text:
    Plaza Las Américas, Inc., peticionaria, v. Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, recurrido.

      Número: CC-2006-282

      Resuelto: 28 de febrero de 2008

      José Luis Vilá Pérez y José R. Lázaro Paoli, abogados de la parte peticionaria; Edwin Ortiz Pietri, director de Asesora-miento Legal del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales.
   per curiam:

Se nos solicita la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, que sostuvo que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) tiene el beneficio del término extendido de sesenta días para presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Veamos los hechos que originan el presente recurso.

I

El 7 de noviembre de 2005, notificada el 14 de noviem-bre de 2005, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, emitió una Sentencia en los casos consolidados Plaza Las Americas, Inc. v. Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, civiles números K C02004-0017(807), K C02004-0004, K C02004-0005, K CO 2004-0015, K C02004-0028, K C02004-0037 y K C02005-0010. Sostuvo, entre otras cosas, que los inquilinos de Plaza Las Américas, Inc. (Plaza) poseían todos los atribu-tos prácticos de dominio sobre las mejoras efectuadas por ellos y que eran, por lo tanto, los únicos responsables del pago de la contribución territorial impuesta sobre estas mejoras según las disposiciones de la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991, Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991.

Inconformes, el 13 de enero de 2006, el CRIM presentó su Apelación en el Tribunal de Apelaciones. Este escrito fue presentado a los sesenta días del archivo en autos de la sentencia recurrida.

El 26 de enero de 2006, Plaza presentó su Moción Soli-citando se Desestime la Apelación por Falta de Juris-dicción. Alegó, entre otras cosas, que el CRIM estaba obligado a presentar la apelación no más tarde de treinta días contados desde la fecha de archivo en autos de la copia de notificación de sentencia. Sostuvieron, entre otras, que el CRIM no era una de las agencias gubernamentales fa-vorecidas por la extensión del término a sesenta días, ya que no era una instrumentalidad del Estado Libre Aso-ciado (Estado) o un municipio de Puerto Rico. Solicitaron que se desestimara la Apelación por falta de jurisdicción.

El 16 de febrero de 2006, el CRIM presentó su Moción en Oposición a que se Desestime la Apelación por Falta de Jurisdicción en el Tribunal de Apelaciones. Alegó, entre otras cosas, que el CRIM representaba el poder soberano del Estado para imponer y cobrar contribuciones. Argüyó, además, que el CRIM era una agencia o instrumenta-lidad del Estado a la que le aplicaba el término de sesenta días para presentar los recursos de apelación dispuestos por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Solicitaron que el tribunal no diera paso a la solicitud de desestima-ción por falta de jurisdicción.

El 22 de febrero de 2006, el Tribunal de Apelaciones emitió una Resolución, en la cual sostuvo, entre otras cosas, lo siguiente:

La naturaleza de las funciones que presta el CRIM, la cual consiste esencialmente del cobro de contribuciones territoria-les, lo cual a su vez es un atributo tradicional del rol del Es-tado, amerita qúe esta entidad sea tratada como una agencia a los fines de las Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R 13(A) y la Regla 53.1(c) de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 53.1(c). En su consecuencia, el CRIM cuenta con un término de se-senta (60) días para presentar apelación ante este Tribunal.

Insatisfechá, Plaza acude ante nos mediante un recurso de certiorari y alega la comisión del error siguiente:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL DETERMI-NAR QUE EL CRIM “AMERITA” SER TRATAD [O] COMO UNA AGENCIA DEL GOBIERNO A LOS FINES DE LA RE-GLA 13A DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE APELA-CIONES Y LA REGLA 53.1(C) DE LAS DE PROCEDI-MIENTO CIVIL VIGENTES. LAS AGENCIAS DEL GOBIERNO QUE CUENTAN CON 60 D[Í]AS PARA RADI-CAR UNA APELACI [Ó]N ANTE EL TRIBUNAL DE APELA-CIONES ESTÁN CLARAMANTE DEFINIDAS EN DICHAS REGLAS Y EL CRIM NO ES ALGUNA DE ÉSTAS. NO ES ASUNTO DE MÉRITO, SINO DE DESIGNACIÓN.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos en posición de resolver los asuntos traídos ante nuestra consideración. Veamos.

II

A. La Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil, (Regla 53.1(c)), dispone lo siguiente:

(c) Términos para presentar el escrito de apelación. —El re-curso de apelación deberá ser presentado en la forma antes dispuesta, dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado. Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo.
En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios o una de sus instrumentalidades que no fuere una corporación publica, o los municipios de Puerto Rico sean parte en un pleito, el recurso de apelación se formalizará por cualquier parte en el pleito perjudicada por la sentencia, presentando un escrito de apelación en la forma antes dis-puesta y dentro del término jurisdiccional de sesenta (60) días contados desde el archivo en autos de una copia de la notifica-ción de la sentencia dictada por el tribunal apelado. Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. (Enfasis suplido.)

La Regla 13(A) del Tribunal de Apelaciones (Regla 13(A)), dispone lo siguiente:

(A) Presentación de la apelación. —Las apelaciones contra las sentencias dictadas en casos civiles por el Tribunal de Pri-mera Instancia, se presentarán dentro del término jurisdiccio-nal de treinta (30) días contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia.
En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios (as) o una de sus instrumentalidades que no fuere una corporación pública, o en que los municipios de Puerto Rico o sus funcionarios sean parte en un pleito, el re-curso de apelación se formalizará, por cualquier parte en el pleito que haya sido perjudicada por la sentencia, presentando un escrito de apelación dentro del término jurisdiccional de sesenta (60) días, contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado.
Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, es distinta a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. (Énfasis suplido.)

B. La Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada (Ley 80), creó el CRIM como parte de un conjunto de leyes dirigido a ampliar los poderes y las facultades de los municipios.

La Exposición de Motivos de la Ley 80, supra, dispone lo siguiente:

A los fines de alcanzar el objetivo antes mencionado, se es-tablece el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales con el propósito de que, en representación de los municipios, y bajo el control de éstos asuma las responsabilidades relativas a la contribución sobre la propiedad que al presente desempeña el Gobierno Central. (Énfasis suplido.)

El Art. 3 de la Ley 80, supra, 21 L.RR.A. sec. 5802, dispone lo siguiente:

Se crea una entidad municipal, independiente y separada de cualquier otra agencia o instrumentalidad del Gobierno del Estado Libre Asociado, denominada “Centro de Recaudación de Ingresos Municipales”. El Centro es la entidad de servicios fiscales, cuya responsabilidad primaria será recaudar, recibir y distribuir los fondos públicos provenientes de las fuentes que se indican en este capítulo que corresponden a los municipios. (Énfasis suplido.)

El CRIM es una entidad independiente y separada de cualquier otra agencia o instrumentalidad del Gobierno. Se creó para recaudar y distribuir los fondos públicos que le corresponden a los municipios de Puerto Rico. La Ley 80, supra, transfirió al CRIM todos los poderes, las funcio-nes y las obligaciones conferidas por ley o reglamento al Departamento de Hacienda en relación con la tasación, no-tificación de imposición, determinación y cobro de la con-tribución sobre propiedad.

Según el Art. 5 de la Ley 80, supra, al CRIM lo dirige una Junta de Gobierno (Junta) integrada por nueve miem-bros, de los cuales siete serán alcaldes en representación del resto de los municipios de Puerto Rico y los restantes dos miembros son el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento y el Comisionado de Asuntos Municipales. El Presidente de la Junta de Gobierno del CRIM será uno de los alcaldes miembros, escogido mediante el voto afir-mativo de la mayoría del total de los miembros de la junta. El Director Ejecutivo del CRIM también es nom-brado por la Junta.

El Art. 4(1) de la Ley 80, supra, expresa que el CRIM podrá demandar y ser demandado. En otras palabras, tiene personalidad jurídica propia.

El Art. 10 de la Ley 80, supra, expresa que el CRIM será un administrador individual, según se definió el término en la ya derogada Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. ant. sec. 1301 et seq.). Se indica, además, que los funcionarios y empleados del CRIM tienen derecho a acogerse a los beneficios de la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidad.es, Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 761 et seq. De igual forma, los funcionarios y empleados del CRIM están sujetos a la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985 (3 L.P.R.A. sec. 1801 et seq.). Sobre estos particulares, en C.R.I.M. v. Fed. Central Trabajadores, 142 D.P.R. 968, 978 (1997), sostuvimos lo siguiente:

Reiteramos que la reglamentación de las condiciones de tra-bajo del empleado público es un factor importante en la deter-minación de si tal empleado tiene derecho constitucional a la negociación colectiva. Si no está protegido por lá Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, o por algún otro régimen análogo de servicio civil, su carácter como trabajador se asemeja al de las empresas privadas y, por lo tanto, existi-ría un fundamento significativo en favor de su derecho a la negociación colectiva. J.R.T. v. Corp. del Conserv. Música P.R., supra.
Según queda señalado, el C.R.I.M., como administrador individual, está integrado al sistema de personal del Gobierno y sus empleados están protegidos por las garantías de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico. En este respecto, la situación del C.R.I.M. se asemeja a una agencia gubernamental típica. Véase J.R.T. v. Corp. del Coserv. Música P.R., supra. (Énfasis en el original.)

Sobre la autonomía fiscal del CRIM, sostuvimos lo si-guiente:

Contrario al criterio de ia Junta, concluimos que, en reali-dad, el C.R.I.M. no tiene verdadera autonomía fiscal debido a una incapacidad de facto para generar sus propios fondos. J.R.T. v. Corp. del Conserv. Música P.R., supra. Según hemos expuesto, su razón de ser y responsabilidad primaria es recaudar, recibir y distribuir los fondos públicos de los municipios que provengan de las distintas fuentes indicadas en la ley. Art. 16 de la Ley Núm. 80, supra, 21 L.P.R.A. sec. 5815.
Arm así, la Junta concluyó que. el C.R.I.M. tiene verdadera autonomía fiscal, toda vez que la ley le autoriza a disponer, controlar y administrar sus fondos operacionales. Al res-pecto sostuvo que la ley faculta al C.R.I.M. a decidir el carácter, la necesidad y la forma en que habrá de incurrirse y autorizarse sus gastos. Art.4(n) de la Ley Núm., supra, 21 L.P.R.A. sec. 5803(n).
Esa conclusión es errónea y no guarda relación con la natu-raleza real del C.R.I.M. La facultad de aprobar su propio pre-supuesto para gastos administrativos no implica que tiene la autonomía fiscal que caracteriza a una empresa privada o a aquellas agencias gubernamentales que funcionan como tales. Al respecto está obligado a “[r]endir al Gobernador de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa y a la Asamblea Municipal de cada municipio, no más tarde del 30 de enero de cada año, un informe anual sobre todas las actividades y logros del centro, acompañado de los informes financieros anuales”. Art. 7(h) de la Ley Núm. 80, supra, 21 L.P.R.A. sec. 5806(h).
Las facultades y funciones del C.R.I.M. no lo enmarcan den-tro de los conceptos “negocio lucrativo” y “beneficio pecunia-rio”, según nuestra interpretación jurisprudencial. J.R.T. v. Corp. del Coserv. Música P.R., supra[.]
En resumen, tanto por sus fines eminentemente públicos como por su esencial dependencia presupuestaria, el C.R.I.M., como institución, se asemeja a una agencia gubernamental típica. Véase J.R.T. v. Corp. del Coserv. Música P.R., supra. (Enfasis suplido y en el original.) C.R.I.M. v. Fed. Central Trabajadores, supra, págs. 975-977.

III

Con el trasfondo normativo antes expuesto, pasamos a resolver si erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que el CRIM contaba con un término de sesenta días para presentar una apelación ante ese tribunal.

En su Resolución, el foro intermedio apelativo declaró “no ha lugar” la Moción Solicitando se Desestime la Apela-ción por Falta de Jurisdicción que presentó Plaza. Estamos de acuerdo. Veamos.

La Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil, supra, y la Re-gla 13(A) del Tribunal de Apelaciones, supra, son claras al establecer un término de sesenta días para la revisión de sentencias en aquellos casos en los que el Estado, sus fun-cionarios, sus instrumentalidades o los municipios sean partes en el pleito. Como única excepción a esta norma es el caso de las corporaciones públicas, que sólo cuentan con un término de treinta días para solicitar revisión de las sentencias dictadas en los casos en que sean partes.

Cuando la letra de la ley es clara, no hay espacio para interpretaciones y la voluntad del legislador tiene que ser respetada.

De una simple lectura de la Regla 53.1(c) de Procedi-miento Civil, supra, y la Regla 13(A) del Tribunal de Ape-laciones, supra, se demuestra inequívocamente la claridad y falta de ambigüedad en su contenido con respecto a la extensión del término de sesenta días a todas las partes involucradas en el pleito en cualquier caso en que una ins-trumentalidad del Gobierno, como el CRIM, sea parte.

El CRIM, por su naturaleza, se asemeja a una agencia o instrumentalidad gubernamental típica. Tan es así, que en el Art. 2(e) de la Ley 80, supra, 21 L.P.R.A. sec. 5801(e), se define la palabra Centro de la manera siguiente:

Artículo 2. — Definiciones
(e) “Centro” significará la entidad pública creada para ofre-cer servicios fiscales a los municipios y denominada “Centro de Recaudación de Ingresos Municipales”. (Énfasis suplido.)

De igual manera nos expresamos en C.R.I.M. v. Fed. Central Trabajadores, supra, pág. 978, cuando señalamos que, “[e]n este respecto, la situación del C.R.I.M. se asemeja a una agencia gubernamental típica”. (Enfasis en el original.)

En el pasado, ya hemos sostenido que el CRIM no se asemeja a una empresa privada, puesto que como adminis-trador individual estaba integrado al sistema de personal del Gobierno y sus empleados estaban protegidos por las garantías de la Ley de Personal de Servicio Público de Puerto Rico. También sostuvimos que el CRIM no tiene verdadera autonomía fiscal debido a su incapacidad para generar sus propios fondos.

La Ley 80, supra, define al CRIM como una entidad municipal que, en representación de los municipios y bajo el control de éstos, va a estar a cargo de recaudar, recibir y distribuir los fondos públicos que corresponden a los muni-cipios de Puerto Rico. Es dirigido por una Junta compuesta por funcionarios públicos. Su Presidente es un alcalde. Sus empleados tienen derecho a acogerse a los beneficios de la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades y están sujetos a la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Es importante señalar que si una instrumentalidad, como el CRIM, tiene personalidad jurídica propia, no se desvirtúa su naturaleza de entidad pública. En El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115, 122 (1988), expresamos lo siguiente:

Resumiendo, la Junta es una instrumentalidad, aunque no una corporación pública, del Estado. La facultad concedida en su ley orgánica de comparecer a los tribunales mediante sus propios abogados no desvirtúa su naturaleza de agencia pública. Por ello le beneficia el término de sesenta (60) días para recurrir ante nos, ya sea que esté representada^ por el Procurador General o por sus propios abogados. (Énfasis suplido.)

En resumen, las características y la naturaleza de las funciones que presta el CRIM ameritan que esta entidad sea tratada como una instrumentalidad del Estado según la Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, y la Regla 53.1(c) de las de Procedimiento Civil, supra. Resolvemos que el CRIM cuenta con un término de sesenta días para acudir en apelación ante el Tribunal de Apelaciones.

Por consiguiente, tomando en consideración qué.la Sen-tencia del Tribunal de Primera Instancia fue notificada el 14 de noviembre de 2005 y el CRIM presentó ante el Tribunal de Apelaciones su Apelación el 13 de enero de 2006, dentro del término jurisdiccional de sesenta días, resolve-mos que el foro intermedio apelativo tenía jurisdicción para atender dicho recurso apelativo.

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia recurrida.

       Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 180-185.

       21 L.P.R.A. see. 5001 et seq.

       Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 14-185.

       íd., págs. 11-13.

      6) íd., págs. 4-8.

       Íd., págs. 2-3.

       32 L.P.R.A. Ap. III.

       4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.

       21 L.P.R.A. see. 5801 et seq.

        C.R.I.M. v. Fed. Central Trabajadores, 142 D.P.R. 968, 974-975 (1997).

       íd.

       Art. 23(f) de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991 (21 L.P.R.A. sec. 5801n).

       21 L.P.R.A. sec. 5804.

       21 L.P.R.A. sec. 5805.

       21 L.P.R.A. sec. 5807.

       21 L.P.R.A. sec. 5803(l).

       21 L.P.R.A. sec. 5809.

       íd.

       íd.

        Vázquez v. A.R.Pe., 128 D.P.R. 513 (1991); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203 (1990); Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656 (1964).

        C.R.I.M. v. Fed. Central Trabajadores, supra.

       íd.


source: Caselaw Access Project

author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
      Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Re-bollo López.

license: Public Domain

text:
    San Gerónimo Caribe Project, Inc., peticionario, v. Administración de Reglamentos y Permisos, recurrida; Iniciativa para un Desarrollo Sostenible, interventora.

      Número: CC-2006-132

      Resuelto: 28 de febrero de 2008

      Luis Sánchez Betances, José A. Cuevas Segarra, Adrián Sán-chez Pagán y José A. Cepeda Rodríguez, abogados de la parte peticionaria; Salvador J. Antonetti Stutts, procura-dor general, Pedro J. Cabán Vélez y Luis José Torres Asen-

      ció, procuradores generales auxiliares, abogados de la parte recurrida; Pedro J. Várela Fernández y Brenda Be-rrios Morales, abogados de Carmen J. Mascaró y Luis Jorge Herrera, por Iniciativa para un Desarrollo Sosteni-ble, interventores.
   RESOLUCIÓN

Atendida la Petición de certiorari presentada por la parte peticionaria en el caso de epígrafe, se expide el auto solicitado. Para atender con prontitud el recurso de epí-grafe, se acortan los términos y se concede a las partes un término improrrogable y simultáneo de catorce días, con-tados a partir de la notificación de esta Resolución, para presentar sus alegatos.

Expida la Secretaria un Mandamiento de Certiorari dirigido a la Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, para que a la mayor brevedad posi-ble remita a la Secretaría de este Tribunal los autos originales o una copia certificada de éstos en el caso Núm. KL-RA2008-00010, San Gerónimo Caribe Project, Inc. v. Administración de Reglamentos y Permisos, al que se refiere la petición presentada en este caso, para revisar los procedimientos habidos en dicho tribunal y acordar lo que sea arreglado a derecho.

Con relación a la solicitud de la peticionaria para dejar sin efecto la orden emitida por la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) el 25 de febrero de 2008, que extendió por un término adicional de sesenta días cierta orden de paralización de las obras de construcción que se efectúan en el proyecto conocido como Paseo Caribe, es necesario precisar algunos aspectos del tracto procesal de este caso y de la orden que ARPe emitió. En particular, debemos examinar cómo este caso y dicha orden interrelacionan con la demanda presentada por la aquí peticionaria contra ARPe y otras entidades ante el Tribunal de Primera Instancia, para dilucidar la titularidad de los terrenos donde ubica el proyecto que se construye. A esos efectos, tomamos conocimiento judicial de San Gerónimo Caribe Project, Inc., First Bank of Puerto Rico Inc. v. Estado Libre Asociado, et al., Civil Núm. K2AC2007-2577.

El 27 de diciembre de 2007, ARPe emitió una Resolución y Orden que suspendió los efectos de unos permisos de construcción previamente otorgados a la peticionaria y or-denó la paralización de las obras de construcción que se estuvieran efectuando en el proyecto. Conforme se deduce de la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en este caso, el proceso ante la agencia administrativa co-menzó luego de que el Secretario de Justicia emitiera una opinión sobre la titularidad de los terrenos donde ubica el proyecto y concluyera que alguna parte de éstos eran de dominio público. En su opinión, según indica el foro apela-tivo, el Secretario urgió de las agencias administrativas que otorgan permisos que iniciaran los procedimientos ne-cesarios para revocar los permisos concedidos para implan-tar así "la nueva interpretación estatutaria que le llevó a esa conclusión”.

La parte peticionaria de epígrafe acudió en revisión del proceso iniciado por ARPe y de la determinación tomada que paralizó la construcción del proyecto y suspendió los permisos otorgados. El Tribunal de Apelaciones, el 6 de febrero de 2008, emitió una sentencia en la cual concluyó que el proceso seguido por ARPe violó el debido proceso de ley de la peticionaria, por lo que devolvió el caso al foro administrativo para que se llevara a cabo una vista admi-nistrativa donde se le garantizara el debido proceso de ley. El foro apelativo dejó vigente la orden de paralización emi-tida por ARPe. De esa determinación se acudió ante noso-tros y hoy expedimos el auto solicitado.

Por otro lado, tomamos conocimiento judicial de que el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia el 8 de febrero de 2008 en San Gerónimo Caribe Project, Inc., First Bank of Puerto Rico Inc. v. Estado Libre Asociado, et al., Civil Núm. K2AC2007-2577, que había presentado la aquí peticionaria contra varias entidades gubernamentales, in-cluido ARPe. En su sentencia, el tribunal de instancia re-solvió que los terrenos en los que la peticionaria construye no son de dominio público, negando así validez a la opinión del Secretario de Justicia que concluyó lo contrario, y que, como dijimos, fue la base para que ARPe iniciara su pro-ceso de revisión dé permisos y emitiera su orden de paralización. Tomamos conocimiento judicial, además, de que el Estado no ha apelado, al día de hoy, la sentencia dictada por el foro primario en San Gerónimo Caribe Project, Inc., First Bank of Puerto Rico Inc. v. Estado Libre Asociado, et al., supra.

Estando pendiente ante nuestra consideración la solici-tud de certiorari presentada por la peticionaria, en la cual se impugna el procedimiento administrativo que culminó en la expedición de la orden de paralización en controver-sia, y vigente la sentencia del Tribunal de Primera Instan-cia —en un pleito en el que ARPe es parte— dicha agencia extendió la paralización de las obras de construcción por un término adicional de sesenta días al considerar que no existe una determinación final y firme sobre si los terrenos en controversia son de dominio público. Toda vez que la orden dictada por ARPe el 25 de febrero de 2008 contra-viene el estado de derecho vigente, según se dispuso en la sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia, y, además, la misma no ha sido apelada, dejamos sin efecto la orden de paralización dictada por ARPe el 25 de febrero de 2008.

Notifíquese vía facsímile y por teléfono.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Todos los Jueces intervienen por Regla de Necesidad. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión disidente. La Jueza Asociada Señora Fiol Ma-tta paralizaría la construcción en auxilio de nuestra juris-dicción hasta que este Tribunal resuelva el caso expedido.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Disentimos de la Resolución emitida hoy por una mayo-ría de los integrantes del Tribunal, ya que la acción tomada fundamentalmente se limita a la expedición del recurso de epígrafe, acción que —analizada a la luz de la totalidad de las circunstancias del caso— constituye un ejercicio en fu-tilidad de este Tribunal.

Ya es hora de que el máximo foro judicial del País deje de “arrastrar los pies” en el presente caso y tome la acción correcta y necesaria para resolver o propiciar su pronta solución; asunto que le ha hecho, y le continúa haciendo, un grave daño económico al País en general y a unos ciu-dadanos en particular.

Debe quedar claro, sin embargo, que no estamos ava-lando, en estos momentos, posición alguna. Meramente sostenemos que el Tribunal no puede seguir fomentando la incertidumbre en esta situación. Los casos, después de todo, no pueden tener vida eterna en los tribunales. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003); Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 D.P.R. 217 (2001).

I

Realmente, no se puede enfatizar lo suficiente el hecho de que San Gerónimo Caribe Project, Inc. trata de dos con-troversias o litigios distintos, pero estrechamente vincula-dos entre sí.

En primer término, existe una controversia sobre la ti-tularidad o el dominio de los terrenos sobre los cuales se edificó el proyecto, asunto sobre el que recientemente la Sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia (caso Civil Núm. K2AC-2007-577). En dicha sentencia el foro de instancia resolvió, en apretada sínte-sis, que dichos terrenos no eran de dominio público. El Es-tado, que tiene el término de sesenta días para apelar dicha decisión ante el Tribunal de Apelaciones, nos ha informado en una reciente comparecencia que, efectiva-mente, se propone apelar la referida sentencia.

En segundo lugar, existe otra controversia —indepen-diente de la primera— sobre si los permisos que otorgó la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) a Pa-seo Caribe fueron otorgados correctamente o medió “error” en dicha otorgación. ARPe, basándose en una “opinión” emitida el 11 de diciembre de 2007 por el actual Secretario de Justicia, a los efectos de que, cuando menos, parte de los terrenos sobre los cuales se edificó Paseo Caribe son de dominio público, determinó —nuevamente, en apretada síntesis— que la referida “opinión” del Secretario era “vin-culante u obligatoria” y que procedía decretar la paraliza-ción de la construcción del proyecto por un término de se-senta días en lo que determinaba si hubo error en la otorgación de los permisos.

Paseo Caribe, prontamente, acudió ante el Tribunal de Apelaciones para revisar ese decreto. El foro apelativo in-termedio dictó sentencia. Resolvió que, aun cuando era co-rrecta la determinación de ARPe a los efectos de que era vinculante la “opinión” del Secretario de Justicia, procedía devolver el asunto a dicha agencia para la celebración de una vista evidenciaría en la cual las partes debían presen-tar prueba sobre la validez de los permisos.

Inconforme, Paseo Caribe acudió ante este Tribunal y le imputó a ARPe haber incidido al determinar que la opinión del Secretario de Justicia era vinculante y, en consecuen-cia, ordenar la paralización de la obra.

II

A nuestro juicio, la controversia principal o fundamental es la que versa sobre la titularidad o dominio de los terrenos en controversia. Dependiendo de lo que se determine, procede entonces evaluar la validez de los permisos. Si este Tribunal resuelve que los terrenos son de dominio público, ARPe tendría una determinación definitiva de que medió error en la otorgación de los permisos y podrá actuar conforme a ello. Por otro lado, si este Tribunal resuelve que los terrenos en controversia no son de dominio público, el asunto ante ARPe se limitaría a que se demuestre, en una vista evidenciaría, si medió fraude o error en el proceso de otorgación de los permisos.

¿De qué vale expedir el presente recurso sin tener ante nuestra consideración, coetáneamente, la primera contro-versia? ¿Para resolver qué? No existe duda de que la deter-minación del Tribunal de Apelaciones de devolver el caso a ARPe para la celebración de una vista evidenciaría es correcta. A Paseo Caribe no se le puede privar de su pro-piedad sin un debido proceso de ley. Por lo tanto, tiene que celebrarse una vista evidenciaría antes de proceder tan si-quiera a considerar la paralización del proyecto. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, y Art. 3.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Li-bre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 2151. Véanse, además: López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881 (1993).

Entonces, ¿qué queda por resolver en el presente recurso ? ¿Acaso se ha expedido este recurso meramente para resolver que la “opinión” del Secretario de Justicia no es vincu-lante? Parafraseando a Don Quijote de la Mancha, “cosas raras veredes”.

Es por ello que no alcanzamos a comprender por qué la Mayoría se ha negado, una y otra vez a certificar el caso Civil Núm. K2AC-2007-2577 y a resolver de forma final y definitiva si la decisión del tribunal de instancia —de que los terrenos no son de dominio público— es correcta en derecho.

Ciertamente esto es lo procedente y lo conveniente desde un punto de vista procesal y pragmático, más aún cuando la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 nos faculta a considerar y resolver motu proprio cualquier asunto pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia mediante auto de certificación

Hacer caso omiso de esta facultad promueve la dilación excesiva de la presente controversia. Si no resolvemos ahora, ¿cuánto tiempo transcurrirá antes de que el caso se presente ante nuestra consideración? Mientras tanto, los daños a las partes siguen en constante aumento. Esto es insostenible. ¿Quién pagará los daños y perjuicios que se han producido y que continúan produciéndose? La contes-tación es aterradora. Ciertamente, no serán los funciona-rios públicos que han participado en este asunto, sino el pueblo de Puerto Rico.

Es por todo lo anteriormente expresado que disentimos.

       San Gerónimo Caribe Project, Inc. ha solicitado la certificación del caso en dos ocasiones anteriores. En ambas instancias hemos disentido de la posición mayo-ritaria de no certificarlo.

       El Art. 3.002(e) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (4 L.P.R.A. sec. 24s(e)), dispone:
      “(e) Mediante auto de certificación, a ser expedido discrecionalmente, motu pro-prio, o a solicitud de parte, podrá traer inmediatamente ante sí para considerar y resolver cualquier asunto pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones cuando se plantee la existencia de un conflicto entre decisiones previas del Tribunal de Apelaciones, se planteen cuestiones noveles de derecho, o se planteen cuestiones de alto interés público que incluyan cualquier cuestión constitu-cional sustancial al amparo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de la Constitución de Estados Unidos.”


author: per curiam:

text:
      In re Edwin Castillo Martínez.

      Número: TS-7934

      Resuelto: 29 de febrero de 2008

      Edwin Castillo Martínez, pro se.

   per curiam:

El pasado 5 de septiembre de 2007 la Secre-taría de este Tribunal recibió una copia certificada de la Sentencia que emitió el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico en United States of America v. Edwin Castillo Martínez, CR-083-013 (JAF). Según surge de dicho documento, el 13 de septiembre de 2006 Castillo Martínez se declaró culpable ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico de cometer el delito de conspiración para poseer con la intención de distribuir de dos a tres y medio kilogramos de cocaína, conducta tipi-ficada como delito grave clase “B” en violación lo dispuesto en 21 U.S.C.A. see. 846. Por esos hechos se le impuso una sentencia de treinta y siete meses de cárcel, una pena mo-netaria de $100 y cuatro años de libertad supervisada una vez cumpla la pena de reclusión.

De acuerdo con la información recibida, el 21 de sep-tiembre de 2007 le concedimos un término a Castillo Mar-tínez para que mostrara causa por la cual no debíamos separarlo provisionalmente del ejercicio de la profesión.

En cumplimiento con lo ordenado, Castillo Martínez presentó un escrito en el que se allanó a la suspensión y reiteró una moción previa sobre renuncia voluntaria al ejercicio de la abogacía. En dicho escrito, Castillo Martínez también certificó haber renunciado a la representación legal de los clientes que habían contratado sus servicios y no tener casos pendientes ante los foros judiciales y adminis-trativos del país. A su vez, afirmó no poseer ninguna suma de dinero en concepto de honorarios recibidos por trabajos no realizados y presentó evidencia de haber entregado su obra notarial a la Oficina de Inspección de Notarías.

Examinado el asunto con el beneficio de la comparecen-cia de Castillo Martínez, procedemos a resolver.

I

Reiteradamente hemos expresado que este Tribunal tiene la facultad inherente de reglamentar el ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción. Como parte de esa facultad, este foro puede desaforar o suspender a aquellos miembros de la profesión que no estén aptos para desempeñar tan delicado ministerio. In re Morell Corrada, 171 D.P.R. 327 (2007); In re González Díaz, 163 D.P.R. 648 (2005). Dicha autoridad no se limita a causas que surjan con motivo del ejercicio de la profesión. Más bien, ésta se extiende a toda conducta desplegada por el abogado que afecte sus condiciones morales y que lo haga indigno de ser miembro de este foro. Id.

En conformidad con la facultad mencionada, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley de 11 de marzo de 1909, la cual dispone —en lo pertinente— lo siguiente:

El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La persona que siendo abo-gado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser com-petente para la práctica de su profesión. A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada al Tribunal Supremo, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden del Tribunal, del registro de abogados. 4 L.P.R.A. see. 735.

Hemos resuelto que un abogado incurre en “depravación moral” cuando “hac[e] algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral”. In re Piñero Martínez, 161 D.P.R. 293, 296 (2004). Además, nos hemos referido a la depravación moral como un estado o condición del individuo, compuesto por una deficiencia inherente de su sentido de la moral y la rectitud, en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la segu-ridad de la vida humana y todo lo que hace es esencial-mente fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en sus consecuencias. In re Carrasquillo Ortiz, 163 D.P.R. 589 (2004). En atención a ello, y considerando las labores que les competen a los abogados como oficiales del tribunal, hemos resuelto que un abogado convicto por delito grave o menos grave que implique depravación moral, está incapacitado para el ejercicio de la profesión. In re Vega Morales, 167 D.P.R. 331 (2006).

A la luz de estos preceptos, examinemos la conducta de Castillo Martínez para determinar si procede su suspen-sión del ejercicio de la profesión.

II

Castillo Martínez fue declarado culpable en el foro federal por cometer el delito de conspiración para poseer con la intención de distribuir de dos a tres y medio kilogramos de cocaína. Además de que se trata de un delito grave, no cabe duda que el mismo supone la existencia de depravación moral en el estado ético y mental de Castillo Martínez. De hecho, ya anteriormente hemos expresado que el delito cometido por Castillo Martínez implica depravación moral. Véase In re Bernal Sánchez, 160 D.P.R. 286 (2003). A su vez, hemos resuelto que el delito de conspiración también conlleva depravación moral porque tiene el fraude como elemento constitutivo. In re Guardiola Ramírez, 169 D.P.R. 414 (2006); In re Márquez Figueroa, 161 D.P.R. 477 (2004). Ello responde al hecho de que todo delito en que el fraude es un ingrediente básico supone la existencia de la condición que hemos llamado también “torpeza moral”. Véanse: In re León Sánchez, 159 D.P.R. Ap. (2003); In re Rivera Cintrón, 114 D.P.R. 481 (1983).

Ciertamente, la conducta de Castillo Martínez al come-ter el delito mencionado refleja una deficiencia inherente en la rectitud y en el sentido de la moral que debe caracte-rizar a todo abogado. Por lo tanto, resulta innegable que dicha conducta lo incapacita para continuar en el ejercicio de la profesión. Por eso, y según la Ley de 11 de marzo de 1909, decretamos la separación inmediata e indefinida de Castillo Martínez del ejercicio de la profesión y ordenamos que se borre su nombre del Registro de Abogados.

En conformidad con el dictamen anterior, procedería que le impusiéramos a Castillo Martínez el deber de noti-ficar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, de devolver cualesquiera honorarios re-cibidos por trabajos no realizados e informar oportuna-mente de su suspensión a los foros judiciales y administra-tivos del País. Además, procedería ordenar al Alguacil de este Tribunal que incaute su obra y sello notarial, y los entregue a la Oficina de Inspección de Notarías.

No obstante, Castillo Martínez ya nos acreditó —a tra-vés de moción presentada el 1 de noviembre de 2007— su cumplimiento con los deberes mencionados. En específico, nos acreditó haber cumplido con la entrega de su Protocolo y registro notarial a la Oficina de Inspección de Notarías. De la misma forma, nos informó que desde el inicio de la presentación de los cargos ante el foro federal realizó los trámites pertinentes para que sus clientes conocieran la situación y fueran debidamente atendidos por otros abogados. Además, nos informó que no tiene ningún trá-mite judicial o administrativo pendiente. Siendo así, da-mos por cumplidas las directrices que corresponden en es-tos casos y tomamos conocimiento de que Castillo Martínez se allana a la sanción impuesta por este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
    Roberto Vigoreaux Lorenzana y Mary Ann Cortés Camacho, etc., demandantes y apelantes, v. Quizno’s Sub, Inc., Aprendo Strada, Inc. y otros, demandados y apelados.

      Número: AC-2007-21

      Resuelto: 29 de febrero de 2008

      Rafael S. Silva Almeyda y Ricardo Arrillaga Armendáriz, abogados de la parte apelante; José M. Couto-Llinás y Dora M. Peñagarícano, de McConnell Valdés, abogados de Quizno’s Sub, Inc., parte apelada.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

En el caso de epígrafe nos corresponde establecer un delicado balance entre dos derechos constitucionales im-portantes: la libertad de expresión, en una situación en que la expresión impugnada es de naturaleza comercial, y el derecho a la intimidad, en su vertiente del derecho a la propia imagen. Por entender que, en las circunstancias particulares de este caso, el derecho a la intimidad consa-grado en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el derecho patrimonial a la propia imagen del Sr. Roberto Vigoreaux prevalecen sobre los intereses comerciales de Quizno’s Sub, Inc., revocamos el dictamen recurrido.

I

Los hechos de este caso no están en controversia. Como parte de una campaña publicitaria de mercadeo, la cadena de restaurantes de comida rápida Quizno’s Sub, Inc. (Quizno’s) publicó un anuncio en la prensa escrita del país en el cual aparecían unas fotografías del Sr. Carlos Pes-quera Morales y del Sr. Roberto Vigoreaux Lorenzana (se-ñor Vigoreaux Lorenzana o peticionario). Véase Apéndice I. Ambos fueron candidatos que perdieron en las primarias celebradas el 9 de noviembre de 2003 de sus respectivos partidos, apenas cinco días antes de la publicación de la mencionada publicación comercial.

El referido anuncio promocionaba un emparedado de pollo que vende Quizno’s con la frase “Para los que se que-daron con las ganas” sobrepuesta entre las dos fotografías. Debajo de éstas se encontraba una imagen del sándwich y la frase “Vuelve el delicioso Chicken Carbonara”. Surge del expediente que Aprendo Strada, Inc., representante de Quizno’s en Puerto Rico, no solicitó autorización ni le pagó dinero alguno al señor Vigoreaux Lorenzana para utilizar su imagen en el mencionado anuncio. Tampoco lo hizo J. Walter Thompson, agencia de publicidad a cargo de las cuentas publicitarias de Quizno’s en Puerto Rico.

En virtud de lo anterior, el señor Vigoreaux Lorenzana, su esposa Mary Ann Cortés Camacho, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos y Vigomar, Inc. presen-taron una demanda de daños y peijuicios contra Quizno’s, Aprendo Strada, Inc., J. Walter Thompson y otros (Quizno’s o recurridos) ante el Tribunal de Primera Instancia. En dicha demanda argüyeron que la reproduc-ción de la imagen del señor Vigoreaux Lorenzana por parte de los codemandados se hizo sin su autorización expresa o tácita y sin que éste hubiese recibido compensación alguna por su uso. Por lo tanto, adujeron que la publicación del anuncio violó el derecho a la propia imagen y el derecho de publicidad del señor Vigoreaux Lorenzana. En vista de ello, solicitaron el pago de $500,000 como resarcimiento por los daños morales sufridos a base de la alegada expo-sición del señor Vigoreaux Lorenzana a la vergüenza y hu-millación, y por los daños económicos que se alega sufrió como consecuencia de la apropiación de su imagen comer-cial sin obtener el consentimiento correspondiente.

Luego de varios incidentes procesales, el foro de instan-cia dictó sentencia sumaria a favor de Quizno’s y los demás codemandados. Específicamente, el tribunal sentenciador determinó que el señor Vigoreaux Lorenzana era una fi-gura pública por su participación en la palestra política en el momento de la publicación del anuncio y que, por lo tanto, era inmeritorio su reclamo de derecho a su propia imagen, ya que la publicación de la fotografía se encuentra en la llamada esfera de la historia contemporánea. Ade-más, concluyó que el señor Vigoreaux Lorenzana no podía invocar su derecho a la intimidad ni reclamar daños por haber sido objeto de humillación y burla, dado que el refe-rido anuncio constituyó una parodia o sátira política prote-gida por el derecho a la libertad de expresión que cobija a los codemandados.

Inconforme, el señor Vigoreaux Lorenzana, su esposa y Vigomar, Inc. acudieron ante el Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó la sentencia apelada. En síntesis, dicho foro concluyó que en el balance de intereses, el derecho de inti-midad del señor Vigoreaux Lorenzana cede ante el derecho a la libertad de expresión comercial de Quizno’s y los de-más codemandados. Determinó, al igual que el Tribunal de Primera Instancia, que el anuncio en referencia constituye una sátira política cuya divulgación está protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión, a pesar de su claro propósito comercial o lucrativo. Además, adujo que como la fotografía publicada no revelaba aspectos ínti-mos y privados del señor Vigoreaux Lorenzana, a éste no le amparaba expectativa de intimidad alguna.

Por no estar de acuerdo con dicho dictamen, el señor Vigoreaux Lorenzana, su esposa y Vigomar, Inc. acuden ante este Tribunal. En esencia, sostienen que el foro ape-lativo incidió al no reconocer al señor Vigoreaux Lorenzana su derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad y el derecho a la publicidad, aun cuando Quizno’s se apropió de su imagen en un anuncio para vender un sándwich con el único objetivo de lucrarse económicamente, obviando la doctrina de enriquecimiento injusto. Específicamente, el señor Vigoreaux Lorenzana invoca la causal de daños reconocida en Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982), por violación al derecho a la intimidad en su vertiente del derecho, a la propia imagen.

Examinado el recurso, expedimos el auto. Con el bene-ficio de la comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.

II

Ninguna ley en nuestro ordenamiento jurídico atiende expresamente la controversia en el caso de autos, a saber, si se infringió el derecho de intimidad y publicidad del se-ñor Vigoreaux Lorenzana al incluir en un anuncio comer-cial publicado en un periódico de circulación general una foto suya sin su consentimiento, haciendo alusión a su de-rrota reciente en la contienda primarista. Ante la ausencia de legislación específica, las normas aplicables a este caso son aquellas derivadas del derecho general de responsabi-lidad extracontractual que surge del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, lo que —a su vez— se debe enmarcar en los parámetros constitucionales invocados por las partes.

A. Sabido es que la Carta de Derechos de la Cons-titución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico protege expresamente el derecho fundamental a la intimidad y la dignidad de las personas. Art. II, Secs. 1 y 8, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, págs. 257 y 301. Hemos ex-presado que éste es un derecho de la personalidad, el cual goza de la más alta protección bajo nuestra Constitución y faculta a su titular a impedir o limitar la intervención de terceros —sean particulares o poderes públicos— contra la voluntad del sujeto. López Tristani v. Maldonado, 168 D.P.R. 838 (2006); Castro v. Tiendas Pitusa, Inc., 159 D.P.R. 650 (2003).

Dada la primacía y la envergadura de este derecho fundamental, hemos reconocido que la protección de lo privado opera por su propia fuerza y puede hacerse valer entre personas privadas, eximiéndolas así del requisito de acción estatal necesario para activar los derechos constitucionales de los ciudadanos. López Tristani v. Maldonado, supra; López v. E.L.A., 165 D.P.R. 280 (2005); Castro v. Tiendas Pitusa, supra, pág. 658; Vega et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 600-601 (2002); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35, 64 (1986); Colón v. Romero Barceló, supra, pág. 575. Tal protección es necesaria no tan sólo para que se pueda lograr una adecuada paz social o colectiva, sino para alcanzar una calidad mínima de la vida humana, al mantener un reducto de ésta fuera del alcance de terceros. López Tristani v. Maldonado, supra; Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., supra, pág. 62. Es por ello que el derecho a la intimidad se puede hacer valer mediante una demanda por daños al amparo del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, de forma tal que se pueda resarcir al agraviado por los perjuicios causados al violar el deber de no intervenir con la vida privada de los demás. Véanse: Castro v. Tiendas Pitusa, supra, pág. 659; Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra, págs. 201-202, citando a Colón v. Romero Barceló, supra.

A la luz de los hechos particulares de este caso, reiteramos que el derecho de daños en Puerto Rico se rige, tanto en su forma como en su contenido, por el sistema del derecho civil. Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692 (1979). Por lo tanto, y de acuerdo con la normativa constitucional examinada, es menester señalar que la doctrina civilista reconoce el derecho a la propia imagen como un derecho de la personalidad, protegido por principios cons-titutivos del ordenamiento jurídico. En primer lugar, se considera como imagen la proyección o representación de la figura humana mediante cualquier procedimiento o téc-nica de reproducción. A su vez, la imagen propia constituye un atributo fundamental con el cual se individualiza so-cialmente a la persona; es decir, es parte integral de la identidad del sujeto representado. López Tristani v. Maldonado, supra.

A tales efectos, el tratadista Eduardo Vázquez Bote ex-plica que “[s]obre esa imagen se reconoce un derecho, inhe-rente a la personalidad, que sólo puede actuar, normal-mente, el sujeto de la imagen misma”. E. Vázquez Bote, Los denominados derechos de la personalidad, VI (Núm. 18) Boletín Mexicano de Derecho Comparado 425 (septiem-bre-diciembre 1973). En vista de ello, hemos expresado que la propia imagen es digna de tutela por su estrecha rela-ción con la intimidad de la persona como con su honor. López Tristani v. Maldonado, supra; J. Santos Briz, La Responsabilidad Civil, Madrid, Ed. Montecorvo, 1993, Vol. I, págs. 199-201; C. Fernández Sessarego, Derecho a la Identidad Personal, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1992, Sec. 17, págs. 138-142.

A pesar de que ninguna ley especial ni el Código Civil de Puerto Rico contempla expresamente el derecho a la propia imagen, este Tribunal ha reconocido el mencionado derecho subjetivo para configurar una causa de acción en daños por violación al derecho a la intimidad, el cual, según indicamos, surge expresamente de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Art. II, Secs. 1 y 8, Const. E.L.A., supra. En esencia, hemos establecido que toda persona tiene derecho a controlar dónde, cuándo y cómo se le toma una fotografía o se reproduce de cualquier forma su imagen. Bonilla Medina v. P.N.P., 140 D.P.R. 294 (1996); Colón v. Romero Barceló, supra.

Al reconocer el derecho a la propia imagen como una vertiente del derecho a la intimidad, en Bonilla Medina v. P.N.P., supra, pág. 301, y en Colón v. Romero Barceló, supra, pág. 578, expresamos que

[e]n virtud de este derecho toda persona puede oponerse a que se reproduzca su efigie o se obtengan pruebas fotográficas de la misma, por personas a quienes no hayan concedido au-torización expresa o tácita. ... La autorización para hacer una fotografía no incluye la autorización para publicarla, ya que la publicación afecta la personalidad del interesado más intensa-mente que el simple hecho de retratarlo. La autorización para ser publicada puede incluir alguna limitación cuya amplitud se determinará según la interpretación del caso concreto. Ci-tando a J. Santos Briz, El Derecho de Daños, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1963, págs. 178-179.

A su vez, en tales pronunciamientos reconocimos la existencia de varias defensas oponibles a esta causa de acción, al señalar que se considera admisible, sin perjuicio de otras causas de justificación, la publicación o la toma de fotografías en la esfera llamada de historia contemporánea (aus dem Bereich der Zeitgeschichte) no referida a la vida privada, o cuando reproduzcan reuniones, manifestaciones u otros actos públicos semejantes, o sucesos o localidades públicos en los que la persona fotografiada sea una figura accesoria. Bonilla Medina v. P.N.P., supra, pág. 302; Colón v. Romero Barceló, supra, pág. 578, citando a Santos Briz, op. cit.

Además, en ambos casos concluimos que se admite la publicación de fotografías hechas sin petición del interesado cuando así lo justifique un interés público o un serio interés artístico, o cuando el derecho constitucional a la libertad de expresión del demandado prevalezca sobre los intereses del sujeto fotografiado. Bonilla Medina v. P.N.P., supra, pág. 302; Colón v. Romero Barceló, supra, pág. 578. Véase, además, L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, Madrid, Tecnos, 1992, Vol. 1, pág. 377.

De acuerdo con lo anterior, señalamos que toda lesión de la personalidad es antijurídica salvo que concurra una causa de justificación o el consentimiento del afectado, o que el acto se considere socialmente adecuado por ser con-forme a derecho en atención a la ordenación ético-social de la vida en común. Colón v. Romero Barceló, supra, pág. 580, citando a J. Santos Briz, op. cit., págs. 165-166. No obstante, también aclaramos que aun en estos casos no debe tolerarse tomar o publicar una fotografía cuando a ello se oponga un interés legítimo, como lo sería el derecho a la intimidad del fotografiado. Igualmente, debe conside-rarse inadmisible la publicación de una fotografía cuando su toma haya violado intereses dignos de una protección predominante.

Ahora bien, el derecho a la propia imagen en otras ju-risdicciones no se limita a ser considerado como una ver-tiente derivada del derecho a la intimidad. A diferencia de la normativa mencionada, Castán propone que la tutela de la imagen se manifiesta como una forma o derivación de la protección del honor. J. Castán Tobeñas, Los derechos de la personalidad, XXIV (Núms.l — 2) Rev. Gen. Leg. Jur. 56 (ju-lio-agosto 1952). Por lo tanto, el mencionado derecho se violenta sólo cuando su publicidad o difusión cause una injuria u ofensa a la personalidad, sin que necesariamente se interfiera con la intimidad del sujeto. Según Castán, esta normativa doctrinal ha sido adoptada en el ordena-miento de varios países civilistas.

Por otro lado, la tendencia actual predominante —tanto en el derecho civil como en el dérecho común anglosajón— es el reconocimiento de la protección de la imagen como un derecho independiente. Este derecho otorga a su titular la facultad respecto de todos de excluir la reproducción y publicación de la propia imagen por un tercero que carece del consentimiento para ello, al dar pie a la responsabili-dad extracontractual del que la publica y la reproduce. De acuerdo con esta interpretación, no se trata de una mera protección frente al autor de la fotografía, sino de un límite al derecho de libertad de expresión de la ciudadanía. Véase X. O’Callaghan, Libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad e imagen, Madrid, Ed. Rev. Der. Priv., 1991, págs. 117-118. A pesar de la naturaleza autónoma del de-recho a la propia imagen, en esta corriente doctrinal, el Tribunal Constitucional español ha expresado que este es “un derecho de la personalidad, derivado de la dignidad humana y dirigido a la protección del patrimonio moral de las personas”. STC 14/2003, de 28 de enero de 2003. Véanse, además: STC 81/2001, de 26 de marzo de 2001; STC 99/1994, de 11 de abril de 1994.

De otro modo, en la doctrina civilista se ha planteado la existencia de un derecho patrimonial a la imagen, relati-vamente ajeno al derecho de la personalidad. Esta es la normativa que ha adoptado la jurisprudencia federal y el derecho común anglosajón de gran parte de los estados, bajo la figura del derecho a la publicidad (“right of publicity”). Al amparo de esta protección patrimonial, que se caracteriza como un derecho de propiedad intelec-tual, el sujeto tiene derecho a participar económicamente en la comercialización de su propia imagen, su nombre o su parecido. S.L. Dogan y M.A. Lemley, What the Right of Publicity Can Learn from Trademark Law, 58 (Núm. 4) Stan. L. Rev. 1161 (2006); F. Igartúa Arregui, La apropiación co-mercial de la imagen y del nombre ajenos, Madrid, Ed. Tec-nos, 1991, págs. 76-98; O’Callaghan, op. cit.

Aunque se puede decir que el valor económico de la ima-gen de una persona es de naturaleza intangible, ésta puede tener un valor comercial o publicitario que responda a las características y esfuerzos particulares de la persona en un ámbito determinado. En el mundo contemporáneo, la ex-plotación de las imágenes de artistas y celebridades es in-dudablemente un gran negocio, que se utiliza constante-mente en los mercados lucrativos de publicidad. A su vez, la utilización no autorizada de la imagen de una persona para propósitos comerciales, sin su remuneración o consen-timiento, generalmente da lugar a una causa de acción en daños por violación al derecho a la publicidad de la persona afectada. R. Schechter y J. Thomas, Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks, St. Paul, Thomson & West, 2003, págs. 263-269.

De hecho, cabe señalar que el derecho patrimonial a la propia imagen —o el derecho a la publicidad— también se ha enraizado en el derecho a la intimidad. R.A. Epstein, Torts, Nueva York, Aspen Publishers, 1999, Sec. 19.3 (1999). En su célebre e influyente artículo sobre la intimi-dad, el decano Prosser demostró que la “privacidad” es un término sombrilla que incluye cuatro diversas causas de acción que dan lugar a la imposición de responsabilidad extracontractual. W.L. Prosser, Privacy, 48 (Núm. 3) Cal. L. Rev. 383 (1960). Éstas incluyen, a saber: la protección del individuo contra la intromisión indebida en su vida pri-vada; la prohibición de revelar o divulgar aspectos priva-dos e íntimos de la persona, ocasionando vergüenza y hu-millación como consecuencia de su publicación, y la responsabilidad por distorsionar y representar bajo una falsa luz las características individuales de la persona, sa-cando públicamente de contexto sus posturas o pronuncia-mientos sin que medie justificación alguna. Por último, y en lo pertinente, el derecho a la intimidad incluye una causa de acción contra todo aquel que se apropia indebida-mente del nombre, de la imagen o del parecido de una persona para propósitos lucrativos o comerdales.

B. Por otra parte, la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagra la libertad de expresión como uno de los valores de la más alta jerarquía constitucional, al disponer que “[n]o se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios”. Art. II, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 269. Este Tribunal ha expresado reiteradamente que la libertad de expresión es una “raíz indiscutible del sistema democrático de gobierno”. Bonilla Medina v. P.N.P., supra, pág. 299. Véase, también, Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 20-21 (1968). A su vez, hemos establecido en casos de daños y perjuicios derivados del derecho a la intimidad que la libertad de expresión también puede ser una defensa, pues el ejercicio legítimo de un derecho es una causa de exclusión de antijuridicidad que elimina la culpa. Véanse: Bonilla Medina v. P.N.P., supra; Colón v. Romero Barceló, supra.

En armonía con esta normativa, hemos enfatizado que la expresión política debe recibir el más alto grado de pro-tección constitucional en nuestra sociedad pluralista. El li-bre intercambio de ideas, opiniones e información sobre los procesos gubernamentales y políticos permite que la toma de decisiones se realice de manera democrática. Bonilla Medina v. P.N.P., supra. Por lo tanto, es evidente la pre-eminencia de la expresión política dentro de la protección constitucional a la libertad de expresión.

Ahora bien, es preciso distinguir entre la expresión política y la expresión comercial en nuestro ordenamiento constitucional. Hemos expresado anteriormente que el valor superior otorgado a la libertad de expresión “no supone una irrestricción absoluta, de forma que no pueda subordinarse a otros intereses cuando la necesidad y conveniencia pública los requieran”. Muñiz v. Admor. De- . porte Hípico, 156 D.P.R. 18, 24 (2002). Véanse: Bonilla Medina v. P.N.P., supra, pág. 300; Mari Bras v. Casañas, supra, pág. 21. Sin embargo, también hemos señalado que las limitaciones a la libertad de expresión serán interpretadas restrictivamente, de manera que no abarquen más de lo imprescindible. Muñiz v. Admor, Deporte Hípico, supra; Velázquez Pagán v. A.M.A., 131 D.P.R. 568, 577 (1992).

Aunque no cabe duda de que la expresión para fines lucrativos y comerciales se encuentra bajo el ámbito de protección de las Constituciones de Puerto Rico y de Estados Unidos, ésta puede ser regulada sustancialmente por el Estado con mayor facilidad. Véase In re Gervitz Carbonell, 162 D.P.R. 665 (2004). El propósito fundamental de este tipo de expresión es promover una transacción comer-cial, no necesariamente el libre intercambio de ideas. Por lo tanto, la expresión comercial está sujeta a una protec-ción constitucional menos rigurosa que otras formas de ex-presión, como lo es la expresión política.

Por último, reiteramos que la libertad de expresión se puede aducir en pleitos entre particulares. Colón v. Romero Barceló, supra, pág. 582; E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975); Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974). En los referidos casos, sopesamos los intereses involucrados —a saber, la libertad de expresión y el derecho a la intimidad— para determinar cuál derecho prevalece a base de las circunstancias particulares de la controversia.

En esta ocasión, precisamente, nos corresponde estable-cer un balance entre los intereses de la libre expresión de Quizno’s y los intereses del señor Vigoreaux Lorenzana so-bre su intimidad e imagen propia.

III

A. El señor Vigoreaux Lorenzana alega que sufrió una violación del derecho a la propia imagen, del derecho a la intimidad y de su derecho de publicidad por la publicación de su fotografía en un anuncio comercial sin su consentimiento. Antes de dilucidar la tensión imperante entre los intereses constitucionales invocados por las par-tes, debemos evaluar la aplicación de alguna de las causas de justificación y las defensas oponibles al derecho a la propia imagen que reconocen nuestra jurisprudencia y la doctrina civilista.

Tanto los codemandados como los foros apelativos aducen que la fotografía publicada se encuentra en la llamada esfera de historia contemporánea, conforme a nuestros pronunciamientos en Bonilla Medina v. P.N.P., supra, y Colón v. Romero Barceló, supra. En dichos casos, expresamos que la publicación o la toma de fotografías como medio para difundir la historia contemporánea, cuando no se trate de la vida privada del objeto del individuo, no conllevará responsabilidad extracontractual. En tales supuestos, se entendería que el derecho a la propia imagen cede ante el interés público apremiante de acceso a la información y la divulgación de ideas. A su vez, también expresamos que la doctrina civilista permite tomar o publicar la fotografía de una persona, aun sin su consentimiento, cuando ésta sea una figura accesoria en alguna reunión, manifestación u otro acto o suceso público.

En el caso de autos, surge del expediente que la fotogra-fía del señor Vigoreaux Lorenzana publicada en el anuncio de Quizno’s no es, ni se obtuvo, de forma escandalosa. A diferencia de Colón v. Romero Barceló, supra, no se trata de una foto grotesca utilizada para “capitalizar” a costa del dolor ajeno. La mencionada fotografía había sido publicada anteriormente en un periódico de circulación general, y no revelaba aspectos privados o íntimos del señor Vigoreaux Lorenzana. Sin embargo, a pesar de que en el caso de epí-grafe la fotografía se tomó en un evento público, la efigie del señor Vigoreaux Lorenzana no era una figura accesoria ni en el anuncio ni en la propia imagen fotográfica publi-cada por Quizno’s. Todo lo contrario, las fotografías del se-ñor Vigoreaux Lorenzana y del señor Pesquera Morales ocupan una posición céntrica y prominente en el anuncio de referencia. De hecho, cada fotografía ocupa casi la mitad del mencionado anuncio, que a su vez constituyó media página del periódico El Nuevo Día.

Por otro lado, no se deduce del expediente ni ha sido alegado por las partes que la fotografía ostente un serio interés artístico que justifique su publicación sin el consentimiento del peticionario. Mucho menos se trata de una fotografía que se publica por razón de interés público. Conforme a nuestros pronunciamientos en Colón v. Romero Barceló, supra, pág. 581, la causa de exclusión de antijuridicidad referente al interés público “prevalece cuando la intromisión a la intimidad es necesaria e inevitable y constituye el medio más adecuado para obtener un fin lícito”. (Énfasis suprimido.) Claramente, la expresión comercial de Quizno’s en controversia no fue el medio más adecuado para mercadear sus productos ni constituyó una intromisión inevitable y necesaria contra el derecho a la propia imagen del señor Vigoreaux Lorenzana.

Ahora bien, en vista de que la fotografía no revelaba aspectos de la vida privada del peticionario ni se tomó de forma escandalosa, el foro apelativo concluyó que el dere-cho a la intimidad del señor Vigoreaux Lorenzana no fue infringido. Además, adujo que por ser figura pública, “[éste] no podía tener expectativa de privacidad alguna”. Para llegar a esta conclusión, el tribunal apelativo limitó el alcance del derecho a la intimidad a supuestos donde hay una intromisión indebida con los aspectos de la vida pri-vada del demandante. Ciertamente, la publicación de la fotografía no constituyó una interferencia con la esfera ín-tima y privada de la vida del señor Vigoreaux Lorenzana.

No obstante, y de acuerdo con la normativa anteriormente expuesta, el derecho a la intimidad también incluye una causa de acción contra todo aquel que se .apropia indebidamente del nombre, imagen, , o parecido de una persona para propósitos comerciales. Al partir de la premisa que los objetivos de Quizno’s en la publicación del anuncio bajo nuestro escrutinio eran evidentemente comerciales, no cabe duda de que la diseminación de la fotografía configuró la utilización indebida de la imagen del peticionario. Por lo tanto, el tribunal apelativo erró al determinar que al señor Vigoreaux Lorenzana no le amparaba el derecho a la intimidad, en la vertiente del derecho a la propia imagen.

Aclarado lo anterior, debemos considerar la validez de la conclusión de los foros recurridos, en el sentido de que el anuncio de referencia constituye una hipérbole retórica, una parodia y una sátira política cuya divulgación está protegida por el derecho constitucional a la libertad de ex-presión, a pesar de su claro propósito comercial o lucrativo.

B. En primer lugar, afirmamos nuevamente que la libertad de expresión es una defensa oponible a los casos de derecho a la propia imagen y a los casos de libelo, pues su ejercicio legítimo consiste en una causa de exclusión de antijuridicidad que elimina la culpa. Sin embargo, hemos expresado que no debe confundirse el derecho a la propia imagen con la difamación. Algunos de los rasgos que distinguen la acción en daños derivada de la violación al derecho a la propia imagen del libelo son: (i) que no se trata de una publicación en ejercicio de la libertad de prensa, pues es una persona o entidad particular quien promueve la publicación; (ii) que la acción en daños por violación al derecho a la propia imagen no requiere que la reproducción tenga impacto ofensivo alguno, y (iii) que la verdad no es defensa. Pérez v. El Vocero de P.R., 149 D.P.R. 427, 443 (1999).

Por lo tanto, es menester señalar que las causas de jus-tificación invocadas por el foro apelativo y por los recurri-dos —a saber, la sátira, la parodia y la hipérbole retórica— sólo han sido reconocidas por este Tribunal en casos de libelo, y no en casos de violación al derecho a la propia imagen ni en casos de expresión comercial. Véase Garib Bazain v. Clavell, 135 D.P.R. 475 (1994). En vista de ello, nos corresponde evaluar estas figuras a la luz de los hechos particulares del caso de autos.

De acuerdo con la casuística del Tribunal Supremo federal, y a modo ilustrativo, definimos la figura de hipérbole retórica como una expresión que se alega difamatoria y que no se acciona si se utiliza en un sentido figurativo, flexible y no necesariamente por su significado literal. Garib Bazain v. Clavell, supra, pág. 486. Es decir, la hipérbole retórica es una defensa oponible a las imputaciones de false-dad o mendacidad de una expresión alegadamente libelosa. Véase, a modo ilustrativo, Greenbelt Cooperative Publishing Assn., Inc. v. Bresler, 398 U.S. 6 (1970).

Claramente, los foros recurridos erraron al aplicar esta doctrina al caso de autos. El presente caso trata sobre el derecho a la propia imagen frente a una expresión comercial y no sobre una causa de acción de difamación o libelo que precise la adjudicación de la falsedad del anun-cio publicado. A diferencia de la difamación, la causa de acción por violar el derecho a la propia imagen no está condicionada a la naturaleza falsa de la expresión imputada. Como expresamos en Pérez v. El Vocero de P.R., supra, la verdad no es defensa en acciones de responsabi-lidad civil de esta índole. Por lo tanto, es impertinente la conclusión del tribunal apelativo en cuanto a que la expre-sión comercial de Quizno’s no puede ser razonablemente interpretada para evocar hechos reales.

De la misma manera, el foro apelativo confunde las doc-trinas relacionadas a la parodia y a la sátira política. En el contexto del libelo, hemos señalado que “[e]l humor, sea en forma de sátira, parodia, chistes, etc., rinde una función dual al entretener y servir de crítica social simultá-neamente. Como tal, amerita una protección especial en nuestra sociedad”. Garib Bazain v. Clavell, supra, pág. 488. Aunque surge del expediente que las fotografías del señor Vigoreaux Lorenzana y del señor Pesquera Morales se publicaron en un contexto humorístico, la función principal de la publicación del anuncio no era entretener ni servir de crítica social. El objetivo del anuncio de Quizno’s era estrictamente comercial, pues sólo intentaba promover la venta de su nuevo emparedado. De hecho, el propósito comercial de la publicación se deduce del propio anuncio, el cual ofrecía un descuento de dos dólares para la compra del sándwich a todo aquel que llevara el anuncio a una sucursal de Quizno’s. Como ya señalamos, la expresión comercial está sujeta a una protección constitucional me-nos rigurosa que otras formas de expresión, como lo eran las expresiones políticas que se encontraban en tensión con el derecho a la propia imagen en los casos Bonilla Medina v. P.N.P., supra, y Colón v. Romero Barceló, supra.

Más aún, cabe destacar que los foros recurridos utiliza-ron indistintamente las figuras de la sátira y la parodia, confundiendo e ignorando las diferencias de la casuística en cuanto a estas defensás desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia en casos de libelo, libertad de expresión y derechos de autor. Primeramente, la vigésima segunda edi-ción del el Diccionario de la Real Academia Española (2001) define la parodia meramente como una “imitación burlesca”. Claramente, la fotografía del señor Vigoreaux Lorenzana no es una imitación burlesca de otro anuncio, expresión o imagen, por lo que el anuncio, según esta defi-nición, no constituye una parodia. Por otra parte, en . el contexto de propiedad intelectual, el Tribunal Supremo federal ha esbozado que una parodia es aquella expresión que utiliza algunos elementos de la composición original para crear una obra nueva que, por lo menos en parte, comente o se burle directamente de la obra original. Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 580 (1994). De acuerdo con. esta definición, la fotografía publicada por Quizno’s tampoco es una parodia, pues no hay ninguna al-teración en la imagen del señor Vigoreaux Lorenzana y no se observa valor transformativo alguno en su publicación. El mero acto de insertar unas palabras burlescas sobre la fotografía no es suficiente para crear una obra nueva bajo la doctrina de parodia de propiedad intelectual.

Por otro lado, el referido diccionario define la sátira como una “[c] omposición poética u otro escrito cuyo objeto es censurar acremente o poner en ridículo a alguien o algo”. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22da ed., Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2001, T. II, pág. 2031. Cónsono con ello, el Tribunal Supremo federal ha expresado que la sátira utiliza la obra original sin alte-ración o transformación significativa para criticar otro ele-mento social, no relacionado necesariamente con la obra original misma, por lo que se requiere mayor justificación para el mero acto de apropiación. Por lo tanto, la sátira tiene una protección constitucional de menor jerarquía que la parodia, especialmente cuando se utiliza para propósitos lucrativos y comerciales. Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., supra, pág. 581.

Es evidente que la fotografía publicada del señor Vigo-reaux Lorenzana es una exposición literal de su imagen que no tiene valor transformativo alguno que la convierta en una parodia constitucionalmente protegida para propó-sitos de la doctrina y la jurisprudencia mencionada. Como máximo, se podría considerar que ésta es una sátira con una protección constitucional muy limitada, dado el propósito comercial y mercantilista de la publicación del anuncio. El valor económico del anuncio publicado por Quizno’s, en el contexto del mercadeo de bienes comercia-les, se deriva principalmente de la fama y notoriedad del señor Vigoreaux Lorenzana y del señor Pesquera Morales. Al ser candidatos derrotados, tampoco se puede aducir que éstos derivaron algún beneficio electoral por la publicación del anuncio. Además, no existe un interés legítimo en que los recurridos obtengan gratis algún aspecto del peticiona-rio que tiene valor comercial en el mercado y que, de ordi-nario, tendrían que pagar y obtener su consentimiento para su utilización. H. Kalven, Jr., Privacy in Tort Law—Were Warren and Brandéis Wrong?, 31 (Núm. 2) Law & Contemp. Prob. 326, 331 (1966).

Por último, es menester aclarar que la condición de figura pública no priva por completo al individuo de su expectativa a la intimidad, como parece sugerir el tribunal apelativo. Este Tribunal ha señalado que catalogar a un demandante como “figura pública” significa “que para prevalecer en un pleito de difamación se le someterá a un criterio más riguroso de prueba, [y] que su derecho a la intimidad pesa menos que el derecho de otros a la libre expresión, a menos que demuestre la existencia en éstos de malicia real”. Garib Bazain v. Clavell, supra, pág. 483; Clavell v. El Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685, 692-693 (1984). En ningún momento hemos expresado que la figura pública pierde su intimidad por completo, ni mucho menos que su personalidad es de dominio público para propósitos comerciales.

Además, en ocasiones anteriores hemos expresado que ante un reclamo de violación a este derecho constitucional, “[l]a cuestión central es si la persona tiene un derecho razonable a abrigar, donde sea, dentro de las circunstancias del caso específico, la expectativa de que su intimidad se respete”. Castro v. Tiendas Pitusa, supra, pág. 659, citando a E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394, 402 (1983). Es decir, lo que constituye un ataque abusivo o una intromisión a la intimidad dependerá de las circunstancias particulares en que se manifiesta la acción estatal o personal, y la naturaleza del interés privado que se quiere proteger. En otras palabras, el criterio rector para determinar si existe o no la referida protección es si quien la reclama tiene una expectativa legítima a la intimidad bajo las circunstancias particulares y concretas del caso. Castro v. Tiendas Pitusa, supra, pág. 660.

En conformidad con ello, entendemos que el tribunal apelativo erró al señalar que al trasladarse del mundo del espectáculo a la esfera política, el señor Vigoreaux Loren-zana perdió todo control sobre su intimidad y su imagen comercial. Es cierto que las figuras políticas están sujetas a un escrutinio riguroso sobre sus funciones y capacidades, e incluso sobre su personalidad y carácter. Aunque la ex-pectativa de intimidad del señor Vigoreaux Lorenzana era limitada por su condición de legislador y figura política al momento de los hechos, todavía le amparaba su derecho a la propia imagen. Por lo tanto, esta realidad no inmu-niza a las entidades comerciales de responder civilmente por utilizar sin autorización la imagen e identidad de un sujeto para fines estrictamente lucrativos, sin que medie ninguna expresión artística o transformativa, o alguna de las causas de justificación anteriormente mencionadas.

Por todo lo anterior, concluimos que el uso no autorizado de la identidad de una persona para mercadear un producto o proponer una transacción comercial no es permisible y da lugar a una causa de acción por violación al derecho a la propia imagen, valor tutelado por el derecho a la intimidad. Dado que el señor Vigoreaux Lorenzana es una figura pública, es evidente que su conocida identidad se utilizó para mercadear el emparedado y promover un mayor volumen de ventas a costa de su propia imagen. Dicha imagen fue utilizada para propósitos de publicidad, sin que mediaran los elementos humorísticos y derivativos suficientes que la transformaran en una expresión protegida por el derecho a la libertad de expresión. Un comercio tiene el derecho a diseminar información sobre sus productos pero incurrirá en responsabilidad civil extracontractual si utiliza la imagen de una persona sin su consentimiento o sin que medie alguna de las mencionadas causas de justificación.

En el caso ante nos, la expresión comercial cede ante el derecho a lo privado. Al no constituir una parodia o expresión constituciqnalmente protegida de mayor jerar-quía que el derecho a la intimidad, concluimos que la pu-blicación no autorizada de la fotografía de referencia para propósitos comerciales configuró una violación al derecho a la propia imagen del peticionario. Nuestra jurisprudencia ha reconocido que el concepto de culpa del Art. 1802 del Código Civil, supra, es tan infinitamente amplio como la conducta de los seres humanos e incluye cualquier falta de una persona que produce un mal o daño. Colón v. Romero Barceló, supra, pág. 579; Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 D.P.R. 853 (1976). Es por ello que además de cons-tituir una infracción al derecho subjetivo de la personali-dad del señor Vigoreaux Lorenzana, concluimos que el acto en controversia también constituye una violación de natu-raleza patrimonial.

IV

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos qiie el peticionario tiene derecho a participar económicamente en la comercialización de su propia imagen, su nombre o su parecido, conforme al valor de tasación de tal imagen en el mercado de publicidad al momento de los hechos, pues le ampara un derecho patrimonial a la propia imagen. A su vez, tiene derecho a la concesión de daños morales por ha-ber sufrido una violación del derecho a la intimidad, en la vertiente subjetiva de su derecho a la propia imagen. No obstante, dada la naturaleza novel de la controversia y la expectativa de intimidad limitada del señor Vigoreaux Lo-renzana por ser una figura política al momento de la pu-blicación del anuncio, resolvemos que en el caso particular ante nos los daños morales son accesorios y marginales, por lo cual no deben ser mayores a los daños económicos que en su momento determine el tribunal de instancia.

Por consiguiente, revocamos la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los trámites ulteriores conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

       El señor Vigoreaux Lorenzana era candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático, mientras que el señor Pesquera Morales era candidato a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista.

       Dicho anuncio se publicó en una página completa del periódico El Nuevo Día. Ambas fotografías ocupaban más de dos terceras partes del anuncio. Además, en letras pequeñas insertadas en la esquina inferior izquierda, se anunciaba lo si-guiente: “Lleva este anuncio hoy a tu Quizno’s favorito y recibe $2 de descuento en el delicioso Chicken Carbonara.”

       Se deduce del expediente que tampoco se obtuvo el consentimiento del señor Pesquera Morales ni que se le remuneró por la publicación del anuncio.

       El derecho a la intimidad está expresamente consagrado en la See. 8 del Art. II de nuestra Constitución, el cual dispone que “[t]oda persona tiene derecho a [la] protección de [la] ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”. Art. II, Sec. 8, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 301. Por su parte, la Sec. 1 del Art. II establece la inviolabilidad de la dignidad del ser humano como principio básico que inspira los demás derechos incluidos en la Carta de Derechos, Véanse: Vega et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 601 (2002); Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178 (1998).

       Véanse, a modo comparativo: Art. 10 del Código Civil de Italia; Art. 31 de la Ley de Propiedad Intelectual de Argentina.

       En España, el derecho a la propia imagen es de jerarquía constitucional. Art. 18.1, Const, española 1978. Además, existe una ley especial que tipifica como intro-misión ilegítima la utilización de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. Ley de 5 de mayo 1982. Véanse, además: F. Herrero-Tejedor, Honor, Intimidad, y Propia Imagen, 2da ed., Madrid, Ed. Colex, 1994, pág. 100; J. Royo Jara, La protección del derecho.a la propia imagen, Madrid, Ed. Colex, 1987; Arts. 22 y 23, Kunsturhebergesetz, Ley de Creación Artística Alemana (KUG).

       En algunos estados el derecho a la publicidad es de naturaleza estatutaria. Véanse: California Civil Code Sec. 3334.1; Virginia Code Sec. 8.01-40. En otros es-tados, la doctrina se ha desarrollado mediante jurisprudencia.

       A tales efectos, la doctrina sugiere que en estos casos existen daños económi-cos como consecuencia de una disminución de los ingresos que pudieron haberse obtenido por la participación consentida del individuo en ese mercado de publicidad; o por causa de un enriquecimiento injusto del que ha obtenido beneficios a costa de las características de la identidad de otra persona sin compensarle por ello. Para un análisis económico del derecho patrimonial a la propia imagen, véase E. Amat Llari, El derecho a la propia imagen y su valor publicitario, Madrid, La Ley, 1992, págs. 19-23. Véase, además, R. Posner, Economic Analysis of Law, 6ta ed., Nueva York, Aspen Publishers, 2003, págs. 42-43. Al hacer el cómputo del valor comercial de la imagen para resarcir los daños económicos, se pueden tomar en cuenta, como variables reductoras de la indemnización, los beneficios derivados por el sujeto a raíz de la publicación. Este sería el caso de un candidato político que se beneficia de la publi-cidad positiva, aunque sea para fines comerciales y lucrativos de un tercero. Véase, a modo ilustrativo, Paulsen v. Personality Posters, Inc., 299 N.Y.S. 2d 501 (1968).

       Esta causa de acción por violación al derecho a la publicidad fue reconocida como una causa de acción derivada del derecho a la intimidad en Zacchini v. Sci'ipps-Howard Broadcasting Co., 433 U.S. 562 (1977). En ese caso, el Tribunal Supremo federal hizo un balance entre los intereses económicos que emanan de la identidad de una celebridad y el interés público en la publicación no autorizada y no remune-rada de su imagen. El Tribunal Supremo federal determinó que tal apropiación de la imagen del demandante fue indebida y constituyó una violación a su derecho patrimonial a la propia imagen. No obstante, en ese caso queda claro la dicotomía entre la causa de acción por virtud del derecho a la intimidad, el cual protege contra las angustias mentales que resultan de publicidad no deseada, y el derecho a la publi-cidad, el cual protege intereses pecuniarios y no emocionales. Véase, a modo ilustrativo, Ventura v. Titan Sports, Inc., 65 F.3d 725, 730 (8vo Cir. 1995).

       Véase, además, R. Colón Cortés, Reconstruyendo la casa de cristal: la res-ponsabilidad civil extracontractual derivada de los daños ocasionados al derecho a la intimidad, 72 (Núm. 4) Rev. Jur. U.RR. 695 (2003).

       Véanse, a modo ilustrativo: Board, of Trustees, State Univ. of N.Y. v. Fox, 492, U.S. 469 (1989); Posadas de Puerto Rico Assoc. v. Tourism Co., 478 U.S. 328 (1986); Va. Pharmacy Bd. v. Va. Consumer Council, 425 U.S. 748 (1976); Capital Broadcasting Co. v. Mitchell, 333 F. Supp. 582. (D. D.C. 1971), 405 U.S. 1000 (1972). Además, el Tribunal Supremo federal ha sugerido que si se utiliza un mensaje social para la promoción de un producto o marca, el mensaje en su totalidad constituye una expresión comercial. Bolger v. Youngs Drug Products Corp., 463 U.S. 60 (1983).

       A raíz de ello, la causa de acción por el derecho a la propia imagen en Bonilla Medina v. P.N.P., 140 D.P.R. 294 (1996), no procedió, entre otras razones, porque el demandante era una figura accesoria en el anuncio político publicado por la campaña del gobernador Pedro Rosselló González, y la fotografía se tomó en el contexto de un evento público.

       Además, en Bonilla Medina v. P.N.P., supra, pág. 302, también enfatizamos que aquellos hechos no trataban de una persona que gozaba de amplio reconoci-miento en Puerto Rico. Dicha conclusión sustentó el carácter de accesoriedad de la fotografía, por lo que resolvimos que no procedía la concesión de un remedio en daños a favor del señor Bonilla. Tales hechos son claramente distinguibles del caso de autos, pues las partes han estipulado, y es de conocimiento general, que el señor Vigoreaux Lorenzana es una figura pública, conocido en los ambientes de la política y del espectáculo.

       Cabe destacar que en gran parte de las jurisdicciones civilistas, las excep-ciones mencionadas, incluyendo las doctrinas de historia contemporánea (aus dem Bereich der Zeitgeschichte) y figuras públicas, no aplican cuando la imagen se utiliza para propósitos comerciales. Véanse: Gerstenberg, Urheberrecht Kommentar (dir.Schricker) 1987, pág. 770, en F. Igartúa Arregui, La apropiación comercial de la imagen y del nombre ajenos, Madrid, Ed. Tecnos, 1991, págs. 123-128; Amat Llari, op. cit, pág. 65.

       Véase, a modo ilustrativo, Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co., supra, pág. 574. En este caso, el Tribunal Supremo federal indicó que el estándar de malicia real, según elaborado para casos de difamación en New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), no aplica a supuestos de derecho a la publicidad.

       A tales efectos, y a modo persuasivo, Nowak y Rotunda expresan lo si-guiente:
      “The Supreme Court has not yet held that First Amendment principles should restrict defamation or privacy actions when the subject matter of the action is a commercial performance or commercial information. Invasion of an individual’s right of publicity for commercial purposes may be subjected to greater state regulation than publication of information regarding a person’s private life or activity when that publication or activity is unrelated to a commercial venture.” Nowak and Rotunda, Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure 3d Sec. 20.36, págs. 502-503 (1999).

        Cf. Hustler Magazine v. Falwell, 485 U.S. 46, 50 (1988). En este caso, el Tribunal Supremo federal denegó una demanda por libelo presentada por Jerry Falwell contra Hustler Magazine, por haber publicado una parodia de un anuncio del licor Campari con una caricatura que representaba al ministro describiendo su “pri-mera experiencia” con el licor como un encuentro incestuoso con su madre en una letrina. La madre del ministro aparecía como una alcohólica promiscua y Falwell como un alcohólico hipócrita. El tribunal expresó que, por naturaleza, las parodias y las caricaturas pueden ser patentemente ofensivas y frecuentemente van dirigidas a herir los sentimientos del sujeto afectado. A pesar de esto, el tribunal reconoció que ambas formas literarias son un elemento muy importante y enriquecedor de la dis-cusión pública y política. A diferencia del caso de autos, la parodia publicada tenía la función inherente de ser una crítica social y no tenía el propósito de promover una transacción comercial. En Hustler, se trataba de una parodia de un anuncio, no de una expresión comercial como tal.

       Véase, a modo ilustrativo, White v. Samsung Electronics America, Inc., 971 F.2d 1395 (9no Cir. 1992). En este caso, Vanna White demandó a Samsung Electronics por violación a su derecho a la publicidad, a base de que este último publicó un anuncio para promover la venta de un VCR utilizando un robot con peluca, vestido y joyas, que jugaba a la ruleta y que gozaba de un gran parecido con la demandante. El noveno circuito determinó que Samsung se había apropiado indebidamente de la identidad de Vanna White y que la parodia no era relevante ante el contenido principal de la expresión comercial, a saber, promover la compraventa del producto anunciado.

       Véase, además, R. Posner, When is Parody Fair Use?, 21 J. Leg. Stud. 67 (1992).

        Cf., Cardtoons v. Major League Baseball Players, 95 F.3d. 959 (10mo Cir. 1996). En ese caso, las caricaturas de los beisbolistas eran claramente una parodia, con un evidente valor transformativo y artístico. Pese a la naturaleza comercial de las tapetas, y a diferencia del caso de autos, el propio producto mercadeado por Cardtoons era una parodia, por lo que no se trataba realmente de una expresión comercial. Véanse, además, a modo ilustrativo: ETW Corp. v. Jireh Pub., Inc. 332 F.3d 915, 918 (6to Cir. 2003); Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc. 255 F3d. 1180 (9no Cir. 2001); Comedy III Productions, Inc. v. Gary Saderup, 21 P.3d 797 (Cal. 2001).

       Véase, a modo comparativo, Von Hannover v. Alemania, 40 T.E.D.H. 1 (24 de junio de 2004). En ese caso, la princesa Carolina de Monaco acudió en alzada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para impugnar una sentencia del Tribunal Constitucional alemán que denegó la expedición de un injunction para paralizar la publicación de unas fotografías suyas —tomadas en lugares públicos y semipúbli-cos— en unas revistas sensacionalistas alemanas, por ésta ser una figura pública (personalidad absoluta de la historia contemporánea). El Tribunal Europeo de Dere-chos Humanos dictó sentencia contra Alemania por no aplicar adecuadamente el delicado balance de intereses entre el derecho a la intimidad de una figura pública y la libertad de expresión de varias revistas sensacionalistas. En síntesis, concluyó que el derecho a la intimidad garantizado por el Art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos cobija a las figuras públicas y prevalece sobre los intereses de las mencio-nadas revistas, a la luz de que “el elemento determinante, a la hora de establecer un equilibrio entre la protección de la vida privada y la libertad de expresión, debe residir en la contribución que las fotografías y los artículos publicados hacen al debate de interés general”. Id., pág. 76.

       Véase, a modo persuasivo, J. Thomas McCarthy, The Rights of Publicity and Privacy, 2da ed., West Thomson, 2007, Vol. 1, Sec. 4:23, pág. 228:
      “However, all this is not to say that a political figure has less right of publicity when another makes unpermitted use of his or her identity in a commercial, nonpolitical context. For example, a Justice of the United States Supreme Court should have the same scope of rights and remedies as anyone else against the unpermitted use of identity to draw attention to an ordinary commercial advertisement. Thus, a Supreme Court Justice should have the right to an injunction and damages if the Ajax Coffee Co. runs a magazine advertisement without permission featuring a photo of the Justice and reading: ‘Justice Zelda Zak judges hard cases every day, but our coffee tasters have to make just as difficult distinctions in selecting only the finest coffee beans for Ajax Coffee.’ The fact that politicians, and especially former politicians, have appeared in commercial advertising to pitch products leads the public to not be^ surprised to see a politician’s name or picture used in an advertisement.” (Énfasis suplido.)

       A su vez; la causa de acción reconocida en el presente caso no se basa en la probabilidad de confusión por un endoso comercial bajo una falsa luz, sino en el derecho moral y patrimonial a la propia imagen del peticionario. Sin embargo, es razonable inferir que el anuncio de referencia puede inducir a los consumidores a asociar equivocadamente al producto con el peticionario.