author: El Juez Asociado Se. MacLeaky,

text:
    Fernández et al., Apelantes, v. Olivencia et al., Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez.
    No. 899.
    Resuelto en abril 1, 1913.
    Contribuciones — Cumplimiento Estricto de las Leyes Sobre la Materia.— Todos los preceptos esenciales de las leyes que regulan la imposición y cobro de contribuciones deben cumplirse rigurosamente.
    Id. — Venta por Contribuciones — Notificación a los Acreedores Hipoteca-rios. — El artículo 315 del Código Político enmendado por la ley de marzo 14 de 1907, exige que el Tesorero de Puerto Rico notifique por eserito, per-sonalmente o por conducto de sus agentes debidamente autorizados, la venta de toda propiedad vendida por contribuciones, a todas las personas que tuvie-ren una hipoteca o gravamen sobre dicha propiedad.
    Id. — Venta por Contribuciones — Notificación Hecha por el Comprador a un Acreedor Hipotecario. — La notificación por carta o verbal hecha por el comprador de una finca vendida en pago de contribuciones al acreedor hipo-tecario de la misma, no es válida para los efeetos del artículo-315 del Código Político enmendado por ley de marzo 14, 1907.
    Fraude — Confabulación—Prueba del Fraude. — La existencia de fraude en re-lación con una confabulación, no es necesaria probarla como un acto indepen-diente existente por sí solo, sino que puede ser inferido de la' escritura misma, de los actos de las partes y de las distintas circunstancias que rodean dichos actos.
    Id. — Precio Excesivamente Bajo. — El precio excesivamente bajo de una venta es una circunstancia que puede ser tomada en consideración en relación con la existencia de fraude.
    Id. — Circunstancias Tendentes a Establecer el Fraude. — En este caso son circunstancias que deben considerarse como conducentes a probar la existen-cia de fraude, la forma en que se lleva a cabo el remate, el conocimiento que los demandados tienen de la existencia de la hipoteca y de su inscrip-ción, el hecho de estar tasada la finca en $4,975 y haber sido vpndida casi toda en $99.30, estando gravada con una hipoteca de $16,718.74 y el paren-tesco entre el deudor hipotecario y los compradores de la finca.
    Contribuciones — Nulidad de Venta en Pago de Contribuciones — Comprado-res Incapacitados. — El hijo del dueño y contribuyente moroso de una finca rematada en pago de contribuciones, está incapacitado para rematar dicha finca en la subasta, o para adquirirla indirectamente por conducto de un pariente o de cualquier otra persona que la remata en el acto de la subasta.
    Id.- — Nulidad de Venta en Pago de Contribuciones — Naturaleza del Con-trato. — La compra hecha por un hijo o heredero forzoso del dueño y con-tribuyente moroso de una propiedad, directa o indirectamente, es nula, y el comprador no adquiere título alguno sobre la propiedad, sino que equivale dicho acto a un pago de contribuciones.
    Id. — Nulidad de la Venta — Ambigüedad en la Descripción de la Finca.' — ■ Cuando se vende en pago de contribuciones una fracción de una finca, sin describir dicha fracción, la venta es nula por ambigüedad.

      Los hechos e.stán expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. José G. Torres y José Sabater.

    Los apelados no comparecieron.
   El Juez Asociado Se. MacLeaky,

emitió la opinión del tribunal.

Hace muchos años que Zoilo Olivencia era dueño de una finca comprendiendo un cafetal, situada en el barrio de Palma. Escrita del término municipal de Las Marías, denominada ‘ ‘ Candelaria. ’ ’ Esta finca fué hipotecada por él a un presbí-tero llamado Gabriel González y la hipoteca fué donada por éste ol día 2 de noviembre de 1903 a los menores demandantes en este pleito. Zoilo Olivencia falleció en febrero de 1903. Los demandados en este pleito José Euclides Olivencia y Antonio' Olivencia son hijo y nieto, respectivamente, de Zoilo Oliven-cia. La hipoteca venció en 31 de diciembre de 1900. Las con-tribuciones y recargos que pesaban sobre la finca ascendieron a $99.13, siendo la misma embargada por tal motivo y vendida en 27 de octubre de 1908. Fué comprada en pública subasta por el demandado Antonio Olivencia, quien por lo menos com-pró 100 cuerdas de la referida finca en dicho remate. El día 4 de noviembre de 1908, el colector de rentas de aquel distrito expidió un certificado de venta al comprador. La finca no fué rescatada de dicha venta en pública subasta dentro del tér-mino de seis meses que la ley concede, haciendo inscribir Antonio Olivencia su certificado de compra en el Registre de la Propiedad de Mayagüez.

Aparece del expresado certificado de compra, según fué inscrito, que la parcela se compone en su totalidad de 130 cuer-das en vez de 116, y que solamente fueron vendidas 100' cuer-das y 30 fueron reservadas. La venta por falta de pago de contribuciones se hizo en pública subasta, a la que concurrie-ron varios postores. Aparece del registro que por virtud de la inscripción del certificado de venta, todos los gravámenes anteriores, incluyendo la hipoteca, habían sido cancelados. El día 4 de junio de 1909, Antonio Olivencia vendió y traspasó a su tío José Euelides Olivencia las 100 cuerdas de terreno que había comprado anteriormente en el remate. La causa expre-sada en la escritura otorgada por uno de los demandados al otro,, según de la mismas resulta, fué la suma de $3,000. Esta escritura también fue inscrita én Mayagüez.

Los demandantes alegan en su demanda que todas estas compras y escrituras se hicieron de acuerdo con una conspira-ción que existía entre los demandados para anular la hipoteca y privarles de su propiedad. Que José no pagó a Antonio' ninguna cantidad, y que en realidad el primero nunca tuvo esa suma de dinero en su poder. Alegan además los demandantes que jamás se les notificó acerca del embargo trabado por falta, de pago de contribuciones, ni de la venta, ya por el Tesorero, el colector de rentas o alguna otra persona autorizada para ello, no obstante el hecho de que los demandados conocían la. existencia del gravamen que aparece de los autos a su favor,, alegando además que los demandantes han sufrido por consi-guiente, daños y perjuicios con motivo de la nulidad y cancela-ción de sus derechos en el registro de la propiedad sin haber-tenido una oportunidad para presentar sus defensas. Lq de-manda termina con la súplica de que el embargo y venta por falta de pago de contribuciones y la anotación de dicho embargo y la inscripción de-la venta y del certificado de compra deben todos y cada uno de los mismos ser declarados nulos, y de ningún valor, y que debe además declararse que el crédito hipotecario subsiste y queda en toda su fuerza y vigor, y que-se condene en costas a los demandados. Los demandados for-mularon su contestación negando los hechos esenciales conte-nidos en la demanda, y alegando nuevas materias en su defensa.

El día 8 de marzo de 1912, tuvo lugar el juicio de esta, causa ante la corte de distrito, compareciendo las partes y sus respectivos abogados que presentaron evidencia documen-tal y testifical, declarando ia corte por el resultado de la evi-dencia, probados los siguientes hechos, a saber:

I. Que los menores demandantes Fernández y Díaz adqui-rieron nn crédito hipotecario de $16,718.74 moneda provincial, por título de donación graciosa que les hiciera el presbítero Gabriel González, por escritura pública núm. 588, otorgada en Mayagüez, P. R., el día 2 de noviembre de 1903 ante el No-tario Riera Palmer, que fué inscrita en 16 de diciembre de 1903 en el Registro de la Propiedad de Mayagüez a nombre de dichos menores, al folio 237, del tomo 17 de Las Marías, finca núm. 381, inscripción 10*., pesando dicho crédito hipotecario sobre una hacienda de café llamada “Candelaria” con cabida de 116 cuerdas más o menos y radicada en el barrio de Palma Escrita de la Municipalidad de Las Marías, P. R., o sea la misma finca descrita en el hecho Io. de la demanda. Que dicho ■crédito hipotecario fué constituido por Zoilo Olivencia y Bobé, dueño entonces de la referida finca “Candelaria.”

II. Que la mencionada finca ‘ ‘ Candelaria ’ ’ fué embargada por el Colector de Rentas Internas de Las Marías, por falta de pago de las contribuciones, y sacada a pública subasta, anunciándose la misma por medio de avisos fijados en la Colecturía de Rentas Internas de Las Marías, y en uno de los periódicos de Mayagüez; y el día 27 de octubre de 1908, que fué el día señalado para la venta de la misma en pública su-basta, comparecieron a dicho acto varios postores, entre los •cuales estaba el demandado Antonio Olivencia a quien le fueron adjudicadas 100 cuerdas de la finca referida por la suma de $99.13, extendiéndose a su favor el oportuno certifi-cado de venta el día 4 de noviembre de 1908, que fué inscrito en el Registro de la Propiedad de Mayagüez, en 7 de mayo de 1909, después de haber transcurrido el plazo de 150 días que, para redimir la propiedad subastada, concedía la ley vigente entonces. Que con dicha inscripción en el registro quedaron cancelados todos los gravámenes anteriores que pesaban sobre las 100 cuerdas rematadas, quedando, por tanto, anulado el gravamen de los menores demandantes:

III. Que por escritura pública otorgada en Mayagüez el día 4 de junio de 1909 ante el Notario Robustiano Biaggi, el demandado Antonio Olivencia vendió las 100 cuerdas de te-rrend rematadas al otro demandado José Enclides Olivencia, por la suma de $3,000, que el vendedor confesó liaber recibido con anterioridad al acto del otorgamiento de dicha escritura, y esta escritura de compraventa fué inscrita en el Registro de lá Propiedad de Mayagüez el día 11 de junio de 1909.

IV. No aparece probado que el Tesorero de- Puerto Rico o el Colector de Rentas Internas de Las Marías notificara a los demandantes o dueños del crédito hipotecario de la su-basta de las 100 cnerdas de la finca “Candelaria”, ni aparece-tampoco probado satisfactoriamente que tal notificación no fuera hecha por el Tesorero de Puerto Rico o el colector.

V. Pero sí aparece plenamente probado a satisfacción de la corte, que José A. Fernández, padre y legal representante de los menores demandantes, fué notificado en 31 de octubre de 1908 por el demandado José E. Olivencia, del remate de la finca “'Candelaria” que tuvo lugar cuatro días antes o sea en 27 de octubre de 1908.

VI. También se probó que José A. Fernández (padre de los menores demandantes) tenía otros bienes en la época del remate de la “Candelaria,” que para redimir la finca rema-tada sólo necesitó unos $100 más o menos y que entonces (21 y 27 de octubre de 1908), el propio José A. Fernández rescató dos fincas suyas que le habían sido rematadas.

VII. También se probó que Zoilo Olivencia falleció el día 4' de febrero de 1903, en la municipalidad de Las Marías, Puerto Rico. Que cuando ocurrió el remate de la finca ‘ ‘ Can-delaria” (27 de octubre de 1908) José A. Fernández (padre de los menores demandantes) se hizo cargo de la finca, estando en dicha finca como encargado de ella y por cuenta del referido Sr. Fernández, José Euclides Olivencia. Que José E. Oli-vencia y Antonio Olivencia (los demandados) son hijos y nieto, respectivamente, de Zoilo Olivencia y Bobé, siendo el primero de los demandados, tío del otro demandado Antonio Olivencia. Estos son los hechos que han sido declarados probados por la corte inferior.

Dicha corte resolvió que habían dos cuestiones importan-tes envueltas en las debida consideración de este caso, a saber: (1) si es nulo o nó el remate de las 100 cuerdas de la finca. “Candelaria,” por no liaber sido notificado en la forma que prescribe el artículo 315 del Código Político, según fia sido enmendado por la Ley de marzo 14, 1907; y (2) si se fia pro-bado o nó conspiración o confabulación fraudulenta por parte de los demandados para obtener la cancelación de la hipoteca perteneciente a los demandantes. Ambas cuestiones fueron resueltas por la corte sentenciadora en la negativa, requi-riendo de esta manera, una sentencia a favor de los deman-dados. Sostiene el apelante que ambas cuestiones fueron resueltas erróneamente por la corte inferior, y señala cinco errores que se alega fueron cometidos, los que en sustancia, son como sigue:

I.

La corte inferior cometió error al declarar que se lia cum-plido con los preceptos del artículo 315 del Código Político, según ha sido enmendado por la Ley de 14 de marzo de 1907, por el solo hecho de que el padre de los menores demandantes haya podido tener conocimiento o aviso particular de que se hubiera celebrado la'subasta de la hacienda “Candelaria.”

II.

La corte inferior cometió error al declarar que no se ha probado la conspiración o confabulación fraudulenta por parte de los demandados.

III.

La corte cometió error al no declarar que José Euclides Olivencia estaba inhabilitado para comprar en pública su-basta la hacienda “Candelaria” que fue de su difunto padre, y por lo tanto, no podría comprarla al otro comprador ostensible, Antonio Olivencia.

IV.

La corte cometió error al no declarar que la venta en pú-blica subasta de parte de la hacienda “Candelaria” es nnla por ambigüedad, o falta de la debida descripción.

V.

La corte inferior cometió error al eliminar la declaración del testigo Juan Medina González en lo referente a la con-ducta observada por el colector durante la subasta de la hacienda “Candelaria.”

Consideraremos estas cuestiones por el orden en que han sido presentadas en el alegato escrito' e informe oral de los apelantes:

I.

Aunque la corte inferior reconoce la validez y fuerza del artículo 315 del Código Político, según ha sido enmendado por la Ley de 14 de marzo de 1907, sostiene que las disposiciones del mismo fueron cumplidas por el hecho de que el padre de los menores demandantes pudo haber tenido conocimiento o informes particulares del remate de la finca “Candelaria” que había tenido lugar por virtud del embargo que se trabó sobre la misma para el pago de contribuciones y recargos que debía dicha finca. Aparece claramente de los autos que tres días después del mencionado remate, el padre de los deman-dantes fue notificado por el demandado José Euclides Oliven-cia que la finca había sido vendida para el cobro de contribu-ciones en pública subasta y fué comprada por su sobrino Antonio Olivencia. ¿ Se ha cumplido con esto de modo suficiente con el estatuto que regula esta materia? El estatuto' a que se ha hecho referencia dispone que en todos los casos en que se embargaren y vendieren bienes- raíces para el pago de con-tribuciones, el Tesorero de Puerto Rico notificará la inscrip-ción o gravamen sobre dicha propiedad, consignando en la notificación la fecha de la venta, la suma en que se hubiere vendido la propiedad, y los demás hechos que estimate opor-tunos. Leyes de la sesión de 1907, página 340. Siendo el objeto de estos estatutos en relación con la venta 'de bienes inmuebles po'r falta de pago ele contribuciones, es esencial que se cumpla estrictamente con tocias las disposiciones del esta-tuto, tanto en lo que se refiere al cumplimiento de cuales-quiera condiciones anteriores o requisitos indispensables para poder ejercitar la facultad de vender y para llevar a cabo la propia venta, así como para que se cumpla con las demás condiciones posteriores a la venta. 37 Cyc., 1281, y numerosos casos que allí se citan. Ronkendorf v. Taylor, 29 U. S., (4 Pet.) 348; Thatcher v. Powell, 19 U. S. (6 Wheat.), 119; Williams v. Peyton, 17 U. S., (4 Wheat.), 75.

Se ha resuelto generalmente por las cortes de todos los Estados de la Unión Americana, que.los estatutos que regulan lá tasación y cobro de contribuciones deben ser estrictamente observados en todas sus disposiciones esenciales. Kelsey v. Abbott, 13 Cal., 609; Ferris v. Coover, 10 Cal., 589, y casos citados en el mismo.

De modo que el estatuto de referencia exige que el Teso-rero de Puerto Pico, 7/a personalmente o por medio de su agente debidamente autorizado, el colector de rentas, noti-fique a los dueños de los gravámenes la venta por falta de pago de contribuciones, cuya notificación deberá hacerse' por escrito, como puede deducirse claramente de las palabras del-mismo estatuto, pues de otro modo dicha notificación no puede expresar la fecha, suma y otros hechos que él Tesorero pueda considerar oportunos, en forma eficaz. No debemos perder de vista el hecho de que la Ley de Contribuciones dispone que un embargo por atraso en el pago de las contribuciones pro-ducirá el efecto de una sentencia sobre la finca embargada. Por tanto, no podemos estar conformes con que por el mero hecho de que el comprador por virtud de la venta por falta de pago de contribuciones,' o alguna otra persona que le ha com-prado la finca pueda, mediante una carta dirigida al acree-dor hipotecario, ‘proporcionarle la debida1 notificación" dé que se ha efectuado' una venta en pública subasta, quéclanclo la finca sujeta a1-los gravámenes por'virtud del embargo pára satis-facer ■ la suma de contribuciones' y recárgos qué sé deban sobre la misma. Tal notificación no se ajusta al estatuto y no puede ser considerada como válida u obligatoria.

II.

Con respecto a la conspiración o confabulación fraudulenta que se alega en la demanda, fue llevada a cabo por los deman-dados ¿cometió error la corte sentenciadora al declarar que no se había probado dicha conspiración por parte de los de-mandados? La corte en su opinión parece sostener que el fraude, si alguno existió, por parte de los demandados, debió Haberse probado como un acto independiente y de modo ter-minante. Cierto es que el fraude debe demostrarse mediante la debida prueba, y .que no puede deducirse o presumirse o siquiera suponerse, pues la prueba debe consistir de las cir-cunstancias que rodean a las partes, así como sus relaciones entre sí y de la transacción en que se alega que el fraude ha sido cometido. En'otras palabras, puede llegar a la cuestión relativa al fraude adoptando el mismo procedimiento de prueba que con respecto a cualquier otro hecho en un pleito civil. Se lia expresado por las autoridades que es difícil esta-blecer para mostrar la intención fraudulenta de una parte contra quien se imputa una conspiración o confabulación frau-dulenta. La prueba debe considerarse conjuntamente y ser enteramente satisfactoria; o sea, deberá ser suficientemente robusta y convincente para convencer a una persona de sano criterio de la verdad de la imputación que se hace con respecto' al mismo. Dicha intención fraudulenta puede, sin embargo, deducirse de la misma escritura de compraventa, de los co-rrespondientes actos de las diferentes partes y de todas las. circunstancias que rodean y concurren en la transacción, y no deberá necesariamente ser probado como un hecho independiente. Bullet v. Worthington, 3 Md. Ch., 99; Zeliff v. Schuster, 31 Mo., App., 493; Vandervort v. Fouse, 52 W. Va., 214, 43 S. E. Rep., 112; Weisiger v. Chisholm, 28 Tex., 780; Bowden v. Bowden, 75 Ill., 143; 20 Cyc., 799-800.

Podemos declarar, teniendo en cuenta los antos, que exis-ten muchos indicios y circunstancias que demuestran o tienden a demostrar, que hubo un convenio entre los demandados o que por lo menos se valieron de ciertos medios para defraudar a los menores demandantes en cuanto a la hipoteca que tenían sobre la finca denominada “Candelaria”; como por ejemplo, la forma en que se ilevó a cabo el remate en pública subasta, el conocimiento que tanto el tío como el sobrino tenían de la existencia de la hipoteca y su inscripción en el registro corres-pondiente. Todas éstas son circunstancias de naturaleza tal que tomadas en relación con otras semejantes, una persona de inteligencia corriente podría llegar a la conclusión de que se había cometido un fraude y deben ser tomadas en considera-ción por la corte al llegar a la conclusión con respecto a la «existencia de dicho fraude. La finca “Candelaria”, sobre la «cual tienen los demandantes constituida la hipoteca, fué tasada ;para los fines del pago de contribuciones en la suma de $4,975, ;y Antonio Olivencia compró en el remate 100 cuerdas de la misma por la suma de $99.30. Una insuficiencia marcada de precio es una circunstancia que, a lo menos, tiende a mostrar dolo en la venta de cualquiera propiedad. La suma por la cual se constituyó la hipoteca parece haber sido la de $16,718.74, y además los autos revelan que el deudor hipotecario es el abuelo paterno de la persona que compró la finca en la venta por falta de pago de contribuciones y el padre de aquel que compró la misma al comprador por virtud de la subasta; si la venta en pública subasta hubiera sido válida y se hubiera cumplido con todos los demás requisitos de la ley, el efecto hu-biera sido el de anular el crédito hipotecario perteneciente a los menores demandantes, y todas estas circunstancias tomadas en conjunto podrían muy bien ser consideradas como suficientes para que la corte estuviera justificada en llegar a la conclusión de que hubo confabulación fraudulenta o conspiración contra los derechos de los acreedores hipotecarios, según las mismas existían sobre las fincas en la época de las transacciones a que se ha hecho referencia. La resolución de la corte sentencia-dora sobre el particular no puede declararse que ba sido correcta.

III.

¿Cometió error la corte sentenciadora al no declarar como conclusión de derecho que el demandado José Euelides Oli-vencia estaba imposibilitado para comprar en el remate la hacienda “Candelaria,” por el hecho de que la misma perte-neció a su difunto padre, y de ser él el dueño de una participa-ción en la misma por su cualidad de heredero forzoso, y por tal motivo no podía adquirir dicha finca de su sobrino, o sea el comprador, por virtud de la subasta, Antonio Olivencia, el otro demandado? Eesulta claramente de los autos que la finca “Candelaria” pertenecía al contribuyente moroso y deu-dor hipotecario Zoilo Olivencia y fué inscrita a su nombre en el registro de la propiedad. Este falleció en 1903 y entre sus herederos forzosos encontramos a un hijo que es ahora el demandado José Euelides Olivencia. Después de la muerte del contribuyente, no podía ser comprador por virtud de la venta en pública subasta, puesto que estaba obligado a pagn las contribuciones y cualquier compra que pudiera hacer no sería considerada' como que por ella se le traspasaba ningún título sino como un mero pago de las contribuciones que se debían. Ha quedado establecido por las autoridades el hecho de que una persona que está imposibilitada para comprar bienes inmuebles vendidos por falta de pago de contribuciones, ya debido a la relación que tiene en cuanto al título o por su obligación con el condueño, no se le permitirá adquirir un título válido sobre dicha finca, porque indirectamente procure que otra persona aparezca como comprador ostensible en dicha subasta y luego acepte una cesión del certificado o escri-tura de traspaso de dicha persona al ser ésta reembolsada en la cantidad que ha empleado o en alguna otra suma. Shay v. McNamara, 54 Cal., 169; Bernal v. Lynch, 36 Cal., 135; McAlpine v. Sitzer, 119 Ill., 273; Montgomery v. Whitfield, 41 La. Ann., 549; 37 Cyc., 1354. Encontramos también esta doctrina claramente expresada en el caso de Christy v. Fisher, 58 Cal., 256, en el cual la Corte Suprema de ese Estado se expresó como sigue:

‘‘La persona que tiene la obligación moral o legal de pagar las contribuciones' no está én condiciones de poder ser un comprador en la venta que se baga para' el pagó dé las contribuciones; y si dicha persona permite que la- propiedad se venda y la compra, ya personal-mente o indirectamente por medio de un.agente, no adquiere por ello ningún derecho o título a la propiedad, pues se considera que su compra es un medio de pagar las contribuciones.”

Aplicando la ley, según se expresó en ese caso al de autos, resulta claro que José Euclides Olivencia estaba obligado a pagar las contribuciones como heredero forzoso del contri-buyente moroso y por su relación fiduciaria se encontraba imposibilitado de poder adquirir posteriormente del compra-dor que la obtuvo en el remate, quien es nieto del contribu-yente moroso, la finca así adquirida.

IV.

¿Debió la corte sentenciadora haber declarado que el remate de las cien cuerdas que se tomaron de la finca Candelaria es malo y de ningún valor por ambigüedad o fa ta de la debida descripción de la misma? Vemos del certificado de venta que fué expedido por el Colector de Rentas de Las Marías al com-prador en ,1a venta por falta de pago- de contribuciones, que toda, la finca denominada “Candelaria” no fué vendida, sino solamente 100 cuerdas pertenecientes a la misma; tampoco ex-presaba dicho certificado una descripción.adecuada de las 100 cuerdas que se vendieron, ni de las- 30 16, según sea el caso, que quedaban al. contribuyente moroso.-aparte de aquéllas. ¿Anula la transacción este hecho de la ambigüedad n insufi-ciencia de la descripción? Encontramos que este defecto fué observado por el Registrador, deja Propiedad de Mayagüez aunque como subsanable, en -su resolución, según aparece de la nota puesta al pie.de la "certificación en que se dice lo siguiente:: -. ¡ ■: ,/ -. ■ ; ■

“Inscrito el presente título al folio 238 vto. del tomo 17 de Las Marías, finca número 781 quintuplicado, inscripción 11“., la cual es también de cancelación de gravámenes, habiéndose consignado en la misma como defectos subsanables, (1) el no describirse en el certifi-cado las 100 cuerdas que se venden; y (2) el no aparecer autorizada por funcionario alguno la nota que bay en dicho certificado, según la cual quedan reservadas 30 cuerdas a favor del contribuyente moroso.”

Se lia resuelto en California por la Corte Suprema de aquel Estado, que si un funcionario vende una parte de la totalidad de una finca y la misma se describe en cuanto a su cabida, pero no con respecto a su situación, la venta será con-siderada nula por ambigüedad. Roberts v. Chan Tin Pen, 23 Cal., 239.

Numerosas autoridades podrían citarse en apoyo de esta proposición, pero es tan clara la misma que no es necesario hacer ninguna otra referencia a ella.

V.

El quinto seña1 amiento de error con respecto a la elimi-nación de la declaración de uno de los testigos en lo referente a los actos ejecutados por el colector durante la subasta, no es necesario que se discuta, pues e'l caso en conjunto se fia desa-rrollado principalmente en los cuatro señalamientos que ya hemos considerado.

Tomando en consideración los errores señalados que ya liemos discutido con alguna extensión, somos claramente de opinión de que la corte inferior cometió error al resolver este caso y dictar sentencia a favor de los demandados y contra los demandantes en esta acción. Por los errores que fian sido indicados, la sentencia de la corte inferior debe revocarse y dictarse otra de conformidad con los principios enunciados en esta opinión.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres.- Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey. •


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author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

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text:
    Parés, Apelante, v. Ruiz, Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 941.
    Resuelto en abril 3, 1913.
    Persecución Maliciosa — Elementos Esenciales de la Acción. — En esta clase de acciones los elementos esenciales son cuatro: 1. Que el demandante lia sido demandado o- denunciado por el demandado. 2. Que la acción terminó con éxito favorable al demandante. 3. Que la acción fué iniciada maliciosa-mente y sin causa probable. 4. Que el demandante sufrió daños causados por dieha acción.
    Id. — Denuncia Presentada por un Jefe de Policía v no por el Demandante.— Guando, como en el caso de autos, se‘prueba que el demandante fué denun-ciado por un Jefe de Distrito de Policía y que el demandado sólo cumplió con su deber declarando como testigo de cargo en la investigación de la de-nuncia, es necesario concluir que no existe el elemento esencial de que el demandante ha sido denunciado por el demandado.
    Id. — Denuncia Criminal Archivada por el Fiscal — Robo de un Caballo. — Para que pueda prosperar una acción de persecución maliciosa fundada en una de-nuncia criminal, es necesario alegar en, la demanda hechos tendentes a demos-trar que la acción criminal terminó favorablemente para el demandante y que éste fué declarado inocente. El desistir un Fiscal de continuar una acción criminal es algunas veces insuficiente para los efeetos de esta clase de acciones.
    Id. — Causa Probable — Malicia.—En casos de persecución maliciosa el deman-dante debe alegar y probar la falta de causa probable por parte del deman-dado para acusar o demandar al demandante y la existencia de malicia en cuanto a los heehos en contraposición a la malicia en cuanto a la ley.
    Id.' — Causa Probable — Comisión de un Delito — Creencia del Denunciante.— La existencia de causa probable no depende de la comisión del delito, ni de la culpabilidad o inocencia del acusado, sino de la creencia por parte del denunciante de la veracidad de los cargos formulados por él. Para esto es suficiente que las circunstancias sean tales que produzcan en la mente de una persona de juicio razonable la creencia de que la denuncia que formula es verdadera.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Sabater.

    Abog’ado del apelado: Sr. Antonio Sarmiento.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn caso en el cual se ha presentado una demanda de $5,000 por daños y perjuicios con motivo de una perse-cucion maliciosa que se originó por virtud de una denuncia qne se presentó contra el demandante por hurto de nn caballo.

Los hechos, según han sido tomados de los autos, son más o menos los siguientes: Allá por el 25 de diciembre de 1909, desapareció de la finca donde se encontraba pastando en el barrio de Caonillas, de Utuado, un caballo en poder de Benito Ruiz y perteneciente a un hijo de éste. De cuyo hecho y señas del caballo dió cuenta el señor Ruiz al cuartel general de la policía, en Utuado, expidiéndose por la policía las requi-sitorias correspondientes para la busca de dicho caballo. El 12 de julio de 1910, fue notificado Benito Ruiz por el Jefe de Distrito de Maricao para que se presentara en dicho pueblo a reconocer' el caballo desaparecido, trasladándose Ruiz a Maricao y llevando a Telesforo Quiñones, herrero, muy cono-cedor del caballo desaparecido, y a su hijo, Pelayo Ruiz, para que le auxiliaran en el reconocimiento del caballo. Una vez en Maricao, Telesforo Quiñones, acompañado por el policía, reconoció un caballo'qué se hallaba en la finca de Don Adolfo Hau, como el mismo que había desaparecido de Utuado, siendo a la vez identificado el caballo en este estado de la investi-gación por Pelayo Ruiz y Benito Ruiz, y posteriormente por Sinforoso Serrano, Venancio González y Ramón González, siendo las señas de dicho caballo ocupado, iguales a las con-signadas en la requisitoria, según el policía Feliciano, y que-dando el animal depositado por la policía. El Jefe de Dis-trito de Maricao, José García Torres, presentó a la corte de paz de dicho pueblo, con fecha 13 de julio de 1910, una de-nuncia jurada ante el juez de la misma contra Enrique Ce-rezo y Feliciano Parés por hurto mayor, consignando en ella el hecho de la sustracción del caballo en Utuado, las señas del animal de acuerdo con la requisitoria, su ocupación en poder del señor Hau, la circunstancia de haberle sido vendido a éste por Cerezo y Parés en un vendí en forma dudosa, y la de ser dicho caballo perteneciente a José Vicente Ruiz, así como la de haberse acreditado esta propiedad con los testigos de reconocimiento a que antes hemos hecho re-ferencia. El mismo día dictó el juez de paz mandamiento de arresto en virtud de la expresada denuncia y de las decla-raciones ante él juradas y suscritas en el curso de la investi-gación por los testigos Pelayo Ruiz, Telesforo Quiñones y Benito Ruiz. El demandante fué arrestado y puesto en liber-tad bajo fianza de $500, mientras se celebraba el juicio. Ter-minadas las diligencias preliminares fué enviado el' caso por el juez de paz al Fiscal de la Corte de Distrito de Arecibo, cuyo funcionario continuó la investigación, dictando en 11 de agosto de 1910, un auto de' sobreseimiento de la misma orde-nando la entrega del caballo a Don Adolfo Hau y reservando a José Vicente Ruiz su derecho para ejercitarla en la vía civil. El Fiscal fundó su desistimiento o nolle prosequi en no haber causa suficiente para poder acusar a determinada persona en la expresada investigación. Parece que el Fiscal no estaba satisfecho de que el animal hubiera sido suficien-temente identificado.

En 10 de julio de 1911, Feliciano Parés presentó una de-manda contra Benito Ruiz en reclamación de una suma de $5,000 en concepto de indemnización por daños y perjuicios, por haberle acusado el día 13 de julio de 1910, maliciosamente y sin causa probable ante el juez de paz de Maricao, de un delito de hurto de un caballo de Vicente Ruiz y en poder de Benito Ruiz, quien procuró, ayudó e hizo que se librara por el citado juez de paz un mandamiento de arresto contra el demandante Parés que fué arrestado y puesto en libertad el mismo día bajo fianza de $500 que prestó, siguiéndosele pro-ceso criminal que fué sobreseído por el Fiscal de la Corte de Distrito de Arecibo.

El demandado negó los hechos contenidos en la demanda y alegó como defensa no haber presentado la denuncia de autos, ni ninguna otra contra el demandante.

Ambas partes presentaron sus pruebas, tanto oral como documental, y después de un juicio en forma ordinaria, la corte dictó su sentencia expresando que la ley y los hechos están en contra del demandante, desestimando la demanda en todas sus partes con costas a favor del demandado. Esta sentencia fné dictada el día 17 de junio de 1912, contra -la dial se interpuso debidamente apelación qne fué perfeccio-nada para ante este tribunal. La vista del caso tuvo lugar ante esta corte el día 4 de los corrientes, habiendo quedado el mismo sometido a nuestra consideración.

La acción denominada persecución maliciosa surge ex de-lictu y se ejercita para la reclamación de daños y perjuicios, a la persona, propiedad o reputación,-que han ocurrido como consecuencia inmediata de una acción civil o criminal que ha sido establecida anteriormente, que se inició o siguió con malicia y sin causa probable, y terminó sin resultado alguno. Esto es lo que constituye un daño o perjuicio. La caracte-rística de la acción es que al demandante se le ha sometido indebidamente a un proceso de ley que le ha ocasionado per-juicio. 26 Cyc. 6. Herbener v. Crossan (Del.) 55 Atl. Rep., 228; Stone v. Crocker, 24 Pick. (Mass.), 84.

Este es el primer caso de esta naturaleza que ha sido oído ante este tribunal y desde luego no existen precedentes en nuestras decisiones que de modo directo se refieran a esta cuestión. Sin embargo, toda la cuestión general refe-rente a daños y perjuicios provenientes de culpa o negligencia (torts) ha sido considerada repetidas veces por este tribunal en varios casos, y el Capítulo II del Título XVI de nuestro Código Civil, que comprende las secciones 1803 a la 1811, inclusives, expresa la ley sustantiva sóbre la materia. Hemos discutido las cuestiones relativas a daños y perjuicios pro-venientes de culpa o negligencia, (torts) en los casos de Pérez v. Yabucoa Sugar Company., 15 D. P. R., 214; Vargas v. Monroig, 15 D. P. R., 27; Zalduondo v. Sánchez, 15 D. P. R., 231; Díaz v. San Juan Light and Transit Company, 17 D. P. R., 69. En estas opiniones han sido citados muchos casos americanos que sirven de ejemplo para explicar la cuestión general y muestran que los principios legales que regulan la materia referente a daños y perjuicios proAmnientes de culpa o negligencia (torts) son snstancialmente idénticos en los sis-temas de jurisprudencia española y americana. v

No seguiremos los señalamientos de error qne lian sido* expresados por el abogado del apelante en su alegato. Los-qne hacen referencia a la prueba resultan no ser esenciales, en vista de las conclusiones a que liemos llegado con respecto a las cuestiones fundamentales que sirven de base al caso' de autos.

En las acciones por persecución maliciosa, cuatro son los. elementos esenciales que deben alegarse y probarse, a saber:

1. Qjie el demandante lia sido denunciado por el de-mandado.

2. Que las causa terminó de modo favorable para el de-mandante.

3. Que fué seguida maliciosamente y sin que existiera, causa probable.

4. Que el demandante sufrió daños y perjuicios como con-secuencia de ello. Field on Damages, artículo 686, pág. 544; 26 Cyc., 8; Breneman v. West, 21 Tex. Civ. App., 21, 50 S. W. Rep., 471; Collins v. Campbell, 18 R. I. 738, 31 Atl. Rep. 832. Examinemos, pues, a la luz de los principios y doctrinas, legales establecidos, los hechos del presente caso con el fin de determinar si los elementos que constituyen una persecu-ción maliciosa existen o nó en el mismo.

1. ¿Ha sido el demandante acusado por el demandado? El demandante alega en el párrafo primero de su demanda que el demandado Benito Ruiz maliciosamente y sin causa probable, ni motivos razonables ni justificados, lo acusó ante el juez de paz de Maricao de un delito grave de hurto de mayor cuantía, procurando y ayudando a que se librara un mandamiento de arresto por el referido juez de paz contra el demandante. Esta alegación no está sostenida por la prueba que ha sido presentada ante este tribunal, la'que muestra por el contrario que los sucesos ocurrieron en una forma entera-mente distinta de la que había sido alegada. En primer término encontramos que la' acusación original o denuncia formulada contra el demandante fné presentada al juez de paz de Maricao por el jefe de la policía residente en aquel pueblo que la firmó y juró ante un funcionario debidamente autorizado. El nombre de Benito Ruiz ni siquiera aparecía en el cuerpo de la denuncia. Aparece solamente relacionado con otros testigos de la acusación a que se hace referencia al final de dicha denuncia. No existe la más ligera prueba que demuestre o siquiera indique algún acto por parte del demandado Ruiz por virtud del cual tratara de inducir, in-fluir o incitar al juez de paz de Maricao a decretar el arresto del demandante. El hecho de que Ruiz declarara como testigo, no puede ser considerado como constitutivo de tal acto si se examina debidamente la cuestión, puesto que al prestar dicha declaración, no solamente cumplió con un deber que la ley le imponía, sino que también ayudó a la administración de justicia en la investigación de un caso que estaba pendiente y qqe había sido iniciado por virtud de una denuncia anterior-mente presentada por un oficial de la policía. Además, la imputación que se hace al demandado en este caso resulta aun menos justificada si tomamos en consideración la parte esencial de la declaración del propio Benito Ruiz, quien se limita a declarar con respecto a la desaparición del caballo de su finca en Utuado, a describir el animal y manifestar el conocimiento que tuvo por medio del policía de que el caballo había sido hallado en Maricao,'lo que dió lugar a que hiciera un viaje a aquel pueblo en donde encontró el caballo en po-sesión del señor Hau. En su declaración no hace la más mínima acusación contra nadie por el robo del caballo, limi-tándose a manifestar, según los informes que tenía, lo que había oído decir al señor Hau que lo contenido en el vendí, o sea la venta del caballo que se hizo al señor Hau por Cerezo-'y Parés, cuyas últimas personas eran completamente desconocidas para él. En todos los actos realizados por el demandado Ruiz durante el curso de los procedimientos desde el momento de la desaparición del caballo de su finca en Utuado hasta la fecha en que el Fiscal retiró le denuncia, no encontramos que dicho demandado hubiera tomado acción .alguna, ya directa o indirectamente, solicitando el arresto del demandante o que se le siguiera una causa; Por tanto, no podemos resolver que se haya probado la existencia del primer requisito en esta acción por. persecución maliciosa. Resulta, pues, que el demandado no fné quien denunció al demandante ni ejecutó acto alguno por el cual pudiera considerársele •como tal.

2. % Terminó la causa favorablemente para el demandante? En el párrafo tercero de la demanda se hace referencia al so-breseimiento de la causa hecha por el Fiscal de Arecibo que registró una orden de desistimiento nolle prosequi. El funda-mento del Fiscal para solicitar este desistimiento estriba en la falta de la debida identificación del caballo que se encontró en poder del señor Hau con aquel que había sido robado o echado de menos; siendo el Fiscal de opinión ele que no había motivo suficiente para acusar a ninguna persona determinada por el robo de dicho animal y por estimar que la cuestión relativa a la propiedad tenía que ser resuelta con anteriori-dad a la determinación de la responsabilidad criminal. En acciones por persecución maliciosa originadas con motivo ele procedimientos judiciales por las que se imputan delitos, la ■demanda debe determinar hechos que demuestren que la ac-ción maliciosa a que se ha hecho referencia ha terminado favorablemente para el demandante; y una acción seguida por persecución maliciosa no puede ser declarada con lugar hasta que el demandante ha sido absuelto, o hasta tanto la causa ha resultado en definitiva favorable para él. La reso-lución del Fiscal de no llevar el caso a juicio por la razón de que no cree o considera que la denuncia está enteramente sostenida por la prueba, algunas veces es suficiente. 26 Cyc., 60. Pero concediendo al apelante el beneficio de la duda en cuanto a este particular,- aun así no hubiera probado su caso por carecer la acción de otros elementos esenciales.

3. Llegamos ahora al tercer requisito necesario en ac-ciones por persecución maliciosa. Para que el demandante pueda -eficazmente ejercitar su acción, deberá expresar y pro-bar la falta ele causa probable por parte del demandado al presentar la- acusación o denuncia, así como también de que-existe malicia o- sea la malicia en cuanto a los lieelios en con-traposición con la-malicia legal. Y basta debemos considerar como cuestión principal la falta de causa probable, en acciones, como la presente, como se establece en el caso de Grant v. Moore, 29 Cal., 644, así como en el de Ball v. Rawles, 93 Cal., 222, en los que se expresa que aunque pueda existir malicia en la causa, el demandado no es responsable civilmente por daños y perjuicios, a menos que aparezca también una falta de causa probable en la denuncia presentada por él. Véase Pierce v. Doolittle, 130 Iowa, 337. En el caso de Potter v. Seale, 8 Cal., 218, y Smith v. Liverpool etc. Insurance Company, 107 Cal., 432, se define la causa probable como una sospecha fundada en circunstancias bastantes-poderosas para justificar la creencia que tiene una persona razonable de que-la acusación es.cierta. Véase también Harkrader v. Moore, 44 Cal., 144. Estos elementos son esenciales para que la acción de daños y perjuicios pueda tener un resultado eficaz,, y deberán quedar establecidos que existían tanto al hacer, 'como después de presentar la denuncia.

Y de todo lo que aparece en los autos, las manifestaciones, hechas por el demandado al declarar como testigo, constituyen el rinico fundamento en el que basa el demandante su impu-tación de malicia o falta de causa probable por parte del demandado, para acusarle de haber hecho que el juez de paz. expidiera un mandamiento de prisión para el arresto del demandante. En todo este asunto no aparece que Euiz haya, tenido sospechas sobre ninguna persona o que se asociara a. la policía para perseguir a determinada persona/habiéndose limitado solamente a tomar aquellas medidas que fueron jus-tas y razonables, o sea aquellas que hubiera tomado cualquier persona que sufre una pérdida semejante, a saber: haber-notificado a la policía de Utuado del hecho- de haberse desa-parecido el caballo, dándole las señas del animal que se le. había perdido y salir para Maricao con motivo de nn tele-grama que se recibió del jefe de la policía en el que le notificaba que había encontrado el caballo y era necesaria su presencia para reconocerlo, lo que hizo al llegar a Maricao, habiendo declarado allí lo que fue necesario en los procedi-mientos que se seguían. La policía, en cumplimiento de su deber, se hizo cargo del caballo que Hau había comprado a Cerezo y Parés, cuyas señas coincidían con las del animal perteneciente a Ruiz, según se indicaban en el mandamiento expedido en el cuartel de la policía. Desde este momento, el caso siguió el mismo curso sin que el demandado Ruiz hu-biera tenido ninguna intervención sino como mero testigo. Ya hemos tenido oportunidad de considerar la declaración prestada por el demandado Ruiz en la investigación y de ella puede llegarse fácilmente a la conclusión razonable de que la indicada declaración no estaba inspirada en manera alguna en un fin malicioso, sino que por el contrario, solamente bacía referencia a ciertos hechos que habían ocurrido con respecto a un animal extraviado sin que se hiciera manifestación al-guna de donde pudiera deducirse alguna sospecha o referencia a determinada persona en particular. La malicia, según su significación legal, significa un acto dañoso ejecutado inten-cionalmente sin justa causa o excusa. Maynard v. F. F. Insurance Company, 34 Cal., 53; Lyon v. Hancock, 35 Cal., 376. Ley de Evidencia de Puerto Rico, artículo 101. Código Penal de Puerto Rico, artículo 559, párrafo 4; Estatutos Revisados, p. 615. Los hechos, según han ocurrido en el presente caso, y las circunstancias que los rodean, demuestran claramente una falta absoluta de malicia por parte del demandado; siendo dicha malicia un elemento esencial en una acción que se establezca por persecución maliciosa, según se ha resuelto en el caso de Smith v. Liverpool etc. Insurance Company, 107 Cal., 432, y otros. La cuestión relativa a la causa probable no depende de que se haya cometido un delito, o en la ver-dadera culpabilidad o inocencia de la persona a quien se acusa, sino en la creencia del denunciante en la verdad de la imputación hecha por él. Si se presentan motivos suficientes para producir en el ánimo de una persona razonable la creen-cia de que la imputación que le hace es verdadera, esto es suficiente. Este principio está sostenido por las resoluciones de la corte de Nueva York en los casos de Farnam v. Feeley, 56 N. Y. App., 451; y Carl v. Ayers, 53 N. Y. App., 14, y autoridades citadas en los mismos. Véase también el caso de De Courcey v. Cox, 94 Cal., 667.

4. Pasemos ahora a considerar el cuarto y último elemento en acciones como la presente. ¿Ha sufrido el demandante algún daño o perjuicio procedente del demandado? Cons-tando de toda la prueba que ha sido presentada que los daños y perjuicios que han sido aleg’ados carecen de toda base para ser reclamados, es imposible estimar su cuantía; sin embargo, en el presente caso señalaremos el hecho de que dichos daños y perjuicios no han sido probados, habiéndo-seles hecho depender del estado de ánimo de otras personas, en relación con el demandante, lo que indica que los daños son eventuales y no reales, además de lo cual la demanda no determina daños específicos. Y además, si el demandante hubiera podido demostrar que sufrió daños y perjuicios, él ha dejado por completo de relacionar en forma adecuada al demandado Kuiz con la causa de los mismos. Por consi-guiente, falta el cuarto y último elemento para qué pueda sostenerse eficazmente esta reclamación por persecución maliciosa.

Se observará que hemos citado cuatro requisitos indispensables que deben concurrir con el fin de llegar a un re-sultado eficaz en una acción por persecución maliciosa. Si falta alguno de los mismos, el resultado es fatal para el deman-dante. Pero en el presente caso ni siquiera uno de dichos requisitos se ha demostrado.

Por las razones expresadas y por otras que pudieran ale-garse si fuere necesario, la sentencia de la corte inferior debe ,ser confirmada en todas sus partes.

■Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Sucs. de Roses y Cía., S. en C., Recurrentes, v. El Registrador, Recurrido.
    Beotjbso gubernativo contra resolución del Bagistrador de la Propiedad de Arecibo.
    No. 140.
    Resuelto en abril 4, 1913.
    Hipoteca Otorgada por los Herederos Sobre una Finoa Inscrita a Nombre del Causante. — Una hipoteca otorgada por los herederos ■ sobre una finca inscrita a nombre del causante, no puede inscribirse hasta que la finca gra-vada se inscriba a nombre de los herederos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Manuel Paz Urdaz.

    El registrador no compareció.
   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinion del tribunal.

Los hijos de Don José Loreto Eíos y su viuda, ésta por sí y representando a algunos de aquellos que son menores de edad, y todos como herederos de dicho señor, constitu-yeron en escritura de 6 de julio de 1910 hipoteca voluntaria a favor de la sociedad mercantil Sucesores de Eoses y Cía. sobre una finca que aun está inscrita en el Begistro de la Propiedad de Arecibo a nombre de su causante, y presentado el documento en dicho registro para su inscripción, la negó dicho registrador por el fundamento que consta en la nota que transcribimos y contra la que se ha interpuesto el jiresente recurso gubernativo:

“Denegada la inscripción de la hipoteca que comprende este do-cumento, por 'resultar que la finca hipotecada se halla registrada por su inscripción primera a favor de Don José Loreto Ríos y Ramírez de Arellano, quien la adquirió por título de compra, siendo de estado casado, y que fué denegada su inscripción a favor de sus herederos por no haberse practicado previamente la liquidación de la sociedad legal de gananciales llevada con Doña Antonia Yillafaña Torrado, según resulta de la anotación letra A; y siendo tal defecto insubr sanable, en cumplimiento de lo establecido en la sección 7a. de la fey de 1°. de marzo de 1902, se tomó anotación preventiva que tendrá efecto legal durante ciento veinte días de esta fecha, ¿1 folio 116 vúelto del tomo 94 de Utuado, finca número 3546 duplicado, anotación letra D. Arecibo, 21 febrero, 1913.”

Por más que la mercantil recurrente sostiene su apelación por el único motivo de que inscrita una finca a favor de una persona casada, sus herederos pueden inscribir en pro in-diviso los bienes de su causante ,sin necesidad .de practicar previamente la liquidación de la sociedad legal de gananciales habida con la esposa del difunto, sin ■ embargo, ¡no es esa -lá cuestión que surge de la nota recurrida, sino la de si puede inscribirse un acto de enajenación o gravamen verificado por los herederos de la persona a cuyo favor está inscrita la finca sin que antes se haya hecho la inscripción á favor de ellos.

Del registro resulta que la finca sobre- la que se cons-tituye el gravamen está aun inscrita a nombre de Don José Loreto Ríos, porque fue negada la inscripción a favor de sus herederos y sin que se haga un asiento de inscripción a favor de los que han constituido el gravamen a favor de la mer-cantil recurrente, no puede verificarse la inscripción del título de esta sociedad por prohibirlo terminantemente el articuló 20 de la Ley Hipotecaria al exigir en su párrafo, primero que para inscribir o anotar los títulos en que se, transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, deberá constar previamente inscrito o anotado el de-recho de la persona que otorgue o en cuyo' nombre se haga la transmisión o gravamen; y- al ordenar en su párrafo cuarto que los registradores denieguen la inscripción cuando, el der recho resulte inscrito a favor de persona distinta; ■ de. la qne. otorgue la transmisión.o gravamen., . .. •

Así, pues, mientras los herederos de Don Josae Loreto Ríos no inscriban previamente la finca a su nombre, no seran ins-cribibles los actos o contratos por los que se transmita o grave algún inmueble o derecho real heredado. Luiña Hermanos et al. v. Registrador de la Propiedad, 3 D. P. R., 40; Cabañas v. Registrador de la Propiedad, 8 D. P. R., 78.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


text:
    Patxot, Apelante, v. Nadal et al., Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    Moción para que se desestime la apelación.
    No. 958.
    Resuelto en abril 7, 1913.
    .Desestimación de Apelación — Prórroga—Transcripción de Autos. — Las cortes de distrito no tienen jurisdicción para conceder prórrogas para la presenta-ción de la transcripción de autos en la Corte Suprema.
    Td. — Presentación de la Transcripción de Autos Antes de Pedirse la Deses-timación. — Presentada la transcripción de autos antes de radicada una mo-ción para desestimar la apelación, es aplicable el, artículo 58 del reglamento de este tribunal, el cual no ha sido derogado por la enmienda hecha a,l ar-tículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil por Ley No. 70 de marzo 9, 1911, y no procede la desestimación de la apelación.
    Abog'ado del pr orno vente: Sr. José de Diego.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Rafael Lopes, Lamdrón.

   resolución.

Aun cuando la corte inferior carecía de jurisdicción para conceder las prórrogas para la presentación de la transcrip-ción de autos en este tribunal, sin embargo, visto el artículo 58 del reglamento de este tribunal no derogado por la en-mienda hecha al artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil por la Ley No. 70 de marzo 9, 1911, y teniendo en cuenta la práctica seguida por esta Corte Suprema y los casos de García v. The American Railroad Company of Porto Rico, 17 D. P. R., 949; Hernández v. The American Railroad Company, 17 D. P. R., 1225;

Se declara sin lugar la moción de la parte apelada y celé brese la vista de este caso señalada para el día de mañana.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


text:
    El Pueblo, Apelado, v. Carrillo, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 591.
    Resuelto en abril 8, 1913.
    Derecho Penal — Apelación—Alegato del Apelante. — Radicada la transcrip-ción de autos en esta corte, el primer deber del apelante es presentar su ale-gato con la especificación de los errores. El no hacerlo así constituye una práctica mala que debe ser rechazada.
    Id. — Escrito de Apelación — Jurisdicción.—La radicación del escrito de apela-ción en la corte sentenciadora es requisito indispensable para que un tribunal de apelación tenga jurisdicción para revisar la sentencia apelada.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado.del apelante: Sr. Cay. Coll Cuchí.

    Abogado jdel Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.'

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en el cual el acusado fué declarado culpable el 18 de noviembre de 1912 de haber hurtado un cerdo. El apelante no ha presentado a’egato, pero en el acto de la vista compareció su abogado e informó oralmente. Lo pri-mero que debe hacer un apelante después de ser radicada la transcripción ele autos es presentar sn alegato con la expo-sición ’de errores qne exigen los artículos 42 y 43 del regla-mento de este tribunal. El informe oral, aunque muy con-veniente, pierde la mitad de su fuerza cuando no tiene por base un alegato escrito. El omitir lá presentación del ale-gato es mala práctica y ya la temos condenado varias veces y lo volvemos a hacer en este caso con la esperanza de que los abogados queden bien impuestos de su importancia.

Existe en este caso una cuestión previa que afecta a la jurisdicción de esta corte. Examinando lá transcripción de autos, no liemos podido encontrar én ninguna parte el escrito de apelación contra la sentencia dictada por el tribunal sen-tenciador. Es cierto que el abogado del apelante presentó en la corte sentenciadora una moción extensa alegando ex-cusas por la falta del escrito de apelación y pidiendo per-miso al tribunal para presentar el escrito de apelación, auto-rización que le fué concedida el 3 de febrero de 1913. Pero aun así, el apelante no utilizó dicto permiso y omitió pre-sentar el escrito de apelación.

Ya temos resuelto en distintas ocasiones que es necesario presentar el escrito de apelación en la corte inferior para que este tribunal tenga jurisdicción para revisar la sentencia apelada. Los fundamentos de tal resolución están amplia-mente expuestos en la opinión del tribunal emitida por el Juez Asociado Sr. Aldrey, en el caso de El Pueblo v. Lorenzo, 18 D. P. R., 978, al cual nos referimos. Al día siguiente de dictada dicha resolución, confirmamos la misma doctrina en otro caso contra el mismo acusado.

A falta del escrito de apelación, esta corte no tiene juris-dicción y debe ser desestimada la apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf; del Toro y Aldrey. • '


author: El Juez Presidente Se. HernÁNdez,

text:
    Busó, Apelado, v. Borinquen Sugar Co., Apelante.
    Apelaoióít procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao.
    No. 855.
    Resuelto en abril 8, 1913.
    Traslado de un Pleito — Tiempo para Pedirlo — Renuncia.—De acuerdo con el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil, la moción de traslado de un pleito debe hacerse cuando el demandado comparece -y contesta o exeep-eiona la demanda y de no hacerlo así se entiende que renuncia su derecho. De acuerdo con esta regla, una moción de traslado hecha cuando el deman-dado pide prórroga para contestar la demanda y solicita que se separen las dos causas de acción alegadas en la demanda, sin contestarla ni excepeio-narla, es improcedente.
    Id. — Interpretación del Estatuto. — El artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil debe interpretarse en relación con el artículo 75 del propio código, y ambos se refieren a los casos en que los demandado^ o la causa de acción estén debidamente en otro distrito.
    Id. — Cuestión de Derecho. — El traslado de una causa en las anteriores condi-ciones es una cuestión de derecho y no discrecional.
    Id. — Sumisión a la Jurisdicción. — De acuerdo con el artículo 77 del Código de Enjuiciamiento Civil, cuando el demandado comparece y al mismo tiempo que presenta una moción de traslado pide que se ordene al demandante que separe las causas de acción alegadas en la demanda, y que se le conceda un tér-mino para contestar dicha demanda después de resuelta la moción de tras-lado, queda sometido a la jurisdicción de la corte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Alvarez Nava y Domínguez.

    Abogados del apelado: Sres. Aponte y Aponte.

   El Juez Presidente Se. HernÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 12 de marzo del año 1912, Francisco Bnsó Cabrera presentó demanda ante la Corte de. Distrito del Dis-trito Judicial de Hnmacao contra Borinquen Sugar Company, eon súplica de que en su día se dictara sentencia ordenando que cese la perturbación que en cierta finca de la propiedad del demandante cansa la corporación demandada y que ésta se abstenga en su consecuencia de echar o arrojar por sí o por medio de otros, al río “Antón Buiz” o sus afluentes, nin-guna clase de aguas, desperdicios, residuos, o inmundicias provenientes de la elaboración del azúcar o relacionados con ella en la factoría de Pasto Viejo o’en cualquier otro sitio sujeto a dicha corporación y que se abstenga en absoluto de contaminar las aguas de dicho río o sus afluentes con sustan-cias o-líquido alguno, condenando además a la demandada a pagar al demandante en concepto de daños y perjuicios cau-sados, la suma de $4,714.50 juntamente con el montante de las costas y honorarios de abogado.

Emplazada la corporación demandada, presentó moción a la corte en 23 de marzo citado, para que se ordenara al deman-dante la separación de las dos causas de acción que se esta-blecían en la demanda y se concediera a la demandada una prórroga para contestarla hasta diez días después de resuelta dicha moción; y en la misma fecha produjo otra moción para que se cambiara el lugar del juicio del caso y se trasladara éste al distrito correspondiente, a cuya solicitud se acompa-ñaron dos affidavits, uno de méritos tendente a demostrar que la corporación demandada tenía una buena defensa, y el otro relativo a que la oficina principal de la corporación demandada, está situada en la casa No. 44 de la Calle de Alien de esta Capital, Distrito Judicial de San Juan, sección Ia. y no dentro del Distrito de Humacao, donde sólo radica la fac-toría azucarera que dicha corporación explota.

Por orden del mismo día 23 de marzo, la corte concedió a la demandada diez días de prórroga para contestar la de-manda' a contar desde la fecha del vencimiento del término de contestación y por otra orden del mismo día señaló para la vista de la moción de traslado el 4 de abril siguiente.

Antes de que llegara esa fecha, 4 de abril, o sea en 28 de marzo, archivó la parte demandada una excepción previa a la demanda por el fundamento de que era dudosa, suplicando ■se ordenara al demandante que alegara sus dos causas de acción en forma separada y clara con las costas a su cargo y en la propia fecha radicó otro escrito renunciando la pró-rroga que le había sido concedida para contestar la demanda y dejando subsistente su moción sobre separación de acciones.

La parte demandante impugnó la moción de traslado del lugar del juicio, ya porque la corporación demandada tenía su residencia en el distrito judicial de Humacao donde radi-caba el centro de la industria que explotaba, ya porque dicha corporación se sometió a la jurisdicción de dicha corte prac-ticando gestiones distintas de la solicitud de traslado, ya porque la petición de traslado no se hizo en los términos pre-venidos por la ley.

La corte, por resolución de 20 de abril del año próximo pasado, desestimó la moción de traslado y contra esa reso-lución se interpuso por la Borinquen Sugar Company recurso de apelación para ante esta Córte Suprema sometido a nues-tra decisión después de llenos los trámites légales.

Opinamos que la Corte de Distrito de Humacao procedió con arreglo a derecho al dictar la orden recurrida.

El artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil apli-cable al caso, dice así:

“Artículo 82. Si el distrito en que se establece la demanda no es el en que deba seguirse el juicio, podrá, sin embargo, continuarse en aquél, a menos que el demandado al comparecer a contestar o a for-mular excepciones, presente una declaración jurada y fundada y pida por escrito que el juicio se celebre en el distrito correspondiente.”

Como se ve, el artículo transcrito exige terminantemente que el traslado se pida al comparecer a contestar o a formu-lar excepciones, según el texto español, y feegún el texto in-glés, al tiempo en que el demandado comparece y contesta o excepciona la demanda. Al formular la corporación de-mandada su petición de traslado en 23 de marzo de 1912, lo hizo presentando en la misma fecha una moción para que se separaran las dos causas de acción que se establecían en la demanda y se le prorrogara el término- para contestarla hasta diez días después de resuelta esa moción, sin que en-“ tonces contestara ni excepcionara la demanda. No hizo, pues, su petición de traslado en los términos prevenidos por la ley.

Alega la parte apelante que no es indispensable que a toda-moción de traslado vaya unida una excepción previa o con-testación, sino que basta que al hacer la primera compare-cencia en el pleito acompañe el demandado, como ha sucedido en el presente caso, su moción de traslado. Tal defensa es inadmisible por ser contraria al precepto claro, y terminante del artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil, de cuyo texto literal no podemos apartarnos, atemperándonos así al artículo 13 de nuestro Código Civil. ‘ ‘ Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad (dice ese artículo) la letra de ella no debe ser menospreciaba bajo el pretexto de cumplir su espíritu.” . ' , ■

Al resolver el caso de Torres et al v. Torres et al, 16 D. P. R., 352, dijimos: “Creemos que, este artículo (82 del Código de Enjuiciamiento Civil) debe interpretarse en har-monía con el Artículo 75 del propio código. Ellos hacen refe-rencia a los casos en que' los demandados o la causa de acción estén debidamente en otro distrito. En tal caso, la moción pidiendo el traslado, debe hacerse al presentarse la excep-ción previa o la contestación y no en otra fecha, y si el deman-dado no promueve entonces la cuestión, se considerará que ha abandonado su derecho. Y que en tales casos, esto era una cuestión de derecho y no discrecional, fue resuelto en los casos de Watts, 13 Cal., 321, y O’Neill v. O’Neill, 54 Cal., 87.”

La demanda de Francisco Busó Cabrera fue excepcionada cinco días después de presentada la moción de traslado, pues no podemos considerar como excepción la moción de la misma fecha pidiendo-la separación de las dos causas de acción que se establecían en- la demanda y una prórroga para contes-tarla. • ¡

Aun más, el artículo 77 del Código de Enjuiciamiento Civil establece que el demandado queda sometido a la jurisdic-ción de una corte, por el hecho de hacer después de perso-nado en el juicio, cualquier gestión que no sea la de pedir que se celebre ante, la corte correspondiente.

La corporación demandada en la misma fecha en que pre-sentó la moción de traslado pidió se ordenara al demandante que separara las-causas de acción alegadas en la demanda y se le concediera el término de diez días para contestarla des-pués de resuelta dicha moción, habiendo renunciado luego la prórroga concedida.

Con semejantes gestiones quedó sometida la demandada a la jurisdicción de la Corte de Humacao.

' No habiéndose ajustado la parte demandada al precepto del artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil al presen-tar la moción de traslado y habiéndose sometido además a la jurisdicción de la Corte de Humacao, con arreglo al precepto del artículo 77 del mismo código, huelga discutir qué corte hubiera sido la competente si la moción de traslado se hubie-ra hecho en forma y no hubiera habido sumisión por parte de la demandada.

Por las razones expuestas, entendemos procede la confir-mación de la orden recurrida que dictó la Corte de Distrito de Humacao en 20 de abril del año próximo pasado.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez PbesideNte Se. Hernández,

text:
    Torres, Apelante, v. Irizarry, Apelado.
    Apblaoióst procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 876.
    Resuelto en abril 8, 1913.
    Costas — Reglas de Procedimiento. — Las cuestiones sobre costas, desembolsos y honorarios de abogados están reguladas por el estatuto especial sobre la materia, y para resolverlas deben seivir de guías sus disposiciones especiales y nó las generales del Código de Enjuiciamiento Civil, fuera de las que deben aplicarse como supletorias.
    Id. — Impugnación al Memorandum de Costas — Pruebas.—La ley de costas de marzo 12, 1908, no exige por modo imperativo que la parte con derecho al cobro- de costas, desembolsos y honorarios de abogados, esté siempre en el deber de ofrecer y practicar prueba sobre todas y cada una de las partidas del memorandum cuando hubiere impugnación.
    Id. — Veracidad del Memorandum — Presunción.—Un memorandum jurado de costas tiene la presunción de que se .ajusta a la verdad- de los hechos y esta corte no iría contra lá apreciación del tribunal inferior al aprobar un memorandum, de costas, al menos que se demuestre que dicBa .apreciación fué errónea.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Sabater.

    El apelado no compareció.
   El Juez PbesideNte Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio seguido ante la Corte de Distrito de Mayagüez por José Torres contra Juan Irizarry, presentó el demandado un memorandum jurado de costas y desembolsos que había de satisfacerle el demandante, comprensivo de cuatro partidas ascendentes a once dólares, a saber: cinco por hono-rarios al secretario de la corte, igual cantidad por indemni-zación a cinco testigos que declararon en el juicio, cincuenta centavos por honorarios del notario que recibió el juramento del memorandum, y otros cincuenta centavos por servir al demandante una copia de dicho memorandum.

El demandante Torres formuló por escrito impugnación a las dos primeras partidas del memorandum presentado, ale-gando que el demandado Irizarry no habíá gastado cinco dólares por honorarios al secretario, y que tampoco había desembolsado igual suma en concepto de indemnización a cinco testigos, pues en el juicio sólo declararon tres, sin de-recho a indemnización alguna por ser vecinos de la ciudad de Mayagüez.

Señalado día para la discusión del memorandum de cos-tas y desembolsos, compareció únicamente el abogado del de-mandado y sometió dicho memorandum a la consideración de la corte, la que por orden de 20 de mayo de 1912, resolvió que el demandado recobrara del demandante la suma total de $11 reclamada en el memorandum contra cuya orden in-terpuso la representación de José Torres recurso de apela-ción para ante esta Corte Suprema.

En apoyo del recurso alega la parte apelante que la corte inferior cometió error al aprobar el memorandum de costas sin ofrecerse ni practicarse prueba alguna acerca de sus par-tidas, no obstante la impugnación de la parte contraria, ha-biendo estimado dichas partidas prima facie correctas por falta de prueba en contrario que sostuviera la impugnación;

Al resolver en 3 de mayo del año próximo pasado otro recurso de apelación interpuesto en el presente caso 'contra orden de la misma corte de Mayagüez, habiendo por desistido al demandante de su impugnación al memorandum de costas por no haber comparecido a sostenerla y aprobando dicho memorandum, cuya orden fué revocada, dijimos que aunque Torres era demandante en el juicio e Irizarry demandado, en la cuestión incidental de costas, el demandante propiamente es Irizarry que presentó el memorandum de costas y Torres el demandado que lo impugnaba; pero semejante afirmación no envuelve, como parece pretender el recurrente, la de que la impugnación de un memorandum de costas debe regularse por los mismos preceptos que el Código de Enjuiciamiento Civil señala para la tramitación de un juicio ordinario. Las cuestiones sobre costas, desembolsos y honorarios de abo-gados están reguladas por el estatuto que autoriza su cobro, y para resolverlas deben servir de guía sus disposiciones especiales y no las generales del Código de Enjuiciamiento Civil, fuera de las que deban aplicarse como supletorias.

Ahora bien, la ley para enmendar los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, aprobada en 12 de marzo de 1908, establece el procedimiento que debe seguirse para la reclamación de costas por la parte a la que hayan sido concedidas y preceptúa terminantemente que la veracidad del memorandum de costas, desembolsos y honorarios deberá ser jurada por la parte o su abogado. La parte contraria, según esa misma ley, podría impugnar todas o cualquiera de las partidas del memorandum, esa impugnación podrá ser contestada, y la corte después de celebrada la vista del asunto en el día señalado y de practicadas las pruebas pertinentes que las partes propongan, dictará su resolución.

Como se ve, no exige nuestro estatuto, por modo impe-rativo, que la parte con derecho al cobro de costas, desem-bolsos y honorarios esté siempre en el deber de'ofrecer y practicar prueba sobre todas y cada una de las partidas del memorandum cuando hubiere impugnación.

, Esa prueba ordinariamente se encontrará en el mismo juicio en que se han originado las costas, el juez la tendrá a su vista y consideración al resolver el incidente sobre cos-tas, y muchas veces-no habrá necesidad de que se practique. La veracidad de las partidas del memorandum de costas tiene la garantía del juramento que lo acompaña, mientras que la impugnación no ofrece tal garantía.

. Oontr ay endono s al presente caso, del pleito en que se causaron las costas, podía resultar si el secretario había pres-tado servicios al demandado Irizarry y cuántos fueron los testigos que declararon o comparecieron a declarar en el juicio. La apreciación sobre los hechos de que se deriva el derecho al cobro de las partidas incluidas en el memorandum ele costas, ha sidp hecha por la corte inferior estimando co-rrecto el memorandum de cuyo cobro se trata; y esta corte no puede ir contra esa apreciación por no habérsenos demos-trado en forma alguna que sea errónea. Tiene a su favor el memorandum la presunción de que se.ajusta a la verdad -de los hechos y siendo ello así, surge, como consecuencia, el derecho al cobro de las diversas partidas que comprende. Meyer v. City of San Diego, 132 Cal., 35.

La orden recurrida debe confirmarse.

Confirmada.

. Jueces1 concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, ■del Toro y Aldrey.


author: El Juez PresideNte .Sr. Hernández,

text:
    Avilés, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad de Aguadilla.
    No. 141.
    Resuelto en abril 11, 1903.
    Bienes de Menores — Venta Hecha por el Causante en Documento Privado— Otorgamiento de Escritura Pública por la Viuda. — La madre de unos menores necesita autorización judicial de la corte de distrito correspon-diente para otorgar escritura pública de la venta de una finca becba mediante documento privado por el padre de dichos menores, antes dé empeiar a regir la ley No. 33 de marzo 9, 1911. Los preceptos de esta ley que regulan la venta en publica subasta de bienes de menores, no tienen aplicación a un caso de esta naturaleza. . ' . .
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Mariano- R: Acosta.

    El registrador no compareció.
   El Juez PresideNte .Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En escritura pública otorgada el 20 de marzo de 1912 sobre partición de bienes de José Monserrate Déliz, fallecido el 27 de septiembre de 1905, su viuda Ana Petronila Méndez Yaz, que renunció todo cnanto pudiera corresponderle por mitad de gananciales y derecho usufructuario, hizo constar, en re-presentación de diez hijos menores de edad habidos en su matrimonio con el difunto, de quien eran únicos herederos, que en 15 de julio de 1905, su esposo, con asistencia de ella, había vendido á Bonifacio Avilés Pérez, mediante documento privado inserto literalmente en aquella escritura, un predio rústico de 141/2 cuerdas, "sito en el Barrio de Capá, de Moca, por precio recibido de $240, obligándose a otorgar a Avilés Pérez escritura pública de venta, pór lo qrie en la representación expresada y en cumplimiento de dicha obligación otor-gaba, cómo otorgó, a favor de Avilés Pérez la escritura ofre-cida para que pudiera inscribir su título de propiedad en el registro.

Presentada en el Registro de la Propiedad de Aguadilla la escritura de partición de bienes para su inscripción en cuanto a la venta hecha a Avilés Pérez, el registrador la denegó por medio de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del precedente documento, por no cons-tituir el acto o contrato de que trata una adjudicación en pago de crédito contra el caudal hereditario, y sí una ratificación de venta hecha' en documento privado, sin que se haya obtenido previamente autorización de la corte de distrito de esta ciudad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 de lá Ley de Procedimientos Especiales de 9 de marzo de 1905, enmendado por la de 9 de marzo de 1911, y tomada en su lugar anotación preventiva que ordena la Ley, por el término legal, con vista de otros documentos, y sólo en cuanto a la finca radicada en el término de Moca, tínica de que se solicitó inscripción, a favor de Don Bonifacio Avilés y Pérez al folio 196 del tomo 13 de Moca, finca 629 Duplicado, Anotación letra ‘B, ’ Agua-dilla, quince de marzo de mil novecientos trece. El registrador, Rafael Tirado Verifier.”

Esa nota lia sido recurrida por Bonifacio Avilés Pérez para ante esta Corte Suprema y en apoyo del recurso alega que los' textos legales citados por el registrador no son apli-cables al caso, puesto que no se trata de la realización de una venta, sino del otorgamiento del título de una venta ya reali-zada, y no cabe vender en pública subasta una finca ya vendida por documento privado a Avilés Pérez.

. El artículo 229 del Código Civil, tal como ba quedado en-mendado por la ley número 33, aprobada en 9 de marzo de 1911, establece que el ejercicio de la patria potestad no autoriza al padre ni a la madre para enajenar o gravar bienes inmuebles de clase alguna, o muebles cuyo valor exceda de $500 per-tenecientes al hijo y que estén bajo la administración de aquéllos sin previa autorización de la corte de distrito en que los bienes radiquen, previa comprobación de la necesidad o utilidad de la enajenación o el gravamen, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 80, 81 y 82 de la ley referente a Procedimientos Legales Especiales, aprobada en 9 de marzo ■de 1905, cuyos artículos lian quedado concebidos y redactados ■en los términos que previene la misma ley ya citada de 9 de marzo de 1911.

Esos artículos marcan las formalidades que deben llenarse ■en' todos los casos en que, según^ el Código Civil, necesitan los padres o el tutor de un menor o incapaz, autorización judicial para actos o contratos que se refieren a la guarda de dicho menor o incapaz y de sus bienes. Entendemos que las formalidades prevenidas para la venta de bienes inmuebles no regulan un caso como el presente, en que solamente se trata de elevar a documento público un documento privado de venta de una finca perteneciente a los menores hijos de José Monserrate Déliz, por la potísima razón de que no hay tér-minos hábiles para vender una finca ya vendida. Pero ello no exime de que se solicite por la representación de los menores la autorización previa de la corte de distrito corres-pondiente, para el otorgamiento de la escritura pública.

El documento privado otorgado por José Monserrate Déliz con asistencia de su esposa a favor de Bonifacio Avilés Pérez, creó entre los contratantes un vínculo de derecho que hoy afecta a los causahabientes del vendedor, pero que tratándose, como se trata, de venta de un inmueble, no puede producir efectos legales respecto de terceras personas mientras no sea inscrito el contrato en el registro de la propiedad, para cuya inscripción es de absoluta necesidad que conste en docu-mento público-.

En cuanto a terceros, la finca rústica en cuestión per-tenece hoy a la Sucesión de José Monserrate Déliz, compuesta de sus menores hijos.

Hubo verdadero contrato de venta entre José Monserrate Déliz y Bonifacio Pérez Avilés, pero ese contrato que tuvo por objeto la trasmisión del derecho real de dominio sobre un bien inmueble, debe constar en documento público, con arreglo al precepto del artículo 1247 del código citado, y para llenar esa formalidad, debe solicitarse la correspondiente au-torización .judicial en guarda y beneficio' de los derechos de los menores Déliz. Véase el caso entre las mismas partes Avilés v. El Registrador, 17 D. P. R., 960.

Por las razones expuestas, es de confirmarse la nota re-currida del Registrador dé la Propiedad' de Aguadilla.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacL^ary,, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldkey,

text:
    Sucesión Collado, Apelada, v. Peréz et al., Apelantes.
    Apelación procedente de’ la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 963.
    Resuelto en abril 11, 1913.
    Confirmada la sentencia apelada por los fundamentos expuestos en la opinión emitida eii el caso No. 876, Torres v. Irizarry, resuelto en abril 8, 1913, . página 361. =
    Abogado de los apelantes: Sr. Benito Fores.

    Abogado del apelado: Sr. José Ramón Freyre.

   El Juez Asociado Se. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

En el pleito seguido ante la Corte de Distrito de Mayagüez por la Sucesión de Pedro Collado Ramírez contra Domitila Pérez Vilanova y Francisco Olivo, el abogado de la parte demandante presentó un memorandum de costas, jurado por él, comprendiendo cuatro partidas: 'una por honorarios del secretario, ascendente a $10; otra por indemnización a tes-tigos, $40; otra por honorarios del abogado, $300, y la última por sellos de rentas y una certificación, 37 centavos; en total, $350.37.

La parte demandada presentó escrito impugnando la pri-mera'partida'porque debía concretarse a la cantidad’de ella realmente invertida; la segunda porque no se habían utili-zado todos los testigos presentados por la demandante y, ade-más,'por ser excesiva la «Santidad que se le asignaba como indemnización, y la tercera de honorarios de abogado por excesiva.

Según la resolución de la corte de ocho de febrero último, el día 27 de enero anterior, se celebró la vista de la impugna-ción en la que el abogado que presentó el memorandum so-licitó que la parte que lo impugnaba presentara prueba para demostrar que las partidas del mismo no eran correctas, y habiéndolo resuelto así la corte, el abogado de los deman-dados, o sea, de los impugnadores, 'tomó excepción y no pre-sentó prueba para sostener su impugnación, y después de haber argumentado oralmente el caso, la corte aprobó el memorandum, pero modificando dos partidas, reduciendo la de indemnización a testigos a $32 y la de honorarios de abogados a $75, que con las otras dan un total de $117.37. Contra esta resolución de la corte, se interpuso el presente recurso de apelación por los demandados, celebrándose la vista del mismo ante nosotros en el día de ayer.

Los motivos de error alegados ante esta Corte Suprema por la parte apelante,, son que la corte inferior erró al aprobar el memorandum mencionado sin que la parte que lo presentó practicara prueba alguna, exigiéndola en cambio al impugna-dor y porque la corte. inferior estimó que dichas partidas eran prima facie correctas, porque el impugnador no había presentado prueba para sostener su impugnación.

Los mencionados motivos de error son exactamente iguales a los dos únicos que también se alegaron en el caso de Torres v. Irizarry, resuelto por nosotros el día 8 del presente mes, (pág. 361), y todo lo que entonces dijimos .en ese caso es de exacta aplicación al presente, por lo que lo damos por reproducido, sin que veamos la necesidad de volver ahora a escribir lo mismo.

La resolución apelada debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sk. Wole,

text:
    Patxot, Apelante, v. Nadal et al., Apelados.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 958.
    Resuelto en abril 11, 1913.
    Demanda Enmendada — Envío al Secretario por Correo — Computación de Tér-minos. — El término de veinte días concedido al apelante para presentar la demanda enmendada, debe computarse desde el día siguiente a la orden con-cediéndole permiso para ello y se considera presentada dicha alegación en-mendada cuando la recibe el secretario y nó cuando se deposita en el correo.
    Id. — Depósito en el Correo. — Los artículos 321 y 322 del Código de Enjuicia-miento Civil no tienen aplicación a la presentación de una demanda enmen* dada.
    Id. — Presentación de la Enmienda Euera de .Término — Discreción.—El per-mitir presentar una enmienda o alegación enmendada fuera de tiempo, des-cansa en la discreción del tribunal.
    Desestimación de la Acción — Abuso de Discreción — Presentación de una En-mienda Fuera de Término. — Una sentencia desestimando una acción por haber sido presentada una demanda enmendada fuera de término, no soiá revo-cada por este tribunal, a menos que se demuestre que el tribunal inferior ' abusó de su facultad discrecional.
    Id. — Término para ■ Presentar una Demanda Enmendada — Abuso de Discre-ción. — Se resolvió que el tribunal inferior no abusó de su facultad discre-cional dictando sentencia desestimando la acción por haber sido presentada la demanda enmendada dos días después de expirado el término de veinte días que se concedió al demandante para dicho fin. Sobre todo no habiendo demostrado causa legal alguna para no haberla presentado en tiempo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogado del apelado Salvador Nadal: Sr. José de Diego.

   El Juez Asociado Sk. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Mayagüez en 30 de octubre de •1912, después de declarar con lugar una excepción previa por el fundamento de que la demanda era ambigua, concedió al demandante y apelante el término de veinte días para en-mendar su demanda. En 21 de noviembre de 1912, el secre-tario de la’ corte de distrito recibió por correo una' demanda enmendada, de modo que dicha demanda enmendada fné recibida por el secretario veintidós días, en vez de veinte, después de haberse dado el permiso para hacer enmiendas. Los demandados presentaron una moción para que se deses-timara la acción por el fundamento de que la demanda en-mendada había sido presentada después de vencido el término señalado en la orden, cuya moción fue declarada con lugar por la corte. Alega el apelante que como él tenía derecho a <jue le fuera notificada la orden, el término solamente empezó a correr desde el día 31 de octubre, y que como la demarida enmendada fué depositada en el correo el día 20 del mes 'si-guiente, o sea el 20 de noviembre, dicho apelante estaba dentro del término fijado. La le3r no exigía que se hiciera ninguna notificación de la orden' dictada anteriormente sobré la excep-ción previa, y por tanto, el término de veinte días, que era más que suficiente, empezó a correr desde el día 30 de octubre exclusive. Además, con el hecho de poner en el correo una alegación que ha sido enmendada, no se cumple suficientemente con la ley. La alegación debió estar en poder del secretario el día 20, o antes. Los artículos 321 y 323 del Código de En-juiciamiento Civil no tienen aplicación, pu.es ellos solamente amplían el término de las notificaciones o la entrega de docu-mentos. La presentación de una alegación en la corte 'no constituye dicha entrega. Los artículos, tal vez, pudieran ser aplicables si la cuestión que se discute fuera la entrega de las copias de las alegaciones a los abogados o a las partes.

Según la jurisprudencia de California y aquella que regula este asunto y otros semejantes, resulta que la cuestión rela-tiva a si una enmienda o alegación puede ser presentada después de expirado el término señalado por la corte, '• es una que pertenece a la discreción de la corte. Bowers v. Dickerson, 18 Cal., 420; Carter v. Paige, 20 Pac., 729; Barling v. Weeks, 4 Cal. App., 456; 31 Cyc., 354, 355. Y no se revocará una sentencia en la que se desestima una demanda, porrno hacerse la presentación en tiempo, a menos que se demuestre que ha habido un abuso de discreción. En el presente caso, el apelante na ha alegado, que se haya cometido ningún abuso de discreción, .habiendo sostenido por el contrario qne ejercitó estrictamente sns derechos. Hemos examinado los antos y no podemos, expresar qne la corte haya cometido ningún abuso de discreción, puesto que se concedieron al apelante veinte días para presentar enmiendas, lo que no verificó y especialmente porque la demanda original no ha sido sometida a nuestra consideración, no habiéndose alegado ninguna excusa satis-factoria por no haberse presentado la demanda a su debido tiempo. La sentencia, debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr.'del. Toro,

text:
    Palou, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 139.
    Resuelto en abril 16, 1913.
    Tutor — Agrupación de Pincas de un Incapacitado — Autorización Judicial.— Ni la letra, ni el espíritu del -párrafo 5 del artículo 282 del Código Civil Revisado, enmendado por la Ley No.. 33 de marzo 9, 1911, exigen la auto-rización judicial para que el tutor de un incapacitado pueda agrupar en una, dos fincas inscritas en el registro e inscribirlas de nuevo así agrupa-das, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 60 del reglamento para la .ejecución de la ley.hipotecaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado .del recurrente: Sr. Luis Muñoz Morales.

    El registrador, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr.'del. Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Aparece de los documentos archivados en este caso, que el 6 de septiembre de 1911, Don Pedro Juan Palou, en su carác-ter de tutor de la incapacitada Doña Dolores Jiménez, dió en arrendamiento tres fincas rústicas de la propiedad de sn pupila, entre ellas, nna de 23 cnerdas 95 céntimos, radicada en el barrio de Gurabo Abajo de la jurisdicción de Juncos. El contrato se hizo constar en escritura pública. El término del arrendamiento pactado 'fué el ele seis años.

En 1 de mayo de 1912, la Corte de Distrito de Iíumacao autorizó al tutor para aclarar la escritura de 6 de septiembre de 1911 y pactar su inscripción fen el registro de la 'propiedad, y en 10' de mayo, el dicho tutor y los arrendatarios otorgaron una nueva escritura notarial ratificándola anterior y convi-niendo expresamente en que se inscribiera en el registro. Las cláusulas tercera y cuarta ■' de -dicha -nueva --escritura. dicen así: .

TERCERO. — Que hubo error al describir en ' dicha " esctitürá" la finca letra ‘0/ pues si bien es cierto que esa finca le fué adjudicada a Doña Dolores Jiménez Hernández en la testamentaría de su esposo^--,-Don Jaime Palou, es también cierto que posteriormente se segregaron „L de ella once cuerdas cincuenta y dos centavos,' quedando reducida su cabida a doce cuerdas cuarenta y tres centavos- doscientas cuarenta milésimas, cuyas once cuerdas cincuenta y dos 'centavos, previa auto-rización de la Corte de Distrito de Humacao, fueron dadas en per-muta, con otras once cueídas veinte y dos centavos de Don Miguel Palou, pasando entonces- éstas a la-propiedad de la Doña Dolores Jiménez, siendo la descripción de las mismas como sigue: # * #.
“CuaRto. — Que para los efectos del expresado arrendamiento debe entenderse, que la finca'descrita en la escritür’a de seis de septiembre de mil novecientos once'ya citada, con la-letra ‘C,’ estaba descom- ■! : puesta en dos fracciones,''una"'de 'doce - cuerdas cuarenta y tres cen- - tavos doscientas cuarenta y ocho milésimas a que quedó reducida por la segregación que sufriera, y otra de once cuerdas cincuenta y dos ' centavos que fué objeto de -la permuta con Don Miguel Palou, des- ■ critas éstas en el apartado anterior, cuyas dos parcelas, si bien forman • distintos cuerpos, están unidas y colindan entre sí y por tanto hecha esta aclaración, Don Pedro Juan Palou y Jiménez en-el-'ca-" rácter que ostenta, las agrupa, - para que se inscriba en el registro de la propiedad, con un valor deudos-mil trescientos dollars-y en • usufructo a nombre de Doña Dolores-Jiménez Hernández-y en nuda propiedad en la proporción de una cuarta parte para-Don JáMé'' di Palou Jiménez, otra cuarta parte, más la mitad de otra cuarta parte para Doña Juana María Paiou y Jiménez y otra cuarta parte más la.mitad de otra cuarta parte para Don Miguel Paiou y Jiménez y con la siguiente descripción: * * *.”

Presentada en el registro la escritura de 10 de mayo de 1912, el registrador, en 19 de febrero de 1913, resolvió lo que sigue:

“Denegada la inscripción de la agrupación que comprende el pre-cedente documento, de acuerdo con el inciso 5o. del artículo 282 del Código Civil vigente, por observarse que el Don Pedro Juan Paiou y Jiménez verifica la agrupación de referencia como tutor de la incapacitada Doña Dolores Jiménez Hernández, sin la correspondiente autorización judicial, extendiéndose en su lugar anotación preven-tiva por el término legal de 120 días a favor de los mismos Doña Dolores Jiménez Hernández, Don Jaime,. Doña Juana María y Don Miguel Paiou y Jiménez en la forma y proporción que diclio do-cumento expresa, al folio 81 del tomo 17 de Juncos, finca 753, ano-tación letra ‘A,’ con los defectos subsanables de no describirse en el, título el resto de finca que se agrupa, compuesto de 12 cuerdas 43 centavos 248 milésimas; y el de no acreditarse el carácter de tutor de la citada Doña Dolores Jiménez, que ostenta el referido Don Pedro Juan Paiou y Jiménez.”

El ocho de marzo de 1913, el tutor Paiou archivó un escrito ep. esta Corte Suprema interponiendo el presente recurso gubernativo, acompañando la copia de la escritura de 6 de septiembre de 1911, la de la resolución de la corte de distrito de 1 de mayo de 1912 y la de la escritura de 10 de mayo de 1912, a cuyo pie figura la nota del registrador que dejamos transcrita.

El recurrente suplica en su escrito a esta corte que “se sirva revocar la nota denegatoria del señor Registrador de la Propiedad de Caguas, ordenando en su consecuencia que se proceda a verificar la inscripción" del contrato de arriendo y su aclaración, a que se refieren los títulos presentados.”

Parece en verdad lo lógico que junto con la escritura de 10 de mayo de 1912, se presentara en el registro la de 6 de septiembre de 1911, pero esto no resulta así de los docu-mentos acompañados a su escrito por el recurrente. Al pie de la escritura de 6 de septiembre de 1911, consta que dicha escritura fue presentada en el registro y retirada por el interesado, sin que el registrador resolviera nada sobre si debía o nó inscribirse, y al pie de la escritura de 10 de mayo de 1912 figura la nota que dejamos transcrita -y de la cual resulta que la cuestión envuelta en este caso no es si cabe o nó inscribir el contrato de arrendamiento, sino la de si puede o nó inscribirse la agrupación de fincas a que se refieren las cláusulas tercera y cuarta de la dicha escritura de 10 de mayo de 1912.

A este respecto, el registrador dice en su informe:

“He de permitirme indicar que la súplica contenida en el alegato del recurrente, no es congruente con las premisas de este caso, pues allí se pide que el registrador inscriba el arrendamiento, y el recurso sólo tiene por objeto la negativa de inscripción del documento, agru-pando las fincas, que fué el único que se calificó.’

Expuesto lo que antecede, estudiaremos y resolveremos la única cuestión envuelta en el recurso, a saber: si Don Pedro J-uan Palou en su carácter de tutor de la incapacitada Doña Dolores Jiménez, podía sin autorización de la corte de' distrito competente, agrupar dos fincas ya inscritas de su pupila e inscribir dichas fincas así agrupadas en el registro de la pro-piedad.

El registrador sostiene que no, y para ello se basa en el número 5o. del artículo 282 del Código Civil Revisado, que tal como quedó enmendado por la ley número 33 de 9 de marzo de 1911, en lo pertinente, dice así:

“Art. 282. El tutor necesita autorización de la Corte de Distrito competente: * * *.
“5. Para enajenar o gravar bienes inmuebles que constituyan el capital de los menores o incapaces, o hacer contratos o actos sujetos a inscripción * * *.”

A nuestro juicio ni la letra, ni el espíritu de la ley exigen en este caso la autorización judicial.

Agrupar en una varias fincas- previamente inscritas, no constituye una enajenación o gravamen de las mismas. Tam-poco tiene el carácter de un contrato, y si bien es un acto que da lugar a una nueva inscripción en el registro, es a una ins-cripción de orden interior dentro del registro mismo que no crea, ni modifica, ni extingue derecho alguno. Al especificar la Ley Hipotecaria en su artículo 2 lo que debe inscribirse en el registro, no incluye la agrupación de fincas. Dicho acto está regulado por un precepto reglamentario que dis-pone que “cuando se reúnan dos fincas para formar una sola, se inscribirá ésta 'con un nuevo número, haciéndose mención de ello al margen de cada una de las inscripciones anteriores relativas al dominio de las fincas que se reúnan. En la nueva inscripción se hará también referencia de dichas inscripciones, así como de los gravámenes que las mismas fincas reunidas ,tuvieren con anterioridad.” Párrafo 2 del artículo 60 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.

Y si estudiamos el espíritu del artículo 282 del Código Civil vigente, y el de todos sus precedentes legales, veremos que es el de proteger los intereses de los menores o incapacitados por cualquier otro concepto. Y como el acto de la agrupación de varias fincas previamente inscritas para inscribirlas de nuevo, como una sola finca en el'registro, no perjudica en modo alguno dichos intereses, no es necesario para verificarlo que el tutor sea autorizado por la corte de distrito competente.

■ Por las razones expuestas, debe revocarse la nota recu-rrida y ordenarse al registrador que inscriba, de acuerdo con la ley, la agrupación solicitada.

Con respecto a la inscripción del contrato de arrenda-miento, nada puede resolver esta corte en este recurso guber-nativo. La parte interesada procederá como mejor convenga a su derecho.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.