text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelado, v. Francisco de la Torre y Mercedes de la Torre y su esposo Arturo O’Neill, demandados y apelante el primero.
    No. 6418.

    Sometido: Enero 15, 1936.

      Resuelto: Febrero 10, 1936.

      L. Muñoz Morales y J. Ramírez Santíbcmez, abogados del apelante; Fiddler, Górdova (& McConnell, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Eesuelto este recurso por sentencia de febrero 20, 1935, confirmando la apelada (48 D.P.R. 134) el apelante Francisco de la Torre, en febrero 28, pidió permiso para presentar una moción solicitando su reconsideración. Se le concedió hasta marzo once siguiente, plazo que le fué extendido hasta abril 10, 1935, en que la moción fué archivada. Se oyó a las par-tes sobre la moción el 20 de mayo siguiente, concediéndoseles permiso para presentar memorándum, el último de los cua-les quedó radicado en en,ero 15, 1936.

Se trata de una sentencia dictada en rebeldía. Empla-zado el demandado Francisco de la Torre, excepcionó la de-manda y su excepción fué declarada sin lugar. Contestó en-tonces. Excepcionó el demandante la contestación por falta de hechos constitutivos de defensa y la excepción fué decla-rada con lugar con permiso al demandado para enmendar su contestación dentro del plazo de diez días. Nada hizo el de-mandado. No pidió reconsideración,. No presentó demanda enmendada. No solicitó sentencia sobre las alegaciones. Y el demandante pidió y obtuvo que se anotara su rebeldía y se dictara sentencia en contra suya, siendo de esa sentencia de la que apeló para ante este tribunal.

Los fundamentos que tuvimos para declarar que tratán-dose de un pleito que emanaba de un contrato sobre pago de dinero — cobro de un. pagaré — el secretario estaba autorizado para registrar la sentencia, y los que nos llevaron a concluir que la demanda alegaba becbos suficientes para establecer la acción ejercitada, quedan en pie.

Con respecto al alegado error cometido por la corte de distrito al declarar con lugar la excepción previa a la con-testación, dijimos que dada la actitud asumida por la parte demandada y apelante en la corte de distrito, no cabía ni si-quiera. discutirlo. Eso no obstante manifestamos que estu-diada la cuestión en sus méritos creíamos que babía sido co-rrectamente decidida por la corte sentenciadora cuya resolu-ción fundada transcribimos en nuestra opinión. 48 D.P.R. 140. Y así lo seguimos creyendo no obstante el extraordina-rio esfuerzo becbo por el apelante para demostrar que nues-tro criterio es erróneo.

Sabemos que a los efectos de la excepción previa presentada contra la contestación bay que admitir como ciertos los hechos alegados en la misma, pero esto no quiere decir que la corte al admitir la verdad pierda su poder para fijar su alcance y esté obligada por determinada aislada afirmación que el documento contenga cuando a su juicio esa afirmación queda destruida por otras que surgen .del propio documento.

Examinada la contestación y la escritura de hipoteca acompañada a la misma a la luz de la jurisprudencia sentada por esta corte entre otros casos en el de National City Bank v. Martínez Llonín, 41 D.P.R. 163, lo que permanece como conclusión final, no obstante las afirmaciones que se bagan en contrario, es que la relación del demandado apelante para con el demandante apelado es la de un deudor solidario con la otra demandada doña Mercedes de la Torre.

La jurisprudencia quedó establecida en los siguientes tér-minos :

“Uno qne, para servir o beneficiar a otros y sin tener el carácter de deudor directo, firme como deudor solidario un documento en que se contiene una obligación de pagar, establece en dicho documento la ley del contrato — en cuanto a ser tal deudor solidario y no un fia-dor- — como última expresión de la voluntad de las partes y a ella, por tanto, queda sometido como tal deudor solidario. ” 41 D.P.R. 164.

Pero aun, aceptando que tuviera razón el apelante al afir-mar que “toda la base jurídica de este pleito descansa esen-cialmente en que este demandado, Francisco de la Torre, no es un deudor solidario, sino un fiador solidario”, aun así ha-bría siempre que concluir que la contestación no aduce te-dios suficientes constitutivos de un.a defensa meritoria.

Invoca al apelante el artículo 1751 del Código Civil, ed. 1930, que dispone que “Los fiadores, aunque sean solidarios, quedan libres de su obligación siempre que por algún lieclio del acreedor no puedan quedar subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo”, y cita extensamente a los comentaristas franceses Colin y Capitant, quienes refiriéndose a una disposición igual del Código Civil de su nación, dicen, en parte:

“Ya sabemos que en la práctica, el acreedor a quien el deudor ofrece un fiador, pide a éste, en la inmensa mayoría de los casos, que se obligue solidariamente. En materias de deudas reconocidas y consignadas en documentos mercantiles, esta solidaridad del fiador— o dador de a-val — viene incluso establecida de pleno derecho por el artículo 142 del Código de Comercio-
“Ya hemos dicho que esta solidaridad tiene como efecto privar al fiador del derecho a alegar el beneficio de excusión y el beneficio de división, pero el fiador solidario, en sus relaciones con el acreedor, ¿debe hallarse enteramente asimilado a un codeudor solidario ordi-nario — y, por consiguiente, habrá que aplicarle las reglas consignadas en los artículos 1,200 y sucesivos, sin hacer caso para nada de las del título ‘De la fianza’ — o podrá, por el contrario, seguir amparán-dose, desde algunos otros puntos de vista, y con relación al acreedor, en su calidad de fidejussor?
‘ ‘ Esta cuestión ofrece varios extremos de- verdadero interés prác-tico. He aquí, singularmente, dos puntos sobre los cuales difieren las reglas de la solidaridad y las de la fianza:
“B. El art. 2,037, como pronto veremos, dispensa al fiador de su obligación cuando la subrogación en los derechos y garantías del acreedor no puede ya operarse en su favor por un hecho de ese mismo acreedor.
“Esta disposición pronunciada especialmente en beneficio del fiador, no puede entenderse ampliada al codeudor solidario, deudor principal, obligado siempre a satisfacer la deuda que pesa tanto sobre él como sus coobligados. Por consiguiente, ¿se podrá permitir al fiador solidario que la invoque o habrá que negarle tal beneficio?
“En este punto la jurisprudencia y la doctrina se muestran de acuerdo. Una y otra admiten que el art. 2,037 debe aplicarse al fiador solidario, porque la fianza, cualesquiera que sean sus modali-dades, impone al acreedor la obligación de conservar sus garantías al fiador (Pau, 21 de enero de 1884, D. P. 85, 2. 77, S. 86, 2. 90; Trib. Civ. Béziers 9 de abril de 1894, en Cas., D. P. 1904. 1. 430, s. 1902, 1. 86).
“Be suerte que la solidaridad no priva al fiador de su calidad de codeudor accesorio, en la medida en que ésta es compatible con el compromiso solidario por aquél contraído. Habremos de decidir, por lo tanto, que el fiador solidario podrá invocar la compensación que corresponda al deudor principal, facultad de que no podría gozar un codeudor solidario (Y. art. 1,294, párrafo 1°., y art. 2,036), y que los hechos que interrumpen la prescripción, dirigidos contra él, no surtirán ningún efecto con relación al deudor principal.

“Condiciones precisas para que el eiadoR pueda invocaR la excepción de SUBROGACIÓN. — Estas condiciones son dos:

“Ia. Es menester que el acreedor haya faltado a su obligación de conservar las garantías afectas a responder del crédito. — Poco im-porta, por lo demás, que la pérdida de la garantía provenga de un hecho realizado por él directamente — por ejemplo, 'que haya dis-puesto la cancelación de una inscripción hipotecaria antes de que se le haya pagado por completo, o que haya renunciado a su privilegio (Civ., 6 de febrero de 1911, D. P. 1911. 1. 253, S. 1911. 1.501) — o que provenga de una simple negligencia, tal como la falta de reno-vación de una inscripción.
“2a. Es necesario que la culpa del acreedor haya ocasionado un perjuicio al fiador. — Por tanto, si llegárase a demostrar que las ga-rantías a que el acreedor ha renunciado hubieran sido ineficaces, dejará de tener aplicación el art. 2,037, siendo, por lo demás, al fiador a quien incumbe la prueba del perjuicio de que se queja (Véase nota de Lyon-Caen en S. 96, 1. 65; Req., 18 de marzo de 1901, D. P. 1903. 1. 345, S. 1903. 1. 137, nota de Wahl; 2 de diciembre de 1903; D. P. 1905. 1. 9, S. 1908. 1. 138.)” 5. Curso Elemental de De--recho Civil por Ambrosio Colin y Ií. Capitant, traducido al español por Demófilo De Buen, 23, 24, 25, 34 y 35.

Y sostiene que en sn contestación se aducen hechos cons-titutivos de nna bnena defensa al amparo del precepto legal invocado tal como se interpreta por Colin y Capitant, ya que en, ella se alega que el acreedor concedió a la deudora pró-rrogas en contra de lo pactado e impidió al fiador subrogarse en su lugar en la hipoteca constituida por la deudora al re-nunciar tácitamente a ella iniciando este pleito y embargando bienes del fiador para hacer efectiva la sentencia que pudiera dictarse en el mismo.

Examinemos la cuestión de las prórrogas. La defensa se formuló en la contestación como sigue:

“Y'este demandado cotíipareeiente además alega: — Que tanto el prestamista American Colonial Bank of Porto Rico como su sucesor o cesionario, el demandante The National City Bank of New York, posteriormente, y sin conocimiento y consentimiento de este deman-dado, le concedieron prórrogas para el pago de dicho préstamo a la prestataria Mercedes de la Torre, sin mediar el pago de intereses y sin mediar ninguna consideración de valor además del pago de inteieses. Por lo que este demandado alega que hoy está totalmente extinguida la referida fianza prestada por él en el mencionado con-trato de préstamo.”

Tratándose de una fianza solidaria, es bien sabido que la prórroga no releva de su obligación al fiador, pero el deman-dado apelante sostiene que habiendo alegado en su contesta-ción que se convino entre las partes que las prórrogas sólo podrían concederse mediante consideración, la situación varía.

Todo lo que se pactó sobre prórrogas en la escritura de reconocimiento de deuda e hipoteca otorgada después del pagaré y después del alegado convenio verbal, por el propio apelante en compañía de doña Mercedes de la Torre y que contiene por tanto la última expresión de sus voluntades, fué:

“TERCERA. — Con arreglo a los términos del pagaré aquí reseñado el Banco podrá, a petición de cualquiera de los deudores, prorrogar dicha obligación por plazos mensuales mediante el pago de los inte-reses por cada mes vencido al tipo convenido, o bien renovarla por otra nueva, bastando que en ella conste que está también garantizada con esta hipoteca en las mismas condiciones, subsistiendo siempre la hipoteca como garantía colateral hasta el día del pago aun cuando las renovaciones o nuevos pagarés excedieren del año que aquí se fija para el plazo de la hipoteca, pues ésta subsistirá en todo su valor garantizando dicha deuda hasta que el Banco sea pagado total-mente. ’ ’

T ya en el cuerpo del pagaré se había con,signado “We and each of us, hereby agree that the holder of this note may, for any valuable consideration, extend the time of payment thereof, without notifying us, and that we will remain liable thereon thereafter as if we had expressly consented to such extension” y se había agregado bajo la sola firma de F. de la Torre “I, (we) hereby agree and consent to any extension of time or renewal of the within note and guarantee the payment of the same when due, or at any time thereafter, waiving demand, notice and protest.”

La contención, del apelante no está, pues, sostenida por los documentos en que su propia contestación se basa. Pretende estarlo por un convenio verbal que se alega como sigue:

“Y aquí alega además el demandado compareciente: — que en dicho día, después de suscrito y entregado el pagaré referido y antes de otorgarse la mencionada escritura convino con el prestamista American Colonial Bank of Porto Rico, en que su condición de fiador fuese solidaria pero con limitación en cuanto a las prórrogas, obli-gándose el prestamista a no concederlas sin consentimiento del fiador compareciente, a excepción de aquéllas que fuesen mediante el pago de intereses y además por alguna valuable consideración (for any valuable consideration).”

Admitiendo que los términos del pagaré pudieran variarse por un contrato verbal posterior como el que aquí se alega, nos encontramos con que con posterioridad al mismo se otorgó la escritura de reconocimiento de deuda e hipoteca entre otros motivos, según se consigna en la contestación, porque el ape-lante deseó “aclarar en lengua española, por su falta de do-minio de la inglesa, sus obligaciones y derechos como fiador en el referido préstamo”. Y así la propia contestación des-truye la eficacia que pudiera tener el alegado contrato verbal, porque debe concluirse que la escritura posterior con-tiene la última expresión del pacto de las partes.

En cuanto a la subrogación, bastará decir que en la re-petida escritura de reconocimiento de deuda e hipoteca, se pactó lo que sigue:

“CuaRta. — El Banco acreedor se reserva el derecho, en caso de incumplimiento de esta obligación, de exigir su pago total de cual-quiera de los deudores o de ambos a la vez y de reclamar judicial-mente el pago de la hipoteca, todo ello a opción exclusiva del Banco, por el orden que convenga al acreedor o persiguiendo dichas garan-tías todas a un tiempo.”

En tal virtud lo que hizo el banco demandante fué ejer-citar su derecho en la forma en que éste le fué reconocido expresamente por el propio demandado apelante. Y si se toma en consideración, además lo pactado en la cláusula ter-cera de la escritura que se transcribió anteriormente con res-pecto a la subsistencia de la hipoteca, se verá que no hay base para la aplicación del artículo 1751 del Código Civil, ed. 1930, invocado.

La moción de reconsideración debe ser declarada sin lugar.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Señor Del Tobo,

license: Public Domain

text:
    E. Solé & Co., S. en C., demandante y apelada, v. Pedro V. Pedrosa y el Dr. José Ramos Lebrón, demandados y apelantes.
    No. 6574.

    Sometido: Noviembre 20, 1935.

      Resuelto: Febrero 14, 1936.

      Arturo Aponte, B. Bodriguez Alberty y Miguel A. Bustelo, abogados' de los apelantes; E. H. F. Dottin, abogado de la apelada.
   El Juez PresideNte Señor Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda origen, de este pleito se interpuso en. julio de 1931 ante la Corte de Distrito de San Juan, por la mercantil E. Solé & Co., S. en C., contra Pedro Y. Pedrosa y su fiador el Dr. José Bamos. En ella se alegó en resumen que en marzo 18, 1930, demandante y demandados suscribieron cierte contrato sobre consignación de mercaderías, con arreglo al cual la demandante entregó a Pedrosa y éste recibió entre marzo 20 y mayo 25, 1931, gomas y tubos para automóviles, por valor de $1,545.28, habiendo Pedrosa abonado $9.42, que-dando los demandados a deber el saldo que aceptaron de $1,535.86.

Contestó el demandado mostrando su conformidad con al-gunos hechos de la demanda, negando otros y alegando como-materia. nueva constitutiva de oposición que en, julio, 1931,. la demandante y el demandado Pedrosa, de común acuerdo,, dieron por rescindido y cancelado el contrato sobre consigna-ción, y en consideración a ello Pedrosa entregó a la deman-dante como saldo las mercaderías que tenía en su establecí-miento, todo sin la conformidad y el conocimiento del otro demandado Dr. Ramos.

Fné el pleito a juicio y la corte lo decidió en contra de los demandados, quienes apelaron, señalando en su alegato dos errores cometidos a sn jnicio por la corte al interpretar el contrato en litigio en favor de la demandante y en contra del demandado Ramos y al resolver qne en todo momento era Ramos responsable a virtud de la fianza qne prestara.

Ambos señalamientos de error serán estudiados y resuel-tos conjuntamente.

El contrato de qne se trata firmado en marzo 18, 1930, se titula de consignación de mercaderías. Por él se compromete la mercantil demandante a consignar al demandado Pedrosa en Caguas gomas y tubos basta nn valor de cinco mil dólares para ser vendidos por Pedrosa y pagados por éste a la demandante.

La cláusula novena del contrato dice:

“Es expresamente convenido y estipulado que este contrato estará en vigor por un período de tres meses contados desde la fecha del mismo, entendiéndose que transcurridos dichos tres meses de confor-midad ambas partes y sin previo aviso se considerará prorrogado por otro período de tres meses y así sucesivamente.”

Y la fianza prestada por el demandado Ramos, lo fné en los siguientes términos:

“Yo, José Ramos, M. D., mayor de edad y vecino de Fajardo, P. R., después de leer y examinar el contrato arriba transcrito, me constituyo en fiador, principal pagador y garantizar (sic) solidaria y mancomunadamente del contrayente de la segunda parte señor Pedro V. Pedrosa a favor de la contrayente de la primera parte Señores E. Solé & Oía. S. bn C., obligando con él y para él a las responsa-bilidades del contrato anteriormente especificado, de acuerdo con las cláusulas del mismo y hasta la suma de cinco mil y no cents (5,000.00) DÓLARES por cualquier saldo que en contra de la contrayente de la segunda parte resultase en cualquier tiempo a favor de la mercantil E. Solé & Cía. S. en C., renunciando por la presente al derecho de excusión de bienes del deudor directo y quedando obligado a favor de dicha mercantil E. Solé & Cía. S. en C. solidaria y mancomuna-damente y simultáneamente al pago del saldo que hasta la suma in-dieada y en cualquier tiempo resultare a favor de la misma con exac-tamente iguales obligaciones que dicho deudor directo, o sea el con-trayente de la segunda parte.
“Así mismo me someto expresamente a la jurisdicción de las cortes municipales y de distrito de San Juan renunciando por la presente el derecho de domicilio para cualquier acción que pudiera derivarse del contrato que antecede.”

Por la demandante declaró en el juicio su socio gestor Mariano Mascaró. En, substancia dijo que en mayo 25, 1931, al no pagar Pedrosa su saldo deudor de $1,535.86, envió al empleado de la casa Enrique Mora a requerir de pago a Ramos, yendo Ramos a los pocos días a la oficina.de la deman-dante y manifestando que no podía pagar de momento canti-dad tan, importante, pero que fiaría una proposición para pa-garla con comodidad, proposición que nunca fiizo. La deuda no fia sido satisfecha. A repreguntas del abogado de los de-mandados admitió que los tubos y gomas consignados a Pe-drosa durante los tres primeros meses del contrato, fueron pagados.

Por los demandados declaró el propio Dr. Ramos, según la exposición del caso, como sigue:

“Que el 18 de marzo de 1930 se le presentó el Sr. Pedrosa en Fajardo con otro señor para 'que le diera la firma para unas gomas que iba a tomar, y le dió la firma y firmó el contrato. Que eso fué el 18 de marzo de 1930. El 19 de marzo, que es el día de mi santo, estuve en San Lorenzo, donde vive mi padre, a quien le manifesté que había dado una garantía. Que ese mismo día pasó por Caguas y le pidió al Sr. Pedrosa, el contrato que había firmado, documento que en Fajardo no lo leyó. Que entonces lo leyó notando que la suma por la cual lo iba a garantizar estaba en blanco, cogió el con-trato, se lo pidió prestado y fué a consultar con el Licdo. Rodríguez Alberty; y con motivo de esa entrevista con el abogado, el testigo le escribió una carta a E. Solé & Co. en 20 de marzo de 1930- Que el documento que se le pone de manifiesto es una copia carbón de 3 a carta original de referencia que le dirigió a E. Solé & Co. en marzo 20 de 1930. Que el original ele esa carta lo puso el testigo bajo sobre, le puso la dirección de E. Solé & Co. a San Juan de Puerto Rico; le puso un sello de correos de dos centavos, y la depositó personal-mente en el correo.
“Dicha carta copiada a la letra, dice así:
“ ‘Fajardo, P. R., marzo 20, 1930'. — Sres. E. Solé & Cía., San Juan, P. R. — Estimados señores:
“ ‘Después de haberme enterado del contrato que firmé como garantizador del señor Pedro Y. Pedrosa con Uds. y habiendo notado que la cantidad por la que represento al Sr. Pedrosa está en blanco, les escribo para avisarles que solamente seré responsable por el tér-mino del contrato, que es de tres meses solamente y que no garanti-zaré por más tiempo adicional.' — -Muy atentamente, Dr. José Ramos.’
“Este documento fué ofrecido en evidencia y los demandantes se opusieron a su admisión. La Corte lo admitió como prueba como exhibit letra ‘A’ de los demandados, con la oposición de los deman-dantes, quienes anotaron una excepción contra su resolución.
“Que después de escrita esa carta el testigo no supo nada más de este asunto, ni nadie le habló del mismo, habiendo sido la primera noticia que tuvo de él, la notificación que el márshal le hizo, empla-zándolo. Que después de haber sido notificado por el márshal, el tes-tigo estuvo en la casa de Solé al día siguiente, cuando ya había sido emplazado y llevado a los tribunales. Fué allí buscando a Pedrosa y no habló con Solé, ni con ningún Mascaró, con quien no ha hablado nunca en la vida. Que ni el testigo los conoce a ellos, ni ellos al testigo, ni sabe quiénes son ellos.”

La demandante llamó entonces a declarar a Enrique Mora y a Mariano y a Juan Mascaró.

El primero, empleado de la demandante, sostuvo que en-tre mayo y junio de 1931 fué enviado a Fajardo a notificar a liamos del estado de la cuenta de Pedrosa y a requerirle de pago. Que Ramos le pidió que dijera al Sr. M. Mascaró que dentro de unos días pasaría por su oficina. Que estuvo en ésta, conversó con M. Mascaró y terminó manifestando: “Bueno, Sr. Mascaró, no habrá más remedio que pagar.”

Las declaraciones de Mariano y Juan Mascaró, socios ges-tores de la mercantil demandante, y auditor el primero de la misma, fueron al efecto de negar la existencia de la carta que se introdujo como prueba al declarar el demandado Ramos y que la Corte admitió con la oposición de la demandante.

Llamado por su abogado declaró el demandado Pedrosa. Manifestó que pocos días después de firmado el contrato es-tuvo a verlo en, Caguas Enrique Mora y le mostró una carta de Ramos recibida por la casa de Solé notificándole qne sería responsable sólo por tres meses y le dijo “Usted tendrá qne buscar otra firma para continuar'el negocio de gomas”, res-pondiendo el testigo: “Trataré de ver al señor Ramos por-que si se le olvida son cosas de él.” Que después de eso no vió al Sr. Ramos, ni habló nunca con él.

Volvió a declarar Mariano Mascar ó expresando “Que en aquella época tenía dos vendedores y el señor Mora no ha-cía el distrito de Caguas, no ten,ía relación ninguna con el distrito de Oaguas; era un tal Gándara, que él mismo firmó el report de abril, mayo y junio y cree que algunos más.”

En su relación del caso y opinión dice la corte senten-ciadora :

“De la evidencia aparece que después de los tres primeros meses de la vigencia del contrato, las partes continuaron las negociaciones de conformidad y quedó así prorrogado hasta el 25 de mayo de 1931, en que terminó, y no era necesario previo aviso, por haberlo así con-venido las partes, y obligándose el fiador, principal pagador, y ga-rantizador, a las responsabilidades del contrato, de acuerdo con sus cláusulas y hasta la suma de $5,000, que en cualquier tiempo resul-tare a favor de E. Solé & Cía., S. en C. con exactamente iguales obligaciones que el deudor directo, o sea el contrayente de la segunda parte.
“Un conocido proverbio citado por Manresa en su obra sobre Comentarios al Código Civil, dice: ‘Quien afianza paga.’ Y aún cuando el demandado Dr. Ramos en nada se ha beneficiado, él se obligó como fiador y principal pagador, con conocimiento de lo que hacía, y debe cumplir la obligación por él contraída.”

Y refiriéndose a la carta introducida en evidencia por los demandados había dicho antes:

“La carta fué admitida por ser una copia carbón, que se dice hecha al mismo tiempo que el original y que el testigo declaró haber puesto personalmente al correo.
“Mariano y Juan Mascaré, gestores de la demandante, negaron que el original de dicha carta fuera recibido por ellos en ningún momento. La presunción que establece el artículo 102, apartado 24, de que una carta dirigida y cursada por correo debidamente fué reci-bida en su oportunidad, es disputable y puede controvertirse mediante otra evidencia, como lo fué en este caso, estimando la corte, por el resultado de la prueba, que dielia carta no fué recibida por la deman-dante. Además, el demandado Dr. Ramos no podía por sí solo, des-pués de haber firmado el contrato, dejar sin efecto la cláusula 9. del mismo, referente a las prórrogas, siendo otra la teoría de su caso, según la materia de defensa en la contestación, o sea que el' contrato quedó rescindido y cancelado en julio de 1931, cuando Pedrosa en-tregó todas las existencias y mercaderías que tenía como saldo de la reclamación y en descargo de las obligaciones, lo que se llevó a cabo sin su conformidad y conocimiento. Era una de las condiciones del contrato en caso de rescisión devolver las mercaderías (stock) a su dueña, la parte de la primera parte, y no hubo evidencia de la ale-gada materia de defensa.”

La evidencia aportada fué, pues, contradictoria. La corte sentenciadora resolvió el conflicto en pro de la demandante. No creyó a los testigos de los demandados que fueron ellos .mismos. Y como no se lia demostrado que 1a- corte actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiera error manifiesto alguno, su resolución debe prevalecer y pre-valece.

Entonces la cuestión queda reducida a la interpreta•ción de la cláusula novena del contrato. Se admitió por la •demandante en el juicio que las mercaderías por ella consignadas al demandado Pedrosa durante los primeros tres meses de existencia del contrato, fueron pagadas por él. El saldo que se cobra procede de mercaderías consignadas meses después. Y está tácitamente admitido que vencidos los primeros tres meses no se solicitó ni se obtuvo el consentimiento expreso del fiador para la continuación del contrato. Este continuó en su curso ordinario de consignaciones y pago por parte de la demandante y de Pedrosa respectivamente Pasta que terminó con el saldo deudor sobre cuya cuantía no bay cuestión.

Y los apelantes sostienen en su alegato que:

“Cualquier persona de mediana inteligencia que lea esta cláusula Regará a la conclusión de que la misma quiere decir que para que haya prórroga se necesita la ooneokmidad de las paktes, conseguida la cual no será menester aviso alguno. Ése fué el convenio que firmó el Dr. Ramos suscribiéndolo como fiador y principal pagador 'y con EXACTAMENTE IGUALES 'OBLIGACIONES QUE EL DEUDOR DIRECTO, O SEA PedRo V. Pedrosa.’ ”

A nuestro juicio no tienen razón los'apelantes. La con-formidad de las verdaderas partes contratantes, E. Solé & Go., 8. en O. y Pedro Y. Pedrosa, surge implícita de la con-tinuación del negocio.

Este no es un caso de prórroga concedida al deudor sin el consentimiento del fiador, n,i es aplicable al mismo la ju-risprudencia establecida en el de Brunet, Sáenz & Co. v. Aponte, 33 D.P.R. 524, porque los becbos básicos en uno y otro caso son distintos.

Es cierto que el propio Código Civil (artículo 1726, ed. 1930) dispone que la fianza no se presume, debiendo ser expresa y no pudiendo extenderse a más de lo contenido en ella y que la jurisprudencia ba sentado que los contratos de fianza son de interpretación, restrictiva, pero ello no quiere decir que cuando la responsabilidad exigida se contrajo ex-presamente y surge clara la obligación del fiador, no deba ésta reconocerse y hacerse cumplir porque el fiador en nada se benefició y va a sufrir las con,secuencias de la mala conducta o la desgracia de otro. Tal conclusión destruiría el contrato de fianza, ya que la garantía prestada resultaría académica en la casi totalidad de los casos.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Pbesidente Señoh Del Tobo,

text:
    Monllor & Boscio, Sucrs., S. en C., demandante y apelada, v. Manuel V. Domenech, sustituído por R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    No. 7227.

    Sometido: Febrero 3, 1936.

      Resuelto: Febrero 14, 1936.

      Hon. Procurador General B. Fernández García j Angel G. Calderón, Subprocurador, abogados del apelante; Dubón é Ochoteco, abo-gados de la apelada.
   El Juez Pbesidente Señoh Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn pleito de injunction iniciado por la mer-cantil Monitor & Boscio, Suers., S. en C. contra el Tesorero de Puerto Pico, en el que se dictó sentencia sobre las ale-gaciones declarando la demanda con lugar. Apeló el Teso-rero demandado y la parte apelada solicita la desestimación del recurso entre otros motivos por ser frívolo.

De los autos resulta que la demandante se dedica a rec-tificar y fabricar bebidas alcohólicas para el con,sumo bu-mano, en su domicilio de Ponce; que obtuvo licencia de rec-tificador de acuerdo con la Ley de Bebidas de Puerto Pico; que envasa sus productos en botellas de cristal u otros recep-táculos análogos que importa vacíos a la Isla o compra en ella también vacíos, pasando los envases con el producto directamente al consumidor; y que allá por el 24 de mayo de 1935 el Tesorero de Puerto Rico por medio de sus agentes se constituyó en la licorería de la demandante y embargó bienes para hacer efectivo el pago de $3,134.38 por concepto de impuesto sobre envases alegando la demandante que no existe ley en Puerto Rico que autorice el impuesto y soste-niendo el Tesorero que sí.

La Ley núm. 1 de 1934 (pág. 137) para proveer rentas para El Pueblo de Puerto Pico mediante ciertos impuestos sobre bebidas, por su sección 4 dispone que:

■"Sobre todo envase introducido o manufacturado en Puerto Rico que contuviere bebidas alcohólicas y productos similares conocidos bajo cualquier nombre, y espíritus y alcohol, siempre y .cuando que el contenido de los mismos esté sujeto a un impuesto prescrito por esta Ley, se pagará la siguiente contribución: (a) por cada envase cuya capacidad no exceda de ocho (8) onzas líquidas, medio centavo (y2</>) por envase; . . .

Igual disposición contiene la sección 4 de la Ley de Be-bidas, núm. 1 de 1935, aprobada en junio 29, 1935 (Leyes de 1935 (2) pág. 3).

De acuerdo con, esas leyes, el Tesorero impuso y trató de cobrar mediante embargo el impuesto que autorizan sobre los envases de la demandante. ¿Pudo hacerlo? Si lo dispuesto por ellas estuviera en vigor, la cuestión sería dudosa, pero el 30 de julio de 1935 el propio legislador decretó por el se-gundo disponiéndose de la sección 69 de la Ley núm. 38 de ese año (pág. 485) lo que sigue:

", . . Y disponiéndose,-además, que en lo que se refiere a la sección 4 de la Ley No. 1 de 12 de marzo de 1934 y por la Ley No. 1 de 29 de junio de 1935, por la presente se determina que el Tesorero de Puerto Rico se abstendrá de cobrar cualquier impuesto o impuestos que conforme a lo que provee dicha Sección estuvieren pendientes de imposición y cobro.”

Y este último precepto legal que n,o estaba vigente a la fecha en que se impuso la contribución o se practicó el embargo o se inició el pleito, pero que sí lo estaba a la fecha en que se dictó la sentencia, fué el aplicado por la corte de distrito para decidir el caso en la forma en que lo hizo.

No sostiene el Tesorero que la Ley núm. 38 de 1935 no sea aplicable, sino que lo es solamente a los impuestos que estuvieren pendientes de “imposición y cobro”, no siéndolo por tanto al de que aquí se trata-porque si bien estaba pen-diente de- cobro no lo estaba de imposición.

Todo se reduce, pues, a la fiel interpretación de la vo-luntad legislativa, ya que se ha resuelto que: “En la inter-pretación de estatutos, es el deber de la corte determinar la clara intención de la legislatura. Para poder hacer esto, las cortes se ven con frecuencia precisadas a interpretar la pa-labra ‘o’ como que significa ‘y’ y la palabra ‘y’ en el sentido de ‘o’.” United States v. Fisk, 70 U. S. 445, 447.

¿,Y cómo si la clara determinación de la Legislatura fué la de suprimir el impuesto, iba a limitarse a los casos que estuvieran pendientes de imposición, sin comprender aquéllos que estuvieren sólo pendientes de cobro? Si la intención de la Legislatura hubiera sido la que pretende el Tesorero, no se encontraría seguramente en la ley la palabra “cobro”. El Legislador se hubiera limitado a emplear la palabra “im-posición”. Al usar las dos, reveló que abarcaba en su man-dato tanto los casos pendientes de imposición como los pen-dientes de cobro.

Es más, creemos que tal como está redactada la ley, sin necesidad de sustituir la conjunción copulativa “y” por la disyuntiva “o”, la interpretación que le diera la corte de distrito es correcta. Imposición y cobro son actos distintos. Un impuesto pendiente de imposición lo está de cobro, pero un impuesto pendiente de cobro no lo está necesariamente de imposición. En su consecuencia puede concluirse que lo que gramaticalmente quiere decir el estatuto es que el Tesorero se abstendrá de cobrar los impuestos a que se refiere la sec-ción 4 de las Leyes núm. 1 de 1934 y núm. 1 de 1935,' que estén pendientes de imposición y que estén pendientes de cobro.

El recurso es frívolo y debe en tal virtud desestimarse.


author: El Juez Pbesidente Señob Del Tobo,

text:
    Sucesión de Andrew Peter Drew, demandante y apelante, v. Arturo Pinto, Ignacio Valderrama Rodríguez y Lee H. Vending, demandados y apelados.
    No. 6939.

    Sometido: Febrero 13, 1936.

      Resuelto: Febrero 14, 1936.

      Luis Mendín Sabat, abogado de la apelante; Severo O’Neill Torres, abogado de los apelados.
   El Juez Pbesidente Señob Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una sentencia dictada sobre las alegaciones en contra de la parte demandante, que recurrió de ella para ante este tribunal alegando que la corte sentenciadora erró al decidir que la demanda no aducía hechos suficientes cons-titutivos de causa de acción, mal interpretando la jurispru-dencia de este tribunal aplicable a la cuestión envuelta en el litigio.

La demanda establece dos causas de acción.

Para sostener la primera se alega, en resumen, que el 5 de noviembre de 1931 la Corte de Distrito de Arecibo dictó sentencia en un pleito seguido por el demandado Pinto contra la demandante, imponiéndole las costas; que en noviem-bre 9,1931, la demandada en, aquel pleito, demandante en éste, obtuvo una orden de aseguramiento de la sentencia que cum-plimentó el márshal embargando los únicos bienes que Pinto tenía adquiridos por compra a Lee TI. Vending en 1925 y 1928, consistentes en dos solares que se describen debida-mente, anotándose el embargo en. el registro de la propiedad, que en marzo 9, 1934, la Corte de Distrito de Arecibo aprobó en el repetido pleito el memorándum de costas ascendente a $1,122.50; que el márshal vendió en pública subasta la pro-piedad embargada, adjudicándosela a la demandante, cons-tando la adjudicación en escritura pública otorgada en mayo 25, 1934; que Pinto realizó en 1931 y 1932 varios actos que se especifican actuando como dueño de la propiedad embar-gada y adjudicada a la demandante; que los demandados Pinto y Valderrama conspirando para defraudar a la deman-daute sorprendieron la buena fe del otro demandado Vending- y lograron qne éste otorgara nna escritura pública en, julio 1, 1931, que se inscribió en el registro de la propiedad, por virtud de la cual Vending aparece vendiendo a Valde-rrama como un solo solar los dos que ya babía vendido desde 1925 y 1928 a Pinto; y que la demandante ba sido perjudi-cada por esa enajenación fraudulenta, está impedida de en-trar en la posesión material de sus bienes y no tiene otro remedio para obtener la reparación, de los perjuicios sufri-dos que pedir como pide la rescisión de la misma.

Para sostener l’a segunda causa de acción se reproducen los becbos alegados en la primera y se alega además que los actos realizados por los demandados impidiendo a la deman-dante el disfrute de sus bienes, le ban ocasionado perjuicios por valor de mil dólares.

Los demandados excepeionaron la demanda y su excep-ción fué declarada con lugar, dictándose sentencia por tra-tarse de una demanda que ya babía sido enmendada y que no podía serlo nuevamente a juicio de la corte. Y fué contra esa sentencia pronunciada en noviembre 6 de 1934, que se interpuso el presente recurso de apelación.

En la resolución fundada que sirve de base a la senten-cia, expone cuidadosamente el juez sentenciador los becbos de la demanda, los ordena, y dice:

“Vistas estas seis alegaciones fundamentales, según han sido ex-puestas, podría concluirse, prima facie, que las mismas dan vida y esencialidad jurídica a una causa de acción rescisoria de contrato en fraude de acreedores, puesto que dentro de estas seis alegaciones están contenidos los cuatro requisitos esenciales determinados por nuestro Tribunal Supremo en el caso de Sucn. Almazán v. López et al., supra, (20 D.P.R. 537) para que una demanda de esta naturaleza aduzca hechos. ’ ’

Pero agrega poco después:

“ ... de las mismas alegaciones surge que el contrato de enajenación calificado de fraudulento fué otorgado el día primero de julio de 1931, mediante escritura pública; mientras que la sentencia que convirtió a los actores en acreedores de Arturo Pinto fué die-tada el día 5 de noviembre de 1931. Es decir, que la enajenación fué verificada cuatro meses antes de rendirse el fallo que convirtió a Pinto en deudor de la sucesión demandante. Y si ello es así, es claro, como la luz meridiana, que la demanda no aduce hechos sufi-cientes para determinar la causa de acción que pretende ejercitarse, porque entonces no existe el primer requisito exigido por la ley y la jurisprudencia, cual es: que el demandado sea realmente deudor del demandante al tiempo de verificarse la enajenación fraudulenta.
“En el caso de Congress Cigar Co. v. Cabrera, 45 D.P.R. 183, nuestro Tribunal Supremo se expresó así: ‘ Cualquier vicio que pue-dan tener actos o contratos cuya declaración de nulidad se interesa en nada pueden afectar a una persona que, además de no haber intervenido en ellos no tenía acreencia alguna contra uno de los contratantes a la fecha en que aquéllos tuvieron lugar, por lo que tal persona carece de causa de acción para anularlos mediante acción por el fundamento de que se otorgaron con el propósito de defrau-darla.’ Congress Cigar Co. v. Cabrera, supra.
“Respecto a la segunda causa de acción, en resarcimiento de daños y perjuicios, el juzgador se cree relevado de razonar su deci-sión desestimándola, a virtud de que, dependiendo . . . de la for-taleza y eficacia de la primera y habiendo decidido ya que ésta es frívola y no aduce hechos suficientes para constituirla, . . . huelga que entremos en el estudio y análisis de la misma.”

Bastará decir que a nuestro juicio la jurisprudencia fué correctamente aplicada a los liechos del caso, debiendo en tal virtud declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    National Liquor Company, Inc., peticionaria y apelada, v. Rafael Sancho Bonet, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    No. 7247.

    Sometido: Febrero 3, 1936.

      Resuelto: Febrero 14, 1936.

      Don. Procurador General B. Fernández García j T. Torres Pérez, Subprocurador', abogados del apelante; Dubón & Ochoteco, abo-gados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Bajo sn poder de policía para reglamentar el tráfico de bebidas en-Puerto Rico, la Legislatura aprobó en julio 30, 1935, la Ley núm. 38 (Sesión Extraordinaria de ese año, pág. 439) que será conocida con el nombre de: “Ley de Arbitrios sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas de Puerto Rico.”

La compañía apelada era una rectificadora de espíritus alcohólicos. Había efectuado un contrato para la compra de alcohol de ciertos destiladores. El Tesorero insistió en que la entrega de las bebidas alcohólicas a la compradora no debía efectuarse a menos que se prestara previamente una fianza. Si el Tesorero estaba en lo cierto al asumir tal posi-ción, la peticionaria, rectificadora, no podía obtener la libre posesión del licor sin someterse a ciertas penalidades bajo la ley. La peticionaria, habiendo sido aconsejada que tenía derecho a la entrega de estos espíritus alcohólicos sin. prestar la referida fianza, acudió a la corte y solicitó la expedición de un injunction para impedir que el Tesorero insistiese en la prestación de ella. Después de varios incidentes y resolu-ciones, la corte oyó una solicitud de un mjwíction preliminar, y expidió el mismo. El Tesorero apeló. Ésta es una moción para desestimar el recurso por frívolo.

La cuestión principal ante nos es la interpretación de las siguientes secciones de la ley:

“Sección 17. — El impuesto pesará sobre espíritus alcohólicos tan pronto sean separados en estado de pureza o impureza, mediante des-tilación u otro procedimiento de evaporación, de cualquier substan-cia, ya sea fermentada o no; pero el pago se efectuará antes de que dichos espíritus alcohólicos salgan de la fábrica, salvo lo que en con-trario se disponga en esta Ley, y en la forma que prescriba por re-glamento el Tesorero de Puerto Rico; Disponiéndose, que el Tesorero de Puerto Rico permitirá la entrega de alcohol o ron que fuera ven-dido a un rectificador debidamente autorizado en Puerto Rico, sin el previo pago de arbitrios al ser despachado por una destilería, y se pagará este arbitrio tan pronto el alcohol o el espíritu destilado esté embotellado para la venta.
‘ ‘ Disposiciones Generales.
“DEBERES DEL CONTRIBUYENTE.
“Sección 25. — Los impuestos serán uniformes y generales tanto para el artículo que se produzca en el exterior y se traiga a Puerto Rico, como para el que se fabrique o produzca en Puerto Rico, y serán cobrados por e] Tesorero de acuerdo con lo dispuesto por esta Ley, pero el pago se efectuará en cuanto al íabiúcado o producido en Puerto Rico antes de que el alcohol, espíritus destilados o bebidas alcohólicas o fermentados salgan de la fábrica y en cuanto a las pro-ducidas en el exterior y que se traigan a Puerto Rico, antes de ser levantadas de la custodia de la aduana, correo, express, muelle o de cualquier otro porteador público o privado que las trajaren a Puerto Rico.”

Existe otra sección en la ley qne otorga al Tesorero poderes generales para promulgar reglamentos para el cobro de los arbitrios fijados por la ley. Al amparo de esta sec-ción el Tesorero ba formulado la siguiente regla:

“El pago, de los impuestos se efectuará antes de que los produc-tos ya mencionados salgan de la destilería, de la fábrica, o de que sean levantados de la custodia de la aduana, correo, express, muelle o de cualquier porteador público o privado; Disponiéndose, sin embargo, que se permitirá la entrega por una destilería, de alcohol o de ron que fuere vendido a un. rectificador o fabricante, mediante permiso autorizado por el Tesorero, sin el previo pago de los arbi-trios, los cuales serán pagados por dicho rectificador o fabricante tan pronto el producto hubiere sido embotellado para la venta, siempre y cuando que dicho rectificador o fabricante hubiere prestado una ■fianza adicional a la que se establece por la sección 30 de la ley.”

Él sostiene que bajo la misma la única forma en que esta peticionaria podría obtener la posesión del licor sería pres-tando la fianza.

Existe un principio de interpretación estatutaria al efecto de que las disposiciones o excepciones específicas señaladas por una ley prevalecerán sobre ciertas disposiciones gene-rales. Creemos que el espíritu de la sección 17, supra, es claro. Según la leemos, somos del criterio que fue la inten-ción expresa de la Legislatura que la contribución sobre licores destilados que pasaran a manos de rectificadores debidamente autorizados en Puerto Rico, sólo debería ser pagada cuando dichos espíritus alcohólicos, una vez rectifi-cados, fueran embotellados, y que el Tesorero no tendrá derecho a imponer a los rectificadores el deber adicional de prestar una fianza.

El Tesorero sostiene que las palabras “Disponiéndose, que el Tesorero de Puerto Rico permitirá la entrega de alcohol o ron que fuera vendido a un rectificador debidamente autorizado en Puerto Rico, sin ...” (véase sección 17, supra) son optativas o, en otras palabras que tiene discre-ción para actuar aún contra los “rectificadores. No niega que el tiempo futuro puede ser frecuentemente usado en sentido imperativo, pero afirma que la ley en su totalidad da al tiempo futuro, según fue usado, un color distinto.

Una mera ojeada a esa disposición nos da la idea con-traria, y este criterio queda fortalecido al referirnos a otras partes de la ley donde, cuando la idea fue otorgar una dis-creción, se usó una fraseología distinta, por ejemplo, “El Tesorero podrá revocar . . .”, see. 9; “El Tesorero de Puerto Rico queda facultado para rebajar a su discreción . . .”, sec 19; “El Tesorero de Puerto Rico estará autori-zado a su discreción para permitir . . .”, see. 24.

No encontramos razón alguna en la sección 17 de la ley gibe justifique al Teso-raro en requerir que la a/pelada preste-.-una fianza, y el recurso debe ser desestimado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Fernández González, acusado y apelante.
    No. 5782.

    Sometido: Noviembre 27, 1935.

      Resuelto: Febrero 18, 1936.

      Garlos D. Vázquez, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de San Juan formuló acusación-contra Ramón Fernández González imputándole la comisión de un delito de asesinato cometido en Río Piedras el 23 de-octubre de 1932, al dar muerte con malicia premeditada al. ser humano Carlos del Toro. Alegó su inocencia el acusadoy solicitó juicio por jurado. Celebrado el juicio, en marzo-. 20, 1934, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. Pidió nuevo juicio. La corte negó su petición y lo condenó en abril 30, 1934, a sufrir la pena de diez años de presidio con trabajos forzados. Apeló y en su alegato sos-tiene que la corte sentenciadora erró al negarse a trasmitir-ai jurado instrucciones sobre homicidio voluntario y sobre el efecto legal de cierta evidencia voluntariamente suprimida por el fiscal, al negar la moción de nuevo juicio y al pro-nunciar su sentencia.

Para la debida resolución de las cuestiones suscitadas, se hace necesario resumir la evidencia presentada por una y otra parte en el juicio.

Por el Pueblo declararon el Doctor Zengotita, Sinforoso, Carmen, Basilio y Francisca Castro, Mateo Lorenzi e Isabelo del Toro.

El primero practicó la autopsia del cadáver de Carlos del Toro que “presentaba una herida . . . que medía como doce pulgadas de diámetro en la región escapulo-clavicular del lado izquierdo.” La causa de la muerte fue “la hemo-rragia que produjo la lesión.”

Francisca Castro era la esposa de Carlos del Toro, Sin-foroso su padre político y Basilio y Francisca sus cuñados. Todos se encontraban en la casa de Sinforoso situada en el campo, barrio de Cupey, de Río Piedras, donde también vivía Carlos. Sus declaraciones tienden a demostrar que entre nueve y diez de la noche del 23 de octubre de 1932 sintieron que Carlos regresaba. La esposa le abrió la puerta y él le dijo “aguarda un momento que me voy a fumar un cigarrillo” y cuando iba a subir, se le acercó el acusado Ramón Fernández y con su machete le produjo la herida que horas después le ocasionó la muerte, retirándose en seguida.

Los otros testigos Mateo Lorenzi e Isabelo del Toro dicen que en unión del interfecto estuvieron en la tarde del 23 de octubre de 1932 en la casa del acusado donde se cantó y se tomó algún licor, retirándose como a eso de las siete sin que ocurriera disgusto alguno. Que el. acusado se les fué detrás y al pasar una quebrada dirigiéndose al interfecto le dijo “a mí me gusta que los hombres me respeten”,'y le tiró con un palo que llevaba. Intervinieron ellos y todo terminó, lle-vando Isabelo al acusado a su casa.

Por la defensa declararon María y Francisco Fernández, Pablo V. Ríos, Gilberto Díaz, Jacinto Rodríguez y el propio acusado.

María y Francisco Fernández son hijos del acusado. La primera, que tenía alrededor de catorce años a .la fecha del suceso, declaró que Carlos del Toro y sus compañeros en-traron sin ser invitados a la casa de su padre donde éste tocaba el cuatro. Carlos, que llevaba un puñal y tenía una botella de ron en el bolsillo, dijo a su padre que tocara y como no lo hiciera, “se molestó y se levantó y le dió a mi hermanito en la rodilla y de momento se paró y me echó mano y me dijo que me fuera para abajo a tener actos carnales . . . entró a decirle palabras malas a papá y éste cogió la tranca ... y le dió un palo. . . . Cuando le dió, los amigos que andaban con él le dijeron: ‘Don Ramón, acuéstese a dormir que nosotros nos vamos’, y no sé de más nada. ’ ’

Francisco, el hermano, dice que cuando entró Carlos con sus amigos “papá guardó el cuatro viendo que él venía cayéndose. . . Seguido sacó una botella de ron y le brindó a mi papá y papá no quiso. . . Se paró de golpe y le dió una patada al banco y me cogió a mí y cogió a mi hermanita por un pecho y le dijo, vamos a tener actos carnales. . . . Papá al vernos llorando, agarró un palo de trancar la puerta y le dió .... Entonces los amigos que andaban con él le dijeron: ‘Don Ramón, acuéstese a dormir que nosotros lo llevamos’, y papá se acostó a dormir y ellos se lo llevaron.”

Tras sus hijos tomó la silla testifical el propio acusado, manifestando que cuando Carlos y sus amigos" llegaron, cogió el tiple y lo guardó. Que Carlos se sentó “a obligarme a tocar. . . Yo no quise tocar ... y se sentó'un rato así . . . y le dió una patada al banco y le dió al niño. . . Le echó mano a mi hijita y le dijo: Para abajo a tener actos carnales. Cogí un palo de trancar y le di.”

Dijo que “no se fué con ellos. ... Se quedó en su casa . . . como una hora . . . salió a una tienda a buscar ciga-rrillos y azúcar ... y para ella iba cuando oyó a Carlos que lo insultaba y vió que le echaba mano al puñal, diciéndole ‘te voy a sentenciar’. . . Me dió un puño ... y entonces yo avancé y con nn mocho qne yo llevaba qne venía de picar leña tnve qne tirarle con intención de defenderme porqne sé qne es hombre peligroso.”

Refiere qne en cierta ocasión Carlos lo hizo tocar a la brava y en otra de rompió en la cara nn güiro. Dijo qne Carlos era “hombre tnrbnlento. Dondequiera estaba ofen-diendo a la humanidad, no respetaba a nadie.”

Al ser repreguntado por el fiscal negó qne hubiera decla-rado previamente. El fiscal llamó repetidamentó su atención sobre lo qne había declarado ante el Fiscal Quiñones al día siguiente del suceso, limitándose a manifestar qne Carlos del Toro le había pegado nn puño en el estómago y él se había retirado a su casa a dormir sin salir en toda la noche, omi-tiendo referirse al incidente de su hija y a la lucha qne acababa de decir qne tuvo lugar cuando salió a comprar ciga-rrillos y azúcar, y él insistió en qne nada había declarado. El fiscal introdujo luego en rebuttal la declaración del acu-sado prestada bajo juramento el 24 de octubre, 1932, ante el Fiscal Especial Quiñones. Fué admitida con el consenti-miento de la defensa.

Los testigos Díaz y Rodríguez declararon sobre la repu-tación del interfecto. El primero aseguró que era un muchacho que se había criado casi solo, pendenciero, y el segundo dijo, “yo lo veía trabajando pacífico y cuando estaba metido en fiesta no era pacífico.”

La declaración de Ríos, que vivía con una hija del acu-sado, fué al efecto de haber acompañado al cabo Rivera a una investigación sobre los hechos, habiendo estado en la casa de Sinforoso Castro donde Francisca “manifestó a preguntas mías que el esposo de ella le había llamado y le había dicho: ‘Francisca dame una daga que este sinver-güenza me ha herido’. . . que no había visto al agresor debido a estar acostados a esa hora.”

El acusado pidió a la corte que transmitiera al jurado las siguientes

“INSTRUCCIONES
“1. — Un peligro aparente de recibir grave daño corporal que apareciere así a un hombre prudente, justifica la defensa propia. Pueblo vs. Serrano, 35 D.P.R. 335.
“2. — En este caso el fiscal omitió ofrecer el testimonio de los testigos juramentados, Patricio Encarnación, Pedro L. Miranda y Francisco Ramos y la ley presume que toda evidencia voluntaria-mente suprimida se presume que es perjudicial a la parte que dejó de presentarla.
“3.- — 'Instrucción sobre homicidio.
“Resolución. — Dada la primera; negadas la 2da. y 3ra. La primera, porque no siempre la supresión de testigos equivale a evi-dencia voluntariamente suprimida y la 3ra. porque no hay en la prueba nacía que autorice tal instrucción de homicidio. . . .
“INSTRUCCIÓN
“Si los señores del jurado llegan a la conclusión de que Ramón Fernández mató a Carlos del Toro, bajo el arrebato de cólera pro-ducido por las palabras que el interfecto le dirigiera a su hija, Ma-ría Fernández, entonces deben rendir un veredicto de Homicidio Vo-luntario.
“Resolución. — Denegada por no ser coetánea la muerte con el incidente que se'pide y relaciona en la instrucción.”

Las instrucciones transmitidas contienen un sumario de la prueba y amplios datos sobre el delito de asesinato y sobre la legítima defensa. No hacen referencia al delito de homi-cidio. Terminan como sigue:

‘ ‘ Si los Sres. del Jurado creen por el resultado de la prueba prac-ticada, y fuera de toda duda razonable, que el acusado Ramón Fer-nández González dió muerte ilegal a Caídos del Toro con malicia y premeditación, pero sin que en dicha muerte hubiera deliberación, entonces deben Uds. rendir un veredicto de asesinato en segundo grado.
“Si Uds. tienen duda en cuanto a si se cometió el delito de ase-sinato en primer grado o asesinato en segundo grado, deben Uds. darle al acusado el beneficio de esa duda y declararlo culpable del delito en el grado más bajo.
“Si los Sres. del Jurado por el resultado de la prueba, y fuera de toda duda razonable, entienden que este acusado al quitar en la forma que quitó la vida a Carlos del Toro lo hizo haciendo uso de legítima defensa, de acuerdo con las instrucciones que les di, deben Uds. darle al acusado el beneficio de la legítima defensa y declararlo no culpable.
“Y por último, si Uds. entienden de acuerdo con esta prueba prac-ticada que ésta no fué la persona que hirió a Carlos del Toro, en-tonces deben Uds. declarar al acusado no culpable del delito de que se le acusa.”

En la moción, de nuevo juicio insiste la defensa en su .actitud en relación con las instrucciones al jurado. Insistió la corte de igual modo en su criterio, como sigue:

“El arrebato de cólera que puede invocarse por el acusado para rebajar un delito de asesinato al grado de homicidio, debe ser coetá-neo con el hecho de la muerte. De otro modo existe la premedita-ción. Si no hay prueba que justifique una instrucción de homicidio debe negarse. No debe el tribunal en sus instrucciones llevar a la mente del jurado nada que no esté sostenido por la prueba. Hacer lo contrario, no hay duda que favorece al acusado, pero invade un campo de especulaciones e inferencias no sostenido por la evidencia y que puede guiar erróneamente al jurado. El dejar el fiscal de lla-mar testigos que figuran en i a acusación cuando los mismos están en el edificio de la Corte, fueron juramentados y pueden ser utilizados por el acusado, no constituye una supresión voluntaria de prueba. Nada impide que el acusado los utilice en su descargo. El Fiscal puede suprimir prueba acumulativa o corroborativa de hechos ya probados, y el acusado tiene oportunidad de llamar y examinar los testigos del pueblo en su descargo. Los testigos que cita el acusado, estaban en la corte y pudieron ser llamados por él.”

No comprendemos en verdad cómo la corte que dió al jurado tan amplia instrucción sobre legítima defensa, se negó a trasmitirle la que el acusado dos veces solicitó sobre homicidio voluntario.

Homicidio es dar muerte ilegal a un ser humano sin que medie malicia, siendo voluntario cuando ocurre con ocasión -de una súbita pendencia o arrebato de cólera. .(Artículo 203 del Código Penal.) ¿Y qué otra cosa que. una súbita pen-dencia es la que describe el acusado como que tuvo lugar cuando de nuevo se encontró con el interfecto y se vió según él obligado a usar de su mocho para defenderse?

No importa lo increíble qne pneda parecer determinada evidencia al juez qne dirige la celebración de nn juicio por jurado. No es a él sino al jurado al que corresponde decidir sobre el crédito que deba darse a los testigos. No es posible sostener en este caso la falta de existencia de prueba que sostenga una instrucción sobre homicidio, y el negarse a darla bajo esas circunstancias, constituye, un error perjudicial. Pueblo v. Crespo, 21 D.P.R. 300; Pueblo v. Rodríguez, 35 D.P.R. 431.

Resumiendo jurisprudencia sobre el particular, dice Corpus Juris:

“Una instrucción de homicidio debe ser dada cuando hay eviden-cia tendente a establecer que el homicidio es de tal grado. Esto es-así aunque la defensa sea o la prueba tienda a demostrar defensa propia, y aunque la teoría de homicidio sea planteada por la sola declaración del acusado; pero no es necesario que el testimonio de éste sea el que plantee la cuestión de homicidio, y cuando tal cues-tión está claramente envuelta, es un error fatal para la corte el dejar-de dar o el negarse a dar tal instrucción. Cuando haya una duda-razonable en cuanto a una instrucción de homicidio, la duda debe ser resuelta en favor del acusado.” 30 C. J. 406.
“Cuando tanto homicidio como defensa propia están en contro-versia y sostenidos por la prueba, deben darse instrucciones sobre ambos. Aunque se alegue defensa propia o se demuestre por la prueba, una instrucción de homie'dio debe ser dada; y la corte debe también instruir al jurado que si se establece la defensa propia ella hace excusable el acto de dar muerte y el acusado debe ser ab-suelto. Pero las instrucciones relativas a la ley de homicidio volun-tario y a la de homicidio justificable deben ser independientes entre sí, y trasmitidas en forma tal que el jurado se dé cuenta de dónde termina una y dónde comienza la otra, y estar en condiciones de trazar una línea divisoria de acuerdo con los hechos ante sí. Una instrucción de defensa propia no debe ser mezclada o dada en ar-monía íntima con una de homicidio especialmente cuando se ha dado otra instrucción sobre la primera.” 30 O. J. 418.

Y el error toma mayores proporciones cuando se consi-dera qne estaba además envuelta en el caso la existencia o no existencia del arrebato de cólera.

Es cierto en cuanto a este extremo que a primera vista parece inconsistente sostener al propio tiempo la teoría de la súbita pendencia ocurrida cuando el acusado según su declaración sale de su casa a comprar cigarrillos y azúcar y se encuentra de nuevo con el.interfecto, y el arrebato de cólera.

Sin embargo, creemos que en un caso de esta naturaleza la práctica más justa es la de someter la cuestión al jurado con las debidas instrucciones, para que sea él el que juz-gándolo todo, rinda el veredicto que proceda. La experiencia demuestra que en casos como éste los jurados, hombres generalmente conocedores del corazón humano, suelen rendir admirables veredictos.

Quizá el jurado después de recibidas instrucciones sobre homicidio, hubiera rendido el mismo veredicto que rindió de asesinato. Tal vez hubiera declarado culpable de homicidio al acusado descartando la súbita pendencia y la defensa propia como algo fabricado luego, estimando que el acusado había actuado bajo la perturbación producídale por las ofen-sas que el interfecto poco antes le infiriera.

Era el jurado el llamado a dar crédito o no a las declara-ciones del acusado y sus hijos. Pudo creerlas íntegras y llegar a concluir que las ofensas fueron extraordinariamente graves, capaces de producir una honda perturbación en el ánimo del acusado, e inclinarse a la teoría del homicidio, echando a un lado la súbita pendencia. Y pudo estimar como algo preparado luego, sin realidad, la ofensa inferida a la hija, y concluir que el acusado, colmada la medida de las im-posiciones por parte del interfecto, decidió matarlo y en efecto lo esperó cerca de su casa y sigilosamente se le acercó y le asestó el tremendo machetazo que acabó con su vida, o inclinarse a la teoría del asesinato.

“Para que una persona acusada de asesinato,” dice Ruling Case Law, resumiendo jurisprudencia, “caiga dentro de la definición del delito menor de homicidio voluntario, es necesario que demuestre que en el momento mismo en que .produjo la muerte estaba influido por la pasión inducida por •el interfecto. La pasión debe haber continuado basta el ■momento en que se cometió el acto homicida; si de cuales-quiera circunstancias se desprende que el acusado medito, deliberó o recapacitó durante algún tiempo antes de dar el golpe mortal, o si de acuerdo con la presunción legal hubo algún período de tiempo u oportunidad para recapacitar, la muerte equivaldrá a un asesinato, pudiendo atribuirse a malicia y deseo de venganza, y no a un disturbio mental. Qué constituye ‘co>olm,g time’, como de ordinario se le conoce, depende de la naturaleza del hombre y de las leyes de la mente humana, así como de la naturaleza y circunstancias de la provocación, el extremo a que llegaron las pasiones y el carácter del acto que causó la provocación, y por tanto la corte no puede establecer como regla de derecho un momento preciso dentro del cual han cedido las pasiones, y la razón para reanudar su dominio. La cuestión es una de tiempo razonable, y depende de todas las circunstancias del caso específico; y la ley no ha definido ni puede definir sin cometer una injusticia crasa el período de tiempo preciso que ha de considerarse como razonable, según lo ha hecho respecto al aviso de que no se hace honor a un documento mercantil. Qué constituye un tiempo razonable en determinado caso es de ordinario una cuestión de hecho a ser determinada por el jurado; y la corte no puede privar de ella al jurado asu-miendo que decide una cuestión de derecho. Sin embargo, algunas cortes han resuelto que cuando se desprende que ha transcurrido un período irrazonable de tiempo entre la provocación y la muerte, la corte está autorizada para decir como cuestión de derecho que el ‘cooling time’ fué suficiente. Según algunas decisiones, la cuestión única no es si la pasión del acusado realmente se calmó, sino también si transcurrió suficiente tiempo para que la pasión de un hombre razonable pudiera apaciguarse. Si en realidad la pasión del acusado cedió, y ello puede demostrarse por medio de las circuns-tancias, como por ejemplo haber atendido a otros asuntos en el ínterin, haber sostenido conversaciones racionales sobre otras materias, prueba de haberse preparado para la muerte, etc., entonces el tiempo qne medió carece de importancia. Mas si en verdad tal pasión no cedió y entre la provocación y la mnerte transcurrió nn período de tiempo tal qne la pasión del hombre promedio hubiera cedido y su razón hubiera reanudado su curso normal, entonces no se rebaja el delito a homicidio. No obstante, otras cortes sostienen que el jurado debe regirse, no por la regla de un tipo ideal, es decir, no por el hombre razonable, sino que debe consi-derar la cuestión desde el punto de vista del acusado ante todos los hechos y circunstancias.” 13 E.C.L. 790.

Inspirándose en la anterior jurisprudencia (continúese es-tudiando la resumida en 13 E.C.L. 785 a 797), pudo y debió la corte de distrito someter la cuestión suscitada al jurado con las debidas instrucciones para guiarlo en su resolución.

En cuanto al error sobre prueba voluntariamente supri-mida, a nuestro juicio la resolución de la corte,- bajo las cir-cunstancias concurrentes, fue correcta.

El nuevo juicio, debió en tal virtud concederse, por la falta de las debidas instrucciones sobre homicidio voluntario, siendo en su consecuencia improcedente que se dictara sen-tencia condenando al acusado.

Debe revocarse la sentencia recurrida y ordenarse la cele-bración i de un mamo juicio.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis B. Blasco, acusado y apelante.
    No. 5493.

    Sometido: Febrero 20, 1935.

      Resuelto: Febrero 19, 1936.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; Luis Janer, Fiscal Auxi-liar, abogado de El Pueblo, apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 362 del Código de Enjuiciamiento Criminal (Estatutos de 1911, sección 6407) y la sección primera de una ley aprobada el 30 de mayo de 1904, Leyes de 1905, pág. 16, leen así:

“Artículo 362. — Después de celebrada la vista de la apelación, la Corte Suprema debe dictar sentencia sin parar mientes en los erro-res o defectos técnicos o de forma, o en excepciones que no afecten los derechos sustanciales de las partes.
“Artículo 1. — Siempre que resultare de los autos, en alguna causa criminal apelada a la Corte Suprema, que cualquier requisito legal haya sido desatendido por el tribunal sentenciador, no se anulará la sentencia a menos que el error que de los autos resultare, tendiere a perjudicar los derechos de cualquiera de las partes, y se hubiere interpuesto la debida excepción en el tribunal sentenciador; Dispo-niéndose, sin embargo, que el tribunal de apelación podrá conocer de errores fundamentales que aparecieren en los autos, aun cuando no se hubiere interpuesto objeción a ellos, y fallar sobre los mismos con arreglo al derecho que de los hechos se desprendiere.”

Blasco fué convicto del delito de violación y sostiene que la corte de distrito cometió error al permitir una pregunta bipotétiea sin previa prueba de los hechos en que la misma se basaba. La transcripción de evidencia consta de tres-cientos noventa y nueve páginas. Hemos leído lo suficiente de ella para quedar convencidos de que se hizo justicia sustancial. Estamos plenamente convencidos de que el ne-garse a permitir la pregunta hipotética no hubiera afectado el resultado. Lo mismo puede decirse de otra prueba admi-tida con la objeción del acusado. En su alegato el apelante no suscita cuestión alguna respecto a la admisibilidad de esta prueba. En- un caso dudoso tales errores en la admisión d.e prueba podrían inclinar la balanza en favor de una revo-cación, pero cuando el resultado era claramente correcto (como creemos lo fué en el presente caso) no debe ser alterado. El Pueblo v. Español, 16 D.P.R. 213; I Wigmore (2nd ed.), sección 21, págs. 201, 221.

Por los mismos fundamentos o por razones similares, la negativa de la corte de distrito a transmitir ciertas instruc-ciones solicitadas por el acusado no fué un error que dé lugar a la revocación. La corte de distrito no erró al de-clarar sin lugar la moción solicitando un nuevo juicio, según se alega en el tercer señalamiento.

El veredicto no fué contrario a la prueba, conforme se sostiene en el cuarto señalamiento.

La sentencia y resolución apeladas deben ser confirmadas.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el re-sultado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señok Hutchison,

text:
    Inés Parrilla, demandante y apelante, v. Loíza Sugar Company, demandada y apelada.
    No. 6697.

    Sometido: Noviembre 18, 1935.

      Resuelto: Febrero 20, 1936.

      Carlos D. Vázquez, abogado de la apelante; Jaime Sifre, Jr., Horacio Franceschi y Antonio J. Matta, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señok Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La sección 2 de una “Ley regulando el cobro de derechos y costas en causas civiles en las cortes de distrito y munici-pales de Puerto Rico y para otros fines”, aprobada el 11 de marzo de 1915, leyes de ese año, pág. 45, lee en parte como sigue:

“Sección 2.- — El arancel de los derechos que se ban de pagar en lo sucesivo por las operaciones de los secretarios y marshals de las cortes antes mencionadas, fijando y cancelando los correspondientes sellos de rentas internas en la forma que esta Ley dispone será el siguiente:
“ARANCEL DE LOS DERECHOS QUE DEBERÁN PAGARSE A LOS SECRE-TARIOS.
“D. Por cada escrito de apelación de las cortes de distrito al Tribunal Supremo-$5.00.”

La apelada solicita la desestimación del presente recurso fundada en que el escrito de apelación, tal cual ha sido co-piado en los autos no demuestra que se le hayan fijado sellos de rentas internas por valor de $5.

En oposición a esta solicitud la apelante presenta copia certificada de una orden autorizándola a litigar en forma pauperis.

La apelada dice que si el legajo de sentencia deja de explicar por qué no se fijaron los sellos de rentas internas al escrito de apelación, el mismo no es susceptible de en-mienda a no ser mediante pliego de excepciones o exposi-ción del caso. La apelante no trata de enmendar el legajo de sentencia. Si el referido certificado equivale a una en-mienda de algo, lo.es del escrito de apelación que no forma parte del legajo de sentencia. Difícilmente podría decirse que es una enmienda aún del escrito de apelación. Mera-mente explica la ausencia de sellos dé rentas internas cance-lados.

La sección 7 de la ley de 1915, supra, lee en parte así:

“Cualquier vecino de Puerto Rico que desee entablar una acción civil y no pudiese pagar los derechos requeridos por esta Ley, podrá presentar al secretario una declaración jurada exponiendo su imposi-bilidad de pagar dichos derechos, juntamente con una copia de la demanda que se propone deducir, y el secretario someterá dicha de-claración jurada y la referida demanda al juez del tribunal; y si dicho juez juzgara suficiente en derecho la demanda, permitirá que se anote dicha demanda, por lo cual el demandante tendrá derecho a todos los servicios de todos los funcionarios del tribunal y a todos los mandamientos y providencias del mismo, como si los derechos hu-biesen sido satisfechos.”

En Robado v. Ameriocm Railroad Co., 37 D.P.R. 623, resolvimos, conforme se dice en el sumario, que:

“Un demandante insolvente que ha obtenido una orden permi-tiéndole radicar su acción como insolvente tiene derecho a radicar un escrito de apelación y, a obtener copia certificada del legajo de la sentencia sin efectuar el pago de los derechos prescritos por la ley.”

La apelante ahora sostiene: que una supuesta exención del pago de derechos dehe ser interpretada estrictamente; que el archivo de un escrito de apelación no está incluido en “derechos por servicios de los funcionarios” a que una persona insolvente tiene derecho; que el contexto de la sección 7 no dehe ser interpretado tan liberalmente que incluya por analogía o inferencia la radicación de tal escrito sin el pago de los derechos prescritos por el inciso (<d) de la sección 2 supra; que la doctrina del caso de Rosado está claramente en conflicto con la regla cardinal de estricta hermenéutica y dehe ser abandonada ahora; que la decisión en el caso de Rosado no solamente es errónea sino que su resultado es contrario a la equidad e injusto; que todo el mundo tiene derecho a acudir a los tribunales para proteger su persona y bienes y que la pobreza no debe ser obstáculo al ejercicio de este derecho; que la prosecución de un recurso de apelación no es un derecho sino que envuelve una cuestión de privilegio; y que el permitir a un demandante ejercer el privilegio de proseguir un recurso de apelación sin pagar los impuestos prescritos, conforme ocurre bajo la doctrina del caso de Rosado, es premiar la pobreza y resulta injusto para los otros litigantes.

El propósito del primer párrafo de la sección 2 es esta-blecer un arancel de derechos “por las operaciones de los secretarios y marshals” conforme se especifica en los párra-fos siguientes de ese artículo. El inciso (d) es el cuarto de estos párrafos y prescribe el arancel “por cada escrito de apelación”. Según las disposiciones expresas del artículo 7 una persona insolvente que haya obtenido una orden de la corte autorizándola a radicar su demanda “tendrá derecho a todos los servicios de todos los fimcionarios del tribunal, y a todos los mandamientos y providencias del mismo, como si los derechos hubiesm sido• satisfechos.” En el caso de Rosado este tribunal no incluyó por una interpretación liberal de la ley de 1915 en la exención del pago de los derechos la partida de $5 prescrita por el inciso (d). La legislatura ya había hecho esto, expresando su intención en términos dema-siado claros para que estén sujetos a interpretación. La regla de estricta hermenéutica no exige ni puede justificar que se elimine mediante legislación judicial cualquier parte de una ley, no importa cuál pueda ser la opinión del tribunal respecto a la conveniencia de la misma. La cuestión rela-tiva a si el derecho de la demandante a estar exenta del pago de los impuestos debe terminar al dictarse la sentencia en la corte inferior o debe incluir cuestiones relacionadas con una apelación interpuesta contra tal sentencia, es una cuya deci-sión descansa en la legislatura y no en las cortes.

Debe declararse sin lugar la moción.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Inés Parrilla, demandante y apelante, v. Loíza Sugar Company, demandada y apelada.
    No. 6697.

    Sometido: Noviembre 18, 1935.

      Resuelto: Febrero 20, 1936.

      Carlos D. Vázquez, abogado del apelante; Jadme Sifre, Jr., Horacio Franceschi y Antonio J. Matta, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito declaró con lugar la moción de la demandada para eliminar parte de la demanda original. Más tarde declaró con lugar otra moción de la demandada para eliminar parte de la demanda enmendada. Por último sos-tuvo nna excepción previa a la segunda demanda enmendada, y desestimó el recurso. La demandante apeló de la sentencia, desestimatoria e incluyó en el legajo de sentencia copia de las dos mociones y de las dos órdenes. La apelada solicita ahora que se eliminen del legajo de sentencia las copias de las mociones y de las resoluciones. La apelante insiste en que las mociones y órdenes forman propiamente parte del legajo de sentencia y pide que, en caso de que se declare con lugar la moción de la apelada, se le permita elevar las-mociones y las resoluciones en un pliego de excepciones.

Las mociones para eliminar alegaciones total o parcialmente, a menos que tales mociones participen de la naturaleza de una excepción previa, y las órdenes decretando que tales alegaciones o parte de las mismas sean eliminadas, na figuran entre los documentos que el secretario “deberá unir y archivar” inmediatamente después de registrada la sentencia para que constituyan el legajo de sentencia tal cual ha sido definido por el artículo 233 del Código de Enjuiciamiento Civil. Según la ley aprobada dos años después de la adopción del Código de Enjuiciamiento Civil, no sólo las alegaciones, sino también todas las mociones, órdenes y cuantos escritos hayan de constar en los autos de las cortes de distrito, son actualmente compilados, cosidos por el orden de su ingreso en los autos para que formen al quedar terminado un tomo consecutivamente compaginado y con su índice,que constituirán los- autos oficiales en la corte de distrito. Véanse Estatutos Revisados de 1911, secciones 1645 y 1651. Por tanto, al secretario hoy en día no se le exige que una y radique después de la sentencia las alegaciones y documentos especificados en el artículo 233, supra. Antes de dictarse la sentencia, dichos documentos, a excepción de la sentencia misma, ya han sido cosidos en orden cronológico y en forma de libro y consecutivamente numerados. Conforme rige la ley en la actualidad, ella no exige que el secretario duplique este trabajo. Cuando se perfecciona un re-curso de apelación, este funcionario meramente eleva copia certificada de las alegaciones y documentos necesarios para constituir el récord en apelación.

Sin embargo, los autos en apelación son abora sustancial-mente los mismos que antes de aprobarse la ley de 1906. Ésta no hizo necesario que se elevaran en apelación todos los autos del caso ante la corte de distrito, ni autorizó una desviación radical de la práctica anterior. Véase A. Alvarez & Hnos. v. Álamo, 36 D.P.R. 54. No obstante, la ley de 1906, da flexibilidad adicional a los artículos 233 y 299, al interpretarlos en armonía con la sección 213 del Código de Enjuiciamiento Civil.

De conformidad con los términos expresos del artículo 213 una providencia excluyendo una alegación en todo o en parte “se considerará excepcionada; y dicha excepción ... siempre que dicha providencia o decisión y los documentos en que se basa formen parte de los autos y legajos del pleito, no es necesario que se incluyan en el acta de excepciones, a menos que las partes interesadas lo solicitaren; pero si resultaren de los autos y legajos del pleito, podrán ser revocadas (sic) en apelación, como si constasen en el pliego de excepciones.”

La referencia a “el” pliego de excepciones presupone la existencia de tal pliego, pero dispone que aun cuando exista un pliego de excepciones la excepción que por ministerio de. ley se presume haberse tomado, no necesita hacerse formar parte cuando la resolución excepcionada y los documentos en que se basó “forman parte de los autos y legajos del pleito.” Cuando se han tomado otras excepciones durante el curso del juicio y es necesario preparar un pliego de excepciones para determinar las mismas y hacer que ellas y las órdenes o resoluciones excepcionadas formen parte del legajo, quizá la mejor práctica sería incluir en tal pliego de excepciones la orden y los documentos en que la misma se basó y a que se hace referencia en el artículo 213. Sea ello como fuere, la parte apelante a su opción puede preparar y someter un pliego de excepciones para elevar las providencias mencio-nadas en el artículo 213 y los documentos en que las mismas se fundaron. No estamos preparados para decir que debe hacerse esto, no obstante las disposiciones, del artículo 213 y de la ley de 1906, meramente porque el artículo 233 no-especificó las órdenes y documentos a que se hace referencia en el artículo 213 entre los documentos que el secretario debía “unir y archivar” para constituir el legajo de sentencia.

El fin primordial de un pliego de excepciones, conforme indica el artículo 299, es especificar y determinar “las excep-ciones tomadas durante el curso de los procedimientos.” Cuando las únicas excepciones envueltas son aquéllas que por ministerio de ley se consideran tomadas y cuando la ley expresamente dispone que no es necesario que las mismas sean formuladas ni incluidas en un pliego de • excepciones y además que las órdenes que se consideran excepeionadas pueden ser revisadas por esta corte (cuando las mismas forman parte de los autos y legajos del pleito) tales órdenes y documentos (por lo menos desde que se aprobó la ley de 1906) deben ser considerados como parte del legajo de sen-tencia dentro del significado de dicha frase según se usa la misma en el artículo 299. Bajo tales circunstancias y espe-cialmente cuando, como en el caso de autos, el legajo de sentencia es certificado por los letrados de las partes, un pliego de excepciones (a no ser que lo exija, una interpreta-ción innecesariamente estricta de los artículos 233 y 299) no resultaría en absoluto provechoso, impondría a un apelante el cumplimiento de una labor superfina y causaría demora y gastos indebidos en la prosecución del recurso. Si en el presente caso, por ejemplo, nos viéramos constreñidos a excluir del legajo de sentencia las mociones y órdenes en cuestión, declararíamos desde luego con lugar la moción de la apelante solicitando permiso para elevar tales órdenes y mociones mediante pliego de excepciones. Al ser así ele-vadas, tales órdenes y mociones estarían ante nos en el pliego de excepciones en vez de en el legajo de sentencia, según ocurre ahora. De lo contrario la situación permane-cería inalterada. Pero aún así, nos confrontaríamos con las mismas cuestiones ya suscitadas por la apelante en sn alegato, y la decisión de esas cuestiones por este tribunal habría sido y será exactamente la misma que sin la ayuda del pliego de excepciones. Los artículos 233 y 299 no deben ser interpre-tados en tal forma que exijan la realización de algo fútil.

En armonía con el espíritu, de no serlo con la letra, de la sección primera de la “Ley para transformar la Corte Suprema de Puerto Rico en corte de apelación,” aprobada el 12 de marzo de 1903 (Estatutos Revisados de 1911, sección 1141) el factor dominante al disponer de cuestiones dudosas de práctica, comparativamente sin importancia y técnicas, debe ser un fin definido “para la mejor administración de justicia y del derecho, y evitar injusticias y demoras.”

Debe 'declararse sm lugar la moción.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelado, v. Antonio Romaguera, Julio R. Brenes y A. Schmidt, demandados y apelantes.
    No. 6843.

    Sometido: Febrero 14, 1936.

      Resuelto: Febrero 20, 1936.

      E. Campos del Toro, abogado de los apelantes; Fiddler, Córdova é McConnell, abogados del 'apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta acción fué entablada por un endosatario del siguiente pagaré:

“No. B. Vence 18 de enero 1929. IMPORTE $689.00
“Pagaremos mancomunada y solidariamente a J. Octavio Seix &■ Co., Inc., o a su orden precisamente el día 18 de enero 1929 la can-tidad de SEISCIENTOS 'OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 DOLLARS, Valor entendido.
“Al fiel cumplimiento de esta obligación más los intereses al 12% anual, desde la fecha de su vencimiento, en caso de demora, obliga-mos todos nuestros bienes presentes y futuros, renunciando los be-neficios que nos concede la ley, y nos sometemos expresamente a los Tribunales que elijan los Sres. J. Octavio Seix & Co., Inc., obligán-donos a satisfacer las costas, gastos y desembolsos que el cobro de esta obligación ocasione, incluso honorarios de abogado de que los acreedores se valgan en su reclamación.
“Convenimos además en que si el presente documento no se pa-gare a su vencimiento, se considerará vencida automáticamente cual-quier otra obligación suscrita a favor de J. Octavio Seix & Co., Inc., por nosotros, con referencia al contrato mismo causa de este pagaré, y en actitud los acreedores de reclamar su cobro por la vía judicial.
“Firmada en San Juan, P. R., hoy 18 de julio 1928.— (Fdo.) A. Schmidt.— (Fdo.) A. Hornaguera. — '(Fdo.) Julio R. Brenes.
“Al dorso: J. Octavio Seix & Co., Inc.
por (Fdo.) J. Octavio Seix, Presidente. Pay to the order of the National City Bank of New York.
Without recourse.
American Colonial Bank of Porto Rico. (Fdo.) E. Nazario, Asst. Cashier.”

La corte dictó sentencia en favor del demandante.

El primer señalamiento de error era en efecto que el demandante, debido a la terminología del pagaré, fué puesto en la obligación de bacer alguna investigación y que no era un tenedor de buena fe para los efectos de impedir que se levantaran defensas.

Hemos examinado el alegato de los apelantes y ninguno de los casos citados es similar al presente.

En el caso de autos el efecto del documento fue acelerar ^ciertas otras obligaciones de los demandados, pero la obli-gación principal era disyuntivamente independiente de la ■•cláusula que hacía que las obligaciones vencieran (accelerating clamóse), y no debía hacer necesaria una investigación.

Por lo tanto, como el demandante era un tenedor de buena •fe, la corte no erró al negarse a admitir evidencia tendente a demostrar la verdadera relación entre las partes originales en el contrato.

Creemos que la corte estuvo enteramente justificada al 'imponer las costas.

La s-entencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.