text:
    Alers et al., Demandantes y Apelantes, v. American Railroad Company of Porto Rico, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa sobre daños y, perjuicios.
    No. 1435.
    Resuelto en julio 13, 1916.
    Matrimonio Natural — Declaración del Estado de Matrimonio Natural— Jurisdicción. — Para que un hombre y una mujer puedan reclamar los dere-chos provenientes de un estado de matrimonio natural, no basta que reúnan los requisitos necesarios para la existencia del matrimonio natural sino que es indispensable además que tal estado de matrimonio natural haya sido declarado por un juez de distrito en el procedimiento fijado por la ley sobre la materia.
    Id. — Indemnización de Daños y Perjuicios — Declaración dél Estado de Ma-trimonio Natural. — Son insuficientes las alegaciones de una demanda sobre indemnización de daños y perjuicios por la muerte de un hijo presentada por un hombre y una mujer fundada en un estado de matrimonio natural, sin el requisito de la declaración por un; juez de distrito de tal estado de matrimonio por los trámites establecidos, aun cuando en la fecha del naci-miento del hijo tuvieran los demandantes todos los requisitos legales y la capacidad necesaria para eontraerlo, porque en dicho pleito sobre indemni-zación no puede probarse ni obtenerse la declaración del estado de matri-monio natural.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Horton & Arroyo y M. Romany.

    Abogado de la apelada: Sr. F. G. Pérez Admiroty.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Alegaron los demandantes en este pleito que desde el año 1894 hasta 1907 estuvieron viviendo bajo un mismo techo, pública y notoriamente, como marido y mujer en estado de matrimonio natural, teniendo entonces los requisitos legales y la capacidad necesaria para contraer matrimonio con arre-glo a las leyes entonces vigentes, considerándose ambas para todos los negocios como marido y mujer, y que en dicha época les nació un hijo el día 24 de febrero de 1904 y que aunque algún tiempo después la mujer incoó los trámites necesarios para inscribir en el registro civil el matrimonio natural en que vivían no se llevó nnnca a efecto por cansas ajenas a su voluntad. Alegando además que dicho niño es hijo legí-timo de los demandantes como consecuencia de su matrimo-nio natural piden que la corporación demandada los indem-nice por su muerte debida a la negligencia de la demandada.

Opuesta por ésta la excepción de que la demanda no aduce hechos determinantes de causa de acción la sostuvo el Tribunal de Distrito de Mayagüez por el fundamento de que para que se pueda considerar legalmente constituido un ma-trimonio natural es indispensable que dicho matrimonio esté inscrito en el registro civil en virtud de orden dictada por el juez de una corte de distrito en un procedimiento seguido con ese fin, en cuya orden se decrete que existe un matri-monio natural de acuerdo con la ley de 32 de marzo de 1903 ■“definiendo el matrimonio natural y estableciendo un pro-cedimiento para legitimar e inscribir dicha unión” con cuyo requisito no han cumplido los demandantes, por cuya razón .no debe estimarse • que entre ambos haya existido el matri-monio natural de que trata dicha ley.

Dictada subsiguientemente sentencia declarando sin lugar la demanda por ese motivo y apelada por los demandantes, la única cuestión que tratan en este recurso ambas partes litigantes es si el juez inferior erró o no al desestimar la demanda por ese fundamento.

La citada ley, que estuvo en vigor desde Io. de octubre de 1903 hasta el año 1906 en que fué totalmente derogada, dedica sus dos primeras secciones a determinar cuándo un hombre y una mujer que no se han casado son considera-dos que se hallan en matrimonio natural y que al hijo o hijos nacidos durante dicho matrimonio natural se les con-siderará como legítimos. Las restantes secciones de la ley están dedicadas a fijar el procedimiento por el cual se decla-rará la existencia del matrimonio natural y se ordenará su inscripción en el registro civil.

¿La tramitación de ese procedimiento y su resolución favorable a los que han vivido de esa manera es requisito indispensable para que puedan ejercitarse los derechos derivados, de la existencia de un matrimonio natural1? Tal es la única cuestión que tenemos que resolver.

Como la ley fija determinado trámite para obtener la declaración de un derecho, no es' lícito a las partes pres-cindir de él y adoptar otro distinto.

La ley a que venimos refiriéndonos hace en sus dos pri-meras secciones la declaración de un derecho y en las demás especifica la manera como ese derecho puede ser declarado, por lo que entendemos que sólo siguiendo esos trámites es que puede obtenerse la declaración del derecho. Para que un hombre y una mujer puedan reclamar los derechos pro-venientes de un estado de matrimonio natural, no basta que reúnan los requisitos necesarios para la existencia del matri-monio natural sino que es indispensable además que tal estado1 de matrimonio natural haya sido declarado por- un.juez de la corte de distrito a quien la ley confiere jurisdicción para hacer tal declaración. Si las alegaciones de la demanda sin el requisito de la declaración por un juez de distrito del estado-de matrimonio natural por los trámites establecidos fueran suficientes, entonces sería necesario que en este pleito sobre indemnización entraran los demandantes a probar y a obte-ner la declaración del estado de matrimonio natural y tam-bién serían buenas esas alegaciones en una corte municipal reclamando menos de quinientos dollars y para que el juez los concediera tendría que declarar, sin tener jurisdicción para ello, la existencia del matrimonio natural. Esto sería ilegal y sería también prescindir de la tramitación que para obtener ese resultado fijó expresamente la ley.

Los trámites de la ley no son sólo para obtener la ins-cripción del matrimonio natural como medio de probarlo sino que su principal objeto es la declaración de la existencia del matrimonio natural, siendo la consecuencia de tal decla-ración la orden de inscripción, y así vemos que en todas las secciones de la ley se trata de tal declaración y subsiguien-temente de la inscripción. El hecho de que la sección ter-cera no imponga a los qne viven en ese estado el deber de tramitar el expediente y lo deje a sn voluntad no quita fuerza a los anteriores razonamientos pnes siendo nn derecho qne les reconoce los deja en libertad de ejercitarlo, siendo la sanción por sn falta de ejercicio el qne no podrán reclamar los derechos qne del mismo se deriven. Es cierto qne en la sección primera después de expresar qne a los qne vivan en las condiciones qne en ella se expresa se les considerará como matrimonio legal y qne declara qne el subsiguiente matrimonio de cualquiera de las partes se tendrá por biga-mia, castigándose como tal de acuerdo con las disposiciones del Código Penal, pero entendemos qne esto ha de estar subor-dinado al hecho de qne haya sido declarado tal matrimo-nio conforme a los trámites qne estableció la ley.

Por los motivos expuestos la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Fernández, Demandante y Apelante, v. Torres et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito de intervención (tercería),
    No. 1456.
    Resuelto en julio 13, 1916.
    Demanda de Intervención — Intervención—Permiso de la Corte — Discreción Judicial — Abuso de Discreción. — Las demandas de intervención a que hace referencia el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil deberán ser presentadas con permiso de la corte, por lo que tal limitación al derecho de intervenir presupone cierta facultad discrecional por parte de la corte para conceder o no el permiso que se solicite, y cuando no aparece que abusara, de esa discreción, su resolución deberá ser sostenida.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José I. Fernández.

      Los apelados no comparecieron.
   El Juez Asociado Se. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante José I. Fernández Segarra presentó una de-manda de intervención en un pleito que sigue Margarita Torres contra Guillermo Arbona sobre declaratoria de socie-dad civil y otros extremos cuando estaba pendiente de la ■celebración del juicio, y habiéndole negado el juez permiso para intervenir por entender que no tiene en el pleito el ver-dadero interés que le diera derecho de intervención, a su instancia y de acuerdo con esa resolución fué registrada sen-tencia contra la cual interpuso este recurso.

La única parte que ha comparecido ante nosotros ha sido la apelante quien sólo argumentó por escrito y muy lige-ramente.

Los hechos consignados en la demanda son sustancial-mente los siguientes: que el apelante como abogado de Margarita Torres inició ese pleito como consecuencia de un poder •que ella le confirió por sí y por sus hijos menores de edad para que practicara cuantas diligencias fueren necesarias' para reclamar sus derechos en una sociedad natural civil ■que tuvo con Guillermo Arbona, con reclamación del capital que le entregó, y también el derecho de sus hijos a ser reconocidos, si no lo estuvieren, por su padre natural o ile-gítimo Arbona y para pedir mayor cantidad de la que les pasa por alimentos, todo mediante la compensación de 45 por ciento de lo que obtuviera en bienes o en dinero; que •después de iniciado el pleito, prescindiendo su cliente del demandante llegó a una transacción con Arbona mediante la •cual recibiría una cantidad muy inferior a otra que no quiso aceptar el demandante; que rotas sus relaciones con su ■cliente trata éste de burlar sus derechos por la cuota litis •convenida por lo que la ha demandado por incumplimiento «del contrato entre ellos celebrado; que a pesar de la trans-acción el abogado de Guillermo Arbona lia pedido el seña-lamiento de día para juicio y qne tiene interés en qne triunfe la demanda de Margarita Torres y qne obtenga el mayor beneficio posible porque en el montante de éste le corres-ponde la remuneración convenida.

El artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil dice que cualquiera persona podrá intervenir en una acción o procedimiento si tuviere interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes o algún derecho en contra de ambas; intervención que se efectúa por medio de de-manda exponiendo en ella- los motivos en que se funde, pre-sentada con permiso de la corte.

En el caso de Smith v. Sale, 144 U. S. 520, declaró el -Tribunal Supremo de los Estados Unidos considerando un pre-cepto igual a nuestro artículo 72, que no estaban dispuestos a resolver que la corte inferior no podría haber permitido la demanda de intervención, pero que como tal demanda debe ser presentada con permiso de la corte esto es una limita-ción al derecho de intervenir que presupone cierta facultad discrecional por parte de la corte. La resolución negando el permiso fué sostenida.

En el caso presente el tribunal inferior negó el permiso al apelante para intervenir, y no creemos que abusara de su discreción porque aunque quizás el interventor tenga inte-rés en el éxito de la acción de la demandante, pudiendo sur-gir cuestión acerca de si puede impedir una transacción de su cliente y otras que se nos ocurren y que no queremos ni debemos suscitar ahora, preferimos confirmar la resolu-ción apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Rivera, Demandante y Apelado, v. D. E. Cintrón, S. en C., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1426.
    Resuelto en julio 13, 1916.
    Dajtos y Perjuicios — Embargo de Bienes de Persona Distinta del Deman-dado — Malicia o Palta de Causa Probable. — Cuando un demandante em-barga bienes inmuebles inscritos en el registro pertenecientes a persona distinta de su demandado, no es necesario en una acción de daños y perjuicios entablada por dicha persona probar malicia o falta de causa probable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan Quintero.

    Abogado del apelado: Sr. Rodolfo Ramirez Vigo.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante y apelado obtuvo sentencia en la Corte de Distrito de Mayagüez contra el demandado y apelante por la suma de ciento dos dólares, con intereses legales, costas y desembolsos, en concepto de daños provenientes del embargo que fné trabado en cierta finca del demandante y ape-lado en nn pleito anterior, en el cual el demandado y ape-lante era demandante j fné demandado otra persona del mismo nombre y apellido que el demandante y apelado en este caso. La cuantía de los daños reclamados en la demanda es de novecientos dólares.

El único error que ha sido alegado es que la sentencia no está sostenida por las alegaciones, por los hechos ni por la ley. No se hace cita de autoridades y toda la cuestión se reduce a hacer un esfuerzo por sostener la proposición de que el demandado no fue culpable de ninguna malicia, inten-ción fraudulenta, propósito deliberado de causar daño, o ne-gligencia inexcusable al establecer el embargo, sino que por el contrario procedió enteramente de buena fe y fué senci-llamente inducido a error por ser iguales los nombres y ape-llidos. En la contestación formulada a la demanda se alega afirmativamente que el demandado en esta acción, que era el demandante en la acción original, no procedió a sabien-das, maliciosa o voluntariamente y sin legítima cansa, con la deliberada intención de perjudicar al demandante y ape-lado en este caso, y existe cierta prueba que tiende a soste-.ner esta alegación.

La prueba demuestra sin embargo, entre otras cosas, que la finca embargada no se encontraba desocupada, sino que estaban ocupadas las casas y solares en la ciudad de Maya-güez, registrados a nombre del verdadero dueño, que está casado con Doña Rosario Alvarez, mientras que la esposa del demandado en el pleito en que se libró el embargo es Doña Natalia Rodríguez, y que la demandante en aquella acción, demandada y apelante en ésta, ejercitando el debido cuidado y diligencia pudo fácilmente liaber descubierto quién era el dueño de la finca embargada, becbo que al parecer lmbiera sido descubierto inmediatamente con la más simple pesquisa o investigación, si es que verdaderamente no pudo hacerse por medio de una lectura razonablemente detenida de los asientos que aparecían en el registro de la propiedad al tiempo de la investigación, o sea antes del embargo.

Además, al ser notificada la mercantil demandada de la equivocación, todo lo que hizo fué telefonear a su agente y representante encargado del litigio, quien, según su propia declaración, meramente contestó: “Ya veremos a ver, en ese caso se desiste,” y al efecto nada hizo en absoluto para ocu-parse del asunto.

El mismo testigo manifiesta que al día siguiente les dijo a otras personas que vinieron a verle acerca del mismo asunto, que si lo que decían era cierto él presentaría una moción para que se levantara el embargo. No hizo, sin embargo, nada más, sino que esperó por ellos varios días para que le trajeran prueba por escrito de los hechos tales como ellos los refirieron. Después de establecida la acción de daños y perjuicios no parece haber habido ninguna dificultad en averiguar los verdaderos hechos y el embargo quedó sin efecto inmediatamente a solicitud del demandado y apelante en este caso.

Puede ser que si ésta fuera una acción de daños y per-juicios por embargo ilegal establecida por el demandado en la acción en que fué librado el mandamiento, tendría dicho demandante que probar una negligencia inexcusable, mali-cia, o falta de causa probable, respecto a lo cual véase a 2 R. C. L. página 896, secciones 111 y siguientes, y especial-mente las secciones 113, 117 y 121; 6 C. J. páginas 493 y siguientes. Pero el caso de autos descansa en una base algo distinta. 6 C. J. pág. 502, sec. 1188; id. pág. 373, y siguientes, pág. 409, sec. 937, pág. 415, sec. 964, pág. 417, sec. 969; Edwards v. Turner, 6 Rob. 382; Lizardi v. New Orleans Canal & Banking Co., 25 La. Ann. 414.

Los autos no revelan la existencia de ningún error que exija la revocación y la senténcia apelada debe ser confir-mada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldre3r.


text:
    Blasini, Demandante y Apelado, v. Colón, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre reivindicación.
    No. 1468.
    Resuelto en julio 13, 1916.
    Deslinde — Mensura—Plano—Negativa del Juez a Incluir en la Orden db Deslinde los Particulares de la Antigua Ley de Enjuiciamiento Civil. — ■ Cuando el peticionario no intenta obtener la determinación formal de un deslinde sobre el terreno hedió por el juez después de la mensura que deter-mina el Código de Enjuiciamiento Civil español, Título XV, sobre deslinde y amojonamiento, sino que se verifique la mensura y se levante un plano de acuerdo con el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 como medida preliminar al establecimiento de una acción reivindicatoría, no es necesario recurrir en forma alguna a la antigua práctica española para com-pletar el procedimiento prescrito por dicho artículo 286, y la negativa del juez inferior a incluir en lá orden los particulares de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil no es un error que dé lugar a la revocación de Ja. sentencia.
    3d. — Inspección Ocular — Abuso de Discreción.' — Bajo los hechos de este eas'd no fue un abuso de discreción el negarse el juez sentenciador a practicar la inspección ocular del sitio antes de expedir la orden para que se verificara la mensura y deslinde de la finca.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel A. Rivera.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Ponce, de conformidad con una moción que fné presentada de acuerdo, con el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Civil, preliminar a una acción reivindicatoría, ordenó la mensura de ciertos terrenos, auto-rizando “al agrimensor que designe el demandante, así como a los empleados que él necesite al efecto, para penetrar en la finca del demandado, que se describirá más adelante, siem-pre que sea preciso para verificar la mensura y levanta-miento del plano de la finca del demandante, ordenando al demandado permita la entrada de dichas personas en el día que al efecto se le designe, apercibido de ser castigado por desacato si a ello se opusiere.”

El artículo 286 supra, en tanto es pertinente, y el artículo 287 del Código de Enjuiciamiento Civil, prescriben lo si-guiente.

“Artículo 286. — Cualquiera persona que de buena fe se creyere con derecho a reclamar la posesión, el dominio o una participación en propiedad real o en pertenencia minera, incluyendo cualquier veta o peñasco de la misma, que esté o que por motivos fundados creyere que está en posesión de otra persona, mediante la ejecución por parte de ésta de excavaciones subterráneas u obras sobre la superficie del terreno, y se haga necesario para determinar, obligar a reconocer o proteger tales derechos o intereses que se practique un examen- o deslinde de la propiedad, y si la persona, quejde este modo estuviere en posesión de la misma, dejare de autorizar o se negare a consentir durante tres días después de haber sido requerido por escrito para que permita el hacer tal examen, o deslinde, la persona que lo inte-rese podrá solicitar de la corte o del juez de ésta, una orden para que se practique dicho examen y deslinde, tenga o no pendiente ante dicha corte algún litigio sobre tal derecho.
“Dicho examen se practicará, mediante solicitud por escrito o 'declaración bajo juramento en la cual se hará constar la descripción ■de la propiedad, interés que la parte tenga en ella; que la propiedad en cuestión está en posesión de otra persona, nombrándola; la razón por la cual se solicita el examen o deslinde; el requerimiento hecho a la otra parte y la negativa de ésta.
“La corte o el juez señalará fecha y lugar para la vista, lo que se notificará con copia de la solicitud a la parte contraria, tres días antes de la vista por lo menos y un día más por cada veinte y cinco millas de distancia entre el sitio en que se haga la notificación y-el lugar de la vista, y ésta se celebrará y las pruebas se producirán en la forma dispuesta para la vista de injunctions.
“Si celebrada la vista, la corte o el juez quedare convencido de que cualquiera de los litigantes tiene derecho a que se le conceda el examen o deslinde de cualquier propiedad que esté en posesión de otro, y que en virtud de los documentos obrantes en el procedimiento, ha sido puesta en controversia, se librará la orden para el examen, deslinde u otras investigaciones que Ja corte o el juez, considere justas, especificándose en ella, tanto como sea posible, cuáles son las dili-gencias y actos que puede ejecutar la persona a cuyo favor se dicte. Por virtud de dicha orden la persona a cuyo favor se expida, tendrá libre acceso, con los agentes y auxiliares que se le permitan a todos los sitios de la propiedad, y derecho a remover cualquier roca suelta, escombros u otro obstáculo, si fuere necesario para hacer una ins-pección o deslinde completo de la propiedad, pero no podrá remover tales'obstáculos sin el consentimiento de la parte contraria o sin que la orden de la corte o juez lo permita.
“La corte o el juez puede también, mediante comprobación ade-cuada, con objeto de que se presenten las pruebas que se necesi-taren para resolver sobre los derechos de las partes, permitir que se hagan obras en la propiedad, pero tales obras sólo se permitirán después de haberse expresado detalladamente, y no se permitirán en forma que obstaculicen los trabajos de la parte contraria, y sí sólo en caso de que la corte quedare convencida de que la parte contraria está procediendo de mala fe y que está infringiendo o tratando de infringir los derechos de la parte que solicita llevar a cabo dichas obras, y si no hubiere otra forma razonable o conveniente para la proposición y práctica de las pruebas necesarias para resolver los derechos de las partes.
*###** *
"Artículo 287. — En la orden se describirá la propiedad y se entregará al dueño u ocupante una copia autorizada de la misma e inmediatamente después la parte podrá entrar en dicha propiedad, con los agrimensores y auxiliares necesarios para hacer el deslinde y mensura; pero si se causaren daños innecesarios a la propiedad dicha parte será responsable de ellos.”

Insiste el apelante en que la corte sentenciadora abusó de su discreción al negarse a hacer la inspección ocular del sitio antes de expedir la orden; que la sentencia no está sostenida por la prueba, y que la sentencia no protege sufi-cientemente los derechos del demandado, pues en ella no se observó el procedimiento indicado en el Código ele Enjui-ciamiento Civil Español, Título XV, sobre deslinde y amo-jonamiento, que el apelante alega está todavía en vigor, y especialmente los artículos 2062 al 2065 inclusives (artícu-los 2061 al 2061 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para Cuba y Puerto Rico), del referido código, los cuales disponen lo siguiente:

"Artículo 2062. — El juez señalará el día y hora en que haya de principiar el acto, haciéndolo con la anticipación necesaria para que puedan concurrir todos los interesados, a quienes se citará pre-viamente en forma legal.
“J.os desconocidos y de ignorada residencia serán citados por medio de edictos, que se fijarán en los sitios de costumbre de la cabeza del partido del pueblo en que radique la finca, y de aquel en que el citado hubiere residido últimamente.
“Artículo 2063. — Si el juez no pudiere concurrir a la práctica del deslinde, dará comisión al juez municipal del término en que radique la finca.
"Artículo 2064. — No se suspenderá la práctica del deslinde, ni del amojonamiento si también se hubiere pedido, por la falta de asis-tencia de alguno de los dueños colindantes, al cual quedará a salvo su derecho para demandar, en el juicio declarativo que corresponda la posesión o propiedad de que se creyese despojado en virtud del deslinde.
“Artículo 2065. — Tanto el que hubiere solicitado el deslide, como los demás concurrentes a la diligencia, podrán presentar en ella los títulos de sus fincas y hacer las reclamaciones que estimen procedentes por sí o por medio de apoderado que nombren al efecto.
“También podrán concurrir a la diligencia, si uno o más de los interesados lo solicitare, peritos de su nombramiento o elegidos por el juez que conozcan el terreno y puedan dar las noticias necesarias para el deslinde.”

Si este procedimiento hubiera sido establecido de acuerdo con el Título XY del Código Civil Español con el solo objeto de hacer una mensura y fijar en el terreno una colindancia entre los interesados en cuanto a la forma en que allí se describe, entonces la discusión y resolución de la cuestión de si el título a que se ha hecho referencia está o no todavía en vigor y efecto hubiera sido tanto adecuada como necesa-ria; pero esa cuestión no está envuelta en este caso. No existe el más remoto indicio de ningún fin o intención por parte del peticionario de obtener la determinación formal de una colindancia sobre el terreno hecha por el juez des-pués de la mensura, sin recurrir a una acción, pero como dijimos al,principio, el procedimiento ha sido establecido es-pecialmente de acuerdo con el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Civil como medida preliminar al estableci-miento de una acción reivindicatoría. En estas circunstan-cias el recurrir en alguna forma el juez sentenciador a la antigua práctica española para complementar el procedi-miento prescrito por el nuevo código adoptado en 1904, era enteramente innecesario. Ni siquiera consta que el deman-dado hubiera hecho alguna moción en la corte inferior para que se incluyera en la orden cualquiera de los particulares que ahora alega que debió haberse hecho para la protección de sus derechos; pero si hubiera promovido de tal modo la cuestión en la corte inferior y se hubiera denegado su petición, dicha negativa por parte del juez de la corte inferior no podía ser considerada como un error que dé lugar a la revocación de la sentencia en el caso de autos, aun cuando para los fines del argumento, se admitiera que el Título XV del Código de Enjuiciamiento Civil Español continúa-toda-vía en toda su fuerza y vigor.

En lo que respecta a los demás errores, será bastante con decir que un examen cuidadoso de todos los autos no revela ni tal abuso de discreción por parte del juez senten-ciador en negarse a practicar la inspección ocular del sitio antes de expedir la orden, ni un error tan manifiesto en la apreciación de la prueba que pudiera justificar la revocación de la' sentencia.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.'

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Arce, Demandante y Apelado, v. Bianchi Green & Co., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un recurso sobre cobro de dinero.
    No. 1381.
    Resuelto en julio 17, 1916.
    Sociedades en Liquidación — Liquidadores ■ — Acción contra la Sociedad.— Ctiando no consta de los autos que la demandada, una sociedad, levantara -en la corte inferior la cuestión acerca de si, estando en liquidación, solamente el liquidador debía ser demandado, sino que por el contrario todas las cir-cunstancias demuestran que el juicio se celebró en la creencia por la corte y las partes de que era una acción contra la sociedad en liquidación, en cuyo 'sentido fué dictada la sentencia, ésta no será modificada por ese fun-damento.
    Id. — Escritura de Disolución — Terceros.—La escritura de disolución de una sociedad aunque no inscrita en el registro es prueba contra todo el mundo del heeho de la disolución y de su fecha, pero ese heeho no puede afectar a tereeros que habían negociado con dicha sociedad con posterioridad a la disolución y que no tenían conocimiento de ello.
    Los beobos están expresados en la opinión.

      Abogados del apelante: Sres. Guillermo H. Moscoso y José de Diego.

    Abogado del apelado: Sr. Pascasio Fajardo Martines.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En enero 19, 1912, la sociedad industrial mercantil de J. Bianchi Green & Co. quedó debidamente constituida me-diante escritura pública que contenía las siguientes cláusulas:

Cuarta: Son y serán gestores de la ameritada sociedad Don Juan Bianchi y Green y Don Alejandro Pruna y López, quienes tendrán juntos o separadamente la representación, dirección y administración de la compañía, con plenas facultades para todo linaje de actos y contratos sobre bienes inmuebles y muebles por compra, venta, per-muta, arrendamiento, préstamo, depósito, hipoteca, censos, servidum-bres, anticresis, prenda, transacción y compromiso, y cualquier otro contrato nominado o innominado en derecho, formalizándolos, extin-guiéndolos y cancelándolos mediante documentos públicos o privados de cualquier especie, pudiendo comparecer en juicio y fuera de él, ante los tribunales de justicia centros y funcionarios gubernativos y administrativos, cónsules, agentes diplomáticos, notarios y corredores de comercio; teniendo en fin, a todos los efectos jurídicos la represen-tación legal y completa de la sociedad.
“Como atribución especial y sin merma de las generales mencio-nadas, podrán los gestores conjunta o separadamente verificar el ingreso de la sociedad como miembro de otras compañías de igual o distinta naturaleza o en participación con ellas, de acuerdo con los preceptos de las leyes vigentes en la materia.
“En resumen, los gerentes de la sociedad J. Bianchi Green & Cía. en común o por separado, tendrán el uso de la firma social y ostentarán la personalidad de la compañía.
“Décima segunda: Queda prohibido a ambos socios el otorgamiento de fianzas o garantías en favor de terceras personas y no podrán tampoco verificar negocios algunos por cuenta propia con dinero de la sociedad. ’ ’

Por virtud de otro documento notarial de fecha diciem-bre 28, 19Í2, fué disuelta la sociedad y quedó nombrado como único liquidador de la compañía uno de los socios gestores, el Sr. Pruna y López, con plenas facultades para toda clase de actos y contratos.

Ninguna de diclias escrituras fueron inscritas liasta el día 27 de mayo de 1913, en cuya fecha se hicieron ambas ins-cripciones.

Se dictó sentencia contra dicha sociedad en liquidación en una acción sobre cobro de dinero basada en un pagaré que aparece redactado en los siguientes términos:

“Por $1,600 oro americano. Para el día 15 de febrero de 1914. Pagaré a Don Martín Arce o ,a la orden en esta ciudad el día 15 de febrero de 1914, la suma de mil seiscientos dollars moneda corriente, valor recibido de dicho señor y obligo a pagar al acreedor el interés de-mensual-desde — basta el total pago de la obligación. En caso de reclamación judicial obligo a pagar la suma de doscientos dóla-res para gastos y costas y además los honorarios ¡de abogados, sujetán-dome a la jurisdicción exclusiva de la corte de Mayagüez — a 17 de mayo de 1913. Firmado: J. Bianchi, Jr. Nos constituimos fiadores y principales pagadores mancomún y solidariamente con la misma obli-gación que el deudor director, pudiendo el acreedor conceder al deudor cuantas prórrogas estime conveniente, sin que por esto se desvirtúe la presente garantía que quedará subsistente hasta la completa extinción de la deuda. Mayagüez a 17 de mayo del 1913. Firmado: J. Bianchi G-reen y Cía. ’ ’

El primer señalamiento de error que se alega, es que lá corte inferior no tuvo en cuenta que la sociedad está muerta; que no existe, y que una demanda contra ella es una demanda contra un muerto. Se admite la existencia de cierta personalidad postuma del liquidador, pero el ape-lante insiste en que solamente el liquidador es quien puede ser demandado. No se hace citas de autoridades y no consta que semejante cuestión hubiera sido claramente promovida y resuelta en la corte inferior. Es verdad que la acción fué entablada contra “la sociedad mercantil J. Bianchi Green & Cía.” y que en la contestación formulada por “la socie-dad J. Bianchi Green & Oía. por medio de su liquidador y abogados,” se expresan los hechos arriba descritos res-pecto a la disolución y liquidación pendiente, pero la acción parece haber seguido su trámite con el consentimiento tácito y conocimiento de todos los interesados de que era una acción seguida contra la firma en liquidación. El demandante y apelado insiste en su alegato, en que la cuestión que fué some-tida a la consideración del juez de distrito era la de si la mercantil demandada quedaba o no obligada por la firma del nombre de la razón social puesta por J. Biancbi, Jr. La sentencia no es contra la primitiva sociedad sino contra la sociedad en liquidación, y las conclusiones de hecho y de derecho, si algunas fueron presentadas por el juez senten-ciador, no han sido incluidas en los, autos por el apelante. ,De modo pues que no consta que el apelante insistiera en tal teoría en la corte inferior, o que se hubiera llamado la atención de la corte sentenciadora en alguna ocasión de modo directo a la cuestión que de tal manera se trató de levan-tar en la apelación. Por el contrario, como ya ha sido suge-rido, todas las circunstancias. indican que se celebró un jui-cio, en- la suposición en que estuvieron conforme todos los interesados de'que era una acción contra la sociedad en liqui-dicación. No nos sentimos dispuestos, por tanto, a modificar la sentencia por este fundamento.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito come-tió error en no interpretar debidamente y aplicar varios artículos del Código de Comercio y del Código Civil. En obsequio a la brevedad es conveniente que citemos de una vez las prescripciones de estos códigos que han sido discu-tidas por las partes en sus respectivos alegatos. El deman-dante y apelado hace las siguientes citas:

(CÓDIGO DE COMERCIO.)
“Artículo 24. — Las escrituras de sociedad no registradas surtirán el ecto entre los socios que las otorguen, pero no perjudicarán a tercera persona, quien, sin embargo, podrá utilizarlas en lo favorable.
“Artículo 25. — Se inscribirán también en el registro todos los acuerdos o actos que produzcan aumento o disminución del capital de las compañías mercantiles, cualquiera que sea su denominación, y los que modifiquen o alteren las condiciones de los documentos inscritos. La omisión de este requisito producirá los efectos expresados en el .artículo anterior.
“Artículo 26. — Los documentos inscritos sólo producirán efecto legal en perjuicio de tercero desde la fecha de su inscripción sin que puedan invalidarlos otros, anteriores o posteriores, no registrados.
“Artículo 219. — La rescisión parcial de la compañía producirá la ineficacia del contrato con respecto al socio culpable, que se considerará ■excluido de ella, exigiéndole la parte de pérdida que pueda correspon-derle, si la hubiere, y quedando autorizada la sociedad a retener, sin darle participación en las ganancias ni indemnización alguna, los fon-dos que tuviera en la masa social, hasta que estén terminadas y liqui-dadas todas las operaciones pendientes al tiempo de la rescisión.
“Artículo 220. — Mientras en el registro mercantil no se haga el asiento de la rescisión parcial del contrato de sociedad, subsistirá la responsabilidad del socio excluido, así como la de la compañía, por todos los actos y obligaciones que se practiquen, en nombre y por cuenta ñe ésta, con terceras personas.
(REGISTRO MERCANTIL.)
‘‘Artículo 38. — Además de la inscripción de las escrituras a que se refiere el artículo 36 de este reglamento es obligatorio para las socie-dades inscribir:
* * * * * * *
“6. Su rescisión parcial y disolución total, excepto cuando ésta tenga lugar por la terminación del plazo por el cual se constituyó, siendo en este caso voluntaria la inscripción. ’ ’

El demandado y apelante cita:

(CÓDIGO DE COMERCIO.)
“Artículo 118. — Serán igualmente válidos y eficaces los contratos entre las compañías mercantiles y cualesquiera personas capaces de obligarse, siempre que fueren lícitos y honestos, y aparecieren cumpli- . dos los requisitos que expresa el artículo siguiente.
“Artículo 119. — Toda compañía de comercio antes de dar principio ■a sus operaciones, deberá hacer constar su constitución, pactos y con-diciones, en escritura pública que se presentará para su inscripción en ■el registro mercantil, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.
“A las mismas formalidades quedarán sujetas con arreglo a lo dis-puesto en el artículo 25, las escrituras adicionales que de cualquiera manera modifiquen o alteren el contrato primitivo de la compañía.
“Los socios no podrán hacer pactos reservados sino que todos debe-rán constar en ia escritura social.
“Artículo 120. — Los encargados de la gestión social que contravi-nieren a lo dispuesto en el artículo anterior, serán solidariamente res-ponsables para con las personas extrañas a la compañía con quienes-hubieren contratado en nombre de la misma.
“Artículo 121. — Las compañías mercantiles se regirán por las cláu-sulas y condiciones de sus contratos, y en cuanto en ellas no esté deter-minado y prescrito, por las disposiciones de este código.”
(CÓDIGO CIVIL.)
“Artículo 5. — Las leyes sólo se derogan por otras leyes posteriores; y no prevalecerá contra su observancia el desuso, la costumbre, o la práctica en contrario.
“Las leyes pueden ser derogadas, o entera o parcialmente por otras: leyes.
“Artículo 6. — La derogación es, o expresa o tácita. Es expresa cuando se declara literalmente por una ley posterior; es tácita cuando la nueva ley contiene preceptos que son o contrarios o irreconciliables con los de la anterior ley. La derogación de una ley derogatoria no restablece la primitiva ley derogada.
“Artículo 1186. — Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de é'stev.
‘ ‘ También harán prueba contra los contratantes y sus causahabien-tes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los pri-meros. ’ ’

El argumento del apelante es que según los términos de los artículos 118 y 119 del Código de Comercio la obligación-asumida a nombre de Bianchi, G-reen & Co. por J. Bianchi,. Jr., es nula porque a la fecha en que se otorgó el pagaré las escrituras de constitución no habían sido inscritas; que la omisión en inscribir la escritura de disolución no puede ser alegada por el demandante y apelado, a menos que se le-conceda el mismo efecto a la omisión en inscribir el docu-mento de constitución de la compañía, puesto que ambas fue-ron inscritas en la misma fecha, o sea diez días después de otorgado el pagaré. Los abogados del apelante admiten, como desde luego tienen que admitir, que de acuerdo con los artículos 24 y 26 el demandante y apelado no puede ser perjudicado ni privado de su cansa de acción por la omisión en inscribir el contrato social,, pero insisten en que en vista de las disposiciones del artículo 120, supra, el demandante y apelado debe demandar “a los encargados de la gestión social” de la firma personalmente y no a la firma; que si se confía en la escritura de constitución de la sociedad, ésta debe ser considerada en conjunto, y que la cláusula 12 de la misma prohíbe a ambos socios el otorgamiento de fian-zas o garantías en favor de terceras personas; y por último que los artículos 24 y 26 del Código de Comercio fueron dero-gados por el artículo 1186 del Código Civil interpretado en relación con los artículos 5 y 6 del propio código.

No existe incompatibilidad alguna entre el artículo 1186 del Código Civil y los artículos 24 y 26 del Código de Comer-cio. La escritura de disolución es prueba contra todo el mundo del hecho de que la sociedad quedó disuelta en la fecha que consta en ese documento, pero la cuestión de en qué forma y hasta qué punto habrá de afectar ese hecho a terceras personas que tienen negocios con dicha sociedad con posterioridad a dicha disolución y sin conocimiento de elh> es otra cuestión enteramente. Si A vende la misma pro-piedad primero a B y luego a C, cada escritura es prueba contra todo el mundo del hecho de la enajenación que en ella se hizo y de su fecha, pero el efecto legal de ninguna de las mismas depende única y exclusivamente de esos hechos. Como cuestión elemental de derecho sustantivo C nada ad-quiere porque habiéndose desprendido ya A de su título, nada tenía que vender; sin embargo, si C sin tener cono-cimiento de la venta anterior inscribe su escritura, antes de que B lo haga, entonces la propiedad pertenece a C.

Las demás alegaciones hechas por el apelante carecen igualmente de méritos y no es preciso que sean discutidas, extensamente. J. Bianchi no prestó una fianza o garantía por conveniencia de ningún tercero, sino que simplemente se valió del nombre de la firma no solamente como garantía para su obligación personal, sino como principal pagadora. junto con él. Sostener que los artículos 120 y 121 del Código de Comercio en relación con el artículo 4 del Código Civil limitan el remedio del demandante a una acción contra el individuo y probablemente contra un socio insolvente que indebidamente usó el nombre de la firma, sería eliminar la firma de la razón social del pagaré y borrar del Código de Comercio los artículos 24, 25 y 26. Véase también a Betancourt v. Anguiano et al., (pág. 1); Quintana Bros. & Co. v. Ramírez & Co. et al., 22 D. P. R. 396.

El texto de estos artículos es demasiado claro para que haya necesidad de interpretarlos, y debe confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey. :


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    F. Carrera y Hermano, Demandante y Apelante, v. The New York & Porto Rico Steamship Co., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios e injunction (nuevo juicio).
    No. 1489.
    Resuelto en julio 17, 1916.
    Nuevo Juicio — Accidente y Sorpresa — Artículo 221, No. 2, y 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. — Fundad» la petición de nuevo juicio en los ar-tículos 221, No. 2, y 140 del Código de Enjuiciamiento Civil alegándose que hubo ■ error en la redacción de cierta estipulación hecha en el juicio de la que aparece aceptarse todos los hechos de una demanda cuando en verdad no hubo la intención de aceptar la reclamación de daños y perjuicios como lo demuestra el hecho de defensa consignado en la misma estipulación y concedido el nuevo juicio, se confirmó la resolución porque si no estaba sos-tenida por el artículo 221, No. 2, lo estaba por el 140 del código citado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

      Abogados de la apelada: Sres. Charles Hartnell y F. Ra-mírez de Arellano.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación se estableció por la parte demandante contra resolución de la Corte de Distrito de Mayagiiez que con-cedió la celebración de un nuevo juicio fundándose en que bubo accidente o sorpresa por la parte demandada.

Ya-hemos dicbo en los casos de Santiago v. Vázquez, 15 D. P. R. 228, y en el de Fajardo v. Tió, 17 D. P. R. 338, que la concesión de un nuevo juicio, descansa grandemente en la discreción del juez que conoció del juicio; y en el de Rivero v. Hernández, 17 D. P. R. 904, bastante análogo al pre-sente y en el que el nuevo juicio se concedió también por acci-dente o sorpresa, se declaró lo siguiente: “Para que tal reso-lución se revoque los apelantes deben mostrar una razón muy poderosa. En el orden de los procedimientos la con-cesión o denegación de un nuevo juicio por e'1 fundamento de accidente o sorpresa, es una cuestión que debe dejarse ampliamente a la discreción de la corte inferior. Y a menos que se baya abusado de esa discreción, especialmente cuando se ba concedido el nuevo juicio, la corte de apelación seria-mente vacilará para intervenir con esa discreción. Este prin-cipio es casi uniforme en todas las autoridades, 29 Cyc. 103; y se citan los casos de Harper v. Wilkes, 76 Ga. 106, Shepherd v. Brenton, 15 Iowa 84.”

La demanda en este caso fue presentada en Io. de junio de 1915 y en ella alegaron los demandantes que la corpora-ción de transporte público Tbe New York & Porto Rico Steamship Co. les condujo a Mayagiiez 300 sacos de avena que habían comprado y pagado, los que con el consentimiento de la demandada empezaron a retirar del mjielle, pero cuando les quedaban aún 290 sacos se opuso la demandada a que los sacasen y los retuvo ilegalmente, causándole por ese acto los siguientes daños y perjuicios: por consultas con su abogado y confección de una escritura de requerimiento, $100; por dinero dejado de ganar en la venta de los 290 sacos de avena, $200; por pérdida de tiempo, molestias e incomodidades de la demandante, $2,800; total, $3,100. Por la súplica se pidió del tribunal que declarase que dicha avena era de la exclu-siva propiedad de la demandante y que en ella no tiene la demandada derecho, título o interés alguno, y que se la con-denase a pagarle $3,100 como indemnización por los daños y perjuicios, y que se decretara un injunction perpetuo pro-hibiéndole que realizase acto alguno contra el derecho del demandante a esos sacos de avena.

La contestación a la demanda hizo entre otras negati-vas la de que el flete por el trasporte no había sido pagado, pues si bien del conocimiento que le presentaron los deman-dantes a sus agentes en Mayagüez para retirar la avena resul-taba que el flete era prepayable, por lo que ordenaron la entrega, sin embargo, luego le avisó la oficina de San Juan de que no estaba pagado, siendo éste el motivo por el que se retuvo dicha avena ya que el cargamento según una cláu-sula del contrato de fletamento está afecto a un gravamen (lien) para el pago del mismo; también negó que se cau-saran a los demandantes los daños y perjuicios que recla-man, salvo gastos de abogado y notario, pues la suspensión en la entrega fué de carácter momentáneo.

La defensa de la demandada fué que el flete no se había pagado, por lo que tenía el derecho de retención y como con-secuencia que no debía daños y perjuicios. Celebrado el juicio el juez de distrito dictó sentencia de conformidad con todas las peticiones de la demanda fundándose en que du-rante el juicio hicieron las partes la siguiente estipulación que fué confeccionada y dictada al taquígrafo por los abo-gados de las partes^, a saber:

“Estipulación: los demandados aceptan todos los hechos de la de-manda, excepto que la avena fuera de la absoluta propiedad de la demandante, porque los fletes no estaban- pagados, ni antes, ni en el día de la suspensión de la entrega, y que los fletes fueron pagados en 3 de julio de 1915.
“La demandante no acepta como cierto qne los fletes no hubieren sido pagados antes de la entrega de la avena, ni en el día de la suspen-sión de la entrega. ’ ’

A nuestro modo de ver las cosas, como en la estipula-ción se afirma qne el pago del flete se hizo mucho tiempo ■después que la mercancía fné retenida, hecho negado por los demandantes, quedaba viva entre las partes esa cues-tión y la consiguiente del derecho de retención, así como la de los perjuicios qne se reclaman, pues alegando la deman-dada la falta de pago del flete y su consiguiente derecho de retención, era consecuencia lógica que negaba también de-ber perjuicio por dicha retención. Sin embargo, resuelto por el juez inferior en.su sentencia que una vez que hizo la entrega ele la mercancía desapareció su derecho de retención, tomó en cuenta literalmente la estipulación y, sin más prueba, condenó al pago de toda la cantidad reclamada, aunque con-signando que la cuantía de los daños puede haber sido un descuido toda vez que es muy posible que resultara excesiva después de las pruebas.

Después de esto fué que se solicitó el nuevo juicio por el fundamento consignado en el número 2o. del artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Civil y 140 del mismo código, alegando que fué un error el consignar la estipulación en esos términos y una sorpresa en cuanto al alcance que se daba a la estipulación, que no fué su intención nunca el acep-tar la cantidad reclamada por daños, según el convenio verbal que se hizo ante la corte antes de reducirlo a escrito; y que el- error se debió a no entender bien el abogado principal de los demandados el idioma en que se redactó la esti-pulación.

Estamos convencidos de que efectivamente hubo un error en- la redacción de la estipulación y en el alcance que se le dió, que quizás a pesar de sus palabras no dice* lo que la corté siguiendo al pie de la letra las palabras de la estipu-lación entendió que decía, y que se hizo justicia al conceder el nuevo juicio si no por el No. 2o. del artículo 221, por el 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, por lo que sin entrar a considerar otras cuestiones de poca monta propuestas por la parte apelante, debemos confirmar la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Figuerella, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de Ja Corte de Distrito de San Juan,. Sección Segunda, en causa por infracción de la Ley do Farmacia.
    No. 1052.
    Resuelto en julio 18, 1916.
    Infracción de la Ley de Farmacia — Expedición y Registro de la Licencia— Farmacia. — Sólo después de haberse obtenido la licencia y de haberse regis-trado ésta en la oficina del inspector general de Sanidad, es que puede ejer-cerse la profesión de farmaeia en Puerto Rico, en cualesquiera de las formas que la ley espeeifiea, sin que sea suficiente el heeho de que el peticionario hubiera pasado satisfactoriamente el examen de las materias exigidas para la obtención del diploma y el envío a la Junta do Farmacia del importe de los derechos correspondientes.
    Los hechos están expresados en la opinión. •
    Abogado del apelante: Sr. Antonio Trujillo Güil.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una infracción a la llamada ley de farmacia. Se acusó a Arturo Figuerella de que en la calle de Méndez Yigo del pueblo del Dorado, maliciosa y voluntariamente po-see e ilegalmente representa una botica que lleva su nombre, sin que tenga el certificado que exige la ley para el ejercicio de esa profesión.

No hay duda alguna con respecto a la certeza del hecho que se imputa al acusado, pero éste sostiene que habiendo demostrado en el acto de la vista que había pasado satis-factoriamente el examen de las materias que la ley requiere para la obtención del diploma de farmacia; y que había enviado a la junta el importe de los derechos exigidos por la misma ley, estaba en condiciones de ejercer su profe-sión sin esperar a que se cumpliera la formalidad de la en-trega de la licencia y su registro en la oficina del inspector general de Sanidad.

No tiene razón el acusado. _ La ley es clara y terminante. Sólo después de haberse obtenido la licencia y de haberse registrado ésta en la oficina del inspector general de Sani-dad, es que puede ejercerse la profesión de farmacia en Puerto Rico, en cualquiera de las formas que la ley espe-cifica. Véase la ley autorizando la organización de una junta de farmacia de 1906, enmendada en 1910, especialmente sus secciones 10, 14, 18, 20 y 21.

En tal virtud se ha cometido por el acusado la infrac-ción que prevé y castiga la sección 21 de la indicada ley, y debe confirmarse la sentencia recurrida que lo condenó por ello a pagar cincuenta pesos de multa y en su defecto un día de cárcel por cada peso que dejare de satisfacer.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

text:
    Aponte Et Al., Demandantes y Apelantes, v. Verdiales, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa sobre división de comunidad y entrega de bienes hereditarios con usufructo.
    No. 1389.
    Resuelto en julio 18, 1916.
    Comunidad de Bienes — Bienes en Comunidad — Jurisdicción'—Conflicto de Derecho — Deber del Juez Sentenciador. — Cuando resulta de las alegaciones y las pruebas que tres personas distintas tienen derecho al dominio de una sola finca rústica; que la porción ideal de cada una de esas personas es perfec-tamente eonooida; que en la realidad, sobre el terreno, jamás han sido fijadas, deslindadas o individualizadas dichas participaciones, y que dos de las per-sonas indicadas están enteramente conformes en que cese el estado de indeter-minación material fija y concreta de sus derechos sin que hubieren podido llegar a un acuerdo con la otra, la corte debe resolver el conflicto así plan-teado y no dilatar su actuación definitiva porque no pueda calificarse con toda precisión la clase de acción ejercitada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Scoville <& Kelley.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Las demandantes, las hermanas Gertrudis y Francisca Aponte,' expresando que su demanda versa sobre división de propiedad y entrega de bienes hereditarios, alegan en ella que son dueñas, a título de herencia,, de cierta finca rús-tica, de nueve cuerdas, radicada en el barrio de Florida, de la isla de Vieques; que una de ellas, Gertrudis, vendió al demandado José Eustaquio Verdiales una cuerda y un cuarto de otra para ser entregadas cuando se hiciera la divi-sión de la finca entre las demandantes; que el demandado desde 1906 tomó posesión indebida e ilegalmente de la tota-lidad de la finca con excepción de una cuerda que estaba ocupada por la demandante Gertrudis; que el valor de la finca que indebidamente posee el demandado es el de $700 y el valor en arrendamiento de cada cuerda $10 anuales, y que a la demandante Gertrudis corresponden tres cuer-das y un cuarto de otra, a la otra demandante Francisca cuatro cuerdas y media y al demandado una cuerda y un cuarto. ■ Y basándose en tales alegaciones, las demandantes pidieron a la corte que condenara al demandado a practi-car la división de la finca y a entregar a las demandantes sus participaciones en la misma, con más lo que hubieran producido las tierras ocupadas arrendadas, y las costas, gas-tos y honorarios de abogado.

El demandado contestó la demanda negando todas y cada una de sus alegaciones.

Celebrado el juicio, la corte de distrito declaró probado que las demandantes son herederas de su finado padre José Manuel Aponte, muerto el 12 de noviembre de 1905; que Aponte era el dueño de la finca que se describe en la demanda, y que el demandado tomó posesión ilegalmente de dicha finca con excepción de una cuerda que ocupaba la demandante Gertrudis Aponte.

Esto no obstante, estimando la corte que la acción ejer-citada por las demandantes parecía' basarse en el artículo 407 del Código Civil, opinó que era improcedente porque:

"Para que pueda establecerse con éxito la acción conmvmi divi-dundo, es requisito indispensable ¡que se hallen todos los litigantes en posesión indivisa y común de la heredad, siendo imposible el ejercicio de tal acción, cuando cualquiera de los condueños se encuentra en el disfrute exclusivo de la cosa1 común o de cualquiera; parte de ella.
"Y según las alegaciones de la demanda, Gertrudis Aponte, una de las demandantes, está en posesión de una cuerda de la finca en liti-gio, mientras Eustaquio Verdiales, el demandado, disfruta de ocho cuerdas o sea la mayor parte de la heredad. De suerte que no sola-mente no están los distintos condueños en posesión de la finca reseñada en común y proindiviso, sino que aparece por el contrario, que el de-mandado obtuvo una cuerda y un cuarto de otra, mediante un contrato de compraventa. De donde resulta, que el demandado es dueño de una porción determinada de la finca, más no de un condominio; y que una de las demandantes, Gertrudis Aponte, es dueña asimismo de otra cantidad determinada de la finca, quedando demostrado así que no existe comunidad de derechos.”

La sentencia se dictó sin perjuicio de cualquier otra acción que pudieran ejercitar las demandantes y contra ella se inter-puso el presente recurso de apelación.

Antes de entrar en el estudio y resolución, de las cues-tiones envueltas en este recurso, deseamos consignar que la prueba practicada en el acto de la vista demostró, además, que las demandantes Gertrudis y Francisca Aponte arren-daron, respectivamente, al demandado, una cuerda y dos cuer-das y media, constando por escrito el arrendamiento de las dos cuerdas y media a razón de quince pesos anuales por cada cuerda y por término de odio años. Ambos arrenda-mientos se verificaron después de interpuesta la demanda que lleva fecha 22 de diciembre de 1911. La sentencia ape-lada se dictó el 11 de noviembre de 1914.

¿Qué acción se ejercita en realidad de verdad en este caso? La corte sentenciadora la calificó de acción communi dividundo o sea “la que compete directamente por razón del dominio a cada uno de los dueños de la cosa común, contra los demás condueños, para obligarles a la partición y adjudicación, entregando a cada partícipe lo que corres-ponda.” Véase la Enciclopedia Jurídica Española, tomo 1, p. 446.

La parte apelante está conforme con la calificación de la corte sentenciadora, pero no con las consecuencias que deriva de ella. “Nosotros,” dicen los apelantes en su ale-gato, página 6, “no necesitamos reivindicar, esto es, esta-blecer la acción genérica reivindicatoría. Ejercitamos la de división de comunidad contra el comunero que prescinde de derechos sagrados ajenos, y dentro de esa acción, como con-secuencia, la de entrega de participación que es una reivin-dicación específica creada por la ley.”

A nuestro juicio no están desprovistas del todo de razón las apelantes. Si bien no es el presentado por ellas el caso típico de una comunidad de bienes, no puede negarse que resulta probado que tres personas distintas tienen derecho al dominio de una sola finca rústica; que la porción ideal de cada mía de esas personas es perfectamente conocida, a saber: en una totalidad de nueve cuerdas, .cuatro y media corresponden a una, tres y cuarto a otra y a la restante una y cuarto; que en la realidad, sobre el terreno, jamás han sido fijadas, deslindadas o individualizadas dichas participa-ciones, y que dos de las personas indicadas están entera-mente conformes en que cese el estado de indeterminación material fija y concreta de sus derechos y no habiendo podido llegar a un acuerdo con la otra, acuden a los tribunales y prueban la verdad de sus alegaciones.

El conflicto es evidente. La corte tiene ante sí todos los datos necesarios para resolverlo en justicia. Ha adqui-rido jurisdicción sobre todas las partes interesadas y a nues-tro juicio no debe dilatar su actuación definitiva porque no pueda calificarse con toda precisión la clase de acción ejer-citada por las demandantes;'

En cuanto a la reclamación por el producto de las tie-rras que se hace en la demanda, diremos que se probó en el juicio que una cuerda de terreno de la clase de las que forman la finca de que se trata en este pleito produce en arrendamiento de diez a veinte pesos anuales. El mismo demandado arrendó dos y media a una de las demandantes a razón de quince pesos anuales por cuerda. Sin embargo la demanda sólo fija diez pesos. T se probó además que el demandado ocupó por lo menos desde la fecha alegada en la demanda, o sea desde julio de 1906, ocho cuerdas, de las cuales seis y tres cuartos lo fueron sin derecho alguno hasta la fecha de la interposición de la demanda, diciembre 1911. Después de la interposición de la demanda, sin que conste con exactitud la fecha, el demandado arrendó una cuerda a la demandante Gertrudis y dos y media a la demandante Francisca, de suerte que la ocupación ilegal se redujo a una cuerda y cuarto en cuanto a la demandante Gertrudis y a dos en cuanto a la demandante Francisca. Calculado el pro-ducto a diez pesos la cuerda, dos cuerdas y cuarto durante cinco años y medio producirían $123.75 y cuatro y media $247.50, viniendo en tal virtud obligado el demandado a pagar a la demandante Gertrudis Aponte $123.75 y el producto de una cuerda y cuarto calculado a razón de diez pesos por cuerda desde enero de 1912 hasta la fecha en que se ejecute la sentencia y a pagar de igual modo a la otra demandante Francisca Aponte la suma de $247.50 y el producto de dos cuerdas de terreno calculado a diez pesos al año por cada cuerda desde enero de 1912 hasta la fecha en que se ejecute la sentencia.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que debe decía-rarse con lugar el recurso y revocarse la sentencia recurrida dictándose otra por la cual se ordene al demandado que prac-tique o consienta en su caso que se practique la división de la finca de nueve cuerdas de que se trata, en la siguiente forma: cuatro y media para Francisca Aponte, tres y cuarto para Gertrudis Aponte y una y cuarto para el propio deman-dado José Eustaquio Verdiales; que entregue o que consienta en su caso que se entreguen sus participaciones a las deman-dantes y que les pague las sumas indicadas, con más las cos-tas, gastos y honorarios de abogado. Se concederá a las partes un término de diez días para que practiquen de común acuerdo la división material de la finca, y si así no lo hicie-ren, entonces que procedan a pedir a la corte de distrito el nombramiento de un partidor, debiendo seguirse en la partición las disposiciones del Código Civil referentes a la comunidad de bienes, las del mismo código' concernientes a la división de la herencia y las correlativas de la ley de procedimientos legales especiales que sean pertinentes.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra ordenando la división material de la finca de que se trata y entrega de las participa-ciones•, con costas, gastos y honorarios de abogado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Nazario, Demandante y Apelante, v. Atlas Assurance Co., Limited, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1443.
    Resuelto en julio 19, 1916.
    Alegaciones Jurabas — Juramento Defectuoso — Conocimiento de los Hechos por el Abogado. — Es abiertamente defectuoso, de acuerdo con el artículo 13 S del Código de Enjuiciamiento Civil el juramento por el abogado de una con-testación en que sólo manifiesta que es eierto lo en ella plegado, constándole su certeza de propio conocimiento, excepto lo que se alega por información y creencia que también cree cierto, cuando ni en la misma contestación ni en el juramento expresa qué hechos conoce de una manera y cuáles de otra.
    Id. — Contestación—Juramento por Persona Distinta del Demandado — Id. por el Abogado. — Una contestación puede ser jurada por otra persona que cono-ciera los hechos que no sea el demandado, aunque no fuere parte en el juicio, como así se desprende del artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil, cuando el demandado estuviere imposibilitado de verificarlo por no serle aqué-llos conocidos, pero deberá consignarse en la declaración escrita y jurada ¡a razón por la cual no lo hace el demandado. Si ni la parte, ni la persona eon conocimiento de los hechos, pudiera verificar el juramento y la contestación se jurase por el abogado, es deber de éste expresar tal circunstancia en el ■ juramento para que pueda producir efectos legales.
    Id. — Juramento por Agentes Autorizados — -Partes en la Acción. — Los agentes autorizados de una compañía al formularse la contestación pueden jurar ésta eon arreglo al último párrafo del artículo 118 del Código de Enjuiciamiento-Civil, en el caso de que no pudiera verificarlo su representante anterior en la fecha del contrato, pues la circunstancia de ser tales agentes autorizados de la demandada les da el carácter de partes en el pleito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    La apelada no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por la. demandante Catalina Nazario, viuda de Buil, contra sen-tencia que en 22 de noviembre de 1915 pronunció la Corte de Distrito de Mayagüez sosteniendo moción de non-suit de la parte demandada, fundada en la insuficiencia de la prueba, y desestimando en su consecuencia la demanda con sobresei-miento y archivo del caso y costas, gastos, desembolsos y honorarios de ahogados a cargo de la demandante.

En la demanda, que ha sido jurada, se alega:

Io. Que la demandada es una corporación dedicada al negocio de seguros contra incendio, con oficina principal en Cheapside, Londres, y autorizada para hacer negocios en Puerto Rico, teniendo oficina en Mayagüez bajo el nombre, de Sánchez Morales & Co., a cargo de Luis P. Sánchez.

2o. Que hacia el 3 de abril de 1913 la demandante era dueña de una casa terrera de manipostería situada en la calle Peral, No. 2, de la ciudad de Mayagüez.

3o. Que en la fecha indicada celebró con la demandada por conducto de sus agentes J. T. Silva y Cía., S. en C., hoy en liquidación, un contrato de seguro contra incendio, por tér-mino de un año a contar desde 3 de abril de 1913 y a vencer a las cuatro de la tarde de igual día y mes de 1914, sobre la casa mencionada, consignándose el contrato por la suma de $1,300 en la póliza No. 7821572, suscrita por los referidos agentes de la demandada.

4o. Que en atención a mejoras efectuadas en la dicha casa, la demandante en 3 de abril de 1914 propuso a la demandada por conducto de sus agentes la celebración de un nuevo con-trato de seguro sobre la misma finca por valor de $2,000 a contar desde la fecha de la aceptación.

5o. Que esa aceptación tuvo lugar en 6 de abril de 1914 quedando celebrado el contrato por término de un año, pa-gando a la demandada el premio correspondiente, y exten-diéndose el nuevo contrato en la póliza No. 7821873 que sus-cribió la demandada por medio de sus agentes J. T. Silva y Cía., S. en C., en liquidación, en la misma fecha 6 de abril de 1914.

6o. Que en la madrugada del día 4 de abril de 1915, la casa asegurada fué accidental y totalmente destruida por un incendio.

7o. Que al día siguiente, 5 de abril, queriendo proceder al cobro de la póliza No. 7821873, cuyo documento había guai% dado sin leerlo ni revisarlo en la firme creencia de que el vencimiento de su término se había hecho constar para el día 6 de abril de 1915, según lo convenido y aceptado por demandante y demandada, encontró que en el contrato se había consignado equivocadamente por la demandada que la póliza vencía a las cuatro de la tarde del día 3 de abril de 1915 cuando en realidad era a las cuatro de la tarde del día 6 de abril de 1915, o sea, al año de la fecha en que fué suscrito.

8o. Que hacia el 5 de abril de 1915 la demandada por con-ducto de su oficina en Mayagüez reconoció y aceptó ante valias personas y en un telegrama suscrito con la firma Sán-chez Morales y Cía., dirigido a los agentes J. T. Silva y Cía., S. en C.; en liquidación, bajo la clave “Silvaco” que el con-trato de seguro de que se deja becbo mérito fue concertado y quedó consumado en 6 de abril de 1914 y venció en 6 de abril de 1915, lo cual, según alega también la demandante, aparecía de los libros y datos de la oficina de la demandada en Mayagüez.

9o. Que la demandada se niega a pagar a la demandante la suma de $2,000 importe del aseguro, a pesar de baber sido requerida al efecto.

La demanda concluye con la súplica de que se condene a la demandada a pagar a la demandante la suma de $2,000, intereses legales desde la interposición de la demanda, y el importe de las costas, desembolsos y honorarios de abogado.

La demandada al contestar la demanda bajo juramento de su abogado opuso a ella la excepción previa de que no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción y además formuló las siguientes negaciones:

Ia. Que tenga ni baya tenido una agencia o sub-agencia que la represente en Mayagüez bajo el nombre de Sánchez Morales y Cía., pues la casa de Sánchez Morales y Cía., de Mayagüez, a cuyo frente se encuentra Luis F. Sánchez, es solamente una agencia solicitadora de seguros, sin facultades para representar a la compañía demandada, siendo el único agente autorizado de ella en Puerto Eico actualmente la casa de Sánchez Morales y Cía., de San Juan, y la casa de J. T. Silva y Cía., S. en C., sucesores, de San Juan, en las fechas a que sé refieren los hechos ocasionales del pleito.

2a. Que el día 3 de abril de 1914 le propusiera la deman-dante la celebración de mi nuevo contrato de seguro por $2,000 pues lo que solicitó la demandante fué la ampliación de la suma asegurada de $1,300 a $2,000 de la casa de que se trata, por ún año más a contar desde el vencimiento de la primera póliza o sea desde abril 3, 1914.

3a. Que sus agentes expidieran póliza alguna a favor de-la demandante por un año a contar desde abril 6, 1914.

4a. Que el convenio de renovación y ampliación de la póliza, extendida a favor de la demandante fuese por un año a contar desde abril 6, 1914, pues realmente fue desde el ven-cimiento de la anterior póliza en 3 de abril de 1914, por un. año a expirar en igual fecba de 1915, habiendo aceptado la demandante dicha póliza sustituía y satisfecho el importe-del premio correspondiente.

5a. Que en 5 de abril ni en otra fecha alguna haya aceptado* y reconocido en telegrama o en otra forma que el contrato-de seguro venciera el día 6 de abril de 1915, y que tal recono-cimiento apareciera de los libros y datos de la oficina de-Sánchez Morales y Cía., de Mayagüez.

6a. Que adeude la suma de $2,000 a la demandante, ni otra, cantidad.

Alegó también la demandada como materia nueva consti-tutiva de defensa: (a) Que al solicitar la demandante de 'la* compañía demandada la renovación y ampliación de su póliza por conducto de los agentes solicitadores de Mayagüez, Sán-chez Morales y Cía., impuso como condición que continuara en vigor el seguro de los $1,300 del primer año y se ampliara $700, sin admitir que la compañía lo tratase como un nuevo* seguro. (b) Que durante el mes de abril de 1915 los únicos-agentes autorizados para representar a la demandada en Puerto Rico eran J. T. Silva y Cía., Sucesores, de San Juan,, y que en aquella fecha Sánchez Morales y Cía., de Mayagüez,. eran únicamente agentes solicitadores de la compañía, sin-autorización para representarla ni obligarla legalmente.

La contestación termina con la súplica de que se declare-sin lugar la demanda condenando a la demandante al pago-de las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.

En el día señalado para la celebración del juicio, 22 de-noviembre de 1915, la demandante presentó moción a la corte para que se eliminara de la contestación a la demanda el juramento que suscribía el licenciado Frank Martínez por ser insuficiente y carecer de eficacia legal, y que en el caso de que aquella eliminación fuera declarada sin lugar se eliminaran varias alegaciones, unas por no constituir negativa específica de lieelios de la demanda, otras por no establecer una buena defensa u oposición y otras por constituir materia imperti-nente, argumentativa, evasiva y redundante.

La corte denegó dicba moción por estimar que el jura-mente era suficiente y que se habían negado específicamente los becbos esenciales de la demanda, cuya resolución fué ex-cepcionada por la demandante.

Terminadas las pruebas de la demandante, la demandada hizo una moción de non-suit que sostuvo la corte, por enten-der que la prueba era claramente insuficiente para dar de-recho a reclamar a la demandante, y en su consecuencia dictó en los términos ya indicados la sentencia apelada.

La parte demandante-apelante en su alegato escrito ante esta Corte Suprema alega entre otros motivos para pedir la revocación de la sentencia apelada que la corte cometió error al no eliminar el juramento del abogado Frank Mar-tínez que aparece en la contestación de la demanda, infrin-giendo así el artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La parte apelada no ha comparecido a impugnar el recurso.

El juramento que figura al pie de la contestación de la demanda, dice así:

“Frank Martínez, mayor de edad, abogado, casado, vecino de San Juan de Puerto Rico, debidamente juramentado declara:
“Que es uno de los abogados de la compañía demandada en el caso arriba expresado; que lia leído la contestación que antecede y conoce su contenido y que la misma es cierta, constándole su certeza de conocimiento propio, excepto en cuanto a lo en ella alegado por información y creencia y en cuanto a esto también la cree cierta.
“Que jura esta contestación el abogado y no los agentes de la compañía, por serle conocidos los hechos al abogado y no a los ac-tuales agentes Sres. Sánchez Morales y Oía. Firmado: Frank Mar-tínez. No_
“Juradlo y suscrito ante mí por Frank Martinez, mayor de edad, abogado, casado, vecino de San Juan, a quien conozco personalmente, boy cinco de octubre de 1915. Firmado: Francisco Azuar. Secre-tario, Corte de Distrito.”

El juramento transcrito no se ajusta a los preceptos del artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Ese artículo prescribe que en todos los casos de alega-ciones juradas, la declaración escrita y jurada de la parte deberá afirmar que le consta por propio conocimiento que es cierto lo alegado, excepto en cuanto a las materias que en ■dicha declaración manifieste conocer por su información o creencia, en cuyo caso expresará que las cree ciertas, debiendo hacerse el juramento de las alegaciones por declaración es-crita y jurada de la parte, a menos que se hallare ausente del distrito en que residiere su abogado o por cualquier otra causa estuviere imposibilitada de verificarlo cuando los hechos sean conocidos de su abogado u otra persona que los jurare.

Al resolver el caso de Vázquez Prada v. Rossy, 20 D. P. R. 194 y 196, dijimos:

"El artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil permite que el abogado jure por su cliente en alguno de estos tres casos: Io. Por la ausencia de la parte del distrito donde su abogado resida; 2o. Por la imposibilidad de la parte por alguna otra causa para prestarlo; y 3o. Cuando los be.cbos son conocidos por el abogado. En este último caso es que no puede el abogado jurar por información y creencia y que es aplicable la doctrina expuesta en el caso Silcox v. Land, 78 Cal. 121 * * *. Cuando el abogado presta el juramento en alguno de los. otros dos casos, * * * entonces no está constreñido a hechos que le consten de propio conocimiento. Sin embargo cuando el jura-mento se hace basado en hechos que constan de propio conocimiento y en otros por información o creencia que se cree cierta, deberá expre-sarse en la alegación que se jura o en el propio juramento cuáles se conocen de una manera y cuáles de otra. Rivera v. Cámara, 17 D. P. R. 533.”

En el presente caso el abogado de la parte demandada, Erank Martínez, claramente manifiesta bajo el juramento prestado que la contestación es cierta, constándole su cer-teza de conocimiento propio, excepto lo en ella alegado por información y creencia y que esto también lo cree cierto; pero en la contestación no dice cuáles hechos conoce por informa-ción que cree cierta y cuáles por propio conocimiento, y tam-poco en el mismo juramento expresa qué hechos conoce de una manera y cuáles de otra.

El juramento es abiertamente defectuoso y no puede pro-ducir efectos legales. 31 Cyc. 542.

“Los juramentos son actos solemnes que deben realizarse cons-cientemente, dándose cuenta su autor de la responsabilidad que con-trae, y deben hacerse constar en forma clara y precisa y no de modo Yago e indeterminado.”

Pérez v. El Consejo Ejecutivo, 16 D. P. R. 712.

Alega la parte apelante que la contestación debió ser jurada por uno de los oficiales de J. T. Silva y Cía., S. en C., en liquidación, que eran los representantes de la demandada en las fechas a que se refiere la demanda, y, por tanto, los llamados a conocer y jurar los hechos que habían de aducirse en contra de los alegados por la demandante, mientras el letrado Sr. Martínez no explicara el motivo de no prestar el juramento uno de los oficiales de J. T. Silva y Cía.

Entendemos que la contestación ha podido ser jurada por J-. T. Silva y Cía., S. en C., en liquidación, aunque no fuera parte en el juicio como así se desprende del artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil al establecer que el jura-mento de las alegaciones se hará por declaración suscrita y jurada de la parte, exceptuando entre otros el caso de que estuviere imposibilitada de verificarlo por ser los hechos cono-cidos de su abogado u otra persona que los jurare, y lo corro-bora el mismo artículo al prescribir que cuando la alegación sea jurada por el abogado o por cualquiera otra persona y no por. las partes, deberá consignarse en la declaración escrita y jurada la razón por la cual no lo hace una de las partes. J. T. Silva y Cía., S. en C., era la llamada a jurar la contes-tación, y de no poder verificarlo, lia debido expresarlo así el abogado Martínez en su juramento para que éste produjera efectos legales.

Sostiene además la representación de Catalina Nazario que la afirmación lieclia en su juramento por el abogado Mar-tínez de que los hechos de la contestación no eran conocidos a los actuales agentes Sánchez Morales y Cía., no constituye excusa suficiente para que aquél jurara, pues siendo Sánchez Morales y Cía. un'nombre colectivo bajo el cual se compren-den varias personas y oficiales, debió manifestar que los hechos de la contestación no eran conocidos por oficial alguno de dicha corporación, pues podía acaecer que entre los oficiales hubiera uno que conociera los hechos, siendo ése en caso afir-mativo el llamado a prestar el juramento.

Nos parece que siendo Sánchez Morales y Cía. los agen-tes autorizados en Puerto Pico de la compañía- demandada cuando se formuló la contestación, según se admite en ella, esa compañía podía haber prestado el juramento en el caso de que no pudiera verificarlo la agente anterior, o sea J. T. Silva y Cía., S. en C., pues la circunstancia de ser agente autorizado Sánchez Morales y Cía., de la compañía deman-dada, le daba el carácter de parte en el pleito y podía jurar la contestación por cualquiera de los oficiales de la misma con arreglo al último párrafo del artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil. Si ninguno de los oficiales de Sánchez Morales y Cía. tenía conocimiento de los hechos por ciencia propia o por referencia, debió expresarse así en el juramento, no siendo bastante, por tanto, la causa alegada de que los hechos fueran desconocidos a los actuales agentes Sánchez Morales y Cía. para que el abogado Frank Martínez prestara el juramento.

Ya sea que el abogado Martínez no fuera el llamado a prestar el juramento de la contestación, ya sea que lo pres-tara sin los requisitos exigidos por la ley, dicho juramento es substancialmente defectuoso, y, por tanto, la corte cometió el error que se le atribuye, el que por sí solo apareja la revocación de la sentencia apelada sin necesidad de disentir los •demás motivos alegados por la parte apelante; pero tratán-dose de un defecto que es susceptible de enmienda según esta-blecimos al resolver el caso de Vendrell v. Pellot, 21 D. P. R. 149 y 154, opinamos que debe revocarse la sentencia apelada y concederse permiso a la parte demandada a fin de que dentro del término que se le fije pueda enmendar su contes-tación jurada, continuándose luego el pleito de acuerdo con la ley.

Es de revocarse la sentencia apelada en los términos que dejamos expuestos.

Revocada la sentencia apelada concediendo permiso a la demandada para enmendar sn contestación jurada y continuándose la tra-mitación del pleito de acuerdo con la ley.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey' y Hutcliison.


text:
    Díaz, Peticionario y Apelante, v. El Pueblo, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en un recurso de habeas corpxis.

    No. 1054.
    Resuelto en julio 19, 1916.
    Desacato — Falta de Comparecencia del Acusado Después de Citado — Sen-tencia. — Si cometido un desacato a presencia de la corte, ésta da al acusado una amplia oportunidad para explicar su conducta, citándolo debidamente para determinados sitio, día y hora, y el acusado falta en comparecer, la corte puede proceder a dictar sentencia sin más trámites.
    Id. — Mandamiento de Prisión — Conducta Desdeñosa — Interrupción de Pro-cedimientos Judiciales. — Aun cuando en el mandamiento para la prisión del acusado en procedimiento por desacato firmado por el juez de acuerdo con el estatuto, no se haga constar de manera expresa que la conducta desdeñosa hacia el tribunal en presencia del mismo fué tendente a interrumpir sus pro-cedimientos, es suficiente el mandamiento si tal circunstancia se infiere de los hechos consignados en el mismo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

      El apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación contra resolución dictada en un procedimiento de habeas corpus.

Ernesto Díaz Arana presentó su solicitud, y expedido el auto, de su diligenciado resultó que había sido condenado por la Corte Municipal de Bayamón como autor de un delito de desacato a sufrir la pena de un día de cárcel y pagar dos pesos de multa porque en el momento de proceder la dicha corte a dictar sentencia en la causa de El Pueblo v. Morales y otros, por alteración de la paz, el dicho Díaz Arana, abogado defensor de los acusados, antes de que el juez ter-minara de pronunciarla, en forma incorrecta y en actitud desdeñosa, mostró en alto un escrito de apelación contra un fallo que aun no había terminado de dictarse y tuvo para la corte maneras despectivas y gestos de desdén.

La corte de distrito rechazó finalmente la solicitud y el peticionario apeló entonces para ante este tribunal sin que presentara alegato por escrito en apoyo del recurso, ni com-pareciera a la vista del mismo celebrada el once de julio actual.

De un pliego de excepciones que forma parte de la trans-cripción aparece que una vez presentado el mandamiento por virtud del cual se redujo a prisión al peticionario, sus abogados

“establecieron excepciones previas al return, alegando sustancialmente lo que sigue: el return del alcaide no justifica la prisión del peticio-nario porque la Corte Municipal de Bayamón no tenía jurisdicción para castigar por desacato a Ernesto Díaz Arana por los hechos que aparecen en el mandamiento, donde se dice que observó una conducta desordenada y desdeñosa levantando en alto un escrito de apelación antes de dictarse sentencia por la corte en un caso en que el peticio-nario era abogado y haciendo gestos, etc., etc.; sin .expresar que esos gestos y esa conducta interrumpiera el procedimiento del tribunal y sin establecer además si la corte al encontrar culpable al peticionario le hizo comparecer ante ella para castigarlo y si estaba presente el peticionario cuando se le castigó sumariamente.”

La segunda de las cuestiones suscitadas carece de impor-tancia. No obstante haberse cometido el desacato a la pre-sencia de la corte, ésta dió al acusado una amplia oportu-nidad para que explicara su conducta, citándolo debidamente para determinados sitio, día y bora. El acusado faltó en comparecer y la corte procedió entonces a dictar su sen-tencia. La ley sólo exige que se dé al acusando la oportu-nidad que se le dió en este caso y en tal virtud no cometió error alguno al proceder la corte en la forma en que lo liizo. Véase la sección 3 de la ley de desacato de 1902, enmendada en 1906.

La primera cuestión reviste mayor importancia. La ley exige en verdad para que se entienda cometido el desacato que la conducta desdeñosa hacia el tribunal en presencia del mismo sea “teiídente a interrtimpir sus procedimientos. ’ ’ (Sec. 1 de la ley antes citada.) Y es lo cierto que exami-nado el mandamiento firmado por el juez de acuerdo coir el estatuto, se encuentra que falta tal circimstancia hecha cons-tar de una manera expresa. Pero si bien esto es así, no puede negarse que implícitamente se infiere de los hechos consignados en el mismo, que la conducta del acusado no sólo tendió a interrumpir sino que necesariamente debió pro-ducir la interrupción de los procediñiientos de la corte en la causa de que se ha hecho mérito.

En el caso Ex parte Pesquera, 17 D. P. R. 736, 738, esta corte se expresó así:

“La primer cuestión que surge de los autos, es la que se refiere a la facultad de la corte de distrito, en procedimientos de habeas corpus, para examinar los.hechos en que se fundó la corte municipal al dictar su sentencia de desacato. Está bien establecido por muchas autorida-des, que la corte que conoce de un caso de habeas corpus, no tiene facul-tad, cuando el prisionero está encarcelado por una sentencia de desa-cato dictada por otra corte, por mala conducta en presencia del tribunal; pero que los hechos en tales casos de desacatos se consideran enteramente resueltos si la corte procedió de acuerdo con la ley y tenía jurisdicción sobre la persona y la materia, y facultad para dictar sen-tencia, la orden de prisión debe prevalecer. (Spencer, ex parte, 83 Cal. 460; Clark ex parte, 110 Cal. 405; Shattuck v. State, 24 Am. Rep., 624; Tolman v. Jones, 114 Ill., 153.)” Ex parte Pesquera, 17 D. P. R. 736, 738.

Por virtud de lo expuesto y apareciendo clara la juris-dicción de la corte municipal sobre la persona y sobre la mate-ria, opinamos que la corte de distrito procedió correctamente al negarse a decretar la libertad del peticionario.

Debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Bartholomew, Demandante y Apelado, v. Allen et al., Demandado, Interventora y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre .otorgamiento de escritura.
    No. 1467.
    Resuelto en julio 19, 1916.
    Matrimonio — Leyes que Regulan los Derechos y Deberes entre los Espo-sos — Sociedad de Gananciales — Derecho Internacional Privado. — Las leyes del Estado donde se contrae el matrimonio son las que regulan los derechos y deberes entre los esposos, principio que también establece el Código Civil en su artículo 9 para los ciudadanos de Puerto Rico aunque residan en país extranjero, y el hecho de adquirir bienes inmuebles en un Estado donde se reconoce la sociedad de gananciales entre los esposos no crea entre ellos esa sociedad si en el Estado donde se casaron no existe.
    Id. — Leyes de New York — Bienes Privativos' — Enajenación — Consenti-miento. — No existiendo la sociedad de gananciales en el Estado de New York donde el demandado y la interventora en este caso contrajeron matrimonio y en donde todo lo que adquiere el marido durante él le pertenece, a menos que no sea bien privativo de la mujer, bienes inmuebles adquiridos por el marido en Puerto Rico con dinero suyo, son de su exclusiva propiedad y para enajo-liarlos no necesita el consentimiento de su consorte, no siendo de aplica-ción el artículo 1822 del Código Civil porque desaparece la presunción de gananciales.
    Los Redaos están, expresados en la opinión.
    Abogado del demandado apelante: Sr. Frank Antonsanti.

    Abogado de la interventora apelante: Sr. Salvador Stoau.

    Abogados del demandante apelado: Sres. Muñoz £ Broivn.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Habiéndose casado John W. Allen con Sarah T. Alien en el Estado de New York donde, según convenio de las par-tes en este pleito, no se reconoce la sociedad de gananciales en el matrimonio y donde todos los bienes que durante él adquiere el marido, que no sean privativos de la mujer, son de la propiedad del esposo y de su libre disposición, com-pró posteriormente varias fincas rústicas en esta isla las- que después se comprometió a vender a Tracy Bartholomew. De-mandado por éste John W. Alien para que lleve a efecto el compromiso de venta que le hizo y dictada sentencia con-denatoria, la única cuestión propuesta por la esposa inter-ventora tanto en el tribunal inferior como en éste es si la venta o el compromiso de venta hecho por su marido es válido u pesar de no haber obtenido su consentimiento, toda vez que se trata de bienes inmuebles adquiridos durante el matri-monio y radicados en esta isla donde para enajenarlos se necesita el consentimiento expreso de ambos cónyuges.

Si las compras de esas fincas pertenecen a la sociedad de gananciales de los esposos Alien entonces no habría duda de que aunque en el Estado de Nueva Yofik, en el cual se casaron, tenga el marido la administración y libre disposi-ción de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal sería necesario que para vender bienes inmuebles radicados en Puerto Rico obtuviera el consentimiento de su esposa, de acuerdo con los principios establecidos en los casos de Amadeo v. El Registrador, 3 D. P. R. 262 (2a. Ed., pág. 141) y de Colón v. El Registrador, 22 D. D. R. 376.

Pero la cuestión aquí no es esa sino la de si las compras lieclias por John W. Alien le pertenecen exclusivamente dado que nuestro Código Civil en su artículo 1322 reputa ganan-ciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer.

Como está aceptado que en el Estado de New York donde se casaron los esposos Allen no existe la sociedad de ganan-ciales en el matrimonio y que todo lo que el marido adquiere durante él le pertenece, tenemos que llegar a la conclusión de que se ha probado que las fincas en cuestión son de la exclusiva propiedad del marido porque fueron compradas con dinero suyo y por tanto puede disponer de ellas sin el consentimiento de su consorte. Las leyes del Estado donde se contrae el matrimonio son las que regulan los derechos y deberes entre los esposos, principio que también establece nuestro Código Civil en su artículo 9 para los ciudadanos de Puerto Pico, aunque residan en países extranjeros, y el hecho de adquirir bienes inmuebles en un Estado donde se reconoce la sociedad de gananciales entre los esposos no crea entre ellos esa sociedad si en el Estado donde se casaron no existe.

Inspirado en estos principios este tribunal declaró en 1904 en el caso de Antongiorgi v. El Registrador, 6 D. P. R. 492 (2a. Edición, pág. 239) en mi caso igual al presente, que es un principio de derecho internacional privado, admitido por la jurisprudencia de los tribunales y especialmente sancio-nado por el artículo 9 del Código Civil, que la ley personal del individuo es la del país a que pertenece, la que le sigue donde quiera qne se traslade, regulando sus derechos per-sonales, su capacidad para transmitir por actos inter vivos o mortis causae y el régimen de su matrimonip y familia y que aplicando esa doctrina, un ciudadano de cualquier Estado, donde no se halle establecida la sociedad de gananciales, tiene perfecta capacidad para otorgar en Puerto Rico un contrato de venta de finca rústica, adquirida durante el matrimonio, sin que por ello infrinja ley o precepto alguno vigente en esta isla referente a la enajenación ele bienes inmuebles.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutcbison.