text:
    Ex parte Providencia Planis, peticionaria y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelado; Pedro José, Rosa Laura y María Isabel Boada Osorio, representados por su madre con patria potestad Isabel Osorio, interventores.
    No. 5553.

    Sometido: Junio 25, 1931.

      Resuelto: Julio 22, 1931.

      Antonio L. López, abogado' de la apelante; González Fagundo & Gon-zález Jr., abogados de los interventores, como amicus curiae éstos.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En 31 de diciembre de 1929, Román Boada falleció en Ca-guas. En agosto 20, 1930, Providencia Planas radicó una pe-tición en la Corte de Distrito de Humacao alegando la muerte de Román Boada, y acompañando un escrito que se alegó ser el testamento ológrafo del referido Román Boada, mantuvo en esa petición que el alegado testador dejó todos sus bienes a ella; que el aludido Román Boada no tenía ascendientes ni descendientes. Se pidió a la corte que ordenara la protoco-lización del documento. La corte llegó a la conclusión de que al fallecimiento de Román Boada un notario estuvo presente e hizo una declaración jurada en este procedimiento y que a solicitud de la peticionaria el ameritado notario conservó en su custodia el escrito; que el referido escrito lo había sido a máquina; que el finado no sabía escribir; que no tenía en su establecimiento ni pluma ni máquina; que el dicho testa-mento fue mecanografiado por el referido notario y firmado por el alegado testador.

Según indicó la corte inferior hay varias maneras de hacer un testamento, teniendo cada una de ellas requisitos legales distintos.

Los requisitos para un testamento ológrafo que el escrito de que se trata pretendía áer, están expuestos en el artículo 696 del Código Civil así:

“El testamento ológrafo sólo podrá otorgarse por personas ma-yores de edad.
“Para que sea válido este testamento, deberá estar escrito todo y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en que se otorgue. Si contuviere palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, las salvará el testador bajo su firma.”

De suerte que se verá que un testamento ológrafo en Puerto Rico, si bien no requiere testigos, debe ser escrito entera-mente por la persona que trata de testar.

El escrito ofrecido no era de puño y letra del testador ni aun filé mecanografiado por él. En sentido alguno pretendía ser un testamento abierto o cerrado. El notario que lo es-cribió no estaba actuando en su capacidad de tal sino mera-mente tratando de ayudar al pretendido testador en la re-dacción de un testamento ológrafo.

La forma de testamentos es algo solemne creado por el estatuto. Si no se sigue la forma delineada por el estatuto no existe testamento. Según apuntó liace mucbo tiempo el Sr. Thayer, las formalidades de un testamento no son meras cuestiones de evidencia sino requisitos substantivos. Si no se llenan estos requisitos, no bay testamento.

Si el testador en este caso hubiera deseado hacer un tes-tamento abierto, él pudo haber acudido ante un notario y ex-presado su intención ante testigos en la forma exigida por la ley. Si el alegado testador hubiese interesado hacer un testamento cerrado, él pudo haber hecho que el testamento se hiciera en la forma en que se otorgó, pero entonces hu-bieran sido de rigor las otras formalidades de llevar un tes-tamento cerrado a un notario en presencia de testigos. Nada de esto hizo Román Boada. El trató de hacer un testamento ológrafo sin escribirlo de su puño y letra, según exige la ley. Otras consideraciones a este respecto pueden hallarse en la opinión de la corte inferior.

La apelante presenta un número de argumentos al efecto de que la intención de una persona debe prevalecer si esa in-tención puede razonablemente inferirse del escrito que en efecto se otorgó; que los tribunales de España y de otros sitios al interpretar testamentos han permitido variaciones de la forma estricta delineada por la fraseología del código. La apelante también cita de Canadá, donde se resolvió que sur-tía el efecto de un testamento un documento enteramente me-canografiado, aunque el estatuto exigía que fuera de puño y letra del testador. No estamos enterados de la práctica de los tribunales de Canadá, y en todo caso nos sentimos obliga-dos por las disposiciones terminantes de la ley en Pnerto Eico. Es aun posible que en el caso canadiense se demos-trara que el papel fné mecanografiado en su totalidad por el testador mismo. Una de las teorías de la ley al requerir a un testador que escriba el testamento por sí mismo y que basta anote las correcciones- de su propio puño y letra, es para impedir fraudes. Nos bailamos ante un caso de lex scripta y no encontramos motivo o excusa para desviarnos de él.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señok Wole,

license: Public Domain

text:
    René Cintrón Parra, demandante y apelante, v. Yabucoa Sugar Company, demandada y apelada.
    No. 4841.

    Sometido: Marzo 26, 1930.

      Resuelto: Julio 22, 1931.

      Feliú & La Costa, abogados del apelante; González Fagundo & Gomóles, Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señok Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Para resumir los hechos: resulta que el 21 de noviembre de 1885 Isabel Parra y Capó de Cintrón adquirió por heren-cia ciertos créditos hipotecarios, uno de los cuales se alegó es un gravamen sobre el predio de terreno que es objeto de la acción reivindicatoría que tenemos ante nos. En un pro-cedimiento ejecutivo dicha propiedad fué adjudicada a Isabel Parra y Capó.' Se extendieron en el registro las correspon-dientes inscripciones. Al tiempo de adquirir el crédito hi-potecario, Isabel Parra y Capó estaba casada con Zoilo Cin-trón y Cintrón. Ella falleció el 21 de febrero de 1896 y su único heredero, suponiendo que su esposo esté excluido, fué su hijo, Pené Cintrón Parra, .el demandante en este caso. Parte de la propiedad adquirida por doña Isabel se vendió, y la finca envuelta en este litigio asciende a 172.85 cuerdas. En 1907, cuando el demandante tenía como once años de edad, su padre inició un procedimiento de utilidad y necesidad en la Corte de Distrito de Ponce, solicitando autorización judicial para vender la participación que el aludido menor tenía en dicha propiedad, y el 16 de marzo de 1907 la Corte de Distrito de Ponce autorizó la venta.

Parece de varios documentos en los autos que Zoilo Cin-trón Cintrón reclamaba la mitad de la finca por herencia de su esposa más bien que como bienes gananciales. De todos mo-dos, era claro que él interesaba se le autorizara a- vender la mitad de la propiedad como .perteneciente a su hijo como he-redero de la madre de éste. La propiedad fué vendida como un todo a Rafael Fabián, quien a su vez la vendió a la Ya-bucoa Sugar Company, la demandada en este caso. En su con-testación, la demandada alegó la prescripción de cuatro años bajo el artículo 1268 del Código Civil y la prescripción ad-quisitiva a tenor del artículo 1858 del mismo cuerpo legal. Desde luego, que bajo el artículo 1268 invocado por la corte, habría habido que destruir los títulos escriturarios (muni-ments of title) antes de que pudiera prosperar la acción rei-vindicatoría, y por tanto, el término prescriptivo de cuatro años hubiera sido aplicable.

La corte principalmente basó su fallo en el fundamento de prescripción adquisitiva. La corte no tuvo duda, sin embargo, de que la naturaleza privativa de la propiedad apa-recía del registro, aun cuando no se le caracterizara así.

Sucedió que la venta de Cintrón a Fabián o de Fabián a la Yabucoa Sugar Company, o ambas, no podían ser inscri-tas. El apelante sostiene que no se podía inscribir la pro-piedad porque constaba a nombre de Isabel Parra y Capó. Sea ello como fuere, subsiste el hecho de que la Yabucoa Sugar Company, instó, obtuvo y logró inscribir, un expediente de dominio sobre la misma propiedad.

La corte resolvió que no había defecto de forma en el procedimiento para obtener el título de dominio. El apelante mantiene que había un número de defectos. Sin embargo, la corte creyó que era necesario determinar si la Yabucoa Sugar Company tenía un título prescriptivo de dominio basado en la posesión de diez años de buena fe y con justo título. Ha-llamos que es innecesario considerar los defectos de forma en el espediente de dominio, porque todo el caso desde cual-quier aspecto depende de si Rafael Fabián y su compradora tenían un justo título, y éstos justo título, buena fe y pres-cripción pueden ser probados ya sea válido o no el expediente de dominio. Por otra parte la apelada bace algún hincapié en la validez de los procedimientos judiciales y en la juris-prudencia de este tribunal en los casos de González v. Anglada, 33 D.P.R. 1024, Ayllón v. González, 28 D.P.R. 67; B. Fernández & Hnos., Sucrs., et al. v. Ayllón y Ojeda, 266 U. S. 144, y otros.

Hasta dónde un comprador en un procedimiento judicial esté protegido por estas decisiones, ellas solamente significan o resuelven que todas clases de defectos que hubieran causado la nulidad de dichos procedimientos no pueden impedir que surja un justo título. Tales casos no pueden aplicarse en oposición a la Ley Hipotecaria misma y al conocimiento implícito que emana de inscripciones previas independientes. Si el título privativo de Isabel Parra y Capó aparecía necesariamente del registro, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Hipotecaria la inscripción de cualquier título legal que no va dirigida contra la inscripción anterior, ni la modifica, de nada serviría. En lo que concierne al apelante, él era, al fallecimiento de su madre, el dueño de todo el título a la propiedad, y su padre no tenía participación en ella. Sin embargo, dicho hijo y heredero asimismo tenía, en verdad, derecho a la mitad de la finca, sobre la teoría de que lo mayor incluye lo menor. De suerte que el padre tenía el derecho colorable, aparentemente, de acudir a la corte y solicitar permiso para vender la mitad de la finca sobre el principio de utilidad, y necesidad. Quizá si se hubiera llamado la atención de la corte hacia la teoría bajo la cual Zoilo Cintrón y Cintrón reclamaba la propiedad o se la atribuía a su hijo, la corte propiamente se habría podido negar a proceder, porque la teoría no era un fiel reflejo de los hechos tal como ellos existían. Empero, como toda la finca en realidad de verdad pertenecía al Rijo y heredero, sn padre tenía derecho a obte-ner permiso de la corte para vender la mitad, y esto era bastante para fundar un justo título, aun cuando no hubiera podido surgir en aquel entonces ningún título perfecto.

Cuando llegamos, sin embargo, a la porción enajenada por Zoilo Cintrón a su propio nombre, no hay posibilidad de ale-gar un justo título. Hallamos y resolvemos que el carácter privativo de la propiedad aparecía claramente del registro. Fabián y la Yabucoa Sugar Company, por conocimiento im-plícito, estaban obligados a saber que Zoilo Cintrón no tenía título. Él específicamente renunció a todo derecho al usu-fructo, si alguno tenía. Los procedimientos para vender el condominio del hijo sobre una mitad, eran colorables. Nin-gún viso de título surgió en el padre.

Por tanto, consideramos claro que era innecesario obtener la nulidad de cualesquiera procedimientos inscritos porque el demandante tenía un claro derecho a reivindicar la initad de la finca. Oliver v. Oliver, 23 D.P.R. 181. Así, pues, la prescripción de cuatro años no era aplicable.

Creemos que hemos cubierto directa o indirectamente to-dos los señalamientos de error salvo uno, el que se refiere a la aseveración.de que la contestación admitió ciertas alega-ciones de la demanda. La apelada dice que esta cuesión no fue suficientemente suscitada en la corte inferior, y tal vez no lo fue. La corte y la apelada creen que la contestación suscitó suficientemente la defensa, pero no nos detendremos a investigar si están o no en lo cierto. La controversia principal en la corte inferior giró alrededor de si la demandada tenía o no un justo título y esto fue suficientemente susci-tado, o deberíamos considerar que la contestación ha sido en-mendada, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal y de California. La defensa de prescripción adquisitiva fue suficiente y directamente alegada.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra decre- tando que el demandante recobre la mitad de la finca objeto del litigjo, juntamente con los frutos de la misma de acuerdo con la ley.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Isabel Oller de Mediavilla, demandante y apelante, v. Jesús López y Pedro López, demandados y apelado el último.
    No. 5169.

    Sometido: Junio 3, 1930.

      Resuelto: Julio 22, 1931.

      Artemio P. Rodriguez, abogado de la apelante; Dubón Ochoteco, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Isabel Oller de Mediavilla demandó en la Corte Municipal de Bayamón a Jesús López y a Pedro López en cobro de la cantidad de $300 que reconocieron deberle en un pagaré con intereses en caso de mora a razón del uno por ciento mensual.

Pedro López fué absuelto de la demanda y la demandante apeló esa sentencia para ante la Corte de Distrito de San Juan, la que en su sentencia absolvió también de la demanda a Pedro López, y contra la última sentencia interpuso la de-mandante este recurso de apelación para ante nosotros.

Aunque las partes no ban suscitado ni tratado en sus ale-gatos la cuestión de jurisdicción, sin embargo, debemos con-siderárla y resolverla porque si carecemos de ella estamos impedidos de decidir la apelación, por sus méritos.

El artículo 295 No. 2o. del Código de Enjuiciamiento Civil, según fuá enmendado en 9 de marzo de 1905, concede apela-ción “de una sentencia de una corte de distrito dictada en apelación de una corte inferior, dentro de los quince días de registrada dicha sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o intereses, excediera de trescientos dollars.”

Como hemos consignado, la cosa reclamada en este caso no excede de trescientos dollars, sin comprender sus intereses, y por tanto carecemos de jurisdicción para resolver esta apela-ción y debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señor Aldret,

text:
    Ramón Antonio Mercader, recurrente v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 850.

    Sometido: Junio 22, 1931.

      Resuelto: Julio 22, 1931.

      E. López Acosta, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

•En las operaciones partieionales de los bienes relictos por doña Rosario Cancel Marti practicadas por don José Quiño-nes Rivera como contador-partidor nombrado por la Corte de Distrito de Mayagiiez en unión del viudo de dicba señora don Francisco Rodríguez, de Ramón Antonio Mercader como ce-sionario de los derechos gananciales de dicho viudo y de José Ramón Yélez como padre con patria potestad sobre sus hijos menores de edad, que son nietos y los únicos herederos de la causante de la herencia, correspondió a Ramón Antonio Mercader como cesionario de los derechos del viudo la can-tidad de $429.74% y para su pago, así como para que satisfi-ciera determinadas deudas de la herencia en cantidad de $1,319.91 le fueron adjudicadas 25 cuerdas de terreno valora-das en $1,724.65% y $25 en acciones de un Banco. A los he-rederos les fueron adjudicados bienes en común pro indi-viso por su herencia y determinados frutos para que paga-sen ciertas deudas. El viudo compareció para renunciar su usufructo legal, como lo renunció.

Esas operaciones particionales fueron presentadas a la Corte de Distrito de Mayagiiez ante la que comparecieron todos los interesados en la misma manifestando su confor-midad con ellas, habiendo expuesto el ministerio fiscal que encontraba la partición justa, razonable y equitativa; y ha-biendo llegado la corte a la conclusión de que dicha partición es justa, razonable y equitativa la aprobó en todas sus partes.

El Registrador de la propiedad de San G-ermán inscribió la finca adjudicada a Ramón Antonio Mercader solamente en cuanto a su participación en ella como cesionario del viudo Francisco Rodríguez Martínez y la negó en cuanto a la ad-judicación que se le hizo para el pago de bajas del caudal.

El Registrador fundó su negativa- de inscripción en que habiendo en la partición menores representados por su padre, no fué autorizado el padre de ellos para que la expresada finca fuese adjudicada al recurrente para pago de deudas de la herencia; en que en la resolución que se le presentó de la Corte de Distrito de Mayagiiez nada se expresa con respecto a que dicha autorización se concediera; y en que no cabe ale-gar el hecho de la aprobación por la Corte de las operaciones divisorias por ser' de carácter meramente formulario. En apoyo de su negativa cita el caso Ex parte Sotomayor, decidido el 24 de junio de 1916, 24 D.P.R. 185, y el de Sucesión Alvares v. Registrador resuelto el 20 de junio de 1910, 16 D.P.R. 602, y las citas que en éste se hacen.

Con posterioridad a las decisiones en que se funda el Re-gistrador, quizás por lo frecuente y muchas veces necesa-rias que son las adjudicaciones de bienes de una herencia para pago de sus deudas, fué aprobada el 30 de noviembre de 1917 la ley No. 44 de nuestra legislatura, que dice así:

“Sec. 1. — -Por la presente se agrega un nuevo artículo a la ‘Ley referente a procedimientos legales y especiales, aprobada en marzo 9 de 1905, el cual se denominará Artículo 71A, y leerá como sigue:
“ ‘Artículo 71A. — Siempre que se verificase una partición de herencia, en la cual hubiere interesados menores de edad, o incapa-ces, si se adjudicaren bienes de la herencia en pago de deudas, a herederos, o extraños; deberá someterse a la aprobación de la corte de distrito competente, y si ésta, con audiencia del fiscal, quedare satisfecha de la certeza de la deuda y de que la adjudicación en pago de la misma es razonable y justa, podrá aprobar dicha adjudicación en pago, sin necesidad de la subasta pública.’ ”

Eu este caso, en el que la partición se redújo a dividir los bienes gananciales, dando su parte al cesionario del viudo supérstite y la otra mitad en común a los herederos, siendo las otras operaciones de adjudicación de bienes para el pago de deudas, la corte, con audiencia y conformidad del fiscal, aprobó la partición como justa, razonable y equitativa, apro-bando así la certeza de la deuda y que la adjudicación hecha para su pago es razonable, por lo que no es necesaria la su-basta pública.

Debe ordenarse la inscripción negada.


author: El Juez Asociado Señor Texidoe,

text:
    Margarita, Gervasio y Pedro Gozález Román; Antonia Rojas González; Ángel Fermín, María y José Díaz González, demandantes y apelantes-apelados, v. Plazuela Sugar Company; Ramona Díaz González; Juan, Nepomuceno y María Rojas González y Ambrosio González Román, demandados y apelante la primera, y Emiliano, Francisco, Eudulio, Altagracia, Pedro, José, Josefa y Ramona González Rojas, demandantes interventores y apelantes; Los Mismos v. Los Mismos.
    Nos. 5116 y 5121.

    Sometidos: Junio 20, 1930.

      Resueltos: Julio 22, 1931.

      E. Martínez Aviles, abogado de los demandantes; G. Zeno Sama, abogado de la demandada Plazuela Sugar Company; Ulpiano Crespo Jr., abogado de los interventores apelantes.
   El Juez Asociado Señor Texidoe,

emitió la opinión del tribunal.

Un tanto complicada la exposición de estos casos en ape-lación, y dada la circunstancia de que el juez de distrito en la relación del caso y opinión expresó con gran claridad y total-mente, las alegaciones de unos y otros, es preferible copiar lo que el referido juez escribió allí;

“Margarita González Román y otros establecieron la presente ac-ción sobre negatoria de servidumbre de paso contra Plazuela Sugar Co., Ambrosio González Román y otros.
“Alegan los actores en la demanda que son dueños de una finca de cuatro cuerdas y media, que describen, en el barrio Islote de Arecibo; que la demandada Plazuela Sugar Co. y sin el consenti-miento de los demandantes ha tendido sobre la finca ameritada una vía de ferrocarril que la atraviesa de Este a Oeste con el fin de con-ducir sus cañas de azúcar desde terrenos propios y de sus colonos hasta la factoría que tiene establecida en Barceloneta; que la de-mandada se ha negado y se niega a levantar dichas vías, así como a indemnizar a los demandantes, y que han sufrido daños y perjuicios que calculan en la suma de cinco mil dólares. Y piden que se de-cláre que la demandada viene obligada a levantar su referida vía y a pagar la indemnización solicitada.
“La demandada Plazuela Sugar Co. formuló excepción previa de falta de causa de acción, pero señalada su vista desistió de esta ale-gación y pidió permiso para contestar.
“En su contestación, la demandada negó todos y cada uno de los hechos de la demanda, y alegó como defensa: que la finca de cuatro cuerdas y media pertenece exclusivamente a Ambrosio González Ro-mán y sus hijos; que en el año 1907, siendo dueños de esa finca Am-brosio González y Josefa Román celebraron con la demandada un contrato de constitución de servidumbre para paso de una vía férrea a través de la finca de referencia siguiendo al efecto una faja o parcela que se describe; que los demandantes no son dueños de la finca ameritada ni la fian poseído durante los últimos 35 años; que la demandada fia estado en posesión y uso constante del dereefio de la indicada servidumbre desde que fué tendida dicfia vía en 1907, habiendo adquirido en todo caso por prescripción conforme al art. 544 del Código Civil; que si algún derecho tuvieron o pudieron te-ner los demandantes, su acción está prescrita conforme a los artícu-los 1836 y 1864 del Código Civil.
“El demandado Ambrosio González Román contestó negando los hechos y alegando en esencia idénticas defensas a las formuladas por la otra demandada, y especialmente que ha poseído esa finca y la posee actualmente en unión de sus hijos como dueño desde hace más de treinta y cinco años, pública, pacíficamente y sin interrupción al-guna.
“En este estado el pleito, Emiliano González Rojas y otros soli-citaron y obtuvieron permiso para intervenir y radicar demanda ale-gando : que ellos, en unión del demandado Ambrosio González Ro-mán, son dueños de la finca de cuatro cuerdas y media ya citada; que la demandada Plazuela Sugar Co. tendió una vía férrea que atraviesa la finca descrita; que esa vía fué instalada originalmente mediante un simple permiso verbal de Ambrosio González Román sin que la demandada Plazuela Sugar Co. le hubiese pagado ningún dinero u otra consideración para establecerla, ni se fijara tiempo de duración, ni se establecieran otras condiciones conducentes a cons-tituir una servidumbre perpetua de vía; que en 1917 y mediante escritura pública el demandado Ambrosio González Román por sí j* como padre con patria potestad sobre sus hijos menores de edad se-pararon de esa finca una parcela de 1,036 metros, que vendieron, y que es por donde atraviesa la vía férrea y la vendió a la Plazuela Sugar Co.; que la causa del contrato no fué una causa real, pues Plazuela Sugar Co. no entregó a los interventores ni a su padre los cien dólares estipulados; que los interventores no prestaron su con-sentimiento para ese contrato, pues todos, con excepción de Emiliano y. Francisco, eran menores de 21 años y no medió autorización de la Corte para esa enajenación; que el verdadero valor de la parcela es mil treintiséis dólares; que Emiliano y Francisco González for-maron ese contrato debido a promesas que les hizo don Agustín Bal-seiro como director y representante de la Plazuela Sugar Co. de ha-cer un expediente de dominio de la finca de cuatro y media cuerdas e insribirlo, de intervenir y defender a los interventores en diversos pleitos, obligaciones que no fueron cumplidas por la Plazuela Sugar Co. Y piden que se dicte sentencia declarando que la finca de cua-tro cuerdas y inedia es de la propiedad exclusiva de los interventores y del demandado González Román, sin que los demandantes origi-nales en este pleito tengan ningún derecho, título o interés sobre la misma; y que los contratos de servidumbre de vía férrea y de venta de la parcela son inexistentes y sin valor.
“Contestaron los demandantes específicamente negando unos he-chos y aceptando otros de la demanda de intervención; y la de-mandada Plazuela Sugar Co. también contestó específicamente, ne-gando unos hechos y aceptando otros y alegando, además, como de-fensas especiales, las mismas establecidas en su contestación a la de-manda original.”

En juicio la corte oyó la prueba, y sobre ella estableció sus conclusiones de becbo, a las que aplicó la ley que creyó aplicable; y dictó sentencia por la que declaró sin lugar la demanda, con las costas, declaró sin lugar la demanda de in-tervención en cuanto a la acción ejercitada por Emiliano,. Francisco y Altagracia González Eojas, con costas, y con lu-gar la moción de intervención en cuanto se refiere a Pedro, José, Josefa y Ramona González Rojas, declarando nula, en cuanto a ellos afecta, la escritura número 81 de 9 de noviem-bre de 1917 ante el notario TJlpiano Crespo, y esto con costas a los demandados.

Plazuela Sugar Co. apeló en 8 de junio de 1929.

Emiliano, Francisco y Altagracia González Rojas, apela-ron en 10 de junio de 1929. Y en el mismo escrito, apelaron también Eudulio González Rojas, en cuanto a sus derechos contra Plazuela Sugar Company, y Pedro, José, Josefa y Ramona González Rojas, en cuanto a ciertos pronunciamien-tos que hizo la corte en su relación del caso y opinión.

Aparece también otro escrito de apelación de los deman-dantes, en fecha 10 de junio de 1929. ‘

Plazuela Sugar Company, en su alegato ofrece a nuestra consideración cinco señalamientos de error. El primero de ellos se refiere a la consideración de bien ganancial que se dió por la corte a la finca de cuatro y media cuerdas de que en el caso se trata. El segundo a la declaración de que Pla-zuela Sugar Company adquirió una servidumbre de vía por título, apreciando erróneamente la prueba. El tercero, por no haberse estimado la prescripción de veinte años como me-dio' de adquisición de la servidumbre. El cuarto por haber declarado con lugar parcialmente la demanda de interven-ción. Y el quinto, por la condena en costas.

Argumenta este apelante el primer señalamiento de error sosteniendo que se probó el hecho de que Ambrosio González Román adquirió de su padre la finca' de que se trata siendo soltero al tiempo de la adquisición; y si bien después adquirió de nuevo de sus hermanos las participaciones que ellos alegaban tener en la finca, él mismo no recuerda si entonces era casado o soltero; pero lo cierto es que cuando la compró originalmente fué antes de su matrimonio, y era, por tanto, bien privativo. Siendo así, los demandantes-interventores, como herederos de Josefa Rojas no tienen acción.

La corte ha declarado que la finca de cuatro y media cuer-das en el barrio de Islote, era de.Pedro González, casado con Francisca Román; y que Pedro González la vendió a su hijo mayor, Ambrosio, en 26 de Enero de 1892; que a la muerte de Pedro, Ambrosio siguió ocupando la finca y explotándola; pero sus hermanos se negaron a reconocer la venta, y recla-maron su participación; que Ambrosio, en evitación de difi-cultades, adquirió de nuevo de todos sus hermanos; y en la fecha de esta adquisición, estabá casado.

En sus declaraciones ante la corte Ambrosio González, unas veces dijo que al comprar a sus hermanos la participa-ción en la finca de cuatro y media cuerdas estaba casado, y otras veces dijo que no recordaba si era casado o no. En su declaración (folio 38, R. T.) dice que cuando compró a sus hermanos ya estaba casado con Josefa Rojas y lo mismo al folio 40, donde dice que al comprarle al padre era soltero, y al volver a comprar a los' hermanos era casado.

La impresión que produce la prueba es de que al hacer Ambrosio González una verdadera compra, era casado. Hay un expediente para acreditar el dominio, en el que se incluye la finca de cuatro cuerdas y 56 céntimos, que es sin duda al-guna, la de que se trata en este caso; y en el escrito inicial se expresó que Ambrosio González Román compró ésa y otra finca, siendo casado con Josefa Rojas (pág. 21 de la Trans-cripción de evidencia). Luego en otro expediente también para acreditar el dominio, de la misma finca de cuatro cuer-das y media, afirma que adquirió la finca por herencia de su padre Pedro González. T en la escritura otorgada en 9 de noviembre de 1917, en la que comparece por sí y por sus hijos menores, y en la que también son parte Emiliano y Francisco González Román, afirma que esa finca la adquirió en parte por herencia de su padre, y el resto “estando ya ca-sado con Doña Josefa Román” por compra a sus hermanos y coherederos.

La conclusión a que llega el juez de distrito con respecto a la naturaleza ganancial de la finca, es lógica y correcta. Ni se puede, ni se debe, llegar a otra.

La consecuencia de que algunos de los interventores, como herederos de la esposa de Ambrosio, tienen una acción, fundada en ese carácter y en que ellos eran menores cuando su padre otorgó la escritura de 9 de noviembre de 1917, y que la cesión o enajenación de la parte de finca en que ellos eran condueños no es válida y eficaz en cuanto a ellos, porque el padre que los representó, no tenía autorización judicial para tal enajenación, viene tanto de la misma escritura, (páginas 57 a 63 T. E.) como del expediente de dominio promovido por Ambrosio. En la escritura comparece éste por sí; y representando a sus menores hijos Eudulio, Altagracia, Pedro, José, Josefa y Ramona González Román ((pág. '58 T. E.) y el compareciente manifiesta que adquirió la finca de cuatro y media cuerdas, en parte por herencia paterna, y en parte, siendo casado con Josefa Román, por compra a sus hermanos; y al otorgar lo hace por sí, y en representación de sus referidos hijos menores. No aparece que la corte tuviera intervención alguna para autorizar tal enajenación.

En cnanto al segundo error, claro es que tiene que aparecer extraño, que quien hizo otorgar una escritura en la que se le dió el pedazo de terreno para que pasara su vía, proteste añora de que la corte ñaya dicño o pensado, que habiendo servidumbre en este caso ella ña sido adquirida por título de constitución, y no por prescripción, modo de adquirir que tiene, ñecña la adquisición, el carácter de un título en estricto derecho civil, según comprueban las citas que este apelante ofrece.

De que Ambrosio y su esposa constituyeron en 1907 una servidumbre de vía a favor de Plazuela Sugar Company, o que él tuviera el consentimiento de su esposa para tal fin, parece que tuvo la corte algo más que una duda muy seria. En concreto: entendemos que la corte nunca creyó en ese hecho: lo que no es extraño, porque no hay prueba convin-cente del mismo. Lo que sí creyó la corte es lo que revela el siguiente párrafo de la relación del caso y opinión.

“Años más tarde, en el 1907, Ambrosio González y su esposa Josefa Román convinieron y estipularon eon la Plazuela Sugar Co. au-torizarla y permitirle cruzar la referida finca con una vía férrea, mediando precio cierto.”

¿Ha declarado la corte que en 1907 quedó constituida una servidumbre de paso de vía? Es más: ¿ha creído Plazuela Sugar Company que en 1907 se constituyó la servidumbre de vía?

La corte no declaró constituida la servidumbre en 1907. De la lectura de la opinión, y de la fuerza que en ella se da a la escritura de 1917, se ve que la corte entiende que desde esta última fecha puede hablarse, o discutirse, la constitución de la servidumbre, que es lo que, en el fondo, hay en todo ese contrato escriturario.

Plazuela Sugar Company, no creyó que, en la realidad legal, tenía tal servidumbre, bajo un título o un derecho com-pleto y suficiente; y por eso tuvo que acudir a la escritura, y a procedimiento para obtener el título.

Bn otros casos en que aparece como parte Plazuela Sugar Company, lia diclio este tribunal algo que conviene recordar aliora.

En el caso Torres v. Plazuela Sugar Company, 24 D.P.R., 479, se dijo por este tribunal:

■ . . La corte declaró probado que los demandantes dieron su consentimiento y aunque creemos que la prueba en lo que respecta al consentimiento del principal demandante, el marido, es más bien algo floja, y no satisfactoria para fundar en ella un título, supon-dremos, sin embargo, con la corte inferior que fué prestado dicbo con-sentimiento. j Significaría ese consentimiento que los demandantes habían renunciado para siempre su completo dominio del terreno por el que cruza el ferrocarril? La contestación parece encontrarse en el artículo 446 del Código Civil:
“ ‘Los actos meramente tolerados y los ejecutados clandestina-mente y sin conocimiento del poseedor de una cosa, o con violencia, no afectan a la posesión.’ ”

En el caso que decidimos, se intentó probar que la esposa de Ambrosio, con éste, había dado el permiso, o el consenti-miento, para el paso de la vía. Apenas si hay algo más que la declaración sumamente insegura, y a veces incoherente, del mismo Ambrosio González; y luego en el resto de la prueba, un número de circunstancias, que están en contra de las afir-maciones de Ambrosio. No es raro que el juez no diera im-portancia a esa prueba, y pasara sobre ella; procedía así con el tacto y la cautela que inspiran a un buen juzgador.

En la decisión de que hablamos, Torres v. Plazuela, se dice:

“Hjay alguna duda respecto a la naturaleza de la servidumbre en este caso. Generalmente tuna servidumbre de paso es una servidum-bre no aparente y discontinua. Si esto es así los apelantes están en lo correcto en alegar que de acuerdo con los artículos 546 y 547 del Código Civil tal derecho sólo puede ser adquirido mediante título escrito. Por el contrario si debido a la colocación de la vía sobre el terreno la servidumbre se convierte en aparente, entonces puede ha-ber gran duda de si es necesario el documento escrito. Scaevola, Tomo X, página 238. De todos modos era necesario para la apelada probar un título de alguna clase. Discutiremos brevemente si el apelado, dejando a un lado todo principio de estoppel, adquirió un título en este caso.”

Personalmente el Juez Asociado ponente en este caso, va un poco más allá, y entiende que esta servidumbre de paso de vía tiene, por su uso, el carácter de discontinua siempre. Y en este caso no cabe duda alguna de que su adquisición re-quiere título escrito. El artículo 539 del Código Civil de Puerto Pico, al definir las clases de servidumbres, dice lo que son las continuas y discontinuas:

“Continuas son aquéllas cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención de ningún hecho del hombre.”
“Discontinuas son las que se usan a intervalos más o menos largos y dependen de actos del hombre.”

En cuanto una servidumbre se use a intervalos más o me-nos largos, y dependa de actos del hombre, ya no cabe clasi-ficarla más que como discontinua y así con la de vía para paso de un tren que sirve las cosechas de determinado fundo.

La servidumbre discontinua, sea o no aparente, no puede adquirirse más que en virtud de título (Art. 546 Código Civil) y de que el título fia de ser constitutivo de la servidumbre, no deja duda alguna la lectura del artículo 547 del Código Civil, así como de que no puede una servidumbre de esa clase adqui-rirse por prescripción,- algo perfectamente lógico, ya que los actos de uso, por no ser constantes, y tener un principio y un fin que se reproducen sin perfecta continuidad, no pueden crear prescripción.

En cuanto al título, tratándose de un gravamen real, nos parece que la ley se refiere a lo que se llama tal en el ar-tículo 50 del Reglamento para ejecución de la Ley Hipoteca-ria ; esto es, al documento público y fehaciente en que funda su derecho la persona a cuyo favor debe hacerse la inscrip-ción. No podemos declarar que el precitado artículo 547 del Código Civil haya querido referirse al título bajo el concepto en que se presenta en el artículo 1853 del mismo Código. En el 547 se habla de un título para adquirir la servidumbre. En el 1853, y en capítulo sobre la prescripción, se habla del justo título como el que legalmente baste para transferir el domi-nio o derecho real de cuya prescripción se trate.

No se cometió por la corte el error qne se señala bajo el número segundo, ni el que aparece bajo el número tercero, ya que no cabe la prescripción, como modo de adquirir una servidumbre de esa naturaleza.

En cuanto a la declaración de con lugar la demanda de intervención con respecto a Pedro, José, Josefa y Ramona González Rojas, si éstos eran, como lo son, herederos de su madre, y eran, al tiempo en que se firmó la escritura de 1917, menores de edad, y la enajenación o el gravamen se llevaron a cabo, sin la intervención judicial, y así aparece, la corte no cometió error alguno.

Y en cuanto a la condena en costas, la corte ejercitó sana-mente su discreción.

También apelan los interventores, y señalan once errores en la sentencia.

Algunos de esos señalamientos se refieren a si hubo o no causa en el contrato de venta que se consignó en la escritura de 9 de noviembre de 1917, y si se pagó, o no, la considera-ción del mismo, y si se creó, o no, una servidumbre por tal contrato.

En este caso no se está tratando de una acción de nulidad de venta, o de una reivindicatoria. Todo cuanto sobre este extremo se diga, es baldío. La acción es una negatoria de servidumbre: si las partes al discutirla, quieren tratar otra distinta, el tribunal no se encuentra obligado a seguirlas en ese terreno, que no es-el propio de la discusión.

No aparece tampoco que la corte declarara que en 1907 se constituyó la servidumbre de vía férrea. Antes por el con-trario, la impresión es la de que la corte ni hizo, ni quiso hacer tal declaración. La corte ha hablado de un convenio o estipulación entre Ambrosio González y su esposa, de una parte, y Plazuela Sugar Oo., de otra, para permitir a ésta que,' con sus vías, cruzara la finca; pero no declaró que constitu-yera la servidumbre, que, con un mero permiso verbal no se constituye. Si en algo convenimos con estos apelantes es en que no bay en los autos prueba de que en ese per-miso mediara un precio cierto. Y, de su alegato, hacemos nuestra, para los fines de esta decisión, la cita del caso Albarrán v. Paz, 18 D.P.R. 970, que es según el texto de la opi-nión,' así:

“. . . Estos actos importantes debieron haberse llevado a efecto por medio de escrituras debidamente otorgadas por las partes, para que tuvieran valor con arreglo a la ley y pudieran ser tomados eu consideración por los tribunales en los casos en que se trata de es-tablecer una servidumbre. Por no demostrar el demandante estos hechos debidamente el caso cae por su base. (Código Civil, art. 547.)”

El señalamiento de error número 9, se refiere a que se debió dictar sentencia a favor o en contra del interventor Eudulio González. Se dice que éste a lá fecha de la escritura tenía 22 años; que no suscribió la escritura; y que su padre le representó allí sin derecho alguno para ello.

Notamos que en la sentencia no se hace declaración res-pecto a Eudulio González, quien parece' ser o llamarse Julián. Realmente, en una moción que se tituló mine pro tune se llamó la atención de la corte a e¡$e extremo, entre otros. La corte enmendó algunos particulares, pero no éste.

Se señala como error el haber declarado sin lugar la mo-ción de nonsuit presentada por los interventores.

Nos parece que la corte usó bien de su discreción. Es ver-dad que la prueba de los demandantes era deficiente; pero no tanto que un juez sereno y ecuánime tuviera bastante fun-damento para ponerles fuera de la corte. Y, en resumen, nada han perdido los interventores con esa resolución.

En cuanto a que hubiera error al no declarar con lugar en todas sus partes la llamada moción de nunc pro tune, de-bemos decir que ya se ha señalado el error que hubo. Los demás particulares se refieren a expresiones de la relación del caso y opinión. No creemos que afecte a derecho esen-cial alguno de los apelantes la no inclusión de que se quejan, en extremos como los que siguen: constancia de la cantidad de dinero o precio cierto que medió en la transacción: que no existía causa en el contrato, etc. Realmente, es muy difícil saber qué fin procesal pudo llevar esa moción, fuera de la enmienda literal de algún error, y de la inclusión de Eu-dulio González Rojas.

También apelaron los demandantes, que señalan cuatro errores: (a) la declaración por la corte de que la finca de cuatro y media cuerdas es de la propiedad de Ambrosio González y sus hijos; (b) la declaración de que Ambrosio González compró la finca a su padre Pedro González, y luego a sus hermanos; (c) manifiesto error al dirimir el conflicto de evidencia en cuanto a la forma y adquisición dél derecho de demandantes y demandados sobre la finca; (d) error al no declarar con lugar la demanda fundando tal declaración en que la servidumbre es discontinua y aparente, y no se puede adquirir más que por título, y el que tiene la demandada no se constituyó por los verdaderos dueños de la finca.

Verdaderamente los tres primeros señalamientos pueden ser tratados de una manera conjunta, y vamos a intentarlo.

Los demandantes no podrían quejarse si la corte hubiera entrado de lleno en la cuestión de propiedad, porque- ésa es la que vienen los mismos demandantes proponiendo con todo empeño, y como base para su negatoria de servidumbre.

Hemos visto la prueba que ofrecieron los demandantes, y no es extraño que la corte no le diera crédito alguno. Difí-cilmente se puede decir menos para aseverar que se es pro-pietario de una finca. La corte no podía creer en esas decla-raciones para fundar en ellas resolución alguna.

En lo que toca a que la corte haya hecho declaraciones propias de una acción reivindicatoría, debemos recordar algo ocurrido en el juicio. En la página 9 de la transcripción de evidencia, aparece lo que sigue con referencia a la prueba de los demandantes:

“Hon. Juez: No se trata de una acción reivindicatoría, sino de una negativa de servidumbre de paso; y la corte hace esta adver-tencia para evitar que el récord se llene de prueba innecesaria a los efectos de decidir lo que se solicita en las demandas, o sea que Pla-zuela no tiene derecho a tener una vía de paso por una parte de esa finca.
“Abogado Sr. Martínez Avilés: Si no fuera por la demanda de intervención no liaría este interrogatorio. En el fondo casi bay una reivindicación en cuanto a los interventores.”

Y de cierto que la prueba que se estaba presentando, si era admisible, tenía mejor lugar en un caso de reivindicación que en uno de nugatoria de servidumbre. Y apreciándola rec-tamente dice el juez de distrito:

“Esta prueba no es suficiente a nuestro juicio para en un pleito de esta naturaleza probar su derecho a la propiedad. Pero aun ad-mitiendo que lo fuera, ella fue impugnada con éxito por la prueba del demandado Ambrosio González Román.
“Los demandantes alegan que son dueños por título de heren-cia. Es cierto que ellos son coherederos de Pedro González. Pero es la verdad que el título en esa finca pasó al demandado González Román. El compró. Compró primero de su padre. Luego, cuando sus hermanos se negaron a reconocer esa venta, él compró de nuevo a sus hermanos sus respectivas participaciones. Esta es la verdad. La forma en que declaran los testigos de una y otra parte la ponen do relieve.
“La acción para hacer desaparecer la obstrucción de una servi-dumbre de vía se funda y establece expresamente para proteger y hacer valer un derecho de propiedad, de donde se desprende (jue si el derecho no es claro o no existe, la acción tiene que fracasar.”

En las cuestiones de hecho, la corte estimó la prueba con acierto, y supo dar el debido peso a la evidencia. No encon-tramos los errores señalados bajo los tres primeros números.

Base del cuarto señalamiento de error es que adquirién-dose, o constituyéndose las servidumbres discontinuas y no aparentes por virtud de título, y no habiendo sido otorgado el que tiene Plazuela por los'“reales y verdaderos dueños de la finca,” la corte debió declararlo así. Como la prueba no demostró que los dueños de la finca sean los demandantes, el argumento de ese señalamiento de error no tiene fuerza alguna.

En cuanto al llamado Eudulio u Obdulio González, a las páginas 65, 66 y 67 de la transcripción de la evidencia aparecen la aceptación y admisión como prueba, sin oposición alguna, de un acta de nacimiento de Julián González y Rojas, bijo legítimo de Ambrosio González Román y su esposa, nacido, según consta del documento, el 18 de junio de 1895. Este documento se presentó para probar que Julián González Rojas, conocido por Obdulio, tenía 22 años de edad en la fecha en que se firmó la escritura con la Plazuela Sugar Company, o sea, el 9 de noviembre de 1917.

De la referida escritura, que aparece a los folios 57 a 63 de la transcripción de evidencia, resulta que Ambrosio Gon-zález Román compareció en ella y otorgó, como padre con pa-tria potestad sobre sus menores hijos Obdulio, Altagracia, Pedro, José, Josefa y Ramona González Román, sin que apa-rezca que tuviera poder alguno de Obdulio o Julián para el otorgamiento de tal escritura.

Siendo esto así, la sentencia clebe modificarse en el sen-tido de declarar con lugar la demanda de intervención en cuanto a Julián González, a más de los en ella comprendidos, y nuda en cuanto al mismo afecte la escritura No. 81 de 9 de noviembre de 1917 a que se refiere la opinión y sentencia, otor-gada ante el notario Ulpiano Crespo, Jr., confirmándose la misma sentencia en todos los demás extremos.


author: El Juez Asociado Seño®. Hutchison,

text:
    M. Grau e Hijos, demandante y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 5558.

    Sometido: Junio 25, 1931.

      Resuelto: Julio 22, 1931.

      José Sabater, abogado de la apelante; Attorney General James B. Beverley y B. Cordones Arma, Subprocu-rador, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Seño®. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción de daños y perjuicios entablada contra El Pueblo de Puerto Rico, la corte de distrito sostuvo una excepción previa a la demanda por falta de jurisdicción, y desestimó la demanda. Ésta fué radicada en noviembre de 1928. Se alegó que el acto torticero había sido cometido en diciembre de 1927. La cuestión a resolver es si el Gobierno consintió en ser demandado. El artículo primero de la “Ley para autorizar demandas contra El Pueblo de Puerto Rico,” Leyes de 1916, página 155, según fué enmendado en 1928, leyes de ese año, página 131, lee en parte así:

“Las Cor.tes.de Distrito de Puerto Rico estarán autorizadas en lo sucesivo para admitir demandas contra El Pueblo de Puerto Rico, en los siguientes casos:
“(a) Acciones por daños y perjuicios.”

De los primeros catorce artículos contenidos en la Ley de 1916, sólo dos fueron enmendados en 1928. El artículo 9, que ni fué enmendado ni derogado, dispone que:

“Cualquiera persona que tenga una reclamación contra El Pueblo de Puerto Rico por cualquier causa de acción que se origine con anterioridad a la vigencia de esta Ley presentará, 'dentro de un año después de dicha fecha, una petición a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico solicitando autorización para entablar pleito por la mencionada reclamación en la forma provista en esta Ley, expre-sando la cantidad máxima de su reclamación, la fecha en que se alega haberse originado la causa de acción, y cualesquiera otros da-tos que una u otra Cámara de la Asamblea Legislativa pueda pédir.”

La Ley de 1916, en lo que se refiere a la enmienda de 1928, empezó a regir en julio de 1928. El artículo primero, tal como fué enmendado en 1928, y el artículo 9, según rige sin enmienda, deben ser interpretados conjuntamente, a nuestro juicio, como si hubieran sido promulgados al mismo tiempo. Véanse Territory v. P. and E. Harris Co., 7 Alaska 430; Smith v. Board of Trustees of Barnes City, 245 P. 173; Federoff v. Birks Bros., (Cal. App.) 242 P. 885; y State v. Hevelone, 139 N. W. 636 (Neb.). Así interpretados, se hace bas-tante claro que la Legislatura, por la enmienda de 1928, no tuvo la intención de autorizar una acción de daños y perjui-cios contra El Pueblo de Puerto Pico sobre cualquiera causa de acción que hubiere surgido antes de la fecha en la cual habría de empezar a regir la ley enmendada.

Desde luego que hay otra fase en la acción. Está bien presentada en el alegato del apelante. Nos inclinamos a con-venir que la corte de distrito erró al conceder las costas al demandado.

Debe modificarse la sentencia apelada eliminándole el pro-nunciamiento de costas, y, asi modificada, confirmarse.


author: El Juez Asociado Señoe HutchisoN,

text:
    José González Clemente & Co., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 847.

    Sometido: Mayo 18, 1931.

      Resuelto: Julio 22, 1931.

      José Sabater, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señoe HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El Registrador de la Propiedad de San Germán se negó a inscribir una escritura de un marshal sobre cierta propiedad vendida en ejecución. Basó su nota en la falta de copia cer-tificada de la sentencia dictada por la corte de distrito, o del emplazamiento, o del diligenciamiento del marshal en él, o de otros datos suficientes para demostrar que la dicha corte había adquirido jurisdicción sobre la persona del demandado.

La escritura contenía una copia verbatim del mandamiento de ejecución, del que aparecía que el demandante en una acción civil había obtenido sentencia en cobro de dinero contra el demandado por determinada cantidad. Se presume que una corte de récord en que semejante sentencia se ha obtenido ha adjuirido jurisdicción sobre las partes. El comprador en una venta judicial sabe que esta presunción no es concluyente y debe, bien investigar por sí mismo o asumir cualquier riesgo que pueda estar envuelto en la posibilidad de que el hecho resulte en sentido contrario.

Debido a la forma perfunctoria en que el poder del juez de distrito se ejerce algunas veces en un procedimiento ejecutivo sumario y en otros asuntos ex parte, este tribunal ha reconocido una excepción a la regla general, pero la posi-bilidad de obtener sentencia en un procedimiento contencioso sin traer al demandado a la corte parece remota. Pasar por alto la regla general o establecer una regla distinta en tales casos, no redundaría en beneficio o provecho práctico alguno suficiente para compensar la molestia incidental a las partes interesadas. Según la ley tal cual está en vigor los registros de la propiedad no son cortes para inscribir terrenos; y el comprador en una venta judicial no puede descansar en la inscripción de la escritura de un márshal como una certeza absoluta de un título cabal.

Debe revocarse la nota recurrida.