author: IÍl Juez Puesidekte Señor Del Tob.o

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Cardona Cintrón, acusado y apelante.
    Núm. 8628.

    Sometido: Mayo 6, 1941.

      Resuelto: Mayo 9, 1941.

      Faustino R. Aponte y Manuel A. Bustelo, abogados del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   IÍl Juez Puesidekte Señor Del Tob.o

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de iíumacao formuló acusación contra Francisco Cardona Ointrón imputándole una infracción al artículo 7 de la Ley número 14 de 1936 ((2) pág. 129) decre-tada para reglamentar la venta de armas de fuego en Puerto Rico, consistente en tener en su poder, allá para el 8 de marzo de 1940, un revólver, sin declararlo por escrito al jefe de policía del pueblo de su residencia, Fajardo.

Al llamarse por segunda vez la causa para juicio el siete de noviembre de 1940, se discutió una moción de sobresei-miento presentada por el acusado y fué declarada sin lugar, procediéndose a la práctica de la evidencia.

La de cargo consistió en las declaraciones de Pereiliano de Jesús, P. I., José M. Lugo, cabo P. I. y A. Ramírez Rivera, Jefe Distrito P. I. Declaró el primero que en marzo 9, 1940, prestaba servicios en Fajardo y vió al acusado “con motivo de una muerta” y lo arrestó. El acusado tenía una tienda de mercería y en la trastienda, en su habitación, donde “una tal llamada Guillermina Ramos estaba muerta”, le entregó el revólver que le presenta el fiscal. “Yo sugerí que dónde estaba el arma, entonces él me entregó el revól-ver.” Lo sacó de una caja de cartón que estaba al lado de la cama, debajo de una mesa. A la pregunta “¿Al lado del cuerpo de la difunta?”, contesta: “Al lado de la cama, la difunta está así, la cama está así j la caja está así.”

El cabo Lugo se limitó a declarar que conocía al acusado, que sabía que vivía en Fajardo en su tienda y que el guardia I)e Jesús le entregó el revólver ocupado, y el Jefe Ramírez Rivera a asegurar que el revólver ocupado no estaba inscrito a nombre del acusado en el registro de armas de fuego que de acuerdo con la ley se lleva en su oficina.

Alegó el acusado que la prueba era insuficiente y pidió su absolución. Se opuso el fiscal y la corte declaró sin lugar la moción. Presentó su evidencia consistente en las declara-ciones de Benigno Santiago, Pedro Rodríguez y Fernando Laureano.

Declaró el primero que tiene en Fajardo un restaurante; que conocía a Ana María Ramos; que la vió dos o tres días antes “de haberse matado” en su establecimiento; “se sentó en un reservado y solicitó un servicio de cerveza, y pasó un rato . . . y voy para allá y al abrir la cartera que tenía en la mano y sacar para pagarme, se le cayó, . . . estaba abierta, y cuando se la traje a la mano, le dije ‘¿qué es esoT, pude apreciar que allí había un revólver niquelado”, que se le parece al que se le muestra, el ocupado.

Rodríguez, dueño en Fajardo del “Son de la Loma”, otro restaurante también, vió a Ana María Ramos “días antes de suicidarse” y pudo apreciar que llevaba un revólver en su cartera. Fernando Laureano, el tercer testigo, manifestó que era empleado del acusado y lo trataba con intimidad y que en ningún momento vió que tuviera arma de fuego.

Insistió el acusado en la insuficiencia de la prueba y en pedir su absolución. La corte consideró la evidencia sufi-ciente y dictó sentencia imponiéndole seis meses de cárcel.

Apeló Cardona Cintrón y en su alegato señala dos erro-res como cometidos por la corte al declarar sin lugar su moción de sobreseimiento de la causa por haber transcurrido más de ciento veinte-días entre la presentación de la acusa-ción y la celebración del juicio y al dictar sentencia en contra de la prueba y de la ley.

Como del estudio que hemos heelio de los autos nos parece que el primer error no existe ya que la moción presentada el día antes y discutida al comenzarse el juicio era tardía, y hemos quedado por el contrario convencidos de que el segundo fue cometido, nos limitaremos a exponer las razones que tenemos para cqnsiderar la evidencia insuficiente.

Hay en ella una circunstancia — la de haberse encontrado el revólver en la habitación del acusado — que sumada a otras podría servir de base a una sentencia condenatoria. Pero esa otra u otras circunstancias no se encuentran en verdad. La declaración del Policía Perciliano de Jesús es la única que relaciona al acusado con el revólver. Por ella se sabe que fué el acusado el que se lo entregó y que la entrega se verificó en la habitación que ocupaba en la trastienda de su comercio. Pero ese hecho está conectado con el otro de haberse encontrado allí una persona muerta y cerca de ella el revólver, y, además, la prueba de descargo tiende a demostrar que dicha persona se había suicidado y tenía un revólver que se parecía al ocupado.

En el caso del Pueblo v. Meléndez Rodríguez, 55 D.P.R. 39, se resolvió que:

“Prueba de haberse ocupado un arma en el establecimiento, co-mercial del acusado', unida al testimonio de un testigo, creído por la corte, en cuanto a que el acusado admitió que era suya, y a la decla-ración del Jefe de la Policía, con los records de su oficina a la vista, de que el arma ocupada y admitida en evidencia no había sido re-gistrada en su oficina mencionada, es suficiente para condenar bajo la Ley sobre registro de armas de fuego.”

Y en el curso de la opinión se dijo:

“De la declaración de Lugo resulta que el día 6 de marzo del año pasado entró a la trastienda del acusado en Cayey persiguiendo una jugada que se estaba llevando a efecto en dicho establecimiento. Que estando allí encontró oculta entre unos sacos una pistola envuelta en un saco de papel. Que la ocupó y preguntó al acusado si era suya, y éste al principio vaciló, pero luego manifestó ser el dueño del arma.”

Aquí no hubo aceptación alguna por parte del acusado y la entrega se verificó en conexión con la muerte de una persona extraña ocurrida al parecer dentro de su habitación.

También en el caso del Pueblo v. Villarrubia, 54 D.P.R. 346, en que se consideró la prueba suficiente en un caso de esta naturaleza, existía la admisión del acusado. La juris-prudencia quedó establecida como sigue:

“Evidencia de haberse ocupado un arma no registrada al acu-sado, unida a la admisión de éste de ser dueño de ella, basta para sostener una acusación por infracción a la Ley núm. 14 de 1936 ((2) pág. 129).”

Podrá quizá la sentencia de la corte de distrito ser la justa y procedente de acuerdo con la verdad absoluta, pero no lo es de conformidad con la evidencia ante ella practicada y en su consecuencia nuestro claro deber consiste en revo-carla.

Se declara el recurso con hogar, se revoca la sentencia y se absuelve al acusado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Mario Colberg, acusado y apelante.
    Núm. 8581.

    Sometido: Mayo 9, 1941.

      Resuelto: Mayo 19, 1941.

      P. N. Colberg, abogado del apelante; Ilon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Mario Colberg fné sentenciado ante la Corte Municipal de Cabo Rojo de una infracción a la Ley núm. 25 de julio 17 de 1935 ((2) pág. 153) y en grado de apelación la Corte de Distrito de Mayagüez lo declaró culpable y sentenció el 16 de septiembre de 1940. En esa misma fecha el acusado apeló para ante este tribunal y el 24 de marzo de 1941. solicitó se le tuviera por desistido de su apelación, solicitud que fue declarada con lugar el 26 del mismo mes de marzo teniéndole por desistido de la apelación interpuesta.

Aparece de los autos que el acusado radicó en la corte inferior un segundo escrito de apelación el día 14 de marzo de 1941.

Tomando en consideración los anteriores hechos, el fiscal de esta corte el día señalado para la vista del caso en su fondo radicó una moción solicitando la desestimación del recurso por haberse radicado el segundo escrito de apela-ción cuando ya había transcurrido el término de treinta días que señala el artículo 345 del Código de Enjuiciamiento Criminal para las apelaciones en los casos misdemeanors ori-ginados en las cortes municipales, siendo por tanto la sen-i teneia firme y no haber adquirido jurisdicción este tribunal para resolver el recurso.

No es el artículo 345 del Código de Enjuiciamiento Criminal propiamente dicho el aplicable al caso, sino el artículo 1 de la “Ley proveyendo para las apelaciones en causas criminales” aprobada el 28 de mayo de 1904, que se inserta a continuación del artículo 345 en la edición' de 1935 de dicho código, j que dispone lo siguiente:

” Artículo 1. — Que cualquiera de las partes en una acción criminal originada en una corte de distrito podrá apelar a la Corte Su-prema en la forma prescrita por el Título IX del Código de Enjui-ciamiento Criminal; y asimismo podrá cualquiera de las partes apelar para ante la Corte Suprema, en una causa criminal en que estuviere implicada la infracción de las leyes penales de Puerto Rico, originada en un juzgado municipal; Disponiéndose, sin embargo, que en causas originadas en un juzgado municipal, la apelación del fallo de la corte de distrito deberá interponerse dentro de los treinta días de haberse registrado la sentencia.” (Itálicas nuestras.)

El caso de autos procedía en grado de apelación de la Corte Municipal de Cabo Rojo y habiéndose dictado sen-tencia en la corte inferior el 16 de septiembre de 1940 el escrito de apelación debió radicarse dentro de los treinta días siguientes. Desestimada la primera apelación, a petición del propio apelante, su segundo escrito de apelación, radicado el 14 de marzo de 1941, lo fué cuando dicho término de treinta días había expirado con exceso.

La jurisprudencia sentada en los casos de Ex parte Orellana y Pueblo, 46 D.P.R. 207; Flores v. Corte, 49 D.P.R. 123 y El Pueblo v. González, 57 D.P.R. 669, 671, citada por el apelante en un escrito de oposición a la desestimación soli-citada por el fiscal, radicado el 14 de mayo de 1941, no es aplicable al caso de autos. En dichos casos se interpretó el artículo 349 del Código de Enjuiciamiento Criminal que concede un término de seis meses para apelar de una sentencia dictada por las cortes de distrito en los casos que en ellas se originan. El artículo 1 de la ley de 1904, supra, estableció un término especial de treinta días para apelar de las sen-tencias dictadas por las cortes de distrito en las causas ori-ginadas en los juzgados municipales y esta es la ley aplicable al caso de autos. Como consecuencia este tribunal carece de jurisdicción para conocer del recurso y procede la desesti-mación solicitada.

Se desestima el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Marcelino Ruiz, peticionario, v. Sixto M. Saldaña, Jefe del Presidio Insular, demandado.
    Núm. 143.

    Sometido: Mayo 7, 1941.

      Resuelto: Mayo 20, 1941.

      A. D. Marchand Paz, abogado del peticionario; IIon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Contra el peticionario, Marcelino Ruiz, ’alias ‘ ‘ Cabilla, ’ ’ se radicaron ante la Corte de Distrito de Humacao dos acu-saciones distintas por infracción del artículo 59 deí Código Penal (Delincuencia Habitual). En la primera, que fué registrada bajo el número 7115, se le imputaba un delito de escalamiento en primer grado, cometido en Maunabo el 19 de septiembre de 1926, en la casa de José Figueroa; y en la segunda, número 7116, se le acusó de igual delito, en el mismo pueblo y en la misma fecha, en casa de Eleuterio Rodríguez.

Alega el peticionario que el día 2 de noviembre de 1926, por la mañana, al serle leída la acusación en el caso número 7115, él hizo alegación de culpable, renunció el término legal para dictar sentencia, y fné condenado inmediatamente a la pena de 15 años de presidio; que el mismo día, por la tarde, le fué leída la acusación en el otro caso, número 7116, y habiéndose declarado culpable fné sentenciado a la pena de quince años de presidio; que el peticionario ingresó en la Penitenciaría Insular a cumplir la sentencia que le fué im-puesta en el caso 'núm. 7115, la cual quedó cumplida el 23 de diciembre de 1936; y, por último, que el Jefe del Pre-sidio Insular, el demandado, está privando ilegalmente al peticionario de su libertad, al retenerlo bajo su custodia por virtud de la sentencia dictada en el caso número 7116.

La petición de hábeas corpus se -basa en la contención de que las dos mencionadas sentencias debían, de acuerdó con la ley y la jurisprudencia, ser cumplidas concurrentemente y no consecutivamente. El fiscal de este tribunal ha sometido a nuestra consideración un memorándum de autoridades que sostienen la contención del peticionario y ha expresado su conformidad con que se decrete la libertad de este confinado.

Nuestro Código Penal contiene solamente dos disposiciones autorizando específicamente la imposición de sentencias que habrán de .ser cumplidas consecutivamente. Son las siguientes:

“Artículo 31. — Cuando un reo fuere convicto de dos o más de-litos antes de pronunciarse sentencia por cualquiera de dichos delitos, la prisión a que se le hubiere condenado en la segunda u otra con-vicción subsiguiente, empezará a cumplirse al expirar el primer término de prisión a que hubiere sido condenado, o al expirar el segundo u' otro término subsiguiente, según fuere el caso.
“Artículo 152. — Toda persona que se fugase de una prisión mientras estuviere cumpliendo condena será castigada por orden sumaria del tribunal competente, con prisión por un término adicional mínimo de una vigésima parte o máxima de una quinta parte de la primitiva sentencia.” (Itálicas nuestras.)

Conviene hacer constar que cuando el peticionario fué con-victo y sentenciado en el caso núm. 7116, por virtud del cual se le retiene en prisión, ya había sido convicto y sentenciado en el número 7115; y que en la segunda sentencia nada se dijo en cuanto a si debía ser cumplida concurrentemente con la primera o después • de haber sido ésta cumplida.

El Código Penal de California, de donde procede el nues-tro, contenía idénticas disposiciones a las arriba transcritas. En los comentarios sobre las secciones 669 y 105 de dicho código, que son, respectivamente, las equivalentes de los artículos 31 y 152, supra, se dice en California Jurisprudence, volumen 8, página 657, epígrafe 624, lo siguiente:

“El hecho de que la Asamblea Legislativa haya conferido facul-tad especial para imponer sentencias consecutivas en dos casos im-plica la ausencia de tal facultad en otros casos. En todos los demás casos, por lo tanto, las sentencias de prisión son concurrentes. El artículo 669 del Código Penal se limita a aquellos casos en que un reo es convicto de dos o más delitos ‘antes de dictársele sentencia por cualquiera de dichos delitos.’ En cualquier otro caso que no sea el descrito, cualquier disposición que haga una sentencia conse-cutiva con respecto a otra, es nula.”

En Ex parte Morton, 132 Cal. 346, el peticionario fué convicto de atentado a la vida y sentenciado a diez años de presidio el 19 de julio de 1890. Posteriormente, el 7 de agosto del mismo año, fué convicto de escalamiento y sen-tenciado a cinco años de reclusión, “que comenzarán al expi-rar el término de prisión que el acusado está ahora cum-pliendo en la Penitenciaría en Folsom por atentado a la vida. Al decretar la excarcelación del confinado, la corte se expresó así:

“Si nuestras cortes están facultadas para imponer sentencias consecutivas es una cuestión que debe ser contestada por los esta-tutos. Un término de prisión empieza a cumplirse cuando el reo ingresa actualmente en el sitio donde ha-de ser recluido. (Código Penal, see. 670.) Esta es la regla, pero tiene algunas excepciones. 1. ‘Cuando un reo fuere convicto de dos o más delitos antes de pro-nunciarse sentencia por cualquiera de dichos delitos, la prisión a que se le hubiere condenado en la segunda u otra convicción subsi-guiente, .empezará a cumplirse al expirar el primer término de prisión a-que hubiere sido condenado, o al expirar el segundo u otro término subsiguiente, según fuere el caso.’ (Código Penal, sec. 669.)
“Esta sección establece una excepción a la regia, pero no cubre el presente caso, porque el confinado no fué convicto del segundo delito sino después de haber sido sentenciado por la primera con-vicción. Tal parece que no existe un fundamento racional para establecer una distinción entre el caso de autos y el caso previsto, pero la distinción está claramente establecida en el estatuto, y nosotros no podemos sostener que la disposición citada justifica la sentencia por la cual solamente pueda retenerse al peticionario en la prisión.
“La única otra disposición estatutaria sobre sentencias consecuti-vas hacia la cual se ha llamado nuestra atención está contenida en la sección 105 del Código Penal, la cual se refiere exclusivamente a fugas de la penitenciaría.
“Estas excepciones parecen probar y establecer la regla de que en todos los demás casos el término de prisión empieza a correr desde el momento en que el convicto ingresa en el penal. Debe por tanto resolverse que la disposición en la segunda sentencia del peticionario, haciéndola consecutiva a la primera, era inválida, y que el término legal de su reclusión ha expirado.”

Con posterioridad a la decisión en Ex parte Morton, supra, la Asamblea Legislativa de California enmendó la citada sección 669 del Código Penal de dicho estado, para que leyera así:

“Cuando un reo fuere convicto de dos o más delitos, la prisión a que se le hubiere condenado en la segunda u otra convicción sub-siguiente, empezará a cumplirse al expirar el primer término de prisión a que hubiere sido condenado, o al expirar el segundo u otro término subsiguiente, según fuere el caso; disponiéndose, que en casos extraordinarios las sentencias, a discreción del tribunal, podrán ordenar que dichos términos de prisión o cualquiera de ellos’corre-rán concurrentemente.” (Leyes de California, 1927, página 1056.)

Y más tarde, en 1931, la sección 669 fué nuevamente enmendada en la forma en que rige actualmente:

“Cuando un reo fuere convicto de dos o más delitos, la sentencia deberá disponer si los términos de prisión o cualquiera de ellos a que fuere sentenciado correrán concurrentemente o si la prisión a que fuere o haya sido sentenciado en la ségunda u otra convicción subsiguiente empezará a correr al expirar el primer término de pri-sión a que haya sido sentenciado, o al expirar el segundo o subsi-guiente término de prisión, a que haya sido sentenciado, según fuere el caso.” (Leyes de California, 1931, página 1052.) (Itálicas nuestras.)

Por virtud de la última enmienda' apuntada, la Asamblea Legislativa de California ha conferido a los tribunales del estado la facultad discrecional necesaria para determinar si las sentencias impuestas a una misma persona por la comi-sión de varios delitos deberán ser cumplidas concurrente-mente o consecutivamente, pero imponiéndoles el deber de ejercitar esa discreción, haciendo constar su resolución en la sentencia.

El estado actual de nuestra legislación es idéntico al que existía en California antes de las enmiendas hechas a la sección 669 del Código Penal en 1927 y 1931. La jurispru-dencia interpretativa de dicha sección en -su forma original es por tanto de aplicación al presente caso. Véanse: Ex parte. Kirby, 76 Cal. 514; Ex parte Green, 86 Cal. 427; People v. Ferlin, 203 Cal. 587; United States v. Daugherty, 269 U.S. 360, 70 L. Ed. 309, y Ex parte McGuire, 135 Cal. 339, en el que se resolvió, siguiendo la decisión en' Ex parte Morton, supra, que la facultad de la Corte Superior para imponer sentencias consecutivas existe solamente en los dos casos defi-nidos en las secciones 105 y 669 del Código Penal, y se dijo:

‘‘El hecho de que la Asamblea Legislativa haya conferido una facultad especial para imponer sentencias acumulativas en dos casos implica la ausencia de tal facultad en otros casos. Y si la corte misma no podía en este caso hacer que su sentencia fuese consecutiva, segu-ramente su funcionario no puede darle ese efecto.”

Véase además: 15 Am. Jur., pág. 121 et seq.; Baldwin’s Consolidated (N.Y.) Laws, Annotated (1938), pág. 169, "Penal Law,” note; 70 A.L.R. 1511-1529; Ex parte Casey, 160 Cal. 357; In re Cohen, 198 Cal. 221; In re Mann, 192 Cal. 393.

De acuerdo con nuestro Código Penal vigente, el tribunal que en uso de su discreción crea que es su deber imponer sentencias consecutivas a la persona que fuere acusada de dos o más delitos, debe posponer la sentencia sobre la pri-mera convicción basta que se baya obtenido la segunda, y dictar las sentencias en ambos casos, al mismo tiempo. Las sentencias así dictadas deberán ser cumplidas consecutiva-mente, sin necesidad de que la corte así lo decrete.

Habiendo sido dictada la segunda sentencia después de haber sido el peticionario convicto y sentenciado por la pri-mera causa, debemos resolver que la sentencia de quince años de presidio impuesta a Marcelino Ruiz en la tarde del 2 de noviembre de 1926, en el caso criminal núm. 7116 de la Corte de Distrito de Iiumacao, quedó extinguida el 23 de diciem-bre de 1936, fecha en que también quedó cumplida la que le fue impuesta en la mañana del 2 de noviembre de 1926, en el caso criminal núm. 7115 de la misma corte; y, por lo tanto, que la detención del peticionario desde la indicada fecha es ilegal.

Por las razones expuestas debe declararse con lugar el recurso y decretarse la libertad del peticionario.


text:
    En Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Ruiz, acusado y apelante.
    Núm. 8730.

    Sometido: Mayo 7, 1941.

      Resuelto: Mayo 20, 1941.

      F'rcmk Torres, abogado del apelante; lion. Procurador General George A. Malcolm y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Ruiz, el apelante, y Marcelino Piazza fueron acu-sados conjuntamente por un delito de asesinato en primer grado, cometido al dar muerte ilegal a Pedro Serrano Gon-zález en 11 de julio de 1936. Piazza fué arrestado el 4 de agosto de 1936 y Buiz lo fué el 19 de septiembre del mismo año. El fiscal radicó acusación contra ambos en enero 13 de 1937 y se señaló el juicio para el día 30 de marzo de 1937. En marzo 23 de 1937 los acusados solicitaron el archivo y sobreseimiento por infracción al artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, allanóse el fiscal y la corte lo decretó, sin perjuicio de que e] fiscal pudiese-presentar nueva acusación.

En 29 de marzo de 1937 el fiscal radicó nueva acusación, la que fué leída a los acusados el 2 de abril, señalándose la vista, para el 7 de junio de 1937, fecha, en que fué celebrada.

El día 1 de junio, seis días antes de la fecha señalada para, la vista, los acusados solicitaron el archivo y sobreseimiento de la nueva acusación, basándose en que desde la fecha del arresto de los acusados hasta la fecha de radicación de la nueva acusación, habían transcurrido más de 120. días y en que la orden de sobreseimiento de la primera acusación “no autoriza espeeíficarhente al fiscal para radicar nueva acusa-ción.” Dicha moción fué declarada sin lugar, y visto el caso el jurado dictó veredicto absolviendo a Piazza y declarando a Ruiz, el apelante, culpable de asesinato en segundo grado. La corte le condenó a la pena de 12 años de presidio.

Sostiene el acusado apelante que la corte sentenciadora erró al denegar la moción de archivo y sobreseimiento; al' no inhibirse el juez que presidió la vista; al usurpar por medio de sus instrucciones las prerrogativas del jurado; y al denegar la moción de nuevo juicio. Alega además que el veredicto es contrario a la prueba y a derecho.

El primer señalamiento carece en absoluto de méritos. Sobreseída la primera acusación, por haber sido radicada después de vencido el término de sesenta días desde la fecha de la detención de los acusados, quedó el fiscal en libertad para poder formular una nueva acusación, por tratarse de un delito grave (felony), a tenor de lo dispuesto en el artículo 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal, sin que fuera necesaria la autorización previa y expresa de la corte. El Pueblo v. Pagán, 23 D.P.R. 828. Habiendo sido radicada la segunda acusación el 29 de marzo de 1937 y ■celebrado el juicio el 7 de junio del mismo año, es evidente que las disposiciones del artículo' 448 del Código de Enjui-ciamiento Criminal fueron estrictamente cumplidas, toda vez que el término de 120 días dentro del cual ha de celebrarse el juicio, debe contarse desde la presentación de la acusación y no desde la fecha del arresto, como erróneamente pretende el apelante.

Examinemos el incidente en que se basa el segundo señalamiento. De las instrucciones dadas por el juez al jurado, aparece que el acusado Maximino Piazza se presentó en la cárcel del distrito en la noche del crimen, diciendo que él había matado a Serrano, y que al siguiente día, que era un domingo, por la mañana, Piazza fué llevado por dos detectives a presencia del Juez de Distrito, Sr. Todd, Jr., por no haber en Ponce en aquel momento ningún otro juez o funcionario judicial que pudiera fijarle fianza, y dicho juez ordenó ¡su arresto y le fijó fianza para su libertad provisional. Aparece también, que habiéndole manifestado al juez los detectives que Piazza había prestado una declaración, el juez le tomó el juramento correspondiente.

Ninguno de los hechos y circunstancias que acabamos de relatar incapacitaron al Juez Todd, Jr., para presidir la vista de la causa, ni le impusieron la obligación de inhibirse. El artículo 23, apartado 3, del Código de Enjuiciamiento Civil, impone al juez la obligación de inhibirse cuando hubiere sido abogado o consultor de cualquiera de las partes en el pleito o procedimiento pendiente ante su corte “o fiscal en una investigación o proceso criminal donde los hechos sean los mismos que en el pleito sometido a su resolución.”

De acuerdo con los artículos 12 y 13 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, los jueces de las cortes de distrito son magistrados “con autoridad para dictar orden de arresto contra una persona acusada de delito público.” El artículo. 44a del mismo código provee que “en toda orden de arresto se fijará la cuantía de la fianza, la cual podrá hacerse efec-tiva y admitirse por cualquier juez”; y los artículos 32, 33 y 44 reconocen el derecho que tiene toda persona acusada de delito grave a que se le lleve sin demora a la presencia de un juez y a que éste le fije fianza.

Resolvemos que las actuaciones del Juez Sr. Todd, Jr., se ajustaron al más estricto cumplimiento de sus deberes como juez; que en ningún momento actuó como fiscal; y que no erró en manera alguna al presidir la vista de esta causa.

Para sostener la alegada usurpación por el juez de las funciones del jurado, el apelante se limita a señalarnos en su alegato tres párrafos de las instrucciones dadas por el juez, en los cuales éste hace un resumen de lo declarado por varios testigos, pero no,nos dice en qué consiste, a su juicio, la alegada usurpación. Hemos estudiado dichos párrafos en relación con el cuidadoso estudio que hemos hecho de toda la evidencia, y encontramos que la exposición hecha por el juez está sostenida por el récord y es clara, justa y razonable. Limitóse el juez a exponer lo declarado por los testigos de una y otra parte, sin exponer opinión alguna, y diciendo expresamente al jurado que eran ellos a quienes incumbía “determinar en cuanto a la credibilidad de toda prueba.” No hubo error.

La moción de nuevo juicio, de cuya denegación se queja el apelante, se basó en el primero y tercero de los señalamientos que ya hemos discutido y desestimado y en el alegado descubrimiento de nuevas pruebas consistentes en las declaraciones de cinco testigos, al efecto de que ellos oyeron a Maximino Piazza cuando dijo que él había matado a Serrano.

El artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia exigen, para que una moción de nuevo juicio basada en el descubrimiento de nuevas pruebas pueda pros-perar, que se demuestre bajo juramento que se practicaron las diligencias necesarias para conseguir dichas pruebas antes del juicio, y que se especifique, además, cuáles fueron las diligencias practicadas, a fin de que el tribunal pueda apre-ciar si el acusado empleó una actividad razonable para des-cubrir tales pruebas. El Pueblo v. Díaz (a) Martillo, 5 D.P.R. 202; El Pueblo v. Milán, 7 D.P.R. 455; El Pueblo v. Otero, 11 D.P.R. 343; El Pueblo v. Viader, 23 D.P.R. 724, y El Pueblo v. Mauleón, 50 D.P.R. 568. La moción radicada en este caso no cumple con el indicado requisito. El acusado no lia hecho alegación alguna tendiente a convencer a la corte sentenciadora de que le fué imposible conseguir la prueba ofrecida como nueva, antes del juicio.

La nueva prueba ofrecida en apoyo de la moción de nuevo juicio era acumulativa, pues versaba sobre hechos relatados por otros testigos en el acto del juicio. Cuando la prueba es acumulativa la corte tiene discreción para su admisión. Y no se ha demostrado que la corte haya abusado de esa dis-creción. El Pueblo v. Lebrón, 23 D.P.R. 658; El Pueblo v. Pujols, 23 D.P.R. 881; El Pueblo v. Quiles, 41 D.P.R. 915. Además, no estando jurada la moción de nuevo juicio, la corte procedió correctamente al denegarla, de acuerdo con lo resuelto en El Pueblo v. Muñoz, 25 D.P.R. 207.

Alega el apelante que el último señalamiento — “el veredicto es contrario a derecho y a la prueba” — está sostenido por las declaraciones de los detectives Modesti y Díaz Casiano, a quienes Piazza confesó haber cometido el crimen.

La prueba ofrecida por el fiscal para sostener la acusación fné la siguiente:

El doctor que practicó la autopsia del cadáver de Pedro Serrano declaró que Serrano falleció a consecuencia directa de una herida de bala. Esta penetró en la región sigomática derecha y fué a alojarse en la masa encefálica.

Cosme Andújar y Santiago Serrano, quienes trabajaron con el acusado, identificaron como de la propiedad de éste el revólver calibre 32 que fué usado para dar muerte al interfecto.

Eleuterio Hernández, agente del Negociado de Investi-gaciones Criminales, declaró que examinó el revólver, cali-bre 38 que fué encontrado en casa del acusado Euiz, debajo de la almohada de su cama, y que fué imposible determinar la fecha en que se hicieron los últimos disparos; que examinó el otro revólver que le entregó el fiscal, calibre 32, y pudo comprobar que había sido disparado y que la bala con que se mató a Serrano fué disparada con ese revólver. Declaró además que practicó las pruebas de la parafina en ambos acusados el 13 de julio de 1936, dos días después del cri-men; que ambos dieron una reacción positiva, lo que demos-traba que habían disparado o que sus manos habían estado muy cerca de un arma de fuego al disparar; que Ramón Ruiz reveló un punto grande en el dedo del corazón de la mano derecha, lo que demuestra sin lugar a dudas que había dis-parado un arma.

Antonio Colón Sierra, cuñado del acusado Ruiz y concu-bino de la madre de Piazza, identificó el revólver como pro-piedad de Ruiz, y declaró que nunca le vió revólver a Piazza; que éste no tenía dinero para poder comprar armas; que Ruiz lo encargó le buscara un abogado para defender a Piazza y que él le acompañó donde el Lie. Agustín Pont; que en esos momentos Piazza había sido ya arrestado y Ruiz estaba en observación; que en su presencia Ruiz le entregó al abogado Fout un cheque por $100 por la defensa de Piazza; que entre Pedro Serrano y Ramón Ruiz existían disgustos personales; que Pedro Serrano y Piazza eran como dos hermanos; que Ramón Ruiz estuvo enfermo varios días en el hospital, de donde salió el sábado, y por la noche de ese mismo día fué el crimen.

Guillermo Levy declaró: que tiene diez años de edad, que ha asistido a la escuela y sabe leer y escribir; que conoce a Ruiz y a Piazza y conocía al interfecto; que vió quien mató a Pedro Serrano y que fué Moncho Ruiz, el acusado; que él venía con Serrano y Serrano siguió para arriba, para doblar el callejón San Juan; que él siguió por el callejón, y cuando llegó Serrano el declarante se estaba lavando los pies en la pluma que queda como a cinco metros de la casa de Ramón Ruiz; que Ruiz salió en ropas menores, por el portón, y lo disparó a Serrano por el lado derecho, hiriéndolo en las sienes; qne Euiz le disparó a Serrano en el momento en qne éste tocaba a sn pnerta; qne en el momento del disparo no vió allí a Piazza, quien vino al poco rato; que vió y oyó cuando Eniz le dió el revólver a Piazza y le dijo: “Corre, bótalo y di que fuiste tú y entrégate ’ ’; que vió caer a Serrano herido y que cuando llegó Piazza ya Serrano había caído herido y estaba agonizando, abriendo y cerrando los ojos; que después que cogió el revólver, Piazza siguió para adentro de la tienda y siguió para arriba; que sabe que es malo imputarle a una persona haber matado a otra; que está seguro que fué Euiz quien mató a Serrano porque lo vió con sus propios ojos; que Miguel Euiz, el hermano del acusado, lo llevó a la oficina del abogado Font y le hizo una oferta para que le hiciese una declaración distinta' a la que había dado al fiscal; que Miguel Euiz le compró una mudita de ropa; que en la oficina de Font lo llevaron a un cuarto donde había un escudo con revólveres y puñales y una calavera; que Font dijo: “Que haga una carta . . .,” pero que no la hicieran allí, negándose Font a hacer la declaración; que Miguel Euiz se lo llevó adonde él vivía y a las siete se apa-reció con una botella de vino con ron y le dió a tomar y le ofreció para que hiciese la declaración la mitad de la irruía, una vietrola, seis pesos, ropa y zapatos; que estuvo una temporada almorzando y- comiendo en la Gruta hasta que se encontró con el Fiscal Pierluisi; que la Gruta es propiedad del acusado; que antes del juicio Miguel Euiz quería mandarlo para otro pueblo y el fiscal se lo tuvo que llevar a su casa; que lo que declaró al Fiscal Pérez Mar-chánd es la verdad y que es lo mismo que declara al jurado. Sometido a un fuerte y minucioso contrainterrogatorio, el testigo ratificó su declaración en todos sus detalles; y al ser preguntado por el fiscal si tenía algún interés en que se cas-tigara a uno de los dos acusados o a los dos, respondió: “Que castiguen a Moncho Euiz, porque fué el que mató.”

Humberto Alvarez declaró: que en compañía, de Miguel Ruiz llevó al mucliaclio Guillermo Levy a la oficina del Lie. Font y lo dejó allí con Miguel Ruiz y la señora Peña; que él estaba presente cuando Miguel Ruiz le hizo escribir al muebaebo una carta diciendo que Ramón Ruiz no era el que babía matado; que la carta se la dictó Miguel Ruiz; que vió cuando le dieron a beber al mucliaclio una cuarta de vino; que no oyó que le hicieran ofrecimientos.

Eugenia Peña, esposa de Humberto Alvarez, corroboró en todas sus partes las declaraciones de su marido y de Guillermo Levy.

Carlos Ramis, Cabo de Penales, declaró que en la noche del crimen, estando él de servicio, se presentó allí Maximino Piazza; que cuando él le preguntó “¿Qué te pasa?”, Piazza contestó: “Pues que mataron a un familiar y quiero decír-selo a él,” refiriéndose a un tío' suyo, guardia de Penales; que después dijo que era él quien había matado; que notó que Piazza había tomado licor, porque primero decía una cosa y luego otra.

La prueba del acusado:

Luis Modesti y Pablo Díaz Casiano, detectives, declararon sobre la investigación practicada por ellos al tener noticias de la muerte de Serrano y sobre las manifestaciones hechas por Piazza, de que él había sido el matador de Serrano.

El acusado Maximino Piazza declaró: que en la noche del suceso estuvo en un baile hasta las diez, encontrándose en estado de embriaguez; que al llegar al callejón “San Juan,” sintió un disparo, y viró, y cuando llegó encontró a Serrano muerto; que entonces Ramón Ruiz lo llamó y le dijo: “Maxi-mino, ven acá, fíjate en el estado en que estoy operado; tengo ocho hijos; tú tienes que agradecerme a mí, y tienes que demostrármelo”; que él le preguntó: “¿Cómo quieres que te lo demuestre?,”y Ruiz le respondió: “Coge ese revólver y ve entrégate ’ ’; que como él estaba borracho así lo hizo; que al llegar a la carretera de “El Vigía,” hizo un disparo con el revólver; que entonces se apareció Anacleto Vélez y le quitó el revólver; que él estaba en estado de embriaguez y cuando despertó se encontró en la cárcel; que cuando salió bajo fianza Anacleto le entregó el revólver y le dijo: “Toma, aquí te mandó Ramón; yo se lo di a él y me dijo que no, y que porque se lo cogían y yo no sé qué”; que Pedro Serrano era como un hermano para él y nunca tuvo diferencias con él; que Ramón Ruiz, el acusado y Pedro Serrano, el inter-fecto, tuvieron una diferencia por una tienda; que cuando llegó al sitio del suceso después del disparo, Ramón Ruiz estaba en la puerta de la casa con Anacleto, quien parece le tenía la puerta abierta, porque entró- y en seguida me llamó; que Anacleto vivía con Ruiz y se envenenó cuando lo citaron como testigo; que Ramón Ruiz fué el que le sacó bajo fianza y le pagó al abogado; que él dijo que la oportunidad de decir toda la verdad era el día del juicio; que si él se prestó a decir que él había sido el autor del hecho fué por el estado de embriaguez en que se encontraba y que si llega a saber que la víctima era Pedro Serrano, que era como su hermano, jamás lo hubiera hecho; que cuando llegó al sitio no sabía quién era el muerto y que Ruiz no le dijo quién era; que Ruiz estaba temblando, en pijama y en medias.

Declarando en su propia defensa, el acusado apelante hizo un largo relato tendiente a demostrar que él es víctima de una conspiración entre los testigos de cargo para sacarle dinero.

Declaró en rebuttal el ex Fiscal Pérez Marchand, expli-cando cómo el muchacho Guillermo Levy y Piazza le habían relatado lo que sabían del crimen, en la misma forma en que lo hicieran ante el jurado. Y, declaró, por último, Josefa Rosado, madre del interfecto, y dijo: que su hijo y el acusado Ramón Ruiz habían tenido una diferencia por razón de mía tienda y un embargo y estaban disgustados por un dinero que Serrano le reclamaba á Ruiz; que ella es comadre de Ruiz; que el día que Ruiz salió del hospital, como a las 2 p. m., estando ella sentada al lado de la. cama de Ruiz, en su esta-blecimiento, éste le preguntó si Serrano seguía siempre con sus cosas y sus ideas; que ella le contestó que Serrano estaba!, desde que Ruiz le embargó la tienda, sin trabajo, muy nece-sitado y que era digno de compasión, a lo que Ruiz contestó: ‘‘Comadre, cuanto se quiera; pero siempre y cuando Pedro siga como va, a mí me costará proceder”; que después de decir eso, Ruiz se levantó y fué para su casa en el callejón de San Juan; que como a las nueve de la nocbe llegó su hijo, la procuró y se despidió de ella hasta el día siguiente; que como a las diez vino su sobrino a darle la noticia de su muerte; que Maximino Piazza y su hijo siempre fueron íntimos amigos.

Toda esa prueba, con sus contradicciones y conflictos, fué sometida al jurado, jueces de los hechos y únicos facultados por la ley para pesar la evidencia y dictaminar sobre la cre-dibilidad de los testigos. La prueba de cargo, a la que el jurado dió entero crédito, es a nuestro juicio suficiente para sostener y justificar el veredicto y la sentencia, la cual debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Senos, De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Domingo Sanjurjo, acusado y apelante.
    Núm. 8701.

    Sometido: Mayo 8, 1941.

      Resuelto: Mayo 20, 1941.

      Luis F. Camacho y José C. Aponte, abogados del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón- Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senos, De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La Ley núm. 255 de 1938 (Leyes de ese año, pág. 498), cuyo propósito es fijar un precio mínimo y máximo al café y" para otros fines, en su sección 6 autoriza al Comisionado de Agricultura y Comercio a dictar reglas .y reglamentos nece-sarios para su ejecución, que "tendrán fuerza de ley después de su publicación en dos periódicos de circulación general en Puerto Rico.” En uso de esa facultad, el 5 de agosto de 1939 el Comisionado de Agricultura y Comercio dictó el correspondiente reglamento, cuya sección 10, bajo la regla 3a., prescribe que todo traficante o comprador de café de Puerto Rico deberá, a requerimiento escrito del comisionado o sus representantes autorizados, suministrar información y archivar los datos que dicho funcionario estime convenientes para la aplicación de la referida ley.

El 23 de diciembre de 1940 el apelante fné convicto y sen-tenciado a pagar $25 de multa por infringir la citada sección 10 del reglamento, al dejar de suministrar al comisionado cierta información qne le fue solicitada el 9 de enero de 1940 en relación con 169% libras de café qne le fueron embar-gadas y de cuya existencia no tenía conocimiento el depar-tamento.

Fundamentando el presente recurso, sostiene el apelante que erró la corte inferior al admitir en evidencia el citado reglamento sin que se hubiera demostrado que estaba en vigor, no obstante la enmienda de que fué objeto la sección 6, supra, de la ley de 1938 a virtud de la ley núm. 112 de 1940 (Leyes de ese año, pág. 695). Los tribunales de justicia tienen conocimiento judicial de “todo lo que estuviere establecido por la ley”, así como de “los actos oficiales de los departamentos legislativo, ejecutivo y judicial de Puerto Rico y de los Estados Unidos,” (Ley de Evidencia, art. 398) y por consiguiente no era necesario para que el reglamento fuese admitido en evidencia, probar los efectos de una ley de la cual tenía conocimiento judicial el tribunal inferior.

Penetrando en el fondo de la cuestión, no comprendemos cómo pueda sostenerse que la enmienda de que fué objeto el citado artículo de la ley de 1938 pueda haber tenido el efecto de derogar el reglamento en cuestión. El artículo 6, según fué enmendado por la ley de 1940, sólo difiere del original en que dispone que los reglamentos que se autoriza al comisionado para dictar, tendrán fuerza de ley, no inmediatamente después de su publicación en dos periódicos de circulación general como prescribía la ley de 1938, sino cinco días después de dicha publicación. Ninguna disposición hallamos en la ley de 1940 que expresa o implícitamente indique el propósito de derogar dicho reglamento. Por el contrario, la citada ley, al enmendar la sección 7 de la de 1938, expresamente reconoce su vigencia al prescribir:

“Cualquier persona que infringiere las disposiciones de la pre-sente ley o de las reglas, reglamentos y proclamas promulgados, o que se promulgaren en el futuro, en virtud de la misma, será res-ponsable de delito menos grave (misdemeanor.) ...”

La enmienda de 1940, al prescribir que el reglamento no tendrá fuerza de ley basta cinco días' después de su publi-cación, se refiere al que pudiera dictarse a virtud de dicha ley, pero mientras el Comisionado de Agricultura y Comer-cio no estime conveniente enmendar el que dictó a virtud de la ley de 1938, o dictar otro bajo la ley vigente que derogue el anterior, continuará aquél en vigor tal y como fué pro-mulgado, y cualquier infracción del mismo constituirá mis-d'emeanor y se castigará.de acuerdo con lo prescrito en la sección 7 según fué enmendada por la ley de 1940.

Alega el apelante que el reglamento no era admisible en evidencia por no haberse probado su publicación en dos periódicos de circulación general. Concedemos que el reglamento cuya infracción se alega sería nulo si no se hubiera publicado en dos periódicos de circulación general de la Isla de Puerto Rico; pero la prueba de ese defecto incumbía al apelante y no lo probó. “Se presume que la ley ha sido acatada”, prescribe el artículo 102 de la Ley de Evidencia, y de ahí que tratándose de reglamentos aprobados por funcionarios o juntas del gobierno, así como de ordenanzas municipales, se presuma que los requisitos previos exigidos por la ley para su validez han sido fielmente cumplidos. Al que alegue lo contrario incumbe probarlo afirmativamente. 20 Am. Jur. 176; Ingelson v. Olson, 272 N.W. 270; Pueblo v. Solís, 56 D.P.R. 284. Existiendo como existía la indicada presunción, no estaba obligado el fiscal a presentar prueba de la publicación del reglamento.

La contestación dada por el apelante al comisionado, al efecto de que él no sabía a quién había, comprado el café, porque había tenido varios empleados que ya no estaban a su servicio, no es excusa para dejar de cumplir con las prescripciones del reglamento. La obligación de suministrar los informes se impone al traficante o comprador de café, y no a sus empleados, y siendo el acusado el dueño del negocio, venía obligado a conducirlo en condiciones tales que le per-mitiesen cumplir todos los deberes impnéstosle por la ley.

Por último, queremos agregar que si bien de la trans-cripción de evidencia resulta que la carta en que se requería al acusado para que suministrase la información a que se lia hecho referencia fué redactada por el Inspector de Ventas de Café, Francisco Jiménez, sin embargo, aparece también del exhibit 3 del fiscal que dicha carta fué suscrita por el Subcomisionado de Agricultura y Comercio, Sr. Roberto Castellón, funcionario legalmente autorizado para solicitar dicha información.

Por las razones expuestas, procede la confirmación de la sentencia.


text:
    Eladio Cruz, demandante y apelante, v. Eduardo Garrido Morales, demandado y apelado.
    Núm. 8164.

    Sometido: Abril 15, 1941.

    Resuelto: Mayo 20, 1941.

      Ismael Soldevila, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, R. Díaz Ginlrón, Asesor Legal del Departamento de Sa-nidad, Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y Héctor González Blanes, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Eladio Cruz solicitó de la Corte de Distrito de San Juan la expedición de nn auto de mandamus ordenando al Comi-sionado de Sanidad, Dr. Eduardo Garrido Morales lo repu-siera en el cargo de Jefe local o Inspector de Sanidad de Vieques por haber sido ilegalmente destituido del mismo y además qne se condenara al demandado a pagar al demandante daños y perjuicios consistentes en los salarios qne dejó de percibir desde qne fué suspendido de empleo y sueldo aseen-dentes a $4,120.50 y $1,000 en concepto de honorarios de abogado.

Los hechos del caso, tal y como los resume la corte inferior en sn relación del caso y cuya exactitud hemos com-probado con el examen que hemos hecho de la prueba pre-sentada, son los siguientes:

“El 28 de marzo de 1934, el Subcomisionado de Sanidad Dr. Antonio Arbona formuló cuatro cargos, por conducta inmoral e inspecciones falsas, al peticionario Eladio Cruz, como jefe local o inspector de sanidad de Coamo, para entonces trasladado a Vieques, suspendiéndole de empleo y sueldo y dándole tres días para contestar por escrito.a dichos cargos, los cuales son los siguientes:
‘Conducta Inmoral: (a) Que durante los meses de julio y sep-tiembre de 1933, siendo usted Inspector de Sanidad local en el Mu-nicipio de Coamo, indujo, intencionada y maliciosamente a que fir-mara el chauffeu-r Jerónimo Rivera, dueño del automóvil Núm. P. 614, formas de borderó por servicios al Gobierno Insular en la Ins-pección de vaquerías en ese municipio el día 12 del mes de julio de 1933 y en los días 1 y 30 del mes de septiembre de 1933, no habiendo sido prestados estos servicios por el referido chauffeur, certificando usted dichas cuentas de viaje con su firma.
“ ‘(b) Que de la misma manera que se especifica en el cargo Núm. 1, usted consiguió que el chauffeur Fernando A. Esteban dueño del automóvil Núm. P. 1437, firmara formas de borderó por servicios prestados al Gobierno Insular en la inspección de vaquerías del Mu-nicipio de Coamo durante el día 27 del mes de octubre del año 1933, no habiendo sido prestados los susodichos servicios, por el chauffeur Fernando A. Esteban al Gobierno' Insular, certificando usted dichas cuentas de viaje con su firma.
“ ‘(c) Que usted al señor Juan Colón López, quien se dedica en el Municipio de Coamo a hacer planos para la construcción y recons-trucción de casas, le exigió dinero, que usted recibió en distintas ocasiones, para la recomendación favorable de los planos del De-partamento de Sanidad para su aprobación; o de lo contrario usted no le daba curso a los mismos, lo cual implica una inmoralidad de su parte en el cumplimiento del deber.’
‘Inspecciones Falsas: (a) Que usted maliciosa e intencionada-mente simuló viajes de inspección de vaquerías del Municipio de Coamo con el deliberado propósito de cobrar las cuentas de viajes por ese concepto para pagar otras cuentas de viajes contraídas por usted para trasladarse en asuntes privados al pueblo de San Germán, en el automóvil Núm. P. 1437, propiedad del chauffeur Fernando A. Esteban, constituyendo esto, además de un engaño una flagrante vio-lación a los más elementales principios de seriedad en el cumpli-miento del deber.’
“En 31 de marzo de 1034, el querellado, por medio de sus abo-gados Guerra Mondragón & Soldevila, y en carta dirigida al Sub-comisionado Dr. Arbona, contestó los cargos diciendo:
‘ ‘ ‘ Que niega general y específicamente todos y cada uno de dichos cargos, por no ser ciertos.
“ ‘Alega además dicho Eladio Cruz, que los cargos aludidos fueron ya motivo de investigación, en la cual recayó decisión favorable.’
“En 18 de abril de 1934, el Comisionado de Sanidad Dr. E. Garrido Morales, remitió toda la documentación relacionada con el asunto, incluyendo los cargos y la contestación, a la Comisión de Servicio Civil, para que los investigara y resolviera de acuerdo con el primer párrafo de la sección 28 de la Ley de Servicio Civil, y así se lo informó también al querellado en carta que en dicha fecha le dirigiera por conducto de sus abogados, en la que le decía además que continuaba suspenso de empleo y sueldo hasta que la comisión resolviera.
“Así las cosas, se celebró en 15 de mayo de 1934 la vista de los cargos ante la Comisión de Servicio Civil, con la asistencia del Sub-comisionado Dr. Arbona, en representación del Comisionado Garrido Morales, y del querellado Eladio Cruz, quien estuvo representado por el abogado Ismael Soldevila. En esa vista se produjo evidencia de cargo y de descargo, oyéndose así al querellado, y en ella el Co-misionado de Sanidad, según se alega en el párrafo 5 de la primera causa de acción de la demanda, retiró dos de los cargos, o sea el de conducta inmoral letra (b), en relación con servicios no prestados por el chauffeur Fernando A. Esteban, y el de inspecciones falsas letra (b) y sostuvo los otros dos.
“En 17 de septiembre de 1934, la Comisión de Servicio Civil resolvió el asunto, declarando que el cargo de conducta inmoral letra (a) contra Eladio Cruz, como jefe local o inspector de sanidad de Coamo, había sido suficientemente probado por el querellante, y que, consiguientemente, no debía continuar al servicio de El Pueblo de Puerto Eico y del Departamento de Sanidad, ordenando fuera separado del cargo desde la fecha de la suspensión de empleo y sueldo y que se notificara a las partes. Y'éntonces, el Dr. (larrido Morales, Comisionado de Sanidad, notificado que fué con copia certificada de la resolución, dirigió con fecha 29 de septiembre ,de 1934 una comunicación por correo certificado al querellado Eladio Cruz, dictándole :
“ ‘3. De acuerdo con la citada resolución, se le informa que por la presente queda usted destituido del cargo de inspector de sanidad, con un sueldo anual de $855, que ha venido usted desempeñando en este Departamento, siendo efectiva esta destitución desde el día 31 de marzo de 1934, fecha en que usted recibió los citados cargos.’
“En 22 de octubre de 1934, Eladio Cruz interpuso ante esta corte (la de Distrito de San Juan) un recurso (caso núm. 21799) contra la Comisión de Servicio Civil y el Comisionado de Sanidad, para revisar el procedimiento seguido, y en ese caso la corte, en 28 de- octubre de 1937, dictó sentencia como sigue:
“ ‘La corte declara con lugar la petición, anulando y dejando» sin efecto la resolución de 17 de septiembre de 1934, de la Comisión-de Servicio Civil, por la que separa a Eladio Cruz del cargo de Jefe; Local de Sanidad de Coamo desde la fecha en que fué suspendido de empleo 'y sueldo por el Dr. Antonio Arbona, Subcomisionado de Sanidad; y declara sin lugar dicha petición en cuanto solicita que por la comisión y el Comisionado de Sanidad se le reponga en el cargo de Jefe Local de Sanidad de Yieques y se le paguen los sueldos devengados desde que -fué suspendido de empleo y sueldo, con las costas al peticionario, sin incluir honorarios de abogado. El Secre-tario devolverá el expediente a la comisión.’ ”

El 20 de enero de 1938 el demandante requirió por escrita al demandado para que tomara las medidas necesarias a fin tie que su nombre fuera restituido en las listas de elegibles del Servicio Civil de las cuales había sido eliminado, a lo que le contestó el demandado en febrero Io. que no podía reco-mendar su reposición en dichas listas por haber sido el demandante destituido por el departamento por cargos que se consideraron probados. El 23 de febrero de 1938 el Lie. Soldevila escribió al demandado insistiendo en la reposición del demandante en su cargo habiéndole contestado el deman-dado el 4 de marzo copiándole la carta que el día Io. de febrero le habían dirigido al demandante. El 25 de marzo de 1938 radicó el demandante su petición de mandamus en la corte inferior.

De la sentencia que la declaró sin lugar apela el deman-dante y basa su recurso en catorce señalamientos de erro].' algunos de los cuales no discute en su alegato y en cuanto a otros lo hace en grupos o separadamente. Sin embargo, la contención principal del apelante es que fué destituido por la Comisión de Servicio Civil y no por el demandado, Comi-sionado de Sanidad, y que, habiendo sido anulada por la corte inferior la resolución que dictó la comisión, la vista de los cargos que ante ella se celebró no podía servir de base al comisionado para destituirle y que, por lo tanto, no se celebró vista alguna de los cargos y no tuvo oportunidad de defenderse.

Lo que hizo la corte inferior en el recurso de revisión mím. 21799 supra, fué anular la resolución de la Comisión 'de Servicio Civil a virtud de la cual ordenaba la destitu-ción del demandante de su cargo, aplicando así la jurispru-dencia de este tribunal sentada en los casos de Pérez Marchand v. Garrido, Comisionado, 48 D.P.R. 457 y Domenech, Tesorero v. Corte, 48 D.P.R. 542 al efecto de que de acuerdo con la sección 28 de la Ley del Servicio Civil de Puerto Rico (Leyes de 1931, pág. 557) corresponde al funcionario nomi-nador la facultad de destituir al funcionario o empleado por él nominado y que la comisión sólo puede intervenir para ordenar su reposición en aquellos casos en que se .le desJ lituya por razones de orden político o religioso. En el recurso ■de revisión no estaba envuelta ni fue objeto de resolución por la corte la destitución del demandante decretada por el demandado y, tan es así, que la corte en su sentencia declaró sin lugar la petición en cuanto por ella se pedía que se ordenara que tanto por la comisión como por el demandado se repusiera al demandante en su cargo de jefe local de «anidad de Yieques.

Aparece, de la prueba documental y testifical presentada en el caso de autos, que fue el demandado, independiente-mente de lo que recomendara o hiciera la comisión, el que destituyó al demandante. La documental, la carta de fecha 29 de septiembre de 1934, supra, y la testifical, la declaración del demandado durante el juicio cuando se expresó en esta forma:

“. . . Antes de yo actuar destituyendo al inspector Eladio Cruz, yo estudié detenidamente primero la formulación de los cargos que le había hecho el Dr. Arbona, y luego la contestación que él dió a estos cargos; luego el informe del Auditor de Puerto Pico, o una investigación que se practicó en relación con ciertos hechos por un inspector del Departamento de Auditoría.
“El Auditor hizo esa investigación por indicaciones mías y me dió base esa investigación para destituir a este empleado.
“Antes de destituirlo consideré ese informe, consideré ías razo-nes que él presentó ante la Comisión de Servicio Civil de Puerto Rico, donde estuve yo representado por el Dr. Arpona, y consideré los cargos y la contestación que él dió a esos cargos. Después de con-siderar todo eso, entonces fué que yo destituí al señor. . . .
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“. . . Después de analizar toda esta prueba que tuve ante mi consideración, entonces envié una carta por correo certificado al se-ñor Eladio Cruz, cuyo título era: Asunto, destitución, y ordenando la destitución de este empleado del Departamento de Sanidad.” (Itálicas nuestras.)

La cuestión legal a resolver es si el demandado destituyó al demandante cumpliendo con los requisitos que la Ley de Servicio Civil exige en estos casos, es decir, por justa causa, con formulación de cargos y oportunidad para defenderse, pues sólo en el caso de no haberlos cumplido y de haber actuado el demandado arbitrariamente es que el funcionario o empleado destituido tiene derecho a solicitar y obtener su reposición por medio de un auto de mandamus. Pérez Marchand v. Garrido, supra.

La evidencia a qne nos hemos referido antes demuestra qne al demandante se le formuló un pliego de cargos, que los contestó en forma genérica, qne se le celebró una audiencia ante la Comisión de Servicio Civil donde se practicó la prueba de cargo y de descargo, que el demandado estuvo representado en dicha audiencia por el Subcomisionado Dr. Arbona y el demandante por su abogado, que el demandado tomando en consideración los cargos, la contestación del demandante, la prueba presentada ante la comisión que estaba detallada en la resolución que ésta dictó y además un informe rendido por el Auditor de Puerto Rico, consideró probados los cargos y destituyó al demandante. El hecho de que la vista se celebrara ante la comisión no vicia de nulidad el procedimiento.

El caso de Domenech, Tesorero v. Corte, supra, citado por el apelante no es aplicable a los hechos del caso que resol-vemos? En aquél, después de haber sido destituido por el Tesorero -el empleado acudió a la Comisión de Servicio Civil solicitando su reposición y esto organismo celebró una audien-cia y ordenó su reposición. Este tribunal por certiorari anuló la sentencia de la corte inferior que se negó a revisar la resolución de la comisión, así como dicha resolución, y se dijo lo siguiente:

“La última parte del artículo 28 es terminante: la comisión po-drá reponer a un funcionario o empleado separado, sólo en caso de que, previa audiencia, resultare que la separación se debió a razones de orden político o religioso. El texto inglés usa la palabra ‘removal’, el español ‘separación’, que no es exactamente lo mismo, porque un empicado puede ser separado por causas que realmente no equivalgan a una destitución. Ahora bien, si la comisión únicamente puede reponer al funcionario o empleado cuando la destitución se deba a razones políticas o religiosas, ¿para qué imponerle el deber de in-vestigar y decidir cuestiones ajenas a la religión y a la política “1 ¡ Oabe concebir que la ley haya querido encomendarle a este orga-nismo una labor completamente inútil y que no ha de surtir efecto alguno, limitado como está a ordenar la reposición únicamente cuando la política o la religión hayan motivado la destitución del empleado? En realidad no concebimos cómo pueda atribuirse a la Asamblea Legislativa una intención que prácticamente no conduce a ningún fin. Y no se diga que la comisión achia como árbitro o referee y que el funcionario nominador conserva el derecho de dictar la reso-lución definitiva, porque un árbitro se nombra cuando hay que deci-dir una cuestión y no cuando ésta ha sido ya decidida, como ocurre una vez destituido el empleado o funcionario. ...” (Itálicas nues-tras. )

Sostiene el apelante que lo que aparece en itálicas es auto-ridad para sostener que la vista de los cargos no pudo cele-brarse ante la comisión. La situación de heclios es distinta en uno y otro caso. En el de Domenech, la comisión pretendió intervenir cuando ya el funcionario nominador había actuado destituyendo al empleado sin que se tratara de un caso en que estuviera envuelta ninguna cuestión de orden político o religioso. Expresamente se resolvió que un árbitro se nom-bra cuando hay que decidir una cuestión y no cuando ésta ha sido ya decidida como ocurre una vez destituido el em-pleado. En el caso de autos el demandado, Comisionado de Sanidad, no había resuelto nada cuando sometió el caso para su vista ante la comisión, delegando su representación en el Subcomisionado Dr. Arbona. L-a Ley de Servicio Civil no exige expresamente que la audiencia de los cargos tenga que celebrarse ante el funcionario nominador ni le prohíbe delegar en la comisión o en el Subcomisionado para que oigan la prueba y le rindan un informe de la misma, antes de pro-ceder a resolver el caso y destituir al empleado. No es que la comisión o el Subcomisionado en este caso actúen como árbitros, pues no han de decidir el caso, sino que reciben y oyen la prueba e informan al funcionario nominador, que entonces resuelve, con su propio criterio. El procedimiento se ha seguido generalmente por aquellos funcionarios nomi-nador es que, debido a sus múltiples ocupaciones y deberes, no pueden personalmente presidir la audiencia de los cargos. Así, por ejemplo, el Gobernador al formular cargos a un fun-cionario o empleado nombrado por él por lo general ha (iosignado a un juez de distrito para que oiga la prueba y lo rinda un informe, procediendo entonces él a resolver el caso. Lo que la ley requiere es que al funcionario o em-pleado se le dé la oportunidad de oír la prueba que se presente en su contra y que tenga la oportunidad de defen-derse; que tenga su “día en corte”. Somos de opinión que el demandante lo tuvo en este caso y que la ley se cumplió.

El demandante alega como error que el demandado tomó en consideración para destituirlo, y así lo declaró, un informe del Auditor de Puerto Rico que no fué presentado en la vista celebrada ante la Comisión de Servicio Civil y que, por tanto, al demandante se le privó del derecho a repreguntar a los testigos que aparecían declarando en la investigación practicada por el Auditor. Hemos examinado el informe rendido por este funcionario al demandado {Exhibit “A” del demandado) y el mismo contiene las declaraciones prestadas bajo juramento por los testigos Jerónimo Rivera y Femando A. Esteban en la investigación que hizo el Examinador de Cuentas de la oficina del Auditor de Puerto Rico. La declaración del testigo Esteban no pudo ser per-judicial al demandante porque el demandado desistió específicamente del cargo marcado con la letra (b) que se refería a servicios no prestados por el chauffeur Fernando A. Esteban y así el demandado no tuvo para qué tomar en consideración dicha declaración al destituir al demandante. En cuanto a la del testigo Jerónimo Rivera, tampoco puede quejarse el demandante porque dicho testigo declaró en la vista de los cargos y fué ampliamente repreguntado por el abogado del demandante, pues el contrainterrogatorio llena diez y nueve páginas de la transcripción de evidencia. No puede, en verdad, sostenerse que el demandante no tuvo la oportunidad de confrontarse con toda la prueba en su contra según se argumenta en el octavo error.. [4, 5] Tampoco tuvo la corte inferior que tomar en consideración el hecho de que el demandante había sido absuelto en una causa criminal seguida en su contra por los mismos hechos que sirvieron de base a la destitución. La acción criminal es independiente de la administrativa y no está la nna supeditada a la otra. Sería atar de manos a todo funcionario nominador y privarle de las prerrogativas que la ley le reconoce en materia de destituciones, si las cortes estuvieran obligadas a ordenar la reposición de un empleado por el Lecho de que otro tribunal le había absuelto en una acción criminal surgida de los mis-mos hechos que motivaron la destitución.

Sostiene además el demandante que su destitución es ilegal porque la misma no fue aprobada por el Gobernador de Puerto Rico de acuerdo con el artículo 8 de la Ley núm. 81 para reorganizar el Servicio de Sanidad, aprobada el 14 de marzo de 1912 (pág. 126) que dispone lo siguiente:

“Artículo 8. — -E1 Director de Sanidad tendrá- facultades para nombrar, trasladar y separar por justa causa, con la aprobación del Gobernador, de acuerdo con la Ley de Servicio Civil, a los emplea-dos cuyos nombramientos no se dispusieran de otro modo en esta Lev; Disponiéndose, que no será necesaria dicha aprobación para nombrar, trasladar o separar empleados temporeros, o para suspender provisionalmente a cualquier empleado.”

En primer término diremos que esta cuestión se levanta por primera vez en apelación y no fué objeto de pronuncia-miento alguno por la corte inferior, lo que sería suficiente para que no la consideráramos. Esto no obstante, somos de opinión que el precepto de la Ley de Sanidad transcrito apro-bado en el año 1912, en tanto en cuanto requiere que la sepa-ración o destitución de empleados tenga que hacerse con la aprobación del Gobernador, ha quedado sin efecto de acuerdo con la Ley de Servicio Civil aprobada el 11 de mayo de 1931 que por su sección 28 reconoce a los funcionarios nomi-nadores, como lo es el demandado, el poder para destituir por justa causa a los funcionarios y empleados nombrados por él, sin exigirse aprobación de clase alguna"" por parte del Gobernador de Puerto Rico.

Los demás errores señalados por el demandante se refie-ren a la desestimación de la segunda causa de acción sobre reclamación de daños y perjuicios, la que necesariamente dependía de la primera, y al haber declarado la corte inferior que el demandante incurrió en demora innecesaria (laches) en la formulación de la petición de mandamus que, aún cuando se hubieran cometido no harían variar el resultado del caso. Somos de opinión que en la destitución del demandante se cumplió sustancialmente con los requisitos de ley y que no procedía el mandamus solicitado ordenando su reposición.

Se declara sin lugar el recurso y se confirma la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Antonio Guijarro Cobián, demandante y apelado, v. Otilia Lluberas Negroni, demandada y apelante.
    Núm. 8206.

    Sometido: Marzo 18, 1941.

      Resuelto: Mayo 21, 1941.

      Miguel Marcos Morales, abogado de la apelante; Arturo O’Neill, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de fijar, después de decretado el divorcio, las relaciones familiares de un padre — rcónyuge culpable — con su hija única habida en el matrimonio.

El pleito se inició por el padre por causa de abandono. Emplazada la madre negó que hubiera abandonado a su esposo y a su vez lo contrademandó pidiendo la disolución del matrimonio por haber sido abandonada por su marido y por él injuriada gravemente y cruelmente tratada.

Las relaciones de familia entre el padre y la hija han dado lugar a varios incidentes. Primero, en diciembre 20, 1935, antes de resolverse el pleito, fueron reguladas por orden judicial en el sentido de permitir al padre reunirse con la hija durante dos días a la semana en un hogar respetable de Yauco designado por él y aprobado por la madre.

Kn febrero 29, 1936, se dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y con lugar la contrademanda y en su; consecuencia roto y disuelto el vínculo matrimonial, dispo-niéndose que la hija quedara bajo el cuidado y patria potes-tad de la madre. La sentencia fué apelada y pendiente el recurso volvió el padre a dirigirse a la corte pidiéndole que dictara una nueva orden concediéndole la custodia provisional de la hija, por haberse ausentado la madre de la isla. La corte por resolución de septiembre 15, 1936, declaró sin lugar la petición.

Km el propio mes de septiembre de 1936, el día veinte y nueve, presentó el padre otra moción a la corte en solicitud de una enmienda a la orden de diciembre 28, 1935, decre-tando que la hija fuera traída a San Juan cada mes a pasar todo un día en el hogar de su abuela paterna. Señalada la vista de la moción, ambas partes estipularon que la niña fuera traída a San Juan un domingo cada mes y la corte aproíbó lo estipulado en octubre 21, 1936.

Kn diciembre 11, 1936, esta Corte Suprema declaró sin lugar el recurso interpuesto confirmando la sentencia de divorcio de la corte de distrito en los mismos términos en que fué dictada. 50 D.P.B. 718.

Pasaron tres años y en enero 3, 1940, pidió el padre a la corte que en vez de traerse la hija a San Juan se le permitiera ir a buscarla personalmente un viernes por la tarde cada quince días y devolverla a la madre o a la persona en cuya custodia permanece el domingo siguiente. Se opuso la madre. Se celebró una larga vista — el récord taqui-gráfico consta de ciento once páginas — y la corte finalmente decidió:

“Que la niña Asunción Guijarro Lluberas sea traída a San Juan donde su padre el Dr. Antonio Guijarro Cobián, o se permita a éste traerla, una vez al mes, de manera que pase el tercer sábado de cada mes con él, en su bogar, desde las 9 a. m. basta la 5 p. m. y, asi-mismo, que él pueda visitar a su hija en Yauco el primero, segundo y cuarto domingo de cada mes, bien en la casa de doña Asunción Ne-groni Vda. do Lluberas, donde reside, o en un lugar respetable de Yauco que designe el demandante y apruebe la demandada, también desde las 9 a. m. hasta las 6 p. m. debiendo, en el segundo caso, man-darla a la casa de la demandada a las horas de comida para que reciba sus alimentos.”

Contra esa regulación apeló la madre, presentando su abogado un alegato de setenta y cinco páginas que fué impug-nado por .el del padre con otro de diez. No seremos nosotros tan extensos. Pesadas todas las circunstancias concurrentes y tomados en consideración los antecedentes del caso que obran en autos, nos parece demasiado fuerte el deber im-puesto a la madre o a la abuela materna de traer la niña desde Yauco a San Juan el tercer sábado de cada mes de manera que pase con su padre desde las nueve de la mañana basta! las cinco de la tarde. Para cumplirlo tendrían que emplearse tres días o que salirse de Yauco de madrugada regresando a altas boras de la nocbe para hacerlo en uno. No puede olvidarse que se trata de un cónyuge culpable de abandono del bogar y de trato cruel e injurias graves a la madre que no ha demostrado en su conducta ulterior nada extraordi-nario que justifique la medida. Lo único que nos hace dudar en si debemos modificar o no la orden es que la propia madre se avino en 1936 a que la niña fuera traída a San Juan. Sin embargo, esa duda desaparece cuando se toman en con-sideración el tiempo transcurrido que' permitió conqDrobar en la práctica lo difícil de cumplir lo estipulado y el hecho de haber sido el mismo padre el que suscitó de nuevo la cuestión pidiendo ann más, permitiendo así a la madre al oponerse presentar al tribunal la situación en todos sus aspectos.

Tampoco creemos justificada la asignación del primero, segundo y cuarto domingos del mes para que la bija tenga que aguardar las visitas del padre en Yauco, lo que implica que la niña y con ella la madre o la abuela materna con quien vive se vean obligadas a permanecer a disposición del padre tres domingos de los cuatro que la mayor parte de las veces cuenta al mes, cuando es sabido que esos días se dedican a atenciones varias en diversos sitios gratas y aun necesarias a la felicidad de los seres humanos. Y si a ello se agrega el deber de traer la niña el tercer sábado de cada mes a San Juan, se completará una situación de dependencia tal que no debe subsistir.

Ya dijimos que no debe olvidarse que el' peticionario es el cónyuge culpable según la sentencia decretativa del divor-cio. El ser culpable no implica la pérdida de sus relaciones familiares con su hija, pero puedé y debe tomarse en consi-deración para fijarlas de modo que sea él el que lleve la carga, dándosele además la oportunidad de demostrar en la realidad que su cariño es cierto y que sabe vencer cualquier dificultad con tal de cultivar-y conservar el afecto de su hija.

Creemos que dos días cada mes sugeridos por el padre y aprobados por la madre, de diez de la mañana a cuatro de la tarde, en Yauco, en el hogar de la madre o de la abuela materna, o en cualquier- otro sitio que el padre y la madre designen de común acuerdo, son suficientes, sin que ello impli-que que la niña deba permanecer en Puerto Rico en caso de que su bienestar -requiera'que, por motivos de salud,-de edu-cación o de sano recreo, salga por algún tiempo de la isla.

Estamos .tratando de ser justos y quizá nos hayamos incli-nado algún tanto del lado de -la - madre y en evitación de-que ésta pueda interpretarlo así y adopte - uña conducta que no esté justificada, la conminamos a que actúe rectamente en el cumplimiento del deber que se le impone y no cree obs-táculos a que el padre pueda comunicarse con su hija libre-mente en las dichas dos ocasiones cada mes. De otra suerte el padre podrá acudir de nuevo a la corte que habrá de resolver la situación que surja de acuerdo con los hechos y la ley guiada siempre por el bienestar de la hija que exige como algo natural el cultivo y preservación del afecto de su padre.

La resolución apelada deberá en su consecuencia revocarse dictándose otra en los términos que se dejan indicados.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, querellante, v. Compañía Azucarera del Toa, demandada.
    Núm. 8.

    Sometido: Marzo 22, 1941.

      Resuelto: Mayo 22, 1941.

      F. M. Susoni Jr., abogado de la interventora, Trigo Orbeta, Inc.; Ilon. Procurador General George A. Malcolm,, y Miguel Guerra Moncb'agón, Rafael Rivera Zayas j Luis Venegas Cortés, aboga-dos asociados, abogados del querellante; J. Ilenri Brown, Salvador Suau y J. Sifre, Jr., abogados de la demandada.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a estudiar y a resolver por ahora en este caso es la de si en un procedimiento de Quo Warranto iniciado por El Pueblo contra una corporación en solicitud de que se decrete la pérdida de su franquicia por haber violado la ley de los quinientos acres, procede la intervención de un accio-nista que la solicita alegando tener interés en que el pleito se falle a favor del Pueblo.

Trigo Orbeta, Inc., corporación organizada y existente de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, presentó en el proce-dimiento de quo warranto instado por el Pueblo por medio de su Fiscal General contra la Compañía Azucarera del Toa, una solicitud de intervención acompañada de la demanda correspondiente.

Sostiene que es accionista de la “Compañía”, que consi-dera ciertas e incontrovertibles las alegaciones de la querella referentes a la violación por parte de la querellada de la ley de los quinientos acres, que tiene interés en el éxito de lá acción y que desea intervenir porque sabe que la “Compa-ñía” tratará de dilatar lo más posible el procedimiento no obstante constituir el interés verdadero de los accionistas que la “Compañía” reconozca la violación de la ley y se disuelva y liquide cooperando con el gobierno en la resolución del problema agrario de Puerto Rico, criterio que sostuvo en el seno de la junta general de accionistas de la corporación.

Notificadas las partes, la demandada se opuso a la inter-vención basándose en que la interventora no alega interés, reclamación o derecho distinto a los que son comunes a todos los accionistas de la corporación pretendiendo únicamente unirse al Pueblo en contra de la corporación, estando su inte-rés representado y protegido en forma adecuada por el Pueblo y la corporación; que ésta fia comparecido a defenderse cumpliendo la resolución aprobada por casi todos sus accio-nistas en uso de las facultades conferídasles por la ley; que (:] número de acciones de Trigo Orbeta, Inc. es 468 de un total de 10,000; que de acuerdo con la ley de quo warranto, enmendada en 1935, el procedimiento en contra de corpora-ciones por las violaciones de la ley del Congreso limitando el dominio y control de las tierras a que se refiere la que-rella sólo puede iniciarse por El Pueblo de Puerto Rico representado por el Fiscal General, y que los accionistas de una corporación en minoría no tienen facultades para alla-narse a una sentencia contra la corporación o para obligar a ésta a que se allane y no se defienda. En cuanto a los propósitos de dilatar el procedimiento alegó la querellada que no existían estando por el contrario deseosa de que termine cuanto antes para despejar su situación.

Tanto la interventora como la querellada han argumen-tado sus respectivas posiciones en extensos alegatos, que-dando la cuestión sometida finalmente para su decisión en marzo 22 último. Nada fia manifestado El Pueblo de Puerto Pico.

“Una acusación de la naturaleza de quo warranto — suce-sora del antiguo auto de quo warranto del derecho común — ”, sc dice en Thompson on Corporations, vol. 7, págs. 825-827, “es el recurso por virtud del cual el estado inquiere sobre y determina la legalidad de las reclamaciones en relación con franquicias y cargos corporativos. Desde época antigua, el recurso se ha utilizado contra corporaciones por razón de uso indebido, abuso o no uso de sus franquicias y contra las per-sonas que ilegalmente usurpan franquicias corporativas; y boy se considera el remedio de quo warranto — salvo en algu-nas jurisdicciones donde se provee otro remedio mediante estatuto — como el remedio exclusivo para determinar el dere-cho de una corporación a existir y para cancelar cartas cons-titutivas y franquicias corporativas por estos motivos . . .

“El remedio puede invocarse solamente para hacer valer un derecho del soberano o del estado; no procederá para determinar derechos o quejas privadas. Se considera .el remedio como uno de naturaleza pública aun cuando la acusa-ción sobre la cual actúa el procurador general haya sido redac-tada o suministrada por otros.”

En Puerto Pico el procedimiento de quo warranto quedó establecido por ley de marzo 1, 1902, Leyes de 1902, pág. 305, Comp. 1911, 1319 a 1327, pág. 288, disponiendo su sección 2 que “. . . cuando alguna corporación haga u omita algo que equivalga a la renuncia o a la pérdida de los derechos y pri-vilegios que como tal corporación le correspondan; o cuando ejercitare derechos no conferidos por la ley, el Fiscal General o cualquier fiscal de la respectiva corte de distrito, ya obrando por su propia iniciativa, ya a instancia de otra persona, podrá presentar a la corte de distrito que tenga juris-dicción en el asunto, una petición de que se le admita una solicitud de que se abra una información de la naturaleza de un 'quo -warranto’, a nombre de El Pueblo de Puerto Eico ...”

Luego, en 1935, por la Ley núm. 33 de julio 22, 1933 ((2) pág. 419) se confirió jurisdicción exclusiva a esta Corte Suprema para conocer de los procedimientos de quo warranto que inicie el Gobierno de Puerto Eico por violación de las disposiciones de la sección '752 del Título 48 del Código de los Estados Unidos, ley de los quinientos acres, y en el propio año, por la Ley núm. 47, aprobada en agosto 7, 1935 ((2) pág. 531), al enmendarse la sección 2 de la ley de 1902 quedó ratificado que la radicación de la querella correspon-día al Fiscal General o a cualquier fiscal de distrito, obrando por propia iniciativa o a instancia de otra persona.

No bay pues la duda más leve de que es al Pueblo de Puerto Eico . por sus fiscales al que coíresponde la radicación y dirección, el control, de esta clase de procedimientos, pero tampoco la bay de que pueden intervenir en ellos los que tengan el interés que así lo justifique.

“Las reglas usuales sobre intervención”, se dice en Fletcher Cyclopedia Corporations, vol. 5, sección 2347, “son observadas en el procedimiento de quo warranto. Si el liti-gio ha sido debidamente instruido y se halla pendiente, la intervención, de acuerdo con las regias que rigen la materia es permitida, y aun una persona particular puede, bajo deter-minadas circunstancias, ser autorizada para intervenir.”

De suerte que la norma que debemos seguir es la que marca el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, a saber:

‘ ‘ Cualquiera persona antes ele la celebración del juicio podrá in-tervenir en una acción o procedimiento, si tuviere interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes, o algún derecho en contra de ambas. Esta intervención tiene lugar cuando a un tercero se ]e permita ser parte en la acción o procedimiento seguido entre otras personas, ya asociándose al demandante para reclamar lo que se pretenda en la demanda, o ya uniéndose al demandado para oponerse a las pretensiones del demandante, o pidiendo algo en sentido adverso a las reclamaciones de demandante y demandado, cuya intervención se efectúa por medio de demanda, exponiendo en ella los motivos en que se funde, presentada con permiso de la corte, y notificada a las partes que no hubieren comparecido y a los aboga-dos de las comparecidas, quienes podrán contestar o alegar una excepción a ella, como si fuese una demanda ordinaria.”

El juicio no se lia celebrado aim, y partiendo de la base do lo dicho en la solicitud y lo alegado en la demanda que la acompaña, precisa resolver que el interés del interventor es manifiesto. Su actitud en pro de la acción ejercitada por el Pueblo ante la corte, arranca de la que adoptó en la junta general de accionistas de la corporación y su creencia de que el mejor camino a seguir para su beneficio y el de iodos los accionistas es ajustarse a la ley, está justificada. No es ya el mejor, si que el único que debe seguirse si se está convencido de la violación

En cuanto a que la minoría de los accionistas de la cor-poración no puede allanarse a la demanda ni obligar a la mayoría a allanarse o a nó defenderse en el pleito, tiene toda la razón la querellada, pero ello no implica que conocedora la minoría de lo resuelto por la mayoría no tenga facultad para ir en contra de la resolución cuando se trata de un caso como éste en que la disolución de la corporación se pide a base de la violación de una ley.

Por lo que respecta a que los intereses de interventor están bien defendidos en el pleito en un sentido o en otro, quizá sea así, pero ello no es suficiente por sí solo para negar la intervención cuando el querellante la reclama para defender mejor su propiedad. Más fuerza tiene la impugnación a la intervención- fundada en que el ejercicio de la acción corres-ponde exclusivamente al Pueblo (Sucn. Orcasitas et al. v. A. M. Somoza & Co., 27 D.P.R. 501, 507) porque en verdad el interventor no hubiera podido iniciar personalmente el quo warranto, pero como la jurisprudencia ha resuelto que una vez iniciados estos procedimientos les son aplicables las reglas generales sobre la materia y como el Pueblo no se ha opuesto, la duda que pudiéramos tener debe resolverse en favor de la intervención, sujeta desde luego y en un todo en cuanto al control del procedimiento a la voluntad del soberano que lo ha iniciado no sólo por considerarse autorizado para ello por la ley si que en el ejercicio de la política pública decla-rada por la misma.

Bebe, en su- consecuencia, permitirse la intervención soli-citada, radicándose en los autos la demanda y dándose a la misma el curso que determina la ley.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


text:
    En Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Figueroa, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo y El Mismo v. El Mismo.
    Núms. 8583, 8584 y 8585.

    Sometidos: Mayo 21, 1941.

      Resueltos: Mayo 23, 1941.

      A. Lastra Chárriez y A. D. Marchand Paz, abogados del apelante; • Ilon. Procurador General George A. Malcolm y B. A. - Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 8 de julio de 1938 se presentaron en la Corte Municipal de Caguas tres denuncias contra Antonio Figueroa por infrac-ciones a la ley sobre bebidas alcohólicas de 1936 cometidas una el diez de junio anterior y las otras dos el trece.

Condenado el acusado, apeló para ante la corte del dis-trito, Humacao, y en ella, el 6 de septiembre de 1939, se celebraron conjuntamente los nuevos juicios. Renunció el acusado el término para pronunciar sentencia a los fines de presentar cierto memorándum, y resuelta en su- contra la cuestión en el mismo discutida, la corte el 14 de septiembre de 1939 dictó sus sentencias declarando al acusado culpable en los tres casos e imponiéndole en cada uno un mes de cárcel y las costas.

Apeló el acusado sometiendo sus recursos por un solo alegato. Señala tres errores cometidos a su juicio por la 'Corte al no archivar a petición del fiscal una de las denun-cias referentes a los delitos imputados como cometidos el trece de junio de 1938, al resolver que el fiscal no venía obli-gado a probar que el acusado no tenía inscritos los alambi-ques de que se trata, y al dictar sus sentencias en contra de la ley y de las pruebas.

Argumentando su primer señalamiento se expresa el apelante como sigue:

“Una simple lectura de las denuncias correspondientes a los casos 8584 y 8585 (véase págs. 1 y 2 de legajos dichos casos) bastará para concluir que en el mismo lugar y tiempo, al practicarse el alla-namiento de morada a que ambas denuncias se refieren, fueron ocu-pados los dos alambiques (se menciona uno distinto en cada de-nuncia) objeto de las mismas, razón por la cual la no inscripción de ambos artefactos en la Tesorería de Puerto Rico debió perseguirse en una sola denuncia, o, ya que la transacción en cuanto a dicha no inscripción de ambos artefactos apunta un solo delito compren-dido en dos denuncias, una de ellas debió archivarse por la corte inferior. El fiscal que entendió en las mismas se dió cuenta de tal situación y por eso expresó en el -inicio de la vista:
“ ‘Fiscal: Del día 13 de junio hay dos casos que son por el alambique. Yo creo que es lo mismo tener cien alambiques que uno solo; por cada alambique que se tenga no es un delito distinto. (Pág. 2 Transe. Ev.) ’
“Y el mismo fiscal insistió, luego de oírse la declaración de uno de los principales testigos:
“ ‘Fiscal: Después de oída la declaración del Jefe Ceballos, el día 13 ha sido un solo elemento, a la misma hora y en el mismo sitio y yo entiendo que, aunque hubiera habido cien alambiques, el delito es uno. A los fines de las dos denuncias, yo entiendo que yo debo desistir de una. Y voy a solicitar el archivo de uno de los dos casos. (Pág. 47 Transe. Ev.)’ ”

No estamos conformes. La ley infringida o sea el artículo 81 de la Ley núm. 6 de junio 30, 1936 ((2) pág'. 45), que es igual al artículo 72 de la núm. 115 de 1936 ((1) pág. 611) que citan los apelantes, prescribe:

“Toda persona que tenga en su poder o custodia o a su disposi-ción en alguna forma, bien sea como dueño, arrendatario, deposita-rio, o como guardián o en cualquier forma, un alambique montado o desmontado, que no esté inscrito en la oficina del Tesorero; o que dejare de inscribir un alambique que tenga en su poder, en calidad de depósito, bajo su custodia, o a su disposición en alguna forma; o que impida o estorbe la libre inspección del mismo a.un agente de rentas internas, será culpable de un delito menos grave (misdemeanor). El Tesorero o sus agentes de rentas internas embargarán-todo alambique que no esté inscrito, y lo confiscarán y venderán a beneficio de El Pueblo de Puerto Rico, o si lo estimaren conveniente, lo destruirán.”

Como puede verse, lo que esa ley castiga es la falta de inscripción del alambique. Cada alambique requiere una ins-cripción separada y en su consecuencia cada falta de inscrip-ción constituye una infracción distinta. No bubo error.

Levanta el segundo señalamiento una cuestión de evidencia que ha sido resuelta en sentido contrario a la contención del apelante por esta misma corte desde hace años.

Se formula textualmente así:

"La corte inferior cometió error al resolver que en casos por de-nuncias por infracción del artículo 72 de la ‘Ley de bebidas alcohó-licas de Puerto Pico' con relación a la no inscripción de alambiques en Tesorería Insular, el fiscal no viene obligado a probar en forma alguna que el acusado no tiene el alambique o alambiques inscritos en Tesorería Insular.”

Y esta corte en el caso de El Pueblo v. Millán, 33 D.P.R. 921, resolvió que:

"Una vez demostrado que el alambique se ocupó en poder del acusado, es a éste a quien corresponde probar que lo tenía inscrito en la Tesorería de Puerto Rico. El Pueblo no está obligado a pro-bar que el acusado no lo tenía inscrito.”

Para llegar a esa conclusión la corte se basó en el caso de El Pueblo v. Hernández, 30 D.P.R. 368, en el que se dijo:

"Generalmente la prueba presentada consiste en la ocupación, en poder del acusado, del aparato destilatorio, y en una certificación del Tesorero creditiva de que en los archivos de su departamento no aparece que el acusado haya inscrito en la Tesorería alambique al-guno o aparato de destilar de acuerdo con lo dispuesto en la sección 61 de la ley núm. 55 de junio 15, 1919. Y ésa fué en efecto la evidencia aportada por El Pueblo en esta causa.
". . . . el acusado se opuso por el fundamento de que el Teso-rero no estaba autorizado para expedir certificaciones negativas. Cita el apelante en su alegato la Ley de Evidencia y el tratadista Jones, The Blue Booh on Evidence, vol. 3, páginas 536, 537, 555, y 556.
"La cuestión es interesante, pero es innecesario resolverla. El Pueblo pudo prescindir de la certificación. Una vez demostrado que el alambique se ocupó en poder del acusado, era a éste al que corres-pondía probar, como cuestión de defensa, que lo tenía inscrito en la Tesorería de Puerto Rico.
"En la biografía del Juez Presidente Ruffin, aquel notable abo-gado que tanto influyó en la formación de la jurisprudencia de la Carolina del Norte, aparece el siguiente párrafo:
“ ‘En Shaw v. Morrison, estableció la doctrina, seguida desde entonces por todos los Estados de la Unión con excepción de uno, de que en una acusación por vender licores sin licencia, el peso de la prueba estaba sobre el acusado para demostrar la existencia de la licencia. 14 N.C.R. 299. Black on Intoxicating Liquors, pág. 507.’ 4 Lewis, Great American Lawyers, 292.
“Cyc., basándose en decisiones de muchos Estados, establece la regla así:
“ ‘En casos en que se descansa en una licencia para vender como defensa de la persecución, el gobierno no está obligado a producir nin-guna evidencia para sostener la alegación negativa de que la venta t'ué hecha sin licencia, sino que al contrario es el acusado quien debe asumir el peso de probar que estaba debidamente autorizado.’ 23 Cyc. 247.
“Aunque aquí no se trata de la venta de licores sin licencia, la semejanza del caso es completa y la jurisprudencia aplicable.”

Por el tercero y 'último de los errores señalados se sostiene que la prueba es insuficiente.

La del Pueblo consistió en las declaraciones de los poli-cías insulares Prank Navas y Domingo E. Llamas y en la del Jefe Alfonso Ceballos.

Refiriéndose Navas al diez de junio, 1938, y contestando a preguntas del fiscal, dijo:

“P. — ¿En ese día 10 de junio de 1938, Ud. tuvo alguna inter-vención con élf (con el acusado) — R.—Sí, señor, la tuve. Le allané una <‘asa donde se me había informado que . . . — P.—No diga lo que se le informó.— . . . —R.—Nosotros llegamos al sitio. Ese si-tio tenía una verja de zinc, ... y la puerta tenía una cadena que la cerraba ... y cuando logramos abrir la cadena, que entramos al patio . . . encontramos que las puertas de la casa estaban cerra-das . . .; como la orden de allanamiento que yo saqué primeramente era para la casa, los altos de la casa y un ranchón perteneciente a la misma casa que está en el patio, me dirigí hacia el ranchón para no perder tiempo .... empezamos a buscar rendijas . . . para ob-servar para adentro hasta que pudimos observar por una de ellas que había licor o había baticiones y nos dió un olor a ron o a bati-eión y había un candado pequeño en la puerta y rompimos el can-dado y al abrir la puerta encontramos que había cierto mímero de baticiones y había unos cuantos galones de ron . . . — . . . También ■había un gran número de talegas de carbón. Cuando empezamos a destruir las baticiones, salió una señora . . . nos dijo: ‘¿Uds. esta-ban tocando la puerta?’ Y le dijimos: ‘Sí, señora.’ ‘¿Qué quie-ren?’ ‘Pues queremos subir arriba porque tenemos una orden de allanamiento,’ y nos dijo: ‘Pasen’ y nos abrió la puerta que con-, ducía a la parte de arriba y. entonces subimos y encontramos un número de frascos vacíos y también encontramos piezas que juntas formaban dos alambiques, o sea, dos droñes de éstos, las serpentinas, cierto número de gomas, creo que uñas tres gomas, cuatro pipotes refrigeradores de agua, un embudo. ...”

Dijo además que el acusado estaba allí y “le pregunté si él era el dueño de la casa y me dijo que no; le pregunté qué bacía allí y me dijo que estaba de visita y entonces lo dije que yo tenía la seguridad de que él era el dueño de los aparatos y me dijo que no, que qué prueba tenía yo; entonces yo le tomé el nombre y las generales en compañía del Lance Corporal Llamas y tomamos los datos de todo lo que habíamos ocupado y procedimos a llevarlo al cuar-tel. . . . En esa casa no había nada de autorización de ninguna clase; todo lo que se ocupó allí era clandestino.”

Y refiriéndose al día trece, declaró:

“Para concluir: entramos y entonces había un alambique tra-bajando y había un embudo puesto en la pipita que la estaban lle-nando. ... Yo vi dos drones montados sobre un anafre que es-taban con candela, con carbón.Dos drones montados con un aparato de esos que forman un triángulo así y después tiene una serpentina y una goma y después viene un galón y el chorro que iba saliendo .... De ron caña.”

El otro policía dijo que conocía al acusado desde hacía tres años y estuvo en su casa el día diez y el trece de junio, que allanaron la casa y lo encontraron allí. El diez ocuparon en la casa, arriba, todos los utensilios de un alambique y en una casilla en el patio una pipa de ron. El acusado dijo que no eran de él los efectos ocupados. No sabe de quién es la casa, ni quién paga los alquileres, pero sabe que la vive el acusado.

El Jefe Ceballos manifestó refiriéndose al trece de jumo:

“Ese día, como a las diez de la mañana, la policía de Caguas tuvimos necesidad de ejecutar una orden de allanamiento en la re-sidencia del Sr. Antonio Figueroa ... al tratar de entrar a la casa para practicar la orden de allanamiento, nos cerraron las puertas de la escalera y tuvimos necesidad de forzar la puerta. . . . Cuando subimos arriba, bajaba un hombre que se llama Isabel Díaz, con un fraseo de ron de un galón. ... y cuando subimos a la cocina había dos alambiques funcionando y destilando ron y al lado de los alam-biques había una pipita con diez galones de ron. . . . pasamos a una habitación de la casa y encontramos al acusado sentado en una cama y al lado de la cama había una pipa con ron y entonces destruimos las dos pipas, varios embudos y unas cuantas cosas más.”

No vió en la casa a Santos Osorio ni a M.anuel Negrón.

La prueba de la defensa consistió en las declaraciones de Santos Osorio, Isabel Díaz y Manuel Negrón y en varios recibos firmados en Caguas en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 1938 por Cándido Martínez consignando en cada uno baber recibido de Santos Osorio “la cantidad de veinte pesos por concepto de la renta mensual de la habi-ta don que ocupa.”

Osorio dijo que se dedicaba a un “negócito” de alambi-que que tenía establecido en la calle Celis Aguilera núm. 3, én los altos de la casa propiedad de Cándido Martínez; que la policía entró a la casa y encontró unos aparatos, que cuando eso ocurrió subió el acusado que tiene un negocio de carnicería en los bajos a cobrarle una carne y la policía lo encontró allí.

Isabel Díaz recuerda que el diez de junio de 1938 estaba arriba del puesto de carne del acusado, en los altos, com-prando un galón de ron a Osorio y lo cogió la policía. Que no le compró ron al acusado entonces ni en ninguna otra ocasión. Que Osorio no era empleado de Figueroa; que éste lo que tiene allí es un puesto de carne desde hace diez años.

Y Manuel Negrón manifestó que el diez de junio Osorio lo invitó a trabajar con él en su fábrica de ron en Oelis Agui-lera núm. 3, altos, y que la fábrica es de Osorio, no del acusado.

¿Es suficiente esa prueba?. Incompleta y poco convin-cente es la de descargo. El primer testigo no fija fechas y los últimos sólo se refieren a la del diez de junio. Los reci-bos no identifican la “habitación” alquilada. Además no fué creída por la corte.

Analizada la de cargo demuestra a nuestro juicio la ocu-pación de piezas de uno o dos alambiques el diez de junio de 1938 y de dos alambiques funcionando el trece en la casa en que vivía el acusado encontrando en ella a éste en ambas ocasiones, en la segunda sentado en una cama al lado de la cual había una pipa con ron.

Floja es en verdad, pero suficiente a nuestro juicio para sostener que no obstante su negativa del diez de junio a la policía, era el acusado el que tenía en su poder los alambiques no inscritos y por tanto que no erró la corte al declararlo culpable y condenarlo por las infracciones que se le impu-taron.

Deben en tal virtud declararse sin lugar los recursos y confirmarse las sentencias apeladas.