author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Muñoz, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., denegando la inscrip-ción de ciertas casas.
    No. 272.
    Resuelto en marzo, 30, 1916.
    Inscripción de Edificios — Edificaciones—Cosa Accesoria. — El edificio se con-sidera como accesorio del suelo y por consiguiente inscrito el suelo en el re-gistro debe considerarse también inscrito el edificio en él construido.
    Id.- — Expediente Posesorio — Traksferente—Nuevo Contrato. — Inscrito un te- • rreno no es necesario formar expediente posesorio para inscribir un edificio que en él se levante y el hecho de no aparecer inscrito el edificio a favor del transferente del suelo no es razón para suspender la inscripción de un nuevo contrato.
    Id. — Edificaciones Nuevas en Eincas ya Inscritas — Cosa Accesoria — Pose-sión. — Cuando se edifique sobre el solar inscrito se considerará inscrito el edificio como accesorio de aquél, por lo que es innecesario inscribir un edificio nuevamente construido sobre solar ya inscrito ni tampoco acreditar su posesión.
    Id. — Edificaciones Nuevas en Eincas ya Inscritas — Eorma Propia para Ha-cerlas Constar — Escritura Pública. ■— Aunque la inscripción del edificio construido sobre solar ya inscrito, es innecesaria, no hay razón que oponer al propietario que después de construir un edificio sobre fundo insérito tiene la voluntad de registrarlo a su nombre, y la forma natural propia de estos actos unilaterales es por escritura pública en la que se haga constar que ante el notario ha comparecido el dueño manifestando que ha mandado levantar en su fundo el edificio que describe y que quiere que sea inscrito en el registro.
    Id. — Venta—Inscripción Previa — Revocación de la Nota. — En este caso el suelo estaba inscrito. Su dueño lo vendió haciendo constar en la escritura la existencia de dos casas describiéndolas debidamente. El registrador se negó a consignar la venta de las casas por no aparecer previamente inscritas a favor del vendedor, y la corte con arreglo a los principios anteriormente consignados revocó la nota del registrador.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Pedro Amado Rivera.

    El registrador recurrido, Sr. José S. Belaval, no compa-reció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió, la opinión del tribunal.

El presente es un recurso gubernativo en el que está en-vuelta la cuestión de cómo deben hacerse constar en el registro las edificaciones nuevas en fincas ya inscritas.

El 1 de febrero de 1916 se otorgó ante el Notario P. Amado Rivera por los Sres. A. Sarmiento, J. López, P. Almiroty y M. Muñoz, una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca, compraventa y constitución de otra hipoteca. De la escritura resulta que dueño Almiroty de tres solares con casas construidas en ellos, los hipotecó a ciertas personas representadas por los Sres. Sarmiento y López. Pagó el préstamo garantizado y los acreedores cancelaron la hipoteca. En el mismo acto Almiroty vendió una de las fincas, solar con dos casas, al recurrente Muñoz, e hipotecó las otras a favor de cierta persona representada por el compareciente López. En el documento se describen las dos casas edificadas sobre el solar vendido.

Presentada la escritura en el registro por el comprador Muñoz, el' registrador hizo las cancelaciones e inscribió la venta sólo en cuanto al solar, denegándola en cuanto a las casas por no aparecer inscritas a nombre del vendedor, ni de ninguna otra persona. El comprador interpuso entonces el presente recurso gubernativo.

A nuestro-juicio el registrador no debió haberse negado a consignar la venta de las casas en los libros del registro.

Ni la Ley Hipotecaria ni su reglamento determinan qué debe hacerse en un caso semejante. De ahí que deba acudirse a los principios generales del derecho para resolver la cuestión planteada.

Que lo accesorio sigue a lo principal, es una regla de antaño conocida, y que el edificio se considera como accesorio del suelo, está aceptado repetidamente por la jurisprudencia. De ahí que se haya decidido muchas veces que inscrito el suelo en el registro debe considerarse también inscrito el edificio construido sobre él.

Inscrito un terreno, resolvió la Dirección General de los Registros en 22 de agosto de 1863, no es necesario formar expediente posesorio para inscribir un edificio que en él se le-vante ; por lo tanto, el no aparecer inscrito a favor del transfe-rente del suelo, no es razón para suspender la inscripción del nuevo contrato. Odriozola, Jurisprudencia Hipotecaria, 398.

“Cuando se edifique sobre solar inscrito,” dijo la misma Dirección en su resolución de 31 de agosto de 1863, “se con-siderará inscrito el edificio como accesorio de aquél. ’ ’ Odriozola. Jurisprudencia Hipotecaria, 398.

De acuerdo con las resoluciones de la Dirección General de los Registros de España de 21 y 31 de agosto de 1863, re-conoció esta Corte Suprema en Sánchez & Cía. v. El Registrador, 16 D. P. R. 441, no es necesario inscribir un edificio nue-vamente construido sobre solar ya inscrito, ni tampoco acre-ditar su posesión, porque el edificio es cosa accesoria al suelo, e inscrito éste debe considerarse inscrito el edificio.

En el caso de Martín et el. v. Registrador de Arecibo, 22 D. P. R. 149, esta corte distinguió el caso de la inscripción de un edificio levantado en suelo propio de aquel en que se construya en suelo ajeno, y sostuvo que en el primero de ellos el edificio pertenece al dueño de acuerdo con el principio de que lo accesorio sigue a lo principal no siendo, por tanto, ne-cesaria la inscripción especial del edificio. Yéase también Marcos v. El Registrador, 19 D. P. R. 244.

Añora bien, en muchas ocasiones, para mayor claridad, los propietarios del suelo inscrito que levantan en él nuevas edificaciones solicitan la inscripción de'éstas en el registro y para ello se han adoptado diferentes métodos. La Direc-ción General de los Registros en su resolución de 20 de mayo de 1895, dijo que aunque la inscripción del edificio cons-truido sobre solar ya inscrito es innecesaria, por lo cual fuera lo más acertado acabar con la práctica de inscribir las edifi-caciones desligadas de todo contrato o relación de derecho es lo cierto que tal práctica está muy generalizada, señala-damente, en las grandes poblaciones, y que no hay razón que oponer al propietario que después de construir un edificio sobre fundo inscrito tiene la voluntad de registrarlo a su nom-bre, y la forma notarial propia de estos actos unilaterales es la escritura pública en la que se haga constar que ante el no tario ha comparecido el dueño, manifestando que ha mandado levantar en su fundo el edificio que describe y que quiere que sea inscrito en el registro, sin que sea inscribible en forma de acta notarial. Véase Odriozola, Jurisprudencia Hipote-caria, 400. Para tal caso G-alindo recomienda que se inserte en la escritura de declaración la certificación del arquitecto que construyera la obra. Véase: 1, Galindo, Legislación Hipotecaria, 360.

Pero el caso que estamos considerando y resolviendo no es igual exactamente a aquel de qué se trata en el párrafo que precede. Aquí el suelo estaba inscrito y por un acto posterior el dueño del suelo lo vende con dos casas — describién-dolas — edificadas en él. De acuerdo con los principios que dejamos establecidos, las casas pertenecían claramente al dueño del terreno y dicho dueño sólo estaba obligado a descri-birlas para hacer constar su transferencia como accesiones del suelo en el registro. A este respecto, Galindo se expresa como sigue:

“Para nosotros no cabe duda: sentado ya que siendo el edificio accesorio del suelo, e inscrito éste, no es necesaria la inscripción de aquél, no exigiéndose para la enajenación del edificio más que la escritura de declaración y descripción hecha por el dueño, no ha de exigirse más para hacer.constar su construcción.” 1, Galindo, Legis-lación Hipotecaria, 360.

Y Martínez Moreda, dice:

“Iíay registradores que se conforman con una escritura de descrip-ción otorgada por el dueño, otros exigen además certificación del arquitecto y a otros les basta solamente ésta. Creemos que también podría hacerse la inscripción por medio de una información judicial. En todos estos casos se podrán inscribir los documentos, haciendo constar en el asiento como circunstancias modificativas de la descrip-ción de la finca; también puede esperarse a que haya de inscribirse un título posterior referente a la finca inscrita, describiendo entonces la edificación o plantación. Creemos mejor este último medio de hacer constar en el registro las accesiones, porque se cuenta con la conformi-dad del otorgante que adquiere, cuyo testimonio viene a fortalecer el del dueño/’ (Las itálicas son nuestras.) 1, Martínez, Legislación Hipotecaria, 33.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe revo-carse la nota recurrida y ordenarse al registrador que veri-fique la inscripción solicitada.

Revocada la nota en la parte recurrida y or-denada la inscripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: Eli Juez Asociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Serrano et al., Demandantes y Apelantes, v. Central Cambalache et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa sobre acción negatoria de servidumbre y otros extremos.
    No. 1394.
    Resuelto en marzo 30, 1916.
    Negatoria de Servidumbre — Servidumbres—Demanda Suficiente — Alegaciones Esenciales — Fundo Indiviso — Participes o Comuneros — Consentimiento.— Una demanda en que se ejereita la acción negatoria de servidumbre es sufi-ciente si alega que los demandantes son condueños de la finca y que no han dado su consentimiento para que la servidumbre se estableciera, porque esas son las alegaciones esenciales de acuerdo con el artículo 604 del Código Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. R. Agrait Aldea.

    Abogados de los apelados: •Sr. Félix Santoni.

   Eli Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes son los demandantes en una acción negato-ria de servidumbre establecida contra la Central Cambalache y Avelino Cruz Rodríguez en la cual alegaron sustancialmente lo siguiente:

I. La capacidad de los demandantes y de los demandados, siendo la “Central Cambalache” una corporación insular de carácter privado que hace negocios y está constituida de acuerdo con las leyes del país.

II. Que los demandantes son dueños de un condominio re-presentado por una novena parte en el valor de una finca que describieron.

III. Que el condominio lo hubieron por herencia de su ma-dre Juliana Cruz Rodríguez, fallecida en 1900, quien era dueña en común y proindiviso de la finca en unión de ocho her-manos más, cuyos nombres se expresan, herederos todos de los esposos Julián Cruz y Eugenia Rodríguez.

IV. Que la Central Cambalache posee un ferrocarril pri-vado que hace el recorrido por vías que comunican su factoría con diversas fincas y colonias de la corporación.

V. Que el expresado ferrocarril pasa diariamente por una via fija que está tendida en el suelo de la mencionada finca que ocupa un ancho de tres metros, la secciona en dos partes, la transforma en impropia para una debida y adecuada ex-plotación y la convierte en predio sirviente de la central de-mandada.

VI. Que el demandado Avelino Cruz, que es condueño y se halla al frente de la finca, autorizó a la central por su pro-pia cuenta para tender la vía y ha venido permitiendo, sin el consentimiento de los demandantes, que por ella transiten los trenes de la Central Cambalache, imponiendo así un gravamen sobre el condominio de los demandantes, en contra de la vo-luntad de éstos.

VII. Que el valor de la faja de terreno que ocupa la vía y el uso y disfrute que de ella hace la central asciende a qui-nientos dólares.

La demanda termina con la súplica de que se declare: 1°., que sobre la finca no pesa servidumbre alguna a favor de la central demandada sin que los condueños demandantes otorguen título a favor de la corporación; 2°., que es nulo el convenio celebrado entre los dos demandados para la ins-talación de vía y paso de trenes por la finca; 3°., que la Central Cambalache se abstenga de circular sus trenes por esa finca y levante la vía que está en ella, y 4°., que los deman-dados paguen las ’costas.

Esa demanda fué excepcionada por los demandados fun-dándose en que no aduce Redaos suficientes para determi-nar una causa de acción y habiendo la corte sostenido la excepción, los demandantes pidieron que se dictase senten-cia, y en efecto se dictó declarando sin lugar la demanda, y contra ella interpusieron el recurso de apelación que con-sideramos.

Entendemos que la demanda es suficiente porque ejer-citándose en ella una acción negatoria de servidumbre, y dis-poniendo el artículo 604 del Código Civil que para imponer una servidumbre sobre un fundo indiviso se necesita el con-sentimiento de todos los copropietarios y que la concesión hecha solamente por algunps quedará en suspenso hasta tanto que la otorgue el último de todos los partícipes o comu-neros, les bastaba a los demandantes alegar como alegaron que son condueños de la finca sobre la que se ha impuesto la servidumbre y que no dieron su consentimiento para ella para tener derecho a que se declare la libertad de la finca. Esas son las alegaciones esenciales en casos 'como el pre-sente y era innecesario alegar, como exigió la corte, que la madre de los demandantes conservó su condominio hasta que murió, que los demandantes fueron declarados sus here-deros por título de sucesión legítima o testamentaria ni tam-poco la porción que tenía la madre de los demandantes en la finca. En cuanto a las citas que del caso de Velilla v. Pizá, 17 D. P. R. 1112 y otros análogos hace el juez de la corte inferior en su opinión, no tienen aplicación en este caso porque no se ejercita la acción reivindicatoría a que ellos hacen referencia.

La sentencia apelada debe revocarse ordenándose la sus-tanciación del juicio por sus trámites regulares.

Revocada la sentencia apelada, ordenándose la sustanciación del juicio por sus trámites regulares.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf* del Toro y-Hutchison..


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Lebrón, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de 'la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa sobre homicidio involuntario.
    No. 917.
    Resuelto en marzo 30, 1916.
    Homicidio Involuntario — Instrucciones al Jurado — Descuido o Negligencia— Imprudencia — Conductores.—En este caso la siguiente instrucción fué trans-mitida al jurado: "Este delito, señores del jurado, es una modificación que se ha hecho del artículo 328 del Código Penal, en el que se imputaba una acusación a toda persona que, conduciendo un vehículo cualquiera, lo hiciera con tal descuido o imprudencia que ocasionara la muerte de otra persona. ” Se resolvió: que la acusación tal como está redactada es suficiente, lo mismo de acuerdo con el artículo relativo al homicidio en general, al 203, o al 396 del Código Penal, según ha sido enmendado, y que el jurado no pudo haber sido desorientado debido a estas observaciones de la eorte, particular-mente por haber sido instruido con respecto a lo que constituían los elementos del delito y a la clase de negligencia, así como también a que su investigación debe ser en cuanto a los hechos.
    Id. — Instrucciones al Jurado — Responsabilidad Criminal. — El acusado se que-relló de la. siguiente instrucción: "El Fiscal en este caso ha calificado el hecho de homicidio involuntario, atendiendo seguramente a que la muerte de la persona se ha verificado como consecuencia de los actos realizados por el ■ acusado." Se decidió, bajo las circunstancias del caso, que la eorte no dió por sentado que el acusado fuera responsable criminalmente sino que, expo-niendo la teoría del Eiseal, la muerte de la mujer se debió al acto del acusado al chocar con ella, hecho que no fué impugnado.
    Id. — Automóviles en Disputa — Transacciones Humanas — Testigos—Conclu-siones. — El hecho de si dos automóviles van o no en disputa es una de las transacciones humanas, es una cuestión de experiencia corriente, respecto de la cual cualquier persona de suficiente inteligencia en ausencia de repregunta ■ puede declarar sin exponer los detalles de cómo llegó a sus conclusiones.
    Repreguntas — Origen del Conocimiento del Testigo — Exposición de Hechos.— Un acusado tiene perfecto derecho a repreguntar a un testigo respecto del origen de su conocimiento, pero si dejare de hacerlo la manifestación del tes-tigo subsistirá como una exposición de hechos.
    Negligencia Criminal — Vehículos—Viandantes.—El guiar nn vehículo por la carretera sin el debido respeto de los derechos de las demás personas, yendo en disputa o en alguna otra forma, constituye negligencia criminal.
    Nuevo Juicio — Nuevas Pruebas — Prueba Acumulativa — Discreción Judicial.— Las mociones de nuevo juicio basadas en pruebas descubiertas nuevamente no son favorecidas, aparte del hecho de que cuando la prueba es acumulativa la corte tiene discreción para su admisión.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Francis é Soto.

      Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribuí. al.

Los errores que ban sido alegados en este caso dependen principalmente de las instrucciones que dió la corte al jurado. La acusación fue formulada por un delito de homicidio invo-luntario, siendo la teoría del Fiscal la de que el acusado, en-cargado de un automóvil de carga, mientras iba en disputa com otro automóvil chocó con un tercer vehículo que se encon-traba parado en la carretera, causando la muerte a una mujer.

La parte de las instrucciones de que en primer término se queja el acusado fue la siguiente: “Este delito, Sres. del Jurado es una modificación que se ha hecho del artículo 328 del Código Penal, en el que se imputaba una acusación a toda persona que, conduciendo un vehículo cualquiera, lo hiciera con tal negligencia o con tal descuido o imprudencia que oca-sionara la muerte de otra persona. ’ ’

La acusación tal como ha sido redactada sería suficiente lo mismo de acuerdo con el artículo relativo al homicidio en general, al 203, o al 328 del Código Penal, según ha quedado enmendado. Estos artículos son correlativos. El jurado no podía haber sido desorientado debido a estas observaciones preliminares de la corte y particularmente por haber sido instruido con respecto a lo que constituían los elementos del-delito y a la clase de negligencia, así cómo también a que su .investigación debe ser en cuanto a los hechos.

La siguiente instrucción de que se queja el acusado es como sigue: “El Fiscal en este caso ha calificado el hecho de homicidio involuntario, atendiendo seguramente a que la muerte de la persona se ha verificado como consecuencia de los actos realizados por el acusado.” La alegación que se formula es que la corte en sus instrucciones partió del su-puesto de que la muerte fué ocasionada por los actos del acu-sado, la cual era una cuestión que había de ser resuelta por el jurado. La corte aparentemente exponía la teoría del Fiscal. • El significado de las palabras tomadas en su sentido ordinario era que la muerte de la mujer se debió al acto del acusado al chocar con ella, hecho que no ha sido impugnado en el juicio. La corte no dió por sentado en sus instruccio-nes que el acusado era responsable criminalmente. Además, las instrucciones restantes niegan tal suposición.

El apelante se queja de otras dos instrucciones que son como siguen: “Los señores del jurado recordarán que todos estos testigos han declarado que esos dos chauffeurs iban en disputa, que iban en porfía, y por querer pasarle uno al otro fue que ocasionó el choque de ambos vehículos. La circuns-tancia que ellos tienen en cuenta para determinar si realmente existió o nó la porfía, eso es difícil demostrarlo ante el ju-rado. Ellos han visto ciertos actos realizados durante la marcha de esos vehículos en la dirección que llevaban y la tendencia de uno de ellos para pasarle al otro, pero no sabe-mos cuáles son esas circunstancias que han influido en la mente de esos testigos para venir a decir ante el jurado que esos dos chauffeurs iban en disputa.

“Las declaraciones de estos testigos afirman que realmente existió el regateo, la porfía; pero ninguno ha expresado con claridad cuáles fueron los hechos presenciados por ellos, de los cuales se deduce que existió esta porfía. Este- es, pues, el primer punto que tiene que decidir el jurado. El otro punto que el jurado tiene que decidir es si existió realmente un choque entre ambos vehículos, en qué momento existió ese choque, y qué consecuencias fueron las que produjo el choque de ellos. Muchos testigos, quizás la generalidad de ellos, dijeron que el choque vino porque el vehículo pequeño trató de pasarle al grande, no encontró espacio suficiente, y entonces vino el choque y de las preguntas repetidas que se les hicieron a casi todos esos testigos para establecer el hecho de que el choque vino por la parte de alante del automóvil, de tal modo que fué necesario desviar el carro grande sin que interviniera la voluntad de la persona que lo guiaba. De modo que casi todos esos testigos convienen en establecer el hecho de que los dos automóviles se encontraran en un punto, que chocaron las ruedas del automóvil pequeño con la parte delantera del automóvil grande, que siendo un guía celoso, fácil de mane-jar por la mano de un niño, el automóvil grande tomó una dirección contraria y fué fatalmente a dar con el cuerpo de aquella desgraciada mujer.”

La teoría en que más insistió el apelante durante la vista fué que no hubo prueba de que los automóviles iban en dis-puta, y que los testigos simplemente establecieron sus con-clusiones ; que ninguno de ellos declaró con respecto a los he-chos de donde pudiera llegarse a la conclusión de que los dos automóviles corrían en porfía y, por tanto, que la corte incu-rrió en error. Estamos enteramente de acuerdo con la corte inferior en que el hecho de si dos automóviles van o nó en dis-puta es una de las transacciones humanas respecto a la cual cualquier persona de suficiente inteligencia puede declarar sin exponer los detalles de donde el testigo llega a su con-clusión. Es una cuestión de experiencia corriente, así como un juego de base ball, el hecho de estar un hombre embriagado, o de pasar una compañía de soldados. El acusado tiene per-fecto derecho a repreguntar al testigo respecto del origen de su conocimiento, pero sin tales repreguntas la manifestación del testigo subsiste como una exposición de hecho. Abbott’s Trial Brief. Embriaguez, p. 440. La observación en que se ejercita el entendimiento se distingue de una opinión. Abbott’s Trial Brief, p. 508. Wigmore, sobre evidencia, par. 1977. 17 Cyc. pág. 62 y siguientes.

Con respecto a todas estas instrucciones debe notarse que no se tomó excepción a ninguna de las mismas y aun cuando la corte hubiera incurrido en error éste no fué fundamental ni perjudicial. En Puerto Rico la ley de mayo 30, 1904, prescribe lo siguiente:

“Siempre que resultara de los autos, en alguna causa criminal apelada a la Corte Suprema, que cualquier requisito legal haya sido desatendido por el tribunal sentenciador, no se anulará la sentencia a menos que el error que de los autos resultare, tendiere a perjudicar los derechos de cualquiera de las partes, y se hubiere interpuesto la debida excepción en el tribunal sentenciador; Disponiéndose, sin embargo, que el tribunal de apelación podrá conocer de errores fun-damentales que aparecieren en los autos, aun cuando no se hubiere interpuesto objeción a ellos, y fallar sobre los mismos con arreglo al derecho que de los hechos se desprendiere.”

De acuerdo con dicha ley la corte ha revocado volunta-riamente algunos casos en los cuales no han sido tomados en consideración los derechos fundamentales del acusado, y siempre ha sostenido su derecho a proceder de este modo. El Pueblo v. Morales, 11 D. P. R. 306; El Pueblo v. Fernández, 14 D. P. R. 629; El Pueblo v. Pellot, 15 D. P. R. 454; El Pueblo v. Crespo, 21 D. P. R. 300, pero generalmente a falta de excepciones nos hemos negado a revocar, a menos que se hubiera probado claramente el perjuicio. El Pueblo v. Rosado, 17 D. P. R. 441; El Pueblo v. Ortis, 19 D. P. R. 305; El Pueblo v. Díaz, 19 D. P. R. 520; y otros casos que en los mismos se citan.

El apelante también sostiene que el veredicto fué contrario a la prueba, pero gran parte de sus razonamientos depende del hecho de si el acusado iba o nó en porfía con otro auto-móvil. Un gran número de testigos declaró en cuanto a este hecho. Hubo prueba suficiente de que el acusado iba en dis-puta y que ésta fué una de las causas inmediatas del accidente.

No hay duda alguna de que el viajar por la carretera sin el debido respeto de los derechos de las demás personas, yendo en disputa o en alguna otra forma, constituye negligencia criminal. El Pueblo v. Blandford, resuelto en marzo 24, 1916; Johnson v. State, 61 L. R. A. 277, y autoridades agrupadas en la nota, página 280. 2 R. C. L. 1197.

En este caso fué negada una moción de nuevo juicio en la que se alegaron las anteriores -razones y algunas otras. Una de estas razones fué el haberse descubierto nuevas prue-bas. Aparte del hecho de que la prueba era acumulativa y de que la corte tenía discreción en el asunto, no creemos que se demostró de un modo suficiente que el acusado no pudo ha-ber descubierto la nueva prueba mediante razonable diligen-cía. Las mociones de nuevo -juicio basadas en prueba des-cubierta nuevamente no son favorecidas, por la ley.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados deb Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Peesidente Sb. Iíebn^ndez,

text:
    Luzunaris, Demandante y Apelada, v. Díaz, Deamandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en causa sobre alimentos provisionales.
    No. 1339.
    Besuelto en marzo 31, 1916.

    Alimentos Provisionales — Pensión de $60 Mensuales — Decursos del Padre— Necesidades del Hijo. — Examinada la prueba en este caso, se resolvió que dada la buena posición económica del padre, la pensión de $60 mensuales señalada a su menor hijo para alimentos es proporcionada a los recursos del que ha de darla y a las necesidades del que ha de recibirla, según prescribe el artículo 216 del Código Civil.
    Id. — Requisitos Indispensables para la Aplicación del Artículo 215 del Có-digo Civil — Carencia de Bienes de Fortuna. — Son requisitos indispensables para la aplicación del artículo 215 del Código Civil: Io. Que recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos; y 2o. Que esas personas tengan bienes de fortuna, pues sólo así podrá repartirse el pago de la pen-sión en cantidad proporcionada al caudal respectivo.
    Id. — Obligación Mancomunada de Dar Alimentos — Falta de Base para Esti-marla. — Cuando la obligación de dar alimentos pesa sobre dos personas y una de ellas posee bienes bastantes de fortuna y la otra carece en absoluto de bienes, sobre aquélla pesa exclusivamente el cumplimiento de la obligación, por faltar base para que el pago de la .obligación se reparta entre ambos en cantidad proporcionada al caudal respectivo.
    Id. — Sociedad de Gananciales — Divorcio—Obligación del Padre de Dar Ali-mentos. — El precepto del artículo 1323, No. 5°., del Código Civil, es inapli-cable a un caso como el de autos, en que el menor tiene padre vivo con bienes bastantes de fortuna para darle alimentos, pues no cabe interpretarlo en el sentido de que la sociedad conyugal constituida por el segundo matrimonio de la madre, esté obligada al sostenimiento y educación del menor nacido bajo la anterior sociedad disuelta por divorcio, ya que tal interpretación estaría en contradicción con el artículo 176 del Código Civil.

      Id. — Honorarios de Abogado. — De acuerdo con el artículo 327 del Código de En-juiciamiento Civil tal como quedó enmendado por la ley de marzo 12, 1908, es requisito indispensable para el abono del importe de honorarios que la materia litigiosa exceda de $500. No excede de esta suma la cuantía cuando sólo se reclaman al demandado alimentos provisionales en cantidad de $100 mensuales.
    Id. — Interpretación de Leyes. — Las leyes que conceden costas no deben ser in-terpretadas más allá de su sentido literal, sino que hay que interpretarlas estrictamente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Miguel Guzmán Texidor.

    Abogado del apelado: Sr. C. Domínguez Rubio.

       En abril 13, 1916, denegada reconsideración.

   El Juez Peesidente Sb. Iíebn^ndez,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por ■el demandado contra sentencia que en 19 de febrero de 1915 pronunció la Corte de Distrito de Guayama por la que lo 'condena a pasar a la demandante, Carolina Luzunaris, como representante de su hijo menor Ignacio Ramón Díaz, la can-tidad de $60 mensuales, en concepto de pensión alimenticia, pagaderos por trimestres adelantados, con más las costas y honorarios de abogado.

Aléganse en la demanda, su fecha 25 de julio de 1914, como hechos determinantes de la acción, los siguientes:

Io. Que demandante y demandado están separados en vir-tud de sentencia firme de divorcio dictada hacia el año de 1903 por la Corte de Distrito de Humacao, habiendo quedado bajo el cuidado y patria potestad de la demandante el menor Ignacio Ramón Díaz y Luzunaris, hijo legítimo procreado •en el matrimonio de ambos. •

2o. Que por sentencia de 19 de noviembre de 1907 fué ■condenada Rufina Molinaris y Sánchez, en su carácter de abuela paterna de Ignacio Ramón Díaz y Luzunaris, a satis-facer a este por vía de alimentos la suma de $25 mensuales por resultar entonces insolvente el demandado Ramón Pastor Díaz y Molinaris.

3o. Que en el año 1914, próximo a la pubertad e! menor ■expresado, la corte de G-uayama aumentó la pensión alimen-ticia que venía satisfaciendo la abuela paterna, Eufina Moli-naris, a la cantidad de $50.

4o. Que con fecha 3 de julio del año 1914 falleció Eufina Molinaris y Sánchez, cesando así su obligación personalísima •de pagar al menor la pensión alimenticia de $50.

5o. Que la demandante, casada en segundas nupcias con J. Júdice, oficial ayudante de la Jefatura de la Policía Insular, carece de bienes propios, mientras que el demandado es propietario y rentista, y disfruta un patrimonio no menor de $100,000 procedente no sólo de bienes paternos heredi-tarios o adquiridos por su industria, sino también por legí-tima materna de su madre Eufina Molinaris, fallecida.

6o. Que el menor Díaz y Luzunaris Ira menester cursar una ■carrera científica en una universidad .acreditada de los Esta-dos Unidos, y para ese fin, y para cubrir todas sus necesidades, necesita prudencialmente la cantidad de $100 mensuales.

La demanda concluye- con la súplica de que sea conde-nado el demandado a satisfacer a su legítimo hijo Ignacio Eamón Díaz y Luzunaris, alimentos provisionales hasta la cantidad de $100 mensuales, por adelantado, a partir desde Io. de agosto de 1914, con más las costas, gastos y honora-rios razonables del abogado de la demandante.

El demandado, al contestar la demanda, aceptó los hechos consignados en ésta, menos los relativos a que sea propie-tario y rentista; a que tenga el capital que se le atribuye, y a que su hijo menor necesite cursar una carrera científica en los Estados Unidos.

Celebrado el juicio, la corte pronunció sentencia en los términos que al principio dejamos indicados, siendo ella la materia del presente recurso.

Alega la parte apelante como motivos del recurso, los siguientes:

I. Que la corte cometió error en la apreciación de las pruebas, por no sostener éstas la sentencia dictada en el caso.

II. Que la corte cometió error al condenar al demandado a pasar a su Rijo, una pensión alimenticia de $60 mensuales, sin dar aplicación al artículo 215 del Código Civil.

III. Que también cometió error la corte al conceder a la demandante el cobro de honorarios de abogado, con infrac-ción de la ley sobre la materia, que sólo autoriza tal condena cuando la cuantía litigiosa excede de quinientos dollars.

Al considerar el primer motivo del recurso se liace inne-cesario Racer un detenidp análisis de todas las pruebas prac-ticadas en el juicio; bástanos consignar el resultado de las que por sí solas sostienen la sentencia apelada.

La evidencia demuestra:

Que el demandado Ramón Pastor Díaz y Molinaris admi-nistra una finca de la sucesión Argüeyes, ganando $100 men-suales.

Que el demandado tenía en el año de 1896 un haber por herencia paterna de 55,861 pesos 77 centavos moneda provincial, que dan más de $30,000, consistentes en bienes que el demandado dice haber vendido por unos $20,000, dinero que colocó primero en depósito y luego gastó poco a poco.

Que el abogado Francisco Cervoni Q-ely demandó a Ramón Pastor Díaz y Molinaris reclamándole $500 por honorarios, en remuneración de servicios profesionales que le había pres-tado, y a pesar de habérsele dicho que era insolvente, le em-bargó bienes consistentes en bueyes, caballos, y coches, con-siguiendo así que le pagara la suma reclamada.

Que muerta Rufina Molinaris en 3 de julio de 1914, fue-ron declarados herederos de la misma por resolución de la Corte de Distrito de Guayama de 14 de agosto de 1914, sus tres hijos legítimos, entre éstos el demandado, y además el viudo Manuel Cividanes Alonso por su cuota vidual, no ha-biéndose practicado aún las operaciones divisorias del caudal relicto.

Que aunque muchos de los bienes de la viuda Rufina Moli-naris fueran poseídos por ésta únicamente .en usufructo, tam-bién hay otros que eran de su exclusiva propiedad, según el registro, a saber: (a) una finca de 310 cuerdas'de terreno, con valor de $10,101.35. (6) Una participación de condominio en otra finca de 442 cnerdas, cuya participación con dos más en otras dos fincas, finbó la Enfina Molinaris de sn Rijo el. demandado por precio de $6,000. (c) Una casa radicada en la calle Nneva de Guayama, con valor de $2,375. (d) Un condominio de 43 centésimas partes y 151,275 millonésimas en 27 porciones de terreno cuyo condominio adquirió Enfina Molinaris por precio de $31,728.86. Esas partidas dan un total superior a $50,000.

Que después de muerta sn madre el demandado pasaba a su Rijo voluntariamente la pensión mensual de $25.

Que Ignacio Eamón Díaz y Luzunaris, joven de 14 a 15 años, cursaba el 7o ’grado de grammar school en Brooklyn, ciudad de New York, no bastándole la pensión que se le pasaba para Racer frente a sus gastos de sostenimiento y educación.

Opinamos que los méritos probatorios que dejamos ex-puestos son bastantes para demostrar que Eamón Pastor Díaz y Molinaris se encuentra en una buena posición económica, según Ra estimado la corte inferior, y que lejos de ser exce-siva la pensión de $60 mensuales señalada a su menor Rijo para alimentos, es proporcionada a los.recursos del que Ra de darla y a las necesidades del que ha de recibirla, según prescribe el artículo 216 del Código Civil. Es verdad que Ignacio Eamón Díaz y Luzunaris no cursa actualmente estu-dios superiores o universitarios, pero necesita prepararse para ellos con dicha pensión según los deseos racionales de su madre, en armonía con la posición social de la familia así paterna como materna.

No hay razón alguna que nos lleve a ir contra la aprecia-ción que de las pruebas Ra hecho la corte inferior.

Examinemos el segundo motivo del recurso.

El artículo 215 del Código Civil que se invoca como apli-cable al presente caso, dice así:

“Art. 215. — Cuando recaiga sobre dos o más personas la obli-gación de dar alimentos, se repartirá entre ellos el pago de la pensión en cantidad proporcionada a sn caudal respectivo * *

Son requisitos indispensables para la aplicación de dicho artículo: 1. Que recaiga sobre dos o más personas la obli-gación de dar alimentos; 2. que esas personas tengan bienes de fortuna, pues sólo así podrá repartirse el pago de la pen-sión en cantidad proporcionada al caudal respectivo.

En el presente caso no concurre el segundo requisito pues Carolina Luzunaris alegó en la demanda que carece de bie-nes de fortuna, y el demandado aceptó tal alegación.

Teniendo como tiene bienes de fortuna el demandado, y careciendo de ellos Carolina Luzunaris, o, siendo como es aquél rico y ésta pobre, claro es que sobre el demandado pesa exclusivamente el cumplimiento de la obligación de que se trata. Falta base para que el pago de la pensión se reparta entre ambos en cantidad proporcionada a su caudal respec-tivo.

Huelga considerar para la decisión del recurso, si la obli-gación, de los padres de dar alimentos a sus hijos es abso-luta o subsidiaria por parte de la madre, exigible a ésta sola-mente cuando el padre careciere de medios o se hallare inca-pacitado para suministrar los alimentos. La consideración de esa cuestión legal a ningún fin práctico conduciría, care-ciendo como carece Carolina Luzunaris de bienes de fortuna, y siendo, por tanto, exigible únicamente al demandado, que los tiene, la obligación de prestar alimentos a su hijo.

Se invoca por la parte apelante el artículo 1316 del Código Civil que define en su número 2 como bienes gananciales los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cónyuges o de cualquiera de ellos, y se saca la.consecuencia de que per-cibiendo el actual esposo de Carolina Luzunaris como oficial de la Policía Insular, un sueldo de $130 mensuales, Carolina Luzunaris debe contribuir con el esposo divorciado al cum-plimiento de la obligación de dar alimentos a su hijo.

Estamos conformes con la premisa, pero no aceptamos la consecuencia. Carolina Luzunaris y su actual esposo J. Júdice, oficial de la Policía Insular constituyen actualmente una sociedad de gananciales distinta de la que aquélla cons-tituyó con su esposo divorciado Ramón Pastor Díaz Moli-naris, ya disuelta. Entre las cargas de la sociedad Júdice-Luzunaris sólo podría citarse con relación al caso la del No. 5 del artículo 1323 del Código Civil, preceptivo de que serán de cargo de la sociedad de gananciales “el sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes y de los legí-timos de uno solo de los cónyuges.

El precepto transcrito es inaplicable al presente caso en que Ignacio Ramón Díaz tiene padre vivo con bienes bastan-tes para darle alimentos. No cabe interpretarlo en el sen-tido de que la sociedad conyugal Júdice-Luzunaris esté obli-gada al sostenimiento y educación del menor Díaz Luzuna-ris, nacido bajo la sociedad conyugal Díaz-Luzunaris, pues tal interpretación nos llevaría a la conclusión absurda de que a virtud del divorcio de los esposos Díaz Molinaris y Carolina Luzunaris, a que el esposo dió lugar, había quedado libre Pastor Díaz de una obligación que la ley y la naturaleza le imponen de consuno, conclusión que está en contradicción con el precepto del artículo 176 del Código Civil que dice así:

“Art. 176. — El divorcio no privará en ningún caso a los- bijos nacidos en el matrimonio, de ninguno de los derechos o ventajas que por la ley les están señalados o que les correspondan por razón del matrimonio de sus padres, pero tales derechos no podrán ser reclamados excepto de la manera y bajo las circunstancias en que su reclamación hubiese procedido si el divorcio no hubiese tenido lugar.”

No es, pues, de estimarse el segundo motivo del recurso.

En cuanto al tercer motivo, debemos tener en cuenta el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como fue enmendado por Ley de 12 de marzo ele 1908.

Ese artículo previene que en todos los casos en que en un pleito o procedimiento se conceden las costas a una parte, si la materia litigiosa excede de $500, tendrá ésta ex derecho de que se le abone por la parte condenada el importe de los honorarios que haya devengado el abogado de la primera por sns servicios.

Es requisito indispensable para el abono del importe de honorarios qne la materia litigiosa exceda de $500.

En el presente caso la cuantía de la reclamación no excede claramente de dicha suma, pues sólo se reclaman al deman-dado alimentos provisionales en cantidad de $100 mensuales.

Las leyes que conceden costas no deben ser interpreta-das más allá de su sentido literal sino que hay que interpre-tarlas estrictamente. González v. Gromer, y Modesto et al. v. Sucesión Dubois, 16 D. P. R. 1 y 745 respectivamente.

La doctrina establecida por este Tribunal Supremo en el caso de Cautiño et al. v. Muñoz et al., 18 D. P. R. 881, no es aplicable al presente caso.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada, menos en la parte relativa al page de honorarios de abogado de la parte contraria.

Confirmada la sentencia apelada, menos en cuanto condena al demandado al pago de honorarios de abogado, cuyo pronuncia-miento se revoca y se deja sin efecto.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Pérez de Tudela, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Eecurso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad de Iíumacao denegando la inscripción do un expe-diente posesorio.
    No. 257.
    Resuelto en marzo 31, 1916.
    Municipios — Segregación de Poblados — Ley No. 9 de 1914. — Pecha en que Co-menzó a Regir. — Si bien la ley No. 9 de 1914 empezó a regir el 12 de marzo en que fué aprobada, es lo cierto que de aeuerdo con sus propios términos no quedaron constituidos en municipios independientes los poblados de Guá-nica, Luquillo, Ceiba y Las Piedras, hasta el Io. de julio de 1914.

      Expediente Posesorio — Municipios de Eajardo y Luquillo — Inscripción de Solares — Testigos.—-Habiendo sido comenzado y aprobado el expediente po-sesorio de qne se trata y expedida la certificación del alcalde de Eajardo des-pués de la vigencia de la ley No. 9 de 1914 pero antes de la completa desa-nexión del municipio de Luquillo, se resolvió: que el solar pudo y debió inscribirse a nombre del municipio de Eajardo; que un veeino de Eajardo podía en aquel entonces considerarse como vecino de Luquillo y por tanto declarar como testigo en un expediente posesorio de una finca situada en Luquillo, y que el alcalde de Eajardo tenía facultad para expedir la certi-ficación creditiva de que el solar en cuestión pertenecía a dielio municipio a Jos efectos de su inscripción en el registro.
    Id. — Solares—Usufructo—Edificaciones-—Permiso para Construir. — Cuando de una certificación expedida por un alcalde aparece que el solar fué cedido en usufructo por el concejo municipal al peticionario, no es indispensable la presentación en el registro del permiso que se le otorgara por el municipio para constiuir en él una casa a los efectos de la_ inscripción de ésta por medio de un expediente posesorio.
    Id.- — Resolución Einal — Certificación del Secretario — Ealta Subsanable— Defecto Subsanable. — La resolución final aprobatoria de un expediente po-sesorio debe ser certificada (attest) por el secretario de la corte, y cuando sólo está firmada por el juez constituye esto una falta o defecto subsanable.
    Id.- — Cédula de Citación de Colindantes — Colindantes.—No existe precepto al-guno en la ley que ordene que la cédula de citación de colindantes se una al expediente, bastando que en él conste la declaración jurada de la persona o la certificación del funcionario que hizo la citación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El peticionario compareció en nombre propio.
    El registrador recurrido, Sr. Raúl Benedicto, también compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Alfredo Pérez de Tudela y Calzada, el 18 de abril de 1914, inició en la Corte Municipal de Fajardo, un expediente para acreditar la posesión de cierta casa enclavada en un solar de la pertenencia del municipio de dicho pueblo. Se tramitó el expediente y se declaró la posesión a favor del peticionario. Este lo presentó entonces en el Registro de la Propiedad de Humacao y el registrador se negó a inscri-birlo por medio de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción de este expediente porque el solar en que enclava la casa objeto del mismo no aparece inscrito y-sí sola-mente está anotada por 120 días la denegación de su inscripción a favor del municipio de Fajardo; porque del expediente no aparece la correspondiente autorización del municipio para la edificación de la casa, y porque uno de los testigos que declaran en la información es vecino de Fajardo y no de Luquillo que es donde radica la finca y ya era pueblo cuando se inició el expediente, tomándose -en su lugar la anotación por 120 días que dispone la ley en el tomo 14 de Luquillo, al folio 137, finca No. 591, anotación letra B; y hacién-dose constar además los defectos subsanables de no aparecer certi-ficada por el secretario de la corte municipal la resolución final del expediente y que en el mismo no consta la cédula de notificación a los colindantes y ministerio fiscal. Humacao, P. R., primero de diciembre de, 1915.”

También se presentó para su inscripción en el Registro de la Propiedad de Humacao, una certificación expedida por el Alcalde de Fajardo' creditiva de que el solar en donde está enclavada la casa cuya posesión se acreditó en el expediente a que nos liemos, referido corresponde al diclio municipio. De igual modo se negó el registrador a inscribirla, expre-sando sus razones en una nota que dice así:

“Denegada la inscripción del solar a que se contrae la presente certificación porque no solicitándose expresamente en ella la ins-cripción a favor del municipio de Fajardo no obstante haberse con-signado que éste es el que posee el solar desde que le fué anexado el municipio de Luquillo, y resultando que en la fecha de la expresada certificación ya había sido desanexado ese municipio del de Fajardo en virtud de ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de marzo 12 de 1914, estando hoy constituido en un nuevo municipio con cuanto le integraba anteriormente, no puede el registrador deter-minar, dada la ambigua redacción del documento presentado, si pro-cede inscribir la posesión de dicho solar a favor del municipio de Luquillo o del de Fajardo, tomando en su lugar la anotación por 120 días que dispone la ley, en el tomo 14 de Luquillo, al folio 136, finca 591, anotación letra A. Humacao, P. R., primero de diciembre de mil novecientos quince.”

Contra ambas negativas recurrió Pérez de Tudela para ante este Tribunal Supremo. Los motivos en que se basan las notas transcritas pueden resumirse así:

1. Que a la fecha del expediente posesorio, y a la de la expedición de la certificación del Alcalde .de Fajardo, ya Lu~ quillo constituía un municipio independiente y, por tanto, el solar no pertenecía a la municipalidad de Fajardo ni podían declarar en el posesorio vecinos de este último pueblo.

2. Que no constaba la autorización para construir.

3. Que la resolución aprobatoria del expediente no es-taba certificada por el secretario, y

4. Que no se incluía la cédula de citación de los colin-dantes.

1. Examinemos el primer motivo. El expediente poseso-rio se inició el 18 de abril de 1914 y se aprobó el 2 de mayo del mismo año. La certificación del Alcalde de Fajardo se expidió el 8 de abril de 1914. La ley No. 9 de 1914 para cons-tituir a los poblados de Guánica, Luquillo, Ceiba y Las Pie-dras, en municipios separados, se aprobó el 12 de marzo de 1914. ¿Cuándo comenzó a regir! El registrador sostiene que' desde la fecha de su aprobación. El recurrente que desde el 1 de julio de 1914.

A nuestro juicio tiene razón el registrador en cuanto a que la ley comenzó a regir el 12 de marzo de 1914. Así lo prescribe su artículo 14 por medio de estas claras palabras: “Esta ley empezará a regir desde su aprobación.” Mas, no obstante ser esto así, la conclusión a que llega el registra-dor con respecto a que desde la fecha de la vigencia de la ley el municipio de Luquillo quedó de hecho y de derecho convertido en un municipio independiente, es errónea, a nues-tro juicio.

Por la .sección 2 de dicha ley se prescribe que el Gober- . nador dentro de los treinta días subsiguientes a la aproba-ción de la misma, nombrará un alcalde y un concejo municipal; por la 3, que dentro de igual término nombrará una junta escolar; por la 4, que a partir del 1 de julio los alcal-des de nuevo nombramiento desempeñarán todos los deberes que la ley prescribe para alcaldes de municipios de tercera clase, y que con anterioridad a esa fecha desempeñarán los deberes y tendrán- facultad para actuar en aquellos asuntos que fueren necesarios para realizar la completa organización en dicho día de un gobierno municipal separado; por las 5 y 6, se dictan igüales reglas con respecto a los concejos y a las juntas escolares; por la 7, se prescribe que los alcal-des, concejos municipales y juntas escolares de los pueblos de Yauco, Fajardo y Humacao conservarán, hasta el 30 de junio de 1914, la jurisdicción que venían ejerciendo sobre los territorios segregados, y, por la 9, que la propiedad in-mueble perteneciente a los municipios de Yauco, Fajardo y Humacao radicada en los nuevos municipios creados por la ley, se entregará- a éstos a más tardar el 30 de junio de 1914. ...

. Se ve, pues, por; el contenido de toda la ley, que si bien empezó a regir el 12- de marzo de 1914 en que fué aprobada, pe fijó por ella misma nn período para los trabajos previos necesarios a fin'.de ultimar debidamente la desanesión, no quedando en verdad constituidos en municipios independien-tes los desanexados,; eptre ellos Luquillo, hasta el 1 de julio de 1914, fechai .que era en verdad la que lógicamente debía fijarse en atención- a, comenzar en ella el nuevo año econó-mico.

Las fechas -én-.-que se inició y se aprobó el expediente posesorio de que s.e trata y la en que se expidió la certifi-cación del Alcalde! dé ■ Fajardo de que se ha hecho mérito, están, pues, comprendidas dentro del período preparatorio indicado y en tal virtud opinamos que el Alcalde de Fajardo tuvo facultad para.expedir la certificación, que el solar pudo y debió .inscribirse--a- nombre del municipio de Fajardo y que un testigo- vecino, de ..Fajardo podía en aquel entonces ..considerarse como-vecino de Luquillo, por estar Luquillo aún comprendido dentro:-de -Fajardo, y, por tanto, declarar como testigo ear un- expediente pose’sorio de una finca situada en .Luquillo. : ■

2. A nuestro juicio, apareciendo como aparece de la cer-tificación expedida por el alcalde que el solar de que se trata “fné cedido en usufructo por el Concejo Municipal de Fa-jardo a Don Alfredo Pérez de Tudela,” no es indispensable la presentación en el registro del permiso que debió otor-gar el municipio para que se levantara la casa a que se refiere el expediente posesorio.

3. A nuestro juicio existe la falta subsanable que deja-mos designada bajo este número. La resolución final apro-batoria del expediente posesorio está firmada solamente por el juez municipal, y habiendo eñ dicho juzgado un secre-tario, es bien claro que éste debió certificarla. Como pre-cedente legal, véase la resolución de la Dirección General de los registros de Í3 de' noviembre de 1872. Odriozola, Jurisprudencia Hipotecaria, 446.

4. Y en cuanto a la falta de la cédula de' citación de los colindantes, diremos .que la ley sólo exige que se cumpla ese requisito, pero ni el registrador ha citado, ni hemos en-contrado nosotros precepto alguno que ordené que la cédula de notificación se una al expediente. En este caso existe unida al expediente la declaración jurada de la persona que citó a los colindantes, quedando de tal modo demostrado el cumplimiento de lo exigido por la ley.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe orde-narse al registrador recurrido que verifique las' inscripcio-nes solicitadas pero, en cuanto a la del expediente pose-sorio, con el defecto subsanable de la falta de certificación del secretario de la corte municipal de que se trata.

Revocadas las notas recurridas en cuanto por •. ellas se niegan las inscripciones solicitadas y confirmada una de ellas en cuanto al de-fecto subsanable de no aparecer certificada por el secretario la resolución final.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-mados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Arbona Hermanos, Demandantes y Apelantes, v. Pabón & Ramírez, Demandada, y Boothby, Síndico, Interventor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en cansa sobre cobro de dinero.
    No. 1380.
    Resuelto en abril 4, 1916.
    Quiebras — Preferencia de Acreedores — Nulidad de la Misma. — Por virtud del artículo 67/ de la Ley de Quiebras, cualquiera preferencia obtenida por un acreedor dentro de los cuatro meses anteriores a la presentación de la petición de quiebra siendo insolvente el deudor es nula y sin ningún valor.
    Id.- — Insolvencia—Actos de Quiebra — Cesión en Pavor de los Acreedores— Incapacidad del Deudor. — De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Quie-bras, enmendado en 1903, la insolvencia es un requisito previo para los-tres primeros actos de quiebra, pero no lo es para el cuarto y quinto, o sea, cuando el deudor ha hecho una cesión general a beneficio de sus acreedores o recono-cido por escrito su incapacidad de pagar sus deudas y su deseo de que se le declare en quiebra por tal motivo.
    Id. — Insolvencia—Pasivo—Activo.—La insolvencia según la Ley de Quiebras, con ciertas limitaciones, significa un exceso del pasivo sobre el activo.
    Id. — Declaración de Quiebra — Actos de Quiebra — Insolvencia del Quebrado — • Presunción — Acreedores.—Se ha resuelto generalmente por las cortes que cuando un hombre ha sido declarado en quiebra por cualquiera de los tres pri-meros actos del artículo 3o. la insolvencia de dicho quebrado se presume con-cluyente por razón de la declaración de quiebra, puesto que a los acreedores se les concede tiempo suficiente para oponerse a que sean declarados en quiebra en el tiempo que media desde la fecha de la petición y la 'declaración de la misma. De igual modo ha sido declarado generalmente que todos los acree-dores se consideran como partes en la petición de quiebra.
    Id. — Preferencia Obtenida en una Acción o Procedimiento — Proposiciones Disyuntivas. — El derecho preferente obtenido en cualquier acción o procedi-miento queda anulado por la declaración de quiebra por cualquiera de las proposiciones disyuntivas contenidas en el artículo 67e, como enmendado por las leyes de 1903 y 1910. Es suficiente si se obtiene y permite un derecho preferente mientras el demandado era. insolvente y que su existencia y cum-plimiento produjera una preferencia.

      Id. — Actos de Quiebra — Insolvencia—Prueba de la Insolvencia. — Si la decla-ración de la quiebra envuelve un acto por parte del deudor cuando la insol-vencia es también un elemento, la declaración obliga a todos los acreedores en cuanto al hecho de tal insolvencia. En caso contrario debe probarse la insolvencia.
    Los heclios están expresados en la opinión.
    Abogado de los demandantes y apelantes: Sr. Ramón Da-pena.

      Abogado del síndico: Sr. Angel A. Vázquez.

    La demandada Pabón & Bamirez, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En 26 de abril de 1915, la sociedad mercantil Arbona Hermanos radicó en la Corte de Distrito de Ponce nna de-manda contra Pabón & Ramírez en cobro de dinero, y apa-rentemente en la misma fecba obtuvo nna orden de embargo para asegurar la efectividad de la sentencia. Esta última mercantil fué citada debidamente pero dejó de comparecer y se registró sentencia en rebeldía contra la misma en 26 de mayo, 1915, condenándola a pagar la suma de $772.92. Con anterioridad a ese día, o sea, en 7 de mayo, 1915, la mercan-til demandante, alegando que entre los bienes embargados se encontraban algunos que eran fungibles, obtuvo otra orden para la venta de dichos bienes en pública subasta. De con-formidad con esta última orden, hacia fines de mayo de dicho año, vendió el marshal los bienes en pública subasta por la suma de $1,000, y depositó su importe pocos días después en la Corte de Distrito de Ponce, donde según inferimos de los autos todavía se encuentran.

En mayo 26, 1915, o sea el mismo día en que fué dictada la sentencia en rebeldía, fué declarada en quiebra la mer-cantil Pabón & Ramírez por la Corte de Distrito de los Esta-dos Unidos para Puerto Rico, Sección de M'ayagüez, habién-dose presentado la petición de quiebra en 6 de mayo, 1915. En los procedimientos de quiebra tuvieron una reunión los acreedores ante José Benet, árbitro en la quiebra, y como consecuencia de dicha reunión, fué' nombrado Thomas Boothby, Jr., síndico (trustee) de la quiebra. El referido Thomas Boothby, Jr., compareció en 15 de junio, 1915, ante la Corte de Distrito de Ponce, alegando entre otras cosas, qne la sentencia dictada por dicha corte contra la mercan-til Pabón & Ramírez podría ejecutarse en 26 de junio y suplicó a la corte que fueran paralizados los procedimientos, fundando su. petición en varios artícnlos de la Ley Federal de Quiebras, que luego discutiremos.

En 15 de junio, 1915, la Corte de Distrito de Ponce dictó una orden paralizando los procedimientos. En julio 2, 1915, compareció nuevamente dicho síndico (trustee) en la Corte de Distrito de Ponce y pidió a la corte que los $1,000, importe de la venta en pública subasta y los demás bienes embarga-dos y no vendidos fueran pasados a poder suyo. En 19 de julio, 1915, la corte dictó una orden accediendo a lo soli-citado por el síndico, y en 20 de julio, 1915, fué interpuesta apelación contra la referida orden. Puede que tenga alguna ligera relación con el caso el no haberse interpuesto apela-ción contra la orden paralizando los procedimientos del caso.

Evidentemente que el síndico actuaba bajo la creencia de que cualquier, preferencia obtenida por un acreedor den-tro de los cuatro meses anteriores a la presentación de la petición de quiebra era nula o podía ser anulada por virtud del artículo 67, c o /, de la. Ley Federal de Quiebras. El apelante sostiene, sin embargo, que de acuerdo con esa ley es necesario probar que el deudor era insolvente en la fecha de la supuesta preferencia, y que el acreedor .tenía motivo razonable para creer que dicho deudor era insolvente.

El párrafo. 3V de la Ley de Quiebras prescribe lo si-guiente: ...

“Párrafo-:3. — Actos de quiebra. — a. Los actos de quiebra por parte de. una persona consistirán en (1) haber vendido, traspasado, ocultado o hacer desaparecer o permitido que se oculte o desaparezca cualquier parte de sus bienes con la intención de impedir, demorar ó defraudar a sus acreedores, o a cualquiera de ellos;- o (2) haber traspasado, mientras es insolvente, cualquier parte de sus bienes a uno o más de sus acreedores con la intención de dar preferencia a tales acreedores, sobre sus otros acreedores; o (3) haber tolerado o permitido mientras es insolvente, que cualquier acreedor obtenga pre-ferencia mediante procedimientos legales y no haber anulado o de-jado sin efecto dicha preferencia por lo menos cinco días antes de una venta o adjudicación definitiva' de • cualquiera bienes que estén afectados por tal preferencia; o (4). haber hecho una cesión general para beneficio de sus acreedores, o siendo. insolvente, haber pedido el nombramiento de un síndico o trustee para sus bienes, o porque debido a la insolvencia ha sido encargado un síndico o trustee de sus bienes, de acuerdo con las leyes de un Estado, Territorio, o de los Estados Unidos; o (5) baber reconocido por escrito su incapacidad para pagar las deudas y su deseo de que se le declare en quiebra por tal razón. (Enmienda de 1903, subrayada.)
* * * % . * . t # *
“c. Será una completa defensa en cualesquiera procedimientos de quiebra de acuerdo con el primer apartado de este artículo el que se alegue y pruebe que la persona contra quien se siguen los procedimientos no era insolvente, como se definé en esta ley, a la fecba de presentar la petición contra la misma, y si se prueba su solvencia en esa feebá por el supuesto quebrado, -serán desestimados los procedimientos, y bajo dicbo párrafo primero la obligación de probar la solvencia incumbe al supuesto quebrado.”

De acuerdo con este artículo según ha sido citado la insol-vencia es un requisito previo para los tres primeros actos de quiebra, pero no lo es para el cuarto y quinto, o sea, cuando el deudor lia hecho una cesión ■ general a beneficie-de sus acreedores, o reconocido por escrito' su incapacidad de pagar sus deudas y su deseo de que se le decláre en quie-, bra por tal motivo. La insolvencia según la. Ley Federal de Quiebras, con ciertas limitaciones, .significa un exceso -del pasivo sobre el activo.

Ahora bien, se ha resuelto generalmente por las cortes que cuando un hombre ha sido declarado en quiebra por cualquiera de los tres primeros motivos, la insolvencia de dicho quebrado se presume concluyentemente por razón de la declaración de quiebra, puesto que a' los- acreedores s& les concede tiempo suficiente para oponerse a que sea decla-rado en quiebra en el tiempo que media desde la fecha dé la petición y la declaración misma. Cook v. Robinson, 194 Fed. 785; In re Dempster, 172 Fed. 353; Corbett v. Riddle, 209 Fed. 811; Collier on Bankruptcy, Fed., 963 nota 214a; In re Federal Biscuit Co., 214 Fed. 221, De igual modo ha sido declarado generalmente que todos lps. acreedores se con-sideran como partes en la petición de quiebra. Sin embargo, no hemos podido cerciorarnos de que se presuma la insol-vencia cuando el deudor ha sido declarado en quiebra debido a los actos cuarto y quinto de quiebra. Las autoridades a la verdad parecen indicar lo contrario. Loveland on Bankruptcy, § 437; Collier on Bankruptcy, p. 963e; McNeel v. Folk, 83 S. E. 192; In re Alabama Coal & Coke Co., 210 Fed. 940; Sheppard Strassheim Co., v. Black, 211 Fed. 643; In re Louisell Lumber Co., 209 Fed. 784. Sostiene el apelante, como hemos visto, que para anular una preferencia no sola-mente es necesario probar la insolvencia, sino también que el acreedor tenía razón para creer en tal insolvencia. El artículo 67c, como ha sido enmendado por las leyes de 1903 y 1910, prescribe lo siguiente:

“c. Todo derecho preferente creado en el curso de una acción o procedimiento en ley o equidad, o establecido por consecuencia de los mismos, incluyendo embargos preventivos decretados después del em-plazamiento (upon mesne process) o sentencias por confesión, siempre que tales acciones o procedimientos se hubieren iniciado contra una persona dentro de los cuatro meses precedentes a la petición de quie-bra por dicha persona o contra ella, quedará cancelado por virtud de la declaración de quiebra en los casos siguientes: (1) Si se demos-trara que dicho derecho preferente fué obtenido y consentido por el acreedor siendo el deudor insolvente, siempre que su existencia y ejecución equivalgan a conceder una preferencia a dicho acreedor; o (2) si la parte o partes beneficiadas por el derecho preferente hubie-ren tenido motivos razonables para creer que el demandado era insol-vente y preveía su quiebra; o (3) que dicho derecho preferente fué constituido burlando las disposiciones de esta ley; si la anulación de dicho derecho preferente redundase en perjuicio de los intereses del capital de la quiebra, no será anulado, pero el administrador de la quiebra quedará subrogado en beneficio del activo, en los derechos del quebrado, y con facultad para perfeccionar y hacer efectivo dicho derecho preferente, con la misma, validez y eficacia que si tales actos los realizara el deudor en el caso de no estar quebrado.”

Al citar este artículo el apelante estaba bajo la impre-sión de que no existía la palabra “o” antes del párrafo (2) de dicho artículo, pero es evidente que este artículo está. enteramente en forma disyuntiva y que todo derecho pre-ferente obtenido en cualquier acción o procedimiento queda .anulado por.la declaración de quiebra, por cualquiera de las proposiciones disyuntivas contenidas en dicho artículo. Es suficiente si se obtiene y permite un derecho preferente mien-tras el demandado era insolvente y que su existencia y cum-plimiento produjera una preferencia. Véanse las anteriores autoridades.

El abogado del apelante también sostiene, si es que lo entendemos, que debe probarse que el deudor era insolvente en la fecha de la supuesta cesión, pero el artículo 67/ prescribe lo siguiente:

(/) Todas las ejecuciones (levies) sentencias, embargos u otros derechos preferentes obtenidos mediante procedimientos legales contra una persona que fuere insolvente, en cualquier tiempo dentro de los cuatro meses anteriores a la petición de quiebra presentada contra él, serán considerados nulos y sin ningún valor, en el caso de que sea posteriormente declarado en quiebra; y la propiedad afec-tada por la sentencia, embargo u otros derechos preferentes, será considerada totalmente libre y exonerada del mismo, y pasará al administrador como parte del activo de la quiebra;- a menos que la corte ordenare mediante la correspondiente notificación, que el derecho adquirido bajo dicha ejecución, sentencia, embargo u otro derecho preferente se preserve para beneficio del activo; pues en tal caso pueden pasar y ser preservados por el administrador para beneficio del activo según se ha expresado. La corte puede ordenar todos los traspasos necesarios para llevar a efecto lo dispuesto en esta sección: Disponiéndose, que nada de lo aquí contenido tendrá el efecto de destruir o menoscabar el título obtenido por consecuencia de dicha ejecución, sentencia, embargo o derecho preferente, por un comprador de buena fe, por valor recibido, que haya adquirido sin tener noticia de la situación del quebrado, ni motivo racional para suponerla antes de verificar la compra. ’ ’

Y de acuerdo con ese artículo ha sido claramente resuelto que cualquier preferencia obtenida dentro de cuatro meses de la presentación de la petición será considerada nula y sin ningún valor. Iíay una autorizada discusión sobre este punto en el caso de Cook v. Robinson, 194 Fed. 785, donde se revisan las autoridades.

La única dificultad que encontramos en este caso con res-pecto a la confirmación de la sentencia es que no estamos conformes con que se probó la insolvencia del deudor. El certificado del árbitro en este caso meramente exponía qué uno de los fundamentos de la petición de quiebra era la ale-gación que se hizo de que Arbona Hermanos habían obtenido-una preferencia mediante procedimientos legales; pero no expresa el certificado que la mercantil deudora Pabón & Ba-mírez fue declarada en quiebra por ese motivo. Ahora bien, aunque existe una gran probabilidad de que Pabón & Bamí-rez fue declarado en quiebra por el fundamento expresado y hasta una probabilidad mayor de que dicho quebrado era insolvente en la fecha de la adquisición del derecho prefe-rente mediante embargo, somos, no obstante, de opinión en vista de lo que se dice en el certificado que de ahí no se deduce que el deudor no haya podido ser declarado en quiebra por uno de los actos que no presupone insolvencia.

Como hemos indicado, si la declaración envolvía un acto por parte del.deudor cuando la insolvencia era también un elemento, entonces la declaración obligó a todos los acree-dores en. cuanto al hecho de tal insolvencia; de lo contra-rio debe probarse la insolvencia. El síndico (trustee) pudo haberlo hecho en este caso tal vez presentando una copia de la declaración misma, o, si no, mostrando la petición y la declaración o probando la insolvencia del deudor en alguna otra forma. Sin. tal insolvencia las preferencias obtenidas dentro de cuatro meses de la presentación de la petición que-dan protegidas, según entendemos las autoridades anterior-mente citadas. Si en realidad de verdad el deudor era insoL-vente el síndico en este caso tenía derecho a la orden dic-tada finalmente por la Corte de Distrito de Ponce. Nos. hemos referido al hecho de que no haya apelación contra, la primera orden paralizando todos los procedimientos en el caso, pero no creemos que la insolvencia puede presumirse de la conformidad con esta orden.

La orden apelada debe ser revocada sin perjuicio de los derechos que pueda tener el síndico para probar en cualquier forma, que la mercantil Pabón & Ramírez era insolvente en la fecha de la adquisición del derecho preferente mediante embargo..

Revocada la orden apelada sin perjuicio de los derechos que puedan asistir al sindico para demostrar en la forma que crea con-veniente que la sociedad Pabón & Ramírez era insolvente en la fecha de adquisición del derecho preferente mediante embargo.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez .Asociado Sr. del Toro,

text:
    Ríos, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-, ' piedad de Caguas inscribiendo con defecto subsanable una escritura de hipoteca voluntaria.
    No. 267.
    Resuelto en abril 5, 1916.
    Hipoteca Voluntaria —'Pagaré Asegurado con Hipoteca — Defecto Subsana-ble — Palta Subsanable — Buena Práctica.- — No constituye falta o defecto subsanable,- a los efectos de la inscripción en el registro de una escritura de hipoteca voluntaria para garantir un pagaré, por no exigirlo la ley sobre el particular, el hecho de no consignarse en el pagaré transcrito en la misma que dicha obligación, está asegurada con hipoteca sobre la finca de que se trata; pero, para mayor claridad, sería conveniente en casos de esta natura-leza, que después de otorgada la escritura de hipoteca, se hiciera constar ese hecho por el mismo notario al pie del documento garantizado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador recurrido, Sr. Emigdio S. Ginorio, com-pareció en nombre propio.
   El Juez .Asociado Sr. del Toro,

emitió-la opinión del tribunal.

El 2 de febrero de 1916 compareció Juan Eíos Oyóla ante notario público y otorgó nna escritura de hipoteca volunta-ria de la cnal resalta qne siendo Eíos Oyóla dueño de cierta casa que se describe radicada en Caguas y habiendo firmado la obligación que más adelante copiaremos, resolvió garan-tizarla y la garantizó en efecto constituyendo la dicha hipo-teca voluntaria sobre la casa indicada. La obligación garan-tizada, dice así:

“Pagaré a la orden del endosatario de la presente obligación, en esta ciudad, el día treinta y uno de julio del corriente año de mil novecientos diez y seis, la cantidad de ciento cuarenta y tres dollars, valor recibido de dicho endosatario en efectivo y a mi satisfacción. En caso de mora devengará esta obligación intereses a razón del uno por ciento mensual. También me obligo a satisfacer la suma de cien dollars para el pago de costas, gastos y honorarios del abogado del acreedor en caso de reclamación judicial. Caguas, P. R., dos de fe-brero de mil novecientos diez y seis. (Firmado) Juan Ríos Oyóla. Affidavit número setecientos sesenta. Firmado el precedente docu-mento ante mí, por Juan Ríos Oyóla, mayor de edad, viudo, pro-pietario y de esta vecindad a quien doy fe de conocer personalmente en Caguas, Puerto Rico, el día dos de febrero de mil novecientos diez y seis. (Firmado) Andrés Mena, notario público. Hay un sello de rentas internas de veinte y cinco centavos, cancelado y además el sello de la notaría.”

Presentado el documento en el Eegistro de la Propiedad de Caguas, fné inscrito pero “con el defecto subsanable de no consignarse en el pagaré qne se inserta en esta escritura que dicha obligación esté asegurada con hipoteca de la indi-cada finca. ’ ’

Alegando la no existencia de tal defecto, Eíos Oyóla inter-puso el presente recurso gubernativo.

A nuestro juicio tiene razón el recurrente. Nada exige la ley sobre el particular y era lógico que no- constara en el pagaré la constitución de la hipoteca cuando fué transcrito en la .escritura, porque el pagaré se otorgó primero y la escri-tura después. Yéase la ley No. 33 de 1912 modificativa del artículo 153 de la Ley Hipotecaria, en relación eon el artículo 531 del Código de Comercio.

Para mayor claridad, sería conveniente en casos de esta naturaleza que después de otorgada la escritura de hipoteca se hiciera constar por el mismo notario al pie del documento garantizado dicho hecho.

Por las razones expuestas, debe declararse con lugar el recurso interpuesto y resolverse que no existe el defecto apun-tado por el registrador.

Declarado con lugar el recurso y que no existe el defecto apuntado por el registrador.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolp,

text:
    Carmona et al., Demandantes y Apelantes, v. Cuesta, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en causa sobre indemnización de daños y per-juicios.
    No. 1430.
    Resuelto en abril 5, 1916.
    Terceros — Sentencia—Acción bor Fraude — Cosa Jumada — Manera de Pro-barla. — Cuando una sentencia confirmada en apelación sólo resuelve que' el demandado es un tercero de acuerdo con la Ley Hipotecaria, sin entrar a con-siderar si ha cometido los actos fraudulentos que se le imputan, la mera pre-sentación como prueba, en un pleito subsiguiente, de la sentencia de la corte inferior y de la confirmatoria, no demuestra cuáles fueron las cuestiones pro-puestas en el primer juicio, y es necesario probar que fueron las mismas en ambas acciones.
    Los hechos están expresados en la opinión. .
    Abogado de los apelantes: Sr. Jacinto Texidor.

    Abogados del apelado: Sres. Muño£ é Brown.

   El Juez Asociado Se. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

En 21 de marzo de 1910, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia desestimando una demanda en un caso de reivindicación porque los demandados que estaban en posesión eran terceros, con derecho a ser protegidos de acuerdo con la Ley Hipotecaria. En la apelación esta Corte Suprema de Puerto Eico en marzo 29, 1912, confirmó la sentencia de la corte inferior, sin perjuicio de que los demandantes puedan ejercitar la acción personal correspondiente contra los supues-tos vendedores fraudulentos, por cuyo acto se alega que sur-gió un título a favor de los demandados y apelados en la susodicha acción.

Subsiguientemente, allá para el día 2 de enero de 1913, establecieron los demandantes la presente acción contra el demandado, alegando los actos fraudulentos a que se ha hecho referencia y reclamando de dicho demandado una indemniza-ción por daños y perjuicios. El demandado formuló su con-testación, alegando, entre otras defensas, la prescripción de la acción. La Corte de Distrito de San Juan en esa acción se pronunció en favor de la defensa de prescripción. La sen-tencia fué revocada en apelación el día 30 de marzo, 1914, 20 D. P. R. 229, y fueron devueltas las actuaciones para ulterio-res procedimientos.

Esta vez fué juzgada la causa sobre las negativas genera-les y especiales del demandado y se dictó sentencia por falta de pruebas. Los demandantes y apelantes se limitaron a ofrecer prueba del valor de la finca, pero en cuanto al funda-mento principal de fraude, se contentaron con presentar como prueba la sentencia de la corte de distrito de marzo 21, 1910, y la sentencia confirmatoria de este tribunal de 29 de marzo de 1912. Sin entrar en detalles se ve claro que lo que resolvió es-te tribunal en 1912 fué que los demandados Soldini y Leitch eran terceros; no resolvió las cuestiones en discusión entre los demandantes y los otros demandados. La sentencia de la corte inferior se basó en esa fecha únicamente en la teoría de que los demandados Soldini y Leitch eran terceros, senten-cia que fué confirmada por este tribunal sin ser modificada. Aun en la parte en que se confirma sin perjuicio se siguió so-lamente un pronunciamiento semejante de la corte inferior. La acción de nulidad y cancelación fué desestimada.

De todos modos, como alega el apelado, la mera presen-tación de las dos sentencias no mostraba cnáles fueron las cuestiones en disensión en el primer juicio. Debe probarse que las cuestiones son las mismas. González v. Méndez et al. 15 D. P. R. 701; Black, sobre Sentencias, Sección 614 y siguien-tes. Los demandantes dejaron de probar su caso en la corte inferior y debe confirmarse la sentencia.

El apelado en su alegato bace referencia al caso de Carmona v. Cuesta, 20 D. P. R. 229, sobre la cuestión de prescripción. Alega que estaba en pugna con el caso de Buxó v. Martínez, 18 D. P. R. 1035. El caso de Buxó v. Martínez fue diferenciado en el de Carmona v. Cuesta, supra. En el caso de The People of Porto Rico v. Emmanuel, 235 U. S. 251, solamen-te se resuelve que la falta o negligencia del tesorero en dicho •caso dió lugar a una acción de acuerdo con el artículo 1803 del Código Civil. La acción de los demandantes, como ha dicho este tribunal, surgió por virtud de la misma Ley Hipotecaria en relación con el artículo 1262 del Código Civil. No vemos razón alguna para impugnar la opinión qne tuvimos en 1912, y el caso de Carmona v. Cuesta, 20 D. P. R. 229, es expresamente aprobado.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Rivero, Demandante y Apelante, v. Surís et al., Demandados y Apelados.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en' causa sobre reivindicación y daños y perjuicios.-
    Moción de .los apelados para que se desestime la apelación.
    No. 1470.
    Resuelto en abril 6, 1916.
    Desestimación de Apelación-^Transcripcjón de Autos — Entrega -de Copia a la Parte Apelada. — De acuerdo eon el último párrafo dél artículo 299 dei Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por Ley No. 70 de raarz'e 9, 1911, cuyos preceptos son de carácter imperativo y no directivo, el apelante debe entregar al apelado copia de la transcripción de autos y si dejare de subsanar dicha omisión después de notificado y antes de la vista de la moción del ape-lado para que se desestime la apelación por tal motivo, deberá desestimarse el recurso.
    Id.' — Transcripción de Autos — Ocupaciones Abrumadoras del Abogado — Pro-mesa — Entrega de la Copia Antes de la Vista — Discreción Judicial. — ■ La alegación por parte del letrado del apelante de sus abrumadoras ocupa-ciones y su promesa de que liaría entrega de una copia de la transcripción de autos constante de sólo ocho páginas al abogado del apelado dentro del plazo que le fijara la corte, después de ser notificado de una moción para que se desestimara la apelación precisamente por no haberse entregado a su debido tiempo dicha copia, no proporciona a la Corte Suprema base alguna para ejercitar justamente en su favor la discreción de que pueda estar in-vestida.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Mercader.

    Abogado de los apelados: Sr. Benito Forés.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El 28 de marzo de 1916 la parte apelada archivó nna moción solicitando la desestimación del recurso por no habérsele en-tregado copia de la transcripción de los autos. El 30 del mismo mes el apelante aceptó el hecho de la no entrega ocu-rrido según él debido a sus abrumadoras ocupaciones y mani-festó que se encontraba dispuesto a suministrar dicha copia en el término que la corte estimara oportuno. La transcrip-ción sólo contiene ocho páginas en maquinilla y fué archivada en la secretaría de esta Corte Suprema el 20 de marzo de 1916. La vista de la moción de- desestimación se celebró el 3 de abril actual sin la comparecencia de las partes.

En el caso de Cabassa v. Bravo, 21 D. P. R. 185, esta corte sentó la siguiente jurisprudencia:

“De acuerdo con el último párrafo del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por la Ley No. 70 de marzo 9, 1911, cuyos preceptos son de carácter imperativo y no directivo, el apelante debe entregar al apelado copia de la transcripción de autos, y si se negare a subsanar dicba omisión después de notificado de una moción de desestimación de la apelación por ese motivo, deberá desestimarse el recurso.”

En la opinión emitida en Cabassa v. Bravo, supra, se citan cuatro casos en los cuales esta corte se negó a desestimar la apelación por el motivo que invoca el apelado, mas si bien ello fue así, se debió a que en tres de dichos casos el apelante subsanó la omisión entregando copia de la transcripción a la parte apelada antes de la vista de la moción de desestima-ción, y en el último si bien el apelante no había entregado copia a todos los abogados de los apelados, lo había hecho a uno de ellos.

Tales circunstancias no concurren en el caso que esta-mos considerando. No obstante lo terminante de la ley; a pesar de lo claro de nuestra jurisprudencia sobre la materia, el apelante, en vez de apresurarse a entregar la copia de una transcripción, que sólo consta de ocho páginas, antes de que se celebrara la vista de la moción de desestimación, se limita a alegar sus abrumadoras ocupaciones y a prometer que haría dicha entrega dentro del plazo que le fijara la corte. La actitud del apelante no proporciona, pues, a esta corte base alguna para ejercitar justamente en sun favor la discreción de que pueda estar investida.

Debe desestimarse el recurso.

Declarada con lugar la moción y desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Labarthe et al., Promoventes y Apeladas, v. Neumann, Opositora y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en-causa sobre nombramiento de contador partidor.
    No. 1414.
    Resuelto en abril 6, 1916.
    Partición de Herencia — Herederos Mayores de Edad — Desacuerdo Sobre la Partición — Albacea o Administrador — Contadores-Partidores. — Cuando los herederos son todos mayores de edad y no están de acuerdo sobre el modo de hacer la partición, es la intención de la ley por virtud del artículo 1026 del Código Civil, tal como fué enmendado' en febrero 2á, 1906, conferirles los mismos derechos que tiene el albaeea o administrador conforme al artículo 67 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, para pedir en caso de des-acuerdo de las partes el nombramiento de contador partidor.
    Jurisdicción — Discreción Judicial — Comparecencia de las Partes Ante la Corte. — Por virtud del artículo 36 del Código de Enjuiciamiento Civil, la corte tiene discreción cuando las partes están ante ella y no se ha determinado distintamente una línea de conducta.
    Partición de Herencia — Nombramiento de Contador Partidor — Resolución Apelable — Apelación.—Conforme al artículo 295 del Código de Enjuicia-miento Civil, es apelable la resolución de una corte de distrito dictada en un procedimiento especial sobre nombramiento de contador partidor de acuerdo con el artículo 1026 del Código Civil, por ser definitiva y resolver un derecho terminante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Gustavo Rodríguez y José G. Torres.

    Abog'ados de las apeladas: Sres. Francisco Parra y Antonio F. Castro.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Las apeladas radicaron una petición en la corte de dis-trito, alegando que eran respectivamente la viuda y las dos hijas legítimas de Don Eduardo Neumann G-andía; que Eduardo Neumann falleció abintestato el día 9 de septiem-bre de 1913, y que los dos hijos legítimos y Gustavo y Adela Neumann Negrón, dos hijos naturales reconocidos, fueron declarados únicos y universales herederos de dicho Eduardo Neumann, sin perjuicio del derecho usufructuario de la viuda; que la viuda y los hijos legítimos no estaban de acuerdo con los hijos naturales en cuanto al carácter de los bienes relic-tos, o sea si eran o nó gananciales; que todas las partes eran mayores de edad y solicitaban los peticionarios se nombrara un contador partidor para hacer la división o partición. La -corte negó primeramente la petición, pero luego reconsideró ■su resolución y accedió a dicha partición, nombrando como contador partidor a Don Luis Yordán Dávila. A solicitud •de Adela Neumann la orden quedó hecha • definitiva, contra la cual interpuso ésta recurso de apelación. La primitiva teoría de la corte y de la opositora era la de que sólo un alba-cea o administrador podía pedir el nombramiento de con-tador partidor, disponiendo el artículo 67 de la Ley de Pro-cedimientos Legales Especiales lo siguiente:

“Art. 67. — Cuando un albacea o administrador estuviere en pose-sión de todo el caudal, y hubiere satisfecho o tuviere en su poder cantidad suficiente para satisfacer las deudas y gastos de la adminis-tración, y no fuere un caso en que las partes están acordes respecto a la partición o división, deberá pedir a la corte de distrito el nombra-miento de un comisionado o contador partidor para practicar la par-tición o división.”

Sin embargo, el artículo 1026 del Código Civil, tal como fue enmendado por la ley de febrero 24, 1906, dispone lo si-guiente :

“Art. 1026. — Cuando los herederos mayores de edad, no se enten-dieren sobre el modo de hacer la partición, quedará a salvo su derecho para que lo ejerciten en la forma prevenida por la ley de procedi-mientos legales especiales aprobada el 9 de marzo de 1905.”

Este artículo aparece entre los de la sección 2a. del Capí-tulo VI, Título III, Libro III, del Cóadigo Civil, cuya sec-ción lleva por epígrafe “De la partición,” y en este caso lo que solicitan en último término los herederos es la partición de los'bienes y alegan las peticionarias que los herederos no pueden llegar a un acuerdo respecto a los bienes que han de dividirse. Aunque la verdadera diferencia en este caso es sobre lo que son o nó bienes gananciales, creemos, sin embargo, que los herederos están colocados en la misma situa-ción, por virtud del artículo 1026 del Código Civil que un albacea o administrador. En otras palabras, la intención fué conferir a los herederos entre sí los mismos derechos que pudiera tener un administrador de una finca, o sea, el derecho de pedir en caso de desacuerdo, el nombramiento de un contador, partidor. Establecido esto es evidente que el caso de Falú v. Escalera, 20 D. P .R. 522, es directamente aplicable. La solicitud, en ese caso, fné Lecha por nn albacea, pero la división entre los herederos estaba confundida con la necesidad de distinguir o separar los bienes gananciales y fné nombrado un contador partidor.

’ El caso tal vez podría ser diferente si la apelante hubiera demostrado que había alguna necesidad de pagar las deudas del finado, o que eran necesarios otros actos de administra-ción, pero los autos nada dicen sobre el particular y la pre-sunción es, como expresa la petición, que en el caso no está envuelta ninguna otra cuestión que la división entre los here-deros después de separar los bienes gananciales de 15s que pertenecen a Neumann en particular.

La apelante asimismo alegó que todos los bienes no esta-ban en condiciones de ser divididos, pues había una finca en litigio. Tenemos dudas de si un albacea o administrador tendría que suspender una división o partición por estar pendiente un pleito en relación con una finca en particular, pero en este caso la cuestión es sobre determinados bienes en cuanto a la viuda y los herederos en que no están envueltos ninguno de los deberes relativos a la administración.

Hay algunas otras consideraciones generales. Cuando las partes están ante la corte y no se ha determinado distinta-mente una línea de conducta, la corte tiene discreción por virtud del artículo 36 del Código de Enjuiciamiento Civil, el cual es como sigue:

“Art. 36. — Cuando por este código o por otra ley se confiera juris-dicción a una corte o funcionario judicial, se le confieren también todos ios medios necesarios para hacerla efectiva; y en el ejercicio de ella, si el procedimiento no estuviere especialmente señalado en este código o en otra ley, podrá adoptarse cualquier otro procedimiento o modo adecuado que parezca estar más en armonía con el espíritu de este código.”

Creemos que si la corte no estaba directamente autori-zada observó la forma correcta en este caso.

Teníamos alguna duda en cuanto al derecho dé las par-tes para hacer que sea revisada en apelación la resolución de la corte de distrito. En la Ley de Procedimientos Lega-les Especiales no existe ningún precepto legal que de modo directo autorice la apelación en nn caso de esta clase. Los apelantes alegan en este caso qne ésta no era nna cnestión directamente comprendida en la Ley de Procedimientos Le-gales Especiales como se determina en las leyes de la sesión de 1905, sino nn procedimiento especial ante la Corte de Dis-trito de Ponce para resolver los derechos de las partes. En otras palabras, las partes, como hemos visto, tenían derecho a nn remedio de a cnerdo con el artícnlo 1026 del Código Civil, el cnal hace referencia a la Ley de Procedimientos Legales Especiales meramente como anxiliar. El procedimiento se-gún el artículo 1026 es por sí un procedimiento especial. La resolución en este caso era en forma definitiva y dejó resuelto un derecho terminante y, por tanto, creemos que era apelable de conformidad con el artículo 295 del Código de Enjuicia-miento Civil. En cuanto a este particular .son de aplicación los casos de Mattei v. Badillo, 20 D. P. R. 247; Olivari v. Sucesión Ramos, 20 D. P. R. 103, y Sucesores de Abarca v. Central Vannina, resuelto en marzo 9, 1916.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.