author: El Juez Asociado Sb. Aldbey,

text:
    The Ensenada Estates, Inc., Demandantes y Apelantes, v. Benedicto, Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre devolución de contribuciones.
    No. 1782.
    Resuelto en diciembre 23, 1918.
    SbntenCias pon Desistimiento — Jurisdicción.—Los tribunales de justicia tienen facultades inherentes, independientemente del estatuto, para desestimar las acciones por falta de instancia.
    Td. — Cuándo Serán Revocadas en Apelación — Abuso de Discreción. — Cuando una corte de distrito dentro de sus poderes jurisdiccionales dicta una senten-cia desestimando por falta de instancia, contra la cual se hubiera establecido reeurso de apelación, el Tribunal Supremo no revocará dicha sentencia, a no ser que se probare que ha habido abuso de discreción.
    Abuso de Discreción — Cuándo Existe — Justicia de la Resolución Impugnada.— Para resolver en cualquier caso determinado que un juez ha hecho mal uso de la facultad discrecional inherente que tiene para declarar desistida una acción xi01’ falta de instancia, debe aparecer claramente que no se ha hecho buen uso de esa facultad, por lo que se hace necesario considerar los antece-dentes que él consideró, para ver si fué justa o no su resolución.

      Id. — Causas que Excusan la Dilación. — Aunque el pleito tenía catorce meses de paralización cuando se pidió que so tuviera al demandante por desistido de su acción, sin embargo, como las partes estuvieron tratando de un con-venio sobre los hechos para facilitar su decisión, aunque esto fué a instancias del demandado, creemos que los seis o siete meses siguientes no es un tiempo tan largo qué justifique una sentencia de desistimiento por abandono de la acción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. O. B. Frazer.

    Abogados del apelado: Hon. Howard L. Kern, Attorney General de Puerto Rico, y Sr. Jaime Sifre, Jr.

   El Juez Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación apelante presentó demanda en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., contra el Tesorero de Puerto Eico, reclamándole la devolución de cierta cantidad de dinero que había pagado bajo protesta por contribucio-nes que se le reclamaron y cuyo cobro entiende que es ilegal. El demandado formuló excepción a esa demanda alegando que no contiene hechos suficientes determinantes de causa de acción y al mismo tiempo la contestó. Oída previamente esa excepción la corte de distrito la resolvió en favor del deman-dado y en consecuencia dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, pero apelada para ante nosotros la revocamos en 28 de julio de 1916 disponiendo además que continuasen los procedimientos.

Desde entonces no se dió paso alguno ante el tribunal en ese pleito durante catorce meses hasta que el 9 de octu-bre de 1917 el demandado presentó moción a la corte pidién-dole que por el abandono en que el demandante tenía su pleito dictase sentencia teniendo a éste por desistido de él. Habiendo sido oídas las partes respecto de esta moción el juez la resolvió en favor del demandado y dictó sentencia de acuerdo con lo pedido por el demandado. De esta senten-cia apeló la parte demandante siendo el objeto del presente recurso.

Aunque existe en la corte de distrito una regla publicada en junio de 1917 según la cual al llamarse el calendario en cada término regular de la corte, notificándose a las partes debidamente con una anticipación de por lo menos cinco días, se podrán desestimar por la corte todas las acciones, pleitos y otros procedimientos en los cuales no se hubiese hecho pro-greso alguno y anotádose en el récord por un término de un año o más debido a la negligencia de las partes, a menos que la tardanza se justifique oportunamente ante la corte, sin embargo el apelado no sostiene la moción que motivó la sentencia que se discute en esta regla y por su parte el de-mandante apelante arguye que no es aplicable, de modo, pues, que ninguna de las dos partes se apoya en esa regla para discutir la justicia o injusticia de la resolución apelada. Por consiguiente, aunque nosotros también creemos que esa re-gla no es aplicable a este caso, no la trataremos más a fondo y consideraremos el recurso bajo otros aspectos, que son en verdad los discutidos ampliamente por los abogados de las partes.

Aunque el apelante sostiene que la corte de distrito sólo tiene jurisdicción para dictar sentencia por desistimiento en los casos mencionados en el artículo 192 del Código de Enjui-ciamiento Civil y que en todos los que no estén comprendi-dos en ese precepto debe dictarse sentencia de acuerdo con las resultancias del pleito, sin embargo este punto fué amplia y concienzudamente tratado por este Tribunal Supremo en el caso de la Sucesión Chavier contra Sucesión Giraldez, 15 D. P. It. 154, en el que después de amplio estudio y con abun-dantes citas de resoluciones de otros tribunales, se llegó a la conclusión de que según la jurisprudencia constante de los tribunales de California, de donde Idaho y nosotros tomamos nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, los tribunales tie-nen facultad inherente, independientemente del artículo 192' de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, que corresponde con el 581 del de California, para desestimar las acciones por falta de instancia y que el Tribunal Supremo no intervendrá con la resolución que por tal motivo se dicte, a no ser que se probare que lia habido abuso de discreción. No conside-raremos, pues, más extensamente este punto, que está sos-tenido por sentencias de California posteriores a las citadas por este Tribunal en ese caso.

Descartada, pues, esta cuestión, podemos proceder a ver si el demandante presentó alguna justificación a la‘corte de la paralización de su pleito.

El día en que se verificó la audiencia de la moción del demandado presentó el demandante una declaración escrita y jurada de su abogado, O. B. Frazer, en la que sustancial-mente expone que no activó la marcha de su pleito porque el abogado R. W. Perkins, Jr., que como fiscal auxiliar del Departamento de Justicia estuvo encargado del alegato y de la argumentación del pleito ante la Corte Suprema, habló) con el declarante poco tiempo después de dictada la sentencia por nosotros declarando suficiente la demanda, y le manifestó que en el Departamento de Justicia se estaba considerando apelar dicha sentencia o establecer contra ella recurso de certiorari; que en otras ocasiones hablaron también sobre el mismo tema y el señor Perkins le expuso siempre esa misma idea por lo que para facilitar la apelación no prosiguió con su pleito; que el 10 de enero de ■1917 habló con el señor Kern, Attorney General de Puerto Rico, sobre varios asun-tos en su oficina y el señor Kern le propuso hacer una esti-pulación sobre hechos del pleito para someterla al tribunal y facilitar la resolución, proposición que aceptó en principio aunque pendiente de consulta a los oficiales de lá corpora-ción que residen en Nueva York; que el mismo día hizo esa consulta y poco tiempo después recibió autorización para hacer el convenio de cierta manera, por lo que durante los meses de febrero o marzo habló con el señor Kern pero no consiguieron ponerse de acuerdo sobre dicha exposición y por eso fué abandonado ese plan; que entonces empezó a pre-pararse para el juicio con la intención de celebrarlo tan pronto pudiera conseguir las deposiciones de algunos testi-gos necesarios, ausentes de Puerto Rico, pero se encontró eon que el señor H. S. Brandon, que es uno de los testigos más importantes del demandante porque era el administra-dor de la fábrica de azúcar en la fecha de la tasación de que se queja la demandante y bajo cuyas órdenes fueron suminis-trados al Tesorero los informes en este asunto y quien per-sonalmente compareció ante la Junta de Revisión o Iguala-miento para esa cuestión, hechos alegados en la demanda, no era encontrado y sólo pudo saber que se encontraba en alguna parte de Inglaterra pero no ha podido saber el sitio fijo; que a pesar de esto está dispuesto a celebrar la vista del pleito siempre que se le conceda tiempo bastante para ob-tener las deposiciones de ciertos testigos importantes que se hallan en los Estados Unidos y Cuba y que prescindirá de la deposición del señor Brandon si para el tiempo que se le conceda no puede obtener su declaración.

El demandado a su vez presentó también declaración es-crita y jurada de su abogado señor Howard L. Kern, Attorney General de Puerto Rico, en la que sustancialmente se consigna que como la resolución que había dictado el Tribunal Supremo en este caso era únicamente sobre excepciones, y por tanto interlocutoria y no final, no podía tomarse apelación de ella para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos ni para ante la de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito; que si bien podía solicitarse un auto de certiorari de la Corte Suprema de los Estados Unidos para la Corte Suprema de Puerto Rico, sin embargo esta clase de autos rara vez se concede en tales casos y no conoce ningún caso en que tal auto haya sido expedido por la Corte Suprema de los Estados Unidos contra la Corte Suprema de Puerto Rico; que este auto tenía que solicitarse dentro de tres me-ses de dictada la sentencia, por lo que en 28 de octubre de 1916 expiró el plazo dentro del cual hubiera podido solicitar ese auto; que ni el declarante ni, según su información y creencia, persona alguna relacionada con el Departamento de Justicia de Puerto Rico ha solicitado jamás del deman-dante o de su abogado en este pleito que se abstenga de to-mar acción alguna en el caso desde la resolución de este Tri-, bunal y que la culpa de que el demandante o su abogado de-jare de tomar cualquier acción en el pleito no se debe a nin-guna súplica expresa o tácita hedía por el declarante ni por ninguna persona actuando en su representación; que es cierto que desde que dictamos nuestra sentencia de 28 de julio de 1916 está pensando en apelar de ella si la resolución final en el juicio es contraria a sus alegaciones; que es verdad, se-gún alega el señor Frazer, que tuvo varias entrevistas con él con respecto a una propuesta aceptación de los hechos pero que los esfuerzos del declarante para conseguir tal acuerdo fueron hechos solamente a nombre del demandado; que los actos del declarante en preparar el caso para vista a nombre del demandado no ofrecen excusa al demandante para dejar de dar paso alguno en su pleito durante catorce meses y que la diligencia del demandado no excusa la falta de diligencia del demandante.

Habiendo resuelto el juez de la corte inferior con vista de ambas declaraciones escritas y juradas que la demanda debía ser desestimada por abandono del demandante en el ejercicio de su acción, surge la cuestión de si hubo o no abuso de discreción por el juez al hacer uso de su facultad inherente de desestimar la demanda.

Para resolver en cualquier caso que un juez abusa, o, mejor dicho, hace mal uso de la facultad discrecional inhe-rente que tiene por ser juez o porque se la concede expresa-mente la ley, tiene que aparecer claramente que no ha hecho buen uso de esa facultad, por lo que debemos considerar los antecedentes que él tuvo para ver si en este caso fué justa o no su resolución.

Existe contradicción entre las declaraciones escritas y ju-radas de los abogados de las partes respecto al hecho de si algún oficial del Departamento de Justicia manifestó al abo-gado de los demandantes que se trataba en su oficina de ape-lar la sentencia de esta corte, y en vista de que esa sentencia de este Tribunal era solamente revisable por auto de certio- rari, que hasta ahora no se ha expedido ninguno contra esta Corte Suprema y que en efecto debía solicitarse dentro de tres meses de dictada la resolución, podemos llegar a la con-clusión de que éste no era un buen motivo para considerar que la paralización era justificada o excusable, aunque no empece a que en efecto, equivocadamente, se hicieran en al-gún tiempo manifestaciones semejantes al señor Frazer.

Sin embargo hay un hecho en que los abogados de las partes convienen, y es que de enero a febrero o marzo tuvie-ron intenciones y trataron de hacer un convenio de hechos para presentarlo al tribunal y facilitar la resolución del pleito, propuesto por el ahogado del demandado, pero de to-dos modos proposición de arreglo o convenio en cuanto a hechos que mediaba entre las partes y que en definitiva hubo que desechar porque no pudieron entenderse.

Aun cuando este acto no constaba antes en el pleito, sin embargo en vista de las pruebas presentadas para la reso-lución de la moción, entendemos que no puede negarse que en aquel momento el demandante, aunque no fuera a moción suya sino del demandado, estaba gestionando la sustanciación de su pleito y buscando los medios, aunque a instancias del demandado, de facilitar la ^resolución final. En vista de esto no podemos decir que en esa época tenía abandonado su pleito. Desde entonces solamente tenemos la manifestación suya de que buscaba al testigo Mr. Brandon, importante para él, y que no lo encontraba.

Es un hecho del conocimiento público y judicial la exis-tencia de la guerra Europea, las dificultades que ella pro-dujo en todos los órdenes, el trasiego de hombres de unos puntos a otros y por tanto que es muy creíble que el deman-dante tuviera dificultad para encontrar a dicho testigo en los momentos en que ios Estados Unidos e Inglaterra estaban envueltas en ese conflicto.

En vista de todas estas circunstancias y de que aun con-tando la paralización del pleito desde que se rompieron las negociaciones de los abogados de las partes para convenir en una alegación escrita sobre becbos, creemos que basta que se presentó la moción de desestimación en octubre siguiente y aun prescindiendo de las gestiones becbas por el abogado del demandante para buscar sus .testigos, no babía transcu-rrido un tiempo irrazonable suficiente en este caso concreto para declarar desestimada la acción del demandante; por cuyas razones croemos que la justicia pedía que no se echaran a un lado los derechos del demandante y que se le permitiera continuar con su pleito, aun teniendo en cuenta la naturaleza de éste, en que por reclamarse la devolución de dinero pagado por contribuciones, tal dinero queda detenido en las arcas del Tesoro basta la. resolución del pleito.

Por las razones expuestas, entendemos que la sentencia apelada debe ser revocada y que el pleito debe continuar su curso.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández'y Aso-ciado Wolf.

Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutchison disin-tieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Beiró, Demandante y Apelante, v. Rovira Hermanos, Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en pleito sobre reivindicación.
    No. 1667.
    Resuelto en diciembre 23, 1918.
    Reivindicación — Cabida Superficial de las Fincas de los Litigantes Distinta de la que Demuestran sus Títulos. — El mero hecho de que la suma total de toda la cabida superficial que pertenece en separadas fracciones de te-rreno a un demandado exceda en pocas cuerdas del montante total que arroja su título, mientras que la cabida total de los diversos predios pertenecientes a un demandante resulte ser algo menor de la que aparece de la faz de su título, difícilmente puede justificar el privar a diclio demandado de seme-jante exceso, para completar con la parte agregada lo que falta al deman-dante.

      Testigos — Admisión de Pruebas — Testimonio de un Abogado que ha Exami-nado los Planos a Solicitud de Ambas Partes — Comunicaciones Privi-legiadas. — Cuando dos o más personas emplean al mismo abogado en el mismo negoeio, sus comunicaciones con el abogado en relación a dicho negocio no son privilegiadas inter sese, aun cuando los intereses de esas personas sean diversos entre sí, siempre que las revelaciones se hicieren a presencia y audien-cia de todos los interesados o se hubieren heeho para información de todos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del demandante: Sr. José -C. Ramos.

    Abogado de los demandados: Sr. Tomás Remardini.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal*

Los demandantes pretenden ser los dueños de nna parcela de terreno compuesta de 45 cnerdas y alegán que en 1905 el cansante de los demandados se apoderó y permaneció en po-sesión de una fracción de la misma, montante a 11.29 cnerdas, sin derecho o título a la misma, anexando dicha fracción de terreno a nna finca entonces de la propiedad de dicho can-sante y hoy de los demandados.

Después de hacer diversas negativas expusieron los de-mandados, entre otras cosas, la historia detallada de las dis-tintas fracciones de terreno propiedad de los demandantes, y los demandados respectivamente bosquejaron con alguna extensión los esfuerzos que se hicieron y los procedimientos que tuvieron lugar en 1905 para arreglar y transigir la pre-sente controversia, y posteriormente, por vía de enmienda, alegaron la prescripción extraordinaria de treinta años.

Antes del día señalado para la celebración del juicio, los demandantes, basados en el artículo 314 del Código de En-juiciamiento Civil, presentaron una moción pidiendo se or-denase que por los demandados se les permitiese a los deman-dantes copiar unos planos y certificados de mensura que, según los demandantes, demostrarían:

“1. Que existe un error en cuanto a la eolindancia este de ia. finca propiedad de los demandados, mencionada en el hecho ter-cero de la demanda enmendada del demandante, la que nunca co-lindó por esta eolindancia con Lugo Yiñas, según ellos pretenden, y sí con la Sucesión Poventud, hoy con la finca del demandante des-crita en el hecho primero del escrito de demanda enmendada, antes-referido.
“2. Qne los demandados con la ocupación del predio de 11 cuer-das con 41 céntimas descrito en el hecho segundo de dicha demanda enmendada han privado a la finca de 45 cuerdas propiedad del de-mandante, descrita en el hecho primero de dicha demanda enmen-dada, de su colindancia del norte que era la de don Florencio Capó, hoy Sucesión de don Juan Ignacio Capó.
“3. Que al tiempo de vender don José Mariano Capó a don Francisco Eovira Tomás la finca que aparece como de 51 cuerdas en la escritura número 7 de 24 de junio de 1905, a la cual fué segregado el predio de 11 cuerdas con 41 centavos, antes referido, según apa-rece del hecho tercero de la demanda enmendada, no existía tal nú-mero de cuerdas sino que dicha finca de 51 cuerdas aparece de di ches documentos y certificaciones de mensuras, referidos, como de 11 a 12 cuerdas menos y por ello se obligó a estar y pasar el com prador. ’ ’

Los demandados, en contestación y oposición a esta mo-ción, insistieron en qne estos documentos ya estaban en po-der de los demandantes, y la corte, después de oir el testimo-nio aducido en pro y en contra, ordenó a los demandados a que exhibiesen los planos en cuestión dentro de tres días, con la amonestación de que, a menos que así se hiciere, se les permitiría a los demandantes introducir prueba secundaria.

En el juicio, a un prominente letrado a quien, como abo-gado de ambas partes, se le habían sometido en 1905 para su examen y consejo, con miras a evitar litigios, todos los pa-peles y documentos junto con estos planos, no se le permitió declarar con relación a los extraviados documentos, por el fundamento de que la información que por su conducto se adquiriese sería privilegiada.

El testimonio de uno de los demandantes en el sentido indicado en la moción de inspección la contradijo uno de los demandados, y el juez sentenciador evade la cuestión levan-tada sobre este punto con la nuda manifestación de que no se introdujeron estos planos como prueba.

Que la corte inferior no se equivocó en cuanto a la natu-raleza de la cuestión envuelta se evidencia por su propia ma-nifestación de que “la cuestión, tal cual queda planteada, es si la parcela de terreno de 11 cuerdas y 41 céntimos de otra pertenece a la finca de 52 cuerdas correspondiente a los de-mandados, o a la porción de 45 cuerdas que le fueron adju-dicadas a la causante de los demandantes en la partición y división de bienes de don Francisco Bovira Pujols.”

Cuando los demandados ofrecieron en prueba cierto me-morándum de convenio de la naturaleza de una transacción, o en el que cuando menos se estipulaban ciertos términos con la intención de constituir una base para la transacción, el abogado del demandante manifestó que si el propósito de los demandados era demostrar la existencia de un impedimento {estoppel), se opondría; de lo contrario no haría oposición alguna. La corte observó que no se había hecho alegación suficiente para justificar la admisión de la prueba a tales pro-pósitos, y la corte, aparentemente mostrando su adquiescen-cia con ese criterio, admitió el documento sin objeción.

Las conclusiones (findings) de la corte, que en su mayor parto no son más que un mero resumen de la prueba aducida en juicio, contienen una referencia a este contrato y una línea divisoria tirada con arreglo al mismo; pero la corte “por razón de lo contradictorio de la prueba,” no pudo loca-lizar con exactitud la línea así tirada.

Como la corte sostuvo también en el curso de su “deci-sión” que los demandantes no estaban impedidos (estopped) por virtud de ese convenio, no parece que por ahora sea im-portante. Es cierto que los demandados insisten que la corte de distrito procedió sobre una falsa premisa respecto ■de este aspecto del caso y los demandados con agrado ad-miten el error cometido en los fundamentos apuntados, para la conclusión a que llegó la corte sentenciadora, pero insis-ten en que la resolución fué correcta por otras razones. Pa-rece que no hay una vigorosa oposición a este criterio sobre la cuestión y, dadas las circunstancias, muy bien puede de-jarse tal cual está.

La corte inferior estimó también probado que con arre-glo a determinadas mensuras “la parcela de 11.41 cnerdas cuya reivindicación se pretende, radica dentro del plano de la finca propiedad de Francisco Rovira,” y los demandados insisten en que para ser consistente con esta conclusión (finding) debió desestimarse la demanda. Asimismo descan-san sobre esta conclusión en relación con cierta prueba do-cumental para sostener la pretensión de que debió dictarse sentencia en su favor basándose en la teoría de adquisición de título por prescripción. Pero la corte también estimó que de conformidad con una constancia contenida en algunas de las más antiguas escrituras en la cadena de títulos de los de-mandados, los títulos arrojan un total mayor de cabida que el número efectivo de cuerdas enajenadas, haciéndose en aquéllos referencia a los planos de los agrimensores Verges y Bouclier para determinar la verdadera extensión superficial. Y este sumario de la prueba en forma narrativa con-cluye con la manifestación de que el juez inferior no podía determinar, basado en la prueba, “por razón de las contra-dicciones existentes en la misma,” ni la exacta posición de la línea divisoria entre la finca de los demandantes y la de los demandados ni la cuantía de los daños causados por los demandados a los demandantes por la posesión de terrenos pertenecientes a éstos.

La corte inferior, al encontrarse en este dilema, en- vez de tratar de resolver la controversia sometida por las partes, procede como sigue:

“Como resumen de esta prueba, tenemos que al señor Reiré y sus Lijos les corresponde, de acuerdo con sus títulos, una finca de una, cabida de 71 cuerdas de terreno y a los señores Rovira Herma-nos una finca de 41 cuerdas 486 milésimas. Tomando.como base las mensuras practicadas por el ingeniero señor Texidor, tenemos que los predios pertenecientes a las partes arrojan el siguiente cómputo. El de los demandantes, 67 cuerdas 12 milésimas; el de los deman-dados 47 cuerdas 80 milésimas; esto es, el terreno que actualmente se. encuentra en la posesión de las partes. Que dichas cantidades-hacen un total de 114 cuerdas, 92 milésimas. Entregando, por tanto, a los demandantes el completo de sus 71 cuerdas que les correspon-den según sus títulos, quedaría un resto de 43 cuerdas 92 milési-mas, o sea, una cuerda 606 milésimas más del montante que arrojan los títulos- de los demandados, cuyo exceso corresponde, sin duda alguna, a ciertos solares, que fueron vendidos por don José Mariano Capó, y cuya cabida no so ha determinado.
“Según los planos de los demandados, su finca arroja una cabida de 47 cuerdas 80 milésimas, y sumando el total que dan sus títulos, solamente les corresponden 41 cuerdas 486 milésimas. No hay duda alguna que dichos demandados tienen en su posesión 5 cuerdas 594 milésimas más de lo que por su título les corresponde, y que tienen, por consiguiente, en su poder y bajo su posesión las 3 cuerdas 988 milésimas que faltan a los demandantes.”

Se dictó sentencia por “un predio de terreno compuesto de tres cuerdas novecientas ochenta y ocho milésimas, situado en la colindáncia oeste de la finca de los demandantes y al este de la finca de los demandados, 3^ a lo largo de la oolin-dancia de los mismos, cuyas tres cuerdas, novecientas ochenta y ocho milésimas completan las setenta y una cuer-das que arrojan los títulos de los demandantes y que les fue-ron adjudicados en la división y partición de los bienes re-lictos por don Francisco Rovira Pujols a su fallecimiento, que por insuficiencia de la prueba, desestima la demanda en cuanto a los daños y perjuicios por no poder la corte deter-minar el montante de los frutos percibidos por dichos de-mandados durante el tiempo que han estado en posesión del mencionado predio ele terreno, imponiéndoles a los deman-dados el pago de las costas y desembolsos.”

Como resultado natural de esta sentencia, ambas partes interpusieron recurso de apelación.

Puesto que en un nuevo juicio una situación algo distinta pudiera desarrollarse, no necesitamos resolver por ahora las diversas cuestiones sugeridas por las partes ni expresaremos opinión alguna sobre los hechos del caso. Bastará decir que (dando por aceptada como correcta la operación aritmética del juez sentenciador, punto acaloradamente impugnado por los demandantes) el mero hedió de que la suma total de toda la cabida superficial que pertenece en separadas fracciones de terreno a los demandados exceda en pocas cuerdas del mon-tante total que arrojan sus títulos, mientras que la cabida total de los diversos predios pertenecientes a los demandan-tes resulta ser algo menor de la que aparece de la faz de sus títulos, pueda apenas justificar el quitarle a los demandados de semejante exceso tanto cuanto se requiera para completar, con la parte agregada, lo que falta a los demandantes. Puede concebirse que con un desarrollo ulterior del caso, que establezca techos que ahora no aparecen de la prueba, pu-diera suministrar más sólidos fundamentos para llegar a un resultado casi semejante; pero en los autos que tenemos ante nosotros no encontramos ninguna base tangible que sostenga la sentencia dictada. Una cuestión parecida se discutió y de-cidió en el caso de Gual v. Andújar, 25 D. P. R. 905.

A no ser por la exclusión del testimonio del abogado que había examinado los extraviados planos levantados por los agrimensores Verges y Boucher, podríamos seguir el curso adoptado en el caso de Pillot v. Domingues, 24, D. P. R. 642, en el que la misma corte sentenciadora dejó de resolver por completo la controversia planteada en la corte inferior, y resolver este caso por sus méritos.

Es ciertamente evidente, sin embargo, qtte el testimonio de este testigo podría arrojar mucha luz sobre lo que parece ser el nervio de toda la controversia, y así ayudar a la corte de distrito para llegar a una conclusión definitiva; y es igualmente claro que la corte erró al excluir esta prueba.

En este caso, el abogado en cuestión fue comisionado por su cliente, ahora uno de los demandantes, para tratar el asunto con Eovira Hermanos, los demandados en el presente pleito, y posteriormente ambas partes entregaron al dicho abogado todos sus papeles, escrituras y documentos, incluyendo los planos perdidos, para su examen y consejo con miras á un arreglo amistoso, si posible hubiese sido, de una disputa familiar. TJno de los propios demandados declara que, cuando menos en una ocasión, estos planos habían sido libremente exhibidos y discutidos en presencia de Beiró, padre, así como a presencia de su abogado y de otras personas; y de los autos aparece que, hasta la fecha del juicio, nunca se habían considerado o tratado como confidenciales estos planos.

Tomando como base el criterio más favorable a los de-mandados de que el propuesto testigo, como él llegó a decirlo, actuaba, a la fecha en que fueron dichos planos a él someti-dos, como abogado de ambas partes y no de 'Beiró solamente, quien buscó primero sus servicios, a todas luces la comuni-cación sencillamente no era privilegiada.

“Cuando dos o más personas emplean al mismo abogado en “1 mismo negocio, sus comunicaciones con el abogado en relación a dicho negocio no son privilegiadas intersese, aun cuando los intereses de esas personas sean adversos entre sí, siempre que las revelaciones se hicieren a presencia y audiencia de todos los interesados o se hu-bieren hecho para información de todos.” 40 Cyc. 2368.

Véase también IV Wigmore 3235, see. 2312; Harris v. Harris, 136 Cal. 379; Cady v. Walker, 28 N. W. 805; Livingston v. Wagner, 42 Pac. 290; Shove v. Martine, 88 N. W. 254; Thompson v. Cashman, 181 Mass. 36; Doheny v. Lacy, 61 N. E. 255; Haley v. Eureka Co. Bank, 26 Pac. 64.

Por el error cometido con la exclusión de este testimonio es de revocarse la sentencia recurrida y devolverse el caso.

Revocada la sentencia apelada y ordenada la devolución del caso a la corle inferior.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Trujillo, Becurrente, v. El Registrador de Aguadilla, Recurrido.
    Beoubso gubernativo interpuesto contra nota del Begistrador de la Propiedad ele Aguadilla denegando la inscripción de una escritura de cancelación parcial.
    No. 387.
    Resuelto en diciembre 28, 1918.
    Poder para Cancelar Gravámenes — Bienes Gananciales. — En el presente caso José Trujillo Pizá, como apoderado de Juan Trujillo Torruella y su esposa Dolores Costa Boca, otorgó escritura de cancelación parcial de crédito hipote-cario constituido a favor del poderdante. Presentada dicha escritura en el registro, el registrador denegó la cancelación fundándose en que el poder no autoriza expresa y claramente para cancelar gravámenes pertenecientes a la sociedad de gananciales. Se resolvió: que atendidos los términos en que está redactado el mandato, el apoderado tiene las facultades necesarias y se ordenó que se verificara la inscripción solicitada.
    Los techos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Gilberto Lopes de Victoria.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Trujillo y Torruella compareció ante notario en su’ carácter de apoderado de José Trujillo y Pizá y de su esposa Dolores Costa y Boca y otorgó una escritura de cancelación parcial de cierto crédito hipotecario constituido a favor de su poderdante José Trujillo y Pizá. Presentada la escritura para su inscripción en el registro, el registrador se negó a ello “por observarse que el poder otorgado por don José Trujillo y Pizá y doña Dolores Costa y Boca a favor de don Juan Trujillo y Torruella no autoriza expresa y claramente para cancelar gravámenes pertenecientes a la sociedad de gananciales.” El registrador consignó además “el defecto subsanable de no haberse presentado la escritura de consti-tución de hipoteca con nota de inscripción.”

No conforme Trujillo, recurrió para ante este Tribunal y archivó en tiempo su alegato en el que no se hace referencia al defecto subsanable apuntado.

El poder por virtud del cual actuó el recurrente, se otorgó por loa esposos Trujillo-Costa en Palma de Mallorca, España, ante el abogado y notario Mateo Jaume y Server a. Es muy extenso y nos limitaremos a transcribir de él lo que sea nece-sario. La esposa dijo que “de su libre y espontánea vo-luntad presta su consentimiento y autorización a dicho su señor marido don José Trujillo y Pizá y confiere al mismo y a su entenado don Juan Trujillo y Torruella, mayor de edad, soltero, de la agricultura, residente en la Isla de Puerto Rico, juntos o por separado poder para vender, ceder, permutar y de cualquier otro modo enajenar todos o cualquiera o cuales-quiera de los bienes así muebles como inmuebles, derechos, acciones y créditos que el mismo don José Trujillo tiene en la actualidad y tenga en lo sucesivo, en cualquier parte que radiquen y ya sean adquiridos antes como después de su ma-trimonio, * * * aceptando, constituyendo y cancelando cualesquiera hipotecas, * * Y' el esposo manifestó luego que “con la autorización que le concede la mencionada su consorte, confiere, * * * a su dicho hijo don Juan Trujillo y Torruella, el poder más amplio y eficaz para * * * vender, ceder, permutar y de todo otro modo ena-jenar cualesquiera bienes así muebles como inmuebles, dere-chos, acciones y créditos, presentes y futuros del otorgante, a quien quiera, por los precios que percibirá al contado o a plazos con las garantías hipotecarias ó de otra especie que podrá en su día cancelar * * * para exigir y cobrar las cantidades que por cualquier concepto acredita y acredite el poderdante, y cancelar total o parcialmente las garantías que hubiera constituido a su favor.”.

Sin duda que pudo ser más claro el poder, pero tal como está es suficiente a nuestro juicio. El crédito hipotecario parcialmente cancelado se constituyó después de otorgado el poder y se originó así: la mercantil Solivellas y Compañía recibió de Juan Trujillo y Torruella, como apoderado de José Trujillo y Pizá, en calidad de préstamo, la suma de diez y nueve mil pesos, para pagarla, con sus intereses, a plazos, y para garantir el préstamo hipotecó dos fincas a favor del dicho José Trujillo y Pizá. Juan Trujillo recibió el dinero correspondiente al primer plazo y otorgó la escritura de can-celación parcial dé que se trata. El crédito hipotecario filé, pues, un bien adquirido por Pizá después de su matrimonio, que tiene la presunción de gananciales, y a esa clase de bie-nes se refiere la esposa al otorgar el poder, según hemos visto. Si se tratara de bienes de la exclusiva pertenencia del marido, no hubiera sido necesaria la intervención de la mujer. Las palabras usadas por José Trujillo y Pizá son generales y claramente abarcan todos sus bienes.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscrip-ción solicitada, con el defecto subsanable apuntado por el registrador.

Revocada la nota y ordenada la inscripción con el defecto apuntado por el registrador.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-•eiados "Wolf, Aldrey y Hutchison,


author: El Juez Presidente Se. Hernández,

text:
    Sucesores de Santos Alonso, S. en C., Recurrentes v. El Registrador de San Juan, Sección 1ª., Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., denegando la inscrip-ción de una hipoteca.
    No. 395.
    Resuelto en diciembre 23, 1918.
    Ríen Ganancial — Bien Privativo — Edificio Construído Durante el Matrimo-nio en Suelo Propio de uno de los Cónyuges. — De acuerdo con el artículo 1319 del Código Civil, un solar que ha sido adquirido por uno de los cónyuges antes del matrimonio, dejó de ser un bien privativo para convertirse en bien . ganancial cuando, ya celebrado el matrimonio, la sociedad de gananciales fa-brica en él un edificio; y es innecesaria la inscripción especial de éste, para inscribir hipoteca constituida sobre casa y solar por ambos consortes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco Soto Gras.

    El registrador recurrido, Sr. Rafael Tirado Verrier, no compareció.
   El Juez Presidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura otorgada en esta ciudad de San Juan en 29 de agosto de 1918 ante el notario Francisco Soto G-ras, los consortes Gerardo Medina Casanova y Catalina Secundina Píos constituyeron hipoteca a favor de la sociedad mercantil Sucesores de Santos Alonso, S. en C., sobre un solar y casa en él edificada, barrio de Santurce, para garantizar el pago de $900 que dicha sociedad facilitó a aquellos consortes en calidad de préstamo. El solar había sido adquirido por Gerardo Medina Casanova en estado de soltería, y la casa, des-pués de celebrado su matrimonio con Catalina Secundina Píos a expensas y con peculio de la sociedad conyugal.

Presentada la escritura en el registro de la propiedad para su inscripción, el registrador estampó en ella la siguiente nota:

“Inscrita la hipoteca que comprende este documento, únicamente en cuanto al solar, al folio 109 vto., tomo 3o. de Santurce Sur, finca No. 100, inscripción 2a., y denegada la inscripción en cuanto a la casa, porque resultando que pertenece a la sociedad conyugal, personali-dad distinta del marido, dueño del terreno, debe inscribirse dicha casa previamente a favor de tal sociedad conyugal, operación que no se ha verificado ni solicitado; habiéndose tomado en su lugar anotación preventiva por el término legal en el mismo asiento. San Juan, 25 de octubre de 1918, el registrador, Rafael Tirado Verrier.”

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto por la socie-dad mercantil acreedora.

Como lo revela la simple lectura de la nota recurrida, fúndase ésta en que el solar y casa en él edificada pertenecen a dos entidades distintas, a saber, el solar al esposo Medina Casanova, y la casa en él edificada a la sociedad' conyugal constituida por él y su esposa Catalina Secundina Ríos.

No existe dualidad alguna en el dominio del suelo y de la edificación, pues el artículo 1319 del Código Civil establece que serán bienes gananciales los edificios construidos du-rante el matrimonio en snelo propio de nno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenecía.

El solar de que se trata fué en efecto un bien privativo de* Gerardo Medina Casanova, por haberlo adquirido antes de su matrimonio con Catalina Secundina Ríos; pero dejó de serlo, convirtiéndose en ganancial, cuando ya celebrado el matrimonio, la sociedad de gananciales fabricó en él la casa. Matheu v. Murillo et al., 25 D. P. R. 329.

Perteneciendo lioy, como pertenecen, por mandato impe-rativo de la ley, el solar y casa hipotecados a un mismo dueño, o sea a la sociedad de gananciales Medina-Ríos, se hace in-necesaria la inscripción previa del edificio. A. Sánchez & Co. S en C., v. El Registrador de San Germán, 16 D. P. R. 441; Marcano v. El Registrador de Caguas, 20 D. P. R. 562; y Martín et al. v. El Registrador de Arecibo, 22 D. P. R. 149.

Por las razones expuestas es de revocarse la nota del re-gistrador de San Juan, Sección Ia., en la parte en que ha sido recurrida, ordenando se verifique la inscripción denegada.

Revocada la nota en la parte recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Aponte, Demandante y Apelado, v. Rodríguez et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humaeao en pleito sobre división de comunidad de bienes.
    No. 1815.
    Resuelto en diciembre 23, 1918.
    Menores Emancipados — Venta de Bienes dís Menores — Capacidad de un Menor' Emancipado por Razón de Matrimonio para Demandar. — Un menor eman-cipado por razón de matrimonio no puede enajenar, o gravar sus bienes inmue-bles sin el'consentimiento de sus padres o tutores, y aun cuando, con arreglo al artículo 310 del Código Civil revisado, “el menor emancipado por razón de matrimonio puede comparecer ante las cortes de distrito representando sus derechos en los casos de ley, ’ ’ sin embargo, el menor que se halla en las con-diciones antes expresadas, no podrá comparecer ante una corte y demandar a su madre viuda y sus más jóvenes hermanos no emancipados para obligar-. les a vender y sacrificar así, en pública subasta, bienes reales poseídos en común con él, porque de lo contrario llegaría a realizarse así incidental e in-directamente lo que la ley expresamente prohíbe, no estando el presente caso comprendido entre “los casos de ley.”
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Rafael Arce.

    Abogado del apelado: Sr. Francisco Gonzales.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Marcelino Aponte López, menor que alega estar emanci-pado por haber contraído matrimonio, siguió un pleito contra su madre María López Rodríguez y dos hermanos - menores de edad, Carlos y Landelino Aponte López, para la venta de una casa en la que el demandante tiene un pequeño interés proindiviso y para la distribución del producto de la venta que se baga.

Se interpuso una excepción previa entre otros motivos por el fundamento de que el demandante carecía de capacidad legal para demandar, y en la contestación, después de hacer una negativa general, se alegó como “reconvención”—

“Io. Que entre los demandantes y los demandados, o sea entro las mismas partes aquí litigantes, existe pendiente ante la Honora ble Corte de Distrito del Distrito Judicial de Humacao, con noto-ria anterioridad a la presente reclamación, la demanda enmendada que como parte complementaria e integrante de esta contestación se acompaña. * * *
“2o. Que de la resolución de esa doble causa de acción pendiente, depende la actual.”

En apoyo de su “reconvención”'los demandados simple-mente introdujeron como prueba los autos del otro pleito úl-timamente mencionado, aparentemente basados en la teoría de que constituye defensa válida la existencia de una acción pendiente, con arreglo al artículo 110 del Código de Enjuicia-miento Civil.

Si, como insiste el.apelante, la-escritura de partición intro-ducida por el demandante en apoyo de-su reclamación sobre la propiedad mostraba de su faz la falta de la aprobación judicial, el juez sentenciador debió baber declarado sin lugar la de-manda o por lo menos, eii interés de nna sustancial justicia y ex proprio motu, lia podido baber sugerido la consolida-ción de ambos pleitos o retener en suspenso su sentencia en el presente caso, pendiente la celebración del juicio del otro caso. Sin embargo, el documento mismo no está ante nos-otros y la relación narrativa de su contenido no revela la falta de sanción judicial. Por lo tanto, nos abstenemos de hacer mayores comentarios sobre esta faz del caso.

Los artículos 307, 309 y 310 del Código Civil rezan como sigue:

“Art. 307. — La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor; pero, basta que llegue a la mayor edad, no podrá el emancipado contraer promesa u obligación alguna que exceda del importe de sus rentas por un año. Tampoco podrá gravar ni vender bienes inmuebles suyos sin consentimiento de su padre, en defecto de éste sin el de su madre, y en su caso, sin el de su tutor. Tampoco podrá comparecer en juicio sin la asistencia de dichas personas.”
“Art. 309. — El menor, sea varón o hembra, queda de derecho emancipado por el matrimonio.
“No obstante, para enajenar o hipotecar los bienes inmuebles, o tomar dinero a.préstamo, necesitará el menor emancipado por razón de matrimonio, el consentimiento de su padre, en su defecto, el de su madre, y en su caso, el de su tutor.
“Art. 310. — El menor emancipado por razón de su matrimonio puede comparecer en las cortes de distrito representando sus dere-chos en los casos de ley. ’ ’

El artículo 310 debe interpretarse en relación con los de-más citados. A menos que el menor esté emancipado por ra-zón de matrimonio, no puede comparecer en un pleito sin la asistencia de su padre, madre o tutor. Si está emancipado por razón de matrimonio entonces puede comparecer para representar sus derechos, solamente en aquellos casos pres-critos por la ley.

En ningún caso puede enajenar o gravar sus bienes in-muebles sin el consentimiento de sus padres o tutor. Sea lo que fuere lo demás que se halle incluso en la frase “en los casos de ley,” ello no significa que un menor emancipado por razón de matrimonio, a su voluntad y sin consideración alguna para con los mejores intereses de su madre viuda y sus más jóvenes hermanos no emancipados, pueda obligarles a sacrificar en pública subasta bienes reales poseídos en co-mún con él y que así llegue a realizarse incidental e indirec-tamente lo que la ley expresamente prohíbe.

Y podríamos agregar, que la prueba en este caso sólo sirve para demostrar la sabiduría del legislador al prescri-bir ciertas limitaciones a los efectos legales de la emancipa-ción ora sea por razón de matrimonio o en cualquiera otra forma.

Es de revocarse la sentencia recurrida, declarándose sin lugar la demanda.

Revocada la sentencia recurrida y declarada sin lugar la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado SR. Aldbey,

text:
    Alvarez, Demandante y Apelante, v. Sucesores de C. & J. Fantauzzi, Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruavama en pleito sobre estorbo público (nuisance).

    No. 1807.
    Resuelto en diciembre 23, 1918.
    Estorbo Público (Nuisance) — Ferrocarriles.—Cuando ios ferrocarriles han ti do construidos con permiso de autoridad competente no se considera como es-torbo o perturbación (nuisance) el ruido, humo, vibración, etc., que producen, aunque pasen por las calles de una población, a menos que tales molestias sean consecuencias de ser operados o manejados negligentemente.
    Ferrocarriles — Permisos de Autoridad Competente — Municipios.—Los munici-pios de Puerto Rico no tienen autoridad legal para conceder u otorgar per-misos liara el establecimiento de ferrocarriles por las calles de sus pobla-ciones.
    Estorbo Público (Nuisance) — Daños Particulares — Demanda Suficiente.— Alega hechos suficientes determinantes de una causa por daños y perjuicios una demanda en que se alegan como daños actuales, que el liumo de las lo-comotoras de un ferrocarril inunda el patio de una casa del demandante, llenándolo de fragmentos de carbón, manchando y desfigurando su pintura, y que además “la emanación fermental de un tanque para mieles que la demandada tiene edificado en terrenos suyos, pero a veinte pulgadas de dis-tancia del patio de la casa del demandante, precipita y contribuye a la oxi-dación del techo. ”
    Estobbo Público (Nuisance) — Alegaciones de Daños a la Propiedad desar-ticulares. — Cuando se alega que las emanaciones del tanque de mieles antes expresado exhalan continuamente olores desagradables y emanaciones insa-lubres que perjudican a los inquilinos de una casa propiedad del demandante, se alegan hechos suficientes para determinar una causa de acción por nuisance, porque los hechos expuestos producen molestia, daño, mal que esen-cialmente menoscaba el libre goce de la vida y de la propiedad, perjuicio que afecta a todos los habitantes de la población, pero que puede exigir el deman-dante porque le causa perjuicios en su propiedad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. Cervóni Gely.

    Abogado de los apelados: Sr. José G. Ramos.

   El Juez Asociado SR. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Lino M. Alvarez demandó en la Corte de Distrito de Gua-yama a la sociedad industrial “Sues. de C. & J. Fantauzzi” por perturbaciones (nuisances) alegando en primer término que bacía dos meses que babía comprado una casa radicada en la calle del Sol del pueblo de Arroyo, en esta isla,, y que una línea férrea que la demandada tiene construida desde bace unos cinco o seis años para transportar principalmente sus azúcares y lo demás que necesita entre su central azuca-rera “Lafayette” y sus almacenes, al entrar en el pueblo de Arroyo cruza la calle del Sol, con la sola autorización del municipio, sin franquicia del Consejo Ejecutivo ni de auto-ridad competente, y pasa a unos ocho pies de su casa, pro-duciendo las trepidaciones de los trenes viva incomodidad y malestar en los habitantes de ella, perturbándoles el sueño cuando pasan de noebe y haciéndoles incómoda y desagra-dable la vida, y que, además, el humo de sus locomotoras inunda el patio de la casa llenándolo de fragmentos de carbón, mancha y desfigura la pintura de la casa y perjudica y des-truye el confort de sus habitantes.

También alegó que la demandada lia edificado en terre-nos suyos, pero a veinte pulgadas de distancia del patio del demandante, un gran tanque de hierro para depositar hasta más de cien mil galones de mieles, las que depositadas allí exhalan continuamente olores desagradables y emanaciones insalubres de fermentación natural que necesariamente tienen que respirar y aspirar los habitantes de su casa con gran per-juicio, peligro y detrimento para su salud, comodidad y bien-estar.

Expuso asimismo que el ferrocarril y el tanque son obras permanentes, las molestias e inconvenientes que proporcio-nan perpetuos, que le han causado y le causan daños y per-juicios porque a causa de las incomodidades y peligros que proporcionan los trenes y las mieles su arrendatario no sólo se ha negado a mejorar el canon de arrendamiento sino que le ha notificado que se mudará de la casa tan pronto encuentre otra; que le han privado de hacer un negocio con ella; que le han atribuido a su propiedad fama de insalubre, incómoda y peligrosa, dificultando su alquiler; que la inhalación del ácido carbónico que emanan las mieles en fermentación y la aspi-ración del humo y de los fragmentos de carbón predisponen a los moradores de la casa a graves enfermedades, disminuye su valor, mancha y desfigura su pintura, ensucia el zinc y las paredes, y la emanación natural del tanque contribuye a la oxidación del techo y la precipita.

Después de consignar el demandante que por la proximi-dad del ferrocarril y del tanque a su casa es la única persona que en el pueblo de Arroyo sufre por ellos perjuicios de ca-rácter privado, concluyó pidiendo al tribunal ordene que cese el tránsito del ferrocarril por el sitio donde se encuentra y que la demandada le pague seiscientos pesos por los daños y perjuicios alegados, más las costas y honorarios de su abo-gado.

La excepción de la demandada de que los hechos expues-tos en esa demanda no determinan causa de acción en favor del demandante fue sostenida por la corte de distrito fun-dándose en qne no alega qne el ferrocarril se opera y man-tiene negligentemente; y -en cnanto al tanque porqne no con-signa por qné constituye nn estorbo público o privado. Ha-biendo rebasado el demandante enmendar sn alegación, como le permitía la corte, pidió qne se dictara sentencia, la qne í’né registrada declarando sin lugar la demanda con imposi-ción de costas, desembolsos y honorarios de abogado y contra ella estableció la apelación que resolvemos.

Guando los ferrocarriles ban sido construidos con permiso de autoridad competente no se considera como estorbo o per-tui ' ación (músance) el ruido, humo, vibración, etc., que pro-duren, aunque pasen por las calles de una población, a menos quo tales molestias sean consecuencias de ser operados o manejados negligentemente. 33 Cyc. 644 y 645. La razón de esta regla está en los grandes beneficios que los ferrocarriles producen a la comunidad por lo que ante ellos cede el mal menor, si es natural de la explotación y no producto de ne-gligencia en su manejo.

Sentado esto, la cuestión a decidir en este caso es si ale-gando la demanda que el ferrocarril de que se trata cruza la calle del Sol del pueblo de Arroyo con permiso de su mu-nicipio solamente, es éste suficiente para que se entienda construido con permiso de autoridad competente y sea por tanto necesario alegar que su manejo negligente es la causa del mal de que se queja el demandante.

Los municipios son creación de la legislatura y no tienen otros poderes que los que les delega; y entre las facultades que la legislatura concedió a los municipios no se encuentra' la de otorgar permisos para que se- establezcan ferrocarriles por las calles de sus poblaciones, pues la facultad que tienen por la ley para deslindar, abrir y conservar sus calles no comprende la de convertirlas en todo o en parte en un ferro-carril; y como no es inherente en los municipios el poder de conceder permisos de la naturaleza del que nos ocupa re-, sulta claro que el ferrocarril de la sociedad demandada no cruza la calle del Sol de Arroyo con permiso de autoridad competente. 28 Cyc. 866, 867 y 869. Davis v. New York, 14 N. Y. 506, 67 Am. Dec. 186. Stevenson v. Missouri Pac. R. Co., (Mo. 1895), 31 S. W. 793.

En apoyo de la sentencia alega el apelado qne en la de-manda se alegan dos clases de daños cansados por el ferro-carril, nnos personales qne snfren los inquilinos de la casa y no el dueño, por lo qne éste no puede basar en ellos su de-manda; y otros a la propiedad, pero qne éstos no correspon-den al demandante sino al anterior dueño de la finca, al qne lo era cuando el ferrocarril fué construido, los qne sólo po-drían ser reclamados por el demandante en caso de qne la cansa de acción le hubiera sido cedida.

Aunque eso es así, sin embargo la demanda alega también otros daños qne son actuales, qne está sufriendo el deman-dante, como el de qne el humo de las locomotoras inunda el patio de la casa llenándolo de fragmentos de carbón, man-chando y desfigurando su pintura.

En cuanto al tanque se hace por el apelado la misma ale-gación de no tener el demandante personalidad para reclamar por los daños personales que sufren sus inquilinos con las emanaciones de las mieles que tiene y agrega que no se alega daño en cuanto a la propiedad, pero a este último extremo se contesta diciendo que en el número cinco de la alegación octava se expone textualmente que: “La emanación fermental del tanque precipita y contribuye a la oxidación del techo.”

Alega pues el demandante que sufre perjuicios en su pro-piedad por ambas causas de acción y pudo por tanto estable-cer su demanda.

En cuanto al fundamento del juez de que la causa de ac-ción por el tanque no consigna por qué constituye un estorbo público o privado nos bastará recordar que el demandante alega en este particular que las emanaciones de las mieles ■exhalan continuamente olores desagradables y emanaciones insalubres que perjudican a sus inquilinos y a su propiedad; alegaciones que constituyen un perjuicio o incomodidad (nuisance) porque los hechos expuestos en ellas producen molestia, daño, mal que esencialmente interviene en el goce de la vida y de la propiedad; perjuicio que es público porque afecta a todos los habitantes de Arroyo pero que puede exigir el de-mandante porque le causa perjuicios en su propiedad. 29 Cyc. 1152.

Por las razones expuestas, teniendo la demanda hechos suficientes determinantes de cansa de acción en favor del apelante, la sentencia debe ser revocada, debiendo continuar ios procedimientos en la corte inferior.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Se. Aldrey,

text:
    Morales, Peticionario y Apelante, v. Romeu, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Majmgüez en pleito sobre nombramiento de administrador judicial.
    No. 1866.
    Resuelto en diciembre 23, 1918.
    Administración Judicial — Personas que Tienen Derecho a Pedirla — Herede-ros — Ley de Procedimientos Legales Especiales. — El solo heelio de ser he-redero de uno de los cónyuges no da derecho para solicitar la administración judicial de los bienes relictos al fallecimiento del otro cónyuge, pues tal dere-cho lo tienen solamente las personas mencionadas en el artículo 23 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Montalvo Guenard.

    Abogado del apelado: Sr. Angel A. Vázquez.

   El Juez Asociado Se. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Enrique Morales G-arcés pidió a la Corte de Dis-trito de Mayagüez que decretase la administración judicial de los bienes relictos al fallecimiento de los esposos José Romeu Giacomaggi y Aurora María Morales Garcés y que se le nombrase administrador de dichos bienes, alegando como fnndamento de su solicitud que ha sido declarado ju-dicialmente heredero abintestato de Aurora María Morales Garcés, en unión de otros dos hermanos que están ausentes de la isla;' que su hermana Aurora dejó bienes sujetos a partición consistentes en la parte que le corresponde, en con-cepto de bienes privativos y gananciales, en una cantidad de dinero que se halla depositada en un banco a nombre del fi-nado José Romeu Giacomaggi, y en que es acreedor de la herencia de su hermana por dinero pagado durante su en-fermedad, entierro, y por otros particulares. Expuso tam-bién que está apelada la resolución declarando las personas que son herederas abintestato de José Romeu Giacomaggi, siendo una de esas personas menor de edad.

La corte oyó al abogado del peticionario y al del opositor Francisco Romeu Rivera acerca de la solicitud y dictó reso-lución desestimándola por no ser procedente el nombramiento ■de administrador judicial en este caso, contra la cual resolu-ción interpuso Pedro Enrique Morales el presente recurso de apelación y presentó alegato escrito para apoyarlo, pero no asistió a la vista del recurso en la que sólo estuvo presente el abogado del opositor, que no presentó alegato escrito.

Como el peticionario, apelante, alega en su solicitud que está declarado heredero de su hermana Aurora María Morales y Garcés, y como no dice que tal declaración esté apelada. y manifiesta también que dicha señora dejó bienes sujetos a partición, tendría derecho a que se hubiera decretado la ad-ministración judicial de los bienes de su hermana, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Procedimientos Legales Es-peciales, si no fuera porque en vez de limitarse a esa preten-sión solicita también que se decrete conjuntamente la admi-nistración de los bienes dejados por José Romeu Giacomaggi y que se le nombre administrador de los bienes de los dos consortes, sin ser heredero de José Romeu Giacomaggi, pues no alega tal hecho en su solicitud. El solo techo de ser he-redero de uno de los esposos no da derecho para solicitar la administración judicial de los bienes relictos al fallecimiento del otro esposo pues tal derecho lo tienen solamente las per-sonas mencionadas en el artículo 23 antes citado, entre las cuales no se encuentra el peticionario con respecto a José Biomeu.

Aunque la solicitud parece fundarse también en que uno de los herederos de José Romeu Giacomaggi es menor de edad, sin embargo no tiene derecho el apelante para reclamar de-rechos que pueda tener ese menor, porque no alega tener su representación legal y porque, aunque la tuviera,, no podría ejercerla en este caso, toda vez que estando apelada la re-solución que declara los herederos de José Eomeu Giaco-maggi, mientras la cuestión esté sub judice no pueden ejer-citar derechos derivados de esa declaratoria de herederos apelada, si alguno hubiere.

Por las razones expuestas debemos confirmar la resolu-ción apelada pero con instrucciones al juez de que permita enmendar la solicitud.

Confirmada- la resolución a/pelada, pero con instrucciones al juez de la corte inferior de que permita enmendar la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández' y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    No. 1202.
    El Pueblo, Apelado, v. Ruiz, Apelante.
    Infracción al artículo 137 del Código Penal.
    San Juan, Sección 2ª.
    Diciembre 3, 1917.
   Confirmada la. sentencia apelada..


text:
    No. 1762.
    Vere, Apelado, v. Coll y Cuchí et al., Apelantes.
    Cobro de dinero.
    San Juan, Sección 1ª.
    Diciembre 4, 1917.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1215.
    El Pueblo, Apelado, v. Sosa Rodríguez et al., Apelantes.
    Alteración de la paz.
    San Juan, Sección 2ª.
    Diciembre 5, 1917.
   Confirmada, la sentencia.


text:
    No. 334.
    Mollfulleda, Como Apoderado de Pedro Cussó, Recurrente, v. Registrador de San Juan, Sección 1ª., Recurrido.
    Recurso gubernativo.
    Diciembre 7, 1917.
   Confir-mada la nota recurrida.


text:
    No. 208.
    Binet, Peticionario, v. Foote, Juez Distrito Mayagüez, Demandado.

    Certiorari.
    Diciembre 7, 1917.
   Sin lugar.


text:
    No. 1219.
    El Pueblo, Apelado, v. González, Apelante.
    Juegos prohibidos.
    Arecibo.
    Diciembre 11, 1917.
   Confir-mada la sentencia apelada..


text:
    No. 342.
    Rivera, Recurrente, v. Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo.
    Diciembre 14, 1917.
   Con-firmada la nota recurrida.


text:
    No. 344.
    Tellado, Recurrente, v. Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo.
    Diciembre 14, 1917.
   Confirmada la, nota recurrida.


text:
    No. 1628.
    Padovani, Apelado, v. New Corsica Centrale Corporation, Apelante.
    Traslado de pleito.
    Mayagüez.
    Diciembre 17, 1917.
   Desistida la apelación.


text:
    No. 1585.
    New Corsica Centrale Corporation, Apelante, v. Ana María Sugar Company et al., Apelados.
    Inexisten-cia de prórroga de contrato, etc.
    Mayagüez.
    Diciembre 17, 1917.
   Desistida la apelación.


text:
    No. 1512.
    Goffinet et al., Apelados, v. Sánchez, Apelante.

    Injunction.
    Humacao.
    Diciembre 18, 1917.
   Deses-timada la apelación.


text:
    No. 212.
    Ramírez et al., Peticionarias, v. Foote, Juez Distrito Mayagüez, Demandado.

    Certiorari.
    Diciembre 18, 1917.
   No ha lugar a expedir él auto.


text:
    No. 1639.
    Porto Rico Mosaic Co., Apelada, v. Municipio de Ponce, Apelante.
    Cobro de dinero.
    Ponce.
    Diciembre 19, 1917.
   Desestimada de oficio la apelación.


text:
    No. 1657.
    Fernández, Apelante, v. Manrique et al. Apelados.
    Embargo ele frutos.
    Humacao.
    Diciembre 19, 1917.
   Desestimada de oficio la apelación.


text:
    No. 1683.
    Sucesión Serrano, Apelante, v. Serrano, Apelado.
    Reivindicación y daños y perjuicios.
    Arecibo.
    Diciembre 19, 1917.
   Desestimada de oficio la, apelación.


text:
    No. 1727.
    Ortiz et al., Apelantes, v. Zavala et al., Apelados.
    Filiación.
    Arecibo.
    Diciembre 24, 1917.
   Desesti-mada la apelación por falta de alegato.


text:
    No. 1770.
    Pérez, Apelante, v. Pérez et al., Apelados.
    Dominio.
    Mayagüez.
    Diciembre 24, 1917.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1724.
    Hernández, Apelado, v. Kórber et al., Apelantes.
    Nulidad de expediente de dominio.
    Humacao.
    Enero 14, 1918.
   Desistida la apelación.


text:
    No. 1781.
    Ramos y Suárez, Apelantes, v. González, Apelado.
    Cobro de dinero.
    Mayagüez.
    Enero 15, 1918.
   De-sestimada la apelación.


text:
    No. 214.
    Martínez, Peticionario, v. Crosas, Juez Distrito Aguadilla, Demandado.

      Certiorari.

    Enero 17, 1918.
   Sin lugar.


text:
    No. 1730.
    Almodóvar, et al., Apelados, v. Juncos Central Company et al., Apelantes.
    Reivindicación.
    Humacao.
    Enero 18, 1918.
   Desistida la apelación.


text:
    No. 1647.
    Montalvo, Apelado, v. Montalvo et al., Apelantes.
    Filiación; Reconsideración.
    Mayagüez.
    Enero 19, 1918.
   Denegada la reconsideración.


text:
    No. 1226.
    El Pueblo, Apelado, v. Rosado, Apelante.
    Aco-metimiento y agresión graves.
    Mayagüez.
    Enero 21, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 213.
    Muñoz, Peticionario, v. Sepúlveda, Juez Distrito Ponce, Demandado.

    Certiorari.
    Enero 29, 1918.
   Sin lugar la petición.


text:
    No. 206.
    Morales, Peticionaria, v. López Acosta, Juez Disrito Guayama, Demandado.

      Certiorari

    Febrero 1°., 1918.
   Desistida la petición.


text:
    No. 211.
    Schlüter, Peticionario, v. Texidor, Juez Distrito San Juan, Sección 1°., Demandado, y Muñoz et al., Interventores.

      Certiorari.

    Febrero 4, 1918.
   Archivado el caso por carecer de finalidad práctica, visto el caso No. 210.


text:
    No. 1230.
    El Pueblo, Apelado, v. López, Apelante.
    In-fracción al artículo 8 de la Ley de Automóviles.
    Arecibo.
    Febrero 4, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 167.
    Homar, Colón & Cía. et al., Peticionarios, v. Sepúlveda, Juez Distrito Ponce, Demandado.

    Certiorari.
    Febrero 5, 1918.
   Desistida la. petición y ordenada la devolución de los autos originales.


text:
    No. 218.
    Peña, Peticionario, v. Cuevas Zequeira, Juez Distrito Humacao, Demandado.

    Certiorari.
    Febrero 5, 1918.
   No ha lugar.


text:
    No. 1231.
    El Pueblo, Apelado, v. Ruiz, Apelante.
    Homicidio voluntario.
    Ponce.
    Febrero 7, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 169.
    Schlüter, Peticionario, v. Texidor, Juez Distrito San Juan, Secoión 1ª., Demandado.

    Mandamus.
    Febrero 7, 1918.
   Archivado el recurso.


text:
    No. 22.
    Sucesión Rivera, Apelada, v. Hernández et al., Apelantes-Peticionarios.
    Beivindicación y daños y perjui-cios; aprobación exposición del caso.
    Febrero 8, 1918.
   Aprobada la exposición.


text:
    No. 219.
    La Asociación de Agricultores de Río Grande, Loíza y Carolina, Peticionaria, v. Bossy, Juez Distrito San Juan, Sección 2ª., Demandado.

    Certiorari.
    Febrero 14, 1918.
   No ha lugar a expedir él auto solicitado.


text:
    No. 1234.
    El Pueblo, Apelado, v. Otero, Apelante.
    Jue-gos prohibidos.
    Arecibo.
    Febrero 18, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1686.
    Méndez, Peticionaria y Apelada, v. Martínez, Opositor y Apelante.
    Declaratoria de herederos; reconside-ración.
    Aguadilla.
    Febrero 18, 1918.
   No ha lugar a la re-consideración solicitada.


text:
    No. 1799.
    El Pueblo, Apelante, v. Fajardo, Apelado.
    Cobro de dinero: desistimiento.
    Mayagüez.
    Febrero 21, 1918.
   Desistida la apelación.


text:
    No. 220.
    Román, Peticionario, v. Cuevas Zequeira, Juez Distrito Humacao, Demandado.

      Certiorari.

    Febrero 25, 1918.
   No ha lugar a expedir él auto que se• solicita.


text:
    No. 221.
    López, Peticionario, v. Texidor, Juez Distrito San Juan, Sección 1ª., Demandado.

    Certiorari.
    Febrero 28, 1918.
   Sin hogar.


text:
    No. 1223.
    El Pueblo, Apelante, v. Castello, Apelado.
    Delito contra el derecho electoral; sobreseimiento.
    Maya-güez.
    Marzo 4, 1918.
   Revocada la sentencia y devuelto el caso a los fines procedentes.


text:
    No. 1224.
    El Pueblo, Apelante, v. López, Apelado.
    Delito contra el derecho electoral; sobreseimiento.
    Mayagüez.
    Marzo 4, 1918.
   Revocada la sentencia y devuelto el caso a .los fines procedentes.


text:
    No. 1070.
    El Pueblo, Apelado, v. Mercado et al., Apelantes.
    Conspiración; reconsideración.
    Humacao.
    Marzo 5, 1918.
   No ha lugar a la reconsideración solicitada.


text:
    No. 1237.
    El Pueblo, Apelado, v. Mariche, Apelante.
    Escalamiento en 2°. grado.
    San Juan, Sección 2ª.
    Marzo 7, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1222.
    El Pueblo, Apelante, v. Galanes, Apelado.
    Delito contra el derecho electoral.
    Mayagüez.
    Marzo 7, 1918.
   Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso a los fines procedentes.


text:
    No. 1235.
    El Pueblo, Apelado, v. Carrillo, Apelante.
    Acometimiento y agresión graves.
    Humacao.
    Marzo 7, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 222.
    Veve, Peticionario, v. Texidor, Juez Distrito San Juan, Sección 1ª., Demandado.

    Certiorari.
    Marzo 7, 1918.
   No ha lugar a expedir el auto solicitado.


text:
    No. 1812.
    Paniagua, Apelante, v. Noble et al., Apelados.
    Tercería sobre bienes muebles; nuevo juicio.
    San Juan, Sección 1ª.
    Marzo 12, 1918.
   Desestimada la apelación, vista la moción del demandado W. D. Noble.


text:
    No. 347.
    Crehore, Recurrente, v. Registrador de Ponce, Recurrido.
    Recurso gubernativo.
    Marzo 14, 1918.
   Te-niendo por desistido al recurrente.


text:
    No. 1239.
    García o Figueroa, Peticionario y Apelante, y El Pueblo, Opositor y Apelado.

    Habeas corpus.

    Ponce.
    Marzo 18, 1918.
   Revocada la resolución y devuelto el caso para que se resuélva él habeas corpus.


text:
    No. 1240.
    El Pueblo, Apelado, v. Comas, Apelante.
    In-fracción artículo 300 del Código Penal.
    Humacao.
    Marzo 18, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada..


text:
    No. 1241.
    El Pueblo, Apelado, v. Martínez et al., Apelantes.
    Juegos prohibidos.
    Humacao.
    Marzo 18, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1816.
    Setti y Piatolli et al., Apelados, v. Pérez, Apelante.
    Reivindicación.
    San Juan, Sección 1ª.
    Marzo 19, 1918.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1711.
    F. Carrera & Hermano, Apelado, v. The New York & Porto Rico Steamship Company, Apelante.

    Injunction e indemnización de perjuicios.
    Mayagüez.
    Marzo 21, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada, pero modificándola en el sentido de que se entienda declarada con lugar la de-manda. en ciertos extremos y declarando firme y perpetuo el injunction preliminar decretado en este caso, y ordenando que la demandada pague las costas y desembolsos, pero no los honorarios de abogado.


text:
    No. 1244.
    El Pueblo, Apelado, v. Cruz et al., Apelantes.
    Acometimiento y agresión.
    Humacao.
    Marzo 21, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1245.
    El Pueblo, Apelado, v. Lavergne, Apelante.
    Infracción Ley de Pesas y Medidas.
    Humacao.
    Marzo 21, 1918.
   Confirmada la, sentencia apelada.


text:
    No. 1242.
    El Pueblo, Apelado, v. Benítez, Apelante.
    Portar armas.
    Humacao.
    Marzo 30, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1243.
    El Pueblo, Apelado, v. Valdejulli, Apelante.
    Adulteración de leche.
    Humacao.
    Marzo 30, 1918.
   Confir-mada la sentencia apelada.


text:
    No. 1251.
    El Pueblo, Apelado, v. Rodríguez, Apelante.
    Infracción Ley de Pesas y Medidas.
    Ponce.
    Marzo 30, 1918.
   Confirmada, la sentencia apelada.


text:
    No. 1254.
    El Pueblo, Apelado, v. Cottes, Apelante.
    Acometimiento y agresión graves.
    San Juan, Sección 2ª.
    Abril 2, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1247.
    El Pueblo, Apelado, v. Fuertes, Apelante.
    Acometimiento y agresión graves.
    Humacao.
    Abril 2, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1760.
    Rivera et al., Apelados, v. Jiménez Cruz, Apelante.
    Declaración de nulidad de enajenación y otros ex-tremos.
    Humacao.
    Abril 2, 1918.
   Desestimada de oficio la apelación.


text:
    No. 1761.
    Rivera et al., Apelados, v. Jiménez Cruz, Apelante.
    Declaración de nulidad de enajenación y otros ex-tremos.
    Humacao.
    Abril 2, 1918.
   Desestimada de oficio la apelación.


text:
    No. 1786.
    De Mata Escobar, Apelante, v. Gámbaro et al., Apelados.
    Nulidad de sentencia e injunction.

    San Juan, Sección 1ª.
    Abril 2, 1918.
   Desestimada de oficio la apéla^ ción.


text:
    No. 65.
    Ex Parte Zayas, Peticionario.

    Habeas corpus.

    Abril 4, 1918.
   No l%a hogar a expedir él auto.


text:
    No. 233.
    Crespo, Peticionario, v. Texidor, Juez Distrito San Juan, Secoión 1ª., Demandado.

    Certiorari.
    Abril 8, 1918.
   No ha. lugar a expedir él auto solicitado.


text:
    No. 1733.
    Aparicio Hermanos, Apelados, v. H. C. Christianson & Cía., Apelados, y Cadierno y Gómez, Apelantes.
    Rescisión y daños y perjuicios.
    Ponce.
    Abril 15, 1918.
   Confirmada la sentencia por los fudamentos del caso Arbona Hermanos, v. H. C. Christianson & Co. y Cadierno et al., resuelto en abril 15, 1918, (p. 284).


text:
    No. 1533.
    Veray, Apelante y Apelado, v. Marín et al., Apelados y Apelantes.
    Bienes reservables; reconsideración.
    Aguadilla.
    Abril 15, 1918.
   No ha lugar a la reconsidera-ción solicitada.


text:
    No. 353.
    Lasa e Iraola, Recurrente, v. Registrador de San Juan, Sección 2ª., Recurrido.
    Recurso gubernativo.
    Abril 18, 1918.
   Confirmada la nota recurrida por los fundamentos del caso Sánches v. El Registrador de San Juan, resuelto en abril 18, 1918, (p. 305).


text:
    No. 1840.
    Díaz Molinaris et al., Peticionarios, v. Cividanes y Alonso, Opositor y Apelante, y Cautiño, Ex-administrador Judicial, Apelado.
    Administración judicial; rendi-ción de cuentas.
    Guayama.
    Abril 18, 1918.
   Desestimado el recurso.


text:
    No. 1844.
    Gómez, Apelante, v. Jiménez, Apelada.
    Reco-nocimiento de servidumbre de paso.
    Humacao.
    Abril 22, 1918.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1845.
    Isern y Fleitas et al., Apelados, v. Ramírez et al., Apelantes.
    Declaración de vencimiento de pagarés.
    Mayagüez.
    Abril 22, 1918.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 224.
    Mahonés et al., Peticionarios, v. Texidor, Juez Distrito San Juan, Sección 1ª., Demandado.

    Certiorari,
    Abril 22, 1918.
   Sin lugar.


text:
    No. 1779.
    Chiqués, Apelante, v. Diez, Juez Municipal, Caguas, et al., Demandados, y Santiago, Interventor y Apelados.

    Certiorari,
    Humacao.
    Abril 22, 1918.
   Desestimada de oficio la apelación.


text:
    No. 1775.
    Junta Escolar de Cidra, Apelante, v. Miller, Comisionado de Instrucción, Apelado.

    Mandamus.
    San Juan, Sección 2ª.
    Abril 22, 1918.
   Desestimada de oficio la apelación.


text:
    No. 1784.
    Brown, Apelado, v. Sierra, Apelante.
    Cobro ele honorarios.
    San Juan, Sección 2ª.
    Abril 29, 1918.
   De-sestimada la apelación por haberse notificado el escrito de apelación a la parte apelada después de haber expirado el plazo legal para ello.


text:
    No. 1792.
    Pérez et al., Apelantes, v. Los Partícipes en la Sucesión de Enrique Pérez Gutiérrez et al., Apelados.
    Nu-lidad de bienes hereditarios y petición de herencia. Petición de prórroga para radicar la exposición del caso.
    San Juan, Sección 1ª.
    Abril 30, 1918.
   Confirmada la resolución ape-lada.


text:
    No. 1232.
    El Pueblo, Apelado, v. Carrión, Apelante.
    Delito contra la salud pública.
    Arecibo.
    Mayo 2, 1918.
   Con-firmada la sentencia apelada.


text:
    No. 226.
    Martínez, Peticionario, v. Rossy, Juez Distrito, San Juan, Sección 2ª., Demandado.

    Certiorari.
    Mayo 10, 1918.
   Sin lugar.


text:
    No. 1859.
    Vicente, Apelado, v. Alicea, Apelante.
    Desahucio.
    Guayama.
    Mayo 21, 1918.
   Desestimada la ape-lación.


text:
    No. 227.
    Martínez, Peticionario, v. Crosas, Juez Distrito, Aguadilla, Demandado.

      Certiorari.

    Mayo 21, 1918.
   Sin lugar.


text:
    No. 1248.
    El Pueblo, Apelado, v. Hernández, Apelante.
    Adulteración de leche.
    Humacao.
    Mayo 23, 1918.
   Confir-mada. la sentencia apelada.


text:
    No. 225.
    Mestre et al., Peticionarios, v. Foote, Juez Distrito, Mayagüez, Demandado.

    Certiorari.
    Mayo 23, 1918.
   No ha lugar a la reconsideración solicitada.


text:
    No. 1861.
    Damirón, Apelado, v. American Railroad Company of Porto Rico, Apelante.
    Daños y perjuicios.
    Mayagüez.
    Mayo 24, 1918.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1258.
    El Pueblo, Apelado, v. Fernández, Apelante.
    Delito contra el Poder Ejecutivo.
    Ponce.
    Mayo 24, 1918.
   Confirmada la. sentencia apelada.


text:
    No. 1260.
    El Pueblo, Apelado, v. Berríos, Apelante.
    Acometimiento y agresión grave.
    Guayama.
    Mayo 27, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 229.
    Chiqués, Peticionario, v. Cuevas Zequeira, Juez Distrito, Humacao, Demandado.

    Certiorari.
    Mayo 31, 1918.
   Sin lugar.


text:
    No. 173.
    Martínez, Peticionario, v. Crosas, Juez Distrito, Aguadilla, Demandado.

    Mandamus.
    Mayo 31, 1918.
   Sin lugar.


text:
    No. 1261.
    El Pueblo, Apelado, v. Brito, Apelante.
    Aco-metimiento y agresión graves.
    Guayama.
    Junio 3, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada pero modificada en el sen-tido de que en defecto de $100 de multa, el acusado sufra un día de cárcel por cada dollar no satisfecho, sin que exceda la prisión de 90 días.


text:
    No. 1869.
    Labracuenta et al., Apelantes, v. Campos et al., Apelados.
    Nulidad de procedimiento hipotecario. )
    Arecibo.
    Junio 4, 1918.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1868.
    Setti y Piatolli et al., Apelados, v. Pérez Agosta, Apelante.
    Reivindicación.
    San Juan, Sección 1ª.
    Junio 4, 1918.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1867.
    Vidal, Apelante, v. Vidal et al., Apelados.
    Nulidad de declaratoria de herederos.
    Guayama.
    Junio 4, 1918.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1267.
    El Pueblo, Apelado, v. Soto, Apelante.
    Aco-metimiento y agresión graves.
    Guayama.
    Junio 7, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada, pero modificándola en el sen-tido de que el actosado sufra un día de cárcel por cada dollar que deje de satisfacer, no excediendo la? prisión subsidiaria de noventa, días.


text:
    No. 1266.
    El Pueblo, Apelado, v. Viñas, Apelante.
    Aco-metimiento y agresión.
    San Juan, Sección 2ª,
    Junio 7, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1873.
    Perrier, Apelado, v. Del Rosario, Apelante.
    Reivindicación.
    Humacao.
    Junio 7, 1918.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1820.
    Ex Parte Crespo Salas, Promovente y Apelante.
    Declaratoria de herederos. '
    San Juan, Sección 1ª.
    Junio 7, 1918.
   Desestimado él recurso.


text:
    No. 1874.
    Cabezas et al., Apelados, v. Hernández et al. Apelantes.
    Nulidad de contrato.
    San Juan, Sección 2ª.
    Junio 10, 1918.
   Desistida la apelación.


text:
    No. 172.
    Hernández, Peticionario, v. Rossy, Juez Distrito, San Juan, Sección 2ª., Demandado.

    Mandamus.
    Junio 10, 1918.
   Teniendo por desistido al peticionario.


text:
    No. 1839.
    Johnson, Apelada, v. Johnson, Apelante.
    Divorcio.
    San Juan, Sección 1ª.
    Junio 10, 1918.
   Desistida la apelación.


text:
    No. 1272.
    El Pueblo, Apelado, v. Suárez, Apelante.
    Acometimiento y agresión grave.
    Guayama.
    Junio 11, 1918.
   Desistida la apelación.


text:
    No. 1210.
    El Pueblo, Apelado, v. Maisonet, Apelante.
    Adulterio.
    San Juan, Sección 2ª.
    Junio 11, 1918.
   Revocada la sentencia y devuelto el caso para la celebración de un nuevo juicio.


text:
    No. 1280.
    El Pueblo, Apelado, v. García, Apelante.
    Infracción de la Ley de Automóviles.
    Ponce.
    Junio 18, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1273.
    El Pueblo, Apelado, v. Léctora, Apelante.
    Infracción de la sección 22 de la Ley de Arbitrios.
    Guayama.
    Junio 20, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1878.
    S. A. Des Sucreries de Saint Jean et al., Apelantes, v. Banco de Puerto Rico, Sustituído for Joaquín Moreno et al., Apelados.
    Prelacióu de créditos.
    San Juan Sección 2ª.
    Junio 26, 1918.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1271.
    El Pueblo, Apelado, v. Saunión et al., Apelantes.
    Infracción del artículo 362 del Código Penal.
    Guayama.
    Junio 27, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1757.
    Seín, Apelante, v. García Soler, Apelado.
    Cobro de dinero: nulidad de embargo.
    Aguadilla.
    Junio 28, 1918.
   Confirmada la resolución apelada.


text:
    No. 1773.
    Sánchez, Apelado, v. Delgado, Apelante, y Báez, Demandado.
    Cobro de dinero: nulidad de procedi-mientos.
    Humacao.
    Junio 29, 1918.
   Desestimado el re-curso interpuesto.


text:
    No.-.
    Díaz et al., Apelantes, v. Roig, Apelado.
    Nulidad.
    Humacao.
    Julio 9, 1918.
   No ha lugar a desesti-mar la apelación.


text:
    No. 1858.
    Alfaro, Apelado, v. Alonso, Apelante.

    Injunction.

    Ponce.
    Julio 9, 1918.
   No ha lugar a la, desestima-ción del recurso.


text:
    No.-.
    Berríos, Apelante, v. Grillo et al., Apelados.
    Cobro de dinero.
    Humacao.
    Julio 9, 1918.
   No ha lu-gar a la desestimación de la apelación.


text:
    No. 1888.
    Philippi, Apelada, v. Valdés et al., Apelantes.
    Daños y perjuicios.
    San Juan, Sección 1ª.
    Julio 16, 1918.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1773.
    Sánchez, Apelado, v. Delgado, Apelante, y Báez, Demandado.
    Cobro de dinero; nulidad de procedi-miento; reconsideración.
    Humacao.
    Julio 18, 1918.
   No ha lugar a la reconsideración solicitada.


text:
    No. 232.
    Trías et al., Peticionarios, v. Rossy, Juez Distrito San Juan, Sección 2ª., Demandado.

    Certiorari.
    Julio 22, 1918.
   No ha lugar.


text:
    No. 1886.
    Vieira, Apelado, v. Mahonés, Apelante.
    Co-bro de dinero.
    San Juan, Sección 1ª.
    Julio 24, 1918.
   De-sestimada la apelación.


text:
    No. 24.
    Butler et al., Apelantes, v. Sorongo et al., Apelados.
    Aprobación de la exposición del caso.
    Julio 27, 1918.
   No ha lugar a la aprobación solicitada.


text:
    No. 1772.
    Torres et al., Apelantes, v. Ramos, Apelada.
    Reinvindicación de bienes y otros extremos.
    Mayagüez.
    Julio 27, 1918.
   Confirmada la orden apelada.


text:
    No. 1521.
    Franceschi et al., Apelados v. Trujillo y Mercado, Hoy Mario Mercado e Hijos, Apelantes.
    Nnlidad de ejecución y reivindicación; reconsideración.
    Ponce.
    Julio 27, 1918.
   No ha lugar a la reconsideración.


text:
    No. 1346.
    El Pueblo, Apelado, v. Calderón, Apelante.
    Seducción.
    San Juan, Sección 2ª.
    Noviembre 4, 1918.
   Desistida la apelación.


text:
    No. 1347.
    El Pueblo, Apelado, v. Díaz, Apelante.
    Aco-metimiento y agresión.
    San Juan, Sección 2ª.
    Noviembre 4, 1918.
   Desistida la, apelación.


text:
    No. 1290.
    El Pueblo, Apelado, v. Látimer et al., Apelantes.
    Infracción artículo 288 del Código Penal.
    San Juan, Sección 2ª.
    Noviembre 4, 1918.
   Desistida la. apelación.


text:
    No. 1928.
    El Pueblo, Apelado, v. Blondet, Apelante.
    Expropiación forzosa.
    Guayama.
    Noviembre 4, 1918.
   De-sistida la apelación.


text:
    No. 1813.
    Porrata, Apelante, v. El Pueblo, Apelado.
    Entrega de dinero.
    San Juan, Sección 1ª.
    Noviembre 4, 1918.
   Desistida la apelación.


text:
    No. 1929.
    Crehore, Apelado, v. Blondet, Apelante.
    Consignación.
    Guayama.
    Noviembre 4, 1918.
   Desistida. la apelación.


text:
    No. 1930.
    Lassanta, Apelado, v. Carballeira, Alcalde Municipal de Bayamón, Apelante.

    Mandamus.
    San Juan, Sección 1ª.
    Noviembre 5, 1918.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1931.
    López, Apelado, v. Rodríguez, Apelante.
    Divorcio.
    Humacao.
    Noviembre 5, 1918.
   Desestimada la ape-lación.


text:
    No. 1284.
    El Pueblo, Apelado, v. Cruz, Apelante.
    Aco-metimiento y agresión.
    Hnmacao.
    Noviembre 7, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1285.
    El Pueblo, Apelado, v. Andino, Apelante.
    Infracción artículo 288 del Código Penal.
    San Juan, Sección 2ª.
    Noviembre 7, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1932.
    León et al, Apelantes, v. Sosa, Apelado.
    Rei-vindicación de inmueble.
    San Juan, Sección 1ª.
    Noviembre 7, 1918.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1933.
    Rossy, Peticionario y Apelante, v. Amador et al., Apeladas.

    Injunction.
    San Juan, Sección 1ª.
    Noviembre 7, 1918.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1902.
    Nazario, Apelado, v. American Railroad Company of Porto Rico, Apelante.
    Indemnización.
    Mayagüez.
    Noviembre 8, 1918.
   Desistida la apelación.


text:
    No. 1283.
    El Pueblo, Apelado, v. Lara, Apelante.
    Aco-metimiento y agresión.
    Arecibo.
    Noviembre 11, 1918.
   Con-firmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1289.
    El Pueblo, Apelado, v. Ruiz, Apelante.
    Adul-teración de leclie.
    Humacao.
    Noviembre 11, 1918.
   Confir-mada la sentencia apelada.


text:
    No. 1312.
    El Pueblo, Apelado, v. Polanco, Apelante.
    Escalamiento en primer grado.
    Arecibo.
    Noviembre 11, 1918.
   Desistida la apelación.


text:
    No. 235.
    Rosaly et al., Peticionarios, v. Sepúlveda, Juez Distrito Ponce, Demandado.

      Certiorari.

    Noviembre 11, 1918.
   No ha lugar.


text:
    No. 1766.
    Carlos Cid & Cía., Apelada, v. Porto Rico Construction Co., Apelante.
    Resolución de venta y daños y per juicios; reconsideración.
    San Juan, Sección 1ª.
    Noviembre 11, 1918.
   No ha lugar a la reconsideración solicitada.


text:
    No. 1837.
    Méndez, Apelante, v. El Banco Comercial de Puerto Rico, Apelado.
    Daños y perjuicios; reconsideración.
    San Juan, Sección 1ª.
    Noviembre 11, 1918.
   No ha lugar a la reconsideración solicitada.


text:
    No. 1936.
    Damián, Apelado, v. Muller, Apelante.
    De-sahucio.
    Mayagüez.
    Noviembre 12, 1918.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1288.
    El Pueblo, Apelado, v. Rodríguez, Apelante.
    Calumnia e injuria (slander).

    Humacao.
    Noviembre 12, 1918.
   Confirmada* la sentencia apelada, pero modificándola en el sentido de que el acusado deberá sufrir un día de cárcel por cada dollar de multa que dejare de satisfacer.


text:
    No. 1292.
    El Pueblo, Apelado, v. Cruz (a) Poeta, Apelante.
    Acometimiento y agresión grave.
    Humacao.
    Noviembre 12, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 240.
    Zenteno, Peticionaria, v. Sepúlveda, Juez Distrito Ponce, Demandado.

    Certiorari.
    Noviembre 12, 1918.
   No ha lugar.


text:
    No. 1295.
    El Pueblo, Apelado, v. Díaz, Apelante.
    Aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    San Juan, Sección 2ª.
    Noviembre 14, 1918.
   Confirmada la sen-tencia apelada, pero modificándola en el sentido de declarar culpable al acusado de acometimiento y agresión simple y con-denándolo a pagar %ma multa de $30 o en su defecto a cumplir un día de cárcel por cada dollar que dejare de satisfacer.


text:
    No. 1298.
    El Pueblo, Apelado, v. Rodríguez et al., Apelantes.
    Acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes.
    San Juan, Sección 2ª.
    Noviembre 14, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1297.
    El Pueblo, Apelado, v. Barroso, Apelante.
    Acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    San Juan, Sección 2ª.
    Noviembre 15, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1300.
    El Pueblo, Apelado, v. Oliveras, Apelante.
    Adulteración de leche.
    San Juan, Sección 2ª.
    Noviembre 15, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1304.
    El Pueblo, Apelado, v. Parra, Apelante.
    Abuso de confianza.
    San Juan, Sección 2ª.
    Noviembre 19, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada, pero modificándola en el sentido de que el acusado deberá cumplir un día de cár-cel por cada dollar de multa que dejare de satisfacer, no excediendo la prisión de 90 días.


text:
    No. 1307.
    El Pueblo, Apelado, v. García, Apelante.
    Acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.

      San Juan, Sección 2ª.
    Noviembre 21, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1308.
    El Pueblo, Apelado, v. López, Conocida poe Angela Nogueras, Apelante.
    Infracción de la Ley de Pesas y Medidas.
    San Juan, Sección 2ª.
    Noviembre 21, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1299.
    El Pueblo, Apelado, v. Martínez et al., Apealantes.
    Acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes.
    San Juan, Sección 2ª.
    Noviembre 22, 1918.
   Con-firmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1315.
    El Pueblo, Apelado, v. Torres, Apelante.
    Abuso de confianza.
    Guayama.
    Noviembre 22, 1918.
   Con-firmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1316.
    El Pueblo, Apelado, v. Torres, Apelante.
    Abuso de confianza.
    Guayama.
    Noviembre 22, 1918.
   Con-firmada la.sentencia apelada.


text:
    No. 1317.
    El Pueblo, Apelado, v. Torres, Apelante.
    Abuso de confianza.
    Guayama.
    Noviembre 22, 1918.
   Con-firmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1294.
    El Pueblo, Apelado, v. Suárez, Apelante.
    Infracción artículo 288 del Código Penal.
    San Juan, Sección 2ª.
    Noviembre 25, 1918.
   Revocada la sentencia apelada y absuelta la acusada, cancelándose la fianza que prestara para permanecer en libertad.


text:
    No. 1318.
    El Pueblo, Apelado, v. Enrique, Apelante.
    Infracción artículo 18 en relación con el 17 de la Resolución Conjunta No. 5 del Consejo Ejecutivo, aprobada en 12 de abril de 1917.
    Guayama.
    Noviembre 25, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1678.
    Cruz, Representado por su Madre Margarita Cruz, Apelante, v. Doe et al., Herederos Desconocidos de Angel Hidalgo, Apelados.
    Filiación; reconsideración.
    Humacao.
    Noviembre 26, 1918.
   No ha lugar a la reconsidera-ción solicitada por él apelante.


text:
    No. 1939.
    Maldonado, Apelado, v. Dumont, Apelante.
    Daños y perjuicios.
    Humacao.
    Noviembre 26, 1918.
   De-clarada con lugar la moción y desestimada la apelación.


text:
    No. 1322.
    El Pueblo Apelado, v. Concepción Dávila, Apelante.
    Falsa representación.
    San Juan, Sección 2ª.
    Noviembre 29, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1324.
    El Pueblo, Apelado, v. Ramos, Apelante.
    Ho-micidio voluntario.
    Humacao.
    Diciembre 2, 1918.
   Confir-mada la sentencia apelada.


text:
    No. 1323.
    El Pueblo, Apelado, v. Soler, Apelante.
    Infracción artículo 288 del Código Penal.
    Mayagüez.
    Diciembre 2, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1328.
    El Pueblo, Apelado, v. Rosa, Apelante.
    -Ca-lumnia e injuria.
    Humacao.
    Diciembre 5, 1918.
   Confir-mada la sentencia apelada.


text:
    No. 1353.
    El Pueblo, Apelado, v. Stuart Rivero, Apelante.
    Ataque para cometer violación.
    San Juan, Sección 2ª.
    Diciembre 5, 1918.
   Desistida la apelación.


text:
    No. 1327.
    El Pueblo, Apelado, v. Acevedo, Apelante.
    Portar armas prohibidas.
    Mayagüez.
    Diciembre 9, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1334.
    El Pueblo, Apelado, v. Camacho, Apelante.
    Infracción artículo 287 del Código Penal.
    Mayagüez.
    Diciembre 9, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1336.
    El Pueblo, Apelado, v. García, Apèlante.
    In-fracción artículo 288 del Código Penal.
    Humacao.
    Diciembre 9, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1291.
    El Pueblo, Apelado, v. Lucena, Apelante.
    De-lito contra la paz pública.
    Arecibo.
    Diciembre 9, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1296.
    El Pueblo, Apelado, v. Pérez, Apelante.
    Motín.
    San Juan, Sección 2ª.
    Diciembre 9, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1301.
    El Pueblo, Apelado, v. Barroso, Apelante.
    Acometimiento y agresión.
    San Juan, Sección 2ª.
    Diciembre 9, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1306.
    El Pueblo, Apelado, v. Cruz, Apelante.
    Seducción.
    Arecibo.
    Diciembre 9, 1918.
   Confirmada la sen-tencia apelada.


text:
    No. 1314.
    El Pueblo, Apelado, v. Serrano et al., Apelantes.
    Conspiración.
    Arecibo.
    Diciembre 9, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1325.
    El Pueblo, Apelado, v. Granado, Apelante.
    Delito contra la salud pública.
    Mayagüez.
    Diciembre 9, 1918.
   Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.


text:
    No. 1326.
    El Pueblo, Apelado, v. González, Apelante.
    Injuria y calumnia.
    Humacao.
    Diciembre 9, 1918.
   Confir-mada la sentencia apelada.


text:
    No. 1330.
    El Pueblo, Apelado, v. Ramírez, Apelante.
    Incesto.
    Humacao.
    Diciembre 9, 1918.
   Confirmada la sen-tencia apelada.


text:
    No. 1337.
    El Pueblo, Apelado, v. Ramos, Apelante.
    In-fracción del artículo 288 del Código Penal.
    Humacao.
    Diciembre 12, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1340.
    El Pueblo, Apelado, v. Padín, Apelante.
    Abuso de confianza.
    Arecibo.
    Diciembre 12, 1918.
   Confir-mada la sentencia apelada.


text:
    No. 241.
    Sucesión de Jesús, Peticionario, v. Lloreda, Juez Distrito Arecibo, Demandado.

      Certiorari.

    Diciembre 13, 1918.
   No ha lugar a expedir él auto.


text:
    No. 1343.
    El Pueblo, Apelado, v. Osorio, Apelante.
    In-fracción al artículo 288 del Código Penal.
    San Juan, Sección 2ª.
    Diciembre 16, 1918.
   Confirmada, la sentencia apelada.


text:
    No. 1309.
    El Pueblo, Apelado, v. Ríos, Jr., Apelante.
    Infracción Ley de Pesas y Medidas.
    Ponce.
    Diciembre 16, 1918.
   Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.


text:
    No. 1344.
    El Pueblo, Apelado, v. De Jesús, Apelante.
    Falsa representación e impostura.
    Guayama.
    Diciembre 20, 1918.
   Revocada la sentencia apelada.


text:
    No. 1335.
    El Pueblo, Apelado, v. Olivieri, Apelante.
    Delito contra la justicia pública.
    Mayagüez.
    Diciembre 20, 1918.
   Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1946.
    Benítez, Apelado, v. Benítez et al., Apelantes.
    Cumplimiento de contrato.
    Humacao.
    Diciembre 23, 1918.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1947.
    Lara et al., Apelantes, v. Mas et al., Apelados.
    Declamación de propiedad real.
    San Juan, Sección 2ª.
    Diciembre 23, 1918.
   Declarada con lugar la moción y deses-timada la apelación.