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author: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

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text:
    Junta de Planificación de Puerto Rico, peticionaria, v. Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, Asociación de Agricultores de P.R. y Colegio de Agrónomos de P.R., recurridos.

      Número: CC-2004-946

      Resuelto: 26 de agosto de 2005

      Luis F. Rodríguez Bonilla, abogado de la parte peticionaria; Elbia I. Vázquez Dávila, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante el recurso ante nos, la Junta de Planificación de Puerto Rico solicita de esta Curia la revocación de una sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones el 25 de junio de 2004, según modificada mediante Resolución de 26 de agosto de 2004, en la que declaró inválida la aplica-ción del Reglamento de Zonificación Especial para las Re-servas Agrícolas de Puerto Rico sobre la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. Asimismo, la Junta de Planificación re-curre de la Resolución de 1 de septiembre de 2004 emitida por ese tribunal, mediante la cual se declaró “no ha lugar” una solicitud de reconsideración por falta de jurisdicción.

Examinado el recurso ante nos, concedimos a la parte aquí recurrida un término de veinte días para mostrar causa por la cual no debíamos revocar al Tribunal de Ape-laciones, por haber actuado sin jurisdicción. Habiendo comparecido ésta, estamos en posición de resolver los asuntos traídos ante nuestra consideración. Confirmamos al foro recurrido. Veamos.

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La Junta de Planificación de Puerto Rico (Junta) es una entidad creada por ley, cuyo objetivo principal es guiar el desarrollo integral y balanceado de Puerto Rico. La Asamblea Legislativa le confirió amplios poderes para clasificar y designar los terrenos en zonas y distritos, y así establecer las normas que guiarán su uso y desarrollo.() La Ley Orgánica de la Junta de Planificación, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada,() en su Art. 16, le confirió a ésta la facultad para adoptar, entre otros, un reglamento de zonificación mediante el cual se guíe y con-trole el uso y desarrollo de los terrenos de las áreas urbanas y rurales de Puerto Rico.() Asimismo, la Junta, en virtud del Art. 11 de dicha ley, tiene la facultad de adoptar y aprobar los mapas de zonificación, sus enmiendas y los reglamentos que le autorice promulgar cualquier otra ley con un fin especial.()

La Asamblea Legislativa, en reconocimiento de la importancia del sector agrícola como actividad necesaria para producir alimentos, generar empleos y conservar el ambiente, y con el fin de promover el uso de los terrenos agrícolas de alta productividad, aprobó las Leyes Núm. 277 de 20 de agosto de 1999,() Núm. 142 de 4 de agosto de 2000() y Núm. 184 de 17 de agosto de 2002,() con el propósito de proteger los terrenos de alto rendimiento agrícola comprendidos dentro de los Valles de Lajas, Coloso y Guanajibo.

Mediante la aprobación de dichas leyes, se le enco-mendó a la Junta, en coordinación con el Departamento de Agricultura de Puerto Rico, llevar a cabo los estudios nece-sarios de las fincas comprendidas dentro de los denomina-dos Valles de Lajas, Coloso y Guanajibo, para el ordena-miento de esos terrenos mediante la promulgación y adopción de una resolución de zonificación especial, para reservar y destinar las fincas de los referidos valles a la producción y el desarrollo agrícola.

En cumplimiento con las leyes antes citadas y como parte de la preparación de un reglamento de zonificación especial para las reservas agrícolas de Puerto Rico, la Junta celebró unas vistas públicas los días 15 y 19 de fe-brero de 2002. Se discutió lo relacionado a los mapas co-rrespondientes a las reservas agrícolas de Lajas y Coloso. En una segunda vista pública, celebrada los días 12 y 13 de febrero de 2003, se presentó nuevamente la delimitación de las reservas agrícolas de Lajas y Coloso modificadas, se incluyó la delimitación del Valle de Guanajibo y el pro-puesto Reglamento de Zonificación Especial para las Re-servas Agrícolas de Puerto Rico.() Alega la Junta que las audiencias públicas se celebraron en los municipios de San Juan, Mayagüez, Lajas, Aguada y Sabana Grande, según fueron señaladas.()

El 5 de diciembre de 2003 la Junta, mediante una reso-lución, adoptó el Reglamento de Zonificación Especial para las Reservas Agrícolas de Puerto Rico, Reglamento de Pla-nificación Núm. 28 (Reglamento de Planificación Núm. 28).() Los Mapas de Delimitación y Zonificación Especial para las Reservas Agrícolas de los Valles de Lajas, Coloso y Guanajibo, se hicieron formar parte integral del Reglamento.()

El 23 de enero de 2004, mediante la Orden Ejecutiva OE-2004-08, la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Sila M. Calderón, aprobó el Reglamento de Planificación Núm. 28, y los Mapas de Delimitación y Zonificación Especial para las Reservas Agrícolas de los Valles de Lajas, Coloso y Guanajibo. Dicho reglamento entró en vigor el 7 de febrero de 2004.()

Así las cosas, el 8 de marzo de 2004, el Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico y Louis G. Meyer (Frente Unido), instaron oportunamente un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Impugnaron la aprobación del referido regla-mento en cuanto a la delimitación de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. Alegaron que la Junta erró al excluir de los límites de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas los terrenos con acceso a riego y alta productividad agrícola, en contravención a lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley Núm. 277, supra, 23 L.P.R.A. sec. 7031.()

Por su parte, la Junta adujo que el motivo de la exclu-sión de los terrenos en controversia se debió a que éstos fueron afectados por desarrollos no agrícolas y a que su condición natural no exhibía las características propias de suelos de alta productividad agrícola. Además, añadió que debido a que estos terrenos representan el crecimiento natural y futuro del Municipio de Lajas, y tomando en consi-deración que este municipio necesita espacio para su desa-rrollo y crecimiento urbano, decidieron excluir tales terrenos colindantes con el área urbana y construida de la delimitación de la Reserva.()

El 25 de junio de 2004 el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia, archivada en autos copia de su notificación a las partes el 9 de julio de 2004, mediante la cual revocó la resolución recurrida y declaró inválido el Reglamento de Planificación Núm. 28, supra. Determinó que la actuación de la Junta de excluir terrenos con acceso a riego de la Reserva Agrícola del Valle de lajas, es contraria al man-dato legislativo establecido en el Art. 2 de la Ley Núm. 277, supra, por lo que actuó de manera arbitraria y caprichosa.()

Oportunamente, el 28 de julio de 2004 el Frente Unido presentó una moción de reconsideración, solicitando que la sentencia se limitara en su aplicación a la Reserva Agrícola del Valle de Lajas y a los mapas que delimitan el área comprendida en ella.()

El 26 de agosto de 2004, el Tribunal de Apelaciones emi-tió una resolución, archivada en autos copia de su notifica-ción el 13 de septiembre de 2004, declarando “con lugar” la moción de reconsideración presentada por el Frente Unido. En dicha resolución se modificó la Sentencia de 25 de junio de 2004, limitando su alcance a declarar inválida la apli-cación del Reglamento de Planificación Núm. 28, supra, sobre la Reserva Agrícola del Valle de Lajas, sin alcanzar ni invalidar la aplicación del referido reglamento a las otras reservas agrícolas.()

El 26 de agosto de 2004, la Junta presentó la Solicitud de Dispensa para Unirnos a la Moción de Reconsideración de la Parte Recurrente y para Hacer Otros Planteamien-tos, entre Ellos Uno Jurisdiccional, y una Moción de Des-estimación por Falta de Jurisdicción, de Reconsideración y en Apoyo a Otro de la Parte Recurrente.() En ellas, la Junta alegó, en síntesis, que debido a un error de oficina en el manejo de la correspondencia, no tuyo oportunidad d.e reaccionar a la moción de reconsideración del Frente Unido dentro del término dispuesto por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.() Por lo cual, desconociendo de su pre-sentación, acudió prematuramente al Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante un recurso de certiorari.() Indicó, además, que la exclusión de los terrenos con acceso a riego de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas se llevó a cabo por insistencia del Municipio de Lajas, al éste entender que los terrenos no tenían valor agrícola por estar localizados cerca del pueblo y por la tendencia natural de crecimiento poblacional en esa dirección.() Finalmente, la Junta se-ñaló que el recurso de revisión administrativo se le notificó únicamente a ella y no al Municipio de Lajas, parte intere-sada, indispensable y directamente afectada por la deter-minación por tomarse, por lo que se actuó en contravención a lo dispuesto en el Reglamento del Tribunal de Apelacio-nes y en la jurisprudencia dictada por este Tribunal. Con-cluyó que cualquier sentencia que se dicte sin la inclusión del Municipio de Lajas como parte, adolece de nulidad por falta de jurisdicción.()

El 1 de septiembre de 2004 el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución, en la que determinó lo siguiente:

A la moción de desestimación y de reconsideración de la Junta de Planificación, no ha lugar. Véase la Regla 84(A) de nuestro Reglamento de 20 de julio de 2004, 2004 J.T.S. 112.()

Inconforme con la resolución del foro intermedio apela-tivo, el 13 de octubre de 2004 la Junta acudió ante nos mediante el presente recurso de certiorari. Señaló como errores los siguientes:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al declararse sin jurisdicción para entender y resolver en los méritos los plan-teamientos de la aquí Peticionaria contenidos en su escrito ante dicho foro titulado: Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción, de Reconsideración y en Apoyo a Otra de la Parte Recurrente.
Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que la exclusión de terrenos con acceso a riego de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas es contrario al mandato legislativo establecido en el Ar-tículo 2 de la Ley Núm. 277 del 20 de agosto de 1999, según enmendada, 23 L.P.R.A., see. 7031. Petición de certiorari, pág. 10.

Contando con la comparecencia de ambas partes, esta-mos en posición de resolver.

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La Regla 47 de Procedimiento Civil() establece, en lo pertinente, lo siguiente:

La parte adversamente afectada por una resolución final o sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones podrá, den-tro del término improrrogable de quince (15) días desde la fe-cha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la resolución o sentencia, presentar una moción de reconsideración. El término para apelar o recurrir al Tribunal Supremo comenzará a contarse de nuevo a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución o sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones resolviendo definitiva-mente la moción de reconsideración. (Enfasis suplido.)

La Regla 53.1(h)() de dicho cuerpo reglamentario establece que una oportuna moción de reconsideración presentada ante el Tribunal de Apelaciones interrumpe el transcurso del término para presentar ante el Tribunal Supremo una solicitud de certiorari.

Este Tribunal ha expresado que el término de quince días para presentar una moción de reconsideración es jurisdiccional.!)

La See. 2 del Art. V de la Constitución de Puerto Rico() y el Art. 4.004 de la Ley de la Judicatura de 2003, según enmendada,() facultan al Tribunal Supremo de Puerto Rico a aprobar las reglas internas que regirán los procedimientos y la organización del Tribunal de Apelaciones. El 20 de julio de 2004 aprobamos el Regla-mento del Tribunal de Apelaciones. Este reglamento entró en vigor inmediatamente después de su aprobación y aplica a todos los procedimientos pendientes ante el Tribunal de Apelaciones.()

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece las reglas que se aplicarán a todos los recursos presentados ante el Tribunal de Apelaciones y las específicamente aplicables al proceso de revisión de decisiones administrativas. En cuanto a las mociones de reconsideración, la Regla 84 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, In re Aprobación Reglamento T.A., 162 D.P.R. 444, 565-566 (2004), dispone lo siguiente:

(A) Cualquier moción de reconsideración sobre cualquier asunto civil o criminal deberá ser presentada dentro del plazo improrrogable de quince días contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución o sentencia del Tribunal de Apelaciones.
La presentación oportuna de una moción de reconsideración paralizará los términos para apelar o recurrir ante el Tribunal Supremo.
El término para apelar o recurrir al Tribunal Supremo co-menzará a contarse de nuevo a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución o sentencia del Tribunal de Apelaciones que resuelva definitivamente la moción de reconsideración.
(B) La moción de reconsideración discutirá sólo los asuntos específicos respecto de los cuales la parte promovente consi-dere que el tribunal erró en la determinación de hecho o en la aplicación del derecho.
Dentro de diez días desde la presentación de la moción o en el término que determine el tribunal, la parte promovida podrá presentar su oposición, luego de lo cuál la moción de reconsi-deración quedará sometida para adjudicación. El tribunal po-drá resolver una moción de reconsideración en cualquier momento. (Énfasis suplido.) In re Aprobación Reglamento T.A., supra, págs. 565-566.

También es norma conocida en nuestro ordena-miento que las cuestiones de jurisdicción son de índole pri-vilegiada y deben ser resueltas con preferencia.() Todo tribunal tiene el deber ministerial de, una vez cuestionada su jurisdicción o motu proprio, examinar y evaluar rigurosa-mente tal asunto, pues éste incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una controversia.() Por ser éste un planteamiento de naturaleza privilegiada, puede hacerse en cualquier etapa del procedimiento,() entién-dase ante el foro primario o en etapa apelativa. No obs-tante, el hecho de que pueda presentarse en cualquier etapa no significa que no deban utilizarse los mecanismos procesales adecuados con sus respectivos términos de presentación. Si se va a argumentar alguna cuestión juris-diccional ante el Tribunal de Apelaciones, mediante una moción de reconsideración, ésta debe hacerse dentro del término jurisdiccional de quince días dispuesto por ley. Si es presentada tardíamente, no podrá ser atendida por ese foro.

En el caso ante nos, el Tribunal de Apelaciones, en su Resolución de 1 de septiembre de 2004, declaró “no ha lu-gar” la moción de desestimación y de reconsideración pre-sentada por la Junta. Sostuvo su dictamen en lo dispuesto en la Regla 84(A) del Reglamento del Tribunal de Apelacio-nes, supra, la cual establece que toda moción de reconside-ración debe ser presentada en un plazo improrrogable de quince días, contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución o sentencia del Tribunal de Apelaciones.

De los autos surge que la sentencia del Tribunal de Ape-laciones se dictó el 25 de junio de 2004, y se archivó en autos copia de su notificación a las partes el 9 de julio de 2004. En conformidad con lo expuesto en la disposición ci-tada, cualquier moción de reconsideración debía ser pre-sentada dentro del término jurisdiccional e improrrogable de quince días, el cual vencía el sábado 24 de julio, que se extendió hasta el próximo día laborable, miércoles 28 de julio de 2004.() No fue hasta el 26 de agosto de 2004, pasado el plazo improrrogable de quince días, que la Junta presentó ante el Tribunal de Apelaciones su solicitud de dispensa para unirse a la moción de reconsideración del Frente Unido y a la moción de desestimación y de reconsideración.

A la luz de lo anterior, concluimos que la moción instada por la Junta fue presentada tardíamente. Aunque en su moción la Junta alegó un problema de jurisdicción, no deja de ser una moción de reconsideración que debía ser presen-tada dentro del término jurisdiccional correspondiente para poder ser atendida por el Tribunal de Apelaciones.

La moción de reconsideración presentada oportuna-mente por el Frente Unido el 28 de julio de 2004 ante el Tribunal de Apelaciones, interrumpió el térmiho jurisdic-cional para que cualquiera de las partes acudiera en al-zada al Tribunal Supremo. No obstante, no paralizó el tér-mino para que la Junta presentara su moción de reconsideración. Si la Junta interesaba que fuera el Tribunal de Apelaciones quien resolviera el planteamiento de jurisdicción, tenía que plantearlo en su alegato ante tal foro o presentar una moción de reconsideración en el tér-mino jurisdiccional de quince días. En vista de que no cum-plió con el término jurisdiccional para presentar su moción de reconsideración, actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones al declararla “no ha lugar” por presentación tardía.

No obstante, la Junta acudió oportunamente ante nos e impugnó la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones. Alega que la sentencia dictada por dicho foro fue emitida sin au-toridad ni facultad para hacerlo. Tal como mencionamos al exponer la doctrina sobre falta de jurisdicción, esta Curia puede auscultar ese asunto por ser una materia privile-giada que puede ser examinada en cualquier etapa del pro-cedimiento, incluso en esta etapa final.

Veamos, pues, los méritos del planteamiento de falta de jurisdicción alegado por la Junta ante el Tribunal de Ape-laciones, asunto que no fue atendido por ese tribunal por los motivos previamente indicados.

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A. Definiciones: distinción entre el proceso de reglamenta-ción y el de adjudicación

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada,() establece las características y los requisitos que las agencias administrativas deben cumplir en los procesos de reglamentación y de adjudicación. La Exposición de Motivos de dicha ley dispone, en lo pertinente, como sigue:

La medida sistematiza y crea un cuerpo uniforme de reglas mínimas que toda agencia deberá observar al formular reglas y reglamentos que definan los derechos y deberes legales de una clase particular de personas. Contiene, además, otro cuerpo de normas distintas para gobernar las determinaciones de una agencia en procesos adjudicativos al emitir una orden o resolución que define los derechos y deberes legales de perso-nas específicas.()

Los procesos adjudicativos y de reglamentación son diferentes. El proceso de adjudicación es cuasi judicial y el de reglamentación es cuasi legislativo.

Es importante precisar cuáles son las definiciones provistas por la L.P.A.U. referente a los términos o a las frases utilizadas en los diferentes procesos administrativos. Ese estatuto define el concepto “reglamentación” como aquel sujeto a un procedimiento me-diante el cual una agencia formula, adopta, enmienda o deroga una regla o un reglamento.() Además, define “re-gla” o “reglamento” dé la forma siguiente:

... cualquier norma o conjunto de normas de una agencia que sea de aplicación general que ejecute o interprete la polí-tica pública o la ley, o que regule los requisitos de los procedi-mientos o prácticas de una agencia. El término’incluye la en-mienda, revocación o suspensión de una regla existente. (Énfasis suplido.)()

La L.P.A.U. dispone sobre el proceso que debe cumplir una agencia administrativa para aprobar un reglamento y el alcance de la participación de la ciudadanía durante la conducción de éste. Establece el mínimo de participación ciudadana que la adopción de un reglamento puede tener. En su See. 2.7 dispone cómo y en cuanto tiempo un reglamento puede ser impugnado de su faz. Dicha disposición estatutaria lee de la forma siguiente:

(a) Una regla o reglamento aprobado después de la fecha de efectividad de este capítulo será nulo si no cumpliera sus-tancialmente con las disposiciones de este capítulo.
(b) Cualquier acción para impugnar la validez de su faz de una regla o reglamento por el incumplimiento de las disposi-ciones de este capítulo deberá iniciarse en el Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de vigencia de dicha regla o reglamento. La compe-tencia sobre la acción corresponderá al Circuito de la región judicial donde está ubicado el domicilio del recurrente.
(c) La acción que se inicie para impugnar el procedimiento • seguido al adoptar las reglas o reglamentos de que se trate no paralizará la vigencia de los mismos, a menos que la ley al amparo de^ la cual se adopta disponga expresamente lo contrario. (Énfasis suplido.X)

Cualquier persona puede impugnar la validez de una regla o reglamento aprobado por una agencia administrativa por el incumplimiento de las disposiciones de la L.P.A.U. dentro del término de treinta días, haya partici-pado o no durante la celebración de las vistas públicas ce-lebradas, como parte del proceso para su aprobación. No tiene que ser afectado por la aplicación de dicha regla o reglamento para tener la capacidad para promover la refe-rida impugnación ante el Tribunal de Apelaciones. No obs-tante, cualquier persona afectada por la aplicación de una regla o reglamento aprobado por una agencia administra-tiva podrá impugnar su validez constitucional, en cual-quier momento, ante el Tribunal de Primera Instancia.()

En el primer error señalado, la Junta alega que durante el proceso de preparación del reglamento y delimitación de las reservas agrícolas, participaron los municipios que tienen comprendidos parte de sus terrenos en la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. Señala la Junta que “[especialmente el Municipio de Lajas, a través de su alcalde, tuvo una participación activa e intensa en el proceso, incluyendo su comparecencia a las vistas públicas celebradas”.() Alega la Junta que los municipios de Sabana Grande, San Germán, Cabo Rojo, Guánica, Yauco y, especialmente, Lajas eran partes que tenían derecho a que se les notificara con copia del recurso de revisión, instado ante el Tribunal de Apelaciones, y que al no haber sido notificados con copia de este recurso, dicho foro intermedio apelativo dictó una sentencia sin jurisdicción para actuar. Sostuvo su planteamiento en Lugo Rodríguez v. J.P., 150 D.P.R. 29 (2000). No le asiste la razón. Allí establecimos que los que participan activamente durante un procedimiento administrativo adjudicativo y cuyos derechos y obligaciones puedan verse afectados por la acción o inacción de la agencia, son “parte”, por lo que es necesario que se les notifique con copia del recurso de revisión instado ante el Tribunal de Apelaciones. Ese no es el caso ante nos.

El proceso de reglamentación es de aplicación general y no de aplicación particular, en el que se ad-judican derechos u obligaciones de una o más personas es-pecíficas, como sucede en un proceso adjudicativo. En el proceso de adopción de una regla o reglamento, no se adju-dica una controversia entre una o más personas específi-cas, es decir, entre partes, sino que se establece una norma de aplicación general. Así pues, a diferencia .de la adjudi-cación, en la que la expedición de órdenes de aplicación particular determina los derechos y las obligaciones de partes específicas, la reglamentación dispone sobre la pro-mulgación de reglas de aplicación general que encarnan una política o prescriben una norma legal.() Por ser de aplicación general, el proceso de formulación y de aproba-ción de reglamentación conducido por las diferentes agen-cias administrativas en nuestra jurisdicción, afecta a la comunidad. Respecto a esta distinción, en Luan Investment Corp. v. Roman, 125 D.P.R. 533, 547 (1990), indicamos lo siguiente:

Los mapas de zonificación y sus enmiendas representan la forma visual y práctica de instrumentar los reglamentos de zonificación y sus enmiendas. Su aprobación y enmiendas no son actos de naturaleza adjudicativa, dirigidos a resolver una controversia entre una o más personas, sino que son actos pro-ducto de los instrumentos con los cuales el Estado ha provisto a la Junta para reglamentar el uso de la tierra en Puerto Rico, de manera que se logre un desarrollo integral y balanceado de nuestra sociedad.

Surge de lo antes citado que el caso ante nos, por ser un proceso para aprobar un reglamento de zonificación y para delimitar unos mapas de zonificación, es un proceso cuasi legislativo, y no de naturaleza adjudicativa.

Es “parte” aquel que participa activamente en un proceso administrativo adjudicativo y cuyos derechos y obligaciones pueden verse afectados por la actuación de la agencia. No obstante, el caso Lugo Rodríguez v. J.P., supra, en el cual hicimos tal pronunciamiento, se trataba de tin proceso adjudicativo en el cual se sometió ante la Junta de Planificación una consulta de ubicación que pro-ponía el desarrollo de un proyecto comercial. Diferente es este caso, pues estamos ante un proceso de reglamentación donde no existen partes como tal ante la agencia y no se hace ninguna determinación específica sobre sus derechos y obligaciones, sino que se establecen normas de aplicación general.

La Ley Orgánica de la Junta, Ley Núm. 75, supra, provee para que antes de adoptar o enmendar un reglamento, la Junta celebre vistas públicas luego de dar aviso al público de la fecha, el sitio y la naturaleza de la celebración de éstas. La L.P.A.U. no le requiere a las agencias que provean una participación ciudadana análoga a la de los procedimientos adjudicativos. De hecho, las agencias administrativas tienen discreción para citar a vistas públicas, las que sólo serán obligatorias en los casos en que el estatuto orgánico de la agencia lo requiera.() No podemos considerar como “parte” a todas las personas que participan activamente durante las vistas públicas que celebra la Junta. Considerar como “parte” a esas personas y garantizarle todos los derechos que ello implica en un proceso adjudicativo, es contrario al ordenamiento establecido en la L.P.A.U. y a la naturaleza misma del proceso cuasi legislativo de reglamentación.

En los procesos de adjudicación, ya sea por una querella ante la agencia o cuando se solicita algún permiso o autorización que otra parte objeta, existen partes adversas respecto a algún asunto, y por lo tanto, existe una controversia ante la agencia. Por el contrario, el proceso dirigido a la formulación y aprobación de un reglamento que conducen las agencias administrativas, no es un procedimiento en el que partes adversas dilucidan sus derechos y obligaciones, y en el que se adjudica una controversia. La regla o reglamento pautado por la agencia puede ser im-pugnado al entrar en vigor, comenzando así el proceso de revisión judicial de su aprobación. () Una vez se presenta el recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones con tal propósito, el que impugna la actuación administrativa es el recurrente, y la agencia pertinente es la recurrida; sólo entonces es que existe un proceso adversativo ante un tribunal, y por lo tanto, “partes” ante ese foro.

Requerir que se notifique de la presentación de un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones a todas las personas que comparecen y participan activamente en las vistas públicas celebradas ante una agencia administrativa, durante un proceso dirigido a la aprobación de determinado reglamento, haciendo recomendaciones, reseñando inquietudes o aportando información, sería trastocar dicho procedimiento y alterar su naturaleza. Resulta excesivamente oneroso para la parte que quiera impugnar un reglamento de su faz, tener que cumplir con tal requisito. Formular una norma jurisprudencial para establecer dicho requisito sería crear mediante fíat judicial una normativa nueva, contraria a la dispuesta en la L.P.A.U., para el proceso de reglamentación conducido por las agencias administrativas.

No actuó sin jurisdicción el Tribunal de Apelaciones. Resolver lo contrario, o sea, acceder a la petición de la Junta de que debía notificarse con copia del recurso de revisión al Municipio de Lajas y a los otros municipios, sería desnatu-ralizar el proceso de reglamentación que deben seguir las agencias administrativas y, además, sería girar en contra de la propia intención legislativa claramente establecida en la L.P.A.U.

En conclusión, por no existir “partes” a quienes se dirija específicamente la acción de la agencia en este caso, no aplica el requisito de notificar con copia del recurso de re-visión administrativa ante el Tribunal de Apelacionés a aquellas personas naturales q jurídicas que hayan partici-pado en las vistas públicas ante la agencia. La ley señala que es “parte” el promovente, el promovido, el interventor y aquel designado como tal. Los referidos municipios no fue-ron parte promovida, promovente o interventora, pues no se trató aquí de un proceso de adjudicación ante la agencia, sino de un proceso de reglamentación. Los municipios alu-didos no son “parte” a los efectos de la notificación reque-rida por la See. 4.2 de la L.P.A.U., supra, y del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Concluimos que el requisito de notificación a las partes que se establece en la Sec. 4.2 de la L.P.A.U., supra, a todas luces, se refiere únicamente al proceso de adjudicación ante una agencia administrativa y no al de reglamentación.

IV

La Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de la Ley Núm. 277, supra, reconoció expresamente la importan-cia agrícola de los terrenos que componen el Valle de Lajas. La aprobación de dicha ley obedeció al objetivo de conti-nuar el desarrollo de la agricultura en esa región, por lo que se declaró el Valle de Lajas como una reserva agrícola.()

En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 277, supra, la Asamblea Legislativa explica las razones por las cuales interesa proteger la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. Expresa, en lo que nos atañe, lo siguiente:

A medida que transcurren los años, el aumento en la pobla-ción y la demanda por áreas para desarrollo urbano obligan a las agencias reguladoras a trabajar en mayor coordinación para garantizar que las tierras con potencial agrícola sean pre-servadas para dichos fines exclusivamente. Es de conocimiento que el Valle de Lajas, por su topografía llana y de fácil manejo constituye un gran atractivo para desarrollos residenciales, comerciales, industriales, turísticos y recreativos. Sin embargo, una planificación adecuada de las actividades agrícolas en todo el Valle de Lajas y un eficiente mantenimiento y ope-ración del sistema de riego puede volver a convertir estos te-rrenos en el granero de Puerto Rico, ya que son ideales para las siembras de maíz, arroz, habichuelas y sorgo, entre otras cosechas.
La preservación de los terrenos del Valle de Lajas para el desarrollo agrícola requiere del establecimiento de una polí-tica pública enérgica que contribuya al cumplimiento de estos propósitos, y conlleva el establecimiento de una zonificación especial y claramente definida. También es necesario que se fomente el establecimiento de nuevas empresas agrícolas que contribuyan al desarrollo económico de la zona y por consi-guiente, a la creación de empleos en este sector de la economía. Con la zonificación agrícola de estos terrenos se evi-tará el desarrollo desarticulado de otras empresas o desarro-llos no agrícolas y se garantizarfá] la preservación de estos terrenos para generaciones futuras.
La Asamblea Legislativa, en atención a la necesidad primordial de aprovechar al máximo estos terrenos de alto rendi-miento agrícola para beneficio del Pueblo de Puerto Rico, de-clara los terrenos comprendidos dentro del Valle de Lajas como una reserva agrícola y ordena a la Junta de Planifica-ción, en coordinación con el Departamento de Agricultura, el establecimiento de una zonificación especial para el ordena-miento de esos terrenos. (Énfasis suplido.) 1999 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 1171-1172.

Con el propósito de continuar con el desarrollo de la agricultura en la región suroeste de Puerto Rico, la Asam-blea Legislativa declaró el Valle de Lajas como una reserva agrícola y ordenó que se adoptara una resolución de zoni-ficación especial para reservar y destinar las fincas com-prendidas dentro de dicho valle a la producción y al desa-rrollo agrícola.() En el Art. 2 de la Ley Núm. 277, supra, se indica lo siguiente:

La Junta de Planificación, en coordinación con el Departa-mento de Agricultura, deberá llevar a cabo todos los estudios necesarios de las fincas comprendidas dentro del denominado Valle de Lajas, para el ordenamiento de esos terrenos me-diante la promulgación y adopción de una Resolución de zoni-ficación especial, a los fines de reservar y destinar las fincas del referido Valle a la producción y desarrollo agrícola. Para este propósito, podrá requerir a todo ente gubernamental o privado, apoyo pericial o de campo. En la Zonificación Especial deben estar incluidas además de las tierras que actual-mente tienen acceso a riego, aquellas que en el futuro puedan tenerlo y que se identifiquen como de valor agrícola. De igual forma, aquellas tierras que colinden con las identificadas como de valor agrícola y que sirvan de zonas de amortiguamiento deberán estar incorporadas en la Zonificación Especial. (Enfa-sis suplido.)()

De forma clara y expresa, el legislador ordenó que los siguientes terrenos debían ser incluidos en la Zonificación Especial: los predios que actualmente tienen acceso a riego, aquellos que en el futuro puedan tenerlo y se identi-fiquen como de valor agrícola, y los que colindan con los identificados como de valor agrícola y sirvan de zonas de amortiguamiento.()

En la esfera administrativa, la ley es la fuente legal o el medio que le confiere el poder a una agencia administrativa para velar por el cumplimiento de su ley habilitadora.() La ley habilitadora es el mecanismo legal que autoriza y delega a la agencia administrativa los poderes para que actúe conforme al propósito perseguido en dicha ley.() Por lo cual, un reglamento promulgado por una agencia administrativa no puede estar en conflicto con la ley habilitadora.() La función de los tribunales, ante un recurso de revisión judicial de un reglamento, consiste en examinar la validez de una reglamentación de una agencia administrativa. Tal ejercicio ha de ir dirigido a evaluar: (1) si la actuación administrativa está autorizada por ley; (2) si se delegó poder de reglamentación; (3) si la reglamentación promulgada está dentro de los amplios poderes delegados; (4) si al aprobarse el reglamento se cumplió con las normas procesales de la ley orgánica y de las leyes especia-les, y (5) si la reglamentación es arbitraria o caprichosa.()

Los tribunales no deben perder de perspectiva que “ ‘un reglamento promulgado para implementar ... la ejecución de una ley puede complementarla, pero no estar en conflicto con ésta’ (Énfasis suplido.() Si el regla-mento está en conflicto con la ley habilitadora que permite y promueve su creación, la disposición reglamentaria tiene que ceder ante el mandato legislativo.() Un reglamento es nulo si claramente está en conflicto o en contra de la ley.()

En el caso ante nos, la Junta, al expedir su resolución para adoptar el Reglamento de Planificación Núm. 28, supra, excluyó de la zonificación especial terrenos que actual-mente tienen acceso a riego. En dicha resolución expresó lo siguiente:

Se reconoce que al Este del Municipio de Lajas y al Sur de la Carretera PR-117, aunque son terrenos servidos por el sis-tema de riego, han sido afectados por desarrollos no agrícolas. Asimismo, el Municipio de Lajas necesita espacio para su de-sarrollo y crecimiento urbano, aspecto que estaba contemplado en el propuesto Plan Territorial de Lajas sometido en el año 1999. Por ello, en ánimo de atender el interés público de satis-facer dicho crecimiento, se excluyen de la delimitación de la Reserva aquellos terrenos que colindan con el área urbana y construida y que representan el crecimiento natural futuro de dicho municipio.()

La Junta expresó que tal exclusión se debió a que dichos terrenos fueron afectados por desarrollos no agrícolas y a que su condición natural no exhibía las características pro-pias de suelos de alta productividad agrícola.() También señaló que en vista de que el Municipio de Lajas necesita espacio para su desarrollo y crecimiento urbano, se exclu-yeron de la Reserva aquellos terrenos que colindan con el área urbana y construida, que representan el crecimiento natural futuro dé dicho municipio.

Surge de la propia Ley Núm. 277, supra, que la Junta llevaría a cabo los estudios necesarios para adoptar el re-glamento de zonificación especial en controversia en con-junto con el Departamento de Agricultural.() De la propia resolución para adoptar el Reglamentó de Planificación Núm. 28, supra, surge que el Departamento de Agricultura participó activamente en el proceso de preparación del re-glamento y durante la celebración de las vistas públicas. Én su ponencia presentada ante la Junta el 12 de febrero de 2003, expresó que “los terrenos al margen este del mu-nicipio de Lajas muestran condiciones adecuadas para identificarlos como de alto valor agrícola”. (Enfasis suplido.)()

El Tribunal de Apelaciones entendió que la actuación de la Junta fue arbitraria y caprichosa, pues el Art. 2 de la Ley Núm. 277, supra, no provee excepciones respecto a los terrenos con acceso a riego, por lo que dicha agencia erró al ejercer una discreción que no le confirió la Asamblea Legislativa. Determinó lo siguiente:

De la letra del Artículo 2 de la Ley 277, id., se desprende claramente que el mero hecho de que las tierras tengan acceso a riego las incluye dentro de la zonificación especial. Ello es así independientemente de que esas tierras posean o no valor agrícola. Es para aquellas tierras que no poseen acceso a riego actualmente, pero que en el futuro puedan tener acceso a riego, que, se requiere “que se identifiquen como de valor agrícola.” Íd.( )

En el recurso presentado ante nos, la Junta arguye que el propósito de la Ley Núm. 277, supra, es “que se incluyan dentro de la reserva agrícola los terrenos servidos por riego o que puedan servirse, pero que tengan valor agrícola”.() Alega, además, que el Tribunal de Apelaciones ignoró que los terrenos por incluirse en la reserva tienen que identifi-carse como de valor agrícola.

Aplicando la normativa antes expuesta, concluimos que la Junta excedió sus facultades al excluir de la delimita-ción de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas los terrenos servidos por el sistema de riego descritos en la resolución para adoptar el Reglamento de Planificación Núm. 28, supra.

Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu.() De igual manera, ante un lenguaje claro e inequívoco del legislador, el texto de la ley es la expresión por excelencia de la intención legislativa. () Interpretar la ley en forma contraria a la evidente intención del legislador, implicaría la usurpación de las prerrogativas de la Rama Legislativa.() Por estos motivos, los tribunales debemos siempre considerar cuáles fueron los propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobar una legislación, de manera que su interpretación asegure la efectividad de la intención legislativa.()

El mandato legislativo de la Ley Núm. 277, supra, fue incluir en la zonificación especial las tierras que actual-mente tienen acceso a riego.() Además, entendemos, a diferencia del Tribunal de Apelaciones, que estos terrenos tienen cierto valor agrícola. No es meramente que tengan acceso a riego lo que los hace elegibles para ser parte de la reserva, sino que sean terrenos con valor agrícola que ten-gan acceso a riego. Deben tener valor agrícola para así pro-mover el propósito que persigue la Ley Núm. 277, supra, el cual consiste en fomentar el desarrollo agrícola del Valle de Lajas y protegerlo de desarrollos no agrícolas. No surge de los autos que los terrenos excluidos carezcan de valor agrícola. No obstante, la Junta señala que se vieron afec-tados por desarrollos no agrícolas y que eran necesarios para el desarrollo y crecimiento urbano del Municipio de Lajas. Precisamente, úna de las razones por la cual la Asamblea Legislativa le encomendó a la Junta, en coordi-nación con el Departamento de Agricultura, a garantizar la protección de las tierras con potencial agrícola, fue prote-ger dichas tierras del desarrollo urbano, cuya demanda aumenta.()

El Departamento de Agricultura, a diferencia de la Junta, señala que el área excluida tiene un alto valor agrícola. Por lo tanto, podemos concluir que los terrenos excluidos sí tienen valor agrícola aunque éste haya dismi-nuido por el impacto de desarrollos no agrícolas. La Ley Núm. 277, supra, no establece niveles de valor agrícola para excluir o incluir terrenos en la Reserva; meramente expresa que si tienen acceso a riego y valor agrícola, serán incluidos en la Reserva.

De las disposiciones legales relacionadas con la promul-gación y adopción de la Zonificación Especial para las Re-servas Agrícolas se desprende que la intención del legisla-dor fue establecer uña política pública enérgica qué contribuya a la preservación de los terrenos del Valle de Lájas para su desarrollo agrícola. La Asamblea Legisla-tiva, al declarar los terrenos comprendidos dentro de los Valles de Lajas, Coloso y Guanajibo como reservas agríco-las, lo hizo en atención a la necesidad primordial de apro-vechar al máximo el potencial agrícola de dichos terrenos.() No debemos olvidar que las leyes deben ser interpretadas y aplicadas “sin desvincularlas del problema cuya solución persiguen, como parte de un todo coherente y armonioso del ordenamiento jurídico".()

En vista del inequívoco mandato legislativo, la Junta actuó en forma ultra vires, más allá de su poder delegado, para aprobar un reglamento, excluyendo de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas los terrenos servidos por el sis-tema de riego y con valor agrícola. El Tribunal de Apelacio-nes actuó correctamente al determinar que la Junta erró al realizar la exclusión de los referidos terrenos en controversia. Actuó correctamente al decretar como invá-lido el Reglamento de Planificación Núm. 28, supra, apro-bado por esa agencia, en cuanto a su aplicación a la Re-serva Agrícola del Valle de Lajas.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia recurrida.

      (1) Asoc. Res. Park Side, Inc. v. J.P., 147 D.P.R. 277 (1998).

      (2) 23 L.P.R.A. sec. 62 et seq.

      (3) 23 L.P.R.A. sec. 62o.

      (4) 23 L.P.R.A. sec. 62j(4) y (5).

      (5) 23 L.P.R.A. sec. 7031 et seq.

      (6) 5 L.P.R.A. sec. 1731 et seq.

      (7) 5 L.P.R.A. sec. 1751 et seq.

      (8) Apéndice, pág. 27.

      (9) Petición de certiorari, pág. 6.

      (10) Resolución JP-RP-2003, Reglamento de Zonificación Especial para las Re-servas Agrícolas de Puerto Rico (Reglamento de Planificación Núm. 28 de la Junta de Planificación) de 13 de febrero de 2004. Véase, además, Apéndice, págs. 27-29.

      (11) Íd.

      (12) Conforme al Art. 28 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, 23 L.P.R.A. see. 63, y a la See. 2.8 de la Ley de Procedimiento Adminis-trativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2128(a)(i), los reglamentos adop-tados por la Junta de Planificación y aprobados por el Gobernador entrarían en vigor a los quince días de su aprobación.

      (13) Apéndice, pág. 44.

      (14) Íd., págs. 4-5.

      (15)Íd., pág. 13.

      (16) Íd., págs. 200-202.

      (17) Entiéndase que tal dictamen no se extendería a las reservas agrícolas de los Valles de Coloso y de Guanajibo.

      (18) Apéndice, págs. 203-215.

      (19) In re Aprobación Reglamento T.A., 162 D.P.R. 444 (2004).

      (20) Apéndice, págs. 203-205. Este recurso recibió el Núm. CC-2004-729 y se ordenó su archivo por desistimiento mediante Resolución de 27 de septiembre de 2004.

      (21) Apéndice, pág. 206.

      (22) Íd., págs. 206-215.

      (23) Íd., pág. 22.

      (24) 32 L.P.R.A. Ap. III.

      (25) 32 L.P.R.A. Ap. III.

      (26) Reyes v. E.L.A. et al., 155 D.P.R. 799 (2001); Vega v. Alicea, 145 D.P.R. 236, 240 (1998); Barletta v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 690, 692 (1972).

      (27) Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

      (28) 4 L.P.R.A. sec. 24w.

      (29) In re Aprobación Reglamento T.A., supra.

      (30) Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003).

      (31) Íd; Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005).

      (32) Vázquez v. A.R.Pe., 128 D.P.R. 513 (1991).

      (33) 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 68.1.

      (34) 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.

      (35) Exposición de Motivos de la L.P.A.U., 1988 Leyes de Puerto Rico 825-826.

      (36) 3 L.P.R.A. sec. 2102(m).

      (37) 3 L.P.R.A. sec. 2102(l).

      (38) 3 L.P.R.A. sec. 2127.

      (39) Asoc. Dueños Casas Parguera, Inc. v. J.P., 148 D.P.R. 307 (1999).

      (40) Recurso de certiorari, pág. 13.

      (41) D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 108.

      (42) 3 L.P.R.A. sec. 2123.

      (13) 3 L.P.R.A. sec. 2127.

      (44) Frente Unido v. Srio. de Justicia, 151 D.P.R. 117, 125 (2000).

      (45) Arts. 1 y 2 de la Ley Núm. 277, supra, 23 L.P.R.A. secs. 7030-7031.

      (46) 23 L.P.R.A. sec. 7031.

      (47) Frente Unido v. Srio. de Justicia, supra, pág. 125.

      (48) Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 D.P.R. 203 (2002).

      (49) Íd.

      (50) Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Púb., 158 D.P.R. 180 (2002); Franco v. Depto. de Educación, 148 D.P.R. 703 (1999).

      (51) Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 D.P.R. 105 (2002); Franco v. Depto. de Educación, supra, pág. 711; M. & B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319, 326 (1987).

      (52) Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, supra, pág. 128, citando a P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 409 (1980). Véase, además, Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Pub., supra.

      (53) Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Pub., supra.

      (54) P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, supra.

      (55) Resolución JP-RP-2003, Reglamento de Planificación Núm. 28, pág. iii.

      (56) Apéndice, pág. 4.

      (57) 23 L.P.R.A. sec. 7031.

      (58) Apéndice, pág. 136.

      (59) Íd., págs. 9-10.

      (60) Recurso de certiorari, pág. 15.

      (61) Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14.

      (62) Pérez v. Mun. de Lares, 155 D.P.R. 697 (2001).

      (63) Alejandro Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R. 538 (1996).

      (64) Pérez v. Mun. de Lares, supra.

      (65) Frente Unido v. Srio. de Justicia, supra.

      (66) Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 277, supra, 1999 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 177.

      (67) Íd.; Exposición de Motivos, Ley Núm. 142 de 4 de agosto de 2000, (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 961; Ley Núm. 184, supra.

      (68) Franco Depto de Educación, supra, pág. 716; J.R.T. v. A.E.E., 133 D.P.R. 1, 10 (1993).


author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

text:
    Milagros Infante Robles, demandante y peticionaria, v. Luis Rafael Maeso Hernández, etc., demandados y recurridos; Luis R. Maeso Hernández, etc., demandantes y recurridos, v. Milagros Infante Robles, demandada y peticionaria.

      Número: CC-2004-280

      Resuelto: 30 de agosto de 2005

      Jorge L. Guerrero Calderón, abogado de la parte peticionaria; Raúl J. Tous Bobonis y Alberto Rodríguez Ramos, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

El caso de autos trata sobre la corrección de determina-dos asientos en el Registro de la Propiedad.

El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, y el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, resolvieron a favor de los demandantes, reconocién-doles su derecho a la inscripción registral solicitada por éstos.

Por ser correctos dichos dictámenes, se confirman.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión de conformidad. El Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta se inhibieron.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

El caso de autos presenta la ocasión para precisar unos criterios normativos en cuanto a los efectos sobre terceros de la revocación de una donación por ingratitud, asunto sobre el cual el Tribunal no se ha expresado antes. Veamos.

í — l

El 23 de febrero de 1990 Milagros Infante Robles (Infan-te Robles o peticionaria) le donó a su hijo, Juan Florencio Santiago Infante, la propiedad objeto de este litigio me-diante la Escritura Núm. 5, otorgada ante el notario Rafael E. Meléndez González. Conforme al tercer apartado de dicha escritura, la donación del inmueble fue hecha de forma puramente graciosa y por mera liberalidad. La escritura de donación fue inscrita en el Registro de la Propiedad el 30 de abril de 1993 al folio 114 del tomo 698 de Monacillos, finca Núm. 12,566, inscripción sexta.

Años más tarde, el 30 de octubre de 1995, Infante Robles y sus dos hijas presentaron una demanda en contra de Juan Florencio Santiago Infante y solicitaron la revocación de la donación referida y la restitución del dominio sobre el inmueble a Infante Robles. Dicha acción se fundamentó en que Santiago Infante había incurrido en ingratitud, ya que no le había proporcionado alimentos a su progenitora. La demanda fue acompañada con una moción en auxilio de jurisdicción mediante la cual se le pedía al Tribunal de Primera Instancia que dictara una orden para que se le prohibiera a Juan Florencio Santiago Infante enajenar la propiedad. El foro de instancia, aunque eventualmente se-ñaló una vista para discutir dicha moción, nunca emitió la orden solicitada ni en forma alguna ordenó la anotación de demanda en el Registro de la Propiedad.

El 14 de noviembre de 1995, quince días después de que se presentara la demanda de revocación de donación, Juan Florencio Santiago Infante, quien todavía era el titular re-gistral del inmueble, lo vendió por el precio de $78 mil a Luis Maeso Hernández y a su esposa Lizzette Traverso Santiago (esposos Maeso Traverso o recurridos) mediante la Escritura Núm. 306, otorgada ante el notario Carlos A. Piovanetti Dohnert. Ese mismo día, los esposos Maeso Tra-verso otorgaron una escritura para constituir hipoteca so-bre la propiedad, a nombre del Banco Popular de Puerto Rico, para garantizar el préstamo que tomaron para finan-ciar la compra de la propiedad.

El 15 de diciembre de 1995, poco más de un mes después de que se llevara a cabo la compraventa referida,- Infante Robles y sus hijas presentaron en el Registro de la Propie-dad una solicitud para que se anotara preventivamente la demanda de revocación de donación. La solicitud estuvo acompañada de copia certificada de la demanda de revoca-ción de donación, mas no se presentó orden o providencia judicial alguna que la respaldara. El 21 de diciembre de 1995, seis días después de que la aquí peticionaria presen-tara la solicitud de anotación preventiva de demanda, los codemandados presentaron en el Registro de la Propiedad las escrituras de compraventa y constitución de hipoteca que habían otorgado el 14 de noviembre del mismo año.

El 14 de octubre de 1996 el Tribunal de Primera Instan-cia dictó una sentencia en rebeldía a favor de Infante Robles en la acción de revocación de donación que llevó en contra de su hijo. El tribunal accedió a la revocación de la donación, por lo que Juan Florencio Santiago Infante fue desprovisto de su titularidad sobre el inmueble en cuestión. Dicha sentencia no fue apelada, por lo que advino firme y final.

El 4 de abril de 2000 el Registrador de la Propiedad hizo la calificación correspondiente y notificó diversas faltas en los documentos presentados. En cuanto al aviso de de-manda de revocación de donación, el Registrador de la Pro-piedad indicó que éste tenía que estar acompañado por una orden y un mandamiento judicial certificados. En cuanto a las escrituras de compraventa e hipoteca, determinó que el aviso de demanda presentado previamente impedía la ins-cripción de dichos documentos. Contra dicha determina-ción, Infante Robles, por conducto de su abogado, interpuso una solicitud de recalificación el 22 de abril de 2000. Junto con dicho escrito de recalificación se presentaron también una orden y un mandamiento de ejecución de sentencia expedidos por el tribunal de instancia los días 14 y 28 de abril de 1997, respectivamente. Tres, días después de pre-sentada la solicitud de recalificación, María Milagros Santiago Infante, hija de Infante Robles, presentó en el Regis-tro de la Propiedad una instancia jurada mediante la cual solicitó que se convirtiera en inscripción definitiva el aviso de demanda. El 27 de abril de 2000, el abogado de Infante Robles presentó en el Registro de la Propiedad un escrito de recalificación complementario, en el cual se hace refe-rencia a la instancia mencionada y se pide la inscripción de todos los documentos pendientes.

El 15 de junio de 2000 el Registrador de la Propiedad realizó las inscripciones siguientes: (1) anotó el aviso de demanda; (2) inscribió la compraventa a favor de los espo-sos Maeso Traverso; (3) inscribió la hipoteca a favor del Banco Popular de Puerto Rico, y (4) canceló el aviso de demanda, lo convirtió en inscripción definitiva, restitu-yendo el dominio sobre el inmueble que nos ocupa a In-fante Robles, y canceló los asientos correspondientes a la compraventa y a la hipoteca por ser contradictorios al do-minio de Infante Robles.

, El 22 de octubre de 2001 los esposos Maeso Traverso, la Sociedad Legal de Gananciales integrada por ambos, y el Banco Popular de Puerto Rico presentaron una demanda en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, en contra de Infante Robles y sus hijas. Alegaron que eran los dueños legítimos del inmueble que nos ocupa y que el Banco Popular de Puerto Rico era el titular de una hipoteca sobre éste. Los esposos Maeso Traverso funda-mentaron su contención en que reunían los requisitos ne-cesarios para ser considerados terceros regístrales, según las disposiciones de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, y que el aviso de demanda presentado por In-fante Robles y sus hijas, por no estar acompañado de un mandamiento judicial, no tuvo efecto registral alguno ni era susceptible de corregirse. En consecuencia, solicitaron que se reconociera su derecho de propiedad y que se hiciera la inscripción registral correspondiente.

Infante Robles contestó la demanda y reconvino. Alegó que era la legítima dueña del inmueble, ya que había ano-tado preventivamente su reclamación con rango preferente a la adquisición de los recurridos, lo cual le había dado publicidad registral y notificación a terceros sobre la de-manda, privándolos de buena fe. Además, adujo que los recurridos no podían atacar colateralmente la inscripción hecha por el Registrador de la Propiedad, ya que no la habían cuestionado oportunamente; solicitó la concesión de daños y que se ordenara a los demandantes desocupar la propiedad. Posteriormente, Infante Robles presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, mediante la cual formuló unas alegacio-nes similares a las de su reconvención. Los esposos Maeso Traverso contestaron la demanda formulando unas alega-ciones similares a las del litigio presentado en Carolina. Luego de varios incidentes procesales, el litigio de Carolina fue trasladado a la Sala de San Juan del Tribunal de Pri-mera Instancia y ambos casos fueron consolidados.

El 7 de junio de 2002 los aquí recurridos, esposos Maeso Traverso y el Banco Popular de Puerto Rico, presentaron una moción para que se dictase una sentencia sumaria, a lo cual se opuso Infante Robles solicitando, a su vez, que se dictara sentencia sumaria a su favor. En esencia, ambas partes reiteraron los argumentos que habían esgrimido an-teriormente, con la excepción de que Infante Robles alegó en este escrito que su hijo y anterior donatario, Juan Flo-rencio Santiago Infante, era parte indispensable en el litigio. Escuchados los argumentos de ambas partes, el Tribunal de Primera Instancia, invocando varios fundamen-tos, concluyó que no había controversia de hechos esencia-les y dictó una sentencia sumaria a favor de los recurridos.

En primer lugar, el foro de instancia concluyó que los esposos Maeso Traverso habían adquirido su derecho de propiedad: de buena fe; a título oneroso; de quien en el Registro de la Propiedad aparecía como su titular con ca-pacidad para enajenarlo sin limitación alguna; antes de que la solicitud de anotación preventiva de demanda fuera presentada en el Registro de la Propiedad, sin que hubiera duda alguna de que los recurridos no fueron parte ni fue-ron notificados, ni se enteraron del pleito de revocación de donación ni de las intenciones de la donante, con anterio-ridad a la adquisición de su derecho.

En segundo lugar, en lo que respecta a la anotación pre-ventiva de demanda practicada en el caso de autos, el foro de instancia expresó que, aunque la solicitud de anotación preventiva de demanda llegó al Registro de la Propiedad antes que las escrituras de compraventa e hipoteca, dicha solicitud no surtió efecto registral alguno, ya que no fue acompañada de una orden o un mandamiento judicial que lo avalara, en contravención a lo requerido por la legisla-ción hipotecaria. Dicho defecto —resolvió el foro de instan-cia— produjo la nulidad del asiento practicado y no era susceptible de corregirse mediante una orden o sentencia judicial, razón por la cual concluyó que había errado el Registrador de la Propiedad al convertir la anotación pre-ventiva de demanda en una inscripción definitiva.

Por último, el Tribunal de Primera Instancia rechazó también la contención de que el hijo de Infante Robles y anterior donatario, Juan Florencio Santiago Infante, y su esposa fueran partes indispensables. Razonó el foro de ins-tancia que el presente pleito trataba sobre la corrección y rectificación de asientos en el Registro de la Propiedad, en el cual las únicas partes indispensables eran los titulares regístrales que se verían afectados por la rectificación. Adujo, además, que nadie estaba pidiendo un remedio en contra de Santiago Infante y que cualquier posible recla-mación en contra suya era prematura e independiente de estos procedimientos, por lo que su acumulación era per-misible, no compulsoria y sólo dilataría más los procedimientos. En consonancia con estos razonamientos, el foro de instancia dictó una sentencia a favor de los espo-sos Maeso Traverso.

Insatisfecha con dicho dictamen, Infante Robles apeló ante el Tribunal de Apelaciones. Planteó allí, en síntesis, que el foro de instancia había cometido los errores siguien-tes: (1) determinar que los esposos Maeso Traverso son los dueños de la vivienda en controversia y que el Banco Popular de Puerto Rico era titular de la hipoteca; (2) concluir que los esposos Maeso Traverso eran terceros con buena fe, aunque la anotación preventiva de demanda había llegado al Registro de la Propiedad antes de que ellos presentaran sus documentos; (3) resolver que la solicitud de anotación preventiva de demanda presentada por la peticionaria no estaba exenta del requisito de estar acompañada por una orden o un mandamiento judicial; (4) no concluir que los recurridos estaban impedidos de atacar colateralmente la inscripción hecha por el Registrador de la Propiedad, ya que no la habían cuestionado oportunamente y, en conse-cuencia, la habían consentido, y (5) resolver que Juan Flo-rencio Santiago Infante y su esposa no eran partes indispensables en el pleito. Considerados los planteamientos de ambas partes, el foro apelativo intermedio confirmó la sen-tencia recurrida.

Inconforme con esta determinación, Infante Robles acu-dió ante nos mediante un recurso de certiorari e hizo unos señalamientos de error similares a los que hiciera ante el Tribunal de Apelaciones, referidos en el párrafo anterior. El 14 de junio de 2004, en reconsideración, expedimos el auto solicitado a fin de revisar la sentencia dictada el 30 de enero de 2004 por el Tribunal de Apelaciones. La parte peticionaria sometió un alegato en apoyo a su solicitud de certiorari el 20 de agosto de 2004. La parte recurrida pre-sentó un escrito de oposición al certiorari el 21 de septiem-bre de 2004. El 21 de octubre de 2004 la peticionaria pre-sentó una réplica al escrito de oposición de la parte recurrida.

A. La donación y su revocación por causa de ingratitud

Conforme al Art. 558 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 1981, “la donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta”. Si se atiende al momento en que están supuestas a tener efectividad, el Código dis-tingue entre las donaciones entre vivos y las donaciones por causa de muerte. 31 L.P.R.A. secs. 1982 y 1985. Las donaciones por causa de muerte se rigen por las disposicio-nes establecidas para la sucesión testamentaria. 31 L.P.R.A. see. 1985. Las donaciones que hayan de producir sus efectos entre vivos, como la ocurrida entre Infante Robles y Juan Florencio Santiago Infante, se rigen por lo dis-puesto en las disposiciones generales sobre las obligaciones y los contratos, en todo aquello que no esté dispuesto en la Parte III del Subtítulo 3 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 1981-2041, que está, dedicada a reglamentar las donaciones. 31 L.P.R.A. sec. 1986.

A diferencia de las donaciones por causa de muerte, las donaciones ínter vivos no pueden ser revocadas por la sola voluntad del donante. Lage v. Central Fed. Savings, 108 D.P.R. 72, 84 (1978); J.R. Vélez Torres, Curso de derecho civil: derecho de contratos, San Juan, Rev. Jur. U.I.P.R., 1990, T. IV, Vol. II, págs. 229-230; L. Diez-Picazo y A. Gu-llón, Sistema de Derecho Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1989, Vol. II, págs. 344 y 350. Las donaciones entre vivos sólo pueden revocarse en los supuestos señalados por el Código Civil de Puerto Rico. Vélez Torres, op. cit., pág. 257; Diez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 344. Una de las causales de revocación acogidas por el Código Civil de Puerto Rico es la ingratitud. El Art. 590 del mencionado cuerpo legal dispone que las donaciones pueden ser revocadas por in-gratitud:

(1) Si el donatario cometiere algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante.
(2) Si el donatario imputare al donante alguno de los delitos que dan lugar a procedimientos de oficio o acusación pública, aunque lo pruebe; a menos que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su mujer o los hijos constituidos bajo su autoridad.
(3) Si le niega indebidamente los alimentos. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A.. see. 2045.

Se ha establecido que el fundamento de esta causa de revocación es “dotar al donante de un medio coactivo y psi-cológico para obligar al donatario al cumplimiento de sus deberes morales que el ius gratitudini le impone, y que presenta las características de una verdadera sanción penal de tipo económico Sentencia del Tribunal Supremo español, 29 de noviembre de 1969 (R.J., Núm. 5837, pág. 3878), citado en J. Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil: contratos en particular, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. II, pág. 100. En otras palabras, lo que se castiga es el incumplimiento de un deber moral de gratitud surgido del hecho de haber recibido un beneficio sin compensación. G. Velázquez, Teoría de la donación conforme al derecho puertorriqueño, Río Piedras, [s. Ed.], 1956, pág. 27.

B. Efectos de la revocación de donación por ingratitud

El Art. 591 del Código Civil de Puerto Rico dispone:

Revocada la donación por causa de ingratitud, quedarán, sin embargo, subsistentes las enajenaciones e hipotecas anterio-res a la anotación de la demanda de revocación en el Registro de la Propiedad. Las posteriores serán nulas. 31 L.P.R.A. see. 2046.

El Art. 592 del mismo cuerpo legal, por su parte, dis-pone:

En el caso a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior tendrá derecho el donante para exigir del donatario el valor de los bienes enajenados que no pueda reclamar de los terceros, o la cantidad en que hubiesen sido hipotecados.
Se atenderá al tiempo de la donación para regular el valor de dichos bienes. 31 L.P.R.A. see. 2047.

Los artículos transcritos persiguen dos objetivos: (1) de-volver el patrimonio del donante al estado en que se encon-traba antes de la donación revocada y (2) proteger, en aras de la seguridad del tráfico jurídico, al donatario y al tercero que, de buena fe y a título oneroso, adquirió de éste los bienes donados antes de que se anotara en el Registro de la Propiedad la demanda de revocación de donación. M. Alba-ladejo García, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1986, T. VIII, Vol. 2, págs. 324-325 y 336-337. Estos objetivos se logran, por un lado, ordenándole al donatario que restituya los bienes donados o su valor, si ya no se encontraran en su poder, y por el otro, dejando firmes e inatacables las enajenaciones he-chas por el donatario a terceros de buena fe, antes de que se anotara la demanda en el Registro de la Propiedad. Id.

En cuanto a las enajenaciones posteriores a la anotación de la demanda de revocación, el propio Código establece que serán nulas. Esto significa que dicha anotación “señala el momento desde el cual las enajenaciones o gravámenes quedarán insubsistentes si se estima la demanda y se ob-tiene sentencia favorable”. J.M. Manresa y Navarro, Co-mentarios al Código Civil español, 7ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1972, T. V, pág. 265. Esta solución se ampara en que, anotada la demanda, se ha publicado la existencia de una causa de revocación y el tercero no puede alegar que la desconocía, id.

De lo anterior también puede deducirse que, aun si no estuviera anotada la demanda ni constaran los defectos expresamente del Registro de la Propiedad, la enajenación no podría subsistir si el tercero conoció o debió haber cono-cido de la demanda o causa de revocación. Esta conclusión, según la doctrina, es consecuencia de la aplicación del principio de buena fe, el cual abarca toda actividad jurídica. Albaladejo García, op. cit, págs. 336-337. Véase Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585, 587— 588 (1981).

C. La buena fe

Partiendo entonces de la premisa de que el requisito de buena fe es una exigencia general de nuestro Derecho que se extiende a todo el ordenamiento jurídico, la “eticidad de cada acto deberá examinarse a la luz de sus circunstancias particulares”. Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., supra, pág. 588. En el contexto de la Ley Hipotecaria y del Regis-tro de la Propiedad, el Art. 105 de dicho cuerpo legal esta-blece lo siguiente:

A pesar que la inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, ni altera las relaciones jurídicas de quienes intervengan como partes en dichos actos o contratos, el tercero que de buena fe y a título oneroso adquiera válidamente algún derecho de persona que en el Registro apa-rezca con facultad para transmitirlo será mantenido en su ad-quisición, una vez haya inscrito su derecho, cuando por cual-quier razón resulte inexacto el Registro, bien sea que se rescinda, resuelva o anule el título del otorgante en virtud de causas que no resulten clara y expresamente del propio Regis-tro, o que existan sobre la finca acciones o títulos de dominio o de otros derechos reales que no estén debidamente inscritos.
Al respecto, ha de entenderse por Registro los asientos rela-tivos a una finca o derecho, no extinguidos según lo dispuesto en [el Art. 127] de esta ley, que se refieran a cargas y gravá-menes o a derechos que no sean el que transfiere o grava, además del asiento que publica el derecho del trasmitente [sic].
La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se prueba que al adquirir conocía la falta de exactitud del Registro.
El adquirente a título gratuito sólo gozará de la protección registral que corresponde a sus causantes o transferentes.
En ningún caso afectarán a tercero los derechos meramente mencionados o la indebida constancia de obligaciones. (Enfa-sis suplido.) 30 L.RR.A. see. 2355.

La disposición transcrita incorpora a nuestro ordena-miento jurídico inmobiliario el principio de fe pública registral. A través de dicho principio quedan protegidos los terceros que, por medio de un negocio jurídico válido, ad-quieran un derecho confiando en el contenido del Registro de la Propiedad. Banco de Santander v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 591, 601 (1990). Para ser acreedor de la protec-ción del Registro de la Propiedad, uno de los requisitos que tiene que cumplir el tercer adquirente es el de buena fe, la cual se ha definido como el “desconocimiento por el tercer adquirente, en el momento de la adquisición, de la inexac-titud registral y de los vicios que pueden anular, rescindir, resolver o revocar la titularidad del transferente”. (Enfasis suplido.) Mundo v. Fúster, 87 D.P.R. 363, 376 (1963), ci-tando a T. Miguélez, Legislación Hipotecaria, Madrid, [s. Ed.], 1949, pág. 130.

Por otra parte, hemos resuelto que para que dicho des-conocimiento sea sinónimo de buena fe, es necesario que el tercero haya sido diligente al tratar de enterarse de quién es el verdadero dueño de la propiedad. Banco de Santander v. Rosario Cirino, supra. En consecuencia, además de cer-ciorarse de quién es el dueño registral del derecho que ad-quiere, el tercero, para tener buena fe y ser amparado por el Registro de la Propiedad, no debe tener ni conocimiento personal del defecto que produce la nulidad o revocación del título de su transferente, ni medios racionales o moti-vos suficientes para conocer de éste. Íd.; Mundo v. Fúster, supra. “[N]o se pueden desvincular los principios generales del derecho hipotecario de la buena fe en la contratación.” Banco de Santander v. Rosario Cirino, supra, pág. 605.

Además de lo anterior, hemos señalado que para tener derecho a la protección registral “[c]on el requisito de buena fe sólo tiene que cumplir el tercer adquirente y no el transferente ... en el momento en que, de acuerdo con el Código Civil, ‘queda concluso el negocio jurídico de adqui-sición por el tercero’ ”. Banco de Santander v. Rosario Ci-rino, supra, pág. 607, citando a R.M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. I, pág. 695.

Finalmente, hay que tener presente que, según surge del propio Art. 105 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, se presume la buena fe del tercer adquirente. Por lo tanto, le corresponde a quien sostenga lo contrario probar que el tercero conocía de la inexactitud del registro y que, por lo tanto, tenía mala fe. Banco de Santander v. Rosario Cirino, supra.

D. La anotación preventiva de demanda

Hemos definido “anotación preventiva de demanda” como “un asiento registral que publica el hecho de haberse interpuesto demanda que ha iniciado un proceso judicial, generalmente civil, en el que se ejercita alguna pretensión procesal relativa al dominio o derechos reales sobre fincas”. Pérez Mercado v. Martínez Rondón, 130 D.P.R. 134, 144 (1992), citando a R.M. Roca Sastre y L.M. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. IV, Vol. 1, pág. 38. Su función consiste en avisar que la titularidad del derecho inscrito, sobre el cual pesa la anotación, está subordinada a la resolución de un pleito. Segarra v. Vda. de Lloréns, 99 D.P.R. 60, 69 (1970). De esta forma, los futuros adquirentes, al estar prevenidos de la existencia de un litigio que podría resultar lesivo a sus intereses, no podrán alegar desconocimiento de las causas de nulidad de los títulos inscritos. Íd.

Por otra parte, la anotación preventiva de demanda pre-serva la efectividad en la administración de la justicia al evitar que las sentencias judiciales resulten inoficiosas por actos del demandado que impidan la ejecución de un fallo. Íd. “Su efecto consiste ‘en asegurar un rango al derecho real que como consecuencia del litigio pueda constituirse, asegurando la retroactividad del mismo al momento de la anotación de la demanda frente a los terceros que hayan inscrito en el intermedio algún derecho’ (Cossío). En principio, carece de los demás efectos, defensivos y ofensivos, de una inscripción”. Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664, 678 (1989), citando a J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Derecho Inmobiliario Registral, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, pág. 269.

Los Arts. 112 y 113 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. secs. 2401 y 2402, establecen las reglas y el procedimiento que ha de seguirse para poder obtener la anotación preventiva de una demanda. El mencionado Art. 112, en lo aquí pertinente, establece lo si-guiente:

Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos dere-chos en el Registro:
1ro. El que reclamare en juicio la propiedad de bienes in-muebles o la constitución, declaración, modificación o extin-ción de cualquier derecho registrable o el que reclamare en alguna acción que afecte al título de propiedad inmueble, o sobre la validez y eficacia, o invalidez o ineficacia, del título o títulos referentes a la adquisición, constitución, declaración, modificación o extinción de los precitados derechos registrables. 30 L.P.R.A. sec. 2401.

El Art. 113, por su parte, cualifica lo establecido en el inciso primero del citado Art. 112, al disponer:

En el caso del número uno de la [sección anterior], no podrá hacerse la anotación preventiva sino cuando se ordene por providencia judicial dictada a instancia de parte legítima y en virtud de documénto bastante al prudente arbitrio del juzga-dor, excepto cuando la acción tenga un derecho real inscrito como base para su ejercicio, en cuyo caso será suficiente para su anotación en el Registro la presentación de copia certifi-cada de la demanda. (Enfasis suplido.) 30 L.P.R.A. sec. 2402.

Puede colegirse de lo anterior que, para obtener la ano-tación preventiva de una demanda en el Registro de la Pro-piedad, la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad exige: (1) que la acción pueda incidir sobre la titularidad o algún otro derecho real relacionado al inmueble sobre el cual recaería la anotación y (2) la intervención de un juez que avale la anotación solicitada mediante una orden o un mandamiento, salvo cuando la acción esté basada en un derecho real inscrito. Según hemos resuelto, el presentante del aviso debe cumplir a cabalidad con las reglas esbozadas anteriormente. La falta de cumplimiento con este procedi-miento conlleva la nulidad del asiento practicado. Pérez Mercado v. Martínez Rondón, supra. En consecuencia, un aviso de demanda que no esté acompañado de una orden o un mandamiento judicial, y que no esté exceptuado de ese requisito, no produce efectos regístrales. E.R. Foods, Inc. v. Lee Optical, 117 D.P.R. 566, 569-570 (1986). Dicha omisión es insubsanable. Íd., pág. 570.

En cuanto a la excepción al requisito de que la solicitud de anotación preventiva de demanda esté acompañada de una orden judicial, contenida en el citado Art. 113 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, hemos resuelto que ésta debe ser interpretada restrictivamente. Banco Central y Economías v. Registrador, 111 D.P.R. 773, 778 (1981).

E. Calificación del Registrador de la Propiedad

El Art. 69 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, en parte, establece lo siguiente:

Si el [R]egistrador observare alguna falta en el documento, exclusivamente conforme [al Art. 68 de esta ley], notificará su calificación por escrito al notario autorizante y al presentante, si éste lo solicita en la minuta, dentro de sesenta (60) días de la fecha de dicho asiento de presentación, bien por entrega personal o por correo, o por la vía electrónica, para que corri-jan la falta durante el plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha de notificación. Si se hiciere más de una notificación, se comenzará a contar el plazo desde la última [notificación] he-cha al notario.
La notificación deberá contener todos los motivos legales en que se basa la calificación. La notificación se hará constar por nota fechada en el asiento de presentación y al pie del docu-mento notificado, firmando dicha nota el Registrador, cum-plido [el] cual quedará perfeccionada.
De no ser subsanado el defecto y expirado el plazo de se-senta (60) días, el Registrador extenderá nota de caducidad en el asiento de presentación y al pie del documento. 30 L.P.R.A. sec. 2272.

El Art. 70 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, por su parte, lee de la manera siguiente:

No obstante lo dispuesto en [el Art. 69 de esta Ley], el pre-sentante o el interesado que no esté conforme con la califica-ción del [R]egistrador podrá, dentro del término improrrogable de [los] veinte (20) días siguientes a la fecha de la notificación, radicar personalmente, o por la vía electrónica, con el [Registrador o remitirlo por correo certificado, un escrito so-licitando recalificación, exponiendo sus objeciones a la califi-cación, los fundamentos en que apoya su recurso y una súplica específica de lo que interesa. Transcurridos los veinte (20) días se entenderán consentidos los defectos señalados por el [R]egistrador.
Si se hubiere consentido la calificación del [Registrador con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior y el interesado intentase corregir los defectos apuntados dentro del término que concede [el Art. 69 de esta ley], sólo podrá recurrir guber-nativamente de la denegatoria al efecto de determinar si los defectos señalados fueron corregidos. 30 L.P.R.A. sec. 2273.

Según se desprende del citado Art. 69, notificadas por el Registrador de la Propiedad una o más faltas, si la parte interesada no las corrige dentro del término señalado, se extenderá una nota de caducidad sobre el asiento de presentación correspondiente. En cuanto al Art. 70, hemos re-suelto que su “propósito es darle una oportunidad al Regis-trador de reconsiderar cualquier calificación errónea”. Bidot v. Registrador, 115 D.P.R. 276, 277 (1984). Dicha dis-posición establece que transcurridos veinte días desde la notificación de la calificación sin que el interesado recurra de ésta mediante un escrito de recalificación, se entenderá que los defectos señalados por el Registrador de la Propie-dad fueron consentidos. En cuanto al término señalado, hemos establecido que éste comienza a transcurrir a partir de la notificación de la denegatoria por parte del Registra-dor de la Propiedad. Banco Comercial v. Registrador, 118 D.P.R. 773, 777-779 (1984).

F. Parte indispensable

El concepto “parte indispensable” está contenido en la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Dicha regla establece lo siguiente: “Las personas que tuvie-ren un interés común sin cuya presencia no pueda adjudi-carse la controversia, se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas según corresponda. Cuando una persona que deba unirse como demandante rehusare hacerlo, podrá unirse como demandada”. (Énfasis suplido.) Íd. Este precepto procesal forma parte del es-quema de rango constitucional que prohíbe que una persona sea privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley, y su función es proteger a las personas au-sentes de los posibles efectos perjudiciales de la resolución del caso y evitar la multiplicidad de pleitos. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743 (2003). “Una parte indispensable es ‘aquella ... cuyos derechos e intere-ses podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por una sentencia dictada estando esa persona ausente del litigio’.” (Énfasis en el original.) Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., supra, pág. 756. Véanse: Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 D.P.R. 403 (2003); Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 959, 981 (1952).

Con relación al requisito de “interés común” contenido en la citada Regla 16.1 de Procedimiento Civil, hemos es-tablecido que no es cualquier interés en el pleito, sino aquel que convierte su presencia en un requisito indispensable para impartir justicia completa, o de tal orden que impida la confección de un decreto sin afectarlo. Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721 (2005); Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., supra; Deliz et als. v. Igartúa et als., supra; Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 605 y 607 (1983). Dicho interés, además, tiene que ser real e inmediato. Romero v. S.L.G. Reyes, supra; Deliz et als. v. Igartúa et als., supra.

En cuanto a la frase “sin cuya presencia no pueda adju-dicarse la controversia”, hemos señalado que “ ‘excepto en aquellas circunstancias en las que la adjudicación sin la persona ausente tendría un efecto perjudicial sobre el inte-rés real e inmediato que ésta tiene en el pleito, en raras ocasiones será imposible resolver la controversia sin su presencia’ ”. (Énfasis en el original.) Deliz et als. v. Igartúa et als., supra, págs. 433-434. Véase Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 D.P.R. 1 (2000).

En lo que respecta a la frase “remedio completo”, ésta tiene un significado especial, y no debe interpretarse con-fórme a criterios estrictamente semánticos. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., supra. “El remedio completo a que se refiere la Regla 16 alude al remedio entre las per-sonas y entidades que ya son partes en el pleito y no al obtenible entre una parte y el ausente.” Íd., pág. 756. Véase Hernández Agosto v. López Nieves, supra, pág. 607. Para determinar si se debe acumular una parte, es necesa-rio evaluar los hechos particulares de cada caso. En dicho análisis deben tomarse en cuenta factores, tales como: tiempo, lugar, modo, clase de derechos, alegaciones, prueba, intereses en conflicto, formalidad y resultado. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., supra.

HH i — I HH

En sus primeros tres señalamientos, en síntesis, el pe-ticionario le imputa al tribunal apelativo la comisión de los errores siguientes: (1) determinar que los esposos Maeso Traverso son los dueños de la vivienda en controversia, y que el Banco Popular de Puerto Rico es titular de la hipo-teca; (2) concluir que los esposos Maeso Traverso eran ter-ceros con buena fe, aunque la anotación preventiva de de-manda había llegado al Registro de la Propiedad antes que ellos presentaran sus documentos, y (3) resolver que la so-licitud de anotación preventiva de demanda presentada por la peticionaria no estaba exenta del requisito de estar acompañada por una orden o un mandamiento judicial. Discutiremos dichos señalamientos en conjunto porque es-tán íntimamente relacionados.

En el caso de autos es un hecho evidente que los recu-rridos adquirieron sus derechos de buena fe y a título one-roso de quien en el Registro de la Propiedad aparecía con capacidad para transmitirlos. Al momento de otorgarse las escrituras de compraventa e hipoteca, Juan Florencio Santiago Infante era el titular registral del inmueble en con-troversia, sin que apareciera del Registro de la Propiedad limitación alguna a su capacidad de enajenarlo ni que su derecho estuviera amenazado de revocación por una demanda. Además, no se ha probado que al momento de su adquisición los recurridos tuvieran o debieran haber te-nido conocimiento de la pendencia de dicha reclamación por algún otro medio.

La peticionaria arguye que los esposos Maeso Traverso no son terceros con buena fe porque cuando fueron a ins-cribir las escrituras de compraventa e hipoteca, ya la ano-tación preventiva de demanda estaba presentada en el Re-gistro de la Propiedad. Sostiene, además, que los esposos compradores no son acreedores de la protección del orde-namiento, pues adquirieron sus derechos del vendedor, quien, al ser adquiriente a título gratuito, no podía él mismo gozar de dicha protección.

Según se expuso anteriormente, el ordenamiento jurí-dico fija el momento de la adquisición del derecho por el tercero como aquel al que hay que remitirse para juzgar si éste tiene la buena fe necesaria para ser protegido en su adquisición. Banco de Santander v. Rosario Cirino, supra. Tal conclusión puede deducirse del texto claro del Art. 105 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, el cual establece en su tercer párrafo que “[l]a buena fe del tercero se presume siempre mientras no se prueba que al adquirir conocía la falta de exactitud del Registro”. (Énfasis suplido.) Por otro lado, aunque la persona de quien los recurridos adquirieron su derecho de propiedad lo había obtenido a título gratuito, ellos lo adquirieron a título oneroso, por lo cual son acreedores de la protección tanto del Registro de la Propiedad como del Código Civil de Puerto Rico. Véanse: Art. 591 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2046; Albaladejo García, op. cit., págs. 325 y 337.

Infante Robles alega también que su solicitud de anota-ción preventiva de demanda tenía rango preferente a las escrituras de compraventa e hipoteca, debido a que dicha solicitud había llegado antes que las escrituras al Registro de la Propiedad. No obstante, dicha solicitud no estuvo acompañada de una orden o un mandamiento judicial que la avalara, en contravención a lo requerido expresamente por el Art. 113 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra. La falta de cumplimiento con dicho re-quisito conllevó la nulidad del asiento de presentación practicado para la solicitud de anotación, por lo que no podía tener efectos regístrales. Pérez Mercado v. Martínez Rondón, supra; E.R. Foods, Inc. v. Lee Optical, supra. El hecho de que la peticionaria, cuando el Registrador de la Propiedad le notificó el defecto, hubiera presentado un es-crito de recalificación acompañado de la sentencia en el pleito de revocación de donación, no altera esta conclusión debido a que la omisión no era susceptible de corregirse. E.R. Foods, Inc. v. Lee Optical, supra, pág. 570. Permitir la corrección de dicha falta con efectos retroactivos equival-dría a suprimir el requisito esencial de que la anotación preventiva de demanda esté acompañada del documento judicial correspondiente, ya que “cualquiera podría presen-tar copia de una demanda certificada en el Registro o un aviso de demanda y luego, [años] después —como en el caso de autos— corregir esa falta” conservando el mismo rango que el día de la presentación de la solicitud defectuosa. E.R. Foods, Inc. v. Lee Optical, supra, pág. 569.

La peticionaria también argumenta que su solicitud de anotación preventiva de demanda, por estar basada en un derecho real inscrito, estaba eximida de cumplir con el re-quisito de una orden judicial previa.

Como se señaló antes, el Art. 113 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, por excepción, per-mite que se haga la anotación preventiva de demanda sin tener que acompañar con una orden o un mandamiento judicial alguno cuando la acción esté basada en ún derecho real inscrito. Evidentemente, la demanda de revocación de donación incoada por la peticionaria no está cobijada por dicha excepción. Al momento de hacer su solicitud, Infante Robles no tenía ningún derecho real inscrito a su favor sobre la propiedad objeto de este litigio. El objetivo de la demanda de revocación de donación que presentó era pre-cisamente recuperar un derecho de propiedad que ya no le pertenecía, y que constaba inscrito a nombre de otra persona. La excepción invocada no puede extenderse a de-rechos eventuales o contingentes que dependen de una conducta extrarregistral. Esta excepción debe ser interpre-tada restrictivamente. Banco Central y Economías v. Registrador, supra. Los errores señalados no fueron cometidos.

En su cuarto señalamiento de error, la peticionaria ar-gumenta que los recurridos estaban impedidos de atacar colateralmente la inscripción hecha por el Registrador de la Propiedad, ya que no la habían cuestionado oportuna-mente y, en consecuencia, la habían consentido. No le asiste la razón.

La solicitud de recalificación es un recurso que tiene el presentante de un documento u otra persona interesada cuando le han notificado faltas al documento que interesa inscribir y no está conforme con los fundamentos de la de-negatoria del Registrador de la Propiedad. Véase Art. 70 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra. En el caso que nos ocupa, las faltas notificadas por el Re-gistrador de la Propiedad se referían a la ausencia de do-cumentos judiciales que acompañaran la anotación preven-tiva de demanda. A las escrituras de compraventa e hipoteca el Registrador de la Propiedad no les señaló de-fecto alguno. En la notificación a los recurridos, el Regis-trador de la Propiedad les informó que la solicitud de ano-tación de la recurrida, que estaba presentada anteriormente y con el término para presentar recurso de recalificación por delante, impedía la inscripción de sus documentos. En esta situación, una vez caducara el asiento de presentación del aviso de demanda, al cual se le había notificado un defecto con el cual los recurridos estaban de acuerdo, procedía que las escrituras de los recurridos fue-sen inscritas debido a que su inscripción no dependía del aviso de demanda y el Registrador de la Propiedad no les había encontrado defecto.

De lo anterior surge que era a Infante Robles a quien le correspondía solicitar una recalificación. No así a los recu-rridos, quienes no tenían porqué solicitar la recalificación por una anotación preventiva errónea que era adversa a sus documentos. El error de calificación del Registrador de la Propiedad ocurrió cuando decidió inscribir con rango preferente el aviso de demanda defectuoso y canceló los asientos de los recurridos. Sin embargo, no se ha eviden-ciado que esta última calificación fuera notificada a los recurridos. A falta de dicha notificación, no puede enten-derse que el término para recalificar haya transcurrido ni, por ende, que los recurridos hayan consentido a la califica-ción referida. Véase Banco Comercial v. Registrador, supra.

En su quinto y último señalamiento de error, la peticio-naria le imputa al foro apelativo haber incidido al resolver que Juan Florencio Santiago Infante y su esposa no eran partes indispensables en este pleito. En apoyo de su con-tención, Infante Robles sostiene que los recurridos adqui-rieron de Santiago Infante los derechos que reclaman en este caso y que existe una gran probabilidad de que los recurridos tengan una causa acción en contra de él una vez termine este pleito. De esta forma, se abonaría a la econo-mía procesal y se evitaría la multiplicidad de pleitos.

En el caso de autos, ninguna de las partes ha solicitado, ni puede solicitar en estos momentos, remedio alguno en contra de Santiago Infante o su esposa. La causa de acción presentada por los recurridos, esposos Maeso Traverso y Banco Popular de Puerto Rico, es propiamente de correc-ción y rectificación de asientos en el Registro de la Propiedad. Por ello, el remedio solicitado se exige contra Milagros Infante Robles, persona que, al momento de in-coarse la acción, figuraba en el Registro de la Propiedad como dueña del derecho de propiedad que se disputa. Si bien Juan Florencio Santiago Infante fue titular registral del mencionado derecho en el pasado, tal titularidad fue revocada por causa de ingratitud, mediante sentencia judicial final y firme, según lo autoriza el Art. 590 del Código Civil de Puerto Rico, supra, y Santiago Infante nada tiene que ver ya con respecto al asiento registral en cuestión. En consecuencia, la presencia de Santiago Infante no es indispensable para que la controversia registral pueda adjudi-carse y se imparta un remedio entre las personas que ya son partes en este pleito.

Ciertamente, la parte que resulte perdidosa en este liti-gio podría tener una causa de acción en contra de Santiago Infante. En el caso de Infante Robles, podría incoar una acción para reclamarle a éste el valor de la propiedad enajenada.() No obstante, dicha causa de acción es contin-gente y, por ello, independiente del presente litigio. Según hemos resuelto en el contexto de acciones en las cuales se evaluaba la validez de documentos notariales sin que el notario autorizante fuera parte, el hecho de que el resul-tado de un litigio pueda conferir una causa de acción en contra de un tercero que no es parte, no le confiere auto-máticamente a dicho tercero la condición de parte indispensable. Romero v. S.L.G. Reyes, supra; Deliz et als. v. Igartúa et als., supra. Es menester recordar que para que el tercero ausente sea parte indispensable, el posible peijuicio que pudiera sufrir debe ser real e inmediato, no contingente ni supeditado a que ocurran en el futuro una serie de eventos y circunstancias que no tienen que darse necesariamente. Deliz et als. v. Igartúa et als., supra. A la luz de estos razonamientos, Juan Florencio Santiago In-fante no es parte indispensable en este litigio.

Por los fundamentos expuestos, estoy conforme con que se dicte una sentencia para confirmar el dictamen del foro apelativo, como lo ha hecho la mayoría del Tribunal en este caso.

      (1) Véanse los Arts. 591 y 592 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 2046 y 2047, que regulan los efectos de la revocación de donación por ingratitud.


text:
      In re Enmienda a la Regla 10(10.2.1) del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría.

      Número: ER-2005-09

      Resuelto: 30 de agosto de 2005
   RESOLUCIÓN

Al amparo del poder inherente de este Tribunal para regular la admisión y el ejercicio de la práctica de la abo-gacía y la notaría, y conforme con lo dispuesto en la Regla 15.4 del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría de 1 de junio de 1998 (4 L.P.R.A. Ap. XVII-B), se enmienda la Regla 10(10.2.1) del citado reglamento, para que exprese lo siguiente:

(10.2.1) Por proveer dichas copias, el Director Ejecutivo co-brará el siguiente arancel en sellos de rentas internas: veinte dólares ($20) por las contestaciones al examen de reválida general; diez dólares ($10) por las contestaciones al examen de reválida notarial, y quince dólares ($15) por las directrices de calificación.

Esta enmienda entrará en vigor inmediatamente.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados Señores Rebollo Ló-pez y Fuster Berlingeri no intervinieron.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Enmienda a la Regla 6(6.2.1)(l) del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría.

      Número: ER-2005-10

      Resuelto: 30 de agosto de 2005
   RESOLUCIÓN

Al amparo del poder inherente de este Tribunal para regular la admisión y el ejercicio de la práctica de la abo-gacía y la notaría, y conforme con lo dispuesto en la Regla 15.4 del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría de 1 de junio de 1998 (4 L.P.R.A. Ap. XVII-B), se enmienda la Regla 6(6.2.1)(l) del citado reglamento, para que exprese lo siguiente:

(6.2.1) Salvo una dispensa autorizada por justa causa por la Junta, la solicitud deberá estar acompañada de:
(Z) un sello de rentas internas de quince dólares ($15) el cual deberá ser entregado por todo aspirante que apruebe el exa-men de reválida general dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la notificación de la calificación de aprobado. Este sello será fijado al diploma que se otorgará a cada aspirante que sea juramentado como abogado por el Tribunal. Dicho se-llo podrá ser reclamado por el aspirante si la Comisión de Reputación no certifica su buena reputación y, como conse-cuencia de ello, se ve imposibilitado de jurar como abogado ante el Tribunal Supremo.

Esta enmienda entrará en vigor inmediatamente.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados Señores Rebollo Ló-pez y Fuster Berlingeri no intervinieron.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo