author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Wilfredo Montero Luciano, peticionario.

      Número: CC-2005-1250

      Resuelto: 23 de octubre de 2006

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, y Ricardo E. Alegría Pons, procurador general auxiliar, abogados de El Pueblo; José Enrique Ralat Ballester, abogado de la parte peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Contra Wilfredo Montero Luciano se presentó una acusación ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, en la que se le imputó haber violado el Art. 7.02 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, 9 L.P.R.A. see. 5202, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, al conducir un vehículo de motor en una vía pública bajo los efectos de bebidas embriagantes. Específicamente, se le imputó arrojar un .179% de alcohol en la prueba de aliento a la cual se sometió.

El día de la vista en su fondo del caso, el acusado hizo alegación de culpabilidad por el delito imputado. El foro primario aceptó la referida alegación. Conforme lo dispuesto en el Art. 7.07 de la Ley Núm. 22, ante, 9 L.P.R.A. see. 5207, dicho foro procedió a referir el caso a la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA), y le ordenó que rindiera el correspondiente informe presentencia.

Según ordenado, ASSMCA rindió su informe. En éste se indicó que el acusado había sido convicto previamente por el delito de conducir en estado de embriaguez.

En la vista para dictar sentencia, la defensa del acusado alegó que la referida convicción anterior no había sido alegada por el Ministerio Público en la acusación. Por esta razón, solicitó que no fuera considerada para efectos de la sentencia.

En respuesta a lo anterior, el Ministerio Público hizo dos planteamientos. El primer planteamiento es que según el Art. 7.04(b)(4) de la Ley Núm. 22, ante, 9 L.P.R.A. see. 5204(b)(4), referente a las penas, la alegación de reincidencia no tenía que ser plasmada por el fiscal en la acusación, ya que ésta se podía evidenciar en el informe presentencia.

El segundo planteamiento del fiscal fue a los efectos de que el Art. 7.04(b)(5) de la Ley Núm. 22, ante, 9 L.P.R.A. sec. 5204(b)(5), dispone que basta que se establezca el hecho de reincidencia mediante el informe presentencia o mediante el informe de antecedentes penales.

En base a lo anteriormente expresado, el Ministerio Público sostuvo que la pena que debía imponérsele a Montero Luciano era aquella correspondiente a una segunda convicción, según el Art. 7.04(b)(2), 9 L.P.R.A. sec. 5204(b)(2), que dispone que por la segunda convicción la persona será sancionada con pena de multa no menor de quinientos dólares ni mayor de setecientos cincuenta dólares, y de cárcel por un término de quince a treinta días, y pena de restitución de ser aplicable. Además, el referido estatuto dispone que se le suspenderá la licencia de conducir por un término de seis meses.

Luego de escuchar los planteamientos del Ministerio Fiscal, el foro primario determinó que la reincidencia tenía que ser alegada en la acusación. Procedió entonces dicho foro a dictar sentencia, conforme al Art. 704(b)(1), el cual establece la pena para una primera convicción, y condena al acusado al pago de una multa de $300, el pago de costas, más un arancel de $50. El referido foro también ordenó la suspensión de su licencia de conducir por un término de treinta días y a someterse al Programa de Rehabilitación de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción. Esto es, dicho foro no tomó en consideración la alegación de reincidencia presentada en el informe presentencia.

Inconforme con la sentencia dictada, el Ministerio Público presentó una moción de corrección de sentencia ilegal a tenor con la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En síntesis, planteó que la sentencia del foro primario era ilegal y errónea por no haber sido dictada conforme al Art. 7.04(b)(2) y (b)(4), ante, los cuales establecen la pena correspondiente en casos de una segunda convicción. En otras palabras, el fiscal alegó que en la medida en que la sentencia dictada por el foro de instancia no tomaba en cuenta la reincidencia del acusado, habiéndose establecido este hecho claramente mediante el informe presentencia, era una sentencia ilegal.

Examinada la referida moción, el foro primario la declaró “no ha lugar”. El Procurador General acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari, en revisión de la orden del tribunal de instancia que negó la corrección de la sentencia ilegal. En el recurso presentado, el Procurador reprodujo, en síntesis, los planteamientos hechos por el fiscal en su moción de corrección de sentencia ilegal.

En la sentencia que dictó a esos efectos, el foro intermedio apelativo concluyó que la referida Ley Núm. 22 era clara al disponer que en estos casos no era necesario alegar la reincidencia en la denuncia o acusación, y que bastaba que se estableciera la reincidencia en el informe presentencia o mediante el certificado de antecedentes penales. Determinó que la pena correcta que se debía imponer a Montero Luciano era la pena establecida en el Art. 7.04(b)(2) y (b)(4), ante. Según dicho foro, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso Almendarez-Torres v. United States, 523 U.S. 224 (1998), estableció que no violaba la cláusula constitucional de debido proceso de ley el hecho que la reincidencia no tuviese que ser alegada en el pliego acusatorio por no ser ésta un elemento constitutivo del delito.

Por consiguiente, el foro apelativo intermedio resolvió que el foro primario había abusado de su discreción al no tomar en consideración la convicción previa de Montero Luciano al momento de dictar sentencia. Resolvió, además, que dicha sentencia era ilegal por su inobservancia del texto claro de la ley. En fin, el referido foro revocó la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia y devolvió el caso a este foro para que sentenciara a Montero Luciano nuevamente.

Inconforme, Montero Luciano acudió ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari. En síntesis, alega que el foro intermedio apelativo incidió al resolver aplicando el Art. 7.04 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. see. 5204, el cual constituye una disposición legal injusta e inconstitucional por violar la cláusula de debido proceso de ley, al negarle una notificación adecuada de los cargos en su contra.

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

I

La cláusula de debido proceso de ley, consagrada en la See. 7 del Art. II de nuestra Constitución ha sido conocida como la disposición matriz de la garantía de los derechos individuales ante la intervención injustificada del Estado con el ciudadano. Pueblo v. Vega, 148 D.P.R. 980 (1999). Dicha cláusula abarca dos dimensiones: la sustantiva y la procesal.

La vertiente sustantiva protege los derechos y las libertades que le concede la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos a los ciudadanos frente a la formulación de política pública por la vía legislativa o a través de reglamentación aprobada por las agencias del Poder Ejecutivo. Rafael Rosario Assoc, v. Depto. Familia, 157 D.P.R. 306 (2002). Según el debido proceso sustantivo, los tribunales examinan la validez de una ley, a la luz de los preceptos constitucionales pertinentes, con el propósito de proteger los derechos fundamentales de las personas. Bajo este análisis, el Estado, al aprobar leyes o al realizar alguna actuación, no puede afectar de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los intereses de propiedad o de libertad. íd.

Por su parte, la vertiente procesal le impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y de propiedad del individuo sólo ocurra mediante un procedimiento justo y equitativo. Rafael Rosario Assoc. v. Depto. Familia, ante; U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 D.P.R. 611 (1998); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881 (1993).

Esta protección que ofrece el debido proceso de ley, en su vertiente procesal, se activa cuando existe un interés individual de libertad o de propiedad. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., ante; Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987).

Al examinar la validez constitucional de una ley por una alegada violación al debido proceso en su vertiente procesal, y una vez se cumpla con la existencia de un interés propietario o de libertad, es preciso determinar cuál es el procedimiento exigido. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, ante; U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., ante. Si bien la característica medular es que el procedimiento debe ser justo, en la jurisprudencia normativa se han identificado irnos componentes básicos del debido procedimiento de ley, tales como una notificación adecuada y la oportunidad de ser oído y de defenderse, el derecho a contrainterrogar testigos y a examinar la evidencia presentada en su contra, la asistencia de abogado y que la decisión se base en evidencia que conste en el expediente. Véanse: Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., ante; U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., ante.

A. Sabido es que en nuestro ordenamiento procesal penal la protección a la debida notificación al acusado de los cargos presentados en su contra tiene rango constitucional. Tal protección se desprende de la cláusula de debido proceso de ley y de la Sec. 11 del Art. II de nuestra Constitución, que dispone, en lo aquí pertinente:

En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia. (Énfasis suplido.) Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 327.

El debido proceso de ley exige que el acusado esté adecuadamente informado de la naturaleza y extensión del delito que le ha sido imputado. Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614 (1985). El Ministerio Público cumple con este deber de información por medio de la acusación o denuncia. A esos efectos, la Regla 35(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone que cuando se imputa la comisión de un delito específico, la acusación o denuncia debe incluir una exposición de todos los hechos constitutivos de ese delito. Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691, 693 (1981); Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 D.P.R. 663, 666 (1978).

Este requisito, tanto constitucional como estatutario, se cumple con una acusación o denuncia que incluya una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso para que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común. Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989). A esos efectos, hemos expresado que para cumplir con lo anterior, no se le exige al Ministerio Público ningún lenguaje estereotipado, técnico o talismánico en su redacción ni el uso estricto de las palabras dispuestas en el estatuto. Pueblo v. Calviño Cereijo, ante. Sólo se le exige que el contenido, no el epígrafe, de la acusación o denuncia exponga todos los hechos constitutivos del tipo delictivo.

Así, la función de la acusación o denuncia es crucial para el acusado pues, por virtud de ella, el acusado conoce los hechos que se le imputan, de suerte que pueda preparar su defensa conforme a ellos. Pueblo v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 428 (2002); Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338 (1977).

B. La importancia de una adecuada notificación tiene efectos trascendentales en todo procedimiento criminal llevado por el Estado contra un individuo. Ejemplo de ello es la situación en que un acusado hace alegación de culpabilidad. En dicha instancia, la “acusación” o “denuncia” cobra particular importancia, ya que es en virtud de lo que ésta expone que el acusado se declara culpable.

Sabido es que según nuestro ordenamiento procesal criminal una persona acusada de cometer un delito, de ordinario, sólo puede hacer una de dos alegaciones: culpable o no culpable. Una alegación de culpabilidad constituye una renuncia de los derechos constitucionales o estatutarios que protegen a los acusados, entre los cuales se encuentran: el derecho a que se establezca su culpabilidad más allá de duda razonable; el derecho a un juicio justo, imparcial y público; el derecho a ser juzgado ante un juez o Jurado, y el derecho a presentar evidencia a su favor y a rebatir la prueba presentada en su contra. Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179, 192 esc. 10 (1998); Pueblo v. Figueroa García, 129 D.P.R. 798 (1992); Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340, 350 (1976); Díaz Díaz v. Alcaide, 101 D.P.R. 846, 854 (1973).

Por causa de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución y las leyes, y que se renuncian cuando un acusado se declara culpable, el procedimiento debe ser bien riguroso y debe estar rodeado de todas las garantías posibles. Por tal razón, la Regla 70 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece que para aceptar una alegación de culpabilidad, el tribunal tiene que determinar, prioritariamente, si ésta se efectúa “voluntariamente, con conocimiento de la naturaleza del delito imputado y de las consecuencias de dicha alegación”. (Enfasis nuestro.)

En ese sentido, este Tribunal ha señalado que para poder aceptar una alegación de culpabilidad, el magistrado debe cerciorarse de que la renuncia a las garantías procesales que conlleva tal alegación sea “expresa, personal, voluntaria e inteligente” —Pueblo v. Torres Nieves, ante, pág. 350— y con conocimiento de los derechos a los que renuncia y de las consecuencias de la alegación. Véase Díaz Díaz v. Alcaide, ante, pág. 854.

Específicamente, en Díaz Díaz v. Alcaide, ante, sostuvimos la importancia de que, al momento de determinar si la declaración de culpabilidad fue voluntaria y hecha de forma inteligente, el juez se cerciorara de que el acusado fuera consciente de los hechos que se le imputaban, entre ellos, informarle de la pena que conllevaba el delito por el cual se declaraba culpable, haciéndole saber la mínima y la máxima. Id., pág. 857.

C. Por otro lado, en un proceso criminal, el acusado solamente puede ser juzgado por el delito que se le impute en la acusación. Conforme a ello, la Regla 48 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece que una acusación o denuncia no deberá contener alegación alguna de convicciones anteriores del acusado, a menos que una alegación en tal sentido sea necesaria para imputar la comisión de un delito o para alegar la condición de reincidente, de subsiguiente o de delincuencia habitual en relación con el acusado.

La mencionada disposición reglamentaria establece, expresamente, la obligación del Ministerio Público de alegar las convicciones anteriores del acusado en la acusación o denuncia si pretende establecer la condición de reincidente y que se le imponga una pena mayor al acusado de resultar convicto. Dicha disposición forma parte de la protección constitucional del acusado de estar debidamente informado de los cargos en su contra, y con la obligación del fiscal de probar todos los elementos de un delito más allá de duda razonable.

Cuando en una acusación se alegan, para efectos de reincidencia, convicciones previas del acusado, éste tiene dos opciones: aceptar las convicciones anteriores o negarlas. Cada una de estas instancias tiene sus consecuencias importantes en el ordenamiento penal. La primera, si el acusado acepta las convicciones previas, el fiscal no puede mencionarlas durante el juicio. La admisión de la convicción previa de parte del acusado releva al fiscal de probar la comisión de los delitos anteriores alegados en la acusación. La segunda, si el acusado no las acepta, el fiscal está en la obligación de probar las convicciones anteriores durante el juicio, como cualquier otro elemento del delito. Véase Pueblo v. García García, 98 D.P.R. 827 (1970).

En resumen, vemos que nuestro ordenamiento procesal penal le brinda al acusado ciertas protecciones —algunas incorporadas por acción legislativa mediante las Reglas de Procediendo Criminal; otras garantizadas por la Constitución— que forman parte del debido proceso de ley. Entre éstas, y como vimos, una adecuada notificación de los car-gos por los cuales se le acusa, el conocimiento de las consecuencias que conlleva una alegación de culpabilidad y la garantía de que sus convicciones anteriores, como regla general, no serán alegadas en la acusación a menos que sean necesarias para sostener la condición de reincidente. Reglas 35(c), 70 y 48 de Procedimiento Criminal, ante, respectivamente.

II

Con este trasfondo en mente, pasemos a analizar las disposiciones de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico aquí en controversia.

A. Conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes constituye un delito menos grave, según dispuesto por el Art. 7.04(a) de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, ante. El mencionado cuerpo reglamentario fue enmendado recientemente por la Ley Núm. 132 de 3 de junio de 2004. Entre las enmiendas introducidas por la referida ley se encuentran aquellas relativas a las penalidades por violaciones al estatuto, en específico, aquellas relativas al aspecto de la reincidencia.

En cuanto a dicho aspecto, la disposición legal anteriormente expuesta —el referido Art. 7.04(b)(4) y (b)(5)— contiene un lenguaje claro y específico. Esto es, la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, según enmendada, establece mediante estos dos incisos que para evidenciar la condición de reincidente del acusado, el fiscal no tiene que alegarlo en la denuncia, sino que es suficiente que este hecho se evidencie en el informe presentencia. Además, se establece que para que el tribunal pueda imponer las penas por reincidencia no será necesario que se alegue en la denuncia o en la acusación, sino que basta con que se establezca este hecho mediante el informe presentencia o mediante el certificado de antecedentes penales. Ello fue implantado por el legislador por medio de una enmienda específica a la Ley Núm. 22, ante.

Por otro lado, es de notar que el Art. 7.07(a) de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. see. 5207(a), establece que el informe presentencia que ASS-MCA deberá rendir al tribunal incluirá los antecedentes penales e historial de la persona convicta en relación con el uso de bebidas embriagantes o de drogas narcóticas, marihuana o sustancias estimulantes o deprimentes, que le permita determinar si dicha persona se beneficiaría del programa de rehabilitación establecido y aprobado por ASSMCA en coordinación con el Departamento de Transportación y Obras Públicas. En el informe se hará constar si el convicto es reincidente.

En consecuencia, no se requiere mayor análisis para determinar que el Art. 7.04, ante, en cuanto exime al fiscal de alegar la reincidencia en la denuncia, es contradictorio a las disposiciones de la Regla 48 de Procedimiento Criminal, ante. La interrogante, en consecuencia, es si dicho artículo viola la cláusula de debido proceso de ley de la Constitución.

B. Nuestra jurisprudencia ha analizado la validez constitucional de estatutos que imponen penas mayores a aquellas personas que han sido convictas por delitos en más de una ocasión. Al sostener la constitucionalidad de estos estatutos, hemos realizado un análisis de los propósitos de la Asamblea Legislativa al imponer unas penalidades mayores a los delincuentes habituales. En Pueblo v. Reyes Morán, 123 D.P.R. 786 (1989), este Tribunal analizó los propósitos de los estatutos sobre delincuencia habitual de varias jurisdicciones estatales y expresó que son, en síntesis: disuadir a posibles delincuentes reincidentes, penalizar la repetición de conducta delictiva y castigar de una manera más severa a aquellos que con su conducta delictiva repetitiva han demostrado que no están' capacitados para adaptarse a las reglas sociales establecidas por los estatutos penales. En dichas jurisdicciones se sostuvo que los estados tenían un interés válido en penalizar a aquellas personas que demostraran, a través de una conducta delictiva repetida, una persistente tendencia a delinquir y a comportarse contrario a las normas de convivencia social. En fin, en dichos casos se determinó que los estatutos que imponían penas más severas a los delincuentes habituales sobrevivían todo tipo de ataque constitucional según las cláusulas de debido proceso, igual protección de las leyes, aplicación retroactiva de las leyes, castigos crueles e inusitados, doble exposición y privilegios en inmunidades. Rummel v. Estelle, 445 U.S. 263 (1980); Oyler v. Boles, 368 U.S. 448 (1962); Gryger v. Burke, 334 U.S. 728 (1948), entre otros.

En el caso Pueblo v. Reyes Morán, ante, resolvimos que la imposición de una penalidad adicional, para quien hubiese sido convicto en más de dos ocasiones, era parte de las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa, y que ésta podía legislar para imponer a los delincuentes habituales una penalidad mayor dentro de la autoridad que constitucionalmente le asistía para imponer castigos.

La controversia específica ante nuestra consideración no ha sido objeto de análisis por este Tribunal. Se circunscribe a determinar si viola la cláusula de debido proceso el hecho de que la reincidencia no sea alegada en la denuncia o acusación. Entendemos procedente examinar la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre este tema.

Dicho Tribunal atendió y resolvió una controversia similar en el caso Almendarez-Torres v. United States, ante. Allí se analizó un estatuto que disponía una pena máxima de veinte años en el caso de un extranjero, que regresara a Estados Unidos luego de haber sido deportado previamente, y el juez determinara que esa deportación previa se debió a una convicción por un delito agravado. 18 U.S.C.A. sec. 1326(b)(2).

El acusado alegó en dicho caso que en la acusación presentada en su contra no se había hecho mención sobre alegadas convicciones anteriores y que, en consecuencia, el tribunal no podía sentenciarlo imponiendo una pena más alta de la máxima permitida para acusados sin convicciones previas. Al examinar el planteamiento del acusado, el máximo foro federal formuló la interrogante en términos de si la disposición penal en controversia definía la reincidencia como un delito separado o, únicamente, como un factor a considerar al momento de dictar sentencia e imponer la pena.

Al hacer el análisis anterior, el Tribunal partió de la normativa de que una acusación tiene que exponer todos los elementos del delito que se le imputa al acusado. A diferencia de lo anterior, expresó el referido Foro que la acusación no tiene que exponer todos los factores que sean relevantes únicamente para efectos de dictar la sentencia, de encontrarse culpable al acusado. Por ello, el Tribunal razonó que si el estatuto en controversia definía la convicción anterior como un delito nuevo y separado, éste tenía que ser alegado en la acusación. Por el contrario, de tratarse sólo de un factor que agravaba la pena, éste no tenía que ser alegado en la acusación. El Tribunal resolvió el caso conforme esta última posición, es decir, que la reincidencia no era necesaria para probar el delito imputado y que, por lo tanto, en estos casos, no tenía que alegarse la reincidencia en la acusación, ya que no se relacionaba con la comisión del delito, sino únicamente con la pena.

En una decisión posterior, el Supremo federal reiteró la distinción entre “hechos que son elementos del delito” y “hechos relevantes únicamente para dictar sentencia”. En Castillo v. United States, 530 U.S. 120 (2000), el Tribunal expresó que lo importante en dicho análisis era si el estatuto penal, en el que el juez se amparaba para imponer una pena más alta, definía un delito separado (si se refería a un delito u ofensa) o simplemente lo autorizaba a aumentar la pena. El Tribunal determinó que el análisis anterior requería un examen del estatuto, es decir, de su lenguaje específico, para determinar si constituía un delito separado.

Precisa señalar que en este caso, al tratarse de un delito para el cual se proveía un juicio por jurado, el Tribunal expresó que en casos donde la determinación de un hecho particular fuera esencial para la imposición de la pena, este hecho tenía que ser determinado por el Jurado, ya que el estándar de “prueba en esos casos era el de prueba más allá de duda razonable”, un estándar mucho más riguroso que el que utilizaría el juez para determinar el referido hecho, el cual sería “preponderancia de la prueba”. A tales efectos, dicho Foro expresó, en lo pertinente, que:

There is no reason to think that Congress would have wanted a judges view to prevail in a case of so direct a factual conflict, particularly when the sentencing judge applies a lower standard of proof and when 25 additional years in prison are at stake. Castillo v. United States, ante, pág. 128.

El Tribunal resolvió que el estatuto en controversia, al establecer los factores que el juez podía tomar en consideración para dictar la sentencia, se refería a un elemento de un delito separado y agravado. Por lo cual, se trataba de la instancia de un “separate crime”, según Almendarez-Torres v. United States, ante. Vemos, en consecuencia, que aun cuando se reiteró la antes mencionada distinción entre “hechos que son elementos del delito” y “hechos relevantes únicamente para dictar sentencia”, el Tribunal Supremo federal resolvió a favor de que los hechos que tendiesen a aumentar la pena, fuesen considerados por el Jurado, y no determinados por el juez.

Aun cuando ninguno de estos casos ha sido expresamente revocado, unas decisiones posteriores del Tribunal Supremo revelan un alejamiento sustancial de los precedentes de Almendarez-Torres v. United States, ante, y Castillo v. United States, ante, y un abandono de la distinción “elementos del delito” versus “elementos para dictar sentencia”. En dichas decisiones posteriores se ha adoptado la norma que cualquier hecho que tienda a aumentar una sentencia tenga que ser alegado en la acusación y probado por el Ministerio Público más allá de duda razonable.

El primer ejemplo de ello es el caso Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466 (2000). Aquí la controversia giró en torno a si violaba la cluásula de debido proceso de ley de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos un estatuto del estado de Nueva Jersey que permitía que un juez, al momento de dictar sentencia, utilizara factores que desfilaron durante el juicio, como elementos que autorizaran un aumento en la pena máxima de un delito, en vez que dichos factores fueran considerados por el Jurado utilizando el criterio de “prueba más allá de duda razonable”.

En dicho caso se trataba de un agravante estatutario, de “actos motivados con la intención de intimidar cierto grupo”, el cual no fue alegado por el ministerio público en la acusación. El acusado había realizado una alegación preacordada con el Ministerio Público declarándose culpable, entre otros cargos, del delito en segundo grado de utilizar un arma de fuego con propósitos ilegales. Para este delito la pena era de entre un mínimo de cinco años y un máximo de diez años. Por no estar alegado en la acusación, el acusado no se declaró culpable del agravante de “actos motivados con la intención de intimidar cierto grupo”. Sin embargo, al momento de dictar sentencia, y tal y como lo permitía el estatuto, el juez tomó en consideración que el acusado había realizado el delito motivado por prejuicios raciales (“hate crime”). Por consiguiente, condenó al acusado a doce años de prisión por ese cargo, una pena mayor que la establecida para el delito sin el agravante.

En este caso, el Tribunal Supremo analizó la interrogante en forma distinta que en Almendarez-Torres v. United States, ante. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Apprendi v. New Jersey, ante, fue a los efectos de que, cónsono con la historia de la jurisprudencia penal y la importancia del “jury trial”, todo elemento que pudiese agravar la pena del acusado tenía que pasar por la consideración del Jurado.

Hay que señalar que en Apprendi v. New Jersey, ante, la decisión de Almendarez-Torres v. United States, ante, no fue revocada. Más bien, se expresó que Almendarez, ante, era una decisión excepcional que se apartaba de la práctica pasada de los tribunales. Se expresó, además, que las protecciones del debido proceso y del derecho a juicio por jurado se extendían a determinaciones que no se relacionan con la “culpabilidad” del acusado, sino que se relacionaran con la extensión de su sentencia. Por esta razón, en la decisión Apprendi, el Tribunal expuso que aunque la decisión de Almendarez debía limitarse exclusivamente a casos sobre reincidencia, “it is arguable that Almendarez-Torres was incorrectly decided and that a logical application of our reasoning today should apply if the recidivist issue were contested ...” (Enfasis nuestro y escolio omitido.) Apprendi v. New Jersey, ante, págs. 489-490.

Las decisiones posteriores del Tribunal Supremo de Estados Unidos relativas a este tema han seguido reafirmando la decisión de Apprendi v. New Jersey, ante, en cuanto a que factores que aumenten la pena a la que pueda estar expuesto un acusado deben ser considerados por el jurado. En Blakely v. Washington, 542 U.S. 296 (2004), el acusado formuló su alegación a los efectos de que el hecho que el juez, al momento de dictar sentencia, pudiera tomar en consideración un hecho que no fue admitido por él ni determinado como probado por un Jurado, violaba su derecho a juicio por jurado protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución federal.

Al analizar el planteamiento del acusado y resolver dicho caso, el Tribunal Supremo reafirmó lo ya resuelto en Apprendi v. New Jersey, ante. En ese sentido la discusión se centró en hasta qué punto podía una Legislatura otorgarle poder al juez de aumentar la pena máxima dispuesta para un delito en particular sin que dicha acción violara el derecho a juicio por jurado. El Tribunal acogió el argumento del acusado y resolvió que, en efecto, el derecho a juicio por jurado protegido por la Sexta Enmienda requería que cualquier factor distinto a una convicción previa que pudiera agravar la pena máxima estatutaria de un delito, tenía que ser sometido al Jurado y probado más allá de duda razonable.

Aun cuando las anteriores decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos parezcan un tanto contradictorias, lo cierto es que la posición relativa a la distinción entre “factores que constituyen elementos del delito” y “factores relevantes al momento de dictar sentencia para aumentar la pena”, ha perdido vitalidad a partir de Apprendi v. New Jersey, ante, y que la norma federal prevaleciente es que los factores que expongan al acusado a una pena mayor tienen que ser alegados en la acusación y probados por el Ministerio Público más allá de duda razonable.

III

Examinados los preceptos constitucionales y las reglas procesales pertinentes, además de la jurisprudencia federal relevante, atendemos el planteamiento constitucional del peticionario Montero Luciano.

En esencia, el acusado plantea que el citado Art. 7.04 viola la cláusula de debido proceso de ley al relevar al Ministerio Público de alegar la reincidencia en la acusación. Sostiene que el efecto de dicha disposición es que permite que el Ministerio Público alegue la reincidencia en un momento posterior a la declaración de culpabilidad del acusado, eliminando el derecho del acusado a ser notificado de la probable pena que habrá de recibir. De este modo, plan-tea que el acusado que hace alegación de culpabilidad, esperando recibir una pena determinada, queda expuesto a recibir una pena mayor. En consecuencia, la defensa, al no conocer los propósitos del Estado contra el acusado, no podría planificar una estrategia adecuada ni orientar adecuadamente a su cliente.

En virtud de estos planteamientos, precisa que resolvamos si el hecho de que la condición de reincidente no tenga que ser alegada en una acusación instada en virtud de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico es inconstitucional por violar la cláusula de debido proceso de ley.

Según señalamos al comienzo, la cláusula de debido proceso de ley, en sus vertientes procesal y sustantiva, requieren que una ley que ha sido impugnada por violar dicha cláusula sea examinada conforme el análisis siguiente: según la vertiente sustantiva, que el Estado no puede aprobar leyes que afecten de manera arbitraria, irrazonable o caprichosa los intereses de propiedad o de libertad del individuo, de manera que la ley será examinada con el propósito de proteger los derechos fundamentales de las personas; por otro lado, según la vertiente procesal, la ley será examinada tomando en cuenta que la interferencia del Estado con los intereses de libertad y de propiedad se haga mediante un procedimiento justo y equitativo. En dicho análisis lo que hay que determinar es cuál es el debido proceso exigido. Ambos análisis requieren examinar los propósitos del Estado al aprobar la legislación en cuestión.

Un examen de la declaración de propósitos del antes mencionado Art. 7.01 y de la Exposición de Motivos de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico no arroja luz en cuanto al propósito de la Asamblea Legislativa de eximir al Ministerio Público del requisito de alegar la reincidencia en la acusación. Estas disposiciones sólo nos exponen, de manera general, el propósito de la ley de penalizar y de servir de disuasivo a los conductores ebrios. En ausencia de alguna discusión en cuanto a este aspecto, estamos impedidos de determinar cuáles fueron las motivaciones de la Legislatura al eximir al Ministerio Público de este requisito.

Atendido el propósito general de la Legislatura al aprobar la referida Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, esto es, el de velar por la seguridad pública en las carreteras y lograr el control del conductor ebrio fortaleciendo las sanciones aplicables a esta ley, creemos que el propósito no justifica la interferencia con el derecho fundamental de libertad del peticionario Montero Luciano; esto es, éste no justifica que a un acusado no se le notifique en la acusación que sus convicciones anteriores serán posteriormente alegadas con el propósito de que se le imponga una pena mayor al ser sentenciado.

En el presente caso, el acusado hizo alegación de culpabilidad posiblemente tomando en consideración que el fiscal no alegaba la reincidencia en la denuncia, vislumbrando de este modo que la pena que le sería impuesta era la propia a una primera convicción. Por consiguiente, en este caso, el acusado no aceptó la reincidencia ni se declaró culpable del delito de conducir en estado de embriaguez con pleno conocimiento de la pena al cual sería expuesto.

Los hechos particulares de este caso reflejan la situación en que el juez utilizó unos factores que no habían sido alegados en la acusación ni aceptados por el acusado para imponer la sentencia. Esto tiene un efecto significativo, particularmente en un caso como éste, en el cual el acusado hizo una alegación de culpabilidad.

La importancia de una alegación de culpabilidad del acusado, la cual implica una renuncia a determinados derechos constitucionales, impone al Estado una obligación de velar por que el acusado tenga conocimiento de todas las consecuencias de dicha alegación. Ciertamente, la exposición a una pena mayor es un factor que el acusado tiene que conocer al momento de hacer dicha alegación.

En vista de lo anterior, creemos que no se cumple con el requisito de una adecuada notificación de los cargos presentados contra el acusado, cuando se permite que el fiscal no alegue la condición de reincidente en la denuncia o acusación, y esta condición aparezca después —como por arte de magia— al momento de dictar sentencia, como factor para agravar una pena. Lo anterior se agrava, repetimos, cuando como en este caso, el acusado ha hecho una alegación de culpabilidad esperando recibir una pena menor a la que realmente recibió.

El Procurador General sostiene que la decisión del Tribunal Supremo federal en Almendarez-Torres v. United States, ante, controla el presente caso. De la discusión anterior sobre la jurisprudencia federal vimos claramente que el caso Almendarez ha perdido su fuerza como precedente y que la doctrina que impera actualmente en la jurisdicción federal es que un juez no puede tomar en consideración, para aumentar la pena que impondrá, hechos que no han sido alegados en la acusación y que, por lo tanto, no han sido admitidos por el acusado ni probados por el fiscal más allá de duda razonable.

Otros fundamentos nos obligan a alejarnos de Almendarez-Torres v. United States, ante. El más importante es: por virtud de lo dispuesto en la Regla 48 de Procedimiento Criminal, ante, nuestro legislador estableció un deber del Ministerio Público de alegar la reincidencia en la acusación o denuncia, aun cuando esta condición no sea un elemento constitutivo del delito. Con ello, nuestro ordenamiento procesal penal exige que el acusado conozca la alegación de reincidencia.

Dicha disposición reglamentaria, además de imponer la obligación al Ministerio Público de incluir en la acusación los hechos esenciales constitutivos de delito, también le impone la obligación de que las convicciones anteriores del acusado sean alegadas en la denuncia o acusación si con ese hecho el Ministerio Público pretende establecer la condición de reincidente del acusado.

Sabido es que, una vez incorporados ciertos derechos, por acción legislativa, éstos se convierten en parte integral del debido proceso de ley. Véanse: Pueblo v. Esquilín Díaz, 148 D.P.R. 808 (1998); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883 (1993); Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974). Precisamente, esta es la situación contemplada por la Regla 48 de Procedimiento Criminal, ante. En la medida en que la citada Regla 48 establece la referida obligación, ésta se convierte propiamente en un derecho del acusado. De este modo, el acusado tiene derecho a conocer que el fiscal va a establecer su condición de reincidente y que con ello va a solicitar la imposición de una pena mayor. Hay que recordar, además, que el acusado en ese caso tiene la opción de aceptar o negar dicha alegación y que si la niega, el fiscal está obligado a probar las convicciones anteriores como cualquier otro elemento del delito. Los incisos del Art. 7.04 de la Ley Núm. 22, ante, aquí en controversia, son claramente contrarios a lo dispuesto en la referida Regla 48 de Procedimiento Criminal.

En el balance entre los intereses gubernamentales y los de la ciudadanía, las garantías procesales del debido proceso de ley deben prevalecer. Los procedimientos que requiere el debido proceso de ley deben incluir una notificación adecuada de todos aquellos elementos que acarreen la imposición de una pena mayor para el acusado. Ello necesariamente tiene que ser así, pues resolver lo contrario resultaría en negarle injustamente al acusado su debido proceso y porque nuestra función como tribunal de última instancia requiere que velemos que en nuestro País exista un sistema de justicia donde se respeten aquellos derechos fundamentales que le sirven de apoyo.

Somos del criterio, en consecuencia, que los incisos (b)4 y (b)(5) del Art. 7.04 del la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, ante, en cuanto eximen al fiscal de alegar la reincidencia en la denuncia por guiar en estado de embriaguez, violan la cluásula de debido proceso de ley tanto en su vertiente sustantiva como en la procesal. En conclusión, resolvemos que, al igual que en Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 278 (1978) —caso en el que declaramos parcialmente inconstitucional el Art. 97 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 331— en el presente caso pro-cede que declaremos inconstitucional, de forma parcial, los referidos artículos. En virtud de lo anteriormente resuelto, procede revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones y reinstalar la dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión concurrente y disidente. “La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió con el resultado y disintió de la opinión del Tribunal. Concurrió con la determinación de revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones por entender que para que la alegación de culpabilidad del acusado fuera hecha con pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad, conforme exige la Regla 72(7) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, éste debió haber sido advertido de que al declararse culpable de violar el Art. 7.02 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2002, según enmendada, 9 L.P.R.A. see. 5202, se exponía a una pena de reincidencia en virtud del Art. 7.04(b)(2) de la propia ley, 9 L.P.R.A. sec. 5204(b)(2). Habida cuenta que ello no ocurrió, su alegación de culpabilidad fue ineficaz.” Asimismo, “disintió de la determinación de inconstitucionalidad del Art. 7.04(b)(4) y (b)(5) de la LeyNúm. 22, ante, 9 L.P.R.A. see. 5204(b)(4) y (b)(5)”.

Opinión concurrente y disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Concurro con la mayoría del Tribunal en que al convicto en el caso de autos no podía imponérsele una pena basada en la reincidencia. No sólo no se alegó la condición de reincidente en la acusación en su contra, como está previsto en la Regla 48 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, sino que, además, la referida ausencia de tal alegación en la acusación no puso al acusado, al momento de considerar si admitía su culpabilidad, en posición de conocer cabalmente todas las intenciones del Estado respecto a su condena. Por ello, fue correcta la pena impuesta por el foro de instancia y erróneo el dictamen del foro apelativo, tal como lo resuelve la mayoría del Tribunal en su opinión.

Sin embargo, para llegar al resultado referido no es necesario el inusitado dictamen de declarar la inconstitucionalidad de unas oraciones en los incisos (b)(4) y (b)(5) del Art. 7.04 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 5204(b)(4) y (b)(5), como lo hace la mayoría del Tribunal en su opinión.

Nótese que en virtud de lo resuelto medularmente en la opinión del Tribunal en este caso, quedan debidamente fijadas las consecuencias de lo dispuesto en los incisos en cuestión, si el Ministerio Público no incluye la alegación de reincidencia en las denuncias o acusaciones pertinentes. Así, los incisos referidos en efecto le permiten al Ministerio Público no hacer la alegación de reincidencia, con las consecuencias correspondientes. En efecto, se le da una opción al Ministerio Público sobre el particular. No es necesario declarar la inconstitucionalidad parcial de los incisos en cuestión, pues, porque nada de lo resuelto mediante la opinión mayoritaria indica que el Ministerio Público está obligado a incluir la alegación de reincidencia en las acusaciones concernidas. Por ende, los incisos en cuestión quedarían como el fundamento para la opción del Ministerio Público.

Para concluir, debe recordarse la doctrina que rige en nuestra jurisdicción sobre la determinación judicial de inconstitucionalidad. Tales determinaciones no son favorecidas de ordinario, y sólo deben emitirse cuando ello es insoslayable. En otras palabras, los tribunales deben evitar la determinación de inconstitucionalidad si la disposición en cuestión puede ser interpretada de modo tal que no sea necesario hacer tal determinación. Torres Solano v. P.R.T.C., 127 D.P.R. 499 (1990); Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295 (1983); Vives Vázquez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 139 (1973); Pueblo v. Marrero, 79 D.P.R. 649 (1956). En el caso de autos, es soslayable la determinación de inconstitucionalidad por la razón señalada antes. Por ello, disiento de esta parte del dictamen de la mayoría del Tribunal.

       En lo pertinente, el Art. 7.02(a) dispone:
      “Es ilegal per se, que cualquier persona mayor de dieciocho (18) años de edad conduzca o haga funcionar un vehículo de motor, cuando su contenido de alcohol en su sangre sea de ocho (8) centésimas del uno (1) por ciento (.08%), o más, según surja tal nivel o concentración del análisis químico o físico de su sangre, o de su aliento.” 9 L.P.R.A. sec. 5202(a).

       A esos efectos, el Art. 7.07(a), 9 L.P.R.A. sec. 5207(a), dispone que el tribunal ordenará a la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) que efectúe una investigación minuciosa y le rinda un informe dentro de los treinta días siguientes a la orden.

       Las convicciones anteriores tienen fechas de 26 y 30 de mayo de 1998, y una de 18 de febrero de 2004, todas dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Según el Art. 7.04(b)(5) de la Ley Núm. 22 de 1 de enero de 2000 (9 L.P.R.A. sec. 5204(b)(5)), luego de transcurridos tres años a partir de una convicción bajo las disposiciones de la ley, no se tomará esta convicción en consideración en casos de convicciones subsiguientes. En conformidad con ello, sólo la convicción de 18 de febrero de 2004 podía ser considerada para efectos de la reincidencia.

       El referido artículo de ley establece:
      “En casos de segunda convicción y subsiguientes, el tribunal también ordenará la confiscación del vehículo de motor que conducía el convicto bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de sustancias controladas, al momento de ser intervenido, con sujeción a las sees. 1723 et seq. del Título 34, conocidas como ‘Ley Uniforme de Confiscaciones’, si dicho vehículo está inscrito en el Registro de Vehículos de Motor a nombre del convicto y la convicción anterior fue adjudicada en el periodo de cinco (5) años anteriores a la fecha de la nueva convicción. La alegación de reincidencia no tiene que ser alegada por el fiscal en la denuncia. Ésta se evidenciará en el informe presentencia.” (Enfasis nuestro.) 9 L.RR.A. sec. 5204(b)(4).

       La mencionada disposición estatutaria establece:
      “Luego de transcurridos tres (3) años contados a partir de una convicción bajo las disposiciones de esta sección, no se tomará ésta en consideración en caso de convicciones subsiguientes. Para que el tribunal pueda imponer las penas por reincidencia establecidas en esta sección, no será necesario que se haga alegación de reincidencia en la denuncia o en la acusación. Bastará que se establezca el hecho de la reincidencia mediante el informe presentencia o mediante certificado de antecedentes penales. (Énfasis nuestro.) 9 L.P.R.A. sec. 5204(b)(5).

       Específicamente, una multa no menor de $500 ni mayor de $750, cárcel por un término de quince a trinta días y la suspensión de la licencia por un término de seis meses. El Art. 7.04(b)(4), ante, también provee para la confiscación del vehículo conducido por el convicto bajo los efectos del alcohol.

       No entraremos a discutir uno de los errores alegados por el peticionario, a los efectos de que el recurso de certiorari presentado por el Ministerio Fiscal ante el Tribunal de Apelaciones fue presentado fuera de término. El recurso ante el foro apelativo fue presentado en tiempo, esto es, dentro del término de treinte días de haberse notificado la resolución que declaró “no ha lugar” la moción de corrección sentencia ilegal.

      Por otro lado, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dis-pone que el tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en cualquier momento. Hemos interpretado esta disposición para establecer que cualquier parte perjudicada por la sentencia tiene la facultad para solicitar la corrección de una sentencia ilegal o errónea en cualquier momento. Pueblo v. Martínez Lugo, 150 D.P.R. 238 (2000); Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 220 (1967). La razón de ser de esto es que si una sentencia no se ajusta a la pena establecida por ley, el tribunal tiene la autoridad para dictar una nueva sentencia y que una sentencia dictada contrario a lo que dispone la ley es nula o inexistente, por lo que puede ser reconsiderada en cualquier momento. Pueblo v. Lozano Díaz, 88 D.P.R. 834 (1963).
      En el presente caso, el fiscal entendió que la sentencia dictada por el tribunal de instancia era ilegal, ya que la reincidencia fue establecida mediante el informe presentencia, tal y como lo permite el Art. 7.04 (9 L.P.R.A. see. 5204), y aun así, dicho foro dispuso una pena menor de la correspondiente. En consecuencia, la moción de sentencia ilegal era un recurso apropiado para cuestionar la sentencia dictada.

       “... Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley ,...”Art. II, See. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 280.

       El texto completo del inciso (c) de la Regla 35 de Procedimiento Criminal es el siguiente:
      “La acusación y la denuncia deberán contener:
      “(c) Una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común. Las palabras usadas en dicha exposición se interpretarán en su acepción usual en el lenguaje corriente, con excepción de aquellas palabras y frases definidas por ley o por la jurisprudencia, las cuales se interpretarán en su significado legal. Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras que tuvieren el mismo significado. En ningún caso será necesario el expresar en la acusación o denuncia presunciones legales ni materias de conocimiento judicial.” 34 L.P.R.A. Ap. II.

       La Regla 48 de Procedimiento Criminal dispone:
      “Una acusación o denuncia no deberá contener alegación alguna de convicciones anteriores del acusado, a menos que una alegación en tal sentido fuere necesaria para imputar la comisión de un delito, o para alegar la condición de reincidente, de subsiguiente o de delincuencia habitual en relación con el acusado.” (Énfasis nuestro.) 34 L.P.R.A. Ap. II.

       Véase, a tales efectos, la Regla 68 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II:
      “Cuando la acusación imputare un delito en grado de reincidencia o subsiguiente o delincuencia habitual, el acusado podrá, al momento de hacer alegación, o en cualquier ocasión posterior siempre que fuere antes de leerse la acusación al jurado, admitir la convicción o convicciones anteriores y, en tal caso, no se hará saber al jurado en forma alguna la existencia de dicha convicción o convicciones.”

       ei referido estatuto dispone claramente cuáles son las penas en casos de una segunda, tercera y subsiguientes convicciones, es decir, en casos en que el acusado sea reincidente.

       Véanse: Graham v. West Virginia, 224 U.S. 616 (1912); State v. Pierce, 283 N.W.2d 6 (Neb. 1979); Rummel v. Estelle, 445 U.S. 263 (1980).

       En específico, en dicho caso se sostuvo que el entonces vigente Art. 74 del Código Penal de 1974, según enmendado, 33 L.P.R.A. see. 3375, al establecer una presunción incontrovertible sobre la “tendencia a delinquir” del acusado reincidente, no requería de una vista previa en que el acusado pudiera controvertir dicha presunción antes de ser declarado delincuente habitual, ni violaba su oportunidad de ser oído.

       A esos efectos, tanto el derogado Código Penal de 1974 como el Nuevo Código Penal de 2004 definen la reincidencia y sus grados.

       Es menester señalar, en este punto, que la decisión en Almendarez-Torres v. United States, 523 U.S. 224 (1998), es contraria a una decisión previa del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Oyler v. Boles, 368 U.S. 448, 452 (1962), en el cual se estableció que un acusado tenía que recibir una notificación razonable y una oportunidad de ser oído con relación al cargo de reincidencia.

       Según el estatuto de Nueva Jersey, constituía un delito en segundo grado, con pena entre cinco a diez años, utilizar un arma de fuego para propósitos ilegales. N.J.Stat.Ann. sec. 2C:39-4(a). Ahora bien, el estatuto en controversia disponía que esta pena podía ser aumentada entre diez a veinte años si el juez, por preponderancia de la prueba, determinaba que el delito había sido cometido con el propósito de intimidar a un individuo o a un grupo de individuos por razón de raza, color, género, impedimento, religión, orientación sexual u origen étnico. N.J.Stat.Ann. sec. 2C:44-3(e).

       “Any possible distinction between an element of a felony offense and a sentencing factor was unknown to the practice of criminal indictment, trial by jury and judgment by court ....’’Apprendi v. New Jersey, ante, pág. 478.

       En específico, el Tribunal federal indicó que en Almendarez-Torres v. United States, ante, no había problema de violación constitucional porque las convicciones previas que se tomaron en consideración habían sido admitidas en cada uno de los procesos criminales en los cuáles éstas se dilucidaron.

       En ese caso, el acusado, mediante una alegación preacordada, se declaró culpable del delito de secuestro en segundo grado, delito para el cual la pena era de cuarenta y nueve a cincuenta y tres meses. Al momento de dictar sentencia, el juez tomó en consideración que el delito cometido por el acusado —secuestro— había sido realizado mediando “crueldad deliberada”. Utilizando este factor, que no había sido aceptado por el acusado ni considerado por el Jurado, el juez impuso una condena de noventa meses de prisión.

       El historial legislativo de la mencionada Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico tampoco contiene discusión alguna sobre este aspecto.

       Específicamente, esta es la pena que a esos efectos impuso el foro primario: una multa de $300, el pago de costas, más un arancel de $50. Ordenó la suspensión de su licencia de conducir por un término de treinta días y a someterse al Programa de Rehabilitación de la Administración de Salud Mental y contra la Adicción.

       Vale la pena resaltar que una segunda convicción acarrea una pena de reclusión de entre quince a treinta días.

       A estos efectos, no nos convencen los argumentos del Procurador General en cuanto a que el acusado conocía sus convicciones anteriores y, por ende, su condición de reincidente. El debido proceso de ley que nuestra Constitución le garantiza al acusado impone deberes al Estado. Por ello, es innegable que éste tiene que incluir todos los elementos que pudieran agravar una pena en el pliego acusatorio. Esto incluye, necesariamente, las convicciones anteriores del acusado. De este modo, el acusado está en una posición adecuada para preparar su defensa.


source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta Juez Asociado Señor Fuster serlingeri.

license: Public Domain

text:
    Municipio de Morovis, peticionario, v. Ángel A. Adorno Marrero, etc., recurridos; Municipio de Morovis, peticionario, v. Heriberto Rodríguez Adorno, etc., recurridos.

      Número: CC-2004-891

      Resuelto: 31 de octubre de 2006

      María E. Ramoso Ortiz y Carlos J. Vargas Ferrer, abogados de la parte peticionaria; Fernando L. Gallardo, de Woods & Woods LLP, abogado de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso permite expresarnos sobre el alcance de la prohibición contenida en el Art. 4.004 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (21 L.P.R.A. see. 4154) (Ley de Municipios Autónomos), en cuanto a que un asambleísta que renuncie a su escaño no puede, durante el término por el cual fue electo como legislador municipal, ocupar puestos municipales de confianza o de carrera en el municipio en que fue electo si éstos fueron creados o mejorados en su sueldo durante dicho término. Por las razones que exponemos a continuación, reafirmamos la norma del caso de González v. Alcalde de Utuado, 101 D.P.R. 47 (1973), y resolvemos, además, que un ex asambleísta que ocupe un cargo municipal luego de su renuncia al escaño político no debe disfrutar de un beneficio legislado por la Asamblea de la cual formó parte, y debe devolver el dinero que haya recibido en contravención a esta norma. No obstante, aclaramos que esta prohibición no aplica cuando el beneficio se legisla antes de que el asambleísta sea parte de la asamblea municipal o por una asamblea municipal de la cual no formó parte, aunque entre en efecto durante el cuatrienio para el cual fue electo.

I

Los hechos de este caso son los siguientes. En marzo de 2002 el Municipio de Morovis, luego de un informe de la Oficina del Contralor Puerto Rico, demandó en cobro de dinero a los recurridos, el señor Rodríguez Adorno y el señor Adorno Marrero. El Municipio reclamaba el reembolso de los salarios que recibieron los recurridos por los servicios que prestaron como empleados de confianza, por en-tender que sus nombramientos fueron contrarios al Art. 4.004 de la Ley de Municipios Autónomos, supra. Posteriormente, el Municipio de Morovis enmendó su demanda para reclamar, no la totalidad de los salarios, sino la diferencia entre los salarios de los puestos antes de que empezara el cuatrienio de 1997-2002 y los aumentos recibidos durante ese cuatrienio. Esto debido a que los recurridos fueron asambleístas durante un período del cuatrienio durante el cual se hicieron efectivos los aumentos para sus puestos.

Los eventos que propiciaron la controversia fueron los siguientes. El señor Rodríguez Adorno fue electo asambleísta para el cuatrienio de 1997-2002. Antes de esto había servido como asambleísta desde el 13 de mayo de 1994, fecha cuando llenó una vacante que surgió para su partido en la Asamblea del pueblo de Morovis. El 11 de agosto de 1998, efectivo al 31 de agosto de 1998, éste renuncio al cargo de asambleísta; el 16 de septiembre de 1998 fue nombrado al puesto de confianza de Director del Departamento de Recreación y Deportes Municipal. El señor Adorno Marrero también fue electo asambleísta para el cuatrienio de 1997—2002. Este renunció al cargo de asambleísta municipal el 21 de enero de 1999, efectivo ese mismo día, y el 11 de mayo de 1999 fue nombrado al puesto de confianza de Director de Obras Públicas.

Durante el año fiscal 1992-1993, la Asamblea Legislativa de Morovis aprobó el Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme, que disponía de unos aumentos durante el cuatrienio de 1997-2000 para los puestos de confianza que existiesen en ese municipio. El 15 de enero de 1993, conforme a la nueva Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, la Asamblea de Morovis actualizó la Ordenanza de Puestos de Confianza e incluyó entre esos puestos los cargos que eventualmente ocuparían los recurridos. Véase Ordenanza Núm. 11 Serie 1992-93 del Municipio de Morovis. Mientras los recurridos formaban parte de la Asamblea Municipal de Morovis, ésta aprobó la Resolución Núm. 52 Serie 1997-98, que establecía el presupuesto del municipio para el año fiscal 1998-1999. Se hacía entrar en vigor con este presupuesto el plan de aumentos aprobado en el Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme de 1993. Luego de que los recurridos renunciaran a la asamblea municipal y se ocuparan sus nuevos puestos —que eran cargos de confianza— la Asamblea de la cual habían formado parte aprobó la Resolución Núm. 3 Serie 1999-2000, mediante la cual se aumentaron, efectivo el 1 de julio de 1999, las escalas salariales de varios puestos de confianza, entre ellos los puestos de los recurridos.

Al concluir la presentación de la prueba del municipio, los recurridos solicitaron la desestimación del caso. El Tribunal de Primera Instancia accedió por entender que no se había violado el Art. 4.004 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, ya que el primer aumento cuestionado obedeció al Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme que aprobó una Asamblea Legislativa de la cual los recurridos no formaban parte, y el segundo aumento fue hecho por la Asamblea Legislativa de Morovis de la cual ellos formaban parte, pero no mientras ellos fueron miembros de ésta. Concluyó el tribunal que ellos no participaron de la aprobación de ninguno de los aumentos, por lo cual no estaban sujetos a la prohibición del Art. 4.004, supra. El Tribunal de Primera Instancia entendió también que la causa de acción del municipio debía ser desestimada, pues los recurridos no eran los llamados a responder según el Art. 11.027 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. see. 4576. El municipio acudió al Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó la decisión del foro de instancia por entender que los ex asambleístas no estaban sujetos a la prohibición del Art. 4.004, supra, ya que no participaron de la aprobación de ninguno de los aumentos.

Por esa razón el Municipio de Morovis acude ante nosotros y nos plantea que se equivocaron el foro apelativo y el de instancia al resolver contrario a nuestra decisión en González v. Municipio de Utuado, supra. Por su parte, los recurridos sostienen que no se ha violado el Art. 4.004 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, ya que ellos no participaron en la aprobación de ninguno de los aumentos. En la alternativa, plantean que no son ellos los llamados a responder por la violación, puesto que según el Art. 11.027 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, le corresponde a los funcionarios que negligentemente aprobaron la acción de personal o el pago, devolver el dinero pagado en contravención a las disposiciones de la ley.

Ante estos hechos y los planteamientos de las partes, debemos resolver las cuestiones siguientes. Primero, si la prohibición del Art. 4.004 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, aplica cuando la mejora al puesto municipal ha sido legislada antes de que el asambleísta entre a formar parte de la Asamblea Municipal, pero entra en efecto durante el período para el cual éste fue electo. También debemos decidir si el artículo antes mencionado aplica cuando se ocupa un puesto una vez se renuncia al cargo de asambleísta y la Asamblea Municipal a la cual se renunció legisla un aumento. De responderse alguna de las preguntas en la afirmativa, debemos determinar quiénes son los responsables de devolver el dinero que se pagó en contravención de la ley.

II

A. La Ley de Municipios Autónomos contiene varias normas que procuran mantener la pureza de las acciones municipales y la de sus funcionarios, en especial la de los asambleístas. Entre esas normas se encuentran el Art. 4.004 y el Art. 11.027, supra. El Art. 4.004, supra, en lo pertinente a este caso, dispone:

Las siguientes normas generales regirán la conducta de los legisladores municipales en todo aquello que se relacione directa o indirectamente con los deberes oficiales de su cargo:
(b) No podrán ser funcionarios ni empleados del municipio de cuya legislatura sean miembros. No obstante lo antes dispuesto, cualquier legislador municipal que renuncie a su cargo como tal, podrá ocupar cualquier cargo o puesto de confianza o de carrera en el municipio en que fue electo, siempre y cuando se trate de un cargo o puesto que no haya sido creado o mejorado en su sueldo durante el término por el cual fue electo legislador municipal.

Por su parte el Art. 11.027, supra, provee:

(b) Cualquier suma de dinero pagada en relación con acciones de personal en contravención con las disposiciones de este subtítulo, de los reglamentos o de las normas aprobadas conforme al mismo, será recuperada del funcionario o empleado que, por descuido o negligencia, aprobare o refrendare la acción de personal o de aquel que aprobare dicho pago, o que suscribiere o refrendare el comprobante, nóminas, cheque u orden de pago; o de las fianzas de dicho funcionario. Los dineros así recuperados se reintegrarán al tesoro del municipio correspondiente, según sea el caso.

La primera de estas disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos proviene de la Sec. 15 del Art. Ill de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1. Antes de que se adoptara la ley de municipios vigente, la Ley Municipal de 1960 contenía la misma prohibición. No obstante, esta prohibición se incluyó haciendo referencia directa a la disposición constitutional. Entre las limitaciones de las que hablaba este artículo de la Ley Municipal de 1960 se encontraba la de la Sec. 15 del Art. Ill de nuestra Constitución, supra. Esta sección establece que:

Ningún Senador o Representante podrá ser nombrado, durante el término por el cual fue electo o designado, para ocupar en el Gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades, cargo civil alguno creado, o mejorado en su sueldo, durante dicho término. Ninguna persona podrá ocupar un cargo en el Gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades y ser al mismo tiempo Senador o Representante. Estas disposiciones no impedirán que un legislador sea designado para desempeñar funciones ad honorem. Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, págs. 377-378.

Esta prohibición continuó formando parte de la reglamentación a la cual estaban sujetos los asambleístas cuando se derogó la Ley Municipal de 1960 y se adoptó la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico en 1980. Además, con esta ley, al igual que en la regulación vigente, se dejó claro que, como excepción a la norma de que los asambleístas no pueden ocupar otros puestos en el municipio durante el término para el cual fueron electos, una vez los asambleístas renuncian al cargo pueden ocupar un cargo municipal siempre y cuando el cargo o puesto a ocupar no haya sido creado o mejorado en su sueldo durante el término por el cual fue electo o designado.

El propósito de todas estas legislaciones es dual. De una parte, se trata de evitar que se acumulen en unas pocas manos varios sueldos. También, se intenta impedir que los legisladores se beneficien de las influencias que pueden tener mientras están en su cargo y aún después. Con esto en mente fue que los redactores de la Constitución decidieron extender la prohibición a la ocupación de dos cargos públicos, no sólo durante el tiempo mientras se ejercía el cargo legislativo, sino por todo el término para el cual se fue electo.

En Cordero, Auditor v. Tribl. de Distrito, 72 D.P.R. 378, 380 esc. 1 (1951), interpretando la Sec. 15 del Art. Ill de nuestra Constitución, supra, resolvimos que la frase “durante el tiempo por el cual hubiere sido electo” se utilizó porque los redactores de la Constitución quisieron que los legisladores fueran inelegibles durante todo el período de tiempo por el cual fueron electos, independientemente de que hubiesen renunciado a su escaño. Asimismo, hemos resuelto que los redactores, al adoptar esa frase, quisieron prohibir absolutamente el que un senador o representante ocupe un cargo civil en el Gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades, que haya sido creado o mejorado en su sueldo durante el término por el cual fue electo. González v. Alcalde de Utuado, supra. Al mismo tiempo, en González v. Alcalde de Utuado, supra, extendimos esta prohibición a los asambleístas municipales, ya que la Ley Municipal de 1960, vigente para la fecha del caso, se refería directamente a la prohibición constitucional. Esta prohibición permaneció en la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico y en la actual Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991.

De igual modo, continúa vigente la norma que permite a los miembros de la Asamblea Municipal renunciar a sus escaños legislativos para ocupar cargos administrativos o puestos en los municipios en que fueron electos, siempre y cuando el cargo o puesto no se haya creado o mejorado en su sueldo durante el término por el cual fue electo o designado. En otras palabras, la ley establece claramente que la única forma para que un asambleísta ocupe un cargo administrativo o un puesto municipal durante el término para el cual fue electo es, primeramente, renunciando al puesto de asambleísta y, en segundo lugar, que el cargo que vaya a ocupar no haya sido mejorado o creado durante el término para el cual él fue electo asambleísta. En cuanto a esta prohibición, establecimos que se trataba de una prohibición absoluta.

B. Hoy debemos resolver si la norma dispuesta en el Art. 4.004 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, se refiere solamente a una mejora legislada durante el término por el cual fue electo el ex asambleísta o se refiere también a una mejora que haya entrado en efecto durante ese período. No hay duda que, debido al propósito de la ley, la prohibición aplica cuando la mejora fue legislada durante el período para el cual el asambleísta fue electo, aunque él no haya participado en su aprobación por haber renunciado antes de vencerse su término. Lo que se pretende evitar en esos casos es que el asambleísta haga uso de las influencias que se derivan de su puesto. Este peligro no existe cuando el asambleísta no tuvo relación alguna con la Asamblea Municipal que legisló la mejora o que creó el cargo, por lo que la prohibición no debe aplicar a mejoras legisladas en períodos anteriores a aquel para el cual fue electo el asambleísta. En la controversia ante nosotros, por ejemplo, el Tribunal de Primera Instancia determinó que uno de los aumentos reclamados obedeció al Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme del municipio de Morovis, legislado por una Asamblea Municipal anterior. No se puede sostener, por lo tanto, que los primeros aumentos que se otorgaron a los recurridos en este caso estén prohibidos por la ley. En vista de ello, resolvemos que no están obligados a rembolsar lo recibido por ese aumento.

C. Por otra parte, queda por analizar si los recurridos podrían beneficiarse de los aumentos que aprobó, después que ellos renunciaran, la Asamblea Municipal de la cual formaron parte. Este asunto no está contemplado en la ley. No obstante, en González v. Alcalde de Utuado, supra, aclaramos esta misma laguna que surgía también bajo la Ley Municipal de 1960. Resolvimos que en esos casos los asambleístas no se pueden beneficiar de los aumentos salariales.

En González v. Alcalde de Utuado, supra, un asambleísta pasó a ocupar un cargo municipal luego de renunciar a la Asamblea Municipal. Después de su renuncia, pero durante el período para el cual había sido electo, se aumentó el salario del cargo. El Secretario de Hacienda ordenó retener la cantidad correspondiente al aumento. El ex asambleísta solicitó una sentencia declaratoria que estableciera su derecho a disfrutar del aumento. El tribunal de instancia concluyó que las retenciones eran ilegales. La controversia llegó a nosotros, y nos cuestionamos en aquel momento si procedía que se le dedujera lo cobrado en ex-ceso a su sueldo antes del aumento. Resolvimos que sí, y revocamos al tribunal de instancia. Aunque no hicimos una expresión precisa sobre el asunto, se desprende de nuestra decisión que en esos casos no se puede disfrutar del aumento y que el ex asambleísta es responsable de reponer el dinero que haya recibido en contravención a la regulación municipal. Es la única solución cónsona con el propósito de la ley. Permitir que un ex asambleísta se beneficie del aumento legislado en estas circunstancias propendería a que los ex asambleístas utilicen sus influencias para obtener un beneficio personal de sus ex compañeros. Esto es precisamente lo que las leyes que regulan a los municipios han tratado de prevenir por casi 50 años. La sana administración de los gobiernos municipales no puede manipularse de esta forma. Es por eso que resolvemos que el segundo aumento que disfrutaron los recurridos es contrario a nuestro ordenamiento, aunque la situación no esté contemplada específicamente por la Ley de Municipios Autónomos.

D. Por último, debemos expresarnos sobre la alegación de los recurridos, acogida por el Tribunal de Primera Instancia, de que no son ellos quienes deben responder en este caso. Los ex asambleístas aducen que según el Art. 11.027 de de la Ley de Municipios Autónomos, supra, les corresponde a los funcionarios que negligentemente aprobaron la acción de personal o el pago, devolver el dinero pagado en contravención a las disposiciones de la ley. Los ex asambleístas buscan de este modo que se mantenga la decisión de los foros inferiores de desestimar el pleito en su contra, y quedarse así con el dinero que fue pagado en exceso.

La posición de los recurridos es evidentemente incorrecta. En González v. Alcalde de Utuado, supra, ante la ausencia de una regulación precisa en la ley municipal, hicimos uso de la equidad y permitimos la retención en el salario que había hecho el alcalde al ex asambleísta, según se desprende de nuestra decisión, para recobrar lo pagado en exceso y para evitar que el ex asambleísta siguiese beneficiándose del aumento legislado por la Asamblea Municipal a la cual fue electo. De igual modo, en este caso debemos hacer uso de la equidad y de los principios generales del Derecho ante la ausencia de una disposición en la Ley de Municipios Autónomos que directamente provea un remedio para situaciones como la que tenemos ante nuestra consideración. Ya que hemos resuelto que la razón para no permitir que los ex asambleístas se beneficien del segundo aumento es evitar que éstos se aprovechen indebidamente de sus cargos, deben ser ellos los responsables de devolver el dinero recibido indebidamente. Permitir que retengan la porción de lo recibido equivalente a la mejora que legisló —después de su renuncia— la Asamblea Legislativa a la cual fueron electos, conlleva el consentir a que se aprovechen de su posición, además de que constituiría un enriquecimiento injusto.

Por otra parte, el referido Art. 11.027 de la ley a la que se refieren los recurridos no pretende liberar a los ex asainbleístas de responsabilidad en casos como el de autos. Esto sería contrario al espíritu que permea toda la ley, cuyo objetivo, según explicáramos, es evitar que los miembros de las Asamblea Municipal se aprovechen de sus puestos. Los aumentos legislados por la Asamblea Municipal a la que pertenecieron los recurridos no podían ser disfrutados por los ex asambleístas, quienes son responsables del provecho indebido que derivaron de sus cargos. Por eso no procede, como sostienen los recurridos, que se desestime el pleito en su contra. Esta posición es cónsona con lo que resolvimos en González v. Alcalde de Utuado, supra, y con la política pública de la Ley de Municipios Autónomos.

III

Por todo lo anterior, se revocan las sentencias del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones en cuanto que los recurridos pueden beneficiarse del segundo aumento otorgado mientras fueron asambleístas. Por otro lado, se confirma sus sentencias en cuanto a que no podían aprovecharse de los aumentos aprobados de acuerdo con el Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme de 1993. Por último, se revoca la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en cuanto desestimó la demanda contra los recurridos por entender que éstos no eran los llamados a responder, ya que, por el contrario, los recurridos deben responder por los beneficios recibidos en contravención a lo pautado en esta opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión concurrente en parte y disidente en parte.

Opinión concurrente en parte y disidente en parte emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster serlingeri.

I

Como se señala en la opinión de la mayoría del Tribunal, en el caso de autos están en cuestión dos aumentos de salarios que fueron impugnados por el Contralor de Puerto Rico, por considerar éste que los funcionarios municipales concernidos no tenían derecho a ninguno de ellos. La mayoría del Tribunal entiende que los recurridos pueden disfrutar de uno de los aumentos en cuestión, pero no del otro.

Concurro con la mayoría en cuanto a que los funcionarios municipales referidos no podían beneficiarse de los aumentos de sueldo que fueron aprobados durante el término para el cual fueron electos, aunque ello sucedió luego de sus renuncias como asambleístas municipales. Disiento, sin embargo, en cuanto a que dichos funcionarios sí podían beneficiarse del otro aumento salarial en cuestión, que fue puesto en vigor mientras ellos formaban parte de la Legislatura Municipal, aunque legislado previamente. Veamos.

II

En marzo de 2002 el Municipio de Morovis (Municipio) demandó a los señores Ángel A. Adorno Marrero y Heriberto Rodríguez Adorno (recurridos), así como a sus respectivas Sociedades Legales de Bienes Gananciales. El Municipio reclamó el reembolso de ciertas cantidades pagadas a los recurridos en concepto de salarios mientras éstos fungieron como directores de dos dependencias municipales.

Los recurridos fueron electos asambleístas municipales de Morovis en el cuatrienio de 1997 al 2000. Según surge del expediente, mientras los recurridos aún ocupaban sus escaños como asambleístas municipales, se aprobó la Resolución Núm. 52 Serie 1997-1998, mediante la cual entró en vigor el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio para el año fiscal 1998-1999. Con esta medida se puso en vigor y se hizo efectivo un plan de aumentos aprobado en el Plan de Clasificación de Puestos y Retribución Uniforme de 1993, y de ese modo se aumentó el salario mensual del Director de Obras Públicas Municipales de $1,926 a $2,025, y el del Director de Recreación y Deportes de $1,250 a $1,342 mensuales.

Posteriormente, en agosto de 1998, el recurrido Rodríguez Adorno renunció a su escaño legislativo y fue nombrado Director de Recreación y Deportes del Municipio. Por su parte, el recurrido Adorno Marrero renunció a su escaño como asambleísta a finales de enero de 1999 y fue nombrado Director de Obras Públicas del Municipio.

Así las cosas, cuando los recurridos ya no eran miembros de la Asamblea Municipal, pero antes de que expirara el término para el cual habían sido electos como asambleístas municipales, sus respectivos puestos ejecutivos fueron mejorados nuevamente en cuanto a salarios. En julio de 1999, la Asamblea Municipal aumentó el salario del Director de Obras Públicas en $550, para un total de $2,575 al mes, y en enero de 2000 aumentó en $196 la compensación para el Director de Recreación y Deportes, llevando su salario a un total de $1,538 mensuales.

A raíz del Informe de Auditoría M-02-09 rendido por el Contralor de Puerto Rico el 24 de septiembre de 2001, el Municipio presentó las demandas que dieron lugar al caso de autos. En el referido informe del Contralor se señalaron varias irregularidades cometidas durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1997 y el 30 de junio de 2000 por el entonces Alcalde de Morovis, señor Russe González. La Oficina del Contralor concluyó que debido a que los sueldos para los puestos de Director de Obras Públicas y de Director de Recreación y Deportes habían sido aumentados en dos ocasiones durante el referido cuatrienio, los recurridos ocuparon dichos puestos ilegalmente, y procedía entonces la devolución de la totalidad de los salarios percibidos por éstos.

Una vez finalizado el desfile de prueba, los recurridos solicitaron la desestimación de las demandas a tenor con la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Según argumentaron los recurridos, el Municipio no tenía derecho a la concesión de ningún remedio, pues no demostró que ellos hubiesen actuado ilegalmente. Tras escuchar las alegaciones de las partes, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el Municipio peticionario no tenía derecho a remedio alguno y declaró “con lugar” la solicitud de desestimación.

El Municipio recurrió de esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones el cual, tras ciertos incidentes procesales, confirmó al foro de primera instancia por los mismos fundamentos.

Inconforme, el Municipio acudió oportunamente ante nos y planteó, en síntesis, que había errado el Tribunal de Apelaciones al no aplicar nuestros precedentes y confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, a pesar de que se presentó prueba suficiente para sostener las alegaciones de las demandas.

III

El Art. 4.004 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, según enmendado por la Ley Núm. 81 de 29 de octubre de 1992, dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

Las siguientes normas generales regirán la conducta de los legisladores municipales en todo aquello que se relacione directa o indirectamente con los deberes oficiales de su cargo:
(b) No podrán ser funcionarios ni empleados del municipio de cuya legislatura sean miembros. No obstante lo antes dispuesto, cualquier legislador municipal que renuncie a su cargo como tal, podrá ocupar cualquier cargo o puesto de confianza o de carrera en el municipio en que fue electo, siempre y cuando se trate de un cargo o puesto que no haya sido creado o mejorado en su sueldo durante el término por el cual fue electo legislador municipal. (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. see. 4154.

Según la citada disposición, es legítimo que un asambleísta renuncie a su escaño y pase a ocupar algún puesto en la administración municipal en tanto no pretenda beneficiarse de ningún aumento de sueldo realizado durante el término por el cual fue electo legislador municipal. El propósito de dicha disposición es evitar que una persona que haya sido legislador municipal se beneficie indebidamente del cargo para el cual fue electo. Dicho artículo aplica claramente a los aumentos salariales que aquí nos conciernen. Resulta evidente que los recurridos no podían beneficiarse de los aumentos de sueldo iniciales, aquellos que fueron puestos en vigor y así realizados mientras ellos formaban parte de la Legislatura Municipal. Los recurridos Rodríguez Adorno y Adorno Marrero tampoco podían beneficiarse de los aumentos de sueldo aprobados durante el término para el cual fueron electos, aunque fuesen posteriores a sus renuncias como asambleístas.

Para evaluar la controversia ante nos debemos tener presente el trasfondo histórico del Art. 4.004 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, supra. Dicho trasfondo se extiende hasta la propia Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual dispone en la Sec. 15 de su Art. Ill, conocida como la “Cláusula de Incompatibilidad de Car-gos”, lo siguiente:

Ningún Senador o Representante podrá ser nombrado, durante el término por el cual fue electo o designado, para ocupar en el Gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades, cargo civil alguno creado, o mejorado en su sueldo, durante dicho término. Ninguna persona podrá ocupar un cargo en el Gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades y ser al mismo tiempo Senador o Representante. Estas disposiciones no impedirán que un legislador sea designado para desempeñar funciones ad honorem. (Énfasis suplido.) Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, págs. 377-378.

Dicha disposición constitucional fue incorporada en las distintas piezas legislativas que regulan a los municipios. Así por ejemplo, la Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, conocida como la Ley Municipal, disponía en su Art. 29 (21 L.P.R.A. see. 1171 (ed. 1961) lo siguiente:

Todas las limitaciones impuestas por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico a la Asamblea Legislativa y a sus miembros, serán aplicables, hasta donde fuere posible, a la asamblea municipal y a los miembros de la misma.

Dicho precepto también fue incluido en el Art. 4.17 de la Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980, conocida como la anterior Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. see. 3067 (ed. 1988).

El citado Art. 4.004 de la vigente Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, supra, ha incorporado esencialmente la misma norma. Por ende, para disponer de la controversia de autos debemos revisar la interpretación que anteriormente hemos hecho de la frase “durante el término por el cual fue electo o designado”.

En Cordero, Auditor v. Tribl. de Distrito, 72 D.P.R. 378, 385 (1951), dijimos que la aludida frase había sido empleada consistentemente por los redactores de distintas piezas legislativas “dondequiera que ... quisieron hacer que un legislador fuera inelegible durante todo el período de tiempo por el cual fué electo, independientemente de su renuncia del escaño legislativo”. (Énfasis suplido.)

Posteriormente, en González v. Alcalde de Utuado, 101 D.P.R. 47, 50 (1973), reafirmamos dicha interpretación y explicamos que un examen del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente no revelaba “debate, comentario o discusión que en forma alguna indicase un sentir o interpretación de la frase ‘durante el término para el cual fue electo’ contrario al significado ‘consagrado por el uso’ ...”. íd., pág. 51.

Nótese que en el Art. 4.004 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, supra, se adoptó la terminología en cuestión después de que ésta fuese interpretada por este Foro. Al así proceder, la Asamblea Legislativa escogió una frase cargada de significado, conforme al historial relatado antes. Es evidente que de no haber estado de acuerdo con ese significado y sus implicaciones, la Asamblea Legislativa hubiese empleado otras palabras.

No hay ninguna razón para variar hoy la interpretación que durante cinco décadas hemos dado a las disposiciones constitucionales y estatutarias que prohíbe a los legisladores (en este caso municipales) ocupar un cargo que haya sido creado o mejorado en su sueldo durante el término por el cual fueron electos legisladores. La interpretación es fiel a la intención de los que redactaron nuestra Constitución y de los integrantes de la Asamblea Legislativa, que sabiamente han querido adoptar una norma estricta para salvaguardar la sana administración gubernamental. No puede haber duda de que dicha norma fue incorporada íntegramente en el Art. 4.004 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, supra.

IV

Por las razones expresadas antes, concurro con el criterio de la mayoría del Tribunal en cuanto a que el aumento salarial aprobado específicamente durante el término para el cual los recurridos fueron electos asambleístas municipales —el segundo aumento— no los podía beneficiar. Pero me parece claro, además, que tampoco podían beneficiarse del aumento inicial, el que se puso en vigor precisamente siendo los recurridos miembros de la Asamblea Municipal. Es cierto que ese aumento fue legislado en concepto por una Asamblea Municipal anterior, pero se puso en vigor y se le dio existencia por la Asamblea Municipal a la que pertenecían los recurridos. No puede negarse, pues, que fue precisamente con el voto de los recurridos que se le dio actualidad y se hizo real el aumento salarial en cuestión. Los cargos en cuestión fueron “mejorados en su sueldo” por los recurrentes, ya que fueron éstos quienes hicieron efectivos los aumentos referidos. Me parece evidente que no podían beneficiarse de un resultado que ellos mismos fraguaron. En términos prácticos, los recurrentes tuvieron mucho más que ver con respecto al aumento inicial que en cuanto al segundo de los aumentos que aquí nos conciernen. Si este aumento les está vedado, no tiene sentido lógico decretar que pueden beneficiarse del primer aumento. No debe olvidarse, según lo ha indicado el profesor Trías Monge, que lo que se procura evitar es que el funcionario se beneficie de su propio acto legislativo. Véase el escolio 1 de esta ponencia y el texto allí citado. Tal beneficio vedado ocurriría aquí si se le permite a los recurridos que se beneficien del aumento inicial en cuestión, que ellos mismos legislaron cuando eran miembros de la Asamblea Municipal.

Aparte de lo anterior, la interpretación esbozada aquí por la mayoría, llevada hasta sus últimas consecuencias, conduciría a resultados insólitos o a anular la prohibición en cuestión. La mayoría resuelve que los recurridos pueden disfrutar del primer aumento o mejora, aunque se puso en vigor durante su incumbencia, dado que dicha mejora fue legislada antes de que ellos fueran miembros de la Asamblea Municipal. Esto implica que la prohibición operaría para los miembros de la asamblea electos para el cuatrienio en que fue “legislado” el aumento. El problema con lo anterior es que ya que el aumento en cuestión no estuvo en vigor durante el cuatrienio en el cual fue legislado, el resultado práctico sería, o bien prohibir que un ex legislador municipal ocupe un puesto que realmente no ha sido mejorado en sueldo, o dictaminar que la prohibición no aplica ni a los que legislaron el aumento ni a los que lo pusieron en vigor. Tales opciones son evidentemente insostenibles.

Como entiendo que el dictamen mayoritario descansa en puro conceptualismo y no es compatible con el principio normativo que aquí aplicamos, yo disiento de esta parte de ese dictamen.

       Así lo estableció el Tribunal de Primera Instancia en sus determinaciones de hechos.

       La Oficina del Contralor señala en su informe que el aumento para el Director de Obras Públicas ocurrió en julio de 1999, y el del Director de Recreación y Deportes ocurrió en enero de 2000. Esas fechas corresponden con los cambios en cantidades en los cheques expedidos a favor de los recurridos por el Municipio de Morovis, que constan en el expediente.

       El Art. 29 de la Ley Municipal de 1960, Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, disponía:
      “Todas las limitaciones impuestas por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico a la Asamblea Legislativa y a sus miembros, serán aplicables, hasta donde fuere posible, a la asamblea municipal y a los miembros de la misma.” 21 L.P.R.A. see. 1171 (ed. 1961).

       El Art. 4.17 de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980, establecía:
      “Todas las limitaciones impuestas por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por la Ley de Relaciones Federales en Puerto Rico a la Asamblea Legislativa y a sus miembros, serán aplicables hasta donde fuere posible, a la asamblea municipal y a los miembros de la misma. Disponiéndose, que no será incompatible el ser miembro de las Asamblea y ocupar a la vez un empleo o cargo que no sea por elección en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con excepción de lo establecido en el inciso (b) de la see. 3053 de este título.
      “No será incompatible que miembros de las Asamblea puedan ocupar cargos administrativos o puestos en los municipios en que fueron electos, de renunciar a sus escaños legislativos siempre y cuando el cargo o puesto a ocupar no hubiere sido creado o mejorado en su sueldo durante el término por el cual fue electo o designado.” 21 L.P.R.A. see. 3067 (ed. 1988).

       El señor Gaztambide Arrillaga, en la discusión sobre este artículo, expresó que:
      “La idea de esto es impedir que se acumulen en unas pocas manos varios sueldos. Que el prestigio de un legislador pueda explotarse de tal manera que reciba sueldos indebidos en más de una ocasión por los servicios que presta a su pueblo.” 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 779 (1961).
      Por su parte el señor Reyes Delgado sostuvo lo siguiente:
      ‘Yo no creo, señor Presidente y señores delegados, que la prohibición de ocupar cargos sea meramente por el hecho de que se le pague compensación. Hay cosas más importantes en la vida que la compensación, y [una es] la influencia que se ejerce, que es lo que se tiene en mente. El individuo, miembro de la [Asamblea] Legislativa, que está ejerciendo un cargo en el cual él no está recibiendo emolumento, pero que ejerce una terrible influencia, en las decisiones de la junta, del cuerpo, de la oficina, del negociado, de lo que fuere, debido a su condición de legislador.
      “Lo que se interesa es que la influencia de él como legislador no llegue a ningún sitio.” (Corchetes en el original.) Diario de Sesiones, supra, pág. 780.

       Se ha comentado lo siguiente sobre esta sección:
      “[L]a intención evidente fue permitir, en el caso de posiciones mejoradas en sueldo, que desapareciese el impedimento si el legislador renunciaba no solamente su cargo sino el beneficio económico derivable del aumento en compensación en el cargo concernido, ya que lo que anima la prohibición en esta instancia es evitar que el legislador se beneficie individualmente de sus propios actos legislativos." (Énfasis suplido.) J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1982, Vol. III, pág. 157.

       Así por ejemplo, cuando Jorge Font Saldaña fue nombrado Secretario de Hacienda, éste renunció “hasta la expiración del término por el cual había sido electo” al aumento de sueldo que se había aprobado para dicho cargo mientras servía como legislador. Trías Monge, op. cit., pág. 157 esc. 109.


text:
      In re Carmelo Campos Cruz.

      Número: TS-11041

      Resuelto: 3 de noviembre de 2006

      Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, y Miriam Soto Contreras, procuradora general auxiliar; Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Luis J. Marín Rodríguez y Virgilio Mainardi Peralta, abogados del peticionario.
   RESOLUCIÓN

Atendida la Moción de Renuncia a Representación Legal, de 2 de octubre de 2006, se declara “con lugar”, como se pide.

Evaluada la Moción en Cumplimiento de Orden, de 29 de septiembre de 2006, presentada por la Oficina de Inspección de Notarías, y la Moción Informando Estado del Caso, de 6 de octubre de 2006, presentada por el Procurador General, se ordena la reinstalación del Ledo. Carmelo Campos Cruz sólo al ejercicio de la abogacía.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Eugenio Guardiola Ramírez, querellado.

      Número: TS-10668

      Resuelto: 7 de noviembre de 2006

      Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, y Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar, parte querellante.
   per curiam:

El abogado Eugenio A. Guardiola Ramírez fue admitido al ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción el 3 de enero de 1994. El licenciado Guardiola Ramírez fue encontrado culpable, el 12 de febrero de 2004, en la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico por tres cargos, a saber: conspiración para cometer delito o defraudar a Estados Unidos (18 U.S.C.A. see. 371); intervenir indebidamente con un testigo, una víctima o un informante (18 U.S.C.A. sec. 1512(b)), y obstrucción a la justicia (18 U.S.C. sec. 1512(c)). Fue sentenciado por el mencionado foro federal, el 15 de agosto de 2006, a cumplir treinta y tres meses en prisión por cada uno de los cargos, en forma concurrente. También, fue sentenciado a cumplir tres años en libertad suspendida, luego de cumplida la sentencia en prisión antes impuesta.

El Procurador General de Puerto Rico presentó la correspondiente querella ante este Tribunal, en la cual, además de expresar que los delitos por los cuales fue sentenciado Guardiola Ramírez implican depravación moral, “lo cual de por sí justifica su separación del ejercicio de la profesión”, añade que la conducta en que incurrió dicho abogado viola los Cánones 15, 35 y 38 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Atendida la querella presentada por el Procurador General, concedimos un término de diez días a Guardiola Ramírez, mediante Resolución de 29 de septiembre de 2006, para que mostrara causa por la cual no debía ser separado indefinidamente del ejercicio de la profesión. Copia de esta Resolución fue notificada a dicho abogado, personalmente, el 3 de octubre de 2006 por la Oficina del Alguacil del Tribunal Supremo.

A pesar del tiempo transcurrido, Guardiola Ramírez no ha comparecido. Resolvemos.

I

La See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735) dispone, entre otras cosas, lo siguiente: “La persona que siendo abogado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión. A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada al Tribunal Supremo, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden del Tribunal, del registro de abogados.”

Hemos resuelto que “ ‘[l]a depravación moral, tratándose de abogados, consiste ... en hacer algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral. ... En general, la consideramos como un estado o condición del individuo, compuesto por una deficiencia inherente de su sentido de la moral y la rectitud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en sus consecuencias’ ”. (Corchetes en el original.) In re García Quintero, 138 D.P.R. 669, 671 (1995).

No tenemos duda que los delitos por los cuales fue convicto y sentenciado Guardiola Ramírez ante el foro federal —conspiración para cometer delito o defraudar a Estados Unidos; intervenir ilegalmente con un testigo, víctima o informante, y obstrucción a la justicia— implican depravación moral. Coincidimos con el criterio del Procurador General de que ello, por sí, justifica la separación de Guardiola Ramírez del ejercicio de la profesión. Pero, hay más.

II

Este Tribunal, mediante la Resolución que emitiera el 29 de septiembre de 2006, le brindó una oportunidad a Guardiola Ramírez para que se expresara al respecto. No le interesó hacerlo. Resulta obvio que a éste tampoco le interesa continuar ejerciendo la honrosa profesión de abogado en nuestra jurisdicción.

En reiteradas ocasiones hemos expresado que es deber de los abogados y notarios obedecer nuestras órdenes y cooperar con las investigaciones disciplinarias. In re Santiago Méndez, 151 D.P.R. 568 (2000); In re García Tamayo, 150 D.P.R. 154 (2000). El incumplimiento con lo antes ex-puesto es causa suficiente para decretar la suspensión indefinida del ejercicio de la profesión de abogado.

Ill

En consecuencia, se decreta la separación inmediata y definitiva del ejercicio de la abogacía y la notaría de Eugenio Guardiola Ramírez.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez se inhibió.

       Copia de la referida sentencia está unida al expediente personal del licenciado Guardiola Ramírez.