author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    El Pueblo v. Román.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce. _
    No. 357.
    Resuelto en abril 8, 1912.
    Derecho Penal — Acusación—Lista de los Testigos de Cargo. — No bay precepto alguno imperativo en nuestras leyes penales que obliguen al Eiseal a rela-cionar en una acusación tocios los testigos de cargo de los cuales tiene cono-cimiento. Es bastante con mencionar los nombres de aquellos que ban sido examinados por él para presentar la acusación. Tampoco es esto un requisito en California, dé donde procede nuestra jurisprudencia criminal.
    Suspensión del Juicio — Sorpresa del Acusado — Testigos de Cargo no Re-lacionados en la Acusación. — Aunque no constituye error el no relacionar todos los testigos de cargo en la acusación, sin embargo, si resultare que el acusado lia sido sorprendido con la presentación de testigos cuyos nombres no fueron mencionados en la acusación, esta omisión es de gran peso para determinar si la corte sentenciadora abusó o nó de su facultad discrecional al denegar la suspensión del juieio y permitir al acusado que consiga prueba en contra de dichos testigos.
    Id. — Nuevo Juicio — Sorpresa—Suspensión del Juicio. — Las mociones de nuevo juicio fundadas en sorpresa y las mociones solicitando la suspensión del juieio se rigen por las mismas reglas tanto en casos criminales como en los civiles.
    Id. — Suspensión del Juicio — Testigos Ausentes — Suficiencia de la Moción.— Guando se solicita la suspensión de un juieio por estar ausentes de la Isla varios testigos que el acusado desea presentar para contradecir otros testigos de cargo, es necesario justificar que dichos testigos ausentes, comparecerán ante' el tribunal en uno de los términos posteriores de la corte. También deben relacionarse los nombres de los testigos y los hechos acerca de los cuales versarán sus declaraciones. También debe demostrarse la buena fe por parte del peticionario.
    Id. — Testigos Ausentes — Admisión por el Fiscal de .que Declararán en De-terminado Sentido. — Cuando hay testigos ausentes d'e la Isla que un acusado desea presentar, es suficiente para impedir la suspensión del juicio por tal motivo, que el Fiscal admita, no la veracidad de sus declaraciones, sino que declararán en determinado sentido.
    Id. — Declaración del Acusado — Testigos:—Silencio del Acusado en Cuanto a Ciertos Extremos. — Los tribunales no se inclinan fácilmente a estimar como una presunción en contra de un acusado, su silencio al declarar sobre ciertos extremos, pero desde el momento en que un acusado se presenta como testigo debe ser considerado lo mismo que cualquier otro, pudiendo ser repre-guntado y su silencio en cuanto a ciertos extremos que necesariamente debe conocer, puede ser criticado y comentado.
    Id. — Suspensión del Juicio — Discreción del Tribunal Sentenciador — Efecto de la Declaración del Acusado. — Cuando se discute el ejercicio de la faeul-tal del tribunal sentenciador al denegar la suspensión de un juieio y cuando se le imputa al acusado la confesión del delito, y al declarar éste como testigo deja de negar el haber hecho tal confesión, ese extremo puede ser considerado por este tribunal para • apreciar si hubo o nó abuso de discreción por parte del tribunal sentenciador al denegar la suspensión del juieio.
    Id. — Testigos—Credibilidad—Manifestaciones Inverosímiles. — La inverosimi-litud de las manifestaciones de un testigo, no es motivo legal suficiente para desestimarlas, aunque disminuyen su peso y su credibilidad.
    Id. — Inspección ■ Ocular — Discreción del Tribunal. — El tiempo y manera de llevar a cabo la inspección ocular del sitio donde se cometió el delito, des-cansan en la sana discreción del tribunal, y no constituye abuso de tal facul-tad el llevar a cabo la inspección durante el día cuando el crimen se cometió al anochecer.
    Id. — Testigos de Cargo — Omisión de Presentar Algunos. — El Fiscal no está obligado a presentar todos los testigos de cargo relacionados en la acu-sación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Herminia Días Navarro.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

• Durante el juicio de esta cansa se presentó prueba con el objeto de demostrar que el día 9 de marzo de 1910 Fernando Collazo fué separado del empleo que tenía con el Sr. Salazar, comerciante de la ciudad de Ponce, por haberse encontrado un déficit en sus cuentas. No regresó por la tarde a casa do su padre como era su costumbre. El mismo día desapareció y no volvió a vérsele más en vida. Hacia ese mismo día Salazar recibió una carta de Collazo participándole que en vista de las circunstancias tenía que marcharse. Posteriormente, y hacia los meses de abril o mayo de 1910, se encontraron los, restos de un ser humano en el sitio conocido por “La Flaca,” cerca de la Playa de Ponce. En estos restos faltaba el cráneo y otros huesos. Subsiguientemente fué hallado un cráneo en un sitio cercano. Los huesos que se encontraron primera-mente fueron reconocidos por la ropa y demás objetos que aparecieron en los bolsillos, así como por otras señas, como de Fernando Collazo. El cráneo fué suficientemente identificado por el dentista que había orificado los .dientes al interfecto. En el cráneo había una fractura o hendidura hacia el lado izquierdo del hueso occipital. En el juicio hubo un gran conflicto de prueba entre los peritos 'de la acusación y los de la defensa con respecto a la manera como se causó esta herida. Todos los peritos estuvieron conformes en que ella cierta-mente había causado la muerte de Collazo, pero los peritos del Fiscal trataron de demostrar con sus declaraciones, que la herida se produjo por un fuerte golpe inferido con un instru-mento contundente, y los de la defensa que fué el resultado de un tiro que se disparó el mismo interfecto. El revolver de Collazo apareció en otro sitio distinto con una bala disparada. El testigo que lo encontró lo tuvo guardado por algún tiempo, siendo sus manifestaciones vagas y dudosas con respecto a la fecha y forma en que lo encontró. Apareció además, que Fernando Collazo y Alberto Román, el acusado, acostumbraban visitar a la misma mujer, Rosario Aneiro. También se pre-sentó prueba con el objeto de acreditar el hecho de que Ro-mán nunca visitó la casa de Rosario Aneiro por la noche, has-ta después que Collazo se había ido de allí. Se presentó prue-ba tendente a mostrar que los dos hombres eran enemigos y que hacía tal vez un año con anterioridad al juicio, que Ro-mán fué a ver al padre de Collazo y le manifestó que sería conveniente que su hijo Fernando dejara de visitar a Rosario Aneiro. Asimismo se presentó prueba con el fin de demos-trar que un día Román se encontraba parado en un acera, vió pasar en coche a Collazo y Rosario Aneiro, y se abalanzó contra ellos.

Pedro Olivera fué un testigo del Fiscal. Declaró que en la noche del día 9 de marzo, y entre 7:30 y 8, vió a Román y a Collazo que paseaban juntos en cierta parte retirada de la Playa de Ponce, cerca del cementerio, y por los alrededores del sitio donde fueron hallados los restos de Collazo. Que primeramente paseaban juntos, al parecer como amigos, y el testigo, sabiendo las relaciones que entre ellos existían con motivo de Rosario Aneiro, se sorprendió al verlos juntos y se despertó en él la curiosidad de seguirlos aunque temerosa-mente, a una distancia como de cincuenta pasos. Conversa-ron algo que el testigo no pudo oir porque el viento era con-trario, y observó también un movimiento que hizo Román con su mano en la forma que indicó el testigo, pero no pudo apre-ciar si tal movimiento tuvo por objeto agredir a Collazo. Si-, guieron paseando, y cuando iban por el camino del cemen-terio, se pararon otra vez, haciendo Collazo un movimiento como para volver hacia atrás, y Román con sus palabras como que lo convenció y le puso la mano por el hombro; que el testigo aprovechó ese momento y se escondió para ver lo que iban a hacer; que cogió a la izquierda, se adelantó a ellos y se escondió en una zanja de una pieza de caña que allí había. Cualquiera que lea por primera vez esa declaración tendrá que pensar que el testigo pasaba con frecuencia por esas zan-jas, pero puede ser que él simplemente incurra en una repe-tición y se refiera a la misma zanja. Que cuando ellos llega-ron frente a una casa de manipostería, tuvieron unas pala-bras diciéndole el acusado a Collazo: “Eres un sinvergiien-za, y me vas a pagar las que me debes” usando la frase en el sentido en que seguramente la interpretó el jurado, o sea que Román trataba de vengarse de Collazo; que Collazo con-testó: “Parece mentira que Yds. me hayan traído aquí en-gañado,” y tan pronto como dijo eso, Román le dió un fuerte golpe en el cuerpo y después le dió otro golpe en la cabeza, cayendo Collazo al suelo; que en ese momento el testigo’oyó como el cérrojo de una puerta que se abría y cerraba y en el acto salieron dos individuos de un palo de guásima que hay allí; que eran dos hombres con gorras parecidas a las de la policía; que él cree que eran policías; que tuvieron allí algu-nas palabras con Román que no pudo oir, y enseguida cogie-ron a Collazo entre los tres, uno por los pies y'los otros por las manos y lo cargaron pasándole por en frente del testigo, que-jándose el muchacho amargamente; que al pasar por frente de él, como a ocho o diez pasos de distancia, le dijo uno de aquellos individuos a Román: “Ten en cuenta que el mucha-cho está vivo,” contestando Román: “Pierde cuidado, déja-melo por mi cuenta ’ ’; que no vió lo que hicieron con el cuerpo de Collazo y solamente vió cuando lo llevaban cargado; que estuvo allí cerca de media hora o tres cuartos de hora y vió a las dos personas vestidas de trajes de policía que venían muy ligero; que se bajó otra vez cuando pasaban, y cuando le die-ron la espalda, se fijó que más adelante había un coche, y, al ílegar ellos, el coche echó' a correr siguiendo como para ios “Pámpanos”; que en esos momentos se fijó y vió al acusado que llevaba una cosa en la mano en la forma indicada por el testigo, muy aprisa, con dirección al mar y que no volvió a verlo hasta el día del juicio.

El testigo insistió en este asombroso relato en el examen de repreguntas. Varios testigos negaron algunos de los deta-lles de su relato, pero, lo principal de su declaración no pudo ser contradicho.

Alberto Román fué devuelto de Cuba mediante procedi-mientos de extradición. El fué a Cuba con Rosario Aneiro con el supuesto nombre de G-onzález. El y Rosario tuvieron el mismo camarote en la mayor parte del viaje y se tenían o liacían pasar por marido y mujer, lo que había cansado gran sorpresa a los pnertoriqneños que con ellos iban y que cono-cían a Alberto Román.

Durante la prisión de Román en la cárcel de “Vivac” de Santiago de Cuba, esperando su deportación, declararon dos testigos, uno de los cuales había tenido una entrevista con él, en la que el prisionero le refirió ciertos hechos que con ante-rioridad habían sido admitidos como ciertos en el juicio, a saber, que el acusado fué a Cuba con un nombre supuesto en compañía de Rosario Aneiro; hablaron sobre el desfalco de Collazo y lo probable de su culpabilidad; y sobre que en el juicio por portar armas prohibidas se había ocupado una ma-cana en poder del acusado. Entonces el testigo Carcasés pre-guntó al acusado si conocía la certificación que había dado el médico después de hacer el examen del cráneo, respondien-do el acusado que nó; en seguida el testigo entregó al acusado un periódico, el “Diario de Puerto Rico” en el que se hacía un relato del crimen, exclamando entonces el acusado: “Ca-rajo, me han cojido como a un chino; yo debí haberme ido a Haití donde no hay tratado de extradición, y me vine a meter en Santiago de Cuba.” Cuando el testigo se levantó para irse, el acusado le suplicó que no hablara de nada de lo que le había dicho porque podía comprometerle. Eso se lo dijo a lo último, después que tuvo ese arranque, según el testigo.

Se enseñó al jurado el sitio en que tuvieron lugar los su-cesos'a que se refiere Olivera. No hay prueba alguna de la complicidad de otras personas en el- crimen, excepto la que aparece de las manifestaciones hechas por este testigo. No hay prueba alguna por la que se establezca que algunos amigos de Alberto Román estuvieran relacionados con el crimen, ni ninguna otra prueba para probar la existencia del coche en que iban los supuestos policías. 'Se probó que Olivera no habló de estos sucesos de la noche del 9 de marzo, hasta dos meses después. Dice que guardaba silencio por el temor que tenía. Estuvo bajo la vigilancia de la policía desde la fecha en que hizo su revelación hasta el día del juicio. Dos testigos declararon qne vieron a Alberto Román cierta noche en los alrededores del teatro en nna fiesta religiosa que se celebraba a eso de las ocho y media o nueve, tomando el abogado del acusado la silla como testigo para manifestar que había com-probado que la ceremonia religiosa tuvo lugar en la noche del día 9 de marzo. El jurado sabía el tiempo que se emplea en ir de la Playa a Ponce.

Con estos hechos hubo prueba suficiente tendente a mos-trar la culpabilidad del acusado. Alega sin embargo el ape-lante, en primer lugar, que la corte cometió error al permitir que declararan ciertos testigos cuyos nombres no aparecían especificados en la acusación, y especialmente porque entre estos nombres no se habían incluido los de los testigos Car-eases y Callejas; segundo, que la corte cometió error no con-cediendo la suspensión del juicio con el fin de que el acusado tuviera una oportunidad de obtener la prueba que necesitaba para atacar la suministrada por los testigos Garcasés y Calle-jas; y tercero, que la prueba aportada por la declaración de Olivera es tan improbable, confusa y contradictoria, que no merece ser tomada en consideración, y que sin tal declaración no habría suficiente prueba para establecer la culpabilidad del acusado más allá de una duda razonable.

Con referencia a la cuestión de que se incluyan los nom-bres de los testigos de la acusación, no hay precepto legal al-guno que de modo imperativo exija al Fiscal que haga una., relación de todos los testigos que conoce. Es bastante con que mencione aquellos que él ha examinado con el fin de pre-sentar la acusación. En algunos estados es un requisito legal imperativo que se acompañe una relación de todos los testi-gos, pero no sucede así en California de donde procede nuestra jurisprudencia. (People v. Symonds, 22 Cal., 349; People v. Jocelyn, 29 Cal., 564; Pueblo v. Kent, tomo 10, Dec. P. R., pág., 343.) Aunque no existió ningún error técnico, si resul-tara sin embargo que el acusado en realidad fué sorprendido por haberse presentado algunos testigos cuyos nombres no habían sido incluidos en la acusación, el dejar de mencionar dichos testigos es una cuestión a la que siempre debe dársele gran consideración al determinar si la corte abusó o nó de su discreción al negar la suspensión del juicio, para que el acu-sado tuviera oportunidad de presentar su prueba contradic-toria.

Llegamos ahora a la cuestión referente a la solicitud que presentó el acusado pidiendo la suspensión del caso.

Después de haber quedado constituido el jurado, el abo-gado del acusado, Sr. Canals, presentó una declaración ju-rada en la que expresaba que al llegar a su oficina en la ma-ñana del juicio, inconscientemente abrió una carta dirigida al Fiscal por conducto del declarante; que la expresada carta tenía el sello de correos de Cuba y de allí había llegado el día antes; que el que escribió la mencionada carta que ocupaba el cargo de jefe interino de la cárcel de “Vivac,” negaba de modo categórico que se hubieran celebrado conferencias en relación con el crimen de que se acusaba a Alberto Román, y que se decía habían tenido lugar en aquella cárcel, de Santiago de Cuba; que tenía informes de personas que le merecían entero crédito; que las personas a que se refiere la carta, los Sres. Careases y Callejas, iban a ser presentados en el juicio como testigos del Fiscal para que declararan con referencia a, la entrevista a que nos hemos referido; que dada la impor-tancia que pueden tener estas declaraciones en el resultado ■■de esta causa, era necesario que se diera al acusado una opor-tunidad de atacar las mismas con la declaración de la persona que firma dicha carta, así como la del jefe del departamento en que tuvo lugar la entrevista; y el declarante suplicó a la corte que suspendiera el caso a no ser que el fiscal estuviera conforme en no presentar tales testigos en el juicio. La corte desestimó la solicitud.

Después que los mencionados testigos Carcasés y Callejas habían declarado en el juicio de esta causa, volvió a presen-tarse la anterior moción, pero sin más declaraciones juradas.

Después de haber sido declarado culpable por el jurado el acusado, se presentó nna moción para nn nuevo juicio, sien-do nno de los fundamentos de dicha moción, el’hecho de no haber accedido la corte a la suspensión del caso y permitido al acusado buscar su prueba contradictoria con respecto a la supuesta confesión o entrevista. En la moción se incluía una petición para que se diera al acusado una oportunidad con el fin de adquirir ciertas declaraciones' juradas contrarias, y se acompañó a la misma una declaración jurada de Alberto Ro-mán en la que en substancia se dice lo siguiente:

Que después de haber comenzado el juicio de esta causa había tenido informes que eran dignos de. crédito, de tres em-pleados de la cárcel de Santiago de Cuba donde había estado preso el acusado, de que estaban dispuestos a venir a Puerto Rico y comparecer ante cualquier corte para probar la false-dad de las admisiones a confesión que se imputaban al acusa-do y a las que se hacía referencia en la declaración del testigo Porfirio Carcasés; que ese testigo se trajo expresamente de Cuba para declarar en la causa sin que de ello tuviera verda-dero conocimiento el acusado hasta después de haber comen-zado el juicio, sin que tampoco supiera hasta entonces que dicho testigo iba a ser usado en su contra, sin saber tampoco sobre qué extremos iba a versar su declaración, ni estaba in-cluido el nombre de este testigo al respaldo de la acusación, ni jamás se informó al acusado que el referido testigo iba a ser utilizado por el Fiscal; que el veredicto rendido en este caso tenía necesariamente que estar influido grandemente por esas admisiones y confesión del acusado a que se refirió Porfirio Carcasés, las que sostuvo y luego quedaron corroboradas por la declaración de otro testigo llamado Callejas que tam-bién se trajo de Cuba en las mismas condiciones de sorpresa para el acusado que Carcasés; que los empleados de la cárcel de “Vivac” en Santiago de Cuba a que se ha hecho referencia son Alfredo G-arcía, jefe de la cárcel; Antonio Palomo, jefe auxiliar del mismo departamento y Benigno Aparicio que es también un empleado del “Vivac”; que sus declaraciones ju-radas son en substancia como siguen: Que conocían a Alberto JEJomán; que allí estuvo preso; que tuvo ocasión de hablar con Porfirio Carcasés; la forma en que se celebró esa entrevista; que Antonio Palomo y Benigno Aparicio saben que el acusado no hizo admisiones o confesión de ninguna clase a Porfirio Carcasés; que Alfredo García sabe que ninguna persona lla-mada Callejas estuvo presente en la mencionada entrevista; y que solamente se encoñtraba allí Antonio Palomo durante toda la entrevista, y Benigno Aparicio en una parte de la misma; que el acusado tiene el ofrecimiento de una de estas personas, Antonio Palomo, y por él el de otras dos que están dispuestas a venir y declarar con respecto al asunto en cual-quier momento que se les llame.

Cuando la solicitud de suspensión del juicio fué presenta-da originalmente a la corte, es indudable que el tribunal no tenía suficientes datos para conceder dicha suspensión. Ni los nombres de los testigos, ni los extremos de sus declaracio-nes fueron expresadas en el affidavit. El Ministerio Fiscal no tuvo medios para poder admitir la certeza del affidavit, ni para hacer manifestación alguna con respecto a su contenido, ni para presentar contra-affidavits. No se alegaron razones suficientes para demostrar que los testigos nombrados compa-recerían ante el tribunal en uno de los términos posteriores; no se hizo manifestación alguna fundada en información o creencia o en cualquiera otra base para demostrar que' el acusado nunca había hecho admisión o confesión alguna a un tal Carcasés o cualquiera otra persona mientras estuvo detenido en la cárcel de Santiago de Cuba. Desde luego que hubiera sido difícil para el acusado negar manifestaciones de testigos que no habían declarado; pero igual razonamiento podríamos aplicar a la resolución de la corte denegando la suspensión del juicio. No es posible que el tribunal pudiera apreciar la pertinencia o importancia de la prueba en aquel momento del juicio. Tampoco se presentó affidavit para de-mostrar que la suspensión no se pedía para demorar el juicio. Casi no existía constancia alguna ante el tribunal que de-mostrara que la suspensión del juicio se pidió de buena fe. No se alegó nada que demostrara que la carta no había sido procurada por el acusado. El haber dejado de negar este extremo da lugar a que se suponga que el acusado pudo haber tenido conocimiento mucho antes del juicio, del carácter de la declaración que iban a prestar los testigos de Cuba. Y si te-nía ese conocimiento con anterioridad al juicio, lo que así parece indicar' el affidavit presentado posteriormente al soli-citarse el nuevo juicio, en tal caso el acusado es culpable de falta de actividad en no haber pedido la suspensión del juicio hasta después que el jurado había prestado juramento. El affidavit que se acompaña a la moción solicitando el nuevo juicio alegaba que el acus.ado no tuvo tiempo para escribir-a Cuba, y sin embargo, él expresa la naturaleza .de las declara-ciones que habrían de dar los testigos. Era, según se des-prende de todo lo expuesto, tan defectuosa legalmente la so-licitud de suspensión del juicio, que la resolución de la corte denegándola no puede considerarse como un abuso de discre-ción.

Los mismos argumentos son aplicables a la segunda peti-ción de suspensión del juicio, pues aunque el tribunal cono-ciera en esta segunda petición la naturaleza de las declaracio-nes que habían de dar los testigos, los requisitos legales que debía de reunir la petición y la buena fe del acusado al pedir la suspensión no habían sido demostrados. Bien podría que-dar una duda en la mente del juez con respecto a si la solici-tud fué presentada de buena fe.

El acusado no probó de modo satisfactorio que fuera sor-prendido por las declaraciones de los testigos de Cuba. Las mociones de nuevo juicio fundadas en sorpresa y las mocio-nes en que se solicita la suspensión del juicio, se rigen por los mismos principios tanto en lo civil como en lo criminal.

Los tribunales de Texas tienen una regla en virtud de la cual la revocación o confirmación de la resolución de un tribunal al denegar la suspensión del juicio, descansa por com-pleto en los hechos probados en el juicio. (Hyde v. State, 16 Tex., 446; Land v. State, 34 Tex. Crim., 340; Hooper v. State, 29 Tex. Crim., 614.) Y los tribunales de otras cortes al apreciar cuestiones relativas a la suspensión de un juicio, se gobiernan por principios semejantes y necesariamente tiene que ser así, por que la suspensión del juicio entraña una cuestión de ejercicio de la facultad discrecional de la corte. (State v. Rice, 7 Idaho, 762; State v. Wetter, 11 Idaho, 433; 83 Pac., 341; People v. Francis, 38 Cal., 183; State v. Fleming, 17 Idaho, 471; 106 Pac., 305; State of Montana v. Gibbs, 10 Mont., 210; 10 L. R. A., 749. Véase nota. Territory v. Shankland, 77 Pac., 492.) Consideraremos la moción de nuevo juicio en lo que se refiere a la denegatoria de suspensión del juicio, a la luz de semejantes principios. Nada se alega en la moción de nuevo juicio con respecto al origen de donde se deriva el conocimiento que tenía el acusado de la naturaleza de las declaraciones que habrían de prestar los testigos. Era importantísimo para el tribunal el conocer el origen de este conocimiento para poder apreciar si la soli-citud se hacía o nó con intención de demorar el juicio, o si los testigos comparecerían o nó ante la corte, y si el acusado había desplegado o nó actividad con anterioridad al juicio. La veracidad de las manifestaciones hechas por el testigo Careases no aparece contradicha en estas declaraciones jura-das, y el acusado se limita a expresar que la comparecencia al juicio de los testigos de Cuba fue para él una sorpresa, y a manifestar los extremos acerca de los cuales los referidos tes-tigos habrían de declarar. Si seguimos examinando aún mas sus affidavits, observaremos que la única persona que presen-ció la supuesta entrevista entre Carcasés y Román fué Antonio Palomo. Este niega que Alberto Román hiciera admi-sión o confesión alguna. Mucha de la jurisprudencia sobre este particular se expresa en el sentido de que cuando los tes-tigos que se necesitan para un juicio residen fuera del alcance de la jurisdicción del tribunal, es suficiente que el Fiscal ad-mita, no la veracidad de las manifestaciones que se dice ha-rán, sino que los testigos efectivamente declararán en ese sen-tido. (Fonton v. State, 36 L. R. A., 158; State v. Fleming, 17 Idaho, 471, 106 Pac., 305; State of Montana v. Gibbs, 10 Mont., 210; 10 L. R. A., 749. Véase nota. People v. Savant, 112 Mich., 297; Hoyt v. State, 140 Ill., 588; 16 L. R. A., 239, y nota. Véase 9 Cyc., 182.) Prescindiendo de estas autorida-des, nuestro propio Código de Enjuiciamiento Civil, en su artí-culo 202 establece la misma regla. Las cuestiones relativas a transferencias de juicios en casos civiles y criminales se rigen por iguales principios.

En la mayor parte de los casos es evidente que el acusado tiene derecho a la comparecencia personal de los testigos, so-bre todo cuando los testigos son necesarios para declarar so-bre algún punto relacionado con la comisión del delito mismo. Pero, cuando, como en el caso de autos, tiene sólo por objeto el negar ciertas manifestaciones hechas por el acusado, hu-bieran quedado cumplidos los fines de la justicia con la ad-misión solemne del Fiscal, de que el jefe sustituto del presidio de Santiago de Cuba declararía en el sentido de que presenció la conferencia ya mencionada y que la admisión acerca de la cual ha declarado Carcasés no fué hecha por el acusado: El público tiene interés en que las causas sean juzgadas con prontitud. No se trató de impugnar la veracidad o reputa-ción del testigo Carcasés en modo alguno, excepto negando un hecho de su declaración. Tal negación pudo haberse veri-ficado por medio de una admisión hecha por el Fiscal en el sentido de que el testigo declararía en la forma que se dice. Si ese procedimiento no"fuera permitido, los juicios podrían demorarse indefinidamente a voluntad del acusado, siempre que los testigos residieran en sitios lejanos. (Hyde v. State, 16 Tex., 446; People v. Francis, 38 Cal., 183.) Por dejar de expresar el origen del conocimiento que tenía el acusado, muy bien podría la corte tener dudas de si iban a presentarse los testigos, y de venir, que ellos pudieran cambiar el resultado del juicio. El tribunal tenía el derecho de apreciar la manera de conducirse y de declarar los testigos y si decían verdad, y este razonamiento podemos aplicarlo a los testigos que resi-dían en Cuba. En cuanto a este extremo de la aplicación del tribunal, liay un punto importantísimo. Después de la termi-nación del caso por parte del Fiscal y de declarar algunos de sus testigos, el acusado declaró como testigo: Su declaración se refirió exclusivamente a explicar el por qué se embarcó para Cuba con nombre supuesto. Guardó silencio absoluto en cuanto a. los otros extremos de su causa. Su silencio tenía necesariamente que impresionar al jurado y al juez que pre-sidió el juicio. Aun cuando los tribunales no estimen que existe una presunción contra el acusado por dejar éste de de-clarar en cnanto a todos los extremos del juicio, una vez que se presenta como testigo (Balliet v. United States, 129 Fed. Rep., 695), la doctrina universal es que cuando un acusado declara como testigo debe ser tratado lo mismo que cualquier otro testigo. (Reagan v. U. S., 157 U. S., 305; Brandon v. People, 42 N. Y., 265; Stover v. People, 56 N. Y., 315; McGarry v. People, 2 Lansing [N. Y.], 227; State v. White, 27 Am. Rep., 137, y notas, pág. 144; Price v. The U. S., 14 D. C. Appl., 391; Mirando v. State, 50 S. W., 714; Quintana v. State, 29 Tex. Crim., 401; Commonwealth v. Nichols, 114 Mass., 285; 19 Am. Rep., 346, y notas. Woburn v. Henshaw, 101 Mass., 193; 3 Am. Rep., 333; Commonwealth v. Pratt, 126 Mass., 462; People v. Freshour, 55 Cal., 375; Commonwealth v. Bonner, 97 Mass., 587; Commonwealth v. Morgan, 107 Mass., 399; Commonwealth v. Mullen, 97 Mass., 545; Connors v. People, 50 N. Y., 240; People v. Casey, 72 N. Y., 393; Heldt v. State, 30 N. W., 626; State v. Ober, 19 A. R. 88.) Algunos de los precedentes casos y otros más lian sido citados con aprobación por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al considerar una cuestión semejante en el muy reciente caso de Powers v. United States, febrero 19, 1912. Al declarar, renuncia el privilegio que le concede la ley y puede ser repreguntado, y el haber dejado de explicar un punto necesariamente dentro de su conocimiento, puede ser objeto de comentario. (Brandon v. People, 42 N. Y., 265; Stover v. People, 56 N. Y. 315; State v. Duncan, 38 Am. Rep., 895, y notas. Lienburger v. State, 21 S. W., 603.) Desde luego que esta doctrina no debe por interpretación extensiva bacer ilusorio el privilegio qne tiene nn acusado. Tal vez los tribu-nales no deban proceder de ligero, al determinar si existe o nó preponderancia en la prueba contra el acusado, dar una im-portancia excesiva al hecho de no haber declarado el acusado con respecto a ciertas cuestiones, aun en el supuesto de qne éstas sean importantes; pero cuando se discute el ejercicio del poder discrecional de un tribunal y se le atribuye al acu-sado una confesión, y al declarar éste como testigo no niega el haber hecho tal confesión, esto puede ser apreciado por esta corte al determinar si el tribunal inferior abusó o nó de su discreción al denegar la petición. Si el acusado hubiera nega-do la declaración de Carcasés, nos hubiéramos encontrado con un juramento contra otro juramento. El acusado no solo dejó de negarla sino que en su affidavit que acompañó a la moción de nuevo juicio no negó la veracidad de la misma. De la manera en qne la carta fué aportada como prueba al juicio, del modo de conducirse los testigos incluyendo al mismo acu-sado, y de sus manifestaciones y omisiones, el tribunal tenía derecho a juzgar si podría haber probabilidad alguna de que el resultado, del juicio fuera modificado, dando al acusado oca-sión para que presentara los testigos residentes en el extran-jero. No podemos .declarar que el tribunal cometiera abuso de discreción. El tribunal tenía el derecho de creer, en tales circunstancias, que el acusado no tenía medios adecuados para contradecir las declaraciones de Carcasés y Callejas.

La narración del testigo Pedro Olivera contenía algunas circunstancias inverosímiles, pero la inverosimilitud de las manifestaciones de un testigo, nunca, como cuestión de ley, es motivo suficiente para rechazarlas, aunque desmerezcan su credibilidad y peso. (State v. Adder, 61 S. W., 187; Bishop v. State, 43 Tex., 390.) Su declaración fué confirmada por los peritos médicos 'del ministerio Fiscal quienes declararon que la herida fué necesariamente producida por un instrumento contundente. Para rechazar por completo su declaración ten-dríamos que creer que tenía’algún motivo contra el acusado o que era un visionario ó un loco, y no hay prueba alguna ten-dente a establecer la certeza de tales hechos, fuera de su mis-mo testimonio. Fue. cuidadosamente repreguntado haciendo un relato detallado que aparece reproducido en los autos de una manera vaga. Pero el jurado le oyó e inspeccionó el sitio descrito por él, y con vista de los hechos probados en el juicio no tenemos razón alguna para revocar el veredicto del jurado, por el fundamento de la inverosimilitud de la declaración de este testigo.

Además de la excepción relativa al hecho de no incluir el Fiscal en su acusación los nombres de todos sus testigos, el apelante hace referencia en su alegato a otros tres fundamen-tos de error. El primero de éstos consistió en que al conce-derse el examen o inspección ocular, la corte debió haber orde-nado que dicho examen o inspección se hiciera a la hora pre-cisa a que se refirió el testigo Olivera, o sea entre 7:30 y 8 de la noche. Alega el abogado que esa inspección hubiera sido la única y mejor prueba. No entendemos así la regla relativa a la mejor clase de evidencia. De seguirse la teoría de la de-fensa, tendrían que reproducirse las mismas condiciones at-mosféricas y demás circunstancias que se desarrollaron en aquel lugar. Además, la inspección ocular pudo haber tenido por objeto el permitir al jurado que se cerciorara de todos los detalles del sitio en que ocurrieron los sucesos, inspección que hubiera resultado muy ventajosa en la investigación de la .verdad si se hubiera hecho en plena luz del día. Esta fué una cuestión discrecional en la corte, y no vemos que ésta haya abusado de modo alguno en .el ejercicio de tal discreción.

El apelante alega que debió haberse exigido al Fiscal, de conformidad con la moción que a ese efecto presentó la defen-sa, que examinara o presentara en el juicio los testigos, cuyos nombres se habían insertado en la acusación. No encontramos precepto legal alguno en las leyes de Puerto Eico o en las de algún estado de los Estados Unidos que exija semejante prác-tica. Las autoridades se expresan en sentido contrario. (People v. Quick, 51 Mich., 547; Bressler v. People, 3 N. E., 521.) El acusado tenía, derecho a hacer al jurado las obser-vaciones oportunas referentes al hecho de no presentar el Fiscal algunos de los testigos, cuyos nombres se habían in-cluido en la acusación.

En la única otra excepción en que el apelante insiste, es que la corte cometió error ordenando la eliminación de cier-tas pruebas que se presentaron con el fin de impugnar la cre-dibilidad de los testigos. Para probar que la declaración de Pedro Olivera no era digna de crédito, el acusado presentó al testigo Francisco Parra Capó, quien declaró que Pedro Oli-vera vino a verle a nombre de una persona conocida por el “Cubano,” que se encontraba preso en la cárcel de Ponce por falsificar monedas, y quien un año después vino acompañado de Olivera a ver a dicho Parra, manifestando en presencia de Olivera que había estado haciendo monedas falsas por algún tiempo, y le pidió que le ayudara para comprar la materia pri-ma con tal fin, ofreciéndole devolvérsela con creces. Pero también resultó de la declaración de Parra Capó, que el Cu-bano había sido absuelto, y que Pedro Olivera le había ser-vido de'instrumento, trayendo al “Cubano” donde Parra para darle las gracias por haberle dirigido al abogado que le ayudó a obtener su absolución; que Olivera nada dijo en la entrevista, cuyo fin principal fué hacer que el “Cubano” diera las gracias. No hubo nada que mostrara que Olivera y el “Cubano” fueran íntimos amigos o estuvieran asociados en la comisión de delitos, o que Olivera fuera el correvedile del “Cubano.” Esta prueba no fué pertinente ni esencial, y era demasiado remota. Que Pedro Olivera debió haber pres-tado ayuda al “Cubano” cuando éste estaba mal-y debip haberlo acompañado donde Parra a darle las gracias por haber salido absuelto, es un hecho que estaría más bien a favor que en contra de Olivera.

De todos modos, la declaración de Parra no produjo el efecto legal de atacar la veracidad del testigo Pedro Olivera.

Las instrucciones dadas al jurado fueron amplias y no se formuló ninguna objeción a las mismas, y no encontramos error en ellas.

El jurado oyó las pruebas, así como las declaraciones pres-tadas por los testigos, tanto a favor como en contra del acu-sado, y dió la debida consideración a todas las circunstancias del caso, así como también a la prueba de coartada que pre-sentó el acusado. Hubo gran contradicción en la prueba, pero el jurado después de recibir las debidas instrucciones, dictó su veredicto en contra del acusado; y no apareciendo nada de los autos.ni en la prueba que muestre que baya habido pa-sión, prejuicio, parcialidad o algún error manifiesto, estamos obligados a confirmar la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLéary, expresó estar conforme con la sentencia porque de los autos no consta que se haya cometido abuso de discreción por parte del tribunal senten-ciador, ni ningún otro error esencial.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sjb. MacLeary,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. Acevedo.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 412.
    Resuelto en abril 8, 1912.
    Derecho Penal — Hurto de Menor Cuantía. — De acuerdo con nuestras leyes pe-nales para que exista el delito de hurto de menor cuantía no es necesario probar que el acusado recibió los objetos robados de manos del mismo ladrón o de su cómplice. s
    Id. — Recibo de Objetos Robados — Característica del Delito. — La característica del delito de hurto por recibir objetos robados es el haberlos recibido sa-biendo que habían sido robados, de manos de cualquier persona, no siendo requisito esencial el recibirlos de manos de persona que los robó o que sabía que habían sido robados.
    Id. — Conocimiento de que los Objetos eran Robados — Prueba Circunstan-cial. — Examinada la prueba presentada en este caso resulta que los revólveres robados fueron enviados al acusado por un traficante de artículos usados, y llevaban marcadas las letras P. I. demostrativas de que pertenecían a la Policía Insular, señas bien conocidas en al Isla aun por los que no saben leer, y estas circunstancias juntas con la de hallarse los revólveres en posesión del acusado poco después de haber sido robados, demuestran claramente su cul-pabilidad.
    Id. — Recibo de Objetos Robados — Intención Maliciosa. — Examinadas las cir-cunstancias que concurrieron en la comisión del delito que se persigue en el caso de autos es indudable que el acusado recibió los objetos robados con intención maliciosa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sjb. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es nna cansa por hnrto de-menor cuantía. De acnerdo con nuestro Código Penal, según se define, determina y castiga en el Capítulo Y del Título XVII, el delito de hurto comprende varias ofensas que no serían consideradas como tales en la ley común. El delito se divide en hurto de mayor y de menor cuantía, según las circunstancias del acto de sus-traer y la naturaleza y valor de la propiedad robada. Cuando la propiedad es sustraída de otra persona, o consiste en cier-tos animales domésticos, o el valor de la misma es de cin-cuenta dollars o más, el delito es hurto de mayor cuantía; todos los demás actos de robo se clasifican como hurtos de menor cuantía.

Con arreglo al artículo 438 del Código Penal, según ha sido enmendado por la ley de 7 de marzo, 1908 (Leyes de la. Sesión de 1908 pág. 93), el recibir, una propiedad robada sa-biendo que fue hurtada, se castiga como hurto, con prisión en cárcel por un año o menos, o con presidio por un término que no exceda de cinco años, cuando el valor de la cosa fuere o excediera de cincuenta dollars, o de menos de esa suma. Este delito puede por lo tanto considerarse según nuestro esta-tuto, como una especie de .hurto, y si el valor de la propiedad que se recibe teniendo conocimiento de que ha sido hurtada es menor de cincuenta dollars, puede clasificarse como hurto de menor cuantía, y constituye un delito menos grave (misdemeanor).

En 15 de diciembre de 1911, el acusado fue declarado culpable y condenado a sufrir seis meses de prisión y al pago de las costas. Contra esa sentencia se interpuso inmediata-mente apelación para ante este tribunal. Después de alguna demora motivada por el mismo apelante, se celebró la vista de esta apelación el día 12 de los corrientes, concediéndose a las partes cinco días para presentar alegatos adicionales, los que fueron presentados. ‘

El fundamento de la apelación, según puede verse de los autos, que comprenden los alegatos, es que los hechos pro-bados en el juicio no- demuestran que el acusado cometiera el delito que se le imputó. Tanto el representante del Pueblo como el del acusado están conformes en que para que pueda declararse culpable al acusado, del delito que se le imputó, debe probarse:

10. Que los revólveres habían sido robados anteriormente por alguna otra persona;
2o. Que el acusado los compró o recibió de otra persona;
3o. Que al comprarlos o recibirlos sabía que habían sido robados;
4o. Que los compró o recibió con un fin malicioso.

Todas las pruebas que aparecen en los autos han sido examinadas, discutidas y analizadas en los alegatos. Cada una de las partes presentaron cuatro testigos, además del acusado que declaró como testigo en su propia defensa.

I. No puede en buena lógica dudarse que por lo menos dos de los revólveres fueron robados del departamento de la Policía Insular. Esto no ha sido controvertido debidamente, y no hay que tratar de este punto con más extensión.

People v. Clausen, 120 Cal., 383.

11. Ni puede negarse tampoco que el acusado recibió los revólveres de otra persona. El propio acusado y otros tes-tigos convienen en afirmar este hecho. Con arreglo a nues-tro estatuto no es preciso probar que el acusado recibió los ob-jetos robados de manos del mismo ladrón, o de su cómplice. Se ha citado a Wharton como una autoridad para sostener la teoría de que es necesario acreditar este hecho. Pero este tratadista no enuncia esta doctrina como nna de aplicación general, y otras autoridades no la consideran- como tal.

Clark y Marshal discuten la cuestión de modo muy. claro, y pueden citarse.

í£Se ba dicho sin justificación alguna, que para que una persona pueda ser declarada culpable de recibir artículos robados, debe reci-birlos del ladrón, o de algún agente del ladrón que no tenga conoci-miento del robo, y no de una persona que los recibe teniendo cono-cimiento de que han sido robados; y la razón que se aduce es que en sus manos, y en lo que a él respecta, los artículos no son robados. Pero esto no es cierto de acuerdo con todos los estatutos. Según la ley común el delito no se comete por el que recibe objetos robados del que los recibió con conocimiento de que habían sido robados, y quien no conoce al ladrón, pues en tal caso no hay ocultación del delito ni ayuda en la comisión del mismo. . Así, cuando el que recibe los objetos puede ser castigado como cómplice del ladrón después del hecho, y según los primitivos estatutos ingleses, y los semejantes de este país, los objetos deben recibirse del ladrón. Pero cuando el acto de recibir-los se considera como una ofensa substantiva, ya fuere un delito grave o misdemeanor, según el actual estatuto inglés, y la mayoría de los de este país, sin tener en cuenta a la persona que robó la pro-piedad, la característica del delito es el recibir y tener una propie-dad que ha sido robada, sabiendo que ha sido robada; y no hay motivo alguno por el que no deba considerarse que el delito ha sido cometido por cualquiera que reciba dicha propiedad, teniendo bastante conoci-miento de que ha sido robada, ya la reciba directamente del ladrón, o de la persona que la recibió teniendo conocimiento del robo. Existen decisiones que sostienen ampliamente esta teoría. Una persona es cier-tamente culpable de este delito, si recibe una propiedad robada de un agente inocente del ladrón teniendo suficiente conocimiento de que había sido robada así como de la intención.
“En el caso de Anderson v. State, 38 Fla., 3, el estatuto disponía que cualquiera que comprara, recibiera, o ayudara a ocultar una propiedad robada, sabiendo que la misma había sido robada, sería castigada, y se resolvió que en una acusación formulada con arreglo al estatuto no es necesario mencionar el nombre del ladrón, ni el de la persona de quien se recibieron los efectos. ‘El "comprar y vender objetos robados,’ dijo la corte, ‘sabiendo que los mismos han sido robados, ’ es por tanto una ofensa substantiva. La ofensa que el esta-tuto castiga no es comprar, recibir, etc. * * * una propiedad robada de manos del mismo ladrón, o de otra determinada persona, sino el comprar o recibir, etc., dicha propiedad de cualquier persona, sabiendo que lia sido robada.
“Iiay una decisión en contra de esta teoría en el caso de Foster v. State, 106 Ind., 872, en el que la corte citó a Bishop y a Wharton, y dos antiguos casos de Indiana, Kaufman v. State, 49 Ind., 248, y Owen v. State, 52 Ind., 379. Sin embargo, ninguno de estos casos, es de aplicación, y aunque la decisión está apoyada por Bishop y Whar--ton, ninguno de estos tratadistas está apoyado por las autoridades que ellos citan. No hay razón alguna para declarar que la propiedad deja ‘ de ser propiedad robada, ’ a saber, propiedad que ha sido robada, tan pronto como se le entrega- a una persona que tiene conocimiento de que ha sido robada.
“2 Clark & Marshall Law of Crime, pp. 878-879.”

III. El conocimiento por parte del acusado de que los ob-jetos habían sido hurtados es el punto principal sobre el cual descansa’este caso. ¿Quedó establecido por la prueba que al comprarse o venderse los revólveres sabía el acusado que habían sido robados? El conocimiento de que los objetos eran robados es un estado de la mente, que según la natura-leza de la cuestión solamente puede probarse por las circuns-tancias o las admisiones del acusado. Existen varias circuns-tancias que rodean esta transacción tendentes a demostrar la condición mental del acusado cuando realizó el acto que se denuncia como ilegal. Examinémoslas en detalle.

(a) El acusado recibió un paquete que le enviaba un tal Aliceaga, conteniendo tres revólveres, y mandó siete dollars y medio al remitente. No hubo compra, si bien no se justificó que los efectos tuvieran un precio fijo en plaza, y siendo artículos de segundas manos, en cuyo negocio se ocupaba el acusado, no podían tener un valor determinado. Esta cir-cunstancia debe por los menos considerarse como bastante sospechosa.

(b) Es raro que siendo el acusado un negociante en artí-culos de segundas manos y teniendo una tienda en donde efectuaba su negocio, enviara esos artículos a la Cárolina para allí ser vendidos por un viajero que no parece haber estado dedicado al negocio como vendedor^ ambulante, o que tuviera alguna facilidad especial para hacer esas ventas.

(o) Los revólveres estaban marcados con las letras P. I. Estas letras indican que la propiedad es de la Policía Insular, y no está sujeta a tráfico alguno, no pudiendo legalmente ser vendida. Aunque el acusado no supiera leer o escribir, esas señales son tan conocidas en esta Isla que difícilmente puede suponerse que él desconocía el significado de las mismas.

(d) La posesión de la propiedad prontamente 'después que había sido robada es una circunstancia de gran considera-ción que generalmente se considera como indicativa de culpa-bilidad, a menos que tal hecho quede satisfactoriamente ex-plicado. En el presente caso no se hizo tal aclaración. Exa-minados en conjunto todos estos hechos inculpatorios, queda justificada de modo claro la acción de la Corte al declarar que al entrar el acusado en la posesión de estos revólveres, tenía conocimiento de que habían sido robados.

People v. Clausen, 120 Cal., 382.

Weinberg v. People, 208 Ill., 15.

Huggins v. People, 135 Ill., 244.

State v. Feuerhaken, 65 N. W. Rep., 301.

IV. Con respecto a la alegación del apelante de que de los hechos expresados en los autos no resulta que él comprara o recibiera los revólveres con intención maliciosa, basta decir que todas las circunstancias que rodean la cuestión deben apreciarse conjuntamente, y si se consideran así, ellas de-muestran de modo claro la intención maliciosa.

La malicia ha sido definida en la ley criminal como “La. ejecución de un acto contrario a la ley, intencionalmente y sin justa causa o excusa. Un propósito perverso y dañino-que caracteriza la perpetración de un acto perjudicial sin ex-cusa legal.”

(4 Bar & Cr., 255; 9 Metc., 104) 2 Bouvier Law Dict., 295.

Otro lexicógrafo legal define la malicia como sigue:

“En su sentido legal esta palabra no solamente significa mala voluntad contra una persona, sino que también significa la ejecución de un acto ilegal intencionalmente sin justa causa o excusa.”

(4 Bar. & Cr., 255) Black Law Dict., 745.

En la obra Words and Phrases Judicially Defined, tomo 5, página 4300, encontramos la siguiente definición:

“Malicia en la ley de asesinato, no significa mero despeolio, mala voluntad, o desafección, según ordinariamente se interpreta esta palabra, sino que indica aquel estado de la mente que impulsa a una persona a quitar la vida a un semejante sin que medie justa causa o provocación, y significa un estado de ánimo que revela'un corazón pervertido e inclinado fatalmente hacia el daño.”

Entre las muchas autoridades, hacemos referencia a las siguientes:

State v. Dickson, 78 Mo., 438, 441.

Martínez v. State, 30 Tex. App., 129, 28 Am. St. Rep., 895; 16 S. W., 767, 768.

Territory v. Hart, 7 Mont., 489; 17 Pac., 718, 722.

United States v. Boyd, 45 Fed. Rep., 851, 857.

United States v. Lewis, 111 Fed. Rep., 630, 632.

Nuestro estatuto contiene la siguiente definición:

“Cuarto. Las palabras ‘malicia’ y ‘maliciosamente,’ denotan la comisión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa, la esciente infracción de la ley, en perjuicio de otro. ’ ’ Código .Penal, artículo 559, pág. 146.

Malicia en su sentido legal significa la comisión intencio-nal de un acto dañoso hacia otra persona, sin que exista jus-tificación legal o excusa. (30 Tex. Ct. App. Rep., 138; Martínez v. State.)

Aplicando la ley según ha sido expresada a los hechos tal como aparecen en los autos, no puede haber duda alguna de la intención maliciosa con que se cometió el delito.

Después de un examen detenido de todas las pruebas con-tenidas en los autos, no existe duda alguna en la mente de la ■corte de que existieron y se probaron todos los elementos del delito imputado, debiendo confirmarse la sentencia condena-toria.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Quintero et al. v. Sosa.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 777.
    Resuelto en abril 8, 1912.
    Desestimación de la Acción (Non Suit) — Negación que Envuelve una Afir-mación, (Negative Pregnant). — Las alegaciones esenciales de la demanda son que los demandantes son los únicos y legítimos dueños de una finca, que el demandado posee ilegalmente. El demandado al contestar la demanda negó que los demandantes fueran dueños en la actualidad de la finca y alegó que ellos le habían transmitido por venta el dominio de la misma. Principiado ' el juicio, los demandantes se abstuvieron de presentar prueba alguna por entender que las alegaciones esenciales de la demanda estaban admitidas en la contestación. El demandado pidió la desestimación de la acción {non suit) y la corte la concedió. En apelación se resolvió que el demandado únicamente admitió que los demandantes fueron dueños de la finca en litigio, pero no que lo eran en la actualidad y que esta admisión no favorece en nada a los demandantes, porque para el éxito de la acción reivindicatoría es necesario que lo sean al interponer la demanda, hecho que fué negado por el demandado.
    Id. — Posesión del Demandado — Presunción.—También se deduce de la demanda y la contestación que la posesión de la finca en litigio por parte del deman-dado es un hecho admitido, y de acuerdo con los artículos 448 y 450 del Código Civil el poseedor de una cosa tiene el derecho a ser respetado en su posesión. El poseedor en concepto de dueño tiene a su favor la presunción legal de que posee con justo título, sin que se le pueda obligar a exhibirlo, y por tanto no habiendo los demandantes presentado prueba alguna para contrarrestar esta presunción, siendo como era de su incumbencia esa prueba, es de presumirse que el demandado posee con justo título, y en las circunstancias de este caso la sentencia desestimando la acción es ajustada a derecho.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Luis Llorens Torres.

    Abogado del apelado: Sr. Herminio Díaz Navarro.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro y Bernardo Quintero y León demandaron ante la Corte de Distrito de San Juan a Nicasio Sosa y Reyes para conseguir la reivindicación de una finca rústica con devolu-ción de frutos de la misma e indemnización de daños y per-juicios.

Al comenzar la vista del pleito estipularon las partes con aprobación de la corte, que sólo se viera el caso en cuanto a la acción “reivindicación" de inmuebles,” y que después de dictada sentencia, si ésta declaraba con lugar dicba acción, se continuaría el juicio en cuanto a la segunda acción sobre daños y perjuicios.

Como hechos fundamentales de la acción reivindicatoría, alegan los demandantes.que son los únicos y legítimos dueños de un predio rústico de 26 cuerdas con 55 céntimos que des-criben, por mitad y proindiviso, cuyo dominio les corresponde por virtud de justo título hereditario reconocido expresa-mente por el demandado, y que éste, sin ningún título para ello, estaba poseyendo y usufructuando ilegalmente el referido predio que tiene un valor de dos mil dollars.

Al contestar la demanda niega el demandado que los de-mandantes sean en la actualidad dueños de la finca reclamada, y en su lugar afirma que dichos demandantes le trasmitieron por venta el dominio pleno de la expresada finca en el año 1891, por pr.ecio de 273 pesos que les pagó y ellos cobraron, dándole en dicho año, una vez realizada la venta, posesión material del inmueble. Niega asimismo el demandado que haya estado y esté poseyendo la referida finca sin título alguno, y en su lugar .alega, que desde el expresado año de 1891, por virtud de la predicha compraventa, ha tenido y tiene la posesión del inmueble litigioso en concepto de dueño, pú-blica, pacíficamente y sin interrupción, cuya posesión inscribió en el registro de la propiedad mediante instrucción de un expediente posesorio que comprendió la finca reclamada y otra más, ambas con superficie total de noventa cuerdas, expe-diente que fué aprobado por la corte municipal de Trujillo Alto, en resolución firme de 27 de noviembre de 1895.

Para- más amplia defensa alegó el demandado que, dada la voracidad do las anteriores alegaciones, la acción reivindica-toria ejercitada por el demandante está prescrita, de confor-midad con lo que estatuyen los artículos 1961, 1963 en su párrafo 2°., 1940,1941,1950,1951,1952 y 1953 del Código Civil Español, en relación con el artículo Io. de' la Orden Judicial de 4 de abril de 1899 y con el 1840 del Código Civil Revisado.

Principiado el juicio, ya leídas las alegaciones de ambas partes, los demandantes manifestaron a la corte que no tenían pruebas que presentar, y entonces el demandado promovió .moción de non suit solicitando el dismissal o sobreseimiento del caso, por el fundamento de no haber probado los deman-dantes las alegaciones esenciales de su demanda, a cuya mo-ción se opusieron los demandantes por entender que las ale-gaciones esenciales de la demanda estaban admitidas en la contestación.

La corte declaró con lugar la moción y por sentencia de 22 de septiembre de 1911 declaró desistido al demandante de su acción, con las costas y gastos que se justifiquen a su cargo, contra cuya sentencia se interpuso recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

La única cuestión a resolver en e'l presente recurso es si el demandante ha dejado de suministrar prueba suficiente en que fundar una sentencia contra el demandado, y si en su virtud procede haberle por desistido de la demanda, con arreglo al artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil en su número 5o.

Como en el juicio no se practicó prueba alguna, v,eamos si esa prueba puede derivarse de las alegaciones de ambas partes contenidas en los escritos de demanda y contestación, apre-ciados conjuntamente y en relación las unas con las otras.

El artículo 132 del Código de Enjuiciamiento Civil dice así:

“Toda alegación esencial de la demanda no impugnada en la con-testación se tendrá por cierta par.a los efectos de la acción; la exposi-ción de cualquiera materia' nueva en la contestación en apoyo de una oposición o reconvención, deberá en el juicio considerarse como im-pugnada por la parte contraria.”

Con sujeción a los preceptos que dejamos transcritos, debe tenerse por cierto para los efectos de la acción ejercitada por los demandantes, que éstos fueron dueños de la finca rús-tica que reclaman en la demanda, y que el demandado está poseyendo actualmente dicha finca; pero no es igualmente cierto que al comenzar su acción los demandantes fueran dueños de tal finca, pues el demandado lo niega abiertamente afirmando que el dominio de ella le pertenece en la actualidad. T no basta que el demandado acepte que anteriormente fueron. dueños de ese predio los demandantes, pues para el favorable éxito de la acción reivindicatoría, es necesario que lo sean al interponer la demanda, hecho que repetimos ha sido negado por el demandado.

Aun más, es un hecho aceptado por ambas partes que el demandado posee la finca de que se trata, y siendo ello así, tiene derecho a ser respetado en su posesión y a ser amparado en ella, mientras no se le venza en juicio según el artículo 448 del Código Civil; y según el 450, el poseedor en concepto de dueño tiene a su favor la presunción legal de que posee con justo título, sin que se le pueda obligar a exhibirlo. No es hecho aceptado por ambas partes que el demandado no posea en concepto de dueño; y siendo ello así, le favorece la pre-sunción legal de que posee con justo título.

Esa presunción se establece también y con mayor amplitud en la Ley de Evidencia aprobada en 9 de marzo de 1905, cuyo artículo 102 entre otras presunciones consigna bajo el número once, la de que las cosas que obran en poder de una persona son de su pertenencia.

Como se ve, la posesión de la finca por parte del deman-dado engendra la presunción de dueño, y esa presunción sólo se extingue mediante prueba que debe suministrar la parte contraria.

T no cabe argüir que la negativa del demandado, de que los demandantes sean dueños de la finca de que se trata, por haberla adquirido de éstos, envuelve una afirmación ante la cual no tenía el demandante que suministrar evidencia alguna de un dominio que le había sido reconocido.

El artículo 108 de la Ley de Evidencia, cuyo examen puede ser atinente al caso, dice así:

“La parte que sostiene la afirmativa en la cuestión, deberá presen-tar la evidencia para probarla; todo el peso de la prueba por lo tanto recae sobre la parte que resultaría vencida, de no presentarse evidencia por ninguno de los contendores. La prueba de una obliga-ción corresponde a la parte que exige su cumplimiento, y la prueba de su extinción corresponde a la parte que la niega.”

La última parte del artículo transcrito es una reproducción del 82 del Código Civil.

La cuestión litigiosa en el presente caso es el dominio de la cosa inmueble descrita en la demanda: los demandantes sostienen la afirmativa, pues ellos alegan el dominio actual de una finca, que les niega el demandado: a ellos incumbe apor-tar la evidencia necesaria para probar la alegación de dicho actual dominio.

El demandado posee la finca que los demandantes quieren reivindicar; como tal poseedor tiene derecho a ser respetado en la posesión; existe a su favor la presunción de que la finca es de su pertenencia; esa presunción subsiste mientras no se destruya por prueba en contrario; tal prueba debe suminis-trarse por los demandantes, y si no lo hacen, ellos serán los vencidos y no el demandado, que por ministerio de la ley se presume vencedor.

Negamos que los demandantes estén exentos d'e proponer evidencia alguna sobre el dominio, por ser ese un hecho que ha aceptado el demandado. Lejos de ser así, el demandado niega categóricamente que los demandantes sean en la actualidad dueños de la finca y sólo admite que lo fueron. Los deman-dantes estaban en el deber de probar que continuaron siendo dueños, dada la negativa del demandado, y que éste lejos de haberlos adquirido por título legítimo, según alega, se valió de tales o cuales medios ilegales para venir a poseerla, con lo. cual hubieran destruido la presunción de dominio juris tantum que el hecho de la posesión arroja a favor del demandado.

Por las razones expuestas entendemos que procede de-clarar sin lugar el recurso y confirmar la sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan, en 22 de septiembre del año próximo pasado.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro’ y Aldrey.


text:
    Falagán v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Mayagüez.
    No. 116.
    Resuelto en abril 8, 1912.
    Cancelación de Hipoteca — Inscripción del Dominio a Eayor de Otra Persona Distinta a la Adjudicataria. — En virtud de sentencia dictada en procedi-miento en cobro de hipoteca se otorgó por el marshal de la Corte de Distrito de Mayagüez escritura de adjudicación en pago a favor de A., quien consintió en que se cancelara dicha hipoteca por confusión de derechos, pero presentada esa escritura de adjudicación en el registro fué denegada su inscripción. Posteriormente el recurrente presentó al registro copia de dicha escritura de adjudicación con el objeto exclusivo de que se inscribiera la cancelación de la hipoteca constituida a favor de A. El registrador denegó la inscripción porque habiéndose denegado anteriormente la inscripción de la adjudicación de la finca hipotecada a la acreedora, no se realizó en el registro la confusión de derechos o la consolidación de los derechos de hipoteca y de dominio en la misma persona. Se resolvió que estuvo bien denegada la inscripción de la cancelación por los motivos consignados en la nota del registrador.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El recurrente compareció en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En procedimiento sumario seguido ante la Corte de Dis-trito de Mayagüez por Alejandrina Blanco Ramírez contra Manuel, Francisco, Emilio y Agripina Clotilde Aran y Cuascú, y Agustín Hernández Mena, para el cobro de un crédito hipo-tecario a favor de la demandante, por dos mil dollars en con-cepto de principal y quinientos dollars más en concepto de costas, fueron subastados los bienes hipotecados, a saber, un. condominio que por siete octavas partes tenían los deman-dados en una casa y solar de la calle de Oriente de dicha ciudad, condominio que fué adjudicado a la demandante por la suma de seiscientos dollars en pago parcial del crédito reclamado, habiendo otorgado el marshal de la corte de Maya-güez Don Ramón Irizarry y Ursulich el 6 de diciembre de 1910, escritura de venta a favor de Alejandrina Blanco Ramí-rez del condominio subastado. En. esa escritura la Blanco Ramírez manifestó que la aceptaba en todas sus partes y quería que se cancelara en el registro de la propiedad por con-fusión de derechos, la hipoteca constituida a su favor por Inocencia Cuascú, toda vez que en cobro de esa hipoteca fué seguido el procedimiento sumario anteriormente expresado.

' Presentada copia de dicho documento en el Registro de la Propiedad de Mayagüez para la cancelación de la hipoteca, fué denegada por medio de nota que literalmente dice así:

“Este documento ha sido presentado por mandato de Don Francisco Falagán, dueño actual del condominio por % partes de la finca que se describe en la escritura, al objeto exclusivo de que se inscriba la cancelación que de su hipoteca hace Doña Alejandrina Blanco y Ra-mírez, por confusión de derechos. Pero habiendo sido denegada ante-riormente en este registro la inscripción de adjudicación de dicho condominio a favor de la indicada señora, sin que tampoco pueda verificarse ahora, por hallarse aquél registrado a nombre de Don Francisco Falagán y Lobato, persona diferente de aquéllas contra las cuales se ha seguido el procedimiento, no se admite tampoco la cancela-ción solicitada, que se basa esencialmente en el supuesto de la consoli-dación de los derechos de hipoteca y.de dominio en la misma persona; y en lugar de la operación pretendida se ha tomado anotación preven-tiva de la misma por 120 días, contados desde esta fecha, al folio 218 vuelto del tomo 92 de este ayuntamiento, finca No. 2394 triplicado, anotación letra E. Mayagüez, 11 de marzo de 1912. El Registrador, Dr. Joaquín Cervera Silva.”

La nota transcrita ha sido recurrida por Francisco Fala-gán Lobato, y opinamos que se ajusta a derecho.

El condominio por siete octavas partes en nna casa y solar, hipotecada a favor de Alejandrina Blanco Ramírez, fné adjudicado a ésta por escritura de seis de diciembre de 1910, y mediante esa adjudicación debia quedar extinguida la obli-gación hipotecaria por haberse reunido en una misma persona los conceptos de acreedora y deudora con arreglo al artículo 1160, del Código Civil, bajo cuya base de confusión de derechos fué que la adjudicataria prestó su conformidad, para que se cancelara en el registro de la propiedad la hipoteca constituida a su favor por Inocencia Cuascú:

Pero es el caso, que según se expresa en la nota recurrida, la inscripción de adjudicación del condominio de que se trata, a favor de Alejandrina Blanco Ramírez ha sido anteriormente denegada en el Registro de la Propiedad de Mayagüez, y ocurre además, que actualmente dicho condominio está inscrito a nombre de Francisco Falagán Lobato, persona diferente de aquellas contra las cuales se ha seguido el procedimiento sumario. Ante esos hechos no hay términos hábiles para inscribir una cancelación que como dice muy acertadamente el registrador recurrido, se basa esencialmente en el supuesto de la consolidación de los derechos de hipoteca y de dominio en la misma persona. Tal supuesto no se ha realizado en el registro, por cuanto lejos de haberse inscrito a favor de Ale-jandrina Blanco Ramírez el condominio adjudicádole en pago parcial de su crédito hipotecario, se ha verificado la inscrip-ción a favor de Francisco Falagán Lobato.

Por las razones expuestas procede la confirmación de la' nota recurrida de once de marzo próximo pasado.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,'

text:
    Torres v. La Sociedad Anónima Tranvía de Mayagüez.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 792.
    Resuelto en abril 10, 1912.
    Demanda- — Contestación—Alegaciones de la Demanda no Impugnada en la ■ Contestación. — Aunque de aeuerdo con el artículo 132 del Código de Enjui-ciamiento Civil, toda alegación esencial de la demanda no impugnada en la contestación, se tiene por cierta para los efeetos del pleito, no bay precepto legal alguno que exija a la corte sentenciadora que designe con anterioridad al juicio, qué beebos de los alegados en la demanda no ban sido negados en la contestación.
    Contestación a la Demanda — Alegaciones Impertinentes — Contestación De-fectuosa. — Cuando la contestación es defectuosa y no constituye una buena defensa, el demandante puede solicitar que se dicte sentencia sobre las ale-gaciones. Si alguna de las alegaciones de la contestación es impertinente o reduntante debe solicitarse su eliminación. En caso de que algunos de los beebos esenciales de la demanda no bayan sido impugnados en la contes-tación, puede el demandante abstenerse de presentar prueba relativa a ellos considerándolos como admitidos por el demandado.
    Prueba Contradictoria — Apreciación del Tribunal Sentenciador — Parciali-dad, Pasión, o Prejuicio. — En los casos en que la prueba es contradictoria la apreciación que de la misma baya becbo el tribunal sentenciador, no será revocada en apelación a menos que se demuestre que procedió con parcialidad, pasión o prejuicio, o que incurrió en error manifiesto de becbo o de dereeho.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del demandante: Sr. José Sabater.

    Abogado del demandado: Sr. Fernando Vázquez.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,'

emitió la opinión del tribunal.

Esta acción se estableció en reclamación de la suma de dos mil quinientos dollars por daños y perjuicios qne se alegó su-frió el demandante por las lesiones personales que se le oca-sionaron a consecuencia de la negligencia de la demandada. Celebrado el juicio en la corte de distrito se dictó sentencia a favor de la demandada, desestimándose la demanda e im-poniéndose las costas al demandante. Contra esa sentencia se interpuso apelación celebrándose la vista de dicho caso ante este tribunal el día 15 del pasado mes, sometiéndose el caso por los alegatos escritos que presentaron las respectivas partes. El apelante, qne fué el demandante ante la corte inferior, señala tres errores que tomaremos en consideración por el orden en que lian sido presentados:

I.. Se ña alegado que la Corte de Distrito de Mayagüez co-metió error negándose a examinar las alegaciones de las par-tes y a resolver, antes de la presentación de la prueba, si los ñeeños alegados en la demanda fueron o nó debidamente nega-dos en la contestación, basta el punto de hacerse necesario presentar prueba de los mismos. Aparece de los autos que antes de presentarse la prueba el abogado del demandante presentó a la corte una moción oral en la que suplicaba a la misma que procediera de conformidad con lo' que se indica en los señalamientos de errores, a lo que la corte se negó por el fundamento de que la ley es clara al expresar que todos los hechos alegados en la demanda que no hubieran sido negados en la contestación se consideran como admitidos; siendo de opinión que es ocioso el especificar cuáles son los hechos que no han sido negados en la contestación. El demandante debi-damente tomó excepción a esta resolución del tribunal.

Es cierto que el artículo 132 de nuestro Código de Enjui-ciamiento Civil prescribe, que toda alegación esencia1, de la demanda no impugnada en la contestación se tendrá por cierta para los efectos de la acción; pero no tenemos ningún estatuto que exija a la corte inferior el designar con anteriori-dad al juicio qué hechos alegados en la demanda no han sido controvertidos en la contestación. Este artículo de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil fue tomado de los artículos 332 y 33 del mismo Código en el Estado de Idaho, siendo una copia exacta del artículo 462 del Código de Enjuiciamiento Civil de California. La cuestión que aquí se ha presentado fué resuelta por la Corte Suprema de California hace más de cuarenta años, en el caso de Gay v. Winter.

El Juez Asociado, Sr. Sanderson, en una brillante opinión emitida en ese caso, se expresa como sigue:

“El demandante tiene derecho a que se haga una negación explí-cita de las alegaciones esenciales de la demanda, o una admisión de la veracidad de las mismas, ya sea mediante una alegación directa o de modo implícito. El no está obligado a proceder en perjuicio propio y juzgar por sí con respecto a la suficiencia de las negaciones, y luego ganar o perder según sea la sentencia que la corte dicte, ni está obli-gado a considerar' las malas negaciones como buenas para evitar que se' dicte una sentencia contraria sobre las mismas posteriormente en el procedimiento. Su derecho' a una negación o admisión explícita es uno substancial, que le pertenece no solamente por virtud de las terminantes prescripciones del estatuto sino también con arreglo a los claros principios de lógica que fundamentan la ciencia de las alega-ciones. Si este derecho no se concede voluntariamente por el de-mandado- y presenta -éste su contestación de conformidad con el -mismo, es deber de la corte hacer valer el dereeho de algún modo. ’ ’

En la misma página sigue la opinión como sigue:

“Cuando el demandante alega que todas las negaciones son malas y si la contestación no especifica alguna materia nueva, puede probar la suficiencia de las negaciones mediante la presentáción de una mo-ción solicitando se dicte sentencia sobre las alegaciones, o presentando una moción para que se elimine la contestación por el fundamento de que es especiosa. Si se consideran buenas algunas de las negaciones y las otras malas, puede pedir la eliminación de las mismas. Creemos que esta práctica está autorizada por el artículo cincuenta de la ley de práctica, el cual prescribe que ‘las contestaciones y defensas espe-ciosas e impertinentes, así como todo lo que en una alegación sea impertinente, redundante, o no esencial, puede ser eliminado me-diante moción según .las condiciones que la corte pueda exigir a su discreción.’ Las contestaciones que consistan de negaciones en las que no se nieguen de modo explícito las alegaciones esenciales de la demanda, resolvemos por ahora, que según el significado del estatuto son especiosas e impertinentes.”

El artículo cincuenta de la ley de práctica de California a que nos hemos referido en el párrafo anterior es idéntico al 453 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, el cual es semejante al artículo 123 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, que es como sigue:

“Las contestaciones especiosas e impertinentes, así como toda ma-teria impertinente y redundante, contenidas en una alegación, podrán no ser tenidas en consideración por la corte, a su prudente arbitrio.” (Leyes de la Sesión de 1904, página 205.)

Si la contestación del demandado estaba sujeta al comen-tario que de ella hizo el demandante, y éste deseaba que se dictara una resolución sobre la misma, debió baber presen-tado la cuestión a la corte en debida forma, o sea, si toda la contestación era mala y no se bacía en ella ninguna clase de defensq, pudo solicitar que se dictara sentencia sobre las ale-gaciones, y si alguna parte de la contestación era imperti-nente o redundante debió baber presentado una moción para que se eliminara, según la corte a su discreción lo creyera con-veniente, o si estimó conveniente adoptar ese medio, pudo de-jar de presentar prueba acerca de aquella parte de su deman-da que no fue debidamente contestada por el demandado, y que por consiguiente se consideró como admitida con arreglo al artículo 132.

La consideración y resolución de cuestiones de esta clase con anterioridad al comienzo del juicio no es una práctica adecuada para la corte, por no exigirla la ley, pues adoptán-dola puede prejuzgar de cierto modo el caso antes de oir la prueba. Por tanto se declara que carece de fundamento el primer error alegado.

II. El segundo y tercer señalamiento de error pueden con-siderarse conjuntamente. Agrupados en uno solo, tienen por objeto' expresar en sustancia que la corte sentenciadora co-metió error al apreciar la prueba que se le presentó durante el juicio, declarándola contradictoria y resolviendo el caso en contra del demandante por no baber presentado éste prueba suficiente que le convenciera de la abierta negligencia del de-mandado.

Las declaraciones que prestaron los diferentes testigos presentados por ambas partes eran irreconciliable y eviden-temente contradictorias. El propio demandante y sus testi-gos declararon que las lesiones se produjeron como sigue: Que el día 24 de marzo de 1910, entre 10 y 11 de la mañana, el demandante -salía de la casa de Constantino Barletta, situa-da en la calle de Méndez Yigo en Mayagüez; que el tranvía ya babía empezado su viaje bacia la Playa; que el deman-cLante hizo señas con la mano hacia el carro para qne se detu-viera, parando el carro como a unos dos metros antes de lle-gar a nn poste de teléfono qne allí había, entre las casas de Riera y Basora; qne el demandante hizo parar el carro y cnando puso el pie en la tabla lateral de entrada al mismo, el carro siguió de nuevo su marcha, enredándose el deman-dante en una de sus cortinas sin poder sujetarse por tanto del brazo del asiento, por lo que fue arrojado contra el pos-te, perdiendo el conocimiento debido al golpe que recibió en el lado derecho de la cara; que al pasar el carro el poste de referencia estaba a una distancia de cerca de treinta centí-metros de la tabla lateral de entrada al referido carro.

Los testigos del demandado declararon por el contrario que el demandante Rafael Torres entró aquel día al carro y se sentó en el último asiento entre dos pasajeros, un hombre y una mujer; y sin pedir que se parara el carro, saltó sobre la tabla que para entrar hay en el costado del mismo, sacó la cabeza chocando con el poste y causándose así la le-sión.

El juez de la corte, previa moción y convenio de los abo-gados de las partes, inspeccionó personalmente el sitio don-de' ocurrió el accidente, habiendo observado y expresándolo así en su opinión, que el poste en cuestión se hallaba muy cerca de la tabla que hay en el costado del carro cuando pasó el carro junto á dicho poste, pero que una persona que esté derechamente parada en la expresada tabla puede pasar sin chocar con el poste.

Estos son los hechos esenciales sobre los cuales se ha de-clarado y presentado prueba en este caso. Indudablemente que la corte sentenciadora estaba obligada a dar crédito a ciertas declaraciones y rechazar otras por ser irreconciliables y no poder ambas ser ciertas. Dicho juez estaba en mejores condiciones que ninguna otra persona que no tuviera la mis-ma oportunidad para formar una opinión sobre el particular, para resolver cuál de los testigos .era digno de crédito, por haber comparecido todos ellos ante él, pudiendo así apreciar su. credibilidad por su presencia, carácter, manera de declarar e interés que tuvieran en el resultado del pleito y demás cir-cunstancias con relación al caso. Desde luego que si al exa-minar la prueba este tribunal como es su deber hacerlo, encon-trara que el juez- sentenciador obró influido por parcialidad, pasión o prejuicio al apreciar la misma, o que incurrió en error manifiesto de hecho o de derecho al llegar a. su conclu-sión, no vacilaría en anular sus conclusiones de hecho y revo-car la sentencia. Pero hemos examinado cuidadosamente todas las declaraciones prestadas en el juicio según aparecen en' los autos, y considerado- detenidamente todas las circuns-tancias comprendidas en el caso, .y tío encontramos nada en la transcripción que nos justifique en resolver que la corte inferior estuvo influida por algún motivo indebido, o que in-curriera en algún error esencial al aquilatar la prueba y es-tablecer sus conclusiones de hecho, con las cuales estamos conformes; y creemos como él, que el peso de la prueba está a favor del demandado, por lo que no estamos dispuestos a modificar sus conclusiones. Por estas razones no encontra-mos fundamento alguno en el segundo y tercer señalamientos de error.

Indudablemente que la presente acción se basó en el artí-culo 1803, y en el párrafo 4o. del 1804 de nuestro Código Civil. Examinando la prueba en conjunto según la amplitud con que aparece en los autos, no encontramos base o motivo alguno para dictar una sentencia declarando que las lesiones que re-cibió el demandante fueron debidas a la falta o negligencia del demandado, o de sus agentes, dependientes o empleados; y después de un examen cuidadoso de todas las proposiciones legales que han sido citadas en las autoridades a que ambas partes han hecho referencia, y examinadas asimismo todas las razones aducidas por las mismas en sus respectivos alega-tos, somos de opinión que la sentencia de la corte inferior dictada en este caso el día 19 de septiembre de 1911, debe confirmarse en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-' ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Boudens et al. v. Körber et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao,
    No. 786.
    Resuelto en abril 12, 1912.
    Ordenes Inapelables — Injunction—Anulación de Fianza. — Una orden en vir-tud de la cual se declara nula la fianza prestada para expedir una orden de entredicho y por la que se suspende el entredicho hasta que se constituya nueva fianza, es una resolución inapelable, y este tribunal carece de jurisdic-ción para resolver el recurso interpuesto contra dicha orden.
    Injunction — Entredicho—Cautela en Concederlos. — Aun cuando el entredicho sólo tiene de vida el breve término que transcurre hasta que la corte concede o deniega el injunction preliminar o definitivo, sin embargo, tales entredichos deben decretarse por las cortes con gran cautela y por consiguiente, no pareee propio que se decreten en aquellos casos en los cuales los actos que se tratan de impedir o de prohibir han venido relizándose por bastante tiempo antes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. López Landrórt, Rincón y Francis.

    Abogados de los apelados: Sres. Herminio Díaz Navarro y Alvarez Nava y Domínguez.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Doña Luisa Boudens presentó en 6 de junio de 1911 ante la Corte de Distrito de Hnmacao una demanda, que luego enmendó en doce del mismo mes, en la que alegó ser dueña de cierta finca que tenía dada en arrendamiento a Don Guillermo Korber desde el 21 de junio de 1906, que luego éste subarrendó a la corporación Yabucoa Sugar Company; que a poco de otorgado el arrendamiento los demandados desti-'naron la finca a usos no pactados convirtiéndola en un pre-dio sirviente para beneficio de otras fincas, mediante la cons-trucción y tendido de una vía férrea definitiva a través de ella, sirviendo desde entonces la finca de tránsito diario al ferrocarril cuyo derecho de servidumbre o tránsito estima en $20,000 por una década; y concluyó pidiendo a la corte declarara rescindidos los contratos de arrendamiento y suba-rriendo y que los demandados sean condenados a pagarle $10,000 como daños y perjuicios.

Como consecuencia de esa demanda y basándose en ella se presentó por Doña Luisa Boudens una solicitud de injunction preliminar, para que desde luego y para lo sucesivo se abstengan los demandados de permitir que circule el men-cionado tren por la finca de la demandante.

La resolución de la corte a esta petición la conocemos por el mandamiento expedido al marshal y firmado por el juez, en el que se dice que en vista de la petición que aparece notificada a la corporación Tabucoa Sugar Company, y de lo dispuesto,en 1¿ sección 8a. de la ley para definir injunctions aprobada en 8 de marzo de 1906, ordenaba que los deman-dados comparecieran ante la corte el día 28 de junio de 1911 a exponer causas por las que no debía concederse el injunction solicitado, y ordenado además que los demandados que-dasen en entredicho, prohibiéndoles la circulación de los tre-nes, cuyo estado de entredicho y prohibición subsistiría hasta nueva, orden de la corte, y que la demandante prestase fianza a favor de los demandados por $4,000.

Se prestó una fianza y el día 28 que era el señalado para exponer razones por las que el injunction solicitado no debía expedirse, se presentaron los demandados, por sus abogados, con varias mociones, una del Sr. Korber alegando que el ezitredieho debía suspenderse por no haberse otorgado la fianza ni en su fondo ni en su forma de acuerdo con la ley; otra de la Yabucoa Sugar Company alegando que el jura-mento de la demanda y de la solicitud de injimction era nulo; y otra de esta misma corporación por la que excepciona la suficiencia de los fiadores que suscriben la fianza, por el fun-damento de que carécen de bienes bastantes para responder; y, por último, otra más de la propia corporación impugnando la fianza por la forma en que había sido redactada..

El juez, después de hacer algunas consideraciones, resol-vió en 28 de junio lo siguiente:

“La corte, por tanto, debe declarar y declara nula y sin valor la fianza prestada por Temístoeles Díaz y Natalio Mora para este caso, dejando sin efecto el restraining order to show cause dictado en 19 de junio de 1911, hasta que la parte demandante proceda a prestar dos fianzas, una a favor de Guillermo Korber Garké y otra a favor de la Yabucoa Sugar Company por la cantidad de cuatro mil dollars cada una, con arreglo a los requisitos de ley, debiendo asimismo procederse a hacer una nueva notificación en el restraining order to shoiu cause, la cual se considerará enmendada en su parte dispositiva, en lo que respecta a la fianza de acuerdo con esta resolución, con costas a favor de los demandados.1 ’

Contra esta resolución interpuso la parte demandante el presente recurso de apelación.

De lo expuesto puede verse fácilmente, que la orden ape-lada lo único que hizo fué declarar nula la fianza que se había prestado y dejar sin efecto, o en suspenso, el entredicho decre-tado en 19 de junio anterior, en tanto en cuanto la parte demandante no presentara otra fianza en el número y con las condiciones mencionadas en esa orden. La orden de 19 de junio quedó -suspendida mientras lá demandante presentara nueva fianza y por tanto quedaron las partes en el mismo estado en que se encontraban cuando se expidió la orden que concedió el entredicho; y el único, alcance que tuvo la orden recurrida fué el rechazar la fianza que se había prestado y exigir que se prestara otra con ciertos requisitos.

No existe en nuestro Código de Enjuiciamiento Civil dis-posición alguna que conceda el derecho de apelación contra una orden como la de 28 de junio, que lo único que hizo, como ya hemos dicho, fué anular la fianza, y por tanto carecemos de jurisdicción para resolver esta apelación.

Antes de terminar esta opinión queremos consignar que, aunque el entredicho no tiene más vida que los pocos días que generalmente transcurren hasta que la corte después de oir •las razones que exponga la parte demandada resuelva decre-tar o nó el injunction preliminar o definitivo, según sean los casos ¡sin embargo, tales entredichos deben decretarse por las cortes con gran cautela y por consiguiente no parece propio que se decreten en aquellos casos en los cuales los actos que se trata de impedir o de prohibir han venido realizándose por bastante tiempo antes. La apelación debe ser'desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Figueroa v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de San Hermán.
    No. 114.
    Resuelto en abril 16, 1912.
    Herencia Yacente. — Es yacente la herencia no reclamada por nadie.
    Id.' — Inscripción Prevta a Pavor de los Herederos. — En el caso de autos, de los documentos presentados al registro para su inscripción consta que existen herederos declarados por la corte a instancia de uno de ellos mismos y que la venta verificada por el marshal a favor del recurrente es el resultado final de un pleito seguido contra los herederos y no contra la herencia, y en el cual los herederos fueron emplazados como tales, sin que conste que alegaran como defensa su renuncia a la herencia. El tribunal resolvió que no es posible pre-sumir que se trata de una herencia yacente y prescindir de la previa inscrip-ción a favor de los herederos.
    Contribución sobre Herencia. — También resolvió el tribunal, atendidas las cir-cunstancias expuestas y a que los herederos eran hermanos del difunto, que estaba bien fundada la negativa del registrador a inscribir la venta por el motivo de no haberse acreditado el pago o la exención del pago de la contri-bución sobre la herencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Benito Forés.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tritribunal.

Román Zalazar y Ayala falleció en San Hermán el 10 de diciembre de 1910. No otorgó testamento y la Corte de Dis-trito de Mayagüez, el 25 de mayo de 1911, declaró a sus her-manos Hermenegildo, Francisca y Bamona y a su sobrino Juan, como sus únicos y universales herederos.

Natalio Figueroa interpuso una demanda en la corte municipal de San Germán contra la Sucesión de Bomán Zalazar, en cobro de pesos. Celebrado el juicio el demandante probó que la deuda procedía de los gastos de entierro, ataúd, asis ■ tencia médica, nicho en que fué enterrado, medicinas, contri-buciones de la finca que dejó al morir el dicho Bomán Zalazar y de un pagaré que había librado a favor del demandante el 10 de agosto de 1910 para vencer el 15 de octubre del mismo año. La corte municipal dictó sentencia el 27 de junio de 1911 condenando a la Sucesión demandada a pagar al deman-dante la suma de 218 pesos.

Para ejecutar dicha sentencia, se embargó una finca que figuraba inscrita en el registro a nombre de Bomán Zalazar. Vendida dicha finca en pública subasta, la adquirió Natalio Figueroa por la suma de $460, aplicando $216.62 al pago de su crédito y el resto entregándolo al márshal de la corte municipal.

El márshal y el comprador acudieron ante el Notario Público Forés y el 3 de agosto de 1911, en la ciudad de San Germán, otorgaron la correspondiente escritura pública ha-ciendo constar la venta en forma debida. Dicha escritura fue presentada para su inscripción en el registro de la propiedad y el registrador se negó a inscribirla por medio de la siguien-te nota contra la cual se ha interpuesto el presente recurso gubernativo:

“No admitida la inscripción del precedente documento, al cual se ban acompañado como complementarios un testimonio del auto de declaratoria de herederos de Don José Román Zalazar y un certificado expedido por el secretario de la corte municipal de esta ciudad, por los defectos de no acreditarse el pago o la exención del pago de la contribución de herencia por fallecimiento del mencionado Señor Zala-zar, a cuyo nombre figura registrada la finca vendida, y nó de sus herederos, contra los cuales se ha seguido el procedimiento, sin que se haya solicitado la previa inscripción, resultando además del certificado acompañado, que parte de la deuda reclamada no la contrajo el cau-sante, no acreditándose tampoco que la herencia esté yacente.”

La primera cuestión que debemos estudiar y resolver es la de si se trata o nó de una herencia yacente. Si la cuestión se resuelve afirmativamente, debemos suponer existente la personalidad del difunto y considerar como verificada por él mismo la venta de sus bienes, y, en tal caso, no podría ne-garse la inscripción de dicha venta en el registro de la pro-piedad. Si, por el contrario, la herencia ha sido aceptada, en-tonces los bienes deben ser inscritos previamente a nombre de los heredores y luego a favor del comprador.

“Es yacente la herencia no reclamada por nadie.” (Scae-vola, Principios Generales del Derecho Civil, pág. 130.)

“Mientras la herencia permanece yacente, por habers'e abstenido de su aceptación los llamados por la ley, se supone existente la personalidad del difunto.” (Sent, del T. S. de España, de 5 de1 junio de 1861.)

Constando que los herederos han renunciado la herencia, son inscribibles los testimonios de adjudicación de fincas en autos ejecutivos contra una testamentaría, sin que sea nece-saria la previa inscripción a favor de los herederos. (R. de la D. G-. de los R., de 24 de julio de 1884.)

Seguida ejecución contra los herederos del deudor, y ven-dida la finca a nombre de la herencia yacente, por ser aque-llos ignorados, no puede exigirse la previa inscripción a nom-bre de los herederos. (R. de la D. Gr. de los R., de 25 de abril de 1890.)

Examinaremos los hechos tales como constan de los docu-mentos presentados al registro, para ver si se trata en este caso de una herencia yacente y puede en su consecuencia pres-cindirse del requisito de la previa inscripción a favor de los herederos.

No aparece en parte alguna de dichos documentos, que la herencia fuera aceptada expresamente. Tampoco aparece en parte alguna de los mismos que la herencia fuera expresa-mente renunciada. Debemos llegar a la conclusión de la acep-tación o la renuncia por medios indirectos.

De una certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez, resulta que los herederos fue-ron declarados tales en este caso por la indicada corte, a vir-tud de un procedimiento iniciado a instancia de uno de ellos mismos.

Y de la propia escritura de venta presentada para su ins-cripción, resulta que el pleito seguido por.el acreedor Figueroa, que es el recurrente en este caso, no lo fué contra la he-rencia de Eomán Zalazar, ni contra sus ignorados herederos, sino contra la sucesión de Román Zalazar compuesta cié sus legítimos herederos Hermenegildo, Francisca y Ramona Zala-zar, hermanos del finado, y Juan Crisóstomo Rodríguez, sobri-no carnal del mismo, los que fueron emplazados, sin que apa-rezca que alegaran como defensa la renuncia de la herencia.

Se trata, pues, de un caso en que existen herederos de-clarados por la corte a instancia de uno de ellos mismos, y de una venta que es el resultado final de un pleito seguido contra los herederos y no contra la herencia. No es posible en su consecuencia presumir que se trata de una herencia yacente y prescindir de la previa inscripción a favor de los herederos. Si en realidad de verdad los herederos repudiaron la heren-cia, sería necesario destruir la presunción que se levanta en contrario a virtud de todas las circunstancias existentes, por medio de prueba apropiada para ello.

El artículo 20 de la Ley Hipotecaria prescribe la previa inscripción a nombre de los herederos, a no ser que se trate de herencia yacente, y si este extremo no resulta acreditado,-son impertinentes las resoluciones de 25 de abril de 1890 y 2 de diciembre de 1892. (R. de la D. Gr. de los R., de 21 de junio de 1895.)

El precepto contenido en dicho artículo 20 es general, ab-soluto y aplicable'por lo mismo a toda clase de títulos tras-lativos de dominio de los inmuebles, incluso el de sucesión hereditaria testada e intestada, no sólo porque la herencia constituye otro de dichos títulos, sino porque el artículo 23 de la ley ordena expresamente la inscripción de herencia a fui de que pueda perjudicar a tercero dentro de los cinco años siguientes a su fecha, obteniendo los que adquieran fin-cas del heredero, transcurrido aquel plazo, la debida segun-dada en el dominio y posesión de ellas. (Resoluciones de la D. Gr. de los R. de 9 de diciembre 1876 y 21 de junio 1879.)

No es el caso de la herencia yacente, el de enajenación de una finca gravada hecha en juicio ejecutivo a instancia del acreedor contra el heredero del deudor, dado que el demanda-do ha intervenido como heredero en el juicio ejecutivo recono-ciendo el crédito, oponiéndose después, aunque fuera de pla-zo, a la ejecución y apelando de la sentencia de remate; todo lo cual a falta de aceptación expresa, (que se ignora si exis-tió), permite asegurar que el citado demandado adió la heren-cia del deudor, siendo de ello consecuencia que ni aun la re-solución de 2 de diciembre del año último abona tal preten-sión, de que se inscriba la adjudicación sin la previa inscrip-ción del título hereditario del demandado. (R. de la D. Gr. •de los B., de 8 de agosto de 1893.)

Según doctrina constante de la dirección general, el tí-tulo de herencia puede inscribirse sin que conste la aceptación de la misma, cuya doctrina se funda en que este último hecho -constituye jurídicamente una condición suspensiva de la perfecta trasmisión del dominio, que una vez cumplida se retro-trae a la fecha en que se verificó aquélla, y con arreglo al artículo 16 de la Ley Hipotecaria, son inscribibles los títulos traslativos de dominio sujetos a condiciones suspensivas. (R. de la D. Gr. de los B., de 25 de agosto de 1879.)

Habiendo en consideración todo lo expuesto se concluye que la nota del registrador se sostiene por el motivo indicado, esto es, porque a juzgar por los documentos presentados al registro, la venta que se trata de inscribir fue hecha a nombre de los herederos de Román Zalazar y Ayala y la finca vendida no está inscrita a favor de dichos herederos.

Hemos estudiado cuidadosamente el otro motivo consig-nado por el registrador para basar su. negativa y lo encontra-mos de igual modo bien fundado. Pudiera resultar que tal vez en este caso la verdadera herencia que se trasmita a los herederos después de pagadas las deudas del difunto, no as-cienda al límite marcado por la ley para la imposición de la contribución sobre herencias (art. 368 del Código Político), pero de todos modos es necesario acreditar tal extremo antes de inscribir los bienes hereditarios a favor de los herederos.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la nota recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.