text:
    Rodríguez, Demandante y Apelante, v. Reyes et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en nn caso sobre tercería de bienes inmuebles.
    No. 1129.
    Resuelto en junio 23, 1914.
    Tercería de Bienes Inmuebles — Demanda Defectuosa — Conclusiones de De-recho. — La demanda en este caso alega que la finca embargada incluye un martillo de la casa del demandante, pero de la descripción de ambas casas no se desprende que la finca del demandante. colinde con la del demandado. Se resolvió que la demanda es defectuosa porque la alegación anterior es una conclusión de derecho.
    Id. — Objeto Esencial de la Acción — Entrega de los Bienes Embargados — El objeto esencial de una demanda de tercería de bienes inmuebles es recla-mar el dominio y devolución de la finca embargada, o de una parte específica de la misma.
    Ip. — Embargo de Parte de una Oasa del Demandante — Actos Ejecutados por el Marshal. — Cuando se reclaman bienes erróneamente embargados por el marshal, sin que haya constancia alguna en la transcripción de autos acerca de si el márshal devolvió el mandamiento de embargo, diligenciado, o envió una descripción de los bienes a la corte o al registro de la propiedad, o si tomó posesión material de los mismos, carece de base este tribunal para poder apreciar si en realidad el demandante ha sufrido perjuicio alguno por haber sido privado de parte de sus bienes.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Br. Francisco González.

    Abogados de la apelada Yitalina Reyes Peña: Sres. Aponte é Aponte.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda qne ba sido presentada en este caso se alega sustanciabnente qne Branlio Rodrígnez Pérez demanda a Vitalina Reyes Peña y a la Sucesión de Plácido y Francisco Rodríguez; que el demandante es el dueño del siguiente solar y la qne sigue es una descripción suficiente para los fines de este caso, a saber: una casa que mide diez metros, quince centímetros de frente, por trece metros, ochenta centí-metros de fondo, con una prolongación o martillo' á la izquierda entrando de trece metros, treinta y tres centímetros de largo, por cinco metros cuarenta centímetros de ancho. El solar •es propiedad del municipio de Humacao y mide once metros de frente, diez por su fondo, y veinte y seis metros, veinte y cinco centímetros por cada costado. Colinda todo, casa y solar por su derecha entrando, con casa de Doña Vitalina Beyes y sucesión de Francisco Rodríguez; por la izquierda, con casa de los esposos Don Alfonso Faura y Ríos y Doña Orosia de Lema a la que se encuentra unida en su cuerpo principal, y con un solar vacante que antes ocupaba una casa de Doña Juana Font; por su fondo con patio de la casa de Doña Vitalina Reyes; y por su frente, con la citada calle de Santa Rosa. Que en el caso No. 2923, continúa expresando el demandante, que fue seguido ante la Corte de Distrito de Humacao por Vitalina Reyes Peña contra la Sucesión Plá-cido y Francisco Rodríguez, el marshal de dicha corte, para asegurar la efectividad de la sentencia, trabó embargo sobre la siguiente finca: Casa de madera situada en la calle de “La Cruz,” de la ciudad de Humacao, en lindes por su frente con la citada calle o sea el Este, por su derecha entrando que es el norte con casa de Doña Monserrate Peña, antes, hoy Doña Pilar Ruiz, por su izquierda, o sea el sur, con otra casa de la propiedad de Doña Pilar Ruiz, antes de la citada Doña Monserrate Peña, y por su fondo, que es el oeste, con fondos de Don Ulises Martínez y Don Ramón Granado, antes, hoy Don Alfonso Faura. Que en el embargo a que se ha hecho referencia se comprende indebidamente la prolongación o martillo de la casa del demandante, en una extensión de diez metros cuarenta centímetros de largo y se alega además que -la casa embargada no colinda con Alfonso Faura ni colin-daba anteriormente con Ulises Martínez y Ramón Granado. Y el demandante suplicó a la corte que el martillo- de la casa del demandante en una extensión de 10 metros 40 centíme-tros de largo, quede excluido del embargo.

La acción establecida fué ciertamente una de tercería de bienes inmuebles. Los demandados formularon una excep-ción previa fundada en que la demanda no aducía hechos suficientes para constituir una causa de acción, cuya excep-ción fué declarada con lugar por la corte, basándose en que la acción de tercería de bienes inmuebles tiene por objeto librar determinada propiedad inmueble perteneciente a ter-ceras personas, de embargos erróneamente trabados, y que es fundamento. para el ejercicio de la acción, alegar que se tiene la propiedad de los bienes embargados; que en el pre-sente caso se trabó un embargo sobre determinada finca que por su naturaleza es indivisible, y si las colindancias de la finca embargada eran distintas o habían sido alteradas, y como resultado de dicha alteración se comprendía-indebida-mente parte del martillo de otra casa, la acción procedente sería una sobre reivindicación de propiedad o deslinde.

En la demanda se alega que la finca descrita comprende parte del martillo de la casa del demandante, pero según hemos podido ver de los hechos contenidos en la descripción que se hace de las dos propiedades, esta afirmación es una conclusión del demandante y no una deducción de los referi-dos hechos o descripción. Entendemos que la demanda es defectuosa por esta razón solamente puesto que según los términos con que se describen estas dos propiedades fellas no coinciden o está comprendida una dentro de la otra.

Además, estamos de acuerdo con la corte inferior y los apelados en que en una demanda sobre tercería de bienes inmuebles debe el demandante alegar que tiene la propiedad de los bienes que reclama, así como la devolución de los que han sido embargados o una parte determinada de los mismos.

Una de las dificultades que presenta este caso es que no sabemos con exactitud las medidas que fueron tomadas por el márshal. Expresa el demandante que el márshal embargó cierta propiedad que se describe, pero no tenemos conoci-miento alguno de si dicho márshal hizo algún diligenciamiento o si remitió alguna descripción a la corte o al registro de la propiedad o si realmente tomó posesión del martillo que se alega estar comprendido en el embargo. Hasta tanto no sepamos categóricamente que determinada propiedad del de-mandante fné embargada n' ocupada por el mársbal no pode-mos declarar que dicho demandante haya sufrido algún per-juicio. Puede suceder que nunca haya de ser perturbado en su posesión o en su derecho sobre la misma.

De la demanda no aparece de modo alguno el derecho del demandante y debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pbesidente Sb. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Sucesores de José Martínez, Demandantes y Apelados, v. Tómás Dávila & Co., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., contra resolución concediendo un nuevo juicio en un casq sobre cobro de una cantidad de dinero..
    No. 1137.
    Resuelto en junio 23, 1914.
    Nuevo Juicio — Debajo de la Sentencia — Desestimación de Apelación. — De acuerdo eon el artículo 301 del Código de Enjuiciamiento Civil en relación con el 225 del mismo Código, el legajo de la sentencia es parte indispensable de la transcripción de autos en una apelación contra orden concediendo o-denegando un nuevo juicio, y cuando se omite dicho legajo procede la deses-timación de la apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelados: Sres. Bosch y Soto.

    Abogado de los apelantes: Sr. Cay. Coll Cuchí.

   El Juez Pbesidente Sb. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de resolver un recurso de apelación contra orden de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., concediendo un nuevo juicio en el caso arriba expresado.

Ha venido' a esta Corte Suprema para la decisión del recurso, una transcripción de> autos en que aparecen copiados los siguientes documentos: (a) escrito de la parte deman-dante manifestando sn propósito de solicitar nn nnevo juicio por el fundamento de accidente o sorpresa que la ordinaria prudencia no pudo prevenir, cuya solicitud se basaría en ■affidavits de que oportunamente se daría copia a la parte contraria y serían presentados a la corte dentro del término legal; (b) moción de nuevo juicio por la causa ya expresada, consistente ésta en que durante el juicio del caso la parte demandante presentó testigos y extractos de cuentas para-probar su reclamación, a cuya prueba se opuso la parte de-mandada porque los libros mercantiles eran los que habían de constituir prueba necésaria y exclusiva de la deuda recla-mada, objeción que desestimó la corte, admitiendo la prueba propuesta, y dando así lugar a que el demandante estimara • innecesaria la presentación de- tales libros en la seguridad de que la corte,, congruente con su decisión, no- desestimaría la demanda como luego la desestimó por falta de esa prueba; (c) dos affidavits tendentes a comprobar el becbo determi-mante de la sorpresa'alegada; (d) orden de la corte de 6 de marzo del corriente año declarando con lugar la moción de nuevo juicio; (e) escrito de la parte demandada apelando de la orden antedicha para ante esta Corte Suprema; (/) cer-tificación del secretario de la corte inferior haciendo constar que el récord está constituido por una copia literal y exacta de todas las alegaciones, órdenes y documentos usados en la moción de nuevo juicio.

Entendemos que la transcripción presentada no contiene ■ todos los documentos necesarios para la decisión del recurso. Yeámoslo.

El artículo 3D1 del Código de Enjuiciamiento Civil ordena que en la apelación centra una providencia concediendo o denegando un nuevo juicio, el apelante deberá presentar a la corte de apelación, una copia de la notificación del recurso interpuesto, de la providencia apelada, y dé los documentos indicados en el artículo 225 de dicho código. Y ese artículo 225 estatuye que el legajo de la sentencia y las declaraciones escritas y juradas, o los autos y legajos del pleito, o el pliego de excepciones o la exposición, según el caso, que se hubie-ran utilizado en la vista, con una copia de la resolución dic-tada, constituirán el récord que ha de ser usado en la apela-ción de una orden concediendo o denegando nn nuevo juicio, a menos que la moción se hubiere hecho fundándose en las minutas de la corte, en cuyo caso el legajo de la sentencia, una exposición que se hará al efecto, y la copia de la resolución . impugnada, constituirán los autos para la apelación.

El artículo 233 define cuales son los documentos que cons-tituyen el legajo de la sentencia que, fuera del caso de rebel-día, son las alegaciones, copia de la decisión de la corte o árbitro, todos los pliegos de excepciones formulados y pre-sentados, y copia de cualquiera resolución recaída respecto de alguna excepción previa o referente a un cambio o sustitu-ción de partes, y copia de la sentencia.

Relacionados y combinados los preceptos de los artículos 225; y 301 del Código de Enjuiciamiento Civil, no hay la menor duda de que el legajo de la sentencia forma parte del récord que ha de servir para la decisión del recurso de apelación Contra orden concediendo o denegando un nuevo juicio. Así lo decidió esta Corte Suprema al conocer en el caso de Pérez et al. v. Romano et al., 18 D. P. R., 318, de una moción de la parte apelada para que se eliminara del récord la demanda, contestación, conclusiones de la corte y la sentencia, por el fundamento de que en una apelación contra orden denega-toria de nuevo juicio no debía incluirse en los autos el legajo de la sentencia. “Para que la corte” dijimos entonces, “pueda estar en condiciones de conocer cuáles fueron las cuestiones propuestas por las partes, se hace necesario que las alegaciones, conclusiones de la Corte y sentencia se nos remitan con la correspondiente certificación. Esto debe ha-cerse de conformidad con las disposiciones del artículo 225 del Código de Enjuiciamiento Civil. Las sentencias de California se pronuncian en igual sentido. Mendocino Co. v. Peters, 82 Pac. Rep., 1122; Kimple v. Conway, 69 Cal., 71, 73.” Véase además el caso de Louiel v. Vázquez, 19 D. P. R., 623.

La parte apelante lia dejado de incluir en el récord, copia del legajo de la sentencia, infringiendo así los artículos 225 y 301 del Código de Enjuiciamiento Civil, e incurriendo por tanto en la sanción que marca el artículo 303 preceptivo de que si el apelante dejare de presentar los documentos reque-ridos para resolver el recurso de apelación, éste debe ser desestimado.

Procede desestimar la apelación contra la orden de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., de 6 de marzo del corriente año.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Cuevas, Demandante y Apelado, v. Cartagena, Demandado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente' de la Corte de Distrito de Ponce en un caso de habeas corpus.

    Moción del apelado para que se desestime la apelación.
    No. 1170.
    Resuelto en junio 23, 1914.
    Habeas Corpus — Desestimación de Apelación — Radicación de la Transcrip- , ción de Autos. — El hecho de que la parte apelante en un caso de habeas corpus no haya radieado la transcripción de autos en el Tribunal Supremo, no es motivo para desestimar la apelación a instancia de la parte ajpelada, pues de acuerdo con la ley sobre habeas corpus de marzo 12, 1903, no es el apelante, sino el juez o tribunal apelado, el que tiene el deber de remitir los autos al Tribunal Supremo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelado: Sr. Fernando Fornaris.

    El apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso la parte demandante archivó nna mo-ción pidiendo a este tribunal que desestime el recurso de ape-lación interpuesto contra la resolución final dictada en el mismo por la Corte de Distrito de Ponce.

Se trata de un caso de habeas corpus y la moción de deses-timación se basa en que el demandado no ha registrado a su debido tiempo la transcripción de los autos en la Secretaría de este Tribunal Supremo. El demandante invoca en apoyo de su petición la sección 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Opinamos que debe declararse sin lugar la moción, porque las apelaciones en casos de habeas corpus se rigen por una ley especial sobre la materia, decretada por la Asamblea Legislativa en 1903, que dispone en su sección 3 que una vez que el recurso sea debidamente interpuesto nb quedará anulado por virtud de ningún incidente o acontecimiento que pudiere sobrevenir después de dictada la resolución definitiva, excep-ción hecha de la muerte del prisionero, y que impone en su sección 4, no al apelante sino al juez o tribunal apelado, el deber de remitir los autos al Tribunal Supremo.

Debe, en su consecuencia, declararse sin lugar la moción solicitando la desestimación del recurso.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wqlf, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cerecedo, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por venta de billetes de lotería.
    No. 671.
    Resuelto en junio 23, 1914.
    Excepciones — Objeción a una Pregunta Sugestiva — Necesidad de Insertar en el Récord la Pregunta.- — Cuando se objeta una pregunta por ser suges-tiva, para que el Tribunal Supremo pueda resolver la excepción formulada por haber sido desestimada dicha objeción, es necesario que se incluya en el récord la pregunta exacta que se alega ser sugestiva.
    Ekrokes que ho 'Perjudican al Acusado — Admisión de Prueba Provisional-mente — Eliminación de Dicha Prueba. — Cuando en un juicio ante la corte sin jurado, el juez permite que la contestación objetada de un testigo quede en el récord con carácter provisional, si la parte que hizo la objeción no insistió posteriormente en que se eliminara del récord dicha contestación, y, además, prescindiendo de ella, el resto de la prueba es suficiente para esta-blecer la culpabilidad del acusado, el error que pudiera haberse cometido por la corte no puede estimarse como perjudicial al acusado.
    Derecho Constitucional — Prueba Obtenida por Medio de un Mandamiento de Allanamiento — Objeción Tardía. — Cuando se presenta prueba contra un acusado obtenida por medio de un mandamiento de allanamiento, sin que el acusado haya hecho objeción alguna contra dicho procedimiento hasta el acto de la vista, la objeción contra su admisión es tardía y no constituye error el admitir la prueba.
    Potería — Comprador de Billetes — Cómplices.-—De acuerdo con el artículo 293 del Código Penal, no es la compra sino la venta de billetes lo que constituye delito, y, por tanto, el comprador no es cómplice y su declaración es admi-sible contra el vendedor, sin necesidad de ser corroborada en la forma que exige el artículo 253 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
    Id. — Billetes de Lotería Como Prueba — Existencia de la Lotería. — En una causa por venta de billetes de lotería, no es indispensable la presentación de los billetes vendidos, y cuando la prueba demuestra que lo que se vendió fueron billetes de lotería, esto por sí solo es prueba bastante de la existencia de la lotería.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogados del acusado: Sres. Travieso & Iriarte y Jacinto Teooidor.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del ■tribunal.

El presente' es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción 2a., por virtud de la cual el apelante Manuel Cerecedo fué condenado, por haber vendido billetes de lotería, a sufrir la pena de un mes de cárcel y a pagar las costas del proceso. La acusación, en lo pertinente, dice así:

“El citado Manuel Cerecedo allá en uno de los días del mes de agosto de 1913, en la ciudad de San Juan que forma parte del distrito ■judicial del mismo nombre, ilegal y voluntariamente vendió a Juan Audinot determinado número de billetes de la lotería de Santo Domingo, por determinada cantidad de dinero. Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

Los errores especificados por el apelante en sn alegato, son siete. Los estudiaremos y resolveremos en el orden en qne han sido establecidos.

1. “La defensa entiende que la corte cometió error en cuanto admitió al Pueblo preguntar a su testigo Juan Audinot en forma sugestiva, y mostrarle "un documento que no era el citado por el testigo. ’ ’

La excepción tomada en relación con este primer error alegado, consta del récord así:

“Al presentar el Fiscal al testigo un documento, la defensa del acusado tomó excepción, por la forma especial de preguntar del Fiscal que sugería al testigo su contestación. El Fiscal había presentado al testigo un documento que no era el borderó del cual se hablaba, pues el testigo acababa de manifestar que había roto el borderó. La defensa tomó excepción por la forma de preguntar, unida a la presentación de un documento que no podía ser el borderó, según la afirmación del testigo. ’ ’

Como se ve, la excepción se tomó “por la forma especial de preguntar el Fiscal qne sugería al testigo su contestación” y como la pxacta pregunta formulada por el Fiscal no se ha incluido en el récord, no tenemos base para decir si fué o nó sugestiva.

2. “Al declarar la testigo Hipólita Fuentes,.esposa de Juan Andi-not, hubo de manifestar' que recibió un día un paquete para su esposo, y que remitía el paquete Cerecedo; que' sabía que era Cerecedo el remitente del paquete porque así lo dijo la mujer que trajo el paquete (pág. 5 del récord). Tratándose de una prueba de referencia esta defensa se opuso a que la manifestación se consignara; pero la corte permitió que quedara en el récord, basta que se -viera si se establecía la conexión de la portadora del paquete con el acusado. Y de la resolución de la corte se tomó excepción por la defensa.”

Como se ve, el juez permitió que la contestación escep-cionada quedara en el récord sólo con carácter provisional, y hemos examinado la transcripción y de ella no consta que el acusado al terminar la prueba insistiera en que se borrara del récord.

Además, se trataba de un misdemeanor tramitado sin la intervención del jurado y la prueba practicada, como tendre-mos ocasión de ver más adelante, prescindiendo de la decla-ración de Hipólita Eivera en el extremo objetado, fué sufi-ciente para establecer la culpabilidad del acusado. Bajo tales circunstancias, aun en el caso de que se hubiera cometido error, tal error no puede estimarse como perjudicial al acu-sado.

3. “La defensa entiende que la corte incurrió en error al admitir como prueba del Pueblo, la orden de allanamiento y registro, que en la transcripción del récord aparece copiada.”

Hemos examinado la transcripción del récord y en ella no aparece copiada la orden de allanamiento. No tenemos base en tal virtud, para discutir y resolver la cuestión plan-teada por el apelante.

4. “La corte, a nuestro juicio, cometió error al admitir como prueba un libro de cuentas, que según el testigo St. Elmo, fué por él encontrado en el registro que hizo en casa de Cerecedo Hermanos, y por el mismo St. Elmo recogido. Tal admisión se hizo con la excep-ción tomada por la defensa.”

La objeción específica formulada por la defensa es la de que la cuenta contenida en el libro de referencia y presen-tada como prueba es demasiado vaga sin que se haya demos-trado que tenga relación alguna con el delito investigado. La cuenta es como sigue:

Antes de presentarse la cuenta como prueba, había decla-rado el testigo Audinot en la siguiente forma, según consta de las páginas 3 y 4 de la transcripción:

“Dijo ser vecino de San Juan, y conocer al acusado, a quien en el mes de agosto tomó veinte y cinco billetes, pagándoles a razón de dos dollars veinte y cinco centavos cada uno; que estuvo en easa de Oerecedo a pedirle que le vendiera veinte y cinco billetes y Cere-cedo le dijo que le contestaría, y al llegar el testigo a su easa al otro día se encontró con un sobre que le había mandado con los billetes; que eso fué el 25 de agosto y que el testigo le llevó a casa de .Cere-cedo 46 y pico de pesos por los billetes; que para ¡el 7 dé septiembre, el tomó treinta y cinco (?) más y fué personalmente a pagarlos y que antes de pagarle, recibió un borderó kel cual rompió; que antes de pagarle, le manifestó que le había remitido los billetes de 7 de septiem-bre y que tenía que hacer la remesa por cable y él pedía que le fuera a llevar el dinero; que el borderó lo recibió los primeros días de septiem-bre. Preguntado por el Fiscal de lo que decía el recibo, dijo que el recibo lo había destruido y que decía que tenía que remitir el dinero por cable.”

Si examinamos la cuenta, en relación con la declaración del testigo Audinot, llegaremos sin dificultad alguna a la conclusión de que la primera es la constancia escrita conser-vada de las dos ventas de billetes a que se refiere la segunda. Sólo se notan pequeñas contradicciones en el precio de los billetes y en la suma abonada qne no destruyen la anterior conclusión.

5. “Fué, a nuestro entender, error de la corte, 'el admitir como prueba un libro copiador de cartas, que según el testigo St. Elmo fué por él encontrado en el registro que practicó en la casa de Cere-cedo Hermanos. De ese libro se presentó como prueba un folio en el que aparece una nota firmada M, y dirigida a Juan Audinot, y cuya nota copiamos en .la exposición del caso, que forma parte de esta apelación. Respecto a la admisión de tal prueba tomó esta parte su excepción. ’ ’

' La nota, según aparece incluida en la transcripción, es como sigue:

“Sr. Don Juan Audinot, San Sebastián 42, septiembre 7. Saldo de su cuenta hasta la fecha $2.00.
“Nota. — Es deber mío remesar por cable el importe total de cada serie y está Yd. en descubierto por la suma que figura en su cuenta, debiendo reintegrarla lo más pronto posible S. S. M.”

Si examinamos la nota en relación con la declaración de Audinot y tenemos en cuenta que dicba nota figura en un libro copiador encontrado en la casa comercial del acusado, tendremos' que concluir que la nota está suficientemente rela-cionada con el delito investigado y pudo ser admitida como prueba.

6. “Entiende esta defensa que la admisión, hecha por la corte, de los dos libros de cuentas y copiador, aun en el caso de que se hubiera probado que ellos pertenecían a Cerecedo, el acusado, fué error en perjuicio de los derechos esenciales del acusado.”

Argumentando este error, el apelante sostiene que la Corte de Distrito violó principios consagrados por las Enmiendas IY y V a la Constitución de los Estados Unidos de América. Sin embargo, bay una circunstancia que impide que este error pueda ser siquiera alegado y discutido en este caso.

Los libros se ocuparon por virtud de cierta orden de alla-namiento librada por el Juez Municipal de San Juan, y el' acusado nada objetó basta el momento de celebrarse la vista. Tal momento no era el oportuno y la corte de distrito al admi-tir los documentos que según bemos visto se referían al delito investigado, no violó ningún principio constitucibnal, de acuerdo con la jurisprudencia que a continuación citamos.

“Admitiendo que los billetes de lotería y‘los efectos fueron ocu-pados ilegalmente, esto no constituye sin embargo un motivo legal de oposición a su admisión como prueba. Si la'orden de allanamiento fué ilegal, o si el funcionario que la cumplimentó se excedió en sus atribuciones, la persona a petición de la cual fué librada dicha orden, o el funcionario sería responsable' del perjuicio causado. Pero esta no es una buena razón para que sean excluidos como prueba los docu-mentos ocupados si ellos eran pertinentes al caso, como indiscutible-mente lo fueron. En la presentación de documentos como prueba la corte no puede.tomar en consideración la forma en que se obtuvieron, o sea, si fueron adquiridos legal o ilegalmente, ni constituyen ellos una alegación de carácter independiente del punto en discusión en la que pueda fundarse la resolución de dicha cuestión.” Com. v. Dana, 2 Mete., 329. Wigmore sobre Evidencia, art. 2183. 35 Cyc. Searches and Seizures, 1271, 1272.
“El mismo principio se había establecido en el caso de People v. Adams, 176 N. Y., 351, contra cuya sentencia se' interpuso apelación para ante esta corte, y en el que se resolvió que si los documentos ocu-pados además de los billetes de una especie de lotería eran prueba pertinente del caso, como así lo consideró la corte, eran admisibles como prueba en el juicio expresándose la Corte en la página 358, como sigue: ‘El principio fundamental es claramente que cuando la c-orte está celebrando un juicio criminal, no tomará en consideración la forma en que los testigos han obtenido los documentos u otros objetos de uso personal, que son esenciales y que han sido debida-mente ofrecidos como prueba.’ Esta doctrina de tal modo establecida por la Corte de Apelaciones de New York y que ha sido aprobada por este Tribunal y según la cual en la vista de una causa criminal la corte no permitirá que se promueva una cuestión indirecta respecto ■al origen de pruebas que son pertinentes, ha sido sancionada por tantas decisiones de los Estados que sería, imposible citar o hacer referencia a ellas en particular. Muchas’ de las mismas han sido citadas en la nota del caso State v. Turner, 136 Am. St. Rep., 129, 135 et seq. Después de citar numerosos casos dice el editor:' ‘ El principio en que se fundan todas estas resoluciones es claramente que cuando la corte se encuentra ocupada en la celebración de una causa criminal, no tendrá en consideración la forma o manera en que ha adquirido un testigo ciertos documentos u otros efectos objeto de prueba qué son esenciales y que han sido debidamente presentados como prueba. People v. Adams, 176 N. Y., 351, 98 Am. St. Rep., 675; 68, N. E. 636; 63 L. R. A., 406. Este examen o investigación no forma parte necesariamente de la acción principal y ponerlo en práctica sería demorar el curso ordenado de una causa y considerar incidental-mente una cuestión que ha venido a interponerse en el curso de dicha causa y que es enteramente independiente de la misma.” Weeks v. United States, 232 U. S., 383.
7. “La corte erró ai .resolver la moción de la defensa para que se absolviera perentoriamente al acusado, por falta de prueba que sostuviera la acusación.”

La prueba practicada en este caso consistió en las decla-raciones de Juan Audinot e Hipólita Fuentes, que ya Remos transcrito, y en las de Fernando J. Gréigel, Juez Municipal de San Juan que libró la orden de allanamiento y que asistió ai acto del registro, y Walter M. St. Elmo, Jefe del Bureau de Información de la Policía Insular que practicó el registro. Y, además, en los documentos transcritos al estudiar los erro-res Nos. 4 y 5.

La parte apelante sostiene que no puede condenarse al acusado basándose en el testimonio de Audinot, porque Audi-not es un cómplice.

En el caso de El Pueblo v. Vázquez, 19 D. P. R., 1045, esta Corte Suprema estableció la siguiente doctrina:

‘ ‘ Como el artículo 293 déí Código Penal, sólo declara constitutivo -de delito el hecho de la venta de billetes de lotería, pero no el de la compra de los mismos, el comprador no puede considerarse como cómplice del vendedor y por lo tanto su declaración en una causa contra el vendedor no necesita la corroboración que exige el artículo 253 del Código de Enjuiciamiento Criminal para las declaraciones de los cómplices en general.”

■ T haciendo aplicación de la anterior doctrina, debe resol-verse la cuestión suscitada en contra del apelante.

Sostiene también la parte apelante que la prueba es insu-ficiente porque no se presentaron los billetes de lotería y porque no demuestra la existencia de la lotería.

En primer lugar diremos que aun en el caso dé que los billetes constituyeran en efecto la mejor prueba, como se admitió la prueba secundaria sin objeción por parte del acu-sado, éste está impedido ahora de levantar la cuestión. ' Véase los casos de El Pueblo v. de Jesús, 18 D. P. R., 591, y El Pueblo v. Vega, 20 D. P. R., 298. Y en segundo lugar diremos que de acuerdo con las dos decisiones que citamos a continua- ■ ción tomándolas del alegato del Fiscal, no es indispensable en casos de esta naturaleza la presentación de los billetes vendi-dos, y el hecho de que la prueba demuestre que lo que se ven-dió fueron billetes de la lotería de Santo Domingo, es por sí solo evidencia bastante de la existencia de dicha lotería:

“Se imputa en la acusación el hecho de haberse vendido a un tal Bill Murdock un billete de la lotería conocida por “Lotería de Louisiana, establecida en el Estado de Louisiana. ’ ’ El primer testigo describe el billete como uno de la ‘Lotería de Louisiana.’ El acusado lo describe como uii billete de la ‘Lotería del Estado de Luisiana.’ El billete mismo no fué presentado como prueba. Si se admitiera que el uso de la palabra ‘Estado’ en relación con el billete era una cuestión esencial en la descripción y que había de ser probada, habría sin embargo prueba suficiente para sostener la convicción en este punto puesto que el primer testigo describe dicho billete en igual forma que ha sido alegada en la acusación.’’ Anderson v. State, 39 S. W. Rep., 109.
“Iíubo prueba suficiente en el caso que justificara la negativa de la moción de que habían algunas personas que alegaban ser y se llamaban por el nombre de Compañía de Billetes del Estado de Louisiana y llevaban a cabo un negocio de lotería, pero, fué entera-mente inmaterial .el hecho de que fueran ellas las mismas personas especificadas en esta ley, o que aquellas personas hubieran aceptado o no su carta fundacional. No dejaba" por eso de ser una lotería en realidad y de estar comprendida en la prohibición del estatuto, ya hubiera sido legalmente constituida o ya fuera completamente ilegal; bien sus sostenedores hubieran sido debidamente incorporados o .no. Creemos verdaderamente que el enviar por correo una carta o circular respecto a una lotería en proyecto, que todavía no existe, es un hecho que estaría claramente comprendido en la letra y espíritu del esta-tuto, si era una' carta o circular que favorecía o tenía por objeto alentar la organización y establecimiento de una lotería. No hubo, por tanto, razón para que la corte en este estado del pleito ordenara absolución del acusado, cuando los mismos documentos de cuya remi-sión por correo se le acusó, constituían prima facie prueba robusta sino concluyente de que se referían a una lotería que existía o que había sido establecida. No había necesidad de haberse presentado ninguna otra prueba de la existencia de una lotería para justificar una convicción que no fueran los documentos y billetes que se inclu-yeron en el sobre.” U. S. v. Noelke, 1 Fed. Rep., 424-440.

En resumen, pues, diremos que no pudiendo concluirse que se haya cometido ninguno de los errores alegados por el apelante en su alegato, y habiendo examinado además cui-dadosamente la transcripción y encontrado que no existe error fundamental alguno en contra del acusado, procede la con-firmación de la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cerecedo, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por venta de billetes de lotería.
    No. 672.
    Resuelto en junio 23, 1914.
    Lotería. — Comprador de Billetes — Declaración de un Cómplice. — El comprador de billetes de lotería no es un cómplice del vendedor, y por tanto su declara-ción es admisible sin necesidad de corroboración.
    Id. — Suficiencia de la Prueba. — Examinada la evidencia en este caso, se resolvió que era suficiente para probar el delito de venta de billetes de lotería por el acusado.

      Id. — Prueba Obtenida por Medio de un'Mandamiento de allanamiento — Obje-ción Contra la Misma en el Acto del Juicio. — Cuando una corte está cele-brando un juicio criminal, no tomará en consideración la objeción que se haga a la forma en que se hayan obtenido los documentos que se presenten debida-mente como prueba y que sean esenciales a la causa que se está investigando.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    •Abogado del Pueblo: <S'r. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogados del apelante :Sres. Travieso & Iriarte y Jacinto Teccidor.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso, copiada en lo pertinente, dice así:

“El citado Manuel Cerecedo allá en uno de los días del mes de agosto de 1913', en San Juan que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, vendió a Francisco Castañeda determinado número de billetes de la lotería de Santo Domingo por determinada cantidad de dinero. Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

El acusado alegó su inocencia y celebrada la vista, la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., dictó sentencia decla-rándolo culpable de un delito de lotería e imponiéndole la pena de un mes de cárcel y el pago de las costas. Contra ,1a anterior sentencia se interpuso el presente recurso de ape-lación.

El apelante especifica y argumenta en su alegato tres errores, a saber:

1. Que la corte de distrito incurrió en error al admitir como prueba la declaración de Francisco Castañeda, sin que fuera corroborada por otra prueba, independiente y bastante a demostrar la relación del acusado con la comisión del hecho delictivo.

2. Que la corte erró al. admitir como prueba un libro de cuentas, y en él una de las cuentas que la parte que lo ofreció, El Pueblo, llama la cuenta de Castañeda.

3. Que la corte erró al admitir como prueba los dos libros, el de cuentas y el copiador, presentados por El Pueblo como tomados en el registro becbo por el policía St. Ebno en la ■casa de Cerecedo, en virtud de orden de allanamiento expe-dida por el Juez Municipal de San Juan.

Examinemos el primer error. La prueba en este caso consistió: (a) en la declaración del testigo Francisco Cas-tañeda. Este manifestó que fué a casa de Cerecedo en agosto a tratar sobre un negocio de un caballo y

“* * * cuando se iba a retirar, Cerecedo, le propuso que le colocará unos billetes en Río Piedras, y le vendiera cincuenta o cien, y él entonces le dijo que los mandara a ver si se colocaban y le exigió firmar un documento, que decía: ‘Recibí del Sr. Cerecedo veinte y cinco pañuelos de seda a $2.25 ’ y así lo firmó el testigo; y presentado por el Sr. Fiscal un papel, dice que ese es el documento, que firmó el mismo día que vino a tratar de lo del caballo; que los veinte y cinco 'pañuelos de seda son veinte y cinco billetes de la Lotería del Padre Billini de Santo Domingo. * * ■ *.
“Que después recibió veinte y cinco billetes de lotería de Santo .Domingo, del Padre Billini, que le fueron enviados al apartado 131 ■del correo, y cuyo importe no ha pagado, porque los dió a vender a Caguas, y en eso vino el registro; y que a los cinco o seis díasi recibió por correo, en el apartado 131 un sobr-e con un papel dentro, que decía: ‘Francisco Castañeda. Sírvase remitirme dinero en giro para enviarlo a su destino. Si quiere mercancía, venga pronto pues quedan pocos días.’ * * “• Que los billetes eran veinte y cinco del sorteo de 7 de septiembre a $2.25; y que su apartado en Río Piedras es el 131. A la defensa contesta: Que él había comprado un caballo a Bernabé Martínez de Humaeao, y como no lo pagó de contado le ■exigió una garantía, y él ofreció la firma de Virella, y Martínez la .aceptó siempre que Cerecedo la aceptara porque Martínez tenía nego-cios con Cerecedo y le tenía que remesar dinero todos los meses; que fué a ver a Cerecedo, y esa fué su primera y última entrevista, y ■entonces le ofreció Cerecedo el negocio de billetes y él tomó los billetes para venderlos en Río Piedras, y colocarlos, buscando uno que se ganara la diferencia entre $2.25 en que los compraban, y $3.00 en •que se vendían. # #

(b) en la declaración de- Fernando J. Gréigel, Juez Municipal dq San Juan que expidió la orden de allanamiento “por ■ virtud de declaraciones que se le Rabian presentado asegu-rando que Cerecedo se dedicaba a la venta de billetes de lotería” y que presenció el registro. El testigo reconoció dos libros ocupados én casa de Cerecedo, uno en un escritorio pequeño de uso particular de Cerecedo, según éste le mani-festó, y otro en un escritorio grande que babía en la misma oficina de Cerecedo.

(c) en la declaración de Walter M. St. Elmo, Jefe del Bureau de Información del Gobierno, que practicó el registro bailando entre otras cosas “mil y más billetes de lotería y un contrato firmado por Cerecedo para traer todos los meses diez mil billetes de Santo Domingo, unos libros, documentos y listas de lotería.” El testigo reconoció los dos libros que le presentó el Fiscal.

(d) ■ en una cuenta que figura en uno de los libros ocu-pados y reconocidos, que dice:

(e)en un libro copiador de cartas, que fué el otro ocu-pado y reconocido, en cuyo folio 2 aparece una cuenta a nom-bre de Francisco Castañeda idéntica a la ya presentada.

Esa prueba examinada en conjunto deja en el ánimo del juzgador la impresión clara y convincente de que el acusado se dedicaba al negocio de billetes de lotería. Sobre ésto, a nuestro juicio, no bay duda alguna. Veamos si el becbo específico imputado al acusado se comprobó debidamente.

Dicho becbo específico consistió en la venta de billetes por el acusado a Castañeda. Estudiada la declaración de Castañeda ño se puede concluir que la llevada a efecto fuera una venta de contado, pero sí se puede deducir que al tras-mitir Cerecedo a Castañeda los billetes, éste se hizo respon-sable de su precio paira con Cereeedo. De becbo fné una' venta, quedando el precio aplazado. Castañeda a sn vez iba a vender a otras personas los billetes adquiridos, pero no iba a hacerlo como agente de Cereeedo sino por su propia cuenta y riesgo. Cuando Cereeedo se dirigió a Castañeda por escrito después del contrato, no lo bizo para pedirle que le rindiera cuenta de la venta de los billetes, sino para que le pagara la totalidad del precio de los mismos. Siendo ello así,.puede concluirse que el hecho específico imputado en la acusación al acusado quedó también comprobado en el juicio.

En cuanto al valor probatorio de la declaración de Cas-tañeda, diremos que si se considera a dicho Castañeda como un simple comprador, entonces no es cómplice y su declara-ción no necesita corroborarse. Véase el caso de El Pueblo v. Vázquez, 19 D. P. R., 1045, y el recurso No. 671 El Pueblo v. Cerecedo que acabamos de decidir. T si se le considera ■como cómplice, es indudable que no ya los documentos pre-sentados por él mismo, sino los ocupados en la casa de Cere-cedo, a presencia de éste, corroboran su declaración en la forma que la ley exige.

Examinemos el segundo error. Argumentándolo el ape-' lante sostiene que los libros admitidos como prueba no se identificaron suficientemente. A nuestro juicio, no tiene ra-zón el apelante. Los libros fueron ocupados en el registro practicado en la casa de Cereeedo por orden del Juez Municipal de San Juan, expedida a virtud de declaraciones que se' le habían presentado asegurando que Cereeedo se dedi-caba a la venta de billetes de lotería, y fueron encontrados, hallándose presente el acusado, en un escritorio particular de éste y en otro escritorio grande que había en la misma oficina. Y la parte de dichos libros ofrecida como prueba examinada en relación con lo declarado por el testigo Cas-tañeda, se refiere claramente al delito investigado.

Examinemos el tercero y último de los errores alegados. Por él sostiene el apelante que la corte erró al admitir como prueba unos libros que fueron ocupados por virtud de nna orden de allanamiento expedida en violación del precepto de la enmienda Y de la Constitución de los Estados Unidos que protege a toda persona contra cualquier tentativa a ha-cerla declarar contra sí misma en un proceso criminal.”

El apelante suscitó tal cuestión por vez primera en el acto mismo de la vista de la causa, y ya hemos decidido en el recurso No. 671 interpuesto por el mismo apelante, de acuerdo con la jurisprudencia constante de los tribunales americanos, que cuando una corte está celebrando un juicio criminal, no tomará en consideración la forma en que se hayan obtenido los documentos que se presenten debidamente como prueba y qué sean esenciales a la causa que se está investigando.

Por virtud de todo lo expuesto, no apareciendo que se haya cmetido error fundamental alguno en contra del acusado, procede declarar sin lugar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Gutiérrez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por seducción.
    No. 684.
    Resuelto en junio 24, 1914.
    Seducción — Presunción de Soltería de la Ofendida — Pruebas.—Aparte de que en un caso de seducción no es necesario probar que la perjudicada era soltera, porque la presunción es que una persona es soltera hasta que no se demuestre lo contrario, sin -embargo, en este caso se probó dicho extremo.
    Id.- — -Castidad de la Ofendida — Pruebas.—La declaración de la ofendida de que cuando tuvo actos carnales con el apelante era una mujer honrada y una señorita, equivale a, la afirmación de que era casta, cuya manifestación fué corroborada por la declaración de la madre, y por tanto, el previo carácter casto de la ofendida quedó probado.

      Idi — Promesa de Matrimonio — Promesa Hecha a Familiares de la Ofendida.— La declaración de la ofendida en el sentido de que tuvo actos carnales con el acusado, el haberse presentado embarazada ante el jurado y su manifestación de que el acusado le ofreció casarse con ella, promesa que también hizo a la madre, corroboran la declaración de la ofendida, aparte de que no es necesario que la promesa de matrimonio se haya hecho también a los familiares de la mujer.
    Id. — Castidad de la Ofendida — Prueba para Impugnar la Castidad de la Ofendida — Apreciación de la Misma por el Jurado. — El acusado presentó prueba para impugnar el carácter casto de la ofendida en el sentido de que había tenido relaciones y vivido públicamente como la concubina con cierto hombre, pero el jurado no le dió crédito a esta prueba, sin que cometiera por ello error alguno.
    Id. — Instrucciones al Jurado — Corroboración de la Declaración de la Ofen-dida por su Madre. — Examinada la prueba resulta que la corte no cometió error al instruir al jurado en el sentido de que la declaración de la ofendida fué corroborada por la declaración de la madre.
    Id. — Instrucciones al Jurado — Elementos Esenciales del Delito — Interpre-tación de las Instrucciones. — La corte dió, entre otras, las siguientes ins-trucciones : “de modo que los requisitos esenciales de este delito son cuatro: primero, que la mujer sea soltera; segundo, que se verifique con ella el acto carnal; tercero, que ese acto carnal se haya verificado a virtud de la palabra de matrimonio, y cuarto, que esa mujer con quien se ha verificado ese acto carnal en esas condiciones, haya tenido anteriormente la reputación de una mujer de previo carácter casto. Estos son los requisitos esenciales del delito de seducción * * En otra parte de las instrucciones se dijo que la promesa de matrimonio es el requisito esencial del delito de seducción. Se resolvió, que tomadas en conjunto las instrucciones dadas no eran erróneas, y que el juez no dijo que la promesa de matrimonio es el único elemento del delito, como afirma el apelante. ¡
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del Pueblo: \8r. Charles -E. Foote, Fiscal.

    Ahogado del apelante: Sr. M. Benitez Flores.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Demetrio Gutiérrez fué acusado ante la Corte de Distrito de San Juan, .Sección 2a., del delito de seducción porque ilegal, maliciosa y voluntariamente, allá por el mes de mayo de 1913 y en la jurisdicción de Eío Grande, del Dis-trito de San Juan, y bajo promesa de matrimonio tuvo comer-cio carnal con Felipa Rosario, mujer soltera, de previo carác-ter casto.

Celebrado el juicio ante un jurado el día 17 de diciembre de 1913 fué declarado culpable del expresado delito y pocos días después condenado por la corte a pagar una multa de mil pesos o a sufrir un día de presidio por cada cinco dollars que dejare de satisfacer. Contra ese fallo interpuso el sen-tenciado el presente recurso de apelación.

Al terminar el Fiscal su prueba en el juicio solicitó el acusado que la corte lo absolviera perentoriamente porque la acusación no probó, fuera de toda duda, que la mujer per-judicada era soltera: que era de previo carácter casto, go-zando en todo el barrio de esa reputación de castidad, ni que realizó actos camales porque el apelante' le prometiera ca-sarse y que tal promesa fuera beclia a ella y a sus familiares.

La evidencia que el Fiscal presentó en este juicio consis-tió únicamente en las declaraciones de la perjudicada y de su madre y en los extremos por ellas declarados encontramos que están justificados los tres elementos que el apelante ecba de menos.

La perjudicada declaró que antes de conocer al apelante no tuvo relaciones con ningún otro hombre y que así se lo dijo a él la primera vez que fué a su casa. Por su parte la madre testificó que el acusado fué el primer novio que tuvo su hija.

Entendemos que esas manifestaciones prueban suficiente-mente que Felipa' Rosario no se había casado y por tanto que era soltera, hecho que por otra parte no era necesario probar, pues la presunción es que una persona es soltera hasta que no se demuestre lo contrario. Pérez Villamil v. Romano, 19 D. P. R., 885.

También declararon esas testigos, la hija, que cuando ■tuvo actos carnales con el apelante era una mujer honrada y una señorita, palabras que equivalen a la afirmación de qué era casta; y la madre expresó la misma idea al decir que Felipa no había tenido ningún otro novio antes que el acusado:

En vista de estas manifestaciones podemos decir que el Fiscal había probado el previo carácter casto de la ofendida:

' En cnanto al último motivo de la moción, carecía igual-mente de fundamento porque la declaración de Felipa Eosario afirma que tuvo actos carnales con el acusado y se presentó embarazada ante el jurado, que desde que él apelante empezó a tratarla como novia le ofreció que se casaría con ella, mani-festación que según la madre también le bizo a ella, quedando así corroborado ese particular a pesar de que no es necesario que la promesa de matrimonio se baga también a los fami-liares de la mujer.

Como resumen de lo expuesto el juez de la corte inferior no cometió error al desestimar la moción opuesta a toda la prueba por insuficiente para probar la acusación.

Durante el curso del juicio el apelante excepcionó dos resoluciones por las que la corte permitió ciertas pregun-tas del Fiscal. Sobre este extremo no bace bincapié abora en su alegato limitándose a exponer tal becbo sin argumen-tarlo, pero bemos examinado esas preguntas y ambas eran tendentes a comprobar la credibilidad del testigo, y aunque hubieran sido impertinentes, no eran perjudiciales al acusado.

Otro error alegado por el apelante es que la evidencia que presentó consistente en las declaraciones de los testi-gos José Vives y Antonio Paz tendentes a demostrar que la •ofendida, con anterioridad a la época en que se alega baber sido seducida, sostuvo relaciones y vivió públicamente en Eío Grande como la concubina de un hombre llamado Celes-tino Suárez, destruye por completo la alegación de castidad ■de la acusación.

Es cierto que tal prueba se presentó a ese fin, pero tam-bién lo es que el jurado no le dió crédito puesto que al decla-rar culpable al apelante del delito de- seducción estimó que la mujer era de carácter casto. Hubo prueba contradictoria sobre ese extremo y el jurado,- usando de la facultad que la ley le confiere de apreciar la credibilidad de los testigos, resol-vió el conflicto de la evidencia en .contra del apelante sin incu-rrir en error alguno.

Se sostiene también en el alegato que la corte inferior instruyó erróneamente al jurado en el particular de que la declaración de la madre de la ofendida corroboró la declara-ción de la perjudicada, pues tal declaración no puede esti-marse corroborante en totalidad. Sin embargo, por el examen que liemos becbo de la declaración de esa testigo cuando liemos considerado la moción de absolución perentoria se llega a la conclusión contraria, pues todas las manifesta-ciones esenciales de la perjudicada fueron corroboradas por la madre.

Se aduce como último fundamento del recurso que erró' la corte al instruir al jurado que el único elemento esencial del delito es la promesa de matrimonio.

Eespecto de este particular la corte dijo al jurado lo siguiente:

“De modo que los requisitos esenciales de este delito son cuatro: primero, que la mujer sea soltera; segundo, que se verifique con ella el acto carnal; tercero, que ese acto carnal se haya verificado a virtud de la palabra de matrimonio; y cuarto, que esa mujer con quien se ha verificado ese acto carnal en esas condiciones, haya tenido anterior-mente la reputación de una mujer de previo carácter casto.
Estos son los requisitos esenciales del delito de seducción. * * * y si dais crédito a los testigos de la defensa, y no creéis que haya existido promesa de matrimonio que es el elemento esencial de este delito; ni creéis tampoco que se trata aquí de una mujer pura, que sea soltera, ni que el acusado haya tenido acto carnal con ella, en una palabra, si consideráis que no han sido establecidos todos los elemen-tos esenciales de este delito, entonces es vuestro deber declarar absuelto al acusado. # *

Tales instrucciones no revelan en modo alguno la afir-mación del apelante de que se instruyera al jurado que el único elemento del delito sea la promesa de matrimonio, pues antes al contrario explica al jurado cuántos y cuáles son los elementos que integran el delito de seducción y les informa que si alguno no se ba probado debe absolver al acusado.

Es cierto que el juez dijo que la promesa de matrimonio' es elemento esencial del delito, pero como las instrucciones deben considerarse en conjunto y no palabras aisladas de ellas, no se desprenden de aquél lo que sostiene el apelante.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutcbison.


text:
    Ex parte Acevedo, Peticionario y Apelado y Acevedo et al., Opositores y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en un procedimiento de administración judicial.
    No. 1155.
    Resuelto en junio 25, 1914.
    Administración Judicial — Resolución Apelable Negando Anular el Nombra-miento de Administrador Judicial. — Una resolución denegando una moción para que se anule el nombramiento de un administrador judicial es apelable.
    Id. — Suficiencia de la Petición — Juramento de una Petición Enmendada— Documentos Públicos Acompasados de las Peticiones. — Cuando se pre-senta una petición sobre administración judicial que reúne todos los requi-sitos que exige el artítulo 23 de la ley de procedimientos legales especiales: de marzo 9, 1905, la cual se deniega sin que se apele contra la resolución denegatoria y después se presenta otra petición sin jurar reproduciendo los: mismos heelios y añadiendo algunas apreciaciones del peticionario no exigidas por la ley, puede considerarse esta segunda petición como una enmienda a la primera, y aun cuando carece de juramento, en bien de la justicia, en este-caso se puede entender que el juramento prestado para la primera -era exten-sivo a la segunda, con mayor motivo cuando ambas peticiones estaban acom-pañadas de documentos públicos que comprobaban los hechos alegados en las: mismas y que tienen tanta fuerza como el juramento que pudiera hacerse a la petición.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelado: Sres. Juan García Ducós y Luis Llorens Torres.

    Abogados de log apelantes: Sres. Reichard & Reichard.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Nemesio Acevedo Hernández presentó una solicitud a la Corte de Distrito de Aguadilla sobre administración judicial de bienes en la que sustancialmente alegó bajo juramento:

1.°. Que en 31 de julio de 1910 falleció en el término municipal de Moca correspondiente a Aguadilla, Jesús Lorenzo Aceved.0 Hernández, casado y propietario.

2o. Que dicho señor otorgó testamento ante el Notario Mariano E. Acosta en 12 de febrero de 1910 que se baila en el protocolo de dicho notario.

3o. Que el peticionario es uno de los albaceas nombrados por el testador en dicho testamento y se le había expedido carta testamentaria por la corte ante la que comparece, en 17 de diciembre de 1912.

4o. Que las personas con derecho a la herencia son la cónyuge supérstite Marcolina Hernández y Dolores, Abdona, Cecilia y Lorenzo Acevedo y Acevedo que viven en el barrio de Las Marías de la Moca; Teresa Acevedo y Acevedo que vive en el de Mamey de Aguadilla, y Juana, Gregorio, Tadeo y María Acevedo y Hernández que viven en el de Las Marías de Moca.

5o. Que el finado dejó bienes sujetos a partición por más de $2,000 en propiedad personal y real.

6o. Que Gregorio, María, Juana y Tadeo Acevedo Her-nández son menores de edad, y

7o. Que como prueba ofrece en apoyo de las alegaciones varios documentos que relacionó.

La corte resolvió no haber lugar por entonces a decretar la administración judicial por no haberse llenado los requi-sitos que determina el artículo 23 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales y porque no se aducen en la solicitud hechos bastantes que demuestren la necesidad de la inter-vención.

Después de esto se presentó una nueva petición de Neme-sio Acevedo en la que se reproducen los seis particulares que había consignado en su anterior petición y adicionó otro en que hacía constar que tenía interés en el nombramiento del administrador judicial porque los bienes se hallan en poder de algunos de los.herederos, porque los menores no tienen quien los represente en la reclamación de sus derechos, que no se ha practicado el inventario porque los herederos que poseen algunos de los bienes se niegan a reconocer la autoridad del albacea, y porque los bienes corren grave riesgo de sufrir pérdidas. Como hecho 8o. agregó que tiene derecho de acción como albacea y en el 9o. relacionó los documentos que pre-sentaba como prueba.

A esta petición resolvió la corte decretando la interven-ción judicial y señalando día para que las partes compare-cieran a los efectos de que fuera nombrado un administra-dor judicial. La comparecencia tuvo lugar y como las partes no se pusieron de acuerdo respecto a la persona del admi-nistrador que'había de ser nombrado, la corte designó como tal a Julián Eivera.

Días después alguno de los herederos y legatarios presen-taron moción a la corte en que alegan que la solicitud enmen-dada no se halla en la forma ni con los requisitos que exige la ley, por lo que le pidieron que anulase el nombramiento que había hecho de administrador judicial, petición que por resolución de 29 de abril de 1914 fué negada por la corte. Contra esta resolución es que se ha interpuesto el presente recurso de apelación, la que es apelable según decidimos en el caso de Rivera v. Cámara, 17 D. P. R., 528.

A nuestro entender la primera petición que presentó a la Corte de Distrito de Aguadilla Nemesio Acevedo Hernán-dez cumplía con todos los requisitos que exige el artículo 23 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales y debió decretarse entonces la administración judicial, pero habién-dola negado el juez y no habiéndose interpuesto recurso contra esta resolución, entendemos que la segunda petición, exac-tamente igual a la primera aun'cuando con algunas aprecia-ciones de la parte que no exige la ley, era una enmienda a la primitiva petición y aun cuando carece de juramento pode-mos en bien de la justicia en este caso, entender que el jura-mento prestado para la primera, petición era extensivo a la petición enmendada, con tanto más motivo cuanto que tanto una como otra petición estaban documentadas en todos los hechos que consignaban. En vista de ésto quizás podía ha-berse prescindido del juramento ya que los documentos públi-cos acompañados a las peticiones tenían tanta fuerza como el juramento que pudiera hacerse de ellas. Sin embargo, el requisito estatutorio del juramento se cumplió por la pri-mera petición y como la segunda no adicionó hechos nuevos sino consideraciones y apreciaciones de la parte, podemos admitir que el peticionario había cumplido con todos los requi-sitos exigidos por la Ley de Procedimientos Legales Espe-ciales de 1905, y por tanto que no hubo error en la corte inferior al negar la solicitud de nulidad de los apelantes, fundada únicamente en el hecho de que la petición enmendada no había sido jurada, cuando ya lo había sido la primera, que era suficiente.

En consecuencia, debe ser confirmada la resolución ape-lada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,,

text:
    Díaz, Demandante y Apelada, v. Porto Rico Railway, Light and Power Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1037.
    Resuelto en junio 26, 1914.
    Interpretación de Leyes — Jurisprudencia del Estado de Donde Proceden.— Para interpretar leyes de procedencia americana, debe acudirse a la juris-prudencia de los Estados Unidos.

      Hijo — Padre—Madre—Alcance de Dichas Palabras. — Las palabras "padre,” "madre,” e "hijo,” empleadas en el artículo 60 del Código de Enjuicia-miento Civil, se refieren al padre, a la madre y al hijo legítimos, y no incluyen al padre, a la madre y a los hijos ilegítimos.
    Acción de Daños y Perjuicios — Hijos Ilegítimos — Padre y Madre Ilegíti-mos. — El artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil no da un derecho de acción al padre o madre ilegítimo por la muerte de ral hijo ilegítimo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelada: .Sres. José G. Torres y Augusto-Malar et.

    Abogado de la apelante: Sr. J. Henri Broivn.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,,

emitió la opinión del tribunal.

El. presente es un caso sobre indemnización por daños y perjuicios reclamados por una madre con motivo de la muerte de su hijo natural ocasionada por los alambres eléc-tricos de cierta compañía de tracción, luz y fuerza. La de-manda se declaró con lugar, condenándose a la corporación demandada a pagar a la demandante la suma de mil quinien-tos dollars y las costas, desembolsos y honorarios de abogado. No conforme con la sentencia, la parte demandada interpuso contra ella el presente recurso de apelación.

Entre los errores señalados por la parte apelante en su alegato, figura el de que la corte sentenciadora erró al decla-rar sin lugar las excepciones previas a la demanda enmen-dada. Y argumentando dicho error, sostiene la dicha parte apelante que debe desestimarse la demanda porque una madre natural, como lo es la demandante en este caso, no tiene dere-cho a reclamar por virtud de la muerte de su hijo, ocasio-nada por el acto ilegal o negligente de otra persona.

No hay duda alguna con respecto a cuál es la ley aplicable en este caso. ■ Si algún derecho tiene la parte demandante, tal derecho surge del artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil, vigente en Puerto Eico desde 1904, que copiado a la letra, dice así:

“Artículo 60. — Un padre, o si éste hubiese muerto .o abandonado a su familia, la madre, puede entablar demanda por daño causado a un hijo menor de edad, o por la muerte de éste, y un tutor por daño a un menor o pupilo, o muerte de éste, cuando dicho daño o muerte se deba al acto ilegal o negligencia de otro. Dicha demanda podrá entablarse contra la persona causante del daño o muerte, y si dicha persona estuviese empleada por otra persona responsable de su con-ducta, también contra ésta.”

Dicho artículo es similar a la sección 3163 de las leyes, de Idaho, 3 Idaho Codes Annotated, 55; a la 578 del Código, de Enjuiciamiento Civil de Montana, 3 Montana Codes Annotated, 96, y a la 267 de los Estatutos .Revisados, 1894, de Indiana, y se diferencia únicamente de la sección 376 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, Codes of California Annotated, Civil Procedure, p. 122, en que en la de California no aparecen las palabras: “and a guardian for the injury or death of his ward’’ que figuran en los Códigos de Idaho, Montana, Indiana y Puerto Eico.

Siendo, pues, la procedencia de la ley aplicable a este caso genuinamente americana, debemos acudir para interpre-tarla a la jurisprudencia de los Estados Unidos.

Nada hemos podido encontrar en las decisiones de las Cortes Supremas de. Idaho, California y Montana que re-suelva en sentido afirmativo o negativo la cuestión suscitada por la parte apelante en este caso, pero sí en las de la Corte Suprema del Estado de Indiana. En el caso de McDonald v. Pittsburgh, Cincinnati, Chicago & St. Louis Railway Company, 32 L. R. A., 309, 310, dicha Corte Suprema resolvió que el padre de un hijo ilegítimo no tenía causa de acción por la muerte de su hijo, aunque la madre hubiera fallecido y el hijo hubiera sido reconocido por el padre. En el curso de la opinión, la corte se expresó así:

"La sección 266 de los Estatutos Revisados de 1881 (Estatutos Revisados 1894, see. 267), sobre la cual se basa esta acción, es como sigue: ‘Un padre, o si éste hubiese muerto o abandonado su familia, la madre, puede entablar demanda por daños causados a un hijo menor de edad, o por la muerte de éste, y un tutor por el daño o la muerte de su pupilo.’ Como el derecho a recobrar daños por la muerte de un ser humano es puramente estatutorio, la ley dehe interpretarse estrictamente; y antes de que el apelante pueda reco-brar, tiene que colocarse claramente dentro de sus términos. Cuando el estatuto especifica quién puede entablar tal acción, únicamente la persona nombrada puede sostenerla. Si tal persona no existe, en-tonces no puede haber indemnización. Thornburg v. American Strawboard Co., 141 Ind., 443, y casos -citados. En la ley común un bas-tardo no tenía padre, y era considerado como el hijo de nadie. Se le llamaba algunas veces filius nulUus, y otras filius populi. 1 Bl. Com., 458, 459; 2 Kent, Com., 212; Simmons v. Bull, 21 Ala., 501, 56 Am. Dec., 257, y nota 258; * * *. Es una regla de interpreta-ción que, prima facie, las palabras ‘hijo’ o ‘hijos’ cuando se emplean en un estatuto o en un testamento, significan ‘hijo’ o ‘hijos legítimos,’ es decir, que los bastardos no están comprendidos dentro del término ‘hijo’ o ‘hijos.’ ” ’■

Las Cortes Suprema do Mississippi y South Carolina se manifiestan en igual sentido que la de Indiana. Así la pri-mera, en el caso de Alabama & L. V. R. Co. v. Williams, 51 L. R. A., 836, sostiene que “la madre de un hijo ilegitimo no puede recobrar por la muerte de dicho hijo bajo las leyes de 1898, p. 83, qué conceden el derecho de acción a la madre y a otros determinados parientes por virtud del fallecimiento de una persona cuya muerte sea el resultado de un daño ilegal.” T la segunda, en el caso de McDonald v. Southern Railway, 2 L. R. A., N. S., 640, establece que “la madre de un hijo ile-gítimo no está comprendida dentro de los términos de una ley que concede un derecho de acción a los padres por virtud de la muerte de un menor ocasionada por el acto negligente de otra persona.”

Podría argumentarse tal vez que en los Estados de la Unión cuya jurisprudencia hemos citado, las relaciones entre una madre y su hijo natural son distintas a las que existen en Puerto Eico, en donde la ley civil establece que la madre y su hijo natural tiefien derecho a heredarse recíprocamente.

Pero es el caso que en el Estado de Georgia, por ejem-plo, en donde las relaciones de la madre con su hijo natural son similares a las que existen en esta Isla, también la Corte Suprema ha llegado a iguales conclusiones que las de Indiana, Mississippi y la Carolina del Sur. En una decisión muy interesante, Robinson v. Georgia, RE. & Bkg. Co., 60 L. R. A., 555, 559, la Corte Suprema de Georgia, por medio del Juez Fisli, después de hacer una completa revisión de autoridades, se expresa así:

“Aunque es indudablemente cierto que el estado o condición de los hijos naturales de acuerdo con nuestra ley es muy superior a como lo era bajo el imperio de la ley común, no puedq sostenerse sin embargo que dichos hijos naturales han sido legitimados por com-pleto, y puestos en el mismo nivel en todos respectos que los hijos nacidos de legítimo matrimonio; y en vista de las resoluciones de este tribunal, que ya han sido citadas, en cuanto a que el estatuto que concede un derecho de acción por virtud de la muerte de una persona, debe ser interpretado estrictamente y que la palabra ‘niño’ empleada en el estatuto significa prima facie un niño legítimo, nos vemos obligados a declarar que la madre de un niño ilegítimo no tiene derecho de acción por el hecho de habérsele ocasionado al mismo la .muerte en forma ilegal o negligente. El estatuto prescribe que ‘una madre, o si ésta no existe, el padre, puede exigir.una indemniza-ción por la muerte de su hijo menor o sui juris, de quien ella o él dependen, o- quien contribuye al sostenimiento de la una o del otro, a menos que dicho hijo deje esposa o hijo. Los referidos padre o madre tendrán derecho a ser indemnizados en aquella cantidad que razonablemente hubiera podido adquirir su hijo durante su vida.' No existen palabras en el estatuto que determinen la palabra hijo en una forma particular, ni existe nada en el contexto del mismo que autorice la conclusión de que la legislatura quiso emplear la palabra en un sentido más lato del que ordinariamente se le da en los esta-tutos, y la letra de la ley claramente indica, a nuestro juicio, que el hijo a que se refirió la legislatura era al de legítimo matrimonio cuya madre, o en el caso de no existir ésta, cuyo padre, podría entablar una acción de daños y perjuicios con motivo de su muerte.”

Y esta interpretación de qne cuando se emplea únicamente la palabra “hijo” debe entenderse qne se refiere al hijo nacido de legítimo matrimonio, no es nueva sino qne es en verdad la correcta entre nosotros. Así Escricbe en el tomo 3, pág. 48, edición de 1875, de sn Diccionario de Legislación, dice:

“Cuando se habla de hijos en general, no se entiende ordinaria-mente sino de los hijos legítimos de ambos sexos, porque lo que carac-teriza la calidad de hijo es el haber nacido de padres unidos por matrimonio legítimo; y así es que si se quiere comprender o men-cionar a los hijos ilegítimos, se les suele dar alguna calificación que los designe, principalmente cuándo se trata de sucesiones y de otros derechos de familia.”

Habiendo en consideración todo lo expuesto, se impone, (como consecuencia necesaria y única, !a revocación de la sen-tencia apelada y la desestimación de la demanda. El derecho ejercitado por la demandante en este caso es de origen pura-mente estatutorio. El estatuto solo concede tal derecho al “padre” y, en su caso a la “madre,” por la muerte del “hijo menor de edad.” Interpretando dichas palabras de acuerdo con la tradición, así inglesa como española, y con la juris-prudencia constante de los tribunales, se ha visto que se refie-ren al padre, a la madre y al hijo legítimos. La madre en •este caso no es legítima, sino natural: luego es bien claro •que no tiene acción para reclamar cantidad alguna por la muerte de su hijo ocasionada, según la demanda, por virtud •de la negligencia de la corporación demanda. Extender el significado de las palabras padre, madre, e hijo, usadas en la ley, hasta comprender en ellas a los padres, a las madres, y a los hijos naturales, sería realizar algo que sólo puede llevar a efecto la Legislatura. Y nosotros no podemos con-vertirnos en legisladores.

Debe declararse con lugar el recurso, revocarse la senten-cia apelada y desestimarse la demanda, sin especial condena-■eión de costas.

Revocada la sentencia apelada y desestimada la demanda sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados 'Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Batista, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Becurso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro-piedad de Arecibo sobre calificación de idefecto subsa-nable.
    No. 189.
    Resuelto en junio 27, 1914.
    Bienes Gananciales — Adquisición Hecha por la Esposa — Origen del Dinero del Precio de Adquisición — Defectos Subsanables. — En una escritura de adquisición de bienes inmuebles otorgada a favor de uno de los cónyuges, no es necesario probar el origen del dinero con que se adquirió la finca, a menos que de la escritura se desprenda el propósito de tratarla como bien exclusivo del adquirente, o trate éste de inscribirla como tal y nó como bien do la sociedad de gananciales.
    Bienes Privativos de uno de los Cónyuges — Origen del Dinero deu Precio de la Adquisición — Bienes Gananciales. — Guando uno de los esposos du-rante el matrimonio adquiere bienes que considera privativos de ' él, debe expresarse en la escritura de adquisición que el dinero con que 'se adquirió la finca era de su exclusiva propiedad.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. José de J. Tizol.

    El Begistrador Sr. José Marcial López no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura No. 37, otorgada ante el notario Enrique Campillo Abrams en el pueblo de Quebradillas el día 11 de marzo de 1914, Manuel Batista y Mena, con el consentimiento de sn esposa, vendió a Doña Josefa Badía y Saavedra, casada, cierta finca urbana.

Al hacerse la inscripción de esta escritura el registrador le puso la siguiente nota:

“Inscrito este documento al folio 109 del tomo 3 de Quebradillas, finca número 174, inscripción 3a., con el defecto subsanable de no acreditarse que el precio de la compraventa corresponda exclusiva-mente al peculio de la compradora.”

El apelante solicita abora la revocación de la nota del registrador y que se proceda a verificar la inscripción del documento sin hacerse mención del referido defecto. Se nos hace un poco difícil comprender el motivo de la nota recu-rrida a menos que haya sido debida a un exceso de celo al aplicar al presente caso el principio contenido en el artículo 1322 del Código Civil. No se ha alegado por nadie que la finca en cuestión pertenezca a los bienes privativos de la com-pradora, y no hay nada en la escritura de donde pueda infe-rirse de modo alguno que la misma haya de ser considerada como tal. El artículo 1322 del Código Civil a que se ha hecho referencia, determina expresamente que se reputan ganan-ciales todos los bienes del matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer. Si como ocurrió en el caso de Feliú et al. v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R., 766, en la escritura se menciona que la adquisición la hace la esposa y que el precio de la compraventa lo satisface ella con dinero de su propio pecu-lio, o con fondos derivados de ciertos bienes de su exclusiva propiedad, y consta claramente que la intención de las partes y especialmente la de la esposa adquirente es la de conside-rar los bienes así adquiridos como privativos de la misma y hacer que de tal modo consten en el registro, entonces, de acuerdo con lo resuelto en dicho caso, la inscripción hecha por el registrador es correcta. Pero cuando como en el pre-sente caso la escritura no revela ni siquiera remotamente in-tención alguna por parte de ninguno de los interesados de considerar el precio objeto de la compraventa como perte-neciente a los bienes privativos de la compradora, el no pro-barse que dicho precio de la venta perteneciera exclusiva-mente a la compradora es un hecho que lógicamente no puede ser considerado como constitutivo de un defecto en la venta. Véase el caso de Igartúa v. El Registrador, que es muy pare-cido al presente, resuelto en junio 23, 1914.

Debe revocarse la calificación del registrador y cancelarse •en el registro la nota recurrida.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Alvarez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Htunacao en cansa por infracción de la ley de rentas internas.
    No. 674.
    Resuelto eu junio 27, 1914.
    Sentencia Defectuosa — Infracción de la Ley de Rentas Internas — Omisión de Expresar el Artículo Infringido — Nuevo Juicio. — Considerada aislada-mente sin referencia a los autos la sentencia dictada en este caso es defec-tuosa y técnicamente insuficiente por no expresar el artículo de la Ley de Rentas Internas infringido, pero esto por sí solo no es motivo bastante para revocar la sentencia, y ordenar la celebración de un nuevo juicio.
    Errores que no Perjudican al Acusado — Interpretación Liberal de la Ley— Revocación de Sentencia. — Los preceptos de los artículos 362 y 364 del Código de Enjuiciamiento Criminal en relación con el artículo 1 de la ley de mayo 30, 1904, deben ser interpretados liberalmente en el sentido de que no se revoquen las sentencias apeladas por defectos que no perjudican al acu-sado y que se haga rápida, práctica y libre administración de verdadera justicia.
    Sentencia Defectuosa — Modificación de la Sentencia por el Tribunal Supremo — Corrección de la Sentencia Refiriéndola a la Totalidad de los Autos. — El Tribunal Supremo, de acuerdo con los artículos 362 y 364 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con la ley de mayo 30, 1904, tiene facultades para modificar una sentencia apelada y confirmarla en la forma modificada, cuando dicha sentencia resulte defectuosa por no expresar el artículo de la Ley de Rentas Internas infringido por el acusado, y para lo cual puede examinar la totalidad de los autos.
    Infracción de la Ley de Rentas Internas — Venta de Licores por un Manda-tario sin Patente — Licencia del Principal. — Cuando, como en el presente caso, una persona lleva a efecto una venta de licores sin la patente que exige la Ley de Rentas Internas, pero actuó de buena fe como mandatario del vendedor o como socio del mismo, la licencia que tiene el mandante para vender licores es suficiente para que el mandatario no infrinja la Ley de Rentas Internas.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: \Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del acusado: Sr. Adrián Agosto.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del’ tribunal.

Se inició esta causa en la Corte Municipal de Yieques con motivo de una denuncia algo ambigua que fue presentada, titulada “El Pueblo de Puerto Rico v. A. Alvares y Hermanos, de San Juan, Puerto Rico,” imputando al acusado Sera-fín Alvarez, a quien se le describe cuidadosamente donde quiera que se le menciona como socio de la casa comercial de A. Alvarez y Hermanos, de San Juan, Puerto Rico, el becbo de baber vendido dos cajas de vino sin haberse pro-visto primeramente de la correspondiente patente al por mayor para vender licores, infringiendo por ello el artículo 18 de la Ley de Rentas, aprobada en 1911.

Terminado el juicio de novo que tuvo lugar ante la corte de Distrito a virtud de la expresada denuncia, dicba corte dictó la siguiente sentencia:

“Hoy día 15 de noviembre de 1913, día señalado para la vista de este caso, compareció El Pueblo de Puerto Rico, por su Fiscal, y el acusado en propia persona y por su abogado Adrián Agosto. Se dió lectura a la acusación a la que contestó el acusado alegando su ino-cencia. P.asó la prueba, informaron las partes y la corte declara al acusado culpable del delito de infracción a la Ley de Rentas Internas y le impone la pena de cien dólares de multa y en defecto de pago a sufrir un mes de cárcel y las costas.”

Contra esta sentencia el acusado interpuso apelación ale-gando como primer error que la sentencia es insuficiente. El Fiscal ba mostrado su conformidad en lo que respecta a este punto habiendo solicitado la revocación de la sentencia apelada y que el caso sea devuelto a la corte inferior para la celebración de un nuevo juicio. Es un becbo que no admite discusión alguna, que la sentencia tal como consta y consi-derada aisladamente sin hacer referencia a otras partes de los autos es en realidad defectuosa y técnicamente insuficiente. Pero de esto no se infiere que por esta razón deba' devolverse el caso a la corte inferior para la celebración de un nuevo juicio.

En el caso de Pointer v. United States, 151 U. S., 396, el Juez Sr. Harlan, se expresó como sigue:

“La objeción específica que se ha formulado a la sentencia es la que en la misma no se expresa el delito por el cual el acusado fue declarado culpable, o que dicbo acusado fuera culpable de algún determinado delito Esta objeción es más bien técnica que sustan-cial. * * *. Aunque en los autos de una causa criminal debe constar aquella parte en que de modo positivo se muestre el delito, las diligencias sin las cuales la sentencia no puede ser válida, y la sentencia misma ‘todas las partes de los autos deberán ser interpre-tadas conjuntamente, dándose efecto a todas, de ser posible, y corri-giéndose cualquier deficiencia que exista en alguna parte por lo que aparezca de otra. ’ 1 Bishop Cr. Pro, secciones 1347, 1348. Por tales razones se declara sin lugar la objeción a que se ha] hecho referencia últimamente.” Véanse también los casos de Sandy White v. United States, 164 U. S., 100; Denolli v. United States, 6 L. R. A. (nueva serie), 424; People v. Campos, 17 D. P. R., 1190, 1194.

■ Los artículos 362 y 364 de nuestro Código de Enjuicia-'miento Criminál, son como sigue:

“Artículo 362. — Después de celebrada la vista de la apelación, la Corte Suprema debe dictar sentencia sin parar mientes en los errores o defectos técnicos o de forma, o en excepciones que no afecten los 'derechos sustanciales de las partes.
“Artículo 364. — La Corte Suprema puede revocar, confirmar o modificar el fallo o auto contra el cual se haya apelado, o desestimar, confirmar, o modificar cualquiera o- todas las diligencias posteriores a dicho fallo o auto, o que de éste dependan y si lo considerase justo, puede dictar u ordenar la celebración de nuevo juicio.”

El artículo 1 do una “ley relativa a la revocación de sen-tencias en causas criminales por la Corte Suprema,” etc., aprobada en mayo 30, de 1904, Leyes de 1905, página 16, expresa lo siguiente:

“Artículo 1. — Siempre que resultare de los autos en alguna causa criminal apelada a la Corte Suprema, que cualquier requisito legal haya sido desatendido por el tribunal sentenciador, no se anulará la sentencia a menos que el error que de los autos resultare, tendiere á perjudicar los derechos de cualquiera de las partes, y se hubiere interpuesto la debida excepción en el tribunal sentenciador; dispo-niéndose, sin embargo, que. el tribunal de apelación podrá conocer de errores fundamentales que aparecieren en los autos, aun cuando no se hubiere interpuesto objeción a ellos, y fallar sobre los mismos con arreglo al derecho que de los hechos se desprendiere.”

Los artículos 362 y 364 arriba citados, son prácticamente idénticos al 6957 de las Leyes Compiladas de 1909, y el artí-culo 6955 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Oklahoma, con la sola excepción de que este último artículo del Código de Oklahoma ni siquiera es tan liberal como el 364 de nuestro código, pues en dicho artículo no se hace mención de las facultades conferidas por este último para desestimar, .Confirmar o modificar cualquiera o todas las diligencias pos-teriores al fallo o auto apelado; y determina de modo expreso que la causa deberá en cualquier caso ser devuelta a la corte inferior. El artículo 364 también es bastante parecido a la sección 904 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Texas.

Pocas son, sin embargo, las cortes de apelación en los Estados Unidos que están investidas de una facultad tan amplia como la conferida por estos estatutos, los cuales, reflejando como reflejan el pensamiento más elevado de la época presente, constituyen una desviación algo radical de la ley común y un gran paso de avance en la senda del ver-dadero sentido común, de la razón y de la justicia en el' pro-cedimiento criminal. De aquí resulta, desde luego, que las resoluciones que han sido dictadas por las cortes de última instancia al interpretar tales preceptos estatutorios no son numerosas. Sin embargo, las cortes de los dos últimos Esta-dos a que se ha hecho referencia frecuentemente han ejer-citado las facultades que de tal modo les han sido conferidas y dejando a un lado todas las objeciones técnicas, errores y defectos que no afectan a los derechos sustanciales de las partes, han adoptado' la interpretación más liberal de los artículos ya mencionados en perfecta consonancia con la esfera de acción de la idea fundamental que los informa y han desarrollado, en resumen, una tendencia claramente defi-nida que crece invariablemente en el sentido de una rápida, práctica y libre administración de verdadera justicia. Véanse los casos de Turner v. State, 126 Pac., 455; Robinson v. State, 126 S. W., 276; McCorquodale v. State, 98 S. W., 879; Turner v. State, 68 S. W., 511; Burks v. State, 55 S. W., 825.

En el presente caso, además de la sentencia de la corte inferior y de otros documentos de los antos tales como el asiento hecho en las minutas de la corte acerca de la com-parecencia del acusado, la alegación que hizo él y el escrito de apelación, se ha sometido también a nuestra consideración una copia literal y auténtica de la primitiva denuncia y una exposición del caso completa en la que aparece detalladamente expresada la prueba que fué practicada durante el juicio come también los distintos incidentes habidos en él. Examinados, los autos en todos sus aspectos, no puede haber duda alguna respecto al determinado delito que se imputó al acusado y por el cual fué en realidad declarado culpable. Este tribunal cuenta ahora prácticamente con los mismos datos para la co-rrección de la referida sentencia que aquellos que tuvo ante s£ la corte de distrito al dictar su sentencia. Una vez subsa-nado el defecto en cuestión, ni el error cometido por la corte inferior al no determinar el artículo de la ley de rentas que fué infringido ni la acción tomada por este tribunal al corre-gir el error, podía, bajo tales circunstancias, ocasionar un grave perjuicio de los derechos sustanciales del acusado. El objeto manifiesto de la ley de 1904 arriba citada al adicio-nar, como lo hace, los artículos 362 y 364 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, es precisamente prohibir que casos coma éste sean devueltos a la corte inferior para la celebración de un nuevo juicio lo que no ha de dar resultado práctico alguno.

Por tanto, si el único error que constara en los autos fuera el de la omisión en que incurrió la corte inferior al no deter-minar en su sentencia el verdadero delito por el cual fue declarado culpable el acusado,- tendríamos claramente el de-ber, y en ello no vacilaríamos, de modificar la referida sen-tencia en lo que fuera necesario con el fin de subsanar dicho defecto y luego confirmarla en la forma modificada.

Existe, sin embargo, una cuestión más seria y fundamental la cual a nuestro juicio exige que el caso se resuelva en otra forma y que a la vez nos releve de la necesidad de tener que discutir en todos sus detalles las demás cuestiones que can sido promovidas en los restantes señalamientos de error.

La denuncia, como hemos visto, puede ser impugnada por duplicidad, puesto que en ella claramente se trata de perse-guir al acusado en ambos conceptos, individualmente y en la capacidad que ostentaba como miembro de la razón social o mandatario de la casa de A. Alvarez y Hermanos, o en las dos capacidades. El juicio continuó al parecer en este último supuesto como pudo serlo en cualquier otro basta el momento en que fué presentada la moción de sobreseimiento, la cual se fundó en el becbo de no haber probado el fiscal la existencia de dicha,casa comercial así como tampoco la rela-ción que existía entre el acusado y la referida casa. La corte al desestimar esta moción hizo caso omiso de aquellas partes de la denuncia que hacían referencia a la casa comercial de A. Alvarez y Hermanos, por ser las mismas meramente super-finas, continuando la celebración del juicio. Cualesquiera que sean los hechos o la ley con respecto a la hipótesis o teorías de la corte y las partes durante el juicio, o en cuanto a los méritos de las diferentes cuestiones que hora se tratan de resolver en apelación, parece razonablemente claro que al declarar la corte culpable al acusado procedió en la creencia de que dicho acusado, una vez probado que realizó la venta, estaba en el deber de presentar una licencia personal pres-cindiendo del carácter con que actuó. De acuerdo con la prueba no puede explicarse satisfactoriamente dicho fallo y sentencia sino por esta hipótesis.

La prueba pertinente a la cuestión principal brevemente expresada es como sigue:

Paul Euell, agente de rentas internas, declara que a su llegada a Yieques encontró que Juan Eijos había com-prado diez y siete cajas de ron, dos de vino' moscatel, y una de anís; que Eijos le dió un recibo firmado por A. Alvarez el cual mostraba que él había pagado $50 por las veinte cajas de licores; que el acusado no tenía ninguna licencia según el registro de la oficina, del colector en Yieques; que A. Alvarez y Hermanos no tenía patente para vender al por mayor en Vieques; que los licores en cnestión hacía dos años qne estaban depositados en la casa de Antonio Luis; que las cajas estaban marcadas con el nombre de “Ponce” con otros nombres borrados, pero en cuanto a este punto el tes-tigo no recuerda bien.

Juakt Rijos declara que el "acusado le vendió veinte cajas de licores; ron, anís y'vino; que no sabía de donde venían esos licores; que los cogió en casa de Antolino Luis; que el acusado le extendió un recibo por $50; que no sabía si era dueño de las veinte cajas o si el acusado actuó como man-datario al verificar la venta; que el acusado le dijo: “Te vendo veinte cajas de licores que tengo en casa de Antolino Luis y que tengo que recoger,” y que después de regatear algo convinieron en el precio y fueron entonces a la casa de Anto-lino Luis a buscar el licor.

AíTTOLnsro Luis declara que en su casa él tenía veinte cajas de licores que había comprado a R. Pons las que no quería y entregó al acusado cuando éste vino a cobrarle por orden de Bubonis; que al llegar el acusado dijo: “He venido a co-brar ese licor,” y el testigo le dijo que estaba allí, que no podía quedarse con ellos; que el acusado enseñó al testigo un papel o carta que era de Bubonis y siendo R. Pons el dueño del licor, el testigo entregó dicho licor al acusado; que el acusado le dijo que si se lo iba a pagar y que él le respon-dió que no tenía dinero pero que allí estaban las cajas y entonces el acusado las cogió, las sacó de la casa y se las ven-dió a Juan Rijos; que A. Alvarez y Hermanos no ha tenido nada que ver con dicha venta ni tampoco ha tenido conexión alguna con motivo de la compra hecha por él a R. Pons & Ca.; que A. Alvarez y Hermanos no tuvo nada que ver con esos licores y dicha mercantil nunca ha escrito al testigo; que el acusado no había tenido nada que ver en relación con esos licores hasta el día que fué a casa del testigo con la carta de Bubonis a cobrar; que los licores no estaban en su casa en calidad de depósito; que los compró el testigo para estable-cer un negocio, pero no pudo ser y él (¿Pons ó el mandata-rio?) estuvo un día allí y le dijo al testigo: “Déjelos aquí hasta que yo mande a buscarlos;” que tenía él que devol-ver esos licores o pagar a E. Pons, pero no a A. Alvarez y Hnos.; que la persona que primero estuvo en su casa y le dijo que los dejara allí hasta que él los mandara a buscar, fué un empleado o socio de E. Pons; que el acusado fué a buscar esos licores en nombre de Bubonis y se los llevó; que el le entregó las veinte cajas al acusado las que fueron ven-didas a Juan Eijos en presencia del testigo; que el acusado fué a cobrarle a él esos licores, pero por. cuenta de Bubonis, j)ero que él no le pudo pagar y entregó dichos licores al acu-sado ; que no le pagó porque no tenía dinero; que debía esa cantidad por esas cajas y sé las sentfegó al acusado.

José S. Aybae Sánchez, Juez Municipal de Yieques, iden-tificó la firma del recibo la que sabe es la letra del acusado; que el recibo que fué presentado como prueba es como sigue: “$50. Mayo 22 de 1913. Eecibí de Don Juan Eijos la suma de cincuenta dólares, por varias cajas de licores. (Firmado) A. Alvarez & Hermanos.”

La defensa presentó como prueba tres certificaciones del Tesorero de Puerto Eico creditivas de que la mercantil de A. Alvarez y Hermanos tenía patente para vender licores al por mayor en los años 1911, 1912 y 1913.

Augusto Bubonis, testigo de la defensa, declaró que tuvo un asunto pendiente con Antolino Luis, de Yieques; que él tenía una factura de licores vendida hace dos años que se la vendió a (¿por?) Eduardo Pons como representante de E. Pons y Ca., cuya mercantil habiéndose declarado en quiebra el testigo adquirió sus deudas y demás; que la casa mer-cantil del testigo se llamaba “Bubonis, Sosa y Ca.,” la que se disolvió quedando solamente el testigo; que él • adquirió esa cuenta montante a $68 en licores; que él no le había ven-dido esa cuenta a A. Alvarez y Hermanos; que los licores estaban en poder de Antolino Luis; que él primeramente le giró a éste la cuenta por medio del banco, y del banco le devol-vieron la cuenta con una carta diciendo que le habían escrito a Antolino Luis y no había contestado; que después el testigo mismo le dirigió una carta certificada a Antolino Luis de la cual tiene copia el testigo y no le contestó; que un día Sera-fín. Alvarez estando de paso por su casa y hablando le dijo que iba a hacer un viaje por la isla y el testigo le preguntó si no iba a Vieques, contestó que sí; que entonces el testigo dijo al acusado que tenía una cuenta contra Antolino Luis el que no sabía quién era y que se la iba a dar ál acusado para que se la cobrara de la manera que dicho acusado creyera más conveniente, dándole una carta, autorizándole para el cobro de dicha cantidad; que.la cuenta la adquirió de Bubonis, Sosa y Ca., déspués que la casa se disolvió y como liquidador de la misma; que el testigo no trasmitió dichos licores a A. Alvarez y Hermanos, sino que solamente le dió la carta a Serafín Alvarez para que cobrara la cuenta de esos licores a Antolino Luis; que Serafín Alvarez era un mandatario del testigo; que el testigo no dió a Alvarez orden de vender dichos licores sin una patente; que el testigo vendía licores al por mayor en el año 1911, y también lo., era en 1912 y 1913; que él vendía licores en toda la Isla de Puerto Bico y podía vender ron, anís, vinos y licores; que el testigo dió una carta al acusado autorizándole para el cobro; porque había pa-sado algún tiempo de la venta de esos licores; el testigo en realidad no s°abía si existía o no existía; que la autoridad que el testigo había dado al acusado para la venta de dichos licores era nada más que el cobro de la cuenta o que mirara a ver lo que podía hacer; que después el Sr. Alvarez le dijo que había cobrado cincuenta dólares por esos licores; que los había vendido y le entregó el dinero.

No aparece en todos los autos la más mínima prueba que demuestre que el acusado Serafín Alvarez fuera o hubiera sido alguna vez dueño en absoluto o en parte de las veinte najas de licores, que tuviera algún interés personal en las mismas, o que al efectuar la referida venta Rubiera actuado a nombre propio o tuviera algún interés pecuniario en la transacción. Parece razonablemente claro el becbo de que el mismo actuara como mandatario de Pons o Bubonis, de acuerdo con las instrucciones de este último, y que por cierto motivo que no se explica, quizás por la fuerza de la costum-bre, dió un recibo a nombre de A. Alvarez y Hermanos. Pero es enteramente inmaterial el becbo de si el acusado actuó como mandatario de Pons o Bubonis, o como mandatario o socio de la mercantil de A. Alvarez y Hermanos. En uno u otro caso, su principal tenía la correspondiente patente al por mayor, a cuya protección tiene derecho el acusado. Cuando en un caso como el presente el mandatario procede de buena fe como subordinado del principal, la licencia de este último protege al primero. 2 Wharton sobre Ley Criminal, Edición 11a., página 1976; City of Emporia v. Becker, 12 L. R. A. (nueva serie), página 946, y casos citados en la nota del caso; French v. Toledo, 25 L. R. A. (nueva serie), página 748; State v. Rosenbaum, 15 L. R. A. (nueva serie), página 288.

Por tanto, considerada la prueba desde cualquier punto de visita resulta la misma completamente insuficiente para sos-tener la sentencia. Debe revocarse la sentencia apelada y sobreseerse la causa.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Alvarez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en cansa por infracción de la ley de rentas internas.
    No. 679.
    Resuelto en junio 27, 1914.
    Revocada la sentencia apelada por los fundamentos de la opinión emitida en el caso de M Pueblo v. Alvares, resuelto en junio 27, 1914.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Adrián Agosto.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La presente cansa se originó en la Corte Municipal de Yieques, y conoció de ella en grado de apelación, mediante celebración de nuevo juicio, la Corte de Distrito de Huma-cao, la que dictó la siguiente sentencia:

“Iíoy día 15 de noviembre de 1913, día señalado para la vista de este caso, compareció El Pueblo de Puerto Rico por su Fiscal, -y el acusado en propia persona y por su abogado Adrián Agosto. Se dió lectura a la acusación, a la que contestó el acusado alegando su inocencia. Pasó la prueba, informaron las partes y la Corte declara culpable al acusado del delito de infracción a la Ley de Rentas Inter-nas y le impone la pena de cien dollars de multa y en defecto de pago a sufrir un mes de cárcel y las costas.”

Contra esa sentencia se ha interpuesto por el acusado recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

En la denuncia que lleva por título “El Pueblo de Puerto Rico, v. A. Alvarez y Hermanos, de San Juan,” se imputa a Serafín Alvarez, socio de la casa comercial de A. Alvarez y Hermanos, de San Juan, el hecho de haber vendido 17 cajas de ron de varias marcas, y una caja de anís, sin estar el acu-sado provisto de la correspondiente patente ai por mayor, para vender los referidos licores, infringiendo así la sección 18 de la Ley de Arbitrios de Puerto Pico de 1911.

En el día de hoy, 27 de junio, hemos decidido otro recurso de apelación No. 674, también interpuesto por Serafín Alvarez contra sentencia que en la misma fecha, 15 de noviem-bre de 1913, pronunció la Corte de Distrito de Humacao, con-denándolo igualmente por delito de infracción a la Ley de Eentas Internas.

En uno y otro delito no hay más diferencia que la de que en la presente cansa se trata de la venta de 17 cajas de ron y 1 caja de anís, y en la otra causa, de la venta de dos cajas de vino.

Las pruebas han sido las mismas en una y en otra cansa, pues las partes estipularon que sólo se practicaran pruebas en uno de los dos casos, y el otro fuera sometido a la decisión de la corte por los méritos de las mismas pruebas.

Los motivos de error alegados en uno y otro recurso para sostener la revocación de la sentencia apelada, son idénticos; y después de examinar dos de ellos en el número 674, sin entrar en el examen de los demás, por estimarlo innecesario, llegamos a la conclusión de que la prueba era insuficiente para sostener la sentencia apelada.

Las mismas consideraciones de hecho y de derecho consig-nadas .en la opinión emitida al resolver el caso No. 674, son aplicables al presenté, y en vista de esas razones que aquí damos por reproducidas, es de revocarse la sentencia apelada.

Revocada la sentencia apelada y ab suelto el ■ acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.