author: El Juez Asociado Seño» Aldrey, DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR CORDOVA DÁVILA

text:
    José Martínez Rodríguez, demandante y apelante, v. Central Cambalache, Inc., demandada y apelada.
    No. 5987.

    Sometido: Noviembre 14, 1933.
    Resuelto: Marzo 8, 1935.

      Leopoldo Mercader, abogado del apelante; Félix Sanioni, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Seño» Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso de apelación lo interpuso el demandante contra la sentencia que declaró sin lugar su demanda, en la que alega ser dueño de ciertas fincas rústicas y que no tienen servidumbre de paso a favor de la demandada, por lo que solicitó del tribunal ordenase a la Central Cambalache que levante la vía férrea que tiene en esos terrenos.

La demanda se refirió a tres fincas, una de 7 cuerdas de terreno, otra de 1.56 y la tercera de 4 cuerdas pero después de contestada la demanda solicitó el demandante que la corte lo tuviese por desistido de su reclamación en cuanto a la finca de 7 cuerdas y, después de empezado el juicio en este caso, la •corte de distrito con la conformidad de la demandada accedió .al desistimiento interesado. Por esto la demanda quedó li-mitada a dos fincas rústicas, una de 1.56 y otra de 4 cuerdas, xadicadas ambas en el barrio de Sabana Hoyos del término municipal de Arecibo.

La demandada es la corporación privada Central Camba-lache, la que en su contestación a la demanda hizo una nega-ción general de los hechos de la misma y adujo varias de-fensas.

La demanda fue presentada en mayo de 1930 y el juicio fue celebrado en marzo de 1931. Para probar el demandante :su título a las dos fincas presentó en el juicio dos resolucio-nes judiciales dictadas el 15 de abril de 1930 en las cuales se declara justificada por el demandante su posesión en las fin-cas ele 1.56 y de 4 cuerdas por haber comprado la primera el 1929 a Remigio Martínez Badía, quien la había comprado hacía más de veinte años a Plácido Sanz y José Dolores Va-rela, y las 4 cuerdas por haberlas comprado al mismo Remi-gio Martínez Badía y éste -a Epifanía Rodríguez en 1920. Esos títulos están inscritos en el registro de la propiedad y fueron admitidos en el juicio sin oposición de la parte de-mandada y sin que ésta presentara evidencia para contra-decirlos. A pesar de esa prueba la corte inferior estimó que Remigio Martínez Badía era el verdadero dueño de las dos fincas porque habiendo sido él empleado de la demandada cuando en 1910 fué construida la vía férrea y habiendo con-sentido en que pasara por esas dos fincas, hubiera estado im-pedido de hacer reclamación alguna. Creemos que esa supo-sición no tiene base en prueba alguna y que no tiene razón de ser si esas fincas no están sujetas a servidumbre de paso de la vía férrea.

E1 hecho de que la vía férrea pasa por esas dos fincas está reconocido por la demandada cuando refiriéndose a ellas en-su contestación a la demanda dice “La vía férrea existenteen las tierras a que se refiere la demanda,” y está declarado por la corte sentenciadora al consignar en la opinión que es-cribió para fundar su sentencia que “el juzgador tiene que-concluir que efectivamente los rieles del ferrocarril de la de-mandada atraviesan esos terrenos.” Sentado lo que precede-veamos si la demandada tiene algún título o derecho para pasar su ferrocarril por esas dos fincas del demandante.

En su contestación a la demanda alegó la Central Cam-balache que su ferrocarril pasa por las dos fincas del deman-dante parte por derecho de servidumbre y otra parte por haber comprado una faja de terreno de 434 metros 10 centí-metros cuadrados a Plácido Sanz quien la segregó de una finca mayor. Para justificar el último particular presentó en el juicio la demandada una escritura pública de 1912 por la cual Patricio Sanz Cintrón y su esposa, como dueños de-una finca de 33 centésimas 70 milésimas de cuerda vendieron a la Central Cambalache una faja de terreno de 72 metros 35 centímetros de largo por 6 metros de ancho, o sea un total de 434 metros 10 centímetros cuadrados, que atraviesa la. finca de donde se segrega de norte a sur, por el interior de-ella puesto que la finca principal es colindante con esa faja al este y al oeste.

Cuando ese documento fué presentado en el juicio se opuso-el demandante a su admisión porque no se relaciona en nin-guna forma con las fincas descritas en la demanda pero la corte admitió tal documento y como fundamento en su senten-cia dice que la. finca de 1.56 cuerda formaba antiguamente parte de otra de 20 cuerdas de Gregoria Serrano y que si esto no es así hay que convenir en que de ella fué que la deman-dada compró la faja de 434 metros 10 centímetros cuadrados, a Plácido Sanz cuando éste adquirió de Higinio Bonet que es-uno de-los que transfirieron a Martínez Badía.

Las colindancias de la finca de donde se segregó esa faja de terreno son distintas de las qne tienen las dos fincas del demandante, excepto por el oeste donde ambas tienen como colindante a Agustín Serrano pero no a Josefa Candelario que también es colindante por el oeste de la finca de 1.56; sin que el hecho de que esa finca de 1.56 y la de Plácido Sanz de donde se segregó la faja comprada por la Central perte-necieran antes a Higinio Bonet sea suficiente para concluir que la faja comprada esta en la finca de 1.56.

En cuanto a la finca de 4 cuerdas declaró la corte inferior que procede de otra finca de 20 cuerdas de Gregoria Serrano porque Remigio Martínez Badía la compró a Epifanía Ro-dríguez quien la adquirió de Gregoria Serrano en 1919. Aun-que la finca de 4 cuerdas y la de Gregoria Serrano de 20 cuerdas sólo tienen los nombres de dos personas como colin-dantes comunes, aunque por distintos rumbos, pues Inocen-cia Picón que es una de las colindantes por el norte de la finca de 4 cuerdas aparece al sur de la de 20 cuerdas, y Juan Serrano Molleno que está al este de la finca pequeña se halla al este en la mayor, por lo que no puede colocarse la del de-mandante dentro de la de Gregoria Serrano, podemos admi-tir que aquélla procede de la otra porque eso no tiene impor-tancia para la cuestión de derecho que surge en este caso según veremos más adelante.

Gregoria Serrano como dueña de una finca de 20 cuerdas suscribió y juró ante un notario en 1910 un documento en el cual dice que constituye servidumbre de paso a perpetuidad y gratuitamente sobre esa finca de Sabana Hoyos a favor de la Central Cambalache para atravesarla con un ferrocarril. Ese documento está escrito en maquinilla con espacios en blanco que han sido manuscritos con letra distinta de la de Gregoria Serrano; y aquella parte en que dice en maquinilla que ha sido pagado precio por la servidumbre ha sido ta-chada y se ha escrito “gratuitamente”.

La corte inferior dice en su opinión que si bien en ese do-cumento aparece que la concesión fué gratuita sin embargo se demostró que. la demandada le pagó a Gregoria Serrano $130 como indemnización. Esta afirmación de la corte se funda en que algunos testigos de la demandada declararon y de sus libros aparece que la Central pagó a Gregoria Serrano $130 como indemnización por los frutos que había que destruirle para colocar la vía en sus terrenos y por el gasto de trasladar su casa a otro sitio por estar enclavada en el lugar que,había de ocupar la vía férrea, pero esa prueba no justifica la conclusión de que tal cantidad se le dió por el de-recho de servidumbre que había concedido gratuitamente. Ni podía la demandada variar los términos del documento fir-mado por Gregoria Serrano. Sarria v. Alvarez, 38 D.P.R. 906: Villanueva v. Suárez, 41 D.P.R. 47. Esa evidencia no prueba la conclusión de la corte, por lo que hay que seguir considerando dicho documento como una concesión gratuita de servidumbre, o sea sin compensación. Tal clase de con-cesión no está inscrita en el registro de la propiedad ni podía ser inscrita por no contener los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria, por lo que no perjudica a tercera persona.

La llamada servidumbre gratuita de paso que Gregoria Serrano concedió a la demandada no creó derecho de servidumbre a favor de la Central Cambalache por carecer de compensación, por lo que resulta un mero permiso o tolerancia que no afecta a la posesión según el artículo 446 del Código Civil, y que es revocable porque tal consentimiento no significa que el dueño de la finca haya renunciado para siempre su completo dominio. Torres v. Plazuela Sugar Co., 24 D.P.R. 479: Colón v. Plazuela Sugar Co., 31 D.P.R. 314, La doctrina del caso de Gaztambide v. Guánica Centrale, 26 D.P.R. 795, que la corte inferior cita en su opinión referente a impedimento en equidad para negar la servidumbre, no es de aplicación al caso presente porque en éste se trata de un ferrocarril de una corporación privada para uso exclusivo suyo, mientras que en aquel caso el ferrocarril era de servicio público. Torres v. Plazuela, supra.

Como la demandada no lia presentado otra prueba de servidumbre que la consignada en el documento privado unilateral que firmó Gregoria Serrano, que no es constitutivo de servidumbre, veamos si lia adquirido tal derecho por prescripción por tener puesta su vía en los terrenos del demandante por más de veinte años.

Aunque la existencia de la vía férrea de la demandada en los terrenos del demandante demuestre la existencia de una servidumbre aparente de paso no por esto puede adquirirse esa servidumbre por prescripción, ya que siendo discontinua por usarse a intervalos más o menos largos y depender de actos del hombre, tiene que ser constituida necesariamente por título según precepto terminante del artículo 475 del Có-digo Civil (Edición de 1930), según el cual las servidumbres discontinuas, sean o no aparentes, sólo podrán adquirirse por título. Esta cuestión fue resuelta en el caso de González v. Plazuela Sugar Co., 42 D.P.R. 701, en el que declaramos en la opinión escrita por el Juez Sr. Texidor, que ha fallecido, que como la servidumbre de paso de vía tiene, por su uso, el carácter de discontinua siempre, no puede haber duda de que para su adquisición se requiere título escrito, ya que al definir el artículo 539 de nuestro Código Civil (468 de la Edición de 1930) las clases de servidumbres, dice que son continuas aqué-llas cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención de ningún hecho del hombre; y que son discontinuas las que se usan a intervalos más o menos largos y dependen de actos del hombre. Y también se dijo: “En cuanto una servidum-bre se usa a intervalos más o menos largos y dependa de actos del hombre, ya no cabe clasificarla más que como discon-tinua y así con la de vía para paso de un tren que sirve las cosechas de determinado fundo.” Y se dijo asimismo: ‘ ‘ La servidumbre discontinua, sea o no aparente, no puede adquirirse más que en virtud de título (artículo 546 Código Civil) y de que el título ha de ser constitutivo de la servi-dumbre, no deja duda alguna la lectura del artículo 547 del Código Civil, así como de que no puede una servidumbre de esa clase adquirirse por prescripción; algo perfectamente ló-gico, ya que los actos de uso, por no ser constantes, y tener un principio y un fin que se reproducen sin perfecta continuidad, no pueden crear prescripción.” El Sr. Manresa en sus Comentarios al Código Civil, tomo 4, página 577; Scaevola en el tomo 10, página 157 y Morell sobre Legislación Hipotecaria, tomo 1, página 341, reconocen que la servidumbre de paso es discontinua. En cuanto a que no puede adquirirse por prescripción sino por título lo ba resuelto también este tribunal en el caso de Nadal v. Muratti, 34 D.P.R. 251, en el que tratándose de liaber sido adquirida una servidumbre por prescripción, dijimos lo siguiente: “El año de 1890 es de importancia decisiva porque con él comenzó a regir el Código Civil y desde su vigencia la servidumbre de que se trata sólo pudo adquirirse a virtud de título y aquí ni siquiera se ha invocado ese medio de adquisición.”

Por lo expuesto y no habiendo probado la demandada que la faja de terreno que compró y por la que pasa la vía férrea está comprendida dentro de la finca de 1 cuerda 56 céntimos y no habiéndose probado título alguno válido de servidumbre en la finca de G-regoria Serrano de la cual se dice es segre-gación la de 4 cuerdas del demandante, la sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando con lugar la de-manda y condenando a la demandada a que dentro del tér-mino de seis meses contados desde la fecha de esta sentencia levante la vía férrea que tiene en las dos fincas del demandante, sin especial condena de costas.

opinión DISIDEnTE

DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR CORDOVA DÁVILA

Partiendo de la base de los hechos expuestos en la opinión de la mayoría, manifestamos nuestra inconformidad con las conclusiones que en dicha opinión se establecen con respecto al carácter de la servidumbre. Ordinariamente la servidum-bre de paso es discontinua y debe ser adquirida en virtud de título. Sobre este punto no hay discrepancia en la jurispru-dencia. Sin embargo, la servidumbre corriente de paso qne los tribunales y comentaristas califican de discontinua no puede confundirse con esta servidumbre de vía férrea que es estable, permanente, exclusiva y ostensible, y reúne todas las características de una servidumbre continua y aparente. La vía trazada y preparada para el paso de los trenes, con sus rieles tendidos en líneas paralelas, ocupa continuamente un espacio de terreno que no puede utilizarse para otra cosa que no sea el funcionamiento del ferrocarril. El uso de ese terreno tiene, por lo tanto, carácter de continuidad. Esta corte, en Torres v. Plazuela, 24 D.P.R. 479, expresó sus dudas en cuanto a la naturaleza de una servidumbre exactamente igual a la que en este pleito se discute. Hablando por labios de su Juez Asociado Sr. Wolf, dijo entonces este tribunal en el referido caso:

“Hay alguna duda respecto a la naturaleza de la servidumbre en -este caso. Generalmente una servidumbre de paso es una servidum-bre no aparente y discontinua. Si esto es así los apelantes están en lo correcto en alegar que de acuerdo con los artículos 546 y 547 del 'Código Civil tal derecho sólo puede ser adquirido mediante título es-crito. Por el contrario si debido a la colocación de la vía sobre el terreno la servidumbre se convierte en aparente, entonces puede ha-ber gran duda de si es necesario el documento escrito. Scaevola, Tomo X, página 238. De todos modos era necesario para la apelada probar un título de alguna clase. Discutiremos brevemente si el .apelado, dejando a un lado todo principio de estoppel, adquirió un título en este caso.”

En el caso de Gonzáles v. Plazuela Sugar Co., 42 D.P.R. 701, el Juez Texidor, hablando a nombre del tribunal, se hace eco de las dudas expresadas en la decisión anteriormente ci-tada y añade:

“Personalmente, el Juez Asociado ponente en este caso va un poco más allá, y entiende que esta servidumbre de paso de vía tiene, por su uso, el carácter de discontinua siempre. Y en este caso no .cabe duda alguna de que su adquisición requiere título escrito. El artículo 539 del Código Civil de Puerto Rico, al definir las clases de servidumbres, dice lo que son las continuas y discontinuas:
“ ‘Continuas son aquéllas cuyo uso es o puede ser incesante sin» la intervención de ningún hecho del hombre.
“ ‘Discontinuas son las que se usan a intervalos más o menos-largos y dependen de actos del hombre.’
“En cuanto una servidumbre se use a intervalos más o menos largos, y dependa de actos del hombre, ya no cabe clasificarla más qne como discontinua y así con la de vía para paso de un tren que sírve-las cosechas de determinado fundo.
“La servidumbre discontinua, sea o no aparente, no puede ad-quirirse más que en virtud de título (Art. 546 Código Civil) y deque el título ha de ser constitutivo de la servidumbre, no deja duda alguna la lectura del artículo 547 del Código Civil, así corno de que-no puede una servidumbre de esa clase adquirirse por prescripción;, algo perfectamente lógico, ya que los actos de uso, por no ser cons-tantes, y tener un principio y un fin que se reproducen sin perfecta continuidad, no pueden crear prescripción.”

Aún cuando el Juez Texidor aparece emitiendo una opinión personal, puede decirse que esta corte aceptó su criterio, ya que el fallo dictado demuestra que mereció la aprobación unánime del tribunal. Sin embargo, en el caso de Román v. Plazuela Sugar Co., 44 D.P.R. 52, esta Corte, refiriéndose a. una vía férrea que a juicio de la demandada constituía una servidumbre adquirida por prescripción, se expresó en los siguientes términos:

“La Corte de Distrito sostuvo que la demandada había adquirido una servidumbre por prescripción. La de si una servidumbre como la alegada por la demandada puede o no adquirirse por pres-cripción, es una cuestión interesante. No es necesario que la resol-vamos ahora. Véanse, sin embargo, los casos de Torres v. Falgorust, 37 La. Ann. 497; Torres v. Plazuela Sugar Co., 24 D.P.R. 479; 2 Morell, Legislación Hipotecaria, 666; 10 Scaevola, Comentarios al Código Civil, 260; y 4 Manresa, Comentarios al Código Civil, 599.”

Se ve realmente que esta corte ha tenido serias dudas y que aún se mantiene indecisa y vacilante sobre esta importantísima cuestión, a pesar de haber aceptado el criterio personal del Juez Texidor. Y no nos extrañan estas dudas y va-cilaciones, porque en realidad la naturaleza de esta servidum-bre no ha sido aún discutida con todo el detenimiento y la amplitud necesarios para poder establecer una conclusión qne sirva de precedente y qne establezca de nna manera definitiva el criterio de este tribunal.

Los comentaristas españoles nada dicen sobre esta servi-dumbre de vía férrea, que tampoco aparece considerada y dis-cutida por el Tribunal Supremo de España. En el estado de Louisiana, donde como en Puerto Pico se cultiva la caña de azúcar y se transporta a la factoría, se fia resuelto un caso que trata directamente esta servidumbre de vía férrea sobre un terreno privado y en beneficio de una empresa privada. No es posible negar, sin embargo, la continuidad del servicio que presta el terreno ocupado por la vía y utilizado exclusi-vamente para el paso de los trenes. Basta aplicar los prin-cipios generales de derecho en materias de servidumbre para llegar forzosamente a la conclusión de que este servicio es continuo y de que se presta constantemente con y sin la in-tervención del acto del hombre. En Francia se ha sostenido, interpretando el Código de Napoleón, que la servidumbre de paso por una carretera de macadám sigue siendo discontinua no obstante su aparente continuidad, porque necesita, para su ejercicio, del acto del hombre. Convenimos en que el acto material de pasar tiene que ser ejecutado por una persona; pero si el servicio prestado es continuo y como en el caso que nos ocupa hay que instalar rieles y preparar una vía para que crucen las locomotoras, la servidumbre que surja con la instalación de estos aparatos por donde pasan los trenes cons-tituye una unidad en la cual intervienen todos estos elemen-tos que se complementan y funden en una sola estructura. La opinión emitida por la Corte Suprema de Louisiana en el caso de Ogborn v. Lower Territory Refining & Mfg. Co., 129 La. 379, es interesante y no deja de ser curiosa. En dicho caso el juez ponente emite su criterio personal y aduce argu-mentos para demostrar que esta servidumbre es continua y aparente, pero agrega que la mayoría de la corte piensa de modo diferente por las razones que pasa a exponer. Al fina-lizar su opinión la corte dice qne en Francia nna servidumbre de paso no deja de ser discontinua dentro de las disposiciones del código si se ejerce por medio de una carretera de macadám y se añade que el carácter de esta carretera es tan aparente y continuo como un ferrocarril y que por lo tanto ambas ser-vidumbres no pueden ser distinguidas. Copiamos a continua-ción en toda su integridad la opinión emitida por el referido tribunal:

“El demandado está operando un tren a través de los terrenos del demandante para transportar su caña de azúcar a la factoría y la acción interpuesta trata de impedir que continúe operando su tren. El demandado alega que tiene una servidumbre de paso en los terre-nos del demandante en virtud de la prescripción de diez años. Ar-guye el demandante que esta servidumbre es discontinua y que por lo tanto no puede prescribir. La única cuestión fundamental a discutir en este caso es si esta alegación está bien fundada o no. El autor de esta opinión cree que una servidumbre, el ejercicio de la cual ne-cesita que se mantenga permanentemente una vía, consistente de fieles, traviesas, puentes, etc., de la cual el predio dominante tiene el uso exclusivo y el predio sirviente únicamente la carga, es continua y aparente. Así ha sido admitido por el derecho común y en opi-nión del juez ponente debe serlo dentro del derecho civil, porque los principios básicos de la prescripción son los mismos en los dos sis-temas de ley. La mayoría de la corte piensa de otro modo, sin embargo, por las razones que a continuación se expresan:

“Art. 727, C.C.:

“ ‘Las servidumbres son continuas o discontinuas. Las servi-dumbres continuas son aquéllas cuyo uso es o puede ser continuado sin el acto del hombre. Tales son las de acueducto, desagüe, vista y otras semejantes. Las discontinuas son aquéllas que necesitan del acto del hombre para su ejercicio. Tales son las de paso, de saca de agua, de pasto, y otras semejantes.’

“Art. 766:

“ ‘Las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, únicamente pueden adquirirse en virtud de tí-tulo. La posesión inmemorial no basta para adquirirla. Posesión inmemorial es aquélla sobre la cual ninguna persona viviente ha visto el principio y cuya existencia ha venido a conocer por información de sus mayores.’
“En el caso de Torres v. Falgorust, 37 La. Ann. 497, en que nna vereda qne conectaba un barrio populoso de las afueras de una ciudad con las márgenes del río, había existido y estaba abierta al pú-blico por espacio de cerca de un año a través de la finca contigua al río y que constantemente había sido utilizada por el público, esta corte resolvió que la servidumbre era discontinua y que por ende no podía adquirse por prescripción.
“Aubry & Rau, comentando los artículos que del Código de Na-poleón corresponden con los citados, dicen lo siguiente:
“ ‘Servidumbres discontinuas son aquéllas que necesitan de la in-tervención del hombre para su existencia. Lo que les caracteriza es que su ejercicio no existe más allá de la actuación del hombre. Cesa inmediatamente que termina esa actuación. De esa índole es la ser-vidumbre de paso; ésta es ejercida cada vez que el dueño del predio dominante pasa sobre el predio sirviente, y solamente durante el mo-mento en que atraviesa. La ley cita como ejemplos adicionales las servidumbres de saca de agua y de pastos.
“ ‘Estas servidumbres eontinan siendo discontinuas no obstante el hecho de que para que se les ejerza se necesita que se realicen cier-tos actos aparentes. Si se leen conjuntamente los artículos 688 y 689, se verá que el Código ha empleado dos divisiones distintas, que no deben ser confundidas, “apariencia’’ y “continuidad.” Una servi-dumbre de paso que de por sí se manifiesta por un portón o postigo, o de. la cual la llave ha sido entregada al dueño del predio domi-nante, o para la cual se han realizado obras que están a la vista— por ejemplo, un camino que atraviesa la finca contigua, un puente— no deja de seguir siendo discontinua según la clasificación hecha por el Código.’ Tomo 8, pág. 118, No. 248, Servidumbres.
“De la conocida obra de Carpentier et Du Saint (tomo, Servi-dumbres de Paso, Nos. 56 y 57), tomamos lo siguiente:
“ ‘La servidumbre de paso puede ser aparente. Lo' es si se mani-fiesta a virtud de alguna obra exterior, como por ejemplo, un portón o un camino de macadám. Mas, sin embargo, sigue siendo una ser-vidumbre discontinua no obstante su aparente continuidad, y, toda vez que la intervención del hombre es necesaria para su ejercicio, no puede adquirirse por prescripción. (Citas.) ’
“Así, pues, se verá que en Francia una servidumbre de paso es no obstante discontinua dentro del significado del artículo del Código arriba citado, si la misma se ejerce por medio de un camino de ma-cadám. Un camino de esa naturaleza es tan aparente y continuo como ■un ferrocarril, y, por consiguiente, a este respecto los dos no son distinguibles. ’

El Juez Presidente Sr. Breaux disintió.

La Corte Suprema de Louisiana más bien que convencida parece sentirse obligada a seguir la interpretación que se ba dado en Francia a preceptos del Código de Napoleón, idén-ticos a los del Código Civil de Louisiana. Sus argumentos no parecen estar muy de acuerdo con el fallo pronunciado.

En Kamer v. Bryant, 46 S. W. 14, resuelto por la Corte de Apelaciones de Kentucky, se sostuvo que la servidumbre constituida por un desvío usado por el dueño del predio dominante para conducir piedra de una cantera a un ferrocarril podía adquirirse por prescripción. En este caso la corte se ex-presó así:

“También somos de opinión de que los apelados han adquirido el derecho de servidumbre por prescripción. El derecho para usar el desvío fué primeramente reclamado y así usado en diciembre de 1875 y fué negado por primera vez en 1894, hace cerca de diez y nueve años. El hecho de que la cantera no fuese usada desde 1889 no in-terrumpió la prescripción en dicho año. El derecho a usar la can-tera y su dominio estuvo en litigio entre sus dueños y ni el apelante ni sus vendedores reclamaron entonces derecho alguno. Al tiempo en que el apelante compró su predio, el desvío estaba allí, y demos-traba de una manera clara que se estaba usando y de que se usaba para el beneficio de la cantera del apelado. T el apelante, que fué dueño de su predio por tres años, no formuló objeción alguna al desvío, habiéndolo hecho por primera vez cuando fracasaron las ne-gociaciones que hizo para comprarlo. El apelante tuvo noticia de la servidumbre al tiempo de comprar la propiedad y no puede ahora dis-cutir su existencia.”

Nuestro Código dice que son discontinuas las servidum-bres que se usan a intervalos más o menos largos y dependen de actos del hombre. En nuestro sentir la servidumbre de vía no se usa a intervalos más o menos largos, sino constan-temente, y no está esperando el acto del hombre para tener efectividad, puesto que el terreno ocupado por la vía se usa continuamente, con exclusión del dueño del predio que presta el servicio, para el funcionamiento del ferrocarril. La servi-dumbre de acueducto no deja de ser continua por el becbo de que se cierren las llaves o se interrumpa el cnrso de las agnas por nn acto del hombre. Esta servidumbre está considerada por nuestra jurisprudencia como continua y aparente. Refiriéndose a esta relación de continuidad dice la Corte de Cancillería de New Jersey en el caso de Larsen v. Peterson, 30 Atl. 1094:

“Mr. Gale, en la última edición de su libro (Gale, Easem. (4* ed. inglesa 1868, páginas 87-89, párrafos 50, 52), establece la conclusión de que la pauta para apreciar la continuidad es que debe haber una alteración en la cualidad o disposición de la tenencia que se intenta adquirir y que es en su naturaleza permanente, e imprime a dicha tenencia cualidades peculiares y hace que una parte dependa en cierto grado de otra. No exige este medio de comprobar la ser-vidumbre, aplicado al curso del agua, que ella discurra por sí misma continuamente. Lo esencial es que el aparato artificial por el cual circula el agua sea de naturaleza permanente. Con el propósito de poner de relieve esta cualidad de permanencia es que el sabio autor contrasta esta clase de servidumbres con una de paso, cuyo goce de-pende de la intervención material del hombre a cada instante que la utiliza. Ahora bien, lo que esta oración significa es que el gravamen de la servidumbre en el caso de una servidumbre de paso no se siente por el predio sirviente sino en el momento y cada vez que se usa. Una estructura permanente, o alteración del predio sirviente, no es un elemento necesario para tal servidumbre de paso. Y por la ex-presión de intervención del hombre cada vez que se usa, no se ha querido significar otra cosa que una intervención en el predio sir-viente al penetrar en él según ha quedado demostrado no solamente por los derechos ordinarios de paso, sino también por tales derechos de paso con opción a tomar algo del predio sirviente, como ocurre en el caso de Polden v. Bastard, 4 Best & S. 258, L. R. 1 Q. B. 156.”

Tanto Mr. Gale como la Corte de New Jersey demuestran en su razonamiento que si se hubiesen hallado en presencia de una servidumbre de vía que requiere colocación de rieles y traviesas sobre el terreno y cierta alteración en la propie-dad para que puedan cruzar las locomotoras y los trenes, ha-brían resuelto que la misma es una servidumbre que tiene ca-rácter de continuidad. La servidumbre de paso discontinua a que se refiere el tribunal de New Jersey es aquélla que no requiere para su uso una estructura permanente y alteración del predio que presta el servicio. Esta servidumbre de vía se liaee sentir en el predio sirviente de una manera cons-tante por medio de la vía férrea allí construida y no pre-cisamente cada vez que se usa la servidumbre. Tampoco se interviene en el predio referido, al penetrar en él, sino que se está interviniendo continuamente, desde el instante en que se construya la vía.

Los comentaristas españoles Scaevola y Manresa convie-nen en que la servidumbre ordinaria de paso es discontinua, pero ¿qué dirían estos comentaristas si tuviesen que emitir su juicio acerca de esta nueva modalidad de la servidumbre de paso? A nuestro juicio sus argumentos demuestran cla-ramente cuál sería su criterio sobre el particular. El trata-dista Filippis opina que cuando el dueño del predio que usa la servidumbre construye un puente para ejercitar el paso, la servidumbre se convierte en continua y aparente y puede adquirirse por prescripción. Eefiriéndose a esta opinión del comentarista italiano, dice el Sr. Manresa:

‘ ‘ Comentando Filippis el Código civil italiano, cuyos artículos 629 al 631 son iguales a los 537, 538 y 539 del nuestro, cree que cuando no pueda dudarse dél asentimiento a la servidumbre por parte del dueño del predio sirviente todas las servidumbres deben estimarse susceptibles de ser adquiridas por prescripción. Cita al efecto dos ejemplos. El primero, que no vemos inconveniente en admitir, se refiere a la servidumbre de paso. El simple hecho de pasar por la ñnca de otro, aunque sea desde tiempo inmemorial, no basta a establecer la servidumbre; pero si el dueño del supuesto predio dominante cons-truye un puente para ejercitar él paso-, desde ese momento la servi-dumbre discontinua de paso se ha convertido en contimcco y aparente, y puede adquirirse por prescripción; sin que pueda objetarse que sólo se adquirirá el derecho de tener el puente y no el derecho de pasar, porque el puente es medio exclusivamente destinado para el paso, y en el tiempo necesario para prescribir, forzosamente ha de-bido observar el dueño del predio sirviente que se destinaba al paso y que se pretendía imponer una verdadera servidumbre.” 4 Man-resa, 556.

Mantesa no tiene inconveniente en admitir el criterio de Filippis sobre la servidumbre de paso, y por lo tanto está de acuerdo en que cuando se construye un puente para ejer-citar el paso, la servidumbre discontinua se convierte en continua y aparente. Y preguntamos nosotros, ¿qué diferencia existe entre una vía férrea fija y permanente por donde circu-lan trenes y locomotoras y la construcción de un puente para proporcionar el paso? Si el puente hace que la servidumbre adquiera el carácter de continua y aparente, ¿por qué no la vía férrea construida sobre el terreno?

Scaevola, en sus Comentarios al Código Civil, se expresa así:

“Las servidumbres aparentes llevan consigo todos los requisitos indispensables de la posesión. Reúnen la publicidad, porque el signo es la autorización de la servidumbre que equivale a aquella cualidad. Todo signo exterior de una servidumbre está indicando que allí existe ésta, y, por consiguiente, no puede menos de reputarse pública la posesión de una servidumbre de esta clase. Quien abre una ventana o construye un acueducto sobre el fundo ajeno, no cabe pensar que procede clandestinamente, porque ambos signos pueden ser vistos por el propietario de aquél; hay publicidad en el sentido que tiene esta palabra en materia de posesión.
“La permanencia del signo lleva aparejada la constancia, la con-tinuidad del derecho. ¿Qué más continuidad puede exigirse? ¿No revela dicho signo el ejercicio de la servidumbre y la posibilidad de practicar éste siempre que se quiera? ¿Por qué no' admitir la pres-cripción a pretexto de que por virtud de la discontinuidad se ignora si se intenta o no adquirir la posesión de la servidumbre ? Si se trata de una servidumbre discontinua, claro es que su ejercicio no ha de ser continuo; ¿por qué ha de exigirse éste? Además, el mismo Có-digo no afirma la continuidad como un principio absoluto; por el contrario, acepta la discontinuidad de hecho. Proclámalo abierta-mente el art. 1944, conforme al cual, la posesión se interrumpe na-turalmente cuando por cualquier causa se cesa en ella por más de un año. Ahora bien, si no obsta a la posesión la interrupción de un año o menos de un año, ¿ por qué se ha de exigir la continuidad abso-luta, la propiamente tal, respecto de las servidumbres?” 10 Scaevola, 260, 261.

Así se expresan los comentaristas españoles. Como ya hemos dicho, el Tribunal Supremo de España no ha tenido oportunidad de emitir su juicio acerca de esta nueva modali-dad de la servidumbre de paso, pero si se estudia esta cues-tión a la luz de sus numerosas decisiones en materia de ser-vidumbres, quizá no sería aventurado decir que su criterio no se apartaría del sostenido hasta ahora por los citados comen-taristas. Para nosotros la cuestión no ofrece grandes dificul-tades. Basta aplicar en este caso los principios generales de derecho en materia de servidumbres para que surja la inevitable conclusión de que nos hallamos en presencia de una ser-vidumbre de vía continua y aparente, adquirida por pres-cripción.

Opinamos que ha debido confirmarse la sentencia apelada. Estoy autorizado para decir que el Juez Asociado Sr. Hutchi-son está conforme con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    José María Franceschi, et als., peticionarios, Ex parte; López de Tord & Zayas Pizarro, interventores y apelantes.
    No. 6958.

    Sometido: Marzo 4, 1935.

      Resuelto: Marzo 12, 1935.

      G. López de Tord j V. Zayas Pizarro, por su propio derecho; Henry G. Molina j M. León Parra, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelados alegan que esta apelación es frívola y nos piden que la desestimemos. La firma profesional de abo-gados López de Tord & Zayas Pizarro, por su propio dere-cho, interpusieron esta apelación contra una-resolución de la Corte de Distrito de Ponce que ordena al Registrador de la Propiedad de Ponce que cancele en su registro de sentencia la inscripción que hizo del fallo que por $40,000 obtuvieron dichos abogados contra los apelados.

Teniendo pendiente dichos abogados una reclamación de dinero contra los herederos de don Francisco María Franceschi en el procedimiento de administración judicial de los bienes de dicho finado, la Corte de Distrito de Ponce fijó en $50,000 el montante de la garantía que debía prestar esa su-cesión para asegurar el pago de la reclamación de dichos abo-gados. Como consecuencia de una moción de los herederos proponiendo garantía para los $50,000 y en la vista de ella, las partes contendientes hicieron constar la siguiente estipu-lación: “Ledo. Zayas Pizarro. — Las partes están de acuerdo en que la administración judicial se limite a un cierto número •de bienes que vamos a convenir para responder de la recla-mación de los interventores López de Tord & Zayas Pizarro, de acuerdo con la fianza fijada por este tribunal. En cuanto a los demás bienes, les serán entregados por el administra-dor judicial a los herederos, sin ninguna clase de responsa-bilidad porque dejan de pertenecer a la administración judicial, y los herederos pueden hacer lo que quieran con esos-bienes. La administración judicial continuará solamente en cuanto a la liquidación de la reclamación de los interventores; antes nombrados; y el administrador judicial se unirá a la oferta que hace la sucesión Franceschi y seguirá defendiendo-el estate de Franceschi en relación con la reclamación de Ios-interventores López de Tord & Zayas Pizarro, como tal administrador judicial, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Puerto Rico de 7 de noviembre de 1933 en el caso-de certiorari número 898, con la anotación en el registro de-dichos bienes a que se refiere la oferta de la sucesión Frances-chi ; aclarando el Sr. Zayas Pizarro que al hacer referencia an-teriormente a la fianza señalada por la corte inferior, esto no-quiere decir que los bienes que han de dejarse tengan un valor de $50,000, sino que deben dejarse bienes en poder del administrador que garanticen dichos $50,000. . .” De-acuerdo con esa estipulación la corte decretó que la adminis-tración judicial quedase limitada únicamente a dos fincas ur-banas, cuatro créditos hipotecarios y una hipoteca, cuyas des-cripciones hizo; que todos y cada uno de esos bienes con-tinúen bajo la administración judicial para responder a los señores López de Tord & Zayas Pizarro hasta $50,000 de la reclamación que tienen hecha; que su orden se anote en el registro de la propiedad en el asiento relativo a cada uno de esos bienes y que todos los demás bienes pertenecientes a la herencia de don Francisco María Franceschi, excepto los que se dejan en garantía, sean entregados por el administrador judicial a los herederos testamentarios de dicho señor Fran-ceschi. De esa resolución se tomó anotación en los Registros-de la Propiedad de Ponce y de San Juan en los bienes que fueron descritos.

Después de ese convenio y de esa resolución .obtuviéron-los señores López de Tord & Zayas Pizarro sentencia a su favor por $40,000 y en 27 de noviembre de 1934 hicieron ins-cribir esa sentencia en el registro de sentencias del Registro de la Propiedad de Ponce, constituyendo así un gravamen por cinco años contra los bienes inmuebles presentes y futuros de los apelados, no exentos de ejecución, radicados en el distrito donde la sentencia fue inscrita y sobre todos los inmue-bles que los demandados posteriormente adquirieran en dicho distrito, según la ley de 8 de marzo de 1906 que se en-cuentra en el Código de Enjuiciamiento Civil, página 92, edición de 1933. Solicitaron entonces los herederos de Fran-ceschi que la corte ordenase al registrador de la propiedad la cancelación de la inscripción de esa sentencia por cuanto la garantía para responder de la reclamación de los señores López de Tord & Zayas Pizarro había quedado limitada por convenio a los bienes de la herencia descritos en la orden re-ferida de la corte y excluidos los demás bienes de la heren-cia. La resolución de la corte de 26 de abril de 1934 acce-diendo a esa solicitud es la que motiva la presente apelación de los señores López de Tord & Zayas Pizarro.

Aunque la ley de 1906 antes citada dispone que al presentarse al registrador de la propiedad el extracto de una sentencia conteniendo los requisitos especificados en la misma ley lo inscribirá en el registro de sentencias que le ordena tener esa ley, sin embargo, los tribunales tienen jurisdicción inherente en bien de la justicia para ordenar la cancelación de la inscripción que haya hecho si por cualquier motivo legal no es procedente tal inscripción.

De los hechos que hemos expuesto antes se desprende claramente que los señores López de Tord & Zayas Pizarro estuvieron conformes ante la corte inferior en que la reclamación de dinero que tenían pendiente contra los herederos de don Francisco María Franceschi en el procedimiento de administración judicial de los bienes del finado quedase garantizada con determinados bienes que fueron especificados y en que los demás bienes fueran entregados a los herederos para que hicieran con ellos lo que quisieran, limitando así la ga-rantía de su reclamación a esos bienes, a pesar de saber por la ley qne si se dictaba sentencia a su favor podían anotar su sentencia contra todos los bienes presentes y futuros, por cinco años, de sus demandados. Prefirieron, sin embargo, limitar su garantía a determinados bienes y por virtud del convenio que aceptaron no tienen derecho hoy a garantizar su sentencia con los demás bienes de sus deudores por lo que, por tales circunstancias, no tienen derecho a inscribir su sen-tencia contra todos los bienes de los apelados.

Por lo expuesto resulta frívola esta apelación y debe ser desestimada.


author: El Juez PResidente Señoh Del Tobo,

text:
    Rufino Rodríguez Domínguez, demandante y apelado, v. Carmen Sánchez Martínez y Rafael López Cepero, demandados y apelantes.
    No. 6709.

    Sometido: Marzo 8, 1935.

      Resuelto: Marzo 12, 1935.

      R. Rodríguez Alberty, abogado de las apelantes; Juan B. Soto y Juan F. Soto, abogados del apelado.
   El Juez PResidente Señoh Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Rufino Rodríguez Domínguez demandó en la Corte de Dis-trito de San Juan a Carmen Sánchez Martínez y a Rafael López Cepero pidiendo a la corte que les ordenara otorgar determinadas escrituras aclaratorias.

Alegó, en resumen, que el 13 de marzo de 1917, y con an-terioridad a esa fecha, los demandados eran condueños del solar con casa que se describe, y la demandada Carmen Sán-chez era dueña además de otra casa situada en el mismo solar; que en abril 13, 1917 por escritura pública los demandados vendieron a la mercantil Sucesores de Pérez Hnos. S. en C. sus condominios sobre el solar y casa y la demandada Sán-chez les vendió también la otra casa, todo por $2,300, corres-pondiendo $1,700 a la demandada Sánchez y $600 al deman-dado López Cepero; que en la escritura no se describió de-bidamente el solar y requeridos los demandados para que la aclararan, rehusaron, y que al liquidarse la sociedad compra-dora se adjudicaron a su socio gestor el demandante en pago parcial de su haber las indicadas propiedades.

Y por una segunda causa de acción' alegó que en octubre 13, 1916, la demandada Sánchez vendió al demandante por mil dólares una casa de madera y el solar en que está encla-vada situado en la calle Brumbaugh, de Río Piedras, sin que en la escritura pública otorgada al efecto se describiera de-bidamente el solar, motivo por el cual se requirió a dicha de-mandada para que otorgara la correspondiente acta aclara-toria, habiéndose negado a ello.

Los demandados comparecieron separadamente y aduje-ron las excepciones previas de defecto de partes demandadas, indebida acumulación de acciones y falta de hechos, basada esta última en.la prescripción de la acción ejercida, de acnerdo con lo dispuesto en el artículo 1865 del Código Civil, Ed. 1911.

La corte declaró sin lugar la excepción de falta de partes demandadas y con lugar las de indebida acumulación de ac-ciones y falta de becbos por estar prescrita la acción. Estimó que tratándose de una acción de naturaleza personal, debió ejercerse dentro del término de quince años, y no siendo a su juicio la demanda susceptible de enmienda, dictó sentencia declarándola sin lugar con costas.

La sentencia se registró el 6 de marzo de 1934 y el 12 del propio mes el demandante pidió a la corte que la reconside-rara en cuanto a su pronunciamiento de costas. Al día si-guiente la corte reconsideró en efecto su sentencia en los si-guientes términos:

"Vista la moción de reconsideración presentada por el deman-dante, la corte, teniendo en cuenta que no ba existido temeridad alguna por parte del demandante en la prosecución de este pleito, reconsidera la sentencia dictada en este caso, solamente en cuanto al pronunciamiento de costas, de modo que cada parte pagará sus costas.”

No conformes los demandados interpusieron el presente re-curso de apelación, señalando en su alegato tres errores co-metidos, a su juicio, por la corte al reconsiderar su senten-cia enmendándola totalmente en cuanto a su pronunciamiento de costas, al actuar así sin oír a los demandados y al resolver que no bubo temeridad por parte del demandante.

El principio de que toda corte tiene poder para inspeccionar y corregir sus providencias y órdenes con el fin de ajustarlas a la ley y a la justicia lo reconoce el propio Código de Enjuiciamiento Civil en su artículo 7, No. 8.

Aquí la modificación o corrección de la sentencia se bizo dentro del término y esta propia Corte Suprema siguiendo jurisprudencia bien establecida sobre el particular, ba re-suelto que las cortes de Puerto Rico pueden enmendar sus sentencias en cualquier forma dentro del término en que fue-toil dictadas. Marvin & Jones, Inc. v. Torres et al., 19 D.P.R. 48. “Una Corte”, se dice en 34 C. J. 207, “tiene com-pleto control sobre sns órdenes o sentencias dentro del tér-mino en que fneron dictadas, y puede, por cansa suficiente, en el ejercicio de sn sana discreción, enmendar, corregir, re-visar, suplemental’, abrir o dejar sin efecto dichas sentencias. Usa era la regla en la ley común y prevalece en casi todas las jurisdicciones.”

Con respecto al poder de la corte no hay, pues, cuestión. La cuestión surge con respecto al procedimiento seguido para ejercerlo. La corte puede actuar por su propia iniciativa o a requerimiento de parte interesada. Aquí actuó a moción del demandante, sin noticia a los demandados. ¿Pudo hacerlo?

“Una moción de reconsideración,” dijo esta Corte Suprema en el caso de Calaf v. Gallardo, 36 D.P.R. 147, 151, “es generalmente una cuestión ex parte. Si la corte decide de-clararla sin lugar, entonces no hay razón alguna para oír a la parte contraria, y se dispone del caso con más prontitud. Si la Corte tiene algunas serias dudas, en una u otra forma dará a la parte contraria la oportunidad de ser oída.” Véase además el caso de Ferrari v. American Railroad, 39 D.P.R. 49, 56.

El procedimiento seguido en esta corte cuando se solicita la reconsideración de sus sentencias se indica en esa decisión. Si la corte está convencida de que la reconsideración no pro-cede, declara inmediatamente, sin oír a la otra parte, la mo-ción solicitándola sin lugar. Si por el contrario el examen de la moción la convence de que la reconsideración procede, inmediatamente y sin oír a la otra parte, la declara con lugar, dejando sin efecto su sentencia total o parcialmente, según sea el caso, y señala una nueva vista para oír a todas las partes y resolver de nuevo en su día la cuestión suscitada. Puede dictar entonces la misma sentencia que antes dictara u otra diferente. Actúa sobre los méritos del caso.

Otras veces si lo que levanta el examen de la moción de reconsideración son dudas más o menos fuertes la corte se-ñala un día para oír a las partes sobre los méritos de la mo-ción y después resuelve. Si la declara con lugar, señala el caso de nuevo como queda indicado. En algunas ocasiones,, en añorro de tiempo, se advierte a las partes que la corte, sí acuerda la reconsideración, resolverá el caso definitivamente, sin señalar nueva vista sobre sus méritos. Las partes pue-den entonces agotar la discusión en la audiencia con conoci-miento de cuál es la intención del tribunal.

Ejerce así esta corte su poder, pero siempre dando una oportunidad a las partes para defender sus derechos.

No ñay la más leve duda de que en el caso concreto' que estudiamos la corte de distrito tenía la facultad de reconsiderar el pronunciamiento sobre costas que contenía la sentencia que dictara, pero ya había pronunciado su fallo, ya había reconocido a los demandados el derecho a recobrar las costas en que habían incurrido para defenderse, y, aunque no hubiera transcurrido el término, creemos que, en general, la corte no hubiera debido actuar en definitiva sin oírlos, o debió reconsiderar el pronunciamiento dejándolo simplemente sin efecto para oír de nuevo a ambas partes y resolver entonces en definitiva. No se trataba de la corrección de un mero error, sino de la alteración de un pronunciamiento substancial.

La jurisprudencia no es enteramente uniforme. Véase ■como se resume en 34 C. J. 246:

"Por regla general, una sentencia no puede enmendarse en un punto pertinente a menos que se haya hecho la debida y expresa notificación de la solicitud a la parte contraria a fin de que ésta tenga oportunidad de comparecer y mostrar causa contra la propuesta en-mienda. Se ha resuelto, sin embargo, que se puede efectuar una enmienda sin notificar a la parte contraria, dentro del mismo término en que se dictó la sentencia, pero que es necesaria tal notificación para hacer una enmienda en un término subsiguiente. También se ha decidido que enmiendas de forma o de copia basadas enteramente en cuestiones que aparecen de los autos o que descansan en la memoria del juez pueden ser becbas en cualquier momento sin notificar a las partes, pero que las enmiendas basadas en prueba aliunde pueden ser becbas solamente luego de haberse notificado a las partes, y en ausencia de tal notificación los procedimientos relativos a la enmienda o corrección son nulos. En otras jurisdicciones se ba resuelto que antes de haberse archivado la sentencia en los autos la Corte puede modificar sus resoluciones motu proprio y sin notificar a la parte, y dictar una sentencia distinta, pero que después de haberse registrado la sentencia la Corte no puede alterar los autos aun dentro del mismo término, sin notificar a las partes. Cuando la notificación es reque-rida, ésta debe ser suficiente en su forma y substancia para informar a la parte del día y del objeto del procedimiento. La notificación escrita no es siempre requerida. La notificación expresa puede subs-tituir a la notificación formal. La comparecencia durante la vista equivale a una renuncia de la ausencia o de los defectos que pueda haber en la notificación de la solicitud. La notificación debe hacerse a la parte o a su abogado de récord. Cuando el término para hacerse la notificación está prescrito por el estatuto o por el reglamento de la Corte, el dejar de efectuar la notificación requerida es fatal para la orden que enmienda la sentencia.”

Ahora bien, ¿ se trata de un error que produce necesariamente la revocación de la sentencia? Creemos que no. Los méritos del caso están ante nosotros, han sido levantados por el tercer señalamiento de error y de su consideración dependerá la resolución definitiva que dictemos.

Conocemos las actuaciones de las partes. Interpuesta la demanda, se formularon contra ella por los demandados tres excepciones previas. Una fué declarada sin lugar, dos con lugar. La demanda hubiera sido enmendable de no haberse declarado que la acción ejercitada había prescrito.

Tras una consideración más honda de su actuación, la corte sentenciadora estimó que el demandante no había sido teme-rario. Hemos oído por escrito y oralmente al demandante y a los demandados sobre el particular. La defensa de pres-cripción es perfectamente legal y en muchas ocasiones ayuda la obra reparadora de la justicia. Es ley saludable, práctica, de reposo. Al fijar la mayor o menor extensión de sus tér-minos, se basa en nn estudio concienzudo de la naturaleza, al-cance y trascendencia del derecho o acción que regula y de la manera cómo se conducen los hombres en su vida de relación. Tiende a despejar el camino, a poner fin a litigios. Pero es renunciable. Puede o no alegarse por la parte que la tiene a su favor y si no se alega, la acción del demandante, excepto en casos contadísimos, subsiste y puede ser reconocida y en-forzada por los' tribunales de justicia. De ahí que no deba considerarse necesariamente, en todos los casos, temerario el demandante que ejerce una acción que pueda ser abatida si el demandado invoca en su favor la prescripción. Cada caso deberá juzgarse de acuerdo con las circunstancias que en el mismo 'concurran, y aquí si los hechos alegados son ciertos como se acepta por la excepción que lo son, ¿nó parece lo justo que los demandados se avengan a otorgar las escrituras aclaratorias que el demandante solicita a fin de que la trans-misión que ellos le hicieran pueda surtir todos los efectos que debe surtir una venta de inmuebles que de buena fe se realiza ?

Habiendo en consideración todo lo expuesto no creemos que pueda afirmarse que la corte abusó de su discreción al dejar de imponer al demandante la- obligación de pagar las costas de los demandados y en tal virtud opinamos que el recurso interpuesto debe declararse sin lugar y confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
      Rafael Carrión, en su carácter de Administrador Judicial del Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Mendía Morales y su esposa María Silva, demandados y apelantes.
    No. 6798.

    Sometido: Marzo 4, 1935.

      Resuelto: Marzo 12, 1935.

      F. Ramírez de Arellano, abogado de los apelantes; J. Ramírez Santibáñez y R. Ramírez Santibáñez, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso se titula sobre cobro de crédito bipotecario y se presentó en septiembre 10, 1932. En ella se alega, en resumen, que el demandante lo es el Banco Comer-cial de Puerto Rico, una corporación bancaria organizada de acuerdo con las leyes de esta Isla, actualmente en adminis-tración judicial, siendo su administrador Rafael Carrión; que los demandados Francisco Mendía y su esposa María Silva en escritura pública otorgada en noviembre 19, 1929 e inscrita en el registro, confesaron deberle $13,766.01 obligándose a sa-tisfacérselos el 5 de septiembre de 1930, con intereses al diez por ciento anual; que en la misma escritura los demandados garantizaron la deuda, más un crédito adicional de mil dóla-res para costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado, con hipoteca que otorgaron a favor del banco sobre dos fincas que se describen, y que la deuda no fia sido - satisfecha ni cancelada la hipoteca que la garantiza.

Se acompañó a la demanda copia auténtica de la escritura a que en ella se hace referencia con nota de su inscripción en el registro y se pidió que, previos los trámites legales, se dic-tara sentencia condenando a los demandados al pago de la suma reclamada e intereses con más las costas en la cantidad convenida, y ordenando al márshal la venta en pública su-basta al mejor postor de los bienes hipotecados para el pago de la deuda reclamada, reconocida y ordenada satisfacer por la sentencia.

Emplazados los demandados, presentaron una moción para eliminar el 26 de septiembre de 1932 y un escrito de excep-ciones previas. La corte, sometídasle que le fueron por las partes sin argumentación la moción y las excepciones, las de-claró sin lugar por resolución de octubre 27, 1932.

Contestaron entonces los demandados alegando dos de-fensas.

Por la primera sostuvieron, en resumen, que la demanda debía desestimarse por ininteligible y confusa ya que ha-biendo sido la intención de las partes al celebrar el contrato asumir todas las responsabilidades y todos los beneficios de la Ley Hipotecaria, dichos beneficios y responsabilidades no eran renunciables por una sola de las partes, como parece que se pretendía por el acreedor al dejar de seguir para el cobro de su crédito el procedimiento sumarísimo y escoger otro confuso que ni era el sumarísimo ni el ordinario que fija el Código de Enjuiciamiento Civil.

Y por la segunda aceptaron que por escritura pública con-fesaron adeudar al Banco Comercial de Puerto Rico la suma de $13,766.01 reclamada, por cuya suma se suscribió además un pagaré que no se transcribe en la demanda, pero negaron que la suma debida fuera la de $13,766.01, ya que habían abo-nado a cuenta la de $366.01. Y alegaron además que de la propia escritura acompañada a la demanda aparecía ¡pie la deuda original era de $12,500 y que la diferencia hasta la snma reclamada son intereses, motivo por el cnal no pneden recla-marse intereses sobre toda la snma adeudada pnes ello equi-vale a .exigir intereses sobre intereses.

Fué el pleito a juicio y en éste el demandante admitió el abono de $366.01 alegado en la contestación, presentándose en evidencia el pagaré por $13,766.01, valor al 5 de septiembre de 1930, en el cual los demandados se obligan solidariamente a satisfacer al Banco la indicada suma, sus intereses y mil dólares más para costas en caso de reclamación judicial.

La corte dictó sentencia en mayo 23, 1934, condenando a los demandados a pagar al demandante $13,400 de principal, intereses al tipo convenido y mil dólares de costas, y orde-nando que para satisfacer la sentencia se vendieran en pú-blica subasta las fincas hipotecadas.

No conformes los demandados apelaron el 27 de junio de 1934. Dos días después el demandante pidió a la corte que enmendara su sentencia incluyendo en la descripción de las fincas las casas enclavadas en los solares y la corte accedió. Notificada la corrección a los demandados, éstos radicaron un nuevo escrito de apelación.

Elevada la transcripción de los autos a esta Corte Suprema y archivado el alegato de los apelantes, el banco ape-lado solicitó la desestimación del recurso, por frívolo. Se-ñalada la vista de la moción, comparecieron los apelantes por su abogado y se opusieron a la desestimación solicitada.

Cuatro .errores se señalan en el alegato de los apelantes.

Por el primero sostienen que el procedimiento seguido en este caso no fué el autorizado por la ley, y por él cuarto que si el procedimiento seguido fué el autorizado por el Código de Enjuiciamiento Civil, entonces no pudo el juez ordenar la venta en pública subasta de las fincas hipotecadas.

Esta corte ha resuelto repetidas veces que un acreedor que tiene su crédito garantizado con hipoteca no está obligado a seguir el procedimiento ejecutivo sumarísimo para hacerlo efectivo por la vía judicial. Y si sigue el ordinario y dentro de él se alega y demuestra que existen bienes previamente hipotecados para garantizar la deuda, nada de extraño tiene que se ordene su venta para satisfacer la sentencia. La hi-poteca en tal caso equivale al previo embargo trabado para asegurar la sentencia.

Por el tercer señalamiento se sostiene que siendo la primitiva deuda $12,500, y habiéndose llegado a los $13,766.01 reclamados adicionando intereses no satisfechos, no pudo decretarse el pago de intereses de la suma total porque ello equivalía a cobrar intereses sobre intereses, lo que es contrario a la ley.

Está demostrado que existió un contrato anterior. No pudieron cumplirlo los demandados. Ambas partes pusié-ronse de acuerdo y celebraron por escritura pública una nueva transacción, suscribiéndose el pagaré por la exacta suma re-clamada. No hay base para considerar siquiera la conten-ción que se levanta. Como bien dice la corte de distrito en la relación del caso que sirve de base a su sentencia, “las dos obligaciones y sus intereses que fueron objeto de la transac-ción especificada en la escritura de hipoteca, se esfumaron en el nuevo contrato al extenderse el pagaré de 19 de noviembre de 1929 y en su virtud no puede estimarse que se cobran in-tereses sobre intereses.”

El cuarto error señalado se refiere a la enmienda de la sentencia después de apelada. Es el único que nos ha hecho vacilar en si se trata o no de una apelación claramente frívola, pero como todo cuanto argumentándola expresan en su alegato los apelantes es lo que sigue: “Los demandados apelantes creen que después de dictada la primera sentencia y radicada por ellos su apelación, la corte inferior perdió su jurisdicción sobre el asunto, y carecía de facultad para dictar la sentencia enmendada a que hemos hecho referencia”; como existen excepciones a la regla de que la corte sentenciadora pierde el control sobre su fallo una vez interpuesta la apela-ción ; como se trata de nna mera corrección de la descripción de fincas ajustándola a las constancias de autos y como en nada se perjudicó a los apelantes, resolveremos nuestra duda en la afirmativa.

Se ordenó por la corte el pago de una deuda claramente comprobada. La apelación se fia interpuesto con el mero propósito de dilatar la ejecución de la sentencia. El recurso debe, en tal virtud, desestimarse por frívolo.


author: El Juez Asociado Señob, HutohisoN,

text:
    Barceló & Co., S. en C., demandante y apelante, v. Carlos Olmo Reyes, demandado y apelado.

      No. 6212.

    Sometido: Diciembre 19, 1934.

      Resuelto: Marzo 14, 1935.

      Lens & Susoni, A. Barceló, Jr., y Manuel Rodríguez Ramos, abogados de la apelante; Pablo J. Aguilar, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob, HutohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción en cobro de pagaré la demandante apela de una sentencia que declaró sin lugar la demanda después de celebrarse un juicio sobre los méritos. El juez de distrito re-solvió que la acción había prescrito por haber transcurrido el período de tres años fijado en el' Código de Comercio. Las conclusiones en que se basó esta resolución fueron substan-cialmente las siguientes: Que en marzo de 1919 Carlos Olmo Beyes suscribió y entregó un pagaré a favor de Tomás López Morales, o a su orden, por la suma de $1,400; que en 1917 López había anticipado $1,444 a su yerno Carlos Olmo, para que se uniera a su hermano-Javier Olmo en un negocio; que de esta suma Olmo había devuelto $44 y que los $1,400 esta-ban pendientes de pago; que en junio de 1917 Javier Olmo y Tomás López constituyeron una sociedad mercantil a la cual cada socio contribuyó con $1,444.13; que los verdaderos socios lo eran Javier Olmo y Carlos Olmo, aunque figuraba el nombre de López, suegro, en lugar del de Carlos Olmo, yerno; que la sociedad fué disuelta unos doce meses más tarde, cuando Javier Olmo se fué para los Estados Unidos, y Carlos Olmo quedó a cargo del negocio; que López creyó que este arreglo garantizaría mejor la devolución del dinero así anticipado por él, y teniendo esto en mente, él y Javier Olmo comparecieron ante un notario y otorgaron una escri-tura de sociedad bajo la razón social de Javier Olmo y Cía.; que López era un socio nominal solamente y que el verdadero socio de Javier lo era su hermano Carlos, el yerno de López; y que después de la disolución de la sociedad en marzo de 1919, López hizo que su yerno Carlos suscribiera y entregara el pagaré que ahora está en controversia.

No podemos convenir con la corte inferior en que la transacción original celebrada por López y Carlos Olmo fué una transacción mercantil. Un préstamo no es necesa-riamente una transacción mercantil. Ni López ni Carlos Olmo eran comerciantes al momento en que se efectuó el prés-tamo. De haber sido comerciante uno u otro, o si ambos hu-bieran sido comerciantes al momento de efectuarse el prés-tamo, tal hecho no hubiese convertido el préstamo en una transacción mercantil. López era agricultor. Nunca había sido comerciante. No tenía la intención de serlo ni se con-virtió en tal cuando él y Javier otorgaron la escritura notarial que nominalmente le hizo miembro de la razón social de Javier Olmo y Cía. Él nunca recibió, ni esperaba recibir, ningún sueldo ni utilidades de los negocios de Javier Olmo y Cía. Durante la existencia de la sociedad no recibió, ni esperaba recibir, intéreses por la suma de dinero anticipada. El mismo pagaré otorgado unos dos años más tarde deven-garía intereses tan sólo después de su vencimiento. Aun la idea de sustituir el nombre de López por el de Carlos Olmo en la escritura notarial no partió de López, sino que fué su-gerido por el notario debido al hecho de que Carlos Olmo era menor de edad. El mero hecho de que el préstamo fuese otorgado con el fin de permitir al prestatario que se dedicara a un negocio y de que el producto del mismo se utilizara para la compra de mercancías, confundiéndose así en los negocios mercantiles de Javier Olmo & Cía., no convirtieron el prés-tamo en una transacción mercantil. La naturaleza del prés-tamo depende del carácter de la transacción misma, conforme lo revelan las circunstancias que rodean el caso o los hechos que la preceden, mas no el fin para el cual se hace ni la forma en que su producto .era invertido o utilizado. Todas las cir-cunstancias concurrentes tienden persuasivamente a la con-clusión de que el préstamo otorgado en este caso no fué una transacción mercantil y por ende que la acción no había pres-crito por el transcurso de tres años, no embargante la pre-sunción juris tantum que surge del hecho de que el pagaré en cuestión había sido .expedido a la orden. Véase Pierluisi v. Monllor, 42 D.P.R. 7, y las autoridades allí citadas; Vázquez v. Laíno, 23 D.P.R. 235, y casos citados, y Blondet v. Garáu, 47 D.P.R. 863, y casos en él citados.

La sentencia apelada debe ser revocada y en su lugar esta corte dictará otra a favor de la demandante, sin especial con-dena de costas.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    General Motors Export Co., y Auto Body Corporation, demandantes y apelantes, v. Manuel V. Domenech, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 6417.

    Sometido: Enero 30, 1935.

      Resuelto: Marzo 14, 1935.

      G. Iriarte y F. Fernández Guyar, abogados de las apelantes; Ilon. Procurador General Benjamin J. Horton y B. Gordovés Arana, Subprocurador, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Se reclama en el presente caso la devolución de ciertas contribuciones que satisfizo la demandante General Motors Export Co., tma corporación organizada bajo las leyes de nn estado qne no se menciona, con sn oficina principal en nna ciudad que tampoco se menciona. La Auto Body Corporation es una corporación organizada bajo las leyes de Puerto Rico, dedicada a la manufactura de omnibuses o guaguas, con oficina principal en Hato Rey, y el demandado ejerce el cargo de Tesorero de Puerto Rico.

Se alega en la demanda que durante los meses de marzo y abril del año 1931, la Auto Body Corporation compró a la demandante General Motors Export Co., en la ciudad de Nueva York, veinte chassis de trucks, los cuales fueron em-barcados en la ciudad de Nueva York por la vendedora General Motors Export Co. y consignados a la compradora Auto Body Corporation, en Hato Rey, Puerto Rico; que en 13 de mayo de 1931, el Tesorero de Puerto Rico requirió a la de-mandante General Motors Export Co. para que pagara por los veinte chassis importados la suma de dos mil veintitrés dólares, montante del arbitrio de siete por ciento que impone el apartado 8 de la sección 16 de la Ley No. 17 de 1927 (pág. 465), enmendada por Ley No. 74 de 1930 (pág. 455), a todo vehículo de motor que se venda, traspase, use o introduzca en Puerto Rico, y la demandante General Motors Export Co., en 23 de junio de 1931, pagó bajo protesta la suma de $2,023, importe del arbitrio impuesto sobre los veinte chassis de truck de que se fia becbo mención anteriormente, y notificó a la demandante Auto Body Corporation del pago de dichos arbitrios, requiriéndole al mismo tiempo para que le reinte-grara dicha cantidad; que dichos veinte chassis fueron com-prados para la manufactura de omnibuses en la factoría que para tal fin tiene establecida en el barrio de Hato Rey, municipio de Río Piedras, la demandante Auto Body Corporation; que en 15 de septiembre de 1931, las demandantes requirie-ron al demandado para que les devolviera la suma de $2,023 pagada bajo protesta en concepto de arbitrios sobre los veinte chassis mencionados, siendo el fundamento de dicha petición el estar exenta del pago de toda clase de contribuciones la demandante Auto Body Corporation; que el demandado se negó a devolver la referida suma, basándose en que la exen-ción de contribuciones que disfruta la demandante Auto Body Corporation no es por sí sola suficiente para eximirle del pago del arbitrio referido; que la importación en Puerto Rico de los chassis mencionados es absolutamente indispensable a la demandante Auto Body Corporation para la manufactura de sus productos, o sea, los omnibuses o guaguas que fabrica en su factoría de Hato Rey, Puerto Rico, siendo dichos chassis la materia prima que usa la Auto Body Corporation para la fabricación de los autobuses; y que la referida corporación goza de una exención general de contribuciones, de acuerdo con la Ley No. 40 de 1930 (pág. 315), que le fué concedida por la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico con anterio-ridad a la compra de los veinte chassis mencionados.

Éstas son las alegaciones de la demanda, que hemos trans-crito porque la misma fué desestimada sobre la base de que no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción. La corte inferior dictó sentencia en contra de las demandantes por entender que la demanda no es susceptible de enmienda.

Se atribuye a la corte inferior el error de sostener y decidir que la contribución cuya devolución se reclama no fué impuesta a la demandante Auto Body Corporation y al afirmar que la G-eneral Motors Export Co. no tiene derecho a reclamar dicha devolución junto con la Auto Body Corporation. Se alega además que la corte erró al desestimar la demanda por no considerarla susceptible de enmiendas y porque la Auto Body Corporation no ha pagado la contribución en controversia, no teniendo por tanto derecho a reclamar su devolución.

La contribución cuya devolución se reclama en este caso se impuso y cobró bajo las disposiciones del apartado 8 del artículo 16 de la Ley No. 17 de 1927, enmendada por la Ley No. 74 de 1930. Este apartado impone una contribución de 7 por ciento ad valorem a ciertos artículos, entre los cuales figuran los chassis, que se vendan, traspasen, usen o introduzcan en Puerto Rico.

Se arguye y así se alega en la demanda que la Auto Body Corporation goza de una exención general de contribuciones que le fué concedida por la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico con anterioridad a la compra de los veinte chassis, de acuerdo con el artículo 2do. de la Ley No. 40 de abril 25 de 1930, que dice así:

“ Dichas industrias nuevas y sus edificios, maquinarias, materiales, franquicias, etc., y en general todos los bienes, derechos, privilegios pertenecientes a dichas industrias que sean necesarios para su tra-bajo y funcionamiento, estarán exentos de toda clase de contribu-ciones, por un período de 10 años, según se determine por la Comi-sión de Servicio Público, cuyo término se contará desde la completa instalación industrial. . .”

La reclamación hecha al Tesorero para obtener la devolu-ción de la suma satisfecha se basó, según se alega en la de-manda, en estar exenta del pago de toda clase de contribu-ciones la Auto Body Corporation. La teoría de la demanda descansa exclusivamente en la alegada exención. Así se ex-plica que las demandantes nos digan en su alegato que “no se alega que la General Motors Export Co. tenga derecho a reclamar el importe de la contribución pagada indebida-mente” y que si se ha hecho figurar como demandante es “por ser parte interesada en el asunto objeto de la acción y por haber sido dicha corporación la que pagó bajo protesta el ar-bitrio reclamado, ya que ella fue la requerida por el deman-dado, quien se encontraba imposibilitado de imponer y cobrar la contribución a la Auto Body Corporation debido a la exen-ción de contribución de que goza esta última”.

Partiendo de la base de la exención, único fundamento en que descansa la .demanda, no creemos que se aduzcan hechos bastantes para establecer una causa de acción. La Auto Body Corporation no tuvo intervención alguna en el pago de la cantidad satisfecha bajo protesta. La demanda se limita a decir que la General Motors Export Co., después de haber satisfecho el impuesto, requirió su devolución de la Auto Body Corporation. A mayor abundamiento, la alegación de que los chassis constituyen la materia prima que usa dicha corporación para la fabricación de los autobuses, y la afirma-ción de que la importación en Puerto Rico de los chassis es absolutamente indispensable para la manufactura de sus pro-ductos, resultan vagas e insuficientes, porque el hecho de que la referida corporación use chassis como materia prima y de que para usarlos sea indispensable la importación, no implica que esos chassis hayan sido dedicados al uso y em-pleo de la nueva industria, formando parte de su estructura. La exención sobre los bienes referidos, si es que existe, demandaría una alegación más específica. Es claro que los hechos alegados no bastan para sostener la reclamación es-tablecida por las demandantes.

Sin embargo, como se atribuye a la corte inferior el error de haber desestimado la demanda por no considerarla susceptible de enmienda, resolvemos dejar sin efecto la sentencia apelada, a fin de que se enmiende dicha demanda, si es que puede enmendarse, dentro de mu plazo de dies dias a contar de la fecha en que sea recibido el mandato en la corte inferior.


author: El Juez Asociado Seño» Cókdova Dávila,

text:
    Victoriano González, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Arecibo, recurrido.
    No. 949.

    Sometido: Marzo 8, 1935.

      Resuelto: Marzo 15, 1935.

      José Córdova Rivera, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Seño» Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Matea Evangelista López Delgado hipotecó una finca ur-bana de su propiedad a favor de los menores Felipe y Pedro Liciaga Cantre, para garantizarles un préstamo de $1,096. Esta propiedad fué rematada para el cobro de contribuciones y vendida por el Pueblo de Puerto Rico al recurrente Victoriano González por la cantidad de $81. Se notificó de esta venta a la dueña de la finca Matea Evangelista López Delgado y a Josefa Cantre, en representación de los menores Felipe y Pedro Liciaga Cantre, como acreedores hipotecarios. Se expidió certificado de venta a favor del comprador y pre-sentado este certificado para su inscripción en el registro de la propiedad, el registrador recurrido denegó la misma, tomando en su lugar anotación preventiva por la razón de ‘'haber sido notificada Josefa Cantre en representación de los menores Felipe y Pedro Liciaga Cantre, sin que se ex-prese qué representación ostenta dicha señora sobre los ex-presados menores”.

Se alega que esta negativa constituye un error, porque Josefa Cantre fué notificada en representación de los menores y porque consta del registro que dicha Josefa Cantre es la madre con patria potestad de tales hijos menores.

Alega el recurrente que en la escritura de hipoteca inscrita en el registro de la propiedad aparecen los menores Felipe y Pedro Liciaga Cantre representados por su madre con patria potestad Josefa Cantre Adorno y que la dueña de la finca, Matea Evangelista López, manifiesta que ha recibido de dicha señora, viuda, mayor de edad y vecina de Barcelo-neta, la cantidad de $1,096 perteneciente a sus menores hijos, y añade que en vista de esta información la negativa del Re-gistrador fué más allá del límite de su facultad para privar al recurrente de la inscripción interesada. El registrador, por el contrario, expresa que la Sra. Josefa Cantre aparece notificada en representación de los menores, sin decirse en qué concepto legal ostenta dicha representación para poderse determinar si la notificación surte efecto. Agrega que cuando se inscribió la escritura de hipoteca, compareció Josefa Can-tre Adorno representando como madre a los menores y que en el certificado de compra sólo aparece Josefa Cantre, sin expresarse su segundo apellido y si es la madre de los me-nores. El artículo 315 del Código Político exige la notifica-ción de la venta a todas las personas que tuvieren una hipo-teca o gravamen sobre la propiedad vendida. Para que el comprador quede investido con el título mediante venta por contribuciones, es necesario demostrar que se ha notificado la venta a las personas interesadas. Salgado v. Registrador, 26 D.P.R. 172; Moraza v. Registrador, 45 D.P.R. 829, 831.

Arguye el recurrido que los documentos que se presentan al registro deben contener todos los requisitos necesarios para su inscripción y ser redactados con claridad.a fin de que pue-dan calificarse sin dejar al arbitrio del registrador su inter-pretación con otros hechos que constan del registro. Conve-nimos en que- cuando se trata de menores debe hacerse cons-tar la relación legal de los mismos con la persona a quien se notifica en su representación, para que el registrador pueda saber si se ha cumplido o no con los requisitos de ley; pero creemos que esta omisión puede subsanarse si se acredita por medio de un documento auténtico y de una manera satisfac-toria la referida relación. En el presente caso nos asalta una duda. Es verdad que se inscribió en el registro la hi-poteca constituida a favor de los menores representados por su madre con patria potestad Josefa Cantre Adorno, pero el registrador alega que la notificación de la venta de la finca hipotecada aparece hecha a Josefa Cantre, sin expresarse un segundo apellido y sin hacerse constar que es la madre de los menores. Aunque todo induce a pensar que se trata de una misma persona, sin embargo, como existe la posibilidad de que no lo sea, creemos que ha debido acreditarse debida-mente que esta Josefa Cantre a quien se notificó la venta de la finca es la misma Josefa Cantre Adorno, madre con patria potestad de los referidos menores.

Por esta única razón debe confirmarse la nota recurrida.


text:
    María Hornes, demandante y apelada, v. Juan Ángel Giusti, demandado y apelante.
    No. 6933.

    Sometido: Febrero 12, 1935.

      Resuelto: Marzo 15, 1935.

      L. Feliú y Edelmiro Martínez Rivera, abogados del apelante; Dubón & Ochoteco, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

María Hornes, en agosto 9, 1934, radicó en la Corte de Distrito de San Juan, una demanda contra su esposo Juan Angel Giusti en reclamación de una pensión alimenticia de setenta y cinco dólares mensuales, presentando además una moción en solicitud de la misma pensión como alimentos pro-visionales -mientras el pleito se sustanciaba y decidía defini-tivamente.

En lo que respecta a la demanda, fue emplazado el deman-dado de conformidad con lo prescrito en el Código de Enjuiciamiento Civil y en cuanto a la moción, se tramitó la so-licitud de acuerdo con las reglas fijadas para el juicio de desahucio. Contestó la demanda el demandado. Se celebró la primera comparecencia. El 11 de octubre de 1934 se prac-ticó conjuntamente la prueba — segunda comparecencia y vista del caso en su fondo — fundiéndose desde entonces ambos pro-cedimientos en uno. T el 10 de noviembre siguiente la corte dictó sentencia en los siguientes términos: “. . . se condena al demandado a pagar a la demandante por vía de alimentos, la cantidad de $75, debiendo hacer el primer pago durante los primeros cinco días del mes de diciembre próximo, y así sucesivamente durante los primeros cinco días de cada mes subsiguiente. En cuanto a los alimentos devengados desde la radicación de la demanda; agosto 9 de 1934, hasta esta fecha, deberán satisfacerse en la misma proporción a razón de $75 mensuales.”

Notificada la sentencia al demandado en noviembre 15, 1934, apeló de ella en noviembre 20 y en diciembre 7 siguiente consignó en la secretaría de la corte trescientos setenta y cinco dólares para pagar los alimentos desde agosto 9, 1934, consignando luego, en febrero 4, 1935, setenta y cinco dólares más. La apelación interpuesta quedó perfeccionada al ar-chivarse en esta corte el 6 de febrero último el legajo de la sentencia y la transcripción de evidencia.

Así las cosas, se ha pedido la desestimación del recurso por la parte apelada basándose en que la parte apelante no ha satisfecho por mensualidades anticipadas la pensión, ni ha depositado su importe en la corte de distrito, dejando de tal modo de cumplir con lo dispuesto en el artículo 634 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, Ed. 1933, falta de cumplimiento que, según la apelada, lleva consigo la pérdida del recurso.

La parte apelante se ha opuesto a la desestimación, ale-gando que la acción no se tramitó por las reglas fijadas para el juicio de desahucio; que las consignaciones que ha hecho en la secretaría de la corte sentenciadora lo han sido sólo por evadir una condena por desacato; que la apelación está per-feccionada y en ella levantará varias importantes cuestiones que apunta y que la apelación establecida ha producido el efecto de suspender la ejecución de la sentencia apelada.

La cuestión envuelta es nueva. El artículo 84 de la Ley sobre procedimientos legales especiales de 1905, hoy el ar-tículo 618 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, dispone :

“Toda reclamación sobre alimentos provisionales se tramitará en la forma prescrita para el juicio de desahucio. Contra la sentencia que se dicte en esta clase de juicio se podrá utilizar el recurso de apelación, sin que ésta obstaculice la ejecución de aquélla.”

Aquí la propia demandante se apartó de la regla y esta-bleció una demanda ordinaria. Fué dentro del pleito que, por moción, pidió alimentos provisionales. Luego la reali-dad se impuso y todo quedó fundido en una sola reclamación, surgiendo una situación parecida a la del caso de Sacarello v. Rubio, 44 D.P.R. 883, 886, en el que esta Corte dijo:

“Conocemos lo ocurrido. Se archivó una demanda y el deman-dado la excepcionó y contestó, sometiéndose a la jurisdicción de la corte. Se inició el pleito por la vía ordinaria, pero antes del juicio se le llevó a los trámites del desahucio, señalándose la primera com-parecencia a la que concurrieron las partes y formularon su prueba.
“A nuestro juicio no existió error. Lo que las partes y la corte hicieron fué ajustar la tramitación del asunto a lo que prescribe el Título VII, Capítulo único, Alimentos Provisionales, Artículo 84 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales de 1905, a saber: ‘Toda reclamación sobre alimentos provisionales se tramitará en la forma prescrita para el juicio de desahucio.’
“La circunstancia de que el título del pleito fuera el de ‘Alimentos Permanentes’, no era un obstáculo. El título no cambia la natura-leza de la cosa. Y la naturaleza de los alimentos es siempre provisional o transitoria, mientras subsiste la situación que lleva a la corte a concederlos.”

Puede, pues, partirse de la base de encontrarnos frente a una reclamación de alimentos tramitada finalmente de acuerdo con la ley de desahucio. T la apelada sostiene que siendo ello así, rigen para el recurso interpuesto las regias que con-tiene la sección 12 de dicha ley que es hoy el artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, que dice:

“No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no con-signa en secretaría el importe del precio adeudado hasta la fecha de la sentencia, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas.
“En cualquier otro caso será requisito indispensable para ejercitar el recurso de apelación por parte del demandado, que éste otorgue fianza, a satisfacción del tribunal, para responder de los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandante, y de las costas de la apelación.
“Tanto la consignación como la fianza de que habla la presente sección deberán quedar formalizadas dentro del término concedido para la apelación.”

No hay duda alguna de que si el artículo 631 fuera apli-cable, debería desestimarse el recurso, porque la consignación de las pensiones se hizo fuera de término. Pero no lo es, a nuestro juicio.

Si nos fijamos en lo prescrito en el artículo 84 de la ley de procedimientos legales especiales, veremos que abarca dos extremos. Por el primero ordena que toda reclamación sobre alimentos se tramitará en la forma prescrita para el juicio de desahucio. Por el segundo autoriza la apelación sin que ésta obstaculice la ejecución de la sentencia. Es para la pri-mera instancia que rigen las reglas del desahucio. La apela-ción se otorga expresamente, con una condición especial, el no obstáculo de la ejecución de la sentencia que se apele. Cuando el legislador fijó las reglas que contiene la sección 12 de la ley de desahucio, su mente estaba enteramente fija en casos de desahucio. Cuando se ocupó de casos de alimentos, pensó que las reglas rápidas del juicio de desahucio podrían serle aplicables y así lo dispuso, pero ordenó algo especial en cuanto a la apelación. Si su intención hubiera sido que las disposiciones de la ley de desahucio relativas a la segunda instancia les fueran también aplicables, nada hubiera dicho con respecto a apelación.

La totalidad de lo dispuesto en la sección 84 de la ley, articulo 618 del Código, demuestra que el legislador tuvo muy en cuenta lo urgentes que son las cuestiones relativas a ali-mentos. Garantizó un procedimiento rápido para ventilarlas en primera instancia y si bien permitió apelar de las senten-cias resolviéndolas, dispuso expresamente que el recurso no obstaculizaría la ejecución de la sentencia. Ésta puede y debe cumplirse no obstante la apelación. La pensión que se fije debe satisfacerse inmediatamente, pudiendo la corte cas-tigar por desacato a la parte obligada a prestarla, si se niega a ello voluntaria y obstinadamente. Villa v. Corte, 45 D.P.R. 879.

Ni las partes lian citado ni liemos podido nosotros encon-trar decisión alguna nuestra que resuelva de modo termi-nante la cuestión planteada, pero parece conveniente refe-rirnos al caso de Puigdoller v. Monroig, 14 D.P.R. 782, 784, en el que hablando por la corte su Juez Asociado Sr. Wolf se expresó así:

“El artículo 84 de la ley de procedimientos especiales, de marzo 9, 1905, prescribe que toda reclamación sobre alimentos provisionales' se tramitará en la forma prescrita para el juicio de desahucio. Entendemos que esto significa que dicha acción en su principio y pre-sentación de pruebas debe regirse tan estrictamente como posible sea por las reglas establecidas para la acción de dasahucio, y lo demás prescrito en los artículos 6 y 7 de la ley referente a desahucio. (Leyes de Puerto Rico, 1905, p. 184).”

No ha lugar a la desestimación solicitada.