author: Jueza Presidenta Señora Fiol Matta, al que se une el Juez Asociado Señor Estrella Martínez. Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo. Juez Asociado Señor Rivera García, al cual se unen la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

text:
      In re Hon. Manuel Acevedo Hernández.

      Número: AD-2014-2

      Resuelto: 6 de octubre de 2014

      Cristina Guerra Cáceres y Félix J. Fumero Pugliessi, abogados de la Oficina de Administración de los Tribunales; Joseph C. Laws del Valle y Melanie Matos Cardona, abogados del Hon. Manuel Acevedo-Hernández.
   RESOLUCIÓN

El pasado 14 de abril de 2014 los medios de comunicación del País difundieron la noticia sobre el diligenciamiento por las autoridades federales de una orden de allanamiento en la residencia del Juez Manuel Acevedo Hernández. Esos eventos afectaron directa y adversamente la confianza del Pueblo depositada en los jueces y juezas de nuestra Judicatura. Por ello, ese mismo día la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta ordenó el inicio de una investigación al amparo de las normas dispuestas en las Reglas de Disciplina Judicial. 4 LPRA Ap. XV-B, R. 5(c). Además, ante aquella situación extraordinaria ordenó la suspensión provisional e inmediata con paga de las funciones judiciales y administrativas que desempeñaba el Juez Acevedo Hernández mientras se realizaba la investigación según la Ley de la Judicatura. 4 LPRA sec. 25o.

El viernes 26 de septiembre de 2014, la Comisión de Disciplina Judicial del Tribunal Supremo de Puerto Rico notificó su determinación de causa probable para autorizar la presentación de úna querella contra el juez Acevedo Hernández por la posible violación de múltiples Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, así como la posible violación del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, por hechos relacionados con la acusación del Gran Jurado federal por los delitos de conspiración y soborno. Además, la Comisión recomendó la suspensión inmediata de salario al juez Acevedo Hernández hasta la disposición final de la querella.

La determinación del Gran Jurado federal y las violaciones éticas imputadas en este caso constituyen hechos extraordinarios que chocan con la política pública de la Rama Judicial de Puerto Rico de rechazar y evitar cualquier conducta que pueda menoscabar la confianza del Pueblo puertorriqueño en su sistema de justicia. De probarse dichas violaciones equivaldría a una de las traiciones más graves a la independencia Judicial, principio rector de la función adjudicativa. Por esas razones de peso, luego de evaluar la determinación y recomendación de la Comisión, así como el Artículo 6.0002 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 25j, y la Regla 34 de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B, se ordena la suspensión inmediata del salario del juez Acevedo Hernández hasta que concluya el procedimiento disciplinario.

Finalmente, debemos aclarar que esta acción no debe tomarse como una adjudicación en los méritos de los hechos en controversia ni de cualquier otro asunto pendiente ante la consideración de la Oficina de Administración de Tribunales sobre el juez Manuel Acevedo Hernández.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Señora Piol Matta emitió un voto particular de conformidad, al que se unió el Juez Asociado Señor Estrella Martínez. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo emitió un voto particular de conformidad. El Juez Asociado Señor Rivera García emitió un voto particular de conformidad, al que se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por la

Jueza Presidenta Señora Fiol Matta, al que se une el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

La Rama Judicial de Puerto Rico tiene una política pública firme de rechazar y evitar cualquier conducta que pueda menoscabar la confianza del Pueblo puertorriqueño en su sistema de justicia. La controversia que creó la intervención de las autoridades federales con el juez Manuel Acevedo Hernández perturbó profundamente esa confianza, que es el elemento fundamental de la Independencia Judicial. Por eso, el 14 de abril de 2014 ordené el inicio de una investigación sobre los hechos que dieron base a la intervención federal. Como medida provisional suspendí inmediatamente al juez Manuel Acevedo Hernández de las funciones judiciales yadministrativas que desempeñaba, con paga, según dispone el Artículo 6.007 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 25o.

Como resultado de esa investigación, la Comisión de Disciplina Judicial determinó que existe causa para la presentación de una querella contra el juez Manuel Acevedo Hernández por la posible violación de los Cánones de Ética Judicial y de Ética Profesional. Al informarme su determinación, la Comisión de Disciplina Judicial me recomendó que suspendiera el pago del salario del juez Manuel Acevedo Hernández. Esto, como medida provisional adicional a la orden de suspensión inmediata de funciones judiciales y administrativas. Por tratarse de una medida extraordinaria, informé de ello al Pleno del Tribunal y le recomendé que tomáramos la acción afirmativa de suspender de salario al juez Manuel Acevedo Hernández como medida provisional adicional.

La determinación que hoy toma este Tribunal demuestra al Pueblo que el sistema de justicia es digno de su fe y que la Rama Judicial no permitiráconducta que deshonre el estrado.

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo.

Doy mi conformidad a la determinación que hoy toma este Tribunal, con la satisfacción que me produce ver que ante situaciones extraordinarias estamos tomando medidas de ese mismo calibre. La suspensión inmediata del salario del juez Acevedo Hernández hasta que concluya el procedimiento disciplinario en su contra, es una medida clave para llevar el mensaje claro a nuestro Pueblo de que no toleraremos situaciones que constituyan una amenaza al prestigio de nuestra Rama Judicial.

Solo así comenzaremos a recobrar y cimentar, sobre nuevas bases, esa indispensable confianza del Pueblo que es clave para la legitimación denuestros procesos judiciales, y que lamentablemente tanto ha languidecido.

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Rivera García, al cual se unen la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

Ante una situación tan extraordinaria en la que un miembro de la Judicatura puertorriqueña es acusado criminalmente por actuaciones relacionadas a sus funciones judiciales, no hay duda de que debemos ser firmes en el ejercicio de nuestro poder disciplinario. En ese contexto, estoy anuente con la determinación que hoy alcanzamos como cuerpo colegiado dirigida a adoptar la medida cautelar de suspender inmediatamente el salario que recibe el juez Manuel Acevedo Hernández hasta tanto concluya el procedimiento disciplinario en su contra. Ello conforme a las disposiciones del Art. 6.002 de la Ley de la Judicatura y la Regla 34 de las Reglas de Disciplina Judicial.

Avalo este proceder motivado, principalmente, por dos circunstancias muy particulares relacionadas al presente caso. Primero, por la existencia de un pliego acusatorio emitido por un Gran Jurado federal en contra del juez Acevedo Hernández por delitos de conspiración y soborno. Segundo, por la determinación de la Comisión de Disciplina Judicial del Tribunal Supremo de hallar causa probable para autorizar la presentación de una querella por posibles violaciones a los Cánones de Ética Judicial y al Código de Ética Profesional.

Ciertamente, el juez Acevedo Hernández, al igual que todo ciudadano que enfrente un procedimiento que podría conllevar un menoscabo de su derecho propietario, es acreedor de todas las garantías propias del debido proceso de ley. Por lo tanto, esta determinación, bajo ninguna circunstancia, representa una adjudicación en los méritos en lo que al proceso disciplinario respecta. Sin embargo, esta Curia no puede permanecer ajena al desarrollo de los hechos que hasta el momento involucran al referido magistrado y a los efectos patentes e inmediatos que los mismos tienen sobre nuestra Rama Judicial.

Si bien las imputaciones que enfrenta el juez Acevedo Hernández no representan una conducta típica entre nuestros jueces y juezas, ello no debe ser óbice para tomar ni presente caso como una voz de alerta para todos, particularmente para la Oficina de la Administración de los Tribunales. Lo que pudo ser el resultado de una liviana y laxa fiscalización, hoy debe tomarse como punto de partida para la implementación de investigaciones más rigurosas y cabales en la evaluación de quejas concernientes a la conducta de jueces y juezas. Ello paralelo a una mayor proactividad en la supervisión y adopción de medidas preventivas que propicien la más pronta detección de conductas antiéticas. Con ello en mente, honestamente confío que las medidas promulgadas recientemente eviten situaciones adicionales que amancillen el respeto y la confianza en nuestras instituciones judiciales.

Finalmente, debo reiterar que brindo mi anuencia para proceder conforme a lo establecido en la Resolución que antecede como una medida cautelar excepcional que amerita ser tomada dadas las circunstancias muy particulares del presente caso y ante la existencia de un interés superior y preeminente como lo es la confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia.

       Art. 6.002 de la Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 25j). Este artículo establece que “[p]revio los trámites procesales correspondientes, el Tribunal Supremo podrá imponer a los jueces una o varias de las siguientes medidas disciplinarias”, entre las cuales se incluye la suspensión de empleo y sueldo. íd. Por su parte, la Regla 34 de Disciplina Judicial dispone que en aquellos asuntos no previstos por tales reglas, “el Tribunal determinará su trámite en la forma que garantice el cumplimiento de los propósitos que inspiran estos procedimientos y los derechos de la jueza o del juez, de la parte promovente y la sana administración de la Justicia”. 4 LPRAAp. XV-B.

       4 LPRAAp. IV-B y 4 LPRAAp. IX, respectivamente.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo Jueza Asociada Señora Pabón Charneco.

license: Public Domain

text:
      In re MMT, MITA y LST.

      Número: AB-2014-192

      Resuelto: 7 de octubre de 2014

      Lind O. Merle Feliciano, juez administrador de la Región Judicial de Caguas; MMT, LST y MITA, pro se; Rafael Luis Vissepó Feliciano, pro se.

   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

(Regla 50)

Transparencia, dentro del contexto de nuestros procesos disciplinarios, conlleva que se le notifique a un ciudadano con conocimiento personal y legitimación activa, de todos los trámites relacionados al asunto disciplinario que este ha promovido, sin excepción de que ese ciudadano vista una toga.

La controversia que nos ocupa en esta ocasión es relativamente sencilla. Precisa, simplemente, del ejercicio del sentido de justicia y lógica jurídica. Nos corresponde determinar si en un proceso disciplinario contra miembros de nuestra clase togada que fue referido a esta Curia mediante una orden o resolución judicial emitida por un Juez Administrador, el juez que originalmente le hace la solicitud a ese Juez Administrador de elevar los autos es parte promovente del proceso disciplinario y, por consiguiente, tiene que ser notificado de la presentación de documentos, órdenes o resoluciones conforme al Reglamento de este Tribunal Supremo. Por los fundamentos expuestos a continuación, respondemos tal interrogante en la afirmativa.

I

Las licenciadas MMT, MITA y LST (licenciadas) son representantes legales en un caso civil que se asignó a la sala del honorable juez Rafael Vissepó Vázquez (juez Vissepó). Así las cosas, tras varios incidentes procesales en el caso, el 7 de enero de 2014 las licenciadas solicitaron la inhibición del juez Vissepó y el traslado del caso a otra región judicial. Por lo anterior, el juez Vissepó emitió una Resolución el 1 de abril de 2014 en la que se inhibió del caso.

No obstante, el 15 de abril de 2014, las licenciadas presentaron un escrito dirigido al honorable juez Lind O. Merle Feliciano, Juez Administrador de la Región Judicial de Caguas (Juez Administrador), en el que solicitaron que se elevaran los autos para que este Tribunal evaluara la conducta del juez Vissepó. De igual forma, el 24 de abril de 2014, el juez Vissepó emitió una Resolución en la que solicitó al Juez Administrador que elevara el expediente del caso a esta Curia para que también se investigara si la, conducta de las licenciadas constituía alguna violación a los cánones del Código de Ética Profesional.

Por su parte, luego de recibir varios escritos de las partes, el 27 de mayo de 2014 el Juez Administrador emitió una Orden en la cual expresó que “las partes con interés, entiéndase las tres abogadas y el Juez que presidía los procedimientos, solicitaron que se eleven los autos para que sean evaluados oportunamente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico por posibles violaciones a los cánones de ética profesional y judicial [...]”. Acto seguido, ordenó a la Secretaria Regional fotocopiar los expedientes, certificar las copias como fieles y exactas, y regrabar todas las instancias del procedimiento. Además, ordenó que remitiera el expediente a este Tribunal Supremo “para la oportuna evaluación, conforme a lo solicitado”. (Énfasis nuestro).

El 10 de julio de 2014, este Tribunal emitió una Resolución para conceder quince días a las licenciadas para ex-presarse sobre el asunto. Así, el 27 de julio de 2014, la licenciada MITA presentó su Comparecencia en Cumplimiento de Resolución. Sin embargo, en dicha comparecencia, la licenciada MITA certificó haber notificado a la licenciada MMT, a ella misma y al Juez Administrador, dejando desprovistos de notificación a la licenciada LST y al juez Vissepó, ambos partes interesadas en el caso.

Así las cosas, el 12 de septiembre de 2014, el juez Vissepó presentó una Urgente Comparecencia Especial y en Solicitud de Remedios, en la que nos llama a la atención de que, a pesar de que él promovió la queja en contra de las licenciadas, todos los documentos están siendo notificados al Juez Administrador, dejándolo a él fuera de tales notificaciones. Por su parte, el 17 de septiembre de 2014, las licenciadas LST y MITA presentaron un escrito titulado Oposición a: Urgente Comparecencia Especial y en Solicitud de Remedios Véase, además, Urgente Solicitud de Or-den Protectora. En su escrito, las licenciadas expresan que, según su parecer, el juez Vissepó no es parte con interés, pues quien eleva el expediente a nuestra atención es el Juez Administrador mediante la Orden emitida el 27 de mayo de 2014 y no el juez Vissepó. Además, alegan que el Reglamento del Tribunal Supremo establece que los procesos de quejas en contra de un abogado o abogada son confidenciales.

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2014, MMT presentó su Oposición en Torno a “Urgente Comparecencia Especial y en Solicitud de Remedios” y en Solicitud de Remedios. En dicho escrito invocó su derecho a la confidencialidad en el proceso de queja. Al igual que sus compañeras, nos expone que fue el Juez Administrador quien nos refirió la queja y no el juez Vissepó.

Luego de considerar la posición de todas las partes, y en virtud de la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, resolvemos la Urgente Comparecencia Especial y en Solicitud de Remedios presentada por el peticionario, el juez Vissepó.

h—I

El derecho de la parte promovente” a ser notificada

La Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRAAp. XXI-B, atiende lo concerniente a las quejas y los procedimientos disciplinarios contra abogados, abogadas, notarios y notarías. En sus incisos (c), (Z) y (o), respectivamente, se establece que:

(c) El Secretario o la Secretaria enviará copia de la queja al abogado, la abogada, el notario o la notaría, según sea el caso, para que dentro del término de diez (10) días se exprese sobre ésta. El Secretario o la Secretaria podrá prorrogar el término aquí dispuesto por circunstancias meritorias. El abogado, la abogada, el notario o la notaría notificará a la parte promovente de la queja por correo certificado con acuse de recibo, una copia de la contestación que presente al tribunal, haciendo constar en esta el hecho de la notificación.

(1) Cada parte tendrá un término simultáneo de veinte (20) días, contados desde la notificación del informe, para ofrecer sus comentarios u objeciones, y sus recomendaciones en cuanto a la acción que deba tomar el tribunal.

(o) El Secretario o la Secretaria notificará con copia de todas las providencias que adopte el tribunal, al abogado o al notario involucrado o a la abogada o a la notaría involucrada, y a la parte promovente de la queja. Cualquier decisión del tribunal que imponga sanciones se notificará, además, a la Oficina de Administración de los Tribunales, al Secretario o [a la] Secretaria de Justicia y al Colegio de Abogados de Puerto Rico. Si la sanción afecta en cualquier forma la capacidad del notario o de la notaría para actuar como tal, se notificará también al Secretario o Secretaria de Estado y al Director o Directora de la Oficina de Inspección de Notarías. (Énfasis nuestro).

Por lo tanto, según nuestro Reglamento, la parte promovente no tan solo tiene derecho a que se le notifique la contestación presentada por el abogado, sino que se le reconoce el derecho a que se le notifique de todas las providencias que adopte el Tribunal e, incluso, del informe que en su momento rinda el Comisionado o la Comisionada Especial.

Ahora bien, nuestro Reglamento no define el término parte promovente. De hecho, la realidad es que la palabra promovente no aparece en el diccionario de la Real Academia Española. La acepción que dicho diccionario incluye es la del término promover, que significa “[i] ni ciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro”. Además, en una búsqueda del concepto “parte promovente” en un reglamento germano encontramos que el Reglamento de Disciplina Judicial, en su Regla 4, inciso (j), oportunamente define el término parte promovente como “cualquier persona natural que presente una solicitud para que se investigue la conducta o capacidad de un juez o de una jueza”. (Énfasis nuestro).

Por otra parte, un funcionario público tiene legitimación activa cuando un estatuto así se lo confiere. De esta forma, el Canon 7 de Ética Judicial establece que

[c]uando los hechos les consten personalmente, las juezas y los jueces promoverán y cooperarán con los procedimientos disciplinarios que procedan contra cualquier jueza, juez, abogada, abogado, funcionaría, funcionario, empleada o empleado de la Rama Judicial que actúe contrario a lo dispuesto en los cánones, en las normas administrativas, en los reglamentos y en las leyes vigentes. (Enfasis nuestro).

Así, en nuestro poder inherente de reglamentar la judicatura, hemos establecido en el Canon 7, supra, la obligación de todo juez con conocimiento personal de promover procesos disciplinarios en contra de los abogados que incurran en violaciones a los cánones del Código de Ética Profesional. Por lo tanto, resulta imposible que este mandamiento ético establezca dicha obligación al funcionario judicial y no le conceda la legitimación activa para cumplir con él.

Es claro, entonces, que el concepto parte promovente, en el contexto de los procesos disciplinarios, se refiere a aquella persona que ha impulsado la acción disciplinaria y que, a su vez, tiene conocimiento personal y legitimación activa con relación a la queja.

En este caso, resolvemos que el peticionario es la parte promovente en el proceso disciplinario, aunque no fue quien directa o expresamente elevó los autos ante esta Curia. Esto, pues fue él quien realmente promovió o impulsó la acción en contra de las licenciadas al solicitarle al Juez Administrador que elevara el expediente que contenía su queja. Es el juez Vissepó y no el Juez Administrador quien claramente tiene el conocimiento personal de lo ocurrido, así como la legitimación activa, por haber sido una de las partes involucradas directamente en los sucesos. Nótese que fue el juez Vissepó quien, según las definiciones que hemos discutido, “impulsó” un proceso disciplinario contra las licenciadas de epígrafe. Así, entonces, por ser el juez Vissepó la parte promovente en el caso, procede que se le reconozcan todos los derechos que nuestro Reglamento le confiere a esta parte en acciones disciplinarias.

J-H HH 1-H

Por los fundamentos que anteceden, y de acuerdo con la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, se ordena a la Secretaria de este Tribunal y a todas las partes que deberán notificar también al juez Vissepó de todo acontecimiento que surja con relación al procedimiento disciplinario en contra de las abogadas de epígrafe, en el cual, y según lo aquí resuelto, él es parte promovente. Además, la Secretaria de este Tribunal deberá enviar copia al juez Vis sepó de todos los documentos que obren en el expediente del procedimiento disciplinario contra las abogadas de epígrafe, en el cual, y de acuerdo con lo aquí resuelto, este es parte promovente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta hizo constar la siguiente expresión, a la cual se unió la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez:

La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta entiende que lo que el Tribunal tiene ante su consideración es un asunto interlocutorio dentro de un caso disciplinario que está en una etapa inicial y, por lo tanto, es de naturaleza confidencial por disposición reglamentaria. Por ello, sostiene que la determinación se debía emitir mediante Resolución. Sin embargo, está conteste con definir parte promovente de la manera en que se propone en la Opinión mayoritaria. Hay que tener presente que esta controversia se dio en el contexto de un procedimiento disciplinario contra profesionales del derecho presentado ante el Tribunal Supremo. Este proceso se rige por las disposiciones de nuestro Reglamento y este no provee una definición para el concepto parte promovente.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco emitió una opinión de conformidad. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez concurrió con lo resuelto en la opinión mayoritaria y se unió a lo expresado por la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta.

Opinión de conformidad emitida por la

Jueza Asociada Señora Pabón Charneco.

En esta lamentable coyuntura en que la imagen de la Rama Judicial se encuentra cuestionada, no podemos avalar con nuestro silencio una interpretación, por parte de la Oficina de Administración de los Tribunales, que implicaría lacerar la transparencia y restringir el acceso a remedios a las partes involucradas en algún asunto ético bajo nuestra jurisdicción. Todo lo contrario. Tal como expresé en días recientes cuando aprobamos las enmiendas a las Reglas de Disciplina Judicial, el silencio y el inmovilismo no son opción. Es por ello, que procede continuar tomando pasos afirmativos para seguir promoviendo la transparencia que debe permear las labores de la Rama Judicial. Por ello, y por entender que pautar el alcance de lo que constituye una “parte promovente” en las Quejas y en los procedimientos disciplinarios de los abogados en Puerto Rico es un asunto de alto interés público que incide sobre la transparencia que debe caracterizar a la Rama Judicial, estoy conforme con la Opinión que antecede.

Como muy bien se discute en la Opinión del Tribunal, en el contexto de los procesos disciplinarios, una “parte promovente” es aquella que promueve o impulsa una acción disciplinaria por haber estado directamente involucrada en los sucesos que motivaron la presentación de una Queja. La importancia detrás de delimitar de manera clara el alcance de lo que constituye una “parte promovente” es vital para garantizar que a esta se le reconozcan los derechos conferidos por nuestro Reglamento en este contexto particular. Como claro y evidente ejemplo de esto es que se le notifique todo lo que surja con relación al procedimiento disciplinario instado por esta.

Mantener totalmente desinformada a la parte que legítimamente promovió una causa ética sería permitir que los procedimientos disciplinarios de la Rama se diluciden unilateralmente en los pasillos sigilosos y oscuros de la Oficina de Administración de los Tribunales. No podemos avalar tal escenario. La transparencia que estamos llamados a proporcionarle al Pueblo de Puerto Rico no puede ser víctima de la burocracia ni de interpretaciones ilógicas y acomodaticias de nuestro Reglamento. Por ello, la importancia de aprovechar esta oportunidad para precisar que en un procedimiento disciplinario, la “parte promovente” es aque lia que da inicio al procedimiento disciplinario. Según mencionado, una interpretación contraria redundaría en un absurdo jurídico, donde la parte que ocasionó la activación del proceso disciplinario quedaría totalmente ajena a su desenlace. Lo que se constituiría en una traba más para la búsqueda de la verdad y una bruma que empañaría la transparencia que debe caracterizar las labores de la Rama Judicial. Un buen punto de partida es velar por la pureza en un asunto de tanta envergadura como son las notificaciones adecuadas en los procedimientos disciplinarios en la Rama Judicial.

En fin, he reafirmado de manera consistente mi preocupación por la falta de transparencia en la Rama Judicial en los últimos años, y he expresado la necesidad imperiosa de trazar nuevos caminos que logren restaurar de manera efectiva la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema de justicia. En momentos cuando el Pueblo exige claridad, no podemos claudicar al conformismo y mantenernos estáticos. Como tampoco podemos incurrir en acciones que obstaculicen y perpetúen la desconfianza de los ciudadanos en nuestro sistema de justicia. A contrario sensu, tenemos el compromiso ineludible de aprovechar cada oportunidad, por más sencilla que parezca, para descorrer el velo de la burocracia y rendirle cuentas al Pueblo. Desaprovechar estas oportunidades equivaldría a anular la confianza de los ciudadanos en una institución que debe promover la búsqueda de la verdad y la justicia sobre todas las cosas.

Con la Opinión emitida hoy, continuamos eliminando los escondites técnicos y los refugios de oscuridad que han permeado en la dirección de la Oficina de Administración de los Tribunales.

       Por constituir un asunto interlocutorio dentro de un caso disciplinario en etapa inicial, este Tribunal ha decidido suprimir los nombres de las licenciadas querelladas e identificarlas por sus iniciales como medida cautelar para proteger la identidad de estas.

        Exhibit I, Orden del Juez Administrador emitida el 27 de mayo de 2014, págs. 5-6.

       íd., pág. 6.

       Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRAAp. XXI-B.

       http://lema.rae.es/drae/?val=promover (última visita, 26 de septiembre de 2014).

        In re Aprobación Reglas, 164 DPR 137, 140 (2005).

        Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824 (1992).

        In re Aprobación Cánones Ética 2005, 164 DPR 403, 417 (2005).


author: El Juez Asociado Señor Rivera García

text:
    Rosa I. Rivera Serrano en representación del menor JJDR, recurrida, v. Municipio Autónomo de Guaynabo y/o Policías Municipales Juan D. Torres Hernández y Angel M. García Colón, y Compañías Aseguradoras de Nombre Desconocido, peticionarios.

      Número: CC-2012-0836

      Resuelto: 8 de octubre de 2014

      Manuel J. Camacho Córdova, abogado de la parte peticionaria; Ramón Enrique Segarra Berrios, de Quiñones López Law Office, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos permite determinar si procede la desestimación de una demanda en daños y perjuicios de un menor cuando su padre, madre o tutor legal incumple con la notificación al alcalde requerida por la Ley Núm. 81-1991 (Ley de Municipios Autónomos). Evaluadas las normas de derecho pertinentes, contestamos negativamente. De esta manera, determinamos que en el contexto particular de las demandas en daños y perjuicios autorizadas por la Ley de Municipios Autónomos, no procede privar a un menor de edad de su causa de acción por la negligencia en que incurrió su custodio legal en cuanto al requisito de notificación. En ese contexto, confirmamos la determinación del Tribunal de Apelaciones y ordenamos la continuación de los procedimientos en cuanto a lo que respecta a la causa de acción del menor.

A continuación exponemos los antecedentes fácticos y procesales que originaron la controversia que hoy atendemos.

l—i

El 16 de marzo de 2009 la Sra. Rosa I. Rivera Serrano (señora Rivera Serrano), por sí y en representación de su hijo, el menor JJDR, incoó una acción en reclamación de daños y perjuicios en contra del municipio de Guaynabo (Municipio) y su Policía Municipal, entre otros. Según sostuvo, el 14 de marzo de 2008 dos policías municipales detuvieron el vehículo de motor en el que andaba su hijo en compañía de un amigo de este. Como parte de la intervención, presuntamente uno de los guardias municipales apuntó a la cabeza de JJDR con un arma de fuego. Al temer por su vida, este aceleró el vehículo y continuó la marcha, mientras los policías comenzaron a disparar al auto. Como consecuencia de este incidente, la señora Rivera Serrano solicitó que tanto ella como su hijo fueran indemnizados por los daños y sufrimientos emocionales sufridos.

Luego de contestar la demanda, el Municipio presentó una "Moción de desestimación y/o sentencia sumaria”. En esta planteó que el tribunal debía desestimar la demanda o dictar una sentencia sumaria a su favor por tres razones. Primero, porque los demandantes no notificaron al Municipio su reclamación dentro de los noventa días de ocurrido el incidente, como dispone el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra. Segundo, porque la demanda estaba prescrita, ya que había transcurrido más de un año desde los hechos alegados hasta la fecha de su presentación. Tercero, porque los hechos alegados en la demanda corresponden a una conducta delictiva por parte de los guardias municipales, por lo que el Municipio no debe responder por tales hechos.

Subsiguientemente, la señora Rivera Serrano presentó una oposición a la referida petición de desestimación. Según planteó, las circunstancias expuestas en la demanda no justifican la exigencia de una notificación previa. Esto, porque la Policía Municipal es una institución administrada por el Municipio, “por lo que es de valor reducido la notificación debido a que no existe riesgo de desaparición de evidencia”. Al respecto, añadió que “los hechos que motivan la controversia en el caso de autos fueron producto de los actos directamente efectuados por el funcionario municipal quien tiene conocimiento personal de los hechos por los [que] se reclaman daños y peijuicios, ya que conoce muy bien la situación y la identidad de los testigos”. Evaluados ambos escritos, el Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha lugar” la petición de desestimación o sentencia sumaria presentada por el Municipio, así como una posterior moción de reconsideración.

Inconforme con esta determinación, el Municipio acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante una petición de certiorari. En esta alegó que el Tribunal de Primera Instancia erró “al no desestimar la demanda por falta de jurisdicción al no notificar al Municipio de Guaynabo de acuerdo al Art. 15.003 de la Ley Número 81 [...] y/o por no exponer hechos que justifiquen la concesión de un remedio”. Atendido el planteamiento, el foro apelativo intermedio concluyó que la señora Rivera Serrano no logró demostrar que existían circunstancias especiales que justificaran dispensarla del requisito de notificación al Municipio. Como consecuencia, modificó el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia para desestimar la causa de acción presentada por la señora Rivera Serrano.

Ahora bien, en lo que respecta a la causa de acción del menor JJDR, el Tribunal de Apelaciones devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos. Según sostuvo, el Estado tiene un deber de parens patrie y no puede utilizar un mecanismo procesal para justificar que se prive al menor del derecho sustantivo que permite la reparación de un daño. Sobre este particular, el foro apelativo intermedio concluyó lo siguiente:

A base de lo anteriormente expuesto, colegimos que no podemos imputarle al menor hijo de la señora Rivera Serrano su negligencia al no haber notificado al Municipio su intención de demandarlo dentro de los 90 días siguientes a que conoció de la existencia de los daños y, de esta forma, hacer abstracción de las implicaciones que produciría sostener la desestimación del pleito en contra el menor.
A la luz de lo anterior, concluimos que, en efecto, el derecho sustantivo del menor debe prevalecer sobre el requisito procesal de la notificación. Por tanto, procede devolver el caso para que allí se ventile en sus méritos su causa de acción.

Inconforme con este dictamen, el Municipio acudió ante esta Curia mediante un recurso de certiorari. En este ex-pone, en esencia, los mismos errores y planteamientos esbozados ante el Tribunal de Apelaciones. Examinado el recurso, el 25 de enero de 2013 expedimos el auto solicitado. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a delinear el marco legal pertinente a la controversia que nos ocupa.

II

Desde comienzos del siglo pasado, en nuestro ordenamiento jurídico persiste la doctrina de inmunidad soberana. Véase Porto Rico v. Rosaly, 227 US 270, 273 (1913). En virtud de esta, ninguna persona puede presentar una reclamación judicial en contra del Estado, salvo que este haya consentido a ser demandado. Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763 (2014); Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668, 678 (2009); Defendi Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 DPR 28, 40 (1993); Meléndez v. E.L.A., 81 DPR 824, 826 (1960).

En reconocimiento a esta doctrina, en Puerto Rico se han adoptado varias legislaciones mediante las cuales el Estado ha consentido a la presentación de ciertos procedimientos judiciales en su contra. Así, por ejemplo, en el caso particular de las entidades municipales, la Ley de Municipios Autónomos permite que el municipio responda por los daños personales o a la propiedad ocasionados por su culpa o negligencia, siempre y cuando se cumpla con las condiciones que impone la propia ley. Una de estas condiciones es que el reclamante notifique a la entidad municipal sobre la existencia de una posible reclamación en su contra.

En consideración a la controversia particular ante nuestra atención, delinearemos primeramente los aspectos generales relacionados con el referido requisito de notificación. En segundo lugar, evaluaremos la relación entre este requerimiento y los menores de edad, particularmente, en lo que concierne a las consecuencias que aplican a la causa de acción del menor cuando su custodio legal falla en notificar al municipio, según establece nuestra legislación.

A. Aspectos generales del requisito de notificación

El requisito de notificación al alcalde fue establecido por primera vez en la hoy derogada Ley Municipal de 1960. Desde entonces, ha formado parte de las leyes municipales posteriores. En lo que respecta a la vigente Ley de Municipios Autónomos, el requisito de notificación forma parte del Art. 15.003, el cual regula la presentación de las demandas contra un municipio por los daños y perjuicios ocasionados por su culpa o negligencia. En específico, esta legislación dispone que tal notificación debe realizarse en los términos siguientes:

[...] deberá presentar al alcalde una notificación escrita, haciendo constar en forma clara y concisa la fecha, lugar, causa y naturaleza general del daño sufrido. En dicha notificación se especificará, además, la cuantía de la compensación monetaria o el tipo de remedio adecuado al daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos y la dirección del reclamante, y en los casos de daño a la persona, el lugar donde recibió tratamiento médico en primera instancia.
(a) Forma de entrega y término para hacer la notificación.— Dicha notificación se entregará al alcalde, remitiéndola por correo certificado o por diligenciamiento personal o en cualquier otra forma fehaciente reconocida en derecho.
La referida notificación escrita deberá presentarse al alcalde dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños reclamados. [...]
(b) Requisito jurisdiccional.—No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra un municipio por daños causados por la culpa o negligencia de aquél, a menos que se haga la notificación escrita, en la forma, manera y en los plazos dispuestos en este subtítulo.

Como podemos observar, surge el citado precepto que la notificación debe ser por escrito e incluir la fecha, el lugar, la causa y la naturaleza general del daño, así como la cuantía de la compensación o el tipo de remedio adecuado al daño sufrido, los nombres y las direcciones de sus testigos y la dirección del reclamante. Asimismo, debe especificar el lugar donde recibió el tratamiento médico en primera instancia, en aquellos casos en los que la reclamación esté relacionada con daños a la persona.

En múltiples ocasiones, hemos expresado que tal requerimiento de notificación previa responde al interés de las entidades municipales de lograr una efectiva investigación que les permita articular una defensa adecuada en la futura reclamación que posiblemente se presentará en su contra. Así, hemos establecido que la notificación previa tiene las ventajas siguientes: (1) proveerle a los municipios la oportunidad de investigar los hechos que originaron la reclamación; (2) conocer posibles testigos de los hechos; (3) mitigar el importe de los daños sufridos, y (4) permitir a los municipios la inspección inmediata del lugar del accidente, entre otras ventajas. Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 196 (2014); Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788, 799 (2001); Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618, 627 (1985).

Como norma general, la consecución de tales objetivos supone la aplicación rigurosa del requisito de notificación establecido en la Ley de Municipios Autónomos. Ahora bien, en el pasado hemos reconocido varias instancias en las que tal exigencia carece de eficacia jurídica o supondría una grave injusticia para quien cuenta con una legítima causa de acción. Como ejemplo, en Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 DPR 175 (1968), reconocimos que el requisito de notificación no es necesario si el municipio comienza la acción judicial dentro de los noventa días establecidos en el Art. 15.003, supra. De igual forma, hemos resuelto que no es necesario cuando el reclamante presenta la demanda y emplaza al municipio dentro del referido término. Véase, e.g., Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra.

B. El requisito de notificación y los menores

En lo que concierne a los menores de edad, el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, dispone lo siguiente:

Si el peijudicado fuere un menor de edad o una persona sujeta a tutela, la persona que ejerza la patria potestad o la custodia del menor, o el tutor, según fuere el caso, estará obligada a notificar al alcalde la reclamación dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de los daños que se reclaman. Lo anterior no será obstáculo para que el menor o la persona sujeta a tutela haga la referida notificación por su propia iniciativa dentro del término prescrito, si quien ejerce la patria potestad, custodia o tutela no lo hace.
(c) Salvedad.—Esta sección no modificará en forma alguna, para aquellos reclamantes que cumplan con sus disposiciones, el término prescriptivo fijado por [el inciso (2) del Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5298(2)].

Según surge del citado extracto, y cónsono con lo discutido en la sección que antecede, toda persona interesada en demandar a un municipio por alegados daños sufridos por un menor de edad por culpa o negligencia de la entidad municipal, tiene la obligación de notificarlo. De esta manera, la ley establece que la responsabilidad primaria de cumplir con tal requisito recae sobre los padres o tutores del menor. Siendo así, la ley establece como alternativa que el menor cumpla con el requisito de notificación, en caso de que su padre o tutor no lo hiciera.

Por último, el artículo expresamente aclara que, en la medida en que las personas cumplan con sus disposiciones, el requisito de notificación previa no alterará el término prescriptivo de un año establecido en el Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico para la presentación de una reclamación en daños y perjuicios. Por lo tanto, el propio artículo dirige nuestra atención a las normas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico concernientes a la prescripción y, en este caso en particular, a los menores.

Al respecto, es norma firmemente establecida en nuestra jurisdicción que, contrario a lo que sucede con los adultos, los derechos y las causas de acciones de los menores no se extinguen por el paso natural del término prescriptivo establecido por ley. Así, lo reconocimos en Ibáñez v. Diviñó, 22 DPR 518 (1915), y lo hemos reiterado desde entonces en decenas de casos posteriores. Véanse, e.g.: Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263 (2004); Martínez Soria v. Proc. Esp. Rel. Fam., 151 DPR 41 (2000); Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 DPR 616 (1986); De Jesús v. Chardón, 116 DPR 238 (1985); Torres v. Tribl. Superior, 85 DPR 559 (1968); Valentín v. Jaime, 86 DPR 774 (1962); Márquez v. Tribunal Superior, 85 DPR 559 (1962); Gómez v. Marques, 81 DPR 721 (1960). Esto como consecuencia de las disposiciones del Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil que dispone, en lo pertinente, que “[s]i la persona con derecho a ejercitar una acción [...] fuese al tiempo de nacer la causa de la acción: (1) menor de edad [...] el tiempo que dure tal incapacidad no se considerará parte del tiempo fijado para empezar a ejercitar la acción”.

Surge así un conflicto evidente entre varias disposiciones en nuestro ordenamiento. Por un lado, se le reconoce al menor de edad el derecho a conservar su causa de acción hasta tanto tenga la capacidad legal para ejercerla. Por otro lado, se le aparenta exigir que, aun siendo menor de edad, cumpla con un trámite procesal de notificación. En ese escenario, ¿qué disposición debe prevalecer? ¿Tiene preeminencia la notificación al municipio sobre el derecho del menor a presentar su causa de acción o el menor debe conservar su derecho a demandar aun cuando sus padres o tutores hayan incumplido?

Precisamente, este Tribunal abordó esta disyuntiva la primera vez que interpretó el requisito de notificación previa al municipio en Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 491 (1963). En aquella ocasión, los cónyuges Pablo Mangual y Evarista Rivera, por sí y en representación de su hijo me-nor Nelson, demandaron al municipio de Coamo por daños físicos ocasionados al menor mientras participaba de una actividad auspiciada por el gobierno municipal. Luego de varios trámites, el Tribunal Superior desestimó la acción de los padres y del menor porque estos no habían cumplido con el requerimiento de notificación previa establecido en ese entonces en el Art. 96 de la derogada Ley Municipal de 1960 (Ley Municipal), 21 LPRA ant. sec. 1603.

En consideración a la ausencia casi total de un historial legislativo que abundara sobre la intención legislativa referente a la imposición del requisito de notificación, el Tribunal en aquel entonces acudió a las interpretaciones adoptadas por los tribunales estadounidenses. Mangual v. Tribunal Superior, supra, págs. 494-496. Así, se acogió la visión de que el requisito de notificación era de cumplimiento estricto aplicable a todos los reclamantes por igual, independientemente de su capacidad legal. La mayoría pareció apoyar su determinación en que durante el debate legislativo que dio paso al establecimiento de la notificación, uno de los legisladores expresó que él “creía” que los detalles sobre “cómo se incoa, o cuándo se incoa un procedimiento contra un municipio” se trataban de reglas de “carácter sustantivo”. Mangual v. Tribunal Superior, supra, pág. 497 esc. 6. Como consecuencia, este Tribunal avaló la desestimación dictada por el Tribunal Superior, incluyendo la causa de acción del menor.

No obstante, tres años posteriores a la resolución de Mangual v. Tribunal Superior, supra, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado para incluir el mismo requisito de notificación que ya se había establecido en la legislación municipal, pero esta vez para efectos de las demandas en contra del Estado Libre Asociado. Durante la aprobación de tal enmienda, el entonces Presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, el señor Torres Gómez, explicó el efecto que tiene el discutido requisito de notificación sobre los menores. Dado a su pertinencia, y con el fin de continuar la norma de interpretar el requerimiento de notificación establecido en la ley municipal paralelamente al establecido en la ley estatal, procedemos a citar esta parte del debate legislativo en toda su extensión.

Sr. Camacho: Yo quiero saber, a fines de record y de posible interpretación con respecto a la segunda enmienda, en la página 2, la línea 18, donde se señala la eliminación de la frase, “vendrá obligado a” y sustituirla por “deberán”, yo quiero saber cuál es el alcance jurídico que puede tener ese cambio.
Sr. Torres Gómez: Ningún alcance jurídico. El alcance jurídico queda subsistente. Queda subsistente la obligación. Es meramente de lenguaje, la enmienda.
Sr. Camacho: Entonces, otra pregunta, señor Presidente, si se me permite.
Sr. Presidente: Adelante.
Sr. Camacho: Entonces, la situación sería en el caso de un menor de edad o persona sujeta a tutela, que si por la negligencia del que tiene la patria potestad o el tutor, no se ejerce o se ejercita esta obligación que estaríamos creando en ley ahora, ¿el derecho que tiene esta persona que no incurre en negligencia queda destruido?
Sr. Torres Gómez: No, en absoluto. Cuando la acción no es ejercitada por el tutor o el padre con patria potestad, entonces rige el precepto del Código Civil, a los efectos de que el menor conserva la acción hasta que cumple 21 años y un año después.
Sr. Camacho: Bueno, sí. Pero lo que sucede es lo siguiente. Y entonces quiere decir, vamos a coger un caso hipotético para ver porque creo que ahora con esa contestación estamos aclarando. Ocurre un accidente en que un menor tiene la posibilidad de una causa de acción contra el Estado, el padre no notifica, tal como se requiere en esta enmienda. Por esa razón el padre, en ejercicio de la patria potestad que tiene, no puede, transcurridos los 90 días, digamos a los seis meses, no puede radicar la acción correspondiente. Pero el menor que tiene, cuando ocurre esto, 16 años, aunque el padre no notificó al Estado, puede después de cumplir los 21 ...
Sr. Torres Gómez: Y aún antes, Compañero. Porque la letra dice: “Lo anterior no será obstáculo para que el menor o la persona sujeta a tutela haga la referida notificación dentro del término prescrito a su propia iniciativa si quien ejerce”, ¿ve?
Sr. Camacho: Sí, sí, pero siga leyendo: “si quien ejerce la patria potestad, custodia o tutela, no lo hiciere”.
Sr. Torres Gómez: Exacto. Pero en ese caso se entiende que el menor podría hacer la notificación cuando tiene 15 años o 16 pero es reservándose el derecho a demandar dentro del término que fija el derecho.
Sr. Camacho: O sea, específicamente: Si el padre o el tutor, o sea, la persona que tenga la patria potestad o el tutor, no ejercen no cumplen con esta obligación, ¿eso en nada impide, no afecta a la causa de acción que tenga ese menor?
Sr. Torres Gómez: No le afecta en absoluto. Excepto, recordando, que el menor en ese caso viene obligado a notificar, según esa interpretación ...
Sr. Camacho: ¿Cuándo?
Sr. Torres Gómez: Noventa días después de cumplidos los 21 años. Porque él tiene hasta un año después de cumplir 21 para llevar a cabo la acción; debería cumplir con la notificación para avisar al Estado y que el Estado se prepare, por lo menos, 90 días después de cumplir los 21 años.
Sr. Camacho: Pero, no. ¿Entonces no es 90 días después de cumplir los 21 años, porque la facultad de establecer la causa de acción dura durante el año después de cumplir 21 años?
Sr. Torres Gómez: Por eso.
Sr. Camacho: O sea, tendría en efecto 90 días técnicamente; tendría 90 días hasta después del año, porque durante ese año él tiene para incoar la causa de acción.
Sr. Torres Gómez: Perdone, Compañero. Señor Presidente, con la venia del señor Presidente.
Sr. Presidente: Adelante.
Sr. Torres Gómez: Como el precepto es que cualquier damnificado, notifique dentro de 90 días después de tener conocimiento del daño, si el menor alcanzó la mayoridad a los 21 años, ahí deben empezarle a contar a él los 90 días para que notifique.
Sr. Camacho: ¿Pero eso surge de este Proyecto?
Sr. Torres Gómez: No; es interpretación, estamos hablando de interpretación, Compañero.
Sr. Camacho: Es interpretación, ¿Y esa es la intención legislativa?
Sr. Torres Gómez: Sería esa la intención legislativa.
Sr. Camacho: Sería esa la intención legislativa.
Sr. Presidente: A la votación de las enmiendas.
Sr. Reyes Serrano: Señor Presidente, para una pregunta.
Sr. Presidente: Señor representante Reyes Serrano, ¿Acepta la pregunta, señor Torres Gómez? ¿Acepta la pregunta?
Sr. Torres Gómez: Cómo no, cómo no.
Sr. Presidente: Adelante.
Sr. Reyes Serrano: Digo, para una pregunta porque realmente tengo cierta duda en cuanto a si este Proyecto realmente no limita la causa de acción aun en el caso de un menor. Es decir, el caso de un menor se exige mediante esta disposición que la persona que tiene la patria potestad haga la notificación, y si no lo hace pues pierde el derecho, me parece a mí.
Sr. Torres Gómez: Señor Presidente, le contesto al Compañero.
Sr. Presidente: Adelante.
Sr. Torres Gómez: Volvemos otra vez al mismo aspecto que planteaba el Compañero Camacho. En primer término, déjeme contestarle: tiene dos áreas la contestación: Número 1. [...]
[...] Y el tercer renglón es el que le preocupa al compañero Camacho, el de los menores de edad. Ahí hay también dos áreas. Número 1: la acción por el tutor o la persona que tiene la patria potestad. Si el tutor o la persona que tiene la patria potestad es quien intenta demandar, viene obligado el tutor o el padre con patria potestad a notificar dentro de los 90 días al Secretario de Justicia. Si no lo hiciere el tutor o el padre con patria potestad, no pueden demandar dentro del término de un año. Pero eso no afecta el derecho del menor como menor que, según nuestro derecho civil, tiene derecho a demandar a cualquier persona incluyendo al Estado en daños y perjuicios hasta un año después que cumpla la mayoridad de edad. Porque en ese caso sería el propio menor o la persona sujeta a patria potestad la que tiene que radicar la acción.
Sr. Reyes Serrano: Señor Presidente.
Sr. Presidente: Señor Representante.
Sr. Reyes Serrano: Entonces en el caso de un menor prácticamente no surte efecto la disposición puesto que el menor puede demandar en cualquier tiempo hasta aún después que sea mayor; aun sin notificar.
Sr. Torres Gómez: Señor Presidente.
Sr. Presidente: Adelante.
Sr. Torres Gómez: Le contesto al Compañero que aun el me-nor cuando cumple la mayoridad vendría obligado a notificar dentro de 90 días después de haber cumplido la mayoridad de edad para poder radicar dentro del año. (Énfasis suplido).

Según surge del debate transcrito, el requisito de notificación previa no se contempló como un requisito cuyo incumplimiento por parte de los padres o tutores anulara el derecho del menor a demandar. De hecho, ante un planteamiento en contrario por parte del representante señor Reyes Serrano, el representante Torres Gómez aclaró que la inobservancia de la notificación “no afecta el derecho del menor como menor que, según nuestro derecho civil, tiene derecho a demandar a cualquier persona incluyendo al Estado en daños y perjuicios hasta un año después que cumpla la mayoridad de edad”.

Cónsono con ello, en el pasado hemos avalado la continuación de la causa de acción de un menor, aun cuando sus padres o tutores hayan incumplido con el requisito de notificación. Así, por ejemplo, en Pérez Aguirre v. E.L.A., 148 DPR 161 (1999) (Sentencia), determinamos que el requisito de una notificación previa al Secretario de Justicia no debía prevalecer frente al derecho sustantivo reconocido por el Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra. Al respecto, el entonces Juez Asociado Señor Rebollo López expresó en su opinión concurrente lo siguiente:

El aludido requisito de notificación impuesto al menor, más que oneroso, es irracional. No merece otro adjetivo exigir a un recién nacido que, en casos como el de autos, al cumplir tres (3) meses de nacido, o sea, noventa (90) días, curse una carta al Secretario de Justicia indicándole su intención de reclamar. Flaco servicio haríamos si permitimos que el requisito de notificación obstruya el derecho sustantivo del menor a recobrar por unos daños que alegadamente le causó el Estado. Nuestras expresiones sobre el deber de librarnos “de un automatismo dictado por el calendario ... y proveer justicia según lo ameriten las circunstancias” no constituyen pura retórica; una vez más, la conciencia nos impone nuestro deber: hacer justicia.
Hemos expresado que el deber de parens patriae del Estado le faculta para tomar medidas encaminadas a proteger al me-nor, custodiarlo y supervisarlo, facultades que, paralelamente, son compartidas con sus padres, encargados o tutores. Coexistencial con dichas facultades, el Estado, llamado a servir de guardián de nuestros niños, no puede, mediante un mecanismo procesal, despojarlos del derecho sustantivo que —otorgado por el propio Estado— permite la reparación de un agravio. Ante la omisión de sus padres o encargados, el Estado, en su deber de “parens patriae”, viene obligado a proteger a los menores y no a darle la espalda reafirmando un requisito imposible de cumplir.
Sería una burla a los derechos que tanto el Código Civil como el Código de Enjuiciamiento Civil le reconocen a los menores si resolviésemos que dichos derechos quedan supeditados al requisito de notificación. Por un lado, nuestro ordenamiento dispone que el término prescriptivo —derecho sustantivo— no transcurre durante la minoridad; mientras que el requisito de notificación —derecho procesal— le impone el deber a un infante de que notifique su reclamación. Debemos recordar que las reglas y leyes procesales no tienen vida propia, sólo existen para hacer viable la consecución del derecho sustantivo de las partes. Un precepto sustantivo no puede sucumbir ante una disposición procesal. (Enfasis suplido y citas omitidas). Pérez Aguirre v. E.L.A., supra, págs. 170-171.

Con este marco legal como norte, procedemos a resolver la controversia particular ante nuestra consideración: ¿Procede la desestimación de la demanda en daños y perjuicios del menor JJDR ante el incumplimiento de la señora Rivera Serrano de notificar al Municipio sobre su intención de demandar?

III

En este caso no hay controversia sobre el hecho de que la señora Rivera Serrano no notificó al Municipio su intención de demandar dentro del término de noventa días establecido en el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra. De igual forma, no existe controversia en cuanto a que el menor JJDR —no surge su edad en el ex-pediente— tampoco notificó su interés en demandar por los daños sufridos presuntamente por culpa o negligencia del mencionado municipio.

En ese escenario, el Tribunal de Primera Instancia determinó que no procedía la desestimación de las reclamaciones tanto de la señora Rivera Serrano como las del me-nor JJDR. No obstante, el Tribunal de Apelaciones modificó este dictamen para desestimar exclusivamente la causa de acción de la madre del menor. Ello, por entender que la negligencia de la señora Rivera Serrano no debe ser imputada al menor. Conforme al derecho expuesto, coincidimos con el criterio formulado por el foro apelativo intermedio. Veamos.

Indudablemente, el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra dispone que toda persona interesada en demandar a un municipio por alegados daños sufridos por un menor de edad por culpa o negligencia de la entidad municipal, “estará obligada” a notificar la reclamación dentro del término prescrito. Asimismo, el artículo establece que esa obligación no se considerará “obstáculo” para que el menor cumpla con ese requisito de notificación, en caso de que su padre o tutor no lo hiciera. Ahora bien, como observamos en la sección que antecede, este requerimiento de notificación impuesto sobre todo menor de edad, independientemente de su capacidad legal e incluso física para cumplir, entra en conflicto directo con otras normas firmemente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico dirigidas, precisamente, a proteger los intereses de los menores de edad.

Como mencionáramos, de acoger el planteamiento ex-puesto por el Municipio y aplicar el requisito de notificación sin mayores consideraciones, esto tendría la consecuencia práctica de que el menor pierda su causa de acción por la negligencia en que incurrió su señora madre. Incluso, ello implicaría que el hoy menor de edad no pueda demandar, aun cuando cumpla con tal requisito de notificación, una vez advenga a la mayoridad. Simple y sencillamente no podemos ser artífices de esa nefasta consecuencia.

Este tribunal tiene el deber de salvaguardar la utilidad del Derecho y evitar rigorismos desmedidos que conlleven resultados absurdos; máxime cuando se trata de menores de edad con los cuales el Estado tiene un deber ineludible de parens patriae. Por lo tanto, ante “[c]ualquier ‘conflicto que un tribunal [perciba] entre intereses ajenos y el mejor interés de un menor se debe resolver a favor del menor’ ”. Pena v. Pena, 164 DPR 949, 959 (2005). Véase, también, Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 27-28 (2005). Esto incluso cuando conlleve interponer tales intereses por encima de los intereses del propio Estado.

Es por ello que determinamos que el requisito de notificación previa establecido en el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra no debe ser obstáculo para la ventilación de la causa de acción de un menor que presuntamente sufrió daños físicos o a la propiedad como consecuencia de la culpa o negligencia de un municipio. En ese contexto, específicamente resolvemos que la falta de notificación oportuna al Municipio por parte de la señora Rivera Serrano no invalida el derecho del menor JJDR a demandar. Como consecuencia, actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones: (1) al ordenar la desestimación de la causa de acción de la señora Rivera Serrano y (2) al devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos en cuanto a la causa de acción del menor JJDR.

IV

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la determinación del Tribunal de Apelaciones. Como consecuencia, ordenamos la desestimación de la causa de acción presentada por la señora Rivera Serrano y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de la reclamación del menor JJDR en contra del Municipio de Guaynabo.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez concurrieron sin opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no interviene.

       Art. 15.003 de la Ley Núm. 81-1991, Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), 21 LPRAsec. 4703.

       Véase Demanda, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 90-92.

       íd., pág. 91.

       íd.

       Moción de desestimación y/o sentencia sumaria, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 83-87. Previo a esta solicitud, el municipio de Guaynabo (Municipio) ya había solicitado la desestimación de la acción presentada, pero el tribunal lo había denegado en una resolución notificada el 21 de diciembre de 2010.

       Oposición a moción solicitando desestimación y/o sentencia sumaria, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 78-82.

       íd., pág. 79.

       íd, pág. 81.

       Orden, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 58 y 64.

       Petición de certiorari, págs. 43-55.

       íd., pág. 48.

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 14-38.

      ls) íd., págs. 35-36.

       Para propósitos de claridad en la discusión que prosigue, procederemos a abordar las disposiciones del Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos por partes. No obstante, para una referencia completa, el artículo dispone:
      “Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase contra un municipio por daños personales o a la propiedad, ocasionados por la culpa o negligencia del municipio, deberá presentar al Alcalde una notificación escrita, haciendo constar en forma clara y concisa la fecha, lugar, causa y naturaleza general del daño sufrido. En dicha notificación se especificará, además, la cuantía de la compensación monetaria o el tipo de remedio adecuado al daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos y la dirección del reclamante, y en los casos de daño a la persona, el lugar donde recibió tratamiento médico en primera instancia.
      “(a) Forma de entrega y término para hacer la notificación.—Dicha notificación se entregará al alcalde, remitiéndola por correo certificado o por diligenciamiento personal o en cualquier otra forma fehaciente reconocida en derecho.
      “La referida notificación escrita deberá presentarse al alcalde dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños reclamados. Si el reclamante está mental o físicamente imposibilitado para hacer dicha notificación en el término antes establecido, no quedará sujeto al cumplimiento del mismo, debiendo hacer la referida notificación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que cese la incapacidad.
      “Si el pequdicado fuere un menor de edad o una persona sujeta a tutela, la persona que ejerza la patria potestad o la custodia del menor, o el tutor, según fuere el caso, estará obligada a notificar al alcalde la reclamación dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de los daños que se reclaman. Lo anterior no será obstáculo para que el menor o la persona sujeta a tutela haga la referida notificación por su propia iniciativa dentro del término prescrito, si quien ejerce la patria potestad, custodia o tutela no lo hace.
      “(b) Requisito jurisdiccional.—No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra un municipio por daños causados por la culpa o negligencia de aquél, a menos que se haga la notificación escrita, en la forma, manera y en los plazos dispuestos en este subtítulo.
      “(c) Salvedad.—Esta sección no modificará en forma alguna, para aquellos reclamantes que cumplan con sus disposiciones, el término preseriptivo fijado por [el inciso (2) del Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 5298(2)]”. 21 LPRA see. 4703.

       Véase Art. 96 de la Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, Ley Municipal, 21 LPRA ant. see. 1603.

       Esto incluye la Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980, Ley Orgánica de los Municipios, 21 LPRA ant. see. 2001 et seq.

       Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra.

       Para una discusión más amplia sobre cómo se debe entregar la referida notificación, véase Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 196 (2014).

       El Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 5298, establece que prescribirán en el transcurso de un año: (1) las acciones para recobrar o retener la posesión y (2) las acciones para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el Art. 1802 de este Código, 31 LPRA see. 5141, desde que lo supo el agraviado.

       El Art. 1832 del Código Civil de Puerto Rico establece que “[l]os derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, inclusas las jurídicas, en los términos [provistos] por la ley”. 31 LPRA see. 5243. No obstante, desde Ibáñez v. Diviñó, 22 DPR 518 (1915), aclaramos que las disposiciones del Art. 1833 del derogado Código Civil de 1902 (equivalente al Art. 1832 del Código Civil, supra, vigente) no aplicaban a los menores de edad.

       32 LPRA see. 254.

       Aunque el presente caso no plantea una controversia directa sobre la interrupción de la prescripción que nuestro ordenamiento reconoce a los menores mientras conserven esa condición, la realidad es que sí tendría una consecuencia práctica sobre tal controversia. Esto en la medida en que la inobservancia del requisito de notificación previa conlleve la pérdida del derecho sustantivo del menor a demandar. Nótese que la notificación se estableció como un requisito procesal dirigido a hacer viable la consecución del derecho a demandar que surge una vez el municipio causa daños personales o a la propiedad por su culpa o negligencia, según establecido en la Ley de Municipios Autónomos. En ese sentido, el requerimiento de notificar no tendría razón de ser sin la existencia de tal derecho.

       En lo que respecta a los menores de edad, la redacción del referido artículo era idéntica al hoy vigente Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra.

       Las expresiones específicas utilizadas por el Tribunal fueron las siguientes:

        “ ‘Sr. Santáliz Capestany: La primera es, ¿no cree el compañero que su enmienda lo que hace es incorporar a la Ley Municipal reglas de procedimientos que deben estar contenidas en una legislación aparte? O sea, reglas de procedimientos estableciendo cómo se incoa, o cuándo se incoa un procedimiento contra un municipio.

        “Sr. Aponte: Si me pregunta a m[í], le digo que no. Creo honradamente que no Son reglas de carácter sustantivo.’ [10 (T. 4) Diario de Sesiones 1783 (1958) ]”. Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 491, 497 esc. 6 (1963).

       Véase Ley Núm. 121 de 24 de junio de 1966, la cual enmendó la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 LPRA see. 3077 et seq.). Como cuestión de hecho, el requisito de notificación introducido en la esta ley por virtud de la Ley Núm. 121, supra, expresamente se hizo “siguiendo el principio de la previa notificación ya establecido en cuando a [sic] acciones de igual naturaleza contra los municipios en virtud del Artículo 96 de la Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, que establece un Sistema de Gobierno Local para los Municipios de Puerto Rico”. Informe de la Comisión Judicial a la Cámara de Representantes abril de 1966, pág. 1. Véase, además, Informe de la Comisión de los Jurídico Civil al Senado de Puerto Rico sobre el P. de la C. 492, 5ta Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria, 19 de mayo de 1966, pág. 1.

       20 (Parte 2) Diario de Sesiones, págs. 845-846 (1966), discusión del P. de la C. 492, eventual Ley Núm. 121, supra.

       íd., pág. 846.

       Véase acápite II, inciso (B) de esta Opinión.

       Véase esc. 22 de esta Opinión.