author: El Juez PresideNte Señor Travieso

text:
    Julia Pirela Viuda de Figueroa, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 1185.

    Sometido: Abril 17, 1946.

      Resuelto: Abril 26, 1946.

      Luis Domínguez Rovira, abogado de la recurrente; el registrador re-currido no compareció.
   El Juez PresideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tritribunal. . •

Ramón Figueroa Martínez, siendo soltero, adquirió una finca urbana en el municipio de Arroyo. En el año 1919 con-trajo matrimonio con Esperanza Suárez, de la cual-se divor-ció en el 1921, sin haber tenido hijos.

Después de haber tenido una hija natural reconocida, na-cida en 1922, Figueroa contrajo matrimonio con Julia Pirela, la recurrente, naciendo de esa unión, en mayo de 1928, la niña Acacia Figueroa Pirela. Muerto Figueroa sin haber dejado testamento, la Corte de Distrito de Guayama, por resolución de diciembre 6 de 1945, declaró únicos y universales herede-ros del finado a sus dos hijas “y a la viuda, Julia Pirela viuda de Figueroa,-en la cuota legal usufructuaria”.

Solicitada la inscripción de la finca a nombre de los here-deros de Figueroa, el Registrador la practicó, haciendo constar en su nota lo que sigue:

“Sujeta a la cuota legal usufructuaria correspondiente a la cón-yuge supérstite Julia Pirela Yda. de Figueroa y sin perjuicio de. la cuota usufructuaria que pudiera corresponder a la cónyuge divor-ciada del causante Esperanza Suárez, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 761 del Código Civil de Puerto Rico y lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el ea o de Marxuacli v. Registrador, 57 D.P.R. 134.” (Bastardillas nuestras.)

La recurrente solicita la revocación de la nota del Regis-trador en cuanto a la reserva que en la misma se hace de “la cuota usufructuaria que pudiera corresponder a la cónyuge divorciada del causante, Esperanza Suárez ’ Sostiene que dicha nota es errónea (1) porque la consignación de tal reserva equivale a modificar la resolución dictada por la Corte de Dis-trito de Gfuayama en el expediente sobre declaratoria de here-deros, facultad de que carece el Registrador; y (2) porque la decisión de esta Corte Suprema en Marxuach v. Registrador, 57 D.P.R. 134, citada por el Registrador como fundamento de su nota, no es aplicable al caso de autos.-

En la resolución dictada el 6 de diciembre de 1945, la corte de distrito hizo constar que, de acuerdo con la prueba, Figueroa había contraído primeras nupcias con Esperanza Suárez, sin haber procreado hijos; y que por sentencia de la misma corte dichos esposos se divorciaron en enero 7 de 1921. No obstante haber tenido conocimiento de esos hechos, la corte sentenciadora declaró herederas del finado a la hija natural reconocida, nacida después del divorcio, y a la hija legítima nacida del subsiguiente matrimonio con Julia Pirela, la recurrente, reconociendo a esta última, como viuda de Figueroa, el derecho a la cuota legal usufructuaria. En otras palabras, la corte de distrito resuelve que la única viuda de Ramón Figueroa, con derecho a la cuota usufructuaria que la ley concede a la viuda, es la recurrente, o sea la que era su legítima esposa al ocurrir su fallecimiento; y el Registrador, excediéndose a nuestro juicio en sus atribuciones, declara en su nota que Esperanza Suárez, de quien el causante se divorció hace 25 años, tiene también derecho a la cuota usufructuaria correspondiente a las viudas.

Opinamos que el Registrador recurrido fué más allá de lo permitido por el artículo 18 de la Ley Hipotecaria y de la in-terpretación que al mismo ha dado esta Corte Suprema. Inchausti v. Registrador, 17 D.P.R. 596; Cintrón v. Registrador, 35 D.P.R. 805; Sucesión Trías v. Registrador, 59 D.P.R. 460-467.

Los hechos en Marxuach v. Registrador, supra,, eran completamente diferentes a los del presente caso.

Marxuach y su esposa se divorciaron. La demanda fué iniciada por ella y la sentencia dictada a su favor como cón-' yuge inocente. Al fallecer Marxuach en 1939 ni él ni ella habían contraído nuevas nupcias. Habiendo sido declarados únicos y universales herederos de Marxuach los tres hijos ha-bidos en su matrimonio con su.esposa divorciada, el Registra-dor inscribió la declaratoria de herederos “sin perjuicio de la cuota usufructuaria correspondiente a la viuda y ex esposa del. causante”. En el recurso interpuesto por uno de los herede-ros, confirmamos la nota recurrida y resolvimos, copiando del sumario, que “una mujer divorciada por culpa de su esposo que a la fecha del fallecimiento de éste no ha contraído nup-cias, tiene derecho a participar en la herencia del que fue su esposo y a recibir la cuota usufructuaria que dispone el ar-tículo 761 del Código Civil, edición de 1930”. El citado ar-tículo, en lo pertinente, dice así:

“El viudo o-viuda que al morir stf consorte no se bailare divor-ciado, o lo estuviere por culpa del' cónyuge difunto, tendrá derecho a una cuota, en usufructo, igual a la que por legítima corresponda a cada uno de sus hijos o descendientes legítimos no mejorados.”

En Tormes, Ex parte, 53 D.P.R. 417, la primera esposa del causante solicitó y obtuvo el divorcio por la causal de aban-dono y contrajo .nuevas nupcias. Al fallecer su primer es-poso, la señora Tormes solicitó que en la declaratoria de here-deros se le reconociera el derecho a la cuota usufructuaria de acuerdo con el-citado artículo 761. Resolvimos:

“La contención de la peticionaria de que ella era viuda del cau- ■ sante en la época del fallecimiento de éste es insostenible por la razón adicional de que en esa época la peticionaria ya había contraído nuevas nupcias y era la esposa legítima de Guillermo Beauchamp. No podía la 'apelante ser a un mismo tiempo viuda y casada.” (Citas.)

Es indudable que si Figqeroano se hubiese casado por se-gunda vez, su primera esposa, quien conservó su status de divorciada, tendría los mismos derechos que esta Corte recono-ció a la cónyuge supérstite divorciada en el caso de Marxuach, supra. Pero, habiéndose casado nuevamente el esposo divor-ciado, Figueroa, y habiéndole sobrevivido su segunda esposa, la recurrente, $ tendría derecho la primera esposa, la divor-ciada, a alegar que ella también es viuda del causante, con derecho a la cuota usufructuaria? La pregunta que hemos formulado debe ser contestada en la negativa. •

El artículo 761 del Código Civil establece el derecho a cuota usufructuaria a favor de una sola persona: “el viudo o viuda que al morir su consorte no se hallare divorciado, o lo estu-viere por culpa del cónyuge difunto.” En el caso de Mar-xuach, el status creado por la sentencia de divorcio se man-tuvo intacto hasta el momento de la muerte de Marxuach, pues ni él ni ella habían contraído nuevas nupcias. Por eso fué que su ex esposa pudo reclamar la cuota usufructuaria como viuda que al morir su consorte se encontraba divorciada por culpa del cónyuge difunto. En el presente caso Esperanza Suárez, la primera esposa, no podría alegar que ella quedó viuda al fallecer Figueroa, pues éste estaba casado con la recurrente. Es ésta la única que puede reclamar los dere-chos correspondientes a la viuda del causante. Para sostener lo contrario tendríamos que admitir la posibilidad legal de que un hombre muera dejando dos o más viudas.

La dota será revocada en cuanto ¡a la reserva de cuota usufructuaria a favor de la cónyuge divorciada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Germán Vélez Posada, demandante y apelante, v. Enrique Márquez, demandado y apelado.
    Núm. 9246.

    Sometido: Marzo 5, 1946.

      Resuelto: Abril 26, 1946.

      Miranda & Miranda Esteve, abogados del apelante; B. Sánchez Cas-taño, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso de apelación ha sido interpuesto contra la resolución dictada por la corte inferior en este caso rehu-sando expedir un auto de injunction preliminar contra el de-mandado prohibiéndole continuar usando en su automóvil de servicio público los colores amarillo y negro que el peticio-nario y apelante tiene como distintivo de los suyos, así corno el uniforme de sus chóferes.

Conforme resulta de la prueba, el peticionario, Germán Velez Posada, es dueño de y explota desde el 1942, un negocio de automóviles de alquiler (Taxi Cabs) conocido por el nombre de “De Diego Taxi Cabs”, en el cual emplea veinte vehículos de motor de las marcas “Chevrolet”, “Pontiac” y “Buick” modelos 1940-41, parala transportación de pasajeros mediante paga, dentro de la ciudad de San’ Juan y sus barrios y entre ésta y la ciudad de Río Piedras, teniendo'su oficina principal en la Avenida De Diego Núm. 1, de Santurce. Dichos automó-viles tienen la capota pintada de color amarillo canario y la caja, incluyendo el bonete, el baúl y los tapalodos, pintados de color negro y en las puertas delanteras y sobre el baúl tienen dibujado un emblema o distintivo que consiste de un círculo de 18 pulgadas de diámetro, fondo amarillo que contiene una “V” roja, un pegaso pintado de negro sobre el vértice de dicha letra y los siguientes letreros: “De Diego Taxi Cabs” en la parte superior de la referida “V” y “Teléfonos 233-S y 555 S. J. y 12 R. P.”, en la parte inferior de la misma. Algunos de estos vehículos tienen pintado el siguiente rótulo sobre el cristal de la parte delantera: “De Diego Taxi Cabs”, cuyas letras son negras y otro rótulo sobre la tapa del baúl con la misma inscripción. Los chóferes del peticionario usan uni-forme color “kaki” y una gorra color negro con visera del mismo color. Alega el demandante que él ha utilizado el radio, la prensa y programas de juegos de pelota y del Car-naval para anunciar sir negocio, habiendo invertido la suma de $4,500 en dichos anuncios durante el año -1944; que en los anuncios que se trasmiten por la radio, cuyo texto es prepa-rado por el peticionario, se hacen resaltar los colores amarillo y negro de dichos automóviles; y que el peticionario ha re-querido en dos o tres ocasiones al demandado para que deje de usar en su automóvil los colores amarillo y negro a lo que éste se ha negado.

De acuerdo con la prueba, el demandado JBlnrique Márquez es dueño de un automóvil marca “Plymouth” que dedica a la transportación de pasajeros mediante paga dentro de San Juan y sus barrios y Río Piedras y sus barrios, a virtud de certificado de necesidad y conveniencia expedídole por la Co-misión de Servicio Público. El automóvil del demandado es-taba originalmente pintado de negro, pero hace algunos meses lo mandó al mismo taller donde pintan los automóviles del de-mandante para pintarlo de los colores amarillo y negro en la forma siguiente: De amarillo canario la parte superior de la caja, o sea la capota y el baúl, y el resto de la caja, incluyendo el bonete y los tapalados fueron pintados de negro, usando colores idénticos a los usados en los vehículos del demandante. En la parte del frente del automóvil del demandado hay un letrero con letras azules y plateadas que dice: “De Márquez Taxi Cab”, estando la palabra “Cab” colocada debajo de las palabras “De Márquez”, y sobre el cristal trasero va un rótulo que dice “Enrique Márquez” y debajo de dicho cristal se lee la palabra “Taxi” pintada con letras azules y, además, sobre el cristal parabrisas está pintada la frase “De Márquez” con. letras azules y adherido el permiso extendido al demandado para entrar a la. base naval de Isla Grande. El demandado guía sn propio automóvil, nsa un uniforme parecido al de los chóferes del demandante, y estaciona sn vehículo en los mis-mos sitios de parada que utiliza el peticionario para estacionar los suyos, o sea en la Avenida De Diego, frente a la Farmacia De Diego y en la Plazuela de Colón, en San Juan, frente al edificio del U.S.O., donde ofrece sus servicios al público.

Alegó el demandante en su solicitud de injunction, que las actuaciones del demandado constituyen una competencia des-leal, realizada mediante engaño al público, con perjuicio para el negocio de transportación de pasajeros del demandante; •que de negarse la corte a expedir el auto de injunction solici-tado para evitar que el demandado siga realizando los actos -descritos, el peticionario sufriría daños irreparables; y, por '.último, que el demandante carece de otro remedio en el curso "ordinario de la Ley.

Sostiene el apelante que la corte inferior erró al apreciar la prueba y al declarar sin lugar el injunction preliminar.

La corte inferior practicó un examen ocular de los vehículos -de una y otra parte para determinar el parecido o diferencia ■entre ellos, llegando a la conclusión de que el automóvil del demandado a pesar de estar pintado de amarillo y negro, al igual que los del demandante, no podía ser confundido por uno ■de éstos por un parroquiano de ordinaria inteligencia que ■ejercitara y que tomara las precauciones corrientes ni tam-poco por el público en general, porque entre uno y otros existe, aparte de sus inscripciones o rótulos y marcas que son distin-tos, una notable diferencia que consiste en el emblema del escudo con la “V” (de la Victoria) y el caballo alado o pegaso, el cual es usado únicamente en los vehículos del demandante; y que lo único que tienen en común es que uno y otros apare-cen pintados con los mismos colores y casi en igual forma.

Es cierto que no se probó que el demandado anunciara su automóvil como perteneciente o formando parte de la flota de veMculos del demandante, pero sí hubo alguna prueba de que el demandado usaba de medios maliciosos para atraerse los clientes del demandante, tales como el de abordarlos y ha-cerlos subir a su automóvil estacionado en los sitios de parada de los del demandante; usar un uniforme parecido al que usan los chóferes de éste; y tratar de oír las llamadas telefónicas que se hacen al teléfono de la empresa del demandante pana acudir al sitio de la llamada.

Las conclusiones de la corte inferior, así como su aprecia-ción de la evidencia, son enteramente erróneas. La identidad de los colores usados por el demandado para pintar su auto-móvil y la distribución de dichos colores sobre la capota, el bonete, el baúl y los tapalodos del vehículo no pueden ser con-siderados como una mera coincidencia y sí como> evidencia de la intención por parte del demandado de confundir al público induciéndole a creer que su automóvil pertenece a y forma parte de la empresa del demandante. Si además de esa com-. binación de colores tomamos en consideración que el deman-dado trató de imitar el nombre ‘‘De Diego Taxi Cabs”, adop-tado por el demandante como trade name de su empresa, agre-gando al apellido “Márquez” la palabra “De”, para llamar a su automóvil “De Márquez Taxi Cab”; que el demandado ha imitado el uniforme de los chóferes que conducen los carros del demandante; que el demandado estaciona su taxi en los si-tios en que el demandante acostumbra estacionar los suyos; y, por último la práctica de interceptar las llamadas telefónicas dirigidas a la empresa del demandante, para acudir a prestar el servicio que debió prestar el demandante, tenemos que lle-gar a la conclusion inescapable de que el demandado ha reali-zado todos dichos actos inteneionalmente y con el propósito' de confundir al público, obteniendo así por medios ilegales ganancia que de otro modo corresponderían al demandante.

Cuando, como en el presente caso, la simulación intencio-nal ha quedado establecida, cualquier duda que pudiera sur-gir en cnanto a la posibilidad de confusión debe ser resuelta en contra del simulador. Stewarts Sandwiches, Inc. v. Seward’s Cafeteria, Inc., 60 F.2d 981; Lloyd’s v. Lloyds’ Ltd., 29 R.P.C. 433, 439.

En numerosos casos en los que estaba envuelta la imita-ción de la combinación de colores de los taxis, se ha resuelto que diferencias tales como las señaladas por la corte inferior ' entre los taxis del demandante y el del demandado no son su-ficientes para impedir la confusión. Yellow Cab Co. v. Creasman, 185 N. C. 551, 117 S. E. 787; Yellow Cab Corp. v. Korpeck, 120 Misc. 499, 198 N.Y.S. 864; Taxi & Y. Taxi Operating Co. v. Martin, 91 N. J. Eq. 233, 108 Atl. 763; Yellow Cab v. Becker, 145 Minn. 152, 176 N. W. 345; Black & White Co. v. Weir, 26 Pa. Dist. R. 650 (Véase 17 A.L.R. 788).

Debe tenerse en cuenta que los posibles parroquianos no tienen la oportunidad de comparar un taxi con el otro, de lo cual resulta que la posibilidad de confusión no puede ser de-terminada a base de una cuidadosa comparación, sino más bien por la impresión que uno u otro taxi, parado o corriendo solo, produce al observador casual. Y debemos recordar, • como lo hizo constar la Corte en-London General Omnibus Co. v. Felton, 12 Times L. R. 213 (England), que un taxicab no está siempre estacionado, ni está siempre el parroquiano en una posición que le permita hacer un estudio minucioso de sus marcas, desde todos los lados.

La corte inferior erró al negarse a dictar el mjumetion so-licitado. La resolución recurrida será revocada y se devol-verá el caso a la corte inferior con instrucciones de que pro-ceda a dictar el auto de injunction preliminar solicitado, de acuerdo con la Ley y con la súplica de la pétición.


author: El Juez Asociado Señor Tiodd, Jr.,

text:
    Arcadio Estrada Linares, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1182.

    Sometido: Febrero 27, 1946.

      Resuelto: Abril 29, 1946.

      Héctor Reichard, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Tiodd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente, dueño de dos fincas rústicas colindantes en-tre sí, las agrupó para formar una sola, por escritura pública otorgada el 30 de agosto de 1945 y aclarada en una posterior otorgada el 11 de octubre de 1945. Las dos fincas originales tenían una cabida'de treinta y seis y diez cuerdas, respectiva-mente. Mensuradas con el fin de agruparlas dieron una ca-bida de. sesenta y siete cuerdas y milésimas. Para efec-tuar la mensura y levantar el plano correspondiente el agrimensor Ramón J. Ramírez citó a todos los colindantes y bajo juramento liizo constar:

“Que la mensura de dichas fincas en un solo cuerpo de bienes como se ha descrito en el párrafo anterior, es la cabida fiel y exacta de las mismas y ésta se practicó con citación de los propietarios colin-dantes, Cosme Vargas, Maximino Riesgo, Pedro Irizarry, Pablo E. Rodríguez y la Sucesión Elizardi, por su representante Antonio -Elizardi y la Puerto Rico Reconstruction Administration en su repre-sentante y administrador Guillermo Esteves, quienes estuvieron con-formes con tal cabida y descripción, manifestando que el aumento excedente en cabida no les perjudica en modo alguno y prestan su más formal consentimiento para que esa cabida sea inscrita en el Re-gistro de la Propiedad.”

Presentada la escritura y la certificación de mensura al registro el Registrador hizo constar lo siguiente en su nota:

“Inscrito este documento con vista de un acta aclaratoria, un plano y otro complementario en cuanto a cincuenta y cinco cuerdas veinte céntimos (55.20 cuerdas) o sea respecto a la cabida original de las fincas agrupadas con más el 20 por ciento de las mismas y denegada la inscripción respecto al exceso de la mensura hasta 67.802 cuerdas o sea en cuanto a 12.602 cuerdas por exceder dichas doce cuerdas seiscientos dos milésimos del 20 por ciento tomando en su lugar y en cuanto al exceso anotación preventiva por 120 días, ...”

Arguye el recurrente que el caso de autos se rige por nuestras decisiones en los recursos de Autoridad de Tierras v. Registrador, 62 D.P.R. 506, y Gaya v. Registrador, 63 D.P.R. 800, en los cuales resolvimos que el exceso en la cabida de una finca al ser mensurada puede inscribirse cuando practicada dicha mensura, con citación de los dueños colindantes, se acre-dita tanto la mensura como la citación acompañando al título una certificación del agrimensor a ese efecto.

Es cierto, pero en el primero el exceso en la cabida era mucho menoí del 20 por ciento y expresamente dijimos que podía inscribirse “sin necesidad de recurrir a un expediente de dominio o posesorio”, y en el segundo el registrador se li-mitó a sostener que los dueños colindantes debían comparecer en la escritura y aceptar la existencia del exceso y resolvimos que esto no era necesario. No se hizo hincapié por el regis-trador en el caso de Gaya en la cuestión de que el exceso en la cabida era mayor del 20 por ciento posiblemente porque el mismo era de sólo ochenta y ocho milésimas (.088) de una cuerda.

En el caso de autos, sin embargo, dicho exceso del 20 por, ciento asciende a doce cuerdas, seiscientas dos milésimas (12.602) y la única cuestión planteada por el registrador es que maestras decisiones en los casos citados, así como en los de Pellón v. Registrador, 53 D.P.R. 526, y Muriente v. Registrador, 47 D.P.R. 246, si bien autorizan al registrador a inscribir nn exceso en la cabida menor del 20 por ciento, cuando el agrimensor ba citado a los colindantes, al bacer la mensura, dichos casos no son autoridad para sostener que, aun cuando se cumpla con dicbo requisito, procede la inscrip-ción cuando el exceso es mayor de 20 por ciento de la cabida de la finca.

Tiene razón el Registrador. En ningún caso bemos re-suelto que procede la inscripción de cualquier exceso en la cabida de una finca o solar nuevamente mensurado, sino que siempre se ha limitado el alcance de nuestras decisiones a aquellos casos en que la diferencia en la cabida es de poca importancia habiéndose establecido como máximum de la diferencia tolerada el 20 por ciento, Ripoll v. Registrador, 40 D.P.R. 808, en el que se resolvió, según se hace constar en el sumario, que: “Bien se trate de fincas pequeñas o de gran cabida, cuando mensuradas las mismas resulta un exceso del 20 por ciento o menos, este exceso es inscribible sin necesidad de recurrirse a los medios supletorios que autoriza la Ley Hi-potecaria.” (Bastardillas nuestras.) Véanse, además, Cobb v. El Registrador de la Propiedad, 12 D.P.R. 218; Figueroa v. Registrador de Arecibo, 22 D.P.R. 657; Valladares v. El Registrador, 23 D.P.R. 45; Delgado v. El Registrador de Arecibo, 29 D.P.R. 867.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señob Tiodd, Jb.,

text:
    Mario Vélez Durand, querellante y apelado, v. The Royal Bank of Canada, querellado y apelante.
    Núm. 9203.

    Sometido: Marzo 6, 1946.

      Resuelto: Abril 29, 1946.

      Brown, Newsom <& Córdova, abogados del apelante; Mario Báez Gar-cía, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Tiodd, Jb.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso en reclamación de doble compensación por concepto de alegadas novenas boras trabajadas diaria-mente por el apelado para el Banco apelante desde 1935 al 1941. En apelación" de la Corte Municipal la Corte de Dis-trito de Mayagüez declaró con lugar la demanda por la totali-dad de la reclamación del demandante en una suma de $2,169.59, según constaba en un detalle que se acompañó a la demanda. El propio apelado al contestar uno de los errores señalados por el apelante, reconoce, en su alegato ante esta Corte, que dicha suma es incorrecta pues representa un cálculo hecho a base de “cuatro veces el salario normal,” por cada alegada novena hor% trabajada, en vez de la doble compensa-ción a que tendría derecho de acuerdo con la ley y acepta que •se modifique la sentencia apelada en el sentido de rebajar la compensación a $1,089.79 o sea una'mitad de lo reclamado y -concedido. Asumiendo que el demandante hubiera probado que tenía razón en su reclamación, una simple operación arit- - mética hubiera demostrado a la corte inferior que no procedía conceder, como lo hizo, una compensación a base de cuatro veces el salario normal. Nos confrontamos, por tanto, a su inicio, con un caso en que se ha demostrado el poco cuidado con qrie se apreció la prueba por la corte sentenciadora al aceptar como cierta la suma total reclamada por el deman-dante, según la hizo constar en el detalle que acompañó a la demanda. Veamos si fné éste el único error cometido.

El demandante reclamó el pago de doble compensación por novenas horas trabajadas como empleado del Royal Bank of Canada, Sucursal’de Mayagiiez, iodos los días laborables desde noviembre 14 de 1935 basta diciembre 19 de 1941. Para sos-tener sn demanda presentó prueba testifical consistente en su propia declaración y las de los testigos Raúl Maya, ex-empleado del Banco, Bartolo Rivera, contable, y Marcos A. Rodríguez, Supervisor del Departamento del Trabajo, y Juan Vázquez, celador de varias firmas comerciales de Mayagiiez. El demandante y Raúl Maya declararon que, sin excepción, el demandante como empleado del Banco, trabajó todos los días desde 1935 basta 1941 más de ocho horas, algunas veces basta altas horas de la noche. Los demás testigos declararon que veían al demandante ocasionalmente trabajando después de las seis y media de la tarde.

El demandado presentó prueba testifical y documental. Esta última consistió, entre otra, en las hojas de horas de trabajo (Time Sheets) del demandante’ desde octubre 31 de 1938 hasta agosto 28 de 1942 preparadas diariamente por el propio demandante y aprobadas por el Contador del Banco, Sr. Zegarra, y en las cuales el demandante hacía constar to-das las horas que diariamente trabajó durante dicho tiempo. Igual prueba en cuanto al trabajo realizado por el testigo Raúl Maya desde diciembre 26 de 1938 hasta febrero 18 de 1939. .'

Tanto la prueba del demandante como la del demandado demostró que el convenio entre las partes era que el demandante trabajaba a base de ocho horas diarias. Su sueldo, por tanto, cubría únicamente esas ocho horas y de acuerdo con nuestras decisiones en Cardona v. Corte, 62 D.P.R. 61, y Muñoz v. Corte, 63 D.P.R. 236, tiene derecho a percibir doble compensación por las novenas horas trabajadas.

En los Time Sheets del demandante aparece que éste hizo constar que había trabajado más de ocho horas por lo menos en ciento nn días. Esto no obstante la corte inferior no dió crédito a esta prueba porque, según dijo, las declaraciones del demandante y del testigo Maya demostraron que a ellos se les obligaba por el Banco a firmar dichos Time Sheets haciendo constar que trabajaban ocho horas y que si no lo hacían así eran despedidos del trabajo y que estas declaraciones fueron corroboradas por el Sr. Zegarra, Contador del Banco. Lo que declaró este último testigo fué que dichos records eran requeridos por la Ley Federal sobre Normas Razonables del Trabajo y que el Banco exigía que todos los empleados las llenaran personalmente. En cuanto a que en dichos records el demandante hiciera constar que sólo trabajaba ocho horas diarias, una somera lectura de dichos documentos hubiera convencido a la corte inferior de que, como hemos dicho, ,por lo menos en más de cien días el demandante hizo constar que había trabajado horas en exceso de las ocho. No se presentó prueba alguna de que las entradas que hizo el demandante en los Time Sheets fueran falsas o que fuera despedido por haber hecho constar en ellas las veces que trabajó más de ocho horas. Erró la corte al desechar y no dar crédito a esta prueba.

Ahora bien, como estos Time Sheets cubren el período de octubre 31 de 1938 a agosto 28 de .1942, y el demandante li-mitó su acción desde 'el 1935 hasta el 19 de diciembre de 1941 —pues admite que el Banco le había satisfecho las novenas horas desde el 19 de diciembre de 1941 a agosto 28 de 1942— tenemos que durante dicho período el demandante trabajó más de ocho horas diarias en setenta y tres ocasiones, variando la compensación a que tenía derecho según el sueldo anual que percibía en distintas fechas. Veamos.

Según sus hojas de trabajo (Time Sheets) el demandante, desde el 31 de octubre de 1938 hasta el 10 de junio de 1939, percibía un sueldo anual de $900, o sea, $75 mensuales o $2.50 diarios a razón de .31% por hora. Trabajó 20 5/6 novenas horas que a razón de doble compensación a .62y2 por hora hacen nn total de $13.02.

Desde el 12 de junio de Í939 al 11 de mayo de 1940 perci-bía nn sueldo anual de $950, o sea, $79.16 mensuales, o $2.64 diarios a razón de .329 por hora. Trabajó 18% novenas horas, que a razón de .658 por hora, hacen un total de $12.34.

Desde el 13 de mayo de 1940 al 24 de mayo de 1941 su sueldo era de $1,000 anuales, o sea, $83.33 mensuales, o $2.77 diarios, a razón de .346 por hora. Trabajó 10 novenas horas, que a razón de .692 por hora hacen un total de $6.92.

Desde mayo 26 de 1941 al 19 de diciembre de 1941 su sueldo era de $1,100 anuales, o sea, $91.66 mensuales, o $3.05 dia-rios a razón de .381 por hora. Trabajó 23% novenas horas, que a razón de .762 por hora hacen un total de $18.10.

Por tanto, durante el período comprendido en los Time Sheets, el demandante tenía derecho a percibir $50.38 por las novenas horas trabajadas.

Ahora bien, la prueba del demandante en cuanto al período comprendido desde el 14 de noviembre de 1935 al 20 de octu-bre de 1938, no incluido en los Time Sheets, fue, como hemos dicho, “^hl efecto de que, sin excepción, trabajó todos los días por lo menos nueve horas, al 'igual que lo hizo durante el período comprendido en dichos Time Sheets. Si estos records llevados por el propio demandante demuestran que esto no es cierto en cuanto al período a que se refieren, ¿qué base hay en el resto de la prueba para poder determinar con exac-titud cuántas novenas horas trabajó el demandante durante el período no comprendido en los Time Sheets? Los testigos' Rivera, Rodríguez y Vázquez se limitaron a declarar que veían al demandante trabajando en muchas ocasiones después de las seis y media de la tarde pero no pudieron especificar cuántos días a través de los años eso ocurrió y si el deman-dante había trabajado con anterioridad a dicha hora las ocho horas laborables. Esta prueba no es suficiente para sostener la reclamación del demandante. Si bien las cortes deben pro-teger a los obreros o empleados en sus justas reclamaciones de salarios cuando se demuestra que el patrono no los ha sa-tisfecho, no están justificadas en conceder reclamaciones que no han sido debidamente probadas.

Debe modificarse la sentencia recurrida rebajando su cuam-Ua •a $50.38 más intereses legales desde el 30 de enero de 1945, fecha de la sentencia de la corte inferior, más las costas sim incluir honorarios de abogado, y así modificada, confirmarse.

El Juez Asociado Sr. Cordova no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je..,

text:
    Raúl Bermúdez, demandante y apelante, v. José Rivera y Quintín Collado, demandados y apelados.
    Núm. 9213.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Abril 30, 1946.

      L. Santiago Carmona, abogado del apelante; R. Rivara Zayas, E. Rivera Cestero y José R. Fournier, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je..,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Bayamón, por considerar que con-tenía las mismas alegaciones que la primera demanda enmen-dada, la cual ya Labia resuelto no aducía hechos suficientes constitutivos de causa dé acción, declaró con lugar una mo-ción de los demandados y ordenó la eliminación de la segunda demanda enmendada radicada por el demandante. El de-mandante solicitó se dictara sentencia y en el presente recurso sostiene que la corte inferior erró al ordenar la eliminación de la segunda demanda enmendada y resolver que no aducía hechos suficientes.

Se trata de una acción que el demandante tituló gomo una sobre “Incumplimiento de convenios, reclamación de salarios no satisfechos y daños por enriquecimiento injusto.” Fundamentalmente la acción es una en reclamación de salarios por horas extraordinarias y días de descanso trabajados sin percibir la compensación correspondiente. Si bien de acuerdo con nuestra decisión en el caso, de Laboy v. Saurí & Subirá, 65 D.P.R. 422, la reclamación del demandante en cuanto a los días de descanso no puede prosperar, dicha reclamación es solamente una de las causas de acción alegadas.

La corte inferior basó su resolución ordenando la eli-minación de la segunda demanda enmendada en el Lecho de que ésta contenía las mismas alegaciones que la primera de-manda enmendada, la cual ya había desestimado por no ale-gar hechos suficientes y citó los casos de Sucn. Vélez v. Vélez, 23 D.P.R. 617, y Mazarredo et al. v. García, 31 D.P.R. 771. Estos casos no son aplicables. En el primero las acciones que se ejercitaban estaban prescritas y además había un defecto de partes en la demanda. Concedido permiso para enmendar por la corte, los demandantes sólo enmendaron el defecto de partes existente y no tomaron acción alguna en cuanto a la prescripción. No puede haber duda de que conteniendo la nueva demanda el mismo error fatal que la primera, debía eliminarse también.

En el de Mazarredo se resolvió que procede la eliminación de una demanda enmendada cuando es sustancialmente igual a la original y que una orden a- ese efecto y condenando en cos-tas y honorarios tiene el carácter de una sentencia final. En ambos casos se citó el de Hays v. Peavey, 86 Pac. 170, como autoridad para sostener que una moción para eliminar una de-manda enmendada por el fundamento de que expone los mis-mos hechos alegados en la demanda original es equivalente a una excepción previa. Así es en. efecto. En dicho caso se dijo:

“Sin embargo, no obstante el hecho de que la demanda enmen-dada no alegó ningún hecho material nuevo, creemos que debió consi-derarse en sus méritos y que su suficiencia es revisable por nos-otros ... La moción para eliminar por el fundamento expresado equivale a una excepción previa a la demanda enmendada y la orden concediéndola fué en efecto declarar con lugar una excepción previa . . . Encontrando que la demanda enmendada aduce una causa de acción, sostenemos que fué error ordenar su eliminación.”

El caso de Hays v. Peavey ha sido ratificado posteriormente en los casos de Port of Seattle v. Fidelity & Deposit Co., 53 P.2d 740 (distinguido); Magee v. Cohn et al, 59 P.2d 1131; Paramount Publix Corp. v. Boucher, 19 P.2d 223; Aetna Life Ins. Co. v. Phillips, 69 F.2d 901 (C.C.A. 10thCir.).

Es cierto que el caso de Hays v. Peavey, y los otros cita-dos, fueron resueltos antes de estar en vigor las nuevas Eeglas de Enjuiciamiento Civil y que los demandados en este caso solicitaron la eliminación de la segunda demanda enmendada y que se desestimara la acción basados en la Eegla 41 (b) que, en lo pertinente, dispone que: “Si el demandante dejare de proseguir la acción o de cumplir con estas Eeglas o con cual-quier orden de la corte, un demandado puede solicitar la deses-timación de la acción o de cualquier reclamación contra él.” Empero la misma subdivisión, a su final, dice que: “A menos que la corte en su orden de desestimación lo especifique de otro modo, una desestimación bajo esta subdivisión y una desestimación no provista por esta Eegla — excepto la que se hubiera dictado por falta de jurisdicción — tienen el efecto de una adjudicación en los méritos.” (Bastardillas nuestras.)

Be acuerdo con los becbos de este caso la moción elimina-toria y sobre desestimación de la demanda bajo la Eegla 41 (b), tiene el mismo efecto que una excepción previa ya que la resolución de la corte, al declararla con lugar, tuvo el efecto de adjudicar los méritos del caso.

En el caso de autos la segunda demanda enmendada sobre la cual se dictó sentencia, a pesar de- que es similar a la anterior y no es un modelo de perfección, ya que los hechos alegados son bastante confusos, no creemos que en su totalidad deje de aducir hechos suficientes. Hemos resuelto que las alegaciones en las demandas sobre reclamación dé salarios deben interpretarse liberalmente. Cardona v. Corte, 62 D.P.R. 61. Y en el caso de Díaz García v. Sucrs. de F. Ortega & Co., 63 D.P.R. 249, resolvimos, copiando del sumario, que: “Una demanda en cobro de salario por trabajo extra que ahogue que el actor celebró un contrato de servicios con su pa-trono por un sueldo semanal y que durante el tiempo en que trabajó para dicho patrono éste lo obligó a trabajar en exceso de las ocho horas diarias, aduce causa de acción.” En el caso de autos el demandante alega esos mismos hechos: que celebró con el demandado un contrato de venta, vigilancia y acarreo de productos por un sueldo semanal de $15 más el 5 por ciento de las ganancias y que se le obligó a trabajar durante más de ocho horas diarias.

Empero, como en la segunda causa de acción el demandante alega que contrajo una grave enfermedad como consecuencia del trabajo excesivo a que le sometían José Rivera, primero, y posteriormente José Rivera y Quintín Collado, y que no fué informada la enfermedad a la Comisión Industrial porque los demandados sostenían que era su socio y como tal no podía reportarse su- enfermedad, la corte inferior, al declarar sin lugar el proyecto de demanda enmendada, dijo que esta alegación unida.a la del 5 por ciento antes mencionado demostraba que el demandante era un socio de los demandados y que siendo esto así se caían todas sus causas de acción.

Estas alegaciones, sin más, no dejan establecido que existe una sociedad pues hemos resuelto que “. . . el mero hecho de que se paguen salarios en forma de comisión o de tanto por ciento no es concluyente de la existencia de una-sociedad, que es cuestión de intención ...” White Star Bus Line v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, 36 D.P.R. 555, 560. Tam-poco lo es el hecho de que se alegue que los demandados con-sideraban al demandante como su socio.

Comentando Sánchez Román sobre el contrato de sociedad en el cual hay un socio industrial y distinguiéndolo del de lo-cación de servicios, dice:

“El contrato de sociedad en el que hay algún socio industrial que aporte su trabajo, es también idea distinta del de locación de servicios, porque en el primer caso debe su trabajo como prestación social, pero con cierto carácter independiente y sin subordinación personal alguna respecto del otro u otros socios, y sí sólo como obli-gación respecto de la entidad social; mientras que en el segando baj-una manifiesta subordinación del que por el contrato de locación de obra se obligó a ciertos servicios respecto del otro contratante, además de que lo que en este caso percibe será en el concepto de salario o retribución, y no en el de participación de ganancias, que en el primero, por su carácter de socio, le corresponde. Aun en sí caso de que la merced de la locación de servicios consistiera en orna participación en los frutos o resultados de ese trabajo, habría que estar siempre, para determinar si era locación o sociedad, a lo que resultara ser la expresa voluntad y manifiesta intención de los con-tratantes.” 4 Derecho Civil 520 (2da. ed.)

¡Somos de opinión que la intención de las partes al cele-brar el convenio a que se refiere la demanda podrá quedar demostrada cuando, contestada la demanda y celebrado el jui - cio correspondiente, la corte pueda determinarla, de acuerde» con la prueba presentada.

Bebe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso tx la corte inferior para ulteriores procedimientos„

      No hemos encontrado ningún caso interpretando la Begla 41(6) de las Eeglas Federales que envuelva la misma situación del caso presente.


author: El Juez Asociado Señor Córdo-va

text:
    Rafael Buscaglia, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Antonio Ahumada Valdés, interventor.
    Núm. 75.

    Sometida: Marzo 4, 1946.

      Resuelto: Abril 30, 1940,

      Hon. Procurador General E. Campos del Toro y M. Toro Lucchetti, abogado éste de la División de Contribuciones y Litigios Especiales del Departamento de Justicia, abogados del peticionario; J. J. Ortiz Alibrán, abogado del interventor, querellante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Córdo-va

emitió la opinión del tribunal.

Un ciudadano americano domiciliado en Madrid, devengó durante los años 1936 al 1940 ingresos procedentes de fuentes en Puerto Eico, e ingresos procedentes de fuentes en España. Declaró sus ingresos de fuentes locales, y pagó la contribu-ción a base del tipo aplicable a residentes de Puerto Eico. El tesorero posteriormente impuso deficiencias basadas en (1) la inclusión de los ingresos procedentes de fuentes espa-ñolas (2) la aplicación a todos los ingresos del contribuyente del tipo dispuesto por ley para los no residentes.

El contribuyente se querelló oportunamente ante el Tribunal de Contribuciones, impugnando tanto la inclusión de in-gresos derivados fuera de Puerto Eico como la aplicación de un tipo de contribución más alto que aquel que se aplica a re-sidentes de Puerto Eico. Luego de haber el Tesorero contes-tado la querella, las partes acordaron someter el c-aso a base de una estipulación que expuso los hechos a que ya nos hemos referido, y sometió al Tribunal de Contribuciones las siguien-tes cuestiones de Derecho:

“(g) Si un ciudadano de Puerto Rico y de los Estados Unidos, residiendo permanentemente en Madrid, España, está obligado a pagar en Puerto Rico .contribución sobre ingresos por sueldos y bonifica-ciones recibidas de la International Telegraph & Telephone Company, por servicios prestados en .España durante los años a que se refiere la Querella y de acuerdo eon la Ley entonces vigente. El qnere-liante sostiene que no está obligado a pagar y en cambio el querellado sostiene que siendo el querellante ciudadano de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América, aun cuando resida en un país extranjero está obligado a pagar por los ingresos que recibe por servicios pres-tados, en dicbo país.
(b) Y subsidiariamente, en el caso de que se resolviese que tales • sueldos y compensaciones deben ser- declarados por el querellante, si está éste sujeto al pago de una contribución sobre ingresos más alta de la que pagan los ciudadanos de Puerto Rico y de los Estados Unidos, residentes en Puerto Rico. El querellante sostiene que tal discrimen es contrario a la Sección dos de la Carta Orgánica de los .Estados Unidos y al Artículo Cuarto de la Constitución Federal; por su parte, sostiene el querellado que de acuerdo con la Ley vigente en los años a que se refiere esta aeción, el Tesorero está autorizado para imponer una contribución más alta.
“El querellante renuncia a todas las demás cuestiones de hecho y de derecho a que se refiere la Querella.”

El Tribunal de Contribuciones dictó resolución determi-nando que el contribuyente no viene obligado a pagar contri-bución en Puerto Rico por "sus ingresos procedentes de fuen-tes españolas, ya que no es residente de Puerto Rico. Añadió el Tribunal que “no es necesario discutir ni resolver la se-gunda cuestión suscitada por la querella de acuerdo con la es-tipulación de las partes”.

Radicó entonces el Tesorero el cómputo de la contribución adeudada, o sea la contribución sobre ingresos procedentes de fuentes en Puerto Rico. Objetó el contribuyente ol cómputo, llamando la atención del Tribunal al hecho de que el cómputo se basaba en la aplicación a los ingresos del contribuyente en Puerto Rico de un tipo de contribución más alto que el im-puesto a los residentes de Puerto Rico.

El Tribunal de Contribuciones llegó a la conclusión de que, al someter las partes el caso mediante la estipulación, la in-tención de las partes fue plantear la cuestión de si la imposi-ción al contribuyente de un tipo de contribución'más alto que el que se aplica a los residentes de Puerto Rico constituían o no un discrimen injustificado, habiéndose equivocado las par-tes. al expresar que esa cuestión era subsidiaria a la otra planteada en el caso, equivocación que llevó al Tribunal a de-jar de resolver la cuestión. Invocando el caso de Fiddler v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 202, en el que se per-mitió al contribuyente plantear por primera vez, al objetar el cémpufó, una cuestión que no había planteado en su que-rella, resolvió el Tribunal recurrido que procedía considerar el alegado discrimen, lo consideró, y decidió que era impro-cedente aplicar al contribuyente, un tipo más alto que el que se aplica a los residentes de Puerto Bieo.

El Tesorero, en su solicitud de certiorari, alega que erró el Tribunal de Contribuciones al entrar a considerar la cuestión del alegado discrimen. No estamos de acuerdo. Es cierto que el contribuyente, en su estipulación, renunció a “todas las demás cuestiones de hecho y de derecho a que se re-fiere la Querella”, excepto las dos cuestiones expresamente sometidas mediante la estipulación. Pero una de esas dos cuestiones era “. . . si está éste (el contribuyente) sujeto al pago de una contribución sobre ingresos más alta de la que pagan los ciudadanos de Puerto Bieo y de los Estados Uni-dos, residentes en Puerto Bieo. ” Es cierto que esa cuestión se sometió como subsidiaria a la otra, referente a la tributa-ción de los ingresos procedentes de fuentes españolas.- Pero es igualmente cierto que la cuestión de discrimen, tal y como se expone literalmente en la estipulación, no es necesaria-mente subsidiaria a la otra. Se trata por lo tanto de una es-tipiilación ambigua, hasta cierto punto. No podemos decir que la interpretación que finalmente le dió el Tribunal de Contri-buciones sea errónea. Más bien nos inclinamos a creer que el Tribunal de Contribuciones capto acertadamente la intención de las partes al concluir que el querellante nunca tuvo la in-tención de renunciar a la cuestión de discrimen planteada en su querella. Siendo ello así, y habiendo el Tribunal dejado de resolver esa cuestión en su resolución original, actuó eo-rrectamente al considerarla y resolverla cuando se le llamo oportunamente la atención, al radicarse el cómputo y antes de haberse aprobado éste.

El recurrente también arguye que erró el Tribunal dé Contribuciones en el fondo de lá cuestión, al resolver que no puede imponerse al contribuyente un tipo de contribución mayor que a los residentes de Puerto Rico. Pero ese punto ya lo hemos resuelto en contra de la contención del recurrente. Fiddler v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 202. El que el contribuyente en el caso de Fiddler residiera en Connecticut, y el contribuyente en el caso de autos en España, es una diféreneia que carece por completo de pertinencia.

Por los fundamentos expuestos, debe anularse el auto ex-pedido.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    La Autoridad de Las Fuentes Fluviales de Puerto Rico y The Federal Land Bank of Baltimore, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    Núm. 1183.

    Sometido: Marzo 25, 1946.

      Resuelto: Abril 30, 1946.

      G. Dominguez Rubio, abogado de los recurrentes; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinion del tri- ■ bunal.

Se solicitó del Registrador que inscribiera una escritura en la que los dueños de una finca constituían una servidumbre a favor de la Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico para tender líneas 'eléctricas a través de la finca, la cual es-taba sujeta a una hipoteca a favor del Federal Land Rank. La hipoteca disponía que “el deudor hipotecario se compro-mete a no constituir sobre la finca ninguna servidumbre sin el consentimiento por escrito del Banco acreedor”. Frank Martínez compareció en la escritura ele constitución de servi-dumbre a nombre del acreedor hipotecario consintiendo en que se constituyera la servidumbre. El Registrador se negó a inscribir la escritura por el fundamento de que el poder autorizando a Martínez a actuar por el Banco no lo autoriza a consentir en ,1a imposición de una servidumbre.

El poder autoriza a Martínez a “ ... To release and satisfy of record or otherwise real estate mortgages or other obligations taken by the Federal Land Bank of Baltimore in the conduct of its business in the Island of Puerto Rico . . .”. El Registrador alega que esto no cubre el caso ante nos toda vez que no autoriza a Martínez expresamente a constituir una servidumbre.

Creemos que erró el Registrador ya que Martínez no cons-tituyó una servidumbre. La constituyeron los dueños do la finca. Lo que hizo Martínez fue descargar al deudor de su obligación de no constituir una servidumbre sin el consenti-miento del Banco. Era suficiente el poder a estos fines ya que autorizaba a Martínez a “release . . . obligations taken by. the Federal Land Bank . . .”.

La nota del Registrador será revocada y se le ordenará que inscriba la escritura de constitución de servidumbre.


text:
    José Rivera Vázquez, y su hijo menor de edad y bajo su patria potestad, Rosario Rivera, demandantes y apelantes, v. El Pueblo de Puerto Rico y Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico, demandados y apelados.
    Núm. 9315.

    Sometido: Abril 17, 1946.

      Resuelto: Abril 30, 1946.

      E. Pérez Casalduc, abogado de los'apelantes; IIon. Procurador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Procu-rador General Auxiliar, y Carlos Santana Becerra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribuna].

El presente es un pleito do daños y perjuicios instituido por José Rivera Vázquez y su hijo menor de edad bajo bu patria potestad contra El Pueblo de Injerto- Rico y la Auto-ridad de Fuentes Fluviales de Puerto Eico. Alega la de-manda que la Autoridad de Fuentes Fluviales lia instalado y opara una subestación en Jayuya, que transforma corriente de alta tensión que llega a la subestación, en corriente utili-zahln para el consumo público; que debido a la negligencia de la Autoridad de Fuentes Fluviales y/o de sus empleados en situar dicha subestación en un sitio tan densamente po-blado y al dejar de inspeccionar y conservar estos alambres eléctricos de alto voltaje, el niño sufrió quemaduras al venir en contacto con uno de los alambres que iban a la subestación. La Autoridad de Puentes Pluviales radicó una contestación que contenía también varias defensas especiales. El Pueblo de Puerto Pico solicitó la desestimación por el fundamento entre otros de que la demanda no alega que la Autoridad de Puentes Fluviales sea un ag’ente especial del Pueblo de Puerto' Pico.

La corte de distrito declaró con lugar la moción del Pueblo y a solicitud do los demandantes dictó sentencia desestimando la demanda en cuanto a. El Pueblo de Puerto Pico. Contra dicha sentencia apelan los demandantes.

El Pueblo de Puerto Rico no puede ser demandado sin su consentimiento. Valiente & Cía., S. en C. v. Cuevas, Comisionado, 65 D.P.R. 181; Méndez v. Buscaglia, Tesorero, 64 D.P.R. 743. Este consentimiento ha sido concedido para pleitos de daños y perjuicios. Ley núm. 11, Leyes de Puerto Rico,. 1928 (pág. 131). Pero hemos resuelto que la Ley núm. 11 debe interpretarse conjuntamente con el artículo 1803 del Código Civil, que dispone que en cuanto a la obligación que impone el artículo 1802 por negligencia ‘ ‘ El Pueblo de Puerto Rico es responsable en este concepto cuando obra por mediación de un agente especial; pero no cuando el daño hubiese .sido causado por el funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.”

Hemos resuelto que bajo el artículo 1803 El Pueblo no puede ser demandado por actos negligentes .realizados por empleados en el desempeño normal de las funciones de sus car-gos. Solamente si se realizan los actos por un agente especial a quien se le encomienda que haga algo ajeno a sus deberes regulares y con poderes como tal agente para obligar al Pueblo, puede hacerse responsable al gobierno por los actos negli-gentes de dicho agente en el desempeño de tales actos. Soto v. L%cchetti, 58 D.P.R. 713; Ortiz v. Pueblo, 44 D.P.R. 153. En la demanda no se alega que los actos negligentes en este caso fueran realizados por tal agente especial. Por lo tanto la corte de distrito actuó correctamente al declarar sin lugar la demanda en cuanto a SI Pueblo de Puerto Eico.

La contestación radicada por la Autoridad de Fuentes Fluviales no establece la defensa de que ella no puede ser demandada por los alegados actos negligentes realizados en este caso. La Autoridad ha contestado el caso en sus méri-tos y ha levantado varias otras defensas. Por tanto el caso permanece pendiente de que se resuelva la controversia exis-tente entre el demandante y la Autoridad de las Fuentes Fluviales.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada y se devolverá el caso a dicha corte para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Félix Muñiz Marrero, acusado y apelante.
    Núm. 11358.

    Sometido: Abril 12, 1946.

      Resuelto: Abril 30, 1946.

      Enrique Báez García, abogado del apelante; IIon. Procurador General E. Campos del Toro (Luis Negrón Fernández, como Procu-rador General Interino, en el alegato) y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación de una sentencia condenando al acusado a la pena de un año de presidio después de ser decla-rado culpable por un jurado del delito de homicidio volunta-rio.

Gregorio Castillo declaró a favor de El Pueblo de Puerto Rico que estaba acostado a las 9 p.m. el 18 de agosto de 1942, cuando oyó a su primo, el acusado, llamándolo. Se vistió y salió afuera, donde encontró discutiendo al acusado y a Jacinto Vargas, su cuñado. El acusado dijo al testigo: “Jacinto que me está esperando para pelear conmigo”. El testig’o les dijo que se fueran a sus casas, que ellos eran amigos. Vargas insistió en que no se iba para su casa y dijo al acusado, “Vamos a pelear al puño”. Vargas tenía un palo en la mano y se dobló para ponerlo en el suelo, cuando el acusado le pegó a Vargas en la cabeza con el mango' de plomo de un foete de cuero. Vargas cayó al suelo, el acusado cayó sobre él, y empezaron a pelear. El acusado, pero no Vargas 'quien era más fuerte que el acusado, comenzó a sangrar. Vargas logró quitarle el foete al acusado, después de lo cual éste huyó a su casa. Vargas abandonó el lugar y caminó hasta su casa.

El doctor que practicó la autopsia declaró que encontró una contusión sobre el ojo derecho de Vargas, quien murió alrededor de las 8 p.m. del 19 de agosto de una hemorragia cerebral que pudo haber sido producida por el golpe con el mango de plomo del foete"'que, según Castillo declaró, fue usado por el acusado para pegarle a Vargas.

En el contrainterrogatorio el doctor declaró que el cuerpo tenía solamente ése golpe, que no podía determinar cuánto tiempo pasó desde que Vargas recibió el golpe hasta que murió, y que la contusión pudo haber sido causada por un golpe con un pedazo de madera, hierro, piedra o por un puño o por una caída.

El apelante alega que la culpabilidad del acusado, y espe-cialmente el corpus delicti, no se estableció fuera de duda ra-zonable. Su argumento es que la declaración del doctor no era suficiente bajo el artículo 206 del Código Penal para demostrar fuera de duda razonable que la muerte de Vargas fué causada por el acusado, ya que el doctor declaró que el golpe con el foete solamente pudo haber causado la muerte de Vargas, mientras admitió por otro lado que su muerte pudo haber sido causada por algún golpe recibido de algunas otras posibles maneras.

Pero la prueba fué que el acusado le pegó a Vargas con un foete, que el médico encontró evidencia de un solo golpe en su cabeza, que tal golpe pudo causar una hemorragia fatal, y que murió al día siguiente a consecuencia de una hemo-rragia. No podemos decir que el jurado no estaba justifi-cado al deducir que el golpe dado por el acusado fué la causa de la muerte de Vargas. Véanse Pueblo v. Moreno, 28 D.P.R. 104, 109-10; Pueblo v. Maceira, 40 D.P.R. 700, 703-4; Pueblo v. Rosado, 17 D.P.R. 441; Pueblo v. Ives, 110 P.2d 408 (Calif. 1941).

El próximo error señalado se refiere al no haber el jurado dado crédito a la declaración del acusado- al efecto de que, antes de la llegada de Castillo al lugar de los hechos, el finado, que se encontraba en estado de embriaguez, atacó al acusado, derribándolo del caballo en que iba hacia su casa, y que durante el altercado el acusado le pegó a Vargas con el foete que llevaba para pegarle al caballo. Estos hechos, según el acusado, demuestran que el finado provocó la pelea y que el acusado le pegó en defensa propia. El acusado insiste en que el jurado estaba obligado a dar crédito a esta prueba, citando los casos de Pueblo v. Pellicier, 56 D.P.R. 882, y Pueblo v. Sánchez, 55 D.P.R. 351.

En el caso de Sánchez dijimos a la pág. 369 que “cuando se presenta en evidencia la confesión. . . que contiene manifes-taciones exeulpatorias, debe instruirse al jurado que tales manifestaciones deben ser consideradas como ciertas a menos que se destruyan”. Sin embargo, los casos que citamos en el caso de Sánchez sosteniendo esta declaración revelan que ésta es una regla - limitada, que tiene varias excepciones. Yarbrough v. State, 67 S. W. 2d 612, (Tex. 1933); Combs v. State, 108 S. W. 649 (Tex., 1908). Y existen autoridades para sos-, tener la proposición de que en una confesión la materia ex-culpatoria debe ser tratada como cualquier otra evidencia, estando el jurado en libertad de creerla o rechazarla. VII Wigmore on Evidence, Tercera edición, sección 2100; véanse Pueblo v. Arrocho, 34 D.P.R. 847, 850-51; Pueblo v. Flores, 17 D.P.R. 178, 190.

Sin embargo, no necesitamos reexaminar la manifestación citada en el caso de Sánchez; aun cuando estuviéramos incli-nados a seguirla, no se aplica a las circunstancias de este caso. Aquí no hubo confesión. Después que El Pueblo ter-minó su prueba, el acusado fue juramentado y declaró a su favor. Bajo esas circunstancias el jurado estaba en libertad de considerar al acusado como cualquier otro testigo y de dar crédito o rechazar todo, parte o nada de su declaración. Pueblo v. Arrocho, supra; Pueblo v. Flores, supra.

Además, no hubo error perjudicial aquí, ya que la corte de distrito, a petición del acusado, de hecho dió instrucciones al jurado al efecto de que la teoría del caso de Sánchez era aplicable a la declaración dei acusado durante el juicio, dicléndole que “la declaración del acusado Muñiz en el sentido de que el interfecto le acometió y le dió dos palos cuando el acusado estaba montado en el caballo y que el acusado le tiró al agresor, que resultó ser Jacinto Vargas, estando montado todavía en el caballo para evitar recibir más golpes del in-terfecto, es una declaración que debe ser tenida por cierta por el jurado, a menos que ustedes consideren que existe prueba que demuestro lo contrario.”

lista instrucción favorecía más al acusado que aquella a la que tenía derecho de acuerdo con la ley. Pero aún asumiendo que esta instrucción represente una exposición correcta de la ley, el jurado no estaba obligado a decidir que mientras el acusado estaba todavía montado en el caballo y antes de la llegada de Castillo, el acusado golpeó a Vargas con su tóete en defensa propia. El jurado estaba justificado en rechazar esta declaración del acusado porque el récord con-tiene “prueba que demuestre lo contrario” — la declaración de Castillo de que el acusado golpeó a Vargas con el foete después de Castillo haber llegado al sitio de los hechos y mientras el interfecto se doblaba a poner el palo en el suelo; y la declaración del doctor de que había un solo golpe en la cabeza o cuerpo de Vargas.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

       El artículo 206 prescribe como sigue: '¿ Ninguna persona podrá ser con-victa de asesinato u homicidio, a menos que la muerte de la persona que se alegare haber sido muerta, y el hecho de la muerte que se alegare haber sido causada por el acusado, resultaren probados como actos independientes; aquélla por medio de pruebas directas y éste de modo que no haya lugar a duda razonable. ’ ’

      Til caso de lJellicier no resuelve lo contrario. No aplica, como parece creer el acusado, la doctrina dol caso de Sánohes a la declaración de un acusado que íuó 'juramentado y declaró a su favor. Por el contrario, indicamos a la pág. 880 que la cuestión no tenía que ser considerada cuando no se solicitó una instrucción especial sobre c¡--t o punto.


author: El Juez Asociado Señob. Cókdova

text:
    Cruz Olmo, demandante y apelante, v. Félix López Figueroa et als., demandados y apelados.
    Núm. 9228.

    Sometido: Marzo 6, 1946.

      Resuelto: Mayo 2, 1946.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; Francisco González, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob. Cókdova

emitió la opinión del tribunal.

Félix López Figueroa radicó demanda de desahucio contra Cruz Olmo, por falta de pago del canon convenido. Con-testó Olmo alegando ser dueño de la finca. La controversia principal durante el inicio giró en torno al título- al terreno, pero hubo prueba tendente a demostrar que Olmo había cons-truido tres edificaciones sobre el terreno. Al someter el caso a la corte, el abogado de Olmo insistió en que se declarara sin lugar la demanda por haberse establecido un conflicto de tí-tulos, arguyendo que, aun asumiendo que el terreno fuese de López Figueroa, Olmo tenía allí tres casas de su propie-dad. La corte declaró con lugar la demanda de desahucio. Solicitó Olmo la reconsideración de la sentencia, y le fue ne-gada. i

Firme ya la sentencia de desahucio, y cuando López Figueroa se disponía a ejecutarla, radicó Olmo demanda de injunction para impedir la ejecución de la sentencia, alegando que había construido en la finca tres casas, de buena fe, y que la sentencia que se pretendía ejecutar se había dictado a base de un error, a saber, el cometido por la corte al no dar importancia al hecho de que existían esas tres casas, construidas por Olmo.

La corte inferior declaró sin lugar la demanda de injunction, por entender que sencillamente pretendía revisar un alegado error cometido por la misma corte al dictar una sen-tencia que ya era firme. De esa sentencia apel-a el deman-dante Olmo.

El apelante insiste en su alegato en que de no expedirse el injunction que él solicita, se originará una multiplicidad de pleitos, y se le causarán daños irreparables. Asumiendo • que ello sea así, no vemos, ni nos indica el apelante, qué jus-tificación puede haber para prohibir se ejecute la sentencia.

No es necesario que consideremos en qué casos puede pro-ceder el injunction para impedir la ejecución de una senten-cia. Basta consignar que no procede cuando, como en el caso de autos, lo único que se pretende es revisar el alegado error de la corte sentenciadora al aplicar la ley a los hechos del caso. Mellen v. Moline Malleable Iron Works, 131 U. S. 352, 33 L. Ed. 178. Véase también Boerman v. Marrero, 34 D.P.R. 126; Ex Parte Morales, 17 D.P.R. 1043. Como dijimos en Graniela et als. v. Yolande Inc. et als., 65 D.P.R. 705, 708, más importante que la corrección de un posible error judicial en determinado caso es el principio de la finalidad de las sentencias.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Snyder,

text:
    Pedro Pratts, peticionario, v. Corte de Distrito de Mayaguez, Hon. R. Ramírez Pabón, Juez, demandada; Inocencia Mangual Bayrón y Gerardo Mangual, interventores.
    Núm. 1636.

    Sometido: Abril 22, 1946.

      Resuelto: Mayo 2, 1946.

      Enrique Báez García, abogado del peticionario; Gilberto López de Victoria, abogado del interventor, demandado en el pleito principal; Ildefonso Freyre, abogado de la interventora en dicho pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Snyder,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito de desahucio en el que la corte municipal, después de un juicio en los méritos durante el cual sólo el demandante introdujo evidencia, dictó sentencia el 20 de septiembre de 1945 a favor del demandante, por el fundamento de falta de pago de 31 meses del canon mensual a razón de $12, pagaderos el día 28 de cada mes. El deman-dado radicó escrito de apelación para ante la corte de distrito solicitando en el mismo que la corte municipal le fijara una fianza. La corte municipal le fijó una fianza de $600 que fué prestada por el demandado. El demandado también consignó el canon de $12 mensuales el día 28 de octubre de 1945-y du-rante los días 28 de cada mes posterior. El 9 de febrero de 1946 el demandante solicitó la desestimación de la apelación por el fundamento de que el demandado había dejado de con-signar el canon correspondiente al mes que finalizó el 28 de septiembre de 1945. Expedimos el auto de certiorari para revisar la resolución de la corte de distrito declarando sin lugar la moción de desestimación.

El art. 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, según quedó enmendado por la Ley núm. 170, Leyes do Puerto Rico, 1942 ((1) pág. 889), dispone'que “No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no otorga fianza, a satisfacción del tribunal, para responder “de los daños y 'perjuicios que pueda ocasionar al demandante y de las costas de la apelación; podiendo el demandado cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas, a su elección, otorgar dicha fianza o consignar en secretaría, el importe del precio de la deuda hasta la fecha de la sentencia.” Alega el demandante que la solicitud del demandado para que se le fijara fianza, la resolución de la corte, y los términos de la fianza, demuestran que tanto el propósito como el efecto de la fianza eran cumplir con los requisitos del art. 631 única-mente : garantizar el canon de arrendamiento basta la fecha de la sentencia, septiembre 20, 1945.

El demandante entonces se refiere al art. 634 del Código de Enjuiciamiento Civil, según lo enmendó la Ley núm. 170. Dicho artículo prescribe como sigue: “En las apelaciones in-terpuestas en juicios establecidos por falta del pago del canon estipulado, será deber del demandado consignar en la se-cretaría del tribunal el importe de todos y cada uno de los arrendamientos que vayan venciendo u otorgar fianza, a sa-tisfacción del tribunal, para responder del importe de todos y cada uno de dichos arrendamientos.” Alega el demandante que el demandado dejó de consignar el canon correspondiente al mes que finalizó el 28 de septiembre de 1945, habiendo trans-currido ya ocho días del mismo desde que se dictó sentencia; por tanto no había ni fianza ni consignación para cubrir estos ocho días; y en su consecuencia debe desestimarse la apela-ción por no haberse cumplido con el art. 634.

Atacando la decisión de la corte de distrito de que la fianza era suficiente a los fines dedo que disponen los dos artículos 631 y 634, el demandante primero sostiene que los artículos 631 y 634 contemplan lianzas separadas: una a radicarse en la corte sentenciadora permitiendo al demandado establecer recurrió de apelación y garantizando todos los daños, inclu-yendo ios cánones vencidos, antes de la sentencia; la otra, una vez que el demandado ña apelado, para ser radicada en la corte de distrito cubriendo los cánones que venzan después de la sentencia, ñor consiguiente arguye que la lianza ra-dicada en la corte municipal en este caso cumple solamente lo prescrito en el art. 631 y no lo prescrito por el art. 634. Sin embargo, nada encontramos. en los artículos 631 y 634 que exija el complicado procedimiento de dos fianzas separadas radicadas en diferentes cortes con una limitada a daños pro-venientes de la apelación, incluyendo los cánones en descu-bierto con anterioridad a la sentencia, frente a otra lianza li-mitada a garantizar los cánones en descubierto con poste-rioridad a la sentencia. Creemos que estos artículos pueden razonablemente ser interpretados en el sentido de permitir una sola lianza en la corte inferior que responda de todos los elementos de daño, incluyendo los cánones tanto los anterio-res como los posteriores a la sentencia, basta qne se concluya definitivamente la apelación.

Por tanto pasamos a la cuestión de la responsabili-dad de la lianza. Al consignar ios cánones desde octubre 28, 1945, basta la íceba, el demandado cumplió con el art. 634 pre-firiendo ese método en vez de la lianza. Ci bien aparente-mente sólo íué una inadvertencia, el dejar de hacer tal con-signado}! en septiembre 28, 1845, no obstante de ordinario esto sería fatal a sn apelación. Pero si la fianza prestada por 61 'puede razonablemente interpretarse en el sentido de que incluye los cánones vencidos entre la fecha de la senten-cia y la terminación do la apelación, el demandado tendría ra-zón on su contención al electo do que cumplió, ora por acci-dente o inteneionalmente, con el art. 634.

La moción del demandado a la corte municipal solicitando que lijara fianza decía que garantizaría el 'pago de los eáno-nes mencionados en la demanda, y que dicha fianza se iba a radicar de conformidad con el art. 631. La resolución de la corte fue al mismo efecto: fijó una fianza para responder de los cánones alegados en la demanda. Y que esto í'né lo que el demandado entendió se evidencia por la consignación de los cánones vencidos después de' sentencia, excepto por el canon de septiembre que parece haber sido una inadvertencia. Sin embargo, a pesar de estas consideraciones, la-fórmula en aná-lisis final es el lenguaje en que está redactada la propia fianza. Si los fiadores asumieron obligaciones mayores que aquéllas solicitadas por el demandado u ordenadas por la corte o con-templadas joor el demandado, en ausencia de estoppel u otros factores similares, estas obligaciones de ordinario todavía se-rían medidas por los términos del documento otorgado por los fiadores.

En cuanto a los términos de la fianza, debe notarse pri-meramente que nada hay en los artículos 631 y 634 o en el art. 1726 del Código Oivil que exija que la fianza pres-criba explícitamente como elemento de daños los cánones ven-cidos ya sea antes o después de la sentencia. Una fianza general que responda al demandante de cualesquiera daños re-sultantes de la apelación sería suficiente. Es decir, si de Ids términos de la fianza, aun cuando los mismos sean generales, razonablemente se puede colegir que los fiadores garantiza-ron los cánones después de la sentencia, no puede quejarse el demandante de que el demandado no haya dado cumplimiento al art. 634. Véanse Benero v. Alvarado et al., 39 D.P.R. 778; E. Solé & Co., S. en C. v. Pedrosa, 49 D.P.R. 569. Cf. Brunet, Sáenź & Co., Ltd. v. Aponte et al., 33 D.P.R. 524; Cía. Industrial de Santurce v. Sánchez, 21 D.P.R. 191.

Refiriéndonos a la fraseología exacta de la fianza, encon-tramos que disponía el pago al demandante “de los daños y perjuicios que pueda sufrir dicho demandante y por las cos-tas de la apelaeión y por cualquier otra cantidad a que tenga derecho por motivo de la apelación, así como de los cá-nones reclamados y no pagados alegados en la demanda.” (Bastardillas nuestras). Es cierto que la última frase de la fianza, debido a exceso de precaución, específicamente garan-tiza los cánones antes de sentencia. Pero esto está de más. La parte en bastardillas de la lianza puede interpretarse ra-zonablemente como que es lo suficientemente amplia para , cu-brir esta partida prescindiendo de dicha frase. De la misma manera, la frase en bastardillas puede interpretarse como que incluye como una de las partidas por ella garantizadas, los cánones vencederos después de sentencia.

Sin embargo el demandante alega que este lenguaje de la fianza no cubre los cánones porque éstos van venciendo en virtud de un contrato y no “por motivo de la apelación”. Carece de méritos este argumento. Si no hubiera habido, apelación, la linca se le hubiera entregado al demandante y en lo sucesivo no hubieran vencido cánones. El hecho de que dejoa pagársele cánones al demandante por tanto emana directamente de la apelación.

Los cánones en descubierto cuando se dictó sentencia as-cendían aproximadamente a $380. El canon de $12 mensua-les que ha estado venciendo desde que se-, dictó sentencia se ha consignado hasta la fecha, con la excepción de la insig-nificante suma de $3 ó $4 adeudada por el período entre sep-tiembre 20 y 28. Por tanto la lianza de $600 sería suficiente para cubrir estas dos obligaciones — $380 más $3 ó $4.

Sin embargo, nos sentimos constreñidos a resolver que no se contempló que la fianza se aplicaría y no se aplica a cáno-nes vencidos después de sentencia. Llegamos a esta conclu-sión únicamente porque uno de los “por cuantos” prelimi-nares a la parte dispositiva de la fianza hace constar clara-mente qne los fiadores contemplaron que la fianza se otorgaba de conformidad con el art. 631. Dicho “por cuanto” res-tringe el lenguaje general de la fianza, que aparece en bastar-dillas, que de otro modo pudiera interpretarse como que cu-bre tales cánones.

Reconocemos que éste es un caso difícil. El demandado y el interventor en el pleito principal, quien reclama el tí-tulo de la finca urbana en cuestión, están impedidos de prose-guir la apelación en los méritos que vigorosamente enfatizan en las alegaciones, debido a una inadvertencia y al haber-de-jado de garantizar $3 ó $4 de canon con una fianza que, de aplicarse a dicha obligación, ampliamente la cubriría. T el punto es uno en la línea fronteriza. Sin embargo no pode-mos, en la faz del lenguaje restrictivo del “por cuanto”, am-pliar la obligación que los fiadores, que no son partes en este caso, asunfieron al otorgar la fianza. No basta decir que bajo los heclios según se han desarrollado, los fiadores, si fueren • requeridos para que cumplieran su obligación, probablemente no se opondrían al pago de $3 ó $4 en adición a los cánones de $380 que vencieron-antes de la sentencia. Debe recordarse ■que si el demandado no hubiera consignado el canon men-sualmente, ei demandante, bajo la teoría del demandado, hu-biera podido reclamar de los fiadores el pago de todas dichas sumas. Permitir al demandado y a la corte de distrito que por motivo de los hechos desafortunados de este caso amplíen el ámbito de la responsabilidad de un fiador, perjudicaría considerablemente en esta jurisdicción el estado de la ley relativa al contrato de fianza, especialmente si se tiene en cuenta el art. .1726 del Código Civil.

Finalmente, el demandado alega que al enmendar el art. 634 por la Ley núra. 170, la Legislatura evidenció su intención de eliminar la falta' de consignar los cánones vencidos después de sentencia o de prestar una fianza por los mismos, de los fundamentos para desestimar una apelación. Ño estamos de acuerdo. El art. 031- según rige hoy di» todavía impone el deber al demandado de consignar los cánones según vayan venciendo o de otorgar fianza para responder de los mismos. Al enmendar el art. 634 la Asamblea Legislativa no se desvió de su principal propósito: proteger al demandante de los daños provenientes de la apelación. Si resolviéramos que la apelación puede proseguirse a pesar de que no se cumpla con el art. 634 según ha sido enmendado, estaríamos quitándole todo el sentido a dicho artículo y destruyendo el propósito legislativo que dió lugar a su promulgación.

La resolución de la Corte de Distrito denegando la mo-ción de desestimación será anulada y se devolverá el caso con instrucciones de que se desestime la apelación.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.

       Indudablemente tiene razón el demandante en su contención en cuanto a la solicitud del demandado y la resolución de la corte. El demandado solicitó de la "corte le fijara una fianza "para responder al demandante de los cánones de arrendamiento mencionados en la demanda y por el tiempo que se alega, no fueron pagados de acueido con lo que dispone el art. 631 del Código de Enjui-ciamiento Civil de Puerto Rico, tal y como fuó enmendado por la Ley núm. 170 de 9 do mayo de 1942. . .”. Por resolución del 25 do septiembre de 1945, la corte municixial declaró con lugar esta solicitud y fijó una fianza de $600 "que deberá prestar el demandado para responder al demandante de los cánones de arrendamiento alegrados como no satisfechos en la demanda y de las costas de la apelación”. Pero los términos de la propia fianza, que más adelante se indicarán, exigen consideración adicional.

      K'ada hay en el art. 034 que impida a un demandado consignar alguno do los cánones vencidos después do sentencia y prestar una fianza para garantizar otros cánones.

      Este articulo prescribe que "La fianza no se presume: debe ser expresa y no puede extenderse a más de lo contenido en ella.
      "Si fue-o simple o indefinida, comprenderá no sólo la obligación principal, sino tod..s sus accesorios, incluso loa gastos del juicio. .

      Para casos quo interpretan generalmente el art. 1726, véanse Rieder v. Torruella, 47 D.P.R. 682; National City Bank of N. Y. v. Martinez Llonín, 41 D.P.R. 163; Somohano v. Matanzo, 41 D.P.R. 277; Sucesión de Valdés v. Acevedo, 23 D.P.R. 736; Pueblo v. González et al., 20 D.P.R. 591.

       Hasta aquí la fianza sigue sustancialmente el lenguaje del art. 631.

      Dicho “por cuanto” lee como sigue: “De acuerdo con el art. 631 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente, tal y como fué enmendado por la Ley núm. 170 de 0 do mayo de 1942, el demandado puede prestar fianza para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar al demandante y de laá costas de la apelación, así como de los cánones reclamados y no pagados alegados en la demanda.”

      Antes de esta enmienda el art. 634 prescribía: "En las apelaciones in-terpuestas en juicios establecidos por falta de pago del canon estipulado cual-quiera que sea el estado del recurso, el demandante puede solicitar que se sobresea en el mismo, si el demandado no consignase en la Secretaría del Tribunal el importe de todos y cada uno de los arrendamientos que vayan venciendo." (Có-digo de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933).