author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Suau, Demandante y Apelado, v. Junta Escolar de San Juan, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan,' Primer Distrito, en pleito- sobre rescisión de contrato.
    No. 2808.
    Resuelto en junio 8, 1923.
    Venta de Terrenos para Uso Público — Interpretación de Contrato de Yenta — Rescisión de Yenta. — Las meras declaraciones hechas en una escri-tura de venta de terreno a una junta escolar de que el terreno será desti-nado para una calle, u otras manifestaciones semejantes, no se consideran como condiciones o limitaciones de la cesión. Tratándose de una venta “sin reserva ni limitación,” mediante compensación en dinero que debe suponerse adecuada, la interpretación qu'e favorece una rescisión o una con-fiscación no debe prevalecer, y menos cuando si bien el comprador no pro-cedió a la construcción de una calle, tampoco fué destinado el terreno a ningún otro uso inconsistente con el uso indicado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Juan de Quemón Benitez.

    Abogados del apelado: Sres. S. Suau y F. Soto Gras.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior dictó sentencia decretando la rescisión de una escritura de compraventa y ordenando el traspaso de la finca a favor del vendedor demandante y la devolu-ción por éste último del precio de venta, por las razones que a continuación se expresan:

“En este caso el demandante alega que por escritura de 5 de noviembre - de 1915 ante el notario de San Juan, don Frank An-tonsanti, vendió a la Junta Escolar de San Juan una parcela de terreno en la sección sur del barrio de Santuree de esta ciudad, compuesta de 18 metros de frente a la calle de Serra por 29 metros en su fondo con una superficie de 539 metros cuadrados y por un precio de $1,000.
“Que dicha parcela fué vendida para que la junta la destinase a una calle que uniera como prolongación la calle del Congreso de Miramar con la de Cerra.
“Que El Pueblo de Puerto Rico ha dado comienzo a la ca-rretera conocida con el nombre ‘Carretera del Sur’ que, partiendo del puente de San Antonio, termina en Martín Peña como prolon-gación de la Calle del Congreso, de Miramar, atravesando el te-rreno del demandante en pocos metros hacia el norte de la parcela vendida a la Junta Escolar y que a los efectos de esa nueva vía el demandante traspasó al Pueblo de Puerto Rico 459 metros 93 cen-tímetros cuadrados.
“Que en virtud de dicha prolongación con la ‘carretera del Sur’ la junta escolar no podrá en modo alguno cumplir lo estipu-lado en la escritura de venta de la parcela a ella vendida y por tanto solicita la rescisión del contrato.
“El demandado contestó la demanda negando que la parcela expresada fuese adquirida para destinarla a una calle que uniera a la del Congreso con la de Cerra.
“Hace la demandada otras negaciones; alega materia nueva y que no puede aceptar la rescisión del contrato ni la devolución del precio pagado.
“Practicada la prueba de este caso, encontramos probados los hechos de la demanda y en cuanto a la cláusula 4 que aparece en la escritura otorgada entre las partes, dicha cláusula dice así:
“ ‘Cuarta: Los vendedores entregan el terreno vendido a la com-pradora y le dan su posesión en este acto entendiéndose que dicho terreno será destinado por la Junta Escolar de San Juan para una calle que ha de unir la del Congreso con la de Cerra.’ ”
“Debemos considerar que el demandante tiene otros terrenos además de la parcela vendida a la demandada y que la considera-ción de la venta, en cuanto a la conexión de las calles Congreso y Cerra indudablemente ha, influido en el precio de venta de la parcela expresada por lo que la salida a la calle de Cerra indu-dablemente habría de beneficiar el resto de la finca del demandante,
“La condición a que se refiere la cláusula antes expresada ya no puede cumplirse por haber el Pueblo de Puerto Rico traspa-sado la carretera del Sur como prolongación de la Calle del Con-greso.”

La nueva materia de la cual se hace tal mención casual en la cita anterior, es en substancia, que en la escritura de compraventa no se establecía ningún convenio sobre res cisión en caso de no destinarse por la junta escolar la par-cela en cuestión a construir una calle; y que aún cuando la demandada no está privada de destinar a cualquier uso dicha parcela que convenga a los fines para los cuales se crea la Junta Escolar, es lo cierto que la parcela siempre se ne-cesita y seguirá necesitando, y ahora se está usando para los mismos fines para que fué adquirida, o sea para el ac-ceso a la escuela Eafael Cordero para conveniencia de los niños que conviven en las calles inmediatas, entre ellas la calle de Cerra.

De paso podemos aquí decir que la prueba no deja duda alguna en nuestra mente de que en cuanto concernía a la junta escolar el fin principal de la adquisición era el que acaba de indicarse; y que, como manifestó el presidente de la junta, quien admitió la escritura, si en el curso de la ne-gociación se hubiera hecho cualquier proposición para el tras paso de un título rescindíble, o de un derecho bajo condi ción, nunca hubiera sido firmada la escritura. En verdad que parece enteramente claro, en vista de los autos en con-junto y hasta como fué afirmado por el propio demandante en el acto de la vista, arguendo sobre otra cuestión, que a menos que esta parcela hubiera sido adquirida, la compra de una parcela mayor en la cual fué luego construido el edificio escolar jamás se hubiera llevado a cabo.

Puede ser, como alega el demandante y declaró probado la corte inferior, que el anticipado aumento en valor del resto sin vender puede haber influido en el vendedor, en cierto modo, para llegar a un acuerdo final en cuanto al precio de venta. Por otra parte, non constat si una calle transversal fuere un aliciente tan grande no constituiría en-tonces una doble ventaja, dos de tales medios de intersección y comunicación.

La verdadera cuestión, sin embargo que fné enteramente pasada por alto por la corte de distrito es que el deman-dante en este caso no es el donante de una cosa para un fin caritativo que no fia surtido efecto, sino un abogado activo e inteligente que vendió sabiendo lo que bacía, mediante una consideración sustancial en dinero y como es de supo nerse, adecuada, lo que a falta de alguna disposición ex-presa sobre revocación, es bastante para rechazar esa idea. Véase la nota al caso de McElroy v. Pope, 44 L. R. A. (N. S.), pág. 1220, en la página 1223, y casos citados.

La junta escolar no se comprometió a asegurar a su vendedor contra cualquiera posible alteración en los planes del gobierno insular, o cambio en el rumbo del proyectado camino insular. Y muefio menos se obligó dicha junta en tal caso a pavimentar, afirmar, o de otro modo construir o conservar ningún camino público en condición acabada. Pero si pudo fiaber hecho y había hecho tal convenio, la mera terminación del camino insular por una ruta distinta no sería ningún obstáculo al cumplimiento • de la obligación a que se acaba de hacer mención.

Ni encontramos tampoco en los términos del documento ninguna base lógica para el criterio sustentado por la corte inferior y que ahora se alega para sostener la sentencia en cuanto a la existencia de una clara condición resolutoria. Suau y su esposa “vendieron, cedieron y traspasaron a la Junta Escolar de San Juan la parcela descrita, transfirién-dole su dominio con todos sus derechos y cuanto le es anexo y corresponda, sin reserva ni limitación.” Cualquier con-tradicción o reserva en el lenguaje que a la vez es tan claro como amplio, o limitación o condición impuesta a esta cesión absoluta, puede hallarse, si acaso, en tal inferencia que pueda hacerse de la vaga referencia a un entendimiento en cuanto al proyectado uso, anexo a la cláusula que tiene por objeto hacer la entrega del terreno.

No sólo ha de considerarse el documento en conjunto sino que todo él debe ser, leído a la luz de la regla general de que una interpretación que envuelve confiscación no es favorecida. Los casos que surgen del traspaso de terreno para fines escolares no constituyen ninguna excepción a esta regla, sino que más bien sirven para explicarla. Así pues, en la nota al caso de McElroy v. Pope, supra, en la página 1222, encontramos lo siguiente:

“En general las meras declaraciones hechas en la escritura de que la propiedad se traspasa para fines escolares, o ha de quedar para tales fines, y otias manifestaciones semejantes, no se consi-deran como condiciones o limitaciones de la cesión.”

En el presente caso la prueba en conjunto, incluso la del demandante más bien parece robustecer que oponerse al cri-terio de que ninguna cuestión de rescisión o confiscación que dependa de cualquier suceso futuro, — con la posible excep-ción de una deliberada y clara separación para algún fin incompatible con el uso público de la faja de terreno como calle, — fué tenida en cuenta por ninguna de las partes al ha-cerse el traspaso. Ciertamente que no pudo haber con-curso alguno de voluntades para incluir en la escritura se-mejante condición resolutoria.

No sólo no ha hecho la demandada ningún uso de la parcela de terreno en cuestión que sea incompatible con el que se indica en la escritura, sino que por el contrario ha construido una acera en toda la extensión de la faja para uso de los niños de la escuela y del público, comunicando así a la escuela directamente con la calle Cerra. Mientras tanto, la junta escolar para su misma protección, se ha visto obligada a adquirir un número más de solares que están dentro de la propuesta prolongación de la calle del Congreso y el camino finalmente adoptado al trazarse la carretera insular. Desde entonces también, la propuesta prolongación de la calle del Congreso permanece en los planos presenta - dos como prueba, y no existe indicación alguna de aban-dono por parte del municipio de ninguno de los planes que pueda haber tenido para la elección y apertura a su conve-niencia, de la nueva calle como prolongación de la calle del Congreso.

Debe revocarse la sentencia apelada y declararse sin lu-gar la demanda.

, Revocada la sentencia apelada y declarada, sin lugar la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. FraNOO Soto,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Massari, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Q-uayama en causa por adulteración de leche.
    No. 2070.
    Resuelto en junio 8, 1923.
    Delitos Contra la Salud PIíblioa — Venta de Leche Adulterada- — Perito Quí-mico Capacitado. — TJn empleado del Gobierno que mediante exámenes apro-bados en el Servicio Civil desempeña por varios años el cargo de químico auxiliar del Laboratorio Insular dedicándose a análisis en general y en particular al de muestras de leche, está cualificado para declarar como perito en un juicio por venta de leche adulterada.
    Id. — Reglamentos de Sanidad sobre Leche Adulterada — Conocimiento Judicial. — Las cortes están obligadas a tomar conocimiento judicial de los regla-mentos del Departamento de Sanidad que prescriben reglas para determinar lo que es leehe adulterada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. Domínguez Rubio.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. FraNOO Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn caso por violación de la Ley sobre adultera-ción de lecbe, aprobada en marzo 10 de 1910.

El acusado fué declarado culpable y condenado a sufrir la pena de diez días de cárcel y las costas. Contra esta sentencia se ba interpuesto el presente recurso y el apelante ba señalado la comisión de los siguientes errores: Io. La admisión por la corte inferior de la declaración del perito Rafael Barreras por baber sido impugnada su cualifícación como tal perito; y 2o. La errónea apreciación de la prueba.

El testigo Barreras fué presentado por el gobierno en su carácter de químico auxiliar del Laboratorio Químico del Departamento de Sanidad. Este testigo declaró: baber in-gresado en el servicio civil desde bace ocbo años y baber pasado sus exámenes en el Board de Farmacia, aunque no obtuvo el título o diploma; que como químico auxiliar del Laboratorio Insular, se dedica a análisis en general, y por tanto, a análisis de lecbe. Con estos antecedentes la corte inferior admitió que diebo testigo estaba cualificado como perito para declarar en relación con el análisis practicado en la lecbe que fué ocupada en este caso, y por nuestra parte no encontramos que se baya cometido error alguno en su admisión al fin para que fué propuesto, declarando sobre el grado de la lecbe que fué ocupada en relación con el grado legal o standard establecido por los reglamentos de sanidad.

Es cierto que un título o diploma universitario lleva con-sigo la presunción de 'competencia, pero la falta del mismo no siempre implica la presunción de ¡incompetencia, pues cuando como en el presente caso se trata de un empleado del gobierno, admitido al ejercicio de su cargo previo exá-menes y teniendo la experiencia de varios años en su tra-bajo, es para la corte inferior determinar la admisión de un testigo perito en tales condiciones. Además, no se ba demostrado que la ley exija un título universitario para el desempeño del cargo.

En este caso el perito declaró que examinó la muestra de leche ocupada y el análisis demostró un 26 por ciento de agua añadida artificialmente, llegando a la conclusión de que estaba adulterada. El perito para fijar el hecho de la adul-teración se refirió al standard o grado legal establecido por el Depai-tamento de Sanidad en sus reglamentos, pero el apelante sostiene, como uno de sus principales argumentos en cuanto a la insuficiencia de la prueba, de que no fueron presentados dichos reglamentos como prueba, lo que equi-vale a decir que las cortes no pueden tomar conocimiento judicial de tales reglamentos. Esta misma cuestión había sido levantada en el caso de El Pueblo v. Rivera et al., de decidido por esta Corte Suprema en marzo 26, 1923, 31 D. P. R. 646 y en aquella ocasión dijimos lo siguiente:

‘Resulta ahora bien claro y definido que el grado legal o standard de la leche a los efectos de poder distinguirse entre leche buena y leche adulterada, ha sido determinado de conformi-dad con lo que exige la ley y el mismo debe reconocerse con fuerza y efecto legal en la forma que se ha dejado establecida por el De-partamento de Sanidad. La cuestión, sin embargo, levantada por el apelante y en la que descansa toda la argumentación de su ale-gato es la que, a pesar de la fuerza legal de tales reglamentos, las cortes no pueden tomar conocimiento judicial de los mismos, ale-gando que la corte inferior cometió error resolviendo el caso y de-clarando culpable al acusado, sin la présentación por El Pueblo de la' prueba o existencia de tales reglamentos. Pero parece que fué el propósito de nuestra legislatura no solamente que se castigara con mano firme a los violadores de vender o tener para la venta leche adulterada, sino evitar la impunidad del delito por meros tecnicismos y fundándose en los efectos saludables de la ley, es-tableció de un modo terminante que las cortes de justicia deben tomar conocimiento judicial de tales reglas y reglamentos, lo que así se determina en el artículo 15, que dice:
“ ‘Se requiere de las cortes de justicia el tomar conocimiento judicial de la adopción de dichas reglas y reglamentos y de la pu-blicación de los mismos que se requiere por esta Ley.’
“Ante un precepto semejante, está demás discutir los casos ci-tados por el apelante en su alegato, toda vez que el primero se re-fiere a resoluciones de la Comisión de Alimentos y el segundo a reglas promulgadas por el Jefe del Negociado de Pesas y Medidas, y tales casos, en vista de la declaración concreta que ha hecho la ley en cuanto a las reglas y reglamentos de Sanidad, no tienen aplicación al presente caso.”

Los dos casos a que nos referimos son los mismos que refiere el apelante en el presente y son: El Pueblo v. Garau & Co., 29 D. P. R. 1038, y El Pueblo v. Cuadrado, 27 D. P. R. 840.

El apelante alega además, que no estando la leche en un puesto donde se podía ofrecer en venta era necesario que haya prueba de la venta y que, no estando precintado el en-vase, el acusado no puede ser responsable de su contenido. Es un hecho que no fue contradicho y más bien admitido, que el acusado mandaba a vender leche a Patillas por con-ducto de un muchacho que declaró en el juicio. La ley no habla solamente de la venta como hecho consumado, sino que basta ofrecerla o tenerla para la venta, y no mante-niendo el acusado un depósito o puesto de leche el medio de que se valía equivalía al depósito y en este sentido quedaba obligado a tomar todas las precauciones y pasar por las res-ponsabilidades que la ley y reglamentos de sanidad de consuno exigen. Es verdad que no hubo prueba tendente a demostrar que se sorprendiera al acusado adulterando la leche, pero la ley no exige que quien la venda o la ofrece a la venta tuviese conocimiento de la adulteración para que el delito se cometa. Véase El Pueblo v. Rodríguez, 23 D. P. R. 839; El Pueblo v. Gautier, 20 D. P. R. 328.

Por las razones expuestas, la sentencia debe ser confir-mada.

Confirmada la, sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Blanco, Demandante y Apelada, v. Hernández, Demandado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en un caso de habeas corpus.

    No. 2960.
    Resuelto en junio 11, 1923.

      Habeos Corpus — Patria Potestad — Prueba.—Existiendo sentencia de divorcio a favqr de la esposa, concediéndole la custodia del hijo, el marido se apoderó de la persona de éste sin que mediara gestión alguna judicial. Eesuelto por auto de habeas corpus el derecho a la custodia del hijo, en apelación se re-solvió: que la presentación de la sentencia de divorcio por la demandante • establecía un caso prima facie a su favor, incumbiendo al demandado, por tanto, el peso de la prueba de su defensa o que las circunstancias habían cambiado desde la fecha de tal sentencia.
    Id. — Id.—Prueba.—En una lucha entre padres por la custodia de un niño, prueba de que la situación económica del esposo era mejor, vale poeo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. García Méndez & García Méndez.

    Abogados de la apelada: Sres. Beichard & Beichard.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Alejandrina Blanco Chacón y José Hernández Ríos con-trajeron matrimonio en' el año 1916, habiendo procreado un hijo llamado Gilberto que nació el día 3 de julio de 1918. El día 29 de abril de 1922, en una acción de divorcio esta-blecida por ambas partes, la Corte de Distrito de Aguadilla dictó sentencia a favor de la esposa, concediendo a ésta la custodia del hijo Gilberto pero permitió al padre que sos-tuviera relaciones familiares con el referido hijo. No con-tento con este derecho, el padre se apoderó del niño y se hizo cargo en absoluto del mismo con exclusión de la madre. Esta última estableció el presente recurso de habeas corpus y obtuvo sentencia a sn favor. Naturalmente, y como caso prima facie, ella no necesitaba otra cosa qne la sentencia en el caso de divorcio. El demandado apeló. ■

El demandado, para anular la solicitud en que se inte-resa la custodia del niño, alegó en su contestación o réplica que se apoderó del menor, primero, porque lo vió pululando por las calles en distintas ñoras del día sin persona alguna que lo cuidase; y segundo, porque sabía que la madre no cuidaba al niño, maltratándolo, y que la referida madre no tenía ni condiciones morales, ni económicas para tener la custodia de dicho niño.

Lo que la Corte de Distrito de Aguadilla pudo haber hecho, de haberse invocado debidamente su jurisdicción, hu-biera sido encarcelar al apelante por desacato al desobede-cer su orden. El apelante no tenía derecho a tomar la ley por sus propias manos, sino que debió haber hecho la debida, solicitud a la corte para la custodia del niño si habían sur-gido circunstancias que cambiaban las condiciones en la fe-cha de la sentencia de divorcio.

La Corte de Distrito de Aguadilla otra vez resolvió a favor de la madre. No prestaremos ninguna atención a va-rios errores alegados en relación con la admisión de prueba, porque el peso recaía en el demandado y especialmente des-pués de la sentencia de la corte, de probar que la madre no tenía derecho a la custodia del hijo. De igual modo la prueba excluida, o no fue propiamente objetada, o el error debidamente señalado, o su exclusión no perjudicaba. La única verdadera cuestión es si el' padre demostró que la madre no reunía las debidas condiciones para tener la cus-todia del niño.

Como es frecuente en esta clase de controversias, hubo prueba de que el padre estaba en mejores condiciones de poder atender al hijo que la madre, pero la corte declaró probado que la madre podía sostener al hijo bastante. bien y no hay nada que contradiga- esta conclusión. También convenimos con la sugestión hecha por la corte, o la apelada, de que el padre o podría ayudar, o ayudar más, de ser nece-sario, siendo algo dudoso si él estaba contribuyendo como debía. Hubo alguna prueba de estar el niño vagando por las calles solo, pero la corte o no dió crédito a los testigos, o creyó que este cargo era frívolo. No encontramos nin-guna justificación suficiente en algún otro sentido de que la madre no reuniera las debidas condiciones para tener la custodia. Hubo prueba, además, en contrario a satisfacción de la corte inferior y de nosotros mismos.

No encontramos que la actuación de la corte' estuviera en oposición a ninguno de los principios establecidos en el caso de Chabert v. Sánchez, 29 D. P. R. 241, en tanto es apli-cable ese caso. Ni vemos tampoco que haya habido pasión o prejuicio porque la corte aparentemente impusiera el peso de la prueba al demandado, pues, como hemos indicado, a él le incumbía.

Ni tampoco vemos que se haya cometido error en la im-posición de las costas. El apelante fué enteramente culpable al apoderarse del niño sin una orden de la corte.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Rocafort, Demandante, Apelante y Apelado, v. Cantero et al., Demandados, Apelados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito 2o., en pleito sobre cobro de dinero (memorán-dum de costas).
    No. 3023.
    Resuelto en junio 12, 1923.
    Honorarios de Abogado — Cuantía de los Honorarios. — No puede concluirse que es excesiva ni insuficiente la suma de $500 para honorarios de abogado con-cedida en un pleito en el cual tuvieron lugar los procedimientos que se con-signan en la opinión y en el que la sentencia final ascendió a $3,157.24.
    Los hechos están expresados en la'opinión.
    Ahogado del apelante apelado: Sr. Juan de Guzmán Be-nitez.

    Abogado de los apelados apelantes: Sr. J. ■Martinez Dá-vila.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante presentó en el tribunal inferior un me morándum de costas en el que reclama $600 por honora-rios de su abogado. El demandado impugnó esa partida por excesiva, la corte la rebajó a $500 y entonces ambas partes apelaron esa resolución, el demandado porque cree todavía excesivos los $500 y el demandante por la rebaja hecha en su reclamación.

Según la exposición del caso para esta apelación, en la demanda se reclamó el pago de $2,000 de capital de un prés • tamo más $872,22 por intereses hasta el 21 de septiembre de 1921 y los que se devengaran posteriormente. Fué de-sestimada una excepción que los demandados opusieron a la demanda y entonces contestaron la demanda aceptando unos hechos, negado otros, alegaron materia nueva de de-fensa en lo referente al pago de intereses y pidieron que se declarara sin lugar la demanda. En los alegatos se dice que los demandados contestaron la demanda reconociendo la deuda pero negando el pago de intereses durante cierto tiempo. Se celebró un juicio en el que se practicaron prue-bas, y el caso fué sometido por alegatos, habiendo presen tado el suyo el demandante, y recayó sentencia a su favor. Después el demandante pidió y obtuvo el embargo de bienes de los demandados. En definitiva la sentencia por capital e intereses hasta el 21 de febrero de 1923 ascendió a $3,157.24. '

En vista de esas actuaciones no podemos llegar a la con-elusion de que el tribunal inferior apreciara erróneamente la cuantía de los honorarios en la cantidad que fijó, y deben ser declarados sin lugar los dos recursos interpuestos y con-firmarse la resolución apelada.

Sin lugar los dos recursos y confirmada la resolución apelada.

Jueces concurentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf, Hutchison y Franco Soto.


text:
    El Banco de San Juan, Demandante y Apelante, v. Esteves, Demandado y Apelado.
    .Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en procedimiento de injunction.

    No. 2588.
    Resuelto en junio 12, 1923.
    Terrenos Insulares — Usurpación de Terrenos Insulares. — La ley sobre injunction para recobrar la posesión no impone a los funcionarios insulares encargados de los terrenos pertenecientes a El Pueblo de Puerto Rico nin-guna obligación espeeial a que no estén sujetos los demás dueños o encar-gados de bienes inmuebles, ni fué tampoco el propósito de dicha ley el fomentar o ayudar -la usurpación agresiva y expropiación de ninguna parte del dominio público por individuos particulares o corporaciones que están en posesión de terrenos colindantes, por el simple procedimiento de anexión, ya sea en forma subrepticia y gradual o abierta y a intervalos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. M. Tons Soto y V. M. Fer-nández.

    Abogados del apelado: Hon. Attorney General y Sres. L. \Samalea y C. Llauger Días.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior, después de una vista de una orden re-quiriendo al demandado para mostrar causa por qué no de-bía expedirse un mandamiento de injunction y sin resolver sobre los hechos revelados por la prueba que fué presen-tada, declaró con lugar la excepción previa formulada a la solicitud y dictó resolución desestimando la demanda, por carecer la corte de jurisdicción, fundada en la teoría de que la acción era por su naturaleza contra El Pueblo de Puerto Eico. El único error que ba sido alegado por el apelante, afecta a la corrección de esta resolución.

Alega la demanda entre otros particulares que el peti-cionario es dueño de una finca de 290 metros de ancho por 388 de largo, inscrita en el Registro de la Propiedad y sub-dividida en solares; que el demandado, el Comisionado del Interior, por medio de empleados de su oficina viene mo-lestando a la demandante en el disfrute de este inmueble, ha penetrado en el mismo varias veces y tratado de hacerlo en otras ocasiones intentando derribar las indicaciones mate-riales de los linderos de la finca y las accesiones que en ella existen, tratando mediante su autoridad y coercitivamente de limitar la posesión y disfrute de la demandante a una menor extensión superficial de la que corresponde al inmue-ble, variando al efecto su lindero Sur totalmente y los del Este y Oeste en parte; también alega que no existe título de propiedad ni de posesión a favor de alguien, opuesto al del peticionario sobre el inmueble descrito, o alguna parte del mismo.

, El demandado se opuso a la expedición del injunction. entre otras razones, por las siguientes:

“Porque en la demanda se alega que la finca pertenece en su totalidad a la demandante y del título a que se hace referencia en el hecho tercero de la demanda, y que se ha archivado conjuntamente con la solicitud, aparece que la demandante no es dueña de la tota-lidad de la finca sino aquella parte que reste después de descon-tarse las diversas segregaciones de que ha sido objeto dicha finca, las cuales segregaciones aparecen inscritas en el registro de la pro-piedad, sin que se alegue o describa cuál es la participación que en la finca referida adquirió el Banco de San Juan; y sin que se alegue que los actos imputados al demandado hayan sido realizados en la porción que pertenezca al Banco de San Juan, ni en ninguna' otra porción bajo el cuidado, administración o control del Banco de San Juan.
“(&) Que El Pueblo de Puerto Rico es dueño en pleno domi-nio y posesión de los manglares que, ocupando una superficie de 270.07 cuerdas, forman la parcela número cinco, plano de mangla-res del Pueblo de Puerto Rico; Babia de San Juan, colindantes al Norte con terrenos-de la Sucn. Cerra, Sucn. Ramos, Sucn. Figueroa, Pueblo de Puerto Rico, Porto Rico Brewing Co., Yannina, Avelino Vicente, Bernabé Sabalier, C. Andrade, Rafael Fabián, Rosa Eehévestre, Pedro Bolívar, Wenceslao Bosch, Sucn. Rosales; por el Sur, con el Canal del Caño de Martín Peña; por el Este con la zona de la vía del trolley; y por el Oeste con la carretera de Santurce a Bayamón.
“Que desde hace tiempo y actualmente ba existido y existe en-tre demandante y El Pueblo de Puerto Rico una controversia o disputa en .cuanto al dominio de cierta parcela de terreno, origi-nalmente manglares, la cual se encuentra comprendida dentro de la finca de El Pueblo de Puerto Rico anteriormente descrita; y que la parcela con respecto a la cual existe la controversia de refe-rencia colinda con Bernabé Sabalier en la parte Norte de los re-feridos manglares desde las puntas 345 al 351, inclusives, en 425 metros al Este desde el punto 351 N. al 410 S. y al Oeste en 330 metros desde el punto 345 N. al 413 S.
“Y alega.el demandado, que en los citados manglares el deman-dado en su carácter de Comisionado del Interior de Puerto Rico, ba realizado siempre, antes y después del 22 de Mayo del 1920, y ac-tualmente realiza, todos aquellos actos que corresponden o son in-herentes al ejercicio del deregho de propiedad y posesión de dicha finca; y que si los actos que el demandante intenta imputar al de-mandado fueron realizados es un hecho que tales actos se realiza-ron dentro de los referidos manglares propiedad de El Pueblo de Puerto Rico cuya custodia, administración y guardia están confia-das al demandado en su carácter oficial del Comisionado del Interior de esta Isla.”

El abogado del peticionario aceptó que un plano que fué ofrecido por el demandado babía sido debidamente prepa-rado después de hacerse una mensura por los ingenieros Castro y González actuando dentro del ejercicio de las fun-ciones oficiales y que el mismo “representa la situación res-pectiva de los manglares de la bahía de San Juan, y entre los cuales está el del señor Sábalier,” que es el causante.

Ni este plano ni la escritura que se alega fué presentada en la corte inferior en unión a la demanda se les ha hecho formar parte de la transcripción, aunque se hace referencia al plano, lo que indica el propósito de haberlo enviado a esta corte como documento original.

Unas seis semanas o más antes de radicarse la solicitud de injunction, el peticionario dirigió una comunicación al Jefe de la División de Terrenos Públicos y Archivos del De-partamento del Interior acompañando copia de la escritura en la que funda su derecho, y un plano.

Esta comunicación expresa que habiendo tenido conoci-miento el banco de que el Departamento iba a proceder al deslinde de los manglares, se apresura a presentar sus ale-gaciones “de modo que puedan tenerse en cuenta al proce-derse al deslinde.” Sigue entonces una descripción de “la parcela Sur que colinda con los manglares.” Esta descrip-ción comprende los manglares pertenecientes al Pueblo de Puerto Rico, no sólo como la c'olindancia del Sur, sino tam-bién por formar en parte las colindancias del Este y Oeste La superficie resulta ser de 13.45 cuerdas, de la cual dice el banco “sólo está en posesión el señor Sabalier de 3.83 cuerdas. ’ ’ Viene entonces lo siguiente:

“ ‘Establecidos estos precedentes vamos a hacer nuestra petición a ese Departamento, en la forma que expresamos, en los incisos si-guientes : Primero: Deseamos que ese Departamento nos deslinde la parte Sur colindante con los manglares, teniendo en cuenta nues-tro título de propiedad debidamente inscrito y el plano levantado por el Ingeniero Sr. Morales, padre; alegamos que hemos gastado alrededor de mil quinientos dólares • en desecar parte de esa por-ción que consideramos nuestra: que hemos de seguir desecando el poco resto que queda, hasta llegar al límite nuestro: que desde hace tiempo estamos pagando contribución por cinco cuerdas ele terreno, cuando sólo son tres cuerdas 83 centímetros: que en la actualidad nos han aumentado el valor de las cinco cuerdas de $4,900 a $20,900 como Ud. podrá ver por los recibos de contribución y por la notificación del Tesorero de Puerto Rico. Segundo: Ale-gamos que al dividir esos terrenos en solares, para satisfacer la ansiosa demanda del elemento trabajador, fiemos tenido que des-tinar para calles alrededor de 4,500 metros, lo que se comprobará tan pronto el Sr. Armando Morales, Jr. nos termine la mensura y levante el plano de toda esa parcela Sur. Tercero: Y por último, solicitamos y pedimos a ese Departamento nos conceda el derecho ' que tiene todo colindante a ir desecando y utilizando la parte del Pueblo de Puerto Rico que colinda con él; preferencia por la ley y por la costumbre. Pero, no obstante, estamos dispuestos a su-jetarnos a las reglas y reglamentos que el Departamento tenga adoptados para fiacer esa .concesión. Le suplicamos también nos notifique el día que se vaya a proceder al deslinde. Sin otro particular por ahora, quedamos de Vd. muy sinceramente. — Banco de San Juan. — Ledo. Abrafiam Peña. — Presidente.”

Pocos días después, en una comunicación dirigida al Co-misionado del Interior, se queja el banco de que un agri-mensor ha empezado el trabajo sin previa notificación al banco, sin haberse informado de las reclamaciones del banco y ni prestado debida consideración a ella, y concluye pi-diendo que sea paralizada la obra hasta que el Comisio-nado pueda resolver el caso.

Dos semanas después el abogado del banco informa al sub-comisionado, como resultado de una investigación he-cha por el abogado, que ciertos arrendatarios del banco, sin el conocimiento del administrador de la propiedad ha-bían estado “rellenando” sus solares con arena, y recibido órdenes perentorias de paralizar este trabajo. El abogado informa también sobre el progreso obtenido en el examen de las documentaciones, con el fin de que prontamente se arregle la cuestión que entonces estaba pendiente, se refiere a una conversación anterior relativa al consentimiento del Departamento respecto a reparaciones en ciertos techos, y da los nombres de las personas interesadas a fin de que se libre una orden autorizando tales reparaciones.

En una carta de la misma fecha el sub-comisionado acusa recibo de la anterior y acompaña nna orden autori-zando al inspector de Edificios Públicos a qne permita ha-cer la reparación de los techos en cuestión, pero excluyendo específicamente cualquier extensión o ampliación en los edi-ficios envueltos.

Dos días antes de la fecha de las dos comunicaciones qne acaban de citarse el sub-comisionado había dado al Inspector de Edificios Públicos la siguiente información e ins-trucciones :

. “Señor: — El Sr. Lao Flores, encargado por el Banco de San Juan del cuidado de su finca en Santuree, viene a quejarse a esta oficina de que Ud. destruyó el sábado parte de un colgadizo de la casa de Etanislao Delgado y de otra pobre señora, que no hacían ninguna nueva construcción. El Departamento ha convenido con los representantes del Banco de San Juan en no hacer acto ninguno de autoridad dentro de sus terrenos, mientras que dicho Banco por su parte tampoco hará nuevas construcciones, ni urbanización, ni colocación de cercas dentro de esos terrenos que el Departamento asegura ser propiedad del Pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, si lo arriba expresado es cierto, como lo afirma el Sr. Flores, está Ud. cometiendo una incorrección. Sírvase en lo sucesivo limitarse a hacer una' inspección diaria de estos terrenos y a dar cuenta inme-diata a este Departamento de cualquiera obra nueva que se haga.— Atentamente, (firmado) Jesús Benitez, Sub-Comisionado. Sr. Rogelio Jiménez, Sub-Inspector de Edificios Públicos, San Juan.” •

Toda vez que no parece haberse levantado cuestión al-guna respecto al título del Pueblo de Puerto Pico a los man-glares, no necesitamos discutir las- proclamas presentadas como prueba por el demandado. *

Félix Alamo, testigo del demandante, declaró que los te-rrenos ahora reclamados por el banco lindan por el Sur con el caño de Martín Peña, que el testigo había vivido allí como arrendatario, pagando una renta desde el año 1909, que los terrenos están atravesados por una línea eléctrica a un lado de la cual hay pasto y en el otro, mangle; que el pasto ha estado allí por algunos años,- no recordando el testigo por cuántos.

La declaración de otro testigo, José Ortiz, es más o me-nos en el mismo sentido.

El tercer testigo, Lao Flores, había estado encargado de la propiedad por espacio de un año a la fecha de la Adsta. Dice que “del conductor eléctrico para arriba está todo fa-bricado,” el terreno está cubierto por casas quedando qui-zás uno o dos solares vacantes; que también hay casas abajo del conductor eléctrico; que poco tiempo antes de la fecha de la correspondencia a que se ha hecho referencia Eogelio Jiménez con dos presos, un guardia de penales y un poli-cía insular se presentaron en el sitio y empezaron a derri-bar casas desocupadas; que los terraplenes que están abajo del conductor eléctrico y casas tanto arriba como abajo de tal conductor fueron destruidas; que luego el Sub-Comisio-nado concedió permiso a aquellas personas cuyas casas no habían sido terminadas autorizándoles a terminar el tra-bajo.

Para los fines de esta opinión puede admitirse que los hechos expresados en la solicitud determinan una causa de acción y que el procedimiento no es, como ha declarado la corte inferior, en substancia una acción contra el Pueblo de Puerto Eico.

Pero los hechos alegados en la solicitud no quedaron probados en el juicio. La alegación relativa a no existir reclamaciones pendientes o conflicto en cuanto al título no sólo no está sostenida por ninguna prueba, sino qne en rea lidad carece enteramente de fundamento. Los actos do Eogelio Jiménez fueron rechazados sin vacilación o demora por el Departamento y prontamente fueron tomadas las medidas necesarias para evitar su repetición en el futuro. También se concedió permiso para continuar el trabajo de casas no terminadas cuya paralización había sido ordenada por Jiménez, y no existe indicación alguna por parte del demandado de estar dispuesto a intervenir en ninguna forma con tales derechos posesorios, dudosos y limitados, como el que pueda decirse que lia adquirido el banco con relación a las pequeñas fracciones de terreno, o de terrenos y agua según sea el caso, actualmente ocupados por las “casas” de sus supuestos arrendatarios. Ni siquiera consta que con anterioridad a la expedición de la orden para mostrar causa los actos que ahora son objeto de queja fueran jamás some tidos directamente a la consideración del Jefe del Depar-tamento.

La ley que prescribe la forma en que ha de recobrarse la posesión de la propiedad inmueble mediante injunction y so-bre la protección de la posesión material contra la pertur-bación recurriendo a métodos violentos o clandestinos, no impone a los funcionarios insulares encargados por la ley de cuidar terrenos pertenecientes al Pueblo de Puerto Rico, ningunas obligaciones nuevas o peculiares que no sean igual-mente obligatorias para otros dueños o encargados de pro-piedad inmueble, ni fué tampoco el propósito de dicha ley el fomentar o ayudar la usurpación agresiva y expropiación de ninguna parte del Dominio Público por individuos particu-lares o corporaciones que están en posesión de terrenos co-lindantes, por el simple procedimiento de anexión ya sea en forma subrepticia y gradual o abierta y a intervalos. Y mucho menos reconoce la ley de 1908 que autoriza el remedio ordinario en equidad, semejante doctrina de la soberanía individual ele usurpación.

En el caso de García et al. v. Rodríguez, 27 D. P. R. 305, algo se dijo con respecto hasta qué punto consideraremos cuestiones como ésta.

Apreciadas todas las cireumstaneias estamos persua-didos de que los fines de la justicia sustancial fueron cum-plidos en la corte inferior, debiendo por tanto confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentenda apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. HutohlsoN,

text:
    Cruz, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Beoubso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro-piedad de San Germán denegando la cancelación de una anotación de lis pendens.

      No. 570.

    Resuelto en junio 12, 1923.
    Anotación de Demandas en el Registro; Cancelación de. — Una resolución eliminatoria de ciertos particulares de una demanda que dió origen a una anotación de lis pendens sobre bienes inscritos a favor de la demandada por no ser final, no puede servir de base a ésta para obtener la cancelación de la anotación de lis pendens.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. J. Sabater.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sb. HutohlsoN,

emitió la opinión del tribunal.

Miguel Vargas, en una acción civil sobre “filiación, nu-lidad de declaratoria de heredera y reclamación de heren-cia,” alegó en substancia lo siguiente:

Como primera causa de acción, que la demandada Sofía Esperanza es hija natural reconocida de Avelino Cruz, difunto, y había sido declarada su única y universal heredera, y otros hechos suficientes, de ser ciertos, para establecer la condición de demandante como hija natural reconocida de Avelino Cruz;

Como segunda causa de acción, además de reproducir las alegaciones anteriores alegaba que la demandada Sofía Esperanza presentó maliciosamente ante la Corte de Distrito de Mayagüez una solicitud de declaratoria de herederos en la que, de mala fe, solicitaba que se le declarase única y universal heredera de Avelino Cruz, a sabiendas de que existía el demandante como hijo natural reconocido del causante Avelino Cruz, tratando por ese medio de privar al deman-dante de sus derechos hereditarios;

Como tercera causa de acción, además de reproducir los hechos ya citados, alegó en el párrafo séptimo de la misma que Avelino Cruz, causante de ambos, demandante y de-mandada, falleció sin otorgar testamento, dejando cuantio-sos bienes de fortuna que tienen un valor aproximadamente de trescientos mil dólares, consistentes en los bienes que en la demanda se describen en detalle; y

Como cuarta causa de acción, después de reproducir to-dos los hechos de las anteriores causas de acción, se alegaba que la demandada Esperanza Cruz, según información y creencia del demandante, aconsejada e instigada por su es-poso Salomón Costa, valiéndose de falsas simulaciones y atemorizando á Avelino Cruz y Toro, que era un hombre que no sabía leer ni escribir, y en completa ignorancia del alcance de las leyes, con que podía perder todas las fincas rústicas que tuviera en exceso de quinientos acres de terreno, por-que había tina ley que prohibía a todas las personas el tener bienes en exceso de quinientos acres, consiguió por estos medios y a sabiendas de que el demandante tenía posesión continua del estado civil de hijo natural reconocido de Ave-lino Cruz y Toro, y de que era un heredero forzoso de este último, de mala fe, y con intenciones de perjudicar a éste en su herencia, que Avelino Cruz y Toro, otorgara a su favor es-crituras de donaciones de las siguientes fincas (describién-dolas).

En la súplica de la demanda se pedía a la corte que dic-tara sentencia: (1) Declarando al demandante Miguel Vargas, hijo natural reconocido de Avelino Cruz y Toro, con derecho a llevar su apellido y demás pronunciamientos lega-les de rigor en estos casos; (2) declarando que el deman-dante Miguel Vai-gas, es heredero forzoso de Avelino Cruz y Toro, con derecho a sucederle en la herencia en la misma proporción que la demandada Esperanza Cruz; (3) que se proceda a nombrar un Contador Partidor, para llevar a calió la partición de bienes relictos al fallecimiento de Avelino Cruz y Toro, por partes iguales entre el demandante y la demandada; (4) declarando nulas todas las donaciones de las fincas a favor de la demandada Esperanza Cruz alega-das en la cuarta causa de acción y ordenando que todas es-tas fincas sean colacionadas y traídas a la masa común de bienes de la herencia intestada de Avelino Cruz y Toro.

Una resolución sosteniendo y desestimando en parte una moción de eliminación, contiene los siguientes párrafos:

“La corte concede la eliminación del párrafo 7 de la tercera causa de acción de la demanda, por ser inmaterial, irrelevante e improcedente, en relación con los hechos que originan las causas de acción del demandante.
“La corte concede la- eliminación en el párrafo 7 de la Cuarta Causa de Acción, desde la línea 13 de dicha página, que empieza así: ' Que Avelino Cruz y Toro' otorgara a su favor escrituras de donación de las siguientes fincas,’ y todo el resto de dicho párrafo que comprende la descripción de seis fincas, porque tales alega-ciones son inmateriales, irrelevantes e - improcedentes en relación con los hechos que originan la causa de acción que ejercita el de-mandante, y porque hasta que no. se haya declarado por sentencia firme la filiación solicitada, no puede alegarse ni solicitarse, la nu-lidad de contratos de donación celebrados por el causante con sus bienes propios y porque no vale a priori determinarse si tales do-naciones, caben o nó dentro del tercio de libre disposición, o del haber hereditario de la demandada en los bienes de su padre Ave-lino Cruz y Toro. Y se concede al demandante un término de veinte días para que enmiende su démanda.”

En la demanda enmendada se omitían los particulares así eliminados y se pedía a la corte que dictara sentencia (1) declarando al demandante Miguel Vargas, hijo natural re-conocido de Avelino Cruz y Toro, con derecho a llevar sil apellido; (2) declarando nula y sin ningún valor la decla-ratoria de herederos a favor de Esperanza Cruz y Toro, en su carácter de hija natural reconocida de Avelino Cruz y Toro, y que el demandante es heredero forzoso de este úl-timo, con derecho a sucederle en la herencia en la misma proporción que la demandada Esperanza Cruz.

La demandada entonces presentó al registrador de la propiedad una certificación de las alegaciones y orden arriba indicadas y pidió que se cancelara una anotación de lis pendens obtenida por el demandante al radicar la demanda original.

El registrador se negó a verificar la cancelación porque “la expresada certificación no. constituye un verdadero tí-tulo de extinción de los derechos del demandante anotados por ministerio de ley, o sea de acuerdo , con las provi-siones del artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, toda vez que la cancelación solicitada de las referidas ano-taciones no ha sido ordenada por providencia ejecutoria contra la cual no se halle pendiente recurso de apelación, con infracción de los artículos 82, 83, 85 y 90 de la Ley Hi-potecaria, e inciso primero del artículo 140 de su Regla- • mentó.

La recurrente, después de hacer referencia a la alegada inaplicabilidad de varias de las disposiciones legales cita-das por el registrador, llama la atención hacia el hecho de que el artículo 85 de la Ley Hipotecaria, en su segundo apar - tado, prescribe que “Si se hubiese hecho la anotación sin escritura pública, y se tratare de cancelarla sin convertirla on inscripción definitiva, podrá hacerse también la cancela-ción, mediante documentos de la misma especie que los que se hubieren presentado para hacer la anotación.”

Se alega entonces que los artículos 42 de la Ley Hipo-tecaria y 140 de su reglamento se refieren solamente a las acciones sobre propiedad inmueble o derechos reales y que ésta es puramente una acción personal; que habiendo sido incluidos indebidamente en la demanda original y_ eli-minados de ella los elementos de naturaleza distinta, y ha-biéndose visto obligado el demandante a radicar una de-manda enmendada omitiendo las alegaciones así eliminadas, la demandada tiene derecho a la- cancelación de las anota-ciones preventivas al presentar los documentos de naturaleza semejante a aquel por virtud del cual tales anotaciones fue-ron hechas, prescindiendo de cuál pueda ser el resultado final de la acción que está pendiente.

Y yendo un poco más lejos la recurrente insiste en que dentro de las circunstancias de este caso el registrador nunca debió haber verificado las anotaciones. Eso podría ser cierto si fuera perfectamente claro que la demanda original no alegaba otra cosa que una causa de acción pura-mente personal, no obstante las alegaciones que la corte luego ordenó fueran eliminadas.

Pero las anotaciones se hicieron y si era o nó correcta la acción tomada por el registrador, se había creado un estado legal según el registro, que puede ser modificado solamente por alguno de los medios prescritos o reconocidos por la ley, pero, en ningún caso, por el registrador a iniciativa propia o de otro modo, simplemente porque de una consideración más amplia pudiera llegar a la conclusión de que las anotacio-nes habían sido hechas indebida o erróneamente. La de-manda original, según su faz, envolvía el título a la pro-piedad inmueble y fué aceptada por el registrador por el valor que representaba tener. El efecto de una anotación de lis pendens generalmente no queda anulado por una en-mienda a la demanda. Brook v. Pearson, 87 Cal. 581.

En el presente caso la demanda enmendada, acompañada de la resolución de la corte, supra, y que fué presentada por la demandada, no era, por lo menos en un particular muy importante, la misma clase de documento que la alegación original que fué ofrecida por el demandante primeramente. La demanda original era nna exposición espontánea de las varias cansas de acción del demandante, en la qne alegaba sus derechos según creía él qne eran. La demanda en-mendada era nna alegación qne fné radicada para satis-facer el criterio de la corte sentenciadora manifestado en nna resolución adversa al demandante y favorable a la demandada, dictada sobre nna moción para que fueran eli-minados ciertos particulares de la primitiva alegación. En el caso de dictarse sentencia a favor del demandante sobre los 'méritos de la demanda enmendada, estaría él en condi-ciones de poder reclamar los derechos alegados en la ale-gación eliminada, aunque ésta es tal vez una circunstancia de un valor algo dudoso. Sin embargo, a falta de alguna demostración por la recurrente en sentido contrario, pode-mos asumir, para los fines de esta opinión, que en apela-ción contra una sentencia adversa dictada en la corte de dis • trito, el demandante hubiera tenido derecho a que ■ se revi-sase la resolución dictada sobre la moción para eliminar, y de ser errónea, que fuese revocada. Besulta, pues, que la resolución en la cual se funda la recurrente no es necesaria-mente final, ni es la situación, como lo determina el alcance de la demanda enmendada, por necesidad permanente en su naturaleza.

Hay, por supuesto, o generalmente habría, una fuerte presunción en favor de la corrección de la orden sobre la mo ción para eliminar; pero esa presunción no es concluyente y, por tanto no puede afectar a la cuestión sometida ahora a nuestra consideración. En tanto pueda estar sujeta a re-visión en apelación la actuación del juez de distrito, no puede considerarse como final, ni puede ser anticipado por el regis-trador el resultado finál.

Aun siendo de otro modo, un registrador podría encon-trar cierta dificultad en adoptar' la teoría que la recurrente sustenta sobre el particular, en vista de la doctrina enun-ciada por esta corte en el caso de Orta v. Arzuaga, 23 D. P. R. 259. En ese caso se dijo, en la página 268, con nn solo voto disidente, que “ya que en el fondo toda acción de’fi-liación generalmente envuelve la reclamación inmediata o remota de alguna propiedad, hecho que resalta aun más en este caso concreto en que el demandante y apelante alega en su demanda, como expusimos al principio de esta opinión, que parte de los bienes de su padre, en su mayoría inmue-bles, se hallan radicados en los términos municipales de Carolina y Loíza, y que los demandados, que son los here-deros nombrados por Arzuaga en su testamento, se niegan a reconocer al demandante como hijo natural de Arzuaga y se oponen a que el demandante use el apellido de su padre y entre en posesión de los bienes de que consiste su herencia.”

No es necesario discutir ahora, ya los méritos de la con-clusión a que de tal modo se llegó, o el efecto de la misma sobre la resolución de la corte inferior, o la relación que tal proposición pueda tener con la cuestión de lis pendens.

Es bastante con que el pleito a que se hace referencia en las anotaciones preventivas tomadas en el registro de la propiedad, esté aún pendiente, que las enmiendas hechas para cumplir con una resolución que necesariamente no es final, pero que puede o nó ser revisada y confirmada o revo-cada en apelación, no implique un abandono o renuncia de los derechos alegados en la primitiva demanda y en la cual se fundaron las anotaciones. Y aun la demanda enmen-dada, al atacar, como lo hace, la declaratoria de herederos, parece afectar directamente a la raíz del título de la de-mandada adquirido por herencia de su padre.

Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces, concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Jeannot, Demandante y Apelante, v. Dalmau, Demandados y Apelados, y The Central Machete Company, Interventora.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre cobro de dinero y preferencia de crédito (moción sobre desestimación de apelación).
    No. 3078.
    Resuelto en junio 12, 1923.
    Exposición del Caso — Orden Errónea — Aprobación de la Exposición dev Caso. — Cuando un apelante que a los fines de su recurso ha elegido el proce-dimiento de la exposición del caso, presenta ésta al juez que conoeió del jui-cio, el deher de' éste, aun cuando las partes no comparezcan a la vista del pro-cedimiento, es aprobarla u ordenar las enmiendas necesarias; pero no tiene facultad para ordenar que la exposición del caso sea substituida por la trans-cripción de la evidencia que autoriza la ley 17, de 1917.
    Desestimación de Apelación —• Diligencia del Apelante. — Solicitada en este caso la desestimación del recurso invocando la regla 69 del Reglamento del Tribunal Supremo, se resolvió: que habiéndose demostrado que el apelante ha gestionado que el error de la corte omitiendo aprobar o enmendar la exposi-ción del caso y ordenando que ésta sea substituida por la transcripción de la evidencia sea subsanado, no procede desestimar la apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. A. Porrata Doria.

    Abogado de la interventora: Sr. J. Tous Soto.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

• El 29 de mayo último se nos ha presentado una petición para qne desestimemos la apelación qne la demandante in-terpuso contra la sentencia dictada en este pleito, seguido en la Corte de Distrito de Guayama.

No consta de los papeles que tenemos ante nosotros quién fué el juez que falló este pleito pero deducimos qne fué el actual Juez de Distrito de Ponce, porque a él fué remitida para su aprobación la exposición del caso que la apelante presentó para su recurso de apelación. Dicho juez señaló día para la aprobación de tal exposición del caso pero no habiendo comparecido las partes, en vez de aprobar la ex-posición del Caso presentada o de ordenar que se le hicieran enmiendas, ordenó en 26 de febrero último qne la exposición del caso fuera remitida al Secretario de la Corte de Distrito de Guayama para que el taquígrafo preparase una trans-cripción de la evidencia de acuerdo con la sección 2a. de la Ley núm. 27, aprobada en noviembre 27 de 1917.

En ese estado quedó la apelación basta que, según ex-pone el apelante, presentó moción en la corte inferior, antes de solicitarse la desestimación de su apelación, para que fuera aprobada la exposición del caso que tiene presentada. En este estado se baila la apelación.

Como la ley permite a la parte apelante redactar por sí una exposición del caso o pedir que el taquígrafo baga la transcripción de la evidencia, habiendo optado la apelante por la primera de dichas maneras, el juez debió aprobar la exposición del caso u ordenar las enmiendas que fueran ne-cesarias, pues no está autorizado para imponer a la apelante que prepare la transcripción de la evidencia de manera dis-tinta a como ella eligió de acuerdo con la ley, pero como la apelante ha presentado una exposición del caso y ha gestio nado que el error de la corte se subsane, no desestimare-mos la apelación.

Desestimada la moción.

8in lugar.

Jueces concurrentes: S'res. Presidente del Toro y Asocia-dos "Wolf, Hutchison y Franco Soto.


text:
    Cabanillas, Promovente y Apelado, v. Torrent, Opositora y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre testamentaría.
    No. 2807.
    Resuelto en junio 12, 1923.
    Administración Judicial de Herencia — Parte que Puede Pedir la Adminis-tración Judicial de Herencias. — Los artículos 23, 24 y 25 de la ley de pro-cedimientos legales especiales demuestran que si bien la administración judi-eial es necesaria en los casos del artículo 25, puede decretarse en los casos fijados en el artículo 23 cuando voluntariamente se pidiere, eon excepción de los casos comprendidos en el artículo 24. En otras palabras, en los casos del artículo 25 siempre debe haber una administración judicial mientras que en los del artículo 23 puede preseindirse de ella si no la pidiere alguna de las personas mencionadas en él.
    Id. — Contador Partidor de la Herencia. — El hecho de que en el caso de desa-cuerdo entre los herederos a que se refiere el artículo 1026 del Código Civil se pueda obtener el nombramiento de un contador partidor, no impide que se pueda nombrar antes un administrador judicial.
    Id. — El hecho de que el heredero instituido exprese en la solicitud pidiendo la administración judicial que el administrador que se nombre tendrá que insti-tuir las acciones correspondientes contra la viuda para recuperar ciertas su-mas de dinero percibidas por ella, paTa traerlas a la masa común y ser divi-didas, no es obstáculo para que se nombre un administrador.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. J. Sabater.

    Abogado del apelado: Sr. J. Alemañy Sosa.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Alejandro Cabanillas Colón murió en el año 1917 sin descendientes legítimos de sus dos matrimonios y con testa-mento en el que instituyó por sus herederos a su padre Eugenio Cabanillas Pérez, a su hija natural reconocida Ma-ría Cabanillas y a su viuda María Teresa Torrents por su cuota usufructuaria, a la que también legó la mitad de una casa, siendo todos ellos mayores de edad. También nom-bró albacea de sus bienes a cierta persona que no ha querido aceptar el cargo.

En el año 1922, el padre Eugenio Cabanillas Pérez soli-citó del tribunal inferior que nombrase un administrador judicial de los bienes del finado, a cuya petición accedió el tribunal ■ después de oír a las partes, y contra esa resolu-ción interpuso la viuda María Teresa Torrents este recurso de apelación.

Alega la apelante en apoyo de' su recurso que esa resolu-ción es errónea porque la administración judicial no pro-cede cuando todos los herederos son mayores de edad, por que, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de procedí-mientos legales especiales, en los únicos casos en qne debe nombrarse el administrador judicial es cuando existieren menores que no estén representados por su padre, madre o tutor, o cuando tocios o algunos de los herederos estén au-sentes y no tengan representante legítimo o cuando algún interesado en la herencia estuviere incapacitado y no tu viere representante legítimo, y cita el caso de Ex parte Sotomayor, 24 D. P. R. 185.

Según el artículo 23 de la Ley de procedimientos legales especiales (sección 1562 de la Compilación de los Estatutos Eevisados) el albacea testamentario, y en caso de que no hubiese sido nombrado o no hubiere testamento con validez legal, el cónyuge sobreviviente o cualquier heredero forzoso o persona que se presente como heredero testamentario, o legatario, o cualquier acreedor con título escrito no asegu-rado podrá solicitar la administración judicial de los bie-nes de la persona finada. El artículo 24 dispone que no po-drá decretarse la administración judicial cuando el testador la hubiese prohibido expresamente a su.s herederos volun-tarios y hubiese nombrado persona para, que como albacea o contador partidor practique la división de sus bienes, ni cuando los acreedores tengan asegurados sus créditos o les dieren los deudores fianza bastante para responder de sus créditos independientemente de los bienes del finado. T el artículo 25 determina que será necesaria la administración .judicial cuando todos o alguno o algunos de los herederos estén ausentes y no tengan representante legítimo en la ju-risdicción del último domicilio de la persona finada o lugar donde radiquen sus bienes, o cuando un heredero o legata-rio sea menor o esté incapacitado y no esté representado por su padre o madre o por un tutor que haya prestado fianza con arreglo a la ley.

No hace el apelante otra argumentación que la que antes hemos expuesto, pero entendemos que quiere sostener que sólo procede la administración judicial en los casos es-pecificados en el artículo 25 citado y que no procede en nin gún otro caso. Sin embargo, los tres artículos que liemos relacionado substancialmente demuestran que si bien la ad-ministración judicial es necesaria en los casos del artículo 25, puede decretarse en los casos fijados en el artículo 23 cuando voluntariamente se pidiere, con excepción de los ca-sos comprendidos en el artículo 24. En otras palabras en los casos del artículo 25 siempre debe haber una adminis-tración judicial mientras que en los del artículo 23 puede prescindirse de ella si no la pidiere alguna de las personas mencionadas en él. El caso Ex parte Sotomayur, supra, no es aplicable al presente pues lo que en él se decidió fué que estando los menores representados por su padre no era ne-cesaria la administración judicial.

También sostiene la apelante que la administración judicial no procede en este caso porque existe desacuerdo en-tre los herederos en cuanto al carácter legal ele los bienes relictos por el finado por lo que lo procedente es nombrar un contador partidor de acuerdo con el artículo 1026 del Có-digo Civil y el 67 de la Ley de Procedimientos Legales Es-peciales, citando nuestra sentencia en el caso de Labarthe v. Neuman, 23 D. P. R. 689.

Es cierto que existe desacuerdo entre los herederos con respecto al carácter legal de ciertos bienes adquiridos du-rante el matrimonio por la apelante, que el testador mani-festó ser privativos de su cónyuge-por haberlos adquirido ella con dinero procedente de su herencia paterna y cuyos bienes incluye el apelado en su petición como bienes gananciales su-jetos a partición, pero tal disparidad no es motivo para de jar de decretar la administración judicial porque la ley no la ha establecido como excepción al derecho que concede al heredero peticionario para solicitar la administración judicial. El caso de Labarthe v. Neuman, supra, no es aplica-ble al presente pues habiéndose solicitado en él el nombra-miento de un contador partidor, no de un administrador, se resolvió que aquel nombramiento era procedente a pesar de liaber discrepancia entre los herederos'en cuanto al c'a-cácter legal de los bienes que debían ser divididos.

En cuanto al artículo 1026 del Código Civil, enmendado en 1906, preceptivo de que cuando los herederos mayores de edad no se entendieren sobre el modo de hacer la parti-ción quedará a salvo su derecho para que lo ejerciten en la forma prevenida en la ley de procedimientos legales espe-ciales, aprobada el 9 de marzo de 1905, o sea, pidiendo el nombramiento de un contador partidor, si el'testador no lo ha nombrado de acuerdo con el artículo 67 de la ley últimamente citada, dichos preceptos no tienen relación con este caso, pues el hecho de que en el caso previsto por el artículo 1026 se pueda obtener el nombramiento de un contador partidor no impide que se pueda nombrar antes un administrador judicial.

Por último, alega también la apelante que debió negarse la petición del apelado porque se expone en ella que el ad-ministrador que se nombre tendrá que instituir las acciones correspondientes contra la viuda para recuperar ciertas su-mas de dinero percibidas por ella, para traerlas a la masa común y ser divididas, y cita el caso de Ex parte Vega, 28 D. P. R. 389.

Según el artículo 51 de la Ley de Procedimientos Le-gales Especiales será deber del administrador representar al finado en todos los procedimientos comenzados por o contra el mismo antes de su muerte y los que se promovieren después por o contra el caudal de la herencia, por lo que la manifestación hecha por el apelado en su petición no es obs-táculo para que se nombre un administrador; y en cuanto al caso de Vega, supra, no sostiene la alegación del ape-lante pues lo que en él resolvimos fué que no había términos hábiles para constituir una administración judicial sin bie-nes que administrar y sólo con el fin de establecer deman-das, porque ese no es el objeto y fin para el que se ha ins titnído la administración judicial.

La resolución apelada • debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Natal, Peticionario, v. La Corte de Distrito de Arecibo, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de Arecibo, Hon. Enrique Lloreda, Juez.
    No. 406.
    Resuelto en junio 12, 1923.
    Accidente del Trabajo — Apelación de Resoluciones de la Comisión de In-demnizaciones a Obreros- — Jurisdicción.—De acuerdo con la ley, la corte competente para conocer de las "apelaciones” que se interpongan contra resoluciones de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, es la del dis-trito donde ocurre el accidente; pero si la demanda se establece en cual-quiera otra corte de distrito y la comisión se somete a ella por alguno de los medios reconocidos en derecho, dicha otra corte adquiere jurisdicción y puede decidir válidamente el asunto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. E. Martinez Avilés.

    Abogados de la parte contraria: Sres. L. Samalea e 7. Soldevila.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 23 de septiembre de 1922 Abraham Natal, un obrero que sufrió un accidente mientras trabajaba en Lares, ar-chivó una “demanda” en la Corte de Distrito de Arecibo contra la Comisión de Indemnizaciones a Obreros. La co-misión por medio del Fiscal General, exc'epcionó la demanda y la excepción fué declarada con lugar el 23 de diciembre de 1922. Enmendó sn demanda el demandante alegando, en síntesis, la forma en que ocurrió el accidente; haber quedado incapacitado de una manera parcial pero permanente para las labores que requieran el uso de la mano izquierda; que su caso fué reportado a la comisión y resuelto por su Presi-dente como uno de incapacidad transitoria, habiendo la co-misión declarado sin lugar la moción de reconsideración pre-sentada por el .demandante, en virtud de lo cual acudía a la corte de distrito pidiendo a ésta que dictara finalmente una sentencia ordenando a la comisión que le pagara una indem-nización que no excediera de dos mil dólares. En enero 8, 1923, la demandada alegó por escrito, por vía de excepción previa, la falta de jurisdicción de la corte y contestó además la demanda.

Señalado el Io. de marzo último para el juicio, antes de entrar en él la demandada insistió en la falta de jurisdic-ción de la corte por haber ocurrido el accidente fuera de su territorio, y la corte resolvió de conformidad desestimando la demanda. El demandante entonces se dirigió a la Corte Suprema por medio de este procedimiento de certiorari en el cual se reclamaron los autos originales, que están ante nosotros, y fueron oídas las partes interesadas.

Dice el artículo 9 de la ley. sobre indemnizaciones por accidentes del trabajo, tal como quedó enmendado por la Ley núm. 61 de 1921, así:

“Se concederá al obrero recurso de apelación contra la decisión de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros para ante la corte de distrito en dónde ocurrió el accidente al reclamante, en todos los casos en que se considere perjudicado por el acuerdo de la comi-sión.”

Si se trata de una verdadera apelación, debe anularse el auto de certiorari expedido. ■ La jurisprudencia es clara en el sentido de que el mero consentimiento de las partes na puede conferir jurisdicción a una corte de apelación.

“Como los tribunales de apelación derivan de la ley su juris-dicción sobre cualquier causa, un mero consentimiento, convenio, o estipulación de las partes, o renuncia de objeción, no puede con-ferir jurisdicción a una corte de apelación cuando no tiene nin-guna por la ley sobre el asunto de la causa o apelación; y esta regla se aplica cuando el caso se origina fuera de la jurisdicción territorial de la corte, * !f * ” 3 C. J. 369, sec. 125.
“La jurisdicción de una corte de apelación limitada por la ley a apelaciones que se originan dentro de determinados límites territoriales no puede ser extendida por el consentimiento de las partes, para así traer dentro de la misma un caso que surge fuera de dichos límites, aun cuando dentro de tales límites la corte tenga jurisdicción do apelaciones envolviendo el asunto objeto de ape-lación.” State v. Nixon, 232 Mo. 496, 134 SW 538; 133 SW 340.

Pero, ¿se trata aquí de una verdadera apelación? A nuestro juicio si prescindiendo de las palabras se penetra en la realidad de las cosas, se encontrará que lo que se ha he-cho aquí es entablar una demanda acudiendo por vez prí-pera ante una corte de justicia contra un organismo de la administración que figura como demandado y como tal com-parece y se defiende en el pleito. El propio artículo 9 de la ley que concede el derecho a apelar, dice en su párrafo ter-cero :

“Dichas apelaciones se formalizarán presentando al Secretario de la corte de distrito del distrito en que ocurrió el accidente, * * * una exposición por escrito en la cual se expresen los hechos del accidente que motivó la reclamación ante la comisión, y, además, una relación de los hechos en que se funda la apelación. Dicho escrito se hará en igual forma que una demanda corriente, de acuerdo con las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico. La comisión deberá ser emplazada con copia de dicha demanda, * *

La ley confiere igual jurisdicción a todas las cortes de distrito estableciendo como norma que se radique la “ape-lación” en la del distrito en que ocurriere el accidente. De igual modo la ley dispone, por ejemplo, que los pleitos para recobrar bienes raíces se substancien en el distrito en que radique el objeto del litigio. Y si es claro, eso no obstante, que en este ultimo caso si se entabla la demanda en otro distrito y comparece el demandado y excepciona o contesta sin pedir el traslado del pleito, se entiende que ambas par-tes quedan sometidas y que la corte actúa con jurisdicción, no vemos por qué no deba aplicarse igual regla en el primer caso, o sea, en el de las apelaciones, de becbo verdaderas ac-ciones, que se entablan en los casos de accidentes sufridos por obreros.

La orden de la corte de Io. de marzo, 1923, desestimando la apelación, debe, en tal virtud, revocarse y el caso devol-verse a la misma para que siga tramitándolo de acuerdo con la ley.

Revocada la orden de margo 1, 1923 de la corte inferior desestimando la. apelación, y ordenada la devolución del caso.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, Aldrey, Hutcbison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. López, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por mutilación.
    No. 2064.
    Resuelto en junio 14, 1923.
    Mutilación — Pérdida de la Visión. — Una persona que causa la pérdida de la visión en un ojo de otra eomo consecuencia de agresión ilegal y maliciosa, es culpable del delito de mutilación definido en el artículo 212 del Código Penal. '
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. C. Garda de la Noceda y R. Martínez Nadal.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel López Cepero fué declarado convicto de un de-lito de mutilación.

La acusación imputa un acometimiento y agresión ilegal y maliciosa a consecuencia del cual Eladio Burgos fué privado de su visión por el ojo izquierdo como resultado permanente de un fuerte golpe producido por un instrumento contun-dente.

La única cuestión que se levanta en el alegato se refiere a la suficiencia ele la prueba para sostener el veredicto y sentencia.

La teoría del apelante parece ser que no obstante la de-claración del perjudicado con respecto a la pérdida total de la visión en su ojo izquierdo en la fecha del juicio, este hecho debe probarse concluyentemente por prueba pericial, y que la declaración del oculista llamado a declarar por el fiscal no es concluyente ya en cuanto a este punto o respecto a la causa próxima de la pérdida de la visión, o en Cuanto a su alegada permanencia.

En el informe oral se sugirió que la mera pérdida de la vista no constituye mutilación dentro del significado del Có-digo Penal. Es razonable agregar que esto se dijo en una forma más o menos indecisa en unión de la manifestación de que el abogado no había tenido tiempo para investigar el asunto.

Si a esta corte incumbiera el tener que hacer una inves-tigación independiente en la forma así indicada, tal inves-tigación podría resultar en una conclusión precipitada sin que exista ninguna impropiedad muy aparente al hacerse una comparación detenida de la versión española contenida en el artículo 212 del Código Penal con el texto original en inglés. Uno habla “de toda persona que * * * sacare un ojo,” el otro de “every person who '* * * puts out an eye.”

Aunque uo es necesario que resolvamos y no resolvemos ahora que ‘‘la mera desfiguración de un ojo no constituiría mutilación/’ sin embargo la contestación a toda aquellai parte del razonamiento del apelante que no se funde en el error de traducción a que acabamos de referirnos puedo verse en el caso de El Pueblo v. Núñez, 190 Pac. 486, en el cual una Corte de Distrito de Apelaciones de California se expresó en estos términos:

“Convenimos con el abogado del acusado en que de acuerdo con el estatuto la mera desfiguración de un ojo no constituirá mutila-ción a no ser que tal desfiguración resultare en que el ojo quedara inservible; pero creemos que el jurado estuvo justificado al de-clarar, como su veredicto implica, que ciertamente declaró, que el acusado con el golpe que profirió en la cara del perjudicado ‘va-ció’ el ojo a este último.”

Entonces, después de citar de la declaración de un ocu-lista, la corte pasa a decir lo siguiente:

“No puede haber ninguna clase de duda de que la anterior de-claración, considerada aisladamente demuestra inequívocamente que al perjudicado se le vació un ojo. Si todo lo que el perjudicado podía hacer con el ojo era, como declaró el doctor, meramente dis-tinguir la claridad de la oscuridad, o percibir una señal o movi-miento de cierta clase, hecha inmediatamente ante el ojo, éste cier-tamente quedó enteramente inservible para él. Si ambos ojos hu-bieran sido afectados de tal modo, es muy claro qué el perjudi-cado hubiera quedado prácticamente, ciego. Lo que el estatuto cla-ramente quiere decir con la expresión o frase, ‘vaciar el ojo’ es que el ojo ha sido lesionado de tal modo que el perjudicado no puede usarlo para los fines ordinarios, corrientes y prácticos de la vida.”

En el presente caso el oculista que examinó el ojo lesio-nado unas dos semanas después del acometimiento y ocho meses antes del juicio, manifestó en sustancia que encontró un principio de atrofia del nervio óptico bastante marcado; que el paciente podía ver solamente bultos a veinte pies; que el testigo le manifestó a él que probablemente perdería la visión por aquel ojo; que perdería la visión en su totali-ciad por aquel ojo; que Burgos padecía de una atrofia pro-gresiva, porque todas las atrofias son progresivas; que desde la fecha transcurrida hasta la del juicio era posible que Burgos hubiera perdido la vista por ese ojo; que el día del examen él podía distinguir bultos a veinte pies; que el tes-tigo manifestó al paciente que después de algún tiempo él perdería la vista por ese ojo, si bien el testigo vaciló algo antes de decirle esto, porque siempre es desagradable de-cir a un paciente “Ud. no tiene remedio;” que es más fácil decirle, “Probablemente Ud. va a perder la visión,” y de-jarle que se vaya convenciendo; que desde la fecha del exa-men a la del juicio había pasado tiempo suficiente, creía el testigo, para que haya ocurrido la pérdida total de la vi-sión; que el testigo no podía contestar exactamente que si el paciente hubiera estado atendido por un especialista in-mediatamente, hubiese podido conservar alguna visión por-que con el tratamiento quizás cierta visión hubiera podido retener; que el testigo no podía afirmar categóricamente si Burgos pudo ver o nó por ese ojo en la fecha del juicio; que Burgos ha podido tener alguna otra afección en ese ojo y el testigo desconocerla, por no haber tenido oportunidad de examinarle el nervio óptico antes del golpe, pero que el golpe era suficiente para haberle producido la atrofia.

Si bien el perjudicado no manifestó precisamente que no había tenido molestias en su ojo izquierdo antes de la fecha del acometimiento, su declaración en conjunto deja poco o ningún motivo de duda sobre este punto. La posibilidad de una afección anterior desconocida por el oculista y la posibilidad de algún remedio que hubiera podido obtener de haber hecho antes una visita al oculista, ambas son de-masiado remotas para merecer seria consideración.

La manifestación hecha por el perjudicado respecto a la total pérdida de la visión por el ojo izquierdo era entera-mente compatible con la declaración del oculista, si es que no fne expresamente corroborada y la hizo en la forma más plausible. Si el jurado estaba convencido de que Burgos dijo la verdad entonces estuvo justificado en emitir un ve-redicto de culpabilidad contra el acusado por el delito de mutilación.

En cuanto al hecho- de si el acusado dió o nó el golpe que hizo perder la visión al perjudicado, cuestión que ha sido alegada con gran insistencia en el informe oral, estamos sa-tisfechos con decir que de un examen cuidadoso de toda la prueba ésta no revela suficiente motivo para una revoca-ción.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada..

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Áldrey, y Franco Soto.


author: En Juez Asociado Se. Audeey,

text:
    Marín, Demandante y Apelante, v. The Alps Drug Company, Inc., Demandada y Apelada.
    Apelación de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre rescisión y cobro de dinero.
    No. 2780.
    Resuelto en junio 15, 1923.
    Compraventa Mercantil- — Término para Reclamar por Dehscto en Calidad o Cantidad. — Interpretando el artículo 336 del Código de Comercio, se resolvió: que dicho precepto no puede servir para amparar fraudes porque la ley-reconoce al comprador el derecho de examinar la mercancía en el momento de recibirla y, si no lo hiciere, le concede un término posterior para exami-narla y hacer su reclamación; y en cuanto a que tal precepto sólo ha de tener aplicación cuando las mercancías puedan examinarse fácilmente, bas-tará decir que el legislador no hizo tal distinción, por lo que la regla rige para todos los casos.
    Id. — Calidad t Cantidad de los Artículos Comprados — Causa de Acción. — No existe presunción alguna de que el vendedor habrá cumplido su contrato en-viando la calidad y cantidad compradas. Si el comprador entabla su re-clamación fuera del tiempo que le marca el artículo 336 del Código de Co-mercio, carece de causa de acción.

      Discreción Judicial — Costas.—Haee traen uso de su discreción una corte que condenó en costas a un demandante que ejercitó una causa de acción que no tenía.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de] apelante: Sres. Benet & Souffront.

    Abogado de la apelada: Sr. A. Amoldo.

   En Juez Asociado Se. Audeey,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Marín, comerciante en Mayagüez, compró a The Alps Drug Co., Inc., por mediación de sus agentes Barletta Trading Co., 25,000 latitas con magnesia Elba, sin especifi-cación particular con respecto a ellas en el pedido que firmó. A mediados de agosto de 1921 recibió esa mercancía sin examinarla al serle entregada y habiendo vendido parte de ella a una farmacia de Yanco le fué devuelta en 8 de octu-bre porque contenía cada latita diez gramos ele magnesia, estando el público acostumbrado a otro tamaño. Entonces reclamó de los agentes y del vendedor y en enero de 1922 demandó a The Alps Drug Co., Inc., solicitando la rescisión del contrato y que le indemnizara daños v perjuicios, ale-gando que él había comprado latitas rotuladas en español y con media onza, o quince gramos, cada una, y que se le ha-bían entregado con rótulos en inglés y con nueve gramos y medio de magnesia, que son de difícil venta en esta isla.

• El tribunal inferior declaró sin lugar la demanda en to-das sus partes por no haber sido hecha la reclamación den-tro de los cuatro días siguientes al recibo de la mercancía, sentencia que ha sido apelada por el demandante.

La cuestión fundamental en este pleito surge de los he-chos relatados en relación con varios preceptos del Código de Comercio.

Dispone el artículo 325 del Código de Comercio que será mercantil la compraventa de cosas muebles para revender-las, bien en la misma forma que se compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la venta, por lo que no bay duda de que el contrato qne motiva este pleito es mercantil, sin tener qne hacer argumentación sobre esto por-que las partes no niegan este extremo.

Con respecto a tal clase de contratos dice el mismo có-digo lo siguiente:

“Art. 336. — El comprador que, al tiempo de recibir las merca-derías, las examinare a su contento, no tendrá acción para repetir contra el vendedor, alegando vicio o defecto de cantidad o calidad en las mercaderías.
“El comprador tendrá el derecho de repetir contra el vendedor por defecto en la cantidad o calidad de las mercaderías recibidas enfardadas o embaladas, siempre que ejercite su acción dentro do los cuatro días siguientes al de su recibo, y no proceda la' avería de caso fortuito, vicio propio de la cosa, o fraude.
“En estos casos, podrá el.comprador optar por la rescisión del contrato o por su cumplimiento, con arreglo a lo convenido, pero siempre con la indemnización de los perjuicios que se le hubie-ran causado por los defectos o faltas.
“El vendedor podrá evitar esta reclamación exigiendo, en el acto de la entrega, que se haga el reconocimiento, en cuanto a cantidad y calidad, a contento del comprador.”
“Art. 942. — Los términos fijados en este Código para el ejer-de las acciones procedentes de los contratos mercantiles, serán fa-tales, sin que contra ellos se dé restitución.”

Según esos preceptos, la ley ha querido que las reclama-ciones qne puedan surgir en los contratos mercantiles de-compraventa se susciten entre las partes dentro de un tér-mino breve a fin de facilitar la contratación y para esto de-clara no solamente que si el comprador, al tiempo de recibir las mercaderías las examinare a su contento no podrá re-petir contra el comprador por vicio o defecto de cantidad o de calidad en ellas sino que el vendedor podrá exigir que el examen de la mercancía se haga en el acto de la entrega, a fin de evitarse reclamaciones posteriores, y fija un tér-mino corto para qne el comprador pueda hacer su reclama-ción cuando no examine la mercancía a su recibo; y para conseguir el legislador el fin qne se propuso decretó tara bien qne los términos por él fijados para el ejercicio de las acciones serán fatales.

Haciendo aplicación de esos preceptos al presente caso hay qne llegar a la conclusión de qne por haber dejado transcurrir el comprador más de cuatro días contados desde el recibo de la mercancía para ejercitar su reclamación de rescisión y de indemnización por defecto en la calidad de la mercancía carece de acción para demandar a su vendedor.

Alega, sin embargo, el apelante qne la aplicación de esos preceptos del Código de Comercio a casos como el presente serviría de base para amparar fraudes, y que el artículo 336 citado solamente es aplicable cuando las mercancías pue-den probarse a la simple vista pero nunca en aquellos en que los defectos son latentes, y mucho menos cuando el com-prador tiene el derecho de presumir que el vendedor ha cumplido con los términos expresados en el contrato, ci-tando el Caso de R. R. Pesquera & Co., contra Mari Hermanos, 23 D. P. R. 637.

El artículo a que se refiere el apelante no puede servir para amparar fraudes porque la ley reconoce al compra-dor el derecho de examinar la mercancía en el momento de recibirla y, si no lo hiciere, le concede un término posterior para examinarla y hacer su reclamación; término Corto, es verdad, pero que el legislador estimó razonable te-niendo en cuenta la rapidez de las negociaciones mercanti-les. En cuanto a que tal precepto sólo ha de tener aplica-ción cuando las mercancías puedan probarse fácilmente y nunca en otros casos, nos bastará decir que el legislador no hizo la distinción que indica el apelante y que estableció la regla para todos los casos, por lo que nosotros no estamos autorizados para hacer tal distinción. Con respecto a que el comprador tiene el derecho de presumir que el vendedor ha de cumplir con su contrato, parece que para el legislador no existió tal presunción pues dispuso que el comprador debo examinar la mercancía al recibirla o dentro de los cua-tro días siguientes.

Réstanos considerar el caso que se cita por el apelante.

Nuestra opinión en el pleito de R. R. Pesquera & Co., supra, no tiene aplicación al presente porque en él no se tra-taba de si la reclamación fué becba después de los cuatro días de baber sido recibida la mercancía y por tanto el ar-tículo 336 no fué tomado en consideración. En ese caso la sociedad Pesquera compró a Mari Hermanos cierta canti-dad de miel de abejas, según muestra, que el vendedor debía embarcar para cierta casa de Nueva York, en perfecto es-tado de pureza y en barriles nuevos, habiendo llegado dicba miel al punto de su destino fermentada y en barriles viejos, la que tenían vendida. En vista de esos becbos el tribunal inferior desestimó la demanda entendiendo que de acuerdo con el artículo 327 del Código de Comercio el comprador, antes de recibir la mercancía debió comprobar si era do igual calidad a la muestra que se le presentó y de no ser así debió rehusarla, puesto que después de recibida y vendida a tercera persona no podía comprobarse si era igual o no y que el baber dispuesto el comprador de la miel significaba aceptación y consumación del contrato. Y nosotros decía-mos que no se trataba de si el comprador no puede rehu-sar el recibo de la miel sino de que el vendedor había fal-tado a su contrato y estaba obligado a indemnizar los per-juicios que causó.

Alega también el apelante que no debió ser condenado en costas por un mero tecnicismo de la ley. No existe tal tec-nicismo sino un precepto claro preceptivo de que el com-prador debe ejercitar su acción dentro de cierto término y habiendo demandado después de vencido molestó innecesa idamente al apelado y fué bien condenado al pago de las costas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso- • ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Hilario Santos, Suc., S. en C., Demandantes y Apelados, v. Morán, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre ejecución de hipoteca.
    No. 2958.
    Resuelto en junio 18, 1923.
    Apelación — Señalamiento de Errores — Alegato del Apelante. — Un señala-miento de errores es siempre necesario aun cuando se trate de una sentencia que declaró sin lugar una excepción previa porque generalmente en tales ca-sos la apelación envuelve una cuestión relativa, yaa la forma de la senten-cia, ya a su cuantía o a las costas.
    Compraventa de Einca Hipotecada — Responsabilidad del Comprador para con el Acreedor Hipotecario — Causa de Acción. — Aduce hechos determinantes de causa de aeción la demanda en juicio ordinario de un acreedor hipotecario dirigida contra el comprador de la finca hipotecada para que le pague la cantidad que retuvo del precio de compra para satisfacer la hipoteca y en cuya demanda se alega que el demandado tomó de su cuenta y caTgo dicha hipoteca.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Monserrat & Monserrat.

    Abogado de los apelados: Sr. F. Soto Qras.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso no sólo no ha radicado el apelante ningún señalamiento de errores, sino que ha dejado de señalar si-quiera un error. Verdad es que él apela de una sentencia que declara sin lugar una excepción previa., pero aun en tal' caso, la apelación podría envolver una cuestión de la forma de la sentencia, de su cuantía, o de las costas. Siempre debe archivarse un señalamiento de error. El apelante, sin em bargo, ataca la suficiencia de la demanda, y como ésta es una cuestión fundamental, ejercitaremos nuestra discreción para considerarla.

Sostiene el apelante que el tenedor de un crédito hipóte-cario no tiene ninguna acción personal contra el comprador de la propiedad hipotecada, habiendo el acreedor preferido seguir la acción contra tal comprador. Abundando en esta idea insiste él en que la demanda no contiene ninguna ale-gación que establezca una relación personal entre el acree-dor y el comprador. Además, sostiene que si la propiedad hipotecada, es insuficiente para pagar la deuda, que no exis-tía ninguna obligación establecida por su parte de pagar la diferencia. También hubo cierta argumentación en la vista al efecto de que las mejoras hechas en una propiedad de tal modo hipotecada pertenecían al comprador y no es-, taban sujetas a ejecución.

Tenemos algunas dudas en favor del apelante. Tal vez pueda haber casos en los cuales el Comprador que adquiere una propiedad no podía ser substituido- por el deudor. En este caso, sin embargo, la demanda alegaba el hecho de que el comprador tomó de su cuenta y cargo la hipoteca como parte del precio de la venta y en tal caso la responsabilidad del comprador es personal.

Nos inclinamos algo al parecer de que los artículos 1171 y siguientes del Código Civil son aplicables y especialmente el 1173, el cual es como sigue:

“Artículo 1173. — La novación, que consiste en substituirse un nuevo deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin conoci-miento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor.”

Aquí el comprador asumió la obligación y el acreedor elige demandarlo a él. Habría una verdadera novación si el acreedor relevara al primitivo deudor, cuestión sobre la cual no estamos tan seguros.

De todos modos la demanda en este caso alegaba lo si-guiente :

“5. Que por escritura No. 217 de fecha 26 de mayo de 1922 otorgada ante Damián Monserrat Suro, la mercantil Fernández & Co. vendió al demandado Cecilio Moran la finca hipotecada, to-mando éste de su cuenta y cargo como parte del precio de la venta la hipoteca aquí relacionada.”

Esto representaría para el acreedor si no otra cosa, un cuasi-contrato de acuerdo con el artículo 1788 del Código Civil, el cual prescribe lo siguiente:

“Artículo 1788. — Son cuasi contratos los hechos lícitos y pura-mente voluntarios de los que resulta obligado su autor para con un tercero y a veces una obligación recíproca entre los interesa-dos. ’ ’

Asimismo el artículo 1224 del Código Civil tiene aplica-ción y es como sigue:

“Artículo 1224. — Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por dis-posición de la ley.
“Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese he-cho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aqué-lla revocada.”

Por el establecimiento de una acción, si no por otros me-dios, el acreedor aceptó el beneficio de la estipulación a su favor antes de que dicha estipulación fuera revocada.

Véase en cuanto a la analogía que pueda tener el caso de Keller v. Ashford, 133 U. S. 610, donde se exponen los principios en equidad que regulan situaciones semejantes.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

■ —''Jüe”Ci. concurrenttv •: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Áldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.