text:
    Fernando Márquez, Dora E. García, Josefina O. Capone, Howard Ferrer, Edwin Díaz, Rafael Rodríguez, por sí y en representación de la Clase con una Estación Principal Residencial (Clase A), Health Care Partners, Inc., Raúl Delguy Capilla, Santa Paula Oil Corp., Best Gas, Howard Ferrer, B/JCS Deli Box, Edwin Interservice Group, Interamerican Business Consultant, Instituto Neumológico, por sí y en representación de la Clase con una Estación de Negocios (Clase B), Interservice Group, Inc., Interamerican Business Consultant e Instituto Neumológico, por sí y en representación de la Clase con una Línea Principal de Negocios (Clase C), peticionarios, v. Puerto Rico Telephone Company, recurrida.

      Número: CC-2007-101

      Resuelto: 8 de diciembre de 2011

      Harold D. Vicente González y Julio J. Wiscovitch, de Bufete Vicente & Cuevas, José A. Andréu García y José A. Andréu Fuentes, de Bufete Andréu y Sagardía, abogados de la parte peticionaria; José E. González Borgos, María L. Montalvo Vera, de Fiddler, González & Rodríguez, Rafael Escalera Rodríguez, Amelia Caicedo Santiago y Rafael Alonso Alonso, de Reichard y Escalera, abogados de la Puerto Rico Telephone Company.

      El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió la opinión del Tribunal.
   En última instancia, la pregunta que subyace muchos de los proble-mas constitucionales es: ¿quién tiene el poder para qué?

Raúl Serrano Geyls

Nos corresponde examinar por primera vez el alcance de la Ley Núm. 138-2005 y resolver si la Asamblea Legisla-tiva transgredió el principio de separación de poderes al aprobar con aplicación retroactiva dicho estatuto, el cual le concedió jurisdicción primaria y exclusiva a la Junta Re-glamentadora de Telecomunicaciones para dilucidar todo reclamo sobre los servicios de telecomunicaciones y viola-ciones a las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996, infra. Ello a la luz de la desesti-mación de un pleito de clase que perseguía impugnar un cargo mensual por el servicio de teletecla, el cual estaba pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia al mo-mento de aprobarse la legislación que nos ocupa.

I

El 17 de noviembre de 2003, los demandantes y peticio-narios de epígrafe presentaron un pleito de clase contra la Puerto Rico Telephone Company (P.R.T.C.). En lo perti-nente, alegaron que la P.R.T.C. cobró durante siete (7) años un cargo mensual por el servicio de teletecla que no se basó en el costo de proveer dicho servicio. Por lo tanto, adujeron que el cobro del referido cargo infringió la Ley de Telecomu-nicaciones de Puerto Rico de 1996, Ley Núm. 213-1996 (27 L.P.R.A. sec. 265 et seq.) (en adelante Ley de Telecomunicaciones). Por último, solicitaron el reembolso de una cantidad no menor de $105,350, más costas, intereses y el 25% de honorarios de abogado. Esto en conformidad con la Ley Núm. 118 de 25 de junio de 1971, según enmendada por la Ley Núm. 269-2002 (32 L.P.R.A. sec. 3343).

El 30 de diciembre de 2003, la P.R.T.C. contestó la demanda. En lo atinente, negó que el cargo tarifario fuera ilegal y alegó como defensa afirmativa que la acción estaba prescrita.

Posteriormente, la P.R.T.C. presentó una moción de sen-tencia sumaria. En ella adujo que el contrato entre la P.R.T.C. y los consumidores establecía un término de quince (15) días para pagar u objetar los importes. Sin embargo, alegó, los demandantes nunca objetaron o presenta-ron querella ante la P.R.T.C. con relación a los cargos de teletecla que le eran facturados. Por lo tanto, la P.R.T.C. solicitó que se desestimara el pleito por sus defensas de prescripción, caducidad e incuria. Luego de varios trámites procesales, el 3 de mayo de 2005, el Tribunal de Primera Instancia certificó el pleito como de clase.

Entretanto, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley de Telecomunicaciones mediante la aprobación de la Ley Núm. 138-2005 codificada en 27 L.P.R.A. secs. 265a y 269j-l. Esta ley concedió jurisdicción primaria y exclusiva a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para ventilar reclamaciones sobre todos los servicios de teleco-municaciones y violaciones a las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones. Igual jurisdicción le dispensó para otorgar compensaciones por daños y peijuicios. Pero, ade-más, la Ley Núm. 138-2005, supra, estableció un límite a la compensación total que se podría conceder en pleitos de clase. Así, impuso como tope a este tipo de reclamación la suma que fuese menor entre $5,000 o el medio por ciento (1/2%) de los activos del querellado. Esto último según los libros del propio querellado. Por último, la aludida ley dis-puso que surtiría efecto sobre cualquier procedimiento pendiente o que se presentara con posterioridad a su aprobación.

Así las cosas, el 11 de enero de 2006, la P.R.T.C. pre-sentó una moción de desestimación en la cual sostuvo que en conformidad con la Ley Núm. 138-2005, supra, el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para aten-der el reclamo de la clase. Ello, pues la aludida ley concedió jurisdicción primaria y exclusiva a la Junta de Telecomu-nicaciones para atender pleitos como el de marras.

Los demandantes se opusieron a la desestimación y ar-güyeron que la Ley Núm. 138-2005, supra, era inconstitu-cional en cuanto limitaba el derecho de las clases a recibir una compensación total. Asimismo, adujeron que la refe-rida ley violentaba el derecho a la libre asociación; el prin-cipio de separación de poderes; el debido proceso de ley; la igual protección de las leyes; menoscababa las obligaciones contractuales, y no se podía aplicar retroactivamente.

Luego de celebrar una audiencia para escudriñar las posturas de ambas partes y después de evaluar sus respec-tivos escritos, el 5 de mayo de 2006, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia en la cual desestimó la demanda. Ello, debido a que la Ley Núm. 138-2005, supra, concedió jurisdicción primaria y exclusiva a la Junta Re-glamentadora de Telecomunicaciones para dilucidar cual-quier pleito en el que se alegaran violaciones a la Ley de Telecomunicaciones. Del mismo modo, reconoció que del texto de la ley surge su aplicación inmediata a pleitos pen-dientes o interpuestos con posterioridad a la fecha de su aprobación. En cuanto al planteamiento constitucional, el foro primario sostuvo que la Asamblea Legislativa poseía el poder inherente de aprobar legislación que limitara la jurisdicción del tribunal.

Inconformes, los demandantes presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El 19 de enero de 2007, el foro apelativo intermedio emitió una sen-tencia mediante la cual confirmó la desestimación del pleito. Fundamentado en nuestros precedentes, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la Asamblea Legislativa tiene facultad para designar la exclusividad del foro para aten-der una reclamación. Sostuvo que en aquellos casos en que expresamente la ley confiere jurisdicción a un organismo administrativo sobre un asunto particular, los tribunales quedan privados de autoridad para dilucidar el caso en pri-mera instancia. Por último, el foro apelativo intermedio resolvió que la enmienda realizada mediante la Ley Núm. 138-2005, supra, surgía como un ejercicio válido de la Asamblea Legislativa y que los demandantes no quedaban huérfanos de remedio. Ello, pues de éste proceder la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones sería el organismo que lo otorgaría en primera instancia.

Nuevamente inconformes, los demandantes presenta-ron un recurso de certiorari ante nos en el cual aducen que los foros a quo erraron al desestimar de acuerdo con la Ley Núm. 138-2005, supra, la reclamación de las clases. Alegan que dicha ley no se puede aplicar retroactivamente y que la limitación a la compensación que en su día podría tener la clase es inconstitucional. Además, arguyen que la Ley Núm. 138-2005, supra, violenta la separación de poderes; el debido proceso de ley; la libertad de asociación; la igual protección de las leyes, y menoscaba las obligaciones contractuales.

El 16 de marzo de 2007 emitimos una resolución en la cual expedimos el auto de certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

A. Ley Núm. 138

Examinemos la Ley Núm. 138-2005 y su trasfondo histórico. En 1996, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico con miras a eliminar las barreras de competitividad en el campo de las telecomunicaciones y abrir dicho mercado a la libre competencia. Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 D.P.R. 203, 216 (2002). Esta ley permite la imposición de multas y otras medidas correctivas a quienes incumplan con sus disposiciones. Además, creó la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y le confirió los poderes necesarios para reglamentar los servicios de telecomunicaciones, dar cumplimiento y administrar lo relativo a la referida ley.

La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones quedó así investida de varias facultades, entre las que figuran: (1) imponer multas administrativas por violaciones a su ley habilitadora, reglamentos y órdenes; (2) exigir cualquier clase de información que sea necesaria para el adecuado cumplimiento de sus facultades; (3) ordenar el cese de actividades o actos en violación de cualquier disposición de la Ley de Telecomunicaciones; (4) imponer y ordenar el pago de costas, gastos y honorarios por otros servicios profesionales y de consultoría en los que se incurrió en los procedimientos adjudicativos ante la Junta, y (5) ordenar que se realice cualquier acto en conformidad con la Ley de Telecomunicaciones. Véase 27 L.P.R.A. sec. 267f(b).

Al aprobar la Ley de Telecomunicaciones, el legislador tuvo la intención de conferirle amplios poderes a la Junta para corregir la conducta anticompetitiva de las compañías. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 289 (2000). No obstante lo anterior, en conformidad con la Ley de Telecomunicaciones, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones no tenía facultad para conceder daños y perjuicios. Así lo resolvimos en Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., supra, págs. 225-229.

Ante tal escenario, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 138-2005, supra, para enmendar la Ley de Telecomunicaciones y otorgarle a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones jurisdicción primaria exclusiva para determinar si existe alguna violación a la ley, y para estimar y conceder compensación en concepto de daños y perjuicios causados a los usuarios consumidores de servicios de telecomunicaciones y cable, como consecuencia de violaciones a la mencionada ley, sus reglamentos y/o al contrato de servicio.

En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 138-2005, supra, la Asamblea Legislativa reconoció que a pesar de que la Ley de Telecomunicaciones concedió jurisdicción pri-maria exclusiva a la Junta Reglamentadora de Telecomu-nicaciones sobre todo asunto relacionado a los servicios de telecomunicaciones, nuestro ordenamiento jurídico obli-gaba a presentar ante el Tribunal de Primera Instancia cualquier controversia relacionada con los servicios de te-lecomunicaciones y cable en la cual se causaran daños y perjuicios. El legislador advirtió que tal limitación a la ju-risdicción de la Junta ponía en riesgo la estabilidad de la industria al crear dos foros, uno con y otro sin el peritaje necesario, que interpretan simultáneamente esta legisla-ción tan compleja. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 138-2005, supra. Por ello, la Asamblea Legislativa estimó necesario aclarar este asunto y disponer que la in-terpretación de la Ley de Telecomunicaciones debía recaer, en primera instancia, en la Junta. Id. Esto, por ser la Junta “un foro especializado con el conocimiento técnico necesario para atender cualquier reclamación relacionada a servicios de telecomunicaciones y cable”. íd.

De acuerdo con la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 138-2005, supra, la Asamblea Legislativa justipreció que otorgar autoridad a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para estimar y conceder daños y peijuicios “promueve un mayor acceso de la ciudadanía al foro administrativo para reclamar compensación ...”. Ahora bien, el legislador advirtió que existen casos de mayor complejidad que requieren el rigor y las garantías procesales del foro judicial. íd. Por lo tanto, entendió necesario limitar la jurisdicción de la Junta de conceder daños y peijuicios hasta un máximo de $5,000. Al así hacerlo, explicó que “[c]ualquier reclamación sobre el máximo establecido será atendido en primera instancia por la Junta para determinar si hubo una violación a la Ley de Telecomunicaciones, la reglamentación de esta agencia y/o el contrato entre el consumidor y la compañía de telecomunicaciones y/o cable”. íd. Manifestó, además, que “[d]e la Junta resolver, luego de concluido el proceso adjudicativo, que hubo alguna violación, el consumidor podrá reclamar daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera Instancia que determinará si existen y la cuantía de los mismos”. íd. Hasta aquí el contenido de la Exposición de Motivos. Resta indagar las disposiciones específicas del estatuto.

El Artículo 1 de la Ley Núm. 138-2005, supra, añadió un nuevo Artículo 12-A al Capítulo III de la Ley de Telecomunicaciones. En lo pertinente, este artículo dispo-nes lo siguiente:

Artículo 12-A. -Casos de Daños Presentados por los usuarios:
La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones tendrá ju-risdicción primaria y exclusiva para adjudicar toda reclama-ción de daños y perjuicios causados por cualquier persona natural o jurídica a un usuario, excepto reclamaciones de compañías de telecomunicaciones y cable entre sí, como conse-cuencia de la violación de las disposiciones de esta Ley, los reglamentos aprobados por la Junta y el contrato de servicio entre el usuario y la compañía de telecomunicaciones o cable, hasta la suma máxima de cinco mil (5,000) dólares por incidente. El término usuario comprenderá a las personas que reciben servicios de telecomunicaciones y cable que no sean compañías de telecomunicaciones y cable. En estos casos, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones tendrá jurisdic-ción primaria exclusiva. En los casos de reclamaciones sobre el máximo establecido de compensación reclamada, la Junta tendrá jurisdicción primaria y exclusiva para determinar si existe una violación a esta Ley, a sus reglamentos y/o al con-trato de servicio. Si luego de celebrada una vista en su fondo determina que existe una violación, emitirá Resolución y Or-den describiendo la misma. Una vez advenga final y firme, el usuario podrá presentar demanda de daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera Instancia acompañando copia certifi-cada de la Resolución y Orden de la Junta. El Tribunal deter-minará si existen daños y perjuicios como resultado de dicha violación y concederá aquellos que se establezcan con prueba suficiente. En ambos casos, la Junta señalará por lo menos una vista de mediación para intentar lograr una solución rá-pida y justa a las reclamaciones de los usuarios. No obstante lo dispuesto en cualquier otra disposición de esta o cualquier otra Ley, la Junta tendrá jurisdicción primaria exclusiva para dilucidar cualquier pleito de clase presentado o que a partir de la vigencia de esta Ley se presenten por los usuarios por viola-ciones a las disposiciones de esta Ley y los reglamentos de la Junta, o reclamaciones relacionadas con servicios de telecomu-nicaciones y cable, siempre que no sean compañías de teleco-municaciones y cable entre sí. La compensación total que po-drá concederse en estos casos, nunca excederá la cantidad que sea menor entre cinco millones de dólares ($5,000,000) o el medio (1/2) por ciento de los activos del querellado según sus libros, la que sea menor. A los pleitos de clase aquí menciona-dos no le aplicarán las disposiciones de la Ley Núm. 118 de 25 de junio de 1971, según enmendada. La Junta aprobará regla-mentación para la adjudicación de los casos de pleito de clase, la cual tendrá que estar acorde con los parámetros estableci-dos por la jurisprudencia a tales efectos. (Enfasis nuestro.) Artículo 1 de la Ley Núm. 138-2005, supra.

En lo atinente a la causa ante nos, del texto antes citado surge que la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones tendrá jurisdicción primaria y exclusiva para dilucidar cualquier pleito de clase presentado o que a partir de la vigencia de la Ley Núm. 138-2005, supra, sea instado por violaciones a la Ley de Telecomunicaciones y sus reglamentos. Igualmente, la Ley Núm. 138-2005, supra, establece un límite de compensación de $5,000 que la Junta puede conceder y dispone que cualquier pleito de clase que se presente ante ésta tendrá un límite de com-pensación que nunca excederá la cantidad que sea menor entre $5,000,000 o el medio por ciento (1/2%) de los activos de la parte querellada.

Por último, el Artículo 3 de la Ley Núm. 138-2005, supra, establece que dicha ley “comenzará a regir inmediata-mente después de su aprobación, y surtirá efecto sobre cualquier procedimiento pendiente a esta fecha o que se radique con posterioridad a la misma”. 27 L.P.R.A. sec. 265a n.

B. Retroactividad de las leyes

El Artículo 3 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3, establece que “[l]as leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario”. Esta disposición tiene el efecto de una regla general, de interpretación estatutaria, por lo que no constituye un principio rígido de aplicación absoluta. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533, 542 (1984); Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 384-385 (1973).

Hemos resuelto que la intención del legislador de darle efecto retroactivo a una ley puede ser expresa o tácita. Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 D.P.R. 728, 758 (2009); Asoc. Maestros v. Depto. Educación, 171 D.P.R. 640, 648 (2007). Dicho de otra manera, la retroactividad, por ser un acto excepcional, “debe aparecer expresamente o surgir claramente del estatuto”. Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra, pág. 758.

Si la nueva norma tiene el efecto de corregir o mejorar una anterior para conformarla más adecuadamente al estatuto que pretende enmendar, la retroactividad de la nueva norma no la hace nula de por sí. Véase Licorería Trigo, Inc. v. Srio. Hacienda, 94 D.P.R. 270, 281 (1967). Claro está, el efecto retroactivo por disposición ex-presa de la ley no podrá menoscabar obligaciones contrac-tuales ni perjudicar derechos adquiridos al amparo de al-guna legislación anterior. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1, 130 (2010); Consejo Titulares v. Williams Hospitality, 168 D.P.R. 101, 108-109 (2006).

En concordancia con lo anterior, la regla de hermenéutica que impide que la legislación retroactiva afecte derechos adquiridos aplica solamente a disposiciones estatutarias de carácter sustantivo y no a aquellas de carácter procesal. Véanse: Cortés Córdova v. Cortés Rosario, 86 D.P.R. 117,123 (1962); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, pág. 400. Éstas tienen efecto retroactivo y se deben aplicar con preferencia, por cuanto suponen mayor protección de los derechos en litigio. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 12ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1982, T. I, Vol. I, pág. 623, esc. 1. Así, y por lo general, las disposiciones procesales tienen efecto retroactivo y aplican a casos pendientes, salvo que la Asamblea Legislativa disponga lo contrario. Ortiz v. Fernós López, 104 D.P.R. 851, 852 (1976); Reyes v. Mayagüez Transport, 86 D.P.R. 273, 280-281 (1962); Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 400.

De igual forma, los estatutos que versan sobre la jurisdicción son de interés público y no están comprendidos dentro de las disposiciones del Artículo 3 del Código Civil, supra, por lo que comienzan a regir retroactivamente. J.R.T. v. A.E.E., 133 D.P.R. 1, 13 (1993). No obstante lo anterior, si el legislador no ha tenido la intención de apli-car retroactivamente una ley procesal o si resulta práctica-mente imposible aplicarla así, tal legislación tendrá efectos prospectivos. Véase Mason v. White Star Bus Line, 53 D.P.R. 337, 340-344 (1938). Claro está, la aplicación en el tiempo de cualquier ley dependerá de la validez de la pro-pia ley.

C. Separación de poderes y validez de legislación con efectos en pleitos pendientes

El principio de separación de poderes en Puerto Rico se encuentra expresamente consagrado en la Sección 2 del Artículo 1 de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1. Este principio persigue salvaguardar la independencia de cada rama del Gobierno y proteger la libertad de los individuos frente a una peligrosa acumulación de poder en una sola rama. Véanse: Colón Cortés v. Pesquera, 150 D.P.R. 724, 750 (2000); Union Pacific Railroad Company v. United States, 99 U.S. 700 (1878) (Sinking Fund Cases). Mediante su empleo se delimitan “los contornos de los poderes públicos para evitar la concentración indebida de poderes y promover el más eficiente funcionamiento del sistema”. Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 405, 426-427 (1990). En varias ocasiones, incluso antes de la aprobación de la Constitución de Puerto Rico, hemos considerado si el poder legislativo interfiere indebidamente con la función judicial al aprobar legislación que tenga repercusiones en un pleito pendiente.

En Suárez v. Tugwell, Gobernador, 67 D.P.R. 180 (1947), mientras se tramitaba un pleito en los tribunales en el que ya se había concedido un interdicto preliminar, la Asam-blea Legislativa aprobó la Ley Núm. 2 de 25 de febrero de 1946, “la cual prohibió la acción del contribuyente y privó a los tribunales de Puerto Rico de ‘jurisdicción para conocer, o continuar conociendo si se hubiera ya iniciado’, cualquier acción sobre la constitucionalidad de una ley, resolución o actuación ejecutiva autorizada por ley, cuando el deman-dante base su legitimación únicamente en su carácter de contribuyente”. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 97 (1998).

Los demandantes argumentaron ante nos que la Ley Núm. 2, supra, era nula y que no se podía aplicar al caso que se encontraba en trámite cuando se aprobó la ley. Suárez v. Tugwell, Gobernador, supra, pág. 183. Resolvimos en aquella ocasión que la ley en cuestión era válida y que podía aplicarse al pleito pendiente. Expresamos que la Asamblea Legislativa tiene el poder para limitar la juris-dicción de los tribunales para expedir interdictos en una clase específica de controversias y que una legislación res-trictiva, a tales efectos, es válida aun al aplicarse a casos pendientes. Id., pág. 184. Ciertamente, de lo que trataba la legislación era de prohibir la concesión del remedio de interdicto. Como resultado, confirmamos la sentencia que emitió el entonces tribunal de distrito, la cual dejó sin efecto el interdicto preliminar, y archivó el caso debido a la aprobación y vigencia de la ley allí en controversia.

Posteriormente, en Sunland Biscuit Co. v. Junta Salario Mínimo, 68 D.P.R. 371 (1948), mientras se encontraba pendiente un caso ante nuestra consideración, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 451 de 14 de mayo de 1947, la cual tuvo el efecto de convalidar el decreto man-datorio impugnado. El 25 de junio de 1947 emitimos una sentencia en la que anulamos el aludido decreto. Sin embargo, en reconsideración determinamos que la Ley Núm. 451, supra, la cual entró en vigor el 1 de julio de 1947, de manera clara y terminante había convalidado y ratificado el decreto mandatorio en pugna. Expresamos que la Asam-blea Legislativa tiene facultad para aprobar estatutos re-parativos de esta naturaleza, Sunland Biscuit Co. v. Junta Salario Mínimo, supra, págs. 378-379, y reconocimos que nuestra sentencia aún no había creado estado de derecho alguno a favor de la recurrente.

Además de lo anterior, sostuvimos que la Ley Núm. 451, supra, "específicamente hac[ía] referencia a decretos emi-tidos con anterioridad a la aprobación de [dicha ley] y ésta lo fu[e] en 14 de mayo de 1947, que es fecha anterior a aquélla en que se dictó la sentencia de este Tribunal. Bajo estas condiciones el estatuto curativo resultó completa-mente válido y constitucional”. Sunland Biscuit Co. v. Junta Salario Mínimo, supra, pág. 379.

En Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones emitió una sentencia en la que revocó una resolución de la Junta de Planificación que aprobó una consulta de ubicación para el Superacueducto de la Costa Norte. Asimismo, ordenó la paralización total de las obras iniciadas hasta que se cumpliera con la legis-lación y reglamentación aplicables. Poco tiempo después, la Asamblea Legislativa aprobó y el Gobernador firmó la Ley Núm. 19 de 12 de junio de 1997 (22 L.P.R.A. sec. 451 et seq.), para ordenarle a la Autoridad de Acueductos y Alcan-tarillados continuar con la construcción del referido pro-yecto, eximirle de cumplir con la Ley de Procedimiento Ad-ministrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y establecer nuevos procedimientos y requisi-tos para la autorización del proyecto y para la revisión judicial.

En aquel entonces, este Tribunal resolvió que la Ley Núm. 19-1997, supra, era inconstitucional porque violaba el principio de separación de poderes al interferir de forma no permisible con el ejercicio del Poder Judicial. Ex-presamos que la Asamblea Legislativa puede, en el ejercicio de su poder inherente, afectar litigios pendientes sin contravenir el principio de la separación de poderes, siempre que lo haga en el marco de la enunciación de una nueva norma de derecho y no meramente de la adjudicación de una controversia específica. Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, págs. 110-112. Esta Curia estimó que dicha ley perseguía adjudicar la validez de los permisos de ubicación, pues pretendía dictar el resultado del caso que se encon-traba ante la consideración de este Tribunal. Igualmente, expresamos lo siguiente:

El poder de revisar una sentencia le corresponde a la Rama Judicial. Es una facultad que integra la entraña misma del poder que la Sec. 1 del Art. V de la Constitución, supra, les asigna exclusivamente a los tribunales. No es una facultad compartida con el Poder Legislativo, ni trasladable a éste por razón alguna. Si bien es cierto que el principio de la separa-ción de poderes debe ser aplicado flexiblemente, esa flexibili-dad “no significa que lo que es la esencia de la función judicial pueda ser destru[i]do, convirtiendo el poder para decidir en una débil oportunidad para consultar y recomendar”. Misión Ind. P.R. v. J.P, supra, pág. 112.

En Colón Cortés v. Pesquera, supra, varias comunidades acudieron ante nos mediante recurso de certiorari para cuestionar la determinación del entonces Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones de que el recurso de mandamus que ellas presentaron era improcedente. Argumentaron que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), incumplió con emitir una válida Declaración de Impacto Ambiental final (DIA), para la totalidad del proyecto vial conocido como “Ruta 66”. Además, señalaron que la ACT ignoró los reque-rimientos del panel examinador de la Junta de Calidad Am-biental y los señalamientos que específicamente hiciéramos en Colón y otros v. J.C.A., 148 D.RR. 434 (1999). En Colón Cortés v. Pesquera, supra, emitimos una resolución parali-zando las obras de construcción. Mientras se encontraba pendiente para nuestra consideración la Petición de certio-rari, la Asamblea Legislativa aprobó dos (2) leyes —Ley Núm. 323-1999 y Ley Núm. 324-1999— con el propósito de modificar el derecho sobre los procedimientos para obtener una DIA y permitir el fraccionamiento de proyectos. La ACT presentó una moción de desestimación en la que alegó que en conformidad con las aludidas leyes, este Tribunal carecía de jurisdicción para considerar el recurso.

En aquel entonces, este Tribunal resolvió que el objetivo de la legislación en cuestión consistía en obviar “los parámetros dispuestos en una Opinión anterior de este Tribunal”. Colón Cortés v. Pesquera, supra, pág. 749. Ex-presamos que “[l]o importante al determinar si cierta ac-tuación legislativa infringe el principio de separación de poderes, es si la intención clara y específica de la ley fue afectar el resultado de un pleito particular”. (Énfasis suprimido.) Id., pág. 764. Resolvimos que la Sección 1 de la Ley Núm. 324-1999, supra, única de las enmiendas aplica-ble a la controversia ante nuestra consideración, resultaba inconstitucional en su aplicación por contravenir el princi-pio de separación de poderes. De igual forma, esta Curia concluyó que la Asamblea Legislativa perseguía “revocar la determinación de este Tribunal en Colón Cortés I, supra, sobre las deficiencias de la DIA-P y el suplemento prepa-rados por la ACT”. íd., pág. 765. Concluimos que “[l]a con-secuencia de la legislación ante nuestra consideración [era] liberar a la ACT de los deberes ministeriales que, según determinamos en Colón Cortés I, supra, todavía no había cumplido”. íd., pág. 764. Además, manifestamos lo si-guiente:

Este Tribunal, como custodio e intérprete final de nuestra Constitución, la va a proteger y no va a permitir que acciones como la que hoy nos ocupa opaquen o disminuyan su valor, avalando que la parte que resulte o pudiera resultar perdidosa en un proceso judicial procure legislación de encargo que le per-mita continuar con una acción declarada ilegal por la Rama Judicial. Es decir, no podemos consentir que la Legislatura, con el aval del Gobernador, se convierta en un Tribuna) Supremo de facto, revocando acciones tomadas por este Foro. íd.

Tanto Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, como Colón Cortés v. Pesquera, supra, son vividos ejemplos de que cualquier intento de la Asamblea Legislativa para dejar sin efecto una orden judicial en un caso pendiente ante nuestra consideración será considerado inconstitucional por violentar el principio de separación de poderes. Ciertamente, ninguna Asamblea Legislativa “tiene la facultad para intervenir con el ejercicio de la función judicial, por lo que no puede dejar sin efecto, modificar, o menoscabar una sentencia final emitida por un tribunal que tenga jurisdic-ción para dictarla”. Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 726 (2000). Véase P.R. Tobacco Corp. v. Buscaglia, Tes., 62 D.P.R. 811, 822 (1944).

D. Jurisdicción primaria y exclusiva

Los foros judiciales de Puerto Rico son de jurisdic-ción general y tienen autoridad para entender en cualquier causa de acción que presente una controversia para adjudicación. Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 161 D.P.R. 109, 114 (2004); Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223, 230 (1994). Empero, los tribunales pueden ser privados de su autoridad para entender en algún asunto particular si así lo dispone expresamente algún es-tatuto o si ello surge del mismo por necesaria implicación, íd.; Rosado v. Registrador, 71 D.P.R. 553, 556 (1950). En específico, “[c]uando existe un estatuto que expresamente le confiere la jurisdicción a un órgano administrativo sobre de-terminado tipo de asuntos, los tribunales quedan privados de toda autoridad para dilucidar el caso en primera instancia”. Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 D.P.R. 257, 268 (1996). Del mismo modo, hemos expresado que “la designación de un foro administrativo con jurisdicción ex-clusiva es perfectamente compatible con la revisión judicial de la cual puede ser objeto posteriormente la decisión del organismo”. Id.

III

Debido a los múltiples planteamientos presentados, atenderemos por partes la discusión de la presente causa. Consideremos en primer lugar el asunto jurisdiccional.

Las clases alegan que no procede la desestimación de su reclamación debido a que la Ley Núm. 138-2005, supra, la cual dispone que será la Junta Reglamentadora de Teleco-municaciones quien tendrá jurisdicción primaria y exclu-siva para atender todo pleito relacionado con la Ley de Telecomunicaciones, y no el Tribunal de Primera Instancia, transgrede el principio de separación de poderes por afec-tar retroactivamente un pleito pendiente y usurpar el po-der de los tribunales para conceder daños. En fin, cuestio-nan que el foro primario haya desestimado su reclamación para que ésta fuera presentada ante la Junta Reglamenta-dora de Telecomunicaciones. Veamos.

Uno de los propósitos de la Asamblea Legislativa al apro-bar la Ley Núm. 138-2005, supra, consistió en concederle jurisdicción primaria y exclusiva a la Junta Reglamenta-dora de Telecomunicaciones para determinar si existe una violación a la ley que a bien tiene administrar y, a su vez, estimar y conceder compensaciones por daños y peijuicios causados por violaciones a la Ley de Telecomunicaciones. De esta forma el legislador entendió que mejor se adelantaba su intención de promover un mayor acceso de la ciudadanía al foro administrativo para reclamar tales daños y, al mismo tiempo, salvaguardar la estabilidad de la industria al dispo-ner que en vez de dos foros que interpretaran simultánea-mente la misma ley, el referido cometido recaería en pri-mera instancia en la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. Ello, debido a su conocimiento técnico y especializado.

De entrada, no cabe discusión respecto al poder de la Asamblea Legislativa para otorgar jurisdicción primaria y exclusiva a un organismo administrativo. Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, supra. Tampoco sobre la potestad de la Asamblea Legislativa para aprobar una ley y concederle expresamente efectos retroactivos, siempre que no afecte derechos adquiridos, menoscabe obligaciones contractuales o viole el principio de separación de poderes.

Recuérdese que la Asamblea Legislativa puede, en el ejercicio de su poder inherente, afectar litigios pendientes sin transgredir el principio de separación de poderes, siem-pre que lo haga en el marco de la enunciación de una nueva norma de derecho y no meramente de la adjudica-ción de una controversia específica. Misión Ind. P.R. v. J.P., supra. Ciertamente, esta norma puede ser de intrincada aplicación, por varias razones. Primero, el derecho se mo-difica por alguna razón y en pocas ocasiones el legislador actúa con entera abstracción de la realidad forense. Se-gundo, en esas ocasiones, el legislador puede enunciar una nueva norma de derecho sin “la intención clara y específi-ca” de adjudicar o afectar un pleito pendiente, Colón Cortés v. Pesquera, supra, pág. 764, pero tal puede ser el resul-tado una vez se aplique la ley al caso. (Enfasis suprimido.) En tales casos, descifrar cuál es la intención legislativa “ ‘es a lo sumo una conjetura judicial’ ”, por lo que debemos realizar un laborioso esfuerzo por determinar esa intención mediante la más correcta conjetura posible. Tugwell, Gobernador v. Corte, 64 D.P.R. 220, 228 (1944).

Es por estas razones que en atención a la norma en cuestión debemos también preguntarnos si la ley, o la dis-posición específica de la misma, afecta de forma impermi-sible el resultado del pleito en trámite. Dicha interrogante debemos atenderla de acuerdo con la realidad de que la disposición aquí discutida de la Ley Núm. 138-2005, supra, se aprobó en una etapa procesal distinta a las leyes anali-zadas en los casos de Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, y Colón Cortés v. Pesquera, supra.

Procede concentrarnos en esta ocasión en precisar que la acción legislativa afectará de forma impermisible un pleito cuando pretenda hacer determinaciones de hecho o dictar conclusiones de derecho sobre un caso en trámite en los tribunales. Véase Robertson u. Seattle Audubon Soc., 503 U.S. 429, 441 (1992).

En el caso ante nuestra consideración, luego de que la P.R.T.C. interpusiera una moción de sentencia sumaria en el Tribunal de Primera Instancia, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 138-2005, supra, y le otorgó expresa-mente efectos retroactivos. La disposición de la ley aquí dis-cutida delegó jurisdicción primaria y exclusiva en la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para determinar en todo caso si existe alguna violación a la Ley de Telecomuni-caciones y conceder daños y peijuicios. Ello, con las particu-laridades antes expresadas.

La consecuencia de esta disposición de la Ley Núm. 138-2005, supra, es que el foro para reclamar en primera instan-cia se transfirió a una agencia administrativa. El asunto es tan claro que las propias clases admiten que la “Ley 138 en que se basó la sentencia no tuvo el efecto de privar a los demandantes de su derecho a reclamar sino, más bien, a dirigir la reclamación a un foro distinto”. Véase Moción de Reconsideración presentada por los demandantes ante el Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 2251.

En este caso, no hay sentencia que haya declarado ilegal el cargo de teletecla ni creado estado de derecho alguno a favor de las clases, Sunland Biscuit Co. v. Junta de Salario Mínimo, supra, o que pueda ser revocada por la disposición en controversia de la Ley Núm. 138-2005, supra. Tal dis-posición en manera alguna adjudica la reclamación de las clases, Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, ni pretende hacer determinaciones de hecho o dictar conclusiones de derecho. Tampoco dicta el resultado del caso pendiente. Colón Cor-tés v. Pesquera, supra. Y mucho menos usurpa la facultad del Poder Judicial para estructurar remedios adecuados, pues se trata de una disposición que meramente regula la autoridad para entender en primera instancia un asunto particular sin prejuzgar los méritos de la causa. Colón Cor-tés v. Pesquera, supra. Ante las circunstancias particulares del presente caso, es forzoso concluir que la disposición en cuestión no afecta de forma impermisible el pleito pendiente.

Nótese, además, que la nueva norma tuvo el efecto de aclarar y corregir la anterior para conformarla más ade-cuadamente a la Ley de Telecomunicaciones, pues ésta, a pesar de haberle concedido jurisdicción primaria a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones sobre todo asunto relacionado con la Ley de Telecomunicaciones, no le confi-rió autoridad para conceder compensación por daños y perjuicios. La Ley Núm. 138-2005, supra, remedió el asunto. Ahora verdaderamente se puede afirmar que la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones posee juris-dicción sobre todo asunto relacionado a su ley orgánica.

Del mismo modo, al examinar la disposición en cuestión notamos que el legislador atendió cuidadosamente nues-tros pronunciamientos en Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., supra. Allí mostramos preocupación por la concesión de au-toridad a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para otorgar daños en reclamaciones que pudieran alcan-zar cantidades económicas millonarias y abarcaran dere-chos propietarios. Esto, pues en esos casos “debe ser el foro judicial el llamado a garantizar el debido proceso de ley a través de todos los mecanismos y protecciones que caracte-rizan el procedimiento judicial”. íd., pág. 227. A saber: “un descubrimiento de prueba plenario, el uso de las reglas de evidencia, el juicio por un juez imparcial a través del crite-rio de la preponderancia de la evidencia en los casos civiles.” íd. Ahora, a diferencia de Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., supra, el legislador ha empleado “un lenguaje determinante, en torno a la delegación del poder adjudica-tivo en materia de daños” y limitó la jurisdicción de la Junta de manera cónsona con nuestras expresiones. íd., pág. 228.

El tribunal siempre podrá ejercer su función judicial en este tipo de casos. Ello, pues la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones atenderá inicialmente todo reclamo re-lacionado con la Ley de Telecomunicaciones y, de resolver que en efecto se cometió alguna violación, concederá la compensación que proceda en concepto de daños y perjui-cios hasta un máximo de $5,000. En los casos en que el remedio exceda esta cantidad, el consumidor o los consu-midores podrán reclamar daños y perjuicios en el Tribunal de Primera Instancia. Además, el foro judicial también es-tará disponible para revisar una determinación adversa por la Junta. De esta forma, y en cuanto a este asunto, el legislador empleó suficientes salvaguardas para garanti-zar el debido proceso de ley.

En conformidad con lo anterior, concluimos que la dis-posición de la Ley Núm. 138-2005, supra, que concede ju-risdicción primaria y exclusiva a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, se puede aplicar retroactivamente a pleitos pendientes por ser esa la intención expresa de la Asamblea Legislativa y, particularmente, por no infringir el principio de separación de poderes. Ahora bien, en aras de evitar que ésta disposición de la Ley Núm. 138-2005, supra, aborte la continuación de la reclamación de las cla-ses de consumidores, referimos el caso y su expediente a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. Una deter-minación en contrario menoscabaría las salvaguardas que precisamente enmarcan la adopción del principio de sepa-ración de poderes.

IV

Las clases alegan, además, que el límite establecido por la Ley Núm. 138-2005, supra, a la compensación que en su día podrían tener es inconstitucional. En sintonía con lo anterior, aducen que esta Ley menoscaba obligaciones con-tractuales, transgrede la libertad de asociación, el debido proceso de ley, y la igual protección de las leyes. Por su parte, la P.R.T.C. sostiene que estos asuntos no alcanzan la madurez necesaria para un pronunciamiento judicial.

Para atender apropiadamente estos señalamientos es necesario tener presente que el requisito de madurez para atender una controversia de índole constitucional forma parte de las doctrinas de autolimitación judicial. Rexach v. Ramírez, 162 D.P.R. 130, 141 (2004). La prudencia y la no deseabilidad de opiniones consultivas fundamentan el requisito de madurez. Id.; R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Colegio de Abogados de Puerto Rico, 1986, Vol. I„ pág. 195.

En la doctrina de madurez “se examina la proximidad temporal o inminencia del daño alegado a través de un análisis dual: si la controversia sustantiva es apropiada para resolución judicial y si el daño es suficiente para re-querir adjudicación”. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 804, 814 (2008). Con ánimo no desprevenido, “[l]os tribu-nales deben determinar si existe realmente una controver-sia entre las partes de naturaleza justiciable, propia para un pronunciamiento judicial”. Rexach v. Ramírez, supra, pág. 142. Véase Asoc. Guardias Penales v. Srio. de Justi-cia, 87 D.P.R. 711, 713 (1963). Resulta determinante, pues, que la controversia se encuentre concretamente definida, de forma que el tribunal pueda justipreciarla en sus méritos. Rexach v. Ramírez, supra, pág. 142.

En el caso ante nos, el ataque a la validez de la disposi-ción de la Ley Núm. 138-2005, supra, que establece un límite a la compensación total que en su día se podría con-ceder a las clases, depende de que en el futuro se pruebe que el cargo de teletecla se cobró ilegalmente. También de-pende de que se fije una cantidad de compensación que sobrepase el tope dispuesto por la Ley Núm. 138-2005, supra. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido. Y ningún foro ha declarado la ilegalidad del cargo o ha impuesto compen-sación alguna que supere el tope impugnado para los plei-tos de clase.

Del mismo modo, aún no se ha atendido la alegación de la P.R.T.C. a los efectos de que las reclamaciones de las clases se encuentran prescritas o caducas. La P.R.T.C. aduce que cobró el cargo de teletecla hasta diciembre de 2003 y que en cumplimiento con la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1988 y la Ley de Telecomunicaciones, todas las facturas remitidas a los abonados advertían de la existencia de un plazo de quince (15) días para pagar u objetar los importes fijados, mediante ciertos trámites reglamentarios. Pero, según ar-guye, los miembros de las clases no formularon objeciones, querellas o reclamaciones dentro del plazo fijado, ni acudie-ron a foro alguno para impugnar la legalidad del cargo. Hoy, tal asunto también se encuentra irresoluto.

Por estas razones, y las circunstancias antes intimadas, el ataque constitucional está saturado de contingencias. Supone, pues, unos eventos indefinidos que se proyectan prospectivamente. Pero varias adjudicaciones faltan por concretarse. En el espacio temporal del orden de las cosas el reclamo es prematuro. Es por ello que la intervención judicial en este momento implicaría inmiscuirnos inapro-piadamente con una acción administrativa ulterior. Ante tal escenario fáctico, la controversia no se encuentra con-cretamente definida de manera que sea apropiada para ad-judicación judicial.

Será la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones quien determine si la reclamación de las clases no está prescrita y si el cargo de teletecla se facturó ilegalmente. En su momento, y de ser necesario, no dudaremos en ex-presarnos de las clases prevalecer y de madurar el reclamo sobre el tope de compensación en pleitos de clase.

Por todo lo cual, concluimos que el cuestionamiento al límite establecido por la Ley Núm. 138-2005, supra, a la compensación que en su día podrían tener las clases no está maduro. Cónsono con lo anterior, y por su relación inextricable con ello, también carecen de madurez los plan-teamientos sobre violación a la libertad de asociación; al debido proceso de ley; la igual protección de las leyes, y sobre el menoscabo de las obligaciones contractuales.

En cuanto al único asunto maduro, resolvemos que la disposición de la Ley Núm. 138-2005, supra, que concede jurisdicción primaria y exclusiva a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones no infringe la doctrina de separación de poderes y se puede aplicar retroactivamente a pleitos pendientes. Por ello, los foros a quo actuaron correctamente al desestimar la reclamación de las clases.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sen-tencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se remite el caso a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton no interviene. El Juez Asociado Señor Martínez Torres se inhibió.

       R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Colegio de Abogados de Puerto Rico, 1986, Vol. I, pág. 571.

       Los demandantes se componen de tres (3) clases. La Clase A está compuesta de consumidores que tienen una línea en sus residencias (Residence Main Station). La Clase B la forman consumidores que tienen solamente una línea en sus negocios sin un cuadro telefónico (Business Main Station). Por último, la Clase C la confor-man consumidores que tienen multilíneas en sus negocios (Business Main Line).

       La moción de sentencia sumaria que presentó previamente la P.R.T.C. aún no había sido atendida.

       En conformidad con el Artículo 2 de la Ley Núm. 138-2005, “daños y perjui-cios” significa “exclusivamente los daños económicos sufridos por el consumidor que surgen directamente del incumplimiento de la [Ley de Telecomunicaciones], de los reglamentos aprobados por la Junta y/o el contrato de servicio entre el consumidor y la compañía de telecomunicaciones o cable televisión”. 27 L.P.R.A. sec. 265a(jj).

       Nótese que la ley impugnada se promulgó para enmendar sustancialmente la Ley Núm. 8 de 5 de abril de 1941, y la disposición que convalidó las actuaciones previas de la Junta de Salario Mínimo se estableció para darle continuidad de forma general a todos los actos realizados por los funcionarios de dicha Junta y no exclu-sivamente al decreto impugnado. Véase Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 98-99 (1998).

       Eso resolvimos en Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 D.P.R. 203, 225-229 (2002). Pero allí también expresamos que una agencia administrativa puede tener autoridad para conceder daños y peijuicios si: (1) la ley expresamente le confiere tal facultad; (2) el poder está consignado implícitamente en su amplia facultad para conceder remedios, o (3) cuando está relacionado con el servicio que presta la agencia y se ejerce para adelantar los propósitos de su ley habilitadora. Id., págs. 215-216. Véanse, además: U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 D.P.R. 512 (1970); Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 D.P.R. 756 (1997).

       Desde EX.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 596 (1958), hemos sostenido que como parte de la doctrina de autolimitación judicial no nos anticiparemos a decidir plan-teamiento constitucional alguno antes de que sea necesario hacerlo.

       Sabido es que la doctrina de opinión consultiva intenta evitar que se produz-can decisiones en el abstracto o bajo hipótesis de índole especulativa. Esto, pues no es función de los tribunales actuar como asesores o consejeros. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 721 (1980).


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text:
    Oficina de Ética Gubernamental, recurrida, v. Raquel Concepción Bonilla, peticionaria.

      Número: CC-2010-984

      Resuelto: 9 de diciembre de 2011

      Sara B. González Clemente y Massiel Hernández Tolentino, abogadas de la parte recurrida; José R. Conaway Mediavi-lla, abogado de la parte peticionaria.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del tribunal.

En esta ocasión, nos corresponde determinar si el con-cepto unidad familiar expuesto en el Art. 3.2(h) de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1801 et seq. (Ley de Etica Guberna-mental), incluye a hermanos, hermanas, cuñados o cuñadas. Entendemos que la definición de unidad familiar que ofrece la Ley de Etica Gubernamental es clara y no incluye a estas personas, salvo que residan legalmente o dependan económicamente del funcionario público. Por ello, revocamos al Tribunal de Apelaciones que confirmó un dictamen de la Oficina de Etica Gubernamental (O.E.G.) en el cual no se consideró esta definición y se le impuso una multa administrativa a la Sra. Raquel Concepción Bonilla.

I

La Sra. Raquel Concepción Bonilla ha ocupado diversos puestos en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.). Cuando pasó a ser directora regional de recursos humanos, también laboraban en la A.A.A. su hermana, la Sra. Keren Concepción Bonilla, su hermano, el Sr. José Concepción Bonilla, y su cuñado, el Sr. José Pérez Adames.

La Sra. Keren Concepción Bonilla laboraba en una po-sición que le respondía directamente al puesto del director regional de recursos humanos que pasó a ocupar su hermana. Por ello, con el propósito de evitar un conflicto de intereses, fue trasladada al puesto transitorio de oficinista general I y luego fue nombrada a otras posiciones. Desde su traslado, la Sra. Keren Concepción Bonilla quedó bajo la supervisión de otras personas distintas a su hermana.

Así las cosas, el 1 de agosto de 2008, se presentó una querella contra la Sra. Raquel Concepción Bonilla ante la O.E.G. en la que se le imputaron varias violaciones a la Ley de Etica Gubernamental y al Reglamento de Ética Gu-bernamental, Reglamento Núm. 4827 de 20 de noviembre de 1992, según enmendado (Reglamento). Tras celebrar la vista administrativa correspondiente y adoptar el informe de la oficial examinadora, esa agencia determinó que la Sra. Raquel Concepción Bonilla, en su desempeño como directora regional de recursos humanos, había participado en varias transacciones de personal de su hermana, her-mano y cuñado, en violación al Art. 3.2(h) de la Ley de Ética Gubernamental, 3 L.P.R.A. sec. 1822h. Por esta ra-zón, también determinó que ésta había violado el Art. 6(A)(2), (4) y (6) del Reglamento, supra, pág. 5. En virtud de lo anterior, la O.E.G. emitió una resolución en la cual le impuso una multa administrativa de cinco mil dólares a la Sra. Raquel Concepción Bonilla.

En específico, la O.E.G. razonó que fueron actos ética-mente conflictivos, respecto a su hermana, el firmar sus traslados y nombramientos, notificárselos por escrito, par-ticipar del proceso de reclasificación, revisar la fecha de efectividad de las reclasificaciones, entre otras transaccio-nes de personal. Con relación al cuñado, la O.E.G. enten-dió que también existió conflicto al registrar su salario, nombrarlo al puesto de operador planta acueductos I y no-tificárselo por escrito. Finalmente, se le imputó como otra infracción adicional la validación de una solicitud de licen-cias sometida por su hermano. Esto, pues según la agencia, la peticionaria debió inhibirse de participar en cualquier transacción de personal relacionada con estos familiares.

Inconforme y tras varios trámites procesales, la Sra. Raquel Concepción Bonilla compareció oportunamente ante el Tribunal de Apelaciones para revisar la resolución del foro administrativo. Allí planteó que ese foro erró al deter-minar que, en el ejercicio de los deberes ministeriales y administrativos, se cometieron actos contrarios a la Ley de Etica Gubernamental y a su Reglamento: al no aplicar la defensa de un honesto error de juicio; al emitir una orden final fuera del término provisto por la Ley de Procedi-miento Administrativo Uniforme del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, y al imponer una multa excesiva.

El foro apelativo intermedio confirmó el dictamen por entender que existe una prohibición clara en nuestro orde-namiento jurídico que impide que los funcionarios públicos tengan participación en asuntos que involucren a un familiar. Por ello determinó, al igual que el foro adminis-trativo, que: (1) la Sra. Raquel Concepción Bonilla debió inhibirse de todas las cuestiones relacionadas con sus fa-miliares para evitar cualquier conflicto de intereses; (2) es-taba impedida de presentar la defensa de un error de juicio por no presentarla en el foro recurrido; (3) era razonable la cantidad de la multa administrativa, y (4) había consen-tido a la demora de la agencia al no solicitar un mandamus o la desestimación del caso.

Por tal razón, la peticionaria acudió ante nos mediante certiorari. Alegó que incidió el foro apelativo intermedio al confirmar que el ejercicio de los deberes puramente minis-teriales y administrativos puede ser considerado como un acto constitutivo de violación a la Ley de Ética Guberna-mental y su Reglamento; al no aplicar la defensa de error honesto de juicio y al expedir una orden final fuera del término provisto para ello. Por último, nos solicita que re-voquemos al Tribunal de Apelaciones y dictemos todo lo que proceda en derecho.

Se expidió el recurso de certiorari y, tras varias inciden-cias procesales, ambas partes presentaron sus alegatos. Contando con su comparecencia, procedemos a resolver.

II

La Ley de Ética Gubernamental y su Reglamento tienen el propósito principal de que los funcionarios y empleados del servicio público mantengan principios del más alto grado de honestidad, integridad, imparcialidad y conducta para garantizar el funcionamiento de las instituciones gubernamentales y conservar la confianza de los ciudadanos en su gobierno. Véanse Exposición de Motivos de la Ley de Ética Gubernamental, 1985 Leyes de Puerto Rico 709; Art. 2 del Reglamento, supra, pág. 1. Cónsono con ese fin, hemos expresado que son intolerables los conflictos de intereses en el servicio público. O.E.G. v. Cordero, Rivera, 154 D.P.R. 827 (2001); O.E.G. v. Rodríguez, 159 D.P.R. 98 (2003).

Por ello, para evitar conflictos de intereses, el Art. 3.2(h) de la ley, supra, establece que

[n]ingún funcionario público podrá intervenir en forma al-guna en cualquier asunto en el que él o algún miembro de su unidad familiar tenga un conflicto de intereses. (Enfasis suplido). 3 L.P.R.A. sec. 1822(h).

Además, nótese que la misma ley dispone, en su Art. 3.2(g), que el concepto unidad familiar

[i]ncluye al cónyuge del funcionario o empleado público, a los hijos dependientes de éste, o aquellas personas que com-parten con el servidor público su residencia legal, o cuyos asuntos financieros están bajo el control de jure o de facto del funcionario o empleado público. 3 L.P.R.A. sec. 1802(g).

Es decir, el Art. 3.2(h) de la Ley de Ética Gubernamen-tal, supra, prohíbe la intervención de funcionarios públicos en asuntos donde un miembro de su unidad familiar, según descrita en esa ley, tenga un conflicto de intereses.

Asimismo, esta definición aparece casi igual en su regla-mento, pues sólo cambia el final por “control legal” en vez de “control de jure o de facto”. Art. 3(Q) del Reglamento Núm. 4827, supra, pág. 4. Es decir, la regla interpretativa o legislativa de la Ley de Ética Gubernamental, cuyo efecto también es vinculante, recoge la definición establecida en la ley. Véanse: Sec. 1.3(Z) de la Ley de Procedimiento Ad-ministrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2102(Z); Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 692 (2000).

Más aún, una opinión del Secretario de Justicia, que utilizamos por entenderla persuasiva, en una situación en la que se analizaba la definición de unidad familiar, ex-presa que

... cuando el legislador ha querido distinguir situaciones y cir-cunstancias en el contexto de la Ley Núm. 12 [Ley de Ética Gubernamental], así lo ha hecho expresamente. Á modo de ejemplo, por su pertinencia, nuevamente en referencia a la definición de “unidad familiar”, llama la atención que frente a la mención sin condicionar o cualificar del cónyuge del servi-dor público, se especifica que para estar incluidos en la unidad familiar de ese funcionario o empleado público, respecto a la cual éste debe proveer información financiera, sus hijos deben ser sus dependientes o determinadas personas deben compar-tir con éste su residencia legal o sus asuntos financieros estar bajo su control legal. (Énfasis suplido). Op. Sec. Just. Núm. 1988-41.

Por su parte, el Art. 6 en sus incisos (A)(2), (4) y (6) del Reglamento de Etica Gubernamental, supra, dis-pone que todo servidor público deberá evitar cualquier acción que pueda crear la apariencia de dar trato preferential, de perder su completa independencia y de afectar adversamente la confianza del público en la integridad y honestidad de las instituciones gubernamentales.

No obstante, a tono con todo lo anterior, hemos expresado que la mera apariencia de conflicto de intereses, por sí sola, no puede conllevar el que automáticamente se encuentre a un funcionario público incurso en una violación ética. O.E.G. v. Rivera, Cordero, supra, págs. 853 — 854.

Como vemos, la Ley de Etica Gubernamental no proscribe las actuaciones de los funcionarios públicos con todo familiar, sino sobre aquellos miembros de la unidad familiar, según se describe en la propia ley. Es decir, un conflicto de intereses al amparo del Art. 3.2(h) de la Ley de Etica Gubernamental, supra, debe analizarse en virtud de esa definición de unidad familiar.

Del mismo modo, la norma principal de hermenéutica establece, y así lo hemos reiterado, que cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, su letra no debe ser menospreciada con el pretexto de cumplir su espíritu. Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14; Bomberos Unidos v. Cuerpo Bomberos et al., 180 D.P.R. 723 (2011); Rojas v. Méndez Co., Inc., 115 D.P.R. 50, 53 (1984).

A la luz de estos preceptos y pronunciamientos, pasemos a resolver la controversia ante nuestra consideración.

III

Creemos que la O.E.G. erró en la aplicación de la Ley de Etica Gubernamental y su reglamento al ignorar la defini-ción de unidad familiar allí provista. Por ello, no encon-tramos necesario discutir los errores señalados por la peti-cionaria y procedemos a conceder el remedio que corresponde.

Como expusimos, la agencia administrativa le imputó a la Sra. Raquel Concepción Bonilla infracciones al Art. 3.2(h) de la Ley de Etica Gubernamental, supra, y como consecuencia de eso, al Art. 6(A)(2), (4) y (6) del Regla-mento, supra. Ello, considerando que Keren Concepción Bonilla, José Concepción Bonilla y José Pérez Adames son hermana, hermano y cuñado de Raquel Concepción Boni-lla, respectivamente, pero ignorando la definición de uni-dad familiar provista por el legislador. Así, el foro adminis-trativo entendió que ella debió inhibirse de participar en cualquier transacción de personal en la que estuviese invo-lucrado uno de esos parientes para evitar conflictos de intereses.

Es decir, al llegar a esas conclusiones, la O.E.G. utilizó aisladamente el Art. 3.2(h) de la Ley de Ética Guberna-mental, supra, que hace referencia a cualquier miembro de la unidad familiar. Una vez determinó que se había violado esa disposición, puesto que la hermana, el hermano y el cuñado son parte de la unidad familiar, entonces concluyó que se había infringido el Art. 6(A)(2), (4) y (6) del Regla-mento, supra.

Para ayudamos en la aplicación de la Ley de Ética Gu-bernamental, el legislador ya definió claramente el conte-nido del concepto “unidad familiar”. No podemos obviar esta definición para hacer un análisis aislado del Art. 3.2(h) de la ley, supra. Por ende, la O.E.G. actuó errónea-mente al añadir motu proprio, sin que fuera necesario, que una hermana, un hermano y un cuñado son miembros de la referida unidad familiar.

No nos encontramos ante un caso de interpretación estatutaria. El Art. 2(g) de la Ley de Ética Gubernamental, supra, es claro al delimitar el concepto unidad familiar (1) al cónyuge del funcionario o empleado público, (2) a los hijos dependientes de este o (3) a aquellas personas que comparten con el servidor público su residencia legal o cu-yos asuntos financieros están bajo el control de jure o de facto del funcionario o empleado público. No hay duda que de esa definición surge cuáles son los familiares con los que se deben evitar los conflictos éticos a los que hace referen-cia el Art. 3.2(h) de la Ley de Ética Gubernamental, supra. Es evidente que no incluye a los hermanos y las hermanas, o a los cuñados y las cuñadas, a menos que éstos compar-tan con el servidor público su residencia legal, o cuyos asuntos financieros estén bajo el control de jure o de facto del funcionario o empleado público.

Sin embargo, la determinación de la O.E.G. no hace re-ferencia a estas dos situaciones de residencia legal o control de jure o de facto, por lo que al referirse a familiares o parientes entendemos que se está fundamentando en los grados de consanguinidad y afinidad. Reiteramos que los únicos parentescos contemplados en el concepto unidad familiar son el cónyuge y los hijos dependientes del funcio-nario público.

Por lo tanto, las transacciones de personal realizadas por la Sra. Raquel Concepción Bonilla, en su desempeño como directora regional de recursos humanos, fueron con familiares que no están incluidos en las prohibiciones es-tablecidas en el Art. 3.2(h) de la Ley de Ética Gubernamen-tal, supra. En específico, su hermana, la Sra. Keren Con-cepción Bonilla, su hermano, el Sr. José Concepción Bonilla, y su cuñado, el Sr. José Pérez Adames, no forman parte per se del concepto unidad familiar que se menciona en ese artículo.

Por ello, al aplicar la definición provista en la ley a los hechos específicos del caso, es forzoso concluir que tanto la O.E.G. como el Tribunal de Apelaciones erraron al aplicar el Art. 3.2(h) de la Ley de Ética Gubernamental, supra, fundamentado en que los involucrados eran parientes. Por lo tanto, también erraron al determinar que, por las viola-ciones a ese artículo de ley, también se habían infringido las disposiciones generales del Art. 6(A)(2), (4) y (6) del Reglamento, supra.

Entendemos que la ley es clara y que sólo era necesario ir a la definición de unidad familiar, allí establecida, antes de aplicarla. Por lo tanto, nuestras conclusiones hoy nues-tras decisiones no consideran la posibilidad de que se haya incurrido en alguna violación ética en virtud de la aplica-ción correcta de la definición de unidad familiar o de algún otro precepto en la Ley de Ética Gubernamental. Ello dado que esas no fueron las alegaciones de la Oficina de Ética Gubernamental. Reiteramos que la mera apariencia de conflicto de intereses, por el solo hecho de tratarse de actos entre parientes, no puede, irreflexivamente, catalogarse como una violación ética.

Asimismo, aclaramos que el caso ante nuestra conside-ración solamente se limita a la interpretación del término unidad familiar del inciso (h) del Art. 3.2 de la Ley de Ética Gubernamental, supra. Las expresiones aquí vertidas no deben interpretarse como un menoscabo al alcance del in-ciso (i) del Art. 3.2 de la Ley de Ética Gubernamental, supra. Ello, pues la querella presentada contra la Sra. Raquel Concepción Bonilla fue enmendada por la propia Ofi-cina de Ética Gubernamental, a fin de retirar las imputa-ciones relacionadas con el Art. 3.2(i).

IV

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Senten-cia del Tribunal de Apelaciones y se desestima la querella presentada ante la Oficina de Etica Gubernamental que sirvió de base para la multa administrativa impuesta a la Sra. Raquel Concepción Bonilla.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera García concurrió sin opi-nión escrita.


author: Juez Presidente Señor Hernández Denton,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Rolando Elicier Díaz, peticionario.

      Números: CC-2010-0395

      Resuelto: 8 de diciembre de 2011

      Ana Rosa Montes Arraiza, de la Sociedad para la Asistencia Legal, División de Apelaciones, abogada de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

A la moción de reconsideración, “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera García emitió un voto particular de conformidad, al cual se unieron el Juez Asociado Señor Martínez Torres, la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón. El Juez Presidente Señor Hernández Denton emi-tió un voto particular disidente, al cual se unió la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta reconsideraría.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por el Juez Aso-ciado Señor Rivera García, al cual se unen el Juez Aso-ciado Señor Martínez Torres, la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

Estoy conteste con la resolución de este Tribunal en la que se deniega la solicitud de reconsideración presentada por la representación legal del Sr. Rolando Elicier Díaz. Asimismo, difiero muy respetuosamente del disenso por entender que su razonamiento se aparta de los fundamen-tos jurídicos enunciados en nuestra decisión y, por ende, del estado de derecho. Distinto a como se expresa en el voto particular disidente, la Opinión mayoritaria de esta Curia se ciñe rigurosamente a los pronunciamientos del Tribunal Supremo federal en cuanto al acceso del público a los pro-cesos judiciales en el ámbito penal.

Nuevamente, la disidencia pretende desvirtuar la Opi-nión mayoritaria argumentando que la misma priva al pú-blico de tener acceso a los procedimientos que se celebran en nuestros tribunales. Nada más lejos de la realidad, pues nuestros pronunciamientos reiteran la norma pautada en Pueblo v. Pepín Cortés y otros, 173 D.P.R. 968 (2008). Veamos.

El caso de autos trata un asunto de índole constitucio-nal de extrema importancia y de la más alta jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico. Así pues, hemos resuelto que como norma general, se favorece la apertura de los procedimientos judiciales a la ciudadanía. Ello por la razón de que un juicio público constituye, claramente, un derecho fundamental que se extiende a todo ciudadano que en-frenta un procesamiento criminal.

Con estos principios como criterio rector, acogimos los fundamentos esbozados en Pueblo v. Pepín Cortés y otros, supra y Waller v. Georgia, 467 U.S. 39 (1984). Esto es, cuando se solicita excluir al público de sala, el juez de ins-tancia debe celebrar una vista de necesidad en la cual es su deber analizar lo siguiente: (1) si la parte que solicita el cierre presenta un interés apremiante, el cual será perju-dicado de no concederse el cierre; (2) si el cierre solicitado no es más amplio de lo necesario para proteger ese interés, y (3) las alternativas razonables disponibles. Tal y como hemos apuntalado, este análisis deberá efectuarse caso a caso.

De igual forma expresamos que “en las instancias en que el Ministerio Fiscal solicite la exclusión del público de la sala debido a que presentará como testigo a un agente en-cubierto, el juez de instancia deberá tener presente la norma-tiva pautada en Pueblo v. Pepín Cortés y otros, supra ...” (Énfasis suplido.) Pueblo v. Elicier Díaz I, 183 D.P.R. 167, 198 (2011). Así pues, de anunciarse la presentación de “un agente encubierto que aún sigue en funciones, deberá de-mostrar: (1) que el agente se encuentra en funciones [;] (2) que el cierre es la alternativa menos abarcadora para pro-teger la vida y seguridad de dicho agente”. (Énfasis suplido y en el original.) Id. Véase, además, Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 987.

Es precisamente la vida y seguridad de ese agente del orden público lo que constituye el interés apremiante o que hace referencia la jurisprudencia previamente esbozada. En atención a ello, aun cuando el derecho del imputado a un juicio público es fundamental, cuando se demuestra que el agente encubierto continúa en funciones y que tanto su vida y seguridad, así como la de sus seres queridos, corre peligro, ello constituye un interés apremiante que debe so-pesarse de manera adecuada por el foro judicial.

Nótese además que, contrario a lo expresado en el voto particular disidente, la identidad del agente encubierto nunca fue revelada. El mero hecho de haber sido incluido el nombre del agente en las denuncias, no equivale a que este haya sido identificado propiamente. La Real Academia Española define identidad como el “[c]onjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los ca-racterizan frente a los demás”. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22da ed., Madrid, Es-pasa Calpe, 2001, T. II, pág. 1245. Cónsono con lo anterior, resulta evidente que los rasgos propios de una persona trascienden el nombre, por lo que la solicitud del Ministe-rio Público de proteger la identidad del agente no se debi-lita porque su nombre haya sido revelado. Recordemos que a pesar de que su nombre real fue publicado en documen-tos judiciales, su identidad física y su alias por el que se le conoce permanecen ocultos.

Es importante puntualizar que el cierre suplicado en este caso es parcial y no total. Es decir, el Ministerio Pú-blico solicitó que se excluyera al público de la sala solo mientras el agente encubierto prestaba su testimonio. Al así proceder, la decisión de la mayoría provee un remedio racionalmente proporcional entre el derecho del imputado a un juicio público y el interés del Ministerio Público de proteger la vida y seguridad del agente encubierto que aún continúa en funciones y en investigaciones relacionadas al trasiego de sustancias controladas y armas ilegales. En ar-monía con lo anterior, expresamos lo siguiente:

Contrario a la opinión disidente, este Tribunal reafirma que la vida y seguridad de un agente encubierto que continúa tra-bajando en investigaciones de esa naturaleza, constituye un interés apremiante del Estado. Ante el justo balance de los intereses en juego, ¿no es acaso el derecho a la vida el de mayor jerarquía en nuestro ordenamiento constitucional? Contestamos en la afirmativa. No podemos ser tan ingenuos en pensar que la vida y la integridad física de un agente que se adentra en el corazón mismo de la conspiración y penetra los más oscuros recintos del crimen organizado no están en inmi-nente riesgo. Pueblo v. Elicier Díaz I, supra, pág. 203.

Ciertamente, compartimos el firme compromiso de esta Curia de fortalecer la confianza de la ciudadanía en nues-tra Rama Judicial. Ahora bien, considero que ello se logra pautando normas de Derecho que respondan a las realida-des sociales y a la alta incidencia criminal que mortifica diariamente a los casi 4 millones de habitantes de esta Isla. No podemos cruzarnos de brazos ante un pueblo que exige con vehemencia el cumplimiento de la ley y la bús-queda de la justicia.

Nuestra convicción y el claro entendimiento de los prin-cipios constitucionales más arraigados en nuestro ordena-miento jurídico, nos impiden avalar una postura que en su aplicación inclina la balanza de la justicia hacia un solo lado. Por el contrario, tenemos el deber ministerial de responder afirmativamente a este reclamo, tomando como norte los principios de ley y orden según un sistema jurí-dico cuyo fin es impartir justicia con sensibilidad, absoluta imparcialidad y garantizando los derechos constitucionales de cada ciudadano.

Por los fundamentos que preceden, reitero mi voto de conformidad con el dictamen de este Tribunal que declara “no ha lugar” al petitorio de reconsideración presentado por el peticionario.

Voto particular disidente emitido por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton,

al cual se une la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez.

Al denegar la moción de reconsideración presentada por la representación legal del Sr. Rolando Elicier Díaz, se sos-tiene una opinión de este Tribunal que trastocó un prece-dente diseñado para garantizar el derecho de los acusados a tener un juicio público y, en particular, el derecho de la prensa a tener acceso a los procedimientos que se celebran en nuestras salas. Por tratarse de un asunto de trascen-dencia constitucional sobre el cual ya habíamos logrado ar-monizar criterios que garantizaran los intereses involucra-dos, nos vemos forzados a disentir con estas breves expresiones.

Además, reiteramos nuestra conformidad con el análisis y las conclusiones expuestas en la opinión disidente de la compañera Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez en Pueblo v. Elicier Díaz I, 183 D.P.R. 167, 204 (2011). Enten-demos que el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo una aplicación cuidadosa y cabal de los preceptos estable-cidos hace apenas tres años en Pueblo v. Pepín Cortés y otros, 173 D.P.R. 968 (2008). En esencia, el Ministerio Público no ofreció suficiente evidencia para demostrar un interés apremiante del Estado que superara el escrutinio estricto pautado. Esto, pues plantea que con el mero hecho de alegar que un agente encubierto continúa en funciones, es suficiente para excluir al público de la sala de un tribunal y celebrar el proceso de espaldas a derechos constitu-cionales importantes.

A la luz de esta decisión, el Tribunal de Primera Instan-cia estará obligado a celebrar una vista a puerta cerrada para garantizar el anonimato de un agente encubierto cuya identidad fue revelada y mencionada por el propio Estado en las denuncias sometidas contra el señor Elicier Díaz, en el alegato de la Oficina del Procurador General ante el Tribunal de Apelaciones, en la sentencia del Tribunal de Apelaciones en este caso, Pueblo v. Elicier Díaz, KLCE20100179, de 30 de marzo de 2010, y en el alegato de la Oficina del Pro-curador General ante nos.

Así pues, enfatizamos nuestra preocupación con que la Opinión de este Tribunal en el presente caso nos coloca peligrosamente al margen de importantes decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos a favor del acceso del público a los procesos judiciales. En particular, este Tribunal arroja dudas sobre la validez de Waller v. Georgia, 467 U.S. 39 (1984), y El Vocero de Puerto Rico v. Puerto Rico, 508 U.S. 147 (1993).

Por todo ello, nos reiteramos en que el acceso y la presen-cia del público en los tribunales es vital para nuestro sistema democrático. Como Rama de Gobierno, debemos promoverlo siempre. No solo con el objetivo de mantener a la ciudadanía informada, sino también para ganarnos la confianza del País a través de la pureza y la transparencia de nuestra función. Por todo lo anterior, reconsideraríamos.


text:
    Héctor R. Vázquez Alejandro, peticionario, v. Superintendente del Centro de Detención de Bayamón, recurrido.

      Número: CC-2011-834

      Resuelto: 9 de diciembre de 2011

      Zinia I. Acevedo Sánchez, de la Sociedad para la Asistencia Legal, División de Apelaciones, abogada de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

A la solicitud de reconsideración presentada por el peti-cionario Héctor R. Vázquez Alejandro, se provee “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emi-tió un voto de conformidad, al que se unieron la Jueza Aso-ciada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señores Kolthoff Caraballo, Rivera García y Feliberti Cintrón. El Juez Presidente Señor Hernández Denton emi-tió un voto particular disidente, al que se unieron las Jue-zas Asociadas Señoras Fiol Matta y Rodríguez Rodríguez.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto de conformidad emitido por el Juez Asociado Señor Martínez Torres, al cual se unen la Jueza Asociada Se-ñora Pabón Charneco, el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo, el Juez Asociado Señor Rivera García y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

En Pueblo v. Camacho Delgado, 175 D.P.R. 1 (2008), resolvimos que cuando se desestima una acusación por de-lito grave, debido al incumplimiento de los términos dis-puestos en la Regla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, si el Ministerio Público quiere reanudar el procesamiento del individuo afectado tiene que presentar una denuncia nueva y comenzar el proceso desde el inicio. Revocamos la norma dispuesta en Pueblo v. Ortiz Díaz, 95 D.P.R. 244 (1967), que hasta entonces le permitía al fiscal proseguir el caso en la etapa previa a la desestimación, sin tener que presentar una denuncia nueva. Nos basamos en que "la norma establecida en Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, no se ajusta a las necesidades de la sociedad donde vivimos actualmente ni responde a una concepción correcta de la intención de las Reglas de Procedimiento Criminal en esta materia”. Pueblo v. Camacho Delgado, supra, págs. 19-20.

La norma que ahora nos propone el Señor Juez Presi-dente en su voto disidente adolece del mismo defecto. En primer lugar, tenemos el deber de hacer cumplir las garan-tías constitucionales que protegen a todo acusado. Nuestro pueblo no espera menos. De igual modo, nuestro pueblo tampoco espera que ante la necesidad de la sociedad actual de que se haga cumplir la ley, y se procese y encarcele al delincuente, este Tribunal invente derechos que no existen y excarcele con suma facilidad a aquellos que insisten en robarnos nuestra tranquilidad y asesinar nuestro futuro.

En segundo lugar, la propuesta del peticionario, que hoy recoge el Señor Juez Presidente, parte de una concepción incorrecta del esquema de las Reglas de Procedimiento Criminal. Señalamos en Pueblo v. Camacho Delgado, supra, que a partir de lo resuelto en Pueblo v. Carrión, 159 D.P.R. 633 (2003),

... el Tribunal descartó el argumento de Carrión, en cuanto a que la primera desestimación era solamente un incidente pro-cesal que no interrumpe el carácter continuado del procedi-miento criminal. En cambio, el Tribunal expresó que la deses-timación de una causa tiene que entenderse como un evento que da por terminada la acción presentada ante los tribunales por el Ministerio Público. (Énfasis en el original.) Pueblo v. Camacho Delgado, supra, págs. 13-14.

Así pues, está resuelto que el esquema procesal vigente es que la desestimación termina el encausamiento del acusado. Si el Ministerio Público presenta una nueva de-nuncia por delito grave, basada en los mismos hechos, in-augura un proceso penal nuevo y distinto. Nace entonces un nuevo término de seis meses de encarcelamiento si no se presta una fianza, dispuesto en el Art. II, Sec. 11 de la Constitución, L.P.R.A., Tomo 1.

No puede decirse que el proceso es nuevo para unas co-sas y para otras no. Esa distinción no está en la Constitu-ción y es contraria a las reglas procesales. Se basa en una premisa incorrecta: evitar abrir las puertas al Ministerio Público para burlar la protección constitucional contra las detenciones preventivas en exceso de seis meses sin cele-brarse juicio y encarcelar “indefinidamente” al ciudadano.

Esa conclusión es contraria a la Regla 67 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Esta regla permite “la iniciación de otro proceso por el mismo delito”, después de la desestimación de un cargo por delito grave. íd. No per-mite la iniciación de procesos múltiples. Por lo tanto, la detención preventiva finalizaría con el transcurso de los seis meses y de ninguna manera podría ser “indefinida”.

Ese es el esquema procesal vigente. El Ministerio Pú-blico puede proceder conforme a lo que la Regla 67, supra, le permite y este Tribunal no tiene la facultad de negarse a reconocer esa realidad legislada.

De igual modo, como bien señala el Señor Juez Presi-dente, el sistema judicial debe asegurarse de que los casos se atiendan con la diligencia y eficiencia que ameritan. Es deber de todos nosotros, los jueces en todos los niveles, asegurarnos de dar seguimiento adecuado a cada caso y rechazar posposiciones múltiples e injustificadas, de ma-nera que los casos penales se vean en los términos pauta-dos por las reglas. Por eso, es imperativo que en todo pro-ceso penal, el juez tome las medidas necesarias para que el juicio comience antes de que venza el plazo de seis meses dispuesto en el Art. II, Sec. 11, de la Constitución, supra. Así evita que se frustre la detención preventiva que el tribunal ordenó cuando el acusado no prestó la fianza que se le fijó. Cumplir con esto es de interés tanto para el acusado como para toda la sociedad. La retórica de la lucha de cla-ses no va a resolver nada. El propósito de la detención preventiva no es castigar al pobre. Lo que busca es prote-ger la seguridad pública al propiciar que los casos se atien-dan sin demora. La seguridad pública es un interés básico para el cual se organizó un gobierno en la Constitución y merece tanta protección como el derecho de todo acusado a quedar libre cuando esa detención preventiva por el delito imputado exceda de seis meses.

En los momentos de alta criminalidad que vive Puerto Rico, nuestro pueblo reclama que atendamos sus necesida-des de seguridad sin menoscabar las garantías que la Constitución confiere a los individuos. Por consiguiente, despojado de todo adorno, cualquier intento de inventar derechos que no existen para luego lamentar su falta de protección no es más que una manera de obviar la política pública que permea las reglas procesales y las garantías constitucionales mismas. Tanto el acusado como el gran número de nuestros habitantes que a diario son víctimas del crimen exigen y merecen la protección de este Tribunal. “Hacer lo contrario, en total abstracción de la realidad co-tidiana del Puerto Rico del siglo XXI, ‘convertiría la factura más ancha en la factura más costosa jamás pagada por el

Pueblo de Puerto Rico”. Pueblo v. Costas Elena, Rusell, McMillan, 181 D.P.R. 426, 443 (2011), opinión de conformidad del Juez Asociado Señor Martínez Torres, a la que se unie-ron los Jueces Asociados Señores Kolthoff Caraballo y Rivera García, citando la opinión concurrente del Juez Aso-ciado Señor Negrón García en RDT Const. Corp. v. Contralor I, 141 D.P.R. 424, 469 (1996).

Voto particular disidente emitido por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton,

al cual se unen las Juezas Asociadas Señoras Fiol Matta y Rodríguez Rodríguez.

Por entender que una mayoría de este Tribunal ha des-aprovechado una oportunidad para considerar una contro-versia importante que tenemos por primera vez ante nos, disentimos. Este caso nos hubiera permitido resolver cuál es el alcance de la cláusula contra la detención preventiva en exceso de seis meses dispuesta en la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

I

La Sociedad para Asistencia Legal, en representación del Sr. Héctor Vázquez Alejandro, comparece ante nos y solicita que reconsideremos la negativa de una mayoría de este Tribunal a excarcelarlo inmediatamente. Los hechos que dan origen al recurso ante nuestra consideración son claros y sencillos.

El señor Vázquez Alejandro fue detenido y encarcelado el 24 de marzo de 2011, por supuestas violaciones al Art. 106 del Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. sec. 4734), así como infracciones a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2101 et seq., y la Ley de Ar-mas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, según enmen-dada, 25 L.P.R.A. sec. 455 et seq. La vista preliminar fue suspendida tres veces. Por ello, el 10 de mayo de 2011, el Tribunal de Primera Instancia archivó la causa por viola-ción a los términos de un rápido enjuiciamiento dispuestos en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64(n). Ese mismo día, el Ministerio Público so-metió nuevamente los cargos contra el acusado quien, por ser indigente, no pudo prestar la fianza impuesta y perma-neció encarcelado. Finalmente, se encontró causa probable para acusarle por asesinato atenuado e infracciones a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico y la Ley de Armas de Puerto Rico.

Así las cosas, el 26 de septiembre de 2011, la defensa presentó una petición de hábeas corpus. En esencia, la de-fensa plantea que la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, ed. 2008, pág. 344, dispone que “[l]a detención preventiva antes de juicio no excederá de seis meses”. Por ello, al no habérsele cele-brado juicio, el acusado ya había cumplido el máximo cons-titucional de tiempo en prisión y debía ser excarcelado. El Tribunal de Primera Instancia declaró “sin lugar” esa peti-ción, por entender que, aunque se trataba de los mismos hechos presuntamente delictivos, las nuevas denuncias pre-sentadas contra el señor Vázquez Alejandro constituyeron un nuevo procedimiento judicial que dio comienzo a un nuevo término de detención preventiva de seis meses yaun nuevo término de seis meses para iniciar el juicio. El Tribunal de Apelaciones confirmó al foro primario.

Inconforme, el señor Vázquez Alejandro acudió ante nos mediante petición de certiorari y hábeas corpus. Sin embargo, una mayoría de este Tribunal denegó ambas solicitudes. De esa manera, se favoreció el proceder de los foros inferiores. En aquella ocasión, hicimos constar nuestro desacuerdo y expresamos que le concederíamos un término de diez días al Ministerio Público para que se expresara sobre el recurso presentado, en vista de que presenta una controversia nueva e importante de rango constitucional.

Todavía insatisfecho, el señor Vázquez Alejandro acude otra vez ante nos y solicita que reconsideremos esa denegatoria.

II

Recientemente, resolvimos que la presentación de nue-vas acusaciones que permite la Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, luego de una desestimación por violar los términos de rápido enjuiciamiento, consti-tuye un nuevo proceso criminal desde la determinación de causa probable para arresto. Véase Pueblo v. Camacho Delgado, 175 D.P.R. 1 (2008). No obstante, esa expresión se dio en el contexto de la protección constitucional del dere-cho a un juicio rápido. En aquella ocasión, no interpreta-mos la relación entre la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, y la protección constitucional contra la detención preventiva en exceso de seis meses sin cele-brarse juicio. Ambas cláusulas constitucionales están reco-gidas en la Sec. 11 del Art. II de nuestra Carta de Dere-chos, supra. Sin embargo, son cláusulas independientes que aparecen separadas por otras cinco cláusulas.

III

Considerar la segunda detención del señor Vázquez Alejandro como un nuevo proceso judicial abriría las puertas al Ministerio Público para burlar la protección constitucio-nal contra las detenciones preventivas en exceso de seis me-ses sin celebrarse un juicio. Bastaría con dejar transcurrir los términos de rápido enjuiciamiento, esperar el archivo del caso y someterlo nuevamente, para poder encarcelar al ciudadano indefinidamente sin iniciar el juicio.

Esa cláusula constitucional contra la detención preven-tiva en exceso de seis meses fue diseñada con el propósito de alentar una actuación diligente y rápida por parte del Ministerio Público. Tan es así que, durante la discusión de la Asamblea Constituyente, el delegado José R. Gelpí Bosch presentó una enmienda para reducir el término de la detención a tan solo dos meses. Para una extensa discu-sión sobre los propósitos de esta disposición constitucional, véase: 3 Diario de Sesiones de la Convención Constitu-yente 1593-1597 (1952). Como parte de ésa discusión, el delegado Gelpí Bosch explicó que era necesaria la reduc-ción del plazo de seis meses, independientemente de que se tratase de una disposición distinta a la de juicio rápido, porque si

... para radicarse una acusación por un delito cometido el actual Código de Enjuiciamiento Criminal, que ha sido interpre-tado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico diferentes veces solamente concede 60 días, ¿por qué vamos a tener en prisión preventiva —que es lo que hacen los fiscales— tener en pri-sión preventiva a un acusado, no formular la acusación dentro de los 60 días? Y después viene la cuestión del tiempo para celebrarle el juicio que debe ser dentro de 120 días. Id., pág. 1594.

Por su parte, el delegado Arcilio Alvarado Alvarado, quien no favoreció la enmienda para reducir el plazo a dos meses, planteó que “[d] entro de los seis meses hay que ce-lebrar el juicio. Si no se celebra el juicio dentro de los seis meses, el hombre va para la calle”. Diario de Sesiones, supra, pág. 1595. De igual forma, habiéndose eliminado la enmienda, el delegado Jaime Benitez Rexach expresó que “[e] sto lo que quiere decir es que en los casos donde no ha mediado juicio, una persona no puede estar detenida en la cárcel por más de seis meses. Llega el día del último mes de los seis meses y entonces lo ponen en la calle y eso no impide que se celebre juicio; pero se le celebra juicio ahora estando como si estuviera bajo fianza, sin estarlo”. Id., pág. 1597.

Ante esta importante discusión en nuestra Asamblea Constituyente, nos reafirmamos en la necesidad de inter-pretar el alcance de la disposición en controversia con el interés de salvaguardar sus propósitos.

Asimismo, hemos reiterado en el pasado que el recurso de hábeas corpus está revestido del más alto interés público. Más allá de un rol pasivo frente a controversias ordinarias que dependen de los elementos de juicio que las partes someten, cuando se trata de un hábeas corpus este Tribunal tiene que responder a un interés primordial del Estado, pues se trata de la libertad de un individuo. Reynolds v. Delgado, 90 D.P.R. 373 (1964). Por ello, frente a la presente controversia constitucional, no debemos tomar li-vianamente los planteamientos del acusado.

Todo esto cobra mayor importancia a la luz de importan-tes pronunciamientos del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ese Foro ha establecido que el derecho a un juicio rápido bajo la Constitución federal responde a la importan-cia de “prevent undue and oppressive incarceration prior to trial, to minimize anxiety and concern accompanying public accusation and to limit the possibilities that long delay will impair the ability of an accused to defend himself”. United States v. Ewell, 383 U.S. 116, 120 (1966). Esas mismas consideraciones de política pública, aunque expresadas en un contexto constitucional distinto, deben movernos a analizar responsablemente nuestra cláusula so-bre el periodo máximo de la detención preventiva en espera de la celebración de un juicio. Más aún, en las presentes circunstancias, en las que si este Tribunal concediera vali-dez a los planteamientos del peticionario, en nada se afec-taría la continuidad del segundo proceso criminal.

Finalmente, recalcamos la importancia de que todas las salas del Tribunal General de Justicia que atienden asun-tos criminales sean extremadamente ágiles, eficientes y diligentes con el manejo de sus calendarios en casos como el de autos, de manera tal que evitemos enfrentarnos a esta situación. Esa rapidez que hoy recabamos, cobra trascen-dencia cuando atendemos casos de acusados indigentes. Esto, pues la disposición contra la detención preventiva en exceso de seis meses es la única esperanza de salir en li-bertad que poseen quienes no pueden prestar la fianza a la que tienen derecho —de rango constitucional— todos los imputados de delito en nuestro país. No olvidemos que la cláusula en controversia es la fianza de los pobres.

Por todo lo anterior, entendemos que es nuestro deber, como máximos intérpretes de nuestra Constitución, expre-sarnos sobre esta delicada controversia. Por ello, reconsideraríamos.