoso”.

El 9 de diciembre de 2011 emitimos una opinión en Pueblo v. Fernández Rodríguez, 183 DPR 770 (2011), en la que resolvimos que constituye materia privilegiada inadmisible en evidencia toda información ofrecida a un agente del orden público por el abogado de una persona que lo vincula con conducta delictiva, sin que esa persona haya renunciado al privilegio abogado-cliente. Asimismo, suprimimos toda evidencia real obtenida como producto de la información revelada al agente del orden público, conforme a la normativa sobre el privilegio abogado-cliente y la garantía constitucional a la no autoincriminación.

Reconsideramos nuestra posición con el único efecto de establecer que la doctrina del "fruto del árbol ponzoñoso” no se extiende para suprimir evidencia real obtenida como producto de una violación al privilegio abogado-cliente.

I

Los hechos que son pertinentes se encuentran perfectamente reseñados en la opinión que hoy reconsideramos, Pueblo v. Fernández Rodríguez, supra, págs. 776-783, y que pasamos a reproducir:

El caso que nos ocupa tiene su génesis en un doble asesinato ocurrido el 1 de noviembre de 2006, en el barrio Venezuela de Río Piedras. Se deduce del legajo, que en horas de la tarde de ese día Waldemar Fernández Rodríguez acudió al Cuartel General de la Policía (Cuartel General) en compañía de su abogado, Ledo. Luis Carbone, y de su amigo, también abogado, el Ledo. Ovidio Zayas. Una vez en el Cuartel General, el señor Fernández Rodríguez, el licenciado Carbone y el licenciado Zayas fueron entrevistados por el sargento José Curbelo Muñiz, adscrito a la División de Homicidios. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 15.
A preguntas del sargento Curbelo, el licenciado Carbone ex-presó que en ese momento su cliente no emitiría declaración alguna sobre los hechos, pero que posteriormente sí lo haría. Consecuentemente, el sargento Curbelo le leyó las advertencias de ley al señor Fernández Rodríguez y este las firmó en presencia de su abogado. Luego, el señor Fernández Rodríguez fue puesto en una celda bajo la custodia de otros agentes. Acto seguido, el sargento Curbelo se reunió aparte y a solas con el licenciado Carbone para indagar sobre el arma con que alegadamente se habían cometido los asesinatos. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 15-16.
A raíz de la investigación de los hechos, se presentaron sendas denuncias contra el peticionario. El 3 de enero de 2007 se celebró la vista al amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. El peticionario estuvo representado por varios abogados, entre ellos el licenciado Carbone. Estos no objetaron el testimonio en cuestión del sargento Curbelo. Escuchada la prueba, se determinó causa probable para arresto contra el señor Fernández Rodríguez. La vista preliminar fue señalada para el 17 de enero de 2007. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 145.
Luego de varias suspensiones, la vista preliminar comenzó el 25 de mayo de 2007, y se extendió por varios meses. Ese día las partes estipularon la prueba siguiente: (1) el informe de balística; (2) la prueba de ADN; (3) el análisis forense de la ropa incautada al señor Fernández Rodríguez; (4) servilletas y marcas de sangre de mío de los occisos, y (5) el registro del arma de fuego y la licencia de tiro al blanco del señor Fernández Rodríguez. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 146-147.
Posteriormente, en la continuación de la vista preliminar los días 25 y 29 de octubre de 2007, el Ministerio Público presentó como parte del desfile de prueba siete testigos, entre los que figuró el sargento Curbelo. Este declaró que el día 1 de noviembre de 2006, como a las 5:00 p.m., escuchó por radio que hubo una muerte violenta en la barriada Venezuela de Río Piedras, por lo que se personó al lugar. Estando en la escena, fue instruido para que acudiera al Cuartel General debido a que allí se encontraba una persona relacionada a los hechos acaecidos acompañado de dos abogados. El testigo añadió que en el Cuartel General entrevistó al licenciado Carbone y que este le indicó que representaba al señor Fernández Rodríguez. Específicamente, señaló que el licenciado Carbone le expresó que el señor Fernández Rodríguez no haría declaración alguna en ese momento ya que estaba muy nervioso y que posteriormente ofrecería una declaración completa de los hechos ocurridos. Véase Transcripción de Vista Preliminar de 25 y 29 de octubre de 2007, págs. 6-9, CC-2009-0622, Pieza 2.
El sargento Curbelo declaró, además, que con posterioridad a que el licenciado Carbone le informara que su cliente guardaba relación con los hechos ocurridos en la barriada Venezuela, ellos tres (el señor Fernández Rodríguez, el licenciado Carbone y él) se ubicaron en una oficina del cuartel para hacerle las advertencias de ley al imputado. Así, señaló que el señor Fernández Rodríguez leyó las advertencias de rigor y las firmó en presencia de su abogado. Continuó narrando que el señor Fernández Rodríguez fue puesto bajo la custodia de otro agente en un lugar distinto a la oficina donde se encontraban, por lo que procedió a entrevistar a solas al licenciado Carbone. Véase Transcripción de Vista Preliminar de 25 y 29 de octubre de 2007, págs. 46-47 y 49, CC-2009-0622, Pieza 2.
Así las cosas, el sargento Curbelo declaró que durante la entrevista el licenciado Carbone manifestó que su cliente era extorsionado por los occisos desde hacía un tiempo. De inmediato, el sargento Curbelo inquirió al licenciado Carbone sobre la localización del arma de fuego utilizada para cometer los asesinatos, a lo que este contestó que estaba tirada en rma jardinera de una casa aledaña al área de los hechos. Con esa información, el sargento Curbelo procedió a llamar a la agente Daliza Ortiz Claudio, quien se encontraba en la escena del crimen. Una vez estableció comunicación con la agente, el sargento Curbelo pasó el teléfono al licenciado Carbone para que este explicara a la agente Ortiz Claudio los detalles sobre la ubicación exacta del arma. Al no poder localizar el cargador ni las municiones, pero sí el arma de fuego, la agente Ortiz Claudio llamó de vuelta al sargento Curbelo para explicarle lo sucedido. Así, el sargento Curbelo la comunicó nuevamente con el licenciado Carbone y este le indicó a la agente dónde estaban el cargador y las municiones. Véase Transcripción de Vista Preliminar de 25 y 29 de octubre de 2007, págs. 12-14, CC-2009-0622, Pieza 2.
En su contrainterrogatorio, el sargento Curbelo reconoció que la información abogado-cliente es de naturaleza privilegiada. De igual forma, a preguntas de la defensa, indicó que una vez le hizo las advertencias de ley al señor Fernández Rodríguez no le preguntó si iba a emitir una declaración, ya que el licenciado Carbone le había dicho expresamente que su cliente no iba a hacer manifestación alguna porque se encontraba muy nervioso. Asimismo, el testigo añadió que, a su en-tender, el señor Fernández Rodríguez no había hecho renuncia alguna a su privilegio abogado-cliente, como tampoco autorizó al licenciado Carbone a que declarara por él. Véase Transcripción de Vista Preliminar de 29 de octubre de 2007 y 7 de mayo de 2008, págs. 47-52, CC-2009-0622, Pieza 2. Finalmente, durante su contrainterrogatorio, el sargento Curbelo admitió que no preguntó al señor Fernández Rodríguez si renunciaba a sus derechos constitucionales y que este no había autorizado al licenciado Carbone a divulgarle información privilegiada. Id.
En consecuencia, el señor Fernández Rodríguez solicitó que se suprimiera el testimonio del sargento Curbelo, así como la evidencia ocupada. En apoyo de su petitorio, el imputado adujo que el testimonio del sargento Curbelo era inadmisible debido a que era producto de una declaración confidencial que él le hizo a su abogado, que esta declaración era de naturaleza privilegiada y que estaba cobijada por el privilegio abogadocliente. También alegó, que el arma y las municiones ocupadas constituían finitos del árbol ponzoñoso pues su descubrimiento fue producto directo de una conversación privilegiada. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 146.
Luego de diversos trámites procesales, en febrero de 2008 el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución mediante la cual descalificó al licenciado Carbone como abogado del señor Fernández Rodríguez y lo citó para que compareciera como testigo a la vista de supresión de evidencia. Además, el foro primario citó como testigo al licenciado Zayas, quien estuvo presente en ciertas conversaciones entre el licenciado Carbone y el imputado Fernández Rodríguez. Todo ello en aras de escudriñar adecuadamente la solicitud de supresión del testimonio del sargento Curbelo. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 146. Véase, además, Transcripción de Vistas de 29 de octubre 2007 y 7 de mayo de 2008, págs. 106-108, CC-2009-0622, Pieza 2.
Así, pues, el 7 de mayo de 2008 el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista de supresión de evidencia en la que testificaron el licenciado Carbone y el licenciado Zayas, entre otros. En esencia, el licenciado Carbone negó haber informado al sargento Curbelo sobre la localización del arma, cargador y municiones debido a que no estuvo en el lugar de los hechos y desconocía totalmente esta información. Véase Transcripción de Vistas de 29 de octubre 2007 y 7 de mayo de 2008, págs. 106-108, CC-2009-0622, Pieza 2. Véase, además, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 146. Por su parte, el licenciado Zayas testificó, en lo pertinente, que el 1 de noviembre de 2006 acompañó al señor Fernández Rodríguez al Cuartel General en calidad de amigo y no como su abogado. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 146-147.
Culminada la vista de supresión de evidencia, el 9 de mayo de 2008 el Tribunal de Primera Instancia dictó dos resoluciones. En la primera de ellas, el foro primario declaró no ha lugar la moción de supresión de evidencia presentada por el señor Fernández Rodríguez. En el referido dictamen, el tribunal de instancia señaló que no confirió credibilidad al testimonio del licenciado Carbone ni al del licenciado Zayas porque habían omitido hechos importantes y fueron inconsistentes sus declaraciones. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 147.
Cónsono con lo anterior, el tribunal primario sostuvo que no se había violado el privilegio abogado-cliente del señor Fernández Rodríguez. Ello, debido a que su intención siempre fue acudir al Cuartel General para entregarse. A esos efectos, añadió que Fernández Rodríguez compareció acompañado y asesorado por su abogado, el licenciado Carbone, se presentó con la intención de hacer unas declaraciones sobre un doble asesinato que había ocurrido esa misma tarde y estuvo presente cuando su abogado divulgó la razón para su comparecencia. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 65 y 146-147.
Por otra parte, en la segunda resolución, el Tribunal de Primera Instancia determinó causa probable para acusar por dos cargos de asesinato, dos cargos al amparo del Art. 5.15 y un cargo por infracción al Art. 5.04 de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 65.
Subsiguientemente, el 16 de mayo de 2008 el Pueblo presentó las acusaciones según autorizadas contra el señor Fernández Rodríguez. El 9 de junio del mismo año, el imputado presentó una Moción de Desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 LPRAAp. II. En su escrito adujo que la determinación de causa probable para acusar fue contraria a derecho debido a que la prueba presentada en la vista preliminar era inadmisible e ilegal por ser producto de información privilegiada, la cual fue confiada por el imputado a su representante legal. Además, señaló que la única prueba que lo ataba a los hechos era el testimonio del sargento Curbelo y que, siendo el mismo inadmisible, la determinación de causa probable era contraria a derecho. Oportunamente, el 7 de agosto de 2008 la Fiscalía presentó su oposición al petitorio de desestimación presentada por el imputado. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 65-69.
Luego de varias incidencias procesales, el 29 de diciembre de 2008 el foro primario emitió una resolución en la que denegó la solicitud de desestimación del imputado. En su dicta-men puntualizó que aunque el señor Fernández Rodríguez no renunció a su privilegio abogado-cliente, el testimonio del sargento Curbelo era admisible. Ello, debido a que el sargento Curbelo actuó conforme a la doctrina de “autoridad aparente”. Es decir,
.. el sargento Curbelo estaba convencido de que el licenciado Carbone estaba autorizado a divulgar [la] información que divulgó. Ciertamente aparentaba tenerla. Las propias actuaciones del licenciado Carbone son las que dan base “a la buena fe de los agentes de la policía y permite llegar a una creencia o conclusión razonable de que la persona que representa tener la autoridad... la tiene”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 86.
Inconforme, el 28 de enero de 2009 el imputado presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Ministerio Público, por su parte, se opuso oportunamente. Estudiados los argumentos de las partes, el 22 de mayo de 2009 el Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia y confirmó la resolución recurrida. Sostuvo que la determinación de causa probable para acusar fue conforme a derecho ya que el peticionario renunció tácitamente al privilegio abogado-cliente. Ello, pues la prueba desfilada reveló que su intención siempre fue acudir al Cuartel General para entregarse. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 172.
Además, el foro apelativo intermedio señaló que el peticionario no objetó oportunamente el testimonio del sargento Curbelo durante la vista de causa probable para arresto. Por esta razón, dicho foro coligió que era innecesario que el Tribunal de Primera Instancia aplicara por analogía la doctrina de “autoridad aparente”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 172.
Nuevamente insatisfecho, el 21 de julio de 2009 el imputado presentó una petición de certiorari ante este Tribunal. En ella señaló la comisión de los errores siguientes:
“Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la resolución del Tribunal de Primera Instancia denegando la moción de desestimación presentada por el peticionario bajo las disposiciones de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal a pesar de que la determinación de causa probable fue contraria a derecho ya que la misma se basó en prueba que legalmente no era admisible.
Es errada la decisión del foro apelativo intermedio a los efectos de que medió orna renuncia implícita al privilegio abogado-cliente porque: el peticionario había comparecido voluntariamente al Cuartel General de la Policía en relación a una investigación de irnos hechos delictivos; la información ofrecida por el abogado que lo representó en ese momento no fue compelido a ofrecer la información en relación a dónde se encontraba el arma de fuego sino que brindó voluntariamente y sin coacción tal información; y no invocó oportunamente dicho privilegio en el procedimiento judicial seguido en su contra”. Petición de certiorari, págs. 5-6.

Como señalamos, el 9 de diciembre de 2011 emitimos una opinión en la que determinamos que era inadmisible en evidencia toda evidencia real obtenida como producto de información ofrecida por un abogado en violación al privilegio abogado-cliente. El Procurador General ha comparecido y solicita la reconsideración de tal dictamen.

II

A. La regla de exclusión conocida como la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso”

La regla de exclusión conocida como la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” fue establecida por el Tribunal Supremo federal en Silverthorne Lumber Co. v. U.S., 251 US 385 (1920), en el contexto de excluir evidencia derivada de una violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. En ese caso el Tribunal Supremo federal expresó que “[l]a esencia de la disposición que prohíbe adquirir evidencia de cierta manera, no es meramente que la evidencia así adquirida no será usada en los tribunales, sino que no será usada de ninguna manera”. (Traducción nuestra).

No obstante, el tratadista estadounidense Wayne R. La-Fave explica que la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” no se limita a los casos en que se ha violado la Cuarta Enmienda, también se ha utilizado cuando han ocurrido otras violaciones constitucionales, como las ruedas de detenidos y las confesiones obtenidas en violación a los derechos constitucionales. Es importante señalar que, en el foro federal, esta doctrina se ha utilizado mayormente en situaciones en las que se ha obtenido evidencia como producto de arrestos o registros ilegales, interrogatorios ilegales e identificaciones ilegales.

En 1961 con el caso de Mapp v. Ohio, 367 US 643 (1961), el Tribunal Supremo federal incorporó la regla de exclusión a los estados, a través de la Decimocuarta Enmienda. El caso resolvió que toda evidencia obtenida en violación a la Cuarta Enmienda bien por funcionarios federales o estatales, será inadmisible tanto en las cortes federales como en las estatales. Sin embargo, esta pauta no obligó a los estados a implantar una regla de exclusión con relación a la evidencia obtenida en violación de la ley o el derecho estatal. Esto es, los estados, incluyendo Puerto Rico, están obligados a utilizar la regla de exclusión cuando se obtiene evidencia en violación a la Cuarta Enmienda, pero no así cuando se obtiene evidencia en violación a un derecho estatal. En esas instancias, Puerto Rico, como cada estado, tiene la discreción de implantar o no la regla de exclusión.

En nuestra jurisdicción, más de una década antes de Mapp v. Ohio, supra, y antes de la promulgación de nuestra Constitución, ya se había incorporado una regla de exclusión mediante jurisprudencia. No obstante, el único propósito de esa regla de exclusión era evitar que funcionarios gubernamentales se beneficiaran de actuaciones claramente ilegales. Luego, los miembros de la Convención Constituyente optaron por incorporar la regla de exclusión creada por el Tribunal Supremo federal en Silverthorne Lumber Co. v. U.S., supra, expresamente al texto de la Constitución. Así, y en lo pertinente, el Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución dispone claramente que “[e] videncia obtenida en violación a esta sección será inadmisible en los tribunales”.

B. Aplicación de la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” para suprimir evidencia real obtenida en violación a los privilegios probatorios

1. Estados Unidos

Como mencionáramos, el foro federal ha utilizado mayormente la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” cuando se ha obtenido evidencia real como producto de la violación a la Cuarta Enmienda. Más aún, aunque el Tribunal Supremo federal nunca ha establecido expresamente que esa doctrina solo se circunscribe a violaciones a la mencionada enmienda, lo cierto es que, al día de hoy, ese foro no ha resuelto ninguna controversia en la cual se haya aplicado la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” a evidencia obtenida en violación a uno de los privilegios probatorios, como el de abogado-cliente.

Sin embargo, varios circuitos del Tribunal de Apelaciones federal sí han tenido la oportunidad de expresar si la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” aplica para suprimir evidencia real obtenida como producto de violaciones a privilegios no constitucionales. Todos los circuitos han llegado a la conclusión de que la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” no aplica cuando se ha obtenido evidencia real en violación a los privilegios probatorios. Estos interpretaron que esa doctrina está limitada a las violaciones de privilegios constitucionales. Incluso, el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito expresó que ningún tribunal ha aplicado la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” a los privilegios probatorios.

De manera persuasiva, veamos lo que dos circuitos del Tribunal de Apelaciones federal resolvieron en controversias en las que se quería aplicar la mencionada doctrina para suprimir evidencia obtenida como producto de la violación al privilegio abogado-cliente.

Tan reciente como en el 2010, el Tribunal de Apelaciones para el Sexto Circuito resolvió el caso de U.S. v. Warshak, 631 F.3d 266 (6to Cir. 2010). En ese caso, el gobierno se encontraba investigando a Berkeley Premium Nutraceuticals, Inc. Durante un registro de las oficinas principales, los agentes copiaron el contenido de unas noventa computadoras. Entre los documentos obtenidos se encontraban documentos protegidos por el privilegio abogadocliente. Además, a través de una orden del tribunal, tuvieron acceso al correo electrónico de la corporación. En el correo electrónico existían más de 60,000 comunicaciones con abogados. El Sr. Steven Warshak alegó que esos documentos se obtuvieron en violación al privilegio abogadocliente y, por consiguiente, pidió que se suprimieran. Al respecto, el Tribunal de Apelaciones para el Sexto Circuito resolvió que no encontró ninguna autoridad que indicara que la evidencia derivativa obtenida en violación al privilegio abogado-cliente es suprimible. Al respecto expresó lo siguiente:

[W]e agree that it is unwise to extend the fruit-of-the-poisonous-tree doctrine beyond the context of constitutional violations. (Énfasis nuestro).

En Nickel v. Hannigan, 97 F.3d 403 (10mo Cir. 1996), el Tribunal de Apelaciones para el Décimo Circuito negó aplicar la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” a la violación del privilegio abogado-cliente. En este caso, el Sr. Willie Nickel acudió a la oficina del abogado Dan Boyer y confesó que había asesinado a una señora. Luego de que el señor Nickel se marchara, el abogado llamó a la Policía e indicó que el señor Nickel posiblemente había cometido un asesinato. Más tarde, el licenciado Boyer llamó al señor Nickel y le aconsejó que acudiera a la Policía a entregarse. Siguiendo el consejo del abogado, el señor Nickel se entregó. Durante el interrogatorio, el señor Nickel solicitó un abogado y se le asignó al abogado William Mize para que lo representara. En la vista preliminar, el Ministerio Público sentó al licenciado Boyer a testificar contra el acusado. El licenciado Mize objetó el testimonio aduciendo que ese testimonio violaba el privilegio abogado-cliente que existía entre el licenciado Boyer y el señor Nickel. Sin embargo, el tribunal permitió el testimonio. El licenciado Boyer se sentó nuevamente a testificar en el juicio. Así las cosas, el señor Nickel fue hallado culpable por asesinato en primer grado. El señor Nickel alegó que el licenciado Mize violó la Sexta Enmienda al no representarlo adecuadamente, esto por no objetar el testimonio del licenciado Boyer en el juicio. El Tribunal de Apelaciones para el Décimo Circuito expresó que:

[Although Mr. Nickel’s confession to Detective Marble could be considered the result of Mr. Boyer’s breach of Mr. Nickel’s attorney-client privilege in reporting Mr. Nickel to the police, there is no indication that Kansas law requires the exclusion of all evidence derived from a breach of an attorney-client privilege. Further, other courts have refused to apply such a broad evidentiary rule of exclusion to breaches of privilege.
[R] ejecting the application of the fruit of the poisonous tree doctrine to evidence obtained from a breach of attorney-client privilege and reasoning that “the marginal effectiveness of denying use to an innocent [state] agency for reports produced not by a state but by a private citizen is not justified”. (Énfasis nuestro).

Por otra parte, también existe jurisprudencia dé distintos estados que, al igual que los circuitos del Tribunal de Apelaciones federal, han resuelto que la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” no aplica a evidencia obtenida en violación a los privilegios probatorios. Por ejemplo, en el estado de Florida el Tribunal de Apelaciones para el Cuarto Distrito resolvió el caso State v. Sandini, 395 So.2d 1178 (1981). En ese caso, el abogado del acusado violó el privilegio abogado-cliente y ofreció a la Policía cierta información que fue esencial para establecer causa probable para realizar un registro. El tribunal apelativo expresó que no existe justificación suficiente para extender la regla de exclusión para suprimir evidencia obtenida como producto de las declaraciones voluntarias de un abogado en violación al privilegio abogado-cliente. Añadió que el cliente que haya sufrido daños por esa violación podrá incoar una demanda civil contra el abogado y podrá presentar una queja por violación al Código de Ética Profesional.

Podemos observar que, según los tribunales han interpretado la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” y los privilegios probatorios, la violación de tales privilegios no conlleva la supresión de los frutos obtenidos. Y es que, los privilegios probatorios proveen una protección limitada a comunicaciones confidenciales. Una de esas limitaciones es que los frutos que se obtengan por comunicaciones no autorizadas, en violación a los privilegios, no son excluidos como evidencia. La comunicación privilegiada revelada será excluida por hacerse en violación al privilegio, sin embargo no será una justificación para que se excluya la evidencia derivada de esa comunicación.

2. Puerto Rico

Como mencionamos, el caso Mapp v. Ohio, supra, resolvió que toda evidencia obtenida en violación a la Cuarta Enmienda, por funcionarios federales o estatales, será inadmisible tanto en las cortes federales como en las cortes estatales. Sin embargo, los estados pueden optar por no aplicar la regla de exclusión a evidencia obtenida en violación al derecho estatal que no constituye violación a la Cuarta Enmienda. Esto quiere decir que si agentes estatales violan un derecho estatal, pero no la Cuarta Enmienda, no aplica la regla de exclusión de esa enmienda. El derecho estatal determinará si la evidencia es admisible en la corte estatal.

Por otro lado, nuestra regla de exclusión es de naturaleza constitucional. En otras palabras, al aprobarse nuestra Constitución en 1952, Puerto Rico optó por incorporar expresamente la regla de exclusión federal en la See. 10 de su Carta de Derechos. Desde entonces, la jurisprudencia de esta Curia no se ha apartado de la interpretación del Tribunal Supremo federal con relación al alcance de la regla de exclusión. Esto es, la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” se ha utilizado por este Tribunal para suprimir evidencia obtenida como fruto de registros ilegales, arrestos ilegales y detenciones ilegales de un vehículo. Además, hemos suprimido confiscaciones producto de registros ilegales, confesiones producto de detenciones y registros ilegales e identificaciones de acusados producto de detenciones ilegales. Sin embargo, nunca hemos avalado la utilización de la regla de exclusión para suprimir evidencia obtenida en violación a otros derechos estatales, como lo son los privilegios probatorios.

Antes de incorporar la regla de exclusión a nuestra Constitución, en la Convención Constituyente se presentaron seis proposiciones que disponían sobre la inadmisibilidad de la evidencia obtenida en violación de alguna sección de la Constitución. Luego, en el Informe de la Comisión de la Carta de Derechos se expresó que el propósito de la regla de exclusión era “dar garantía adicional y efectiva a estos derechos [los contenidos en el Art. II, Sec. 10]”. Así las cosas, los padres de la Convención Constituyente tomaron la decisión de incorporar esta doctrina al Art. II, Sec. 10 de la Constitución, supra. Fundamentaron su decisión en que existía un interés público de hacer valer la garantía contra registros, detenciones o incautaciones irrazonables.

En Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, 130 DPR 352, 358-359 (1992), expresamos los propósitos de incluir esta regla de exclusión al Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución, supra. En lo pertinente, expusimos que:

[L\a regla de exclusión encama tres (3) propósitos ínsitos en el Art. II, Sec. 10, supra. Primero, disuadir y desalentar a los funcionarios del orden público de que violen la protección constitucional (deterrence). Se reconoce que este elemento disuasivo realmente es el más fundamental. Segundo, integridad judicial. Los tribunales no deben ser cómplices de actos de desobediencia a la Constitución y admitir evidencia ilegalmente obtenida. Y tercero, impedir que el Gobierno se beneficie de sus propios actos ilícitos; de otra manera la ciudadanía perdería confianza en el Gobierno. (Énfasis nuestro).

En conclusión y en esencia, la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” se estableció con el propósito de evitar que los agentes del gobierno obtengan evidencia de forma reñida con la protección constitucional. Esta doctrina no se incorporó en ninguna otra sección de la Constitución y tampoco se ha extendido a ningún otro derecho estatal.

III

Argumenta el Procurador General que “la supresión de las declaraciones privilegiadas no acarrea la supresión de la evidencia real (el arma, cargador y municiones)”. Le asiste la razón al Procurador General. Veamos.

El Tribunal Supremo federal estableció la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” en violaciones a la Cuarta Enmienda. En cuanto a los estados, incluyendo a Puerto Rico, solamente dispuso que tenían que aplicar la regla de exclusión cuando se viola la Cuarta Enmienda, ya sea por funcionarios federales o estatales. Sin embargo, no limitó a los estados a utilizar la doctrina en leyes o derechos estatales. Así las cosas, Puerto Rico optó por incorporar la regla de exclusión al Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución, supra. Esto implica que la doctrina en Puerto Rico es de naturaleza constitucional y aplica cuando se obtiene evidencia por registros, detenciones o incautaciones irrazonables. No hemos extendido la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” cuando se han violado otras leyes o derechos estatales.

Por otra parte, resulta importante advertir que los privilegios probatorios tienen su propia regla de exclusión. Esta regla de exclusión establece que toda comunicación privilegiada revelada en violación al privilegio será inadmisible como evidencia. Nótese que la propia regla limita su alcance a la comunicación per se, no incluye aquella evidencia que surja como consecuencia de esa comunicación. Por lo tanto y según lo anterior, cuando se viola un privilegio probatorio se excluirá únicamente la comunicación que se hizo en violación al privilegio. En conclusión, no existe ninguna norma en Puerto Rico ni en Estados Unidos que justifique extender la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” a evidencia real obtenida en violación a estos privilegios.

En el caso de autos, en primer lugar debemos resaltar el hecho de que el agente del orden público no actuó de manera abusiva ni maliciosa para obtener evidencia de manera ilegal. Quien violó el privilegio abogado-cliente y actuó contrario al derecho vigente fue el abogado del acusado. Una vez el policía le preguntó al abogado dónde se encontraba el arma, su obligación era levantar el privilegio abogado-cliente, pero no lo hizo. Esa declaración del abogado se hizo en violación al privilegio abogadocliente y, por lo tanto, esa comunicación privilegiada no es admisible como evidencia. Sin embargo, la evidencia que se obtuvo como fruto de esa comunicación, en este caso el arma, el cargador y las municiones, sí es admisible en evidencia. Esta evidencia real no se obtuvo por actuaciones ilegales de los agentes, en violación al Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución, supra, sino por el testimonio que realizó el abogado en violación al privilegio abogadocliente. Por lo tanto, aplica la regla de exclusión de los privilegios probatorios, mas no la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” para suprimir la evidencia real obtenida.

El cliente que se ve afectado por la violación al privilegio abogado-cliente tiene dos remedios: (1) presentar una demanda civil por daños contra el abogado, y (2) procurar una acción disciplinaria contra el abogado.

IV

Por todo lo anterior, reconsideramos lo resuelto en Pueblo v. Fernández Rodríguez, supra, y establecemos que la regla de exclusión, conocida como la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso”, no se extiende para suprimir evidencia real obtenida como producto de una violación al privilegio abogado-cliente.

Siendo así, se modifica la opinión emitida por esta Curia a los únicos fines de limitar la exclusión de evidencia a las declaraciones del abogado en violación al privilegio abogado-cliente y no extender la exclusión al arma, cargador y municiones ocupadas.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera García emitió una opinión concurrente. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurrió con el resultado sin opinión escrita.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton hace cons-tar la expresión siguiente:

El Juez Presidente Señor Hernández Denton disiente de la opinión mayoritaria, por las mismas razones expuestas en su disenso en Pueblo v. Fernández Rodríguez, 183 DPR 770 (2011).

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rivera García.

El 9 de diciembre de 2011 dictamos la opinión Pueblo v. Fernández Rodríguez, 183 DPR 770 (2011), donde resolvimos que no podían admitirse en evidencia partes del testimonio que brindó un agente de la Policía, porque involucraba materia privilegiada cobijada por el privilegio abogado-cliente. Así también, ordenamos la supresión de la evidencia real producto del testimonio. El 28 de diciembre de 2011, el Procurador General presentó ante esta Curia una moción de reconsideración en la que argumenta que erramos al excluir esa evidencia y al aplicar en este caso la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso”.

Rexaminada la controversia, una mayoría de este Tribunal colige que erramos al excluir los frutos de la divulgación de la comunicación privilegiada porque el Estado no los obtuvo de manera ilegal. Luego de justipreciar el asunto, concurrimos con ello, no obstante, entendemos necesario aclarar ciertos extremos.

I

A. La Opinión en Reconsideración que hoy se emite transcribe fielmente los antecedentes fácticos de este caso. Sin embargo, en aras de destacar la controversia medular del asunto que estuvo ante nuestra consideración, pasamos a exponer los detalles pertinentes a la contención neurálgica que hoy se reconsidera.

Allá para el 1 de noviembre de 2006, el Sr. Waldemar Fernández Rodríguez (señor Fernández) acudió al cuartel general de la Policía acompañado por su abogado, el Ledo. Luis Carbone (licenciado Carbone), y de un amigo. Una vez allí, el licenciado Carbone le indicó al sargento que los entrevistó —Sgto. José Curbelo Ortiz— que el señor Fernandez no haría declaración alguna, ya que se encontraba muy nervioso. Poco tiempo después, el agente Curbelo procedió a leerle las advertencias pertinentes al señor Fernandez. En específico, le indicó que tenía “derecho a permanecer callado, (a que) todo lo que di(jera) podr(ía) ser usado en su contra, [...] (a) estar representado por un abogado [...] y a no declarar”. Luego de esto, el licenciado Carbone, quien estuvo presente cuando le hicieron las advertencias de rigor al señor Fernández, nuevamente le indicó al agente Curbelo que su cliente no declararía en esos momentos. Igualmente lo reconoció ese agente durante el interrogatorio que se le practicó en la vista preliminar, cuando reconoció que el señor Fernández invocó su derecho a no declarar.

En vista de que el licenciado Carbone “se mantuvo diciendo (le) que su cliente estaba nervioso y que no iba a prestar declaración jurada en esos momentos”, el agente Curbelo inquirió a ese abogado sobre “dónde se encontraba el arma que había utilizado su cliente con relación a es(os) hechos”. En respuesta, el licenciado Carbone le ofreció información sobre su ubicación. Acto seguido, el agente Curbelo informó ese dato a una agente que se encontraba en la escena del crimen. Minutos después, esa agente contactó vía telefónica al agente Curbelo y le requirió pistas adicionales para poder dar con el paradero de las municiones y el cargador del arma. Ante ello, el agente Curbelo comunicó a la agente con el licenciado Carbone, quien finalmente le indicó a esta última el lugar preciso dónde se encontraba la evidencia que intentaban recuperar.

Así las cosas, tanto el testimonio del agente Curbelo como la evidencia ocupada según la información que el licenciado Carbone le ofreció a este, se presentó como evidencia contra el señor Fernández. Ante ello, este solicitó la supresión alegando que eran producto directo de una comunicación privilegiada. El Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha lugar” esa petición, determinación que confirmó el foro apelativo.

Llegada la controversia a esta Curia, el señor Fernández alegó en su recurso de certiorari que “la actuación del Estado vulneró (su) derecho contra la autoincriminación, el privilegio abogado-cliente y el derecho al debido proceso de ley.” (Enfasis nuestro). Véase Alegato del peticionario, pág. 7. Indicó que resultaba “insostenible que, por un lado, se (le garantizara) el derecho contra la autoincriminación, y por otro lado, se requiera del representante legal de la persona información que está íntimamente entrelazada a tal derecho”. íd., pág. 20. Sostuvo que aplicaba a su caso la normativa atinente a la obtención de manifestaciones incriminatorias involuntarias por parte del Estado. íd., pág. 23. Así, en Pueblo v. Fernández Rodríguez, supra, resolvimos la controversia y ordenamos que se suprimieran el testimonio del agente Curbelo que involucraba materia privilegiada, así como el arma, el cargador y las municiones por ser producto de ese testimonio.

Inconforme, el Procurador General acude nuevamente a este Tribunal mediante una moción de reconsideración parcial que se circunscribe a señalar que incidimos al ex-cluir la evidencia real. Esto pues, sostiene que el Estado no cometió actuación ilegal alguna. El asunto de principal ante nuestra consideración es, si atendiendo específicamente las contenciones del señor Fernández, la exclusión de la comunicación privilegiada —en el contexto de la relación abogado-cliente— debió conllevar automáticamente la exclusión de sus frutos evidenciarios. Reconsideramos este particular, recordando lo que antes hemos expresado, en cuanto a que “el ‘temor de que se nos tache de inconsistentes no debe impedir que reconsideremos’ la actuación, o decisión, errónea que hayamos emitido en un caso en particular”. Lebrón v. Díaz, 166 DPR 89, 90 (2005), Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 110 DPR 40, 42 (1980).

II

A. La evidencia derivativa es aquella que se ocupa como “fruto” de una evidencia primaria. Ese concepto se utiliza generalmente para identificar aquella evidencia secundaria que se deriva de una evidencia ilegalmente obtenida. Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 DPR 356, 371 (1997).

Así pues, en la tramitación de los casos criminales existen varias razones por las cuales se puede excluir evidencia de esta índole. Estas instancias son las siguientes: cuando la exclusión está estatuida en alguna ley estatal; cuando aplica la regla de exclusión de evidencia que se deriva de la doctrina conocida como “fruto del árbol ponzoñoso”, o; ante la existencia de alguna ley federal relacionada a ese asunto. Véase, en general, J.J. Dalessio, Evidentiary Privileges and the Exclusion of Derivative Evidence: Commentary and Analysis, 26 San Diego L. Rev. 625 (1989).

Es preciso señalar que la exclusión de evidencia que se hace bajo el supuesto de que el Estado cometió alguna actuación ilegal, lleva en sí un propósito intrínsecamente disuasivo, pues los remedios para excluir evidencia son una “medicina fuerte” que normalmente se reserva para las instancias en que ocurran violaciones constitucionales. U.S. v. White, 879 F.2d 1509, 1513 (7mo Cir. 1989). Por tal razón, el Tribunal Supremo federal ha enfatizado que:

[...] Fundamental to suppressing fruits is a deterrence rationale that the derivative evidence should generally be suppressed to deter the government from future violations of constitutional rights. R.P. Mosteller, Admissibility of fruits of breached evidentiary privileges: The importance of adversarial fairness, party culpability, and fear of immunity, 81 Wash. U. L.Q. 961, 976 (2003). Véanse: U.S. v. Leon, 468 US 897, 908-913 (1984); U.S. v. White, supra.

Según indicamos, una de las instancias en que procede excluir evidencia ocupada por el Estado es cuando aplica la doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso”. La opinión en reconsideración que hoy se emite correctamente recoge el tratamiento jurisprudencial atinente esta doctrina. En esencia, esta doctrina, con sus excepciones, encuentra su origen en la jurisprudencia federal norteamericana. Desde principios de siglo el Tribunal Supremo federal la adoptó al interpretar la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, con el propósito de lograr un balance adecuado entre el “interés de encausar a los transgresores del orden social y el de disuadir a los oficiales que protegen y mantienen el orden público de recurrir a medios o procedimientos ilegales, violentando de esa manera los derechos constitucionales de cada ciudadano”. (Énfasis suprimido). Opinión disidente del Juez Asociado Señor Rebollo López en Pueblo v. Negrón Martínez I, 143 DPR 1, 16 (1997). Véase Silverthorne Lumber Co. v. U.S., 251 US 385 (1920).

Según señala el profesor Ernesto L. Chiesa, la “regla de exclusión”, que establece la doctrina del fruto del árbol ponzoñoso, se extiende a “evidencia derivativa” que ha sido obtenida como “fruto” de evidencia primaria obtenida ilegalmente. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág. 317; Pueblo v. Negrón Martínez I, supra. Esto es, “a otra evidencia cuyo origen está vinculado estrechamente a la evidencia obtenida originalmente en violación de la protección constitucional”. Chiesa Aponte, op. cit. En cuanto a esto, conviene resaltar lo que nos instruye el tratadista La Fave, tal como se reseña en la Opinión en Reconsideración de autos, en cuanto a que “la doctrina del ‘fruto del árbol ponzoñoso’ no se limita a los casos en que se ha violado la Cuarta Enmienda, [sino que] también se ha utilizado cuando han ocurrido otras violaciones constitucionales, como las ruedas de detenidos y las confesiones obtenidas en violación a los derechos constitucionales”. Opinión en reconsideración, págs. 174—175, citando a 6 La Fave, Search and Seizure: A treatise on the fourth amendment, Sec. 11.4, pág. 257 (2004). En ese sentido, la regla de exclusión también se ha aplicado cuando se obtiene evidencia secundaria fruto de violaciones a limitaciones nó constitucionales, pero que están estatuidas legalmente. La Fave, supra.

Destacamos que es acertada la discusión de la opinión mayoritaria en reconsideración, en cuanto a que para que aplique la referida regla de exclusión es necesario que el Estado incurra en alguna actuación estatal ilegal o inconstitucional al obtener la pieza evidenciaría que se intenta excluir. A pesar de esto, entendemos que sí podrían suscitarse situaciones en las cuales sería procedente excluir los frutos evidenciarios de la divulgación de una comunicación privilegiada —y aclaramos— en el contexto de la relación abogado-cliente.

B. Si bien es cierto que el privilegio abogado-cliente no está investido de cualidad constitucional alguna, en casos criminales existen situaciones en que este estará estrechamente relacionado con derechos constitucionales fundamentales de un sospechoso o acusado. Ante esa situación particular, se ha planteado que la violación del privilegio abogado-cliente debe tratarse como se tratan las violaciones constitucionales cuando ese privilegio suplementa algún derecho de raigambre constitucional, como lo sería el derecho a representación legal adecuada que surge de la Sexta Enmienda de la Constitución federal, el derecho a no autoincriminarse de la Quinta Enmienda y el debido proceso de ley que emana de la Decimocuarta Enmienda. Véanse: U.S. v. Neill, 952 F. Supp. 834, 839 (D. DC. 1997); B.P. Saul, Constitutional and Evidentiary Issues, 2 Attorney-Client Privilege in the U.S. Sec. 10:10, Cap. 10 (2012).

Desde hace décadas, se propuso que el privilegio abogado-cliente es una garantía contra el menoscabo al derecho contra la autoincriminación y el derecho constitucional a una representación legal adecuada. Véase Nota, The Attorney Client Privilege: Fixed rules, balancing, and constitutional entitlement, 91 Harv. L. Rev. 464, 485 (1977). Esto, ya que el privilegio abogado-cliente, a pesar de que no se ha elevado a rango constitucional, es clave para ejercer tales prerrogativas constitucionales. U.S. v. Neill, supra; U.S. v. White, supra. Por lo tanto, es correcto concluir que el hecho de que el privilegio abogado-cliente no sea de índole constitucional, no implica que el Estado pueda ganar acceso a comunicaciones privilegiadas mediante conducta que mine derechos constitucionalmente reconocidos. Véase E.D. Macarthur, The Search and seizure of privileged attorney-client communications, 72 U. Chi. L. Rev. 729 (2005). En ese sentido, precisa examinar si procede excluir los frutos de la divulgación de una comunicación cobijada por el privilegio abogado-cliente, considerando la normativa atinente a la exclusión de evidencia.

Según indicamos, el privilegio abogado-cliente está ligado a los derechos constitucionales contra la autoincriminación y el derecho a asistencia de abogado. El texto de la Sexta Enmienda de la Constitución federal establece que en todas las causas criminales, el acusado gozará, entre otros, del derecho a la asistencia de un abogado para su defensa. Enmienda VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2008. Según la aludida disposición, el derecho a asistencia de abogado se activa luego de la iniciación de los procedimientos acusatorios de manera formal. Kirby v. Illinois, 406 US 682, 689 (1972). Por otra parte, cuando se ha centralizado una investigación sobre un individuo, a este le cobijan los derechos que emanan de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, entre ellos, el derecho a asistencia de abogado para asegurar su derecho a la no autoincriminación. Véase Chiesa Aponte, op. cit., pág. 66.

En Puerto Rico, la Sec. 11 del Art. II de la Constitución, supra, garantiza que en todos los procesos criminales, el acusado disfrutará, entre otros, del derecho a la asistencia de abogado. Art. 2, Sec. 11, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 343. Esta prerrogativa también se ha consagrado como parte fundamental de la cláusula del debido proceso de ley. Además, la representación debe ser adecuada. Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883 (1993). De esta forma, hemos reconocido el derecho de un acusado al disfrute de asistencia legal en la etapa investigativa cuando esta toma carácter acusatorio, en el acto de lectura de acusación, durante el juicio, al dictarse sentencia y en la fase apelativa. íd. Véase Miranda v. Arizona, 384 US 436 (1966).

Es meritorio apuntar que el derecho constitucional a asistencia de abogado claramente alberga en sí la protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre el acusado y su representante. United States v. Henry, 447 US 264, 295 (1980), opinión disidente del Juez Rehnquist. Así pues, el concepto relación abogado-cliente se interseca con la Quinta y Sexta Enmienda en la medida en que estas requieren una representación legal adecuada: ya sea durante un interrogatorio al sospechoso, previo a la iniciación del procedimiento criminal formal o luego de comenzado este. Ante ese escenario, una de las instancias en que puede ocurrir una vulneración al derecho a una representación legal adecuada es cuando el Estado interviene ilegalmente en la relación abogado-cliente para obtener información privilegiada y utiliza esa información para obtener evidencia en contra del imputado. Véase United States v. Neil, supra. En U.S. v. Lin Lyn Trading, Ltd., 925 F. Supp. 1507, 1517 (D. Utah 1996), se dijo lo siguiente:

[...] intentional intrusion into the attorney-client relationship constitutes a direct interference with the Sixth Amendment rights of a defendant, and because a fair adversary proceeding is a fundamental right secured by the Sixth and Fourteenth Amendments, we believe that absent a countervailing state interest, such an intrusion must constitute a per se violation of the Sixth Amendment. In other words, we hold that when the state becomes privy to confidential communications because of its purposeful intrusion into the attorney-client relationship and lacks a legitimate justification for doing so, a prejudicial effect on the reliability of the trial process must be presumed. (Enfasis suplido).

Por otro lado, la intrusión del Estado en la relación abogado-cliente puede ser de tal magnitud que también configure una violación al debido proceso de ley. Véase Moste11er, op. cit. Véase, también, U.S. ex rel. Shiflet v. Lane, 815 F.2d 457 (7mo Cir. 1987).

Así pues, se ha resuelto que cuando el Estado transgrede los derechos que dimanan de la Quinta, Sexta o Decimocuarta enmienda de la Constitución federal y, en consecuencia, obtiene evidencia a través de la intrusión intencional e inadecuada en los derechos constitucionales de una persona, el remedio correspondiente en el procedimiento criminal se limita a negarle a la Fiscalía los frutos de la transgresión. U.S. v. Morrison, 449 US 361, 366 (1980); Shillinger v. Haworth, 70 F.3d 1132, 1143 (10mo Cir. 1995).

Al repasar los hechos de este caso, vemos que la defensa del señor Fernández se limitó a reclamar la supresión de evidencia y desestimación de los cargos amparándose en que el Estado violó su derecho constitucional a no autoincriminarse, el privilegio abogado-cliente, y su derecho a un debido proceso de ley. Ciertamente, reiteramos, por los fundamentos expuestos en Pueblo v. Fernández Rodríguez, supra, que las partes del testimonio que involucraban materia privilegiada no debieron admitirse en evidencia. Ahora bien, circunscribiéndonos a los reclamos de la defensa, es forzoso concluir que no procede lo solicitado puesto que en este caso el Estado no cometió acción ilegal alguna que infringiera los derechos constitucionales del señor Fernández, ni su privilegio abogado-cliente. Surge de los testimonios vertidos en el TPI que el licenciado Carbone divulgó voluntariamente, sin coacción alguna por parte del agente Curbelo, información confidencial. Por tanto, no procede suprimir la evidencia derivativa. Ello pues, en este caso no cabe la menor duda de que está ausente alguna acción inconstitucional o ilegal atribuible al Estado.

III

Por los fundamentos que anteceden, concurrimos con la opinión en reconsideración que hoy se emite.

       Contra esa determinación, el Procurador General compareció el 28 de diciembre de 2011 mediante una solicitud de reconsideración.

       Debido a que la controversia en este caso gira en torno a una violación al privilegio abogado-cliente y no al derecho contra la autoincriminación, únicamente discutimos y resolvimos si procede la supresión de evidencia real obtenida como producto de una violación al privilegio abogado cliente.

       E.L. Chiesa, Derecho procesal penal: etapa investigativa, San Juan, Pubs. JTS, 2006, pág. 127.

        Silverthorne Lumber Co. v. U.S., 251 US 385, 392 (1920).

       6 LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment Sec. 11.4, pág. 257 (2004).

       3 LaFave, Israel, King and Kerr, Criminal Procedure 3rd Sec. 9.3(a), pág. 419 (2007).

       E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág. 289.

       íd., pág. 290.

       íd.

       Véanse: Pueblo v. Rosado, 62 DPR 197 (1943); Pueblo v. Decós, 62 DPR 148 (1943); Pueblo v. Capriles, 58 DPR 548 (1941). Véase, además, Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, 130 DPR 352, 357-358 (1992).

        Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, supra, pág. 358.

       Chiesa Aponte, op. cit, pág. 290.

       Art. II, Sec. 10, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 327.

       Véanse: U.S. v. Warshak, 631 F.3d 266 (6to Cir. 2010); U.S. v. Squillacote, 221 F.3d 542 (4to Cir. 2000); Nickel v. Hannigan, 97 F.3d 403 (10mo Cir. 1996); U.S. v. Marashi, 913 F.2d 724 (9no Cir. 1990); U.S. v. White, 879 F.2d 1509 (7mo Cir. 1989).

       Véase esc. 11 en U.S. v. Marashi, supra, pág. 731.

        U.S. v. Warshak, supra, pág. 292.

       íd.

       íd., pág. 294.

       íd.

        Nickel v. Hannigan, supra, pág. 405.

       íd.

       íd., pág. 406.

        Nickel v. Hannigan, supra, pág. 409.

       Véanse: People v. Navarro, 138 Cal. App. 4th 146 (2006); State v. Sandini, 395 So.2d 1178 (1981); Securities and Exchange Commission v. OKC Corp., 474 F. Supp. 1031 (N.D. Tex. 1979).

        State v. Sandini, supra, pág. 1181.

       íd.

       R.P. Mosteller, Admissibility of Fruits of Breached Evidentiary Privileges: The Importance of Adversarial Fairness, Party Culpability, and Fear of Immunity, 81 Wash. U. L.Q. 961, 1010 (2003).

       Id., pág. 963.

       Id., pág. 1006.

       E.L. Chiesa Aponte, op. cit., págs. 290-291.

       Chiesa, Derecho procesal penal: etapa investigativa, op. cit., pág. 112.

       íd.

      íd.

       íd., pág. 132.

        Pueblo v. Cedeño Laclaustra, 157 DPR 743 (2002).

        Pueblo v. Calderón Díaz, 156 DPR 549 (2002); Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92 (1987).

        Pueblo v. Serrano, Serra, 148 DPR 173 (1999); Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386 (1997).

        Pueblo v. Negrón Martínez [II], 144 DPR 873 (1998); Pueblo v. Negrón Martínez I, 143 DPR 1 (1997).

        Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 DPR 356 (1997); Pueblo v. Rodríguez Rivera, 91 DPR 456 (1964).

        Pueblo v. Rey Marrero, 109 DPR 739 (1980).

        Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, supra, pág. 356.

       4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2568 (1952). Véase, además, Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, supra, pág. 356.

        Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, supra, pág. 359.

       Véase, además, Chiesa Aponte, op. cit., págs. 284-285.

       Conviene aclarar lo dicho en la opinión que en parte hoy reconsideramos en el sentido de que “si la información divulgada de forma no autorizada incrimina penalmente [...] el abogado [...] viola el derecho a la no autoincriminación de su cliente”. Lo que quisimos decir fue lo señalado por los tratadistas Weinstein y Berger en el sentido de la estrecha relación que existe entre esta falta ética y el derecho a la no autoincriminación del cliente; no que el abogado pueda violar tal derecho constitucional. 3 Weinstein’s Federal Evidence Sec. 503.03 [1] (2011); Notas, The Attorney-Client Privilege: Fixed Rules, Balancing, and Constitutional Entitlement, 91 Harv. L.Rev. 464, 480 (1977).

       Transcripción de la vista de 25 y 29 octubre 2009, pág. 41.

       íd., pág. 11.

       Transcripción de la vista de 29 de octubre de 2007 y 7 de mayo de 2008, pág. 8.

       Transcripción de la vista 25 y 29 de octubre de 2007, pág. 12.

       íd., pág. 49.

       íd., pág. 39.

       íd., pág. 12, pág. 37. Véase, además, Transcripción de la vista de 29 de octubre de 2007 y 7 de mayo de 2008, pág. 9.

       íd., pág. 13.

       Como regla general, este tipo de evidencia es una “cuyo origen está vinculado estrechamente a la evidencia obtenida originalmente en violación de la protección constitucional” que provee la Sec. 10 de nuestra Carta de Derechos contra arrestos y allanamientos ilegales, Art. II, Sec. 10, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2008. Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 DPR 356, 371 (1997).

       Se ha expresado que: “[t]here is a derivative evidence component to most of the constitutional exclusionary rules”. E.J. Imwinkelried, The New Wigmore: A treatise on evidence: evidentiary privileges, Ed. 2, Sec. 6.6.6. Aspen Publishers, Vol. 2, pág. 709.

       Resulta interesante cómo en una concisa, pero directa opinión, el Tribunal Supremo federal reconoce la necesidad de hacer funcional la norma establecida en la Carta Magna de Estados Unidos. Veamos:
      “[...] The Government now, while in form repudiating and condemning the illegal seizure, seeks to maintain its right to avail itself of the knowledge obtained by that means which otherwise it would not have had.
      “The proposition could not be presented more nakedly. It is that although of course its seizure was an outrage which the Government now regrets, it may study the papers before it returns them, copy them, and then may use the knowledge that it has gained to call upon the owners in a more regular form to produce them; that the protection of the Constitution covers the physical possession but not any advantages that the Government can gain over the object of its pursuit by doing the forbidden act. Weeks v. United States, 232 U.S. 383, 34 Sup. Ct. 341, 58 L.Ed. 652, L.R.A. 1915B, 834, Ann. Cas. 1915C, 1177, to be sure, had established that laying the papers directly before the grand jury was unwarranted, but it is taken to mean only that two steps are required instead of one. In our opinion such is not the law. It reduces the Fourth Amendment to a form of words. The essence of a provision forbidding the acquisition of evidence in a certain way is that not merely evidence so acquired shall not be used before the Court but that it shall not be used at all. Of course this does not mean that the facts thus obtained become sacred and inaccessible. If knowledge of them is gained from an independent source they may be proved like any others, but the knowledge gained by the Government’s own wrong cannot be used by it in the way proposed.” (Enfasis nuestro y citas omitidas). Silverthorne Lumber Co. v. U.S., 251 US 385, 391-392 (1920).

       Emdas. V, VI y XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2008.

       En cuanto a las disposiciones de las cuales emana el derecho a la asistencia de abogado, el Profesor Chiesa nos aclara lo siguiente:
      “No cabe duda alguna de que, actualmente, el derecho a asistencia de abogado durante el interrogatorio bajo custodia del sospechoso emana de la Enmienda Quinta como corolario del privilegio contra la autoincriminación y no, del derecho a asistencia de abogado en la Enmienda Sexta”. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. 1, pág. 66. Véase, también, Massiah v. U.S., 377 US 201 (1964).
      Nos señala, además, que el derecho a la asistencia de un abogado que emana directamente de la Enmienda Sexta solo se activa tras la denuncia o acusaciones decir, con el comienzo de procedimientos adversativos formales. Chiesa, op. cit., pág. 66. Según nuestro entramado de reglas procesales criminales esto significa que se activa el derecho a asistencia de abogado luego de la presentación de una denuncia, acusación, determinación de causa probable para el arresto, o comparecencia ante magistrado tras la realización de un arresto sin orden. Id., pág. 65 esc. 41.

       Cabe aclarar que en este caso la corte enfatizó que ante un interrogatorio de un sospechoso bajo custodia, para proteger el derecho contra la autoincriminación, es necesario que se le haga al individuo las advertencias sobre sus derechos constitucionales, lo que se ha conocido como los Miranda rights.

       Citando a Shillinger v. Haworth, 70 F.3d 1132, 1142 (10mo Cir. 1995).

       En este último caso se expresó que: “Morrison ([U.S.] v. Morrison, 449 U.S. 361 (1980)) makes clear that evidence obtained through an intentional and improper intrusion into a defendant’s relationship with his attorney, as well as any “fruits of [the prosecution’s] transgression” must be suppressed in proceedings against him”. (Citas omitidas).

       Tal como se mencionó en US. v. Neill, 952 F. Supp. 834, 839 (D. D.C.1997), “[nonetheless, not every intrusion on the attorney-client privilege constitutes a constitutional violation, an intrusion may result in a constitutional violation if privileged information is intentionally obtained and used to the defendant’s detriment at trial”.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Roberto J. García Cabrera, Yvelisse Fingerhut Mandry y Juan J. Ramírez-Rivera, querellados.

      Número: AB-2007-309

      Resuelto: 8 de marzo de 2013

      Javier Mandry Mercado, pro se, parte querellante; Yomaira Pérez Sierra, de Jorge P. Sala Law Offices, abogada de Yvelise Fingerhut Mandry, parte querellada; Jorge A. Irizarry Rodríguez, abogado de Roberto J. García Cabrera, parte querellada; Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

El descuido de dos notarios en procurar por el fiel cumplimiento de las leyes, nos obliga a sancionarles en su práctica notarial. La historia sería distinta si hubieran cumplido con lo que exige el Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 del 2 de julio de 1987, 4 LPRA see. 2001 et seq., y el Código de Etica Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

I

El quejoso Javier Enrique Mandry Mercado presentó dos quejas juramentadas el 24 de septiembre de 2007 ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, en contra de los notarios Ledo. Roberto J. García Cabrera, el Ledo. Juan J. Ramírez-Rivera y la Leda. Yvelise Finger-hut Mandry. En sus quejas denunció que, como parte de la recopilación de pruebas que necesitaba para solicitar la liquidación de los bienes de la Sucesión Pastor Mandry Mercado, se percató de la existencia de varias escrituras que considera cuestionables.

Particularmente, en la Queja 1 señaló la Escritura Núm. 29 sobre Poder General de 1 de diciembre de 2001 que se otorgó ante el licenciado García Cabrera. En esta escritura la Sra. María del Carmen Llombart Bas y su hija, de 14 años de edad, comparecieron para otorgar un poder a favor de Yvelise Helena Mandry Nones, su hija Yvelise Helena Fingerhut Mandry, y Salvador Eduardo Mandry Nones. El amplio poder concedido les facultó a representarles en la disposición y adquisición de bienes muebles e inmuebles; recibir pago por deudas a su favor, dar y tomar dinero en préstamo, extraer dinero de sus cuentas; administrar sus bienes y arrendarlos, y representarles ante to-dos los tribunales, entre otras funciones concedidas. La única limitación impuesta es que se trate de bienes muebles e inmuebles localizados en Puerto Rico. Al momento de la otorgación del poder las poderdantes residían en el estado de Florida. Como apoderados sustitutos, por si surgía algún conflicto de interés, se designó a Luis Morales Ramírez y Nydia Franceschini Rodríguez.

En la Queja 1 se subrayó que, a pesar de que una menor de edad figuró como compareciente, el poder otorgado en ese documento se utilizó para confeccionar otras dos escrituras. Se trata de la Escritura Núm. 3 de 28 de febrero de 2005, otorgada ante el mismo notario, con el propósito de hacer una Cesión a Cambio de Deuda. La otra escritura es la Núm. 4 de 28 de febrero de 2005, sobre Segregación y Compraventa. Añadió el señor Mandry Mercado que, al momento de presentar la queja, ninguna de las dos escrituras en que se dispuso de bienes inmuebles se había inscrito en el Registro de la Propiedad.

El quejoso denunció que una menor de edad no puede ser compareciente en la otorgación de una escritura pública y que no consta que se pidiera autorización del Tribunal para disponer de sus bienes. Además, indicó que la licenciada Fingerhut Mandry, designada como apoderada, conocía de la minoridad de la otorgante y tenía interés en la comunidad pro indiviso.

El 27 de febrero de 2008 el licenciado García Cabrera solicitó la desestimación de la queja. Indicó que el Poder General en que compareció la menor no puede impugnarse por una persona que no estuvo presente en el otorgamiento. Además, justificó la presencia de la menor con las Reglas 27 y 37(d) del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXTV, según el fundamento de que compareció como persona con interés sobre el documento a otorgarse. Como su madre, persona con la patria potestad y custodia sobre la menor, estuvo presente en la otorgación del Poder entendió que el acto fue transparente. Finalmente, indicó que cometió un error mecanográfíco al utilizar la palabra “consentimiento” y que debió escribir “conocimiento”. El quejoso, en su réplica, reiteró sus señalamientos iniciales contra el notario García Cabrera. Además, alegó que aunque no fuera compareciente en la escritura en que participó la menor de edad, fue víctima de un patrón de hechos similares mediante el cual sus padres se apoderaron de su derecho hereditario para hacer transacciones en peijuicio suyo.

Por su parte, la licenciada Fingerhut Mandry compareció a través de su abogado, Jorge P. Sala, el 7 de marzo de 2008. En síntesis, atribuyó las quejas que presentó el señor Mandry Mercado a una disputa familiar en que se le relevó de la vicepresidencia de una de las corporaciones de la sucesión, Rufina Mandry, Inc. Destacó que ninguno de los señalamientos en su contra se derivan de actuaciones como notario, sino que su comparecencia en la otorgación de instrumentos fue como apoderada de la Sra. Llombart Bas y su hija menor de edad o en su carácter personal. Aseguró que desde 1977 ha representado los intereses de la comunidad de forma intachable, con el consentimiento de todos sus miembros.

La Queja 2 cuestiona la validez de la Escritura Núm. 4 de Ambito de Poderes, que se otorgó ante el notario Ramírez-Rivera el 25 de febrero de 1998. El quejoso nuevamente señaló que entre las comparecientes figura la hija menor de edad de María del Carmen Llombart Bas, quien a la fecha del otorgamiento tenía 10 años de edad, y su otra hija, que en ese momento tenía 20 años de edad. Señaló, además, que para dar vida a ese poder se utilizó, entre otros, otro poder que él otorgó a favor de sus padres luego de emanciparle. Se opuso a tal acción por entender que no puede utilizarse un poder para crear otro poder “con vigencia absoluta e irrevocable”, sin designar quién sería el apoderado.

También denunció que sus padres lo emanciparon el 19 de agosto de 1992, cuando tenía 18 años de edad, mediante la Escritura Núm. 21 de 19 de agosto de 1992, que se otorgó ante el notario Ramírez-Rivera. Seis meses después, ante el mismo notario, otorgó el Poder General a favor de sus padres, mediante la Escritura Núm. 28 de 28 de febrero de 1993, que les permitió enajenar terrenos y bienes que eran de su propiedad. Entiende que eso dio paso a “múltiples atropellos a mis derechos civiles”, por lo que pidió que se examinara la corrección de esas actuaciones. Sin embargo, reconoció que convalidó esos actos mediante una escritura que otorgó en Nueva Jersey y que protocolizó el notario Ramírez-Rivera mediante la Escritura Núm. 6 de 30 de abril de 1998.

Además, en la Queja 2 mencionó dos casos de expropiación forzosa de propiedades de la sucesión, en los que, por un supuesto error del Registro de la Propiedad, no figuró como demandado. Sin embargo, indicó que la licenciada Fingerhut Mandry lo incluyó como parte de la sucesión en los documentos que sometió, sin solicitar su autorización para representarle. En su queja aseguró que la licenciada cobró el dinero que le correspondía a él, y le dio $5,000 de los $13,500 que debieron asignársele. Sin embargo, rechazó haber autorizado a la licenciada Fingerhut Mandry a disponer de ese dinero.

El notario Ramírez-Rivera aceptó lo que se alegó sobre la hija menor de edad de la señora Llombart Bas. En cuanto a la escritura denominada Ambito de Poderes, dejó en manos de los tribunales determinar su validez. Defendió la protocolización del documento en que el quejoso, siendo mayor de edad, ratificó los poderes que otorgó cuando aún era un menor emancipado y el uso posterior para otros documentos públicos.

A la segunda queja, la licenciada Fingerhut Mandry, por su parte, reiteró que no compareció como notario a ninguna de las escrituras en controversia. Rechazó que una menor de edad fuera suscribiente de urna de las escrituras. En cuanto a los casos de expropiación forzosa, indicó que los miembros de la comunidad le apoderaban verbalmente para representarla ante los tribunales. Además, destacó que el tribunal avaló la forma en que se emplazó en los casos de expropiación. Añadió que el quejoso tenía conocimiento de que ella representaba a la comunidad y que estaba autorizada para retirar los fondos. La licenciada aseguró que remitió los fondos a los administradores de la comunidad, entre los que se encontraba el quejoso, para que lo distribuyeran.

El 2 de mayo de 2008 la Secretaria de este Tribunal, Leda. Aida Ileana Oquendo Graulau, refirió el expediente de las quejas a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para que lo investigara y presentara el informe correspondiente ante nos.

Como parte del proceso de investigación, la ODIN solicitó al licenciado García Cabrera copia de las cuatro escrituras que otorgó, y que se mencionan en la Queja 1. El 20 de enero de 2011 la ODIN reiteró el requerimiento, que envió por correo certificado. El licenciado García Cabrera solicitó una prórroga para presentar los documentos, pero nuevamente incumplió. El 20 de mayo de 2012 la ODIN le concedió un término final e improrrogable que venció el 25 de mayo de 2012. No compareció.

Por otro lado, también el 14 de diciembre de 2010 la ODIN solicitó al licenciado Ramírez-Rivera copia de cuatro de las escrituras enumeradas en las quejas, que debía presentar en un término de 10 días. Ante su incumplimiento, se reiteró el requerimiento mediante correo certificado el 20 de enero de 2011. El 17 de febrero de 2011 el licenciado Ramírez-Rivera acudió a las oficinas de la ODIN para hacer constar que no entregaría copia de las escrituras solicitadas. Se justificó en supuestas experiencias de compañeros abogados. La ODIN contestó sus expresiones mediante un correo electrónico, en que requirió hacer constar su posición por escrito. Además, le dio un plazo adicional hasta el 25 de mayo de 2012. Finalmente, el 29 de mayo de 2012 entregó las copias requeridas.

La ODIN no hizo requerimientos a la licenciada Finger-hut Mandry, pues no figuró como notario en ninguna de las escrituras en disputa.

El 25 de julio de 2012 la directora de ODIN, la Leda. Lourdes I. Quintana Lloréns, presentó su informe ante nos. En sus determinaciones de hechos, la ODIN señaló que el notario Ramírez-Rivera otorgó la escritura de Ámbito de Poderes, en la que dio fe de la capacidad de los otorgantes, a pesar de que figuraban dos menores de 20 y 10 años como comparecientes. Con esa escritura se pretendió crear un pacto de indivisión para la comunidad de bienes que surgió al extinguirse la Sociedad Civil y Agrícola de Mario Mercado e hijos sin que se designara a ningún apoderado. La ODIN apuntó que esa figura no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Además, advirtió que esa escritura presenta visos de nulidad por el mero hecho de que comparecieron dos menores de edad, sin que mediara intervención judicial.

La ODIN también señaló que en el Poder General que se otorgó el 1 de diciembre de 2001 ante el notario García Cabrera figuran como comparecientes la señora Llombart Bas y una hija menor, quien para entonces tenía 14 años. Ese poder se utilizó para otorgar la Escritura Núm. 3 sobre Cesión a Cambio de Deuda y la Escritura Núm. 4 sobre Segregación de Compraventa, ambas del 28 de febrero de 2005. No medió autorización judicial para esas transacciones sobre los bienes de la menor, que incluía la venta de un inmueble de dos cuerdas valorado en $18,000.

Además, la ODIN describió que el notario García Cabrera otorgó un Acta Aclaratoria Núm. 7 el 11 de octubre de 2002. Entre las escrituras que pretendió aclarar se encuentra una de 2 de noviembre de 1998, ante el notario Ramírez-Rivera, identificada como Escritura de Compraventa e Hipoteca Núm. 17. En el acta figura como compareciente la señora Llombart Bas, de por sí y en representación de su hija menor, de 14 años de edad. Tampoco medió autorización judicial para la disposición del bien.

Luego de analizar el derecho aplicable, la Directora de la ODIN recomendó que se refiriera a la Oficina del Procurador General la conducta de la licenciada Fingerhut Man-dry para determinar si hubo violaciones al Código de Etica Profesional, 4 LPRAAp. IX. Específicamente, recomendó que se evaluara su conducta en tomo a su representación, si alguna, sobre el quejoso en los casos de expropiación. Además, por qué figuró como apoderada de una menor de edad en escrituras públicas que dispusieron sobre sus bienes, sin que mediara autorización judicial. Como abogada y notaría, la licenciada Fingerhut Mandry debió advertir de esta situación. Se recomendó referir su caso al Procurador General porque sus actuaciones no fueron notariales, sino como abogada y apoderada, lo que trasciende el marco de acción de la ODIN.

Sobre el notario Ramírez-Rivera, la ODIN señaló que autorizó la escritura denominada Ámbito de Poderes, en que figuraron dos menores de edad como comparecientes, en violación a las disposiciones del Código Civil. Además destacó que esta actuación puede conllevar la impugnación de varias transacciones que se realizaron posteriormente, y que utilizaron ese poder para realizarse.

En cuanto al notario García Cabrera, la ODIN señaló que autorizó la escritura de Poder General Núm. 29 de 1 de diciembre de 2001, que también carece de validez jurídica porque una menor de 14 años figura como compareciente. No le resultaron convincentes los argumentos del notario García Cabrera de que la menor acudió como figura con interés pues del escrito surge que figuró como poderdante. Fue ese el poder que el notario García Cabrera utilizó para crear dos escrituras adicionales, la Núm. 3 sobre Cesión de Deuda y la Núm. 4 sobre Segregación y Compraventa, que dispusieron de bienes de la menor sin autorización judicial.

La ODIN concluyó que ambos notarios violaron el Canon 18 del Código de Etica Profesional, que trata sobre el deber de competencia. 4 LPRA Ap. IX. Además, en su informe la ODIN hizo mención del Canon 35, que exige de los abogados una conducta honesta y sincera. 4 LPRA Ap. IX.

Dos de los abogados y el quejoso replicaron el informe. El licenciado García Cabrera solicitó su desestimación con el argumento de que la ODIN aprobó su protocolo correspondiente al 2001, que se inspeccionó entre el 17 de julio y 2 de agosto de 2012. Entiende que la aprobación de la ODIN certifica que los instrumentos son válidos, e impide que se inicie un procedimiento disciplinario. Se basó en los Arts. 63 y 65 de la Ley Notarial, 4 LPRA sees. 2103 y 2105. También apuntó a la Regla 82 del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXTV, para plantear una violación al debido proceso de ley, pues el proceso en su contra inició con una queja y no con un informe de ODIN.

La licenciada Fingerhut Mandry compareció para reiterar la corrección de sus actuaciones en los casos de expropiación cuestionados. En cuanto a su comparecencia como apoderada a la Escritura Núm. 3 sobre Cesión a Cambio de Deuda de 28 de febrero de 2005, detalló que se trató de la ratificación de un negocio jurídico de 1994, que otorgó el padre de la menor, Pastor Francisco Mandry Aparicio en 1994, antes de fallecer. Por ello, interpretó que la autorización judicial resultaba innecesaria. Además, indicó que el quejoso no tiene legitimación para cuestionar esa escritura. La licenciada Fingerhut Mandry también llamó la atención a que la ODIN demoró 5 años en presentar su informe y recomendaciones. Alega que la situación la ubica en un estado de indefensión y vulnera su derecho al debido proceso de ley.

II

El Art. 2 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2002, precisa lo siguiente:

El notario es el profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle [s] autoridad a los mismos. La fe pública del notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento. (Énfasis suplido).

De ahí se infiere que el notario público es, al mismo tiempo, funcionario público y profesional del Derecho. Por un lado, en la esfera de los hechos, da fe de lo que ve, oye y percibe por sus sentidos. Por otro lado, como jurista, autentica y formula un juicio, da fuerza probatoria a las declaraciones de voluntad de las partes en instrumentos y documentos públicos que debe redactar conforme a las leyes. In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805, 815 (2011); In re Cruz Cruz, 126 DPR 448, 453 (1990). Cuando un notario da fe pública asegura que el documento que autoriza cumple con todas las formalidades de ley, formal y sustantivamente, que es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida y legítima. In re Vázquez Pardo, 185 DPR 1031, 1041 (2012); In re Martínez Almodóvar, supra, pág. 816; In re Feliciano Ruiz, 117 DPR 269, 275 (1986).

Cuando autoriza una escritura pública, el notario tiene que dar fe expresa de su conocimiento personal de los otorgantes o de haberse asegurado de su identidad por los medios establecidos. Además, tiene que dar fe de que los otorgantes cuentan con la capacidad legal necesaria para realizar el acto o contrato que se otorga. Art. 15(e) de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2033(e).

El ámbito de la capacidad inextricablemente guarda correspondencia lógica con el consentimiento de los contratantes, sin el cual no hay contrato. La regla general es que su existencia surja con la comparecencia y presencia de la persona ante el notario. La excepción es el mandato o poder. “El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante.” Art. 1211, Código Civil, 31 LPRA see. 3376. In re Feliciano Ruiz, supra, pág. 276.

En cuanto a la figura del mandato, el Código Civil señala que es un contrato mediante el cual una persona se obliga a prestar algún servicio o a hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra. Art. 1600 del Código Civil, 31 LPRA see. 4421. Un notario no está obligado a aceptar la calificación que de los otorgantes haya hecho otro notario al autorizar un poder a favor de quien ahora comparece para realizar un negocio jurídico a nombre del poderdante. In re Feliciano Ruiz, supra, pág. 276 esc. 3.

Para confeccionar un contrato válido, el Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3391, enumera el consentimiento de los contratantes, el objeto cierto y la causa válida como requisitos esenciales para la validez de los contratos. Los menores de edad no emancipados no tienen capacidad para consentir, a menos que estén entre los 18 y 21 años y se dediquen al comercio o industria. Art. 1215 del Código Civil, 31 LPRA see. 3402. Un menor que no tiene capacidad de consentir, no tiene capacidad para otorgar un contrato.

Además de que un menor carece de capacidad para contratar, el Código Civil requiere una autorización judicial antes de que sus padres o tutores enajenen los bienes muebles o inmuebles pertenecientes al menor, si su valor excede los $2,000. Art. 214 del Código Civil, 31 LPRA see. 788. Para obtener la autorización judicial es requisito que se acredite al tribunal competente la necesidad o utilidad que el acto tiene para el menor. Art. 614 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA see. 2721.

La autorización judicial suple la falta de capacidad del menor para consentir a la transacción. Por eso tiene que obtenerse previo a la transacción, pues una concedida posteriormente no convalida el acto. Vilariño Martínez v. Registrador, 89 DPR 598, 602—603 (1963). Una transacción en que se enajenen los bienes de una persona incapaz de consentir, como un menor no emancipado, sin la requerida autorización judicial, anula el negocio. In re López Olmedo, 125 DPR 265, 278 (1990). Además, constituye un defecto insubsanable. First Fed. Savs. v. Nazario et als., 138 DPR 872, 885 (1995).

Por otro lado, la Ley Notarial de Puerto Rico aspira a que el notario desempeñe su profesión con probidad, la competencia y destreza jurídica necesaria, y la diligencia, el cuidado y la observación del valor ético de la verdad, que imprime al contenido de los documentos que otorga. In re Avilés, Tosado, 157 DPR 867, 889 (2002); In re Filardi Guzmán, 144 DPR 710, 719-720 (1998). La importancia que tiene la fe pública notarial en el tráfico de bienes jurídicos, exige que se ejerza con extremo cuidado, esmero, diligencia y estricto celo profesional. In re Vázquez Pardo, supra, pág. 1042; In re Martínez Almodóvar, supra, pág. 815; In re Rivera Vázquez, 155 DPR 267, 277—278 (2001). Hemos reiterado que la función del notario trasciende la de un autómata legalizador de firmas para penetrar en el campo de la legalidad de la transacción sobre la que estampa su firma, sello y rúbrica. In re Martínez Almodóvar, supra, págs. 817-818.

Los notarios, por el carácter público de su función, tienen que ser sumamente cautelosos en el ejercicio de su práctica, y tener presente en todo momento las consecuencias nefastas que su negligencia puede tener sobre los negocios jurídicos. In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 685 (2012); In re Rodríguez Báez, 129 DPR 819, 823 (1992). Por ello hemos concluido que la contravención de alguna ley por parte de un notario constituye, al mismo tiempo, una violación del Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra. Véanse, además: In re Muñoz Fernós, supra, pág. 685; In re Aponte Berdecía, 161 DPR 94, 106 (2004).

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, enumera entre los deberes del abogado defender con diligencia los intereses del cliente, desplegar en cada caso su más profundo saber y habilidad, y actuar en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. No advertir y orientar a los otorgantes de un documento público que se requiere de una autorización judicial para enajenar un inmueble constituye una falta al deber de competencia que establece el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. In re Cruz Mateo, 171 DPR 781, 787 (2007).

Además, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, exige de los abogados una conducta sincera y honrada. También le requiere ajustarse a la sinceridad de los hechos cuando examine testigos, redacte afidávits u otros documentos, y presente sus causas. No es necesario que se falte a la verdad deliberadamente, o con intención de defraudar o engañar para infringir este canon. Lo fundamental es que se falte a los valores de honradez y veracidad que son pilares de la profesión legal. In re Ojeda Martínez, 185 DPR 1068, 1075 (2012); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 43 (2011). Cuando un notario hace una aseveración falsa en algún documento público, viola el Canon 35 aunque no tuviera la intención de faltar a la verdad. In re Ojeda Martínez, supra, pág. 1075; In re Tejada Rivera I, 155 DPR 175, 182 (2001).

Todo notario tiene que dar estricto cumplimiento a la Ley Notarial de Puerto Rico y el Código de Ética Profesional. Su incumplimiento conlleva acciones disciplinarias. In re Martínez Almodóvar, supra, pág. 814.

Ill

La ODIN concluyó que los notarios García Cabrera y Ramírez-Rivera violaron el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, porque faltaron a su deber de diligencia en el momento en que otorgaron escrituras públicas en que figuraban menores de edad como comparecientes. Además, porque con esas escrituras se dispuso de bienes de menores de edad sin la requerida autorización judicial. Coincidimos con la ODIN en que ambos notarios violaron el Canon 12, 4 LPRAAp. IX.

Por un lado, el notario Ramírez-Rivera incluyó como compareciente a dos menores de edad en la otorgación de la Escritura Núm. 4 de Ámbito de Poderes de 25 de febrero de 1998. Aunque a la escritura también compareció su madre, la señora Llombart Bas, quien tenía su custodia y patria potestad, las menores figuraron como comparecientes, firmaron e iniciaron la escritura, a pesar de que se reconoció que eran menores de edad. Además, el hecho de que estuviera presente su madre no subsana la falta de autorización judicial, requisito para la disposición de bienes de un menor cuyo valor sobrepase los $2,000. En esa escritura, entre muchas otras cosas, se autorizaba la enajenación de bienes inmuebles.

Estos hechos constituyen una violación del Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra. El notario RamírezRivera debió demostrar su diligencia e informar a los otorgantes que los menores de edad estaban incapacitados para consentir a la contratación. Aun cuando se interpretara que su madre les representó como persona con custodia y patria potestad, hacía falta autorización judicial para el negocio jurídico que se realizó. La escritura de Ámbito de Poderes autorizó la enajenación de bienes de la comunidad de la cual las menores formaban parte.

El notario también dio fe de la capacidad de los otorgantes de la escritura de Ámbito de Poderes para consentir al negocio jurídico contenido en la escritura. En la medida en que el notario dio fe de un hecho que no es veraz, también faltó al deber de sinceridad y honradez que impone el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra.

En el caso del notario García Cabrera, también incluyó como compareciente a una menor de edad en la Escritura Núm. 29 de 1 de diciembre de 2001 sobre Poder General. Aunque el notario argumentó que su madre estuvo presente en el acto, y que la menor compareció como persona con interés, tampoco nos convence. De una lectura completa de la escritura surge que a la menor se le presentó como compareciente. Toda la escritura está redactada en plural, además de que dio fe de conocer a ambas comparecientes y de su capacidad para consentir al acto. De hecho, este poder se utilizó para representar a la menor, al menos, en otras dos escrituras en que se dispuso de sus bienes sin autorización judicial.

Además, el notario redactó un Acta Aclaratoria el 11 de octubre de 2002, que entre otras cosas, pretendió hacer clara una Escritura de Compraventa e Hipoteca Núm. 17 de 2 de noviembre de 1998, que autorizó el notario Ramírez Rivera. Tampoco consta que se hubiera obtenido autorización judicial.

Estos hechos constituyen una violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, pues el notario debió advertir que la menor no podía figurar como compareciente en la otorgación de documentos públicos. También debió requerir autorización judicial para el otorgamiento de la Escritura Núm. 4, sobre Segregación y Compraventa, y la Núm. 3 sobre Cesión a Cambio de Deuda, ambas de 28 de febrero de 2005. Al dar fe de que las personas comparecientes en esos escritos tenían capacidad para realizar el negocio jurídico que allí se otorgaba, el notario García Cabrera también faltó al Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, pues faltó a su deber de sinceridad y honradez. Por último, además de sus faltas notariales, el licenciado García Cabrera desoyó los requerimientos de la ODIN para que presentara copia de las escrituras en controversia.

Los notarios plantearon que los poderes otorgados, cuya validez se cuestiona en las quejas, son válidos pues constan en el Registro de Poderes. Esa defensa es equivocada, pues el Registro de Poderes no tiene una función calificadora de los poderes que allí constan. Los inspectores de protocolos de la ODIN son los llamados a pasar juicio sobre las formalidades de los instrumentos públicos. In re Godinez Morales, 161 DPR 219, 242 (2004). Por otro lado, los tribunales son los llamados a pasar juicio sobre el contenido de las escrituras otorgadas.

Por esta misma razón, no nos convence la defensa del notario García Cabrera de que las escrituras que otorgó son válidas porque la ODIN aprobó su protocolo. Los inspectores de protocolos no se adentran en el área de derecho sustantivo, ni pueden asumir una función interpretativa o declarativa del Derecho. Rivera Miranda v. Betancourt, 111 DPR 147, 150 (1981); Soto de Bernier v. Rivera Cestero, 106 DPR 35, 37-38 (1977). El notario, los tribunales y el Registrador de la Propiedad son los llamados a evaluar el contenido, los aspectos sustantivos y la interpretación de los instrumentos públicos otorgados. S. Torres Peralta, El derecho notarial puertorriqueño, Ed. Especial, San Juan, Pubs. STP, 1995, Sec. 18.4. Así pues, le tocará a los tribunales, en su día, dilucidar la validez de los negocios jurídicos cuestionados.

Tampoco nos convence el reclamo del notario de que se incumplió con el debido proceso de ley por no seguirse lo establecido en los Arts. 63 y 65 de la Ley Notarial, supra. Este caso inició con una queja que se refirió a la ODIN, acorde con la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, y las Reglas 81 y 82 del Reglamento Notarial, supra. Debemos recordar que la Regla 14(e) del Reglamento del Tribunal Supremo indica que, tras la presentación de un informe con recomendaciones por parte de la ODIN y la contestación del abogado objeto de la queja, este Foro podrá imponer las sanciones que es-time pertinentes, sin necesidad de trámites ulteriores. íd.

El informe de la Directora de la ODIN nos recomienda que censuremos enérgicamente al notario Ramírez-Rivera, y que suspendamos de la notaría al licenciado García Cabrera. La diferencia en la recomendación estriba en la negación del notario García Cabrera de entregar copia de las escrituras que solicitó la ODIN.

Acogemos la recomendación de la Directora de la ODIN. De esta forma, determinamos censurar enérgicamente al notario Ramírez-Rivera por sus faltas notariales. Al notario García Cabrera lo suspendemos por un período de un año de la práctica de la notaría por las fallas señaladas en las escrituras evaluadas, y por ignorar los requerimientos de la ODIN.

Por último, en cuanto a la licenciada Fingerhut Mandry, también acogemos la recomendación de la ODIN. De esta forma, referimos el informe a la Oficina del Procurador General para que investigue las actuaciones que señaló el quejoso Javier Enrique Mandry Mercado.

IV

Por las violaciones antes expuestas, censuramos enérgicamente al Ledo. Juan J. Ramírez-Rivera. Además, suspendemos por el período de un año de la práctica de la notaría al Ledo. Roberto J. García Cabrera, ordenamos la incautación inmediata de su obra notarial y requerimos a la Oficina de Inspección de Notarías que nos informe sobre el resultado de su inspección. Por último, referimos el expediente de este caso a la Oficina del Procurador General para que evalúe si la conducta de la Leda. Yvelise Finger-hut Mandry constituyó violaciones al Código de Etica Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervino.

       Yvelise Helena Mandry Nones y Salvador Eduardo Mandry Nones son tíos de la señora Llombart Bas. Mientras, Yvelise Helena Fingerhut Mandry es su prima. Nótese que se escriben aquí los nombres como figuran en la Escritura Núm. 29.