text:
    Santiago Boscio, demandante y apelante, v. Junta Examinadora de Contadores Públicos, compuesta de los Señores F. G. Holcomb, A. W. Peterson y Antonio Hernández, demandada y apelada.
    No. 4880.

    Sometido: Junio 18, 1929.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      D. Pellón Jr.y A. Ayuso, abogados del apelante; Hon. Attorney General James R. Beverley, y P. Cordovés Arana, Sub-Procura-dor, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Santiago Boscio solicitó de la Corte de Distrito de San Juan que librara un auto de mandamus contra la Junta de Contadores Públicos de Puerto Rico para que sin pretexto ni demora alguna le expidiera un diploma de “certified public accountant,” sin necesidad de examen.

La corte ordenó el libramiento del auto en forma condi-cional. La junta contestó. Formuláronse otras alegaciones por las partes y finalmente, después de practicada la prueba, la corte dictó sentencia declarando sin lugar la petición.

No conforme Boscio interpuso el presente recurso de ape-lación señalando en su alegato cuatro errores.

Para formar un concepto exacto de la que consideramos que es en verdad la única cuestión a estudiar y decidir, esto es, la de si bajo las circunstancias que concurren está justi-ficada la intervención de una corte.de justicia por medio de un auto de mandamus, parece conveniente transcribir una parte de la relación del caso y opinión en que se basó la sen-tencia recurrida. Dice así:

“La Ley No. 42, creando la Junta Examinadora de Contadores, aprobada el 13 de marzo de 1927, en su Artículo 8 establece lo si-guiente :
“ ‘La junta eximirá de examen a cualquier persona de buena con-ducta moral, .que sea ciudadano de Puerto Rico y esté en posesión de sus derechos civiles, que tenga más de 21 años de edad, y que haya practicado por no menos de 5 años con anterioridad a la aprobación de esta ley, como contador, jefe de contabilidad o auditor con al-guna o varias firmas o corporaciones de reconocida importancia a juicio ele la junta o eon el Gobierno Insular o con municipios ele pri-mera clase, o que haya ejercido por no menos de 5 años como conta-dor público o profesor de contabilidad avanzada, y que presente su solicitud a la Junta Examinadora de Contadores dentro ele los 6 me-ses siguientes a la fecha en que entre en vigor esta ley, acompañando los derechos qiie dispone el artículo 5, así como también los docu-mentos necesarios que acrediten su derecho a que se le exima de exa-men de acuerdo con las disposiciones de este artículo.’
“Santiago Boseio Reichard, aquí peticionario, presentó en 9 de febrero, 1928, a la Junta Examinadora de Contadores, previo pago de los derechos correspondientes, una petición solicitando exención de examen para la obtención del certificado de Contador Público Au-torizado (certified public accountant), y en cuya petición, que está jurada, alegaba ser ciudadano de Puerto Rico, de buena conducta moral, estar en posesión de sus derechos civiles, con más de 21 años de edad y haber practicado por más de 5 años con anterioridad al 13 de marzo, 1927, como contador y jefe de contabilidad de varias fir-mas, organismos del gobierno y corporaciones de reeoncida importan-cia en el mundo de los negocios. Acompañó prueba, consistente en declaraciones .juradas de Eduardo Frontera, Domingo Soto Rodríguez y Bartolomé Alcover, de 13 de enero de 1928; de Ernesto Rubio kLó-pez, de 21 de enero, 1928; de José. García Abréu, de 20 de enero, 1928; Ramón Montaner, Presidente de la Comisión de Indemnizacio-nes a Obreros, de 10 de febrero, 1928; César A. Borri de la firma Carvajal, Borri & Co., de 9 de febrero, 1928 ; Ramón Añeses, de enero, 1928; Fernando Yumet, de enero 13, 1928, e Ignacio Lomba, de 9 de febrero, 1928. La junta consideró la petición y la prueba adu-cida, y en 30 de marzo, 1928, denegó la solicitud por no reunir el peticionario los requisitos que señala la ley. El peticionario presentó solicitud de reconsideración, de la cual se le acusó recibo con fecha 26 de abril, 1928, acompañando nueva declaración jurada de Ignacio Lomba, de la firma M. Lamadrid & Co. de fecha 24 de abril, 1928, y la junta, en sesión de 9 de mayo, acordó investigar por con-ducto de su secretario la importancia de la firma Carvajal Borri & Co., de San Juan, el tiempo que el solicitante había estado em-pleado y los cargos que había ocupado en ella, y el secretario pi-dió al peticionario que suministrara esa prueba, en la forma pare-cida a la que presentó con su petición de reconsideración con res-pecto a la firma de M. Lamadrid & Co. (declaración de 24 de abril 1928), pero el peticionario no suministró esa prueba sino que, en carta de 12 de mayo, 1928, solicitó que se le devolviera toda la do-cumentación que había presentado para proceder como correspondiera, y la Junta así lo hizo, en mayo 16, 1928, aunque conservó en su poder la referida declaración de Ignacio Lomba, de 24 de abril, 1928.
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“Examinada cuidadosamente la prueba aportada a la junta por el peticionario, con su solicitud de 9 de febrero, 1928, no aparece de-mostrado en verdad la importancia de las firmas o corporaciones con quienes ha trabajado el peticionario durante los 5 años que la ley requiere. Ese fue el fundamento de la negativa, según declaró el testigo Antonio R. Hernández, Secretario de la Junta. No actuó ella arbitrariamente, sin justificación alguna y con propósitos egoístas, como alega el peticionario. Parece que las declaraciones presenta-das debieron ser más específicas, detallando el capital de las firmas o corporaciones, líneas a que se han dedicado, el tiempo que con dichas firmas estuvo empleado el peticionario y los puestos desempe-ñados, como se solicitó del en la carta respecto a la firma de M. La-madrid & Co., en que se amplió la declaración de Ignacio Lomba, re-lacionando los negocios en general a que se dedica, su inscripción en el registro mercantil, afiliación a la Cámara de Comercio, capital en movimiento que asciende a más de un millón de dólares por año, de-pósitos de los bancos, contribuciones pagadas, todo lo cual tiende a demostrar su importancia en el mundo de los negocios. Pero esta declaración no fue considerada por la junta, porque parece que se esperaba hacerlo cuando el peticionario le suministrara los datos pe-didos con respecto a la firma Carvajal Borri & Co.
“En 9 de mayo, 1928, la junta admitió la petición de reconside-ración, que iba acompañada de la referida declaración de Ignacio Lomba, de 24 de abril, 1928, y ordenó a su secretario que investigara la importancia de la firma Carvajal Borri & Co., mencionada en la solicitud original, y parece a la Corte que de hecho reconsideró así el caso y lo abrió de nuevo, y aun cuando el peticionario pidió que se le devolvieran los documentos para proceder como correspon-diera, y la junta así lo acordó, esto no cerró el caso, pues nada más dijo en su decisión y conservó en su poder la petición original, la de reconsideración y la declaración ampliada ele Ignacio Lomba, que no llegó a considerar, de abril 24, 1928. El caso está abierto y puede considerarse de nuevo por la junta si el peticionario comparece y su-ministra toda la prueba necesaria demostrativa de su derecho, y se hace por el secretario la investigación ordenada. La petición de re-consideración no está denegada, pues hubo meramente un desglose de parte de la prueba.
“Pero aun cuando estuviera cerrado, como dijo el secretario en su declaración, lo que no resulta del acuerdo, como la petición original fue presentada dentro de término, puede la junta, en bien de la jus-ticia, abrirlo de nuevo, considerar la prueba en su poder, o sea la declaración de Ignacio Lomba, de 24 de abril, 1928, y permitir al peticionario, ya que parece hubo error o inadvertencia de su parte al retirar los documentos sin esperar la resolución en reconsideración, la práctica de prueba adicional, y luego resolver la petición, como en justicia proceda.”

No hay duda alguna que se trata de un caso fuerte por parte del peticionario, que quizá no fué considerado con la debida atención desde el principio por la junta, pero creemos que la actitud del peticionario al acudir a las cortes no es-taba aún justificada.

La ley impone a la ‘junta una grave responsabilidad y la junta está justificada en practicar la investigación más com-pleta que sea posible para cerciorarse de si la persona que solicita el diploma sin examen reúne las condiciones que la ley exige. Y nada encontramos en los autos que demuestre que la junta se extralimitara en sus funciones. El propor-cionar datos sobre una firma que bacía algunos años babía cesado en sus negocios, no es exigir una imposibilidad como sostiene el apelante.

El mandamus es un recurso" extraordinario y altamente privilegiado y las cortes solamente están justificadas en ex-pedirlo cuando los liecbos demuestran que es necesario en verdad. Cuando el peticionario llamó a las puertas de la corte en solicitud de justicia, las de la junta no se le habían cerrado por completo para obtenerla. Y a ellas debe volver a llamar si persiste en sus propósitos, siguiendo el curso or-dinario de las cosas.

Dede confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Audrey,

license: Public Domain

text:
    José A. Sánchez, demandante y apelante, v. The Asiatic Petroleum Company, demandada y apelada.
    No. 4300.

    Sometido: Mayo 23, 1928.

    Resuelto: Julio 26, 1929.

      E. Márquez Huertas, abogado del apelante; Diego O. Marrero, J. Si-fre Jr. j II. Franceschi, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

A la edad de 69 años caminaba José A. Sánchez una ma-ñana de diciembre por la carretera que de San Juan conduce a Oataño, a Bayamón y a Guaynabo, conduciendo a pie un carrito de mano por su derecha en la carretera y cerca de la .cuneta, cuando fué arrollado y tirado al suelo por un auto-camión (truck) de los dedicados a transportar gasolina o pe-tróleo que caminaba en la misma dirección, al echarlo dema-siado a su derecha la persona que lo guiaba para dejar paso a un automóvil, sin dar aviso alguno a Sánchez. El auto-camión siguió su camino sin detenerse y Sánchez fué reco-gido del suelo por otras personas, resultando tener fractu-radas tres costillas por lo que tuvo que ser recluido algún tiempo en un hospital, sin que ahora pueda hacer trabajo fuerte. Este autocamión (truck-tcmque) tenía pintado el nombre de la corporación The Asiatic Petroleum Company, que hace negocios en esta Isla, y que lo tiene registrado a su nombre en el Departamento del Interior. Los hechos ex-puestos fueron alegados en la demanda que José A. Sánchez presentó contra The Asiatic Petroleum Co. reclamándole in-demnización de $1,800, y alegando también qne ganaba $1.50 diarios, todo lo cual fue probado en el juicio.

El demandante no presentó prueba de que la persona que esa mañana guiaba el autocamión era empleado de la de-mandada ni de que estuviera en el ejercicio de sus funciones como tal empleado, por lo que la demandada renunció a Ja presentación de prueba y solicitó de la corte que conoció del juicio que dictara sentencia declarando sin lugar la demanda por no ser suficiente la prueba del demandante para dictar sentencia condenatoria (nonsuit) por liaber dejado de probar esos extremos. La corte declaró con lugar esa moción de la corporación demandada y dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, cuyo fallo lia sido apelado por el deman-dante por el fundamento principal de que no tenía que pre-sentar prueba de diclios particulares para obtener sentencia favorable.

Cuando negligentemente se causa daño a una persona o a su propiedad por un vehículo de un establecimiento o em-presa en una carretera o camino público, no es necesario que el perjudicado pruebe que dicho vehículo estaba manejado en ese momento por un empleado de tal establecimiento o empresa y que estaba en el cumplimiento de sus deberes como tal empleado, pues surge la presunción de que era manejado por el empleado en el cumplimiento de sus deberes para con su principal. No es presunción que descanse en otra pre-sunción como dice la apelada, pues la presunción juris tcmtum de pertenecer en este caso el autocamión a la apelada, des-cansa en el hecho de estar registrado a su nombre, mientras que la presunción de igual naturaleza de estar manejado por un empleado de ella en el cumplimiento de sus deberes como tal empleado surge de otro hecho, cual es el de estar mane-jado por una persona en una carretera o camino público. No puede exigirse a una persona que sufre daños de esa natu-raleza que tenga que averiguar y probar los hechos que en muchas ocasiones no están en su conocimiento. Sería un completo fracaso de la justicia que tal prueba se exigiera por ser'lógico suponer, mientras no se pruebe lo contrario, que regularmente los vehículos dedicados al negocio de un esta-blecimiento o empresa están manejados por el dueño o por sus empleados en el cumplimiento de sus funciones. Así, en el caso de Ramos de Anaya v. López, 36 D.P.R. 500, en el que se probó que el autocamión de la demandada estaba ma-nejado por un empleado suyo pero en el que dejó de probarse que actuaba dentro de las atribuciones de su empleo, decla-ramos que esa prueba no era necesaria porque “cuando un camión choca con otro carro en la carretera debe presumirse que la persona a cargo del camión actuaba dentro de los lí-mites de sus atribuciones.”

Es cierto, como dice la apelada, que al actor incumbe la prueba de todos los elementos constitutivos de su acción, pera esto no quiere decir que siempre tenga que presentar prueba de todos ellos, cuando algunos surgen como presunción deri-vada de determinados hechos, como ocurre en este caso, pues las presunciones controvertibles no tienen que ser probadas por el actor.

Por lo expuesto la corte inferior cometió error al dictar sentencia desestimando la demanda.

Como la sentencia debe ser revocada; como la deman-dada renunció categóricamente a la presentación de prueba, descansando su defensa en la alegación de que el demandante no había probado su causa de acción; y como entendemos que la cantidad de $1,800 es razonable, debe dictarse senten-cia revocando la apelada y dictar otra condenando a la de-mandada al pago de los $1,800 reclamados, y las costas.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Teodoro Vidal Sánchez, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Domingo Sepúlveda, Juez, demandada.
    No. 662.

    Sometido: Julio 15, 1929.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      Angel A. Vázquez, abogado del peticionario; S. Suau, por el inter-ventor, demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La petición en este caso fue declarada con lugar, por la teoría de que la American Colonial Trust Co. en substitución del deudor no había cumplido con las disposiciones de la hipoteca, toda vez que dicha American Colonial Trust Co. no había depositado incondicionalmente la suma de $1,000 adeudados por concepto de costas y honorarios de abogado con motivo de haberse instituido un procedimiento ejecutivo hipotecario. Durante la vista, la cuestión en controversia quedó reducida prácticamente a la determinación de si la suma de $1,000 debía pagarse absolutamente como una penalidad o si tan sólo era una suma de dinero de la cual la corte inferior tenía derecho a determinar el importe que debía satisfacerse por concepto de costas y honorarios. Resolvemos que si el contrato no disponía el pago de esa suma como una penalidad, podía efectuarse la consignación sujeta a la actuación de la corte. También resolvemos que si un deudor, después de haberse entablado el litigio y dentro del término eoncedídole no paga en su totalidad la suma adeudada a virtud de la hipoteca, sino que deposita la cantidad total adeu-dada antes de procederse a la ejecución, la corte tiene el de-redro o la discreción de paralizar la venta. La ley no exige cosas fútiles e innecesarias, y si se paga la denda principal y sus intereses y se garantizan las costas del litigio, no debe continuar el procedimiento de ejecución, meramente porque el deudor baya dejado de pagar dentro del período especi-ficado en el mandamiento. En un caso corriente en que no medie especificación determinada en el contrato de hipoteca, la corte puede determinar la suma que debe consignarse por concepto de costas. La cuestión entonces es si las partes celebraron un contrato distinto.

La fraseología del contrato es la siguiente:

“Sexta: Para garantizar las obligaciones contraídas por esta es-critura don José Montilla Jiménez y su esposa doña Ángeles Ambro-siani constituyen hipoteca a favor de don Teodoro Yidal Sánchez sobre, la finca descrita en el primer precedente de esta escritura con todos sus derechos y pertenencias por los veinte mil dollars del capital pres-tado y sus intereses al tipo convenido hasta el día del pago más por un mil dollars para costas y honorarios de abogado en caso de recla-mación judicial, 'queriendo y consistiendo que esta hipoteca se ins-criba en el Registro de la Propiedad y subsista hasta que la obliga-ción que garantiza sea totalmente satisfecha.”

Nada bailamos en estas palabras que demuestre que la intención de las partes fué hacer que el pago de la suma de $1,000 constituyera una penalidad o una suma enteramente líquida. Éstas son las palabras que se usan ordinariamente cuando un acreedor recibe una garantía para el caso de que tenga que acudir a una reclamación judicial. Él estaba am-pliamente garantizado en este caso. Las penalidades no son favorecidas en derecho, y si las partes hubiesen deseado hacer que la suma de $1,000 fuera pagadera absolutamente en caso de reclamación judicial, debieron haberlo dicho así más espe-cíficamente. El importe total de la deuda fué consignado sujeto a que la corte determinara las costas.

Debe anularse el auto expedido.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    In re Erasto J. Arjona Siaca y Guillermo S. Pierluisi, querellados.
    No. 21.

    Sometido: Marzo 1, 1929.

      Resuelto: Nov. 7, 1929.

      B. Arjona, F. Colón y E. Campos del Toro, abogados del querellado B. Arjona; J. B. Soto, Agustín E. Font, Wilson P. Colberg y B. Atiles Moren, abogados del querellado Pierluisi; José E. Figueras y B. Quiñones, Fiscales del Supremo y del Distrito de Ponce, res-pectivamente, abogados de El Pueblo.

   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El martes 19 de abril de 1927, el Dr. Emilio Cumpiano instó acción en la Corte de Distrito de Ponce contra Juan H. Pacheco y Atilano Garay recabando la entrega de un cuadro del pool cuyo valor original había aumentado grande-mente como resultado de las carreras celebradas en Ponce el domingo anterior, 17 de septiembre.

Al ser notificados por el marshal en la tarde del martes con una orden para que entregaran el cuadro del pool, Garay manifestó que el mismo estaba en poder de su abogado, y Pacheco dijo que lo tenía el letrado Erasto J. Arjona.

En la mañana del siguiente día, miércoles 20 de abril, Ar-jona fué notificado con una orden similar. Negó que el cua-dro estuviera en poder suyo, y ofreció cooperar con la corte para localizarlo.

Poco después Arjona fué a la oficina de Guillermo S. Pierluisi y empezó a preparar un instrumento notarial que se decía haber sido otorgado el 18 de abril ante Pierluisi como notario público. De acuerdo con los términos de la escritura, Pacheco dió en prenda el cuadro a un tal José M. Gómez, como garantía de una deuda preexistente. Pierluisi estuvo ausente durante la mañana, pero volvió a su bufete en las primeras horas de la tarde. Arjona dió fin a su tra-bajo como a las cinco. Leyó entonces el documento en voz alta en presencia de las partes y los testigos. Después que ellos habían firmado, lo sometió a Pierluisi para que lo au-tenticara. Pierluisi llamó la atención de Arjona hacia el error de fecha. Arjona respondió que podía corregirse el error en la mañana del día siguiente cuando se fijarían los correspondientes sellos de rentas internas, por no tenerlos disponibles de momento. Todas las partes interesadas es-tuvieron conformes con esta indicación, y Pierluisi firmó como notario.

Pocos minutos después del otorgamiento de este contrato antedatado, el abogado de Cumpiano se enteró de él. Al poco rato se presentó en el bufete de Pierluisi con una orden de la corte requiriendo la entrega de copia de la escritura. Pierluisi suministró al abogado una copia certificada y le manifestó que se había cometido un error al redactar el original. El fiscal de distrito estaba esperando recibir esa co-pia. De no estar ya trabajando en el caso, la detective había sido llamada para ayudar en la investigación.

Tanto Arjona como Pierluisi son jóvenes idóneos y de buena reputación anterior, que habían sido admitidos al foro poco antes. El primer Procurador General Auxiliar (en aquel entonces Procurador General interino) y otros testi-gos ocuparon la silla testifical para declarar en favor de la reputación de Arjona. Uno de los jueces-de distrito de Ponce y mi fiscal auxiliar atravesaron la Isla para venir a expresar su confianza más firme, y la de la comunidad, en Pierluisi, de quien hablan en términos altamente laudatorios.

Al otorgarse el contrato de prenda, Pierluisi sólo había estado ejerciendo como abogado y notario durante tres meses. Él nada sabía respecto al litigio pendiente sobre el cnadro. No tenía interés alguno en el contrato. Sus servicios como notario fueron gratuitos. La escritura bacía el número diez y odio de su primer protocolo. Su única relación con el otor-gamiento de la escritura fué la de estampar su firma y sello notarial con el entendido de que el error de fecha sería corre-gido en la mañana del siguiente día.

Cualquier propósito que pudiera haber tenido Arjona al antedatar el documento no se tornó en un designio común, porque fué abandonado cuando Arjona y las partes contra-tantes convinieron, como condición previa a la, firma de Pieiv luisi, que el error de fecha sería subsanado. Lo que Pier-lnisi tuvo la intención de autenticar no fué el documento an-tedatado que se le puso delante después de haber sido firmado por las partes y los testigos, sino ese documento tal como aparecería en su protocolo después que se volvieran a es-cribir las dos primeras páginas a la mañana siguiente. Su indiscreción, por grande que sea, queda explicada por su juventud e inexperiencia. No hubo conducta inmoral (malpractice) en un sentido tal que justifique su destitución, por-que no hubo mens rea. La lección recibida como resultado del procedimiento de autos debe ser suficiente para proteger a la sociedad de la reincidencia de un caso semejante, en lo que a Pierluisi se refiere.

El caso de Arjona presenta distinto aspecto.

La fecha falsa en el primer párrafo del contrato de prenda no fué un error mecanográfico (clerical error). En la se-gunda página, en la tercera cláusula del documento, se hace referencia a “las carreras hípicas celebradas el día diez y siete de abril de mil novecientos veintisiete, o sea, en el día de ayer. ’ ’ El contrato fué redactado por Arjona el miércoles 20 de abril. En aquel entonces, “ayer” era martes, abril 19 (fecha en que Cumpiano inició su acción). La íntima co-rrespondencia entre la fecha falsa contenida en el primer pá-rrafo y lo dicho falsamente en la tercera cláusula del con-trato, es palmaria. Si estuviera aislada, la fecha falsa podría ser mi error cometido de buena fe. La cuidadosa redacción de la tercera cláusula del contrato para ajustarla a la fecha falsa contenida en el primer párrafo no fué un desliz de la pluma. La coincidencia entre la fecha incierta y el dicho falso no fué un accidente.

El motivo lo da el artículo 1766 del Código Civil al dis-poner que:

“No surtirá efecto la prenda contra tercero si no consta por ins-trumento público la certeza de la fecha.”

Cierto es que Arjona no ofreció el contrato antedatado en evidencia durante el juicio del caso de Cumpiano. También es verdad que en una copia certificada de la escritura, expe-dida a nombre de Grómez, el tercer párrafo aparece enmen-dado, y que la fecha falsa que consta en el primer párrafo fué corregida. Puede admitirse que la promesa de Arjona de reformar el instrumento se habría cumplido aún en el caso de que el abogado de Cumpiano y el fiscal de distrito hubiesen estado menos alertas o no hubieran actuado tan de improviso. La premura con que Arjona abandonó su pro-pósito al señalar Pierluisi la discrepancia entre las fechas puede ser considerada eomo indicativa de que la promesa de efectuar la enmienda fue hecha de buena fe. Éstas son cir-cunstancias atenuantes.

Acaso Arjona no se dió perfecta cuenta de la seriedad de una falta que daría amplio fundamento para destituir perma-nentemente a un ahogado más entrado en años y de mayor experiencia. La juventud y la inexperiencia inclinarían la balanza, como en el caso de Pierluisi, cuando hubiere lugar a dudas en cuanto a la intención para tergiversar los hechos. En el caso de Arjona no hay lugar a dudas en cuanto a este extremo. Él antedató deliberadamente un contrato de prenda redactado por él en forma de un instrumento público, y ob-tuvo las firmas de las partes contratantes y de los testigos, con el fin de hacer que nn colega lo autenticara. La obvia ex-plicación de este propósito, y la única lógica, puede hallarse en el artículo 1766, supra. Él obtuvo las firmas de las partes y los testigos y sometió el documento al notario. Si Pier-luisi no hubiese notado la fecha falsa, los fines de Arjona se habrían realizado.

La calificación más caritativa que puede darse a esa con-ducta es la de caracterizarla como contraria a los cánones de la profesión (unprofessional), y, por tanto, como equiva-lente a conducta inmoral (malpractice) dentro del significado de la sección 172 de los Estatutos Revisados de 1911, que lee en parte así:

“El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio" de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por la Corte Suprema de Puerto Rico.”

Dado el criterio que hemos adoptado aquí sobre este asunto, huelga considerar ciertas cuestiones de derecho susci-tadas durante la vista, resueltas por el tribunal, y argumen-tadas de nuevo extensamente en los alegatos.

Se declara a Guillermo S. Pierluisi no culpable de tal conducta inmoral que justifique esta vez su separación o sus-pensión del ejercicio de su profesión.

Se declara a Erasto Arjona Siaca culpable de conducta inmoral dentro del significado de este término, según se usa en el estatuto proveyendo la suspensión de un abogado que sea culpable de cualquier engaño, conducta inmoral, delito grave o menos grave, y se le suspende del ejercicio de su pro-fesión de ahogado y notario público por un período de dos años.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señok Hutchison,

text:
    Fernando Velázquez, Juan B. Román, Ramón González Vélez, Manuel Piñeiro, Victoriano Aguilar, Primo Alonso y José P. González, demandantes-peticionarios-apelantes-apelados, v. Junta Insular de Elecciones, demandada, y Antonio González, Manuel Viñas Jr., Laureano García Padilla, Ramón Delgado García, Alfredo Toledo, Patricio Delgado y Lucas Rosa, interventores-apelados-apelantes.
    No. 4875.

    Sometido: Feb. 4, 1929.

      Resuelta: Nov. 7, 1929.

      J. Yalldejuli Rodríguez, abogado de los peticionarios-apelantes; IIon. Attorney General James R. Beverley, y Tomás Torres, abogados de la demandada-apelada; Bolivar Fagan, abogado de los inter-ventores.
   El Juez Asociado Señok Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan se negó a expedir un auto de certiorari dirigido a la Junta Insular de Elecciones.

También dejó sin efecto una orden requiriendo al Gober-naclor de Puerto Rico que no expidiera ciertos certificados de elección.

Los apelantes insisten en que la corte erró:

Primero, al resolver que el recurso de certiorari autori-zado por la sección 89 de la Ley Electoral sólo se contrae a revisar los procedimientos habidos ante la Junta Insular de Elecciones.

Segundo, al declarar que el procedimiento establecido por la sección 89 no es el medio prescrito para ventilar un juicio electoral en un sentido amplio.

Tercero, al resolver que la corte sólo podía revisar las cuatro papeletas protestadas que habían sido marcadas con dos cruces y adjudicadas por la Junta Insular de Elecciones; y al negarse también a revisar la actuación de la junta res-pecto a estas papeletas por el fundamento de que toda vez que no podían alterar el resultado de la elección semejante examen no tendría fin práctico alguno.

Cuarto, al resolver que la corte no podía intervenir en los actos de los representantes de los distintos partidos políticos en las juntas de colegio.

Quinto, al declarar que las cortes de Puerto Rico carecen de jurisdicción en una acción civil o criminal para corregir errores y fraudes perpetrados por los funcionarios de los colegios electorales, debido a que gozan de impunidad.

Sexto, al dejar sin efecto, moho proprio, una orden anterior requiriendo del Gobernador de Puerto Rico que no expi-diera los certificados de elección a los candidatos socialistas constitucionales hasta que la acción fuese resuelta definiti-vamente, sin tener en cuenta el hecho de que la sentencia de la corte de distrito no era final.

La sexta y última contención es insostenible, por los motivos consignados en el caso de Towner v. Corte de Distrito de San Juan, 39 D.P.R. 505.

La argumentación en apoyo del quinto fundamento para esta apelación no se refiere a manifestación alguna de los jueces de distrito que pudiera interpretarse en el sentido de resolver que los jueces y secretarios de colegios electorales están exentos de toda responsabilidad, y que no podría im-putárseles error o fraude bien en una acción civil o en una criminal. Los jueces de distrito si dijeron que era innece-sario resolver la contención del abogado de los peticionarios al efecto de que dejar el destino de una elección general en Puerto Rico en manos de las juntas locales sería abrir las puertas para que se cometieran fraudes a granel, pues en-tonces tales juntas se convertirían en los únicos árbitros de las contiendas electorales, toda vez que estarían exentos de investigaciones civiles o criminales. No bailamos error en esto. La cuestión a resolver por la corte era la relativa al alcance y límite del remedio estatutorio de .certiorari y no a cuál pudiera ser el resultado de que la Legislatura dejara de proveer un sustituto adecuado para la anterior ley concer-niente a contiendas electorales.

En tanto en cuanto no lian sido resueltas ya, la tercera, la cuarta y la quinta contención son meras variaciones de la primera y la segunda, y todas se basan principalmente en el dictum o en los obiter dicta en el caso del Pueblo v. Oms, 34 D.P.R. 455 en que este tribunal dijo:

‘ ‘ Cuando se comete un fraude en cualquier parte de la Isla la persona perjudicada tiene el remedio apropiado a su alcance. Si se co-mete fuera de San Juan la persona agraviada tiene el remedio adi-cional de poder establecer un recurso de certiorari en San Juan, donde la Junta Insular de Elecciones reside, el Superintendente tiene su oficina y donde, como es de presumirse, las papeletas electorales son conservadas.
“El procedimiento de certiorari de referencia, aunque debido al uso del nombre puede tener alguna de las características de un auto clásico de certiorari, no está limitado a un examen de la documenta-ción oficial. Las protestas, los affidavits presentados ante la junta y posiblemente alguna prueba aliunde, especialmente si ha sido descu-bierta recientemente, podrían ser revisados en un procedimiento de certiorari. La idea de la Legislatura fue proveer un auto para la corrección de los abusos electorales, y lo mismo que en la Ley Municipal y la Ley de Compensaciones a Obreros, la legislatura ha con-feriólo un remedio. El limitarlo a la documentación oficial fiaría el auto en algunos casos completamente ilusorio.”

En el caso de Oms el procedimiento fué el de quo warranto. La médula de la decisión en lo que ahora nos concierne fué que el remedio de quo warranto no procede a menos que se invoque dentro de quince días después de publicarse el re-sultado de un escrutinio por la Junta Insular de Elecciones. Lo que allí se dijo respecto de la eficacia y alcance del pro-cedimiento de certiorari como un remedio cumulativo o alter-nativo se explica y circunscribe en el caso de Diez de Andino v. Junta Insular de Elecciones, 35 D.P.R. 99, que era un pro-cedimiento de certiorari. Al resolver la cuestión cuando fué presentada directamente para ser resuelta este tribunal dijo:

“Nos inclinamos a convenir con la apelada en la corte inferior en que por este auto de certiorari sólo podemos revisar los actos ejecu-tados ante la junta. En el caso del Pueblo v. Oms, 34 D.P.R. 455, manifestamos que quizá en ciertos casos podría ofrecerse-la prueba testifical, pero la idea que tenemos es que tal prueba testifical sólo podía esclarecer lo que en realidad fiabía tenido lugar ante la junta.
“También convenimos con la apelada en que la actuación de la junta al negarse a abrir las papeletas emitidas en ciertos precintos era una cuestión dentro de su sana discreción, y a falta de algo que indique haberse cometido alguna irregularidad, la discreción de dicha junta al no abrir dichas papeletas no puede ser revisada. La mera petición del candidato vencido de que todas las papeletas sean examinadas no era suficiente.”

De la opinión en el caso de Roca v. Junta Insular de Elecciones, 35 D.P.R. 642, en que se expone y se interpreta la sección 89 de la Ley Electoral, tomamos el siguiente extracto.:

‘ ‘ Es necesario reconocer que la ley no resuelve expresamente el caso del peticionario. Hubiera sido bien fácil decir a la Legislatura, si ése hubiera sido su deseo, en ese mismo disponiéndose, o en otro que cuando el número de papeletas declaradas nulas fuere suficiente para cambiar el resultado de la elección, procediera la Junta a examinar de nuevo dichas papeletas y a resolver según su criterio, que no se concibe en verdad que no lo hiciera, teniendo en cuenta especialmente lo detallado, lo minucioso de la ley que va señalando cada trámite del procedimiento y cada función de los organismos que crea.
“Por sus términos el disponiéndose sólo abarca: el caso de la contradicción entre las entradas de una hoja de cotejo o entre el nú-mero de personas que votaron según las listas de votantes y el número de papeletas encontradas en la urna, y el de la contradicción entre él número de papeletas encontradas en la urna y él número de papeletas distribuidas, según él sumario de la hoja de cotejo.
“Y para tales casos de contradicción, si pudiere afectar el resul-tado de la elección, ordena la ley a la junta ¿.qué? recontar todas las papeletas del colegio y corregir su hoja de cotejo de acuerdo con él resultado del recuento.
“¿Qué significa recontar? ¿Quiere decir re-examinar? ¿Quiere decir abrir los paquetes que la ley ordenó a la Junta de Colegio que formara y contar el número que cada uno contiene?
“Atendido el espíritu que informa la ley toda, lo eácrupuloso que ha sido el legislador al fijar cada detalle y cada facultad y la au-sencia de disposición expresa creemos que la última interpretación es inevitable.
“Para que una papaleta sea declarada nula, lo mismo que para que una papeleta sea adjudicada, se necesitó el consentimiento uná-nime de los representantes de los tres partidos que fueron a las urnas.
“Pudo haber existido un error al contar las papeletas y ese error es el que puede y debe corregirse, pero la Junta Insular no está facultada para sustituir su juicio por el juicio unánime de los repre-sentantes legítimos de los únicos interesados en la contienda. Hay un sólo caso en que la Junta juzga el mérito de la papeleta en sí y está dispuesto expresamente por la ley, el de las papeletas protesta-das. ’ ’

Los apelantes también Racen algún hincapié en la mani-festación posterior, contenida en la misma opinión al efecto de que:

“Cuando existe fraude, cuando se cometen errores fundamentales de ley, no es la Junta Insular, sino las cortes de justicia de acuerdo con todos los precedentes, las llamadas a resolver los casos.”

No se desprende, sin embargo, qne el certiorari sea el re-medio. Si la facultad de la Junta Insular de Elecciones se limitara a las materias indicadas en el caso de Boca, y si se restringiera la revisión por certiorari a una consideración de las cuestiones que propiamente le fueron sometidas a la junta (según se resolvió en el caso de Diez de Andino) la conclusión inevitable sería qne no se tnvo la intención de que el recurso autorizado por la sección 89 de la Ley Electoral fuera un nuevo medio para ventilar todos los casos sobre impugnación de elecciones, que cayeran dentro del al-cance de la ley de 1906 (Estatutos Compilados de 1911, págs. 936-942).

En la corte de distrito no se concedieron las costas. Los interventores apelan y señalan esta omisión como error. Cierto es que la única cuestión verdaderamente envuelta (aparte de la de costas) Labia sido resuelta ya por este tribunal. Los peticionarios tendrían poca razón para quejarse si hubieran sido condenados en costas. Empero, las cortes ocasionalmente se revocan a sí mismas, y deben hacerlo así siempre que se les demuestre claramente que han estado equivocadas. Nada hallamos en el alegato de los peticionarios que exija o justifique la modificación de los puntos de vista expresados en los casos de Roca y Diez de Andino; pero tampoco hallamos en la negativa de la corte inferior de con-ceder las costas a los interventores un abuso tal de discreción que justifique la revocación.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carlos Juan Fernández, acusado y apelante.
    No. 3437.

    Sometido: Marzo 20, 1929.

      Resuelto: Nov. 7, 1929.

      B. Muñoz Ramos, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Carlos Juan Fernández fué convicto de un delito de homicidio voluntario, y se queja de supuestas irregularidades en el método seguido por el fiscal de distrito mientras impugnaba la declaración de un testigo de El Pueblo, Manuel Pérez Elias.

Después de haber sostenido una riña con Enrique Pimen-tel, Pérez Elias se fué a su casa y se estaba cambiando de ropa cuando Enrique lo llamó desde la calle. Una breve conversación que tuvieron fué interrumpida por Paco Pi-mentel, quien los aconsejó en tonos amistosos. Pocos minu-tos después, Enrique Pimentel fué muerto de bala por Carlos Juan Fernández.

Dentro de la hora siguiente, Pérez Elias declaró ante un juez municipal: que después de su conversación con Enrique Pimentel, se quedó en el balcón; que pocos minutos después oyó un disparo, pero no vió quién lo hizo; que entonces miró y vió a Enrique Pimentel caer al suelo junto a la cuneta, frente a la casa del lado, y que no vió que Pimentel sacara arma alguna.

Durante el juicio, Pérez Elias declaró que Carlos Juan Fernández — siguiendo el ejemplo de Paco Pimentel — reco-mendó a Enrique .Pimentel que olvidara el asunto, y le pre-guntó que por qué deseaba pelear con el testigo, siendo amigo y compañero suyo; que entonces Enrique aplicó ciertos epí-tetos a Fernández y le dió un puñetazo; que Fernández res-baló y se cayó; que Enrique hizo un ademán como para sacar un arma, y Fernández disparó.

Las dos declaraciones no pueden reconciliarse.

Antes de mostrársele la declaración jurada a Pérez Elias durante el juicio, él declaró que la noche de referencia fué citado para que compareciera ante el juez municipal, y que fué conducido primero al cuartel de la policía y después a la corte, donde prestó declaración.

Se opuso la defensa por el fundamento de que si el fiscal deseaba impugnar la veracidad del testigo debía primera-mente anunciar esa intención. El fiscal replicó que si el señor letrado lograba convencerlo de que el procedimiento era irregular, él se allanaría. El abogado del acusado entonces dijo que no deseaba argumentar, y sí proteger los derechos del acusado. El juez indicó al fiscal que prosiguiera, y el acu-sado anotó excepción. • ■

El testigo entonces continuó así: que prestó declaración ante el juez municipal dentro de una hora de haber ocurrido la muerte; que una vez que hubo prestado declaración, el juez se la dió para que la firmara; que el testigo cree que le fué leída; y que la suscribió.

Cuando se le preguntó al testigo si su declaración en la silla testifical era al mismo efecto que la prestada ante el juez municipal, la defensa objetó por el fundamento de que al testigo debía decírsele lo que había manifestado ante el juez municipal, a fin de ver si podía o no recordar lo que él decía haber consignado, y que debía informársele del día, hora y sitio en que hizo esas manifestaciones. El fiscal contestó que el testigo había mencionado al juez municipal ante quien las hizo. El acusado entonces insistió en que aparecía de la declaración del testigo que sus dos versiones eran idénticas. El juez sentenciador indicó que el fiscal no había terminado el interrogatorio del testigo, y declaró sin lugar la objeción, a lo que el acusado tomó excepción.

Entonces el testigo dijo que estaba relatando lo ocurrido, y lo que le había manifestado al juez municipal cuando se escribió a máquina la declaración; que él no sabía si el juez había omitido algo.

El testigo identificó entonces su firma y se le pidió que le-yera la declaración prestada por él ante el juez municipal, lo cual hizo. Al preguntársele nuevamente si su declaración en la silla testifical era la misma que la prestada ante el juez municipal, contestó que la declaración a máquina no concor-daba con el testimonio dado durante el juicio, porque su de-claración anterior no le fue leída antes de firmarla. Pregun-tado si había leído la declaración antes de firmarla, contestó que sí.

El testigo luego dijo, en contestación a otras preguntas, que lo que había relatado durante el juicio no aparecía en su declaración escrita, que ante el juez municipal había hecho mención del puñetazo recibido por Carlos Juan, y que eso no aparecía en su declaración escrita.

Nuevamente se opuso la defensa, sin exponer los motivos de su objeción, y el fiscal solicitó que se suspendiera el inte-rrogatorio del testigo con el fin de traer al juez municipal a declarar. La corte denegó esa solicitud. El fiscal entonces preguntó al testigo si había hecho las manifestaciones con-tenidas en el documento escrito a máquina y firmado ante el juez municipal, y empezó a leérselo. La defensa se opuso, por el motivo de que no podía leerse el documento en presen-cia del jurado antes de ser admitido en evidencia. El fiscal respondió que era su propósito demostrar que el testigo había hecho manifestaciones que contradecían las hechas du-rante el juicio. El abogado insistió en que la Corte Suprema había resuelto recientemente que no podía introducirse evi-dencia en esa forma. El fiscal indicó que lo que deseaba pre-guntar al testigo era si la declaración contenida en el docu-mento era la misma que había prestado en la silla testifical, con el fin de que el testigo entonces explicara por qué los he-chos relatados en la silla testifical no constaban por escrito. Se preguntó entonces al testigo si la declaración que él reco-nocía haber firmado ante el juez municipal fué suscrita como la declaración prestada por el testigo el 20 de mayo de 1926. La respuesta fué en la afirmativa. Se le interrogó al testigo, sin ulterior objeción de parte de la defensa, si babía becbo o no las manifestaciones contenidas en el documento escrito a máquina que le fué leído por el fiscal. La lectura fué seguida de una pregunta respecto a si lo leído por el fiscal era la de-claración contenida en el documento que acababa de leerse. Volvió el testigo a contestar afirmativamente. No se anotó excepción alguna, y el fiscal anunció que nada más tenía que preguntar. El letrado de la defensa procedió a repreguntar.

El incidente que acabamos de bosquejar no es uno que pueda recomendarse como un ejemplo a seguir en la práctica, pero no revela un error que justifique la revocación.

La cuestión relativa a si la declaración prestada por Pérez Elias durante el juicio era la misma que prestó ante el juez municipal, era innecesaria, pero no fuera de lo natural, o inexcusable. El propósito obvio del fiscal era obtener del testigo bien una admisión o una negativa respecto a que al declarar ante el juez municipal babía dicbo algo contrario a su declaración durante el juicio. Según se dice en 2 Wig-more (2® ed.) 471, sección. 1023: “No bay objeción alguna, ora de principio, o de práctica, a semejante tentativa de pro-bar con el mismo testigo que él ba becbo manifestaciones contradictorias. ’ ’

El primer fundamento de la objeción (de que al testigo no se le dijo lo que se suponía baber manifestado ante el juez municipal) fué acompañado del segundo, en el sentido de que al testigo no se le babía informado de la bora, sitio y personas presentes en la ocasión anterior. Lo dicbo por el fiscal de distrito demostró en seguida que el segundo funda-mento era insostenible, y la defensa, en vez de bacer bincapié en el primero, se conformó con indicar que, de acuerdo con el testigo, las dos declaraciones eran idénticas. Así, pues, la atención del juez de distrito pudo haberse desviado del primer fundamento, aunque la observación de que el fiscal no liabía terminado su interrogatorio indica que la corte creyó qne la cuestión era meramente preliminar, y, por tanto, pro-pia. En todo caso, al testigo se le mostró la declaración ju-rada antes de que se repitiera la pregunta, aunque sí des-pués que liabía sido contestada y antes de que se le dijera que explicase la discrepancia entre las dos declaraciones, o de que se le interrogara específicamente sobre la prestada ante el juez municipal.

La contestación, en la forma en que fué dada, demuestra que el testigo ya babía divisado la sombra que a veces pro-yectan los acontecimientos que se aproximan. No bubo una sorpresa indebida ni para el testigo, ni para el acusado. El fin del artículo' 245 del Código de Enjuiciamiento Criminal es el de evitar esa sorpresa. No hubo infracción de la regla in-vocada por la defensa, bien tal como se expone en ese ar-tículo, o según se parafrasea en el caso de El Pueblo v. Díaz, 22 D.P.R. 191, citado en el alegato del apelante.

No se trató de introducir prueba de referencia bajo el pretexto de impugnar la credibilidad de un testigo, y el caso de El Pueblo v. Colón, 25 D.P.R. 629 (el próximo caso en que se funda el apelante) no es aplicable. No se le imputó al fiscal semejante propósito durante el juicio, y la única obje-ción interpuesta no se basó en tal motivo. El caso de El Pueblo v. Ramírez de Arellano, 25 D.P.R. 263, — el tercero de los citados por el apelante — no sostiene su contención de que es erróneo permitir que la declaración jurada de un testigo le sea leída en voz alta en presencia del jurado con el fin de preguntarle si ha prestado esa declaración. De todos modos, la cuestión no puede ser levantada por primera vez en ape-lación.

Las otras cuestiones relativas al método de impugnación empleado mientras los testigos Miguel Castaño y Carlos Be-nitez ocupaban la silla testifical carecen también de mérito.

Otra contención es que la corte de distrito erró al negarse a eliminar la declaración de Borinquen Marrero, el juez municipal, en torno a una confesión oral, no obstante la existencia de una confesión escrita al mismo efecto y firmada por el acusado.

La confesión oral fué lieclia por el acusado en su propia casa muy poco después del suceso. Durante la nociré y la mañana del siguiente día, veinte y tres testigos fueron exa-minados por el juez municipal. No aparece cuántos de estos testigos .habían declarado antes de que se hiciera constar por escrito la confesión del acusado. El juez municipal tomó la declaración oral en taquigrafía, pero fuera de esto, nada hay que indique que ésa fué la confesión que posteriormente fué escrita a máquina por el juez y suscrita por el acusado. Sí aparece que el juez le hizo las advertencias legales por dos ocasiones: primero, antes de hacer sus manifestaciones ora-les, y después, en la corte municipal, donde hizo la confesión escrita. El juez municipal no dijo en tales o cuales palabras, ni se le pidió que dijese, que el acusado volvió a declarar ante la corte municipal, y que esa declaración fué también tomada en taquigrafía antes de escribirla en la máquina, pero ésa es una inferencia lógica que se desprende de su testimonio en conjunto. La regia que excluye evidencia oral sobre el con-tenido de una confesión escrita no excluye testimonio concer-niente a una confesión oral hecha en hora y sitio distintos. El juez municipal no había declarado en cuanto al contenido de la declaración escrita prestada y suscrita por el acusado algunas horas después de la comisión del delito, sino que sencillamente repitió en la silla testifical la primera declara-ción prestada por el acusado en su propia casa pocos minutos después del suceso, y sin que hubiese mucho tiempo para re-flexionar. La corte de distrito no erró al negarse a eliminar esa declaración.

El apelante también se queja de ciertas resoluciones negándose a admitir evidencia sobre actos específicos tendientes a demostrar el carácter violento y peligroso de Enrique Pimentel. Tal como se desarrolla en el alegato, la cuestión no demanda seria consideración. Ese testimonio fué propiamente rechazado en algunas ocasiones, y en aque-lias en que fué excluido impropiamente, fué admitido des-pués. Cualquier error de esta naturaleza que pueda haberse cometido era inofensivo.

La discusión de otras cuestiones suscitadas en el alegato del apelante no tendría fin práctico alguno.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    José A. Vincenty, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 776.

    Sometido: Julio 24, 1929.

      Resuelto: Nov. 8, 1929.

      José Sabater abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

José A. Vineenty solicitó del registrador de la propiedad que practicara una nota marginal de una orden dictada por una corte de distrito prohibiendo la enajenación de ciertos bienes inmuebles, de acuerdo con las disposiciones de la ley para asegurar la efectividad de las sentencias, apro-bada el primero de marzo de 1902, Comp. Estatutos Revisa-dos, secciones 5233 et seq. Esta solicitud iba acompañada por sellos de rentas internas en cantidad suficiente para sa-tisfacer los derechos correspondientes a una nota marginal, de acuerdo con el párrafo No. 4 del arancel, tal como fué en-mendado en 1917 (Leyes de ese año, tomo 2, pág. 312) cuya parte pertinente lee como sigue:

“Notas especiales, inscripciones y anotaciones. Cuando por con-secuencia de la presentación no deba verificarse inscripción ni ano-tación y sí extender notas marginales, por cada una de ellas $0.50.”

El párrafo quinto del mismo arancel fija los derechos a cargarse “por cada inscripción o anotación y consiguientes notas marginales que no estén comprendidas en los números precedentes. ...”

El registrador exigió que se le presentara el recibo del pago de las contribuciones como evidencia del valor de la propiedad inmueble descrita en la orden de la corte de dis-trito, con el fin de cobrar los derechos prescritos en el párrafo 5Q supra, por una inscripción o anotación “que no esté com-prendida en los números precedentes”. El abogado de Vin-.centy se negó a presentar el recibo del pago de las contribu-ciones e insistió en su solicitud original al efecto de que se practicara una nota marginal de acuerdo con el párrafo 4° del arancel. Entonces el registrador trató de devolver los documentos al abogado de Yincenty, quien rehusó recibirlos. El registrador no efectuó nota o asiento alguno en los libros del Registro.

Por dos motivos no podemos convenir con el regis- . trador en que la cuestión primordial envuelta es la interpretación del artículo 24 de la “Ley asignando sueldos a los registradores de la propiedad, y para otros fines”, según quedó enmendada en 1928 (Leyes de ese año, pág. 232) primero, porque se depositaron suficientes sellos de rentas internas para cubrir el costo de la nota marginal solicitada, y segundo, por-que el registrador no exigió un depósito adicional para ese fin. Por el primero de estos dos fundamentos la doctrina del caso de Nazario Figueroa v. El Registrador, 36 D.P.R. 773, invocado por el registrador es igualmente inaplicable.

Al negarse el abogado de Vincenty a presentar el certifi-cado del pago de las contribuciones, y en vista de la insis-tencia del letrado sobre el cumplimiento de la solicitud original respecto a una nota marginal de acuerdo con lo dis-puesto en el párrafo 4 del arancel, el registrador debió baber resuelto la cuestión así presentádale, bien allanándose a lo solicitado o endosando su negativa junto con las razones en apoyo de la misma, en el documento que le fuera sometido con tal fin. A falta de tal resolución la cuestión respecto a cuál de estas alternativas debió haberse adoptado no está ante nos.

Al presentarse un documento con la solicitud de una nota marginal, acompañada de sellos suficientes al objeto, el re-gistrador no tenía derecho a insistir en que se le mostrara un recibo de las contribuciones con el fin de determinar la can-tidad requerida para la inscripción de tal documento, ante la protesta de la parte mayormente interesada, de que no de-seaba el asiento contemplado por el registrador. El regis-trador erró al tratar de devolver ese documento a la parte de quien lo recibió sin antes resolver definitivamente la cues-tión suscitada por la solicitud de una nota marginal.

Debe devolverse, el caso para ulteriores procedimientos na inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutoi-íisoN,

text:
    G. Llinás & Co., S. en C., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 782.

    Sometido: Noviembre 4, 1929.

      Resuelto: Nov. 8, 1929.

      L. López ele Victoria, abogado de la recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutoi-íisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Una escritura otorgada por el marshal de una corte de distrito expresaba que el 17 de julio de 1929 había sido seña-lado y anunciado por él como el día en que habría de efec-tuarse una venta en pública subasta autorizada por la corte de distrito; que el día que se fijó y anunció resultó ser de fiesta legal; y que la venta se llevó a efecto el 18 de julio a las tres de la tarde, que era la hora especificada en el aviso para el día 17. La escritura fue inscrita por el registrador de la propiedad con el defecto subsanable de no haberse acre-ditado que la venta anunciada para el 17 de julio fuera sus-pendida por el márshal, notificando a los postores que hubie-sen comparecido en el día y a la hora anunciados, que la venta tendría lugar al día siguiente y a la misma hora.

La recurrente asume que el presente caso debe regirse por el artículo 389 del Código Político, e invoca la máxima de ubi lex non clistinguit, neo nos distinguere debemus.

La misma cuestión fue levantada aunque no resuelta, en el caso de Meléndez v. El Registrador, 35 D.P.R. 878. El alegato de la aquí recurrente no arroja luz adicional alguna sobre la materia.

En verdad, el artículo 389 del Código Político no prohibe la comparecencia de un marshal a la hora y en el sitio especi-ficados en el avisó, y una suspensión formal sería, la mejor práctica. 35 C.-J. 35, sección 46. No estamos, por ahora, preparados para decir que el dejar de notificar a los postores en perspectiva que comparecen a la hora y en el sitio anun-ciados por el marshal, que la subasta se efectuará a otra hora y en otro sitio especificados, no podría en modo alguno afec-tar el título de un comprador que tuviera conocimiento de esa irregularidad.

Debe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Seño» Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José N. Blanco, acusado y apelante.

      No. 3701.

    Sometido: Feb. 26, 1929.

      Resuelto: Nov. 8, 1929.

      Román Díaz Collazo, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Seño» Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

José N. Blanco fné convicto de nn delito de violación, y se queja de la admisión de supuesta prueba de referencia.

Eminé Pérez Gutiérrez, la perjudicada, es sobrina de la esposa del acusado, y vivía en la casa de éste cuando se perpetró el delito. Se le interrogó sobre lo que le babía dicbo la tía cuando la testigo la informó de lo que había hecho el acusado. La respuesta fué al efecto de que la tía había amenazado matar a la niña, si comunicaba a alguien lo ocurrido. Semejante declaración no constituye prueba de referencia. 3 Wigmore on Evidence 770, sección 1766, ‘P edición.

Antonia Mirella Pérez, hermana de la perjudicada, declaró en torno a lo que Eminé le había dicho en la primera oportunidad, un año (o tal vez más) después de la comisión del primer delito. En el lapso de tiempo transcurrido, Eminé estuvo prácticamente presa bajo el dominio físico del acusado. Ella — niña de tierna edad — estaba entre extraños, viéndose inducida al silencio por amenazas de violencia física. El acusado vivía en San Juan. La madre y la hermana de la perjudicada residían en Ponce. Ella no podía escribir, ni había de quién valerse para comunicarse con su mamá y su hermana. No demoró el relato de su historia cuando su hermana vino a San Juan. El acusado había repetido a intervalos el delito hasta que llegó la hermana.. Bajo esas circunstancias, creemos que las manifestaciones que hizo a la hermana cuando ésta vino, forman parte del res gestae. 22 R. C. L. 1216-1217, sección 50; El Pueblo v. Calventy, 34 D.P.R. 390; El Pueblo v. Arenas Alemañy, 39 D.P.R. 16.

Al terminar el fiscal de practicar su prueba a las seis menos diez minutos de la tarde, la corte se declaró en receso hasta las ocho y media de la noche. Dictada la resolución, la defensa pidió a la corte que continuara en sesión a fin de que se oyera la declaración de un testigo del acusado. El señor letrado manifestó que el testigo era un celador nocturno y no podía comparecer a la sesión de la noche, que se trataba de un testigo material, y que de no permitírsele declarar in-mediatamente, el acusado se vería privado de su testimonio. Se señala como error el que el juez que presidió la vista del caso se negara a acceder a esa solicitud.

El sereno íiabía estado presente en el juicio durante todo el día, y pudo haberse becbo una solicitud para que se le per-mitiera declarar en cualquier momento antes de que el fiscal terminara de practicar su prueba. Aun después de haberse negado el juez de distrito a prolongar la sesión de la tarde, pudo haberse obtenido una orden conminando al testigo a que compareciera. Los autos no revelan la naturaleza de la declaración que se esperaba de esta procedencia, y no se ha demostrado que hubiera perjuicio. En todo caso, no halla-mos abuso de discreción en la actitud asumida por el juez sentenciador.

La cuarta y última contención del apelante es que la corte inferior erró al instruir al jurado, y al negarse a dar ciertas instrucciones solicitadas por la defensa. Un examen de las instrucciones dadas, de las instrucciones especiales denega-das, y de los motivos de la negativa, no revela error alguno que justifique la revocación.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    María Luisa Monrozeau Lacomba, et als., demandantes y apelados, v. Pedro G. Amador Machado et al., demandados y apelantes.
    No. 4676.

    Sometido: Junio 5, 1929.

      Resuelto: Nov. 8, 1929.

      A. Lens Cuena, F. M. Susoni Jr., abogados de los apelantes; A. Be-yes Delgado, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción reivindicatoría. La primera contención de los apelantes es qne la corte inferior erró al desestimar nna excepción previa en la cnal se alegaba qne la demanda es ambigua, ininteligible y dudosa.

Los demandantes sostienen qne el 25 de abril de 1911, sn cansante don Antonio Monrozeau Alcaide tomó a préstamo del demandado Pedro Gr. Amador la cantidad de $416, la qne prometió reembolsarle el 25 de abril, 1912, y qne para ga-rantizar esa obligación y sus intereses al 12 por ciento anual, creó, mediante documento privado, un gravamen sobre dos fincas que se describen en la demanda. Los demandados afrontaron esta alegación con nna negación en forma tal que envolvía la afirmativa (negative pregnant). Alegaron afir-mativamente que el 16 de junio de 1911 Antonio Monrozeau Alcaide vendió a Pedro Gr. Amador las fincas descritas en la demanda por $416 con la condición de que si Monrozeau le reintegraba esa suma el 25 de abril, 1912, Amador otorga-ría escritura de retroventa de las fincas a favor de Monrozeau.

El documento en cuestión fué presentado en evidencia por los demandados. Dispone que en caso de que Monro-zeau satisfaga el 25 de abril del siguiente año, 1912, una obli-gación suscrita por él el 25 del pasado abril, por $416 y sus intereses a razón del 12 por ciento desde la fecha del otor-gamiento, además de ciertas costas y desembolsos, el com-prador o sus representantes le otorgarán escritura de retro-venta.

Así, pues, aparece que la naturaleza del gravamen a que se contrae la demanda fué algo que los demandados conocían perfectamente; que la ambigüedad de que se quejan no les indujo a error; que la omisión de una descripción más defi-nida del documento privado fué subsanada por la contesta-ción; y que no bubo sorpresa en la prueba. Si algún error hubo al declarar sin lugar la excepción previa, fué inofensivo.

Los apelantes también dicen que la corte de distrito erró al declarar con lugar la acción reivindicatoría y la reclamación de daños y perjuicios, y, por consiguiente, al conceder a los demandantes la cantidad de mil dólares en concepto de daños y perjuicios. Se arguye a este respecto que Antonio Monrozean se desprendió del título de los te-rrenos en controversia el 11 de julio, 1911, y, por ende, que nada pasó a los demandantes al morir Monrozeau. La teo-ría de la demanda y del juez de distrito fue que el documento privado que otorgara Monrozean en junio 16,1911, no fue una venta condicional, sino una hipoteca. No hallamos error en esto.

La segunda cláusula del documento envuelve un traspaso. Empero, la intención de las partes fue garantizar el cumpli-miento de una obligación preexistente. Esto aparece sufi-temente de las cláusulas tercera y cuarta, que leen así:

“TerCera. — Se establece el pacto que si el vendedor D. Antonio Monrozeau atendiese al pago de una obligación, suscrita por él el veinte y cinco del pasado abril, por cuatrocientos diez y seis dollars y sus intereses al doce por ciento anual, desde la fecha del mismo, el veinte y cinco de abril del próximo año de mil novecientos doce, más los gastos que ocasione el presente contrato, le otorgará el com-prador o sus representantes, escritura de retroventa si dicha escri-tura la hubiese otorgado el vendedor al comprador Sr. Amador Ma-chado.
“Cuarta. — El Sr. Monrozeau se obliga a otorgar al Sr. Amador y Machado escritura de venta, de acuerdo con lo contratado en este documento tan pronto como el Sr. Amador lo exigiere de él, siendo de cuenta del vendedor todos los gastos que se ocasionen por este concepto. Y para constancia de que así lo han convenido, firman el presente en Camuy, P. R., ante los testigos D. José Isabel Barrios y D. Francisco Velazquez, mayores de edad y vecinos de Camuy.”

La obligación preexistente a que se refiere la llamada venta condicional era un pagaré que no fué entregado por Amador al otorgarse el contrato posterior. Difícilmente po-dría sostenerse que si Amador hubiese instado pleito sobre ese pagaré al vencimiento de éste, Monrozeau pudiera haber alegado con éxito la novación y la confusión (merger) como defensa. Cuando Amador basó su convenio relativo a la retrovenda en la condición de qne se satisficiera el pagaré, y retuvo la posesión del mismo, imprimió a la transacción posterior el carácter de una hipoteca dada en garantía del pagaré, más bien que de una venta condicional.

El otorgamiento y entrega del pagaré fueron precedidos de ciertas negociaciones para un préstamo. El mismo Ama-dor declaró sobre la solicitud del préstamo, respecto a varias entrevistas en torno al mismo, y en relación con el otorga-miento y entrega del pagaré. Da como motivo de su insis-tencia en una venta condicional en vez de una hipoteca, el poco valor de los terrenos y la consiguiente necesidad de un margen suficiente para sufragar el costo de los procedimien-tos judiciales. Explica la tercera cláusula del contrato como una concesión hecha en beneficio de Monrozeau, quien insistía en un préstamo evidenciado por un pagaré. Manifiesta que retuvo el pagaré porque creyó conveniente hacerlo así. Ad-mite que esperaba que el valor de los terrenos aumentara. En 1910 o en 1911, fueron tasados para fines de contribución en trescientos cincuenta dólares, y en 1914, en mil cincuenta. Más tarde, parte de esos terrenos fué dividida en solares y vendida a cincuenta centavos o a dólar el metro. Amador nunca entró en posesión. Los terrenos pasaron directa-mente de poder de la parte demandante al de la persona que le compró a Amador, en octubre de 1912. En la llamada venta condicional no hubo el designio de efectuar un arren-damiento, ni Monrozeau se propuso pagar canon alguno. La obligación que él asumió fué la de satisfacer el principal de un pagaré ya otorgado y entregado, con intereses al tipo del 12 por ciento desde la fecha de su otorgamiento, y no desde la fecha de la llamada venta condicional.

Pudieran enumerarse otros hechos y circunstancias para demostrar la interpretación práctica que al último convenio dieron las partes contratantes, según lo indica su conducta posterior, especialmente la de Amador.

En el caso de Monagas v. Albertucci, 235 U.S. 81, 83, la Corte Suprema, por voz de su Juez Presidente Sr. White, cita de la opinión de este tribunal, 17 D.P.R. 712, 715, lo si-guiente :

“Todo el caso en realidad gira sobre la cuestión de si el docu-mento escrito objeto de controversia era una hipoteca o una venta condicional. Si es lo segundo, deben cumplirse las condiciones del mismo; si es lo primero, debe permitírsele al demandante que. de-vuelva el dinero recibido haciéndole un traspaso de los bienes. La verdadera intención de las partes en el momento de otorgar el docu-mento escrito, es la que debe regir en la interpretación que le den los tribunales. Esto debe averiguarse de las circunstancias que con-currieron en la transacción y del texto del documento mismo. La norma correcta, en los casos en que tenga aplicación, es la continua-ción de la existencia de una deuda u obligación entre las partes. De existir tal deuda u obligación, la venta puede considerarse me-ramente como una garantía de la deuda o como indemnización de una obligación Por el contrario, si no existe deuda u obligación, entonces la transacción no es una hipoteca y sí meramente una venta con pacto de retracto dentro de un tiempo determinado. Aun cuando cada caso debe contener sus propios hechos especiales, ciertas circuns-tancias se consideran como importantes, y los tribunales las conside-ran como aclarando la intención real de las partes y la naturaleza de tales transacciones; tales son la existencia de un contrato colate-ral ejecutado por el cedente para el pago de dinero al cesionario, su obligación de pagar interés, que el precio de la venta sea inade-cuado, que el cedente quede todavía en posesión de los bienes tras-pasados, y cualquier negociación o solicitud de un préstamo con an-terioridad o durante la transacción que dió lugar al traspaso.
“La doctrina americana sobre este punto no difiere materialmente de los principios enunciados en nuestro Código Civil. 3 Pomeroy’s Equity Jurisprudence, párrafos 1194 y 1195. Código Civil de Puerto Rico, párrafo 1248, 1249, 1250, 1348, 1410, 1421.”

Véanse además los casos de Cuyugan v. Santos, 34 Jurisprudencia Filipina 104; Villa v. Santiago, 38 id. 166; Cuyugan v. Santos, 39 id. 995; y Macapinlac v. Gutiérrez Répide, 43 id. 806.

Otros señalamientos de menor importancia son: •Que la corte de distrito erró al no resolver que la acción reivindicatoría- había prescrito, de acuerdo con el artículo 1268 del Código Civil; al no decidir que la acción para annlar ciertos procedimientos seguidos en la Corte Municipal de Camny habían prescrito, a tenor de lo dispuesto en ese mismo-artículo; al no llegar a la conclusión de que los demandados en el procedimiento últimamente aludido — aquí demandan-tes — fueron debidamente emplazados y notificados de la sen-tencia dictada en la dicha corte municipal; al resolver que, por carecer la corte municipal de jurisdicción sobre el asunto de tal procedimiento, el contrato de venta otorgado en junio-16, 1911, era absolutamente nulo; y al declarar que el proce-dimiento habido en dicha corte municipal era írrito y nulo por no tener esa corte jurisdicción sobre la materia.

La acción de nulidad a que alude el artículo 1268 del Có-digo Civil es una para invalidar contratos anulables. El pe-ríodo de cuatro años allí prescrito no impide una acción rei-vindicatoría para recobrar bienes inmuebles cuya posesión se ha perdido mediante un procedimiento judicial nulo. Rodríguez Soler v. Alonso, 37 D.P.R. 344; Solá v. Castro, 32 D.P.R. 804; Oliver v. Oliver, 23 D.P.R; 181; López v. Quiñones, 30 D.P.R. 342.

La demanda sólo alega dos causas de acción. La segunda se dirige a la cuestión de daños y perjuicios. Los elementos-esenciales de la primera son, que los demandantes adquirie-ron el título de los terrenos en litigio por herencia de su fi-nado padre Monrozeau Alcaide, y que los demandados re-tienen y detentan la posesión de esas tierras sin título o de-recho alguno. Anticipándose a una posible defensa, los de-mandantes también exponen ciertos hechos concernientes a los procedimientos habidos en la corte municipal y que se-alega son nulos por falta de jurisdicción. Por consiguiente, la primera causa de acción de los demandantes no surge de-la invalidez del procedimiento en la corte municipal. Aun si surgiera, el artículo 1268 del Código Civil no puede alegarse-corno impedimento. Cruz v. Kuinlan, 29 D.P.R. 887; Irizarry v. Bartolomey, 32 D.P.R. 924; Suro v. Prado, 21 D.P.R. 241, 250; y Oliver v. Oliver, 23 D.P.R. 181, 190. Ell procedi-miento en la corte municipal fné una acción para obligar a los herederos de Antonio Monrozean a otorgar una escritura de traspaso de las tierras descritas en la alegada venta condi-cional de junio 16, 1911, conforme a los términos de ese con-venio. La viuda de Antonio Monrozean compareció a nom-bre de sus hijos menores (demandados en aquel procedi-miento y aquí demandantes) y otorgó escritura de traspaso a favor de Amador atemperándose a la sentencia dictada por la corte municipal, pero sin autorización de la corte de dis-trito. El juzgado municipal carecía de jurisdicción sobre el asunto en controversia, y el traspaso pretendido era nulo de toda nulidad. García v. El Registrador, 23 D.P.R. 426; Agüeros v. El Registrador, 28 D.P.R. 268; Ex parte Sotomayor, 24 D.P.R. 185; Avilés v. El Registrador, 17 D.P.R. 960; Rosario v. Rucabado, 23 D.P.R. 474. Si la corte de distrito erró al dejar de resolver que los demandados en la corte municipal (aquí demandantes) fueron debidamente em-plazados y notificados de la sentencia que se dictó, el error fué inofensivo.

El juez de distrito no resolvió que la llamada venta con-dicional de 1911 era absolutamente nula. El interpretó ese documento como un contrato de la naturaleza de una hipo-teca. En la demanda se alegó que era un gravamen. Los demandados pudieron haber radicado una eontrademanda pi-diendo la ejecución del gravamen y la venta de la propiedad. En lugar de sostener ese derecho, prefirieron la victoria o la derrota sobre la teoría de una venta condicional, de la validez del procedimiento en la corte municipal y de la prescripción de la causa de acción de los demandantes. La posición así tomada era insostenible, y una sentencia a favor de los de-mandantes fné el resultado.

Esa sentencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.

El Juez Asociado Señor Aldrey está conforme con la sentencia.

febrero 13, 1930

BN RECONSIDERACIÓN

San Juan, Puerto Rico,

Los apelantes solicitan la reconsideración en lo relativo a la prescripción, los daños y perjuicios y las costas. La segunda y tercera de estas tres cuestiones son demasiado tardías al ser levantadas por primera vez en una moción de- reconsideración. En lo que a la primera cuestión se refiere los apelantes descansan en los casos de Molina v. Hernández, 33 D.P.R. 182, y Collado Heredia v. Sucesión Garau, 36 D.P.R. 2.

En el primero de estos dos casos se admitió que la acción era sobre nulidad dentro del significado del artículo 1268 del Código Civil y así fué tratada en la opinión.

La única cuestión sometida y resuelta fué respecto a cuándo empezaba a contarse el período estatutorio. En el caso de Collado la acción se describe en el encabezamiento como de nulidad de escritura, devolución de cantidad y da-ños y perjuicios. Se solicitaba una sentencia en la siguiente forma: (a) declarando nula cierta escritura de venta con pacto de retro y ordenando su cancelación en el registro de la propiedad; (b) ordenando que la demandada entregue la posesión; (c) ordenando a la demandada que pagara a los demandantes la suma de $700 cobrados por concepto de arrendamiento, y (d) condenando a la demandada a pagar la suma de dos mil dólares como daños y per juicios,-más las costas, desembolsos y honorarios de abogado. En la opinión se exponen las alegaciones esenciales de la demanda. Prác-ticamente, la única cuestión sometida o resuelta fué la de si el contrato en cuestión era anulable o inexistente.

En ninguno de estos casos se llamó la atención de este tribunal a distinción alguna entre la acción de nulidad a que se refiere el artículo 1268 supra, y una acción en que se soli-cita que se declare que una escritura de enajenación es una hipoteca.

El artículo 1268 lee como sigue:

“Artículo 1268. La acción de nulidad sólo durará cuatro años.
“Este tiempo empezará a correr:
“En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que éstas hubiesen cesado;
“En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consu-mación del contrato;
“Cuando la acción se dirija a invalidar contratos hechos por mujer casada, sin licencia o autorización competente, desde el día de la disolución del matrimonio;
“Y cuando se refiera a los contratos celebrados por los menores e incapacitados, desde que salieren de tutela.”

Los varios incisos que fijan el término en que empieza a correr el período estatutorio, así como los artículos prece-dentes y subsiguientes contenidos en el mismo capítulo indi-can en forma general la clase de acción que tuvieron en mente los que redactaron el código.

En el presente casq la demanda no se funda en la teoría de fraude, coacción o engaño o en ninguno de los fundamen-tos usuales en una acción de nulidad. Según dijimos al co-menzar nuestra opinión, se trata de una acción reivindicato-ria. Como indicamos también en la opinión, la naturaleza del documento interpretado por la corte aparece suficientemente de la faz del mismo. En tanto en cuanto pueda decirse que la causa de acción de los demandantes depende de la verda-dera naturaleza del contrato en cuestión, la acción es una en que se solicita que la corte interprete un contrato y determine la naturaleza del mismo. Así considerada, no se trata de una acción de nulidad sino de una en que se solicita que se declare que un contrato es en realidad lo que parece ser por su propia faz. Si se considera que la acción es una en que se- pide se decrete que una escritura de enajenación es una hipoteca, ello no obstante, no es una acción de nulidad sino una acción para que se declare que un contrato es lo que en realidad fué desde el principio de acuerdo con la intención de las partes revelada por prueba alkmde que suplementaba y explicaba los términos del documento.

La acción no estaba prescrita por el transcurso de cuatro años y la moción ele reconsideración debe ser declarada sin lugar.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Carmen Medina et als., demandantes y apelados, v. La Sucesión de Sandalio Rivera Luna, etc., demandada y apelante.
    No. 4366.

    Sometido: Nov. 27, 1928.

      Resuelto: Nov. 13, 1929.

      Felipe Colón Díaz, abogado de los apelantes; Erasto Arjona Siac-a, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes en este pleito son tres bijas y varios nietos de Encarnación Medina o Jnan Encarnación Medina y de Cristina Lngo, siendo el demandado originalmente San-dalio Rivera Lima.

En la demanda inicial del año 1921 se alegó qne los de-mandantes son dueños por título de herencia de los esposos Medina-Lugo de una finca radicada en el barrio Guaraguao de Ponce compuesta de 24 cuerdas de terreno, siendo su co-lindancia norte la cuchilla que divide el barrio Guaraguao del de Marueño y María Nieves, y que el demandado se incautó de ella sin título alguno desde el año 1899. Esa demanda fué enmendada al solo efecto de decir en la descripción de la finca que tiene 34 cuerdas de terreno, aunque en las demás alegaciones se dice, como anteriormente, que tiene 24. Otra vez fué enmendada para describir la finca de 34 cuerdas como colindante por el oeste con la cuchilla que separa los barrios expresados, para alegar que las 34 cuerdas las posee el de-mandado desde el año 1898 y que las incluyó en un expe-diente de dominio que con otros predios tramitó y fué apro-bado en 1906, siendo inscrito en el registro de la propiedad.

Después de la última demanda enmendada los demandan-tes presentaron moción al tribunal manifestando que su de-mandado babía fallecido y solicitaron que decretase su sus-titución por sus hijos, cuyos nombres y apellidos se relacio-nan en número de quince, de los diez y siete que dejó. Así fué decretado y entonces esas personas comparecieron formu-lando excepciones previas a la demanda, haciendo negación de esos hechos, alegando que en el expediente de dominio que su causante Rivera Luna tramitó de 310 cuerdas están com-prendidas dos fincas distintas y separadas que compró a Cristina Lugo, una de 14 cuerdas en 1886 y otra de 20 cuerdas en 1895; y adujeron como defensas la prescripción extraordina-ria respecto de la finca de 14 cuerdas, la ordinaria respecto a la de 20 cuerdas, y que los demandantes están impedidos de atacar el expediente de dominio porque fueron citados en él.

Con esas alegaciones fué celebrado el juicio en el que fué nuevamente enmendada la demanda para alegar que en el expediente de dominio no fueron citados debidamente los an-teriores dueños. También la contestación fué enmendada sin que sus términos consten en estos autos, aunque sí en la opi-nión que la corte escribió para fundar su sentencia. En el juicio se propuso como prueba que un perito agrimensor dic-taminase el número de cuerdas que tiene la finca descrita en la demanda enmendada, apareciendo también en dicha opi-nión de la corte que ese perito rindió su informe, pero tam-poco figura en la exposición del caso traída para esta apela-ción.

Lo expuesto demuestra que por no haberse traído ante nosotros todas las alegaciones y pruebas que la corte sen-tenciadora tuvo ante sí para dictar su fallo no podemos revi-sarlo, porque no estamos en las mismas condiciones en que dicho tribunal se encontró al resolver la contienda entre las partes, y procede, en consecuencia, que confirmemos la sen-tencia. Sin embargo, para satisfacción de las partes que-remos decir, incidentalmente, que con las constancias que te-nemos ante nosotros hubiéramos confirmado la sentencia ape-lada porque habiendo reconocido la sucesión apelante que su causante compró la finca a la madre de los apelados, admitió el título de ella; y como aparece que fué adquirida durante el matrimonio para la sociedad de gananciales o como pro-piedad exclusiva del marido, no podía ella por sí sola vender la finca, como lo hizo a Rivera Luna, y mucho menos siendo menores de edad algunos de sus hijos.

La sentencia apelada debe ser confirmada-


author: El Juez Asociado Señor Aldret,

text:
    Fernando del Toro Saldaña, demandante y apelante, v. The Juncos Central Co., demandada y apelada.
    No. 4497.

    Sometido: Enero 31, 1929.

      Resuelto: Nov. 13, 1929.

      Manuel A. y José Martínez Alvarez, abogados del apelante; Henry G. Molina y Leopoldo Feliú, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

La apelada The Juncos Central Co. tuvo en arrenda-miento por unos doce años antes del 6 de abril de 1922 tres fincas rústicas propiedad del apelante y en la expresada fecha celebraron dichas partes un nuevo contrato de arren-damiento en escritura pública por término de tres años y seis meses de las mismas fincas, siendo una de sus estipulaciones la siguiente: ., •;

“Octava. La corporación arrendataria se obliga a que los lími-tes que se lian fijado por el agrimensor don Armando Morales en las fincas arrendadas, no sufran variación alguna, conservando en buen estado los puntos que los determinan.”

Una de esas fincas, la nombrada “Lechuga” según la es-critura pública mencionada y según el plano a que ella hace referencia del agrimensor Armando Morales, hecho en 16 de julio de 1921, pocos meses antes de otorgarse la escritura de arrendamiento, tiene su punto occidental de colindancia por el sur frente al sitio donde la Quebrada Ceiba desemboca en el río Glurabo en la orilla opuesta. El río Gfurabo es la co-lindancia sur de toda la finca.

Vencido el término del arrendamiento y no habiendo sido entregadas a su dueño don Fernando del Toro Saldaña las fincas arrendadas demandó en desahucio a su arrendataria, y dictada sentencia condenatoria fue cumplida judicialmente el 21 de diciembre de 1925 entregándose las tres fincas a su dueño, quien en agosto del año siguiente demandó a The Juncos Central Co. en procedimiento de injunction, para reco-brar la posesión de una porción de terreno de la finca “Le-chuga” de cuya porción alegó le había privado su deman-dada; porción triangular cuyo punto de colindancia oeste está por el sur en el sitio en que la Quebrada Ceiba desem-boca en el río G-urabo, extendiéndose la base del triángulo hacia el este por algunos metros, yendo entonces sus lados a encontrarse en línea recta en el punto norte occidental de la colindancia de la finca “Lechuga”.

No negó la corporación apelada en su contestación a esa demanda que está poseyendo dicha porción triangular, pero alegó que la posee desde hace algunos años como parte de otra finca de su propiedad, que no forma parte de la finca “Lechuga”, y que el demandante no ha tenido la posesión real o material de ella dentro del año precedente a la pre-sentaeión de sn demanda de injunction, y sí la demandada, la que tiene instalada allí una toma de agua desde hace más de diez años.

No tenemos duda alguna de que la porción triangular de 6 cuerdas 28 céntimos objeto del procedimiento que motiva esta apelación forma parte de la finca “Lechuga” que fué dada en arrendamiento a la apelada, porque el límite oeste de esa porción es una línea recta entre el sitio donde la que-brada Ceiba desemboca en el río G-urabo y un punto en el norte, no discutido, que son los mismos puntos que según la escritura de arrendamiento y según el plano que le sirvió de base tiene la finca “Lechuga”, estando necesariamente el otro lado del triángulo más al este en la expresada finca “Le-chuga”, por ser ésta mayor que la porción objeto del pleito; y porque las 6 cuerdas 28 céntimos reclamadas completan las 64% cuerdas de terreno que como finca “Lechuga” fué dada en arrendamiento.

Estando, pues, la porción reclamada dentro de la finca “Lechuga” en su parte occidental y estando probado, y ad-mitido por la apelada en su contestación a la demanda, que dicha finca fué entregada judicialmente a su dueño en cum-plimiento de la sentencia de desahucio, es indudable que el dueño tenía la posesión de la parcela reclamada, aunque la entrega se hiciera por el funcionario judicial dando posesión de las tres fincas por la descripción que tienen y no por sus puntos sobre el terreno, importando poco si en ese acto el arrendatario retuvo dicha parcela o si después de entregada la ocupó; pues en el primer caso el arrendatario poseía en nombre del dueño (Porto Rico Benevolent Society v. Municipio de Ponce, 28 D.P.R. 825) y en el segundo, porque privó de la posesión al que la tenía.

Es cierto que el procedimiento especial de injunction para recobrar la posesión no es el adecuado para determinar los verdaderos límites de una propiedad, según hemos resuelto repetidamente, pero en este caso no se trata de decidir cuál es el lindero suroeste de la finca “Lechuga”, pues por la es-critxira de arrendamiento y por el plano a que ella hace re-ferencia el pnnto extremo oeste por el snr de la misma fné aceptado por las partes, y es la desembocadura de la Que-brada Ceiba, que es también el punto occidental del trozo re-clamado, con lo que está conforme la demandada y apelada.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando la demanda con lugar, con costas a la demandada.


author: El Juez Asociado Sbñok Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Justino Aponte, acusado y apelante.
    No. 3858.

    Sometido: Nov. 6, 1929.

      Resuelto: Nov. 13, 1929.

      JE. Díaz Yiera, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Sbñok Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso imputa al acusado que tenía y ofrecía en venta leche adulterada. La única cuestión que el apelante suscita es la de si los hechos así alegados constitu-yen delito.

La “Ley proveyendo lo necesario para castigar la adul-teración de leche y para otros fines”, aprobada el 12 de agosto de 1925, leyes de ese año, página 558, dispone, en su versión inglesa, que:

“Every person who adulterates or dilutes milk and every person who sells, offers or keeps for sale, or who transports or stores milk to be used for human consumption, and every person using milk adulterated or diluted for industrial purposes, when such milk is to be used in the preparation of food for human consumption, shall be guilty of misdemeanor ...”

La teoría del apelante es que la acusación no imputa la comisión de un delito porque no alega que la leche adulterada que el acusado tenía y ofrecía en venta era ‘ ‘ con el fin de de-dicarla al consumo humano” (to be used for h/umcm consumption).

El texto en inglés es más o menos susceptible de la inter-pretación que se le atribuye. Sin embargo, el original en castellano es perfectamente claro. Lee así:

' “Toda persona que adulterare o diluyere leche y toda persona que la vendiere, ofreciere o tuviere en venta, o que la transportare o alma-cenare con el fin de dedicarla al consumo humano, y toda persona que usare leche adulterada o diluida para fines industriales, cuando se destine a la preparación de alimentos para el consumo humano, será culpable de delito menos grave ...”

Cuando el acto que se imputa a un acusado es la transpor-tación de leche adulterada, la acusación debe alegar que la leche en cuestión era “con el fin de dedicarla al consumo hu-mano”. El Pueblo v. Abraham Santiago, 38 D.P.R. 202. Ésa es una de las diversas maneras en que puede cometerse el delito. Cuando la leche adulterada no se transporta, sino que se diene u ofrece en venta, la acusación no necesita espe-cificar que la leche sea “con el fin de dedicarla al consumo humano.” La razón es que tal fin no se hace formar parte de la definición estatutoria del delito cuando éste se comete al ofrecer o tener leche adulterada para la venta.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Compañía Teatral de Santurce, demandante y apelante, v. Ramón Lloveras Soler y Francisco Rodríguez, demandados y apelados.
    No. 4582.

    Sometido: Feb. 1, 1929.

      Resuelto: Nov. 14, 1929.

      Tons Soto & Quiñones, abogados de la apelante; Juan B. Soto y C. Pesquera, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión, del tribunal.

La Compañía Teatral de Santurce presentó demanda contra Ramón Lloverás Soler y Francisco Rodríguez fun-dada en dos causas de acción, alegando en la primera que Ra-món Lloverás Soler como dueño de una casa cuya descrip-ción se hace y cuya superficie es de 696.87 metros cuadrados la cedió en arrendamiento con el teatro y cinematógrafo a que está destinada a Francisco Rodríguez por término de cinco años vencederos el 31 de mayo de 1928, siendo conve-nido entre las partes que el arrendatario se obligaba a man-tener en buen estado de conservación y limpieza el local arrendado así como su mobiliario y efectos que lo integran, debiendo devolverlo en el mismo buen estado en que lo reci-bía. También alegó la demandante que el mismo día en que fué celebrado ese contrato lo cedió Rodríguez a la Compañía Teatral de Santurce cuya cesión fué puesta en conocimiento del arrendador Lloverás Soler que se mostró conforme con ella y quien ha venido reconociendo a la demandante como substituía de Rodríguez en relación con los derechos y obliga-ciones del arrendamiento, subrogada en su lugar y eliminado Rodríguez con respecto al contrato: que la demandante y Ro-dríguez han cumplido las obligaciones derivadas del arren-damiento y que Lloverás se niega a mantener y a respetar a la Compañía Teatral de Santurce en la posesión y disfrute de los bienes arrendados. Para la segnnda cansa de acción alegó además qne en 1926 Lloverás demandó a Rodríguez por falta de pago del canon de arrendamiento y obtuvo sentencia para que desalojara la casa con sus accesorios sin que noti-ficara esa demanda a la Compañía Teatral de Santurce: que todos los cánones del arrendamiento fueron consignados 'en el procedimiento de desahucio y retirados por Lloverás sin pro-testa ni reserva alguna: y que Lloverás pretende hacer cum-plir esa sentencia contra Rodríguez lanzando a la compañía demandante de la finca expresada. Por esas alegaciones so-licitó del tribunal declarase válida y obligatoria la cesión del arrendamiento becba por Rodríguez a da compañía deman-dante: que condene a Lloverás a cumplir con la compañía como cesionaria de Rodríguez el contrato de arrendamiento: que declare que la sentencia de desahucio dictada contra Ro-dríguez no afecta a la demandante: que la causa de acción por desahucio queda extinguida y que prohiba a Ramón Llo-verás Soler que ejecute la sentencia de desahucio dicha en cuanto afecta a la demandante.

En la contestación jurada de Lloverás se niega que Ro-dríguez cediera su contrato a la Compañía Teatral de San-turce: que se pusiera en su conocimiento cesión alguna del expresado contrato: y que se haya mostrado conforme con ella, así como que haya reconocido a la demandante como substituía de su arrendatario Rodríguez: no negó que obtu-viera sentencia de desahucio contra Rodríguez y no hizo pe-tición alguna a su favor.

Después de esa alegación Lloverás presentó al tribunal una petición de injunction en la que alegó que de acuerdo con el contrato de arrendamiento que según la demandante le ha sido cedido, el arrendatario está obligado a mantener en buen estado de conservación y limpieza el local, mobiliario, etc.; que la demandante ha descuidado la finca al punto de que se halla en estado ruinoso, encontrándose el techo podrido com-pletamente y a punto de desprenderse y que al caer removerá los muros, destruirá los pisos, balcones, divisiones interiores, mobiliario y producirá muchas muertes de seres humanos, y que el negocio de cinematógrafo sería destruido totalmente, causándole esto daños irreparables; concluyendo con la sú-plica de que se ordene a la demandante que cambie el techo del edificio incluyendo ■ todas las tijerillas del mismo y que repare los pisos, puertas y ventanas del mismo o los substi-tuya por otros.

Se opuso la demandante a esa petición, pero el tribunal, después de oír evidencia, concedió el injimction preliminar solicitado y ordenó a la Compañía Teatral de Santurce el 6 de marzo de 1928 (dos meses antes de vencerse el término del arrendamiento) que cambie el techo del edificio incluyendo los tabiques interiores del mismo y que repare los pisos, puertas y ventanas de dicho edificio, imponiéndole las costas.

Contra esa resolución interpuso la compañía demandante este recurso de apelación en el que no ha traído ante nosotros la prueba que fué practicada.

Si no fuera porque la apelante fué condenada en costas desestimaríamos este recurso por académico ya que habiendo vencido el término del arrendamiento desde mayo del año próximo pasado no podría exigirse ahora a quien no es arrendatario que con tal carácter haga esas obras.

Si bien la demandante, apelante ahora, alega en su de-manda que es la cesionaria del arrendamiento otorgado por Lloverás a Rodríguez y que' lo ha sucedido en sus derechos y obligaciones con conocimiento del arrendador, éste le niega tal carácter en su contestación, por lo que no reconociéndola como arrendataria suya por cesión no tiene causa de acción para exigirle que cumpla deberes como arrendataria, tanto más cuanto que no ha solicitado del tribunal remedio alguno a su favor que pueda ser protegido o amparado por el remedio de injunction preliminar, que además no podría convertirse en perpetuo por falta de una acción principal que pueda ser sostenida. Si la oposición de Lloverás a la demanda prospe-rase, la sentencia tendría que declarar que la Compañía Tea-tral de Santurce no era arrendataria suya por cesión que le hiciera Rodríguez, ya que ése es el hecho fundamental de la demanda impugnada, y por consiguiente no estaría obligada a cumplir obligaciones como arrendataria. Otra razón existe también y es la de que estando rescindido el arrendamiento por la sentencia de desahucio no pueden exigirse obligaciones provenientes del mismo. Lo que pretende el apelado es que se obligue a la apelante al cumplimiento específico del con-trato de arrendamiento tratando de obtener por un injunction provisional lo que no podría obtener en un juicio ordi-nario; y es regia que el injunction como remedio para el cumplimiento específico será negado especialmente cuando se solicita mandatorio, pues raras veces se concede antes de la vista final. Beach sobre Injunctions, citado a este fin en San Juan Racing & Sporting Club et al. v. Foote, 31 D.P.R. 166.

Por otra parte, independientemente de si la cláusula del contrato por cinco años que obliga al arrendatario a mantener en buen estado de conservación el edificio obliga a tanto como a ponerle un techo nuevo a una casa grande, pues eso significa la orden de cambiarlo, así como sus tabiques, y a que repare o substituya por otros los pisos, puertas y ventanas del edificio, los términos en que está redactada la orden son tan vagos y generales que sería de imposible cumplimiento, pues no determina qué clase de techo se ha de poner al edificio ni si son todos los pisos, puertas y ventanas los que deben repararse ni en qué ha de consistir tal reparación, de modo que pueda exigirse el cumplimiento de la orden de injunction; sin que el solo hecho de que esos daños sean irreparables sea bastante por sí solo para justificar la concesión del auto.

La resolución apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando sin lugar la petición de injunction hecha por el demandado Lloverás Soler, sin espacial condena de costas.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.