text:
    Antonio y María Carmen Escudero Caballero, demandantes y apelantes, v. Tomás Mulero, demandado y apelado.
    Núm. 8711.

    — Sometido: Noviembre 15, 1943.

      Resuelto: Mayo 5, 1944.

      Mariano Acosta Velarde, Federico Acosta Velarde y Daniel Pellón La fuente, abogados de los apelantes; Joseph F. McPherson, Ayu-dante Especial del Procurador General de los Estados Unidos y Antonio Riera, Fiscal Especial, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Antonio y María Carmen Escudero alegaron en su de-manda ser dueños en pleno dominio de un islote denominado “Cayo Sudoeste” o “Luis Peña”, próximo a la Isla, de Cu-lebra, cuyo inmueble se. encontraba inscrito en el Registro de la Propiedad de Humacao; y que el demandado detenta la posesión material de la totalidad del referido islote y en precario, sin pagar canon o merced alguna y sin título o de-recho alguno para ello y en contra de la voluntad de los de-mandantes.

Contestó Mulero la demanda interponiendo contra la misma excepción previa de falta de hechos constitutivos de causa de acción, ya que él no era sino guardián (caretaker) del Departamento de Marina de los Estados Unidos; y que el gobierno no puede ser demandado sin su consentimiento. Alegó, además, como materia nueva de defensa, que quien detenta la posesión material de la finca no es el demandado y sí el Teniente de la Marina Americana A. C. Brown, con oficinas en la ciudad de San Juan, Puerto Rico.

En el acto de la primera comparecencia, después de ofre-cer las partes prueba documental y testifical, “a moción de los abogados de los 'demandantes,' se estipuló posponer.in-definidamente la segunda comparecencia por estar el gobierno federal interesado en el caso”.

•En 29 de noviembre de 1939 el demandado radicó una contestación enmendada en la cual negaba que los deman-dantes fuesen dueños en pleno dominio o en cualquier otro concepto o que tuvieran derecho a la posesión de la finca ob-jetó do la acción. Admitía, que detentaba la posesión material de la finca, pero negaba que dicha detentación fuese sin titulo o derecho alguno o que la misma fuese en contra de la voluntad de los demandantes, y por el contrario alegaba que detentaba la posesión de la finca objeto del litigio en su carácter de celador de la misma por virtud de nombramiento a tal efecto expedídole por el Secretario de la Marina de los Estados Unidos a nombre de los Estados Unidos dé América.

Como defensas especiales alega el demandado que su po-sesión es la posesión de los Estados Unidos de América por virtud del nombramiento antes mencionado; que dicha na-ción es dueña de la finca desde el año 1899 por virtud del Tratado de Paz, firmado entre Estados Unidos y España; que por virtud de la Orden Ejecutiva del 17 de diciembre de 1901 y de una ley del Congreso aprobada en 1 de julio de 1902, dicha propiedad fue reservada por el Presidente de los Estados Unidos para usos navales. Que como consecuencia de dichas disposiciones, el Departamento de Marina de los Estados Unidos de América, ha estado en posesión continua, pacífica y no interrumpida desde el año 1901 hasta la fecha de la radicación de la demanda en este caso, o sea, el 12 de enero de 1939, y por consecuencia, que cualquier título o de-recho que los demandantes pudieran haber tenido sobre la finca objeto del litigio ha prescrito a favor de los Estados Unidos de América.

El 3 de junio de 1941, el demandado, por moción jurada, solicitó de la corte dejase sin efecto la primera comparecen-cia. Opusiéronse a dicha, moción los demandantes, y la corte, previo el debido señalamiento y después de oír al demandado sin que a la vista comparecieran los demandantes, dictó reso-lución de fecha 7 de julio de 1941, declarando con lugar la moción del demandado y dejando sin efecto la primera com-parecencia celebrada en enero 23 de 1939, “con el fin de que el demandado pueda hacer uso de la evidencia de que dis-pone, dándole igual oportunidad a los demandantes si alguna tuvieren que ofrecer en vista de las circunstancias concu-rrentes, y señala para esta nueva comparecencia, el día 21 del mes en curso a las 9:00 a.m.”

Celebradas ambas comparecencias los días 21 de julio y 4 y 11 de agosto de 1941, respectivamente, la corte dictó sen-tencia el 13 de abril de 1942 declarando sin lugar la demanda.

No conforme con la sentencia dictada en el caso, los de-mandantes apelaron de la .misma para ante este tribunal señalándo en su alegato la comisión de ocho' errores por la corte inferior.

En el primer señalamiento se alega que la corte inferior cometió error al declarar con lugar la moción del demandado apelado solicitando se dejase sin efecto la primera comparecencia, toda vez que dicha corte se amparó para sostener su decisión en el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, “menospreciando los preceptos imperativos de la Ley de Desahucio”, la cual de manera imperativa dis-pone “la celebración de dos comparecencias, una para el ofrecimiento de la prueba y otra para la práctica de la misma. ’ ’

A este efecto cita los artículos 5 y 6 de la Ley de Desahu-cio, y sostiene que las disposiciones de dicha ley no dejan discreción al juez “para alterar las comparecencias o dejar-las sin efecto, a menos que medie el consentimiento expreso de las partes,” y para sostener su alegación cita el caso de Avalo v. Corte, 39 D.P.R. 847, 850, donde se sostiene que una corte no tiene autoridad “para combinar dos comparecencias a no ser*’por consentimiento del demandado o por su renun-cia”. En diclio caso dijo esta corte lo siguiente: .

Fs evidente que el demandado fué obligado a entrar a juicio siu sabor cuál era la prueba del demandante, y por tanto el demandado no tuvo la oportunidad para considerar la prueba escrita, oponerse a ella o repreguntar a los testigos del demandante después de haberse preparado debidamente. Ninguna de estas cuestiones fué subsanada al permitir que el demandado compareciera posteriormente. Todas estas posibles privaciones están cubiertas por la aseveración de que las disposiciones que exigen dos comparecencias son imperativas.”

Como se ve, el caso de Avalo difiere sustancialmeute del de autos. En aquél la corte combinó ambas comparecencias en una sola que se vieron conjuntamente el mismo día, y de acuerdo con la ley de desahucio era necesario que se celebra-ran dos comparecencias a menos que el demandado consin-tiese o renunciase a ello. En el caso de autos se celebró una primera comparecencia, que a moción del demandado y con la oposición de los demandantes, la corte, haciendo uso de su discreción, dejó sin efecto consintiendo en celebrar otra primera comparecencia para dar al demandado una oportu-nidad de presentar nuevas pruebas de conformidad' con su contestación enmendada.

Es de notar que después de celebrada la primera compa-recencia en enero 23 de 1939, “a moción de los abogados de los demandantes, se estipuló posponer indefinidamente la se-gunda comparecencia, por estar el gobierno federal intere-sado en el caso”.

No vemos, en primer lugar, qué perjuicio se le pudo causar a los demandantes al dejar sin efecto la primera comparecencia. A moción de dicha parte se había pospuesto indefinidamente la segunda comparecencia y según aparece de la propia moción de “Oposición a la moción para que se deje sin efecto la primera comparecencia” de los demandan-tes, en su párrafo 4, Legajo de Sentencia, página 12 y si-guientes, “después de la vista de la primera comparecencia, las partes entraron en nna serie de estudios y conversacio-nes para resolver este caso por la vía administrativa y sin la intervención judicial, pero dictas gestiones resultaron in-fructuosas, quedando mientras tanto pendiente el señala-miento de la segunda comparecencia por estipulaciones que figuran en el récord de este caso”.

Y, en la misma moción, en el párrafo 6, dicen los deman-dantes :

“6. Que allá para el mes de septiembre de 1940, el Lie. Federico Acosta Velarde, uno de los abogados de los demandantes, dirigió al Lie. Tomás I. Nido, uno de los abogados del demandado, una carta que textualmente lee así:
‘20 de septiembre de 1940. Lie. Tomás I. Nido, U. S. Assistant District Attorney, San Juan, Puerto Rico. In re: Antonio y María Escudero vs. Tomás Mulero. — Estimado amigo y compañero: Con-firmando nuestra conversación reciente, cumplo con informarle que a nombre y en representación de la Sucesión Escudero fiemos resuelto desistir de la demanda de desahucio pendiente ante la Corte de Dis-trito de Humacao en la causa arriba expresada para radicar, en su lugar, en la Corte Federal una demanda de reivindicación. Oportuna-mente le enviaremos la moción de desistimiento. Atto. amigo y S. S. (firmado) Federico Acosta Velarde.’ ”

Francamente no vemos razón por la cual se pueda soste-ner el primer error señalado por la parte apelante. La ac-ción de desahucio es una acción sumaria y a tales efectos todo el procedimiento que provee el Código de Enjuiciamiento Civil es uno establecido con miras a que se tramite el pleito rápidamente. En el caso de autos, a estipulación de partes y a moción de los demandantes se pospuso indefinidamente la celebración de la segunda comparecencia; hubo conversa-ciones entre las partes para resolver el caso “por la vía administrativa y sin la. intervención judicial”; y finalmente se permitió, sin oposición de los demandantes, y después de haber transcurrido más de dos años desde la celebración de la primera comparecencia en el caso, que el demandado ra-dicara una contestación enmendada a la demanda.

¿Qué más natural que la corte accediese, haciendo uso de su discreción, a la solicitud del demandado para que se .de-jase sin efecto la primera comparecencia y así permitirle ofrecer prueba demostrativa de lo alegado en su contestación enmendada? No vemos ninguna objeción al efecto. No pue-den quejarse los demandantes de dilación en los procedi-mientos, ya que habían transcurrido, como hemos visto, más de dos años- desde la celebración de la primera comparecencia y unos días más en nada podían perjudicar a. quienes tanto tiempo habían aguardado.

Se alega que la corte no tenía facultades para, amparán-dose en el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, dejar sin efecto la primera comparecencia, ya que las dispo-siciones de la ley de desahucio son imperativas y no pueden quedar sujetas a la discreción de la. corte.

Ya esta corte dijo en el caso de Gutiérrez et al. v. Foix et al. (1915) 23 D.P.R. 73, citando del caso de Melde v. Reynolds, 129 Cal. 308, en que se interpreta el artículo 473 del Código de California, del cual ha sido tomado nuestro ar-tículo 140; que:

“Este es un precepto reparador y de acuerdo con las prescripcio-nes del artículo 4 del propio Código el cual exige que sea liberalmente interpretado con el ñu de que se cumplan sus fines y promueva la justicia, se observa mejor resolviendo los casos por sus méritos sustan-ciales más bien que atendiendo estrictamente a las reglas técnicas de procedimiento. La discreción de la corte debe siempre ser ejercitada de conformidad con el espíritu de la ley y de tal modo que más bien ayude que impida o destnxya los fines de la justicia, considerando los meros tecnicismos como obstáculos que han de ser vencidos más bien que como principios a los cuales ha de darse efecto en derogación del derecho sustancial. (Citas)”.

Esta misma regla de liberalidad ha sido aplicada por este tribunal al interpretar las reglas de procedimiento para las acciones de desahucio. Así, en el caso de García v. Brignoni et al., (1915) 22 D.P.R. 356, 363, dijo esta Corte, por voz de su entonces Juez Asociado, Sr. Del Toro:

“Es cierto que la sección 6 de la ley de desahucio .... dispone que las pruebas propuestas en la primera comparecencia ‘se practi-carán dentro de un plazo que no podrá en ningún caso exceder de diez días’ pero también lo es que dicha disposición debe interpretarse de un modo tal que permita conformarla a las circunstancias que puedan concurrir en las transacciones humanas. Se comprende que ciertos términos, .• . . . sean fatales y no puedan prorrogarse, pero existen otros cuya misma naturaleza indica que deben ser y que son en realidad de verdad prorrogables aunque la ley guarde silencio sobre tal extremo. . ”

Más tarde dijo también este tribunal:

“El objeto de la vista preliminar (en los casos de desahucio) es apercibir a las partes respecto a la prueba documental que ha de ser ofrecida en el juicio, con el fin de acelerar el procedimiento sumario y dar una oportunidad a las partes para prepararse a debatir las cuestiones litigiosas de tal modo planteadas.’’ (Paréntesis nuestro). Román v. Pérez, (1923) 31 D.P.R. 800, 803.

Al darle la corte una oportunidad a Mulero de presentar, en una nueva comparecencia preliminar, prueba para soste-ner su contestación enmendada, dejando sin efecto la compa-recencia preliminar anterior, no bizo sino dar a los deman-dantes una oportunidad de prepararse a debatir las nuevas alegaciones becbas por el demandado en su contestación enmendada. No bizo, pues, la corte sino ejercitar su dis-creción en beneficio de ambas partes, dando a cada una de éstas una oportunidad de presentar nuevas pruebas necesa-riamente surgidas o bailadas en el transcurso de más de dos años, y como tanto una parte como la otra resultaron bene-ficiadas, y todo se bizo en bien de la justicia, no encontramos que se le baya causado perjuicio a los demandantes apelantes ni que la corte baya cometido abuso de discreción al proceder en la forma que lo bizo. No creemos se baya cometido el primer error señalado.

Los señalamientos segundo, tercero y cuarto los consideraremos conjuntamente por estar basados en el mismo fundamento de derecho, o sea que “la prueba documental en ellos expresada era inadmisible por no corresponder con la contestación del apelado en la que, según los apelantes, no bay alegación alguna sobre inexistencia o nulidad del título de los demandantes”.

La evidencia que según los demandantes fué errónea-mente admitida es la siguiente:

(a) Los documentos relativos al informe de la Comisión nombrada para ejecutar los trabajos preliminares de colo-nización de la isla de Culebra;

(5) La solicitud de don Cayetano Escudero para la con-cesión del Cayo ‘Luis Peña’, de julio 11 de 1881; y

(c) Comunicación a don Cayetano Escudero, de julio 30 de 1881.

El demandado en su contestación enmendada y como de-fensas especiales alegó, en síntesis, (1) que su posesión es la posesión de Estados Unidos por virtud del nombramiento de celador bécbole por dicho Gobierno, siendo dicha nación dueña de la finca objeto del desahucio desde el año 1899 por virtud del Tratado de Paz firmado entre Estados Unidos y España y que por Orden Ejecutiva de 17 de diciembre de 1901 y por ley del Congreso de 1 de julio de 1902 (32 Stat. 731) dicha propiedad fué reservada por el Presidente de los Estados Unidos para usos navales. (2) Que el Departa-mento de la Marina Federal, a nombre de los Estados Unidos de América, ha estado en posesión continua, pacífica e ininte-rrumpida de la finca objeto del desahucio desde el año 1901 hasta la fecha de- la radicación de la demanda. (3) Que cualquier derecho o título que los demandantes pudiesen haber tenido en la finca ha prescrito y descansa hoy en los Estados Unidos.

La prueba documental ofrecida por el demandado, y a que se refieren los errores segundo, tercero y cuarto señala-dos por los apelantes, lo fué para sostener las defensas especiales levantadas en su .contestación enmendada. Dicha evidencia documental fué aceptada condicionalmente por la corte con el fin de resolver sobre los méritos de la misma más tarde. Al suscitarse durante la vista la cuestión sobre la admisibilidad de tal evidencia, se dijo:

“Sr. Juez: ‘Pero estos documentos se refieren a posibles defectos en el título de Cayetano Escudero, pero no se refieren al Gobierno Federal. ’
“Demandado: ‘Una vez estudiados estos documentos llegará la corte a la conclusión de que estos terrenos pertenecían al Gobierno de España y después, a virtud del Tratado de París, al Gobierno de los Estados Unidos.’
“■Sr. Juez: ‘La corte entiende que el mejor procedimiento en este caso, es reservarse la resolución para cuando la corte vaya a resolver sobre los méritos. Pero en vista de que estos problemas de evidencia envuelven una lectura detenida de todos esos documentos y envuelven la lectura de determinadas leyes y disposiciones legales de España, la corte cree que va a admitir esos documentos condieional-mente, sin que ello implique que crea que ellos demuestran la inexis-tencia. ’ '
•“Demandante: Cuáles son los documentos que va a admitir?’
“Demandado: ‘Informe de la Comisión nombrada para ejecutar los trabajos preliminares de colonización de la isla de la Culebra . . . ’
“Demandante: ‘Por ser inmaterial e impertinente de acuerdo con las alegaciones y demás objeciones que por ahorro de tiempo no se han repetido . . . . ’
“Sr. Juez: ‘La corte los admite condicionalmente, sujetos al ulterior estudio que haga.’
“Demandante: ‘Tomamos excepción.’ ”

Estos documentos, como se ve, no podían ser admitidos sino condicionalmente por la corte inferior, a medida que se iban presentando, toda vez que obedecían a un plan del de-mandado para demostrar que el título de los demandantes babía revertido a la Corona de España por no haberse cum-plido con las condiciones de la concesión hecha al Sr. Escu-dero, causante de los demandantes del Cayo Luis Peña. Su admisibilidad estaba sujeta a que la corte hiciese un estudio de dichos documentos para determinar si- dicha alegación tenía alguna base para que la corte pudiese determinar si en realidad existía un conflicto de título que hiciese improce-dente la acción de desahucio, ya qne la corte no podía entrar a considerar la cuestión de título en su fondo, según doctrina sentada por este tribunal en innumerables casos. La corte inferior tenía que estudiar dicha evidencia antes de poder resolver si la misma era suficiente para demostrar que la defensa del demandado no era un mero pretexto. (Colón v. Colón, 51 D.P.R. 97.)-

Sobre la admisión condicional de evidencia, ya on el caso de Colón v. Colón (1937) 51 D.P.R. 97, 104 (in fine) dijo este tribunal:

“El juez de distrito admitió cierta prueba provisionalmente para darle el valor probatorio que tuviera, y se reservó la decisión sobre su admisibilidad. De ordinario la mejor práctica es resolver cuestiones de prueba conforme las mismas son presentadas, pero no habiéndose demostrado prejuicio (sie), el error de haberlo, no es suficiente para justificar la revocación. ’ ’

El quinto señalamiento de error es en el sentido de que la corte inferior erró “al admitir condicionalmente que des-pués de estudiar resolvería si tomaba conocimiento judicial de la escritura número 48 de abril 27 de 1908 otorgada ante el notario Herminio Díaz Navarro, a pesar de no haber sido ofrecida en la primera comparecencia”. Comoquiera que la cuestión levantada es análoga a la que acabamos de analizar, no creemos necesario entrar a considerar. la misma.

Alegan los apelantes que la corte inferior cometió un sexto error “al encontrar probado que el Gobierno Federal adquirió su título por prescripción de treinta años sin ser dicho Gobierno Federal parte interesada en el pleito, ni haber solicitado intervención.”

En cuanto a este alegado error citan los apelantes las conclusiones del tribunal inferior que tienen pertinencia con el mismo, copiando de la opinión el siguiente párrafo:

“El demandado ha presentado prueba creída por esta corte de que el Gobierno Federal a través de sus agentes ha estado en posesión pública, pacífica y sin interrupción y en concepto de dueño del te-i-reno objeto de este litigio, por espacio de más de treinta años. Bajo esas circunstancias ia prueba ba sido suficiente para levantar un con-flicto de título. Entendemos y resolvemos que, para que se declare sin lugar la demanda no es necesario demostrar definitivamente que el Gobierno Federal adquirió título por prescripción, sino que es su-ficiente con que el Gobierno Federal haya presentado un caso prima facie con visos de veracidad y de probabilidad y no desnudo de toda prueba al efecto de que estuvo en posesión del terreno en la forma requerida por la ley. ’ ’

No hay duda de que la corte inferior cometió un error. En ningún momento estuvo el Gobierno Federal ante la corte; en ninguna forma intervino el Gobierno Federal en el pleito, ni fué parte en el'mismo. Así lo admitieron las partes y lo sostuvo la corte durante la vista en donde al surgir la cues-tión se dijo:

“Demandante: ‘Nosotros llamamos la atención que este pleito no es con el Gobierno Federal.’
“Demandado: ‘Nosotros admitimos e.o.’
“Demandante: ‘Es una persona particular que admite que él está en posesión del terreno, pero que el Gobierno de Estados Unidos es dueño de ese terreno a virtud de unas leyes. ’
“Sr. Juez: ‘Hasta ahora la controversia es entre lo9 demandan-tes y el demandado Tomás Mulero.
“Demandado: ‘Sí, señor, nosotros admitimos que el gobierno no es parte aquí.’ ”

Se trata en este caso de una acción de desahucio en pre-cario entablada por los hermanos Escudero Caballero para obtener la posesión de un inmueble que alegan les pertenece y al efecto presentan título inscrito en el Begistro de la Pro-piedad de Humacao. La acción se dirige contra Tomás Mu-lero quien se alega detenta la posesión del inmueble sin título para ello. Como defensa alega Mulero que está en posesión de la finca objeto del desahucio en su carácter de celador de la misma por virtud dé nombramiento a tal efecto héchole por un Departamento del Gobierno Federal, quien ha estado por más de treinta años en posesión de dicha finca.

La acción de desahucio es una acción posesoria. En ella solamente' puede discutirse el derecho a la .posesión de un inmueble y no procede cuando surge de la misma un conflicto de título. Sin embargo, cuando un demandado en desahucio, como en el caso de autos, está poseyendo la finca objeto de la acción para conservarla o disfrutarla, perteneciendo el do-minio a otra persopa (Artículo 362, Código Civil, Ed. 1930) puede alegar como defensa que posee por un tercero, que es el verdadero dueño, persona distinta de los demandantes. Díaz v. Morales (1929) 39 D.P.R. 73, 76. Esto fué lo que hizo Mulero y a tal efecto presentó prueba prima facie de la nulidad absoluta del título de los demandantes, presentando’ evidencia tendente a demostrar que el tercero por quien él actuaba había estado en xoosesión de la finca objeto de la ac-ción por espacio de más de treinta años, lo cual creemos podía hacer ya que su derecho a lá posesión se basaba en el su-puesto derecho de su principal.

El demandado tenía que demostrar que su derecho a la posesión de la finca objeto del litigio no era un mero pretexto, Colón v. Colón (supra) y creemos que así lo hizo. •

En cuanto a la cuestión de si el Gobierno Federal debió o no ser parte demandada y de si era parte en la acción, ya hemos demostrado que nunca fué parte en el pleito y que la corte inferior cometió error al así considerarlo en su opinión, mas fué en realidad un lapsus, y no un error per-judicial a los demandantes apelantes. El Gobierno Federal no era parte necesaria en este pleito. En el caso'-de Morera v. Navarro Ortiz, Juez, (1942) 60 D.P.R., 193, 199, dijo este Tribunal por voz de su Juez Presidente señor Del Toro:

“Se trata de. recobrar el uso de un camino de que alega el de-mandante que estaba en posesión dentro del año anterior a la fecha de la interposición de la demanda y de cuyo disfrute lo privaron los demandados a virtud de los actos por ellos realizados.
“El camino pasa por dentro do parcelas de terreno en posesión de dos de los demandados, Ramón Rivera y Benigno González, y ad-mitiendo que las parcelas pertenezcan a los Estados Unidos y estén bajo el control de la Puerto Rico Reconstruction Administration (P.R.R.A.) y que el otro demandado José Ramírez Martín y el peti-cionario Luis M. Morera tuvieran, como agentes de la P.R.R.A., bajo su custodia el camino, aún así, no tendría que concluirse que fuera necesario demandar directamente a los Estados Unidos para que la corte adquiriera jurisdicción para ver y fallar el asunto.
“Para sostener esa conclusión será suficiente que citemos del caso de Baldrich v. Barbour, 90 F. (2d) 867, 868, y 869 lo que sigue: _
‘Versa este caso sobre una acción incoada en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico para recobrar y retener la posesión de determinadas tierras situadas en Puerto Rico. Los de-mandantes originales en el pleito y ciertos ‘demandantes intervento-res' alegaron en su demanda que ellos son los dueños en pleno dominio de alrededor de 6,000 acres de terreno situados en el Distrito Municipal de Río Grande, Naguabo, Fajardo y Luquillo, describiéndolos por sus colindaneias ...
“ ‘El demandado, en su carácter de Superintendente de Bosques, reclama el derecho de posesión sobre todas las tierras incluidas en la ‘Luquillo Forest Reserve’, las que incluyen los terrenos reclamados por los demandantes en esta acción; que dichas tierras han estado ocupadas y han sido poseídas por sus antecesores en el cargo desde 1903; y los demandantes admiten que los terrenos descritos en la demanda han estado en la exclusiva po ;esión de los Superintendentes del ‘Forest Reserve’ desde 1913.
“ ‘ (1) Es evidente que no es ésta una acción para establecer el dominio sobre las tierras. Si así fuese, los Estados Unidos deberían haber sido incluidos como parte, y esto no podía hacerse sin su con-sentimiento. United States v. Lee, 106 U. S. 196, 1 S. Ct. 240, 27 L. Ed. 171; y en este ca.o, que llegó ante esta corte mediante excepción previa, 71 F. (2d) 9, se resolvió que se trataba de una acción para recobrar la posesión solamente y aunque el demandado debe demos-trar que los Estados Unidos tenían autoridad para sostener su derecho do posesión, el pleito no era uno para establecer el dominio sobre los terrenos descritos.’ ”

Esta doctrina es, eh nuestra opinión, de- entera aplicación al caso de autos, y aunque la corte inferior cometió el error-señalado, el.mismo no es suficiente para revocar la sentencia apelada.

En su séptimo señalamiento de .error alegan lo? apelantes que la corte inferior erró “al declarar probado que el G-obierno Federal adquirió título sobre el Cayo ‘Luis Peña’ por el hecho de que la concesión a don Cayetano Escudero fué condicional y que el mismo no cumplió con las condiciones. ’ ’

La corte inferior no pudo entrar a considerar la cuestión de si real y efectivamente el Gobierno Federal adquirió o no título sobre ía finca objeto de la presente acción de desahucio. Los conflictos de título no pueden dilucidarse en estos juicios de carácter sumario en que únicamente se trata de recobrar la posesión de un inmueble por quien tiene derecho a ella. Habiendo el demandado presentado un caso prima facie de nulidad absoluta del títiilo de los demandantes, alegando he-chos .suficientes a tal fin, procedió correctamente 1a. corte inferior al declarar sin lugar la demanda. Colón v. Colón, supra.

El recurso de apelación se da contra la sentencia y no con-íra los razonamientos o fundamentos que le sirven de base. Colón v. Shell Co. (P.R.) Ltd., 55 D.P.R. 592. Así, aún cuando los razonamientos del juez sean erróneos, si la con-clusión a que él llega en la sentencia es correcta, ésta debe prevalecer. Totti v. Fernández, 40 D.P.R. 636. Por lo cuaJ, una. sentencia1'correcta no debe alterarse por cualquier error en el razonamiento del juez sentenciador. Serrallés v. Saurí, 44 D.P.R. 402.

En el octavo señalamiento se alega que la corte inferior cometió error “al declarar que el demandado no solamente ha presentado un caso prima facie de inexistencia del título de los demandantes, -sino que fué más lejos aún y presentó un caso sustancial de nulidad absoluta; sin que haya alegación en la contestación del demandado que sostuviese dicha conclusión.” . . .

La acción de desahucio en precario se da contra aquellas personas que disfrutan de la posesión de un inmueble sin derecho alguno para ello y sin pagar canon o merced alguna. Por lo tanto, bastará que un demandado en desahucio pro-duzca prueba suficiente ante la corte para demostrar que tiene algún derecho a ocupar dicho inmueble y que tiene un título tan bueno o mejor que el del demandante para que surja un conflicto de título que haga improcedente la acción. Esto fue lo que ocurrió en el presente caso. De toda la prueba presentada por el demandado surge claramente un conflicto de título que hace improcedente la acción de desahucio. Las alegaciones del demandado no son un mero pretexto y los derechos de las partes deben dilucidarse en el juicio plenario correspondiente.

Por las razones expuestas procede confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Snyder se inhibió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pbesideutb Señük, TRAvieso

license: Public Domain

text:
    Ángel Samuel Bonilla, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada; Departamento Policía Insular, patrono.
    Núm. 277.

    — Sometido: Diciembre 13, 1943.

      Resuelto: Mayo 5, 1944.

      Ismael Soldevila, abogado del- recurrente; Joaquín Correa Suárez, abogado del Fondo del Seguro .del Estado, por la Comisión Industrial, demandada.
   El Juez Pbesideutb Señük, TRAvieso

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario recurrente era, para la fecha del accidente por el cual solicita compensación, un policía que prestaba servicios en la ciudad de Mayagiiez.

En la petición de revisión radicada ante esta Corte Su-prema, el recurrente alega que en momentos en que él se encontraba en el desempeño de su empleo y realizaba fun-ciones inherentes al mismo, corriendo tras unos individuos que alteraban la paz, sufrió una caída “ dando en el suelo con sus posaderas como si lo hubieran sentado violentamente sobre la tierra y alojándosele en el ojo izquierdo un cuerpo extraño como lodo, polvo o tierra, dada su irritación”. Con-tinúa alegando que en el informe patronal rendido de acuerdo con lo prescrito por la Ley de Compensaciones por Acciden-tes del Trabajo, no se mencionó la caída, que aparentemente no había tenido consecuencias perceptibles, y que él, como profano, ignoraba que en alguna forma pudiera repercutir en el ojo. Que sometido a tratamiento y examen por el mé-dico del Fondo del Seguro del Estado se encontró que el recurrente había sufrido un desprendimiento de la retina del ojo izquierdo, perdiendo la visión por ese órgano.

El Fondo del Seguro del Estado, basándose en el informe médico del Dr. Cuello, oculista que había examinado al re-currente, decidió el caso declarando que el desprendimiento de la retina no había sido causado por accidente alguno del trabajo. De dicha decisión apeló el recurrente para ante la Comisión Industrial, la cual, después de oír a ambas partes, dictó resolución de fecha 15 de julio de 1943, sosteniendo la decisión del Fondo del Seguro del Estado. Solicitada la re-consideración de dicha resolución por el recurrente, la Co-misión la declaró sin lugar por resolución de 6 de agosto de 1943. El lesionado entonces interpuso el presente recurso solicitando la revisión de la resolución de la Comisión y ba-sando su petición en la comisión de diez errores que señala en Sil alegato. ■ Los disentiremos conjuntamente por estar to-dos ellos relacionados con la apreciación de la evidencia.

La única cuestión envuelta en este caso es si la Comisión Industrial erró en la apreciación de la prueba, que era de carácter pericial. No surge del caso conflicto alguno de prueba. Los beodos, en síntesis, son los siguientes:

El policía insular Angel Samuel Bonilla prestaba servi-cios en la “demarcación Buena Vista” en la ciudad de Ma-yagüez, en la noche del 16 de diciembre de 1939. Entre diez y once de la noche y mientras bajaba “con el policía Norberto Toro persiguiendo a unos serenateros” como había llo-vido resbaló y se cayó ensuciándose la ropa y teniendo que ir a su casa a cambiarse. Después de regresar a continuar prestando servicio y unas dos horas después del accidente, empezó a sentir una irritación fuerte en el ojo izquierdo sin-tiendo que le ardía y le dolía el “pómulo del ojo” (sic), lo que atribuyó a que le había caído “posiblemente polvo de la calle”. Esa noche como a las dos, y en vista de que con-tinuaba la irritación del ojo, regresó al cuartel e informó su estado, siendo relevado de continuar prestando servicios esa noche. Más tarde fue donde el Dr. Perea, de Mayagüez, quien después de examinarlo lo envió a Ponce donde el Dr. Leovigildo Cuello, oculista. Al ser examinado por este úl-timo, quien le preguntó si había sufrido algún accidente o traumatismo de índole alguna o algún golpe en el ojo, el le-sionado contestó que no. No habiendo encontrado el Dr. Cuello cuerpo extraño alguno en el ojo ni irritación ni in-flamación, diagnosticó “desprendimiento de la retina del ojo izquierdo”.

El Fondo del Seguro del Estado, basándose en el diag-nóstico del oculista, dictó una decisión el 2 de enero de 1940 denegando la compensación por no resultar la lesión sufrida por el policía Bonilla ninguna de las que compensa la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 ((1) pág. 251) como enfer-medades ocupacionales, así como. tampoco se' debió a acci-dente alguno del trabajo, ya que no existía relación causal entre el accidente alegado (caída de un cuerpo extraño en el ojo) y el desprendimiento de la retina.

En su escrito de apelación para ante la Comisión Industrial, el recurrente describió el accidente en la forma si-guiente :

“Estando de servicio en la demarcación ‘Buena Vista’ de Mayagüez, P. R., de noche,, a las 2:00 a.m. sentí una gran irritación en el ojo y no podía ver claramente, lo que se debió posiblemente a que le cayó polvo de la calle”. Hacía constar, además, que: “Actualmente estoy siendo atendido por los Dres. Fernández, de San Juan, P. R.” y añadía no estar conforme con la decisión del Administrador del Pondo del Seguro del Estado: “Porque creo que el estado de mi ojo izquierdo tiene relación de causa y efecto con el trabajo que realizaba a la hora indicada, sobre lo cual declararé en la vista pública, por lo que debe proveerse tratamiento y com-pensación. ’ ’

Ni en el informe del patrono, ni en el escrito de apelación para ante la Comisión Industrial que hiciera el policía Bo-nilla se mencionó en ningún momento que él hubiese sufrido una caída al perseguir a unas personas que estaban dando serenatas. No fué hasta la celebración de la vista pública ante el Presidente de la Comisión Industrial, Sr. Manuel León Parra, el día 26 de marzo de 1941, que por primera vez el abogado del reclamante alegó que el desprendimiento de la retina se debió a un accidente que sufriera Bonilla antes de sentir malestar en el ojo izquierdo.

Durante la vista declararon los Dres. Leovigildo Cuello y M. A. Mariani, el primero como perito médico del Fondo del Seguro del Estado y el segundo de la Comisión Industrial.

La declaración del Dr. Cuello puede resumirse así:

El 20 de diciembre de 1939 le fué referido el caso del se-ñor Bonilla por el Dr. Perea, de Mayagüez, como habiendo sufrido “un accidente del ojo izquierdo” el día 16 de diciembre del mismo año; que lo vió el 20 de diciembre; que lo ingresó en el Hospital de Damas posponiéndolo para nuevo examen, y dejándolo en observación basta el día 21 de diciembre. Que Bonilla le presentó el informe patronal y que la declaración que le hizo fué que estando de servicio en un barrio determinado de Mayagüez sintió un dolor y una gran irritación en el ojo izquierdo que atribuía a. que le había caído arena en el ojo. Que lo examinó y no constató cuerpo ex-traño ni signo alguno de irritación en el ojo, pero que al examinarle el fondo del ojo constató un desprendimiento de la retina sin otras lesiones del ojo.

Explicó también el Dr. Cuello que el desprendimiento de la retina tiene dos causas:

1. El desprendimiento secundario que es causado por un estado patológico anterior del ojo cual un tumor de la co-roide o una lesión de la cabeza, y que también la miopía puede causar el desprendimiento de la retina. Además en personas de edad avanzada, debido a “cierto estado patológico que se forma entre (sic) el ojo” puede producirse el desprendi-miento de la retina, así como también la pueden causar le-siones de la misma retina y la tuberculosis, la sífilis y cual-quier otra infección o afección.

2. Desprendimiento idiopático o primitivo de la retina o sea que la retina se desprende sin causa alguna o lesiones patológicas constatables anteriores o posteriores al despren-dimiento.

Siguió declarando que fuera de esas dos causas se ha notado que el desprendimiento de la retina puede ocasionarse por traumatismo directo sobre el ojo “y se ha invocado y tanto se ha exagerado en lá causa” que se ha llegado a decir que el desprendimiento de la retina puede ser ocasionado por un movimiento brusco de la cabeza o un golpe sobre el cráneo. Añadió el Dr. Cuello que teniendo en cuenta que su deber era dar un diagnóstico exacto, sin interés personal, in-terrogó a Bonilla minuciosamente; que le dijo al'paciente que no tenía cuerpo extraño en el ojo, ni tenía irritación y que “es bueno que se sepa que el desprendimiento de la retina no da dolor en el ojo ni irrita el ojo”; que el enfermo se da cuenta del desprendimiento de la retina por trastornos visuales, y por eso “consignó” (sic) su informe negando la relación de causa y efecto ya que el reclamante no presen-taba traumatismo reciente del ojo izquierdo, ni acusaba fe-nómenos dolorosos ni irritativos de ninguna especie; que el ojo presentaba una apariencia normal; que la práctica le ña demostrado que en casos como el del reclamante había que buscar la causa en la retina, de acuerdo con el trastorno ocular que el reclamante le relataba; que lo había interro-gado minuciosamente en cuanto a si no había recibido ningún golpe en el ojo ni traumatismo de alguna especie, y al de-cirle el obrero que no, que a lo único que él achacaba el “que-branto” del ojo era a que le cayó tierra en el mismo, ante esas condiciones y sin haber constatado una lesión anterior en el ojo ni signos externos de traumatismo, diagnosticó des-prendimiento de la retina. “Que desde el momento en que no aceptó la relación de causa y efecto entendía que era un desprendimiento idiopático, desprendimiento espontáneo de la retina, y no de origen traumático”. Declaró, además, el Dr. Cuello, que no conoce de ningún caso de desprendimiento de retina provocado por una caída en que la persona caiga sentada de sus propios pies y que lo que priva en el ánimo del oculista al determinar el desprendimiento de la retina, es sobre todo el traumatismo directo.

Repreguntado el oculista Dr. Cuello si un traumatismo indirecto puede ocasionar un desprendimiento de la retina, contestó que “no conocía casos ni personalmente ni recuerda haberlos leído; que no ha visto en la literatura ni ha visto un caso de desprendimiento de la retina al caer una persona de sus pies sentada”.

El Dr. M. A. Mariani, oculista y asesor de la Comisión Industrial a quien ésta asignó para que practicase un examen del policía, reclamante y rindiese un informe, declaró en vista pública celebrada el día 25 de febrero de 1943 ante el Co-misionado Asociado Sr. Francisco Paz Gránela, lo siguiente:

Que después de examinar a Bonilla llegó a la conclusión de que éste sufría de un desprendimiento de la retina el cual no pudo ver por el hecho de que el ojo había sido sometido a intervención quirúrgica y los medios transparentes del ojo estaban opacos lo cual le impedía ver el fondo del ojo. Pero que, sin embargo, por la historia y la información que le suministró la Comisión así como por la que le suministró el paciente llegó a la conclusión de que éste padecía del despren-dimiento de la retina. Que el paciente había perdido la vi-sión por ese ojo y presentaba signos de estar sufriendo de una inflamación de las membranas interiores del ojo. De-claró, además, que el hecho de una persona caer de espalda de sus propios pies no puede producir el desprendimiento de la retina a menos que no existan causas predisponentes en ese individuo; que el 99% por ciento de las probabilidades es que una caída de esa naturaleza no produzca un despren-dimiento de la retina en personas normales, “que no tengan las causas que predisponen al desprendimiento de la retina; que una caída de esa naturaleza, por su experiencia, y por la experiencia de otros y por las estadísticas que preparan otros autores no causa el desprendimiento de la retina.”

Con esa prueba ante sí, la Comisión llegó a las conclusio-nes siguientes al dictar su resolución de 15 de julio de 1943:

“No estamos convencidos de que al policía Angel Samuel Bonilla le cayera polvo de la calle en el ojo izquierdo mientras prestaba servicios y de que esto fuese la causa del desprendimiento de la retina, por cuanto que, de acuerdo con el propio Angel Samuel Bo-nilla y su otro compañero policía, el 16 de diciembre de 1939 por la noche había llovido en el sitio donde ellos estaban prestando servicios, y no había polvo en la calle, y sí lodo y, además, porque al ser examinado por el oculista Dr. Cuello, de Ponce, éste no encontró en el ojo izquierdo de Angel Samuel Bonilla cuerpo extraño de ninguna clase, ni presentaba irritación ni inflamación de su ojo. Al enmendar el reclamante ... su alegación de que sufrió un accidente al caer, al suelo de espaldas cuando trataba corriendo de perseguir a unas personas que estaban dando serenatas a altas horas de la noche, produce, a nuestro juicio, una contradicción, por cuanto que, si él salió corriendo para perseguir a los que estaban dando serenatas .... es razonable pensar que el policía en vez de caer sentado o de espalda, hubiese caído hacia adelante y se hubiese lesionado o lace-rado su rostro o sus manos, y nada de esto presentaba el policía cuando fué examinado por el especialista ... si aceptamos que al tratar de correr- el policía cayera de sus propios pies, sentado, no es éste un traumatismo que pueda producir el desprendimiento de la retina como sostienen los peritos médicos, por cuanto que fué una caída tan leve que inmediatamente se levantó, se trasladó a su hogar, se cambió de ropa y retornó al servicio. Fué después de todo esto que el mismo policía describe que empezó a sentir, según él, dolmen el ojo izquierdo e irritadón. Más, el especialista no encontró irri-tación ni inflamación en el ojo izquierdo.
Los peritos médicos doctores Leovigildo Cuello y M. A. Mariani, especialistas en enfermedades de la vista, no encontraron causa alguna del desprendimiento de la retina del ojo izquierdo del policía que pudieran relacionarla ni con la primera versión del accidente que consistió en que posiblemente le cayó polvo de la calle en el ojo izquierdo, ni con la segunda versión invocada mucho después rela-cionada con una caída de espalda.”

Es evidente que con la prueba que tuvo ante sí, la Co-misión Industrial no pudo diotar resolución concediendo com-pensación al recurrente. Las declaraciones de los peritos mé-dicos no favorecen en absoluto al recurrente, pues tanto el perito del Fondo como el del propio recurrente negaron toda relación de causa y efecto entre el accidente sufrido por el recurrente y la lesión por la cual éste reclama compensación.

El reclamante tuvo oportunidad de presentar el testimonio del Dr. Fernández quien lo atendió y tuvo bajo tratamiento y no lo hizo. Tal vez dicho médico hubiese podido establecer la relación de causa y efecto entre el accidente y la lesión pero no habiendo el recurrente presentado prueba a tal efecto, no creemos haya establecido sn derecho a la compensación que reclama.

Debe declararse sin l/ugar la -petición de revisión.


author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    G. Atiles Moréu, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., recurrida, y Francisco González, obrero lesionado.
    Núm. 295.

    — Sometido: Marzo 17, 1944.

      Resuelto: Mayo 5, 1944.

      Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, G. Benitez Go/utier, Procurador General Auxiliar, Joaquina Pérez Cordero, Angel de Jesús Matos, Joaquín Correa Suárez y A. Bandín del Manzano, abogados los cuatro últimos del Fondo del Estado, abo-gados todos del recurrente; Carlos D. Vázquez, abogado del obrero lesionado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En junio 1938 Francisco González se dedicaba los sábados y domingos a hacer carbón en una finca propiedad de Luis Antonio, Juan Manuel e Isabel Becerra Pastor. Los demás días los dedicaba el obrero a trabajar en una pequeña finca de su propiedad. El convenio que tenía González con el repre-sentante de los dueños de la finca era el siguiente: los dueños de la finca aportaban la leña, y González hacía el carbón, el cual, una vez fabricado, se distribuía en la proporción de dos terceras partes para González y una tercera parte para los dueños de la finca. Mientras González se hallaba en este trabajo, allá por la tercera semana del mes de junio 1938, se le encajó una astilla en un ojo, produciéndole una herida que motivó la pérdida total de la visión de ese ojo, y como consecuencia de la lesión, poco tiempo después, según le ha-bía anunciado el oculista, perdió también la visión del otro.

Los dueños de la finca estaban asegurados en el Fondo del Seguro del Estado en la fecha del accidente. El Admi-nistrador del Fondo negó la compensación alegando que Gon-zález no era un obrero dentro del significado de la Ley núm. 45 de 1935 ((1) pág. 251). La Comisión Industrial resolvió que lo era y que tenía derecho a todos los beneficios, de la citada ley. El Administrador solicitó reconsideración y, siéndole denegada, interpuso entonces el presente recurso.

La cuestión a resolver es si dentro de los hechos de este caso erró o no la Comisión Industrial al conceder compensa-ción al lesionado.

La resolución recurrida no fue unánime. Disintió el Comisionado Sr. Herrero, quien sostuvo que la relación existente entre González y los alegados patronos era la de socios, siendo en su opinión al señor González un socio industrial. No podemos convenir con el Comisionado Sr. He-rrero en que entre González y sus alegados patronos exis-tiera un contrato de sociedad, pues de conformidad con el artículo 1556 del Código Civil, ed. 1930, “La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común, dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias.” (Bastardillas nuestras.) Pero en el presente caso lo que hacía González era convertir la leña en carbón, y como al hacerse la liquidación no se deducía el valor de la leña para acreditarlo a los dueños de la finca, lo que se distribuía entre González y ellos no eran las ga-nancias.

La evidencia que ante sí tuvo la Comisión reveló que en la fecha del accidente, como no había caña, los patronos a través de su representante estaban explotando la industria de fabricación de carbón en conexión con la de aserrar ma-deras, empleando varios obreros en la industria de fabri-cación de carbón. Teniendo en cuenta que la fabricación de carbón en aquella fecha no era una labor de carácter accidental o casual, y por el contrario estaba comprendida den-tro del negocio del patrono, la Comisión Industrial, basán-dose en lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Compen-saciones por Accidentes del Trabajo, sostuvo que González era un obrero comprendido dentro de las disposiciones de la ley. En efecto, los artículos 2, 19 y 38 de la citada ley prescriben:

“Artículo 2. — Las 'disposiciones de esta Ley serán aplicables a todos los obreros y empleados que trabajen para los patronos a quienes se refiere el párrafo siguiente, ... Se exceptúan expresa-mente aquellos obreros y empleados dedicados al servicio doméstico y aquéllos cuya labor sea de carácter accidental o casual y no esté comprendida dentro del negocio, industria, profesión u ocupación de su patrono y además aquellas personas que trabajen en sus domi-cilios.
“Esta Ley será aplicable a todo patrono que emplee cuatro (4) o más obreros o empleados comprendidos en esta Ley, cualquiera que sea su salario; ...” (Bastardillas nuestras.)
“Artículo 19. — Todo patrono asegurado al dar cuenta con sus nóminas anuales, deberá incluir en tales nóminas los salarios pagados a todos los obreros y empleados que estuvieren trabajando o fuere a emplear bien por ajuste, o ya bajo una persona con quien ajustó el patrono o bajo un contratista o subeontratista independiente em-pleado o contratado por dicho patrono, y toda cuenta, o impuesto cobrado por el Estado se basará sobre la nómina corriente del patrono, en las cuales deberán estar incluidos los trabajadores antes mencionados; Disponiéndose, que esta disposición no será aplicable a los patronos prn'a quienes se hiciere trabajo por un contratista independiente que estuviere asegurado como patrono de acuerdo con las disposiciones de esta Leí/.’’(Bastardillas nuestras.)
“Artículo 38. — Se entiende por ‘obrero’ o ‘empleado’ toda persona al servicio de cualquier individuo, sociedad o corporación que emplee regularmente obreros comprendidos bajo las disposiciones de esta Ley; Disponiéndose, que se excluyen expresamente los obreros y empleados dedicados al servicio doméstico y aquellos cuya labor sea de un carácter accidental o casual y no esté comprendida dentro del negocio, industria, profesión u ocupación, aquellos que trabajen en sus domicilios, y los de patronos exentos de las obligaciones de esta Ley.
“ # « # '# # #
“ ‘Carácter accidental o casual’; lo que constituye un trabajo accidental o casual lo determinará la Comisión Industrial por regla-mento aprobado por el Gobernador de Puerto Rico, tomando en cuenta la clase de trabajo que se realiza, el costo que representa el mismo al patrono, el período de duración de dicho trabajo, y prin-cipalmente su relación con el negocio o industria del patrono del obrero o empleado que sufre el accidente. ’ ’ (Bastardillas nuestras.

Como hemos visto, todo obrero que trabaje para un pa-trono que emplee cuatro o más obreros y cuya labor no sea de carácter accidental o casual, y dicho obrero no sea uno de los exceptuados expresamente por los artículos 2 y 38 antes transcritos, es nn obrero comprendido bajo las dis-posiciones de la ley.

La ley, al referirse al contratista independiente, se refiere siempre a aquel que contrate un trabajo y emplee obreros para realizarlo. El obrero de este caso no es tal contratista independiente, sino un mero obrero que trabaja por ajuste cuya compensación le es pagada en especie. Gf. Tomás v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 860. El beeho de que el pago del salario se verificare en especie, no debe per judicar al obrero, pues la Ley núm. 91 sobre Contratos de Trabajo, promulgada en 1919 a virtud de sentencia de este tribunal, si bien en su artículo 3 dispone que el pago de salario deberá hacerse en moneda legal de los Estados Unidos y no en otra forma, no declara nulo por ello el contrato ejecutado, sino que sólo se limita a anular el pago así hecho.

La circunstancia de que la compensación se verifique en especie no contraviene el espíritu de la ley. Que ello es así lo demuestra el hecho de que el aparcero, quien recibe la re-tribución de su labor en la participación que le corresponde en los frutos que cosecha, es decir, en especié, es ahora con-siderado, al igual que sus trabajadores, como obrero del te-rrateniente, a menos que el contrato de aparcería se hubiere formalizado en escritura pública. Ley núm. 162 de 14 de mayo de 1943, pág. 525.

Procede por lo expuesto confirmar la resolución recurrida.

      La Comisión Industrial hasta la fecha no ha determinado por regla-mento, como prescribe el artículo 38 de la ley, lo que se entiende por 'carácter accidental o casual’, por lo que debemos recurrir a la jurisprudencia para de-terminar en cada caso particular si so trata del empleo incidental o casual a que se refiere la ley.
      "131 trabajo que se realizó en esto caso fué meramente incidental. No ora de los trabajos que regularmente se realizan en el curso ordinario de los nego-cios de la compañía. Por consiguiente, no hay duda alguna de que el mismo era un trabajo incidental o casual. Véase a ese efecto la definición de las pa-labras ‘casual employment’ en 6 W. & P.. 289 et seq.” Montanor, Admor. v. Comisión Industrial, 57 D.P.E. 272, 278.


text:
    Juan Alemañy Sosa, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada, y Guillermo Atiles Moréu, Administrador del Fondo del Estado, recurridos.
    Núm. 287.

    — Sometido: Febrero 14, 1944.

      Resuelto: Mayo 5, 1944.

      Virgilio Brunei, abogado del recurrente; Ilon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar y Joaquina Pérez Cordero, Angel de Jesús Matos, Joaquín Correa Suárez y A. Bandín del Manzano, abogados los cuatro últimos del Fondo del Estado, abogados todos del Admi-nistrador del Fondo.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El Administrador del Fondo del Seguro del Estado, al fijar la prima preliminar para el año 1942-43 que debía pa-gar el patrono Juan Alemañy Sosa, le impuso una pena-lidad de veinticinco por ciento, equivalente a un aumento en su prima de $158.15. El Administrador basó esa deter-minación en el Boletín Administrativo núm. 800, el cual es-tablece un sistema de méritos en los seguros de obreros. El patrono, al recurrir ante la Comisión Industrial para impugnar la penalidad impuéstale, atacó lá validez del Re-glamento. El caso se vió ante la Comisión en pleno tal como estaba constituida el 2 de junio de 1942, pero en la decisión del caso actuó como ponente el señor Enrique Campos del Toro, quien en la fecba de la vista no era miembro de la Comisión. La Comisión Industrial confirmó la decisión del Administrador. Solicitó reconsideración el patrono y le fue denegada. Recurrió entonces para ante este tribunal, impu-tando a la Comisión Industrial siete errores, entre los cuales se halla el de basarse la resolución recurrida en un docu-mento que no fué objeto de prueba.

La Comisión sostuvo la validez del Reglamento; pero al revisar la actuación del Administrador que impuso la pena-lidad en cuestión, la Comisión tomó en consideración un do-cumento que no fué presentado en evidencia, el cual consistía de un estado demostrativo del resultado de la póliza del pa-trono, del cual surgía que la póliza había operado con déficit. La prueba que resultaba del documento no presentado en evidencia, era indispensable para poner a la Comisión en condiciones de determinar si el Administrador actuó co-rrectamente en la aplicación del Reglamento. El patrono pidió la reconsideración por ese y otros fundamentos, pero como hemos dicho le fué denegada. El Administrador acepta que el documento en cuestión no fué presentado en evidencia, pero arguye que todos los records del administrador pueden ser considerados por la Comisión sin necesidad de que sean admitidos en evidencia, alegando además que en su moción de reconsideración el patrono no impugnó la veracidad de dicho documento.

Lo que prescribe el artículo 6 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo es que “los expedientes de investigación de casos de acuerdo con esta Ley, que se encuentren en poder del-Administrador del Fondo del Estado, serán admisibles como evidencia por la Comisión Industrial.” (Bastardillas nuestras.) La condición de admisibilidad no significa que pueden ser considerados como evidencia si no han sido ofrecidos y admitidos como tal. Al considerar como evidencia el documento en cuestión, la Comisión Industrial privó al patrono del debido procedimiento de ley. Mayagüez Sugar Co. v. Tribl. de Apelación, 60 D.P.R. 753; Casanovas & Cía. v. Soltero, 61 D.P.R. 653. No era necesario que el patrono en su moción de reconsideración impugnase la veracidad del documento. El tenía un derecho claro a que dicho documento no fuese considerado como evidencia sin antes haber sido presentado como tal.

La conclusión a qne hemos llegado hace innecesaria la dis-cusión de los demás errores señalados por el recurrente.

Procede revocar la resolución recurrida y devolver el caso a la Comisión Industrial para la celebración de una nueva vista en la cual el patrono tenga la oportunidad de ser oído en relación con dicho documento.


text:
    Domingo M. Gilormini Nicolai, demandante y apelante, v. Sucesión de Gumersinda Padilla y Rivera, etc., demandada y apelada.
    Núm. 8824

    — Sometido: Febrero 1, 1944.

      Resuelto: Mayo 5, 1944.

      Tomás Bernardini de la Huerta, abogado del apelante; Tibaldo Aponte, abogado de la apelada.'
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El juicio de este caso se celebró ante el juez sentenciador cuando desempeñaba el cargo de juez de distrito de Guayama. Antes de dictar sentencia, dicho juez fue nombrado para ocu-par igual cargo en la Corte de Distrito de San Juan. Tomó posesión del nuevo cargo y trajo consigo el expediente, dic-tando la sentencia apelada algún tiempo después y cuando ya había sido nombrado y tomado posesión su sucesor como juez de distrito de Gruayama.

El apelante entre otros errores señala en primer término ¿1 de falta de jurisdicción para dictar la sentencia. Los ape-lados alegan en contrario que el juez sentenciador en la fecha en que dictó la sentencia era un juez defacto de la Corte de Distrito de Gruayama.

El señalamiento de error está bien fundado. No puede existir un funcionario defacto cuando el cargo está siendo ocupado y desempeñado por un funcionario de jure. El señor Cordovés, al tomar posesión como juez de la Corte de Distrito de San Juan, cesó como juez de la de Gruayama, y por consiguiente carecía de facultad para dictar la sentencia apelada.

Lo corriente en casos como el presente es.someter una estipulación al sucesor del juez ante quien se celebró el juicio, para que dicte la sentencia por las constancias del récord. Puede el sucesor en su discreción aprobar la estipulación y dictar la sentencia correspondiente. Cf. El Pueblo v. Díaz et al., 18 D.P.R. 912, y monografías en 54 A.L.R. 952, y 58 A.L.R. 848.

Careciendo como carecía de jurisdicción para dictarla el juez que dictó la sentencia en este caso, 'procede revocarla y devolver el caso a la corte inferior para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    Inés Rodríguez Otero, demandante y apelante, v. Great American Indemnity Company, demandada y apelada.
    Núm. 8799.

    — Sometido: Marzo 9, 1944.

      Resuelto: Mayo 5, 1944.

      E. Martínez Aviles, abogado de la apelante; Hugh B. Francis, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito tuvo su origen en nn accidente de automóvil ocurrido en Arecibo el 28 de julio de 1938, en el cual perdió la vida Enriqueta Rodríguez. Poco tiempo después, Inés Rodríguez, hermana de la víctima, instó una acción en la Corte de Distrito de Arecibo contra Ell Tee Inc., a cuyos servicios se hallaba el auto truck que causó la muerte, el cual era guiado en aquellos momentos por nn empleado de dicha corporación. Fue acumulada como demandada la Great American Indemnity Company, como aseguradora del ve-hículo, pero no habiendo sido emplazada, al llamarse a la vista del juicio en rebeldía contra Ell Tee Inc., la demandante de-sistió de su acción contra la aseguradora y siguió el juicio contra Ell Tee Inc., recayendo sentencia a favor de la deman-dante. En apelación la sentencia fué revocada por este tribunal porque la demanda no aducía hechos constitutivos de causa de acción, toda vez que no alegaba que la demandante fuese la única heredera de Enriqueta Rodríguez. Rodriguez v. Ell Tee, Inc., 57 D.P.R. 948. Devuelto el caso a la Corte de Distrito de Arecibo para ulteriores procedimientos, la de-manda fué enmendada de conformidad con la sentencia de este tribunal, y de nuevo la Great American Indemnity Company fué acumulada como demandada. Excepeionó ésta la demanda enmendada por el fundamento de que la deman-dante voluntariamente había desistido de su acción contra ella, y de que de permitirse la acumulación equivaldría ello a traer al pleito una nueva parte mediante una enmienda a la demanda. La excepción fué sostenida y, enmendada una vez más la demanda, continuó el caso contra Ell Tee, Inc. solamente, recayendo sentencia en rebeldía el 4 de agosto de 1942 condenando a la demandada Ell Tee, Inc. a pagar a la demandante la cantidad de seiscientos dólares por concepto de daños y perjuicios y las costas, incluyendo ciento cincuenta dólares para honorarios de abogado. Firme esta sentencia y alegando la demandante no haberla hecho efectiva por ca-recer Ell Tee, Inc. de propiedades en Puerto Rico, dentro del año de ser firme la ameritada sentencia instó este pleito en la Corte de Distrito de San Juan contra la Great American Indemnity Company, como aseguradora, en cobro de la alu-dida sentencia.

Contestó la demandada negando haber extendido póliza alguna a favor de Ell Tee, Inc. Negó también ciertas admi-siones que se le imputaban en la demanda y como materia de defensa alegó que la acción estaba prescrita y que la demanda no aducía, hechos constitutivos de causa de acción. A base de una moción de nonsuit la demanda fué desestimada, y contra esa sentencia se interpuso el presente recurso.

Es un hecho alegado por la propia demandante que al ocurrir el accidente el auto truck era guiado por un em-pleado de Ell Tee, Inc., y que hacía tiempo que dicha.com-pañía venía utilizando el vehículo para la transportación de materiales y trajes de niños producidos por ella. Y es cierto que el referido vehículo se hallaba registrado a nombre de Louis Tuttman, y que la póliza fue expedida por la Great American Indemnity Company a favor de aquél.

Si como resulta de las alegaciones y de la prueba el auto truck estaba al servicio de Ell Tee, Inc., y era guiado por un empleado de ella en el momento del accidente, es evidente que Louis Tuttman no es responsable del accidente, y conse-cuentemente tampoco lo sería su aseguradora la demandada Great American Indemnity Company (cf. Pérez Mercado v. Picó, ante, pág. 401, resuelto el 12 de abril de 1944) a menos que la demandante pruebe que Louis Tuttman era dueño— no uno de los dueños, como se alegó en la demanda — de la corporación Ell Tee, Inc., y que entre él y esta existía tal identidad de interés y propiedad, que la persona natural y la persona jurídica se hallaban de tal forma confundidas que el sostener la ficción de dos entidades distintas equivaldría a sancionar fraude o injusticia. Swiggett v. Swigget, Inc., 55 D.P.R. 76. Pero en el presente caso, si bien la demandante —aunque de manera imperfecta — trató de alegar esa iden-tidad de interés entre Louis Tuttman y Ell Tee, Inc., la de-mandada la negó y la demandante no ofreció prueba directa a ese eL'ecto, tratando de sostener su alegación a base de una supuesta admisión en la contestación y de cierta conducta de la demandada que a juicio de la demandante la pone en estoppel de negar su responsabilidad como aseguradora.

La supuesta admisión está predicada en las alegaciones de los párrafos 2 y 6 de la demanda enmendada y en las de los párrafos correlativos de la contestación.

Los párrafos 2 y 6 de la demanda dicen así:

“2. Allá para el día 28 de julio de 1938, Louis Tuttman, en su carácter de principal incorporador y dueño de Ell Tee Inc., una cor-poración que se dedicaba única y exclusivamente a la explotación de la industria de la aguja, con establecimientos en Arecibo y otros pueblos de la isla, tenía asegurada contra daños a tercera persona con la compañía aquí demandada, un auto truck marca Ford, tabli-llas de Puerto Rico para aquella fecha, H 541, vehículo que dicho Louis Tuttman dedicaba exclusivamente a la conducción de tejidos y ropa pertenecientes a Ell Tee Inc., corporación de la cual era su principal dueño.” (Bastardillas nuestras.)
“6. Alegando la aquí demandada que tenía interés en el caso por ser la que en última instancia vendría obligada a pagar la sen-tencia que se dictara contra Ell Tee Inc., en su carácter de asegu-radora de ésta, solicitó de la Corte de Distrito, a nombre de Ell Tee Inc. y de la aquí demandada G-reat American Indemnity Co., que se reconsiderara la sentencia, y habiendo denegado la Corte dicha moción, apeló de la resolución y de la sentencia, la aquí demandada, para ante la Hon. Corte Suprema de Puerto Rico (56 D.P.R. 749-958; 57 D.P.R. 948).” (Bastardillas nuestras.)

En los párrafos correlativos de la contestación se alega:

“2. En cuanto a la alegación en el párrafo 2 de la demanda enmendada al efecto de que el día 28 de julio de 1938 un tal Louis Tuttman tenía asegurado contra daños a terceras personas cierto auto truck marea Ford, tablilla de Puerto Rico para aquella fecha H 541, la demandada niega que en dicha fecha o en cualquiera otra fecha había algún auto truck o cualquiera otro vehículo asegurado por la demandada contra daños a terceras personas, sino que la demandada alega que todos los seguros que tengan relación a algún vehículo de motor se expiden para asegurar la responsabilidad de una persona determinada en relación a dicho vehículo pero nunca se expide una póliza para asegurar un vehículo en sí; aunque admite la demandada que en la fecha mencionada Louis Tuttman tenía una póliza de seguro con la demandada Great American Indemnity Company en relación' a cierto vehículo de motor ‘Panel Delivery/ marca Ford, la demandada no tiene información o creencia suficiente para con-testar la alegación de que dicho vehículo de motor era el auto truck a que se refiere el párrafo 2 de la demanda; en cuanto a la alegación de que Louis Tuttman era el principal incorporador y dueño de Eli Tee Inc. la demandada no tiene información o creencia suficiente para poder contestar dicha alegación y por tal motivo la niega; ... en cuanto a la alegación en dicho párrafo 2 al efecto de que fué en su carácter de principal incorporador y dueño de Ell Tee, Inc. que Louis Tuttman tenía asegurado contra daños a terceras personas con lá demandada el vehículo de que se trata en la demanda, la deman-dada niega dicha alegación; que en cuanto a la alegación en dicho pá-rrafo al efecto de que el repetido Louis Tuttman dedicaba el vehículo en cuestión exclusivamente a la conducción de tejidos y ropa perte-necientes a Ell Tee, Inc. la demandada no tiene información o creencia suficiente para poder contestar dicha alegación y por tal motivo la niega; que en cuanto a la alegación en dicho párrafo al efecto de que Louis Tuttman era el principal dueño de la corporación Eli Tee, Inc., la demandada niega tal alegación.” (Bastardillas nues-tras.)
“6. En cuanto a lo alegado en el párrafo 6 de la demanda enmendada al efecto de que la demandada solicitó de la Corte de Distrito a nombre de Ell Tee, Inc. y de la misma demandada que se reconsiderara una sentencia dictada en el caso mencionado en los dos párrafos anteriores, la demandada niega que la demandada solicitó de la Corte de Distrito a nombre de Ell Tee, Inc., tal recon-sideración o cualquiera otra cosa, sino que alega la demandada que el abogado de Ell Tee, Inc. y el abogado de la demandada, que era el mismo abogado, solicitó a nombre de los dos que se dejase sin efecto una sentencia dictada en rebeldía en el repetido caso; y admite la demandada que la Corte de Distrito de Arecibo denegó dicha moción, la cual fué apelada para ante la Corte Suprema de Puerto Rico, por Ell Tee, Inc. y la demandada Great American Indemnity Company. Niega la demandada que la demandada alegó que tenia interés en el caso por ser la que en última instancia ven-dría obligada a pagar la sentencia que se dictara contra Ell Tee, Inc., en su carácter de aseguradora de ésta.” (Bastardillas nuestras.)

Una mera lectura de las alegaciones de la demanda y de las correlativas de la contestación demuestra que no existe la supuesta admisión.

En lo que al estoppel respecta, es cierto que la de-mandada sostuvo conversaciones con la demandante a fin de transigir el caso mediante cierta compensación que habría de pagarle la compañía aseguradora, pero como muy acertada-mente expresa el. juez de la corte inferior:

‘ ‘ Si bien consta en la evidencia documental prueba de que deman-dante y demandada conversaron sobre transacción del caso de Eli Tee, Inc., y hasta llegó a mencionarse una suma, no puede surtir efecto de admisión comprometedora, pues ya sabemos que la prueba a ese respecto no puede ni debe tener tal alcance.' La demandada en este caso pudo tener interés en transigirlo por la sencilla razón de que, no obstante no ser aseguradora de Ell Tee Inc., lo era de Louis Tuttman, dueño éste del vehículo motivante del accidente, y nada impedía que pudiera enmendarse la demanda incluyendo a su cliente, o que pudiera presentarse una nueva demanda, no teniendo necesidad de esperar que surgiera el momento si entonces tenía la oportunidad de abreviar, evitándose mayores consecuencias, pero en. manera alguna puede interpretarse su actitud como determinante de una admisión de responsabilidad, que nunca predicó.”

Tampoco tiene razón la demandante al pretender hacer responsable a la ahora demandada de no haber podido hacer efectiva su sentencia contra Ell Tee, Inc. Esta con-tención de la demandante está predicada en los siguientes hechos: obtenida la primera sentencia contra Ell Tee, Inc., la demandante, basándose en ella, solicitó y obtuvo el embargo de la cantidad de setecientos dólares que la entonces demandada tenía en un banco de Arecibo. Ell Tee, Inc. le-vantó el embargo mediante fianza que al efecto prestó la Great American Indemnity Company; pero al ser apelada y revocada la sentencia por este Tribunal, Rodrigues v. EU Tee, Inc., supra, la compañía de fianzas solicitó se cancelase la que había prestado para levantar el embargo, toda vez que éste había sido trabado a base de una sentencia que dejó de existir al ser revocada por este tribunal. Considerada dicha circunstancia, la Corte de Distrito de Arecibo actuó correc-tamente al ordenar la cancelación de la fianza que había sido prestada para levantar el embargo. Consecuentemente, la' Great American Indemnity Company no es responsable de que después de disuelto el embargo la demandante no hu-biese podido encontrar bienes dé Ell Tee, Inc. en los cuales pudiera hacer efectiva su sentencia.

Procede por lo expuesto la confirmación-de la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Enrique Germán, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Marcelino Romany, Juez, demandada.
    Núm. 1565.

    — Sometido: Abril 14, 1944.

      Resuelto: Mayo 5, 1944.

      Marrero & Sánchez, abogados del peticionario; Gaetán Roberts & Alcalá, abogados de la parte contraria en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

En varias ocasiones Enrique Germán, anterior esposo de Carmen Landos, babía dejado de cumplir con la sentencia de la corte de distrito en nn recurso instituido en su contra por su ex esposa sobre alimentos de sus tres hijos menores. La sentencia le ordenaba que depositara $30 mensuales por concepto de alimentos para sus menores hijos. Debido a sn más reciente incumplimiento con los términos de dicha sen-tencia, Germán fné sentenciado a treinta días de cárcel por desacato. Germán apeló esta ultima sentencia y solicitó de la corte le señalara fianza en apelación. La corte de distrito denegó la moción solicitando fianza. Expedimos el auto de certiorari para determinar si la corte de distrito estaba au-torizada a negarse a fijar la fianza en apelación.

El primer punto a determinarse es si la sentencia de treinta días de cárcel es o no apelable. La corte de distrito no resolvió que dicha sentencia fuera inapelable. Su resolución dice como sigue:

“Este caso se tramitó de acuerdo con el artículo 618 del Código de Enjuiciamiento Civil que expresamente dispone que la apelación no obstaculizará la ejecución de la sentencia. Si la sentencia en este caso se hubiera ejecutado con una orden de embargo la apelación no hubiere suspendido la ejecución de la sentencia por ese medio. Tampoco suspende una orden de encarcelación dictada con el pro-pósito de ejecutar la sentencia. Una apelación contra una sentencia que condenase en cárcel por incumplimiento de la orden para pasar alimentos y que la suspendiese en todos sus efectos tiene el efecto legal, por ese medio, de obstaculizar la ejecución de la sentencia principal. Sería un medio de burlar los claros mandatos del artículo 618 del Código de Enjuiciamiento Civil. En apoyo de esta orden véanse Rodríguez vs. Gómez, 16 D.P.R. 850; Urriga vs. Villanúa, 20 D.P.R. 1 y 607; Molinari vs. López Acosta, 20 D.P.R. 510; Stella vs. Corte, 41 D.P.R. 635.
“Por estas razones se declara sin lugar la moción para que el de-mandado preste fianza para su libertad provisional mientras tramita su recurso de apelación.”

La corte de distrito resolvió correctamente que ninguna apelación en un pleito sobre alimentos suspenderá la ejecu-ción de la sentencia obtenida en el mismo. Pero no ha habido apelación contra la sentencia de alimentos, y la esposa puede proceder inmediatamente a su ejecución. El esposo no ha tomado acción alguna — ni podría tomarla — para impedir tal ejecución.

Sin embargo, lo que está ante nos no es la sentencia sobre alimentos, y sí una sentencia de desacato. Volviendo a la cuestión de si tal sentencia es apelable, encontramos que “Hasta la fecha este tribunal ha considerado, sin discusión, apelaciones de sentencias en procedimientos de desacato civil, bajo el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, y apelaciones de sentencias en procedimientos de desacato criminal, bajo el artículo 345 del Código de Enjuiciamiento Criminal.” {Sánchez v. Romany, Juez, 53 D.P.R. 598.) Nada se lia traído ante nos que justifique el cambio de la regla es-tablecida en Sánchez v. Romany.

No obstante, se bace necesario que determinemos si éste es esencialmente un desacato civil o criminal, para poder determinar si el procedimiento en apelación debe ser civil o criminal. La fórmula para ello se encuentra estable-cida en el caso de Pueblo v. Porto Rico Railway Light, 59 D.P.R. 221, donde dijimos que (pág. 225) “el desacato criminal es aquél en que la acción de la corte va dirigida a vindicar una ofensa a su propia dignidad, independientemente de los derechos de las partes en el pleito, siendo de carácter civil cuando la acción de la corte va encaminada a proteger me-diante un castigo un derecho particular comprendido en un litigio ante el mismo tribunal. Cuando de los actos imputa-dos al querellado resulta que el desacato participa de una y otra'índole, el aspecto criminal predomina sobre el civil y' en ese caso se considera como desacato criminal a los efectos de la revisión de la. sentencia por un tribunal superior. ’ ’ (Véase también 11 ye v. U. S. 313 U. S. 33, 42, 43.)

La misma idea ha sido expresada por el caso principal en cuanto a este punto. En él dice,la Corte Suprema de los Estados Unidos que “No es el castigo sino más bien su ca-rácter y propósito, los que a menudo ayudan a distinguir entre los dos grupos de casos. Si se impone por desacato civil, el castigo es reparador, y para beneficio del deman-dante. Pero si se impone por desacato criminal, la sentencia es punitiva, para vindicar la autoridad de la corte”. ( Gompers v. Bucks Stove & Range Co. 221 U. S. 418, 441).

Algunas veces es difícil aplicar esta fórmula, toda vez que los procedimientos de desacato son sui generis y ocupan lo que podría decirse es la zona crepuscular entre los casos ci-viles y criminales. Pero no existe mucha dificultad en el presente caso, ya que la sentencia es por nn término fijo de •cárcel más bien qne por encarcelación indefinida para obligar el cumplimiento de la sentencia de alimentos. Moskovitz, Contempt of Injunction, Civil and Criminal, 43 Col. L. Eev. 780 dice a las páginas 790-1 que “Frecuentemente la propia sentencia de desacato se usa para determinar si el desacato es civil o criminal. Sin embargo, este factor es uno a ser usado únicamente por una corte de apelación. Una corte de distrito no puede usarlo, a menos que esté en condi-ciones de aprender a realizar lo imposible. Cuando se or-dena el pago de una multa al estado, la sentencia es punitiva y el procedimiento es considerado como desacato criminal. De igual modo, si se encarcela al acusado por un término fijo la sentencia esrpunitiva y el procedimiento criminal. Por el contrario, el hecho de que se ordene el pago de la multa a un demandante privado es un factor en que se descansa de cuando en vez al considerarse el procedimiento como uno de desacato civil. ’

Toda vez que la sentencia en este caso por un término fijo es claramente punitiva más bien que reparadora, pre-domina el aspecto criminal en la misma y, a los fines de la apelación, la tratamos como criminal. Por tanto, la apela-ción suspende la ejecución de la sentencia (Artículo 353 Có-digo de Enjuiciamiento Criminal, Edición de 1935, según fue enmendado por el artículo 4, Leyes de Puerto Eico, 1903, pá-gina 46) e impone el deber a la corte de distrito de fijar fianza (Artículo 374 Código’de Enjuiciamiento Criminal, Edición 1935).

La corte de distrito tuvo en mente el landabl'e propósito de cumplir con la disposición estatutaria al efecto de que la ejecución de una sentencia sobre alimentos no debe dilatarse por la apelación. La dificultad estriba en que en este caso no se apeló de la sentencia de alimentos, la cual se puede ejecu-tar en seguida. La apelación en este recurso es contra la sentencia de desacato. Puede ser que la Legislatura debiera ordenar la denegación de fianza en tales casos. Pero basta que así lo disponga, son de aplicación al presente caso las disposiciones generales sobre fianzas en casos criminales.

La resolución de la corte de distrito negándose a fijar fianza en apelación será revocada y se devolverá el caso a dicha Corte para que fije tal fianza.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.

       W. A. & H. A. Root v. MacDonald, 157 N.E. 684, a la página 688, (Mass. 1927).

      Este artículo contiene una exhaustiva discusión, que ayuda grandemente, en cuanto a los muchos aspeetos de esta intrincada cuestión.

      Bajo qué circunstancias, si alguna, podría imponerse una sentencia que no sea por un término fijo, en un caso como el presente, es una cuestión que no está envuelta en este recurso, y la dejamos sin resolver.. Notamos, sin embargo, que la Ley Núm. 102, Leyes de Puerto Eico, 1937, no deja, lugar a especulación, sobre la cuestión ante nos, en cuanto a los casos radicados bajo tal Ley, en vista de su expresa disposición de que tales casos envuelven desacato criminal. C.f. el disponiéndose que se encuentra en el Artículo 263 del Código Penal.


text:
    Loíza Sugar Company, demandante y apelante, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado. The Fajardo Sugar Co. of Puerto Rico, demandante y apelante, v. El Mismo, demandado y apelado.
    Núms. 8882 y 8883.

    — Sometidos: Abril 12, 1944.

      Resueltos: Mayo 8, 1944.

      Sifre, Franceschi & Sifre, y Rafael Pastor, abogados de las apelantes; Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y A. E. Franco Cabrero, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La Ley núm. 267 aprobada el 15 de mayo de 1938, Leyes de Puerto Rico, 1938, pág. 516, impuso una contribución de un cuarto de centavo por cada galón de miel que se fabrique, venda o consuma, se introduzca o de otro modo se disponga para el consumo en Puerto Rico. En noviembre 1938 y en marzo 1939 la demandante vendió y exportó 1,128,834 galones de miel, a las cuales ventas el demandado impuso una contri-bución de un cuarto de centavo por cada galón, montante a $2,822.08.

La Ley núm. 267 de 1938 fue decretada nuevamente (reenacted) a virtud de la Ley núm. 171 de 13 de mayo de 1941, Leyes de Puerto Rico, 1941, pág. 1033, y así decretada nueva-mente la sección 4 de la citada ley original quedó enmendada de forma que en lo pertinente dice:

“Si una persona, natural o jurídica, obligada a pagar la contri-bución fijada por esta Ley, no lo hiciere en la forma y tiempo esta-blecidos, pagará, además de la contribución y como parte de ella, en concepto de penalidad, el cinco (5) por ciento de la cantidad total adeudada, más intereses a razón de uno (1) por ciento mensual com-putables desde la fecha del término fijado para el pago de dicha contribución. ’ ’

Se dispuso además en la ley decretada nuevamente que a todos los efectos la vigencia de la referida ley se retrotraía a la fecha en que comenzó a regir la Ley núm. 267 de 15 de •mayo de 1938, según fuera originalmente aprobada en esta última fecha y como si dicha Ley núm. 267 hubiera sido apro-bada en dicha fecha en la forma y con el texto en que en la ley decretada nuevamente quedó enmendada. A pesar de que la venta y exportación de la miel tuvo efecto como hemos dicho en noviembre 1938 y en marzo 1939, la demandante no había pagado la contribución' de un cuarto de centavo por galón, por lo que en adición a 1 q contribución normal de un cuarto de centavo, el demandado, aplicando la ley decretada nuevamente, cobró a la demandante en concepto de penalida-des los recargos e intereses siguientes:

“Recargos al 5 por ciento sobre $2,822.08 4141.10
Intereses al 1 por ciento mensual sobre $1,656.06 desde 12/10/38 a 6/10/42, 695. 55'
Intereses al 1 por ciento mensual, sobre $1,166.02 desde 4/10/39' a 6/10/42, 443. 09
Total penalidades — recargos e intereses, $1, 279.74.”

Y en concepto de penalidades adicionales, le impuso y co-bró además los intereses siguientes:

‘ ‘ Intereses sobre pago efectuado por concepto de impues-tos y penalidades al 1 por ciento mensual desde 6/10/42 a 7/2/42, $11.55.”

El 2 de julio de 1942 la demandante pagó bajo protesta la primera partida de $1,279.74, y el 29 del mismo mes pagó también bajo protesta la suma de $11.55 a que acabamos de referirnos.

Alega la demandante que la disposición de la ley decre-tada nuevamente dando efecto retroactivo a la imposición de intereses y penalidades por falta de pago del impuesto sobre la miel es inconstitucional porque la referida ley tiene el ca-rácter de ex post facto y por consiguiente infringe el artículo 2 de la Ley Orgánica, toda vez que la Ley núm. 267 de 1938 no imponía penalidad alguna en forma de intereses y recar- . gos al tiempo en que las mieles fueron vendidas, ni a la fecha en que fue imponible la contribución, ni al tiempo en que era exigible el pago de la misma ni cuando incurrió en morosidad la demandante.

El demandado interpuso excepción previa de falta de causa de acción, que fue declarada con lugar, y alegando .la demandante que la demanda no era susceptible de enmienda, solicitó de la corte inferior que dictase.' sentencia de confor-midad con la resolución de la excepción previa, y habiéndose dictado dicha sentencia, oportunamente interpuso el presente recurso.

La cuestión aquí envuelta ha sido resuelta repetidamente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en contra de las pretensiones de la demandante, y por consiguiente podre-mos disponer de la contención sumariamente.

Ni la Constitución Federal ni nuestra Ley Orgánica prohíben que se aprueben leyes civiles con efecto retroactivo. Lo que prohíben son leyes ex post facto y aquéllas que menoscaben las obligaciones de los contratos. Pero la ley impugnada en este caso no es una ley ex post facto. Leyes ex post facto son aquéllas que declaran delictivos y castigan actos realizados con anterioridad a la aprobación de la ley, que al tiempo de su realización no constituían delito alguno, o las que al enmendar una ley aumentando la pena previamente fijada para un delito declaran aplicable la pena así aumentada a delitos cometidos con anterioridad a la fecha en que empezó a regir la ley enmendatoria. La calificación de ex post facto está limitada exclusivamente, como hemos indicado, a casos criminales. League v. Texas, 184 U. S. 156; Johannessen v. United States, 225 U. S. 227, 242; Bankers Trust Co. v. Blodgett, 260 U. S. 647, 652.

En el ca§o de Flock et al v. Smith, 47 Atl. 442, se impuso una penalidad con efecto retroactivo a los contribuyentes morosos. Alegaban éstos que tenían un derecho adquirido {vested right) a que sólo se les cobrase la penalidad que estaba en vigor al tiempo en que venció la contribución adeudada, y que no podía imponérseles la penalidad más severa que imponía la ley posterior. Se dijo entonces por la corte:

"Como se dice en el Elizabeth Case, una contribución legalmente impuesta, o una contribución especial para el pago de mejoras locales, crea un deber que puede hacerse cumplir por cualquier medio que la asamblea legislativa pueda de tiempo en tiempo adoptar. Aquellos individiros sobre los cuales o contra cuya propiedad se impone tal obligación, no tienen ningún derecho adquirido en el remedio existente cuando surgió el deber de pagar la contribución. Mientras la contribución no sea satisfecha a virtud de las disposicio-nes de la ley anterior, las autoridades públicas tienen la facultad de emplear medidas más drásticas para lograr el pago de lo adeudado, [Citas.].”

En el caso de League v. Texas, supra, en que se trataba de una ley de contribuciones en la cual, como en este caso, también se imponía una penalidad con carácter retroactivo, la corte sostuvo la validez de la ley contra una contención similar a la que ahora hace la apelante. Se dijo en dicho caso que el Estado puede imponer penalidades e intereses con efecto retroactivo y que al así hacerlo no infringe la cláusula de la Constitución Federal que prohíbe la aprobación de leyes ex post facto.

En Bankers Trust Co. v. Blodgett, supra, también se sos-tuvo la validez de tina penalidad semejante a la del presente caso.

Aunque en la nueva ley se hace constar que la penalidad en ella impuesta es parte de la contribución, esa disposición legal debe considerarse como superflua (surplusage) toda vez que lo que se impone en esta ley es por su naturaleza una penalidad y no una contribución.

La apelante invoca nuestra decisión en el caso de The Texas Company v. Domenech, Tes., 50 D.P.R. 432, pero aquel caso se distingue del presente en que allí se trataba de im-poner una penalidad al contribuyente la cual, contrario a lo que sucede en este caso, no surgía claramente del texto de la ley. En verdad, en dicho caso, a la página 448 de la opinión, se usó un lenguaje demasiado amplio que no estaba justifi-cado por los hechos envueltos en el caso. Se dijo entonces:

"Las' disposiciones de la sección 50 de la Ley de Rentas Inter-nas, enmendada por la Ley núm. 83 de 1931, supra, por ser de naturaleza penal no pueden ser aplicables retroactivamente ni por disposición legislativa expresa ni por interpretación judicial, por oponerse a ello la declaración de derechos de nuestra Carta Orgánica. En su consecuencia, resolvemos que los intereses, recargos y costas impuestos sobre la partida, dé gasolina importada en julio 26 de 1931,- son injustificados e ilegales y que la corte inferior procedió correctamente al expedir el auto de injunction para impedir su cobro por la vía sumaria.”

En aquel caso, si bien se imponían penalidades como en éste, no eran de naturaleza criminal, y por consiguiente no infringían la declaración de derechos de la Ley Orgánica, pues no se trataba de una ley ex post facto. Pero como antes dijéramos, la penalidad no surgía claramente del texto de la ley, y por consiguiente fué correcta nuestra decisión al no sostener la alegada penalidad. Am. Railroad Co. v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 314, 319.

Por los fundamentos expuestos, procede la confirmación de la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ferdinand Ramos, acusado y apelante.
    Núm. 10469.

    — Sometido: Mayo 5, 1944.

      Resuelto: Mayo 8, 1944.

      Alfonso Lastra Chames, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Ferdinand Kamos fué convicto por un jurado del delito de ataque para cometer homicidio y sentenciado por la corte inferior a cumplir dos años de presidio. Habiéndose some-tido por las partes, con la misma prueba, dos denuncias contra el acusado sobre portación ilegal de un arma y su no inscripción, también fué declarado culpable y sentenciado a cumplir tres meses de cárcel en cada uno de estos casos. El acusado también presentó una moción de nuevo juicio la cual fué declarada sin lugar, y entonces apeló de las tres senten-cias para ante esta Corte habiéndose tramitado los tres re-cursos conjuntamente.

El único error alegado por el apelante es que el ve-redicto del jurado rendido en el caso felony es contrario a la prueba. Hemos examinado la transcripción de evidencia'y ella demuestra que el 12 de marzo de 1942 el acusado le hizo varios disparos con una pistola a Abraham Kobles hiriéndolo dos veces en el muslo izquierdo, heridas que le interesaron la vejiga y el recto, siendo de carácter grave. Los hechos ocurrieron en la calle de la Luna de San Juan. Sostiene el apelante que actuó en defensa propia por haber sido Kobles quien primeramente le hizo varios disparos con un revólver y que entonces él le disparó, y que por estos mismos hechos Robles fué acusado por los delitos de atentado a la vida, por-tar armas y no inscripción de armas.

Es obvio que si el jurado dió crédito a la prueba de cargo, como lo hizo, descartó por completo la teoría sobre defensa propia aducida por el apelante. El hecho de que el fiscal de la corte inferior acusara a Robles de atentado a la vida por los mismos hechos y que la acusación en dicho caso fuera presentada como prueba por el apelante, no implica que el jurado estuviera obligado a aceptar como ciertas las alega-¿iones contenidas en dicha acusación. Lo que indica el ve--redieto en el caso de autos es que el jurado no dió crédito a la defensa del apelante no obstante la actuación contradicto-ria del fiscal de la corte inferior. Como bien dice el fiscal de esta corte: “ . . . nunca el error de un fiscal de acusar a dos personas con prueba irreconciliable entre sí, puede ser defensa para ninguna de ellas al celebrarse el juicio de la causa que contra ella inició el fiscal,” si el jurado no cree la prueba presentada para sostener que los hechos ocurrieron como se alegan en la otra acusación.

El apelante no ha alegado error alguno en cuanto a los casos de portar armas y no inscripción de armas sometidos con la misma prueba del caso felony, y por lo tanto, 'procede la confirmación de las ires sentencias apeladas.