author: El Juez Pbesidente Seíñor Del Tobo,

text:
    Gran Logia de Distrito del Distrito No. 41 de la Gran Orden Unida de Odd-Fellows en América, y la Logia Víctor Rojas No. 9728, demandantes y apelantes, v. Logia Víctor Rojas, Inc., demandada y apelada.
    No. 6580.

    Sometido: Jimio 14, 1935.

      Resuelto: Julio 24, 1935.

      Pascasio Fajardo Martínez, abogado de los apelantes; Juan B. Soto y Juan F. Soto, abogados de la apelada.
   El Juez Pbesidente Seíñor Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La parte demandada y apelada qne no presentó alegato ni asistió a la vista del recurso, comparece añora por nuevos abogados y pide la reconsideración de la sentencia de esta Corte Suprema dictada el 27 de mayo último. Sostiene que a su juicio la demanda no aduce lieclios suficientes para basar la sentencia de esta corte y que esta corte actuó sin juris-dicción.

La cuestión de jurisdicción se funda en que cuando la apelación se interpuso, ya babía transcurrido el término que la ley señala y en que el escrito estableciéndola está redactado de tal modo que resulta ineficaz.

De los autos aparece que la sentencia recurrida se dictó el 13 de abril de 1933 y se notificó el 15, archivándose el escrito de apelación en junio 6, 1933.

Si éstos fueran los únicos becbos a considerar, tendría razón la parte demandada y apelada, pero como también de los autos aparece que la parte demandante dentro del tér-mino que tenía para apelar o sea en 13 de mayo de 1935 radicó una moción dé reconsideración de la sentencia, moción que fue declarada sin lugar por la corte de distrito en mayo 18, 1935, la situación legal varía.

Esta Corte Suprema resolvió en el caso de Rivera v. Medina et al., 28 D.P.R. 808, 811, y ratificó en el de Rexach et al. v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, 31 D.P.R. 17, 22, que “cuando el término dentro del cual debe interpo-nerse la apelación ha vencido, el derecho a apelar no podrá ser revalidado por la radicación de una moción de reconsi-deración con el solo objeto de revivir cuestiones resueltas por sentencias definitivas.”

Y más tarde, en el caso de Pérez Casalduc v. Díaz Mediavilla, 42 D.P.R. 357, 358, dijo y resolvió:

“En noviembre 26, 1930, la Corte de Circuito de Apelaciones tuvo ante sí el caso de Saurí v. Saurí, 45 Fed. (2d) 90. La corte resolvió que una moción de reconsideración presentada ante este tribunal suspendía el término para apelar. Dicha corte citó el caso de Citizens Bank of Michigan City v. Opperman, 249 U. S. 448, al efecto de que hasta que se resuelva una moción de reconsideración no podía considerarse definitiva una sentencia. De ahí se desprende necesariamente qne el término para apelar solamente comienza desde el momento en qne se resuelve nna moción de reconsideración.”

Expresando luego en el de Municipio de Guánica v. García, 46 D.P.R. 397, 398, lo que sigue:

“Los apelados se basan en el caso de Pérez Casalduc v. Díaz Mediavilla, 42 D.P.R. 357, y en los casos allí citados. Para los fines de esta opinión podría admitirse qne el término dentro del cual debe establecerse recurso de apelación contra ‘una sentencia defi-nitiva pronunciada en un pleito o procedimiento especial,’ a que se bace referencia en el inciso primero del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, empieza a correr, en caso de que se presente oportunamente una moción de reconsideración, tan sólo después de haberse resuelto tal moción y desde el momento en que el secretario archiva copia del aviso de tal resolución enviado a la parte per-judicada. ’ ’

En tal virtud, habiéndose presentado la moción de recon-sideración, vigente aún el término para apelar, y habiéndose archivado el escrito de apelación trece días después de re-suelta dicha moción, siguiendo la decisión de la Corte de Circuito de Apelaciones citada en el caso de Pérez Casalduc, supra, y la de esta corte en el de Municipio de G-uániea, supra, y sin apartarnos de lo resuelto en los casos de Rivera y Rexach, supra, debemos concluir que el término para apelar no había fenecido el 6 de junio de 1931 cuando la apelación se interpuso.

En cuanto al otro fundamento, bastará decir que la forma en que está dictada la sentencia fué la que llevó al apelante a redactar su escrito de apelación en la forma en que lo hizo. La sentencia declara la demanda con lugar y nulo el acuerdo de separación, pero por sus otros pronunciamientos no reconoce a las demandantes los derechos que reclaman y de hecho declara la demanda sin lugar. De ahí que la parte demandante pidiera la reconsideración de la sentencia y luego apelara creyéndose obligada en su escrito a explicar el alcance de su apelación.

En cnanto a las enestiones de fondo qne levanta la moción, nos atenemos a lo expnesto en la opinión qne fundamenta la sentencia resolutoria del recurso.

La moción debe ser declarada sm lugar.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

license: Public Domain

text:
    Pedro L. Rodríguez, tercerista y apelante, v. Carlos J. Torres, demandante y apelado y Royce Grimm y Thomas H. Ives, demandados.
    No. 7095.

    Sometido: Julio 15, 1935.

      Resuelto: Julio 24, 1935.

      Leopoldo Feliú y Edgar S. Belaval, abogados del apelante; Joaquín Vendrell, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación del recurso interpuesto en este caso por haberlo sido fuera de término. Se opone el apelante porque de los autos no consta que el término hubiera vencido cuando el recurso se interpuso, porque presentada en tiempo una moción de reconsideración el término comienza a correr a partir de su resolución y porque aun cuando hubiera el término expirado en cuanto a la sentencia no habría transcurrido en cuanto a la resolución de la moción de reconsideración que también fué recurrida.

La vista de la moción se celebró en julio 15 en curso con asistencia e informe de las partes por sus abogados. Estos, con permiso de la corte, han archivado luego alegatos en apoyo de sus respectivas posiciones.

De los autos consta la notificación de la sentencia recurrida a virtud de certificación expedida por el Secretario de la corte de distrito el 3 de julio actual. Tiene fecha abril 4, 1935, y en ella se consigna que la sentencia notificada se dictó en marzo 30, 1935, datos que aparecen también del propio escrito de apelación.

Sin embargo, de la notificación archivada en los autos no consta la fecha de su archivo y esta corte en Bianchi v. Bianchi, 45 D.P.R. 751, siguiendo el de Delgado v. Márquez Díaz, 37 D.P.R. 135, resolvió:

“Aún cuando la parte perdidosa admita que fué notificada de una sentencia u orden, si de la nota del secretario en los autos no aparece que archivó con dichos autos copia de esa notificación, el término para recurrir contra tal sentencia u orden no puede co-menzar a correr hasta tanto no se efectúe el archivo mencionado.”

Véase además Buxó v. Sellés, 46 D.P.R. 748.

Este caso es extremo porque aquí el apelante en su escrito interponiendo el recurso no sólo admite que fué notificado, si que la notificación fué archivada con los autos en cuatro de abril, pero aun así, para que exista fijeza, la regla debe aplicarse. Los secretarios deben cumplir estrictamente su deber y los abogados vigilar su cumplimiento en beneficio de sus clientes.

No está en condiciones, pues, la parte apelada, para obtener la desestimación por el motivo alegado, pero aunque lo estuviera si se aceptara para fijar el término del archivo la admisión del apelante, nunca procedería la desestimación porque si bien la sentencia se habría notificado el 4 de abril, 1935, es lo cierto que el 12, o sea antes de los diez días — • se trata de un caso de tercería — se pidió la reconsideración de la sentencia y la corte tomó en consideración la moción y estudiados sus méritos la declaró sin lugar por resolución fundada de 18 de junio, 1935, que se notificó el 19, y la ape-lación se estableció el 29 del propio mes de junio, 1935, habiendo esta corte decidido en el día de hoy en el caso de Gran Logia de Distrito del Distrito No. 41 de la Gran Orden Unida de Odd-Fellows en América, etc., v. Logia Victor Rojas, Inc., No. 6580, que bajo tales circunstancias el término para apelar comienza a correr a partir de la resolución de la moción de reconsideración.

En apoyo de esa misma conclusión cita el apelante las siguientes autoridades: Jones v. Gill, 67 Fed. (2d) 159; Citizens Bank of Michigan v. Opperman, 249 U. S. 447; Sinkins Federal Practice, Edición revisada, see. 873 y 3 C. J. p. 465, see. 282, que, resumiendo la jurisprudencia, dicé:

“En la mayoría de las jurisdicciones no existe sentencia o de-creto final para los fines de una apelación mientras lá causa esté bajo el control de la corte sentenciadora por bailarse pendiente una moción de nuevo juicio, de reconsideración, para dejar sin efecto la sentencia o para otra cosa.”

La parte apelada oponiéndose invoca tres de nuestras decisiones, a saber: Ex parte Padín, 46 D.P.R. 736, Ex parte Vega, 28 D.P.R. 389 y Rivera v. Martínez, 27 D.P.R. 475.

Nada en contrario se decidió en la primera. Sólo se dijo: “Si a nuestra práctica local le es o no aplicable la federal relativa a que una moción de reconsideración extiende el término para radicar la (el récord en) apelación, quaere.” Ex parte Padín, supra.

Las dos últimas son anteriores a las de Pérez Casalduc v. Díaz Mediavilla, 42 D.P.R. 357 y Municipio de Guánica v. García, 46 D.P.R. 397. En Ex parte Vega, supra, lo que se resolvió fué que: “Siendo como es inapelable una resolución que niega la reconsideración de una orden o sentencia, pro-cede desestimar la apelación de tal resolución.” Y en el de Rivera v. Martínez, supra, la corte se expresó así:

“La cuestión es distinta con respecto a la apelación contra la resolución de 6 de febrero de 1919, porque fué interpuesta dentro de término legal.
“La moción de 22 de diciembre de 1918 que dió origen a esa resolución, aunque se titula de reconsideración, es en verdad una moción para que se anule y deje sin efecto el mandamiento de ejecución que la orden de 20 de diciembre de 1918 dispuso que se librara para el cumplimiento de nuestra sentencia de 6 de diciem-bre de 1918. Esta resolución se dictó a instancia de José C. Rivera, sin notificación ni audiencia del demandado, y, por tanto, no re-solvió moción alguna de éste, por lo que su petición de 22 de diciembre, aunque en ella se usa la palabra reconsideración, no pide que se examine de nuevo alguna resolución recaída a instancia suya sino que por primera vez se planteó ante la corte inferior la cuestión de que no tenía jurisdicción para hacer ejecutar nuestra sentencia de 6 de diciembre de 1918 en vista de estar pendiente su recurso de apelación contra la sentencia de 26 de octubre de 1917 y por con-siguiente no le es aplicable la doctrina de que es inapelable una resolución que desestima la reconsideración de otra resolución anterior. La moción del demandado a que nos referimos es en verdad y en su alcance una moción pidiendo que se deje sin efecto el man-damiento dispuesto por la orden dictada por el juez mandando cum-plir nuestra sentencia dictada en el recurso del demandante; reso-lución que, por tanto, es apelable porque es una providencia especial dictada después de sentencia.”

Puede inferirse que se resuelve implícitamente que si se hubiera tratado de una moción de reconsideración, no hubiera sido apelable. Las citas no deciden, pues, la contención en favor del apelado. La primera la deja en suspenso y las segundas son más bien aplicables al tercer fundamento de la oposición que, dado el motivo alegado para pedir la deses-timación y lo que acabamos de decidir, no será necesario estudiar y resolver.

No ha hogar a la desestimación solicitada.

El Juez Asociado Sr. Oórdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Se'ñob Del Tolo,

text:
    Vicente Zayas Pizarro, demandante y apelante, v. Henry G. Molina de St. Remy, demandado y apelado.
    No. 7075.

    Sometido: Julio 22, 1935.

      Resuelto: Julio 24, 1935.

      López de Tord & Zayas Pizarro, abogados del apelante; Luis E. Dubón, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Se'ñob Del Tolo,

emitió la opinión del tribunal.

Vicente Zayas Pizarro demandó en la Corte de Distrito de Ponce a Henry Gr. Molina en reclamación de daños y per-juicios por difamación.

El demandado, domiciliado en San Juan, solicitó el tras-lado del pleito a la corte del distrito de su domicilio. Se opuso el demandante y la Corte de Distrito de Ponce resol-vió la cuestión suscitada, como sigue:

“La Corte ha estudiado detenidamente la cuestión planteada, que fué debidamente argumentada oralmente y por medio de alegatos escritos, y ha llegado a la conclusión de que la causa de acción ex-puesta en la demanda enmendada nace de la Ley 'estableciendo la acción civil de libelo y calumnia’ aprobada en febrero 19 de 1902, y no del artículo 1802 del Código Civil, (véase, en apoyo d.e esta conclusión, cómo el artículo 1868 del Código Civil al establecer las acciones que prescriben por el transcurso de un año, en su apar-tado segundo, separa la acción para exigir'la responsabilidad civil por injuria o calumnia de aquéllas que nacen del Artículo 1802) y, por lo tanto, de acuerdo con el Artículo 81 del Código de En-juiciamiento Civil procede el traslado de esta acción a la Corte de Distrito de San Juan.”

No conforme el demandante, apeló, quedando radicada la transcripción desde junio 13 último. En julio 8 actual solicitó la parte apelada la desestimación del recurso por frívolo, celebrándose la vista de su moción el 22 con asistencia e informe de los abogados de ambas partes.

A nuestro juicio es claro que la acción ejercitada emana de la ley especial sobre la materia citada por el juez senten-ciador — Ley para autorizar pleitos civiles por daños y per-juicios ocasionados por libelo y calumnia, aprobada el 19 de febrero de 1902, Estatutos Revisados y Códigos de Puerta Rico de 1902, p. 234.'

La circunstancia de que si tal ley no existiera, por inter-pretación judicial se hubiera seguramente considerado que proviniendo la acción de un delito podría considerarse coma autorizada por el artículo 1802 del Código Civil, ed. 1930, no debe tomarse en consideración. El legislador fue espe-cífico en el caso, separando las acciones no ya al decretar la ley especial si que al referirse a ellas dentro del precepto general del Código que también cita el juez sentenciador-— artículo 1868 del Código Civil, ed. 1930 — y debe entenderse que al promulgar la ley que invoca el demandante — artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como fue enmen-dado en 1928 (Ley núm. 34, pág. 225)- — -refiriéndose sólo al artículo 1803, 1802 del Código Civil, ed. 1930, no quiso com-prender las acciones provenientes de injuria y calumnia. Si otra hubiera sido su intención habría hablado con la claridad que habló en la última enmienda hecha por ley (Núm. 18) de 11 de abril de 1935 (pág. 175) para regir el 11 de julio de 1935. El razonamiento que llevó a esta corte en el caso de Alvarez v. American R. R. Co. of P. R., 48 D.P.R. 477, 479, a concluir que la enmienda abarcaba el artículo 1803 no obstante no citarlo expresamente, es distinto, como puede verse de los términos en que aparece redactada la opinión.

La corte no tenía que aguardar a que la citada Ley de 1935 entrara en vigor para resolver el traslado. Sometídale la cuestión era su deber decidirla de acuerdo con la ley en-tonces vigente. Si el demandante estima que la nueva ley le favorece y que a ello tiene derecho, puede pedir que el caso vuelva a la corte del distrito en que tuvo su origen la causa del litigio.

Debe declararse con'lugar la moción y desestimarse por frívolo el recurso.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado SeñoR Iíutchisox, JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE

text:
    Celestina Caraballo Vda. de Torres, en su carácter de madre con patria potestad sobre sus hijos menores de edad nombrados Rafael y José Manuel Torres y Caraballo, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 933.

    Sometido: Enero 14, 1935.

      Resuelto: Julio 24, 1935.

      C. Domínguez Rubio, abogado de la recurrente; El registrador re-currido compareció por escrito.

      1Íota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado SeñoR Iíutchisox,

emitió la opinión del tribunal.

En agosto de 1930 Carrillo y su esposa otorgaron una hipoteca para garantizar un préstamo con intereses al 12 por ciento. El préstamo, y la hipoteca vencieron el primero de agosto de 1933. Una ley para enmendar la sección primera de la “Ley sobre fijación del interés en toda clase de obligaciones, aprobada en Io. de marzo de 1902, según fué enmendada por la del 12 de marzo de 1903, y para otros fines,” empezó a regir el 17 de agosto de 1933. Primera sesión extraordinaria de ese año, página 27. La sección primera, tal cual ha sido enmendada, dispone:

“... . que no podrá fijarse un tipo de interés, por convenio especial, que sea mayor de nueve (9) dólares anuales sobre cada cien (100) dólares o sobre su equivalente en valor, cuando el capital ob-jeto del préstamo o del convenio no exceda de $3,000, y de ocho (8) dólares anuales por cada cien (100) dólares, cuando pase dicha cantidad. ’ ’

En junio de 1934 el término de la obligación fué prorro-gado por un período adicional de dos años a partir del pri-mero de agosto de 1933 en lo que a un saldo insoluto de $700 se refería, continuando en vigor por convenio expreso todas las demás disposiciones del contrato original. El registrador de la propiedad inscribió este documento en lo que a la can-celación parcial de la hipoteca y a la prórroga de la misma se refería, pero se negó a inscribirlo en lo atinente a la con-tinuación de la cláusula contenida en el contrato original rela-tiva al pago de intereses a razón del 12 por ciento, fundado en que este convenio infringía la enmienda de 1933.

El contrato original no contenía disposición alguna res-pecto al tipo de interés en caso de que no se efectuara el pago a su vencimiento. En ausencia de tal disposición los acreedores hipotecarios, si hubiesen instado acción sobre el contrato original, hubieran podido recobrar intereses a razón del 6 por ciento anual solamente a partir de la fecha del vencimiento y de la falta de pago. Véase artículo 1061 del Código Civil (Ed. de 1930); Goico v. Rodríguez, et al., 28 D.P.R. 530; Cook v. Fowler, 14 E. R. C. 546, y otros casos citados en 33 C. J. 226, sección 111, y la decisión de la Corte Suprema de España de junio 7, 1922, 156 Jurisprudencia Civil 464. Cualquier derecho a cobrar intereses a un tipo más elevado después del vencimiento y de la mora debe fun-darse enteramente en el nuevo contrato. El hecho de que este nuevo pacto no equivaliera a una novación del contrato original no sirve de respuesta a la objeción de que el nuevo convenio infringía la sección primera de la ley. Las partes contratantes originales pudieron haber celebrado el nuevo contrato en cualquier momento antes de empezar a regir la ley de 1933. Después de esto no podían celebrar ningún con-trato válido para el pago de intereses al 12 por ciento. El resolver que la ley es aplicable a un convenio de tal índole, celebrado unos diez meses después de haber empezado a regir la misma, no significa interpretar ésta en forma tal que equivalga a darle efecto retroactivo.

El recurrente asume que el documento otorgado en junio de 1934 meramente ratificó un contrato anterior celebrado con antelación al 17 de agosto de 1933, pero no hallamos nada en los autos que sostenga esta teoría. Otra contención es que la prohibición relativa a contratos para el pago de intereses a un tipo mayor del 8 ó 9 por ciento es aplicable, al igual que la primera parte de la sección primera de la ley, tan sólo a contratos verbales. La primera parte de la sección 1 dispone:

“Que a falta de un contrato previo escrito, el tipo de interés sobre préstamos o prórrogas de dinero o mercancías o sobre cual-quier clase de obligación o contrato, o con ocasión de nn fallo o sentencia que no se haya cumplido, será de seis (6) dólares anuales sobre cada cien (100) dólares o sobre su equivalente en valor, y al mismo tipo por una suma mayor o menor, o por un período más largo o más corto. ...”

El “convenio especial” a que se hace referencia en el disponiéndose que aparece más arriba es nn convenio por escrito y no nn pacto .verbal. La interpretación sugerida por el recurrente haría qne hubiera en la sección una contradic-ción directa en sus términos. Un examen cuidadoso de las secciones 3, 4 y 5 de la ley (Estatutos Revisados de 1911, secciones 4174, 4175 y 4176) debería bastar para disipar cualquier duda que pueda haber sobre la cuestión que aquí se trata de suscitar.

En el curso de nuestra propia discusión del caso, después de haberse escrito lo anterior y sometido en forma de memorándum, se ha suscitado una cuestión relativa a la jurisdicción del registrador para considerar si las partes tenían o no el derecho a convenir en prorrogar el término de la hipoteca al tipo del 12 por ciento. Se dice: que una persona que no tiene interés en la transacción no puede suscitar la defensa de usura; que una corte sentenciadora no consideraría la cuestión de usura a no ser que ésta fuera planteada por el prestatario o por alguien que tuviera nexo jurídico con él o que tuviese interés en tal defensa; que estos principios están resumidos en 66 C. J. 314, párrafo 314; que la sección 315 del artículo sobre usura en el referido tomo discute los derechos de los fiduciarios y causahabientes; que la sección 316 habla sobre la cuestión de si una transacción es nula o anulable; y que “la nota del registrador es esencialmente análoga a las notas de los registradores en el caso de Compañía Azucarera del Toa v. Registrador 19 D.P.R. 759, y otros.”

En Compañía Azucarera de la Carolina v. Registrador, 19 D.P.R. 152, el registrador de la propiedad se había negado a inscribir el traspaso de ciertos terrenos a una corporación, debido a que de otros asientos del registro se desprendía que dicha corporación ya era dueña de más de quinientos acres. .Su teoría fue que el adquirente no tenía capacidad legal para .adquirir la finca en cuestión. Esta corte resolvió que la ley invocada por el registrador no prohibía tal adquisición. No importa el lugar que pueda haber para diversidad de criterio respecto al efecto del estatuto que tenemos ante nuestra con-sideración sobre contratos usurarios, no podría sostenerse seriamente que tales contratos no están expresamente prohi-bidos y declarados nulos por ese estatuto.

No es necesario que citemos de la opinión emitida en el ■caso de la Compañía Azucarera de la Carolina para acentuar .la diferencia existente entre la escritura de enj enación a una ■corporación que ya posee más de quinientos acres y un con-trato usurario. En el primer caso el contrato es enteramente válido entre las partes y tan obligatorio para la corporación ■como para el vendedor. Ni siquiera es viciado por un de-fecto subsanable que ha de hacerse constar en el registro a ■fin de proteger futuros compradores, acreedores u otras per-sonas que en el futuro puedan interesarse en la finca. En el •segundo caso el prestatario no está en la obligación legal de pagar ningunos intereses al tipo especificado o al legal. El prestamista no puede recobrar del prestatario ante una corte ■de justicia parte alguna de tales intereses ni más de tres ■cuartas partes del principal. Un cesionario del prestamista en lo que a la responsabilidad del prestatario se refiere, no ■está en mejor posición que el prestamista mismo.

Aún si el prestatario ha pagado los intereses de un con-trato usurario, éste puede, dentro del término de un año contado a partir de la fecha de tal pago, recobrar el exceso. Un acreedor hipotecario que trata de inscribir su contrato no exigible por intereses en abierta violación de la ley que ■fija un límite al tipo de interés que se permite a las partes estipular en cualquier contrato, está en una situación muy distinta a la de una corporación que trata de inscribir una escritura de enajenación por la cual ha adquirido terrenos en exceso de los quinientos acres especificados en la Carta Orgánica.

En el presente caso los hechos son incontrovertidos. El registrador no ha juzgado ni tratado de juzgar casos que envuelven cuestiones' disputables de hecho.

En el caso de la Compañía Azucarera del Toa v. Registrador, 19 D.P.R. 759, este tribunal dijo:

“Los únicos hechos que diferencian a este recurso gubernativo del caso No. 123, seguido por la Compañía Azucarera de la Carolina v. El Registrador de la Propiedad (pág. 152), son que en este caso aparece que el recurrente solicita del registrador que ins-criba de una vez ún traspaso que se le hizo de unas setecientas cuerdas de terreno. Pero una de las principales razones que tuvi-mos en dicho caso para revocar la nota del registrador fue que hasta tanto el Fiscal General no tomara intervención, o en otras palabras,, el gobierno, el título de una sociedad agrícola era válido contra todo el mundo. Esto resultó claro no solamente por nuestras propias palabras sino también por las citas de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por tanto, el hecho de que la corporación resulte estar adquiriendo una cantidad mayor de quinientas cuerdas de terreno, no establece diferencia alguna.
“Por este fundamento y por otros que han sido expresados en el mencionado caso No. 123 de la Compañía Azucarera de la Carolina v. El Registrador, debe revocarse la nota recurrida.”

En el caso de la Compañía Azucarera del Toa, al igual que en el de la Compañía Azucarera de la Carolina, la ley invocada por el registrador no afectaba directamente el tras-paso en cuestión. En lo que a las partes contratantes se refería, al igual que la enajenación en el caso de la Compañía Azucarera de la Carolina, no era nulo ni anulable. Cualquier procedimiento que un Fiscal General pudiera instituir na podía alterar ese hecho. En el presente caso la ley va directa-mente al contrato prohibiendo el otorgamiento del mismo y disponiendo además que éste no podrá hacerse efectivo en ninguna corte, “. ... y la corte deberá, además, disponer en la sentencia condenando aT deudor al pago del capital que el acreedor recobre solamente de su deudor el setenticinco por ciento de dicho capital y que el veinticinco por ciento restante sea adjudicado y recobrado por El Pueblo de Puerto Rico, quien podrá obtener mandamiento de ejecución del mismo modo que el demandante. ...” El Fiscal General no necesita instituir ningún pleito o procedimiento, como tampoco ninguna otra persona, para exigir la penalidad. Aun si no fuese así, el hecho de que el otorgamiento del contrato que tenemos a la vista esté expresamente prohibido por la ley, así como el hecho adicional de que por disposición ex-presa de la ley tal contrato no pueda hacerse efectivo en una corte de justicia, debe bastar para distinguir el presente caso de los otros dos.

De existir alguna analogía entre el presente recurso y los otros dos, ella debe hallarse en el hecho de que cuando se trata de una corporación que posee más de quinientos acres de terreno, sólo el Fiscal General puede instituir un proce-dimiento contra la corporación, mientras que cuando se trata de un contrato usurario, únicamente el prestatario- y las partes que de éste deriven derechos pueden interponer la defensa de usura. La analogía, de existir, no es muy apa-rente; o, de serlo, es más aparente que real. El registrador no se halla en la posición de un litigante que trata de escu-darse tras la naturaleza usuraria de un contrato hacia el cual es un extraño. Él es un funcionario público investido por la ley con el deber y la responsabilidad de calificar la validez de los contratos presentados para su inscripción en el registro de la propiedad. Cuando los hechos aparecen de la faz del documento, su facultad para calificar si el docu-mento es inscribible es tan clara como la facultad del Fiscal General para instruir cualquier pleito o procedimiento ex-presamente autorizado por la ley, o como la facultad y el deber de cualquier corte para dictar sentencia en tal pleito o procedimiento. El resultado de su decisión será que el documento es o no inscribible. Si el documento tiene un defecto subsanable, se inscribe y se hace constar el defecto. Si el defecto es insubsanable, el documento no se inscribe. Los defectos sub,sanables e insubsanables son definidos y dis-tinguidos en el artículo 65 de la Ley Hipotecaria y en el ar-tículo 110 del Reglamento. La diferencia entre un contrato que está viciado por un defecto subsanable y uno que está viciado por un defecto insubsanable puede o no ser idéntica a la diferencia existente entre los contratos anulables y los nulos. Sea ello como fuere, ninguna cuestión resuelta por el registrador es res judicata. Ni la opinión del registrador sobre las cuestiones de derecho envueltas ni la opinión de este tribunal al resolver un recurso gubernativo es obliga-toria para esta corte o para cualquiera otra al resolver cual-quier pleito o procedimiento posteriores. Por tanto, no po-demos concurrir en el criterio de que: “La nota del regis-trador es esencialmente análoga a las notas de los registra-dores en los casos de Compañía Azucarera del Toa v. Registrador, 19 D.P.R. 759, y otros”, ni en el criterio de que “El registrador no tiene jurisdicción para considerar si las partes en este caso tenían o no derecho a prorrogar la hipoteca” al tipo del 12 por ciento anual.

El contraalegato no contiene ninguna discusión de la cuestión relativa a si un contrato usurario es nulo o meramente anulable, ni ningún comentario sobre la sección 316 del artículo sobre usura que aparece en 66 Corpus Juris, a que se ha llamado nuestra atención. Por ende, nos referiremos brevemente a unos pocos de los casos más importantes citados respecto a la disposición contenida en dicho artículo, a saber:

“Si bien existe aparentemente alguna autoridad en sentido con-trario, aun la declaración terminante del- estatuto de que los con-tratos, documentos, transacciones o títulos usurarios serán nulos, es interpretada generalmente por las cortes en el sentido de que éstos son anulables a opción del prestatario, de sus fiduciarios o causahabientes. , .

En el caso de Williams v. Tilt, 36 N. Y. 319, 326 (Libro VIII, N. Y. Court of Appeals Rep. 112) hallamos el siguiente dictum u obiter dictum:

“El contrato no es absolutamente nulo, sino solamente anulable, a opción del prestatario, de sus fiduciarios o causababientes. Por tanto, ninguna otra parte puede suscitar la objeción. 2. Pars. Notes and Bills, 407; Jackson v. Henry, 10 Johns. 185; 6 Am. Dec. 328; Shufelt v. Shufelt, 9 Paige 145; 37 Am. Dec. 381; Post v. Bank of Utica, 7 Hill 391, 406; De Wolf v. Johnson, 10 Wheat. 367, 393; Green v. Kemp, 13 Mass. 515; 7 Am. Dec. 169; Bridge v. Hubbard, 15 Mass. 103; 8 Am. Dec. 86; Morris v. Floyd, 5 Barb. 136; Bullard v. Raynor, 30 N. Y. 197; Billington v. Wagoner, 33 id. 31.”

De la opinión del caso de Shufelt v. Shufelt, 37 Am. Dec. 381, 384, hacemos el siguiente extracto (bastardillas nues-tras) :

“En el caso corriente en que el dueño de una finea hipotecada celebra un contrato usurario y el estatuto ha declarado que la ga-rantía usuararia es nula, el deudor tiene, desde luego, el derecho a vender su finca o a hipotecarla, tal cual si la referida hipoteca nula nunca hubiera existido. Y el comprador’ en tal caso necesariamente adquiere todos los derechos que tenía el vendedor para impugnar la validez de la garantía usuraria. Pues si el deudor hipotecario original no tenía tal derecho, los bienes hasta cierto punto serían inalienables en su poder; no obstante ser el gravamen enteramente nulo en lo que a él se refería. Empero, si lo cree prudente, puede confirmar la hipoteca usuraria, vendiendo la finca sujeta al pago o al gravamen de la misma. Y el comprador en tal caso adquiere tan sólo el derecho de redención (equity of redemption) y no puede atacar la validez de la hipoteca anterior por razón de la usura. Green v. Kemp, 13 Mass. 515 (7 Am. Dec. 169); Bridge v. Hubbard, 15 Id. 103 (8 Am. Dec. 86). Pero tratándose de una sentencia, como la presente, que es una deuda válida y subsistente contra el demandado y un gravamen sobre sus bienes inmuebles, por lo menos hasta que crea prudente instituir algún recurso legal para dejar sin efecto tal sentencia, existe una evidente incorrección al per-mitir que cualquier adquixente voluntario, o acreedor hipotecario de •cualquier parte de la finca sobre la cual pesa tal sentencia, instituya un recurso a su nombre para atacar la validez de esa sentencia. . .

En el caso de Green v. Kemp, 7 Am. Dec. 169, 170, la Corte de Massachusetts dijo:

“Aunque por el estatuto de 1783, capítulo 85, seeeión 1, se de-clara que son enteramente nulas todas las hipotecas con intereses usurarios, siu embargo, nunca pudo ser la intención que un extraño pudiera inmiscuirse en la hipoteca o penetrar en la finca y alegar que estaba justificado a hacerlo de acuerdo con el estatuto, cuando todas las partes interesadas en el contrato estaban dispuestas a alla-narse al mismo. Al estatuto debe dársele una interpretación razo-nable en armonía con su espíritu general, que no fué otro que pro-teger a los deudores de exigencias irrazonables. Una hipoteca con intereses usurarios es por tanto nula, por ser perjudicial al deudor hipotecario y a aquéllos que de él adquieran legalmente la finca: Carter v. Chaycole, Bac. Abr. Title, Usury, E.; citando a León, 307, pl. 427; Bull N. p. 224; Bearce v. Barstow, 9 Mass. 48 (6 Am. Dec. 25).” (Pag. 170).

Según indica la corte en el caso de Morris v. Floyd, 5 Barb. 130, después de revisar extensamente las autoridades anteriores a 1849, el principio en que se niega la defensa de usura a una persona que ha adquirido bienes sujetos a una hipoteca usuraria, “se basa en la suposición de que al adquirir se hizo una bonificación en el valor o precio convenido a fin de exonerar del gravamen los bienes adquiridos, y de que bajo tales circunstancias no debía permitírsele que se aprovechara de un estatuto que no se intentó para su beneficio. ’ ’

En el caso de Billington v. Wagoner, 33 N. Y. 31 (Tomo VII, N. Y. Court of Appeals Reports 404), en que el demandante trató de recobrar fundado en un pagaré, se dijo:

“. . . . Durante el juicio, se averiguó que después de vencido el pagaré, allá para el primero de diciembre de 1857, el demandante y James Wagoner, el principal, convinieron, en consideración a que Wagoner entregara al demandante un cerdo valorado en la suma de $11.25, y relevara al demandante del pago de dos fanegas de patatas, anteriormente vendidas y entregádasle por el demandante, cuyo valor no se precisa, que el demandante prorrogaría el pago de dicho pagaré hasta el otoño de 1858. Este litigio fué iniciado en abril de 1858. El letrado del demandante solicitó de la corte que instruyera al jurado que si éste creía que el convenio aducido en la demanda había quedado probado y que tal convenio en rea-lidad de verdad había sido celebrado por las partes, sin embargo, tal pacto, sería usurario y por ende nulo, y no constituía una de-fensa válida y que el demandante, a pesar de todo ello, tendría derecho a tin veredicto por el saldo del pagaré mencionado en la demanda. El juez se negó a dar tales instrucciones al jurado y el letrado del demandante se anotó una excepción.”

El nervio del fallo en apelación se desprende suficiente-mente del sumario. Éste dice así:

“La defensa de usura puede ser planteada solamente por el pres-tatario original, sus fiadores, herederos, legatarios, o representantes personales. ’ ’

Éstos y otros casos citados en Williams v. Tilt, supra, dejan de establecer la doctrina sentada como premisa del dictum, o sea que: “El contrato no es enteramente mmlo, sino tan sólo anulable, a opción del prestatario, de sus fiduciarios o causahabientes. ”

El dictum u obiter dictum contenido en el caso de Williams v. Tilt, ha sido repetido en el de Froude v. Bishop, 25 App. Div. 514, donde se cita 36 N. Y. 325, y se ponen en bastar-dillas las palabras “nulo” y “anulable”, pero sin hacer un razonamiento para ello ni citar otras autoridades.

En Chapuis v. Mathot, 91 Hun. 565, la corte dijo, en la página 568:

“El derecho a suscitar la cuestión de usura es enteramente personal al prestatario y a sus fiduciarios o causahabientes, y el contrato usurario es anulable a opción del prestatario o de los que de éste deriven derechos. En el caso de Williams v. Tilt, (36 N. Y. 319, 325), se hace un resumen del estado de la ley sobre la materia. Después de referirse al caso de Dix v. Van Wyck (2 Hill 522) y al de Post v. Dart (8 Paige 639), en que se resolvió que un tercero no podía impugnar la validez de una garantía usuraria y que la defensa de usura podía ser utilizada por cualquier eausahabiente o fiduciario de la persona que prestó tal garantía, la corte dice: ‘Hasta este extremo han llevado los casos ese derecho, y aun el derecho de los fiduciarios puede hacerse desaparecer por la renuncia del com-pareciente original. (Sands v. Church, 2 Seld. 347). El contrato no es enteramente nulo sino solamente anulable, a opción del prestatario, de sus fiduciarios o causahabientes. Por tanto, ninguna otra persona puede suscitar la objeción.’ Esta consideración está respal-dada por una larga lista de autoridades que se citan en la opinión.”

Por las razones ya expuestas no podemos concnrrir ni con la confirmación del dictum del caso de Williams v. Tilt en lo que a la cuestión de la naturaleza nula o anulable de un contrato usurario se refiere, ni en el criterio de que el dictum está fortalecido a este respecto por la “larga lista de autoridades citadas en la opinión.”

Varias porciones del artículo que tiene Corpus Juris sobre usura parecen haber sido preparadas por distintos autores. La persona que escribió la sección 316 no cita todas las autoridades que pudieron incluirse entre aquéllas en que se hace referencia en su admisión de que: “Aparentemente hay autoridades que se expresan en sentido contrario.” Como punto de partida para una ulterior investigación podemos referirnos de paso a la sección 180 del mismo artículo en la página 237, como una exposición más comprensiva, con citas de autoridades adicionales, incluyendo el caso de Horton v. Robert, 11 D.P.R. 176. En dicho caso esta corte, según estaba constituida para aquella época, estuvo unánime en los puntos principales. La divergencia de opinión surgió sobre ciertas cuestiones de hecho. La opinión concurrente tiende a indicar que el caso de Lloyd v. Scott, 20 U. S. 226, citado en la opinión de este tribunal, nunca ha sido revocado y admite la fuerza obligatoria para este tribunal, de la opinión allí emitida. El ponente dice entonces (esto no aparece eu el texto castellano y se traduce aquí del inglés):

“Además, la interpretación dada a estatutos similares sobre in-tereses en aquellos estados que impiden que el cesionario de bienes plantee la cuestión de usura, depende de ciertos principios de equi-dad que nunca lian sido aplicados en Puerto Rico y cuya aplica-ción, a la luz del estatuto especial sobre la materia, no se ha con-fiado a las cortes de esta Isla. Habiendo la Legislatura determinado la política de la ley, la interpretación del estatuto es la que se le ha dado en la opinión de la corte y la que está en armonía con los principios establecidos en el capítulo primero del Código Civil.”

De la opinión de la corte en el caso de Horton et al. v. Robert, a las páginas 185, 186, tomamos el siguiente extracto:

“La ley de Puerto Rico con respecto al asunto de usura, cuya ley se ba citado extensamente en este dictamen, es más estricta y vigorosa que muchas leyes de su clase. Dicha ley dispone que los contratos usurarios son completamente nulos; y se autoriza al tribunal competente para que en una demanda debidamente entablada, ordene la suspensión del cobro de la suma en cuestión, o la de cualquier procedimiento que se instruya para hacer cumplir tal contrato; y el tribunal podrá ordenar la anulación de la escritura original de tal contrato; y en la misma ley se dispone que para conceder la reparación anteriormente mencionada, no se impondrá como requisito que se pague la suma principal, ni sus intereses, ni parte ninguna de ellos, como suele hacerse en algunos de los Estados en donde la ley es menos rigurosa.
“En muchos de los Estados, las leyes sobre usura sólo hacen perder al prestamista, o a la parte que haya estipulado en algún contrato un tipo de interés ilegal, los intereses o el exceso de los intereses sobre el tipo legal, imponiéndole esa pérdida como castigo; de modo que tales contratos no son considerados por los tribunales como completamente nulos, sino solamente como anulables cuando se entable en debida forma una demanda por parte de la persona que solicitó y obtuvo el préstamo, o que se comprometió a pagar los intereses usurarios. Esto ha dado lugar, en los diferentes estados, a una variedad de decisiones con respecto a las cuestiones impli-cadas, cuyas decisiones varían según los términos de las diferentes leyes de dichos Estados; y con referencia a tales leyes, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de Fletckner v. United States Bank, 21 U. S. 355, dice lo que sigue:
“ ‘Las leyes sobre usura, de los Estados de la Unión, lo mismo que las de Inglaterra, contienen disposición expresa de que los con-tratos usurarios serán completamente nulos; y sin semejante dis-posición legislativa el contrato sería válido a lo menos en cuanto a personas que fueron ajenas a la usura.’
“Esta proposición contiene un sentido negativo muy claro, y es que donde existen tales disposiciones legales que anulen contratos de esta índole, como sucede en Puerto Rico, el contrato es comple-tamente nulo con respecto a cualquiera persona. La Corte Suprema de los Estados Unidos, 75 años más tarde, emitió la siguiente pro-posición :
“ ‘Cuando un estado cree que los males de la usura se evitan mejor haciendo los contratos usurarios nulos, y dando a los pres-tatarios el derecho de hacer anular y cancelar incondicionalmente tales contratos por los tribunales, como en el presente caso, tal opinión que afecta al orden público y se refiere a contratos hechos en dicho Estado, y que se trata de hacer cumplir en él, es obligatoria para las cortes ferederales, ya estén procediendo en equidad o en ley; y la ley local, constituida por los estatutos aplicables al caso, tales como hayan sido interpretados por la Corte Suprema de dicho Estado, nos da la regla para la decisión.’ (Missouri, Kansas and Tex., Trust Co. v. Krumseig, 172 U. S. 35).
"No puede haber duda alguna de que Puerto Pico es uno de los Gobiernos que siguen la opinión emitida por la Suprema Corte en el párrafo últimamente citado, y que la intención de la Legisla-tura en esta Isla fué, que los contratos usurarios, cuando se demos-traba que tal eran, deberían ser considerados por nuestros tribu-nales completamente nulos, con respecto a toda persona y para cualquier propósito; y siendo esto así, cualquier persona que tenga interés en el asunto, sea parte en el contrato original o no, podrá valerse de este hecho y consignarlo en cualquier alegación que sea pertinente. ’ ’

Para los efectos de esta opinión, podría admitirse, sin resolverlo, qne en el caso de Horton et al. v. Robert, esta corte, a no ser por el caso de Lloyd v. Scott, quizá pudo haber interpretado el estatuto, tal cual regía entonces, en el sentido de que un contrato usurario era enteramente nulo para todos los fines entre las partes y sus fiduciarios, pero no entera-mente nulo para todos los fines en lo que a extraños se refería. Una cosa es interpretar ese estatuto en esta forma y otra cosa muy. distinta es interpretarlo en el sentido de que los contratos usurarios son anulables, mas no nulos, entre las partes mismas. Tal interpretación hubiese equivalido a la derogación pro tamto de un estatuto enteramente claro y en-fático mediante legislación judicial disfrazada de interpre-tación estatutaria. No hallamos base satisfactoria en el con-traalegato ni en las secciones 315 y 316 del artículo sobre usura en Corpus Juris para modificar o abandonar por ahora la conclusión a que se llegó en Horton et al. v. Robert respecto a la nulidad absoluta de un contrato usurario entre las partes contratantes y sus fiduciarios bajo el estatuto que regía desde 1903 a 1907. Si debe llegarse o no a la misma conclusión bajo nuestra ley de usura, según la misma ba sido enmendada posteriormente, es cuestión que no se discute en el contraalegato y a la que de momento sólo es necesario tacer referencia de paso.

Las secciones 1, 4 y 5 de la ley, tal cual fue originalmente aprobada (Estatutos Revisados de 1902, secciones 359, 362, 363), leían así:

“Sección 1. — A falta de un contrato previo escrito, el tipo de interés sobre préstamos o prórrogas de dinero o mercancías o sobre cualquier clase de obligación o contrato, o con ocasión de un fallo o sentencia no cumplido, será de doce ($12) dólares anuales sobre eada cien ($100) dollars o sobre su equivalente en valor, y al mismo tipo por una suma mayor o menor, o por un período más largo o más corto. Disponiéndose, sin embargo, que no podrá fijarse un tipo de interés por convenio especial que exceda de doce ($12) dollars anuales sobre cada cien ($100) dollars o sobre su equivalente en valor.
“Sección 4. — Excepto como queda autorizado por la sección ter-cera de esta Ley, ninguna persona podrá exigir o recibir, directa o indirectamente, dinero o mercancías, ni por comisión o descuento o ni otra forma cualquiera, un tipo de interés mayor por el prés-tamo o la prórroga de algún dinero, que el tipo fijado por la pre-sente.
“Cualquier contrato en el cual directa o indirectamente se reserve, acepte o asegure o se comprometa a reservar, aceptar o ase-gurar, un tipo de interés mayor que el-que se permite por esta Ley, es completamente nulo; y el tribunal competente, en un juicio ade-cuado, podrá suspender el cobro de diebo interés o cualquier pro-cedimiento para hacer cumplir el contrato, y podrá ordenar que el contrato original quede anulado; y para conceder esta reparación no se impondrá como requisito que se pague la suma principal, ni :sus intereses, ni parte ninguna de ellos.
“Sección 5. — Cualquier persona que por un préstamo o su prórroga pagase o entregase una suma o valor mayor que el fijado por' esta Ley, como tipo legal, podrá por sí o por medio de sus re-presentantes, dentro de un año después de becbo el pago o la entrega, recobrar, por medio de un juicio, el exceso de dinero o valor pagado -de más sobre el interés legal, de la persona o su representante, que lo haya aceptado o recibido.”

Las primeras dos secciones fueron enmendadas en 190S y 9107, respectivamente, (Estatutos de 1911, secciones 4172 y 4175) para que leyeran como sigue: 1

“Sección 1. — Que a falta de un contrato previo escrito, el tipo de interés sobre préstamos o prórrogas de dinero o mercancías o so-bre cualquier clase de obligación o contrato, o con ocasión de un fallo o sentencia que no se baya cumplido, será de seis dollars (6) anuales sobre cada cien dollars ($100) o sobre su equivalente en valor, y al mismo tipo por una suma mayor o menor, o por un pe-ríodo más largo o más corto; Disponiéndose, sin embargo, que na podrá fijarse un tipo de interés, por convenio especial, que exceda de doce dollars ($12) anuales sobre cada cien dollars ($100) o so-bre su equivalente en valor. Dentro de los límites que por esta Ley se fijan, será legal descontar letras y pagarés y otras obligaciones análogas.
“Sección 4.' — Excepto como queda autorizado por la sección 3 de esta ley, ninguna persona podrá exigir o recibir, directa o indirec-tamente, dinero o mercancías, a un tipo de interés mayor por el préstamo o la prórroga del préstamo de algún dinero, que el tipo fijado por la presente.
“Cualquier contrato en el cual se reserve, acepte o asegure, o se convenga en reservar, aceptar o asegurar un tipo de interés mayor que el que se permite por esta Ley, es completamente nulo en todos sus efectos en cuanto al interés; y el tribunal competente, en un juicio adecuado, podrá suspender el cobro de dicho interés y todo procedimiento para hacer cumplir dicho contrato será nulo en lo que se refiere al interés.”

La sección 4 fué también enmendada en 1916 (Leyes de ese año, página 103) para que leyera así:

“Sección 4. — Excepto como queda autorizado por la sección 3 de esta ley, ninguna persona podrá exigir o recibir, directa o indirecta-mente, dinero o mercancías, a un tipo de interés mayor por el prés-tamo o la prórroga del préstamo de algún dinero, que el tipo fijado por la presente. Nada de lo contenido en esta ley se interpretará en el sentido de prohibir la venta de efectos al contado a un preció más bajo que al crédito.
“Ningún contrato en el cual se reserve, acepte o asegure, o se convenga en reservar, aceptar o asegurar, un tipo de interés mayor que el que se permite por esta ley, podrá hacerse efectivo en una corte de Puerto Rico, sino por el importe del capital adeudado; y la corte deberá, además, disponer en la sentencia condenando al deudor al pago del capital que el acreedor recobre solamente de su deudor el setentieinco por ciento de dicbo capital y el veinticinco por ciento restante sea adjudicado y recobrado por El Pueblo de Puerto Rico, quien podrá obtener mandamiento de ejecución, del mismo modo que el demandante, y sin preferencia sobre el montante adjudicado a éste, para hacer efectivo el veinticinco por ciento así adjudicado. ’ ’

La sección 4 de la ley de 1916 dispone que los derechos en ella definidos “no son renunciables. ”

La sección 1 de la ley de 1932 (Sesión extraordinaria de 1933, p. 27) lee ahora:

“Sección 1. — Que a falta de un contrato previo escrito, el tipo de interés sobre préstamos o prórrogas de dinero o mercancías o sobre cualquier clase de obligación o contrato, o con ocasión de un fallo o sentencia que no se haya cumplido, será de seis (6) dólares anua-les sobre cada cien (100) dólares o sobre su equivalente en valor, y al mismo tipo por una suma mayor o menor, o por un período más largo o más corto; Disponiéndose, sin embargo, que no podrá fijarse un tipo de interés, por convenio especial, que sea mayor de nueve (9) dólares anuales sobre cada cien (100) dólares o sobre su equi-valente en valor, cuando el capital objeto del préstamo o del con-venio no exceda de $3,000, y de ocho (8) dólares anuales por cada cien (100) dólares, cuando pase dicha cantidad. Dentro de los lí-mites que por esta ley se fijan, será legal descontar letras y pagarés y otras obligaciones análogas.”

Por lo menos en" nn caso, o sea en el de McArthur v. Shenck, 11 Am. Rep. 645, se ha dicho lo siguiente:

“Teóricamente, el prestatario ha sido colocado, a virtud de tales leyes, en la misma categoría de las personas incapaces de contratar, como por ejemplo, menores de edad, mujeres casadas, y personas dementes. Se le ha declarado legalmente incapaz para celebrar un contrato de dinero con intereses a un tipo mayor que el legal.”

Si la corte de Wisconsin estaba en lo cierto, entonces se desprende, por disposición expresa del artículo 1213 del Código Civil (Edición de 1930) que “No hay contrato. .

Según el artículo 1206: “El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.” Un contrato que está taxativamente prohibido por el artículo 1 de la Ley de Usura, según la misma fue enmendada en 1933, y que de acuerdo con el contexto de la sección 4 de la referida ley, conforme fue enmendada en 1916, no puede hacerse efectivo en una corte de Puerto Rico, no obliga al deudor. En cuanto a éste, el contrato es nulo toda vez que no crea obligación alguna y, por consiguiente, no cumple con los requisitos de la definición estatutaria de un contrato. Los criterios expresados en el párrafo anterior son experimen-tales. No hemos pasado por alto el aparente conflicto de autoridades, pero no nos detendremos por ahora a practicar, a iniciativa propia y sin la ayuda de los letrados, una inves-tigación de esta interesante cuestión. Véase, sin embargo, 13 Corpus Juris, 410, sección 339; 27 R. C. L. 242, 244, 245, secciones 45, 47, 48 y nota al caso de Eskridge v. Thomas, L. R. A., 1918 C., 769, 773, 775.

El artículo 110 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria lee, en parte, como sigue:

“Para distinguir las faltas subsanables de las que no lo sean . . . atenderá el registrador a la validez”de la obligación consignada en el título. Si ésta fuese nula por su naturaleza, condiciones, calidad de las personas que la otorguen u otra causa semejante, indepen-diente de su forma extrínseca, se considerará la falta como no sub-sanable. Si la obligación fuese válida, atendidas las circunstancias dichas, y el defecto estuviese tan sólo en la forma externa del do-cumento que la contenga, y que se pueda reformar o extender de nuevo a voluntad de los interesados en la inscripción, se tendrá por subsanable la falta.”

No importa lo que pueda decirse del defecto que ahora está bajo nuestra consideración, el mismo no es un mero defecto de forma del documento presentado al registro. Ese documento no puede ser “reformado o extendido de nuevo a voluntad de los interesados en la inscripción” en forma tal que se elimine el factor aquí en disputa. De conformidad con los términos de la sección 4 de la ley de 1916, el presta-tario está tan impedido de obligarse a sí mismo mediante una renuncia de su derecho estatutario, como lo estaba para com-prometerse por la obligación original. En ninguna otra forma, a no ser mediante un nuevo contrato radicalmente distinto que estipule el pago de intereses al tipo permitido por la ley, o a un tipo inferior, podría el contrato original ser librado de su usura.

Si, conforme se sostiene en el contraalegato, el registrador carece de jurisdicción para impugnar la validez de un con-trato usurario y debe inscribir el mismo, no obstante su naturaleza usuraria, entonces por la misma razón debe abs-tenerse de hacer referencia al hecho de que el contrato está viciado de usura. En otras palabras, en lo que a la cuestión de usura se refiere, está obligado a inscribir el documento sin mencionar ningún defecto subsanable. Un acreedor hipote-cario poco escrupuloso tan sólo necesitaría entonces obtener un certificado del registrador de la propiedad e iniciar un procedimiento ejecutivo sumario para eliminar la defensa de usura, a menos que este tribunal esté preparado para resolver que el deudor hipotecario puede suscitar la cuestión de usura como defensa en tal procedimiento. Respecto a esta cuestión, véase el caso de Cueto v. Corte de Distrito, etc., 37 D.P.R. 244.

Además, un cesionario del acreedor hipotecario podría invocar la protección ofrecida por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria fundado en que la naturaleza usuraria del con-trato no se desprendía claramente del Registro. Según hemos visto, la parte del contrato excluida de la inscripción efectuada, no especificaba el tipo de interés. Meramente dejaba en vigor en términos generales las disposiciones de un contrato ya existente. No es necesario que discutamos los méritos de la cuestión aquí sugerida. Sobrevendrían uno de dos resultados. Si este tribunal resolviera que el cesio-nario tiene derecho a la protección ofrecida por el artículo 34, entonces el derecho legal del prestatario sería eliminado y hasta ese panto el estatuto se convertiría en letra muerta. Si, por otra parte, este tribunal resolviera que el cesionario tiene los mismos derechos que su cedente, no embargante las disposiciones del artículo 34, entonces el comprador inocente de una hipoteca inscrita perdería no solamente sus intereses sino también la cuarta parte del principal garantizado con dicha hipoteca. Mencionamos este aspecto del caso tan sólo para dar énfasis al hecho de que el registrador no es un interventor oficioso que trata de refrenar la codicia de uu prestamista avaro ni un sentimentalista que acude en socorro de un prestatario que no está necesitado de ayuda y que tampoco la desea.

Sm cerrar las puertas a ulterior discusión, debe confir-marse la nota recurrida.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila está conforme con el resultado.'

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE

Él artículo 18 de la Ley Hipotecaria dispone:

“Los Registradores calificarán bajo su responsabilidad la lega-lidad de las escrituras en cuya virtud se solicite la inscripción y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas es-crituras.
“Del mismo modo calificarán, bajo su responsabilidad y para el único efecto de admitir, suspender o negar su inscripción o anota-ción, todos los documentos expedidos por la Autoridad judicial.
“Contra la suspensión o denegación de inscripción o anotación preventiva no se darán más recursos que los señalados en esta ley, sin que los Jueces o Tribunales puedan obligar en otra forma a los Registradores a que inscriban o anoten en virtud de documentos judiciales. ’ ’

La cuestión aquí en controversia es si una escritura que estipula el pago de intereses calificados de usurarios por la ley es necesariamente ilegal. Sostengo que existen varias posibilidades que hacen que el contrato relativo al pago de intereses envuelto en este caso pueda ser enteramente válido y exigible ante una corte de justicia.

Esto, aunque tiene su importancia, no es el punto principal de mi disentimiento, mas puedo decir de paso que si en realidad las partes contratantes antes del 16 de agosto de 1933, fecba en que fué enmendada la sección Ia. de la ley sobre fijación de intereses, estipularon que el tipo de interés a ser pagado al renovarse el préstamo sería el 12 por ciento, una hipoteca para cubrir el préstamo a ese tipo sería entera-mente válida entre las partes, aunque de la faz de la escri-tura se tratara de obtener un tipo de interés aparentemente ilegal. De igual modo, si el présamo se hace originalmente al 12 por ciento y el entendido entre las partes es que el préstamo devengará intereses al 12 por ciento basta su defi-nitivo pago, la prórroga de la hipoteca, o aun una nueva hipo-teca, sería enteramente válida para garantizar la obligación original.

Entre las presunciones controvertibles halladas en nuestra Ley de Evidencia tenemos las siguientes (Estatutos Revisa-dos de 1911, sección 1470):

“Art. 102.
“19'. Que las transacciones privadas fueron realizadas con rectitud y en debida forma.
“32. Que la ley ha sido acatada.”

Sin recurrir a ninguna presunción específica, debe ex-cluirse la posibilidad de que no existía una obligación legal ni válida. Sostengo que no existe presunción en sentido con-trario.

La hipoteca es siempre un contrato accesorio. Mi con-tención es que cuando cualquiera de las dos posibilidades existe, las partes tienen derecho a que se efectúe la inscrip-ción y a que se les dé la oportunidad, de ser necesario, de demostrar que el contrato original era válido. Y si bajo una u otra de las anteriores suposiciones existe una obligación válida, el contrato accesorio, es decir, la hipoteca, también será válido. Así pues, análogo al caso de Compañía Azucarera de la Carolina v. Registrador, 19 D.P.R. 152, ésa sería realmente una cuestión de hecho a determinarse.

El artículo 1228 del Código Civil (edición de 1930) pre-senta alguna analogía. Lee así:

“La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita.”

Igualmente diremos de paso, para no dar demasiado én-fasis al caso de la Carolina, supra, que si un contrato de sa faz usurario es capaz de ser exigido mediante la renuncia o aquiescencia del deudor o de cualquiera de sus causahabientes, esta posibilidad o esta materialidad sería una cuestión de hecho. Sería una cuestión m pais si el deudor suscitara la cuestión de usura.

El registrador de la propiedad es en Puerto Rico un' funcionario cuasi judicial, y en forma alguna es, o no es, un extraño al contrato celebrado entre las partes. El regis-trador está plenamente obligado a declarar que un contrato es ilegal si ésa es la realidad, y podría calificársele de ex-traño tan sólo en la misma forma que lo sería una corte de justicia. Cuando en una opinión uno dice que una persona es un extraño a un contrato, necesariamente se refiere a alguien, y no al registrador, que trata de obtener algún pro-vecho o beneficio para sí al declararse ilegal un supuesto con-trato usurario.

El punto principal para mí es que, con posibles excep-ciones que no son aplicables a este caso, el prestatario y ciertos bien reconocidos causahabientes, son las únicas per-sonas que pueden obtener remedio alguno o insistir en la naturaleza usuraria de un contrato. Berk et al. v. Isquitch Prod. Inc., 131 Atl. 526; Hodges v. Westmoreland, 8 Div. (Ala.) 551, 96 So. 573; Dix v. Van Wyck, 15 N. Y. Com. Law Rep. 522; Pritchett v. Mitchell, 17 Kan. 355, 22 Am. Rep. 287; Billington v. Wagoner, 33 N.Y.C.A. Rep. 33; Williams v. Tilt, 36 N.Y.C.A. Rep. 319 y casos allí citados en la página-326; 66 C. J. 314, 315; 27 R.C.L. 83.

No admito que el caso de Williams v. Tilt sea obiter dictum, pero ann si lo fuera, expone correctamente el estado, de la ley en Nueva York. Éste y los otros casos justifican la referencia que se Race a Corpus Juris y a Ruling Case-Law, supra, estando estos últimos en armonía con mis propias ideas sobre el estado de la ley. Respecto a la objeción de que el caso de Williams v. Tilt es obiter dictum, puedo decir, que toda vez que la persona que no tiene en absoluto relación o interés alguno en el contrato, de ordinario no instruirá un pleito gratuito (gratuitous suit) para que se deje el mismo sin efecto, se encontrarán muy pocos casos en que las cortes, digan que no puede oírse al demandante porque es un extraño al contrato. Por otra parte, se Rallarán mucRos casos en que si una persona tiene algún interés o presunto interés en que se declare nulo un contrato, o aun en casos en que esa persona tiene el derecRo absoluto a anular un contrato, las cortes, qua supra, frecuentemente Ran establecido el prin-cipio de que un mero extraño al contrato no puede plantear, la cuestión.

Si bien algunas cortes sin que se les presente una alega-ción al efecto considerarán la cuestión de usura en favor de un deudor o su causaRabiente, a mi juicio no puede Rallarse ningún caso en que una corte la Raya suscitado en beneficio de una persona ajena al contrato.

Aunque puede que Raya casos que resuelvan lo contrario, en mi opinión la regla general es que los tribunales no per-mitirán al adquirente del título del deudor hipotecario (equity of redemption) que expresamente Ra convenido en pagar la hipoteca y los intereses como parte del precio, que. insista en que el contrato era ilegal por razón de su naturaleza usuraria. Mathews, Ex. v. Ormerd et al., 140 Cal. 578; Ferris v. Crawford, 2 Den. 595; Caldwell v. Commercial Bank, 194 P. 899, 900. Véanse 27 Third Dec. Digest 523; 19s R.C.L. 300, sec. 74; 27 R.C.L. 288, sec. 89 et seq; véase nota Yol. 2 Am. & Eng. Ann. Cases 46.

Las cortes de eqnidad van aim más lejos, y en casos en que el deudor trata de obtener un remedio ante ellas, gene-ralmente le exigen que pague el importe del préstamo principal. De Wolf v. Johnson, 10 Wheaton, 23 U. S. 367, 392; Phila. & Sunbury R. R. Co. v. Lewis, 75 Am. Dec. (Pa.) 574; 29 R.C.L. 265, sec. 67.

En ciertas jurisdicciones puede que baya alguna duda respecto a si las cortes protegerán o no al deudor, según be sugerido, aun contra su voluntad, pero me inclino a creer que en los estados en que se sigue tal práctica el estatuto declararía que un contrato usurario es totalmente nulo e inexistente. Ése era el estado de la ley en Puerto Eico a juzgar por la decisión de este tribunal en Horton et al. v. Robert, 11 D.P.R. 176.

En 1916 la Legislatura de Puerto Eico cambió la política del estatuto de usura y se expresó así:

“Sección 4. — .
“ 'Ningún contrato en el cual se reserve, acepte o asegure, o se convenga en reservar, aceptar o asegurar, un tipo de interés mayor que el que se permite por esta Ley, podrá hacerse efectivo en una corte de Puerto Rico, sino por el importe del capital adeudado; y la corte deberá, además, disponer en la sentencia condenando al deudor al pago del capital que el acreedor recobre solamente de su deudor el setenticinco por ciento de dicho capital y que el veinticinco por ciento restante sea adjudicado y recobrado por El Pueblo de Puerto Rico, quien podrá obtener mandamiento de ejecución, del mismo modo que el demandante, y sin preferencia sobre el montante adjudicado a éste, para hacer efectivo el veinticinco por ciento así adjudicado.’ ” (Ley No. 47, de 1916.)

Existe amplia autoridad en los Estados Unidos al efecto de que la usura ha perdido su tinte de inmoralidad y los contratos usurarios son raras veces considerados como con-trarios a la política pública y sí meramente contrarios al derecho positivo. Lloyd v. Scott, 29 U. S. (10 Peters) 205, 223; 21 A.L.R. 495: 27 R.C.L. 281.

Cuando el estatuto, conforme ocurre en Puerto Eico hoy en día, declara que un contrato de esta índole es nulo o no exigible, o usa frases similares, sin anular totalmente el con-trato, las cortes según me parece, ban dicbo generalmente que el contrato tan sólo es anulable a instancias del deudor y sus eausababientes.

Aunque en campo distinto, el Estatuto de Fraudes usa palabras similarmente enfáticas y probibe el otorgamiento de contratos verbales de cierta índole, pero las cortes casi siempre ban resuelto que el privilegio otorgado por el Esta-tuto de Fraudes puede ser renunciado, y así lo bemos dicbo en el caso de De la Torre & Ramírez v. Bengoechea, 48 D.P.R. 369.

Sostengo que cuando como en el presente caso la ilega-lidad de un contrato depende de la voluntad del deudor, el registrador no tiene derecho a negarse a efectuar la inscrip-ción.

Un punto de menor importancia es que, según lo entiendo, el contrato con sus intereses es indivisible, y que la cláusula relativa a intereses no debe ser segregada del cuerpo de la escritura, sino que debe dejarse a las partes que impugnen la validez del contrato al exigir su cumplimiento. El regis-trador no puede bacer otro contrato a nombre de las partes. No puede causarse daño alguno efectuándose la inscripción, toda vez que el deudor y sus eausababientes siempre están en libertad de suscitar la defensa de usura y no se perjudicaría a ningún tercero. La Ley Hipotecaria se ba becbo primor-dialmente para proteger a los terceros y no a las partes con-tratantes, quiénes entre sí están sujetas a las mismas reglas de interpretación, inscríbase o no el contrato. El artículo 33 de la Ley Hipotecaria dispone:

“La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.”

Debió haberse revocado la nota recurrida y haberse ins-crito todo el contrato.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Juan M. Tellado, demandante, apelado y apelante, v. The San Juan Fruit Company, demandada, apelante y apelada.
    No. 6388.

    Soihetido: Febrero 8, 1933.

      Resuelto: Julio 24, 1935.

      E. II. F. Dottin, abogado de la apelante apelada; Ángel A. Vázquez, abogado del apelado y apelante.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Juan M. Tellado demandó en la Corte de Distrito de San Juan a la corporación San Juan Fruit Company para que se declare nulo el procedimiento ejecutivo hipotecario que siguió contra el demandante. La sentencia de la corte de-claró nulo tal ejecutivo después de un juicio y la demandada interpuso esta apelación. También apeló el demandante en cuanto a ciertos particulares de la sentencia.

La demandada San Juan Fruit Company alegó en la corte inferior y sostiene en el primer motivo de su apelación que la demanda no aduce hechos determinantes de causa de acción.

De los hechos sustanciales de la demanda aparece que el 4 de agosto de 1926 la corporación San Juan Fruit Company presentó en la Corte de Distrito de San Juan escrito iniciando procedimiento ejecutivo hipotecario contra Roberto Quintero y su esposa para cobrarles $16,000 de capital, otra cantidad por intereses y $1,500 para gastos, costas y honorarios de abogado, cuyas cantidades garantizaron los demandados con hipoteca constituida sobre un solar con dos casas en el barrio de Santurce de esta ciudad, inscrita en el registro de la pro-piedad a favor de la corporación ejecutante. De la certifi-cación del registrador acompañada con el ejecutivo aparecía la finca inscrita a favor de los esposos Quintero. El 4 de agosto de 1926 la corte ordenó que los demandados fueran requeridos de pago, y en efecto lo fueron. Los esposos Quin-tero habían vendido esa finca a Juan M. Tellado desde el 24 de febrero de 1926 pero la escritura de esa compra no fué inscrita en el registro de la propiedad a favor de Tellado hasta el 23 de agosto de 1926. El 17 de septiembre del mismo año la ej ecutante presentó moción a la' corte para que se tuviera como parte demandada en el procedimiento ■ a Juan M. Tellado por ser el dueño actual de la finca y el día 22 siguiente ordenó la corte que quedara incluido como deman-dado el ahora demandante y que fuera requerido de pago de las cantidades reclamadas en dicho procedimiento, y Tellado fué requerido el 23 de septiembre de 1926. Por no haber pagado fué vendida la finca en subasta y adjudicada a la ejecutante, a cuyo favor fué inscrita en el registro de la propiedad.

Después de exponer la demanda esos hechos alega que el expresado procedimiento es nulo por los siguientes motivos: (■a) porque cuando se dictó en 4 de agosto de 1926 el auto disponiendo el requerimiento de'pago de los esposos Quintero estaba la corte en vacaciones: (b) porque la orden de sep-tiembre disponiendo la inclusión de Tellado como demandado y su requerimiento para el pago fué dictada sin que con la moción se acompañara certificación del registrador de la pro-piedad creditiva de no estar cancelado el gravamen hipote-cario ni hallarse pendiente de cancelación, ni certificación de la inscripción a favor de Tellado: (c) porque la ejecutante no adhirió a la resolución final de dicho asunto el sello de rentas internas que dispone la ley: (d) porque la sentencia de remate fué la consecuencia de dos autos de requerimiento de pago nulos y porque se ordenó pagar $1,500 para gastos, costas y honorarios de abogado sin haber sido presentado memorándum de costas: (■©) porque el mandamiento de ejecu-ción de sentencia fué el resultado de dos autos de requeri-miento de pago nulos y de una sentencia de remate nula.

La demanda contiene después otras alegaciones respecto a lo que ha producido la finca desde que fué vendida a la ejecutante.

Las partes están conformes en que de acuerdo con el caso de Banco de Puerto Rico v. Corte, 11 D.P.R. 326, la orden de la corte inferior de 4 de agosto de 1926 disponiendo que los esposos Quintero fueran requeridos de pago es nula por haber sido dictada en vacaciones. Pero esto no determina que las demás actuaciones del ejecutivo sean nulas pues el procedimiento no continuó contra los esposos Quintero. Los primitivos demandados fueron substituidos por Tellado al inscribir éste su compra, después de algún tiempo de iniciado el procedimiento ejecutivo; y la orden de que pagara la deuda de la finca que compró estando hipotecada fué dictada en septiembre, cuando habían terminado las vacaciones de la corte según aceptan las partes. Según el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, si antes de que el acreedor haga efectivo su derecho sobre la finca hipotecada pasare ésta a manos de nn tercer poseedor, se entenderán directamente con éste todas las diligencias prevenidas en el artículo anterior, como sub-rogado en la personalidad del deudor. Esto fué lo que se hizo en este caso, sin que fuera necesaria nueva certificación del registrador de no estar cancelada la hipoteca porque esto había sido acreditado al iniciarse el ejecutivo y porque sólo es requerida otra certificación por precepto del artículo 172 del reglamento de la Ley Hipotecaria cuando el procedimiento haya estado suspendido por más de seis meses: ni tampoco certificación de la inscripción a favor de Tellado porque éste no niega que existe.

El hecho de que en el ejecutivo hipotecario no se haya cancelado determinado sello de rentas internas como asunto ex parte no es de importancia, porque aparte de que tal procedimiento no es verdaderamente un asunto ex parte pues tiene parte demandada que puede alegar determinadas defensas, ya hemos resuelto en el caso de Salas v. Baquero, 47 D.P.R. 108, que una irregularidad de esa naturaleza no produce nulidad per se. En ese caso se alegaba ese defecto como motivo para que se anulase un procedimiento ejecutivo hipotecario, la corte de distrito declaró sin lugar la demanda y nosotros confirmamos esa sentencia.

La reclamación de $1,500 convenidos en el contrato de hipoteca para costas, gastos y honorarios de abogado no tiene que ser sometida a un memorándum de costas para su aprobación, ^egun declaramos en el caso de Arzuaga v. Corte, 43 D.P.R. 1001, y en Gutiérrez Vda. de Crosas v. Longpré, 44 D.P.R. 667.

La excepción previa que adujo la demandada era proce-dente y debió ser declarada con lugar.

En vista de la conclusión a que hemos llegado no es necesario considerar la apelación del demandante Tellado.

' La sentmcia apelada debe ser revocada y dictarse otra 'declarando sm hogar la demanda, sm especial condena de "costas.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Administración Judicial de los Bienes de Wenceslao Borda, Ex parte. Bankers Trust Co., Leopoldo Borda, Albaceas y fideicomisarios testamentarios, y Emily Vda. de Borda en representación de sus hijos menores Wenceslao, Joseph W. y Emily Borda, opositores, apelantes y apelados, v. Rosa Morales y Carmen Palés Vda. de Mendía, como herederas de Manuel Mendía Morales, ex-administrador judicial, apeladas y apelantes.
    No. 5995.

    Sometiólo: Enero 10, 1934.

      Resuelto: Julio 24, 1935.

      J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario y G. E. González, abogados de los opositores apelantes; R. Cintrón Lastra y R. Castro Hernández, abogados de la* Sucesión Mendía.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En 25 de enero de 1925 y a petición del Fiscal de Distrito, Manuel Mendía Morales fué designado administrador judicial de los bienes de Wenceslao Borda, y el 20 de mayo del mismo •año se le nombró administrador permanentemente. Al acep-tar el cargo prest* fianza por la snma de $25,000. Continuó en el desempeño de sus deberes basta el 27 de enero de 1930, en que se le suspendió por orden de la corte. En el ínterin babía rendido cuentas para los años 1925, 1926, 1927 y 1928. Se alegó que las cuentas carecían de detalles, pero no se prac-ticó investigación de las mismas basta el 1930 y ello a ins-tancias de los albaceas de los bienes de Borda y de su abogado. Fue después de varios pasos preliminares que se suspendió a Mendía, y la corte le ordenó que entregara al American Colonial Trust Co., como administrador judicial, todos los libros, comprobantes, documentos o papeles pertenecientes o relacionados con la sucesión. A Mendía también se le ordenó que mostrara causa por la cual no debía removérsele perma-nentemente. Demorando, y luego de expedirse una orden para mostrar causa por la cual no debía castigársele por desacato, el 14 de febrero de 1930 informó a la corte que babía entregado al American Colonial Trust Co. cuanto se ■le había ordenado, presentó su renuncia como administra-dor y solicitó un término para rendir sus cuentas finales. .La corte accedió y el 14 de mayo las cuentas fueron pre-sentadas.

Mendía reclamaba comisión no sólo por cada partida 'efectivamente recibida sino también, según los peticionarios, por cantidades futuras, y una compensación especial por trabajo extra y de índole extraordinaria. La cuenta fué impugnada por varios motivos. Manuel Mendía falleció antes de que se viera la oposición a sus cuentas y la corte notificó a sus herederos y fiadores de la supuesta vista sobre la impugnación. La corte dictó su orden o decreto final el 29 de enero de 1932 y ordenó la devolución de $20,081.11, en dos partidas, $14,419.21 y $5,661.90, y aprobó la cuenta. Ambas partes apelaron.

La oposición alegó, primero, que la corte cometió «rror al resolver que los $1,566.98 recibidos de la Guardian Assurance Co. fueron invertidos en reparar bienes perte-necientes a la sucesión de Borda. Se admitió prueba oral para demostrar este hecho y la corte la creyó. Estamos-bastante contestes con la parte apelante en que pagos de esa naturaleza deben ser probados a satisfacción del jurado,. 24 C. J. 1020, o en este caso del juez sentenciador. Estamos convencidos de que puede ofrecerse prueba oral, especial-mente en ausencia de prueba documental. La vista reveló, que Mendía fue negligente o aun arbitrario en la adminis-tración de los bienes, y tendremos ocasión de referirnos a esto más tarde. Conforme observa la parte apelada el pago-efectuado por la Guardian Assurance Co. fué por concepto-de daños y perjuicios ocasionados por un ciclón y la corte-tenía derecho a inferir que dicha suma se utilizó en repara-ciones, tal cual se había alegado.

Mendía era un hombre de múltiples ocupaciones. Empleó en este caso a su hermano Francisco Mendía como contador y tenedor de libros de la administración. Los opositores-impugnan las sumas de bulto concedidas al referido tenedor-de libros. Detallan varias partidas que Francisco Mendía dejó de entrar en los libros. En la silla testifical éste ad-mitió que tenía conocimiento de las distintas partidas y sin embargo dejó de efectuar los asientos correspondientes, tanteen los libros como en las cuentas del administrador. Esta demostración por parte de los opositores no nos convence-de que la corte, que oyó toda la prueba, no estuvo justifi-cada en dictar su fallo en la forma en que lo hizo. Los ape-lados para estos fines, sostienen que el volumen de los bienes-de la sucesión ascendía a unos $3,000,000, y que fueron administrados por varios años teniendo a Francisco Mendía como contador, tanto antes como después de haberse retirado Manuel Mendía, y ésto no parece suficientemente incierto para exigir una investigación más minuciosa. Además, no es Francisco Mendía a quien se investiga directamente, y no hay prueba de que Manuel Mendía no efectuara los pagos de buena fe o de que fueran recibidos en tal forma que exigieran ser observados por nn principal de ordinaria pru-dencia.

El tercer señalamiento lee como signe:

"La corte erró al conceder remuneración al Administrador Judicial.”

Ahora bien, la teoría de este señalamiento es que como Manuel Mendía se anticipó a sí mismo dineros en concepto de comisión de los bienes ascendentes a $17,688.50, cuando según la corte tan sólo tenía derecho a $3,269.29, que le hizo préstamos a una de las firmas en que estaba interesado, sin el consentimiento de la corte, por la suma de $5,661.90; y que otras cantidades recibidas por él no fueron debidamente entradas en los libros, son éstas razones por las cuales no debía concederse compensación al administrador.

Conforme hemos dicho, Mendía era un hombre de intere-ses por demás variados, tremendamente ocupado y no lle-vaba cuentas estrictas. El perito empleado por los oposi-tores dijo que no se trataba de un caso de fraude o de malversación de fondos sino de meras irregularidades, y la corte así concluyó.

Se desprendería en algunos casos que aun cuando se de-muestre fraude, al administrador no se le niega compensa-ción, pero suponiendo que prevaleciera la regla contraria, no nos sentiríamos impelidos a revocar el fallo de la corte inferior, al efecto de que lo que él cometió fueron irregulari-dades más bien que fraudes.

La duda principal que el suscribiente ha tenido en el caso es si las comisiones no deben ser aumentadas. La corte revisó las autoridades y se sintió obligada a seguir el arancel fijado en el estatuto. El juez en su opinión expresó ciertas simpatías en favor de la reclamación pero se sintió obligado a no conceder los. $14,000.

La ley a este respecto (Artículo 53 de la Ley de Procedí-mientos Legales Especiales, sección 1592, pág. 331, Estatutos Revisados de 1911), lee:

“Todo administrador o albacea, a no disponer otra cosa el testa-mento bajo el cual se le nombra, tendrá derecho a percibir del caudal, en remuneración de sus servicios, el cinco por ciento de los ingresos que ocurran durante la administración, montantes a la cantidad máxima de mil (1,000) dollars; 2y2 por ciento cuando éstos ascien-dan hasta diez mil (10,000) dollars; y el 1 por ciento sobre las cantidades que excedan de diez mil (10,000) dollars. También dis-pondrá el juez que se abonen al administrador o albacea los gastos indispensables que ocasione la administración, incluso el costo de los anuncios, publicaciones que la ley prescriba, la conservación y guarda de los bienes, consulta de abogado y gastos de viaje.”

El juez que suscribe se inclina al criterio de que quizá podría concederse mayor compensación en este caso, tanto por la naturaleza extraordinaria como por lo inusitado del trabajo realizado por Mendía, así como también que la ley de procedimientos legales especiales, supra, no es un caso de expressio unius est exelusio alterius.

Sin embargo, la mayoría del tribunal, sin resolver nece-sariamente que no se puede conceder en Puerto Rico com-pensación adicional, es de todos modos de opinión que no se debe conceder remuneración adicional en el presente caso. La forma descuidada en que Mendía administró los asuntos de la sucesión, su disposición arbitraria de los fondos de la misma tanto en su beneficio como a favor de una firma en que estaba interesado y la compensación extra concedida a su hermano, son todas consideraciones que impedirían o deberían impedir la concesión de una remuneración adicio-nal a Mendía, a sus herederos o fiadores, y el. suscribiente no está preparado para disentir de esta conclusión.

La resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Texas Company of P. R., Inc., demandante y apelada v. Municipio de Isabela, demandado y apelante.
    No. 5951.

    Sometido: Junio 1, 1934.

      Resuelto: Julio 24, 1935.

      Bolívar Pagan, abogado del apelante; B. Castro Fernández y James B. Beverley, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, Texas Co. of P. R., Inc., trató de recobrar del municipio de Isabela el valor de ciertas mercaderías suministradas al municipio como parte de una cuenta corriente que era o se convirtió en una cuenta liquidada entre las partes, ascendente a $645.40. No hay duda de que las mercaderías fueron entregadas y aprobadas por el secretario-auditor del municipio. El demandado impugnó la suficiencia de la autoridad del referido funcionario para hacer que el contrato fuera obligatorio, y se fundó en el caso del Municipio de Río Piedras v. Serra, Garabís & Co., Inc., 65 F. (2d.) 691.

En ese caso el farmacéutico de Río Piedras, sin otra autoridad, ordenó medicina de Serra, Garabís & Co., Inc. En el presente caso el alcalde de Isabela ordenó los productos y el secretario-auditor aprobó la cuenta mediante cartas dirigidas al Contador de Puerto Rico. Aquí se compró ga-solina por orden del alcalde para el uso de la planta eléc-trica. Las secciones de la Ley Municipal (Ley 92 de 1925, pp. 685, 687, 689) citadas por la apelada leen así:

“Artículo 8. — Todos los gastos en que incurriere el gobierno de cada municipio por concepto de ... . atenciones de sus oficinas y departamentos y .... se pagarán por los respectivos municipios, los cuales tendrán la facultad de proveer los fondos que para ello fueren necesarios, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.
“Artículo 9.- — -Los municipios tendrán plenas facultades legisla-tivas y administrativas en todo asunto que fuere de naturaleza municipal y que se relacione con los ramos de obras .... alumbrado pú-blico, etc.
“Artículo 29.- — (Enmendado por Ley 98 de 1931, pp, 595, 613). El Alcalde será el jefe ejecutivo. . . .
“. Tendrá la inspección y superintendencia de todos los ser-vicios municipales. . . .
“. . . . dictará todas las órdenes necesarias para el gobierno del municipio, de acuerdo con las leyes y ordenanzas municipales vi-gentes. ’ ’

Tenemos la idea de que los hechos podrían hacer surgir un impedimento (estoppel), mientras que no ocurrió así en el caso de Serra, Garabís, mas no es necesario que basemos nuestra decisión en ese fundamento.

La sección 38 de la Ley Municipal, tal cual fue enmen-dada por la Ley Núm. 92 de 1925, pp. 685, 715, dispone:

“El auditor tendrá todas las facultades, funciones y deberes, con respecto al municipio, que corresponden al Auditor de Puerto Rico, .... y firmará los libramientos y órdenes de pago que Rayan de efectuarse de todos los fondos municipales.”

La Eesolución Conjunta Núm. 3 de abril 5, 1927 (pág. 255), provee:

“PoR cuanto, ciertos municipios de Puerto Rico lian incurrido en varias deudas en años fiscales anteriores sin partidas disponibles en sus presupuestos, y sin votar fondos a su debido tiempo para el pago de los mismos;
“PoR cuanto, tales deudas fueron incurridas sin llenar todos los requisitos que prescribe la ley incluyendo en algunos casos el requi-sito de subasta;
“POR cuanto, las susodichas deudas fueron contraídas para xendir ciertos servicios públicos y otros gastos de administración;
“PoR tanto, Resuélvese por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
“Sección 1. — Se faculta al Auditor de Puerto Rico y a los audi-tores municipales ' de los municipios .respectivos para autorizar el pago de deudas de los siguientes municipios. . . .
“Sección 4. — . . . . Disponiéndose, que asimismo serán aplicables las disposiciones de esta Ley a cualesquiera deudas de la misma natu-raleza que las anteriormente relacionadas que no estén aún radicadas en la Oficina del Auditor de Puerto Rico, pero que sean posterior-mente sometidas a dicho funcionario después de la aprobación de esta Ley, siempre y cuando las mismas hayan sido incurridas con ante-rioridad a julio 1, 1926.”

El apelante sostenía que en general los contratos debían ■ser aprobados por las asambleas municipales y cita las sec-ciones que cree aplicables.

Para el caso en su totalidad la decisión emitida por este tribunal en Panzardi v. Municipio de Ponce, 46 D.P.R. 499, es aplicable. En ella dijimos:

“Asumiendo, sin resolverlo, que podemos tomar conocimiento judicial de estas reglas, el hecho de que la orden para el trabajo efectuado, y para los materiales suministrados por la demandante no fuera certificada por el auditor municipal, y el hecho de que otras formalidades similares prescritas por dichas reglas no fueran obser-vadas, no invalidaban el contrato. Municipio de Río Piedras v. Serra, Garabís & Co., 65 Fed. (2d) 691.”

Empero en el presente caso el auditor municipal aprobó la cuenta y el caso es más fuerte.

En Santiago v. Cuebas Padilla, 41 D.P.R. 116, citando del sumario dijimos:

“Cuando la reclamación se basa en un saldo vencido de una ■cuenta corriente, liquidado ese saldo de conformidad con el deman-dado, e] hecho de que el demandante dejara de suministrar un detalle de las partidas de la cuenta no perjudica su acción ya que en casos de cuentas liquidadas no hay necesidad de probar tales partidas por basarse la causa de acción en el nuevo convenio o la promesa de pago que surge de la liquidación aceptada.”

Y en el curso de la opinión citamos 1 R.C.L., sección 21,. página 220, así:

“Prueba tendente a demostrar que las partes se entrevistaron y llegaron a un acuerdo y que se fijó y convino un saldo, es admisible para probar una cuenta liquidada (account stated). . .

Esto puede tender a demostrar una cuenta liquidada de-finitiva.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Rosalía Villarín, demandante y apelante, v. Juan Suárez Correa, Valentín Blanch y su esposa Isabel Matías, demandados y apelados.
    No. 6677.

    Sometido: Abril 4, 1935.

      Resuelto: Julio 26, 1935.

      A. Marín Marión, abogado de la apelante; A. Agosto y B. Barbosa, abogados, respectivamente, de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Eosalía Villarín y Jnan Snárez Correa fueron divorciados por la Corte de Distrito de San Juan el 7 de septiembre de 1933. Eosalía Villarín instituyó entonces el presente recurso. Alegó substancialmente que al momento de disolverse el matrimonio Juan Suárez poseía ciertos in-muebles, de los cuales el referido demandado antes de la disolución del vínculo, transfirió cierta casa ubicada en San Juan a Valentín Blanch, casado con Isabel Matías; que el traspaso se hizo sin que mediara causa alguna y en perjui-cio de la demandante; que los cesionarios no ignoraban que la finca era ganancial; y que la demandante no consintió al traspaso. Se solicitaba la nulidad del mismo. Además de Suárez, se hizo a Blanch y a su esposa partes en el litigio. .

Todos los demandados excepcionaron, fundados en la in-debida acumulación de partes y de acciones. Suárez excep-eionó, además, alegando que la demanda era ambigua, etc., y que la misma no aducía una' causa de acción. La corte sostuvo las excepciones por todos los fundamentos.

Nos inclinamos a convenir con la apelante en que la cues-tión de ambigüedad no fué bien alegada ni claramente re-suelta, mas ella se fundiría, a nuestro juicio, en la cuestión de la suficiencia de la causa de acción.

En la teoría de que la propiedad era ganancial, somos del criterio de que no hubo una indebida acumulación de partes o de acciones. Todas las partes en el caso fueron afectadas por el supuesto' traspaso y todas ellas no tienen que ser afectadas de igual modo. Artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil; Battle v. Torruellas, 39 D.P.R. 205, 216; Asociación de Señoras, etc. v. Diana, 18 D.P.R. 778, 796; Grady et al. v. Cannon et al., 66 N. W. 808; Williams v. Crabb, 117 Fed. 193, 202. Quizá la demanda no esté bien titulada al decir “liquidación de gananciales”. No obstante, la teoría fundamental era la de cancelación o nu-lidad.

Por otra parte, convenimos con la corte en que la demanda no aducía una causa de acción. El beebo de que el marido, durante el matrimonio, a la disolución o después, poseyera ciertos bienes, no demuestra que los mismos son gananciales; ni surge de la demanda ninguna presunción de que lo fueran.

Los artículos 1319 y 1322 del Código Civil leen así:

“Artículo 1319. Las expensas útiles, lechas con los bienes pecu-liares de cualquiera de los cónyuges mediante anticipaciones de la sociedad o por la industria del marido o de la mujer, son gananciales.
“Lo serán también los edificios construidos durante el matrimonio en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenezca.
“Artículo 1322. Se reputan gananciales todos los bienes del ma-trimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer.”

El artículo 1322 sienta una presunción que quizá podía favorecer a la demandante en un juicio, pero no obvia la necesidad de alegar que los" bienes son gananciales. Debie-ron alegarse becbos que demostraran que los bienes perte-necían a la sociedad.

La sentencia debe ser confirmada, sin perjuicio del de-recho de la demandante de solicitar permiso para enmendar su demanda.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Juan Quirós Díaz, acusado y apelante.
    No. 5491.

    Sometido: Marzo 19, 1935.

      Resuelto: Julio 26, 1935.

      B. Rivera Zayas, abogado del apelante; B. A. Gómez, Riscal, y Luis Janer, Riscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Aunque quizá inicialmente y antes de oírse a la defensa, la posición asumida por ésta no se bizo clara, finalmente el apelante, acusado de asesinato, se fundó en la teoría de de-fensa propia. Bamón Córdova, Jr., a quien disparó y dió muerte al acusado, vivió un número de horas después de los tiros y caminó un corto trecho desde el lugar del suceso. Los fundamentos de defensa propia alegados, conforme decla-raron dos testigos, fueron que Córdova portaba un arma y que anteriormente en dos escritos había invitado al acu-sado a salir de su establecimiento. El Pueblo ofreció prueba tendente a demostrar que el acusado fue enteramente el agresor. De la prueba admitida el jurado tenía derecho a inferir la culpabilidad del acusado.

Durante la vista, y por nuestro propio examen de los autos, nos percatamos de que la cuestión principal a considerar es una declaración in artículo mortis. Esta declaración fué tomada ante el fiscal de distrito de Bayamón y lee así:

“En Bayamón, P. R., a 7 de diciembre de 1932; yo, Ramón Córdova, Jr., vecino de Bayamón con residencia en Bayamón de _años de edad, ante el Fiscal comparezco y, previa las advertencias de ley que me han sido hechas, espontáneamente bajo juramento declaro, a preguntas del Fiscal:
“Fiscal: Córdova, ¿cómo se siente mentalmente?
“R.: Perfectamente bien.
“P.: Dígame lo que le ha sucedido, si se siente bien físicamente.
“R.: De momento tengo tres heridas, dos en el vientre y una en un brazo, estoy grave; me doy cuenta de ello, y me siento como que me moriré, pero puedo contarle.
“P.: Dígame todo.
“R.: Yo iba con Fernanda Adorno por la calle de Recreo hace como una hora y Juan Quirós me salió al encuentro de detrás de una guagua cerca d”e la panadería de Emilio Vega y me dijo: ‘Hijo de la gran puta, tú te cagaste en mi madre,’ y seguido me disparó cuatro tiros hiriéndome con tres, dos en el vientre y otro en el brazo izquierdo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! qué dolor, espere un momento Ledo. .... (Pausa).
“P.: Tenga calma y no se apure. ' (El declarante hace una con-tracción de dolor que refleja en su rostro). Córdova, sígame diciendo, ¿qué,pasó entre ustedes esta noche o antes?
“R.: No pasó nada para qne ese hombre me matara. Mo escribió nn papel hace días pidiéndome dos gallos y como no eran de él no se los mandé. ¡ Ay, doctor, opéreme qne me mnero! (Hace nna pansa cerrando los ojos y continúa). Hace como nn año o menos qne no hablaba con él y no podía suponer la agresión qne me hizo esta noche.
' ‘ Qne es todo lo qne tiene que declarar y se ratifica y firma.
“ (Pdo.) Ramón Córdova, Jr.
“Jurada y suscrita ante mí por Ramón Córdova, Jr., a quien conozco personalmente, hoy 7 de diciembre de 1932.
“(Pdo.) E. Ponsa Parés,
“Fiscal.”

El apelante nos ha citado el caso de Shepard v. United States, 290 U. S. 96. El primer sumario de ese caso es como signe:

'“Para poder prestar nna declaración in articulo mortis el depo-nente debe haber hablado sin abrigar esperanzas de sanar y ante la sombra de una muerte inminente, y este estado de la mente debe ser revelado por la prueba y no dejarse a conjeturas.”

Indudablemente la corte y el jurado tenían derecho a in-ferir de la primera parte de la declaración de la víctima que él tenía tal temor de una muerte inminente. El grito que posteriormente lanzó es del todo consistente con el deseo desesperado de sentir alivió un hombre que está próximo a morir. En otras palabras, que Córdova buscaba una exten-sión momentánea de su vida.

Autoridades para sostener esta posición son las siguientes: El Pueblo v. Díaz, 35 D.P.R. 582, 589; El Pueblo v. Mejías Ventura, 47 D.P.R. 282.

Esto resuelve el tercer señalamiento de error.

El primer señalamiento se refiere a la declaración del Dr. Rodríguez respecto al tamaño de la bala. Tenemos idea de que ésta no es en realidad prueba de peritos sino la declaración de un hecho de conformidad con el conocimiento del declarante, pero de todos modos el tamaño de la bala carecía de importancia, ya que el apelante se basó en la teoría de defensa propia.

El segundo señalamiento de error se refiere a la manifestación becha por un testigo de que Córdova, poco después de habérsele disparado y a corta distancia del lugar del suceso, dijo que Quirós le había asesinado. Creemos que esta manifestación estaba tan íntimamente relacionada con el suceso principal tanto en lo que a tiempo como a distancia se refería, que la misma formaba parte del res gestae. El Pueblo v. Calventy, 34 D.P.R. 390; El Pueblo v. Crespo, 21 D.P.R. 300; 3 Wigmore on Evidence, secciones 1747 et seq.

El acusado compareció ante el fiscal y prestó declaración en su propio beneficio al efecto de que él, Quirós, nada había tenido que ver con los disparos. Esta declaración, que es inconsistente con la alegación de defensa propia, era admisible como tendente a demostrar, bien un estado culpable de la mente o por lo menos un estado distinto al poseído por un hombre que moralmente confía en haberse defendido a sí mismo. El acusado pudo haberse protegido solicitando una instrucción que tratara de limitar el efecto de esta declaración.

Las instrucciones en su totalidad abarcaron el caso y es innecesario que consideremos las definiciones de asesinato toda vez que la cuestión principal de defensa propia vel non fué sometida al jurado.

Las instrucciones sobre defensa propia nos parecen ser suficientes. De todos modos, el acusado durante el juicio no dió a la corte oportunidad para corregirlas. Pueblo v. Benítes, 47 D.P.R. 78, 84; Pueblo v. Mercado, 46 D.P.R. 152, 157; Pueblo v. Estrella, 45 D.P.R. 462; Pueblo v. Maldonado, 45 D.P.R. 417.

Consideraciones similares son aplicables a las otras ob-jeciones presentadas a las instrucciones dadas por la corte.

El undécimo señalamiento es que la corte cometió error al denegar ciertas instrucciones propuestas por el aeu-sado. Éstas o no eran una exposición correcta de la ley, habían sido cubiertas por las instrucciones generales de la corte, o el haber dejado de transmitirlas no fué perjudicial.

El caso fué propiamente sometido al jurado a base del conflicto de la prueba y el apelante no nos convence de que el jurado debió tener duda razonable.

La moción de nuevo juicio comprendía tan sólo las cues-tiones anteriormente señaladas como errores y está cubierta por nuestra discusión anterior.

Debe confirmarse la sentencia.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.