text:
    Núm. 8361.
    Cintrón, Jr., apldo. v. Domínguez, etc., apltes.
    C. D. Mayagüez.
    Junio 10, 1941.
   (Por la Corte,'a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción del demandante apelado, por la que solicita la desestimación del recurso, por los alegados fundamentos (a) de que la apelación interpuesta es frívola y sólo tiene el propósito de dilatar el procedimiento, y (6) porque los apelantes no ban procedido con la debida diligencia a perfeccionar su apelación.

PoR cuanto, después de un detenido estudio de la opinión emi-tida por la corte inferior,'que es el único documento que el deman-dante apelado ha radicado como anexo a su moción de desestimación,, no estamos convencidos de que la cuestión jurisdiccional levantada por los apelantes sea claramente frívola.

Poe cuanto, de las certificaciones expedidas por el Secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez, sometidas por los apelantes, apa-rece que en mayo 22 de 1941 la corte inferior concedió a los ape-lantes un nuevo término improrrogable de 39 días, que vencerá el 30 de junio de 1941, para radicar la transcripción de evidencia; y que en mayo 29, 1941, el taquígrafo de dicha corte radicó en la se-cretaría de la misma la transcripción de la evidencia para ser apro-bada por la corto dentro del término por ella concedido.

Por do tanto, se declara sin lugar la moción de desestimación.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Presidente Sr. Del Toro.)

license: Public Domain

text:
    Núm. 8355.
    Caguas Company, Inc., aplda. v. Alvarez, aplte.
    C. D. G-uayama.
    Junio 11, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por cuanto, dictada sentencia en este caso en junio 1, 1939, en contra del demandado, éste apeló de la misma en julio 1, 1939, y solicitó una prórroga de treinta días que le fue concedida para ra-dicar la exposición del caso sin que lo hiciera y sin que practicara, ninguna otra gestión para perfeccionar su recurso; y

Por cuanto, la parte apelada, por tal motivo, solicitó que la ape-lación fuera desestimada en moción de abril ocho último, notificada a la parte contraria y vista sin asistencia de las partes en junio-nueve actual:

Por tanto, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia aplicables,, se declara la moción con lugar y se desestima, por abandono, el re-curso.


text:
    Núm. 8131.
    Luce & Company, S. en C., aplda. v. Santiago, aplte.
    C. D. Ponce.
    Junio 18, 1941.
   PoR Cuanto, el demandado apelante radicó su escrito de apela-ción en el caso arriba expresado el 5 de mayo de 1938 y a su ins-tancia le fueron concedidas por la corte inferior siete prórrogas para la radicación de la transcripción de evidencia, en las siguientes fechas:

1. En 4 de junio de 1938 — treinta días;

2. En 5 de julio de 1938 — treinta días;

3. En 3 de agosto de 1938 — treinta días;

4. En 3 de septiembre de 1938 — seis meses;

5. En 1ro. de marzo de 1939 — seis meses;

6. En 31 de agosto de 1939 — seis meses;

7. En 1ro. de diciembre de 1939 — dos meses.

PoR Cuanto, la séptima prórroga anteriormente mencionada ven-ció el 29 de enero de 1940 y el 16 del mismo mes la demandante apelada solicitó la desestimación del recurso, alegando que la apela-ción no había sido proseguida con la debida diligencia;

Por Cuanto, con fecha 6 de febrero de 1940 la referida moción de la apelada fué declarada sin lugar;

Por Cuanto, el demandado apelante continuó solicitando prórro-gas en la corte inferior, concediéndosele las siguientes:

8. En 29 de enero de 1940 — dos meses;

9. En 28 de marzo de 1940 — dos meses;

10. En 25 de mayo de 1940 — dos meses;

11. En 23 de julio de 1940 — dos meses;

12. En 20 de septiembre de 1940 — dos meses;

13. En 22 de noviembre de 1940 — tres meses.

Por cuanto, el 6 de febrero de 1941 la demandante apelada soli-citó por segunda vez la desestimación del recurso por el fundamento expuesto en su anterior moción, alegando entonces el demandado apelante lo siguiente:

“Que los motivos del taquígrafo que actuó en la vista del caso para no haber radicado la transcripción de la evidencia dentro de las prórrogas conce-didas por la corte inferior, venciendo la última en 25 de febrero de 1941, son de que dicho taquígrafo, actuando por orden de la corte inferior, estuvo durante un año preparando el récord taquigráfico, a solicitud del Gobernador de Puerto Eieo, del caso criminal núm. 6493, El Pueblo v. Luis Castro Quesada y otros, por asesinato, y que, posteriormente, se enfermó dicho taquígrafo y estuvo con licencia debidamente concedida, hasta fines de junio de 1940; que al volver a tomar posesión de su cargo, dicho taquígrafo ha tenido que asistir a las sesiones de la Corte de Distrito de Ponce y además ha estado preparando las transcripciones de la evidencia en otros casos...”

Por CUANTO, esta segunda moción de desestimación fue resuelta el 19 de marzo de 1941, declarándose también sin lugar, pero impo-niendo esta corte la siguiente condición:

"... que si en el término improrrogable (le sesenta días el taquígrafo Sr. Cruz Montero no ha radicado ante la corte inferior la transcripción de la .evidencia solicitada en este caso, la apelación será desestimada, si así lo solicita la deman-dante apelada.”

PoR cuanto, el término improrrogable de sesenta días habría de vencer el 18 de mayo de 1941 y a pesar de ello el demandado ape-lante, lejos de cumplir con la orden de la corte o exponer razones por las cuales debiera ampliarse dicho término, recurrió ante la corte inferior en solicitud de una prórroga de cuarenta y cinco días que habría de vencer mucho después de expirado el término improrro-gable concedídole por esta corte;

Pob cuanto, la demandante apelada ha radicado una tercera mo-ción solicitando la desestimación del recurso, alegando el demandado en oposición a dicha moción que el 9 del actual el taquígrafo radicó en la Secretaría dé la Corte de Distrito de Ponce la transcripción de evidencia, la que aún no ha sido aprobada por dicho tribunal;

Pob tanto, vistos los autos de este caso y el artículo 59 del re-glamento de este tribunal, se declara con lugar la moción de la de-mandante apelada radicada en 26 de mayo de 1941, y en su conse-cuencia se desestima el recurso.

Los siguientes casos fueron desestimados por abandono:

Nú-ms. 7881, 8010, 8137, 8143, 8197, 8201, 8202, 8203, 8231, 8234, 8258, 8264, 8265 y 8267.

(o) FRIVOLIDAD DE RECURSOS


author: Juez Asociado Sr. De Jesús.)

text:
    Núm. 8308.
    León Parra, apldo. v. Colón, aplte.
    C. D. Ponce.
    Febrero 4, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, en este caso el apelado radicó una moción con fecha 14 de enero último solicitando la desestimación del recurso por frí-volo ;

Por cuanto, en apoyo de dicha moción el apelado radicó la prueba documental, certificada por el secretario, así como también una trans-cripción de las declaraciones orales tomadas en el juicio, certificada por el taquígrafo de dicha corte, sin que dicha prueba o transcrip-ción haya sido autenticada por el juez sentenciador, conforme re-quiere el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil;

Por cuanto, de entrar a considerar dicha prueba y estimar que la apelación es frívola, no podríamos dictar sentencia desestimando el recurso por no estar basada la misma en una transcripción de evidencia debidamente autenticada, conforme requiere la ley;

Por tanto, vistos los autos de este caso y el artículo 299 del-Có-digo de Enjuiciamiento Civil, según lia sido enmendado por la Ley núm. 111 de 5 de mayo de 1939 (Leyes de ese año, pág. 575), y la jurisprudencia citada por el propio apelado establecida en el caso de De Jesús v. Drug Co. of P. R., Inc., 45 D.P.R. 643, 645, se deses-tima la referida moción, sin perjuicio de considerarla de nuevo una vez que se radique una transcripción. de evidencia autenticada en legal forma.


text:
    Núm. 8289.
    Caribbean Engineering Co., aplte. v. Municipio de Ponce, apldo.
    C. D. Ponce.
    Febrero 5, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

A la moción de desestimación de diciembre 19, 1940, vista en fe-brero 3, 1941, no apareciendo que sea claramente frívolo el recurso, que es la única causa que se alega para pedir que sea desestimado, no lia lugar.


author: Juez Asociado Sr. Travieso.)

text:
    Núm. 8210.
    Gutiérrez etc., apltes. v. Ginorio, apldo.
    C. D. Arecibo.
    Febrero 19, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción del demandado y apelado para que se desestime por frívolo el recurso, y no apareciendo de los autos que las cues-tiones levantadas por el apelante sean evidentemente frívolas', sién-dolo más bien los argumentos que se aducen para solicitar la deses-timación.

Por tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.


author: Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

text:
    Núm. 8307.
    Tuya Vda. García, aplda. v. White Star Bus Line, Inc., aplte.
    C. D. San ‘Juan.
    Abril 30, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Examinados los autos y oídas ambas partes y no apareciendo que sea claramente frívolo el recurso de apelación, no ha lugar a la des-estimación solicitada.


text:
    Núm. 8365.
    Santiago, aplte. v. Federal Land Bank of Baltimore, apldo.
    C. D. Guayama.
    Mayo 28, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción radicada por The Federal Land Bank of Baltimore, demandado y apelado, solicitando se desestime el presente re-curso por estar el demandante impedido de apelar,' por razón de ha-ber aceptado las alegaciones de la contrademanda, y además por ser dicho recurso enteramente frívolo;

POR cuanto, de la certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de Guayama, sometida en apoyo de la moción, apa-rece que al ser llamado el caso para vista las partes sometieron a la corte inferior una estipulación por la cual el demandado admitió las alegaciones de la demanda y el demandante admitió las alegaciones de la contrademanda;

Bok cuanto, examinadas las alegaciones de la demanda y las de la contrademanda, admitidas por el demandante apelante, es preciso, llegar a la conclusión de que la corte sentenciadora estaba obligada a dictar sentencia en la forma en que lo hizo;

Bor cuanto, la parte demandante no compareció a la vista de la moción ni ha sometido a nuestra consideración alegación alguna de-mostrativa de que el recurso sea meritorio;

Bor do tanto, se desestima éste por frívolo.


text:
    Núm. 8373.
    Polanco, apldo. v. Alcalde de Ciales, etc., apltes.
    C. D. Arecibo.
    Mayo 28, 1941.
   (Bor la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Bor cuanto, el peticionario, con fecha 13 del corriente, radicó en este tribunal una moción solicitando se desestime por frívolo el re-curso de apelación que el 9 del mismo mes interpuso "el Municipio-de Cíales contra una sentencia en un pleito de mandamus dictada a favor del peticionario en el caso núm. 3310 de la Corte de Distrito’ de Arecibo;

Bor cuanto, celebrada la vista de la referida moción el día 26 del actual, comparecieron ambas partes, el peticionario por su propio derecho y el Municipio de Cíales por su abogado Sr. Susoni, quien se opuso por escrito y oralmente a las pretensiones del peticionario;.

Bor cuanto, de la citada moción resulta que en el referido caso de mandamus se ofreció y admitió evidencia, y ello no obstante el peticionario no nos pone en condiciones no sólo de conocer dicha prueba mediante la correspondiente transcripción de evidencia, si que tampoco se ha elevado todavía a este tribunal el legajo de séntencia, limitándose el peticionario a acompañar su moción de copias simples de las alegaciones, opinión, sentencia y escrito de apelación en el referido caso de mandamus;

Por CUANTO, a los efectos de resolver una moción de la índole de la presentada por el peticionario precisa que tengamos ante nos el legajo de sentencia y la transcripción de evidencia legalmente auten-ticada ;

Por tanto, vista la moción del peticionario, los documentos que se acompañan, antes mencionados, la moción del apelante, y consi-derados los informes orales “de una y otra parte, sin prejuzgar los méritos del recurso, no ba lugar por ahora a su desestimación.


text:
    Núm. 8363.
    Olmedo, aplda. v. Rivera, et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Junio 17, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, la demandante apelada Celia Olmedo Woods solicita desestimemos por frívola la apelación interpuesta por los demanda-dos apelantes contra dos resoluciones dictadas por la Corte de Dis-trito de San Juan — una concediendo un nuevo juicio y otra restable-ciendo la anotación de lis pendens en el Registro de la Propiedad;

Por cuanto, oídas las partes y apareciendo que no se ha radi-cado aun la transcripción de los autos, ni la transcripción de evi-dencia, no estamos en condiciones de determinar si la apelación es frívola o no,

Por tanto, se declara sin lugar la moción de la demandante.

(d) FALTA DE ALEGATO O PRESENTACIÓN DEL MISMO FUERA DE TÉRMINO.


text:
    Núm. 8263.
    González, aplte. v. Corte, aplda.
    Apelación de sentencia del Juez de Turno.
    Mayo 1, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, en 29 de julio de 1940 la peticionaria acudió ante Hon. Martín Travieso, Juez Asociado de este Tribunal Supremo, en funciones de turno, en solicitud de un auto de certiorari contra la Corte de Distrito de Bayamón y el mismo fué expedido por el refe-rido Juez en 6 de agosto de 1940;

Por cuanto, el 22 de agosto de 1940 se declaró visto el recurso sin asistencia de las partes y el 23 de septiembre del mismo año el Hon. Angel R. de Jesús, Juez Asociado de este tribunal, en funcio-nes de turno, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso y anu-lando el auto expedido;

Por cuanto, la peticionaria radicó en 4 de octubre de 1940 un recurso de revisión para ante el tribunal en pleno y al día siguiente el Hon. Angel R. de Jesús autorizó la apelación y ordenó se eleva-ran los autos al Tribunal;

Por cuanto, posteriormente la peticionaria solicitó nn término de treinta días para radicar su alegato y se le concedió para tal fin basta el 14 de noviembre de 1940;

Por cuanto, el 23 de noviembre de 1940 compareció ante este tribunal, por su propio derecho, el abogado José C. Jusino y radicó una “Petición de permiso para intervenir” y una “Moción de desestima-ción del recurso de revisión”, oponiéndose más tarde la peticionaria a la desestimación solicita'da y radicando en opoyo de su oposición una extensa declaración jurada;

Poe cuanto, la vista de la moción para desestimar fué definiti-vamente celebrada ante el tribunal el día 28 de abril del año en curso sin asistencia de las partes, no obstante haber sido notificadas del señalamiento; y

Por Cuanto, a pesar de haber transcurrido más de cinco meses desde que venció la aludida prórroga concedida a la apelante para radicar su alegato, no se ha cumplido hasta el presente con tal re-quisito,

Por tanto, vista la regla 42 de este tribunal, se desestima por abandono la apelación interpuesta por la peticionaria contra la sen-tencia dictada por el Hon. Angel R. de Jesús, Juez Asociado de este tribunal, en funciones de tumo.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 8060.
    Pereles, aplte. v. Ongay Garage & Radio Co., Inc., aplda.
    C. D. San Juan.
    Mayo 6, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción de la demandada y apelada para que se deses-time el recurso por no haber la demandante apelante radicado su alegato;

Por cuanto, aparece de los autos que la parte demandante ape-lante solicitó y obtuvo dé esta corte diez prórrogas de 30 días cada una del término para la radicación de su alegato-; que la última de dichas prórrogas expiró el día 13 de octubre de 1940; y que hasta la fecha la apelante no ha radicado su alegato ni solicitado nuevo término para su radicación;

Por lo tanto, de acuerdo con la regla número 42 del Reglamento de este Tribunal se desestima por abandono el recurso.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


text:
    Núm. 8233.
    Poupart, aplte. v. Rivera, aplda.
    C. D. Humacao.
    Junio 10, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.)

Por cuanto, los autos de esta apelación quedaron radicados en la Secretaría de esta corte el día 7 de enero de 1941 y el 4 de febrero el apelante solicitó una prórroga de treinta días para radicar su ale-gato la que le fué denegada el día 7 del mismo mes por haber ven-cido el 17 de enero de 1941 el término que tenía el apelante para radicarlo;

Por cuanto, el apelado el 10 de abril de 1941 radicó una moción solicitando la desestimación del recurso por no baber el apelante ra-dicado su alegato, a cuya moción el apelante no ha hecho oposición alguna;

Por cuanto, celebrada la vista de dicha moción sólo compareció el abogado del apelado y la sometió por sus méritos;

Por tanto, vistos los autos del caso y las reglas 42 y 62 del Re-glamento, de este tribunal, se desestima el recurso.

(e) FALTA DE JURISDICCIÓN


text:
    Núm. 8270.
    Ex parte Figueroa, peticionario.
    C. D. San Juan.
    Febrero 4, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, en el presente caso el acusado, con fecha 10 de junio de 1940, radicó su escrito de apelación contra la sentencia que el 3 del mismo mes declaró sin lugar su petición de hábeas corpus;

Por cuanto, el referido escrito de apelación no fué notificado al fiscal de distrito, o sea a la representación de la parte contraria en el referido recurso;

Por cuanto, el fiscal de este tribunal, con fecha 7 de enero último presentó una moción solicitando la desestimación del recurso por falta de jurisdicción, la que fué debidamente notificada al apelante;

Por cuanto, señalada la vista de dicha moción compareció sola-mente el Fiscal a sostenerla;

Por tanto, vista la moción del fiseal y los autos de este caso, se declara la misma con lugar y se desestima el recurso por falta de jurisdicción.


text:
    Núm. 8322.
    Soto, apldo. v. Borrás, etc., apltes.
    C. D. Huma-cao.
    Marzo 6, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, apelado y apelante son dueños en común pro indi-viso de cierta finca urbana radicada en la ciudad de Fajardo, P. R.;

Por cuanto, hallándose pendiente un pleito sobre división de dicha comunidad establecido por el apelado, solicitó éste y obtuvo en la corte inferior, como un incidente de dicho pleito, el nombramiento de un síndico (receiver), para que administre la propiedad mientras se sustancia el pleito;

Por Cuanto, el apelante interpuso este recurso contra la resolu-ción de la corte inferior que declaró con lugar la petición sobre nom-bramiento de síndico (receiver);

Por cuanto, el apelado radicó en esta Corte una moción debida-mente notificada al apelante, en la que solicita se desestime el re-curso por no ser apelable la indicada resolución, habiéndose opuesto por escrito el apelante, alegando que, según él, “la resolución del Hon. Juez de Distrito de Humacao declarando con lugar la petición sobre nombramiento de síndico es perfectamente apelable de acuerdo con el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico y con arreglo a la jurisprudencia;

Por Cuanto, señalada la vista de la moción para desestimar com-parecieron las partes, informando oi'almente, argumentando el ape-lante que en este caso se trata del nombramiento de un administra-dor judicial y no de un síndico y que por consiguiente la resolución es apelable;

Por cuanto, de los autos resulta que si bien la acción se tituló sobre “División de Comunidad — Incidente sobre Nombramiento de Administrador Judicial (Síndico) ”, del contexto de las alegaciones se comprende fácilmente que se trata del nombramiento de un sín-dico (receiver) de acuerdo con el apartado 1 del artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Civil, cuya edición española traduce el vocablo “receiver” por “síndico” y no por “administrador judicial” como se usa en lenguaje común, siendo inmaterial esta diferencia en nomenclatura, ya que el nombre no hace a la cosa, comprendiéndolo así el propio apelante cuando en su escrito oponiéndose a la deses-timación del recurso se refiere a la resolución apelada como un nom-bramiento de síndico;

Por Cuanto, es jurisprudencia constante de este Tribunal que una orden nombrando' un síndico (receiver) no es apelable — Salvá el al. v. Sucn. Borrás, 8 D.P.R. 201; Fernández v. Foix, 16 D.P.R. 262; Balasquide v. Rossy, Juez de Distrito, 18 D.P.R. 33; Gómez v. American Colonial Bank, 31 D.P.R. 951; y Marchán v. Fernández, 48 D.P.R. 1012;

Por tanto, vistos los autos y la jurisprudencia citada, se declara con lugar la moción del apelado y se desestima el recurso por falta de jurisdicción.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núm. 8321.
    Del Campo, apldo. v. Veve, aplte.
    C. D. Humacao.
    Marzo 11, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por cuaNto, la parte apelada solicita la desestimación del pre-sente recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte ■de Distrito de Humacao dictada el tres de enero de 1941 confirmando la resolución del Alcalde de Yabueoa separando definitivamente al doctor Miguel Yeve de su puesto de médico a cargo de la higiene •escolar del municipio, por no ser apelable la sentencia recurrida; y

Por cuanto, la ley aplicable es la que sigue:

“Los funcionarios administrativos y empleados municipales sólo podrán ser xemovidos de sus puestos por el alcalde, y de esta decisión podrán apelar en un solo efecto, el funcionario o empleado perjudicado para ante la corte de -distrito correspondiente, la cual deberá considerar y resolver las cuestiones de heeho y derecho envueltas en la apelación dentro de un plazo no mayor de treinta -días desde la radicación de la demanda en apelación, -y de la sentencia que ■>dictare la corte de distrito resolviendo las cuestiones planteadas, no podrá apelar mmgima de las partes.” (Itálicas nuestras.) Párrafo sexto del art. 29 de la Ley Estableciendo un Sistema de Gobierno Local de 1928, tal como quedó enmen-dado x>or la ley núm. 98 de 1931, páginas 595 y 613.

Por tanto, habiendo dispuesto expresamente el legislador que -contra sentencias dictadas en casos como éste, ninguna de las partes podrá apelar, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima, por falta de jurisdicción, el recurso.


text:
    Núm. 8334.
    Morales, etc., apldos. v. López, etc., dmdados. y Flores etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Mayo 8, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Yistas la moción radicada por los demandantes apelados para que se desestime el recurso y la certificación expedida por el Secre-tario de la Corte de Distrito de San Juan, presentada en apoyo de •dicha moción.

Por cuanto, la Corte de Distrito de San Juan en agosto 5 de 1939 dictó sentencia en el caso del epígrafe a favor de los deman-dantes, y apelada dicha sentencia para ante esta Corte Suprema, el recurso interpuesto fué desestimado por resolución dictada en julio 10 de. 1940, 57 D.P.R. 301, denegándose la reconsideración por reso-lución de noviembre 12 de 1940.

Por cuanto, después de remitido el mandato a la corte inferior, •ésta procedió a dar y dió cumplimiento a la sentencia por ella dic-tada, poniendo a los demandantes en posesión de la finca por ellos reivindicada y ordenando la cancelación de las inscripciones practi-cadas en el Registro a favor de los demandados.

POR Cuanto, con posterioridad a la ejecución de la sentencia dic-tada por la Corte de Distrito de San Juan y confirmada por este-Tribunal Supremo, los demandados Lao Flores, José Dolores Flores y Puerto Rico House Improvement and Building Company radica-ron ante la corte inferior una "moción de anulación de sentencia,” la cual fué declarada sin lugar por resolución dictada en diciembre-20 de 1940, habiéndose notificado a la parte perdidosa y archivado la copia en los autos el día 23 del mismo mes de diciembre de 1940.

Pok cuanto, en diciembre 31 de 1940 los demandados radicaron ante la corte inferior una moción de reconsideración de la resolución de diciembre 20 de 1940, siendo dicha moción rechazada de plano por orden dictada en enero 7 de 1941.

Por cuanto, con fecha 17 de enero de 1941 los citados tres de-mandados radicaron un escrito apelando para ante esta Corte Su-prema de la citada resolución de 20 de diciembre de 1940.

Por cuanto, asumiendo, sin resolverlo, que la resolución recu-rrida fuese apelable, el escrito de apelación debió haber sido radi-cado dentro del término de 10 días contado desde la fecha en que-dicha resolución fué notificada y se archivó copia de la notificación con los autos, o sea desde el 23 de diciembre de 1940, y no fué radi-cado hasta el 17 de enero de 1941, o sea quince días después de ha-ber expirado el término de 10 días que fija el apartado (3) del ar-tículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, que es el aplicable por tratarse de una resolución dictada después de sentencia.

Por cuanto, la moción de reconsideración habiendo sido recha-zada de plano no puede tener el efecto de interrumpir el término para apelar, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 292 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, enmendado por la Ley núm. 67 de-mayo 8, 1937.

Por lo tanto, se desestima el recurso por falta de jurisdicción..

(C) Desistimientos

(a) CASOS EN QUE SE TUVIERON POR DESISTIDOS A LOS APELANTES, A SU PROPIA INSTANCIA, DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS

Núms. 351 , 1220, 1229, 8015, 8042, 8212, 8249, 8259, 8331 y 8353.

         Mandamus.

        Gertiorari.


text:
    Núm. 8678.
    Pueblo, apldo. v. Burgos, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 14, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

A la moción solicitando la posposición de la vista y un nuevo tér-mino para radicar la transcripción de la evidencia: habiéndose in-terpuesto la apelación desde marzo 29, 1940, y pedídose su desesti-mación por abandono desde febrero cinco último con notificación al abogado del apelante que es el mismo por medio del cual solicita abora la suspensión y el nuevo término, sin alegar becbos ni razones que expliquen el abandono y justifiquen el ejercicio de la discreción del tribunal en su favor, vistos los casos de Báez v. Honoré, 56 D.P.R. 31, Municipio Aguas Buenas v. De la Fuente, 56 D.P.R. 105 y Pillot v. White Star Bus Line, ante, pág. 129, no ha lugar.


text:
    Núm. 8670.
    Pueblo, apldo. v. Maysonet, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 1, 1941.
   A la anterior moción del fiscal solicitando se declare extinguida la causa por fallecimiento del acusado y se decrete el archivo defini-tivo de la misma, como se pide.


text:
    Núm. 8707.
    Pueblo, apldo. v. Feliberty, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Mayo 27, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Poe cuanto, la cuestión envuelta en este caso es idéntica a la re-suelta por este Tribunal el 28 del mes pasado en el caso de El Pueblo v. Capriles Camacho (ante, pág. 548), donde se sostuvo .que dos de-claraciones juradas sustancialmente iguales a la prestada en este caso eran insuficientes para obtener una orden de allanamiento, y que la evidencia obtenida a través de dicha orden era ilegal y no debió haber sido recibida por el tribunal inferior al haberse solicitado su devolución con anterioridad a la vista del juicio;

Por Cuanto, en este caso se solicitó oportunamente, en la corte municipal primero y en la de distrito después, la devolución de la evidencia así obtenida, a lo que se negó la corte inferior;

Por cuanto, eliminada dicha evidencia como debió haberlo sido, no existiría prueba suficiente para declarar convicta a la acusada;

Por tanto, vistos los autos de este caso y la jurisprudencia establecida en el de Pueblo v. Capriles Camacho, supra, se revoca la la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en 10 de mayo de 1940, se absuelve libremente a la acusada, y se ordena ■que por la corte inferior se le devuelvan los efectos ilegalmente ocu-pádosle mediante la citada orden de allanamiento.


text:
    Núms. 8819 y 8820.
    Pueblo, apldo. v. González, aplte.
    C. D. Guayama.
    Mayo 28, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

PoR cuanto, en los casos arriba expresados el acusado apelante radicó un escrito en este tribunal en el que expone que careciendo de recursos con qué pagar el récord taquigráfico- en cada uno de •dichos casos, solicitó de la corte inferior que dictase una resolución ordenando al taquígrafo la preparación de dichos records libres de derechos, a cuyo fin alega que acompañó dos declaraciones juradas tendentes a corroborar su petición y que la corte inferior rehusó -concederle el beneficio de pobreza solicitado;

Por cuanto, la orden a que se refiere el párrafo anterior fué dictada el 23 del actual y no se ha establecido recurso alguno para su revisión por este Tribunal;

PoR cuanto, de acuerdo con la sección 5 de la Ley de 10 de marzo ■de 1904, “Creando las plazas de taquígrafos reporters de los tribu-nales de distrito, determinando sus deberes y fijando sus sueldos y compensaciones,” (Comp. 1911, pág. 280), es en la corte sentencia-dora donde debe solicitarse el beneficio de pobreza en casos como los -arriba indicados, pudiendo este Tribunal revisar la resolución que -dicte dicha corte;

Por tanto, no ha lugar a lo solicitado, sin perjuicio de que el acusado recurra a la corte inferior mediante moción solicitando se reconsidere dicha orden, o apele de la misma para ante este tribunal.


text:
    Núm. 8754.
    Pueblo, apldo. v. Lugo, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Junio 13, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por Cuanto, el acusado apelante fué convicto del delito de infrac-•ción a la sección 3 en relación con la 4 de la Ley núm. 25 de julio 17 de 1935, conocida por Ley de la Bolita, y condenado a pagar una multa de $200 o en su defecto a sufrir cuatro meses de cárcel.

Por Cuanto, el quinto señalamiento de error que se imputa a la -corte sentenciadora lee.como sigue:

' ‘ 5. La honorable Corte (le Distrito de Mayagüez cometió error al declarar sin lugar la moción solicitando se declarara nula y sin ningún valor legal la orden de allanamiento expedida en este caso; se suprima como evidencia legal todos los efectos ocupados a virtud del registro efectuado y se ordene el archivo y sobreseimiento del caso.”

Por cuanto, de los autos ante nos aparece que la moción sobre-nulidad de la orden de allanamiento y supresión de la evidencia fué radicada oportunamente y que dicha moción se basó en que al ex-pedir la orden de allanamiento, el Juez Municipal lo único que tuvo ante sí fué una declaración jurada por dos detectives, en la que ale-gaban que los hechos en ella relatados “les constan por propio cono-cimiento y por confidencias obtenidas,” sin expresar o mencionar los nombres de las personas de quienes obtuvieron tales confidencias y sin expresar los hechos que le constaban de propio conocimiento a cada uno de los declarantes;

Por cuanto, los hechos del presente caso son idénticos a los de El Pueblo v. Capriles, resuelto en abril 28 de 1941 (ante pág. 548) en el que decidimos que siendo insuficiente la declaración jurada de los dos detectives, la orden de allanamiento expedida a virtud de ella era nula; que la evidencia a virtud de ella obtenida era ilegal; y que la corte sentenciadora erró al negarse a decretar la nulidad de la orden de allanamiento y la supresión y devolución de la evidencia;

Por cuanto, de acuerdo con lo resuelto en El Pueblo v. Capriles, supra, debemos descartar y no tomar en consideración la evidencia ilegalmente obtenida, y descartada esa evidencia, resulta que no existe prueba alguna para sostener la sentencia recurrida;

Por do tanto, y tomando en consideración el allanamiento del fiscal, se revoca la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Ma-yagiiez en noviembre 29, 1940, y se absuelve al acusado apelante.

RECONSIDERACIONES CONCEDIDAS O DENEGADAS POR EL TRIBUNAL DURANTE EL PERÍODO QUE COMPRENDE ESTE TOMO


text:
    Núm. 8647.
    Pueblo, apldo. v. González, aplte.
    C. D. Ponce.
    Mayo 6, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, el 2 del actual el abogado del apelante radicó una “Segunda Moción de Reconsideración”, debidamente jurada, en la que expone los motivos que le impidieron presentar oportunamente su alegato;

Por cuanto, en dicha moción se asegura que el recurso no es frívolo y que se levantarán las mismas cuestiones que se han sus-citado en ej. alegato presentado en el caso de El Pueblo v. Berenguer, Criminal núm. 8470, por concurrir en uno y otro recursos idénticas circunstancias;

Poe cuanto, el affidavit de méritos pone a este Tribunal en con-diciones de ejercitar su discreción en el sentido de dejar sin efecto la resolución dictada, ya que existe la posibilidad de que al verse el caso en su fondo pueda dictarse una sentencia distinta de la que existe en la actualidad;

PoR cuanto, en la referida moción se solicita que en caso de de-jarse sin efecto- dicha resolución se entienda este caso sometido por el alegato presentado por el apelante en el caso de El Pueblo v. Be-renguer, supra, y se señale también la vista de este recurso para el 5 de junio próximo, viéndose así ambos el mismo día, y solicita ade-más el apelante se le permita, si lo estimare necesario, adicionar el citado alegato con cualquier otra cuestión que pudiera ser pertinente a este recurso;

Por tanto, vistos los autos de este caso y -la citada moción del apelante, se declara ésta con lugar y en su consecuencia se reconsi-dera y deja sin efecto la resolución de este tribunal de 21 de abril próximo pasado, que desestimó el recurso por abandono, y de acuerdo con lo solicitado por el apelante, se entenderá este caso sometido por el alegato en el citado caso de Berenguer, se señala su vista para el 5 de junio próximo a las dos de la tarde y se concede al apelante basta el 20 del actual para radicar, si lo estimare conveniente, el alegato adicional antes mencionado.


text:
    Núm. 8647.
    Pueblo, apldo. v. González, aplte.
    C. D. Ponee.
    Abril 30, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, en el caso arriba expresado el legajo de sentencia y la transcripción de evidencia fueron radicados en esta corte el 27 de enero de 1941;

Por cuanto, el mismo día la Secretaría de este Tribunal notificó al Lie. J. M. Toro Nazario, único abogado que firmó el escrito de apelación, el haberse radicado dichos documentos en este Tribunal;

Por cuanto, no habiéndose radicado alegato- alguno por parte del apelante, con fecha 7 de marzo de 1941 se señaló la vista de este caso para el 21 de abril de 1941, notificándose dicho señalamiento al Lie. J. M. Toro Nazario el 8 de marzo del corriente año, y habiendo indi-cado éste posteriormente que no ostentaba ya la representación del apelante y que el abogado de éste era el Lie. A. Casanova Prats, con fecha 17 de marzo de 1941 se notificó también del señalamiento a este último abogado enviándole la tarjeta correspondiente;

Por cuanto, llamada la vista del caso el 21 de abril en curso de acuerdo con el señalamiento antedicho, no compareció el acusado en forma alguna ni radicó alegato en apoyo del recurso, dictándose el mismo día una resolución por la que se desestimó el recurso estable-cido por el acusado, y notificándose dicha resolución al Lie. Casanova Prats cl 23 del actual;

Por cuanto, el 29 del mes en curso el Lie. A. Casanova Prats radicó en este tribunal una moción no jurada que titula “Moción de .Reconsideración”, solicitando se reconsidere nuestra resolución de 21 del actual por la que se desestimó el recurso y se le conceda un término de 20 días para radicar alegato;

Por cuanto, en dicha moción expone que la Corte de Distinto de Ponce le notificó el señalamiento de una vista para la aprobación de la transcripción de evidencia que había de celebrarse en dicha corte el 23 de octubre de 1940 y que él no propuso enmienda alguna a •dicha transcripción, sin que tuviese noticia de que la Corte de Dis-trito de Ponce la hubiera aprobado; que posteriormente le fué noti-ficado el legajo de sentencia y que desde entonces .no volvió a recibir notificación alguna de haberse radicado los autos en este Tribunal ni del señalamiento que se hiciera para la vista del caso el 21 de este mes, en la cual se desestimó por abandono el recurso;

Por cuanto, de los autos afirmativamente aparece, como hemos indicado anteriormente, que la radicación de la transcripción de evi-dencia fué oportunamente notificada al abogado de récord que apa-recía firmando el escrito de apelación, y que el señalamiento que se hizo para el 21 del actual fué notificado al propio Sr. Casanova Prats ■desde el 17 de marzo último, teniendo así más de un mes para asistir a dicha vista y radicar, si lo hubiera estimado conveniente, su ale-gato en apelación;

Por cuanto, de la referida moción no aparece en forma alguna que la negligencia del peticionario Lie. Casanova Prats en la prose-cución de este recurso esté en forma alguna justificada, ni se acom-paña tampoco un affidavit de méritos del cual resulte que el recurso de apelación no es frívolo, de suerte que permita mover la discreción de este tribunal en el sentido solicitado;

Por tanto, vista la moción del apelante y los autos de este caso, no ha lugar a dicha moción.

En los siguientes casos se declaró no haber lugar a las reconsi-deraciones solicitadas:

Núms. 8562, 8598, 8599, 8602 y 8784.

(B) DESESTIMACIONES

(a) EALTA DE DILIGENCIA O BUENA EE EN LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO.


text:
    Núm. 8678.
    Pueblo, apldo. v. Burgos, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 14, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Llamada esta causa para la vista de la moción de desestimación presentada por el Pueblo por su fiscal, sólo éste compareció, limitán-dose el apelante a pedir por escrito la suspensión de la vista y un nuevo término para presentar la transcripción de evidencia, petición: que lia sido declarada sin lugar, y apareciendo que el recurso se in-terpuso desde marzo 29, 1940, sin que la parte apelante hiciera ges-tión alguna para perfeccionarlo, y que solicitada su desestimación: por abandono desde febrero cinco último él apelante no ba impug-nado la moción limitándose a presentar la solicitud de que se ha. hecho mérito, debe declararse y se declara la moción de El Pueblo1 con lugar y en su consecuencia se desestima, por abandono, el re-curso.


text:
    Núm. 8616.
    Pueblo, apldo. v. Gautier, aplte.
    C. D. Sail Juan.
    Marzo 31, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción de desestimación radicada por el Fiscal y oídas: las manifestaciones orales hechas por el acusado apelante para justi-ficar su tardanza en perfeccionar el recurso, el Tribunal en el ejer-cicio de su discreción declara sin lugar la desestimación solicitada y concede al apelante un término de treinta días para elevar a esta-Tribunal los autos del caso.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.

Llamadas para vista las causas que a continuación se expresan,, compareció el Pueblo de Puerto Rico por su fiscal, y apareciendo que-el apelante no presentó alegato y no obstante habérsele notificado eí sefialamiento no compareció al acto de la vista, se desestimaron por-abandono los recursos.

Núms. 8472, 8473, 8474, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483,. 8484, 8485, 8486, 8487, 8493, 8501, 8502, 8503, 8505, 8508, 8509, 8510,. 8515, 8516, 8520, 8521, 8523, 8555, 8557, 8558, 8559, 8561, 8577, 8578, 8586, 8587, 8588, 8591, 8593, 8594, 8595, 8597, 8603, 8604, 8605, 8606„ 8621, 8622, 8634, 8635, 8636, 8637, 8638, 8642, 8643, 8646, 8647, 8680, 8681, 8682, 8683, 8684, 8685, 8688, 8689, 8691, 8692, 8693, 8698, 8699, 8703, 8704, 8708 8709, 8711, 8712, 8714, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8726, 8728, 8729, 8734, 8735, 8736, 8737, 8739, 8741, 8745, 8746, 8747, 8748, 8751, 8753, 8755, 8774, 8777, 8778, 8779, 8780, 8787, 8791, 8792, 8793 y 8796.

Llamadas las causas que a continuación se expresan para la vista de la moción de la parte apelada solicitando la desestimación del re-curso por abandono, sólo compareció dicha parte por su fiscal, y ha-biendo informado el secretario que el apelante fué notificado de la. moción y del señalamiento, sin que haya impugnado la moción en forma alguna, y apareciendo de la certificación acompañada que el apelante dejó transcurrir el término de ley sin perfeccionar el re-curso y no habiéndose elevado aún los autos a este tribunal, se de-claró con lugar la moción y en su consecuencia so desestimaron los recursos.

Núms. 8612, 8613, 8614, 8615, 8617, 8618, 8619, 8620, 8623, 8624, S625, 8652, 8653, 8654, 8665, 8666, 8671, 8672, 8673, 8674, 8675, 8676, 8677, 8679, 8695, 8696, 8702, 8750, 8756, 8757, 8758, 8759, 8760, 8761, 8762, 8763, 8764, 8765, 8767, 8768, 8769, 8773, 8783, 8784 y 8785.

También se desestimaron por abandono las causas núms. 8392 y 8582.

(6) FALTA DE JURISDICCIÓN


text:
    Núm. 8766.
    Pueblo, apldo. v. Sánchez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 18, 1941.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción radicada por el Fiscal en la que solicita se deses-time, por haber sido abandonado, el recurso interpuesto contra la sentencia de quince años de presidio impuesta al acusado apelante;

Por cuanto, de la propia moción y de la certificación a ella anexa, expedida por el secretario de la Corte de Distrito de San Juan, apa-rece que la sentencia recurrida fué pronunciada el día 25 de marzo de 1940 y que el escrito de apelación para ante esta Corte Suprema fué radicádo el día 28 de octubre de 1940, o sea a los siete meses y tres días contados desde la fecha de dicha sentencia;

Por cuanto, el Código de Enjuiciamiento Criminal (ed. 1935) vigente dispone:

“Artículo 349. — La apelación contra una sentencia debe entablarse dentro de los seis meses de pronunciada, y contra una providencia, dentro de los sesenta días. ’ ’

PoR cuanto, de los beclios que hemos expuesto, los que no han sido controvertidos por el apelante, resulta que la apelación fué in-terpuesta después de haber expirado con exceso el término legal fijado por el citado artículo del Código de Enjuiciamiento Criminal;

Por tanto, procede desestimar y por la presente se desestima el recurso por carecer esta Corte de jurisdicción para conocer del mismo.

Llamadas las causas que a continuación se expresan para vista, compareció el Pueblo de Puerto Rico por su fiscal, y apareciendo que el apelante faltó en comparecer no obstante habérsele notificado el señalamiento, y que el escrito de apelación no fué notificado a la parte apelada, se desestimaron los recursos por falta de jurisdicción.

Núms. 8490, 8491, 8495, 8498, 8513, 8514, 8538, 8560, 8579, 8580, 8600, 8601, 8639, 8644, 8648, 8649, 8686, 8687, 8690, 8697, 8713, 8716, 8717, 8727, 8740, 8742, 8752, 8775, 8776, 8795, 8803 y 8804.

(C) Desistimientos

(a) CASOS EN QUE SE TUVIERON POR DESISTIDOS A DOS APELANTES, A SU PROPIA INSTANCIA, DE DOS RECURSOS INTERPUESTOS.

Núms. 8581, 8640, 8641, 8645, 8655, 8656, 8657, 8658, 8659, 8660, 8661, 8662, 8663, 8667, 8668, 8669, 8694, 8700, 8706, 8710, 8721, 8722, 8724, 8738, 8743, 8744, 8749, 8770, 8771, 8772, 8781, 8786, 8788, 8798, 8799, 8802, 8805, 8807, 8808, 8810, 8812, 8816, 8817, 8818, 8826, 8831, 8832, 8833, 8847, 8848, 8850, 8861 y 8867.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Mario Mercado e Hijos, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8122.

    Sometido: Mayo 22, 1941.

      Resuelto: Junio 24, 1941.

      Bubón é Ochoteco, abogados de la apelante; Hón. Procurador General George A. Malcolm y M. Rodríguez Ramos, Procurador General Aitxiliar, abogados del apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

Este es nn caso sobre devolución de contribuciones paga-das bajo protesta. Tras nn estudio del mismo encontramos que la sola cuestión a resolver es la de si la acción .ejercitada está prescrita.

La contribución se impuso por el Tesorero y no conforme la demandante recurrió para ante la Junta de Revisión e Igualamiento. La junta confirmó la imposición y la deman-dante pagó bajo protesta en enero 18, 1932. Cerca de once meses después, en diciembre 8, 1932, inició' este pleito ante la Corte de Distrito de Ponce reclamando la devolución.

Alegó el Tesorero que la acción había prescrito de acuerdo ■con la sección 76 de la ley núm. 74 de 1925, pág. 401, cono-cida por Ley de Contribuciones sobre Ingresos, y la corte así lo resolvió, registrándose su resolución como sentencia al no enmendarse la demanda.

Admite la apelante que en efecto el término para acudir a los tribunales después de pagada la contribución bajo protesta en demanda de su devolución, es el de treinta días, como lo fija la ley invocada, que es la aplicable, y se decidió en el caso de P. R. Fertiliser Co. v. Domenech, Tes., 50 D.P.R. 405, y por tanto que si ése fuera escuetamente su caso, su acción habría prescrito pero sostiene que cuando -estableció su acción la ley según se evidenciaba por la decisión de esta propia corte en el caso de Am. Col. Bank of P. R. v. Domenech, Tes., 43 D.P.R. 889 fijaba dicho término en un año y por tanto que su acción no había prescrito de acuerdo con lo también resuelto por este tribunal en el caso de A. Cuesta & Cía., Sucrs. v. Sancho Bonet, Tes., 54 D.P.R. 87.

La decisión en el caso de Am. Col. Bank, supra, se dictó en julio 26, 1932, y el apelado admite que si la demandante hubiera efectuado su pago bajo protesta el 26 de junio de 1932, por ejemplo, expirando el término legal para radicar su demanda el 26 de julio siguiente y al llegar esa fecha no la hubiera radicado por haberse resuelto ese mismo día en el repetido caso de Am. Col. Bank, supra, que el término era el de un año, tendría derecho a ampararse en la excepción reconocida en el caso de A. Cuesta y Cía., Sucrs., supra, pero sostiene qne habiendo ya expirado el término de ley para entablar sn demanda criando se decidió el caso de Am. Col. Bank, supra, no puede invocar la excepción en su favor.

Y así es en verdad. La decisión en el caso de Am. Col. Bank, supra, fue expresamente revocada por la del caso de P. B,. Fertilizer Co., supra. En su consecuencia la ley en todo tiempo fue y es que el término para recurrir a la corte era y es el de treinta días, no el de un año. Como se dijo en el propio caso de A. Cuesta y Cía., Sucrs., supra:

“Una decisión judicial, según la teoría ortodoxa, es meramente evidencia de la ley mas no la ley misma. Al ser recovada no pasa a ser ley espuria de acuerdo con dicha teoría sino que debe consi-derársele como si nunca hubiera sido ley y tenerse el pronunciamiento reconsiderado como la ley desde un principio, excepto en tanto en cuanto menoscaba obligaciones de contratos ya celebrados o afecte perjudicialmente derechos adquiridos de conformidad con la decisión anterior, o excepto cuando fundada en la decisión anterior, una persona ha hecho algo que según la ley, la convierte en actor ino-cente. ’ ’

Aquí la aplicable es la regla general, no la excepción, porque habiendo pagado la demandante la contribución bajo protesta en enero 18, 1932, cuando se dictó seis meses des-pués la decisión que invoca, ya el término de treinta días que la ley le daba para reclamar la devolución ante las cortes había expirado con exceso sin que pueda alegar que fué in-ducida a error por algo que no existía, o que la aplicación de la ley prescindiendo de dicha decisión menoscabe obliga-ciones de contratos ya celebrados o afecte perjudicialmente derechos adquiridos de conformidad con la misma.

El hecho de que luego de fenecido el término se dictara la decisión y la demandada se acogiera a ella estableciendo la acción, no coloca su caso en la situación de justicia que llevó a las cortes del continente y a ésta de Puerto Rico a reconocer y consagrar la excepción. La decisión errónea no pndo tener el efecto de revivir algo qne ya había dejado de tener existencia legal por completo cnando fné dictada.

No erró en tal virtud la corte de distrito al pronunciar la sentencia apelada y el recurso debe ser en su consecuencia declarado sin lugar y dicha sentencia confirmada.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Esther Palmieri Góñez , menor representada y asistida de su madre con patria potestad sobre ella, Sartos Góñez, demandante y apelante, v. The Federal Land Bank of Baltimore, demandado y apelado.

      Núm. 7957.

    Sometido: Junio 11, 1941.

      Resuelto: Junio 24, 1941.

      Luciano Colón Santiago y B. Hernández Matos, abogados de la ape-lante; Frank Martínez, Sebastián García Díaz y Enrique Campos Del Toro, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

Alfredo Palmieri Ferri falleció en Adjuntas, sin otorgar disposición testamentaria, el 18 de diciembre de 1921, dejando entre otros bienes dos fincas rústicas radicadas en dicho mu-nicipio, descritas en la demanda. Cinco días después sus hermanos, nombrados en la demanda, fueron declarados sus únicos y universales herederos, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, e inscribieron a su nombre los bienes heredi-tarios el 11 de diciembre de 1925.

Por escritura de 26 de octubre de 1926, los herederos de Alfredo Palmieri constituyeron hipoteca voluntaria sobre las dos fincas antes mencionadas, a favor del Federal Land Bank of Baltimore, en garantía de un préstamo por $9,600 de principal y otros créditos accesorios, inscribiéndose la hipoteca el 19 de noviembre de 1926. El crédito hipotecario fué luego ampliado hasta la cantidad de $12,400, por escritura de 14 de octubre de 1932.

En el mes de septiembre de 1933, la apelante, siendo me-nor de edad, pero representada por su madre con patria po-testad, radicó demanda de filiación solicitando ser declarada hija natural reconocida de Alfredo Palmieri Ferri, anotando la demanda en el registro de la propiedad en relación con dichas fincas el 26 de septiembre de 1933. La corte inferior declaró con lngar la demanda de filiación el 26 de junio de 1934, quedando firme la sentencia al dictarse la de este tribunal el 24 de julio de 1936 (50 D.P.R. 457).

Mientras el pleito de filiación se hallaba en trámites de apelación, allá por el mes de octubre de 1935 y vigente aún la anotación de lis pendens, el acreedor, The Federal Land Bank of Baltimore, radicó un pleito en la Corte de Distrito de San Juan por el procedimiento sumario ejecutivo, ha-ciendo figurar como demandados a los hermanos Palmieri Ferri, en el cual no se hizo parte ni se notificó en forma al-guna a la aquí demandante Esther Góñez Palmieri, no obs-tante la anotación de lis pendens.

Posteriormente el citado pleito fue trasladado a la Corte de Distrito de los Estados Unidos, donde continuó tramitán-dose hasta que terminó con la adjudicación de las fincas al acreedor hipotecario el 7 de mayo de 1936, quien posterior-mente las vendió a terceras personas.

Con estos hechos por base, la menor Esther Palmieri Gó-ñez radicó la demanda de este pleito contra el citado Banco, en reclamación de daños y perjuicios. Alegó además en dicha demanda que por haber vendido las fincas el demandado a terceras personas, “la demandante nunca pudo tomar po-sesión de las dos descritas fincas,” cuyo valor estima en $18,000; que el referido procedimiento en ejecución de la hipoteca, iniciado en la Corte de Distrito de San Juan y ter-minado en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico es nulo por las siguientes razones: (a) porque la Corte de Distrito de San Juan carecería de jurisdicción para conocer del procedimiento sumario ejecutivo, por radi-car las fincas hipotecadas en el distrito judicial de Ponce; (b) porque la aquí demandante no fue demandada en dicho procedimiento ni notificada del mismo, ni ratificó ella la re-ferida hipoteca.

Continuó alegando que con motivo de las actuaciones de la parte demandada, la demandante “se ha visto privada del goce y disfrute de las dos fincas antes descritas, ocasionán-dole daños y perjuicios que estima en la suma de $20,000,” y termina la demanda con la siguiente súplica:

“Que en su día dicte sentencia declarando con lugar esta de-manda y condene al demandado Federal Land Bank of Baltimore a pagar a la demandante la suma de $20,000, intereses desde la fecha de la demanda hasta su total pago, y las costas de este pleito.”

Contra esa demanda interpuso el demandado las excep-ciones previas de no aducir hechos constitutivos de causa de acción; de estar prescrita la acción de acuerdo con el pá-rrafo segundo del artículo 23 de la Ley Hipotecaria; y la de ser la demanda ambigua, ininteligible y dudosa.

La corte inferior declaró con lugar las excepciones de in-suficiencia de hechos y la de prescripción, y se abstuvo de resolver la de ambigüedad, por estimarlo innecesario.

Rehusó la demandante enmendar su demanda y a su ins-tancia la corte dictó sentencia declarándola sin lugar, siendo contra esa sentencia que se estableció el presente recurso.

Los motivos que tuvo la corte inferior para declarar con lugar las excepciones previas surgen de los siguientes párra-fos de su resolución:

“El artículo 23 ele la Ley Hipotecaria dispone que la inscripción de los bienes inmuebles y derechos reales adquiridos por herencia o legado no perjudicará a tercero si no hubieren transcurrido cinco años desde la fecha de la misma, con excepción de los casos de he-rencia testada o intestada, mejora y legado, cuando recaiga en here-deros forzosos.
“Por todo lo anteriormente expuesto y visto, además, el caso de Menéndez v. Sucesión Menéndez, et al., 20 D.P.R. 222, la corte llega a la conclusión de que la demanda ‘no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción’ contra el demandado Federal Land Bank of Baltimore. . .” (Bastardillas suyas.)

TJn solo error señala la apelante y es el haberse decla-rado con lugar las excepciones previas antes mencionadas.

Empezaremos por determinar si es válida o no la hipoteca' en controversia. Para ello debemos recurrir al pá-rrafo segundo del artículo 23 de la Ley Hipotecaria, invo-cado por el apelado y por la corte inferior. Dice así:

“La inscripción de los bienes inmuebles y derechos reales adqui-ridos por herencia o legado no perjudicará a tercero si no hubiesen transcurrido cinco años desde la fecha de la misma. Exceptúanse los casos de herencia testada o intestada, mejora y legado cuando recaiga en herederos forzosos.”

En armonía con el transcrito precepto legal, la inscrip-ción a favor de herederos o legatarios que no sean herederos forzosos, de los bienes inmuebles y derechos reales, se prac-tica sujeta a la condición resolutoria de disolverse el derecho inscrito si dentro de los cinco años siguientes a la fecha de la inscripción la cosa inscrita es reclamada por otro here-dero de mejor derecho. En otras palabras, el que adquiere del heredero voluntario antes de vencer dicho plazo de cinco años, asume el riesgo de perder lo adquirido si dentro de dicho plazo reclamase el inmueble o derecho real un heredero de mejor derecho.

Comentando Gralindo y Escosura el artículo 23 de la Ley Hipotecaria de España, de 17 de julio de 1877, un precepto idéntico al 23 de la nuestra, dicen así:

“En resumen: según el artículo 23 de la Ley, tal como hoy está redactado, la inscripción perjudica a tercero desde su fecha, ex-ceptuando únicamente la relativa a bienes adquiridos por herederos o legatarios voluntarios que no perjudicará a herederos de mejor derecho, sino hasta después de transcurridos cinco años.” Legisla-ción Hipotecaria, tomo 2, pág. 284.
“Si la herencia pasa antes de los cinco años a otros herederos, no les perjudica a éstos, y podrán reclamar contra la enajenación inscrita: si han transcurrido ya cinco años, aquellas ventas les per-judica; es decir, antes de pasar por ellas, .salvo su derecho a repetir de los vendedores, reputados herederos cuando vendieron, el precio de la cosa enajenada.” Ob. y t. cit., pág. 286.

Y Morell, comentando el artículo 23 de la Ley Hipotecaria de España de 16 de diciembre de 1909, snstancialmente igual al 23 de la nuestra, dice:

“Los herederos de mejor derecho, dentro de los dos años (en Puerto Rico dentro de los cinco), pueden anular o resolver el derecho inscrito por los herederos voluntarios y por los que de éstos hayan adquirido. Después de los dos años, si los bienes han sido ya re-gistrados a favor de terceros, el derecho de éstos se ha hecho firme, y el heredero de mejor derecho sólo le queda acción personal contra los otros herederos.” “Legislación Hipotecaria,” tomo 2, pág. 552. (Paréntesis nuestro.)

Véase además el caso de Menéndez v. Sucesión Menéndez, 20 D.P.R. 222, citado por la corte inferior.

En el presente caso los hermanos Palmieri Ferri inscribie-ron la herencia a su nombre, como hemos visto, el 11 de diciembre de 1925, y no fué hasta septiembre de 1933 que la apelante radicó su demanda de filiación. Por consiguiente, el derecho de hipoteca a favor del Federal Land Bank of Baltimore quedó firme y libre de la condición resolutoria, por haber transcurrido con exceso el plazo de cinco años desde que se inscribió a favor de los hermanos Palmieri la heren-cia, hasta que se presentó la demanda de filiación.

La apelante ataca, como hemos visto, la validez del proce-dimiento sumario ejecutivo, alegando que tanto la Corte de Distrito de San Juan, donde se inició, como la Corte Federal, donde posteriormente fué trasladado, carecían de juris-dicción para conocer del caso. El apelado asegura, sin embargo, que el procedimiento por él seguido fué el ordinario; pero como nos hallamos frente a una sentencia dictada a base de una excepción previa, tenemos que aceptar como ciertas las alegaciones de la demanda, y consecuentemente asumir que el procedimiento seguido fué el que en ella se describe. Sin embargo, considerada esta circunstancia y puesto que sin lesionar los intereses de la apelante podemos prescindir de esta cuestión, no la consideráremos, prefiriendo basar núes-tra sentencia en nn fundamento más sólido, cual es la cues-tión de lis pendens.

Antes, sin embargo, discutiremos el otro motivo de nulidad, o sea el no haberse incluido a la demandante como parte demandada ni habérsele notificado el procedimiento seguido en ejecución de la hipoteca.

A nuestro juicio, la demandante no tenía tal derecho, no importa cuál fuera el procedimiento seguido por el deman-dado apelado. Cuando se inició el pleito sobre ejecución de hipoteca en 1935, el interés que sobre las fincas hipotecadas tenía la apelante era una sentencia en un pleito de filiación que aún no había adquirido' el carácter de firme, y habién-dose establecido contra ella recurso de apelación, podía ser revocada por este tribunal. No podía conceptuársele toda-vía como dueña de los bienes hipotecados, ni poseedora de ningún derecho real sobre ellos que requiriese su intervención en el pleito. Véanse los artículos 128 y siguientes de la Ley Hipotecaria y 170 y siguientes del Reglamento, que determi-nan contra quién debe seguirse y a quién debe notificarse el procedimiento ejecutivo.

Ahora bien, antes de instarse el procedimiento en cobro de la hipoteca, y naturalmente antes de que las fincas fuesen adjudicadas al Federal Land Bank, y por éste vendidas a tercera persona, constaba el aviso de demanda en el registro de la propiedad. Es verdad, como acabamos de indicar, que esa anotación por sí sola no creó ningún derecho real a favor de la apelante sobre las fincas en relación con las cua-les se practicó dicha anotación; pero no es menos cierto que la anotación de la demanda constituyó un aviso a todo el mundo, advirtiendo que cualquiera que adquiriese dichas fin-cas con posterioridad a la anotación, lo hacía a su riesgo, su-jeto a las contingencias del pleito de filiación, y ese pleito ter-minó, como sabemos, por sentencia firme a favor de la ape-lante desde el 24 de julio de 1936. Desde ese instante pudo la apelante establecer la acción reivindicatoría, contra el com-prador o compradores de la finca, quienes, como fiemos visto, no podían alegar la condición de tercero, ya qne por el regis-tro, a virtud de la anotación de lis pendens, tenían conoci-miento del derecho qne reclamaba la apelante.

Pndiendo la apelante proseguir esa acción, ¿podía ella prescindir de ese derecho y recurrir a esta acción subsidiaria de daños y perjuicios contra el apelado?

Los artículos 38 de la Ley Hipotecaria y 1247 del Código Civil (ed. 1930) le niegan tal derecho. Dichos preceptos le-gales, en lo pertinente, respectivamente prescriben:

“Art. 38.
“En todo caso en qne la acción resolutoria o rescisoria no se pueda dirigir contra tercero, conforme a lo dispuesto en este artículo, se podrá ejercitar la personal correspondiente para la indemniza-ción de daños y perjuicios por el que los hubiere causado.”
“Art. 1247. .......
“Tampoco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas objeto del contrato se hallaren legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe. En este caso podrá reclamarse la indemnización de perjuicios al causante de la lesión.”

Examinemos ahora la jurisprudencia de este tribunal so-bre la cuestión que nos ocupa.

Estudiaremos el caso de Carmona et al. v. Cuesta, 20 D.P.R. 229.

En dicho caso ciertos menores de edad eran dueños a tí-tulo de herencia de una finca rústica radicada en Toa Alta. Su tutor, Manuel Yaldés, que era el albacea nombrado en el testamento de Juan Bonifacio Carmona, padre de los deman-dantes, prevaliéndose de su cargo, la vendió a Prudencio Ye-lilla, sin autorización de corte competente, no obstante ser entonces los demandantes menores de edad. Yelilla, al ha-cerse la venta/ sabía que Yaldés no era dueño de la finca, que pertenecía a los menores, y que no tenía autorización legal para enajenarla. Velilla a su vez la vendió a Santiago Olivo, quien también conocía el fraude, y este último la vendió a José Cuesta Yiyeyas, quien sabía que la finca pertenecía a los menores Carmona. Viyeyas tramitó a sn favor nn ex-pediente de dominio y luego vendió la finca a Domingo Sol-dini, quien a sn vez la vendió a Mary Leiglit, por escritura de 12 de octubre de 1906, inscrita en el Registro de la Pro-piedad de San Juan. Los demandantes promovieron acción reivindicatoría ante la Corte de Distrito de San Juan contra José Cuesta Viyeyas, Domingo Soldini, y Mary Leigbt, con el fin de recobrar el inmueble y solicitaron que se declarasen nulos el expediente de dominio y las escrituras de venta otor-gadas por Viyeyas a Soldini y por éste a Mary Leigbt. Re-cayó sentencia, que fué luego confirmada por este tribunal, en la que expresamente se declaró nulo el expediente de do-minio, pero se desestimó la demanda de reivindicación por ser tercero Mary Leigbt, reservándose a los demandantes su ac-ción personal para reclamar la indemnización de daños y per-juicios del que los hubiere causado. Fué entonces que ins-taron este pleito contra José Cuesta Viyeyas en reclamación de daños y perjuicios por baber perdido definitivamente los demandantes la indicada finca como consecuencia del proce-dimiento fraudulento y malicioso de éste. La corte de dis-trito desestimó la demanda por estimar que la acción estaba prescrita al aplicar erróneamente el párrafo segundo del ar-tículo 1868 del Código Civil (ed. 1930), en vez del 1864 de dicho cuerpo legal, según el cual el período de prescripción es de quince años. Al revocar la sentencia apelada, dijo este tribunal por voz de su Juez Presidente Sr. Hernández:

‘ ‘ Abora bien, según el artículo 354 del Código Civil el propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindi-carla. Es decir, que el propietario, como dice la representación de la parte apelante, tiene su acción real, directa y primera, para sos-tener su derecho -de propiedad contra mía tenencia o posesión adversa o injusta. El término de prescripción de dicha acción es de 30 años según el artículo 1864 del Código Civil.
“Puede suceder que el bien inmueble que se trate de reivindicar se encuentre en poder de un tercero con título inscrito en el registro de la propiedad, y que la acción reivindicatoría no pueda ser eficaz contra aquél. Para tal evento previene el artículo 38 de la Ley Hi-potecaria en su último párrafo que !en todo caso en que la acción resolutoria o rescisoria no pueda dirigirse contra el tercero, conforme a lo dispuesto en dicho artículo, se podrá ejercitar la personal co-rrespondiente para la indemnización de daños y perjuicios por el que los hubiere causado.’
“Con el anterior precepto concuerda el contenido en el segundo apartado del artículo 1262 del Código Civil, expresivo de que la res-cisión no tendrá lugar cuando las cosas objeto del contrato se hallaren legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe, en cuyo caso podrá reclamarse la indemnización de per-juicios al causante de la lesión.
“Los demandantes, según los hechos- alegados en la demanda, tenían el derecho de reivindicar la finca de 40 cuerdas a que se re-fieren, y para ello ejercitaron la acción reivindicatoria que les reco-nocía el artículo 354 del Código Civil; pero la acción fué desestimada declarando expresamente esta Corte Suprema por su sentencia de 29 de marzo -de 1912, al resolver el caso en grado de apelación, ser nulo en su fondo el expediente de dominio promovido por Cuesta Yiyeyas que sirvió de título de propiedad para la venta de la finca hecha por Yiyeyas a Soldini y por éste a Mary Leight. Por no haber prosperado la acción reivindicatoria ejercitada, esta Corte Su-prema reservó a los ahora demandantes, su acción personal para reclamar la indemnización de daños y perjuicios a quien se los hu-biera causado. Esa acción de daños y perjuicios nace de los hechos determinantes de la acción reivindicatoria y del hecho de no haber podido ésta prosperar por existir un obstáculo legal para ello, cual es la adquisición de la finca en cuestión por un tercero que legal-mente no puede ser competido a su restitución. No tiene la acción de daños y perjuicios en el presente caso el carácter de principal sino de subsidiaria, en atención a existir un impedimento legal para que prospere la acción reivindicatoria, y es ton remedio que el legis-lador ha reconocido al dueño de la finca para que ya que no puede reivindicarla pueda llegar mediante dicha acción a la reparación de su derecho lesionado.
“Como se ve, la acción de daños y perjuicios ejercitada no es la acción para exigir responsabilidad por culpa o negligencia, a que se refiere el número 2 del artículo 1869 del Código Civil, y no es por tanto aplicable al presente caso el precepto sobre prescripción por un año, que dicho artículo establece. Se trata de una acción personal que no tiene señalado término especial de prescripción y que por tanto prescribe a los quince años con arreglo al artículo 1865 del Código Civil.” (Bastardillas nuestras.)

En el caso de autos, contrario a lo que sucede en el de Carmona et al. v. Cuesta, supra, no existió inconveniente legal alguno para que la apelante pudiese establecer la acción reivindicatoria contra los compradores de las fincas, y por consiguiente, aplicando a contrario sensu la doctrina enun-ciada en Carmona v. Cuesta, siendo en este caso subsidiaria la acción de daños y perjuicios, que sólo cabe cuando no pro-cede la principal — la reivindicatoria en este caso — claro es que la demanda no aduce hechos constitutivos de causa de acción, y por consiguiente no erró la corte inferior al decla-rar con lugar la excepción previa, aunque por otros funda-mentos, ni tampoco erró al dictar la sentencia apelada.

Procede la confirmación de la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús JUEZ PRESIDENTE SE. DEL TORO

text:
    Ana María Ortiz, menor de edad, representada por su madre con patria potestad, Dolores Ortiz, demandante y apelante, v. Silvestre Dragoni, demandado y apelado.
    Núm. 8297.

    Sometido: Junio 4, 1941.

      Resuelto: Junio 24, 1941.

      Frank Torres, abogado de la apelante; B. Hernández Matos, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso tiene por objeto revisar'la sentencia que des-estimó la demanda de filiación en este caso, predicada en los números 2 y 3 del artículo 125 del Código Civil (ed. 1930), que prescribe que el padre está obligado a reconocer al hijo natural: (2) “Cuando el hijo se baile en la posesión continua del estado de bijo natural del padre demandado, justi-ficada por actos del mismo padre o de su familia;” o (3) “cuando la madre fue conocida viviendo en concubinato con el padre durante el embarazo y al tiempo del nacimiento del hijo.”

Los cuatro errores que señala la apelante en realidad se reducen a dos. Los tres primeros imputan el de no estimar que la prueba presentada es suficiente para sostener la de-manda, y el cuarto el haber actuado la corte sentenciadora movida por pasión, prejuicio y parcialidad.

La naturaleza de los errores señalados requiere un resumen de la prueba.

Declararon por la demandante, su madre Dolores Ortiz, su tío Guillermo Ortiz, y Manuel Borrero, Marcolina Heredia y Juan Vázquez. Por el demandado, declaró Lorenzo Dra-goni.

Dolores Ortiz declaró que es soltera y que también lo es el demandado Silvestre Dragoni. Que conoció al demandado en el año 1934 en el barrio Maragüez, de Ponee, mientras tra-bajaba en la casa de doña María Dragoni, tía de Silvestre. Que el demandado también vivía en Maragüez, a alguna dis-tanda de la casa de doña María. Que el demandado la ena-moraba y le ofrecía matrimonio, y nna noche, estando la tes-tigo en su habitación, dejó la pnerta abierta y penetró el de-mandado, realizando actos carnales con ella; qne estos actos se repitieron cuatro o seis veces, pero al quedar encinta la testigo, no volvió más el demandado donde ella; que tres me-ses antes de dar a luz se trasladó a la casa de su hermana Alejandrina Ortiz y durante esos tres meses el demandado no fue a verla; habiendo nacido la niña en la casa de su ci-tada hermana. Que ocho días después de nacida la niña, el demandado vino a verla y le dejó $2, y desde entonces no ha vuelto donde la testigo. Que la testigo ha atendido siempre a las necesidades de su hija.

Guillermo Ortiz declaró que es hermano de Dolores, que conoce al demandado, que éste en dos ocasiones le manifestó que llevaba amores con su hermana y que pensaba casarse con ella; que a los ocho días de nacida la demandante, el de-mandado vino a verla y le dejó $2. Contrario a lo que de-claran Dolores Ortiz y Marcolina Heredia, este testigo ase-guró que en esa ocasión, es decir, cuando el apelado vino a conocer a su hija a los ocho días de nacida, su hermana Dolores no se hallaba en la casa, sino en el barrio Maragüez; que las única personas que estaban allí en aquel momento eran Alejandrina Ortiz, hermana de Dolores y del testigo, la niña, otra señora que suponemos sea Marcolina Heredia, y el testigo. Que después el demandado no volvió más; que un día, estando el testigo en casa- de Francisco Taboada, frente a Tomás Monllor, don Lorenzo Dragoni, tío del de-mandado, llamó a una cuñada del testigo y le entregó $10 para alimentos de la niña Ana María Ortiz.

Manuel Borrero declaró que es padrino de la demandante; que un día se encontró con el demandado y el testigo lo trató de “compadre” y le dijo que él debía hacer algo por la niña y por la madre, contestándole el demandado que le había ofre-cido $100 y que ella no los había querido y que no le daba nada más.

Mar colina Heredia declaró que como a los ocho días de nacida la demandante, la testigo se hallaba visitando a Dolores Ortiz y llegó allí el demandado y qniso ver a sn hija Ana María Ortiz, y pasando a la habitación, la cogió y la acarició, tratándola de “mi hija”, diciendo: “Mi visita es corta porque tengo que andar unas diligencias.” Que puso la niña en la cama y dejó a la madre $2 para alimentos de aquélla.

Esta testigo declaró con absoluta precisión que su visita tuvo lugar el 6 de abril de 1937, a pesar de que al declarar lo hacía el 30 de enero de 1940 y al preguntarle cómo podía recordar con tanta precisión la fecha de la visita, dijo que porque lo sabía, que no la había apuntado, que la tenía en la mente.

Juan Vázquez sólo declaró que conoce a Dolores Ortiz, y que es soltera.

De las declaraciones reseñadas y de la certificación de na-cimiento de la niña consistió la prueba de la demandante.

La del demandado consistió, como hemos dicho, en la de-claración de Lorenzo Dragoni, quien negó haber enviado can-tidad alguna a la demandante.

i,Es la prueba reseñada suficiente para sostener una sen-tencia de filiación por cualquiera de las dos causas alegadas?

El único acto tendente a demostrar el estado de hija natural de la demandante consistió en la visita que le hiciera el demandado ocho días después de su nacimiento, el haberla acariciado y dejádole $2 para alimentos, sin que desde enton-ces volviera a ocuparse más de la niña ni de la madre. Es cierto que el testigo Manuel Borrero declaró que se encontró en una ocasión con el demandado y lo trató de “compadre” y le dijo que hiciera algo por la demandante y por su madre, y que el demandado le contestó que le había ofrecido $100 a Dolores Ortiz, que ésta los había rehusado y que nada más le daría. Aparte de que de esa declaración no puede deter-minarse si la oferta de los $100 se hizo antes del nacimiento de la niña y en ese caso no podría considerarse como un acto de reconocimiento, la existencia de esa oferta es en extremo dudosa, pues si en la ocasión antes aludida el demandado, a los ocho días de nacida la niña, entregó a la madre $2 para alimentos y ésta los recibió, ¿cómo es posible que ella rehu-sara la cantidad de $100, especialmente tratándose de una mujer pobre como lo es Dolores Ortiz?

Una prueba tan débil como la presentada por la deman-dante no demuestra, a nuestro juicio, que ésta se hallase en la posesión continua del estado de hija natural del deman-dado, como exige la ley, para que el padre esté obligado a reconocerla. Interpretando la palabra continuo que aparece ■en el número 2 del artículo 125 antes citado, ha dicho este Tribunal en el caso de Colón v. Sucn. A. J. Tristani, 44 D.P.R. 171, 181:

"El adjetivo continuo, dice Scaevola, tiene varias acepciones, y en el caso del artículo 135 no puede tomarse en el de ‘sin interrup-ción’, sino en el de ‘cosa que sigue a otra’, determinándose así con el otro calificativo de ‘constante’, expresivo de perseverancia o repe-tición de actos. En nuestro concepto la palabra continuo< debe inter-pretarse en el sentido de referirse a una serie de actos, a un conjunto de bechos ejecutados por la persona de quien se reclama el recono-cimiento, y que sean bastantes, al examinarlos en globo, para cons-tituir la posesión del estado de bijo natural. Una vez que esta serie de actos se ba realizado por un período razonable de tiempo, el padre no debe estar autorizado para revocar por sus actuaciones posteriores el reconocimiento que antes hizo.”

Tampoco existe evidencia alguna tendente a demostrar que el demandado y Dolores Ortiz vivieran en concubinato en momento alguno. De la declaración de Dolores Ortiz sólo resulta que tuvo contacto carnal con el demandado cuatro o seis veces en la habitación que ocupaba ella en la casa de doña María Dragoni, donde hacía trabajos domésticos, y que luego de realizados esos actos, el demandado sólo volvió donde ella con ocasión de la visita a la niña ocho días después de su nacimiento. En tales circunstancias, no hay base alguna que justifique la conclusión de que existiera en momento alguno el estado de concubinato.

Del récord no resulta que el juez inferior actuara en este caso movido por pasión, prejuicio o parcialidad. Es obliga-ción de todo abogado levantar en defensa de su cliente cual-quier cuestión que sea pertinente y esté basada en la ver-dad, pero no es correcto, a nuestro juicio, bacer imputacio-nes como la de este caso, cuando no existe la más ligera evi-dencia que la sostenga, y por el contrario el récord demues-tra que el juez actuó dentro de la más estricta imparcialidad.

No existiendo ninguno de los errores señalados, procede la confirmación de la sentencia.

OPINION DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SE. DEL TORO

El presente es un recurso de apelación interpuesto por Ana María Ortiz, menor de edad, representada por su ma-dre con patria potestad Dolores Ortiz contra la sentencia dic-tada por la Corte de Distrito de Ponce que desestimó la de-manda que interpuso ante ella contra Silvestre Dragoni con el propósito de que la corte declarara que era bija natural reconocida del demandado.

En la demanda se alega que la demandante “es bija de las relaciones amorosas y carnales habidas entre su madre con patria potestad Dolores Ortiz y el demandado Silvestre Dragoni;” que la demandante nació el 29 de marzo de 1937 en Ponce cuando sus padres tanto al tiempo de su nacimiento como de su concepción eran solteros y se les conoció viviendo en concubinato y que el demandado reconoció ser su padre pública y privadamente.

El precepto legal aplicable está contenido en el art. 125 del Código Civil, ed. 1930, que es el 193 del Código Civil de 1902 tal como fué enmendado por ley de 9 de marzo, 1911, pág. 247, y que en lo pertinente dice:

Son hijos naturales los nacidos, fuera de matrimonio, de padres que al tiempo de la concepción de aquéllos hubieran podido casarse, sin dispensa o con ella.
"El hijo natural puede ser reconocido por el padre o la madre conjuntamente, o por uno solo de ellos, en el acta de nacimiento, o en otro documento público.
"El padre está obligado a reconocer al hijo natural:
"2. Cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo natural del padre demandado, justificada por actos del mismo padre o de su familia.
"3. Cuando la madre fué conocida viviendo en concubinato con el padre durante el embarazo y al tiempo del nacimiento del hijo.

El demandado negó que hubiera tenido relaciones amoro-sas y carnales con la madre de la demandante, que ésta fuera su hija y que la hubiera reconocido como tal.

Fué el pleito a juicio, y la corte el 13 de junio de 1940 pronunció la sentencia recurrida. En su relación del caso y opinión después de referirse a las alegaciones y a la ley, dijo:

"Para nuestro concepto la prueba ofrecida por la demandante no sostiene su contención. Dolores Ortiz, madre con patria potestad de Ana María Ortiz, con su declaración destruyó su teoría.”

Procede entonces a analizar la evidencia presentada, y concluye:

"La prueba que tenemos ante nosotros tampoco justifica que con-sideremos a la demandante Ana María Ortiz como que se ha encon-trado en la posesión continua del estado de hija natural de Silvestre Dragoni, justificada por actos del mismo padre o de su familia.
"Para nuestro concepto tampoco se probó que Dolores Ortiz se conociera viviendo en concubinato con el demandado Silvestre Dra-goni durante el embarazo y al tiempo del nacimiento de Ana María.”

Como era lo lógico de acuerdo con esas conclusiones, des-estimó la demanda, con costas.

No conforme la demandante, apeló. Señala en su alegato cuatro errores, todos relacionados con la apreciación de la prueba. Para resolver el recurso tenemos pues que proce-der al estudio de la misma.

La primer testigo que declaró fué la madre Dolores Ortiz. Dijo que era soltera, que la niña que tenía en sus brazos se llamaba Ana María Ortiz, de dos años y diez meses de edad y era su bija nacida en Ponce el 29 de marzo de 1937, siendo el padre Silvestre Dragoni, el demandado, a quien señala en el salón de la corte. Que conoció a Dragoni en 1934 en la casa de doña María Dragoni, en Maragiiez, campo de Ponce, donde ella lavaba, planchaba y cocinaba; que dormía en un cuarto de la casa; que el demandado vivía con su familia, en la Hacienda de Maragüez, un poco distante; que 4 ‘ el me ena-moraba. En el treinta y cinco él me enamoraba y me ofre-cía casarse conmigo y honrarme. Entonces, en eso ocurrió, de que un día, o una noche mejor dicho, yo estando en mi cuarto, se valió de la ocasión, que dejó una puerta de mi cuarto abierta, y se metió al cuarto y me hizo el daño.”

Que tuvo contacto carnal con él “una vez”; que Dragoni era soltero y ella también; “me prometió comprarme una casa y casarse conmigo;” “cuando me encontraba encinta se lo dije a él, a Silvestre Dragoni, que no tenía donde vivir, y me dijo: ‘váyase a vivir a casa de su hermana, que cuando coja una herencia de mi papá, le compro una casa y nos ca-samos.’ ” Eso fué cuando estaba embarazada, de cuyo em-barazo nació Ana María Ortiz.

A la siguiente pregunta del abogado del demandado: “¿Usted quedó encinta la primera noche?” contestó: “No, señor, él iba. Yo quedé encinta el 28 de junio de 1936. La primera vez se valió de la ocasión de dejarme el cuarto abierto. Tenía dos puertas el cuarto. Me, cogió dormida. No tengo ni la culpa. . . . Desde que quedé encinta no vol-vió más.”

Estando encinta se fué a vivir a casa de su hermana Ale-jandrina Ortiz, en la Calle Mayor 160, de Ponce. Allí dió a luz y como a los ocho días fué a la casa el demandado. “Como era hija de él, él la fué a visitar”, dejándole dos dó-lares. Después ella ha sido la que sostiene a su hija. “Tengo que estar cosiendo para mantenerla. Yo misma le compro la leche y los vestidos. En cuanto a medicinas como la ingresé en la Clínica de Sanidad, ahí tengo medicinas.”

A preguntas del ahogado del demandado, contesta, que de-nunció el hecho al fiscal. “Vine, pero no me hicieron caso; como no me atendieron a lo que dije, no volví más.” Que denunció al acusado por abandono de menores en la corte municipal y lo sentenciaron. Interviene el abogado de la de-mandante y dice: “Eso es inmaterial. No veo por qué ... ”; el abogado del demandado expresa: “Retiramos la pre-gunta.” Y el juez decide: “Se tiene por desistido de la pregunta y eliminada.”

Llamado a declarar Manuel Borrero manifestó que co-noce al demandado y a Dolores Ortiz; que la demandante es su ahijada. Vivía al lado de donde nació y la madre le dijo “que si mi esposa y yo le hacíamos el favor de echarle agua a esa niña” y con gusto lo hicieron. Que después del naci-miento de la niña se encontró con el demandado y lo trató de compadre y le explicó la situación de la señora y la niña. “Le dije: ‘Usted debe hacer algo por esa señora’ y él me contestó que él le había dado cien pesos, y que ella no los había querido, y que no le daba nada.”

A la pregunta “'%Hablaron de la niña?”, se opuso el de-mandado por su abogado, por sugestiva, y el juez resolvió: “El testigo es de la parte demandante y las preguntas no deben ser sugestivas. Se ordena la eliminación de la pre-gunta.”

Trató de hacerla en otra forma la demandante por su abogado y continuó en su oposición el demandado. El tes-tigo entre tanto por sí mismo manifestó: “Hablamos de la niña precisamente.” Y el juez dijo: “No puede contestar.”

Se prolongó el incidente sin que el abogado de la deman-dante pudiera llegar a una fórmula satisfactoria para el abo-gado de la parte contraria y de la corte a fin de hacer su pregunta. Entonces interrogó al testigo: “¿Dice que cuando saludó a Silvestre Dragoni lo trató de qué?”, y el testigo contestó: “De compadre.” — “¿Por qué?” — 1“Porque le ha-bía bautizado. ...” Interviene el abogado del demandado: “Esa es una conclusión ...” T el juez resuelve: “Hasta ahora no ha sido conectado el estado de compadrazgo del testigo, por el hecho de haber bautizado una hija de él. Luego es una conclusión y se elimina.”

Sigue el abogado de la demandante interrogando al tes-tigo sobre los cien dólares: “¿Por qué fué que usted le dijo a Dragoni que ayudara a esa señora1?”, le preguntó, y el tes-tigo contesta: “Porque ella me había dicho que esa niña era hija del Sr. Dragoni.” Seguidamente se opone el abogado de la parte contraria. “Que se elimine”, pide, y el juez re-suelve: “Que se elimine, por ser un ‘hearsay evidence” El interrogatorio termina: “Lie. Frank Torres: :¿Sabe quién es el padre de la niña? — Lie. Hernández Matos: Me opongo. —Juez: Con lugar. Eso es para la corte determinarlo.— Lie. Frank Torres: ¿Sabe si Silvestre Dragoni hizo alguna manifestación con referencia a la niña Ana María Ortiz en la conversación? — Lie. Hernández Matos: Sugestiva. — Juez: Con lugar. Compañero. ¿Ya a ser esto muy largo? Son las doce y pico. Haga la pregunta general y que conteste el testigo sobre hechos con referencia a la alegada paternidad, pero no conclusiones. S. Sa. está haciendo preguntas suges-tivas, la otra parte presents su objeción y la corte tiene que sostenerla. — Lie. Frank Torres: Nada más con el testigo por ahora.”

En la sesión de la tarde se llamó a la testigo Marcolina Heredia. Dijo: “La señora Dolores Ortiz la conocí en la calle Mayor Cantera ciento sesenta, y al poco tiempo tuvo esa muchachita. Volví a visitarla y ya tenía la niña Ana María Ortiz ocho días de nacida. Entonces, al estar, como a los diez minutos, llegó este señor, Silvestre Dragoni. . . . En-tonces deseó ver su hija Ana María Ortiz; y pasó hacia el cuarto acariciándola. La cogió y la acarició. ... Al cuarto de la señora, y preguntó por su niña, y la acarició, tratán-dola de ‘mi bija’, y le dijo: ‘mi visita es corta, porque tengo que andar unas diligencias. ’ Puso la niña en la cama y sacó dos pesos y se los dejó a la niña para los alimentos.”

Guillermo Ortiz, hermano de Dolores, madre de la deman-dante, dijo que conocía al demandado y lo señaló en la sala de la corte. “Conocí a Silvestre Dragoni en la propiedad de la tía, la señora María Dragoni, en el Barrio Maragüez, en el mil novecientos treinta y cuatro. . . Además, creo que vivió en la. misma propiedad, y al tiempo de vivir en la pro-piedad, llevó amores con mi hermana en el treinta y seis. Entonces en el mes de julio, estuvo Silvestre Dragoni a la quinta, a la ciento sesenta de la Mayor Cantera y nos dijo que llevaba amores carnales con nuestra hermana, pero que tenía entendido ponerle una casa y seguir viviendo con ella. ... El 26 de diciembre del 1936 llegó nuestra hermana a la Mayor Cantera, donde vivimos nosotros, y allí nos declaró que ella se encontraba encinta de Silvestre Dragoni.” Se opuso el demandado por su abogado pidiendo la eliminación y la corte la decretó. Continúa el testigo manifestando: “Entonces, pues no había visto más a Silvestre Dragoni hasta el 29 -de marzo de 1937 que ella dió a luz la niñita, y a los ocho días de haber dado a luz la niñita llegó Silvestre Dra-goni a la quinta. . . Entró y preguntó por la hijita que ha-bía tenido la hermana de nosotros; entonces estuvo hasta el cuarto donde estaba ella y acarició la niñita, estuvo un rato y le entregó dos pesos a mi hermana para la niñita.”

Refiriéndose luego a un envío de diez dólares del deman-dado a su hermana contestó al juez: “Ahí me encontré con la cuñada mía, viniendo de casa de Rafael Pasarell y ella estando hablando conmigo, Lorenzo Dragoni la llamó y le entregó diez dólares que había mandado Silvestre para ali-mentos de la niña, y ella se los llevó para la Mayor Cantera ciento sesenta, donde vivía mi hermana.”

La prueba de la demandante terminó con la declaración de Juan Vázquez. Manifestó que conocía a Dolores Ortiz y de vista al demandado. También a la niñita. Se le preguntó: “¡¿Sabe de quién es esa niña bija?” contestó que Dolores la babía visitado con una niñita. “Entonces le pregunté, ‘¿quién es el papá?’ — ‘pues Silvestre Dragoni.’ ” Se opuso y pidió la eliminación el abogado del demandado y la corte la de-cretó. Y manifestando que conocía a Dolores como soltera viviendo arrimada con una hermana, terminó su declaración.

Presentó una moción de nonsmt el demandado que fué de-clarada sin lugar en la siguiente forma: “Compañero, creo que ganaríamos más tiempo si resolviéramos esta cuestión abora y que se le anotara una excepción. La corte entiende que ba habido alguna prueba, y la jurisprudencia del Supremo es que cuando hay alguna prueba se debe ir al fondo del asunto. Se le anota una excepción.”

Manifestó el demandado por su abogado que no tenía prueba que presentar, pero cambió luego de criterio, e intro-dujo la declaración de Lorenzo Dragoni, tío del demandado. Dijo que conoció a Dolores Ortiz. “Cuando compré la finca de Maragüez, ella vivía en una casita con su padre.” Ma-nifestó que no era cierto que entregara delante de Guillermo Ortiz la suma de diez dólares para Dolores.

Se le pregunta “¿Usted sabe si alguna vez esta señora vivió en concubinato, bajo un mismo techo. . . ?” Se opone la demandante por su abogado y la corte declara con lugar su oposición. Contesta después que nunca ha sabido que en-tre demandante y demandado hubiera “alguna vez algún es-tado de relaciones.” Que el demandado ha vivido siempre con él, en Maragüez y Montes Llanos. Que antes de diciem-bre de 1936 Dolores Ortiz “estaba en casa de mi hermana. Lavaba, planchaba y cocinaba.” Salió de la casa porque “a veces se ausentaba, se venía para el pueblo y estaba unos días; pernoctaba en el pueblo, y también estaba sus noches en la Hacienda El Tesoro. Se le llamó la atención y ella se enojó y se fué.”

Tal, en substancia, la evidencia aportada por ambas par-tes. Estoy conforme con el juez sentenciador en que no de-muestra la existencia de un concubinato entre demandante y demandado, pero a mi juicio sí demuestra que el demandado tuvo relaciones sexuales con Dolores Ortiz y que como resul-tado de ellas nació la demandante, relaciones cuya existencia reconoció mientras tenían lugar ante Guillermo Ortiz, her-mano de Dolores; que estuvo en la casa de la hermana de Dolores Ortiz donde ésta vivía y donde dió a luz a la deman-dante, pocos días después del alumbramiento, tomó en sus brazos la niña y la trató como hija suya en presencia de Mar-colina Heredia, extraña a la familia; que luego, al encon-trarse con Manuel Borrero, padrino de la demandante, y al ser tratado por éste de compadre, manifestó que había ofre-cido a Dolores cierta suma de dinero que no había querido aceptar y que nada más haría.

•¿Es suficiente esa prueba para declarar que la deman-dante se hallaba en la posesión continua del estado de hija natural del padre demandado? Me veo obligado a reconocer que es éste uno de los casos de prueba más débil en cuanto a dicha condición que se ha presentado ante nosotros y que en tal virtud mi primera intención fué decidirlo siguiendo el camino marcado en el de Delannoy v. Sucesión Cividanes, 53 D.P.R. 114, 119:

“Puede admitirse que si esto fuera todo o que si el juez de dis-trito hubiese dictado sentencia en favor del demandante, la prueba de éste habría bastado para sostener tal sentencia. Puede admitirse que el caso en su totalidad es uno dudoso (border case). Sin embargo, en todos los casos en que el apelante se funda, la prueba fué mucho más fuerte que en el presente. Véanse: Cruz v. Santiago, 24 D.P.R. 108; Montalvo v. Montalvo et al., 25 D.P.R. 858; Cruz v. Quiñones, 31 D.P.R. 339; Vega v. Sucn. Vega, 32 D.P.R. 595; Guadalupe v. González, 34 D.P.R. 669; Colón v. Sucn. Tristani, 44 D.P.R. 171.
"En los primeros cuatro ele estos casos las sentencias en favor ele los demandantes fueron confirmadas. En el quinto y sexto la prueba fué suficientemente fuerte para dejar satisfecha a la mayoría de este tribunal, no obstante el criterio contrario de la minoría y del juez de distrito.
“Cividanes, su querida y su primo Román Sobrino, quien tam-bién era socio suyo en el negocio de licores, vivían todos en el segundo piso de una casa donde tenían el negocio. En época anterior a la fecha en que Cividanes contrajo matrimonio, su querida abandonó la isla. Su partida fué en realidad, según parece, condición prece-dente al matrimonio en perspectiva. Tanto Sobrino como Cividanes fallecieron antes de que se iniciara el presente litigio.
“Maximina Santiago declaró que Román' Sobrino también estaba casado y vivía con su esposa en los altos de la casa de la licorería cuando María Delannoy regresó a. ella después de dar a luz un niño. Los demandados ofrecieron prueba documental para demostrar que Sobrino no se casó hasta allá para el año 1897. Maximina estuvo muy segura en su aseveración durante la repregunta de que Sobrino ya estaba casado cuando María Delannoy regresó a la casa. Empero, fuera de esta discrepancia, ella parece haber sido una testigo desin-teresada, y su declaración resistió la repregunta. A veces tenía ciertos visos de verdad que tendían a hacerla algo más fuerte que él testimonio de cualquier otro testigo del demandante.
“No trataremos de reseñar la prueba de la sucesión demandada. Fué necesariamente de carácter negativo. No obstánte, el juez de distrito estuvo justificado al dar, como -lo hizo, considerable impor-tancia al hecho de que ninguno de los amigos más íntimos de Civi-danes tuviera conocimiento del hecho, de serlo, de que Agustín De-lannoy era su hijo natural, o de que Cividanes lo había tratado como tal. Guayama no es un pueblo grande. Era aún más pequeño en 1896. Cividanes, una vez muerta su esposa, tuvo hijos naturales sobre quienes habló con sus amigos, a quienes reconoció abiertamente y a quienes finalmente legitimó al contraer segundas nupcias con la madre de ellos.
“Aun después de transcurridos casi cuarenta años, fué un hecho significativo que entre aquellos que mejor conocían a Cividanes no pudiera encontrarse ninguna persona responsable y desinteresada que corroborara el testimonio de María Delannoy y el de su hijo respecto al supuesto reconocimiento de este último por Cividanes como hijo natural suyo.
“No hallamos tan manifiesto error en la apreciación de la prueba que justifique la revocación de la conclusión a que llegó el juez de distrito al efecto de que el demandante nunca babía disfrutado de la posesión continua del estado de hijo natural, conforme exigía la ley en vigor al tiempo de su nacimiento y para la época en que ocurrieron la mayoría de los supuestos hechos en que se funda para demostrar el reconocimiento.”

Varié, sin embargo, de criterio al considerar qne aqní no se trata de nn caso de hace cuarenta años en qne el propio demandado y testigos importantes dejaron de existir, si qne de nno reciente en qne el demandado vive y asiste al juicio y no declara, y queda en pie el hecho básico de ser la deman-dante en realidad de verdad la hija del demandado nacida a virtud de sus relaciones sexuales con Dolores Ortiz.

Bajo esas circunstancias me parece que por pocos que sean los actos de reconocimiento del padre y por débil que a primera vista parezca la prueba sobre los mismos, guiados por el espíritu de nuestra jurisprudencia en Colón v. Sucn. Tristani, 44 D.P.R. 171, el tribunal debería enforzar la oblñ gación del padre, y en su consecuencia revocar la sentencia apelada y dictar otra declarando la demanda con lugar.

Hablando por la corte en el dicho caso de Colón v. Sucn. Tristani, el Juez Sr. Córdova Dávila se expresó como sigue:

“Hemos estudiado la jurisprudencia establecida por este Tribunal Supremo en lo .referente a la prueba de posesión de estado. Esta corte en sus decisiones aprecia los elementos de prueba que se han presentado en cada caso y su valor probatorio. Esta jurispru-dencia es aplicable a aquellos casos en que se ventila la posesión de estado independientemente de las relaciones íntimas que han mediado entre la madre y el padre putativo; pero cuando las relaciones sexuales han quedado establecidas y surge en la mente del juzgador la presunción de la paternidad, esta'presunción, corroborada y ro-bustecida por otros actos del padre, puede ser suficiente para que se obtenga y recaiga una declaración de hijo natural. Sería injusta una ley que una vez demostrado que hay un padre, no facilitase los medios de obligarle a asumir las responsabilidades contraídas con el hijo que engendró. Ese no pudo ser el pensamiento del legislador; ése no puede ser el espíritu de las disposiciones del artículo 193 del Código Civil.”

Ocho años han transcurrido y me parece hoy aún más justo el criterio en aquel entonces sustentado, criterio que debe a mi juicio aplicarse liberalmente a fin de que la justi-cia que consagra sea en la realidad debidamente adminis-trada.

No deben existir hijos sin padre. No debe eludirse la res-ponsabilidad que liga al que engendra un ser humano con el fruto de su acto. Una vez que se demuestre la paternidad y que esa paternidad ha sido reconocida de alguna manera por el padre, no debe permitirse que el egoísmo, que las re-laciones de familia, que las graves consecuencias materiales y morales que ello 'generalmente trae consigo, anulen el primer impulso espontáneo a virtud del cual se dejó oír la voz de la naturaleza misma, porque esa primera actuación es la que entraña la verdad y la justicia.

Siendo el expuesto el juicio que he formado de los hechos y la ley en este caso, claro es que no puedo estar conforme con la opinión de la mayoría de los jueces de esta corte y disiento.