author: El Juez Peesidente Señor Del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Sierra (a) Luis Dalta, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo. El Mismo v. El Mismo.
    Nos. 5235, 5236 y 5237.

    Sometidos: Febrero 8, 1935.

      Resueltos: Marzo 19, 1935.

      C. Iriarle y P. Fernández Cuyar, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Peesidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de tres cansas criminales por libelo infamatorio seguidas contra una sola persona, Pedro Sierra (a) Luis Dalta, y basadas en una misma publicación, siendo las partes ofendidas, respectivamente, Miguel Guerra Mondragón, Manuel Rodríguez Serra y Carlos del Valle.

En todas se declaró culpable al acusado imponiéndosele en cada una la pena de treinta dólares de multa y en defecto de pago un día de cárcel por cada dólar dejado de satisfacer. No conforme, apeló, y si bien las tres apelaciones se lian tra-mitado separadamente, el alegato es común y conjuntamente fueron argumentadas en el acto de la vista. Las estudiare-mos, en tal virtud, en una sola opinión.

La acusación en el recurso No. 5235, dice:

“El Fiscal Especial General, Ledo. F. G. Pérez Almiroty, formula acusación contra Pedro Sierra (a) Luis Dalta, por un delito do Libelo, infracción al artículo 243 del Código Penal (Misdemeanor) cometido somo sigue:
“El referido Pedro Sierra (a) Luis Dalta, allá por el día 17 de enero de 1931 y en la Municipalidad de San Juan, P. R., dentro del Distrito Judicial Municipal de San Juan, P. R., que forma parte del Distrito Judicial del mismo nombre, siendo director del periódico que semanalmente se publica en la ciudad de San Juan denominado 'El Diluvio’, ilegal, voluntaria y maliciosamente permitió publicar y en efecto publicó, haciéndolo circular en la dicha Municipalidad de San Juan, un artículo bajo el epígrafe: ‘El Escandaloso “Affaire” del Acueducto de Bayamón ante la Corte Suprema. Se acusa a un Oficial Jurídico de ser Copartícipe en el caso’, cuyo texto copiado íntegramente dice así:
“ ‘En esta semana se tío ante la Corte Suprema, presidida por los cinco jueces, el escandaloso "affaire” del acueducto de Bayamón, cuya subasta fué impugnada ante las Cortes de Justicia, por las inmoralidades cometidas en la adjudicación.
“ ‘En la yista de este caso, uno de los que más lian desacreditado al Departamento del Interior, el abogado Coll y CucM, planteó las siguientes cuestiones:
“ ‘Primera: Que el autor del proyecto, para construir la planta de filtración de Bayamón lo fué Carlos del Valle, por lo que cobró unos crecidos honorarios.
“ ‘Segunda: Que este mismo ingeniero siendo autor del proyecto estipuló en el mismo que ningún ingeniero que no representara casas instaladoras de filtros podía presentarse a la subasta.
“ ‘Tercera: Que a pesar de ser el autor del proyecto' Carlos del Valle, se presentó como licitador y obtuvo la buena pro en la subasta.
“ ‘ Cuarta: Que Carlos del Valle es el representante de la Robberts Filter Mfg. Co. vendedora de los filtros.
‘Quinta: Que Carlos del Valle obtuvo la subasta con una can-tidad de $10,000 mayor en el costo que los demás contratistas.
" ‘Sexta: Que Carlos del Valle o Del Valle & Cía. no poseían ningún récord como contratistas.
“ ‘Séptima: Que el único contrato de obras realizado' por Carlos del Valle lo fué el riego de Guayama, cuyo resultado todos conocemos, pues no pudo terminarlo y sus fiadores se vieron expuestos a pagar $100,000 de cuya cantidad fueron exonerados por nuestra Legislatura por ser estos fiadores dos ‘‘padres de la Patria.”
‘‘ ‘Octava: Que a pesar de que la subasta fué impugnada y se entregó su estudio y resolución a una comisión de competentísimos ingenieros integrada por los Sres. Antonio Luchctti, Ramón Rodríguez López y Rafael M. González, del Departamento del Interior, quienes resolvieron que no debía adjudicársele la subasta a Carlos del Valle, el Comisionado Estoves, por una simple opinión del Dpto. de Justicia, emitida por el Oficial Jurídico Rodríguez Serra, adjudicó la subasta a del Valle.
“ ‘Novena: Quedó comprobado que el oficial jurídico Rodríguez Serra antes de ocupar este puesto fué abogado de Del Valle.
“ ‘Décima: Que se probó asimismo que todas las opiniones emi-tidas por el Departamento de Justicia, han sido redactadas por Rodríguez Serra, a favor de su antiguo cliente, Del Valle.
“ ‘Undécima: Que de todas estas cosas escandalosas que pugnan con el buen nombre de la Justicia en Puerto Rico, fué informada la Corte Suprema, el más alto Tribunal del país.
“ ‘Planteadas estas cuestiones por el'abogado Coll y Cuchí con datos y cifras precisas y demostradas todas estas inmoralidades, los abogados que representan al Sr. Del Valle, Guerra Mondragón y Soldevila no refutaron estos Pechos levantados, y expuestos ante la Corte; mejor dicho los aceptaron.
“ ‘Rodríguez Serra se levantó para aclarar “que él entendía que el abogado Coll y Cuchí no quería ofenderlo con sus acusaciones.” Y no dijo nada más.
“ ‘Bolívar Pagan que representa al Municipio de Bayamón alegó únicamente su peregrina objeción de los treinta días que determina la ley para protestar de una subasta mal adjudicada. Argumento ya gastado e insustancial, toda vez que la adjudicación de esta subasta fué objeto de una protesta ante el Departamento del Interior, que ordenó una junta de técnicos que investigara las proposiciones.
“ ‘El asunto es de los más bochornosos que hemos presenciado por haber envuelta la adjudicación de una subasta a un postor insolvente regalándole $10,000 de diferencia sobre los demás postores, elementos de solvencia social y moral como fueron los Sres. Félix Benitez Rexach, Fernando Caso y Manuel L. Miró.
“ 'La mejor demostración de todo este escandaloso caso es que apenas empezadas las obras y gastadas las cantidades en poder del Municipio de Bayamón, o sean los $55,000, las obras fueron parali-zadas, aún cuando se nos informa que el Departamento del Interior ha hecho responsable de esta paralización a Del Valle.
“ ‘¿Por qué están las obras paralizadas? Por la sencilla razón de que el Municipio de San Juan al conocer la adjudicación bochor-nosa donde se le regalaban $10,000 de los contribuyentes a Del Valle, revocó la ordenanza que le facilitaba en calidad de préstamo $35,000 a Bayamón para terminar esta obra, cuya revocación confirmó nueva-mente a pesar de la opinión del Departamento de Justicia (dígase Rodríguez Serra) declarando nula la revocación de la ordenanza.
“ ‘¿Pero es que se creen que el dinero de los contribuyentes de San Juan está a la disposición de los manejos del Municipio de Bayamón, del contratista Del Valle, de Guerra Mondragón y de Rodríguez Serra?
“ ‘Aguardemos el fallo final de nuestro más alto tribunal, ya que todo el país conoce la clase de pájaros que integran la Junta de Subasta del Municipio de Bayamón y su acéfalo Alcalde inclusive, y su Asamblea Municipal que al no protestar de esta inmoralidad demuestra que está también “mojada” en este bochornoso affaire;’
“Siendo los conceptos consignados en el transcrito artículo, es-critos y publicados con el propósito deliberado de difamar al Ledo. Miguel Guerra Mondragón, abogado de profesión, en ejercicio en la ciudad de San Juan, dentro de la cual se publicó y se hizo circular ■el mencionado periódico conteniendo el artículo de referencia, ten-diente todo él a exponer al expresado abogado Miguel Guerra Mon-dragón al odio, desprecio y ridículo públicos y desacreditarlo, menos-preciarlo y deshonrarlo en su buena reputación y fama, imputándole entre otros actos, el de la comisión de un delito de Soborno, como lo demuestran los párrafos siguientes del mencionado artículo:” (Se transcriben tres de los párrafos finales del mismo.)
“Este hecho es contrario a la Ley para tal caso hecha y prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”
Son iguales los primeros veinte y tres párrafos de la acusación que sirve de base al proceso en que se estableció el recurso No. 5236, y se añade:
“Siendo los conceptos consignados en el transcrito artículo, es-critos y publicados con el propósito deliberado de difamar al Ledo. Manuel Rodríguez Serra, abogado de profesión, y quien en la actua-lidad ejerce el cargo de Segundo Assistant del Procurador General de Puerto Rico, en la ciudad de San Juan, dentro de la cual se publicó y se hizo circular el mencionado periódico conteniendo el artículo de referencia, tendiente todo él a exponer al expresado abogado Manuel Rodríguez Serra al odio, desprecio y ridículo públicos y desacreditarlo, menospreciarlo y deshonrarlo en su buena reputación y fama, imputándole entre otros actos, el de la comisión de un delito de Soborno, como lo demuestran los párrafos siguientes del mencionado artículo:” (Se transcriben las cuestiones 8, 9 y 10, y los párrafos penúltimo y último del artículo.)

Iguales son también los primeros veinte y tres párrafos •de la acusación en que se funda la causa en la que se inter-puso el recurso No. 5237. Luego dice:

“Siendo los conceptos consignados en el transcrito artículo, escri-tos y publicados con el propósito deliberado de difamar al Sr. Carlos del Valle, ingeniero en ejercicio en la ciudad de San Juan, dentro •de la cual se publicó y se hizo circular el mencionado periódico con-teniendo el artículo de referencia, tendiente todo él a exponer al ex-presado Sr. Carlos del Valle al odio, desprecio y ridículo públicos y desacreditarlo, menospreciarlo y deshonrarlo en su buena reputa-ción y fama, imputándole entre otros actos, el de la comisión de un delito de Soborno, como lo demuestran los párrafos siguientes del mencionado artículo:” (Se transcriben las cuestiones 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y varios de los últimos párrafos del artículo.)

En la relación del caso y opinión de la corte de distrito referente a los tres casos, el juez sentenciador, se expresó como sigue:

“Considerada la evidencia, especialmente el testimonio del Ledo-Coll y Cuchí, el artículo en cuestión no es una imparcial y exacta relación de su informe ante el Tribunal Supremo. El Sr. Coll no manifestó allí que el dinero de los contribuyentes de San Juan es-tuviera a la disposición de los manejos del Municipio de Bayamón,, del contratista del Valle, de Guerra Móndragón y de Rodríguez Serra; ni que los pájaros que integran la Junta de Subasta de Bayamón, su acéfalo alcalde y la asamblea municipal, al no protestar de la inmoralidad, demostrara que está también mojada en el bochor-noso affaire. Tampoco dijo que Rodríguez Serra fuera el abogado-de Carlos del Valle, ni que emitiera las opiniones favorables para la adjudicación de la subasta, siendo del Valle un postor insolvente, a quien se le regalaban $10,000 de los contribuyentes. No hubo evi-dencia de que Rodríguez Serra y Guerra Móndragón recibieran dinero alguno, y antes al contrario Coll y Cuchí declaró que nada tocaron y que jugaban el papel de víctimas entre del Valle y El Municipio de Bayamón. Tampoco hubo evidencia del recibo de dinero por del Valle, que no fuera el producto de su contrato con el Municipio. Por tanto, no es aplicable la excepción comprendida en el artículo 249 del Código Penal, con respecto a que no deberá presumirse la malicia del mero hecho de la publicación. Además se presentó evi-dencia de un artículo posterior publicado en el mismo periódico, en su edición de febrero 21, 1931, titulado ‘Rodríguez Serra de cuerpo entero’, tendiente a demostrar la malicia en aquella publicación.
“La evidencia ha demostrado además que el referido artículo objeto de las denuncias fué escrito por Bernardo Cruz, quien asistió a la vista ante la Corte Suprema en calidad de repórter y que luego el acusado consultó al abogado Coll y Cuchí, quien fué de opinión que podía publicarse en El Diluvio, por ser un periódico de crítica aguda y violenta, aunque quizás no en el editorial de La Democracia-No debe colegirse de esto que pueda haber libelo en una publicación y no existir en otra porque sean distintas las características de uno y. otro periódico y ser distinto el público que lo lee. La publicación es la misma a los fines de la ley y las palabras y conceptos no pueden tener distinta significación en uno u otro periódico.

“La explicación, aclaración o comentario del significado difama-torio de ciertas frases hecho por el periodista, cuando lo que se intenta publicar es el relato del informe judicial de un abogado, no cons-tituye defensa en causa por libelo. Se requiere la imparcial y exacta relación de lo que tuvo lugar en el acto judicial, y aun así es pro-cesable, de probarse que hubo maliciosa intención al relatarlo, o sea con la intención de causar un mal. Existe el privilegio para aquéllos que honestamente usan de él, no para refugio de personas libelistas o para que las honradas queden privadas de protección. Franco vs. Martínez, 29 D.P.R. 237. La publicación de procedimientos judi-ciales, para constituir privilegio, debe ser razonable, justa e imparcial. El Pueblo vs. Toro, 21 D.P.R. 44.

“No es necesario que la frase o concepto imputativo de delito o de acto que tienda a exponer al ridículo o menosprecio al libelado, haya sido objeto de decisión judicial. Basta con que en la forma y manera en que se hace la publicación, la misma tienda a conectar al libelado con algún hecho delictuoso o a imputarle la comisión do algo que le exponga a la vergüenza pública.

“A falta de innuendo• en las denuncias de los casos que consi-deramos (El Pueblo vs. Colberg, 24 D.P.R. 673; El Pueblo vs. Aybar, 38 D.P.R. 596; El Pueblo vs. Aponte, 41 D.P.R. 315) o sea la signi-ficación libelosa de las palabras sobre manejo del 'dinero de los con-tribuyentes’, no puede decirse ciertamente que la publicación impute un delito de soborno o corrupción dentro de las disposiciones del Título X, Capítulo 1, del Código Penal; pero sí es claro que dicha publicación expone a los señores del Valle. Guerra Mondraeón y Eodríguez Serra al desprecio y ridículo público y los desacredita, menosprecia y deshonra en su buena reputación y fama, sobre las cuales declaró el Sr. Coll y Cuchí, constituyendo una infracción del artículo 243 del Código Penal, que define el delito de libelo.

“El acusado no es el autor del artículo libeloso y además se aconsejó con un abogado antes de publicarlo en su periódico, y aunque esto no le excusa de responsabilidad, puede tomarse en cuenta, según expresó el Sr. Coll en su testimonio, para mitigar la pena.”

Tres errores señala y argumenta extensa y cuidadosa-mente en su alegato el apelante, a saber: que la corte erró al apreciar la prueba, que erró al no aplicar el artículo 249 del Código Penal y que erró al declarar que la publicación cons-tituye una infracción del artículo 243 del Código Penal no obstante haber declarado que no imputaba el delito de soborno o corrupción. Tras un detenido estudio de los casos en su totalidad, creemos que ninguno de los errores señalados fue cometido.

"Constituye libelo,” dice el artículo 243 del Código Penal, ‘ ‘ cualquiera maliciosa difamación expresada por medio de es-critos, impresos, signos, láminas, dibujos, u otra forma aná-loga, tendentes a denigrar la memoria de un difunto, o im-pugnar la honradez, integridad, virtud o buena fama de un vivo, o publicar sus defectos naturales o supuestos, expo-niéndole así al odio, desprecio o ridículo público.”

T agrega el 245: "Se presumirá maliciosa toda publica-ción injuriosa, si no se probare que hubo motivo justificable para hacerla.”

Aquí se admitió el hecho de la publicación y el de ser director del periódico en que se hizo el acusado. No se intentó siquiera probar la verdad de las imputaciones. Sólo se in-vocó el artículo 249, que prescribe: "Ningún noticiero, director o propietario de periódico podrá ser procesado por la im-parcial y exacta relación de actos judiciales, legislativos, o de cualquier otro carácter oficial, o de cualquiera manifestación, discurso, argumento o debate que en ellos tuviere lugar, a no probarse que hubo maliciosa intención al relatarlos, lo cual no deberá presumirse del mero hecho de la publicación.”

Como muy bien indica el apelante en su alegato la publi-cación comprende dos partes, una que manifiesta ser la rela-ción de lo ocurrido en la vista de un recurso ante esta Corte Suprema y otra que contiene los comentarios del publicista.

Con respecto a esos comentarios el propio Código Penal, en su artículo 250, dispone: "Las observaciones o comenta-rios infamatorios relacionados con el privilegio concedido en el artículo anterior no gozarán de inmunidad por razón de estar así relacionados.”

Examinada la evidencia aportada por el acusado, encuén-trase que en verdad muchas de las cuestiones que se dice en la publicación que planteó el abogado Coll y Cuchí, tienen apoyo en lo que el mismo abogado declaró que dijo y en las declaraciones de los testigos Caso y Rossy. Algunas no. Si de sólo esa parte de la publicación se tratara, nos inclinaría-mos a la revocación de las sentencias recurridas, basándonos en una interpretación liberal de lo dispuesto en el artículo 249 del Código Penal.

Pero hay más, el publicista va más lejos y en el título y el comienzo del artículo y en los párrafos finales del mismo hace afirmaciones imputando a los Sres. Guerra, Rodríguez Serra y del Valle la comisión de actos que de ser ciertos de-mostrarían su falta de integridad y virtud. ¿Y qué base tiene para hacer afirmaciones semejantes? Sólo el informe oral del abogado de una de las partes en un recurso contro-vertido que se somete para ser resuelto a un tribunal de jus-ticia. Tal base, sin más, no es suficiente. Lanzar a la pu-blicidad como ciertas acusaciones tan graves con ese solo fun-damento, no está justificado. La presunción de malicia sub-siste y el delito debe entenderse cometido. La libertad de la-palabra hablada o escrita no sufre llegándose a esa conclu-sión. Sólo se exige la responsabilidad que toda acción hu-mana lleva consigo.

Deben confirmarse las sentencias recurridas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro, DEL JUBE ASOCIADO SEÑOR. CORDOVA DAVILA

license: Public Domain

text:
    Eugenio Montes Viera, peticionario y apelante, v. Manuel V. Domenech y Gustavo Ramírez de Arellano, demandados y apelados.
    No. 6161.

    Sometido: Enero 17, 1935.

      Resuelto: Marzo 19, 1935.

      Diego O. Marrero, abogado del apelante; Ilon. Procurador General Benjamin J. Horton y T. Torres Peres, Snbprocuraidor, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de mandamus. La petición fué ne-gada finalmente por la corte de distrito y el peticionario apeló para ante este tribunal.

En la solicitud se alega, en resumen, que el peticionario era en julio 1, 1917, continuó siendo y es miembro del servicio civil clasificado de Puerto Pico; que en abril 19, 1928, por virtud de las disposiciones de la R. C. No. 13 aprobada en igual fecha, fué nombrado por el Comisionado del Interior oficinista encargado de la contabilidad e inspección de toda la gasolina importada, fabricada o producida en Puerto Rico para trabajar en la División de Arbitrios del Departamento de Hacienda con un sueldo de dos mil dólares anuales; que el Comisionado del Interior en ningún momento lia separado, destituido ni suspendido al peticionario de su puesto que es-tuvo desempeñando hasta agosto 22, 1930, en que fué verbal-mente notificado por el Jefe del Negociado de Arbitrios a nombre del Tesorero demandado de que “toda vez que había el peticionario cesado en su cargo por acción legislativa, no tenía nada que.hacer en el Departamento, y por consiguiente podía retirarse de la oficina”; que la actuación del Tesorero demandado se fundó en que “por la acción legislativa reali-zada en la Ley No. 12 aprobada el 21 de abril de 1930, el cargo del peticionario había sido suprimido porque los fondos del asfaltado, de los cuales se pagaban los emolumentos a que tenía derecho el peticionario, habían sido transferidos a los fondos generales del Tesoro”; que su cargo no fué abolido ni suspendido por acción legislativa; que posteriormente, en abril 24, 1931, fué aprobada la Ley No. 40 que dispuso que el sueldo del cargo que venía desempeñando el peticionario se pagara del producto del impuesto de la gasolina, cesando desde la aprobación de esa ley el obstáculo que alegaba el Tesorero demandado para dejar que el peticionario conti-nuara en el desempeño de su cargo; que inmediatamente des-pués de aprobada la Ley No. 40 de 1931, el peticionario pidió al Comisionado del Interior que se dirigiera al Tesorero “a fin de que éste procediera a darle posesión de su cargo y permitirle desempeñar las funciones del mismo, habiéndole contestado el Comisionado del Interior que el demandado Te-sorero de Puerto Eico, Manuel Y. Domenech, le había infor-mado que no necesitaba de más personal en relación con la Ley No. 40 de 1931”; que el peticionario ha insistido con el Tesorero para que le dé posesión de su cargo y el Tesorero continúa negándose sin causa legal alguna, faltando así al claro deber que la ley le impone; que desde julio 1, 1931, ha dejado de desempeñar su cargo debido únicamente a la opo-sición arbitraria del Tesorero demandado, viéndose así pri-vado de percibir su sueldo; que el Comisionado del Interior demandado es el funcionario que tiene el deber ministerial de enviar al Auditor las nóminas correspondientes para que el peticionario pueda percibir sus salarios a partir de julio 1, 1931, y que el peticionario no tiene otro recurso rápido, adecuado y eficaz que el extraordinario de mandamus que establece.

La solicitud, que se archivó en mayo 23, 1932, termina su-plicando, 1, que se ordene al Tesorero demandado que dé po-sesión inmediata al peticionario de su cargo de clerk encar-gado de la contabilidad e inspección de toda la gasolina que se importe, fabrique o venda en Puerto Rico, y le permita desempeñar las funciones del mismo, y 2, que se ordene al otro demandado Comisionado del Interior que proceda a ex-pedir las nóminas correspondientes a los sueldos del peticio-nario desde julio 1, 1931, hasta la fecha en que se le dé pose-sión de su cargo.

Archivada la solicitud, la corte expidió una orden para mostrar causa y en el día señalado comparecieron los deman-dados y se opusieron al libramiento del auto, por los siguien-tes motivos: “(1) Porque existe otra acción pendiente entre las mismas partes y por la misma causa. (2) Porque en la petición de mandamus presentada existe identidad de partes demandante y demandada, y la acción ejercitada es substan-cialmente igual al caso de mamdaums entre las mismas partes, fallado por este Tribunal de Distrito en 26 de marzo de 1931 declarando sin lugar la petición de mandamus, y apelado por el peticionario al Tribunal Supremo en donde recientemente el peticionario ha radicado la transcripción de autos y el ale-gato, en apelación. (3) Porque habiendo el peticionario uti-lizado el recurso de apelación contra la sentencia de marzo 26,1931, la interposición de una nueva petición de mandamus, en la que los hechos son los mismos, ante el propio tribunal que dictó la sentencia apelada, equivaldría a una segunda re-visión de dicha sentencia, por el mismo tribunal que resolvió el anterior mandamus, sin haber renunciado el peticionario-apelante al recurso de apelación ya establecido. ’(4) Porque los hechos del anterior mandamus y los del presente son los mismos pues no han podido variar, no dando derecho nuevo alguno al peticionario el mero hecho de haber sido aprobada .la Ley No. 40 en abril 24, 1931, a qne se refiere sn solicitud, después de interpuesta su apelación. (5) Porque actual-mente no está cubierta la plaza que el peticionario solicita, por persona alguna. (6) Porque siendo una nueva petición de mandamus los demandados, de acuerdo con la vigente ley han debido ser nuevamente requeridos por el peticionario, actuación que no consta haber sido practicada en ninguna forma por el demandante después del fallo apelado. (7) Porque el objeto primordial de la Ley No. 40 es principal-mente el de imponer una contribución de 7 centavos a cada galón de gasolina que se introduzca o venda en Puerto Rico, y el disponiéndose de la Sección 2 relativa al clerh encargado de la contabilidad e inspector de gasolina no confiere ningún derecho nuevo al peticionario sino que es meramente decla-rativo de que de estar alguna persona desempeñando los de-beres como tal clerh su sueldo continuara pagándose del pro-ducto de este impuesto, y no que por ello tenga que- cubrirse necesariamente la plaza. (8) Porque el peticionario ha aban-donado el derecho que alega tener de conformidad con la Ley No. 40 de marzo 4, 1931, en vigor desde julio 1, 1931, al dejar transcurrir el largo período de tiempo de 10 meses sin haber establecido la acción que últimamente ha inter-puesto. ’ ’

Oyó la corte a ambas partes y, como dijimos al principio, negó finalmente la petición. Fundó su sentencia, que dictó en julio 14, 1932, como sigue:

“La Resolución Conjunta No. 13 (Leyes de 1928, pág. 731) que invoca el peticionario tiene por fin, según su título, ‘autorizar al Tesorero y al Auditor de Puerto Rico a pagar del fondo para el asfaltado de las carreteras de Puerto Rico creado por la ley número 8 aprobada el 11 de mayo de 1927, el sueldo del empleado encargado de la contabilidad e inspección de toda la gasolina que se importe, fabrique y produzca en Puerto Rico y para otros fines.’ No crea, pues, esta ley cargo alguno, sino que autoriza el pago del sueldo de un empleado, de un fondo determinado. La Ley Número 8 de 1927 (Leyes de 1927, pág. 421) enmienda el título de la ley No. 52 de 1925 y las secciones 1 y 8 de la misma, pero no crea empleo o cargo alguno. La ley No. 12 de 1930 (Leyes de 1930, pág. 159) enmienda el título y las secciones 1 y 3 de la ley número 8 de 1927 y en esta ley tampoco se crea cargo ni se fija sueldo alguno. Por último la ley número 40 de 1931 (Leyes de 1931 pág. 361) expresamente deroga la ley número 12 de 1930, impone una contribución sobre la gasolina, y dispone ‘que el sueldo del cleric, encargado de la contabilidad e inspector de gasolina, creado por la resolución conjunta número 13, aprobada en abril 19, 1928, que se venía pagando del fondo especial para el asfaltado para las carreteras de Puerto Rico continuará pagándose del producto de este impuesto.’ Como se ve, no crea esta ley deber ministerial, regulado o imperativo a ejecutar por parte del demandado. La teoría del demandante parece ser que una vez que él fue nombrado para el cargo tiene siempre derecho al mismo, y el Tesorero viene obligado a reinstalarlo en él como un deber im-perativo o ejecutivo. Invoca para ello la teoría de que el sueldo es una derivación incidental del cargo, y que éste puede existir sin que se le provea compensación. Tal teoría en nada afecta el problema planteado en este recurso. El mandamus es un procedimiento judicial dirigido a poner en vigor derechos legales claros, y a cumplir deberes ejecutivos que sean impuestos por la ley como parte de la función u oficio del funcionario a quien se dirija el auto. Pero en ninguna de las leyes examinadas por nosotros, se impone al Tesorero el deber ejecutivo de reponer en su empleo al peticionario, el que salió del mismo, no por la actuación del demandado (como así se desprende de la propia petición) sino porque se enmendó la ley a virtud de la cual se autorizaba el pago de su sueldo, y lo que es más, se derogó la misma completamente por la sección 3 de la ley número 12 de 1930. Cierto es que la ley número 40 de 1931 deroga expresamente la número 12 de 1930, pero en este caso es de aplicarse el principio de interpretación estatutaria contenido en el artículo 6 del Código Civil que dice que la derogación de una ley derogatoria no restablece la primitiva ley derogada. Entendiéndolo así el legis-lador insertó el disponiéndose que aparece en la sección 2 de la ley número 40 de 1931, pero tal disposición sólo tiene el efecto de revivir el precepto que autorizaba el pago del sueldo del empleado del Fondo especial para el asfaltado, y más bien es una disposición de carácter académico, porque el producto total de lo recaudado por virtud de la mencionada Ley No. 40, y desde julio 1 de 1931 a junio 30 de 1932, ingresaría en los fondos generales del tesoro de Puerto Rico, por estar considerado como un impuesto sobre renta interna. No siendo, pues, un fondo especial, el Tesorero tiene plenas facultades por la ley para recaudar el impuesto sobre la gasolina, lo mismo que cualquiera otro impuesto, y utilizar para ello los empleados de su departamento encargados del cobro de las rentas internas. El precepto de que el pago del sueldo del clerk encargado del impuesto se baga de cierto fondo, es mandatorio para el Tesorero, si existe el empleado, pero no establece obligación o deber imperativo a cumplir para con el demandante, que no venía desempeñando el cargo cuando se aprobó la ley.
“Y como la defensa levantada es aquivalente a que la petición no expone beebos constitutivos de causa de acción y tal petición no es enmendable, se declara no baber lugar a expedir el auto de mandamus solicitado.”

No conforme el peticionario apeló, radicando la trans-cripción de los autos en septiembre 14, 1932. Fué entonces solicitando prórrogas para su alegato archivándolo al fin en junio 3, 1933. Se señaló la vista del recurso para abril 19, 1934. En abril 10, ambas partes estipularon solicitar la sus-pensión de la vista hasta nuevo señalamiento que se hizo para enero 17, 1935, en cuya fecha quedó el caso definitiva-mente sometido a este tribunal.

En su alegato señala el apelante la comisión de seis errores, cometidos a su juicio por la corte sentenciadora, al resolver : 1, que por la B,. C. No. 13 de 1928, no se creó cargo alguno; 2, que la Ley No. 12 de 1930 derogó la R. C. No. 13 de 1928; 3, que es aplicable a este caso el artículo 6 del Có-digo Civil; 4, que la see. 2 de la Ley No. 40 de 1931, revi-viendo el sueldo del cargo, es académica; 5, que el Tesorero no venía obligado a dar posesión del cargo al peticionario* y 6, que la petición no expone hechos constitutivos de causa de acción, declarándola, por tal motivo, sin lugar.

No hay duda de que la resolución de este caso podría dictarse con mayor seguridad de acierto de haber seguido adelante, permitiéndose a los demandados probar las defensas de abandono de su cargo por parte del peticionario y de haberse decidido previamente sn caso por sentencia dictada por la corte de distrito en marzo 26, 1931. Eso no obstante, creemos qne la sentencia debe confirmarse porque los hechos alegados no demuestran con la claridad que la ley y la ju-risprudencia exigen en casos de mandamus, el derecho del peticionario.

Puede aceptarse que por la R. O. No. 13 de 1928, Leyes de 1928, p. 731, se creó el cargo para el que fue nombrado el peticionario el 19 de abril de 1928, pero no que la creación lo fuera de modo independiente y permanente. Basta examinar el título y los por cuantos de la resolución para concluir que su existencia depende de la de la Ley No. 8 de 1927, Leyes de 1927, p. 421. Parece conveniente transcribirlos. Dicen:

“ Resolución Conjunta — Para autorizar al Tesorero y al Auditor de Puerto Rico a pagar del fondo para el asfaltado de las carreteras de Puerto Rico creado por la Ley No. 8 aprobada el 11 de mayo de 1927, el sueldo del empleado encargado de la contabilidad e inspec-ción de toda la gasolina que se importe, fabrique y produzca en Puerto Rico, y para otros fines.
“Por cuanto, la Ley No. 8 aprobada el día 11 de mayo de 1927 impone una contribución de cuatro (4) centavos por cada galón de gasolina que se venda o consuma o que de otro modo se disponga para el consumo en Puerto Rico y destinar dicho producto de la contribu-ción al asfaltado de las carreteras insulares;
“Por cuanto, para cobrar este impuesto se hace necesario en la Tesorería de Puerto Rico pagar un empleado que se dedique única y exclusivamente a llevar la contabilidad y la inspección de toda la gasolina que se importe, fabrique o produzca en Puerto Rico.” ■

La autorización para el pago del sueldo lo -fué en los si-guientes términos: “Sección 2. — Se autoriza al Tesorero y al Auditor de Puerto Rico para que paguen del fondo para el asfaltado de las carreteras insulares. . .” (Itálicas nues-tras.) T así, cuando se aprobó la Ley No. 12 de 1930, Leyes de 1930, p. 161, enmendando la Ley No. 8 de 1927, de tal manera que el fondo para el asfaltado desapareció, destinán-dose lo recaudado a virtud del impuesto sobre gasolina du-rante el año 1930-31 a los fondos ordinarios del Tesoro de Puerto Rico y a partir del Io. de julio 1931 a la construcción y conservación de las carreteras y puentes insulares, (itálicas nuestras) no sólo quedó sin asignación el cargo, si que sin justificación su existencia. La Ley No. 12 de 1930 contiene una cláusula derogatoria que dice: “Sección 3.- — Toda Ley o parte de ley que se oponga a la presente queda por ésta derogada. ’ ’

Y resulta aún más clara la conclusión a que liemos lle-gado si se toma en consideración que el fondo de asfaltado era un fondo especial creado por la sección segunda de la Ley No. 52 de 1925, Leyes de 1925, p. 297, con la cual estaba co-nectada la No. 8 de 1927, en los siguientes términos:

“Sección 2. — El dinero que recaude el Tesoro de Puerto Rico por concepto del impuesto creado por esta Ley, será depositado en un fondo especial que se denominará ‘Pondo para el asfaltado de las carreteras de Puerto Rico,’ y se aplicará única y exclusivamente al asfaltado de las carreteras insulares.”

La B. O. de 1928, en que basa su derecho el peticionario, cayó con el fondo especial de asfaltado que le daba vida. In-gresado el producto del impuesto de la gasolina en los fondos generales, fue correcta la actitud asumida por el Tesorero. El trabajo en relación con el mismo podía y debía realizarse por los empleados regulares de su departamento.

Siendo ésas las circunstancias del caso, la situación que el mismo presenta es distinta a la de aquélla en que se estableció la jurisprudencia citada por la parte apelante en su alegato que sostiene que el salario es una mera incidencia del cargo, que no constituye parte del mismo y que no es indispensable a su existencia. Aquí hubo más que la mera falta de asignación para cubrir el sueldo de un cargo permanente.

¿Qué efecto produce el disponiéndose de la sección 2 de la Ley No. 40 de 1931 (pág. 361)?

Esa ley tiene vida por sí sola. No está conectada como lo están las de 1925, 1927 y 1930 citadas qne se enmiendan entre sí. Lo está por razón de la materia, desde lnego. Comienza imponiendo por sí misma como si se hiciera por vez primera, el impuesto sobre gasolina, qne se fija en siete centavos por galón, y lnego prescribe por sn sección 2:

“El producto total de lo recaudado por virtud de esta Ley desde julio 1 de 1931 a junio 30 de 1932, ingresará en los fondos generales del Tesoro de Puerto Rico, y después de julio 1 de 1932 el producto total de lo que se recaudare a virtud de esta contribución se dedicará, con la aprobación de la Comisión Económica de la Legislatura y del Gobernador de Puerto Rico, a desarrollar el plan general de caminos municipales preparado por el Departamento del Interior y aprobado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; ...”

Siguen dos “disponiéndose,” el último de los cuales dice:

“Que el sueldo del Clerk Encargado de la Contabilidad e Inspector de Gasolina, creado por la Resolución Conjunta No. 13, aprobada en abril 19, 1928, que se venía pagando del Fondo Especial para el Asfaltado para las Carreteras de Puerto Rico continuará pagándose del producto de este impuesto.”

Claro es que aporta un nuevo elemento para la resolución del problema. Es cierto que se presta a una interpretación favorable al derecho invocado por el peticionario, pero todas las circunstancias bien consideradas, creemos que como dijo la corte sentenciadora sólo tiene el efecto de revivir la auto-rización para el pago del sueldo, no el derecho del peticia-nario al cargo. Si el peticionario hubiera estado desempe-ñando el cargo cuando comenzó a regir el disponiéndose de la Ley No. 40 de 1931, su sueldo pudo haberse hecho efectivo por el Tesorero, pero como no lo venía desempeñando, lo dispuesto resulta en verdad académico en cnanto a él a menos que obtenga un nuevo nombramiento. Y éste no lo solicitó, ni lo ha pedido en el pleito. Parte de la base de que su pri-mitivo nombramiento quedó en pie. Y ya hemos visto que no fue así.

Además, si bien, como dijimos, algunos de los motivos fundamentales alegados por los demandados para opo-nerse a la expedición del auto, no pueden tomarse en consi-deración por no haberse llegado al trámite de la prueba, surge de la propia solicitud que el peticionario acudió dema-siado tarde a los tribunales para que pueda reconocérsele su derecho al auto extraordinario de mandamus que solicita. Si no existió pleito anterior alguno, entonces resulta que dejó transcurrir desde agosto 1930 en que cesó en el desempeño de su cargo hasta mayo 23, 1932, en que archivó su solicitud, cerca de dos años, y si se toman como punto de partida la fecha de la aprobación de la Ley No. 40 de 1931, o sea el 24 de abril de 1931, o la en que empezó a regir, esto es, el Io. de julio de 1931, habría transcurrido más de un año en el primer caso y más de diez meses en el segundo.

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.

OPINIÓN DISIDENTE

DEL JUBE ASOCIADO SEÑOR. CORDOVA DAVILA

En la opinión de la mayoría se dice que £ ‘ puede aceptarse que por la Resolución Conjunta No. 13, de 1928, Leyes de 1928, pág. 731, se creó el cargo para el que fue nombrado el peticionario el 19 de abril de 1928, pero no que la creación lo fuera de modo independiente y permanente.” Acerca de la creación y existencia del cargo no puede haber duda. Para la creación de un cargo no es necesario que la Legislatura declare en palabras expresas su pensamiento. El uso de cualquier lenguaje que evidentemente demuestre la intención legislativa es suficiente para que el cargo se considere creado.

La Resolución Conjunta No. 13, aprobada en 1928, ex-presa la necesidad de pagar un empleado en Tesorería que se dedique única y exclusivamente a llevar la contabilidad y la inspección de toda la gasolina que se importe, fabrique o produzca en Puerto Rico, y en su artículo primero autoriza al Comisionado del Interior a nombrar un empleado con cargo a este fondo, quien llevará a cabo el trabajo mencio-nado. En su artículo segundo dicha Resolución autoriza al Tesorero y al Auditor de Puerto Rico para que paguen del fondo para el asfaltado de las carreteras insulares $2,000 annales al empleado que nombre el Comisionado del Interior para llevar la contabilidad e inspeccionar toda la gasolina que se importe, fabrique o se venda para el consumo, o que de otro' modo se disponga de ella en Puerto Pico. Las pala-bras del estatuto bastan para determinar la creación del cargo referido. La jurisprudencia es clara sobre este particular. En el caso de Ryan v. Riley, 65 Cal. App. 181, 223 Pac. 1027, la corte, examinando una disposición no tan precisa- y categó-rica como la que estamos discutiendo, se expresó en los si-guientes términos:

"¿Crea la primera subdivisión de la sección 30 de la Ley sobre Vehículos de Motor el cargo de funcionario de tráfico? La referida sección dice así:
“ ‘El jefe de la división de vehículos de motor queda por la pre-sente autorizado para nombrar todos los inspectores estaduales en general y además un número suficiente de inspectores del estado y funcionario de tráfico para hacer efectivas las disposiciones de esta ley en cada uno de los condados del estado,’ etc.
“A primera vista, podría aparecer dudosa la creación del cargo referido, pero si se examina e investiga con mayor amplitud, parece claro que el lenguaje usado trasmite e incorpora la intención de la legislatura de dar existencia a dicho cargo, a pesar de que las fun-ciones del mismo han de ser solamente deducidas de los términos generales de la sección, o sea de las palabras ‘para hacer efectivas las disposiciones de la Ley de Vehículos de Motor’ y de que el número de personas ejerciendo las funciones de tal cargo o que están para ejercerlo no ha sido específicamente determinado.
“No es necesario ningún lenguaje especial para la creación de un cargo público. Es bastante si la intención de la Legislatura se manifiesta así por el lenguaje usado. Childs v. State, 4 Okl. Cr. 474, 113 Pac. 545, 33 L.R.A. (N. S.) 563. Que el lenguaje usado en la primera subdivisión de la sección 30 de la ley sobre Vehículos de Motor manifiesta con suficiencia la intención de la legislatura para crear el cargo de funcionario de tráfico está sostenido por el caso de Scott v. Boyle, 164 Cal. 321, 128 Pac. 941, en que una ley de la legislatura aprobada en marzo 18 de 1911 se consideró bastante para crear la posición de sellador de pesas y medidas. La sección 4a. de dicha ley dice así:
“ ‘Los respectivos condados, ciudades incorporadas, pueblos incor-porados, y ciudades y condados del estado, quedan por la presente autorizados para nombrar selladores (sealers) de pesas y medidas.’
“Podríamos ofrecer otros ejemplos, pero nos parece que con los que hemos citado anteriormente es bastante.’’

No podemos aceptar el criterio expuesto en la opinión de la mayoría de que la existencia de ese cargo se hiciese depender de la Ley No. 8 de 1927, Leyes de 1927, pág. 421. El fondo para el asfaltado de las carreteras insulares fué creado por el artículo segundo de la Ley No. 52 de 1925, “para im-poner una contribución de 2 centavos a cada galón de gaso-lina, etc.” El referido artículo dice que el dinero recaudado por el Tesorero de Puerto Pico por concepto del impuesto creado por la ley, será depositado en un fondo especial que se denominará “Pondo para el asfaltado de las Carreteras de Puerto Pico”, y se aplicará única y exclusivamente al as-faltado de las carreteras insulares. Esta ley fué enmendada por la Ley No. 8 de 1927, que aumentó el impuesto sobre la gasolina a 4 centavos por galón. En 1928, o sea tres años después de creado el fondo especial, se creó el cargo para llevar la contabilidad y la inspección de toda la gasolina que se importe, fabrique o produzca en Puerto Pico. Si se exa-mina cuidadosamente la resolución conjunta No. 13, de 1928, se verá que la existencia del fondo de la gasolina no es la que determina la creación del cargo, sino la necesidad de de-signar un empleado en la Tesorería Insular que se encargue de cobrar el impuesto de la gasolina y se dedique única y ex-clusivamente a llevar la contabilidad y la inspección de toda la gasolina que se importe, fabrique o produzca en Puerto Pico. Es evidente que esta necesidad nada tiene que ver con el destino que se dé ai dinero recaudado. Para los efectos del cobro, de la contabilidad y de la inspección, lo mismo da que el dinero recaudado vaya a un fondo especial o que se confunda con los fondos generales del Tesoro Insular. La necesidad de esta labor no desaparece por el hecho de que el producto del impuesto no se destine a formar parte de un. fondo particular. El ingreso de la contribución en los fon-dos ordinarios del Tesoro no puede tener la trascendencia de suprimir el cargo. Fué en 1930 que el impuesto sobre la gasolina pasó a formar parte de los fondos ordinarios del Tesoro en virtud de la Ley No. 12, que enmendó la Ley No. 8, aprobada en mayo 11 de 1927, enmendatoria a la vez. de la Ley No. 52 de 1925. De acuerdo con esta ley “el pro-ducto total de lo recaudado desde julio 1, 1930, a junio 30,. 1931, ingresará en los fondos ordinarios del Tesoro de Puerto Rico, y después de julio de 1931 el producto total de lo re-caudado se pondrá a disposición del Comisionado del Interior-para ser empleado por éste en la contracción, reparación y conservación de las carreteras y puentes insulares, . . . dis-poniéndose que del importe total de esta contribución ingre-sarán $30,000 anualmente, a partir del año económico 1930-31 al fondo de pensiones de la Policía Insular, etc.”

Como se ve, la contribución sobre la gasolina subsiste y el producto total de lo recaudado continúa controlado por el Comisionado del Interior, para ser empleado por éste en la construcción, reparación y conservación de las carreteras y puentes insulares. Nada dice la ley que antecede acerca del cargo creado para la contabilidad e inspección de la gasolina,, pero en 1931 la Legislatura aprobó la Ley No. 40, que aumenta la contribución sobre la gasolina a 7 centavos por galón y deroga la ley No. 12, aprobada en abril 21 de 1930, y dispone que el sueldo del empleado encargado de la contabilidad e inspección de gasolina, creado por la resolución conjunta No. 13, aprobada en abril 19 de 1928, que se venía pagando del fondo especial para el asfaltado de las carreteras de Puerto Rico, continuará pagándose del producto de este im-puesto.

Esta ley últimamente aprobada pone de relieve con toda claridad cuál fué la intención de la Legislatura con respecto-a la creación del cargo referido y a la continuación del mismo. El legislador habla del cargo creado en virtud de la resolu-ción conjunta, aprobada en 1928, y dispone que se continúe pagando al empleado que desempeña dicbo cargo del pro-ducto de la contribución sobre la gasolina. El estudio de toda esta legislación desde sus comienzos demuestra clara-mente que este cargo jamás ba sido abolido, si es que le bemos de dar algún efecto a la letra de la ley y al pensa-miento del legislador. Se trata de estatutos in pari materia, que deben ser conjuntamente interpretados. En el caso de U. S. v. Freeman, 3 How. 562, 565, 11 L. Ed. 727, la Corte Suprema de los Estados Unidos se expresa así:

"La regla correcta de interpretación es que si diversos estatutos se refieren a la misma cosa, deben ser tomados todos en considera-ción al interpretar uno cualquiera de ellos, y es una regla estable-cida de ley que todas las leyes in pari materia deben ser tomadas conjuntamente como si se tratare de una sola ley. (Doug. 30; 2 T. R. 387, 586; 4 Maule & Selw. 210.) Si algo de lo contenido en im estatuto posterior cae dentro de la razón del estatuto anterior, se interpretará en el sentido de que cae dentro del significado de dicbo estatuto; Lord Raym. 1028; y si de un estatuto posterior in pari materia puede colegirse qué significado dió la legislatura al contesto de un estatuto anterior, ésto equivaldrá a una declaración legislativa de su significado y determinará la interpretación que debe dársele al primer estatuto. Morris v. Mellin, 6 Barn. & C., 454; 7 Id. 99. Doquiera que las palabras de un estatuto son dudosas u obscuras, debe acudirse a la intención legislativa para determinar el significado de las palabras usadas. Wimbish v. Tailbois, Plowd., 57. Algo que cae dentro de la- intención de .los redactores del esta-tuto, está dentro del estatuto de igual modo que si su contexto así lo expresara. Zouch v. Stowell, Plowd., 366. Estas citas solamente son distintas ilustraciones de la regla de que el significado legislativo puede extenderse más allá de las palabras precisas usadas en la ley, a base de la razón o motivo que indujo a la legislatura a actuar, del fin que tuvo por mira o del propósito que tuvo en mente — siendo la limitación de la regla que para extender el significado a cualquier caso no incluido en las palabras del estatuto, debe demostrarse que el caso cae dentro de la misma razón que movió al legislador y no tan sólo dentro de una razón similar. En efecto, esta corte en repe-tidas ocasiones ha actuado sobre esta regla y en los tomos en que aparecen publicadas sus decisiones pueden bailarse casos interpre-tando tal regla, como por ejemplo, los casos que han sido citados de las decisiones de las cortes inglesas. En 4 Dall., 14, se dice: ‘Al ser descubierta, debe prevalecer la intención legislativa, no obstante cualquier regla de hermenéutica en sentido contrario que pueda haber sido declarada por leyes anteriores.’ ”

Para nosotros es claro que el cargo no ha quedado abo-lido por el hecho de haber ingresado el producto del impuesto sobre la gasolina en los fondos ordinarios del Tesoro Insular. Las derogaciones tácitas no son favorecidas. Para que un cargo quede abolido, la intención de abolir debe ser clara y manifiesta. 46 O. J., párrafo 30, pág. 935.

La legislatura pudo por inadvertencia haber incurido en la omisión de no hacer constar expresamente que el sueldo del empleado encargado de la contabilidad e inspección de la ga-solina se pagaría como hasta entonces del producto del im-puesto, que continuaba cobrándose aunque sin constituir un fondo especial. La omisión fue subsanada al año siguiente, es decir, en la primera oportunidad que para hacerlo tuvo la Asamblea Legislativa. La Ley de 1931 no deja lugar a du-das sobre este particular. Además, un cargo puede existir aunque no se le baya asignado compensación. La Rocca v. Flynn, 177 N.E. 290. El salario es una mera incidencia del cargo, no constituye parte del mismo y no es indispensable a su existencia. Childs v. State, 4 Okla. Cr. 474, 113 Pac. 545; 22 R.C.L., pár. 217, págs. 525, 526. La legislatura, al decir en 1931 que el cargo creado por la Resolución Conjunta No. 13, aprobada en 1928, continuará pagándose del producto del impuesto sobre la gasolina, parte de la base de que dicho cargo no ha sido abolido. La asignación es específica tanto en cuanto al propósito como en cuanto a la cuantía. Las pa-labras de la ley demuestran claramente que la omisión fué accidental, sin intención alguna, y que se incurrió en ella por inadvertencia u olvido.

En el caso de Campbell v. Schmidt, 219 N.Y.S. 26, se tra-taba de una solicitud de mcmdamms para reinstalar al peti-cionario en las funciones de Jefe de la Penitenciaría. Se alegó que diclia plaza había sido abolida por haberse elimi-nado del presupuesto la partida para cubrir el salario del cargo del peticionario. No apareció de la prueba que se hu-biese dictado resolución alguna para abolir el referido cargo. La corte, resolviendo la cuestión planteada, se expresó así:

‘'Se establece en esta petición por los procedimientos de la Junta de Superintendentes que no se adoptó ninguna resolución por dicho organismo aboliendo formalmente el cargo de Jefe de la Penitenciaría del peticionario, que el Comité de Finanzas de dicha Junta no in-formó que tal cargo hubiese sido abolido, que la Junta de Superin-tendentes, en su presupuesto para el año 1926 omitió incluir una partida para cubrir el sueldo del peticionario, sin hacer mención de su cargo. Tales hechos han sido admitidos. La única cuestión que se ofrece a nuestra consideración es la siguiente: ¿Ha quedado abolido el referido cargo por el hecho de que el presupuesto de 1926 haya dejado de mencionar específicamente el cargo de Jefe de la Penitenciaría y de asignar una cantidad para cubrir el sueldo del peticionario ?
“El abogado no ha podido citar ninguna autoridad sobre esta cuestión. Se ha dicho que para abolir un cargo la intención de abolir de parte de la autoridad competente debe ser clara. 29 Cyc. 1368. La simple omisión de incluir el cargo en el presupuesto no parece ser una clara expresión de una intención de abolir el cargo. No implica necesariamente que tal omisión en el presupuesto fue intencional; puede haber sido accidental y sin intención. Decir que la simple omisión para disponer el pago del salario de un cargo público equivale a la abolición del mismo, está desprovisto de toda razón y de toda lógica; ciertamente no es una clara expresión de una intención de abolir el cargo.”

Repetimos que aún en la hipótesis de que pudiese haber alguna duda acerca de la existencia y continuación del cargo que desempeñara el peticionario desde que fue creado, esta duda ha debido quedar completamente desvanecida por la última ley de la Asamblea Legislativa que dispone que “él suélelo del clerh encargado de la contabilidad e inspección de gasolina, creado por la Resolución Conpmta No. 13, aprobada en abril 19, 1928, que se vema pagando del fondo especial para el asfaltado para las carreteras de Puerto Rico, conti-nuará pagándose del producto de este impuesto.”

Opinamos qne este caso lia debido ser devuelto a la corte inferior para procedimientos ulteriores, a fin de que la parte demandada hubiese tenido la oportunidad de aportar prueba sobre las defensas de abandono y de litis pendencia.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Pueblo Rico, demandante y apelado, v. Carmelo Pagán, acusado y apelante.
    No. 5558.

    Sometido: Noviembre 9, 1934.

      Resuelto: Marzo 19, 1935.

      M. Acosta Velarde, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Pagán, maquinista de una locomotora, fué convicto de in-fringir el artículo 328 del Código Penal y sentenciado a sufrir seis meses de presidio. Apeló y obtuvo una orden para que se preparara la transcripción de evidencia. Luego el ta-quígrafo de la corte logró que se dictara una orden para que se consignara la suma de $125, importe de sus honorarios por preparar dicha transcripción. El apelante entonces so-licitó se dictara una orden eximiéndole de la necesidad de hacer tal consignación y ordenando al taquígrafo que le su-ministrara gratuitamente dicha transcripción de evidencia» La prueba en apoyo de esta moción fué al efecto de que el apelante, que tenía esposa y dos hijos que de él dependían para su sostenimiento, percibía de la American Railroad Company of Puerto Rico un sueldo de $75 mensuales, y que no tenía bienes ni otros ingresos de especie alguna. El juez de distrito declaró sin lugar esta moción por no desprenderse de ella que el apelante fuera un “pobre indigente” dentro del significado del disponiéndose de la sección quinta de la “Ley creando las plazas de taquígrafos-reporters de los tribunales de distrito, determinando sus deberes y fijando sus sueldos y compensaciones” aprobada el 10 de marzo de 1904. Estatutos Revisados de 1911, sección 1281. Esta es la ape-lación interpuesta contra dicha resolución.

El apelante admite que no es un “pobre indigente” pero sostiene que por esta razón y no otra la Corte de Distrito cometió error al declarar sin lugar su moción. Si dándose una interpretación más liberal al artículo 5 de la ley de 1904 y al 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal, tal cual fué enmendado en 1925 (leyes de ese año, página 109) el apelante hubiese tenido o no derecho gratuitamente a una copia de la transcripción, es cuestión que no consideró el juez de distrito y que es innecesario resolver por ahora.

La ley de 1904 dispone primero: “. . . en los casos en que después de una convicción el acusado en una causa criminal pruebe al tribunal, por medio de una declaración jurada o por otro medio, que él no está en condiciones por razón de su pobreza de pagar por la referida copia, requerida como queda dicho, por él o por su abogado, el taquígrafo expedirá gratis tales copias.” Luego la ley continúa diciendo: “Y en todos los casos civiles en que una persona parte en la ac-ción presente una declaración jurada donde conste estar im-posibilitada para satisfacer las costas requeridas por la ley, dicha persona tendrá derecho a los servicios gratuitos del ta-quígrafo del tribunal, en los mismos términos en que éste presta sus servicios a los pobres indigentes en las causas cri-minales y los derechos del taquígrafo se incluirán en las eos-tas cuando fueren impuestas a la parte que pudiese pa-garlas.”

El juez de distrito, a nuestro juicio, dió demasiada impor-tancia a las palabras “en los mismos términos en que éste presta sus servicios a los pobres indigentes.” Las palabras “pobres indigentes” tal cual se usan en la cláusula anterior deben ser interpretadas en relación con el contexto. En la oración anterior la legislatura acababa de decir que el taquí-grafo expedirá gratis copia de la transcripción a cualquier acusado en una causa criminal que “pruebe al tribunal, por medio de una declaración jurada o por otro medio, que él na ■está en condiciones por razón de su pobreza de pagar por la referida copia. ’ ’ Aquí la legislatura trataba directamente de lo que debe exigirse a un acusado insolvente en una causa criminal y la única prueba requerida fué que demostrase “que él no está en condiciones por razón de su pobreza de pagar” y no que es un “pobre indigente”. Inmediatamente antes de las palabras a que dió énfasis la corte de distrito la legislatura acababa de decir que la declaración jurada nece-saria en los casos civiles para dar derecho a una persona “a los servicios gratuitos del taquígrafo del tribunal” lo era una declaración jurada “donde conste estar imposibilitada para satisfacer las costas requeridas por la ley.” Así pues la imposibilidad para pagar fué la prueba expresamente pres-crita por la legislatura tanto para casos civiles como crimi-nales cuando la legislatura tuvo su mente fijada directamente en la cuestión de cuál debía ser dicha prueba. No creemos que la legislatura, después de conceder un privilegio a todos los acusados en causas criminales que por razón de su po-breza no estén en condiciones de pagar, tuviese la intención en la siguiente oración refiriéndose meramente a tales acusados como “pobres indigentes” de privar a muchos o a la mayoría de ellos, de tal privilegio. No obstante, éste sería el resul-tado si la palabra “indigente” se interpretara en la forma en que lo hizo la corte de distrito, en el sentido de que significa persona insolvente, o carente de las cosas necesarias de la vida y se permitiera entonces destruir la disposición clara de la oración anterior. Además, tal interpretación liaría que la segunda oración fuese claramente contradictoria en sus propios términos. Por tanto las palabras “pobres "indigen-tes” deben ser consideradas en el sentido de que significan personas qne por razón de sn pobreza no están en condicio-nes de pagar por una transcripción. Ésta fue la conclusión a que llegaron la corte de distrito y este tribunal en el caso de Berríos v. Garáu, 44 D.P.5R. 775. Esta conclusión tam-bién está en armonía con el artículo 356 del Código de En-juiciamiento Criminal el que, conforme fué enmendado en 1925 dispone ahora que: “. . . cuando el acusado apelante hubiere probado su insolvencia a la corte, será deber de ésta ordenar al taquígrafo que prepare y radique la transcripción libre de derechos.” Véase también Pueblo v. Lawton, 46 D.P.R. 184, y Pueblo v. Ramos Avilés, ante pag. 213.

Debe revocarse la resolución apelada y devolverse el caso' para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Soledad Rodríguez, por sí y como madre con patria potestad sobre sus menores hijos Salvador y Olga Acosta Rodríguez, demandantes y apelantes, v. José Suárez García y Dolores Acosta López, demandados y apelados.
    No. 6463.

    Sometido: Enero 30, 1935.

      Resuelto: Marzo 21, 1935.

      Edelmiro Soldevila, abogado de los apelantes; R. Rodríguez Álberty, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Soledad Rodríguez, por sí y como madre con patria po-testad sobre sns menores hijos Salvador y Olga Acosta y Rodríguez, demandó en la Corte de Distrito de San Juan a José Suárez García y a Dolores Acosta López, en cobro de novecientos ochenta y cinco dólares. Alegó dos causas de acción, exponiendo en la primera hechos demostrativos de que Salvador y Olga son los únicos y universales herederos de su legítimo padre José Manuel Acosta López fallecido en junio 23, 1928, para pedir que se les declarara tales herederos, y aduciendo en la segunda, para pedir que se dictara sentencia condenando a los demandados al pago de la suma reclamada y de sus intereses, substancialmente los siguientes hechos :

A la fecha de su fallecimiento José Manuel Acosta López era dueño de un crédito de novecientos ochenta y cinco dóla-res que se le adjudicó en las operaciones particionales del caudal relicto al óbito de José Manuel Acosta Moroto y Monica de la Cruz López Marrero, hechas constar en escritura pública.

En las mismas operaciones particionales se adjudicó a la demandada Dolores Acosta López “en parte para pagar el expresado crédito,” cierta finca urbana que se describe.

El 7 de abril de 1915 dicha demandada vendió al otro de-mandado José Suárez García la indicada finca. Desde en-tonces Suárez viene siendo el dueño de la misma “con cono-cimiento personal y por el registro de la propiedad de que dicha finca respondía, como todavía responde, del pago del crédito en cuestión, cuyo pago asumió el demandado aludido.”

El crédito no ha sido pagado por ninguno de los deman-dados ni por nadie por ellos, habiéndose por el contrario ne-gado dichos demandados a satisfacerlo no obstante los re-querimientos que en vida les hizo el causante de los deman-dantes y los que éstos les han venido haciendo hasta hace menos de nn año de interpuesta la demanda.

Compareció el demandado José Suárez (Jarcia y excepcionó la segunda causa de acción por falta de hechos deter-minantes de la misma y por estar en todo caso prescrita de acuerdo con el artículo 1865 del Código Civil, Ed. 1911.

Oyó la corte a ambas partes y declaró con lugar las ex-cepciones, y estimando que la demanda no era susceptible de enmienda, dictó sentencia .declarándola sin lugar, sin especial condenación de costas.

No conforme los demandantes interpusieron el presente recurso de apelación, señalando en su alegato la comisión de tres errores.

Consideraremos conjuntamente los señalamientos primero y tercero. Por el primero sostienen los apelantes que la deci-sión de la corte de distrito sobre falta de hechos determinan-tes de la segunda causa de acción, es contraria a la ley y a la jurisprudencia, y por el segundo que si alguna deficiencia pu-diera advertirse en la demanda ésta sería susceptible de en-mienda, motivo por el cual no debió la corte proceder a dic-tar sentencia final en el litigio sin antes dar oportunidad a los demandantes para enmendar su demanda.

Alegan los apelantes que existe nexo jurídico entre ellos y el demandado Suárez porque si bien Suárez no intervino en las operaciones particionales, no es un tercero, ya que al ad-quirir la finca de que es dueño estaba enterado personalmente y por el registro de que dicha finca fué adjudicada a su ven-dedora la demandada Acosta para satisfacer el crédito cuyo pago se reclama, e invocan en su favor el artículo 23 de la Ley Hipotecaria, las decisiones de esta Corte Suprema en los casos de Vergara v. Pérez, 44 D.P.R. 146, y Luiña Hnos. v. Registrador, 3 D.P.R. 18, 2a ed., la sentencia del Tribunal Supremo de España de mayo 23, 1899 y la opinión del comen-tarista Barrachina.

Sostiene por el contrario el apelado Suárez que las auto-ridades invocadas no tienen el alcance que les atribuyen los apelantes, e invoca en sn favor las decisiones de esta corte en los casos de Bou de la Torre v. Registrador, 39 D.P.R. 353, Sánchez v. Hartzell et al., 26 D.P.R. 684 y Bas v. Ferrán, 14 D.P.R. 190, en las cuales basó la corte de distrito la sen-tencia apelada, y la opinión del comentarista Galindo.

Todo depende en este caso de la naturaleza del derecho que surja de la mención en el registro del hecho de la adju-dicación de la finca a la demandada Acosta en parte para pagar el crédito que se reclama. Si el derecho es real, al-canza al demandado García, adquirente posterior; si es personal, sólo se extiende a la adjudicataria, la demandada López.

Es cierto que esta corte en el caso citado de Bas v. Ferrán, 14 D.P.R. 190, decidió que “La circunstancia de que se haya hecho constar en el Begistro que el resto del precio de la venta quedaba aplazado, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Hipotecaria, no varía por sí sola la naturaleza que en el orden civil tiene la acción que compete al vendedor, ni cons-tituye esa simple consignación del precio aplazado un dere-cho real a favor de aquél, ni podría tampoco perjudicar a ter-cero si de él no se hace una mención expresa en el registro.”

T que veinte y un años después esa decisión fué aplicada en el caso de Bou de la Torre v. Registrador, 39 D.P.R. 353, 354, insistiéndose en que “la mención a que la ley se refiere es una que establece un dercho real a favor de alguien”, ins-pirándose ambas decisiones en el artículo 29 de la Ley Hi-potecaria según el cual es solamente “el dominio o cualquier otro derecho real que se mencione expresamente en las ins-cripciones o anotaciones preventivas, aunque no esté consig-nado en el registro por medio de una inscripción separada y especial, ’ ’ el que ‘ ‘ surtirá efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presentación del título respectivo”, de tal suerte que si la mención no se refiere al dominio o cualquier otro derecho real, aunque exista, no perjudica, no alcanza a los terceros.

Pero este caso que estamos considerando es distinto. En Bas v. Ferrán, supra, y en Bou de la Torre v. Registrador, supra, se trataba de menciones de precio aplazado y aquí de la adjudicación de una finca para pago de deudas de una herencia, de la que surge un verdadero derecho real.

En el caso de Vergara v. Pérez, 44 D.P.R. 146, hablando por la corte su Juez Asociado Sr. Hutchison, se expresó así:

“La corte de distrito declaró sin lugar un procedimiento de desahucio por falta de prueba suficiente para establecer el título de la demandante. En una escritura de partición la finca había sido adjudicada a la demandante para que pagara ciertas deudas de la sucesión de su finada madre. La teoría del juez de distrito fue que la demandante no había adquirido el título, toda vez que ella no había pagado las deudas pendientes contra la sucesión. Estas deudas se convirtieron, desde luego, en una carga contra el terreno. El pago de las mismas no se hizo una condición precedente a la adquisi-ción del título por la demandante ni dependía su derecho a la pose-sión de tal pago anterior.”

Lo esencial en esa decisión es que una adjudicación de una finca hecha en una partición para pago de deudas, transfiere el título de la finca al adjudicatario, pero también se dijo en ella: “Estas deudas se convirtieron, desde luego, en una carga contra el terreno”, lo que implica que esta corte consi-deró que el derecho que en tal caso surgía, era de naturaleza real, pudiendo llegarse a igual conclusión sobre el criterio de esta Corte analizando lo que dijo por medio de su Presidente Sr. Quiñones en 1900 en el caso de Luiña Hermanos v. Registrador, 3 D.P.R. 18, 23, 2a ed., a saber:

“Considerando: respecto al pacto de no enajenar que contiene la escritura de partición, que debiendo ser inscrita la adjudicación de los inmuebles con la obligación de pagar las bajas del caudal en la forma establecida en la escritura, quedan los interesados en el pago de esas bajas suficientemente garantidos en sus respectivos derechos, a tenor de lo que establece el artículo 23 de la Ley Hipo-tecaria, y por consiguiente que ese pacto de no enajenar que contiene la escritura es un gravamen inoficioso que debe estimarse por no puesto, como el de no hipotecar por segunda y tercera vez la misma cosa hipotecada; pero que no anula el título, ni la obligación, ni es por lo tanto motivo que impida en su día la inscripción de la escritura en el registro de la propiedad.”

Existe aún jurisprudencia más precisa sobre la naturaleza real del derecho en tal caso, la establecida por la Corte Su-prema de España en su sentencia de mayo 23, 1899, 87 J. C. 284, 289, como sigue:

“Considerando que la mención literal del artículo 33 del Regla-mento para la ejecución de la Ley Hipotecaria exige que se haga al inscribirse inmuebles adjudicados a cualquiera de los partícipes en una herencia, que la obligación impuesta al mismo de emplear su importe en pagar determinadas deudas o cargas, implica la constitu-ción de un derecho real sobre tales bienes, pues que de otra suerte nada significaría que se inscribiese en el Registro dicha obligación, cuando es .evidente' que todos los preceptos de la Ley Hipotecaria están inspirados en el sentido de hacer constar, no las obligaciones meramente personales, sino las que afectan a la propiedad inmo-biliaria, por cuya razón no puede menos de entenderse que desde que en la expresada forma se hace la partición o división de los bienes de una herencia, los inmuebles destinados al pago de deudas o cargas, se hallan especialmente afectos a dicho pago por voluntad de los herederos, quedando por lo tanto subordinada a dicha respon-sabilidad cualquier trasmisión o gravamen posterior que sobre ellos se impongan. ’ ’

El propio Galindo, en su Legislación Hipotecaria, tomo 2, pág. 323 de la 4a ed. reimpresa en 1903, que opina de modo distinto, se expresa como sigue:

“Efectos de la mención de derechos “personales en las inscripciones o anotaciones. Si la mención de la obligación de pagar deudas, im-puesta a ún adjudicatario, surte o no efecto contra tercero. — El art. 29 de la Ley se refiere únicamente al dominio y derechos reales, y no ha de extenderse a los que, no teniendo ese carácter, se hacen constar por cualquier causa en el Registro.
“Deben, por tanto, tenerse por no mencionados y sin ningún efecto con relación a tercero.
“Ahora bien; la mención literal hecha en una inscripción de adjudicación para pago de deudas, de esta obligación, ¿surte o no surte efecto contra tercero?
“Cuestión ha sido ésta muy debatida y recientemente resuelta por el T. S. de J., por S. de 23 de May. 1899, cuyo primer Consi-derando dice así: (Es el transcrito anteriormente).
“Respetando como respetamos el fallo del alto Tribunal que lo dictó, nos permitimos en el terreno puramente doctrinal hacer notar que si el crédito que había de satisfacer el adjudicatario era personal, no puede convertirse en real sólo porque la adjudicación se haya hecho con la obligación de satisfacerlo. Para que tal conversión pudiera admitirse sería preciso que expresamente consignasen los herederos su voluntad de dejar afecta la finca adjudicada, al pago de la deuda, y tal voluntad no puede sobreentenderse cuando sola-mente se dice que el adjudicatario queda obligado al pago.
'‘Así se declaraba de un modo terminante en el art. 23 del Dic-tamen de la Comisión del Congreso al Proyecto de Ley Hipotecaria, que puede verse al pie del texto del art. 23 de la vigente, en este tomo.
“Mas no se crea por esto que sostenemos que no surte efecto en el Registro, el que consten las deudas que el adjudicatario se obliga a satisfacer; porque mencionadas con cláusula rescisoria, caso do incumplimiento, el tercero que quiera contratar sobre la finca, ya sabe que el adjudicatario contrajo esa obligación; y por más que ésta, con respecto al acreedor sea meramente personal, debe ver el riesgo que corre de que llegue a declararse rescindido el contrato de adjudicación, por no haberse pagado las deudas, y vuelva la finca a poder de los herederos, sin que él pueda evitarlo, aunque ya haya inscrito su derecho, porque la causa de la rescisión resultaba del Registro. Así lo establecía el art. 23 de la Ley de Ultramar.
“De todos modos, por lo que al Registrador incumbe, ha de cumplir con hacer la mención literal que exige el art. 33, y dada la doctrina del Supremo, de que la adjudicación para pago de derechos implica la constitución de un derecho real, deberá cuidar de que ' conste claramente en la escritura, la deuda y la persona del acreedor, a fin de que quede bien determinada la extensión del derecho del adjudicatario y de ese mismo acreedor.
“Consecuencia es también de la doctrina del Supremo, que se inscriba especial y separadamente, como exige el art. 29, ese derecho real mencionado. ¿ Y qué documento se presentará para ello ? Rigu-rosamente parece que debería bastar la misma escritura de adjudica-ción; pero en ese caso no debió decir el art. 33 que se hiciera men-ción, sino que se inscribiera. ¿Y cómo se hará constar la extinción de ese derecho? Rigurosamente debía ser por inscripción de cance-lación; pero teniendo en cuenta que sólo está mencionado, paré-cenos que bastaría una nota marginal, con arreglo al art. 16. (Y. el párrafo 4o. del Com. al art. 105.)”

Hemos venido considerando el caso sobre la base de una demanda más precisa que la que dió origen al mismo, porque hemos tenido en cuenta el tercer señalamiento. Discutién-dolo admiten los apelantes en cierto modo que su demanda es deficiente, pero dicen:

“Para dar una idea de que era muy posible que, de concederse oportunidad a los demandantes para enmendar su demanda, éstos hubieran podido hacer nuevas alegaciones robusteciendo su causa de acción, nos referiremos solamente, por ahora, al concepto del crédito, el cual no se alega en la demanda. Éste es un extremo importante de la cuestión. En la demanda en realidad no se dice de qué proviene el crédito que se reclama; y no se expresa de modo claro que el mismo constituye una baja del caudal relicto al falleci-miento del causante de la finca, ni que ésta fuera adjudicada a la demandada Dolores García para pagar precisamente esas bajas. Este mismo extremo pueden alegarlo los apelantes.”

Y así es en efecto.

En cuanto al segundo señalamiento de error o sea el come-tido por la corte al declarar la acción prescrita, bastará decir que es manifiesto. Congruente con su criterio sobre la na-turaleza personal del derecho que surgía de la mención, con-cluyó la corte que la acción ejercitada había prescrito. Ni aún así hubiera tenido razón, porque la demanda contiene alegaciones tendentes a establecer la interrupción de la pres-cripción aunque el derecho de los demandantes no fuera de naturaleza real.

La sentencia apelada debe, en tal virtud, revocarse, con permiso a la parte demandante para archivar una demanda enmendada dentro del término de dies días contados a partir del en que la sentencia de esta corte sea registrada en la Corte de Distrito de San Juan.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Jesús Rosado, demandante y apelado, v. Félix R. Rivera, demandado y apelante.
    No. 6545.

    Sometido: Marzo 8, 1935.

      Resuelto: Marzo 21, 1935.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; A. Reyes Delgado, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Se ejercita en este caso una acción en cobro de dinero por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una promesa hecha por el demandado al demandante. Se alega on la demanda que Félix R. Rivera, Secretario de la Corte de Distrito de Arecibo, prometió nombrar al demandante Jesús Rosado para cubrir el cargo de subsecretario intérprete de la Corte de Distrito de Arecibo cuando estuviese vigente el presupuesto del año fiscal de 1931, sin que hubiese cum-plido su compromiso. El demandado solicitó del deman-dante que se personara, como se personó, en la oficina de ■dicho demandado, donde estuvo trabajando desde el día ocho -de junio hasta el día seis de julio de mil novecientos treinta y uno, bajo la creencia de que sería designado para el cargo-referido.

Los daños y perjuicios que reclama Jesús Rosado apare-cen consignados en el ñecbo cuarto de la demanda que dice así:

“Antes de aceptar la proposición del nombramiento para el cargo de subsecretario intérprete el demandante tuvo oportunidad de colocarse con otras personas que le ofrecieron utilizar sus servicios, y el demandante lo rehusó por haberse comprometido a y estar tra-bajando con el demandado en el carácter en que antes se ha expre-sado, trabajos y servicios que el demandante ahora no puede prestar por haberse hecho de otros empleados aquellas personas que le ofrecieron al demandante utilizar sus servicios, y tanto en lo que ha dejado de percibir el demandante al no devengar el sueldo que se fijara en el presupuesto para el cargo que había de desempeñar, de haberle cumplido su compromiso el demandado, como por el no en-contrarse ahora trabajando de su profesión ni con los que antes se lo ofrecieron, ni con aquéllas que anteriormente pagaban sus ser-vicios, el demandante se ha perjudicado en la suma de mil dólares* para cuyo pago ha requerido al- demandado y éste se ha negado a hacerlo en todo y en parte.”

En estas alegaciones se basa el demandante para solicitar que se declare con lugar la demanda y se condene a Félix R. Rivera a satisfacerle la suma de $1,000 por concepto de daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la promesa que le fue hecha, con más las costas, gastos y honorarios de abogado.

La corte inferior declaró probados los hechos alegados en . la demanda en cuanto a los servicios prestados por el deman-dante en la oficina del secretario y en cuanto a la promesa origen de este litigio, que no fue cumplida por el demandado, quien designó a otra persona para cubrir el cargo de subse-cretario intérprete de la Corte de Distrito de Arecibo. Re-firiéndose a las alegaciones contenidas en el hecho cuarto de la demanda, la corte inferior se expresó así:

“Ahora bien, respecto de la tentativa del demandante para de-mostrar que durante los días en que trabajó en la Secretaría de la Corte de Distrito de Arecibo y por la creencia de que iba a ser nom-brado en propiedad cuando la ley de presupuesto entrara en vigor, se perjudicó en el sentido de baber perdido la oportunidad de obtener otras colocaciones, debemos declarar que ba fracasado, pues acerca de este extremo no aparece en el récord materia de evidencia de especie alguna.”

La corte inferior dictó sentencia condenando al deman-dado a satisfacer al demandante la suma de $77.77, con las costas, gastos y honorarios de abogado. Entiende dicho tribunal que dentro de las especiales circunstancias del caso, debe condenar a Félix E. Eivera a satisfacer esta suma, a que montaría el sueldo per diem de la creada plaza de subsecre-tario intérprete durante los veintiocho días en que trabajó en la Secretaría de la Corte de Distrito de Arecibo, tomando como base el sueldo que a la misma se le fijaba por el presu-puesto del año fiscal.

Se alega por el apelante que la corte inferior co-metió error al declarar sin lugar 1.a excepción previa de falta de causa de acción. El demandado entiende que el incum-plimiento de la promesa que se le atribuye no puede originar causa de acción alguna. Arguye que de acuerdo con la ju-risprudencia esta promesa está viciada de nulidad por ser contraria al orden público, y cita en su apoyo el caso de Schneider v. Local Union No. 60, 116 La. 270, 40 So. 700, donde se dijo lo siguiente:

“Un funcionario facultado para hacer un nombramiento tiene el deber de asegurar la mejor selección posible al tiempo de hacer el nombramiento. El público tiene derecho a demandarlo así y re-sultaría en detrimento de los intereses públicos (against public policy) si se le privara del libre ejercicio de su mejor juicio por un contrato previamente hecho.”

Estamos conformes con esta doctrina. Ofrecer un cargo público a una persona capacitada para ejercerlo por su efi-ciencia e integridad no tiene nada de censurable, pero el in-terés público resultaría quebrantado si se estableciese el prin-cipio de que esta promesa debe cumplirse sobre la base de una relación contractual. El funcionario que nombra es un depositario de la confianza pública que actúa por delegación y no tiene derecho a defraudar esa confianza, disponiendo del cargo y comprometiéndolo en favor de una tercera persona como si fuese su propiedad. El interés público exige que esta facultad de nombrar se ejerza libremente y sin trabas y que no se utilice como un elemento de negociación.

En el caso de Hager v. Catlin, 25 Hun. 448, 450, la corte se pregunta si surge una relación contractual obligatoria de una promesa de hacer un nombramiento a favor de una ter-cera persona que promete aceptarlo. “Supongamos,” dice el tribunal, “que ocurra una vacante en la corte de apelacio-nes y que el gobernador prometa nombrar a cierto abogado que, proponiéndose aceptar, abandona anticipadamente sus negocios profesionales, y supongamos además que el gober-nador no hace este nombramiento, ¿será responsable el refe-rido funcionario por daños y perjuicios?” Contestando esta pregunta dice el Juez ponente Learned, a nombre del tribunal :

“Yo creo que no. Es el deber del funcionario autorizado para nombrar hacer el mejor nombramiento a su alcance conforme a su juicio en los momentos en que hace ese nombramiento. El público tiene derecho a exigirlo así. Y se actuaría contra el bien público si se le privara del ejercicio de su mejor juicio mediante un contrato previamente hecho. Si él ha prometido el cargo a una persona y descubre después que el público quedaría mejor servido con el nom-bramiento de otra, debe tener libertad para hacer el mejor nombra-miento. Y esto, aunque la incapacidad de la persona a quien pri-meramente se hizo la promesa no fuese tan absoluta que constituyera una defensa a una acción por daños, si tal acción pudiera mante-nerse sobre la base de esa promesa.”

En el caso de Conner v. Canter, 44 N. E. 656, la Corte Suprema de Indiana se expresa así:

“Es importante para el público que el cargo sea cubierto por una persona eficiente y competente y que los deberes del mismo sean desempeñados honradamente. Las personas que hacen negociaciones a través de una oficina pública tienen derecho' a ser tratadas con consideración y cortesía y están directamente interesadas en el personal de todas las oficinas públicas. Es el deber de la persona qne tiene el poder de nombrar ejercerlo en aquella forma en que el interés público resulte mejor servido. Este funcionario debe tener libertad para hacer el mejor nombramiento, porque tales nombra-mientos son en cierto grado hechos para el beneficio público. El no puede anular este derecho mediante contratos previamente realizados. Si él promete el cargo a una persona y descubre más tarde que el público resultaría mejor servido con el nombramiento de otra, debe tener libertad para hacer este último nombramiento. (Citas). Un contrato que tiende a resultar o puede resultar en detrimento del servicio público es nulo, por ser contrario al orden público (public policy). (Citas.)”

El presente es un caso claro. Aparte de que de la promesa y su aceptación no surge un contrato válido, obligatorio para el funcionario que nombra, y de que el demandante debió entenderlo así, no se ha presentado prueba alguna para acreditar los daños y perjuicios alegados en el hecho cuarto de la demanda. Estos daños, según se alega, consisten en las oportunidades de colocarse que perdió el demandante por estar trabajando en la oficina del Secretario y en haber dejado de percibir el sueldo que se fijara en el presupuesto para el cargo que había de desempeñar. La corte inferior concedió al demandante una compensación por los servicios prestados, cuyo importe, aun en la hipótesis de que pudiese reclamarse, no se pide en la demanda, que no se basa en esos servicios para el ejercicio de esta acción. La teoría del demandante descansa exclusivamente, como ya hemos dicho, en las oportunidades que perdiera para colocarse y en haber dejado de percibir el sueldo que se le había de pagar en caso de ser nombrado.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra en su lugar desestimando la demanda, sin especial condenación de costas.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Comisión Hípica Insular de Puerto Rico, compuesta de Edmund Stevens, Presidente, Enrique Gatell, José Dávila Ricci, Joaquín A. Burset y Luis Recchani Agrait, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Bayamón, Hon. Luis Samalea, Juez, demandada.
    No. 1010.

    Sometido: Febrero 25, 1935.

      Resuelto: Marzo 26, 1935.

      Diego O. Marrero, abogado de la peticionaria; A. Lastra Gharries y J. Validejuli Rodrigues, abogados del interventor.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

A instancia de la Comisión Hípica Insular de Puerto Rico libramos este auto de certiorari a la Corte de Distrito de Ba-yamón por alegarse que dicho tribunal está conociendo sin jurisdicción de una apelación que interpuso Félix Alvarez contra una resolución de dicha Comisión Hípica que prohíbe a la yegua de carreras Júdex que corra en los hipódromos de esta Isla durante un año.

El jurado del hipódromo Quintana Racing Park acordó imponer a la yegua Júdex un año de suspensión. Félix Alvarez, que es el dueño de ese animal, apeló de esa resolución para ante la Comisión Hípica Insular de Puerto Rico la cual, después de ciertos trámites, confirmó la resolución apelada. Contra esa resolución de dicha Comisión interpuso Félix Al■varez recurso de apelación para ante la Corte de Distrito de Bayamón. En ésta compareció dicha Comisión con solicitud -de qne la corte desestimase tal apelación por no tener juris-dicción para conocer de ella. Antes de ser resuelta esa soli-citud pidió Alvarez a la corte que decretase la suspensión del castigo impuesto a la yegua Júdex mientras se substancie la apelación que tiene establecida. A esa solicitud accedió la corte de distrito, previa prestación de una fianza. Solicitó la Comisión que la corte anulara esa resolución, pero la corte de distrito declaró sin lugar esa solicitud y también la otra en que la Comisión interesó que desestimase la apelación in-terpuesta ante dicha corte por carecer ésta de jurisdicción para resolverla. La corte se declaró con jurisdicción y la Comisión solicitó luego que reconsiderase su resolución, pero habiendo sido negada esa solicitud interpuso este recurso de certiorari.

En una declaración jurada que Félix Alvarez prestó ante la Comisión Hípica en este caso manifestó ser el dueño de la yegua Júdex, que tiene una caballeriza y que tiene ocho ca-ballos de su propiedad.

La única cuestión a resolver en este recurso es si la resolución de la Comisión Hípica que confirmó el castigo impuesto a la yegua Judex es apelable para ante la corte de distrito, pues si no lo es carecerá dicho tribunal de jurisdicción para conocer de esa apelación y también, en consecuencia, para haber decretado la suspensión de la resolución que fué apelada.

La Ley Hípica de Puerto Rico vigente, que es la número 11 de las de 1932, página 195 y siguientes de las de ese año, dispone en su artículo 13 que para poder correr un caballo en los hipódromos de esta Isla deberá estar inscrito en un re-gistro de caballos (studbook) que ha de llevar la Comisión Hípica y que su dueño deberá obtener una licencia para co-rrerlo. Esa ley también dispone lo siguiente:

“Artículo 18. — El jurado es el encargado de velar en los días de carreras por el cumplimiento de la ley y el reglamento de la Comisión Hípica Insular para el funcionamiento de las carreras. Las deci-siones del jurado serán firmes e inapelables, excepto en los casos en que su decisión imponga un correctivo mayor de tres meses de sus-pensión o cien dólares de multa, en los cuales podrá apelarse para ante la Comisión Hípica Insular, la cual tendrá obligación de resolver la apelación dentro del término improrrogable de diez días y cuyo fallo será definitivo e inapelable, salvo lo que dispone el artículo 7 de esta ley. .
“Artículo 7. — La Comisión Hípica Insular, podrá, por justa causa, previa audiencia de partes y oportunidad de defenderse, suspender temporalmente o cancelar la licencia de cualquier hipódromo,, dueño de caballos, jockey, trainer o cuadrero; Disponiéndose, que cualquier resolución de la Comisión Hípica Insular cancelando cual-quiera de dichas licencias, será apelable para ante la corte de dis-trito del lugar donde resida el apelante; la apelación no suspenderá los efectos de la resolución apelada a menos que la corte de distrito ante la cual se hubiere establecido apelación dictare, previa presta-ción de fianza, un auto de supersedeas. .

De acuerdo con esos preceptos y toda vez que el jurado del hipódromo Quintana Racing Park le impuso a la yegua Júdex como correctivo más de tres meses de suspensión, el dueño de ella, Félix Álvarez, podía apelar y apeló de esa resolución para ante la Comisión Hípica, siendo el fallo de ésta en tal caso definitivo e inapelable, a menos que por su resolución cancele la licencia de cualquier hipódromo, dueño - de caballos, jockey, trainer o cuadrero.

La resolución de la Comisión Hípica Insular que fué ape-lada a la Corte de Distrito de Bayamón es una prohibición de que la yegua Júdex pueda correr en los hipódromos de esta Isla durante cierto tiempo; pero aunque esto equivalga a una suspensión de la licencia que tiene su dueño para ha-cerla correr, siempre resultaría una suspensión temporal de tal licencia y no una cancelación de la misma que le prohiba definitivamente que corra dicha yegua. Una suspensión de un derecho es menos que una cancelación del mismo pues por aquélla el derecho queda sin efecto por determinado tiempo. mientras que la cancelación borra y destruye definitivamente tal derecho. La resolución de la Comisión Hípica suspende la licencia de Félix Álvarez por cierto tiempo en cuanto a la yegua Júdex pero no la cancela para siempre. Él puede hacer correr los otros animales que tenga y también la yegua Júdex cuando pase el año de suspensión. En el caso de Arana v. Comisión Hípica Insular, 35 D.P.R. 745, se decretó por la Comisión Hípica Insular la expulsión de un caballo de ca-rrera y su eliminación del libro registro (studbook) mientras que en el presente caso no existe tal expulsión y eliminación sino una suspensión temporal, por lo que la declaración que entonces hicimos de que el expulsar un caballo o tachar su nombre del studbook equivale en ese sentido a revocarle la licencia al dueño, no es aplicable al caso que decidimos ahora. Tampoco es de aplicación el caso de Torres Archilla v. Archilla, 36 D.P.R. 771, que se refiere a un divorcio por haber sido condenado el esposo demandado a cinco años de presi-dio, pues, aparte de que establece una diferencia entre sus-pensión temporal y pérdida de derechos civiles, su conclu-sión fué que la ley no distinguía para el divorcio por ese motivo entre suspensión temporal y pérdida perpetua de de-rechos civiles. No se trata, pues, de una cancelación de su licencia por lo que la resolución de la Comisión Hípica no es apelable para ante la corte de distrito, ya que la ley autoriza tal apelación solamente en caso de cancelación de su licencia para correr sus caballos. Tor consiguiente, la Corte de Dis-trito de Bagamán carece de jurisdicción para conocer de tal apelación y también para haber decretado la suspensión de dicha resolución, por lo que todos los procedimientos habidos en esa apelación ante la Corte de Distrito de Bagamán deben ser anulados.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    Josefa Urdaz Iguina, demandante y apelante, v. José Padín, Comisionado de Instrucción de Puerto Rico y Fernando Ruiz Soler, Director Escolar de Arecibo, demandados y apelados.
    No. 6432.

    Sometido: Noviembre 16, 1934.

      Resuelto: Marzo 27, 1935.

      Busoni & Defending abogados de la apelante; Hon. Procurador General Benjmiin J. Horton j T. Torres Pérez, Subprocurador, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El fundamento del presente recurso es que la corte de distrito cometió error al resolver que la peticionaria babía sido negligente en la reclamación de sus derechos ante la corte por haber dejado transcurrir alrededor de tres años. El nervio del argumento es que si se hubiese librado un auto al-ternativo, la peticionaria hubiera tenido la oportunidad de explicar la demora irrazonable habida.

La peticionaria acudió en solicitud de un auto de mandamus para obligar a que se le renominara como maestra en las escuelas públicas. Radicó su petición original en marzo de 1933 y, en mía petición enmendada archivada el 3 de abril del mismo año, alegó substancialmente: que se graduó de una escuela normal en 1928, que se le designó como maestra rural para el año 1928-29 y que enseñó durante dicho año; que al comenzar el año escolar 1929-30 la peticionaria se encontraba enferma y solicitó se le nombrara una susti-tuta para dicho año; que se designó una sustituía que en-señó durante todo el referido año; que contrario a ciertas disposiciones del reglamento, ella no fué renominada al em-pezar el año escolar 1930-31; que en diciembre 17, 1930, ella escribió a Antonia Brandi, que era a la sazón directora es-colar, exigiendo el cumplimiento del deber ministerial impués-tole por ciertas dispocisiones del Reglamento y no recibió respuesta alguna; y que en- vista del hecho de que la direc-tora escolar no actuó en armonía con dichas disposiciones, la peticionaria se dirigió al Comisionado de Instrucción con fe-cha 21 de agosto de 1930 y éste se negó a cumplir con la sú-plica de ella, fundado en la información suministrádale por la directora escolar, información que no iba acompañada por la renuncia escrita de la peticionaria, sin la cual, según el re-glamento, un maestro no puede ser privado de su escuela a menos que la misma haya ido descontinuada (cosa que no ocu-rría en el presente caso) o a menos que esté envuelto el inte-rés público, lo que tampoco sucedía.

El artículo 17 de nuestra Carta Orgánica dispone :

“El Comisionado de Instrucción dirigirá la instrucción pública en toda la isla;.Preparará reglamentos para la selección de maestros, y los nombramientos de maestros por las juntas escolares estarán sujetos a su aprobación, y desempeñará los demás deberes, no incompatibles con esta Ley, que se le asignaren por ley.”

No tenemos a la vista el reglamento preparado por el De-partamento de Instrucción. Las partes que del mismo se co-pian en la petición leen así:

“Se entenderá que los maestros a quienes los turnos A y B del apartado 10 de este reglamento garantiza la permanencia _ en sus puestos solicitan escuelas a menos que se dirijan por escrito al director escolar renunciando sus derechos a la renominación. (A) del apartado 10: — Maestros que trabajaron el año anterior en las es-cuelas públicas del mismo pueblo, en propiedad, en la última cate-goría de escuelas, y cuya última clasificación no haya sido ‘F,’ a menos que dichos maestros notifiquen por escrito al director escolar que no desean ser nombrados.”

El inciso (a) del apartado 10 que acabamos de citar habla de “maestros que trabajaron el año anterior”. En realidad, la peticionaria no había trabajado durante el año anterior y no caía dentro de la letra de la ley, por lo menos, dentro del inciso (a). Para los fines de esta opinión podría admitirse que ella caía dentro del espíritu de ese inciso. Lo más que puede colegirse de la ínfima porción del reglamento citada por la peticionaria es que maestros regulares que han trabajado personalmente o que han estado representados por un sus-tituto durante el año anterior se considerarán que han solici-tado la renominación, en ausencia de un escrito al efecto de que no desean tal renominación. Ésta es la única garantía contenida en el inciso (a). En ninguna parte del texto citado por la peticionaria aparece nada que imponga al director es-colar el deber ministerial de hacer la renominación. En ver-dad, en ese inciso no puede hallarse nada que prive al Comi-sionado de Instrucción de la discreción conferídale por la Carta Orgánica en lo que concierne a la aprobación o desapro-bación de cualquier nombramiento o renominación hecha por el director escolar, quien ahora actúa en lugar de la junta escolar a que hace referencia la Carta Orgánica. Aun si se admitiese que la solicitud aduce una causa de acción contra la directora escolar, la peticionaria no recibiría beneficio al-guno de la expedición de un auto contra la directora escolar solamente, en vista de la posición adoptada por el Comisio-nado de Instrucción. A este respecto podría notarse de paso que la peticionaria no alega que hiciera ningún requerimiento anterior al querellado Ruiz Soler sino que simplemente requi-rió una vez a su predecesor en el cargo. El haber dejado la peticionaria de exponer más ampliamente la naturaleza del requerimiento hecho por ella al Comisionado de Instrucción y las razones por éste aducidas para su negativa a acceder a tal requerimiento hubiesen bastado para que el juez de distrito se negara a expedir un auto contra el Comisionado.

No hallamos que se cometiera error en la conclusión a que llegó el juez de distrito sobre la cuestión de inactividad {laches). Al radicarse la petición original,' el juez de distrito ordenó la celebración de una vista preliminar para determinar si procedía la expedición del auto. Las partes no sólo acudieron a la vista sino que radicaron alegatos. Cuando el juez de distrito tuvo que considerar estos alegatos halló que se había radicado una solicitud enmendada después de la vista y ordenó una nueva vista a base de dicha solicitud enmendada. Así pues, la peticionaria tuvo amplia oportunidad para explicar en la petición enmendada o mediante declaraciones juradas en apoyo de la misma, su inusitada demora. En vista del hecho de que no se adujo explicación alguna y del hecho adicional que se desprendía con razonable certeza, aunque no se alegó expresamente por la peticionaria, de que el cargo que una vez ella desempeñó había sido cubierto con la designación de otro maestro, el juez de distrito estuvo a nuestro juicio justificado al llegar a la con-elusion de que la demora fue irrazonable y de que la petición de mandamus fue presentada demasiado tarde.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.