source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Rivera García,

license: Public Domain

text:
    Departamento de Asuntos del Consumidor, peticionario, v. Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (AFSCME), recurrida.

      Número: CC-2011-0765

      Resuelto: 30 de enero de 2013

      Ángel E. Rotger Sabat y Mónica Echevarría García, abogados de la parte peticionaria; Genoveva Valentín Soto, abogada de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Nos corresponde determinar si erró el Tribunal de Ape-laciones al desestimar un recurso por carecer de jurisdic-ción para atenderlo. Ello, por haber incumplido el Depar-tamento de Asuntos del Consumidor con el requisito de notificación a las partes de la presentación de un recurso de revisión administrativa que establece el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En particular, debemos examinar si el peticionario demostró justa causa para incumplir con el término dispuesto para la notificación.

I

Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (AFSCME) (SPU), representante exclusivo de los empleados de la uni-dad apropiada del Departamento de Asuntos del Consumi-dor (DACo), presentó una querella ante la Comisión de Re-laciones del Trabajo del Servicio Público (Comisión) contra DACo por haber incurrido en práctica ilícita.

Luego de varios trámites procesales, el 26 de enero de 2011 la Comisión Apelativa del Servicio Público emitió una decisión y orden, en la cual determinó que DACo incurrió en práctica ilícita del trabajo al dejar sin efecto un au-mento por mérito y al negar a ciertos empleados el au-mento trienal que dispone la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 184-2004 (3 L.P.R.A. sec. 1461 et seq.), según enmendada. DACo pre-sentó una moción de reconsideración, la cual fue declarada “no ha lugar” el 1 de marzo de 2011.

Inconforme, el 1 de abril de 2011 DACo presentó un re-curso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Posteriormente, el 31 de mayo de 2011 la SPU presentó una “Moción informativa y en solicitud de deses-timación”, en la cual solicitó que se desestimara el recurso por falta de jurisdicción. En esta moción alegó que DACo no les notificó el recurso de revisión presentado el 1 de abril de 2011 en el término debido. El 7 de junio de 2011 DACo presentó una moción para oponerse a la desestima-ción, en la que argüyó que no se encontró la copia del acuse de recibo del envío de la notificación. Atribuyó lo anterior a un error humano, ya que el recurso fue presentado fuera de horas laborables. Sin embargo, señaló que cumplieron con el término jurisdiccional de 30 días al presentar el re-curso ante el Tribunal de Apelaciones el 1 de abril de 2011 a las 6:30 de la tarde.

El 29 de junio de 2011 el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución en la que desestimó el recurso por falta de jurisdicción. El foro apelativo intermedio basó su dictamen en que DACo había incumplido con el requisito de notifica-ción de la presentación de su recurso de revisión a la SPU. Señaló el Tribunal de Apelaciones que DACo tampoco pre-sentó evidencia demostrativa concreta para corroborar sus alegaciones de que notificó el recurso a la SPU dentro del término.

Nuevamente inconforme, DACo presentó una moción en la cual solicitó la reconsideración del dictamen del foro apelativo intermedio. El 16 de agosto de 2011 el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución en la que declaró “no ha lugar” la reconsideración.

Oportunamente, DACo compareció ante nos mediante un recurso de certiorari. En éste nos solicitó que revisára-mos la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 29 de junio de 2011. Entre sus señalamientos de error, sos-tuvo que erró el foro apelativo intermedio al declararse sin jurisdicción para atender el recurso por la alegada notifi-cación tardía. Argüyó que no procedía la desestimación por ser el término de cumplimiento estricto y haberse demos-trado justa causa para su incumplimiento.

El 20 de enero de 2012 emitimos una Resolución en la cual declaramos “no ha lugar” la petición de certiorari presentada. Oportunamente, DACo presentó una primera moción de reconsideración, la cual fue declarada “no ha lugar”. El 11 de julio de 2012 examinamos una segunda moción de reconsideración presentada por DACo y la decla-ramos “con lugar”. Además, expedimos el recurso. Con-tando con la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolverlo.

II

La Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelacio-nes, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece un término jurisdic-cional de 30 días para presentar un recurso de revisión administrativa, contado a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final del organismo o agencia. Por su parte, la Regla 58 del mencionado reglamento requiere que la parte recurrente notifique el escrito de revisión a los abogados y las aboga-das de récord del trámite administrativo o, en su defecto, a las partes, así como a la agencia o al funcionario adminis-trativo o funcionaría administrativa de cuyo dictamen se recurre. Regla 58 del Reglamento del Tribunal de Apelacio-nes, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Esta notificación deberá reali-zarse dentro del término para presentar el recurso. En cuanto a la naturaleza del término para notificar a las par-tes, la regla establece que es de cumplimiento estricto. Id. Ello, a diferencia del término de 30 días para presentar el recurso, el cual es de carácter jurisdiccional.

Además, este reglamento dispone que la parte recu-rrente debe certificar al Tribunal de Apelaciones en el es-crito de revisión el método mediante el cual notificó o noti-ficará a las partes, y el cumplimiento con el término dispuesto para ello. Regla 58(A)(4) de Procedimiento Civil, supra.

Este Tribunal reiteradamente ha expresado que las nor-mas sobre el perfeccionamiento de los recursos apelativos deben observarse rigurosamente. García Ramis v. Serrallés, 171 D.P.R. 250, 253 (2007); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 D.P.R. 560, 564 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 129-130 (1998). La severidad en su acata-miento radica en que no debe quedar al arbitrio de las partes o de sus abogados decidir qué disposiciones regla-mentarias deben acatarse y cuándo. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra; Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122, 124-125 (1975) (per curiam). Naturalmente, esta norma aplica a los requisitos establecidos en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra.

Como es sabido, los términos jurisdiccionales son impro-rrogables, por lo que no están sujetos a interrupción o cum-plimiento tardío. En cambio, cuando se trata de un término de cumplimiento estricto, el tribunal no está atado al au-tomatismo que conlleva un requisito jurisdiccional, por lo que puede proveer justicia según lo ameritan las circuns-tancias y extender el término. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 881-882 (2007); Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729, 738 (2005). Así, los términos de cumpli-miento estricto no son fatales si se demuestra justa causa. García Ramis v. Serrallés, supra, pág. 253.

Ahora bien, el que el cumplimiento de un término regla-mentario no esté atado a la rigidez de un requisito juris-diccional no significa que el Tribunal de Apelaciones goza de discreción para prorrogarlo automáticamente. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 D.P.R. 239 (2012); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, pág. 564. Los tribunales solo pueden eximir del requisito de cumplimiento estricto si es-tán presentes dos condiciones, a saber: (1) que en efecto exista justa causa para la dilación; (2) que la parte le de-muestre detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para la dilación. Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 D.P.R. 840, 850 (2007); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, pág. 565. La observancia tardía de los términos solo se permite cuando la parte que incumple con el término demuestra a cabalidad una justa causa para no cumplir rigurosamente con éste. Figueroa v. Del Rosario, 147 D.P.R. 121, 127 (1998). Por el contrario, si no se acre-dita de forma adecuada la justa causa aludida, el tribunal carece de discreción para prorrogar el término y acoger el recurso ante su consideración. Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, supra, pág. 850; García Ramis v. Serrallés, supra; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, pág. 564. Es importante señalar que la acreditación de la justa causa en este tipo de casos no se cumple “con vaguedades excusas o planteamientos..., sino con explicaciones concretas y parti-culares, debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que la tardanza o demora ocurrió razonable-mente, por circunstancias especiales”. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, pág. 565.

III

A diferencia de DACo v. AFSCME, 185 D.P.R. 1 (2012) —en el cual DACo cumplió con los requisitos reglamenta-rios que aquí nos ocupan— en el caso ante nuestra consi-deración dicha agencia no notificó a las partes el recurso de revisión administrativa presentado al Tribunal de Apela-ciones dentro del término de 30 días dispuesto para ello. Véase Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Tampoco presentó evidencia alguno ante el foro apelativo intermedio que demostrara que realmente notificó a la SPU. Tal como expusimos, el término quebran-tado es de cumplimiento estricto. Por lo tanto, la violación de este tipo de término no es fatal si se demuestra justa causa.

En este caso, DACo alegó que había presentado el re-curso de revisión dentro del término establecido para ello. De igual forma, argüyó que en ese mismo día había notifi-cado mediante correo certificado a las partes y mediante mensajero el 4 de abril de 2011. Sin embargo, no presentó evidencia de ninguna de estas gestiones. Alegó que el 7 de junio de 2011 se envió copia nuevamente del recurso, pero que fue devuelta por el correo el 13 de junio de 2011. Aun-que se aneja copia de lo que parece ser un sobre con fecha de 7 de junio de 2011, el nombre del destinatario aparece en blanco. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 130.

DACo no acreditó la veracidad de su justificación. Es decir, ante la admisión de que notificó a una dirección in-correcta, ni siquiera acreditó la veracidad del supuesto error. En su defecto, se limitó a presentar copia de un sobre postal al cual le fue tachado el nombre y la dirección del destinatario, por lo que resulta imposible constatar si en efecto fue enviado a la dirección correcta de la parte recurrida. Tampoco nos coloca en posición de corroborar si se trata de un error al confundir un dígito del código postal.

Como vemos, la parte peticionaria falló en demostrar que, en efecto, existía justa causa para la dilación de la notificación. Tampoco logró probar explicaciones o bases razonables que le permitan al tribunal concluir que hubo justa causa para el incumplimiento. DACo no presentó evi-dencia que cumpliera con nuestro estándar de justa causa, aun cuando ha tenido la oportunidad de demostrarla.

En consecuencia, ante la ausencia de la demostración de justa causa, el Tribunal de Apelaciones carecía de discre-ción para acoger el recurso de certiorari ante su considera-ción.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dic-tamen del Tribunal de Apelaciones mediante el cual se des-estimó el recurso de revisión por falta de jurisdicción.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera García disintió con una opinión escrita, a la cual se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Aso-ciado Señor Feliberti Cintrón.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rivera García,

a la cual se une la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

Hoy, una mayoría de este Tribunal, mediante su dicta-men, avala una decisión contraria a nuestro estado de derecho. En su curso interpretativo se distancia de las máximas legales que definen la justa causa. En consecuen-cia, pasan por alto que la secuela de su decisión coloca injustificadamente a ciertos empleados en una situación ventajosa con respecto a otros en igual posición. Esto pues, según reconocimos en DACo v. AFSCME, 185 D.P.R. 1 (2012), estos empleados no tienen derecho al aumento trienal. Debemos enfatizar que el recurso de autos pre-senta la misma controversia atendida por esta Curia en DACo v. AFSCME, supra, y que, por lo tanto, sostener la decisión de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (Comisión) ratifica un estado de derecho amorfo. En esa ocasión pautamos que el aumento trienal dispuesto en la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 184-2004 (3 L.P.R.A. sec. 1461 et seq.) (Ley Núm. 184) no aplica a los empleados cuyo puesto pertenece a una unidad apropiada. Consecuentemente, de-terminamos que un patrono no incurre en una práctica ilí-cita en el trabajo, en conformidad con el Art. 9 de la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 45-1998 (3 L.P.R.A. secs. 1452a-1452c) (Ley Núm. 45), cuando deniega a estos empleados el au-mento por años de servicio que dispone la Ley Núm. 184 para empleados gerenciales, también conocido como el “au-mento trienal”. Asimismo, interpretamos que al resolver controversias sobre prácticas ilícitas, el análisis incidental de estatutos distintos a la Ley Núm. 45 no le resta juris-dicción a la extinta Comisión.

Por los fundamentos que discutimos a continuación, y porque estoy convencido de que la decisión mayoritaria es desafortunada, disiento.

I

El 16 de diciembre de 2005 la Unión de Servidores Pú-blicos Unidos de Puerto Rico (SPU), que está certificada como representante exclusivo de los empleados de la uni-dad apropiada del Departamento de Asuntos del Consumi-dor (DACo), presentó cargos ante la Comisión alegando que la agencia infringió la Sec. 9.1(a) e (i) del Art. 9 de la Ley Núm. 45 (3 L.P.R.A. sec. 1452a). Particularmente, argüyó que DACo incurrió en prácticas ilícitas al revocar el aumento salarial que dispone el Art. 8, Sec. 8.3(2) de la Ley Núm. 184 (3 L.P.R.A. sec. 1464b(2)) a un empleado, y de-negárselo a otras dos empleadas, en vista de que los pues-tos que estos ocupaban eran parte de la unidad apropiada de dicha agencia. La SPU sostuvo que DACo desalentó mediante sus acciones a los empleados a unirse a cualquier organización sindical, en contravención del Art. 9, Sec. 9.1(i) de la Ley Núm. 45 (3 L.P.R.A. sec. 1452a(i)). Asi-mismo, adujo que esta conducta constituía una práctica ilícita según el Art. 9, Sec. 9.1(a) de ese mismo estatuto, por restringir la decisión de sus empleados a ejercer o no su derecho a la afiliación sindical.

En respuesta a las querellas instadas, DACo expresó que implemento correctamente el Art. 8, Sec. 8.3(3) de la Ley Núm. 184, y que no incurrió en prácticas ilícitas. Asimismo, durante el proceso administrativo, la agencia presentó prueba de las consultas realizadas a la entonces Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado (ORHELA) sobre si debía pagar a los empleados sindicados el aumento trienal que provee la Ley Núm. 184 a emplea-dos gerenciales. Presentó, además, la carta que recibió de ORHELA que afirmaba que los empleados no eran acree-dores del aumento por ser miembros de una unidad apro-piada y por haber un representante exclusivo certificado para representarlos.

Luego de varios trámites procesales, el 26 de octubre de 2010 el oficial examinador de la Comisión emitió su In-forme y Recomendaciones, en el cual aconsejó que se decla-rara “con lugar” la querella contra DACo. Expresó que como los empleados de la unidad apropiada solicitaron el aumento dispuesto en la Ley Núm. 184 cuando aún no se había aprobado un convenio colectivo, estaban cobijados por la Ley Núm. 184 y los reglamentos aplicables. Por con-siguiente, el oficial examinador encontró a la agencia in-cursa en violación al Art. 9, Sec. 9.1(a) de la Ley Núm. 45, y por ello recomendó la imposición de una multa de $1,000. No obstante, aconsejó la desestimación de la alegación de infracción al Art. 9, Sec. 9.1(i) de la Ley Núm. 45.

Por su parte, el 10 de noviembre de 2010 DACo presentó su alegato y solicitó que la Comisión no acogiera las reco-mendaciones del oficial examinador. Empero, el 26 de enero de 2011 la Comisión emitió una Decisión y Orden, en la que resolvió que DACo incurrió en una práctica ilícita a tenor del Art. 9, Sec. 9.1(a) de la Ley Núm. 45. Oportuna-mente, el 15 de febrero de 2011 DACo presentó una moción de reconsideración. Subsiguientemente, el 1 de marzo de 2011 la Comisión emitió una resolución, declarando “no ha lugar” la petición de reconsideración.

Inconforme con ese proceder, DACo incoó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el 29 de junio de 2011 el foro a quo emitió una reso-lución en la que resolvió que DACo incumplió con los tér-minos dispuestos para la notificación. En consecuencia, se declaró sin jurisdicción para atender el recurso instado.

No conteste con tal proceder, DACo acude ante este Tribunal y nos señala los errores siguientes:

Erró el [Tribunal de Apelaciones] al declararse sin jurisdicción para atender en los m[é] ritos el recurso de Revisión Judicial presentado por el DACO, por la alegada notificación tardía a SPU, toda vez que, conforme al Reglamento del Tribunal de Apelaciones el término dispuesto para ello es de cumplimiento estricto, habiendo el DACO acreditado de manera adecuada la existencia de justa causa para tal demora.
Erró el [Tribunal de Apelaciones] al no considerar el carácter novel de la controversia, la falta de certeza y claridad en el estado de derecho actual y la posibilidad real e inminente de que se obtuvieran decisiones incompatibles a la que este Honorable Tribunal pudiera emitir en su momento en el caso Departamento de Asuntos del Consumidor v. Servidores Públi-cos Unidos de Puerto Rico, Caso N[ú]m. CC-2010-0554.
Erró la Comisión al adjudicar la Querella CA-05-112 aplicando a empleados sindicados las disposiciones de la Ley 184 sobre el aumento de retribución por concepto del pago del trienio, por carecer de jurisdicción [la Comisión] para adjudicar esta controversia.
Erró la Comisión al concluir que DACO incurrió en una prác-tica ilícita al amparo de las disposiciones de la Ley 45 al de-negarle a los querellantes como empleados sindicados el au-mento en retribución establecido en el inciso 3 de la Sección 8.3 del Artículo 8 de la Ley 184, 3 L.P.R.A. sec. 1464b, por concepto del pago del trienio.

El 11 de julio de 2012, luego de que el peticionario pre-sentara una segunda moción de reconsideración, expedi-mos el recurso de certiorari. Ambas partes han presentado sus respectivos alegatos. Contando con el beneficio de sus comparecencias, pasemos a resolver.

II

A. La inobservancia de un requisito de cumplimiento estricto conlleva consecuencias jurídicas distintas al in-cumplimiento de un requisito jurisdiccional. De una parte, “cuando se trata de un término de cumplimiento estricto, el foro judicial queda liberado del automatismo que con-lleva el requisito jurisdiccional y puede ‘proveer justicia se-gún lo ameriten las circunstancias’ ”. (Enfasis nuestro). Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 131 (1998). Así, la obser-vancia tardía de un término de cumplimiento estricto es permisible si se demuestra una justa causa para no cum-plir con el término en cuestión. Id. Sin embargo, la demora ocurrida debe ser justificada detalladamente y a cabalidad. Arriaga v. F.S.E., supra.

El mecanismo procesal de la desestimación por incum-plimiento con las disposiciones reglamentarias debe ser el último recurso utilizado por los tribunales. Salinas v. S.L.G. Alonso, 160 D.P.R. 647 (2003). Procede la desesti-mación del recurso solo en instancias en que el incumpli-miento provoque un impedimento real y meritorio para que el tribunal intervenga en los méritos del caso. Id. Esto, pues los principios rectores del sistema judicial imponen el deber de que las controversias se atiendan en los méritos y no se desestimen los recursos por defectos de forma o de notificación que no afecten los derechos de las partes. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 2(3). Igualmente, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone que los errores de forma “deberán interpretarse de forma que se reduzcan al mínimo las desestimaciones de los recursos”. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 12.1. Véanse, además: Hernández v. Espinosa, 145 D.P.R. 248 (1998); Ríos Quiñones v. Adm. Servs. Agrícolas, 140 D.P.R. 868 (1996); Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762, 773 esc. 3 (1991).

Empero, los tribunales pueden eximir a una parte del requisito de observar fielmente un término de cumpli-miento estricto. Esto ocurre cuando existe una justa causa para la dilación y la parte demuestra al tribunal las bases razonables que tiene para la dilación. Véase Arriaga v. F.S.E., supra.

En el caso de autos, DACo explicó su imposibilidad de acreditar el hecho de la notificación, pues el recurso se in-coó fuera de horas laborables. En todo momento sostuvo que sí notificó dentro del término previsto. No obstante, surge que el 13 de junio de 2011 DACo volvió a notificar personalmente una vez supo que no llegó la primera notificación. Entendemos que en este caso, los derechos de la Unión no se vieron irreversiblemente afectados por el defecto en la notificación.

Junto con lo anterior, ponderamos que en la controver-sia ante nuestra consideración la Comisión decidió que el aumento trienal correspondía a los querellantes y que DACo incurrió en una práctica ilícita al no concederlos. Si se sostiene la decisión de la Comisión como final e inape-lable, se habría permitido una interpretación contraria a los propósitos de la Ley Núm. 184. En consecuencia, DACo estaría obligado a cumplir con el dictamen de la agencia de conceder el aumento trienal a un grupo de empleados que pertenecen a una unidad apropiada, a pagar una multa por cumplir con el mandato legislativo y a publicar un aviso a todos sus empleados a esos efectos.

Todo lo antes expuesto es incompatible e incongruente con nuestra pauta en DACo v. AFSCME, supra. Mantener la decisión de la Comisión crearía un estado de incertidum-bre jurídica sobre qué verdaderamente es lo que procede en derecho. Considerando los argumentos esbozados, aunque en el caso de autos el escrito de revisión no fue notificado oportunamente dentro del término de cumplimiento es-tricto, dicho error se enmendó posteriormente. Asimismo, debemos tener presente el principio cardinal de que las controversias se resuelvan en sus méritos de manera justa y conforme a derecho. Por tal razón, es forzoso colegir que erró el Tribunal de Apelaciones al desestimar el caso de epígrafe y que este debió atender el caso en sus méritos.

B. Por otra parte, DACo aduce nuevamente que la ju-risdicción para dilucidar el caso le corresponde a ORHELA y no a la Comisión. No le asiste la razón. Reiteramos lo establecido en DACo v. AFSCME, supra, donde resolvimos que el análisis incidental de las disposiciones de la Ley Núm. 184 no resta jurisdicción a la Comisión al adjudicar casos sobre prácticas ilícitas.

Recordemos que la Ley Núm. 45 facultó a la Comisión para atender reclamaciones sobre prácticas ilícitas en que haya incurrido la autoridad nominadora o las organizacio-nes sindicales. Depto. Estado v. U.G.T., 173 D.P.R. 93 (2008); Asociación Maestros v. Comisión, 159 D.P.R. 81 (2003). Dos acciones de las agencias que se consideran prácticas ilícitas son:

(a) Intervenir, coartar o restringir a uno (1) o más de sus empleados en relación con su decisión de ejercer o no los dere-chos reconocidos en [esta ley].
(i) Estimular o desalentar a los empleados a unirse a cual-quier organización sindical o a participar en las actividades de la misma mediante discriminación al emplear, despedir, con-ceder permanencia en el empleo o en relación a otros términos o condiciones de trabajo. 3 L.P.R.A. sec. 1452a(a) e (i).

Observamos pues, que la Comisión debía atender toda querella sobre prácticas ilícitas en el trabajo realizadas por una agencia, organización sindical o sus miembros. Como mencionáramos, en el caso de autos se presentó una que-rella en virtud de las disposiciones sobre práctica ilícita. La SPU adujo que DACo desalentó la sindicalización de los empleados querellantes al negar el aumento trienal que dispone la Ley Núm. 184. Al ser esta una imputación de práctica ilícita —que es materia comprendida dentro de las facultades de la Comisión— resulta forzoso colegir que este organismo tenía la facultad para atender la controversia presentada ante su consideración. DACo v. AFSCME, supra.

Ahora bien, en este caso, al igual que en la controversia atendida en DACo v. AFSCME, supra, la Comisión se ex-cedió en el límite de sus poderes al interpretar las disposi-ciones de la Ley Núm. 184 en un sentido palmariamente contrario a la intención del legislador. En consecuencia, resolvemos que mediante ese proceder, la Comisión actuó de forma ultra vires en su decisión como agencia.

Resueltos los planteamientos procesales y de índole ju-risdiccional, procedemos a examinar en conjunto el estado de derecho relacionado con las demás controversias pre-sentadas ante este Tribunal.

C. Como es sabido, la Ley Núm. 184 formuló “normas generales” de retribución aplicables a todas las agencias. Así también, estableció “normas específicas” destinadas únicamente a los empleados no sindicados, gerenciales y aquellos excluidos de la Ley Núm. 45. Específicamente, el Art. 8, Sec. 8.3 de la Ley Núm. 184 expresa:

Las siguientes normas sólo serán aplicables a los empleados no sindicados, gerenciales o empleados excluidos de [la Ley Núm. 45-1998, según enmendada,] que laboran en el servicio público.
(3) Los empleados públicos no sindicados y gerenciales que hayan ocupado un puesto regular durante un período ininte-rrumpido de tres (3) años de servicios, sin haber recibido nin-gún otro aumento de sueldo recibirán un aumento de hasta un cinco por (5%) ciento de su sueldo o su equivalente en tipos intermedios. Para esto, el empleado debe haber provisto servi-cios satisfactorios durante el período de tres (3) años según evidenciado en sus hojas de evaluaciones. La autoridad nomi-nadora enviará una notificación escrita a todo empleado que no satisfaga esta consideración. La notificación incluirá las razones por las cuales no se le concede al empleado el referido aumento, y le advertirá de su derecho de apelar ante la Comi-sión Apelativa. (Énfasis nuestro). 3 L.P.R.A. sec. 1464b.

Al examinar tanto el texto como el historial del referido precepto, se deduce claramente que la intención legislativa fue aprobar una norma específica aplicable única y exclu-sivamente a los empleados no sindicalizados, gerenciales o excluidos de la Ley Núm. 45. En torno a esta distinción, el legislador puntualizó que la Ley Núm. 184

[t]iene las normas retributivas generales que quedan de aplicación a las agencias así como las normas de [sic] retribu-tivas específicas que aplicarán solamente a los empleados no sindicados, gerenciales o excluidas de la Ley 45. De hecho, fuimos bien, bien cuidadosos, señor Presidente, bien cuidado-sos para que ninguna de las disposiciones de esta ley infrin-giera, trastocara, menoscabara, los derechos adquiridos bajo la negociación colectiva a la que tienen derecho ahora los em-pleados públicos bajo la Ley 45 y de hecho, los líderes sindica-les que fueron partícipes de la discusión de este proyecto, así lo reconocen, dieron sus sugerencias, propusieron cambios y se recogieron, de manera de [sic] garantizar, meridianamente claro, que no hay una disposición del Proyecto que vaya a in-ferir, a socavar, menoscabar, o violentar o cualquier convenio colectivo y cualquier derecho adquirido por los trabajadores que están sindicalizados y que negocian colectivamente. (Énfa-sis nuestro). P. de la C. 3844, 7ma Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa, 16 de julio de 2004, pág. 7.

Como puede observarse, las disposiciones de la Ley Núm. 184 tienen el fin “de diseñar un sistema retributivo compatible con la negociación colectiva que permita man-tener la equidad y justicia al momento de implantar los procesos retributivos, tanto para empleados unionados como para los no unionados, incluyendo a los gerenciales”. (Énfasis nuestro). Esto así, ya que “los empleados no sindicalizados a quienes no les aplican las disposiciones de la Ley Núm. 45 y los empleados gerenciales necesitan igual justicia retributiva que aquellos que se pueden beneficiar de los acuerdos establecidos entre la unión que los repre-senta y el patrono”. DACo v. AFSCME, supra, pág. 24.

ORHELA, dentro de sus funciones ministeriales, emitió la Carta Normativa 1-2005, que posteriormente se convir-tió en el Reglamento Núm. 6939 de 3 de febrero de 2005, intitulado Normas generales sobre retribución conforme a la Ley de la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En la parte VII de ese Reglamento se enfatiza que la norma estatuida en la See. 8.3 de la Ley Núm. 184 aplica solamente a los empleados no sindicalizados, gerenciales o empleados excluidos de la Ley Núm. 45, o sea, empleados que no ocupan puestos comprendidos en la unidad apropiada. Además, el Reglamento aclara que la exclusión de los empleados comienza desde el momento cuando se certifica la unidad apropiada para fines de la negociación colectiva y se certifica la organización sindical como repre-sentante exclusiva de estos.

Es preciso reiterar que “la razón legislativa para cir-cunscribir el aumento trienal a estos empleados es que aquellos que pertenecen a la unidad apropiada, a diferen-cia de los excluidos de esta, obtienen sus retribuciones, in-cluso los aumentos de salario, según las estipulaciones acordadas en el convenio colectivo”. DACo v. AFSCME, supra, pág. 26.

Por otra parte, la doctrina de revisión judicial establece que las decisiones administrativas son objeto de deferencia judicial y se presumen correctas. DACo v. AFSCME, supra, pág. 26; IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 D.P.R. 712 (2012). Esta consideración judicial responde a la expe-riencia y al conocimiento especializado atribuible a los or-ganismos gubernamentales. Empero, “[l]as determinacio-nes de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustan-cial que obra en el expediente administrativo. [No obs-tante, las] conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. A tales efectos, las conclu-siones de derecho se sostendrán cuando se ajusten al man-dato legislativo. DACo v. AFSCME, supra.

De esta forma, cuando el foro administrativo abusa de su discreción al emitir una decisión que resulta ilegal, irra-zonable o arbitraria, es necesaria la intervención judicial para hacer valer el mandato legislativo. Mun. de San Juan v. CRIM, 178 D.P.R. 163 (2010).

En el caso de autos, la Comisión interpretó el alcance de la Ley Núm. 184 en manifiesta contravención al regla-mento de ORHELA y al propio mandato legislativo. Ambos preceptos legales excluyen a los empleados sindicados y los cobijados por la Ley Núm. 45 del aumento trienal. Al inter-pretar lo contrario, la decisión de la Comisión es ilegal y arbitraria. DACo v. AFSCME, supra. Según hemos obser-vado, la Ley Núm. 184 armoniza el sistema de administra-ción de recursos humanos con la negociación colectiva y sindicalización de los servidores públicos.

Las directrices establecidas por ORHELA a través de sus reglamentos están dirigidas a todas las agencias y tie-nen la misma fuerza vinculante que la ley. La Comisión no debió imponer su propio criterio sobre el alcance de la Ley Núm. 184. Esto, debido a que DACo cumplió con las pautas establecidas en la Ley Núm. 184 y el citado regla-mento de ORHELA.

Acorde con lo intimado, es forzoso colegir que DACo no incurrió en práctica ilícita alguna. Los empleados en cues-tión pertenecían a una unidad apropiada. Por lo tanto, no podemos concluir que una autoridad nominadora que de-niega dicho aumento a estos empleados desalienta su sindicalización. “Ello, pues el hecho de que se sindicalicen o no, no hará a los empleados acreedores del aumento en cuestión”. DACo v. AFSCME, supra, pág. 29. Dicho au-mento está dirigido a una población específica que, por las características de su empleo, se diferencia, entre otras co-sas, por no poder recibir los beneficios de una negociación colectiva.

Según hemos pautado, el aumento que la Ley Núm. 184 concede a los empleados gerenciales y a los excluidos de la Ley Núm. 45, es el fruto del reconocimiento de la limita-ción de estos empleados para luchar por mejores condicio-nes laborales cara a cara con el patrono. DACo v. AFSCME, supra. Consecuentemente, colegimos que la Comisión erró al determinar que los empleados querellan-tes eran acreedores de dicho aumento y concluir que DACo incurrió en prácticas ilícitas al denegarle a estos dichos beneficios.

III

Por los fundamentos expuestos, revocaríamos la resolu-ción del Tribunal de Apelaciones mediante la cual se des-estimó el escrito de revisión presentado por DACo. Ello así, ya que entendemos que el término del requisito de la noti-ficación es de estricto cumplimiento y en este caso DACo explicó las razones por las que no se pudo acreditar el cum-plimiento dentro de ese término; enterado de la falta, vol-vió a notificar. Revocaríamos, además, la orden de la Co-misión por apartarse de nuestro ordenamiento jurídico, pues el aumento trienal no corresponde a los empleados querellantes porque no forman parte del grupo al que van dirigidas las “normas específicas” de la See. 8.3 de la Ley Núm. 184. No obstante, reafirmamos que la Comisión te-nía jurisdicción para atender las querellas que fueron pre-sentadas alegando el uso de una práctica ilícita en el ám-bito obrero-patronal.

Además, la actuación judicial mayoritaria es insosteni-ble ante el diáfano texto de la Ley Núm. 184. Más aún, se derrota la intención legislativa bajo el pretexto de que DACo no acreditó justa causa para la tardía notificación del recurso. Lamentablemente, a un requisito de estricto cumplimiento la mayoría le confiere más peso que a los postulados de la referida legislación.

Por otro lado, ante la realidad fiscal que experimentan los fondos públicos en Puerto Rico, avalar la concesión de este aumento trienal como lo hace la mayoría, constituye una acción que incide sobre los principios de sana adminis-tración pública. Por las razones enunciadas, disiento respetuosamente.

       Siglas en inglés de la organización matriz American Federation of State County and Municipal Employees.

       En DACo v. AFSCME, 185 D.P.R. 1 (2012), ante una situación similar a la del presente caso, establecimos que el aumento trienal dispuesto en la Ley para la Ad-ministración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, Ley Núm. 184-2004 (3 L.P.R.A. sec. 1461 et seq.), según enmen-dada, no aplica a los empleados que pertenecen a una unidad apropiada. Por lo tanto, determinamos que no incurre en práctica ilícita el patrono que deniega a estos em-pleados el mencionado aumento.

       Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPU) es una Unión certificada como representante exclusivo de los empleados de esa unidad apropiada, a tenor con la See. 8.3(3) de la Ley Núm. 184-2004 (3 L.P.R.A. sec. 1464b(3)) (Ley Núm. 184) desde el 4 de mayo de 2005. Esta fue la Certificación Núm. 052 de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (Comisión). Véase Anejo IV del Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 172. En agosto de 2007, entre el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) y SPU se firmó el Convenio Colectivo. Véase Alegato de la recurrida, pág. 8.

       La Comisión emitió y notificó una Querella y Aviso de Audiencia en el caso CA-05-112 el 29 de agosto de 2006.

       Específicamente, se trataba de la revocación de un aumento por años de sei*vicio concedido el 3 de junio de 2005 al Sr. Edgard Muñoz Díaz, así como de la denegatoria de aumentos a la Sra. Nilda Aponte Díaz y la Sra. Carmen Mercado González, por ocupar puestos que forman parte de la unidad apropiada de DACo. Véanse las misivas que DACo envió a los querellantes el 3 de noviembre de 2005, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 40-43. La agencia fundamentó su proce-der en que el aumento trienal de la Ley Núm. 184 se destinó a los empleados públicos no sindicados y gerenciales. Asimismo, citó la Sec. VII de la Carta Normativa Núm. 1-2005 de 25 de junio de 2005 de la entonces Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ORHELA), que indica que una vez la Comi-sión certifica una unidad apropiada para la negociación colectiva y certifica una organización sindical como representante exclusivo de los empleados, estos quedan excluidos de los beneficios dispuestos para empleados cuyos puestos no pertenecen a una unidad apropiada. Id.

       Véase Informe y Recomendaciones del Oficial Examinador, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 55.

       Este inciso (3) del Art. 8 de la Ley Núm. 184 dispone lo siguiente:
      “Los empleados públicos no sindicados y gerenciales que hayan ocupado un puesto regular durante un período ininterrumpido de tres (3) años de servicios, sin haber recibido ningún otro aumento de sueldo recibirán un aumento de hasta un cinco por (5%) ciento de su sueldo o su equivalente en tipos intermedios: Para esto, el empleado debe haber provisto servicios satisfactorios durante el período de tres (3) años según evidenciado en sus hojas de evaluaciones. La autoridad nominadora en-viará una notificación escrita a todo empleado que no satisfaga esta consideración. La notificación incluirá las razones por las cuales no se le concede al empleado el referido aumento, y le advertirá de su derecho de apelar ante la Comisión Apelativa”. 3 L.P.R.A. sec. 1464b(3).

       Véanse las determinaciones de hecho del informe y las recomendaciones del oficial examinador, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 62.

       El Plan de Reorganización Núm. 2, aprobado el 26 de julio de 2010, fusionó la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servi-cio Público (CASARH) y la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (CRTSP), creando así lo que ahora se conoce como la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). CASP actúa como un organismo cuasijudicial en la Rama Ejecutiva especializado en asuntos obrero-patronales y del principio de mérito, atendiendo ca-sos laborales, de querellas y de administración de recursos humanos tanto para los empleados que negocian sus condiciones de trabajo al amparo de la Ley Núm. 45-1998 (3 L.P.R.A. sec. 1451 et seq.), como para los empleados públicos cubiertos por la Ley Núm. 184, supra. Igualmente, CASP atiende aquellos casos al amparo de la Ley Núm. 333-2004, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 100 et seq., conocida como la Carta de Derechos de los Empleados Miembros de una Organización Laboral.

       Véase 3 L.P.R.A. sec. 1452t(a) (ed. 2006), que facultaba a la Comisión a
      “(a) Interpretar, aplicar y hacer cumplir las disposiciones de este capítulo en todo lo relativo a los procesos de organización, certificación, descertificación de orga-nizaciones sindicales; en los procedimientos relacionados con la conciliación y arbi-traje de negociaciones de convenios colectivos, en los procedimientos relacionados con prácticas ilícitas y en todos aquellos aspectos que este capítulo le delegue alguna actuación particular”.

       3 L.P.R.A. secs. 1464a y 1464b.

       Véase el Informe en torno al Sustitutivo [del] P. de la C. 3844, 15 de julio de 2004, pág. 13.

       Normas generales sobre retribución conforme a la Ley de la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Reglamento Núm. 6939 del Departamento de Estado, según enmendado, 3 de febrero de 2005, pág. 8.

       3 L.P.R.A. sec. 2175.

       D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá. Ed. Forum, 2001, pág. 26.


author: per curiam:

text:
      In re Hiram A. Meléndez Rivera.

      Número: TS-3473

      Resuelto: 31 de enero de 2013

      Nydia M. Cotto Vives, presidenta del Panel, Ismael Colón Birriel, y Rubén Vélez Torres, del Panel del Fiscal Indepen-diente; Hiram A. Meléndez Rivera, pro se.

   per curiam:

Hoy nos encontramos en la necesidad de ejercer una vez más nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión legal por incumplimiento con los cánones del Código de Ética Profesional que juró profesar.

I

El Ledo. Hiram A. Meléndez Rivera (licenciado Melén-dez Rivera) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 14 de enero de 1970 y, posteriormente, al ejercicio de la notaría el 7 de octubre de 1971.

Por hechos acaecidos entre enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008, mientras el licenciado Meléndez Rivera fungía como director ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), se le presentaron varios cargos por violación a los Arts. 210 (fraude) y 267 (malversación de fondos públicos) del Código Penal de 2004 y por violación al Art. 3.3(c) de la Ley de Ética Gubernamental. En específico, al licenciado Me-léndez Rivera se le imputó haber utilizado indebidamente la tarjeta corporativa de la ACAA para gastos extravagan-tes e innecesarios, que comprendían estadías en hoteles en Puerto Rico, consumo en restaurantes en el área de San Juan y estadías fuera de Puerto Rico en asuntos que fue-ron catalogados como no oficiales.

Luego de varios trámites procesales, los delitos mencio-nados fueron reclasificados cada uno a dos cargos por ne-gligencia en el cumplimiento del deber (Art. 266 del Código Penal de 2004), por lo que finalmente el licenciado Me-léndez Rivera terminó realizando alegación de culpabili-dad por seis cargos menos graves por violación a este úl-timo artículo. Como resultado de lo anterior, el 27 de febrero de 2012, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia, condenándolo a cumplir un año de prisión con el beneficio de una sentencia suspendida, conforme lo dis-pone la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946 (34 L.P.R.A. sec. 1026 et seq.), y a restituir la cantidad de trece mil setecientos cuarenta y siete dólares con ochenta y seis centavos ($13,747.86) al erario.

Por tratarse esa situación de la convicción criminal de un togado, el 6 de julio de 2012 el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Panel del FEI) emitió una resolu-ción en la que le informa a este Tribunal los pormenores expuestos para que conociéramos ese asunto y dispusiéra-mos lo que fuera procedente. Como resultado de lo anterior, el 26 de octubre de 2012 emitimos una resolución y le concedimos al licenciado Meléndez Rivera un término de veinte días para que expresara por qué no debía ser sus-pendido de la práctica de la abogacía.

En cumplimiento con lo anterior, el 20 de noviembre de 2012 el licenciado Meléndez Rivera compareció ante nos e informó que los trescientos sesenta días a los que fue con-denado a cumplir con el beneficio de una sentencia suspen-dida se cumplen el próximo 22 de febrero de 2013 y que la cantidad que se le había ordenado restituir fue debida-mente consignada conforme a la ley. Expresó, además, su profundo arrepentimiento, así como su propósito de conti-nuar conduciendo su vida según las normas que rigen la profesión legal.

II

La Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. sec. 735), dispone, en su parte pertinente:

El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. (Énfasis nuestro).

Reiteradamente hemos establecido que la "[depravación moral consiste en hacer algo contrario a la justicia, a la honradez, a los buenos principios o a la moral”. In re Arroyo Arroyo, 182 D.P.R. 83, 85 (2011). Véanse: In re Colón Muñoz, 149 D.P.R. 627 (1999); In re Ortiz Gilot, 117 D.P.R. 167 (1986).

Para evitar exponerse a los pormenores de un proceso disciplinario por cualquier conducta de las indicadas, hemos insistido en que todo miembro de la profesión legal debe conducirse en forma digna y honorable, tanto en su vida privada como familiar. Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Conforme a lo anterior, desde el preámbulo del código de ética que ha de regir la conducta de los miembros de la clase togada se ha dispuesto que a todo abogado se le exige evitar hasta la apariencia de conducta impropia. Del mismo modo, dispone el referido Canon 38 que “[e]l abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. (Énfasis nuestro).

Reviste tanta importancia que todo abogado se desempeñe con dignidad y un alto sentido del honor que, según hemos reafirmado, éstos podrán ser suspendidos o desaforados por actuaciones que no tienen que surgir ne-cesariamente de su actividad profesional, sólo bastando con que éstas afecten sus cualidades morales o lo hagan indigno de pertenecer al foro. In re Rodríguez Vázquez, 176 D.P.R. 168, 177 (2009); Colegio de Abogados de P.R. v. Barney, 109 D.P.R. 845, 848 (1980); In re Liceaga, 82 D.P.R. 252, 255-256 (1961).

Luego de evaluar los hechos en este proceso disciplina-rio entendemos que, sin lugar a dudas, el comportamiento y la conducta incurrida, por la cual hizo alegación de cul-pabilidad el licenciado Meléndez Rivera, va en contra de los buenos principios, de la moral y de la honradez con la que debe conducirse todo miembro de la profesión legal. Al así actuar dejó a un lado su deber de esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de la profesión y de evitar hasta la apariencia de conducta impropia.

Como acertadamente expone el licenciado Meléndez Rivera en su comparecencia ante nos, “[e]l hecho que activa la función disciplinaria en el caso de autos es cierto y cons-tatable: una sentencia por delito”. (Enfasis nuestro). Re-conocemos que nuestro deber va más allá de aplicar con automatismo una sanción disciplinaria por una convicción por el delito de negligencia en el cumplimiento en el deber. Pero, como hemos reiterado en ocasiones anteriores, todo abogado debe actuar a un nivel superior y no al margen de este. Por lo tanto, no hemos dudado en suspender o desafo-rar a abogados cuando sus actuaciones afectan sus cuali-dades morales y los hacen indignos de pertenecer al foro. Las actuaciones que desembocan en la sentencia en cues-tión, sin lugar a dudas, son patentemente contrarias a los postulados éticos que gobiernan la profesión y merecen que ejerzamos nuestra facultad disciplinaria.

Ill

De este modo y en vista de los acontecimientos esboza-dos, decretamos la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía del licenciado Meléndez Rivera. Le ordenamos, por lo tanto, notificar a todos sus clientes, si alguno, de su inhabilidad para continuar con su represen-tación, así como devolver tanto los expedientes de los casos pendientes, como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos.

Igualmente, tiene el deber de informar oportunamente de su suspensión tanto a los foros judiciales como adminis-trativos del país en el que tenga algún caso o asunto pendiente. Esas gestiones deberán ser acreditadas a este Tribunal en el término de treinta días a partir de la noti-ficación de esta opinión per curiam y sentencia.

Notifíquese personalmente esta opinión per curiam al Sr. Hiram A. Meléndez Rivera por la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente señor Hernández Denton y las Jue-zas Asociadas Señoras Fiol Matta y Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

       Con fecha 17 de junio de 1983 el licenciado Meléndez Rivera informó que deseaba cesar en sus funciones como notario público a partir de 27 de junio de 1983. Por esa razón y luego de que la Oficina del Director de Inspección de Notarías (ODIN) examinara los protocolos y registros de testimonios formados hasta ese mo-mento y los depositara en el Archivo Notarial de San Juan, dimos por terminada su fianza notarial.
      Aproximadamente diez años después, el licenciado Meléndez Rivera solicitó readmisión al ejercicio del notariado, petición que le fue concedida el 15 de enero de 1993, previa prestación de la fianza notarial. No obstante, el 26 de junio de 2002 solicitó nuevamente el cese voluntario de sus funciones como notario. Por lo tanto, luego de examinada su obra notarial y archivada en el Archivo Notarial, Distrito de San Juan, emitimos una resolución para dar por terminada su fianza notarial el 18 de octubre de 2002.

       33 L.P.R.A. sec. 4838. El delito de fraude estaba catalogado en el Código Penal de 2004 como un delito grave de cuarto grado.

       33 L.P.R.A. sec. 4895. El delito de malversación de fondos públicos estaba catalogado en el Código Penal de 2004 como un delito grave de tercer grado.

       3 L.P.R.A. sec. 1823(c).

       En las imputaciones realizadas por el uso irregular de la tarjeta de crédito corporativa, el licenciado Meléndez Rivera reconoce que, aunque él no era el funcio-nario encargado de realizar los pagos en la agencia, por su puesto como director ejecutivo tenía una responsabilidad ministerial de que todo trámite relacionado a los pagos fuera impecable. Aceptó, además, que aun cuando se alega que él no tuvo la oportunidad de examinar la auditoría de las finanzas de la agencia y no tenía consigo las facturas por los gastos que se le estaban cuestionando, después de todo era su responsabilidad que todas las cuentas de la agencia estuvieran claras.

       33 L.P.R.A. sec. 4894.

       El licenciado Meléndez Rivera realizó alegación de culpabilidad durante la vista de lectura de acusación celebrada el 27 de febrero de 2012, luego de un pre-acuerdo realizado entre su representante legal y la fiscal designada por el Panel del FEI.

       Moción en cumplimiento de orden de 20 de noviembre de 2012, pág. 6.


author: La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

text:
    Jaap Corporation, recurrida, v. Departamento de Estado et al., peticionarios.

      Número: CC-2011-719

      Resuelto: 1 de febrero de 2013

      Luis R. Román Negrón, procurador general, y Leticia Casal-duc Rabell, subprocuradora general, abogados del Estado Libre Asociado, parte peticionaria; Carlos A. Piovanetti Rivera, abogado de Jaap Corporation, parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

emitió la opinión del Tribunal.

Hoy, en lugar de evaluar la validez de la retroactividad de un Contrato de Obra otorgado por un municipio y un ente privado —como lo hicimos en ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 D.P.R. 530 (2011) — , nos corresponde exami-nar la validez de un Contrato de Arrendamiento de Cosas pactado retroactivamente por el Estado y un ente privado. Específicamente, debemos determinar si procede el pago de cánones de arrendamiento en virtud de un Contrato que fue otorgado posterior al uso y disfrute de la propiedad en cuestión. Resolvemos, a priori, que la contratación guber-namental retroactiva es contraria a nuestros preceptos de contratación gubernamental que propenden a la sana ad-ministración pública.

I

El 28 de julio de 2009 Jaap Corporation (en adelante Jaap o recurrida) presentó una Demanda sobre Sentencia Declaratoria y Cobro de Dinero en contra del Gobierno de Puerto Rico. Surge de los hechos estipulados por las partes, que el Departamento de Estado arrendó a Jaap los pisos tres (3) y cuatro (4) del edificio número 151 de la Calle Fortaleza esquina Calle San José de Viejo San Juan. Cada piso fue arrendado mediante Contratos separados. El arrendamiento del tercer piso fue acordado mediante el Contrato Núm. 2001-000043, el cual fue suscrito el 27 de octubre de 2000. Sin embargo, se dispuso que el Contrato entraría en vigor desde el 16 de enero de 2000 y regiría hasta el 30 de junio de 2000. Las partes también acordaron que

... si a su vencimiento ninguna de las partes contratantes ha notificado a la otra su intención de enmendarlo o resolverlo, se entenderá renovado sin necesidad de notificación previa de ambas partes, por años económicos sucesivos a partir del pri-mero de julio hasta completar un máximo de cinco (5) años o hasta completar un máximo de diez (10) años si el contrato corresponde a oficinas y dependencias localizadas en Estados Unidos o país del extranjero incluyendo las renovaciones.

No hay controversia en cuanto a que este contrato fue presentado en la Oficina del Contralor.

Pasados cinco (5) años, Jaap comenzó una serie de co-municaciones dirigidas a suscribir otro Contrato de Arrendamiento. En una de las cartas la corporación señaló que el Contrato de las oficinas de las Juntas Examinadoras que ubican en el tercer piso del edificio en cuestión había vencido desde enero de 2005. Según arguye la recurrida, las partes comenzaron negociaciones y discusiones sobre la otorgación de un nuevo Contrato. De hecho, el 1 de julio de 2005 se redactó un documento intitulado “Contrato de Arrendamiento de Locales por Cinco Años o Menos o Hasta 10 años” para el alquiler del tercer piso. Ese documento entraría en vigor el “1 de julio de 2005 sujeto a la aproba-ción de la Administración de Servicios Generales”. Asi-mismo, dispuso que regirían las relaciones contractuales hasta el 30 de junio de 2006. Empero, este documento, aunque contiene al margen izquierdo las iniciales “W.G.A.” y “C.E.D.”, nunca llegó a ser firmado por las partes; tam-poco fue aprobado por la Administración de Servicios Generales.

No fue hasta el 18 de julio de 2007 cuando las partes finalmente suscribieron el Contrato Núm. 2008-000009, referente al arrendamiento del piso tres (3). En ese Con-trato las partes pactaron que el Departamento de Estado compensaría a Jaap por una suma ascendente a ciento die-ciséis mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con once centavos ($116,459.11); cantidad correspondiente al arren-damiento del tercer piso desde el 1 de julio de 2005 hasta el 30 de junio de 2006.

Sin embargo, surge del expediente que aunque el De-partamento de Estado ocupó el tercer piso desde el 1 de junio de 2005 hasta el 1 de febrero de 2008, esta entidad gubernamental nunca emitió pago por el arrendamiento del piso tres (3) correspondiente a la renta de este periodo. Según la recurrida, las rentas adeudadas ascienden a un total de trescientos veinte mil quinientos veintiún dólares con cuarenta y seis centavos ($320,521.46). El 12 de mayo de 2008 y el 30 de diciembre de 2008 las dos (2) Directoras de la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Es-tado, Ledas. Lourdes Adrienne Robles Torres y Patricia A. Castaing Lespier, suscribieron cartas a la representación legal de Jaap en las que reconocieron la totalidad de la deuda de dicha agencia.

Así las cosas, Jaap instó una Demanda en Cobro de Dinero contra el Departamento de Estado. Luego de varias incidencias procesales, el Tribunal de Primera Instancia resolvió, en lo pertinente a la reclamación del tercer piso, que no existía controversia en cuanto a que las partes otor-garon un Contrato de Arrendamiento el 18 de julio de 2007 para compensar a Jaap por la suma de ciento dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con once centavos ($116,459.11) y así liquidar la deuda existente por el alqui-ler desde el 1 de julio de 2005 hasta el 30 de junio de 2006. Además, en virtud del mismo Contrato Núm. 2008-000009, determinó que el arrendamiento del tercer piso se extendió por el término de vigencia del Contrato hasta el 30 de julio de 2007. Resolvió, además, que el Departamento de Estado permaneció ocupando el piso tres (3) hasta febrero de 2008, con la aquiescencia de Jaap, por lo cual había operado la figura de la tácita reconducción. En fin, el Tribunal de Pri-mera Instancia declaró “con lugar” la Demanda y ordenó el pago de la totalidad de su reclamación.

Inconforme, el Departamento de Estado recurrió al Tribunal de Apelaciones. Planteó que la deuda no estaba sus-tentada por un contrato debidamente perfeccionado, con-forme a la normativa aplicable a la contratación guberna-mental. De igual forma, argüyó que no podía aplicarse la norma de la tácita reconducción a este caso pues obra en contra del interés público y del buen manejo de fondos del Estado.

Sometida la controversia, el Tribunal de Apelaciones dictaminó que se justificaba el pago de cánones de arren-damiento devengados retroactivamente para el período comprendido desde el 1 de julio de 2005 hasta el 30 de junio de 2006. Razonó que el Contrato Núm. 2008-000009 se redujo a escrito y cumplió con los demás requisitos que se exigen para la contratación gubernamental. En cuanto a la retroactividad del Contrato, el tribunal apelativo inter-medio entendió que la única disposición de ley que impide la contratación gubernamental retroactiva es la Ley Núm. 237-2004, la cual no aplicaba al caso de autos ya que regla-menta únicamente la contratación de servicios profesiona-les o consultivos, mas no rige los Contratos de Arrenda-miento de Cosas.

A contrario sensu, en cuanto al periodo comprendido desde 1 de julio de 2006 al 30 de julio de 2007, el tribunal a quo resolvió que el Contrato Núm. 2008-000009 carecía de un elemento esencial de los contratos de arrendamiento de cosas: precio cierto. Es decir, el Tribunal de Apelaciones interpretó que del referido Contrato no surgía un canon de arrendamiento pactado para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2006 al 30 de julio de 2007. Asimismo, dispuso que cualquier esfuerzo para establecer un precio o canon de arrendamiento, en el mejor de los casos, conduci-ría a la especulación.

En cuanto a la ocupación del tercer piso durante el pe-riodo del 1 de agosto de 2007 hasta el 29 de febrero de 2008, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del tribunal de instancia. El foro apelativo intermedio con-cluyó que no aplicaba la figura de tácita reconducción por-que ello equivaldría a realizar mi nuevo contrato sin cum-plir con los rigurosos requisitos y formalidades como son el consentimiento escrito y expreso —no tácito— y el registro del contrato en la Oficina del Contralor. Según el tribunal apelativo intermedio, permitir la operación de la figura de la tácita reconducción crearía una excepción a las normas de contratación gubernamental que permitiría el desem-bolso de fondos públicos sin exigir el cumplimiento de aquellas normas de contratación gubernamental que pro-penden a proteger los recursos fiscales del Estado contra el dispendio, la prevaricación, el favoritismo y los riesgos de incumplimiento.

En resumen, el tribunal a quo confirmó parcialmente al tribunal sentenciador en cuanto a la renta correspondiente al periodo comprendido ente julio 2005 y el 30 de junio de 2006. A contrario sensu, revocó al tribunal de instancia en cuanto a la otorgación y desembolso correspondiente de fondos públicos para el pago de cánones para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2006 al 30 de julio de 2007, por el Contrato carecer de un precio cierto. Asi-mismo, revocó al tribunal de instancia en cuanto al uso de fondos públicos para pagar cánones de arrendamiento desde el 1 de julio de 2006 hasta el mes de febrero 2008, en virtud de la tácita reconducción.

Inconforme con la determinación del Tribunal de Apela-ciones, el Departamento de Estado presentó el recurso de certiorari que nos ocupa. En este plantea el siguiente error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar el pago de una alegada deuda que no está sustentada por un contrato debidamente perfeccionado conforme a la normativa aplicable a la contratación gubernamental. Petición de certiorari, pág. 9.

Atendida la petición de certiorari, el 9 de diciembre de 2011, acordamos no expedir el recurso de epígrafe. No obs-tante, el 3 de febrero de 2012, expedimos el auto en reconsideración. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver el recurso de autos.

II

Toda erogación de fondos en nuestro país está supeditada al imperativo constitucional siguiente:

Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley. Art. VI, Sec. 9, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 429.

Hemos sido consistentes en reiterar que esta disposición constitucional obliga al Estado a manejar los fondos públi-cos con los más altos principios éticos y fiduciarios. Véanse, por ejemplo: Lugo v. Municipio Guayama, 163 D.P.R. 208 (2004); Hatton v. Mun. de Ponce, 134 D.P.R. 1001 (1994); Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 D.P.R. 864 (1990).

Con el propósito de cumplir con este precepto constitucional, la Asamblea Legislativa ha aprobado legislación diseñada a imponer controles fiscales y de contratación gubernamental, de manera que las estructuras gubernamentales cumplan con este mandato constitucional de la sana administración de los fondos públicos. Así, por ejemplo, la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 283 et seq., establece la política pública del Estado en relación con el control y la contabilidad de los fondos y la propiedad pública. En general, la política pública plasmada en esta ley consiste en que la contabilidad del Gobierno

... provea la información financiera necesaria para la adminis-tración de las operaciones gubernamentales y para la prepa-ración y ejecución del presupuesto, y constituya un control efectivo sobre los ingresos, desembolsos, fondos, propiedad y otros activos del gobierno... Art. 2(b) de la Ley Núm. 230 (3 L.P.R.A. sec. 283a(b)).

Asimismo, en RDT Const. Corp. v. Contralor I, 141 D.P.R. 424, 451 (1996), señalamos que la política pública de la Ley Núm. 230 requiere

... que los gastos y fondos públicos sean legítimos y legales y promuevan la máxima economía y óptima utilización de los recursos públicos y que los gastos del Gobierno se hagan dentro de un marco de utilidad, necesidad y austeridad. (Enfasis en el original).

Esta legislación, además, tiene el propósito de crear “control previo de todas las operaciones del gobierno” de manera que cada entidad gubernamental pueda planificar su presupuesto y programas de gobierno. (Enfasis suplido). Art. 2(e) de la Ley Núm. 230 (3 L.P.R.A. sec. 283a(e)). El Art. 9(a) del estatuto dispone que

[l]as dependencias ordenarán obligaciones y desembolsos de sus fondos públicos únicamente para obligar o pagar servicios, suministros de materiales y equipos, reclamaciones u otros conceptos que estuvieren autorizados por ley. El Secretario contabilizará las obligaciones y efectuará y contabilizará los desembolsos a través de documentos que sometan las depen-dencias, los cuales serán previamente aprobados para obliga-ción o pago por el jefe de la dependencia correspondiente o por el funcionario o empleado que éste designare como su repre-sentante autorizado. (Énfasis suplido). 3 L.P.R.A. sec. 283h(a).

De igual forma, el Art. 8(a) de la Ley Núm. 230 establece, en lo pertinente, que

Modas las asignaciones y los fondos autorizados para las atenciones de un año económico, serán aplicados exclusiva-mente al pago de los gastos legítimamente incurridos durante el respectivo año o al pago de obligaciones legalmente contraí-das y debidamente asentadas en los libros. (Enfasis suplido). 3 L.P.R.A. sec. 283g(a).

El concepto “obligación” es definido en el Art. 3(k) de la Ley Núm. 230 como

[u]n compromiso contraído que esté representado por orden de compra, contrato o documento similar, pendiente de pago, fir-mado por autoridad competente para gravar las asignaciones, y que puede convertirse en el futuro en deuda exigible. 3 L.P.R.A. sec. 283b(k).

De las disposiciones de ley antes citadas se deduce que la facultad del Estado para desembolsar fondos públicos está limitada por los procedimientos y preceptos estableci-dos en las leyes. Además, como veremos más adelante, también están supeditados a los preceptos de sana admi-nistración pública delineados en nuestra jurisprudencia. Véanse, por ejemplo: Mun. Quebradillos v. Corp. Salud Lares, 180 D.P.R. 1003 (2011); Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 D.P.R. 718 (2007); De Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255 (1999).

Desde Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37 (1988), hemos interpretado que el precepto de la sana política pública administrativa requiere que los Contratos Gubernamentales cumplan con los requisitos siguientes: “1) se reduzcan a escrito; 2) se mantenga un registro fiel con miras a prima facie establecer su existencia; 3) se remita copia a la Oficina del Contralor como medio de una doble constancia de su otorgamiento, términos y existencias, y 4) que se acredite la certeza de tiempo, esto es, haber sido realizado y otorgado quince (15) días antes”. Id., pág. 54. En aquella ocasión, aplicamos esa norma de contratación a los contratos municipales con entes privados. No obstante, no queda duda de que esa norma no solamente la hemos aplicado mediante leyes y normas aplicables a los municipios, sino que también la hemos extendido a la contratación gubernamental del Estado. Véase CMI Hospital v. Depto. Salud, 171 D.P.R. 313 (2007).

Así las cosas, y alejándonos de la norma general de los Contratos, hemos establecido que todo contrato entre un ente privado y el Estado debe constar por escrito para que tenga efecto vinculante entre las partes. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, págs. 725-726. Este re-quisito es indispensable, pues

... tiene una insoslayable dimensión de sana administración pública, en la medida que permite salvaguardar los intereses de las partes contratantes frente a un incumplimiento, per-mite la ordenada utilización de los fondos municipales, evita la incertidumbre en la confección del presupuesto municipal y hace posible la adecuada identificación de la partida contra la cual se harán los desembolsos públicos en cumplimiento con la ley. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, pág. 730.

Asimismo, el contrato escrito “[c]onstituye un meca-nismo profiláctico tendiente a evitar pagos y reclamaciones fraudulentas e ilegales”. Íd., pág. 726.

Sin embargo, en Mun. Quebradillas v. Corp. Salud Lares, supra, examinamos si procedía una acción en cobro de dinero incoada por un municipio en contra de una corporación, aun cuando no existía un Contrato entre las partes. En esa ocasión concluimos que, aunque no existía un contrato escrito, un municipio tiene derecho a recobrar el dinero público que desembolsó incorrectamente mediante un acuerdo nulo. Íd., págs. 1015-1016. Fundamentamos nuestro dictamen en el hecho de que “estaríamos dejando en manos privadas unos fondos públicos que no le corresponden”. íd., pág. 1016. De esta forma aclaramos que nuestro razonamiento en casos de contratación gubernamental no se fundamenta meramente en favorecer a los municipios o al Estado, sino que evaluamos cada caso bajo el crisol de la sana administración y la protección de los fondos públicos.

La última ocasión en que nos expresamos en cuanto a la contratación gubernamental fue en ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra. La controversia en ese caso surgió cuando ALCO obtuvo la adjudicación de la buena pro de una su-basta de Contrato de Obra para pavimentar un área en el Municipio de Toa Alta. Aún sin obtener un contrato escrito, ALCO comenzó a ejecutar la obra, entiéndase, a pavimentar. No fue hasta luego de completar el trabajo de pavimentación que las partes otorgaron el contrato escrito. No había duda de que el Municipio envió copia a la Oficina del Contralor y fue registrado en los libros municipales. Pasados varios intentos de cobro al Municipio, ALCO pre-sentó Demanda en cobro de dinero ante el Tribunal de Pri-mera Instancia. Ese tribunal desestimó la Demanda suma-riamente al entender que la rigurosidad de los requisitos de contratación con los municipios impedía que ALCO co-brara por una obra realizada previo al otorgamiento del Contrato escrito. El Tribunal de Apelaciones confirmó al tribunal sentenciador y resolvió que “de otra manera tras-tocaría el sistema de controles de desembolso de fondos públicos... pues se prestaría para que se convalidaran acuerdos llegados entre contratistas y municipios sin cum-plir con el proceso establecido por nuestro ordenamiento”, íd., pág. 553.

Aprovechamos aquella ocasión para rechazar tajante-mente la validación de Contratos Municipales retroactivos. En ese sentido, concluimos que era necesario suscribir un contrato escrito previo a la ejecución de la obra. “En caso contrario, se ignoraría el interés público de regular las ins-pecciones de la obra y restringir los parámetros de subcon-tratación, entre otras medidas cautelares...”. (Enfasis en el original). ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, pág. 551. Específicamente, establecimos que validar un Contrato re-troactivo podría fomentar el que un contratista realice la obra antes de la otorgación del Contrato escrito como me-dida de presión para la otorgación futura del contrato. Id., pág. 543. Igualmente razonamos que validar los contratos retroactivos propende a que un contratista realice la obra y espere a que cambie la administración del municipio para convalidar su acto. Por lo tanto, validar esa teoría

... premiaría a quien se confabule con un funcionario corrupto del municipio para no seguir las normas de una administra-ción pública sana, consciente de que tan pronto culmine la obra tendrá derecho a reclamar compensación sin importar que no siguió la ley al contratar. Íd., pág. 544.

Además, al interpretar el Art. 8.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (21 L.P.R.A. sec. 4354), resolvimos que esa actuación “comprometió los fondos de un año fiscal, para el pago de una obligación contraída ilegalmente en un año fiscal anterior”. (Enfasis suplido). ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, pág. 543.

En fin, concluimos que realizar una obra antes de tener un Contrato escrito violenta los conceptos de contratación gubernamental que propenden a una sana administración pública y control en los desembolsos de fondos públicos.

De acuerdo con lo anterior, pasamos a aplicar los funda-mentos esbozados al caso de autos para determinar si pro-cede el cobro de la renta del tercer piso de la propiedad arrendada, en virtud de un Contrato de Arrendamiento que fue otorgado posterior al uso y disfrute de la propiedad en cuestión.

III

Según intimado, hoy, en lugar de evaluar la validez de un Contrato de Obra otorgado retroactivamente por un municipio y un ente privado como lo hicimos en ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, debemos examinar la validez de un Contrato de Arrendamiento de Cosas pactado retroactivamente por el Estado y un ente privado.

El Departamento de Estado alega que los contratos re-troactivos son contrarios a la normativa de la contratación gubernamental porque favorecen los acuerdos verbales, lo cual está al margen de la ley y de nuestros pronuncia-mientos. Por lo tanto, entiende que la reclamación en este caso no es exigible al fundamentarse en un Contrato retro-activo otorgado el 18 de julio de 2007, para cubrir cánones de arrendamiento correspondientes al periodo del 1 de julio de 2005 hasta el 30 de junio de 2006.

A contrario sensu, Jaap arguye que el piso tres (3) del edificio en cuestión fue arrendado originalmente mediante el Contrato Núm. 2001-000043, el cual tuvo vigencia desde el 16 de enero de 2000 hasta el 30 de junio de 2000. La recurrida postula, además, que el arrendamiento en cues-tión estuvo cubierto por el Contrato original pues en su Cláusula Tres (3) especifica que si ninguna de las partes notificaba a la otra su intención de enmendarlo o resol-verlo, se renovaría automáticamente por cinco (5) años o por diez (10) si la propiedad estaba localizada en Estados Unidos. La posición de la corporación es que el Departa-mento de Estado ocupó el piso tres (3) durante un periodo de tiempo que estaba cubierto por la cláusula de renova-ción automática dispuesta en el Contrato Núm. 2001-000043 y que este Contrato pudo extenderse por diez (10) años, hasta el 15 de enero de 2010. Finalmente, alegó que el Contrato Núm. 2008-000009 tuvo el efecto limitado de formalizar la renovación automática acordada en el primer Contrato. Diferimos.

Luego de examinar la totalidad del expediente, no pode-mos concluir que hubo una renovación automática del arrendamiento suscrito mediante el Contrato Núm. 2001-000043. No encontramos prueba o fundamento jurídico en el expediente que fundamente la posición de Jaap. Nuestra conclusión se hace patente al examinar el Contrato Núm. 2008-000009, el cual dispone:

CUARTO-. El DEPARTAMENTO y JAAP Corporation, forma-lizaron un contrato de arrendamiento del tercer piso del Anti-guo edificio Marshall en el Viejo San Juan (renovable automá-ticamente por cinco años consecutivos) el 16 de enero de 2000 y el 15 de enero de 2005, terminó la vigencia del acuerdo contractual. (Énfasis suplido).
QUINTO: Que vencido el contrato entre las partes, JAAP Corporation consintió y estuvo de acuerdo en que el DEPARTA-MENTO continuara ocupando el tercer piso del mencionado Edificio para que los servicios de las juntas examinadoras a la ciudadanía no se interrumpieran y se vieran afectados, a pe-sar de no existir un acuerdo contractual escrito. (Énfasis suplido). Contrato Núm. 2008-000009, pág. 9, Apéndice, pág. 173.

De lo anterior se deduce, en primer lugar, que las partes convinieron e interpretaron que el Contrato original tuvo vigencia hasta el 15 de enero de 2005, y no se extendió por diez (10) años como argumenta Jaap. Es decir, el Departa-mento de Estado ocupó el tercer piso desde el 1 de julio de 2005 hasta el 29 de febrero de 2008 sin contrato escrito. En segundo lugar, estas cláusulas revelan que Jaap consintió expresamente a que el Departamento de Estado continuara ocupando el tercer piso, sin contrato escrito. En conclusión, no tiene mérito la alegación de Jaap a los efectos de que el Contrato Núm. 2001-000049 se renovó automáticamente. Esa interpretación acomodaticia no encuentra fundamento y es contraria a las claras expresiones realizadas por am-bas partes en el Contrato Núm. 2008-000009. No obstante, resta determinar si el Contrato posterior tuvo el efecto de crear una obligación válida para el pago retroactivo de cá-nones de arrendamiento.

El canon de arrendamiento que Jaap pretende obtener en virtud del Contrato Núm. 2008-000009, tiene el propósito de cobrar una suma ascendente a ciento dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con once centavos ($116,459.11), para así retribuir a Jaap por el uso y disfrute retroactivo del piso tres (3). En otras palabras, lo que se pretende reconocer en el Contrato Núra. 2008-000009 es una obligación de pago que fue generada sin tener un contrato escrito y perfeccionado conforme a las for-malidades que le aplican a la contratación gubernamental. Sin embargo, según mencionamos anteriormente, en ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, pág. 551, hicimos claro que es necesario que un ente privado se asegure de obtener un contrato escrito previo a la ejecución de una obra o el otorgamiento de prestaciones y contraprestacio-nes, como es en este caso permitir el uso y disfrute del tercer piso del edificio propiedad de Jaap.

Un Contrato retroactivo como el de autos presupone una de dos (2) situaciones: (1) que había un contrato verbal entre el Estado y la entidad privada y este último estuvo ejecutándolo u otorgando prestaciones sin tener un acuerdo escrito, o (2) que simplemente no había ningún tipo de contrato mientras el ente privado proveía presta-ciones al Estado, con la esperanza de que algún día se otor-gara un Contrato a su favor y fuera retribuido por sus bie-nes o servicios. Cualquiera de las dos (2) situaciones anteriores promueve la no otorgación de Contratos escritos mientras se intenta crear obligaciones para gravar las asignaciones de fondos públicos. Sin lugar a dudas esto es contrario a la norma de contratación gubernamental que exige que los contratos entre el gobierno y un ente privado se rijan únicamente por contratos escritos. ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra; Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra. Basta recordar que de lo contrario, estaríamos pre-miando a quien se confabule con un funcionario corrupto “para no seguir las normas de una administración pública sana, consciente de que... tendrá derecho a reclamar com-pensación sin importar que no siguió la ley al contratar”. ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, pág. 544.

En este caso, Jaap permitió que el Departamento de Estado disfrutara y usara el tercer piso del edificio. Esto nos lleva a concluir que Jaap otorgó prestaciones propias de un Contrato de Arrendamiento —dar el “goce o uso de una cosa por tiempo determinado” — con la esperanza de que, aun sin Contrato escrito, el Departamento de Estado suscribiera en el futuro un Contrato escrito en virtud del cual pudiera gravar fondos públicos para el pago de cáno-nes de arrendamiento.

Hoy resolvemos que la contratación retroactiva sobre el arrendamiento de un bien, no solamente está al margen de la normativa de la contratación municipal, sino que también está reñida con la contratación gubernamental en general. Ciertamente, la contratación gubernamental retroactiva hace inoperante todo control previo a la formación de una obligación del Gobierno, lo cual es contrario a la política pública establecida en el Art. 2(e) de la Ley Núm. 230, supra. Esta práctica impide, además, que terceros como la Oficina del Contralor cumplan con la política pública de la Ley Núm. 230 y que los ciudadanos puedan obtener el contrato escrito para pasar juicio sobre la contratación, pues el contrato se escribe y publica luego de la ejecución y consumación de las obligaciones allí dispuestas. ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra.

Al aplicar la normativa antes expuesta, colegimos que la reclamación del recurrido no es exigible. No podemos concluir de otra manera, pues la reclamación en controver-sia se apoya en un Contrato otorgado el 18 de julio de 2007 para cubrir los cánones de arrendamiento correspondien-tes al periodo del 1 de junio de 2005 hasta el 30 de junio de 2006. Esta actuación comprometió los fondos de un año fiscal para el pago de una obligación contraída ilegalmente en un año fiscal anterior; acto que fue realizado en contra-vención al Art. 8(a) de la Ley Núm. 230 (3 L.P.R.A. sec. 283g(a)). Véase ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, supra, pág. 543. Este Contrato resulta ser ineficaz. El Estado no puede realizar un desembolso de fondos públicos en con-travención a la ley y la jurisprudencia interpretativa de los estrictos requisitos que aplican a la contratación gubernamental. En consecuencia, no procede ordenarle al Departamento de Estado el cumplimiento del Contrato Núm. 2008-000009.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos en parte el dictamen recurrido emitido por el Tribunal de Ape-laciones en cuanto al pago de cánones de arrendamiento a Jaap por ciento dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con once centavos ($116,459.11).

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton no interviene. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

       Moción Conjunta de Hechos Estipulados, Estipulación Núm. 5, Apéndice, pág. 141.

       Íd., Estipulación Núm. 8, Apéndice, pág. 142.

       Íd., Estipulación Núm. 7, Apéndice, pág. 141.

       Íd.

       Íd.

       Íd. Conforme la Estipulación Núm. 7, “[1]os dos primeros folios del docu-mento no contienen firma alguna, mientras que los cinco (5) folios subsiguientes titulados ‘Hojas de Continuación’ contienen la firma del señor Carlos E. Cortés Díaz”.

       El Departamento de Estado no argumentó ante este Tribunal la aplicabilidad de la Ley Núm. 237-2004; por tal razón, rechazamos hacer una interpretación del referido estatuto en esta ocasión.

       A tales efectos, dispusimos:
      “No hacer la distinción cuando es un ente público el que reclama permitiría que un funcionario inescrupuloso favorezca a ciertos contratistas, pagándoles de ante-mano por unos servicios, pero sin un contrato escrito, con la intención de que cuando se inicie el proceso legal de cobro de dinero, se pueda presentar como defensa que el contrato no cumple con los requisitos formales exigidos por ley y el contratista no tenga que devolver lo que se le pagó ilegalmente”. Mun. Quebradillas v. Corp. Salud Lares, 180 D.P.R. 1003, 1016 (2011).

       Art. 1433 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4012.

       por 0(;r0 ia(j0) ¡a operación de la figura de la tácita reconducción presupone la existencia de un contrato válido. Art. 1456 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4063. Al resolver que el Contrato Núm. 2008-000009 es ineficaz, resulta innecesaria cual-quier expresión en torno a la operación de la doctrina de la tácita reconducción en los contratos gubernamentales.

       La recurrida argumenta, en la alternativa, que de pautar una norma dis-tinta a la esbozada en su alegato, no debemos aplicarla al caso de autos porque al otorgar el Contrato Núm. 2008-000009, Jaap confió en el estado de Derecho pautado por la Orden Ejecutiva Núm. 2006-23 de 22 de junio de 2006. Esa Orden Ejecutiva disponía, en esencia, que las agencias y dependencias públicas podían otorgar con-tratos formales con vigencia retroactiva. Sin adentrarnos en la validez de esta Orden Ejecutiva, la realidad es que los contratos retroactivos han sido objeto de contunden-tes señalamientos por parte de la Oficina del Contralor y el Departamento de Justicia. Véanse: Oficina del Contralor, Carta Circular OC-98-01 de 8 de julio de 1997; Op. Sec. Just. Núm. 2001-14 de 2 de julio de 2001. No fue hasta la emisión de la Orden Ejecutiva que se fomentó por primera vez el uso de contratos formales retroactivos.
      La solicitud de Jaap no cambia nuestro razonamiento. Es suficiente examinar la cronología de los hechos para saber que Jaap permitió que el Departamento de Es-tado gozara y disfrutara el tercer piso del edificio en cuestión, aun cuando ni siquiera existía la Orden Ejecutiva Núm. 2006-23, supra.