author: El Juez PkesideNte Sr. HerNÁNdez,

text:
    J. Ochoa y Hermano v. Herederos, Sucesores o Causahabientes de Lanza.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 585.
    Resuelto en abril 3, 1911.
    Alegaciones — Excepción Previa — Causa de Acción.. — La demanda presentada en este caso no demuestra causa de aeeión en contra de los demandados, pues de las cuatro alegaciones que contiene, las dos primeras se refieren a la capa-cidad de las partes, la última a la falta de pago de la obligación, y la tercera, que es la esencial por ser en su caso la generadora de la acción, y la base de la reclamación, sólo afirma que la sociedad demandante es acreedora de la parte demandada por cantidad determinada, en virtud de obligaciones con-traídas, y esta afirmación no envuelve un hecho, sino una conclusión de derecho.
    Id. — Concepto de Acreedor. — El concepto de acreedor tiene que resultar de hechos originarios de una obligación, la que puede reconocer distintas causas, y esos neehos deben alegarse y concretarse para que, aceptados o probados, tenga vida legal aquel concepto.
    Id. — Alegaciones de Derecho. — La alegación hecha por la parte demandante de que es acreedora de la parte demandada, es igual a la de que la parte deman-dada es deudora de la demandante, y con respecto a' esta última alegación, la jurisprudencia ha establecido que es una alegación de derecho, y como tal no surte efecto ni puede sustituir o suplir hecuos.
    Id. — La omisión que contenga una demanda, de los hechos que" sean necesarios para constituir causa de la acción ejercitada, no puede suplirse con las resultancias de las pruebas practicadas en el juicio, pues la demanda debe expresar por sí sola todos aquellos hechos que sean necesarios para constituir dicha causa de , acción.
    Obligaciones — Documentos Mercantiles — Pagarés Expedidos a la Orden. — • Prescripción. — Los pagarés expedidos a la orden son documentos mercantiles, ' y con arreglo al Código de Comercio, prescriben a los tres años contados desde su vencimiento, hayanse o nó protestado.
    Id. — Convenio de Acreedores. — El convenio celebrado por el deudor con sus acreedores, en un procedimiento de suspensión de pagos, por virtud del cual los últimos hubieran concedido al primero un plazo determinado para sol-ventar todas sus deudas, no afecta a la naturaleza de la obligación, y si ésta - es mercantil, no puede entenderse que deje de ser prescriptible con arreglo al Código de Comercio para ser regida por el derecho común, pues si tal obli-gación no fué remitida o extinguida por otra a virtud del convenio, la obliga-ción subsiste, sin más alteración que la accidental del plazo para el pago, pero conservando su carácter especial y su virtualidad legal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Arturo Aponte, Jr.

    Abogado del apelado: Sres. Bosch y Soio¡.

   El Juez PkesideNte Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

El presente pleito comenzó por demanda qne en'18 de diciembre de 1907 produjo la sociedad J. Ochoa y Hermano contra herederos, sucesores o causahabientes de Celestino Lanza, en cobro de dinero, cuya demanda contiene las siguien-tes alegaciones:

I. Que la demandante es una sociedad en comandita con domicilio legal en esta ciudad y capacidad para demandar y ser demandada. .

II. Que Celestino-Lanza fué comerciante establecido en la ciudad de Humacao, y había fallecido cinco o seis años atrás.

III. Qne la sociedad demandante es acreedora de la suce-sión de Celestino Lanza por virtud de obligaciones contraí-das por éste, de la cantidad de $3,294.28, procedentes de un capital de $2,238.76 y sus intereses, desde 5 de febrero del año 1900 hasta 15 de diciembre de 19077

IY. Que ni Celestino Lanza, ni su sucesión, han satisfecho en tiempo alguno la expresada cantidad de $3,294.28.

La demanda concluye con la súplica de que en su día dicte sentencia condenado a la sucesión de Celestino Lanza al pago de los tres mil doscientos noventa y cuatro dollars veinte y ocho centavos ($3,294.28), intereses legales' desde 16 de diciembre de 1907 hasta que el pago se efectúe, y las costas.

A la anterior demanda opusieron Víctor y Melquíades Lanza, herederos de Celestino Lanza, y Tomás Carreras, administrador de sus bienes, las excepciones previas marca-das con los número uno y sexto del artículo 105 del Código de Enjuiciamiento Civil, o sea, que la corte no tenía juris-dicción sobre las personas de los demandados, y que dicha demanda no aducía hechos bastantes para determinar una causa de acción; y no habiendo comparecido.a sostenerlas el abogado de la parte demandada en el día señalado al efecto, la corte a virtud de moción de la demandante las tuvo por desistidas y abandonadas por orden de 12 de abril de 1909.

Los demandados contestaron entonces la demanda, alegan-do como excepción previa que no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción, por haber ésta pres-crito con arreglo al artículo 950 del Código de Comercio. Por vía de contestación aceptaron los hechos Io. y 2o. de la pre-dicha demanda, negando en absoluto todos los demás; y como defensa especial reprodujeron la excepción de prescripción que como previa tenían alegada.

La corte, por orden de 3 de enero de 1910, deséstimó la excepción previa de prescripción por no resultar de la faz de la demanda, y por haber sido desestimadas anteriormente otras excepciones previas, sin que se hubiese concedido per-miso para reproducirlas; y como la demanda había sido con-testada, ordenó se incluyera el pleito para señalamiento en el próximo calendario.

Al celebrarse el juicio en 28 de febrero de 1910, después de leídas las alegaciones de ambas partés, el abogado de los demandantes propuso como prueba una certificación expe-dida por el Secretario de la Corte de San Juan sobre autos de suspensión de pagos de Celestino Lanza, y habiendo mani-festado el abogado de los demandados que no se oponía a su admisión, si el objeto de dicha certificación era demostrar que en 12 de junio de 1898, Celestino Lanza se presentó en suspen-sión de pagos y que en el expediente de suspensión figuró un pagaré del referido Lanza a favor de los demandantes, ambas partes de común acuerdo, con permiso de la corte, estipula-ron lo siguiente:

“Que Don Celestino Lanza se declaró en suspensión de pagos el día 13 de mayo de 1898, y que en dicha'suspensión figuraron los de-mandantes J. Ochoa Hermano, como acreedores del dicho Don Celes-tino Lanza, con un pagaré, que literalmente dice así:
“Por $4,704, m. c. Pagaré en esta Capital precisamente el día 15 de marzo de 1898, a los Sres J. Ochoa Hermano, o a sn orden,' en plata n oro, moneda corriente, con exclusión de todo papel moneda, añn el que fuere de circulación forzosa, la suma de $4,704 importe dé efectos recibidos de conformidad, según factura de esta fecha. Re-nuncio al derecho, de domicilio y cuantas leyes pudieran favorecerme, y me obligo a satisfacer el interés del uno por ciento mensual, desde el día del vencimiento hasta el que se efectúe el pago, con más las costas, costos, daños y perjuicios que se originen por la' demora. San Juan, P. R., a 15 de noviembre de 1897. C. Lanza.”

Para mantener esa estipulación fné presentada la suspen-sión de pagos de que se lia hecho mérito, la que aparece transcrita en el récord, y la representación de los demandan-tes anunció a 1 á corte que había terminado su prueba.

El ahogado de los demandados solicitó del Tribunal una orden de non suit, o sea que se dictara sentencia a favor de los mismos, por entender que no habían sido probadas las alegaciones esenciales de la demanda, invocando además la prescripción en su favor, de acuerdo con el artículo 950 del Código de Comercio.

A esa pretensión se opuso el abogado de los demandantes, y después de haber pedido permiso a la corte para enmendar la alegación 3a. de la demanda de acuerdo con la prueba, re-cayó resolución que, copiada a la letra, dice así:

“El día 28 de febrero de 1910, fecha previamente señalada para la vista de este pleito, fné llamado, compareciendo las partes represen-tadas por sus abogados Manuel Tous Soto y Arturo Aponte, Jr., por demandantes y demandados, respectivamente. La corte vista la prueba documental y la moción de non suit presentada por los deman-dados al terminarse la prueba de los demandantes, y los informes de los abogados de ambas partes, reservó su resolución. La corte ahora resuelve que la moción de non suit presentada por los demandados abarca dos extremos: A. Deficiencia total (failure) de la prueba. B. Prescripción de la acción ejercitada. En cuanto a la primera, sólo existe una incongruencia subsanable, y la corte resuelve, que, habiendo el demandante solicitado una enmienda a su demanda para hacerla armonizar con la prueba, siendo esta materia discrecional y de conve-niencia a los fines de la justicia, sin que con su concesión se cause per-juicio alguno a los demandados, que no tendrán que aducir defensa distinta, que la planteada, se autoriza la enmienda solicitada que de-berá formularse enseguida, o sea dentro del plazo de veinte y cuatro horas, imponiéndose además todas las costas causadas hasta ahora a los demandantes.” (Véase Ramm v. B. of California, 74 Cal., 191.)
Respecto a la segunda, aunque no existe novación de la obligación principal, según se verá por las anotaciones legales que se insertan abajo en relación con la prueba documental presentada, no tiene la Ley Comercial término alguno de prescripción para esta clase de obligaciones, puesto que la virtualidad del pagaré original ha cesado, aunque la obligación íntegra subsista; y es, por tanto, de aplicar el articulo 943 del Código de Comercio, que, llevándose al derecho común, concede quince años para el ejercicio de esta clase de acciones.” (Veanse sentencias del Tribunal Supremo de España de primero de febrero de 1883 y 28 de junio de 1904; Manresa, Coment. al Código Civil, Vol. 8, pág. 431.)
‘ ‘ En cuanto a la falta de pago, la corte resuelve que el pago de una obligación es una materia de defensa que deberá alegar el demandado.
"Comuniqúese esta orden a las partes, para la continuación de la vista de esta causa, el día siete del corriente mes de marzo, a las 10' a. m.
"Dada en corte abierta hoy día de la fecha (firmado) Jorge V. Domínguez, Judge, District Court. Attest, Jesús L. Pereyó, Secretary.”

De esa resolución tomaron excepción los demandados.

A virtud del permiso de la corte, la demanda fué enmen-dada en el sentido de que la catítidad adeudada y no satis-fecha era de cuatro mil setecientos cuatro pesos, moneda especial, equivalentes a dos mil ochocientos veinte y dos dollars, cuarenta centavos oro americano, y sus intereses desde cinco de febrero del año mil novecientos, hasta cinco- de marzo del año mil novecientos diez al tipo legal, ascendentes a mil sete-cientos siete dollars cincuenta y cinco centavos oro americano, cuyas partidas de capital e intereses dan el total de cuatro mil quinientos veinte y nueve dollars con noventa y cinco centavos oro americano, a cuyo pago debía ser condenada la parte demandada, con los intereses legales desde el día 5 de marzo de 1,910, fecha de. la enmienda hecha, hasta el com-pleto reintegro, con imposición de las costas.

Reanudada la vista del caso en el día señalado, 7 de marzo, ambas partes estipularon que los demandantes no han hecho ningún requerimiento de pago, ni ninguna interpelación judicial a los demandados con anterioridad a la fecha en que fue presentada la demanda.

Los demandados presentaron la misma certificación del expediente de suspensión de pagos como prueba en la parte relativa a recurso de apelación interpuesto por uno de los acreedores contra la resolución dictada .por 'el Juez de la Primer Instancia de Humacao, en dicho expediente, y ade-más, otra certificación del Municipio de Humacao, justifica-tiva de que Celestino Lanza fue comerciante en dicha ciudad hasta el primer semestre del año 1900, habiendo dejado de serlo en aquella fecha. ■ •

Del expediente de suspensión de pagos traído como prue-ba e inserto íntegro en el récord, resulta: •

(a) Que en junta celebrada ante el Juez de Primera Ins-tancia de Humacao con fecha 20 de junio de 1898, los acree-dores de Celestino Lanza entre los que figuraba Severo Ochoa, como endosatario de J. Ochoa y Hermano, tenedores de pa-garé otorgado a su favor en 15 de noviembre del año anterior por valor de 4,704 pesos, acordaron conceder a Lanza un año de respiro y cuatro años de espera para pagar íntegramente y por cuartas partes, sin interés, todas sus deudas.

(b) Que ese acuerdo o convenio fué aprobado por auto'' que dictó el Juez de Primera 'Instancia de Humacao en 6 de julio de 1898, si bien limitando a fres años el plazo concedido al deudor para pagar a sus acreedores, cuyo pago había de hacerse por terceras partes el 20 de junio de los años 1899, 1900 y 1901.

(c) Que la sociedad acreedora Bolívar, Arruza y Cía. solicitó en 8 de. noviembre de 1898 la nulidad del auto que declaró en suspensión de pagos al comerciante Celestino Lan-za, y en todo casó la nulidad de la junta sobre convenio de los acreedores, con más la nulidad del auto que aprobó el con-venio, cuyas pretensiones todas fueron desestimadas por auto del juzgado de Humacao de 13 de diciembre del mismo año.

(d) Que la expresada sociedad interpuso recurso de ape-lación contra gl auto de 13 de diciembre de 1898, cuyo re-curso fue admitido, citándose y emplazándose para ante la Corte Suprema a los representantes de la parte apelante y de Celestino Lanza en 6 de febrero de 1899, sin que aparezca que tal recurso íiayp. sido tramitado y decidido.

El juicio terminó por sentencia que dice así:

“El día 7 de marzo de 1910, señalado previamente para la vista de este caso que fué llamado, comparecieron el abogado JVt. Tous Soto por los demandantes y el abogado Arturo Aponte, Jr., por los deman-dados, y anunciaron estar listos, en cuyo día la corte después de- oir los escritos de las partes y las pruebas suministradas, se reservó su resolución.
‘ ‘ Hoy 22 de abril de 1910, la corte resuelve que la ley y los hechos están a favor de la parte demandante, por cuanto respecto a la pen-dencia del recurso de apelación de la orden aprobatoria de la suspen-sión de pagos, hay que presumir como cuestión de derecho la caduci-dad de tal instancia, de acuerdo con los artículos 410 y 414 del Código de Enjuiciamiento Civil antiguo, encontrándose los autos originales en la Corte de Distrito de San Juan, por virtud de la Sección 12 de la Orden General número 118 de agosto 16 de 1899.
“7 habiéndose resuelto los demás puntos de defensa en la orden interlocutoria de esta corte de 7 de marzo de 1910, una vez enmendada la demanda, se ordena que los herederos de Celestino' Lanza et al., paguen a los demandantes J. Ochoa y Hermano, la suma de cuatro mil quinientos veinte y nueve dollars noventa y cinco centavos ($4,529.95) que le adeudan como herederos de su finado tío Celestino Lanza, más las costas causadas. Humacao, veinte y dos de abril de mil novecientos diez. (Firmado) Jorge Y. Domínguez, Judge, District Court. Attest, Jesús L. Pereyó, Secretary, District Court of Humacao.”

Contra la sentencia transcrita interpusieron los deman-dados recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, alegando, entre otros motivos legales, para sostenerlo, 'que la corte inferior cometió error al no declarar con lugar la excep-ción previa opuesta a la demanda de que ésta no aducía hechos suficientes para determinar una cansa de acción, y al resolver sobre los méritos del caso, que la acción de la sociedad demandante no había prescrito.

La demanda, ya se considere en su redacción primitiva, ya con la enmienda que se le hizo, limitada únicamente a la cuantía de la reclamación, no muestra causa de acción en contra de los demandados, pues de las cuatro alegaciones que contiene, las dos primeras se refieren a la capacidad de las partes, la última a la falta de pago de la obligación, y la ter-cera, que es la esencial por ser en su caso la generadora de la acción y la base de la reclamación, sólo afirma que la socie-dad demandante es acreedora de la parte demandada por cantidad determinada, en virtud de obligaciones contraídas, cuya afirmación no envuelve un hecho, sino una conclusión de derecho.

“Acreedor. Es la persona a favor de la cual se ha con-traído una obligación.” (Bouvier’s Law Diet., Yol. 1, pág. 475.)

“Acreedor. Es aquel que tiene derecho a obtener dinero de otro por virtud de cualquier concepto.” (Am. and Eng. Encyc. of Law, Yol. 8, pág. 238.)

“Acreedor. El que tiene acción o derecho a pedir alguna cosa.” (Escriche, Diccionario razonado de Legislación y J urisprudencia.)

Como se ve, el concepto de acreedor tiene que resultar de hechos originarios de una obligación, la que puede reconocer distintas causas, y esos hechos deben alegarse y concretarse para que, aceptados o probados, tenga vida legal aquel con-cepto.

La. alegación hecha por la parte demandante de que es acreedora de la parte demandada, es igual a la de que la parte demandada es deudora de la demandante, y sobre tal alega-ción, dice un ilustrado tratadista:

“Una alegación expresiva de que una persona es o era deudora, aun cuando añada que lo es por virtud de dinero recibido, etc., o por servicios,'etc., describiendo el fundamento de la deuda, es una mera conclusión, y por tanto, insuficiente al ser atacada por una excepción previa, a menos que se con-signen aquellos detalles -de tiempo, lugar, requerimiento, etc., que equivalgan a una alegación sustancial de hechos expli-cativos de responsabilidad.” (Abbott’s Trial Brief, Yol. 1, pág. 534, 2a. ed., y notas allí citadas.)

“La alegación de que se adeuda una suma es una mera conclusión de ley.” (Bliss on Code Pleadings, párrafo 212, pág. 234, 3ra. edición.)

Y las conclusiones legales no surten efecto alguno en los pleadings, ni pueden sustituir o suplir fiecbos. La demanda, según el artículo 103 del Código de Enjuiciamiento Civil, entre otros requisitos, debe contener una exposición en lenguaje usual y conciso de los fiecbos que originan la acción, y ese precepto no puede estimarse cumplido por medio de conclu-siones legales.

“El sistema de alegaciones bajo el Código es enfática-mente un sistema de fiecbos; solamente fiecbos deben alegarse; es decir, fiecbos en contradistinción de derecho, argumentos, hipótesis o evidencia de los hechos. El demandante está obli-gado a hacer constar franca y verdaderamente los hechos que constituyen la causa de acción.”' (Encyclopedia of Pleading and Practice, vol. 12, pág. 1022.)

El defecto de que adolece la demanda no puede estimarse subsanado por la estipulación que en el acto del juicio hicie-ron las partes sobre haberse presentado Celestino Lanza en suspensión de pagos el año de 1898, y haber figurado J. Ocfioa y Hermano entre los acreedores por valor de $4,704, según pagaré a la orden inserto en dicha estipulación, pues a noso-tros nos toca resolver hoy si la demanda, tal como fué pre-sentada y dió origen al juicio, aducía causa de acción, como realmente no la aducía según dejamos expuesto, y dicha esti-pulación no vino a alterarla en su alegación sustancial. Tal estipulación no puede tener más alcance que el que se deriva de los términos en qne aparece redactada y del fin qne al hacerlo se propusieron las partes, o sea demostrar qne Lanza, se presentó en suspensión de pagos y qne en ese expediente de suspensión de pagos, aparecía la sociedad demandante co-mo acreedora, a virtud de nn pagaré a la orden suscrito por Lanza.

Pero si se admite qne mediante la estipulación de que se deja hecho mérito y el expediente de suspensión de pagos traído al juicio como prueba, el crédito cuyo cobro se persigue es el mismo originado por el pagaré a la orden inserto en la estipulación, tendremos que la corte inferior cometió - error-ai estimar que la acción ejercitada por la sociedad deman-dante no ha prescrito. Dicha acción se derivaría entonces de-un pagaré que en 15 de noviembre del año 1897 expidió el demandado a favor de la sociedad demandante o a su orden,, por cantidad de 4,704 pesos de la moneda entonces corriente,, procedente de efectos recibidos de conformidad, y a solven-tar en 15 de marzo de 1898 con el interés del 1 por-ciento-mensual desde el día del vencimiento hasta el del pago. Ese pagaré es un 'documento mercantil, y como tal, está sujeto-a los preceptos del Código de Comercio, según lo hemos re-suelto en el caso de Agustín Hernández v. José de los Santos Muñiz, decidido en 15 de enero de 1906. Según el artículo 950 del Código citado, la acción procedente de letras de cam-bio, libranzas y pagarés de comercio, cheques, talones y de-más documentos de giro o cambio, se extinguirá a los tres años de su vencimiento, háyanse o nó protestado. El pagaré, según su texto, había de vencer en 15 de marzo de 1898, y según el convenio aprobado por el juzgado de Primera Ins-tancia de Humacao en el expediente sobre suspensión de pagos de Celestino Lanza, en 20 de junio, 1901, pues en ese día había de expirar el último plazo de los. tres en que por ter-ceras partes había cíe solventarse el crédito. La demanda se-presentó en 18 de diciembre de 1907, y por tanto, ya se con-sidere el pagaré tal cual está redactado, ya prorrogado en su pago, ha vencido con exceso el término de tres años señalado-para la prescripción, que no se lia interrumpido, pues los demandantes confiesan no haber hecho requerimiento de pago ni interpelación judicial a los demandados con anterioridad a la fecha en que fué registrada la demanda.

No podemos admitir que mediante el convenio habido en la junta de acreedores de Lanza, la acción eveniente del pa-garé 'haya dejado de ser prescriptible con arreglo al artículo 950 del Código de Comercio, para ser regida por las dispo-siciones del derecho común, al tenor de lo que ordena el artí-culo 943 del mismo Código, en cuyo caso el término de pres-cripción sería de 15 años a contar desde la fecha en que fué celebrado el convenio. La obligación contraída por Lanza al librar el pagaré no fué remitida o extinguida por otra a virtud del convenio, sino que quedó subsistente en su esencia, objeto y condiciones principales, sin más alteración que la accidental del plazo para el pago, habiendo, en su consecuen-cia, subsistido el pagaré, aunque afectado por esa misma alte-ración, que no le ha quitado su carácter especial y su virtuali-dad legal. Tan es así, que según la enmienda hecha a la de-manda con el resultada de la prueba, la misma deuda que arroja el pagaré y no otra es la que se cobra.

En corroboración de lo dicho podemos citar los artículos 1124,1171 y 1172 del Código Civil Eevisado, que son los 1156, 1203 y 1204 del Código Civil antiguo, y la Sentencia del Tribunal Supremo de España de 28 de junio de 1904.

No es de aplicación al presente litis la sentencia del mis-mo tribunal de 11 de diciembre de 1906, invocada por la parte recurrida, pues, se refiere a un caso en que la obligación pri-mitiva fué modificada sústancialmente por un convenio.

Por las razones expuestas, y siendo innecesario entrar en la consideración de otras cuestiones legales traídas a judicial debate, entre ellas la de falta de prueba de la obligación cuyo cumplimiento se pide, y la de que la corte cometió error al estimar que los demandados tenían que alegar el pago de la deuda, habiendo alegado los demandantes “Non payment” en el escrito de demanda, opinamos que debe revocarse la sentencia apelada y declararse sin lngar la demanda sin especial condena de costas.

Revocada.

Jneces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, "Wolf, y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no intervino en la reso-lución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

license: Public Domain

text:
    Carrasquillo v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia.
    No. 92.
    Resuelto en abril 3, 1911.
    Inscripción — Palta de Expresión de la Medida Superficial — Defecto Sub-sanable. — La falta de expresión en el título, de la medida superficial de la finea, constituye un defecto subsanable que debe hacerse constar en su inscrip-ción en el registro de la propiedad. '
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Raul Renedicto.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn recurso gubernativo interpuesto contra la negativa del registrador a inscribir, sin consignar nn defecto subsanable, cierta escritura de agrupación y edificación pre-sentada con ese objeto el 11 de enero pasado. La resolución del registrador dice así:

“Inscrito el precedente documento al folio 24 del tomo 8o. de Sant. Sud, finca 307, inscripción primera, con el defecto subsanable de no expresarse la medida superficial de la finca. San Juan, enero 23, 1911.”

Este caso es exactamente igual al de Pascasia González v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, que fué re-suelto por este tribunal el 20 de febrero pasado; con esta diferencia insignificante, qne en aquel casó el registrador denegó del todo la inscripción del documento por el defecto subsanable de que el documento no expresaba la medida superficial de la finca vendida, y en este caso, aunque se hizo la inscripción, se consignó el defecto subsanable.

La opinión emitida en el caso de González, antes men-cionado, claramente establece "que la omisión de expresar en el documento presentado la medida superficial de la finca no es razón para denegar la inscripción de la misma, y que debe hacerse la inscripción haciendo constar el defecto. Esto es exactamente lo'que el registrador hizo en el presente caso, y el apelante no tiene motivo para quejarse de su resolución en el caso, puesto que aquel oficial ha seguido las instrucciones anteriormente dadas por este tribunal.

Aprobamos la opinión en el caso de González antes men-cionado, en todas sus partes, y especialmente en el último párrafo en el que se dice en efecto: “Comprendemos la con-veniencia de que en todas las inscripciones aparezca la medida superficial, para que de ese modo queden bien identificados los inmuebles y se eviten fraudes que facilita la omisión de tal circunstancia; pero como la ley sólo exige que conste en la inscripción la cabida de la finca, cuando ese -dato resume del título presentado, nosotros no podemos ir contra la incontestable claridad de la ley, a la cual debemos dar estricta aplicación, reservando al poder legislativo la revocación o modificación de la misma.” Es evidente que la Legislatura muy bien podría decretar que toda escritura de traspaso, y otros documentos semejantes, debieran hacer constar clara-mente la cabida superficial de la fincadle que se trata.

Por. las razones consignadas, debemos confirmar la reso-lución, en el presente caso, del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández' y Aso-ciados, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wole

text:
    Andújar et al. v. Alonso.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Jnan.
    No. 658.
    Resuelto en abril 4, 1911.
    Apelación — Desestimación—Notificación de la Apelación. — La snee¡=ión ape-lante en este caso no ha figurado formalmente como parte en el pleito' ante la corte inferior, ni aparece que haya notificado a la parte contraria el escrito de apelación, por todo ío cual procede que se desestime dicha apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Francisco de la Torre.

    Abogado de las apeladas: Sres. Herminio Díaz y Gay. Goll Cuchí.

   El Juez Asociado Sr. Wole

emitió la opinión del tribunal..

Este es nn recurso de apelación, interpuesto contra una orden dictada después de la sentencia. José Alonso Gon-zález fné demandado en una acción reivindicatoria; y en 14 de septiembre de 1908, la Corte de Distrito de San Juan, dictó sentencia a su favor. En 19 de diciembre de 1910, el apelante presentó una moción, suplicando al tribunal que se procediera a la ejecución de la sentencia, y que se ordenara-la cancelación de la inscripción beclra a favor de las apeladas, en el registro de la propiedad. El tribunal denegó la moción por el motivo de que la sentencia no ordenaba tal canee1 ación.

La sentencia es general en su forma, y simplemente falla contra las demandantes. No bay nada que demuestre los motivos, por los cuales el tribunal llegara a su conclusión. Los apelantes alegan ser la sucesión de José Alonso González y afirman que la defensa en este pleito se fundaba en el Lecho de que la inscripción se hizo primero a favor de José Alonso González; pero el tribunal hubiera podido llegar a su resolu-ción por cualquier otro motivo, como por ejemplo, la falta de prueba. Pudo haber habido algún motivo, por el que no debía cancelarse la inscripción! Sin entrar en la considera-ción de los derechos de las apeladas, que pudieran habérse originado en el transcurso de dos años, después de dictada la sentencia, o si fué necesario que el primitivo demandado pre-sentara en el pleito una reconvención, o contra-petición, enten-demos que las apeladas eran claramente partes interesadas y contrarias. Y siendo partes contrarias, tenían derecho a la notificación de este recurso de apelación; pues el procedi-miento no debe ser considerado como un simple procedimiento ex parte.

No aparece que se haya hecho tal notificación, y debe de-sestimarse el recurso de apelación. También tendría que de-sestimarse la apelación, por no haberse hecho nunca gestión alguna para que figurasen formalmente los apelantes, como partes, en el tribunal inferior.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados, MacLeary y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Alclrey, no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Villar v. El Registrador de la Propiedad.
    Recubso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia.
    No. 88.
    Resuelto en abril 5, 1911.
    Mandato_Facultades del Apoderado para Tomar Dinero a Préstamo. — La cuestión envuelta en este caso versa sobre la interpretación de la siguiente cláusula: ‘.‘Para que venda dichos bienes, acciones y derechos o créditos, los permute, ceda, arriende, grave e hipoteque; otorgue cartas de pago y cance-laciones; haga arreglos y transacciones de todo género, ya se refieran a' la simple administración, ya a la más libre disposición.” He resolvió que en este poder no está incluida la facultad de tomar dinero a préstamo, pues ésta, para que se entienda conferida, ha de hacerse constar expresamente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Emilio García Cuervo.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el registro de la pro-piedad la escritura No. 166, otorgada ante el Notario de la Torre, en San Jnan, el 19 de diciembre de 1910, por Luis Ordóñez y Góñez, como apoderado de José Ordóñez y Fer-nández y Eduardo Villar y Alicea, como apoderado de Alejandro Villar y Valera, sobre préstamo garantizado con hipo-teca; el registrador se negó a inscribirla por medio de la si-guiente nota contra la cual se ha interpuesto el presente re-curso gubernativo.

“Denegada la inscripción del anterior documento porque en el poder conferido a Don Luis Ordóñez y G-óñez, no se incluye la facul-tad a éste de tomar dinero a préstamo. Y se ha extendido anotación preventiva.por cuatro meses al folio 46 vuelto del tomo 74 de esta ciudad, finca 1578 quintuplicado, anotación'letra C. San Juan, enero 19 de 1911. El Begistrador, José S. Belaval.”

Toda la cuestión envuelta en este caso versa sobre la inter-pretación que deba darse al poder otorgado por José Ordóñez y Fernández a Luis Ordóñez y Góñez, cuya cláusula pertinente dice así

“Tercera. Para que venda dichos bienes acciones y derechos o créditos, los permute, ceda, arriende, grave e hipoteque; otorgue cartas de pago y cancelaciones de hipoteca; haga arreglos y tran-sacciones de todo género, ya se refieran a simple administración, ya a la más libre disposición.”

La facultad para tomar dinero a préstamo no aparece con-ferida expresamente, pero el recurrente alega que lo fué de una manera implícita, ya que el poderdante, no sólo faculta a su apoderado para hipotecar todos sus bienes, derechos, cré-ditos y acciones, sino también para venderlos, permutarlos y cederlos.

Si la interpretación que se diera a los mandatos fuera amplia y liberal, tal vez tendría razón el recurrente; pero como de acuerdo con la ley natural, la equidad, la jurispru-dencia y el mismo Código Civil, deben ser interpretados en sentido restrictivo, la razón en este caso está de parte del registrador.

Véase Fano v. Registrador de San Juan, decidido el 27 de mayo de 1909.

Zarzoso, en su obra sobre Teoría y práctica en la redac-ción de instrumentos públicos, páginas 435 y siguientes, al tratar del poder general, presenta un formulario que si bien es demasiado detallado y amplio y sería susceptible de con-densación sin perder en fuerza y claridad, es digno de estudio por la riqueza de datos que contiene. En dicho formulario la facultad de dar y tomar a préstamo se consigna expresa-mente así: “Para que dé o tome a préstamo cualesquiera cantidades,” etc., etc.

La ley relativa al contrato de mandato está contenida en los artículos 1611 al 1641 del Código Civil revisado y comen-tando Manresa, tomo 11, página 450, el artículo 1713 del Código Civil Español, igual al 1615 del Código revisado, se expresa así:

“Para evitar dudas, puestas de relieve por la experiencia, el Código exige también mandato expreso para la ejecución de cual-quier otro acto de riguroso dominio. En su virtud, tenemos por evidente que ni las servidumbres, ni los censos, ni siquiera los arren-damientos cuando sean de aquellos que han de inscribirse en el registro de la propiedad, ni tampoco tomar dinero a préstamo, podrán consti-tuirse los unos'o pactarse los otros, sino con poder expresivo de la facultad conferida para cualquiera de tales actos, justificándose esto por' la razón de que todos ellos son actos de dominio y afectan al derecho de propiedad.”

El tomar dinero.a préstamo es un asunto serio y una persona puede estar perfectamente dispuesta a dar. a su apode-rado facultad para vender o hipotecar con objeto de pagar deudas existentes, etc., y no querer facultarle para contraer préstamos. Las facultades de los apoderados deben ser claras y precisas y la de tomar dinero a préstamo, si se con-fiere, debe- hacerse constar expresamente en el documento público qne al efecto se otorgue.

En apoyo de la doctrina expuesta, creemos aplicable la-sentencia del Tribunal Supremo de España de 10 de mayo de 1902.

El recurso debe declararse sin lugar y,confirmarse la nota.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado MacLeary.

Jueces disidentes: Sres. Asociados Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado, Se. del Tobo,

text:
    Iturrondo v. El Registrador de la Propiedad.
    Be curso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia.
    No. 89.
    Resuelto en abril 5, 1911.
    Mandato — Facultades del Apoderado para Tomar Dinero a Préstamo. — Pol-los fundamentos de la opinión emitida en el caso, de Villar v. M Registrador de la Propiedad, -pag. 434, se resolvió que la facultad de tomar dinero a prés-tamo no ha sido conferida expresamente al apoderado en este caso.
    Los techos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco de la Torre.

   El Juez Asociado, Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el registro de la pro-piedad la escritura No. 162, otorgada ante el Notario de la Torre, en San Juan el 13 de diciembre de 1910, por José O. Iturrondo, como apoderado de Francisco Iturrondo, y Eduardo Villar, como apoderado de Alejandro Villar, sobre préstamo garantizado con hipoteca; el registrador se negó a inscribirla por medio ele la siguiente nota, contra la cual se ha interpuesto el presente recurso gubernativo.

“Denegada la inscripción del anterior documento porque en el poder acompañado conferido a Don José G. Iturrondo, no se incluye la facultad a éste de tomar dinero a préstamo; y se ha extendido anotación preventiva al folio 198 del tomo 35°. de esta ciudad, finca 1470, anotación letra A, por término de cuatro meses. ' San Juan, enero 18 de 1911. El Registrador. José S. Belaval.”

Hemos examinado cuidadosamente el poder otorgado por Francisco Iturrondo a José G. Iturrondo y en él no se con-fiere por el poderdante al apoderado expresamente la facultad de tomar dinero a préstamo.

En tal virtud y por los fundamentos consignados en la opinión de este tribunal emitida en el caso de Villar v. Registrador de San Juan, decidido en el día de lioy, el recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la nota recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado MacLeary.

Jueces disidentes: Sres. Asociados Wolf y Alclrey.


author: El Juez Asociado Sk. Wolf,

text:
    Viso v. Puerto Rico Sugar Co.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    MociÓN para desestimar la apelación.
    No. 681.
    Resuelto en abril 11, 1911.
    Desestimación de 'Apelación — Sentencia de Desistimiento — Apelación.—Una sentencia dictada por la corte inferior, desestimando una demanda a moción del propio demandante, es definitiva y contra ella cabe el recurso de apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la parte prpmovente: Sres. Eord y Scoville.

    Abogados de la parte contraria: Sres. Antonio Alvarez Nava y José Hernández Usera.

   El Juez Asociado Sk. Wolf,

emitió la opinión, del tribunal.

Interpuesta apelación por la demandada contra la senten-cia de desistimiento pronunciada en este caso por la Corte de Distrito de San Juan y debidamente registrada .por el secretario de la misma, el demandante presentó una moción en esta Corte Suprema solicitando que se desestimara el recurso, por el fundamento de que la dicba sentencia de desis-timiento no era apelable.

Hemos estudiado cuidadosamente todos los razonamien-tos aducidos por los abogados de ambas partes en el acto de la vista de la moción y a nuestro juicio, la moción debe de-clararse sin lugar.

El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil esta-blece que, entre otros casos, pueda interponerse apelación para ante esta Corte Suprema contra una sentencia definitiva pronunciada en un pleito por una corte de distrito.

“La desestimación de una demanda en equidad o de un pleito en ley, puesto que decide enteramente el caso, és una sentencia definitiva; es una decisión definitiva del caso con respecto a todas las reclamaciones hedías en el mismo, aun cuando no puede considerarse como una determinación final de los derechos de las partes, según puedan presentarse en otra acción * * *. Pero una apelación no procede contra una orden decretando la desestimación del pleito, sino sola-mente de la sentencia registrada basándose en tal orden.”

1 Black on Judgments, página 40.

En el caso de Evans v. Johnson, decidido por la Corte Suprema de California el 2 de diciembre de 1896, 46 Pac. Rep., 906, se distingue entre la orden decretando la desesti-mación del caso y la sentencia registrada en cumplimiento de tal orden y. se resuelve que mientras la sentencia no se registra, el pleito se considera pendiente.

Cyc., tomo 2, página 595, ‘consigna como regla general, basándose en gran número de autoridades, que una apela-ción puede interponerse contra una sentencia de desistimiento (.dismissal) o de sobreseimiento (nonsuit) dado que tal sen-tencia es una determinación final del caso.

La Corte Suprema de Luisiana en el caso de The State v. The Judge of the Sixth Judicial District, 9 La. Ann., 353, habiéndose demostrado que el Juez de Distrito, inotu propio, había desestimado el pleito por el fundamento de que el mon-tante reclamado se describía ficticiamente con el objeto de conferir jurisdicción a la corte, y que se había interpuesto apelación y se había denegado el recurso, en una solicitud de mandamus, resolvió: “que el derecho del peticionario a ape-lar no puede cuestionarse. La materia en disputa excede de 300 dollars y el peticionario tiene derecho a obtener la sen-tencia de la corte de apelación en todas las cuestiones que hayan sido o puedan haber sido resueltas por la corte inferior. ’ ’

La Corte Suprema de Idaho, en el caso de Lalande et al. v. McDonald et al., 2 Id., 307, dijo: “Una sentencia de so-breseimiento (nonsuit) es definitiva dentro del significado de nuestro Código y contra ella puede interponerse recurso de apelación,” y tal doctrina puede aplicarse perfectamente al caso de una sentencia de desistimiento.

Habiendo en consideración todo lo expuesto y apareciendo que en este caso, no sólo se ordenó por la corte que se deses-timara el pleito, sino que se registró la sentencia de desis-timiento en debida forma, tal sentencia es definitiva y contra ella cabe el recurso de apelación.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary y Wolf.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez PresideNte Sr. HekNÁNDez,

text:
    El Pueblo v. Rosado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 258.
    Resuelto en abril 12, 1911.
    Pruebas — Confesión del" Acusado. — La confesión extrajudicial del acusado es admisible como prueba en contra de él, si ba sido heeha voluntariamente, sin violencia, intimidación, amenazas, halagos o promesas de clase alguna que pudieran influir en ella.
    Id. — Corpus Delicti — Asesinato.—En casos de asesinato la confesión del acusado no constituye prueba del corpus delicti, ni puede admitirse como evidencia tendente a probar la culpabilidad del acusado, cuando la existencia del delito no ha quedado establecida por prueba de otra naturaleza.
    Id. — Instrucciones de "la Corte — Homicidio Voluntario e Involuntario — Ape-lación. — Cuando la prueba practicada establece claramente el delito de asesi-nato, no es necesario instruir al jurado con respeeto al delito de homicidio, pero aun en el caso de que la corte deba dar al jurado tal instrucción, su omisión no justificaría la revocación de la sentencia, por cuanto es regla general que si el acusado considera que la corte debe instruir al jurado sobre una cuestión esencial, debe solicitar dicha instrucción, y tomar excepción en caso de que sea denegada, para en su día poder impugnar las instrucciones por deficientes.
    Id. — Casos en que la Muerte se Ocasiona al Perpetrarse o Intentarse la Perpetración de Algón Kobo. — Si la muerte se consume al perpetrarse o intentarse la perpetración de algún robo, entonces no es necesario probar la deliberación y premeditación, pues si se realiza tal condición, el asesinato tiene que ser de primer grado, y una instrucción a este efeeto no es errónea.
    Id. — Circunstancias Atenuantes o que Excusen o Justifiquen el Hecho. — ■ Siendo la confesión extrajudieial del acusado en este caso, al efeeto de que había dado muerte a la víctima en defensa de su defensa, como el jurado tiene el derecho de aceptar o rechazar tal exculpación, es procedente una instrucción de la corte en sentido de que, una vez probado que la muerte fué consumada por el acusado, es de su incumbencia la prueba de circunstancias atenuantes o que excusen o justifiquen el hecho, a menos que la prueba de cargo tienda a -demostrar que el delito es de homicidio.
    Id. — Instrucciones Sobre Puntos que no Sean Pertinentes. — El hecho de instruir .al jurado sobre puntos que 'no sean pertinentes al caso que se está juzgando, nunca constituiría error suficiente a justificar la revocación de la sentencia, cuando aparezca que no se han perjudicado los derechos del acusado.
    Id. — Prueba Circunstancial. — Con respeeto a la siguiente instrucción se resuelve que el jurado no ha podido ser inducido a error en la apreciación de la prueba: Esta prueba (la circunstancial) puede consistir en admisiones hechas por el acusado * *, * y en fin, cualquier acto, declaración o cir-cunstancia admitidas como prueba, que tiendan a enlazar al acusado con la comisión del crimen. La corte instruye al jurado que para declarar culpable al acusado por evidencia circunstancial solamente, es necesario, n'o sólo que todas las circunstancias concurran para demostrar que él cometió el crimen de que se le acusa, sino que ellas sean incompatibles con cualquiera otra conclusión razonable.
    Id. — Apreciación de la Prueba. — El jurado es el único juez ele los hechos y de la veracidad do los testigos. Ellos los ven y los oyen testificar y son los únicos que pueden juzgar con respecto a su credibilidad, y solamente en casos excepcionales, como cuando un jurado comete abusos manifiestos del poder en este respecto, el tribunal sentenciador o el Supremo anularán el veredicto y concederán nuevo juicio. Una instrucción con respecto a las facultades del jurado en este sentido es correcta.
    Id. — Duda Razonable. — La siguiente instrucción se resuelve que es correcta: La duda razonable es aquel estado de la causa que luego de haberse compro-bado y considerado sobre todas las pruebas practicadas, deja al jurado en aquella condición mental que le impide estar convencido respecto a la verdad de la acusación.
    “Si Vds. tienen una duda razonable de que el acusado es culpable del delito de asesinato en primer grado o segundo grado, entonces es el deber de Vds. declararle culpable del delito de asesinato en segundo grado.” Se resuelve que tal instrucción no es errónea, pues no es posible interpretarla en el sen-tido en que lo hace la defensa del acusado, o sea, de que si el jurado tenía dudas de la culpabilidad del acusado, debía declararlo culpable de asesinato en segundo grado, ya que tal interpretación está en pugna con el sentido lógico y natural de la instrucción y con las demás instrucciones de la corte al jurado, siendo claro y manifiesto el sentido de que si el jurado tenía duda con respecto al grado del delito, debía declarar al acusado culpable del segundo grado.
    JDos hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael Martínez Alvarez.

    Abogado del apelado: Mr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   El Juez PresideNte Sr. HekNÁNDez,

emitió la opinión del tribunal.

El presente caso se originó y decidió en la Corte de Dis-trito de Ponce, ante la cual se presentó por el Fiscal de dicha corte en 6 de enero de 1908 acusación contra Juan Rosado Colón por el delito de asesinato en primer grado, cometido como sigue:

“El citado Juan Rosado Colón en la noche del domingo 8, al lunes 9 de diciembre de 1907, en la carretera que conduce desde Guayania a Ponce, en el bando de Arús, dentro del término municipal de Juana Díaz, de Ponce, P. R., con malicia premeditada, alevosa y deliberadamente, y demostrando tener un corazón pervertido y ma-ligno, dió muerte ilegal a Francisco Cruz y Rivera conocido por Frasco, con intención de robarle el dinero que tenía, infiriéndole con instrumento contundente una herida en la región fronto-temporo-parietal derecha, que ocasionó una gran fractura conminuta de dicha región con hundimiento de los huesos fracturados, que fué la que le produjo la muerte, y otras muchas más, de la misma naturaleza, en la cara y región frontal derecha superior. ’ ’

Celebrado el juicio, el acusado fué declarado culpable y condenado a muerte por delito de asesinato en primer grado, pero contra esa sentencia interpuso recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, que la revocó por la suya de 4 de noviembre de 1909, ordenando la celebración de nuevo juicio.

El nuevo juicio tuvo lugar en 24 de febrero de 1910, y el jurado emitió el siguiente veredicto:

“En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, P. R. El Pueblo de Puerto Rico v. Juan Rosado Colón. Asesinato en primer grado. Veredicto. El Jurado, despúes de haber deliberado en este caso, formula su veredicto declarando' al acusado Juan Rosado Colón culpable del delito de asesinato en primer grado. Ponce, P. R., fe-brero 24 de 1910. S. Barnés, Presidente del Jurado.”

En vista del veredicto expresado, la corte declaró a Juan Rosado Colón convicto del delito de asesinato en primer grado, y con fecha 28 del mismo mes dictó sentencia, condenándolo a sufrir la pena de muerte.

Contra esa sentencia, interpuso el acusado recurso de ape-lación, y elevada la transcripción de autos, como venciera el término sin que se hubiera personado en autos, este tribunal designó para su defensa al abogado Don Rafael Martínez Alvarez, quien, con verdadero celo, procedió al de-sempeño de su noble cometido, presentando un alegato escrito e informando después oralmente en apoyo del recurso inter-puesto.

La representación del apelante funda el- recurso en los siguientes motivos:

“Que el veredicto es contrario a la prueba practicada, habiendo por tanto, error en la apreciación de la misma; que ha existido igual error en las instrucciones de la corte al jurado, y que el veredicto rendido por el jurado es un veredicto informal. ’ ’

Como un resumen de las consideraciones que liace el ape-lante al desarrollar el primer motivo del recurso, tomamos de su alegato lo siguiente:

“Como se ve, la única evidencia en contra del acusado, sobre la que descansa la acusación, es la alegada confesión del acusado a los testigos expresados, y es un principio muy general y elemental que el corpus delicti debe establecerse antes de que las confesiones del acusado puedan ser consideradas como tendentes a demostrar el hecho al cual ellas van relacionadas. Confesiones solamente, no son sufi-cientes para establecer el cuerpo del crimen. En casos de asesinatos, vía producción del cadáver no establece de por sí el corpus delicti; establecerá el corpus, pero no el delicti, y pruebas del corpus sin prue-bas del delito unidas .a las confesiones del acusado no son suficientes para establecer una convicción, puesto que debe existir otra evi-dencia que demuestre la comisión del crimen antes de que las con-fesiones del acusado sirvan de algo. Es indudable que la apariencia del cadáver, la naturaleza de las heridas, la evidencia o no de la lucha, las circunstancias que rodearon al suceso, pueden indicar que un crimen se ha cometido, pero debe presentarse prueba para demos-trar el delito independiente del cadáver y' que conecte al acusado con el crimen, de una naturaleza completamente distinta a la confesión del. acusado. Nada existe en el récord que tienda a demostrar que el acusado cometió el delito imputádole, excepto su alegada confesión, luego es seguro que el jurado consideró la confesión en determinar si el corpus delicti había sido suficientemente probado, lo cual es erro-neus. ’ ’

Las anteriores alegaciones tienden a demostrar la infrac-ción del artículo 206 del Código Penal, que dice así:

“Ninguna persona podrá ser convicta de asesinato u homicidio, a menos que la muerte de la persona que se alegare haber sido muerta, y el hecho de la muerte que se alegare haber sido causada por el acu-sado, resultaren probados como actos independientes; aquélla, por medio de pruebas directas y éste, de modo que no haya lugar a duda razonable. ’ ’

Tales preceptos lian tenido cumplida aplicación en el pre-sente caso, pues la muerte de Francisco Cruz Rivera aparece probada por prueba directa, y la responsabilidad del acusado, como autor de esa muerte, se ha demostrado sin lugar a duda alguna razonable.

Véamoslo, haciendo una reseña de las pruebas:

El día sabado 7 de diciembre del año 1907, Francisco Cruz,, quien vivía en el barrio de Capitanejo, de Ponce, y tenía a su cargo un carro de bueyes perteneciente a Antolina Lao, con el que hacía viajes de Ponce a Guayama, salió para Ponce en busca de unas provisiones, y regresó a la casa de la Anto-lina, donde vivía, entre dos y tres de la tarde, con el carro cargado, saliendo la misma tarde para Guayama, sin que hubiera regresado en la madrugada del lunes, según acostum-braba.

Antonio Gran, comerciante de Guayama, recibió las pro-visiones que en el carro condujo' Francisco Cruz, procedentes-de Ponce, entre 8 y 9 de la mañana del día siguiente, 8 de diciembre citado, y pagó a aquél cinco dofars por la conduce ción, delante de un muchacho que le servía de cuartero, y que se le pareció al acusado.

Entre diez y once del mismo día 8 de diciembre, estuvieron Francisco Cruz y el acusado en el cafetín de Lino Mandri en Guayama, donde ambos tomaron café, que pagó Cruz, habién-dose despedido ambos para Ponce con el carro vacío, sin tener rencilla alguna.

Serían las 4 de la tarde del mismo día 8 de diciembre,, encontrándose Juan Cruz Franco en el barrio “Coquí” de Salinas, donde era Policía Insular, vió al acusado en com-pañía de un carretero, los cuales subieron a una fonda y comieron juntos, habiendo pagado el carretero.

A a de noche, en el propio día 8 de diciembre, entre 7 y 8, el acusado- y Francisco Cruz estuvieron comiendo en la fonda, de José de Jesús Burgos, de Santa Isabel, habiendo pagado también Cruz el gasto, y después de comer montaron 1os dos. en el carro y se fueron a Ponce, sin tener disgusto alguno.

Elena Torres fué la que sirvió la cena a Francisco Cruz y al acusado en la fonda de Santa Isabel.

En la mañana del siguiente día, 9 de diciembre, el Teniente de la Policía Insular, José C. Jiménez, que prestaba servicio en Juana Díaz, fué avisado de que en las inmediaciones de la carretera, barrio de Arús y frente a la finca denominada “La Pótala, ’ ’ había un cadáver, de lo que dió conocimiento al juez de paz de dicho pueblo, que lo era Don Pedro Monclova; y allí, en efecto, fué encontrado el cadáver de Francisco Cruz, en posición boca arriba, con la cabeza y la cara completa-mente destrozadas y el bolsillo izquierdo del pantalón al revés, casi arrancado, pendiente de un colgajo, habiendo al lado del bolsillo un centavo.

El doctor Eamón A. de Torres practicó la autopsia del cadáver, y según la opinión'pericial,'debieron habérsele dado de ocho a diez o doce golpes para producir los destrozos que presentaba en las regiones de la cara, convertida en una masa informe, con las piezas dentarias fuera, siendo las heridas tocias mortales por necesidad y causadas por un cuerpo con-tundente, resistente • y muy duro, como una estaca, sin que hubiera habido lucha entre el agresor y la víctima, pues en tal caso hubiera presentado el cadáver manchas de sangre en las manos o en el resto del cuerpo.

En el carro, que era de dos ruedas y estacas, había un machete y una garrocha, y faltaba la estaca que se denomina la “Confianza” que es fuerte, pequeña, con un suncho o aro de hierro, y debía servir para apretar las otras.

No cree el doctor Torres que los destrozos hechos a la víctima lo fueron con la garrocha de que se deja hecho mérito, y sí con un cuerpo resistente y grueso como una estaca.

Pocos días después del hallazgo del cadáver, fué detenido como presunto culpable Juan Rosado Colón, quien, después de haber negado conocer al carretero Francisco Cruz y haber estado con éste en Guayama, manifestó al Teniente Jiménez que tenía .que decirle una cosa, y era que él había sido quien había dado al carretero con una garrocha, porque el carretero había querido darle al salir de Santa Isabel, lo que había hecho en defensa de su defensa.

También manifestó el acusado a Rosendo Quesada, al pre-guntarle éste por qué había matado al carretero; que si lo había hecho, había sido en defensa de su defensa. A Pedro Iglesias González, repórter- del periódico 4‘El Aguila” de Ponce, quien le preguntó por el motivo de haber dado muerte al carretero, contestó el acusado que el carretero estaba em-briagado, y venía provocándolo, por lo que perdió la paciencia, cogió una estaca y le dió unos golpes. Don Pedro Monclova oyó la manifestación hecha por el acusado de que le había dado al carretero porque éste había querido pegarle, y que lo había hecho en defensa de su defensa, con una garrocha.

Como se ve, la muerte de Francisco Cruz Rivera se ha pro-bado por el hallazgo de su cadáver en la forma ya descrita, con independencia de toda otra prueba concerniente a la res-ponsabilidad del acusado. Que el móvil determinante de esa muerte fué el robo, lo indica el hecho de que Francisco Cruz recibió en Guayama de manos de Antonio Grau cinco dollars que no han aparecido, y que indudablemente le fueron extraí-dos de uno de los bolsillos del pantalón, bolsillo que casi le fue arrancado, según la inspección del cadáver. Que Juan Rosado Colón es el responsable del crimen cometido en la persona de Cruz, lo están revelando el hecho de haber estado viajando juntos la misma noche en que Cruz fué muerto, y la confesión extrajudicial del acusado, admisible como prueba, por haber sido hecha voluntariamente sin violencia, intimidación, ame-nazas, halagos o promesas de clase alguna que pudieran influir' en ella.

Admitimos que la confesión no constituye, prueba del corpus delicti en casos como el presente, ni puede admitirse como evidencia en contra del acusado, cuando la existencia de delito no ha quedado- establecida por prueba de otra naturaleza, pues .así lo exige el artículo 206 del Código Penal; pero tal doctrina legal no puede invocarse con éxito en el presente caso, en que la muerte de Francisco Cruz se lia probado por la invención de su cadáver y no por confesión del acusado.

No ha habido, pues, error en la apreciación de las pruebas, y hay.que convenir en que el veredicto del jurado ha sido imparcial y justo.

Alega la parte apelante, en apoyo del segundo fundamento de su recurso, que el juez cometió error al no instruir al jurado acerca del homicidio voluntario e involuntario. Del examen que hemos hecho de la prueba practicada se desprende que tal instrucción era innecesaria en este caso, toda vez que la prueba claramente establece el delito de asesinato, y no vemos como hubiera podido emitirse un veredicto de homicidio (People v. Haun, 44 Cal., 100; People v. Ah Wee, 48 Cal., 239); pero aún estimando que la corte debiera instruir a! jurado con respecto al homicidio en sus dos clases, su omisión no justificaría la revocación de la sentencia, por cuanto es regla general, que si el acusado considera que la corte debe instruir al jurado sobre una cuestión esencial, debe solicitar tal ins-trucción y tomar excepción en caso de que sea denegada, para en su día poder impugnar las instrucciones por deficientes.

El Pueblo v. Robles, resuelto en abril 25, 1906.

El Pueblo v. Morales (Yare Yare), resuelto en junio 30, 1906.

People v. Haun, 44 Cal., 100.

People v. Ah Wee, 48 Cal., 239.

People v. Northey, 77 Cal., 632.

People v. Fice, 97 Cal., 460.

También se alega que el juez cometió error al dar al jurado las instrucciones que transcribimos a continuación:

A. Ahora cuando la muerte es consumada al perpetrarse o intentarse la perpetración de algún robo, entonces hay prueba concluyente de la premeditación y deliberación por parte del matador. T si ha sido consumada la muerte volun-taria, defiberada y premeditadaménte, es contestado por el propio Código y el jurado no podrá menos que optar por declarar al acusado culpable de asesinato en primer grado.

“B. En los juicios por asesinato, una vez probado que la muerte ha sido consumada por el acusado, sería de la incum-bencia del acusado el probar que han mediado circunstancias atenuantes o que excusen o justifiquen el hecho, a menos que la prueba aducida por la acusación tienda a demostrar que el crimen cometido sólo reviste el carácter de un homicidio. Pero el acusado estará obligado a producir únicamente aque-llas pruebas que puedan hacer que surja en la mente de los jurados una duda razonable de su culpabilidad.

“C. Esta prueba (la circunstancial o de indicios), puede consistir en admisiones hechas por el acusado * # * y en

fin, cualquier acto, declaración o circunstancia admitidas como prueba, que tiendan a enlazar al acusado con la comisión del crimen. -

“D. La corte instruye a los Sres. del Jurado que Uds. son los únicos jueces de la verdad de los testigos y del peso y va or que ha de darse a su testimonio. Al determinar el crédito que deben Uds. dar a un testimonio y el peso y valor que Uds. atribuyen a su declaración, Uds. deben tener en con-sideración la conducta y apariencia del testigo cuando declara.

“E. La duda razonable es una duda fundada en alguna razón, es una duda por la cual el jurado debe dar y tener una razón.

“F. Si Uds. tienen úna duda razonable de que el acusado es culpable del delito de asesinato en primer grado o segundo grado, entonces es el deber de Uds. declararle culpable del delito de asesinato en segundo grado.5’

No encontramos que la corte cometiera error al dar al jurado la instrucción marcada con la letra “A,” pues de sus términos no se desprende, según sostiene la parte recurrente, que tal instrucción se diera bajo el supuesto de que el robo estaba probado. Lejos de ello, dicha instrucción no es abso-luta, sino hipotética; se refiere al caso de que la muerte se consume a1 perpetrarse o intentarse el robo; y si se' realiza tal condición, el asesinato tiene que ser de primer grado, según el artículo 231 de Código Penal. Es de notar que searn'd;, mente después ae la instrucción, el juez instruyó al jurado' sobre los elementos integrantes del delito de robo, y entre sus instrucciones sobre apreciación de la prueba se encuentra la siguiente: “Este acusado se considera inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad fuera de duda razonable; y en caso de existir duda de su culpabilidad, es el deber del jurado declararle no culpable. ’ ’ Ante palabras tan explícitas y cla-ras, no cabe afirmar que el juez supusiera y que el jurado pu-diera dar por supuesto el intento del robo o su realización al privarse de la vida a Francisco Cruz.

Tampoco es errónea la instrucción marcada con la letra “B,” por la razón que se alega de no haber establecido el acusado prueba o defensa que envolviera la excusa o la justi-ficación del acto imputádole.

Ciertamente que el acusado no estableció defensa alguna que hiciera necesaria aquella instrucción; pero como una de las pruebas más importantes presentadas en el juicio fue la propia confesión extra-judicial del acusado al admitir ante varios' testigos que declararon en el juicio que él había dado muerte a Cruz en defensa, de su defensa, hay que reconocer el derecho que tenía el jurado para aceptar o recha-zar tal exculpación, y de ahí que el juez procediera correcta-mente al instruir al jurado en relación con ese particular, ins-trucción que se ajusta al precepto del artículo 247 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Además, el' hecho de instruir al jurado sobre puntos que no sean pertinentes al caso que se está juzgando, nunca constituiría error suficiente a justificar la revocación de la sentencia, cuando aparece que no se han perjudicado los derechos del acusado.

Al considerar la instrucción letra “C,” debemos hacerlo en relación con la que le precede sobre calificación de las prue-.bas: “Existen, dijo el juez, dos clases de'prueba recono-cidas y admitidas en las cortes de justicia, y en virtud de cual-quiera de las cuales los jurados pueden encontrar a un acu-sado culpable de un crimen. Una de esas es el testimonio directo o positivo de un testigo ocular respecto a la comisión del crimen; siendo la otra prueba por testimonio de nna serie de acontecimientos entrelazados entre sí que tienden a señalar de nna manera' suficientemente poderosa, la comisión de un crimen por el acusado, la cual es conocida por prueba cir-cunstancial'o prueba de indicios. Esta prueba puede consistir en admisiones beabas por el acusado; amenazas becbas con an-terioridad a la comisión del crimen, tendentes a demostrar que existía por parte suya animosidad contra él interfecto, y en fin, cualquier acto, declaración o circunstancia, admitidas como prueba que tienda a enlazar al acusado con la comisión del crimen. Nada bay en la naturaleza de la prueba circuns-tancial o de indicios que la baga menos segura que la otra clase de prueba. La corte instruye al jurado que para de-clarar culpable al acusado por evidencia circunstancial sola-mente, es necesario, no solamente que todas las circunstancias concurran para demostrar que él cometió el crimen de que se le acusa, sino que ellas son inconsistentes de cualquiera otra conclusión razonable. No es suficiente que las circuns-tancias probadas coincidan, concuerden y bagan probable la hipótesis buscada para establecer el objeto de la acusación, sino que deben excluir cualquiera otra hipótesis fuera de la culpabilidad. ’ ’

No vemos como en virtud de tan atinadas explicaciones pudiera ser inducido a error el jurado en la apreciación de las pruebas a virtud de la instrucción que la parte apelante califica de errónea. Que la' confesión del acusado hecha ante testigos era admisible como prueba, es un punto legal resuelto ya por esta corte en sentido afirmativo, al decidir los casos de El Pueblo v. Rivera, El Pueblo v. Kent, El Pueblo v. Martínez et al., y El Pueblo v. Flores Casiano, decididos, respectivamente, en 24 de junio de 1904, 5 de marzo de 1906, 4 de diciembre de 1909 y 14 de febrero del corriente ,año.‘ Y hace-mos referencia a ese punto legal, porque, según resulta del escrito de exposición del caso, en el acto del juicio fueron excepcionadas las declaraciones de los testigos que depusie-ron acerca de las manifestaciones hechas ante ellos por el acusado, por más que en esta Corte Suprema no se hayan sostenido esas excepciones como fundamento del recurso.

La instrucción letra “D,” lejos de ser errónea, se sostiene por el artículo 265 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto preceptúa que las cuestiones de derecho se resolverán por el tribunal y las de hecho por el jurado.

“El jurado es único juez de los hechos y de la veracidad de los testigos. Ellos los ven y los oyen testificar y son los únicos que pueden juzgar, con respecto a su credibilidad, y solamente en casos excepcionales, de los cuales hay muy raros ejemplos, cuando un jurado comete abusos manifiestos del poder en este respecto, el tribunal sentenciador o el Supremo anularán el veredicto y concederán nuevo juicio.” Así lo digimo s al resolver en 5 de mayo de 1904, en el caso de El Pueblo v. Villegas, y a esa doctrina se ajusta también la instruc-ción de que nos venimos ocupando. Pero es que esa instruc-ción para su apreciación debe considerarse completa, o sea tal cual se dió al jurado, y en esa forma dice así: “Al determinar el crédito que deben Yds. dar a un testimonio y el peso y valor que Yds. atribuyen a su declaración, Yds. deben tener en con-sideración la conducta y apariencia del testigo cuando de-clara, el interés del testigo si tuviere alguno en el resultado del juicio; los motivos del testigo en declarar; la relación del testigo o sus sentimientos en favor o en contra del acusado o el perjudicado; la probabilidad o impro-babilidad de las manifestaciones del testigo; la oportuni-dad que el testigo tuvo para observar y ser influido sobre ma-terias con respecto a las cuales tal testigo da su declaración y la inclinación de un testigo para hablar la verdad. Todo eso tomado en consideración con los hechos y circunstancias da-das en evidencia es incumbencia de Yds. para dar a cada tes-tigo tal crédito y a cada uno el valor y el peso que Yds. con-sideren propio.” La instrucción fué completa y no puede quejarse de ella el acusado:

La instrucción letra “E” expresiva de lo que debe enten-derse por duda razonable o sea una duda por la cual el jurado deba dar y tener una razón, debe completarse con las palabras qne le preceden y que dijo el juez: “La duda razonable es aquel estado de la causa que luego de haberse comprobado y considerado sobre todas las pruebas practicadas, deja al ju-rado en aquella condición mental que le impide estar conven-cido respecto a la verdad de la acusación.” Esa instrucción es correcta, y si -aun le pareció defectuosa al acusado, pudo pedir aclaración de ella en momento oportuno, lo que no hizo para excepcionar en su caso la resolución de la corte y'fundar en ella el recurso.

Finalmente, tampoco encontramos error en la instrucción letra “F,” pues no es posible interpretarla en el sentido en que lo hace la defensa del acusado, o sea en el de que si el jurado tenía duda de la culpabilidad del acusado debía decla-rarlo culpable de asesinato en segundo grado. Esa interpre-tación está en pugna con el sentido lógico y natural de la ins-trucción, y con la otra dada por el juez al jurado de que si tiene duda razonable d*e la culpabilidad del acusado, debe de-clararlo no culpable, resultando claro y manifiesto ser el sen-tido de la instrucción que si el jurado tenía duda con respecto al grado del delito de asesinato en Io. o 2o. grado de que fuera culpable el acusado, debía declararlo culpable de asesinato en 2o. grado. No existe, pues, en la instrucción el error apun-tado.

Por las razones expuestas, opinamos que procede la confir-mación de la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados, MacLeary, Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la .resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Hernández v. La Corte de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari.

    No. 71.
    Resuelto en abril 12, 1911.
    Apelación Contra Sentencia Dictada por la Corte Municipal — Jurisdicción.— Interpuesta apelación por ambas partes, para ante la corte de distrito, contra sentencia de la corte municipal, dicha corte de distrito tiene jurisdicción para celebrar de nuevo el juicio y juzgar y resolver todas las cuestiones envueltas en las alegaciones, aún en el caso de que la apelación interpuesta por una de '. las partes, lo hubiera sido vencido el término y fuera esencialmente defectuosa.
    Certiorari — Alegaciones.—La circunstancia de que el demandado, en una con-testación enmendada, no reproduzca los hechos de la reconvención original, y se limite simplemente a darlos por reproducidos, es un defecto de forma que el demandante puede pedir que se corrija ante la eorte inferior, pero si abandonare ese derecho, no procederá expedir un mandamiento de certiorari para' obtener su revisión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El peticionario compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario solicita en este caso, qne por esta Corte Suprema se expida nn anto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de Mayagüez para qne remita los antos origina-les del pleito seguido por él en cobro de pesos contra Víctor P. Martínez y por los errores qne en sn solicitud alega baber cometido la expresada corte de distrito, revoque y anule la sentencia que ésta dictó en 14 de febrero de 1911.

Los fundamentos de la solicitud jurada para que el auto de certiorari se expida son:

Io' Que dictada sentencia en ese caso por la Corte Municipal de-Mayagüez, en 6 de octubre de 1910, el peticionario, demandante en ese pleito, apeló de ella para ante la Corte de Distrito de Mayagüez en 15 del mismo mes y año por escrito de ese día notificado a la parte contraria y presentado al secretario de la eorte municipal.

2o. Que el demandado Don Víctor P'. Martínez también presentó escrito de apelación, pero' el día 17 de octubre de 1910, o sea, pasados los diez días de dictada la sentencia.

No consigna la solicitud la fecha en qne la sentencia fné registrada por el secretario.

3o. Qne el escrito de apelación del demandado fné presen-tado ante nn tal Baeza y ante este jurado qne la notificación del . mismo se había hecho al demandante, cuando el secre-tario de la corte municipal es Abigail Crespo.

4o. Qne habiendo solicitado de la corte municipal qne decla-rase nulo el escrito de apelación del demandado por los mo-tivos expuestos, la moción fné desestimada, y también en la Cortb de Distrito de Mayagnez donde interesó se desesti-mara el recurso de apelación del 'demandado.

5o. Qne la contestación a la demanda contenía una recon-vención, pero habiendo sido después enmendada la demanda, la nueva contestación se limitó en cnanto a la reconvención a consignar qne reproducía los hechos qne respecto de ella había establecido en su primera alegación. No alega qne pidiera la eliminación de la reconvención así formulada.

6o. Qne la corte de distrito declaró sin lugar la demanda y con lugar la reconvención; y

7o. Qne como la cuantía en litigio no alcanza a trescientos dollars, esa sentencia no es apelable.

En cnanto a la apelación del demandado, aunque fuera establecida fuera de tiempo y con los defectos qne se men-cionan respecto al juramento de la notificación y de la presen-tación, no por ello habría cometido error la corte de distrito al celebrar de nuevo el juicio, porque tenía la apelación del demandante hecha en tiempo y forma, que le daba jurisdic-ción para conocer del juicio, celebrándolo de nuevo y juzgando y resolviendo todas las cuestiones que envolvían las alega-ciones.

Respecto al otro extremo de que la contestación enmen-dada no reprodujo los hechos de la reconvención original y se limitó a darla por reproducida, fné ello un 'defecto de forma que pudo el demandante haber pedido de la corte que se corrigiera, pero habiendo abandonado ese derecho, no pnede ahora revivirlo.

La solicitud de certiorari debe negarse.

Sin lugar la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

text:
    Roig v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao.
    No. 87.
    Resuelto en abril 17, 1911.
    Inscripción de Servidumbre. — Solicitada la inscripción de una servidumbre de paso sobre determinada finca, mediante la presentación de un documento que no envuelve la constitución de tal servidumbre, sino el otorgamiento de otro contrato, aunque en él haya hecho el recurrente la reserva de la servidumbre de paso, que fue constituida por otra escritura de cuyas estipulaciones se ha prescindido al solicitar dicha inscripción, procede denegar ésta, puliendo el interesado acudir nuevamente al registro con los documentos justificativos del referido derecho a fin de que se verifique su inscripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco González Fagundo.

   El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Don Rodulfo Leoncio Pérez y Polanco, dueño de la hacienda “Providencia,” sita en el término municipal de Humacao segregó de ella una porción compuesta de doce cuerdas con los edificios, establecimientos, maquinaria y dependencias ubicadas en dicha porción, y vendió ésta por escritura pú-blica de 15 de noviembre de 1896 a Don Antonio Roig y To~ rrellas, consignándose en la cláusula 6a. de dicha escritura que el vendedor se obligaba a permitir por los terrenos de su finca “Providencia” y sin perjuicio de sus plantaciones, los caminos que el comprador considere necesarios; cnya ven-ta fxié inscrita en el Registro de la Propiedad de Humacao, habiendo sido inscrita igualmente la servidumbre convenida en la cláusula expresada, tanto con relación a la finca principal que conservó el nombre de “Providencia,” como a la segregada, que vino a recibir el nombre de “El Ejemplo.”

Tales inscripciones no ban sido canceladas en el mencio-nado registro de la propiedad.

Muerto Don Rodulfo Leoncio Pérez Polanco, fué adju-dicada a su bija Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez, una porción de la hacienda “Providencia” compuesta de 53 cuer-das 75 centavos de otra, que como finca independiente, y con el nombre de “Vega del Recreo,” fué inscrita en el registro de la propiedad, sin expresión de la condición estipulada en la escritura de 15 de noviembre de 1896.

Por escritura pública de 21 de agosto de 1902, Don Emilio Cuadra y Rosa, legítimo esposo de Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez que también asistió al acto, concertó con Don Antonio Roig Torrellas un préstamo de cuatro mil dollars para atender al cultivo y elaboración de cañas sembradas en terrenos de su referida esposa y en otros, reservándose Roig en la cláusula 7a. la servidumbre de paso que dice tenía por los terrenos de Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez con relación a la central “El Ejemplo” de su propiedad.

Habiendo solicitado Don Antonio Roig Torrellas la ins-cripción en el registro; de la que él llama ratificación de ser-vidumbre, contenida en la cláusula 7a. del anterior documento con relación a la finca denominada “Vega del Recreo,” le fué denegada por medio de nota, que dice así:

“La inscripción de la ratificación de servidumbre contenida en la cláusula 7a. de este documento y que se pide se practique en la finca denominada ‘Vega del Recreo,’ compuesta de 53 cuerdas 75 centavos y sita en el barrio Teja de este término como parte que era de la antigua finca ‘Providencia’ sobre la cual se constituyera dicha ser-vidumbre, ha sido denegada de conformidad con la resolución de 27 de junio de 1864; por cuanto que no aparece mencionada sobre la finca ‘Vega deb Recreo’ la expresada servidumbre y no consta la anuencia de la propietaria para el establecimiento de la misma, pues la referida cláusula 7a. de este documento es condición esencial-de un contrato, cuyo objeto no fué el reconocimiento expreso de servidumbre alguna sobre la citada finca; y se ba tomado en su lugar anotación por 120 días, de acuerdo con la ley, en el tomo 21 de Humacao, al folio 169, finca 848 triplicado, anotación letra A. Humacao, 4 de enero dé 1911. El Registrador, Miguel Planellas.”

La nota que dejamos transcrita lia sido recurrida por Eoig Torrellas.

Verdaderamente que la escritura de 21 de agosto de 1902 presentada al Eegistrador de la Propiedad de Humacao para su inscripción en cuanto a la ratificación de servidumbre que se dice contiene su cláusula 7a. con relación a la finca deno-minada “Vega del Eecreo,” no envuelve la constitución de servidumbre de paso que se ba tratado de inscribir sobre la finca “Vega del Eecreo,” pues esa finca ni siquiera se men-ciona en la indicada escritura, y el becbo de haberse reser-vado Don Antonio Eoig Torrellas la servidumbre de paso por los terrenos de Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez, prescindiendo de las estipulaciones hechas eip la escritura de 15 de noviembre de 1896, no puede tener más alcance legal que el propio de toda reserva, que por sí no crea derecho alguno.

Si Eoig Torrellas cree tener derecho de servidumbre de paso sobre la finca “Vega del Eecreo” en virtud de la escri-tura de 15 de noviembre de 1896, acuda al Eegistro de «la Propiedad de Humacao con esa escritura y demás documen-tós justificativos de aquel derecho a fin de que se verifique su inscripción, y el Eegistrador, usando de las facultades que le reconoce la ley hipotecaria, hará la calificación que estime procedente en derecho, la cual en su caso podrá ser recurrida por la parte interesada.

Entonces, y sólo entonces, podremos discutir la aplica-ción del artículo 542 del Código Civil con relación al presente caso; pero tal como se solicitó la inscripción 'de servidumbre mediante la presentación de nn documento como la escritura de 21 de agosto de 1902, que no es constitutiva de aquel dere-cho, procedía la denegatoria de dicha inscripción.

Por las razones expuestas, procede se confirme la nota recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    García et al. v. Altuna et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de G-uayama.
    No. 656.
    Resuelto en abril 24, 1911.
    Reivindicación — Título del Demandante — Posesión del Demandado en Con-cepto de Dueño. — No obstante un título de dominio inscrito en el registro a favor del demandante, si de la prueba aparece que éste no ha estado en la posesión material del terreno que reclame como suyo, y que, por el con-trario, el demandado por sí, y por sus antecesores, ha poseído y posee pací-ficamente dicho terreno, sin interrupción y en concepto de dueño, por más de treinta años, hay que concluir que el demandado es dueño legítimo de la finca reclamada por el demandante.
    Id. — Dominio—Prescripción.—El dominio y demás derechos reales sobre bie-nes inmuebles se adquieren por prescripción, de la manera y con las eóndi-ciones determinadas en la ley, y del propio modo se extinguen por prescrip-ción, los derechos y las acciones de cualquier clase que sean.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. Jacinto Téxidor.

    Ahogado de los apelados: Sr. F. Cervoni Gely.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre reivindicación de diez y siete cuerdas de terreno. La demanda se presentó en la Corte de Distrito de Gfuayama y en ella los demandantes alegan bajo juramento que son dueños con su derecho inscrito en el regis-tro de la propiedad, de cierta finca rústica de 115 cuerdas,. que se describe, situada en el barrio de Jagnal de la muni-cipalidad de Patillas, y que los demandados Pedro Altuna y Juan Pedro Díaz, sin título que les dé derecho para ello, se posesionaron el primero de siete cuerdas que no se des-criben, y el segundo de diez cuerdas, que tampoco se describen, de la expresada finca, y en su consecuencia supli-caron a la corte que dictara sentencia declarando “que la finca en cuestión es de la exclusiva propiedad de los demandan-tes, condenando a los demandados a la inmediata entrega de su propiedad a los demandantes, reintegrándoles en el pleno dominio de ella, con los frutos percibidos y que hubieren podido percibir y condenándoles además al pago de las cos-tas.”

Los demandados contestaron también bajo juramento, ne-gando los hechos esenciales de la demanda y alegando que poseen desde hacen muchos años predios de terreno que ad-quirieron con su peculio y que han disfrutado quieta y pací-ficamente ; que dichos terrenos, de los cuales son dueños abso-lutos, fueron poseídos por anteriores dueños que no eran los demandantes y que sumado el tiempo de la posesión de todos, pasa de treinta años, y en tal virtud suplicaron que se les absolviera de la demanda con las costas a los demandantes.

El 25 de mayo de 1910 sé procedió a la celebración de la vista. Los demandantes presentaron como prueba la certi-ficación inscrita en el registro de la propiedad de la reso-lución final de la Corte de Distrito de G-uayama de agosto 31, 1909, declarando justificado a favor de los demandantes, el dominio de la finca rústica de 115 cuerdas descrita en la demanda; una citación de deslinde y su diligenciado por el marshal; una certificación de deslinde librada por el agrimen-sor, Manuel Poventud, y el plano levantado; una certifica-ción del Archivero G-eneral de Protocolos del Distrito de G-uayama relativa a la existencia en su archivo de diferentes escrituras, mencionando la fecha, el nombre de los otorgantes y el objeto de los documentos, que se refieren todos a com-pras de terreno, y las declaraciones de los testigos J. T. Salinas, Y. Poventud, Y. G-arcía y J. J. Aponte. Los de-mandados introdujeron como prueba una escritura notarial, no inscrita en el registro de la propiedad y otorgada el 30 de junio de 1892, relativa a la compra verificada por el deman-dado Altuna, de siete cuerdas de terreno en el barrio de Ja-gual de la municipalidad de Patillas, colindantes por el Este con José Salinas, y las declaraciones de los testigos P. Al-tana, G. Díaz, T. Quiñones, M. Claussel, J. Cintrón y P. Cer-voni. Y la corte, el diez de septiembre de 1910, dictó senten-cia declarando sin lugar la demanda, sin especial condena-ción de costas.

Los demandantes y apelantes alegaron ante esta Suprema Corte que el Tribunal sentenciador cometió error al apre-ciar las pruebas y al aplicar la ley. Los apelados sostuvie-ron en su alegato la legalidad de la sentencia apelada.

El juez sentenciador, al consignar los fundamentos de su sentencia, se expresó así:

“Los demandantes promovieron un expediente de dominio ante esta corte del predio de terreno que se describe en la demanda, cuyo expediente fué aprobado por este tribunal en treinta y uno de agosto de mil novecientos nueve. En la solicitud presentada por los deman-dantes, y en la prueba practicada en la tramitación del referido expediente se hace constar que los demandantes poseyeron la mencio-nada finca desde hace más de treinta años. No obstante, de las declara-ciones de los mismos demandantes, al celebrarse la vista de este caso, se deduce' claramente que cuando se tramitó el expediente de dominio, ellos no estaban en posesión de las diez y siete cuerdas que reclaman en la presente acción. La prueba aportada por los demandantes es suma-mente débil. El testigo José Inocencio Salinas, uno de los demandan-tes, quien tiene cincuenta años de edad, se limitó a decir que hace veinte y un años que salió de la Isla de Puerto Rico y que al ausentarse de la misma, ocupaba la sucesión el pedazo de terreno que hoy posee Altuna. Entendemos que este testigo ha sufrido una equivocación y que habrá querido decir que el terreno estaba ocupado por Don José García Salinas, porque la sucesión de éste no existía en aquella época. Nada más dice el Sr. José I. Salinas que merezca tomarse en consideración. Los otros testigos de los demandantes se limitan a decir que se practicó una mensura de la finca que se describe en la demanda, con arreglo al expediente de dominio que posee la sucesión Salinas, y que las refe-ridas 17 cuerdas están comprendidas dentro de la propiedad de dicha Sucesión, según queda demostrado por la mensura practicada. Pero nada saben con respecto al tiempo que los demandados llevan pose-yendo el referido terreno ni dicen tampoco si ese terreno fué ocupado alguna vez por el causante Don José García Salinas. Sobre este punto importantísimo, únicamente podemos citar la declaración vaga y dudosa de Don José Inocencio Salinas, anteriormente mencionada. En cambio los demandados han probado satisfactoriamente ante la corte que vienen poseyendo las diez y siete cuerdas de terreno.men-cionadas desde un período de tiempo mayor de treinta años, contán-dose en el predio ocupado por Pedro Díaz con la posesión de sus ante., cesores. ’ ’

Hemos examinado cuidadosamente las alegaciones y las pruebas y, en nuestra opinión, las conclusiones del. juez de distrito son enteramente correctas.

Y hemos estudiado cada uno de los preceptos de ley que los apelantes alegan como infringidos y, a nuestro juicio, no existen tales infracciones.

Si los demandados probaron, como apreció la corte sen-tenciadora y como resulta del récord, que los demandantes, no obstante su tituló de dominio inscrito en el registro, no estuvieron ni estaban en la posesión material de los terrenos que reclaman como suyos, y que por el contrario ellos, los demandados, por sí y por sus antecesores habían poseído y poseían pacíficamente, sin interrupción y en concepto de due-ños por más de 30 años, las expresadas tierras; es necesario concluir que los demandados son dueños legítimos de las fin-cas reclamadas por. los demandantes.

Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, él dominio y demás dere-chos reales. También se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean.- Tal es el precepto que contiene el artículo 1841 del Código Civil revisado, igual al 1930 del Código Civil español, que está de acuerdo con la doctrina admitida por la ley Ia., título 29 de la partida 3a.

La prescripción es, pnes, adquisitiva o creadora de dere-chos, y extintiva o liberatoria, y en sns dos formas tiene apli-cación a este caso, en la primera con respecto a los deman-dados, y en la segunda con respecto a los demandantes, aun estimando que ellos hubieran demostrado que alguna vez tu-vieron derecho a la propiedad de las fincas que reclaman, lo-que' ciertamente resulta muy dudoso.

Él artículo 1860 del Código Civil revisado sustancialmente igual al 1959 del Código Civil español y conforme con los an-tiguos Códigos, dice así:

"Artículo I860. — Se prescriben también el dominio y demás de-rechos reales sobre los bienes inmuebles por su posesión no interrum-pida durante treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción deter-minada en el artículo 546 de la segunda sección del Capítulo I, Título VII del libro segundo de este Código.” • '

Y el artículo 1864 del Código Civil revisado, igual al 1963 del Código Civil español y conforme también con los antiguos Códigos, es como sigue:

"Artículo 1864. — Las acciones reales sobre bienes inmuebles pres-criben a los treinta años.
"Entiéndese esta disposición sin perjuicio de lo establecido para la adquisición del dominio o derechos reales por prescripción. ’ ’

Teniendo en cuenta las alegaciones y las pruebas y ha-ciendo aplicación de los anteriores preceptos de ley, es nece-sario resolver, como resolvió la corte de distrito, que los hechos y la ley están a favor de los demandados y en Contra de los demandantes.

El recurso dehe en tal virtud declararse sin lugar y con-firmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.