author: El Juez Asociado Se. Figueeas,

text:
    Loaiza v. Caballero.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 59.
    Resuelto en abril 4, 1904.
    Acción — Pruebas.—La prueba de las acciones incumbe al que las ejercita.
    Divorcio — Allanamiento de la Esposa a la Demanda — Abandono—Consen-timiento Mutuo. — El allanamiento de la esposa a una demanda de divorcio, manifestando categóricamente que hace más de tres años abandonó el hogar conyugal, sin que durante ese tiempo haya dirigido ni siquiera la palabra a su esposo, a causa de disgustos y celos que siempre existían entre ellos, integradas esas manifestaciones por las declaraciones de dos testigos, no deben interpretarse en el sentido de existir consentimiento recíproco y mutuo de las partes para el divorcio, sino en el de constituir todos esos actos reali-zados conscientemente y sostenidos con tenaz voluntad, el abandono que, como causa de divorcio, establece el artículo 164 del Código Civil.
    Costas. — El allanamiento del demandado, su confesión en juicio y su incompare-eeneia ante el tribunal de apelación, son hechos que justifican la imposición de costas conforme a equidad.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.

      Vistos estos autos promovidos en la corte de este distrito, entre partes de una, como demandante, Don Francisco Loaiza González, casado, mayor de edad y vecino de Río Piedras diri-gido y representado en esta Superioridad por el abogado Don Sandalio Torres Monge, y de la otra el Fiscal y Doña Mau-ricia Rosario Caballero, que no ba comparecido, y por tal razón, se lia seguido la sustanciación del recurso en los estra-dos sobre divorcio, autos pendientes ante nos en virtud de recurso de apelación interpuesto por Loaiza cqntra la senten-cia pronunciada, que copiada a la letra dice así:

      “Sentencia. En la ciudad de San Juan de Puerto Rico a 19 de mayo de 1903. Visto en juicio oral y público (#) los presentes autos declarativos sobre divorcio, seguidos entre partes, de una como deman-dante, Don Francisco Loaiza González, casado, mayor de edad y ve-cino de Río Piedras, representado por el abogado Don Sandalio Torres Monge, y de la otra como demandada, Doña Mauricia' Rosario Caballero, conocida por Mariana, de 30 años de edad, casada y Arecina de Río Piedras, y en su nombre, el abogado Don José 0. Rodríguez Cebollero, sin que consten las demás generales de las partes.
    “1. Resultando: que en el mes de septiembre de 1902, el abogado Don Sandalio Torres, en la representación que ostenta, dedujo de-manda de divorcio contra la esposa de su representado, fundándola en los siguientes hechos: que en 2 de diciembre de 1889 contrajeron matrimonio canónico demandante y demandada, en el pueblo de Río Piedras; que el matrimonio vivió en completa paz durante los 10 pri-meros años, reinando la mejor inteligencia entre los cónyuges, los que consagraban a sus hijos las mayores solicitudes; que esta armonía duró hasta que los celos de la esposa trajeron la discordia al hogar conyugal, el cual abandonó, yéndose a vivir a la casa paterna, desde hace más de dos años y que en vista de que la esposa persistía en sus propósitos de abandono', se intentó, sin efecto, el acto de conciliación ante el juzgado municipal de Río Piedras, solicitando que, previos los trámites legales, se declarase con lugar la demanda, con las costas a la demandada, si a ella se opusiere.
    “2. Resultando: que subsanados ciertos defectos, se admitió la referida demanda y se confirió traslado de ella a la demandada y al Ministerio Fiscal, contestándola a nombre de aquélla el abogado Rodrí-guez Cebollero, admitiendo como ciertos los hechos relacionados en la demanda; pero manifestando que si bien es cierto-el hecho del aban-dono desde hace más de cuatro años, no lo es menos que obedeció a fundados motivos entre ellos, las repetidas ausencias por períodos más o menos largos del esposo durante los cuales quedaban la esposa e hijos en el mayor adandono, careciendo hasta de lo más indispensable para la subsistencia; notarse en el esposo una falta de apego hacia aquellas personas, lo que unido a los malos tratos de palabra, la obli-garon a abandonar la casa matrimonial como remedio para poner tér-mino a sus sufrimientos, allanándose, a pesar de estas consideraciones, a la demanda presentada en los términos en que aparecía formulada.
    “3. Resultando: que convocadas las partes a una comparecencia verbal para proponer las pruebas de que intentasen valerse en pro (*) de sus respectivas pretensiones, sólo 'concurrió el demandante, quien propuso la de confesión y testifical, pruebas que fueron declaradas pertinentes por providencia de 4 de febrero último y mandadas a practicar con citación de la parte contraria.
    “4. Resultando: que en el acto del juicio oral declararon los tes-tigos Alejandro Saavedra: que hace más de tres años que la esposa (del demandante) abandonó el hogar conyugal a consecuencia de dis-gustos por celos que tenían ambos; que los dos se separaron tirando cada uno por su lado y levantando la casa; que él hace dos años que vive en Mayagüez y ella en Río Piedras; Manuel Rivera Ramírez, que la esposa (del actor) abandonó a su marido hace dos o tres años, marchándose él a Mayagüez cuando la mujer le abandonó y que ignora las causas de esta separación; Benito Rivera, que hace más de tres años que mutuamente se separaron, levantando el hogar doméstico; que esto obedeció a disgustos que continuamente tenían.
    “5. Resultando: que en el citado acto del juicio oral la deman-dada, absolviendo posiciones, dijo: que hace más de tres años que la declarante abandonó el hogar conyugal sin que durante ese tiempo haya dirigido ni siquiera la palabra a su esposo, y que esto obedeció a los disgustos y celos que siempre existían entre ellos.
    “6. Restiltando: que terminadas las pruebas, y después de haber informado los abogados defensores, el tribunal dictó sentencia decla-rando sin lugar la demanda con las costas a la parte actora.
    “7. Resultando: que en la sustanciación de este litigio se han guardado las reglas del procedimiento.

      “Visto: siendo ponente el Juez Asociado Mr. Prank H. Richmond.
    “1. Considerando: que si en toda clase de juicio es obligación del demandante probar de una manera plena y cumplida la acción que ejercita, lo es mucho más en pleitos que, como los de divorcio, afectan al estado civil de las personas, circunstancia por la que debe deses-timarse por insuficiente la prueba practicada en el acto del juicio oral, pues de las declaraciones de los tres testigos examinados, no se justi-fica más sino que las partes se separaron por consentimiento mutuo y con motivo de varios disgustos que ocurrieron entre los dos.
    “2. Considerando: que si bien el abandono por más de un año es una de las causas que admite para el divorcio el artículo 164 del Có-digo Civil vigente, en su apatado 5°., tal abandono no debe confun-dirse (*) con la separación mutua más o menos motivada de los cón-yuges, no siendo una separación de consentimiento recíproco y mutuo, el abandono legal en que puede fundarse la disolución judicial del matrimonio.
    “3. Considerando: que el litigante cuyas pretensiones sean total-mente desestimadas, debe ser condenado en costas.

      “Visto el artículo citado y demás del Código Civil, los de la Ley de Enjuiciamiento Civil aplicables al caso y la Orden General No. 118 de 1899.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos sin lugar la pre-sente demanda, y en su virtud debemos absolver y abolvemos de ella a la demandada, con las costas a la parte actora.
    “Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-nunciamos, mandamos y firmamos: Juan Morera Martínez, Prank H. Richmond, José Tous Soto.”

      Resultando: que contra la anterior sentencia interpuso Don Francisco Loaiza González recurso de apelación, y ele-vados los autos a esta Corte Suprema, previa citación y em-plazamiento de las partes, se personó la apelante, quien evacuó el trámite de instrucción en el período oportuno, evacuándolo en los estrados la parte apelada.

      Resultando: que el Fiscal, al cumplir con igual trámite, se adhirió al recurso por las razones alegadas en su escrito.

      Resultando: que señalado día para la vista se celebró ésta y la parte apelante y el Fiscal sostuvieron in voce la necesidad de la revocación de la sentencia recurrida.
    Abogado del apelante: Sr. Torres Monge.

    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Se. Figueeas,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los resultandos de la referida sentencia, y

Considerando: que si es indiscutible que al actor incumbe la prueba de su acción, en el presente caso se ha cumplido con ese esencial requisito, toda vez que la demandada se allanó a la demanda, y absolviendo' posiciones manifestó (*) categóri-camente que hace más de tres años abandonó el hogar con-yugal, sin que durante ese tiempo haya dirigido ni siquiera la palabra a su esposo, y que tal actitud obedeció a disgustos y celos que siempre existían entre ellos, manifestación que sustancialmente se encuentra integrada por las declaraciones de dos testigos que atribuyen el abandono a la esposa Doña Mauricia Eosario Caballero.

Considerando: que no se trata aquí de una separación de consentimiento recíproco y mutuo, como se expresa en el segundo fundamento de derecho de la sentencia apelada, sino que, por el contrario, se ha demostrado que la esposa miró con indiferencia y desvío a la persona de su esposo, dejándolo sólo por más de dos años en el hogar que ambos constituyeron, olvidándose ella del matrimonio que les obligaba a vivir uni-dos en ánimo y bajqmn mismo techo, constituyendo todos esos actos realizados conscientemente y sostenidos con tenaz vo-luntad por parte de la esposa, el abandono a que se refiere el No. 5 del artículo 164 del Código Civil reformado.

Considerando: que el allanamiento de ésta a la demanda, su confesión en el juicio y su incomparecencia ante esta supe-rioridad, son hechos que deciden al tribunal a resolver sobre las costas conforme a equidad.

Vistas las disposiciones citadas, los artículos 358, 364 y 371 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la regla 63 de la Orden General No. 118, serie de 1899, y la Ley de la Asamblea Legis-lativa de 12 de marzo de 1902.

Fallamos: que revocando la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 19 de marzo del año anterior, debemos declarar y declaramos con lugar la demanda de divorcio y en su consecuencia disuelto el matrimonio que en dos de diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve contra-jeron Don Francisco Loaiza González y Doña Mauricia Rosario Caballero, sin hacer expresa condenación de las costas de ambas instancias.(#)

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados Hernández, Sulzbacher y MacLeary.


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author: . El Juez Asociado Se. HeRwaudez,

license: Public Domain

text:
    Del Toro v. Arambarry et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 97.
    Resuelto en abril 4, 1904.
    Desahucio — Contra Quién Procede. — La acción de desahucio procede contra los que posean la finca sin pagar merced alguna, siempre que sean requeridos para que la desocupeen con un mes de anticipación.
    Id. — Oposición.—El juicio de desahucio no es el adecuado para discutir cues-tiones referentes al derecho de los demandados a poseer la finca objeto del mismo.
    Costas. — Dictada una sentencia a favor del demandante sin especial condenación de costas, deberá quedar subsistente tal pronunciamiento, si el demandante no hubiera apelado contra la sentencia ni se hubiera adherido al recurso interpuesto por los demandados.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el juicio seguido ante el Tribunal de Distrito de Are-cibo por Don Juan del Toro y Cancel contra Don Pedro Aram-barry y Doña Ramona Cruz, sobre desahucio, juicio pen-diente ante nos a virtud de recurso de apelación interpuesto por los demandados contra la sentencia pronunciada en dicho juicio, habiendo representado y dirigido ante esta Corte Su-prema a los apelantes el Letrado Don Jacinto Texidor, y a la parte apelada el Letrado Don Félix .Santoni.

      Resultando: que la expresada sentencia, dictada en veinte y nueve de julio del año próximo pasado, copiada a la letra dice:

      “Sentencia, número 19. En Arecibo a 29 de julio de 1903. Visto ante ésta corte de distrito en juicio oral y público la demanda de desahucio por precario instada por el Licenciado Don Félix Santoni Rodríguez, a voz y nombre de Don Juan del Toro y Cancel, mayor de edad, agricultor, vecino de Utuado,(!*) contra Don Pedro Arambarry y Doña Ramona Cruz, vecinos de Hatillo, representados y dirigidos en este juicio por el Letrado Don Simón Largé Aquilué.
    “1. Resultando: que con fecha 20 de abril último, el Licenciado Don Félix Santoni, a nombre de del Toro, presentó ante este tribunal demanda de desahucio en precario contra Don Pedro Arambarry y Doña Ramona Cruz, Yecinos de Hatillo, fundándola en que en escri-tura otorgada en esta villa el 7 de septiembre de 1900, Don Juan del Toro y Cancel adquirió por compra a Don Joaquín Sánchez Chirino una casa de altos y bajos, con aljibe en el patio, sin número, que mide 14 metros de frente por 16 de fondo, enclavada en un solar del poblado de Hatillo, que mide 14 metros de frente por 24 de fondo, radicando dicha casa en la acera Norte de la plaza de dicho suprimido munici-pio, y lindante al Norte, que es la espalda, con ejidos; al Este, que es la derecha, con la calle de la Soledad; al Oeste, izquierda, con casa de Doña Paulina León; que la compraventa se efectuó por la suma de $720, traspasando el vendedor, en favor del comprador, el dominio de la reseñada finca; y que habitan el descrito predio, en precario, sin pagar merced, los demandados Don Pedro Arambarry y Doña Ramona Cruz, a pesar del requerimiento que se les ha hecho para que la desocuparan, dejándola a la libre disposición de su representado, en el término de un mes que ya ha transcurrido.

      “2. Resultando: que como fundamentos de derecho alegó las pres-cripciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil acerca del desahucio por precario, y las sentencias del Tribunal Supremo acerca de la pro-cedencia de la acción, y terminó suplicando se declare con lugar su demanda eon las costas a los demandados.
    “3. Resultando: que con la demanda acompañó la escritura notarial de dominio de la finca a favor de Don Juan del Toro, inscrita en el registro de la propiedad y las diligencias de requerimiento previo a los demandados llevadas a efecto en el juzgado municipal de Camuy.
    “4. Resultando: que citadas las partes a una comparecencia ante esta corte de distrito, comparecieron el Licenciado Santoni a nombre del demandante y el Licenciado Largó por los demandados, y como éste se opusiera a los hechos de la demanda, confíriósele traslado, que evacuó, manifestando: que allá por fines del año 1893, o a principios del 1894, un tal Tomás Rodríguez, vecino del entonces pueblo de Hatillo, (*) dueño de una casa vieja radicada en ese pueblo, convino con Don Pedro de Arambarry, constructor de obras, en que éste derrí-bese por hallarse en mal estado, levantándola de nuevo dicha casa, derribo y reedificación que se comprometió a hacer Arambarry a todo costo y con recursos propios, como lo verificó, bajo la condición de que Rodríguez le reembolsara en todo el mes de diciembre del citado año 1894, con el de su trabajo, el importe de todo lo que en tales obras gastara o invirtiera, en todos conceptos, cuyos desembolsos y trabajos que éste precisaba, no podía bacer Rodríguez de momento, por carecer de recursos; que conviniéndole el negocio a su representado, puso éste en consecuencia manos a la obra, levantando y reedificando la casa, de altos y bajos, y Regada la época del pago que debía hacer Rodrí-guez a Arambarry, con arreglo a lo estipulado, careciendo aquél de reéursos para efectuarlo, acordaron ambos en ceder o pasar a éste los derechos dominicales que Rodríguez tenía en la casa reedificada por Arambarry, en pago de lo por éste invertido en la mencionada obra a virtud del negocio indicado, y cuyo importe le adelantara su repre-sentado, sin que el cedente les otorgara la correspondiente escritura por causa ajena a la voluntad de Arambarry; que dueño Don Pedro Arambarry de la casa reedificada con todo cuanto encierra y se le une, la ha venido disfrutando y poseyendo en tal concepto desde el propio año 1894, y en ella vive actualmente, pagando con ese carácter desde entonces las respectivas contribuciones al Estado, provincia y munici-pio, y haciendo en ella cuantos gastos y reparaciones su cualidad de dueño le exigiera; que la casa vieja de poco valer y en mal estado, puede decirse que se ha hecho de nuevo, reedificándose e introducién-dose en ella mejoras por cerca de mil pesos; y que Arambarry ha poseído constantemente y sin interrupción de ninguna especie desde su adquisición, y hoy posee esa casa a título de dueño y no a precario, llevando cerca de nueve años en esa posesión.

      “5. Resultando: que como fundamentos de derecho adujo las pres-cripciones del Código Civil relativas al. dominio y a la perfección de los contratos, la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a' la trami-tación y la Orden General No. 118 de 1899.
    “6. Resultando: que abierto el juicio a pruebas, el demandante presentó una escritura notarial de venta con pacto de retro de la finca urbana objeto del desahucio, otorgada por Don Tomás Rodríguez a favor de Don Joaquín Sánchez, por 1,200 pesos, moneda especial, en 7 de mayo de 1885 y testimonio del acto de (!”!) juicio verbal celebrado en el juzgado municipal de Hatillo por Don Ramón Alonso con Don Pedro Arambarry; y los demandados una certificación del Tesorero, creditiva de que Arambarry pagaba contribución por una casa en Hatillo y duplicado recibo de contribuciones pertenecientes a la misma casa y por el segundo semestre de 1901.

      “7. Resultando: que celebrado el juicio oral con asistencia sólo del letrado representante de Don Juan del Toro Cancel, a pesar de haber sido citados en forma los demandados, el demandante renun-ció la prueba de posiciones que había de absolver el demandado Aram? barry por no haber comparecido éste; yveoncedídale la palabra al abogado concurrente, informó en apoyo’de su demanda, votándose después este juicio por unanimidad de los jueces.
    “8. Resultando: que se han observado las formalidades legales-
    “Siendo ponente el Juez Presidente Don-E.elipe Cuchí Arnau.’
    “1. Considerando: que la acción de r desahucio se funda en el do-minio de los bienes que se-trata de desahuciar, y-,apareciendo de la-escritura de 7 de septiembre de 1900 inscrita en el Registro de la Propiedad de Areeibo, que el demandante Don Juan del Toro compró a Don Joaquín Sánchez por precio cierto la finca urbana que hoy ocupan los demandados, sin pagar alquiler, claro está que su acción es perfectamente legal y en su ejercicio-se ajusta a las prescripciones del derecho. •

      “2. Considerando: que el único requisito, que. el demandante tenía que llenar para poder ejercitar su acción de desahucio contra los ,de^ mandados, era el de aviso o requerimiento, previo para el desalojo, que la Ley de Enjuiciamiento Civil en el párrafo 3 de su artículo 1563 exige con un mes de antelación, cuando se trata de una fineá dada en precario, y según aparece de la ‘ certificación del juzgado municipal de Camuy, el requerimiento se hizo en la persona de los demandados, el 20 de marzo último, un mes largo antes de presentarse la demanda por el demandante, que lo fué en 24 de abril siguiente.
    “3. Considerando: que aun en la hipótesis de que las alegaciones hechas por los demandados, al contestar la demanda, y no ratificadas ni probadas en el juicio oral referentes a su derecho a poseer la finca desahuciada fueren admisibles, no es éste el juicio apropiado para discutirlas, sino el declarativo por los trámites que previene la Orden General No. 118 de 1899.(:S)
    “4. Considerando: que el hecho de no haber-acudido al juicio oral los demandados a continuar oponiéndose a las pretensiones del demam dante, demuestra la no existencia de temeridad'por su parte, y no debe hacerse en consecuencia, especial condenación de costas.

      “Vistos los artículos 356 y 1474 del Código Civil Revisado, los 371, 1562, 1563, 1587 y 1592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar la de-manda de desahucio entablada; y en su consecuencia condenamos a Don Pedro Arambarry y Doña Ramona Cruz, a desalojar en el tér-mino de 15 días la casa que habitan en Hatillo de la propiedad de Don Juan del Toro Cancel, dejándola a la libre disposición de éste; apercibidos de lanzamiento si no lo verifican, sin especial condena-ción de costas. Lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Felipe Cuchí, Carlos Franco Soto, Otto Schoenrich. ’ ’

      Resultando: que contra esa sentencia interpuso la repre-sentación de Don Pedro Arambarry y Doña Bamona Cruz recurso de apelación que les fué admitido, y elevados los autos a esta Corte Suprema, previa citación y emplazamiento de las partes, se dió al recurso la tramitación prevenida por la ley, señalándose día para la vista, que tuvo lugar sin asis-tencia de los letrados de las partes recurrente y recurrida.
    Abogado de los apelantes: Sr. Texidor.

    Abogado del apelado: Sr. Santoni.

   . El Juez Asociado Se. HeRwaudez,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho de la sentencia ape-lada y las tres primeras consideraciones de derecho.

Considerando: que contra la sentencia de la Corte de Dis-trito de Arecibo, en cuanto ordena se entiendan las costas sin especial condenación, no ha interpuesto recurso de apelación la parte demandante, ni tampoco sobre este punto se ha ad-herido al interpuesto por los demandados, debiendo por tanto ■quedar subsistente aquel pronunciamiento por ministerio de la ley.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la senten-cia (*) que dictó el Tribunal de Distrito de Arecibo en veinte y nueve de julio del año próximo pasado, con las costas del recurso a cargo de los apelantes; y devuélvanse los autos a dicho tribunal con lá certificación correspondiente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y' Aso-ciados Figueras, Sulzbacher y MacLeary.


author: El Juez Pbesidente Se. Quiñones,

text:
    Báez v. Orsini.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 5.
    Resuelto en abril 4, 1904.
    Obligaciones Condicionales — Su Exigibii.idad. — Para que las obligaciones con-dicionales sean, exigibles, es necesario que se cumpla previamente la condición impuesta y mutuamente aceptadas por las partes, ya que de su cumplimiento depende la adquisición de los derechos de las mismas.
    Id.- — Pruebas.—La prueba de las obligaciones incumbe al que reclama su compli-miento, y si el actor no probare su causa, el demandado debe ser absuelto.
    EXPOSICION DEL CASO.
    En los antos del juicio declarativo seguido en el Tribunal de Distrito de Mayagüez en cobro de pesos, entre partes de la una como demandante Doña Rosa Báez, viuda de Morín, mayor de edad y vecina de aquella ciudad, representada y dirigida en esta superioridad, primero por el abogado Don Pascasio Fajardo y Cardona, y después por el de la misma clase Don Manuel P. Rossy y Calderón, y de la otra, como demandado, Don Andrés Orsini y Santini, también mayor de edad, casado y del mismo vecindario, representado y dirigido por el Abogado Don José de Diego y Martínez autos pen-dientes ante nos a virtud del recurso de casación por infrac-ción de ley, boy de apelación, interpuesto por la demandante contra -la sentencia pronunciada por el referido tribunal de distrito, que copiada a la letra dice así:
    “Sentencia. En la ciudad de Mayagüez a 1 de diciembre (*) de 1902. Visto en juicio oral y público este pleito declarativo seguido ante este tribunal entre partes de la una como demandante Doña Rosa Báez, viuda de Morín, mayor de edad y vecina de esta ciudad, a quien representa y dirige el Letrado Don Pascasio Fajardo; y de la otra como demandado Don Andrés Orsini y Santini, mayor de edad, casado, doctor en medicina y cirujía y vecino de esta ciudad, representado y dirigido por el Letrado Don José de Diego, en cobro de pesos.

      “Resultando: que el Letrado Don Pascasio Fajardo, en represen-tación de Doña Rosa Báez, compareció ante este tribunal, interesando en diligencias preparatorias de ejecución, que el Doctor Don Andrés Orsini reconociese las firmas suyas puestas al pie de los documentos que acompañaba, obrantes a folios 1 y 2 de estos autos, en el primero de los que el citado Orisini se obligaba a satisfacer a la promovente la cantidad que en dicho vale reconocía adeudarle Don Osvaldo Báez, tan pronto como se realizase la operación que con dicho señor tenía pendiente, sobre la hacienda ‘Teresa' en aquella época; siendo ex-presivo el segundo de una transacción celebrada entre Don Osvaldo Báez y el Doctor Orsini, en 21 de enero del corriente año, sobre la propia hacienda, cuyas firmas fueron puestas en duda por éste último, que a su vez negó la certeza de la deuda.

      “Resultando: que en vista de esta negativa el propio letrado de-dujo demanda ante este tribunal en juicio declarativo, fundándose en los siguientes hechos: que Osvaldo Báez debía de satisfacer al Doctor Orsini en el año 1900, 2,700 pesos, y teniendo noticias de que su repre-sentada había de percibir una cantidad de Doña Isabel Merle, indujo a Báez a que obtuviese de ella en préstamo dicha suma, que convino en facilitarle Doña Rosa Báez con la garantía del Dr. Orsini, conoce-dora de la operación que este señor tenía pendiente con Báez sobre la hacienda ‘Teresa’; que como consecuencia de este convenio el citado-Orsini en el pagaré suscrito por Báez se comprometió, no ya a fiarle, si que de una manera expresa se obligó a satisfacer la cantidad pres-tada, constituyendo una obligación directa con cláusula condicional; que representada la obligación suscrita por Báez y Orsini a su repre-sentada a cuya suma.de 2,700 pesos, hay que agregarle los intereses, queda perfeccionado el contrato; que el motivo que tuvo Orsini para, suscribir dicho documento, era el tener pendiente con Báez la ejecu-ción de la hacienda ‘Teresa’ a consecuencia de la que había de devol-verle una cantidad de dinero y de esta suma era de donde había de extraerse el montante (*) del pagaré suscrito por Orsini y Báez a la demandante y que con el documento privado que se acompaña la nú-mero 2 se ve de una manera clara y terminante que la condición de que dependía la exigibilidad del contrato estaba cumplida, suplicando-que previo los trámites legales, debe declararse con lugar la demanda con las costas a la parte contraria.

      “Resultando: que admitida la demanda y conferido traslado a la parte contraria, se personó en su nombre el Letrado Sr, de Diego, con-testándola bajo los siguientes hechos: qué por escritura de 30 de-enero de 1892, otorgada ante el notario de esta ciudad, Don Santiago R. Palmer, Don Osvaldo Báez por sí y como apoderado de sus legíti-mos hermanos, hipotecó a favor del Dr. Orsini por 10,000 pesos meji-canos, intereses y costas, la hacienda ‘Teresa’ sita en Palma Escrita, término municipal de Las Marías, fijándose su vencimiento para el 31 de enero de 1898; que vencida y no satisfecha la obligación, Orsini dedujo demanda ejecutiva, primero ante el extinguido Juzgado de Primera Instancia, y después ante esta corte de distrito que se cursó hasta que por la Orden General de 19 y 31 de enero de 1899, se mandó a paralizar las demandas de esta naturaleza; que se convino entonces entre Orsini y Báez llevar adelante la ejecución bajo las siguientes condiciones: que una vez adjudicada a Orsini la finca hipotecada por $6,727.27, oro americano, a que ascendía el capital e intereses la hipo-tecaría por esa misma suma, para reintegrarse de su dinero pasando entonces la propiedad de la hacienda ‘Teresa’ a Báez o a la persona que éste designase, conviniéndose, además, que ínterin Báez recupe-rase la dicha hacienda, la tendría en arrendamiento por el canon de $807.26 anuales; que esto se convino el 21 de enero de 1900, y 20 días después adeudando Báez a Doña Rosa del propio apellido $2,952.70 que se convino verbalmente a instancia de dichas personas con el Dr. Orsini que éste al realizar el préstamo hipotecario a que se alude ante-riormente, lo ampliaría a $2,952.70 más para pagar a Doña Rosa Báez, suscribiéndose bajo estos condiciones el pagaré de autos, siendo éste el único sentido y alcance de la frase ‘operación pendiente’ que en él se advierte y sobre la que tanto hincapié hace la demandante; que seguido por todos sus trámites el ejecutivo, adjudicóse por auto de 19 de abril y acta de 4 de mayo de 1901 al Dr. Orsini la finca hipotecada en pago de $9,180, oro (*) americano; que adjudicada la finca, Orsini buscó sin encontrar el dinero para realizar el préstamo hipotecario convenido y en estas condiciones después de pasado ocho meses, solicitó la posesión judicial de acuerdo con su deudor, según se ve por el docu-mento número 2 acompañado a la demanda, por el que Orsini cedió a Báez valores por 5,560 pesos sobre el precio de la adjudicación com-padecido de la precaria situación de aquél; que por esta circunstancia la hacienda ‘Teresa’ vino a poder de Orsini por el' precio de 14,740 pesos cuando la misma fué adjudicada a Báez y demás hermanos en 1895 por 13,250 pesos mejicanos, en ocasión en que producía 800 quintales de café y que cada quintal valía 25 pesos; y que de todo lo cual se deduce que la condición puesta en la nota que existe en el pagaré ni se ha cumplido ni puede tampoco cumplirse, solicitando que se declarase sin lugar la demanda con las costas al actor.

      “Resultando: que citadas las partes a una comparecencia para pruebas, propusieron la de confesión, documental, testifical y de cotejo, cuyas pruebas fueron declaradas pertinentes por auto de dos de agosto .último y mandadas a practicar con citación contraria.

      “Resultando: que entre los documentos acompañados por el de-mandado, figura un contrato privado suscrito en esta ciudad el 31 de enero de 1900, por Osvaldo Báez y el Dr. Orsini como contratantes en el que entre otras cosas se convino: primero, que el Dr. Orsini una vez dueño de la hacienda ‘Teresa’ que le estaba hipotecada y cuya hipoteca a la sazón se estaba ejecutando, estaría obligado a venderla a Báez, o a la persona que éste designase, por 6,727 pesos 20 centavos oro americano; segundo, que para hacerse pago de la suma indicada anteriormente Orsini hipotecaría dicha hacienda por la referida canti-dad, hipoteca cuyo vencimiento había de ser por lo menos en un plazo de seis años; tercero, que una vez constituida la hipoteca Orsini ven-dería a la persona que Báez designase la hacienda ‘Teresa’ tantas veces citada, quedando relevado de toda responsibilidad; cuatro, que en caso de fallecimiento del Dr. Orsini sus herederos vendrían obligados a cumplir este convenio; y, quinto, que todos cuantos gastos se originasen serían de cuenta de Báez, habiéndose asimismo convenido por una ('*) cláusula adicional, que Orsini cedería a Báez ínterin éste pudiera recuperar la hacienda ‘Teresa’, en arrendamiento dicha finca por el canon anual de 807 pesos 26 centavos, oro americano.

      “Resultando: que el juicio oral del presente litigio se verificó el día 12 del pasado mes de noviembre en cuyo acto, después de practi-cadas las pruebas, los letrados defensores informaron lo que creyeron pertinente acerca del derecho de sus respectivos patrocinados, pro-cediéndose a la votación de la sentencia el día 24 del propio mes, día señalado al efecto, en que lo fué por unanimidad, constituido el tribunal en audiencia pública.

      “Resultando: que en la sustanciación de estos autos se han obser-vado las reglas del procedimiento.

      “Visto: siendo ponente el Sr. Juez Asociado Don Luis Méndez Yaz.

      “Considerando: que por tratarse en este pleito del cumplimiento de una obligación condicional el punto objeto de la discusión es de-terminar si con el documento presentado por el actor al folio 2 está cumplida la condición que se consignó por el Dr. Orsini al pie del documento folio 1, ya que de esta declaratoria ha de arrancar la exi-gibilidad o nó de la obligación aludida. :

      “Considerando: que la nota puesta en el documento folio 1 por el demandado dice textualmente: ‘tan pronto sé realice la operación qué tengo pendiente con Don Osvaldo Báez sobre la hacienda “ Teresa, ’* me obligo a satisfacer a Doña Rosa Báez la suma del vale arriba ex-presado, Mayagüez, febrero 20 de 1900. Dr,. Andrés Orsini.’ Des-prendiéndose tanto de la letra como del espíritu de la nota transcrita, que la condición de que se bacía depender el cumplimiento de la obli-gación en ella consignada era una operación que a la época de ponerse dicha nota estaba ya concertada entre el citado Orsini con Don Osvaldo Báez, ya que ni lógica ni gramaticalmente puede darse otra interpretación a las palabras ‘operación que tengo pendiente.’

      “Considerando: que si bien el actor no se ha preocupado poco ni mucho de demostrar cuál fuera la operación pendiente de la que se bacía depender el cumplimiento de la obligación que reclama en el presente juicio, el demandado en cambio ha traído el documento pri-vado de folio 41 de estos autos reconocido por los otorgantes y testi-gos el mismo a que se refiere el Resultando 6o. de esta sentencia, en el que se hace constar la operación celebrada entre el Dr. Orsini y Osvaldo Báez de la cual se bacía depender la obligación consig-nada (*) en la nota tantas veces aludida, ya que por ser anterior en fecha aquel documento, es indudable que la operación que en él se bacía constar era la única a que se refería la nota puesta en el docu-mento folio 1, con tanta más razón cuanto que el demandante no ha probado la existencia de otra operación a la que pudiera referirse la consabida nota, que fué puesta en el ya citado documento de folio primero en presencia de la demandante, la que mostró su conformi-dad con ella según confesión hecha en el acto del juicio oral.

      “Considerando: que la parte actora no ha probado la realización de la operación que Orsini y Báez tenían ‘pendiente y de la que se hacía depender la exigibilidad de la obligación que se reclama en el presente juicio, ni siquiera ha probado' cuál fuera aquélla, por cuya causa, esta demanda debe ser declarada sin lugar, por cuanto en las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos depende del acontecimiento que constituye la condición, con las costas al deman-dante, cuyas pretensiones han sido totalmente desestimadas.

      “Considerando: que el documento acompañado al folio 2, suscrito por Orsini y Báez, carece de importancia en este asunto y en nada influye en la decisión del presente litigio, por cuanto en él no se hace constar que se Raya realizado la operación que los citados Orsini y Báez tenían pendiente sobre la hacienda ‘Teresa’ y a la que se alude en la nota puesta en el documento folio 3,. siendo solamente credi-tivo de una transacción celebrada entre aquellos señores sobre la hacienda ‘ Teresa. ’
    ‘ ‘ Considerando: que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento en juicio y que adore non probante, reus est absolvendus.

      “Vistos los artículos 1080 siguientes, 1113 y siguientes del Código Civil aplicables al caso y la Orden General No. 118 y demás de apli-cación.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos sin lugar la pre-sente demanda y en su consecuencia absolvemos de ella a los, digo al, demandado con las costas a la parte actora.
    “Así por ésta nuestra sentencia definitivamente juzgando, lo pro-nunciamos, mandamos y firmamos: Arturo Aponte, J. A. Erwin, Luis Méndez Yaz.”

      Resultando: que contra ésta sentencia se interpuso por la representación de la demandante Doña Rosa Báez recurso de casación por infracción de ley que le fué admitido y que (*) elevados los autos a esta superioridad, con citación y emplaza-miento de las partes, y personadas éstas, se dió al recurso la tramitación marcada por la Ley de la Asamblea Legislativa de esta Isla de 12 de marzo de 1903, convirtiendo esta Corte Suprema en tribunal de apelación y se señaló día para la vista, cuyo acto se celebró con asistencia de los abogados defensores de las partes.
    Abogado del apelante: Sres. Pascasio Fajardo y Manuel F. Rossy.

    Abogado del apelado: Sr. José de Diego.

   El Juez Pbesidente Se. Quiñones,

después de exponer ios Lechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia apelada.

Vistas las disposiciones legales que en la misma se citan.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la expre-sada sentencia con las costas a la parte apelante.

Jueces concnrrentes: Sres. Hernández, Figueras y Mac-Leary.

El Juez Asociado Sr. Snlzbaclier no formó tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez PbesideNte Se. Quiñowes,

text:
    Ex Parte Pinto.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan,
    No. 74.
    Resuelto en abril 4, 1904.
    Dominio — Escrito Inicial Promoviendo la Ineokmaoión. — Aunque en el escrito inicial de una información de dominio debe expresarse si el promovente carece o nó de título de dominio escrito, esto no obstante, admitido el escrito sin ese requisito, y sin objeción alguna del tribunal o del Fiscal, no procede, después de corridos todos los trámites legales, denegar la apro-bación de la información por la falta de diebo requisito, cuya subsanación ha debido decretar el tribunal oportunamente.
    Id. — Posesión para Adquirir el Dominio. — La posesión quieta y pacífica, por espacio de veinte y tres años, y a título de compra, es más que suficiente para adquirir por prescripción el dominio de los bienes inmuebles, pues sólo se requiere al efecto seis años de posesión, con buena fe y justo título.(*)
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos promovidos en el Tribunal de Distrito de San Juan, por el Abogado Don Damián Monserrat y Simó a nom-bre de Doña Ignacia Pinto, sobre información de dominio de una finca rústica, pendientes ante nos a virtud del recurso de apelación interpuesto por la promovente contra la sentencia dictada por el referido tribunal, en 15 de julio último, por la que se declaró no haber lugar a la declaratoria de dominio solicitada por la peticionaria.

      Resultando: que el Abogado Don Damián Monserrat y Simó, a nombre de Doña Ignacia Pinto, promovió expediente ante el Tribunal del Distrito de San Juan para justificar el dominio de nn predio de terreno compuesto de diez y media cuerdas sito en el barrio de la Candelaria, del término municipal de Toa Baja, de ciento cinco dollars de valor y que había adquirido por compra a Doña Maximina Martínez en 18 de mayo de 1881, expresando carecer de título de dominio “inscrito.”

      Resultando: que conferida vista de la anterior solicitud al Fiscal del tribunal, la evacuó manifestando que no veía inconveniente en que se practicara la prueba propuesta por la promovente; y que admitida la información propuesta, publicados los edictos convocando a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, y corri-dos todos los demás trámites legales del expediente, declararon los testigos Don Genaro Dávila y Don Antonio Montañez, mayores de edad y vecinos del barrio de Candelaria donde radican los terrenos, que era cierto y les constaba que Doña Ignacia Pinto había adquirido por compra en el año 1881 de Doña Maximina Martínez el terreno de que se trata y que desde aquella fecha había venido poseyéndolo quieta y pací-ficamente y sin oposición alguna.

      Resultando: que convocados la promovente y el Fiscal, úni-cas partes interesadas en este expediente, para una (*) com-parecencia verbal, a fin de que en ella alegaran lo que creyeran pertinente a sus respectivos derechos, y no habiendo compa-recido ninguno de los interesados, dictó sentencia el Tribunal de Distrito de San Juan en 15 de julio último, resolviendo no haber lugar a declarar el dominio interesado por la peticio-naria Doña Ignacia Pinto, alegando como único fundamento de dicha resolución, “que sólo pueden ampararse en las pres-cripciones del título 14 de la Ley Hipotecaria los propietarios que carezcan de título de dominio escrito, circunstancia que por lo menos hay que hacer constar en el escrito inicial del procedimiento, no bastando alegar la carencia de título ins-crito. ’ ’

      Resultando: que contra esta sentencia intex-puso apelación la representación de la parte promovente, la que le fue admi-tida libremente y en ambos efectos; y qne elevados los autos a esta superioridad con citación y emplazamiento c|e las partes, y personada la apelante, se dió al recurso la tramitación co-rrespondiente y se señaló día para la vista, a cuyo acto sólo asistió el Fiscal de este tribunal que impugnó el recurso,
    Abogado del apelante: Sr. Monserrat.

    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez PbesideNte Se. Quiñowes,

después de exponer los Pechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Considerando: que si bien en el escrito inicial de estas informaciones de dominio, debe expresarse si el promovente carece o nó de título de dominio escrito, y que no basta ex-presar que se carece de título inscrito, habiendo admitido el tribunal la información propuesta sin aquel requisito, no pro-cede hoy, después de corridos todos los trámites del informa-tivo, desestimarlo de oficio, por un defecto de forma que el tribunal pudo y debió corregir al iniciarse el expediente, recha-zando de plano la información propuesta.

Considerando: por otra parte que Doña Ignacia Pinto ha (*) acreditado con las declaraciones de dos testigos con-testes, mayores de edad y vecinos de la localidad donde radi-can los terrenos, que la promovente los adquirió por compra a Doña Maximina Martínez desde el año de 1881, o sea hace el espacio de veinte y tres años, y que desde entonces los ha venido poseyendo quieta y pacíficamente, requisitos más que suficientes para adquirir por prescripción el dominio de los bienes inmuebles, con arreglo al artículo 1957 del antiguo Código Civil y la Orden Judicial de 4 de abril de 1899, que sólo requiere para aquel efecto seis años de posesión continua, con buena fe y justo título.

Vistas las citadas disposiciones legales y el artículo 395 de la Ley Hipotecaria vigente.

Fallamos: que debemos revocar y revocamos le sentencia apelada, aprobando la información propuesta y declarando que Doña Ignacia Pinto lia justificado el dominio del terreno reseñado en el escrito inicial de este expediente, mandando se le expida copia certificada de la presente resolución y de las demás constancias que solicite para su inscripción en el regis-tro de la propiedad.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras y Mac-Leary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbaclier no formó tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Presidente Se. Quiñones,

text:
    Amorós v. Cividanes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 86.
    Resuelto en abril 4, 1904.
    Interdictos de Retener t de Recobrar la Posesión — Pruebas.—En los inter-dictos de retener y de recobrar la posesión, la prueba debe versar precisa y exclusivamente sobre el derecho de estar el demandante en la posesión o en la tenencia de la cosa objeto del interdicto, y de haber sido inquietado o (*) per-turbado en ella, o despojado de dicha posesión o tenencia, designando en todo caso el autor de la perturbación o del despojo, sin cuyos requisitos no es posible estimar eon lugar el interdicto.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos seguidos en el Tribunal de Distrito de Huma-cao sobre interdicto de recobrar la posesión de unos terrenos, entre partes de la una, como demandante Don Pedro Amorós, representado y dirigido en esta superioridad, primero por el Abogado Don Miguel Zavaleta y después por el de la misma clase Don Juan Eamón Eamos, y de la otra, como demandado Don Manuel Cividanes, representado y dirigido por su abo-gado defensor Don Luciano Ortiz Antón: autos pendientes ante nos a virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación del demandante contra la sentencia pronun-ciada por el referido tribunal de distrito, que copiada a la letra dice así:

      “Sentencia. En la ciudad de Iíumacao a 4 de abril de 1903. Vis-tos en juicio oral y público este pleito sobre interdicto de recobrar la posesión de unos terrenos seguido entre partes de la una Don Pedro Amorós, representado por el Letrado Don Miguel Zavaleta, deman-dante, y de la otra Don Manuel Cividanes, representado por el Le-trado Don Luciano Ortiz Antón, demandado.

      “Resultando: que el Letrado Don Miguel Zavaleta a nombre y representación de Don Pedro Amorós, con fecha 9 de marzo del año corriente, presentó escrito a este tribunal, consignando que su repre-sentado es dueño de la hacienda ‘Cayures,’ en cuyas tierras se com-prenden unas seis o siete cuerdas de palmar con pastos, cultivados; que la referida hacienda ‘Cayures’ ha estado siempre en posesión de dicho palmar utilizando sus frutos y pastos, habiéndole adquirido su representado como parte integrante del fundo, de la misma manera que lo adquirieron sus causantes, los Señores Amorós Hermanos de Don Severiano Virella con el detalle significativo de haber sido el nominado Don Mateo Amorós quien hizo la última plantación de coco-tero; que Don Manuel Cividanes que administra y rige la contigua hacienda ‘Mercedes,’ la cual, por más señas carece de palmar, a prin-cipios de diciembre del año pasado puso o mejor mandó levantar (*) una empalizada que encierra, como si perteneciera a la hacienda que dirige, una cuerda y ■ 20 céntimos de otra, conteniendo cabalmente parte de las palmeras más viejas y gran número de las arraigadas en la insinuada plantación de Don Mateo; que el despojante pro-cede con notoria malicia, supuesto que ya anteriormente intentó poner tal empalizada y requerido la mandó quitar y ahora al reincidir en el despojo, pretexta que la enclava provisionalmente, mientras se deslinda con la ‘Reunión’ y ‘Cayures,’ a no dudar en la halagüeña esperanza de que permanenciendo el dueño perjudicado en Europa, transcurre el año y un día, y después de aducir como fundamentos de derecho la adquisición de la posesión por título de dominio, el artí-culo 448 del Código Civil revisado, la competencia del tribunal deter-minada por la radicación del inmueble, la sección 2a. del título se-gundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 1656 de la misma, terminó ofreciendo la información testifical, previos los capí-tulos que al efecto formuló y suplicando al tribunal que admitida la demanda y practicada la información ofrecida ordenara la cele-bración del juicio, y a su tiempo declarar con lugar el interdicto, man-dando reponer a su representado en la posesión del terreno ameritado, condenando a Don Manuel Cividanes en costas, daños, perjuicios y devolución de frutos, requerido con el apercibimiento procedente.

      “Resultando: que admitida la demanda formulada por providen-cia del mismo día de su presentación, se mandó practicar la informa-ción ofrecida para ello y se libró carta orden al Juez Municipal de Guayama, habiéndose llevado a cabo la referida información me-diante los testigos Don Arturo Cintrón Rivera, Don Natividad Cintrón Soto, Don Pedro Díaz Rodríguez y Don Guillermo Morales Lugo todos mayores de edad, vecinos de Guayama, casados el primero, se-gundo y cuarto,- viudo el tercero, comerciante los dos primeros, pro-pietario el segundo e industrial el cuarto, todos sin tacha legal, quie-nes examinados bajo juramento manifestaron constarles de ciencia propia los hechos consignados en el interrogatorio propuesto: 1. Ser cierto que Don Pedro Amorós desde que adquirió la hacienda 1 Cayu-res ’ venía poseyendo, cultivando y utilizando los frutos y pastos de un palmar de seis o siete cuerdas, lindantes por el norte y oeste, con la hacienda ‘Reunión,’ por el sur con la zona marítima y el barrio de las Mareas y por el este con la hacienda ‘Mercedes.’ 2. Que el pal-mar descrito lo poseyeron antes sus causantes los Señores Amorós Hermanos como su antecesor Don Severiano Virella Cassagues y su padre, todos los cuales atendieron a su plantación y cultivo, utilizando sus frutos y ('*) pastos, habiéndose conocido siempre como parte inte-grante de la ‘Cayures’ y teniendo con la ‘Mercedes’ la misma guar-darraya, cuyos puntos conocen y suponen existan aún. 3. Que en los primeros días de diciembre del año pasado los jornaleros o tra-bajadores de la repetida hacienda ‘Mercedes,’ por orden de Don Manuel Cividanes, que es allí quien todo lo dispone y presencia, levan-taron una empalizada con la cual privó a la hacienda ‘Cayures’ de más de una cuerda del palmar de que se trata, en parte sembrado por Don Mateo Amorós, socio gestor de Amorós Hermanos.

      “Resultando: que con el resultado de la información practicada se convocó a las partes para que el día de 26 de marzo último a las diez de la mañana comparecieran ante el tribunal para celebrar el oportuno juicio verbal, y previa citación del demandado Don Manuel Cividanes tuvo efecto aquél en el día indicado con la concurren-cia del letrado del actor, quien reprodujo la demanda solicitando que previa la prueba que propondría, se declarara con lugar el interdicto, y del Licenciado Don Luciano Ortiz Antón en representación del demandado Don Manuel Cividanes, quien manifestó que su defen-dido estaba dispuesto a levantar la cerca que había puesto en los terre-nos de la hacienda ‘Cayures’ pero reservándose el derecho de recla-mar contra el demandante Amorós, porque dicha cerca fue puesta con el consentimiento del mismo, negando que existiera el despojo y ofre-ciendo prueba para justificar los hechos alegados, ofreciendo el de-mandante como suya el plano de la hacienda ‘Caynres,’ una certi-ficación de mensura de la misma, la de testigos y la de inspección ocular y el demandado propuso la testifical consistente del examen de los testigos Don Jesús María Bañe, Tomás Cintrón Cordero, Santiago Cintrón Cordero, Justo Dávila Figueroa y Don Manuel Texidor.

      “Resultando: que declarada pertinente la prueba testifical y do-cumental propuesta por ambas partes y habiéndose reservado el Tribunal resolver sobre la pericial, fueron examinados los testigos del demandante Don Gregorio Ortiz Santiago, quien manifestó que en el tiempo que estuvo en la hacienda ‘Mercedes’ había una empalizada entre dicha hacienda y la ‘Cayures’ en la línea recta hasta el mar-y lo demás quedaba de parte de la ‘Cayures,’ manifestando que hace dos años era mayordomo de Cividanes; Don Avelino Quirindongo y Cintrón, quien declaró que el palmar que existe entre la ‘Mercedes’ y la ‘Cayures’ siempre lo ha-tenido como de la hacienda ‘Cayu-res’; (*!) que hace un par de meses que ha visto una cerca puesta en los terrenos de dicho palmar; que dicha cerca está colocada de sur a norte; que no sabe si ha sido puesta o nó con la aquiescencia del representante de la ‘Cayures;’ Don Juan Pablo Vega y Díaz, quien manifestó que el pedazo dé terreno que se encuentra cercado entre la hacienda ‘Mercedes’ y la ‘Cayures,’ lo ha tenido como pro-piedad de la ‘ Cayures; ’ que el cierre ha sido puesto hace poco tiempo; que la parte que ocupa esa empalizada corresponde a la ‘Cayures’ y que por una parte de dicha empalizada se puede pasar a la ‘ Cayu-res;’ Eustasio Cintrón, quien manifestó que el terreno del palmar pertenece a la ‘ Cayures; ’ que un trozo del mismo ha quedado cerrado por una empalizada que ha puesto el Sr. Cividanes, quedando la misma de parte de la hacienda ‘Mercedes,’ y que el referido pedazo de terreno no está cercado todo, pues hay un sitio por donde se puede entrar al mismo que es el paso a la hacienda ‘Reunión;’ Concepción Ayala y Marcano que manifestó: que la hacienda ‘Cayures’ culti-vaba como suyo el terreno del palmar y que ha visto una empalizada que divide dichos terrenos de la hacienda ‘Mercedes,’ quedando los terrenos del palmar de parte de la ‘Mercedes,’ pudiéndose entrar por dicha empalizada a la referida hacienda ‘Mercedes;’ Guillermo Morales Lugo, que manifestó que el terreno de pastos que hay entre la ‘Mercedes’ y ‘Cayures’ pertenece a esta última; que ba visto una empalizada en esos terrenos; que por consecuencia de la cerca, los terrenos quedan de parte de la ‘Mercedes’ y que no ba recorrido esa cerca, pero que al pasar la ba visto de sur a norte; Pedro Díaz Ortiz, quien dijo que entre la ‘Cayures’ y la ‘Mercedes’ hay un te-rreno de pastos que hace muchos años lo conoce como de la ‘Cayu-res;’ que lia visto una empalizada en dicho terreno quedando el mismo de parte de la ‘Mercedes’ por consecuencia de esa empalizada; que desde el ciclón no ha pasado por esos terrenos y que desde lejos ha visto un pedazo de cerca; Arturo Cintrón Rivera, que se pro-dujo en el sentido de que ha visto siempre como de ‘Cayures’ los terre-nos de pastos de que se trata; que ha visto una cerca en dichos terrenos quedando éstos por consecuencia de la misma de parte de la hacienda ‘Mercedes’ y que no ha recorrido dicha cerca; Natividad Cintrón y Soto, quien manifestó que entre la hacienda ‘Cayures’ y la ‘Mercedes’.hay un terreno sembrado de palmeras que siempre ha tenido como de la ‘ Cayures; ’ que en esos terrenos hay puesta una cerca quedando los mismos de parte de la ‘Mercedes’ y que no ha recorrido la cerca, habiéndola visto sólo de lejos. (*)

      “Resultando: que a] elevar la prueba testifical propuesta por el demandado comparecieron los testigos Tomás Cintrón y Cordero, quien manifestó que por el mes de diciembre, fué avisado para que en unión de dos peones más fuera a poner una empalizada en los terre-nos de la hacienda ‘Mercedes’ y la ‘Cayures’ y habiendo comenzado a colocarla Don Miguel Alemani y dos mayordomos de la ‘Reunión’' y ‘Cayures’ les mandaron suspender el trabajo; que al poco rato llegó-Don Manuel Cividanes con dos de sus mayordomos y convino con el Sr. Alemani en suspender la colocación de la cerca, hasta que el agri-mensor practicara el deslinde de las dos fincas y que si transcurrida una semana el deslinde no se había hecho, podrá Cividanes colocar-la cerca que pretendía provisionalmente; que transcurridas cerca de dos semanas, el declarante y los otros dos peones colocaron dicha, cerca, siendo vistos durante los días en que trabajaban por Don Miguel Alemani y los dos mayordomos de las haciendas ‘Reunión’ y ‘Cayures,’ quienes nada dijeron en contra de la colocación de la cerca; Justo Dávila y Figueroa, quien se produjo en los mismos términos que el anterior; Don Jesús María Bañe, mayordomo del Sr. Civi-danes, que declaró lo mismo que los otros, habiéndose abstenido el Licenciado Sr. Zavaletas. de repreguntar a los testigos de la parte-contraria.

      “Resultando: que el tribunal resolviendo: acerca de la prueba de inspección ocular propuesta por el actor,,,acó,rdó no admitirla por no ser de las que la ley establece en los interdictos, estimándola por otra parte innecesaria con vista del artículo 340 de la ley; que el letrado del actor protestó de la admisión de la prueba testifical propuesta por el demandado, practicada en el acto del' juicio;' 'después de lo cual in-formaron los defensores de las partes acerca de los derechos de éstas, solicitando el actor se declarara con lugar tel- interdicto y el deman-dado que se declarase sin lugar con 'las,.-costas,¡al,actor; después de lo cual se dió por terminado el .juicio para-sentencia, señalándose para la votación del fallo el día cuatro del corriente, habiendo tenido lugar dicha votación, el día expresado.

      “Resultando: que en la tramitación de este juicio se han obser-vado las'formalidades legales. • ■' -'u;;- ■ ■■
    “Siendo Ponente el Juez Asociado,Sr. ¡Charles E.-.Foote. ’

      “Considerando: que si bien .de la infor¡ma<?ión preliminar praer ticada resulta que el actor se vió inquietado en la pqsesión del terreno objeto de este litigio, tal hecho se hizo .con el consentimiento de .los-representantes (*) del demandado, según la 'prueba ofrecida por éste y practicada en el acto del juicio oral. .

      “Considerando: que ocurrido el hecho'alegado por el actor bajó las circunstancias en que tuvo lugar, no piiede. estimarse como sufi-ciente para apoyar en él el ejercicio de la .acción de interdicto dedú-cida por el actor, ya que no cabe la existencia de perturbación o. el despojo, cuando el hecho que se afirma dió origen a la misma ha. sido consentida por la parte reclamante.
    ‘ ‘ Considerando: que las costas deben imponerse' al litigante, cuyas pretensiones fueron totalmente desestimadas.

      “Vistas las disposiciones legales de pertinente aplicación.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos no haber lugar al interdicto de recobrar la posesión de los terrenos expresados, instado por Don Pedro Amorós, a quien se condena al pago de las costas.
    “Publíquese esta sentencia y notifíquese a las partes.
    “Así definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Salvador Fulladosa, José R. Aponte, Charles E. Foote.”

      Resultando: que contra esta sentencia se interpuso por la representación del demandante Don Pedro .Amorós recurso de apelación que le fué admitido libremente y en ambos' efec-tos, y que elevados los autos a esta superioridad con citación y emplazamiento de las partes y personadas éstas, se dió al recurso la tramitación correspondiente y se señaló día para la vista, a cuyo acto concurrieron los abogados defensores de las partes.
    Abogados del apelante: Sres. M. Zavaletas y Juan R. Ramos.

    Abogado del apelado: Sr. L. Ortiz.

   El Juez Presidente Se. Quiñones,

después de exponer los heCbos anteriores, emitió- la opinión del tribunal.

Acéptamelo los fundamentos de becbo de la sentencia ape-lada.

Considerando: que con arreglo al artículo 1654 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la prueba en los interdictos de retener y recobrar la posesión, debe versar precisa y exclusivamente sobre los dos extremos a que se refiere el artículo 1650 de la propia ley, es decir, sobre el hecbo de estar el demandante •en (*) la posesión o en la tenencia de la cosa objeto del inter-dicto, y de haber sido inquietado o perturbado en ella, o des-pojado de dicha posesión o tenencia, designando en todo caso «el autor de la perturbación o del despojo; y que examinada la prueba testifical .producida por el actor en el acto del juicio verbal, todos los testigos se han limitado a declarar que el ■palmar de que se trata lo han considerado siempre como de la hacienda “Cayures,” pero no concreta ni determinadamente como la ley lo requiere, que el demandante Don Pedro Amorós estuviera en la posesión o en la tenencia de dicho palmar; de donde se deduce que la prueba practicada en el juicio, y ofre-cida por el demandante, no acredita los dos extremos esen-ciales para que pueda estimarse con lugar el interdicto de despojo.

Vistos los artículos 1649, 1650 y 1654 de la Ley de Enjui-ciamente Civil y las secciones 63 y 72 de la Orden General No. 118 de 10 de agosto de 1899.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada, con las costas al apelante Don Pedro Amorós.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras y Mac-Leary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista en este caso.


author: El Juez PeesideNte Se. Quiñokes,

text:
    Ex Parte Martínez.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan,
    No. 69.
    Resuelto en abril 4, 1904.
    Dominio — Escrito Inicial Promoviendo la Información. — Aunque en el escrito inicial de una información de dominio debe expresarse si el promovente careee o nó de título de dominio escrito, esto no obstante, admitido el escrito sin ese requisito, y sin objeción alguna del tribunal o del Eiseal, no procede, después de corridos todos los trámites legales, denegar la aprobación de la información por la falta de dicho requisito, cuya subsanación ha debido' decretar el tribunal oportunamente. (*)
    Id. — Posesión tara Adquirir el Dominio — Buena Pe — Justo Título. — Para adquirir el dominio de los inmuebles por la prescripción ordinaria es nece-sario seis años de posesión con buena fe y justo título, siendo preciso indicar la clase de título con que se posea a fin de que el tribunal pueda apreciar si es o nó justo.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos promovidos en el Tribunal de Distrito de San Juan por el Abogado Don Luis Freyre Barbosa a nombre de Don Francisco Martínez Salas, sobre información de dominio de una finca rústica, pendientes ante nos a virtud del recurso de apelación interpuesto por el promovente contra la sentencia dictada por el referido tribunal de distrito, en quince de julio último, por la que se declaró no baber lugar a la declaratoria de dominio solicitada.

      Resultando: que el Abogado Don Luis Freyre Barbosa, en representación de Don Francisco Martínez Salas, promovió ante el Tribunal de Distrito de .San Juan expediente para justificar el dominio de un predio de terreno de seis cuerdas ■de extensión, sito en el barrio de la Candelaria del término municipal de Toa Baja, con un valor de setenta y dos dollars, y que adquirió por compra a Telésforo y Marcela Ortiz, expre-sando carecer de título de dominio inscrito.

      Resultando: que conferida vista de la anterior solicitud al Ministerio Fiscal, lo evacuó manifestando que no veía incon-veniente en que se practicara la prueba propuesta, y que admi-tida la información y publicados los edictos convocando a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscrip-ción solicitada,-y corridos todos los trámites del expediente, declararon los testigos Don Manuel Pacheco y Don Juan José Cesáreo, mayores de edad y vecinos de la localidad, que era cierto y que les constaba que el terreno de que se trata era propiedad de Don Francisco Martínez Salas por haberlo ad-quirido hacía unos cinco años de Telésforo y Marcela Ortiz, y que del mismo modo era cierto que desde la fecha de la adquisición había venido en posesión de dicho terreno (*) dis-frutándolo quieta y pacíficamente, agregando los testigos que los anteriores poseedores del inmueble de que se trata lo pose-yeron por más de veinte años sin oposición de tercera persona.

      Resultando: que convocados el promovente y el Fiscal,, únicas partes interesadas en este expediente, para una com-parencencia verbal a fin de que alegaran lo que creyeran per-tinente a su derecho, y no habiendo comparecido ninguno dé-los citados, dictó sentencia el Tribunal de Distrito de San Juan en 15 de julio último, resolviendo no haber lugar a declarar' el dominio interesado, alegando como único fundamento de. dicha resolución, que sólo pueden ampararse en las prescrip-ciones del título 14 de la Ley Hipotecaria los propietarios que carezcan de título de dominio escrito, circunstancia que por lo menos' hay que hacer constar en el escrito inicial del procedi-miento, no bastando alegar la carencia de título inscrito.

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso apelación, la representación del promovente Don Francisco Martínez Salas, la que le fué admitida libremente y en ambos efectos, y que elevados los autos a esta superioridad con citación y emplazamiento de las partes, y personada la apelante, se dió al recurso la tramitación correspondiente y se señaló día para la vista, a cnyo acto sólo asistió el Fiscal de este Tribunal Supremo que impugnó el recurso.
    Abogado del apelante: Sr. Freyre Barbosa.

    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez PeesideNte Se. Quiñokes,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Considerando: que si bien en el escrito inicial de estas informaciones de dominio debe expresarse si el promovente carece o nó de título de dominio escrito y que no basta ex-presar que se carece de título inscrito, habiendo admitido el tribunal la información propuesta por Pon Francisco Mar-tínez Salas sin aquel requisito, no procede hoy, después de co-rridos todos los trámites del informativo, desestimarlo de oficio por (*) un defecto de forma que el tribunal pudo' y debió corregir al iniciarse el expediente, rechazando de plano la información propuesta.

Considerando: que esto, no obstante, en el presente caso no procede hacerse la declaratoria de dominio que se interesa por Don Francisco Martínez, toda vez que los testigos sólo acreditan estar el promovente en posesión del terreno hacía unos cinco años, que no es tiempo suficiente para adquirir, por prescripción, el dominio de los bienes inmuebles, con arreglo a la Orden Judicial de 4 de abril de 1899, que invoca el peti-cionario como fundamento de su solicitud, y que exige seis años de posesión continua con buena fe y justo título, máxime cuando tampoco se justifica que lo hubieran adquirido los anteriores dueños del terreno, puesto que los testigos sólo dicen que lo poseyeron por más de veinte años, quieta y pacífi-camente, pero sin determinar si poseían o nó con justo título, y cuál fuera éste, para que el tribunal pudiera juzgar si era o nó justo, a los efectos de la adquisición del dominio.

Vista la Orden Judicial citada y las demás disposiciones aplicables al presente caso.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada, con las costas al apelante.'

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Higueras y Mac-Leary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. MacLeaby,

text:
    Martínez v. Rivera.
    Recurso de queja contra resolución de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 1.
    Resuelto en abril 4, 1904.
    Apelación' — Sentencia Definitiva. — El recurso de apelación procede contra las sentencias definitivas, entendiéndose por tales, no sólo las que terminen el (*) juicio, sino también las que recayendo sobre un incidente o artículo, pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación.
    Ib. — Un auto denegatorio de la reposición de otro auto por el que se negó a su vez la intervención en unas operaciones de recolección de café de una finca rústica, dentro del procedimiento sumarísimo de la Ley Hipotecaria, no es definitivo y por consiguiente no es apelable para ante el Tribunal Supremo.
    Hipotecas — Procedimiento Sumario. — El procedimiento sumario que determina la Ley Hipotecaria para el cobro de créditos hipotecarios, no puede suspenderse a instancias del deudor, ni de ninguna otra persona.
    Id. — Recursos del Deudor — Asesuramiento de Sentencia. — El deudor además de los recursos que le otorga el párrafo 9 del artículo 175 del Reglamento Hipotecario, puede asegurar la efectividad de la sentencia que haya de dic-tarse en el pleito que puede iniciarse a su instancia, solicitando en él la retención del todo o parte de la cantidad que por el procedimiento ejecutivo deba entregarse al acreedor ejecutante.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.

      Resultando: que dentro del procedimiento sumarísimo que estatuye la Ley Hipotecaria y regula su reglamento, seguido por Don Víctor Martínez contra Don Domingo Rivera, en cobro de un crédito hipotecario, a solicitud del ejecutante se decretó la administración judicial de la finca hipotecada, según lo que dispone el artículo 1528 de la Ley de Enjuicia-miento Civil.

      Resultando: que el letrado del demandado, en nombre de su principal, solicitó la intervención de las operaciones de recolección del café de la finca rústica objeto de la administra-ción, fundando su solicitud en los artículos 1519, 1520, 1528 y siguientes de la ley mencionada, y fue denegada la solicitud en providencia de 1 de octubre último.

      Resultando: que el letrado mencionado solicitó reposición de esa providencia, y también ésta fué denegada, por auto de 19 de noviembre último.

      Resultando: que en seguida interpuso apelación contra el auto últimamente mencionado y se denegó por otro de 5 de diciembre siguiente.

      Resultando: que haciendo uso del derecho, que según sos-tiene, concede a su parte el artículo 397 de la Ley de Enjui-ciamiento Civil, interpuso el recurso de queja (*) correspon-diente, suplicando a esta Corte Suprema que haga los pronun-ciamientos que procedan y sean de justicia.

      Resultando: que interpuesto en tiempo y forma- por el deudor el recurso de queja contra el auto denegatorio del de apelación, se señaló día para la vista, cuyo acto se celebró sin la asistencia de los abogados defensores de las partes, en diez y ocho de marzo del año corriente.
    Abogado del recurrente: Sr. Fernando Vázqioez.

    La parte recurrida no compareció.
   El Juez Asociado Sb. MacLeaby,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Considerando: que procede el recurso de apelación contra las sentencias definitivas y tienen el concepto de tales además de aquellas que terminan el juicio, las que recayendo sobre un incidente o artículo pongan término al pleito, haciendo impo-sible su continuación, según lo dispuesto en el artículo 1688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Considerando: que el auto de 19 de- noviembre del año anterior, contra el cual se interpuso el recurso de apelación y que se limitó a negar la reposición del de 1 de octubre, que denegó la intervención de las operaciones de recolección del café de la finca rústica, dentro del procedimiento snmarísimo de la Ley Hipotecaria, no tiene el concepto de definitivo, por-que a nada pone término, ni hace imposible la continuación del pleito, por cuya razón fué bien denegada la apelación por el Tribunal de Distrito de Mayagüez.

Considerando: que este recurso de queja tiene por objeto la admisión o nó del recurso de apelación denegado, y si este tribunal acordase la admisión se pondría en contradicción con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Hipo-tecaria, puesto que estas disposiciones previenen que no puede suspenderse dicho procedimiento, ni a instancia misma del deudor, y admitida la apelación su primer efecto sería (*) la suspensión del procedimiento, puesto que el tribunal carecería ya de jurisdicción para seguir actuando. ■

Considerando: que con negar la queja, y por ende la ad-misión del recurso de apelación, se cumple con la ley y no se causa perjuicio al deudor, puesto que éste tiene a su favor todos los recursos que le otorga el párrafo 9 del artículo 175 del reglamento ya citado, y hasta puede asegurar la efecti-vidad de la sentencia que haya de dictarse en el pleito que puede iniciarse a su instancia, pidiendo en él la retención del todo o de una parte de la cantidad que por el procedimiento ejecutivo debe entregarse al ejecutante, según el párrafo 10 del referido artículo 175 de la ley mencionada.

Se declara sin lugar el recurso interpuesto por el Licen-ciado Fernando Vázquez, en representación de Don Domingo Rivera, contra el auto de 5 de diciembre de 1903 dictado por la Corte de Distrito de Mayagüez, el que se confirma con las costas a la parte recurrente; y comuniqúese esta resolución a la Corte de Mayagüez para los efectos procedentes.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados Hernández, Figueras y Sulzbacher.


author: El Juez Asociado Se. HeeNÁudez,

text:
    Salomons v. León.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 62.
    Resuelto en abril 6, 1904.
    Obligaciones — Contratos—Interpretación de los Mismos. — Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contra-tantes y deben cumplirse a su tenor, y éstos no deben ser objeto de inter-pretación cuando su sentido sea claro y terminante, no siendo lícito desna-turalizar el sentido de sus cláusulas con interpretaciones violentas.
    Id. — Cumplimiento de los Mismos — Indemnización.—En los casos en que una parte dejare de cumplir las estipulaciones convenidas en un contrato, procede obligarla al cumplimiento de las mismas y a la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios a que su incumplimiento hubiere dado lugar.(*)
    Id. — El incumplimiento por una parte, de las cláusulas establecidas en un con-trato, en su propio beneficio y utilidad, a nadie más que a la misma parte pudiera perjudicar, y por consiguiente, no es procedente exigirle el cum-plimiento de las expresadas cláusulas.
    Costas — -Falta de Temeridad. — No habiendo notoria y manifiesta temeridad en las-partes litigantes y no desestimándose totalmente las pretensiones de una y otra, el pronunciamiento de costas debe hacerse sin especial condenación.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el inicio seguido ante el Tribunal de Distrito de Ponce, entre partes, de la nna Doña Ana Salomons y Lind, deman-dante, y de la otra Don Esteban de León y Martínez, deman-, dado, sobre cumplimiento de un contrato, cuyo juicio pende ante nos a virtud de recurso de casación, boy de apelación, interpuesto por León y Martínez, contra la sentencia que dictó el referido tribunal, habiendo llevado la representación y defensa de la parte recurrente, ante esta Corte Suprema, el Letrado Don Antonio Alvarez Nava, y las de la recurrida, el Letrado Don José de Gruzmán Benitez.

      Resultando: que la expresada sentencia, dictada en 22 de julio de 1902, copiada a la letra dice así:

      “Sentencia. En la ciudad de Ponce a los 22 días del mes de julio de 1902. Visto en juicio oral y público este pleito seguido en autos declarativos y entre partes, de la una, como demandante, Doña Ana Salomons Lind, mayor de edad, viuda, y vecina de esta ciudad; repre-sentada por el Letrado Don Manuel León Parra; y de la otra como demandado Don Esteban de León y Martínez, mayor de edad, vecino de esta ciudad, propietario ■ representado por el Letrado Don Luciano Ortiz Antón; sobre cumplimiento de varias cláusulas de un contrato. Siendo Ponente para la redacción de esta sentencia el Sr. Juez Pre-sidente Don Isidoro Soto Nussa.

      “Resultando: que con fecha 17 de abril del corriente año Doña Ana Salomons y Lind, por medio del Letrado Sr. León Parra, esta-bleció la presente demanda en juicio declarativo, contra Don Esteban de León y Martínez, solicitando se condenase a éste a que en el término que el tribunal fije, levante en los terrenos arrendados pas-tos de 'malojillo completamente libres de plantas dañosas, que pue-dan perjudicar a aquéllos, y además a que arregle los canales de riego para (*) aprovechar una concesión de agua que tiene dicha finca; apercibido que de no hacerlo, se efectuará a su costa, y que se le con-dene además al abono de los daños y perjuicios originados y que se originen a contar desde el día 15 de febrero del corriente año; y ade-más al pago de las costas; fundando su demanda en los siguientes hechos: que en 4 de diciembre de 1893, ante el notario de esta ciu-dad, Don Joaquín Mayoral, la demandante celebró con el demandado un contrato de arrendamiento de la mitad proindivisa de su pro-piedad que tiene en la siguiente finca: ‘Hacienda que fué de cañas dulces denominada “Santa Cruz,” radicada en el barrio de Bucaná de este término municipal, y tiene de cabida 250 cuerdas de terreno, equivalentes a 98 hectáreas, 25 áreas, 98 centiáreas de las cuales hay 180 cuerdas propias para caña y 70 cuerdas a pastos, malezas y sali-trales; colindando por el norte con terrenos de la hacienda “Isabel” de la sucesión Oppenheimer y con un camino vecinal, por el este con la misma hacienda “Isabel,” por el sur con el mar; y por el oeste con el río Bucaná; siendo la parte de esta finca arrendada al Sr. León la misma que anteriormente la tuviera en arriendo Don Víctor Quiñones; que entre las varias condiciones estipuladas en dicho con-trato figura la de que el arrendatario Don Esteban de León quedaba obligado a levantar pasto de malojillo sobre el terreno arrendado, cuyos pastos, a la terminación del contrato quedarían a beneficio de la arrendadora a la que debía entregarlos completamente limpios de toda planta que pueda serles perjudicial; que conteniendo la finca arrendada una concesión de aguas que no podía aprovecharse enton-oes por estar cegadas todas las zanjas, el arrendatario León se com-prometía a abrir desde luego, de sn exclusiva cuenta, con el fin de utilizar dichas aguas, en la inteligencia que si después de arregla-das las zanjas quisiera la arrendadora hacer uso de las aguas, podía hacerlo, pero sin causar perjuicio alguno a los derechos adquiridos por el arrendatario; que el contrato se celebró por el término de seis años, prorrogable a un año más si lo quisiere el Sr. León, contándose ese término desde el día 11 de septiembre de 1893; pero no fué de-vuelta la posesión de la finca hasta el 15 de febrero del corriente año porque al cumplirse el contrato e irse a hacer cargo de ella un hijo de la arrendadora, se encontró con que el Sr. León no había cumplido ninguno de los compromisos contraídos en el contrato público cele-brado, pues los terrenos arrendados se hallaron completamente cubier-tos de malezas, no se sembró en ellos yerba, malojillo y en cuanto a los canales de (*) riego, no ya sólo no realizó en ellos las recomposi-ciones a que se comprometió, sino que faltando a los cuidados indispensables de conservación, habían desmerecido grandemente en poder del arrendatario, los que le entregaron al celebrar el contrato dé arriendo; y que no obstante los ofrecimientos particulares que le hiciera el Sr. León, de cumplir el compromiso, no lo ha verificado.

      “Resultando: que con el escrito de demanda se acompaña testi-monio de la escritura del contrato de arrendamiento de que se hace mérito, y certificación de haber intentado el acto de conciliación.

      “Resultando: que admitida la demanda, se dió traslado de ella al demandado Don Esteban de León y Martínez por término de 20 días, durante el cual se personó en los autos y contestó la demanda, confesando el primero y segundo de los hechos de ella, y alegando que una vez que empezó la vigencia del contrato, tanto en su propio beneficio, como para intentar el cumplimiento de una cláusula noto-riamente imposible, por no haber medios de sembrar la mitad proin-divisa de una finca sembró en la totalidad de ella yerba malojillo, y para cumplir en el propio beneficio como arrendatario la cláusula sexta que sólo en su favor se había puesto, procedió a limpiar las zan-jas cegadas para utilizarse de las aguas dotación de la finca; que a consecuencia del ciclón que devastó esta Isla en 1899 la finca arren-dada sufrió, como todas, los efectos de la inundación, cegándose las zanjas abiertas por él, destruyéndose y ensuciándose no poco del pasto que en ella había sembrado; que terminado el plazo del arren-damiento celebró con la demandante un nuevo contrato en el cual no existía esa cláusula referente a la siembra de yerba ni ninguna de las demás cuyo cumplimiento se exige; y solicita, se declare sin lugar la demanda con imposición de las costas a la demandante.

      “Resultando: que recibido el pleito a prueba, cada una de las partes propuso las suyas, y señalado el día 10 del actual para la cele-bración del juicio oral y la práctica de las pruebas, así se verificó informando en aquel acto los letrados de ambas partes lo que esti-maron oportuno en defensa de sus respectivos derechos.

      “Resultando: que de la prueba documental traída a los autos, ■aparece la celebración del contrato de arrendamiento verificado en la forma y bajo las condiciones señaladas por la demandante; que practicada una inspección ocular en los terrenos arrendados, en pri-mero (*) del actual, aparecen aquéllos cubiertos de diferentes yerbas, .entre ellas grama amarga, pata de gallina, y aromas, destacándose de vez en cuando algunos tallos de malojillo así como algunas man-chas en otros sitios de esta última yerba; que en un extremo de la finca cerca del río, se encontraron restos de un canal en la entrada «de las aguas en el cual se encuentra un trozo de él, donde estaba el módulo, no existiendo éste ni represa, no pudiendo entrar las aguas y encontrándose dicho canal en parte destruido y en parte sano; que Don Oscar Oppenheimer dió recibos a Don Esteban de León por 25 pesos uno, sin fecha, como resto del arrendamiento del mes de agosto, y otro por 75 pesos, fecha 5 de agosto de 1901, a cuenta del arren-damiento de la estancia ‘Santa Cruz.’

      “Resultando: que de la prueba de confesión por el demandado Don Esteban de León, que éste declara habérsele señalado por Don Osear Oppenheimer, hijo de la demandante, el terreno que constituía la mitad de la finca que se le arrendaba; que el declarante arregló el ■canal, lo limpió e hizo una represa que no estaba en el contrato, cuya represa no existe hoy porque se la robaron; que dichos terrenos los hizo arar y los sembró de malojillo, construyendo un módulo que se lo llevó el río a los pocos días, que el canal lo tapó el río; que en el primer año del arrendamiento pagó 30 pesos mensuales como precio •del mismo, en sucesivos años, hasta siete, pagó a razón de 70 pesos mensuales, y después, hizo un nuevo arrendamiento • con Don Osear Oppenheimer hijo de la Sra. Salomons, sin estipular otras condicio-nes que las de pagar $100 mensuales, cuyo precio vino satisfaciendo por espacio de un año y medio o sea hasta el 16 de febrero del corriente ■año en que dejó el arrendamiento, después de lo que, se metieron en los terrenos ganados de los Sres Saurí y Subirá; que los 100 pesos men-suales los dejaba algunas veces en poder de Don Julio Yerne, y otras en el del cuñado de Don Oscar, para que los entregara a éste; que; durante el arrendamiento sólo ba percibido dos recibos, uno de Don. Oscar y" otro de su hermana.

      “Resultando: de la prueba testifical, Don Oscar Oppenheimer ma-nifiesta, que el Sr. de León sólo pagaba 60 pesos provinciales por el arrendamiento, y después del canje pagaba su equivalencia o sea. $36, que no celebró ningún contrato con León; que éste nunca pagó 25 pesos semanales ni 100 mensuales. Reconoció (*) los dos recibos; existentes en autos, y explica que ellos son de mensualidades atra-sadas; que 'de las cantidades que le pagaba León siempre le otor-gaba recibo por conducto de la misma persona con quien él le enviaba él dinero; no puede afirmar que el recibo de 25 pesos sea anterioral de 75, no recuerda la fecha en que autorizó el primero. Don Vicente Valdivieso y Torruella manifiesta que oyó a Don Oscar Oppen-lieimer y Don Esteban de León tratar del arrendamiento de la finca ‘Santa Cruz’ quedando León en arreglar aquélla bajo las mismas-condiciones; no da más detalles. Don Emilio Ferí, mayordomo de la hacienda ‘Estrella,’ manifiesta que esta hacienda tiene arrendados los terrenos de la-finca ‘Santa Cruz,’ los cuales están sembrados de-yerba de hicotea que arranca el declarante porque no la come el ga-nado ni deja crecer el malojillo; no vió que León sembrara de esta-yerba en esos terrenos ni sabe arreglara el canal; que cuando entró de mayordomo en dicha hacienda, encontró esos terrenos cembra-dos de malojillo en una parte. Don Ulises Clavel manifiesta que, desde hace seis u ocho años pasa con frecuencia por el camino dé-la finca ‘Santa Cruz,’ desde donde se distinguen 40 o 50 cuerdas de-esos terrenos y nunca vió que León tuviera sembrado en ellos malo-jillo, que no vió tampoco que por el canal pasara agua nunca, igno-rando el porqué de eso. Don Carlos Torres manifiesta que la hacienda ‘Restaurada’ viene aprovechando las aguas del río que antes, aprovechaba la finca ‘Santa Cruz,’ la que desde hace mucho tiempo; no las utiliza por no tener canales y los que tenía están destruidos; que no vió los arreglase León y que si los hubiera arreglado lo hubiera visto el declarante, aunque en la época en que tuvo esos terrenos Leóm no vió los canales. Alejo Marcos manifiesta que, hasta un año antes■■ del ciclón ni después de éste vió sembrar yerba malojillo en los terre-nos de la finca ‘Santa Cruz,’ ni arreglar sus canales. Don Julio Verne' manifiesta que es cierta la ¿ntrega de dinero que le hacía León, la que efectuaba él a Don Oscar Oppenheimer sin percibir recibo; que-sabía procedía ese -dinero del arrendamiento de la finca ‘ Santa Cruz, ’" y que León le indicaba siempre a qué semana se refería aquel pago, lo que trasmitía el declarante a Oppenbeimer, y que tales entregas ocurrieron por los años 1900 y 1901. Juan Angel Rivera manifiesta que el Sr. León hizo cercas, limpieza y sembró yerba en los terrenos arrendados, que hizo en el río una represa y un módulo, y que hizo arreglar los canales. Don Juan Jorne y Juan Centeno, declaran en la misma forma que el anterior testigo. C*)

      “Resultando: que señalado el día de hoy para la votación de la presente sentencia, lo fué por unanimidad.

      “Resultando: que en este juicio, en su tramitación, se han cum-plido las prescripciones de la ley.

      “Considerando: que con arreglo al artículo 1091 del Código Civil las' obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos: no siendo lícito desnaturalizar el contenido de la obligación o de las cláusulas contractuales con interpretaciones rebuscadas o violentas cuando el sentido de ellas es claro y terminante.

      “Considerando: que entre las cláusulas estipuladas en el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes litigantes, según consta de la escritura presentada, existe la de que el arrendatario Don Esteban de León quedaba obligado a levantar pasto de malojillo en el terreno arrendado, cuyos pastos a la terminación del contrato que-darían a beneficio de la arrendadora, a la que debía entregarlos com-pletamente limpios de toda planta que pudiera serles perjudicial, y la de que conteniendo la finca arrendada una concesión de aguas que no podía aprovecharse entonces por estar cegadas todas las zanjas, el mismo arrendatario León se comprometía a abrirlas desde luego, de su exclusiva cuenta, con el fin de utilizar dichas aguas; pudiendo la arrendadora hacer uso de ellas, pero sin causar perjuicio a los dere-chos adquiridos por el arrendatario.

      “Considerando: en cuanto a la cláusula primera de las transcri-tas en el anterior considerando, que siendo claro y explícito el sen-tido literal de la misma no cabe argüirse de contraído que se trata de una cláusula de imposible ejecución bajo el pretexto banal de que el terreno arrendado se hallaba .proindiviso, toda vez que este extremo quedó completamente desvirtuado durante el período probatorio se-gún confesión del mismo arrendatario demandado, hecha ante el tribunal bajo la santidad del juramento, al firmar que Don Oscar Oppenheimer, hijo de la demandante, le había señalado el terreno que cons-tituía la mitad de la finca que se le arrendaba; siendo por 'tanto evi-dente que sobre esa porción deslindada, y no en otra era que el arren-datario debía levantar los pastos de malojillo a que dicba cláusula se refiere.

      “Considerando: que la subsistencia de la referida cláusula no se baila tampoco desvirtuada en sus efectos, por cuanto no aparece comprobada (#) por ninguno de los medios de prueba que el derecho reconoce, la alegación opuesta por la parte demandada, de que termi-nado el plazo del arrendamiento, había celebrado con el demandante un nuevo contrato en el cual no existía esa cláusula ni la otra, a que se refiere el escrito de demanda: debiendo en su consecuencia tenerse por firme, subsistente y valedera para todos los efectos legales dicha cláusula primera.

      “Considerando: que siendo esto así de la prueba de inspección ocular, la de confesión, la instrumental y la de testigos propuesta y practicada a instancia de la parte actora en el acto del juicio oral, aparece como un hecho probado, según la apreciación que ha hecho el tribunal sentenciador con arreglo a los dictados soberanos de su conciencia, que el arrendatario Don Esteban de León durante el tér-mino del contrato, ni al vencimiento, ni en ninguna otra ocasión en que se encontraba poseyendo el terreno arrendado, ha levantado ni sembrado la porción de terreno designádale, de pastos de malojillo según lo convenido, de tal modo, que al vencerse el contrato de refe-rencia hubo de encontrarse la finca cubierta de diferentes yerbas tales como grama amarga, pata de gallina y aromas, destacándose sobre el terreno solamente y de vez en cuando algunos tallos de malojillo y algunas manchas de esta yerba en otras partes del mismo; todo lo cual convence plenamente de que el referido arrendatario dejó incum-plida la cláusula estipulada y cuyo cumplimiento se exije en este juicio.

      “Considerando: que siendo un precepto terminante de la Ley Civil sustantiva que la prueba de las obligaciones incumbe al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone, es de todo punto concluyente que habiendo justificado en este punto su derecho la parte actora, sin que la contraria haya constatado las ale-gaciones opuestas, procede desde luego declarar con lugar la demanda en la parte que se refiere a exigir el cumplimiento de la cláusula pri-mera que se analiza, con los demás pronunciamientos subsidiarios de indemnización de daños y perjuicios irrogados por el incumplimiento de la misma.

      “Considerando: que si es evidente y paladino cuanto se ha eon-'siderado respecto al incumplimiento de la cláusula primera ya refe-rida y a la obligación en que está el arrendatario demandado de cum-plimentar en todas sus partes, no ocurre lo mismo en cuanto a la (*) cláusula segunda de las transcritas y que constituye otra de las con-diciones. o términos del contrato celebrado, si se tiene en cuenta la razón legal de que dicha cláusula o condición faccionada se estableció en contemplación del arrendatario y en beneficio y utilidad de su propia persona como tal arrendatario, único a quien después de todo importaba como mero explotador y usufructuador del terreno arren-dado servirse de dichas aguas y poner las zanjas o canales en buenas condiciones para el discurso de las mismas, obteniendo con esta mejora el mayor rendimiento posible del terreno; siendo de todo punto evi-dente que el incumplimiento de dicha cláusula a nadie ha podido per-judicar más que al mismo arrendatario, en cuyo favor se había esta-blecido.

      “Considerando: que en ese sentido carese de fundamento legal la parte de la demanda que se refiere a exigir, el cumplimiento de la expresada cláusula segunda, no siendo por tanto procedente la recla-mación que en este punto se deduce.

      “Considerando: en cuanto a las costas que no ha existido temeri-dad notoria y manifiesta en las partes litigantes, y que las preten-siones de éstas, no han sido totalmente desestimadas; por esta con-sideración debe hacerse el pronunciamiento y declaración legal sin especial condenación.
    Vistos los artículos 1091, 1098, 1100, 1101, 1107, 1113, 1203, 1214, 1218, 1231, 1235, 1241, 1244, 1248, 1281, 1555, del Código Civil, no reformado, en relación con los pertinentes de la Ley de Enjuicia-miento Civil, y la Orden General No. 118, y jurisprudencia del Supremo aplicable al caso.

      “Fallamos: que declarando con lugar la demanda interpuesta a nombre de Doña Ana Salomons y Lind en la parte que se refiere al primer extremo de la misma, con sus pronunciamientos subsidiarios, debemos condenar y condenamos al demandado Don Esteban de León y Martínez en su carácter legal de arrendatario, a que en el término de cinco meses naturales a contar desde la fecha en que sea firme esta sentencia, levante en el terreno arrendado los pastos de malojillo com-pletamente libres de plantas dañosas, con la prevención que de no verificarlo se efectuará a su costa, y a la indemnización de los daños y perjuicios irrogados a la demandante con el incumplimiento de la obligación primera pactada, los que deberán hacerse efectivos en la vía y forma que determina la Ley de Enjuiciamiento Civil.
    “Asimismo debemos declarar y declaramos sin lugar dicha de-manda en cuanto al otro extremó de su reclamación, absolviendo' de (*) ella al demandado Don Esteban de León, sin hacer especial: condenación de costas en ambos pronunciamientos. Así lo pronun-ciamos, mandamos y firmamos: Isidoro Soto Nussa, R. Sánchez Mon-talvo, Libertad Torres G-rau.”

      Resultando: que contra esta sentencia interpueso la repre-sentación de Don Esteban de León Martínez recurso de casa-ción, que le fué admitido; y elevados los autos a esta Corte Suprema, previa citación y emplazamiento de las partes, se tramitó dicho recurso como de apelación, señalándose día para la vista, la que tuvo lugar con asistencia de! letrado de la parte apelante.
    Abogado del apelante: Sr. Alvares Nava.

    Abogado del apelado: Sr. José de Gusmcm Benítes.

   El Juez Asociado Se. HeeNÁudez,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia apelada.

Vistas las disposiciones legales que en ella se citan.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos en todas sus partes la sentencia que en 22 de julio de 1902 dictó el Tribunal de Distrito de Ponce, con las costas del recurso a cargo de la parte apelante; y devuélvanse los autos a dicho tribunal con la certificación correspondiente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados Figueras, Sulzbacher y MacLeary.