author: El Juez Asociado Se. HerNÁNdez,

text:
    Méndez v. La Administración de Puerto Rico et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 8.
    Resuelto en abril 25, 1904.
    Demanda — Personalidad de las Partes.' — 'Reconocida por una parte la persona-lidad de la otra, no le es lícito volver sobre sus propios actos e impugnar posteriormente esa misma personalidad;
    Rentas Internas — Administración de Consumos. — Las especies gravadas que hayan pagado impuestos al introducirse en una población para el consumo inmediato, no pueden ser gravadas de nuevo y toda Administración de con-sumos, al cesar, deberá abonar a la que le suceda el importe de los derechos y recargos cobrados sobre las especies gravadas que deje existentes en los establecimientos públicos de venta.
    Id. — Cambio pe TarieI.- — -La circunstancia de que haya un cambio en la tarifa, no es suficiente a justificar el cobro de la diferencia entre lo que pagaron las especies gravadas con arreglo a la tarifa vigente cuando fueron intro-ducidas y lo que deberían pagar conforme a la nueva tarifa, pues una es-pecie no puede ser gravada más de una vez, aun en el caso de experimentar transformaciones industriales. (*)
    Id. — Exioibilidad de los Derechos. — Los derechos son exigibles a la llegada al casco de la población de todas las especies de consumo que no vayan de tránsito o a depósitos autorizados, y desde entonces tienen dichas especies la consideración legal de consumidas, para todos los efectos relacionados con el impuesto, por lo que están exentas del pago de la diferencia de gravamen que haya entre la anterior y la nueva tarifa.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el pleito que en grado de apelación ante, nos pende, entre partes, de la una, Don Antonio Méndez, como presidente ■del Centro de Detallistas de esta ciudad, representado y diri-gido en esta Corte Suprema por el Letrado Don Jacinto Texi-dor y Alcalá del Olmo, y de la otra, la Administración Greneral, representada por el lion. Assistant Attorney Greneral Don Emilio del Toro, y como coadyuvante, el ayuntamiento de San Juan, que no lia comparecido ante este tribunal, sobre revocación de la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de San Juan, en 16 de mayo del año próximo pasado, que copiada literalmente, contiene los resultandos siguientes:

      “Resultando: que el 27 de noviembre de 1899, manifestó la presi-dencia del ayuntamiento al representante del Centro de Detallistas de esta ciudad que el Gobernador General Rabia devuelto con su apro-bación la tarifa de consumo, que el concejo y junta municipal Rabian votado aquel año económico, y por consiguiente procedía práctica-mente una investigación para conocer las existencias de artículos gra-vados que Rubieren en poder de los detallistas, a fin de liquidar canti-dades que debían pagar por diferencia del impuesto que basta aquel día se Rabia cobrado en moneda provincial y en lo sucesivo en oro, presentando el Gremio, de Detallistas instancia al ayuntamiento para, que las existencias que Rabian satisfeclio, el consumo anterior no satisficiesen el nuevo; constando, por certificación del Secretario del Centro de Detallistas de 10 de junio de 1900, que en la junta general celebrada el 28 de febrero de 1900 fué reeligido, presidente de ese Centro Don Antonio Méndez, comerciante de esta ciudad, y teniendo el ayuntamiento por interpuesto el recurso de alzada, declaró no haber-lugar a resolver, reservándole el derecho de apelación; e interpuesto éste proveyó el alcalde se remitieran los (*) antecedentes al Tesorero de Hacienda, según el artículo 184 de la Ley Municipal, desestimando el mencionado Tesorero la alzada interpuesta en 6 de noviembre de 1900, declarando firme en todas sus partes- el acuerdo apelado.

      “Resultando: que acompañando copia de esta última resolución, interpuso el defensor del Centro de Detallistas recurso eontencioso-administrativo; y reclamado el expediente gubernativo, puesto de manifiesto, formuló el reclamante demanda solicitando se revoque dicho acuerdo, declarando en su lugar que las especies gravadas con la tarifa de consumos sobre bebidas y cigarrillos, anterior a la ley que Roy rige, no deben satisfacer la diferencia demás que le asignó la. última, y por tanto que sin demora debe devolverse por el ayunta-miento a los reclamantes los 3,893 pesos con 82 centavos que consig-narán en depósito en la depositaría municipal por aquella diferencia.

      “Resultando: que su petición la funda en los hechos siguientes: lo referido en la sesión del 27 de noviembre de 1899, pidiendo la pre-sidencia declaraciones juradas de las existencias a los detallistas; que el Centro de Detallistas presentó al ayuntamiento el escrito ya men-cionado, teniendo interpuesto en su caso el recurso de alzada, lo re-suelto por el ayuntamiento ya referido, la petición de que suspendiera el acuerdo, que se negó, admitiéndose la alzada para ante el Tesorero, quien, consultando al Attorney, dió la razón a los detallistas, pero el Tesorero desestimó lo pretendido, aprobando lo acordado por el ayun-tamiento, y no conformes los reclamantes consignaron el depósito antes referido para seguir este recurso, siendo el derecho los artículos 87, 145, 180 a 184 de la Ley Municipal, y las Reales Ordenes de 31 de diciembre de 1876, 24 de marzo de 1877 y 15 de julio de 1878.

      “Resultando: que el Ministerio Fiscal contestó se aprecie en primer término la falta de personalidad en el actor, y si no procediese, declarar sin lugar la demanda con las costas al demandante, sentando como hechos: que el ayuntamiento de esta ciudad acordó el pago de los impuestos referidos para el año económico de 1899 a 1900, rigiendo, desde el primero de diciembre de dicho año, que publicó la tarifa después de aprobada por el Gobernador; que lá corporación (*) municipal acordó se practicase una investigación para conocer las existencias de artículos gravados, agregando lo demás que se refiere en el primer resultando, pidiéndosele una relación jurada de dichas existencias; que presentado el escrito al ayuntamiento para que se declararan exentos de pagos los artículos gravados, y desestimada, esa pretensión, se solicitó por el Centro de Detallistas la suspensión del acuerdo que le fué negado, admitiéndosele la alzada para ante el Tesorero, quien la desestimó, e ineonforme el demandante con esa reso-lución, interpuso recurso contencioso-administrativo, compareciendo el defensor en nombre de Don Antonio Méndez en su carácter de pre-sidente del Centro de Detallistas; siendo el derecho: la falta de personalidad de Méndez sin aparecer justificado sea el presidente del Centro de Detallistas; que los ayuntamientos forman anualmente pre-supuestos, teniendo facultades, teniéndolas para exigir el pago de las diferencias por tarifas de consumos, y que los detallistas no sufren perjuicio.

      “Resultando: que abierto a prueba, de la del actor consta la certi-ficación del secretario del ayuntamiento de 25 de septiembre de 1899, referente al impuesto por consumos, por kilogramos de cigarrillos; la de 27 de noviembre de 1899 dando cuenta de estar aprobada por el Gobernador la tarifa de consumos, procede practicar una investiga-ción para conocer las existencias y liquidar las cantidades que deben pagar por la diferencia del impuesto; y la tercera, referente a la de 28 de diciembre de 1899, que acordó nombrar una comisión para que estudiara la reclamación de los detallistas, sin que la demora perju-dique el derecho de los recurrentes en cuanto a la alzada interpuesta; y la cuarta, el acuerdo de 28 de mayo de 1899 que ordena el cobro con toda urgencia de las cantidades en descubierto por artículos gravados.

      “Resultando: que señalado día y bora para la vista informaron las partes lo que estimaron conveniente a su derecho.”

      Resultando: que por el mérito de los resultandos que se dejan transcritos y de fundamentos legales que el mencionado tribunal estimó aplicables al caso, se dictó sentencia por la cual declarándose sin lugar la excepción dilatoria de falta de personalidad en el demandante y la demanda interpuesta, (*) fué absoluta la Administración de la demanda, sin especial condena de costas.

      Resultando: que el juez de la corte de San Juan, Don. José Tons Soto, emitió voto particular en el .sentido de revocar el acuerdo del Ayuntamiento de San Juan de 28 de diciembre de 1899, confirmado por el Tesorero de Puerto Eico en 6 de noviembre del año siguiente, y de condenar a dicho ayun-tamiento a reintegrar al Oentro de Detallistas la suma de $3,893.82, importe de la diferencia de tarifas mandada cobrar y consignada por los demandantes a las resultas de la alzada interpuesta, sin especial condenación de costas, apoyándose en los considerandos siguientes:
    "Io. Considerando: en cuanto a la excepción dilatoria de falta de personalidad en Don Antonio Méndez, como presidente del Centro de Detallistas, carácter que no acreditó debidamente, que en el expediente administrativo a este pleito unido consta una certificación del secretario de dicho centro, de la que resulta tener el Sr. Mén-dez tal carácter, y si bien no se ha acreditado que la entidad ‘ Centro de Detallistas de Previsiones,’ de San Juan, .tenga personalidad jurídica por haberse constituido con arreglo al capítulo 2 del título 2, del libro 1, del Código Civil de 1889, no'se ba combatido la persona-lidad de dieba entidad, sino la del Sr. Méndez como representante de la misma; y por otra parte, así el ayuntamiento aceptando el depósito de la suma de $3,893.82 por diferencia de tarifas, centro, y en su representación Don Antonio Méndez, (folio Io.) y admitiendo la alzada interpuesta a nombre del expresado centro, como el Tesorero de Puerto Rico resolviendo dieba alzada y mencionando a Méndez en comunicaciones oficiales, como representante del ‘Centro de Detallis-tas’ (folio 10), ban reconocido la personalidad del referido centro y la de Don Antonio Méndez como representante legal del mismo, qué pretende combatirse mediante la excepción alegada; y por tanto no puede prosperar tal excepción de conformidad con la constante juris-prudencia del Tribunal Supremo de España, de que nadie puede ir contra sus propios actos.
    “2o. Considerando: que el reglamento provisional para la imposi-ción^*) administración y cobranza del impuesto de consumos de 21 de julio de 1889 dispone en su artículo 127, párrafo 1°., que ‘toda administración de consumos, al cesar, está obligada a abonar a la que le suceda las cantidades qué haya percibido por derechos y recargos de las especies gravadas que deje existentes1 en los establecimientos públicos de venta, para lo cual se practicarán los aforos correspon-dientes ; ’ disponiendo el párrafo final de dicho artículo ‘ ‘ que durante el período que se practiquen los aforos a que se refiere este artículo, y basta la terminación de los mismos, la administración saliente podrá intervenir en los fielatos establecidos por la que entra, a fin de evitar que sean incluidos en aquéllos las especies introducidas en el expresado período;’ de cuyos preceptos se deduce con toda claridad que las especies gravadas que hayan pagado el impuesto al introducirse en una población para el consumo inmediato, (como lo son todas las introducidas fuera de los casos de tránsito, depósitos o materias primas) no pueden ser gravadas de nuevo ni aun al entrar una nueva administración, siquiera no se hayan consumido dichas especies, p;or lo que, con el fin de que la nueva administración no sufra perjuicio por consecuencia de la subsistencia en el- íperea’do de especies que naturalmente han de disminuir las introducciones de otras similares, es el abono que debe hacerle la administración saliente.
    ‘ ‘ 3o. Considerando: que si bien en el caso,- de autos no se trata de aplicar a artículos, que anteriormente -fueron, gravados, la nueva tarifa en totalidad, el pretender cobrar la diferencia entre lo qne pagaron dichas especies con arreglo a la tarifa vigente cuando fueron introducidas, y lo que deberían pagar conforme a la nueva tarifa, 'equivale prácticamente a cobrar dos veces el impuesto sobre un mismo artículo contraviniendo el espíritu del citado artículo y los principios •fundamentales en materia de impuestos de consumos de que ‘una ■especie no puede ser gravada más de una vez aun en el caso de experi-mentar transformaciones industriales,’ principio a que obedecen las disposiciones, exceptuando del impuesto las especies gravadas de trán-sito y las primeras materias gravadas cuando lo estén también los productos de fabricaeión; y de que ‘los derechos son exigibles a la llegada al casco de la población de todas las especies de consumo que no ■vayan de tránsito o a depósitos autorizados,’ teniendo por tanto desde •entonces dichas especies'la consideración legal de ‘consumidas’ para ‘todos los efectos relativos al impuesto. Artículo 112 y cap. 19 y 24 del citado Reglamento.
    “4o. Considerando-: que es inaceptable el criterio de que la nueva 'tarifa (*) de consumos se confeccionó para comenzar a regir desde •Io. de julio de 1899 y.no habiéndose aprobado hasta noviembre del mismo año, sus efectos, debieron retrotraerse a la primera fecha, por lo menos, en cuanto a las especies gravadas introducidas después de rcomenzar el año económico y no consumidas al aprobarse la tarifa, pues aparte de que tales especies, una vez introducidas pagado el impuesto ■ por su consumo, están' legalm'ente consumidas, y por tanto dicho .consumo no puede ser base de nueva tributación, no es posible con-ceder efecto retroactivo a una ordenanza o acuerdo municipal, no pu- ■ diéndo tenerlo ni aun las disposiciones emanadas del poder legislativo, ■ por virtud del precepto consignado en la Constitución de los Estados Unidos y artículo 4 (debe decir 3) del Código Civil.
    “5o. Considerando: por otra parte que aun reconociendo en hipó- ' tesis la justicia de aplicar la nueva tarifa a las especies existentes a :su aporbación, introducidas después del Io. de julio de 1899, es prác-ticamente imposible determinar si todas las especies aforadas en no- ' viembre de 1899 fueron introducidas después de aquella fecha, y por '■consiguiente, siempre resultaría improcedente e injusta la aplicación 'de la nueva tarifa a todas ellas.
    “6o. Considerando: que tampoco es argumento aceptable el de que no ha existido perjuicio para los comerciantes, al pagar por las muevas y más altas tarifas ’y no por las vigentes, al verificarse la in-troducción de las especies'gravadas, porque los precios de éstas ex-perimentaron alza proporcional al nuevo gravamen, desde qne el ayun-tamiento aprobó la nueva tarifa, pues nada tiene que ver el fenómeno económico de la difusión o repercusión del impuesto representado por dicha alza con el derecho de los reclamantes contra los cuales se ha dirigido la acción administrativa, de acuerdo con el artículo 116 ■del Reglamento aludido, cobrándoseles un impuesto indebido, origi-nando este hecho la consiguiente acción legal en los perjudicados para exigir la reparación del agravio, independientemente de la compen-sación que los agraviados hayan logrado, merced a un fenómeno eco-nómico derivado de las leyes que regulan lá oferta y la demanda.
    “7o. Considerando: que la acción del ayuntamiento devolviendo a los comerciantes introductores anteriormente la diferencia entre la tarifa vigente al hacerse la introducción de artículos gravados y otra tarifa menor después establecida, devolución realizada de acuerdo con el ‘pliego de condiciones’ regulador del impuesto, no puede servir de base para deducir un argumento a contrario sensu a favor de (*) dicha corporación en el caso de autos, pues aparte de que ésta no hizo en aquel caso otra cosa que cumplir su ‘pliego’ tal pretendido dere-cho de reciprocidad serviría para cohonestar actos que resultan en manifiesta infracción del derecho de los demandantes, sin mediar el consentimiento de éstos para que el ayuntamiento compense la dife-rencia de tarifas que en otra época devolvió a otros introductores, con la diferencia de tarifas que en el caso de autos cobró a los detallistas; sin que pueda argiiirse que el mismo ‘pliego’ autoriza al ayunta-miento para cobrar la diferencia de tarifas a su favor, pues dicho pliego no puede establecer derechos a favor del ayuntamiento en oposición con los- principios fundamentales que regulan el impuesto de consumos.”

      Resultando: que contra la sentencia pronunciada inter-puso la parte demandante recurso de apelación que le fué admitido, y elevados los autos a esta Corte Suprema previa citación y emplazamiento de las partes, de las cuales sólo comparecieron el Hon. Assistant Attorney General, y el ape-lante, se dió al recurso la tramitación correspondiente, seña-lándose día para la vista, en cuyo acto informaron cuanto estimaron conducente a sus respectivas pretensiones la repre-sentación de la parte apelante y el Fiscal de esta Corte Su-prema.

      Abogado del apelante: Sr. Texidor.

    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

    La otra parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Se. HerNÁNdez,

después de exponer los. hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando, en lo sustancial, los fundamentos de hecho de la senten'cia recurrida.

Resultando: que habiendo sido elevadas al Hon. Gober-nador General las tarifas de consumos que el concejo y junta municipal de esta ciudad habían formado para el año econó-mico de 1899 a 1900, aquella superior autoridad devolvió dichas tarifas con su aprobación, a fines de noviembre del primer año expresado, y en veinte y siete del mismo mes acordó el ayuntamiento que se expidiesen a los Detallistas (*) relaciones juradas de las existencias que tuvieran en su poder y se nombraran las comisiones necesarias para comprobar, si fuera preciso, la exactitud de dichas relaciones, que serían aforadas con arreglo a la nueva tarifa, contra cuyo acuerdo-presentó escrito el Gremio de Detallistas al ayuntamiento, con súplica de que se resolviera que las especies gravadas con la última tarifa de consumos, que hallándose en sus estableci-mientos hubieran satisfecho el gravamen señalado por la tarifa anterior, no debían satisfacer el nuevo impuesto, tenién-dose por interpuesto, en caso de que así no se acordara, re-curso de alzada para ante el Sr. Secretario Civil, petición que fué resuelta por la corporación municipal en 28 de diciembre siguiente, en el sentido de nombrar una comisión para que estudiara detenidamente el asunto y emitiera su dictamen, sin que la demora consiguiente a ese trámite causara per-juicio al derecho de los peticionarios en cuanto a la alzada interpuesta en tiempo y forma.

Resultando: que sin haberse emitido por la comisión nom-brada el dictamen que de ella se interesaba, acordó el ayun-tamiento en 28 de mayo de 1900, a virtud de moción del diputado de consumos, que se procediese con toda urgencia al inmediato cobro de lo que debían satisfacer los Detallistas por la diferencia del impuesto de consumos que resultaba según la ultima tarifa aprobada.

Resultando: que el Letrado Don Herminio Díaz Navarro, en representación del Centro de Detallistas, pidió la suspen-sión del acuerdo de 28 de mayo de 1900, pues lo que procedía era remitir los antecedentes a la autoridad superior para la resolución de la alzada que tenía interpuesta para el caso de que fuera desestimada la instancia que había presentado contra el acuerdo de 27 de noviembre de 1899, a lo que resolvió el honorable alcalde presidente del ayuntamiento en tres de julio del expresado año mil novecientos, no haber lugar a lo que se solicitaba, admitiéndosele, por resolución posterior de catorce del mismo mes, la apelación interpuesta, recurso (*) que resolvió el Hon. Tesorero de Puerto Eico en 6 de noviem-bre del mismo año, desestimando la alzada interpuesta y de-clarando firme en todas sus partes el acuerdo apelado, con lo que se originó la demanda interpuesta ante el Tribunal de Distrito de San Juan, en la que se pide se revoque el acuerdo del ayuntamiento de esta ciudad de 28 de mayo de 1900, y declarando en su lugar que las especies gravadas con la tarifa de consumos, anterior a la entonces vigente, no debían satis-facer la diferencia de más que les asignó la última, se ordena la devolución por el ayuntamiento, a los demandantes, de los $3,893.82, que se habían consignado en la depositaría municipal por aquella diferencia.

Aceptando igualmente las consideraciones de derecho del voto particular, menos la última.

Considerando: que si bien el artículo 20 del pliego de com diciones del remate, de consumos dispone que en caso de va-riarse los tipos establecidos para la imposición del impuesto, en la misma proporción han de ser alteradas las cantidades del remate, y el artículo 71 del mismo pliego estatuye que al entregar el servicio el contratista o persona que haya tenido encargo de recaudar el impuesto al que lo obtenga en' la su-basta sucesiva, se hará un recuento de las existencias en el comercio, y abonará el primero al segundo el importe de los derechos que haya percibido de dichas existencias y que no hayan sido consumidas en el momento de la entrega, del texto de tales artículos, invocados en su apoyo por la Administra-ción, no se desprende que el ayuntamiento tenga el derecho de cobrar mayor valor del impuesto por razón del aumento de las nuevas tarifas, cuando, como en el caso presente, se trata de existencias que ya han pagado los derechos corres-pondientes.

Considerando: que en corroboración de la doctrina ex-puesta viene la Eeal Orden de 24 de marzo de 1887, que esta-blece que las especies adquiridas por los dueños de estableci-mientos (*) públicos con destino a la venta deben estimarse consumidas para los efectos del impuesto, si hubieren pagado los derechos a su entrada en la población, y por tanto que las existencias que resulten en los referidos establecimientos, al cambiarse las tarifas, están exentas del pago de la dife-rencia de gravamen de unas u otras.

Fallamos: que desestimando la excepción dilatoria de falta de personalidad en el actor, debemos revocar y revocamos el acuerdo del ayuntamiento de esta ciudad de 27 de noviembre de 1899 y su concordante de 28 de mayo del año siguiente, como también el del Tesorero de Puerto Rico de 6 de noviem-bre de 1900; y declarando que las existencias que había en los establecimientos de los Detallistas con destino a la venta en la fecha en que comenzaron a regir las tarifas'de consumos sobre bebidas y cigarrillos, después de aprobadas por el Hon. Mayor General Davis, están exentas del pago de la diferencia de gravamen establecida por dichas tarifas con relación a las anteriores, mandamos se devuelva por el ayuntamiento de esta ciudad al Centro de Detallistas la suma de $3,893.82 importe de la diferencia de tarifas indebidamente cobrada, cantidad consignada por los recurrentes en la depositaría municipal, todo sin especial condenación de costas en lo con-forme, confirmamos, y en lo que nó, revocamos la sentencia apelada; y devuélvanse los autos al Tribunal de Distrito de San Juan con la certificación correspondiente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Higueras y MacLeary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista en este easo.(*)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Su. Sulzbacheb,,

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text:
    Giménez v. Borrás.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de EEumacao.
    No. 123.
    Resuelto en abril 26, 1904.
    Interdicto — Costas—Daños y Perjuicios — Devolución de Erutos. — Declarado con lugar un interdicto de recobrar la posesión, se impone como consecuencia legal la condena del despojante al pago de las costas, daños y perjuicios y devolución de los frutos que hubiere percibido.
    EXPOSICIÓN DEL OASO.
    En los autos promovidos en el Tribunal de Distrito de Hu-macao por Don Pedro Giménez Sicarcló contra Don Bartolomé Borrás y Ginart, sobre interdicto de recobrar la posesión de una finca rústica; cuyos autos penden ante nos a'Virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, representada y dirigida ante esta Corte Suprema por el Le-trado Don Jacinto Texidor, habiendo llevado la representación y defensa de la parte apelada el Letrado Don Rafael López Landrón.

      Resultando: que la sentencia pronunciada por el Tribunal de Distrito de Humacao copiada literalmente dice así:

      ‘‘Sentencia. En la ciudad de Humacao, a los 24 días del mes de agosto de 1903, vistos estos autos de interdicto de recobrar, intentados en nombre de Don Pedro Giménez Sicardó contra Don Bartolomé Borrás y Ginart, representados respectivamente por los Letrados Don José R. Aponte Riera y Don Juan F. Yías Ocboteeo.
    “Io. Resultando: que en 16 de junio último el Letrado Don José R. Aponte, en representación de Don Pedro Giménez Sicardó, presentó demanda de interdicto de recobrar la posesión, contra Don Bartolomé Borrás y Ginart, exponiendo que su representado se halla en la pose-sión a nombre de la Sucesión de Don Manuel Giménez Córdova, de que forma parte, de una finca que radica en el barrio de Cañabón del término municipal de Caguas, compuesta de terrenos altos, vegas y cerro, de 200 cuerdas próximamente, en colindancia,(*) por el Po-niente, con la Sucesión de Don Antonio Guarch, por el Norte con la Sucesión de Don Salvador Vieta, por el Este, con terrenos de los Sres. Borrás Hermanos, y por el Sud, con la carretera de Aguas Buenas, hasta llegar al río Cagüitas que divide la finca de otra de Doña Fa-biana Muñoz, hoy del Dr. Don José del C. Giménez; que el vecino Don Bartolomé Borrás y Ginart, titulándose apoderado de Don Manuel Díaz Caneja, representante de las Monjas Carmelitas, -el día 21 mayo último se dirigió al partícipe de dicha finca, Don Antonio Giménez, encargado del poseedor Don Pedro, para que le hiciera entrega inme-diata de la referida finca, cuya pretensión fué en el acto rechazada enérgicamente; no contento ni satisfecho el Sr. Borrás, y queriendo de un modo más eficaz para él llevar a efecto sus injustificadas preten-siones, se dirige luego a unos peones que se encontraban desyerbando cañas en una vega colindante con el río y la carretera y que forma parte de la finca mencionada, requiriéndoles para que suspendieran sus trabajos, como así lo hicieron, penetrando por último en la finca donde ha levantado una casita para agregados; que para obténer la restitución correspondiente, se ve en la necesidad de intentar el inter-dicto de recobrar la posesión con arreglo a los artículos 448 del Código Civil Revisado, 1629, caso 2, 1640 y 1650 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; que ofrece información sobre los hechos siguientes: I. Hallarse Don Pedro Giménez Sicardó en posesión, a nombre de la Sucesión Giménez Córdova, de la que es parte, del inmueble descrito. 2o. Haber sido despojado aquél de dicha posesión por el vecino y propietario Don Bartolomé Borrás y Ginart en la fecha, y empleados los procedi-mientos relacionados, y terminó suplicando se admita la información propuesta,y resultando comprobados los dos extremos referidos, mande convocar las partes a juicio verbal, y en definitiva declarar haber lugar al interdicto de recobrar la posesión, mandando que inme-diatamente se reponga a su representado en la posesión de la finca •de la que ba sido despojado por el Sr. Borras, condenando a éste en todas las costas, gastos, daños y perjuicios y devolución de los frutos que hubiere percibido.

      “2o. Resultando: que señalado día para la práctica de la informa-ción ofrecida, declararon los testigos José^ Dolores Calderón, Nicasio Merced Ramos, Cleto Castro y Díaz, Odón Somonte, José Y. Esterás y Juan Ramírez, acerca de los hechos expuestos en la demanda, y (■*) apareciendo justificada la posesión por el demandante y el despojo verificado por Borras, se señaló día para el juicio, y suspendido éste a petición del Letrado Sr. Aponte, se hizo nuevo señalamiento para el 17 del corriente a las 9 de la manaña.
    “3o. Resultando: que el día señalado para el juicio verbal, el Le-trado Don Juan Vías Ochoteco, en representación de Don Bartolomé Borras y G-inart, presentó escrito allanándose a la demanda inter-puesta, solicitando se dicte sentencia en el sentido solicitado por el actor, si bien sin imposición de costas a su representado, de confor-midad con la Orden General 118 de 1899, y el tribunal señaló para la votación de la sentencia el 22 del corriente a las’ 9 de la mañana, y citadas las partes se verificó la votación el día señalado.
    “4o. Resultando: que en la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales. Siendo Ponente el Sr. Juez Presidente, Don Salvador Fulladosa.
    “Io. Considerando: que si bien al litigante que se allana no debe condenársele en costas cuando, cual sucede en los pleitos ordinarios, ésta tiene por objeto castigar su temeridad, no resulta así en los inter-dictos en los que por ser de orden público, la condena de costas tiene por objeto principal resarcir al que ha sido víctima del despojo, de los gastos que para restablecer el estado de derecho preexistente, arbi-trariamente perturbado, le causara el despojante.
    “2o. Considerando: que la regla 63 de la Orden General 118 invocada se refiere a los juicios ordinarios, por lo que no modifica la declaración que para los interdictos establece la Ley de Enjuiciamiento Civil.
    “3o. Considerando: que el pago de las costas, como los demás pro-nunciamientos de los interdictos, puede, en su caso, ser objeto de devolución si en el juicio ordinario procedente se extendiese a ese extremo la sentencia que declarase ineficaz la del interdicto.

      “Fallamos: declarando con lugar el interdicto de recobrar por haber sido despojado el demandante en la posesión de la finca descrita en el primer resultando, acordando que inmediatamente se le reponga en ella, condenando al despojante Don Bartolomé Borrás y G-inart al pago de las costas, daños y perjuicios, y devolución de los frutos que hubiere percibido; todo sin perjuicio de terceros. Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos (*) y firmamos. Salvador Fulladosa, Charles E. Foote, Ramón Quiñones.”

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso la repre-sentación de D. Bartolomé Borrás y G-inart recurso de apela-ción que le fué admitido; y elevados los autos a esta Corte Suprema, previa citación y emplazamiento de las partes, com-parecieron éstas, y evacuado el trámite de instrucción, se señaló día para la vista, que tuvo lugar el día veinte de los corrientes, en cuyo acto informaron los letrados de ambas partes cuanto estimaron conducente a la defensa de sus res-pectivas pretensiones, habiendo manifestado el abogado de Don Bartolomé Borrás y Ginart que el recurso se limitaba a la parte de la sentencia que condena a Borrás al pago de las costas.
    Abogado del apelante: Sr. Texidor.

    Abogado del apelado: Sr. Lopes Landrón.

   El Juez Asociado Su. Sulzbacheb,,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los resultandos de la sentencia recurrida.

Considerando: que habiéndose declarado por dicha senten-cia haber lugar al interdicto de recobrar la posesión, pro-•movido por Don Pedro Giménez Sicardó, sin que este pronun-ciamiento haya sido impugnado en el recurso, se impone, como consecuencia legal, la condena al pago de las costas, daños y perjuicios, y devolución de los frutos que hubiere percibido el despojante, según preceptúa terminantemente el artículo 1656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no derogado por la Orden General No. 118, serie de 1899.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos en todas sus partes la sentencia apelada, con las costas del recurso a cargo de la parte apelante; y devuélvanse los autos al Tribunal de Distrito de Humacao, con la certificación correspon-diente^*)

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Higueras y MacLeary.


author: El Juez Asociado Sr. Figueras,

text:
    El Pueblo v. Arrieta.
    ApelagiÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 7.
    Resuelto en abril 27, 1904.
    Rentas — -Reglamento Dictado Por el Tesorero. — Los reglamentos dictados por el Tesorero de Puerto Rico, de acuerdo con la Ley de Rentas, tienen fuerza de ley, y los que infrinjan sus disposiciones cometen el delito previsto y castigado en el artículo 396 del Código Penal.
    Agentes de Rentas Internas — Facultades para Entrar en los Estableci-mientos. — Los agentes de rentas- internas tienen facultades, se'gún los re-glamentos expedidos por el Tesorero de Puerto Rico con arreglo a la ley, para entrar en las fábricas y locales adjuntos a las mismas, y examinar en1 todo tiempo los libros y las mercancías.
    Los Pedios están expresados en la opinión.,
    Abogado del apelante: Sr. José C. Hamos.

    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Figueras,

emitió la siguiente opi-nión del tribunal:

Este proceso se lia seguido por una acusación debidamente jurada por el Fiscal del Distrito de Arecibo,. en 16 de diciem-bre último, fundada en el artículo 396 del Código Penal, y que literalmente dice así:

“En el pueblo de Camuy el citado Pedro Arrieta Dorregaray, tiene prestada fianza para la elaboración de ron. En 25 de noviem-bre de 1903, fué visitada sn destilería por los agentes de rentas, apareciendo de sus libros que sólo tenía una existencia de tres galones, habiendo encontrado en la destilería dos envases conteniendo 130 galones de ron, poco más o menos, cuyo ron había sido elaborado en la destilería durante los días anteriores y voluntaria y (®) maliciosa-mente no se le liabía dado entrada en los libros de la destilería. Este beeho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. Ricardo La Costa, Fiscal del distrito.”

Con esta acusación se celebró el juicio el dos de febrero último en el que declararon Charles Beatly y Balph C. .Seddon, investigador y agente de rentas internas, y seguramente se tuvo en cuenta lo que arrojaban los libros recogidos a Arrieta, que fueron presentados al juez de paz de Lares, al declarar los referidos funcionarios. El acusado declaró en su defensa y el tribunal de Arecibo, en el mismo día, y por unanimidad, declaró culpable a dicho Arrieta del delito contra el Erario Público, que le. imputó el Fiscal, y le condenó al pago de una multa de $100, o en su defecto a sufrir un día de cárcel en la de San Juan por cada $2 que dejare de satisfacer, y al pago de las costas. No tuvo el acusado (en el inferior) abogado que le defendiese ni existe pliego de excepciones. En 15 de febrero se presentó escrito limitado exclusivamente a inter-poner recurso de apelación, sin alegación alguna. El recurso se admitió y el acusado se personó como apelante en esta su-perioridad por medio del Letrado Don José C. Bamos. Trans-currió sin fruto el término de la citación y del requerimiento sobre la consignación del depósito para las costas. El Fiscal impugnó el recurso y solicitó que se impusieran las costas al recurrente.

Citado ya el Fiscal para la vista del 12 de marzo último, se consignó el aludido depósito y en el estado de autos se tuvo por parte a Pedro Arrieta y Dorregaray, representado por el referido Letrado Don José C. Bamos. Por motivos de enfer-medad pidió éste la suspensión, pero se denegó tal solicitud por no ajustarse la certificación facultativa a lo dispuesto en el artículo 27 del reglamento de este tribunal. El proceso ha venido a la consideración de esta Corte Suprema en virtud (*) de un simple escrito de apelación en el que no se alega razón alguna en contra de la sentencia recurrida. Pero estudiando la cuestión, es indiscutible que el Tesorero de Puerto Rico, en virtud de las facultades que le concede la sección 358 del Código Político, dictó los “reglamentos bajo el capítulo 2, del título 9, de dicbo código relativos al pago de impuesto de arbi-trios, tarifas A, B y C.” En esos reglamentos se señala a los contribuyentes la forma como deben llevar sus libros titulados “Registros de Entradas y Salidas” y “Libro de Facturas.” Esos reglamentos tienen fuerza de ley y por tal razón Don Pedro Arrieta y Dorregaray estaba obligado a cumplir con todas y cada una de sus prescripciones. Pues bien, en el “Registro de Entradas y Salidas” se le impone la obligación de anotar al fin de cada día las entradas mostrando a un lado la cantidad de artículos que pagan el impuesto interior, el número y clase de envases en que ban sido colocados, el valor de dichos artículos y la cantitad de sellos comprados, y de-signar el colector o subcolector que se los vendió, y deben anotar en el lado opuesto a las “Entradas,” las “Salidas” en la forma y manera que en el reglamento se indica y así viene a ser este libro la expresión clara de lo fabricado y despachado. Pero el acusado dejó de anotar en el libro una cantidad de ron elaborado en días anteriores, cuando su deber era anotar al fin de cada día la entrada, y como de ese modo dejó de cumplir-una disposición de la Ley de Rentas, como es el reglamento de que se ha hecho mérito, claro es que ha come-tido el delito a que se refiere el artículo 396 del Código Penal, porque sólo cumpliendo con todas y cada una de aquellas regias, es como puede obtenerse un sistema contributivo que evite toda clase de ocultaciones y fraudes. Y nada puede objetarse en contra de los agentes que descubrieron esas in-fracciones, porque esos mismos reglamentos los autorizan a entrar en las fábricas y locales adjuntos, y pueden también, en todo tiempo, examinar las mercancías y los libros. Por todas esas (*) razones opinamos que debe confirmarse en todas sus partes la sentencia apelada que dictó la corte de Arecibo en 2 de febrero último, con imposición de las costas de este recurso.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Sulzbaclier y MaeLeary.


text:
    El Pueblo v. Reyes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 9.
    Resuelto en abril 27, 1904.
    Juicio por Jurado — Yekedicto.—Las deliberaciones'del jurado deben ser absolu-tamente reservadas, porque ello constituye una garantía de- la indepen-dencia y libertad del jurado, que contribuyen a que el veredicto sea reflejo fiel de las conciencias honradas, independientes y libres de los miembros del jurado.
    Id. — Documentos que puede Considerar el Jurado. — Al. retirarse para deli-berar, el jurado puede llevar solamente documentos o escritos que hayan sido recibidos como pruebas en el proceso, o copias de los mismos, cuando no deba privarse de ellos a las personas en cuyo poder se hallen.
    Id. — Veredicto.—Comete error el juez que permite que el jurado, al retirarse a deliberar, lleve consigo un sumario de otro juicio, conteniendo documentos y declaraciones de testigos, perjudiciales al acusado, y que no se presentaron como pruebas en el juicio, y el veredicto en tales condiciones rendido, no puede prevalecer, pues no puede considerarse como producto de los elementos de prueba aquilatados en corte abierta, siendo de presumir que se ha engendrado con el examen de otras pruebas recibidas por el jurado fuera del tribunal.
    Los hechos están- expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José C. Ramos.

    Abogado del apelado: Sr. del-Toro,-Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Figueras,

emitió la siguiente opi-nión del tribunal:

El recurrente en esta cansa fné procesado en unión de (*) Juan Arroyo Adorno, Prisco Padilla y Tomás Colón Sánchez por aparecer complicados en la muerte violenta de Don Carlos. Ma. Alvarez, ocurrida en el barrio de Hato Viejo, término municipal de Ciales, el 5 de noviembre de 1898.

Siguió el sumario sn curso natural, según el procedimiento qne entonces regía; se declaró extinguida la acción penal, en cnanto a Colón Sánchez por haber fallecido, rebelde a Simeón Beyes y se suspendió en cuanto a él el procedimiento hasta que en 28 de diciembre de 1898, se dictó sentencia calificando el hecho de asesinato, estimando como autores a los proce-sados presentes Padilla y Arroyo y se les condenó a la pena de cadena perpetua con las accesorias del caso, indemnización a la familia del interfecto y al pago cada uno de una cuarta parte de costas. Esa sentencia se declaró firme por no ha-berse interpuesto contra ella-recurso alguno dentro de los 10 días subsiguientes a su notificación. '

En la madrugada del 17 de julio de 1903 fue capturado Simeón Beyes, que hoy es el recurrente. Conducido ante el tribunal de Arecibo se dió lectura a las conclusiones acusa-torias del Fiscal y se preguntó al acusado si se confesaba autor del delito, pero contestó negativamente, añadiendo su abogado defensor que deseaba el juicio por jurados, a cuya pretensión se accedió.

El 18 de enero del corriente año se constituyó en debida •forma el jurado, se practicaron las diligencias de prueba y deciaron como testigos Prisco Padilla, Eulogio Colón, Enrique Valdivieso, Juan Gf-alindez y Osvaldo Preites. El jurado, deSr pués de deliberar, manifestó por medio de su presidente, que no había veredicto porque siete habían votado en contra y cinco en pro. Expresó el juez su deseo de conocer los nom-bres de los que sostenían la una y la otra opinión y el Fiscal se opuso en razón a que las deliberaciones deben ser secretas. Se hizo constar dicha excepción y retirado el jurado de nuevo, regresó con un veredicto unánime declarando (*) al acusado culpable del delito de homicidio voluntario. En este estado solicitó el acusado un nuevo juicio que se le denegó, y por sen-tencia de 20 de enero último, se le condenó como autor de un homicidio voluntario perpetrado en la persona de Don Carlos Ma. Alvarez, a la pena de 10 años de presidio, a trabajos for-zados, qne cumplirá en la penitenciaría de San Juan, y el pago de las costas.

Posteriormente presentó el defensor un pliego de excep-ciones para obtener del tribunal la correspondiente declara-ción. La primera parte del pliego contiene un análisis de las declaraciones de los testigos qne declararon en el juicio y así deducir la carencia de prueba para condenar a su defendido, y la segunda, que es la importante, se refiere al hecho de habérsele entregado al jurado, a espaldas de la defensa, las deposiciones de los testigos que declararon en su sumario, muchas de las cuales se prestaron por personas que no com-parecieron ante dicho jurado. En escrito separado se apeló de la negativa de un nuevo juicio y de la sentencia conde-natoria.

Como no se hizo constar en ninguna forma, en el acta del juicio, lo que declararon los testigos, creyó el juez que no le era lícito certificar en un pliego de excepciones cuáles fueran las declaraciones de dichos testigos, y sobre el segundo ex-tremo, reconociendo el juez de derecho como cierto el envío del sumario al jurado por conducto del alguacil del tribunal, sin intervención de la defensa, se dió como razón para justi-ficar tal hecho lo siguiente: “la imposibilidad de enterarse el jurado de un procedimiento iniciado mucho antes de que co-menzara a regir la Ley de Jurados en Puerto Rico y la no menor .imposibilidad de separar los documentos que podía lleverse el jurado, con arreglo a la sección 83 de la ley de 31 de enero de 1901, de los que debían permanecer reservados en (*) el tribunal, porque esta selección equivalía a la mu-tilación de un sumario que, como conjunto de documentos públicos, no puede entresacarse por ningún juez debido a su espontánea voluntad.”

Por estos fundamentos declaró el juez de derecho sin lugar las excepciones y de conformidad con el artículo 145 de la Ley de Jurados, mandó archivar la resolución con el pliego pre-sentado. Se admitió luego la apelación interpuesta contra la sentencia y se remitieron a esta superioridad las copias, correspondientes y el antiguo sumario.. Ya vencido el tér-mino del emplazamiento se personó en esta apelación el abo-gado Don José C. Eamos y en el estado de autos se le tuvo por parte, sin consignar el apelante el depósito sobre costas ni requerírsele para que jurase su insolvencia, como se solicitó cuando los autos estaban en poder del Fiscal. El apelante, por medio de su defensor,, presentó escrito ante esta Corte Suprema, alegando que se habían cometido dos errores, siendo el uno el deseo manifestado por el juez de derecho de conocer, los nombres de los jurados que en la primera deliberación votaron en pro y en contra del acusado y el otro la entrega del sumario en la forma que ya se ha reseñado y cuando de nuevo se había retirado el jurado a deliberar. Esos errores determinan en sentir de la defensa la necesidad de un .nuevo juicio y a esta pretensión se adhiere el Fiscal.

Hemos creído conveniente traer todos esos antecedentes para juzgar con acierto las cuestiones sometidas hoy a nuestra consideración. No es del caso considerar hoy la primera parte del pliego de excepciones presentado ante el juez de derecho porque se refiere a si existe o nó prueba para conde-nar al acusado y hemos de limitarnos ahora a los defectos del procedimiento. Estudiando el primer error, hemos de reco-nocer desde luego que hubiera entrañado suma, gravedad si se hubiera violado la reserva que debe guardarse en las delibe-raciones (*) del jurado, porque el espíritu que en este punto domina en la ley que dió vida a la institución, es que esta operación se realice en completo alejamiento, porque el secreto en este caso es una garantía de la independencia y libertad del jurado, garantía e independencia que contribuyen también a que el veredicto deba ser el reflejo fiel de las conciencias hon-radas, independientes y libres. Pero afortunadamente no consta de las diligencias que se revelasen los nombres de los jurados que en la primera deliberación emitieron su voto favorable y adverso, porque después de la pregunta hecha con tal propósito, vino la oposición del Fiscal y esto fué suficiente para que no se exteriorizase lo que debía quedar en el más absoluto silencio.

Pero viene a nuestra consideración el otro error cometido, alegado ante esta corte, y expuesto en el pliego de excepciones, a que nos hemos referido, o sea el de la entrega al jurado de un sumario sin el conocimiento de las partes, y por consi-guiente, fuera de la audiencia pública. En ese sumario que hemos estudiado con toda atención, hay declaraciones escritas ■ de testigos que no declararon ante el jurado y consta también ia sentencia de 28 de diciembre de 1898, condenatoria de dos acusados y cuyo fallo contiene en el hecho probado la res-ponsabilidad grave del hoy recurrente Simeón Reyes, que ■entonces estaba prófugo. Es de presumir que el jurado se enteró de todas esas constancias, y entonces surge en el ánimo la duda de si en el veredicto unánime de culpabilidad influ-■yeron de modo poderoso esas nuevas e inesperadas impre-siones, que decidieron sus conciencias en contra del acusado, que no tuvo tiempo ni ocasión de presentar sus descargos. Ese veredicto, en tales condiciones rendido, tiene que ser nulo, porque no puede considerársele como producto del aná-lisis reflexivo y desapasionado de todos aquellos elementos de prueba que, (*) en corte abierta, se hubiesen aquilatado y que así se sometieran a la consideración del jurado.

Ese veredicto tiene que ser también nulo porque debe pre-sumirse que entraña en su seno, como parte integrante de- su génesis, los inconvenientes del antiguo procedimiento escrito, que tan abiertamente rechazan todas las modernas leyes de Enjuiciamiento Criminal. Así las cosas, se ha infringido la sección 83 de la Ley de Jurados de la Asamblea Legislativa, aprobada en 31 de enero de 1901, y el artículo 274 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que sientan la misma doctrina, o sea que al retirarse para deliberar el jurado puede llevar solamente documentos o escritos que bayan sido recibidos como pruebas en el proceso, o copias de los mismos, cuando no deba privarse de ellos a las personas en cuyo poder se bailen, pero en ningún caso podían llevarse, ni entregárseles, las declaraciones o deposiciones, como así se denominan en las Leyes del Jurado que anteriormente se ban citado. No puede justificar la remisión del sumario el becbo de ser éste muy antiguo, porque fuéralo o nó, debía siempre tenerse en cuenta si babía en él actuación perjudicial al acusado, que no sirvió de prueba en el juicio por jurado, pasando así por la crítica a que le sometieran la acusación y la defensa. En tal caso, cual-quiera que fuese su tiempo, no podía bajo ningún concepto remitirse.

Tampoco cabe exculparse con el becbo de la imposibilidad de mutilar dicbo sumario. El artículo 274, citado anterior-mente, consiente que el jurado se lleve copias, pero siempre bajo la ineludible condición de que los originales se bayan pre-sentado y analizado como prueba en el juicio por jurado y con el conocimiento de las partes. Se ban infringido, por tanto, las disposiciones que de modo terminante probiben la (*) en-trega de los documentos que no se bailen en los casos que la ley autoriza, y como se remitió al jurado el sumario que contenía documentos y declaraciones de testigos que no se presentaron como pruebas en el juicio, el veredicto unánime de culpabilidad no puede prevalecer, porque debemos presu-mir que se ba engendrado con el examen de otras pruebas recibidas por el jurado fuera del tribunal. Para remediar tan grave mal están unánimes la sección 153, No. 2 de la Ley de Jurados de 31 de enero de 1901, y el artículo 303, No. 2, del Código de Enjuiciamiento Criminal. Por consiguiente, des-pués de baber considerado el asunto con todo detenimiento y de pesar las consecuencias de un veredicto que entraña un vicio de nulidad tan manifiesto, somos de la opinión que debe anularse la sentencia que se dictó por el juez de derecho y devolverse la causa para la celebración de un nuevo juicio.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Sulzbacher y MacLeary.


text:
    Fernández v. La Corte de Distrito.
    Solicitud para que se expida un mandamiento de certiorari.

    No. 1.
    Resuelto en abril 29, 1904.
    Certiorari. — El auto de certiorari sólo procede para corregir errores de proce-dimiento, mas no errores de derecho substantivo.
    Id. — Formalidades de la Solicitud. — La solicitud en que se interese la expedi-ción de un auto de certiorari, deberá hacerse bajo juramento, en la misma manera y forma que las peticiones de habeas corpus.

    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En la solicitud presentada en este caso, el demandante expone los hechos que le sirven de fundamento, en la forma siguiente :(*)
    “Que me veo en la necesidad de solicitar un auto de certiorari que ponga término a las actuaciones ilegales que se siguen, por el procedimiento sumarísimo de la Ley Hipotecaria, en el Tribunal del Distrito de Mayag'üez, en perjuicio de mis representados.
    “Los hechos sobre que versa el referido procedimiento y las razo-nes en que fundo mi petición son, sucintamente expuestos, como siguen:
    “Mr. Herbert E. Smith promovió el día 15 de enero de los corrien-tes contra Don José Antonio Fernández, en su carácter de represen-tante legal de sus menores hijos, una ejecución suniarísima para el cobro de un crédito hipotecario ya prescrito, según consta de los mis-mos documentos presentados, en los que se pretende basar la ejecución.

      “El tribunal proveyó a tal solicitud de conformidad y sigue la ejecución, a pesar de las manifestaciones y alegaciones becbas por mi cliente al ser requerido de pago.
    ' ‘ Tal procedimiento es ilegal por bailarse en contradicción con las disposiciones tanto de la vigente como de la antigua Ley Hipotecaria, así como con la legislación común, civil, vigente y anterior. ’ ’
    Abogado del demandante: Sr. Alvares Nava.

   OPINIÓN DEL TRIBUNAL.

Se deniega el auto de certiorari porque lo que se pide no está autorizado por la Ley de Certiorari, según la cual se admite la solicitud cuando el procedimiento no está en con-formidad con la ley, mas no cuando se trata de un error de derecho, el que, según las alegaciones del solicitante, el Tribunal de Distrito de Mayagüez está cometiendo, por más que el abogado lo califica como error de procedimiento, habiendo además otro motivo para denegar la moción, cual es el de no haber sido hecha bajo juramento, en la misma manera y forma que las peticiones de habeas corpus.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Pigueras, Sulzbacher y MacLeary.(*)


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    El Pueblo v. Bosch.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 56.
    Resuelto en mayo 2, 1904.
    AcusacióN — Testigos.—El Eiseal debe fundar su acusación en las declaraciones de testigos examinados por él bajo juramento; y la circunstancia de que uno de los testigos de cargo no baya sido examinado en esa forma, no es suficiente para estimar que los demás no lo fueran, siendo de presumir, a falta de prueba en contrario, que los testigos ban sido examinados bajo jura-mento por el Eiseal.

      Apelacióh — Pruebas.—El Tribunal Supremo no puede considerar en la apelación ningún elemento probatorio que no haya sido sometido a la consideración del tribunal sentenciador.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la siguiente opi-nión del tribunal:

La presente es un recurso de apelación-interpuesto contra, sentencia condenatoria ■ del demandado por la Corte de Dis-trito de Ponce, en el día 4 de mayo de 1903, por la cual el acusado, Enrique Bosch, fue declarado culpable del delito de negociaciones prohibidas, definido en la sección 205 del Código Político y penado bajo la sección 86 del Código Penal, y con-denado al pago de una multa de $200, la que debería extin-guirse en la cárcel de Ponce, si no la satisficiere, a razón de un día por cada dólar, y al pago de las costas, quedando para siempre inhabilitado para ejercer cargo público. Contra esta sentencia de la corte de distrito, el demandado interpuso re-curso de apelación para ante esta Suprema Corte, y le fué exigida una fianza de $1,000, pendiente la apelación.

Durante el- curso del juicio el demandado presentó la si-guiente excepción perentoria :(*)

“Al Honorable Tribunal de Justicia del Distrito.
“Enrique Bosch, acusado en causa criminal por el supuesto delito de negociaciones prohibidas o ilícitas, ante Y. H., respetuosamente, parezco asistido del letrado que suscribe, y dice: Que habiéndosele concedido el término de cinco días para contestar la acusación, pone reparos a la misma por el hecho y razón jurídica que sigue: Hecho: El Sr. Fiscal en su acusación establece la presente en virtud del tes-timonio de testigos que han jurado los cargos ante él, y siendo uno de dichos testigos la Sra. Maude 0. Hill, resulta que aquella afirmación del Fiscal no es exacta, pues que la firma de dicho funcionario no aparece en la declaración de la testigo. Derecho. El acusado podrá -poner reparos a la acusación cuando no se ajustare ella en su fondo a los requisitos establecidos en el artículo 72 (artículo 153 circunstancia Ia. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Dicho artículo 72 exige que presente la acusación, tomando como base la declaración jurada ante el Fiscal, de los testigos. . Solicito hacer prueba de los hechos y suplico a Y. H. se sirva oir las objeciones aducidas cuando tenga a bien, y dar lugar a la excepción.”

Esta excepción fné .discutida ante la corte, pro y con, y fné desestimada; contra esta decisión de la corte el abogado de-fensor del demandado reservó una excepción, con el fin de qne la misma pudiera presentarse a este tribunal. El demandado, en debida forma, interpuso recurso de apelación, el que fné admitido por la corte de distrito, y los autos fueron enviados debidamente al mismo.

No habiendo comparecido el abogado defensor del deman-dado en esta corte, la cansa fné sometida por alegato, y por argumento verbal del Fiscal, celebrándose el juicio de la misma en 20 de abril, ante el tribunal entero.

La acusación presentada por el Fiscal fné, en efecto, como sigue, a saber:'

“En el nombre y por la autoridad del Pueblo de Puerto Rico. El Pueblo de Puerto Rico contra Enrique Bosch. En la Corte de Distrito de Ponce a 31 de enero de 1903. El Fiscal formula acusación contra Enrique Boseh por el delito de negociaciones ilegales compren-dido en los artículos 86 y 94 del Código Penal, cometido como sigue: En el mes de agosto de 1902, en el pueblo (*) de Adjuntas, Distrito Judicial de Ponce, Doña Pilar Rivera, viuda de Aparicio, que tenía alquilada una casa para escuela a la junta escolar de dicho pueblo, convino con Don Enrique Bosch, secretario de dicha junta, en recibir 100 pesos: $50 en efectivo y $50 en un caballo, por la cesión que a dicho acusado hizo de su derecho a percibir los alquileres de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, ascendentes a $60 los dos primeros y $100 los dos últimos, en total, $160, entregándole al efecto los libramientos correspondientes a dichos meses con el correspondiente recibo firmado; operación que voluntaria e ilegalmente celebró dicho Bosch en contravención al artículo 205 del Código Político. Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico. J. Tous, Fiscal de Distrito. La acusa-ción que antecede está basada en el testimonio de testigos examinados por mí bajo juramento, creyendo solemnemente que existe justa causa para presentarla al tribunal. J. Tous, Fiscal de Distrito.”

Por supuesto, la ley requiere que el Fiscal base su acusa-ción sobre el testimonio de testigos que ban sido debidamente juramentados ante él, pero aun si fuera el caso que la Srta. Maude C. Hill, una de los testigos, no babía sido juramentada, bay cuatro, además de ella, que fueron presentados, y que declararon en el juicio, los que probablemente fueron jura-mentados, según certifica el Fiscal y a falta de prueba en contrario, es de presumirse que estos testigos declararon ante el Fiscal después de baber sido debidamente juramentados, y que la acusación fué basada en el testimonio de los mismos.

Por esta razón, la providencia de la corte de distrito1, deses-timando la objeción a la acusación fué correcta, y la acusación era suficiente. No se presentó otro argumento alguno, ni en la corte inferior, ni en esta suprema, a favor del acusado, y un examen cuidadoso de los autos no demuestra error material alguno. Los becbos de esta causa, que son incontestados, según fueron consignados por la corte sentenciadora, son como sigue :(*)

“En el mes de agosto de 1902, en el pueblo de Adjuntas, Distrito Judicial de Ponce, Doña Pilar Bivera viuda de Aparicio, que tenía alquilada una casa para escuela a la junta escolar de dicho pueblo, convino con Don Enrique Bosch, secretario de dicha junta, en recibir $100: $50 en efectivo y $50 en un caballo, por la cesión que a dicho acusado hizo de su derecho a percibir los alquileres de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, ascendentes a $60 los dos primeros y $100 los dos últimos, en total $160, entregándole al efecto los libramientos correspondientes a dichos meses con el corres-pondiente recibo firmado; operación que voluntaria e ilegalmente cele-bró dicho Bosch en contravención al artículo 205 del Código Político. ’ ’

Revisando todas las secciones de los códigos que se refieren a este caso, a saber: Secciones 72, 153 y 347 del Código de Enjuiciamiento Criminal, sección 86 del Código Penal en co-nexión con la 205 del Código Político, y aplicándolas a los Pechos del caso, según están consignados en la sentencia de la corte, es inevitable la conclusión qne el demandado es culpable del delito del cual fné convicto, y debe castigarse.

El Letrado Don Manuel F. Eossy, en nombre del acusado, ha presentado a esta Corte Suprema una certificación con ánimo de exculpar a su defendido, pues tal documento no puede considerarse, por no formar parte de los que tuvo en cuenta el tribunal de Ponce, al dictar el fallo recurrido.

Por las razones expuestas, y porque no aparece error al-guno en los trámites, ni en la sentencia de la corte inferior, la sentencia en esta causa se confirma por la presente.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Figueras y Sulzbacher.(*)


author: El Juez Asociado .Se. MacLeaet,

text:
    El Pueblo v. Mut.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 6.
    Resuelto en mayo 4, 1904.
    Apelación — Pliego de Excepciones. — No habiendo pliego alguno de excepciones, ni apareciendo de los autos que se haya cometido algún error, la sentencia apelada debe ser confirmada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado .Se. MacLeaet,

emitió la siguiente opi-nión del tribunal:

El demandado en la presente causa fué convicto por la Corte de Distrito de Mayagüez, en 21 de noviembre de 1903, del delito de adulterio cometido con la sobrina de su esposa, una joven que en ese tiempo se encontraba viviendo con su familia. El fué condenado al pago de una multa de $1,000, con el castigo alternativo ■ de 1,000 días de cárcel, en el caso de que no se satisficiese la multa. Primeramente había sido acusado del rapto de la sobrina de su esposa, pero después esta causa fué sobreseída, y el hombre y la mujer fueron acu-sados del delito de adulterio. En el juicio, la causa contra la mujer fué sobreseída, sirviendo ella como testigo del Estado.

Los hechos demuestran que el acusado llevó a su esposa al pueblo, y dejó a la joven en la finca, y al regresar la encontró sola y cometió el acto carnal! Después éste fué repetido én otro sitio. La joven declara que él le ofreció, durante su preñez, algunas drogas para producir el aborto, pero ella re-husó tomarlas. Después ella dió a luz una niña que su hermano dice es muy parecida al demandado Mut. Toda la prueba de-muestra que el demandado es culpable según ha sido acusado. Después de la aprobación de la ley admitiendo (*) recursos de apelación en casos de misdemeanor, el demandado inter-puso su apelación para ante esta corte, la que fué debida-mente admitida por el tribunal inferior. En los autos no aparece pliego de excepciones, ni expresión de infracciones legales, no habiendo comparecido defensor del demandado en esta corte, aunque su apelación fué preparada por abogado competente, que lo defendió en la corte inferior.

Haciendo referencia a los artículos 260 y 261 del Código Penal y a la Ley de la Asamblea Legislativa, en cuanto a apelaciones, que fué aprobada por el Gobernador en 6 de febrero de 1904, como la ley aplicable a este caso, y aceptando los hechos según se demuestran en los autos, esta sentencia debe confirmarse. Así se hará.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Figueras y Sulzbacher.


author: El Juez Asociado Sr. Sulzbacher,

text:
    Ortiz v. Pabón.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüéz.:
    No. 33.
    Resuelto en mayo 5, 1904.
    Testamento — Otorsamiento.—En los casos en que el testador se hallare en pe-ligro inminente de muerte, puede otorgarse el testamento 'ante cinco testigo^ idóneos, sin necesidad de que sea autorizado por notario alguno.
    Id. — Otorgado un testamento ante cinco testigos, poi- encontrarse el testador e¿ peligro inminente de muerte, si apareciere manifiesto' el propósito deliberado-del testador, de otorgar su última disposición, y que esto tuvo lugar en un solo acto y sin interrupción alguna, habiendo los testigos oído lo consignado en el testamento, de boca del testador, el testamento debe declararse válido.,,
    Id. — Nulidad de Testamentos — División de Herencia — Bienes Reservables.— En un juicio sobre nulidad de un testamento no pueden discutirse questiotíes relativas a la división de la herencia y al carácter de reservables de algunos de los bienes de la misma.
    Costas. — Las costas deben imponerse a la parte cuyas pretensiones sean abso-; lutamente desestimadas.(*) , _ ,
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el juicio seguido ante el Tribunal de Distrito de Maya- ' güez por Don Higinio y Doña Rosario- Ortiz del Toro, contra Doña Tomasa Pabón, por sí y en representación de sus me-nores hijos, sobre nulidad de una cédtila testamentaria, cuya juicio pende ante nos a virtud de recurso dé casación, hoy dé apelación, interpuesto por los demandantes contra la senten-cia del expresado tribunal, habiendo llevado la representación, del Don Higinio, ante esta Corte Suprema, el.Letrado Don José Ramón Preyre, y la de Doña Rosario el Letrado Don Manuel P. Rossy, sin que haya comparecido la parte recurrida.

      Resultando: que la expresada sentencia, dictada en 31 de marzo de 1902, copiada a la letra dice así:

      “Sentencia. En la ciudad de Mayagüéz, a 31 de marzo de 1902]: Vistos en juicio oral y público los presentes autos declarativos seguidos ante este tribunal, entre partes, de la una Don Higinio y Doña Rosario Ortiz del Toro, representados y defendidos por el Letrado Don José Ramón Freyre, como demandante; y de la otra, Doña Tomasa Pabón, por sí y en representación de sus menores hijos, representada y defen-dida por el Letrado Don Juan Quintero, como demandados; sobre nulidad de la cédula testamentaria otorgada por Don Salomón Ortiz.
    “1. Resultando: que la parte actora que pretente la nulidad, funda su demanda en que Don Salomón Ortiz falleció casi repentina-mente en 1 de julio de 1901, a consecuencia de los ataques de apo-plegía que venía padeciendo y que empezaron en el año de 1897, descomponiéndole su razón y quedando en completo estado de pará-lisis, abandonándose en todos sus negocios, siendo asistido en su enfermedad por el Dr. Don Pablo Hernández, que expidió certificación acerca de su estado, y que, después de la muerte, apareció una cédula testamentaria otorgada ante cinco testigos, Justo Cardosa, José Nieves Bobé, Tomás Cario y Don Vicente Arroyo, firmando el documento, a ruego del testador, Don José Ramón Quiñones, cuya cédula se proto-coló en 14 de septiembre de 1900, en la Notaría de Don Alfredo Arnaldo, promoviendo la viuda Doña Tomasa Pabón el juicio de testamentaría, interviniendo los bienes y nombrándosele depositaría; consignándose (*) el hecho de que Don Salomón Ortiz no practicó la testamentaría de su primera esposa ni entregó a los herederos la parte hereditaria de aquella procedencia, y que posteriormente contrajo segundas nupcias con Doña Tomasa Pabón, con la que ha procreado varios hijos; alegando, en cuanto a los fundamentos de derecho, que para ser válido un testamento ante cinco testigos se necesita que el testador se halle en peligro inminente de' muerte; que el testador Ortiz no podía otorgar testamento por habérsele entorpecido sus facul-tades intelectuales y no estaba en cabal juicio; que con el testamento se han defraudado los bienes de los demandantes, y el testamento con fraude es nulo, y que el testador no podía disponer de los bienes que heredó de los hijos del primer matrimonio estando obligado a reser-varlos en favor de los otros.

      “2. Resultando: que conferido traslado a la parte demandada, lo evacuó solicitando se declarase sin lugar la demanda, con las costas al actor por no ser cierto que la herencia que a Don Salomón corres-pondió de sus hijos pertenezca sólo a los demandantes, porque la testa-mentaría de la primera esposa de Don Salomón se practicó cobrando todos los herederos su participación y debiéndosele sólo a Don Higinio 15 pesos; que si es verdad que Don Salomón sufrió una enfermedad, a pesar de ella gozaba de su cabal juicio y administraba sus bienes por cuenta propia, otorgándose la cédula con las formalidades legales,
      y que si la demandada se encuentra en posesión de los bienes es por habérsele nombrado administradora en la junta celebrada, para la que fué citado el letrado de los demandantes.
    “3. Resultando: que convocadas las partes a comparecencia para proponer pruebas, formularon toda la que les interesó, que fué admi-tida, trayéndose certificaciones de varios notarios, de no existir archi-vada la testamentaría de Doña Eduvigis del Toro ni otorgado cesión de derechos y acciones por los herederos de ésta; certificación folio 49 de que siempre figuró como contribuyente Don Salomón Ortiz por una finca rústica en el barrio de Pedernales de Cabo Rojo; certifica-ción folio 51 sobre el nombramiento de administradora de los bienes a favor de Doña Tomasa Pabón en la junta para que fué citado el letrado de los demandantes, certificación folio 52, que comprende la cédula testamentaria de Don Salomón Ortiz y diligencias sobre aprobación y protocolaeión de ellas y que en el acto del juicio (*) oral declararon los testigos presentados por las partes sobre los extremos propuestos por ellas, votándose en público la sentencia en el día y hora señalado.
    “4. Resultando: que en la sustanciación de estos autos se han observado las prescripciones legales. Siendo Ponente el Sr. Juez Presidente, Don Arturo Aponte y Rodríguez.
    “1. Considerando: que cuando el testador se hallare en peligro inminente de muerte, puede otorgarse el testamento ante cinco tes-tigos idóneos, sin necesidad de notario, según el artículo 700 del Código Civil, y de las actuaciones se desprende que Don Salomón Ortiz por la enfermedad que padecía, se encontraba en peligro de muerte por no demostrarse lo contrario.

      “2. Considerando: que el estado del testador, que se alega por la parte demandante como consecuencia de la enfermedad que venía padeciendo y que le había entorpecido sus facultades intelectuales, no se demuestra en forma ni manera alguna, pues sólo se arguye que el facultativo que le asistió había certificado sobre aquel estado, y ese mismo facultativo en el acto del juicio oral se limita a expresar que en una sola ocasión asistió al Sr. Ortiz, que sufrió un ataque apo-plético en el año de 1894, dando las prescripciones necesarias, sin poder asegurar que Don Salomón quedara perturbado de sus faculta-des mentales, pero que otros que han sufrido iguales ataques, y vivido después algunos años, pueden quedar en su sano juicio por haberlo comprobado en la práctica.
    “3. Considerando: que en el otorgamiento del testamento con-currieron los testigos exigidos por la ley, con las cualidades que la in ism a. establece, por lo que el tribunal declaró testamento lo que de esas declaraciones resultara; y si bien en el acto del juicio esos mis-mos testigos incurrieron en pequeñas contradicciones, no fueron sustanciales sobre el propósito deliberado del testador.de hacer su última disposición, de pasar en un solo acto sin interrupción y oirlo todo de boca del testador, único caso en que podía apreciarse la ine-ficacia del testamento; y en cuanto a la vecindad de los testigos, consta de las diligencias de aprobación que eran vecinos de Cabo Rojo, sin que la parte demandante tratara de justificar lo contrario.

      “é. Considerando: que las demás alegaciones de la parte actora sobre división de la herencia de la primera consorte de Don Salomón y entrega de la parte correspondiente a sus hijos y en cuanto el carácter (*) de reservables de algunos de los bienes de esa herencia, no son de influencia alguna para la validez o nó del testamento y sólo objeto de reclamaciones por separado y en el correspondiente juicio.

      “5. Considerando: que las costas se impondrán siempre a la parte cuyas pretensiones se desestimen totalmente.

      “Vistos los artículos 700 y demás de aplicación del Código Civil y la Orden General 118, serie de 1899.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos sin lugar la pre-sente demanda, absolviendo de ella a la parte demandada, con las costas a cargo de los demandantes. Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Arturo Aponte, Luis Méndez Yaz, R. Roura.”

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso recurso de casación la representación de Don Higinio y Doña Rosario Ortiz, el que les fué admitido; y elevados los autos a esta Corte Suprema, previa citación y emplazamiento de las partes, se tramitó dicho recurso como de apelación, a virtud de lo dis-puesto por la Ley de la Asamblea Legislativa de 12 de abril del año próximo pasado, señalándose día para la vista, que tuvo lugar con asistencia del letrado del apelante Don Higinio-Ortiz, sin que asistiera a ese acto la otra apelante, ni se per-sonara ante esta corte la parte recurrida.
    Abogados de los apelantes: Sres. Freyre y Manuel F„ Rossy,

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Sulzbacher,

despiiés de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia apelada.

Fallamos: qne debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia qne dictó el Tribunal de Distrito de Mayagüez en 31 de marzo de 1902, con las costas del recurso a cargo de los ape-lantes, y devuélvanse los autos al referido tribunal con la certificación correspondiente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Pigueras y MacLeary.(*)


author: El Juez Asociado .Sb. Eiguebas,

text:
    Rivera v. Rivera et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.

      No. 26.
    Resuelto en mayo 5, 1904.
    Desahucio — Quienes Pueden Promoverlo.- — -Son parte legítima para promover el juicio de desahucio los que tengan la posesión real de la finca a título de dueños, de usufructuarios, o de cualquiera otro que les dé derecho a disfru-tarla, y sus eausahabientes.
    Id. — Contra Quienes Procede. — El desahucio procede contra cualquier persona que disfrute o tenga en precario la finca, sea rústica o urbana, sin pagar merced, siempre que haya sido requerida con un mes de anticipación para que la desocúpe.
    Id. — -Rebeldía del Demandado.- — Si en un caso de desahucio el demandado dejare de eomparaeer al juicio verbal para el que haya sido citado, se estimará que está conforme con los hechos expuestos en la demanda, y se dictará senten-cia en rebeldía.
    Costas. — Dictada sentencia en un juicio, sin hacer especial condenación de costas si la parte a cuyo favor se dictara tal sentencia, no hubiera apelado con respecto al pronunciamiento de costas, ni 'se hubiera adherido sobre este punto al recurso interpuesto por la otra parte, tal pronunciamiento deberá declararse subsistente en la apelación.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    Vistos estos autos.promovidos en la Corte- de Distrito de Mayagüez, entre partes, de la una, Don Juan E. Rivera,. vecino dé dicha ciudad, y de la otra, Don Ramón B. Rivera, Don Monserrate -"Valentín, Don Clemente Vélez, Don Miguel Rivera y Don Dámaso Tubens, cuyas generales no constan; sobre deshaucio de casas y establecimientos; autos pendientes ante nos a virtud de recurso de casación, boy de apelación interpuesto por Don Miguel Rivera que se personó en esta superioridad por medio de su abogado Don Juan Quintero, a quien se' tuvo por- parte, sin que comparecieran ni el actor ni los demás demandados, entendiéndose con ellos los Estrados del tribunal.

      Resultando: que la Corte de Distrito de Mayagüez, después de seguir por todos sus trámites el referido juicio de (*) desa-hucio, pronunció sentencia que, copiada a la letra, dice así:

      “Sentencia. En la ciudad de Mayagüez, a 24 de diciembre de 1901. Visto en juicio oral y público el juicio de desahucio seguido ante este tribunal, entre partes de la una, Don Juan E. Rivera Rodríguez, mayor de edad y vecino de esta ciudad, representado y defendido por el Letrado Don Luis Campillo y Abrams, y de la otra, como demandados, Don Ramón B. Rivera, Monserrate Valentín, Clemente Vélez, Miguel Rivera y Dámaso Tubens, en rebeldía todos con excepción de Don Miguel Rivera, que lo representó en estos autos el Ledo, Don Luis Méndez Vaz; sobre desalojo de casas y establecimientos.
    “Io. Resullando: que el actor funda su demanda en que es dueño de una fracción de terreno radicada en el barrio de ‘Ovejas’ del muni-cipio de Añasco de este partido judicial, compuesto de 24.22 cuerdas, más o menos, dedicados a café y conteniendo casa-habitación, casa de máquina, tahona, tres tanques para lavar café, máquina para descas-cararlo, tres cuadros glacis con sus casillas, un depósito de agua y todo lo demás concerniente a fincas de esta especie; que en las casas y establecimientos se hallaban habitando en calidad de precario, sin pagar merced alguna, los demandados y que, requeridos judicialmente para que en el término de 30 días desalojaran las casas -y estableci-mientos, no lo verificaron a pesar de transcurrir el indicado término.
    “2o. Resullando: que con la demanda se acompaña copia del auto dictado por este tribunal en 17 de septiembre de 1900, declarándose el dominio entre otras fincas de la antes mencionada a favor- del actor, inscrita en el registro, y las diligencias relativas al requerimiento a los demandados. • . ■ ■
    “3°. Resultando: que convocadas las partes a una'comparecencia en el día y liora señalados, sólo concurrió el demandado Don Miguel Rivera manifestando no estar conforme con los hechos por ser con-dueño, siendo declarados en rebeldía los otros demandados.
    “4o. Resultando: que conferido traslado de la demanda a los dG mandados, lo evacuó únicamente Don Miguel Rivera pidiendo se declarara aquélla sin lugar con las costas al actor, alegando que éste no es dueño en su totalidad de la casa-habitación y demás establecimientos que contiene la finca de que se trata, pues, en unión del terreno en que están enclavados, se hallan proindiviso y pertenecen a la Sucesión de Don Santiago Rivera y Doña Juana Cecilia Rodríguez, como (*) se demuestra por el documento privado que acompaña, y por tal cir-cunstancia, formando parte el demandado de aquella sucesión, no -es cierto que habite en precario la casa y .establecimientos sino como partícipe de ellos.
    “5o. Resultando: .del documento privado qtie presenta el'deman-dado Rivera; que Don Sandalio Rivera, Don Ramón García en representación de su esposa, y Don Miguel Rivera, partícipes todos de la finca de café que fué de la Sucesión de Don Santiago Rivera y de Doña Juana Cecilia Rodríguez convinieron en dividir la finca en la proporción que allí se indica, haciéndose constar indivisible la plaza y establecimientos, 66/100 de cuerda.
    “6o. Resultando: que convocadas lás partes a comparecencia para proponer prueba, lo hicieron en el día y- hora señalado' y admitido, se practicó sola la relativa a la parte actora, trayéndose certificaciones de las inscripciones posesorias a favor del anterior dueño de la finca que figuraban en el expediente posesorio y certificación del registrador de la propiedad, creditiva de aparecer hechas las inscripciones de pose-sión y que consta citado en el expediente como colindante Don Miguel Rivera.
    “7o. Resultando: que en el día y hora señalado para el juicio oral, concurrió solamente el actor que expuso lo que creyó conveniente a Sú derecho, votándose en esta fecha en público la sentencia.
    “8o. Resultando: que en la. sustanciaqión .de. estos autos se han observado las prescripciones legales. ..Siendo Ponente el, Sr. Juez Asociado Don James E. Erwin. , ,
    ‘ ‘ Io. Considerando: que son parte legítima para promover ’ el juicio de desahucio los que tengan la posesión real de la finca- a tituló de dueños, de usufructuarios o cualquier otro que les dé derecho a disfrutarla y sus causahabientes. Artículo 1562 de la Ley de Enjui-ciamiento Civil,
    “2o. Considerando: que procede el desahucio contra cualquier persona que disfrute o tenga en precario la finca, sea rústica o urbana sin pagar merced, siempre que fuese requerida con un mes de antici-pación para que la desocupe. Artículo 1563, caso 3 de dicha ley.
    £i3°. Considerando: que no habiendo comparecido los demandados •Don Ramón B. Rivera, Monserrate Valentín, Clemente Vélez y ■Dámaso (*) Tubens, al juicio verbal para que se les convocó, debe estimárseles conformes con los hechos expuestos en la demanda, al .■tenor del artículo 1591 de la repetida ley.
    “4o. Considerando: que el demandante ha justificado tener la •posesión real de la finca de que se trate a título de dueño, y por tanto •es parte legítima para promover el juicio.
    “5o. Considerando: que el demandado Don Miguel Rivera mani-fiesta poseer las casas y establecimientos, como partícipe de ellos, pero np lo justifica, porque el documento acompañado, además de no acre-ditarse su legitimidad, tampoco se evidencia .que se trate de los mismos .■edificios de cuyo desalojo se pretende, y debe estimársele como posee-dor en precario.
    “6o. Considerando: que en los casos como el presente, debe resol-verse en cuanto a las costas conforme a equidad.

      “Vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar el desa-hucio establecido, apercibiendo a los demandados de lanzamiento si mo desalojan las fincas dentro de los términos establecidos en la ley, sin especial condenación de costas. Notifíquese a los demandados rebeldes qn la forma legal. Así por ésta nuestra sentencia, definitiva-mente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Arturo :Aponte, J. A. Erwin, Pascasio Fajardo.”

      Resultando: que contra la anterior sentencia interpuso • Don Miguel Eivera recurso de casación por infracción de ley, y elevados los autos a esta Corte Suprema, se sustanció el Aecurso como de apelación, cumpliendo con la Ley de la Asam-blea Legislativa de esta Isla de 12 de marzo de 1903, señalán-dose día para la vista, que tuvo lugar sin la asistencia de las .partes. -

      Abogado del apelante: Sr. Juan Quintero.

    Las partes apeladas no comparecieron.
   El Juez Asociado .Sb. Eiguebas,

despnés de exponer los Lechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia recurrida, menos el último considerando, y

Considerando: que contra la sentencia de la Corte de Distrito (*) de Mayagüez, en cuanto ordena se entiendan las costas sin especial condenación, no ha interpuesto recurso de apelación la parte demandante, ni tampoco sobre este punto se ha adherido al interpuesto por uno de los demandados, debiendo por tanto quedar subsistente aquel pronunciamiento por ministerio de la ley.

Vistas las disposiciones que en el fallo recurrido se citan y los artículos 358, 371 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en 24 de diciembre de 1901, declarando con lugar la demanda de desa-hucio promovida por Don Juan E. Eivera con los demás pro-nunciamientos del caso, e imponemos las costas de este recurso al apelante Don Miguel Eivera, y devuélvanse los autos a la corte de su procedencia con la certificación correspondiente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Sulzbacher y MacLeary.


author: El Juez Asociado Se. Hernández,

text:
    Alcalá del Olmo v. Sucesión Fernández.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No 113.
    Resuelto en mayo 5, 1904.
    Apelación — Sentencia Definitiva. — El. recurso de apelación sólo procede contra las resoluciones definitivas, entendiéndose por tales las que pongan término al pleito o llagan imposible su continuación.

      Id. — La Ley de marzo 12, 1903, transformando el Tribunal Supremo de casa-ción en tribunal de apelkeión, dejó subsistentes las .disposiciones de los artí-culos 1687 y 1688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
    Id. — La jurisdicción de apelación conferida a la Corte de Distrito de San Juan por la Orden General No. 118 de 1899, estaba limitada a la resolución de la apelación que estuviera pendiente, y desde ese momento el conocimiento del asunto corresponde a la corte de distrito a que perteneciera el Juzgado de Primera Instancia en que originalmente se entablara el pleito.(*)
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el juicio seguido en el suprimido Juzgado de Primerá Instancia de Gruayama, entre partes, de la una, Don Evaristo Alcalá dél Olmo, ejecutante, hoy su hermana, Doña Blanca, del mismo apellido, y de la otra, la Sucesión dé Don Vicente Fer-nández Monjardin, ejecutada sobre cobro de un crédito' hipote-cario, cuyo juicio pende ante nos a virtud de recurso de apela-ción interpuesto por dicha sucesión contra resolución del Tribunal de Distrito de San Juan, que también en grado de apela-ción conocía del mismo juicio, habiendo representado a la parte recurrente, ante esta Corte Suprema, el Letrado Don Manuel P. Bossy, y a la parte recurrida, el Letrado Don Juan Vías Ochoteco.

      Resultando: que en juicio ejecutivo promovido en el supri-mido Juzgado de Primera Instancia de Gruayama por Don Evaristo Alcalá del Olmo contra la Sucesión de Don Vicente Fernández Monjardin, en cobro de un crédito hipotecario, intereses y costas, al oponerse la sucesión demandada a la ejecución despachada por auto de 15 de julio de 1897, solicitó se recibieran los autos a prueba, y pidió por otrosí, que por Sobrinos de Ezquiaga y Don Mariano Benito Heredia se reco-nocieran sus respectivas firmas obrantes en un documento pri-vado, acompañado al escrito de oposición y consistente en liquidación de meses de intereses, librando para ello los ex-hortos correspondientes a esta capital y a la de España.

      Resultando: que al contestar la oposición la parte ejecu-tante, presentó copia simple de la escritura de hipoteca volun-taria otorgada per Don Jesús Ma. Texidor y Vázquez a favor de Don Evaristo Alcala del Olmo, en 5 de jimio de 1887, ante el Notario de Gruayama, Don José Mariano Capó, de la qne trae origen el crédito hipotecario reclamado, y acompañó además dos cartas, una de ellas firmada por Sobrinos de Ezqniaga, y la otra por Don Mariano Benito, concernientes (*) ambas al referido crédito, para qne fueran reconocidas por sns fir-mantes, expresando además qne conforme como estaba con la certeza de las firmas de Don Mariano Benito y Sobrinos de Ezqniaga, obrantes en la liquidación producida con el escrito de oposición, suplicaba fuere denegado el libramiento -de ex-hortos para el reconocimiento de esas firmas qne había soli-citado la parte ejecutada.

      Resultando: qne el juzgado de Guayama, por auto de 10 de agosto de 1897, recibió el juicio a prueba, ordenando entre otros particulares que desde luego se librara exhorto al Juez Decano de los de Madrid, para el reconocimiento de la firma de Don Mariano Benito que aparecía en una de las cartas presen-tadas por el ejecutante, y denegó la expedición de exhortos para el reconocimiento de las firmas de Don Mariano Benito y Sobrinos de Ezquiaga, que figuraban en el documento de liquidación de intereses producido por la parte ejecutada. .

      Resultando: que la representación de la Sucesión de Don Vicente Fernández Monjardin pidió reposición del auto ex-presado de 10 de agosto, interesando el libramiento pedido, de exhortos para el reconocimiento por Don Mariano Benito y Sobrinos de Ezquiaga, demis respectivas firmas, obrantes en el documento de liquidación de intereses de que se ha hecho mérito, y por otrosí suplicó se desglosaran la copia de la escri- ■ tura hipotecaria, otorgada en 5 de junio de 1887, por Don Jesús Ma. Texidor, a favor de Don Evaristo Alcalá del Olmo, y las dos cartas- firmadas por Don Mariano Benito y Sobrinos de Ezquiaga, documentos todos presentados por la parte de-mandante al contestar la oposición formulada, pues tales documentos, como fundamentos de la acción ejercitada, de-bieron acompañarse con la demanda y por tanto ya no eran admisibles.

      Resultando: qne tramitado el recnrso de reposición, el Juz-gado de Primera Instancia de Guayama, por anto de 23 de agosto citado, declaró no haber lngar al mismo, ni al desglose de los docnmentos qne se pedían.(*)

      Resultando: qne la Sucesión de Don Vicente Fernández presentó escrito manifestando qne con respecto a la denega-ción del libramiento de exhortos para, el reconocimiento de firmas por Don Mariano Benito y Sobrinos de Ezqniaga, obrantes en el doenmento de liquidación de intereses, se re-servaba reproducir la misma pretensión en segunda instancia, caso de qne llegara a ser necesario, y en cnanto al desglose de la escritura y cartas ya mencionadas, suplicaba la reposición del anto de 23 de agosto, apelando para ante la Audiencia del Territorio, si tal reposición le era denegada; y el juzgado de Guayama, en anto de 28 del propio agosto, por 'el fundamento de qne la ley no admite reposición de otra reposición, deses-timó ese recnrso y admitió en un solo efecto la apelación interpuesta, y posteriormente, por anto de 29 de septiembre siguiente, y a instancia de la parte ejecutada, oyó dicho re-curso en ambos efectos, mediante fianza al efecto prestada.

      Resultando: que elevados los autos a la suprimida Audien-cia Territorial, previa citación y emplazamiento de las partes, y pendiente aun de resolución el recurso, por motivos que no son de consignarse, al publicarse la Orden General No. 118 de 1899, pasó el conocimiento del mismo al Tribunal de Dis-trito de San Juan, el que, por providencia de 6 de mayo del año próximo pasado, admitió como parte en los autos a Doña Blanca Alcalá del Olmo, a virtud de cesión que por escritura pública le hizo su hermano, Don Evaristo, del crédito recla-mado, celebrándose la vista-del recurso en 1 de agosto, con asistencia de los letrados de ambas partes, que alegaron cuanto estimaron' conducente a la defensa de sus respectivas pretensiones.

      Resultando: que el Tribunal de Distrito de .San Juan, por auto de 8 de agosto citado, confirmando en lo conforme y revo-cando, en lo demás, el auto y providencia apelados, ordenó se desglosara del pleito la escritura otorgada ante el notario (*) de Gruayama, Don José Mariano Capó, en 5 de junio de 1887, por Don Jesús Ma. Texidor, a favor de Don Evaristo Alcalá del Olmo, sobre préstamo e hipoteca voluntaria presentada por la parte ejecutante, con el escrito de oposición, a la con-testación formulada por la parte ejecutada, sin especial conde-nación de costas, mandando se remitieran los autos principales al Tribunal de Distrito de Humacao, sucesor legal del Juzgado de Primera Instancia de Gruayama, de acuerdo con la sección 14 de la Orden Gleneral No. 118, serie de 1899.

      Resultando.: que contra ese auto del Tribunal de Distrito de San Juan interpuso la representación de la Sucesión de Don Yicente Fernández Monjardin recurso de apelación en la parte relativa a la remisión del pleito al Tribunal de Humacao; y admitido dicho recurso, fueron elevados los autos a esta Corte Suprema previa citación y emplazamiento de las partes, las que, personadas, evacuaron oportunamente el trámite de instrucción, habiéndose adherido al recurso la representación de Doña Blanca Alcalá del Olmo, en cuanto, por el auto ape-lado, se ordena el desglose de la escritura de constitución de hipoteca que dió origen al crédito cuyo cobro se persigue.

      Resultando: que la vista del recurso tuvo lugar en 23 del pasado abril con asistencia del letrado de la parte apelada.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Rossy.

    Abogado del apelado: Sr. Vías Ochoteco.

   El Juez Asociado Se. Hernández,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Considerando: que el auto del Tribunal de Distrito de San Juan, en cuanto ordena se desglose del juicio la escritura otor-gada ante el notario de Gruayama, Don José Mariano Capó, en 5 de junio de 1887, por Don Jesús Ma. Texidor a favor de Don Evaristo Alcalá del Olmo, sobre hipoteca voluntaria, no es definitivo, pues no pone término al pleito ni Race imposible su continuación, y por tanto no cabe contra el mismo recurso de apelación, aun,bajo la ley de la Asamblea Legislativa (*) de 12 de marzo del año próximo pasado, que al transformar el Tribunal Supremo de Casación en Corte de Apelación, lejos de derogar, dejó subsistentes los artículos 1687 y 1688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según se desprende de la sección 4a. de aquella ley.

Considerando.: que la jurisdicción del Tribunal de Distrito de San Juan terminó al resolver el recurso de apelación, de que estaba conociendo, a virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden General No. 118, serie de 1899, y que desde ese momento con arregló al artículo 14 de la misma Orden General, el Tribunal de Distrito de ílumacao es el que debe conocer del juicio, por corresponder a ese tribunal el pueblo de Guayama, cabecera antes del suprimido juzgado del mismo nombre, en que originariamente radicaba dicho juicio, estando, por tanto, ajustado a derecho el auto recurrido en cuanto ordena la re-misión del pleito al expresado tribunal de Iíumacao.

Vistos los textos legales citados y la regla 63 de la Orden General No. 118, serie de 1899.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos el auto que dictó el Tribunal de Distrito de San Juan, en 7 de agosto último, en cuanto ordena se remita el juicio al Tribunal de Dis-trito de Iíumacao, y declamamos no haber lugar a resolver el recurso de apelación que por adhesión ha interpuesto la repre-sentación de Doña Blanca Alcalá del Olmo, contra el mismo auto, en la parte relativa al desglose de la escritura otorgada en 5 de junio de 1887, por Don Jesús Ma. Texidor, a favor de Don Evaristo Alcalá del Olmo, sobre préstamo hipotecario, entendiéndose las costas del recurso sin especial condenación; y devuélvanse los autos al Tribunal de Distrito de San Juan, con la certificación correspondiente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Figueras, Sulzbacher y MacLeary.(#)


author: El Juez Asociado Se. Sulzbachee,

text:
    El Pueblo v. Villegas et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan.
    No. 54.
    Resuelto en mayo 5, 1904.
    Pruebas — Cuestiones de Hecho — Nuevo Juicio — Veredicto.—El jurado es úni-co juez de las cuestiones de hecho y de la veracidad de los testigos, y sólo en casos excepcionales, en que el jurado cometa abusos manifiestos de sus facul-tades en este respecto, el tribunal sentenciador, o el de apelación, anularán el veredicto y concederán un nuevo juicio.
    Id. — Apelación.—El Tribunal Supremo sólo debe considerar y resolver en una apelación las infracciones legales cometidas por el tribunal sentenciador; y las cuestiones de hecho que se sometan a su consideración, deberán expresarse con gran precisión, a fin de que el tribunal pueda apreciarlas y resolver si la resolución impugnada es o nó correcta.
    Juicio por Jurado — Recusaciones.—Las recusaciones deberán hacerse al presen-tarse el miembro del jurado, y antes de que se le tome juramento para entender en la causa; pero el tribunal, a discreción, puede permitir que se presenten después, y antes de que el jurado quede constituido, si hubiere razón para ello.
    Leyes de Carácter Penal — Efecto Retroactivo. — Las leyes de carácter penal, que mejoren la condición de los acusados en causas criminales, deben tener efecto retroactivo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan R. Ramos.

    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Sulzbachee,

emitió la siguiente opi-nión del tribunal:

La presente es una apelación interpuesta contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en causa seguida a Modesto Villegas, Tomás Crispin, Félix Encarnación y Eustaquio Aquino, por acometimiento. Los acusados fueron juzgados por un jurado y sentenciados como sigue: Modesto Villegas, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión, y los otros a 2 años y 6 meses cada uno; todos con una parte propor-cional de costas. En el expediente se encuentra un pliego de excepciones debidamente firmado por el juez presidente, fundándose solamente sobre apreciaciones de prueba por el jurado.. .Según tiene resuelto este tribunal, y lo repite aliora, (*) el jurado es el único juez de los hechos y de la vera-cidad de los testigos. Ellos los ven y los oyen testificar y son los únicos que pueden juzgar con respecto a su credibilidad, y-solamente en casos excepcionales, de los cuales hay muy raros ejemplos, cuando un jurado comete abusos manifiestos del poder en este respecto, el tribunal sentenciador, o el supremo, anularán el veredicto y concederán nuevo juicio; pero nada semejante aparece de los autos después de un examen minu-cioso de los mismos. Solamente infracciones legales deben considerarse y revisarse en una apelación ante el Tribunal Supremo. Cuestiones de hecho sobre las cuales se pretende que pase el tribunal de apelación deben expresarse con gran precisión,, de manera que el tribunal pueda conocerlos, y deter-minar si la resolución de la corte de distrito fue errónea.

El único punto, que merece alguna consideración aun no se encuentra en el pliego de excepciones, en donde debía estar, pero se alegó oralmente en el juicio. Parece que la corte resolvió que las recusaciones deberían hacerse primeramente’ motivadas y después perentorias, con respecto a cada jurado y en el momento en que éste se presentaba al tribunal; de esta resolución tomó excepción el abogado defensor,- recla-mando el derecho que tenía de reservarse las recusaciones perentorias hasta tanto que el jurado estuviere constituido. Una vez constituido el jurado y habiéndose hecho solamente dos recusaciones perentorias, por parte del abogado defensor, la corte permitió que éste hiciera cuatro recusaciones más que,, unidas a las dos que ya había hecho, formaban un total de seis, que son las que tenía derecho a hacer. .Pero el tribunal no hubiera cometido error'alguno aunque se hubiera ajustado en un todo a la resolución que dictó primeramente,' porque la ley dispone que la recusación deberá hacerse al presentarse el miembro del jurado y antes de que se le tome juramento-para entender en la causa; pero podrá el tribunal, si para ello hubiere razón, permitir que esto se haga después del jura-m-ernto y antes de que el jurado se complete, dejándolo a discre-<ci©n díel tribunaLC'*')

La sentencia de la ©arte de distrito se dictó el 20 de; me--Viembre de 1903 y la vista tuvo lugar ante este tribunal' el'-1'9 del corriente.. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico,/ esa 1© de mams de 1904, derogó la sección 237 del Código" Penal, cosa arreglo a la cual los demandados fueron acusados, juzgados y condenados; y pasó una nueva ley sobre acome-Lmrento, (cambiando la pena a una multa de no menos de $50, ni anas de $100, o prisión en la cárcel de no menos de un mes, nd saws (de un año, © ambas, multa y prisión. El abogado de los ¡apelantes alegó en la vista de la cansa ante este tribunal «jue (ewasad© isa mueva ley mejora la condición de nn acusado,, (en una cansa criminal, con arreglo a los principios generales (de Ha jmrisprnadenda, debería aplicarse la nneva ley. La de 10 ;d© marzo de 1904, annque deroga la sección 237 del Código Peral, debe considerarse como snstituta de la última, .y es por lo tanto aplicable al presente caso. Debe, pnes, confirmarse la .sentencia de la corte de distrito, modificándose la misma según se expresa en la resolnción de este' tribunal.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Pigueras y MacLeary.