text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Abino, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por acometimiento y agresión graves.
    No. 698.
    Resuelto en julio 30, 1914.
    Non Suit — Acometimiento y Agresión Graves — Suficiencia de la' Prueba.— Examinada la prueba practicada en este caso se resolvió que era suficiente para demostrar la comisión del delito imputado en la acusación y que por tanto la corte no cometió error al desestimar la moción de non suit presen-tada por el acusado.
    Prueba Contradictoria — Apreciación del Tribunal Sentenciador — .Pasión, Prejuicio o Parcialidad. — Cuando la prueba es contradictoria, la apreciación que de la misma haga el tribunal sentenciador no será revocada, a menos que se demuestre que actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometió algún error manifiesto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Jaime Sifre, Jr., Fiscal intermo.

    El apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de Ponce por virtud de la cual el apelante Ramón Abino Camacbo fué condenado, como autor de un delito de acometimiento y agresión-grave, a pagar la multa de sesenta dollars y en defecto de pago a sufrir se-senta días de cárcel.

Además de la acusación, de la alegación del acusado, de la sentencia y del escrito de apelación, se incluye en la trans-cripción un pliego de excepciones y una exposición del caso. En el pliego se bace constar únicamente que el acusádo una vez que terminó la prueba del Fiscal presentó una moción de non suit que fué desestimada por la corte y que a la resolu-ción de la corte el acusado tomó excepción. Y en la exposi-ción del caso se consigna toda la prueba practicada, así la de cargo como la de descargo.

Hemos examinado la prueba y de la aportada por el Fiscal resulta que en la noche del 5 de noviembre de 1913 y en Ponce, el acusado, un varón adulto, acometió y agredió con una macana a una mujer, voluntaria, ilegal'y maliciosamente,, y le causó varias contusiones. La prueba de la defensa tiende a demostrar que el becbo ocurrido se limitó a la provocación que la mujer hizo al acusado, sin que éste le causara lesión alguna.

En primer lugar diremos que la prueba del Fiscal fué suficiente para demostrar la comisión del delito imputado en la acusación, y que en tal virtud no cometió error alguno la corte de distrito al desestimar la moción de non suit a que se refiere el pliego de excepciones. Y en segundo lugar dire-mos que estudiada la prueba de ambas partes en su totalidad resulta contradictoria y como la contradicción fué resuelta por la corte sentenciadora en contra del acusado y no aparece que al actuar la corte así lo..hiciera movida por pasión, pre-juicio o parcialidad, o que cometiera algún error manifiesto, debemos aceptar su conclusión como la justa y procedente en este caso.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Aboy, Vidal & Co., Demandantes y Apelantes, v. El Pueblo de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso de indemnización de daños y per-juicios.
    No. 1149.
    Resuelto en julio 30, 1914.
    DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD POR EL SERVICIO DE SANIDAD-PESTE BUBÓNICA.-Examinada la prueba presentada y atendidas las circunstancias de este caso, se resolvió: que las casas descritas en la demanda, que fueron destruidas por el servicio de sanidad con motivo de la peste bubónica que existió en Puerto Rico, eran viejas, ruinosas, poco susceptibles de ser arregladas, parte de las mismas unida a la tierra, los tedios llenos de goteras, paredes carcomidas y pisos podridos e infectados de ratones y otras sabandijas, y que la orden del Director de Sanidad para destruir dichas casas fué justa, legal y necesaria teniendo en cuenta la situación con “motivo de la epidemia de la peste bubónica.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Frank Antonsanti.

    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Esta acción fué establecida de conformidad con el artículo 32 de la ley titulada “Ley para reorganizar el servicio de Sanidad,” aprobada en marzo 14, 1912, que en parte dice lo siguiente:

“Artículo 32. — Toda persona cuya propiedad haya sido injusta o ilegalmente destruida o dañada por obligar a la observancia de alguna orden, reglamento, ordenanza o por acto alguno ejecutado por el Servicio de Sanidad o por sus empleados o agentes exentos de responsabilidad personal, podrá sostener la acción correspondiente contra el Gobierno de Puerto Rico para recobrar los daños y perjui-cios consiguientes; * *

No se ha promovido cuestión alguna relativa a la facultad del Director de Sanidad para ordenar la destrucción de la propiedad, por cuya pérdida se trata ahora de recobrar daños y perjuicios, si dicha destrucción era en realidad ■ necesaria en la fecha de la referida orden como medida urgente en época de epidemia para hacer desaparecer un perjuicio público y eliminar una verdadera amenaza para la salud pública. Ver-daderamente que la única cuestión que ha sido sometida a nuestra consideración, según aparece del alegato del apelante y fué admitido durante la vista del caso, es si considerada toda la prueba presentada de acuerdo con las alegaciones tenía ó nó derecho el demandante a que se dictara una sen-tencia a su favor por los daños y perjuicios sufridos por haber probado que no existía en realidad ningún estorbo pú-blico, o que de haber existido debió haber procedido a la extinción del mismo por medios menos violentos, y por tanto que hubo abuso de discreción en el ejercicio de facultades cuasi judiciales por parte del Director de Sanidad al ordenar arbi-traria e innecesariamente, y por consiguiente injusta e ilegal-mente que se destruyera la propiedad del demandante; o para expresar la cuestión precisa más suscintamente, si los edi-ficios destruidos se encontraban o nó realmente en tal condi-ción que apreciadas todas las circunstancias estuvieran jus-tificadas las medidas extremas como las que tomó el Director de Sanidad.

La corte inferior después de haber negado una moción de sobreseimiento y de oir toda- la prueba, resolvió en defi-nitiva que debió haberse declarado con lugar la expresada moción, declarando además, que si bien la prueba de la de-fensa no fué enteramente satisfactoria, el caso del deman-dante no había quedado suficientemente robustecido por la misma para destruir la presunción legal que existe en favor de' la regularidad y propiedad de la acción oficial en cuestión y desestimó la demanda.

Según la opinión que tenemos del caso después de fiaber examinado cuidadosamente los autos, las diferentes cuestiones relativas al valor que debe propiamente darse a tales presun-ciones legales y.hasta qué extremo pudieron haber influido éstas en la corte inferior y deben influir en este tribunal al considerar la prueba, no son de importancia vital y en reali-dad pueden ser eliminadas de nuestra consideración para lo's fines de está opinión.

Una simple exposición de la prueba presentada durante el juicio creemos que será suficiente sin más discusión para mostrar con bastante claridad que la acción expedita de las autoridades de sanidad, luchando como estaban entonces con el problema no menos serio de tener que combatir y extinguir la epidemia de la peste bubónica, y teniendo que ver como te-nían que hacerlo con los edificios de la clase a que hicieron referencia los testigos tanto del demandante como del deman-dado situados dentro de la localidad que fué.primera y más seriamente atacada por la infección de la temible epidemia, no solamente'fué justa y legal sino altamente digna de elogios y muy laudable. Sin embargo, atendida la naturaleza e impor-tancia de la cuestión envuelta .en este caso se hace necesario que hagamos referencia a los hechos que aparecen de los autos con más extensión que de ordinario.

Haciendo caso omiso de todo aquello que se refiera a valo-res, cálculos relativos a los daños y perjuicios ocasionados •y a otras cuestiones que son inmateriales para la cuestión principal, tanto las alegaciones como la prueba puede compen-diarse en la forma siguiente:

Alega la demanda que el demandante en 28 de julio de 1912, y anteriormente a esta fecha, era dueño de las casas marcadas con los números 21 y 23 respectivamente, de la calle de San Agustín, Puerta de Tierra, barrio del munici-pio de San Juan'; que en 25 de julio de 1912, el demandante fué notificado por el Director de Sanidad de qne era necesario destruir dichas casas haciendo desaparecer las maderas que las constituían dentro del plazo de dos días contados desde dicha fecha, por constituir un peligro para la salud pública; que en virtud de dicha notificación dichas dos casas fueron destruidas haciendo desaparecer las maderas que las cons-tituían; que dos meses antes de la orden a que se ha hecho mención anteriormente, el demandante fué obligado por otra orden anterior del Departamento de Sanidad a gastar la suma de $500 en reparaciones de las mismas casas y que- éstas esta-ban en buen estado de conservación, siendo ilegal e injusta su destrucción.

El demandado después de hacer las admisiones y nega-ciones ordinarias, alegó en su contestación que las casas des-critas en la demanda estaban en completo estado de ruina, estando completamente podridas las maderas y todos los ma-teriales que las componían y que en el mes de julio, 1912,. cons-tituían un estorbo público que amenazaba la salud de' la comu-nidad; que en junio, 1912, se declaró oficialmente la existen-cia de la peste bubónica en la Isla de Puerto Eico y especial-mente en la ciudad de San Juan y sus barrios y el Departa-mento de Sanidad comenzó la labor de exterminar las ratas por ser éstas el medio conductor de la peste; que durante los meses de junio, julio y agosto' de dicho año, era el barrio de Puerta de Tierra y sobre todo de la parada 2% a la 3y2, la zona en que precisamente estaban radicadas las casas en cuestión, el sitio donde existían y se encontraban mayor nú-mero de ratas y en donde mayor número de personas pasa-ban y pasaron a ser víctimas de la referida enfermedad, ha-' biéndose registrado entre junio 1 a-agosto 28 de dicho año, veinte y cuatro casos de peste, demostrando esto la existen-cia de gran número de ratas infectadas con el bacilo de la peste búbonica por toda aquella localidad; que las casas nú-meros 21 y 23 a que hace referencia la demanda estaban radi- - cadas en la calle de San Agustín, parada 3%, Puerta de Tierra, y que en estas casas en el mes de junio como en el de julio; se encontraban y encontraron gran número de ratas y qne en el mes de julio dichas casas fueron desocupadas, no solamente por la existencia de gran número de ratas que tenían su albergue en las mismas, sino porque estaban en tan malas condiciones sanitarias, pues estaban completamente podridas, que era imposible que en ella vivieran seres huma-nos ; que en los meses de junio y julio los empleados de Servi-cio de Sanidad pasaron una visita de inspección a estas casas, resultando que dichos edificios no estaban en condiciones sani-tarias y violaban las disposiciones de la ley de Sanidad y los reglamentos sobre la materia constituyendo un estorbo público y una amenaza para la salud de aquel vecindario; que dichas casas eran de maderas y techadas de zinc, con pisos también de maderas; qne fueron de las primeras qne se construyeron en el barrio de Puerta'de Tierra, y tanto los setos como los pisos estaban completamente podridos, los primeros no ajus-taban ni al techo ni a los pisos debido al estado de podre-dumbre de la maderas; que había grandes vacíos entre las junturas de los setos con los pisos, vacíos por los cuales tenían las ratas libre acceso al interior de dichas casas, y los techos se encontraban corroídos por la acción del tiempo; que los pisos de las dos casas estaban formados por tablas podridas pegados a la tierra sin defensa alguna y casi todas las tablas estaban levantadas y rotas; que debido al estado ruinoso de las dos casas de referencia los pisos estaban llenos de cue-vas de ratas y debajo de los mismos o sea en la tierra debajo de dichos pisos se encontraban en 25 de julio, 1912, y antes de .esa fecha, matrigueras y nidos de ratas cuyo número es imposible precisar; que como los setos no se ajustaban a los pisos quedaban hoyos allí en donde debían ajustar y. esos hoyos servían de sitio y albergue para las ratas; que era tal el estado de ruina de dichas dos casas, que las mismas ame-nazaban caerse y todo el maderaje que las componía estaba mugriento y podrido; que durante los meses de junio y julio, 1912, empleados del Departamento de Sanidad encontraron en dichas casas, tanto en la una como en la otra, gran número de ratas, y entre ellas, a fines de julio una que estaba infec-tada con el bacilo de la peste bubónica; que debido a que estas casas estaban en tan inalas condiciones sanitarias por estar llenas de cuevas de ratas y ser un albergue seguro para las mismas, el Director de Sanidad con fecba de 25 de julio de 1912, expidió una orden dirigida al demandante para que aba-tiera ese estorbo público, habiéndose registrado en el barrio de Puerta de Tierra y entre el 1 de junio a 28 de agosto, veinte y cuatro casos de peste entre los seres humanos, entre ellos tres entres los días 22 de junio y 3 de julio en la parada 3%, en donde estaban radicadas las casas, y 7 casos más entré las paradas 2y2 y 3 entre los meses de junio y julio; que las referidas casas constituían un estorbo público y una seria amenaza para la salud pública y que la orden contra la cual se queja el demandante no solamente fué justa, legal y nece-saria de acuerdo con la ley y en vista de las circunstancias del caso, sino el único medio de abatir el estorbo público y alejar el peligro que amenazaba a la comunidad.

Teodoro Yidal, declara que en el mes de julio las casas en cuestión que eran dos ranchones alquilados en parte a in-quilinos pero siempre con una tienda en la esquina estaban bastante viejos pero habitables y casi siempre estaban ocu-pados; que dichos ranchones estaban construidos de madera y techados de zinc y sus pisos estaban buenos en unos sitios y en otros no; que no puede decir en qué condiciones estaban los pisos malos pero que el piso no estaba completamente podrido, si bien algunas partes pudieran haber estado podri-das ; que la estimación del valor de los ranchones la hace por las maderas y el zinc que había allí; que los edificios (ran-chones) estaban bastante habitables y que en el chiquito había una fonda, pero como la Sanidad exigía piso de material lava-dero, etc., se quitó la fonda y entonces se usó dicho ranchón como depósito de maderas; que no recuerda si el piso estaba levantado o pegado de la tierra; que los estantes pudieron ser utilizados para otra cosa, pero no puede decir si las tablas que se quemaron por orden de la sanidad podrían haber sido utilizadas.

José Moráu, declara que por un período de unos dos años con anterioridad al-comienzo de la peste bubónica, si bien no puede recordar cuánto tiempo antes, el testigo había alqui-lado a los demandantes las tres puertas del ranchón con frente a la calle de San Agustín, por lo que pagaba cuarenta dólares mensuales. •

Luciano Landos, declara que por dos o tres años fué ad-ministrador de los ranchones números 21 y 23 de la calle de-San Agustín habiéndolos reparado durante esa época espe-cialmente en el local ocupado por la tienda y en el techo; que algunos meses antes de la peste bubónica dejó de adminis-trar dichos ranchones; que éstos habían estado dedicados a vivienda, fonda y tienda; que durante los tres años de su administración los ranchones estuvieron siempre ocupados, pues salía un inquilino y entraba otro; que poco antes de la peste bubónica hicieron el piso de atrás nuevo y lo levantaron nuevo y el costado bajando a la San Antonio Dock Company lo taparon con concreto y pusieron el techo de zinc galvani-zado entre la tienda y el depósito de leche; que dicho puesto de leche pertenecía a Infanzón y G-arcía y había estado ocu-pado hasta un poco antes de cogerlo Aboy y Vidal; que tenía un peón al cual pagaba tres dólares y le dában una habita-ción para que se ocupara de limpiar los corrales y de coger goteras; que las reparaciones se hacían regularmente; que la tienda pudo haber durado cuatro o cinco años, pues tenía zinc nuevo y lo había pintado y la fonda arreglándole el piso podía durar indefinidamente; que cesó como administrador de los ranchones como cuatro o cinco meses antes de la peste bubónica; que cuando cesó ya no estaba allí el depósito de leche; que el resto de los ranchones según había un roto en el piso lo tapaban y sacaban tablas y la renovaban; que los rotos en el piso no eran frecuentes y en el techo no habían goteras hasta pocos meses antes de la peste bubónica.'

Juan de la Cruz, declara que como carpintero a menudo' arreglaba los pisos de los ranchones y le puso un piso de hor-migón a la parte que ocupaba la fonda; que para la época de la peste bubónica trabajaba de carpintero con Aboy, Vidal y que varias veces hizo reparaciones en el ranchón, en la tienda y en la fonda; que a instancias de la Sanidad él com-puso los pisos del ranchón varias veces y una vez a la fonda le puso piso de hormigón; que para los arreglos del piso usaba siempre madera machihembrada nueva, que la facili-taban Aboy, Vidal; que a la tienda le puso una vez zinc nuevo, plafón y cielo raso como un año o dos antes de la peste; que el ranchón se dedicaba a vivienda de familia, ventorrillos, tienda, fonda y lechería; que todo estuvo siempre ocupado menos la fonda que la dedicaron a maderas.

José Lucero, quien sustituyó a Luciano Landos como admi-nistrador, manifiesta que a menudo arreglaba los pisos de los ranchones, que el ranchón No. 21 se dedicaba a vivienda, fonda y tienda, pero la fonda estaba en una casita separada; que la tienda era de José Moran; que'para las reparaciones se usaba pichipén nuevo; que esos ranchones pudieron durar indefinidamente, pues a cada momento se estaba renovando lo malo y poniéndose nuevo; que el ranchón era un ranchón ■corriente de madera como todos los del barrio, dividido en habitaciones; que no puede recordar las reparaciones que se hicieron a los ranchones porque a cada momento se hacían reparaciones en el piso, que no recuerda que se le cambiaran los setos, pero sí que se le cambiaran los pisos por completo aunque no recuerda la fecha; que cuando los ranchones fueron destruidos los pisos eran casi todos nuevos; que el de la fonda era ya viejo pero no tenía rotos; que las casas estaban regu-lares y habitables.

Por él demandado. — El Dr. W. F. Lippitt, Director de Sani-dad, declara que el foco principal de la epidemia estaba en Puerta de Tierra cerca de la parada 2y2 hasta la 4 y'5, y por lo general a la parte sur de la calle de San Agustín; que la infec-ción está trasmitida por las ratas, y que por lo tanto la rata es •el primer punto del ataque en la campaña contra la peste; que las ratas por lo general, y especialmente en las tiendas de provisiones se albergan debajo de los pisos qne están ba-jos, en los setos dobles y en los techos de las casas; qne en julio de 1912 el testigo ordenó la destrucción de los ranchones pertenecientes al demandante porque servían de albergue de ratas, pues le consta en términos generales qne tenían los pisos de madera y muy bajos; qne no puede positivamente decir que la casa albergaba ratas, pero que bien podían ser-vir como albergue de ratas; que expidió esta orden porque las casas estaban ruinosas y en su opinión no era posible ponerlas en condiciones que no constituyeran un peligro para la salud, en vista de la epidemia; que su opinión es la de que dichas casas constituían entonces un estorbo público; que se funda para decir que era un estorbo público en las condi--ciones generales de la casa; que después del 20 de junio hizo 'una inspección muy general de dichas casas porque ya se le había recomendado la destrucción de las mismas, y por lo tanto no hizo nada más que verlas para ver si era justificada o no la destrucción; que no recuerda la altura de las casas -con respecto a la acera frente a la calle de San Agustín, pero que entre la acera y el piso entrando por la calle de San Agustín estaban casi a nivel de la acera, sino más bajo, aunque .•esto no puede declararlo positivamente; que cree que el te-rreno en donde estaban edificadas las casas tenía inclina-ción hacia el sur,-aunque no puede precisar la altura que exis-tía entre el piso y las casas y el suelo en la parte de atrás, pues que no 'estuvo en la parte de atrás más que una o dos veces y no con la idea de fijarse en eso; que toda casa pegada •al suelo con piso de madera es un peligro en tiempo de peste; que el testigo nunca hizo para esa época de peste inspecciones detalladas en Puerta de Tierra, sino generales; que cree que estuvo en las casas de Aboy, Vidal, pero no podría jurarlo; que las casas no tenían tres pies sobre el suelo; que por detrás podrían tenerlo, pero no en toda su extensión; que el piso en frente de las casas estaba casi pegado al terreno, pero no puede decir positivamente que estuviese al nivel de la acera; que entró en el patio de la casa y solamente vió las condi-ciones generales de la misma; que no puede decir exacta-mente la distancia que había desde el piso basta llegar al suelo; que las inspecciones se hacían por los inspectores los que llenaban una tarjeta de información la cual se pasaba a la oficina del Dr. Creel, que estaba entonces encargado espe-cialmente de ese trabajo; que entonces uno de los ingenie-ros visitaba la casa en compañía del Doctor Creel y resol-vían sobre las reformas; que en caso de destrucción se some-tía el asunto a mí como director, por ser este un asunto de importancia; que fué a visitar el edificio por virtud de denun-cia presentada por los inspectores, pero no puede decir quié-nes fueron esos inspectores; que el Doctor Creel estaba en-cargado de esa clase de trabajos en San Juan, bajo la direc-ción o consulta casi diariamente del declarante; que las repa-raciones ordinarias se hacían sin consultar al testigo pero no se hacía ninguna destrucción de edificio como no fuera un bohío de ninguna importancia sin sometérsele previamente el caso a la consideración del testigo.

El Dr. José Gómez Brioso, Jefe de la División de Enfer-medades Trasmisibles del Departamento de Sanidad, declara que todos los sitios combatidos por la peste bubónica estuvie-ron en Puerta de Tierra desde la parada 6 a la 2%, de ahí a la 3 y de la 3 a la 4; que durante la primera mitad de la epidemia acompañó al oficial de sanidad en casi todas las visitas domiciliarias que hizo; que nunca estuvo en las casas números 21 y 23, aunque conocía el lugar y los ranchones; que en julio de 1912, dichos ranchones estaban en muy malas condiciones sanitarias; qiie nunca estuvo como tal empleado de sanidad en dichas casas, pues- que solo acompañaba al ofi-cial de sanidad a las casas donde había atacados de peste; que en el ejercicio de su profesión como médico había estado en dichos ranchones; que a su juicio dichos ranchones esta-ban en malas condiciones; que había peligro para una epide-mia. de peste, porque las casas estaban enclavadas entre las paradas 3 y 4 que era el foco; que cree que dictos ranctoues se hubieran podido tener en condiciones de no ser un peligro para aquella comunidad, reconstruyéndolos; que tal y como estaban podían servir de albergue de ratas; que dentro del período de la epidemia las casas, como estaban, podían cons-tituir un estorbo; que él tiene el sitio antes dicto como muy combatido; que alrededor de los ranchones había casas habi-tables; que como jefe de todas las enfermedades trasmisibles, todas las noticias de la Isla vienen a su oficina; que el caso de Facundo Costoso fué en la parada 3%, así como también los de Fernando Navaro y Catalino Maldonado; el de Mauricio Sierra en la parada 4 y los de G-uillermo Pizarro, Felipe Muñoz y Crecente Iglesias, en la parada 3; que esto ocurrió durante el mes de junio de 1912; que en junio fué la última vez que vio el ranchón; que no fué a dicho ranchón porque hubiese peste en ellos; que no puede recordar cuándo visitó la última vez dichos ranchones, pero cree que antes de la peste, muy poco antes; que como médico trabajaba en dicho barrio; que no recuerda el carácter de la enfermedad del paciente que visitaba allí, pero no fué de gravedad; que no recuerda cuántas veces lo visitó; que como oficial de sanidad nunca se le notificó de que en dichos ranchones hubiera alguna enfer-medad contagiosa; que el peligro de la peste bubónica exis-tía en todo el barrio de Puerta de Tierra, como existía en la misma ciudad; que los ranchones pudieron ser aislados para impedir el albergue de ratas, pero cree que la mejor medida era la destrucción de los mismos, pues las condiciones de las casas eran sumamente malas aunque no es perito y sólo habla por impresión; que las ratas se albergan mejor en los edi-ficios viejos cuando el piso está cerca de la tierra y hay ali-mentación para ellas; que su opinión era que debían des-truirse todas las casas que constituyeran un estorbo público; que habla en términos generales; que cuando una casa fuese de un valor grande él era de opinión que se hubiese apelado a otros medios para proteger la sanidad sin necesidad de la destrucción; que todo edificio se puede poner a prueba de ratas; que la mejor medida honradamente era la destrucción como el mejor medio de evitar la propagación de la enferme-dad; que la destrucción es lo mejor, porque la reparación supone un gasto excesivo; que nunca examinó dicha casa por dentro; que entró en ella pero no la examinó; que no puede precisar si el piso estaba junto al suelo; que no puede hablar del piso sino de la casa en conjunto; que no examinó la casa en detalles pero sabe que estaba habitada.

El Dr. José S. Belaval, médico de la sanidad en mayo, junio, julio y agosto de 1912, declara que examinó los ran-chones del demandante y los encontró en estado ruinoso; que los examinó durante la peste y se mandaron clausurar antes de la peste y parte de ellos fué destruida por sus propios dueños antes de la peste; que los dos ranchones estaban rui-nosos así como los inodoros; que no recuerda si los pisos esta-ban malos pero era partidario de la destrucción de los mismos por estar en muy mal estado; que directamente no puede decir que hubiera habido peligro por la no destrucción de esas casas para la comunidad; que hubiera habido el peligro que hay en todas las casas que no están en estado sanitario; que estaban ruinosos; que no tiene certeza de si el ranchón' que se destruyó antes de la peste y luego se rehizo pertenece al demandante porque no ha tenido tiempo de examinar los archivos, pero recuerda que había en el ranchón que daba a la calle de San Agustín y contiguo a ese, otro en peor condi-ción, pero que se refiere a la propiedad en general; que el mismo estaba en estado poco sanitario; que la apariencia general era ruinosa, pero no puede dar detalles porque de esto hace ya año y pico; que tiene idea de que el techo es de zinc pero no está seguro si era de zinc acanalado o zinc de planchas cortas; que los setos y las paredes eran de madera aunque no recuerda con exactitud la apariencia general de las casas, aunque era ruinosa por estar en estado poco sani-tario; que en estado poco sanitario significa mal estado de los inodoros, casa, sucia, pisos en mal estado, techos que se mojan y paredes malas; que una vez los inodoros de esas casas fueron arreglados; que el estado general de las casas cuando las destruyeron era más o menos el mismo; que él hizo la inspección durante la peste bubónica; que no podría recordar detalles pero el estado general de esas casas lo recuerda perfectamente y estaban en mal estado, y no recuerda si estaban habitadas cuando fueron destruidas; que era una casa grande de seis u ocbo puertas, pero no recuerda las di'mensiones exactas y no examinó-las maderas; que la casa estaba algo alta del terreno por la parte de atrás, pero por la parte delantera estaba a la altura de la acera aunque el testigo no la midió.

Enrique Peterson, declara que en el mes de julio examinó las dos casas propiedad del demandante y encontró que esta-ban en malas condiciones; que tenían varios boyos en el piso por donde el testigo metía las manos para acomodar las ratoneras pequeñas; que algunos de los pisos ajustaban a los setos; que había algunas roturas en la parte de la casa en la calle de .San Agustín, junto a la acera; que la parte del frente de la casa que daba junto a la acera y hacia la parte de atrás había varias tablas donde se podían colocar las rato-neras; que en dicha casa se capturaron ratas, aunque pocas, durante la epidemia, por junio o julio; que los setos que no juntaban eran de tablas anchas y sencillas y por tanto las ratas no podían meterse dentro de dichos setos; que había bastantes hoyos en el piso, y aunque no precisa si había hoyos en todas las habitaciones, cree que en la mayor parte los había; que cree que dichos hoyos eran debido a la vejez de la casa; que no sabe si la sanidad mandó a hacer esos hoyos allí para colocar ratoneras; que los techos de las casas estaban mal también, pues el zinc tenía algunas roturas; que del interior podía verse por el techo para afuera; que nunca estuvo en los ranchones en momentos de lluvia y no sabe si caían gote-ras; que no sabe-cuántas ratas se cogieron en los ranchones, pero que diariamente iba a ellos a poner las ratoneras; que en el tiempo en que él iba a los ranchones estaban habitables, pero no había tienda y sí una habitación donde tenían carbón; que el ranchón estaba algo sacio; que no recuerda lo que vió en la casita separada de la número 23; ni tampoco recuerda las condiciones del edificio dónde Rabian unas maderas.

Francisco Conde, empleado del Departamento de Sanidad, ocupado en la limpieza pública de Puerta de Tierra, declara que le ordenó el Oficial de Sanidad la inspección de todos los patios y en dichos ranchones notó que estaban en mal estado las paredes y los setos, así como el piso; que los setos esta-ban apolillados y algunas tablas levantadas en la parte de atrás y que extrajo de la habitación de una tal Dolores, mucha basura arrinconada en la casa cuyo seto estaba forrado de una tela impermeable ; que el zinc no estaba en buen estado por estar carcomido y varias partes forradas con tela impermeable; que el piso en la parte ocupada por el comerciante Morán, estaba levantado como a un metro y pico de altura, pero en la habitación de la Dolores estaba bajo; que la madera del frente de los ranchones estaba carcomida; que la inspec-ción la hizo el testigo del 19 al 22 de junio cuando la peste; que fué allí a limpiar el corral, pero tuvo que entrar en la casa para extraer basura debajo del piso.

Juan C. Yélez, declara, que conoce los ranchones pues tenía un negocio allí de refresquería, dulces y tabacos; que salió de dicha casa como cuatro meses antes de la peste, y que cuando él tenía el negocio las ratas le comían los cocos y le deterioraban el salchichón; que no puede calcular cuántas ratas había, pero que había también alguna sabandija; que en la parte que él ocupaba el piso tenía grietas, estaba roto y él lo tapaba para evitar que las ratas subieran a robarle lo que tenía; que la parte suya estaba aseada; que los techos le mojaban las provisiones; que no hizo nada para tapar los hoyos para que no se mojaran las provisiones porque él las recogía; que cuando se quejaba a los dueños le contestaban que pintara y arreglara él, pero que como la casa no era suya no hizo nada; que de noche no temía al agua porque lo dejaba todo recogido debajo del mostrador o tapado en cajones de fideos; 'que tenía los refrescos envasados en botellas y los salchichones los enganchaba en el aparador y desaparecían por la noche; que durante el tiempo que estuvo allí no se hizo en el piso de su establecimiento ninguna reparación.

Higinio Brillanes, declara que conoce los ranchones; que vivió cuatro años en las habitaciones de los mismos y ocho años en la fonda; que la fonda la tenía en la casita, en el No. 23; que vivió allí hasta cuatro meses antes de la peste y se fue porque la Sanidad le mandó clausurar la casa; que la casa no estaba en buenas condiciones; se mojaba y en los pisos tenía huecos y el seto estaba malo en la parte de atrás; que el demandante puso hormigón en la cocina; que allí había bastantes ratas; que la fonda, después que él se mudó, la mandaron a tumbar, y que antes, cuando él se mudó, metieron maderas en ella.

Emiliano Barrientos, declara, que conoce los ranchones Nos. 21 y 23; que vivió once meses en el número 21 hasta que la sanidad le ordenó mudarse; que el aposento en que él vivía estaba en malas condiciones, pues se mojaba y los setos estaban carcomidos, teniendo los pisos junto a la tierra; que el techo estaba malo con goteras que caían; que había sabandijas de todas clases, esto es, alacranes, cucarachas, rato-nes, etc.

Que la prueba de la defensa deja mucho que desear en cuanto a la precisión de sus detalles y seguridad en lo que toca a las afirmaciones de los testigos, cuyo claro deber era conocer los hechos, y quienes debieron haberse expresado en términos categóricos al hacer referencia a los mismos, es un hecho que no puede negarse. Sin embargo, examinada en conjunto la prueba de la defensa, resulta ésta poco favorable para el demandante y no podemos estar de acuerdo con la proposición en que tanto ha insistido el apelante de que los elementos de que carece el caso del demandante tal como ha sido presentado, han quedado subsanados por la prueba presentada por el demandado. Por censurable que sea la incertidumbre o vaguedad en cuanto a los pormenores que • debieron haberse precisado de modo terminante dejándose constancia de los mismos, o haberse conservado de algún modo para referencias fntnras, es nn hecho razonablemente claro qne las casas ep cuestión eran viejas, ruinosas, poco susceptibles de ser arregladas, parte de las mismas junto a la tierra, con techos llenos de goteras, paredes carcomidas y pisos podridos e infectados de ratones y sabandijas. Prác-ticamente no existe absolutamente nada en los autos que se oponga a esta conclusión a la que puede llegarse casi con la misma facilidad considerando la prueba incierta y dudosa del demandante como la del demandado, sin que aparezca nada tampoco que muestre de modo concluyente' que de haberse dejado a opción del demandante el destruir los ranchones o ponerlos a prueba de ratas,' hubiera elegido este último, o que hubieran podido ponerse en todo caso los referidos ran-chones en condiciones sanitarias y a prueba de ratas sin des-truirlos completamente, para luego reconstruirlos, teniendo que hacerse un gasto que estuviera fuera de todo cálculo con respecto al verdadero valor de los mismos. En resumen, en la prueba presentada por ambas partes no existe nada donde pueda basarse la conclusión terminante de que la orden del Director de Sanidad hubiera sido injusta o ilegal.

, No queremos volver a relatar el hecho de la peste bubó-nica en Puerto Rico, así como tampoco tenemos necesidad de considerar en toda su extensión las condiciones en que nos encontrábamos en la fecha de su primera aparición. Los hechos históricos están o deben estar frescos en la mente de todo residente reflexivo de la isla. Es humano, sin embargo, el olvidar y dar menos importancia al peligro que ha pasado, .y los métodos y medidas que en aquel entonces parecían estar sujetos abiertamente a la más acerba crítica por ser dema-siado conservadores y completamente inadecuados ante el peligro inminente pueden, con el transcurso del tiempo, resul-tar demasiado fuertes y severos y enteramente irrazonables e injustificados a una mente impulsiva e irreflexiva. No debemos perder de vista por un momento cuál era la verda-dera situación en la época en que se destruyeron las casas. del demandante, situación que exigía que se tomara acción rápida y resuelta, habilidad ejecutiva en alto grado, valor moral resuelto, y una gran devoción del deber por parte de los hombres que tenían la responsabilidad de la situación o condiciones que pudiera tomar la epidemia; y examinando toda la prueba a la luz de ese estado de cosas, no vacilamos en declarar que la acción tomada por las autoridades sani-tarias de las cuales se queja el demandante, fue como ya hemos indicado, no solamente justa y legal, sino sumamente nece-saria y enteramente procedente y digna de elogios. Cual-quier otra medida que se hubiera tomado tratándose de edifi-cios viejos, más o menos ruinosos, infectados por las ratas y otras sabandijas, precisamente en el foco de la epidemia, cualquier vacilación, incertidumbre, o demora, o tardanza con tales medidas dilatorias como las órdenes para poner las casas a prueba de ratas y hacer reparaciones con los corres-pondientes informes de presupuestos, planos, y especifica-ciones, protestas, injunctions, y otros proyectos para perder tiempo en vez de matar ratas, sin mencionar el tiempo exi-gido para concluir la obra una vez que realmente ha comen-zado, equivaldría a una negligencia moralmente criminal del deber oficial, que de seguirse o continuarse en él como regla de conducta general y terminante, sin duda que hubiera resul-tado en un horrendo y obscuro capítulo de nuestra historia local, en vez de lo que ahora parece a muchos un accidente relativamente insignificante, tan trivial por su naturaleza como pasajero en su duración, y notable solamente debido el costo enorme calculado exclusivamente en dólares y centavos.

No vemos que haya razón alguna para intervenir con la sentencia dictada por la corte inferior, la que debe .ser con-firmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres.-Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Crespo, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Sección 2a.,. en causa por asesinato en primer grado.
    No. 653.
    Resuelto en julio 31, 1914.
    Asesinato en Primer Grado — Deliberación y Malicia Premeditada — Peso de la Prueba. — En un caso de asesinato en primer grado el peso de la prueba para demostrar que el acusado mató a la víctima deliberadamente y con mali-cia premeditada recae sobre el Gobierno.
    Id. — Premeditación y Deliberación — Insuficiencia de la Prueba. — Cuando, como en el caso de autos, se presenta prueba para demostrar que la víctima llevaba alhajas o dinero y que, algunos días antes de morir, el acusado le pidió que le permitiera llevar un arma, a lo cual ella accedió, e inmediata-mente después del delito el herido nada dijo acerca de su dinero, sino que se concretó a pedirle a la primera persona con quien se encontró que le cuidara la mercancía que estaba vendiendo, habiéndose admitido que no existía ningún otro móvil para el crimen, es necesario concluir que el hecho de que el acusado pidiera un arma es compatible con el deseo de proteger a su principal y de protegerse a sí mismo durante los viajes que hacían, y que la prueba en totalidad es compatible también con un accidente, o con una súbita pendencia entre los dos hombres, y en tales circunstancias es claro que los elementos de premeditación y deliberación. no han sido probados en este caso.
    Id. — Instrucciones al Jurado — Errores Fundamentales — Asesinato en Se-gundo Grado y Homicidio. — El limitarse el juez sentenciador en este caso a dar instrucciones específicas sobre el delito de asesinato en primer grado y no con respecto al asesinato en segundo grado y al homicidio constituye un error fundamental que exige la revocación de la sentencia.
    Id. — Manifestaciones de la Yíctima — Res Gestae — Declaración en Artículo Mortis. — La víctima en este caso le encargó a la primera persona con quien se encontró después de la puñalada que le vigilara la quincalla, pero poco después le manifestó que había recibido una puñalada, y al ser preguntada contestó que Josefino Crespo se la había dado. Se resolvió que tal prueba era admisible como parte de la res gestee y que el Fiscal no podía sostener en apelación que tal prueba era admisible como una declaración en artículo mortis, porque cuando dicha prueba fué objetada en el tribunal sentenciador, el Fiscal que acusaba manifestó que la ofrecía como parte de las res gestee.

    Id. — Res Gestae — Apreciación del Tribunal — Funciones del Jurado. — El de-terminar si una parte de la prueba constituye o no parte de las res gestee corresponde al tribunal y el jurado tiene derecho a considerar esa parte de la prueba en conjunto con toda la prueba presentada en el caso.
    Id. — Instrucciones al Jurado — Prueba Circunstancial. — En casos que depen-den de prueba circunstancial la corte debe instruir al jurado acerca de la naturaleza de dicha prueba, y cuando, como en el caso de autos, solamente parte de la prueba tiene ese carácter, el juez en sus instrucciones debe acla-rarlo.
    Id. — -Instrucciones al Jurado — Silencio del Acusado. — Constituye un error fundamental el decir el juez en las instrucciones al jurado que el acusado no había dicho nada, ni había explicado a ellos cómo el delito fué cometido, pues esto pudo inducir al jurado a creer que era necesario que el acusado presentara prueba explicando su conducta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del acusado: Sr. José de J. Tizol.

    Ahogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso dice lo siguiente:

“El Fiscal formula acusación contra Josefino Crespo, por un delito de asesinato en primer grado (felony) cometido como sigue: ‘El citado Josefino Crespo, allá el día 17 de junio de 1912, en la jurisdicción de Río Grande, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, ilegal, voluntaria, y maliciosamente, y de una manera' alevosa, deliberada y premeditada, acometió y agredió con un cuchillo a Tomás Comas con intención de matarlo infiriéndole una herida penetrante en la región lumbar izquierda, seccionándole el intestino grueso en el colón lumbar, las asas del delgado y las arterias y' venas de la red del peritoneo; la que le produjo la muerte a los pocos mo-mentos. Este hecho es contrario a la ley para tal casó prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. Jaime Sifre, Asst. Fiscal del Distrito.’ La acusación que antecede está basada en el tes-timonio de testigos examinados bajo juramento, creyendo solemne-mente que existe junta causa para presentarla al tribunal. Jaime Sifre, Asst. Fiscal del Distrito. Jurado y firmado ante mí hoy día 27 de julio de 1912. R. Díaz Collazo, Sub-Secretario del Tribunal de Distrito de San Juan.”

Después de celebrado el juicio por jurado, el acusado fné declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a ser colgado.

El apelante alega nueve errores en apoyo del recurso. En ninguno de ellos se le llama la atención a esta corte directa-mente al error fundamental en este caso aun cuando tal error ha sido indicado en la argumentación oral por parte del ape-lante de las instrucciones de la corte al jurado. Consiste este error fundamental del caso en la carencia dé prueba para probar un caso de asesinato en primer grado. La prueba es la siguiente:

“Tomás Cardona declaró: que estando trabajando el día 17 de junio en la finca del Sr. Nicolás García, en el barrio de Sabana, de Río Grande, vió pasar por allí bacia arriba, como entre 7 y 8 de la mañana y a' distancia de dos o tres cuerdas, a Tomás Comas, que llevaba una maleta, yendo acompañado de otra persona que no conoce, pero que llevaba otra maleta.
“Dolores Rivera declaró: que allá el día 17 de junio, por la mañana, trabajaba en la finca de Nicolás García, en el barrio de Sabana, de Río Grande, apareado con Tomás Cardona, cuando vió pasar entre 7 y 8 de dicha mañana a Tomás Comas, acompañado de un jovencito de color blanco, de cuerpo regular, a quien no conocía, pero el que le presentaron más tarde y era el mismo. Señalando al acusado contestó al Fiscal que ese será el individuo que iba con Tomás Comas; que se le parece. Que ellos iban para allá, y que uno lle-vaba una canasta y el otro una maleta; y que el día que pasó Tomás Comas con ese otro individuo, lo anormal que sucedió en el barrio fué que mataron a Tomás Comas, y que recuerda ese día.
“Jesús Mercado Io. declaró: que en el mes de junio vivía en la propiedad de D. Nicolás Carcía, que está en el barrio Sabana, de Río Grande, cerca de Luquillo, y en donde trabajaba acompañado de un hijo suyo llamado Jesús Mercado 2o. Que mientras trabajaba sintió un grito duro que dijo !Ay¡, creyendo que el grito había salido de uno que se había caído de un palo de pana, y por el lado del palo de pana fué que oyó el grito; que su hijo salió mandado por él a ver lo que había pasado; que más tarde fué a su casa y encontró allí -a su hijo y a Tomás Comas que estaba sentado en la cama, y des-pués de haberle pedido un vaso de agua a la mujer del testigo cayó para atrás y murió allí de la puñalada que le habían dado por la espalda; que conoce a Josefino Crespo, quien al ser llevado a la casa de D. Nicolás estaba como sorprendido, quedándose allí hasta que llegaron los guardias; que vió el cuchillo con que hirieron a Comas, siendo un cuchillo grande y estaba lleno de sangre.
“Jesús MeRcado 2°. declaró: que vivía en el mes de junio en el barrio de Sabana; que en la mañana del día 17 de dicho mes salió a trabajar con su padre a una finca de Nicolás García, y como entre 8 y 9 de la mañana sintió unos gritos, y le dijo a su padre: ‘Papá, oiga lo que pasa/ y por mandato de su padre se dirigió a su casa porque creyó que había sido una hermana suya que se había caído del palo, y al llegar a su casá< se encontró a una hermanita que llo-raba, la que le dijo que Tomás Comas había llegado herido; que To-más Comas estaba en el catre de su mamá; que Nicolás García le dió orden de que cogiera una bestia y fuera al pueblo a dar cuenta; y cuando fue a coger la bestia sintió un ruido por unas matas, y vió a un individuo que iba sin sombrero y se dirigió hacia él, lo empuñó y preguntándole como se llamaba le contestó que Josefino; que enton-ces le dijo que iba a llevarlo a la casa porque el difunto había dicho que Josefino lo había matado, llegando en eso Nicolás García, y entre ambos lo llevaron a la casa. Preguntado por el fiscal si ese individuo a que se refiere está en la sala, contestó que sí, señalando al acusado. Que cuando el testigo llegó a la casa, Tomás Comas ya había muerto. Preguntado sobre si el acusado hizo alguna manifestación sobre que él no era quien cometió el hecho, manifestó que el acusado se quería ir y decía; ‘Aflójeme, que yo no soy.3 Que como a los 20 ó 25 días del hecho encontró en el monte la vaqueta del cuchillo que estaba escondida, y una libreta que tenía unas cartas dentro, tapadas con basura, y lo que entregó al dueño de la propiedad. Presentádale por el Fiscal la vaqueta, la reconoce. Que antes del hecho había visto a Josefino Crespo que andaba con Tomás Comas; que su mamá le dijo que el difunto le había declarado a ella antes de morir que había sido Josefino.
“Nioolás GARCÍA declaró: que allá en el mes de junio vivía en el pueblo de Luquillo y tenía una finca en Sabana; que Tomás Car-dona, Dolores Rivera, Jesús Mercado 1°., y Jesús Mercado 2°., son peones suyos; que el día 17 de junio estando volteando su finca oyó unos gritos que decían !Ay¡ tía, que me han matado, me han dado una puñalada, ¡ Ay! tía, avance!; que miró y vió a un individuo corriendo que subía por el cercado de alambre con dirección al monte, y cuando el testigo llegó a la casa encontró a Tomás Comas en un catre, que tenía una puñalada por detrás de donde le salía poca san-gre; que Tomás Comas se dedicaba a la quincalla y llevaba de peón a un tal Josefino Crespo, que es el acusado; que al llegar a la casa Tomás Comas, ya moribundo, manifestó delante de la señora y de. él que quien lo había herido había sido su peón Josefino Crespo, mu-riendo como a los tres o cuatro minutos; que en seguida salió en busca del individuo que había visto corriendo hacia el monte y encon-tró a Jesús Mercado con un individuo empuñado, Josefino Crespo, quien hacía resistencia, y le llevaron a la casa, estando en actitud violenta, como que quería escaparse. Que cuando el testigo -llegó a la casa encontró el eqehillo que estaba encima de la maleta, y lo ocupó, entregándoselo a la señora con la maleta para que lo guar-dara. Que cuando llegó donde estaba Josefino Crespo éste le dijo que él no babía sido quien había herido a Tomás Comas, que él iba en persecución del que le había dado la puñalada, que era un negro que iba vendado. Que cuando llevaron a Josefino Crespo a la casa donde estaba Tomás Comas, se puso el sombrero del muerto diciendo que era de él, y el declarante le dijo que no, y después se encontró el sombrero de él al lado de un tocón, que es un sombrero de burro. Reconoce el sombrero que llevaba Josefino Crespo y el cuchillo que tenía cabo negro. Que el cuchillo, cuando lo vió en la casa, estaba lleno de excremento hasta el cabo. Que cuando llegó a la casa y encon-tró al herido éste lo que le dijo es: ‘Don Nicolás, Josefino Crespo, mi compañero, me ha dado una puñalada1 y en aquellos momentos tenía su conocimiento, pero enseguida fué que murió. Que antes del hecho había visto a Josefino Crespo en el pueblo en unión de Comas; que entre él tiempo que oyó el grito, llegar a la casa y encontrar a Tomás Comas allí pasaron como tres o cuatro minutos, habiendo como una cuerda, próximamente, del punió donde estaba él excre-mento a la casa. Reconoce, al serle mostrado por el Fiscal, un pan-talón como el que llevaba puesto Josefino Crespo el día del hecho, e indica el sitio donde tenía unas manchas de excremento, cuyo pan-talón, ofrece el Fiscal como prueba para corroborar la declaración del testigo, y para demostrar que después que dió la puñalada se lim-pió en la parte trasera-
“Monserrate Comas declaró: que es policía insular, que Tomás Comas era su hermano y que conoce a Josefino Crespo, quien desde hacía algún tiempo era peón de su hermano que se dedicaba a la quin-calla. Que a principios del mes de junio o último de mayo de 1912, su hermano portaba un cuchillo y un revólver, que cree era un bulldog, y el cuchillo grande de cabo negro, cuyas armas llevaba en la-canasta. Que una noche, todavía el testigo no era policía insular, su hermano se encontraba en su casa y le dió a contar un dinero, hasta 1,500 pesos, y entonces Josefino Crespo le pidió una de las armas, diciéndole que para qué necesitaba dos, que le diera una, y su hermano le dijo: ‘Coge cualquiera; puedes coger el cuchillo o el revólver, el que quieras,’ y Josefino Crespo le dijo: ‘Yo cojo mejor el cuchillo.’ Que esto del cuchillo pasó como diez o doce días antes del hecho. ■ El Fiscal lo presenta al testigo y lo reconoce. Que dicha arma fué entregada por su hermano a Josefino Crespo en presencia del testigo. Que el motivo porque le contó a su hermano los 1,500 pesos fué porque le dijo: ‘Tanto tiempo trabajando y todavía estás bruja?’, y dice: ‘No; tengo algunos chavitos,’ él dijo: ‘¿Como cuánto dinero tendrás?’ y dice: ‘Cuéntalos’ y los contó. Que el dinero lo llevaba en uno de los bolsillos de atrás en un paquete, y siem-pre andaba con ese dinero. Que parece que su hermano llevaba amo-res con una hermana de Josefino, y debido a esta circunstancia tenía colocado a Josefino, a quien en dos o tres ocasiones le había dicho que no lo necesitaba. Que anteriormente Josefino y su hermano ha-bían tenido un disgusto, pero que eso había pasado a la historia. Que varias-noches Josefino convidó a salir a su hermano, pero,que su her-mano, como portaba esa cantidad, no quería salir de noche. Que cuando murió su hermano, el 'testigo estaba de policía en Juncos, y que no ha podido encontrar los 1,500 pesos, porque el acusado estuvo más de un cuarto de hora dentro del monte y tuvo tiempo de guardarlos.
“CaRlota Mbroado declaró: Que vjve en Ltuquillo; que en el mes de junio vivía en Sabana; que conoció a Tomás Comas, quien se dedicaba al trabajo de azada y luego, el de quincalla; que a Jose-fino Crespo lo conoce de vista. Preguntada si el que acompañaba a Tomás Comas está aquí, contestó afirmativamente, señalando al acusado. Que lo que ocurrió el día 17 de junio fué que mataron a Tomás Comas. Que estando la declarante en su casa salió a la ven-tana por la mañana, entre 8 y 9, porque sintió gritos duros que decían ¡ Ay!. Que miró y vio venir corriendo a Tomás Comas, quien la vió y dijo: ‘Yen, alcánzame, toma este cuchillo y llévalo a tu casa y búscame la quincalla que está debajo del palo de pana.’ Que la declarante cogió el cuchillo y fué al palo de pana a buscar .la quin-calla, y había allí una maleta que tenía excremento encima, la cual trajo a su casa, y cuando llegó ya Tomás Comas.había muerto; que tardó poco en volver con la maleta, porque entre el sitio donde estába y la casa hay como una cuerda; que el cuchillo lo puso encima de la maleta, el cual era grande, de cabo negro, y estaba sucio con san-gre y excremento; que no vio la herida ni sabe dónde la tenía, y que Tomás Comas murió de la puñalada que le dieron. Que vió a jose-fino Crespo en la casa ese mismo día, cuando lo llevaron, su hermano y D. Nicolás.
“FabrioiaNa Robles declaró: que vive en el barrio Sabana, de Río Grande; que Carmen Mercado y Carlota son sus hijas; que el día 17 de junio, estando fuera de la casa en una quebrada, sintió gritos en su casa y se acercó y vió que era Tomás Comas; que le pre-guntó qué le había pasado, y le dijo que le habían dado una puña-lada, y entonces le preguntó que quién había sido, contestándole que Josefino Crespo, su compañero; que Comas siguió hasta el cuarto, se acostó en la cama y murió allí seguido de haberle dicho que Josefino Crespo era el que le había dado la puñalada; que Tomás Comas le enseñó la herida, mostrándole el sitio, y que cuando le hizo la manifestación no había más nadie que D. Nicolás García y ella; que vió a Josefino Crespo cuando lo trajeron a la casa; que el inter-fecto la llamaba a ella tía, y como no la vió en la casa, en los gritos aclamaba a su tía, diciendo: ‘¡Ay! tía, que me han dado una puña-lada!’ Que vió el cuchillo, que era grande, de cabo negro, y lo reconoce al-presentárselo el Fiscal.
‘1 CaRLos GARCÍA de la Nooeda declaró: Que es el Juez Municipal de Río Grande; que en uno de los días del mes de junio fué a Luquillo el mismo día del crimen, y vió a Josefino Crespo; que no le notó nada en sus ropas que le llamara la atención y sí en otra ropa, en un pantalón, notó que tenía excremento, materias fecales, indi-cando la parte del pantalón en donde las vió, en la parte de atrás; que el testigo se incautó de la propiedad de Comas.
“Dr. Miguel Veve declaró: que es médico-cirujano;' que cono-ció a Tomás Comas y a su familia; que allá por el día 17 ó 18 de junio tuvo oportunidad de prestar sus servicios a Tomás Comas, quien no presentaba exteriormente señales de violencia alguna, ni un ligero rasguño, y sí una herida dada en el lado izquierdo, detrás, por ins-trumento cortante bastante ancho en su base; el filo seguramente era hacia delante, y el instrumento bastante largo, de 9 a 10 centímetros; que el arma homicida cortó el colón en su borde esterno e hirió los intestinos en distintas partes, motivando un sinnúmero de heridas y al mismo tiempo la rotura de venas, produciendo una hemorragia interna, cosa muy segura, por haber sido recibida la herida precisa-mente en el más frondoso árbol arterial; que a Tomás Comas le pro-dujo la muerte la herida recibida; que la posición en que ha debido estar Tomás pomas en relación al agresor al recibir la herida es en un mismo plano, pues no se explica de otra manera, y que Tomás Comas ha debido estar en cuclillas, y el otro también en cuclillas, ligeramente inclinado; que un individuo que recibe una herida así puede andar, y como la hemorragia se produce de una manera lenta, ha podido estar como diez minutos de pie, hablando y andar la dis-tancia de una cuerda; que con más razón puede estar diez minutos de pie, hablando, sobre todo si es cierto lo que dicen que llevaba el cuchillo colocado en la herida; que Tomás tenía una organización fuerte y que pudo conservar sus facultades intelectuales al morir; que esta clase de herida no determina ningún trastorno, sino al con-trario, tenía que estar completamente sano del cerebro.
‘ ‘ CeliNA MeRCado declaró: Que en el mes de junio vivía en una casa de D. Nicolás García; que conoce a Tomás Comas y a Josefino Crespo, quienes andaban juntos; que ese día, 17, Tomás Comas llegó herido a su casa, y la testigo fué a llamar a su mamá que estaba lavando los paños en la quebrada; que Tomás Comas, cuando llegaba a la casa iba gritando y llevaba un cuchillo que le entregó a su her-mana Carlota. Presentádole el cuchillo dice que es el que llevaba Tomás en la mano. Que desde que la testigo vió a Comas, que fué a buscar a su mamá y volvieron, tardó poco tiempo, como 10 minutos, más o menos. Que cuando Comas le dijo a su mamá que quien lo había herido era Josefino Crespo, no había ninguna persona allí, nada más que su mamá y ella, y que entre hacer Comas esa declaración y morir transcurrieron unos 10 minutos.”

De la relación anterior de la prueba se deducen los siguien-tes hechos:

. (1) Que Comas reeibió una puñalada de manos del acu-sado Josefino Crespo. Es innecesario el-relacionar los hechos particulares por los cuales se llega a esta conclusión, porque es el hecho constitutivo de este caso y al considerar como haremos si la prueba es suficiente, a semejanza de una excep-ción previa a la prueba, debe darse valor a toda la prueba del Fiscal, y sucede que en este caso no se presentó otra prueba.

Habiéndose demostrado claramente que Comas fué muerto por Crespo, el peso de la prueba recayó sobre el gobierno para que probara que Josefino Crespo deliberadamente y con malicia premeditada, mató a Tomás Comas. Cuando Crespo fué cogido por los dos hombres que lo detuvieron, él estaba escondido y dijo “Aflójenme, que yo no soy.” Se presentó prueba para demostrar que Comas llevaba alhajas o dinero. También hubo pruebas para demostrar que como unos diez o doce días antes de morir Comas, le pidió Crespo que le per-mitiera llevar un arma lo cual se le concedió y él eligió un cuchillo. Ahora bien, el pedir Crespo un arma puede muy bien armonizarse con el deseo de proteger a su principal y a sí mismo durante sus viajes, pues era su sirviente. No existe la más mínima prueba de que Crespo tratara de apoderarse de parte alguna del dinero que acostumbraba llevar Comas, y se ba admitido qne no existe ningún otro móvil para el cri-men. De la prueba resulta que Comas inmediatamente des-pués del delito nada dijo do su dinero, sino que pidió a la pri-mera persona con quien se encontró que le cuidara la quin-calla que constituía la mercancía que él estaba vendiendo y de la cual obtenía sus medios para vivir. La prueba en con-junto es perfectamente compatible con un accidente o súbita pendencia entre los dos hombres. No discutimos más la prueba porque creemos que es clara para la mente que- los elementos de premeditación y deliberación no han sido pro-bados en este caso.

(2) En el octavo motivo del recurso el apelante sostiene que la corte debió haber instruido al jurado con respecto a los grados del delito, además del de asesinato en primer grado, pues las instrucciones del juez al jurado se refirieron única-, mente al crimen de asesinato en primer grado. Es verdad, como dice el fiscal en varias partes de su alegato, que el acu-sado no pidió instrucciones específicas para el jurado, pero esta corte siguiendo el Código de Enjuiciamiento Criminal nunca ha dudado en examinar las instrucciones al jurado para ver si se ha cometido algún error sustancial. Opina-mos que existe el error fundamental en no dar instrucciones con respecto al asesinato en segundo grado y. al homicidio. No sabemos con exactitud cuál fué la teoría del juez senten-ciador con respecto a la deliberación o premeditación. Puede ser que existieran algunos elementos en los cuales él se fijara como demostrativos de tal deliberación o premeditación, pero creemos claro que existe lugar para dudar de la comisión de un asesinato en primer grado por razón de que nadie tiene la' menor idea acerca de lo 'que ocurrió cuando los dos hombres se hallaban solos en el monte. Bajo cualquier aspecto del caso, teniendo en cuenta las circunstancias particulares en que ocurrió la muerte, el acusado tenía derecho a que se instruyera al jurado con respecto a los grados inferiores.

(3) Gran parte del debate jurídico en este caso se refiere a si las manifestaciones techas por Tomás Comas poco antes de sn muerte eran admisibles como prueba. El Fiscal sos-tiene que tales manifestaciones eran admisibles ya como prueba de las circunstancias constitutivas del delito (res ges-tes), ya como declaración en artículo mortis (dying declaration). No creemos que el Fiscal pueda ante esta corte sos-tener que esta prueba era admisible como una declaración en artículo mortis, porque cuando el acusado tizo objeción a esta prueba por ser de referencia, el Fiscal manifestó que la ofrecía como prueba de las circunstancias constitutivas del delito. Creemos que el Fiscal arguye con visos de razón que la prueba impugnada era admisible como parte de las res gestee. Es verdad que Comas le encargó a la primera persona con quien se encontró después de la puñalada, que le vigilara la quincalla, pero poco después él manifestó que tabía recibido una puñalada y al ser preguntado contestó que Jose-fino Crespo se la tabía dado. No vemos error alguno en la admisión de esta prueba. Tal vez si el acusado lo tubiera pedido la corte tubiera dado instrucciones al jurado con res-pecto a lo que podía considerarse como parte de las res ges-tee en este caso. Por lo demás, como sostiene el Fiscal, el determinar si uña parte de la prueba constituye o no parte de la res gestee, corresponde al tribunal y 'el jurado tiene derecto a considerar esa parte de la prueba en conjunto con toda la prueba presentada en el caso. Las manifestaciones y gritos del moribundo, tectas en tan íntima relación con el suceso principal de espontaneidad y como temos indicado eran perfectamente admisibles. .

(4) Estamos de acuerdo con el apelante que en un caso que depende de prueba circunstancial la corte debe instruir al jurado acerca' de la naturaleza de la prueba circunstan-cial y el fiscal está conforme con esta conclusión. Sin embargo, sostiene que solamente una parte de la prueba era de carácter circunstancial. La corte, por el contrario, se refi-rió a la- prueba como si toda fuera circunstancial dejando lugar a duda el si se refería a toda la prueba, y por eso opi-namos que procedía y basta era necesario instruir al jurado con respecto a la naturaleza de la prueba circunstancial.

(5j También creemos que al decir el juez en sus instruc-ciones al jurado que la única prueba era' la de la acusación porque el acusado no babía dicbo nada, ni babía explicado ante ellos cómo el delito fue cometido, pudo inducir al jurado al error de creer que era necesario que el acusado presentara prueba explicando su conducta; y si bien les instruyó luego que el silencio del acusado no debía servir de elemento para creer en su culpabilidad, sin embargo si el jurado llegó a creer por las instrucciones que el acusado tenía necesidad de expli-car lo ocurrido, el perjuicio estaba causado, por lo que tene-mos que llegar a la conclusión de que esa parte de las instruc-ciones fue por lo menos confusa y capaz de producir error en el jurado.

No bemos discutido los errores alegados por el apelante en el orden en que ban sido expuestos o planteados, pero sí bemos examinado sustancialmente todos los errores con excep-ción de uno o dos que no -son perjudiciales y que no tienen pro-babilidades de que ocurran en un nuevo juicio.

Por los errores expuestos y sobre todo porque el caso-no demuestra la comisión de un asesinato en primer grado, debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenada la celebración de nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutcbison no formó parte del -tribunal .en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf, JUEZ ASOCIADO SE. DEL TORO

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Concepción, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en cansa por asesinato en primer grado.
    No. 662.
    Resuelto en julio 31, 1914.
    Asesinato en Primer Grado — Pena Capital — Apelación de Oficio — Necesidad de que el Acusado Interponga la Apelación. — Los preceptos de la sección Ia. de la Ley No. 10 de marzo 9, 1911, demuestran que la Legislatura con-sideró esencial para que existiera apelación en un caso de asesinato en primer grado castigado con pena capital, el que aquélla se interpusiera, y no fué su intención el que dichos casos quedasen apelados de oficio para ante el Tribunal Supremo por el mero heeho de ser casos de asesinato en primer grado castigados con pena capital.
    Id. — Jurisdicción del Tribunal Supremo — Apelación de Oficio — Omisión de Interponer la Apelación.- — Para que el Tribunal Supremo adquiera juris-dicción en grado de apelación en un caso de asesinato en primer grado cas-tigado con .pena capital, es indispensable que el acusado o su abogado inter-ponga dicha apelación.
    Id. — Derogaciones Tácitas — Interpretación en Oaso de Duda. — Las deroga-ciones tácitas no son favorecidas por la ley y cualquier duda debe resolverse en contra de la intención de cambiar la ley y el procedimiento constante de varios años.
    Id. — Apelaciones en Casos Crimínales.- — Los preceptos de la Ley No. 10 de marzo 9, 1911, no han derogado el artículo 347 del Código de Enjuieiáiniento Criminal relativo a las resoluciones apelables en casos criminales.
    Apelación — Abogados—Apelación Contra la Voluntad del Cliente. — Para que exista una apelación es necesario que se manifieste la voluntad de la parte de apelar, y aun cuando una ley dispusiera lo contrario, un abogado, cum-pliendo con el deber de ajustarse a las instrucciones de su cliente, no tendría el derecho de apelar contra la voluntad de aquél.
    Asesinato en Primer Grado — Apelación en Casos de Pena Capital — Objeto de la Let No. 10 de Marzo 9, 1911. — El objeto 4e esta ley no ha sido otro que el de imponer al abogado del acusado el deber de establecer apelación en causas de pena capital y el de que, para resolverlas, esta Corte Suprema tenga siempre ante sí una relación de la prueba presentada al jurado, ya preparada por el abogado o en su defecto por el juez que presidió el juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: iSr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. José de J. Tisol.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en este caso es si nn caso de pena capital queda de oficio transferido a la Corte Suprema de Puerto Eico en grado de apelación por efecto de la Ley No. 10 de marzo 9,- 1911, que estatuye lo siguiente:

“Sección Ia. — -En toda causa en que se hubiere pronunciado sen-tencia de muerte por una corte de distrito, será el deber del abogado o abogados del acusado apelar debidamente dicha causa para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
“Sección 2a. — En todas esas causas en las cuales el abogado del acusado no haya hecho preparar el récord en debida forma para tras-mitirlo al Tribunal Supremo según se dispone anteriormente, dentro del tiempo que la ley prescribe, el secretario de la corte de distrito notificará el hecho al juez del distrito, y será entonces el deber de dicho juez, en los treinta días -subsiguientes, preparar y certificar una relación de la prueba presentada al jurado en la forma que le sea más conveniente, y dicho juez de distrito queda autorizado para prorrogar el tiempo en el cual deba el secretario enviar la transcrip-ción del récord al Tribunal Supremo en cumplimiento de las disposi-ciones de esta ley.
“Sección 3a. — Toda ley o parte de ley que se opusiere a la pre-sente queda por ésta derogada.”

Leyes de 1911, p. 70.

Como puede verse, la sección Ia. impone al abogado o abogados el deber de “apelar debidamente” para ante la Corte Suprema de Puerto Eico. Por tanto, la Legislatura consideró como esencial para una apelación el que ésta se interpusiera, y si ésta ha de interponerse resulta que no ha existido la intención por parte de la Legislatura de que los icasos de pena de muerte queden de oficio apelados para ante la Corte Suprema. En otros términos, si el caso quedara de oficio transferido por el mero hecho de ser un caso de pena capital, no existiría la necesidad de imponer al abogado el deber de apelar.

La sección 2a. presupone que se ha interpuesto la apela-ción y elevado el caso a la Corte Suprema de Puerto Eico. Sus palabras se refieren a la omisión por parte del abogado, no de interponer la apelación sino de preparar el récord para elevarlo a este tribunal. Dicta sección parte del supuesto de que la jurisdicción sobre el caso ha sido ya adquirida por la Corte Suprema de Puerto Eico, mediante la apelación por el abogado. Por tanto, cuando el abogado deja de preparar el récord, habiendo ya sido transferida la jurisdicción a esta corte, entonces el juez tiene el deber, mediante previo aviso, de preparar una “relación de la prueba presentada al ju-rado.” El juez queda autorizado para prorrogar el tiempo para que se eleve el récord en debida forma, y es de supo-nerse que la exposición del caso que ha de preparar el juez puede agregarse al legajo de la sentencia que se prepare de acuerdo con los preceptos del artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal, enmendado por la Ley de marzo 7, 1908, página 56. La sección 2a. se refiere únicamente a la preparación de la exposición del caso y a su incorporación en la transcripción de autos. No trata de la adquisición por este tribunal de jurisdicción. Las palabras “según se dis-pone anteriormente” son anómalas porque el deber de ape-lar no incluye el deber de preparar él récord. Tal vez su única explicación es el uso de las palabras “apelar debida-mente.” La Legislatura en la primera sección, puede haber tenido la intención, de que la palabra £ ‘ debidamente ’ ’ se apli-que también a la preparación del récord. Entonces el deber de los abogados sería no sólo de apelar sino también de pre-parar el récord, y las palabras “ según se dispone anterior-mente” serían explicables. De otra manera no son sino su-perfinas.

Pero hay otras consideraciones de carácter general. El artículo 345 del Código de Enjuiciamiento Criminal, enmen-dado por Ley de febrero 6, 1904, dispone que cualquiera de las partes puede apelar para ante la Corte Suprema siempre que la apelación verse sobre una cuestión de derecho según queda prescrito en este capítulo.

El artículo 347 dispone que el acusado puede apelar (1) de una sentencia condenatoria definitiva, (2) de una orden denegando una moción de nuevo juicio, (3) de una orden die-tada después de sentencia y qne afecte los derechos sustan-ciales de la parte. Estos constituyen todos los preceptos lega-les anteriores a marzo 9, 1911, en virtud de los cuales un acu-sado podía apelar para ante la Corte Suprema. En la Ley de marzo 9,1911, no hay la más mínima palabra que se refiera a estos artículos o que demuestre una intención directa de modificarlos o enmendarlos. Las derogaciones tácitas no son favorecidas por la ley y cualquiera duda dehe resolverse en contra de la intención de cambiar la ley y el procedimiento constante de varios años.

En todas partes es necesario que la voluntad de la parte de apelar se revele. El principal deber de un abogado es ajustarse a las instrucciones de su cliente, y a pesar de las palabras de la ley en sentido contrario no creemos que un abo-gado tenga el derecho de apelar contra la voluntad de su cliente. No hay precepto alguno en la ley que fije el momento en que quedaría el caso elevado si se sostuviera que el caso queda de oficio transferido. ¿Queda el caso elevado instan-táneamente a la Corte Suprema al decretarse la sentencia o cuándo el abogado deja de apelar? ¿Cuándo empieza a correr el tiempo para preparar la transcripción de autos y por qué se hace necesario prorrogar el término según dis-pone la sección 2a., si el caso no ha de regirse por las reglas aplicables a todo oteo caso criminal y exige la intervención de la parte o de su abogado?

En el caso de autos el juez preparó la exposición del caso y el secretario elevó la transcripción de autos pero no se inter-puso apelación. De aquí que este tribunal nunca adquirió jurisdicción y no tenemos autoridad para examinar los méri-tos de las alegaciones ni del juicio.

El objeto de esa ley no ha sido otro que el de imponer al abogado el deber de establecer apelación en causas de pena capital y el de que para resolverlas esta Corte Suprema» tenga siempre ante sí una relación de la prueba presentada al jurado, ya preparada por el abogado o en su defecto por el juez que presidió el juicio, evitando de este modo que, cual ha ocurrido en muchos anteriormente por falta' de esa rela-ción de hechos, tuviéramos que limitar nuestra consideración en el caso a determinar si la acusación era suficiente y si las instrucciones del juez al jurado eran correctas. El caso dehe ser desestimado o archivado por falta de apelación.

Sobreseída la apelación y archivada la tram scrip ción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutchison disin-tieron.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SE. DEL TORO

CON LA CUAL ESTÁ CONEOEME EL JUEZ ASOCIADO SE. HUTCHISON.

La presente es una causa criminal en la cual se impuso al acusado la pena de muerte. El Fiscal de la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección 2a., imputó a Mateo Concepción el delito de asesinato en primer grado, cometido en la persona de Serafina Dones, en la madrugada del 8 de septiembre de 1912, dentro de esta ciudad de San Juan. El acusado hizo la alegación de no culpable. El juicio se celebró ante un jurado. Este, el 16 de enero de 1913, rindió su veredicto declarando a Concepción culpable del delito de asesinato en primer grado. El convicto, por medio de su abogado, solicitó un nuevo juicio. La corte negó la solicitud, y, el 11 de febrero de 1913, dictó sentencia condenando a muerte a Mateo Con-ceepción, el acusado.

La primera cuestión que debemos considerar, es la de si tenemos o no tenemos jurisdición para intervenir en esta causa.

Examinada la transcripción del récord, no aparece incluido en ella ningún escrito de apelación contra la sentencia ni contra la resolución denegatoria de nuevo juicio, existiendo una constancia puesta por el secretario del tribunal senten-ciador, que dice así: “Escrito de apelación. El abogado del acusado no presentó escrito de apelación por tratarse de un asesinato en primer grado.” La exposición del caso fue pre-parada por el propio juez sentenciador, quien expresó que lo liacía 4‘en cumplimiento de la sección 2 de la ley aprobada en 9 de marzo de 1911, y para los efectos de la apelación.”

, Elevada la transcripción a esta Corte Suprema, el abo-gado del acusado faltó en presentar su alegato, no obstante haber solicitado y obtenido prórroga para ello, y señalado el 29 de mayo de 1914 para la vista, no compareció el dicho abogado limitándose a pedir por teléfono la suspensión del acto por causa de enfermedad.

En el año de 1902' se instauró en Puerto Eico un nuevo sistema penal, poniéndose en vigor un Código Penal y otro de Enjuiciamiento Criminal.

En dicho sistema, las sentencias dictadas por las cortes de distrito, con o sin intervención del jurado, resuelven defi-nitivamente las causas criminales y son ejecutorias desde el momento en que se dictan, a menos que se entable contra ellas recurso de apelación.

La materia de apelaciones está regulada por los artículos 345 al 369 del Código de Enjuiciamiento Criminal, algunos de los cuales han sido enmendados por leyes posteriores de la Asamblea Legislativa. Seos. 6383 to 6415 of the Revised Statutes and Codes of Porto Rico.

En 1902 no existía más distinción .entre las apelaciones interpuestas en casos de pena de muerte, y las establecidas en los demás casos, que la referente a la suspensión de la ejecución de la sentencia. De acuerdo con el artículo 353, en los de pena de muerte la apelación suspendía acto seguido la ejecución del fallo, y en los demás casos la ejecución se suspendía “al presentarse al secretario del tribunal senten-ciador una certificación del juez de dicho tribunal o de un magistrado de la Corte Suprema, manifestando que en su opinión existen causas probables para la apelación.”

En 1903, Leyes de 1903, página 46, se decretó en- general que “una apelación ante la Corte Suprema, de una sentencia condenatoria, suspende la ejecución de la misma,” quedando así derogado implícitamente el precepto del artículo 353 rela-tivo a la certificación que se debía presentar para obtener la suspensión de la ejecución de la sentencia.

En 1911 se aprobó' la ley No. 10 respecto a apelaciones en causas capitales. Dicha ley contiene solo tres secciones que, copiadas a la letra, dicen así:

“Sección 1. — En toda causa en que se hubiere pronunciado sen-tencia de muerte por una corte de Distrito, será el deber del abogado o abogados del acusado apelar debidamente dicha causa para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
“Sección 2. — En todas esas causas en las cuales el abogado del acusado no haya hecho preparar el récord en debida forma para tras-mitirlo al Tribunal Supremo según se dispone anteriormente, dentro del tiempo que la ley prescribe, el secretario de la corte de distrito notificará el hecho al juez del distrito, y será entonces el deber de dicho juez, en los treinta días subsiguientes, preparar y certificar una relación de la prueba presentada al jurado en la forma que le sea más conveniente, y dicho juez de distrito queda autorizado para prorro-gar el tiempo en el cual deba el secretario enviar la transcripción del récord al Tribunal Supremo en cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
“Sección 3. — Toda ley o parte de ley que' se opusiere a la pre-sente queda por ésta derogada.”

Leyes de 1911, p. 70.

¿Cuál es el alcance de la ley que hemos transcrito? ¿Esta-blece una apelación de oficio én todos los casos de pena de muerte, o se limita a imponer el deber de apelar al abogado del acusado, y sólo cuando el abogado cumple con ese deber e.s que confiere jurisdicción a la Corte .Suprema?

A nuestro juicio no puede negarse que la ley No. 10 de 1911 introdujo una variación en el sistema penal vigente desde 1902, estableciendo una diferencia en la materia de apela-ciones entre los casos de pena- de'muerte y todos los demás. Por su sección 1 impuso al abogado del acusado el deber de apelar, y por su sección 2 previo el caso en que dicho abogado dejara de cumplir con su deber y dispuso que entonces sería la obligación del juez sentenciador “preparar y certificar una relación de la prueba presentada al jurado en la forma que le sea más conveniente, ’ ’ quedando encomendada al secre-tario la misión de elevar la transcripción del récord al Tribunal Supremo.

Siendo esto así, opinamos que nuestra jurisdicción es clara, y, en tal virtud, procederemos al estudio' y resolución de las cuestiones envueltas, no sin antes expresar que censuramos la conducta seguida por el o los abogados del acusado, tanto en la corte inferior como en esta Corte Suprema.

De la transcripción aparece que el acusado solicitó de la corte sentenciadora la celebración de un nuevo juicio basán-dose en que se habían cometido los siguientes errores:

1. El veredicto rendido no es la expresión imparcial de todos los jurados;

2. El jurado fué constituido erróneamente;

3. El jurado Fernández Mascaró fué recusado sin motivo;

4. Se negó ilegalmente al acusado la facultad de recusar perentoriamente a algunos jurados;

5. Se instruyó erróneamente al jurado sobre la fuerza pro-batoria de la testigo Amparo Zeno;

6. La instrucción sobre “circunstancias atenuantes” es contradictoria y perjudicial al acusado, y

7. El veredicto es contrario a la ley y a la prueba.

Veamos si dichos errores se cometieron o no por la corte de distrito.

1. Cuando los jurados regresaron al tribunal con su vere-dicto, se comenzó a preguntarles individualmente si el ren-dido era en verdad su veredicto y entonces el jurado Aníbal Herrera preguntó a la corte si podía excusársele de dar la contestación requerida. La corte le informó que nó y acto seguido el jurado contestó que el entregado era su veredicto. No podemos convenir con el acusado en que del hecho ante-riormente descrito pueda derivarse la consecuencia de que el veredicto no fué la expresión imparcial del juicio del jurado. Véase el caso de El Pueblo v. David, 19 D. P. R., 801, 806.

2. Hemos examinado el procedimiento seguido en la cons-titución del jurado, y se ajusta a lo prescrito en la ley tal como fue interpretada por esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Morales (a) Yare Yare, 14 D. P. R., 234.

3. Lo ocurrido con el jurado Fernández Mascaré, según consta del récord, fué como sigue: Fiscal: “¿Sostiene usted alguna doctrina contraria a la pena de muerte?” Jurado: “No soy partidario de la pena de muerte en principio.” Fiscal: “Si la ley fijara para determinados casos un veredicto de culpabilidad que aparejara lá pena de muerte ¿estaría usted en condiciones de dar imparcialmente el veredicto?” Jurado: “No siendo partidario en principio, tendría que for-zarme.” El Fiscal recusa a este jurado y la corte acepta la recusación. La defensa toma excepción.

A nuestro juicio la corte no cometió el error que se le atri-buye. Si bien el jurado Mascaró no expresó categóricamente que a causa de sus opiniones estaba impedido de rendir su veredicto, manifestó que tendría que forzarse por no ser en principio partidario de la pena de muerte, y, en casos simi-lares, las cortes ban resuelto que procede la recusación. Véanse State v. Banerly (Mo.), 46 S. W., 609, y Rehea v. State (Neb.), 88 N. W., 789, 792 y 793.

4. El cuarto señalamiento de error está' íntimamente rela-cionado con el segundo. Después de haberse examinado un gran número de jurados que fueron recusados unos motivada y otros perentoriamente por ambas partes, quedaron al fin en sus puestos doce y entonces la corte invitó al acusado a recusar perentoriamente y el acusado manifestó que deseaba que constara que aceptaba al último.jurado elegido José Ro-sado y que volvía a pedir permiso para hacer recusaciones perentorias en el resto del jurado. La corte negó el permiso y la defensa tomó excepción. Según el procedimiento que se había seguido, la defensa había tenido ya una oportunidad para recusar perentoriamente a todos y cada uno de los miem-bros del jurado y lo que la defensa pedía era úna segunda oportunidad. La actitud de la corte se ajustó estrictamente a la ley y a la jurisprudencia. Véanse el artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Criminal,.el ya citado caso de El Pueblo v. Yare Yare, y el de El Pueblo v. Vázquez, 20 D. P. R., 361, 366 y 367. En el primero de dichos casos esta Corte Suprema, basándose en jurisprudencia de la Corte Suprema de California, por medio de su 'juez Sr. MacLeary, se ex-presó así:

“En causas criminales, al formar el jurado, deben sacarse doce nombres de la urna conteniendo los nombres de los jurados capaci-tados, para servir como tales; y el acusado puede examinarlos a todos, antes de ejercer su derecho de recusación perentoria con respecto a cualquiera de ellos; y aquellos que no hayan sido recusados ni excusados deben entonces prestar juramento para juzgar la causa, después de lo cual se extraerán de la urna tantos nombres como sean necesarios para suplir los que faltan, repitiéndose este procedimiento hasta que esté completo el jurado.” El Pueblo v. Morales (a) Yare Yare, 14 D. P. R., 234, 239.

Para cerrar la discusión de este alegado error, diremos que el acusado llegó a recusar perentoriamente a unos doce jurados y que nada hizo constar, ni intentó hacer constar, ni aparece en modo alguno del récord, sobre el hecho de que el jurado que lo juzgó finalmente no fuera un jurado verda-deramente imparcial.

5. La testigo Amparo Zeno había sido anteriormente con-denada por el'delito de desacato cometido al declarar falsa-mente ante el tribunal. El juez en sús instrucciones expresó ese hecho al jurado, pero le manifestó que el que tal hecho se hubiera realizado no implicaba necesariamente que se dejara de dar crédito a la declaración de la testigo, tanto más cuanto que sus manifestaciones habían sido corroboradas por las de Delfina Lamboy. Esto es, en síntesis, lo ocurrido, y no podemos en tal virtud concluir que se haya cometido por la corte ningún error fundamental que lleve consigo la revo-cación de la sentencia.

6. Al referirse a “circunstancias atenuantes,” el juez, en sus instrucciones, dijb al jurado que podía declarar al acusado culpable de asesinato en primer grado con circunstancias ate-nuantes, y le dijo también que la regla general era que la prueba de tales circunstancias debía someterse a la corte encargada de dictar la sentencia antes del pronunciamiento de ésta.

El artículo 202 del Código Penal, es como sigue:

“Toda persona culpable de asesinato en primer grado incurrirá en pena de muerte, o si hubiere circunstancias atenuantes se le impon-drá la pena de reclusión perpetua; si se confesare culpable, el tribunal determinará la pena; y toda persona culpable de.asesinato en segundo grado incurrirá en pena de presidio por un término mínimo de diez años.
“Cuando, en algún caso, la sentencia del tribunal dispusiere 3a muerte del reo, se cumplirá dicha sentencia.”

Y el 320 del Código de Enjuiciamiento Criminal, dice así:

“Después de una confesión o veredicto de culpabilidad y siempre que se deje a discreción del tribunal la magnitud de la pena, el tribunal, a indicación verbal de 'cualquiera de las partes, de que hay circunstancias agravantes o atenuantes de la pena que puedan jus-tamente ser tomadas en consideración, puede, a su arbitrio, oir bre-vemente esa indicación en el plazo que fije y dando aviso a la parte contraria, en la forma que estime conveniente.”

Los artículos de los Códigos Penales de California, Montana e Idabo que corresponden al 202 del de Puerto Rico, difie-ren esencialmente. Por el 190 del de California se dispone que toda persona culpable de asesinato en primer grado su-frirá la pena de muerte o la de reclusión perpetua, a discre-ción del jurado que juzgue la causa; que cuando el acusado se confiesa culpable, la corte determinará la pena, y que toda persona culpable de asesinato en segundo grado será casti-gada con presidio por no menos de diez años. Y por las sec-ciones 353 del Código Penal de Montana y 4864 de los Códi-gos de Idabo se prescribe simplemente que toda persona culpable de asesinato en primer grado sufrirá la pena de muerte, y- toda persona culpable de asesinato en segundo grado será castigada con presidio por un término no menor de diez años, pndiendo ■ extenderse la prisión hasta fijarla por toda la vida del sentenciado.

Las secciones de los Códigos de Enjuiciamiento Criminal de dichos tres Estados correspondiente a la 320 del nues-tro, son iguales.

De ahí que no hayamos podido encontrar en la jurispru-dencia que usualmente aplicamos para interpretar nuestra vigente ley penal, ninguna decisión aplicable. Tampoco la hemos encontrado en la acreditada obra de Wharton sobre Homicidio.

La práctica seguida en Puerto Eico desde la instaura-ción del nuevo Código Penal, ha sido, la de permitir al jurado que aprecie en su veredicto las circunstancias atenuantes en el caso de que realmente existan. No consideramos que dicha práctica sea contraria a la ley, ni vemos motivo alguno para recomendar que no se siga en el futuro.

Ahora bien, el que el jurado- tenga esa facultad en los casos de asesinato, no implica que en dichos casos no pueda apli-carse además el procedimiento fijado en el artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Criminal. De ahí que no podamos concluir que sea errónea la instrucción de que se trata. Por otra parte, el acusado no ha demostrado que existen verda-deras circunstancias atenuantes que puedan apreciarse en su favor para bajar el grado de la pena. De la prueba, como seguidamente veremos, resulta que el acusado tuvo relaciones ilícitas con su víctima y que aun después de haberlas roto, no quería que ésta las llevara, como al parecer las llevaba, con otros hombres. De ahí surgió su deseo de asesinarla. Tales circunstancias son pertinentes para explicar el móvil del delito, pero no para atenuar la responsabilidad penal del delincuente. “Y celos o deseo de venganza, no excusan, ni justifican o atenúan el homicidio.” Wharton on Homicide, p. 202, citando a State v. Burns, 148 Mo., 167, 71 Am. St. Rep., 588; Ex parte Jones, 31 Tex. Crim. Rep., 422, 20 S. W., 983. Véase también lo consignado en la página 930 de la misma; obra.

7. Veamos, por último, si el veredicto es contrario a la ley y a la prneba, como sostiene el acusado.

El doctor Cueto, médico cirujano, declaró que en la tarde •del ocho de septiembre de 1912 practicó la autopsia de una joven de veinte años de edad, llamada Serafina Dones, a quien había reconocido en estado agónico en la madrugada del mismo día. El cuerpo de la muerta presentaba las siguientes heridas: una incisa en la parte anterior y superior del pecho; dos incisas en la glándula mamaria, otra en el costado, en «el tercio medio derecho; otra en la parte superior del brazo derecho, profunda, llegando hasta el hueso; dos más en el mismo brazo; tres en el brazo izquierdo; otra en el tercio superior y medio del muslo izquierdo; otra en la parte superior y externo de la pierna izquierda que llegó a fracturar ■el peroné; dos pequeñas heridas más en la misma pierna y -otra en el pie, y, por último, una herida transversal en el vientre con salida de la masa intestinal. La muerte se debió •especialmente a consecuencia de dos de las heridas, la de la •cavidad toráxica y la del vientre, por hemorragia interna, y, a juicio del doctor, gran número de las lesiones debieron ocasionarse estando la víctima acostada boca arriba y el agre-sor de pie, sin que existiera en el cuerpo de la muerta vesti-gio alguno de lucha.

Francisco García, que vivía con el acusado en una misma habitación, declaró que el acusado le dijo, el lunes de una semana, que hacía más de un mes que habían terminado sus relaciones con Serafina; que el jueves de esa misma semana también le dijo que iba a comprar un cuchillo para vengarse •de Serafina Dones; que en la noche del 7 de septiembre o «ea el sábado de la indicada semana, como a las ocho, se hallaba parado en la Plazuela de San José con el acusado cuando pasó Serafina ácompañada del soldado García y el acusado dijo, •dirigiéndose a la Dones: “Esos zapatos que has comprado no los vas a gozar, porque te voy a matar esta noche.”

El soldado Manuel García depuso que el 7 de septiembre acompañó a Serafina Dones a comprar unos zapatos; qne a su regreso, como de odio a nueve de la noche, pasaron por la plaza de San José y al ver Serafina al acusado que allí se encontraba, le dijo: “Este señor que está aquí ña jurado matarme.” Que pasaron por frente del acusado y entonces éste dijo, dirigiéndose a Serafina: “Esos zapatos no los goza-rás porque te mato.” Que dejó a Serafina en su casa y des-pués, en la madrugada del día siguiente, se enteró de. que había sido asesinada.

Juan Boto, dependiente de una ferretería, declaró haber vendido el 7 de septiembre, como a las tres y media de la tarde, a una persona parecida al acusado, un cuchillo de igual' clase que el que se le presentó en el acto de la vista y que fué ocupado por la policía (declaraciones de Francisco García y Enrique Pino), en poder de la madre de Mateo Concepción.

Modesta Ferrer dijo que vió pasar al acusado por frente de la casa en que vivía Serafina como a las diez y como a las once y media de la noche del 7 de septiembre.

Delfín a Lamboy, que dormía en una habitación separada por un cancel de la. en que también dormía Serafina, sintió un “¡ay!” que dió ésta en la madrugada del ocho de septiem-bre, se levantó y vio cuando el acqsado le estaba dando puña-ladas. Que gritó y el acusado echó a correr y entonces fué a ayudar a Serafina que se apeaba del catre y cayó al suelo ensangrentada. Que salió al patio y encontró a Amparo Zeno que dijo: “Es Mateo”- y salió precipitadamente en busca de la policía.

T Amparo Zeno, que también vivía en la misma casa que Serafina y que se había levantado en la madrugada del 8 de septiembre a preparar su trabajo, oyó gritar a Delfina Lamboy que habían matado a Serafina y en ese momento vió salir de la habitación, descalzo, al acusado, y se fué corriendo detrás de él gritando a la policía para que lo cogiera.

Este es, a grandes rasgos, el resultado de la prueba de cargo que aun contiene más detalles reveladores de la preme-ditación del acusado. El crimen cometido por Mateo Concep-ción, reviste, pues, todos los caracteres de nn asesinato en primer grado y al apreciarlo y declararlo así, ni el jurado ni la corte cometieron error algnno, a nuestro jnicio.

Debe confirmarse la sentencia apelada.