text:
    Leoncio De Jesús, demandante y apelante, v. Pedro Osorio y Ezequiel Cardona, demandados y apelados.
    Núm. 9158

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Febrero 6, 1946.

      Gerardo J. Walker, abogado del apelante; Víctor J. Vidal González y Adolfo García Veve, abogados, respectivamente, de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

De una sentencia declarando sin lugar la demanda de un padre por los daños y perjuicios sufridos por él al morir su hijo menor de 16 años como consecuencia de la negligencia del patrono en un accidente del trabajo, apela el deman-dante.

No existe controversia en cuanto a los hechos. El padre no dependía de su hijo, quien fué empleado por el patrono-demandado en contravención a las leyes que regulan el em-pleo de menores. El patrono demandado estaba asegurado en el Fondo del Seguro del Estado al ocurrir el accidente.

La corte .de distrito resolvió que el hecho. de que el me-nor hubiese sido empleado en contravención' a la ley no le excluía de los beneficios de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, que los remedios concedidos por dicha ley son exclusivos, y que por lo tanto no procedía la demanda por daños y perjuicios fundada en el artículo 1802 del Código Civil.

Dos errores imputa el apelante a la corte inferior: el haber determinado que el menor era un obrero sujeto a las disposiciones de la Ley de Compensaciones por Accidentes, del Trabajo, y el haber resuelto que los remedios concedi-dos por esa ley impiden al padre del menor ejercitar la ac-ción incoada.

En Montaner v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 67, se resolvió que un niño de catorce años de edad, empleado» sin el permiso del Departamento del Trabajo que exigía la Ley mim. 75 de 1921, era nn obrero con derecho a compen-sación al amparo de la Ley de Compensaciones por Acciden-tes del Trabajo, diciéndose:

“Si los menores de edad qne pueden ser empleados mediante permiso reciben lesiones, ellos deben estar protegidos por los tér--.minos de la ley de compensaciones por acidentes del trabajo, puesto • que son tan 'obreros’ bajo la ley como uno mayor de edad. El es-tatuto no hace distinción alguna. Las consecuencias de la omisión del patrono no deben ser sufridas por el menor. Hasta que la Asam-.blea Legislativa exprese su intención de excluir del campo de la ley ule indemnizaciones a obreros a los menores empleados ilegalmente, a éstos no debe negársele tal protección.”

Posteriormente, la Asamblea Legislativa expresó clara-mente su intención de incluir a los menores empleados ile-galmente entre los obreros protegidos por la Ley de Compen-saciones por Accidentes del Trabajo, al enmendar, en el 1942, el artículo 3 de dicha ley, intercalando lo siguiente (Ley núm. 52 de 1942, pág. 519):

“Derechos de los Menores. — En caso de obreros menores de diez y ocho (18) años empleados en contravención a las leyes vigentes a la fecha del empleo, que sufrieren lesiones o enfermedades oeupa-cionales de acuerdo con los términos de esta Ley, la compensación que les corresponda en caso de incapacidad, o a sus beneficiarios en casos de muerte, será el doble del importe correspondiente a un obrero de diez y ocho (18) años empleado legalmente; Disponiéndose, que el patrono pagará la compensación adicional aquí provista.”

Después de la enmienda que acabamos de copiar no puede caber duda de la intención legislativa. Sucesión Lledó v. Comisión Industrial etc. y Pacheco et al, ante, pág. 430.

No erró, por lo tanto, la corte inferior al determinar que la muerte del hijo del apelante estaba sujeta a compensación de acuerdo con la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

El derecho a compensación que determina la ley citada es exclusivo. Onna v. The Texas Co., 64 D.P.R. 520. La ley así lo expresa de manera terminante en su artículo 20, qne pasamos a copiar:

“Exclusividad del Bemedio Provisto en Esta Ley — Artículo 20. • — Cuando el patrono asegure sus obreros y empleados de acuerdo con la presente Ley, el derecho aquí establecido para obtener com-pensación será el único remedio en contra del patrono; pero en el caso de accidentes, enfermedades o muerte de los obreros o em-pleados no sujetos a compensación de acuerdo con esta Ley, la res-ponsabilidad del patrono es y continuará siendo la misma que si no existiere la presente Ley.”

El apelante insiste, no obstante, en qne no pnede haber sido la intención del legislador el privar de sn derecho de acción a nn padre cnyo hijo muere en nn accidente del tra-bajo por negligencia del patrono, y qnien, por no depender de sn hijo, sólo tiene derecho, de acuerdo con la Ley de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo, a qne se le reem-bolsen los gastos del funeral (artículo 5 de la ley citada).

No podemos convenir con el apelante. Los propósitos qne encarnan leyes de compensaciones a obreros como la nuestra comprenden no sólo el ampliar los derechos del obrero sino el fijar límites a la responsabilidad del patrono. Mientras por un- lado se obliga al patrono, o a sn asegura-dor, a compensar daños sin qne medie culpa o negligencia, y se eliminan las defensas de negligencia contribuyente, ne-gligencia de compañeros de trabajo, y otras, por otro lado se limita la cuantía de la indemnización, y sólo se compensa, en caso de muerte, a los que dependían del obrero. Es por lo tanto perfectamente consistente con los propósitos de nuestro estatuto el que se elimine, como la letra del estatuto elimina, todo recurso contra el patrono, como resultado de un accidente del trabajo, excepto aquéllos que el propio es-tatuto autoriza. Si el resultado es, como en el caso de autos, que se priva a ciertas personas del derecho a indemni-zación en casos de muerte que tenían antee de aprobarse la ley, no podemos decir que ese resultado no cupiese dentro de la intención del legislador, particularmente en vista de q-ue sólo se priva de ese derecho a aquéllos que no dependían del obrero muerto.

En Bigby v. Pelican Bay Lumber Co., 173 Ore. 682, 147 P.2d 199, Atchison v. May, 201 La. 1003, 10 So.2d 785 y Treat v. Los Angeles Gas & Electric Corporation, 82 Cal. App. 610, 256 P. 447, citados por la corte inferior en su extensa y bien razonada opinión, se resolvió, interpretando leyes de indem-nizaciones a obreros parecidas a la nuestra, que fué la inten-ción legislativa, al disponer la exclusividad del remedio con-cedido en esas leyes, privar totalmente de su derecho a in-demnización a personas que no depedían del obrero fenecido.

No erró por lo tanto la corte inferior al resolver que el apelante carecía de causa de acción para que se le indemni-zaran los daños alegados, ni al declarar sin lugar la demanda por ese fundamento.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Ramón Sebastián y Joaquín Bernardo Rola Carrillo, demandantes y apelantes, v. Sucn. de Rafael Calderón Rivera, etc., y María Vélez, como persona particular con posible interés en los asuntos de la Sucn. Calderón, demandados y apelados.
    Núm. 8987.

    Sometido: Noviembre 9, 1944.

      Resuelto: Febrero 7, 1946.

      B. B. Bivera Corroa, abogado de los apelantes; Luis Apellániz Storer, abogado de la Suen. apelada.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Rola Quiñones falleció intestado el 7 de enero de 1926. Dejó tres hijos mayores de edad, nombrados Emilio, Eduardo y Agustina Rola Ryan, habidos en su matrimonio con Belén Ryan; y otros dos, Ramón Sebastián y Joaquín Bernardo Rola Carrillo, de 11 y 10 años respectivamente, habidos en su matrimonio con Eduarda Carrillo Matta. Por resolución de 25 de enero de 1926, los cinco hijos y la viuda fueron declarados fínicos y universales herederos ab infés-talo del finado, y en esa misma fecha, se nombró defensora judicial do los dos menores a su abuela materna doña Francisca Matta. Por resolución de 8 de febrero del mismo año se nombró Administrador Judicial a Nicolás Carrillo Matta quien prestó fiarfca y radicó el inventario de los bienes re-lictos por Ramón Rola Quiñones.

En 7 do julio de 1926 y a petición de la madre ele los me-nores, la corte ordenó la venta en pública subasta de las par-ticipaciones indivisas de dichos menores en la herencia de su padre. Celebrada la subasta, el márshal adjudicó dichas participaciones indivisas a Rafel Calderón Rivera, cansante de la Sucesión demandada, por la suma de $540.34. El com-prador hizo efectivo en el acto el precio de la venta. Los bienes en los cuales dichos menores tenían las mencionadas participaciones indivisas son: (o) finca rústica de 193.52 cuerdas; (b) finca rústica de 92.84 cuerdas; (ó) finca rús-tica de 18 cuerdas;' (d) casa de maderas, de una sola planta; (e) dos casas viviendas para mayordomos, un ranchón, im-plementos de labranza, etc. Todas las fincas están inscritas a nombre del finado Ramón Rola Quiñones.

Como primera causa de acción se alega que la corte que ordenó la venta de las participaciones indivisas nunca ad-quirió jurisdicción sobre los dos menores, porque la persona que les representó en el expediente fue su madre, Eduarda Carrillo Matta, y no la defensora judicial que les había sido nombrada, doña Francisca Matta; que en el expediente se hizo la falsa alegación de que entre los bienes hereditarios existía una finca afecta a' una hipoteca a favor de The Loíza Sugar Co., ascendente con sus intereses a $50,757.80, cuando en realidad eran tres las fincas afectas a dicho gravamen, haciéndose además la falsa alegación de que la hipoteca es-taba vencida, cuando la verdad era que la misma debía pa-garse en plazos anuales de $2,921.85, los días 30 de junio de cada año desde 1920 a 1934 inclusive; que también se alegó falsamente que la participación de cada uno de los menores ascendía a $270, cuando de acuerdo con el inventario prac-ticado por el Administrador Judicial los bienes relictos te-nían un valor aproximado '/de $78,594 y las deudas del finado ascendían a solamente $61,595.38; y, por último, que en la petición radicada a nombre de los menores se ocultó volun-tariamente el hecho de que los bienes estaban bajo adminis-tración judicial. Alegan los demandantes, que por razón de los hechos que anteceden el procedimiento sobre autorización judicial para la venta de sus participaciones está viciado de nulidad.

Como segiinda causa de acción se alega que con posterio-ridad a la venta de las participaciones de los dos menores, aqM demandantes, los herederos Emilio, Eduardo y Agus-tina Rola Ryan, la viuda Eduarda Carrillo Matta y la De-fensora Judicial de los menores, hicieron en el año 1926 una partición extrajudicial de lo bienes hereditarios, los cuales según el inventario montaban a $63,098.86, siendo las bajas contra el caudal hereditario: (a) la deuda hipotecaria a favor de Loíza Sugar Co. por $50,757.80; (b) deuda a Schlüter & Cía. por $2,762.58; y (c) deuda a favor de Emilio, Eduardo y Agustina Rola Ryan, como herederos de Belén Ryan, por $8,075. Que en la referida partición y para el pago de las deudas a la Loíza Sugar Co. y a Schlüter & Co. se adjudicó a Eduardo y Agustina Rola Ryan las dos fincas rústicas de 193.52 cuerdas y 92.84 cuerdas, valoradas en $34,300 y $16,500, respectivamente, más un condominio de una mitad en la casa de maderas, valorado en $2,500; y que las parti-cipaciones de lo menores fueron pagadas en efectivo a la Defensora Judicial, exonerándose expresamente a ambos me-nores de toda ulterior responsabilidad en cuanto a las deu-das de la Sucesión.

Continúan alegando los demandantes, que las operaciones particionales fueron aprobadas por la corte de distrito, pro-tocolizadas e inscritas en el Registro; y que la disposición que de las participaciones de los menores efectuó la Defen-sora Judicial fue sin la previa autorización de la corte y sin que mediara subasta pública.

Alegan por líltimo los demandantes, que Rafael' Calderón Rivera, causante de la Sucesión demandada, compró a Agus-tina y Eduardo Rola las fincas rústicas adjudicádasles en la partición, por precio de $59,000, pagando $8,242.13 a los ven-dedores y reservándose el resto para el pago de las obliga-ciones a que dicha fincas estaban afectas; que Rafael Cal-derón Rivera procedió de mala fe al efectuar dicha compra, ya que del Registro no aparecía constancia alguna de que al enajenar las participaciones de los menores se cumpliera con los requisitos legales. Piden los demandantes qne se dicte sentencia a sn favor decretando la nulidad de todos Ips procedimientos, traspasos e inscripciones a que se hace re-ferencia en la demanda; qne se declare qne cada uno de los demandantes tiene derecho a un condominio de una quinta parte indivisa en los bienes relictos por Ramón Rola Quiño-nes; que se ordene a los demandados que pongan a los de-mandantes en posesión de dichos condominios y les rindan cuenta de los frutos percibidos o que hayan podido percibir; y que se condene a los demandados al pago de costas y ho-norarios de abogado.

Los demandados radicaron su contestación y como pri-mera defensa excepcionaron la demanda enmendada ale-gando insuficiencia de hechos constitutivos de causa de ac-ción. Lá corte inferior declaró con lugar la excepción y dictó sentencia desestimando la demanda con las costas a cargo de los demandantes. Estos han interpuesto el presente re-curso do apelación.

La única cuestión ante nos es resolver si la corte inferior erró al declarar con lugar la excepción previa de insuficiencia de hechos y, en su consecuencia, al dictar sentencia desesti-mando la demanda.

Aunque la demanda enmendada se divide en dos causas de acción, una sobre la alegada nulidad de la venta judicial del interés de los demandantes en los bienes de la herencia y otra sobre la alegada nulidad de la partición, en realidad se trata de una sola causa de acción, mediante la cual recla-man los demandantes se reconozcan sus condominios en los bienes de la herencia.

Para establecer esa causa de acción, se exponen hechos que, según la teoría de los demandantes, demuestran que nunca se desprendieron de sus condominios en esos bienes, ya que ni la venta judicial de los condominios, ni la subsi-guiente partición en que se les adjudicó dinero en efectivo en pago de sus condominios, fueron válidas.

Si la partición fné válida, los demandantes carecen de interés alguno en los bienes cuyo condominio reclaman, ya que esos bienes fueron adjudicados a otros herederos.

Podemos, asumir, sin resolverlo, que fue nula la venta judicial de los condominios de los demandantes. Pero tenemos que, haciéndose caso omiso de esa venta, se procedió a la partición de los bienes hereditarios como si los demandantes fuesen aún dueños de sus condominios. Como resultado de esa partición, en la cual intervino la defensora judicial de los demandantes y la cual mereció la aprobación de la corte de distrito, se satisfizo a los demandantes, en efectivo, su participación en los bienes de la herencia.

Sostienen los demandantes apelantes que la partición fue nula por tres fundamentos, a saber, que no medió la previa autorización de la corte para la disposición que de las participaciones de los demandantes hizo su defensora judicial en la partición, que no medió subasta pública al adjudicarse bienes a ciertos herederos para el pago de las cargas hereditarias y, que no intervino en la partición la persona que adquirió los derechos hereditarios de los demandantes en la venta judicial que alegan los demandantes y, asumimos nosotros, fue nula.

De la demanda surge que la defensora judicial fue nom-brada por la corte a raíz de la muerte del causante de los demandantes, y que el proyecto de partición en que intervino la defensora judicial mereció la aprobación de la corte. No alcanzamos a comprender, ni nos indican los apelantes, que otra “previa autorización” judicial se necesitaba para la validez de la partición.

Los apelantes sí insisten en que, habiéndose adjudicado los bienes de la herencia a ciertos herederos en pago de car-gas de la herencia, es nula la partición por no haber me-diado una subasta pública. Su contención carece de base, en vista de lo dispuesto en la sección 71A de la Ley sobre Pro-cedimientos Legales Especiales, hoy artículo 605 del Código de Enjuiciamiento Civil (Ed. de 1933), que lee como sigue:

“Siempre que se verificase una partición de herencia, en la cual hubiere interesados menores de, edad, o incapaces, si se adjudicaren bienes de la herencia en pago de deudas, a herederos, o extraños, deberá someterse a la aprobación de la corte, de distrito competente, y si ésta, con audiencia del fiscal, quedare satisfecha de la certeza de la deuda y de que la adjudicación en pago de la misma es razo-nable y justa, podrá aprobar dicha adjudicación en pago, sin nece-sidad de la subasta pública.”

Véase, además, Amadeo v. Compañía Azucarera del Toa, 58 D.P.R. 754 y Mercader v. Registrador, 42 D.P.R. 698.

Tampoco afecta la validez de la partición el hecho de que no interviniera en ella la persona a quien se había adjudicado el interés de los demandantes en la herencia en la venta judicial que los demandantes alegan fué nula. Si fué nula la -venta, nada adquirió el comprador, y ningún interés tenía en la partición. Si fué válida la venta, ningún interés les resta a los demandantes en los bienes - de la herencia, y el único que podría quejarse de no haber intervenido en la partición sería el propio comprador en esa'venta.

Resulta, pues, de los hechos alegados en la demanda, que se celebró una partición válida de los bienes de la herencia y que los demandantes recibieron su participación en dichos bienes como consecuencia de- esa partición, por lo que care-cen de interés alguno en los bienes adjudicados a los otros herederos. No erró, por lo tanto, la corte inferior al decla-rar con lugar la excepción previa a la demanda, ni al dictar sentencia desestimando la demanda.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado SeñIoe Todd, Je.,

text:
    Luis González Peralta, querellante y apelado, v. Corte Municipal de San Juan, Sección Tercera, querellada y apelante; Irma López Cepero, interventora y apelante.
    Núm. 9171.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Febrero 7, 1946.

      Carlos D. Vázquez, abogado de la apelante;- Fernando Buiz Suria, abogado del apelado.
   El Juez Asociado SeñIoe Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Irma López Cepero, dueña de una casa radicada en Barrio Obrero, estableció ante la Corte Municipal de San Juan, Sección Tercera, acción de desahucio, por falta de pago del canon de arrendamiento contra su inquilino Luis González Peralta. En 6 de diciembre de 1944 la Corte Municipal dictó sentencia contra el demandado y éste apeló de la misma para ante la Corte de Distrito de San Juan el día 12 del mismo mes y año.

En 25 de enero de 1945 la demandante solicitó la deses-timación de la apelación por no haberse formalizado el re-curso de acuerdo con la ley.

En 5 de febrero compareció la demandante apelada a la vista de la moción de desestimación y presentó certificación del Secretario de la Corte Municipal acreditando que el ape-lante no había otorgado la fianza exigida por la ley, ni había consignado los cánones adeudados hasta la fecha de la sen-tencia.

El 13 de febrero la corte de distrito dictó resolución des-estimando la apelación a base del artículo 632 del Código de Enjuiciamiento Civil, según quedó enmendado por la Ley núm. 170 de 9 de mayo de 1942 ((1) pág. 889), y los casos de Moore v. Corte, 60 D.P.R. 729, y Jiménez v. Berríos, 60 D.P.R. 938.

El 23 de febrero de 1945 la demandante solicitó de la Corte Municipal expidiera el mandamiento de lanzamiento del demandado y la Corte así lo hizo, siendo lanzado el de-mandado el día 24 de febrero de 1945.

El día primero de marzo de 1945, a petición del deman-dado, la Corte de Distrito expidió un auto de certiorari y ordenó a la Corte Municipal la elevación de los autos para su revisión y el 13 del mismo mes y año declaró con lugar la petición y anuló la orden dictada por la Corte Municipal de San Juan, el mandamiento del Secretario y las actuacio-nes del Márshal, por entender que el término de 40 días prescrito por ley para lanzar al demandado debió empezar a contarse desde que se desestimó la apelación, o sea, desde el 13 de febrero.

Contra esta sentencia apelan los querellados alegando que la corte inferior erró al resolver que en un pleito de desa-hucio la apelación queda formalizada aunque el demandado no preste fianza, ni consigne los cánones del arrendamiento adeudados hasta la fecha de la sentencia; al expedir el auto de certiorari sin que el demandado hubiera agotado sus re-medios ante la Corte Municipal contra la orden objeto de este recurso, y al expedir un auto de certiorari, sin finalidad práctica alguna, anulando una orden que ya había sido eje-cutada.

Asumiendo, sin resolverlo, que la corte inferior no cometiera los dos primeros errores señalados, consideramos que el tercero fue cometido.

Hemos resuelto que no procede un auto de certiorari para corregir errores que aún en el supuesto de que fueran co-metidos, son actos ya ejecutados y que darían lugar a reso-luciones que prácticamente no pueden cumplirse, Sucn. Vall v. Muñoz, 14 D.P.R. 340; Aguayo Hermanos & Co. v. Cuevas Zequeira, 24 D.P.R. 684, y específicamente en el caso de Meléndez v. Corte, 40 D.P.R. 922-5, en relación con una sen-tencia de desahucio ya ejecutada, resolvimos que: “De to-das formas, una vea ejecutada la sentencia de desahucio, no parece que un auto de certiorari tenga finalidad práctica al-guna. ’ ’

En el caso de autos es un hecho admitido que a la fecha de radicarse la petición 'de certiorari en ía corte inferior ya el peticionario había sido lanzado de la casa que ocupaba al ejecutarse la sentencia de desahucio. Esto ocurrió el 24 de febrero de 1945. Cuando la corte inferior finalmente anuló la orden de lanzamiento el 13 de marzo, ¿qué finalidad práctica podía obtener el peticionario? Ninguna a nuestro juicio, pues la resolución de la corte inferior no podía tener el efecto de reinstalar al demandado en la posesión de la casa ni tal cosa se ordenaba en ella.

Además, asumiendo que la orden de lanzamiento hubiera sido expedida antes de transcurrir los cuarenta días de ser firme la sentencia de desahucio, no hay duda alguna que al presente, cuando ya ha transcurrido un año, el demandante tendría derecho a obtener una nueva orden de lanzamiento.

Si el peticionario fue ilegalmente lanzado de la casa y por ello sufrió daños remedio tiene contra el demandante para reclamárselos y de los autos aparece que lo está ejer-citando ante la corte municipal en una acción de daños y perjuicios.

Debe revocarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Oórdova

text:
    Laurentino Rodríguez Arvelo, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1180.

    Sometido: Enero 15, 1946.

      Resuelto: Febrero 7, 1946.

      Buenaventura Estoves, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Oórdova

emitió la opinión del tribunal.

Laurentino Rodríguez Arvelo tramitó expediente de do-minio sobre una finca inscrita a nombre de Paulino Rodrí-guez y su esposa, Benicia Arvelo, alegando que adquirió la finca de éstos por compra, no siendo inscribible la escritura que al efecto se otorgara, y habiendo fallecido ambos ven-dedores. Dictada resolución declarando justificado el domi-nio, y ordenando su inscripción en el registro, así como la cancelación del asiento contradictorio, denegó el registrador la inscripción “por observar que siendo la inscripción cuya cancelación se decreta un asiento de dominio no aparece del expediente que fueran oídas las personas cuyo derecho figura inscrito ...”

De la nota denegatoria recurre Rodríguez Arvelo, quien nos llama la atención hacia el hecho de que la resolución de-muestra que los herederos de Paulino Rodríguez y Benicia Arvelo, ambos fallecidos, fueron citados por edictos, e in-siste en que la citación así hecha es suficiente, sin que sea necesario, como insiste el registrador, que fuesen precisa-mente oídos además de citados.

La distinción entre el citar y el oír, en expedientes de dominio, a personas a cuyo favor aparezcan asientos contradictorios al dominio del peticionario, hace su aparición en Puerto Rico en Canino v. Registrador, 31 D.P.R. 434, al adoptar la mayoría de este Tribunal, disintiendo dos jueces, la doctrina expresada por Morell, comentando la Ley Hipor tecaria de España (5 Morell 540), al efecto de que la reso-lución en un expediente de dominio puede ordenar la cance-lación de un asiento contradictorio en el registro, bastando para ello, si el asiento es posesorio, la •citación del titular, pero siendo imprescindible el oir al titular si el asiento con-tradictorio fuese de dominio.

El comentario de Morell citado en Canino v. Begistrador, supra, no bace otra cosa que parafrasear el artículo 503 del Reglamento de la Ley Hipotecaria de España, artículo que nunca ha estado en vigor en Puerto Rico. La necesidad de oír al titular de dominio ya citado, mientras basta dtar al titular posesorio ha sido duramente criticado,en España. 2 Beraud y Fernández, Derecho Inmobiliario, 528 et seq. No vemos justificación alguna para adoptar tal distinción en Puerto Rico, en ausencia de legislación expresa. Si la cita-ción hecha al titular de un asiento contradictorio posesorio, en un expediente de dominio, es suficiente garantía para justificar la cancelación- de ese asiento, también debe serlo cuando el asiento es de dominio. Y si la mera citación del titular de un asiento contradictorio de dominio, en un expe-diente de dominio, no se considera que brinda a éste la opor-tunidad adecuada de defender su título inscrito, tampoco puede considerarse adecuada la oportunidad brindada por tal citación al titular de un asiento posesorio.

Pasemos a considerar, por lo tanto, si basta la citación del titular de un asiento contradictorio, ya de dominio o' po-sesorio, para ordenar su cancelación en un expediente de dominio.

Si examinamos el artículo 395 de nuestra Ley Hipoteca-ria, que trata de los expedientes de dominio encontraremos que, distinto al 393 que trata de los expedientes posesorios, no autoriza la cancelación de asientos contradictorios. Siendo ello así, y disponiendo el artículo 82 de la ley que no se can-celará una inscripción sino por consentimiento de la persona a cuyo favor aparece por ley, o por providencia ejecutoria, y el artículo 20 que no se inscribirá un derecho cuando re-sulte inscrito a nombre distinto del que lo trasmite, hemos resuelto repetidas veces que no procede la inscripción de la resolución aprobando una información de dominio cuando existe un asiento contradictorio' cuyo titular, si bien ha sido citado, no ha consentido a la cancelación ni ha sido vencido en juicio. Rotger v. Registrador, 28 D.P.R. 910; Sucesión de Medina v. Registrador, 27 D.P.R. 201; Toro v. Registrador, 25 D.P.R. 472; P. R. Leaf Tobacco Co. v. Registrador, 17 D.P.R. 228; Soto v. Registrador, 15 D.P.R. 611 y Ginorio v. Registrador, 1 D.P.R. (Castro) 312, 2 S.T.S. 579.

Es cierto que en Canino v. Registrador, supra, nos apar-tamos de la regla ya firmemente establecida en- la jurispru-dencia citáda, pero como hemos visto el caso de Canino des-cansa sobre la errónea base de legislación española que no tiene equivalente en Puerto Rico.

Posteriormente, en Bermúdez v. Morales, 42 D.P.R. 426, se resolvió procedía la cancelación de un asiento contradic-torio en un expediente de dominio en el cual compareció el titular del asiento, se opuso a la cancelación y celebrado el juicio, fue vencido. Entendemos que en ese caso perdió el expediente su carácter de procedimiento ex parte y se con-virtió en contencioso, o como dijimos entonces “El expe-diente quedó así convertido en pleito.” Bermúdez v. Morales, supra, pág. 427. Procedía por lo tanto, la cancelación del asiento, no ya a base del artículo 395 de la Ley Hipote-caria, sino a base del artículo 83 que permite la .cancelación de cualquier inscripción mediante providencia judicial en juicio declarativo.

Recientemente, en Pagán v. Registrador, 62 D.P.R. 594, denegó un registrador la inscripción de una resolución apro-batoria de expediente de dominio en que se ordenaba la can-celación de un asiento contradictorio, y revocamos la nota, pero en ese caso el registrador sólo objetó la forma de la citación lieclia al titular del asiento contradictorio, y a ese solo extremo por lo tanto se limitó nuestra decisión.

Descartado el caso de Canino v. Registrador por los fun-damentos ya expuestos, tenemos que en Puerto Rico no pro-cede la cancelación de un asiento contradictorio en un expe-diente de dominio a menos que a ello consienta el titular, o-a menos que sea oído y vencido en juicio al oponerse a las pretensiones del peticionario. En el caso ante nos, por lo' tanto, tuvo razón el registrador al denegar la inscripción porno haberse oído a las personas a cuyo favor aparece el. asiento contradictorio, o a sus herederos.

. Puede objetarse que si en un expediente posesorio cabo la cancelación de un asiento contradictorio, mediante la cita-ción de los interesados, parece irrazonable que lo mismo no puede hacerse en un expediente de dominio. A esa objeción sólo podemos contestar que los artículos 393 y 395 de la Ley Hipotecaria demuestran claramente la intención del legisla-dor español que aprobó esa ley para Puerto Rico de distin-guir entre los dos procedimientos Es que el legislador español siempre quiso distinguir entre expedientes poseso-rios y de dominio en lo tocante al problema de asientos con-tradictorios. La Ley Hipotecaria española de 1861 sólo brindó a aquéllos que carecieren de título inscribible el re-curso del expediente posesorio, y en esos expedientes auto-rizó la cancelación de asientos contradictorios. En el 1869 se autorizó por primera vez el expediente de dominio, sin disponerse, como en el posesorio, el procedimiento para can-celación de asientos contradictorios. Luego, en el 1909, se prohibió la cancelación de asientos contradictorios en expe-dientes posesorios, disponiéndose, en el artículo 393 de la ley española, que de existir asientos contradictorios se declara-ría sin lugar la información, “y podrá el interesado, si le conviniere, justificar su dominio mediante el procedimiento establecido en el artículo 400 de la presente ley.” El artículo 400 citado es el que determina el procedimiento para infor-maciones de dominio. Es muy similar al 395 de Puerto Rico, pero está complementado por el 503 del nuevo reglamento español, que como- ya fiemos visto no tiene equivalente en Puerto Rico, y que si bien permite la cancelación de un asiento contradictorio posesorio previa citación del intere-sado, no permite la cancelación de un asiento contradictorio de dominio sin fiaber sido precisamente oído el interesado. Para una mejor comprensión del desarrollo de la legislación -española, y de la poca fe que la mera citación fieeha dentro de un expediente voluntario fia merecido en España, cabe •citar lo siguiente de la Resolución de la Dirección General de los Registros de 11 de octubre de 1915:

“Considerando que tanto por el lugar que ocupó en la ley Hi-potecaria reformada de 1869, como por ser facultad concedida al propietario que careciese de título escrito de dominio el expediente justificativo de su adquisición era inaplicable a fueros y derechos cuya propiedad apareciera inscrita en el Registro, por lo que el artículo 404 de aquélla (400 de la vigente) ni previo el caso de asientos contradictorios ni ordenó la citación del dueño o titular, según el Registro, ni concedió especial fuerza cancelatoria a lá pro-videncia judicial con que terminaba;
“Considerando: que los trámites breves de tal procedimiento, lejos de presentar las garantías que el declarativo ordinario desen-vuelve en la constitución, controversia, prueba y decisión del juicio, serían una amenaza constante para todo propietario que teniendo inscritos en debida forma sus derechos y descansando sobre la fe del Registro, podría resultar despojado de sus bienes sin ser oído, o con una apremiante citación que ni le permitiera preparar su prueba ni quebrantar la amañada por el solicitante, a quien difícil-mente podría exigir como a legítimo adversario las respopsabilida-des consiguientes al ejercicio de una acción infundada o temeraria;
“Considerando: que el artículo examinado se ha derivado con ligeras variantes del artículo 29 del anterior proyecto de ley elevado por la Comisión de Códigos en il de abril de 1864 al Ministro de Gracia y Justicia, en cuya Exposición de motivos se dice textual-mente : ‘Para traer estos bienes al Registro, inscribiendo su dominio, lia habido siempre medios legales por más que no se hayan formu-lado hasta ahora en ninguna ley especial’;
‘ ‘ Considerando: que en el mismo espíritu aparece informado el Real decreto de 10 de Febrero de 1875 al permitir la inscripción del dominio adquirido después de Io. de enero de 1863 a los propietarios que careciesen de título escrito;
“Considerando: que, a tenor de lo prescrito en el artículo 24 de la vigente ley, no podrá ejercitarse ninguna acción contradicto-ria del dominio de inmuebles inscritos a nombre de persona deter-minada, sin que se entable, previa o simultáneamente, demanda de nulidad o cancelación de la inscripción en que conste dicho domi-nio, debiendo fundarse la demanda de nulidad en las causas que taxativamente expresa aquel Cuerpo legal, cuando haya de perju-dicar a tercero, y que este precepto, introducido con sus cdncor-dantes del artículo 41 para dar a la inscripción la plenitud de sus efectos, resulta preterido u olvidado, así como los artículos 82 y 83 en el procedimiento judicial promovido por D. Francisco Fullá y Gascón;
“Considerando: que cualesquiera que sean los efectos de la jus-tificación de dominio en orden a la posesión inscrita, bien para corroborarla y robustecerla como en el caso segundo del artículo 399, bien para contradecirla o cancelarla según la regla 2a. del artículo 393 de la Ley Hipotecaria, desenvuelto en el párrafo segundo del artículo 503 del nuevo Reglamento, es indiscutible que el expediente origen del recurso, en el cual no ha comparecido D. José Cendra Dalmases ni su representación, carece de virtualidad para destruir, anular o cancelar la inscripción extendida a su favor;”

(Anuario de la Dirección General de los Registros y del Nota-riado, año 1915, pág. 204.)

Del breve resumen que hemos hecho del desarrollo histórico de la legislación hipotecaria española en cuanto al problema que plantea la existencia de asientos contradictorios en el trámite de informaciones posesorias y de dominio, podrá verse que no es función judicial, sino legislativa, la de hacer uniforme en ambos expedientes, si es que se desea la uniformidad, la regla en cuanto a permitir, o no permitir, la cancelación de asientos contradictorios mediante la cita-ción de los interesados. Mientras nuestra ley distinga entre las dos clases de expedientes, no podemos hacer caso omiso de la distinción.

Por los fundamentos expuestos, debe confirmarse la nota recurrida.

       Igual distinción, prevalece en la Ley Hipotecaria de Cuba. Y la ley-cubana ha sido interpretada en el sentido de no permitir la cancelación de asientos contradictorios mediante un expediente de dominio. 2 Martínez Escobar, Las. Inscripciones, 60 et seq.


text:
    Rexford G. Tugwell, Gobernador de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Bonocio Campos Segundo, Alcalde de Barceloneta, querellado y apelado.
    Núm. 15.

    Sometido: Enero 21, 1946.

      Resuelto: Febrero 8, 1946.

      IIon. Procurador General E. Campos del Toro, Luis F. Camacho j Guillermo A. Gil, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del apelante; Guillermo S. Pierluisi j C. II. Julia, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En octubre 11 de 1945, el Gobernador de Puerto Rico, sometió a la consideración y resolución de la Asamblea Municipal de, Barceloneta un pliego de cargos formulados por él contra Bonocio Campos Segundo, Alcalde de dicho muni-cipio. Los cargos son, en síntesis, como sigue:

Primero: Que en septiembre 8 de 1944, actuando como Alcalde, recibió de la Central Plazuela Sugar Co. ún cheque por $400, como contribución de dicha corporación al Proyecto de Construcción y Reparación del Camino Vecinal “Bocas”, auspiciado por el Municipio de Barceloneta en colaboración con el Plan de Emergencia de Guerra (P.E.Gr.); que endosó y cobró dicho cheque ilegalmente; y que hasta el 20 de sep-tiembre- de 1945 no había ingresado su importe en el Tesoro del Municipio.

Segundo: Que en noviembre 8 de 1944 recibió otro che-que de la misma corporación, también por $400, para ser destinado al mismo Proyecto del Camino Vecinal “Bocas”; y que endosó y cobró dicho cheque ilegalmente, sin que hasta el 20 de septiembre de 1945 hubiese ingresado su importe en los fondos del Municipio.

Tercero: (a) Que allá para los meses de septiembre, oc-tubre y noviembre de 1944, actuando como alcalde, en viola-ción de las disposiciones del artículo 70 de la Ley Municipal, cedió sin la previa autorización de la Asamblea Municipal solares propiedad del Municipio a diecisiete personas distintas.

(b) Que en julio 28 de 1944, también actuando como alcalde y sin la debida autorización de la Asamblea Municipal, cedió un solar para la construcción de un templo a la Logia Odfélica Constancia, de Barceloneta.

(c) Que en igual forma cedió un solar, para la construc-ción de un templo, a la Iglesia de Dios Pentecostal Inc., de Barceloneta.

Cuarto: (a) Que en julio de 1945, sin celebración de la correspondiente subasta y en violación de lo dispuesto en los artículos 8, inciso 5°, y 79 de la Ley Municipal, dió en arren-damiento a Baldoíno Miranda solares y sitios públicos del Municipio para ser usados durante las fiestas patronales para la instalación de picas, machinas de caballitos y otros medios de diversión,'habiendo obtenido por dicha concesión la suma de $700.

(b) Que en violación de la sección tercera, letra (o) del Reglamento de la Contabilidad Municipal y del artículo 68 de la Ley Municipal, entregó los $700 que recibiera de Bal-doíno Miranda, al Sr. Antonio García, Tesorero del Comité de Festejos de las Fiestas'Patronales, quien no era Tesorero Municipal ni persona autorizada para recibir y guardar dichos fondos, ni había prestado fianza por la custodia e in-versión de dichos fondos.

Quinto: (a) Que allá para el mes de octubre de 1944, per-mitió y consintió que se expidiera a Israel Núñez Román, chófer de la Ambulancia Municipal, un cheque por $40, por su trabajo del mes de octubre, constándole que dicho chófer solamente había trabajado durante la última quincena de dicho mes.'

(b) Que entregó el referido cheque de $40 al chófer Israel Núñez Román, ordenándole que lo endosara y cobrara el importe de la segunda quincena de octubre y le devolviera, como'le devolvió, la suma de $20, cantidad que el Alcalde querellado se apropió para su beneficio personal, sin ingre-sarla en el Tesoro Municipal, defraudando así al Municipio.

Sexto: Que durante el período de julio de 1944 a sep-tiembre 19 de 1945, con el propósito deliberado de burlar las disposiciones del artículo 10 de la Ley Municipal, vendió leche al Municipio de Barceloneta al precio de catorce centavos el litro, haciendo aparecer falsamente a José Tirado como dueño de la leche; todo ello en perjuicio de los inte-reses económicos del Municipio, por cuanto el precio de la leche en el mercado local, durante el indicado período, era do doce centavos el litro.

La vista de los cargos ante la Asamblea Municipal de Barceloneta comenzó el día 30 de octubre de 1945 y conti-nuó durante los días 1, 8 y 21 de noviembre de 1945. En diciembre 3. de 1945 la Asamblea dictó su resolución exone-rando al Alcalde querellado, de toda culpabilidad. No es-tando conforme con dicha resolución, el Gobernador inter-puso el presente recurso, basándolo en los siguientes funda-mentos de9derecho:

1. Que la Asamblea Municipal cometió grave error al ne-garse a dar posesión de sus cargos de asambleístas munici-pales a los señores Encarnación Andino y Ramón Matías Santana, quienes habían sido debidamente nombrados por la propia Asamblea, privando así a dichos dos asambleístas de su derecho a intervenir como tales en la vista y resolución de los cargos formulados contra el alcalde.

2. Que la Asamblea Municipal cometió serio y grave error al apreciar la prueba y al dictar una resolución contraria a derecho y a la prueba practicada.

Nos abstendremos de discutir el primer señalamiento. El propio apelante admite en su alegato y así lo hizo cons-tar en su informe oral, que el error enunciado “no reviste capital importancia o significación.”

Pasemos ahora a examinar la prueba para poder deter-minar si la Asamblea cometió error al apreciarla. Empeza-remos por la prueba de cargo: .

1 y 2. — Para sostener los dos primeros cargos, el fiscal presentó como testigo al Sr. Rafael Y. Urrutia, Director de la División de Operaciones del Programa de Emergencia de Guerra. Declaró:

Que el trabajo de reparación del camino “Bocas” co-menzó en agosto 16, 1944 y terminó en septiembre de 1945, habiendo ocurrido una interrupción desde febrero 28 a marzo 23, 1945, porque los fondos asignados originalmente por el P.E.G. se agotaron; que de los records no aparece que el Alcalde notificara a los empleados del P.E.G. sobre el dona-' tivo de la Central Plazuela; que en la fecha én que se em-pezó la reparación del camino, el declarante no era el encar-gado del proyecto; que no sabe si el Alcalde trató con la persona encargada del trabajo; que el declarante asumió la dirección en mayo Io. de 1945; que de los records no apa-rece que se notificara al Alcalde que los fondos se habían agotado; y que no sabe si el Alcalde notificó al encargado de la obra sobre el donativo de $800 que había recibido.

3. (a) Las partes estipularon qne la Asamblea Municipal en ningún momento autorizó la cesión de solares a ninguna de las diecisiete personas mencionadas en este cargó.

3. (b) Domingo Pérez Hernández, Juez de Paz de Bar-celoneta, reconoció su firma al pie de un affidavit suscrito por Bonocio Campos Segundo, Alcalde de Barceloneta, cediendo un solar a la Logia Odfélica Constancia. Declaró que el do-cumento fue jurado y firmado ante él por el Alcalde. El affidavit fué admitido en evidencia y dice así:

“Permiso concediendo un solar a la Resp. Logia Constancia de Barceloneta Núm. 11299. Por medio de este documento, y haciendo uso de la Autoridad, que me concede la Ley Municipal, cedo en propiedad el solar' contiguo a la casa propiedad del Sr. José Ortiz, Jr., actualmente habitada por el Sr. Felipe Sánchez, a la Resp. Logia Constancia de Barceloneta Núm. 11299. Lo que firmo muy gustosamente, hoy día 24 de julio del año 1944. Firmado : Bonocio Campos' Segundo, Alcalde. ’Suscrito y jurado ante mí hoy día 28 - de julio del año 1944. Firmado: Domingo Pérez Hernández, Juez de Paz. Affidavit Núm. 31135. — Sello Oficial.”

Las partes estipularon que la Asamblea Municipal nunca autorizó al Alcalde para ceder el solar a la Logia Constancia.

3. (c) Para probar este cargo el fiscal presentó a Rafael Anglade, quien declaró que se dedica a la predicación del Evangelio en la Iglesia Pentecostal en Barceloneta; que allá para abril o mayo de 1944 el declarante habló con el Alcalde Campos sobre la cesión de un solar situado en la calle Gior-getti, para edificar allí una iglesia; que el Alcalde le hizo una cesión verbal y entonces se fabricó la iglesia; que no pagó cantidad alguna por dicha cesión, ni se firmó escritura o documento alguno. Preguntado si le constaba que el solar que le fuera cedido por el Alcalde era del Municipio, ex-plicó : que él hizo una petición a la Asamblea Municipal para que le cedieran el solar y la Asamblea ni siquiera tuvo la cortesía de contestarle; que entonces se entrevistó con el Alcalde y éste le dió el permiso. Al oír lo declarado por el testigo, el Presidente de la Asamblea intervino para hacer constar en el récord lo siguiente: “En ningún momento se le ha dado permiso a nadie, por el motivo de qne no tene-mos conocimiento qne el Municipio tenga títnlo de propiedad sobre esos terrenos para-darle autoridad a esos solares”.

4. Para sostener el cargo número cnatro, el Fiscal ofre-ció el testimonio de Jesús M. Rivera, Secretario-Auditor Municipal, quien declaró: que durante el mes de julio de 1945, ni antes de esa fecha, se celebró subasta alguna para ceder solares y calles del Municipio a Baldoíno Miranda; que la Asamblea no autorizó el arrendamiento de calles y solares a Miranda ; que en los libros no consta que se depositara el dinero pagado por Miranda; que el Alcalde nunca le entregó una relación de los gastos incurridos o desembolsos hechos de los fondos adquiridos por la cesión hecha por el Alcalde a Miranda.

Declaró Baldoíno Miranda, que antes del 6 de.junio de 1945 el Alcalde habló con él y le pidió que se hiciera cargo de las fiestas patronales porque a nadie le gustaba ir a re-matarlas; que el Alcalde le dijo que en las fiestas pasadas no habían podido conseguir machinas y caballitos y por eso quería que se hiciera cargo de eso; que la comisión de las fiestas le visitó y le autorizó para que pusiera los aparatos en la calle Giorgetti; que él no celebró contrato alguno con la comisión, en la cual figuraba el Alcalde y otros señores del pueblo; que no contrató con el Alcalde; que es verdad que él dió $700 y después dió un beneficio para las fiestas de $50 más; que los $700 fué todo el beneficio que él obtuvo durante las fiestas, después de pagar $500 por el arrenda-miento de los aparatos; que hizo todo eso por cooperar y no para lucrarse y que no ganó ni un centavo; que fué des-pués de terminadas las fiestas que le entregó los $700 al Alcalde-; que dió ese dinero para cubrir los gastos de las fiestas.

Antonio García, Tesorero del Comité de las Fiestas Pa-tronales, declaró: que fué él quien guardó los fondos que se recaudaron y que ascendieron a unos $1,200; que ni el Alcalde ni ninguna otra persona le requirieron para que de-positara esos fondos en el Tesoro Municipal; que la entrada que aparece en su libreta, de $700 “por arrendamiento de •los solares para picas y machinas a Pepe Miranda”, la hizo él por su propia cuenta sin que se lo insinuara ninguno de la Comisión; que durante los últimos veinticinco años ha sido Tesorero de las fiestas patronales; que en varios años se arrendaron los solares sin llenar.los requisitos de ley; que lo importante es que él anotó en su libreta la cantidad que le fué entregada; que le dió al Alcalde un papelito con una relación de los ingresos y egresos; que el Alcalde le pidió esa relación como uno o dos meses antes de la llegada del inspector de Auditoría; que el remanente, que ascendió a $302, fué ingresado por él en el Tesoro Municipal éta. sep-tiembre 19 de 1945, después de la llegada del inspector; que fue el inspector quien le dijo que llevara esos fondos al te-soro municipal; que no hizo en su libreta ningún ingreso de $50 por el día adicional que estuvieron las picas en los so-lares del pueblo.

5. La evidencia para sostener, el cargo número cinco fué la siguiente:

Israel Núñez, chófer de la ambulancia municipal, declaró que él empezó a trabajar como chófer el 16 de octubre de 1944; que al terminar el mes de octubre el Alcalde le mandó a buscar y le dijo: “Aquí tiene un cheque por $40; coge ese cheque, lo firmas, me lo cambias y me traes $20”; que el de-clarante cambió el cheque y le entregó los $20 al Alcalde personalmente. El cheque fué identificado por el testigo y admitido en evidencia. También se admitió la nómina en la cual aparece Núñez cobrando $40 como chófer de la ambu-lancia. La nómina está firmada por el Director de Benefi-cencia y aprobada por el Alcalde. Continuó declarando que estuvo trabajando en el municipio hasta noviembre 26 de 1944; y que no trabajó durante eí mes de diciembre. Re-preguntado poj la defensa declaró que el Alcalde le dijo que los $20 que tenía que traerle eran “para echarlos al '(ondo municipal”; que se lo dijo en presencia de seis u ocho per-sonas que estaban allí; que Bonoeio Campos fue quien lo despidió de su trabajo, porque le contaban mentiras dicién-dole que no estaba en la ambulancia; que el Alcalde lo re-gañaba por tardanzas en los viajes.

Declaró el Tesorero Municipal que hasta la fecha en que declaraba, el Alcalde no había ingresado en el Tesoro Municipal los $20 que Núñez declaró le habían sido pagados en exceso.

6. Para sostener el sexto cargo, el Fiscal llamó a decla-rar al Alcalde querellado, quien declaró: que conoce a José Tirado desde hace algunos años; que nunca ha tenido ne-gocios con Tirado, pero que un hijo suyo le vendió un es-tablecimiento; que después Tirado vendió el mismo negocio a una hija del declarante; que fue en el mes de septiembre que le informaron que. Tirado le vendía leche al Municipio; que sabía que Tirado tenía un contrato con la Superinten-dente del Hospital para venderle la leche para los pacientes, habiendo empezado a servir la leche cuando compró el ne-gocio, en junio o julio de 1944; que le han dicho que sus hijas, que son dueñas de vacas, le venden leche a Tirado y que también le venden otras personas; que él no ha tenido ninguna clase de negocios con Tirado. El Fiscal le exhibe cinco cheques expedidos por el Municipio a favor de José Tirado, por varias sumas, en pago de leche suministrada al Hospital Municipal durante los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 1944 y en abril, mayo y julio de 1945. Todos dichos cheques aparecen endosados por José Tirado y por el querellado Bonoeio Campos Segundo. ‘ El querellado admitió que la firma que aparece en los cheques es la suya. Los cheques fueron admitidos en evidencia.

Continuó declarando el querellado: que fué la Adminis-tradora del Hospital la que le dijo que Tirado era quien su-plía la leche; que él nunca contrató con Tirado y que el contrato lo hizo la Administradora; que como Alcalde él fir-maba los comprobantes, incluso los de Tirado; que le pa-rece que desde hace tiempo la leche se pagaba a catorce centavos; que no sabía cuál era el precio fijado por la O.A.P., pues la Administradora era quien se encargaba de eso.

José Tirado Rodríguez, declaró que en agosto de 1944 compró a Bonocio Campos, hijo del Alcalde de Barceloneta, un establecimiento comercial; que en noviembre del mismo año vendió dicho establecimiento a una hija del Alcalde; que desde el mes de agosto de 1944 empezó a hacer negocio con el Municipio, vendiéndole leche a catorce centavos el litro; que continuó ese negocio hasta noviembre de 1944; que después de vender el negocio a la hija del Alcalde, si-guió vendiendo leche al Municipio a 14 centavos; que la leche se la proveía el hijo del Alcalde, a quien él conoce como Bonocio Campos Segundo, a doce centavos el litro; que to-davía seguía haciendo ese negocio; que la leche la va a bus-car el peón del hospital al cafetín que antes era del Alcalde y ahora es de su hija Iris Esther Campos; que la hija del Alcalde es la que le vende a él la leche a doce centavos, pero que él no sabe la cantidad que ella manda al hospital; que él no paga al peón que lleva la leche ni provee las garrafas para llevarla; que él sabe la cantidad de leche tomada men-sualmente por la relación mensual que le da el hospital.

Repreguntado por la defensa, declaró: Que fué la Admi-nistradora del Hospital quien le habló para hacer el contrato de leche; que desde entonces ha venido sirviendo ocho litros diarios, los cuales compra a la hija del Alcalde; que antes compraba a otras personas; que el declarante es el que se beneficia directamente con ese contrato y que el Alcalde no tiene ningún interés en ese negocio.

A preguntas del Fiscal, contestó: que el Alcalde sabía que él compraba la leche a su hija a 12 centavos y se la ven-día al hospital a 14 centavos litro; que él sabe que lo que el hospital tonia diariamente es 8 litros, porque se lo dicen; que lo único que él hacía era cobrar el dinero por el negocio que tenía con el municipio; que con los cheques que recibía del Municipio compraba en la tienda de la hija del Alcalde y pagaba con los cheques.

Jesús M. Bivera, Secretario-Auditor Municipal, declaró: que en unión del Alcalde firmaba los libramientos de pago para la leche del hospital; que las facturas les eran entre-gadas unas veces por Tirado y otras por el Alcalde.

El Fiscal ofreció el reglamento de la oficina de Adminis-tración de Precios, que fija en 12 centavos por litro el pre-cio de la leche suministrada a los hospitales.

Haremos ahora un resumen de la evidencia ofrecida por la defensa.

Los testigos Mario Olmo Ferrán, agricultor, Bernardo Soler, Administrador Interino de la Central Plazuela, y Blanca M.'Marchán, poetiza, se limitaron a declarar que el querellado goza de buena reputación en la comunidad de Bareeloneta.

Bamonita de Jesús declaró: Que fué administradora del Hospital Municipal desde el año 1941 hasta julio de- 1945; que fué ella quien habló con José Tirado para ver si él le podía suministrar la leche para el hospital; que todo lo que fuera sobre alimentación le tocaba a ella como Administra-dora; que no habló en ningún momento con el Alcalde so-bre el negocio de la leche porque él no acostumbraba hacer los negocios; que desde julio de 1944 a julio de 1945, cuando ella renunció el cargo, quien suministró la leche fué Tirado.

A preguntas del Fiscal, contestó: que no fué el Alcalde quien la autorizó para hacer el contrato de la leche y sí el Director de Beneficencia, Dr. Bernal; que la leche la man-daba a buscar al establecimiento que Tirado tenía en los ba-jos de la casa del Alcalde; que no sabe si el establecimiento era de Tirado o del Alcalde, pero a quien ella compraba la leche era a Tirado.

, Julio Martínez de Andino, ingeniero de Area y Campo del P.E.G. declaró: que fue ingeniero del distrito de Are-cibo y como tal le tocaba supervisar la terminación del pro-yecto del Camino Bocas; que en marzo de 1944 el Alcalde Campos sometió al P.E.G. un proyecto por la cantidad de $18,000; que el declarante preparó el proyecto; que en fe-brero 28 de 1945 se paralizó el trabajo de los obreros por haberse agotado los fondos, pero se siguió recibiendo material para la obra, la cual no quedó paralizada en su totali-dad; que el proyecto se paralizó al llegar a un puente que no resistía el peso de un rolo de diez toneladas, el cual no podía pasar por otro sitio; que en una ocasión el Alcalde Campos, en compañía de Tomás Dávila, estuvo tratando de ver si los sobrantes del Camino,Bocas se podían utilizar en el Camino Piche, y durante la conversación el Alcalde le dijo a Dávilá que ellos podían utilizar el sobrante y con el dinero procedente del donativo de $800 de Plazuela hacer el Camino Piche.

Repreguntado por el Fiscal, contestó: que las cantidades asignadas para el proyecto fueron, $18,000 del P.E.G. y $2,000 del Municipio auspiciador; que se asignaron $6,500 para jornales, $1,500 para supervisión y $10,900 para mate-riales; que la partida para jornales no llegó a agotarse por-que el proyecto sólo estuvo en ejecución una semana; que el proyecto auspiciado por el P.E.G. y el Municipio, a la se-'mana de estarse trabajando en él fué sustituido por otro proyecto del Departamento del Interior, que se basa en los mismos números; que en el nuevo proyecto el Departamento del Interior contribuía con los $2,000 que el Municipio había ofrecido para el proyecto original; que el declarante conti-nuó encargado de la supervisión del proyecto; que fné des-pués de continuar la obra bajo el nuevo proyecto que se agotó la partida para jornales, debido a que el Departamento del Interior recomendó que el camino sé hiciera de 4y2 metros de ancho, o, sea un metro más que lo que fijaba en el pro-yeeto original; que fué necesario suspender la obra, por ha-berse agotado la partida para jornales, desde febrero 28 a marzo 28, 1944; que la única vez que el Alcalde le habló del donativo de la Plazuela fué durante la conversación con Dá-vila; que después que el Departamento del Interior auspició el proyecto, el Municipio ya no tenía nada que ver con el mismo.

Antonio Rodríguez Avilés, dueño de una bomba para la venta de gasolina, declaró que le vende gasolina al Munici-pio; que durante el mes de octubre de 1944 despachó gaso-lina a Israel Núñez por orden del Alcalde; que no puede precisar las fechas, pero se la despachó en el mes de octu-bre; que a fin de mes envía al Auditor la cuenta, con los vales expedidos por el Municipio cada vez que se despacha gasolina; que no sabe la fecha específica en que despachó la gasolina, pero que eso se puede comprobar con los vales. El testigo no pudo asegurar categóricamente que durante la primera quincena de octubre le despachara gasolina a Israel Núñez.

.Terminada la prueba de la defensa, el Fiscal presentó la siguiente prueba testifical:

Bonocio Campos Segundo, el Alcalde querellado, declaró que ha desempeñado el cargo de Alcalde desde el año 1940 hasta que fué suspendido de empleo y sueldo por la Asam-blea, con motivo de esta querella; que conoce al Sr. Miguel J. Arzuaga, administrador de la Central Plazuela, quien se encuentra en Europa; que en un día de septiembre de 1944, en su carácter de amigo y no como Alcalde, se entrevistó con Arzuaga con el propósito de conseguir mil dólares para la reparación del camino municipal “Bocas”; que el trabajo se iba a hacer bajo la dirección del P.E.G. y del declarante en su carácter de amigo y cooperador del pueblo y amigo de Arzuaga; que lo que él tenía que hacer era administrar el donativo de la Central; que ese donativo le fué hecho a él personalmente y no al Municipio de Barceloneta; que él fué. al P.E.G-. a decirles que querían arreglar el camino y que esa gestión la hizo como Alcalde; que el Director del P.E.G. le dijo que tenía que conseguir un donativo para que el Plan de Emergencia pudiera hacerse cargo de la obra; que como el Municipio no tenía dinero, él habló con el Sr. Fano Yanga y con el Administrador de Plazuela y les pidió un donativo do mil dólares; que esa gestión la hizo en su carácter personal y no como Alcalde; que entonces, antes de octubre, 1944, fue al P.E.G. y les informó que ya tenía un donativo de una entidad particular; que él sometió un proyecto al P.E.G. en marzo de 1944 cuando creía que el Municipio tenía dinero para la obra; que en ese proyecto el Municipio se comprometía a contribuir con $2,000; que cuando el Depar-tamento del Interior hizo el donativo de dos mil dólares, del 10 al 16 de septiembre de 1944, ya él tenía en su poder los dos cheques de Plazuela, por $400 cada uno, y “entonces los ochocientos pesos yo los guardé”; .que el camino se arregló con fondos del P.E.G. y del Departamento del Interior, ex-clusivamente ; que en diciembre de 1944 o enero de ,1945 fue que se enteró de que el Departamento del Interior había dado una contribución para seguir la obra. El testigo iden-tificó los dos cheques que recibiera de manos del Adminis-dor de Central Plazuela, en las fechas en los mismos indica-das, repitiendo que los recibió en su carácter personal y no como Alcalde. Al margen de cada uno de los cheques se hace constar que es una “contribución para construcción ca-rretera La Boca”.

Continuó declarando que cobró cada uno de dichos che-ques algunos días después de recibirlos y depositó el dinero en "su casa y en su caja de seguridad mientras se podía uti-lizar; que no depositó el dinero en la Caja del Municipio porque el Sr. Arsuaga no se lo dió para entregarlo al Mu-nicipio y sí para gastarlo en la obra si era necesario; que conoce el Reglamento que exige que los donativos al Muni-cipio se ingresen en el Tesoro Municipal, pero que eso es-aplicable solamente cuando el donativo se hace al Municipio para una obra municipal y no es aplicable cuando el dona-tivo lo da una persona particular, no al Municipio, y sí para cualquier proyecto, si el donante no exige que el dinero se ingrese en los fondos municipales; que la Central lo hizo a él responsable personalmente del dinero y que por eso él no-lo ba tocado; que no recuerda ni sabe si en noviembre 8 de 1944, fecha en que recibió el segundo cheque, ya el Depar-tamento del Interior se había hecho cargo de la obra; que cuando recibió el segundo cheque no había gastado ni un solo centavo de los primeros cuatrocientos dólares; que aceptó el segundo cheque esperando que el P.E.G-. le pidiera el material que él se había comprometido a dar para la obra; que sabe que cobró los dos cheques juntos; que no recuerda si los cambió juntos; que no recuerda si comunicó al P.E.G., al Tesorero Municipal o a la Asamblea que había recibido un donativo; que cuando depositó el dinero en su caja no le puso ninguna marca o nota para que pudiese ser identificado-corno donativo de Plazuela para el propósito ya indicado.

Habiendo el testigo manifestado el deseo de explicar algo,, se le permitió que lo hiciera y dijo:

“Mandé buscar el dinero que se envolvió de esos ochocientos-pesos, que todavía está en la caja, en el sobre, que yo lo eché del Banco y que yo lo devolví de mi cuenta particular o de mi cuenta corriente a la Central Plazuela. Yo mandé a'buscar ahora el pa-quete de dinero para que Ud. lo vea, para que lo examine y vea cómo está el dinero.”

Continuó declarando que sus hijas sabían que los $800 que había en la caja eran el donativo de la Central y que por eso no tomó precauciones para caso de su muerte; que él devolvió el dinero a Plazuela, en octubre 6 de 1945, cuando» ya el investigador de Auditoría había iniciado una investí- - gación; que es cierto que él envió su renuncia al Goberna-dor, pero no porque le tuviera miedo a los cargos y sí por la petición de sus amigos y de Muñoz Marín.

En el mismo acto la defensa presentó a la Asamblea el sobre (pie contenía los $800, en 40 billetes de $20. El Alcalde declaró que ésos eran los mismos billetes que recibió del banco; y que él devolvió el dinero a Plazuela en un cheque, para poder traer los billetes ante la Asamblea y probar con ellos que él no había usado el dinero.

El Fiscal presentó como su testigo principal al propio Alcalde querellado, quien declaró extensa y detalladamente en contestación a un largo interrogatorio de sus acusadores tendiente a conseguir que el testigo hiciera admisiones in-criminatorias. Los conflictos entre lo declarado por el que-rellado, testigo del Fiscal,' y lo declarado por los demás tes-tigos de cargo, y los resultantes de toda la evidencia consi-derada en conjunto, fueron resueltos por la Asamblea Municipal dando crédito a lo declarado por el querellado y por sus testigos. No encontramos razón alguna que pudiera jus-tificar nuestra intervención con el'fallo de la Asamblea, la cual vió y oyó declarar a los testigos y estuvo en mejores condiciones que nosotros para poder juzgar en cuanto a su credibilidad.

Aun cuando o finamos que la resolución de la Asamblea Municipal debe ser confirmada,, queremos hacer constar que esa confirmación no debe ser interpretada en modo alguno como una aprobación por parte de este Tribunal de las ac-tuaciones del Alcalde querellado en relación con los hechos expuestos en los cargos que le fueran formulados.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    José Fernando Vélez Padilla, conocido por Fagundo, peticionario y apelado, v. Clodomiro Silva, Alcaide de la Cárcel de Distrito de Mayagüez, querellado y apelante.
    Núm. 9204.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Febrero 8, 1946.

      Hon Procurador General E. Campos del Toro, Luis Ncgrón Fernán-dez, Procurador General Auxiliar y J. Rivera Barreras, abogados del apelante; M. Figueroa del Rosario, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El Alcaide de la Cárcel de Distrito apela de una senten-cia declarando con lugar un recurso de hábeas corpus. Se declaró con lugar la petición por el fundamento de que la sentencia condenando al acusado era nula e inexistente.

En 1942 el. peticionario fué juzgado ante un jurado que lo declaró culpable de homicidio involuntario. Del récord ante nos se desprende que el libro de minutas del secre-tario de la corte de distrito contiene tres asientos que pue-den sintetizarse como sigue: (1) El 29 de enero de 1942 el acusado fué juzgado y convicto por un jurado del delito de homicidio involuntario, y este veredicto fué aceptado por la corte; (2) el 6 de febrero de 1942, se declaró sin lugar una moción de nuevo juicio, y “no habiendo el acusado expuesto motivo alguno por el cual no deba dictarse sentencia, la corte procede a dictarla, condenando al acusado a sufrir la pena de 1 y2 año de cárcel, sin costas por ser insolvente. . . . La corte deja sin efecto esta sentencia hasta el próximo lu-nes, y señala una fianza de $1,500 para los efectos de una apelación.”; (3) el 9 de febrero- de 1942, el referido lunes, se dictó la siguiente orden: “Visto el escrito de apelación que antecede, la corte señala al acusado-apelante en este caso una fianza de mil quinientos dólares ($1,500.00) para poder permanecer en libertad provisional.”

El 12 de febrero de 1945 desestimamos por abandono la apelación que se radicó el 9 de febrero de 1942.

El 2 de abril de 1945 el secretario de la corte de distrito expidió una orden de encarcelación dirigida al alcaide para que confinara al acusado. Dicha orden de encarcelación con-tenía un párrafo del secretario en el que sintetizaba los por-menores de la sentencia condenando al acusado según se re-flejaban del referido asiento del 6 de febrero de 1942. El 5 de abril el acusado radicó el presente recurso de hábeas corpus. El Pueblo ha apelado de la sentencia de la corte de distrito declarando el recurso con lugar.

El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que “Cuando se haya dictado sentencia se entregará inmediatamente una copia certificada del original al oficial que tenga la obligación de ejecutarla, y no será necesaria ninguna otra orden ni autorización para justificar o pedir la ejecución.” El Procurador General admite que de conformidad con nuestra jurisprudencia la orden de encarcelación del 2 de abril era nula toda vez que no contenía copia certificada de la sentencia según lo exige el artículo 327. Ex Parte Alvarez, 39 D.P.R. 935; Ex Parte Pesquera, 17 D.P.R. 736; El Pueblo v. Buitrago, 11 D.P.R. 464.

Sin embargo, el secretario expidió el 12 de abril de 1945, tina nueva orden de encarcelación, antes de que se radicara la contestación a la solicitud de hábeas corpus. Esta nueva orden d.e encarcelación, que expresaba que se expedía para entregarse al alcaide, contenía copia certificada del asiento del 6 de febrero de 1942. Esta nuevo orden de encarcelación de su consecuencia subsanó el referido error, véanse Ex Parte Pesquera, supra, pág. 740; Ex parte Germán, 64 D.P.R. 397 400, siempre y cuando que el asiento del 6 de febrero com-prenda en efecto legal la sentencia de la corte.. Por tanto pasemos a dicha cuestión.

El artículo 326 del Código de Enjuiciamiento Criminal dice como sigue:

“Artículo 326. — Cuando se dicte sentencia en virtud de estar convicto el acusado, el secretario la insertará en el acta, exponiendo brevemente el delito sobre el cual se obtuvo la convicción, y la cir-cunstancia de existir una convicción anterior (si la hubo), y debe reunir y archivar, dentro de los cinco días siguientes, los documentos que se expresan a continuación, como circunstancias del proceso se-guido :
* “1. La acusación fiscal, y una copia de la minuta de la alegación o excepción perentoria.
“2. Una copia del acta del juicio.
“3. Las instrucciones dadas o negadas, con sus correspondientes endosos, y
“4. Una copia de la sentencia.”

La corte de distrito no expuso sus fundamentos para de-clarar nula la sentencia. Aparentemente la sentencia fué de-clarada nula por aparecer únicamente en el asiento del 6 de febrero y no ser redactada y firmada por el juez. Pero en el artículo 326 no existe requisito alguno de que la sentencia debe constar por escrito. El artículo 326 dispone solamente que al dictarse la sentencia, ya sea verbal o escrita, “el se-cretario la insertará en el acta . . . ” y si es verbal, la “co-pia de la sentencia” según el inciso 4 del artículo 326 ob-viamente consiste de la copia de aquella parte de las minu-tas que contiene la sentencia.'

El apelado alega que bajo la interpretación que liemos dado al artículo 326 o bien el inciso 2, que dispone una co-pia del acta del juicio, o bien el inciso 4, que dispone una copia de la sentencia, está de más. Esto no es necesaria-mente así, ya que podría quizás interpretarse que el inciso 2 comprende todos los procedimientos habidos durante el juicio hasta el momento de dictarse, pero no incluyendo, la sentencia. Pero aún asumiendo que los incisos 2 y 4 se tras-lapen hasta cierto grado, no podemos ver cómo eso nos obliga a injertar en el artículo 326 una disposición que no contiene, al efecto de exigir sentencias escritas en las causas criminales.

Esto es así de conformidad con lo resuelto en California, Al comentar el artículo 1207 del Código Penal de California, del cual se copió el artículo 326, dice 8 Calif. Jur. ar-tículo 482 a las págs. 464-5: ’“El Código Penal no prescribe requisito alguno en cuanto a qué debe contener la sentencia... Frente a tina objeción de que la sentencia es nula, las únicas partes esenciales de ésta son la relación del delito por el cual se condena al acusado, omitiendo de la misma todo lo que comprenden los documentos anteriores, y la sentencia de la corte. La ‘sentencia’, que comprende el pronunciamiento de la sentencia, de ordinario se dicta verbalmente, y usual-mente se hace en lenguaje corriente, y la ley no exige que sea más de eso. Si la sentencia demuestra con suficiente claridad que es el pronunciamiento' de la sentencia de la corte de acuerdo con el veredicto rendido, y la pena impuesta por tal sentencia está autorizada por el estatuto bajo el cual se condena al acusado, entonces la sentencia cumple con los requisitos del estatuto.” Véanse Ex parte Bateman, 271 P. 757 (Calif. 1928); People v. Camp, 183 P. 845, 850 (Calif. 1919); People v. Fidelity & Deposit Co., 290 P. 59, 60 (Calif. 1930); 8 Calif. Jur. sección 490; Blickle v. Higbee, 178 N. W. 680 (Mich. 1920); Sloan v. Richey, 143 S. W.2d 119 (Tex. 1940); Comm’r v. Estate of Bedford, 325 U. S. 283, 286. Cf. Annotation, 59 A.L.R. 521

El apelado también arguye que el asiento del 6 de febrero no expresa sentencia alguna, toda vez que la corte dejó la sentencia sin efecto basta el siguiente lunes, llegado el cual la corte no ratificó ni dictó de nuevo la sentencia. Esta es una contención frívola. Los términos del asiento indican que. lo que tuvo en mente la corte fue dejar en suspenso única-mente la ejecución de la sentencia con el fin de darle al ape-lado una oportunidad de apelar, lo qué hizo el 9 de febrero. Por tanto, la sentencia siempre estuvo en vigor después del 9 de febrero.

También alega el apelado que la sentencia era nula por no cumplir con el artículo 110 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que dispone que “El secretario de la corte de distrito tendrá a su cargo un registro de causas denominado ‘Registro de Causas Criminales,’ en el cual asentará todas las acciones penales y cualquier procedimiento seguido en ellas ...” Pero el artículo 110 no puede afectar la validez de la sentencia y de la orden de encarcelación. E.stas se rigen por las disposiciones de los artículos 326 y 327 y, como hemos visto, se cumplió con las mismas.

Además, el Registro de Causas Criminales contenía el siguiente asiento: ‘ ‘ Sentencia — Dictada en 6 de febrero de 1942 (parte dispositiva) Culpable, condenándosele al acusado a la pena de año y medio de cárcel.” Por tanto no se infringió el artículo 110. El fin primordial del registro es ofrecer una relación concisa, no verbatim, de ios procedimientos. Eso se hizo aquí.

Debe concluirse que el pronunciamiento verbal de la corte sentenciando al acusado a año y medio de cárcel, según consta en las minutas del secretario del 6 de febrero de 1942, fué una sentencia válida a tenor con las disposiciones del artículo 326; y la actuación del secretario al expedir copia certificada :de dicho asiento en el libro de actas constituyó cumplimiento del artículo 327. Indudablemente, la mejor práctica es que la sentencia sea formalmente redactada y firmada por el Juez,,práctica que recomendamos a las cortes de distrito se-guir. Pero la ley no exige que así se haga.

La sentencia de la corte de distrito será revocada y se dictará u/na sentencia declarando sin lugar la solicitud de hábeas corpus.

       No hay explicación alguna en el récord de por qué el Procurador General dejó que transcurrieran tres años antes de obtener la desestimación de la ape-lación por abandono.

         Si bien estas dos cuestiones nunca se han resuelto expresamente por esto Tribunal, las opiniones en los casos de Alvarez y de Bmtrago revelan que la prác-tica (1) de hacer un pronunciamiento verbal de la sentencia y (2) de expedir copia certificada de las actas para la orden de encarcelación, fué allí seguida y no se impugnó por impropia.

       El caso de Ex Parte Germán, 64 D.P.R. 397, es distinguible. Allí inter-pretamos una disposición de la ley que expiesamente provee que la orden de en-carcelación en desacatos criminales debe ser firmada por el juez. El artículo 326 no contiene tal requisito.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Ramírez Castro, acusado y apelante.
    Núm. 11129.

    Sometido: Enero 15, 1946.

      Resuelto: Febrero 8, 1946.

      Angel Viera Martínez, abogado del apelante; Hon. Procurador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Procurador General Auxiliar y J. Pinera Barreras, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Este es un recurso de apelación contra sentencia conde-nando al acusado, después que un jurad oA o- declaró culpable del delito de bigamia. El apelante señala como error la ad-misión en evidencia de dos certificaciones de la celebración de los dos matrimonios aquí enviieltos, porque “No son la transcripción literal del acta de matrimonio celebrado ante el funcionario que cada una de dichas certificaciones señala”. Arguye que “distintos requisitos que se incluyeron en el acta de celebración del matrimonio no aparecen de la certificación ofrecida eñ evidencia, como por ejemplo, ¡quién era el padre de Ramón Ramírez Castro,’ el aquí apelante.”

El artículo 24 de la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico — Ley núm. 24, Leyes de Puerto Rico, 1931 (pág. 229) — exige que toda persona que celebre un matrimonio remita al Encargado del Registro (1) la licencia matrimonial, (2) la declaración jurada de los contrayentes, y (3) la certificación de la celebración del matrimonio. Esta última debe expresar la fecha y lugar donde se celebró el matrimonio, y contener las firmas del celebrante, de los contrayentes y de los testigos. El artículo 25 dispone que “el Encargado del Registro hará una transcripción de la certificación del matrimonio eñ el libro destinado a tal fin que llevará en su oficina y enviará los documentos originales -al Departamento de Sanidad ...” (Bastardillas nuestras).

El artículo 38, según fué enmendado por la Ley núm. 25, Leyes de Puerto Rico, 1936 ((1) pág. 213), dispone que “A petición de parte interesada, el Comisionado de Sanidad . . . suministrará copia certificada de cualquier . . . casamiento . . . -que se haya inscrito y registrado en el Registro General de acuerdo con las disposiciones de esta Ley . . . ”. Él artículo 38 dispone además que tal copia certificada “consti-tuirá evidencia prima facie ante todas las cortes de justicia de los hechos que consten en la misma”.

Es obvio que la contención del acusado carece- de méritos. No se requiere que la certificación de la celebración de los matrimonios contenga la información que el apelante alega faltaba en la misma. Según las citadas secciones de la Ley núm. 24, el matrimonio se prueba por copias certificadas de las actas de matrimonio, y aquí éstas fueron debidamente presentadas en evidencia.

Además, los magistrados que celebraron ambos matrimonios. declararon a tal efecto, lo que habría subsanado cualesquier defectos de forma en las certificaciones, si es que tales defectos existieron.

El artículo'271 del Código Penal, edición de 1937, provee que “Toda persona que teniendo cónyuge vivo se ca-sare con otra persona, salvo en los casos especificados en el siguiente artículo, será culpable de bigamia”. El artículo 272 provee que el artículo anterior no se hará extensivo a “ 2. Ninguna persona por razón, de matrimonio anterior que hubiere sido declarado nulo o disuelto por sentencia del tribunal competente.’ ’.

El acusado sostiene que bajo el inciso 2 del artículo 272 el Pueblo debe probar en una acusación por bigamia que el primer matrimonio no ha sido anulado o disuelto por acción judicial. Pero para determinar qué constituye el delito de bigamia nos remitimos exclusivamente al artículo 271. El artículo 272 viene a colación solamente si el acusado trata • de hacer uso de cualquiera de las excepciones citadas allí como defensa. Y en su consecuencia, no se requiere al Pueblo que pruebe que tal excepción no existe. El acusado más bien es el que tiene que probar que tal excepción lo cobija. People v. Huntley, 269 P. 750 (Calif. 1928); People v. Priestley, 118 P. 965 (Calif. 1911). Hemos seguido esta doctrina al interpretar otros estatutos penales. Pueblo v. Avilés, 54 D.P.R. 272; Pueblo v. Giraud, 52 D.P.R. 31.

De cualquier modo, el hecho es que el Pueblo, aun cuando no tenía que hacerlo, probó que las excepciones-enumeradas en el artículo 272 no existían, presentando la declaración de la primera esposa al efecto de que el primer matrimonio nunca fué disuelto.

Los otros dos errores alegados van a la suficiencia de la prueba. El jurado no creyó la historia del acusado de que se encontraba en estado- de embriaguez durante la primera ceremonia y que creyó que lo que hacía era reconocer a un hijo en lugar de estarse casando. La otra prueba ofrecida por el fiscal fué suficiente para justificar la convicción.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.

       En ol easo de Aviles, dijimos a las págs. 275-76: “Si la excepción ha sido incorporada a la definición del delito de manera tan inseparable que una acu-sación que la omitiera dejaría de exponer los distintos elementos del delito con suficiente exactitud y certeza, en ose caso es indispensable que en la acusación se niegue la excepc'ón, es decir, que se expongan hechos tendentes a demostrar que el caso del acusado no se halla comprendido en ninguna de las excepciones de la ley. Si por el contrario la excejición so halla expuesta en cualquier otro artículo de la ley y el lenguaje que define el delito es tan independiente de la excepción que puede describirse el delito con certeza y exactitud sin necesidad de negar la excepción, en ese caso ésta se considera materia de defensa y como tal debe ser alegada y probada por el acusado".


text:
    Julián Rodríguez, demandante y apelado, v. Mateo Pérez y Octavia Flores Moreno, demandados y apelante el primero.
    Núm. 9196.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Febrero 12, 1946.

      Benigno Pacheco Tizol, abogado del apelante; Gerardo J. Walker, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito sobre daños y perjuicios radi-cado en la Corte de Distrito de San Juan por Jnlián Rodrí-guez v. Mateo Pérez y Octavia Plores Moreno. La corte inferior dictó sentencia exonerando de toda responsabilidad a Octavia Plores Moreno y condenó al demandado Mateo Pé-rez al pago de $600, las costas y $150 para honorarios de abogado. Apeló el demandado, señalando en su alegato la comisión de siete errores.

Examinaremos conjuntamente los errores señalados bajo los números 1, 6 y 7 por referirse éstos a la apreciación de la, prueba. Sostiene el apelante que la sentencia dictada es contraria a la prueba y derecho porque el demandante y apelado no probó que el truck causante del accidente fuere de la propiedad del demandado, ni que Ramón Puentes López, chófer que conducía dicho truel?, fuera su empleado; porque el accidente fué fortuito y desgraciado: porque la corte resolvió que el demandado Mateo Pérez y no Octavia Plores Moreno, la dueña del truel?, era el responsable del accidente; y porque la corte sentenciadora apreció la prueba con prejuicio, pasión y parcialidad, incurriendo en manifiesto error.

Después de un detenido examen de la prueba, hemos lle-gado a la conclusión de que dichos tres señalamientos ca-recen de fundamentos. La prueba demuestra sin lugar a du-das que el accidente fué motivado por la negligencia del conductor del truck. El demandado apelante declaró que él al-quilaba trucks de doña Octavia Plores Moreno y de otras personas para cargar piedras para el Gobierno, pagándole a la dueña del truck de acuerdo con el número de viajes rea-lizados; y admitió que el truck que causó el accidente era de la propiedad de Octavia Plores Moreno y que él lo po-seía como arrendatario.

Nq era necesario que el demandante probase que el de-mandado era dueño del truck en cuestión, como tampoco que Ramón Puentes López, chófer que lo conducía en los preci-sos momentos del accidente, fuese su empleado, ya que el propio demandado aceptó que lo poseía en su carácter de arrendatario y que al ocurrir el accidente el vehículo era utilizado en una empresa o negocio del referido demandado. En virtud del contrato de arrendamiento, doña Octavia Flores Moreno cedió la posesión material y el uso y control del mencionado truck, poniéndolo a disposición del demandado, Mateo Pérez, en su carácter de arrendatario. Este es el lla-mado a responder de los daños y perjuicios que ocasionara el truck debido a la negligencia del chófer. Tal responsabi-lidad no es imputable a la arrendadora. Tampoco está obli-gado el demandante a probar que el truck usado y disfru-tado en beneficio de los negocios del arrendatario, fuese con-ducido por su chófer o agente en el cumplimiento de sus de-beres como tal. . Probado que el demandado poseía el truck en su carácter de arrendatario y que en el momento del ac-cidente lo usaba en relación con sus negocios, surge la pre-sunción juris tantum de que la persona que lo guiaba era empleado o agente del demandado y actuaba en el curso de] desempeño de sus atribuciones. Véase Robles v. Ferretería Merino, 64 D.P.R. 751 y Acha v. Nevares, 59 D.P.R. 235.

En el segundo señalamiento el apelante ataca la suficiencia de la demanda, por entender que los hechos alegados no determinan una causa de acción, ya que se ha omitido la alegación de que Ramón Fuentes, chófer del truck, era en la fecha del accidente empleado de Mateo Pérez y que estuviera actuando en el curso de su empleo. Vistas las alegaciones de la demanda y las admisiones que hace el demandado y apelante en su contestación, encontramos que se ha alegado suficientemente que Mateo Pérez, arrendatario del truck de la propiedad de doña Octavia Flores Moreno, usaba del mismo en sus negocios de transportación de piedra para el Gobierno Insular, siendo conducido ese truck por el chófer Ramón Fuentes López en los precisos momentos en que ocurriera el accidente que motivara la acción de daños y perjuicios. La presunción juris tantum que surge de estas alegaciones no fué controvertida en manera alguna por la prueba ofrecida por el demandado apelante. La corte inferior no erró al resolver que la demanda era suficiente.

Alega el apelante que la corte inferior carecía de jurisdicción para conocer del caso, porque no aparece de la demanda ni de la prueba aducida que los hechos ocurrieron dentro del territorio jurisdiccional de, la Corte de Distrito de San Juan. En la demanda se alega que el accidente que motiva la acción de la parte demandante ocurrió en el hectómetro 3 del kilómetro 26 de la carretera número 3 de Puerto Pico, y de la prueba se desprende que el accidente tuvo lugar en la Isla de Puerto Rico, aunque no en sitio determinado. Siendo las cortes de distrito tribunales de jurisdicción general y apareciendo de la demanda la reclamación de $1,500, la jurisdicción de la corte inferior, como la de cualquier otra corte de distrito donde se hubiera radicado el caso, es incuestionable.

Si la Corte de Distrito de San Juan no era el tribunal competente para conocer del caso, es una cuestión que el demandado pudo, a su opción, haber presentado a la consideración de la corte inferior mediante moción, antes de contestar la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 12(b) (3) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil. No habiéndolo hecho así, ni tampoco levantado la cuestión en su contestación, debe entenderse que renunció dicha objeción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado (h) de la citada Regla, quedando como consecuencia sometido a la jurisdicción y competencia de dicha corte.

Sostiene el apelante que la corte erró al dictar sentencia condenándolo a pagar al demandante la suma de $600, porque éste, al suministrar las especificaciones a la demanda, estimó como compensación por los dolores físicos y mentales sufridos con motivo del accidente, la suma de $400. En la demanda se reclaman por gastos de medicina la suma de $60; gastos de médico y hospital, $40; incapacidad sufrida $1,000; y por los dolores físicos y mentales, la suma de $400. Total $1,500. La prueba del caso sostiene los gastos incu-rridos en médicos, medicinas y hospitalización montantes a $100. También sostiene la existencia de los dolores físicos y mentales, que sufriera el demandante, los que él mismo es-timara en su demanda en $400. La prueba en cuanto a los daños y perjuicios por la incapacidad que sufriera el deman-dante como consecuencia del accidente, es también suficiente. El demandante declaró que él trabajaba como capataz de carretera, ganando noventa dólares mensuales y que estuvo incapacitado totalmente para trabajar mientras estuvo re-cluido en el hospital durante 49 días sufriendo de los golpes recibidos.

La 'sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Córdova no intervino.


text:
    Félix Nieves Pelullera, peticionario y apelante, Ex parte; Sucn. de José Ayala Falcón, etc., opositores y apelados.
    Núm. 9198.

    Sometido: Diciembre 27, 1945.

      Resuelto: Febrero 13, 1946.

      Luis Bíendín Sabat, abogado del apelante; J. Calasanz Rivera, abo-gado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión de! tribunal.

Félix Nieves Pelullera promovió ante la Corte de Distrito' de Caguas un expediente ex parte para justificar el dominio-de una finca rústica de 48 cuerdas de terreno, alegando que la había adquirido el 29 de enero de 1941, por compra al Pueblo de Puerto Rico, en subasta pública para el cobro de las contribuciones adeudadas por José Ayala Falcón, quien la había venido poseyendo con buena fe, justo título, quieta y pacíficamente y sin interrupción alguna desde el año 1896.

Habiendo fallecido José Ayala Falcón y también su es-posa María Nieves Falcón, antiguos dueños de la finca, com-parecieron los herederos de ambos y se opusieron a la de-claratoria de dominio solicitada por el fundamento de que. si bien era cierto que la finca fué vendida en pública subasta, por el colector de rentas internas de Aguas Buenas y adju-dicada al peticionario, todo ello fué realizado puestos de co-mún acuerdo el referido peticionario y María Nieves Falcón,,. causante de los opositores, bajo el entendido de que la úl-tima facilitaría al primero la suma de $25 en efectivo para completar el importe de la subasta para conseguir la buena pro y que una vez adjudicada la finca éste sembraría dos cuerdas y media de tabaco para la cosecha de 1940-1941, bajo la condición de que del producto neto de dicha cosecha co-rrespondería a dicha María Nieves Falcón el 25 por ciento,, del cual el peticionario se reembolsaría la suma de dinero que facilitara para el remate más sus intereses legales, a fin de redimir así la causante la referida finca para sur beneficio y de la sucesión de su esposo, José Ayala Fal-cón ; que el peticionario sembró y cosechó el tabaco y según convenio correspondió a María Nieves Falcón del producido del tabaco la suma de $96, cantidad de la cual se apropió el peticionario para reembolsarse la cantidad de dinero que facilitara para el remate de la finca y para el pago de con-tribuciones futuras, y que a pesar de ello y de habérsele re-querido se ha negado a traspasar la finca a los opositores, o sean, los causahabientes de María Nieves Falcón y de José Ayala Falcón. Además, alegan los opositores que el peti-cionario nunca ha sido poseedor legítimo en concepto de dueño de la referida finca, ni la ha poseído con justo título, quieta, pública, pacíficamente y sin interrupción por ningún período de tiempo durante los últimos cincuenta años, sino que ha pretendido apropiarse de la misma fraudulentamente.

Contra el escrito de oposición, según fuera enmendado, el peticionario interpuso dos mociones, a saber: una, intere-sando se ordenara su total eliminación por ser sus alegacio-nes impertinentes y redundantes; y, la otra, solicitando se dictara sentencia sobre las alegaciones interpuestas. Oídas las partes sobre ambas cuestiones, la corte las decretó sin lugar.

Practicadas las pruebas propuestas por las partes conten-dientes, la corte, con fecha 29 de marzo de 1945, dictó sen-tencia declarando no haber lugar a la petición del informa-tivo de dominio, imponiéndole el pago de costas al promo-vente, sin incluir honorarios de abogado.

La expresada sentencia ha sido apelada por el promo-vente, quien alega que la corte inferior cometió los dos erro-res que vamos a discutir.

Sostiene el apelante como fundamento del primer error señalado, que el escrito de oposición debió ser eliminado por ser sus alegaciones impertinentes y redundantes, y además, que la corte inferior erró al no dictar sentencia sobre las alegaciones porque el escrito de oposición carecía de méritos suficientes para sostener las pretensiones de los opositores.

Una alegación es impertinente y redundante cuando es ajena y no está snbstancialmente relacionada con los hechos en controversia entre las partes contendientes. Una ligera lectura de las alegaciones de la solicitud y del escrito de oposición nos lleva a la conclusión de que no existe tal im-pertinencia o redundancia en las alegaciones de los oposito-res, pues éstas controvierten los hechos en que descansa su acción el promovente.

Una sentencia sobre las alegaciones solamente es procedente cuando de la alegación responsiva no aparece la negativa de los hechos esenciales de la petición o demanda, en otras palabras, debe existir una afirmación de un hecho y la ausencia absoluta de su negación. Bastará la negación de un hecho esencial de una demanda para que no proceda la sentencia sobre las alegaciones. En el escrito de oposición en. este caso se controvertían los hechos esenciales de la' petición. No erró, por lo tanto, el tribunal inferior al negarse a dictar sentencia sobre las alegaciones. Véase Sutherland on Code Pleading, Practice and Forms, Vol. I, pág. 931 y siguientes, par. 1447, edición de 1910.

Alega el apelante en su segundo señalamiento que la corte erró al declarar probado que los opositores estuviesen en posesión en concepto de dueños de parte de la finca objeto del informativo de dominio.

La sentencia de la corte inferior descansa en los siguien-tes hechos probados:

“De las pruebas practicadas entendemos que la finca descrita en la petición era propiedad de don José Ayala Falcón y su esposa doña María Nieves Falcón, cuya posesión está inscrita en el Registro de la Propiedad de Caguas, al folio 181 del tomo 31 de Aguas Buenas, a nombre de dichos esposos.
“Fallecido el esposo y aún viva su esposa doña María Nieves Fal-cón, el Pueblo de Puerto Rico procedió a ejecutar y vender en pública subasta dicha finca para el cobro de $54.56 adeudados por contribu-ciones territoriales, procediendo el peticionario Félix Nieves Pelullera a adquirir dicha finca en la subasta pública efectuada, habiéndose otorgado el certificado de compra a su nombre. La primera esposa de Félix Nieves Pelullera, Genara Ayala Nieves, era bija de don José Ayala Falcón y María Nieves Falcón y del matrimonio del peticio-nario y su primera esposa bay descendientes.
“Como cuestión de becbo quedó probado que el promovente nunca ha tenido la posesión material de toda la finca, y sí únicamente de parte de la misma, habiendo estado los opositores en la posesión material del resto de la finca desde el fallecimiento de don José Ayala Falcón y que aún todavía están en la posesión de la misma. El propio peticionario o promovente nos lo dice en su declaración cuando de-clara que los opositores han venido ‘productando (sic) y cosechando la finca y yo no me le be opuesto porque como ellos me han dicho que tienen derecho.’
“Ha quedado probado además que la posesión material que han tenido los opositores de parte de la finca ha sido en concepto de due-ños habiéndose presentado prueba, aun la del propio promovente, demostrativa de actos específicos de dominio ejercitado por los opo-sitores. (Véase declaración de Zenón Falcón Ayala, testigo del peti-cionario) ; aparte de que la prueba de los opositores sobre estos particulares es convincente.”

La prueba de los opositores a la información de dominio dejó demostrado sin lugar a duda alguna que estaban y es-tán actualmente en posesión material de parte de la finca en contienda; y por el contrario, el promovente dejó de probar que antes de radicar su petición para obtener su título de dominio, estuviese en posesión material y total de la finca. En otras palabras, no probó de manera satisfactoria que hu-biese ocupado o tenido la posesión material de toda la finca, y sí únicamente de parte de ella, ni que la hubiera poseído totalmente en concepto de dueño, o en forma alguna, pública, pacíficamente y sin oposición o interrupción de clase alguna durante el término 'preseriptivo que determina la ley. Siendo éstas las circunstancias del caso, es de perfecta aplicación la doctrina sentada por este Tribunal en los casos de Martínez v. Colón, 35 D.P.R. 753, y Robles v. Pellot, 44 D.P.R. 48, donde se resolvió que aun cuando el peticionario en un in-formativo de dominio tenga títulos fundados o no en la pres-cripción adquiridos por él o sus predecesores, antes de ra-dicar su petición debe tener la posesión material del terreno de que se trata.

Por las razones antes expresadas, debe confirmarse la sentencia apelada.


author: Ei, Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Pérez Figueroa, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo. El Mismo v. El Mismo.
    Nums. 11184, 11185 y 11186.

    Sometidos: Febrero 7, 1946.

      Resueltos: Febrero 13, 1946.

      Néstor A. Rodríguez Escudero, abogado del apelante; Hon. Procu-rador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Pro-curador General Auxiliar, y J. Rivera Barreras, abogados de El Pueblo, apelado.
   Ei, Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado de los delitos de Ataque Para Cometer Asesinato, Portar Armas e Inf. a la Ley Sobre Registro de Armas de Fuego. Los tres casos fueron vistos conjuntamente el mismo día. Una vez que el jurado se retiró a deliberar, la corte oyó la prueba adicional necesaria en relación con el caso de Infracción a la Ley Sobre Registro de Armas de Fuego y luego que el jurado trajo un veredicto declarando al apelante culpable de ataque para cometer homicidio, la corte, por los méritos de la prueba, declaró al apelante culpable de los dos misdemeanors que se le imputaban. Contra las tres sentencias recaídas estableció el presente recurso. Señala varios supuestos errores como base para la revocación de las sentencias, pero de todos ellos el único que merece alguna consideración es si la corte, den-tro de las circunstancias de este caso, erró al no dar al ju-rado instrucciones sobre el delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes. Para que pueda consi-derarse como error que produzca revocación el no haber dado instrucciones sobre acometimiento y agresión con circunstan-cias agravantes, en un caso como el de ataque para cometer asesinato que incluye el delito menor de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, es indispensable el concurso de dos circunstancias, a saber: (1) que de la prueba surja que hay la base necesaria para dar la instrucción, People v. Arnold, 48 Pac. 803 (Cal. 1897); y (2) que se haya solicitado esa instrucción y la corte haya rehusado transmi-tirla. People v. Arnold, supra, y Pueblo v. Díaz, 63 D.P.R. 987.

En el presente caso no existió base alguna para trans-mitir instrucciones sobre el delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes, puesto que la evidencia de El Pueblo tendió a probar, por lo menos, un delito de ataque para cometer homicidio, mientras que la del acusado .tendió a probar que la agresión fue causada por el propio perjudicado, quien sacó el revólver para atacar al apelante, estableciéndose una lucha entre ellos forcejeando el apelante para evitar la agresión y en esa lucha se le escapó un tiro al perjudicado recibiendo uná herida de bala. Pero en el supuesto de que la evidencia pudiese dar base para una ins-trucción de acometimiento y agresión grave, lo cual negamos, no hubiera sido error capaz de producir revocación el no haberse dado la instrucción, puesto que no fue solicitada por el apelante.

Como dijéramos anteriormente, los otros errores señala-dos son tan carentes de mérito, que no requieren discusión.

Procede, por lo expuesto, confirmar las tres sentencias apeladas.