author: Jueza Asociada Se-ñora Pabón Charneco,

text:
    Roberto Brito Díaz, Ángel Luis Sanabria Morales, Keila Colón Rivera, José C. Rodríguez Collazo, José Enrique Cruz Mercado, Nydia Luz Rivera Laporte, Marianita Palau, Carla Capalli Rosa, Ángel Torres y People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), recurridos, v. Bioculture Puerto Rico, Inc., Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), Departamento de Justicia, Junta de Calidad Ambiental (JCA), Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Departamento de Agricultura, Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), Municipio de Guayama, Ing. José Mateo Colón e Ing. Germán Torres Berríos, peticionarios.

      Números: CC-2011-929
    CC-2011-931

      Resueltos: 9 de diciembre de 2011

      Luis F. Román Negrón, procurador general, y Karla Z. pa-checo Álvarez, procuradora general auxiliar; Luis Sánchez Betances, de Sánchez Betances, Sifre & Muñoz Noya, C.S.P., Jorge Martínez Luciano y Emil Rodríguez Escu-dero, de M.L. & R.E. Law Firm, abogados de Bioculture Puerto Rico, Inc., codemandada peticioniaria.
   RESOLUCIÓN

A las mociones en auxilio de jurisdicción, a la moción en solicitud de autorización para comparecer como amicus curiae y a los recursos de certiorari en los casos de epígrafe, no ha lugar.

Notifíquese inmediatamente a las partes por teléfono, fax y por la vía ordinaria.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió un voto de conformidad, al cual se unió el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular de conformidad, al cual se unieron el Juez Presidente Señor Hernández Den-ton, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. La Jueza Asociada Señora Pa-bón Chameco emitió un voto particular disidente, al cual se unieron los Jueces Asociados Señor Rivera García y Señor Feliberti Cintrón. La Jueza Asociada Señora Pabón Char-neco y los Jueces Asociados Señores Rivera García y Feli-berti Cintrón declararían “con lugar” la moción en solicitud de autorización para comparecer como amicus curiae.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto de Conformidad emitido por el Juez Asociado Señor Martínez Torres, al cual se une el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo.

En esta ocasión debemos analizar si procede un recurso de injunction para paralizar una obra en la que el permiso de construcción está impugnado ante la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos. Como entiendo que procede el injunction, voto conforme con la decisión de este Foro de declarar “no ha lugar” los recursos presentados.

I

La empresa Bioculture Ltd. (Bioculture) se especializa en la crianza de primates, en particular, del macaco cangrejero. Estos primates se venden a empresas de desa-rrollo de nuevas tecnologías en la industria farmacéutica, biomédica y de alimentos. En el 2008 esta compañía se registró en el Departamento de Estado como Bioculture Puerto Rico, Inc., con el fin de comenzar sus operaciones en la Isla.

Con el aval de la Compañía de Fomento Industrial, Bio-culture comenzó a gestionar una serie de permisos para construir sus instalaciones en el barrio Pozo Hondo, en el municipio de Guayama. Para ello, contrató al Ingeniero José A. Mateo Colón. El 19 de diciembre de 2008, la Admi-nistración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) le expidió el permiso de construcción número 08CX2-CET-07702 a Bioculture. La construcción del centro de primates co-menzó en febrero de 2009. En reacción a la expedición del permiso, un grupo de residentes del municipio de Gua-yama manifestó su oposición al proyecto.

El 22 de abril de 2009, el demandante Roberto Brito Díaz instó una querella ante A.R.Pe. El 15 de mayo de 2009, esta agencia ordenó la paralización del proyecto, luego de identificar algunas deficiencias en el trámite de la expedición del permiso original. Posteriormente, Biocul-ture presentó una nueva solicitud de permiso el 15 de junio de 2009, esta vez acompañada de un Memorial Explicativo preparado por el ingeniero Germán Torres Berrios. A.R.Pe. aprobó ese nuevo permiso y lo notificó el 18 de junio de 2009.

El 21 de julio de 2009, el señor Brito Díaz y otros pre-sentaron un recurso de revisión oportuno ante la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones (J.A.C.L.). Solicitaron la revocación del permiso que A.R.Pe. expidió a Bioculture y la paralización inmediata de las obras de construcción. En oposición a esa apelación, Bioculture presentó una Solicitud de Desestimación en la que adujo que los apelantes carecían de legitimación activa. La resolución de la controversia se encuentra pen-diente aún en ese organismo.

Por otro lado, el 21 de agosto de 2009, los apelados pre-sentaron ante el Tribunal de Primera Instancia una “Soli-citud de Interdicto Preliminar y/o Permanente y Remedios Provisionales” contra Bioculture, A.R.Pe., la Junta de Ca-lidad Ambiental (J.C.A.), el municipio de Guayama, el in-geniero Mateo Colón y el ingeniero Torres Berrios.

En su solicitud de interdicto, el señor Brito Díaz y otros alegaron que el proyecto de Bioculture se construía en terre-nos reservados para la construcción de una carretera cono-cida como la PR-711. Además, manifestaron que el uso que se le pretende dar al proyecto sería de naturaleza industrial y, por lo tanto, no era cónsono con el uso estipulado para la calificación del área donde iba a ser construido. El predio estaba zonificado como área Rural General (R-G), por lo que se requería una consulta de ubicación al amparo del Regla-mentó Núm. 4 de la Junta de Planificación, aprobado el 11 de enero de 2009.

Por último, indicaron que por el impacto y riesgo signi-ficativo al ambiente que a su juicio representaba el pro-yecto, era necesaria la preparación de una Declaración de Impacto Ambiental, conforme a la Ley sobre Política Pú-blica Ambiental, Ley Núm. 416-2004 (12 L.P.R.A. sec. 8001 et seq.).

Además, el 28 de septiembre de 2009, el señor Brito Díaz y otros presentaron una Solicitud de Interdicto Preli-minar y/o Permanente y Remedios Provisionales Enmen-dada para, entre otras cosas, añadir una acción de acuerdo con el procedimiento especial establecido en el luego dero-gado Art. 28 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, Ley Orgánica de A.R.Pe., 23 L.P.R.A. sec. 72.

El 23 de diciembre de 2009, el foro primario emitió una sentencia en la que ordenó la paralización inmediata de la construcción del centro de primates. Fundamentó su deci-sión en que la crianza de monos no era urna actividad agrí-cola o agropecuaria, por lo que el uso propuesto no era con-forme a los permitidos para un distrito clasificado como R-G.

En desacuerdo con esa decisión, Bioculture y el Estado apelaron el 27 de enero de 2010. Luego de consolidar am-bos recursos, el foro apelativo intermedio confirmó la deci-sión del Tribunal de Primera Instancia de otorgar el inter-dicto especial establecido en el Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra.

Inconformes, Bioculture y el Estado nos solicitan me-diante recursos de certiorari que revoquemos a los foros recurridos y, en consecuencia, dejemos sin efecto el injunction especial.

II

A. En Plaza Las Américas v. N & H, 166 D.P.R. 631, 654 (2005), mencionamos que “[l]a plena validez de los per-misos que concede A.R.Pe. está sujeta a ciertas condiciones”. Precisamente, el Art. 31 de la Ley Núm. 76, supra, 23 L.P.R.A. sec. 72(c), discutido en Plaza Las Amé-ricas, vigente al dilucidarse esta controversia, establecía un plazo de 30 días para instar una apelación ante la J.A.C.L. En particular, el Art. 31 de la Ley Núm. 76, supra, disponía que una vez se presenta el escrito de apelación ante la J.A.C.L. y se notifica, “el organismo o funcionario de cuya actuación se apela, suspenderá todos los procedi-mientos ante sí, relativos a la actuación, determinación, o resolución de la cual se apela”.

Relacionado con lo anterior, precisa recordar que en Fuertes, Guillermety v. A.R.Pe., 130 D.P.R. 971, 981-982 (1992), mencionamos que la expedición de un permiso antes de que transcurran los 30 días que otorga el Art. 31 para apelar la resolución de A.R.Pe. que lo autoriza es ultra vires. Por lo tanto, una vez iniciada una apelación ante la J.A.C.L., los procedimientos ante A.R.Pe. se paralizan. Plaza Las Américas v. N & H, supra, pág. 655, citando a Fuertes, Guillermety v. A.R.Pe., supra, págs. 981-982. En el caso que nos ocupa, Roberto Brito Díaz y otros presentaron una apelación ante la J.A.C.L. dentro del término de 30 días que disponía el Art. 31 de la Ley Núm. 76, supra. Con ello, se suspendió la eficacia del permiso concedido. No es el Tribunal de Primera Instancia el que invalidó el permiso concedido. Su vigencia estaba suspendida por mandato del citado Art. 31 de la Ley Núm. 76. El tribunal se limitó a hacer cumplir ese mandato y evitar una construcción ilegal, como disponía el Art. 28, supra. Por eso me asombra que la disidencia ni tan siquiera mencione el Art. 31.

B. Como marco doctrinal introductorio, es necesario puntualizar que en A.R.Pe. v. Rodríguez, 127 D.P.R. 793, 806-807 (1991), señalamos que la intención del legislador al aprobar el Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, fue crear un procedimiento sumario. En específico, expresamos que el Informe de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes respecto al R de la C. 1065, Diario de Se-siones, Sesión Ordinaria 1953, Vol. II, T. II, pág. 1520, dis-pone:

El proyecto tiene por finalidad hacer aquellas reformas en la legislación, reglamentación y trámite relacionadas con los per-misos de construcción que la experiencia ha ido señalando es conveniente realizar para aclimatar dicha legislación y regla-mentación a las condiciones reales de Puerto Rico. Se agrega más adelante: “El procedimiento de imponer multas diarias no ha dado resultado efectivo en la práctica para evitar las cons-trucciones clandestinas y en sustitución del mismo en el Pro-yecto se establece un procedimiento especial mediante el cual se podría ordenar la paralización inmediata de obras clandestinas. Dicho procedimiento concede la oportunidad, a colindantes y vecinos que puedan ser afectados, de instar el mismo. Mediante ese procedimiento, a petición jurada ante un juez del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico de que se está construyendo una obra clandestina e identificando la misma y las personas violadoras, se puede obtener una orden provisional del tribunal dirigida a dichas personas requirién-dolas para que paralicen inmediatamente, bajo apercibimiento de desacato, la obra a que la petición se refiere, hasta tanto se ventile judicialmente su derecho. Se establece el trámite para este nuevo procedimiento el cual es sumamente rápido, econó-mico y en beneficio de ambas partes.

Así, pues, el Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, estableció un “mecanismo estatutario, independiente, especial, suma-rio y limitado [cuyo] propósito es hacer viable, mediante la paralización de usos [y] obras, la efectividad de las leyes y los reglamentos de planificación cuyo cumplimiento A.R.Pe. está obligada a fiscalizar”. Plaza Las Américas v. N & H, supra, pág. 646.

No podemos separar los conceptos construcción y uso. La ley no concibe que se conceda un permiso de construc-ción enajenado del uso que se le va a proporcionar a la edificación construida. Después de todo, nadie construye en el abstracto. Por eso, el derogado Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, se conceptualizó para paralizar “cualquier edifi-

do o uso, hechos o mantenidos en violación de este capítulo o de cualesquiera reglamentos adoptados conforme a la ley y cuya estructuración le haya sido encomendada a la Administración”. (Enfasis suplido.) La intención legisla-tiva fue “establecer un mecanismo sumario rápido, limi-tado a la obtención de órdenes para la paralización inme-diata, provisional o permanente, de obras o usos contrarios a la ley”. (Enfasis suplido.) A.R.Pe. v. Rodríguez, supra, págs. 807-808.

De igual manera, el Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, facultaba al administrador de A.R.Pe., al Secretario de Justicia, vecinos, propietarios u ocupantes perjudicados o que se podrían perjudicar, a instar recursos de interdicto, mandamus, nulidad y cualquiera otra acción adecuada o remedio disponible en ley para impedir, prohibir, anular, vacar, remover o demoler cualquier edificio o uso que se construya o mantenga en violación a la ley de A.R.Pe. A su vez, el artículo reglamentó el aspecto procesal que se tiene que cumplir para que proceda el remedio solicitado.

El procedimiento especial consagrado en el Art. 28, supra, lo podía utilizar una parte legitimada que mediante una petición jurada asegurase que determinada persona realizaba un uso u obra que violaba una ley o reglamento de planificación que a la A.R.Pe. le correspondía fiscalizar. La ley disponía que una vez una parte legitimada invoca este procedimiento, “el tribunal paralizará provisional-mente la obra o uso, y cumplidos los demás requisitos enu-merados en el estatuto, determinará si ha ocurrido la vio-lación alegada. En tal caso, se ordenará la paralización permanente del uso u obra, sujeta a las formas y condicio-nes que especifica el Artículo 28”. Plaza Las Américas v. N & H, supra, pág. 646.

Sin embargo, no debemos olvidar que el procedimiento especial consagrado en el Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, no desplaza la función administrativa, ya que se trata de un mecanismo provisional que requiere de una acción ulterior e independiente para adjudicar finalmente la controversia. Id. Además, ese procedimiento “no está sujet[o] a las normas de jurisdicción primaria ni el agota-miento de remedios administrativos”. íd.

III

Según el Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, la parte que interesare utilizar el remedio dispuesto en ese artículo te-nía que demostrar que estaba afectada por la construcción o uso ilegal. Es decir, tenía que establecer que contaba con legitimación activa para instar el pleito judicial. Ese crite-rio es cónsono con nuestros pronunciamientos en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R. 563 (2010).

Una lectura detenida de nuestra opinión en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, demuestra que la norma de justiciabilidad que recoge la Sec. 4.2 de la Ley de Procedi-miento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2172, y que interpretamos en ese caso, se fundamenta en la limitación constitucional que tienen los tribunales para atender sola-mente casos y controversias reales. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, pág. 574. Señalamos, entonces, que la parte que acude al tribunal tiene que demostrar “un interés sustancial en la controversia porque sufre o sufrirá una le-sión o daño particular que es causado por la acción adminis-trativa que se impugna ...”. íd., pág. 579. Inmediatamente, citando E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 (1958), reafirmamos la base constitucional de esta regla al afirmar que el requisito procesal indicado asegura que “ ‘re-solv[amos] controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas’ Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, págs. 571-572.

Es por esto que rechazo vehementemente el análisis de Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, que el hermano Juez Asociado Señor Estrella Martínez realiza en su Voto de conformidad. No se puede concebir el Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, como una llave maestra que permita que cualquier persona obvie los requisitos constitucionales de justiciabilidad y paralice la construcción de obras. La Asamblea Legislativa no tiene la facultad de relevarnos de las limitaciones de justiciabilidad que la Constitución nos impone y que reconocimos en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, así como en E.L.A. v. Aguayo, supra. El legislador no puede facultarnos a emitir opiniones consultivas. Por la misma razón, tampoco puede crear una acción judicial que esté divorciada del principio de legiti-mación activa.

Ahora bien, se desprende de nuestros pronunciamientos en Plaza Las Américas v. N & H, supra, pág. 647, que bastaba con que uno de los peticionarios del procedimiento del Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, tuviera legitimación activa para que pudiera solicitar el injunction. Esto tam-bién es consecuente con lo resuelto en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra.

En este caso, varios vecinos de Guayama figuran como demandantes, junto a la organización People for the Ethical Treatment of Animals (P.E.T.A.). A esta última se le reconoció legitimación activa para demandar porque uno de los recurridos alegó que es miembro de la organización.

A base de los requisitos constitucionales para establecer un caso y controversia, que explicamos en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, estas personas y P.E.T.A. no tie-nen legitimación activa para reclamar en el tribunal. Los individuos no establecieron que sufrieron daños reales y específicos debido a la construcción que Bioculture lleva a cabo. Se limitaron a alegar daños a la población general y a especular por la ansiedad y la angustia que supuestamente les provoca el destino de los animales que Bioculture alo-jará en las instalaciones en construcción. Por la misma ra-zón, P.E.T.A. tampoco demostró tener un daño claro, palpable, real, inmediato, preciso, que no sea general, abstracto, hipotético o especulativo. Además, si ninguno de los miem-bros de la organización tiene legitimación activa, la enti-dad tampoco puede demandar a su nombre. Id., págs. 572-573; Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559 (1989). Al respecto, P.E.T.A. y la mayoría de los recurridos no se diferencian de la fundación y el "vecino” a quie-nes no le reconocimos legitimación activa en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra.

Ahora bien, luego de un análisis minucioso de las trans-cripciones de las vistas celebradas ante el foro primario, es forzoso concluir que el Sr. José C. Rodríguez Collazo os-tenta legitimación activa. Su finca colinda en un extremo con la de Bioculture. Transcripción de Vista Evidenciaria de 9 de noviembre de 2009, pág. 78. En particular, este colindante del proyecto testificó que no ha podido vender parte de su propiedad debido a que tres compradores po-tenciales se arrepintieron tras enterarse de la construcción de las instalaciones de Bioculture:

P ... ¿Por qué más usted demandó? Concretamente[, ¿]qu[é] daño le causó a usted la construcción que lleva a cabo ....
R Me causa el daño, que cuando usted me dijo primero, yo desarrollé un proyecto allí ....
PAj[á],
R A la cual yo le pus[e] agua ....
P Unjú.
R Luz, carretera, y tenía tres compradoras] de par de esos solares y cuando escucharon de la cosa esta de los monos, des-pués se me arrepintieron. Y los tengo allí],] mire\,] muertos de la risa.
P Okey. O sea, la razón por [la] cual usted radicó este pleito es porque[,] según usted, usted no pudo vender un desarrollo de vivienda urbano, [¿]esa es su razón[?]
R .... (Enfasis suplido.) Transcripción, supra, págs. 98-100.

Con esta declaración incontrovertida, el señor Rodrí-guez Collazo demostró tener un daño económico claro, real, concreto y específico. Aunque más adelante señaló en el contrainterrogatorio que los edificios de Bioculture, por sí solos, no le molestan (Transcripción, supra, pág. 101), dejó establecido el daño económico que la construcción le causó, sin que la otra parte presentara prueba en contrario. Esa prueba directa, que el juzgador creyó, es suficiente para probar ese daño. Regla 110(D) de Evidencia, 32 L.RR.A. Ap. VI; S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 357 (2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799, 811 (2009); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001). Nuestra decisión en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, no dejó esa norma sin efecto ni requirió reglas evidenciarías distintas para probar el daño que le da legitimación activa a un reclamante.

Es evidente, entonces, que la norma sentada en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, sigue vigente con toda su fuerza. El anuncio de su muerte es una exageración, parafraseando la nota de Mark Twain de mayo de 1897, dirigida al New York Journal. Lo que diferencia este caso es que uno de los reclamantes logró probar un daño real, concreto, inminente y preciso, que no es especulativo, abs-tracto ni generalizado.

Así las cosas, como uno de los recurridos tiene legitima-ción activa, eso era suficiente para emitir el injunction con el objetivo de que Bioculture paralice la construcción hasta que la J.A.C.L., ahora Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos, dilucide los méritos de la reclamación presen-tada ante su consideración.

Ahora bien, tanto el foro primario como el Tribunal de Apelaciones erraron al dilucidar los méritos del permiso que A.R.Pe. concedió. Es decir, fue desacertado analizar y con-cluir que la clasificación agrícola del uso propuesto para los terrenos de Bioculture no permite la crianza de animales que estén relacionados a la agricultura tradicional. En esta etapa, esa facultad le pertenece exclusivamente a la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos. Tampoco está ante nosotros la bondad o el daño que se alegan que el proyecto propuesto puede tener. Lo único que había que dilucidar en el tribunal era si existía una construcción ilegal y si alguien estaba afectado por ella, lo que se probó. Bioculture está construyendo sin un permiso de construcción final. Eso es contrario a la ley. Por ende, procede el injunction para pa-ralizar la construcción hasta que la Junta Revisora resuelva la apelación en los méritos.

Lo anterior no significa que Bioculture queda impedida permanentemente de construir sus instalaciones. Mera-mente se mantiene el injunction hasta que la Junta Revi-sora de Permisos y Uso de Terrenos resuelva. De hecho, si la Junta Revisora y su antecesora, la J.A.C.L., no se hubie-ran tardado dos años en atender este asunto, el injunction habría sido innecesario.

IV

Debido a que la revisión de una sentencia se da contra la decisión y no contra sus fundamentos, voto conforme con la decisión de este Tribunal de declarar “no ha lugar” el recurso de certiorari. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 D.P.R. 657, 693 (2009); Pérez v. VPH Motor Corp., 152 D.P.R. 475, 487 (2000).

Voto de conformidad emitido por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez, al cual se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton y las Juezas Asociadas Seño-ras Fiol Matta y Rodríguez Rodríguez.

Por considerar que existen justificaciones de interés pú-blico que se extienden a las colindancias del proyecto de Bioculture, y por entender que los vecinos y colindantes cumplieron con los requisitos para obtener un remedio especial de paralización, estoy conforme con el resultado al-canzado por este Tribunal al denegar la expedición del auto de certiorari.

I

La corporación Bioculture Mauritius Ltd., entidad orga-nizada al amparo de las leyes de la República de Mauricio, se especializa en la crianza de monos de la especie Macaques Fascicularis (macaco cangrejero). Los primates que suple esta compañía los utilizan empresas de desarrollo de la industria farmacéutica, biomédica y de alimentos. Exa-minemos los serios errores, deficiencias y el patrón de irre-gularidades cometidos por Bioculture Puerto Rico, Inc. (Bioculture) por los cuales diversas agencias de la Rama Ejecutiva emitieron responsablemente el mismo remedio que eventualmente tuvo que adoptar también la Rama Judicial, a saber: la paralización temporera del proyecto de Bioculture.

Con el fin de comenzar operaciones en Puerto Rico, en el 2008, la compañía fue registrada en el Departamento de Estado como Bioculture Puerto Rico, Inc. Ese mismo año la compañía comenzó a gestionar los correspondientes permi-sos para la construcción de sus instalaciones en el barrio Pozo Hondo en el municipio de Guayama (Municipio). Así las cosas, el 19 de diciembre de 2008, la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) expidió el permiso de construcción. La construcción comenzó en febrero de 2009.

El 22 de abril de 2009, el Sr. Roberto Brito Díaz pre-sentó una querella ante A.R.Pe. Dicha agencia identificó deficiencias en el trámite de la expedición del permiso original. En consecuencia, ordenó la paralización del proyecto. Más adelante, Bioculture solicitó nuevamente el permiso de construcción, el cual fue otorgado el 18 de junio de 2009. En reacción a la expedición del permiso, un grupo de residentes del Municipio, así como otras organizaciones, manifestaron su oposición al proyecto.

El 21 de julio de 2009, el señor Brito Díaz y otros veci-nos del Municipio presentaron un recurso de apelación ante la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Loti-ficaciones (J.A.C.L.), actual Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos, según las disposiciones del Art. 28 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. sec. 72) (derogada). Los vecinos solicitaron la revocación del per-miso que expidió A.R.Pe. a Bioculture y la paralización in-mediata de las obras de construcción. En oposición a esta apelación, Bioculture presentó una solicitud de desestima-ción, aduciendo que los allí apelantes carecían de legitima-ción activa. El 14 de septiembre de 2011, Bioculture pre-sentó una moción ante la J.A.C.L. para solicitar que se atendiera el recurso, dado que la resolución de la contro-versia se encuentra aún pendiente en ese organismo.

El 21 de agosto de 2009, los recurridos presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia una solicitud de inter-dicto preliminar y remedios provisionales contra Biocul-ture, A.R.Pe., la Junta de Calidad Ambiental, el Municipio de Guayama y la Compañía de Fomento Industrial. Alega-ron que era necesaria una consulta de ubicación al amparo del Reglamento Núm. 4 de la Junta de Planificación, apro-bado el 11 de enero de 2009, ya que el uso del proyecto sería de naturaleza industrial. Por ende, no era cónsono con el uso estipulado para la calificación del área donde iba a ser construido. Además, plantearon que se requería una Declaración de Impacto Ambiental, conforme a la Ley de Política Pública Ambiental, Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970 (12 L.P.R.A. sec. 1121 et seq.), debido al riesgo signi-ficativo al ambiente que representaba el proyecto. También alegaron que el proyecto de Bioculture se estaba constru-yendo en terrenos reservados para la construcción de una carretera.

Esta solicitud fue enmendada el 28 de septiembre de 2009. Mediante la referida enmienda añadieron una causa de acción de acuerdo con el procedimiento especial que brinda el Art. 28 de la Ley Orgánica de A.R.Pe., supra. Específicamente, argüyeron la posibilidad de daños físicos, emocionales y de salud a los ciudadanos, además de daños a la agricultura y a la biodiversidad de la Sierra de Cayey, el Bosque Carite, incluyendo la Bahía de Jobos.

Lejos de presentar generalidades, entre otros argumen-tos, los demandantes plantearon que: (1) confrontan un pe-ligro ineludible a su seguridad y a varios problemas serios de salud; (2) el hábitat quedaría afectado debido al efecto negativo en la agricultura de la zona y a la biodiversidad del área; (3) existe un potencial daño a cosechas, habida cuenta de que uno de los demandantes es agricultor y su finca de 139 cuerdas colinda con la finca de Bioculture; (4) el proyecto atenta contra la fauna y la flora del área; (5) riesgos de enfermedades infecciosas asociadas a los primates; (6) se trata de un proyecto industrial que ocasionaría ruidos generados por miles de monos enjaulados y que re-sulta perjudicial a las áreas adyacentes; (7) se trata de una operación de más de 100,000 pies cuadrados no compatible con el distrito en cuestión y que provocaría un problema real de salubridad debido a las heces fecales que generan miles de monos confinados; (8) que los monos que Biocul-ture importaría, además de ser omnívoros, no son una es-pecie nativa y no son compatibles con el hábitat natural de Puerto Rico, al no contar con depredadores naturales; (9) el problema de propagación de esta plaga es real en Puerto Rico, al punto que el Gobierno ha tenido que implantar un programa para lidiar con dicha problemática; (10) el pro-yecto se está construyendo en una servidumbre de paso de la Carretera PR-711, y (11) el incumplimiento de la Junta de Calidad Ambiental con el Reglamento sobre Declaracio-nes de Impacto Ambiental.

El 23 de diciembre de 2009, el foro primario dictó una sentencia en la cual ordenó la paralización provisional de la construcción del centro de primates. La decisión estuvo fundamentada en que la crianza de monos no era una ac-tividad agrícola o agropecuaria, por lo que el uso propuesto para el proyecto de Bioculture no estaba conforme a los permitidos para un distrito clasificado como Rural General (R-G) en la reglamentación aplicable. Por ende, resultaba contrario a derecho que se permitiese mediante certifica-ción de A.R.Pe. la construcción del mismo, ya que se reque-ría llevar a cabo una consulta de ubicación. El foro prima-rio, basándose en la prueba presentada, consideró que los recurridos cumplieron con los requisitos del citado Art. 28, por lo que procedía el remedio de interdicto especial que éste provee, el cual es temporero.

Inconformes con el dictamen del Tribunal de Primera Instancia, tanto Bioculture como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.) presentaron sendos recursos de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. En éstos, solici-taron la revocación de la sentencia que dictó el foro primario. Ambos recursos fueron consolidados y el foro apelativo intermedio confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia, ya que procedía en derecho otor-gar el interdicto especial establecido en el Art. 28.

Nuevamente inconformes, Bioculture y el E.L.A. nos so-licitan que se deje sin efecto el dictamen que emitió el Tribunal de Primera Instancia y confirmó el Tribunal de Apelaciones.

II

El caso ante nuestra consideración es uno bajo el Art. 28 de la derogada Ley Núm. 76, que establecía lo siguiente:

El Administrador o el Secretario de Justicia en los casos en los que así se solicite a nombre del Pueblo de Puerto Rico, o de cualquier propietario u ocupante de una propiedad vecina, que resultare o pudiera resultar especialmente perjudicado por cualesquiera de dichas violaciones, además, de los otros reme-dios provistos por ley, podrá entablar recurso de interdicto, mandamus, nulidad o cualquier otra acción adecuada para im-pedir, prohibir, anular, vacar, remover o demoler cualquier edificio construido, o cualquier edificio o uso, hechos o mante-nidos en violación de este capítulo o de cualesquiera reglamen-tos adoptados conforme a la ley y cuya estructuración le haya sido encomendada a la Administración.
(c) Tendrán derecho a presen tar la petición los colindantes y vecinos que pudieren ser afectados por la violación y los fun-cionarios designados por los organismos gubernamentales que insten la acción, así como ingenieros o arquitectos que actúen como proyectistas o inspectores de la obra. (Énfasis nuestro.)

El procedimiento establecido en el mencionado articu-lado ha sido objeto de interpretación en diversas ocasiones por este Tribunal. El Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, autoriza a entablar el interdicto que provee como remedio para impedir el uso de un edificio o pertenencia en viola-ción de la ley o los reglamentos. A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816, 820 (1986). El procedimiento establecido por el Art. 28 es un mecanismo estatutario, independiente, especial, sumario y limitado que permite la paralización de las obras o los usos que violen la ley. Además, hace viable la efectividad de las leyes y los reglamentos que este orga-nismo está obligado a fiscalizar. A.R.Pe. v. Rodríguez, 127 D.P.R. 793, 808 (1991). En A.R.P.E. v. Ozores Pérez, supra, pág. 822, este Tribunal expresó que, en ocasiones, utilizar los procedimientos sumarios que buscan dar la debida pro-tección a la salud y al bienestar público, tal como el esta-blecido en este articulado, no se circunscribe exclusiva-mente a situaciones de emergencia. Además, es menester señalar que este mecanismo no desplaza la función admi-nistrativa, sino que es un mecanismo provisional. Plaza Las Américas v. N & H, 166 D.P.R. 631, 647 (2005).

No podemos perder de perspectiva que en el pasado he-mos descartado el planteamiento de que las doctrinas de jurisdicción primaria y de agotamiento de remedios admi-nistrativos impiden la concesión del remedio sumario del citado Art. 28. La disponibilidad del procedimiento suma-rio establecido en el referido artículo no está supeditada a las normas de jurisdicción primaria ni de agotamiento de remedios administrativos. Véase Mun. de Caguas v. AT & T, 154 D.P.R. 401 (2001).

El procedimiento se puede invocar cuando una parte alega, en petición jurada, que: (1) determinada persona está realizando un uso u obra; (2) dicha conducta viola una ley o un reglamento de planificación, y (3) A.R.Pe. tiene la obligación de velar por el cumplimiento de dicha disposición. Plaza Las Américas v. N & H, supra, pág. 646; A.R.Pe. v. Rivera, 159 D.P.R. 429, 445 (2003). Invocado el procedimiento especial, el tribunal paralizará provisional-mente la obra o el uso, y cumplidos los demás requisitos enumerados en el estatuto, determinará si ha ocurrido la violación alegada. Plaza Las Américas v. N & H, supra, págs. 646-647. De cumplirse con todos los requisitos, el tribunal ordenará la paralización. Id.

El propósito del Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, es proveer un mecanismo sumario rápido, independiente y complementario. A.R.Pe. v. Rodríguez, supra. Además, las órdenes de paralización solicitadas al amparo del procedi-miento especial del Art. 28 son un remedio independiente y diferente del interdicto tradicional. Así, bien, a diferencia del interdicto tradicional, el mecanismo que provee el Art. 28 no surge de la equidad, sino que se debe evaluar según su letra y la jurisprudencia interpretativa. Plaza Las Américas v. N & H, supra, pág. 650; A.R.Pe. v. Rivera, supra, pág. 444; A.R.Pe. v. Rodríguez, supra. De acuerdo con el Art. 28 no se requiere prueba de daños irreparables, sino sólo la determinación de que el demandado ha violado las disposiciones de la ley. A.R.Pe. v. Rivera, supra; Pueblo v. A. Roig, Sucrs., 63 D.RR. 18 (1944).

En el caso ante nuestra consideración, los recurridos lo-graron satisfacer los requisitos del Art. 28 y de su jurispru-dencia interpretativa. Los peticionarios, por su parte, nos invitan a adentrarnos en su corriente de errores, lo que conllevaría pasar por alto los claros y reiterados preceden-tes interpretativos del artículo. Ese ejercicio, o más bien omisión, conllevaría también aplicar una jurisprudencia ajena a la naturaleza de ese procedimiento especial, como lo es el caso Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R. 563 (2010). El citado caso atendió la legitimación activa desde el ámbito general del recurso de revisión judicial provisto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, se-gún enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Ad-ministrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.

No podemos ignorar que nos encontramos ante un pro-cedimiento especial independiente y distinto al tradicional, que no fue objeto de consideración en el citado caso. En Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, los peticionarios intentaron cuestionar una determinación final de A.R.Pe. en tomo a la aprobación de un proyecto con variaciones a los reglamentos de zonificación. En el caso ante nuestra consideración, no nos encontramos en dicha etapa procesal. Equiparar ambas situaciones constituiría desvir-tuar la naturaleza del procedimiento especial que el propio legislador le adscribió al Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra. ¿Por qué utilizar nuestra tinta para alterar los requisitos especiales que el legislador expresamente estableció en el Art. 28 y extender un precedente inexistente al momento de los peticionarios lograr su remedio de paralización? Máxime cuando nos encontramos ante un proyecto que ha sido altamente cuestionado por un informe final prove-niente de la propia rama de gobierno que estableció dicho articulado.

Examinemos la prueba que desfiló ante el foro primario para disipar cualquier duda relacionada a la procedencia del remedio cuestionado.

Los vecinos y colindantes recurridos presentaron el tes-timonio pericial del Prof. Elias Rodríguez, quien evaluó las solicitudes de permisos de construcción de Bioculture, de acuerdo con las normas de planificación aplicables. El pe-rito catalogó la actividad de Bioculture como industrial. Específicamente, destacó que los monos no se utilizan como alimento, fin de la agricultura. El contexto en el que está planteada la crianza de animales no forma parte de una actividad agrícola. Ciertamente, la crianza de los ani-males es para propósitos industriales. Véase Transcripción de la Vista de 30 de noviembre de 2009, págs. 44-46.

El perito Elias Rodríguez coincidió con la preocupación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales al indicar que

... el proyecto propuesto conlleva un efecto detrimental en la bi[od]iversidad de Puerto Rico. Eso no es cualquier persona la que está hablando en esa comunicación. Es la persona que está encargada por ley, el que los puertorriqueños selecciona-ron para que protegiera los recursos naturales y el medi[oa]mbiente. Y [é]l cumpliendo su función ministerial como Secretario de Recursos Naturales, emite una comunica-ción diciendo: “Este proyecto tendrá un efecto detrimental.” Transcripción de la Vista de 30 de noviembre de 2009, págs. 58-59.

Con relación al impacto ambiental real, el referido pe-rito testificó que

[e]l siguiente punto ... es la existencia de la reserva natural de la Bahía de Jobos. Como yo le dije, la reserva natural de la Bahía de Jobo[s f]orma parte del sistema nacional de reserv[a q]ue se utiliza para investigación. Es parte de los acuerdos con los que llegó el Estado Libre Asociado, el gobierno de Puerto Rico con el gobierno federal, cuando se le deleg[ó] hacer cum-plir la ley de zona de manejo zona costanera, Costa Sur Management Act. ... [D]esde la década del '70, el gobierno de Puerto Ric[o s]e comprometió [a] hacer cumplir ... dicha disposición. El gobierno de Puerto Rico estableció un plan de manejo de la zona costanera.
R Por lo tanto, esto es un recurso que está identificado, que tiene una reserva natural que es de alto valor ecológico, de alta importancia para el país, proteger sus recursos. Y él[,] por si solo, repito lo que dice ... el AP del reglamento: “Cualquier acción que puede impactar significativamente un área donde exista[n] recursos naturales, es de importancia.”
P ¿Y cómo esta acción puede impactar entonces la Reserva de la Bahía Jobos?
La va a contaminar.
P ¿Cómo?
R La va a contaminar con los químicos, con los residuos, ... con los fecales de los monos, etcétera, que va a estar depositán-dose sobre el terreno y cuando llueva, la lluvia va a lavar el terreno o se van a estar depositando ... infiltrfájndose a ese acuífero, y el acuífero va a descargar, parte del acuífero va ... descargando a la reserva, al Río Seco termina en el área de la Bahía de Jobos. Es el único tributario, el único río que desem-boca en la Bahía de Jobos. Así lo reconoce el plan de manejo de la reserva de la Bahía de Jobos.
P ¿Y qué relación tiene el Río Seco con la propiedad de Bio-culture?
La propiedad de Bioculture está dentro de la cuenca geográ-fica del Río Seco. La cuenca geográfica es el área superficial de terreno donde la lluvia que cae, termina en el cauce de ese río. (Enfasis suplido.) Transcripción de la Vista de 30 de noviem-bre de 2009, págs. 59-61.

Las aguas usadas que pretende utilizar Bioculture tam-bién fueron objeto de señalamientos por el perito de los recurridos al testificar lo siguiente:

Aquí el acuífero se va a ver afectado. Y se ve afectado de igual forma. Se ve afectado por los contaminantes que van a llegar al acuífero. Acuérdese que ellos dicen en el memorial explica-tivo ... que de los cuarenta mil (40,000) galones de agua diaria que ellos van a utilizar se espera que treinta mil (30,000) de ellos sean aguas usadas. Van a generar treinta mil (30,000) galones diarios en aguas usadas. Esas aguas usadas se van a manejar a través de pozos filtrantes que van a filtrar las aguas al terreno y de ahí se infiltra a subsuelo, al acuífero con el potencial obviamente de contaminarlo. (Enfasis suplido.) Transcripción de la Vista de 30 de noviembre de 2009, págs. 63-64.

Por último, el perito testificó también con relación al impacto en las utilidades públicas, el aspecto de la servi-dumbre de paso de la carretera, los recursos arqueológicos existentes y los riesgos de escape de los monos.

De la transcripción de la vista evidenciaría surge clara-mente que los demandantes demostraron ser vecinos y co-lindantes a quienes el proyecto podría afectar. Al así de-mostrarlo cumplieron con el requisito del Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, el cual, como mencionamos, concede legi-timación a vecinos y colindantes que pudieran verse afectados. En específico, el señor Brito Díaz testificó que vive desde hace trece años en el barrio Pueblito del Carmen, el cual queda cerca del proyecto. Véase Transcripción de la Vista de 9 de noviembre de 2009, pág. 63. De igual forma, el Sr. Ángel L. Sanabria Morales testificó ser legis-lador municipal y residente del barrio Pueblito del Carmen. íd., págs. 66-67.

Por su parte, el Sr. José Rodríguez Collazo testificó que es agricultor y dueño de una finca de ciento treinta y nueve cuerdas en el mencionado barrio Pueblito del Carmen en dónde vive hace quince años. Véase Transcripción de la Vista de 9 de noviembre de 2009, págs. 68-69. Fue estipu-lado que la mencionada finca colinda con el proyecto de Bioculture. Id. págs. 73-75. El señor Rodríguez Collazo, a preguntas de uno de los representantes legales de Biocul-ture, testificó acerca de cómo lo afecta el proyecto. Especí-ficamente, expresó que desarrolló un proyecto de viviendas en la finca colindante a la de Bioculture. A ese proyecto que desarrolló le puso agua y luz. Además, construyó una carretera. Tenía tres compradores, pero cuando éstos escu-charon del proyecto de los monos, se arrepintieron. Trans-cripción de la Vista de 9 de noviembre de 2009, págs. 99-100.

Así, también, el señor Rodríguez Collazo testificó que tenía planes para continuar desarrollando el resto de su finca, mediante la construcción de una hacienda, pero que debido a la situación con Bioculture lo ha detenido. Trans-cripción de la Vista de 9 de noviembre de 2009, pág. 100.

Otro testigo, el Sr. José Enrique Cruz Mercado, testificó que ha sido residente del barrio Pueblito del Carmen por toda su vida, y que su residencia queda cerca del proyecto de Bioculture. Transcripción de la Vista de 9 de noviembre de 2009, pág. 108. De igual forma, la Sra. Lydia Luz Rivera Laporte expresó en la vista que es residente del barrio Pue-blito del Carmen y que el proyecto estaba aproximada-mente a nueve minutos de su parcela. Id., págs. 111-112. La Sra. Margarita Palou Morales también testificó ser re-sidente de Pueblito del Carmen y que el proyecto estaba a una distancia de cinco minutos de su residencia. íd., págs. 113-114. Como vemos, la prueba testifical de la vista evi-denciaría logró establecer la posibilidad de que los vecinos y colindantes se vieran afectados. Reiteradamente hemos establecido que ante la ausencia de indicio alguno de que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error mani-fiesto, prejuicio, parcialidad o pasión al apreciar la eviden-cia desfilada, no intervendremos con la evaluación de la prueba que realizó el foro primario. López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 D.P.R. 92 (2011); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987); Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985).

La prueba presentada ante el Tribunal de Primera Ins-tancia y que el juzgador creyó demostró que los vecinos cumplieron con los requisitos del Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra. Más importante aún, para fines del procedi-miento especial del Art. 28 quedaron demostradas las vio-laciones a la reglamentación de planificación. Los terrenos en los que Bioculture pretende establecer su laboratorio industrial están clasificados como R-G, uno esencialmente agrícola. En consecuencia, los usos a ser permitidos en el distrito clasificado como R-G deben ser compatibles con sus propósitos.

No nos encontramos ante un proyecto agrícola. El 15 de mayo de 2009, la propia A.R.Pe. paralizó el proyecto de Bioculture “por entender que el proyecto conllevaría un la-boratorio de investigación con primates ...”. (Enfasis nuestro.) Véase Informe Final de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico sobre la R. del S. 513 de 10 de noviembre de 2009, 16ta Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria, pág. 9. La solicitud de la propia Bioculture, ante el Departamento de Agricultura, confirma la incompatibilidad de su fin primario con los primates al exponer que “se dedicará a la crianza, reproduc-ción y exportación de animales (SPF Gynos) y ala realiza- ción de proyectos de investigación en el campo de la biomedicina”.

Ante semejante cuadro, el Tribunal de Primera Instan-cia resolvió conforme a derecho al conceder el remedio pro-visto por el citado Art. 28.

Mientras tanto, siguen pasando los meses y la Junta Revisora ha optado por no actuar a la ligera, emulando al Tribunal de Apelaciones. Es su decisión, y no nuestra fun-ción, intervenir en esta etapa en su raciocinio. Ahora bien, mientras la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos emite su dictamen, es nuestro deber proteger el interés público y sostener el remedio temporero que concedió el foro primario y confirmó el Tribunal de Apelaciones.

Las acciones de paralización y de fiscalización responsa-ble de las propias agencias administrativas del Gobierno de Puerto Rico, me mueven a ser cauteloso a la hora de permitir la introducción de una colonia de miles de primates que podrían causar serios problemas a la agricultura, a la seguridad y a las propiedades, tal como ha surgido en el pasado en el litoral suroeste de Puerto Rico. Es el propio Gobierno que ha paralizado inicialmente dicho proyecto.

A modo de ejemplo, el 28 de abril de 2009, el Departa-mento de Recursos Naturales y Ambientales presentó una solicitud de investigación de querella bajo el número de caso 09CQ4-00000-01016 ante A.R.Pe. por la construcción de estructuras para una alegada crianza de animales sin permiso. El 15 de mayo de 2009, la A.R.Pe. inspeccionó la propiedad y encontró que el proyecto se encontraba en construcción. La agencia, responsablemente, lo paralizó. De igual forma, el 17 de julio de 2009, la Junta de Calidad Ambiental inspeccionó el área del proyecto, y el 29 y 30 de julio emitió dos Notificaciones por Violación a Bioculture, relacionadas con el Reglamento para el Control de los Des-perdicios Fecales de Animales; el Reglamento de Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos, y el Reglamento para el Control de la Inyección Subterránea. Véase Informe Final de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico sobre la R. del S. 513. Estos reglamentos inciden en las preocupaciones de salud, am-biente y seguridad que precisamente trajeron a la atención del Tribunal de Primera Instancia los colindantes y vecinos recurridos.

Ante la seriedad del cuadro de deficiencias e incumpli-mientos de Bioculture, la meticulosidad, la prudencia y la protección del interés público por encima de un interés pri-vado, constituyen un acierto y no un error.

En resumen, para fines de los requisitos del Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, considero que el Tribunal de Ape-laciones actuó correctamente al confirmar el dictamen del foro primario. No existen justificaciones de peso para con-ceder un auxilio de jurisdicción ni revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Las consideraciones económicas y privadas que plantea Bioculture no me motivan a revocar un remedio provisional que protege al interés público. En atención a lo antes intimado, estoy conforme con el curso tomado por los compañeros y compañeras de la mayoría de este Tribunal.

r*H I — ! HH

Por las razones anteriormente expuestas, es mi criterio que no procede expedir el auto de certiorari en los casos de epígrafe ni paralizar el efecto del interdicto especial emitido.

Voto particular disidente emitido por la

Jueza Asociada Se-ñora Pabón Charneco,

al cual se unen los Jueces Asocia-dos Señor Rivera García y Señor Feliberti Cintrón.

Diñero del proceder de una mayoría de miembros de este Tribunal que decide denegar las mociones en auxilio de jurisdicción y los recursos de certiorari presentados en los casos de autos. Esta decisión tiene el efecto de mante-ner vigente un injunction permanente contra una parte in-volucrada en un pleito de alto interés público.

A su vez, hoy una mayoría del Tribunal permite que una parte que posee un permiso de construcción de las agencias pertinentes, que no ha sido invalidado por el ente con ju-risdicción exclusiva para ello, quede impedida permanente-mente de continuar construyendo unas instalaciones en las cuales se han invertido millones de dólares. En el camino, se trastoca la confianza en nuestras instituciones y en nuestro ordenamiento jurídico, el cual debe aspirar a ga-rantizar un ambiente de uniformidad y consistencia en la aplicación del Derecho.

Lamentablemente, para llegar a esta conclusión, una mayoría del Tribunal trastoca nuestra normativa en cuanto a legitimación activa en procedimientos administrativos. Peor aún, en uno de los votos emitidos hoy se utilizan facto-res exógenos al Derecho y escenarios que no surgen de los autos —que involucran simios fugitivos rondando por la Isla destruyendo cosechas agrícolas— para llegar a su conclusión. Por las razones que discuto a continuación, me veo en la obligación de disentir respetuosamente de la deci-sión que toma hoy el Tribunal.

I

El origen de los casos de autos se remonta al 2006, cuando el Gobierno de Puerto Rico comenzó una campaña para promocionar la Isla como un Centro de Desarrollo de la Economía del Conocimiento. En esencia, se diseñó un plan para incentivar la inversión en Puerto Rico de compa-ñías especializadas en el campo de la biotecnología. Entre las entidades interesadas en invertir en Puerto Rico se en-contraba la compañía Bioculture Mauritius Ltd. (en ade-lante B.M.). Esta entidad se dedica a la crianza de primates de la especie macaco cangrejero (macaca fascicularis), los cuales son utilizados por diversas empresas para estu-dios científicos. Atraída por la campaña del Gobierno de Puerto Rico, en febrero de 2008, B.M. organizó la corpora-ción subsidiaria Bioculture Puerto Rico, Inc. (en adelante Bioculture) para dirigir y coordinar su inversión en la Isla.

Así las cosas, luego de gestiones realizadas por Biocul-ture, la entonces Administración de Reglamentos y Permi-sos (en adelante A.R.Pe. expidió en diciembre de 2008 un permiso de construcción para un centro de operaciones de primates en el municipio de Guayama. Este centro co-menzó a construirse en febrero de 2009.

Para esa misma fecha, un grupo de vecinos del municipio de Guayama, dirigidos por Roberto Brito Díaz y varias or-ganizaciones tales como People for the Ethical Treatment of Animals (en adelante P.E.T.A.), presentaron una Querella ante A.R.Pe. en la cual cuestionaron el otorgamiento del permiso de construcción. A.R.Pe. ordenó la paralización del proyecto al identificar algunas deficiencias en el trámite de otorgación del permiso original. Luego de corregir las defi-ciencias y gestionar un nuevo permiso, A.R.Pe. lo otorgó en jimio de 2009. Inconformes, el grupo de vecinos apeló la otorgación del permiso ante la entonces Junta de Apelacio-nes sobre Construcciones y Lotificaciones (en adelante J.A.C.L.). Esta apelación aún está pendiente ante la agencia.

Aún inconformes, y sin haber concluido los trámites ad-ministrativos a nivel apelativo, los vecinos (en adelante re-curridos) presentaron una Demanda ante el Tribunal de Primera Instancia al amparo del Art. 28 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio 1975, según enmendada, conocida como Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permi-sos, 23 L.P.R.A. sec. 72. Luego de realizar vistas evidencia-rías durante los meses de noviembre y diciembre de 2009 y concluir que los recurridos poseían legitimación activa para entablar el pleito, el foro de instancia ordenó la para-lización permanente de la construcción de Bioculture. En síntesis, el Tribunal de Primera Instancia sostuvo que el uso que se le daría a las facilidades en construcción no era compatible con la clasificación de los terrenos del área, por lo cual procedía la paralización del proyecto.

Insatisfechos, en enero de 2010, Bioculture y el Gobierno de Puerto Rico recurrieron al Tribunal de Apelaciones. A solicitud de los peticionarios, el foro apelativo intermedio dejó sin efecto la Orden de Paralización que dictó el Tribunal de Primera Instancia mientras atendía la Apelación presentada. Luego de tener esta Apelación ante su conside-ración por casi dos (2) años, el Tribunal de Apelaciones emi-tió una Sentencia el 30 de septiembre de este año en la cual confirmó el dictamen del foro de instancia En síntesis, el foro apelativo intermedio concluyó que la evidencia presen-tada por los recurridos satisfizo el requisito de legitimación activa del Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, y que la regla-mentación aplicable no permitía la construcción de las ins-talaciones de Bioculture para el uso propuesto.

A posteriori, el 17 de noviembre de 2011, Bioculture y el Gobierno de Puerto Rico recurrieron ante este Foro me-diante dos (2) recursos de certiorari. A la misma vez, pre-sentaron dos (2) mociones en auxilio de jurisdicción en las cuales solicitaron que dejáramos sin efecto la Orden de Pa-ralización Permanente emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

II

Los peticionarios sostienen que los recurridos del caso de autos carecen de legitimación activa para entablar el pleito. Como sabemos, los tribunales en Puerto Rico solo pueden ejercer su función judicial ante casos y controversias. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). Uno de los requisitos para que exista un caso justiciable es que las partes que solicitan acceso al foro judicial, ya sea en casos civiles o en procedimientos administrativos, ostenten legitimación activa. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R. 563 (2010); Crespo v. Cintrón, 159 D.P.R. 290 (2003); Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 D.P.R. 327 (2000); Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 716 (1974). Este requisito asegura a los tribunales que los promoventes de un pleito en particular tienen un genuino interés en resolver la controversia, por lo cual defenderán sus posturas vigorosamente y traerán ante la consideración de los tribu-nales todos los asuntos pertinentes. Crespo v. Cintrón, supra, pág. 299.

Como norma general, una parte posee legitimación ac-tiva si cumple cuatro requisitos, a saber, que: “(1) ha su-frido un daño claro y palpable; (2) el referido daño es real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; (3) existe conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejerci-tada, y (4) la causa de acción surge bajo el palio de la Cons-titución o de una ley.” (Enfasis suplido.) Col. Peritos Elec. v. A.E.E., supra, pág. 331.

Recientemente nos expresamos en cuanto al significado del requisito de legitimación activa en procedimientos administrativos. En Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, establecimos que una parte posee legitimación activa para presentar un recurso de revisión judicial al amparo de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmen-dada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq., si (1) es parte del proceso y (2) fue adversamente afectada por la decisión de tura agencia administrativa. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, págs. 575-576. A su vez, concluimos que una parte adver-samente afectada es aquella que “tiene un interés sustan-cial en la controversia porque sufre o sufrirá una lesión o daño particular que es causado por la acción administra-tiva que se impugna mediante el recurso de revisión judicial. El daño tiene que ser claro, específico y no puede ser abstracto, hipotético o especulativo”. (Enfasis suplido.) íd., pág. 579.

A pesar de que en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, analizamos el requisito de legitimación activa en procedimientos administrativos, los fundamentos que allí discutimos son de igual aplicación a casos civiles ordinarios. A su vez, y a diferencia de lo que concluye el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en su voto de con-formidad, la normativa de Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, aplica al derogado Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra. El texto del artículo establecía que tendrían de-recho a solicitar la acción estatuida “los colindantes y veci-nos que pudieren ser afectados” por la alegada violación a los reglamentos de A.R.Pe. (Énfasis suplido.) 23 L.P.R.A. sec. 72(c). Al utilizar ese lenguaje, el propio texto del dero-gado artículo establecía que los colindantes y vecinos ten-drían que demostrar que, de alguna forma, habían sido o podían ser afectados por la construcción que impugnan.

El lenguaje del Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, es similar al de la Sec. 4.2 de la Ley Núm. 170, supra, 3 L.P.R.A. sec. 2172, que fue objeto de interpretación en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra. Esa sección esta-blece que solo podrá solicitar revisión de una orden o reso-lución final de una agencia aquella parte que sea adversa-mente afectada por esta. 3 L.P.R.A. sec. 2172. Ciertamente, no se requiere que los vecinos o colindantes que compare-cen al tribunal al amparo del Art. 28 demuestren un daño de naturaleza irreparable. Sin embargo, están obligados a demostrar que fueron o serán afectados por la construcción

que impugnan. A.R.Pe. v. Rivera, 159 D.P.R. 429, 443 (2003); A.R.Pe. v. Rodriguez, 127 D.P.R. 793, 808 (1991). Por ende, los vecinos y colindantes deben cumplir con los requisitos de legitimación activa esbozados en nuestra ju-risprudencia, incluso lo decidido en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra. Como muy bien señala el compañero Juez Asociado Señor Martínez Torres en su voto de confor-midad, resolver lo contrario convertiría al Art. 28 en un amuleto mágico que permitiría a una sola persona obviar los requisitos de legitimación activa y paralizar permanen-temente la construcción de proyectos.

En el caso de autos, existe un serio cuestionamiento en cuanto a si los vecinos-recurridos poseen legitimación ac-tiva para sostener un pleito al amparo del Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra. Surge de los recursos que varios de los recurridos alegaron ser “vecinos” del área de Guayama, pero no se establece si sufrieron daños concretos debido a la construcción de las instalaciones de Bioculture. A con-trario sensu, las alegaciones de la Demanda presentan da-ños generalizados o especulativos, como por ejemplo, “la ansiedad, la angustia, que provoca el conocer que estos animales al arrebatarlos de su ambiente y al mantenerlos en cautiverio estarán sufriendo daños emocionales severos”. Apéndice del Certiorari CC-2011-931, págs. 126-127.

Por otra parte, surge de los autos que durante las vistas evidenciarías de noviembre y diciembre de 2009 ante el Tribunal de Primera Instancia, los recurridos se limitaron a testificar su nombre y dirección, sin detallar cuáles daños sufrirían a causa de la construcción de Bioculture. A la organización P.E.T.A., por su parte, se le reconoció legiti-mación activa porque uno de los recurridos alegó, sin más, ser miembro de esta. Ello es contrario a nuestra normativa en la cual hemos establecido que una organización puede demandar a nombre de sus miembros, pero que “tienen la obligación de alegar que los daños sufridos por uno o más de los socios dan lugar a una causa de acción justiciable que cualquiera de ellos podría incoar en los tribunales”. (Énfasis suplido.) Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559, 565 (1989).

A pesar de estos cuestionamientos, algunos miembros de este Tribunal quedan convencidos que por lo menos uno de los recurridos del caso de autos posee legitimación ac-tiva para llevar el pleito. Se trata de un colindante, quien alegó en la vista evidenciaría de 9 de noviembre de 2009 que había sufrido daños económicos a causa de la construc-ción de Bioculture y que sufrirá otros tipos de daños una vez la compañía comience sus operaciones. En específico, se deduce de la transcripción de la vista que el colindante testificó lo siguiente:

P ... ¿Po[r q]ué más usted demandó? Concretamente qu[é] daño le causó a usted la construcción que lleva a cabo ....
R Me causa el daño, que cuando usted me dijo primero, yo desarrollé un proyecto allí ....
PAjá.
R A la cual ya le pus [e] agua ....
P Unjú.
R Luz, carretera, y tenía tres compradoras] de par de esos solares y cuando escucharon de la cosa esta de los monos, des-pués se me arrepintieron. Y los tengo allí, mire\j] muertos de la risa.
P Okey. O sea, la razón por cual usted radicó este pleito es porque según usted, usted no pudo vender un desarrollo de vivienda urbano, [¿]esa es su razón[?].
R Sí y por la agricultura que yo tenía unos planes ahora para continuar con el resto de la finca con una hacienda que quería hacer y eso pues me ha aguantado, licenciado.
P No, pero expl[í] queme entonces c[ó]mo el proyecto de Bio-culture concretamente afecta su actividad agrícola.
R Entiendo por es [o] de los animales, de los monos de esos, como quiera yo he oído tantos rumores de lo que está ocu-rriendo por allá en Lajas y esos sitios pues, entiendo que eso me va a afectar a mis siembras también.
P Esc[ú]cheme la pregunta, ¿verdad que allí no hay monos al día de hoy?
R No.
P Allí se construye[n] unos edificios.
R Exacto.
P ¿La construcción de esos edificios, de qué manera le afecta a usted en su desarrollo urbano o actividad agrícola?
LCDO. MELENDEZ ZAYAS: Preguntada contestada.
HONORABLE JUEZ: No, conteste. No lugar a la objeción. Conteste.
TESTIGO: Bueno, el edificio como tal no me molestarla] en nada.
POR EL LCDO. MARTINEZ LUCIANO:
P Eso es lo que ... los edificios como tal, no le molestan en nada.
R Como tal.
P ¿Y está conciente [sic] que lo que usted está impugnando en este caso es ese permiso de construcción y esos edificios? ¿Correcto?
R Unjú.
P No le afectan en nada.
R Los edificios no me molestan.
P No tengo más preguntas. Transcripción Vista Evidencia-ría 9 de noviembre de 2009, págs. 98-101.

Es en este testimonio que algunos miembros del Tribunal quedan convencidos de que el colindante-recurrido del caso de autos cumple con los requisitos de legitimación ac-tiva esbozados en nuestra jurisprudencia para conceder un injunction permanente. Respetuosamente, no comparto esa conclusión. Prima impressionis, este testimonio levanta diversas interrogantes y dudas sobre la naturaleza del daño alegadamente sufrido por el colindante que me impiden identificar un daño claro y palpable.

Ello es así porque, según este testimonio, quedan sin respuestas preguntas tales como: ¿Quiénes eran los alega-dos compradores de los terrenos desarrollados? ¿Qué evi-dencia, más allá de sus alegaciones tiene el colindante sobre la razón de los alegados compradores para desistir de la venta? ¿Cuán serias fueron las ofertas de compra? ¿En qué etapa se encontraban las alegadas negociaciones cuando los alegados compradores se enteran sobre “la cosa esa de los monos”? ¿Las alegadas ofertas fueron retiradas a causa de la construcción de los edificios de Bioculture o debido al futuro uso de estos? ¿Ha tenido otras ofertas desde que comenzó la construcción de Bioculture? Todas estas interrogantes me hacen imposible concluir que el ale-gado daño sufrido por el colindante es claro y específico: faltan eslabones en la cadena para demostrar que el daño es lo suficientemente rastreable hasta llegar a la construc-ción que lleva a cabo Bioculture en Guayama.

Peor aún, los posibles daños agrícolas que alega el colin-dante son la encarnación de la especulación. Es impresio-nante que ante estas dos (2) alegaciones, una especulativa y una que levanta más interrogantes que certezas, algunos miembros de este Tribunal concluyan que el colindante de-mostró sufrir un daño claro, específico y que no resulte abs-tracto, hipotético o especulativo. Meras opiniones y conclu-siones no pueden mágicamente conferir legitimación activa. No podemos permitir que las cuestiones de legitimación activa se conviertan en un “ingenioso ejercicio académico de lo concebible”. Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555, 566 (1992), citando a United States v. Students Challenging Regulatory Agencies Procedures (SCRAP), 412 U.S. 669, 688 (1973).

Más preocupante resulta que algunos miembros del Tribunal le reconozcan legitimación activa a este recurrido cuando la tinta de un precedente tan reciente como Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, todavía está fresca. En ese caso sostuvimos que un demandante que alegó que una construcción en Rincón tendría el efecto de “ ‘rompe [r] la armonía y altera [r] las características de su vecindario’ ”, id., pág. 588, y que entendía que agravaría un problema de distribución de agua en la comunidad, no cumplía con los requisitos de legitimación activa. Sustentamos ese proce-der en que era insostenible reconocerle legitimación activa a una persona que presenta tales alegaciones tan impreci-sas y generales.

La norma de Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, tiene que significar algo. No se puede sostener que pala-bras tan contundentes como “claro”, “específico” y daños “no hipotéticos, abstractos o especulativos” sean sellos cuyo significado está sujeto a lo que en determinado día en-tienda una Mayoría de los miembros de este Foro. “Este Tribunal debe ser puntillosamente consecuente con su pro-pia doctrina. No puede, como una Penélope jurídica, deste-jer en la oscuridad de la noche lo que tejió por el día .’’López y otros v. Porrata y otros, 156 D.P.R. 503, 529 (2002), opi-nión disidente del Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Nuestros precedentes no solo se mantienen vigentes mientras no sean revocados, sino mientras exista la con-fianza de que estos serán aplicados consistentemente por los tribunales, particularmente por este Tribunal. Me sos-tengo en que la alegación del colindante no cumple con el requisito de demostrar un daño claro, específico, palpable y no especulativo. A contrario sensu, es especulativa la con-clusión de que con treinta y cuatro (34) palabras en una transcripción de una vista evidenciaría, sin más, se le reco-nozca legitimación activa a una sola persona, lo cual tiene el efecto de paralizar permanentemente una inversión de mi-llones de dólares. No puedo validar con mi voto ese proceder.

III

Por otra parte, me veo en la obligación de expresarme en cuanto a la metodología de adjudicación utilizada por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en su voto de conformidad.

Los jueces debemos ser conscientes de la metodología que utilizamos para cumplir con la facultad que nos ha sido delegada por la Constitución y las Leyes. Obviamente, no existe un modelo de metodología adjudicativa perfecto e incuestionable. Después de todo, debemos recordar que la vida de la Ley no ha sido dictada por la lógica, sino por la experiencia humana Por ende, es de vital importancia que los juristas tengamos como base algún modelo de me-todología de adjudicación.

Mi metodología adjudicativa me obliga a resolver las con-troversias que se presentan ante este Tribunal utilizando el Derecho como única fuente. En el esquema constitucional en el que vivimos, la Rama Judicial debe velar por guardar celosamente su rol de resolver casos conforme a Derecho. Y lo que es el Derecho no se encuentra en ponencias que una agencia presentó ante la Rama Legislativa. Mucho menos son fuente de Derecho las decisiones de política pública que toma la Rama Ejecutiva. Todos estos son factores exógenos a las herramientas que contamos para resolver casos: la Ley escrita y nuestros precedentes.

La toga que ostentamos impide que nos convirtamos en entes formuladores de política pública. En nuestro es-quema constitucional, ese rol se le ha reservado a otras ramas del Gobierno. Así, cuando ante este Foro comparece una parte, y argumenta que en Derecho procede que se falle a favor suyo, no podemos utilizar fuentes que van más allá del Derecho para resolverle en contra. Estas fuentes contaminan la sagrada labor constitucional de este Tribunal.

Toda vez que conozco mi metodología adjudicativa y mi rol como Jueza, no puedo tomar una decisión amparándome en informes presentados ante la Cámara de Representantes ni especular en cuanto a simios ruidosos o fugitivos que de-vastan el panorama de la Isla, ni “adoptar” en el vacío las posiciones de agencias de la Rama Ejecutiva. No nos in-cumbe a nosotros como juristas “ser cauteloso [s] a la hora de permitir la introducción de una colonia de miles de primates que podrían causar serios problemas a la agricultura, a la seguridad y a las propiedades” de personas. Opinión de con-formidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez, pág. 744. Ese juicio de política pública está exclusivamente enco-mendado a otras ramas del Gobierno. Nuestro rol es deter-minar si las actuaciones de estas Ramas han sido conforme al Derecho vigente. Respetuosamente, este augusto Tribunal no se puede convertir en una segunda Asamblea Legislativa. Tampoco debe regresar a un pasado en el cual se sustituía el juicio de política pública de otras ramas por el de una mayoría de miembros de este Foro. Véanse: Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 D.P.R. 656, 689 (1997), y Colón Cortés v. Pesquera, 150 D.P.R. 724, 789 (2000).

IV

En fin, la conclusión a la que hoy llega el Tribunal es altamente preocupante. Demuestra una falta de consisten-cia en la aplicación de nuestros precedentes recientes y, peor aún, fomenta un panorama de incertidumbre en cuanto a la rectitud de las decisiones de nuestras institu-ciones gubernamentales. Al igual que en otras ocasiones, “[e]sta controversia está matizada por un alto interés pú-blico y requiere de este Tribunal el más ponderado y sereno análisis jurídico, a fin de garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de nuestro ordenamiento legal, así como la confianza en nuestras instituciones gubernamentales, ad-ministrativas y judiciales”. San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 D.P.R. 640, 644-645 (2008).

A su vez, debemos recordar que aunque el Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, ha sido derogado, cabe la posibilidad de que existan cientos de proyectos que estén siendo cues-tionados bajo las disposiciones de este. Con la conclusión a la que hoy llega el Tribunal, se permite que un solo colin-dante, sin ostentar legitimación activa, logre paralizar per-manentemente un proyecto de construcción en el cual se han invertido millones de dólares.

De acuerdo con esta decisión, Bioculture queda perma-nentemente impedida de continuar construyendo su pro-yecto en Guayama. Ello a pesar de la expectativa que nues-tro ordenamiento le ha creado sobre la corrección de los permisos de construcción que posee. Debemos recordar que en enero de 2010, el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto el injunction permanente en el caso de autos y por dos (2) años permitió que Bioculture continuara su construcción

Hoy el Tribunal valida un escenario shakespeariano en el cual a una parte que tiene permisos de construcción la llevan a los tribunales unos demandantes sin legitimación activa, a la cual un tribunal apelativo le reconoce altas probabilidades de prevalecer y, a posteriori, dos (2) años después le anuncia que su proyecto de construcción es ile-gal y le prohíbe permanentemente continuar con este. Res-petuosamente, la “Comedia de los Errores” no debería ser avalada por este Tribunal.

Aun cuando las revisiones de sentencias “se dan contra la decisión y no contra los fundamentos” (Voto de Confor-midad del Juez Asociado Señor Martínez Torres, pág. 15), hacemos un pobre servicio al ordenamiento si nuestros propios fundamentos son cuestionables y carentes de consistencia. No puedo avalar con mi voto este proceder.

Consecuentemente, declararía “ha lugar”, tanto las mo-ciones en auxilio de jurisdicción como los recursos de cer-tiorari presentados.

       La Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos es la sucesora para todos los fines legales de la Junta de Apelación sobre Construcciones y Lotificaciones. Sin embargo, en la relación de hechos se hará referencia a esta última porque era la que existía en el momento en que el caso se dilucidó. Art. 11.11 de la Ley Núm. 161-2009 (23 L.P.R.A. sec. 9021j).

       El procedimiento para impugnar construcciones y usos ilegales al amparo de la nueva Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009 (23 L.P.R.A. secs. 9024-9024e), varía del dispuesto en el derogado Art. 28 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975. Ahora se establece que toda querella se debe presentar ante el Inspector General. Si luego de la investigación éste decide ejercer sus facultades, puede solicitar la revocación del permiso o la paralización de obras o usos no autorizados, para lo cual deberá obtener una orden judicial. Ahora bien, si el inspector no actúa dentro del término de 15 días laborables, el querellante podrá acudir al tribunal a solicitar los remedios antes mencionados. Id.

       Ya que el señor Sanabria Morales satisface los requisitos de ser vecino, huelga analizar su legitimación activa en su capacidad de legislador municipal.

       Esta agencia fue reemplazada por la Oficina de Gerencia y Permisos, de acuerdo con el esquema establecido en el Art. 2.3 de la Ley 161-2009 (23 L.P.R.A. sec. 9012(b)).

       El trámite procesal ante el Tribunal de Apelaciones fue un tanto anómalo. De los autos surge que se presentaron Recursos de Apelación ante el Tribunal de Ape-laciones el 27 y 29 de enero de 2010. A posteriori, dicho foro emitió una Resolución el 29 de enero de 2010 en la cual declaró “ha lugar” dos mociones en auxilio de juris-dicción que presentó Bioculture y el Gobierno de Puerto Rico. El 16 y 25 de febrero de 2010 se presentaron los Alegatos en Oposición a los Recursos de Apelación, por lo cual el foro apelativo intermedio estaba en posición de resolver los recursos desde esa fecha. Sin embargo, los recurridos de epígrafe presentaron diversas Mociones para Suplemental- las Oposiciones al Recurso de Apelación, que incluían documentos y demás evidencia que no formó parte del trámite del caso ante el Tribunal de Primera Instancia. La presentación de estas Mociones Suplementarias se extendió hasta diciembre de 2010.

       Sabido es que las alegaciones hay que sustentarlas con prueba adecuada. Meras alegaciones no son suficientes, así como tampoco las conjeturas. Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 D.P.R. 750 (1999); Pueblo v. López Guzmán, 131 D.P.R. 867 (1992); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987).

       Parafraseando el famoso pasaje del jurista Oliver Wendell Holmes: "the life of the law has not been logic; it has been experience.” 0. Wendell Holmes, The Common Law, 1881 (dominio público).

       En aquellas circunstancias en que se solicite ia paralización de los efectos de un injunction, hemos establecido que la solicitud debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) que la parte peticionaria presente un caso fuerte con probabilidades de prevalecer en los méritos', (b) que sufrirá un daño irreparable si no se detiene la ejecución de la sentencia; (c) que la paralización no causará daño sustancial a las demás partes, y (d) que no se verá pequdicado el interés público. Véanse: Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, 182 D.P.R. 101 (2011); Plaza Las Américas v. N & H, 166 D.P.R. 631, 642-643 (2005); Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147, 154 (1978).


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Ángel E. Rosa Rosa, querellado.

      Número: CP-2009-1

      Resuelto: 9 de diciembre de 2011

      Ileana M. Oliver Falero, procuradora general interina, Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general; Angel É. Rosa Rosa, pro se; Jeannette Ramos Buonomo, comisio-nada especial.
   per curiam:

El Ledo. Ángel E. Rosa Rosa fue admitido al ejercicio de la abogacía el 29 de septiembre de 1961. La presente controversia se relaciona con su desempeño pro-fesional durante el trámite del caso Francisco Rivera Padróy otros v. Angel Morales Serrano y otros, KCD-99-0668.

I

El Sr. Francisco Rivera Padró (quejoso) contrató al Ledo. Ángel E. Rosa Rosa en 1999 para que presentara, en repre-sentación suya, una demanda de cobro de dinero. Luego de un intrincado proceso, el 19 de septiembre de 2006 se cele-bró una vista en la cual se sometió la prueba. Durante dicha vista, el juez que presidió los procesos ordenó al li-cenciado Rosa Rosa que sometiera un proyecto de sentencia. Específicamente, la orden se produjo de la forma siguiente:

Juez: ¿Qué tiempo necesita el compañero para presentar un proyecto de sentencia?
Ledo. Rosa: Eh ..., su Señoría, eh ..., denos treinta días, treinta días porque tenemos un viaje y se nos va a complicar la cosa.
Juez: Treinta días. Buen día.

La minuta de la referida vista expresó, entre otras co-sas, que “[s]e someterá el proyecto”, sin expresar el tér-mino específico. Sin embargo, el licenciado Rosa Rosa no presentó el mencionado proyecto de sentencia. Ante ello, el señor Rivera Padró presentó una queja contra el letrado el 6 de septiembre de 2007. El quejoso explicó que, a pesar de sus múltiples requerimientos al respecto durante casi un año, el licenciado Rosa Rosa aún no había cumplido con la orden judicial de someter un proyecto de sentencia. Cón-sono con lo anterior, el quejoso aseveró que por culpa de la referida omisión de su abogado, el tribunal todavía no ha-bía dictado sentencia en su caso.

Por su parte, el licenciado Rosa Rosa reaccionó a la queja mediante un escrito presentado el 6 de noviembre de 2007. El letrado argüyó que durante todo el proceso judicial actuó diligentemente y que “en unos días” prepararía el proyecto de sentencia. Ese mismo mes, referimos el ex-pediente de la queja a la Oficina del Procurador General (O.P.G.) para la investigación e informe correspondientes. Posteriormente, luego de examinar el informe que nos pre-sentó la O.P.G., así como la comparecencia del licenciado Rosa Rosa en la que nos expresó que no era cierto que el tribunal le hubiese dado un mes para que sometiera un proyecto de sentencia le ordenamos a la O.P.G. que pre-sentara la querella que nos ocupa.

La querella se presentó el 15 de enero de 2009 e imputó dos cargos por violación al Canon 12 (falta de diligencia para evitar, como funcionario del tribunal, dilaciones inne-cesarias) y al Canon 18 (no realizar diligencias que benefi-ciarían a su cliente). El licenciado Rosa Rosa contestó la referida querella el 5 de marzo de 2009 y adujo que en todo momento fue diligente. Además, señaló que su omisión se debió a que la minuta de la vista expresaba únicamente “Se someterá el proyecto”. Entendió que de esa expresión no surgía una orden clara y precisa de algún plazo especí-fico para presentar el proyecto de sentencia. Al hacer refe-rencia a la citada expresión del tribunal, el licenciado Rosa Rosa argüyó lo siguiente:

Véase que en ningún lugar de la misma se nos Ordena, en forma clara y precisa que tenemos que someter el proyecto dentro de un plazo de tiempo específico y determinado; a decir por ejemplo 30, 60 ó 90 días, o una[s] semanas o tres semanas o un mes, o dos o tres meses. Nada de eso!

Ahora bien, el licenciado presentó el proyecto de senten-cia en junio de 2009, esto es, casi 3 años después de la vista en la que se le ordenó hacerlo y casi 2 años después de pre-sentada y notificada la queja. De igual forma, la presenta-ción se da casi 2 años después de que el propio licenciado Rosa Rosa asegurara a este Tribunal que presentaría el pro-yecto “en unos días”. Poco después de presentado el pro-yecto, el Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia Así las cosas, designamos a la Leda. Jeannete Ramos Buonomo como Comisionada Especial para que dirigiera el proceso de recibir la prueba y rindiera el informe con las determinaciones de hechos y las recomendaciones correspondientes. Durante dicho proceso, el licenciado Rosa Rosa informó mediante una moción que se proponía presentar como testigos a su favor al quejoso y a la esposa de éste, la Sra. Carmen N. Torres González, por lo cual solicitó que fueran citados. Conforme a lo solicitado por el licenciado Rosa Rosa, se emitió una orden para citar al quejoso y a su esposa a la vista en su fondo.

Señalada la vista en su fondo para el 16 de agosto de 2010, comparecieron la Leda. Minnie H. Rodríguez Ló-pez, procuradora general auxiliar, en representación de la O.P.G., y el licenciado Rosa Rosa por derecho propio. Am-bos comparecientes acordaron someter el caso por el expediente. El letrado solicitó que se tomara conocimiento judicial del expediente del caso ante el Tribunal de Primera Instancia. Además, argumentó las razones que, según él, justificaban no haber cumplido oportunamente con la orden del tribunal de presentar un proyecto de sentencia. Entre esas razones se encuentran el que la minuta no haya esta-blecido un término específico, que el tribunal no dio una segunda orden y que el demandado en el caso no era sol-vente, por lo que la sentencia sería imposible de ejecutar. Finalmente, el licenciado Rosa Rosa expresó que el quejoso solicitaría el archivo del proceso disciplinario.

A pesar de que el licenciado Rosa Rosa había expresado que el quejoso informaría su interés de solicitar el archivo de la queja presentada, el día de la vista éste informó que desistía de presentar los testimonios del quejoso y su esposa. Así pues, la O.P.G., con la debida autorización, sentó a declarar al quejoso, quien expresamente reiteró y afirmó su interés en que continuara el trámite disciplinario.

Como parte del proceso, la Comisionada Especial evaluó la transcripción de la vista y constató que, contrario a lo aseverado por el licenciado Rosa Rosa, el tribunal sí le había concedido un término de 30 días para someter el proyecto de sentencia. Una vez culminó el proceso, la Comisionada Especial presentó un informe en el que concluyó que por la actuación y omisión del licenciado Rosa Rosa éste infringió los Cánones 9, 12 y 18 del Código de Ética Profesional. Ello, porque el licenciado Rosa Rosa desatendió el mandato expreso del tribunal, no evitó dilaciones innecesarias en la tramitación del caso y no defendió los intereses de su cliente con la debida diligencia.

En su informe, la Comisionada Especial expresó que, más allá de la omisión que originó este proceso disciplina-rio, el desempeño del licenciado Rosa Rosa en los demás asuntos del caso de su representado estuvo enmarcado en la diligencia. Por ello, recomendó que consideremos lo anterior como un atenuante. Junto con eso, nos mencionó que tomáramos en cuenta que esta es su primera falta y que la dilación del Tribunal de Primera Instancia para dictar sen-tencia no puede atribuirse únicamente a su conducta. Pos-teriormente, el 16 de febrero de 2011 el quejoso y su esposa presentaron en este Tribunal un escrito en el que nos soli-citaron el archivo de la querella por falta de interés en su continuación.

Debidamente sometido el caso a nuestra consideración, procedemos a resolver.

II

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, im-pone a los profesionales del Derecho la obligación de obser-var hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. Este canon se ha aplicado en múl-tiples contextos y situaciones. Entre ellos, hemos recono-cido que dicho principio ético incluye el deber de atender con diligencia y seriedad las órdenes de los tribunales. Por consiguiente, la desatención de esas órdenes consti-tuye un grave insulto a la autoridad de los tribunales de justicia, en directa violación al deber de conducta exigido por el referido Canon 9.

Por otro lado, el Canon 12 del Código de Ética Profesional impone a los abogados el deber de ser diligen-tes y puntuales en la tramitación de las causas. Especí-ficamente este canon dispone lo siguiente:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protec-ción de los derechos sustanciales de su cliente.

En conformidad con el postulado antedicho, he-mos enfatizado que los abogados deben la más estricta ob-servancia a las órdenes judiciales, ya que de no hacerlo pueden quedar sujetos al rigor disciplinario. Desobede-cer continuamente las órdenes del tribunal “demuestra una grave infracción a los principios básicos de ética pro-fesional que exigen el mayor respeto hacia los tribunales”. Según el Canon 12, todo abogado debe fiel cumplimiento a la ley y respeto al poder judicial. Así, pues, todo abogado tiene el deber de cumplir con la obliga-ción que le impone el Canon 12 en todas las etapas de un litigio.

Finalmente, el Canon 18 del Código de Ética Profesional establece el deber de diligencia que todo abogado debe reflejar en la atención de los asuntos de sus clientes. En otras palabras, “[e]ste deber le impone al abogado la obligación de desempeñarse de forma capaz y diligente al defender los intereses de su cliente, desplegando en cada caso su mejor conocimiento, actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estime adecuada y responsable”. Por tal razón, hemos sostenido que todo abogado tiene el deber ineludible de defender los intereses de su cliente con la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más completa honradez.

Precisamente, en In re Dávila Toro, 179 D.P.R. 833, 842 (2010), citando a In re Hoffman Mouriño, 170 D.P.R. 968, 981 (2007), ratificamos lo siguiente:

“Los abogados, como oficiales del tribunal, tienen una fun-ción revestida de gran interés público que genera obligaciones y responsabilidades duales para con sus clientes y con el tribunal en la administración de la justicia.... Ello les impone el deber de asegurarse que sus actuaciones dentro de cualquier caso en que intervengan estén encaminadas a lograr que las controversias sean resueltas de una manera justa, rápida y económica.”

El deber de diligencia es una obligación básica y elemental del abogado en la relación con su cliente; por ende, es incompatible con la desidia, la despreocupación y la displicencia. Y es que “[cjuando se infringe el Canon 18, ‘el perjuicio directo lo padece la propia parte negligente no logrando la concreción de lo pretendido’ ”. Por ende, la diligencia es parte esencial en la misión del abogado de realizar las gestiones que le fueron encomendadas por su cliente.

III

De entrada, debemos señalar que no está en controver-sia que en septiembre de 2006 el Tribunal de Primera Ins-tancia ordenó al licenciado Rosa Rosa, tanto en corte abierta como mediante una minuta, que presentara un proyecto de sentencia. De igual forma, tampoco está en controversia que, casi un año después, cuando se presentó la queja en su contra, el licenciado Rosa Rosa aún no había presentado el proyecto requerido. No es hasta junio de 2009 —casi 3 años desde la orden judicial y casi 2 años desde que se presentó la queja en su contra— que el le-trado presentó el proyecto.

Al evaluar los hechos antedichos, en conjunto con el exa-men cuidadoso del expediente, consideramos que el licen-ciado Rosa Rosa infringió los Cánones 9,12 y 18 del Código de Etica Profesional. No hay dudas de que el licenciado Rosa Rosa ignoró e incumplió la orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia durante varios años. Ello de-nota una evidente falta de respeto a la autoridad y digni-dad del tribunal, y constituye una patente violación del Canon 9. La desatención de la orden judicial por ese pe-riodo extenso de tiempo produjo, a su vez, que el letrado incumpliera con el deber impuesto en el Canon 12. La dis-plicencia del licenciado Rosa Rosa para evitar la dilación indebida en la solución de la causa de su cliente tuvo la consecuencia de dejarlo desprovisto de una representación diligente que defendiera cabalmente sus intereses. Es de-cir, con tal conducta infringió el Canon 18 por no defender los intereses de su cliente con la debida diligencia.

Ninguna de las defensas y argumentaciones que el le-trado presentó para justificar su omisión y tardanza en la presentación del proyecto de sentencia nos mueven a sos-tener lo contrario. En primer lugar, el licenciado Rosa Rosa argumentó que la orden emitida por el tribunal no fue “cla-ra, específica y definida” porque sólo mencionó “se some-terá el proyecto”, y sostuvo, además, que nunca recibió una segunda orden por parte de dicho foro. Dichos argumentos no nos convencen.

Tal y como comprobó la Comisionada Especial al eva-luar la transcripción de la vista, el Tribunal de Primera Instancia sí fue claro al dictar la orden y fue el propio le-trado quien escogió el término de 30 días. Además, la mi-nuta ordenó diáfanamente que se sometiera el proyecto. De esa forma, es evidente que la orden del tribunal fue clara y específica; por ende, no se justifica la displicencia mos-trada por el licenciado Rosa Rosa.

En segundo lugar, tampoco tiene méritos la contención de que para cumplir con una orden judicial el tribunal tiene que emitirla más de una vez. No existe ningún fun-damento en derecho que sostenga que para cumplir con una orden judicial el tribunal tiene que emitirla en varias ocasiones. Cónsono con lo anterior, el licenciado Rosa Rosa argüyó en su defensa que la obligación de dictar sentencia no era suya, sino exclusivamente del tribunal. De esa forma, sostuvo que no se le debía adjudicar responsabili-dad por dicha tardanza. Aunque ciertamente la obligación de dictar sentencia es exclusiva del tribunal, y en el cum-plimiento de tal deber éste debe hacer uso de sus recursos para asegurar el cumplimiento de sus órdenes, ello no jus-tifica la actuación del licenciado Rosa Rosa al incumplir con la orden del tribunal. Así, pues, independientemente del grado de responsabilidad que pudo tener el foro judicial por no dictar la sentencia rápidamente, lo cierto es que la tardanza del letrado en la presentación del proyecto de sentencia contribuyó a la dilación de la causa.

Tercero, el licenciado Rosa Rosa defendió su actuación al sostener que, por razón de un cambio en las circunstancias personales del demandado en la acción civil en la que re-presentaba al quejoso, cualquier sentencia que se pudiese obtener sería “casi imposible de ejecutar y cobrarla”. Lo anterior es inmeritorio. Un abogado, como representante legal de su cliente, tiene la obligación de promover que se emita una sentencia favorable en el pleito que representa. Dicha obligación va más allá de si la sentencia que ad-venga en su día pueda ejecutarse o no. Además, sostener lo contrario sería avalar actuaciones que se sustentan en las suposiciones o en la incertidumbre del futuro.

IV

Hemos expresado reiteradamente que, al determinar la sanción disciplinaria aplicable a un abogado querellado, podemos tomar en cuenta varios factores. Entre estos se encuentran la reputación del abogado en su comunidad, el previo historial de éste, si es su primera falta, la acepta-ción de la falta y su sincero arrepentimiento, si se trata de una conducta aislada, el ánimo de lucro que medió en su actuación, el resarcimiento al cliente y cualesquiera otras consideraciones, ya sean atenuantes o agravantes, que me-dien de acuerdo con los hechos.

En el presente caso acogemos como atenuantes que se trata de la primera queja que se presenta contra el licen-ciado Rosa Rosa en los 50 años que lleva en la práctica de la abogacía y que, más allá de la actuación que originó este proceso disciplinario, su desempeño en el trámite del caso fue diligente. De igual forma, tomamos en consideración el hecho de que la tardanza del tribunal en dictar sentencia no puede ser atribuida solamente a la conducta del licenciado. En vista de lo anterior, amonestamos al Ledo. Ángel E. Rosa Rosa por su conducta. Le advertimos que en el futuro deberá ser más cuidadoso con el trabajo que desempeña.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

       Vale señalar que la comunicación transcrita surge de la grabación de la vista de 19 de septiembre de 2006 y que la Comisionada Especial pudo evaluar en su momento. El licenciado Rosa Rosa siempre planteó que el Tribunal de Primera Ins-tancia no le notificó un término específico. Informe de la Comisionada Especial, pág. 4.

       Reacción responsiva a informe Procurador General, pág. 1.

       Contestación a querella, pág. 2.

       Sentencia dictada el 25 de agosto de 2009 y enmendada nunc pro tunc el 16 de octubre de 2009.

       La vista se había señalado originalmente para el 22 de junio de 2010, y luego para el 3 de agosto de 2010, pero ambas vistas fueron pospuestas a petición del licenciado y de la O.P.G., respectivamente.

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

       En la comunicación escrita se nos expone que el quejoso y su esposa llegaron a un acuerdo con el licenciado Rosa Rosa para transigir una demanda en cobro de dinero que el letrado había presentado contra ellos y en el que convinieron, además, retirar la querella presentada en este Tribunal. No obstante, vale señalar que en esta etapa del proceso disciplinario quien presenta la querella es el Procurador General, por lo que el quejoso no puede solicitar el archivo de una querella sin éste ser el querellante. Además, es principio reiterado que, incluso en los casos en los que el quejoso retira la queja, los procedimientos disciplinarios ante este Tribunal pueden continuar porque son independientes de las acciones legales que se deriven de la misma relación de hechos. Véase In re Ríos Ríos, 175 D.P.R. 57, 76 (2008). Así, pues, hemos expresado que nuestra jurisdicción no se limita al hecho de que el abogado y el cliente transijan sus diferencias mediante un acuerdo en el cual el segundo se compromete a no presentar cargos éticos ante los foros pertinentes. íd.

        ln re González Carrasquillo, 164 D.P.R. 813, 828 (2005).

       Véase In re Gaetán y Mejías, 180 D.P.R. 846, 862-863 (2011).

       íd.; In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70, 75 (2001).

        In re Dávila Toro, 179 D.P.R. 833, 840 (2010); In re González Carrasquillo, supra, págs. 828-829; In re Grau Díaz, supra.

        In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 662 (2010); In re Vélez Lugo, 168 D.P.R. 492, 496 (2006).

       Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. DL

        In re Rivera Ramos, supra, pág. 663.

       íd.

       fd.; In re Díaz Alonso, Jr., 115 D.P.R. 755, 762 (1984).

       Véanse: In re Nieves Nieves, 181 D.P.R. 25 (2011); In re Collazo I, 159 D.P.R. 141 (2003).

        In re Dávila Toro, supra, pág. 841. Véase Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

       fd., págs. 841-842; In re Hoffman Mouriño, 170 D.P.R. 968, 980 (2007).

        ln re Dávila Toro, supra, pág. 841. Véase In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770, 776 (1994).

        In re Nieves Nieves, supra, citando a R.L. Vigo, Etica del abogado: conducta procesal indebida, 2da ed., Buenos Aires, LexisNexis Abeledo-Perrot, 2003, pág. 103.

        In re Díaz Ortiz, 150 D.P.R. 418, 427 (2000); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).