author: El Juez Asociado Señou Snydeb,

text:
    Rafael de J. Cordero, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de P. R. Etc., recurrida; y Dulcilio Martínez Molina, obrero lesionado.
    Núm. 272.

    Sometido: Noviembre 8, 1943.

      Resuelto: Noviembre 30, 1943.

      Kon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y G. Beni-tez Gautier) Procurador General Auxiliar, y Angel de Jesús Ma-tos, Joaquín Correa Suárez y Joaquina Pérez Cordero, abogados los tres últimos del Fondo del Estado, abogados todos del recu-rrente; P. Santos Borges, abogado del obrero lesionado.
   El Juez Asociado Señou Snydeb,

emitió la opinión del tribunal.

Dulcilio Martínez Molina informó un lunes, que mientras trabajaba el sábado anterior para un patrono asegurado, “un compañero me dió involuntariamente con un pedazo de madera” en el lado izquierdo del cuello. Dos días después fue examinado por el Dr. Oliveras, quien encontró que tenía un recrecimiento glandular bajo la piel al lado izquierdo del cuello. Para osa fecba no existía indicio alguno de trauma-tismo en el cuello. Un análisis microscópico de tejidos de esta inflamación glandular reveló que Martínez sufría del mal de Hodgkin. El obrero fue sometido a tratamiento por orden del Administrador del Pondo del Seguro del Estado, falleciendo más tarde a causa de esta enfermedad. Antes de morir, la Comisión Industrial resolvió que Martínez es-taba total y permanentemente incapacitado como resultado de un accidente ocurrídole en el curso de su empleo. A so-licitud del Administrador expedimos el auto para revisar dicha decisión, así como la resolución de la Comisión decla-rando sin lugar la moción de reconsideración.

Es de notarse en primer término que los dos doctores que declararon, incluyendo al Dr. Oliveras quien declaró en favor de Martínez, estuvieron contestes en que el mal de Hodgkin, que comienza con una inflamación glandular general seguida de un recrecimiento anormal de las glándulas linfáticas, no puede ser causado simplemente por traumatismo. El Dr. Oliveras se expresó como sigue en contestación a preguntas formuladas por el abogado del obrero:

“R. Limitándonos estrictamente a los conocimientos científicos modernos, yo podría decir que el traumatismo en nada tiene que ver eon la causa de este mal de Hodgkin.
P. ¿ Luego usted no puede afirmar que ésa no Raya sido la causa ?
“R. Lo que se ha estudiado es que el traumatismo no parece ser la causa del mal de Hodgkin. No se puede creer que el traumatismo eau.se el mal de Hodgkin. Se ha estudiado ya eso.
“¿Usted no cree que teniendo en cuenta las circunstancias de las preguntas, de todas esas declaraciones, que no hubo ni un solo sín-toma de la enfermedad antes de recibir el golpe y que él haya reci-bido ese golpe aquí.en la región cervical no fuese una de las causas que produjo eso?
“R. Yo diría que fué una coincidencia.”

La Comisión admitió que había cometido error en su de-cisión original resolviendo que la enfermedad había sido causada por el alegado accidente. Su resolución denegando la moción de reconsideración del peticionario dice en parte como sigue:

“Existe un hecho real y positivo, cual es, que la parte más susceptible del cuerpo humano para manifestarse la enfermedad Hodgkin es la región cervical, y habiendo el obrero recibido el trauma en esa parte y considerando que nunca antes de ese momento el obrero había sufrido de enfermedad alguna, siendo un hombre joven, saludable y fuerte, que según se manifestó en la vista pública no había sufrid) cíe inflamaciones ni de infecciones, es lógico y natural sostener, que si existía 3a enfermedad con anterioridad al accidente, ésta pudo haber sido acelerada con el golpe.
“Existe a nuestro juicio un error en la parte dispositiva de nues-tra resolución de enero 10 de 1943, el chal deseamos corregir y es que allí dijimos al terminar dicho párrafo que la enfermedad fué ■motivada por el accidente sufrido en octubre 25 de 1941, cuando de-bimos haber dicho que fué acelerada por el trauma.”

La única prueba de que el accidente en cuestión ocurriera fué la del propio obrero. En su resolución original la Co-misión manifestó que “De si hubo o no el accidente cual-•quiera duda que pudiéramos tener nos la desvanecería el in-forme médico de alta suscrito por el doctor Meléndez que dice al calce: ‘dado de alta de la contusión sufrida en el cuello’. Esa es una admisión-que hace el Fondo del Estado, la cual nos lleva a la conclusión de que efectivamente hubo-un trauma. Eso por sí solo nos releva de prueba.”

Arguye el Administrador en el presente caso que este in-forme médico no pudo ser considerado por la Comisión toda vez que estaba adherido al informe del caso en poder del Administrador, informe que nunca fué presentado en evi-dencia y el cual, por lo tanto, nunca tuvo oportunidad de re-futar y explicar. No consideraremos este alegado error por razones que expondremos más adelante. •

Asumimos que ocurrió un accidente como el descrito por el obrero. Sin embargo, no podemos encontrar prueba al-guna en el récord sobre la cual pudiese la Comisión haber basado su resolución. Los dos doctores que declararon es-tuvieron contestes en que el accidente‘no pudo ser la causa de la enfermedad. No obstante, ésta fué la única teoría ex-puesta por el abogado del obrero para sostener su caso. Y Martínez insistió, a través de toda su declaración, en que go-zaba de perfecta salud con anterioridad al accidente y nunca tuvo síntomas del mal de Hodgkin antes de ser golpeado por e-1 pedazo de madera, inmediatamente después de lo cual “noté que se me hizo una bolita aquí . . . ”.

La Comisión, a pesar de reconocer el error fundamental cometido en su resolución original, optó por sostener su con-clusión anterior basada en una teoría del caso que no había sido expuesta por el obrero. Sin embargo, si existiese al-guna prueba que sostuviera la última resolución de la Co-misión, aun cuando fuera en contradicción de la propia de-claración del obrero, no intervendríamos con dicha decisión. Pero el récord guarda absoluto silencio sobre ese particular, Unicamente encontramos una sola pregunta sobre dicho ex-tremo hecha al perito del obrero. La pregunta y la contes-tación fueron las siguientes:

“P. Vamos a asumir lo siguiente: suponiendo que ésta hubiera sido una enfermedad, no que lo admitamos, que fuera una enferme-dad que él tenía latente, pudo el traumatismo echársela hacia afuera'?
“It. Si el traumatismo cayó sobre una glándula enferma, pudo traerle una inflamación y pudo acelerar el recrecimiento de la glán-dula, si viene el golpe viene la inflamación.”

Dicha contestación no es por sí sola, desde luego, base suficiente para sostener la decisión de que como cuestión de hecho Martínez ya sufría del mal de Hodgkin al ocurrir el accidente, y que este último aceleró el progreso de dicha en-fermedad. Los hechos de este caso por tanto no justifican la reclamación de acuerdo con- la regla establecida en Colón v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 850, 1, 2, y en Simpson Co. v. Industrial Com., 337 Ill. 454, 9 (1929). Los hechos en este caso se asemejan más a los del de Hale v. State Highway Com., 262 Ky. 753 (1936).

La resolución de la Comisión Industrial será revocada.

      (1) El abogado del obrero hizo -una declaración inicial que dice en parte como sigue:
      "Señor Comisionado, este obrero, el día 25 de octubre de 1940 sufrió un accidente a virtud del cual recibió un golpe en la región cervical izquierda. 3?ué tratado y dado de alta en diciembre 3 como curado. Mientras el obrero estuvo en tratamiento, de octubre de 1940 a diciembre de 1941, se desarrolló en él una enfermedad linfática que, según tengo entendido, se conoce como el mal de Hodgkin, que es una enfermedad de las linfas del cuerpo. Nosotros solicitamos que en esta vista pública se resuelva que la enfermedad contraída por él después del accidente es una causa del accidente y dadas las circunstancias de que esa enfermedad es como es, que se le fije una incapacidad total y permanente en este caso.' ’


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob Snydeb,

license: Public Domain

text:
    Sucesión de Los Esposos Joaquín Rodríguez Rodríguez y María del Pilar Rodríguez Prieto, Etc., demandantes y apelantes, v. Ramona Virella y la Sucesión de José Torres, Etc., demandadas y apeladas.
    Núm. 8585.

    Sometido: Junio 1, 1943.

      Resuelto: Noviembre 30, 1943.

      V. Polanco de Jesús, abogado de los apelantes; E. Pérez Casalduc, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Snydeb,

emitió la opinión del tribunal.

En 1928 José Torres suscribió un pagaré por “valor re-cibido” a favor de la Sucesión de Joaquín Rodríguez, paga-dero a su presentación, por la cantidad de $1,408.57. En 1939 se instituyó un pleito para su cobro. Presumiblemente anti-cipándose a la defensa de prescripción, los demandantes ale-garon, a pesar del hecho de que de la propia faz del pagaré se desprendía que era pagadero a sn presentación, que en la fecha de su otorgamiento se convino oralmente entre el libra-dor y el tomador que el pagaré sería satisfecho “tarde”, conviniéndose, además, que el mismo sería presentado para su pago total o parcial todos los años durante los meses de noviembre y diciembre. Los demandantes alegaron además que, de acuerdo con dicho convenio, el pagaré fué presentado para su cobro durante el invierno de los años de 1929 a 1937, pero que no se hizo ningún pago a cuenta del mismo. Ale-garon que después de la muerte del librador, acaecida en 1937, el pagaré fué presentado a su Sucesión, y que uno de los herederos ofreció en 1938 cierta transacción que no fué aceptada por los demandantes.

Después de una vista en que se ofreció evidencia sobre las anteriores alegaciones, la corte, al terminar los deman-dantes su prueba, declaró con lugar la excepción previa de prescripción interpuesta originalmente por los demandados. Los demandantes han apelado de esa sentencia.

Como quiera que el pagaré en este caso fué otorgado y entregado con anterioridad a la aprobación en Puerto Eieo de la Ley Uniforme sobre Instrumentos Negociables, las disposiciones de esta úHima no se aplican al presente caso (Artículo 547, Código de Comercio, ed. 1932; Dávila v. Sucesión González, 60 D.P.R. 430). El artículo 946 del Código de Comercio dispone, en cuanto a pagarés, un período 'prescriptivo de tres años a partir de su vencimiento. Ya que el pagaré en este caso era uno pagadero a la presentación, el término prescriptivo empezaría a contarse, a más tardar, en la fecha en que el mismo fué presentado para su cobro (Véase el artículo 1869, Código Civil, ed. 1930; cf. Dávila v. Sucesión González, supra). Y las propias alegaciones y la prueba de los demandantes fueron al efecto de que se hizo un requerimiento de pago en 1939. Bajo tales circunstancias, el pagaré en cuestión debió, de ordinario, haber prescrito hace ya largo tiempo. La única base posible para una contención en contrario fué el alegado convenio oral antes mencionado. Sin embargo, ese supuesto convenio oral, estando como está en conflicto con los términos del pagaré, no puede prevalecer sobre las disposiciones del mismo, de conformidad con el artículo 387 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933), que dice en parte como sigue:

“Cuando las condiciones de un convenio se hayan consignado por las partes en un documento, se considerará que contiene éste todas dichas condiciones, por lo que no cabrá entre, las partes y sus repre-sentantes o sucesores en interés, evidencia alguna de las condiciones del convenio, fuera de lo contenido en el documento, . . .”.

Este tribunal, al aplicar el artículo 387, ha dicho que “Idsta regla es algo más que una mera cuestión de prueba. Es una declaración de la política que debe observarse hecha por la legislatura. Tiene por objeto lo mismo que el Esta-tuto Inglés de Fraudes, de donde deriva su origen, el evitar controversias de la naturaleza de la que- ahora consideramos. El contrato ha de considerarse como que contiene todas las condiciones y no puede haber evidencia alguna de las condi-ciones del convenio fuera del contenido mismo del docu-mento.” (Morales v. Díaz, 24 D.P.R. 739, 743). Deseamos aclarar que resolvemos en este caso solamente que un con-venio oral no puede variar un convenio escrito cuando sus disposiciones están en conflicto con este último. Entre otros, convenios orales suplementarios 'que no surten este efecto, así como convenios orales que aclaran ambigüedades, consti-tuyen una clasificación distinta. (Véase el artículo 387, Código de Enjuiciamiento Civil; Restatement Contracts, Secciones 237, 241).

Como ya hemos indicado, se alega que uno de los herederos de librador del pagaré en 1938 hizo verbalmente una oferta de transacción que no fue aceptada. Asumiendo, sin resolverlo, que esto fue suficiente de acuerdo con el artículo 941 del Código de Comercio para constituir un reconocimiento de la supuesta deuda envuelta en este caso, el artículo 48 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que tal reconocimiento deberá ser por escrito. (Véanse Lange v. Honoré, 51 D.P.R. 711; Sucesión Franceschi v. González, 42 D.P.R. 939; In re Cole’s Estate, 126 P. (2d) 660, 63, 64 (Calif., 1942); Ferguson v. Former, 262 P. 337 (Calif., 1927); cf. 135 A.L.R. 433). Sólo nos resta indicar que la supuesta oferta de transacción, como tal, no ayuda a los apelantes en este caso. Una oferta de transacción que no se acepta, no es, por sí sola, suficiente para suspender o eliminar el impe-dimento del estatuto de prescripción. Véanse los casos ci-tados en 12 A.L.R. 544.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


text:
    Rafael Rodríguez Amador, demandante y apelado, v. Pedro García y Great American Insurance Co., demandados y apelantes.
    Núm. 8770.

    Sometido: Noviembre 22, 1943.

      Resuelto: Diciembre 1, 1943.

      Hugh B. Francis y Federico J. Pérez Almiroty, abogados de ios ape-lantes; ('destino Iriarte, P. Fernández (hoyar y Héctor González IlUmes, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

El demandante apelado solicita la desestimación del pre-sente recurso por ser éste claramente frívolo y haber sido interpuesto con el propósito de dilatar la ejecución de la sen-tencia. Alega el apelado que las cuestiones de hecho y de derecho consideradas y resueltas en el caso de autos en ceñ-irá del apelante son exactamente las mismas que fueron con-sideradas por esta Corte Suprema y resueltas también en su contra en el caso de Ramos v. García, 62 D.P.R. 411.

Rafael Rodríguez, el aquí demandante y apelado y Eva Ramos, la demandante en Ramos v. García, supra, fueron arrollados, mientras paseaban en una motocicleta ele dos asientos, por nna guagua propiedad del demandado Pedro García. Cada una de ellos radicó demanda contra García en reclamación de daños y perjuicios. Los dos casos fueron vistos conjuntamente. La prueba practicada por las partes para sostener sus respectivas alegaciones y defensas fue la misma para ambos casos. Estos fueron resueltos por una misma opinión y sentencia en favor de ambos demandantes.

Al desestimar por frívolo el recurso establecido por los demandados en contra de la sentencia dictada a favor de Eva Ramos, dijimos:

“La corte inferior resolvió que el chófer de la guagua había sido negligente ‘ (a) en tratar de pasarle a la motocicleta en los momentos en que se acercaba por el lado opuesto de la carretera otro vehículo, lo que le obligó a pasar tan cerca de la motocicleta que al enderezar-la guagua para continuar su marcha por la carretera chocó con aquélla, dando violentamente con su parte trasera derecha en el ma-nubrio izquierdo de la motocicleta; (5) en no reducir la velocidad de la guagua al pasar a la motocicleta y (c) al no tocar “klaxon’ para avisar al conductor de la motocicleta que iba a pasarlo’.”
“(1) Los damandados hicieron poco esfuerzo para contradecir la prueba que establece los hechos arriba mencionados. A lo sumó-los demandados intentaron probar que Rodríguez acababa de poner en marcha su motocicleta y la había lanzado contra la guagua. -Pero esta prueba no mereció crédito a la corte de distrito, y la prueba creída por ésta sostiene ampliamente la sentencia. En un caso algo parecido, este Tribunal resolvió — citamos del sumario — ‘Guando de-bido a la imprudencia del chauffeur de una guagua al pretender pasar a otro vehículo en el momento en que un truck viene en dirección contraria, la guagua roza con el truck y se ocasionan lesiones a un pasajero de la guagua, tal rozadura, por leve que sea, es fuente de obligaciones.’ (Cruz v. White Star Bus Line, Inc., 46 D.P.R. 435). Véase también, Claudio v. Delgado, 44 D.P.R. 753.”

La corte inferior resolvió que el demandante Rodríguez no había sido negligente. Después de un cuidadoso estudia no encontramos en el récord del caso razón alguna que pueda justificar una alteración de dicha conclusión. Tampoco po-dríamos alterar la conclusión de que el accidente fue moti-vado por la negligencia del conductor de la guagua, toda vez que la prueba del demandante, a la que dió crédito el juez sentenciador, es a nuestro juicio suficiente para sostenerla.

Brillante ba sido el esfuerzo realizado por el abogado del apelante, para tratar de convencernos de que la corte inferior cometió grave y manifiesto error al apreciar la prueba ofrecida para sostener la alegación de negligencia y la ofre-cida para establecer la defensa de negligencia eontributoria. Empero, no ba logrado convencernos de que tal error baya sido cometido, ni tampoco de que la sama adjudicada al de-mandante sea excesiva.

La frivolidad del recurso es tan aparente que procede su desestimación.


text:
    Rafael Bermúdez, demandante y apelante, v. Rafael A. Veve y The Hanover Fire Insurance Co., demandados y apelados.
    Núm. 8840.

    Sometido: Noviembre 29, 1943.

      Resuelto: Diciembre 3, 1943.

      Antonio J. Matta y Fernando Ruiz Suria-, abogados del apelante; Hartzell, Kelley & Hartzell y Rafael O. Fernández, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

Los demandados apelados solicitan la desestimación del recurso interpuesto por el demandante contra la sentencia sobre las alegaciones dictada por la Corte de Distrito de San Juan el 29 de junio de 1943.

Del récord- ante nos aparece que el escrito de apelación fue radicado y notificado a los demandados el 28 de •julio de 1943; que el apelante solicitó y obtuvo de la Corte de Distrito de San Juan dos prórrogas de treinta días cada una para radicar en esta Corte Suprema la transcripción de autos, habiendo expirado la última de dichas prórrogas el 'día 26 de octubre de'1943, sin que el apelante solicitara una nueva prórroga; que la moción de desestimación que estamos considerando fue radicada el día 2 de noviembre de 1943; y que la transcripción de autos fue radicada en la secretaría de esta corte el 23 de noviembre, 1943, o sea 21 días después de haberse notificado y radicado la moción de desestimación.

El artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil y la .-Regla 40 del Reglamento de este Tribunal conceden al ape-‘lante un término de treinta días, desde que el récord queda (ultimado en la corte inferior, para radicar su transcripción en el Tribunal Supremo.

'La cuestión sobre cuándo debe considerarse que un récord -.ha quedado ultimado, fué sometida a este tribunal en Hernández v. Quiñones, 34 D.P.R. 720, resolviéndose (a) que tcuando existe exposición del caso o pliego de excepciones, el --récord se considera ultimado desde el momento en que se aprueban dichos documentos y entran a "formar parte del le-gajo de la sentencia, y (b) que “cuando no existen tales do-cumentos, esto es, cuando todo lo que debe incluirse en la transcripción forma parte del legajo de la sentencia en el momento en que la apelación se interpone, el punto de par-tida para computar el término es la fecha en que la notifi-cación de la apelación se archiva.”

De acuerdo con la regla sentada en el citado caso, el tér-mino de treinta días fijado por la ley para radicar ante esta Corte la transcripción de autos empezó a correr el día 28 de julio y expiró el día 27 de agosto de 1943. Las prórrogas concedidas por la corte inferior para radicar en la Corte Suprema la transcripción de autos son ineficaces “pues es la Corte Suprema la que tiene la jurisdicción para conceder tales prórrogas”, según se resolvió en el citado caso de Her-nández v. Quiñones. De todos modos, aun cuando aceptára-mos que la corte inferior tenía jurisdicción para prorrogar el término, el hecho es que la última prórroga por ella con-cedida expiró el 26 de octubre de 1943 sin que el apelante hubiera radicado la transcripción de los autos.

No habiéndose radicado la transcripción con anterioridad a la notificación de la moción de desestimación, no es aplicable la regla 58 de las de esta Corte.

Debe declararse con lugar la moción y desestimarse por abandono el recurso.


text:
    Pedro Rosado Dávila, demandante y apelado, v. Rafaela Cabrera, demandada y apelante.
    Núm. 8606.

    Sometido: Noviembre 3, 1943.

      Resuelto: Diciembre 3, 1943.

      Zoilo Dueño González, abogado de la apelante; Juan Ramos Lebrón, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

Este es un caso de injunction para retener la posesión de una finca rústica. Alega el demandante que él está en posesión de una finca de 1.34 cuerdas; que la demandada,, “desde el mes de abril de 1941 y basta la fecha de la pre-sentación de esta demanda, ba venido perturbando al deman-dante en la posesión”, impidiéndole cercar la finca y arran-cando los postes cada vez que el demandante ba tratado de cercar su propiedad. La demanda fue radicada el 27 de abril de 1942.

El día 4 de mayo de 1942, fecha señalada para la vista, no habiendo comparecido la demandada, la corte declaró con lugar la demanda. El mismo día después de haber pasado-la hora señalada para la vista, compareció la demandada por medio de abogado y solicitó permiso para litigar como po-bre. Solicitó también que se dejase sin efecto la sentencia dictada en su contra, alegando que eha vive en un barrio del término municipal de San Lorenzo; que a pesar de haberse levantado temprano, tuvo que ir a pie hasta San Lorenzo, en donde consiguió guagua para ir a Humacao, y que por ese motivo y por haberse efectuado en ese mismo día el cambio .de hora en la Isla, llegó a la corte unos minutos después de haberse declarado ésta en receso. La mocion fne acompa-ñada de nn affidavit de méritos y de nna contestación en la cnal la demandada negó específicamente las alegaciones de la demanda, especialmente la referente a la posesión de la finca por el demandante. Como materia nueva alegó que la demanda no adnee hechos suficientes para constituir causa de acción y es ambigua, ininteligible y dudosa; y que du-rante los últimos veinte años la demandada ha estado en po-sesión de una finca de cuatro cuerdas más o menos, de la cual forma parte la parcela que reclama el demandante.

En mayo 25 de 1942, la Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia en la que hace constar que “a petición del abogado del demandante y no habiendo contestado la de-manda la demandada Rafaela Cabrera, ni hecho alegación alguna en contra de la misma, la Corte dicta sentencia en rebeldía contra la demandada, declarando con lugar la de-manda y expidiendo un Auto de Injunction para retener el demandante la posesión de la descrita finca”. La deman-dada fue condenada a pagar las costas y $50 de honorarios de abogado.

En junio 23 de 1942, la demandada radicó una moción para que se dejara sin efecto la sentencia y se señalara el caso para ser visto en su fondo. En la moción se alega que 1a. Corte “a petición de las partes” fijó el 25 de mayo para discutir lá moción para dejar sin efecto la sentencia, radi-cada por la demandada el 4 de mayo de 1942 por medio de su abogado F. R. Aponte; que dicho abogado Sr. Aponte notificó por correo a la demandada sobre dicho señalamiento, pero que la carta que contenía la notificación le fue devuelta al abogado marcada “unclaimed”.

El 21 de julio de 1942, fecha señalada para la vista de la moción para dejar sin efecto la sentencia, compareció el abogado del demandante, mas no así el de la demandada, no obstante haber sido notificado del señalamiento. Por ese mo-tivo y por no haberse radicado el affidavit en apoyo de la moción, la corte la declaró sin lugar.

En agosto 11 de 1942 la demandada radicó escrito de ape-lación. Su abogado ha radicado nn alegato en apoyo del re-curso, en el que sostiene: (a) que la corte inferior no tuvo jurisdicción para dictar sentencia en rebeldía por no haber sido notificada la demandada del señalamiento del caso para el 25 de mayo de 1942; y (6) que la demanda no aduce he-chos constitutivos de causa de acción, por cuanto en ella no se alega que el demandante, dentro del año precedente a la presentación de la demanda estuviera en la posesión real de la finca en litigio, razón por la cual la sentencia recurrida es nula e ineficaz.

(a) A nuestro juicio la corte inferior actuó con jurisdicción. Del récord aparece que el día 4 de mayo de 1942, fecha señalada para la vista, la demandada estuvo representada por el abogado Mario Orsini, y que éste al ser llamado el caso renunció la representación de la demandada, sin haber hecho alegación alguna en contra de la demanda. La demandada fué notificada del señalamiento, pero llegó después de la vista del caso, por haber tenido que recorrer una gran distancia desde su casa hasta la corte. Cuando por fin llegó, se enteró de que el abogado a quien había confiado la defensa de su caso lo había abandonado, y entonces confió su representación a otro letrado, que si bien fué muy activo en radicar el mismo día 4 de mayo una moción para litigar in forma pauperis, otra para dejar sin efecto la sentencia y un proyecto de contestación, no lo fué para urgir y defender la anulación de la sentencia. No mejoró la suerte de la demandada al confiar su representación a otro abogado. Este solicitó la anulación de la sentencia, pero se olvidó de presentar con su moción un affidavit de méritos 3^ de comparecer a defender su moción el día señalado por la corte en su presencia.

Es preciso convenir en que un poco de diligencia e inte-rés por parte de uno solo de los tres abogados que en dis-tintas etapas del procedimiento llevaron la representación de la demandada, hubiera dado nna oportunidad a la corte sen-tenciadora para hacer uso de sn discreción y dejar sin efecto, la sentencia y entrar a conocer del caso en sns méritos.

No debemos dejar pasar esta oportunidad sin bacer cons-tar nuestra desaprobación de la práctica de renunciar o aban-donar la representación de nn cliente sin antes avisar a éste con tiempo suficiente para qne pueda obtener los servicios de .otro abogado. El abogado que acepta la defensa de los intereses de un cliente está obligado a defenderlos, lo mismo en el caso del cliente pudiente que en el del insolvente, hasta haber dado al cliente una oportunidad de conseguir otro de-fensor. Ningún abogado está obligado a aceptar la repre-sentación de una persona insolvente, pero si la acepta se obliga a defenderla con la misma diligencia, celo e interés que si se tratara de un cliente pudiente. Esas obligaciones profesionales quedaron incumplidas en el caso de autos.

(6) La demanda interpuesta en este caso aduce hechos suficientes para constituir causa de acción.

La sección 2 de la Ley proveyendo Procedimientos para Becobrar la Posesión de Propiedad Inmueble (Artículo 691, Código de Enjuiciamiento Civil, Edición 1933), dispone que en la demanda de injunction se hará constar:

“(1) Que el demandante, dentro del año procedente a la pre-sentación de la demanda, estaba en la posesión real de la propiedad que en dicha demanda se describe, si trata de recobrarla, y estaba y está, si de retenerla.”

En el presente caso el demandante alega que él está en posesión de la finca y que desde el mes de^ abril de 1941 la demandada ha venido perturbándole en su posesión. Y pide el injunction para poder retener la posesión libre de las per-turbaciones de la demandada. Esa alegación es suficiente para cumplir con el requisito del.estatuto de que en la de-manda se hará constar que el demandante estuvo en pose-sión dentro del año precedente a la radicación de la de-manda.

(o) En sn argumentación oral ante esta corte, el abogado de la demandada apelante llamó nuestra atención hacia el hecho de que la corte inferior había dictado sentencia en contra de la demandada sin que el demandante presentara prueba alguna para sostener las alegaciones de su demanda.

¿Estando jurada la demanda, siendo ésta suficiente prima facie para determinar una causa de acción en contra de la demandada y no habiendo ésta comparecido o hecho alega-ción alguna en la fecha señalada para la vista, estaba facul-tada la Corte de Distrito para dictar la sentencia que dictó, sin requerir del demandante la presentación de prueba para sostener las alegaciones de su demanda? Veamos la ley.

La sección 1 de la ya citada Ley proveyendo el Procedi-miento para Recobrar la Posesión de Propiedad Inmueble, dispone que “Se concederá un injunction para retener o re-cobrar la posesión material de propiedad inmueble, a instan-cia de parte interesada, siempre que ésta demuestre, a satis-facción de la corte, que ha sido perturbada en la posesión o tenencia de dicha propiedad” (itálicas nuestras). La sec-ción 2 de la misma ley provee que “la demanda será redac-tada y jurada de acuerdo con las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil.”

La ley de marzo 13 de 1913 (núm. 43, pág. 85), que ve-nimos examinando, tuvo, su origen en y vino a sustituir los artículos 1651 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, que establecen los interdictos posesorios de retener y de recobrar, como remedio para la sumaria restitu-ción y defensa de la posesión. El interdicto es un procedi-miento sumario que sólo tiene por objeto ~el de decidir inte-rinamente sobre la actual 3^ momentánea posesión, o sea so-bre el hecho de la posesión, sin perjuicio del derecho de los interesados; y también suspender <,< evitar un hecho que pueda perjudicar o causar daño al poseedor.

El artículo 1651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Es-pañola determina los casos en que procederá el interdicto de retener o de recobrar. El artículo 1652 provee que en la de-manda “Se ofrecerá información para acreditar” (1) que el reclamante se baila en la posesión o tenencia de la finca, y (2) que ha sido inquietado o perturbado en ella, expresando claramente los actos en que consista la perturbación. El ar-tículo 1654 dispone que “si de la información resultaren •comprobados los dos extremos expresados en el artículo 1652”, el juez mandará convocar a las partes a juicio verbal. De acuerdo con el artículo 1656, “para la celebración del juicio verbal se observará lo prevenido en los artículos 1644 y siguientes, llevándolo a efecto au/nque no concurra el de-mandado.” (Itálicas nuestras.) Provee además el citado artículo 1656, que sólo se admitirán las pruebas que se re-fieran a la posesión del reclamante y a los actos de pertur-bación o despojo realizados por la parte demandada.

En su obra “Ley de Enjuiciamiento Civil”, volumen 6, páginas 153-154, dice Manresa:

“Hemos dicho que la audiencia que se concede al demandado en •estos interdictos ha de ser por medio de juicio verbal, en cuyo acto podrá alegar y probar cuanto a su defensa conduzca. Para que sobre esto no haya dudas y abusos, se ha adicionado el artículo 1655, por el que se previene que ‘no se admitirá al demandado escrito alguno cuyo objeto sea impugnar la demanda, ni pretensión que dilate la celebración del juicio’. Éste ha de celebrarse en el día y hora se-ñalados, concurra o no el demandado, sin que pueda admitírsele nin-guna pretensión que tienda a dilatarlo.” (Itálicas nuestras.)

En-su discusión de este punto legal sobre los interdictos, la Enciclopedia Jurídica Española, al tomo 19, página 786, dice :

“Estos extremos han de justificarse del único modo que puede hacerse, por referirse a cosas que están a la vista de la gente o sea por medio de testigos, cuya información se ofrecerá en la propia demanda para acreditar que el reclamante o su causante se halla en la posesión o en la tenencia de la cosa y que ha sido inquietado o perturbado en ella, o tiene motivos fundados para CTeer que lo será, o bien que ha sido ya despojado de dicha posesión o tenencia.
“Para que la información produzca el efecto deseado, es decir, para que tenga eficacia,' es preciso que se puntualicen y acrediten cumplidamente en ella de un modo que no pueda dar lugar a la menor-duda, los actos exteriores en que consistan el conato de perturbación o la propia perturbación y el despojo, y se haga constar si fueron ejecutados por el demandado u otro por orden de éste, especificándo-la certeza de esta última aseveración para que quede acreditado sí ese tercero obró por sí y ante sí, o como mandatario de la persona, contra la cual se dirige la acción.
“Practicada la información, si resultaren de ella comprobados los. dos extremos mencionados, el juez convocará a las partes a juicio verbal, que se amoldará a las reglas establecidas para el de igual carácter en el interdicto de adquirir.”

De lo expuesto se deduce que al disponer que se conce-derá el injunction para retener la posesión, a instancia de-parte interesada, “siempre que ésta demuestre, a satisfac-ción de la corte, que lia sido perturbada en la posesión o te-nencia de dicha propiedad”, la intención del legislador fue la de que el solicitante del injunction para retener la pose-sión debe demostrar con pruebas satisfactorias para la corte-el hecho de que él está en la posesión actual de la finca y los hechos constitutivos de la alegada perturbación; y que-la prueba de esos hechos debe ser practicada, aun en el caso en que el demandado no haya comparecido en la fecha seña-lada para la vista.

El caso de Valle v. Arroyo, 59 D.P.R. 171, presenta unn situación distinta a la del caso de autos. En el citado casor la parte demandada compareció y formuló una excepción previa basada en la alegada insuficiencia de los hechos ex-puestos en la demanda. La corte de distrito dictó sentencia, sobre las alegaciones y el demandado apeló. Y teniendo en cuenta que una' excepción previa de esa naturaleza consti-tuye una admisión de la veracidad de los hechos alegados en-la demanda, resolvimos que procede dictar sentencia sobre-las alegaciones en una acción de injunction para recobrar la posesión, cuando la demanda contiene todas las alegaciones-requeridas por el artículo 691 del Código de Enjuiciamiento; Civil. En el caso de autos la demandada no compareció ni formuló alegación alguna en contra de la demanda. El de-mandante estaba obligado a demostrar a satisfacción de la-corte inferior los hechos esenciales de su demanda. Fue error de la corte sentenciadora dictar sentencia a favor del demandante sin requerir de éste la presentación de evi-dencia.

La sentencia recurrida debe ser revocada y el caso de-vitelto a ía corte inferior para ulteriores procedimientos no> inconsistentes con esta opinión.


text:
    Etanislao Rodríguez Rivera, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada, y Fondo del Seguro del Estado, asegurador.
    Núm. 269.

    Sometido: Noviembre 1, 1943.

      Resuelto: Diciembre 6, 1943.

      Miguel García González, abogado del recurrente; Son. Procurador-General Interino M. Rodríguez Ramos y Joaquín Correa, abogados: del Fondo del Seguro del Estado.
   El. Juez Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

F1 obrero recurrente sufrió un accidente del trabajo al' caerle sobre el pie derecho una plancha de hierro que levan-taba con una barra, causándole contusiones en los dedos ter-■cero y cuarto y fractura de la punta del dedo segundo de .dicho pie. En diciembre 2, 1942, fue dado de alta por el médico del Fondo del Seguro del Estado, y desde esa fecha el Administrador le suspendió las dietas de $10 semanales ■que había venido percibiendo. En diciembre 10 del mismo año el obrero se dirigió al Administrador, alegando que no •se encontraba en condiciones para volver al trabajo y soli-citando ser oído de nuevo con el fin de que se adoptaran las medidas necesarias para su tratamiento y curación. Negóse ■el Administrador a reconsiderar el caso y confirmó su reso-lución por la que fijó al obrero una incapacidad de un diez ■por ciento de las funciones fisiológicas del dedo segundo del pie derecho y ordenó que se le pagara en total y por una sola vez una compensación adicional equivalente a la mitad •del jornal que ganaba el día del accidente, por un período de semana y media, o sea la suma de $14.18.

En 13 de abril de 1943 la Comisión Industrial revocó la resolución del Administrador y emitió otra al efecto de que ■■al obrero debía dársele un tratamiento adicional de fisiote-rapia con descanso por un término no mayor de dos sema-nas, con derecho a dietas durante ese período. En 10 de mayo de 1943 la Comisión, de acuerdo con el informe de sus ■asesores médicos y de los del Fondo, resolvió que el obrero •debía ser dado de alta y reconocérsele una incapacidad do un 10 por ciento de las funciones fisiológicas del dedo se-gando del pie derecho. En 19 de mayo de 1943 el obrero ¿solicitó la reconsideración y que se le ordenara el pago de dietas por el .tiempo transcurrido desde diciembre 3, 1942 a ■abril 19, 1943, más las correspondientes a las dos semanas de tratamiento adicional. La Comisión denegó la reconside-ración por el fundamento de que “los juanetes y la infección micótica que sufre el obrero son los responsables de la con-•dición de incapacidad que tiene el obrero para el trabajo y como esa condición existía cuando él fue dado de alta para Ir aba jar, si dejó de trabajar durante el período de diciembre de 1942 a abril de 1943, es lógico concluir y así lo resolve-mos que no puede alegarse qne fuera por motivo resultante-de sn lesión.”

En apoyo del recurso interpuesto para ante esta Corte-Suprema, el recurrente alega:

(A) Qne la Comisión erró al concluir que la incapacidad que 'sufría el obrero basta que fué dado de alta definitiva-mente no tuvo relación con el accidente sufrido.

(B) Que la Comisión cometió error de derecho al negarle-ai obrero el pago de dietas desde el 2 de diciembre de 1942,, fecha en que fué dado de alta por primera vez, hasta el 19 de abril en que se le dió el tratamiento adicional por dos se-manas, “al cabo de las cuales fué dado de alta definitiva-mente y en condiciones de poder volver al trabajo a pesar-de la infección micótica y de los juanetes.”

Las dos cuestiones levantadas por el recurrenteestán tan íntimamente relacionadas que es preciso considerarlas conjuntamente como si de una sola se tratara.

Del récord ante nos resulta que el obrero lesionado fué-dado de alta definitiva en diciembre 9 de 1942 por el Dr. J. M. Quiñones, Inspector Médico del Fondo; que en marzo 5 de 1943 el obrero fué examinado nuevamente por el citado-doctor y por el Dr. Cordero, Asesor Médico de la Comisión, quien después de informar que “el obrero presenta un ligero-edema en el dorso del pie derecho, así como en los dedos del mismo pie, habiendo encontrado además que el obrero pre-senta juanetes en ambos pies e infección micótica en las uñas-de ambos pies”, opinó que al obrero debe concedérsele el beneficio de la duda en cuanto a que la sintomatología actual sea consecuencia de la fractura sufrida en el segundo dedo del pie derecho; y que no estando conforme el Asesor Mé-dico del Fondo, se acordó la .celebración de una vista publica..

Hemos examinado la prueba pericial practicada ante la Comisión, de la cual haremos' un resamen. Declaró el Dr. Quiñones, médico del Fondo, que él examinó muchas veces al ■lesionado, estudió cuidadosamente el caso y las radiografías; -que la fractura sufrida es tan pequeña que el primer in-forme radiólogo fué negativo de fractura; que los informes posteriores revelaron que la fractura había consolidado en perfecta aposicióji, sin que hubiese desplazamiento de los fragmentos, ni formación de callos, ni en ningún momento infección de las heridas, de los demás dedos; que admite que •el obrero está incapacitado para trabajar, pero que eso se •debe a que padece de dos juanetes enormes, tanto en el pie ■derecho como en el izquierdo; que el juanete es una lesión que incapacita al obrero; que la incapacidad que sufre el obrero en este caso no se debe a la pequeña fractura del dedo; que el obrero sufre de otra lesión grave de los dos pies, una lesión fungosa, y que en algunos dedos ha perdido las uñas; que lo que debe hacer esté obrero es tratarse los .juanetes y no la fractura, la cual está consolidada y ha re-cibido ya el máximum de tratamiento; que el día en que fué dado de alta, el obrero estaba en condiciones de poder tra-bajar, a no ser por la condición de los juanetes; que la frac-tura sufrida no pudo en manera alguna agravar la condición cíe los juanetes de que sufre el obrero, ni poner a éste en las condiciones en que ahora se encuentra; y que los dolores de que se queja el obrero no son consecuencia de la fractura y sí de las otras condiciones de sus pies.

Declaró el Dr. Cordero, Asesor Médico de la Comisión. Describió las mismas condiciones observadas por el médico del Fondo en los pies del obrero, agregando que había ob-servado un ligero edema en el pie derecho, que no aparecía •en el izquierdo, no obstante existir en ambos los juanetes y la lesión fungosa. Sostuvo que hay tres causas que pueden producir esa clase de edema y admitió que los juanetes pue-den ser la causa del edema y también de los dolores que el ■obrero alega tener en el pie derecho, y que la infección mi-■cótica puede ser también la causa del dolor y del edema. Agregó, “que es casi imposible pensar que una fractura de carácter leve como la qne este obrero sufrió, incapacite a este obrero para trabajar, habiendo consolidado, qne no esté en condiciones de reanudar sn trabajo”, y terminó diciendo' qne no cree qne se le debe anmentar la incapacidad porqne los movimientos de los dedos son normales, pero qne cree .justo qne se dé al obrero el beneficio de la dnda.

Las conclusiones a qne llegó la Comisión están sosteni-das por la prueba pericial, y no encontramos razón alguna para intervenir con su apreciación de la prueba pericial.

Habiendo llegado a la conclusión, que hallamos justifi-cada, de que la incapacidad en que se encuentra el obrero recurrente para volver al trabajo, no está relacionada con el accidente, la Comisión no erró al negarse a conceder al re-currente las dietas solicitadas.

La resolución recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor T-odd, Je.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jovino Mercado Rosado, acusado y apelante.
    Núm. 10201.

    Sometido: Diciembre 2, 1943.

      Resuelto: Diciembre 6, 1943.

      J. M. Valentín Esteves, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor T-odd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Jovino Mercado Rosado fné denunciado por una infrac-ción del artículo 10, letra (a), de la Ley de Automóviles de 1942 (núm. 55, pág. 527), porque mientras guiaba un truck “no ejerció el debido cuidado ni tomó precauciones razona-bles para garantizar la seguridad de vidas y propiedades,, por no medir el ancho, tráfico (sic) y uso del camino y co-rrer a velocidad, arrolló a Enrique Lamela Layando, de Isa-bela, infiriéndole contusiones en la frente y la fractura de-la pierna izquierda ...” La Corte de Distrito de Agua-dilla, en apelación, lo declaró culpable y lo sentenció a pa-gar una-multa de $25 o a cumplir la prisión subsidiaria. En este recurso alega el apelante que la corte inferior erró al apreciar la prueba porque la misma no sostenía las alega-ciones de la denuncia.

La prueba presentada por El Pueblo demostró queEnrique Lamela caminaba por el lado derecho de la carretera que conduce de Isabela a Aguadilla y que al pasar un truck guiado por el apelante, a una velocidad exagerada por el lado de Lamela le dió un golpe" con una cadena de hierroque traía suelta en la parte trasera y la cual venía dando foetazos según caminaba el truck; que la cadena se usaba para amarrar la tapa del truck; que el apelante no tocó klaxon o bocina, y al darle con la cadena en una pierna, Lámela cayó sin conocimiento y al ser trasladado al hospital se comprobó que había sufrido la fractura de una pierna.

La prueba del acusado negó todos los hechos imputados. Tendió a demostrar que al pasar por el sitio del suceso La-mela estaba acostado en la cuneta y que él paró el truck, lo recogió y llevó al hospital. Negó que la cadena fuera suelta y que el truck caminara a una velocidad exagerada sin dar-aviso.

La corte no dio crédito a la prueba del apelante y -sí a la de El Pueblo y nada encontramos en el récord que justi-fique el que intervengamos con la forma en que dirimió el conflicto. Empero, sostiene el apelante que no hubo prueba alguna de que Lamela fuese arrollado por el truck según se alega en la denuncia. Sostiene que el perjudicado no fue tocado por ninguna parte del truck propiamente dicho y que por lo tanto no se probó el hecho imputado.

No obstante que en el concepto popular y corriente “arro-llar” a una persona puede ser el de pasarle por encima y atropellarla con un vehículo, sostenemos que igualmente se arrolla a una persona con una cadena que forma parte de un vehículo y la cual por llevarse suelta dando foetazos de lado a lado causa daño. Es más, el viandante que con éxito se defiende del peligro del vehículo colocándose a la derecha del camino no puede prevenirse y defenderse con igual éxito 'de una cadena que se lleva suelta dando foetazos según ca-mina el vehículo. La prueba, creída por la corte, demostró que Lamela fue arrollado por la cadena del truck. Sería ha-cer una distinción muy sutil y técnica sostener como pre-tende el apelante que la única forma en que puede ser arro-llada una persona por un vehículo de motor es cuando el ve-hículo mismo es el que ocasiona el daño.

Debe confirmarle la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Agustín Soler, acusado y apelante.
    Núms. 10138, 10139 y 10140.

    Sometidos: Noviembre 3, 1943.

      Resueltos: Diciembre 7, 1943.

      Angel Muñoz Igartúa, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar,-abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

La sección 1 de la Ley núm. 49 aprobada en agosto 7 de 1935 ((2) pág. 539) dispone que “a ninguna persona se le empleará o se le permitirá que trabaje en ningún estableci-miento comercial, industrial, agrícola o en cualquier otro ne-gocio lucrativo más de ocho (8) horas durante cualquier día natural.” La misma sección establece las siguientes excep-ciones :

(a) Cuando ocurriere cualquier evento extraordinario o una emergencia causada por fuego, hambre o inundación o cuando corriere peligro la vida, la propiedad, la seguridad o la salud pública, siempre que el Gobernador declare subsi-guientemente que las infracciones cometidas han sido excu-sables.

(b) La limitación de ocho horas establecida para todos los trabajos normales “puede ser ampliada a un período que no excederá de nueve (9) horas durante cualquier día natural” a condición de que a la persona así empleada se le llagará por el trabajo que haga durante el período extra, a un tipo que sea doble del salario que se le esté pagando por hora regular de trabajo.

Ante la Corte Municipal de Manatí se radicaron tres de-nuncias contra Agustín Soler, capataz de una explotación agrícola dedicada a colonia de caña, perteneciente al patrono Florida Agrícola Co. En cada una de dichas denuncias se le imputó una infracción de las disposiciones de la sección 1 de la citada ley de 1935, consistente en haber permitido que un empleado de la citada colonia trabajara “desde las 6.00 A. M. hasta las 12.00 A. M. y desde las 12.30 P. M. hasta las 4.30 P. M., o sea más de ocho horas en el referido día, no existiendo evento extraordinario o emergencia, ni ninguna otra circunstancia especial, etc.”

Vistos los tres casos conjuntamente ante la Corte de Dis-trito de Areeibo, el acusado fue declarado culpable de las tres alegadas infracciones y condenado en cada uno de los tres casos al pago de una multa de $100 o prisión subsidia-ria, más las costas. No estando conforme con dichas tres sentencias, apeló el acusado. Los tres recursos fueron vis-tos conjuntamente y sometidos por un solo alegato. Sos-tiene el apelante que la corte inferior erró al declarar sin lugar las excepciones perentorias interpuestas contra las tres denuncias, al apreciar la prueba, y al actuar con pasión, pre-juicio y parcialidad en contra del acusado durante todo el curso de la vista.

Las tres denuncias son a nuestro juicio suficientes para informar al acusado en cuanto a la naturaleza de la infracción que se le imputa. La sección 4 de la Ley núm. 49 de 1935 dispone que la palabra “patrono” “incluye toda persona natural o jurídica y el administrador, superintendente, capataz, mayordomo y representante de dicha persona natural o jurídica”. La sección 8 de la misma ley dispone que “todo patrono que infrinja esta ley, o alguna sección o disposición de la misma, será culpable de delito menos grave {misdemeanor) etc.” En las denuncias se alega que el acu-sado, siendo capataz del patrono Florida Agrícola Co., per-mitió que un empleado de dicho patrono trabajara en el día 18 de abril de 1941 durante diez horas. La ley impone al capataz la misma obligación que impone al patrono — la de no permitir a los empleados trabajar más de ocho horas du-rante cualquier día natural. No erró la corte inferior al des-estimar las excepciones perentorias. Véase: Pueblo v. Giraud, 52 D.P.R. 31, 33.

Examinemos la prueba. La ofrecida por el Fiscal fue como .sigue:

Emilio Tirado Pares, Supervisor de Distrito del Depar-tamento del Trabajo, declaró: que el 18 de abril de 1941 es-tuvo en la colonia “Fortuna” cuando ya habían pasado las 4.30 de la tarde y todavía estaban trabajando en la colonia, que representaba el acusado como capataz; que no sabe de propio conocimiento a qué hora empezaron a trabajar esos obreros; que él llegó allí después de las cuatro y no estuvo allí en el resto del día.

Francisco Jiménez Valle, declarando en relación con el caso núm. 6198 (recurso núm. 10,138) dijo: que el 18 de abril de 1941 estuvo trabajando con el acusado en la colonia For-tuna, llenando trucks; que él le informó al empleado del De-partamento del Trabajo que habían trabajado más de ocho horas; que trabajaron 9 horas y no les pagaron la hora extra.

Fernando Abrahams Méndez, declarando en .cuanto al caso núm. 6199 (recurso núm. 10,139) dijo: que el 18 de abril estuvo trabajando en “La Fortuna” con Agustín Soler como capataz, llenando cañas; que en ese día trabajó diez horas, empezando a las 6 de la mañana y terminando a las 4.30 P. M.; que entró al trabajo a las 6, salió a almorzar a las 12, volvió al trabajo a las 12.30 y salió a las 4.30; que no le pagaron las dos boras extra; que todas las personas qne trabajaron allí ese día empezaron a trabajar a la misma hora y terminaron a la misma hora; qne no recuerda cuál fué el día en que trabajó 10 horas y no le pagaron las horas extra; que el día que no le pagaren fué jueves y que el día que es-tuvo allí el Agente del Trabajo fué el viernes.

Julio Carrión, testigo ofrecido por el fiscal para sostener la denuncia en el caso núm. 6200 (recurso núm. 10,140) de-claró : que el día de autos trabajó en la colonia llenando trucks; que entró a trabajar a las 6 de la mañana, salió a las 12, volvió a entrar a las 12.30, terminando el trabajo a las 4.30 P. M.; que trabajó diez horas y no cobró las dos horas extra; que no se quejó al capataz porque “ellos dije-ron que no estaban obligados a pagar extras y si nos con-venía trabajar que trabajáramos”; que no recuerda el día a que se refiere; que nunca ha cobrado horas extra y que le deben más o menos como 54 horas.

La prueba de la defensa consistió en las declaraciones de tres compañeros de trabajo de los testigos de El Pueblo y la del ma3ordomo de la finca “Fortuna”. Todos declara-ron en síntesis que en el día de autos los que se dedicaban al trabajo de llenar trucks comenzaron a trabajar a las seis y inedia de la mañana; que suspendieron sus labores a las once para descansar; que reanudaron el trabajo a las 12 y lo terminaron a las tres y media de la tarde, habiendo tra-bajado en total 8 horas.

La evidencia ofrecida para sostener la denuncia en el re-curso núm. 10,138 es claramente insuficiente. El testimonio del Agente del Departamento del Trabajo carece de valor probatorio, pues dicho testigo sólo pudo declarar que cuando él llegó a la colonia a las 4.30 P. M. los obreros estaban tra-bajando, pero no pudo precisar cuándo comenzaron el tra-bajo. La declaración del obrero Francisco Jiménez Valle, a quien, según se alega, el acusado permitió trabajar durante diez horas, sostuvo que dicho obrero trabajó durante nueve horas y que la hora extra no le fué pagada. Estos hechos no constituyen por sí solos nna violación de la ley. Ésta,, según hemos visto, autoriza el empleo de un obrero por “un período que no excederá de -nueve (9) horas durante cual-quier día natural”, con la única condición de que deberá pa-gársele por la novena hora el doble de lo que se le esté pa-gando por las horas regulares. Es cierto que el acusado, en su capacidad de capataz, permitió que el obrero trabajase durante nueve horas, pero no existe prueba alguna de que fuera el acusado el que tenía la obligación de pagar al obrera por la hora extra. Si ésa era una obligación del verdadero patrono, el dueño de la finca, su incumplimiento no le puede ser imputado al capataz para hacerle responsable criminal-mente. Si el dueño de una finca que permite a sus obreros trabajar durante nueve horas, y se niega a pagarles doble por la hora extra, es responsable criminalmente, además de-serlo civilmente, es cuestión que no resolvemos por no estar envuelta en este caso. Solamente resolvemos que bajo los hechos y circunstancias de .este caso el capataz acusado no es culpable de violación alguna de la Ley núm. 49 de 1935 y que la sentencia que le fue impuesta debe ser revocada.

La prueba ofrecida en apoyo de los otros dos casos es contradictoria. Los obreros Fernando Abrahams Méndez y Julio Carrión aseguran que ellos trabajaron durante diez horas en el día especificado en la denuncia. Los testigos dé-la defensa sostienen que ellos al igual que Abrahams y Ca-rrión trabajaron ocho horas solamente. La corte sentencia-dora, que vió y oyó declarar a todos los testigos, resolvió el conflicto dando crédito a los testigos de la acusación y ne-gándoselo a los de la defensa. La prueba creída por la corte inferior es suficiente para sostener la acusación, sin que sea necesario, como pretende el apelante, que la declaración, del único testigo de cargo en cada caso sea corroborada por otros testigos. La evidencia ofrecida por el fiscal y creída por la corte sentenciadora establece el hecho esencial de que el acusado, siendo capataz de la finca en cuestión, permitió que los dos mencionados obreros trabajaran en el indicado-clía durante un período de diez horas, infringiendo al hacerlo así las disposiciones de la sección 1 de la Ley núm. 49 de 1935.

Considerando que el principal responsable y beneficiario de estas infracciones es el dueño de la finca o explotación agrícola, aun cuando el capataz es también responsable por mandato expreso de la ley, convenimos con el apelante en que la pena de $100 de multa que le fue impuesta en cada caso y que es la máxima que fija el estatuto, es una pena excesiva y que debe ser reducida en ambos casos.

Por las razones expuestas se revolca la sentencia recu-rrida que dictó la Corte de Distrito de Arecibo en 4 de diciembre de 1941 en el recurso núm. 10,138, y se absuelve al acusado.

Las sentencias dictadas en los recursos núm. 10,139 y núm. 10¿140, ambas de fecha 4 de diciembre de 1941, deben ser modificadas en el smtido de reducir a $25 el importe de la multa en cada caso, debiendo <el acusado sufrir ion día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer, y pagar las costas. Y así modificadas serán confirmadas.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Antonio E. Grillo, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1130.

    Sometido: Noviembre 1, 1943.

      Resuelto: Diciembre 7, 1943.

      Andrés Mena Latorre, abogado del recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Martina García Reyes, dueña de una finca rústica que radica en Caguas, la vendió al recurrente Antonio 16. Grillo en 30 de julio de 1927 por el precio de $4,000 que el com-prador conservó en su poder en calidad de préstamo, con in-tereses a razón de $22 mensuales, comprometiéndose a satis-facer dichos $22 a la vendedora mientras viviera y que asi-mismo al fallecer Martina García Reyes continuaría reci-biendo dichos intereses, también durante su vida, Carmen García Reyes, hermana de la vendedora. Para garantizar el capital de $4,000 y los intereses Grillo constituyó primera hipoteca sobre la finca vendida. Bajo testamento otorgado el 6 de marzo de 1929 Martina García Reyes instituyó como su única y universal heredera a su hermana Carmen y nom-bró como albacea, contador partidor, al recurrente Antonio E. Grillo. Martina García Reyes falleció el 10 de febrero de 1932 y el 15 de marzo del mismo año su heredera (lar-.men G-arcía Reyes por escritura núm. 86 sobre “Contrato de Renta Vitalicia”, otorgada ante el notario Andrés Mena La-torre, cedió al recurrente Grillo y su esposa el crédito hipo-tecario que había heredado y en pago de dicha cesión el Sr. Grillo y su esposa se comprometieron a pagar a la cedente •durante toda su vida una renta vitalicia, también de $22 mensuales, y para garantizar el pago de la misma, constitu-yeron hipoteca voluntaria sobre la finca a favor de la ce-dente, la cual hipoteca se cancelaría al fallecimiento de la pensionista, con sólo pedirlo los hipotecantes, sus sucesores o causahabientes por escrito y “sin necesidad de acreditar el pago de todas las pensiones devengadas durante la vida •de ésta, pues si alguna o algunas hubiesen sin solventar, desde ahora la pensionista las condona y hace gracia de su importe a los hipotecantes y a sus sucesores o causahabien-tes, aceptando los hipotecantes tal liberalidad que de veras .agradecen. ’ ’

Inscrito el crédito hipotecario original a favor de Carmen García Reyes, se presentó al Registrador de la Propie-dad de Caguas para su inscripción la referida escritura núm. '86 de 15 de marzo de 1932 31 el registrador se negó a inscri-bir a virtud de la siguiente nota:

“’DeNegada la inscripción del precedente documento, por resultar de la Anotación preventiva letra E practicada sobre esta finca al folio •ciento cuarenta y siete vuelto del tomo ciento veintidós de Caguas, •que según la escritura número ciento cuarenta y nueve, otorgada en Caguas, en ocho de abril del corriente año, mil novecientos cuarenta .y tres, ante el notario Andrés Mena Latorre, doña Carmen García Reyes diciendo ser dueña a título hereditario de un crédito hipote-cario que grava esta finca por la suma de cuatro mil dólares, lo •cancela por haber recibido del deudor Antonio E. Grillo Santiago la referida cantidad en la forma siguiente: Tres mil ciento sesenta y ocho dólares en partidas mensuales de a veintidós dólares cada una .a contar desde el día quince de marzo de mil novecientos treinta y dos, y el resto de ochocientos treinta y dos dólares en la fecha de la escritura esa anotación preventiva se tomó por no hallarse previa-mente inscrito el crédito a favor de la acreedora: que por la escritura número ochenta y seis de fecha quince de marzo de mil novecientos-treinta y dos, otorgada ante el propio notario señor Mena, que es el documento ahora presentado, don Antonio Grillo Santiago, diciéndose-también dueño del mismo crédito hipotecario de cuatro mil dólares por título de cesión y traspaso que del mismo le hiciera la mencionada Carmen García Eeyes a cambio de una renta vitalicia de veintidós-dólares mensuales, canceló el referido crédito hipotecario por confu-sión de derechos como acreedor y dueño; y resultando que tal' incongruencia entre los dos documentos establece serias dudas en cuanto a la validez y legalidad de los actos en ellos consignados que-pueden envolver una cuestión de fraude cuya resolución compete a-los tribunales, tomándose en su lugar anotación preventiva por ciento-veinte días a favor de Antonio E. Grillo en cuanto a la cesión y a favor de Carmen García Reyes en cuanto a la hipoteca, al folio 249-vto. del tomo 122 de Caguas, finca 352, anotación letra F. Caguas, a 13 de septiembre de 1943.”

La escritura núm. 149, otorgada el 8 de abril de 1943,, a que hace referencia el Registrador en su nota lia sidoacompañada por el recurrente con su escrito inicial anteesta Corte.

Es realmente contradictoria la situación que presenta» las escrituras otorgadas en 1932 y 1943. Según la anotación-preventiva E, que se refiere a la núm. 149 de 1943, Carmen-García Reyes cancelaba el crédito hipotecario de $4,000 por-haber recibido su importe, mientras que de la núm. 86 de 1932 aparece que ya el recurrente Sr. Grillo lo había cance-lado y es por esto que el Registrador hace constar que tiene-“serias dudas en cuanto a la validez y legalidad de los ac-tos” consignados en las dos escrituras “que pueden envol-ver . . . fraude cuya resolución compete a los tribunales’L Sin embargo, creemos que el recurrente tiene razón cuando-sostiene que la única, escritura que el registrador tenía ante-su consideración es la núm. 86 de 1932 pues en cuanto a la núm. 149 de 1943 se denegó su inscripción y esta denegación fue consentida por haber expirado en exceso los 120 días dé-la anotación preventiva antes de presentarse al registro la. de 1932.

El Registrador para denegar la inscripción de la escri-tura núm. 86 de 1932 se funda en el artículo 79 del Regla-mento a la Ley Hipotecaria que dispone:

“Artículo 79. — Los registradores, no solamente negarán la ins-cripción de todo título que contenga faltas que la impidan, tomando-o no anotación preventiva, según corresponda, sino que cuando resul-tare del mismo título haberse cometido algún delito, darán parte a la correspondiente autoridad judicial, remitiéndole el documento' donde resulte.”

En su alegato el Registrador sostiene que no cree que de' acuerdo con el artículo 79, supra, debió remitir el documento-a la autoridad judicial, pues si “su calificación es suficiente denegando la inscripción de un título para detener en el Re-gistro el proceso de cualquier acto que infrinja la ley, me-jor es dejar a los tribunales el ejercicio de su jurisdicción: en bien de la justicia.”

Una mera lectura del artículo 79, supra, demuestra que no es aplicable a. los hechos de este caso y que de serlo el Registrador no cumplió con sus preceptos. Del contenida del documento presentado en el Registro no aparece que se haya cometido algún delito y si así fuere, la actuación del Registrador debió haber sido otra, es decir, negar su inscrip-ción y remitirlo a la autoridad jxidicial correspondiente, el Fiscal de Distrito, dejando constancia de lo actuado en notai al margen del asiento de presentación. Este es el procedi-miento que señalan los comentaristas:

Dice Morell, volumen 2, página 251:

“Ahora bien, si resultare del mismo título haberse cometido algún delito, el Registrador debe ponerlo en conocimiento de la Autoridad judicial correspondiente remitiéndole el documento respectivo, y hacer constar esta circunstancia de la remisión y su causa por nota-ai margen del asiento de presentación. Este precepto, contenido en el art. 79 del Reglamento, será de rarísima aplicación por no ser natural, como dice Escosura, que los que se proponen cometer un delito-procedan de manera que resulte así del mismo título.”

Al mismo efecto Galindo y Escosura, volumen 2, página 17, se expresan en esta forma:

“Raro será el caso en que tenga aplicación el precepto del art. -58 del Reglamento. Los que se proponen cometer un delito, ya procuran que no resulte del mismo título; y como terminantemente ■dice el art. 18 de la Ley, que la calificación lia de hacerse por lo que resulte de las escrituras, así también el 58 del Reglamento, limita el •deber que impone al Registrador de dar parte a la Autoridad judicial con remisión del documento, al caso en que del mismo título resultare •que se había cometido algún delito.”

Si lo anteriormente expuesto fuera lo único envuelto •en el caso nos veríamos precisados a revocar la nota recurrida; pero en su alegato el Registrador entra en otras con.sideraciones, no consignadas en su nota denegatoria, para sostener su actuación, arguyendo, en parte, que la cesión del •crédito hipotecario hecha por Carmen García Reyes a favor •del recurrente es un contrato inexistente por falta de causa (art. 1213 del Código Civil) por no haber pagado el deudor nada como precio de la cesión, y además, que habiendo Martina. García Reyes en su testamento nombrado, albacea, contador partidor al recurrente, que a su vez era deudor del •crédito hipotecario que heredó Carmen García Reyes, al adquirir dicho recurrente por cesión de la heredera el referido •crédito, qué constituía la herencia de la causante, infringió •el artículo 1348 del Código Civil.

Hemos resuelto que no es en el alegato donde el Regis-trador debe consignar los motivos legales de su resolución, sino que es deber suyo expresar al pie del documento clara y concisamente dichos motivos, Machuca e Hijos & Co. v. Registrador, 22 D.P.R. 755; Graciani v. Registrador, 25 D.P.R. 44; United Firemen’s Ins. Co. v. Registrador, 45 D.P.R. 591, y Valentín v. Registrador, 61 D.P.R. 218. En algunos de dichos casos esta Corte consideró en todos sus aspectos las cuestiones planteadas y confirmó las notas reeurridas, debido a que existían circunstancias especiales en-~vueltas en el asunto que así lo ameritaban. Creemos que en el presente también estamos justificados en hacerlo pues el recurrente solicitó permiso para radicar y radicó un alegato' de réplica al del Registrador en el que discute las cuestio-nes sometidas.

De los hechos consignados en el Registro apareceque Carmen Gfarcía Reyes era dueña de un crédito hipotecario de $4,000 que heredó de su hermana Martina y esa hipoteca devengaba intereses de $22 mensuales durante toda su vida, venciendo la hipoteca al fallecimiento de doña Carmen.. Empero, de acuerdo con la escritura objeto de este recursoCarmen García Reyes le cede a su deudor hipotecario, queal mismo tiempo es albacea del único bien hereditario dejado por la causante, el crédito que le pertenece y accede a que su deudor le pague $22 mensuales como renta vitalicia, o sea la misma cantidad que estaba obligado a pagarle por concepto de intereses, y se cancela la hipoteca por confusión de derechos en el recurrente quien constituye nueva hipoteca sobre la finca para garantizar únicamente la renta vitalicia de $22 mensuales. Es condición de esta última hipoteca que se cancelará a la muerte de Carmen García Reyes y que cualquier pensión que el recurrente hubiere dejado de pagarla pensionista se la condona por adelantado.

De manera que el recurrente lo que ha hecho,es compro-meterse a pagar $22 mensuales a Carmen García Reyes como renta vitalicia mientras que anteriormente tenía la obligación de pagar esa misma cantidad de $22, también vitaliciamente,, pero por concepto de intereses de la hipoteca ele $4,000, Bajo el nuevo contrato, sin embargo — y esto es lo fundamental en este caso — , el recurrente no tiene que pagar el capital de $4,000 de la hipoteca al ocurrir la muerte de Carmen García Reyes.

El artículo 1702 del Código Civil establece que “El con-trato aleatorio de renta vitalicia obliga al deudor a pagar una pensión o rédito anual durante la vida de una o más-personas determinadas por un capital en bienes muebles o-inmuebles, cuyo dominio se le transfiere desde luego con la carga de la pensión.” En el caso de autos el capital cuyo •dominio se transfiere al recurrente no es la finca, pues ésta le pertenece desde el año 1927 en que la compró a la cau-sante de Carmen García Reyes. El capital que se transfiere lo constituye el crédito hipotecario de $4,000 y el deudor asume la responsabilidad de seguir pagando los mismos $22 •en concepto de pensión vitalicia. Asumiendo, sin resolverlo, •que la causa del contrato sea la mera liberalidad de la acree-dora, según sostiene el recurrente, ¿pudo éste, siendo alba-cea, adquirir dicho crédito? Es cierto que en la escritura él no comparece como tal albacea pero en la inscripción quinta ■de la finca que es en la que se inscribió el crédito hipoteca-rio a favor de doña Carmen como heredera de su hermana doña Martina, sí se hizo constar que el recurrente había sido ■nombrado albacea testamentario de esta última.

El artículo 1348 del Código Civil dispone, en parte, que: '“No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia-ria: ... 3. Los albaceas, los bienes confiados a su cargo.”

En el caso de autos del Registro aparece no sólo que el recurrente era el albacea de los bienes dejados por Martina •García Reyes, sino que el único bien dejado por la testadora era el crédito hipotecario del cual era deudor el propio recu-rrente y que por lo tanto tenía en su poder dicho bien. Podrá argüirse que no se trata de un contrato de compraventa propiamente dicho, pero sostiene Manresa que el contrato de renta vitalicia, si el capital entregado no es una suma de dinero, “se parece más bien a la compraventa o al censo.” 13 Manresa, Código Civil, 56. En el caso de autos Carmen García Reyes no entregó al recurrente ninguna suma de dinero sino que le cedió la hipoteca de que era acreedora y la hipoteca es un derecho real sobre un bien inmueble y está clasificada como un bien inmuelúe, artícido 263 núm. 10, Código Civil, y como dijimos en el caso de García et al. v. Gar zot, 18 D.P.R. 866, 876: “Cancelar nna hipoteca es decla-rarla extinguida, desprenderse de ella, y por consiguiente, enajenarla. ”

Morell en sus comentarios a la Legislación Hipotecaria, al comentar el artículo 65 de de la Ley en relación con las causas que pueden dar lugar a que el Registrador deniegue la inscripción de un documento, incluye entre aquellas que se basan en la falta de capacidad absoluta o relativa en el .adquirente, los casos comprendidos en el artículo 1348 del Código Civil, supra.

Arguye el recurrente, sin embargo', que siendo la heredera mayor de edad no estaba impedida de vender o ceder el crédito hipotecario al albacea “toda vez que un albacea no es otra cosa que un mandatario especial para conservar y distribuir entre los herederos los bienes de la herencia” y por tanto es aplicable la doctrina establecida en Silva Hno. & Cía. v. Registrador, 28 D.P.R. 179, al efecto de que: “Aunque el mandatario no puede adquirir los bienes de su mandante, como esta prohibición es de interpretación restrictiva si es el mismo mandante el que se los vende se entiende ■de hecho revocado el mandato e inaplicable tal prohibición.”

No tiene razón, a nuestro juicio, el recurrente. El alba-cea aun cuando se le considera un mandatario especial lo es del testador y no de los herederos, 8 Manresa, Código Civil, 686 et secg., especialmente a la página 893, donde después de citar sentencias del Tribunal Supremo de España dice que dicho Tribunal ha sostenido que “los albaceas son verdade-ros mandatarios del testador y no de los herederos . . . La testadora'en este caso al nombrar al recurrente como su albacea sabía que él era el deudor del único bien que ella le dejaba como herencia a su hermana. Al mes y ocho días de fallecida la testadora el albacea adquiere para sí dicho cré-dito mediante el pago a la heredera de una renta vitalicia de $22 mensuales que ya estaba obligado a pagarle como in-reses de su deuda. ¿Qué mandato de la testadora estaba cumpliendo el recurrente? Ninguno. Por el contrario, con-sideramos que el contrato viola el artículo 1348 del Código Civil, supra, y que no erró el Registrador al negarse a ins-cribirlo.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Lucía Babilonia, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1127.

    Sometido: Noviembre 1, 1943.

      Resuelto: Diciembre 10, 1943.

      García Méndez & García Méndez, abogados de la recurrente; el regis-trador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

En 1938 la recurrente compró tres fincas mediante escri-tura en la cual se bacía constar que el a era una señora ca-sada domiciliada en Aguadilla. Se inscribió esta escritura “con el defecto subsanable de no haberse acreditado -en forma alguna que el dinero invertido en dicha compra fuera, de la exclusiva pertenencia de la adquirente.”

En 1943 la recurrente solicitó del Registrador que sub-sanara este defecto. El fundamento de tal solicitud era que la recurrente se casó en 1926 en Nueva York, donde ella y su esposo tenían su domicilio en aquella época; que por lo tanto las leyes de Nueva York rigen los derechos de sq es-poso sobre bienes inmuebles adquiridos por ella posterior-mente en Puerto Rico; que la sociedad de ganciales no existe en Nueva York; y por tanto que los bienes inmuebles en-vueltos en este caso son propiedad privativa suya.

En apoyo de su petición, Lucía Babilonia radicó declara-ciones juradas por ella y por su padre, al efecto de que en 1926 ella salió de Puerto Rico y fue a Nueva York, donde estableció su domicilio; que mientras estaba domiciliada.en Nueva York contrajo matrimonio con Antonio Mas, quien había estado domiciliado en Nueva York por un número de años con anterioridad a su matrimonio; que ella y su es-poso tuvieron su domicilio en Nueva York hasta 1929, cuando “debido a dificultades económicas [ellos] se trasladaron tem-poralmente a Aguadilla y aquí [ellos] vivieron por algún tiempo hasta que [su] esposo, en 4 de diciembre de 1935, se fue para la ciudad de Nueva York y [la] abandonó, estable-ciendo entonces su residencia en Nueva York y conservando allí su domicilio.”

La recurrente también suministró al Registrador un do-cumento debidamente autenticado que expresaba que en 1926 en Nueva York el secretario de una corte “celebró los ritos matrimoniales entre Antonio Mas de Nueva York .... y Lucía A. Babilonia de Nueva York . . .

El Registrador rehusó subsanar el referido defecto por el fundamento de que “no obstante haberse celebrado el ma-trimonio en la ciudad de Nueva York las dos declaraciones juradas que se acompañan no son suficientes para establecer el hecho de que doña Lucía Babilonia y don Antonio Mas estuvieran domiciliados en y fueran ciudadanos del estado de. New York, a los efectos del estatuto personal, apareciendo como aparece de la propia escritura de adquisición de estas fincas que a la fecha de sn otorgamiento doña Lucía Babi-lonia estaba domiciliada en la ciudad de Aguadilla, Puerto Rico . . . ”. La recurrente ha apelado de esa nota del Re-gistrador.

Sostiene que su caso se rige por la doctrina expuesta en Bartholomew v. Allen et al., 24 D.P.R. 370, y en Cothran v. Registrador de Arecibo, 25 D.P.R. 646.

El matrimonio en este caso no se contrajo sujeto al régimen de la sociedad de gananciales, toda vez que dicha regla de propiedad matrimonial no está en vigor en Nueva York. Sin embargo, en cuanto a bienes inmuebles adquiridos con posterioridad al matrimonio, no cabe duda de que el estatuto real, y no el personal, es el que rige. Esto ha sido siempre elemental, tanto en las jurisdicciones donde rige el derecho civil, como en aquéllas en que rige el derecho común. “Los estatutos franceses y españoles reguladores de los derechos de propiedad de marido y mujer eran estatutos reales y no personales. Se aplicaban a cosas y no a personas y eran aplicables a todas las adquisiciones hechas en esos países por personas casadas, fueran o no residentes en ellos.” (Hammonds v. Commissioner of Internal Revenue, 106 F. (2) 420, 423 (C.C.A., 10mo Circuito, 1939)). Véase Commissioner of Internal Revenue v. Skaggs, 122 F. (2) 721, 23.

Comentando los artículos 9 al 11 del Código español, dice Manresa que los bienes inmuebles, por formar parte del te-rritorio del estado, o estar a él íntimamente unidos, y por los conflictos que originaría el que se rigieran por leyes diversas, se someten “en todas las legislaciones que conoce al estatuto real, y a continuación cita la siguiente doctrina del Tribunal Supremo de España:

“De otra manera fácil sería a una nación lastimar a las demás en un derecho tan alto y sagrado como es el del dominio, que todas ejercen de un modo absoluto sobre su territorio.” Sentencia de 23 de octubre de 1873; 1 Manresa 100.

Parece conveniente transcribir lo dicho por Manresa res-pecto a las cuestiones de derecho internacional privado que se suscitan en relación con los bienes inmuebles. Dice así:

“Los tratadistas de Derecho internacional privado suscitan una importante cuestión acerca de la forma en que se constituyen los derechos reales. Si se reconoce la libertad de las partes al constituir-los, imponiéndoseles escasas limitaciones, ¿por qué motivo, dicen, no han de poder sustituir su ley personal a la real, aun tratándose de bienes inmuebles? Entendemos que no, por la razón sencilla de que es ésta una de tantas restricciones de la libertad de contratación y a la que, por referirse a su soberanía, no renuncia el Estado. Así lo comprendió el Tribunal Supremo al declarar en su sentencia de 21 de enero de 1874, que 'la eficacia de los contratos o actos que afectan directamente la propiedad inmueble se regulan por la ley del Estatuto Deal’; ...” 1 Manresa 102.

El artículo 10 del Código Civil pone punto final a esta cuestión. . Dispone que “Los bienes muebles están sujetos a la ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles, a las leyes del país en que están sitos.”

Alega la recurrente que el matrimonio contraído en Nueva York, cuando se le adiciona el domicilio de ambos contrayentes en dicho Estado a la fecha del matrimonio, debería dar lugar a una regla de derecho al efecto de que los derechos matrimoniales de los respectivos cónyuges sobre propiedad inmueble adquirida por uno de ellos en Puerto Rico se regirán durante el período matrimonial por las leyes de Nueva York. Aparte del hecho de que el artículo 10 de nuestro Código conduce a un resultado contrario, los hechos del presente caso ofrecen un ejemplo gráfico de los peligros inherentes a la regla propuesta por la recurrente. Tenemos aquí una puertorriqueña que estuvo ausente de la isla porespacio de tres años solamente, de 1926 a 1929. Sin embargo, por el hecho de haberse casado en Nueva York en 1926 y haber permanecido domiciliada allí por tres años, se intenta en este caso aplicar a bienes inmuebles situados en Puerto Rico y adquiridos por ella en 1938, nueve años después de haber reasumido su domicilio en Puerto Pico, la regla que rige en Nueva York sobre bienes inmuebles adquiridos por una esposa durante su matrimonio, más bien que la regla de Puerto Rico. La celebración del matrimonio en Nueva York» más el domicilio temporal en Nueva York, no son suficientes para justificar tan radical abandono de nuestra regia local so-bre derechos de propiedad. (Véase Marital Property Rights and the Conflict of Laws, 43 Harv. L. Rev. 1286).

Esta Corte, en los casos de Bartholomew, de Cothran, supra y de Antongiorgi v. El Registrador de la Propiedad, 6 D.P.R. 239, resolvió que la celebración de un matrimonio en Nueva York es por sí sola suficiente para hacer aplicable a bienes inmuebles adquiridos en Puerto Rico con posterio-ridad al matrimonio, la ley de Nueva York sobre propiedad matrimonial en lugar de la regla de Puerto Rico sobre bie-nes gananciales. Dichos casos fueron erróneamente resuel-tos y se revocan expresamente.

La recurrente y su esposo estaban domiciliados en Puerto Rico y no en Nueva York en la fecha en que se adquirió en Puerto Rico la propiedad en cuestión. Por tanto, no está expresamente envuelta en este caso la cuestión de si el do-micilio en Nueva York en la fecha de la adquisición traería como resultado el hacer aplicable a la propiedad en cuestión la regla de dicho Estado sobre bienes matrimoniales en lu-gar de nuestra propia regla sobre bienes gananciales. Pero en vista del hecho de que el estatuto real impera, no vemos qué efecto pueda tener el domicilio sobre la cuestión aquí en-vuelta, excepto a los fines que más adelante se indicarán.

La recurrente tiene derecho a probar que el dinero con el cual compró los bienes inmuebles en cuestión fué obtenido por ella mientras estaba domiciliada en Nueva York. Bajo esas circunstancias, la ley de su domicilio para aquel enton-ces se aplicaría a dicho dinero, convirtiéndolo en propiedad privativa, y los bienes inmuebles adquiridos por ella en Puerto Rico con dicho dinero vendrían a ser su propiedad privativa. “La regia general en los estados en que rige la sociedad ganancial, al efecto de que los derechos matrimo-niales sobre tierras, prescindiendo de la residencia del ma-rido o de la esposa, están regulados por la ley del sitio donde radican, está sujeta a la limitación de que cuando se adquie-ren bienes en un Estado donde rige la sociedad de ganan-ciales, mediante compra con fondos que son propiedad pri-vativa de uno de los cónyuges o a cambio de propiedad pri-vativa de uno de los cónyuges, la naturaleza de los fondos o de la propiedad dada en cambio se transmite a la propiedad así adquirida. Los bienes privativos continúan siendo pri-vativos a través de todas sus alteraciones y cambios siempre que puedan ser seguidos e identificados con claridad y sin lugar a dudas.” (Hammonds v. Commissioner of Internal Revenue, supra, pág. 424). Véase la Anotación “Change of domicile as affecting character of property previously acquired as separate or community property,” 92 A.L.R. 1347; 29 L.R.A. (N. S.) 781.

No obstante haber fevocado la decisión del caso de Bartholomew, la manifestación allí contenida al efecto de que el marido es el dueño exclusivo de los bienes en cuestión si los compró con su dinero propio, está correctamente expuesta de conformidad con la doctrina de la “procedencia” (source doctrine) que acabamos de indicar.

De no existir tal prueba del carácter privativo del dinero con el cual se adquirieron estos bienes inmuebles, los artícu-los 1301 y 1307 del Código Civil son de aplicación a los hechos del presente caso.

Se confirmará la nota del Registrador.

      (1) 1 Manresa 100-2; Leflar, Community Property and Conflict of Laws, 21 Calif. L. Rev. 221, 24, 30 (1933); Restatement, Conflict of Laws, §237-8; 2 Beale, The Conflict of Laws, pág. 952.

      (2) Dos artículos 1301 y 1307 dicen en parte como sigue:
      "Artículo 1301. — Son bienes gananciales:
      “!• Dos adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, tien •pan-a wno solo de los esposos.

        * * * * * * * * * *

      (Bastardillas nuestras.)
      Artículo 1307. — Se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer.”


text:
    Frank Pagán, menor de edad, representado por su madre con patria potestad, Eufemia Pagán, recurrente, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Ricardo La Costa, Juez, demandada.
    Núm. 1547.

    Sometido: Noviembre 10, 1943.

      Resuelto: Diciembre 13, 1943.

      Carlos D. Vázquez, abogado del peticionario; R. Cuevas Zequeira, abogado del interventor, parte contraria en el pleito principal.
   El Juez Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de San Juan se radicó una de-manda contra Francisco Otero, vecino de Bayamón, en la que se solicita se le condene a pasarle una pensión alimen-ticia de $30 mensuales a su alegado Lijo natural Frank Pa-gán, vecino de San Juan. En agosto 1.9 de 1943 la Corte de Distrito ordenó la citación del demandado y señaló el día 3 de septiembre, 1943 para la primera comparecencia, de acuerdo con el procedimiento establecido para el juicio de desahucio. Emplazado en Bayamón el 23 de agosto, 1943, compareció el demandado el 27 del mismo mes y, sin some-terse a la jurisdicción de dicho tribunal, solicitó que el caso fuese trasladado a la Corte de Distrito de Bayamón, por ser éste el distrito donde él reside. En apoyo de su moción de traslado, el demandado presentó un affidavit de méritos y una excepción previa a la demanda, basada en la insuficien-cia de los hechos alegados para determinar una causa de ac-ción contra el demandado.

En 21 de septiembre, 1943 la Corte de Distrito de San Juan decretó el traslado del caso a Bayamón, basando su decisión en el caso de Rodríguez v. Morales, 55 D.P.R. 746.

Solicitó el demandante la reconsideración de la orden de traslado y le fué denegada. En septiembre 29 de 1943 acu-dió el demandante ante el juez que suscribe, quien actuaba en esa fecha en funciones de 'turno, y solicitó la expedición de un auto de certiorari para la revisión del procedimiento seguido en relación con el traslado del caso a la Corte de Distrito de Bayamón. El auto fué expedido y la vista cele-brada ante el suscribiente, mas no habiendo las partes so-metido sus alegatos a tiempo de que el juez de turno pudiese dictar una decisión antes de expirar el término de vacaciones de esta Corte, el caso fué señalado para ser visto ante el Tribunal en pleno, quedando por fin sometido el 10 de no-viembre de 1943.

La controversia ha sido planteada por las partes así:

Sostiene el peticionario, que de acuerdo con el procedi-miento seguido en casos de desahucio, que es el aplicable a las demandas en reclamación de alimentos, el demandado de-bió comparecer ante la Corte de Distrito de San Juan en el día y hora señalados para la primera comparecencia para allí y entonces formular su contestación a la demanda y su petición de traslado; que la corte inferior erró al permitir al demandado formular una excepción previa a la demanda, toda vez que la única alegación permitida al demandado en desahucio es la contestación a la demanda, dentro de la cual deberán aducirse las excepciones previas (artículo 625, Có-digo de Enjuiciamiento Civil, 1933); y que la corte inferior erró al decretar el traslado y al no dictar sentencia en re-beldía en contra del demandado. Alega además el peticio-nario, que “cuando un demandado solicita el traslado de un pleito, acompañando solamente una excepción previa, cuando él viene obligado a contestar la demanda, el traslado debe denegarse por no haberse solicitado el mismo conforme a lo que dispone el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil”, citando en apoyo de su contención el caso de Rivera v. Aybar, 32 D.P.R. 548.

La contención del demandado es que si bien es verdad que el artículo .625 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone que las excepciones previas deberán formularse al pre-sentar la contestación, dicho artículo no priva al demandado de su derecho a atacar la insuficiencia de la demanda y a descansar, como única defensa, en la cuestión legal levan-tada por la excepción previa; que el demandado tiene de-recho a que el juicio sea celebrado en el distrito de su resi-dencia; y que todas las cuestiones levantadas por el deman-dante pueden y deben ser discutidas ante la corte compe-tente, como incidentes de la acción de alimentos, cuando se decrete el traslado a que tiene derecho el demandado.

■¿Es estrictamente aplicable.a la acción de alimentos el procedimiento fijado por la Ley de Desahucio? Veamos pri-meramente cuáles son las diferencias esenciales entre una y otra clase de acción.

La de desahucio tiene como su objeto principal el de re-cobrar la posesión de una propiedad inmueble. La jurisdic-ción para conocer de las demandas sobre desahucio ha sido conferida por la ley (Artículo' 622 del Código de Enjuicia-miento Civil, 1933) a las cortes municipales del distrito en que radique la finca, cuando el canon por una anualidad no exceda de mil dólares, y en todos los demás casos a la corte de distrito del distrito- en que la finca radique. Iniciado un desahucio ante una corte con jurisdicción para conocer del caso, el demandado no tiene derecho alguno a solicitar el traslado al distrito de su residencia, y el día señalado para la primera comparecencia estará obligado a comparecer ante la corte para formular en ese acto su contestación a la de-manda, en la cual podrá incluir todas aquellas defensas que pueden ser aducidas por vía de excepción previa; y una vez formulada su defensa, el demandado deberá proponer toda la prueba de que intente valerse. La que fuere admitida por la corte deberá ser practicada dentro de los diez días siguientes.

Es la de reclamación de alimentos una acción que-debe ser ^ista -en el distrito en que residiere el demandado (Rodríguez v. Morales, supra). No tenemos duda alguna de que cuando la demanda sobre alimentos se radica en el distrito en que reside el demandado, éste está obligado a ajustarse estrictamente a los requisitos del artículo 625, tal como si se tratara de un caso de desahucio iniciado ante la corte con .jurisdicción para conocer del mismo.

¿Estaría un demandado en desahucio ante una corte sin jurisdicción para conocer del caso, obligado a comparecer ante esa corte a celebrar el juicio, formular sus alegaciones, proponer su prueba y cumplir con los requisitos del artículo 625? La pregunta debe ser contestada negativamente. El demandado puede en ese caso solicitar la desestimación de la demanda por falta de jurisdicción o el traslado de la causa al distrito en que radique la finca objeto del desahucio-. No vemos razón alguna para que se le exija a un demandado que está atacando la jurisdicción de una corte o que solicita el traslado de la causa al distrito de su residencia, que com-parezca ante la corte que le ha emplazado para celebrar el juicio, formular sus alegaciones y someter a su decisión la admisibilidad de la prueba de que intenta valerse para esta-blecer su defensa.

Por las mismas razones opinamos que el demandado en. esta acción sobre reclamación de alimentos, tiene derecho a. solicitar que el pleito se vea en el distrito de Bayamón, que-es el de su residencia, y que el demandado nó estaba obli-gado-, como condición precedente a o concurrente con la so-licitud de traslado, a celebrar el juicio, formular sus alega-ciones y someter la admisibilidad de su prueba a la Corte de-Distrito de San Juan. Resolvemos, pues, que las disposicio-nes del artículo 625 del Código de Enjuiciamiento Civil son. estrictamente aplicables, tanto en los casos de desahucio como, en los de reclamación de alimentos, cuando el caso ha sido> radicado ante la corte con jurisdicción y competencia para conocer del mismo o desde el momento en que el caso- ha sido-trasladado a la corte competente, que es la que tiene autori-dad y competencia para convocar a las partes para la'Cele-bración de la primera comparecencia. Habiéndose radicado, la demanda en este caso en un distrito que no es aquel en que reside el demandado, éste tenía derecho a solicitar el trasladado al distrito de su residencia, ajustándose a lo dis-puesto en el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil-

El caso de Rivera v. Aybar, supra, en que descansa el pe-ticionario, presenta una situación casi idéntica a la del caso-de autos. La decisión en dicho caso sería estrictamente apli-cable si estuviéramos de acuerdo con sus conclusiones. No-lo estamos. Creemos que dicho caso fué erróneamente re-suelto, y por tanto queda por el presente expresamente re-vocado.

El artículo 625 no señala el momento en que el deman-dado debe_ formular su contestación, pero es lógico suponen que debe hacerlo al ser llamado el caso para la celebración-de la primera comparecencia. El estatuto reconoce el dere-cho del demandado a formular excepciones previas y sola-mente exige que sean aducidas -al contestar la demanda o= sea en el momento de exponer “lo que a su derecho con-duzca.” Pues bien, si en ese momento el demandado se en-euentra ante una corte que no es la de su residencia y se le-requiere para que conteste una demanda que a su juicio no-aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción,, ¿por qué no ha de permitírsele que interponga como única defensa y contestación a la demanda la excepción privile-giada de falta de causa de acción o la de falta de jurisdic-ción, las cuales por ser privilegiadas pueden ser interpuestas en cualquier momento, y que al mismo tiempo solicite el traslado a la corte de su residencia? ¿Y si su única defensa en contra de la demanda es la insuficiencia de sus alegacio-nes, qué importancia tiene el que esa defensa se interponga, en un escrito titulado “excepción previa” en vez de en uno-titulado “contestación”, si la práctica permite que esa ex-cepción general se presente ya como excepción previa o como-parte de la contestación? Sostener que porque el demandado-tituló su defensa “excepción previa” en vez de titularla-“Contestación”, debió denegarse el traslado, equivaldría a valerse de un mero tecnicismo para privar al demandado del derecho que la ley le concede a que el pleito sea visto ante-la corte del distrito de su residencia. No erró la corte inferior al declarar con lugar el traslado.

No obstante lp que acabamos de resolver, opinamos y resolvemos que la práctica que debe seguirse, tanto en un caso de desahucio como en uno de alimentos, cuando el demandado ha sido citado ante una corte que no tiene jurisdicción o competencia para conocer del caso, es la de que al ser llamado para la primera comparecencia el demandado presente su contestación a la demanda, por escrito, presentandoen ese mismo acto su petición para que el caso sea trasladado a la corte correspondiente. Radicada la contestación y la petición de traslado, si éste procediere la corte lo decretará sin que ni el demandante ni el demandado estén obligados a proponer prueba alguna. La corte a la cual sea trasladado el caso citará a las partes para ]a celebración ante ella, de la primera comparecencia, en la cual las partes propon-drán la prueba de que intenten valerse para sostener sus respectivas alegaciones. La prueba que fuere admitida por la corte será practicada en la segunda comparecencia.

Debe amAlarse él anoto expedido y devolverse el caso a la .corte de 'su procedencia para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.