author: Ei. Juez Asociado Señor Wolp

text:
    Andrés Quintana Reyes, demandante y apelante, v. La Capital de Puerto Rico, demandada y apelada.
    Núm. 6970.

    Sometido: Febrero 7, 1936.

      Resuelto: Marzo 5, 1937.

      Andrés Quintana Beyes, por su propio derecho; Juan Valldejuli Ro-dríguez, abogado de la apelada.
   Ei. Juez Asociado Señor Wolp

emitió la opinión del tribunal.

Fundamental y esencialmente el presente caso en-vuelve la interpretación del artículo 1362 del Código Civil (edición de 1930) que lee así:

“Si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes comprado-res, la propiedad se transferirá a la persona que primero haya to-mado posesión de ella con buena fe, si fuere mueble.
“Si fuere inmueble, la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la haya inscrito en el registro.
“Cuando no Raya inscripción, pertenecerá la propiedad a quien de buena fe sea primero en la posesión; y faltando ésta, a quien presente título de fecha más antigua, siempre que haya buena fe.”

El Municipio de San Juan adquirió dos fincas de Luis de la Cruz y esposa, una de ellas en 1925 y la otra en 1926. Las dos fincas deben ser consideradas como una unidad. Sobre este terreno el municipio construyó en 1927 un edificio escolar, conocido con el nombre de Escuela Dr. Francisco Hernández, y desde entonces el edificio ba sido continuamente utilizado para fines educativos.

Por alguna razón difícil de entender, cuando el municipio adquirió primeramente las fincas dejó de inscribir las com-praventas en el registro. Fué tan sólo allá para el 27 de sep-tiembre de 1933 que el municipio trató de obtener la inscrip-ción. Ésta le fué denegada debido a que el título sobre la misma propiedad figuraba a nombre( de Andrés Quintana Reyes.

Por el momento no es necesario que sigamos todos los pasos mediante los cuales Andrés Quintana Reyes logró la inscripción en el registro de la propiedad. Su predecesor en título, Cipriano Manrique Gil, era acreedor por sentencia de Luis de la Cruz y como tal acreedor victorioso ejecutó su sen-tencia sobre la propiedad en controversia.

En la corte inferior surgió la cuestión de si el deudor Luis de la Cruz no babía pagado la reclamación que Cipriano Man-rique tenía en su contra. Asumiremos con la corte inferior que a no ser por las reclamaciones del municipio Cipriano Manrique Gil obtuvo un buen título. En todos los procedi-mientos en que Manrique Gil adquirió título Andrés Quintana Reyes era un agente especial. En el pleito que luego se inició bubo otras tentativas para atacar la buena fe del título de Quintana Reyes.

El municipio tomó posesión de esta finca al construir sobre la misma y todavía continúa teniéndola y poseyéndola. El 18 de mayo de 1933, Andrés Quintana Reyes instó pleito de rei-vindicación contra la Capital de Puerto Rico, o sea, contra la Ciudad de San Juan. La demandada radicó una contra-demanda basada en varios fundamentos y solicitó que el tí-tulo a nombre de Quintana Eeyes fuese cancelado y la pro-piedad inscrita a nombre del municipio. En junio 30 de 1934, se dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y con lugar la contrademanda, y en su consecuencia anulando las inscrip-ciones que constaban en el registro.

La corte en su opinión concluyó o resolvió, según sea el caso: (a) que Quintana Eeyes ha residido en San .Juan desde 1912,- (b) que desde 1926 en el solar ha estado encla-vado un amplio edificio escolar; y que se aprobaron orde-nanzas municipales autorizando primero la compra del te-rreno y más tarde la construcción del edificio sobre el mismo; ■(g) que Luis de la Cruz declaró haber manifestado a Quin-tana en cuatro o cinco ocasiones que el terreno no era suyo, y que él lo había vendido a la ciudad, y que también había informado de este hecho a Manrique en presencia de Quin-tana. Sucede que Manrique Gil en el pleito por él entablado contra Luis de la Cruz obtuvo un embargo para asegurar la efectividad de la sentencia, y que la información dada por De la Cruz a Manrique Gil y a Quintana Eeyes tuvo lugar antes de practicarse el embargo.

A juicio de la corte había otras consideraciones sin im-portancia y es también un hecho que Quintana nunca ha pa-gado contribuciones sobre la propiedad. La corte dijo que existía otra prueba que tendía a probar la notificación a Man-rique Gil y a Quintana Eeyes.

Dejando a un lado los otros razonamientos de la corte de distrito para fundar su sentencia sobre los cuales existe divergencia de criterio entre los jueces de esta Corte Suprema que intervinieron en la vista del recurso, hay uno — el del co-nocimiento por parte de Manrique y de Quintana — que nos lleva a todos a la confirmación del fallo recurrido.

Asumiremos por el momento, sin discutir los detalles, que Manrique Gil y Quintana Eeyes tenían conocimiento de que Luis de la Cruz había vendido la propiedad al municipio y que ellos obtuvieron sus distintos títulos con pleno conoci-miento y aviso de los derechos del municipio.

La definición exacta del tercero ha sido objeto de seria dis-cusión por los comentaristas de la Ley Hipotecaria desde que vió la luz pública esa gran obra de legislación.

G-alindo y Escosura, en su tratado sobre Legislación Hipo-tecaria, volumen 2, páginas 305, 306 y 307, sostienen el cri-terio de que la persona que adquiere una finca de otra que según el registro tiene derecho a vender, recibe un título que una vez inscrito, es inatacable a no ser por aquél de quien la hubo inmediatamente, irrespectivamente del conocimiento que el comprador tuviera de una venta anterior no inscrita hecha a otra persona. Incluyen al notario y a los testigos que in-tervinieron en la primera escritura de compraventa, como terceras personas que más tarde pueden adquirir del ven-dedor y al inscribir derrotar al primer adquirente. La Serna era el propulsor más importante del criterio contrario. Ba-rrachina, en su Tratado sobre Derecho Hipotecario y Notarial, tomo 1, página 231, y siguientes, hábilmente sustenta el criterio contrario y el del Tribunal Supremo de España al efecto de que aún bajo la Ley Hipotecaria uno debe prestar debida consideración a la cuestión de buena o mala fe, y de que aquél que adquiere con conocimiento de la existencia de una venta y título anteriores a favor de otra persona no puede derrotarla obteniendo una escritura e inscribiéndola antes que el otro. Convenimos en gran parte con lo que dice a este respecto (pag. 239), así:

“Moscoso sostiene que la ley Hipotecaria prescinde por completo de la buena o mala fe; ¿Qué, acaso esta ley no pertenece al De-recho civil ? ¿No dice el Código en su artículo 433 que se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo de ad-quirir exista vicio alguno que lo invalide? Pues ese testigo que ha comprado de quien sabía que no era el dueño, precisamente porque concurrió al otorgamiento de la escritura primitiva de enajenación, le constaba que su título era vicioso, adquirido de mala manera. Si al otorgar la escritura a su favor no recordaba aquella intervención, pudo enterarse por los medios que tuviera a su alcance; esto en el supuesto de cyie quisiera proceder de buena fe; lo cual no excluye que haya casos en que sí le constan al testigo lo que luego pretexte ignorar. Para que no haya tales diferencias, la ley, previsora, no concede la inmunidad de tercero a ninguno de los que hayan inter-venido en el acto o contrato, ni a los que lo presenciaron e impre-sionó sus sentidos.”

y luego en la página 246:

“La Ley no excluye del carácter de tercero al Notario y testigos solamente, dada la interpretación natural del artículo 27, sino que comprende a todos, sean o no intervinientes, que tengan conocimiento de la causa de nulidad; a los que sabiendo que uno no es dueño de la finca por haberla enajenado, sin embargo de ello la compra; pues es un adquirente de mala fe, en razón a que no ignoraba que en su título o modo de adquirir había vicio que lo invalidaba (art. 433 del Código) ; éste y no otro es el sentir de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en este mismo capítulo hemos citado.
“La Ley no quiere que en el título del inscribiente haya mácula alguna; exígele limpieza de origen; claro está que como la buena fe se presume siempre, salvo prueba en contrario (S. 5 Junio de 1894) quien pretenda invalidar el título del comprador, fundado en que éste conocía la venta anterior, deberá justificarlo, venciendo esa pre-sunción juris iantum, cosa que no ocurriría si el inscribiente del doble contrato hubiese tenido intervención oficial en el primero, a título de Notario o en clase de testigo.”

Blanco v. Hernández, 18 D.P.R. 711 sostiene la conclusión qne inmediatamente precede.

El apelante se fnnda en el caso de Escalera v. West India Oil Company, 43 D.P.R. 574, pero dicto caso no sostiene su contención una vez probado que el apelante tenía conoci-miento de los derechos del municipio y no era por tanto un tercero de buena fe, condición ésta que concurría en la West India Oil Company en el caso que contra ella siguiera Cristina Escalera Palú. Véase lo que a este respecto dice la-opinión de esta corte emitida por su Juez Asociado Sr. Aldrey. Es como sigue:

■ “Sostiene la apelada que la apelante no es un tercero de buena fe porque del hecho que admitió como prueba y que hemos copiado aparece que al comprar tenía conocimiento de la adquisición hecha por Cristina Escalera Falú, pero el expresado heeho transcrito no admite tal interpretación sino la contraria de que hasta que se le notificó la demandada no tuvo conocimiento de la compra que había hecho la apelada y de que ella alegara ser dueña. Por consiguiente, como la apelante compró ignorando la anterior venta hecha a la apelada y sin constancia de ello en el registro es un comprador de buena fe, sin que pueda decirse, como declaró el tribunal inferior, que no era un tercero de buena fe porque tenía o debía tener cono-cimiento de que el solar no era propiedad de su deudor cuando la apelada lo adquirió, pues no hay hecho alguno que demuestre que tenía tal conoeimiemto, ni debía tenerlo porque ignoraba esa venta, de la que tampoco le daba noticia el registro de la propiedad. El caso de Blanco v. Hernández, 18 D.P.R. 711, citado por la apelada, no apoya la sentencia recurrida pues descansa en la teoría de que la persona allí demandada no era tercero de buena fe porque antes de comprar sabía que el condominio a que se refiere había sido ven-dido, lo que no ocurre en el presente caso.”

Llegamos entonces a la cuestión de si el aviso a Quintana Reyes fue demostrado suficientemente. El apelante insiste en que Luis de la Cruz no era digno de crédito por varias razones, y en particular por haber negado que jamás hiciera que la subasta fuese suspendida cuando la verdad era lo contrario. Esto pudo baber sido debido a falta de memoria o a baber dejado el letrado de bacer que su cliente se diera cuenta de lo que ocurría, o es susceptible de otras explicaciones. Sin embargo, aún si Luis de la Cruz no decía la verdad con respecto a estas suspensiones, no podemos resolver que debe aplicarse la máxima falsus in uno, falsus in omnibus. No obstante, la corte inferior tenía derecho a creer parte del testimonio de este testigo y evidentemente así lo hizo. Hemos considerado la aplicabilidad de esta máxima en el caso de Pueblo v. Ortiz, 45 D.P.R. 835.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Córdpya Dávila y Travieso :no intervinieron. - -■ •


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro

license: Public Domain

text:
    Teresa Sánchez Vda. de Román, demandante y apelante, v. Asociación de Maestros de Puerto Rico, demandada y apelada.
    Núm. 6870.

    Sometido: Abril 14, 1936.

      Resuelto: Marzo 9, 1937.

      Q. Concepción ele Gracia, abogado de la apelante; VirgiUo Brunet, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se reclama en este caso el importe de una póliza de seguro de vida. Los hechos que dieron origen al mismo se some-tieron a la corte mediante estipulación. Basándose en ellos y en las disposiciones reglamentarias de la asociación deman-dada, la corte de distrito declaró la demanda sin lugar.

De la relación del caso y opinión de la corte sentenciadora transcribimos lo que sigue:

"La causante de la actora en este pleito, era una maestra aco-gida a la Asociación de Maestros de Puerto Rico; en 1 de noviembre de 1932 satisfizo sus cuotas atrasadas de septiembre y octubre y en la misma fecha pagó por adelantado las de los mases de noviembre y diciembre. Al hacer esto, se acogió a los beneficios del inciso 3, sección 4, artículo 11 del reglamento que dispone que se pueden pa-gar hasta cinco cuotas atrasadas, sin que sea necesario pagar la de ingreso, pero esto no quiere decir que la asociación renunciara á darle eficacia a los preceptos del reglamento en cuanto a los derechos, que la asociada pudiera tener. Nada hay en el reglamento que fa-culte a tal renuncia; por el contrario el precepto es -claro; el aso-ciado no recobra sus derechos anteriores, hasta cuarenta días después de haber efectuado el pago de las cuotas atrasadas. Si el pago sé hizo él 1 de noviembre, los derechos anteriores no pudieron recobrarse-basta cuarenta días después de dicha fecha, o sea hasta diciembre 11; y como la causante falleció el día 9 de diciembre, todavía no habían transcurrido los cuarenta días que señala el reglamento, y por lo tanto, sus herederos no tienen derecho a lo que piden.”

El precepto reglamentario es como sigue:

“Sección 4. — La cuota es de diez (10) dólares y se pagará por décimas partes; entendiéndose que siempre que un asociado así lo desee puede pagar por adelantado hasta un semestre; Disponiéndose, que una comisión compuesta por el presidente, el secretario y el tesorero de la Asociación enviará cada año y durante el primer mes escolar una circular a las Juntas Locales indicándoles las fechas en que los asociados deberán pagar sus cuotas; Y disponiéndose, ade-más, que las remesas de las locales deberán llegar a la general en el término de cinco días después del plazo de gracia.
“Si un socio dejare de pagar su cuota en la fecha establecida el Tesorero General requerirá del asociado el pago de la cuota adeu-dada dentro del plazo de quince días a contar de la fecha en que debió haber satisfecho su cuota. Si al término de quince días a con-tar de la fecha del vencimiento de la cuota el asociado no ha efec-tuado el pago de la misma, se considerará que renuncia a todos sus derechos en la Asociación de Maestros de Puerto Rico.
“Se podrán pagar hasta cinco cuotas atrasadas sin que sea nece-sario pagar la cuota de ingreso, pero al hacer el pago de-una o más cuotas atrasadas el asociado no recobra, sus derechos anteriores hasta cuarenta días después de haber efectuado el pago; Disponiéndose,, que la directiva local a que pertenecía o de la que quisiera formar parte al reingresar o el Presidente General en estas condiciones po-dría exigir un certificado médico si lo creyere conveniente.”

Y se sostiene por la demandante apelante que la disposi-ción relativa a que el asociado al pagar las cuotas atrasadas no recobra sus derechos anteriores hasta cuarenta días des-pués de haber efectuado el pago, que aplicada estrictamente a su caso destruye su derecho a reclamar, es nula por irrazo-nable, y en tal virtud que siendo Isolina Eomán a su muerte un verdadero miembro de la asociación, su heredera la deman-dante tiene pleno derecho a recibir el seguro que a los here-deros de los miembros garantiza el reglamento de la asocia-ción. ’ i

La cuestión envuelta La sido discutida ampliamente en los alegatos de las partes y La sido estudiada por nosotros cui-dadosamente.

Hay decisiones que sostienen la contención de la deman-dante apelante. Así en el caso de Buecking v. Robert Blum Lodge of Old Fellows, 1 City Ct. R. 51, se resolvió que:

“Cuando una sociedad benéfica provee ayuda pecuniaria en caso de enfermedad o muerte de alguno de sus miembros, en considera-ción al pago de cuotas establecidas, un reglamento bajo el cual los miembros que no hayan pagado sus cuotas o atrasos dentro de las ■cinco semanas siguientes a la terminación del trimestre son exclui-dos de todos los beneficios hasta la expiración de los tres meses si-guientes al pago de los atrasos es ilegal, toda vez que somete al miem-bro a una cuasi penalidad luego de haber cumplido con su deber, y por el período venidero de tres meses.”

Y en el de Brady v. Coachman’s Benev. Assn. (City Ct. N. Y.) 14 N. Y. Supp. 272, que:

“Un reglamento de una asociación benéfica que provea que cual-quier miembro que se atrase tres meses en el pago de sus cuotas ‘no tendrá derecho a los beneficios hasta tres meses después de pa-garse los atrasos’, es irrazonable e ineficaz.”

' Pero Lay también decisiones contrarias a la contención de la- apelante. En el propio estado de Nueva York en el caso d¿ Maxwell v. The Theatrical Mechanical Association, 54 Misc. Rep. 619, se resolvió:

“Entre la profesión ha surgido evidentemente alguna confusión en torno al derecho de las cortes a determinar si el reglamento de una asociación de esta índole es o no razonable. En una asociación puramente voluntaria, 'la constitución y los reglamentos constituyen el contrato entre las partes, y si sus disposiciones no son ilegales, in-morales o contrarias a la política pública, las mismas deben ser sos-tenidas ya sean razonables o no; pues las partes tienen derecho a celebrar contratos absurdos e irrazonables,, siempre que éstos no sean ilegales y sean celebrados debidamente.”

Y. en Hlinois,. en el caso de Knights of Ku Klux Klan v. First National Bank, 254 Ill. App. 264, se estableció la siguiente jurisprudencia:

“Los artículos de incorporación y el reglamento de una corpo-ración fraternal organizada para fines no pecuniarios constituyen eL contrato entre ella y sus miembros, y las cortes no intervendrán con los mismos. ’ ’
“La carta constitutiva y el reglamento de una corporación fraternal constituida para fines no lucrativos no se dejarán sin efecto mediante interpretación a base de que su cumplimiento causaría in-convenientes y sería desfavorable a la corporación o a sus miembros.”
“La carta constitutiva y el reglamento de una corporación fraternal organizada para fines no pecuniarios actúan como un contrato entre la corporación y sus miembros.”

Los razonamientos de las decisiones contrarias a la con-tención de la apelante nos parecen de más peso. La dispo-sición reglamentaria aplicada no es ilegal, ni contraria a la política pública, ni inmoral; al contrario, quizá su verdadero propósito fué el de evitar irregularidades que en ciertas oca-siones extremas podrían llegar a constituir una verdadera in-moralidad. Creemos que la. corte de distrito apreció bien los hechos y aplicó la ley correctamente.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociad© Señor Travieso

text:
    Bautista Rosado Vélez, demandante y apelante, v. Manuel Rosado Chacón y Eligio Rosado, demandados y apelados.
    Núm. 7179.

    Sometido: Marzo 5, 1937.

      Resuelto: Marzo 12, 1937.

      Luis Mercader, abogado del apelante; TS. Pérez Casalduc, abogado de los apelados.
   El Juez Asociad© Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Bautista Rosado Vélez alega substancialmente en la de-manda que' los demandados, confabulados y puestos de acuerdo, bicieron público que el demandante sustrajo ilegal, criminal, maliciosa y voluntariamente un lote de maderas ex-tranjeras de dentro de una casa o edificio de los demandados, a sabiendas de que tal lote de madera pertenecía a dichos de-mandados ; que además requirieron los servicios de la policía de Arecibo para arrestarlo y molestarlo públicamente, regis-trando su hogar en el barrio Esperanza, de Arecibo, y hacién-dole comparecer a dicha ciudad para detenerlo, investigarlo y avergonzarlo públicamente; que los demandados le impu-taron públicamente esos hechos a sabiendas de que lo hacían falsa y maliciosamente y sin ninguna causa probable; que los actos de los demandados han menospreciado su prestigio, negándole sus vecinos ocupación, recibiéndolo con descon-fianza y suspendiéndole el crédito1, siendo a la vez presa de graves padecimientos por la humillación a que ha sido some-tido ; que los daños que ha sufrido son consecuencia natural y probable de las imputaciones falsas, ilegales, criminales y voluntarias de los demandados, y que estima esos daños en la cantidad de $1,000.

Oída la prueba del demandante, los demandados formu-laron una moción de nonsuit, que la corte de distrito declaró con lugar, desestimando la demanda por sentencia que es ahora objeto del presente recurso de apelación.

El apelante sostiene que la corte inferior erró:

“I. Al decidir que los hechos del caso presente constituyen una acción de persecución maliciosa, y que los requisitos esenciales de la misma no se alcanzaron con la evidencia aportada.
“II. Al concluir que tampoco cabe aquí la acción de daños por injuria y calumnia, ya que no aparece que los demandados ‘hayan exteriorizado, ni menos publicado, injuria o calumnia alguna contra el demandante. ’
“III. Al pesar con error grave y manifiesto la evidencia del actor, y deducir de ella conclusiones contrarias a derecho, y que no se justificó prima facie la acción del demandante.”

La demanda es ambigua, pues de ella uo aparece cla-ramente si la acción ejercitada es la de daños y perjuicios por calumnia, que regulada ley especial sobró la materia, de 19 de febrero de 1902 (Comp. 1684-1694), o la de daños y per-juicios por persecución maliciosa, comprendida en los artí-culos 1802 a 1810 del Código Civil, edición de 1930. El Lecho, sin embargo, carece de importancia, porque, a nuestro juicio, la prueba aducida por el demandante no sostiene ninguna de las dos acciones.

El primer caso resuelto en esta jurisdicción sobre la acción por persecución maliciosa, es el de Parés v. Ruiz, 19 D.P.R. 342. De acuerdo con él, “en las acciones por persecución-maliciosa, cuatro son los elementos esenciales que deben alegarse, y probarse, a saber:

“1. Que el demandante ha sido denunciado por el demandado.
“2. Que la causa terminó de modo favorable para el demandante.
“3. Que fué seguida maliciosamente y sin que existiera causa probable.
“4. Que el demandante sufrió daños y perjuicios como consecuen-cia de ello. Field on Damages, artículo 686, pág. 544; 26 Oye., 8; Breneman v. West, 21 Tex. Civ. App., 21, 50 S. W. Rep., 471; Collins v. Campbell, 18 R. I. 738, 31 Atl. Rep. 832.”

Examinada la demanda, se advierte en seguida que han dejado de alegarse los requisitos I y II, supra, si. bien con-tiene alegaciones específicas sobre el III y IV. La demanda, pues, no alega hechos suficientes constitutivos de la acción de daños por persecución maliciosa, lo que sería suficiente para la desestimación de la misma. Y no pnede decirse qne las insuficiencias de la demanda lian sido suplidas por la evi-dencia, pues de ésta no aparece que ninguno de los deman-dados formulara denuncia alguna contra el demandante. Los demandados simplemente dieron cuenta al sargento Ja-cinto Alvarez, de la policía de Arecibo, del hecho de haberles sido sustraída la madera y el sargento ordenó la investiga-ción de rigor. Su declaración a ese extremo1 fue la siguiente:

“P. ¿Qué le explicó don Manuel Rosado para proceder contra Bautista Rosado? — Que él estaba fabricando una casa en el barrio Esperanza y le faltaba una madera.
“P. ¿De dónde le faltaba la madera? — De su casa, que se la ha-bían llevado.
“P. ¿Una casa construida? — Que la estaba construyendo.
“P. ¿De ahí alegaba él que se había sacado la madera? — Sí, se-ñor; y entonces mandé al guardia Alayón.
“P. ¿Dijo sobre quién sospechaba?
“Abogado Sr. Pérez Casaldue: Me opqngo.
“P. ¿Qué le indicó con respecto a Bautista Rosado ese día?
“Abogado Sr. Pérez Casaldue: Me opongo.
“Hon. Juez: Se admite la pregunta.
“Abogado Sr. Pérez Casaldue: Excepción.
“Testigo: Dijo que había sospechado de eierto individuo, pero no recuerdo qué individuo, quién me dijo.
“P. ¿De acuerdo con lo que le expresó actuó? — En seguida mandé a un guardia.
“P. ¿Qué guardia? — Al guardia Alayón 226, que investigara el asunto. ’ ’

Más adelante, en su declaración, dijo:

“P. ¿Exactamente Manuel Rosado no le indicó sobre Bautista Rosado ?
“Abogado Sr. Pérez Casaldue: Me opongo.
“Hon. Juez: Sugestiva.
‘ ‘ Testigo: No puedo decir.
“P. ¿Alayón hizo la investigación en el barrio? — Sí, señor.
“P. ¿Le dio cuenta? — Sí, señor.”

Evarista Chacón, esposa del demandante, declaró que a quien la policía denunció fné a Eustaquio Pérez, hijo de la declarante, y no a Bautista Vélez, el demandante.

Por último, declaró el propio demandante, quien dijo:

“P. ¿De qué? — De las tablas.
“ P. ¿ Qué ocurrió entonces ? — Miró el borderó y cogió un libro y vino y apareció Eustaquio Pérez denunciado y dijo, váyase, y nos fuimos.
“P. ¿A Ud. no lo denunciaron? — No, señor.”

No puede resolverse, pues, que el primer requisito que-dara prohado. En cuanto al segundo, tampoco se probó. En relación con él, sólo aparece del récord lo siguiente, de-clarado por Evarista Chacón:

“P. ¿A quién llevaron a la Corte? — A Eustaquio Pérez.
“A preguntas del abogado Sr. Mercader, declaró:
“P. ¿Eustaquio Pérez salió bien de ese asunto? — Sí, señor.
“P. ¿Libre? — Absolutamente.
“P. ¿Se demostró finalmente que era una falsedad? — Que era una falsedad.”

De modo que, ni la demanda contiene las alegaciones esen-ciales de una acción por persecución maliciosa, ni, asumiendo que las contuviera, quedó establecida por la prueba. No co-metió la corte el primer error.

¿Se probó un caso de calumnia? Opinamos que no, por los mismos fundamentos que tuvo la corte inferior, a saber, que en ningún momento profirieron los demandados acusación alguna contra el demandante. Sus actuaciones se limitaron a denunciar el hecho ante las autoridades correspondientes. La sección 3 de la ley de 19 de febrero de 1902, (pág. 234, Comp. 1686) al definir “calumnia,” dice:

“Se entiende por calumnia la publicación falsa o ilegal, que no sea un libelo, y que impute a una persona la comisión de un hecho constitutivo de delito, o tienda directamente a perjudicarle con rela-ción a su oficina, profesión, comercio o negocios, o que, como conse-cuencia natural, le cause daños reales y efectivos.”

■ Hemos examinado las declaraciones del sargento Álvarez y del guardia Alayón ante quienes se quejó Manuel Rosado, y no aparece de ellas que éste imputara al demandante delito •alguno. En cuanto al otro demandado, su intervención con-sistió en acompañar al policía que Mzo la investigación ñasta la casa del demandante.

Tampoco aparece probada la alegación de que la policía allanara el bogar del demandante. La testigo Evarista Chacón, esposa del demandante, declaró que la policía no entró eñ la casa; que al preguntar por las tablas que había delante de las puertas, paradas, ella les dijo que si reconocían que las tablas eran de ellos se las llevaran y que en la corte se verían; y que entonces se llevaran las tablas. El deman-dante no fué ni denunciado ni arrestado. Solamente fué ci-tado por la policía para comparecer como testigo en una in-vestigación en la que figuraba como denunciado Eustaquio Pérez.

No erró la corte inferior en la apreciación que hizo de la prueba.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Diego Gibson, acusado y apelante.
    Núm. 6281.

    Sometido: Marzo 9, 1937.

      Resuelto: Marzo 12, 1937.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.. ,
   El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

Diego Gibson, declarado culpable de un delito de portar armas, y condenado a cumplir la pena de un mes'de cárcel y las costas, apela de la sentencia dictada, alegando como base fundamental de su recurso que la Corte Municipal de Ponce, donde se vió originalmente este caso, al igual que la Corte de Distrito de Ponce, donde se vió en grado de apelación, no tenían jurisdicción para conocer del mismo, de acuerdo con los becbos expuestos en la denuncia, que copiada literalmente dice así:

“Corte de Paz de Peñuelas, Puerto Rico. — Estados Unidos de América, El Presidente de los Estados Unidos, ss: El Pueblo de Puerto Rico v. Diego J. Gibson, res. Ponce, Calle Industrial145, Ponce. Yo, Erasmo Gotay, P. I. No. 380, vecino de Peñuelas, P. R., calle de Cementerio número_, mayor de edad, formulo denuncia contra Diego J. Gibson, por delito de Portar Armas Prohibidas, co-metido de la manera siguiente: Que en 12 de mayo de 1935, 4:00 P. M. y en barrio Tallaboa, de Peñuelas, P. R., del Juzgado de Paz de Peñuelas, P. R., que forma parte del Distrito Judicial Municipal de Ponce, P. R., y a su vez de la Corte de Distrito Judicial de Ponoe, P. R., el referido acusado Diego J. Gibson, allí y entonces, volun-taria, ilegal y maliciosamente portaba y. conducía sobre su persona un black jack, instrumento de material duro, forrado de cuero, que es un arma o instrumento capaz de producir daño corporal que le fué ocupado y se entrega a la Corte como evidencia. Hecbo con-trario a la ley para tal caso hecha y prevista, y contra la paz y dig-nidad del Pueblo de Puerto Rico. (Fdo.) Erasmo Gotay, P. I. No. 380, denunciante. Jurada ante mí hoy día 27 de mayo de 1935. (Fdo.) J. H. López Jr., Juez de Paz de Peñuelas.”

Arguye el acusado que la denuncia fué presentada en la Corte de Paz de Peñuelas y que en la misma se dice que el delito imputado se cometió “en el barrio Tallaboa, del juz-gado de paz de Peñuelas, que forma parte del distrito judicial municipal de Ponce, P. R., y a su vez de la Corte de Dis-trito del Distrito Judicial de Ponce, P. R.” Entiende la de-fensa que la denuncia tal y como está redactada concede ju-risdicción a la Corte de Paz de Peñuelas y no a la Corte Municipal de Ponce, de acuerdo con el artículo 71 del Código de Enjuiciamiento Criminal, según el cual la acusación de-berá contener el título de la acción, especificando el nombre del tribunal ante el cual lia sido presentada y los nombres de los interesados.

Peñuelas está comprendido dentro del distrito judicial municipal de Ponce, y tiene a su vez un juzgado de paz.

Parece que el denunciante, Policía Insular, juró la de-nuncia ante el Juez de Paz de Peñuelas, utilizando para ello un formulario de los usados para denuncias ante la corte de paz. Esta denuncia fué la que sirvió de base a la Corte Municipal de Ponce para juzgar originalmente al acusado decla-rándolo culpable del delito en la misma imputado.

Es verdad que existe el error apuntado por la defensa en el encabezamiento de la denuncia y que en el cuerpo de la misma se habla del Juzgado de Paz de Peñuelas, que forma parte del Distrito Judicial Municipal de Ponce; pero como cuestión de hecho, nada demuestra que la causa fuese presen-tada para ser juzgada por la Corte de Paz de Peñuelas, y por el contrario resulta evidente que la denuncia donde en rea-lidad se presentó fué en la Corte Municipal de Ponce. No aparece tampoco que el acusado llamara la atención de la corte municipal sobre el referido defecto ni que planteara la cuestión ante la Corte de Distrito de Ponce. El error pudo haber sido subsanado fácilmente si se hubiese llamado opor-tunamente la atención del tribunal que conoció originalmente del caso. El encabezamiento no es una parte esencial de la acusación y si se demuestra que el tribunal llamado a juzgar al acusado recibió la denuncia y procedió a celebrar el juicio, no creemos que se haya incurrido en un error que justifique la revocación de la sentencia.

Dice Joyce, en su obra sobre “Indictments”, artículos 161 y 162, páginas 180, 181:

“Aunque puede decirse generalmente que el encabezamiento (caption) debe demostrar que. la acusación fué sometida a una corte que tenía jurisdicción, y aunque los casos más antiguos sostienen que una omisión de tal hecho es fatal, sin embargo, prevalece la regla de que aunque el encabezamiento deje de demostrar la jurisdicción, la acu-sación debe considerarse suficiente si de otra parte de los autos surge que la acusación fué sometida a otra corte que tenía jurisdicción. De modo que la acusación no resulta viciada por una descripción errónea de la corte en el encabezamiento cuando los autos que acom-pañan esa acusación demuestran que la corte tenía jurisdicción. Y aunque el encabezamiento dé un nombre incorrecto a la corte, sin embargo, puesto que el mismo no forma parte de la acusación, una objeción basada en la omisión debe desestimarse cuando aparezca de los autos que la acusación fué sometida a una corte de cuya exis-tencia judicial puede tomarse conocimiento. Se ha decidido que la designación de la corte en el encabezamiento como ‘Corte de Distrito de los Estados Unidos’, en lugar de del distrito o del territorio, es a lo sumo un error técnico o clerical que no vicia la acusación. Tam-bién se ha decidido que la omisión de la palabra ‘corte’ en el enca-bezamiento de una acusación, carece de importancia cuando los autos demuestran cuál fué la corte a la cual se sometió la acusación.”
“Un encabezamiento que es defectuoso porque no demuestra que fué enviado a una corte que tenía jurisdicción, puede ser posterior-mente enmendado por la corte para suplir la omisión. Y se ha decidido que una enmienda de esta naturaleza puede hacerse en cual-quier tiempo. En un antiguo caso de Carolina del Sur se sostuvo que la corte actuó correctamente concediendo permiso, después de una convicción para enmendar el encabezamiento de modo que de-mostrara que la sentencia fué dictada por una corte especial.”

Ninguna acusación es insuficiente, ni puede el juicio u otro procedimiento cualquiera que sobre ella se base ser afectado .a.causa de algún defecto o imperfección de forma, siempre, que tal defecto o imperfección no tienda en lo esencial a. perjudicar los derechos del acusado. Artículo 83, Código de Enjuiciamiento Criminal.

Entendemos que la jurisdicción se determina por los hechos relatados en el cuerpo de la denuncia, que en este caso pos parecen suficientemente claros.

Se alega además que la corte inferior cometió error al admitir en evidencia el instrumento presentado por el fiscal como un arma prohibida y que la sentencia es contraria a los hechos y a la- ley. A nuestro juicio, no se han cometido los errores señalados. El tribunal inferior examinó la prueba, tuvo bajo su inspección el arma y declaró culpable al acusado. Aunque el apelante nos dice en su alegato que solicitó' que el instrumento considerado como arma prohibida fuese elevado a este tribunal, la verdad es que el mismo no ha llegado a nosotros y que en estas condiciones debemos presumir que la corte inferior, que .vió el. arma y apreció la prueba-, actuó correctamente al establecer sus conclusiones.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila

text:
    Santini Fertilizer Co., demandante y apelante, v. Felipe G. Dávila, demandado y apelado. Santini Fertilizer Co., demandante y apelada, v. Felipe G. Dávila, demandado y apelante.
    Núms. 6625 y 6731.

    Sometidos: Enero 11, 1937.

      Resueltos: Marzo 15, 1937.

      B. Buscaglia, abogado de la demandante, apelante y apelada; Arturo Aponte, abogado del demandado, apelado y apelante.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

La parte demandada solicita la reconsideración de nuestra sentencia, alegando en primer término que incurrimos en error al decir que no se estableció en la contestación la de-fensa de prórroga de los pagarés de Dávila basta junio 30’ de 1930 y al sostener que la prueba no establece tal prórroga.

Es cierto que el demandado, al alegar como defensa especial que babía pagado los pagarés, añadió, a manera de adi-tamento y no como defensa separada, ciertas alegaciones vagas e imprecisas que abora sostiene. constituyen una de-fensa, estableciendo la prórroga de los referidos pagarés. En otras palabras, el demandado sostiene que en realidad alegó dos defensas que no sólo son incompatibles, sino que aparecen de su contestación como una sola defensa.

Pero pasando por alto los defectos en la contestación y asumiendo que se hubiese alegado la referida prórroga, no nos convence el demandado de que la prueba sostuviera esta defensa ni de que cometiera error la corte inferior al conde-narle a satisfacer el importe de los referidos pagarés. No surge de los autos que la corte inferior resolviera que se probó tal prórroga. Lo que parece baber opinado dicbo tribunal es que la demandante debió baber gestionado el cobro de la Yabueoa Sugar Co., antes de haber incoado la demanda. Sobre este punto, que constituye una conclusión errónea de derecho, expusimos nuestro criterio en la opinión original.

Sostiene el demandado que incurrimos también en error al concluir que la prueba del propio demandado estableció definitivamente que la demandante se negó a aceptar la carta dirigida a Yabueoa Sugar Co. en pago de los pagarés. Expresa dicbo demandado que la prueba demuestra que la demandante recibió la carta, aceptándola desde el momento en que la recibió. A nuestro juicio, el becho de que un acreedor acepte una carta de manos de un deudor no implica que la reciba en saldo de la deuda, sobre todo cuando, como en el caso de autos, el acreedor expresamente se negó a acep-tar la carta en pago de la obligación. El artículo 1138 del Código Civil de 1902, que equivale al 1124 de la edición de 1930, no es aplicable, en primer lugar, porque la carta no se entregó ni se aceptó en pago de las obligaciones del deman-dado Dávila, y últimamente, porque resulta claro que la carta en cuestión no es un documento de la clase a que se refiere dicho artículo.

No ha lugar a la reconsideración solicitada.


author: Ei. Juez Asociado Señob Tbavieso

text:
    Primitivo Bonilla, menor de edad representado por su madre con patria potestad María Acevedo Medina, demandante y apelado, v. Eladio Mitchel, demandado y apelante.
    Núm. 7112.

    Sometido: Marzo 11, 1937.

      Resuelto: Marzo 16, 1937.

      Miguel Bahamonde, abogado del apelante; Luis Mercader, abogado . del apelado.
   Ei. Juez Asociado Señob Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante, joven de veinte años de edad, trabajaba como empleado del demandado en el funcionamiento y manejo de una machina o circo de caballitos que el demandado tenía instalada en el pueblo de Adjuntas. Sé alega en la demanda que el patrono demandado no estaba asegurado en ninguna compañía ni con el Fondo del Estado; que el día 25 de agosto, 1933, mientras el demandante trabajaba en la machina del de-mandado, le fué cogido inadvertidamente el pie izquierdo por el piñón de la volanta de la máquina, destrozándole parte del pie, lo que hizo necesaria la amputación de cuatro de sus dedos; que como consecuencia de dicho accidente el deman-dante estuvo recluido en el hospital hasta el 12 de diciembre del mismo año, o sea por un período de tres meses y dieciséis días; que el accidente'ocurrió sin ninguna culpa o impru-dencia de parte del demandante; y que éste ha sufrido gran-des dolores, y ha quedado mutilado e incapacitado para el tra-bajo. Se pide sentencia contra el demandado por la suma de $3,000 como indemnización, más las costas y honorarios de abogado.

Las defensas que se presentan por el demandado son:

1. Que el accidente se debió exclusivamente a la imprudencia te-meraria y embriaguez del demandante.

2. Que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.

3. Que la Sección 31 de la Ley núm. 85 de 1928, titulada “Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo,” en que se basa esta acción, es nula e inconstitucional, viola derechos constitucionales del patrono y es contraria a derecho!

Celebrada la vista, la Corte de Distrito de Pon.ce dictó sen-tencia condenando al demandado a pagar la suma de $500 como indemnización, más las costas, gastos y honorarios de abogado. Apeló el demandado y señala los siguientes errores:

1. Insuficiencia de los hechos alegados en la demanda.

2. Que la corte sentenciadora erró al no declarar que la Sección 31 de la Ley núm. 85 de 1928 es nula e inconstitucional.

3. Que la corte inferior erró al apreciar la prueba.

4. Que la indemnización concedida es excesiva.

5. Que la corte inferior erró al imponer las costas, incluyendo honorarios, al demandado.

Discutiremos los alegados errores en el mismo orden en que han sido señalados.

La sección 31 de la Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo (Ley núm. 85 de 1928, pág. 631) lee así:

“Sección 31. — Si cualqtder patrono dejare de asegurar el pago de compensación por accidentes del trabajo de acuerdo con esta Ley, cualquier obrero perjudicado o sus herederos pueden proceder contra tal patrono radicando una petición para compensación con la Co-misión, y además pueden ejercitar una acción contra el patrono por daños y perjuicios, lo mismo que si esta Ley no fuera aplicable, y tendrán derecho en tal acción, sin prestar fianza, a embargar la pro-piedad del patrono por el montante que determinare la corte para asegurar el pago de la decisión que recayere. Tal embargo incluirá honorarios de abogado que serán fijados por la corte.
“Si como resultado de tal acción por daños y perjuicios recayere un fallo contra el patrono, en exceso de la compensación fijada por' esta Ley, la compensación fijada por la Comisión, si fuere pagada o si fuere garantizada con garantía aprobada por la corte, se dedu-eirá del fallo; Disponiéndose, que en tal acción se presumirá que el daño recibido por el empleado fué resultado directo y se debió a la negligencia del patrono, y el peso de la, prueba descansará sobre el patrono para contrarrestar la presunción de negligencia. Bu tal procedimiento no constituirá defensa para el patrono, que el em-pleado fué culpable de negligencia contributoria, o que asumió el riesgo de la lesión, o que la lesión fué causada por la negligencia de un compañero, o que la lesión fué causada por negligencia de un subeontratista o contratista independiente, a menos que el contratista o subcontratista independiente se hubiere asegurado con arreglo a las disposiciones de esta Ley.”

Sostiene el apelante que la demanda es insuficiente porque en ella se alega solamente que el demandado no estaba asegu-rado “en ninguna compañía ni con el Fondo del Estado en esta Isla,” y no se alega que tampoco era su propio asegurador, que es la tercera forma de seguro que autorizaba la sección 26 de la citada Ley núm. 85 de 1928.

Es cierto que un obrero lesionado no puede ejercitar la ac-ción de daños y perjuicios contra su patrono nada más que', en el caso de que el patrono dejare de asegurarse en alguna, de las formas autorizadas por la citada sección 26 de la ley;, y que cuando el patrono fia asegurado el pago de indemniza-ciones por accidentes del trabajo, el único remedio que contra: él tiene el obrero lesionado es el de radicar una petición para compensación con la comisión. (Sección 33, Ley núm. 85 de 1928.) Véase, Machado v. The American Railroad Co. of P. R., 49 D.P.R. 843.

Es indudable que la demanda interpuesta en este caso, sería más perfecta si, habiendo alegado que el demandado no estaba asegurado en ninguna compañía ni en el Pondo del Es-tado, hubiese alegado además que el demandado tampoco era su propio asegurador; pero no creemos que esas alegaciones, sean absolutamente necesarias para que la demanda aduzca una causa de acción. Si el demandado era en realidad. su propio asegurador, hecho que debía constarle a él mejor que a nadie, pudo muy bien alegarlo como materia de defensa en contra de la acción de daños y perjuicios. No lo hizo así el demandado. Del récord no aparece que éste haya en mo-mento alguno alegado o probado que él fuera su propio asegu-rador. El silencio del demandado en cuanto a este extremo es suficiente para que presumamos que él no era su propio asegurador.

Cualquier persona lesionada como consecuencia de un acto u omisión de otra persona tiene derecho a reclamar una in-demnización. Es solamente cuando el lesionado es un obrero .y el patrono está asegurado en alguna de las formas autori-zadas por la ley, que ésta priva al obrero del derecho de ac-ción que le concede el artículo 1802 del Código Civil (ed. 1930) para proceder contra el patrono. Cuando el obrero lesionado 'ejercita la acción de daños y perjuicios contra el patrono, el demandante no está obligado a alegar que el demandado no está asegurado para el pago de indemnizaciones a sus obreros. El hecho de estar asegurado en una u otra forma es materia de defensa que debe ser alegada y probada por el patrono para derrotar la acción de daños y perjuicios y obligar al obrero a entablar su reclamación ante la Comisión de Indem-nizaciones de acuerdo con el procedimiento provisto por el es • tat-uto. El demandante no estaba obligado a anticipar las defensas que pudieran ser interpuestas por el demandado. La objeción que ahora presenta el apelante es tardía y frívola y debe desestimarse.

Los argumentos del apelante para sostener la alegada nulidad e inconstitucionalidad de la sección 31, supra, pueden resumirse así:

(а) Que el estatuto impugnado impone al patrono el peso-de la prueba para contrarrestar la presunción de negligencia, le priva de las defensas del derecho común, entre ellas la de negligencia contribuyente y no dispone las defensas que-podrá •oponer el patrono a la acción del lesionado, dejando al patrono maniatado e indefenso.

(б) Que la sección 31 es discriminatoria e irrazonable y viola el derecho de propiedad del patrono y priva a éste de su propiedad sin el debido proceso de ley, por cuanto concede al obrero lesionado el derecho a embargar la propiedad del pa-trono, en aseguramiento de sentencia, sin prestar fianza.

Al sostener la constitncionalidad de la Ley de Indemni-zaciones a Obreros del Estado de New York, que contiene disposiciones similares a la ley aplicable al caso de. autos, la Corte Suprema Federal, en el caso de New York Central Railroad Co. v. White, 243 U. S. 188, 61 L. Ed. 667, se expresó así:

“La estrecha relación entre las reglas que rigen la responsabili-dad del patrono para con el obrero y los derechos fundamentales de libertad y propiedad queda, desde luego, reconocida. Pero esas reglas, como normas de conducta, no están exentas de ser alteradas por me-dio de legislación en bien del interés público. Ninguna persona tiene un interés adquirido sobre ninguna disposición legal, que le dé de-recho a insistir en que esa disposición legal permanezca inalterada para su beneficio. (Citas.) El derecho común basa la responsabili-dad del patrono, por lesiones recibidas por el obrero, sobre la causal de negligencia; pero la negligencia es simplemente el incumplimiento de algún deber impuesto' por la Ley; y la naturaleza y extensión de ese deber pueden ser modificadas por legislación, con el cambio co-rrespondiente en cuanto a lo que constituye negligencia. Cierta-mente, puede imponerse la responsabilidad por las consecuencias del incumplimiento de un deber estatutario, independientemente de la negligencia en el sentido ordinario, como por ejemplo en los casos de leyes sobre aparatos de seguridad. (Citas.)” ....
“Esta corte ha sostenido repetidamente la autoridad de los es-tados para variar por medio de legislación la regla sobre los compa-ñeros en el trabajo y las demás reglas del derecho común que afec-tan la responsabilidad del patrono por las lesiones personales sufri-das por el obrero. (Citas.)” ....
“Se ha dado gran énfasis al argumento de que la ley crea una responsabilidad sin culpa. Esto queda suficientemente contestado con lo que ya hemos dicho, pero podemos añadir que la responsabi-lidad sin culpa no es una novedad en el derecho. La responsabili-dad que el derecho común impone al porteador, al hostelero o al que utiliza el fuego u otros agentes peligrosos o al que posee algún animal fiero, no depende por completo de las cuestiones de culpa o ne-gligencia. Estatutos que imponen responsabilidad sin culpa han sido sostenidos como válidos. (Citas.)”

En Hawkins v. Bleakly, 243 U. S. 210, 61 L. Ed. 678, la Corte Suprema Federal reafirmó su decisión en el caso de New York Central R. Co. v. White, supra, y al sostener la validez de la Ley de Indemnizaciones a Obreros del Estado de Iowa, dijo:

“Algunas de las objeciones del apelante se basan en que al pa-trono se le somete a una especie de extorsión (duress) con el fin de obligarle a aceptar las disposiciones de la ley en cuanto a eompen- ■ sación, por cuanto se provee que un patrono que rechace esas dis-posiciones no se librará de la responsabilidad por las lesiones sufri-das por un obrero como consecuencia o en el curso usual de su em-pleo, porque el obrero asumió los riesgos del empleo, o porque el obrero fué negligente, a menos que la negligencia fuere voluntaria y con la intención de causarse las lesiones o resultare de la embria-guez, o porque la lesión fuere causada por la negligencia de un com-pañero en el trabajo. Pero es claro, como hemos sostenido en New York C. R. Co. v. "White (supra) que el patrono no tiene un derecho adquirido para que estas llamadas defensas del derecho común sean pei'petuadas para su beneficio, y que la Enmienda 14 no prohíbe a un estado el establecimiento de un sistema de compensaciones a obre-ros sin el consentimiento del patrono, aboliendo incidentalmente las referidas defensas.
“Lo mismo puede decirse en cuanto a la disposición de que, en una acción contra un patrono que haya rechazado la ley, se presu-mirá que el daño fué el resultado directo de su negligencia, y que él debe asumir el peso de la prueba para controvertir la presunción de negligencia. En adición, podemos repetir que el establecimiento de presunciones, y de reglas referentes al peso de la prueba, está claramente dentro del dominio del gobierno estadual, y que una dis-posición de esa índole, que no sea en sí irrazonable, y que no sea concluyente en cuanto al derecho de una parte, no constituye una negación del debido proceso de ley. (Citas.)”

Trata el apelante de distinguir el caso de Hawkins v. Bleakly, supra, del de autos, alegando que la ley de Iowa declara abolidas las defensas del common law, pero deja al patrono otras defensas, tales como la intoxicación y la de la intención maliciosa de causarse el daño, mientras que en la ley de Puerto Pico no se disponen las defensas que podrá oponer el patrono a la acción del lesionado. Tal argumentación carece de fundamento. La Sección 4 de la misma Ley núm. 85 de 1928 dispone:

“Sección 4. — No son accidentes del trabajo y no darán, por con-siguiente, derecho a indemnización al obrero o a sus herederos, de acuerdo con esta Ley, los que ocurran en las siguientes circunstan-cias :
“1. Al tratar el obrero de cometer un delito o de lesionar a su patrono o a cualquiera otra persona, o cuando voluntariamente se causare la lesión.
“2. Estando el obrero embriagado, siempre que la embriaguez fuere la causa del accidente.
“3. Cuando la lesión le haya sido causada al obrero por el acto criminal de una. tercera persona.
“4. Cuando la imprudencia temeraria del obrero haya sido la única causa de la lesión.’'

Todas esas defensas enumeradas en la sección 4, snpra, pueden ser interpuestas por el patrono que estando asegu-rado es llevado ante la Comisión de Indemnizaciones a responder de las lesiones sufridas por su empleado; y pueden ser interpuestas también por el patrono demandado en acción ordinaria de daños y perjuicios, pues la sección 31, supra, priva al patrono no asegurado solamente de aquellas defen-sas específicamente enumeradas en la misma sección, o sea la negligencia contribuyente, la asunción del riesgo y la negligencia de un compañero o subcontratista o contratista independiente, pero no le priva de las defensas especifica-das en la sección 4, supra. La mejor prueba de ello es que el demandado en el caso de autos ña interpuesto como defensa la alegada embriaguez del demandante como causa única de la- lesión.

Somos de opinión que las disposiciones de la ley que esta-mos considerando no violan en manera alguna los derechos constitucionales del demandado y que debemos sostenerlas como válidas y obligatorias.

Sostiene el apelante que la corte sentenciadora erró en la apreciación de la prueba, pero no alega que ese error haya sido motivado por la pasión, el prejuicio o la parciali-dad del juzgador. Hemos hecho un cuidadoso estudio de la evidencia presentada por el demandado para sostener su defensa de intoxicación del empleado, como causa única de la lesión, y también de la ofrecida por el lesionado para sos-tener su estado de sobriedad en el momento del accidente. Considerada en conjunto, la prueba presentó un conflicto que hubo de ser resuelto por la corte inferior, ante la cual depu-sieron los testigos de una y otra parte. Al resolver ese con-flicto, la corte inferior s.e expresó así:

“Tocia la prueba del demandado tendió a establecer el hecho de que el demandante estaba embriagado la noche del accidente. La corte hace constar que no le ha merecido crédito esta prueba y que en su opinión la misma no ha rebatido la presunción de negligencia que establece la sección 31 de la Ley.”

Apareciendo del récord prueba suficiente, a la que la corte dió crédito, para sostener que el demandante no estaba ebrio en el momento del accidente, es nuestro deber respetar y sostener las conclusiones de hecho del tribunal sentenciador y desestimar el error señalado.

Los señalamientos 4 y 5 deben ser desestimados por carecer de fundamento. No es excesiva una indemnización de $500 por lesiones que motivaron la amputación de cuatro dedos de un pie y que obligaron al demandante a permanecer en el hospital por más de tres meses y a sufrir dos operaciones. Y no creemos que la corte abusara de su facultad discrecional al imponer al demandado el pago de honorarios de abogado. Pudo el demandado reducir el importe de la indemnización, para ajustar ésta a las regias de la Comisión de Indemnizaciones, y evitar el pago de honorarios, asegurando a sus empleados en una de las formas autorizadas por la ley. No lo hizo así y optó por correr el riesgo de una acción de daños y perjuicios.

La sentencia recurrida nos parece justa y razonable y debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Yabucoa Sugar Company, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 6657.

    Sometido: Noviembre 2, 1936.

      Resuelto: Marzo 17, 1937.

      Mariano Acosta Velarde, abogado de la apelante; Son. Procurador-General B. Fernández García y R. Cordovés Aroma, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En 28 de julio, 1936, resolvimos en una decisión per cu-riam que la apelante en este caso estaba obligada a seguir la suerte de la contribuyente en el caso de la P. R. Fertilizer Co. v. Domenech, 50 D. P. R. 405. La P. R. Fertilizer Co. solicitó la reconsideración y la obtuvo. A la aquí apelante, se le permitió que compareciera como amicus curios en la reconsideración del caso de la P. R. Fertilizer Co., supra; Ella también había presentado anteriormente una moción de reconsideración de nuestra aludida decisión per curiam.

La apelante trata de • distinguir su posición en este caso de la de la P. R. Fertilizer Co. Sostiene que dadas las cir-cunstancias del pago en el presente caso, la apelante, para recobrar del Tesorero, no estaba obligada a pagar bajo pro-testa.

Nos damos cuenta de que a la demandante le Rubiera sido difícil o casi imposible al tiempo de efectuar el pago de las contribuciones, saber que las pagaba en exceso de la suma adeudada. Es necesariamente cierto que cuando un contri-buyente efectúa un pago voluntario, de ordinario no se per-cata de que tal pago es excesivo.

La apelante trató de recobrar del Tesorero el pago en exceso. Bajo la sección 75 de la Ley núm. 74 de 1925 (Leyes de ese año, pág. 401), ley que bajo nuestra opinión más reciente (P. B. Fertilizer Co. v. Domenech) Remos resuelto es aplicable, el Tesorero queda autorizado “para remitir, reintegrar, y devolver todas las contribuciones errónea o ilegalmente impuestas o cobradas . . . .”

Esta es cuestión discrecional de parte del tesorero y nuestra decisión directa en el caso de la P. R. Fertilizer Co. es que dicRa sección no otorga al contribuyente un derecho adicional a entablar un pleito sobre devolución de contribu-ciones. No importa cuál fuera el método adoptado por el contribuyente en el caso de la P. R. Fertilizer Co., puesto que nos sentimos obligados a resolver sin hacer referencia especial al procedimiento seguido en dicho caso, que ese razonamiento y el razonamiento de este caso nos compele a declarar que la apelante carece de remedio mediante litigio.

Las . contribuciones pagadas voluntariamente, en ausencia de un estatuto que lo autorice, de ordinario no pueden ser recobradas. Little v. Bowers, 134 U. S. 54; 61 C. J. 985. Es cierto que a tenor de la Ley núm. 80 de 1919 (pág. 613) se autorizaba un pleito directo contra el tesorero para recobrar las contribuciones voluntariamente pagadas. Empero, desde 1921 (Ley núm. 43 de 1921, pág. 331) el derecho a instruir litigios sobre devolución de contribuciones, a no ser por aquéllas pagadas bajo protesta, ha sido abrogado. Compama Agrícola de Capey, Ltd. v. Dommech, 47 D.P.R. 535. El mero hecho de que la Legislatura diera a un con-tribuyente el derecho a recobrar bajo ciertas circunstancias no otorga tal derecho bajo circunstancias distintas, o sea, cuando una persona no paga bajo protesta.

Por disposición legislativa el pago bajo protesta es con-dición precedente al derecho a recobrar mediante litigio.

Debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.


author: Et Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Behn Brothers Association, demandante y apelante, v. Félix Rodríguez, demandado y apelado.
    Núm. 7387.

      Sometido: Enero 19, 1937.

      Resuelto: Marzo 18, 1937.

      Jaime S'ifre, Jr., y Raid Benedicto, abogados de la apelante; Félix Rodríguez, por su propio derecho.
   Et Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito, luego de celebrar un juicio sobre los méritos, declaró sin lugar un procedimiento de desahucio. El señalamiento de errores es al efecto de que la corte inferior cometió error al resolver que la parte del solar ocupado por el demandado no había sido suficientemente identificada y al declarar sin lugar la demanda.

El demandado había construido una pequeña casa de madera en parte sobre el solar de la demandante y en parte sobre una faja de terreno contigua perteneciente a El Pueblo de Puerto Bico. La demandante alegó que el demandado ocupaba cien metros cuadrados del solar descrito en la demanda. La contención de la apelante es que la omisión de una descripción más específica del terreno ocupado por el demandado fue subsanada por la prueba.

Uno de los testigos de la demandante declaró que el demandado ocupaba casi veintidós metros cuadrados de los terrenos de la demandante. Que “tres metros de la casa están en terreno que pertenece a El Pueblo de Puerto Rico y los demás en la propiedad de nosotros.” Al preguntársele por los linderos de los veintidós metros este testigo replicó: “Tres metros colindan con el mar y siete con nosotros.”

Otro testigo, agrimensor, declaró: que la casa del deman-dado tenía tres metros de ancbo y ocbo metros de largo; que seis metros cuadrados de la misma estaban en terrenos del gobierno y el resto que eran veinte y pico de metros cua-drados estaba en el solar de la demandante; que el terreno ocupado por el demandado lindaba por el norte con la zona marítima perteneciente a El Pueblo de Puerto Rico y por los otros tres lados con terrenos pertenecientes a la demandante.

La casa estaba ubicada en el lindero norte del solar de la demandante. Nada babía que demostrara si el límite norte corría de este a oeste o en dirección más o menos de este a oeste. 'Nada babía que revelara si los extremos de la casa eran paralelos y perpendiculares al lindero norte del-solar o en alguna otra forma. Nada babía que indicara si la -parte de la zona marítima ocupada por la casa era triangular o cuadrangular. De ser cuadrangular nada babía que. denotara si la figura resultante era un paralelógramo o un trapezoide. Si el área de esa porción era seis metros cua-drados y las dimensiones de la casa eran tres por ocbo metros, entonces el área de esa porción del terreno de la deman-dante efectivamente ocupada por la casa del demandado era diez y ocbo metros cuadrados, no veinte y pico de metros ni “casi veintidós metros cuadrados.” No babía base satis-factoria alguna para un cálculo aritmético.

No existían signos materiales mediante los cuales el demandado o el marshal de la corte de distrito pudieran determinar sin ayuda de nn agrimensor la situación exacta del lindero norte en el lugar en que estaba enclavada la casa.

La corte de distrito no podía ordenar al demandado que desalojara, removiera o destruyera, aquella parte de la casa que estaba ubicada en terreno perteneciente a El Pueblo de Puerto Rico. La prueba no puso a la corte en condiciones de informar al demandado o al marshal con certeza razo-nable qué parte de la casa debía ser desocupada, removida o destruida.

No hallamos error alguno en el criterio de la corte de distrito respecto a la identificapión inadecuada de aquella parte de la propiedad de la demandante ocupada por el demandado. De ello se desprende que la corte inferior no cometió error alguno al declarar sin lugar la demanda.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señob, Cóbdova Dávila

text:
    María Valdés Yera, demandante y apelante, v. Pizá & Martínez, Inc., demandada y apelada.
    Núm. 7050.

    Sometido: Febrero 18, 1937.

      Resuelto: Marzo 18, 1937.

      L. Santiago Carmona, abogado de la apelante; B. Pactó Pares, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob, Cóbdova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Ramos Rivera y su esposa la demandante María Valclés Yera, celebraron con Pizá & Martínez, Inc., nn con-trato de concesión de crédito con garantía hipotecaria. En la escritura otorgada al efecto declararon los referidos espo-sos que eran dueños de una finca de media cuerda que adqui-rieron de Ramos tinos. & Co., Sucrs., en 27 de octubre de 1928. También hicieron constar que estaban haciendo nego-cios bajo el nombre de Ramos Unos. & Co. Sucrs.; que Pizá & Martínez convino en concederles un crédito hasta la suma de $2,000, del cual irían disponiendo en mercaderías y efec-tos; que el crédito se abría por un año venciendo éste en 7 de agosto de 1931, obligándose los deudores a satisfacer a su vencimiento las sumas que se bailasen adeudando a Pizá & Martínez, Inc.; que dicho crédito se abriría en los libros de esta última en forma de cuenta corriente; que para garan-tizar el pago, hasta la suma de $2,000, o lá parte de la misma que en la liquidación final de la referida cuenta corriente se hallaren adeudándole los esposos Eamos Yaldés, ya en persona o haciendo negocios bajo el nombre de Eamos Hnos. & Go., Sucrs., Eamón Eamos Eivera, con el consentimiento expreso de su esposa compareciente María Yaldés Yera, cons-tituye hipoteca a favor de la mercantil Pizá & Martínez, Inc., sobre el inmueble referido y también sobre otros bienes.

La cuenta corriente aparece liquidada en 20 de octubre de 1931, haciendo constar Eamón Eamos, a nombre de Eamos Hnos. & Co., Sucrs., lo siguiente:

£'En mi carácter de único gestor y dueño con mi esposa de todo el activo que integra la firma Ramos Hnos. & Co., Sucrs., estable-cida en la calle del Hr. Yeve del pueblo de Bayamón, bago constar que la liquidación que precede de la cuenta de dicha firma con los Sres. Pizá & Martínez, Inc., de San Juan, es conforme, arrojando la misma un balance a favor de dichos Sres. Pizá & Martínez, Inc., de mil doscientos sesenta y cuatro dólares' con ochenta y nueve centavos, según liquidación que de mutuo acuerdo hemos practicado en esta fecha.”

Más tarde entabló Pizá & Martínez, Inc., demanda contra Eamos Hnos. & Co., Sucrs., en cobro de la cantidad liqui-dada. Para asegurar la efectividad de la sentencia embargó la firma demandante las existencias de dos tiendas pertene-cientes a la demandada, que fueron adjudicadas a Pizá & Martínez, Inc., en ejecución de sentencia, por la cantidad de $1,300.

Posteriormente se declaró la quiebra de Eamos Hnos. & Go., Sucrs., y se ordenó por la Corte Federal la suspensión de todos los procedimientos seguidos por Pizá & Martínez, Inc., contra la referida sociedad en la Corte de Distrito de Bayamón. También esta corte dictó una providencia de acuerdo con la orden de la Corte Federal. No surge de los autos la fecha en que la petición de quiebra fue radicada en dicha corte. El Juez de Quiebra hizo constar que habiendo examinado los bienes pertenecientes al quebrado resultaba que los mismos habían sido vendidos en virtud de embargo dentro de los cuatro meses precedentes a la radicación de la petición de quiebra, habiendo dictado una orden para que los Sres. Pizá & Martínez, Inc., expusiesen las causas que tuvie-ran para que los bienes embargados y vendidos no fuesen entregados a Francisco Font Manzano, designado síndico por el Juez de Quiebra Jesús A. G-onzález. Pizá & Martí-nez, Inc., se avino a entregar los bienes, incautándose de los mismos el referido síndico Sr. Font Manzano.

La demandante, basándose en que el inmueble hipotecado es un bien privativo suyo y en que la obligación hipotecaria ha sido novada y satisfecha, solicita la cancelación de la refe-rida hipoteca. La corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda.

Se aleg'a como primer error que la sentencia ha debido dictarse y no se dictó contra la parte demandada. Ésta es realmente una conclusión que no constituye un señalamiento de error. Examinando el alegato de la parte apelante vemos que el error apuntado se basa en haber declarado la corte inferior que los bienes embargados fueron adquiridos en pública subasta por Pizá & Martínez, Inc., en la suma de $1,300 para abonar a su cuenta y que esta suma no cubrió el importe de la sentencia ($1,264.89), intereses y costas, no pudiendo decirse, como alega la demandante, que la demandada ha cobrado en su totalidad la deuda y que debe cancelarse la garantía hipotecaria por razón de pago. Es verdad que de las palabras de la corte inferior puede deducirse que a su juicio la demandada cobró la cantidad de $1,264.89, importe de la deuda liquidada, pero dicho tribunal parece olvidarse de que los bienes embargados fueron entre-gados por la firma demandada al Síndico Sr. Font Manzano. Hemos diclio que el Juez de Quiebra declaró que los bienes pertenecientes al quebrado fueron vendidos en virtud de embargo dentro de los cuatro meses precedentes a la radi-cación de la petición de quiebra. Debemos asumir que dicbo funcionario actuó dentro de su jurisdicción al incautarse de los referidos bienes y que Pizá & Martínez, Inc., se vió obli-gada a entregarlos obedeciendo al requerimiento que se le hizo.

En estas condiciones no es posible sentar la conclusión de que la obligación haya sido satisfecha.

Alega la apelante que al abandonar Pizá & Martínez, Inc., la garantía hipotecaria que constituía un gravamen sobre su propiedad y cobrar por otros medios la cuenta corriente que liquidó con Ramón Ramos, quedaba ipso facto sin valor la garantía y renunciada por un nuevo contrato que expresamente se hizo valer ante la corte en un cobro de dinero contra la sociedad Ramos Hnos. & Co., Sucrs.

La demandante ofreció prueba para demostrar que la finca hipotecada es un bien privativo de ella. No obstante, hizo constar, al constituir hipoteca sobre dicha finca en unión de su esposo a favor de Pizá & Martínez, Inc., que dichos bienes pertenecían a la sociedad de gananciales. La deman-dante, en su alegato, recuerda haber declarado que no ejer-cía el comercio, a pesar de haber hecho constar claramente en la escritura de hipoteca que ella y su esposo estaban haciendo negocios bajo el nombre de Ramos Hnos. & Co., Sucrs. También en la escritura de capitulaciones matrimo-niales se hizo constar que la referida demandante aportó a la sociedad mercantil Ramos Hnos. & Co. la cantidad de $800. Fue convenido en esta escritura que la Sra. Valdés “pudiese continuar en sus gestiones mercantiles e industria-les como lo había venido haciendo, sin impedimento alguno, y sin que esto se entienda que dichas gestiones mercantiles tengan o puedan tener relación alguna dentro de los fines de la sociedad de gananciales.” De modo que desde antes de casarse había la demandante invertido en la mercantil Eamos Hnos. & Co., Sucrs. fondos de su propiedad.

Es claro que la demandante no puede ir contra sus pro-pios actos, negando ahora que los bienes fuesen ganancia-les y que formase parte de la firma Eamos Hnos. & Co., Sucrs., si estos hechos indujeron a la demandada a conce-der un crédito y a desprenderse de los bienes que en virtud de dicho crédito comprara la referida firma; pero aunque la prueba no demostrase como demuestra la intervención de la demandante en los negocios de Eamos Hnos. & Co. Sucrs., y aunque la finca resulte un bien privativo, estos hechos no pueden afectar la garantía hipotecaria constituida por la propia demandante y su esposo en favor de Pizá & Martí-nez, Inc.

En cuanto a que la demandada renunció a la garantía al establecer una acción en cobro de dinero, hemos soste-nido que el cobro de un crédito hipotecario puede perseguirse por el procedimiento sumario que autorizan la Ley Hipote-caria y su Eeglamento, o por acción civil ordinaria con suje-ción a los preceptos del Código de Enjuiciamiento Civil, pudiendo el acreedor optar por uno u otro procedimiento según lo crea conveniente. El hecho de que el acreedor hipotecario haya promovido una acción personal en cobro de pesos no implica, a nuestro juicio, que se haya renunciado a la garantía.

La garantía hipotecaria no se considera renunciada y extinguida por el hecho de haber procedido el acreedor a. hacer efectiva la obligación mediante una acción ordinaria, en cobro de dinero, en vez de utilizar el procedimiento suma-rio de la Ley Hipotecaria. Fossas v. The National City Bank,. 50 D. P. R. 325.

Alega por último la parte apelante que la corte inferior erró al declarar sin lugar la demanda porque no se había, probado la novación del contrato. Se arguye que la liqui-dación de la cuenta corriente fné aceptada por el Sr. Bamos sin consentimiento de sn esposa, y se afirma con énfasis que esta liquidación constituye una novación de la obligación. Veamos en qué se basa la apelante para sostener esta con-clusión. En el contrato de constitución de hipoteca cele-brado en 7 de agosto de 1930, se hizo constar por los espo-sos Bamos Valdés lo siguiente:

“Este crédito se abre por el término de un año a contar desde esta fecha, plazo que vencerá por consiguiente en igual día y mes del año mil novecientos treinta y uno, al vencimiento del cual los espo-sos Ramos Valdés se obligan y comprometen a satisfacer a la mer-cantil ‘Pizá & Martínez, Inc.’ las sumas que se hallen adeudándole por virtud de este contrato, siendo expresamente convenido que dicho plazo de un año podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo por los otor-gantes y la prórroga o prórrogas que del mismo se acuerden, se con-siderarán como parte integrante de esta escritura, sujeta a todas las. condiciones y estipulaciones de ella.”

La liquidación de la cuenta corriente' aparece hecha en 20' de octubre de 1931, o sea más de dos meses después de haber vencido el término durante el cual permaneció abierto el cré-dito concedido a los esposos referidos. De este hecho deduce' la parte apelante que se suscribió una nueva obligación y se prorrogó la garantía. Para nosotros resulta claro que si las mercaderías fueron tomadas durante el año en que permane-ció abierto el crédito,- el hecho de que la liquidación se haya hecho dos meses después no puede afectar ni alterar una obligación contraída para garantizar el pago hasta la suma, de $2,000, o parte de la misma que en la liquidación final se-hallaren adeudando los esposos Bamos Valdés. El esposo, de la demandante, que aparece como socio gestor de la mer-cantil Bamos Hnos. & Co., Suers., y que es además adminis-trador de la sociedad de gananciales, expresó su conformi-dad con el importe del saldo arrojado por la liquidación de la cuenta corriente; pero aun en la hipótesis de que el esposo-no tuviese autoridad para hacer esta liquidación y obligar a su esposa sin su consentimiento, el hecho de que no se haya liquidado la deuda uo es motivo para la cancelación de la hipoteca. La demandante no puede obtener una sentencia a su favor mientras no demuestre que la obligación que sir-vió de base a la garantía ba sido satisfecha. No de otro modo podría decretarse la cancelación.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

JE1 Juez Asociado Señor Wolf no intervino.

EN MOCION DE KECONSIDERACION

Marzo 30, 1937

La demandante en este caso solicita la reconsideración de nuestra sentencia, basándose en que el trustee de la Corte Federal se incautó de los bienes de Eamos Hnos. & Co. seis meses después de haber sido embargados por la demandada Pizá & Martínez, Inc. La demandante parece preocuparse mucho del momento en que la corte de quiebra se incautó ■de los bienes, prescindiendo de la fecha en que se radicó la petición de quiebra. 'No hemos resuelto, por considerarlo innecesario, si la demandante, en caso de haberse embargado los bienes con más de cuatro meses de anterioridad a la peti-ción de quiebra, habría tenido derecho a la cancelación soli-citada. Hemos dicho que no surge de los autos la fecha en •que esa petición se radicara y que en ausencia de esta prueba •debemos presumir que el Juez de Quiebra actuó dentro de su jurisdicción al incautarse de los referidos bienes. No podemos nosotros suplir una prueba que no aparece en los autos ni declarar que el funcionario aludido no actuó den-tro de sus atribuciones al apoderarse de los referidos bienes para cubrir, hasta donde fuese posible, las obligaciones de Ramos Hnos. & Co., de cuya firma forma parte la propia .demandante. Se arguye que la parte demandada no alegó en la corte inferior que esos bienes hubiesen sido embarga-'dos dentro de los cuatro meses anteriores a la quiebra. Se nos ocurre qne es la demandante, interesada en probar su oaso, la que debió alegar y acreditar debidamente la falta de jurisdicción de la Corte de Quiebra, si creyó- que este becbo babía de favorecerle para obtener el remedio solicitado.

No ha lugar a la reconsideración.


author: El Juez Presidente Señor Bel Toro

text:
    Méndez Hnos. demandante, apelada y apelante, v. Manuel V. Domenech, como Tesorero de Puerto Rico, demandado, apelante y apelado. Méndez Hnos., demandante y apelante, v. R. Sancho Bonet, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núms. 7116 y 7248.

    Sometidos: Enero 12, 1937.

      Resueltos: Marzo 18, 1937.

      J. J. Grliz Alibrán, ■ abogado de la demandante; H.on. Procurador General B. Fernández García y R. Gordovés Arana, Primer Pro-morador General Auxiliar, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Bel Toro

emitió la opinión del tribunal.

Méndez Hermanos, una sociedad mercantil domiciliada en, Humacao, entabló demanda en la' Corte de Distrito de San Juan el 21 de enero de 1933 contra el Tesorero de Puerto Rico en reclamación de $1,941.03 que por contribución sobre ingresos pagó bajo protesta el 30 de enero de 1932.

El demandado por vía de excepción previa alegó que la demanda no aducía becbos suficientes constitutivos de una causa de acción “por cuanto la acción que en ella se ejer-cita está prescrita a tenor de lo que dispone la sección 76, párrafo (a) de la Ley núm. 74, aprobada en 6 de agosto de 1925 (Leyes de 1925, pág. 401), porque según aparece de xa demanda esta acción se lia ejercitado después de transcu-rridos treinta días desde la fecha en que se pagó la contri-bución bajo protesta.”

La excepción fué declarada sin lugar. Contestó el de-mandado. Fué el pleito a juicio. Y la corte de distrito lo falló por sentencia de junio 6, 1935, declarando la demanda sin lugar en cuanto a la eliminación del sueldo pagado a un socio, bajo la autoridad del caso de Moscoso Hnos. v. Tesorero, 44 D. P. R. 11, y con lugar en cuanto a la deducción de cinco mil dólares invocada de acuerdo con la sección 34 de la Ley núm. 74 de 1925, por entender que dicha sección estaba en todo su vigor ya que la Ley núm. 18 de 1927 (pág. 487) decretada para enmendarla era nula de acuerdo con lo resuelto por la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito en el caso de Domenech v. Havemeyer, 49 F. (2d) 849.

De la.s sentencias apelaron ambas partes. Sus recursos • se tramitaron separadamente pero se vieron el mismo día. Todas las cuestiones suscitadas han sido ampliamente dis-cutidas. Una de ellas es de naturaleza previa, la de haberse establecido la acción ejercitada fuera del término autorizado por la ley.

Así fué en efecto. De acuerdo con la decisión de esta corte en P. R. Fertilizer Co. v. Domenech, 49 D.P.R. 45, la ley que rige este caso es la invocada por el propio deman-dante o sea la núm. 74 de 1925, y esa ley fija el término de treinta días para recurrir para ante los tribunales después de verificado el pago bajo protesta, y aquí entre el pago y la interposición de la demanda transcurrieron más de once meses.

En tal virtud, la excepción previa que formuló el deman-dado debió haberse declarado con lugar, dictándose senten-cia de conformidad. No se hizo así. Siguió fabricándose sobre una base falsa y todo tiene necesariamente que caer con ella. La sentencia apelada no puede subsistir en lo favorable ni en lo adverso para cada una de las partes. Debe ser revocada por completo y sústituída por otra deses-timando la demanda, sin especial condenación de costas.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Oórdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Sucesores de A. Mayol & Cía., Inc., demandante y apelante, v. R. Sancho Bonet, como Tesorebo de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7275.

    Sometido: Enero 12, 1937.

      Resuelto: Marzo 18, 1937.

      J. J. Ortiz Alibrán, abogado de la apelante; Hon. Procurador General B. Fernández García y B. Gordovés Arana, Primer Procu-rador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Sucrs. de A. Mayol & Co., Inc., entabló demanda en la Corte de Distrito de San Juan contra el Tesorero de Puerto Rico en abril 20, 1935, ejercitando tres causas de acción.

En el caso de la primera causa de acción la contribución reclamada se pagó bajo protesta en febrero 6, 1934, solici-tando el contribuyente del Tesorero el 16 de junio siguiente el reintegro de la cantidad pagada bajo protesta, invocando las secciones 64 (a), 75 y 76 (b) de la I<ey núm. 74 de 1925 (pág. 401). En junio 21, 1934, el Tesorero negó el reinte-gro. Apeló el contribuyente a la junta y ésta confirmó la resolución del Tesorero por resolución de julio 20, 1934, noti-ficada en marzo 5, 1935.

En el caso de la segunda causa de acción y en el de la tercera se pagaron de igual modo bajo protesta las deficien-cias en febrero 6, 1934, y se reclamó' en la misma forma que se reclamara en cuanto a la primera causa de acción.

El demandado excepcionó la demanda “porque ni dicha demanda ni sus distintas causas de acción aducen hechos constitutivos de causa de acción a favor de la demandante y en contra del demandado, porque las acciones en ellas ejer-citadas están prescritas de acuerdo con las disposiciones de la sección 76 de la Ley núm. 74 de agosto 6 de 1925, por cuanto aparece de la faz de la demanda que la misma se interpuso en abril 20 de 1935, o sea después de transcurrido un período de más de treinta días a contar del 6 de febrero de 1934, fecha del pago bajo protesta de la contribución que se reclama, o a contar del cinco de marzo de 1935, fecha en que la demandante fué notificada de la resolución de la Junta de Revisión e Igualamiento confirmando la decisión del Tesorero de Puerto Rico negando la petición de reinte-gro; y también de acuerdo con las disposiciones contenidas en la' sección 3 de la Ley núm. 8 de 19 de abril de 1927 (pág. 123), porque aparece de la faz de la demanda que la misma se interpuso en abril 20 de 1935, o sea después de haber transcurrido más de un año a contar de febrero 6 de 1934, fecha en que la demandante satisfizo bajo protesta las con-tribuciones que ahora reclama.”

Oyó la corte a ambas partes y declaró con lugar la excep-ción y en su' consecuencia dictó sentencia desestimando la demanda, sin especial'condenación de costas.

No conforme, el contribuyente' apeló. Insiste en su dere-cho a recurrir a los tribunales de acuerdo con las secciones 64,.75 y '76.de la Ley núm. 74 de 1925, no obstante recono-' cer como reconoce que entre el pago bajo protesta y la inter-posición de la demanda transcurrió no ya más de un mes si que más de un año.

Resolviendo la cuestión dijo en su resolución la corte sentenciadora:

“A nuestro juicio la contención de la demandante es errónea. La sección 64 (a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos no bace otra cosa que crear un derecho a favor del contribuyente, auto-rizándolo a reclamar administrativamente del Tesorero, que le acre-dite a una contribución vencida y no pagada o se le reintegre si no tuviere tal contribución vencida, el montante de cualquier contri-bución sobre ingresos o beneficios excesivos que le haya sido ilegal o erróneamente cobrada, y que haya sido pagada por él bajo pro-testa.
“La sección 64 (6) dispone que no se concederá ningún crédito o reintegro después de cuatro años a partir de la fecha del pago bajo protesta, y en los párrafos siguientes continúa la ley exponiendo el procedimiento administrativo a que deberá ajustarse el contribuyente. Nada dice la sección 64 ni las que inmediatamente le siguen sobre procedimientos judiciales hasta que en la sección 76 (a) y bajo el título de ‘Limitación de Pleitos y Procedimientos entablados por el Contribuyente’, se dice: (Se transcribe.)
“El pleito o procedimiento a que se contrae la sección 76 (6) antes transcrita y que cita la demandante en apoyo de su contención,, no es otro que el que se autoriza en la sección 76(a) que le precede, y el cual deberá establecerse dentro de los treinta días siguientes al pago bajo protesta. No puede referirse la sección 76 (6) al proce-dimiento administrativo autorizado por la sección 64, pues además de no mencionarse siquiera dicho procedimiento, la sección 64 se halla bajo otro título denominado ‘Créditos y-Reembolsos.’
“Sería una inconsistencia imperdonable por parte del legislador si después de conceder un término de 4 años a partir de la fecha del pago bajo protesta para reclamar la devolución de contribución, se-gún interpreta la demandante la sección 64 (ó), en la misma ley y en la sección 76 (a) limitase el término para establecer la acción a 30 días después del pago bajo protesta. Si interpretásemos la sec-ción 64 (ó) como pretende la demandante, resultaría además, que el término de prescripción dispuesto en la sección 76 (a) sería comple-tamente inútil, pues aunque hubiesen expirado los 30 días a que se refiere dicha sección 76 (a) el contribuyente no perdería su derecho de acción, puesto que con sólo radicar un escrito de reintegro al Te-sorero dentro de los cuatro años siguientes al pago bajo protesta, tendría derecho a establecer la acción que le prohíbe la sección 76 (a), interpretación que claramente es absurda.”

Y esta Corte Suprema, en el caso de P. R. Fertilizer Co. v. Domenech, Tesorero, 50 D. P. R. 405, 413, tras un estudio de las secciones de la ley sobre contribución sobre ingresos que aquí invoca el apelante, decidió:

“Bajo el estado actual de la ley, no encontramos que pueda el contribuyente sobre ingresos acudir a los tribunales de justicia sin pagar bajo protesta. Si dicho contribuyente no está conforme con la contribución, puede, dentro del término de treinta días de noti-ficado, apelar a la Junta y obtener de ella que desestime en todo o en parte la deficiencia determinada por el Tesorero, tal como se prescribe en la sección 57 de dicha ley, y puede, si la resolución de la Junta le es adversa, pagar bajo protesta y acudir, dentro de los treinta días siguientes al pago, a los tribunales de justicia, ejerci-tando el derecho que le reconoce la sección 76 de la repetida ley de 1925. Puede además, aunque no hubiere pagado bajo protesta, si estima que la contribución se le impuso o cobró errónea o ilegalmente, y es injusta o excesiva, acudir al Tesorero y pedirle que usando de la autoridad que le concede el artículo 75 de la ley, le remita dicha contribución reintegrándole lo que hubiere pagado por ella, pero si la resolución del Tesorero le fuere adversa, no puede apelar de la misma para ante los tribunales de justicia.”
Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    Josefa González Vda. de Margarida, demandante y apelante, v. José Calderón Miró, demandado y apelado.
    Núm. 6678.

    Sometido: Febrero 25, 1936.

      Resuelto: Marzo 19, 1937.

      H. Torres Sola, abogado de la apelante; B. Ramírez Pdbón, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

'emitió la opinión del tribunal.

Este pleito se inició por demanda presentada en la Corte de Distrito de San Juan en la que se alega snbstancialmente que la demandante es dueña de dos solares que colindan entre sí y que el demandado es también dueño de otros dos solares que colindan entre sí, colindando uno'de ellos con uno de los de la demandante; que el demandado tiene insta-lados en sus solares una fábrica de hielo, un garage y un establo y ha abierto un zanjón que parte de su fábrica y penetra en y cruza por los solares de la demandante para salir de las aguas, grasas, aceites y otros residuos proce-dentes de su fábrica; que entre demandante y demandado no existe contrato alguno de servidumbre que permita al deman-dado la construcción y el uso del indicado zanjón sobre los solares de la demandante, y que la demandante ha reque-rido del demandado el cese de tal situación sin resultado.

Contestó el demandado admitiendo los hechos relativos a la propiedad y situación de los solares. Admitió también la existencia del zanjón, pero negó haberlo abierto y que par-tiera de su fábrica de hielo, alegando en contrario que el zanjón forma parte del que se abrió hacía más de veinte años por el causante de la demandante para desagüe de una parcela de su propiedad que dividió en solares que vendió a distintas personas entre ellas el demandado. Negó que por el zanjón corrieran grasas, aceites y otros residuos y agua hirviendo, corriendo por el contrario aguas puras que-no arrastran sustancias nocivas y las aguas pluviales que proceden de sus solares y de todos los otros superiores a los suyos vendidos por el causante de la demandante. Negó la no existencia de contrato y afirmó que por el de compra-, venta' del solar celebrado entre el causante de la deman-dante y el demandado adquirió éste a título de servidum-bre el derecho a usar para desagüe el zanjón’ que permane-ció como signo aparente. Negó que hubiera sido requerido por la demandante y afirmó que ha sido él el que repetida-mente ha requerido a la demandante para que no le per-turbe en el uso del zanjón.

Como materia nueva alegó que en uno de sus solares se-gregado de la finca del causante de la demandante levantó una fábrica de hielo hacía más de nueve años existiendo para, esa fecha el zanjón abierto por el propio causante de la .de-mandante; que dicho zanjón ha venido utilizándose como des-agüe por los adquirentes de solares; que los solares de la demandante son más bajos que los del demandado, y que .éste recoge y controla las aguas que proceden de su estableci-miento industrial y las hace correr por el repetido zanjón, que es prolongación del que fué abierto por el propio cau-sante de la demandante, desde hace más de nueve años; que la calle a que dan los solares de la demandante ,y del deman-dado es más alta que éstos y no tiene sistema de alcantari-llado y el único paso que tienen las aguas de los solares del' demandado y de su establecimiento industrial hasta la zanja más próxima del alcantarillado público es el zanjón que cruza los solares de la demandante.

Fué el pleito a juicio. Se practicó una larga prueba do-cumental, testifical y de inspección ocular, y basándose en ella y en las alegaciones, la corte de distrito declaró la demanda sin lugar, sin especial condenación de costas.

A los efectos de resolver con claridad y en justicia la cuestión fundamental envuelta, creemos necesario trans-cribir la relación del caso y opinión de la corte sentenciadora. Comienza describiendo los solares de que se trata y luego dice:

“La evidencia ba demostrado que para el desagüe de esos solares y de los demás superiores existentes de la misma finca, que están to-dos en declive y más bajos que la calle González, hacia donde dan sus frentes y más bajos también de un terraplén de la compañía del trolley colindante por sus fondos, existía un antiguo zanjón de des-agüe, que cruzaba todos los solares hasta llegar a la zanja del alcan-tarillado público o quebrada de ‘Los Muertos’. Ese zanjón existía ya cuando en 1914 compró su solar don Guillermo Rengel, que es el primero de esa sección, y fabricó en 1915 una casa donde vive. A' los efectos de la urbanización el terreno fué inspeccionado en 1922' por el ingeniero sanitario Octavio Marcano y el inspector Quintín Santana Martínez, y también por este último cuando se construyó' ]a fábrica de hielo, quienes vieron la zanja como el desagüe natural del terreno y de las aguas de dicha fábrica. El ingeniero José Llom-part Meléndez, quien preparó en 1922 el plano de urbanización tam-bién declaró sobre la existencia del zanjón. José Calderón Miró tes-tificó que don Manuel González era un hombre de 80 a 85 años y que su hijo Luis González era el encargado de la propiedad y el que actuaba en representación de su padre, firmando luego éste las escrituras y que con Luis González convino verbalmente cuando com-pró el solar, utilizar también el zanjón para las aguas de los conden-sadores de la fábrica de hielo, con la condición de tenerlo siempre limpio para que discurrieran por él fácilmente, no existiendo otro sitio que ese zanjón por donde descargar esas aguas hasta la que-brada ‘Los Muertos’, debido a la inclinación y configuración del te-rreno.
“La evidencia ha demostrado que además de las aguas naturales, y de las provenientes de la industria del demandado, descargan tam-bién en el zanjón las aguas procedentes de un pozo muro existente en el solar anterior a los del demandado, propiedad hoy de doña Eloísa Labor de Yda. de Quintero, y antes de Mariano Font, que fué vendido también por el'causante de la demandante. Estas aguas se conducen por un tubo subterráneo que se encuentra colocado en el fondo de los solares del demandado, en su eolindancia con el terra-plén del trolley.
“Quedó comprobado por la inspección ocular, que tuvo lugar el 24 de mayo de 1933, que los solares que fueron propiedad de los señores Mariano Font y Gabriel Amorós, así como la calle González, están más altos que los del demandado, y que por haberse construido un muro en la eolindancia sur de éstos, aquéllos actualmente des-agitan a la calle González, por estar más altos que ésta; pero por el contrario, los solares del demandado, estando más bajos que la calle y el terraplén, en sus colindancias este y oeste, las aguas natu-rales no tienen otro sitio por donde discurrir hasta la Quebrada ‘Los Muertos’, que el zanjón que cruza el fundo de la demandante desde hace más de veinte años.
“La servidumbre de vertiente de que se trata, constituida por el anterior dueño, para el desagüe de los solares de la urbanización, obliga a la demandante como continuadora de la personalidad del causante, y está ahora impedida de negar la existencia de dicha ser-vidumbre, además de que, de acuerdo con el artículo 559 del Código Civil Revisado, los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que a ellos afluyan de los predios superiores, de un modo natural, y en virtud de la inclinación de los terrenos. Y en cuanto a las aguas procedentes del establecimiento industrial del demandado, que según la evidencia ha demostrado no llevan o arrastran sustancias nocivas a la salud y que tampoco tienen otro medio de desagüe que el zan-jón, debido a la topografía del terreno, parece a la corte que la demandante como dueña de los predios inferiores, está obligada a permitirlas correr por los mismos, sin perjuicio del derecho que pueda tener a exigir resarcimiento de daños y perjuicios por dicho servicio. 4 Manresa, 681.”

La parte demandante y apelante sostiene que la corte erró al concluir qne la prueba demostró la constitución de la ser-vidumbre por parte del causante de la demandante que ésta viene obligada a respetar y al aplicar al caso el artículo 559 del Código Civil Revisado en vez del 524 del propio cuerpo legal.

Tras un estudio cuidadoso de los autos y de los alegatos hemos llegado al convencimiento de que la sentencia recurrida debe revocarse.

Ni en el registro, ni en los títulos de adquisición, ni en documento privado alguno existe la más leve prueba de la constitución de la servidumbre de que se trata sobre los so-lares de la demandante.

Es cierto que todos los solares pertenecieron a xma sola persona, el padre de la demandante, constituyendo una finca rústica a orillas del pueblo de Río Piedras. Es cierto que ci dueño de la finca la dividió en solares que vendió a diversas personas. Y puede admitirse como cierto también que las aguas pluviales siguiendo su curso natural pasaban por las porciones de terreno pertenecientes boy a la demandante des-pués de pasar por las porciones de terreno pertenecientes boy al demandado basta llegar a la ‘ ‘ Quebrada de los Muertos ’ ’, por encontrarse las primeras un poco más bajas que las se-gundas.

Si del curso de las aguas pluviales solamente se tratara sin que la topografía del terreno hubiera sido variada, apli-cable sería para regular el caso el artículo 488 del Código Civil, ed. 1930, que es el 559 del Código Civil Revisado y el 552 del Código Civil Español, y que dice:

“Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que na-turalmente y sin obra del hombre descienden de los predios supe-riores, así como la tierra o piedra que arrastran en su curso.
“Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan esta servidumbre, ni el del superior obras que la agraven.”

Pero la situación varió y con ella la ley reguladora de la misma. La finca se dividió en solares. Se trazaron y cons-truyeron calles. Dos de esos solares pertenecen boy al de-mandado a título de compra, y otros dos a la deman-dante a título de herencia. Levantó en sus solares el de-mandado no sólo la fábrica de hielo, si que el garage y el establo de que habla la demanda y puso de manifiesto la prueba, dando salida a sus aguas naturales y artificiales por el zanjón que cruza los solares de la demandante. Esas aguas no son las que tuvo en mente el legislador al decretar el ar-tículo 488.

Y que así lo entendió desde un principio la propia parte demandada lo revela su alegación de un contrato específico sobre el particular celebrado entre el causante de la deman-dante y el demandado, obligatorio en tal virtud para la de-Candante, y su actitud en el juicio pretendiendo probar la 'existencia de dicho contrato.

Hemos analizado esa-prueba y es a nuestro juicio insufi-ciente. Ya hemos dicho que nada consta del registro, ni de las escrituras de adquisición de los solares. Toda la eviden-cia aportada fué oral en relación con cierto pacto verbal que se dijo celebrado entre el demandado y un hijo del causante de la demandante. De modo persistente la demandante se opuso a la admisión de dicha evidencia, pero no, nos deten-dremos a estudiar y a resolver si tuvo o no razón en su ac-titud porque estamos convencidos de la insuficiencia de la •misma.

Tanto el padre de la demandante que vendió al demandado los solares como su hijo varón que se dice que estaba encar-gado de la administración de sus bienes, habían fallecido a la fecha del juicio. El contrato verbal consintiendo en la servidumbre de desagüe instalada la fábrica, no se dice ce-lebrado directamente con el padre, sino por medio del hijo administrador, sin que se presentara evidencia de clase al-guna con respecto a que el hijo tuviera poder del padre, fuera del que pudiera estar comprendido en el general de adminis--tración. Siendo ello así ¿qué fuerza puede darse a un con-trato semejante, aun suponiendo que realmente se hubiera demostrado su existencia1? La constitución de una servidum-bre es un acto de dominio que sólo puede realizarse válida-mente por el dueño o por su apoderado debidamente autori-' zado. No se demostró qué clase de poder para administrar - tenía el hijo, pero suponiendo que fuera el más extenso que ' pueda imaginarse, no cabe concluir que incluyera la consti-tución de servidumbres.

En tal virtud, como el derecho que pudiera basarse en la unidad previa de los solares y en la situación respectiva de ' los mismos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 488 del Código Civil, ed. 1930, no.es bastante, y como no se de- - mostró la existencia de contrato válido alguno celebrado en- - tre las partes para dar salida a las aguas y otras substancias arrastradas por ellas procedentes de la fábrica de Meló, garage y establo construido por el demandado en sus solares, es necesario reconocer que asiste la razón a la demandante para pedir el cese de la servidumbre.

Su mera tolerancia al permitir por varios años la existen-cia de zanjón semejante, tampoco es fuente de derechos de-finitivos para el demandado. Su actitud se explica. Mien-tras no necesitó de sus solares y éstos se encontraban cu-biertos de vegetación, el zanjón permaneció ignorado. Fué • al decidirse a fabricar y al acondicionar sus solares para ello que apareció en toda su plenitud con sus bordes negruzcos ■ la zanja conductora de todas las aguas impuras de los sola-res del demandado.

No hemos encontrado precepto alguno de ley que regule exactamente la situación. Se sugiere por la propia parte apelante el artículo 524 del Código Civil, ed 1930, que dice:

“Cuando el corral o patio de una casa se halle enclavado entre ■ otros, y no sea posible dar salida por la misma casa a las aguas plu- • viales que en él se recojan, podrá exigirse el establecimiento de la servidumbre de desagüe, dando paso a las aguas por el punto de los predios contiguos en que sea más fácil la salida, y establecién-dose el conducto de desagüe en la forma que menos perjuicio oca-sione al predio sirviente, previa la indemnización que corresponda. ’ ‘

No hay duda de que ese artículo proporciona a las partes un medio justo y fácil para dirimir el conflicto entre ellas existente pero no nos sentimos justificados para decidir el litigio aplicándolo porque el precepto úmcamente se refiere a las aguas pluviales y aquí están envueltas otras aguas ade-más. En tal virtud nuestra sentencia deberá limitarse a de-clarar con lugar el recurso revocando la apelada y decretando el cese de la servidumbre en la forma git,e pide la demandante en su demanda, sin especial condenación de costas.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Davila y Travieso no intervinieron. .