author: El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    Sucesión de Francisco María Franceschi, Etc., demandante y apelante, v. José Pilar González, demandado y apelado.
    No. 5168.

    Sometido: Mayo 8, 1931.

      Resuelto: Diciembre 18, 1931.

      F. Parra Capó j Lopes de Tord <& Zayas Pisarro, abogados de los apelantes; E. Ramos Antonmi, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Las cuestiones principales a discutir en esta opinión se refieren a la prescripción de las acciones permitida o pro-vista por el artículo 950 del Código de Comercio. De con-formidad con ese artículo un pagaré librado a la orden de una persona prescribe a los tres años. Necesariamente, la transacción envuelta debe ser mercantil. De igual modo, es jurisprudencia establecida que un pagaré a la orden de una persona se presume mercantil. Barros v. Padial, 35 D.P.R. 258; Pierluisi v. Monllor, ante pág. 7, y casos allí citados.

¿Fué la defensa de prescripción debidamente suscitada en este caso? Originalmente se radicó una demanda ■en la cual se mencionaban cinco pagarés. La demandante, a fin de alegar una causa de acción pero aparentemente anticipando una defensa de prescripción mediante excepción previa, alegó en la demanda que los dueños y tenedores ■originales de los pagarés no eran comerciantes y que la causa para el libramiento de los pagarés no surgió de transacciones mercantiles. La excepción presentada por el de-mandado fné declarada sin lugar. Entonces éste contestó-pero no planteó en su contestación la defensa de prescripción.

Posteriormente la demandante sostuvo, y la Corte .de Distrito de Ponce así lo resolvió, que el demandado renunció' a la defensa de prescripción. Convenimos con la apelanteen que aun si el demandado exeepeiona fundándose en la prescripción, a pesar de ello debe suscitar la defensa espe-cíficamente en su contestación. Teniendo en cuenta tan soló-la demanda y fundándose especialmente en la presunción de la naturaleza mercantil de un pagaré negociable, un deman-dado podría con éxito presentar una excepción previa y sin embargo abandonar esa defensa para los fines del juicio. El demandado puede saber que la obligación es puramente civil, e intentar basarse en otras defensas durante el juicio. Si .desea plantear la cuestión de prescripción, el demandante por regla general debe ser informado de ello por la contestación.. La excepción puede ser interpuesta para obligar al deman-dante a enmendar la demanda en forma tal que alegue los hechos que destruirían la presunción mercantil de los pa-garés, o con otros fines. Una excepción previa declarada sin lugar no puede ayudar a la contestación. Creemos que estos principios son obvios y de ahí que no citemos autoridades. Emanan necesariamente de la idea fundamental del derecho adjetivo. Audi alteram partem. La parte contraria debe saber la defensa en que se descansa y tener oportunidad de defenderse. Decimos todo esto con la reserva de que el apelado sostiene que la prescripción bajo el Código de Comercio no es un mero privilegio capaz de ser renunciado, sino que a diferencia del estatuto de prescripción (statute of limitations) de California y de los códigos de Puerto Rico, la acción sobre un pagaré de naturaleza mercantil expira proprio motu una vez transcurrido el período prescriptivo.

Decidir este punto definitivamente sería a nuestro juicio variar la teoría de la corte sentenciadora. Aunque quizá si el apelado está en lo cierto la decisión de la corte inferior tal vez estaría enteramente justificada, sin embargo, un examen de los autos no revela que se llamara claramente la atención de la corte a este extremo. Toda vez que confir-maremos la sentencia por otros fundamentos, creemos innece-sario considerar la naturaleza especial de la prescripción bajo el Código de Comercio. Puede que sea o no similar a la prescripción de los casos de hijos naturales esbozada en el caso de Ciuró v. Ciuró, 31 D.P.R. 728, y otros.

Después de radicar su alegación original, el demandado hizo repetidas tentativas, tanto antes como durante el juicio, de enmendar su contestación, presentando otra en que se aducía específicamente la prescripción. La corte con igual persistencia rehusó permitir la enmienda. La teoría de la corte inferior fue en parte, por lo menos, que el demandado había obtenido prórroga tras prórroga para archivar la contestación y sin embargo no había suscitado la defensa de prescripción. La corte aparentemente negó que tuviera derecho a hacer uso de discreción bajo el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, pero creyó que aun teniendo tal discreción no debía ejercerla. Un demandante no adquiere derechos permanentes por no haberse promovido la defensa de prescripción en la contestación original El privilegio de enmendar las contestaciones, al igual que las demandas, está cuidadosamente amparado por los artículos 139 y 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. Creemos que la corte estaba equivocada, y los procedimientos posteriores tienden a con-firmar este criterio. La defensa de prescripción o del esta-tuto de limitaciones, al ser presentada debidamente antes de terminar el juicio, si no es una sorpresa total para la parte demandante, debe ser tolerada. Siempre podría concederse tiempo al demandante para hacer frente a esa defensa. Según indica el apelado, la defensa del estatuto de prescrip-ción no es considerada odiosa, y así lo hemos resuelto.

Según todos sabemos, la demora de un abogado en pre-sentar su contestación no siempre se debe a la dificultad del procedimiento. Puede que tal abogado tenga su atención ocupada temporalmente con otros asuntos y que meramente posponga de tiempo en tiempo, quizá mas o menos con el consentimiento del abogado de la parte contraria, el archivo de la contestación. La práctica no debe ser alentada, mas la falta de alegar una defensa después de haber tenido la opor-tunidad de suscitarla, no impide que se aplique el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Fué el caso a juicio. Después que la demandante había terminado su prueba, el demandado presentó una moción de nonsuit. Luego de varios incidentes y de la radicación de alegatos, la corte finalmente declaró con lugar dicha moción. La corte resolvió que la naturaleza mercantil de los pagarés, o más bien, 1a- presunción de que los pagarés eran mercan-tiles, no había sido destruida por la prueba de la demandante.

Nos inclinamos más bien al criterio de que ordinaria-mente la suficiencia de una demanda, o, para ser más especí-ficos, una excepción fundada en prescripción, no podría ser suscitada por medio de una moción de nonsuit. El apelado y la corte tienen la idea de que presentándose la defensa de prescripción por excepción previa, se reserva el derecho al demandado de promoverla durante el juicio. Más o menos hemos contestado esta contención al discutir la renuncia de prescripción en casos en que la contestación no repite la defensa después de declararse sin lugar la excepción previa. No obstante, no alteraremos la sentencia por este fundamento.

Tal parece que la demandante trató de anticipar la natu-raleza no mercantil de estos pagarés. El demandado hizo repetidos esfuerzos para enmendar su contestación a fin de alegar la prescripción. El juicio fué en gran parte .dirigido sobre la teoría de que la defensa de prescripción podía ser suscitada y la demandante misma voluntariamente adujo prueba tendente a demostrar la naturaleza no mercantil de los pagarés. También, en la teoría de que los pagarés eran originalmente mercantiles, que había habido una nueva pro-mesa o una renuncia de prescripción.

Los autos nos convencen, además, de que la corte consi-deró que tenía ante sí una verdadera contienda de prescrip-ción.

La demandante está sujeta al siguiente dilema: O el cuarto párrafo- de la demanda que trata de aducir que las-partes no eran comerciantes y que los pagarés no surgieron de transacciones mercantiles entre las partes, es superfluo y no significa absolutamente nada, o, de lo contrario, debe tener algún significado. De ser superfluo, entonces dada la presunción de prescripción, el demandado está en lo cierto al sostener que no se adujo causa de acción alguna. Por otra parte, si dicho párrafo, conforme hemos indicado, fué una anticipación de la defensa, entonces no podría haber sorpresa posible durante el juicio y la corte estaba justifi-cada al considerar que la cuestión de prescripción, dadas todas las circunstancias, estaba ante sí. La tentativa de-demostrar o no una nueva promesa fué un reconocimiento de la. naturaleza mercantil de los pagarés y de su posible pres-cripción. Nos sentimos obligados a resolver, de acuerdo con e] caso de El Pueblo v. Valdés, 31 D.P.R. 223, y los que le siguieron, que puede considerarse la contestación como en-mendada. La demandante no fué sorprendida en forma alguna, y la defensa de prescripción fué la controversia virtual en todos los procedimientos del caso.

Una de las otras cuestiones suscitadas por la apelante fué que los pagarés no tenían naturaleza mercantil, toda vez que de acuerdo con el artículo 531 del Código de Comercio, debía probarse la transacción original, o, en otras palabras, que los pagarés debían revelar que el librador recibió algo de valor por su promesa. Los pagarés sí contenían laspalabras “valor recibido”, y de conformidad con las autoridades citadas por el apelado, no hay duda de que estas palabras, bajo todas las prácticas mercantiles, cumplen sufi-cientemente con las disposiciones del estatuto. Artículo 444 del Código de Comercio; 4 Echavarri 379; Román v. Martínez, 25 D.P.R. 654. Además, no hallamos que esta cuestión fuese planteada en la corte inferior.

Durante el juicio la demandante, sin tratar de enmendar su demanda, intentó demostrar una nueva promesa. El apelado, con copiosa cita de autoridades, demuestra que una nueva promesa es una causa de acción distinta, y así dehe ser alegada. McCormick v. Brown, 36 Cal. 180; Chabot v. Tucker, 39 Cal. 434; Rodgers v. Byers, 127 Cal. 528. El apelado insistió en este punto durante el juicio y nada hizo para renunciar su derecho a ser debidamente informado de esta causa de acción. La demandante no trató de enmendar su causa de acción y el demandado nada hizo para consentir a esta nueva causa de acción o, necesariamente, como se trataba de una moción de nonsuit, para presentar prueba para controvertirla. El caso en este respecto es distinto al de Vázquez v. Freiría, 27 D.P.R. 836, en el cual durante el juicio el demandado admitió, en la silla testifical, la nueva pro-mesa o la interrupción del período- prescriptivo. El artículo 48 del Código de Enjuiciamiento Civil citado por la corte inferior y por el apelado, exige que las nuevas promesas consten por escrito. Tocamos este punto en el caso de Herederos de Martínez v. Fernández, 19 D.P.R. 143, solamente para manifestar que una promesa escrita no necesitaba ser alegada en la demanda. La opinión fué escrita en inglés y la versión castellana está mal traducida. El artículo 48 del Código de Enjuiciamiento Civil, al decir así, “Ningún consentimiento o promesa de un contrato nuevo, o de la continuación de uno ya hecho, será prueba suficiente paya que el caso quede fuera de las disposiciones de este título, a menos que así conste por escrito, bajo la firma de la parte en contra de la cual haya de utilizarse”, cubre el caso suficientemente.

Además, según hemos indicado, el testimonio ofre-cido por la demandante para probar la naturaleza no mer-cantil, fue insuficiente. Esta prueba tendió a revelar que el demandante principal era un hombre que prestaba dinero sobre bienes y aceptaba garantías, pero que no era comer-ciante, y que de igual modo el demandado era agricultor y no comerciante. Esta clase de prueba no excluyó la posibi-lidad de que la transacción entre ellos fuera no obstante mercantil. Rosaly v. Alvarado, 17 D.P.R. 109; 2 Estasen, Comentarios al Código Mercantil, página 13.

Las partes también ban discutido respecto a si el reco-r o oimiento o nueva promesa envuelto en el caso, no debía ser considerado en forma distinta al reconocimiento o nueva promesa del sistema americano, y otras cuestiones similares. Como la decisión gira sobre otros puntos hemos creído inne-cesario entrar en esta cuestión.

Aun teniendo alguna duda respecto a la manera de aplicar alguna de las reglas de procedimiento que hemos discutido en este caso, no revocaríamos la sentencia. Las disposiciones del artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil son apli-cables :

“En cualquier estado de un pleito la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o procedimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o defecto.”

Bebe confirmarse la sentencia.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

San Juan, Puerto Rico, enero 13, 1932

Se trata de una moción para reconsiderar, en la cual se alegan once errores como cometidos por esta corte. Daremos por suficientemente tratados en nuestra opinión original los errores I, II, VI, VII, VIII, IX, X y XI, ahora señalados. En nuestra opinión original asumimos que todos los pagarés contenían las palabras “valor recibido”, cuando en realidad de verdad, según indican ahora los apelantes, dos de aquéllos no contenían estas palabras. Hasta ahora hemos resuelto, tal como lo demuestra la opinión principal, que los pagarés librados a la orden son presuntivamente mer-cantiles. Todos estos pagarés fueron expedidos a la orden del acreedor, y deben, por ende, ser considerados como mer-cantiles. Durante la vista principal y en la moción de recon-sideración la sucesión apelante imprime énfasis al hecho de que el artículo 531 del Código de Comercio exige que los pagarés a la orden expresen el origen y especie del valor que representen. Tenemos la idea de que no' se tuvo la in-tención de que el artículo 531 se aplicara a los pagarés mismos sino más bien a otras clases de documentos. En uno u otro caso, el inciso 7 del artículo 531 en verdad ha llegado a ser letra muerta. Este tribunal ha resuelto' consistente-mente que un pagaré librado a la orden ha de presumirse mercantil.

Además, según los mismos apelantes demuestran, el hecho de si un pagaré es o no mercantil es para ser determinado por la corte en que se presente el pagaré. El peso de demostrar que estos pagarés eran civiles en vez de mercan-tiles recayó sobre la sucesión demandante. Es más, la corte inferior consideró ampliamente la cuestión y llegó a la con-clusión de que los pagarés eran mercantiles.

Hubo otra cuestión que inadvertidamente omitimos considerar, a saber, la de costas. La sucesión demandante sostiene que no debieron imponerse costas toda vez que la contestación jamás fué enmendada, y, por tanto, los demandantes no fueron debidamente notificados de la defensa de prescripción. Lo que resalta en este caso es que el demandado hizo continuos esfuerzos para enmendar su contestación, y los demandantes, aun más tenazmente, y con éxito, impidieron la enmienda formal de la contestación. Llegamos 'al convencimiento de que la naturaleza mercantil de los pagarés fué la verdadera controversia ante la corte y que la sucesión demandante fué debidamente informada de esta defensa. No tenemos duda de que la corte erró al no per-mitir qne se enmendara la contestación, y si no fué enmen-dada, la culpa principal residió en la enérgica oposición dé-la sucesión demandante. Desde luego, si conforme hemos resuelto la corte inferior estaba én lo cierto al llegar a la conclusión de que los pagarés eran documentos mercantiles,, entonces la radicación del pleito por sí sola justificaría la imposición de costas. Por consiguiente, no hallamos motivo-alguno para modificar la sentencia de la corte en cuanto a este extremo, y debe declararse sin lugar la moción de recon-sideración.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Seño» Aldkey,

license: Public Domain

text:
    Crédito y Ahorro Popular, demandante y apelado, v. Antonio Molini y su esposa Blanca Mariani de Molini, demandados y apelantes.
    No. 5866.

    Sometido: Noviembre 23, 1931.

      Resuelto: Diciembre 18, 1931.

      González Fagundo <& González Jr., abogados de los apelantes; Tons. Soto <& Zapater, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Seño» Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia contra el demandado en este pleito,. Antonio Molini, condenándolo a pagar determinada cantidad de dinero, fné entregado al márshal de la corte nn manda-miento para qne cumpliera la sentencia. Devuelto ese man--damiento por dicho funcionario el demandante solicitó del tribunal inferior que de acnerdo con el artículo 269 del Código de Enjuiciamiento Civil ordenase a Antonio Molini que com-pareciera a contestar bajo juramento sobre los bienes que poseyera. El tribunal dictó dicha orden apercibiendo al de-mandado Molini de desacato si dejaba de comparecer, y el día que fue señalado para tal comparecencia el tribunal, después de oír a las partes, declaró sin lugar la moción del demandante y sobreseyó la orden que había dictado. Poste-riormente y a instancia del demandante reconsideró esa reso-lución por entender que un desistimiento del pleito que había presentado el demandante se refería a la esposa, también demandada, y no a su marido, y autorizó al demandante para que solicitara de nuevo señalamiento de día y hora para ■que el demandado Molini compareciera a declarar sobre sus bienes. De esta resolución apeló el demandado ante nosotros y el demandante nos pide que desestimemos su recurso por no ser apelable dicha resolución.

Él número tercero del artículo 295 del Código de Enjui-ciamiento Civil autoriza apelaciones contra resoluciones es-peciales dictadas después de sentencia, o sea, contra las que decidan cuestiones no resueltas por la sentencia, y de acuerdo -con ese precepto la resolución recurrida es apelable porque por ella el apelante Antonio Molini debe comparecer ante el tribunal a declarar bajo juramento sobre los bienes que poseyera, apercibido de ser castigado por desacato, toda vez que el dejar sin efecto la corte inferior la orden que anterior-mente había dictado declarando sin lugar la moción del de-mandante produce el efecto de decretar que el apelante Molini está obligado a comparecer a declarar sobre sus bienes el día que se señale.

La moción de desestimación debe ser negada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Horace Waters & Co., demandante y apelada, v. Pilar Claboguera, José Portilla y Gregorio Dimas, demandados y apelantes.
    No. 5478.

    Sometido: Mayo 22, 1931.

      Resuelto: Diciembre 18, 1931.

      Juan Valdejulli, abogado de los apelantes; Besosa <& Besosa, aboga-dos de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión, del tribunal.

En junio 7, 1927, la Horace Waters Co., una corporación del estado de Nueva York que hace negocios en Puerto Eico, entabló demanda en la Corte de Distrito de San Juan contra Pilar Claboguera, José Portilla y Gregorio Dimas en recla-mación de $664.75, alegando, en resumen que en pleito seguido contra la demandada Claboguera en reclamación de bienes muebles obtuvo sentencia condenando a la demandada a entregarle cierto autopiano, un taburete y cubierta, y a pagarle los daños y desperfectos que se hubieren causado a los bienes a la fecha de la entrega, con más las costas y gastos del pleito que se fijaron finalmente en $264.75; que la demandada entregó la pianola y el taburete y se libró ejecución para satisfacer las costas que no pudieron cobrarse por carecer de bienes la demandada; que los demandados Dimas y Portilla prestaron en el pleito sobre reclamación de bienes muebles una fianza que se transcribe íntegra, y que, copiada en lo pertinente dice:

‘‘Por cuanto, la demandante en este caso, Horace Waters & Co. lia presentado ante esta Corte una fianza por la cantidad de $1,550.00 para responder de daños y perjuicios que puedan irrogarse a la de-mandada en este caso.
“Pon cuanto, en virtud de dicha fianza el Marshal, Eduardo Urrutia, de la Corte de Distrito del Segundo Distrito de San Juan, oeupó y sacó del poder de la demandada Pilar Claboguera un piano-pianola y un taburete y cubierta del mismo y lo retiene en su poder, de acuerdo con el Artículo 173 del Código de Enjuicia-miento Civil.
*####**
‘‘Por tanto, nosotros, José Portilla y Gregorio Dimas, nos ofre-cemos, como fiadores de la demandada Pilar Claboguera y libre y voluntariamente nos comprometemos por la presente fianza a favor de la demandante Horace Waters & Co., respondiendo a ella por la suma de $1,550.00 o sea el doble de la cantidad consignada en la demanda jurada del demandante, comío valor de los bienes y esta fianza responderá de los daños y perjuicios que puedan irrogarse a dicha demlandante Horace Waters & Co., en el caso de resolverse en definitiva que dicho piano-pianola sea llevado y se ordene entrega del mismo a la demandante.”;

que a virtud de la fianza la demandada Claboguera fué puesta otra vez en posesión de los bienes; que al ocuparse esos bienes en ejecución de la sentencia se encontraban en muy mal estado ascendiendo la depreciación a $400, y que ni la demandada Claboguera ni sus fiadores los demandados Por-tilla y Dimas han satisfecho las dichas cantidades de $264.75 y $400 que forman el total de $664.75 reclamado en la de-manda.

El demandado Portilla, por su abogado, y los demandados Claboguera y Dimas por el suyo, adujeron contra la demanda las excepciones previas de falta de jurisdicción y de hechos, que fueron declaradas sin lugar. Contestaron entonces. Fué el pleito a juicio' practicando prueba la demandante. La corte dictó sentencia condenando a los demandados al pago de $400 por concepto de daños y perjuicios. No conformes, apelaron para ante este tribunal señalando en su alegato dos errores que en realidad suscitan una sola cuestión: la falta de jurisdicción de la corte de distrito para conocer del litigio originalmente, por razón de la cuantía envuelta en el mismo.

La demanda se entabló, como hemos dicho, originalmente en la corte de distrito, y la suma reclamada excede de $500. La jurisdicción de la corte era aparente. Pero los apelantes sostienen que dados los términos de la fianza, los deman-dados Portilla y Dimas sólo se obligaron a satisfacer daños de la naturaleza de los comprendidos en la- partida de $400, siendo por lo. tanto la verdadera cuantía de la reclamación inferior a $500, y correspondiendo en tal virtud la juris-dicción orignal a la corte municipal y no a la de distrito. Invocan los apelantes en su favor la propia sentencia dictada¡ y el siguiente párrafo de la opinión en que se funda, a saber:

“La lianza pr'estada por los codemandados Portilla y Dimas no es una fianza simple o indefinida, sino que es específica y responde sólo de los daños y perjuicios que puedan irrogarse en el caso de resolverse la entrega de los bienes a favor de la demandante, que es lo que ha ocurrido en este caso. Si la fianza fuera simple o inde-finida, entonces comprendería no sólo la obligación principal, sino •todos los accesorios, incluso los gastos del juicio.”

A nuestro juicio no tienen razón los apelantes. En primer lugar la demanda se dirigió contra el principal obli-gado y los fiadores, y no creemos que pueda existir la más leve duda de que el principal era responsable de la totalidad de la suma reclamada. Pero prescindiendo de ello y limi-tándonos al caso de los fiadores, aún así hay que concluir que siendo por lo menos debatible seriamente la cuestión de si su responsabilidad se extendía también a los gastos y costas que se vió obligada la demandante a satisfacer en el pleito en que se prestó la fianza, pudo este nuevo pleito iniciarse como se inició en la corte de distrito.

Conocemos la fianza. Los fiadores se obligaron a responder “de los daños y perjuicios que puedan irrogarse a a la dicha demandante ... en el caso de resolverse en defi-nitiva que. dicho piano-pianola sea llevado y se ordene en-trega del mismo a la demandante.” No vamos a decidir si los fiadores demandados debieron o no ser condenados al pago de la cantidad reclamada y ordenada satisfacer por gastos y costas en el pleito en que se prestó la fianza, ya que la demandante no apeló de la sentencia que resolvió la cuestión en la negativa, pero sí diremos que dados los tér-minos generales de la fianza y lo dispuesto en el artículo 175 del Código de Enjuiciamiento Civil, debe por lo menos concluirse que el demandante pudo, de buena fe, creer que tenía derecho a la reclamación y someterla a la decisión de la corte. Y en tal caso, aunque la corte resolviera finalmente en su contra, ello no implicaría falta de jurisdicción para conocer del litigio por razón de la cuantía.

Resumiendo la jurisprudencia sobre la materia dice Corpus Juris:

“Al determinar la jurisdicción gobierna la suma reclamada en la demanda, siendo la regla a este respecto que la jurisdicción queda fijada por la cuantía por la cual se podría dictar sentencia sobre los hechos alegados vistos desde el ángulo más favorable al demandante. Si esta suma es tal que hace que el caso caiga dentro de la juris-dicción de la corte, tal jurisdicción no es destruida por el hecho de que la suma realmente obtenida sea menor que la cuantía jurisdic-cional; a menos que se desprenda que la suma originalmente recla-mada era ficticia o fraudulenta, o a menos que el estatuto exija la desestimación del recurso bajo tales circunstancias.” 15 C. J. 755.

Véanse también los casos de Turner v. Concejo Municipal, 24 D.P.R. 594 y Korber & Co. v. López, 33 D.P.R. 30. El caso de Delgado v. Trujillo, 24 D.P.R. 480 que invoca ,el apelante, y los de Hernández v. Pérez, et al., 17 D.P.R. 610 y González v. Rosado, 23 D.P.R. 1, presentan situaciones diferentes.

Si claramente pudiera concluirse que la partida sobre gastos y costas se había incluido de mala fe o con el único propósito de dar jurisdicción a la corte de distrito, tendrían razón los apelantes, pero ése no es aquí el caso. La recla-mación de la demandante pudo sostenerse de buena fe. Quizá debió prosperar en su totalidad y no solamente en parte.

Resuelta la única cuestión envuelta en el recurso en contra de los apelantes, la apelación debe ser declarada sin lugar y confirmada la sentencia recurrida.


text:
    Nicolás Cruz, demandante y apelado, v. José Donato, conocido por Pepín, demandado y apelante.
    No. 5829.

    Sometido: Diciembre 7, 1931.

      Resuelto: Diciembre 18, 1931.

      González Fagundo & González Jr., abogados del apelante; Rafael S. Tidal, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación de este recurso porque jamás se apeló de la sentencia dictada en el pleito sino de cierta resolución recaída con anterioridad que no era apelable.

De los autos aparece que la sentencia se dictó y se regis-tró en mayo 7, 1931, notificándose el mismo día a la parte perjudicada.

El escrito de apelación, copiado a la letra, dice:

“Corte de Distrito de Hujeaoao, P. R. — Nicolás Cruz, deman-dante, vs. José Donato, demandado. — Civil No. 15674. Sobre De-sahucio. — Moción. Al Sr. Secretario de dicha corte y al Sr. Rafael S. Vidal, abogado del demandante:
“SÍRVANSE quedar notificados de que, la parte demandada, no conform^ con la resolución recaída en la moción para que se oiga la prueba de la parte demandada, vista el día 13 del corriente mes y año, apela de la misma para ante la Hon. Corte Suprema.
“Yabucoa, P. R, a 17 de abril de 1931. — (f) Antonio Rodríguez, abogado del demandado.
“Notificado con copia de este escrito de apelación y de la fianza hoy 12 de mayo de 1931.-Abogado del demandante.
“Radicado este documlento hoy 12 de mayo de 1931. (f) A. Ra-mírez, Jr., Secretario, Corte Distrito, Hnmacao, P. R.”

Archivado, la corte fijó la fianza correspondiente y la apelación fué tramitada.

La parte apelante admite qne el escrito de apelación no fné debidamente redactado y que la resolución del 13 de abril no es apelable, pero sostiene que habiéndose archivado des-pués de registrada la sentencia y dentro del término de ley y habiéndose actuado por la corte sobre él como si realmente dijera que se apelaba de la sentencia, lo que fué en verdad el propósito del apelante, el error cometido no es de tal manera fundamental que produzca como consecuencia inevitable la desestimación del recurso. Invoca el caso de Roig Commercial Bank v. Lugo Viña, 34 D.P.R. 156, en el que esta corte dijo:

“En efecto, el escrito de apelación archivado no se ajusta a la práctica seguida en Puerto Rico que es la recomendada en todos los formularios que hemos consultado y la que está en armonía con el texto inglés del artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil. (Comp. 1911, p. 865). En vez de archivarse una notifica-ción al Secretario de la Corte y al abogado de la parte contraria-, se presentó un escrito titulado ‘Moción de Apelación’. El escrito en forma de notificación es importante porque llama directamente la atención al funcionario y a la otra parte sobre la materia. Sin embargo, como de la ‘moción’ a que nos hemos referido aparece sin lugar a dudas de ningún género que la apelación se interpuso, no creemos que la forma irregular del escrito, por sí sola, deba dar motivo a la desestimación del recurso.”

Como puede verse por la misma cita, el caso de Roig Commercial Bank era muy distinto. Se trataba simplemente del nombre dado al escrito. Si ése sólo fuera el error aquí cometido, es claro que la desestimación no sería decretada.

Pero aquí hay más. No es sólo la fecha del escrito, que en verdad no tendría importancia y cedería a la de la noti-ficación; son los términos inequívocos en que está redactado los que impiden el ejercicio de nuestra discreción. Expresa-mente se dice que “no conforme con la resolución reccáda en la moción para qioe se oiga la prueba de la parte deman-dada, vista el 13 del corriente mes y año, apela de la misma para ante la Hon. Corte Suprema.” (Itálicas nuestras.) En ninguna parte se menciona la sentencia de 7 de mayo siguiente.

No habiéndose, pues, apelado de la sentencia y no siendo apelable la resolución de 13 de abril de 1931, debe declararse con lugar la moción del apelado y en su consecuencia desesti-marse el recurso.


author: El Juez Pbesidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Lorenzo Roldán, acusado y apelante.
    No. 4488.

    Sometido: Noviembre 17, 1931.

      Resuelto: Diciembre 22, 1931.

      José L. Márquez Jr., abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Lorenzo Roldán fué acusado de baber ejercido ilegal-mente la cirugía dental. La Corte Municipal de Aguadilla ante la que se formuló la denuncia lo declaró culpable. Apeló para ante la corte del distrito y también fué por ella condenado. Recurrió entonces para ante e'ste Tribunal Supremo.

Los autos se elevaron completos y el alegato del apelante es muy extenso. Contiene ocho señalamientos de error. Sólo hay nno importante, el primero, que se formula así:

“Cometió error manifiesto la Corte inferior al no declarar con lugar la moción de nulidad enmendada sobre la orden de allana-miento.”

Si se pudiera entrar en la consideración de la orden de allanamiento, quizá habría que resolver que era nula, pero el fiscal levanta en su alegato la siguiente cuestión previa que hace imposible penetrar en el fondo del asunto. Dice el fiscal:

“Establecemos que no conteniendo la solicitud alegación alguna al respecto de que los objetos ocupados pertenecieran a o estuvieran en posesión del acusado-apelante, ni que la ocupación y registro se llevaran a cabo en el domicilio o habitación, o en las premisas del acusado, no puede éste discutir la validez ni legalidad de la orden de allanamiento ni la forma en que ésta se obtuvo y se diligenció.
“Esto es así sencillamente por la razón de que no apareciendo que los objetos ocupados pertenecieran al acusado ni que el allana-miento y registro se llevaran a cabo en las premisas del acusado, no se ha violado ninguno de los derechos constitucionales de dicho acu-sado, salvaguardiados por las enmiendas Cuarta y Quinta de la Constitución.”

Cita luego el fiscal abundante jurisprudencia para sos-tener su aserto. De ella transcribimos a continuación la que nos parece más apropiada, a saber:

“Una persona cuyos intereses no han sido afectados en manera alguna por la orden de registro no puede discutir la validez de la misma. Si una persona alega que la propiedad ocupada o las pre-misas que fueron registradas no le pertenecían, dicha persona no puede aprovecharse de la ilegalidad del registro y de la ocupación. Sus derechos deben haber sido de alguna manera afectados por los procedimientos, bien sea por la ocupación de la propiedad o de otro modo, antes de que él pueda ser oído sobre la validez y legalidad del mandamiento. Aplicando estos principios, una persona que ha sido coacusada con otra cuya propiedad ha sido ilegalmente regis-trada, no puede quejarse ni tampoco si al tiempo del registro y de la ocupación de acuerdo con un mandamiento de allanamiento, la propiedad no estaba en sn posesión.” Comelins, “Search and Seizure”, pág. 242.

En el caso de Remus v. United States (C.C.A.), 291 Fed. 501, la corte dijo:

“Un alegato por separado ha sido radicado en favor del acu-sado, el cual versa extensamente sobre esta cuestión en particular. El mandamiento mediante el cual este i’egistro y ocupación fueron llevados a cabo autorizaba un registro de la propiedad del acusado John Gehrum. Según aparece del récord, ningún otro de los acu-sados alega tener interés ni sobre el sitio registrado ni sobre la pro-piedad ocupada. John Gehrum radicó esta moción bajo juramento, en la cual él alega que la propiedad ocupada es suya, y que fué ocupada por medio de un mandamiento de registro ilegal el que entre otros defectos adolecía de no describir específicamente el sitio que debía ser registrado. Si este mandamiento de registro era ile-gal, y el registro y la ocupación constituyeron una invasión de los derechos constitucionales de John Gehrum, dicho mandamiento ne-cesariamente no podía afectar los derechos constitucionales de nin-gún otro acusado, cuyo hogar nunca fué invadido, ni podían dichos acusados ser oídos ni quejarse de que los derechos constitucionales de Gehrum habían sido violados ilegalmente y por la fuerza. Tam-poco podía Gehrum reclamar para sus coacusados el beneficio de las enmiendas Cuarta y Quinta de la Constitución.”

Y en el de MacDaniel v. United States, 294 Fed. 770, la corte se expresó así:

“Este registro fué llevado a cabo después que MacNabb había sido legalmente arrestado, pero mediante un mandamiento de regis-tro que se alega era nulo porque fué expedido basado en affidavits que no eran suficientes. A pesar de la objeción y la excepción del acusado, esta evidencia fué admitida en la teoría de que cualquier objeción a la ley mediante la cual la evidencia fué obtenida pudo aprovechar solamente a MacNabb, que no estaba acusado ni era parte en el juicio, pero que nunca podía aprovechar a MacDaniel.
“Pasando por alto todas las cuestiones con respecto a la legalidad o ilegalidad del registro y la ocupación, estamos perfectamente con-formes con los puntos de vista de la corte inferior. Es regla perfec-tamente establecida que una objeción de esta naturaleza solamente puede aprovechar a la persona cuya propiedad, casa u hogar han sido ilegalmente registrados y cuyos documentos han sido ilegalmente ocu-pados. ’ ’

Examinada la moción de nulidad de que se trata se verá que el acusado alega “que en fecha indicada se procedió al registro de la casa número 18 de la calle Prolongación Dr. Betanees, habitada por la señora Julia Valentín de Roldán; que el acusado tiene en la mencionada casa alquilada una habitación próxima a la sala, por la derecha entrando; que .en la cocina de la mencionada casa número 18 de la calle Prolongación Dr. Betanees, el sargento Nieves ocupó los siguientes artículos ...”

Expresa, pues, que la casa estaba habitada por la Sra. Valentín y que solamente tenía él alquilada una habitación próxima a la sala. No dice que esa habitación fuera regis-trada. Es más: alega que los objetos ocupados lo fueron ■en la cocina de la casa y ni siquiera dice que fueran de su pertenencia.

Bajo esas circunstancias, es necesario reconocer que el fiscal tiene razón y que la corte de distrito no cometió error alguno al declarar sin lugar la moción de nulidad.

Hemos examinado los otros errores señalados y a nuestro juicio no existen. La denuncia es suficiente y la. prueba sos-tiene la sentencia, que debe, en tal virtud, ser confirmada.


text:
    Luis Carminely, demandante y apelado, v. Miguel Truyol, demandado y apelante.
    No. 5438.

    Sometido: Abril 30, 1931.

      Resuelto: Diciembre 22, 1931.

      G. Domínguez Rubio, abogado del apelante; F. Beiró Rovm'a, abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Luis Carminely demandó ante la Corte Municipal de Guayama a Miguel Truyol en cobro de cierta suma de dinero, sus intereses al 12 por ciento anual a partir del 27 de abril de 1929, y cien dólares más para gastos, costas y honorarios de abogado. La reclamación se basa en un pagaré suscrito por Carmen Amy, Francisco Berreteaga y el demandado Miguel Truyol que, copiado en lo pertinente, dice:

“Pagaremos solidariamente, a la orden del Sr. Luis Carminely, en el local de su residencia, o en las oficinas de cualquier banco de la isla, el día veintiséis de julio de mil novecientos veintiocho, la suma de tkeoentoS dollars, que somos en deberle, más intereses al 12%, a contar de esta fecha.”

Contestó el demandado aceptando que había suscrito la obligación. Negó su entrega, pero la aceptó implícitamente en sus otras alegaciones en las que sostuvo, en resumen, que había pactado con el acreedor que si los deudores Amy y Berreteaga no pagaban el 26 de julio de 1928, él pagaría, no debiendo concedérseles prórroga alguna; que el acreedor no solicitó de él el pago en la fecha convenida y concedió piórrogas a los otros firmantes que eran los verdaderos deudores, dando lugar así, a sabiendas y fraudulentamente, a que se desprendieran de sus bienes.

La corte municipal falló en contra del demandado. Apeló éste para ante la corte del distrito y celebrado el juicio de novo, volvió a dictarse sentencia en sn contra, basada en una cuidadosa opinión en la qne expresamente se consigna qne la prneba por él aportada no fné lo suficientemente convin-cente para declarar probado el convenio alegado en la con-testación.

No conforme aún el demandado, apeló para ante este tribunal señalando en su alegato la comisión de tres errores cometidos a su juicio por la corte de distrito, 1°., al apreciar la prueba; 2°., al condenarlo ál pago de intereses y 3°., al imponerle el pago de cien dólares para costas, gastos-y desembolsos.

El primer error no existe. Este es seguramente uno de tantos casos en que una persona se ve obligada a satisfacer una cantidad de dinero de la cual no se benefició. Pero esa persona no puede llamarse a engaño. Suscribió con la otra que recibió el beneficio una obligación escrita sin reservas aceptando la responsabilidad íntegra de pagar, y va esta corte fia resuelto repetidas veces que es el documento firmado el que muestra la naturaleza del contrato finalmente celebrado, el que revela la última intención' de las partes contratantes.

La prueba fué contradictoria y no bay base suficiente para alterar la conclusión a que llegara la corte de distrito, pero aunque la hubiera, dudamos mucho de la eficacia de la contestación del demandado. En ella misma se acepta el otorgamiento voluntario del documento, y dados sus tér-minos, la prórroga que se alega concedida por el acreedor a los otros deudores solidarios sin variarse el objeto o condi-ciones principales de la obligación, ni sustituirse por otra la persona del deudor, no puede estimarse como una nova-ción extintiva de la obligación. Cintrón y Aboy v. Solá, 22 D.P.R. 262.

Tampoco fue cometido el segundo error. En el citado caso de Cintrón y Aboy v. Solá, se decide que “según el artículo 1067 del Código Civil, no será necesaria la intimación ele un acreedor para que exista la mora, cuando la ■obliga-ción lo declara expresamente”, y aquí expresamente dice el documento que sus firmantes se comprometen a pagar los “intereses al 12 por ciento, a contar de esta fecha”, enero 26, 1928. El juez no hizo otr'a cosa en su sentencia que reco-nocer eficacia a lo convenido por las partes.

El tercer error existe, como lo reconoce la propia parte apelada, pero no da lugar a la revocación, sino a la modificación de la sentencia. La corte debió haberse limitado a condenar al demandado al pago de las costas, dejando la determinación del montante para el trámite fijado por el propio Código de Enjuiciamiento Civil.

Debe modificarse la sentencia- apelada en tal sentido y asi modificado, confirmarse.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Pasarell, acusado y apelante.

      No. 4585.

    Sometido: Diciembre 4, 1931.

      Resuelto: Diciembre 22, 1931.

      Agustín F. Font, abogado del apelante; F. Díaz Viera, Fiscal Auxi-liar, abogado de Fl Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Pasarell apela de la sentencia que lo condena por delito de portar arma prohibida y el único motivo que alega para su recurso es por haberse negado el tribunal inferior .a sobreseer esta causa de acuerdo con el No. 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, como solicitó antes de que comenzara el juicio. El precepto legal citado dispone que a menos que exista justa causa, contraria el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso cuando un acusado, cuyo juicio no baya sido transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de ciento veinte días, a contar desde la presentación de la acusación.

Al apelante se le seguía en el mismo tribunal otro pro-ceso por delito de asesinato y los juicios en ambos fueron .señalados para el 28 de enero de este año. Obtuvo el fiscal que el juicio por asesinato fuese suspendido y entonces el apelante, fundándose en que convenía a los intereses de la justicia, tanto del Pueblo como del acusado, que ambos casos se viesen conjuntamente, solicitó el 27 de enero que el juicio por portar arma prohibida fuese suspendido, renunciando a su derecho a un juicio rápido, a lo que accedió la corte. En 15 de junio fue celebrado el juicio por asesinato y el día 23 siguiente tuvo lugar el de portar arma prohibida.

Es cierto que desde el 27 de enero al 23 de junio trans-currieron más de ciento veinte días sin que el juicio en esta causa tuviera lugar, pero también lo es que la solicitud de suspensión que hizo- el apelante el 27 de enero fué fundada en que convenía al acusado que el juicio de portar arma no tuviera lugar antes que el de asesinato y por esto renunció a un juicio rápido mientras el otro no fuera celebrado, por lo que dichos ciento veinte días no pueden contarse desde el 27 de enero sino desde el 15 de junio en que tuvo lugar el juicio en la causa por asesinato. El caso de El Pueblo v. Cepeda, 31 D.P.ít. 489, no es de aplicación al presente porque en él la suspensión que interesó el acusado no estuvo condi-cionada.

La sentencia apelada deb'e ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob Aldbey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Julio Liceaga, acusado y apelante.
    No. 4584.

    Sometida: Diciembre 10, 1931.

      Resuelto: Diciembre 22, 1931
    El acusado compareció personalmente; E. Díaz Viera, Fiscal Auxi- ■ ■■ liar, abogado de El Pueblo, apelado.

       Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señob Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Julio Liceaga apela de una sentencia que lo condena por delito subsiguiente de escalamiento en primer grado del que fuá acusado en unión de otra persona, celebrándose su juicio-separado del otro.

El escrito que con sn sola firma nos ha presentadoen apoyo de sn recurso hace muchas afirmaciones que no consideraremos porque no constan en los autos que tenemos ante nosotros, excepto en que aparecen- en una petición no jurada que presentó al tribunal inferior en solicitud de nuevojuicio. Consideraremos, sin embargo, las que aparecen dela transcripción de la'evidencia.

Dice el apelante que no se probó que el delito se cometiera el 6 de febrero de 1931, que es la fecha consignada en la acusación. Sin embargo, el apelante declaró en el juicio que fué detenido el 7 de febrero de 1931 por la mañana porque se le imputó el delito cometido la noche anterior y presentó prueba para demostrar que en la noche del 6 de febrero no salió de su casa, de modo que él admite que la fecha expre-sada en la acusación es la de la comisión del delito por el cual ha sido condenado.

También dice que no hubo prueba directa ni circunstancial de que él cometiera ese delito. 'El encargado de la tienda en que fué cometido el escalamiento declaró que la tarde anterior cerró la tienda y puso un candado en la puerta de entrada. Que a la mañana siguiente encontró Toto el candado y echó de menos cinco dólares en billetes de banco y unos centavos que estaban en una caja registradora, .la que tenía señales de haber sido violentada, y que también faltó una sortija de oro. Juan Hernández, dueño de la tienda, declaró que Julio Liceaga fué detenido por la detective el 7 por la mañana y que en el cuartel le dijo voluntariajnente que Sergio Plata fué quien rompió el candado de la tienda y entró en ella mientras él, Liceaga, de acuerdo con -Sergio Plata, estaba en la calle velando por si llegaba alguna persona; que entre ambos se repartieron el dinero que Sergio Plata cogió; que la sortija la tenía Sergio Plata; y ■que el testigo no hizo oferta alguna ni amenazó a Liceaga para que declarase. El detective Secundino Pérez Sánchez declaró que Julio Liceaga manifestó en su presencia a Juan Hernández lo que éste declara y que Sergio Plata fué a buscarlo a su casa después de las doce de la noche y salió •ton él. Susano González, detective, presenció las manifestaciones que Liceaga hizo a Juan Hernández, por lo que fue .arrestado Sergio Plata, a quien le fué ocupada la sortija. El acusado presentó como testigo suyo a su esposa y a un hermano de él que vino desde Guayama a San Juan para el .juicio avisado por el apelante, declarando ambos que en la noche del 6 de febrero Julio Liceaga estuvo en su casa con -ellos y otro hermano jugando dominó hasta las diez de la noche en que se acostaron todos. El apelante declaró que lia sido condenado siete u ocho veces, varias de ellas por escalamiento en primer grado; que el 7 de febrero salió de su casa y fué detenido ocupándosele un dinero que es suyo; que el detective Cedeño le dijo que quería le sirviera como testigo contra Sergio Plata; que como a las dos de la tarde los detectives lo llevaron para un cuarto y le dijeron que si no decía la verdad le iban a pegar; que uno de ellos le dio una bofetada y se disponía a pegarle con un palo, y que para evitar que le pegaran les dijo le manifestasen lo que querían que declarase, contestándole ellos que dijese que fué Sergio Plata y les ofreció hacerlo así; que la detective le entregó-una sortija para que la pusiera en el sombrero de Plata; y que él no sabe nada del escalamiento porque estaba dur-miendo en su casa.

Las declaraciones de los testigos respecto a la confesión del acusado-apelante, si son creídas, son prueba directa de-su confesión, según lia sido declarado en los casos de El Pueblo v. Rivera (a)Panchito, 7 D.P.R. 333; El Pueblo v. Dones y El Pueblo v. Eligier, 9 D.P.R. 469 y 396, respectiva-mente. Es cierto que la voluntariedad de las manifesta-ciones del acusado fué negada- por él pero ese conflicto de la evidencia y también el referente a si esa noche salió o no de su casa fué resuelto en su contra por el tribunal inferior sin que se nos haya demostrado que cometiera error en esa» decisiones.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Plutchison disintió.


author: El Juez Asociado Señoe. Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Jiménez, acusado y apelante.
    No. 4602.

    Sometido: Diciembre 18, 1931.

      Resuelto: Diciembre 22, 1931.

      Pascasio Fajardo, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Pablo Jiménez fué convicto de comprarle propiedad hurtada a nn menor de diez y ocho años. Ese delito lo define el artículo 438 del Código Penal.

Un policía declaró que la propiedad en cuestión— un relojt — le había sido entregado por la esposa del acusado a instancias de éste. Cuando al policía se le preguntó acerca de su conversación con el acusado, fué desestimada una objeción, y el abogado del acusado,- quien no había consignado los motivos de su objeción, entonces anotó excepción por el fundamento de que al acusado no se le había advertido que su confesión podría, utilizarse en contra suya.

Después que el testigo había declarado respecto a lo dicho por el acusado, el abogado de la defensa solicitó que se eliminara ese testimonio por el fundamento apuntado en la excepción ya tomada. El juez entonces indicó al fiscal de-distrito que se cerciorara de si la admisión hecha por el acusado fué o no voluntaria. Después de alguna indagación sobre el particular la córte negó la eliminación solicitada.

Durante el curso de esta investigación el acusado se opuso por dos veces a preguntas sugestivas. El fiscal de distrito prontamente se allanó' a la primera de estas dos objeciones, y la pregunta objetada no se contestó, Fué erróneo- declarar sin lugar la segunda objeción. La información que se ex-trajo, sin embargo, era meramente acumulativa y el error de que se queja el apelante, sin más, no es suficiente motivo de revocación.

El carácter voluntario de la confesión fué claramente establecido y el juez de distrito no erró al negarse a ordenar que la declaración del policía fuera eliminada del récord.

El error, de haberlo, al declarar sin lugar la objeción primeramente mencionada, fué inofensivo.

Un examen del récord taquigráfico en conjunto, a la luz de la argumentación contenida en el alegato del apelante, no revela un error tan manifiesto en la apreciación de la prueba que justifique la revocación.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Senos, Hutchison,

text:
    Germana Pagán, demandante y apelante, v. Sucn. de Juan Asencio Padilla, demandada y apelada.
    No. 5387.

    Sometido: Junio 12, 1931.

      Resuelto: Diciembre 24, 1931.

      Paseasio Fajardo, abogado de la apelante; Miguel A. García Mén-dez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Senos, Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La transacción, conforme la define el artículo 1711 del Código Civil, “es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado.”

El artículo 1715 dispone que “no se puede transigir sobre el estado civil de las personas ...”

Un pleito de filiación no puede ser objeto de una transacción. Antongiorgi v. Antongiorgi, 28 D.P.R. 869.

En un pleito de filiación los abogados de las partes res-. pectivas radicaron un documento titulado “Autorización Judicial para Transigir,” que lee como sigue:

“A la Hon. Corte:
“Comparecen abora la demandante, representada por su defen-sor ad litem José Pagán, y éste a su vez por los abogados Benet & Souffront, y los demandados por los suyos, Angel A. Vázquez, Na-zario & García y Alemañy & Ramírez, y a esa Hon. Corte respe-tuosamente exponen y solicitan:
“1. Que demandante y demandados han acordado dejar defini-tivamente transado el presente litigio, previo allanamiento de los de-mandados a la solicitud informada en la demanda de la actora en cuanto a que se declare a la demandante Germana Pagán hija natural del causante don Juan Asencio Padilla con el,derecho a usar del apellido de dicho causante y previa solicitud además de que se dé por eliminada la contestación a la demanda enmendada obrante en los autos del presente caso, de acuerdo con las cláusulas siguientes:
“A. — La parte demandada consiente en que se dicte sentencia, y la parte demandante acepta, en cuanto a sus derechos y acciones en los bienes que constituyen el caudal hereditario relicto al falleci-miento del expresado causante don Juan Asencio Padilla, por la suma de mil doscientos dólares ($1,200), la cual suma será deposi-tada i nme di at amiente en la Secretaría de esta Hon. Corte, y en dinero efectivo.
“B. — En consideración al recibo de la expresada cantidad, la demandante se’ da por satisfecha en absoluto de la participación que le correspondería en los bienes del caudal hereditario del repetido Juan Agencio Padilla.
“II. — Alega además la parte demandante que dicha transacción es útil y conveniente para la menor demandante, y necesaria en abso-luto por los siguientes fundamentos:
“ (1) — Porque en el caso de no prosperar la demanda de autos, que ahora queda resuelta a su favor por el allanamiento de la parte demandada por cualquier circunstancia, como deficiencia de la prueba y otra semejante, la demandante no percibiría un solo centavo de la herencia de su pretendido padre natural, al par que mediante la presente transacción asegura la cantidad que se le ofrece de mlodo definitivo y concluyente.
“(2) Que dicha transacción es útil,_ necesaria y beneficiosa ade-más para los intereses de la menor demandante, porque la dilación en la tramitación del presente pleito, extendida con la apelación de los demandados aun en el caso hipotético de que se obtuviere sen-tencia declarando con lugar la demanda en esta Corte, y los consi-guientes litigios en relación con la definitiva tasación del caudal re-licto, harían que se recibiera por la demandante tan tardíamente una suma no mucho mayor que la que por medio de esta transacción re-cibe, que sus derechos se convertirían en casi ilusorios con una suma así recibida, teniendo en cuenta además los beneficios que dejaría de obtener con la colocación a interés o en otro negocio alguno con la cantidad que desde ahora se le entrega.
“En virtud de los hechos expuestos, .ambas partes comparecien-tes solicitan de esa Hon. Corte que, una vez corridos los trámites-de ley, se sirva dictar sentencia declarando con lugar la presente-petición sobre autorización judicial para transigir, concediendo y otorgando dicha autorización judicial para transigir solicitada por el defensor ad Utem de la menor demandante, por razones de utili-dad y necesidad, aprobando y confirmando en todas sus partes lo estipulado en dicha transacción, y en su consecuencia decretando el archivo definitivo del pleito de auto’s, todo sin especial condena-ción de costas.”

Las minutas de la corte de distrito contienen el siguiente asiento:

“Enero 15 de 1926.
“La Corte aprueba la transacción verificada entre las partes auto-í'izando a José Pagán como defensor de la menor Germana Pagán, para llevarla a efecto, percibiendo dicha menor $800, y los aboga-dos de la misma $400, eon cuya transacción estuvo conforme el Fiscal.”

En enero de 1927 otro abogado, en representación de la demandante y de su defensor ad litem, radicó una moción en la cual se alegaba que como resultado de la estipulación arriba mencionada se babía dictado sentencia a virtud de la cual se declaró a la demandante bija natural reconocida de Juan Asencio Padilla y que en ratificación de la ameritada estipulación los $1,200 fueron depositados en la corte, $800 en efectivo y $400 en un pagaré (describiéndolo); y que dicha sentencia nunca babía sido inscrita en el registro de sentencias. En esta moción se solicitaba se dictara una resolución ordenando al secretario que transcribiera dicha sentencia nunc pro tune en el registro de sentencias.

La corte de distrito declaró a Germana Pagan hija natural reconocida de Juan Asencio Padilla, con derecho a llevar su apellido y ordenó al secretario que registrara una sen-tencia de conformidad con los términos de tal decreto.

Germana Pagán ahora instituye otro procedimiento y solicita se dicte sentencia decretando: que la transacción era nula y sin ningún valor; que ella es la hija natural recono-cida de Juan Ascencio Padilla con derecho a usar su apellidoy los demás privilegios que cobija tal reconocimiento; que ella tiene derecho a una participación ascendente a la mitad de lo que correspondió a cada uno de los hijos legítimos de Padilla; y que se ordene a los demandados a rendir cuenta de los frutos, productos y utilidades de los bienes de la herencia a partir de la fecha del fallecimiento de Padilla, a entregarle su paihicipación en la herencia y a pagar todas-las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.

La corte de distrito dictó sentencia a favor de la deman-dante por la segunda causa de acción, es decir, estableciendo el estado civil de ella como hija natural reconocida. Deses-timó la acción en lo que a las causas primera y tercera se refería, o sea, en lo relativo a la nulidad de la transacción anterior y al supuesto derecho de la demandante a su por-ción estatutoria de los bienes dejados por Padilla. La de-mandante apela de estos pronunciamientos adversos.-

Los apelados descansan en Ex parte Santiago, 21 D.P.R. 377, y Reyes v. Cabassa, 31 D.P.R. 331.

En el caso de Reyes v. Gabassa el interés del abogado de la demandante (bajo un contrato sobre honorarios sujetos al resultado del litigio) en la reclamación de la parte de-mandante de una herencia, había sido incluido en una tran-sacción de dicha reclamación. El juez de distrito al auto-rizar ' la transacción había ordenado a la demandante que pagara a su abogado la mitad de la suma a recibir por ella. La acción de la cual surgió la reclamación fue, como de costumbre, una acción mixta de filiación y de reclamación de herencia. La prueba reveló que el demandado, de confor-midad con los términos de la transacción, había sido relevado de toda responsabilidad pecuniaria ulterior. La doctrina del caso es que bajo tales circunstancias una partida para honorarios de abogado incluida en un memorándum de costas después de dictada sentencia en un pleito de filiación, no debe ser concedida. El caso no es una autoridad para la proposi-ción de que un pleito de filiación puede ser transigido mediante cualquier contrato o convenio celebrado entre las partes.

En el caso de Ex parte Santiago la transacción contenía la siguiente cláusula:

“VI. — Respecto de la primera causa de acción sobre filiación, ejercitada en la demanda enmendada, no se propone transacción al-guna, por tratarse ahí del estado civil de la parte actora, limitán-dose esta transacción a las consecuencias económicas que pueden nacer de la filiación reclamada, o sea, a la segunda causa de acción sobre petición de herencia; quedando en consecuencia, dicha primera causa de acción sobre filiación, sujeta a lo que por la correspondiente sen-tencia resuelva la Hon. Corte.”

En el contrato que tenemos ahora bajo nuestra conside-ración no se puso una cláusula similar. Este se basa y tiene por condición el retiro de la contestación de los demandados y la aquiescencia de éstos a la súplica de la demandante de que se dictara un decreto estableciendo su derecho como bija natural a llevar el apellido Padilla.

En el caso de Santiago no babía duda respecto a la inten-ción de las partes de excluir el pleito de filiación propia-mente dicbo del convenio sobre transacción. Allí la cues-tión era si esto podía hacerse o no, y no si se babía hecho o no. La parte principal de la opinión puede hallarse en el siguiente párrafo:

“Estamos conformes con el Fiscal apelante en que las dos accio-nes ejercitadas en los cuatro pleitos de referencia están tan íntima-mente relacionadas, que difícilmente pueden separarse la una de la otra. Esto no obstante, atendidas las circunstancias concurrentes, opinamos que debe confirmarse la sentencia apelada.”

En el presente caso la cuestión es si la intención de las-partes fué terminar el pleito de filiación mediante una tran-sacción, y no si ellos podían haber excluido la cuestión del estado civil de la demandante a virtud de algún otro con-venio. Oscar Souffront, quien era originalmente uno de los abogados de la demandante, ocupó la silla testifical como-testigo de los demandados y dió como una de sus razones-que él tenía alguna duda respecto ál resultado final del pleito de filiación. El haberse terminado el pleito de filiación mediante la aquiescencia de los demandados, se aduce como un hecho en la exposición de motivos por los cuales la transac-ción debía considerarse beneficiosa, conveniente y necesaria para la demandante. Uno de los supuestos motivos era que la demadante de ningún modo recibiría mucho más de los $1,200 ofrecídosle como transacción de su pleito.

Prueba documental aducida durante el juicio tendía a demostrar que la demandante, de haber proseguido su pleito original hasta un final fructuoso, en vez de- aceptar una transacción, hubiera recibido varios miles de dólares. La contención del apelante, fundada en esta prueba, es que ella hubiese recibido $7,178.61. Los demandados, mediante el pago de $1,200 y retirando sn contestación, evitaron el riesgo de ser competidos a pagar una suma mucho mayor. El haber retirado la contestación y la aquiescencia de los demandados a la súplica de la demandante para que se dictara una sen-tencia estableciendo su status como hija natural reconocida, eran tan parte de la causa (consideration) para que la de-mandante aceptara la transacción, como el pago de los $1,200. En cambio de los $1,200, de retirar la demanda y de la aquiescencia en la reclamación de la demandante a que se decretara su status de hija natural reconocida, la demandante abandonó su derecho a todas las ventajas y beneficios pecu-niarios incidentales a ese status en exceso de la suma de $1,200. La diferencia entre los $1,200 y el valor material de la participación de la demandante en la herencia de su padre fué el precio que la demandante pagó por el reconoci-miento inmediato de su derecho a llevar el apellido de su padre y a eliminar alguna demora y quizá algún riesgo en cuanto al resultado final del pleito.

El fin claro de las partes, según se dice en la cláusula iaicial del convenio, fué terminar el litigio que entonces estaba pendiente. Fué tan sólo debido a la prohibición con-tenida en el artículo 1715 que ellos no lograron obtener ese resultado. Al igual que en el caso de Antongiorgi v. Aniongiorgi et al., 28 D.P.R. 869, el convenio era un todo indivisible. Era enteramente contrario a la prohibición estatutoria y por consiguiente írrito y nulo..

La corte de distrito resolvió que la demandante, al solicitar se ordenara al secretario que transcribiera la sentencia dictada en el pleito original, había ratificado la transacción anterior y que, habiendo así aceptado el beneficio de la aquiescencia de la parte demandada en la demanda radicada en tal pleito original, .estaba impedida de negar la validez del convenio. Esta decisión está inmediatamente después de la conclusión de que el convenio de transacción se refería solamente a la suma que la demandante debía recibir como participación en los bienes dejados por Padilla, y que olla no envolvía su estado civil. Ni la opinión de la corte de distrito ni el alegato de los apelados explica cómo la de-mandante al aceptar el beneficio de la aquiescencia de la demandada en la alegación que ella hacía de que se le reco-nociera su status de hija natural reconocida está impedida de negar la validez de un contrato del cual ellos dicen había sido excluida la cuestión de tal estado civil. El juez de dis-trito no resolvió y los apelados no sostienen que pueda surgir ninguna cuestión de impedimento (estoppel) de la aceptación de beneficios bajo un contrato que es contrario a la política y por consiguiente nulo.

Es ley familiar que una persona aceptando los beneficios derivados de un contrato puede estar impedida de atacar la existencia, validez y efecto de tal contrato. Una excepción bien reconocida a la regia es que “cuando el contrato es nulo por ser contrario a la política pública, una persona que ha, aceptado un beneficio bajo el mismo no estará impedida de defenderse de dicho contrato al tratarse de poner en vigor contra ella.” 21 C. J. 1209, see. 211. Tal contrato no puede convalidarse mediante ratificación ni por la doctrina de estoppel. 13 C. J. 506, secciones 452 y 453. Véase también 2 Scaevola 28, 31, 149 y 175.

Debe revocarse la sentencia de la corte de distrito en tanto en cuanto se refiere a los pronunciamientos apelados, y devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores pro-cedimientos no incompatibles con esta opinión, todo sin especial pronunciamiento de costas.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Justo López, acusado y apelante.
    No. 4587.

    Sometido: Diciembre 8, 1931.

      Resuelto: Diciembre 24, 1931.

      José Luis B. Cando, abogado del apelante; B. Díaz Viera, Fiscal Auxiliar, abogado de Bl Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Justo López fué acusado en la Corte Municipal de San Sebastián de un delito de hurto de menor cuantía. Conde-nado por la corte municipal, apeló para ante la de distrito, y declarado culpable otra vez, recurrió para ante este Tribunal Supremo.

Se ban elevado los autos completos y se ha presentado un- amplio alegato en el que se señalan cuatro errores. Se sostiene por ellos que la denuncia no imputa un delito y que la corte erró al admitir cierta prueba y al decidir que la practicada es suficiente para declarar culpable al acusado.

La denuncia es bastante. La circunstancia de que en ella se consigne, después de imputarse el hecho de la sustracción, que “al ser sorprendido el acusado por Carmela Rivera entregó dicha gallina”, deja la sustracción en pie.

En su obra sobre “Criminal Law”, vol. II, pág. 1384, sección 1161, dice el tratadista "Wharton:

“La sustracción de bienes pertenecientes a otra persona del sitio en que fueron colocados, aunque el que se los lleva sea sorprendida antes de que los objetos sean realmente transportados es hurto. Para sustraer es esencial que la cosa sea movida del sitio determi-nado ocupado por ésta antes de la supuesta sustracción, aunque no es necesario que la cosa en su totalidad sea movida del espacio total por ella ocupado. Para sustraer un objeto de una persona es nece-sario que el que sustrae tenga en determinado momento la posesión adversa de la cosa. Pero este dominio independiente y absoluto so-lamente necesita durar por un instante.”

Y de una nota al caso de State v. Homes, 17 Missouri 379, que aparece en el volumen 57, pág. 272 de “American Decisions”, tomamos lo que signe:

“Debe haber alguna transportación. No basta que el acusado esté en aptitud de llevarse el objeto.' State v. Alexander, 74 N. C. 232. En el Estado de Tejas, por estatuto, se ha eliminado el re-quisito de la transportación, y hoy en dia puede cometerse en ese Estado el delito de hurto sin que haya transportación de clase al-guna. Harberger v. State, 4 Tex. App. 26; S. C., 30 Am. Rep. 157; Musquez v. State, 41 Tex. 226; Hall v. State, Id. 287; Austin v. State, 42 Id. 345; Prim v. State, 32 Id. 157. Sin embargo, en los demás estados permanece inalterada la regla del derecho común. La más ligera transportación es suficiente. Regina v. Simpson, Dears. C. C. 421; Eckels v. State, 20 Ohio St. 508; Gettinger v. State, 13 Neb. 308; S. C., 27 Alb. L. J. 42; 14 N. W. Rep. 403; Lundy v. State, 60 Ga. 143. La mera posesión temporal, aunque momentánea, es suficiente. Garriss v. State, 35 Id. 247. Si una persona sustrae bienes del sitio en que se hallan y es sorprendida antes de haberse llevado realmente los efectos, el hurto ha sido to-talmente cometido. State v. Wilson, 1 N.J.L. 439; de igual modo la transportación es suficiente si los objetos son removidos del sitio donde se encontraban y durante un instante el acusado tuvo entera y absoluta posesión de los mismos. State v. Jackson, 65 N. C. 305.”

Recientemente esta misma Corte Suprema, en el caso de El Pueblo v. Laguer, ante, p. 915, aplicó el principio como se. deja enunciado.

Los otros errores relativos a la práctica y apreciación de' la prueba tampoco se ban cometido. El fiscal contesta en su alegato cuidadosamente todos los argumentos del apelante. El animal hurtado fué suficientemente identificado antes de introducirse como prueba. La evidencia de El Pueblo tendió a demostrar que el acusado penetró en la finca, salió de los cafés con la gallina, pasó los alambres de la cerca y al ser entonces sorprendido por Carmela Rivera le dijo: “tenga señora esa gallina que el carro le ha roto una pata”, sin que fuera cierto que el animal tuviera pata alguna rota, y la de la defensa que al pasar el acusado con su carro por frente de la finca del denunciante estropeó una gallina, que detuvo el carro, cogió el animal y lo entregó a Carmela Rivera que venía de sn casa hacia la carretera, creyendo que era de ella. Dos cortes que oyeron declarar personalmente a los testigos resolvieron el conflicto en contra del acusado. No se ha demostrado pasión, prejuicio o parcialidad, ni error manifiesto.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Félix García, demandante y apelante, v. Palatine Insurance Co., Ltd., demandada y apelada.
    No. 5903.

    Sometido: Diciembre 21, 1931.

      Resuelto: Diciembre 24, 1931.

      Pellón Ayuso, abogados del apelante; J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario y G. González, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El fundamento principal de la moción para desestimar este caso es que el apelante dejó de obtener determinada prórroga para radicar la transcripción de la evidencia. La certificación del secretario de la corte de distrito demuestra que, después de haber obtenido prórrogas anteriores, el taquígrafo de la corte de distrito solicitó y obtuvo en mayo 26, 1931, una prórroga'de treinta días. Toda vez que el mes de- mayo tiene 31 días, esa prórroga venció el 25 de junio, 1931. El 26 de junio el taquígrafo pidió otra prórroga, que fue concedida, y así sucesivamente.

Aunque la diferencia es de sólo un día, sin embargo, a tenor de las reiteradas decisiones de este tribunal, la Corte de Distrito de San Juan carecía de facultad' para conceder una prórroga como tal por haber vencido el término anterior. Belaval v. Córdova, 21 D.P.R. 538; Durán Gallardo v. Coll, 35 D.P.R. 113; Claudio v. Ortiz, 29 D.P.R. 443.

No importa que algunas de las prórrogas obtenidas lo fueran dentro del término concedido. Si la corte simple-mente firmó “como se pide”, esta incertidumbre, bajo el caso de Belaval v. Córdova, supra, no podría ayudar al apelante, y el término en realidad se hace preciso acudiendo a la soli-citud del taquígrafo.

No se trató en este caso de invocar el .artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, ya en la corte inferior o en este tribunal. La prórroga concedida el 26 de junio no lo fué en sentido alguno en ejercicio de facultades discrecio-nales. En Mercado et al v. Sucn. Ferreiro, 26 D.P.R. 492 y otros casos, esta corte ha resuelto que el taquígrafo es un agente del apelante para la obtención de prórrogas, pero no es tal agente para el logro de un nuevo término. Aun si la corte inferior tenía discreción al amparo del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil — y este tribunal ha re-suelto lo contrario en Pardo v. Pardo, 19 D.P.R. 1188 y Díaz v. P. R. Ry. Light & P. Co., 32 D.P.R. 95 — este poder discrecional, según hemos resuelto, no fué invocado en este caso.

La apelada también insistió en que el apelante dejó de cumplir con la orden de la corte inferior fijando el término para r'adiear, tal como lo entendemos, una transcripción de evidencia enmendada. Sin embargo, una vez que se radica debidamente la transcripción en la corte inferior, ésta tiene entonces discreción en cuanto a la fecha en que la aprobará.

Debe desestimarse el recurso.


author: JUEZ ASOCIADO SR. HUTCHISON

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Julio Liceaga, acusado y apelante.
    No. 4584

       Véase la opinión del Tribunal en la página 964.

   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. HUTCHISON

En ía discusión de este caso se admitió que incumbía al' fiscal probar el carácter voluntario de la confesión. Hay una admisión implícita al mismo efecto en la teoría de la opinión de la mayoría del tribunal en el sentido de que la volunta-riedad de la confesión fué establecida por la prueba de cargo. Véase además 2 Bishop’s New Criminal Procediore, 2^ ed., pág. 1052, sección 1232; la nota al pie del caso de Commonwealth v. Dascalakis, 38 A.L.R. 116, 120, III, “Peso de la Prueba”, h. — “Criterio de que el peso recae sobre el go-bierno ’ ’, subtítulo ‘ ‘ Confesiones a las autoridades ’ ’; United States v. Wan, 266 U.S. 1; y 16 C.J. 717, sección 1468, en que se citan quince casos de las decisiones de Puerto Rico en abono de la aserción de que:

“Una confesión de culpabilidad por el acusado es admisible contra él cuando — y sólo cuando — fué hecha libre y voluntariamente, sin previa inducción por la esperanza de un beneficio prometido o por el temor de un castigo ¿n ciernes.”

El acusado declaró que cuando fué registrado y se le des-pojó del dinero por el detective Cedeño en el cuartel, él ase-veró que el dinero era suyo, y Cedeño dijo que la propiedad del dinero era algo que se estaba investigando, y que lo que ellos interesaban era que el acusado declarase como testigo en el caso de Sergio Plata; que ellos tenían información de que Sergio. Plata era amigo del acusado y visitaba su casa; que el procesado le contestó que nada sabía de eso; que Hernández (dueño de la tienda en que se perpetró el esca-lamiento) cogió el dinero y se fné en sn automóvil; que pos-teriormente, como a las dos de la tarde, llegaron Pérez Sán-chez y Susano (detectives) y le preguntaron a Cedeño: “ ¿ Qué hubo?” y Cedeño repuso: “Nada, que éste no quiere decir”; que uno de ellos dijo: “Ahora tú verás cómo dice”; que entonces llevaron al acusado a un cuarto interior en que ha-bía algunas camas y el procesado les preguntó si lo iban a maltratar, y Susano y Pérez Sánchez entonces le advirtie-ron que si no decía la verdad le romperían las costillas a palos, que ellos no interesaban hacerle daño sino simple-mente utilizarlo como testigo de cargo; que el acusado les manifestó que nada podía decir porque nada sabía, que él estaba durmiendo en su casa; que Pérez Sánchez le pre-guntó: “¿No vas a decir nada?”, le asestó una gaznatada, y cogió un garrote, exclamando entonces el acusado: “Para que ustedes no me peguen, ¿qué quieren que declare?”; que entonces ellos le preguntaron si sabía dónde vivía Sergio Plata y el acusado respondió: “No, señor, Sergio Plata hace muchísimos días que no va a casa.”

El resto de la declaración del acusado se refiere a los detalles de una búsqueda de Sergio Plata en que el proce-sado, según declaró en síntesis, fué utilizado como carnada, respecto a lo cual ha sido corroborado en parte por los detectives. No se adujo prueba de refutación.

Sólo dos testigos de El Pueblo dijeron algo en torno a la voluntariedad de la supuesta confesión. Uno de ellos fué el detective Pérez Sánchez. El otro fué Juan Hernández, a quien se alude en la opinión de la mayoría.

Hernández declaró que como a las seis de la mañana tuvo noticias del escalamiento; que fué inmediatamente a la tienda y vió que la puerta había sido descerrajada y que habían sido substraídos de la caja registradora cinco dó-lares y algunos centavos; que entonces fué donde la detective y volvió a la tienda con Cedeño; que él y Cedeño luego fueron a un sitio cercano conocido por El Gandul, donde se encontraron con Liceaga en la calle; que lo arres-taron y lo condujeron al cuartel, donde fué interrogado; que posteriormente (no dice cuánto tiempo después) Li-ceaga le manifestó al testigo que iba a decir la verdad so-bre todo lo ocurrido, y comenzó a decirle al testigo que él, Liceaga, y Sergio Plata, habían cometido el escalamiento; que Liceaga entonces le dijo- al testigo, de su propia volun-tad, que no había penetrado en la tienda, sino que había permanecido en vigilancia mientras Sergio Plata entraba a ella.-

Lo expresado por Liceaga en el sentido de que él y Sergio Plata habían cometido el escalamiento era una plena confesión de culpabilidad. Hernández no dice que esa de-claración fuera voluntaria.

La expresión posterior de que él no había penetrado en el establecimiento sino que vigilaba mientras Plata entraba, era explicativa de la participación de Liceaga en el delito, y probablemente la dijo con miras de exculpación. Esta es la manifestación que dice Hernández fué hecha por Liceaga espontáneamente, mas no la admisión precedente de que él y Sergio Plata perpetraron el escalamiento.

Si la anterior confesión de culpabilidad fué hecha bajo el influjo de alicientes impropios, la explicación posterior por el acusado de su participación en el delito así confesado (aparte de cualquiera cuestión respecto a si se hizo con fines exculpatorios o como una exposición de circunstancias atenuantes) no pudo ser voluntaria. A duras penas puede sostenerse la condena en la teoría de que Hernández quiso decir que la confesión anterior de culpabilidad no había sido obtenida mediante incentivos impropios.

Admitiendo a los fines de la argumentación que lo de-clarado por Hernández pudiera interpretarse razonablemente como significativo de que la totalidad de la confesión fué vo-luntaria — así lo entendió la mayoría- — aun así, nada habría que revele el significado de la palabra .“voluntaria” usada por el testigo.

En Hunt v. State, 33 So. 329, 331, la Corte Suprema de Alabama dijo:

“Al sentar las bases para la admisión de prueba de confesiones, el curso adecuado es dem'ostrar los lechos substantivos de que no se le hizo al acusado ningún ofrecimiento, promesa, o algo similar, y de que no fué objeto de amenazas o algo así, con el fin de ex-traerle las manifestaciones que se intenta demostrar hizo entonces. El que hiciera esas manifestaciones libre y voluntariamente, es una conclusión a ser inferida por la corte cuando los hechos substanti-vos la justifiquen, y no es al testigo a quien incumbe afirmarla. ’ ’

Se lia diclio que “No es erróneo permitir a un testigo que declare que una confesión fué voluntaria, por tratarse de mía opinión o conclusión, si las circunstancias de la confe-sión están en evidencia.” 16 C.J. 733, see. 1510. Además, que:

“El que una confesión sea voluntaria o no, depende en gran parte de los hechos de cada caso en particular.” Id. 718, 1468.

La palabra voluntaria es “prácticamente incolora e inú-til” como piedra de toque para determinar la admisibilidad de una confesión. 2 Wigmore on Evidence, 2® ed. 154, sec. 831. “.Su significado es tan indefinido y vago que de por sí no proporciona una solución de las distintas si-tuaciones con sus diferencias graduales . . . .” Id. 148, 149, see. 826. “Si se tratara de escoger entre el potro y una falsa confesión, ésta sería considerada como lo menos desa-gradable,- pero aun así se habría optado por ella volunta-riamente .... Toda expresión consciente es y debe ser voluntaria; y lo que nos puede impeler a desconfiar de al-guna, no es la circunstancia de que sea involuntaria, sino la circunstancia de que la elección de una confesión falsa sea algo natural bajo las condiciones imperantes.” Id. 145, see. 824.

Una buena ilustración de criterios divergentes respecto a lo que constituye, o no, una confesión voluntaria, puede hallarse en Wan v. United States, supra, según aparece re-portado en 266 U.S. y en 289 Fed. 908. Una comparación de los hechos expuestos en la opinión de la Corte de Apela-ciones con los reseñados en la de la Corte Suprema, demos-trará también hasta qué punto puede variar el color de un caso según el ángulo desde el cual se enfoque la prueba.

En el caso de El Pioeblo v. Cruz, ante, 916, un testigo de cargo declaró en el examen directo que M, quien llevaba una vara en sus manos, no agredió a Y antes de ser agre-dido por éste. En la repregunta, ese mismo testigo afirmó que M le había pegado a Y con la vara, y entonces explicó esta contradicción diciendo que él no consideraba un azote con una vara como una agresión.

Así, pues, en el presente caso, una investigación posterior por el fiscal o por el juez sentenciador, o una repre-gunta hábil por un abogado de la defensa (si el acusado hu-biera tenido defensor) pudo haber extraído la información de que el testigo de cargo Hernández no creía que una ame-naza de violencia o una gaznatada no convertirían una con-fesión en involuntaria. Sin embargo, “una amenaza de vio-lencia corporal es-el caso más claro de influencias que ex-cluyen la confesión.” 2 Wigmore on Evidence, 159, sec. 833.

Aun asumiendo a los fines de la argumentación que Her-nández quiso significar que toda la confesión fué volunta-ria, es muy posible, y hasta probable, que con esto él tam-bién tuvo en mente una u otra de dos cosas. Pudo haber querido decir que la confesión no se hizo en respuesta a pregunta alguna hecha a la sazón por él o por cualquiera otra persona. Pudo haber querido decir que no se hicie-ron amenazas en aquel momento.

La opinión de la mayoría asume demasiado. En primer término, asume que Hernández quiso decir que la totalidad de la confesión fué voluntaria. Luego asume que con esto Hernández también quiso decir que los detectives no ofre-cieron o se valieron de medios impropios con el fin de ob-tener la confesión, bien en su. presencia o de otro modo, o de que si de tales medios se Rabia RecRo uso, que los mis-mos Rabian dejado de surtir efecto. Una confirmación ba-sada en una doble asunción de un carácter tan dudoso, viola la regla de que al acusado en una causa criminal se le presume inocente Rasta que se pruebe su culpabilidad fuera de duda razonable.

La aseveración del acusado de que la alegada confesión fué Recha como a las dos de la tarde, permanece sin ser con-trovertida por ningún otro testigo. Hernández no dice por cuánto se prolongó el interrogatorio de Liceaga, ni cómo se llevó a cabo, ni si él estaba presente. Su declaración de que “después” Liceaga le Rizo la confesión indica que no estaba presente. Su manifestación posterior de que él y Liceaga estaban solos cuando Liceaga expuso voluntariamente los detalles adicionales mencionados en la opinión de la mayo-ría, tiende a la misma conclusión.

Lo que se dice en la opinión de la mayoría en el sentido de que Hernández declaró que Liceaga Rabia manifestado que Sergio Plata tenía la sortija, es un error. Lo más que se acerca a semejante aseveración en el testimonio de Her-nández se halla en el siguiente extracto:

“F. — ¿Y esto?
“T. — Ese dinero se le encontró a este señor.
“F. — ¿Qué dinero se le encontró a él?
“T. — Se le encontraron dos paquetes de dinero, en uno de ellos había cuatro pesos, o menos, y en el otro no recuerdo, pero fueron dos paquetes.
“F. — Lo presento como prueba. ¿Y esta sortija?
“T. — Esa sortija era del encargado de la tienda, de Muñoz.
"F. — ¿Faltó allí?
“T. — Sí, señor.
“F. — ¿A quién se le ocupó esta sortija?
“T. — A Sergio Plata.
‘"‘F. — -La persona que el acusado decía . . .
“T. — Sí, señor.”

Según lo indican claramente los puntos suspensivos, este testigo anhelante no permitió que el fiscal terminara su pre-gunta. El testigo ya se había adelantado a informar que al ocupársele el dinero a Liceaga, éste le dijo al testigo que ellos se habían repartido el dinero, que Sergio Plata había cogido la mitad y Liceaga el resto. El testigo, en ninguna parte de su declaración, había imputado a Liceaga admi-sión alguna relativa a la sortija. Si' pudiera suplirse la parte no acabada de la pregunta, la inferencia lógica sería que el fiscal se disponía a preguntar si Sergio Plata era la persona con quien Liceaga había dicho que se había dividido el dinero, o si Sergio Plata era la persona que, según Li-ceaga, había penetrado en la tienda mientras Liceaga vigi-laba afuera. . No hay base para la inferencia de que el fiscal se disponía a preguntar si Sergio Plata era la persona que, según Liceaga, tenía la sortija, porque el testigo Her-nández no había puesto en labios de Liceaga semejante aser-ción. Esa omisión no puede propiamente suplirse por la in-terpolación, en un caso criminal, de una admisión tan per-judicial al acusado como la supuesta manifestación a Her-nández de que “Sergio Plata tenía la sortija.”

El acusado en una causa criminal tiene algunos derechos que tanto el fiscal como el juez están en el deber de respe-tar. Entre ellos está el derecho a un juicio imparcial.

En el caso de El Pueblo v. Valle, 29 D.P.R. 555, este tribunal expresó:

“Los fiscales de distrito son letrados que deben conocer la Ley Criminal especialmente con pleno dominio sobre ella, y deben ser los primeros en respetar los derechos de los acusados. Cuando esta actitud se sigue constante y firmemente por su parte, un gran pres-tigio moral y una autoridad que influye por sí misma, son la con-secuencia de ello. No se debe preguntar como se preguntó aquí a un policía: '¿Tuvo sospechas con quién?’ Ni se debe introducir una admisión sin demostrar, antes que era en verdad voluntaria. ’ ’

Eso se dijo eu un caso en que al acusado lo represen-taba un abogado, y un policía había declarado que la ad-misión de que se trataba fué hecha voluntariamente a pre-sencia del testigo de cargo y de otras personas.

En el presente caso, el acusado no tenía defensor. No hay una sola objeción o excepción en todo el récord. La primera tentativa fútil que hizo el acusado en la repre-gunta, amén de haber dejado él de oponerse a flagrantes violaciones de las reglas de evidencia perpetradas por el fiscal, debió haber informado a la corte de que el acusado era de todo punto inhábil para conducir su propia defensa. En lo que toca a una ulterior discusión de la declaración de Hernández, se copiará lo bastante del récord que indique la manera en que se celebró el juicio. Es éste un aspecto del caso que debió recibir seria consideración al resolverse el presente recurso.

Volviendo ahora al texto que sigue a la parte de la de-claración. de Hernández en que él dijo que Liceaga le había manifestado, de propia voluntad, que no había penetrado en la tienda sino que había permanecido en vigilancia mien-tras Sergio Plata entraba, el fiscal le preguntó al testigo qué era lo que Liceaga vigilaba, no si Liceaga había hecho alguna manifestación a este respecto. El testigo contestó que Liceaga velaba “si venía alguna persona”, y continuó diciendo que toda vez que la tienda daba a la calle y el can-dado estaba en la puerta del frente, Liceaga “se quedó ve-lando si venía alguien.” A reserva de lo demás que pu-diera decirse de esta contestación, por lo menos respondía a la pregunta.

Luego el fiscal procedió a poner en boca del testigo de cargo la aserción adicional de que Liceaga había dicho que estaba vigilando “de acuerdo con Sergio Plata”, mientras éste cometía el escalamiento. Después de responder a una pregunta sugestiva a ese efecto en la afirmativa, el testigo agregó que entonces, al ocupársele el dinero a Liceaga, éste le manifestó al testigo que ellos se habían repartido el dinero, que Sergio Plata había cogido la mitad y Liceaga la otra mitad. En este punto el récord taquigráfico continúa como sigue:

“F. — ¿Eso se lo dijo el acusado?
“T. — Sí, señor.
‘ ‘ F. — ¿ Voluntariamente ?
‘ ‘ T. — Voluntariamente.
“F. — ¿Quién más estaba allí cuando él decía eso?
“T. — Nosotros nos quedamos solos.
“F. — ¿Quiénes son nosotros?
“TV — El y yo.
“F. — ¿Ud. le hizo alguna oferta a este hombre para que dijera eso?
“T. — Nada absolutamente.
“F. — ¿Ud. le obligó a declarar?
‘ ‘ T. — Absolutamente nada.
‘ ‘ F. — ¿ Lo amenazó ?
‘ ‘ T. — Nada absolutamente. ’ ’

Este coloquio se refiere, por supuesto, a la aseveración que inmediatamente lo precede respecto a lo que Liceaga dijo acerca de una repartición del dinero, o, a lo sumo, a esa parte de la supuesta confesión ya caracterizada por Her-nández como voluntaria, mas no a la admisión previamente lieclia por Liceaga que es la médula de la alegada confesión y que no se fia demostrado que fuera voluntariamente he-cha, a saber, de que Liceaga había cometido el escalamiento de marras.

. La afirmación de que Liceaga habló voluntariamente de la división del dinero, al igual que la previa manifestación en cuanto a una acción concertada, no era tanto la declara-ción del testigo de cargo como la del fiscal hablando por me-diación del testigo. Hernández no era un testigo hostil. Tampoco era un testigo desinteresado. Lo menos que puede decirse en torno a este aspecto del caso es que si al acusado lo hubiera defendido un abogado, no es probable que el fiscal tratara de emplear este método de preguntar, o de que esa tentativa hubiera resultado con éxito ante una objeción oportuna del abogado.

La declaración de Hernández de qne él mismo no obligó a Liceaga a confesar, ni le liizo ofrecimientos ni amenazas, no puede, por más qne se fnerce la imaginación, tergiver-sarse de modo qne se convierta en la aserción de qne no se utilizaron tales medios por los detectives, bien en presen-cia del testigo o no.

La declaración del detective Pérez Sánchez, en cnanto se relaciona con la voluntariedad de la confesión, lee así:

“F. — ¿Que participación dijo que había tomado?
“T. — Que estaba frente al establecimiento mientras Sergio es-taba dentro, que él velaba.
“F. — ¿Esa manifestación cómo la hizo él?
‘ ‘ T. — Voluntariamente.
“F. — ¿Allí en alguna ocasión se le dió a este acusado con un palo o un ‘black jack’?
“T. — No, señor.
“F. — ¿Ud. le hizo alguna oferta?
“T. — No, señor.
“F. — ¿Alguna promesa o dádiva?
“T. — No, señor.
“F. — ¿Se habló allí algo de testigo de El Pueblo de Puerto Rico?
“T. — No, señor.
“F. — ¿El entonces hizo esa manifestación voluntariamente?
“T. — Voluntariamente.
“F. — ¿Ud. le puede asegurar a la Corte que no hubo coacción ni amenaza, ni promesa?
“T. — Estaba el paisano Hernández allí ese día.”

El acusado no dijo haber sido golpeado con una macana o un “blackjack”. Su afirmación fué que Pérez Sánchez lo amenazó con romperle las costillas con un palo, le dió una gaznatada, y sacó la macana, no que fué golpeado con una macana o tin “blackjack”. Tres detectives participaron en la “investigación” que se practicó en el cuartel de la po-licía. El hecho, de serlo, de que Pérez Sánchez no hizo ofrecimiento o promesa alguna, no prueba que alguno de los otros detectives no se valió de medios ilícitos para lograr la supuesta confesión. La aseveración de que nada se ha-bló acerca de que el acusado se hiciera testigo de El Pueblo, viene algo más al caso, pero no es suficiente, sin más, para establecer el carácter voluntario de la confesión. Cuando al testigo se le preguntó si él podía asegurarle a la corte que no bubo amenaza, coacción, ni promesa, su res-puesta de que Hernández había estado allí ese día, era una palpable evasión de la pregunta. El fiscal no insistió en una respuesta, y la pregunta no se repitió.

Tanto Hernández como Pérez Sánchez dicen que la ex-plicación de Liceaga en cuanto a lo que hacía mientras Sergio Plata penetraba en la tienda, fué voluntaria. Fuera de esto, la declaración de Pérez Sánchez agrega poco o nada a la de Hernández en lo atinente a la voluntariedad de la confesión.

Julio Liceaga fué arrestado sin mandamiento. El no es-taba escondido, sino que fué hallado sin dificultad en la ca-lle. El hecho de que fuera previamente declarado reo de otros delitos, no constituía de por sí una causa razonable para creer que había cometido el escalamiento. State v. District Court, 233 Pac. 126. El arresto era ilegal. El no fué llevado ante ningún magistrado instructor, sino direc-tamente al cuartel de la policía, donde se practicó la “in-vestigación” que dió por resultado la confesión de culpa-bilidad. Si al cabo de esta “investigación” o en cualquier otro momento fué conducido ante un magistrado, los autos no lo revelan. Su detención en el cuartel de la policía tam-bién fué ilegal.

Estas circunstancias son significativas. No debieron pa-sar inadvertidas por el juez de distrito, ni debieron ser ig-noradas por la mayoría del tribunal al disponer de este caso en apelación.

Si no se siguen las claras disposiciones de la ley, debe darse alguna explicación, y, a falta de ésta, debe exigirse prueba convincente de la voluntariedad de la alegada con-fesión. A fortiori, si además de esta falta, no explicada, de obediencia a la ley, la supuesta confesión es práctica-mente la única evidencia qne tiende a conectar al acusado con la comisión del delito, la escueta afirmación de un tes-tigo de que esa confesión es voluntaria no .debe estimarse suficiente para sostener una condena.

En El Pueblo v. Sierra, ante, 504, la evidencia tendiente a demostrar que la confesión becha por Alfonso López no babía sido obtenida por medios torcidos, tal como aparecía al tiempo de admitirse la confesión, dejaba mucbo que de-sear. Aun entonces, sin embargo, era más fuerte que la del presente caso. En el caso de Sierra, hubo por lo me-nos algún testimonio en refutación de la declaración hecha por López en la silla testifical en cuanto a la manera en que se obtuvo su confesión. Esta prueba de refutación — de ser cierta — unida a la previa declaración del jefe de la detective — de ser cierta también — era suficiente para establecer 'el- carácter voluntario de la confesión. Ello no obstante, la mayoría de este tribunal prefirió basar la confirmación en el fundamento más dudoso de omisiones técnicas en el alegato del apelante, y en renuncia, consentimiento y falta de la de-bida objeción en la corte inferior. El hecho prominente de que la misma mayoría optó en este caso por basarse en la evidencia -más bien que en fundamentos técnicos, releva al que suscribe de la necesidad de demostrar que la adopción, de cualquier otro curso bajo las circunstancias de este caso hubiera sido injusta.

El Pueblo v. Sierra fué un caso notorio de asesinato en primer grado. Si la doctrina del mismo ha de ser interpre-tada a la luz de hechos divulgados por el récord pero no con-signados en la opinión, y si el caso entonces ha de seguirse como precedente, puede sentar jurisprudencia muy dudosa. El caso de autos no es en sentido alguno un caso difícil. No debió establecer un mal precedente.

La sentencia' apelada debió ser revocada.