text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Izquierdo y Jesús Sierra, acusados y apelantes.
    No. 4573.

    Sometido: Febrero 18, 1932.

      Resuelto: Julio 20, 1932.

      Pedro G. Quiñones, abogado de los apelantes; li. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Fuello, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Izquierdo y Jesús Sierra fueron acusados de tener leche adulterada para la venta. La acusación alegó reinci-dencia. La reincidencia fué tomada en consideración al dic-tarse sentencia, la que impuso, penas distintas a ambos acu-sados. Estos apelaron.

El primer señalamiento de error es que la Corte de Distrito de Bayamón carecía de jurisdicción sobre la materia o los acusados, toda vez que la Ley No. 57 de abril 28, 1930 (Leyes de ese año, página 415) creando dicha corte es inconstitucional.

El primer argumento bajo este señalamiento es que la ley fué aprobada el 28 de abril, 1930, para empezar a regir el 1°. de julio del mismo año. Los apelantes mantienen que la ley era inconstitucional porque no expresó emergencia alguna en razón de la cual debiera entrar en vigor antes de noventa días, que es el período ordinario después de cuyo transcurso ha de empezar a regir una ley de la legislatura. El fiscal invita nuestra atención al hecho de que lo único' que dispone la sección 34 es que una ley sólo debe entrar en vigor noventa días después de su aprobación: • El apelado está dispuesto a ad-mitir que la corte quizás no podía actuar basta el 28 de julio, o sea, noventa días después que el Gobernador aprobó el pro-yecto. No sólo fué la acusación presentada el 6 de mayo de 1931, sino que se alegó que los becbos imputados.se co-metieron el 21 de abril de 1931. Convenimos con el gobierno en que la intención de la Legislatura fué crear una corte de distrito, y, por consiguiente, que el supuesto error en cuanto a la fecba en que empezaría a regir la ley no era incompatible con las disposiciones de la Carta Orgánica. Hay un caso de este tribunal que tiene alguna relación con el presente. Sueiras v. Monroig, 42 D.P.R. 751. Allí se entabló un pleito en la Corte de Distrito de San Juan, y se alegó que la Corte de Distrito de Bayamón era el tribunal adecuado. Se resol-vió que la ley creando la Corte de Distrito de Bayamón no podía empezar a regir basta el 28 de julio de 1930, y que, por tanto, la Corte de Distrito de San Juan retuvo la jurisdicción.

El segundo argumento fué que la Corte de Distrito de Bayarqón como tal jamás fué claramente establecida por la ley. Esta, en su sección primera, lee así;

• “Por la presente se crea una Corte de Distrito, del Distrito Judicial de Bayamón, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Veg'a Baja, Do-rado, Corozal, Naranjito, Comerío, Guaynabo y Cataño. Esta corte tendrá su asiento en Bayamón, y su jurisdicción exclusiva, de ape-laciones y extraordinaria, será la misma que en la actualidad tienen las demás cortes de distrito de Puerto Rico; cbispoméndose, que la Corte de Distrito de San Juan, tal y como está constituida en la ac-tualidad, tendrá jurisdicción para seguir conociendo de toda acción, causa o procedimiento ex parte, civil o criminal, que esté pendiente en la actualidad ante dicha Corte de Distrito de San Juan, prove-niente de cualquiera de los municipios que por la presente Ley pa-san a formar la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Bayamón.”

La legislatura claramente indicó su intención de que la corte tuviera su asiento en Bayamón. Así también lo vere-mos por el título. Al final de la sección se babla del distrito judicial de Bayamón. Esta cuestión fué 'basta cierto grado anticipada por el fallo de este tribunal en Toro et al. v. Corte de Distrito, 30 D.P.R. 542. Si Men hubo opiniones concu-rrentes, parécenos que no bubo divergencia respecto al punto suscitado en este caso, que en forma similar fué planteado en el caso anterior, a saber, que las palabras empleadas eran su-ficientes para crear una corte de distrito.

Se impugna la suficiencia del título de la ley. Lee como sigue: “Ley para crear la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Bayamón, determinar sus funcionarios y asignar los fondos necesarios para las atenciones de la misma.” No podemos dudar que este título es un rótulo {sign post) completo del contenido de la ley.

Tal como entendemos el cuarto argumento, la con-tención es que a la Corte de Distrito de Bayamón no se le di ó jurisdicción sobre casos civiles y criminales sino solamente sobre apelaciones y sobre' los casos abarcados por la juris-dicción extraordinaria que tenían las otras cortes de distrito. Somos de opinión que la ley claramente indicó la intención de establecer una corte de distrito, y que las palabras “ju-risdicción exclusiva, de apelaciones y extraordinaria” podían ser consideradas como superfinas. En otras palabras, la in-tención de la legislatura fué que la Corte de Distrito de Ba-yamón fuera igual a las demás cortes de distrito. Esto po-' dría estar indicado por las disposiciones de que la Corte de Distrito de San Juan continuará conociendo de “toda acción, causa o procedimiento ex parte, civil o criminal, que esté pendiente en la actualidad ante dicba Corte de Distrito de San Juan,” es decir, cualquiera otra acción civil que surgiera después del 28 de julio de 1930, debería-pasar'de la Corte de Distrito de San Juan a la de Bayamón.

Los señalamientos de error segundo y tercero se refieren a la apreciación de la prueba. El único rasgo especial que distingue este caso de adulteración de leche por sus hechos es que uno de los acusados ocupó la silla testifical para ma-nifestar que la leche acababa de llegar y que él siempre la examinaba con nn lactómetro y que si resultaba mala no la vendía. Aun si esto constituía una defensa la corte no es-taba obligada a creer la declaración.

No hallamos que se cometiera error cdguno y la sentencia dehe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    Sucesión Cortijo y Andino, demandante y ápelante, v. Tomás Cruz, conocido por Tomás Cortijo y Cruz, demandado y apelado.
    No. 5165.

    Sometido: Abril 28, 1931.

      Resuelto: Julio 20, 1932.

      Bubón & Ochoteeo, abogados de la apelante; Concia Méndez <& Gar-da Ménclez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un pleito en reivindicación que envuelve la nulidad de una escritura de partición otorgada por Pedro Cortijo y Andino y el demandado en este caso. Los deman-dantes alegan que el demandado lo es Tomás Cruz, conocido por Tomás Cortijo. Finalmente, la decisión de este caso dependía y depende en gran parte, si no totalmente, de la cuestión de si el demandado era un hijo natural reconocido de Pascual Cortijo y Andino. El demandado mismo es mucho más positivo y sostiene que es hijo natural reconocido de Pascual Cortijo. Pascual Cortijo era hijo de María Matea Andino. Esta falleció el 15 de noviembre de 1912. ■ Ella otorgó un testamento en que designaba como sus únicos y universales herederos, por partes iguales, a su hijo Pedro Cortijo y a su nieto (sic) Tomás Cortijo, a quien correspon-día el derecho de representación. La corte inferior resolvió que Tomás, que así se le designaba en el testamento, era hijo natural reconocido de Pascual Cortijo y que en su consecuen-cia tenía derecho a representar a su padre, toda vez que este último falleció siendo soltero y no dejó otros herederos. En este procedimiento no se ataca directamente el testamento de María Matea Andino, mas sí se impugna la institución de he-rederos en favor de dicho Tomás Cortijo. La teoría de los demandantes es que la cláusula del testamento designándole como nieto de la testadora debe considerarse como inexis-tente en vista de las disposiciones del artículo 755 del Código Civil que provee:

“La expresión de una causa falsa de la institución de heredero o del nombramiento de legatario, será considerada como no escrita a no ser que del testamento resulte que el testador no habría hecho tal institución o legado si hubiese conocido la falsedad de la causa.
“La expresión de una causa contraria a derecho, aunque sea ver-dadera, se tendrá también 'por no escrita. ’ ’

La corte inferior resolvió que este precepto de ley no in-tervenía con la institución de herederos, y que, además, una partición posterior hecha por Pedro Cortijo, hijo de la tes-tadora, y el demandado, equivalía a una confirmación o rati-ficación de los derechos de dicho Tomás Cortijo* y a un im-pedimento (estoppel) contra los herederos de Pedro Cortijo, demandantes en este caso.

El primer señalamiento es que la corte cometió error al decir que el demandado era hijo natural reconocido de Pascual Cortijo. Todas las partes admiten que la ley aplicable al caso de este supuesto' hijo natural es la XI de Toro. La corte inferior citó jurisprudencia de la Corte Suprema de España al efecto de que un hijo natural puede adquirir un status a virtud de los actos del padre, o de su familia, si estos actos son suficientemente probados.

La prueba en este caso tendió a demostrar que al tiempo de la concepción de T.omás, Pascual Cortijo y Francisca Cruz, madre de Tomás, vivían juntos; que para la época de su nacimiento ellos residían en la casa de María Matea Andino y que allí nació Tomás; que al tiempo de su nacimiento su supuesto padre, o sea Pascual, fué atacado de viruelas a con-secuencia de las cuales murió unos veinte días después; que Pascual estaba tan grave que no podía moverse, pero sin embargo, pidió a su madre, la testadora en este caso, que le cuidara a su hijo Tomás. La citada María Matea Andino en realidad se hizo cargo del niño, a quien ella evidentemente prodigaba afecto. Dicho niño vivió con su supuesta abuela-natural por espacio de unos veinte años antes del falleci-miento de ella. Hubo un gran cúmulo de prueba tendente a demostrar el derecho de Tomás Cruz a instituir un procedi-miento de filiación contra su supuesto padre en vida de éste.

Los apelantes no atacan seriamente la cuestión de que Tomás pudo haber instituido este pleito en .vida de su padre, mas hacen hincapié en que no lo hizo y en que, por consi-guíente, nunca adquirió el status que le hubiese dado algún, derecho a ser reconocido por una corte o por la sociedad-Los apelantes también sostienen que cualquiera acción que pudiera tener el demandado habría prescrito al tiempo de-otorgarse el testamento y que en su consecuencia no existía la posibilidad de que él adquiriera un status. ' Por tanto, ale-gan los demandantes que el testamento contenía una causa falsa para la designación de 'Tomás como heredero, y que-éste no era tal heredero.

El apelado sostiene, en efecto, que los apelantes tal vez. estarían en lo cierto si él estuviera tratando de establecer un status mediante un litigio, pero que él no ha instituido nin-gún procedimiento con tal objeto. Él es el demandado en este caso.

Nos inclinamos a estar de acuerdo con la corte inferior en que Pascual Cortijo en vida reconoció a Tomás como su hijo-natural. La prueba directa y circunstancial tiende a probar-este hecho. Si bien esta conclusión resolvería el caso, no es-necesario que basemos nuestra decisión solamente en este fundamento.

Empero, si no surgió tal reconocimiento de TomásCruz, no obstante, la prueba indubitada es que él era el hijonatural de Pascual Cortijo y el nieto natural de María Matea Andino. ' Siendo tal nieto natural, y aun no siéndolo, María Matea Andino tenía derecho a dejarle aquella parte de sus bienes no coi-respondiente a la legítima de su herencia. Desde luego, si él no era mi hijo natural reconocido, las dos terceras partes de la herencia de María Matea Andino correspondían a los demandantes como hijos de Pedro Cortijo, fallecido algún tiempo después de hacerse la partición impugnada en este caso. Los apelantes sostienen que el artículo 755 impediría lá existencia de la institución de herederos que el testamento trató de efectuar.

■ Recurriendo al artículo 755 del Código Civil, somos de-opinión que una causa falsa en cualquier cláusula de un tes-tamento no destruirá el efecto de dicha cláusula a no ser que,. conforme se dice en el artículo 755, del testamento mismo re-sulte que el testador no habría hecho tal legado si hubiese Conocido a falsedad de la causa. En otras palabras, normal-mente debe hacerse caso omiso de la causa falsa, toda vez que sería raro el caso de que el testamento demostrara que. el testador no habría hecho tal institución si hubiese co,nocido la falsedad de la causa. Lo que aquí decimos es más o menos la opinión de Manresa y de otros comentaristas, según puede verse refiriéndose a 6 Manresa 101 y a 13 Scaevola 383, et seq. 'Sin embargo, Scaevola tiene una idea distinta. El dice más o menos que la intención del testador es aplicable no so-lamente a la disposición o institución específica hecha, sino también a la causa, y en su consecuencia que la disposición no habría sido hecha a no ser por la causa falsa. Evidente-mente, la idea de este comentarista es que la causa falsa podría demostrarse con prueba aliunde. Sin embargo, no ha-llamos razón alguna para desviarnos de la fraseología del artículo 755 mismo. A nuestro entender, tanto la letra como la intención de la ley, son al efecto de que no importa la ex-presión de una causa falsa a no ser que se desprenda clara-mente que el testador no habría hecho tal institución. Esta-mos inclinados a convenir con Ortolan, citado en la página 383 de 13 Scaevola, al decir: ‘ ‘ En cuanto a la indicación de la causa., es decir, del motivo que pudo haber conducido o de-terminado al testador a legar, es absolutamente superfino; el testador no tiene que dar cuenta a nadie de los motivos que ha tenido para obrar de tal o cual manera e importa poco que sean falsos los que ha expresado.”

Es claro, conforme hemos indicado antes, que si el deman-dado no hubiese sido reconocido o si el testamento mismo no hubiese equivalido a un reconocimiento, entonces María Matea Andino no tenía derecho a dejarle a nadie más de la tercera parte de sus bienes, ya que las dos terceras partes de los mismos pertenecían a su heredero forzoso Pedro Cortijo, padre de los demandantes. Empero, lo que la testadora trató de hacer fué dejarle a su nieto natural la mitád de sus bienes. Si Men ella no podía dejar la mitad de su herencia, sin embargo, ella podía dejarle la parte de libre disposición, o sea, la tercera parte. De suerte que nos sentimos obligados, a resolver que por este testamento por lo menos la tercera parte de los bienes de María Matea Andino pasó a su nieto natural.

Teniendo a lo menos una participación de una tercera parte de la herencia, él y su tío natural, Pedro Cortijo, po-dían dividirse los bienes entre sí, según lo creyeren prudente. Por tanto, la escritura de partición otorgada por ellos era enteramente válida, aunque Pedro Cortijo recibiera menos de lo que le hubiera correspondido de no haberse efectuado la partición. Bajo estas condiciones, el artículo 1048 del Có-digo Civil, que lee como sigue, “La partición hecha con uno a quien se creyó, heredero sin serlo, será nula,” no sería aplicable.

Además, aun si el demandado no era un heredero de acuerdo con el testamento, no obstante, en nuestra opinión, él no pretendió ser nada que no era. En el caso de Arandes v. Báez, 20 D.P.R. 388, resolvimos que la fraseología del artículo 1048 debía ser interpretada en el sentido de significar la falsa representación hecha por una persona de su verda-dera personalidad o algo similar, como por ejemplo, cuando una persona alegaba ser hijo de otra y en realidad no era tal hijo. Ese caso fué seguido por el de Sucn. Dávila et al. v. Sucn. Maldonado et al., 26 D.P.R. 566.

La corte inferior también resolvió, en efecto, que Pedro Cortijo, padre de los demandantes, otorgó esta escritura de partición voluntariamente en unión de Tomás. La prueba circunstancial y directa tendió a demostrar que Pedro Cortijo tenía conocimiento de todos los hechos. No fué debido a un error de hecho que él firmó la escritura de partición con Tomás, sino solamente a un error de derecho, de haberlo. La corte resolvió que sus herederos estarían impedidos de impugnar las actuaciones de él y citó el caso de Martínez v. Registrador de Arecibo, 27 D.P.R. 841. Preferimos basar nuestra decisión en las anteriores consideraciones más bien que en este punto de vista, pero la conclusión de la corte inferior no carece de mérito.

Bebe confirmarse la sentencia.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Rafael F. Veve Carrillo, demandante, apelado y apelante v. Municipio de Fajardo, demandado, apelante y apelado.
    No. 5101.

    Sometido: Junio 2, 1931.

      Resuelto: Julio 20, 1932.

      BoUvar Pagan, abogado del apelante-apelado; H. Torres Sola, abo-gado del apelado-apelante.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En su opinión la Corte de Distrito de San Juan ex-presó- que el demandante había obtenido un contrato para la construcción de una escuela en Fajardo', por 1a. que habrían de pagársele $28,663.40 bajo ciertas condiciones bien entendidas. El contrato fué aprobado por las autoridades de rigor. Se le hicieron cambios o reformas cuyos detalles la corte también expone. Entonces la corte revisa las alegaciones. La contestación era defectuosa, ya que meramente negaba párrafo tras párrafo de la demanda. La corte dijo que si el demandante hubiera fiado en el estado de las alegaciones quizá habría obtenido sentencia, pero que en vez de eso fué a juicio. En otras palabras, la corte creyó que el demandante renunció su derecho.

Somos de opinión de que esta renuncia sólo afecta la parte de la demanda que fué probada en el juicio, pero que el de-mandante aun puede fundarse'en hechos alegados y no pro-bados que no fueron controvertidos por la contestación.

La corte procede a relatar la evidencia y las gestiones que hizo el demandante con miras de obtener el pago' de un saldo adeudádole de $6,045.86. El demandado no presentó prueba alguna. Después de estudiar las defensas planteadas, la corte dictó sentencia por dicha suma.

Este era un pleito ordinario titulado “Cobro de dinero.” El demandado sostiene en su primer señalamiento de error que la corte carecía de jurisdicción para conocer -de seme-jante pleito contra fin municipio1. El demandado se basa en la sección 63 de la Ley Municipal de 1925 (Leyes de ese año, página.738), que lee así:

“Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a instancia de parte perjudicada:
“(a) Para anudar o revisar cualquier acto legislativo o adminis-trativo de la asamblea municipal, del alcalde o de los demás funcio-narios municipales que lesione derechos constitucionales de los que-rellantes o sea contrario a la Ley Orgánica o las leyes de Puerto Rico, mediante certiorari;
(b) Para suspender mediante injunction la ejecución de cual--quiera ordenanza, acuerdo, resolución u orden que lesione derechos garantizados por la constitución o las leyes insulares;
“(d) Para conceder, mediante juicio ordinario, compensación de -daños y perjuicios a los perjudicados por actos u omisiones de los funcionarios municipales, por malicia, negligencia o ignorancia in-excusables.”

La contención es qne no podían entablarse otros litigios que los enumerados. La corte' contestó esa contención diciendo, en efecto, que la referida sección no era una delinca-ción completa de todos los poderes o responsabilidades de un municipio; que un municipio es una entidad política con capacidad para demandar y ser demandado. Estamos con-formes. Los municipios, como cualesquiera otras entidades, son responsables de sus contratos. Una persona que contrata con ellos no tiene que acudir a un recurso- especial, o basta a una acción por actos torticeros. Su acción nace del con-trato o de su quebrantamiento. Al igual que la corte inferior, no advertimos en la legislatura la intención de limitar los derechos de un ciudadano.

El demandado se mostró dispuesto a admitir que el demandante pudo haber incoado un pleito de daños y perjuicios al amparo de la sección 63(d). :¿Y qué es este pleito? Aunque titulado “Cobro de' dinero,” esencialmente es uno por incumplimiento de contrato con daños consiguientes a ser medidos por la cantidad convenida por las partes del contrato.

Las autoridades citadas por el demandado son al efecto de que cuando cierto estatuto concede un remedio que abarque determinado campo o parte del mismo, el remedio es gene-ralmente exclusivo. Haines v. Fearnely et al., 117 Pac. 162; Abel Stowell v. Samuel Flagg, 11 Mass. 364. Sin embargo, esas limitaciones no se extienden a otros campos ni quizá a partes del mismo campo. Uno puede ver con cuánta duda llegó la corte de Massachusetts, supra, a su conclusión. Declaró que la legislatura claramente había tenido la intención de conceder un remedio específico para la inundación de te-rrenos.

En el segnndo señalamiento de error se alega que el de-mandante dejó de probar sn contrato. Tanto la demanda como la contestación admitieron el mismo.

La corte no cometió error al dejar de especificar de qné fondos se pagaría la sentencia. Ese es el deber del municipio y no de la corte.

El demandante también apeló, señalando error por no-concedérsele intereses. No vemos motivo alguno por el cual no debieron concederse los intereses. El municipio no com-pareció ni radicó alegato en respuesta al alegato razonado del demandante.

Debe modificarse la sentencia apelada'en él sentido de in--cluir la condena de intereses, y confirmarse en sus demás par-ticulares.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Ramón Torres, acusado y apelante.
    No. 4633.

    Sometido: Mayo 25, 1932.

      Resuelto: Julio 22, 1932.

      J. Valldejuli Rodríguez, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de SI Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación, base de esta causa, en lo pertinente, dice:

“Que en 10 de agosto (11:00 P. Mj.) de 1930 y en el Casino Aibo-niteño, calle San José de Aibonito, P. R. del Distrito Judicial Municipal de Cayey, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Gua-yama, P. R., el acusado Ramón Torres, allí y entonces en el Casino Aiboniteño en Aibonito, 1'. E., donde se celebraba un baile de socie-dad (que es una reunión lícita), de manera voluntaria, ilegal, mali-ciosamente con intención criminal de causar daño corporal en la persona de José Cot, le acometió y agredió con los puños, produciéndole-una fuerte contusión en el labio superior, lado izquierdo.”

Celebrado el juicio aute la Corte de Distrito de Guayama, el acusado fué declarado culpable del delito de acometimiento y agresión grave que se le imputara y condenado a pagar una multa de cincuenta dólares.

Apeló y en su alegato señala la comisión de cuatro errores.

Por el primero sostiene que la corte erró al dejar de aplicar el artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal en su inciso 5. Ese precepto dice: “5. El juez de paz re-mitirá el sumario dentro del quinto día al tribunal de dis-trito, el cual dentro de los diez días de su recibo señalará día para la celebración del juicio, citando al fiscal y al acu-sado”; y el acusado sostiene que Rabiándose radicado la causa en la corte de distrito el 22 de diciembre de 1930 y ha-biéndose hecho el primer señalamiento para el 24 de marzo de 1931, se infringió la ley abiertamente.

El fiscal contesta que en los autos no hay base para dis-cutir siquiera el error que plantea el apelante, y tiene razón a nuestro juicio.

De los autos resulta que lo que alegó el apelaute fué “que el primer señalamiento que se hizo fué para el 24 de marzo de 1931.” Y ello no excluye que la corte cumpliera estrictamente con la regla fijada en el artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal, ya que dentro de los diez días del recibo de los autos pudo señalar la vista para el 24 de marzo, o sea, para un día que no rebasaba el límite del término de ciento veinte días fijado en el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

La pretensión del apelante de que debido a la obscuridad del récord se tenga su moción como una de archivo y sobre-seimiento por violación del artículo 448 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, ya que de los autos resulta que el juicio no se celebró hasta el 29 de marzo de 1931, es insostenible. Si bien el juicio se celebró en verdad en esa última fecha, consta que fué señalado para el 24 de marzo sin que aparezca la causa de la suspensión, y la corrección de los procedi-mientos se presume.

.El segundo error es el de que la denuncia no imputa la comisión de un delito de acometimiento y agresión grave, sino simple.

Dice la sección 6 de la Ley para determinar y castigar el acometimiento ... de 10 de marzo, 1904, No. 2:

“Sección 6. — Todo acometimiento y agresión será considerado con circunstancias agravantes en los siguientes casos:
“y_* * * * * * *
“2. — Cuando se cometiere en nn tribunal de justicia o en cual-quier otro sitio religioso o en algún lugar donde se hallaren reunidas varias personas con fines lícitos. ’ ’

Basta la mera, comparación de la ley con la denuncia para concluir que no tiene razón el apelante. Un baile de so-ciedad en un casino, dada la significación que en Puerto Bico tienen los casinos y los bailes de sociedad, es a todas luces una reunión lícita.

La cuestión vuelve a suscitarse por el tercer señalamiento de error al tacerse énfasis en que la prueba demostró que en el baile se tomaban bebidas embriagantes. Hay prueba al efecto de que en un determinado cuarto de la casa se to-maba, pero ello no destruye el fiecbo de que el acometimiento y agresión se realizara en un “lugar donde se bailaren reuni-das varias personas con fines lícitos ’ ’, ya que la prueba tam-bién demuestra que el acto délictivo se realizó en el salón de baile donde se bailaban reunidas con el propósito de danzar señoras, señoritas y caballeros no sólo de Aibonito si que también de Coamo y Ponce, “más de doscientas personas entre damas y caballeros”, según la declaración del testigo Francisco Gil.

El cuarto y último error se refiere a la falto de prueba. La fiemos examinado y opinamos que es bastante. El perjudicado narra el fiecbo así: Después de decir que tenía comprometida una pieza con una señorita de Ponce, continúa: “Estando ya para dar comienzo a la pieza me dirigí fiacia el salón para buscar la señorita, localizarla, y al penetrar dentro del salón, ya dentro del salón, fui agredido por el señor Bamón Borres, sin mediar palabras ningunas me dió en el pómulo izquierdo.” T su■ declaración está corroborada por las de varios testigos.

Bebe confirmarse a sentencia recurrida.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Juan Chaparro, acusado y apelado.
    No. 4571.

    Sometido: Febrero 17, 1932.

      Resuelto: Julio 22, 1932.

      Pedro Baigés Gómez, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado; M. Cruz Soria, Fiscal Auxiliar de Prohibición y Ayudante Especial del Fiscal Federal, como amicus curiae.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se imputa al acusado una infracción a la Ley Nacional de Prohibición consistente en poseer para la venta como dos cuartillos de ron y medio cuartillo de anís, bebidas embriagantes que contienen más de la mitad del uno por ciento de alcohol por volumen. En la corte de distrito el acusado pidió que se ordenara el archivo de la causa basán-dose en una moción que copiada a la letra, en lo pertinente, dice:

“PRIMERO': Que este caso se ha iniciado' ante la Corte Municipal de Mayagiiez por denuncia jurada por el policía insular José Montero Cintrón y en dicha denuncia se imputa a este acusado una supuesta infracción a la Ley de Prohibición.
‘ ‘ Segundo : Alega el acusado que el denunciante en este caso es un policía insular, y por tanto, no es un funcionario Federal de los facultados por la ley para poder iniciar el caso mediante denuncia jurada ante una corte insular o Federal, con jurisdicción para poder entender de un caso de esta naturaleza.
“TeroeRO: Que el delito imputado al acusado' no es uno por. el cual se imputa al acusado ser un estorbo público y la acción estable-cida una por la cual se persiga el abatir o restringir dicbo estorbo público, que es el único caso en el cual de acuerdo con la sección 22, título II, de la Ley Nacional de Probibición, cualquier fiscal de cual-quier Estado o cualquier subdivisión del mismo puede iniciar el proceso.
“Cuarto: Que de acuerdo con la sección II del título II de la ‘Ley Nacional de Prohibición,’ solamente el Comisionado de Rentas Internas, sus auxiliares, agentes e inspectores Federales podrán jurar denuncias ante los Comisionados de los Estados Unidos u otros fun-cionarios o cortes autorizadas a expedir autos para el arresto de aquellas personas que resulten infractores a la ley, y ellos únicamente podrán, sujetos a 1a. dirección del Fiscal de los Estados Unidos, lle-var la acusación. Y siendo eso así y no habiéndose desprendido El Pueblo de los Estados Unidos de la facultad de iniciar el caso, dicho policía insular José Montero Cintrón, que es un' funcionario insular y no un funcionario federal de los enumerados en la sección II del título I de la ya mencionada Ley, no tiene facultades para iniciar el caso, tal cual lo ha hecho en el presente.
“Véase el caso de El Pueblo v. Zayas, vol. 41, panfleto número 7, de las Decisiones de Puerto Rico, páginas 646-656.”

Oídas las partes, la corte de distrito dió la razón al acu-sado. De la resolución fundada que dictara se transcribe lo siguiente:

“La corte entiende que de acuerdo con la jurisprudencia estable-cida en el caso de El Pueblo v. Zayas, reportado en el vol. 41, pan-fleto No. 7, de las Decisiones de Puerto Pico, página 646 y siguien-tes, la Nación, esto es, El Pueblo de los Estados Unidos, por la Ley de 21 de Septiembre de 1922 creó la jurisdicción concurrente en los tribunales de Puerto Rico en los casos de infracción a dicha Ley Na-cional de Prohibición, pero la Nación por las disposiciones de dicha Ley no se ha desprendido de la facultad de iniciar el caso, y siendo ello así, solamente en un caso de esta naturaleza los funcionarios fe-derales, o cualquiera de ellos enumerados en la sección II, título II, de la ya mencionada Ley Nacional de Prohibición, son los únicos con facultades para iniciar el caso, esto es, para jurar una denuncia en un caso como el presente.
“Cuando el Congreso quiso dar la facultad de iniciar el caso a un funcionario no federal, lo hizo de una manera inequívoca. Al efecto véase la sección 22, título II, de la Ley Nacional de Prohibí-ción en la cual en las acciones para abatir cualquier estorbo público en relación con la Ley Nacional de Prohibición, dicha acción podrá iniciarse a nombre de los Estados Unidos por el Fiscal General de los Estados Unidos, o por cualquier Fiscal de los Estados Unidos, o cual-quier Fiscal de cualquier Estado o cualquier subdivisión del mismo o por el Comisionado o sus agentes o auxiliares.
“En el caso de Gambino v. United States, 275 U. S. 310, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, se dijo coino sigue:
“ ‘Arrest and SeizuRe by State Oeeicers. — The words, “any officers of the law,” as used in 26, title II, of the National Prohibition Act, imposing the duty of arrest and seizure upon “any officers of the law,” do not include state police officers so as to make them agents of the United States in making an arrest for illegal transportation of liquor.’
“La corte entiende que esta resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos es completamente clara y terminante, resolviendo' que oficiales policíacos del Estado no son Agentes del Gobierno de los Estados Unidos.
“Por los fundamentos expuestos la corte entiende que el policía insular José Montero Cintrón, denunciante en este caso, no tiene fa-cultades para iniciar el mismo, esto es, para jurar la denuncia y por tanto la corte ordena el archivo de este caso, sin costas.”

No conforme el fiscal, apeló para ante esta Corte Su-prema. A nuestro juicio la resolución apelada debe revo-carse.

Mientras se fia estado sustanciando el recurso, la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito revocó la decisión de esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Zayas, 41 D.P.R. 646, en que se basó principalmente la corte de distrito para decretar el archivo de la causa.

En su opinión la Corte de Circuito comienza por transcri-bir el título de la denuncia presentada eü la Corte Municipal de Juana Díaz, narrando luego la historia del proceso y las sucesivas leyes sobre la materia hasta llegar a la de septiem-bre 21, 1922 (42 Stat. 993), que dió a las cortes insulares ju-risdicción concurrente con la corte federal, y dice:

“La Corte Suprema de Puerto Rico, en la opinión emitida en este caso, admitió, y razonablemente debe admitirse, que esta ley confirió jurisdicción a las cortes insulares en los delitos cometidos en viola-eión de la Ley Nacional de Prohibición. También es cierto que si bien la ley dice qne la jurisdicción * de las cortes insulares en tales delitos ‘será la misma qne ellas ahora .tienen en otras cansas crimi-nales dentro de su jurisdicción, ’ no declara expresamente qne el pro-cedimiento en tales cortes en la tramitación de dichos delitos ‘será el mismo’ que ahora prevalece para otras cansas criminales dentro de su jurisdicción, y no era necesario que así se hiciera, toda vez que el art. 10 de la Carta Orgánica de marzo 2, 1917, expresamente dis-puso que ‘todas las acciones criminales o penales en los tribunales locales se instruirán a nombre y por autoridad de “El Pueblo de Puerto Rico,” ’ al igual que el art. 41 de la aludida Carta Orgánica provee cómo se harán las diligencias judiciales en la Corte Federal, según indicamos más arriba.
“El art. 10 de la Carta Orgánica de marzo 2 de 1917 provee:
“ ‘Todas las diligencias judiciales se harán a nombre de “Esta-dos Unidos de América, ss, el Presidente de los Estados Unidos,” y todas las acciones criminales ■ o penales en los tribunales locales se instruirán a nombre y por autoridad de “El Pueblo de Puerto Rico”. . .’ (Bastardillas nuestras.)
“Los delitos cometidos bajo la Ley Nacional de Prohibición, de los cuales se confiere jurisdicción a las cortes, insulares por la ley de septiembre 21 de 1922, son acciones penales en que las cortes locales tenían autoridad para conocer y si el significado claro de la fraseo-logía del art. 10 ha de seguirse, entonces tales procedimientos se ins-truirán a nombre y por autoridad de ‘El Pueblo de Puerto Rico.’
“. . . El mero hecho de que la Ley Nacional de Prohibición sea un estatuto federal, no es suficiente motivo, habiéndosele dado juris-dicción a las cortes insulares para conocer de los delitos por infrac-ción a la misma, para que se resuelva que tales procedimientos debe-rán ser instruidos a nombre de los Estados Unidos, cuando el art. 10 expresamente dispone que ‘todas las acciones criminales o penales en los tribunales locales se instruirán a nombre y por autoridad de “El Pueblo de Puerto Rico” ’. Como el Congreso tenía facultad para conferir jurisdicción a las cortes insulares en los delitos come-tidos bajo la Ley Nacional de Prohibición, de igual modo tenía-poder para decir que al iniciarse tales delitos en dichas cortes, los procedi-mientos deberían instruirse' a nombre y por autoridad de El Pueblo de Puerto Rico. No puede haber duda alguna de que el Congreso, al redactar las disposiciones arriba citadas de la ley de septiembre 21 de 1922, tenía conocimiento de las disposiciones del art. 10- de 3 a Carta Orgánica de 1917, y que su intención fué que todas las accio-nes criminales o penales en las cortes locales por los delitos eometi-dos en violación de la Ley Nacional de ‘Prohibición, fueran instruidos en la forma indicada en el artículo 10, al igual que sabía, al redac-tar la sección 3 de la ley de noviembre 23 de 19,21, que el art. 41 de la Carta Orgánica proveía la forma en que las acciones bajo la Ley Nacional de Prohibición, debían ser instruidas en la Corte de Dis-trito de los Estados Unidos para Puerto Rico. Ramos v. United States, supra, pág. 763.”

Para sostener su conclusión cita y analiza varios casos de la Corte 'Suprema de Hawaii y de la de Distrito de la Zona del Canal de Panamá, y prosigue:

“La conclusión a que aquí llegamos está sostenida en principio por el caso de Summers v. United States, 231 U. S. 92. En dicho caso se instituyó un proceso criminal contra Summers en Alaska por infracción a la Ley Nacional de Bancos que se había hecho extensiva a dicho territorio. La acusación contenía 56 narraciones (counts). La sección 43 del Código Penal de Alaska (30 Statutes 1253, 1291) proveía en parte ‘que la acusación sólo debe imputar un delito.’ En dicho caso el gobierno sostenía que toda vez que el delito imputado nó estaba definido por el Código Penal de Alaska, el art. 43 del mismo no era aplicable y que la acusación era válida de conformidad con el art. 1024 de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos que auto-rizaba la acumulación de narraciones (counts) en las acusaciones fe-derales. La corte sentenciadora sostuvo la contención del gobierno. La Corte de Circuito de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó la sentencia. (202 Fed. 457), pero la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó a la Corte de Circuito de Apelaciones y resolvió que el procedimiento provisto en el art. 43 del Código Penal de Alaska era aplicable. En el curso de su opinión, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo:
“ ‘La corte sentenciadora expresó su reconocimiento de la dife-rencia existente entre una corte de distrito y una de circuito de los Estados Unidos y una corte territorial como la del Distrito de Alaska, mas fué de opinión que cuando esta última corte ejercía jurisdicción para hacer efectivas las leyes de los Estados Unidos “no solamente el derecho substantivo sí que también era de aplicación la maquina-ria, el procedimiento que permitía a la corte poner en vigor el dere-cho substantivo.” La Corte de Circuito de Apelaciones, en una opi-nión circunstancial, llegó al mismo resultado general y consideró que el Código de Alaska, por su título y por algunas de sus disposiciones, explícitamente determinó los delitos existentes en Alaska y el pro-cedimiento aplicable a los mismos. El título de la ley es, según se dijo, “Ley para definir y castigar los delitos en la Corte de Distrito de Alaska y para proveer •nn Código de Enjuiciamiento Criminal para diebo distrito ”; la cláusula inicial es ‘1 que las leyes penales y criminales de los Estados Unidos de América y el procedimiento bajo las mismas en el distrito de Alaska, será como sigue,” y el art. 2, Capítulo T, título 1, provee que “los delitos y crímenes definidos en esta ley, cometidos dentro del distrito de Alaska, serán castigados en la forma que aquí se dispone.” Por consiguiente, se llegó a la con-clusión que como el delito imputado en la acusación no era uno de los mencionados en el Código de Alaska, no debía regirse por el pro-cedimiento local, sino por el procedimiento prescrito en el art. 1024 de los Estatutos Revisados. Esta conclusión fue fortalecida por una consideración del génesis de las disposiciones respectivas. El resul-tado de la conclusión a que se llegó es la existencia de un procedi-miento doble en la prosecución de distintos delitos cometidos dentro de la misma jurisdicción territorial. Podrían citarse ejemplos de este resultado, pero es ciertamente indeseable hacerlo, y la naturaleza sistemática del Código de Alaska indica una intención contraria.”

La decisión de la Corte de Circuito despeja el camino para llegar a la conclusión que sostiene El Pueblo apelante, aunque no resuelve concretamente la cuestión que levantara el acusado en la corte de distrito. Decimos despeja el ca-mino porque franca y abiertamente decide que no sólo se con-firió a las cortes insulares jurisdicción para conocer de las infracciones a la Ley Nacional de Prohibición conjuntamente con la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Pico, sí que para actuar en el ejercicio de esa jurisdicción en la forma autorizada por la ley para las causas criminales co-rrientes.

Otro caso en el mismo rumbo y que se acerca aun más al punto concreto debatido, es el de Ex parte Prado, 42 D.P.R. 787, en el que esta Corte Suprema dijo:

“De lo expuesto se. infiere que si el Congreso confirió jurisdicción concurrente a los magistrados y a las cortes insulares y si los fiscales son magistrados lo mismo que los jueces de acuerdo con la ley, los fiscales pueden intervenir de conformidad con los términos de la pro-pia ley del Congreso. . .
“A igual resultado se llegaría aunque no se concluyera que el Congreso nacional al usar el término magistrate en 1922 lo hizo en igual sentido que el legislador insular en 1902, ...
■ “Sostenemos esa conclusión, porque si el Congreso confirió juris-dicción concurrente a las cortes de Puerto1 Rico en general, claro es que la confirió a todos sus funcionarios, y sea cual fuere el signi-ficado del término magistrate y la intención del Congreso al usarlo, no puede negarse que los fiscales son funcionarios de las cortes de Puerto Rico con deberes legales específicos que cumplir no sólo den-tro del procedimiento criminal, sino dentro del civil en varios casos.”

El argumento de la existencia en la Ley Nacional de Pro-hibición de las secciones 2 y 22, no tiene gran fuerza. Cuando la ley se puso en vigor, sólo a las autoridades federales se encomendó su ejecución y era natural que si en algún caso como en el de la sección 22 se extendía esa jurisdicción a algún funcionario estadual, el legislador hablara expresa-mente. Igual curso siguió cuando confirió jurisdicción con-currente a las Cortes Insulares de Puerto Rico. Pero como no se trataba de casos especiales, sino de todos los casos, prescribió una fórmula general que ha sido interpretada, como se ha visto, en su mayor amplitud y llevando consigo todas sus naturales consecuencias.

Igual puede decirse con respecto a la cita del caso de Rosario Gambino et al. v. United States, 275 U. S. 310. Dejando a un lado la diferencia de status dentro de la unión que existe entre el Estado de Nueva York y el territorio or-ganizado y no incorporado aún de Puerto Rico y limitándo-nos a la Ley Nacional de Prohibición, se advierte en seguida que en Nueva York los funcionarios del estado no tienen ju-risdicción concurrente para intervenir como la tienen los del territorio de Puerto Rico. Además, en el caso de G-ambino, supra,, no se trataba de quién había presentado o jurado la denuncia, sino de una violación por parte de policías del Es-tado de Nueva York de los derechos constitucionales de los acusados garantizados por las Enmiendas 4, 5 y 6 de la Cons-titución con respecto a registros y ocupaciones ilegales. Para tener una idea más exacta de. las cuestiones fundamen-tales envueltas y resueltas en el caso, parece conveniente transcribir el siguiente párrafo de la opinión de la Corte Su-prema. Dice:

“El gobierno alega que la evidencia era admisible, porque existió causa probable, Carroll v. United Stated, 267 U. S. 132, 153, 69 L. ed. 543, 551, 39 A.L.R. 790, 45 Sup. St. Rep. 280, y también porque no se demostró que la policía del estado fuera, en el momento del arresto, registro y ocupación, agente de los Estados Unidos. Los acu-sados alegan que no bubo causa probable y que los policías del es-tado deben ser considerados como agentes de los Estados Unidos, por-que la sección 26 del título II de la Ley Nacional' de Prohibición im-pone el deber de arrestar y de ocupar licores que estén siendo ile-galmente transportados no solamente sobre el Comisionado de Ren-tas Internas, sus auxiliares e inspectores, sino también sobre ‘cual-quier oficial de la Ley.’ Somos de opinión, de acuerdo con los he-chos, los cuales es innecesario detallar, que no hubo causa probable. También somos de opinión de que la frase ‘cualquier oficial de la ley’ usada en la sección 26 se refiere únicamente a. oficiales federa-les y que los policías no eran, al momento del arresto y de la ocupación, agentes de los Estados Unidos. Compárese el caso de Dodge v. United States, 272 U. S. 530, 531, 71 L. ed. 392, 47 Sup. Ct. Rep. 191.”

Si todo ello es así, si las cortes insulares con arreglo a su jurisdicción (El Pueblo v. Fuertes, 41 D.P.R. 891) pueden, conocer en la forma usual y corriente de las causas de prohi-bición, si los fiscales insulares intervienen como tales en las investigaciones y persecuciones instituidas por violaciones de esa ley, si se procede en ellas exactamente igual que en la investigación y castigo de cualquier otro delito, ¿cómo con-cluir que no tienen aplicación en cuanto a ellas la sección 2 de la Ley de 1908, Leyes de 1908, p. 136, disponiendo la orga-nización, reglamentación y gobierno- de la Policía Insular de Puerto Rico, el artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico y el artículo 1 de la. Ley de 28 de mayo-de 1904, fijando el procedimiento para los juicios de causas criminales en los Juzgados Municipales, Leyes de 1905, p. 18,, que permiten a los policías presentar denuncias ante las cor-tes municipales y de paz a los efectos de iniciar los procesos en causas criminales de su jurisdicción?

A nuestro juicio la tienen, y tratándose como se trata en este caso de un delito menos grave de la jurisdicción de la corte municipal, debe resolverse que el policía que formuló la denuncia jurada orig’en del proceso, estaba autorizado para ello. De ahí que dijéramos desde el principio que debía revo-carse la resolución apelada, devolviéndose, la causa a la Corte de Distrito de Mayagües, en donde se encontraba en grado de apelación, para ulteriores procedimientos de conformidad con la ley.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demadante y apelado, v. Ramón Vargas Nivas, acusado y apelante.
    No. 4582.

    Sometido: Diciembre 1, 1931.

      Resuelto: Julio 22, 1932.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; E. Díaz Viera, Fiscal Auxi-liar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia jurada, origen de este proceso se formuló en la Corte Municipal de San Juan por un policía insular. Alega que el acusado “ilegal, voluntaria y maliciosamente, violó lo dispuesto en la Ley Nacional de Prohibición No. 66 aprobada por el Congreso de los Ejstados Unidos de América, en octubre 28 de 1919, y aplicable a Puerto Pico por una ley del mismo Congreso, aprobada en 21 de septiembre de 1922, y enmendada en marzo 2 de 1929 y últimamente enmendada en enero 15 de 1931, porque en la fecha, hora y sitio indi-cado transportaba personalmente sobre su persona dos bote-llas de cristal conteniendo aproximadamente como dos litros de ron caña, que es una bebida embriagante, propia para el consumo humano, que contiene más del medio del uno por ciento de alcohol absoluto por volumen y que sirve para be-ber, cuya bebida le fue ocupada y se poné a la disposición de la Hon. Corte como materia de prueba.”

Condenado el acusado en la corte municipal, apeló para ante la de distrito, y vuelto a ser condenado, apeló para ante esta Corte Suprema. De la exposición del caso que forma parte de los autos copiamos lo que sigue:

‘ ‘ Se procedió a discutir las excepciones perentorias, radicadas contra la denuncia por el acusado, de falta de jurisdicción y de insufi-ciencia de hechos, así como la de que la denuncia no estaba jurada por funcionario competente o que tuviera capacidad o facultad para ello, y esas excepciones fueron desestimadas por la Corte, después de lo cual el acusado se declaró no culpable y El Pueblo de Puerto Rico practicó la siguiente evidencia:
“Declaración del Policía Insular Juan Alvarez, Placa No. 582. “A preguntas del Hon. Fiscal, dijo:
“Que se llama como queda dicho, y estaba con el Policía denun-eiante el día que ocurrieron los hechos a que se refiere la denuncia, hace como dos meses. Que ese día, por la calle de Loíza, de San Juan, P. R., el acusado llevaba dos botellas de cristal, conteniendo ron caña y al ver a los Policías las tiró en una maya. Que las dos botellas ocupadas contenían ron y el declarante probó el contenido y sabía a ron caña, lo cual él conoce porque otras veces ha probado ron y el ocupado al acusado sabía a eso mismo. El ron que llevaba el acusado era propio para beber.
“El Fiscal presentó en evidencia las dos botellas de cristal a que se refirió el declarante, conteniendo un líquido' cristalino y el acusado se opuso a la- admisión porque no había prueba de que ése fuera el líquido que contuvieran las botellas el día de la ocupación y de que eso fuera alcohol con más del medio del uno por ciento por volumen, ni que fuera bebida embriagante o fuera transportada para fines de bebida, no obstante lo cual la evidencia fué adinitida, tomando ex-cepción el acusado.
“Terminada la prueba del Pueblo- el acusado no- presentó prueba y solicitó su absolución por insuficiencia de aquélla después de Jo cual la Corte lo declaró culpable y le impuso una multa de $100.00 o cárcel en su defecto.”

Seis son los errores que señala el apelante. Por el primero alega que erró la corte de distrito al desestimar su excepción perentoria de falta de jurisdicción por dos motivos. El primero lo argumenta así:

“De acuerdo con la denuncia presentada y que aparece en la pá-gina 1 del 'transcript, la acción está instituida a nombre del Presi-dente de los Estados Unidos en la siguiente forma:
“ ‘Corte Municipal de San Juan, P. R-, Sec. Ira. P. R.
“ ‘Estados Unidos de América, El Presidente de los Estados Unidos, ss. vs. Ramón Vargas Nivas.’
“Pero del texto de la denuncia resulta que nos encontramos frente a una acusación por supuesta infracción a una Ley F'ederal, como es la Ley Nacional de. Prohibición, y, sin embargo, la acción no ha sido presentada directamente a nombre de El Pueblo de los Estados Unidos de América vs. Ramón Vargas Nivas, sino a nombre de ‘El Presidente de los Estados Unidos vs. Ramón Vargas Nivas.’ Esto significa que El Presidente de la Nación ha instituido en Puerto Rico, por medio de un policía insular, una acción personal-criminal contra Ramón Vargas Nivas por infracción a la Ley Nacional de Prohibición. Para el conocimiento de tal asunto, la denuncia es insuficiente para darle jurisdicción a la Corte Municipal de San Juan, ni, como,conse-cuencia, a la Hon. Corte de Distrito en grado de apelación, pues no existe estatuto alguno autorizando que las acusaciones por infracción a la Ley Nacional de Prohibición sean instituidas a nombre de El Presidente de los Estados Unidos, sino a nombre de El Pueblo de los Estados Unidos de América única y exclusivamente.
“El Pueblo vs. Zayas, 41 D.P.R. pág. 646.”

Basta transcribir la propia argumentación del apelante para concluir que el error que señala no existe.

Gomo segundo fundamento de la excepción sostuvo que la corte municipal carecía de jurisdicción porque la intención del Congreso al conferirla a las cortes insulares se limitó a las de récord. Se basa en el caso de El Pueblo v. Fuertes, 41 D.P.R. 896, 897. La opinión en dicto caso comienza en la página 891. Lo que aparece en las páginas que expresa-mente invoca el apelante es lo que sigue:

“Tenemos la idea de que cuando el Congreso, en la Ley de sep-tiembre de 1922, habló de las cortes de Puerto Rico, tuvo en mente cortes de récord. Por ejemplo, ni en la Ley Foraker, ni en la Ley Jones, se define la jurisdicción de la Corte Suprema de Puerto Rico. El artículo 40 de nuestra Carta Orgánica reza así:
“ ‘El poder judicial residirá en las Cortes y Tribunales de Puerto Rico ya establecidos y en ejercicio de acuerdo y por virtud de las leyes vigentes. La jurisdicción de dichos Tribunales y los trámites seguidos en ellos, así como los distintos funcionarios y empleados de los mismos, continuarán como al presente hasta que otra cosa se dis-ponga por ley; Disponiéndose, sin embargo, que el Presidente y los Jueces Asociados del Tribunal Supremo serán nombrados por el Pre-sidente, con el concurso y consentimiento del Senado de los Estados Unidos, y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tendrá autoridad, que no esté en contradicción con esta Ley, para, de tiempo en tiempo según lo crea conveniente, organizar, modificar o hacer un nuevo arreglo de los Tribunales y su jurisdicción y procedimientos, con excepción de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico. ’
“Creemos que es altamente probable, si no seguro, que en sep-tiembre de 1922 el Congreso sólo tuvo en mente cortes de récord en las cortes territoriales según habían sido previamente reconocidas por él. El Congreso pudo haber tenido en mente la jurisdicción de las cortés locales, bien original o de apelación, tal cual estaba definida por la Legislatura.”

Pero ello no forma parte de la opinión de la corte. Son consideraciones adicionales del juez que la emitió, con las cuales estuvo conforme otro de los jueces.

Que las cortes municipales tienen jurisdicción a virtud de la ley del Congreso, se resolvió en el caso de El Pueblo v. Rodríguez, 33 D.P.R. 393, y en el de El Pueblo v. Baragaño, 33 D.P.R. 989, que han quedado de nuevo en vigor a virtud de la decisión de la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito de febrero 25, 1932, en el caso de El Pueblo v. Zayas. También implícitamente por la Corte de Circuito en el dicho caso de Zayas.

No existe, pues, el primer error. Por el segundo se sostiene que la corte erró al decidir que la denuncia aducía hechos suficientes. Tampoco existe, a nuestro juicio. Basta alegar la transportación de la bebida embriagante, propia para el consumo humano. 'Si el acusado la transportaba en verdad para fines medicinales, puede alegarlo como defensa.

Por el tercer señalamiento se levanta la misma cuestión que se resuelve en contra de la existencia del error en el caso de El Pueblo v. Chaparro, 43 D.P.R. 852.

El cuarto error se refiere a la insuficiencia de la prueba. Creemos que basta leer la exposición del caso que dejamos transcrita para decidir que la prueba es suficiente. Habiéndose alegado y probado que era ron lo que transportaba el acusado, es suficiente, “y como lo que en la denuncia se alega” dijo esta corte en el caso de El Pueblo v. Rivera, 37 D.P.R. 459, 462, “que el acusado fabricaba y poseía era ron y se ha resuelto que las cortes tomarán conocimiento judicial de que el ron es un licor intoxicante (35 C. J. 497 y casos citados en la nota 81), no era necesario alegar la condición intoxicante del licor fabricado y poseído por el acusado.”

Por el quinto error se sostiene que la sentencia es nula, porque en-ella se hace sólo referencia a la Ley Nación nal de Prohibición y “no menciona los beebos que constitu-yen la infracción de ninguna ley.”

Conocemos la denuncia. Es. en ella que deben consig-narse los beebos delictivos y no necesariamente en la senten-cia. Lo único que se advierte en la sentencia es que pudo ser más específica, y esto no la convierte en nula. Puede corre-girse como-así será corregida para que en vez de decir como dice: “La corte declara a Ramón Vargas Nivas culpable de una infracción a la Ley Nacional de Prohibición,” diga: “la corte declara a Ramón Vargas Nivas culpable de la in-fracción a la Ley Nacional de Prohibición que se le imputa, •prevista y castigada en el título II, Sección 3 de la Ley Na-cional de Prohibición de 28 de octubre de 1919, aplicable a Puerto Rico por Ley del Congreso de 21 de septiembre de 1922, enmendada en marzo 2 de 1929 y enero 15, 1931.”

Por el sexto y último error se sostiene que la pena es excesiva. Quizá tenga razón el acusado, pero no se ha demostrado abuso de discreción. Si en vez de imponer cien dólares de multa con prisión subsidiaria, la corte hubiera impuesto veinticinco o cincuenta, tampoco hubiéramos intervenido. Debe dejarse en libertad a la corte de jurisdicción original que está en mejores condiciones que la de apelación para apreciar las circunstancias concurrentes en cada caso. Sólo puede intervenir la corte de apelación cuando se demuestra un abuso del poder discrecional de la' de distrito. Y ya hemos dicho que aquí no se ha demostrado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    José V. Figueroa Reyes, demandante y apelante, v. Modesta Lugo y Ambrosio Matos, demandados y apelados, y El Pueblo de Puerto Rico, interventor y apelado.
    No. 5934.

    Sometido: Marzo 18, 1932.

      Resuelto: Julio 22, 1932.

      A. Marín Marión, abogado del apelante; Luás Ríos Algarín, abogado de los demandados apelados; lion. Attorney General, Charles E. Winter y Harry B. Lienza, abogados de El Pueblo, interventor y apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Y. Figueroa radicó en la Corte de Distrito de San Juan el 5 de mayo de 1931 una demanda titulada de interdicto y en ella alegó, en resumen, que dentro de un año había es-tado, en posesión de una parcela de terreno en Santurce que describe debidamente; que los demandados estaban constru-yendo en una parte de dicha parcela una casa, habiéndose opuesto el demandante. Pidió ser restablecido en la pose-sión del terreno, la destrucción de la casa en construcción y el mandato a los perturbadores de abstenerse en el- futuro de realizar tales actos.

Los demandados pidieron la eliminación de ciertos parti-culares de la demanda y formularon excepciones previas a la misma: ambigüedad y falta de hechos. Contestaron ade-más negando los hechos de la demanda y alegando que la casa que construyen está enclavada en terrenos del Pueblo de Puerto Pico, que se los cedió a tal efecto.

En ese estado el procedimiento, pidió, permiso para in-tervenir El Pueblo de Puerto Rico. Se le concedió y con-testó que la casa de los demandados se levantaba en terrenos de su propiedad que forman parte de una finca de mayor extensión que describe en forma.

Trabada la contienda, fue el pleito a juicio, decidiéndolo la corte por sentencia de junio 9, 1931 en contra del deman-dante. La sentencia se funda en una relación del caso y opi-nión de la cual transcribimos lo que sigue:

“La prueba del demandante consistió en las declaraciones de José Víctor Figueroa, el demandante, de José Franco, Pedro Cruz, Francisco Barril, Antonio Morales, José Márquez, Irene Olivero y Manuel Aybar, la que tiende a demostrar que la casa que estaban constru-yendo los demandados al tiempo de radicarse la demanda ba sido edificada en terrenos de José Víctor Figueroa, pero no se demuestran actos de posesión realizados por el Sr. Figueroa, en relación con la parcela o solar en que se enclava la casa. Todos estos testigos em-piezan declarando que conocen a Ambrosio Matos y que éste vive en una casa en terrenos de José Víctor Figueroa. Tiende también a de-, mostrar la prueba del demandante que en las proximidades de la casa en controversia existen tres casas más, edificadas en terrenos del de-mandante.
“La prueba de los demandados y del interventor consistió en las declaraciones de Modesta Lugo, Luis Cancel, Joaquín Navarro, Enrique Castro González y Enrique Ortega, habiéndose practicado ade-más una inspección ocular a petición de ambas partes.
“Be la prueba de los demandados y del interventor aparece que Modesta Lugo solicitó del Departamento del Interior un permiso para rellenar el solar en que enclava su casa y que este solar le fué seña-lado o adjudicado por el representante del Departamento del Interior, Enrique Ortega. Que la demandante rellenó el solar que era un mangle, habiendo utilizado para ello al testigo Luis Cancel, a VieenLe Aponte, y al esposo de la demandada; el demandado Ambrosio Matos.
“Declaró además el testigo Joaquín Navarro, quien manifestó que es guardián de los terrenos de El Pueblo de Puerto Rico, siendo sus funciones como tal guardián vigilar la finca de El Pueblo de Puerto Rico, evitar que corten mangles, que alteren los puntos y que nó se apropien del terreno de El Pueblo de Puerto Rico. Que desde hace siete años está haciendo- este trabajo en ese sitio y que el solar en que enclava la casa de los demandados forma parte de la finca que está bajo su custodia y que la está poseyendo El Pueblo de Puerto Eico desde hace varios años.
“El ingeniero Ortega corroboró la declaración de Modesta Lugo manifestando que hace ocho meses le concedió el solar en cuestión a Modesta Lugo, que es el No. 4 de la manzana J. del plano de dichos terrenos y que lo mismo que ha concedido este solar a Modesta Lugo ha concedido otros a otras personas que han construido allí sus casas, rellenando, desde luego, la parcela de mangle sobre la cual han edi-ficado.
“La Corte en la inspección ocular que practicó el día 13 de junio último observó que efectivamente, la casa de Modesta Lugo y Ambro-sio Matos está construida sobre un solar recientemente rellenado, se-gún declaró la demandada, Modesta Lugo, y asimismo observó que los solares adyacentes al mismo habían sido rellenados y formaban parte del manglar que rodea dichos terrenos.
“La prueba es realmente contradictoria y tal parece que dos de-mandantes tratan de dirimir un conflicto de título mediante un pro-cedimiento de injunction para recobrar la posesión, que como expre-samente dice la ley y ha resuelto nuestro Tribunal Supremo en los casos de El Pueblo v. Galarza, 41 D.P.R. 606; Fernández v. González, 41 D.P.R. 726; Fajardo Sugar etc. v. Central Pasto Viejo Ine., 41 D.P.R. 825; Vicente v. Ortiz, Comisionado, 38 D.P.R. 106 y otros, dicho procedimiento no es el apropiado para dirimir conflictos de título de propiedad, sino simplemente para recobrar la posesión o tenencia de bienes inmuebles que se han estado poseyendo durante el año inmediatamente anterior a la radicación de la demanda, téngase o no derecho a la posesión del inmueble.
“La prueba del demandante no nos satisface ni nos ha demos-trado que el demandante haya estado en posesión del solar en con-troversia durante el año inmediatamente anterior a la radicación de la demanda y por lo tanto procede que se dicte en este caso una sen-tencia declarando sin lugar la demanda con costas al demandante.”

No coforme el demandante apeló para ante esta Corte Su-prema. Señala en su alegato la comisión de diez y nueve errores. Los quince primeros se refieren a la práctica de la prueba, el diez y seis y el diez y siete al peso de la misma y el diez y ocho y el diez.y nueve a la sentencia en general y a la imposición de costas en particular.

Hemos examinado cuidadosamente, además de la exposición del caso, el pliego de excepciones y los argumen-tos contenidos en los alegatos de las partes en relación con los quince primeros errores y a nnestro juicio ninguno que pueda estimarse perjudicial fué cometido. Lo que estaba en disputa no era el título a la propiedad, sino el hecho de la posesión material del terreno por un año. A puede tener perfecto derecho al dominio y por consiguiente a la posesión de una finca y sin embargo si la finca fué ocupada durante un año con anterioridad a la demanda por B, A no puede ejercitar contra B el interdicto posesorio. Para hacer valer su derecho debe recurrir a los otros medios que la ley le concede. Esto ha sido resuelto por este tribunal en repetidos casos. Y examinados todos los señalamientos de error a la luz de ese principiq, se llega a la conclusión que dejamos ex-puesta.

Con respecto a los errores que se refieren al peso de la evidencia diremos que tampoco fueron cometidos. Hemos examinado la prueba. Es contradictoria. Y a virtud de nuestro propio análisis de la misma, no nos sentimos autori-zados para concluir que el juez erró al dirimir el conflicto, es-pecialmente habiendo inspeccionado como inspeccionó dicho juez personalmente el terreno.

La sentencia dictada es. la consecuencia lógica de las ale-gaciones y las pruebas. No existe el error mareado con el número diez y ocho.

El señalamiento diez y nueve y último se argumenta así:

“Consideramos injusta la imposición de costas al demandante, aun cuando no procediera la revocación de la sentencia. Para que pro-ceda la imposición de costas debe probarse temeridad en la parte condenada, y el demandante en este caso, aun cuando no demostrara que no tiene razón, ha presentado pruebas suficientes para demostrar que se ha creído razonablemente el poseedor del terreno. Considera-mos que dadas las circunstancias relatadas la Corte usó mal de su discreción al imponerle las costas de los demandados.”

En un caso de esta naturaleza, ni siquiera podemos entrar a discutir la discreción de la corte. Véase lo que se resolvió en el caso de Solís v. Castro, 36 D.P.R. 314, 315, que invoca el interventor apelado:

“La sección 5a. de la Ley No. 43, aprobada en marzo 13, 1913, dice:
“ ‘La Corte dictará setencia sin demora indebida. Se impondrán las costas a la parte contra la cual se dictare sentencia.’
“En el caso- de Ortiz v. Silva et al., 28 D.P.R. 418, se interpretó dicha sección y despnés de transcribirse, esta corte dijo: ‘La ley es clara y no necesita ser interpretada. Habiéndose dictado sentencia contra los demandados debieron imponérseles las costas por precepto imperativo de la Ley, y procede por tanto la revocación de dicha sentencia en la parte en que ha sido apelada por el demandante.’
“El caso reciente de El Pueblo v. Oms, 35 D'-.P.R. 757, por ana-logía es también de aplicación.’’

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Presentación Paz Vda. de Barletta, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 869.

    Sometido: Julio 5, 1932.

      Resuelto: Julio 22, 1932.

      Oscar Sonffront, abogado de la recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión, del tribunal.

La sociedad civil regular colectiva Sucesores de BiancM fué disuelta por escritura pública otorgada el año 1925 sin que fuera nombrada persona alguna para su liquidación. Todas las personas que formaron esa sociedad otorgaron es-critura pública en 1930 por la que vendieron a Presentación Paz Yda. de Barletta una casa terrera que está inscrita en el registro de la propiedad a nombre de dicha sociedad, por precio que confesaron haber recibido antes de la disolución. Esas escrituras fueron presentadas en el registro de la pro-piedad para la inscripción de la venta pero el registrador la negó por lo siguiente: “Porque de ambos documentos apa-rece que la mencionada sociedad fué disuelta y extinguida en el año 1925 para todos sus efectos legales, y por el primera de los mismos, los socios que la componían, que son personas distintas de dicha sociedad, después de cinco años de extin-guida la reviven y asumiendo su antiguo carácter, venden por palabra de presente una finca urbana inscrita aún en este re7 gistro a nombre de dicha sociedad, acto que estaban impedidos de realizar por carecer de capacidad y facultades para con-tratar a nombre de dicha sociedad y estar la finca inscrita en el registro de la propiedad a nombre de persona distinta de los otorgantes, como antes se dice, por lo cual la venta a que se contrae el documento denegado carece de eficacia legal, no obstante la frase que aparece en el mismo de que el importe de la venta fué recibido antes de la disolución de la predicha sociedad, lo que está en contradicción con la venta de presente antes aludida.” Contra esta negativa interpuso la compradora el presente recurso.

La disolución de una sociedad es sn extinción, su muerte civil o mercantil, según sea su naturaleza. Una sociedad disuelta no tiene vida como tal sociedad y por esto los socios que la formaron no pueden actuar en nombre de ella y carecen de capacidad legal para enajenar a nombre de tal sociedad disuelta bienes a ella pertenecientes. Es cierto que el artículo 229 del Código de Comercio aplicable a este caso por disposición del artículo 1572 del Código Civil, dis-pone que cuando al ser disueltas las sociedades colectivas o en comandita no se hubiere nombrado liquidador queda-rán encargadas de su liquidación los que hubiesen tenido la administración del caudal social, si no hay contradicción por parte de los socios, pero ese precepto no es aplicable al caso presente porque la venta que motiva este recurso ha ■sido hecha por los que formaron la sociedad y en nombre de la misma después de estar disuelta, sin que le dé validez el hecho de que en la escritura se diga que el precio de la enajenación fué recibido antes de ser disuelta la sociedad, porque no altera la incapacidad en que después de disuelta estaban los que fueron socios para otorgar documentos de traspaso en nombre de la sociedad disuelta.

La resolution recurrida debe ser confirmada.


text:
    Gabriel Palerm, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 835.

    Sometido: Mayo 23, 1932.

      Resuelto: Julio 22, 1932.

      J$. Rincón y L. Muñoz Morales, abogados del peticionario; Carlos J. Torres, abogado de la demandante en el pleito principal.

       Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En nn procedimiento ordinario establecido para el cobro de una cantidad de dinero garantizada con hipoteca de un solar con casa se alegó que el deudor se comprometió a tener asegurada la casa contra incendio, que la casa fuá destruida por fuego y que la compañía aseguradora ba. convenido con el demandado en pagar por el siniestro cierta cantidad de dinero. Se solicitó y se decretó el embargo de esa cantidad y posteriormente el demandado compareció ante la corte mani-festando que había sido embargado ese dinero en poder de la compañía aseguradora y que ofrecía fianza para que el embargo fuese levantado. La corte de distrito se negó a la pe-tición del demandado quien acudió ante nosotros en proce-dimiento de certiorari contra dicha resolución y librado el auto solicitado hemos oído a las partes.

Según los artículos 110 y 111 de la Ley Hipotecaria la hipoteca se extiende al importe de las indemnizaciones con-cedidas o debidas al propietario por los aseguradores de los bienes hipotecados, las que se entenderán hipotecadas con-juntamente con la finca aunque no se mencionen en el con-trato siempre que haya tenido lugar el siniestro después de constituida la hipoteca. Como consecuencia de esos precep-tos la cantidad de la indemnización substituye a la casa des-truida por el incendio y ocupa su lugar en la hipoteca. Por •esto, aunque un embargo de dinero puede ser substituido por una fianza de acuerdo con la sección 15 de la ley de 1902 para asegurar la efectividad de las sentencias, sin embargo, en ca-sos como el presente tal afianzamiento no es procedente por-que no se trata de un embargo corriente sino de un dinero que por disposición de la ley substituye a la casa hipotecada y que debe ser depositado hasta que la obligación sea can-celada según dispone el artículo 161 del Reglamento de la Ley Hipotecaria, por lo que debe estar por sí misma sujeta a las resultas de la hipoteca y no quedar subordinada a una fianza que pnede requerir procedimientos posteriores contra los fiadores en caso de que el deudor principal no devolviese el dinero.

Un acreedor hipotecario en un procedimiento ejecutivo se-guido de acuerdo con la Ley Hipotecaria y su reglamento tiene derecho a que si no se le paga su crédito dentro del tér-mino fijado por la ley se venda en pública subasta la finca sin ulteriores procedimientos para el cobro; y si existe una indemnización por una casa asegurada y destruida, el precio de aquélla forma parte de lo que ha de recibir el acreedor y puede ser retenido para tal fin; retención o embargo que no debe ser substituido por una fianza porque convertiría el procedimiento sumario ejecutivo en contencioso para cobrar de los fiadores y ése no es el espíritu de la Ley Hipotecaria que quiso dar a los acreedores hipotecarios un procedimiento rápido y sumario para el cobro de sus créditos en beneficio de la propiedad territorial.

Lo dicho es aplicable al cobro de una deuda hipotecaria en un procedimiento ordinario porque tiende a facilitar la obtención de dinero sobre propiedad inmueble.

Por lo expuesto no■ era procedente en este caso el afianza - miento del dinero de tal clase embargado y el auto de cer-tiorari debe ser anulado.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Hutchison disintieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    José Puig Morales, demandante y apelado, v. J. Antonio Lorden, demandado y apelado.
    No. 5436.

    Sometido: Abril 22, 1932.

      Resuelto: Julio 22, 1932.

      A. L. López, abogado del apelante; F. González Fagundo, B. Rivera Z¡ayas y José Puig Morales, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado apela de una sentencia a favor del demandante en un recurso de injunction para recobrar la posesión de ciertos bienes inmuebles y alega que la corte de distrito cometió error al resolver que el demadado era una parte necesaria. La contención del letrado en la corte de distrito fué que el demandado no era una parte apropiada toda vez que babía actuado como representante de la Iglesia Católica, Apostólica, Eomana, y no a nombre propio. El juez de distrito llegó a la conclusión de que el demandado no había establecido, mediante prueba, su calidad de representante, pero resolvió que la cuestión de si el demandado actuaba a nombre de otro o en beneficio propio carecía de importancia. El juez no dijo que el demandado era una parte necesaria.. El hecho prácticamente incontrovertido es que la obra que interrumpió la posesión del demandante se realizaba por orden del demandado, que cuando el demandante protestó, el demandado asumió la responsabilidad de lo que se hacía y manifestó que consultaría con su abogado. El demandado era una parte apropiada, de no ser una parte necesaria, y el juez de distrito no cometió error al resolver que la cuestión de si el demandado actuó o no en su calidad de representante era impertinente.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito-erró al resolver que el demandante tenía derecho a instituir este procedimiento. La cuestión, según ha sido tratada en el alegato del apelante, es si la posesión o dominio ejercido por el demandante sobre la faja en controversia se tenía so color de algún derecho a tal posesión o dominio.

La faja misma es un espacio abierto entre una casa, pro-piedad’ del demandante, y el atrio de la iglesia. Hasta el día del incidente que dió origen al presente recurso estaba sepa-rada del atrio de la' iglesia por una pared baja. Un causante del demandante adquirió la casa en 1864 de los herederos de un anterior dueño. Posteriormente fué inscrita en el registro de la propiedad como lindante en el sur por una callejuela que la separaba del atrio de la iglesia. Sin embargo, el asiento dice que en un expediente posesorio anterior se des-cribía la casa como que lindaba por ambos lados con otros bienes pertenecientes al dueño de ella. Parece ser un hecho admitido que la casa está enclavada en un solar pertene-ciente al municipio, aunque ese hecho no aparece de la ins-cripción en el registro. El dueño de la casa en 1909, con el consentimiento del municipio, convirtió en tanques sépticos dos sumideros que anteriormente habían sido hechos en el espacio en descubierto, cubriendo el espacio mismo de con-creto. En agosto de 1911 el Concejo Municipal aprobó una resolución que lee en parte como sigue:

“Quedan autorizados los vecinos colindantes con la iglesia parro-quial de esta ciudad para proceder a cercar los patios y corrales de sus casas, según las órdenes que les ha transmitido' el oficial de Sa-nidad de esta Zona, pudiendo llegar’ con dichas cercas hasta las pa-redes del atrio de aquella Iglesia, entendiéndose que en los callejones fronterizos al parque Palmer deberán colocarse verjas de hierro, o en su defecto de madera bien pintadas para que el ornato resulte bene-ficiado. Los planos de estas verjas deberán someterse al Concejo para su aprobación.”

Entonces un anterior dueño de la casa puso puertas de hierro en las dos entradas de dicho espacio. Antes o des-pués del día últimamente mencionado se cavó un aljibe. En ■qua ocasión el actual dueño concedió permiso a uno de sus vecinos para que pusiera ciertos materiales de construcción por algún tiempo en dicho espacio. En enero de 1930 el al-calde escribió al actual dueño de la casa lo siguiente:

“El portador, Francisco Torres, ‘Andarín’ que desea participar en las fiestas de la Legión, ha solicitado permiso para hacerlo en la Plaza; como no podemos conceder el permiso de acuerdo con la última ordenanza de la Asamblea Municipal, hemos pensado que tal vez Ud. podría permitirle que lo haga en el callejón que hay entre su casa y la Iglesia con lo cual contribuiríamos a la animación de la fiesta, y nosotros lo agradeceríamos.”

El actual dueño y los dueños anteriores sucesivos de la casa durante muchos años han estado en la posesión material y tenido el dominio de la faja en cuestión so color de algún derecho para tal posesión y dominio. La asamblea municipal, por lo menos en una ocasión, y el alcalde en otra ocasión, parecen haber considerado la misma como anexa a la casa perteneciente ahora al demandante. Por tanto, la corte de distrito no cometió error al resolver que el deman-m andante tenía derecho a instituir este procedimiento.

Las contenciones tercera y cuarta del apelante, a saber, que la corte de distrito erró al declarar que el demandante estaba en la posesión de la faja de terreno en cuestión en 12 de febrero de 1930, y al no condenar al demandante al pago de costas, carecen igualmente de mérito.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchinson

text:
    Francisco y Miguel Ballester, como socios haciendo negocios bajo la razón social de Ballester Hermanos, demandante y apelada v. Carstens Packing Co., demandada y apelante.
    No. 5577.

    Sometido: Noviembre 25, 1931.

      Resuelto: Julio 22, 1932.

      Hartzell, Kelley & Hartzell y F. Ramírez de Arellano, abogados de la apelante; Molina, DiCbón & Ochoteco, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchinson

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, que en lo sucesivo se le designará con el nombre de Ballester, obtuvo sentencia contra la demandada, que en lo sucesivo se le designará como Carstens, por daños y perjuicios provenientes de un incumplimiento de contrato. La cuestión principal es cuál fué el contrato entre las partes, o, más específicamente, si hubo una novación o modificación del pacto original.

El contrato original se refería a la compra de cierta can-tidad de manteca que debía ser despachada en tres embar-ques: uno durante la primera quincena de septiembre, el otro durante la última quincena de septiembre y el tercero durante la- primera quincena de octubre. En octubre 4 Ba-llester cablegrafió a Carstens solicitando le explicara un ca-blegrama recibido de Carstens y preguntándole la fecha de salida de Tacoma del embarque correspondiente a la última quincena de septiembre, de haberlo hecho. En octubre 5 Carstens contestó: “Second lot shipped steamer Chas., McCormick September twenty-eighth steamer now in dry dock Seattle will arrive San Juan about November fourth sailing from Seattle about October fifteenth if buyers going to refuse lard account of delay in shipping we must know immediately so can divert shipments regret this occurrence.” En octu-bre 8 Ballester cablegrafió a Carstens pidiéndole que divir-tiera mil cajas y que no hiciera futuros embarques. Siguen otros cablegramas en orden cronológico. Octubre 11, de Carstens a Ballester: ‘ ‘ Charles McCormick sailing thirteenth have unloaded thousand cases shall we ship six hundred two thirty-sevens three hundred one fifties on this steamer which is second half September shipment your order September seventh stop shall we ship first half October same order nine hundred cases this steamer Answer quick.” Octubre 11, de Ballester a Carstens: “Understand McCormick bringing one thousand 2/37 ship same steamer Mayagiiez total nine hundred lithographed 1/50 thirteen dollars exactly alike samples received stop Telegraph sailing date next steamer.” Octubre 15, de Ballester a Carstens: “Very disappointed. Why do you not reply ¶ ’ ’ Octubre 16, de Carstens a Ballester: ‘ ‘ Shipped thousand cases two thirty-seven nine hundred cases one fifty stop next steamer due leave Tacoma October twenty-fifth.” Noviembre 13, de Ballester a Carstens: “Surprised McCormick arrived without shipments on this ground buyers have cancelled stop Bank advises documents indicate goods coming steamer Hauptman which sailed beyond contract time.” Noviembre 16, de Carstens a Ballester: “Hauptman. was first steamer to load at Tacoma we did best possible therefore expect you accept shipment.” Noviembre 18, de Ballester a Carstens: “Very sorry but buyers reject shipments your cables October fifth eleventh specified McCormick which was schedule second half September Tacoma Hauptman never mentioned otherwise we had stopped shipments.”

Carstens adujo por vía de defensa que había obtenido ea~ bida para 2,900 cajas de manteca en el vapor Charles McCormick que se esperaba partiera de Tacoma el 13 de octu-bre; que este vapor se hallaba en los astilleros de Seattle y debía llegar a San Juan alrededor del 4 de noviembre; que Carstens entonces cablegrafió indagando si Ballester se ne-garía a aceptar la manteca debido a la demora sufrida en el embarque- y que Ballester entonces rehusó la orden; que Carstens inmediatamente redujo la reserva de cabida para las 2,900 cajas a una reserva pax-a 1,900 cajas y como resul-tado de esta rebaja fué virtualmente imposible al vapor Charles McCormick tocar en Tacoma; que a fin de evitar demora innecesaria el embarque se hizo por el vapor Haupt-man que entonces estaba tomando carga en Tacoma y que estaba señalado para salir alrededor de la misma fecha que el McCormick, y salió para Puerto Bico el 13 de octubre; que los vapores Hauptman y McCormick llegaron a San Juan du-rante el mes de noviembre con sólo una diferencia de seis días entre las fechas de sus respectivas llegadas; que como el vapor McCormick se hallaba en los astilleros, tanto la com-pañía de vapores como Carstens estuvieron bajo la impresión, de que el vapor Hauptman sería el primero en llegar a Puerto Bico y que ésta fué la causa por la cual Carstens no cable-grafió a Ballester en relación con el cambio del barco en que se hizo el embarque.

Bealmente la única prueba para sostener estas alegacio-nes fué la información contenida en los cablegramas introdu-cidos por la demandante. Una prueba amplia difícilmente. podría haber afectado el resultado. Sin embargo, los hechos alegados en la contestación arrojan de soslayo una corriente de luz interesante sobre los cablegramas. Podría admitirse que Carstens, después de saber que el vapor McCormick no tocaría en Tacoma, trató de buena fe de dar cumplimiento al contrato en cuanto en aquel entonces le era posible. No obs-tante, Carstens no había informado a Ballester ni le comu-nicó entonces que se había reservado cabida en el vapor McCormick para 2,900 cajas, ni que la cabida así reservada había sido reducida a cabida para 1,900 cajas, ni que con mo-tivo de un cambio en el itinerario del vapor McCormick el despacho se haría por el vapor Hauptman. A Ballester se le había dado la seguridad de que Carstens había despachado el segundo embarque de manteca en septiembre 28 por el vapor Charles McCormick, que había tenido que ir a los asti-lleros de Seattle pero que saldría de Seattle en octubre 15 y que debía llegar a San Juan alrededor del 4 de noviembre. Esto fué seguido por la aseveración de que Carstens había desembarcado mil cajas y que el McCormick saldría en octu-bre 13. Esta aseveración estuvo unida a la indagación de si Carstens debía hacer un embarque adicional por el mismo vapor y a la súplica de que se contestara en seguida. Ballester inmediatamente cablegrafió su impresión de que el McCormick traía determinado embarque y dió órdenes adicionales para el transporte y entrega por el mismo vapor en Maya-güez. Este cablegrama permaneció sin contestar por espa-cio de cuatro días. Ballester. entonces expresó su desagrado y pidió que se le diera una explicación por la demora habida en la contestación. Ni aun entonces Carstens dió la explica-ción solicitada, ni corrigió la falsa impresión provocada en Ballester, sino que se conformó con decir que se habían des-pachado 1,900 cajas. Ballester, que había aceptado este em-barque, que Carstens manifestó haber sido hecho en septiem-bre 28 por vapor McCormick, tenía fundados motivos para creer que la manteca estaría disponible para ser entregada a sus parroquianos a la llegada del vapor McCormick a San Juan. La infructuosa, tentativa de embarcar por otro vapor y entregar la manteca en San Juan a la llegada del vapor McCormick o antes no fue ni el cumplimiento de un contrato para tal entrega ni una excusa suficiente por su incumpli-miento.

La fecha de embarque era un factor importante del con-trato original. Ese contrato fue modificado al aceptar Balles-ter un embarque que se decía haber sido efectuado en sep-tiembre 28 por un vapor cuya salida había sido demorada por haber tenido que ser enviado a los astilleros. Por consi-guiente, el elemento tiempo del contrato varió de la fecha de' embarque mencionada en el contrato original a la fecha de la .llegada del vapor McCormick a San Juan. La nueva obliga-ción asumida por Carstens era entregar la manteca en San Juan a la llegada del vapor McCormick o antes, en caso de no hacerse el embarque por dicho vapor McCormick. De estar envuelta entonces alguna fecha de partida, era la fecha de par-tida del vapor McCormick. El tiempo formaba todavía parte de la esencia del contrato pero el factor importante lo era ahora la fecha de entrega en San Juan que debía ser determi-nada por la fecha de llegada del McCormick. La fecha de cumplimiento, si se trataba de hacer el despacho por cual-quier otro vapor, era la del arribo del McCormick a San Juan, y no la fecha de partida ni la fecha de llegada del vapor. El nuevo contrato, o el contrato original tal cual quedó modificado, de. no ser un contrato para la entrega por el yapor McCormick a su llegada a San Juan, era por lo menos un contrato para entrega en San Juan a la llegada de dicho vapor o antes. El dejar de entregar en dicha fecha o antes por el vapor McCormick o por cualquier otro vapor, fue un incumplimiento del contrato.

• Si la corte de distrito cometió error, según alega la ape-lante, al sostener que el contrato era para embarque por el Charles McCormick en octubre 13, el error fué inofensivo. La corte no erró, según insiste también la apelante, al soste-ner qne la demandada dejó de cumplir sn contrato al em-barcar la manteca por el vapor Hauptman que zarpó cinco o seis días después que el McCormick.

Otra contención es que la corte de distrito erró al dictar sentencia en favor de la demandante sin que hubiera prueba de los daños y perjuicios o de la cuantía de los mismos. Francisco Ballester, teniendo ciertos documentos en sus manos, declaró que la mercantil había vendido toda la manteca en cuestión con una ganancia antes de la llegada del McCormick y que los daños y perjuicios ascendían a $769.01. No fué repreguntado pero más tarde declaró como testigo' de la demandada que se negó a aceptar la manteca a la. llegada del vapor Hauptman debido a que sus parroquianos se habían negado a aceptar la entrega posterior hecha por ellos; que la baja en precio no le afectó porque él había comprado y vendido; y que no hubiera sido él sino las personas que de él adquirieron quienes se habrían perjudicado con la baja o beneficiado con un alza en el mercado. La credibilidad de este testigo era cuestión a resolver por el juez sentenciador," que aceptó su declaración como cierta. No podemos convenir con el criterio de que la corroboración con la presentación de los contratos que el testigo manifestó tener en su poder en aquel entonces, o llamándose a los parroquianos mencionados por él, era necesaria a fin de presentar un caso prima facie. El haber perdido los beneficios de las ventas ya efectuadas para entrega a la llegada del vapor Charles McCormick fué una medida adecuada de daños y perjuicios. Véase el artículo 1059 del Código Civil (Revisión de 1930); Fernández v. Ortiz, 33 D.P.R. 6; Barr v. Henderson, 105 La. 691, 30 So. 158.

De existir el error atribuido a la corte inferior por mani-festar en su relación del caso y opinión que las negativas con-tenidas en la contestación no eran específicas y al no prestar debida atención a cierta evidencia tendente a demostrar que el Charles McCormick hubo que enviarlo a los astilleros de-bido a tener el timón roto, dicho error no daría lugar a la revocación.

Dehe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    José Rodríguez López, demandante y apelante, v. National Fire Insurance Company, demandada y apelada.
    No. 5740.

    Sometido: Noviembre 17, 1931.

      Resuelto: Julio 26, 1932

      García Méndez c& García Méndez, abogados del apelante; J. H. Brown, C. Buiz Nazwrio y G. E. González, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en una acción en cobro de una póliza de seguro contra incendio apela de una orden declarando con lugar una moción de traslado radicada por la demandada, e impugna la suficiencia de una declaración jurada suscrita por una persona que no era el agente y apoderado ni el representante de la compañía demandada. Si esta cuestión hubiera sido planteada en la corte inferior la demandada habría tenido la oportunidad de enmendar el “affidavit” defectuoso o de radicar otro, en caso de una resolución adversa por el juez de distrito. La cuestión llega demasiado tarde al ser presentada por primera vez en apelación.

La póliza fué expedida por la compañía y aceptada por el asegurado con sujeción a una cláusula que lee así:

“Las partes contratantes Convienen, sea cual fuere su residencia, en someter todas las cuestiones que surjan a consecuencia de este contrato a los jueces y tribunales de la ciudad de San Juan, Piierto Rico.”

La única otra contención del apelante es que la cláusula que acabamos de transcribir no tiene por objeto someterse a la jurisdicción de la Corte de Distrito de 'San Juan, y que si en tal sentido cabe interpretarla, ese convenio es contrario a derecho.

La teoría del apelante es que las palabras “jueces y tribunales de la ciudad de San Juan, Puerto Pico,” se refieren exclusivamente a los jueces municipales y a las cortes muni-cipales en y para el distrito municipal de San Juan, que— insiste el apelante — son los tínicos “jueces y tribunales de la ciudad de San Juan, Puerto Pico.” A nuestro juicio, ése es un punto de vista muy estrecho. Pasa por alto la necesi-dad de dar efecto a las palabras “todas las cuestiones que surjan a consecuencia de este contrato.” Ciertamente, me-diante el uso de tal fraseología, las partes no tuvieron por mira excluir todas las cuestiones que envolvieran más' de $500. Tampoco puede sostenerse seriamente que ellas se propusie-ran someter casos que envolviesen más de esa cantidad a las cortes municipales de San Juan, cuya jurisdicción, al igual que la de otras cortes municipales, se limita a casos que en-vuelven $500, incluyendo intereses. (Estatutos Compilados 1911, Sección 1173.) Segregada e interpretada aisladamente por el apelante, la frase “jueces y tribunales de la ciudad de San Juan, Puerto Pico” no describe las cortes municipa-les con mayor presteza que la de distrito. Se ha.ee referen-cia al sitio del juicio sin mencionar bien la cuantía jurisdic-cional envuelta o la jurisdicción territorial de la corte. El significado de la cláusula es que cualquier caso que dimane del contrato, ya sea la cuantía litigiosa $50 ó $50,000, ha de ser juzgado en San Juan.

La contención restante de que el convenio de someter to-das las cuestiones que surgieran del contrato a las cortes de San Juan es contrario a derecho, fué resuelta por este tribunal en Colón v. Royal Insurance Company, 40 D.P.R. 330. Nos ceñimos a la conclusión a que allí se llegó, a saber, que el lugar del juicio de un caso de esta naturaleza puede ser predeterminado por convenio de las partes en el contrato en que se basa la acción.

Debe confirmarse la orden apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Ascensión P. Valdivieso y Torruella, demandante, apelante y apelada, v. Carlos L. Chardón, demandado, apelado y apelante.
    No. 5539.

    Sometido: Enero 15, 1932.

      Resuelto: Julio 26, 1932.

      Francisco Parra Capó y Agustín E. Font, abogados de la deman-dante apelante; Rafael Rivera Zanjas y Leopoldo Tonnes, abo-gados del demandado.

       Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Una esposa entabló pleito de divorcio y el marido radicó contrademanda. La corte de distrito, después de un juicio sobre los méritos, desestimó ambas acciones. Las dos partes han apelado, y ambas señalan como error pasión y prejuicio en la apreciación de la prneba. Los antos no revelan pre-juicio contra ninguna de las partes ni prejuicio o pasión al-gunos en ningún otro sentido en tal grado que justifiquen, sin más, a este tribunal en variar el resultado.

Tampoco hallamos un error tan manifiesto en la aprecia-ción de la prueba del demandado que justifique la revoca-ción de la sentencia en lo atinente a la desestimación de la contrademanda. A ese respecto la sentencia no es contraria a derecho ni a la prueba, como sostiene el demandado. Las razones apuntadas para rechazar el testimonio de la deman-dante, sin embargo, no se han expuesto con tanta claridad, ni son tan persuasivas, como las expresadas por el juez senten-ciador como determinantes de su negativa a creer la prueba del demandado. Ambas acciones se fundaron en trato cruel. Nuestra única duda en el caso ha sido si los hechos estable-cidos por la demandante equivalen o no a aquel trato cruel que constituya una causa para el divorcio. Nuestra conclu-sión es que la constituye.

La demanda contenía la alegación de

“Que la demandante pertenece a una familia que por sus rela-ciones y su posición estuvo en condiciones de darle y le dió una edu-cación esmerada, fundada en principios religiosos y de respeto social y familiar, haciendo de ella una mujer de sentimientos delicados, amante del .hogar, devota de sus familiares y muy sensible a las du-rezas de un trato áspero y humillante.”

La contestación admitió la veracidad de esa alegación.

Uno de los primeros incidentes en la vida conyugal de este matrimonio fue un disgusto durante el almuerzo. La única prole, una hija, tenía a la sazón algo más de un año de edad. 'Se habían servido cangrejos y el hermano de la esposa dió a la niña una boca o un pedacito de carne de can-grejo. El marido se opuso. La esposa dijo que no tenía nada de particular. El esposo dijo a su consorte que ella era “una mujer canalla,” y se fué de la mesa. La hermana de Ir esposa le dijo a él: “ Carlos, mi hermana no le ha hecho nada para eso.” El contestó que sn mnjer era ana sinver-güenza. Entonces él se fné de la casa. La esposa fné donde nn cuñado del marido y le relató lo sucedido. Varios días después el cuñado aconsejó a la esposa que consultara a un abog’ado. Cuando el marido volvió, luego de una ausencia de una o dos semanas, advirtió que lo hacía sin condiciones de clase alguna, y que no estaba asumiendo ninguna obli-gación.

Posteriormente la esposa contrajo una bronquitis que ella atribuyó al maltrato que le había dado su marido. La bron-quitis degeneró en pulmonía. La alcoba contigua a la de la esposa estaba ocupada por la hermana de ésta y la niña. El marido se llevó a la niña a otra parte de la casa. La esposa dijo que si su cuñado hubiera estado allí esto no habría ocu-rrido. La respuesta fué: “Ahora comprendo que tú eres la mujer más canalla y sinvergüenza que hay.”

Antes de su matrimonio la esposa había heredado algu-nos bienes. Marido y mujer vivían en una casa pertene-ciente a la esposa y a sus hermanos y hermanas. El marido no contribuía a los gastos del hogar. La mayoría de las riñas eran en torno a-1 dinero. El esposo estaba .levantando una vaquería, en la que invertía casi todo su sueldo, y a veces necesitaba dinero. En ciertas ocasiones, cuando su ésposa se negaba a darle alguno, él la amenazaba con enta-blar procedimiento de divorcio y con llevarse la' niña. En una de estas ocasiones él trató de darle un puntapié. Cierta vez la esposa le entregó $3,500. Ella se negó a darle $6,500 requerídosle posteriormente.

■ Las relaciones conyugales habían cesado unos dos años antes de radicarse' la demanda en el presente caso. Estas relaciones fueron rotas por el marido. Se convirtió en un hombre taciturno, frío e indiferente. Él mismo dice que sólo hablaba a su esposa cuando era necesario. A veces él permi-tía que su mujer le sirviera la comida en la mesa. Otras veces no aceptaba esta cortesía. Al ser entrevistado por el abogado de sn esposa en presencia de ésta y de sn hermana varios meses antes de iniciarse esta acción, él insistió en que nn divorcio era la única solución posible.

Algunas de las primeras ofensas fueron condonadas. Otras no. La actitud finalmente asumida por el esposo y en la que persistió continuamente durante un período de varios años, era por sí misma un motivo suficiente para el divorcio. Fué tan sólo cuando la situación en que se colocó a la esposa llegó a ser intolerable y únicamente después que el marido, cuando alguien se le acercó para indagar respecto a la posi-bilidad de una conciliación, babía resultado inexorable, que se inició el presente procedimiento.

Debe revocarse la parte de la sentencia apelada que de-sestimó la demanda y dirtarse sentencia a favor de la de-mandante, con costas. En cuanto a la desestimación de la contrademanda se refiere, la sentencia de la corte de distrito debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.