author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    José I. Esturio, demandante y apelado, v. Providencia Canetti Rodríguez, demandada y apelante.
    No. 5963.

    Sometido: Maizo 14, 1932.

      Resuelto: Marzo 18, 1932.

      F. Rincón, abogado de la apelante; G. del Toro Fernández, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide que desestimemos esta apelación por no ha-ber sido proseguida con la debida diligencia y por ser frí-vola.

La demandada interpuso su apelación el 13 de noviembre de 1931 para ante nosotros y el 23 del siguiente mes radicó una exposición del caso para su apelación, sin que désde entonces haya hecho gestión para que sea aprobada.

Si bien es cierto que el secretario del tribunal tiene el deber impuesto por la ley de dar cuenta a su tribunal con la exposición del caso para los trámites de su aprobación, tal deber no releva al apelante de practicar gestiones para que la exposición del caso sea aprobada, a fin de que su re-curso no quede paralizado con perjuicio del apelado como lo está el presente desde el 23 de diciembre, 1931. Auge v. Selosse, 32 D.P.R. 651, y Fernández Náter v. Aponte, 35 D.P.R. 49. Esa conducta del apelante es prueba de su falta de diligencia en la tramitación de su recurso por lo que su apelación debe ser desestimada de acuerdo con la regla 59 de nuestro reglamento.

La demanda jurada fué interpuesta en una corte municipal en cobro de $400 de principal, $8 por intereses vencidos y $50 para gastos, costas y honorarios de abogado. La demanda fué presentada el 15 de enero de 1931 y en ella se alegó que por escritura pública del 9 de mayo de 1930 que se incorporaba a la demanda, la demandada reconoció deber al' demandante $400 que se comprometió a devolvérselos en igual día y mes de 1931 con interés del uno por ciento mensual, conviniendo en que si dejare de pagar dos mensualidades de intereses el demandante podría dar por vencida la obligación antes de que llegara el día señalado para el pago, y se obligó a satisfacer en caso de reclamación judicial $50 para costas, gastos y honorarios de abogado. También alegó que la demandada no le ha pagado los intereses correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, 1930, ascendentes a $8, ni el principal en todo ni en parte.

La contestación jurada no alegó hecho alguno positivo en oposición a la demanda. La demandada no asistió al juicio en la corte municipal, por lo que no presentó prueba, y fué condenada después de practicada la prueba del demandante. Apeló de la sentencia y como no compareció al juicio de novo, tampoco presentó prueba en la corte de distrito, la que después de oír la del demandante dictó la sentencia que apeló la demandada y es motivo de este recurso.

Conteniendo la demanda hechos constitutivos de la ac-ción ejercitada, no habiendo alegado contra ella la deman-dada hecho alguno en oposición a la misma y habiéndose oído prueba solamente del actor, resulta frívola la apelación.

Por los motivos consignados en la apelación debe ser desestimada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    La Asamblea Municipal de Caguas, querellante y apelada, v. Dr. José Reguero González, Alcalde de la Ciudad de Caguas, P. R., querellado y apelante.
    No. 5624.

    Sometido: Noviembre 18, 1931.

      Resuelto: Marzo 24, 1932.

      F. González Fagundo, Julio Reguero González y José G. González, abogados del apelante; C. Coll y Cuchí, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal

El día señalado para la vista de esta apelación fné oída también una moción de la parte apelada interesando qne de-sestimemos el presente recurso por ser académica sn deci-sión.

La Asamblea Municipal de Caguas instituyó procedimiento de impugnación contra el alcalde de Caguas, Dr. José Reguero González, para destituirlo de sn cargo como consecuencia de varias imputaciones qne se le hicieron, por sus funciones como alcalde. Después de una vista pública a la qne asistió el alcalde con su abogado y de ser oídas en ella las pruebas qne fueron presentadas, la Asamblea Municipal de Caguas constituida en tribunal de justicia por autorización de la ley dictó sentencia declarando probados algunos de los cargos y culpable de ellos al alcalde José Re-guero González y ordenando su destitución como alcalde de Caguas, contra cuya sentencia interpuso el perjudicado la presente apelación en 30 de enero de 1931. Solicitó varias prórrogas para la presentación de su alegato ante nosotros y la vista del recurso fué señalada para el 18 de noviembre de 1931, en cuya fecha tuvo lugar.

Con la moción de la parte apelada para que desestime-mos esta apelación se acompañó una certificación del Secre-tario Ejecutivo de esta Isla según la cual el Dr. José Re-guero González fué nombrado por el Gobernador de esta Isla alcalde de Caguas hasta que se reuniese el Senado en se-sión; que en la próxima reunión del Senado el Gobernador no le sometió el nombramiento del Sr. Reguero González como alcalde de Caguas para su aprobación y en su lugar sometió el nombramiento de otra persona para dicho cargo, que fué confirmado por el Senado el 14 de abril de 1931.

De lo expuesto resulta que el Dr. José Reguero González había dejado de ser alcalde de Caguas cuando tuvo lugar la vista de la apelación por él interpuesta en este caso por lo que es académico resolver ahora si es errónea o no la sen-tencia que destituyó al apelante del cargo de alcalde de Caguas. No existe cuestión de costas en este caso y no ten-dría ningún fin práctico para el apelante que decidamos su recurso pues aunque tenga razón en él no podrá ocupar la alcaldía de Caguas porque el Gobernador no quiso someter su nombramiento al Senado para su confirmación y nombró a otra persona en su lugar. El solo motivo de satisfacción personal del apelante si el recurso se resolviese a su favor no es bastante para romper la regla de no decidir cuestiones que no hayan de producir resultado práctico y efecto para algunas de las partes.

La apelación debe ser desestimada.


text:
    Luis González, demandante y apelante, v. White Star Bus Line Inc., y José Méndez, demandados y apelados.
    No. 5973.

    Sometido: Marzo 21, 1932.

      Resuelto: Marzo 24, 1932.

      José Soto Rivera, abogado del apelante; J. H. Brown, C. Rtwiz Na-zario y G. E. González, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación fné interpuesta el 27 de noviembre de 1931 y el 3 de diciembre siguiente el apelante presentó mo-ción a la corte haciendo constar que se decidía por una expo-sición del caso para perfeccionar su apelación y que para prepararla le era indispensable que el taquígrafo le entre-gase copia de sus notas tomadas en el juicio, por lo que so-licitó se ordenase al taquígrafo que le entregase dicha trans-cripción y que se le concediese una prórroga de treinta días para entregarlas, a cuyas peticiones accedió la corte inferior. Después fueron concedidas otras prórrogas al taquí-grafo para ese fin. El 27 de febrero el apelado nos pre-sentó moción para que desestimemos' esta apelación por el fundamento de que habiendo optado el apelante por una ex-posición del caso para su recurso debió presentarla dentro de los diez días siguientes a su apelación por no haberle sido prorrogado ese término.

De acuerdo con las leyes vigentes un apelante puede utilizar dos medios para traer ante nosotros las pruebas que se presentaron en el juicio: la transcripción de ellas hecha por el taquígrafo o una exposición del caso redactada por el apelante conteniéndolas. Por el último de estos procedimientos optó el apelante en este caso y por esto debía presentar tal exposición dentro de los diez siguientes al del archivo de su apelación o de la prórroga de ese término que le fuere concedida por la corte inferior, según dispone el Código de Enjuiciamiento Civil en su artículo 299 como fué enmendado por Ley No. 81 de 1919, página 675.

Para redactar la exposición del caso no es de absoluta necesidad una transcripción taquigráfica de la evidencia según dijimos en el caso de Goffinet v. Polanco, 31 D.P.R. 210. Por esto, habiendo sido archivada la apelación en este caso el 27 de noviembre de 1931 debió ser presentada la exposición del caso dentro de los diez días siguientes, o sea el 7 de diciembre o antes, ya que el apelante no solicitó le fuera prorrogado el término para presentar la ex-posición del caso, pues en su moción de 3 de diciembre lo que solicitó fué que a partir de esa moción concediese al taquígrafo una prórroga de treinta días, cuando no había término alguno que prorrogar al taquígrafo pues la ley no lo fija porque el taquígrafo no hace la exposición del caso. Si era conveniente al apelante tener la transcripción taquigráfica para preparar su exposición del caso debió solicitar prórrogas no para el taquígrafo sino para presentar la ex-posición del caso, como lo hemos dicho en G-offinet, sufra.

La apelación debe ser desestimada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Manuel Méndez Ríos y Antonia Mujica de Méndez, demandantes y apelados, v. Fulgencio Piñero Rodríguez y Felipa Dávila de Piñero, demandados y apelantes.
    No. 5685.

    Sometido: Marzo 21, 1932.

      Resuelto: Marzo 24, 1932.

      F. Piñero y J. ValidejuM, abogados de los apelantes; A. Aponte, abogado de los apelados.
   EN MOCION DE RECONSIDERACION

El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicitó la desestimación de la apelación establecida en este caso. Oídas ambas partes, se declaró la moción sin lugar. 43 D.P.R. 84. Solicitó la parte apelada que se reconsiderara la orden de esta' corte. Se oyó de nnevo a ambas partes y se acordó la reconsideración, señalándose la vista de la moción para el 21 de marzo actual.

La orden de esta corte declarando no haber lugar a la de-sestimación se basó en una opinión que termina así:

“Tampoco la. hay de que las siete prórrogas de treinta días que se solicitaron para presentar el alegato fueron innecesarias porque examinado el finalmente presentado se concluye que pudo redac-tarse fácilmente dentro del término reglamentario, sin necesidad de prórroga alguna. Pero ello no es bastante cuando examinado el alegato en relación con la transcripción archivada se encuentra como en este caso que el error señalado no es frívolo y hay lase suficiente en los autos para resolverlo.”

La parte apelante nos convenció de que en verdad no hay base suficiente en los autos para resolver el recurso. De ahí la reconsideración acordada y la desestimación que ahora se decreta.

La certificación de la transcripción finalmente archivada en esta Corte Suprema, dice:

“Nosotros, Arturo Aponte y Fulgencio Piñero Rodríguez, Abo-gados de las partes en el presente caso,
1! CeRtificamios : Que la que precede es una copia fiel y exacta de todos los documentos que forman el legajo de la sentencia y el escrito de apelación y su notificación, y para elevar para ante el Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico a virtud de la apelación estable-cida por los demandados, contra la sentencia dictada por esta Corte,, firmamos la presente en Humacao, P. R., a 27 de abril de 1931.” ,

El único error que se alega es el cometido por la corte a juicio del apelante al negar su petición de suspensión de la vista del pleito y celebrarla en su ausencia. Ya se dice en la certificación que los documentos elevados constituyen el legajo de la sentencia. Y al indagar sobre el hecho concreto de la suspensión, encuéntrase la siguiente constancia de las minutas:

“Hoy 8 de enero de 1931, día señalado en calendario para la vista de este caso, comparecieron los demandantes en persona y re-presentados por su abogado Arturo Aponte, no habiendo compare-cido los demandados, ni abogado alguno que los represente, a pesar de haber sido llamados por el Marshal. En este acto el Secretario dió cuenta con una moción que ha radicado en el día de hoy el Ledo. Fulgencio Piñero, solicitando la suspensión del juicio por motivos de enfermedad, acompañando dieta moción de una certificación mé-dica jurada.. El abogado de los demandantes se opuso a la moción de suspensión por no. baber sido presentada en tiempo y forma, y la Corte la declaró sin lugar. Se continuó con la vista del caso, leyéndose las alegaciones, y practicada la prueba de los demandan-tes, la Corte se reservó su resolución.”

Eso es todo. Y la parte apelada sostiene con razón a nuestro juicio, que no es bastante, debiendo haberse prepa-rado un pliego de excepciones o exposición del caso, ya que los motivos de oposición eran materia propia para el récord taquigráfico, y no se fian traído a esta corte que no se en-cuentra por tanto en las mismas condiciones que la córte inferior para resolver la cuestión que ésta resolviera y que se pone en tela de juicio a virtud de la apelación estable-cida.

El caso de Haraszthy v. Horton, 46 Cal. 545 que cita la parte apelada, es enteramente aplicable, extendiendo lo dicho sobre pliego de excepciones a una exposición del caso y a una transcripción de la evidencia. En él se decidió:

“No procede una apelación de una resolución denegatoria de una suspensión.
“Una resolución denegatoria de una suspensión no puede ser revisada mediante una apelación de la sentencia a menos que exista un pliego de excepciones.
“Un extracto de las minutas del secretario firmada por el Juez en el curso dél procedimiento diario no es un pliego de excepciones.
“Un pliego de excepciones contra una resolución denegatoria de una suspensión no es suficiente como alegación del supuesto error de negar la suspensión, a menos que contenga los affidavits que se sometieron en la vista de la moción.”

En Gandía v. Stubbe, 30 D.P.R. 109, invocado por la parte apelante, existía una exposición del caso.

Debe desestimarse el recurso.


text:
    Jorge Remedios, peticionario y apelante, v. Emilio Fagot, Alcalde, La Junta Administrativa del Municipio de Ponce y La Asamblea Municipal de Ponce, demandados y apelados; In Re: Moringlane & Lledó, interventores y apelados.
    No. 5198.

      Sometido: Marzo 10, 1931.

      Resuelto: Marzo 24, 1932.

      L. Tormes García, abogado del apelante; M. Bahamonde, abogado de los demandados y apelados; B. V. Pérez Mbrchand y P. B. Pornaris, abogados de la interventora.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Están envueltas en este caso interesantes cuestiones de hecho y de derecho, pero la parte apelante reconoce que su apelación resulta ya académica por haber vencido el término del arrendamiento de que se trata, limitándose a sostener su recurso para que se le libere del pago de las costas que se le impuso y que alegó como error fudamental.

El demandante y apelante fué uno de los licitadores que acudió a la subasta celebrada por la Junta Administrativa del Municipio de Ponce el 28 de diciembre de 1928, a los efectos de arrendar por un año los ancones, remolcadores con motor, almacenes y demás enseres que corresponden al negocio de alijo que explota el municipio en su puerto.

Cuatro licitadores concurrieron y abiertas sus proposi-ciones se obtuvo el siguiente resultado:

Pliego No. 1. Ernesto Moringlane_$24, 000

Pliego No. 2. Jorge Remedios_ 26,500

Pliego No. 3. Juan J. Gerardino- 22, 500

Pliego No. 4. José Barbosa- 20, 500

La Junta consignando que lo bacía después de un “análi-sis de cada una de dichas proposiciones, experiencia de los licitadores, responsabilidad económica de cada uno de ellos y circunstancias generales concurrentes” aprobó la proposi-ción de Moringlane, que ofrecía $2,500 menos que la del de-mandante. La adjudicación fué aprobada por la Asamblea Municipal el 29 de diciembre de 1928 y por el alcalde el 31 del propio mes y' año.

La sección 17 de la Ordenanza que autorizó la subasta, dice:

‘1 Sección 17 a.- — El licitador que obtenga la buena pro, deberá consignar dentro de los cinco (5) días siguientes, las fianzas defini-tivas que se expresan en esta' Ordenanza, las que deberán ser apro-badas por el Auditor Municipal, y por el Abogado del Municipio en cuanto a su legalidad. Si en el caso indicado no fuese presentada esta fianza, será confiscada la fianza provisional, la que quedará a favor del municipio, ingresando en el Tesoro Municipal en la forma legal que corresponda; además, quedará rescindido el contrato de-biendo considerarse adjudicada la subasta entonces al postor que baya ocupado, según el precio, el segundo lugar.”

Y alegando que la fianza prestada por el licitador que recibió la buena pro no sólo era ineficaz por sus términos sino que fué prestada después de vencido el plazo fijado para ello, pidió a la corte que ordenara que se le adjudicara el arrendamiento en cumplimiento de lo prescrito en la pro-pia ordenanza, por haberse negado a ello el municipio.

Moringlane el licitador victorioso, murió a los pocos días, y Moringlane & Lledó, una sociedad industrial colectiva, ale-gando ser su sucesora, pidió intervenir y se le permitió que interviniera en el procedimiento con la oposición del deman-dante.

La corte finalmente declaró la demanda sin lugar con costas, basándose en que el procedimiento de mandamus no era el remedio procedente y aun más en que analizados los hechos a la luz de la prueba practicada no tenía razón el de-mandante.

Estaríamos enteramente conformes con la corte de dis-trito si se hubiera solicitado que se ordenara la aprobación de la proposición del demandante por el solo hecho de ser mayor la suma en ella ofrecida por el arrendamiento. La junta tenía discreción y su discreción no podría ser contro-lada por el procedimiento de mandamus.

Pero la petición no se basó en ese extremo. Pidió el cum-plimiento de lo expresamente acordado en la sección 17 de la Ordenanza que dejamos transcrita. Si la fianza no se prestó en el tiempo requerido, siendo además la prestada manifies-tamente insuficiente, resulta por lo menos dudoso que no pu-diera recurrirse al auto de mandamus. Véase 38 C. J. 747.

Es un hecho evidente que la fianza definitiva no se prestó dentro de los cinco días prescritos por la ordenanza. Se presentó sí al Tesorero Municipal un documento que copiado dice:

“Ponce, P. B., enero 3, 1929. — No. 8071. — Banco de Ponce.— Páguese a la orden de Hon. Tesorero Municipal de Ponee, $18,500.00 —Dieciocho mil quinientos con 00/100 dollars. — (Firma ilegible ,del gerente.) Al margen: Manager’s cheek.”

El cheque no explicaba su objeto por sí mismo, ni se acompañó de documento alguno supliendo la falta. No fué aprobado por escrito. En el juicio declararon el Auditor y el abogado que lo aprobaron oralmente. No fué ingresado en los fondos del municipio. Era una garantía en verdad demasiado informal.

Con respecto a la fianza que se radicó después, bastará decir que es aparente que por sus términos no se ajusta a todas las exigencias de la Ordenanza.

Bajo esas condiciones, quizá tendríamos siempre que re-conocer que no procedía el mandamus, pero ellas justifican al demandante al llevar su caso ante los tribunales de justi-cia, sin que .se le considere temerario.

Debe, en tal virtud, modificarse la sentencia apelada eli-

minando de ella el pronunciamiento imponiendo las costas al demandante, sustituyéndolo por el que sigue: “sin especial condenación de costas”, y así modificada, confirmarse la sen-tencia recurrida.


text:
    Gaspar Berió, demandante y apelante, v. Santiago de Santiago, demandado y apelado.
    No. 5323.

    Sometido: Junio 10, 1931.

      Resuelto: Marzo 28, 1932.

      L. A. y M. A. García del Rosario, abogados del apelante; G. Domín-guez Rubio, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la parte apelada solicitó la desestimación del recurso por no haberse incluido en el legajo de la sentencia copia de ésta. La parte apelante se opnso. Examinados los autos, encontramos que si bien debió aparecer al pie de la sentencia qne se inclnye en los mismos la nota de su registro en el libro correspondiente, el defecto puede considerarse suplido por la copia de la notificación de la sentencia en la que se le dice a la parte que dicha sentencia “fué debidamente registrada en el libro correspondiente ”, y por las copias acompañadas a la oposición.

Pendiente la moción de desestimación se celebró la la vista del caso en su fondo. De los autos resulta que Gaspar Berio demandó a Santiago de Santiago en reclamación de $622, intereses y costas. Basó su reclamación en los siguientes becbos:

‘ ‘ Que allá por el día 26 de abril de 1927 se estableció una cuenta corriente entre demandante y demandado, por medio de la cual el demandado tomó dinero y efectos del establecimiento que el de-mandante posee en el barrio ‘Cuchillas’ de Corozal, la que al liqui-darse en julio 30 de 1927, arrojó un balance de $6.22.02 a favor del demandante.
“Que desde la fecha de la referida liquidación o sea julio 30 de 1927, el demandante ha realizado gestiones con el fin de obtener el cobro de la referida cantidad de $622.02, sin que hasta la fecha haya logrado su propósito porque el demandado se ha negado y se niega a satisfacerla.
“Que la deuda del demandado para con el demandante es lí-quida y exigible, no habiéndola aquél pagado ni en parte ni en totalidad. ’ ’

Contestó el demandado negando general y específicamente los becbos alegados en la demanda.

Fué el pleito a juicio y la corte lo resolvió por senten-cia favorable al demandado. Entonces el demandante in-terpuso el presente recurso de apelación. Señala en su alegato la comisión de seis errores, cometidos, a su juicio, el primero al admitir evidencia al demandado sobre becbos que no alegó afirmativamente en la contestación, el segundo al calificar el contrato de agencia y no de cuenta corriente, el tercero, el cuarto y el quinto al apreciar la prueba, y el sexto al imponerle las costas.

Estudiaremos conjuntamente los dos primeros. Se queja el apelante de que la corte, no obstante haberse limitado el demandado en su contestación a negar general y específica-mente los becbos alegados en la demanda, le permitiera pro-bar en el juicio que los $1,600 a que la demanda se refiere le fueron entregados para la compra de tabaco en comisión, qne compró y entregó a satisfacción del demandante. Cita el apelante un largo número de autoridades en apoyo de su contención.

Para decidir la cuestión planteada en justicia es necesario referirse no sólo a la demanda, si que también a la actitud asumida por el demandante en el juicio.

El primer testigo que declaró fue el propio demandante. Se le Rizo la siguiente pregunta: “¿En qué fecha fue que usted dijo que había empezado esa cuenta?” T contestó: “El día 5 de abril de 1927 le di un cheque de mil pesos a cuenta de la cosecha de su tabaco. ’ ’ Se opuso el demandado “porque no está eso alegado específicamente”, y la corte sostuvo su oposición, pero después permitió que el deman-dante y sus testigos desarrollaran su teoría, a saber: que los mil seiscientos dólares fueron entregados por el demandante al demandado en dos ocasiones y en dos cheques, uno de mil y otro de siescientos, para comprarle su cosecha de ta-baco ; que el demandado entregó tabaco por valor de $940.93, quedando a deber $633.22.

¿Yario o no varió el propio demandante sus alegaciones? A nuestro juicio la pregunta debe contestarse en la afirma-tiva.

En la demanda se alegó el establecimiento de una cuenta corriente entre demandante y demandado. ¿Fué una verda-dera cuenta corriente lo que intentó el demandante probar en el juicio? Dice la Enciclopedia Jurídica Española, en su tomo 10, p. 50:

“Cuenta CORRIENTE. El comerciante que, de un modo regular y constante, vive en relación de negocios con otro comerciante, puede liquidar éstos de dos modos distintos: o bien por medio de liquida-ciones parciales, una para cada uno de los contratos mediados, o bien abriendo una cuenta general, a la que lleva todas las operacio-nes que practica con su colega, y haciendo de la misma una liquida-ción general en época determinada. Este último sistema, más có-modo y más económico de tiempo, es el que los comerciantes discurrieron desde hace mucho, y es el que, cuando es recíproco, se conoce con el nombre de cuenta corriente.
“Y, como el supuesto de las operaciones parciales es el de la renta de los efectos remitidos en cada una de ellas, es claro y natural que el conjunto, o sea la cuenta corriente, habrá de ser igual-mente una compraventa continuada, dentro del período de liquida-ción de la misma, sin otra solución de continuidad que ésta.
“Esta cuenta corriente ha surgido por modo espontáneo en los libros de contabilidad de los comerciantes, y por ello hay quien sostiene que es más bien un simple modo de contabilidad que un contrato. Lo cual podrá ser cierto cuando la cuenta se refiera a cosas o personas comerciantes o no, cuyo conocimiento del respectivo debe o haber interesa solamente al dueño de los libros, pero no lo será cuando se trate de una relación continuada de negocios entre dos comerciantes que se liquidan en la forma indicada; pues enton-ces, hágase esto por convenio expreso o tácito, hay forzosamente un contrato espeeialísimo que ha regulado de un modo perfecto la cos-tumbre mercantil, y que empieza a hacer su aparición en los Códigos de Comercio.
“El nuestro no lo regula, sin embargo, y eso que sus autores demostraron de un modo fehaciente que conocían su existencia, pues en el art. 909 se excluyen de la masa de la quiebra los caudales remitidos fuera de cuenta corriente que tuviere el quebrado en su poder para entregar a persona determinada, en nombre y por cuenta del comitente o para satisfacer obligaciones que hubieren de cum-plirse en el domicilio de aquél; cuya exclusión demuestra que el legislador tuvo muy presente, al declarar esto, que el efecto inme-diato de la cuenta corriente es la transmisión de la propiedad de las cosas remitidas dentro de la misma.
“Que es un contrato, como queda dicho, y no un hecho práctico o un simple modo de contabilidad, y además un contrato especialí-simo, se demuestra por las circunstancias de que dicha cuenta produce efectos jurídicos, perfectamente distintos de los derivados de las diversas operaciones particulares que lo integran; inconfun-dible, por tanto, con ellas, al modo como los contratos que sirven de precedente necesario a la existencia de las letras de cambio, no se confunde con la letra, cuyas consecuencias y efectos jurídicos son perfectamente distintos del contrato o contratos que la engen-draron. Y como ya hemos dicho también que esta cuenta corriente no puede existir sin la conformidad de los que la sostienen, esta conformidad, resulte de acuerdo expreso o tácito de las partes, cons-tituye el nexo del contrato.
“Como en esta cuenta las partes pueden ser acreedoras o deu-doras, indistintamente, para que no resulte beneficiada la una en perjuicio de la otra, los respectivos ingresos que en ella se inscriben dan derecho al acreedor al cobro de un interés igual para ambos contratantes, con lo cual se facilita también la liquidación de la cuenta y se hace posible la existencia de ella.
“Teniendo presente el sencillo mecanismo de esta cuenta, podre-mos definirla diciendo que es un contrato por el que dos comercian-tes convienen en remitirse recíprocamente mercaderías o valores de cualquier clase, a título de propiedad y con deducción de intereses por su respectivo importe, a condición de que uno y otro figuren como crédito pasivo o debe en la cuenta del que lo- recibe, y como crédito activo o haber en la del que lo remite, y de'que se liquiden y extingan por compensación los respectivos débitos en la época con-venida para ello, a excepción del saldo definitivo que arroje a favor de uno de los cuentacorrentistas.”

En la práctica el significado de una “cuenta corriente” se lia extendido a otras relaciones (1 Digesto de Puerto Rico 797 y siguientes), pero si dos personas se ponen de acuerdo una en comprar y otra en venderle su cosecha de tabaco y al efecto la primera adelanta a la segunda mil seiscientos dólares y la segunda entrega a la primera tabaco por valor de $940.93, no es posible sostener que el contrato constituya una cuenta corriente pura y simple, por la cir-cunstancia de que uno de los contratantes sea comerciante y anote las entregas de dinero en sus libros cargando ade-más al otro en ellos una partida de un peso setenta centavos por gasolina y aceite.

Bajo esas circunstancias, planteado así el debate por el mismo demandante, no creemos que la corte sentenciadora errara al permitir al demandado que probara que los mil seiscientos dólares que recibió del demandante n,o lo fueron en pago de su cosecha de tabaco, sino para que le comprara tabaco a razón de $25 el quintal, mediante el pago de una comisión de un peso por quintal, contrato que cumplió en-tregando el tabaco comprado al demandante y recibiéndolo éste a su satisfacción.

No existen, pues, los dos primeros errores. Tampoco los tres siguientes.

En sn amplia argumentación el apelante no sólo imputa a la corte sentenciadora error en la apreciación de la prueba, si que también el baber actuado movida por pasión, prejuicio y parcialidad.

• La evidencia fué contradictoria y el conflicto resuelto en contra del demandante. La corte cumplió con la ley y ex-presó los motivos que tenía para ello. No son muy satisfac-torios, en verdad. Sin embargo, es necesario convenir en cuán difícil resulta externar la causa exacta de la conclu-sión del juzgador en esos casos al dar crédito a unos tes-tigos y negarlo a otros. Hay un elemento interior que no es susceptible de traducirse en palabras y que debe ser res-petado por las cortes de apelación, a menos que se demues-tre una conducta incorrecta, percibiéndose en los autos hue-llas de pasión, prejuicio o parcialidad, o cuando la conclu-sión a que se llegara fuere manifiestamente errónea. Y ése no es aquí el caso. Al contrario, obsérvase que el juez per-mitió que ambas partes se defendieran igualmente sin difi-cultad. Después se vió obligado a decidir el conflicto de la prueba y actuó de acuerdo con su conciencia, sin que pueda sostenerse que no esté justificado en absoluto. Quizá si hu-biera llegado a una conclusión contraria, hubiéramos dicho lo mismo,'porque es éste un caso que está casi en el fiel de la balanza.

Ello nos lleva a la única conclusión favorable al apelante a que puede llegarse, o sea, a la existencia del error señalado con el número seis. No nos parece justificada la condena de costas.

En tal virtud, debe modificarse la sentencia sustituyendo el pronunciamiento que sobre ese extremo contiene, por él siguiente: “sin especial condenación de costas” y asi modi-ficada, confirmarse.


text:
    Rosa y Demetria Pedraza, demandantes y apelantes, v. Santini Fertilizer Co., Inc., J Fernando González, demandados y apelados.
    No. 5517.

    Sometido: Junio 10, 1931.

      Resuelto: Marzo 28, 1932.

      González Fagimdo & González Jr., abogados de las apelantes; R. Buscaglia j Edelmiro Martmez Rivera, abogados de la apelada Santini Fertilizer Co., Inc.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Doña Rosa y Doña Demetria Pedraza radicaron en la Corte de Distrito de San Juan una demanda sobre tercería de bienes inmuebles, alegando que en la actualidad, el 30 de junio de 1926 y con anterioridad a esa fecha son y eran dueñas en común y proindiviso de una finca rústica de 161 cuerdas, situada en la municipalidad de Naguabo, que des-criben detalladamente; que los demandados Santini Fertilizer Co., Inc., en el pleito No. 1905 que seguían contra Fernando González en cobro de pagarés, el 1° de • julio de 1926, por medio del marshal de la corte, ¿mbargaron todo el derecho, título o interés que González tuviera en la ex-presada finca de 161 cuerdas, y que González- no tiene dere-cho, título o interés alguno en la repetida finca. Basadas en esos hechos pidieron a la corte que dictara sentencia de-clarando el embargo ineficaz.

Contestó la demandada aceptando que Doña Demetria es dueña de una mitad proindivisa de la finca en cuestión, pero alegando qne la otra mitad pertenece a la sociedad de gananciales constituida por Doña Rosa con sn esposo Fernando González; qne la denda qne motivó el embargo en el pleito No. 1905 correspondía a la dicha sociedad de ganan-ciales y, por tanto, qne el embargo fné debidamente trabado.

Gomo materia nueva constitutiva de defensa alegó qne doña Rosa adquirió la mitad indivisa de la finca por com-pra durante su matrimonio con González, incribiéndose la adquisición en el registro desde 1905; que apareciendo del registro que el condominio era ganancial, la demandada abrió un crédito al esposo, y como éste no lo satisficiera, lo demandó, embargando sus bienes para asegurar el pago; que aun admitiendo que doña Rosa fuera la única' dueña, está impedida de alegar el carácter privativo del condomi-nio por cuanto permitió que quedara inscrito como ganan-cial con anterioridad a la deuda de González, a la radica-ción del pleito y a la anotación del embargo, y que la de-mandada siendo tercero no puede ser perjudicada por las ocultas confabulaciones de la demandante.

Fué el pleito a juicio y la corte lo falló declarando la demanda sin lugar. La sentencia se basa en una larga opi-nión. De ella nos limitaremos a transcribir lo que sigue:

“El problema jurídico nos parece sencillo. La tercería es pro-cedimiento adecuado para discutir el título sobre una propiedad embargada. De acuerdo con la extensa historia de la finca, que antes hacemos, no hay duda alguna, y a pesar de la donación y las distintas ventas por que ha. pasado la propiedad, el hecho cierto e innegable, es que doña Rosa Pedraza adquirió la mitad de la finca, estando casada con don Fernando González, por título oneroso. Esto levanta una fuerte presunción de que los bienes así adquiridos tienen el carácter de gananciales. El artículo 1316 del Código Civil, en su inciso 1, es terminante en cuanto a este postulado. No ha presentado la demandante, Rosa Pedraza, prueba alguna que des-truya esta presunción de bienes gananciales, y las dos escrituras otorgadas en 1917 ante el notario Tous Soto, y a las que nos hemos referido al hacer el historial tal como aparece del certificado del Registrador de la Propiedad, que no fueron presentadas en el re-gistro hasta 10 años después de otorgadas, no pueden cambiar el verdadero estado legal de los bienes, aun cuando la relación de hechos que las partes hagan en la escritura, haya sido inscrita en el Registro de la Propiedad. Y esta conclusión nos lleva a considerar la defensa que levanta la demandada en cuanto a que por las pro-pias actuaciones de la parte demandante, se le- indujo a creer en la existencia de un estado de hechos tal, que fue motivo para que se le concediera crédito en transacciones comerciales habidas con el otro demandado don Fernando González. En 1905 se inscribe en el registro el condominio de doña Rosa. Guando se inscribe, aparece ella casada con don Fernando González; esta inscripción subsiste en el registro hasta 1927; pero en 1926, la demandada' Santini Fertilizer Co., Ine., guiándose por la inscripción que aparece en los libros del registro, concede un crédito a don Fernando González, y entonces no es perturbada la inscripción hasta 1927, en que se quiere dar a los bienes el carácter de privativos. Nos parece aplicable la regla de -que cuando una persona induce a otra a actuar en la creencia de que cierto estado de hechos es cierto, dicha persona está impedida de alegar lo contrario. Dolbeer v. Livingston, 100 Cal. 617. Y si a esta circunstancia se añade el hecho elocuente de que no es sino cuando se interpone el pleito y se traba el embargo, que vienen entonces a inscribirse las escrituras en 1927, tenemos que llegar a que, por lo menos presuntivamente, la demandante con su conducta indujo a la demandada a realizar, ciertas transacciones, y ahora no puede impedir que se ejercite un derecho por dicha demandada, cuando ella fué diligente, y tomó las medidas y precauciones acon-sejables para su defensa. Como antes decimos, todo lo que se va a discutir en el procedimiento de tercería es quién es el verdadero dueño de los bienes embargados. Cuando se practicó el embargo y se obtuvo la sentencia en el pleito No. 1905, los bienes embargados eran del demandado González y su esposa, adquiridos durante el matrimonio. Cualquiera otra tentativa posterior para quitar a tales bienes el carácter de gananciales, es improcedente, y no demuestra el candor y buena fe con que deben comparecer ante los tribunales los que vienen a ellos en demanda de justicia.”

No conformes las demandantes, interpusieron el presente recurso de apelación. En su alegato señalan la comisión de ocho errores. Los cinco primeros se refieren a la prác-tica de las pruebas. Los tres últimos versan sobre su apre-ciación. Prescindiremos del estudio y consideración de los primeros y analizaremos conjuntamente los tres últimos.

Según las certificaciones del registro presentadas como prueba por la propia parte demandada, es ésta la historia de la finca. Se inscribió por primera vez en 1887 a virtud de expediente de dominio tramitado por Felipe Pedraza Hernández,' mayor de edad, soltero y vecino de Naguabo, quien dijo haberla adquirido por compra en distintas por-ciones a varias personas: A la muerte de Pedraza la finca pasó a sus herederos doña Catalina Hernández, madre y doña Eosa López, esposa, a virtud de declaratoria hecha por la Corte de Distrito de Humacao en 1903. La madre y la esposa herederas vendieron sus participaciones a Juan No-gueras Pedraza y éste a su vez vendió a doña Demetria y doña Eosa Pedraza, casada la última con Fernando Gonzá-lez, en 1904. En 1913 se anotó cierta demanda sobre la porción de doña Eosa y en 1926 el embargo decretado en el pleito seguido por Santini Fertilizer Co., Ine., contra Gon-zález. Sigue entonces, en 1927, la inscripción séptima que lo es la de una escritura pública otorgada en 1917'por vir-tud de la cual doña Eosa, con el consentimiento de su esposo González “para el caso de no ser suficiente lo consignado en la propia escritura”, vendió su participación a doña De-metria por precio de mil dólares que se entregaron en pre-sencia del notario. Lo consignado en la escritura fué que no obstante lo que aparecía del registro en relación con la finca, lo cierto era que el inmueble perteneció a don Felipe Pedraza quien lo tituló a nombre de un hijo para que a su muerte lo dividiera entre sus herederos; que muertos el padre y el hijo, las herederas de éste, su madre doña Catalina y su esposa doña Eosa López, otorgaron por pre-cio convencional escrituras de venta a favor de Juan No-gueras Pedraza y éste a su vez también por precio conven-cional vendió la finca a las demandantes, a las que llegaba en verdad no a título de compra sino de herencia. Gonzá-lez, el esposo de doña Eosa, “declaró ser cierto lo dicho so-bre la adquisición del inmueble, reconociendo que el condo-minio correspondiente en él a su esposa Eosa Pedraza es propiedad privativa.” La última inscripción es la octava, de 1927, causada por la escritura pública otorgada en 1917 ■por la cual Doña Demetria aparece donando el condomi-nio que adquiriera de su hermana a la misma “siendo causa de esta donación el cariño que se profesan donante y clo-nataria y el deseo libre y espontáneo de la primera de cum-plir los de su padre en relación con este inmueble.”

Siendo ello así, no habiéndose presentado prueba alguna que demuestre la falsedad de las escrituras públicas otor-gadas en 1917, no obstante haberse inscrito después de practicado el embargo a instancias de la demandada en el pleito que siguiera contra González, es necesario concluir que dicho embargo se trabó indebidamente por no ser ga-nancial el condominio de doña Rosa, sino privativo.

Esa conclusión está sostenida por lo resuelto en el caso de La Sociedad de Auxilio Mutuo v. Rossy, 17 D.P.R. 83. En el curso de la opinión se dijo:

“Si la finca de que se trata hubiera pertenecido realmente a las Mollfulleda en el momento o después de verificarse la anotación ob-tenida por el apelante, dicha anotación hubiera surtido todos sus efectos legales; pero cuando tal anotación se llevó a efecto, ya la finca no pertenecía a las Mollfulleda, y en su virtud era completa-mente ineficaz.
“No puede considerarse al apelante como un tercero, ni cabe regular su caso por los principios que rigen la doble venta de bienes inmuebles. El sólo tenía y tiene una acción personal contra las M/ollfulleda y no una acción real sobre la finca que fué de ellas. El hecho de la anotación no puede convertir por sí solo la acción personal en acción real.
“El haberse inscrito en el registro la finca a favor de las Moll-fulleda y haberse anotado acto seguido la demanda en cobro de pesos por honorarios, interpuesta contra ellas por el apelante, no puede destruir, ni afectar siquiera, los derechos de los demandantes y ape-lados con respecto a dicha finca, derechos que fueron adquiridos en virtud de una compraventa realizada con anterioridad y hecha cons-tar en documento público, aun cuando dicha compraventa no estu-viera inscrita en el registro al tiempo de verificarse la anotación.
“La anotación en este caso se obtuvo de -acuerdo con las pres-cripciones de la ley en vigor sobre efectividad de sentencias, cuyos preceptos guardan estrecha relación con los artículos 42 y siguientes de la Ley Hipotecaria.
“Comentando dichos artículos y al tratar sobre los efectos de las anotaciones preventivas en general, los comentaristas Galindo y Escosura en su obra sobre Legislación Hipotecaria, vol. 2, pág. 482, se refieren a la Exposición de Motivos de la ley y luego dicen: ‘A ellos, por tanto, remitimos al lector, no sin llamar su atención acerca- de las S. de 9 de mayo y 23 de septiembre 1873, según las que, las anotaciones judiciales no pueden calificarse de sentencias definitivas, porque no declaran derechos, siendo esencialmente re-vocables y transitorias; y la de 17 de junio de 1875, en que se resuelve que las anotaciones preventivas que se hacen para asegurar las consecuencias de un juicio, tienen limitados sus efectos a este solo fin; pero no alteran la índole y naturaleza de la obligación cuyo cumplimiento se-quiere asegurar, ni de simple la convierten eñ hipotecaria, ni lastiman los derechos que sobre la finca puedan tener-terceras personas, doctrina que se repite en las S. de 5 abril, 1878, 10 octubre 1882 y 19’ febrero 1886. ’
“ ‘Por esto es opinión general, confirmada por la Sent, de 10 julio 1889, que quien, en juicio ejecutivo para el cobro de una deuda no hipotecaria, logra el embargo de una finca que resulta vendida anteriormente, aunque el comprador no la hubiese inscrito a su nombre, tiene mejor derecho que el embargante cuyo crédito carece del carácter de derecho real que no le da el embargo.’
“Y esta misma Corte Suprema de Justicia de Puerto Rico, en el caso de Vidal & Cía., et al v. Banco Territorial y Agrícola, I Castro, 204, estableció la siguiente doctrina: ‘Al acreedor que obtu-viere anotación preventiva de un embargo practicado en¡ bienes inmuebles o créditos hipotecarios del deudor, no se le puede estimar como tercero, toda vez que los artículos 44 de la Ley Hipotecaria y 1923 del Código Civil le conceden únicamente el derecho de prefe-rencia respecto a los bienes anotados y sólo en cuanto a créditos posteriores. ’
“ ‘Las anotaciones de embargo practicadas en bienes inmuebles o créditos hipotecarios del deudor, no pueden perjudicar el derecho de dominio que sobre los mismos bienes o créditos hubiere adqui-rido un tercero con anterioridad a dicha anotación.’
“ ‘Las disposiciones del artículo 71 de la Ley Hipotecaria se refieren a enajenaciones o gravámenes realizados o constituidos, res-pectivamente, con posterioridad a la anotación, como se deduce de un examen comparativo de dicho artículo y del 44 de la misma Ley.’ ”

Sabido es que el artículo 1172 del Código Civil de Puerto Eico (1930) dice en su párrafo primero: “Los documentos públicos bacen prueba, aun contra tercero, del becbo que motiva su otorgamiento y de la fecba de éste.”

Y parece conveniente referirnos además a lo dicho por esta corte en el caso de Santini Fertiliser Co. v. Gonzáles et al., 39 D.P.R. 758. Fué así:

“Inferimos del alegato de la apelante que los querellados habían presentado en evidencia dos escrituras otorgadas en 1917 tendientes a demostrar que los terrenos embargados por la Santini Fertilizer Co. eran un bien privativo de la esposa, Rosa González, ,y que estas escrituras habían sido debidamente inscritas en el registro de la propiedad, después de haberse hecho uná anotación preventiva de embargo, pero antes de que se instituyera el procedimiento de injunction. Por consiguiente, la propiedad embargada era inscribible a nombre de la esposa como privativa de ella, al tiempo de radicarse la petición de injunction. Esto era más que suficiente para destruir cualquier presunción respecto al carácter de gananciales de los bie-nes inmuebles ya inscritos a nombre de la esposa.
“■De una certificación en forma narrativa expedida a instancias del demandante por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan aparece que antes de que se radicara la petición de injunction, Rosa y Demetria Pedraza habían presentado en. la Corte de Distrito de San Juan su reclamación como dueñas de las 161 cuerdas de terreno embargadas en la acción original. La caña en estado de crecimiento había sido embargada como parte del inmueble. La teoría del embargo- fué que el demandado Fernando González tenía una participación en los terrenos inscritos a nombre de su esposa Rosa Pedraza. Esta teoría descansaba por completo en la presun-ción relativa al carácter ganancial de esos terrenos. El embargo no afectó el título de la consorte a sus bienes privativos, ni creó gravamen alguno sobre ellos.
“Puede muy bien concebirse que Fernando- González haya te-nido alguna participación en la caña que se cultivaba en la finca privativa de su esposa, pero el peso de la prueba recaía sobre la peticionaria en el procedimiento de injunction para demostrarlo. La presunción de que la caña era un bien ganancial se esfumó con la presunción respecto al carácter ganancial que tenía el terreno. Incumbía entonces a la peticionaria establecer algún otro funda-mento para, su remedio en equidad. Por tanto, la corte de dis-trito no erró al denegar el injunction y al anular la orden prelimi-nar, ni al basar su actuación en los casos arriba citados.”

Ya dijimos que no se presentó prueba alguna que de-muestre la falsedad de las escrituras públicas otorgadas en 1917 e inscritas en 1927 presentadas por la parte deman-dante. Para probar sus defensas ¿qué aportó la deman-dada? Las declaraciones de José A. Negrón y José O. Martínez.

Dichas declaraciones fueron admitidas con la oposición de la parte demandante. Los testigos son empleados de la demandada. Ocúpase el primero entre otras cosas en la con-cesión de créditos a los clientes y dijo que el método se-guido es el de practicar una investigación por medio del empleado que va a vender el abono. “El empleado hace varias preguntas y llena su informe.” Luego se com-prueba el informe por los datos del registro. Dijo que era empleado desde 1924 y que en este caso el otro empleado Martínez practicó la investigación y trajo el informe. Mar-tínez declaró que en efecto practicó la investigación, le pre-guntó a González y éste le dijo que “tenía propiedades de 161 cuerdas y ganado.” Y que rindió el informe que se com-probó por el registro. El informe mismo, no fué presen-tado. González no fué llamado a declarar. jSTo bay en los autos la más leve admisión de la esposa.

Bajo esas circunstancias ni siquiera se puede aceptar como probado de modo satisfactorio que González diera in-formes falsos con respecto a que tuviera alguna participa-ción en la finca de que se trata, pero aunque se aceptara ¿po-dría ser perjudicada en sus derechos la esposa que demues-tra que la finca le pertenece privativamente por un título de fecha anterior no sólo al embargo sino al comienzo de las re-laciones contractuales de su esposo con la demandada? En manera alguna a nuestro juicio.

La jurisprudencia sentada en el caso citado en su opi-nión por la corte de distrito, Dolbeer v. Livingston, 100 Cal. 617, se establece en el sílabo, así:

“Un fiador que firma una fianza en la creencia y en la confianza de que sus fiados trataban de obtener el fletamento de un vapor y esperaban fletar uno del dueño del mismo a quien todas las partes conocían como dueño, no puede alegar, en oposición a dicho dueño que recibió la fianza de buena fe sin saber ni tener razón para sos-pechar de que la mjisma no había sido ejecutada debidamente, que la fianza no era un instrumento válido debido a que los espacios en blanco para ser llenados con los nombres del vapor y del dueño no habían sido llenados al tiempo de ejecutarla sino que fueron llenados por sus fiados sin autoridad expresa.
“Cuando de dos personas inocentes una de ellas debe sufrir las consecuencias de los actos de un tercero, debe sufrirlas aquella cuya negligencia fué la causa de ellos.”

Basta leerla para concluir que no puede regir este caso de acuerdo con la evidencia practicada en el mismo.

Quizá la corte sentenciadora consideró aplicables las si-guientes citas que la opinión contiene, a saber:

“La regla general es que ‘cuando una persona por su lenguaje o por su conducta induce a otra a actuar en la creencia de que existía cierto estado de cosas, no puede, por lo que se refiere a esa persona, alegar un estado de cosas diferente.’ .(7 Am. & Eng. Ency. of Law, 19.)
“ ‘Un impedimento m pais puede definirse como un derecho que nace de los actos, admisiones, o conducta que han inducido a un cambio de actitud de acuerdo con la intención real o aparente de la persona contra quien se alegan.’ (Bigelow on Estoppel, 4th. ed., 445).
“ ‘Cuando una persona tácitamente incita a que se verifique un acto no puede después ejercer su derecho legal en oposición a tal consentimiento, si su conducta o sus actos de incitación indujeren a la otra parte a cambiar su actitud con el resultado de ser perjudi-cado pecuniariamente por la reclamación de dicho adversario.’ (Scott v. Jackson, 89 Cal. 258.)”

Pero ¿ dónde está aquí la prueba de la conducta de la es-posa que pudiera inducir a la demandada a considerarla res-ponsable del crédito que se decidió a abrir al esposo? La misma circunstancia de figurar inscrita la finca a favor de la esposa, que si bien lleva consigo la presunción de ganan-cial cuando se trata de adquisiciones onerosas, no es lo usual, debió por lo menos haber llamado la atención de la deman-dada y guiádola a investigar el caso más de cerca.

Fue en verdad la esposa negligente al no presentar por tanto tiempo sn título en el registro, y esa negligencia no ha dejado de perjudicarla en este mismo pleito que no hu-biera surgido de haber sido diligente, pero no puede en ma-nera alguna tener las consecuencias que pretende la parte demandada. Repetimos que no hay la más leve prueba en los autos de la conducta de la esposa en relación con espe-ranza alguna de garantía dada por ella a la demandada, y que la propia prueba del informe del esposo no es satisfac-toria. Ni en ley ni en equidad está justificado el embargo.

En tal virtud, debe revocarse la sentencia recurrida y en su lugar dictarse otra declarando la demanda con hogar, sin especial condenación de costas.


text:
    Isaac García Ramírez, demandante y apelante, v. Ramón Córdova y Francisco Cintes, demandados y apelados.
    No. 5549.

    Sometido: Noviembre 24, 1981.

      Resuelto: Marzo 28, 1932.

      R. Rivera Zayas y R. Díaz Ontrón, abogados del apelante: Artemio P. Rodríguez, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción por libelo y calumnia en la que se re-clama indemnización contra Eamón Córdova y contra Francisco Cintes. Al resolver la Corte de Distrito de Bayamón una excepción previa opuesta a la demanda declaró que no alegaba causa de acción contra Francisco Cintes y que en cuanto a Ramón Córdova no aducía becbos con respecto a la publicación del libelo porque el mero becbo de jurar la declaración ante un funcionario no constituye publicación y en consecuencia declaró con lugar la excepción previa en cnanto a él, aunque concediendo permiso para que la de-manda fuese enmendada. El demandante solicitó que se dic-tase sentencia y así lo bizo la corte declarando sin lugar la demanda en cuanto a los dos demandados. Esta es la sen-tencia apelada.

En la demanda se alega substancialmente que el deman-dado Ramón Córdova era en 1922 y sigue siendo presidente de la corporación Compañía Popular de Transporte, Inc., de-dicada a explotar el servicio de transportar pasajeros y carga entre San Juan, Cataño y Bayamón y que Francisco Cintes era en 1922 y sigue siendo jefe de tráfico de diclia corpora-ción : que' el demandante entró en 1922 a prestar servicios a diclia corporación como jefe de la estación de Bayamón; que en noviembre de 1922 presentó la renuncia de su cargo a la junta directiva por manifestaciones que le bizo Francisco Cintes de que el Sr. Córdova estaba muy interesado en que cesara en su cargo, y le fue admitida: que bizo su re-nuncia sin existir motivo deprimente ni de indignidad sino por rozamientos políticos tenidos con el Sr. Córdova y que al ser aceptada su renuncia por la dirección, de la compañía ésta le escribió lamentando la pérdida de sus servicios: que en 1930 y en ocasión, en qne el demandante era candidato para el cargo de Juez de Paz de Cataño y sn nombre estaba siendo considerado para ese cargo por el Gobernador de esta Isla, los demandados ilegal, voluntaria, maliciosamente y con el propósito deliberado y maligno de difamar al demandante suscribieron, juraron y publicaron dos declaraciones jura-das (affidavits) que se copian en su demanda según apare-cen del libro registro del Juez de Paz de Cataño, las que no transcribimos literalmente, apareciendo del asiento referente a Córdova que manifestó en la declaración que juró ante el Juez de Paz de Cataño que siendo el demandante jefe de la estación de Bayamón realizó allí actos carnales con una mujer e intentó cometer con ella delito contra natura por cuyo motivo le fué pedida la renuncia de su cargo como jefe de la estación de Bayamón: y del asiento referente a Cintes que recibió órdenes del Sr. Córdova de practicar una inves-tigación sobre la queja hecba por una mujer imputando al de-mandante que siendo jefe de la estación de Bayamón realizó allí actos carnales con ella e intentó realizar acto contra na-tura, por lo que la compañía le pidió la renuncia de su cargo: que dicbo libro registro es público, siendo vistas esas cons-tancias por el secretario de la expresada corte y por otras personas: que tales declaraciones son falsas y becbas para perjudicarle: que como consecuencia de ellas no fué nom-brado para el cargo de Juez de Paz de Cataño y que ba su-frido perjuicios que estima en la cantidad que fija en su de-manda.

Dicen los apelados que el libro registro del juez de paz no copia literalmente las palabras de sus declaraciones juradas y que ellos no pueden ser responsables de la relación que de ellas consigna el juez de paz en su registro porque no ban intervenido en su redacción, que puede ser equivocada.

Nuestra ley de 12 de marzo de 1908 estableciendo un re-gistro de declaraciones juradas (affidavits) ante notario y otros funcionarios, enmendada en 1910, ordena que tales fun-cionarios lleven un registro de ellas en notas concisas en las que liarán constar la naturaleza del acto autenticado ante ellos; y en cumplimiento de esa ley fué que el expresado juez hizo los dos asientos insertos en la demanda, los que tie-nen que considerarse como exactos prima facie, mientras no se pruebe lo contrario. Si de las constancias de un registro de declaraciones juradas (affidavits) aparece que a una persona se le ha imputado la tentativa de cometer un delito grave, como en este caso, el perjudicado tiene acción para reclamar contra los autores de tal imputación o difamación.

No dice la demanda que esas declaraciones fueron prestadas para ser entregadas al G-obernador con el fin de evitar que nombrase al demandante Juez de Paz de Cataño, pero aunque para eso se hicieran, lo' que parece deducirse de la alegación de que a-consecuencia de ellas no se hizo su nombramiento, aun así no resultan privilegiadas porque no eran necesarias para impedir su nombramiento. Lo mismo pudo decirse o escribirse al Gobernador sin llevar tales cosas a un registro público. En el caso de Franco v. Martínes, 29 D.P.R. 237, dijimos que la declaración que fué jurada ante un juez municipal conteniendo materia libelosa no constituía publicación porque era necesaria la declaración jurada para el procedimiento que en este tribunal promovió el que la juró: caso que. se distingue del presente porque no existe precepto legal, ni se nos cita, que requiera que sea jurada la oposición que se haga al nombramiento de una persona para un cargo público, por lo que al presentar los apelados sus declaraciones escritas para jurarlas hicieron públicas ante el juez las manifestaciones libelosas que contienen, según la nota que de ellas puso el juez en su registro. En consecuencia en la demanda se alega que la publicación fue hecha al decir que fué escrita, jurada y publicada ante dicho juez y por tanto la última palabra no es una conclusión de derecho sino consecuencia del hecho alegado. Por igual razonamiento no existe privilegio en esa publicación.

Lo dicho se refiere a la demanda en cuanto a los dos de-mandados pero tenemos que decir algo especial en cuanto al apelado Gintes. Es cierto que él no dijo en su declara-ción que el apelante realizó los actos libelosos y difamato-rios que una persona le atribuyó, pero no sólo publicó di-' chas manifestaciones sino que las dió por ciertas al mani-festar que por ese motivo le fué pedida la renuncia de su cargo.

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    In re José Ruiz de Val, querellado.
    No. 22.

    Sometido: Febrero 9, 1931.

      Resuelto: Marzo 28, 1932.

      C. Coll y Cuchí, abogado del querellado; B. A. Gómez, Fiscal del Supremo.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Antes de contraer su tercer matrimonio, Luis Riefkobl dió a su prometida, Lucía Morales, la suma de $40,000. De esta suma $34,000 pasaron a poder de Tomás Morales, her-mano de Lucía, quien hipotecó una finca para garantizar el pago de pagarés otorgados por esa cantidad. Estos paga-rés fueron librados al portador. Con anterioridad al ma-trimonio, Riefkobl y Lucía Morales otorgaron un contrato notarial titulado “Escritura de Capitulaciones Matrimonia-les.” El objeto de este documento, conforme se bizo eons-tar en el mismo, era identificar los bienes pertenecientes a cada uno de los futuros cónyuges. Contenía un inventario de los bienes pertenecientes a Riefkobl, ascendentes en su to-talidad a poco más de $200,000. En este documento Lucía Morales manifestó no poseer bienes de clase alguna y que por tanto ella nada aportaría al matrimonio. También re-conoció que los bienes inventariados pertenecían privativa-mente a Riefkobl, y convino en que solamente el producto de los mismos sería considerado como parte de los bienes gananciales. También se convino en que al disolverse el ma-trimonio el capital aportado por Riefkobl sería pagado pri-meramente y que el resto sería capital de gananciales, su-jeto a división.

A su fallecimiento, Riefkohl dejó bienes valorados en algo más de $300,000. En un testamento designó a la Sra. Rief-kobl como uno de sus albaceas. Sus herederos impugnaron la validez de la donación de $40,000 y alegaban que la finca, hipotecada por Tomás Morales y la vaquería dirigida por él habían pertenecido en realidad a Riefkobl. Morales enton-ces otorgó una escritura en que trataba de traspasar la finca hipotecada a su hermano Francisco Javier Morales, maestro de instrucción pública. Los pagarés y la hipoteca fueron cancelados y cuatro nuevos pagarés, cada uno por la suma de $10,000, fueron otorgados por el supuesto comprador de la finca y entregados a la Sra. Riefkobl. Estos pagarés es-taban expedidos también al portador y garantizados por una nueva hipoteca otorgada por dicho comprador. Los here-deros de Riefkohl entonces solicitaron la remoción de la Sra. Riefkohl de su cargo de albacea, fundándose en que ella es-taba ocultando o tratando de ocultar bienes pertenecientes a la sucesión.

La Sra. Riefkohl, representada por su abogado José Ruiz de Val, alegaba que los $40,000 le pertenecían privativamente e insistió al mismo tiempo en su derecho como esposa su-pérstite a gozar de un usufructo y de una participación en los bienes gananciales en adición a un legado de $15,000 de-jádole por testamento. Ella terminó sus relaciones con Ruiz de Yal y utilizó a otros abogados. Esos letrados le mani-festaron que no les gustaba el aspecto de la cuestión, que se trataba de una situación fea, y finalmente le aconsejaron que se conformara con los $40,000 y con unos $2,000 o más ya re-cibidos por ella a cuenta del legado. Sobre esta base se efec-tuó una transacción de la controversia entre la viuda y los herederos.

Un abogado de dos de los herederos, quienes no habían par-ticipado en la moción solicitando la destitución de la albacea, pero que estaban interesados en las negociaciones subsiguien-tes, declaró que él consideró el resultado como un arreglo magnífico, desde el punto de vista de los herederos. En un pleito instado por Ruiz de Val contra la viuda de Riefkohl en cobro de honorarios profesionales, aquél declaró que en su opinión la viuda tenía derecho a recobrar 40 o $50,000 por su participación en la herencia en adición a los $40,000 do-nados a ella antes de su matrimonio.

No hay duda respecto al carácter simulado de la supuesta enajenación hecha por Tomás Morales a su hermano Francisco Javier Morales. Todos los documentos notariales otor-gados al tiempo de este traspaso simulado fueron redacta-dos por Ruiz de Val. El manifiesta que Tomás Morales y la Sra. Riefkohl le consultaron acerca del supuesto traspaso, le hablaron sobre la reclamación de los herederos de Riefkohl con referencia a la verdadera pertenencia de los bienes en cuestión y le mostraron cierta documentación y correspon-dencia relativas a los méritos de tal reclamación; que des-pués de examinar los documentos así sometídosle él llegó a la conclusión de que los bienes pertenecían a Morales y le aconsejó que era innecesario efectuar un traspaso, pero que Morales insistió y el testigo finalmente le dijo que los bienes eran suyos y que él podía hacer lo que quisiera con ellos; que el testigo, le aconsejó a la Sra. Biefkohl y a Morales que no cancelaran la hipoteca y pagaré existentes pero que la Sra. Biefkohl insistió en que si la finca tenía que ser traspasada, debía otorgarse una nueva hipoteca que incluyera los inte-reses devengados y otras acreencias, y que el testigo creyó que nadie sería defraudado con el resultado de la supuesta transacción. En el pleito sobre honorarios de abogado Buiz de Val también declaró que la Sra. Biefkohl y Morales acu-dieron a él en solicitud de opinión respecto a la prudencia de traspasar la finca para ponerla a salvo de cualquier in-tento por parte de la sucesión Biefkohl; que el testigo les manifestó que antes de hacer el traspaso tendría que exami-nar la prueba en que. se basaba la reclamación de los here-deros de Biefkohl; que entonces ellos trajeron un legajo de correspondencia cruzada entre Morales y Luis Biefkohl, ciertos estados de cuenta y cheques por importantes sumas de dinero que habían sido hechos efectivos; que después de un estudio cuidadoso de estos documentos el testigo llegó a la conclusión de que era. innecesario hacer un traspaso de los bienes, especialmente en vista de que los pagarés librados al portador y garantizados con un gravamen sobre los bie-nes habían sido otorgados con el consentimiento de Biefkohl; que el testigo informó y aconsejó a Morales que el hecho de que Biefkohl fuera familia suya y le hubiera escrito acerca de la forma en que se llevó a cabo este negocio y de que le hubiera pasado estados de cuenta — lo que Biefkohl invirtió en el negocio, así como lo que éste producía, lo que según de-cía (Biefkohl) lo hacía en el terreno familiar, toda vez que él era su padre (¿hermano?) político — y el hecho de que Morales hubiese cambiado cheques librados por Biefkohl no significaba que Morales no fuera el dueño de la finca, ni que ésta perteneciera a los herederos de Biefkohl; y que él dijo a Morales que era innecesario hacer el traspaso, pero que Morales insistió.

Las declaraciones de la Sra. Biefkohl, de Tomás Morales, de la Sra. Morales y de sii hermano Francisco Javier Morales tienden persuasivamente a la conclusión de que al otor-gar el traspaso simulado, la nueva hipoteca y los nuevos pa-garés por la cantidad total de $40,000, ellos actuaron por consejo de Ruiz de Val dádoles como abogado de Tomás Morales y de la Sra. Riefkohl. La manifestación contenida en una carta escrita por Ruiz de Yal al ser notificado por la Sra. Riefkohl de que sus servicios como abogado no serían ne-cesitados por más tiempo, es suficiente para disipar cual-quier duda razonable a este respecto. Esa aseveración hecha mucho antes de darse comienzo al presente recurso de disbarment fué un recordatorio de que Ruiz de Val había co-locado a Tomás Morales y a la Sra. Riefkohl a cubierto de los supuestos derechos de los herederos de Riefkohl sobre la finca Sabana Llana. Si aconsejó y recomendó que se si-guiera tal curso, o si se allanó al mismo y cooperó con sus planes en su calidad de notario, es cuestión de menor impor-tancia. En uno u otro caso fué culpable de conducta impro-pia que no puede ser pasada por alto ni condonada al traerse a conocimiento de esta corte.

Poco después de efectuarse el traspaso simulado de la finca Sabana Llana, Ruiz de Val recibió de la Sra. Riefkohl la suma de $5,000 por la cual al día siguiente le expidió un recibo que lee como sigue: •

“He recibido de doña Lucía Morales vda. de Riefkohl la suma de orneo mil DOLLARS, como honorarios en la tramitación de un asunto personal de ella relacionado con la sucesión de don Luis Riefkohl Sandoz (Q. E. P. D.) en el cual se discute por dicha Suon. si pertenece a ésta o a la Sra. Morales la suma de TREinta y cuatro mil dollars en pagarés hipotecarios sobre finca del Sr. Tomás S. Morales en Sabana Llana, Río Piedras, siendo convenido que por dicha suma me obligo a terminar este asunto en forma satisfactoria para ella o sea en el sentido que dicha suma por ser de ella quedará en su poder y que no tendrá que reintegrarla.
“En relación con este asunto, podré disponer de dicha suma en todo caso para los efectos de una transacción por cualquier vía en el expresado asunto.
“Una vez terminado este asunto en forma definitiva, me sera devuelto el presente documento, todo lo cual firmo en Eío Piedras, P. R., a 19 de enero de 19.28, A. D.”

La Sra. Riefkohl declara que Ruiz de Yal le manifestó que él necesitaba este dinero para efectuar un convenio de transacción próximo a celebrarse; que el dinero le fue en-tregado a Ruiz de Val para este fin, no en pago de sus ser-vicios como abogado de ella; que su hermano Tomás Morales estaba en los Estados Unidos en aquel entonces y que ella no suscitó cuestión alguna acerca de la forma en que estaba redactado el recibo porque temía que cualquier pro-testa pudiera ofender a su abogado y perjudicar sus intere-ses en cuanto a los resultados que Ruiz de Yal le aseguraba estaban próximos a obtenerse. Tomás Morales .dice que su hermana le contó lo sucedido y le mostró el recibo a su re-greso de los Estados Unidos y que no le gustó la forma en que estaba redactado el recibo pero que aconsejó a su her-mana que esperara ulteriores acontecimientos antes de hacer protesta alguna.

Ruiz de Yal se refiere a una supuesta cuestión relativa a ciertas partidas que pudieron quizá haber resultado en el pago de los herederos de Riefkohl de una suma que variaría de acuerdo con las circunstancias entre 1 y $4,000. Su ex-plicación es que habría de recibir en pago de sus servicios la suma de $5,000 o la diferencia entre $5,000 y cualquier suma así pagada. En una carta fechada el 13 de marzo de 1929 la Sra. Riefkohl dice:

“Ahora bien, señor Ruiz de Yal, me desagradan los.pleitos y las luchas y a fin de poner término' a estos asuntos estoy dispuesta a darle dos mil dollars, o sea el doble de la suma en que han sido tasados sus servicios, y así podremos dejar resuelto para siempre este asunto. Si usted acepta me devolvería $3,000 de los cinco mil que Ud. sabe le entregué para que cobrara sus honorarios, invir-tiendo la mayor parte, o sea de $4,000 a $4,600 en la transacción que Ud. me dijo sería quizás conveniente llevar a cabo en el arreglo de mis asuntos con la sucesión.”

Cuando Ruiz de Yal instituyó su procedimiento en cobro de la suma de $14,000 por concepto de servicios profesiona-les prestados por él, la Sra. Riefkohl radicó una contrade-manda para recobrar los $5,000. El juez de distrito resol-vió que' los $5,000 habían sido entregados por la Sra. Rief-' kohl a su abogado para el fin alegado en la contrademanda' y dictó sentencia a favor de la Sra. Riefkolh por la suma total de $5,000 y a favor de Ruiz de Val por la suma de $2,000 como valor razonable de sus servicios. Ahora está pendiente ante esta corte la apelación contra esa sentencia.

Cualquiera que sea el resultado de la acción a-que nos acabamos de referir, la evidencia aducida en el actual pro-cedimiento, incluyendo el testimonio del mismo Ruiz de Val, demuestra que cuando la señora Riefkohl puso los $5,000 en manos de su abogado ella tuvo la idea de que por lo menos la mayor parte de esa cantidad la destinaría él al arreglo de la controversia pendiente con los herederos de Riefkohl. El documento en que Ruiz de Val, al siguiente día de la en-trega de los $5,000, acusó recibo de los mismos como hono-rarios de abogado, llegó como una sorpresa desagradable para su cliente. La declaración de Ruiz de Val dista mucho de demostrar la existencia de una necesidad verdadera para la entrega de este dinero en anticipación de un posible arre-glo sobre condiciones que hubieran requerido el pago inme-diato de varios miles de dólares. La evidencia en conjunto prácticamente excluye cualquiera teoría racional en cuanto a la existencia de tal necesidad. No estamos convencidos más allá de una duda razonable de que Ruiz de Val, valién-dose de una tergiversación directa de los hechos, indujo a su cliente a desprenderse de la posesión de los $5,000. En uno u otro caso, sin embargo, él dió a ella la impresión de que necesitaba el dinero, o a lo menos la mayor parte del mismo, a fin de efectuar una transacción. Entonces, después de ha-ber adquirido la posesión del dinero con ese fin primario, él acusó recibo del mismo como compensación de sus servicios profesionales.

No hemos pasado por alto el penúltimo párrafo del re-cibo. Puede admitirse que el documento es una nueva rela-ción desde distinto ángulo de lo que pudiera ser el resultado del entendido entre Buiz de Val y su cliente. Sin embargo, reveló con toda claridad at cliente por primera vez' un as-pecto de ese entendido que puede haber predominado en el ■pensamiento de Buiz de Val desde el principio, pero si así fué, se había mantenido a cubierto.

Lo menos que puede decirse de la transacción en conjunto es que carece de los rasgos resaltantes, del candor, la fran-queza, la integridad, la rectitud y la sinceridad de propó-sitos en que debe inspirarse la actitud de un abogado para con su cliente.

En marzo 1, 1928, Buiz de Val recibió de la Sra. Biefkohl la suma de $2,000 por la cual le expidió el siguiente recibo:

“José Buiz de Val, abogado notario, Pedro Arsuaga No. 6, Box 237, Teléfono 71, Bío Piedras, P. R. — -He recibido de doña Lucía Morales viuda de Biefkohl, dos mil dollars para colocárselos en pri-mera hipoteca al uno por ciento sobre terrenos de 38 cuerdas, barrio Frailes, G-uaynabo, Puerto Bico, en propiedad de don León Esquilín. Bío Piedras, 1 de marzo de 1928. (Fdo.) José Buiz de Val.”

Pocos días después Buiz de Val presentó a la ,Sra. Bief-kohl para su firma una escritura de hipoteca que iba a ser otorgada a su favor por León Esquilín, escritura que ella suscribió como acreedora hipotecaria. La supuesta hipo-teca nunca fué otorgada por León Esquilín. Sin embargo, posteriormente éste traspasó a Buiz de Val la finca que iba a ser hipotecada.

La Sra. Biefkohl expedía y entregaba a Buiz de Val re-cibos mensuales en los cuales ella acusaba recibo a León Es-quilín del pago de los intereses en plazos mensuales. En junio 30 Buiz de Val, que a la sazón se hallaba en París, dirigió a Tomás Morales una carta que contenía el siguiente párrafo:

“Para que se eviten las molestias del cobro de intereses de Es-quilín, he ordenado por carta a mi cuñado Enrique García le gire a Chía el importe.

Ruiz de Val dice que al ofrecerle el dinero a Esquilín éste, quien ya era deudor de Ruiz de Val, manifestó que el contraer esta obligación adicional solamente empeoraría su situación económica y que prefería venderle a Ruiz de Val; que la Sra. Riefkohl había sabido desde el principio que el testigo interesaba comprar la finca; que el testigo había tomado los datos para redactar la propuesta escritura de hipoteca de un edicto, que aparecía en un expediente de do-minio instituido por otro abogado a nombre de Esquilín; que posteriormente el testigo supo que el título no había sido inscrito en el registro de la propiedad; que en diversas oca-siones el testigo había explicado la situación a la Sra. Rief-kohl ; que al iniciarse las negociaciones el testigo había ofre-cido un pagaré suyo y en broma había sugerido los nombres de Cautiño o de don Manuel González como fiadores y la res-puesta fué “Su garantía me basta, Ruiz de Val, déselo y us-ted me responde”; que la Sra. Riefkohl sabía que el testigo era solvente; que el testigo tenía $50,000 invertidos en cierta finca en Río Piedras que estaba exenta de cargas; que el testigo también era dueño de 200 cuerdas, de terreno y su crédito en el banco era bueno; que la Sra. Morales tenía conocimiento de estas fincas y sabía que un simple recibo o un pagaré suscrito por el testigo era mejor garantía que 37 o 38 cuerdas de terreno; que luego cuando Esquilín enfermó gravemente, él otorgó o reconoció ante un notario cierto do-cumento; que desde el principio había sido entendido prác-ticamente entre el testigo y la Sra. Riefkohl que era la in-tención del testigo adquirir la finca y que el dinero le fué entregado al testigo a fin de facilitarle tal compra; que el testigo pagó los intereses por medio de cheques desde el primer plazo y tomó recibos a nombre de Esquilín; que la Sra. Riefkohl sabía que la hipoteca nunca había sido otorgada; que en una ocasión al quejarse ella de que otros deudores dejaron de cumplir sus obligaciones y al mencionar la nece-sidad que tenía de dinero, el testigo le manifestó que los $2,000 estaban a su disposición, asegurándole que él, de ser necesario, podía obtener el dinero en cualquiera otra parte a un tipo más bajo; que esto ocurría en septiembre, después de haber regresado el testigo del extranjero; que algunos meses después, al romperse las relaciones y al exigírsele la devolución de los $5,000, Tomás Morales recordó al testigo que él, Morales, tenía el recibo de Esquilín y podía utilizarlo en cualquier momento para hacer aparecer que el dinero de-bió haber sido garantizado con una hipoteca; y que el tes-tigo le contestó a Morales que podían hacer lo que les vi-niera en ganas.

Ruiz de Val dice también que le prestó el dinero a Es-quilín en el mes de marzo, antes de zarpar en mayo; que se otorgó un documento provisional, un pagaré garantizado con cierta garantía colateral; y que este documento fue suscrito ante el notario Ramón Rodríguez Flores. Entonces se pre-sentó como prueba un certificado. Este lee así:

"Por el presente Cektifico: Que en el libro de Registro de Affidavits a mi cargo existe la siguiente declaración: Affidavit No. 6310. — Seis Mil TRESCIENTOS Diez. — Río Piedras, Julio 17 de 1929. — (6310) León Esquilín, mayor de edad, viudo, propietario y ve-cino de Río Piedras, reconoce y ratifica su firma hecha en un docu-mento de liquidación de cuentas y compra de fecha 3 de abril de 1928, cuyo documento de liquidación se relaciona con el señor José Ruiz de Yal, que es mayor de edad, casado con Amalia García Uba-rri, propietario y abogado, de la misma vecindad, en cuyo documento consta que le cede una finca rústica radicada en el barrio de Mona-cillos de Río Piedras (conocido también, el barrio en parte donde está, la finca) por Los Frailes de 38.50 cuerdas, más o menos, en lindes por el norte con José Ruiz de Val; por el sur con Isabel Milian y; Sucesores Laborda éste con Hernáiz, Alegría y Sucesión de Pérez 'Hermanos; y por el oeste con José Ruiz de Val y Gervasio Solís — Río Piedras, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 1930. — (Fdo.) Ram'ón H. Rodríguez Flores, notario público de Puerto Rico. (Se-llo del notario) ’ ’

El pagaré, de haber sido otorgado por Esquilín y de estar insoluto, o el documento a que hace referencia el notario como liquidación de cuenta y compraventa, hubiera venido mucho más al caso. En la repregunta Ruiz de Val explica, sin embargo, que en el momento de efectuarse la liquidación de cuenta y compraventa, a Esquilín no le era posible en-tregar la posesión de la finca debido a ciertas cosechas en estado de crecimiento, una de las cuales era caña de azúcar, y que se convino en que Esquilín pagaría los intereses sobre los $2,000 por concepto de renta, durante la zafra en curso.

De acuerdo con la Sra. Riefkohl y con Tomás Morales, Ruiz de Yal no reveló el hecho de que nunca se otorgara la hipoteca hasta casi un año después de haberse llevado a cabo la negociación. Ellos dicen que le anticiparon dinero para sellos de rentas internas e inquirían frecuentemente con el objeto de obtener copia de la escritura de hipoteca; Ruiz de Yal les aplazó dándole varias excusas y que en distintas ocasiones les manifestó que el documento había sido presen-tado en el registro. La Sra. Riefkohl dice que él finalmente admitió que había retenido el dinero y que ofreció a ella un pagaré por el importe. Ruiz de Yal no dice que él entre-gara los $2,000 a Esquilín sin prueba documental de tal en-trega, ni es del todo probable que él lo hiciera así. Si Es-quilín en realidad recibió el dinero, debió haberse presen-tado prueba documental de ese hecho, o de lo contrario de-bió haberse explicado el no haberse presentado la misma. La situación en que Ruiz de Yal fué colocado por el testimo-nio de la Sra. Riefkohl y de Tomás Morales, corroborado en parte por el recibo de marzo 1, 1928, por el documento pre-parado y sometido a la Sra. Riefkohl para su firma y por la carta escrita en París exigen algo más que una certificación notarial respecto a la existencia de una liquidación de cuen-tas entre Esquilín y Ruiz de Yal en apoyo de la declaración de este último.

No tenemos motivo alguno para dudar que Ruiz de Yal fuera económicamente responsable y que los $2,000 estuvie-ran tan seguros en su poder como lo hubiesen estado de ser garantizados por una hipoteca sobre la finca de Esquilín.

Probablemente la Sra. Riefkohl hubiese estado bastante conforme con aceptar un pagaré de Ruiz de Yal en vez de una hipoteca, de habérsele hecho la oferta (según dice él le hizo) en marzo o abril de 1928, acompañada de una franca revelación del nuevo arreglo y de la liquidación efectuada con Esquilín, en vez de hacerlo, según dice la Sra. Riefkohl, casi un año después. No hubo intención por parte del abo-gado de defraudar a su cliente. Sin embargo, no debió ha-berla engañado al ocultarle el giro que las negociaciones de él con Esquilín habían tomado y al dejarla bajo la impre-sión de que la hipoteca había sido otorgada en la forma en que originalmente se había acordado. La naturaleza de las relaciones existentes entre abogado y cliente es tal que un engaño por parte del abogado a su cliente no puede ser ex-cusado por el motivo de que no fuera probable una pérdida pecuniaria para la cliente o de. que en realidad resultara de tal engaño.

Debido a su conducta impropia en conexión con las tres cuestiones discutidas anteriormente, se suspende a Ruis de Val del ejercicio de su profesión de abogado y.notario por un período de dos años.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Pascasio Fajardo Martínez, demandante y apelante, v. La Mercantil Schlüter & Co., Sucr., representada por su socio E. F. Schlüter, demandada y apelada.

      No. 5282.

    Sometido: Febrero 6, 1931.

      Resuelto: Marzo 28, 1932.

      Genaro Altieri, abogado del apelante; E. Campos dél Toro, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante trató de demostrar la existencia de una relación de principal y agente entre Américo Rodríguez y Ernesto Fernando Schlüter, haciendo negocios como Schlüter & Co., Suer., por la venta de contadores de agua marca “Niá-gara” al municipio de Mayagiiez, e igualmente trató de de-mostrar que Américo Rodríguez estaba autorizado por dicho Schlüter a nombrar a Pascasio Fajardo, el aquí deman-dante, como abogado de la ameritada demandada. La Corte de Distrito de San Juan declaró sin lugar la demanda.

[1,2>] Convenimos con el apelante en que la corte de distrito estaba equivocada al resolver que la declaración de un agente no es por sí sola suficiente prueba de la agencia. El Pueblo v. South Atlantic Fruit Co., 25 D.P.R. 665, y Quintana Reyes v. Lejeune, 37 D.P.R. 733, no resuelven tal cosa. En Cayuga v. Crédito y Ahorro Ponceno, 41 D.P.R. 457, tuvimos ocasión de corregir un error relativo a la misma cuestión. En otras palabras, la regla es que las declaraciones hechas a otras personas no son admisibles, pero que el testimonio del agente mismo podría tender a probar la agencia. Estas cuestiones fueron tratadas bajo los señalamientos de error 5 y 6.

La Corte de Distrito de San Juan entró en un análisis de la prueba, y el error, de haberse cometido, resultaría ino-fensivo.

Las declaración de Rodríguez tendió a revelar que se creó una agencia, mas el testimonio de Schlüter tendió' entera-mente a contradecir la existencia de dicha agencia. La prueba doeuínental del demandante no fué suficiente para contrapesar el balance así creado. Podemos fácilmente en-tender cómo Bodríguez pudo haber tenido la idea de que él representaría a Schlüter, con motivo de haber celebrado un número de entrevistas con este último y de que éste real-mente habló a Bodríguez sobre la venta de contadores de agua y celebró un convenio con él para tal venta. Sin embargo, lo que Bodríguez principalmente hizo fué tratar de anular la adjudicación de una subasta hecha por el munici-pio de Mayagüez. La prueba tendió a demostrar que Bodrí-guez y Schlüter hablaron acerca de la anulación de dicha ad-judicación. La tentativa de anular la adjudicación en Ma-yagüez fué hecha a nombre de Bodríguez, y conforme he-mos dicho, Schlüter negó rotundamente que al tratar de anu-lar la subasta Bodríguez fuera su agente. Aunque si éste fuera un caso de primera impresión podríamos tener alguna duda, el demandante no nos convence de que la resolución de la corte de distrito estuviera equivocada a este respecto.' Esto decide el primer señalamiento de error y por sí sólo sería suficiente para resolver el caso.

El segundo señalamiento de error es que la corte se equivocó al decir que Américo Bodríguez no tenía auto-ridad para designar un abogado. Sobre este punto tenemos muy poca duda a juzgar por la prueba de que Pascasio Fa-jardo dejó de cumplir con el deber impuéstole de demostrar que Schlüter autorizó a Bodríguez para designar un abo-gado. La evidencia a este respecto es bastante convincente. Sobre este punto la declaración de Schlüter está algo corro-borada por la de sus dos abogados, Campos del Toro y Francis. La verdadera anulación de la subasta se efectuó en San Juan, aparentemente a virtud de los esfuerzos realizados por Campos del Toro ante el Comisionado del Interior. El Sr. Francis fué finalmente a Mayagüez, conforme él y Schlü-ter declaran, para ayudar a Bodríguez, pero se hallaron con que Bodríguez-ya había designado al demandante. Uno de los argumentos de la demandada es que habiendo designado dos letrados que estaban permanentemente a su disposición no había necesidad para que ella nombrara un tercer letrado. Fácilmente podemos entender que la correspondencia total entre las partes fué sometida a Fajardo y éste pudo ha-berse forjado la idea de que Rodríguez tenía tal autorización, pero en realidad él debió haber confirmado esta idea. Cree-mos que él trató de hacerlo así, pero que no halló al Sr. Schlüter. No tenemos duda de que aun suponiendo que en realidad existiera una agencia para la venta de los contado-res o para la anulación de la subasta, no obstante, la auto-rización de Rodríguez para nombrar un abogado no fué pro-bada suficientemente. Esto resuelve los señalamientos de error 2 y 3.

El cuarto señalamiento de error alega que Schlüter ra-tificó el nombramiento de Pascasio Fajardo como abogado. No hallamos la prueba de ratificación suficientemente fuerte. En realidad hubo una carta fechada septiembre 8 de 1926 en la cual Schlüter felicitó a Rodríguez por haber “nuestro abogado” obtenido la anulación de la subasta. No obstante Schlüter explicó que esto se refería a Campos del Toro.

El sexto señalamiento de error se refiere a la actuación de la corte al decir que el caso de Lópes v. Sánchez, 22 D.P.R. 558, no tenía aplicación en el presente caso. Con-venimos con la apelada en que no la tiene. Ese caso fué resuelto a virtud de una moción de nonsuit y esta corte resolvió que la prueba era suficiente para sostener la demanda.

No se cometió error alguno al permitir que la deman-dada explicara la carta de septiembre 8 de 1926. Esto no es prueba oral para variar los términos de un contrato, y además el uso de las palabras “nuestro abogado” fué sufi-cientemente vago. En la carta no se mencionaba a Pascasio Fajardo y el demandante mismo tuvo que hacer la relación existente entre él y el letrado mencionado en la carta.

No hallamos error alguno y la sentencia debe ser confir-mada.


text:
    Tomás Robles, peticionario, v. Corte de Distrito de Guayama, Hon. Gabriel Castejón, Juez, demandada.
    No. 819.

    Resuelto: Marzo 28, 1932.

      G. Domínguez Rubio, abogado del peticionario.
   EN MOCION DE RECONSIDERACION

El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn caso en que la Comisión Industrial conce-dió a un obrero la suma de $247.50 como resultado de un accidente durante el cual el obrero recibió un golpe en el ojo derecho. La defensa del patrono, según inferimos, fué que como el obrero ya era ciego de su ojo derecho, un golpe en ese órgano no le daba derecho a recibir compensación. La teoría de la Comisión fué que el golpe produjo una des-figuración que dificultaría al obrero conseguir trabajo. En apelación, conforme revela su opinión, la corte de distrito no creyó que la prueba justificaba la decisión de la Comisión Industrial, mas confirmó la sentencia por otros fundamentos, de acuerdo con el caso de White Star Bus Line, Inc., v. Corte, 41 D.P.R. 532, y de conformidad con consideraciones generales. Empero, la corte llegó a la conclusión de que aunque el obrero era ciego, el accidente agravó el estado físico del ojo y dió por resultado su enucleación. De ahí que la resolución de la Comisión Industrial fuese confirmada.

Se presentó un recurso de certiorari ante esta corte. Tu-vimos la impresión de que el caso era similar a otros pre-sentados y mediante una resolución per curiam denegamos el auto, esencialmente por el fundamento de que aunque el procedimiento o la jurisdicción de la Comisión Industrial quizá podía ser atacado, la decisión de la corte de distrito no podía serlo. El peticionario, en una moción para recon-siderar, asume la posición de que está atacando el procedi-miento o la jurisdicción de la corte de distrito misma.

Lo que el peticionario sostiene es que cuando la corte de distrito resolvió que la Comisión Industrial estaba equivocada y que no había tal desfiguración que impidiera al obrero trabajar, dicha corte debió haber devuelto el caso para que la Comisión Industrial dictara una nueva resolución] que la corte de distrito no tenía jurisdicción para dictar una resolución independiente. El peticionario sostenía además, que la actuación de la corte privó a la Comisión Industrial de su jurisdicción.

El peticionario no nos convence de que la corte de distrito, al igual que este tribunal, no pueda dictar en apelación la decisión que el organismo inferior pudo o debió dictar, y el caso de White Star Bus Line, Inc., v. Corte, supra, sostiene esta conclusión.

No hemos perdido de vista el argaimento de que la corte no debió haber fijado una compensación tan baja, sino que juzgando la naturaleza de la lesión, debió haber concedido una indemnización dentro de un límite más elevado. Supo-niendo que esto fuera un error, el peticionario no nos con-vence que fuese de procedimiento o de jurisdicción.

La decisión de la Comisión fué confirmada, no importa cuál fuera el razonamiento de la corte de distrito. Por tanto, no nos desviamos mucho al resolver que no se había cometido error de procedimiento o de jurisdicción.

Debe declararse sin lugar la moción.


text:
    La O Flores Salazar, demandante y apelado, v. Angel Arroyo Rivera, María Aurora Estrada Espinet, demandados y apelados, y Juan Rivera Gutiérrez y Augusto Malaret, Registrador de la Propiedad de SaN Juan, Sección Primera, demandados y apelantes.
    No. 5195.

    Resuelto: Marzo 30, 1932.

      Luis Llorens Torres, abogado de los apelantes; B. Rivera Zayus, abogado del demandante apelado; E. Rincón Plmney, abogado de los demandados apelados.

      N©ta: Véase el prefacio.

   EN MOCION DE RECONSIDERACION

El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Hasta que una escritura sea efectivamente ins-crita su mera presentación en el registro necesariamente tiene el mismo efecto que la inscripción. El artículo 28 de la Ley Hipotecaria dispone:

“Se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta debe producir, la fecha del asiento de presentación, que de-berá constar en la inscripción misma.”

Las palabras “para todos los efectos que ésta debe produ-cir” indican que podría baber casos excepcionales, mas esto sería aplicable solamente a escrituras que por sí solas no te-nían derecho a ser inscritas. En otras palabras, la excep-ción indicada sería aplicable a casos en que el registrador por la escritura misma o por el conocimiento que él tuviere del registro, se negara a inscribir. Cuando en el caso de Pérez v. Colón, 40 D.P.R. 401, dijimos que un comprador no estaba obligado a examinar todos los libros del registro, en dicho caso una presentación se había convertido en una ins-cripción o se había fundido en ella. La presentación enton-ces era functus oficio. El asiento de presentación es un aviso implícito a todo el mundo hasta que el documento sea realmente inscrito. Una escritura, una vez presentada, si merece inscribirse, tiene todos los efectos de tal inscripción. Los efectos del artículo 1376 del Código Civil no deben de-pender de la rapidez con que el registrador suela inscribir una escritura. La intención de la Legislatura, según el ar-tículo 1376, claramente fué que en el caso de una doble venta tuviera lugar un certamen de diligencia y que el comprador que llegara primero al registro estuviera protegido en tanto en cuanto pueda protegerlo el registro. En ciertos casos, desde luego, el registro no es protección alguna, pero ese no es el caso que tenemos ante nos.

Debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.

El Juez Presidente Señor del Toro disintió.