text:
    Vicente Usera y Seda, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 6903.

    Sometido: Marzo 2á, 1936.

      Resuelto: Agosto 1, 1936.

      Á. Fiol Negrón y B. Fernández Matos, abogados del apelante; Fon. Procurador General B. Fernández García y B. Cordovés Arana, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso versa sobre devolnción de contribuciones pa-gadas bajo protesta. Se ejercitan enatro cansas de acción, reclamándose en jnnto $3,639.89 satisfechos por nn acreedor hipotecario por contribuciones debidas por la finca hipote-cada y por su deudor.

Según resultan de las alegaciones, los hechos, en resumen, son así: Dueña doña Antonia Bieder de cinco fincas rústicas situadas, en el término municipal de Ponce, las hipotecó en 1928 a don Vicente tisera para responderle de una suma de $24,000. No satisfizo la deuda y para sn cobro instó sn acreedor el procedimiento sumario que autoriza la ley fiján-dose la subasta de las fincas para julio 13, 1933.

Mientras esto sucedía y como tampoco la dueña, de las fincas satisficiera las contribuciones al Tesoro y estuviera adeudando además otras contribuciones, el Tesorero, de Puerto Rico siguió contra ella y las fincas un procedimiento de apremio fijándose la subasta para julio 7, 1933.

Ofreció el. acreedor hipotecario pagar las contribuciones adeudadas por las fincas por las tres últimas anualidades y la corriente, si se suspendía la subasta administrativa. No accedió el Tesorero y dicho acreedor decidió pagar y pagó el 5 de julio, 1933, todas las contribuciones reclamadas as-cendentes a $6,657.51, haciéndolo bajo protesta en cuanto a las sumas de $1,223.67, $1,103.93, $403.73 y $908.56, debidas la primera y la segunda por las fincas por contribuciones correspondientes a los años económicos 1928-29 y 1929-30, la tercera y la cuarta por el deudor por cuotas de indemniza-ciones a obreros y contribuciones sobre vehículos y ganado, respectivamente. Y hecho dicho pago en tal forma, inició, este pleito en solicitud de su reintegro.

Excepcionó la demanda el demandado y su excepción pre-valeció finalmente. Enmendó su demanda el demandante. Solicitó el demandado la eliminación de ciertos particulares de la demanda enmendada y la Corte resolvió de conformi-dad. Archivada la demanda corregida, la excepcionó otra vez el demandado y la corte consideró bien fundada la ex-cepción y estimando que la demanda no era susceptible de enmienda la declaró sin lugar, registrándose la correspon-diente sentencia contra la cual se interpuso el presente re-curso de apelación.

Dos errores señala el apelante en su alegato, a saber: el cometido a su juicio por la corte al declarar con lugar la moción eliminatoria del demandado y el cometido al desesti-mar finalmente la demanda.

No existe el primer error. La eliminación se pidió y decretó porque los hechos nuevos alegados en la demanda enmendada “tienden a cambiar las causas de acción de la demanda original, y por ser materia impertinente, inmaterial e irrelevante a las distintas causas de acción ejercitadas por el demandante.”

Éste sostiene que no es así, tendiendo únicamente las nue-vas alegaciones a robustecer las esbozadas en la demanda original.

Después de una amplia exposición de los hechos, la cues-tión se concreta debidamente por la parte apelada en su alegato así:

“De los párrafos 16 y 17 de la primera y segunda causas de ac-ción aparece que el demandante no sólo impugna las contribuciones a que se refieren dichas causas de acción por no constituir graváme-nes preferentes al gravamen hipotecario del demandante sino que por primera vez trata de imputar culpa al demandado por no haber co-brado dichas contribuciones a tiempo así comu actos en violación de la ley al desistir del embargo trabado por el Colector de Rentas In-ternas sobre bienes muebles de la contribuyente.
“Es obvio que estos hechos establecen una nueva causa de acción distinta a la establecida en la demanda original. La acción enta-blada en su origen iba dirigida contra el Pueblo de Puerto Rico; la que se trata de introducir a virtud de los hechos 16 y 17 antes ci-tados van encaminados personalmente contra el entonces Tesorero de Puerto Rico, Manuel Y. Domenech.
“Lo mismo sucede con el párrafo 16 de la tercera y cuarta cau-sas de acción de la demanda.”

Tampoco existe el segundo y último de los errores señalados. Por más esfuerzos que hace el distinguido abogado de la parte apelante no logra a nuestro juicio distinguir substancialmente este caso del de la Sucesión Franceschi v. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, 47 D.P.R. 471, en el cual esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Hutchison hizo un detenido estudio de la materia y se expresó, en parte, como sigue:

“Un colector de rentas internas anunció la venta en pública su-basta de cierta finca. Los tenedores de una primera hipoteca ofre-cieron pagar parte de las contribuciones y el colector exigió el pago de toda la suma en descubierto. El gravamen por concepto de con-tribuciones correspondientes a los últimos años era superior al gravamen hipotecario. El gravamen contributivo para los años anterio-res estaba subordinado a la hipoteca. Los acreedores hipotecarios pa-garon entonces toda la suma, pero lo hicieron bajo protesta respecto a la parte de las mismas que comprendía el período anterior. En-tonces iniciaron el presente litigio para recobrar la suma pagada bajo protesta. La corte de distrito declaró con lugar una excepción pre-via a la demanda y los acreedores hipotecarios apelan de una sen-tencia desestimatoria.
“Hemos dicho que el gravamen hipotecario era superior al gravamen contributivo en lo que a las contribuciones pagadas bajo pro-testa se refería. Podemos agregar, de paso, que tal gravamen, desde luego, debe ser protegido por el Tesorero y en su caso por la corte. El acreedor hipotecario debe tener algún remedio cuando quiera que sus derechos sean invadidos o quizá cuando se amenace con invadir tales derechos. Él quizá tenga varios remedios. De ello no se des-prende que un litigio para recobrar parte de las contribuciones del deudor, pagadas bajo protesta por el acreedor hipotecario, sea uno de estos remedios.
“Los artículos 1 y 3 de la ‘Ley disponiendo el pago de contribu-ciones bajo protesta; estableciendo un procedimiento para autorizar él cobro y devolución de las mismas. . .’ (Leyes de 1927, pág. 123) leen (el último en parte) como sigue:
“ ‘Sección 1. — Cuando algún contribuyente creyere que no debe pagar cualquier contribución o parte de ella, estará no obstante obli-gado a pagarla en su totalidad, a requerimiento del colector de ren-tas internas de su distrito, o del funcionario encargado de la recau-dación,, y si desea establecer alguna reclamación, al efectuar el pago, pedirá a dicho colector, o funcionario recaudador, que consigne su protesta al dorso del recibo indicando específicamente si ésta se re-fiere al todo.o parte de la contribución que ha sido pagada bajo pro-testa, y precisando el montante de lo impugnado. Dicha nota será firmada por el contribuyente y por el colector o funcionario encar-gado de la recaudación.
“ ‘Sección 3. — El contribuyente que haya pagado el todo o parte de cualquier contribución bajo protesta, podrá, dentro del plazo de un año, a partir de la fecha del pago, demandar al Tesorero de Puerto Rico en una corte insular de jurisdicción competente, o en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, para obtener la devolución de la cantidad protestada. . . .’
“El contexto de la Sección 1 tiene por miras una creencia anterior al momento de efectuarse el pago, una creencia formada por el ‘contribuyente’ in esse, no una creencia sostenida por un ‘contribu-yente’ futuro o en perspectiva, que puede convertirse en tal en un sentido literal y limitado al pagar las contribuciones de un ‘contri-buyente’ estatutario que ba incurrido en mora. La creencia de un contribuyente de “que no debe pagar cualquier contribución’ equivale a la creencia de que no debe obligársele a pagar una reclamación in-justa o infundada que suscita alguna duda sobre la cuestión de res-ponsabilidad. La disposición de que el contribuyente ‘estará no obs-tante obligado a pagar’ la contribución ‘en su totalidad, a requeri-miento del colector de rentas internas de su distrito,’ presupone un contribuyente sobre cuya propiedad la contribución ha sido impuesta y no un contribuyente vicario. De lo contrario no habría base para el requerimiento del colector. Por tanto el acreedor hipotecario que paga las contribuciones en descubierto impuestas sobre una finca hi-potecada, sin tener tal obligación, no es el contribuyente a que se hace referencia en los artículos 1 y 3, supra.
“En resumen, la acción estatutaria para recobrar contribuciones pagadas bajo protesta no puede ser utilizada por un acreedor hipo-tecario como un remedio para proteger su gravamen superior de los resultados de una posible, amenazada o inminente venta de los bie-nes hipotecados en cobro de contribuciones, en caso de que tal venta no se efectúe sujeta al gravamen hipotecario.”

Y existiendo como existe esa jurisprudencia, no es nece-sario indagar más. Aplicada a los hechos de este caso, sos-tiene por completo la sentencia recurrida, que debe ser, en-tal virtud, confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Valiente & Co., demandante y apelada, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, sustituído en apelación por Rafael Sancho Bonet, demandado y apelante.
    Núm. 7134.

    Sometido: Marzo 10, 1936.

      Resuelto: Agosto 1, 1936.

      Son. Procurador General B. Fernández García y Manuel Cruz Soria, abogados del apelante; Fdelmiro Martínez Bivera, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante Yaliente & Co. es nna sociedad mercantil y entabló una acción para recobrar del .Tesorero de Puerto Eico la suma de $108.04 por contribuciones pagadas bajo protesta. El Tesorero impuso o intentó imponer dicha con-tribución por virtud de la Resolución Conjunta número 13, de julio 8, 1929, intitulada “Resolución Conjunta para crear una comisión para proteger el tabaco de Puerto Rico; fijar los deberes y facultades de la misma; imponer una contri-bución con el fin de crear un fondo que- se llamará ‘Pondo para la protección del tabaco de Puerto Rico’, y para otros fines. ’ ’

En la demanda se atacaba la constitucionalidad de la contribución, fundándose principalmente en que dicha con-tribución no podía ser impuesta por una resolución conjunta, sino solamente mediante un proyecto de ley (bill) convertido en ley (act) o por una ley (act). Con'el propósito de com-parar una resolución conjunta con las otras medidas que pu-dieren convertirse en ley, somos del criterio que las palabras “proyecto de ley” (bill) o “ley” (act) se usan como algo-sinónimas en la Carta Orgánica. La demanda alegaba otros motivos de inconstitucionaiidad. Estos otros motivos fueron declarados sin lugar por la corte de distrito, pero dicha corte resolvió que este decreto (act), ley o estatuto, como pueda llamarse, no podía ponerse en vigor por medio de una resolución conjunta. El Tesorero presentó una excepción previa, la Corte de Distrito de San Juan sostuvo la misma respecto a los otros fundamentos de inconstitucionalidad y la declaró sin lugar respecto a la tercera causa de acción de la demanda, en que se atacaba la validez de la resolución conjunta.

Para algún fin que nos es innecesario considerar, la deman-dante enmendó su demanda y el demandado contestó. En-tonces se radicó una estipulación de hechos que más o menos concuerda con los hechos esenciales arriba expuestos. La corte, considerando todas las alegaciones, y especialmente las excepciones previas, falló en favor de la demandante, or-denando la devolución de $88.14. En otras palabras, no estuvo de acuerdo con parte de la reclamación de la deman-dante atacando la constitueionalidad de la contribución por otras razones. Prácticamente la única cuestión ante nos es si la Legislatura de Puerto Rico puede realizar, mediante una resolución conjunta, lo que puede llevar a cabo por una ley iniciada a virtud de un proyecto (bill).

El Tesorero apeló. La apelada insiste en los otros mo-tivos de inconstitucionalidad, solamente en caso de que esta corte .dejase de sostener la invalidez de la resolución con-junta. El Tesorero apelante sostiene que todas las otras cuestiones fueron renunciadas.

La sección 34 de la Carta Orgánica, en una de sus cláusulas, contiene la siguiente disposición (Leyes de 1935, página 43):

“No se aprobará ninguna ley a no ser mediante un proyecto de ley, y ningún proyecto de ley será de tal manera alterado o enmen-dado al aprobarse por cualquiera de las Cámaras, que se cambie su propósito original. ’ ’

Dicha sección 34 en sus primeras líneas contiene las si-guientes palabras:

“Artículo 34. — La cláusula inicial ele las leyes votadas será: ‘De-crétase por la Asamblea Legislativa ele Puerto Rico;’ y de las reso-luciones conjuntas: ‘Resuélvese por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.’ Excepto en aquellos casos que más adelante se pro-veen en esta ley, los proyectos de ley y las resoluciones conjuntas podrán originarse en cualquiera de las Cámaras.”

Se desprende inmediatamente qne el Congreso nsó las palabras “bill” (proyecto de ley) y “act” (ley) como sinó-nimas para los fines del presente caso, esto es, para definir cómo cada una de estas medidas debía ser’decretada. La sección 34, supra, es sumamente larga y no intentaremos transcribirla en su totalidad, pero en su primera parte men-ciona la palabra “proyecto de ley” (bill) varias veces y no se refiere a la “resolución conjunta.” En otra parte de dicha sección, bastante después de las palabras ya citadas, “no se aprobará ninguna ley a no ser mediante un proyecto de ley, etc. ’ ’, aparece lo siguiente:

“Toda orden, resolución o votación, para la cual sea necesaria la concurrencia de ambas Cámaras, con excepción.de la que trate sobre la cuestión de suspensión de las sesiones, o se refiera únicamente a la tramitación de asuntos de las dos Cámaras, será presentada al Go-bernador, y antes de que entre en vigor será aprobada por él, o, si fuere desaprobada, deberá ser pasada de nuevo por las dos terceras partes de los miembros de ambas Cámaras, de acuerdo con las reglas y restricciones prescritas cuando se trata de un proyecto de ley (bill).”

Por consiguiente, es evidente que el Congreso estaba cla-ramente distinguiendo una resolución conjunta de un pro-yecto de ley.

Se ban hecho varios esfuerzos para definir lo que puede hacer una Legislatura mediante una resolución conjunta, especialmente, suponemos, en aquellas jurisdicciones cuyas constituciones son similares a la nuestra, al requerir que nin-guna ley se.aprobará a no ser mediante un proyecto de ley. TJna legislatura puede, a través de una resolución conjunta, hacer ciertas cosas respecto a su administración interna o sus asuntos o puede a través de la misma aprobar algunas medidas que tengan claramente un carácter temporero.

Ahora bien, sucede qué el Congreso de los Estados Unidos puede decretar una ley lo mismo mediante un “act”, en-tiéndase un “bill”, que por una “resolución conjunta”, y asimismo lo pueden hacer varias legislaturas estaduales. La apelada en su alegato hace un resumen de las varias juris-dicciones que tienen disposiciones constitucionales similares a las nuestras y de aquéllas que no las tienen.

La Corte de Distrito de San Juan razonó que el Congreso necesariamente sabía lo que estaba haciendo cuando dispuso que “no se aprobará ninguna ley a no ser mediante un pro-yecto de ley”; que si dicho cuerpo hubiera deseado permi-tir que las leyes fueran aprobadas o presentadas indistinta-mente a través de un proyecto de ley o una resolución con-junta, todo lo que hubiera tenido que hacer hubiera sido omi-tir dicha fraseología. La corte inferior citó varios casos de California y de Colorado que sostienen el punto de vista del juez. Ellos son: People v. Toal, 85 Cal. 333; Mullan v. State, 144 Cal. 578, y Collier & C. Lithographing Co. v. Henderson, 18 Colo. 259.

En el alegato del apelante el argumento principal, hasta donde podemos seguirlo, es más o menos que el promulgar leyes mediante un proyecto de ley o una resolución conjunta constituye un derecho inherente de una legislatura o algo parecido. El esfuerzo principal del gobierno fué analizar los casos citados por la corte de distrito para demostrar que las constituciones de California y Colorado eran diferentes y que los casos, por otras razones, no eran aplicables. Uno de los fundamentos de dicha distinción era que en uno o dos de los casos citados por el juez, la resolución conjunta no fué aprobada por el gobernador. Hemos examinado los casos y encontramos que en cada uno de ellos’la corte dió como ra-zonamiento principal, o como uno de sus razonamientos, él hecho de que ninguna ley podía ser decretada a no sér me-diante un proyecto de ley. »

La apelada no se basa exclusivamente en estos tres casos, sino que cita otros más o menos al mismo efecto, como signe: May v. Rice, Auditor, 91 Ind. 546; Ex parte Hague, 144 Atl. 546.

No vemos manera alguna de evitar el llegar a la conclu-sión de que la Resolución Conjunta número 13 del 8 de julio de 1929, fué inefectiva en su propósito e inconstitucional, y que la sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señok Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, In Re Adolfo Rodríguez Droz, querellante y apelado, v. Fortunato Blanco Mateo, querellado y apelante.
    Núm. 6644.

    Sometido: Marzo 20, 1936.

      Resuelto: Agosto 1, 1936.

      Leopoldo Tormes García, abogado del apelante; Agustín E. Font, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señok Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Fortunato Blanco Mateo, querellado en un procedimiento» de quo warranto, apela de una sentencia adversa y sostiene que:

“1. Cometió error grave la corte inferior y perjudicial para este querellado apelante al declarar como declaró sin lugar la moción de este querellado en la que solicitó la desestimación del procedimiento, por el fundamento de que la investigación se había solicitado por el Sr. R.-Y. Pérez Marchand, ante la Corte de Distrito de Ponce, la cual Corte carecía de jurisdicción para conocer de este procedimiento, ya que el querellado residía en Santa Isabel y en ese municipio ejercía el cargo de miembro de la Asamblea Municipal y Santa Isabel per-tenecía entonces y formaba parte del Distrito Judicial de Guayama, cuya Corte no había dictado ninguna orden autorizando el procedi-miento. ’

Ésta es la última semana del presente término. El próximo comienza el lunes 2 de noviembre, o sea el día antes de las próximas elecciones generales. De no resolverse este caso abora la cuestión principal resultaría prácticamente académica antes de que se pudiera dictar una resolución. Sentimos no poder exponer ampliamente los motivos en que basamos nuestra decisión.

La sección 2 de la “Ley estableciendo los procedimientos de ‘quo warranto’ ”, aprobada el primero de marzo de 1902 (Estatutos Revisados de 1911, sección 1320), dis-pone que en ciertas circunstancias específicas “ ... el Fiscal General o cualquier fiscal de la respectiva corte de distrito, ya obrando por su propia iniciativa, ya a instancia de otra persona, podrá presentar a la corte de distrito que tenga jurisdicción en el asunto, una petición de que se le admita una solicitud de que se abra una información de la naturaleza del Quo Warranto, a nombre de El Pueblo de Puerto Rico; y si a juicio de dicha corte resultare que existe probable fundamento para instruir las diligencias del caso, podrá ella acceder a la petición y ordenar que se admita la información y se expida el nombramiento ...”

El fiscal de la Corte de Distrito de Ponce a instancia de nn relator individual, presentó ante dicha corte una petición solicitando permiso para radicar la información en el pre-sente caso, ill querellado residía y desempeñaba sus deberes oficiales en el pueblo de Santa Isabel, dentro del distrito judicial de Guayama. Al solicitar ¿1 traslado, su moción fué prontamente declarada con lugar. Guayama era, desde luego, el lugar adecuado para el juicio. Denison v. State, 61 S. W. (2d) 1017. Mas, de ello no se desprende que la Corte de Distrito de Ponce careciera de jurisdicción para conceder permiso para que se radicara la información ante ella. El fiscal presentó la petición a la corte de distrito de su propio distrito, y al así hacerlo no trascendió la autoridad conferídale por la sección 1320, de los Estatutos Eevisados, supra. Si el querellado no hubiera solicitado el traslado, la corte de Ponce hubiera podido proseguir el caso y no hubiera habido ninguna cuestión seria respecto a su jurisdicción. Véase artículo 82, Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933); Hernaiz Targa & Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106; Eel River Ry. Co. v. State, (Ind.) 57 N. E. 388; Bohn v. Bohn, 164 Cal. 532.

La segunda contención del apelante es que:

“2. La sentencia en este caso es contraria a los hechos y a la ley.
(a) Porque el querellado nunca ha sido convicto por ningún tribunal competente de ningún delito grave (felony) ni de ningún otro delito que implique depravación moral.
“ (6) Porque de las imputaciones falsas y maliciosas, producto de una conspiración que se realizó contra este querellado imputándole haber pagado ciertas dietas a ciertos asambleístas que no asistieron a una sesión de la Asamblea Municipal de Santa Isabel mientras este querellado desempeñaba las funciones de Secretario Auditor de dicho Municipio, no encontró causa probable el Gran Jurado del Distrito Judicial de Guayama para acusarse ante el pequeño jurado a este querellado, habiendo ese Gran Jurado después de haber examinado evidencia legal que le fué sometida por el Fiscal del Distrito de Gua-yama, endosado como no fundado el proyecto de acusación que ha-bía preparado el Fiscal del Distrito de Guayama, por lo que este que-reliado fué exonerado de toda responsabilidad por esos cargos por la Corte de Distrito de Guayama.”

La información en el presente caso alegaba:

“Cuarto: Que allá por el mes de marzo de 1926 se radicó contra el querellado Fortunato Blanco Mateo, una demanda de la misma naturaleza que la presente y ante la Corte de Distrito de Guayama, en la cual sustancialmente se alegaba que dicho Fortunato Blanco Mateo había actuado ilegal e impropiamente en sus funciones como Auditor del Municipio de Santa Isabel, y después de haberse subs-tanciado dicha demanda por sus méritos, la citada Corte de Distrito de Guayama destituyó de su cargo de Auditor Municipal del Muni-cipio de Santa Isabel al ahora querellado. Y contra dicha sentencia apeló para ante la Hon. Corte Suprema de Puerto Rico, y dicho Tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Distrito de Guayama en mayo 31 de 1927, sentencia que es firme.
“Quinto; Que el querellado fué destituido de un empleo público Según se alega en los hechos anteriores por cargos probados que im-plicaban conducta inmoral, y está por lo tanto inhabilitado para des-empeñar cargos piiblicos en Puerto Rico hasta tanto sea perdonado por el Gobernador de Puerto Rico o por otro cuerpo competente au-torizado para ello, no habiendo sido hasta el presente, el querellado perdonado en forma alguna ni restituido en sus derechos para poder desempeñar un cargo público en esta Isla de Puerto Rico. (Blanco v. Asamblea Municipal, 33 D.P.R. 941; Pueblo v. Blanco, 36 D.P.R. 870.)”

La Sección 18 de la Ley Municipal, según quedó enmen-dada por la sección 4 de una Ley (núm. 98) aprobada el 15 de mayo de 1931 (Leyes de ese año, pág. 601) dispone: “para ser elegible como miembro de la asamblea municipal se ne-cesitará .no haber sufrido condena alguna por delito grave o cualquier otro delito que implique depravación moral, ni haber sido destituido de cargo público por delincuencia o conducta inmoral.” Nada había en el presente caso que sugiriera que el querellado había sido aún convicto de ningún delito grave o de cualquier otro delito que envolviera depra-vación moral o de que jamás hubiera cumplido una sentencia “por delito grave o cualquier otro delito que implique de-pravación moral.” Había sido destituido de un cargo pú-blico por delincuencia y conducta inmoral. Véase Blanco v. Asamblea Municipal de Santa Isabel y Pueblo v. Blanco, supra. Por tanto, el hecho de que él nunca hubiera sido convicto por ningún tribunal competente de ningún delito grave ni de ningún otro delito que implicara depravación moral, nada tiene que ver con el caso, a menos que haya algún mérito en la contención del apelante de que la ley que confiere a la asamblea municipal la facultad para destituir es incons-titucional y de que la investigación de los cargos imputados al querellado como Secretario Auditor Municipal no consti-tuye debido proceso de ley sino una usurpación o invasión de las facultades pertenecientes al poder judicial. El alegato del apelante deja de convencernos de que la facultad conce-dida por la legislatura sea inconstitucional. El hecho adi-cional de que un gran jurado posteriormente se había ne-gado a acusar al ex-secretario auditor basado en la misma prueba o en prueba similar a aquélla que sirvió de base a la asamblea municipal para su actuación, no es evidentemente motivo suficiente para una revocación.

La sentencia apelada, debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Tra-vieso no intervinieron.


text:
    Juan Vázquez Lugo, demandante y apelado, v. Heraclio Girón, demandado y apelante.
    Núm. 6803.

    Sometido: Enero 21, 1936.

      Resuelto: Noviembre 10, 1936.

      Leopoldo Tonnes García y C. Coll Cuchí, abogados del apelante; Emsto Arjonm Siaca, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La firma de Pietri & Cía. se dedicaba al cultivo de frutas, y para los fines de este caso podría decirse que tenía por especialidad el cultivo de chinas. Una de las cuestiones fundamentales en el caso surge con respecto a la cosecha de 1930. El demandante Vázquez, admitiendo que el demandado Girón era la única persona que traficaba con Pietri & Cía. en la compraventa de sus frutas durante el curso de dicho año, alegó e introdujo evidencia para probar que Girón había convenido en dividir sus ganancias en las frutas con el referido Vázquez y con Tiburcio Llorens, ac-tuando de común acuerdo. Vázquez y Llorens eran socios, y habían acordado dividir el 50 por ciento de las utilidades que recibieran de Girón. Vázquez también alegó y ofreció prueba tendente a demostrar que Llorens cedió y traspasó su 25 por ciento a Vázquez. Girón contestó y suscitó va-rias defensas. El caso fué a juicio y la corte de Distrito de Ponce lo decidió a favor de Vázquez por el importe total solicitado, y dictó sentencia de conformidad.

Para nosotros, una de las cuestiones principales plan-teadas fué si Vázquez tuvo en alguna ocasión transacciones directas con Pietri & Cía. Él dijo que sí las tuvo, y la prueba tendió fuertemente a demostrar que él y sus hijos, tanto durante 1930 como antes, fueron a la finca de los Pietri, empacaron las frutas y las pusieron en condiciones de presentarlas al mercado. Dos testigos del demandado, que estaban conectados con la firma de Pietri & Cía., decla-raron que Vázquez no tenía relación alguna con Pietri.

También surgió la cuestión de si Vázquez y Llorens, o alguno 'de ellos, dió causa (consideration) alguna por su participación en los beneficios de la cosecha de 1930. Los testigos del demandante manifestaron que Vázquez y Llo-rens tenían anteriormente el derecho exclusivo de com-prarle a Pietri. Los dos celebraron un contrato con Girón por virtud del cual entregaron a éste todos los derechos (pie tenían para con Pietri. El apelado, sin abandonar ne-cesariamente la teoría de un derecho exclusivo, sostuvo que él y Llorens vendieron a Girón los derechos que tenían. Estamos convencidos de que, ya existiera un derecho ex-clusivo o no, Vázquez y Llorens, y en particular este último, compraban frutas continuamente a Pietri. Girón, así la corte inferior tuvo derecho a creer, acudió quizá a Llorens más bien que a Vázquez, con el propósito de comprarle los derechos que Vázquez y Llorens tenían para con los Pietri. La evidencia tendió5 a probar que los tres celebraron una en-trevista durante la cual quedó consumado el convenio rela-tivo a la división de los beneficios. Somos de opinión de que ora Vázquez o Llorens tuvieran un derecho exclusivo o no, Llorens especialmente tenía un nexo o relación con los Pietri que Girón estaba ansioso de adquirir y que ad-quirió. Por razón de esta entrevista, Llorens y Vázquez cedieron cualquier posibilidad que pudieran haber tenido, para con los Pietri, de adquirir las frutas producidas en 1930. Las partes convinieron entre sí en que Girón pro-bablemente podía obtener mejores condiciones de los Pietri, según se desprende de la prueba. La corte inferior tenía derecho a creer que Vázquez y Llorens conjuntamente cele-braron un contrato con Girón sobre la división de los be-neficios en parte de la cosecha cultivada por los Pietri en 1930. La prueba del demandante fué clara al efecto de que después que Girón tomó posesión, los dos hijos de Vázquez continuaron tomando parte en el empaque si es que no lo hicieron todo.

Se atacó muy seriamente el testimonio de Llorens. En conjunto la corte tenía derecho a considerarlo como un testigo digno de crédito e independiente. No obstante, en un juicio celebrado unos días antes al de este caso, Llorens declaró que nunca había cedido o convenido en ceder su parte en las ganancias a Vázquez. En el presente caso declaró lo contrario, manifestó que había cometido un error en el juicio anterior y que Vázquez le había convencido de que se había hecho la cesión. Prestó otro testimonio que tendía a sostener el caso del demandante, y el apelante insiste en que él no merecía que se le creyera. Ésta era cuestión que incumbía a la corte inferior y no estamos convencidos de que ella debió haber descartado el testimonio de Llorens.

La principal objeción a la conclusión de la corte con respecto a los beneficios recibidos por el demandado en la venta de las chinas, que ascendían a $3,078.72 fué que en vez de ofrecer evidencia de los verdaderos adquirentes de dichas frutas para probar el precio efectivamente obtenido, la corte descansó en el testimonio del hijo del demandante en tomo al precio a que las cMnas fueron vendidas al de-mandado y también se basó en el testimonio de este mismo hijo como perito respecto al precio probable obtenido en el mercado del promedio de los precios a qne se vendían las chinas para aquel entonces. La corte estuvo justificada en creer que las ganancias pudieron ascender a más de $1,000, juzgando por el testimonio del mismo demandado y por la carta escrita que éste trató de explicar. Podemos decir que la objeción principal es la falta de fundamento para demostrar la imposibilidad que bubo para presentar la mejor evidencia. Hubo otra prueba que sostuvo la con-clusión de la corte, y el demandado dejó de atacar la cuan-tía de las ganancias presentando las facturas, como fácil-mente pudo haberlo hecho. Creemos además que la evi-dencia admitida no fué perjudicial.

Consideraremos el importe de los daños y perjuicios concedidos por la corte. Una nota escrita por Girón al dorso de un sobre indicaba que la suma adeudada a Vázquez podía ser arreglada por $1,000. En la silla testifical, al referirse Girón a estos $1,000, mientras sugería que la cuantía quizá podía ser poco menos, admitió que tal vez podía ser un poco más.

El hijo de Vázquez ocupó la silla de los testigos. Su de-claración tendió a demostrar que cierto número de cajas de chinas fué despachado y que las utilidades procedentes de las mismas ascendían a más de $3,000. Atribuye a Girón el origen de ciertos documentos que demuestran este resul-tado. He ello se desprendería que en lo que a Girón y Llo-rens concernía, la participación de éste ascendía a 1,500 ó más.

Algo de esto no es tan claro como podría serlo, pero de los autos aparecía lo suficiente para justificar a la corte lle-gar a la conclusión de que el importe de las utilidades adeu-dadas a Vázquez con motivo de los arreglos hechos con Llorens y por este último con Girón era $1,539.36.

Las anteriores consideraciones resuelven directa o indi-rectamente todos los señalamientos de error y la sentencia debe ser confirmada.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Tra-vieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila,

text:
    José López Fernández, promovente y apelado, v. Venancio Flores Irizarry, opositor y apelante.
    Núm. 7269.

    Sometido: Mayo 25, 3936.

      Resuelto: Noviembre 12, 1936.

      Rafael Saliva y M. Benitos Flores, abogados del apelante; J. Ale-mañy Sosa, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es éste un caso de información de dominio que fue declarado con lugar por la Corte de Distrito de Mayagüez. El opositor, no conforme con esta decisión, interpuso el presente recurso de apelación. Se solicita su desestimación, entre otras razones, por motivos de frivolidad. El opositor no compareció a la vista del juicio en la corte inferior, ni aportó evidencia alguna para sostener su oposición. La vista de esta causa fue señalada para el día primero de mayo de 1935. El abogado del opositor solicitó su suspensión ba-sándose en el hecho de no haber tenido tiempo para hacer nn estudio de la cansa, de la cual se había hecho cargo re-cientemente. La corte transfirió la vista para el día 6 del mismo mes. El día 2 el opositor, Venancio Flores Irizarry, presentó una moción a la corte que dice así:-

‘'“Señalada la vista en este caso para el día 2 de mayo de 1935 .•a las 9 :00 A. M. concedió su representación el Ledo. Enrique Báez ■García quien procedió a preparar la prueba y dirigió varias cartas a determinadas personas para comparecer a la vista el día 2 de mayo .de 1935.
“Que en la tarde de ayer 1 de mayo fué informado por su abo-gado Ledo. Enrique Báez García de lo siguiente:
“Que encontrándose el Ledo. Enrique Báez García en la Corte de Distrito fué llamado el caso para la vista, que él manifestó que tenía información que el caso estaba señalado para el día 2 y para ese día estaba preparado.
“Que la IIon. Corte resolvió señalar el caso para el próximo lunes '8 de mayo de 1935 a las 9 :00 A. M. debiendo el opositor hacer efec-tivo el pago de $25 de costas para poder efectuarse la vista del caso.
“Que el Ledo. Enrique Báez García me ha comunicado que des-pués de este incidente él no continuará con la representación del -caso.
“Que este opositor de buena'fe ha procedido y está procediendo ■en su oposición y bajo esa misma buena fe comunicó a su abogado la .fecha del señalamiento.
“Por todas estas razones, el opositor solicita de esta Hon. -Corte se sirva eximirle de los $25 fijados por-'la Corte y posponer la vista ■de este caso para el día 6 del cte. mayo que está fijada, para otra fecha posterior después del 20 dei cursante mesi a fin de que el opo-sitor tenga tiempo suficiente para contratar los servicios de un abo-gado 'ele San Juan y que éste tenga tiempo ele estudiar el caso y pre-pararse para el juicio.”

Resolviendo esta moción, que no aparece jurada, la corte .se negó a acceder a la nueva solicitud de suspensión por no :surgir de la demanda de oposición alegación alguna de la cual se infiera que el opositor tuviese mejor derecho a la [propiedad objeto de la información de dominio o que exis-tiese alguna razón meritoria para oponerse a dicha informa-ción.

Como hemos visto, el demandado no compareció el. día de la vista para sostener su oposición. Alega el apelante que-tenía información de que el caso había sido señalado para el día 2 de mayo y que estaba preparado para ese día. La causa fué señalada en el calendario ordinario de la corte inferior, y el apelante fué debidamente notificado de que la vista debía celebrarse el día Io. de mayo. La corte inferior,, no obstante, transfirió la vista de la causa para una fecha posterior, dándole cinco días al apelante para prepararse. El abogado Enrique Báez García no hizo saber a la corte que hubiese renunciado la representación del apelante. La única prueba que obra en autos consiste en la moción pre-sentada por el opositor, donde afirma que recibió esa infor-mación, sin respaldarla con su juramento. La última moción de suspensión fué denegada el día 6 de mayo. El apelante sabía que esta moción podía ser denegada y desde el día 2 de mayo en que, según alega, su abogado se negó a seguir-representándolo, hasta el día 6 del mismo mes, transcurrie-ron cuatro días, tiempo bastante para contratar los servicios-de otro abogado sin aguardar a que la corte resolviera su moción. No se explican las razones que tuvo el opositor para anunciar que buscaría un abogado en San Juan, pres-cindiendo de los abogados residentes en Mayagüez. La ac-titud del demandado tiende a demostrar que la parte ape-lada tiene razón cuando afirma que estas mociones se pre-sentaron con el solo objeto de entorpecer y demorar la reso-lución de la información de dominio.

La corte, en el ejercicio de sus facultades discrecionales,, denegó la suspensión solicitada, y, siendo ésta una cuestión que descansa en la sana discreción del tribunal, esta corte no se siente autorizada para intervenir, porque no se nos ha convencido de que en el presente caso se haya abusado de ésa discreción. Puig v. Soto, 18 D.P.R. 132, Martínez v. Méndez, 33 D.P.R. 13.

Aparte de las razones expuestas por el tribunal a quo, para denegar la suspensión, entendemos que el recurso interpuesto es completamente frívolo porque la prueba aportada por el promovente es bastante para justificar la información de dominio decretada a su favor, y el apelante- no compareció a juicio ni aportó prueba alguna para sostener su oposición.

Debe desestimarse la apelación.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Seño®, Tkavieso,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Charles E. Lawton, acusado y apelante.
    Núm. 6000.

    Sometido: Junio 4, 1936.

      Resuelto: Noviembre 13, 1936.

      F. Soto Gras y R. Díaz Collazo, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal y Litis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, ape-lado.
   El Juez Asociado Seño®, Tkavieso,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal Especial General formuló denuncia, en la que alega que en uno de los días del mes de septiembre de 1931, mientras ocupaba el cargo de Director General del Banco Comercial de Puerto Rico, el acusado tomó a préstamo de los fondos del mencionado Banco la suma de $850, sin la aprobación de la mayoría absoluta de los directores de dicha institución bancariá, sin la aprobación de la Comisión de Hacienda, y sin la aprobación de la comisión nombrada por dicho banco para la consideración y autorización de présta-mos. Se alega que los hechos denunciados constituyen un delito de' infracción a la sección 15 (.inciso 4) de la Ley núm. 18 de 1923, ((2) pág. 83), enmendada por la Ley núm. 68 de 1925 (pág*. 353), que lee así:

“Ningún director, oficial, empleado o- agente de un banco o banco extranjero, podrá vender o descontar obligación alguna a tal banco ■o tomar un préstamo en dicho banco o banco extranjero, sin la apro-bación de la mayoría absoluta de sus directores, o de la comisión de hacienda o cualquier otra comisión regularmente nombrada para la consideración y autorización de préstamos. Cualquier persona que intencionalmente infrinja las prescripciones de esta disposición, será culpable de delito menos grave y será castigada con una multa igual por lo menos a dos veces la cantidad que hubiere tomado, o con pilsión por un período que no exceda de dos años; y el oficial, agente o empleado del banco o banco extranjero que hiciere el préstamo será culpable de delito menos grave (misdemeanor) y será castigado con multa igual a dos veces la cantidad que se hubiere prestado y con prisión por un período que no exceda de dos años.”

Habiendo sido sentenciado al pago de una multa de $1,700, y en su defecto a un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer, sin que la prisión pueda exceder de noventa días, el acusado apeló.

Nueve son los errores señalados y discutidos en el ale-gato del apelante. Los cinco primeros y el séptimo están re-lacionados con la admisión de la evidencia; y el sexto se re-fiere a la negativa de la corte a ordenar la absolución peren-toria del acusado.

El único testigo de cargo fuá el Sr. Juan Diez de Andino, quien declaró:

Que en la fecha a que se contrae la acusación el decla-rante ocupaba el cargo de Subgerente del Banco Comercial, del que era Director Gerente el acusado; que el 10 de sep-tiembre de 1931, el acusado, en su carácter oficial, le ordenó expedir una carta de crédito por $850 a favor de su bija Eleonor Lawton; que el declarante expidió la carta de cré-dito, la entregó al acusado y éste a su bija; que el 16 del mismo mes la señorita Lawton cobró $50 en el Cbase National Bank, en New York, con cargo a dicba carta de cré-dito, siendo pagados los $800 restantes, a la misma Srta. Lawton, por el mismo banco el 24 de septiembre, 1931; que cuando llegaron los avisos de baber sido pagado el montante de la carta de crédito, el declarante requirió- al acusado para que le entregase los $850 para entregarlos al Cbase National Bank y que el acusado le ordenó entonces que los cargara a su cuenta en “partidas en suspenso”, lo que llevó a efecto el declarante, cargando $850 a la cuenta del acusado, en “partidas en suspenso”, y abonando igual suma a la cuenta del Chase National Bank con el Banco Comercial; que la frase “partida en suspenso” quiere decir que la cantidad prestada está en suspenso, que queda pendiente; que como el declarante no recibió los $850 en efectivo, tuvo que car-garlos, según las instrucciones del acusado, a su cuenta de “partidas en suspenso.”

Repreguntado por la defensa, dijo: Que la que expidió' el declarante al acusado era una carta de crédito en blanco, de las que usaba el Banco Comercial, que tenía en fideico-miso; que esas cartas de crédito procedían del Cbase National Bank en Puerto Rico, con un límite de basta cinco mil dólares, y eran sencillamente una orden de pago del Banco Comercial al Cbase National Bank, que era el que tenía que hacer el pago; que esas 'cartas de crédito no se devolvían al Comercial y quedaban archivadas en el Cbase después de cumplida la orden de pago, y que la carta de crédito ex-pedida en este caso está allá en los files del Cbase; que la solicitud del acusado para que se le expidiera la carta de crédito fué hecha verbalmente; que el declarante no obtuvo el consentimiento de ninguna otra persona para expedir la carta de crédito; que el declarante expidió la carta de crédito e hizo constar su expedición en el libro que se lleva en el banco con ese fin; y que el acusado tuvo otras operaciones de crédito con el mismo Banco, las que.se anotaron también como partidas en suspenso.

El acusado alegó como defensa que el préstamo había sido autorizado por el voto de una mayoría de los miembros del Comité de Hacienda del banco, y para establecer esa defensa ofreció como prueba un affidavit suscrito por los señores W. Kórber, M. Camblor, E. Adsuar y J. León, quie-nes hacían constar que en septiembre 10, 1931, el acusado solicitó autorización del Comité Ejecutivo para la expedición de una carta de crédito por $850, y que los declarantes, como miembros de dicho Comité Ejecutivo, autorizaron debida-mente la operación. Y habiendo sido rechazado el citado affidavit, el acusado presentó entonces como testigo de de-fensa al Sr. William Korber, quien declaró:

Que era Vicepresidente del Banco Comercial y miembro del Comité Ejecutivo; que dicho comité se reunió el 10 de sep-tiembre de 1931, estando presentes el acusado, el Sr. Camblor, el Sr. Adsuar, el Sr. León y el declarante; que el acusado so-licitó la carta de crédito en cuestión, y que el comité le dijo que sí, que estaba autorizado para coger esa carta, como lo había hecho en años anteriores; que en otros años había solicitado cartas similares para su hija; (repreguntado por el fiscal) que el Comité Ejecutivo tenía un libro donde se hacían constar todos sus acuerdos; que se levantó un acta de la sesión de septiembre 10, 1931, y en ella se hicieron constar todos los acuerdos tomados, menos el referente a la carta de crédito en cuestión.

Al terminar de declarar el testigo William Kórber, el fiscal y el abogado defensor estipularon que los señores Ad-suar, Camblor y León, quienes en union del Sr. Kórber constituían una mayoría de los miembros del Comité Eje-eutivo del banco, si fueran llamados a declarar lo liarían en los mismos términos en que lo había hecho el Sr. Korber.

El estudio detenido de la evidencia presentada por el fiscal, para sostener la acusación, nos lleva a la conclusión de que el tribunal inferior erró al negarse a decretar la ab-solución perentoria del acusado. No bastaba que el fiscal probase el hecho de la contratación del préstamo. Era ne-cesario además que probase, como elemento esencial del de-lito, que el acusado había tomado la suma de $850, en cali-dad de préstamo, y sin el consentimiento de una mayoría de los directores o funcionarios del banco facultados para considerar y autorizar préstamos. El hecho de que en los libros de actas del Banco no apareciera una constancia de haberse aprobado el préstamo al acusado, no es por sí solo suficiente para establecer la falta de autorización. Además >de la insuficiencia apuntada, el acusado probó con el testi-monio de una mayoría de miembros del Comité Ejecutivo del. banco que ellos habían aprobado el préstamo, como lo habían hecho en años anteriores. Esas declaraciones no fueron impugnadas o contradichas y la corte inferior debió ■darles crédito.

No estamos convencidos de que el acusado haya cometido ■el delito que se le imputa y somos de opinión que la senten-cia recurrida debe ser revocada y ábsuelto el <acusado.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Cordova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Seño®. Travieso,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Justino Santana, acusado y apelante.
    Núm 6238.

    Sometido: Noviembre 13, 1936.

      Resuelto: Noviembre 16, 1936.

      Anionio L. López, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal AuxiUar., abogados de El' Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Seño®. Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

Justino Santana, alias “El Niño”, fué acusado del de-lito de portar sobre su persona un revólver, en contraven-ción de lo dispuesto en la Sección 1* de la Ley Prohibiendo' Portar Armas (Ley núm. 14 de 1924, pág. 115); y habiendo' sido declarado culpable y condenado a la pena de un mes-de cárcel, apeló.

Como único fundamento para la revocación que solicita, alega el apelante que al apreciar la prueba la corte senten-ciadora actuó con prejuicio, pasión y parcialidad. Exami-nemos la prueba.

El Policía Insular Justo Pérez Eeyes, único testigopresentado por el fiscal declaró:

Que en la noche de autos el declarante estaba de servi-cio en Caguas y al acercarse, al sitio de la Placita vio al acusado que salía de la calle hacia la carretera, trayendo un revólver en la mano, y que al enfrentare con el decla-rante, al llegar debajo del foco donde está una bombilla, se introdujo el revólver en el seno; y que entonces el declarante-lo arrestó y le ocupó el revólver, el que era marca “Smith”, calibre 38 y estaba cargado.

Y al ser repreguntado por la defensa, manifestó: que no es cierto que el acusado le entregara el revólver volunta-riamente, ni tampoco que el acusado le dijera: “Tenga señor Policía este revólver que acaba de soltar uno que va co-rriendo allí, que ba tenido una reyerta con otro.”

La defensa ofreció las G declaraciones de tres testigos y la del propio acusado, todas las cuales pueden resumirse así:

Que frente al almacén de la Caguas Sugar Company ocu-rrió un revolú o altercado' entre varias personas, quienes al ver venir al policía Justo Pérez Reyes echaron a correr, ca-yéndosele a uno de ellos un revólver; que el acusado, quien venía en ese momento, recogió el revólver del suelo y se lo entregó al policía, diciéndole: “Mira, Justo, este revólver es de ése que va ahí”; que no vieron en ningún momento al acusado meterse el revólver en el seno; que el policía le dijo al acusado: “Sigue por ahí”, y se lo llevó a la cárcel; y que entonces ellos, los testigos, le dijeron al acusado: “Sí, sigue, tu eres inocente en este caso; sigue, no te armes, sigue que nosotros te servimos de testigos”; y que no sabían a quién pertenecía el revólver.

Es indudable que existe ún conflicto entre la prueba del Pueblo y la de la defensa. La corte dirimió el conflicto, dando crédito a la declaración del testigo de cargo. El ape-lante'arguye que la corte debió decidirlo en favor de la parte que presentó el mayor número de testigos, o sea en favor del acusado.

La corte tiene una sola restricción en su facultad de pesar la prueba y apreciar la credibilidad de los testigos, y es la de que no puede declarar a un acusado culpable, si no está convencida de su culpabilidad fuera de toda duda ra-zonable. No es el número mayor o menor de testigos un factor en la decisión que deba rendir el juzgador. El tes-timonio de un solo testigo, a quien la corte dé crédito, es suficiente para destruir el testimonio de varios testigos, a quienes la corte no considere dignos de ese crédito. No puede ni debe el tribunal de apelación revisar la decisión de la corte sentenciadora, que ha tenido la oportunidad de ver y oír declarar a los testigos 'y de juzgar sobre su credibi-lidad, a menos que de los autos apareciere un error mani-fiesto o algún hecho tendiente a demostrar que el juez sen-tenciador actuó movido por la pasión o por algún prejuicio o parcialidad en contra del acusado.

La declaración del policía es suficiente para justificar la decisión de la corte, y no podemos considerar como un error el que la corte le diese entero crédito.

No se ha llamado nuestra atención hacia hecho alguno revelador de la pasión o del prejuicio o de la parcialidad que se imputan al juez sentenciador.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    J. M. Blanco, Inc., demandante y apelada, v. Comisión de Suministros del Gobierno Insular, demandada y apelante.
    Núm. 6977.

    Sometido: Abril 8, 1936.

      Resuelto: Noviembre 16, 1936.

      Son. Procurador General B. Fernández García {Benjamin J. Horton en el alegato) y Tomás Torres Pérez, Subprocurador, abogados de la apelante; James B. Bev&rley y Gabriel de la Haba, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación demandante, acogiéndose a la Ley Uni-forme de Sentencias y Decretos Declaratorios, solicita la determinación de ciertas divergencias surgidas en un con-trato llevado a cabo con la demandada para suplir ciertos artículos destinados al Gobierno Insular.

Éste es un caso en que la transcripción de evidencia no ha sido elevada a este tribunal. Únicamente obra en autos el legajo de la sentencia y los alegatos de las partes. En la relación del caso la corte inferior establece sus conclusiones de hecho y de derecho. En cuanto a las conclusiones de hecho debemos presumir que han sido formuladas por la corte inferior ajustándose a la prueba practicada. Basados en esas conclusiones emitirémos nuestro juicio acerca de las cuestiones planteadas.

En 5 de mayo de 1933, la Comisión de Suministros del Gobierno Insular, a través del Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, celebró la subasta número 130 para el suministro de artículos de farmacia y laboratorio a la que concurrió como postor la corporación J. M. Blanco, Inc., adjudicándosele entre otros artículos las partidas números 466, 664, 666 y 668, que aparecen en el pliego de condiciones de la subasta número 130 que en unión de otros documentos presentados como prueba y admitidos por la corte forman el contrato entre la demandante y la demandada. En el referido pliego de condiciones están encasillados por numeración correlativa todos los productos objeto de la subasta, la cantidad por unidad, el consumo probable por unidad y el precio neto por unidad. El consumo probable por unidad de las mencionadas partidas adjudicadas a la demandante era de 24 kilos de sulfato de quinina respecto de la partida 466, 23 cajas de ampollas de biclhoridrato de quinina en cuanto a la partida número 664, 5 cajas de ampollas de biclhoridrato de quinina en cuanto a la partida número 666, y 5 cajas de ampollas de biclhoridrato de quinina en cuanto a la partida número 668.

Entre las condiciones generales del pliego de condiciones figura una bajo el número 13, que dice así:

“Como no es posible determinar las cantidades exactas que de las diferentes clases de artículos descritos en esta subasta lia de necesitar el Gobierno Insular durante el período del contrato, todo licitador, cuya oferta sea aceptada, estará obligado a servir los artículos que le sean adjudicados, en tales cantidades como puedan necesitarse du-rante el período del contrato. Las órdenes por estos artículos se ex-pedirán a medida que se vayan necesitando los mismos. Las canti-dades que aparecen en la columna ‘Consumo Probable’, se dan sim-plemente como información, y no relevarán al Negociado de Mate-riales, Imprenta y Transporte, de la obligación a ordenar de los con-tratistas todos aquellos artículos que a juicio de los diferentes fun-cionarios del Gobierno Insular puedan necesitar las instituciones y oficinas a su cargo, y en ningún caso relevarán al contratista de dar cumplimentacíón a todas aquellas órdenes que a su favor se expi-dieren solicitando artículos-.que le fueren adjudicados. No se consi-derará oferta alguna en que se imponga la condición de que el Go-bierno Insular baya de tomar una cantidad determinada de uno, o más, de los artículos subastados.”

El referido contrato para el suministro de los materiales subastados por la demandante era por término de seis meses, a partir del Io. de julio de¡ 1933, y terminando, por tanto, el 31 de diciembre de .1933. Transcurridos unos tres meses del contrato, el Negociado de Materiales, Imprenta y Trans-porte sólo babía pedido a la demandante la entrega de más o menos 15% kilos de sulfato de quinina de la partida nú-mero 466 y aproximadamente 15 cajas de ampolletas de biclboridrato de quinina de la partida número 664, y a la fecba de la demanda, 8 de diciembre de 1933, ya se habían pedido a la demandante 75 kilos de sulfato de quinina de la partida número 466, 37 cajas de ampolletas de la partida 664 y 8 cajas de ampolletas de la partida número 668.

En 28 de septiembre de 1933 la demandada, a través del Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, pasó una orden a la demandante para que despachara 175 kilos de sul-fato de quinina de la partida número 466 y nuevamente, en octubre 23 de 1933, la demandada, a través del referido Ne-gociado, pasó otra orden a la demandante para que con cargo a su contrato despachara 927 lálos de sulfato de qui-nina de la partida número 466, 7,500 ampolletas de la par-tida 664, 5,000 ampolletas de la partida número 666 y 5,000 ampolletas de la partida número 668.

El total del sulfato de quinina pedido por la demandada a la demandante con cargo a la partida número- 466 en las dos órdenes anteriores ascendía a 1,102 Hlos, cuando la de-mandante Rabia servido ya con cargo a su contrato y de la partida referida 75 kilos de sulfato de quinina o sea más de tres veces el consumo probable estimado en la columna del pliego general de condiciones de la subasta, y una can-tidad de ampolletas que fluctúa entre tres y diez veces más que lo que fué estipulado en la columna de consumo probable del pliego general de condiciones de su subasta.

La demandante se negó a bacer las entregas requeridas en las órdenes de septiembre 28 y octubre 23 de 1933, ale-gando que las cantidades pedidas por el Negociado de Ma-teriales, Imprenta y Transporte estaban fuera d:e lo razo-nable y de lo que las partes tuvieron en mente al otorgarse el contrato como el consumo probable de los diferentes de-partamentos del G-obierno Insular por el semestre de julio Io. a diciembre 31 de 1933, y por alegar la demandante que los pedidos no eran para el Gobierno Insular o sus distintos departamentos sino para una entidad denominada Puerto Rican Emergency Relief Administration, que es parte del Gobierno Federal y a la cual no estaba obligada a servir la demandante.

La evidencia demuestra claramente, por las órdenes o pedidos de la demandada, que el despacho de las órdenes de septiembre 28 y octubre 23 de 1933 era para la Puerto Rican Emergency Relief Administration, ya que todos y cada uno de dichos pedidos estaban autorizados por su ad-ministrador Mr. James R. Bourne, con cargo a los fondos de dicha administración y para ser entragados al Negociado de Malaria del Departamento de Sanidad Insular.

A la exposición de hechos que antecede, que hemos co-piado de la relación del caso de la corte inferior, debemos añadir que la demandante alega que “a no ser por los fondos aportados por el Gobierno Federal para ayuda de Emergen-cia en Puerto Rico, parte de los cuales se destinaron por el Administrador Federal para la adquisición de drogas y productos químicos, el consumo aproximado o probable del Gobierno Insular no hubiera sobrepasado de las cantidades fijadas en el contrato o de haber sobrepasado no hubiera sido en cantidad mayor de la entregada por la demandante de las partidas números 466, 664, 666 y 668 del contrato.”

La corte inferior, luego de sostener que el contrato que ha suscitado esta controversia carece de mutualidad y que la demandante no estaba obligada a suplir los pedidos que se le hicieron, por ser excesivos, se expresa así, ratificando su conclusión, de que tales pedidos eran destinados a la Puerto Rico Emergency Relief Administration:

“Hemos estudiado con detenimiento la legislación federal a vir-tud de la cual funciona la Puerto Rican Emergency Relief Administration y oído el testimonio de su Administrador en Puerto Rico Mr. James R. Bourne, así como del Ingeniero Sr. Eduardo E. Sal-daña, y llegamos a la conclusión de que la Puerto Rican Emergency Relief Administration es una agencia federal que funciona en esta Isla bajo los auspicios del Gobierno Federal, con funcionarios fe-derales y con fondos del Gobierno Federal. Demuestra este hecho el que dicha administración, según los testimonios de los Sres. Bourne y Saldaña, no está obligada a adquirir materiales a través del Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte y que a la fecha de la vista había cesado de utilizar los servicios de esta agen-cia insular y tenía su propio departamento de compras y celebraba sus propias subastas, cuando de haber sido y de continuar siendo una agencia, o parte del Gobierno Insular, hubiese tenido por fuerza, y de acuerdo con las prescripciones de la Ley de 13 de marzo de 1907 y de las Resolucions Conjuntas número 14 y 19', de 13 de abril de 1916 y 10 de julio de 1923, que continuar adquiriendo los efectos y materiales por mediación de las agencias del Gobierno Insular, denominadas Comisión de Suministros y Negociado de Ma-teriales, Imprenta y Transporte.
“La asignación de cantidades por el Gobierno Federal a El Pueblo de Puerto Rico de los fondos federales de la Administración de Auxilio de Emergencia, y utilizadas por la Puerto Rican Emergency Relief Administration, no implica una donación o cesión ab-soluta de dichas cantidades a El Pueblo de Puerto Rifto y así quedó comprobado con el testimonio de Luis E. Morales, jefe interino de la división de cuentas de la Auditoría de Puerto Rico, quien declaró que el dinero recibido se mantenía en un fondo especial o ‘trust fund’, conocido con el nombre de ‘Puerto Rico Emergency Relief Fund’, del cual era custodio don Manuel Y. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, por nombramiento de la ‘Reconstruction Finance Corporation’, y cuyo dinero nunca se ha mezclado con fondos insulares, siendo su solo administrador, como antes se ha expresado, el Sr. James R. Bourne, sin cuya orden no podía hacerse desembolso al-guno. El administrador no es responsable de sus actos al 'Gober-nador de Puerto Rico, ni a ninguna otra autoridad insular, y su nom-bramiento se origina de la Federal Emergency Belief Act, de 1933. Y el hecho dd que esos fondos se remitan a solicitud del Gobernador y que en parte se apliquen, mediante requisiciones del Comisionado de .Sanidad Insular, aprobadas por el Administrador Federal de Auxilio de Emergencia, en la compra de medicinas para la cam-paña contra la malaria, considerada dicha campaña como auxilio de emergencia, no convierte estos fondos federales, así utilizados para fines que compete al Comisionado de Sanidad Insular perse-guir, en fondos insulares.
“En la opinión de este Tribunal, el Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte al cursar sus órdenes de 28 de’ septiembre y 23 de octubre para que la demandante suministrase determinadas cantidades de los artículos subastados en las partidas números 466, 664, 666 y 668, estaba ordenando artículos para la Puerto Rican Emergency Relief Administration, agencia federal que no es parte del Gobierno Insular ni de ninguna de sus oficinas o departamentos dentro de las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y muy especialmente dentro de la contenida en la propia cláusula número 13 que forma parte de las condic'ones generales de dicho pliego y del contrato, y que por lo tanto, la demandante estaba en su derecho al negarse a suministrar artículos de los subastados por ella, para uso o consumo de otras entidades que no fueran .el Go-bierno Insular, o sus departamentos, oficinas o dependencias; y que ni la Puerto Rican Emergency Relief Administration podía pretender, ni la demandada podía consentir, en que el contrato de la, demandante se utilizara para obligarle a suplir materiales de los subastados a otras personas fuera de las determinadas en el mismo y de acuerdo con la ley creando la Comisión de Suministros, Reso-lución Conjunta número 14 de 13 de abril de 1916 (pág. 195), tal como fué enmendada por la Resolución Conjunta número 19 de 10 de julio de 1923 (pág. 706).”

Basándose en las conclusiones que anteceden, la corte inferior termina diciendo:

“(o) Que los pedidos de septiembre 28 y octubre 23 de 1933, verificados por el Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, lo eran para la Puerto Rico Emergency Relief Administration, una entidad federal, que no era ni formaba parte del Gobierno Insular, ni de ninguno de sus departamentos, oficinas o dependencias, y por lo tanto la demandante J. M. Blanco, Inc., no estaba obligada a suplir las referidas órdenes con cargo a su contrato de suministro y que dichas órdenes, al pasarse por la demandada a la demandante, sólo constituían una oferta de compra a los precios estipulados en el contrato original entre las partes) susceptible de aceptación o rechazo por la demandante, y que ésta estuvo justificada al negarse a servir dichos dos pedidos.”

Dos son las cuestiones que las partes discuten, desde sus respectivos puntos de vista, sobre la interpretación del con-trato alegado en la demanda. En la primera se alega que ni el Departamento Insular de Sanidad ni la Comisión de Suministro tuvieron en mente un consumo mayor del doble de las cantidades fijadas en el pliego de condiciones, y que la demandante no pudo prever que dicho consumo alcanzara una cifra mayor de dos veces la cantidad estimada como consumo, tanto por el Departamento de Sanidad como por la Comisión de Suministro Insular. Por estas razones se arguye que la demandante no está obligada a suplir los ar-tículos que se le pidieron. En segundo lugar se alega que nunca las partes pudieron tener en mente o prever que la demandante tendría que entregar cantidades exorbitantes o crecidas de los productos o artículos adjudicados a ella para alguna persona o entidad extraña, ni para el Gobierno Federal, dentro de los precios y condiciones estipulados en el referido contrato. Se añade que a no ser por los fondos destinados por el Administrador General para la adquisición de drogas y productos químicos, el consumo aproximado o probable del Gobierno Insular no hubiera sobrepasado las cantidades fijadas en el contrato. De manera que la cuestión fundamental que en realidad se disente es si la demandante «estuvo obligada o no a suplir los artículos solicitados para una entidad extraña al Gobierno Insular y pagados con fon-dos de dieba entidad. No impone el contrato la obligación que se pretende exigir de la demandante. Así lo entendió el tribunal que oyó y apreció la prueba, al sostener la actua-«ción de la demandante apelada al negarse a servir los re-feridos artículos. Si como dice diebo tribunal el dinero utilizado no fué donado al Gobierno Insular, si el referido dinero se mantenía en un fondo especial conocido con el uombre de “Porto Pico Emergency Relief Fund”, del cual «era custodio don Manuel Y. Domenecb, Tesorero de Puerto .Rico, por nombramiento de la Reconstruction Finance Corporation, si ese dinero nunca se mezcló con los fondos in-sulares, siendo su solo administrador el Sr. James R. Bourne, sin cuya orden no podía hacerse desembolso alguno, es claro y evidente que el dinero referido nunca pasó a ser propiedad del Gobierno Insular, y que por lo tanto la «demandante, en caso de que hubiese estado obligada a suplir dichos artículos, de acuerdo con el contrato, al Gobierno de Puerto Rico no podría estarlo para cumplir las órdenes de ninguna otra en-tidad.

Dehe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Cókdova Dávila,

text:
    Rogelio de León, demandante y apelado, v. Delfina Rivera, demandada y apelante.
    Núm. 7377.

    Sometido: Noviembre 16, 1936.

      Resuelto: Noviembre 18, 1936.

      B. Ramírez Pabdn, abogado de la apelante; Silvestre Cruz Disdier,.. abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Cókdova Dávila,

emitió la opinión: tribunal.

Delfina Rivera suscribió quince pagarés a favor de Rogelio de León, quien ejercita la presente acción en cobro de-un número de esos pagarés que no ban sido satisfechos.

En el becbo tercero de la demanda se alega que se acom-pañan estos pagarés a la referida demanda, y en el hecho-cuarto se ratifica esta alegación cuando se dice que dichos-pagarés vencidos, y firmados por la demandada a favor del. demandante, “se unen a esta demanda y forman parte de-la misma.”

La demandada, luego de anotada su rebeldía y de dictarse-sentencia en su contra, interpuso el presente recurso de-apelación. El demandante apelado solicita su desestima-ción, entre otras razones, por considerarlo frívolo.

La demandada apelante, para demostrar que el aludido recurso no es frívolo, afirma que la corte a quo erré al declarar con lugar la demanda, y condenar a la apelante a pagar al apelado las cantidades que se expresan en la sentencia, porque dicha demanda no aduce hechos suficientespara determinar una causa de acción, ya que en la- misma na se alega que los pagarés a que se refiere hayan sido entregados al apelado, o cuando menos que éste se encuentre en posesión de los mismos.

Sostiene la parte apelante qne en el caso de Schlüter & Co. v. Gonzales, 34 D.P.R. 303, esta, corte resolvió qne en el cobro de pagarés es necesario aleg’ar, además de baber sido suscritos, la entrega de los mismos, o cuando menos la posesión de ellos por el demandante. En la decisión citada se dice además que si el demandante hubiese alegado que era el tenedor de los documentos, la alegación de la entrega no hubiese sido indispensable porque la ley presupone la entrega en esos casos, a menos que se pueda destruir tal presunción.

Es verdad que el demandante no alega de una manera específica que esté en posesión de los . pagarés, pero dice y repite que une los mismos a la demanda, haciéndolos for-mar parte de la misma. Esta alegación demuestra clara-mente que los referidos documentos estaban en su posesión cuando los acompañó con la demanda y los hizo formar parte integrante de sus alegaciones.

El recurso interpuesto es, a nuestro juicio, frivolo, y debe ser desestimado.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    Miguel J. Arzuaga, demandante y apelante, v. Francisco Amador, demandado y apelado.
    No. 7146.

    Sometido: Marzo 19, 1936.

      Resuelto: Noviembre 18, 1936.

      ■González Fagundo <& González, Jr., abogados del apelante; Angel Fernández Sánchez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante alega baber estado en la posesión de ■cierto solar durante el año precedente a la presentación de su demanda y que fué despojado de la posesión de parte del mismo por el demandado. Este último niega que haya en momento alguno desposeído al demandante del solar o parte del solar descrito en la demanda. Después que la •corte había denegado la moción del demandante para que se •dictara sentencia sobre las alegaciones, el caso fué a juicio. La demanda fué declarada sin lugar.

El apelante señala nueve errores.

El primer error se refiere a la negativa de la corte .a dictar sentencia sobre las alegaciones. Hemos examinado la demanda y la contestación y encontramos que en realidad el demandado ha incluido en su contestación algunas alegaciones innecesarias y quizá irrelevantes. El demandante insiste en que el demandado ha dejado de negar especificadmente las alegaciones de la demanda, como lo requiere el artículo 110 del Código de Enjuiciamiento Civil, Edición de 1933, que no se ha planteado controversia (issue) alguna y •que la demanda queda admitida. Resolvemos que el segundo párrafo de la contestación pone en controversia la cuestión del alegado desposeimiento. El demandado niega •específicamente que él haya despojado al demandante de la posesión del solar o de parte alguna del mismo. Esto de por sí sería suficiente para justificar la orden de la corte. Pero hay más, ya que si examinamos el segundo párrafo de la demanda e intentamos localizar la parcela de tierra allí descrita dentro del solar descrito en el primer párrafo de la misma demanda, encontramos que es imposible hacerlo. Eso tendería a hacer la demanda defectuosa en el sentido de que no describe propiamente el terreno en controversia. Sobre la moción que se discute la corte pudo, por lo tanto, haber dictado sentencia contra el demandante, pero desde luego le hubiera permitido enmendar. En realidad durante el juicio se intentó aclarar la verdadera o supuesta situación del solar.

El segundo error se basa en la omisión de la corte a emitir una opinión como lo requiere el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil. Hasta el 1925, cuando dicho artículo fue enmendado, la jurisprudencia de esta corte claramente sostenía que las resultancias de hecho eran innecesarias y que aun la falta de emitir una opinión no sería motivo de revocación. Aunque el apelante ha dejado de mostrarnos razón alguna por la cual debemos variar o modificar nuestras decisiones pasadas, él no intentó obtener de la corte inferior la opinión indicada en la sección 227, supra. Además, la corte en el curso del juicio dejó ver su posición en cuanto al peso de la prueba y en cuanto a otras, cuestiones. Puede decirse que la sentencia de la corte equivalía a una resolución sobre una moción de nonsuit luego de haberse presentado toda la evidencia.

Los errores tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo están todos relacionados entre sí y pueden discutirse conjuntamente. La objeción en todos es que no se debe permitir investigación alguna respecto al título del solar en controversia. El apelante quizá esté en lo ciertobajo distintas circunstancias, pero después de examinar la evidencia nuestra conclusión es que dichos errores, si los hubo, no fueron perjudiciales. Recaía sobre el demandante el peso de probar el desposeimiento.

La evidencia es algo confusa y el apelante no nos convence de que él demostró su derecho a un injunction o que el apelado le privara de la posesión. Algunos testigos declararon teniendo diagramas a la vista y sin embargo dichos diagramas no han sido incluidos en el récord, ni el propósito del testimonio claramente indicado.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Tra-vieso, no intervinieron.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.


author: JEn Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Engracia Padilla y Bernardo Padilla, acusados y apelantes.
    Núm. 6029.

    Sometido: Noviembre 5, 1936.

      Resuelto: Noviembre 18, 1936.

      .Bubón & Ochoteco, abogados de los apelantes; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados cte El Pueblo, apelado.
   JEn Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia en este caso leía así:

“Yo, Francisco Miranda García, vecino de Corozal, mayor de ■edad, formulo denuncia contra Engracia Padilla, Bernardo Padilla, José Santiago y Florentino González por delito de Infracción al Artículo 371 vigente, del Código Penal, cometido de la manera si-guiente: Que en 21 de mayo de 1935, y en boras del día, y en el Barrio Palos Blancos del término municipal de Corozal, Puerto Rico, ■del Distrito Judicial Municipal de Toa Alta, que forma parte a su wez del Distrito Judicial de Bayamón, Puerto Rico, los acusados, ^Engracia Padilla, Bernardo Padilla, José Santiago y Florentino González, ilegal, voluntaria y maliciosamente y en contra de la vo-luntad expresa del denunciante, penetraron en su domicilio estable-•cido en una casa ubicada en el Barrio Palos Blancos de Corozal, Puerto Rico, y ya dentro del domicilio del denunciante, dichos acu--sados por sí y conjuntamente, pero dirigidos por Engracia Padilla, xealizaron actos de dominio en dicho domicilio alterándole y lanzán-dole todo el ajuar d'e la casa propiedad del referido denunciante, •fuera de la misma y a la intemperie, procediendo entonces a destruir la casa referida, como la destruyeron, sin que dichos acusados ni ninguno de ellos fueran funcionarios públicos en el cumplimiento ■de sus deberes ejecutando alguna orden de desahucio o lanzamiento dictada por una corte de justicia de Puerto Rico con jurisdicción.
“Hecho contrario a la ley.”

Los apelantes fueron convictos en apelación por la Corte de Distrito de Bayamón y señalan tres errores ante este tribunal. El primero de ellos es que la denuncia es insuficiente porque en efecto deja de seguir las palabras del estatuto. La denuncia dice que los apelantes penetraron en la casa contra la voluntad expresa del denunciante cuando' según ellos debió decir contra la voluntad expresada del de-nunciante.

El artículo 371 del Código Penal en español dispone:

“Toda persona que empleare fuerza o violencia al invadir u ocu-par terrenos u otras propiedades públicas o privadas, o que excitare o ayudare a otra persona para que lo haga, salvo en los casos y em la forma prevenida en la ley, incurrirá en pena que no excederá de-dos años, ni bajará de seis meses de prisión, o multa no mayor de-mil ni menor de quinientos dollars. Toda persona que penetrare eit domicilio ajeno, contra la voluntad expresada del morador, salvo tam-bién los casos y en la forma permitida por la ley, incurrirá en pena, que no bajará de tres meses, ni excederá de seis meses de prisión,, o en multa de doscientos a quinientos dollars.”

La segunda oración de este artículo, en el idioma inglés,, lee así:

“And every person entering in another person’s domicile, against-the express consent of the tenant, except also in the cases and in the-manner provided by law, is punishable by imprisonment not less; than three months nor more than six months or fine not less than, two hundred dollars nor more than five hundred dollars.”

Para los fines de este estatuto no hallamos diferencia, alguna entre las palabras “express” y “expressed” y si se-consideran éstas en el idioma castellano la diferencia es: quizá aún menor. “Expresa” y “expresada” conllevan la misma idea de una expresión anterior por parte del inqui-lino de que el ofensor no penetre en la casa.

No es necesario usar las palabras exactas del estatuto. Pueblo v. Pagán, 49 D.P.R. 441. El caso de El Pueblo v. Pérez y Maldonado, 35 D.P.R. 112, citado por losapelantes, no sostiene nada en contrario.

La versión inglesa y la castellana del artículo 371. difieren. El texto castellano dice “contra la voluntad ex-presada del morador”, mientras que la versión inglesa dice-“against the express consent of the tenant.” Éste fué uir estatuto aprobado en 1906 y de prevalecer el texto inglés. entonces habría una infracción clara, toda vez que la pene-tración no tuvo lugar con el consentimiento expreso del in-quilino.

El segundo señalamiento es que no se imputaba delito alguno contra Engracia Padilla. Aquí la teoría es que el único cargo imputado a Engracia Padilla lo fué que dirigía el grupo, mas si se examina la denuncia se verá fácilmente que se bacía la imputación general a todos los acusados de baber penetrado.

El tercer señalamiento no requiere otro comentario que decir que era demasiado general y que no fué discutido por los apelantes.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Ricardo Águila, lesionado y apelado, v. Mario Juliá, patrono (no asegurado) y apelante.
    Núm. 2.

    Sometido: Mayo 18, 1936. Diciembre 9, 1936.

      Resuelto: Noviembre 18, 1936.

      C. H. Julia, abogado del apelante; Susorii, Jr. & Defendim, aboga-dos del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, un patrono, trata de revisar una sentencia dictada en su contra. El empleado solicita la desestimación por dos motivos:

1. Porque la apelación se interpuso demasiado tarde. A este respecto no hemos podido seguir la argumentación, aun-que puede que el apelado esté en lo cierto; y

2. Porque no había cuestión de derecho envuelta, y nos inclinamos a convenir con ello, según se verá en nuestra 'discusión del caso en sus méiitos.

Entrando en éstos, la idea del apelante era que el accidente estaba excluido del campo de indemnización. Ea ley (núm. 45 de 1935, pág. 263, See. 3) dispone que la hernia, de la cual padecía el apelado, no debe ser el mero resultado de un esfuerzo. El apelado trabajaba en la Clínica del Dr. Julia, y fué atacado repentinamente por un paciente loco, lesionado, y según él tuvo un ataque de hernia. La lesión entonces, a nuestro juicio, no procedía solamente de un mero esfuerzo. El que la hernia no fuera descubierta inmediatamente o el que el obrero no se quejara por algún tiempo, son cuestiones que se dirigen a los méritos, plantean puntos de hecho y no envuelven cuestión alguna de derecho.

Aimqibe el recurso podría qiázá ser desestimado por el primer motivo, preferimos confirmar la resolución apelada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

El Juez Asociado Señor Wole, emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una moción de reconsideración en que el apelante, según vemos, meramente se opone a la interpretación dada por la Comisión Industrial a aquella parte del párrafo tercero de la sección 3 de la Ley núm. 45 de 1935 (Leyes de ese año, pág. 263) que lee:

“ .... Y disponiéndose, también, que en casos de bernia, como resultado de accidente en el curso del trabajo deberá comprobarse a satisfacción del Administrador:
“(a) Que ocurrió un accidente que no fue un simple esfuerzo que causó o agravó la hernia.
“ (b) Que la hernia apareció en cualquiera de estas dos formas inmediatamente después del accidente y como consecuencia de éste.”

La objeción específica se refiere al significado del subin-ciso (6) supra. En nuestra opinión, las dos formas a que es aplicable esa disposición necesariamente tienen que ser el accidente que causa o agrava la bernia. Por tanto, la única cuestión posible de derecho envuelta en el caso ha sido ahora resuelta por nosotros, de ser necesaria tal deci-sión. Todas las demás cuestiones envueltas son de hecho, incluyendo si la hernia apareció o no inmediatamente. Se ha sostenido repetidamente que a una palabra como “inme-diatamente” debe dársele siempre una interpretación razo-nable.

Aunque la interpretación dada por la Comisión Industrial difiere de la nuestra, nada de lo segurido por el apelante como cuestión de derecho puede afectar posiblemente la decisión que se trata de revisar.

Se declara sin lugar la reconsideración.

El Juez Presidente Señor del Toro, no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Tbavieso,

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta de los Hons. Manuel León Parra, Presidente, Francisco Paz Granela y Juan N. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida; y Nicolás Monge, peticionario y apelante ante la Comisión.
    Núm. 6.

    Sometido: Noviembre 12, 1936.

      Resuelto: Noviembre 18, 1936.

      Hon. Procurador General B. Fernández García, B. de Aldrey, Sub-procurador y Luis Negrón Fernández, Oficial Jurídico del Fondo■ del Estado, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la recurrida; F. Rebollo López, abogado del señor Monge.
   El Juez Asociado Señob Tbavieso,

emitió la opinión del tribunal.

El obrero Nicolás Monge trabajaba como mayordomo de ganado y celador de fincas con la Fajardo Sugar G-rowters ’ Association por un jornal de $12 semanales. Dentro de sus. obligaciones estaban las de velar las propiedades, atender el ganado, cuidar de que no se robasen las cosas de la finca, y desempeñar los deberes usuales de un celador de fincas.

En una de las fincas a su cargo babía unas canteras, de las que estaba prohibido expresamente que se extrajese piedra, por haberlo ordenado así el patrono, siendo el ce-lador Nicolás Monge el encargado de velar por el cumpli-miento de dicha orden. En dichas canteras se introdujo durante la mañana del 29 de septiembre de 1935 Santiago R)uiz, a extraer piedras, tal y como lo había hecho en oca-siones anteriores, contra la voluntad del patrono de Monge. Cumplió éste su deber al lanzarle fuera de la propiedad, y molesto por ello, en la tarde del mismo día el tal Santiago Buiz agredió a mansalva a Monge y le cercenó de un ma-chetazo la mano derecha.

El Administrador del Fondo del Seguro del Estado en-tendió que la incapacidad sufrida por Monge no era com-pensable de acuerdo non el artículo 4, inciso 3, de la Ley núm. 45 de 18 de abril de 1935 (Leyes de 1935, pág. 251), infra, y ordenó el cierre y archivo del caso por disposición de 4 de junio de 1936. Por escrito de 11 de junio de 1936 solicitó Monge de la Comisión Industrial que entendiera del caso, y por resolución de 23 de octubre del mismo año, acordó ésta ordenar al administrador del Fondo del Estado que le pagase la indemnización a que por ley tenía derecho. Solicitada por la parte perjudicada la reconsideración de la anterior resolución, se declaró no haber lugar a ello por otra de fecha 2 de noviembre de 1936.

Se solicita ahora de esta Corte Suprema que revise los fundamentos de la resolución de la Comisión Industrial de fecha 2 de noviembre de 1936, confirmando la del 23 de oc-tubre también del mismo año.

Alega el recurrente en su solicitud de revisión que la re-solución recurrida “es errónea, contraria a derecho, nula y sin efecto legal alguno por los siguientes motivos:

“(a) Porque la Comisión Industrial de P. R. cometió error al resolver que los apartados 1, 2, .3 y 4 del artículo 4j de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, aprobada el 18 d'e abril de 1935, no constituyen excepciones a las disposiciones del artículo 2 de la misma ley.
“ (b) Porque los casos de accidentes ocurridos bajo las condiciones enumeradas en los apartados 1,- 2, 3 y 4 del artículo 4 de la ley supra son restricciones y excepciones que impiden el otorgamiento de una compensación en aquellos casos en que, de no existir las circunstan-cias en dichas excepciones especificadas, un obrero o empleado obten-dría los beneficios de dicha ley.
“(c) Porque aun aceptando que el accidente sufrido por Nico-= lás Monge ocurriera en el curso y como consecuencia del trabajo, el mismo está excluido expresamente de los beneficios de la ley supra, por el apartado 3 del artículo 4 de la misma, toda vez que las excep-ciones contenidas en dicho artículo no pueden ser aplicadas a otros accidentes que no sean aquéllos ocurridos en el curso y como conse-cuencia del trabajo.”

Los discutiremos conjuntamente, por ser todos los ale-gados motivos análogos entre sí.

El artículo 2 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley núm. 45 de abril 18, 1935, Leyes de 1935, pág. 251), invocado, dispone en lo pertinente:

“Artículo 2. — Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a todos los obreros y empleados que trabajen para los patronos a quie-nes se refiere el párrafo siguiente, que sufran lesiones o se inutilicen, o que pierdan la vida por accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente a su trabajo o empleo y que ocurran en el curso de éste, y como consecuencia del mismo o por enfermedades o muerte derivadas de la ocupación, según se especifican en el ar-tículo siguiente. Se exceptúan expresamente aquellos obreros y em-pleados dedicados al servicio doméstico y aquéllos cuya labor sea de carácter accidental o casual y no esté comprendida dentro del ne-gocio, industria, profesión u ocupación de su patrono y además aque-llas personas que trabajen en sus domicilios.”

El otro artículo invocado es el núm. 4 de la misma ley, que textualmente transcrito, dice:

“Artículo 4. — No son accidentes compensables del trabajo y no darán por consiguiente, derecho a compensación al obrero, empleado o a sus beneficiarios de acuerdo con esta Ley, los que ocurren en las siguientes circunstancias:
“1.■....,
“2.
“3. Cuando la lesión le baya sido causada al obrero o empleado por el acto criminal de una tercera persona.
“4.

El inciso tercero del artículo últimamente transcrito no comprende o incluye aquellos casos en que el obrero se in-capacita, lesiona o muere en el desempeño de un trabajo o empleo cuya característica distintiva es la de exponer al que lo realiza a la posibilidad y probalidad de ser lesionado por el acto criminal de un tercero. Los serenos, guardia-nes y oficiales de orden público, entre otros, están expuestos principalmente, en el ejercicio de sus deberes como tales, al único riesgo que el administrador del Fondo del Estado quiere excluir de entre los compensables, esto es, al riesgo de lesión, causada por el acto criminal de una tercera persona. Y si el recurrente puede legalmente cobrar una prima por asegurar al trabajador contra esa clase de riesgo, no puede legalmente insistir en el momento de pagar en que la incapacidad derivada de ese riesgo no es compensable.

El artículo 2 de la ley se refiere, como fiemos visto, a “accidentes que provengan de cualquier acto o función inter ente a su trabajo o empleo y que ocurran en el curso de éste y como consecuencia del mismo.” El acto de echar fuera de la finca a Santiago ítúiz, que en aquellos momentos era un intruso, era un “acto o función inherente” al tra-bajo o empleo que desempeñaba Monge; y el accidente en ' que éste perdió su mano ocurrió en el curso de ese empleo y como consecuencia del mismo. No creemos que la inten-ción del legislador baya sido la de excluir de los beneficios de la ley a aquellos obreros, que estando encargados de im-pedir la realización de actos criminales contra la propiedad del patrono, sean lesionados o pierdan la vida como conse-cuencia del cumplimiento de esos deberes.

La excepción que establece el apartado 3ro. del Artículo 4, supra, se refiere a las lesiones recibidas por el acto criminal de un tercero, en un trabajo o empleo en que tal riesgo no es la natural y probable consecuencia, o en uno en que ese riesgo no sea una característica inherente del mismo. In re Heitz, 112 N. E. 750.

En Polar Ice & Fuel Co. v. Mulray, 119 N. E. 149, se trataba de un empleado llamado Mulray, a quien sus subal-ternos tenían que rendirle cuentas de la cantidad de hielo que se les entregaba y que ellos vendían. Uno de .ellos fué reprendido y mató a Murlay. La única cuestión que se planteó fué la de si la muerte ocurrió como consecuencia del empleo de éste. La Corte Suprema de Indiana dijo:

“Está firmemente establecida la regla al efecto de que no se negará compensación simplemente porque el accidente ocurriera de-bido a la intervención ilegal y torticera de una tercera persona, si el empleado fué lesionado estando especial y peculiarmente expuesto al riesgo que le sobrevino, debido al carácter y naturaleza de su empleo. En otras palabras, cuando la lesión proviene de las circuns-tancias que rodean al empleado, al momento del accidente, dentro de las cuales debe desenvolverse en el ejercicio de sus deberes, ha-blando en términos generales, aquélla surge como consecuencia del empleo. Union Sanitary Mfg. Co. v. Davies, 115 N. E. 676.”

La corte de Indiana distingue el caso de Davis que cita, por el hecho de haber sido el propio reclamante, en aquel caso, el que provocara la reyerta que ocasionara las lesiones que sufrió, y porque su empleo no le imponía la obligación de entenderse para nada con quien le agrediera.

En In re Heitz, supra, la Corte de Apelaciones del Es-tado de New York dijo:

“La ley (Compensación por Accidentes del Trabajo) fué apro-bada para beneficio de aquellos trabajadores en empleos peligrosos, que se encontraban sin remedio legal. Dentro del derecho común o bajo la Ley sobre Responsabilidad de Patronos, la compensación se concede prescindiendo de la culpa del patrono. La ley ha sido y ■debe ser interpretada justamente y hasta con liberalidad, en beneficio «del obrero.”

En el caso de Nevich v. Delaware, etc., 100 A. 234, la 'obligación del peticionario consistía en mantener nn barril 'siempre lleno de agua, qne después distribuía en cubos a otros operarios del demandado para mezclar cemento. Mien-tras se encontraba distribuyendo unos cubos, dos intrusos se llevaron el barril. El superior del peticionario le ordenó que lo recobrara, y al así hacerlo, recibió las lesiones por las que pidió compensación. La Corte de Apelaciones de New York se expresó así:

“Como hubo prueba tendiente a demostrar que el superior del -peticionario le ordenó recobrar el barril de quienes se lo llevaban, no puede haber duda de que el accidente ocurrió en el ejercicio y «como consecuencia de su empleo, ya que, siguiendo instruciones de su patrono, estaba recobrando de personas que trataban de sus-traerlas sin derecho alguno, parte de las herramientas de aquél, que él usaba en el ejercicio de sus deberes, y habiéndole ordenado el demandado recobrar el barril, a sabiendas de las condiciones preva-lecientes, siendo una de ellas la die que opusieran resistencia, somos de opinión de que el accidente ocurrió como consecuencia de su empleo, «así como en el ejercicio del mismo, y, por lo tanto, la sentencia de la Corte Suprema sobre este aspecto del caso debe ser confirmada.” (Bartadillas nuestras.)

En una. nota a la página 498 (499) de L. R. A. 1918E se afirma:

“Aunque ha habido algún desacuerdo en cuanto a si las lesiones causadas por el acto deliberado y malicioso de una tercera persona pueden considerarse como accidentales, las cortes todas están hoy contestes en que el empleado que sufre una incapacidad no será pri-vado de compensación simplemente porque tal incapacidad fuera el resultado del acto deliberado y malicioso de una tercera persona y no el resultado de causas inanimadas.”

Más adelante dice la misma nota:

‘ ‘ Cuando, sin embargo, el acometimiento es tal que probablemente «ocurriría debido a la naturaleza del trabajo que se realiza por el empleado, se ba resuelto que proviene como consecuencia del empleoy en el curso del mismo.”

Para otros casos sobre el particular, consúltense los siguientes: Ohio Bldg. Safety Vault Co. v. Industrial Board, (1917) 277 Ill. 96, 115 N. E. 149, 14 N. C. C. A. 224; Chicago Dry Klin Co. v. Industrial Board, (1916) 276 Ill. 556, 114 N. E. 1009, Ann. Cas. 1918B, 645; Hellman v. Manning Sand Paper Co. (1916) 176 App. Div. 127, 162 N. Y. Supp. 335; Spang v. Broadway Brewing & Malting Co. (1918) 182 App. Div. 443, 169 N. Y. Supp. 574; Stertz v. Industrial Ins. Commission (1916) 91 Wash. 588, 158 Pac. 256; San Bernardino County v. Industrial Acc. Commission (1917) 35 Cal. App. 33, 169 Pac. 255.

Por las rasones apuntadas, creemos que debe declararse-sin lugar la presente solicitud de revisión, y confirmarse en-todas sus partes la resolución de la Comisión Industrial.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.