author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Francisco del Valle, peticionario y apelado, v. Junta de Retiro de Funcionarios y Empleados Permanentes del Gobierno Insular, Etc., querellados y apelantes.
    Núm. 8659.

    Sometido: Abril 9, 1943.

      Resuelto: Junio 8, 1943.

      Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Pannos y B. García Cintrén, Procurador General Auxiliar y Carmen B. Hernández, Oficial Jurídico, abogados de los apelantes; Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Francisco del Valle, el peticionario, después de haber prestado servicios al Gobierno Insular por más de veinte años, fue separado involuntariamente del cargo que ocupaba el día 31 de octubre de 1941, fecha para la cual ya había cumplido 62 años de edad. De acuerdo con la ley vigente tiene derecho a recibir una renta vitalicia por retiro invo-luntario.

Computada por la Junta de Retiro de Funcionarios y Empleados Permanentes del Gobierno Insular la pensión que debería recibir el Señor del Valle, surgió un conflicto entre las partes en cuanto a la forma en que la misma debería computarse.

Sostenía el peticionario que la pensión debe computarse exclusivamente a base de la sección 8 de la Ley núm. 23 de 16 de julio de 1935 (Sesión Extraordinaria, pág. 127), mien-tras que la Junta de Retiro sostenía que dicba pensión debe computarse a base de las secciones 4 y 9 de la mencionada ley.

No habiéndose puesto de acuerdo, las partes acudieron a la Corte de Distrito de San Juan, sometieron el caso por las alegaciones y solicitaron sentencia declaratoria que determi-nase la forma en que ha de computarse la pensión.

La corte, en 5 de de noviembre de 1942, dictó sentencia “declarando que la pensión a que tiene derecho el deman-dante de acuerdo con la Ley núm. 23 de 16 de julio de 1935 debe ser igual a la mitad del sueldo que devengaba el de-mandante al ser separado de su cargo el 15 de diciembre de 1941, pero no debe exceder de $1,500 al año”, y condenando a los demandados al pago de costas.

No conforme con dicha sentencia la Junta de Retiro apeló de la misma para ante este Tribunal, señalando la comisión de un solo error, a saber: '

“La corte inferior cometió error al resolver que la renta vitalicia a que tiene derecho el apelado debe computarse única y exclusiva^ mente de conformidad con la sección 8 de la Ley núm. 23 de 16. de junio (sic) de 1935, o sea a base de la mitad del último sueldo per7 eibido por el apelado.”

La única cuestión envuelta en este caso es si la sección 8 de la Ley núm. 23 citada provee una fórmula para la compu-tación de la pensión en todos los casos de separación invo-luntaria de un funcionario o empleado, o solamente en aque-llos casos en que el pensionado tiene más de 45 años y-me-nos de 60 años de edad. Alegan los apelantes que en todos los casos en que el funcionario o empleado separado invo-luntariamente del cargo haya cumplido más de 60 años de-edad la pensión deberá computarse a base de lo dispuesto en las secciones 4 y 9 de la Ley. Las secciones 4, 8 y 9 de la mencionada ley disponen lo siguiente:

"Sección 4. — El retiro se concederá con renta vitalicia por razón de edad, por incapacidad física, por el número de años de servicios prestados, o por separación involuntaria, de acuerdo con las disposi-ciones de esta Ley. En ningún caso se concederá una renta vitalicia cuyo importe exceda del 75 por ciento del promedio de los sueldos o compensaciones básicas anuales recibidos por el solicitante durante los últimos diez años de servicios prestados; ni excederá nunca dicha renta vitalicia de mil quinientos (1,500) dólares al año. El térmiuo ‘sueldo o compensación básica/ usado en esta Ley, se entenderá que excluye de sus efectos todo bono, obvención, remuneración por servi-cios extraordinarios o compensación dada en adición al sueldo fijado al cargo por ley o reglamento. Disponiéndose, que no se concederá, retiro alguno a aquellas personas que no estuvieren en servicio activo en la fecha en que lo soliciten, ni a las que hayan cotizado al Fondo de Retiro por un período menor de diez años."
"Sección 8.- — Si un funcionario o empleado a quien esta Ley sea aplicable, de 45 años de edad, antes de tener derecho a retiro fuere separado involuntariamente por cualquier motivo, excepto destitución del..Servicio Civil Clasificado o no clasificado, después de haber ser-vido por un período no menor de veinte (20) años, tendrá derecho a recibir, desde la fecha en que cesare en su cargo, de un cincuenta por ciento del sueldo que estuviere devengando al tiempo en que cesare en sus funciones oficiales -hasta tanto sea repuesto por la Co-misión del Servicio Civil en un cargo igual o similar al que desempe-ñaba, y para lo cual será deber de dicha Comisión, sin excusa ni pretexto alguno, comunicar el nombre de dicho empleado al Jefe del Departamento en que hubiere vacado la plaza y éste deberá nombrar al citado empleado para la referida vacante. Si el empleado así nombrado declinare dicho nombramiento, cesará ipso facto la pensión que percibe y la Junta de Retiro procederá a dar de baja su nombre de.- la nómina, de, los- pensionados; Disponiéndose, sin embargo, que si el empleado de tal modo separado involuntariamente tuviere sesenta (60) o más años de edad, la renta que se le concederá será de carácter vitalicio, sin derecho a reposición, pero en ningún caso recibirá una pensión anual mayor de mil quinientos (1,500) dólares.
"Sección 9. — La renta vitalicia de cualquier funcionario o em-pleado del Gobierno Insular de Puerto Rico, comprendido .en el Ser-vicio Civil clasificado o no clasificado, retirado bajo las disposiciones de esta Ley,, será compuesta de una suma igual a dos por ciento (2%) del promedio de sueldos recibidos por el funcionario o em-pleado durante los últimos ocho (8) años de servicio, multiplicado .por el número total de años de servicios computables durante los cuales cotizó normalmente, y uno y medio por ciento por cada año adicional de servicios computables durante los cuales no cotizó.
“Al computar los servicios de un funcionario o empleado, se su-marán los distintos períodos de servicio que prestare en la forma expresada en la sección 3, cuyo total en años completos será el número de años de servicios que servirá de base para determinar su renta vitalicia no tomándose en consideración ninguna fracción menor de un año que sobrare.
“Al computar el montante de la renta vitalicia se adoptará el múltiplo de doce más cercano a la cifra obtenida en la operación aritmética. ’ ’

Opinamos que la corte inferior procedió correctamente al resolver como resolvió que la renta vitalicia a que tiene de-recho el peticionario debe ser computada de acuerdo con las disposiciones de la sección 8, supra.

De acuerdo con los términos de dicha sección, cuando un funcionario o empleado de “45 años de edad”, que ha pres-tado más de 20 años de servicios, es separado involuntaria-mente de su cargo, excepto en caso de destitución, dicho fun-cionario o empleado tendrá derecho a recibir el cincuenta por ciento (50%) del sueldo que estuviere recibiendo en la fecha en que cesare en sus funciones oficiales, hasta tanto sea repuesto en un cargo igual o similar al que desempe-ñaba. Las palabras “de 45 años de edad” no significan que el funcionario o empleado involuntariamente retirado del servicio deba tener exactamente la edad de 45 años. Lo que en realidad ha querido decir el legislador es que debe tener cuarenta y cinco o.más años de edad, siendo por tanto apli-cables las disposiciones de la sección 8 lo mismo a un em-pleado de 45 que a uno de 50 ó 59 años de' edad. El em-pleado así separado que no ha cumplido los sesenta años en la fecha de su separación, tendrá derecho a recibir la mitad del sueldo que había estado recibiendo, hasta que sea re-puesto. Esa pensión puede convertirse en vitalicia, si el em-pleado pasáse el resto' de su vida sin que se le repusiera en un cargo igual o similar al que antes ocupara.

Cuando el empleado'“de tal modo separado involuntaria-mente” tuviere 60 o más años de edad, en ese caso la renta que se le concederá será de carácter vitalicio, sin que el em-pleado tenga derecho a ser repuesto en un cargo igual o similar y sin que la pensión pueda exceder de $1,500 anuales.

La citada sección ’ 8 provee un procedimiento exacto y completo para la computación de la pensión de los retirados involuntariamente del servicio. Los requisitos esenciales para tener derecho a pensión son (a) tener más de 45 años de edad’ y (b) haber servido al Gobierno Insular durante más de veinte años. El aquí peticionario y apelado tiene más de 45 años de edad, ha servido por más de veinte años y ha sido separado involuntariamente de su cargo. Si el pe-ticionario tuviese menos de 60 años de edad, tendría derecho a recibir la mitad del sueldo que antes recibía, sin limitación alguna, hasta su reposición en otro cargo, de manera que si su sueldo fuera de $6,000 anuales, la pensión sería de $3,000 anuales. Teniendo el peticionario más de sesenta años de edad y más de veinte de servicios y habiendo sido separado involuntariamente del cargo, la renta vitalicia a que tiene derecho de acuerdo con la sección 8 debe ser igual al 50 por ciento del sueldo que estaba devengando cuando cesó en el cargo, siempre que no exceda de $1,500 anuales. Las sec-ciones 4 y 9, supra, no son aplicables a un caso como el de autos.

La sentencia recurrida debe sqr confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado SeñoR Todd, Je.,

license: Public Domain

text:
    Anton Waldin e Ivry McDougle, peticionarios y apelantes, v. Rafael Feliciano Pacheco, Alcaide de la Cárcel de Distrito de Humacao, P. R., demandado y apelado.
    Núm. 8647.

    Sometido: Mayo 24, 1943.

      Resuelto: Junio 8, 1943.

      Juan Nevares Santiago, abogado de los apelantes.; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Au-xiliar, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado SeñoR Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn caso de hábeas corpus. Los apelantes en este recurso alegan que la Corte de Distrito de Humacao erró al dictar sentencia denegando sn petición, 1, al resolver que la fianza de $10,000 exigida a cada uno de los peticiona-rios para poder permancer en libertad provisional no era excesiva; 2, al resolver que existe cansa probable contra los peticionarios para justificar nna acusación de asesinato, y 3, al resolver que los peticionarios no tenían derecho a estar representados por abogado durante la investigación prelimi-nar practicada por el fiscal.

Del récord aparece que los peticionarios fueron arrestados el 25 de julio de 1942 por orden del Fiscal de Humacao, imputándoseles la comisión de un delito de asesi-nato en primer grado, y que se les señaló una fianza de $10,000 para su libertad provisional; que el mismo día presentaron su petición original de hábeas corpus y la corte les fijó una fianza de $2000 a cada uno para poder permanecer en liber-tad provisional mientras se resolvía el caso. Esta fianza fué prestada inmediatamente por los peticionarios, así como una de $5000 cuando la corte la aumentó a esta suma.

La prueba presentada demostró que los peticionarios tra-bajaban en la base de Ensenada eon la Arundel & Consolidated Construction Co., ganando un sueldo de $96 semana-les, que aunque dijeron no tener amigos o relacionados en Puerto Eico consiguieron $2000 en efectivo cada uno para prestar la primera fianza y fiadores por $5000 para prestar la segunda y que en total no estuvieron detenidos más de dos horas después de haber sido arrestados.

En relación con la determinación de si la fianza exigida en un caso es excesiva, esta Corte, en el de Ex parte Collazo, 52 D.P.R. 109, 113, fijó los elementos que deben tomarse en consideración en esta forma:

“ . . . (a) la naturaleza y gravedad del delito que se imputa al acusado; (b) la capacidad económica del acusado para poder prestar la fianza exigídale; (e) las probabilidades de que el acusado sea con-victo; y (d) la severidad de la pena que apareja el delito. ...”

Expresamente se resolvió en dicho caso que la prueba de no tener recursos suficientes para prestar la fianza exigida, por completa y convincente que sea, no es por sí sola sufi-ciente para intervenir, por medio de hábeas corpus, con la discreción judicial y reducir la fianza fijada.

Los elementos (a) y (d) existen en el caso de autos en su grado máximo pues se imputa a los peticionarios un de-lito de asesinato en primer grado que conlleva la pena de reclusión perpetua. En cuanto al (c) o sea las probabilida-des de que los peticionarios sean convictos está íntimamente relacionado con el segundo motivo del recurso en cuanto a si existe causa probable para el arresto. Para sostener la afirmativa el fiscal presentó la declaración del médico que practicó la autopsia del interfecto Inés Cruz acreditativa de que éste falleció a consecuencia de una herida, mortal por necesidad, producida por un arma blanca que atravesó la base del pulmón produciendo una hemorragia interna. Se admitió además la declaración jurada prestada por Santos Cuadrado ante el Juez de Paz de Ceiba que, en lo perti-nente, dice así:

“ . . . que el día 24 de julio, 1942, como a las 7:30 p. m. me hallaba en el cruce de la carretera Ensenada Honda, junto a Inés Cruz (a) Maneeo, Pedro Agosto y otras personas más que no conozco; que estando allí a la hora indicada, pasó un americano que la gente apoda como ‘Peo’; que entonces un muchacho que allí estaba y que no conozco le dijo ‘Peo’; que entonces él viró para atrás y dijo ‘You said me feo?’ y el muchacho le dijo ‘no, yo no’; que el americano se fué y el títere volvió a repetirle ‘Peo’; que entonces el americano dijo en español ‘un momentito’, y se fué y vino pronto junto a otro americano; que al llegar dichos americanos se encararon a Inés Cruz, y el americano que le dicen ‘feo’ le tiró el caballo encima a Inés; que entonces yo le dije en inglés que no era esa la persona que le había dicho ‘feo’; que entonces el otro americano me dijo en inglés que por qué corría si no era él; que le dije entonces que él (Inés) corría no porque fuera él, sino porque le había tirado el caballo en-cima; que dicho ‘feo’ se quedó y otro americano se fué y regresó pronto junto a tres americanos más en un automóvil; que al llegar dicho americano Inés estaba dentro del cafetín y el americano lo llamó para afuera y yo le dije que no saliera e Inés no salió; que entonces al que dicen ‘feo’, entró al cafetín a sacarlo e Inés echó a correr; que al salir corriendo hacia afuera, hacia la carretera, el otro americano lo agarró, le dió con un foete y con una cuchilla lo hirió en el costillar izquierdo, mientras el ‘feo’ le daba con otro foete por detrás; que Inés cayó al suelo casi muerto y lo cargaron para, el hospital en un automóvil muriendo en el camino, según supe; que el americano que lo mató puedo identificarlo' porque aun cuando no le sé el nombre lo he visto muchas veces antes de hoy; que al ser reque-rido para que lo identifique, lo señaló y al preguntársele el nombre me dijo ser o llamarse Iv Lee McDougle; que el americano que le dicen ‘feo’, lo señalé y respondió al ser requerido para ello como Anton Henry Waldin, Jr.”

Por último el fiscal declaró que tenía en su poder cinco o seis declaraciones adicionales de otros testigos, al mismo efecto que la de Cuadrado y también una del acusado Ivrv MeDougle, negando los lieclios que se le imputan.

Bepetidamente liemos resuelto que en un caso de liábeas corpus el fiscal sólo tiene que demostrar que ha obtenido un principio de prueba que justifique la detención del acusado como presunto responsable del delito que se le imputa. Pueblo v. Pillot, 19 D.P.B. 264; Baigés v. Pueblo, 26 D.P.R. 148; Ex parte Pagán, 46 D.P.R. 919; Ex parte Anés Pillot, 58 D.P.R. 948. La declaración jurada prestada por el testigo Cuadrado por sí sola establece el principio de prueba en contra de los apelantes en este caso, constitutivo de la causa .probable para su detención por el delito de asesinato en primer grado. Si el jurado en su día diera crédito a dicha prueba no hay duda que existe el .elemento (c) señalado en el caso de Ex parte Collazo, supra, en cuanto a las probabi-lidades de que los peticionarios apelantes puedan ser con-victos.

En cuanto a la capacidad económica de los peticionarios para poder prestar la fianza exigida, somos de opinión que la corte inferior no erró, de acuerdo con los hechos probados, al resolver que están en condiciones de prestarla, especialmente si se toma en consideración la facilidad con que obtuvieron la de $5,000 exigida en este recurso. No se cometieron los dos primeros errores.

En relación con el tercero, por el que se alega que se privó a los peticionarios del derecho a estar representados por abogado durante el examen preliminar, los apelantes no han puesto a este Tribunal en condiciones de poder resolver la cuestión planteada.

Del examen detenido que hemos hecho del récord ante nos lo único que en él aparece en relación con el examen pre-liminar es lo siguiente: 1, la alegación de los peticionarios en su solicitud enmendada de que no se les nombró abogado en dicho examen; 2, la declaración del Fiscal Camacho al efecto de que examinó ocho o diez testigos en Ceiba al inves-tigar el caso y, 3, la resolución de la corte inferior desesti-mando la cuestión planteada bajo la autoridad del caso de Pueblo v. Travieso, 60 D.P.R. 530.

Los peticionarios no presentaron prueba de clase alguna para demostrar en qué forma se efectuó el examen prelimi-nar por el fiscal; si los acusados estaban presentes y si en alguna forma se les hizo o no la advertencia de que tenían derecho a estar representados por abogado. Tampoco quedó suplida esta prueba por la declaración del fiscal pues, como hemos dicho, el referido funcionario se limitó a decir que le había tomado declaración a varios testigos que declararon en la misma forma que Cuadrado. •

En el caso de Pueblo v. Travieso, supra, resolvimos, se-gún aparece del sumario, que:

“La falta de jurisdicción de la corte sobre la persona del acusado, basada en que éste no tuvo asistencia de abogado desde su arresto y durante el examen preliminar de su causa, es cuestión que, de tenerse derecho al examen, no puede considerarse en apelación cuando de los autos no aparece la fecha del arresto y si hubo o no examen pre-liminar durante el cual fuera el acusado privado de su derecho a estar representado por letrado.”

Igual situación existe en el caso de autos.

Debe desestimarse el recurso y confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Juan Torrellas, demandante y apelante, v. Municipio de Yabucoa, demandado y apelado; Ernesto Carrasquillo, interventor y apelado.
    Núm. 8458.

    Sometido: Mayo 4, 1943.

      Resuelto: Junio 11, 1943.

      Francisco González Fagundo y F. González, Jr., abogados 'del ape-lante; Cruz Ortiz Stella, abogado del demandado apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 19 de diciembre de 1940 Juan Torrellas radicó de-manda en la Corte de Distrito de Humacao contra el Muni-cipio de Yabucoa, en cobro de pesos.

Alegó que suministró a dicho municipio piedra en bloque y triturada para la construcción de ciertas obras, siéndole su importe satisfecho, y como dicho material no alcanzara para la terminación de una de ellas, el municipio le pidió que si-guiera suministrándolo y así lo hizo sin que se le haya pa-gado su valor — $1,747.50—a pesar de haber requerido a su deudor para ello.

Cuatro días después compareció el municipio demandado por su alcalde aceptando la certeza de los hechos alegados en la demanda y allanándose a que se dictara sentencia en su contra. Acompañó copia de la Resolución núm. 69 de la Asamblea Municipal de Yabucoa autorizando al alcalde para allanarse. Uno de los por cuantos de la resolución lee así:

“Por 'cuanto los fondos que había disponibles procedentes de em-préstitos contratados para atender a la compra de piedra, se han ago-tado totalmente, habiéndose originado una deuda con el Contratista Sr. Torrellas por el exceso de piedra suministrada sobre lo presupues-tado, cuya obligación el municipio no puede atender de momento por carecer de los.recursos necesarios, habiéndose notificado así al inte-resado. ’ ’

El dos de enero siguiente la corte de distrito fijó la au-diencia del siete de dicho mes para que demandante y de-mandado comparecieran y la ilustraran sobre si la demanda aducía causa de acción que justificara el pronunciamiento de una sentencia válida e inatacable.

Así las cosas, tres días antes del señalado para la vista, Ernesto Carrasquillo alegando ser contribuyente del Muni-cipio de Yabucoa y su alcalde electo, pidió intervenir en el litigio. Luego, en enero 9, 1941, enmendó su petición y acom-pañó una demanda de intervención contentiva de la siguiente defensa especial:

‘Que a la fecha en que se contrajo la deuda objeto de la recla-mación del demandante en este caso, no existía en el presupuesto del municipio demandado asignación alguna para hacer frente a dicha deuda. ’ ’

En enero siete el demandante y el municipio demandado por su abogado se opusieron a la intervención. En enero veinte el interventor Carrasquillo comunicó a la corte que había tomado posesión de su cargo de alcalde. En junio trece del mismo año, aparece radicada una contestación del municipio demandado en la que se niegan general y especí-ficamente todos y cada uno de los hechos de la demanda y se alega la misma defensa especial que alegó el interventor.

Así las cosas, en octubre 1, 1941, la corte dictó sentencia declarando la demanda sin lugar por no aducir hechos sufi-cientes para constituir una causa de acción en contra del municipio. En su relación del caso y opinión se expresó así:

“La primera cuestión a resolver es si el interventor como contri-buyente del Municipio de Yabucoa, puede o no intervenir en estos casos, y la cuestión a nuestro juicio debe resolverse en la afirmativa. (6 McQuillin, pág. 951, see. 2748.) Sobre todo, como surge en este caso, de las alegaciones de las partes, que el municipio demandado dejó de producir una buena y material defensa a la causa de acción contra él entablada por el demandante, y decimos esto, porque la propia contestación del demandado allanándose a las pretensiones del demandante, está basada en Resolución Núm. 69 de la Asamblea Municipal del municipio demandado, copia certificada de la cual se acom-paña a la misma, y de ésta aparece, sin duda alguna, de una manera expresa que el Municipio de Yabucoa al comprar la piedra que mo-tiva este pleito no tenía asignada suma alguna en el presupuesto municipal para cubrir dieba obligación, ni tenía fondos disponibles para pagar la misma. (Tomasini v. Municipio de Ponce, 50 D.P.R. 804, 805; Moscoso Hno. & Cía. v. Municipio, 50 D.P.R. 188, 190.)
“Estamos de acuerdo con el demandante en que, a tenor de lo re-suelto en el caso de Serra v. Municipio de Ponce, 47 D.P.R. 144, 149, al municipio demandado le corresponde alegar y probar, como de-fensa especial, la defensa que en este caso plantea el interventor,' para impedir el pago de la reclamación del demandante, y dentro de esta jurisprudencia estaríamos dispuestos a declarar sin lugar la excepción de falta de causa de acción, pero acompañándose a la moción de alla-namiento del municipio demandado, como parte de la misma, la orde-nanza antes referida huelga toda prueba sobre el extremo esencial a probar en estos casos, ya que la dicha ordenanza, expresamente sos-tiene la inexistencia de los fondos necesarios a cubrir la reclamación del demandante, y aceptada dicha inexistencia de fondos, es de perfecta aplicación la jurisprudencia del caso de Serra v. Municipio de Ponce, 47 D.P.R. 144, 149.”

Contra la indicada sentencia interpuso el demandante el presente recurso de apelación, señalando en su alegato dos errores como cometidos por la corte de distrito al permitir la intervención y al estimar probada la defensa alegada por el interventor.

Es cierto que la propia autoridad citada por el juez sentenciador, basándose en la jurisprudencia sobre la materia, sostiene que en estos casos “La demanda es esencialmente una demanda de clase. ‘Como tal debe radicarse a nombre de y por la clase, pues de lo contrario cada contribuyente tendría un derecho separado a radicar una demanda en su propio nombre y derecho, trayendo como resultado gran confusión y multiplicidad de pleitos.’ De ahí que una demanda radicada por un contribuyente en su propio nom-bre y derecho que no alega que se radica para beneficio suyo y de otros ciudadanos y contribuyentes, no es una demanda de contribuyente. Se ba decidido que una persona, sólo por el becbo de ser un contribuyente, no tiene tal interés que le dé derecho a intervenir en un litigio del cual es parte el municipio.” 6 McQuillin, Municipal Corporations, §2748, pág. 951.

Pero también señala dicha autoridad el caso de excepción en el qué puede considerarse comprendido el interventor Ca-rrasquillo, a saber:

“Empero, si al ser demandado el municipio rehúsa alegar una defensa esencial, los contribuyentes directamente interesados en el resultado tienen derecho a intervenir y alegar tal defensa. Así cuando el demandante y el municipio demandado conspiran entre sí para ayudar al primero a obtener sentencia sobre obligaciones del condado (county warrants), un contribuyente tiene tal interés que lo autoriza a intervenir y defenderse.” 6 McQuillin, Municipal Corporations, §2748, pág. 951.

El primer error no fué, pues, cometido. Tampoco el segundo, a nuestro juicio, ya que de la propia ordenanza autorizando el allanamiento acompañada a la moción del municipio, surge que la autorización era contraria al inciso 9 del artículo 8 de la Ley Municipal, Leyes de 1928, pág. 343, que prescribe que no podrá incurrirse • en obligaciones o deudas fuera de los créditos asignados en presupuesto, y a la repetida jurisprudencia de este Tribunal sobre la materia, que establece que es nula la venta de materiales a un municipio agotada la partida asignada en presupuesto para hacer frente a la obligación. Humacao Lumber Co. v. Am. Surety Co., 59 D.P.R. 165 y casos citados en el paismo. El argumento de que el allanamiento debe interpretarse como una renuncia de defensa no tiene mérito porque tal renuncia no podría reconocerse' por ser contraria a la política pública como ha sido declarada por la ley.

Procede la confirmación de la sentencia recurrida.


author: El Juez Pbesidente SeñoR Del Tobo

text:
    Amelia Valentín, peticionaria y apelante, v. Corte Municipal de Bayamón, Hon. José N. Quiñones, Juez, demandada y Jesús Rosado, interventor y apelado.
    Núm. 8668.

    Sometido: Mayo 6, 1943.

      Resuelto: Junio 11, 1943.

      Pedro Amado Rivera y A. Rivas, abogados de la apelante; P. J. Santiago Lavandero, abogado del apelado.
   El Juez Pbesidente SeñoR Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Éste es nn recurso de certiorari en el que está envuelta una cuestión de intervención. Procede de la Corte de Dis-trito de Bayamón.

Amelia Valentín demandó en la corte municipal en rei-vindicación de una finca' a Nieomedes Rosado y Carmen Elias. Éstos excepcionaron la demanda. Sus excepciones fueron declaradas sin lugar, concediéndoseles permiso para contes-tar. Pidieron prórroga y, además, un pliego de particulares. La corte accedió y el pliego les fue servido. No contestaron y se anotó su rebeldía. Se celebró el juicio con la compare-cencia de ambas partes. Se practicó prueba. Y la corte dictó sentencia declarando la demanda con lugar. Los demanda-dos apelaron para ante la corte del distrito, siendo su ape-lación desestimada por no haberse perfeccionado de acuerdo con la ley.

Volvió el caso a la corte municipal y Jesús Rosado, ale-gando ser dueño de la finca objeto de la reivindicación, pidió que se le permitiera intervenir en el pleito. Se opuso la de-mandante y la corte permitió la intervención.

Fué entonces que la demandante acudió en certiorari a la corte del distrito. El auto fué expedido y, oídas las par-tes interesadas, anulado. Contra la orden anulatoria inter-puso la demandante el presente recurso de apelación.

El juez de distrito se expresó en su opinión, como sigue:

“El peticionario Jesús Rosado al solicitar se anule el auto de certiorari expedido, se funda en el art. 74 del Código de Enjuicia-miento Civil.
“Dicho artículo dice así: (se transcribe).
“El lenguaje usado en el artículo transcrito nos parece suficiente-mente claro:
“ ‘y cuando en una acción ejercitada para obtener la posesión de propiedad inmueble o mueble, una persona, que, sin ser parte en el juicio tuviere interés en el asunto litigado, solicite de la corte que se le considere como parte, podrá así ordenarse por medio de la corres-pondiente enmienda.’
“El peticionario en este caso no fué parte en el litigio, pero al enterarse pidió intervenir por el fundamento de ser el dueño de la propiedad reclamada en el pleito.
“En el caso de Muñoz v. Corte, 54 D.P.R. 93.0, se permitió la in-tervención de un aparcero ‘aun en el período de ejecución de sen-tencia. ’
* * * *
“Por los fundamentos expuestos, la corte es de la opinión que debo anularse el auto expedido en este caso,- como así lo ordena, debiendo devolverse el expediente a la corte de su origen para ulteriores proce-dimientos. ’ ’

Creemos que asiste la razón a la apelante.. El precepto de ley aplicable es el artículo 72 del Código de Enjuicia-miento Civil que permite la intervención según sus términos expresos “antes de la celebración.del juicio” y aquí no sólo se había celebrado el juicio cuando se pidió la intervención si que se había dictado sentencia resolviendo el litigio, sen-tencia que quedó confirmada a virtud de la desestimación del recurso de apelación contra la misma interpuesto.

“La demanda de intervención,” dijo esta Corte en Pillot v. Pillot y Balestier, 21 D.P.R. 200, 202, “y la moción pi-diendo permiso para presentarla fueron radicadas el 27 de abril del corriente año, después que se había dictado senten-cia en rebeldía contra la parte demandada el 13 del mismo mes, y por tanto se hizo la radicación no antes, sino después del juicio. Y no puede alegar el apelante en su favor la cir-cunstancia de haberse fallado el pleito en rebeldía y solici-tádose la apertura de ella. A esa alegación oponemos la doctrina establecida por la Corte Suprema de California in-terpretando el artículo 387 del Código de Enjuiciamiento Civil de dicho Estado, equivalente al 72 del nuestro, en el caso de Hibernia Savings and Loan Society v. Churchill, 128 Cal. 633, 61 Pac. 278:

“ ‘Es una regla general . . . que no se permitirá la in-tervención cuando retarde el pleito principal o cuando exija que se vuelva a abrir el caso para presentación de más prueba o cuando dilate la celebración del juicio del pleito principal o cambie la posición de las partes primitivas. Van Gorden v. Ormsby, 55 Iowa 657, 8 N. W. 625; Boyd v. Heine, 41 La. Ann. 393, 6 South. 714; Ragland v. Wisrock, 61 Tex. 391; Cahn v. Ford, 42 La. Ann. 965, 8 South. 477; Mayer v. Stahr, 35 La. Ann. 57. Con el fin de impedir la intrusión de extra-ños después de haber quedado resueltas las cuestiones plan-teadas entre las partes primitivas, nuestro código expresa-mente dispone que la intervención se verifique “antes del jui-cio”; y una rebeldía por la cual todas las alegaciones de la: demanda son admitidas a favor del demandante es equiva-lente a un juicio cuando el caso se litiga. . . .’ ”

Es cierto que esta propia corte en el caso de Carrasquilla v. Ripoll y Montalvo, Int., 56 D.P.R. 318, 322, dijo:

“Sin embargo, la limitación en cuanto al tiempo de radicar la. petición, persigue el propósito de impedir dilación en el pleito prim cipal y evitar afectar la sentencia dictada. Benítez v. Tabacaleros, etc., y Fed. Int. Credit Bank, 50 D.P.R. 791, y jurisprudencia citada..
“Eli el caso de autos la sentencia que pueda dictarse en el inci-dente de intervención en manera alguna afecta la ya dictada y eje-cutada contra Ripoll. > Por consiguiente, actuó correctamente la corte inferior al conceder permiso para intervenir, no obstante haberse dic-tado y ejecutado la sentencia en el pleito principal.”

Pero aquí no se trata de la misma situación. Tampoco de la del caso citado ni de la del en que se basó la corte inferior.

En esos casos las intervenciones permitidas no lo -fueron en contra de la regla general. Aquí la intervención exigía la apertura de un caso que había sido ya resuelto por sén-tencia firme y, al concederse, se violó la ley en su letra y en su espíritu.

Lo que se resolvió en Benítes, supra, fue lo que sigue:

“La jurisprudencia que hemos examinado parece establecer una distinción entre aquellas intervenciones que tienen pQr objeto la dis-cusión de los méritos de la controversia entre demandante y deman-dado y aquéllas cuyo único objeto es la protección de los derechos del interventor sobre propiedad embargada y sobre la cual se trata ele hacer efectiva la sentencia dictada o que se pueda dictar en el pleito, sosteniendo que la primera clase de intervenciones deben ser inter-’ puestas antes del juicio, de acuerdo con los requisitos técnicos del es-' tatuto, y que las que se refieren simplemente a la determinación de los derechos respectivos sobre propiedad embargada pueden ser inter-puestas en cualquier momento, siempre que el interventor actúe cotí la debida diligencia.”

Se cita de 20 R.C.L. 688, sec. 27, y de 123 Am. St. Rep. 295, 309, y se continúa diciendo:

“La petición de intervención en el caso de autos presentaba a la consideración de la corte inferior una sola cuestión, o sea si los cá-nones de arrendamiento eran en la fecha en que se practicó el embargo propiedad de la'corporación demandada o si habían pasado ya a ser propiedad del banco interventor, no estando por tanto sujetos a embargo. Esa cuestión en nada podía afectar la controversia principal entre demandante y demandado, ni tampoco la sentencia en rebeldía dictada en el caso. ...” Benítez v. Tabacaleros, etc. y Fed. Int. Credit Bank, 50 D.P.R. 791, 796, 797.

Siendo lo decidido en Muñoz, supra, copiando del resu-men, lo que signe:

“Una corte puede permitir que una persona intervenga en la eje-cución de una sentencia por ella dictada.
“Aun cuando sería mejor resolver la cuestión en pleito indepen-diente y no dentro de una acción en ejecución de hipoteca, para evitar multiplicidad de litigios, dentro de su discreción, la corte puede per-mitir a un aparcero que comparezca en esa acción, aun en el período de ejecución de sentencia, para arreglar la controversia entre las partes en cuanto a reclamaciones que dicho aparcero pueda tener res-pecto a la propiedad hipotecada y poner así término a la acción. Con el ejercicio de esa discreción no se intervendrá en ausencia de abuso.” Muñoz v. Corte, 54 D.P.R. 930, 931.

Mientras que aquí, después de haberse dictado sentencia declarando a la demandante dueña de una finca detentada por los demandados, la intervención se pidió por un hijo de éstos para alegar y probar que era dueño de la finca en cues-tión por haberla comprado al padre demandado en junio 1, 1938.

Debe revocarse la orden apelada y dictarse otra dejando sin efecto la resolución de la Corte Municipal de Bayamón de julio 10, 1941 permitiendo a Jesús Rosado intervenir en él pleito civil número 379 de dicha corte, Amelia Valentín v. Nicorríédes Rosado y Carmen Elias sobre reivindicación, y la de 5 de agosto siguiente negando su reconsideración, orde-nándose la devolución del caso a la dicha corte, municipal para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta 'Opimón.


author: El Juez Asociado Señoe Teavieso

text:
    Sucesores de Suau, S. en C., peticionaria, v. Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico, Etc., demandado.
    Núm. 1521.

    Sometido: Mayo 17, 1943.

      Resuelto: Junio 14, 1943.

      A. Ramírez Silva, abogado de la peticionaria; Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos j José Rafael' Gelpi, Procu-rador General Auxiliar, abogados del Tesorero de Puerto Rico, interventor.
   El Juez Asociado Señoe Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

Los techos esenciales de este caso, sobre los cnales no existe controversia entre las partes, son los siguientes:

La peticionaria, Sucesores de Suau, S. en C., radicó den-tro del término legal ante la antigua Junta de Revisión e Igualamiento una alzada contra las deficiencias que le fue-ron notificadas por el Tesorero de Puerto Rico, en relación con las contribuciones sobre ingresos por los años de marzo 31, 1935, marzo 31, 1936 y octubre 31, 1936. Transcurrido un largo período de tiempo, el Secretario de la Junta noti-ficó a la peticionaria que el escrito de alzada era defectuoso por carecer de juramento, e inmediatamente el representante de la peticionaria juró dicho escrito ante un Inspector de Contribución Sobre Ingresos. La vista se celebró el 27 de enero de 1940, sin que el Tesorero de Puerto Rico, que era miembro nato de la Junta, impugnara las alzadas por el mo-tivo de no haber estado juradas en la fecha de sn radicación.

En marzo 26 de 1941 la Junta de Revision e Igualamiento diotó su resolución concediendo a la peticionaria la deduc-ción de ciertas partidas y confirmando en cuanto a las demás la actuación del Tesorero de Puerto Rico. No conforme la .peticionaria, solicitó la reconsideración. La moción no pudo ser resuelta por la Junta por haber sido ésta abolida, creán-dose en su lugar el Tribunal de Apelación de Contribucio-nes. En septiembre 24, 1942 dicho tribunal concedió a la querellante un término de treinta días para conformar los casos de acuerdo con sus reglas de práctica. En octubre 20, 1942 la peticionaria radicó una solicitud de reconsideración de la resolucióu dictada por la Junta de Revisión e Iguala-miento. Presentó el Tesorero una excepción previa en la que alegaba que el tribunal carecía de jurisdicción para co-nocer de dichas alzadas, por no haberse jurado las mismas antes de su radicación ante la Junta de Revisión. En 23 de febrero de 1943, el Tribunal de Apelación de Contribuciones dictó su resolución declarando con lugar la excepción previa, ordenando el archivo del caso y dejando subsistente la con-tribución originalmente impuesta por el Tesorero. Después de haber pagado las contribuciones de acuerdo con el cóm-puto practicado por el Tesorero, bajo protesta, la peticiona-ria radicó el presente recurso de certiorari solicitando la re-visión de los procedimientos y la anulación de la resolución dictada por el Tribunal de Apelación de Contribuciones.

La única cuestión envuelta en el presente recurso es la de si la falta de juramento en el escrito de alzada, en la fecha de su radicación, es un defecto jurisdiccional y fatal que impidió que la Junta de Revisión e Igualamiento — y más tarde el Tribunal de Apelación de Contribuciones — ad-quiriese jurisdicción para conocer de las cuestiones envuel-tas en las alzadas o si era meramente un defecto de forma que podía ser subsanado wimc pro tunc con el consentimiento de la Junta de Revisión.

La sección 57 de la Ley núm. 74 de 1925 (pág. 401), en la parte que consideramos pertinente, dice así:

"... Dentro de los treinta días después de la fecha en que dicha notificación haya sido depositada en el correo, el contribuyente podrá radicar una apelación ante la Junta de Revisión e Iguala-miento, alegando por escrito y bajo juramento los hechos y funda-mentos legales en que apoya dicha apelación; Disponiéndose, sin embargo, que para hacer uso de este derecho el eoiitribuyente tendrá que prestar fianza por una suma igual al montante de la contribución notificada y apelada, sujeta a la aprobación del Tesorero.” (Bastar-dillas nuestras.)

En el caso de autos la contribuyente fué notificada de las deficiencias en diciembre 27, 1938. La alzada' fué radicada en enero 29, 1939, sin juramento. En agosto 1, 1939 la al-zada fué jurada por el representante de la contribuyente, sin que se hiciera objeción alguna por la Junta o por el Te-sorero de Puerto Rico que la presidía. Pué después de ha-berse prestado dicho juramento — en 27 de enero de 1940— que la Junta procedió a la vista del caso en sus méritos.

El caso de Faustino B. Aponte, apelante v. Tesorero de Puerto Rico, J.R.I. 7411-7413, decidido en enero 30, 1942, ci-tado por el Tribunal de Apelación de Contribuciones en la resolución recurrida, se distingue del de autos en que la al-zada interpuesta en aquel caso nunca fué jurada, ni al tiempo de su radicación ni posteriormente. En el presente caso la alzada fué jurada antes de la vista ante la Junta de Revi-sión y el Tesorero de Puerto Rico, que era no solamente la parte adversa a la contribuyente si que también Presidente de la Junta, entró a la vista del caso sin hacer objeción al-guna al hecho de que la- alzada había sido jurada después de la fecha de su radicación. Más aun, el Tesorero como Presidente y miembro de la Junta tomó parte en la reso-lución del caso, la que fué favorable a la contribuyente ape-lante en cuanto a varias de las partidas en controversia.

En Leidigh Carriage Co. v. Stengel, 95 Fed. 637, la Corte de Circuito de Apelaciones tuvo ante sí la misma cuestión levantada en el presente caso, y reslovió:

" ... La petición fué contestada por todas las partes interesadas, sin objeción alguna en cuanto a su forma. No tenemos la menor duda en cuanto a que bajo cualquier sistema de enjuiciamiento, tal alega-ción sobre los méritos equivale a una renuncia de todas las cuestiones de forma. El juramento de la petición es seguramente una cuestión de forma o modalidad, y no afécta la jurisdicción.”

Véase Burnet v. First Nat. Bank of Fresno, 46 Fed. (2d) 631.

En Krueger Brughton Lumber Co. v. Commissioner of Int. Rev., 18 B.T.A. 1270 se resolvió:

“Sostenemos que esta Junta tiene jurisdicción para oír y decidir una apelación contra una deficiencia aun cuando la apelación sea de-fectuosa en su forma, siempre que baya sido interpuesta dentro del término estatutario de 60 días después de haberse depositado en el correo la carta de notificación de la deficiencia y se haya enmendado con prontitud para conformarla a las reglas antes de la contestación de la parte adversa.”

Vista la jurisprudencia citada y las decisiones de este tribunal en Vendrell v. Pellot, 21 D.P.R. 149 y Ortis v. Silva et al., 28 D.P.R. 384, opinamos que la Junta de Revisión e Igualamiento tenía facultad discrecional para permitir como permitió que se enmendase la alzada; que la enmienda fue hedía oportunamente antes de la vista del caso ante la Junta y no pudo causar perjuicio alguno a la parte adversa repre-sentada por el Tesorero de Puerto Rico; que la objeción le-vantada por el Tesorero por primera vez ante el Tribunal de Apelación es tardía; y por último, que habiendo consen-tido la enmienda y entrado a la vista del caso ante la Junta sin formular objeción alguna, el Tesorero está impedido de levantar esa cuestión ante el Tribunal de Apelación de Con-tribuciones. Véase: 31 Cyc. 546.

El Tribunal de Apelación de Contribuciones erró al de-clarar que carecía de jurisdicción para conocer del caso.

La resolución recurrida debe ser anulada y el caso de-vuelto al tribunal mferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Escobar Correa, acusado y apelante.
    Núm. 9925.

    Sometido: Junio 1, 1943.

      Resuelto: Junio 14, 1943.

      Juan Nevares Santiago, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal ■del Tribtmál Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué convicto y sentenciado a cumplir un mes de cárcel y al pago de las costas por un delito de infracción a la Ley de Espíritus y Bebidas Alcobólicas, consistente en tener en su poder y a sn disposición, con la intención criminal de defraudar al Tesoro de'Puerto Bico, un galón de espíritu destilado (ron caña) sobre el cnal no se había pa-gado el impuesto qne fija el artículo 4 de la citada ley. Apeló de esa sentencia y como único error alega qne debió absolverle la corte sentenciadora) toda vez qne no se probó qne sobre el ron qne le fué ocupado no se hubiese pagado el referido impuesto. En efecto, aparece de la transcripción de evidencia qne el licor fué ocupado al acusado y presentado como prueba en la Corte Municipal, pero no aparece mani-festación alguna por parte del único testigo que declaró so-bre los hechos — Francisco Bivera, agente de Bentas Inter-ñas — , al efecto de que el envase que contenía el alcohol tu-viese o dejase de tener adheridas al mismo estampillas de ren-tas internas por valor del impuesto correspondiente. El acusado no declaró ni presentó prueba alguna de defensa, descansando exclusivamente en la insuficiencia de la del fiscal. No se presentó en evidencia el mencionado envase en el juicio d>& novo ante la corte de distrito, de suerte que pu-diese determinarse con vista del mismo si en efecto se ha-bía pagado o no el impuesto. El referido agente de rentas internas se limitó a declarar, en relación con este punto, que en compañía de Jesús M. Fragoso salió en viaje de inspec-ción por el campo y en una rehoya encontraron un alambi-que destilando y un galón de ron, y al acercarse al sitio unas personas que había allí se fueron, quedándose únicamente el acusado, quien al ser interrogado con respecto a la propie-dad del alambique y del ron declaró que eran suyos y que él exclusivamente era responsable.

El fiscal de este tribunal admite que el envase no fue presentado en evidencia en la corte inferior y que nadie de-claró que sobre el mismo no apareciesen fijadas las estam-pillas demostrativas del pago del impuesto; pero sostiene que era a la defensa y no al gobierno a quien incumbía pre-sentar esa evidencia, invocando en apoyo de su tesis varios casos de este Tribunal relativos a infracciones de dicha ley por tener alambiques sin registrar en el Departamento de Hacienda, habiéndose sostenido en dichos casos que la prueba de la inscripción del alambique incumbe a la defensa y no al fiscal, aplicándose en todos ellos la regia que sostiene que la obligación de probar un hecho recae sobre la parte que presuntivamente tiene medios peculiares de conocimiento que la ponen en condiciones de probar su falsedad, si en efecto es falso, y que se aplica generalmente a aquellos ca-sos en que se imputa al acusado el dedicarse a un negocio sin la licencia requerida por la ley. Pero la regla invocada por el fiscal no es aplicable al presente caso. Como se dice en 9 Wigmore on Evidence, Sección 2487, pág. 275, refirién-close a la regla citada, la verdad es que no hay ni puede ha-ber una regla absoluta para todos los casos. La regla que deba aplicarse es meramente una cuestión de justicia y or-den público, basada en la experiencia en las diferentes situa-ciones.

El impuesto provisto en la Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas (Tercera Legislatura Extraordinaria, 1936, pág. 45) debe pagarse en estampillas de rentas internas que se fijan en el envase contentivo de la bebida, y el Reglamento Núm. 1, promulgado de acuerdo con las disposiciones de la citada ley, en su artículo 8, inciso C, prescribe:

“Las estampillas de identificación serán canceladas sobreimpri-mienclo o perforando en ellas el nombre del destilador, rectificador, fabricante, envasador o importador de las bebidas alcohólicas que han de identificarse con tales estampillas, y la fecha de cancelación será sobreimpresa o perforada en cada estampilla. Inmediatamente que los envases de. bebidas alcohólicas se hayan vaciado, la estampilla de identificación adherida a los mismos deberá destruirse completamente por la persona que vacíe dichos envases, no arrancando o• destruyendo de v,n envase la estampilla mientras éste no haya sido vaciado por completo.” (Bastardillas nuestras.)

Parece claro que el propósito del citado precepto del Re-glamento es, mediante la fijación de la estampilla en el en-vase, poder determinar en cualquier momento, hasta donde sea humanamente posible, si el impuesto sobre su contenido ha sido o no pagado.

Habiéndose ocupado por el agénte de rentas internas el envase conteniendo el licor y no expidiéndose licencia que acredite el pago de ese impuesto, es evidente que no existe, dentro de las circunstancias de este caso, la razón que ins-pira la regla invocada por el fiscal. De acuerdo con el citado precepto del Reglamento, [1] es obvio que la mejor eviden-cia para'probar si ese impuesto ha sido o no pagado es el envase conteniendo la bebida, a menos que se demuestre que existen motivos razonables que impidan presentar dicho en-vase como prueba, caso en el cual podrá presentarse otra, evidencia que fuere pertinente. Siendo ello así y habiendo' el agente ocupado el envase con la bebida, sin demostrar que-dicho envase no pudiera presentarse como prueba a pesar de haberlo así solicitado expresamente la defensa (T. de E.,, pág. 11), como cuestión de justicia y de orden público [2] no podemos imponer al acusado el deber de probar la exis-tencia de un hecho cuando el propio gobierno le priva de los medios de presentar esa prueba. Cf. Macklin v. United States, 79 F. (2d) 756.

No habiendo el fiscal probado el elemento esencial del delito, es decir, que sobre el licor ocupado no había sido pa-gado el impuesto de rentas internas correspondiente, procede declarar con Vagar -el recurso, revocar la sentencia •apelada y absolver libremente al acusado.


text:
    Sucesión de Amador Trías Silva, Etc., recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm 1120.

    Sometido: Mayo 26, 1943.

      Resuelto: Junio 14, 1943.

      Antonio J. Amadeo, abogado de los recurrentes; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En pleito sobre inexistencia de ejecutivo hipotecario y reivindicación, seguido en la Corte de Distrito de Guayama por la sucesión de Amador Trías Silva, compuesta de su viuda e hijos, contra Porto Rican Leaf Tobacco Co. y otros, dicho tribunal, el 22 de abril de 1940, dictó sentencia enmen-dada declarando que tres fincas marcadas' A, B y C, descri-tas en dicha sentencia, son y siempre 'han sido de la' propie-dad de los demandantes. La sentencia expresamente dispuso que fuesen canceladas ciertas inscripciones practicadas a favor de otras personas en relación con las referidas fincas; pero no ordenó que el título de la demandante fuese inscrito en el Registro de la Propiedad. La" sucesión demandante presentó en el Registro de la Propiedad de Guayama copia certificada de la sentencia, interesando que las fincas en cues-tión fuesen inscritas a su favor.

Además de la copia de la sentencia, los interesados pre-sentaron, en relación con la misma, copia certificada de la relación del caso y opinión que sirvió de base y se hizo for-mar parte de dicha sentencia.

En la ameritada' relación del caso y opinión, aunque no en la sentencia propiamente dicha, se declaró que los de-mandantes eran dueños de dichos bienes por herencia de Amador Trías Silva, quien falleció en Cayey, Puerto Rico, el 22 de septiembre de 1900.

El registrador denegó la inscripción de la sentencia a favor de los demandantes por no resultar de la copia de la misma, disposición o mandato alguno para que se practicase la inscripción a favor de ellos, y por el fundamento adicional de no acreditarse el pago de la contribución de herencia, no obstante admitir el registrador en su nota que el causante de la herencia falleció en el año 1900 cuando aun no existía en esta Isla ninguna ley sobre contribución de herencia. Con-signó, además, el registrador el defecto subsanable de no ha-berse acreditado que la sentencia en cuestión fuese firme y ejecutoria, y que la demandante Adela Dufrent, la viuda del causante, fuese su esposa en la fecha en que aquél adquirió dichos inmuebles.

Prescribe el artículo 2 de la Ley Hipotecaria que en los registros de la propiedad se inscribirán, entre otros, “los títulos traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos”. Y el artículo 3 dispone que “para que puedan ser inscritos lo: títulos expresados en el artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento autenticado expedido por autoridad, o por el gobierno o sus agentes en la forma que prescriban los reglamentos ... ”.

Comentando Morell en su obra Legislación Hipotecaria el artículo 3 de la Ley Hipotecaria española, idéntico al 3 de la nuestra, dice lo siguiente:

“La ejecutoria es el documento público y solemne en que se con-signa una sentencia que no admite recurso alguno ordinario ni extra-ordinario, ya por su naturaleza, ya por haber sido aceptada o con-sentida por las partes, sentencia que resuelve una contienda judicial.
“La sentencia queda archivada en los autos, equivale a la matriz en las escrituras; se presenta a inscripción un testimonio de ella en el que conste su carácter firme y ejecutorio.
“Son títulos inscribibles siempre que recaigan en cuestiones sobre bienes inmuebles (Resoluciones de 18 de noviembre de 1872 y 15 de julio de 1891); son suficientes para cancelar (Resolución de 8 de febrero de 1877), y deben ser firmes; no pudiendo inscribirse mien-tras no se acredite que han sido consentidas por las partes expresa o tácitamente (Resolución de 27 de febrero de 1875). No obstante, si el Tribunal, estimándola firme manda llevarla a efecto, el Registra-dor no puede discutir su carácter, y debe proceder a cumplir lo orde-nado, inscribir o cancelar (Resoluciones de 16 de febrero de 1883 y 8 de junio de 1905).
“Para inscribir una sentencia, es preciso presentar testimonio de ella expedido por el actuario, sin que baste su inserción en una escri-tura (Resolución de 29 de noviembre de 1884), y sin que sea necesaria mandamiento, a no exigirlo expresamente alguna ley (Resolución de 22 de noviembre de 1893).
“Pero no son solamente las sentencias, ya referentes a bienes in-muebles o a declaración de incapacidad legal, las que en virtud de testimonio judicial pueden inscribirse o servir de fundamento a algún asiento practicable en el Registro, sino también los autos y a veces las simples providencias.” Obra citada, tomo 1, págs. 577-8. (Bastar-dillas nuestras.)

No existe en nuestra ley ningún precepto que expresa-mente exija la expedición de nn mandamiento judicial para que pueda inscribirse una sentencia referente a bienes inmue-bles. Basta, pues, para la inscripción de una sentencia, acre-ditar su existencia mediante copia literal, autenticada por el secretario del tribunal que la dictó y certificando que la misma es firme, a fin de evitar el defecto subsanable de no haber acreditado que la sentencia es ejecutoria. Por consiguiente carece de fundamento el primer motivo de la nota recurrida. Pasemos ahora al segundo.

Los derechos a la sucesión de una persona se trasmiten desde el momento de su muerte. Artículo 603 del Código Civil. Pué desde el preciso instante del fallecimiento de Amador Frías Silva, acaecido en el año 1900, que los recurrentes se convirtieron en dueños de la finca en cuestión. En otras palabras, la sentencia no trasmitió a ellos ningún derecho que antes no tenían; tan sólo declaró el que ellos tenían desde el fallecimiento del causante. Es evidente, pues, la inaplicabilidad de la contribución de herencia a una que ha sido trasmitida antes de aprobarse la ley imponiendo tal contribución.

En lo que sí tiene razón el registrador es en cuanto señala los defectos subsanables de no acreditarse que la sentencia sea firme y que Adela Dufrent, la viuda del causante, fuese su esposa en la fecha en que él adquirió dicho inmueble. Quizás convenga aclarar que si bien en la resolución de 8 de-febrero de 1877 que aparece en la cita de Morell, supra, se sostuvo que no puede inscribirse la sentencia mientras no sea firme, esa manifestación debe tomarse en relación con la doctrina de la Ley Hipotecaria prevaleciente en España — y en la nuestra basta que fué posteriormente enmendada — , dis-positiva de que los títulos con defectos subsanables no eran inscribibles; pero dentro de nuestra vigente Ley Hipotecaria, donde los defectos subsanables no impiden la inscripción, no bay duda alguna de que una.certificación de la cual no resulte expresa o implícitamente que la sentencia es firme, es inscri-bible con el defecto subsanable de no haberse acreditado esa circunstancia.

Tiene razón el registrador en cuanto a los defectos subsa-nables por él señalados, y por consiguiente procede revocar la nota recurrida en cuanto deniega la inscripción solicitada, y ordenar que se practique ésta con los dos defectos subsa-nables consignados por el Registrador.


author: El Jxtez Asociado Señor de Jesús

text:
    Enrique López Delgado, demandante y apelado, v. South Porto Rico Sugar Company of Puerto Rico, demandada y apelante.
    Núm. 8645.

    Sometido: Mayo 21, 1943.
    Resuelto: Junio 14, 1943.

      F. Mamtel Toro y B. Castro Fernández, abogados de la apelante; J. Alemañy Sosa, abogado del apelado.
   El Jxtez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

A fines de 1937 el demandante y la demandada celebraron nn contrato yerbal de molienda de cañas de azúcar a virtud del cual la demandada convino en moler las cañas del deman-dante de variedades superiores, procedentes de las fincas de éste radicadas en el término municipal de Cabo Rojo, durante la zafra de 1937-38, bajo los términos regulares de molienda, pagadero su importe dentro de los primeros quince días del mes subsiguiente a la entrega de las cañas. Para la fecha en que se celebró el contrato estaba ya en vigor la Ley núm. 112, aprobada el 13 de mayo de 1937 (Leyes de 1937, pág. 271), cuyas secciones 11, en lo pertinente, y 15, literalmente,, dicen así:

“Sección 11. — Las liquidaciones del azúcar que corresponda al colono se .librarán por la central quincenal o mensualmente, según se haya convenido, tomándose como valor del azúcar para su liquidación el precio promedio, quincenal o mensual correspondiente a la quin-cena o mes en que se haya entregado la caña, de las ventas de azúcar de 96 grados polarización en el mercado de Nueva York, a cuyo precio promedio se descontará para gastos de ensacado y flete una cantidad que no será mayor de quince (15) centavos por quintal; ...”
“Sección 15. — Todo contrato o práctica, beclio o implantado, e.u contravención de las disposiciones del presente estatuto será nulo e inexistente. ’ ’

De conformidad con dicho contrato el colono entregó sus cañas a la Central. Ésta las molió durante los meses de enero a mayo de 1938 y a virtud del reajuste que hizo en diciembre de 1939, a que más adelante haremos referencia, se ajustó al contrato y a las disposiciones de la citada Ley núm. 112, con excepción del descuento para ensacado y flete prescrito por la sección 11, supra, por el cual concepto la Central descontó al colono 25 centavos en vez de una cantidad no mayor de 15 centavos por quintal de azúcar.

Poco después de empezar a regir la citada Ley núm. 112, su constitucionalidad fué impugnada por otra persona. Mien-tras se determinaba definitivamente la validez de la ley, la Central, con carácter provisional, venía haciendo el indicado descuento de 25 centavos, en contravención del citado pre-cepto legal. Así las cosas, y sin haberse resuelto en definitiva la cuestión constitucional pendiente en los tribunales, se aprobó en 15 de mayo de 1938 la Ley núm. 213 (Leyes de 1938, pág. 428), a virud de la cual fueron enmendadas varias sec-ciones de la Ley núm. 112, entre ellas la 11, y de conformidad con dicha enmienda se autorizó a las Centrales a “descontar para gastos de ensacado, flete, seguro marítimo, comisiones, arbitrios insulares y todo otro gasto relacionado con la venta, de azúcar en el mercado de Nueva York, una cantidad que no excederá de veinticinco (25) centavos por quintal, libre' de todo impuesto; ...”

Mientras tanto, la sentencia de la Corte de Distrito dé-los Estados Unidos para Puerto Rico, declarando constitu-cional la Ley núm. 112, fué confirmada por la Cort<? de Cir-cuito de Apelaciones para el Primer Circuito con fecha 13 de junio de 1939 (Vidal v. Fernández, 104 P. (2d) 606), y pos-teriormente, en 6 de noviembre de 1939, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó la solicitud de certiorari que para revisar dicha sentencia fué presentada en aquel tribunal (Vidal, Receiver, v. García, Attorney General of P. R., et al., 308 U.S. 602), quedando así definitivamente sostenida la cons-titucionalidad de la citada Ley núm. 112.

Fué en 12 de diciembre de 1939, después de haberse sos-tenido definitivamente la constitucionalidad de la Ley núm. 112, que la Central reajustó la liquidación en la forma que, dijéramos anteriormente, manteniendo siempre el descuento de 25 centavos en vez de 15 centavos por quintal de azúcar. Basó su alegado derecho a descontar 25 centavos por ese concepto, en que. antes de resolverse definitivamente la cons-titucionalidad de la ley, la sección 11 había sido enmendada por la Ley núm. 213 de 1938 en la forma que ya conocemos. En opinión de la Central, como la Ley núm. 213 de 1938 no contenía ninguna salvedad respecto a los derechos adquiridos al amparo de la sección 11 de la Ley núm. 112, la enmienda de que fué objeto dicha sección, autorizando a la Central a descontar 25 centavos por quintal, de azúcar, tenía según ella efecto retroactivo y debería considerarse como .si la ley hubiese sido siempre como resultaba de acuerdo con dicha enmienda. De ahí que al practicar dicho reajuste .el 12 de diciembre de 1939, enviase al colono un cheque por $281.60, el cual no incluía, por supuesto, la diferencia entre 25 centavos y 15 centavos del descuento antes mencionado.

. Conviene consignar que al dorso del indicado cheque por $281.60, conforme lo había hecho en cheques anteriores, la Central hizo constar lo siguiente: “Endorsement hereof by the payee is acknowledgment of full payment and satisfaction, of the statement which was attached to the voucher and bears this same date and serial number.” Vertido al castellano, dicho endoso dice así: “El endoso de este documento por la persona a cuya orden se extiende, constituye reconocimiento-de pago en saldo del estado que acompañó al libramiento y que lleva esta misma fecha y número de serie.”

El 22 de diciembre de 1939 el Colono endosó y cobró el citado cheque por $281.60; pero reclamó a la Central los 10 centavos por cada quintal de azúcar, montantes a $789.15, cantidad que alegaba él le había sido indebidamente retenida por la Central. Habiéndose negado ésta a pagarla, el Colono instó este pleito, reclamando dicha suma, con el interés legal desde el día 15 del mes subsiguiente al de las entregas de caña, hasta su total pago, más las costas y honorarios de abogado.

En su contestación la Central alegó varias defensas que virtualmente se reducen a que la demanda no aduce hechos constitutivos de causa de. acción, a que la enmienda de que fué objeto la sección 11 de la Ley núm. 112 a virtud de la núm. 213 tenía efecto retroactivo a las- fechas de las entregas de las cañas, y a que el cobro del cheque por $281.60 con el endoso que hemos transcrito tuvo el efecto legal de una acep-tación como finiquito {accord and satisfaction) que puso fin a toda reclamación por parte del demandante.

La corte inferior dictó sentencia a favor del colono por la cantidad de $789.15 reclamada en la demanda, más las cos-tas y $200 por concepto de honorarios de abogado. Contra esa sentencia interpuso la Central el presente recurso.

La contención de la apelante de que la enmienda de que fué objeto la sección 11 tiene efecto retroactivo a la fecha en que empezó a regir la ley original, es" decir, la núm. 112, es claramente insostenible. La Ley núm. 112 es en su totalidad una ley de carácter sustantivo y por consiguiente cualquier enmienda a la misma tiene efecto prospectivo a menos que expresamente se diga lo contrario y no perjudique derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior. A este efecto dispone el artículo 3 del Código Civil:

“Artículo 3. — Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dis-pusieren expresamente lo contrario.
“En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudi-car los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior.”

Las autoridades que invoca la apelante se refieren a le-yes de carácter procesal, las cuales, conforme sostuvimos en Mason v. White Star Bus Line, 53 D.P.R. 337, 340, tienen efecto retroactivo .y se aplican tanto a los casos pendientes en la fecha de su aprobación como a los futuros, a menos' que de la propia ley resulte expresa o implícitamente que no fue ésa la intención del legislador.

Como la excepción previa de falta de causa de acción y la alegada falta de jurisdicción de la corte inferior para conocer de este pleito están basadas en que la enmienda en cuestión tiene efecto retroactivo y que por consiguiente el demandante no tiene derecho a reclamación alguna por el indieado concepto, lo dicho resuelve en su contra esas dos cuestiones suscitadas por la demandada apelante.

Pasemos a considerar ahora la defensa de accord and satisfaction.

No existe en esta Isla legislación alguna que de manera expresa sancione la doctrina de accord and satisfaction, co-nocida en la Ley Común desde tiempo inmemorial. Véanse los artículos de James Barr Ames en 9 Harv. L. Rev. 49, y 12 Harv. L. Rev. 515, titulados Specialty Contracts and Equitable Defences y Two Theories of Consideration, res-pectivamente.

Este tribunal, en el caso de Abarca Sanfeliz v. Bank of Nova Scotia, 46 D.P.R. 931, 942, expresó alguna duda acerca de la aplicación de esa doctrina en Puerto Rico, al rechazar la contención del apelante, quien sostenía que dicha doctrina está sancionada por el artículo 1063 del Código Civil, diciendo :

“La doctrina de accord and satisfaction, suponiendo que estuviese en vigor en Puerto Rico, no es aplicable a los beebos desarrollados en el presente caso. ... No somos refractarios y más bien nos senti-mos inclinados a aceptar aquellos principios sanos y justos emanados del derecho común que sean compatibles con nuestro derecho civil y con las leyes aprobadas por nuestra Asamblea Legislativa; pero no procederíamos con acierto en estos esforzados empeños de enriquecer y acoplar nuestra jurisprudencia sin la preparación que se obtiene por medio del estudio y de la investigación.”

Sin embargo, creemos poder ahora disipar la dnda y sos-tener que la doctrina de accord and satisfaction rige en nues-tro Derecho. Así lo resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por voz de su entonces Juez Asociado Sr. White, cuando en el caso de City of San Juan v. St. John’s Gas Co. (1904) 195 U. S. 510, 521, dijo :

“Aunque no se nos ha citado ninguna autoridad española que demuestre que estos principios (accord and satisfaction) existían en la ley en vigor en Puerto Rico, toda vez que la doctrina está basada en principios conocidos en el Derecho Romano (L. 17, C. De solut), aplicados bajo el Código Napoleón (Journal de Palais Repertoire, v. 10, verbo paiement, p. 10, No. 117; Toulier, t. 12, p. 355; Duranton, t. 12, Nos. 79 y 80), no podemos vacilar en concluir que la doctrina en cuestión regía también en el Derecho Civil Español. La cuestión se reduce, pues, a determinar si la doctrina es aplicable a los hechos de este caso: ’ ’

Tampoco hemos podido nosotros encontrar algo sobre esa doctrina en las leyes españolas ni en las obras de sus comentaristas. Pero en Luisiana,' donde rige un código civil muy similar al nuestro y donde no existe un precepto legal que expresamente la sancione, se ha resuelto que dicha doc-trina no está sancionada por el artículo 3071 del Código Civil, equivalente al 1709 del nuestro, que define el contrato de transacción; pero dicho Estado, en su laudable empeño de enriquecer su Derecho absorbiendo aquellos principios sanos y justos propios de la Ley Común, compatibles con su sis-tema de jurisprudencia emanado del Derecho Romano, desde hace muchos años viene aplicando constantemente la doctrina de accord and satisfaction. Davis-Wood Lumber Co. v. Farnsworth & Co. (1937), 171 So. 622; Berger v. Quintero (La., 1930), 127 So. 356, 357; Cruze v. Life Insurance Company of Virginia (La., 1938), 184 So. 735.

Para que exista accord and satisfaction precisa el concurso de los siguientes elementos: (1) Una reclamación ilíquida o sobre la cual exista controversia bona fide; (2) un ofrecimiento de pago por el deudor; y (3) una aceptación del ofrecimiento de pago por el acreedor. Cruse v. Life In-siéranos Convpa/ny of Virginia, supra, y autoridades citadas; Berger v. Quintero, supra. Siendo requisito sime qua non para que la doctrina de accord and satisfaction sea aplicable, que la reclamación sea ilíquida o que sobre la misma exista controversia bona fide, parece obvio que cuando el acreedor en las circunstancias indicadas recibe del deudor y tace suya una cantidad menor que la que él reclama, el acreedor está por ello impedido de reclamar la diferencia entre lo recibido y lo por él reclamado. El acreedor, al hacérsele el ofreci-miento de pago sujeto a la condición de que al aceptarlo se entenderá en saldo de su reclamación, tiene el deber de de-volver al deudor la cantidad ofrecida, si no está confórme con dicha condición. Pero él no puede aprovecharse de la oferta de pago que de buena fe le hace el deudor, para des-pués de recibirla, reclamar el balance. De no haber acep-tado la oferta de pago, el acreedor hubiera tenido que liti-gar en los tribunales su reclamación, con el riesgo de no po-der probar quizá todo lo que el deudor estuvo dispuesto a pagar. Además, privaría con su conducta al deudor, en caso de litigio, del derecho que tendría de acogerse a lo prescrito en el artículo 313 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Establecido que la doctrina en cuestión rige en Puerto Rico, sólo nos resta determinar si la misma es aplicable al presente caso. Que hubo un ofrecimiento de pago por la deudora demandada y una aceptación del mismo por el acree-dor demandante, está fuera de duda. Pero, ¿existió en este caso el primero de los tres elementos indispensables para la aplicación de la doctrina? Indudablemente que no. Se ob-servará que en cuanto a la exactitud de la cantidad recla-mada por el demandante no existía disputa, sino simple-mente en cuanto a la obligación de pagarla, por cuanto la demandada sostenía que la ley que dió origen a esa recla-mación era inconstitucional. Pero cuando en 12 de diciem-bre de 1939, la demandada apelante hizo el ofrecimiento de pago enviando al demandante apelado el cheque en cuestión, ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, al denegar la expedición del auto de certiorari el 6 de noviembre de 1939, había disipado la duda que tenía la demandada en cuanto a su obligación de pagar la cantidad reclamada por el demandante. Es obvio, pues, que independientemente de la sección 15 de la Ley núm. 112 antes transcrita, que de-clara nulo e inexistente cualquier contrato o práctica hecho en contravención de las disposiciones del estatuto, la acep-tación y cobro del chequé por el demandante no -le privan de reclamar el balance adeudádole, puesto que no existió causa o consideración para aceptar una cantidad menor en pago .de un crédito mayor.

Por último, no podemos convenir con la apelante en la imputación de error que hace a la corte inferior por haberla condenado en costas y a pagar $200 por concepto de honorarios de abogado. Habiendo dictado sentencia a favor del demandante, la ley le imponía a la corte sentenciadora el deber de concederle las costas, y en cuanto a la condena de honorarios de abogado, no se nos ha demostrado que la corte a quo hiciera mal uso de su discreción al concederlos ni al fijarlos en la cantidad de $200.

Procede, po'r lo 'expuesto, 'desestimar el recurso y- confir-mar la sentencia apelada.


text:
    Luz María San Antonio, demandante y apelante, v. Jiménez & Fernández, Sucrs., y Eagle Indemnity Company, demandadas y apeladas.
    Núm. 8729.

    Sometido: Junio 14, 1943.

      Resuelto: Junio 18, 1943.

      F. Fernández Cuyar, abogado de la apelante; E. Martínez Rivera, abogado de las apeladas.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió lp. opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación del recurso de apelación in-terpuesto en este caso porque a juicio de la parte apelada esta corte no ha adquirido jurisdicción para conocer del mismo por no haberla colocado la apelante en iguales condi-ciones que aquellas en que se encontraba la corte inferior al dictar la sentencia recurrida.

Veamos cuáles son los hechos. Luz María San Antonio demandó a Jiménez & Fernández, Sucrs., y a Eagle Indemnity Company en reclamación de $7,500 por concepto de da-ños y perjuicios sufridos por la demandante al ser arrollada y lesionada por una guagua de la primera de las demanda-das asegurada por la segunda.

Contestaron las demandadas. Fué el pleito a juicio y la corte lo falló por sentencia declarando la demanda con lugar y condenando a las demandadas a satisfacer a la demandante mil doscientos cincuenta dólares en pago total de los daños y perjuicios sufridos por la misma.

La demandante apeló manifestando en su escrito que “no estando conforme con la cuantía de los daños que le fué con-cedida en la sentencia .... apela de dicha sentencia en cuanto concierne a la cuantía de la misma,” y para perfec-cionar su apelación solicitó que se dictara “una orden diri-gida al taquígrafo que actuó durante la vista de este juicio, señor Arroyo, ordenándole que proceda a preparar una transcripción fiel y exacta de la evidencia practicada, por la demandante sobre los daños sufridos por ella como conse-cuencia del accidente de que fué víctima, debiendo limitarse la transcripción a los testimonios de la propia demandante y del Dr. J. Noya Benitez. Dicha transcripción debe incluir, en cuanto se refiere a los testimonios indicados, todos los ac-tos, manifestaciones, objeciones y excepciones de ambas par-tes, así como todas las órdenes o resoluciones dictadas por el tribunal en relación con dichos dos testimonios,” resol-viendo la corte sentenciadora de conformidad.

La transcripción fué preparada en efecto por el taquí-grafo, notificada con copia a los abogados de ambas partes y aprobada y certificada por el juez de distrito de acuerdo con la ley. Junta con el legajo de la sentencia se radicó en esta Corte Suprema en abril 27, 1943.

Así las cosas, la parte apelada en mayo siete siguiente presentó la moción de desestimación, cuya vista se celebró el catorce de junio actual con asistencia e informe de los abo-gados de ambas partes.

Para sostener su moción invocan las apeladas lo que sigue de lo dispuesto en el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil como fué enmendado por la Ley núm. 111 de mayo 5, 1939 ((1) pág. 575), a saber:

“Archivada que sea una apelación contra una sentencia de una corte de distrito, la parte apelante, dentro de los diez (10) días si-guientes a la radicación de ese escrito deberá presentar y radicará en poder del secretario de la corte de cuya sentencia, orden o resolu-ción se hubiere apelado, un escrito solicitando que se haga y prepare la transcripción de las declaraciones ofrecidas y tomadas, de las prue-bas ofrecidas y practicadas, y de todas las resoluciones, actos o ma-nifestaciones de la corte, así como de todas las objeciones y excepciones de los abogados y cuestiones o materias que con la misma se rela-cionen.
“Al recibir dicho escrito, será el deber de la corte ordenar al ta-quígrafo de la misma que transcriba fiel y completamente las notas taquigráficas del juicio. ... El día fijado para su aprobación, el juez la examinará y cuidará de que la misma sea una copia exacta, verdadera y justa de los procedimientos que tuvieron lugar durante el juicio, de las declaraciones ofrecidas y tomadas, de las pruebas ofrecidas y practicadas, actos y manifestaciones de la corte, así como de todas las objeciones y excepciones de los letrados y de la materia a que las mismas se refieren. En dicho acto, las partes podrán soli-citar la inclusión de todos aquellos documentos, constancias o parti-culares que deban unirse a la misma de acuerdo con las resultancias del litigio, para su mayor exactitud. El juez entonces certificará la fidelidad y corrección de dicha transcripción, y cuando sea así apro-bada, constituirá y formará parte del legajo de la sentencia.”

Y alega que en todos los casos, sin excepción, para que el recurso se entienda debidamente perfeccionado, es nece-saria la transcripción completa de los autos, no de una parte de los mismos.

La parte apelante impugnó la moción e invocó en su favor la regia 40 a de este tribunal que, en lo pertinente, dice:

“Y disponiéndose, además, que en los casos en que solamente se desee que se revisen determinadas resoluciones de la corte con respecto a la prueba, no será necesario incluir ésta en toda su integridad sino aquella parte de la misma que sea indispensable para revisar correc-tamente dicha resolución.”

Las apeladas sostuvieron que la regla que cita la ape-lante quedó sin efecto por ser contraria al mandato legisla-tivo que contiene el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil como rige en la actualidad.

Creemos que no tienen razón las apeladas. Según la prescripción expresa del artículo 296 del propio Código de Enjuiciamiento Civil, podrá apelarse de la totalidad de la sentencia o de una parte de la misma, y lo prescrito por el legislador en el siguiente artículo 299 enmendado en 1939 para perfeccionar el recurso, debe interpretarse en armonía con la disposición fundamental, básica, anterior.

La ley no requiere cosas inútiles. Cuando se apela de la sentencia, todo el récord es necesario, pero cuando se apela de una parte de la sentencia, el récord completo de que ha-bla la ley debe entenderse que lo es el que abarca esa parte únicamente, a menos que se trate de un caso en que la parte no se pueda segregar del todo.

No sólo sería inútil incluir en la transcripción lo innece-sario, si qne lo único que se lograría con ello sería dilatar-los procedimientos, dificultar la resolución de los asuntos y elevar el costo de los litigios, todo contrario a los principios que informan una buena administración de la justicia.

Siendo ésa nuestra interpretación de la ley y no habién-dose demostrado por las apeladas ni habiendo llegado hasta ahora esta corte por sí misma a la conclusión de que lo in-cluido en la transcripción no sea todo lo que se necesita para, resolver el recurso, claro es que no procede su desestima-ción. La moción de las apeladas debe, en su consecuenciay declararse sin lugar.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Meléndez Virella, acusado y apelante.
    Núm. 10050.

    Sometido: Junio 14, 1943.

      Resuelto: Junio 18, 1943.

      Alfonso Lastra Chárriez, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de San Juan formuló dos acusacio-nes contra el apelante, imputándole en la primera la pose-sión y dominio de una pistola, sin haberla declarado por es-crito al Jefe de la Policía de Río Piedras; y en la segunda, la portación ilegal de la misma arma.

Condenado a pagar una multa de $50 por no haber re-gistrado la pistola y a un mes de cárcel por portarla ilegal-mente, el acusado apeló de ambas sentencias, tramitándose ambos recursos conjuntamente.

Alega el apelante que las sentencias recurridas no están justificadas por la evidencia y son contrarias a derecho; y que el juez sentenciador actuó con prejuicio y abusó de su discreción al apreciar la prueba.

De acuerdo con la del fiscal, el acusado y Acisclo Serrano, ambos empleados del Manicomio Insular, tuvieron un dis-gusto personal y se fueron a las manos. El acusado sacó de su persona una pistola. Intervinieron otros empleados para separar a los que peleaban, y uno de dichos empleados, José Félix Freyre, desarmó al acusado, quitándole la pis-tola, la cual no estaba cargada pues le faltaba el peine. Otro testigo, Alejandro Abrahams, también empleado del Manico-mio, declaró que encontrándose él supervisando uno de los pabellones, acudió al sitio del suceso al oír las voces que de-cían “vengan acá, vengan acá, que hay una pelea” y presen-ció cuando tres empleados sujetaban al acusado y le quita-ban una pistola. El arma así ocupada fué entregada por el empleado Freyre al Sr. Romany, también empleado del ma-nicomio, quien 1¿ entregó a la policía. La defensa hizo cons-tar en el récord su admisión de que la pistola no estaba ins-crita.

La prueba de la defensa, a la cual no dió crédito la corte sentenciadora, tendía a demostrar que la pistola en cuestión había sido encontrada entre la ropa sucia de los pacientes del Manicomio por el empleado Francisco Reyes; que éste entregó el arma al Supervisor Artemio Aponte, poniéndola sobre un armario. Declaró Aponte que no vió quién cogió la pistola en el momento de la pelea, pero que sabe que se la quitaron al acusado en la galería; que el acusado y Serrano pelearon primero sin la pistola, la cual apareció más tarde en la galería, que cuando ellos empezaron a pelear en. la oficina no había arma alguna y pelearon' a los pescozones y que entonces él, Aponte, los mandó a sacar de la oficina para la galería.

A nuestro juicio, la prueba de cargo es suficiente para justificar las dos. sentencias recurridas.. De dicha prueba, así como de la declaración del testigo Aponte, se desprende claramente que el acusado poseía y portaba el arma, no ac-cidentalmente, como pretende la defensa, y sí como dueño. No se trata de un caso en que el acusado al verse agredido echa mano a un arma que encuentra a su alcance y se de-fiende con ella. El acusado en el presente caso comenzó a pelear con su adversario dentro de la oficina del Supervisor, usando ambos adversarios los puños como único medio de defensa. Se les echó a ambos de la oficina. Continuó la lucha en la galería, y fue allí y entonces que el acusado sacó y esgrimió la pistola que portaba sobre su persona, sin ha-berla inscrito.

No hubo error ni prejuicio en la apreciación de la prueba. Ambas, sentencias deben ser confirmadas.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Valentín Rodríguez Martínez, acusado y apelante.
    Núm. 10047.

    Sometido: Junio 8, 1943.

      Resuelto: Junio 18, 1943.

      Luis Mercader, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado de asesinato en segundo grado,, convicto de homicidio voluntario y sentenciado a la pena de cuatro años de presidio.

Basa su recurso de apelación en tres señalamientos de error, los que vamos a exponer y considerar en el mismo or-den en que se exponen en su alegato.

Que la teoría de la acusación de asesinato fué cambiada por la de homicidio voluntario, sin previa enmienda autorizada por la corte y sin notificación al acusado.

Este señalamiento no encuentra apoyo alguno en el ré-cord ante nos. No aparece en el mismo exposición de teoría alguna, ni por el fiscal ni por la defensa. El fiscal procedió a presentar la evidencia de que disponía para sostener la acu-sación de asesinato en segundo grado, sin hacer exposición alguna en cuanto a la teoría que se proponía sostener. La defensa presentó la prueba de que disponía y que' tendía a establecer la defensa propia. Oída la prueba de una y otra parte y las instrucciones de la corte, el jurado rindió un ve-redicto de homicidio voluntario. No tiene, pues, de qué que-jarse- el acusado. Además, -el fiscal está facultado para mo-dificar sus conclusiones, rebajando el grado del delito origi-nalmente imputado en la acusación, sin necesidad de enmen-dar ésta ni de obtener previamente el permiso de la corte. Esa práctica en nada puede perjudicar a un acusado, pues si éste tenía una defensa buena y suficiente en contra de la. acusación de asesinato, esa misma defensa podía interpo-nerla contra cualquier otra calificación inferior del mismo hecho que se le imputara en la acusación original.

2. Que durante la vista del caso el fiscal y la corte hicieron ciertas manifestaciones prejuiciadas, poniendo en tela de juicio, ante el jurado, la inocencia del acusado.

(1) Dolores Martínez, primera testigo de cargo, declaró que no vió quién mató a Teodoro Nieves porque “yo estaba en el centro de casa y no puedo decir lo que no veo”. Inter-vino entonces el fiscal, diciendo: “Esa es la historia que trae y quiero que conteste mi pregunta. Me habla de un muerto, quién era el muerto?” Contestó la testigo: “Teo-doro Nieves”. Preguntó el fiscal: “¿Quién lo mató?” Y la testigo repitió de nuevo: “No vi quién lo mató porque es-taba en el centro de casa.”

Del récord no aparece que la defensa formulara objeción alguna en contra del precedente interrogatorio. Además, no creemos que el acusado haya sufrido perjuicio alguno, toda vez que la testigo nada dijo que pudiera servir para conec-tarle a él con la muerte de Nieves.

(2) El apelante, sin haber formulado objeción alguna o tomado excepción, se queja del siguiente incidente:

El testigo de cargo Sergio Rivera Vélez había declarado que vió a Teodoro Nieves que venía corriendo y detrás ve-nía el acusado; que el acusado haló por un hierro e hirió a Nieves y entonces éste le tiró piedras al acusado; que des-pués de ser herido, Nieves echó a correr y el acusado se le fué detrás, subiendo ambos por la puerta de la casa de Dolores Martínez y apearon por la puerta de la cocina; y al apear, Nieves venía botando sangre y cayéndose, y cuando fueron a buscarlo para llevarlo al hospital ya había muerto. Continuó entonces el fiscal interrogando al testigo en la si-guiente forma:

“P. ¿Vió cuando el acusado lo puyó con el puñal? — Yo lo vi cuando lo hirió primero, poca cosa, en un brazo.
“P. Declaró bajo juramento ante el Fiscal! — Sí, señor.
“Hon." Juez. Está obligado a decir la verdad. Si declaró la ver-dad antes tiene que declarar esa verdad aquí.
“P. ¿Vió cuando lo puyó con el puñal! — Cuando lo hirió sí.”

No encontramos que la corte cometiera error alguno en el precedente interrogatorio. El propósito fundamental del juicio es el establecimiento de la verdad. Es el juez que preside la vista el llamado a dirigir y controlar la presentación de la prueba y a impedir que un testigo, a sabiendas, falte a su juramento de decir la verdad. La exhortación al tes-tigo para que la dijera y recordarle su declaración prestada en la investigación de los hechos, en nada pudo perjudicar al acusado, pues no obstante la intervención del juez y del fiscal, el testigo se reafirmó en su declaración de que él sólo presenció cuando el acusado hirió al interfecto en el brazo.

3. Que la evidencia ofrecida por el fiscal no es suficiente para justificar el veredicto; y que la evidencia en conjunto demuestra que el acusado actuó en defensa propia.

Hemos leído cuidadosamente la prueba de ambas partes. La del Pueblo tendió a demostrar que después del primer encuentro entre el acusado y el interfecto, éste, que ya ha-bía sido herido de puñal en el antebrazo derecho, tiró dos pie-dras al acusado y echó a correr, siendo seguido por el acu-sado, quien llevaba un puñal. Subieron ambos por la puerta de la casa de Dolores Martínez y salieron por la de la co-cina, estando Teodoro Nieves mortalmente herido. La au-topsia reveló que el interfecto había recibido una herida en la región hipocondríaca izquierda al nivel del octavo espa-cio intercostal, interesando el estómago y el corazón y mortal por necesidad; otra herida en la región umbilical, de ca-rácter leve; y otra superficial y leve en el antebrazo derecho.

La testigo de defensa, Milagros Martínez, se limitó a de-clarar con referencia al comienzo de la reyerta entre el' acu-sado y su víctima. Nada supo de lo ocurrido más tarde, pues según declaró, ella "se puso nerviosa, empezó a gritar y se la llevaron a una casa y no vió nada más.

Declaró el acusado que al encontrarse con Nieves éste le maltrató de palabras y le dió en la cara; que entonces pe-learon; que desde hacía más de un año Nieves tenía encona contra él y cuando se encontraban le obligaba a pelear; que algunas personas intervinieron, los separaron y retiraron a Nieves; que éste se soltó y volvió hacia él y volvieron a pe-lear; que los separaron por segunda vez y entonces Nieves le tiró dos piedras, dándole una de ellas por debajo del brazo derecho; que volvieron a agarrarse y entonces él le arrebató a Nieves un arma que éste llevaba en el seno y lo hirió con ella; que entonces corrió a buscar a las muchachas y al lle-gar a su casa tuvo noticias de que Nieves había muerto; que-no trató de tirarle a matar; que lo hirió de frente y en la lucha, para quitárselo de encima, pues Nieves era más fuerte-que él y lo tenía dominado.

El conflicto que resulta de toda la prueba fué resuelto-por el jurado en contra del acusado. Evidentemente el ju-rado dió crédito a los testigos de cargo y llegó a la conclu-sión de que el acusado dió muerte a su adversario después que éste se había retirado huyendo del lugar donde ocurrió-la lucha. Estando esa conclusión sostenida por prueba que consideramos suficiente, no estaría justificada nuestra inter-vención con la discreción que la ley concede al jurado como> únicos jueces de los-hechos.

La sentencia recubrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado SeñoR Travieso

text:
    Faustino Serrano López, demandante, contrademandado y apelado, v. Juan Antonio Torres García y Ruperto Serrano López, demandados, contrademandante y apelante el primero.
    Núm. 8694.

    Sometido: Junio 1, 1943.

      Resuelto: Junio 18, 1943.

      Francisco González Facundo, abogado del apelante; Faustino R. Aponte, abogado del apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Travieso

emitió la opinión del tribunal;

El presente caso fné incoado y visto en primera instancia ante la Corte Municipal de Humacao y apelado a la de dis-trito. En diciembre 21 de 1942 este tribunal dictó sentencia revocando la dictada por la Corte de Distrito de Humacao, y en su lugar dictamos otra en favor del demandante en ter-cería, imponiendo al demandado el pago de las costas.

En enero 7 de 1943 el demandante radicó ante la corte de distrito un Memorándum de Costas. Lo impugnó el de-mandado, alegando que la corte de distrito carecía de juris-dicción para considerar y resolver el memorándum de costas y desembolsos presentado de conformidad con la sección 4 de la Ley núm. 31 de mayo 11 de 1934 (pág. 293). La corte inferior dictó una resolución sosteniendo que de acuerdo con el artículo 340 del Código de Enjuiciamiento Civil (Ed. 1933) es la corte de distrito la que tiene jurisdicción sobre la vista del memorándum de costas. No conforme con dicha resolu-ción, el demandado estableció el presente recurso.

Asiste la razón al apelante. La cuestión legal por él planteada fue resuelta a su favor en el caso de Luis Carminely v. Miguel Truyol, 45 D.P.R. 291, no citado en su ale-gato, en el que se decidió que cuando el pleito se origina en una corte municipal, es en esa misma corte que debe radi-carse el.memorándum de costas, por ser ella la corte en que .se dictó la sentencia en primera instancia de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil (Ed. 1933). Dicho caso sentó la regla a seguir en esta jurisdicción y no vemos razón alguna para modificarla.

La resolución recurrida debe ser revocada y el caso de-vuélto a la corte de su procedencia para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.