author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Julia Torres Vda. de Rodríguez, demandante y apelada, v. The American Railroad Co. of Porto Rico y Victoria Tirado Vda. de Rodríguez, demandadas y apelante la primera.
    No. 2969.

    Visto: Mayo 24, 1923.

      Resuelto: Agosto 1, 1925.
    1. Ferrocarriles — Explotación (Operation) — Acci&entes en los Cruces — Ac-ción de Daños y ’Perjuicios por Muerte — Demanda—Suficiencia de la Misma. — Examinada, la demanda en, el caso de antos — acción de indemniza-ción de daños y perjuicios por muerte — se resolvió: que aducía heclios sufi-cientes para determinar una causa de acción contra la demandada.
    2. Apelación y Error — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión — Objeciones a las Alegaciones — Insuficiencia de la Demanda. — Aceptando, sin resolver, que una alegación en la demanda —en acción, de indemnización de daños y perjuicios por muerte — referente al derecho exclusivo de la madre y viuda como únicas herederas del difunto es una conclusión de derecho, el demandado no puede, a falta de razona-miento o cita de autoridades, descansar en tal defecto, al ser notado por primera vez en apelación, como una. omisión fatal de un elemento esencial para la causa de acción.
    3. Jueces — Derechos, Facultades, Deberes y Responsabilidades — Actuaciones Fuera del Límite Territorial de su Jurisdicción. — Una sentencia que ha sido debidamente registrada es válida, mientras no se demuestre lo contrario, a pesar de haber sido firmada en un distrito distinto a aquel en que la causa se vió.

      4. Apelación y Error — Revisión — Errores no Perjudiciales — Admisión de. Prueba Objetada — Prueba Admisible Bajo las Alegaciones. — No consti-tuye error de una corte el permitir declarar sobre las causas que puedem ocasionar el corte de una máquina y 'los vagones y frenos d© un tren, cuando: la declaración está en consonancia con las alegaciones de la demanda, -respectó a la condición de la vía, y menos aún cuando la corte inferior circunscribe esa evidencia como tendente a demostrar las causas que originaron la separa-ción de la locomotora del resto del tren por eulpa del maquinista, y esta conducta, más que la alegada negligencia en el mantenimiento de la vía, se alega como razón principal de la decisión a favor del demandante. '
    5. Apelación y Error — Revisión — Errores no Perjudiciales — Admisión de Prueba Objetada — Prueba que, Aunque Impropia b Inadmisible, Puede Haberse Considerado por la Corte pior Rabones Especiales. — No consti-tuye error perjudicial la admisión de prueba, no obstante objeción, cuando por impropia o inadmisible que fuera, puede haber sido considerada por la corte inferior por razones de política pública o por motivos que no se ala-garon en el pleito.
    6. Apelación y Error — Revisión — Errores no Perjudiciales — Admisión dé Prueba Objetada- — Prueba que no Afecta el Resultado del Caso. — No es error perjudicial la admisión de prueba, no obstante objeción, cuando exa-minados los hechos del caso, se está convencido que el resultado en la corte inferior no hubiera sido diferente aún cuando la objeción hubiera sido sostenida. : ...

      7. Fertocakkeues — EXPLOTACIÓN (Operation) — Accidentes en los Cruces — Ac-ción de Daños y Perjuicios pos, Muerte — Cuestiones para la Corte Inferior — Cuestión de Negligencia Oontributoria. — La cuestión de negli-gencia eontributoria vel non, según las circunstancias que pueden o nó excusar tal negligencia, debe dejarse a la consideración de. la corte inferior.
    8. Apelación y Error — Revisión—Alcance y Extensión en General — Cues-tiones no Levantadas ni Discutidas por el Apelante. — Al Tribunal Supremo no corresponde investigar y resolver, de su propia iniciativa, cuestiones ■que, además de ser más o menos dudosas, no han sido levantadas ni discutidas por el apelante.
    9. Ferrocarriles — Explotación (OperationJ — Accidentes en los Cruces — Ac-ción de Daños y Perjuicios por Muerte — Daños y Perjuicios — Medida de los Daños. — En una acción sobre indemnización de daños y perjuicios ejer-citada por un padre o madre por la muerte de su hijo adulto, la más corta esperanza de vida del demandante debe tomarse en consideración al deter-minar la cuantía de los> daños y perjuicios.
    10. Ferrocarriles — Explotación (Operation) — Accidentes en los Cruces — ac-ción de Daños y Perjuicios por Muerte — Apelación—Resolución y Dis-posición del Caso — Disminución de la Cantidad Adjudicada por Senten-cia.- — Atendidas las circunstancias concurrentes en el caso de autos y la esperanza de vida de la demandante, se resolvió: que la cantidad concedida por la corte inferior como daños y perjuicios — $2,600 más costas — era mayor de lo que las mismas justificaban, y que la cantidad de $1,500, intereses y costas, era un cálculo conservador y razonable.
    SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Mayagüez), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Modificada y confirmada.

      Mariano Acosta Telar de, abogado de la apelante; Juan Alemañy 'Sosa, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Insiste la apelante en que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir-una causa de acción contra la demandada por no alegar que la estación del ferrocarril en cuestión pertenecía a la demandada, ni que el billete comprado por el hijo de la demandante fué vendido por la demandada; ni que el hijo de la demandante usó algún cruce público o cualquier otro cruce por donde tenía derecho a ir por la vía o donde la demandada tenía alguna obligación o' deber para con él; ni que el referido hijo carecía de descendientes a la fecha de su muerte; sino que, por el contrario, expresa la apelante, de la demanda sí parece que hubo negligencia eontributoria por parte de la alegada víctima de la negligencia de la demandada. Bn la demanda se alega lo lo siguiente:

“I. Que Tbe American Railroad Co. of Porto Rico, es una cor-poración constituida e incorporada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, y en las fechas que más adelante se dirán explotaba un Fe-rrocarril junto con las líneas, carriles, máquinas, propiedades, material rodante y otras pertenencias, conocidos con el nombre de The American Railroad Co. of Porto Rico; y se dedicaba al transporte de carga y pasajeros entre 'San Juan y Ponce, pasando por Lajas.
“II. Que el día 2 de noviembre de 1920, a las tres de la tarde poco más o menos, se encontraba en el andén de la Estación del Fe-rrocarril en el pueblo de Lajas, y sus alrededores, entre otras per-sonas, Pedro Rodríguez, esperando el tren correo que le correspon-día pasar por allí a la expresada hora, para ocuparlo y usarlo como pasajeros, y que había comprado un ticket para que el tren lo con-dujera desde la Estación del pueblo de Lajas a la de Lajas Arriba.
“III. Que por no caber en la Estación, por ser ésta excesiva-mente pequeña y encontrarse completamente llena de gente, el ex-presado Pedro Rodríguez esperaba el tren parado en la prolongación de la calle de la Victoria, al lado Este de la vía.
“IV. Que debido exclusivamente al descuido, culpa y negligen-cia de la demandada The American Railroad Co. of Porto Rico, en la conservación, sostenimiento y cuidado de las vías de su Ferro-carril y en el manejo y manipulación de las máquinas del mismo, el expresado día dos de noviembre de 1920, la máquina del tren correo, que pasa todos los días por la Estación de Lajas a las tres de la tarde, que estaba guiada, conducida y manipulada. por empleados de la demandada The American Railroad Co. of Porto Rico, se des-conectó de los vagones del tren en la travesía de San Germán a La-jas; y que así desconectada dicha máquina y los expresados vago-nes continuaron su marcha independientemente una de los otros, a una velocidad excesiva ambos, yendo la máquina delante de los va-gones a una distancia considerable; y que cuando dicha máquina fué a llegar a la Estación de Lajas pitó como de costumbre y pasó por allí a gran velocidad, pero sin dar aviso alguno de alarma; y que esto produjo en dicho Pedro Rodríguez la creencia de que el tren ño pasaría en buen rato y dió lugar a que, por tales circuns-tancias, el expresado Pedro Rodríguez cruzase del sitio en que se encontraba, esperando el tren, al otro lado de la vía para unirse con otros compañeros, gritando que se había comido un pavo, y que en este momento los vagones del tren correo, que se habían deseo-neetado de dicha máquina y venían detrás de ella a una gran veloci-dad, negligentemente pasaron por dicha Estación del pueblo de La-jas, sin dar aviso alguno, y arrollaron al expresado Pedro Rodrí-guez, que cruzaba la vía en aquel momento, como se ha dicho, y lo tiraron al suelo, destrozándole las piernas y el cráneo y matándolo instantáneamente; todo ello debido a la culpa y negligencia de la demandada The American Railroad Co. of Porto Rico; y cuando el expresado Pedro Rodríguez observaba todo el cuidado y diligencia necesaria en sus actos, obras y acciones mientras esperaba el tren en 1¿ Estación de Lajas.
Y. Que dicho Pedro Rodríguez, a la fecha de su muerte era un hombre como de treinta y un años de edad, saludable y robusto, de un peso de ciento cuarenta a ciento cincuenta libras; que se dedi-caba al cultivo de la tierra en cuyo trabajo ganaba un promedio de doce dólares semanales; y que tenía un término prudencial de vida de veinticinco años más en aptitud de poder trabajar en iguales con-diciones que el presente.
YI. Que la demandante- es madre legítima del expresado finado Pedro Rodríguez, en cuya compañía vivía desde que quedó viuda, atendiendo él con el producto de su trabajo a todas las necesidades de la demandante- y dependiendo ésta en absoluto para su sosteni-miento del trabajo de su expresado hijo.
VII. Que las únicas personas con derecho a la herencia o suce-sión de dicho finado son su madre legítima,, la demandante-, y su viuda doña Victoria Tirado,. viuda de Rodríguez, a la que se hace demandada por no haberse podido obtener su consentimiento para asociarse como demandante en la presente acción.
VIII. Que por la culpa y negligencia de la demandada The American Railroad Co. of Porto Rico, que ocasionó la muerte del expresado hijo de la demandante, Pedro Rodríguez, la demandante ha sufrido daños y perjuicios consistentes en servicios dejados de obtener de su expresado hijo, de cuyo trabajo dependía exclusiva-mente para su asistencia, ascendentes a dos mil novecientos dollars ($2,900). * ' ■

Podemos aceptar para los fines del argumento, aunque sin resolver, que la alegación referente al derecho exclusivo de la madre y viuda como únicas herederas del interfecto es una conclusión de derecho. Pero no queremos asumir con la apelante, a falta de algún razonamiento o cita de au-toridades, que podía descansar con éxito en tal defecto al ser notado por primera vez en apelación como una omisión fatal de mi elemento esencial para la cansa de acción.

Las otras omisiones qne enumera el abogado de la ape-lante en tanto no estén necesariamente envueltas o se infie-ran razonablemente del texto, o estén subsanadas por la prueba aducida al juicio apenas puede decirse que constitu-yen una falta absoluta en determinar una causa de acción.

Los lieclios referidos en el cuarto párrafo arriba citado de la demanda son bastantes para refutar, explicar y excu-sar lo que de otro modo podría considerarse como negligen-cia contributoria por parte de Pedro Rodríguez. Conley’s Administratix v. Cincinnati, New Orleans and Texas Pac. Ry. Co., 89 Ky. 402, 12 S. W. 764; Police Law of Railroads, secciones 77 a la 80 inclusive, y 88; Patton v. East Tennessee Railroad Co., 89 Tenn. 370, 15 S. W. 919, 12 R.C.L. 184; 20 R.C.L. p. 117, sección 101; II Tbompson sobre Negligen-cia, 412, sección 1717.

Se sugiere también que:

“2. La corte erró al dictar sentencia contra la apelante porque carecía de jurisdicción por cuanto la sentencia fué dictada en cá-mara fuera del distrito judicial de Mayagüez, y con más de noventa días después de celebrado el juicio del caso y de estar sometido el mismo a la consideración de la corte.”

La sentencia demuestra por su faz haber sido dictada “en Aguadilla para Mayagüez”, en marzo 21; está firmada por Tomás Bryan “Juez de la Corte de Distrito de Aguadi-lla y Juez Especial en este caso en la Corte de Distrito de Mayagüez”. Está autenticada por el secretario de la corte de distrito de Mayagüez y certificada por él como la “sen-tencia registrada el día 23 de marzo de 1922, en la página 114 del Libro N del Registro de Sentencias de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez.”

Hay poco o ningún razonamiento y menos discusión o análisis de las autoridades citadas en apoyo del segundo se-ñalamiento que la apelante funda en la regla general y prin-cipio enunciado en los extractos de, o por simple referencia a los artículos 21 y 22 del Código de Enjuiciamiento Civil; “Ley No. 25 promulgada en marzo 31, 1919”; Marvin & Jones v. Torres, 19 D.P.R. 48; Estee’s Practice and Pleading, sección 29; Wicks v. Ludwig, 9 Cal. 173; Black on Judgments, tomo 1, sección 177, páginas 259, 361, sección 243; 23 Cyc. 550, 677, 563, 675 y 782; Sawyer v. Hunning, 181 Pac. 172; McIntyre v. Northern Pac. Ry. Co., 191 Pac. 1065; 15 R.C.L. p. 610, sección 51.

Dentro de las circunstancias y sin cerrar las puertas a una ulterior investigación en futuros casos, será bastante por aliora con hacer referencia de paso al caso de Oranoz v. Román, 26 D.P.R. 25, citado también por la apelante, y al tomo 14 de la Jurisprudencia de California, páginas 914, 916, sección 33.

Otra alegación es que:

“3. La corte incurrió en manifiesto error al permitir, con la ob-jeción de la demandada, que el testigo de la demandante Ricardo Andrades declarase en cuanto a lo que ocasionó el corte de la má-quina y los vagones; sobre frenos y topes.”

El testigo Andrades era un guardafrenos y práctico con una experiencia de quince años adquirida como empleado de la demandada. Levantada la objeción de que no se pregun-tara en cuanto a la condición de los topes, ésta fué pronta-mente desestimada. En contestación a otra pregunta res-pecto a la clase de frenos que usaba el tren se permitió al testigo solamente dar el nombre de “ Westinghouse.” La sola otra pregunta a la que se hizo objeción en debida forma y a la cual siguió una excepción a la resolución de la corte fué eií cuanto a qué podría causar el corte de la máquina y va-gones de frenos Westinghou.se. La contestación desprovista de detalles explicativos y en tanto debe ser considerada aquí fué en substancia que los frenos nada tienen que ver con el corte del tren.

La esencia del razonamiento de la apelante parece ser que la demanda no contiene ninguna alegación sobre la condición de los frenos, y la única autoridad que se cita es el caso de De Sola v. Kansas City Railway Co., 27 S. W. 675, al efecto de que cuando se alega la negligencia en el manejo de ca-rros como base de una acción, es inadmisible la prueba para demostrar los defectos en los frenos.

Pero la declaración del testigo Andrades, en tanto fué considerada por la corte inferior estaba en consonancia con las alegaciones específicas de la demanda, snpra, respecto a la condición en que estaba atendida la vía, cuestión innece-saria, según parece, a la causa de acción de la demandante, la que tal vez pudo haberse eliminado por ser demasiado remota mediante una moción de la demandada, si alguna cuestión como ésta se hubiera levantado en la corte infe-, rior. Pero tal moción no se hizo.

El juez sentenciador en sus conclusiones de hecho cir-cunscribe esta evidencia como tendente a demostrar la causa de las dificultades que originaron la consciente separación de la locomotora y el alijo del resto del tren por culpa del maquinista más que a indicar la causa próxima del mismo accidente y esta- conducta por parte del maquinista unida a otros actos del fogonero, ya fueran ejecutados de acuerdo con o en violación de órdenes dadas por el maquinista, más que la alegada negligencia en el mantenimiento de la vía, se alega como razón principal de la decisión en-favor de la de-mandante,

El cuarto señalamiento levanta una cuestión que es algo más seria, a saber:

“4. La corte incurrió en manifiesto error al admitir como evi-dencia, con objeción de la demandada, prueba de que el maquinista que manipulaba el tren, que se alega arrollara al causante de la de-mandante, fuese castigado por la demandada apelante.”

Aquí también sólo se cita un caso en el alegato, a saber, el de Christensen v. Union Trunk Line, 32 Pac. pág. 1018, si bien en la vista se hizo mención de otros dos o sean los de Engel v. United Traction Co., 203 N. Y., pág. 321, y Guillett v. Shaw, 217 Mass., 59; 104 N.E. 719.

En. el caso de Christensen la Corte Suprema de Washington, sin razonar o citar autoridades, se expresó así:

“También somos de opinión de que la corte no debió haber per-mitido al demandado probar que el conductor del carro fue sepa-rado de su empleo por el apelante pronto después de ocurrir el ac-cidente; pero, toda vez que también se demostró que era la prác-tica de la compañía despedir a todos los motoristas a quienes les ocurriera accidentes bajo cualesquiera circunstancias, creemos que la resolución no fue suficientemente perjudicial para dar derecho al apelante a la revocación de la sentencia por ese fundamento.”

El caso de New Yorlc habla por sí mismo.

La expresión incidental (dictum) del caso de Guillet v. Shaw es que:

“la prueba en la deposición del chauffeur Dykeman de que fué se-parado de su empleo dos días después del accidente no era pertinente como una admisión implícita por el demandado de que el chauffeur había sido descuidado. Hewitt v. Taunton Street Railway, 167 Mass. 483.”

. En el caso de Heivitt la corte de Massachusetts dijo lo siguiente:

“Hasta ahora se ha sostenido que el tomar precauciones adicio-nales después de un accidente para evitar otros no es admisible en un caso como éste con el fin de probar la negligencia. Shinners v. Propriétors of Locks & Canals, 154 Mass. 168. Downey v. Sawyer, 157 Mass. 418. Columbia & Puget Sound Railroad v. Hawthorne, 144 U. S. 202. Las mismas razones que dieron lugar a aquellas de-cisiones son aplicables al presente caso. Sostener otra cosa tendería a desalentar la adopción de salvaguardias adicionales mejorando la calidad y levantando, la norma del servicio. ”

Si debemos o nó adoptar la misma regia en esta jurisdic-ción es asunto que puede quedar abierto a discusión hasta que la cuestión haya sido presentada más concretamente y resuelta por una córte de distrito y más debidamente des-arrollada en los alegatos en apelación.

En el presente caso la única objeción que se hizo en el juicio fné que la prueba era “enteramente inmaterial” sin hacerse ninguna manifestación de por qué se consideró por el abogado como inmaterial, ni ninguna especificación en cuanto al fundamento de la excepción tomada a la orden de la corte. La objeción así interpuesta no se hizo sino una vez al empezar la pregunta de si la compañía había “hecho alguna cosa con el maquinista.” Dentro de las circunstan-cias, el juez sentenciador puede haber procedido en la supo-sición de que la'^pertineneia de la acción si la hubo, estable-cida por la demandada, dependería de si tal acción se fun-daba en la creencia por parte de la demandada de que el maquinista había sido culpable de verdadera mala conducta o negligencia al ordenar la separación de la máquina y el alijo del resto del tren, o era de otro modo en realidad res-ponsable del accidente, en cuyo caso la conclusión natural sería que la cuestión podía resolverse más tarde. Pero la objeción no fué renovada, no se llamó la atención a la corte sentenciadora en ningún momento acerca de la verdadera base para solicitar la exclusión de tal prueba, asumiendo en pro del argumento que debió haber sido excluido.

■ La materia objeto de la pregunta no era por necesidad “enteramente inmaterial”, por impropia o inadmisible que como campo de investigación pudiera haber sido considerada por razones de política pública o por otros motivos que no se alegaron en el juicio. 1 Wigmore, 577, sección 283.

Además, aunque la suspensión temporal de empleo y re-baja en categoría se menciona en las conclusiones de la corte inferior, dicha corte no funda su razonamiento sobre la ne-gligencia del maquinista exclusivamente, ni siquiera princi-palmente en ninguna admisión implícita de la demandada, sino, según parece, en las declaraciones terminantes de tes-tigos oculares corroboradas por hechos materiales estableci-dos por la prueba en conjunto y en particular, por la ins-pección ocular del sitio del suceso, robustecida más bien que debilitada por el mismo relato vago, incoherente y contradic-torio hecho por el maquinista, del incidente y su relación activa con el mismo. Yerdaderamente que de un examen cuidadoso de los hechos y conclusiones en conjunto estamos enteramente convencidos de que el resultado en la corte inferior no hubiera sido diferente aun cuando la demandada hubiera alegado un fundamento de objeción más sostenible y si la objeción así formulada hubiera sido sostenida.

La quinta proposición es la siguiente:

“5. La corte incurrió en manifiesto error al declarar probado y dictar sentencia por el fundamento de que Pedro Rodríguez .era un pasajero de la demandada apelante.”

Para fines del momento podemos admitir con la apelante que Pedro Rodríguez en el preciso momento de ocurrir su muerte no tenía derecho a esperar o exigir un grado extra-ordinario de cuidado o protección contra el peligro por la relación de pasajero y porteador. Aparte de esto el quinto señalamiento como ha sido presentado y sometido en el ale-gato de la apelante no requiere seria consideración.

Con el fin de que la corte inferior pueda hablar por sí y no por un intérprete, y para mejor entendimiento de la ver-dadera importancia de los subsiguientes señalamientos sobre los méritos del presente caso, nos vemos obligados, aun a riesgo de una improcedencia aparente, a citar ampliamente las conclusiones de hecho y de derecho emitidas por el juez sentenciador, a saber:

“De la prueba introducida la corte encuentra probado que la demandada The American Railroad Co. of Porto Rico es una cor-poración autorizada para hacer negocios en esta Isla, y lo era el día 2 de noviembre de 1920; que se dedica a la explotación de un ferrocarril para el transporte de carga y pasajeros entre varios pun-tos de Puerto Rico y que pasa por el pueblo de Lajas; que el día 2 de noviembre de 1920 se celebraron en la Isla de Puerto Rico las elecciones generales, con cuyo motivo la afluencia de gente de los campos a pueblos y sitios tuvo lugar como en ningún otro día; que el tren correo que diariamente hace la travesía de San Juan a Ponce pasa por el pueblo de Lajas tanto ahora como en la fecha antes dicha, a las tres de la tarde, poco más o menos; que el día 2 de no-viembre de 1920, como a las tres de la tarde, poco más o menos, se encontraba parado en el andén de la estación qne la demandada, The American Railroad Co. of Porto Rico, tiene en el pueblo de Lajas, un número suficiente de personas hasta llenar dicha estación, que tiene cabida para cuarenta o cincuenta personas, y alrededor de dicha estación, y frente a la misma hasta la esquina de la calle 'Victoria’, se encontraban como 300 personas más, casi todas las cuales esperaban el tren que a dicha hora tenía que pasar por la ex-presada estación a fin de trasladarse a sus respectivos hogares en diferentes barrios en el pueblo de Lajas de donde habían venido aquel día con motivo de las elecciones; que entre los que se encontraban esperando el tren en aquel sitio y a aquella hora frente a la esta-ción, al otro lado de la vía hacia la esquina de la calle de la ‘Victoria’ figuraba un hombre llamado Pedro Rodríguez, de poco más de 30 años de edad, de constitución robusta, que se dedicaba al cul-tivo de la tierra y a las faenas del campo, para el cual se había com-prado y se había entregado un ticket o billete para ser conducido por el tren desde la plaza del pueblo de Lajas, donde lo esperaba, hasta la de Lajas Arriba; que a la hora de costumbre o sea las tres de la tarde, poco más o menos, las personas que se encontraban reunidas en la estación uyeron el pito ele la máquina del tren co-rreo, que anunciaba, como de ordinario, la llegada del tren; que dichas personas, entre ellas Pedro Rodríguez, se prepararon' y dis-pusieron a tornar el tren, unas por un lado y otras por el otro lado de la vía; que al poco rato de oirse el pito la expresada máquina pasó frente a dicha estación pero sin detenerse en ella, yendo a gran velocidad, sola, sin arrastrar vagones o carros de ninguna es-pecie, estando la vía completamente limpia y todas las personas que esperaban el tren en sitios de seguridad; que con motivo del paso de dicha máquina por la estación en las expresadas condiciones, dichas personas que se encontraban allí prorrumpieron en gritos de viva a los partidos políticos y otros de que se habían comido un pavo porque aquella máquina no era la del tren correo que ellos estaban esperando; que las personas allí reunidas, entre ellas Pedro Rodri-gues, tuvieron la creencia razonable de que el tren correo o tren otro alguno, no pasaría entonces por allí y que ninguno estaba próximo, en cuya consecuencia procedieron a retirarse de la estación para el pueblo, teniendo para ello que cruzar la vía los que se encontraban en la parte opuesta de ella en relación con el edificio de la estación y el pueblo; que en el momento en que en estas circunstancias dicho Pedro Rodríguez cruzaba la vía en dirección al pueblo gritando que se había comido un pavo fué arrollado y muerto por los vagones de dicho tren correo que se habían cortado y desprendido de la má-quina mucho antes de llegar a la estación y que sin aviso ni señal alguna, cuando no existía razón ni cansa alguna para que dicho Pedro Rodríguez, o persona otra alguna de las allí reunidas, presu-miese su proximidad o posibilidad de pasar por allí, debido a una curva en la vía que llegó hasta casi frente a la misma estación, apa-recieron de súbito y cruzaron y pasaron frente a dicha estación; que aquel mismo día después de la salida del tren correo de la ciu-dad de San Germán para cruzar por Lajas, los pasajeros empezaron a sentir fuertes topetazos, choques fuertes, hasta que el maquinista, al bajar una pendiente entre San Germán y Lajas, detuvo el tren, encontró los topes atravancados, ordenó descargar el tren por el ‘tender’ y que el fogonero, que estaba en la máquina hiciera cami-nar ésta para separarla de los carros y que el tren quedara parado, pero como estaba en una pendiente, una vez separada la máquina del tren, estando éste descargado, corrió detrás de la máquina, el fogonero cogió miedo y partió en la máquina delante del tren a gran velocidad, el maquinista tuvo que ocupar el tren, que siguió detrás de la máquina, y en estas condiciones pasaron por la esta-ción de Lajas; que el mal estado de conservación de la vía de la demandada fué la causa de los golpes y choques y desencaje de los topes que tuviera el tren antes de su corte, y que éste, o separación de la máquina y el tren se debió a la naturaleza de la forma de ma-nejar, dirigir, maniobrar y manipular dicho tren por los empleados de la demandada, The American Railroad Co. of Porto Rico; que ésta castigó al maquinista Santana de dicho tren por la expresada causa, con degradación y separación temporal de empleo' y sueldo, que el expresado Pedro Rodríguez, a la época de su fallecimiento, o sea el 2 de noviembre, 1920, tenía como únicos universales herede-ros a su legítima madre la demandante, Julia Torres, viuda , de Ro-dríguez, y a su esposa la demandada Victoria Tirado, Vda. de Ro-dríguez, en la proporción correspondiente de acuerdo con la ley; y que el expresado Pedro Rodríguez satisfacía todas las necesidades de su madre la demandante con el producto de su trabajo, del cual dependía ésta exclusivamente para su vida y sostenimiento.
“De estas conclusiones de hecho, la corte llega a la conclusión de derecho de que la demandada, la American Railroad Co., fué descuidada y negligente en el uso, atención y conservación de' su vía extendida ^ntre la ciudad de San Germán y el pueblo de Lajas, en la expresada fecha, permitiendo que dicha vía tuviera golpes que ocasionara los choques del tren y que se atravancaran los topes; y que asimismo fué negligente clieha demandada en el manejo, direc-ción y manipulación de su expresado tren correo en el trayecto comprendido entre la ciudad de San Germán y el pueblo de Lajas, el día 2 de noviembre de 1920, a cuya consecuencia se partió o dividió el tren en dos y continuó así dividido y descuidada y negli-gentemente, al pasar los vagones de dicho tren por la estación del pueblo de Lajas, arrollaron y mataron al expresado Pedro Rodrí-guez; que la causa próxima e inmediata de este accidente que oca-sionó la muerte al susodicho Pedro Rodríguez fué la culpa, abondono •y negligencia de la demandada The American Railroad Co. of Porto Rico, en la atención, uso y conservación de la expresada vía y en la dirección, manejo y manipulación de su tren.
“En cuanto a la alegación de negligencia contributoria hecha por la demandada la American Railroad Co. of Porto Rico, la corte llegó a la conclusión de que en las circunstancias en que dicho Pedro Ro-dríguez cruzó la vía en el momento en que fué arrollado y muerto por la demandada, no cometió ninguna negligencia ni era un trans-gresor ni un 'licensee’; a este respecto la corte cita a Sherman & Redfield sobre Negligencia, tomo 2, pág. 1466, seo. 525 y casos ano-tados, para demostrar la falta de negligencia contributoria, y en cuanto a las relaciones existentes entre dicho Pedro Rodríguez y la demandada, The American Railroad Co. of Poi’to Rico, en el mo-mento de la muerte de aquél, la corte cita el mismo tomo de la obra, sceciones 488 y 490, págs. 1297 y 1307.”

Los señalamientos de error que no han sido ya discuti-dos son los siguientes:

“6. La corte incurrió en manifiesto error, al dictar sentencia contra la demandada, por el fundamento, de que la demandada fué ne-gligente en el manejo y manipulación de sus trenes y en el mante-nimiento y conservación de su vía.
“7. La corte incurrió en manifiesto errror al dictar sentencia contra la demandada por el fundamento de que la demandada fué negligente en el manejo y manipulación de sus trenes y en el man-tenimiento y conservación de su vía y que éste fué la causa próxima e inmediata del arrollamiento y muerte del Pedro Rodríguez.
“8. La corte incurrió en manifiesto error al declarar que el in-terfecto Pedro Rodríguez no fué culpable de negligencia eontribu-toria, y que ésta no fué la causa próxima e inmediata del accidente.
“9. La corte incurrió en manifiesto error al dictar sentencia a favor de la demandante porque según el peso y preponderancia de la prueba la demandada no fué culpable de negligencia ni de la causa próxima del accidente y según el claro peso de la prueba el interfecto Pedro Rodríguez fué culpable de negligencia contributors, siendo esto la causa próxima de su muerte.
“10. La corte incurrió en manifiesto error al dictar sentencia contra la demandada condenándole a pagar a la demandanate la suma de $2,600 más las costas de esta acción e intereses.”

No creemos necesario seguir al abogado de la apelante en la discusión de todos los casos citados para sostenerlos señalamientos sexto al noveno inclusive ni iniciar un debate sobre las proposiciones legales y abstractas anunciadas en las citas becbas en el alegato.

Las facilidades de investigación y busca en algunos de los distritos adyacentes parecen ser bastante limitadas; y puede admitirse que la cita de Sherman y Redfield dejan mucbo que desear en apoyo de las conclusiones a que llega la corte inferior. La frecuencia con que dicha obra se cita en el alegato de la apelada y el escaso número de autorida-des parece indicar que el juez sentenciador no tuvo la ven-taja de un amplio campo de selección. Dentro de las cir-cunstancias el resultado en la corte inferior es quizás más o menos un buen ejemplo de confianza de un sano instinto judicial como norma adecuada a falta de un gran número de casos resueltos en otras jurisdicciones.

. La que más se acerca al presente caso entre las autori-dades citadas por la apelante - puede encontrarse en el de Pennsylvania Railroad Co. v. McGin, 61 Md. 108, y Rodríguez v. N. Y. N. H. & H. R. Co., 96 N. E. 684, citados en el sentido de que sostienen que —

“La negligencia de una compañía ferroviaria en cortar su tren y correr la máquina rápidamente en frente de los carros que la si-guen no excusa la negligencia eontributoria de una persona que es arrollada y estropeada en un cruce o paso a nivel.”

-Y se cita el caso de Woodward v. N. Y. L. E. R. Co., 106 N. Y. 369, para demostrar que “esta teoría es aplicable a cruces y calles.”

No tenemos a mano el tomo 61 de Maryland Reports, ni encontramos el primero de los tres casos citados última-mente y anotado en el Century Digest.

El sumario del caso de Rodríguez v. N. Y. N. H. & H. R. Co. dice lo siguiente:

“Cuando se demanda a una compañía de ferrocarriles con arre-glo al estatuto de 1906, capítulo 463, parte 2, número 245, que esta-blece una responsabilidad contra una compañía de ferrocarriles que no pone las señales que la ley manda en los cruces por virtud de lo cual se ocasiona la muerte de un viajero, a menos que la negligen-cia crasa o voluntaria, o el acto ilegal del mismo contribuyera a su muerte, tiene la obligación de probar la negligencia crasa o volun-taria o acto ilegal del interfecto como causa eontributoria.
“El demandante que establece la acción de acuerdo con el esta-tuto de 1906 y la ley 463, parte 4, No. 63, como fué enmendado por el estatuto de 1907, capítulo 392, el cual establece la responsabili-dad contra una compañía' de ferrocarriles por la muerte de una persona en el ejercicio del debido cuidado, debe probar que el via-jero muerto en un cruce en una pendiente ejercitó sus facultades para protegerse y cuando él meramente demuestra que el interfecto fué visto últimamente al salir de una cantina a una distancia de varios minutos de un cruce y que poco después su cadáver fué en-contrado en el cruce bajo un carro de carga, pero deja de probar que el finado tomó alguna precaución para su propia seguridad al acercarse a la vía, no demuestra que él ejercitó debido cuidado.
“El estatuto 1906, c. 463, Pt. 2, sección 147, que prescribe sobre las señales de los trenes que se aproximen a los cruces en la carre-tera, al ser considerado en relación con la sección 245, que hace responsable a una compañía de ferrocarriles que deja de dar señales, por la muerte de un viajero en un cruce, a menos que dicbo viajero fuere culpable de negligencia crasa o voluntaria, o del acto ilegal que contribuyó a su muerte, se aplica solamente cuando la locomo-tora misma o los carros que la acompañan pasen un cruce, y no es aplicable cuando en un desvío un solo carro desprendido de una lo-comotora pasa un cruce.”

Con respecto a este último particular la corte dijo:

“La inferencia necesaria de las referidas secciones 147 y 245 es que el pito o campana deben tocarse solamente cuando la propia locomotora o carros que la acompañan pasan el cruce. White v. N. Y., N. H. & H. R. R., 200 Mass. 441-444, 86 N. E. 923. La razón ele esto bien puede ser que la legislatura no tuvo la intención de establecer lo que en dichos casos podría ser casi un perjuicio pú-blico intolerable producido por el ruido en las vecindades donde las carreteras cruzan los desvíos o vías usadas en parte para fines de cambios, sino dejar la protección de los viajeros allí a la obligación general que tienen las compañías de ferrocarriles en' todas las cir-cunstancias de usar el debido cuidado en todo cruce y a las facul-tades conferidas a la Junta de Comisionados de Ferrocarriles para ordenar la construcción de portones y estaciones para los hombres encargados de hacer señales. Toda vez que el carro que arrolló al causante del demandante no era uno en el cual se requieren las se-ñales que la ley dispone, el demandante dejó de probar un caso bajo su primera alegación.
“Resulta innecesario considerar si hubo o nó negligencia por parte del demandado o negligencia crasa de sus empleados o agentes. ’ ’

A falta de alguna discusión o análisis del caso, o compa-ración de estatutos en el alegato de la apelante, sería super-fluo cualquier otro comentario.

Lo que la corte por una simple mayoría resolvió en el caso de Woodward, como se expresó, en el sumario, fue que:

“Los hechos demostraron absolutamente que W. miró y al ver que el carro venía trató de cruzar en frente del mismo, o que no miró cuando era su deber hacerlo, y podía por tanto, imputársele negligencia contributoria; y que el someter la cuestión a un jurado constituía un error.”

Aparte de las circunstancias consideradas como insufi-cientes para excusar tal negligencia contributoria, los hechos de referencia, en tanto requieran ser nuevamente citadas aquí, están expresados en la opinión de la mayoría, a saber :

“Philo P. Woodward, causante del interfecto, estaba empleado en una mina de carbón de piedras perteneciente a un tal EEuck, que se encontraba frente a la calle Canisteo y se extendía al sitio del fe-rrocarril. Estando así empleado llegó a familiarizarse completa-mente con el cruce y especialmente con el uso que tenía la estación de desvíos de Osborn. Allí estaba colocado el carbón de piedra que había de ser entregado en Hornellsville, y los carros que lo condu-cían ordinariamente se colocaban en ese desvío y a través de la ea-lie al sitio de descarga. El demandante mismo a menudo babía pre-guntado en la oficina de carga por el carbón de su principal y dado*-órdenes acerca del desvío en que habían de ser colocados los carros. Una persona que viniera en dirección sudeste por la calle Cañaste» por el depósito de carbón de piedra de Huck, tendría a su derecha primero un solar desocupado colindando con una palizada alta hacia la vía y después un edificio conocido por tienda de Grotty. Mien-tras se pasaba por allí la vía al oeste del cruce no podía ser vista pero cuando se llegaba a la esquina sudeste que estaba a treinta y uno y medio pies de la intersección de la calle con la vía, podía ser visto el desvío al oeste a una distancia de 57 pies. Al llegar a una distancia de diez pies de la vía podía ser visto a una distancia al oeste de 137 pies y el mapa demuestra que cuando se llegaba a dos pies de la vía podía divisarse la vía en toda su longitud al oeste y además cierta parte de la vía principal.
“El causante del demandante y un tal Phelps se acercaron al cruce conduciendo un canasto de carbón de piedra que traían del patio de Tíuek y el interfecto fué arrollado en la vía que está al sur del desvío y cuando casi estaba al otro lado del mismo por uno de los carros de carbón echados del oeste y que se movían por su propio impulso. El accidente ocurrió un día claro y bueno cuando nada había que pudiera obstruir o entorpecer la vista, cuando el perjudicado iba a pie y pudo haber parado en cualquier momento y cuando de una simple mirada al desvío hacia el oeste hubiera po-dido descubrir el peligro que amenazaba. El carro y el hombre es-taban en la intersección de la vía y el carro. La mayor velocidad del primero se dice que era cuatro millas por hora y si pensamos que el paso del segundo era tan lento como una milla por hora los carros se movían a razón de cuatro pies mientras él a uno, y cuando estaba a dos pies del cruce ellos no se encontraban sino a cuarenta pies del mismo y moviéndose hacia él en su dirección a la -clara vista. Si él iba andando más ligero ellos estaban todavía más cerca y es absolutamente cierto que en cualquier momento^ a una distancia de diez o quince pies el interfecto sólo tenía que mirar y detenerse para estar seguro. En verdad que Cook, llamado por el deman-dante, jura que los carros estaban a una distancia de diez o doce pies de ellos cuando los dos hombres cruzaron la vía, de modo que los hechos demuestran absolutamente que Woodward y Phelps o bien miraron y viendo que el carro venía trataron de cruzar frente al mismo, o no miraban cuando esto era su deber y pasaron ciegan mente por la vía asumiendo el riesgo de lo que pudiera ocurrir. La prueba es muy simple en cuanto a que uno u otro de ellos miró real-Érente hacia el oeste después de pasar la tienda de Crotty. Phelps admitió que él sólo miró al pasar por esa tienda y por consiguiente cuando sabía que él no había tomado precauciones contra el peligro-dé las carros que se colocaban en el desvío y que probablemente po-dían venir a dicho desvío en cualquier hora del día,; pero si ellos realmente miraron después de pasar ese sitio, es inevitable la infe-rencia de que ellos vieron los carros que se aproximaban y se equi-vocaron en cuanto a su habilidad para cruzar por frente a ellos. El caso es uno en el cual la prudencia ordinaria y cuidado no queda-ron demostrados ni pudo inferirse, y por lo cual no puede darse nin-guna excusa o disculpa.”

Tres de los siete jueces en una opinión disidente muy ra-zonada están de acuerdo con el criterio de que el caso en conjunto no constituye excepción alguna a la regla general de que la cuestión de negligencia eontributoria vél non se-gún las circunstancias que pueden o nó excusar tal negli-gencia debe dejarse a la consideración del jurado. Véase también el caso de Oldenburg v. New York Central & Hudson River R. R. Co., 124 N. Y. 414, 26 N. E. 1021, y casos citados, donde la misma corte tuvo un criterio unánime al sostener y confirmar la regla general.

En tanto la ley que regula los accidentes en las calles o cruces esté aquí envuelta, en caso como ha sido desarrollado en el juicio parece ser más fuerte para la demandante que como se indica en la demanda o en las conclusiones.

Al pasar la locomotora el causante ele la demandante es-taba sentado o parado en un cruce de una calle entre la es-tación y la curva- al cual acababa de llegar la locomotora, y a unos ocho o diez metros de la estación al otro lado de la vía en un punto diagonalmente a través de la estación. Su vista en la dirección de la cual el no sospechado peligro surgió, quedaba obstruida. Estando ya parado no tenía que detenerse antes de empezar a andar.' El pequeño ruido que los rápidos carros en movimiento hayan podido hacer quedó eliminado por el sonido de la locomotora que pasaba y los gritos de la muchedumbre en la estación.

Varias personas que estaban algo más lejos del cruce de la calle y más directamente en sentido opuesto a la estación lograron cruzar por detrás de la locomotora y antes de la llegada de los carros sueltos. Uno de éstos en el momento en que el causante de la demandante fue arrollado pudo es-capar con dificultad de igual peligro saltando de la vía.

La impresión general según resulta de este movimiento y que fue alegado en la demanda y declaró probado el juez sentenciador, fue que la llegada del tren había sido demo-rada. La conclusión hedía por el mismo Rodríguez está evidenciado por sus últimas palabras que parecen haber sido muy inteligibles para todos aquellos que las oyeron, y todas las personas interesadas en los hechos, no en un-sentido literal sino como indicativas de la idea de que la salida de los pasajeros que esperaban el tren había sido pospuesta.

Rodríguez en vez de seguir en ángulos rectos a través de la vía en el cruce de la calle tomó una dirección algo diagonal inclinándose más o menos hacia la dirección general de sus amigos que estaban reunidos en la estación, dejando así el cruce entre el mismo y la causa del peligro. El fué arrollado en la orilla o a una distancia de un metro o dos del borde del cruce.

A menos que tengamos que sostener que a pesar de las prescripciones de nuestro estatuto el acto de correr un tren velozmente de carros separados y sin gobierno por una curva pronunciada y por un cruce de calle de una aldea desde donde el peligro que amenazaba no podía ser visto en el día de una elección general a las tres de la tarde cuando un tren de pasajeros debe llegar, sin.aviso y dentro de pocos segundos o de un minuto o dos después de pasar una loco-motora que ha hecho las señales usuales y corrientes, no constituye negligencia; o que un viandante que se aproxima al cruce no tiene ningún derecho a creer que han de hacerse las señales corrientes que la ley manda, ni confiar en sus oídos cuando su vista estaba obstruida o que tal viandante, encontrándose sentado o parado a un metro o dos o menos de la vía debe primero andar y después pararse, mirar y oir, antes de dar el paso que le ha de llevar a la vía, aún. cuando no baya de oirse ningún sonido y mirar de nada sirve; o que cualquier desviación o separación, por ligero que sea de la parte frecuentada del cruce de la calle conver-tirá a tal viandante en un transgresor ordinario sin derecho alguno a recobrar, a falta de una intención deliberada de matar, aun cuando tal proceder proporcione más espacio y distancia, entre él y el peligro imprevisto y en manera al-guna contribuye a su perjuicio; o que la cuestión de negli-gencia contributoria, en tales circunstancias, es puramente una cuestión de derecho y no de hecho o de hecho y derecho; entonces de acuerdo con nuestro estatuto parece que ha ha-bido en este caso la triple obligación por parte de la de-mandada y el triple deber hacia Pedro ítodríguez debido a la proximidad inmediata de la estación del cruce y de la curva, y la justicia substancial del fallo apelado es en se-mejante proporción más aparente.

No incumbe a esta corte establecer la corrección absoluta de ese resultado fuera de toda duda, ni debemos investigar por nuestra propia iniciativa y resolver cuestiones que son más o menos dudosas y que no han sido levantadas ni discutidas por la apelante. Si la doctrina de la última oportunidad (last clear chance) o la muy gastada teoría de negligencia relativa, está en realidad envuelta, una resolución final respecto a hasta qué punto están envueltas y si fuere necesario el debido alcance y autoridad del presente caso como precedente también pueden dejarse para el futuro. El caso ya ha consumido una cantidad de tiempo' y trabajo que está fuera de toda proporción con su importancia intrínseca, como se verá de nuestra conclusión en relación con el déqimo señalamiento de error.

Además de las autoridades ya citadas y como punto de partida para ulterior investigación, por ahora estamos sa-tisfechos con llamar la atención a los siguientes casos: 22 R.C.L. 945; sec. 87; 971, sec. 203; 973, sec. 204; 980, sec. 211; 995, sec. 224; 1000, sec. 228.

Nos inclinamos a convenir con la apelante en qne la más corta esperanza de vida de la demandante debe tomarse en consideración al determinar los daños y perjuicios y qne desde este pnnto de vista la cantidad concedida por la corte inferior es algo mayor qne lo qne las circunstancias, incluyendo tal esperanza, puede decirse qne justifican. 8 Cal. Jur., p. 1018, sec. 61; 17 C. J. págs. 1331, 1332, 1354, secciones 202 y 241.

Sin embargo, la demandante qne es.una mujer de cin-cuenta años fué a la silla testifical y el juez sentenciador es-tuvo en condiciones de formar por su apariencia general, fí-sico, fortaleza mental y corporal, alguna idea y tal vez. un concepto más exacto y justificado de su término razonable de vida que la que pudo haber tenido por virtud de una prueba pericial y listas de mortandad.

Pedro Bodríguez ganaba de $6 a $8 semanales y con esto proporcionaba lo necesario para su sostenimiento, de su es-posa y madre la demandante, que tenía otros hijos pero ningún otro medio de suministrarse su sostenimiento.

Asumiendo que la demandante recibía más o menos una tercera parte del salario de su hijo; esto ascendería a lo menos a la suma de $100 anuales.

Atendidas todas las circunstancias, y dando a la deman-dante y a la corte inferior el beneficio de cualquier duda ra-zonable, creemos que la cantidad de $1,500, intereses y cos-tas, sería un cálculo conservador y razonable.

Bebe modificarse la sentencia apelada de conformidad con lo aquí expuesto, y, así modificada, confirmarse.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey disintieron.


source: Caselaw Access Project

author: En Juez Asociado Señob Aldkey,

license: Public Domain

text:
    Luis Fontánez, demandante y apelante, v. Sucn. de Juan Buxó Ocasio, demandada y apelada.
    No. 3748.

    Visto: Noviembre 2, 1925.

      Resuelto: Noviembre 3, 1925.
    Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Fundamentos de la Desestimación — Defectos en los Procedimientos, a Revisa». — Notificado un escrito de apelación por correo, si el affidavit del diligenciamiento no ex-presa que se pagó franqueo alguno, procede desestimar la apelación por falta de jurisdicción.

      Moción sobre desestimación de apelación presentada por la apelada.

      Con lugar.

      Bolívar Bagan, abogado del apelante; González Fagundo & Gonzá-lez, Jr., abogados de la apelada.
   En Juez Asociado Señob Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

La notificación de la apelación en este pleito fné liecha al abogado de la apelada por correo, según una declaración jurada acompañada con el escrito de apelación, pero se nos pide que desestimemos la apelación por el motivo de que dicha declaración jurada no expresa que el pliego que fué' puesto en el correo con la notificación de la apelación tenía el franqueo correspondiente. A tal petición se opone 3a apelante alegando que ha cumplido con el estatuto puesto que la declaración jurada dice que el pliego conteniendo la notificación fué puesto en el correo por lo que hay que pre-sumir que el apelante cumplió con la ley y que por tanto el sello del franqueo fué puesto en el sobre.

El artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone que “en los casos de remisión, la notificación o docu-mentos deberán depositarse en la administración de correos, dirigidos a la persona a quien hubiere de intimarse, o ha-cerse la entrega, a su oficina o residencia pagándose el fran-queo.” Por consiguiente, no basta con que en la de-claración jurada se diga que la notificación o documento fué depositado en el correo, como alega el apelante, sino que en ella debe hacerse constar que el franqueo fué pagado, ya que la ley expresamente dice “pagándose el franqueo” pol-lo que en vista de esta exigencia de la ley no puede acudirse a presunciones que ella rechaza. El caso de Roig Commercial Bank v. Sucesión de E. Lugo Viña, 34 D.P.R. 155, que desestimó una apelación por este motivo, por estar privado de jurisdicción este tribunal, es aplicable al presente, por lo que la apelación debe desestimarse.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Rivera Cruz, acusado y apelante.
    No. 2603.

    Resuelto: Noviembre 6, 1925.
    Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Récord y Procedimientos que no EstAn en Récord — Transcripción de la Evidencia. — Sólo cuando el juez inferior finalmente imparte su aprobación a la transcripción de la evidencia, es que ésta entra a formar parte del legajo de la sentencia y puedo servir de base para resolver el recurso por los méritos de dicha prueba.
    Moción sobre corrección de autos en apelación.

      Sm lugar.

      F. Rivera Almodovar, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 31 de julio último quedó archivada en la Secretaría de esta Corte Suprema la transcripción de esta apelación. Contiene copias certificadas de la acusación, del fallo y la sentencia y del escrito de apelación.

El 20 de agosto siguiente el apelante presentó un docu-mento de ocho páginas que termina así: ‘ ‘ Certifico: Que lo que antecede es una copia fiel y exacta de lo actuado en el acto de la vista de este caso, y a petición de parte inte-resada, libro la presente en San Juan, P. R., hoy día 4 de agosto de 1925. (Edo.) J. Comas Vera, Taquígrafo de la Corte.- — Segundo Distrito,” y pidió que se resolviera el re-curso entrando en el mérito de las pruebas bajo la base del documento presentado.

Dicen los párrafos 4, 6 y 7 del artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal, tal como quedó enmendado pol-la ley No. 4 de 1925, Leyes de 1925, página 109 :

í!En lugar de preparar el pliego de excepciones o la exposición de la causa, a que se lia hecho referencia anteriormente, con el fin 'de que se revise en grado de apelación cualquier materia u orden revisable en la apelación de una sentencia final, en causa criminal, podrá radicarse por el acusado-apelante o por su abogado, o por el fiscal del distrito, en el caso de que El Pueblo de Puerto Rico fuere el apelante, en poder del Secretario de la corte de cuya sentencia, orden o resolución se hubiere apelado, un escrito solicitando que se haga y prepare una transcripción de las declaraciones ofrecidas y tomadas, de las pruebas ofrecidas y practicadas y de todas las reso-luciones, actos o manifestaciones de la corte, así como de todas las objeciones y excepciones del fiscal del distrito y del abogado del •acusado, y cuestiones o materias que con la misma se relacionen. Dicho escrito deberá presentarse dentro de diez días después de ha-berse archivado la apelación. Al recibir dicho escrito, será el de-ber de la corte ordenar al taquígrafo de la misma que transcriba fiel y completamente el récord taquigráfico del juicio. El taquígrafo •dentro de los veinte días después de haberse así ordenado por la ■corte deberá preparar una transcripción de las notas taquigráficas ■del juicio, incluyendo en dicha transcripción copia de todos los do-cumentos ofrecidos y admitidos como prueba y de cualquiera otra materia que se hubiere solicitado en el escrito, que se incluyan en la transcripción, y entregará ésta al secretario de la referida corte.
# « # # * * #
“Archivado el pliego de excepciones o exposición del caso o trans-cripción de la evidencia, en la secretaría de la corte, el secretario dará el mismo día o al siguiente cuenta de ello al juez y éste fijará la fecha en que ante él deberán comparecer el acusado o su abogado y el fiscal del distrito para la aprobación de dicho pliego, exposición o transcripción de la evidencia.
“Celebrada esa comparecencia, la corte, tomando en considera-ción las manfestaeiones hechas por dichas partes y las resultancias del pliego de excepciones, exposición o transcripción, en su caso, hará las correcciones que estime oportunas y le impartirá su apro-bación a dicho pliego de excepciones, exposición o transcripción de la evidencia, certificando el juez al pie del mismo su contenido tal como lo haya aprobado y pasará en tal forma dicho pliego de ex-cepciones, exposición o transcripción de la evidencia a formar parte del legajo de la sentencia.”

No basta, pues, la simple certificación del taquígrafo. MI taquígrafo prepara la transcripción y la certifica, pero ■esa transcripción certificada es sometida luego al proceso que clara y detalladamente marca la ley que dejamos trans-crita, y sólo cuando la ley se ha cumplido y el juez final-mente imparte su aprobación, es que la transcripción entra a formar parte del legajo de la sentencia y puede servir de base para que la Corte Suprema considere los méritos del caso.

Siendo ello así, debe declararse sin lugar la moción del apelante.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alfredo Padilla, acusado y apelante.
    No. 2608.

    Resuelto: Noviembre 6, 1925.
    Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Réciord y Procedimientos que no EstAn en Récord — Transcripción de la Evidencia.' — De acuerdo con el artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal, como quedó en-mendado por ley de 1925 (p. 109), no procede, en apelación, conceder permiso paía convertir una transcripción taquigráfica de la evidencia en exposición del caso, cuando el apelante no ejercita en tiempo su derecho.
    MocüÓN solicitando permiso para convertir transcripción de la evi-dencia en exposición del caso para elevarlo al Supremo.

      Sin lugar.

      Rafael Sancho Bonet, abogado del apelante; José E. Eigueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 3 de agosto último quedó archivada la transcripción en este caso compuesta de copias certificadas de la acusa-ción, de la sentencia y del escrito de apelación. El recurso se interpuso el 24 de septiembre de 1924.

El 25 de agosto de 1925 el apelante presentó un escrito que en lo pertinente dice:

“Que el mismo día en que se le dictó sentencia, el acusado in-terpuso recurso de apelación para ante este Hon. Tribunal, habiendo el abogado que suscribe, en representación del acusado, tratado con el taquígrafo de la corte sentenciadora el importe fijado por dicho señor para la preparación y transcripción del récord taquigráfico y la exposición del caso, el importe de cuyo trabajo recibió el refe-rido- taquígrafo de manos del acusado.
“Que transcurrido algún tiempo el abogado que suscribe tuvo noticias por el propio taquígrafo de haberse radicado en la corte inferior una transcripción de la evidencia para ser elevada a este tribunal formando parte de la transcripción de los autos.
“Que allá por el día 3 de agosto de 1925 el Secretario de la Corte del Segundo Distrito Judicial de San Juan remitió ante este Ilon. Tribunal la transcripción de los autos del presente caso, sin que en ella incluyera la transcripción de la evidencia.
' “Que habiendo el abogado que suscribe inquirido del Secretario de la corte sentenciadora la causa por la cual no fué remitida a este Tribunal la transcripción de la evidencia, 'dicho funcionario manifestó que la causa de ello obedeció a que la ley no1 le facultaba para elevar en casos criminales, una transcripción de la evidencia en lugar de una transcripción del caso.
“Por tales CONSIDERACIONES, el abogado que suscribe al Hon. Tribunal suplica se sirva concederle permiso para convertir la trans-cripción de la evidencia, constante en la corte inferior, en una ex-posición del caso, y una vez así convertido elevarla a este Hon. Tribunal.”

Cuando la apelación se interpuso regía el art. 356 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal tal como fué enmendado en 1908. Comp. 1911, p. 1040. Diclio artículo prescribe de modo claro y terminante el procedimiento que debe seguirse. Impone la obligación al secretario del tribunal sentencia-dor de elevar determinados documentos “si los hubiere.” Si el apelante deseaba que se revisara la prueba, era nece-sario que preparara por sí mismo la “relación de hechos” o el “pliego de excepciones” en la forma que la ley y la jurisprudencia determinan y los incorporara a los autos.

Aun cuando se estimara aplicable la enmienda de 1925 al art. 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal a que nos hemos referido en el caso de El Pueblo v. Rivera, de-cidido hoy, siempre resultaría que el apelante no ejercitó en tiempo su derecho de acuerdo con los términos de dicho artículo enmendado.

A virtud de todo lo expuesto, la moción del apelante debe ser declarada sin lugar.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Valentin (a) El Negro, acusado y apelante.
    No. 2613.

    Resuelto: Noviembre 6, 1925.
    Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Récord y Procedimientos que no Est.ín en Récord — Transcripción de la Evidencia; — No procede ordenai a un secretario de un tribunal inferior que remita al Supremo, como parte del récord de apelación, copias de documentos y constancias que no aparece que se hayan incorporado debidamente al legajo de la sentencia.
    'Moción .solicitando corrección de autos en apelación.

      Sin lugar.

      García Méndez & García Méndez, abogados del apelante; José TI. Pignoras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Interpuesta apelación el 28 de marzo último contra la sentencia dictada en este caso por la Corte de Distrito de Aguadilla, el secretario de dicha corte- elevó a la Secretaría de este Tribunal Supremo una copia certificada de la trans-cripción de los autos que contiene la acusación, el indictment, la lectura de la acusación, una moción de especifica-ción, otra de sobreseimiento, las contestaciones a dichas mo-ciones, la resolución de la corte, la contestación a la acusa-ción, el veredicto del jurado, la sentencia, el escrito de ape-lación y la exposición del caso y pliego de excepciones pre-parados por el acusado y aprobados por el Juez sentencia-dor, con la conformidad del fiscal.

Así las cosas, el acusado pide a esta Corte Suprema que ordene al secretario de la corte de distrito:

‘‘ que remita .... copia .... de los siguientes documentos:
“A. — Copia de la primera acusación presentada contra el acu-sado Manuel Valentín por el delito de homicidio voluntario, de no-viembre 20 de 1924, bajo el número 2786.
“B. — Moción de especificación presentada por el acusado en diciembre 5 de 1924.
• “C. — Moción de sobreseimiento presentada por el acusado en diciembre 5 de 1924.
“D. — Resolución de la corte sobreseyendo la acusación, de diciem-bre 23 de 1924, folio 46 libro de minutas, tomo 35.
“E. — Constancia de la fecha del nuevo arresto del acusado; y
“F. — Constancia de la fecba en que el acusado prestó fianza para su libertad provisional, después del sobreseimiento de la pri-mera acusación.”

Examinando la transcripción elevada se observa que en la moción de sobreseimiento presentada en marzo 9, 1925, se consigna: “Por lo cual, y previa discusión de esta mo-ción y aportación de prueba, si la corte lo estima necesario para establecer los hechos alegados.” que al contes-' tar el Fiscal negó los dichos hechos alegados y que la corte llegó a conclusiones de hecho contrarias a las sostenidas por el acusado.

Siendo ello así, los documentos y constancias a que se refiere el recurrente debieron aportarse como prueba y por tanto incluirse por el propio recurrente en la exposición del caso que preparó a los efectos de su apelación. El secre-tario no estaba en la obligación de remitirlos, ni cabe, por tanto, ordenársele que los remita. No formaban parte del legajo de la sentencia.

La petición debe negarse sin perjuicio del derecho que pueda tener el apelante a cualquier otro procedimiento ade-cuado.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Rodríguez Trinidad, acusado y apelante.
    No. 2575.

    Resuelto: Noviembre 6, 1925.
    Derecho Penal — -Apelación y Error y Certiorari — Récord y Procedimientos que no Están en Récord — Transcripción de la Evidencia. — De acuerdo con ol artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal el secretario de la corte sentenciadora no está obligado a elevar la prueba a menos que so hiciera formar parte del legajo de la sentencia por alguno de los medios reconocidos por la ley y la jurisprudencia, y de conformidad con dicho artículo tal como quedó enmendado por ley de 1925 (p. 109) para que el apelante tenga derecho a que se transcriba por el taquígrafo las pruebas, deberá soli-citarlo dentro de diez días después de archivada su apelación, o de 1a. pró-rroga que se le concediere legalmente.
    Moción solicitando prórroga para radicar el récord taquigráfico en apelación.

      Sin lugar.

      Rafael Sancho Bonet y Benigno T. Pacheco, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 3 de septiembre del actual se presentó en este caso una moción “solicitando prórroga para radicar el récord ta-quigráfico.” El 9 volvió a archivarse otra moción entera-mente igual. Como motivo se alega que el primer'abogado del acusado renunció su representación y al hacerse cargo de la defensa el segundo se dió cuenta de que el “récord ta-quigráfico” no había sido incluido en la transcripción archi-vada en la Secretaría de esta corte.

La transcripción archivada consta de copias de la acusa-ción, de las instrucciones al jurado, del fallo y la sentencia y del escrito de apelación, y fué certificada por el Secreta-rio de la corte sentenciadora el 18 de junio de 1925.’

En tal fecha aún no estaba en vigor la ley No. 4 de 1925 enmendatoria del artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal. El Secretario de la Corte de Distrito no tenía el deber de enviar relación del caso alguna o pliego de excep-ciones, a menos que tales documentos formaran parte de los autos. El sistema de las transcripciones taquigráficas sólo se’aplicaba entonces a los procedimientos civiles. Además, aun cuando fuera aplicable la dicha ley No. 4 de 1925, ha-bría que concluir que el apelante no ejercitó en tiempo su derecho. La transcripción debe solicitarse dentro de los diez días de archivada la apelación. Leyes de 1925, página 111.

No cabe, pues, conceder la prórroga que se solicita.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: iüb Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Felipe Rodríguez López, peticionario y apelante, y El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelado.
    No. 2611.

    Resuelto: Noviembre 6, 1925.
    Habeas Corpus — Jurisdicción; Procedimientos y Remedio — Apelación—Riíoord y Procedimientos que no Estín en Récord — Transcripción de la Eviden-oía.- — En el caso de autos se interpreta y aplica el artículo 4, sentencia final, de la ley sobre habeas corpus (Oomp. 6550) y se resuelve: que en dichos procedimientos el juez inferior no viene obligado a elevar por sí mismo con los autos la prueba ante él practicada, debiendo el apelante hacerla formar parte del récord por alguno de los medios establecidos por la ley si desea que dicha prueba se eleve.
    Moción sobre corrección de autos en apelación.

      Sin lugar.

      Román Díaz Collazo, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Fu-oblo, apelado.
   iüb Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada una solicitud de “habeas corpus” en la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, dicbo tribunal, después de oir a las partes interesadas y en atención a la prueba aportada por el Ministerio Público, la declaró sin lugar.

No conforme el peticionario, interpuso la presente ape-lación, habiendo el secretario de la corte de distrito elevado a la secretaría de esta Corte Suprema la transcripción de los autos.

Así las cosas, se presentó una moción por el peticionario que en lo pertinente dice:

1 ‘ Que en la vista celebrada con motivo de este recurso en la corte inferior se tomaron notas taquigráficas en donde constan mociones y peticiones de este apelante así como resoluciones del tribunal a dichas peticiones y mociones.
“Que en la transcripción elevada a esta Hon. Corte se han de-jado de incluir dichas notas taquigráficas. ■
“Que las referidas notas taquigráficas son parte esencial e indispensable de los procedimientos habidos en el tribunal inferior y necesarias a este apelante a los efectos de la presente apelación.
“Por lo expuesto el peticionario y apelante a esta Hon. Corte suplica se sirva dictar una orden disponiendo que por el tribunal en donde se originó este caso sea. remitida a esta Hon. Corte una copia debidamente certificada de las ameritadas notas taquigráficas.”

Se dió traslado de la moción al Fiscal y dicho funciona-rio se opuso a que se concediera lo solicitado invocando lo resuelto en los casos de Rivera et al. v. El Pueblo, 28 D.P.R. 374, y Ex parte Amy y El Pueblo, 20 D.P.R. 206.

En el caso ele Rivera, supra, la corte, por mayoría, se expresó así:

“Los peticionarios apelaron, pero en la transcripción de autos remitida a este tribunal no hay exposición del 'caso ni nada que de-' muestre la naturaleza de la prueba- que fué sometida a la corte en la vista del auto de habeas corpus. Por consiguiente, el fiscal re-presentando probablemente al alcaide pide que confirmemos la sen-tencia. En el caso de Ex parte Amy v. El Pueblo, 20 D.P.R. 207, que fué un caso de habeas corpus, en el cual se alegaba la insufi-ciencia de la prueba, el secretario de la corte de distrito envió a este tribunal parte de la prueba documental que fué sometida en el juicio, pero resolvimos que el secretario no era la persona que tenía que certificar las pruebas presentadas en la vista y como no hubo nada que demostrara cuál era la prueba que fué sometida en dicho juicio, se confirmó la sentencia. Ese caso parece ser termi-nante en cuanto al presente, pero una nueva duda ha surgido con motivo del texto de la ley de 1903 relativo a las apelaciones en ca-sos de habeas corpus.
“Las palabras en particular son las siguientes:
“ ‘El juez o tribunal apelado remitirá al Tribunal Supremo los autos que motivaron la orden apelada.’
“Según se indicó en el caso de Ex parte Amy, swpra, la prueba presentada en el juicio no es un procedimiento. La prueba del jui-cio no forma parte de los autos hasta que así se le haga formar me-diante un pliego de excepciones o exposición del caso debidamente certificado por la corte, England v. Gebhardt, 112 U. S. 502; Río Grande Irrigation Co. v. Gildersleeve, 174 U. S. 603; apelación del territorio de Nuevo Méjico donde se cita el caso principal. El Pueblo de Puerto Rico v. Emmanuel, 235 U. S. 251; Sosa v. American Railroad Company, 10 D.P.R. 474; Orama v. Oyanguren, 19 D.P.R. 310.
* * . * «= # *
“El Juez no está obligado a formar la prueba en un caso como éste mientras no se prepare la debida exposición y se someta en al-guno de los varios modos enunciados en la ley. ITn procedimiento de habeas corpus es técnicamente de naturaleza civil y las partes, si lo desean, probablemente pueden valerse de la ley de 1919 que permite el uso de las notas taquigráficas. El apelante, es de pre-sumirse tuvo una amplia vista ante la corte de distrito de Gua-yama. ’ ’

En atención a lo resuelto y dada la petición que se liace o sea que se ordene al juez qne remita, una copia de las no-tas taquigráficas, no es posible acceder a lo solicitado.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Luis Hernández, demandante y apelante, v. José R. Quiñones, demandado y apelado.

      No. 3736.

    Visto: Noviembre 2, 1925.

      Resuelto: Noviembre 9, 1925.
    1. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Record— Preparación, Radicación y Servicio de Copias1 — Término para Radicar el Transervjil — Computación.—Entablada a2ielación contra sentencia dictada so-bre las alegaciones, el término para radicar el transcript de apelación empieza a eorrer desde la fecha en que la notificación de la apelación se archiva en el tribunal inferior.
    2. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Record— Preparación, Radicación y Servicio de Copias — Término para Radicar el Transcript — Radicación Después de Notificada Moción de Desestimación. —Procede desestimar la apelación una vez transcurrido el término para radi-car la transcripción, cuando ésta se radica después de notificada la moción sobre desestimación de apelación.
    3. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Record— Preparación, Radicación y Servicio de Copias — Término para Radicar el Transcript — Prórrogas.—A la corte sentenciadora corresponde la jurisdicción para conceder prórrogas para preparar la transcripción y a la Corte Suprema para radicaría en su secretaría una vez aprobada por la corte inferior.
    4. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Record— Preparación, Radicación y Servicio de Copias — Término para Radicar el Transcript — Prórrogas.—Una prórroga concedida por el tribunal sentencia-dor para preparar la exposición del easo, es ineficaz cuando se solicita y concede fuera del término prescrito por la ley.
    MociÓN sobre desestimación de apelación presentada por el apelado.

      Con lugar.

      Bolívar Bagan, abogado del apelante; Chas. Hartzell y Rafael Fer-nández, abogados del apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 18 de agosto de 1925 la parte apelada presentó una moción, notificada a la parte contraria, solicitando la deses-timación del recurso interpuesto el 16 de julio de 1925 contra sentencia dictada el propio día, basándose en que dicha sentencia se dictó sobre las alegaciones y había transcurrido el término de treinta días sin qne se archivara la transcrip-ción en la secretaría de esta corte. El 27 del propio mes de agosto se archivó la transcripción qne contiene copias de la demanda, excepción previa, resolución de la excepción,, moción solicitando sentencia, notificación de sentencia y es-crito de apelación.

Señalada la vista de la moción de desestimación para el 2 de noviembre actual, comparecieron ambas partes. La parte apelante se opuso a la desestimación alegando que no estaba obligada a elevar la transcripción dentro del término de treinta días contado a partir de la interposición del re-curso, porque el 28 de julio de 1925 la corte inferior le con-cedió una prórroga de treinta días “para elevar los referi-dos autos,” y él los elevó dentro de dicha prórroga.

Una vez que el récord de una apelación queda ultimado en la corte inferior, la ley concede treinta días para radicar su transcripción en el Tribunal Supremo. Artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil según quedó enmendado por la ley de 26 de junio de 1919, p. 675. Leyes de 1919, p. 675, y Regla 40 del Reglamento de la Corte Suprema 17, D.P.R. LXX.

¿Cuándo se considera el récord ultimado? Cuando existe exposición del caso o pliego de excepciones, desde el mo-mento en que se aprueban dichos documentos y entran a formar parte del legajo de la sentencia. Cuando no existen tales documentos, esto es, cuando todo lo que debe incluirse en la transcripción forma parte del legajo de la sentencia en el momento en que la apelación se interpone, el punto de partida para computar el término es la fecha en que la noti-ficación de la apelación se archiva. Esto ha sido repetida-mente resuelto por este tribunal.

En el caso sometido a nuestra consideración, es evidente que todos los documentos necesarios formaban parte del legajo de la sentencia cuando la apelación se interpuso. No cabía preparar exposición del caso alguna, ni pliego de excepciones. Siendo ello así, precisa concluir que cuando la moción de desestimación se notificó al apelante y se archivó en la secretaría de esta corte, la transcripción no había sido radicada y había transcurrido el término de treinta días fijado por la ley.

¿Se prorrogó dicho término? Como hemos consignado, el apelante sostiene que la corte de distrito le “concedió una prórroga de treinta días para elevar los autos.” La prórroga concedida por la corte de distrito al apelante lo fué el 29 de julio dé 1925 en los siguientes términos:

“La corte concede al demandante una prórroga de 30 días pai'a la radicación de la exposición del caso a los efectos de la apelación interpuesta. ’1

No tiene, pues, la actuación de la corte sentenciadora el alcance que le atribuye el apelante. La corte concedió treinta días para preparar ante ella la exposición del caso, pero la corte no concedió prórroga alguna para elevar los autos. Si la hubiera concedido habría resultado ineficaz, pues es la Corte Suprema la que tiene la jurisdicción para conceder tales prórrogas.

Claro está que si éste hubiera sido un caso en el que hubiera procedido preparar una exposición, hubiera quedado virtualmente suspendido el término de treinta días para elevar la transcripción, ya que no hubiera comenzado a correr -hasta que la exposición hubiera sido aprobada. Pero ya hemos dicho que éste no es un caso en el que exista exposición que preparar. La prórroga fué baldía.

Además siempre resultaría, como sostiene el apelado, que dicha prórroga solicitada el 28 de julio lo fué después de vencidos los diez días que señala el párrafo primero del'Ci-tado artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, en-mendado en 1919, (p. 675) y, por tanto, que carecía de valor de acuerdo también con la repetida jurisprudencia de esta -corte.

Todo milita en contra del apelante. Ni siquiera es aplicable en su favor la regla 58 de las de esta corte, pues si .¡bien.a la vista de la moción ya estaba la transcripción ar-chivada, no lo estaba con anterioridad a la notificación de la moción de desestimación.

Debe desestimarse el recurso.

El Jnez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

text:
    Sucesión de Juana Eduarda Padilla, compuesta por sus hijos Juan Antonio, Leonor, José Nicolás, Juana Francisca, Carmelo, Rosa y Cecilia Velázquez y Padilla y por su nieto Juan Pabón Velázquez, por derecho de representación de su premuerta madre María Luisa Velázquez, representada por su padre con patria potestad, Nicolás Pabón, demandante y apelada, v. The American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelante.
    No. 3683.

    Visto: Noviembre 5, 1925.

      Resuelto: Noviembre 10, 1925.
    1. OORP ORACIONES-CORPORACIONES EXTRANJERAS-ACCIONES EJERCITADAS CONTRA las Mismas — Residencia Legal. — Una corporación extranjera reside en el Estado, territorio, etc., de su creación y puede ser demandada en cualesquiera, de las cortes de esta Isla, de acuerdo con la -ley y las circunstancias de cada caso.
    2. Corporaciones — Corporaciones Extranjeras — Acciones Ejercitadas Contra las Mismas — Derecho a Solicitar Traslado del. Pleito. — El hecho de que una corporación extranjera tenga su oficina principal de negocios establecida en determinado distrito no le da derecho a ser demandada en dicho distrito.
    Resolución de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), declarando sin lugar una moción sobre traslado del pleito.

      Confirmada.

      Mariano Acosta Velarde, abogado de la apelante; García Méndez & García Méndez, abogados de la apelada.
   El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal. *

Se trata de un caso de traslado. La demanda, de daños y perjuicios, se entabló en la Corte de Distrito de Aguadilla, contra The American Railroad Co. of Porto Rico, una cor-poración extranjera qne está registrada y realiza negocios en la Isla. La demandada pidió el traslado del pleito a la Corte de Distrito de San Jnan, alegando que en San Juan “tiene su oficina principal, centro de operaciones y residencia legal.” La petición fué negada y la demandada interpuso la presente apelación archivando nn alegato en el que dis-cute ampliamente sn caso.

Invoca la apelante en favor suyo la decisión de esta corte en el caso de Sarié v. P. R. Leaf Tobacco Co., 15 D.P.R. 204. Dicha decisión apoya sn'contención, pero en el mismo tomo quince aparece otra decisión que le es enteramente ad-versa. Nos referimos a la de Veve et al. v. The Fajardo Development Co., 15 D.P.R. 577, en la que se dijo:

“El hecho primero de la demanda, no contradicho por la deman-dada, dice así:
“ ‘Que la demandada es una corporación creada bajo las leyes del estado de Connecticut y autorizada para hacer negocios en Puerto Rico, teniendo su domicilio en el pueblo de Fajardo, P. R.
“ ‘A virtud de lo consignado en tal hecho se llega a la conclusión de que la residencia de la corporación demandada no es Fajardo, sino el estado de Conneticut. Yeamos por qué.
“ ‘Es bien cierto que una corporación no puede tener existencia legal, fuera de los límites de la soberanía que le dió vida. Ella existe sólo a virtud de la ley y por la fuerza de la ley. * * * Ella debe residir en el lugar de su creación y no puede emigrar a otra Soberanía. Pero aunque ella debe vivir y tener su existen-cia solamente en el Estado de su origen, no debe por esto seguirse que tal existencia no pueda ser reconocida en otros lugares. Su re-sidencia en un Estado, no es una objeción insuperable a su poder para contratar en otros.’ (Bank of Augusta v. Earle, 38 U. S. 588.)
“ ‘En la jurisprudencia de los Estados Unidos, una corporación es considerada como si en efecto fuera un ciudadano del estado que la creó. Ella no tiene facultad para emigrar. Ella puede ejercer sus franquicias extraterritorialmente, sólo en cuanto se lo permita la cortesía de otros Estados. Por el consentimiento expreso o im-plícito, del gobierno local de otro Estado, ella puede realizar cual-quier negocio que no esté fuera del alcance de sus facultades (no ultra vires), y, como una persona natural, puede tener una residen-cia especial o interpretativa, de manera que puedan imponérsele con-tribuciones y sujetársela a una jurisdicción especial. Corresponde a la soberanía local el prescribir los términos y condiciones bajo los cuales se permite la presencia de las corporaciones por medio de sus agentes y el ejercicio de sus negocios.’ (St. Louis v. The Ferri Co., 78 U.S.R. 429.)
“Las leyes de Puerto Rico permiten a las corporaciones y a las compañías por acciones organizadas bajo las leyes de cualquier Es-tado de la Unión, o de los Estados Unidos, o de cualquier gobierno extranjero, realizar sus negocios en esta Isla, siempre que cumplan con las prescripciones que en las dichas leyes de Puerto Rico se con-signan; desenvolviendo y aplicando así los principios establecidos en las sentencias del Tribunal Supremo que liemos citado.
“No existe en nuestras leyes ninguna disposición que expresa-mente fije que una corporación creada fuera de la Isla y autori-zada para negociar en la Isla, deba ser demandada en el distrito en donde instale su oficina principal, y existe el artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil que establece que si ninguno de los de-mandados residiere en Puerto Rico, el pleito podrá seguirse en cual-quier distrito designado por el demandante en su demanda.
“Interpretando un estatuto igual al vigente en esta Isla, la Corte Suprema de California ba dicho: “Una corporación extranjera no puede hacer negocios aquí sin sujetarse ella misma a la jurisdicción de nuestras cortes; pero esto no quiere decir que sea una conse-cuencia necesaria que ella esté autorizada a reclamar una residencia aquí. Ella no puede eludir las consecuencias de un acto ilegal he-cho por sus agentes, dentro del alcance de las facultades que les con-firió, alegando una existencia bajo un gobierno extranjero. (People v. Central R., 48 Barb. 478.) Ella está sujeta a ser demandada aquí del mismo modo que un individuo o compañía incorporada bajo las leyes de este Estado. (Austin v. N. Y. y E. R., 1 Dutch 388.) Ella puede ser demandada aquí, no porque resida aquí, sino porque ella ha escogido este lugar para hacer negocios por medio de sus agentes. Su hogar está en el país en donde ella solamente existe. Y como si ella reside, lo es en cualquier parte, fuera de este Estado, una acción contra ella puede tramitarse en cualquier condado desig-nado por el demandante (Code Civ. Proc., par. 395). Esto está, por supuesto, sujeto al derecho de la corporación demandada a soli-citar un traslado basado en causa suficiente.’ (Thomas v. Placerville G. Q. U. Co., 65 Cal. 600.
‘ ‘ En tal virtud, aplicado todo lo expuesto a este. caso concreto, debe llegarse a la conclusión de que no residiendo la demandada en esta Isla y habiéndose designado el distrito judicial de Ponee por el demandante en su demanda, la corte de tal distrito tiene poder para conocer con arreglo a su jurisdicción en este caso, sin' perjuicio de su facultad para cambiar el lugar de la celebración del juicio.”

La opinión en el caso de Veve, supra, se emitió en 1909. En 1924 la cuestión fue cuidadosamente considerada de nuevo en el caso de Del Río v. Sucesión Cancel, 33 D.P.R. 9, y re-suelta ratificando la doctrina establecida en el repetido caso de Veve. Ultimamente en el caso de Ferraris v. The American Railroad Co. of P. R., 34 D.P.R. 438, se aplicó el mismo principio. También debe citarse el caso de Yumet v. Royal Insurance Co., 29 D.P.R. 912.

Es, pues, cuestión resuelta para esta Corte Suprema que una corporación extranjera, comprendiendo la palabra extranjera no sólo las corporaciones creadas en otros países, sino las surgidas a la vida legal en los diferentes estados, territorios y posesiones de la Unión, reside en el Estado de su creación y puede ser demandada en cualesquiera de las cortes de justicia de Puerto Rico de acuerdo con la ley y las circunstancias de cada caso concreto, sin derecho a invocar el sitio de su oficina principal de negocios en la Isla para solicitar el traslado a la corte del distrito en que dicha oficina radica.

Debe confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.