text:
    Martha F. Caul, demandante y apelante, v. Luey G. Weidner, demandado y apelado.
    No. 3660.

    Visto: Diciembre 11, 1925.

      Resuelto: Abril 19, 1926.
    Ventas — Modificación o Rescisión del Contrato — Rescisión poe el Compra-dor-Acciones Sobre Rescisión del Contrato — Derecho de Acción.— Atendidas las circunstancias que rodean el caso de autos se resolvió la de-mandante no tenía dereebo a la rescisión del contrato.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito,' San Juan), declarando sin lugar demanda, con costas.

      Confirmada.

      O. M. Wood y Luis E. Dubón, abogados de la apelante; Juan B. Soto, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Martha F. Caul demandó a Luey G. Weidner para que se declarara rescindido un contrato de compraventa de un automóvil marca “Elgin” y le devolviera un pagaré que suscribió y entregó por $800 en pago del precio, solicitando además daños y perjuicios por valor de $1,000. Alegó en. síntesis que fué inducida por el demandado a realizar el contrato bajo la creencia de que el automóvil estaba en perfectas condiciones de funcionamiento, cuando en realidad estaba en pésimo estado, debido a defectos del motor y otras partes del carro.

El demandado negó todo lo que se refiere a las falsas si-mulaciones que se le imputan para inducir a la demandante a celebrar el contrato, y la corte inferior apreciando en. con-junto la prueba declaró sin lugar la demanda.

La apelante en su alegato no cumple con el Reglamento de esta corte, no haciendo un señalamiento de los errores. Repetidamente se ha declarado que esta omisión es bastante para desestimar una apelación. Sin embargo, aun ejerci-. tando nuestra discreción y examinando los méritos del caso, no encontramos motivos para la revocación de la sentencia. Toda la discusión se refiere a la apreciación que de la evi-dencia hizo el juez inferior.

La demandante por varios años venía guiando un carro Ford y expresó al demandado su deseo de tener otro carro con el sistema de cambios. Ella Jiabía visto al demandado guiar un carro marca “Elgin” por algún tiempo antes de la fecha del contrato, y el mismo día que se realizó el nego-cio la demandante tuvo oportunidad de manejarlo por sí misma en una distancia de algunos kilómetros. Ella no percibió nada que le indicai'a que el carro no estuviera en aparentes condiciones de buen funcionamiento. Ella pon-deró la fuerza de la máquina y el color de la pintura y des-pués de alguna discusión en el precio se convino hacer el negocio por precio de $800 aceptando ella que el demandado continuara usando el carro por dos o tres semanas hasta, que él embarcara para los Estados. Pasado este tiempo la compraventa fué consumada recibiendo ella el automóvil y entregando el precio en un pagaré por $800 que suscribió a favor del demandado. Poco después la demandante empezó' a tener dificultades con el cluch y el carro tuvo que ser ob-jeto de algunas reparaciones. Al mes siguiente de‘hacer la compra la demandante embarcó también para los Estados y llevó consigo el automóvil. Del muelle de New York sa-lió guiando su propio carro y se dirigió a Dunkirk, sitio en que residía el demandado. Durante el trayecto ella tuvo nuevas dificultades con el manejo del carro y fué necesario hacerle alguna reparación para seguir funcionando, pagando la cantidad de $26 por el trabajo. En su entrevista con el demandado ella se quejó de los tropiezos que había tenido y le exigió que pagara la cantidad de $26 que acababa de satis-facer, lo que hizo el demandado. La demandante entonces sugirió la permuta por otro carro que el demandado tenía en su garage, pero esta operación no se llevó a cabo porque el demandado exigió además la diferencia de $1,800'. De allí se dirigió la demandante a la ciudad de Buffalo, y a otras ciudades del Estado de New Jersey caminando en el propio automóvil, haciendo un recorrido de unas 1,200 millas, ad-mitido por ella, y de 3,000 millas según el demandado. La demandante volvió a Puerto Rico en el mes de julio tra-yendo dicho automóvil y no conforme con la adquisición del carro por las molestias que dice continuaba teniendo en su funcionamiento, decidió llevarlo al demandado a su residen-cia aquí en Puerto Rico, pues ya éste también había regre-sado requiriéndole para que le devolviera el pagaré y rescin-dir el contrato. El demandado rehusó y ella dejó el auto-móvil en la entrada de la casa, interrumpiendo el paso, por lo que el demandado tuvo que retirarlo a su garage pasán-dole entonces una cuenta por almacenaje.

Bajo las circunstancias que rodean a este caso no cree-mos que la demandante tenga derecho a la rescisión del con-trato. Se trata de un carro usado, de segunda mano, y su funcionamiento depende del mayor o menor uso que hubiera tenido. Piezas que han podido resistir por su desgaste natural o defectos de fábrica hasta el momento de la adquisi-ción, han podido ceder poco tiempo después. Las personas que tienen la experiencia del guía, aunque no expertas en el mecanismo de un carro, tienen que suponer que en carros usados se corre el riesgo de que puedan sobrevenir dificul-tades inevitables por la acción del tiempo, factor impor-tante para todo y que en vano puede olvidarse.

Pudiera ocurrir, sin embargo, como se alega, que la de-mandante descansara únicamente en las manifestaciones del demandado en cuanto a que garantizaba que el carro estaba en perfectas condiciones. De todos modos no aparece que la demandante hiciera su protesta al demandado tan luego descubriera los defectos del automóvil. Por el contrario, su conducta usando el carro por varios meses, después de la compra, haciendo en los Estados un recorrido tan extenso y exigiendo el pago de ciertas reparaciones al demandado, indica claramente que si en verdad fué sorprendida su buena fié' en la operación, ella había ratificado el-contrato. Ade-más, las piezas defectuosas habían sido reparadas. Ella ad-mite'que el clutch que le originó los primeros tropiezos fué ■sustituido por uno nuevo y la unión universal fué reparada en Newark. La evidencia no demuestra en parte alguna del récord que el demandado consintiera voluntariamente en la rescisión del contrato. Aparece sí que el demandado ■consentía en rebajar $200 del precio o reparar completa-mente el carro,- esto más bien explica la buena disposición -de su ánimo en oposición a la actitud intransigente de la •demandante que invitaba a quemar el carro perdiendo cada parte una mitad del precio.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Lorenzo Alvarez, acusado y apelante.
    No. 2682

    Visto: Abril 14, 1926.

      Resuelto: Abril 19, 1926.
    Aumentos (Food) — Leche—Leche Adulterada — Evidencia—Suficiencia de la Misma. — Atendida la prueba del caso de autos, se resolvió que era sufi-ciente para sostener la sentencia apelada.
    Sentencia de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), condenando al acusado por delito de adulteración de leche, con costas.

      Confirmada.

      Buenaventura Esteves, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Lorenzo Alvarez apela de una sentencia que lo condenó por virtud de acusación que le imputó el delito de infringir la ley sobre adulteración de leche de 10 de marzo de 1910 porque el 21 de febrero de 1925 vendía y ofrecía en venta como pura leche de vaca adulterada con agua la cual no es-taba destinada a fines industriales, siendo reincidente por haber sido condenado por el mismo delito según sentencia firme de 20 de febrero de 1923.

Alega el apelante como único motivo de su recurso que la corte inferior cometió error, al apreciar las pruebas y condenarlo con las declaraciones contradictorias de dos ins-pectores de Sanidad, únicos testigos que presentó el fiscal.

Los dos inspectores de Sanidad presentados como testi-gos por el fiscal estuvieron acordes en que estando inspec-cionando la leche que Emilio Cruz tenía en su depósito para la venta, llegó después el acusado con leche que vendía al mismo depósito y habiéndola examinado resultó adulterada con agua, cuyo último extremo no se discute pues la prueba de la defensa tendió a demostrar que los inspectores de Sa-nidad llegaron al depósito de Emilio Cruz después que el acusado había entregado la leche al depósito menos un ga-rrafón que no fué admitido y que no vendió y del cual fué tomada la muestra. Este conflicto de la evidencia fué re-suelto por la corte inferior en contra del acusado estimando que la leche no había sido entregada al depósito, siendo por tanto de aplicación el caso de El Pueblo v. Iturregui, 33 D.P.R. 247.

Es cierto que entre los testigos del fiscal hubo contradic-ción entre si el acusado llegó con un garrafón de leche o con más de uno pero esa discrepancia no es de importancia en este caso ni puede servir para que se dé más crédito a lo declarado por un testigo del apelante, quien manifestó que el acusado llegó al depósito con tres garrafones de leche.

Por lo expuesto la prueba es suficiente para sostener la sentencia apelada, la que debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Juan A. Santiago, demandante y apelado, v. Lorenzo E. Capó, Marshal de la Corte Municipal de Coamo, y Arbona Hermanos Sucs., demandados y apelante la 2a.
    No. 3675.

    Visto: Noviembre 17, 1925.

      Resuelto: Abril 20, 1926.
    Ejecución- — Naturaleza y Requisitos en General — Cumplimiento de Senten-cias — Su Petición — En Pleito Distinto de Aquel en que la Sentencia se Dictó. — Cuando a virtud de injunction — para impedir que el márshal entregue cierto dinero, a unos embargantes — se ordena a dicho márshal que no pague y esa orden queda sin efecto al desestimarse el injunction, en apelación, no procede, dentro de los autos del pleito de injunction, pedir el cumplimiento de una sentencia dictada en otro pleito independiente.
    Resolución de Rafael Díaz Cintrón, J. (Ponce), declarando sin lu-gar moción sobre cumplimiento de sentencia e incidente de desa-cato.

      Confirmada.

      López de Tord & Zayas Pizarro, abogados de la apelante; A. Quin-tana Cajas, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Ponce se estableció por Juan A. Santiago contra Lorenzo R. Capó, Mársbal de la Corte Municipal de Coamo, y Arbona Hermanos Sucesores, un procedimiento de injunction tendente a impedir que cierto dinero procedente de la venta de bienes embargados por Ar-bona Hermanos, Sucesores contra Manuel Cruz Semidey, en un pleito en cobro de pesos seguido en la Corte Municipal de Ponce, se entregara a los embargantes por tener Juan A. Santiago un crédito preferente sobre él.

El auto de injunction fué expedido. Arbona Hermanos, Sucesores, apelaron y la sentencia de la corte de distrito fué revocada por esta Corte Suprema. 33 D.P.R. 358.

Así las cosas, Arbona Hermanos Sucesores presentaron en la corte de distrito, dentro de los autos del pleito de injunction, una “moción sobre cumplimiento de sentencia” alegando que una vez dictada sentencia por la Corte Su-prema procedía que el mársbal de la Corte Municipal de Coamo les entregara el producto de la venta de los bienes embargados y que lejos de haberlo becbo así se babía ne-gado alegando que babía satisfecho dicho importe a otras personas, por todo lo cual pidieron que se citara al mársbal y a Juan A. Santiago y a sus fiadores para que comparecie-ran a mostrar causa por qué el mársbal no debía ser casti-gado por desacato, y por qué no debía ser condenado junta-mente con el principal y los fiadores a entregarles el repe-tido producto de la venta de los bienes embargados.

Se libró la orden correspondiente. Compareció el marshal y en nna larga contestación expuso los complicados hechos que se habían desarrollado en relación con el pro-ducto de los bienes embargados. También declaró bajo ju-ramento. Finalmente la corte dictó la resolución contra la cual se ha interpuesto el presente recurso de apelación que, en lo pertinente, dice:

“La Corte resolviendo la moción .... sobre cumplimiento de sentencia .... la declara sin lugar en todas sus partes, anulando la orden para mostrar causa .... todo ello sin perjuicio de que la recurrente pueda ejercitar el recurso que en derecho pueda te-

A nuestro juicio actuó correctamente la corte de distrito al decidir finalmente la moción de Arbona Hermanos Suce-sores en la forma en que lo hizo.

La Corte de Distrito de Ponce no estaba facultada para tomar las medidas que pretendían los apelantes dentro del procedimiento de injunction. ¿Qué sentencia había que eje-cutar en él? El pleito se había iniciado por Juan A. Santiago y terminado por la decisión de esta Corte Suprema que desestimó la demanda. Eso es todo. A virtud del injunction la corte de distrito ordenó al marshal que no pa-gara a Arbona Hermanos Sucesores. Esa orden quedó sin efecto al desestimarse el injunction. Despejada así la si-tuación, no era dentro del procedimiento de injunction donde Arbona Hermanos Sucesores tenían que actuar. Y la reso-lución apelada, a mayor abundamiento, se dictó “sin per-juicio de que el recurrente pueda ejercitar el recurso que en derecho pueda tener.”

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Francisco de Diego, recurrente, v. El Registrador de Guayama, recurrido.
    No. 631.

    Sometido: Marzo 27, 1926.

      Resuelto: Abril 20, 1926.
    1. Principal v Agente — Derechos y Responsabilidades en Cuanto a Terceras Personas — Poderes del Agente — Interpretación del Poder Conferido — • En Cuanto a Facultad para Cancelas Hipotecas — Opuesta.—La autori-dad concedida por poder para recibir cantidades por rentas o cualquier concepto y otorgar para ello cuantos documentos, reeibos y oarlas de pago se exijan, no son frases suficientes para entender comprendidas en ella la facultad de cancelar hipotecas.
    2. Pkincipal t Agente — Derechos y Responsabilidades en Cuanto a Terce-ras Personas — Poderes del Agente — Necesidad de Mandato Expreso— Cancelación de Derechos Reales. — La cancelación de un crédito hipote-cario entraña una enajenación qué no puede otorgarse mediante poder sin que exista mandato expreso para ello (Benitez vt Registrador, 17: 237; Sam-tini v. Registrador, 23: 331, confirmados).
    3. Principal y Agente — Derechos y Responsabilidades en Cuanto a Terce-ras Personas — Poderes del Agente — Interpretación del Poder Confe-rido — En Cuanto a Facultad para Cancelar Hipotecas. — Conferido en un poder facultad para otorgar reeibos y cartas de pago, pero no la de consentir en la cancelación de derechos reales, la escritura otorgada por ol apoderado para cancelar en virtud de tal poder no es inscribible.
    Nota de Pérez Mercado, R. (Guayama) denegando la inscripción de cierta escritura de cancelación.

      Confirmada.

      C. Domínguez Rubio, abogado del recurrente; el registrador compa-reció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada al Registro de la Propiedad de Guayama cierta escritura de cancelación, el registrador denegó la ins-cripción “porque los poderes que se insertan en dicho do-cumento en su parte pertinente o sustancial son insuficien-tes para cancelar.”

En la escritura de cancelación el recurrente comparece como apoderado de Hipólito y Rosario Rubio y Gavira con-firiéndoles tal representación separadamente, pero en térmi-nos más o menos idénticos.

La cláusula del poder otorgado por Hipólito Rubio lee así:

“Concurre a este acto (Hipólito Rubio Gavira) con el carácter de heredero de su padre don Antonio Rubio y Ruiz que falleció en Sevilla en veinte y ocho de Noviembre de mil novecientos diez y ocho, que confiere poder tan amplio, firme, especial y bastante cuanto por ley se requiera y sea necesario a favor de don Francisco de Diego, mayor de edad, industrial y vecino de Puerto Rico, para que cobre cuantas cantidades le corresponda percibir como tal heredero de su dicbo padre, bien por razón de rentas, intereses o por-: cualquier, con-cepto, dando de todo ello cuantos documentos, recibos o cartas dé pago se le exijan con tal fin y para que administre y arriende los bienes de su dicbo finado padre, pues el poder qué necesite el apo-derado nombrado asimismo le da y confiere sin ninguna limitación.”

El recurrente sostiene que la autoridad que le concede el poder a recibir cantidades. por rentas o cualquier con-cepto y otorgar para ello cuantos documentos, recibos y cartas de pago se le exijan son frases suficientes para en-tender comprendida en ellos la facultad de cancelar hipote-cas. Siguiendo la argumentación del recurrente se puede ver que bay que darle una interpretación extensiva al po-der, contrario a la doctrina establecida que debe hacerse restrictivamente, para decir que contiene autorización para cancelar hipotecas. El admite que el poder pudo ser más claro, demostrándose que no hay una facultad expresa para cancelar. El artículo 1615 del Código Civil en su párrafo segundo, dispone que “para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso,” y se tiene repetidamente resuelto tanto por esta Corte Suprema como por las autoridades españolas que la concelación de un crédito hipotecario entraña una verdadera enajenación y no puede-otorgarse mediante poder, sin mandato expreso. Benítez v. El Registrador, 17 D.P.R. 237; Santini v. El Registrador, 23 D.P.R. 331. En estos casos los poderes que fueron interpretados están redactados en términos más o menos parecidos-a los que son objeto de este recurso.

La definición, por otra parte, de “carta de pago,” que cita el recurrente de la Enciclopedia Jurídica de Francisco Seix (tomo 5, p. 570), no envuelve la cancelación de hipo-tecas. En relación con el registro se exige algo más: se ha de consentir por el acreedor la cancelación del gravamen en el registro, y así lo explican claramente las siguientes citas:

“Si en la escritura de poder otorgada a favor de determinada persona se confiere a ésta, entre otras facultades, la de otorgar reci-bos y cartas de pago de las cantidades que cobrare por préstamo, pero no la de consentir en la cancelación de derechos reales, y el apoderado otorga una escritura con el objeto de cancelar una hipo-teca, es evidente que ésta no puede ser inscrita sin traspasar los lí-mites del poder y contravenir a lo que dispone el art. 82 de la ley, puesto que la Dirección general ha declarado en repetidas resolu-ciones, que la facultad de cobrar créditos y extender recibos es dis-tinta de la de consentir en la cancelación de asientos extendidos en libros del Registro, toda vez que la ley Hipotecaria exige para tal cancelación, no sólo que se haya extinguido el derecho inscrito, sino que se decrete judicialmente o consienta en ella la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación. (Res. de 19 Julio 1879.)
' “Según doctrina constante de la Dirección general, como deri-vada de los principios establecidos en la legislación hipotecaria, los actos o contratos en virtud de los cuales se extinguen o cancelan de-rechos reales inscritos, importan tanto como una verdadera enaje-nación y deben distinguirse de aquellos que hacen referencia a la cobranza de créditos y a la extensión de los oportunos recibos, pues entre las facultades de los administradores y usufructuarios no se comprende la de enajenar bienes raíces y derechos reales. (Res. de 22 de Septiembre 1879.)
« * * * * # *
“La doctrina sentada en Resolución de 19 de Julio de 1879 re-ferente al caso en que el apoderado, que no había sido investido por su poderdante más que de la facultad de otorgar recibos y cartas de pago de las cantidades que cobrase por préstamo, no está autorizado para cancelar una hipoteca constituida a favor de su principal, es por razón de identidad aplicable al mismo caso en que se decide clara y concretamente que la facultad de cobrar créditos y extender recibos es distinta a la de consentir en la cancelación de asientos ex-tendidos en los libros de Registro, toda vez que la ley Hipotecaria exige para tal cancelación, no sólo que se haya extinguido el derecho inscrito, sino que consienta en ella la persona a cuyo favor se hu-biese hecho la inscripción. (Rés. de 24 Septiembre 1891.)” Odrio-zola, Diccionario de Jurisprudencia Hipotecaria, págs. 906 y 909.

Por todo lo expuesto debe confirmarse la nota recurrida.


text:
    Luis Guadalupe Pérez, Administrador Judicial del caudal hereditario de Vicente Irizarri Lugo, demandante y apelante, v. Bartolomé Zeda, demandado y apelado.
    No. 3865.

    Visto: abril 6, 1926.

      Resuelto: Abril 20, 1926.
    1. Albaceas y Administradores — Acciones—Acción a Nombre de los Here-deros — Capacidad Legal para Iniciar la Acción — Administrador Judicial. — Alegándose en nna demanda — en acción reivindicatoría establecida por un administrador judicial a nombre de ciertos herederos — que se hizo la declaración de herederos, la falta de capacidad legal del administrador para iniciar la acción a nombre de los herederos es manifiesta.
    2. Albaceas y Administradores — Cobro y Administración de la Propiedad— En General — Continuación de la Personalidad del Causante — -Período a que se Limita. — En los abintestatos la continuación de la personalidad del causante por el administrador que se nombre está limitada únicamente al período que media desde el fallecimiento hasta la declaración de here-dero; después de esto, su facultad se limita a actos de mera administración o a los que sean necesarios para llenar los deberes de su cargo.
    SENTENCIA de Enrique Lloredo,, J. (Arecibo), desestimando la de-manda, con costas.

      Confirmada.

      Luis Mercader, abogado del apelante; <?. Zeno Sama, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción sobre reivindicación y reclamación de frutos establecida por un administrador judicial a nombre de ciertos herederos. En la demanda se alega que Vicente Irizarri falleció abintestato en Utuado el 28 de marzo de 1901; que se hizo la declaratoria de herederos a favor de sus hijos que se designan en la demanda; que en octubre 8, 1919, se le nombró al demandante administrador judicial del caudal de la herencia y que el demandado desde hace unos ocho años se apropió de una porción de terreno con raía cabida de 11 hectáreas, perteneciente a la herencia, y cuyo terreno posee y disfruta actualmente dicho demandado.

El demandado excepcionó la demanda, alegando que el demandante carecía de capacidad legal para demandar, por-que “su facultad está limitada tan sólo a actos de adminis-tración, sin que pueda en modo alguno asumir la represenr tación de los herederos de dicho causante para establecer una acción que sólo a aquéllos compete.”

La corte inferior aceptando el motivo alegado, sostuvo la excepción y desestimó la demanda concediendo un plazo de 10 días para enmendar. El demandante resistió a esta resolución y pidió que se dictara sentencia y la corte así lo hizo declarando sin lugar la demanda con costas.

El apelante invoca para sostener el recurso, el artículo 51 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, que dice:

“Será deber de los administradores y mientras éstos se nombren, de los albaeeas, representar al finado en todos los procedimientos comenzados por o contra el mismo antes de su muerte, y los que se promovieran después por o contra el caudal de la herencia. Las ac-ciones o procedimientos instituidos por o contra el finado se suspen-derán a su muerte ínterin se haga cargo el albaeea o se nombre un administrador y el albaeea o administrador quedará subrogado como parte en la acción.”

Por una ficción de la ley el administrador es la continua-ción jurídica de la persona del difunto y de ahí es la autori-dad de aquél para representarle en todos los pleitos que se promuevan contra la herencia o de ejercitar las acciones que procedan en pro de la misma. Pero esta continuación de la persona del causante está limitada únicamente al pe-ríodo que media desde el fallecimiento hasta la declaráción de herederos. Después de esto el papel del administrador se contrae, como en los juicios de testamentaría, a los ac-tos de mera administración y a los que sean indispensables para llenar los deberes de su cargo.

Manresa en sus comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil de donde se origina la ley de procedimientos legales especiales, hace un estudio comparativo de las facultades de un administrador judicial en los juicios de abintestato y tes-tamentarios, y dice k>' siguiente:

“Como en los abintestatos nadie tiene personalidad para repre-sentar a la herencia hasta que se hace la declaración de herederos por auto o sentencia firme, preciso era que determinase la ley quién había de tener mientras tanto esa representación para el ejercicio de los derechos activos y pasivos del caudal hereditario, y así se hizo por el citado art. .1008, confiriéndola al administrador de los bienes. No concurre aquella circunstancia en las testamentarías, puesto que consta desde luego quiénes son los herederos, y es justo y proce-dente darles intervención en todo lo que es de su interés, limi-tando la del administrador a los actos de mera administración y a lo que sea indispensable para llenar los deberes de su cargo. Por esto se declara en el art. 1097 que no es aplicable a las testamen-tarías el 1008 antes citado, que determina las atribuciones del ad-ministrador en los abintestatos, y en su lugar se establece lo que ordena el 1098, el cual previene que ‘el administrador de la testa-mentaría sólo tendrá la representación de la misma en lo que se relacione directamente con la administración del caudal, su custo-dia y conservación y en tal concepto podrá y deberá gestionar lo conducente para ello, ejercitando las acciones que procedan.’ ” Man-resa, Ley de- Enjuiciamiento Civil, tomo 4, pág. 496.

En la demanda se alega qne fallecido Vicente Irizarry se hizo la declaración de herederos en favor de sns hijos y aparece claro la falta de capacidad legal del administrador para iniciar esta acción, siendo inútil, además, qne la corte inferior concediera ■ el permiso para enmendar por no ser enmendable la demanda.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Senos Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Diego Colón, acusado y apelante.
    No. 2702.

    Visto: Abril 6, 1926.

      Resuelto: Abril 23, 1926.
    . 1. Abmas — Portas, Abmas 'Prohibidas — Proceso v Castigo — Defensas—Uso del Arma — En General. — Usando una pistola, al acusado corresponde, como cuestión de defensa, demostrar que el uso que daba al arma qne portaba estaba permitido por una de las excepciones de la ley.
    2. Armas — Portar Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Defensas—Uso del Arma — Uso en Casa Ajena. — El uso de una arma en una casa que no es la propia no constituye excusa alguna para el acusado.
    SENTENCIA de Angel Acosta Q-mniero, J. (Ponee), condenando al acusado por delito de portar armas prohibidas, sin costas.

      Con-firmada.

      Felipe Colón Díaz y Miguel Bahamonde, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senos Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado, que iba acompañado de una mujer, casual-mente disparó un tiro hiriéndola mientras ambos estaban en la casa de otra mujer. Un policía encontró al acusado en estas condiciones con una pistola en la mano. La corte declaró culpable a dicho acusádo por el delito de portar un arma prohibida. En el juicio el acusado presentó una mo-ción de sobreseimiento sin aducir prueba alguna, y en ape-lación insiste en que no hubo ninguna prueba de una inten-ción criminal. Sostiene que el caso debe distinguirse del de Pueblo v. Santiago, 34 D.P.R. 801, por cuanto en ese caso el acusado portaba el arma con la intención de conservarla en su persona. El acusado se funda en parte en el caso de Pueblo v. Borges, 23 D.P.R. 524.

Ese fué un caso en el cual después de disparar contra un hombre en defensa propia en su misma finca, el acusado al borde de ella entregó el arma con que disparó al policía que fué llamado. Un hombre puede portar armas en su finca y la teoría del caso de Borges es que no puede haber ninguna intención de portar armas bajo tales circunstancias, u otras semejantes.

En el presente caso se demostró que el acusado portaba una pistola. En vista de esta prueba la intención de tener el arma para fines de ofensa y defensa es la deducción prima fade que se hace. Una pistola generalmente no tiene ningún otro uso. Estaba al alcance del apelante el probar, como cuestión de defensa que su uso estaba permitido por una de las excepciones de la ley. Está equivocado el apelante al suponer que el uso de un arma en una casa que no es la propia constituye excusa para él.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Sucesores de Juan Fernández, S. en C., acusada y apelante.
    No. 2607.

    Visto: Enero 19, 1926.

      Resuelto: Abril 23, 1926.
    1. Sociedades — Derechos y Responsabilidades en Cuanto a Terceras Perso-nas — Naturaleza y Extensión de la Responsabilidad de una Firma-Responsabilidad de una Firma por Delitos u Ofensas — En General.— No puede seguirse un proceso válido contra una firma como tal. (Pueblo v. Seda, 34: 207, ratificado.)
    2. Sociedades — Derechos y Responsabilidades en Cuanto a Terceras Perso-nas — Naturaleza y Extensión de la Responsabilidad de una Firma— Responsabilidad de una Fiema por Delitos u Ofensas — Disuelta la Firma. — Dado el caso que una firma — al igual que una corporación — pudiera ser procesada, no debería serlo después de su disolución, sino solamente sus miembros individuales.
    SENTENCIA de Rafael Díaz Cintron, J. (Ponce), condenando a la acusada por delito de infracción a la ley de pesas y medidas, con costas.

      Revocada.

      R. Arjona Biaca, abogado de la apelante; José E. Eigueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una causa seguida contra la firma de Sucesores de Juan Fernández, S. en C. El cargo que se le imputó fué la venta de pan falto de peso. Después de una condena y multa de $25, la firma acusada apeló y debidamente señaló la comisión de varios errores por la corte sentenciadora. El fiscal de este tribunal discute dos de los errores y se allana a la revocación de la sentencia. Hace referencia al caso de El Pueblo v. Seda, resuelto por esta corte en abril 28, 1925. Aunque este caso está publicado en los cuadernos mensuales de las Decisiones de Puerto Eieo publicados por adelantado, tomo. 34 D.P.E. 207, y puede obtenerse perfectamente por cualquier persona, no fué citado por el tomo y página como debió hacerse.

En la opinión de ese caso dijimos lo siguiente:

“(1) De la lectura de esta sentencia salta a la vista su nulidad. Ella declara culpable ‘al acusado.’ No se denuncia a la firma ‘Seda y Font’ ni podía hacerse tal denuncia contra la entidad social. Quizá ésta ha sido la equivocación de la corte en ese particular al referirse en singular ‘al acusado,’ por más que de dicha denuncia aparece claramente que ella está dirigida individualmente contra sus dos socios, designándose por sus nombres. Y si esto es así, no puede saberse cuál de ellos ha sido declarado' culpable, ya que no se dice el nombre del acusado a quien se le impone la pena.”

En ese caso puede decirse que la sentencia fué revocada por no haber sido identificados los acusados en la sentencia y la declaración que en ella se hace de que no puede seguirse una causa contra una firma como tal pudiera considerarse como una opinión incidental (obiter), pero ratificamos ahora tal declaración como expresión correcta de la ley. No en-contramos autoridad alguna en ninguna parte de los códi-gos o estatutos de Puerto Pico para tal proceso. El fiscal de esta corte de modo algo ambiguo dice que podría se-guirse un proceso contra la firma y sus miembros individua-les. Toda vez que puede procederse contra las corporacio-nes (secciones 453 y siguientes, Código de Enjuiciamiento Criminal), y como en Puerto Pico en general una firma es una entidad semejante a una corporación, la ley debiera au-torizar procesos similares contra las firmas, pero según la condición de la ley, es sólo contra los miembros individuales, o quizás mejor contra el socio gestor o gestores que puede ser presentada una denuncia, o acusación. Con excepción de las corporaciones, la regla de este territorio es estable-cer los procesos individualmente. Unicamente las corpora-ciones son las que menciona la versión inglesa de los artícu-los 453 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Criminal, supra.

El artículo 5 del Código Penal prescribe lo siguiente:

“Ninguna persona será arrestada por crimen o delito alguno, que no estuviere expresamente declarado como tal en este Código, excepto por crímenes o delitos contra las leyes de los Estados Uni-dos aplicables en Puerto Rico, las decretadas por la Asamblea Le-gislativa de Puerto Rico y por el Congreso de los Estados Unidos, para Puerto Rico.”

Los once primeros párrafos del Código de Enjuiciamiento Criminal muestran que nn acusado es una “persona” o' una “parte,” y en el artículo 11 se emplean los pronombres personales “él,” “su” o “a él” para describir a un acu-sado.

El artículo 559 del Código Penal prescribe que las voces usadas en el género masculino incluirán el femenino y el neutro salvo los casos en que tal interpretación resultare absurda o irrazonable; que la palabra “persona” incluye una corporación así como una persona natural. Las fir-mas no se mencionan y es un caso de easpressio unius est exclusio alterius.

Se alega también haberse cometido error porque en la fecha del proceso la firma acusada estaba disuelta. Es penetrar en un campo metafísico el saber cómo o hasta qué punto podría ser perseguida una firma disuelta. Parece probable que si hubiera medios para procesar a una firma también los habría para proceder después de la disolución. Si la sociedad ha de ser comparada con una corporación nos inclinamos al parecer de que en general tal firma no debe ser procesada después de su disolución, sino solamente sus miembros individuales.

Sin embargo, el verdadero fundamento de revocación en este caso debe ser que no puede seguirse un proceso válido contra una firma, no siendo necesario considerar los demás señalamientos de error. Debe revocarse la sentencia y ab-solverse a la firma acusada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carlos Serrano, acusado y apelante.
    No. 2618.

    Visto: Enero 13, 1926.

      Resuelto: Abril 26, 1926.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Señalamientos de Errores y Alegatos- — De los Alegatos — Contenido.—La naturaleza general del caso, la índole del cargo, la tendencia general de la prueba _ de cargo y descargo, son cosas que deben ponerse en el alegato y ser incluidas en un párrafo o párrafos separados.

      2. Derecho Penal — Juicio—Objeciones a las Instrucciones o Denegación de las Mismas y Excepciones — Objeciones y Excepciones — En General.— Un acusado debe objetar y tomar excepciones a las instrucciones del juez a su debido tiempo pues no debe descansar en que pueda cometerse algún error al dar aquéllas y menos en el derecho reservado al Supremo para re-vocar por errores fundamentales aún cuando no se hubieren objetado.
    3. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Besolución y Disposi-ción del Caso — Revocación de la Sentencia Apelada — Derecho a Revo-car por Errores Fundamentales. — El derecho reservado al Supremo a re-vocar por errores fundamentales no se refiere a las declaraciones erróneas de la corte al resumir la prueba ni a ligeras discrepancias en la exposición de la ley ni a tendencias erróneas de observaciones independientes, espe-cialmente cuando en la totalidad de las instrucciones se encuentran las de-bidas instrucciones del caso.
    4. Homicidio — Excusable o Justificable — Alegación de Defensa Propia. — Pe-ligro Aparente — Cuándo Este Justificaría la Defensa Propia. — La ex-presión en el sumario (pero no en la opinión) de El Pueblo v. Sutton, 17-345 que la defensa propia no estaría justificada por un peligro apa-rente, es errónea; un peligro que apareciera así a un hombre prudente (7lomo pmdens) justificaría l’a defensa propia.
    SENTENCIA de M. 'Rodríguez Berra, J. (Segundo Distrito, San Juan),, condenando al acusado por delito de asesinato en segundo grado.

      Confirmada.

      Rafael Rivera Zayas, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En nna moción solicitando nna prórroga del término, el fiscal de esta corte llamó la atención a la forma defectuosa e irregular en que fué presentado el alegato del apelante. En realidad la moción debió baber sido para desestimar la apelación, dándose, por supuesto al apelante la oportunidad de enmendar, pues era un caso criminal. No existe señalamiento de errores. No bay enumeración de errores; ni siquiera la separación entre los mismos. No sólo existen estas deficiencias como ba indicado el fiscal, sino que no bay “una exposición verdadera y concisa del caso” como lo exige la Regia 42. El apelante, como en muchos otros casos criminales, se conforma con hacer un resumen de la prueba, testigo por testigo. La naturaleza general del caso, la índole del cargo, la tendencia general de la prueba del gobierno y de la defensa, éstas son todas cosas que deben ponerse en la primera parte del alegato y ser incluidas en un párrafo o párrafos separados, — con el debido encabezamiento. El señalamiento de errores debe seguir después. Quizás el abogado confiaba en la práctica constante de esta corte de examinar los autos cuidadosa-mente en un caso criminal.

Hemos examinado, como asume al parecer el abogado, los autos cuidadosamente. Hubo prueba tendente a acredi-tar que el apelante por celos o por enojo y con malicia pre-meditada, dió muerte a José G-arcía con un revólver. Hubo cierta prueba de defensa propia, pero el jurado en manera alguna estaba obligado a darle crédito. No bay la más mínima indicación de pasión, prejuicio o parcialidad por parte del jurado. El disparo tuvo lugar en un baile. La?, prueba tendió a mostrar que el acusado, discutiendo sobre» el derecho a bailar con una muchacha y habiendo estado* tomando, fué sacado del salón principal por amigos, se les escapó y regresando disparó tres tiros y mató a José García.

El esfuerzo principal del apelante es para atacar las instrucciones dadas por la corte. El acusado no solicitó que se dieran instrucciones. No se formuló objeción alguna a la instrucción del juez; ni siquiera una general. El abogado del acusado no debe sentarse en la esperanza de que la corte incurrirá en error, sino que por lo general deben hacerse las objeciones y tomarse las excepciones al terminar las instrucciones, a semejanza de la admisión y exclusión de prueba.

En el caso de El Pueblo v. Lebrón, 23 D.P.R. 658, cita-mos la ley que regula las apelaciones, a saber:

“ ‘Siempre que resultara de los autos, en alguna causa criminal apelada a la Corté Suprema, que cualquier requisito legal haya sido desatendido por el tribunal sentenciador, no se anulará la senten-cia a menos que el error que de los autos resultare, tendiere a per-judicar los derechos de cualquiera de las partes, y se hubiere in-terpuesto la debida excepción en el tribunal sentenciador; Dispo- niéndose, sin embargo, que el tribunal de apelación podrá conocer de errores fundamentales que aparecieren en los autos, aun cuando no se hubiere interpuesto objeción a ellos, y fallar sobre los mis-mos con arreglo al deteeho que de los hechos se desprendiere.’ ”

Y dijimos:

“De acuerdo con dicha ley la corte ha revocado voluntariamente algunos casos en los cuales no han sido tomados en consideración los derechos fundamentales del acusado, y siempre ha sostenido su derecho a proceder de este modo. El Pueblo v. Morales, 11 D.P.R. 306; El Pueblo v. Fernández, 14 D.P.R. 629; El Pueblo v. Pellot, 15 D.P.R. 454; El Pueblo v. Crespo, 21 D.P.R. 300, pero'general-mente a falta de excepciones nos hemos negado a revocar, a menos que se hubiera probado claramente el perjuicio. El Pueblo v. Rosado, 17 D.P.R. 441; El Pueblo v. Ortiz, 19 D.P.R. 305; El Pueblo v. Díaz, 19 D.P.R. 520; y otros casos que en los mismos se citan.”

Pueblo v. Barrios, 23 D.P.R. 831, fué un caso en el que citando el de Pueblo v. Lebrón, encontramos un error fundamental. La corte inferior estuvo completamente equivo-cada en su teoría sobre defensa propia. Observamos el principio sentado en el caso de Pueblo v. Lebrón y rehusa-mos revocar en Pueblo v. Trujillo, 24 D.P.R. 129; Pueblo v. Hernández, 25 D.P.R. 660; Pueblo v. Ramírez, 25 D.P.R. 263; Pueblo v. Pujáls, 34 D.P.R. 402.

Nos está reservado, pues, el derecho a revocar por errores fundamentales, pero esto no se refiere a las declaraciones erróneas de la corte al hacer el resumen de la prueba, que fácilmente son susceptibles de corrección, ni tampoco a ligeras discrepancias en la exposición de la ley; ni siquiera a las tendencias erróneas de observaciones independientes, especialmente cuando en todas las instrucciones han de encontrarse las debidas instrucciones, como en el caso ante nos. En relación con esto último véase el caso de Pueblo v. Vélez, 32 D.P.R. 382-91.

Por ejemplo, al hablar del derecho de defensa propia la corte equivocadamente dijo que el acusado no podía actuar por virtud de un peligro aparente. Inmediatamente después, sin embargo, y al concluir la corte dijo en efecto al jurado que debe baber algún acto que induzca a un hombre de .ordinaria prudencia al temor de que su vida está en peligro o que podría sufrir un grave daño; y en la página 50 de los autos aparece una manifestación correcta. En otras partes de las instrucciones la corte narró la prueba que favorece a la defensa y substancialmente dió la instruc-ción de que si el jurado la creía debía absolver. El error fué originado probablemente debido al sumario equivocado del caso de Pueblo v. Sutton, 17 D.P.R. 345. La opinión misma no contiene la manifestación errónea.

No encontramos que el castigo de treinta años sea exce-sivo bajo las circunstancias de este caso.

Debe confirmarse la sentencia apelada-


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Oscar Armstrong, demandante y apelado, v. Eduardo Flores Colón y José Pilar González, demandados y apelantes.
    No. 3654.

    Visto: Diciembre 1, 1925.

      Resuelto: Abril 26, 1926.
    Novación — Extinción de una Obligación por Otra — Sustitución e Incompati-bilidad. — Un documento notarial' que no es otra cosa que un reconocimiento —con una garantía adicional — de una obligación anterior (pagaré) sin que aquél sustituya expresamente a ésta ni exista incompatibilidad alguna en-tre los dos documentos, no habiendo modificación alguna en la obligación original, excepción de una prórroga implícita del término, no equivale a una novación de diebo contrato original.
    SentenCia de Rafael Díaz Cintrón, J. (Ponee), declarando con lu-gar demanda sobre cobro de dinero, con costas.

      Confirmada.

      Felipe Colón Díaz, abogado de los apelantes; R. V. Pérez Marchand, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El pagaré que sirvió de base a la sentencia apelada es como sigue:

“Por $640.00. — Para el 6 de junio, 1922. — Pagaremos mancomu-nada y solidariamente a la orden de don Oscar Armstrong, la suma de seiscientos cuarenta dollars, el día seis de junio de mil novecien-tos veinte y dos, en esta ciudad de Ponce, sin falta, excusa ni pro texto alguno. Al fiel cumplimiento de esta obligación sometemos todos nuestros bienes y nos comprometemos al pago de costas, gas-tos y honorarios de abogado, en caso que el tenedor de este docu-mento tuviere que proceder por la vía judicial para su cobro. Se conviene que esta obligación, devengará desde hoy hasta su com-pleto pago intereses a razón de diez por ciento anual. — Ponce, diciembre 6, 1921.— (f) José P. González.— (f) Ed. Flores Colón.
“Affidavit No. 3830.- — Suscrito ante mí por don Eduardo Flores Colón y don José Pilar González, mayores de edad, propietarios y vecinos de Ponce a quienes doy fe conocer personalmente hoy en Ponce a seis de diciembre de 1921.— (f) M. Alberto Salicrup, No-tario Público.”

El señalamiento de error que hace el apelante es el si-guiente :

“l9. La Corte erró al declarar que no existía novación por no atemperarse al art. 1172 del Código Civil, lo contenido en la escri-tura como prueba.”

El documento que alega el apelante equivale a una nova-ción del contrato, dice:

“Reconocimiento de deuda. Número diez y siete.- — En Ponce, Puerto Rico, a diez y ocho de enero de mil novecientos veinte y tres, ante mí, M. Alberto Salicrup, Notario Público con vecindad en esta ciudad. — Comparecen: Don Eduardo Flores Colón, casado, mayor de edad, abogado y vecino de Ponce, y Don Oscar Armstrong y Rieder, soltero, mayor de edad, propietario y también vecino de Ponce.
“Conozco personalmente a los comparecientes y teniendo a mi juicio la capacidad legal necesaria para este acto, dicen:
“Primero: Que el señor Flores Colón debe al señor Armstrong un pagaré de seiscientos cuarenta dólares con más los intereses de-vengados de acuerdo con dicho documento y treinta dollars más de gastos, cuya deuda reconoce en este acto el señor Flores.
‘' Segundo: Que el mismo señor Flores tenía asegurado en la compañía Niagara Fire Company los edificios y maquinarias de una finca agrícola en Barros, los cuales fueron destruidos por un incendio, figurando entre los seguros una póliza número 14375 por la suma de siete mil quinientos dollars.
“Tercero: Que con el fin de garantizar al señor Armstrong, el señor Flores consiente en que la Compañía, y en su representación don Angel M. Mayoral como agente de la misma, al expedir cheque a favor del señor Flores por la indemnización que proceda, retenga el cheque y lo entregue al señor Armstrong para que se haga pago de lo que se le adeuda por razón del expresado pagaré, intereses y gastos, queriendo que de esta escritura se notifique al señor Mayoral, a los efectos procedentes.
“Así lo dicen ante los testigos, vecinos de esta ciudad y libres de tacha a mi juicio don Américo Rodríguez y don Armando Peña.— Y leída esta escritura por mí el notario a los otorgantes y a los tes-tigos, la firman por ante mí, que de todo lo contenido en la misma doy fe. Eduardo Flores Colón. — Oscar Armstrong. — Américo Ro-dríguez. — Armando Peña.— Signado: M. Alberto Salicrup. — Rubri-cado. — Hay adherido y cancelado un sello de un dollar. — El mismo día, teniendo ante mí a don Angel Mayoral, casado, mayor de edad, agente de la compañía Niagara Fire Company y vecino de Ponce, a quien conozco personalmente, le notifiqué el anterior documento y le di copia; firma y doy fe. Angel M. Mayoral. — M. Alberto Sali-erup. — Rubricado.—Iíay adherido y cancelado un sello de' un dollar.
“Es copia conforme con su original bajo mi custodia. En fe de ello y para don Angel Mayoral la expido en Ponce el mismo día del otorgamiento. — (f) M. Alberto Salicrup. (Sello.)”

Respecto a la cuestión de novación el juez sentenciador en su relación del caso y opinión, dijo:

“Como se ve, pues, la cuestión a resolver por esta Corte es si existe la novación tal como es alegada por la parte demandada.- — ■ Por novación se entiende el acto de sustituir o cambiar una obliga-ción por otra, la cual puede extinguir o modificar la primera. Se-gún el texto del art. 1172 de nuestro vigente Código Civil, para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es pre-ciso que así se declare terminantemente. — Es nuestro criterio en es-tos casos, ya que el acto de la novación puede ser expreso o tácito, sin que esté la primera sometida a emplear una fórmula precisa que la represente y constituya, necesario es atender ante todo al sentir de las partes contratantes para producir' el vínculo contractual en que quedaren, como requiere la ley, las partes sometidas. — Por ello, pues, y haciendo referencia al apartado tercero de la ameritada es-eritura, el cual anteriormente se ha copiado, hemos de declarar, que según nuestro criterio y el alcance que a tal cláusula le damos, se trata de un cambio de forma en la obligación para darle otra auten-ticidad, lo que no envuelve novación posible. — Que se trata de un aplazamiento acaso habido por el deudor o deudores y concertado entre las partes, lo cual tampoco constituye novación propiamente dicho, según el espíritu que enunciamos y de acuerdo con las senten-cias de 3 de Febrero de 1862, 20 de Noviembre de 1878 y 10 de Fe-brero de 1883, del Tribunal Supremo de España. — T finalmente he-mos de afirmar que tales expresiones así consignadas en la referida cláusula tercera de la indicada escritura, no contienen la declaración terminante que exige el art. 1172 de nuestro vigente Código Civil.”

El artículo 1172 del Código Civil dispone lo siguiente:

“Para que una obligación quede extinguida por otra que la subs-tituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la an-tigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.”

No solamente no hubo ninguna substitución expresa en el presente caso, sino que tampoco existió incompatibilidad alguna entre los dos documentos. Ni la compañía de segu-ros ni su agente asumieron obligación alguna, ni tampoco se impuso ninguna a cualquiera de ellos. El documento notarial no es más ni menos de lo que demuestra ser, o sea, un reconocimiento de una obligación anterior y como garan-tía adicional de la misma una autorización para la entrega de un cheque que iba a expedirse, al ser expedido, sin nin-guna obligación por parte del que había de expedirlo o de su agente, de entregarlo al acreedor del librado y no al pro-pio librado.

Con excepción de una prórroga implícita del término no hubo modificación alguna en la obligación original.

El error, si alguno hubo, en la opinión del juez senten-ciador es que en ella se admite demasiado. En tanto asume que los dos documentos son compatibles, acepta un hecho evidente por sí mismo.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Gregorio Meléndez, menor de edad, representado por su padre con patria potestad, Domingo Meléndez, demandante y apelado, v. Abelardo Alvarez, demandado y apelante.
    No. 3728.

    Visto: Enero 21, 1926.

      Resuelto: Abril 27, 1926.
    1. Negligencia — Actos u Omisiones Constitutivos de Negligencia- — Conducta Personal en General — Personas en Situación de Inminente Peligro — ■ Grado de Cuidado Exigídole. — Una persona que se confronta con una situa-ción de peligro que surge repentinamente y en la cual una actuación inme-diata es necesaria para evitarlo, no se requiere que ejercite aquella presencia de ánimo y diligencia que justamente se requieren de un hombre cuidadoso y prudente bajo circunstancias ordinarias.
    2. Carreteras (Highways) — Reglamentación y Uso para el Tránsito — Uso de la Carretera y Ley del Camino (Law of the Road) — Cruce de Vehículos que Marchan en Dirección Opuesta — Aviso.—Cuando dos vehículos mar-chan en dirección opuesta, huelga la precaución de aviso prescrito en el apar-tado (e), artículo 12 de la Ley No. 75 de 1916 (p. 152) al hacerse el cruce.
    3. Carreteras — Reglamentación y Uso para- el Tránsito — Uso de la Carre-tera y Ley del Camino — Cuidado Requerido de Aquellos que la Usan— Aproximación a Cruces de Ferrocarriles — Deber de Parar, Mirar y Oír— Caso en que las Barreras Estén Levantadas. — Cuando nada indica que un demandado caminaba en su auto a una velocidad en exceso de la permi-tida por ley, el cruce de una vía férrea donde existen barreras no impone a aquél tan fuerte el deber de detener su marcha cuando las barreras están levantadas (Morales v. Central Vannina, 32: 210, seguido).
    4. Carreteras — Reglamentación y Uso para el Tráfico — Uso de la Carretera y Ley del Camino — Cuidado Requerido de Aquellos que la Usan — Per-sonas Paradas en Lugar Seguro de la Carretera. — El conductor de un vehículo de motor tiene derecho a asumir que una persona parada en un lugar seguro no dejará repentinamente aquella posición colocándose en el paso del vehículo.
    5. Negligencia — Causa Próxima del Daño — Accidente Casual. — Analizada la prueba en el caso de autos se resolvió el suceso fué el resultado de un acci-dente casual.
    6. Negligencia — Actos u Omisiones Constitutivos de Negligencia — Materias o Sustancias Peligrosas, Maquinarias y Otros Medios — Carros Dedica-dos a Uso Particular — -Deber Respecto a Velocidad y Control del Ca-rro. — La regla que impone a todo conductor o chauffeur el deber de man-tener suficientemente despacio la velocidad de modo que pueda controlar y detener un carro, no tiene aplicación cuando se trata de situaciones de ver-dadera emergencia en qué no hay razón para- esperar' que súbitamente uno se confronte con ellas.
    Sentencia de M. Rodriguez Berra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Revocada, sin costas.

      Salvador Suau y Fernando B. Fornaris, abogados del apelante; Mariano Acosta Velarde, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Abelardo Alvarez guiaba un automóvil marca “Essex,” de su propiedad, por la carretera que conduce de Bayamón a San Juan y poco después del sitio en que está intercep-tada por lá vía férrea de la American Railroad Co. of Porto Rico, arrolló a un niño de nueve años, produciéndose entre otras lesiones, la rotura del fémur de la pierna derecha, por :su tercio inferior. En la demanda reclamando daños y per-juicios por $10,000 alegó que el daño causado al deman-dante se debió única y exclusivamente a la negligencia del -demandado. No se describen los actos específicos en que -consistió la causa próxima del accidente. En el desarrollo de la prueba es que el demandante intentó demostrar que tal ■causa se debió a la velocidad excesiva que caminaba el de-mandado y no haberse dado aviso de la proximidad del ve-hículo cuando se acercaba al lugar en donde, según alega ■el demandante, estaba el niño, teniendo de la mano a su her-manita de dos años. La teoría, por consiguiente, que pre-senta el demandante es que el niño lesionado estaba pa-rado a la derecha del camino, en dirección a San Juan, junto al poste del que pende una de las cadenas que sirven de barreras en el paso a nivel de la vía férrea cuando allí fué alcanzado por el demandado.

En oposición, sostiene el demandado que él marchaba a una velocidad moderada, la que redujo al acercarse a la vía férrea donde se enfrentó y cruzó con dos automóviles, se-guido uno del otro, y que ya pasada la vía y al momento de cruzar con el segundo automóvil, salió el niño súbitamente y corriendo detrás del último vehículo, llevando en hom-bros a la niña de dos años, y poniéndose frente al automó-vil en su carrera, fué alcanzado por el bumper del carro, a pesar de haber hecho todo lo humanamente posible para evitar el accidente.

La corte inferior concedió al demandante nná indemniza-ción de $4,000, y sns conclusiones para sostener la senten-cia, dicen como sigue':

“Considerada la prueba en conjunto, la Corte llega a la conclusion de que el accidente pudo haber sido evitado si el demandado hubiera en el acto de notar la presencia de los niños, tomado las pre-cauciones adecuadas para evitar el choque. Si el niño surgió del lado izquierdo de la carretera (con relación al demandado) después de cruzar éste con el último de los automóviles que marchaban en opuesta dirección, es obvio que el demandado tenía la carretera li-bre para girar hacia la izquierda con rapidez y evitar la colisión con el niño en la proximidad de la cuneta derecha. Por otra parte, el demandado al acercarse a los vehículos citados, no avisó de su proximidad, y si lo hubiese hecho tocando klaxon o bocina el niño hubiera dirigido probablemente. su atención hacia el lado de donde caminaba el demandado, antes de decidirse a cruzar la carretera. Era el deber del demandado en aquel sitio no sólo dar aviso de su acercamiento sí que también de reducir su velocidad, pues se ha pro-bado que allí la carretera de Bayamón a San Juan está cruzada por la vía férrea de la American Railroad Co., y se une a la que conduce a Cataño. Ambas precauciones pudieran haber evitado el suceso. El demandado podía ver claramente sin obstáculos cuanto había a su frente desde una distancia de 300 a 400 metros antes de llegar al sitio del suceso, puesto que la carretera es recta allí; y, habría podido notar de haberse fijado con la debida atención, antes de cru-zar con los automobiles, la presencia de los dos niños, que necesaria-mente se encontraban muy próximos al borde izquierdo de la carre-tera. ’ ’

La suposición que Lace el juez inferior de que, según la teoría del apelante, éste hubiera podido evitar la colisión con el niño con sólo girar a la izquierda, es una hipótesis equivocada del deber que la ley y la jurisprudencia pueden imaginar en tales casos. Lo mismo podíamos decir de los deberes que parece imponérsele al demandado de que si hubiera tomado las precauciones adecuadas en el acto de ver a los niños, se hubiera evitado el choque.

Gomo la situación que se supone es un caso de emergen-cia, la regla judicialmente expresada es de que una persona actuando en tal circunstancia “no puede considerarse res-ponsable por la falta de ejercer el mejor juicio que podía resultar de una deliberación, puesto que esa regia es apli-cable con referencia a la persona que actúa y la persona por cuya falta se ve obligada a actuar sin tener tiempo para pensar. 20 R.C.L. 30.” De Jesús v. Ayende, 32 D.P.R. 444.

“La experiencia ordinaria nos dice que a menudo ocurren casos en los cuales se presentan circunstancias de inminente riesgo o pe-ligro tan repentina e inesperadamente a personas que por lo general son de temperamento y juicio frío y sereno que por el momento pierden su presencia de ánimo, o se encuentran de tal modo en una situación en la que se ven obligadas a decidirse a adoptar el medio mejor o más seguro para evitar el desastre que tales circunstancias amenazan en relación a la forma repentina en que ocurren . . . .; y las cortes han resuelto uniformemente que en tales casos, en los' que el daño o lesión ha sido consecuencia directa de formar un jui-cio erróneo al tratar de afrontar o vencer el peligro de tales circuns-tancias, la parte con cuyo acto ha causado así el daño no será consi-derada civilmente responsable por cualquier daño o lesión de tal modo causado.” Lawrence v. Goodwill, 186 Pac. 781 (44 Cal. App. 440).

Otra precaución o deber de que habla la corte inferior se refiere al hecho de que el demandado no avisó su proximidad tocando klaxon o bocina a los dos vehículos que venían en opuesta dirección. El apelado alega que ese deber está prescrito en el apartado (e) del artículo 12 de la Ley No. 75 para reglamentar el uso de vehículos de motor, etc., aprobada en abril 13, 1916, que dice:

“ (e) Cuando se dé alcance a otro vehículo o persona siempre deberá darse aviso, y la persona o vehículo de menor velocidad de-berá echarse hacia la derecha, tanto como le fuere posible, y el ve-hículo que dé alcance pasará siempre por su izquierda.”

Parece claro que el estatuto se refiere a vehículos y per-sonas que van en la misma dirección. Lógicamente, el que marcha adelante no tiene a la vista a quien viene detrás y si éste quiere dar alcance y pasar al que va adelante, la ley le obliga a dar aviso, tratando así de evitar las posibilida-des de nn accidente, siendo éste el único fin de la ley.

En direcciones opuestas los vehículos se ven y huelga la precaución del aviso al hacerse el cruce.

De igual modo, no indicándose en la opinión de la corte que el demandado caminaba a una velocidad en exceso a la permitida por el estatuto, no vemos que el cruce de la vía férrea en donde existe el sistema de barreras para interceptar el paso, le impusiera tan fuertemente el deber al demandado de detener su marcha, como sostiene el apelado, ya que él estaba dispensado de la usual obligación de “ver y oir” por “la invitación implícita que era de presumir que produjera en su mente el hecho de estar levantadas las barreras.” Morales v. Central Vannina, 32 D.P.R. 210.

La corte inferior finalmente afirma que el demandado había podido notar, de haberse fijado con la debida atención, antes de cruzar con los dos automóviles que marchaban en dirección contraria, la presencia de los niños, que necesariamente se encontraban muy próximos al borde izquierdo de la carretera, sitio opuesto donde ocurrió el accidente.

Esta es otra de las suposiciones de la corte, que aceptán-dola como cierta a los fines de esta opinión, no envuelve para el demandado descuido o negligencia que le haga res-ponsable de las consecuencias del accidente. La presunción racional y lógica en contrario a lo sentado por el juez inferior es la que establece la jurisprudencia, diciendo que el conductor de un vehículo de motor tiene el derecho a asumir que una persona parada en un lugar seguro no dejará re-pentinamente aquella posición, colocándose en el paso del vehículo. Y por el contrario tiene el derecho de asumir que así no ha de actuar. 3 Cal. Jur. 872.

Un análisis de la prueba, por otra parte, nos lleva a la conclusión de que el suceso fué el resultado de un accidente desgraciado, ocurriendo según la relación o teoría del apelante. El niño atravesó corriendo e inesperada-mente la carretera en momentos que el demandado cruzaba con el segundo de los automóviles que venían en dirección contraria. El niño demostró ser inteligente, pues parecía dar'se cuenta de la importancia de su declaración. No era lo mismo que el accidente ocurriera estando él parado a la orilla de la carretera o que tuviera lugar mientras corría y atravesaba el camino. Por más que trató de sostener insis-tentemente que fue cogido en la orilla derecha de la carre-tera, en dirección a San Juan, él al fin no pudo sustraer su tierna conciencia a la verdad de las cosas, pues del interro-gatorio de repreguntas aparece lo siguiente:

“P. — ¿Cómo, entonces te cogió? E. — Después. Yo pasé ligero, pero no me cogió en el medio de la carretera, me co-gió allá, en la orilla. P. — ¿Pasaste ligero? E. — Sí, señor. P. — ¿Te cogió cuando pasabas ligero, en la orilla de la banda de allá? E. — Sí, señor.”

Luis A. Deliz, ingeniero de la American Eailroad Co. of Porto Eico, se limita a decir que la compañía tiene estable-cido un paso a nivel con un sistema de barreras junto al si-tio en que ocurrió el accidente. El describe la topografía del terreno y dice que viniendo de Bayamón existe una recta de unos 300 ó 400 metros antes de llegar al paso a nivel.

Domingo Meléndez, padre del niño, trabaja en el ferro-carril y no vió cuando el automóvil alcanzó al niño; se en-contraba como a diez o doce metros achicando una vaca. Vino en conocimiento por el grito del niño.

Emilio Jiménez venía en su automóvil de Bayamón a San Juan. No presenció los hechos en sí del accidente, y dice: “Lo que vi fué que yendo de Bayamón hacia San Juan, a mano derecha, después de pasar la vía, detrás de la casilla, donde está el guardabarreras, yo vi una aglome-ración de gente que había, y uno o dos automóviles parados allí.” Este testigo nada dice que viera al a/utomóvil del demandado alcanzar y pasarle al suyo momentos antes del accidente. Lino Burgos, su chauffeur, aunque dió detalles de que llevando ellos una velocidad de 22 ó 25 millas el au-tomóvil del demandado les alcanzó y pasó a irnos 300 ó 400 metros antes de llegar al paso a nivel del ferrocarril, el récord arroja lo siguiente:

“P. — ¿Vió el momento en qne el automóvil arrolló al niño? R. — No, señor, vi cuando paró el carro, que aguantó el carro, que corrió un señor, no sé quién era, y levantó al niño de la carretera. P. — ¿No vió al niño antes de ser arro-llado? R. — No, señor.”

Parece que este testigo del apelado su misión principal era probar la velocidad que podía traer el demandado, o sea, establecer que el demandado caminaba a velocidad exa-gerada. No aparece, sin embargo, que el demandado man-tuviera la misma velocidad, pues otro testigo del apelado, Emilio Ríos, que se encontraba a 10 ó 12 metros del lugar' del suceso, manifestó que el demandado no venía ni muy li-gero ni muy despacio y que el automóvil antes de cruzar la vía redujo la velocidad y en cuanto al accidente mismo no pudo apreciar “si los niños venían de cruzar la carretera o de dónde venían.”

María Meléndez, prima del demandante, aunque dice que presenció el accidente, admite que poco antes habían pa-sado dos automóviles en dirección opuesta al demandado y niega que éste hiciera al ocurrir el percance manifestacio-nes que le inculparan. En esto contradice a Domingo Maldonado, padre del niño, quien por el contrario, impugnado su testimonio, aparece que hizo declaraciones al Juez de Paz de Guaynabo, Julián Castrillo, diciendo que fue un caso casual en que no tuvo culpa el chauffeur porque él mandó a cruzar a los niños sin fijarse que venía otro carro.

Hasta aquí la prueba del demandante y de ella se des-prende que el juez inferior no pudo descartar la teoría del apelante, confirmada plenamente con su prueba. El pensa-miento del juez parece que estaba fijo en que si el deman-dado hubiera girado hacia la izquierda se hubiera evitado el accidente. La actitud del juez podía verse además de sus preguntas a los testigos del apelante, especialmente en el curso de la declaración del testigo Fernando Jiménez que venía en el carro junto a dicho apelante y que en lo perti-nente dice como sigue:

‘ ‘ P. — ¿ Cuando se percató de la presencia de los niños, fué detras del último automóvil? R. — Sí, señor. P. — Desde que se percató de la presencia de los niños basta ser cogidos por el automóvil, i qué tiempo medió, si puede calcularlo? R. — Fué una cosa rápida; sin remedio de evitar la desgracia, (dte.) Son conclusiones del testigo. Eso de que sin remedio; no sabemos que él sea chauffeur. P. — A la velocidad que venía el señor Alvarez, de haber visto a los niños, lo hubiera podido evitar? R. — También venían ellos corriendo, y eran dos velocidades encontradas. (Juez) P. — ¿ Velocidades en-contradas o formando ángulo? R. — Sí señor, pero me refiero yo a que el que iba tenía que chocar más pronto, viniendo el otro. P.— Podía haber desviado a la izquierda. R. — Tocaba con los demás ca-rros. P. — ¿Ya habían pasado? R. — -No, señor, fué una cosa instan-tánea, rápida. P. — ¿Dice que vió venir a dos metros de distancia a los niños? R. — No, señor, yo no he dicho eso. P. — Cuando vió a los niños cruzar, al grupo de niños, por primera vez, dónde los vió? R. — -No los vi. P. — ¿Cómo dice que estaba corriendo? R.- — -Al pa-sar frente al carro. P. — ¿No los vió cuando salieron de detrás del último carro? R. — Al pasar, detrás del último carro. P. — La pri-mera vez que los vió, ¿dónde los vió? R. — Al salir del último ca-rro. P. — En relación al carro de Uds. dónde los veían, frente al tapalodo izquierdo, al bumper, o frente al radiador, o dónde? R.— Los vi un poquito hacia la derecha. P. — ¿ A la derecha de Ud., cuando venían por primera vez? R. — Sí, señor. P. — ¿A qué dis-tancia del carro los vió, un poquito a la derecha del carro? R.— Casi pegados, próximamente un metro. Muy próximos. P. — ¿Era un carro Essex, pequeño? R. — De cinco pasajeros. P. — ¿Sabe si él torció a la izquierda? R. — No me fijé. P. — ¿Los niños procedían de la izquierda? R. — De la izquierda. P. — ¿Si el señor Alvarez hu-biera torcido a la izquierda hubiera evitado el choque? R. — No, se-ñor, ellos salieron seguido y los cogió. P. — Señor Jiménez: ha pa-sado el último carro, e inmediatamente detrás, como a un metro o dos de distancia, surge un niño y lo viene a ver frente a la derecha del carro; ya han pasado los dos automóviles, ¿qué obstáculo había para que no se tirase a la izquierda y evitara el choque? R. — Los dos carros que estaban allí. P. — Ya habían pasado, mirando en án-gulo recto, habían pasado. R. — Lo coge más de frente; si viene así y tira aquí lo coge de frente. (Dmdo.) — Su señoría no se ha dado «uenta. (Juez) — Me doy cuenta, pero creo que si se tira, a la iz-quierda no los coge. (Dmdo.) — Los coge más de prisa. P.— Antes de que los carros que iban de San Juan le pasaran a Uds., y antes de llegar al cruce, ¿Ud. no había visto el grupo del padre con los niños en la carretera? R. — No, señor. P. — ¿De dónde surgie-ron, de las entrañas de la tierra? R. — Eran dos carros que venían. P. — Entre Uds. y los carros, no estaban a la izquierda esos niños, es-perando que pasaran los dos carros? R. — No me fijé. P. — Las de-claraciones aquí son de que era un trozo llano de tres a cuatrocien-tos metros. Hacia el lado de 'San Juan venían dos carros; se encon-traron allí, en el cruce, donde estaba el guardaagujas y la casa de él; ahora pregunto: ¿de lejos no veían venir esos carros? R. — Sí, señor. P. — ¿ Entre los carros y Ud. no estaba la casa del guardaagu-jas y el grupo de niños que esperaban que pasaran los carros? R. —Estarían a la izquierda. P. — ¿Ud. no los vió? R. — No, señor. P. — ¿Había algo que le impidiera la vista de la casa y sus alrededo-res? R. — Sí, señor, la casa la veíamos y veíamos los dos carros que venían. Si vemos a los niños yo soy el primero en llamar la aten-ción de que venían. La idea era marchar con prudencia.”

Todo induce a sostener que el juez inferior nunca estuvo bajo la impresión de creer que el accidente sucediera ya cuando los niños bacía tiempo que babían cruzado la carre-tera y permanecían quietos junto.al poste de donde pen-den las barreras basta que el apelado los alcanzara con su narro. No explica el récord que sin cruzar el niño la ca-rretera, el demandado tuviera necesidad de desviar su au-tomóvil dirigiéndole bacia él, junto al poste que aparece situado un metro distante de la parte rodante de la carre-tera. Esto hubiera podido explicarse por un defecto en el guía, una patinada del carro o por una intención dañada o criminal del demandado. Pero no bay base para tal cosa. Los hechos ocurrieron bajo una situación de pura emergen-cia cuando el niño corriendo atravesaba la carretera, colo-cándose inesperadamente para el demandado frente a su carro, al cruzar éste con el segundo carro que venía en dirección contraria. Fué una situación de peligro que surgió repentinamente frente a su carro y no aparecen motivos que •el demandado pudiera sospechar' que tal situación se le pre-sentara de momento. Cnando el demandado cruzaba con los dos carros que venían en dirección opuesta, éstos le impedían necesariamente descubrir lo que podía existir a su mano iz-quierda de la carretera, donde aparecían primeramente los niños antes de atravesar, y aun asumiendo que los viera a una distancia de 300 ó 400 metros, como se alega, antes de llegar a la vía férrea, él tenía derecho a suponer que no se moverían del sitio de seguridad en que estaban y no atrave-sar en circunstancias que ellos no podían ser vistos. Soste-ner la responsabilidad bajo tales 'circunstancias tendríamos que llegar a conclusiones verdaderamente absurdas o imposi-bles. Si para cada uno de los individuos que al azar o por necesidad se encontraren situados en las orillas de las carre-teras públicas, fuera de su parte rodante, cada automóvil que marcha a una velocidad estatutoria tuviere que reducir su velocidad hasta pasar de cada persona, equivaldría a su-primir prácticamente el fin para el que fué creado un me-dio de locomoción que por su misma rapidez se ha conver tido en una necesidad social.

La regla general, por tanto, que impone un deber a todo conductor o chauffeur de mantener suficientemente despacio la velocidad de modo que pueda controlar y detener un carro, es aplicable cuando plenamente puede verse el peligro u obstrucción que se le presente delante, pero la regla no es aplicable cuando se trata de situaciones de verdadera •emergencia en que no hay razón para esperar que súbitamente uno se confronte con ella.

“Por regla general es el deber del conductor de un automóvil llevar una velocidad lo suficientemente moderada y tener tal control de su carro que pueda parar dentro de la distancia en la cual le sea posible ver claramente una obstrucción o peligro que esté enfrente de él. Pero esa regla no tiene aplicación a un caso en el cual se presentaba inmediatamente enfrente del carro una situación peli-grosa que el conductor del automóvil no tenía razón de esperar re-pentinamente.” Jacobs v. Jacobs, 141 La. 272.

Por todo lo expuesto, debe revocarse la sentencia ape- lada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda, sin costas.

El Juez Presidente Señor del Toro y el Juez Asociado Señor Hutchison están conformes con la revocación pero no con todos los razonamientos de la opinión en que se funda.


author: El Juez Asociado Señoe Franco Soto,

text:
    El Pueblo de Puesto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Dros, acusado y apelante.
    No. 2668.

    Visto: Marzo 26, 1926.

      Resuelto: Abril 27, 1926.
    1. Carreteras (Highways) — Reglamentación y Uso para el Tránsito — Uso be la Carretera y Ley del Camino (Law of the Road) — Alcance y Pase a los que Van en la Misma Dirección — Pase Cuando Viene un Carro en Dirección Opuesta. — El dhauffeu/r que abandona su derecha creyendo tener espacio para pasar en conjunción de un caballo que va en su misma direc-ción y un auto que viene en dirección opuesta, debe sufrir las consecuencias, de no conservar su derecha y acercarse lo más posible a la misma.
    2. Carreteras (Highways) — Reglamentación y Uso para el Tránsito — Uso de la Carretera y Ley del Camino (Lato of the Road) — Alcance y Pase a los que Van en la Misma Dirección — Pase Cuando Viene un Vehículo en Dirección Opuesta. — Cuando un chauffeur tiene ante sí un caballo con-ducido por otra persona, no debe tomar la izquierda del animal hasta que pase un vehículo que, viniendo en sentido contrario, tiene libre su derecha.
    3. Derecho Penal — Apelación y Error, y. Certiorari — Revisión—-Cuestiones Sobre la Prueba — -Apreciación de las Pruebas — Prueba Contradictoria. —Cuando la evidencia es contradictoria y el conflicto se resuelve en contra .del acusado, no existiendo error manifiesto, pasión o prejuicio por parte del juez sentenciador, debe confirmarse la sentencia apelada-.
    Sentencia de Angel Acosta Quintero, J. ('Ponce), condenando al acusado por delito de infracción a la ley de -automóviles, con cos-tas.

      Confirmada.

      Manuel A. Rivera, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Dros, que conducía un truck por la carretera No. 1, fue declarado culpable de una denuncia que le imputa baber violado las disposiciones de la Ley No. 75, para re-glamentar vehículos de motor, etc., aprobada en abril 13, 1916, y quien “por no ejercer el debido cuidado ni tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de vidas y propiedades (d) no se acercó lo necesario a su res-pectivo lado derecho para dar paso al automóvil No. 563 P. guiado por Víctor Flores, chauffeur No. 16-852, cho-cando el truck con la rueda izquierda delantera en el tapa-lodo izquierdo trasera del auto Buick, resultando éste con la transmisión rota y rotura de la boquilla de la rueda trasera izquierda.”

Se notará que la denuncia formula un cargo específico alegando que el acusado no se acercó lo necesario a su res-pectivo lado derecho y que por ese motivo se produjo el accidente. El Pueblo v. García, 28 D.P.R. 955. La denun-cia, sin embargo, pudo ser más clara en sus términos, ya que el caso, aparece comprendido en el apartado letra (d) del artículo 12, pero así redactada es suficiente;

El apelante únicamente discute la apreciación que hizo de la prueba el juez inferior.

La evidencia tendió a establecer que el truck subía una cuesta y se encontraba cerca de un caballo cargado de carbón, conducido por otra persona, que iban en la misma dirección, y a la vez, en sentido opuesto bajaba el automóvil Buick. Parece que el juez inferior llegó á la conclusión que el conductor del truck no teniendo libre su derecha y viendo el Buick que descendía debió mantenerse y acercarse lo más posible a su derecha para dar paso al otro carro que tenía expedita su derecha.- No haciéndolo así, su culpabilidad pareció evidente. El no debió abandonar su derecha en la creencia que su vehículo tendría espacio bastante para pasar en conjunción del caballo y el automóvil. Lo hizo, sin embargo, y debe sufrir la consecuencia de no conservar su derecha y acercarse lo más posible a'la misma.

La regla que cita el apelante, establecida en el Reglamento de la Comisión de Servicio Público de que “todo chauffeur estará en la obligación y así lo hará, de detener el vehículo que maneje o guíe cuando encontrare detenido frente a él otro vehículo, debiendo dejar el paso libre al que viniere en sentido opnesto y no tomará la izquierda del ve-hículo detenido hasta tanto no haya dejado pasar el que en sentido opuesto viniere,” era más bien para haber sido observada por él. Es verdad que no tenía ante él otro ve-hículo, pero sí tuvo un caballo conducido por otra persona y la situación era la misma. El acusado debió esperar, acercándose a su derecha, y dejar el paso libre al automó-vil que* venía en sentido contrario y no tomar la izquierda del caballo que se encontraba a su frente hasta que pasara dicho automóvil que tenía libre su derecha.

De todos modos la evidencia fué contradictoria y el conflicto fué resuelto en contra del acusado y no existiendo error manifiesto, pasión o prejuicio por parte del juez sentenciador, clebe confirmarse la sentencia.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    The Fajardo Development Company, demandante y apelante, v. José Camacho, Comisionado de Servicio Público de la Municipalidad de Luquillo, y Juan Vélez, Comisionado de Hacienda, demandados y apelados.
    No. 3112.

    Visto: Febrero 12, 1924.

      Resuelto: Abril 27, 1926.
    1. Licencias — Por Ocupaciones y Privilegios — Validez de Ordenanzas Muni-cipales — "Occupation Tax” Sobre un Negocio — Contribución Adicional Sobre Elementos del Mismo. — Un municipio no tiene facultad alguna para, en adición a la patente municipal impuesta bajo la Ley No. 26 de 1914 (p. 174), imponer a un negocio sujeto a dieba patente una contribución adicio-nal sobre uno o más de los elementos necesarios a dicho negocio.
    2. Licencias- — Por Ocupaciones y Privilegios — Validez de Ordenanzas Muni-cipales — "Occupation Tax” Sobre un Negocio — Contribución Adicional Sobre Elementos del Mismo. — Estando los ferrocarriles expresamente in-cluidos entre los negocios que, sujetos a patente municipal, enumera el in-ciso B del artículo 2 de la Ley No. 26 de 1914 (p. 174), un municipio no tiene facultad alguna para, en adición a la patente impuesta bajo dicha ley, imponer a dicho negoeio una contribución sobre la transportación por ser ésta un elemento necesario del negocio mencionado.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Humaeao), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Revocada y dictada otra.

      Jaime Sifre, Jr., abogado de la apelante; Bolívar Pagan, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante es nna corporación organizada de acuerdo con las- leyes del Estado de Connecticut teniendo su oficina principal en San Juan y autorizada debidamente explota un ferrocarril que transporta carga y pasajeros entre Na-guabo y Mameyes, atravesando las municipalidades de- Lu-quillo, Fajardo y Ceiba.

La Asamblea Municipal de Luquillo aprobó una orde-nanza cuya sección l!l dice así:

“Por la presente, toda persona natural o jurídica, que tenga en operación o que desee operar en el negocio de transportes de caña de azúcar por ferrocarril a vapor o eléctrico, trucks de carga, mo-vido por fuerza motriz o eléctrica, transportes movidos por fuerza animal, de éste a otro término municipal para fines industriales o de negocio, a partir del primero de julio de mil novecientos veinte y uno y por el año económico del 1921-22 y los subsiguientes años fis-cales, hasta que otra cosa no se disponga, quedará sujeta al pago de una contribución de un centavo por cada tonelada de dicho pro-ducto que transporte de ésta a otra jurisdicción municipal.”

La apelante estableció demanda de injunction para que se declarara nula, ilegal y sin ningún valor dicha ordenanza y solicitó un injunction preliminar para impedir la ejecu-ción de dicha ordenanza. Las partes se pusieron de acuerdo en cuanto a los hechos. No se cobró ningtma contribución pendente lite.

La Oorte de Distrito de Humacao declaró legal la ordenanza y su opinión se fundó en parte en la decisión de esta corte en el caso de Fantauzzi v. Asamblea Municipal de Arroyo, 30 D.P.R. 423. En ese caso este tribunal había decidido que la Ley de marzo 28, 1914, No. 26, no impedía a los municipios poder imponer una contribución sobre los artículos fabricados en un municipio a diferencia del arbitrio sobre la ocupación autorizado por la ley de 1914, por cuanto la ley de mayo 12, 1920 (p. 131), facultaba a Los municipios para imponer “cualquier otro impuesto, arbitrio o contribución que se decretare por las dos terceras partes de los miembros de la asamblea municipal siempre que el objeto o materia de contribución no lo fuere de algún im-puesto federal o insular.”

Apelado el caso a la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos fue revocada la sentencia de este tribunal. Sucesores de C. J. Fantauzzi v. Asamblea Mumcipal de Arroyo, Puerto Rico, 295 Fed. 803. Esa corte decidió, como antes había decidido ésta, que la contribución en cuestión no era una contribución a la pro-piedad y dijo la corte de apelación que no podía ser soste-nida como tal impuesto sobre la propiedad porque infringi-ría el principio de uniformidad. Citó la corte con aproba-ción la declaración contenida en la nota al caso de Newport v. Fitser, 21 L.R.A. (N.S.) 279, a saber:

“ ‘La regla general observada ení la mayoría de los casos es que no puede dividirse un negocio al cual se impone una contribución general por ocupación, e imponerse una contribución adicional sobre ciertos elementos constituyentes del negocio; pero si el elemento al cual se fija la contribución adicional no es parte necesaria o usual del negocio en. general, será sostenida la contribución,’ ”

y citó varios otros casos para sostener la declaración hecha en la nota. La corte dijo entonces:

“Si el municipio no había en una tasación anterior llegado al máximum prescrito en la ley de 1914, y luego hubo una emergencia que requería el cobro de una contribución mayor, podría, por virtud de la autoridad de los casos citados en la opinión de la Corte Su-prema de Puerto Rico, ñjar una contribución adicional, que con la previamente impuesta no excedería del máximum autorizado por la ley de la Legislatura.
“En el caso de Patton v. Brady, 184 U. S. 608, 22 Sup. Ct. 493, 46 L. Ed. 713, la corte resolvió que, porque se hubiera pagado un arbitrio por tabaco, esto no prohibía la imposición de una contribu-ción general al tabaco como propiedad, y que también el arbitrio que había sido impuesto podía ser aumentado después para remediar las exigencias que pudieran surgir.
“Cuando, como en este caso, había sido impuesto un arbitrio por hacer el negocio de azúcar y mieles, dentro del municipio, cree-mos que no puede imponerse una contribución adicional al negocio de fabricar azúcar, que es uno de los elementos necesarios del nego-cio en general.
“La contribución que se ha pretendido imponer por la ordenanza no puede ser sostenida como contribución a la propiedad, ni como arbitrio o contribución por ocupación.”

La Corte - Suprema de los Estados Unidos después de li-brar nn auto de certiorari en el caso semejante de Cami, Comisionado v. Central Victoria, confirmó la sentencia de la Corte de Circuito de Apelaciones. 268 U. S. 469. Después de' revisar sucintamente los estatutos y decisiones de las cortes inferiores, en la opinión se dice lo siguiente:

“Como la ley de 1914 ha sido llevada a la de 1920, es difícil para nosotros creer que en un párrafo la ley posterior confería fa-cultad para imponer una contribución hasta un máximum especifi-cado y en otro una facultad general limitada solamente por los de-más principios sobre contribución. Por tanto, cuando en la sección 49 (/) la ley posterior autoriza ‘cualquier otro impuesto, arbitrio o contribución’ creemos que debe entenderse que significa cualquier contribución sobre otros objetos de tasación y no cualquier otra con-tribución sobre aquellos para los cuales se prescribe un límite ya de-finitivo. ’ ’

Como la opinión y sentencia de la Corte de Circuito de Apelaciones fian sido confirmadas expresamente, es ley es-tablecida que la facultad de un municipio para imponer una contribución a un negocio o a cualquier elemento del mismo está limitada a la Ley de 1914 y a su forma y que pueden fijarse otras contribuciones sobre las ocupaciones, única-mente si no están incluidas en la enumeración becba en dicha Ley de 1914; que porque baya o nó fijado el munici-pio el arbitrio o impuesto por ocupación autorizado por la Ley de 1914, no puede imponer ningún otro a las ocupacio-nes.

La ley de 1914 (p. 174), en el párrafo B, menciona espe-cíficamente los “ferrocarriles.” Por tanto, el municipio a lo sumo sólo podía imponer un arbitrio a la demandante, como lo autoriza la Ley No. 26 de marzo 28, 1914, y la con-tribución que pretende imponerse a ella era nula y sin nin-gún valor. De acuerdo con el párrafo A de dicha ley todas las demás compañías de transporte están excluidas y el efecto total es al parecer impedir al municipio que imponga cualquier contribución sobre la transportación, que es el objeto de la ordenanza.

No sólo es esto así, sino que la Ley de agosto 12, 1913, leyes de la sesión extraordinaria de ese año, página 102, prescribía lo siguiente:

“No será válida ninguna patente que por la presente se dispone en ningún municipio fuera de aquel en el cual se emitiere, excepto las de compañías de transporte o veMculos que funcionen entre o pasen por dos o más municipios. Tratándose de tales compañías de transporte o de veMculos que funcionen entre o pasen por dos o más municipios, la patente municipal que se obtuviere en el mu-nicipio en el cual estuviera situada la oficina principal en Puerto Rico de la compañía que explotare los antedichos vehículos de trans-porte será suficiente para la explotación de dichos vehículos de trans-porte en, entre o pasando por otros municipios de Puerto Rico, sin pago de patente adicional en virtud de esta Ley.”

Esto excluiría probablemente el derecho del municipio a imponer cualquier arbitrio a un ferrocarril que no funciona enteramente dentro de sus límites, pero no necesitamos resolver específicamente la cuestión por no estar envuelto nin-gún arbitrio.

Resulta por tanto innecesario que consideremos el otro señalamiento de error que alega la demandante-apelante, o sea, si no es la Comisión de Servicio Público la qué tendría el derecho exclusivo de regular las contribuciones y tarifas para una corporación de servicio público.

Hemos tenido alguna duda de si en este pleito debiéra-mos declarar que la ordenanza es nula y sin ningún valor, o meramente impedir que el demandado verifique el cobro de la contribución de la demandante, pero en conjunto es-tamos satisfechos, puesto que la contribución que trató de imponerse está fuera de la facultad del municipio, que se-ría mejor declararlo así en- nuestra sentencia, y así se or-dena.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Bartolomé Muñoz, acusado y apelante.
    No. 2649.

    Visto: Febrero 5, 1926.

      Resuelto: Abril 28, 1926.
    1. Bebidas Embriagantes — Delitos—Mera Posesión de Bebidas — Enmienda XVIII a la Constitución Americana. — La enmieída 18 a la Constitución americana no prohíbe en forma alguna la mera posesión de licor embria-gante.
    2. Bebidas Embriagantes — Delitos—Mera Posesión de Bebidas — Ley Nacio-nal de Proi-iioión (Volstead). — Con arreglo a la Ley Nacional de Prohibi-ción (Ley Volstead), no existe tentativa alguna en castigar la mera posesión de licor.
    3. Bebidas Embriagantes — Delitos—Mera Posesión de Bebidas — En General. —La mera posesión de licores embriagantes es legal a menos que esté acom-pañada de la fabricación, venta, transportación, importación o exportación ilegal.
    4. Bebidas Embriagantes — Procesos Criminales — De la Denuncia- — Suficien-cia de la Misma.- — Una denuncia por posesión de licor embriagante en que no se alega acto o actos que demuestren alguna intención de violar uno o más de los aetos fundamentales prohibidos por la ley no imputa delito alguno. n

    SENTENCIA de Angel Acosta Quintero, J. (Ponee), condenando al acusado por infracción a la ley de prohibición nacional, con cos-tas.

      Revocada.

      Miguel Bahamonde, abogado del apelante; José E. Eigueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia en este caso sin más imputaba al acusado el hecho' de poseer en su residencia un frasco conteniendo dos cuartillos de ron que es una bebida embriagante que contiene más del uno por ciento de alcohol por volumen y. que puede ser usado como bebida embriagante. La Corte de Distrito de Ponce lo declaró culpable de un delito de in-fracción a la Ley de Prohibición Nacional y lo condenó a pagar una multa, de $60. El Fiscal está de acuerdo con el apelante en que la sentencia debe ser revocada.

Seguiremos el plan de otras cortes y consideraremos primero lo que prescribe la enmienda 18 a la constitución de los Estados Unidos. La transcribimos aquí: “Un año des-pués de la ratificación de esta enmienda queda prohibida la fabricación, venta o transportación de licores embriagantes en, la importación de los mismos a, o su exportación de los Estados Unidos y todo territorio sujeto a su jurisdicción para fines de bebida. — 2.—El Congreso y los diferentes es-tados tendrán facultad concurrente para poner en vigor esta enmienda mediante legislación' adecuada. ”

Observamos, o las cortes han observado, que la enmienda sólo prohibe la fabricación, venta, etc., de licores embriagantes para fines de bebida. No prohibe la fabricación, etc., de licores embriagantes para otros fines que no sean de bebida. La enmienda no prohibe en forma alguna la posesión de licor embriagante. United States v. Dowling, 278 F. 637, Petition of Shoemaker, 9 F (2nd) 170; U. S. v. Illig, 288 Fed. 939.

El Congreso puede, por supuesto, prohibir la posesión de licor embriagante para cualquier fin incidental a, o relacionado directamente con los actos denunciados en la enmienda, Everard Breweries v. Day, 265 U. S. 559, y hasta cierto punto el Congreso así lo ha hecho en la Ley Nacional de Prohibición, conocida familiarmente por Ley Yolstead. Con arreglo a esa ley no existe tentativa alguna en castigar la mera posesión de licor, y las cortes así lo han declarado. U. S. v. Dowling, supra; U. S. v. Illig, supra; U. S. v. Horton, 282 Fed. 731; Petition of Shoemaker, supra.

En el caso de U. S. v. Dowling, la corte dijo que la enmienda no autorizaba al Congreso a legislar de tal modo que prohiba la simple posesión intraestado de licores embriagantes, y que las palabras “para fines de bebida,” eran tan claras e importantes como cualesquiera otras de la enmienda, pero que el Congreso tenía efectivamente la facultad de prohibir la posesión para los fines denunciados. La corte dijo: “La posesión es legal a menos que esté acom-panada de la ‘fabricación,’ ‘venta,’ o ‘transportación’ o ‘importación’ o ‘exportación’ ilegal.”

Bajo nna acusación semejante a la sometida a nuestra consideración en el caso de U. S. v. Illig, supra, se dijo lo siguiente: “Difícilmente podría estar redactado el cargo en una forma más desprovista de hechos. Nada se alega respecto a la índole del negocio del acusado, . . . . el objeto de su posesión, o de qué modo su posesión era ile-gal.” Y continúa diciéndose: “Que el Congreso no trató en la Ley Yolstead, ni hubiera tenido la facultad, de con-vertir en delito la mera posesión desprovista de todo otro hecho;” y continúa razonando la corte y citando casos.

El caso de U. S. v. Horton, supra, sostiene que es un elemento esencial del delito de tener licor o propiedad con el fin de fabricar licor, en posesión de una persona, la in-tención ilegal por parte del poseedor.

Deben ser alegados los actos que muestren alguna inten-ción de violar uno o más de los actos fundamentales prohi-bidos. No estamos tratando de las presunciones en el jui-cio establecidas por la Ley Yolstead, sino que como en otros delitos el acusado debe conocer el delito específico que se le imputa. Yéase en relación con esto el caso de Street v. Lincoln Safe Deposit Co., 254 U.S. 88, citado en Petition of Shoemaker, supra.

No aparece delito alguno y debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado.