author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

text:
    Roberto Pagán Rodríguez, peticionario, v. Hon. Carmen D. Miranda Fernández, Registradora de la Propiedad Sección III de Bayamón, recurrida.

      Número: RG-2009-2

      Resuelto: 16 de noviembre de 2009

      Miguel R. Garay Aubán, abogado de la parte peticionaria; Carmen D. Miranda Fernández, Registradora de la Propiedad, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

El 7 de junio de 2000, el Sr. Roberto Pagán Rodríguez y la Sra. Maricsa Rosado Méndez adquirieron un inmueble en el Municipio de Vega Alta, cuando estaban casados entre sí. Dicho inmueble se inscribió en el Registro de la Propiedad, Sección III de Bayamón. Este inmueble es objeto del recurso gubernativo ante nuestra consideración en el que se impugna la calificación hecha por la Registradora de la Propiedad (Registradora). Los titulares inscritos se divorciaron y como parte del proceso de liquidación de la sociedad legal de bienes gananciales otorgaron una escritura de cesión a favor del señor Pagán Rodríguez. La Registradora se negó a inscribir dicha escritura porque entendió que los documentos presentados no establecían el tracto sucesivo. Concluimos que previo a inscribir la cesión de una propiedad a favor de uno de los ex cónyuges, no es necesaria una inscripción adicional a favor de ambos, pues la propiedad ya está inscrita a su nombre. Además, solamente procede cobrar aranceles por dicha cesión, basado en el valor total de la participación a inscribirse. Así, pues, se revoca la calificación emitida y se ordena su inscripción.

I

El 7 de junio de 2002, el peticionario Pagán Rodríguez y la señora Rosado Méndez se divorciaron por consentimiento mutuo. Quedó así roto y disuelto el vínculo matrimonial entre ambos. En la sentencia de divorcio se incluyó, con la aprobación del Tribunal de Primera Instancia, las estipulaciones hechas entre las partes sobre la liquidación de la sociedad legal de gananciales. La estipulación, entre otras cosas, dispuso de los bienes y de las deudas adquiridas bajo el régimen legal de gananciales.

En el acuerdo, el peticionario Pagán Rodríguez acordó ceder su interés ganancial sobre varios bienes, entre los cuales se encuentra un inmueble ubicado en la Urbanización Extensión La Inmaculada en el municipio de Vega Alta. Por su parte, la señora Rosado Méndez acordó ceder al peticionario Pagán Rodríguez su interés ganancial sobre un apartamento ubicado en el Condominio Gold Villas en el municipio de Vega Alta. En la estipulación las partes acordaron suscribir cualquier documento que fuese necesario para hacer efectivas las cesiones pactadas.

El 18 de febrero de 2005, los ex esposos otorgaron una escritura pública titulada Liquidación Parcial de Sociedad de Gananciales y Cesión de Derechos Sobre Participación Indivisa en un Inmueble. En la escritura, y en cumplimiento del contenido de las estipulaciones que formaron parte de la sentencia de divorcio, la señora Rosado Méndez cedió y traspasó su participación en la titularidad del apartamento. En la escritura se valoró la participación ganancial de la cedente en $74,000, suma que representó el cincuenta por ciento del valor total del inmueble.

El 19 de mayo de 2005, el peticionario Pagán Rodríguez presentó en el Registro de la Propiedad la Escritura de Liquidación Parcial de la sociedad legal de gananciales y cesión de derechos sobre el apartamento. Pagán Rodríguez incluyó junto a la copia certificada de la escritura, una copia de la sentencia de divorcio y de las estipulaciones. El 30 de abril de 2008, la Registradora realizó una notificación de faltas en la que indicó que los comprobantes presentados como pago de los derechos de inscripción eran insuficientes para la operación solicitada.

El señor Pagán Rodríguez presentó oportunamente un escrito de recalificación. Posteriormente, la Registradora emitió una segunda notificación de faltas en la que además de reiterar la deficiencia de comprobantes, señaló la falta de tracto sucesivo para inscribir el documento presentado y la ausencia de identificación de la porción alícuota de los comuneros. Para esto último, la Registradora argüyó que una vez disuelta la Sociedad Legal de Gananciales, es necesaria la adjudicación de las participaciones sobre los bienes de la comunidad sin que éstas queden establecidas y adjudicadas con la sentencia de divorcio.

Ante esta segunda notificación de faltas se presentó otro escrito de recalificación. El 13 de enero de 2009, la Registradora emitió una calificación final de denegatoria sobre la inscripción solicitada. La denegatoria se fundamentó en: (1) la falta de tracto sucesivo; (2) no haber indicado la porción alícuota de cada comunero sobre el inmueble, y (3) la falta de aranceles.

Sobre la deficiencia de aranceles, la Registradora sostiene que hay que pagar aranceles por el valor total del inmueble para inscribir la adjudicación del cincuenta por ciento de cada comunero sobre el inmueble. Además, la Registradora indicó que hay que pagar aranceles por el cincuenta por ciento del valor de la participación que la señora Rosado Méndez cedió al peticionario. Esto es, según la Registradora, la solicitud de inscripción realizada por el peticionario tiene que cancelar derechos por el ciento cincuenta por ciento del valor del inmueble.

El señor Pagán Rodríguez acude ante nos y arguye que los documentos presentados establecen el tracto sucesivo requerido, que la escritura de cesión expresa la porción alícuota de cada comunero y que se efectuó el pago de aranceles correspondiente. Alega el peticionario que al adquirir la propiedad él tenía un interés sobre el inmueble y que la comunidad de bienes resultante de la disolución de la Sociedad Legal de Gananciales le otorgó automáticamente una participación del cincuenta por ciento sobre cada bien adquirido como ganancial. Contamos con la comparecencia de las partes y estamos en posición de resolver.

II

A. La Sociedad Legal de Gananciales es el régimen económico que regula los activos y pasivos de los cónyuges durante el matrimonio en ausencia de capitulaciones matrimoniales válidas en contrario. Arts. 1295-1297 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3621-3623. En la Sociedad Legal de Gananciales, los cónyuges son codueños y coadministradores de todo el patrimonio (el ganancial) sin distinción de cuotas o especial atribución. Montalván v. Rodríguez, 161 D.P.R. 411, 420 (2004). Según la doctrina española, “esta forma de comunidad” denominada Sociedad Legal de Gananciales es una forma de comunidad en mano común producto de la influencia del Derecho germánico. J. Beltrán de Heredia y Castaño, La comunidad de bienes en derecho español, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1954, pág. 92. Según esta figura, “la comunidad de gananciales no es más que una propiedad en mano común, o de tipo colectivista, ya que el marido y la mujer son, indistintamente, titulares de un patrimonio, sin que ninguno de ellos tenga un derecho actual a una cuota, que pueda ser objeto de enajenación, ni pueda dar lugar a la acción de división”. íd.

Debido a la influencia germánica en el Código Civil en lo referente a la Sociedad Legal de Gananciales, nuestras disposiciones legales le han impartido a esta figura ciertas atribuciones reconocidas por la doctrina española. Montalván v. Rodríguez, supra; Int'l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 D.P.R. 862 (1981).

En Int'l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, supra, pág. 866, citamos a Castán Tobeñas para sostener que la Sociedad Legal de Gananciales se

. . . configura como una comunidad germánica o en mano común, “ya que marido y mujer son, indistintamente, titulares de un patrimonio, sin que ninguno de ellos tenga un derecho actual a una cuota que pueda ser objeto de enajenación, ni pueda dar lugar a la causa de división y sin que sea posible determinar concretamente la participación de los cónyuges en ese patrimonio, sin una previa liquidación”.

Además, en Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 420, resolvimos lo siguiente:

Durante la existencia de la sociedad legal de gananciales, los cónyuges son codueños y coadministradores de la totalidad del patrimonio matrimonial, sin distinción de cuotas. “[L]a masa ganancial está compuesta por bienes y derechos, que estando directa e inmediatamente afectos al levantamiento de las cargas familiares, son de titularidad conjunta de los cónyuges sin especial atribución de cuotas ....” (Énfasis suprimido.)

La Sociedad Legal de Gananciales concluye al disolverse el matrimonio. Art. 1315 del Código Civil, supra. A partir de ese momento aplica el Art. 1295 del Código Civil, supra, que dispone que “el marido y la mujer harán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, las ganancias o beneficios obtenidos ...” 31 L.P.R.A. see. 3621. Véase, además, Art. 1322 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3697.

La doctrina española ha reconocido que en la comunidad post ganancial ya no rigen las reglas de la sociedad legal de gananciales ni surge una comunidad ordinaria de tipo romana propiamente. Sobre este particular, el profesor Rivera Fernández, citando a Puig Brutau, señala:

Por consiguiente, disuelta la sociedad, sus titulares son partícipes en una comunidad ordinaria. Aunque, como se encarga de especificar la propia doctrina jurisprudencial, ello no significa que le quede atribuido una mitad proindiviso sobre cada uno de los bienes que integran la masa de bienes en liquidación, sino que ostentan una cuota abstracta sobre el “totum” ganancial subsistente mientras perviva la expresada comunidad postganancial y hasta que, mediante las oportunas operaciones de liquidación-división, se materialice en una parte individualizada y concreta de bienes para cada uno de los comuneros. No estamos, por tanto, ante una genuina comunidad ordinaria de índole romana, pues en vez de recaer sobre objetos singulares, recae sobre un patrimonio. (Énfasis y escolio omitidos.) M. Rivera Fernández, La comunidad postganancial, Barcelona, J.M. Bosch, 1997, pág. 34.

Esta doctrina ha sido aceptada por la gran mayoría de los tratadistas al afirmar que en la comunidad pos ganancial los comuneros tienen una cuota abstracta sobre el patrimonio y no una cuota concreta sobre cada bien en particular. La jurisprudencia en España ha aplicado estos principios a la comunidad de bienes post ganancial.

Señala Puig Brutau que “[ajunque el estado de indivisión se prolongue, se tratará en todo caso de una masa en liquidación”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1967, T. IV, Vol. I, pág. 784. La Sociedad Legal de Gananciales, que es considerada una comunidad en mano común o germánica, se convierte, una vez disuelta, en una comunidad ordinaria o por cuotas en la que cada comunero ostenta una cuota abstracta sobre el totum ganancial o sobre la masa, y no una cuota concreta sobre cada uno de los bienes. J.L. Seoane Spiegelberg, La protección del acreedor en la sociedad legal de gananciales, en Temas de actualidad en derecho de familia, Madrid, Dykinson, 2006, págs. 228-235. Con la disolución del matrimonio, la comunidad resultante no es una comunidad en mano común o germánica en cuanto al patrimonio global, pues cada comunero tiene una cuota y puede solicitar su división. R.M. Roca Sastre y L.R. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 8va ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1995, T. VI, esc. 122, pág. 162. Pero como discutimos anteriormente, esto no implica que cada comunero tiene una cuota sobre cada bien determinado. Sólo posee una cuota sobre la masa patrimonial. L. Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, Derecho de familia y de la persona, Barcelona, Ed. Bosch, 2007, T. V, págs. 89 y 143-147. Por estas características peculiares se ha comparado a la comunidad post ganancial con la comunidad hereditaria. L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. IV, págs. 271-273; Seoane Spiegelberg, op. cit., pág. 230; A. Valencia Zea, Derecho Civil, 6ta ed., Bogotá, Ed. Temis, 1984, T. VI, págs. 423-428; E. Menéndez, Lecciones de derecho de familia, Barcelona, Ed. Universitaria, 1976, pág. 237; Rivera Fernández, op. cit., págs. 36-39.

Estos principios doctrinales son cónsonos con nuestras expresiones en González v. Quintana, 145 D.P.R. 463 (1998), y Soto López v. Colón, 143 D.P.R. 282 (1997). En ocasiones anteriores hemos decidido conforme a la regla de que con la disolución del matrimonio los ex cónyuges no tienen una cuota sobre cada bien sino sobre el patrimonio considerado como un todo. Alameda v. Registrador, 76 D.P.R. 230 (1954); Vega v. Tossas, 70 D.P.R. 392 (1949); Pérez v. Registrador, 62 D.P.R. 789 (1944); Maldonado v. Registrador, 45 D.P.R. 841 (1933); Becerra v. El Registrador de Guayama, 27 D.P.R. 843 (1919); Paulo v. El Registrador de Guayama, 23 D.P.R. 318 (1915); Fabián v. El Registrador de San Juan, 25 D.P.R. 899 (1917); Rossy v. Registrador de San Juan Sec. 2ª, 23 D.P.R. 553 (1916); Ríos v. El Registrador, 19 D.P.R. 742 (1913).

Cuando un divorcio se tramita por la causal de consentimiento mutuo, los cónyuges deben hacer una petición conjunta acompañada de las estipulaciones de la división de bienes y otras consecuencias del divorcio. Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978). Las estipulaciones hechas en la petición de divorcio constituyen un contrato de transacción que obliga a las partes. Igaravidez v. Ricci, 147 D.P.R. 1 (1998); Magee v. Alberro, 126 D.P.R. 228 (1990).

B. El principio de especialidad es la exigencia que tiene un sistema registral para la especificación e individualización de las fincas, los derechos y los titulares. L.R. Rivera Rivera, Derecho registral inmobiliario puertorriqueño, 2da ed., San Juan, Jurídica Editores, 2002, pág. 211. Es decir, este principio requiere que los documentos presentados en el registro sean claros y específicos en cuanto al contenido del derecho, extensión y titularidad. Westernbank v. Registradora, 172 D.P.R. 71 (2007); Cabañas et al. v. El Registrador de la Propiedad, 8 D.P.R. 73 (1905).

El Art. 92 de la Ley de Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (Ley Hipotecaria), 30 L.P.R.A. sec. 2313, dispone:

See. 2313. Partes indivisas de finca; expresión precisa de porción alícuota
Las inscripciones de partes indivisas de una finca o derecho precisarán la porción alícuota de cada condueño en términos matemáticos expresados en [porciento] o fracción.
No se considerará cumplido este requisito si la determinación se hiciere solamente con referencia a unidades de moneda, de medida superficial u otra forma análoga.

El principio de tracto sucesivo persigue “que el historial jurídico de cada finca inmatriculada, respecto de sus sucesivos titulares regístrales, aparezca sin saltos ni lagunas”. Rivera Rivera, op. cit., pág. 219. Para cumplir con este principio, “es necesario que el derecho del transmitente conste previamente inscrito”. Rigores v. Registrador, 165 D.P.R. 710, 726 (2005). Por ello, se requiere que “el transferente de hoy sea el adquirente de ayer y que el titular registral actual sea el transferente de mañana”. Roca Sastre y Roca-Sastre Muncunill, op. cit., T. II, pág. 87. La serie de títulos inscritos forma una cadena de asientos conocida como tracto sucesivo formal y produce una genealogía de titulares denominada tracto material. Rivera Rivera, op. cit., pág. 219, citando a Chico y Ortiz.

Al respecto, el Art. 57 de la Ley Hipotecaria, 30 L.RR.A. see. 2260, dispone:

See. 2260. Registro de documentos—En general; requisitos previos; excepciones
Para registrar documentos por los que se declaren, trasmitan, graven, modifiquen, o extingan el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, deberá constar previamente registrado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos o contratos referidos.
Se denegará la registración de resultar inscrito el derecho a favor de persona distinta de la que otorga la trasmisión o gravamen. No obstante, podrán inscribirse sin el requisito de la previa inscripción las resoluciones y ejecutorias, que se refieren en las sees. 2761 a 2777 de este título.

El Art. 1330 del Código Civil, supra, permite la inscripción de la sentencia firme de divorcio en el Registro de la Propiedad cuando recae sobre bienes inmuebles. Por su parte, el Art. 102.1 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, Reglamento Núm. 2674 de 9 de julio de 1980, según enmendado y mejor conocido como Reglamento Hipotecario, ordena que el Registrador de la Propiedad haga constar que la finca o derecho donde se inscribe esta sentencia al amparo del Art. 1330, supra, “pertenece a un patrimonio indiviso y que no podrán ser trasmitidos o gravados cuota o porciones del dominio sobre la finca o derecho de que se trate, si no por todos los titulares, a menos que haya mediado partición y adjudicación inscrita a favor del transmitente”. No obstante, el Código Civil dispone que esta separación de bienes no peijudicará los derechos de los acreedores adquiridos con anterioridad. Art. 1331 del Código Civil, supra.

En Ríos Román v. Registrador, 130 D.P.R. 817 (1992), tuvimos la oportunidad de expresarnos en cuanto a la comunidad de bienes post ganancial y el Registro de la Propiedad. En aquella ocasión, dos cónyuges habían adquirido un bien inmueble bajo el régimen de gananciales. Posteriormente, se presentó en el Registro de la Propiedad una escritura en la que éstos vendían el inmueble a un tercero. Estos hicieron constar que en el momento de la venta estaban divorciados pero no incluyeron la sentencia de divorcio como documento complementario. En el Registro de la Propiedad el inmueble aparecía adquirido por ambos, casados entre sí. Reiteramos entonces la norma de que los documentos complementarios son necesarios cuando: (1) por ley o por reglamento se requieran; (2) del documento presentado surge causa para creer que puede ser inválido, o (3) el propio documento no refleja su entera validez. Amparados en el principio de tracto sucesivo, resolvimos que la escritura de compraventa debía ser acompañada por la sentencia de divorcio como documento complementario. La sentencia de divorcio era necesaria para aclarar “la laguna del nuevo estado civil que sirve de duda a la objeción levantada por el Registrador a la luz de las leyes vigentes”. Id., pág. 823.

C. La Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, según enmendada y conocida como la Ley de Aranceles del Registro de la Propiedad (Ley de Aranceles), 30 L.P.R.A. secs. 1767a—1767e, regula los derechos que se pagarán por las operaciones del Registro de la Propiedad. El Registrador de la Propiedad tiene el deber en ley de exigir el pago de arancel como fue dispuesto. Correa Sánchez v. Registrador, 113 D.P.R. 581 (1982).

La Ley de Aranceles es un estatuto tributario, por lo que los aranceles tienen el carácter de contribución. Díaz v. Registrador, 107 D.P.R. 233 (1978); Rivera Rivera, op. cit., pág. 258. Esta ley tiene entre sus propósitos eliminar la doble tributación y evitar el cobro “mecánico” de aranceles respecto a los derechos en sí. Díaz v. Registrador, supra, pág. 238. De esta manera, se fomenta el cobro de derechos de aranceles por cada finca o derecho comprendido en la operación registral efectuada. Id. La legislación contributiva no se puede interpretar ex-tensivamente, sino de forma justa y según sus propios términos para que toda ambigüedad se interprete restrictivamente contra el Estado y a favor del ciudadano. B.B.C. Realty v. Secretario Hacienda, 166 D.P.R. 498 (2005); Talcott Inter-Amer. Corp. v. Registrador, 104 D.P.R. 254 (1975).

El Art. 1 de la Ley de Aranceles, 30 L.P.R.A. see. 1767a, dispone, en lo pertinente:

Sec. 1767a. Derechos a pagar—Arancel
El arancel de los derechos que se han de pagar en lo sucesivo por las operaciones en el Registro de la Propiedad, en la forma que las secs. 1767a a 1767e de este título dispone, será el siguiente:
Número Dos. -Por la inscripción, anotación, cancelación, liberación, respecto a cada derecho en una finca, se pagarán los siguientes derechos:
(a) Si la finca o derecho vale mil dólares ($1,000) o menos, se pagarán dos dólares ($2).
(b) Cuando el valor de la finca o derecho exceda de mil dólares ($1,000) se pagarán dos dólares ($2) por cada mil dólares ($1,000) o fracción de mil dólares del valor nominal de la finca hasta un valor máximo de veinticinco mil dólares ($25,000).
(c) Cuando el valor de una finca o derecho exceda de veinticinco mil dólares ($25,000), se pagarán cincuenta dólares [($50)] por los primeros veinticinco mil dólares ($25,000) y cuatro dólares ($4) por cada mil dólares ($1,000) o fracción de mil dólares adicionales.

Por su parte, el Art. 2, de la citada ley, 30 L.P.R.A. sec. 1767b, establece, en lo pertinente:

Sec. 1767b. Derechos a pagar—Normas
El arancel establecido en los números 1 al 4 anteriores [de la sec. 1767a de este título] regirá de acuerdo con las normas que siguen:
Segunda.—En los casos de comunidad de bienes inscritos se cobrarán los derechos arancelarios sin tomar en consideración el número de miembros de la comunidad o trasmitentes y adquirentes de la finca o derecho de que se trate. Si el registro del título se pide exclusivamente por uno o varios miembros de la comunidad, deberán cobrarse los derechos respecto al valor total de la participación o participaciones de que se trate.

Estas disposiciones fijan los derechos que se pagarán cuando se solicita una inscripción, anotación, cancelación o liberación en el Registro de la Propiedad. ESJ Towers, Inc. v. Registrador, 150 D.P.R. 298 (2000). Un registrador no puede requerir derechos en exceso de lo dispuesto por ley. Industrial Development Co. v. Registrador, 74 D.P.R. 651 (1953). De la Ley de Aranceles se desprende que en aquellos casos en que existe mía comunidad de bienes inscrita en el Registro de la Propiedad, los derechos a pagar se computarán a base del valor total de la participación objeto de la inscripción.

Para computar el arancel requerido, el Registrador debe orientar su criterio por la cifra que represente el verdadero valor de la finca o del derecho. Puede descartar el posible valor aparente por el valor real que satisfaga la razón y el entendimiento. Correa Sánchez v. Registrador, supra; Lincoln American Corp. v. Registrador, 106 D.P.R. 781 (1978); Aponte Parés v. Registrador, 106 D.P.R. 176 (1977); Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136 (1976). Por otro lado, se puede instar un recurso gubernativo ante este Tribunal cuando el presentante entienda que el Registrador de la Propiedad ha establecido erróneamente el pago de derechos que devenga una operación en el Registro de la Propiedad. Art. 4 de la Ley de Aranceles, 30 L.P.R.A. sec. 1767d; Art. 74 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2277; Chase Manhattan Bank v. Registrador, 98 D.P.R. 92 (1969).

III

En este recurso es preciso determinar si la presentación que realizó el peticionario Pagán Rodríguez en el Registro de la Propiedad fue contraria a los principios de especialidad y tracto sucesivo, y si el pago de aranceles fue el requerido por la ley.

A. El señalamiento de tracto sucesivo que hace la Registradora de la Propiedad se enfoca en su modalidad material, esto es, que entre los titulares que aparecen anotados en el Registro de la Propiedad y los que otorgan la escritura presentada no existe la conexión o continuidad requerida.

Diferimos de esta interpretación de la Registradora. En el Registro de la Propiedad se presentó el documento principal (escritura de cesión) y el documento complementario necesario (sentencia de divorcio con sus estipulaciones). Este documento complementario llena la laguna creada entre los titulares que aparecen con el derecho inscrito (cónyuges bajo el régimen ganancial) y los otorgantes de la escritura de cesión (éstos mismos como solteros). La sentencia de divorcio acredita que los titulares que aparecen con el derecho inscrito en el Registro de la Propiedad (casados entre sí) son ahora propietarios del inmueble como cotitulares en una comunidad ordinaria.

Ante esto, es forzoso concluir que para la disposición de los bienes que antes fueron gananciales ya no aplican las reglas de la Sociedad Legal de Gananciales y sí las reglas de la comunidad de bienes post ganancial. R.E. Ortega Vélez, Los efectos económicos del divorcio, San Juan, Eds. Scisco, 1997, pág. 10. Con la escritura de cesión se acredita la adjudicación al peticionario Pagán Rodríguez del derecho que la señora Rosado Méndez posee sobre el inmueble en cuestión. Esta adjudicación (y disposición) de un bien concreto cuenta con el consentimiento de los titulares con interés en la comunidad post ganancial, a saber, los ex cónyuges. Esto es cónsono con nuestras expresiones en Ríos v. Registrador, supra, y con las reglas aplicables a la comunidad de bienes post ganancial.

La presentación establece la continuidad registral que el Registro de la Propiedad exige. Con la escritura de cesión las partes terminan la indeterminación de la cuota sobre el bien concreto (el inmueble objeto de este recurso). Dicha participación se adjudicó en una cuota a cada comunero equivalente al cincuenta por ciento sobre el bien inmueble, para terminar así con la abstracción de sus cuotas. Como resultado de esto, la titular que aparece con el derecho inscrito (la señora Rosado Méndez, quien adquirió bajo el régimen ganancial) es la transferente del derecho que se intenta inscribir (la cesión de su participación a favor del peticionario Pagán Rodríguez). Las regulaciones y limitaciones que el régimen de gananciales establecía para la administración y disposición de los bienes ya no operan, según lo acredita la sentencia de divorcio.

B. La escritura de cesión presentada cumple con las disposiciones que requieren especificidad e individualización del derecho que se intenta inscribir.

Como señalamos, la sentencia de divorcio acredita que el bien inmueble —antes ganancial— ahora se gobierna por las reglas de la comunidad de bienes post ganancial. Estos comuneros, que ya aparecían como titulares en el Registro de la Propiedad, otorgaron una escritura en donde se cede la cuota de uno de los comuneros a favor del otro. Lo que se pretende inscribir es esta cesión y nada más. En dicha escritura consta la participación objeto de la cesión en términos matemáticos, en los porcentajes expresados. Además, el derecho objeto de la cesión fue valorado.

La Registradora acepta que de los documentos presentados se puede colegir que la cuota de cada comunero en el bien inmueble se adjudicó en cincuenta por ciento a cada uno. De la escritura de cesión surge que dicho documento se otorgó en cumplimiento de las estipulaciones hechas para disolver la sociedad legal de gananciales. Además, se expresa que la señora Rosado Méndez acordó ceder al peticionario su participación ganancial en el inmueble. La participación ganancial de la señora Rosado Méndez se valoró en $74,000, "suma que representa la participación del cincuenta por ciento (50%) en el valor total del Inmueble”. Apéndice del recurso, pág. 4.

La escritura de cesión y el documento complementario (la sentencia de divorcio con sus estipulaciones) son suficientes para especificar e individualizar el acto que se intenta inscribir, esto es, la cesión del derecho de la señora Rosado Méndez sobre el inmueble en cuestión.

C. Una vez se establece que la presentación hecha por el peticionario cumplió con los principios de tracto sucesivo y especialidad requeridos por nuestro ordenamiento registral, es necesario determinar lo que se va a pagar por la operación solicitada. La Registradora de la Propiedad sostiene que procede cancelar derechos por el ciento cincuenta por ciento del valor total del inmueble. La contención de la Registradora se fundamenta en que no existe una comunidad de bienes inscrita, por lo que es necesario cancelar derechos por el valor total de la propiedad para inscribir la comunidad post ganancial. Además, la Registradora arguye que hay que cancelar derechos por la participación objeto de la cesión, o sea, derechos por el cincuenta por ciento que la señora Rosado Méndez cedió al peticionario Pagán Rodríguez. Concluimos que la única transacción tributable con el pago de aranceles es la cesión a favor del peticionario del derecho que sobre el inmueble tenía su co-titular, la señora Rosado Méndez.

Debemos tener presente que cuando se inscribe un bien inmueble ganancial en el Registro de la Propiedad no se puede borrar el hecho de que se está inscribiendo a nombre de dos personas, a saber, los cónyuges. Allende v. Reg. de San Juan, Sec. Primera, 28 D.P.R. 569 (1920). Al adquirir e inscribir durante el matrimonio, un cónyuge lo hace para sí y para la sociedad legal de gananciales, y al extinguirse dicha sociedad “resulta modificado su dominio”. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. IX, pág. 924. Aunque la Sociedad Legal de Gananciales es una persona jurídica distinta a sus socios, no es más que una entidad económica familiar sui generis con personalidad atenuada que regula los bienes adquiridos por sus socios. Int’l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, supra. Esta personalidad atenuada es menor que la de las sociedades ordinarias o entidades corporativas debido a su razón de ser y a la interpenetración entre los patrimonios personales y el social. Id. Por eso, y citando a Castán Tobeñas, hemos afirmado que los bienes de la sociedad legal de gananciales pertenecen al esposo y a la esposa conjuntamente pero bajo las reglas de la comunidad de gananciales. Id. La Sociedad Legal de Gananciales se configura como una comunidad germánica o en mano común que no puede confundirse con una copropiedad de tipo romano. Id.

De igual forma, hicimos referencia a varias resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de España, que deciden que

... en el orden hipotecario no existen inscripciones especialmente extendidas a favor de la sociedad de gananciales como persona jurídica independiente de las personas físicas que la han constituido, sino que los bienes y derechos aparecen inscritos a nombre del marido o de la mujer, con ciertas circunstancias o datos que permiten su atribución a un grupo patrimonial de fines particulares y régimen característico. Int’l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, supra, pág. 865.

“La sociedad legal de gananciales no absorbe la personalidad individual de los cónyuges que la integran. No ocurría tal eclipse de personalidad. ... Es diáfana la transparencia del velo entre la sociedad de gananciales y las personas que la integran.” Int’l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, supra, págs. 867-868. Véanse, además: Universal Funding Corp. v. Registrador, 133 D.P.R. 549 (1993); R. Serrano Geyls, Derecho de familia de Puerto rico y legislación comparada, San Juan, Programa de Educación Jurídica Continua, Universidad Interamericana, 1997, Vol. 1, págs. 326-327.

El titular registral es aquella persona a quien pertenece el derecho sobre el inmueble según el Registro de la Propiedad. Roca Sastre y Roca-Sastre Muncunill, op. cit., T. IV, pág. 431. Tanto en la Sociedad Legal de Bienes Gananciales como en la posterior comunidad de bienes post ganancial (por razón del divorcio), los titulares inscritos siguen siendo las mismas personas, los comuneros y ahora ex cónyuges. Una vez disuelta la Sociedad Legal de Gananciales, y a diferencia de los casos de herencia, no hay un cambio de titular en cuanto a los comuneros inscritos en el Registro de la Propiedad.

El derecho sobre la propiedad inmueble objeto de este recurso estuvo inscrito a favor de la señora Rosado Méndez y del peticionario, antes y después del divorcio. Con la disolución del matrimonio como consecuencia del divorcio, sigue existiendo xma comunidad entre ambos titulares, que ahora se rige por las reglas de la comunidad de bienes post ganancial. Se trata de una comunidad de bienes cuya naturaleza se transforma por la disolución del matrimonio. Diez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 272. Véase, además, Int’l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, supra.

Cuando los comuneros se adjudican los bienes, realizan un acto de adjudicación consecutiva a un acto divisorio y no una trasmisión de dominio. Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, op. cit., pág. 376. El Tribunal Supremo de España ha decidido que cuando se adjudica como consecuencia de una liquidación lo que era ganancial no se enajena o vende en favor del ex cónyuge, sino que recibe lo que era suyo en titularidad individual. Sentencia de 4 de julio de 1988, Aranzadi núm. 5555. Para entonces, el Tribunal Supremo de España ya había resuelto que al liquidar y adjudicar a uno de los ex cónyuges un bien común hay un cambio en la manera de atribuir el derecho al titular. Sentencia de 12 de mayo de 1924, Núm. 85.

Lo único que se le está solicitando a la Registradora de la Propiedad es que inscriba la cesión hecha por la señora Rosado Méndez a favor del peticionario Págan Rodríguez. El derecho del peticionario, aunque indeterminado, ya consta inscrito a su favor en el Registro de la Propiedad. Del Registro no surge la proporción de la cuota de cada comunero, ya que el inmueble se adquirió de acuerdo con el régimen de gananciales.

Aunque en la comunidad post ganancial los ex cónyuges poseen su cuota sobre el patrimonio, la señora Rosado Méndez cedió a favor del peticionario Pagán Rodríguez el interés de ésta sobre el bien inmueble en cuestión. De los documentos presentados surge que la participación de la señora Rosado Méndez en dicho bien se adjudicó en cincuenta por ciento y que dicha participación ha sido valorada en $74,000. No surge del expediente que esta valoración sea irrazonable o falsa. Por conclusión, de la propia escritura de cesión se desprende que la participación del peticionario Pagán Rodríguez en el inmueble fue adjudicada a una cuota igual al restante cincuenta por ciento. Claro está, por ser este tipo de cesión sobre un bien particular de la comunidad post ganancial se requiere el consentimiento de ambos ex cónyuges. La escritura de cesión en la que comparecieron la señora Rosado Méndez y el peticionario cumplió con este requisito.

Solamente procede cobrar derechos por la cesión efectuada a favor del peticionario Pagán Rodríguez. En los casos de una comunidad de bienes inscrita no se puede tomar en consideración el número de miembros de la comunidad para fijar los derechos arancelarios, sino el valor total de la participación objeto de la inscripción. Art. 2 de la Ley de Aranceles, supra. Resulta forzoso aplicar esta limitación en el caso particular de una comunidad post ganancial en la que se intenta inscribir a favor de uno de los comuneros (ex cónyuges) la participación del otro en un bien que antes era ganancial.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, no proceden las faltas notificadas por la Registradora de la Propiedad, Sección III de Bayamón. Como consecuencia, se le ordena la inscripción del documento.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no interviene.

       Véanse, además: J.L. Seoane Spiegelberg, La protección del acreedor en la sociedad legal de gananciales, en Temas de actualidad en derecho de familia, Madrid, Dykinson, 2006, pág. 232; E. Vázquez Bote, Derecho de Familia, San Juan, Butterworth de Puerto Rico, 1993, Vol. XI, See. 6.4, pág. 173; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, lima ed., Madrid, Ed. Reus, 1987, T. 5, Vol. I, págs. 288-289 y 384-391; L. Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, Derecho de familia y de la persona, Barcelona, Ed. Bosch, 2007, T. V, págs. 89 y 143; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. IV, págs. 127-128; R.M. Roca Sastre y L.R. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 8va ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1995, T. VI, págs. 175-204; E. De la Rocha García, Disolución y liquidación, 2da ed., Granada, Ed. Comares, 2000, pág. 28; R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y legislación comparada, San Juan, Programa de Educación Jurídica Continua, Universidad Interamericana, 1997, Vol. I, pág. 326; R.E. Ortega Vélez, Los efectos económicos del divorcio, San Juan, Eds. Scisco, 1997, págs. 36-37; A. Fernós, Análisis del origen y desarrollo histórico de la Sociedad de Gananciales, 18 Rev. Jur. U.I.P.R. 207, 209-211 (1984).

       Véanse, además: Vázquez Bote, op. cit., pág. 173; Ortega Vélez, op. cit., págs. 36-39; P. Santiago Rivera, La reforma del régimen económico matrimonial en los códigos civiles de España y Puerto Rico: ¿De un pájaro las dos alas?, 35 (Núm. 2) Rev. Der. P.R. 385, 387-390 (1996); J.O. Resto, Familia: la sociedad de gananciales y la mancomunidad, 16 (Núm. 2) Rev. Jur. U.I.P.R. 405, 421-422 (1982).

       M. Rivera Fernández, La comunidad postganancial, Barcelona, J.M. Bosh, 1997, pág. 34; Serrano Geyls, op. cit., pág. 457; Roca Sastre, op. cit., págs. 161-163; E. Menéndez, Lecciones de derecho de familia, Ira ed., Barcelona, Ed. Universitaria, 1976, pág. 237; J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. IX, págs. 921-924; Seoane Spiegelberg, op. cit., pág. 229; L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. IV, págs. 272-273; Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, op. cit., págs. 89 y 143-147; De la Rocha García, op. cit., págs. 38-39; M.E. García Cárdenas, La comunidad pos ganancial: Quo Vadis, 39 (Núm. 3) Rev. Jur. U.I.P.R. 717 (2005).

       Sentencia del Tribunal Supremo de España de 25 de febrero de 1997, Núm. 135 (Aranzadi 1328); Resolución de la Dirección General de los Registros y Notariado de 28 de noviembre de 2000, de 10 de julio de 1952, de 16 de enero de 1941, de 12 de mayo de 1924, Núm. 85 y de 27 de junio de 1916; Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, op. cit., págs. 146-147.

       Véanse, además: Int’l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 D.P.R. 862 (1981); J.R. Vélez Torres, Lecciones de derecho de cosas, Santo Domingo, Ed. Lawrence, 1977, págs. 155-156; Vázquez Bote, op. cit, pág. 173; Castán Tobeñas, op. cit, pág. 390; J. Beltrán de Heredia y Castaño, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, págs. 79-81 y 96-97; Roca Sastre y Roca-Sastre Muncunill, op. cit., T. IV, págs. 447-450; De la Rocha, op. cit., págs. 28 y 38-39.

       En este recurso la Registradora de la Propiedad no cuestiona la forma en que se hizo la adjudicación de cuotas para fines arancelarios. Por eso, no estamos resolviendo si existe la posibilidad de que la adjudicación de cuotas sobre un bien inmueble realizada por los ex cónyuges pueda ser irrazonable para que se utilice como base del cómputo para fijar los aranceles.


source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

license: Public Domain

text:
    Borschow Hospital & Medical Supplies, Inc., recurrido, v. Junta de Planificación de Puerto Rico, peticionaria.

      Número: CC-2007-340

      Resuelto: 18 de noviembre de 2009

      Everlidys Rodríguez Pacheco, abogada de la parte peticionaria; Hilda Quiñones Rivera, Edna E. Pérez Román, Eric Pérez-Ochoa y Rafael H. Zapata Yordán, abogados de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

Nuevamente debemos sopesar la utilización de la figura de la variación como instrumento de planificación en el contexto de las facultades de la Junta de Planificación y de los municipios autónomos para ordenar el desarrollo de los terrenos. En particular, nos corresponde examinar una decisión del Tribunal de Apelaciones que revocó la determinación de la Junta que denegó la consulta de ubicación presentada por el recurrido y ordenó a la agencia conceder la variación que éste solicitó. La Junta encontró que la consulta era contraria al plan de ordenación para el municipio de San Juan y que la petición de variación requeriría en realidad una rezonificación.

I

Borschow Hospital & Medical Supplies, Inc. (Borschow Hospital) presentó una consulta de ubicación ante la Junta de Planificación (Junta) para la construcción de un almacén de equipo médico y farmacéutico en tres predios de su propiedad, uno de los cuales colinda con la carretera PR-1. El proyecto propuesto sería un desarrollo extenso a ubicarse en el Barrio Tortugo del municipio de San Juan. Agrupadas las fincas, el solar tendría una cabida de 7.32 cuerdas y la construcción en ella ocuparía 120,000 pies cuadrados. Mediante la presentación de la consulta, Borschow Hospital solicitó autorización para reubicar su almacén en dichas fincas. Aclaró que estaban designadas como distritos residenciales de baja densidad R-l, por lo cual solicitó que se aplicaran los parámetros de zonificación 1-1. Junto al memorial explicativo de la consulta de ubicación, que se limitó a describir el proyecto y el lugar en donde ubicaría, el proponente solicitó una variación en uso. Fundamentó esta solicitud de la manera siguiente:

Se propone la ubicación de un proyecto industrial que consiste en la construcción de un almacén de 80,000 pies cuadrados, para ser dedicados a la distribución de equipo medico [sic] y de farmacia terminado, 20,000 pies cuadrados de área de oficinas. No se pretende alterar la salud, el medio ambiente, la seguridad y el bienestar, tanto de sus ocupantes como de las propiedades limítrofes.
El acceso vehicular al proyecto será a través del Camino Canejas, el cual discurre por la colindancia al norte de la propiedad.
El sector cuenta con la infraestructura necesaria para servir [a] el proyecto como lo son: energía eléctrica, agua potable, alcantarillados, teléfono y los accesos adecuados.
El proyecto también pretende desarrollarse de forma tal que cumpla y cuente con el equipo de prevención contra fuegos necesario para la protección, tanto de la vida humana como de la propiedad.
Una de las parcelas cuenta con una autorización para desarrollo, siguiendo los parámetros de diseño IL-l.
El área aledaña a lo largo de la PR-1 muestra un comportamiento predominantemente industrial, por lo que el desarrollo armoniza con el uso de la zona.

La Junta solicitó los comentarios de varias agencias. La Autoridad de Energía Eléctrica, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Departamento de Agricultura y la Compañía de Fomento Industrial informaron no tener objeción al proyecto. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales señaló, entre otras cosas, que por colindar el predio con la Quebrada Canejas era necesario dejar una franja de cinco metros desde el borde de la quebrada para uso público. Por su parte, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre recomendó que se conservase el estado natural de tres metros adicionales colindantes con la quebrada, para amortiguar el daño que el desarrollo podría causarle.

El 23 de mayo de 2001, el Municipio Autónomo de San Juan solicitó el archivo de la consulta, puesto que aún estaba en vigor una moratoria decretada por la Junta que prohibía la otorgación de autorizaciones o permisos de construcción en la zona sur del municipio debido a la elaboración del plan de ordenación territorial para San Juan. Aunque no se archivó la consulta, se dejó en suspenso su consideración hasta que se preparara y sometiera la evaluación ambiental.

Antes de vencer la moratoria, el municipio de San Juan condicionó su endoso al proyecto con las expresiones siguientes:

Al momento de la evaluación del proyecto [,] nuestra Oficina no tiene objeción con el desarrollo del mismo ya que es cónsono con la política pública del Municipio de San Juan en apoyar este tipo de proyecto, para así crear un corredor industrial a lo largo de la PR #1.
Este endoso está condicionado a la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) o con la conclusión del actual período de la Moratoria en agosto del 2001, lo que suceda primero. Además, el proyecto deberá ser cónsono con las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). (Enfasis suplido.)

Nuevamente, se dejó en suspenso la consulta debido a que la Junta le había ordenado al municipio que indicara la manera en que el proyecto propuesto se conformaba al plan de ordenación territorial, particularmente, a la calificación y clasificación propuesta para los terrenos en controversia. En cumplimiento con lo solicitado por la Junta, el municipio de San Juan, informó lo siguiente:

De acuerdo al POT, se propone clasificar la propiedad donde se construirá el proyecto como Suelo Urbano (SU) la franja hacia la Carretera PR-1 y Suelo Rústico Común (SRC) el terreno restante. Este último tiene dos calificaciones: Suelo Rústico Poblado (SRP) y Bosque Uno (B-l).
El Municipio propone desarrollar un Plan de [Á]rea para el corredor industrial de Tortugo en una sección de la PR-1. No obstante, en estos momentos no tenemos un estudio preciso que determine el ancho para dicho corredor el cual dependerá de la geografía y pendientes del suelo y de la franja de terreno que se estime necesario dedicar a uso público para la futura ampliación de la PR-1.
Por otra parte, entendemos que el uso de almacén y oficina propuesto es cónsono con las características industriales y comerciales de la zona y con las políticas públicas del Plan de Ordenación Territorial de San Juan.
Por lo antes expuesto, recomendamos que el proyecto se ajuste a lo propuesto en el POT y no exceda el límite de los 200 metros establecidos para el corredor industrial, excluyendo el ensanche de la PR-1. (Énfasis nuestro.)

Por último, se celebraron vistas públicas para considerar la consulta de ubicación. El aviso de vista pública anunció rma propuesta de enmienda a los mapas de zonificación de un distrito R-l a 1-1. Aunque no asistieron a la vista pública, los vecinos presentaron sus comentarios por escrito. Se opusieron a la ubicación del proyecto en la entrada principal de la comunidad residencial y expusieron que el camino municipal no fue diseñado para la entrada y salida de camiones, lo cual representaba un peligro para los vecinos. En particular, señalaron que:

La carretera que sirve la comunidad y que el proyecto propuesto planea utilizar como acceso único no cuenta con aceras ni encintados, es bastante estrecha, no tiene líneas pintadas de ningún tipo y tiene unas pendientes considerables. Mas [sic] del 50% de los vecinos del area [sic] no poseen carro, tienen que caminar por ésta [sic] carretera sin aceras hasta la parada de guaguas ubicada en la PR-1 frente al proyecto propuesto.

Además, los vecinos indicaron que el sector es primordialmente residencial y que el único negocio industrial es Bus Rental & Service, que se utiliza mayormente como taller de mecánica. Refutaron la alegación de que el predio se utilizaba como vertedero clandestino, puesto que “la familia Guerrero que vivió allí hasta hace poco tiempo siempre mantuvo su propiedad muy bonita y llena de árboles” y exhortó a que la Junta mantuviera la zonificación residencial del sector. Por último, señalaron que era falsa la alegación de que el uso propuesto fuera beneficioso para los vecinos, ya que las plazas de trabajo que se prometen crear no serán para emplear a los vecinos, ni existe un clima violento e inseguro, como alegó el proponente, que se pueda aliviar con la ubicación de dicho proyecto en un sector predominantemente residencial.

Aún pendiente el informe y la recomendación del oficial examinador, el 13 de marzo de 2003 entraron en vigor el Plan de Ordenación Territorial y el Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan (Reglamento de Ordénación Territorial). Boletín Administrativo Núm. OE-2003-16 de 13 de marzo de 2003. Por lo tanto, al emitir su recomendación, el oficial examinador hizo referencia al Reglamento de Ordenación. De acuerdo con los mapas, el predio objeto de la consulta quedó comprendido dentro del distrito clasificado como suelo rústico común, calificado Bosque Uno (B-l). El oficial examinador concluyó que dentro de los usos tolerados de dichos distritos no figura el uso industrial propuesto ni el desarrollo extenso, conforme la Tabla IV, Apéndice II y a la Sección 4.04 del Reglamento de Ordenación Territorial, respectivamente. Por su colindancia con la Quebrada Canejas al sur y al este, el oficial examinador concluyó, además, que la zonificación estaba en armonía con sus propósitos. Por lo tanto, recomendó denegar la aprobación de la consulta.

La Junta, fundamentándose en los comentarios de la vista pública y las recomendaciones del oficial examinador, denegó la consulta de ubicación al concluir que ésta es contraria al plan de ordenación territorial que ya había entrado en vigor. La Junta determinó que

[e]l área aledaña al predio objeto de [la] consulta muestra un comportamiento mixto, residencial, industrial y comercial. Además, la comunidad cuenta con facilidades recreativas. Por la colindancia Norte del predio objeto de la consulta, al cruzar el camino municipal Canejas, ubican United Tile Corp., la Bus Rental and Services, la Kar Klinic y varias residencias. Asimismo, por el linde Sur, al otro lado de la quebrada Canejas, se encuentran un cementerio de animales y una ferretería; hacia el Este, al otro lado del camino municipal, existen varios usos residenciales. Por la colindancia del Oeste del predio ubica el corredor PR-1 y varias residencias; al cruzar la PR-1 se encuentra un parque de pelota y estacionamientos comerciales de cafetería. (Énfasis nuestro.)

Inconforme, Borschow Hospital solicitó reconsideración y planteó que el proyecto se debió haber evaluado de acuerdo con la reglamentación vigente al momento de la solicitud. Indicó, a su vez, que el mismo concordaba con el futuro corredor industrial propuesto por el municipio de San Juan a ubicarse en la carretera PR-1. La Junta declaró sin lugar la petición. Por eso, el proponente recurrió al Tribunal de Apelaciones. Alegó que la Junta erró al determinar que el proyecto propuesto no cumple con el plan territorial del municipio y que su determinación desatiende los intereses del municipio de San Juan de crear dicho corredor industrial. Además, argüyó que la Junta incidió al determinar que los distritos B-l no toleran el uso industrial propuesto y al no aplicar el mecanismo de la variación para el proyecto en controversia. Por último, adujo que la determinación de la Junta es arbitraria y caprichosa porque es contraria a la evidencia que obra en el expediente administrativo.

En cumplimiento de orden, compareció la Junta para argumentar en contra de los señalamientos de error de la parte proponente. En particular, señaló que el municipio de San Juan no había concretado la ubicación del corredor industrial cuando se presentó la consulta de ubicación, y se le requirió al municipio que sometiera sus comentarios relacionados al proyecto. Además, la Junta indicó que el Subprograma de Planes de Usos de Terrenos —específicamente en el Programa de Actuación del Plan Territorial y en la Reforma Interior de Comunidad para el Barrio Tortugo— no considera usos industriales. Tampoco los terrenos implicados en la consulta forman parte del corredor industrial, puesto que en esos documentos se reconoce y se preserva la calidad rural del área. Además, por colindar con la Quebrada Canejas, el predio en controversia correctamente se clasificó como B-l, lo que concuerda con las disposiciones de la Sección 9.03 del Reglamento de Ordenación Territorial.

En cuanto a la variación, la Junta señaló que no hay referencia en el expediente a una variación en uso. En cambio, el aviso de vista pública anunciaba un cambio de zonificación, lo cual de por sí excluye la aplicación del mecanismo de variación en uso. Además, enfatizó en que se puede conceder una variación cuando el uso propuesto es compatible con los propósitos del distrito, contrario a lo que ocurre en este caso, puesto que los usos industriales propuestos son incongruentes con los propósitos delineados por el reglamento para los distritos calificados Bosque Uno (B-l). La Junta también argüyó que para poder conceder una variación se requiere que no se afecten adversamente la seguridad y tranquilidad de los vecinos. Sin embargo, señaló que en su resolución había concluido todo lo contrario, a saber, que el proyecto propuesto no propiciaba la seguridad de los vecinos. Ello de por sí es un fundamento suficiente para denegar una petición de variación.

La parte proponente replicó al alegato de la Junta. Entre otras cosas, argüyó que la denegación de la consulta carecía de fundamento y que la consulta realmente era una solicitud de variación, a pesar de que la Junta unilateralmente había tramitado la petición como un cambio de zonificación.

Consideradas estas comparecencias, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar la determinación de la Junta y conceder una variación en uso. El foro apelativo concluyó que no había razones meritorias para denegar la variación y ordenó la devolución del caso a la Junta para que aprobara la consulta de ubicación de forma compatible con lo resuelto. En particular, determinó que aunque la calificación B-l no autoriza proyectos industriales, el reglamento de ordenación del Municipio faculta que la Junta conceda variaciones en uso cuando se establezca que ninguno de los usos permitidos para el distrito es factible. El tribunal apelativo concluyó que no había en el expediente objeciones serias al proyecto y que, al contrario, las agencias pertinentes lo habían endosado. Por ello, el tribunal resolvió que la Junta había actuado arbitrariamente al denegar la consulta, sin base en el expediente administrativo. El tribunal apelativo concluyó, además, que “el proyecto propuesto propicia la seguridad que al presente no existe en el lugar a ser desarrollado” y que procede, pues, conceder una variación, ya que no hacerlo resultaría en una confiscación del disfrute de la propiedad privada y el proyecto es cónsono con las características industriales del área y con la política pública del Municipio de crear un corredor industrial.

Inconforme con la decisión del Tribunal de Apelaciones, la Junta presentó el recurso de certiorari que hoy nos ocupa y alegó que la decisión del tribunal apelativo fue errada en cuanto determinó que la Junta actuó incorrectamente al fundamentarse únicamente en que el proyecto no cumplía con el plan de ordenación territorial del municipio de San Juan para denegar la consulta. Resolvió, además, que la Junta debió haber autorizado la variación. El 18 de mayo de 2007 expedimos el auto. Luego, ambas partes presentaron sus alegatos, por lo cual procedemos a resolver la controversia.

r=H HH

La Junta de Planificación tiene la encomienda de guiar el desarrollo integral del país y fomentar el bienestar social a través de dicho proceso. 23 L.P.R.A. sec. 62c. Para ello se le ha concedido facultad para reglamentar y conceder autorizaciones con relación a la distribución de la población y los distritos de zonificación. En este esquema, la zonificación o rezonificación y las consultas de ubicación son los instrumentos por excelencia a través de los cuales la Junta puede desempeñar su poder de implantar la política pública de planificación y urbanismo.

Hemos dicho que el acto de adoptar o enmendar la zonificación de un distrito es un ejercicio del poder de reglamentación que solamente la Junta puede llevar a cabo. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 83 (1999); Luán Investment Corp. v. Román, 125 D.P.R. 533, 546 (1990). Ante una petición de rezonificación se requiere analizar el propósito de la zonificación original del área y el ambiente prevaleciente. Si las circunstancias del área donde ubica el solar cuya rezonificación se propone han cambiado con el tiempo, la agencia tiene la discreción de permitir la enmienda en el mapa de zonificación. De lo contrario, la zonificación existente debe preservarse. Montoto v. Lorie, 145 D.P.R. 30, 43-44 (1998).

La consulta de ubicación es un instrumento de planificación mediante el cual la Junta evalúa, considera y autoriza o deniega una propuesta sobre el uso de un terreno particular. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, pág. 85; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64 (1998). La variación es un instrumento de planificación cuyo fin es atemperar la severidad que resulta al someter a un predio particular las restricciones correspondientes a la calificación del terreno. En ocasiones hemos dicho que el dueño o su representante autorizado podrá solicitar una variación en uso cuando considere que la aplicación literal de los reglamentos de zonificación a su propiedad particular equivale a una confiscación a su disfrute. Asoc. Res. Baldrich, Inc. v. J.P. de P.R., 118 D.P.R. 759, 769-770 (1987); López v. Junta de Planificación, 80 D.P.R. 646, 654 (1958). Con la variación solamente se autoriza un uso prohibido por las restricciones propias de un distrito, sin sacrificar su compatibilidad con los propósitos de dicho distrito, mientras que la rezonificación altera el propósito de la zona porque asigna mía calificación distinta. No obstante, la magnitud de la variación solicitada es un elemento a considerar, así como el efecto adverso que podría tener la concesión sobre el ambiente de la calle y la seguridad y tranquilidad de los vecinos, entre otros. Véanse: Subsección 62.01 del Reglamento de Calificación de Puerto Rico, Reglamento Núm. 7628 de 11 de diciembre de 2008; Subsección 82.05 del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico, Reglamento Núm. 6211 de 5 de octubre de 2000.

El procedimiento adjudicativo de la Junta requiere que cuando una consulta de ubicación conlleve alguna variación, se someta junto a la consulta una solicitud de variación con las razones que la apoyan. Véanse: Subsección 4.01 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación, Reglamento Núm. 7629 de 11 de diciembre de 2008, págs. 8-9; Subsección 4.01 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación, Reglamento Núm. 6031 de 13 de octubre de 1999, págs. 17-18. Además, la Subsección 4.09 del Reglamento de Zonificación establece los requisitos a seguir cuando los cambios de zonificación se solicitan mediante una consulta de ubicación. Reglamento Núm. 6211, supra, págs. 50-51. Véase, además, Subsección 4.11 del Reglamento de Calificación, Reglamento Núm. 7628, supra, pág. 36.

La Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos) también otorga a los municipios la facultad de ordenar su territorio municipal con un plan territorial. Esto responde a una política pública de reformar el sistema de planificación para hacer de la gestión municipal “un vínculo fundamental entre el ciudadano y el gobierno”. Esta política pública va “dirigida a proporcionar un uso juicioso y aprovechamiento óptimo del territorio municipal para asegurar el bienestar de las generaciones actuales y futuras, promoviendo un proceso de desarrollo ordenado, racional e integral de sus terrenos”. Véase Memorial Explicativo del Reglamento sobre los Planes de Ordenación Municipal y Transferencia y Administración de Facultades, Reglamento de Planificación Núm. 5087 de 20 de mayo de 1994.

Esta ley requiere que los planes de ordenación de un municipio autónomo se trabajen en estrecha relación con la Junta y otras agencias del Gobierno, para asegurar la cohesión con los planes estatales, regionales y de otros municipios. Conforme a ello, el Artículo 13.011 de la Ley de Municipios Autónomos dispone:

El municipio se asegurará de mantener un estrecho enlace y colaboración con la Junta de Planificación en todo lo relacionado a la elaboración y adopción de los Planes de Ordenación. También establecerá la necesaria coordinación con otras agencias públicas, especialmente aquéllas relacionadas a la transportación, la infraestructura, los recursos naturales, la agricultura y el desarrollo industrial. La Junta de Planificación velará por la compatibilidad de lo propuesto con otros Planes de Ordenación y otras políticas públicas relevantes a los asuntos incluidos en el plan bajo consideración y podrá permitir criterios más estrictos pero no más laxos que los establecidos en los documentos de política pública de aplicación general en el país. El Plan de Ordenación que se adopte será el resultado de la consulta y coordinación entre las agencias públicas y el municipio. 21 L.P.R.A. see. 4609.

Además, para que entren en vigor, los planes de ordenación requerirán la aprobación de la legislatura municipal, que la Junta los adopte, y la aprobación del Gobernador. Art. 13.008 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.RR.A. see. 4606.

El plan territorial es el primer paso para que un municipio pueda continuar ejerciendo autónomamente las demás facultades de planificación y urbanismo que le delegó la Ley de Municipios Autónomos a través del Reglamento sobre los Planes de Ordenación Municipal y Transferencia y Administración de Facultades. El Artículo 13.004 de la Ley de Municipios Autónomos establece que hay tres tipos de planes de ordenación territorial que atienden diferentes aspectos de planificación: el plan territorial, el plan de ensanche y el plan de área. 21 L.P.R.A. see. 4602. El plan de área sirve para ordenar el uso del suelo de áreas que requieran atención especial, sin llegar a “convertir suelo rústico en suelo urbano o urbanizable, [puesto que] dicha acción requerirá de la revisión del Plan Territorial”. Art. 13.007(5) de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. see. 4605(5).

Una vez entre en vigor el plan territorial de un municipio, toda decisión de la Junta acerca del uso del suelo deberá ser conforme al mismo. Véanse: Art. 13.005 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. see. 4603, y la Sección 7.01 del Reglamento sobre los Planes de Ordenación Municipal y Transferencia y Administración de Facultades, supra, pág. 7-1. Para facilitar que esto sea así, tanto en la ley como en el reglamento se establece un mecanismo mediante el cual el municipio, la Junta o la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) pueden declarar una moratoria a la concesión de nuevos permisos. Véanse: Art. 13.009 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. see. 4607; Sec. 17.00 del Reglamento de Planificación Núm. 5087, supra, págs. 17-1 a 17-8.

Los planes territoriales son el instrumento de ordenación integral y estratégico que abarca todo el municipio y divide la totalidad del suelo en tres clasificaciones: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico. 21 L.P.R.A. see. 4603. Dentro de las definiciones incluidas en la Ley de Municipios Autónomos, se establece que suelo rústico

... [significará una clasificación del terreno en el Plan Territorial y estará constituido por los terrenos que el Plan Territorial considere que deben ser expresamente protegidos del proceso urbanizador por razón, entre otros, de su valor agrícola y pecuario, actual o potencial; de su valor natural; de su valor recreativo, actual o potencial; de los riesgos a la seguridad o salud pública; o por no ser necesarios para atender las expectativas de crecimiento urbano en el futuro previsible de ocho (8) años. Art. 13.003(ee) de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4601(ee).

Dicha clasificación busca proteger ciertos terrenos de la urbanización, evitar la destrucción del patrimonio natural o del paisaje, establecer planes para el manejo de los recursos naturales y agrícolas o identificar los suelos cuyas características particulares merecen ser protegidos especialmente. Dentro de esta clasificación, los suelos podrán ser catalogados como suelo rústico común o suelo rústico especialmente protegido. El suelo rústico común es “aquél no contemplado para uso urbano o urbanizable en un Plan Territorial debido, entre otros, a que el suelo urbano o urbanizable clasificado por el Plan es suficiente para acomodar el desarrollo urbano esperado”. Art. 13.005 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, 21 L.P.R.A. sec. 4603. El suelo rústico especialmente protegido es “aquél no contemplado para uso urbano o urbanizable en un Plan Territorial, y que por su especial ubicación, topografía, valor estético, arqueológico o ecológico, recursos naturales únicos u otros atributos, se identifica como un terreno que nunca deberá utilizarse como suelo urbano”. Id.

El plan territorial se desarrollará, junto con otros documentos, mediante la reglamentación, la cual incluye los planos de clasificación del suelo y los reglamentos y planos de ordenación. 21 L.P.R.A. see. 4603. En particular, el Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan establece dos calificaciones de distritos en su ordenación del suelo rústico: el suelo rústico poblado (SRP) y el distrito de Bosque Interior (B-l). El propósito de calificar un suelo rústico como bosque interior, según dicho reglamento, es “para identificar los terrenos con características especiales para la siembra de árboles, para la producción de madera y para la protección del suelo y del agua”. Sección 9.03a del Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan, supra, pág. 158. Dicha sección, además, explica lo siguiente:

Las características especiales de estos terrenos se basan en el tipo de suelo, la topografía y la humedad relativa en los mismos. Estos distritos incluyen los terrenos comprendidos por los bosques existentes así como aquellos recomendados a ser repoblados y los terrenos vinculados a las cuencas hidrográficas de fuentes de abasto de agua (actual o potencial), a los márgenes de ríos y quebradas, y a importantes recursos escénicos, id.

El reglamento del municipio de San Juan dispone los usos permitidos en los distritos B-l, o bosque interior, y sus limitaciones. En particular, la Tabla IV del Apéndice II del reglamento permite los usos siguientes:

1. Casas de una o dos familias en solares con cabida de 25 cuerdas.

2. Construcción de caminos y establos para caballos como complemento al deporte de paseos de caballos.

3. Edificios y usos accesorios estrechamente relacionados o complementarios a los usos principales.

4. Usos agrícolas, especialmente para la siembra de árboles aunque también se permiten siembras, cosechas, crianzas de animales que no conflijan con el desarrollo forestal.

5. Venta de productos cosechados en la finca, incluso madera, siempre que el corte se conduzca en forma científica y no conlleve la deforestación, cuyo espacio será limitado a mi edificio cuya área no excederá de setenta y cinco metros cuadrados.

6. Vivienda adicional de segunda planta.

7. Facilidades para muelles o rampas para un máximo de diez embarcaciones, la cual requerirá una certificación de que el proyecto es compatible con el Programa de Manejos de la Zona Costanera. Tabla IV, Apéndice II del Reglamento de Ordenacion Territorial del Municipio de San Juan, supra, págs. 38-39.

Como vemos, se permiten ciertos proyectos y obras en los distritos B-l. Por eso, el reglamento del municipio establece requisitos particulares para la construcción en dichos distritos. La Sección 9.03(m)(l) del Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan dispone que los edificios y las obras a llevarse a cabo deben ser en forma compacta y en espacios que afecten lo menos posible el área forestada, evitándose, además, la impermeabilización de terrenos y la alteración de la topografía y los rasgos del lugar, para asegurar “un balance positivo donde el ambiente natural prevalezca sobre el desarrollo”. Id., pág. 161. Además, una de las limitaciones particulares a los usos permitidos en los distritos B-l es la protección de la vegetación densa dentro de los Planes Especiales del Sur del Municipio de San Juan, entre los cuales hace referencia a la Reforma Interior de Comunidad 48 del Barrio Tortugo (RIC 48). See. 9.03(c)(1)(b) del Reglamento, supra, pág. 158. La RIC 48 reconoce la calidad rural de dicha comunidad y, cónsono con ello, en cuanto a los planes de desarrollo económico, la RIC establece la rehabilitación de viviendas.

Para atemperar una posible aplicación inconstitucional de estos y otros requisitos o limitaciones de los reglamentos de planificación, existe el instrumento de la variación, el cual, según el Artículo 13.012(e)(1)(c) de la Ley de Municipios Autónomos, será una facultad exclusiva de la Junta y de ARPe. 21 L.P.R.A. sec. 4610(e)(1)(c). Por lo tanto, al disponer sobre el proceso de la concesión de variaciones, el Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan le permite a la Junta, a ARPe y al Municipio de San Juan “según corresponda por la radicación y etapa del caso”, conceder variaciones a los requisitos del reglamento de ordenación municipal para evitar que la aplicación literal de su ordenación resulte en una confiscación al disfrute de la propiedad. Sec. 16.01a del Reglamento, supra, pág. 220. El reglamento requiere que para considerar una variación, el solicitante justifique los usos que propone. Además, requiere que se establezca que dichos usos son cónsonos con el propósito y con la política pública, y que “la magnitud de la variación es la necesaria para asegurar la viabilidad y evitar un perjuicio y que no es viable considerar otras alternativas”. Sec. 16.01b del Reglamento, supra, pág. 220. Para solicitar una variación en uso, el solicitante debe establecer que de aplicarse los requisitos del distrito a su propiedad particular, ninguno de los usos permitidos es factible desde el punto de vista físico o económico. La Sección 16.01c requiere que se tome en consideración lo siguiente:

1. El costo de adaptar la propiedad a los usos permitidos debido a disposiciones de este u otros reglamentos y el beneficio que se derivaría una vez adaptada ésta para los usos permitidos.

2. Las razones por las cuales ningún uso permisible es factible en la propiedad sin la variación deben ser únicas a la misma y no una característica general del distrito o del sector del distrito donde ubica. No podrán haber sido causados por el dueño.

3. El uso para el cual se solicita la variación a las disposiciones reglamentarias es compatible con los propósitos del distrito y con el vecindario o comunidad en que ubica.

4. La variación solicitada no afecta adversamente, entre otros, los siguientes factores:

(a) La disponibilidad de infraestructura

(b) El contexto en el que ubica

(c) El ambiente de la calle

(d) La seguridad y tranquilidad de los vecinos

5. El uso propuesto beneficia al vecindario. íd., págs. 220-221.

Por último, en cuanto a la aplicación temporal de los reglamentos, en Maldonado v. Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 66 (2007), resolvimos que si un reglamento se aprueba luego de presentarse una consulta de ubicación, esto puede ser fundamento suficiente para denegar la consulta si al momento de su presentación “el proceso de ... aprobación [de la reglamentación] ya había comenzado oficialmente y ... se habían hecho gestiones para informar al pueblo sobre el particular”.

III

La Junta sostiene que el Tribunal de Apelaciones erró al resolver que dicha agencia no podía denegar la autorización de la consulta de ubicación presentada por el proponente meramente porque el plan territorial del municipio calificó los terrenos como bosque interior, ya que el Reglamento de Ordenación del Municipio de San Juan permite la concesión de variaciones. Argüyó la Junta que los usos propuestos en la consulta de ubicación contravienen la ordenación territorial municipal y el foro apelativo no podría exigir a la Junta que concediera una variación en uso que altere la calificación de los terrenos como bosque interior y, por lo tanto, constituyera una rezonificación. Por los fundamentos que expondremos a continuación, resolvemos que efectivamente erró el Tribunal de Apelaciones.

La norma general es que los tribunales apelativos deben considerar con gran deferencia las decisiones de los organismos administrativos por la experiencia y pericia de las agencias respecto a las facultades que se les han delegado. Sus decisiones se deben respetar a menos que la parte recurrente establezca que hay evidencia suficiente en el expediente administrativo para demostrar que la agencia no actuó razonablemente. Véanse: Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 D.P.R. 934 (2008); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116 (2000).

Como vemos de los hechos, la Junta tramitó el caso como si se tratase de una rezonificación y celebró vistas públicas para enmendar los mapas de zonificación. Borschow Hospital sostiene que la consulta de ubicación incluyó una solicitud de variación en uso y no de rezonificación. Aunque lo dicho es cierto, el nombre no hace la cosa. Por eso, resolvemos que la Junta atendió correctamente la consulta de ubicación como una solicitud de rezonificación porque el proponente no justificó su solicitud de variación en uso.

Las variaciones se conceden discrecionalmente y a solicitud de parte para evitar una confiscación inconstitucional al disfrute de la propiedad privada. Por lo tanto, corresponde al solicitante poner a la Junta en posición de evaluar su petición y demostrar que ésta cumple con los criterios establecidos para guiar la discreción de la agencia. En este caso particular no ocurrió así. Borschow Hospital debió explicar en qué manera su propiedad estaba particularmente afectada por la aplicación del reglamento de zonificación, cuyo efecto resultaba en una confiscación del disfrute de su propiedad. Sin embargo, ni siquiera mencionó ese elemento indispensable para justificar una variación. Como el nombre no hace la cosa, la Junta atendió la consulta de ubicación de acuerdo con lo que el proponente realmente buscaba, que era ubicar un proyecto industrial en un distrito residencial. De la misma manera, el Tribunal de Apelaciones no estaba en posición de considerar los méritos de la variación ya que los elementos de juicio para ello están ausentes del expediente administrativo. Por lo tanto, no podemos determinar que la Junta haya actuado arbitrariamente.

Por otro lado, el proponente contiende que es política pública del municipio de San Juan crear un corredor industrial a lo largo de la carretera PR-1 y que por ello la Junta debió haber concedido la consulta de ubicación. Respecto a esto, cabe señalar que la Junta adjudicó la consulta de acuerdo con las directrices de ordenación territorial puestas en vigor por el Municipio en su Plan de Ordenación Territorial. El municipio calificó las fincas objeto de la consulta como suelo rústico y, de esta manera, las excluyó de cualquier plan industrial debido a su ubicación. Por otra parte, llama la atención que, más allá de sus comparecencias ante la Junta, el municipio de San Juan no ha mostrado interés en impugnar la determinación de dicha agencia especializada.

Resolvemos que la Junta actuó razonablemente al denegar la consulta de ubicación de Borschow Hospital y cumplió con el debido proceso de ley al implantar el plan territorial del municipio de San Juan, reglamentación vigente y aplicable. La Junta no fue arbitraria al aplicar un reglamento que ya había entrado en vigor y por sus propios términos exige que se tome en consideración. Estamos ante unos hechos similares a los de Maldonado v. Junta de Planificación, supra, en el cual este Tribunal estableció los criterios para determinar si al adjudicar una consulta de ubicación se puede aplicar una reglamentación adoptada mientras ésta estaba pendiente ante la agencia. Siendo ello así, y de acuerdo con la norma allí adoptada, no erró la Junta al aplicar al presente caso los requisitos que impone la calificación del plan territorial del municipio de San Juan y las limitaciones de un distrito B-l. La alegación que el Municipio tiene planificada para en un futuro crear un corredor industrial dentro de su territorio, no puede ser fundamento para resolver que la Junta actuó caprichosamente. Primeramente, el plan para crear un corredor industrial aún no está en etapa de implementación, ya que todavía están pendientes las vistas públicas para el plan de área. Además, como bien señala la Junta, un plan de área no puede alterar el plan territorial y cambiar, por estos medios, la calificación de suelo rústico a suelo urbano.

Al contrario, la Junta tomó en consideración y respetó los comentarios del municipio de San Juan, que había endosado el proyecto condicionado a la configuración final del plan territorial que en ese momento se trabajaba. Al denegar la consulta de ubicación, la Junta protegió la discreción del municipio para ordenar su territorio municipal.

Por todo lo anterior, revocamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no interviene.

       No surge del expediente dicha autorización, por lo que desconocemos el contenido y la vigencia de lo que alegadamente se concedió.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 181.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 417.

       Por su parte, el Departamento de Transportación y Obras Públicas expresó su conformidad con la consulta de ubicación, condicionado a que se llevasen a cabo ciertas mejoras en la intersección de la calle Canjeas con la carretera PR-1 para que se proveyera un carril de viraje dentro de la servidumbre de paso existente de la carretera PR-1 en la dirección norte a sur frente al acceso de la calle Canejas, y que se dedicara a uso público una franja de terreno necesaria para completar una futura obra en la carretera PR-1. Además, requirió que el acceso a la propiedad fuera por la calle Canejas.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 460.

       íd., pág. 559.

       íd., pág. 560.

       íd., pág. 614.

       íd., pág. 40.

       Aunque se citan ambas reglamentaciones de la Junta de Planificación, la que aplica a esta controversia es la del 2000 porque los hechos y la adjudicación administrativa se suscitaron previo a la enmienda realizada al reglamento durante el 2008. La Subsección 62.01 del Reglamento de Calificación de Puerto Rico dispone lo siguiente:
      “La Junta o la ARPE, según corresponda, podrán considerar variaciones en uso cuando se demuestre que ninguno de los usos permitidos en el distrito de calificación es factible desde el punto de vista físico o económico, tomando en consideración lo siguiente:
      “1. el costo de adaptar la propiedad a los usos permitidos debido a disposiciones de este Reglamento y el beneficio que se derivaría una vez adaptada ésta para los usos permitidos,
      “2. las razones por las cuales ningún uso permitido es factible en la propiedad sin la variación, deben ser únicas a la misma y no una característica general del distrito o del sector del distrito donde ubica. No podrán haber sido causados por el dueño,
      “3. el uso para el cual se solicita la variación a las disposiciones reglamentarias es compatible con los propósitos del distrito y del vecindario o comunidad en que ubica,
      “4. la variación solicitada no afecta adversamente, entre otros, los siguientes factores:
      “a) la disponibilidad de infraestructura
      “b) el contexto en el que ubica
      “c) el ambiente del vecindario
      “d) la seguridad y tranquilidad de los vecinos
      “e) el uso propuesto beneficia al vecindario

        “í) el uso para el cual se solicita la variación está permitido por las disposiciones del Tópico 4 sobre Zonas Escolares de este Reglamento.” Reglamento Núm. 7628 de 11 de diciembre de 2008, págs. 248-249.
      Por su parte, la Subsección 82.05 del Reglamento de Zonificación de Puerto Rico indica que se deberán tomar en consideración los factores siguientes:
      “1. La magnitud de la variación es la necesaria para asegurar la viabilidad del uso permitido y no es viable considerar otras alternativas para salvar el problema presentado.
      “2. La variación solicitada no afectará adversamente, entre otros, los siguientes factores:
      “a. La disponibilidad de la infraestructura

        “b. El contexto en el que ubica
      “c. El ambiente de la calle
      “d. La seguridad y tranquilidad de los vecinos
      “3. Se logra un desarrollo urbano más compacto.
      “4. La densidad o intensidad solicitada no lleva a convertir el distrito en otro.
      “5. La variación solicitada es cónsona con los propósitos de la disposición reglamentaria que se solicita sea modificada, así como con la política pública.” Reglamento Núm. 6211 de 5 de octubre de 2000, págs. 287-288.

       A pesar de mencionar ambas normativas, la aplicable a este caso es el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Reglamento Núm. 6031 de 13 de octubre de 1999.

       La Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 define “proceso urbanizador” de la manera:
      "... Significará todo desarrollo que transforme un suelo no urbano con obras, tales como desarrollo de vías, provisión de acueductos y alcantarillado sanitario, suministro de energía eléctrica, movimiento de tierra, y desarrollo de estructuras agrupadas que le den características de suelo urbano.” 21 L.P.R.A. sec. 4601(v).

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 84-85.


text:
    Zoraida Martínez Román, Saudy Leilany Hernández Colón y Jesenia Ayala Maldonado, recurridas, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Departamento de la Familia, Administración para el Sustento de Menores, peticionarios.

      Número: CT-2009-6

      Resuelto: 20 de noviembre de 2009

      Eliezer Aldarondo Ortiz, Rosa Campos Silva, Simone Cataldi Malpica y Eliezer Aldarondo López, de Aldarondo & López Brás, abogados de la parte recurrida.
    Decisión del Juez Asociado Señor Martínez Torres y de la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco referente a una moción de inhibición.
   La parte recurrida, representada por el Ledo. Arcelio A. Maldonado Avilés II, solicita la recusación del Juez y la Jueza que suscriben por unas expresiones en la Opinión de Conformidad del Juez Asociado Señor Rafael L. Martínez Torres en el caso Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., 177 D.P.R. 230 (2009). Según la “moción de inhibición”, dichas expresiones, según reproducidas e interpretadas en un editorial del periódico El Nuevo Día de 2 de noviembre de 2009, crean a las recurridas “la preocupación fundada, genuina y legítima de que los aludidos Jueces de este Tribunal Supremo, vayan a adjudicar su caso a base del criterio político partidista ...”. Moción de inhibición, pág. 7.

De lo único que no debe haber duda aquí es de que la preocupación que expresan las recurridas por conducto de su abogado es infundada, no tiene base alguna en la realidad ni en la Opinión de Conformidad emitida en Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., supra, y raya en el borde de la difamación.

Con respeto a las recurridas y a su abogado, debemos señalarles que las expresiones en la Opinión de Conformidad son claras y no corresponden a la interpretación que les dio el editorialista ni la moción de recusación. Una mera lectura de esas expresiones basta para comprenderlas. Pero si eso no fuera suficiente, cualquier duda se despeja en un artículo del mismo rotativo —que las recurridas y su abogado no incluyeron como anejo ni al cual hacen referencia— publicado luego del editorial antes citado. En ese artículo, el Juez Asociado Señor Martínez Torres explicó sus manifestaciones, en claro contraste con la tergiversación que repiten las recurridas y su abogado. Señaló el Juez Asociado Señor Martínez Torres:

Se ha dicho que yo escribí que las decisiones tienen que responder a un mandato electoral, y nada más lejos de la verdad. Lo que escribí quiere decir que hay unas discrepancias entre los miembros del tribunal y que eso es de esperarse en el sistema, porque cuando las ramas políticas nominan [a los Jueces del Tribunal Supremo] lo hacen a base de entender que el nominado responde a una filosofía jurídica general similar, pero no pueden esperar que por eso, las decisiones del [TJribunal le sean favorables. Tribunal en fuego, La Revista, El Nuevo Día, domingo, 8 de noviembre de 2009, pág. 6.

En otras palabras, la opinión de conformidad hizo referencia a que lejos de significar una hecatombe, las diferencias de criterio en el Tribunal son naturales ante la presencia de nuevos integrantes con una filosofía judicial propia. Esos nombramientos son el resultado del mandato electoral dado al Gobernador y al Senado para llenar las vacantes existentes en el Tribunal Supremo. Ese es nuestro sistema constitucional y no hay por qué desmerecerlo.

De ahí se ha saltado equivocadamente a hacer el siguiente silogismo: (a) los nuevos Jueces llegaron al Tribunal Supremo luego de su nombramiento por las ramas políticas del Gobierno; (b) los incumbentes en las ramas políticas tienen esa facultad producto del resultado de las elecciones generales, (c) por lo tanto, las decisiones de los nuevos integrantes del Tribunal van a responder al resultado electoral.

Semejante barbaridad es antijurídica y errónea, y no corresponde a lo que se expresó en la Opinión de Conformidad de Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., supra. De hecho, en ese caso la decisión fue contra el Gobierno.

Las decisiones, a diferencia de los nombramientos, responden a los hechos y al Derecho. Se ajustan a la conciencia libre e independiente del juez y no a los deseos de los políticos. Se emiten con total imparcialidad e independencia de criterio judicial, con absoluta fidelidad a la Constitución y a las leyes, y de acuerdo con los hechos que están ante el Tribunal.

El buen abogado busca siempre la fuente original, que en este caso es la opinión de conformidad, y no las interpretaciones pedestres que otros le puedan dar. Conviene aclarar, entonces, para beneficio y tranquilidad de las partes y del Pueblo en general, la teoría democrática detrás de las expresiones que le “preocupan” a la parte recurrida y a su abogado.

Al respecto, el Juez Asociado Señor Martínez Torres dictó una charla el lunes 16 de noviembre de 2009 ante los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, en Ponce, y allí abundó sobre el tema que nos ocupa:

Por supuesto, una vez ocupan su cargo, los jueces en nuestro sistema tienen total independencia para decidir. Esa independencia judicial significa que el juez va a resolver conforme con su conciencia, y a base de la ley y el derecho, sin dejarse influenciar por los políticos, los cabilderos, por el resultado de las elecciones, los comentarios en la prensa ni por las manifestaciones callejeras. El proceso de nombramiento, en cambio, es distinto.
Los jueces son elegidos y nominados por el Primer Ejecutivo; luego, son confirmados por el Senado. Tanto el Primer Ejecutivo como los senadores son políticos. Tienen ideas forjadas de cuál debe ser el rol de los tribunales y esas ideas las comparten con la mayoría del pueblo que los eligió. Por ejemplo, pueden entender que los tribunales deben ser más o menos lenientes al dictar sentencias penales; que deben ser más activos o por el contrario, más deferentes con las agencias administrativas; que deben ser más expansivos o en cambio, más recatados al interpretar las garantías constitucionales de los individuos frente al gobierno. Todas esas actitudes jurídicas —en esos y otros temas— forman la filosofía judicial del nominado y definirán su ejecutoria como Juez del Tribunal Supremo. Es decir, tenemos que reconocer, como dijo el Juez Cardozo, que ‘las grandes mareas y corrientes que absorben al resto de los hombres no alteran su curso para pasarle por el lado a los jueces”.
Por ende, al investigar candidatos al máximo tribunal, los políticos que los escogen evalúan todos esos factores. Buscan candidatos que compartan su filosofía de cómo debe comportarse el Tribunal Supremo. No es que busquen que determinados casos se resuelvan de cierta manera o que el Tribunal decida a favor del gobernante. Los políticos saben que más fácil sería hallar la mitológica olla repleta de oro al final del arcoíris. De lo que se trata es de moldear indirectamente el Tribunal Supremo con la visión judicial del Primer Ejecutivo, sea ésta activista o conservadora. Esa visión responde al pueblo, indirectamente, ya que los electores eligen sus gobernantes en la Rama Ejecutiva y el Senado, y les encomiendan la nominación y confirmación, respectivamente, de los Jueces del Tribunal Supremo. A ese proceso le he llamado el “flujo normal de la marea judicial en una democracia, producto indirecto del mandato del Pueblo expresado donde corresponde, en las urnas”.

Solamente una mente prejuiciada o de escasa cultura jurídica puede interpretar esa última frase como una advertencia de que los recursos ante este Tribunal se van a resolver conforme al resultado de las elecciones generales o a favor del Poder Ejecutivo.

Ante la patente incorrección de esa afirmación, rechazamos los fundamentos de la moción de inhibición. Las partes y sus abogados pueden estar seguras de que los suscribientes resolverán este caso con total independencia judicial, de acuerdo con los hechos y el derecho.

Ahora bien, los suscribientes tenemos que advertir para éste y casos ulteriores, que no vamos a permitir que la tergiversación de nuestras manifestaciones anteriores se utilice para tratar de evitar nuestra intervención en casos de alto interés público. No hay constancia de prejuicio o ánimo prevenido de los suscribientes que impida nuestra intervención en este caso. Véase, e.g., Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 142 D.P.R. 941 (1997), decisión del Juez Asociado Señor Corrada Del Río sobre una moción de recusación. Si las recurridas y su abogado confían en que el derecho les favorece, no deben albergar preocupación alguna.

Tampoco vamos a permanecer callados ante la repetición o expansión del patrón de descrédito que denunciamos en la Opinión de Conformidad de Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., supra, que motivaron las expresiones que son objeto de la moción de inhibición. “Al advenir a esta noble profesión, al juez no puede considerársele como que renuncia a defender su honra y dignidad, así como su título y trabajo.” In re Colton Fontán II, 154 D.P.R. 776, 798 (2001), decisión del Juez Asociado Señor Rivera Pérez sobre moción de inhibición. Conviene recordar que señalar que un juez aparenta estar parcializado o prejuiciado, sin motivos fundados para que un observador imparcial pueda creerlo, es una alegación que siempre hemos censurado, rechazado y desalentado. Id., pág. 799; In re Cardona Álvarez, 116 D.P.R. 895 (1986). La seria imputación de que un juez exhibe una apariencia razonable de parcialidad tiene que basarse en hechos objetivos y no en opiniones editoriales y recortes de periódico.

Concluimos que un observador objetivo, razonable y prudente, con conocimiento específico y detallado de las expresiones hechas en la Opinión de Conformidad de Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., supra, no tendría base razonable ni motivo fundado para dudar de la imparcialidad de los suscribientes. In re Colton Fontán II, supra, pág. 799. La base para la “preocupación” de las recurridas y su abogado no es la opinión de conformidad sino la interpretación errónea que otros han hecho de ella. Nuestro sistema exige mayor cultura jurídica de parte de los abogados y más ponderación al recurrir al mecanismo de la recusación de jueces.

El abogado, en el descargo de su responsabilidad como representante de su cliente, debe actuar sin temor cuando tiene motivos fondados para solicitar la inhibición de un juez; sin embargo, debe ser cauteloso y prudente, sobre todo, cuando el motivo de la inhibición que se invoca como causa es conducta del juez alegadamente reñida con la ética judicial, y mientras más grave sea su imputación, mayor debe ser su ponderación de las bases de la misma. (Enfasis suprimido.) In re Colton Fontán II, supra, pág. 798.

En fin, por todo lo expuesto, se declara “sin lugar” la moción de inhibición.

Publíquese.

       B.N. Cardozo, The Nature of the Judicial Process, New Haven, Yale Univ. Press, 1921, pág. 168.

        Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., 177 D.P.R. 230, 287 (2009), opinión de conformidad.


text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de Concesión del Día 27 de Noviembre de 2009.

      Número: EM-2009-04

      Resuelto: 23 de noviembre de 2009
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, ha concedido a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial el viernes 27 de noviembre de 2009 libre con cargo a vacaciones.

Por lo tanto, y de acuerdo con nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales al computar los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplicables a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. sees. 72 y 73), y se considerará el viernes 27 de noviembre de 2009 como si fuera día feriado completo. Cualquier término a vencer en ese día se extenderá hasta el lunes 30 de noviembre de 2009, próximo día laborable.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Püblíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Roberto Vélez Báez.

      Número: TS-4237

      Resuelto: 24 de noviembre de 2009

      Roberto Vélez Báez, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción de Restitución, y por haber cumplido el término de la suspensión decretada, se reinstala al Ledo. Roberto Vélez Báez al ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le apercibe de que en el futuro deberá tramitar las causas conforme a las responsabilidades que le impone el ejercicio de la abogacía.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo