text:
    Leoncia Boyrié Vázquez de Silva, asistida de su esposo Domingo Silva, y Juan Boyrié Vázquez, demandantes y apelados, v. Fernanda Mariño, Francisco de Diego y el portador de obligaciones garantizadas con hipoteca, John y Richard Doe, demandados y apelantes.
    Núm. 8158.

    Sometido: Marzo 13, 1941.

      Resuelto: Marzo 19, 1941.

      José J. Aponte, Tibaldo Aponte y José G. Aponte, abogados de la apelante; Pedro E. Anglade, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes, Leoncia y Juan Boyrié Vázquez, fue-ron declarados hijos naturales reconocidos de Cándido de los Santos Boyrié, por sentencia de este tribunal de 24 de marzo de 1938 dictada en el caso de Vázquez v. Sucesión Boyrié, 52 D.P.R. 856, y el 2 de febrero de 1939 radicaron en la corte inferior una demanda sobre “reclamación de herencia y nuli-dad de actuaciones”, en la que, entre otras cosas, alegan que los bienes relictos por su padre habían producido desde su fallecimiento el 10 de junio de 1929, la cantidad de $23,707.70, y que les pertenece la'mitad de dicha suma, o sea $11,853.85. Para asegurar la efectividad de la sentencia, solamente en cuanto a la cantidad de $11,853.85 reclamados por concepto de frutos producidos o debidos producir por los bienes here-ditarios desde el fallecimiento del causante, los demandantes radicaron una moción solicitando el embargo de bienes de la demandada, la que luego de exponer los hechos ya reseñados, termina con la siguiente súplica:

“Por todo lo que respetuosamente solicitamos de este Hon. Tribunal que... ordene que por el marshal de esta corte de distrito se proceda a embargar y se embarguen, sin prestación de fianza por los demandantes, tienes de la propiedad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de $11,853.85, más las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado, y ordene además al marshal.. . proceda a embargar y embargue además los cánones de alquiler y arrendamiento de los bienes que se describen en la demanda, de modo que se cubra el importe de $11)863.85 con sus intereses legales a partir de la respectiva fecha en que dichos pagos fueren hechos a la demandada; solicitando además de V. H. designe depositario de los bienes inmuebles embargados, o sea de los cánones de arrenda-miento que se vencieren en lo sucesivo, al márshal de esta corte para que perciba los mismos y queden depositados bajo su guarda y custodia hasta la definitiva terminación de este caso.” (Bastardillas nuestras.)

De acuerdo con la moción de aseguramiento de sentencia, lo que tratan de asegurar los demandantes es la reclamación de $11,853.85, con sus intereses, y para ello solicitan el embargo de bienes de la demandada — que según la demanda es viuda del cansante — y las rentas de los bienes qne alegan pertenecen a la herencia. La orden de aseguramiento dis-puso :

"... que por el marshal del tribunal se proceda a embargar y se embarguen bienes de la propiedad de la demandada Fernanda Marino en cantidad suficiente a cubrir la suma de $11)853.85, más los intereses al 6 por ciento anual a partir del respectivo pago, más las costas, gastos y honorarios de abogado, ordenándose además.... se embarguen las rentas que producen las fincas que se describen en la demanda según vayan venciendo en lo sucesivo, depositando su importe a su nombre en un banco de la localidad hasta ulterior orden del tribunal; todo ello sin previa prestación de fianza por los deman-dantes, porque su derecho a reclamar su herencia aparece de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Puerto Rico en el caso de Vázquez v. Boyrié, 52 D.P.R. 856.” (Bastardillas nuestras.)

Los bienes señalados al marshal para ser embargados fueron los 13 inmuebles descritos en la demanda como per-tenecientes al caudal hereditario.

El 23 del mismo mes la demandada Fernanda Marino radicó una moción atacando la validez del embargo: (1) por haberse decretado sin prestación de fianza, no constando cla-ramente en documento auténtico la exigibilidad de la obliga-ción reclamada; (2) porque habiéndose embargado inmuebles, del diligenciamiento del márshal no aparece que dicho embargo se haya anotado en el registro de la propiedad; y (3) porque tampoco aparece de dicho diligenciamiento que la demandada Marino haya sido notificada del citado embargo. Previa la correspondiente audiencia, se desestimó la moción ele la demandada, concediéndose a los demandantes un plazo de 10 días para la anotación del embargo en el registro de la propiedad. Contra esa resolución interpuso la demandada Marino el presente recurso.

La ley reconoce al que demanda el cumplimiento de urna obligación, el derecho de obtener del tribunal una resolución adoptando las medidas procedentes para asegurar la efectividad de la sentencia que haya de dictarse en caso de prosperar la acción ejercitada. El ejercicio de este derecho puede, con toda probabilidad, perjudicar al demandado, dueño de los bienes embargados, si en definitiva resulta que el demandante no tenía derecho a exigir la obligación reclamada. Claro es que cuando la exigibilidad de la obligación consta claramente en documento auténtico, difícilmente se perjudica al demandado, pues esa evidencia raras veces puede ser con-trovertida. De ahí que, al constar la exigibilidad de la obli-gación en documento auténtico, al igual que cuando el ase-guramiento se solicita después de dictada sentencia a favor del demandante, no se exija la prestación de fianza. Ahora bien, ¿consta claramente en documento auténtico la exigi-bilidad de los $11,853.85 que por concepto de frutos produ-cidos reclaman los demandantes 1 El único documento autén-tico que ante sí tuvo el juez inferior fué, como hemos visto, una sentencia de este tribunal por la que se declaró a los demandantes hijos naturales reconocidos del causante de la herencia reclamada. Sin duda, de ese documento auténtico consta claramente el derecho de los demandantes a reclamar su participación en la herencia que pudiera haber dejado su padre; pero de los términos de dicha sentencia de filiación no consta en forma alguna que existan tales bienes y mucho-menos que hayan producido frutos percibidos por la deman-dada en la cantidad de $11,853.85 por ellos indicada, ni en ninguna otra.

' Es verdad que en la demanda, que ha sido jurada, se des-criben trece inmuebles como pertenecientes a la herencia,, pero ése no es el documento auténtico que contempla la ley, pues si así fuere, bastaría jurar lá demanda para que un demandante pudiese obtener el aseguramiento de la senten-cia sin prestación de fianza.

Si además de la aludida sentencia, el juez inferior hubiese-teñido ante sí la prueba auténtica del fallecimiento del cau-sante y una certificación del registro de la propiedad acre-ditativa de que existen o existían a su fallecimiento bienes. pertenecientes a la herencia, estos documentos hubieran bas-tado para que la corte inferior pudiese dictar una orden de embargo sin fianza para asegurar la participación de los demandantes en los frutos o rentas que dichos bienes pro-dujesen a partir de la fecha de la orden de aseguramiento, embargando dichas rentas o frutos según fuesen venciendo o produciéndose en lo sucesivo. También hubieran podido, presentando dichos documentos, asegurar mediante embargo sus derechos sobre los bienes de la herencia, aunque esto hubieran podido hacerlo más fácilmente anotando su demanda en el registro de la propiedad; pero no podrían en forma o manera alguna asegurar sin prestación de fianza los $11,853.85 con sus intereses, que por concepto de frutos producidos o debidos producir, reclaman en esta demanda, aunque se pre-sentasen al juez los tres documentos aludidos, sencillamente porque la exigibilidad de esa suma no consta de la sentencia de filiación ni podría constar de los otros dos documentos ya indicados. La certeza y cuantía de dicha suma, por haber sido anteriormente percibida por la demandada desde hace algún tiempo — como se alega por los demandantes — sería muy difícil de determinar, dependiendo de datos y liquidaciones que no constan en forma auténtica, contrario a lo que sucede con las rentas y productos que se devenguen a partir de la orden de embargo, que por ser recientes, son de fácil iden-tificación.

La cuestión no es nueva en esta jurisdicción. En el caso de Roig v. Landráu, 29 D.P.R. 315, 316, este tribunal, por voz de su entonces Juez Asociado Sr. Del Toro, se expresó en los siguientes términos:.

"A nuestro juicio la corte de distrito interpretó rectamente la sección 4 de la ley para asegurar la efectividad de sentencias de 1902, que dispone que si consta claramente en documento auténtico que la obligación es exigible, el tribunal decretará el aseguramiento sin fianza y que en cualquier otro caso exigirá fianza para decretarlo.
“Es verdad que el contrato celebrado se hizo constar en un docu-mento público, pero la cantidad reclamada si bien emana d.e o tiene su base en dicho contrato, depende de datos, cálculos y liquidaciones que no constan en forma auténtica alguna. T siendo ello así, la aplicación de la ley beeha finalmente por la corte de distrito, se ajusta a su espíritu. De otro modo sería suficiente que la base de una obligación cuyo desarrollo y extensión dependiera de beebos ulteriores, constara en escritura pública, para decretar sin fianza el embargo de bienes del obligado por una cuantía que dependería de la simple alegación, ni siquiera jurada, como en este caso, del deman-dante. ' ’

La conclusión a que hemos llegado nos releva de la nece-sidad de discutir los otros dos errores señalados por la ape-lante.

Procede, por lo expuesto, revocar la resolución apelada y declarar nula la orden de embargo en este caso dictada, entendiéndose nula también cualquier otra actuación que derive su valides de l,a ameritada orden.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Tobo

license: Public Domain

text:
    Vicente Usera y Laseda, demandante y apelado, v. Luce & Co., S. en C., demandada y apelante.
    Núm. 8101.

    Sometido: Enero 23, 1941.

      Resuelto: Marzo 20, 1941.

      Hartzell Kelley & Hartzell y Rafael O. Fernández, abogados de la apelante; Erasto Arjona Siaca, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Vicente Usera entabló demanda en la Corte de Distrito de Ponee en reclamación de diez y seis mil doscientos noventa y odio ¿Ufares de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, invocando expresamente el artículo 1054 del Código Civil, ed. 1930.

La demanda contiene dos causas de acción. Exponiendo la primera se dice que el actor reside en Ponce y que la demandada es una sociedad civil agrícola con oficina principal en Salinas; que el demandante dió en arrendamiento a la demandada trece fincas rústicas situadas en el término municipal de Santa Isabel, por plazo de quince años a ven-cer en junio 30, 1939; que la demandada asumió además de las obligaciones legales, las contractuales que especifica, y que al vencerse el contrato y entregársele las fincas, el deman-dante las inspeccionó y encontró que la demandada había cometido nueve infracciones legales y seis contractuales que separadamente señala causándole daños y perjuicios por valor de $14,798.

Para fundar la segunda, causa de acción se reproducen los hechos de la primera' y se alega que el demandante arrendó a la demandada otra finca rústica situada en el término municipal de Santa Isabel que describe, sujeta a las obligaciones de ley y a las contractuales que especifica, habiendo infrin-gido las que señala, causándole daños y perjuicios por valor de $1,500.

La demandada presentó una moción eliminatoria, una excepción previa y una petición de traslado a la corte del distrito de su residencia, Guayama, por tratarse de una acción personal, acompañada de un affidavit de méritos. Se opuso al traslado el demandante y la corte lo denegó así:

“.. .la corte entiende que, de acuerdo con el inciso 1 del artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, tal como quedó enmendado por la Ley' núm. 18 de 11 de abril de 1935, el presente pleito, que es para recobrar daños y perjuicios de acuerdo con el artículo 1054 del Código Civil de Puerto Rico (edición de 1930), debe verse en el distrito correspondiente, o sea, en esta Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, al que pertenece el Muni-cipio de Santa Isabel.”

No conforme la demandada, apeló. Señala dos errores como cometidos por la corte de distrito al resolver que el caso cae bajo las disposiciones del inciso primero del artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, como enmen-dado por la Ley núm. 18 de 1935 ((1) pág. 175) y al dene-gar el traslado. La existencia del segundo depende de la del primero.

El lugar para la celebración de los juicios en asuntos civi-les está regulado en el título quinto del Código de Enjuicia-miento Civil, artículos 75 al 86.

En este caso se trata del ejercicio de una acción personal — la de daños y perjuicios por incumplimiento de contra-tos — y en tal virtud de acuerdo con la regla general contenida en el artículo 81, el pleito debería verse en el distrito de la residencia del demandado, a no ser que se hubiere dis-puesto por la ley otra cosa.

La parte demandante sostiene que esa disposición existe y está contenida en el artículo 79 como enmendado por la Ley núm. 18 de 1935, pág. 175, y sabemos que la corte sen-tenciadora le dió la razón. La parte demandada alega que esa disposición legal no tiene el alcance que le atribuyen la corte y el demandante y en su consecuencia que la aplicable sigue siendo la regla general.

Ambos artículos el 81 y el 79 de nuestro Código de Enjui-ciamiento Civil proceden del continente. El 81 equivale al 395 del Código de Enjuiciamiento Civil de California y al 3182 del Código de Enjuiciamiento Civil de Idaho (1901) y ha permanecido inalterado desde el 1904 en que nuestro Código se aprobara; el 79 equivale al 393 del Código de Enjuiciamiento Civil de California y al 3180 del Código de Enjuiciamiento Civil de Idaho (1901) y ha sufrido altera-ciones.

Tal como estaba redactado originalmente decía, en su número primero que es el que está en controversia:

“Artículo 79. — Deberán verse en el distrito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella, tuvo su origen, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, los pleitos por los siguientes motivos:
“1. Para obtener el importe de una indemnización o confiscación, excepto cuando se decreta por un delito cometido en una extensión de agua colindante con dos o más!' distritos, en cuyo caso la demanda podrá entablarse en cualquier distrito contiguo a dieba extensión de agua y frente al sitio en que se cometió el delito.”

En 1928, por Ley núm. 34, pág. 225, fue enmendado, ampliándose como signe:

“Artículo 79. — Deberán verse en el distrito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella, tuvo su origen, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, los pleitos por los siguientes motivos:
“1. Para obtener el importe de una indemnización contra una compañía de seguros proveniente de un contrato de póliza de seguro o para recobrar daños y perjuicios de acuerdo con él artículo 1803 del Código Civil, o para obtener el importe de una confiscación, ex-cepto cuando se decreta por un delito cometido en una extensión de agua colindante con dos o más distritos, en cuyo caso la demanda podrá entablarse en cualquier distrito contiguo a dicha extensión de agua y frente al sitio en que se cometió el delito.”

Las itálicas contienen la ampliación.

Siete años después, en 1935, por Ley núm. 18 de ese año, pág. 175, volvió a enmendarse, ampliándolo como sigue:

“Artículo 79. — Deberán verse en el distrito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella, tuvo su origen, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, los pleitos por los siguientes motivos:
“1. Para obtener el importe de una indemnización contra una compañía de seguros proveniente de un contrato de póliza de seguro o para recobrar daños y perjuicios de acuerdo con los artículos 1803 y 1804 del Código Civil, edición de 1902 (artículos 1802 y 1803, edición de 1930), o a virtud de cualquier otro precepto de ley, o para obtener el importe de una confiscación, excepto cuando se decreta por un delito cometido en una extensión de agua colindante con dos o más distritos en cuyo caso la demanda podrá entablarse en cual-quier distrito contiguo a dicha extensión de agua y frente al sitio donde se cometió el delito.”

A así rige en la actualidad y regía cuando este caso fué resuelto por la corte del distrito. Las itálicas contienen l£[ ampliación.

De modo claro separó el legislador de la regla general por sus enmiendas disponiendo que deberían verse en el dis-trito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella, tuvo su origen, las acciones personales que se ejercitaren:

(а) para obtener el importe de una indemnización contra una compañía de seguros proveniente de un contrato de seguros,
(б) para recobrar daños y perjuicios de acuerdo con los artículos 1802 y 1803 del Código Civil, edición 1930,
(c) para recobrar daños y perjuicios a virtud de cualquier otro precepto de ley.

Y la corte sentenciadora habiendo en consideración que de los hechos alegados en la demanda surgía que las infrac-ciones legales y contractuales originadoras de los daños y perjuicios reclamados habían ocurrido en el término municipal de Santa Isabel y por tanto dentro de su distrito y que la acción ejercitada era la autorizada por el artículo 1054 del Código Civil, ed. 1930, que dispone que “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas”, decidió que el caso estaba cubierto por la enmienda de 1935 y que era ella la corte donde por ministerio de la ley debía celebrarse el juicio.

En un alegato bien meditado y trabajado la parte ape-lante sostiene que exponiendo el artículo 81 la regla general — que se ajusta a la tendencia moderna de que sea la condición personal más bien que la territorial la que pre-valezca para la fijación del sitio en que deban ventilarse las acciones (67 C. J. 19, 24) — la excepción debe constar en términos expresos, inequívocos, especialmente cuando se trata de despojar a una parte de un derecho valioso como lo es el que tiene el demandado a que el pleito se tramite en el distrito de su residencia. Y argumenta y concluye que la frase adicionada “o a virtud de cualquier otro precepto de ley” sólo significa ‘4cualquier otro precepto de ley similar a los artículos 1803 y 1804 del Código Civil, ed. 1902 (1802 y 1803, ed. 1930.) ”

Llama entonces la atención Lacia el techo de que la res-ponsabilidad en los casos de los artículos citados del Código Civil está limitada a la proveniente de culpa o negligencia, cita a ese efecto la opinión de Manresa, vol. 12, pág. 612, ed. 1911 y sostiene que derivándose la acción ejercitada en este caso de un contrato, no es de naturaleza similar, y no está en su consecuencia cubierta por el estatuto.

En apoyo de esa interpretación, limitadora del alcance de la excepción a la regla general que la enmienda de 1935 contiene, invoca las máximas “ expressio umu-s est exdusio alterms”, “ejusdem generis” y “noscitur a sociis”, citando casos en los cuales dichas máximas han sido aplicadas.

Sin embargo, el esfuerzo mental realizado por la apelante no nos convence de que la corte sentenciadora errara al inter-pretar y aplicar la ley siguiendo el significado usual de sus palabras y la aparente intención legislativa al ampliar el radio de acción del estatuto.

Los artículos 79 y 81 del Código de Enjuiciamiento Civil han sido interpretados repetidas veces por esta Corte Suprema. En Font v. Castro, 33 D.P.R. 784, 788, la corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Franco, dijo que en el 81 se prescribía para “los casos no comprendidos en los artícu-los anteriores, el derecho absoluto ,de un demandado a que se vea el pleito en el distrito de su residencia.” De suerte que estamos enteramente conformes con la apelante en que la regla general en casos de acciones personales es que el pleito se vea en el distrito de la residencia del demandado. Y tam-bién lo estamos en que se trata de un derecho valioso del que no puede privarse al demandado a menos que otra cosa disponga el legislador.

En lo que no estamos conformes es en que la nueva regia sentada tenga el limitado alcance que le fija la apelante. A nuestro juicio esa regla hablando por sí misma determinó que deberían verse en el distrito en que la cansa del litigio, o alguna parte de ella, tuvo su origen, además de los pleitos seguidos para obtener el importe de una indemnización contra una compañía de seguros proveniente de un contrato de póliza y de los iniciados para recobrar daños y perjuicios de acuerdo con los artículos 1802 y 1803 del Código Civil, ed. 1930, los establecidos a virtud de cualquier otro precepto de ley. Y sería forzar demasiado el pensamiento legislativo predicar en absoluto ese otro precepto de ley a los anteriormente citados. La enmienda es independiente, tiene vida por sí misma, y en tal sentido es que amplía el radio de acción del estatuto.

Admitimos la naturaleza especial de las acciones deriva-das de culpa o negligencia. Están reguladas en el capítulo segundo del título diez y seis del libro cuarto del Código Civil. El libro cuarto abarca, en general, las obligaciones y contratos, el título diez y seis las obligaciones que se con-traen sin contrato y su capítulo segundo las que nacen de la culpa y negligencia.

La acción aquí ejercitada no se funda en el título diez y seis del bbro cuarto del Código Civil. Aquí las partes con-trataron un arrendamiento y una de ellas alegando la vio-lación por parte de la otra de determinadas obligaciones legales que el contrato llevaba consigo y de otras especifi-cadas en el mismo, la demandó, invocando para ejercitar su acción el artículo 1054 del Código Civil que sujeta a indem-nización a los que en el cumplimiento de sus obligaciones causen daños y perjuicios, al incurrir en dolo, negligencia o morosidad, o al contravenir de cualquier modo el tenor de las mismas.

Toda obligación consiste en dar, bacer o no bacer alguna cosa. Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Artícu-los 1041 y 1042 del Código Civil, ed. 1930.

De cinco fuentes distintas emanan, pues, las obligaciones de acuerdo con nuestro Código Civil. La ley, que como fuente especial no figuraba en el derecho romano, fué agre-gada por el legislador español y ha permanecido. Tratando de fijar los verdaderos límites de esa fuente especial, ya que el elemento ley se encuentra siempre de algún modo entre-mezclado entre las otras, dice Manresa:

‘ ‘ Concurriendo siempre la ley y un becbo particular para el nacimiento de obligaciones, la distinta misión, importancia y, por decirlo así, actividad que para tal resultado tienen en cada caso aquellos dos elementos, bacen que, según predominen, pueda decirse que del uno o del otro se deriva la obligación. Cuando, con relación a ésta, la ley no hace más que garantizar su cumplimiento y exigi-bilidad, dando forma y garantía a la fuerza creadora del acto que engendra a aquélla, o aun más, expresa- que tal obligación se deriva de un contrato o de un delito, o que es esencial del mismo, no puede decirse que sea la ley origen de. esas obligaciones, puesto que a lo sumo las regula, o aun las declara, pero siempre como efectos deri-vados de un becbo, cuya naturaleza determina para atribuirle la eficacia que cree debe tener. Pero cuando la ley no se limita a poner bajo su influencia las consecuencias de un hecho origen de obligaciones, sino que por sí misma las establece, limitando la impor-tancia e' influjo del becbo a ser mero cumplimiento del supuesto legal, que indica el momento, que determina la ocasión para que comience a ser exigible la obligación virtualmente contenida en el precepto legal, entonces en éste tendrá su origen aquélla. ’ ’ 8 Manresa. Comentarios al Código Civil 17, 4a. ed.

Y Scaevola comenta:

“La ley es, sin duda, como reconocen todos los tratadistas, la primera fuente de las obligaciones, por cuanto emana del Estado, y el Estado es el poder social que dirige, regula, determina y con-tiene la'actividad de todos los ciudadanos, armonizando sus mutuas relaciones.
“Por manera que cuando se dice que un contrato produce una obligación, se entiende que esta obligación toma su fuerza en la ley que la permite contraer; y si, en efecto, es exigible, débelo a la ley, que la ha abierto camino en el campo de los libres desenvolvimientos de la actividad, y que ayudará con sus dictados a hacerla cumplir.
“Pero de la ley nacen unas obligaciones directamente y otras indirectamente; unas que se enlazan con ella sin intermedio, y otras qne suponen nn acto de voluntad que las sirve de precedente inme-diato.
“Las primeras son las propiamente comprendidas en el grupo de obligaciones que nacen de la ley. Se trata en estos casos de asuntos de orden público, en que, como es sabido, el interés particular cede siempre por su menor importancia ante el social. La ley impone entonces a las personas las obligaciones cuyo cumplimiento se con-sidera preciso para la convivencia de los ciudadanos, y la voluntad de éstos no entra de ninguna manera a definir la obligación, ni siquiera el más o el menos de la restricción de libertad en que la misma consiste.
“A este género de obligaciones corresponden todas las del derecho público, político y administrativo. El servicio militar, el pago de las contribuciones, la intervención en el Jurado, la comparecencia como testigos, etc., son de esta clase. Su cantidad, como se comprende fácilmente, es inntunerable, puesto que entran en el mismo grupo cuantas obligaciones se derivan de la Constitución del Estado y de todas las leyes y reglamentos políticos y administrativos.
“Siguen a éstas las obligaciones de orden civil impuestas por los Códigos civil y comercial.... nos limitaremos a indicar que tienen tal carácter las que, como antes se dijo, conciernen al orden público; por ejemplo, las relaciones de familia y de tutela, los gravámenes forzosos de la propiedad, las hipotecas legales, etc., etc. La obliga-ción de alimentar al hijo, la de ser tutor del huérfano, la de dar paso por nuestra finca al propietario de la colindante, la de asegurar con nuestros bienes los que recibimos por vía de dote, son otras tantas obligaciones que nacen de la ley, que eran llamadas por los romanos ex lege, que no dependen para nada de la voluntad del obligado, que se imponen a ella dura e inevitablemente, y son de forzoso cumplimiento, con equiescencia de la persona o sin ella.” 19 Scaevola, Código Civil, 376.

Como puede verse, tampoco se trata aquí de una obliga-ción que nazca exclusivamente de la ley. Se trata en verdad de una obligación nacida como consecuencia de violaciones a un contrato que se ejercita de acuerdo con la ley.

El artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil que interpretamos no requiere que la obligación violada nazca de la ley. Se refiere a acciones para reclamar daños y per-juicios “de acuerdo con los artículos 1802 . . o “a virtud ele cualquier otro precepto legal..”

Hechos y ley se complementan lo mismo en los contratos que en los cuasi contratos y en las obligaciones provenientes de culpa y negligencia. La nota determinante para fijar el lugar del juicio aplicando la regia del artículo 79, es, según nuestro criterio, la de que se entable una acción para reco-brar daños y perjiácios de acuerdo con los artículos del Código Civil que expresamente menciona o a virtud de cual-quier otro precepto de ley, como lo es el artículo 1054 del propio Código Civil.

Ya esta corte tuvo oportunidad de dejar entrever su opi-nión en ese sentido al resolver el caso de Zayas Pizarro v. Molina, 48 D.P.R. 920.

Poco antes había decidido el de Alvares v. American R. R. Co. of P. R., 48 D.P.R. 477. Para entonces regía el artículo 79 sólo como enmendado en 1928, esto es, citando úni-camente el artículo 1802 ed. 1930, y se sostenía que no citándose expresamente el artículo 1803, ed. 1930 y tratándose de una acción ejercitada para exigir daños y perjuicios de acuerdo con el precepto no citado, la aplicable era la regla de la residencia del demandado y no la del lugar en que la causa del litigio se hubiere originado, y esta Corte resolvió:

£ÍE1 motivo que guiara al legislador para extender la responsa-bilidad puede ser interpretado de modo diferente, pero la realidad es que la impuso y que la regla del artículo 1803 — 1802 ed. 1930— es la aplicable tanto en el caso'de que la acción de daños y perjuicios se inicie contra la persona que directamente ocasiona el daño inter-viniendo culpa o negligencia, cuanto en el de que se establezca contra la persona responsable por los, actoá de la que por su culpa o negligencia lo ocasiona, debiendo en ambos casos sustanciarse los pleitos en el distrito en que la causa del litigio tuvo su origen, tal como determina el artículo 79' del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933.” Pág. 480.

Transcurrieron algunos meses y fue resuelto el citado caso de Zagas Pizarro v. Molina, suprá, en el sentido de que “una acción de daños y perjuicios provenientes de injuria y calum-nia no está comprendida en el artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil como enmendado en 1928.” Y en el curso de la opinión se dijo:

“.. .El legislador fué específico en el caso, separando las acciones no ya al decretar la ley especial si que al referirse a ellas dentro del precepto general del Código que también cita el juez sentenciador— artículo 1868 del Código Civil, ed. 1930 — y debe entenderse que al promulgar la ley que invoca el demandante — artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como fué enmendado en 1928 (Ley núm. 34, pág. 225) — refiriéndose sólo al artículo 1803, 1802 del Código Civil, ed. 1930, no quiso comprender las acciones provenientes de injuria y calumnia. Si otra hubiera sido su intención habría hablado con la claridad que habló en la última enmienda hecha por ley (núm. 18) de 11 de abril de 1935 (pág. 175) para regir el 11 de julio de 1935.”

A primera vista nos pareció entonces que el legislador había hablado con claridad al extender su regia fijada para los artículos 1802 y 1803 del Código Civil, ed. 1930, esto es, para las reclamaciones de daños y perjuicios provenientes de culpa o negligencia, a todas las otras reclamaciones de daños y perjuicios ejercitadas a virtud de cualquier otro precepto legal y ahora tras un estudio detenido reafirmamos nuestro criterio.

Las máximas invocadas por la apelante no son aplicables porque ellas sólo se toman en consideración cuando se hace necesario interpretar preceptos en que el legislador no ha hablado claramente, como lo hizo en este caso.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la reso-lución apelada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Caguas Company, Inc., demandante y apelada, v. Pedro J. Mombille, demandado y apelante.
    Núm. 8051.

    Sometido: Enero 29, 1941.

      Resuelto: Marzo 20, 1941.

      M. Guzmán Texidor, abogado del apelante; Fiddler, McConnell & González y Jorge M. Morales, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La Caguas Company, Inc., una corporación organizada de acuerdo con las leyes del estado de Maryland, demandó a Pedro J. Mombille en cobro de diez mil catorce dólares y setenta y seis centavos, intereses y costas.

Alegó que el demandado suscribió a la orden de The United Porto Pican Bank y entregó a dicho banco en julio 1, 1932, y abril 13, 1933, los pagarés números 186 y 3499 por $14,504.95 y $1.75, respectivamente, a vencer en junio 30, 1933; que el United Porto Pican Bank los endosó en blanco y los entregó al National City Bank of New York que a su vez los endosó y entregó a la East Porto Rican Sugar Company que los endosó y entregó a la demandante quien es hoy su tenedora; y que a pesar de los requerimientos de la demandante, ni el demandado ni persona alguna han satis-fecho el pagaré número 3499 en todo ni en parte, ni sus intereses, así como tampoco los $10,013.01 a que ha quedado reducido mediante abónos parciales el pagaré número 186, ni los intereses sobre dicha suma.

Contestó el demandado negando general y específicamente todas y cada una de las alegaciones de la demanda y alegando como defensas especiales que la demandante carece de capa-cidad para demandar porque apareciendo de la demanda que es una corporación extranjera, no alega que haya cumplido con los requisitos de la sección 38 de la Ley de Corpora-ciones y que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una buena causa de acción.

Fué el pleito a juicio y quedó resuelto finalmente por sentencia declarando la demanda con lugar.

Apeló el demandado. Señala en su alegato cinco errores cometidos a su juicio por la corte sentenciadora al admitir en evidencia el pagaré número 186 y la escritura número 12 otorgada ante W. L. Newsom en abril 3, 1934, por E. y G-. Aponte y el demandado, al desestimar su moción de nonsuit y su alegación de falta de capacidad de la demandante para demandar en la isla y al declarar la demanda con lugar.

Comenzaremos nuestro estudio por el cuarto señalamiento de error o sea el que se refiere a la capacidad de la deman-dante para iniciar este pleito.'

La ley aplicable está contenida en la sección 38 de la Ley de Corporaciones Privadas de marzo 9, 1911, según enmendada, que ordena:

“Ninguna corporación extranjera que haga negocios en Puerto Rico podrá sostener una acción en Puerto Rico por virtud de contrato alguno celebrado por la misma en esta isla, a menos que con ante-rioridad a la celebración de dicho contrato haya dado cumplimiento a las disposiciones de este capítulo con respecto a las formalidades necesarias para hacer negocios en Puerto Rico. Esta prohibición será también aplicable a cualquier cesionario de cualquier corpora-ción extranjera o a cualquier persona que demandare por cuenta de dicho cesionario o corporación extranjera o de ambas.”

Se admite que la corporación demandante no cumplió con las disposiciones legales de que se trata pero se sostiene que no tenía el deber de cumplirlas porque ella no hacía negocios en Puerto Rico, y así es en efecto.

Todo lo que se probó en relación con los negocios de la demandante consistió en que la demandante era tenedora de las obligaciones en cuestión y ello, por sí solo, no cons-tituye hacer negocios en la isla..

En los recursos gubernativos de Isabela Grove, Inc. v. Registrador, 24 D.P.R. 257, y Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. Registrador, 24 D.P.R. 262, se resolvió que “el adquirir y poseer bienes inmuebles una corporación extranjera no regis-trada en Puerto Rico no constituye emprender negocios den-tro de la ley de 9 de marzo de 1911.”

Y como se dijo no ha mucho en el caso de Mutual Rice Co., Inc. v. Sucn. Truyol, 52 D.P.R. 7, 11:

“. . . La corte estuvo equivocada al resolver que la demandante no podía demandar sobre el supuesto contrato por no haber obtenido permiso para hacer negocios en Puerto Rico. Los contratos indi-viduales celebrados por firmas del exterior no equivalen a ‘hacer negocios en Puerto Rico.’ Ismert Hinke Milling Co. v. Muñoz, 37 D.P.R. 819, De lo contrario todos los pedidos hechos por correo estarían prohibidos. ’ ’

Los errores primero y segundo pueden y deben estudiarse conjuntamente. Se refieren a la admisión en evidencia del pagaré número 186 y de la escritura número 12.

El pagaré fué mostrado a uno de los testigos que dijo: “Es un pagaré firmado por Gregorio Aponte como poder-dante (sic) de Pedro Mombille el día 1 de julio de 1932 por la suma de $14,504.95, a vencer en junio 30, 1933.”

Se opuso a su admisión el demandado porque en la de-manda lo alegado fué que el pagaré había sido suscrito por Pedro J. Mombille.

La demandante por su abogado manifestó a la corte que para subsanar esa posible objeción, posteriormente el Sr. Mombille otorgó la escritura número doce ante el notario W. L. Newsom en que se hace relación del pagaré y se ratifica su otorgamiento y la ofreció en evidencia. También se opuso el demandado. Y la corte dijo y resolvió:

“La corte admite el pagaré, vista la escritura núm. 12, otorgada ante Walter L. Newsom Jr., el día 3 de abril de 1934, por Enrique Aponte, Gregorio Aponte y Pedro J. Mombille, en la que se hace referencia al pagaré núm. 186, de fecha julio primero de 1932, por $14,504.95, como que a cuenta de dicho pagaré junto con otros más, Pedro J. Mombille pagó la suma de $138’.23, y que todos dichos pagarés, con excepción del liltimo, han sido endosados y traspasados por The United Porto Rican Bank a The National City Bank, etc. En el hecho segundo de esta escritura se dice lo siguiente: Que en cuanto a dichas plantaciones de caña los comparecientes don Pedro J. Mombille, por sí y como tutor de su esposa doña María Jesús Vázquez, y The United Porto Rican Bank, representado por su Vice Presidente don Fernando Margarida, mediante documento privado de fecha 12 de diciembre de 1930, reconocido por affidavit número 7443, ante el notario don Joaquín Vendrell Joubert, cele-braron cierto contrato de refacción agrícola por virtud del cual don Pedro J. Mombille constituyó un gravamen refaccionario sobre las referidas plantaciones de cañas para garantizar el pago de los siguientes pagarés expedidos a la orden de The United Porto Rican Bank por el compareciente don Pedro J. Mombille, de acuerdo con los términos de dicho contrato de refacción, etc. T entonces se relacionan los pagarés otorgados y entre ellos se encuentra el 186 de julio primero de 1932, por $14,504.95. Se admite, además, en rela-ción con la admisión del pagaré, la escritura de referencia que ya: está identificada, debiendo marcarse por el Secretario como los exhibits dos y tres de la demandante.”

Basta la mera exposición de lo ocurrido para concluir que no se cometieron los errores que estudiamos.

La prueba era congruente con lo alegado en la demanda. No era necesario para presentarla, la alegación de una agen-cia. A ese efecto se dice en Bancroft’s Code Pleading, vol. 2, pág. 1177, sección 821:

“Una alegación de actos llevados a efecto o de información obte-nida por el principal se establece satisfactoriamente mediante prueba de tales actos o información por parte del agente, y en una demanda es innecesario alegar el mandato (agency). Así, en una acción por o contra un principal, basada en un contrato otorgado por su agente es correcto alegar que el contrato fué otorgado por el principal sin mencionar el mandato; o, expresado de distinta manera, una alega-ción de que un contrato fué otorgado o un acto llevado a cabo por determinada persona, puede ser sostenida por prueba al efecto de que fué otorgado o hecho por ella a través de su agente autorizado.”

En uno de los casos citados por el tratadista, resuelto pon la Corte Suprema de los Estados Unidos desde Lace un siglo, Bank of the Metropolis v. Guttschlick, 14 Pet. 19, 39 U. S. 19, 27, 10 L. Ed. 335, se decidió:

“La segunda objeción levantada se refiere a la primera causa de acción, esto es, que el acuerdo sobre el cual se demanda, se alega fué hecho por el banco ‘a través del presidente y el cajero’, sin ale-garse que éstos estuviesen autorizados por el banco para ello. Consi-Aeramos esta objeción totalmente insostenible. La alegación en esta causa de acción es que el banco, por medio de estos oficiales, acordó vender el solar. Abora bien, aun asumiendo, a los efectos de darle á la objeción su mayor fuerza, que el tomar este acuerdo no fuera de la competencia de estos oficiales, como tales, sin embargo estaba, sin lugar a dudas, dentro de las facultades del banco el autorizar a sus propios oficiales para hacer tal cosa. Cuando por tanto, se alega que el banco por medio de ellos tomó el acuerdo, esta alegación expresa en efecto la misma cosa cuya supuesta omisión es la base de la objeción; porque bajo la asunción expresada, el banco no podía tomar otros acuerdos que los tomados por sus agentes con autoridad legal para ello. De lo contrario, habría sido suficiente en nuestra opinión, que el banco tomara el acuerdo, sin las palabras ‘por medio del presidente y el cajero’; ya que es una regla en materia de alegaciones el que los hechos pueden alegarse de acuerdo •con su efecto legal. Ahora bien, el efecto legal de un acuerdo tomado .por un agente actuando por su principal, mientras el agente actúe •dentro del radio del mandato, es que es éste un acuerdo tomado por ■el principal. De conformidad, está resuelto que la alegación de que una parte hizo, aceptó, endosó o entregó una letra de cambio es suficiente aun cuando el demandado no hiciera en realidad ninguno de estos actos él mismo, siempre que él hubiera autorizado que otro los hiciera. Chitty on Bills 356, y autoridades allí citadas.”

Cualquier duda que pudiera existir respecto a la obliga-ción contraída por el demandado a virtud del pagaré queda despejada por la escritura que contiene una ratificación de dicha obligación por el propio demandado, cuyo efecto es el de hacer el hecho ratificado valedero desde el momento en que se realizó como si el mismo hubiera sido debidamente auto-rizado.

“De acuerdo con la máxima Omnis ratihabitio retrotrahitur et mandato priori aequiparatur — toda ratificación se retrotrae y es equivalente a anterior autoridad — es regla bien establecida, sujeta a determinadas excepciones, la que establece que una ratificación se retrotrae al tiempo cuando se llevó a efecto el acto no autorizado, y hace éste tan efectivo desde esa fecha como si se hubiese autorizado •originalmente y que por tanto al ratificar, las partes se colocan para todos los fines y propósitos en la misma situación, en relación con los derechos y responsabilidades que surgen de dicho acto, de que si la persona que asumió actuar como .agente hubiese actuado con auto-rielad previamente concedida, y en algunas jurisdicciones esta regla se halla expresamente prescrita por estatuto. Una ratificación válida crea o establece una relación de agencia respecto a una materia en relación con la cual ninguna existía antes, y convierte en válido y obligatorio el acto o contrato no autorizado que antes era ineficaz. Opera no meramente como evidencia presuntiva de autoridad previa si que también per se como una confirmación del acto de un agente. ’ ’ 2 C. J. 516.

El tercer error señalado o sea el relativo a la moción de nonsuit se basa en que la moción debió haberse declarado con lugar ya que la demandante no alegó ni probó que fuera tenedora de los pagarés de buena fe por causa onerosa. No fue cometido.

No era necesario alegar que la demandante era la dueña del pagaré objeto de la acción. Bastaba con que se alegara, como se alegó, que el pagaré era uno a la orden y que la demandante era la tenedora del mismo por endoso y entrega. Dichas alegaciones, unidas a las otras que la demanda con-tiene, son suficientes para determinar la causa de acción ejer-citada. Véanse Schlüter & Co. v. González, 34 D.P.R. 303, Banco de P. R., Liq. v. Portela, 46 D.P.R. 108 y The National City Bank v. Sucn. Echevarría, 50 D.P.R. 865.

Tampoco era necesario alegar que la demandante era tene-dora de buena fe y la causa onerosa del traspaso. Todo lo' que dice el artículo 404 del Código de Comercio, ed. 1932, 52 de la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, Leyes de 1930, pág. 191, es:

“El tenedor de un documento negociable puede ejercitar acciones judiciales fundadas en el mismo, en su propio nombre, y el pago que a él se hiciere dentro del debido procedimiento de ley, cancelará el documento.”

Y la jurisprudencia ha resuelto que:

“Toda vez que un pagaré lleva consigo una causa (consideration), no es menester alegar ésta.” Winters v. Rush, 34 Cal. 136.
“En acción en cobro de pagaré, no es necesario alegar o probar la existencia de causa (consideration).” Hual de Ranch Co. v. Beebe, 3 C. A. (2d) 592, 40 P. (2d) 545.

Es cierto que el artículo siguiente del Código de Comer-cio, el 405, o sea el 53 de la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, Leyes de 1930, pág. 73, lee:

“Artículo 405.' — Tenedor de buena fe es el que ba tomado el documento con arreglo a las siguientes circunstancias:
“1. Que esté completo y sea regular en su apariencia;
“2. Que se convirtió en tenedor del mismo antes de estar vencido, y sin tener conocimiento de que su aceptación o pago había sido rehusado previamente, si ése fuere el caso;
“3. Que lo tomó de buena fe y por causa onerosa;
“4. Que cuando le fué negociado no tenía conocimiento de defecto alguno en el documento, o en el derecho de la persona que lo negoció.”

Pero ello no quiere decir que baya que alegar en la de-manda todos los elementos constitutivos de la buena fe. La buena fe del tenedor se presume de la tenencia misma. Y en cuanto a la prueba, basta la presentación del documento como aquí se bizo quedando en los autos en poder de la corte bajo la custodia del secretario de la misma. Al exa-minarlo, pudo la corte cerciorarse de si estaba completo y era regular en su apariencia y a falta de alegación y prueba en contrario pudo presumir que el tenedor lo tomó de buena fe y por causa onerosa antes de estar vencido y que cuando le fué negociado no tenía conocimiento de defecto alguno en el documento mismo o en el derecho de la persona que lo negoció.

Si del documento mismo o por algún otro medio de prueba constase que el demandante se convirtió en tenedor del docu-mento después de estar vencido, faltaría uno de los requisi-tos de la buena fe y eso no obstante podría demandar, sujetó desde luego a las defensas que el deudor tuviese contra los dueños originales de la obligación. Ninguna de esas defen-sas fué establecida en este caso, ni se aportó dato alguno que tendiera a destruir la presunción de buena fe del tenedor;

Tampoco existe el quinto de los errores señalados. Algunos de los argumentos que presenta el apelante para sostener dicho error han sido tomados en consideración y resueltos en sentido contrario al discutir los señalamientos anteriores. Nos limitaremos pues a los que no han sido con-siderados, como los relativos a la fecha del endoso, al alcance de cierta certificación que aparece al dorso del pagaré número 186 y al de otra que introdujo en evidencia el demandado.-

En cuanto a la fecha del endoso bastará decir que el artículo 464 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, establece en su número 22 como una presunción controvertible que el endoso de un pagaré o giro negociable, se hizo en la fecha y lugar en que fué extendido dicho pagaré o giro, y que nada alegó ni probó el demandado tendiente a destruir esa presunción.

Además aunque no se hubiera probado la fecha del endoso, entonces, considerada la demandante como agente para, el cobro, habría que reconocerle siempre su derecho a demandar. Domenech v. Suau, Fiol & Co., 49 D.P.R. 755.

La certificación constante en el pagaré invocada por el apelante es así:

“Certifico: que los gravámenes refaccionarios e hipotecarios cons-tituidos por el documento privado de fecha 12 de diciembre de 1930, reconocido mediante affidavit núm. 7443 ante el Notario Joaquín Vendrell y por el documento privado de fecha 16 de diciembre de 1929, reconocido mediante affidavit núm. 6864 ante el Notario Joaquín Vendrell, según quedó ampliado respectivamente, han quedado cance-lados mediante la escritura núm. 12 de esta misma fecha ante mí. Caguas, P. R., 3 de abril de 1934. (Fdo.) Walter L. Newsom, Jr., Notario Público.”

Después de transcribirla en su alegato el apelante se pre-gunta: “Si los gravámenes provenientes del contrato de refacción agrícola incluyendo los pagarés han quedado can-celados según la prueba del demandante, ¿cómo puede inten-tarse el cobro de un pagaré ya cancelado?”

Esa pregunta parte de un hecho, el de la cancelación de los pagarés, que no encuentra apoyo- en la escritura. De ésta se desprende que la cancelación del gravamen refaccionario se efectuó para traspasar a don Enrique Aponte las plantacio-nes de caña propiedad originalmente del demandado, habién-dose recibido el importe de dicha venta para abonar a los pagarés refaccionarios que tenía en su poder. La cancela-ción de una garantía no lleva consigo la de la deuda garan-tizada. Puede el acreedor en cualquier momento despren-derse de los bienes que aseguran su crédito sin perder éste. Por la escritura número 12, por mutuo acuerdo de las partes interesadas, se canceló la garantía refaccionaria, pero la obligación garantizada quedó en toda su fuerza y vigor.

La otra certificación, la presentada por el propio demandado apelante, guarda relación con cierto pleito iniciado en la corte federal al que se refirió también en su declaración el testigo Isidro Quiñones. Resolviendo la cuestión que en esa forma se le planteara, después de esclarecerla y citar la jurisprudencia que consideró pertinente, dijo la corte sentenciadora en su relación del caso y opinión:

“El hecho de que este pagaré pueda ser adjudicado a una tercera persona en el pleito ante la corte federal, no debe preocupar al demandado. En tal caso, si la demandante en esta acción ha cobrado el importe del mismo, ella será responsable al tercero del precio que éste haya pagado por dicho pagaré. Lo único que podría preocupar al demandado es que se le cobrara dicho pagaré por segunda vez, lo cual no es posible que suceda ya que de acuerdo con el Artículo 404 del Código de Comercio, tantas veces mencionado, el pago que se hiciere a la demandante dentro de este pleito cancelará el documento. ’ ’

T ello es bastante.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Luis Santos, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada, y El Administrador del Pondo del Seguro del Estado, Asegurador.
    Núm. 215.

    Sometido: Marzo 17, 1941.

      Resuelto: Marzo 20, 1941.

      Edelmiro Soldevila, abogado del recurrente; Hon. Procurador General George A. Malcolm, E. De Aldrey, Procurador General Auxiliar y Victor J. Vidal González, abogado éste del Fondo del Seguro del Estado, abogados del Administrador del Fondo.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El obrero recurrente, empleado de la Ocboa Fertilizer Corporation, recibió una herida mientras trabajaba para su patrono, y dos días después acudió al Administrador del Fondo del Seguro del Estado en solicitud de tratamiento médico para su lesión. Al día siguiente, uno de los médicos del asegurador le invito a ir con él ante la Comisión Industrial, sin informarle con qué propósito le llevaba, y allí ante uno de los comisionados le imputó baber intervenido dolosa-mente con la lesión recibida con el fin de retardar su cura-ción, pidiendo qne se privase al obrero lesionado de toda com-pensación.

Se alega en la solicitud radicada ante esta corte, que ocho días más tarde la Comisión Industrial dictó nna orden auto-rizando al Administrador del Fondo para privar al obrero de su compensación; que el recurrente solicitó la reconside-ración de la orden, por no haber tenido su día en corte, y le fue deneg'ada.

Los fundamentos del presente recurso, son:

1. Que la resolución recurrida fué dictada sin que se celebrara una vista pública, sin dar al obrero una oportunidad de defenderse y sin formularse una querella.
2. Que las imputaciones hechas por el médico acusador no fueron hechas bajo juramento.
3. Que la comisión no tuvo ante sí evidencia legal que justificara el fallo.

La resolución recurrida lee así:

“En el caso de epígrafe el Dr. A. M. Marchand, de la Adminis-tración del Fondo del Estado, compareció ante la Comisión Industrial el día 11 de septiembre de 1940, trayendo consigo al obrero Luis Santos a fin de que por la comisión pudiera observarse que el obrero había estado interviniéndose con su lesión a los fines de que de entenderlo así, la comisión autorizase que se le privase de su derecho a recibir compensación. El Dr. Marchand se expresó del modo siguiente:
“ ‘Sr. Comisionado, en este caso traemos al obrero Luis Santos, siendo el patrono Ochoa Fertilizer Corporation, quien se reportó a examen el día 10 de septiembre de 1940, alegando que mientras estaba vaciando un saco, un pedazo de sulfato de amoníaco que estaba en el saco, saltó y le dió en la espinilla del pie izquierdo, causándole una herida. Se trae al obrero ante esta Hon. Comisión Industrial por entenderse que el obrero presenta una lesión, con la cual ha intervenido dolosamente con el fin de retardar el proceso curativo; y, por tanto, debe privársele de todo derecho a compensa-ción. La lesión, como se ve, tiene solamente tres días de ocurrida, y consiste en una úlcera de pulgada y media de diámetro, con la base completamente necrótica. Es imposible que un pedazo de sulfato de amoníaco haya saltado, precisamente, en ese mismo sitio, donde se supone que no haya habido ninguna otra herida anteriormente, y producir esa quemadura, especialmente en un sitio completamente protegido por el pantalón.’ Con la opinión del Dr. Mareband coincidió el Dr. Boneta.
“La Comisión Industrial, por lo tanto, resuelve autorizar al asegurador para que prive al obrero de su derecho a recibir com-pensación, sin privársele de aquella asistencia médica que necesite hasta su total curación.
‘ ‘ Comuniqúese.
“San Juan, Puerto Rico, a Sept. 19, 1940.”

De los autos originales que tenemos a la vista, aparece solamente que el día 11 de septiembre de 1940 comparecieron ante el Comisionado Sr. Herrero el obrero personalmente, el asegurador representado por su médico, estando presente el Dr. Boneta, asesor médico de la comisión; que el Dr. Mar-eband hizo las manifestaciones que aparecen transcritas en la resolución recurrida, supra; y que el Dr. Boneta dijo.: “Coincido con esa opinión.” No aparece en parte alguna del récord que al obrero lesionado se le diese una oportunidad para ser oído, ni siquiera que se le preguntase si admitía o negaba las imputaciones formuladas por el médico del Fondo del Seguro del Estado. Tampoco consta si la aprobación dada por el Dr. Boneta a la opinión emitida por su colega se basó en un examen personal de las lesiones o si se fundó en la hipótesis de que los becbos ocurrieron en la forma en que los relató el médico acusador. Fué tanta la festinación que bubo para resolver el caso, que al Dr. Boneta sólo se le dió tiempo para decir exactamente las cuatro palabras trans-critas, que bastaron para privar al obrero de toda compen-sación.

Cuando un obrero sufre lesiones como consecuencia de un accidente ocurrido en el curso de su trabajo, adquiere el derecho a recibir tratamiento médico para su curación y la compensación que disponen las leyes vigentes. De ese derecho a compensación no se le puede privar sin el debido procedimiento de ley, cuyo elemento esencial e imprescindi-ble es el derecho a ser oído, a confrontarse con los testigos que le acusan y a presentar el testimonio de los que le defien-den.

El procedimiento incoado en contra del recurrente no era estrictamente de naturaleza criminal, pero puede ser consi-derado como cuasi criminal. Se le imputó la comisión de un acto doloso, con la intención de defraudar al Fondo del Estado; y se solicitó y se le impuso como castigo la pérdida de toda compensación. T se le condenó sin ser oído y tal vez sin que se diera exacta cuenta de la naturaleza y de las consecuencias del cargo que contra él se formulara.

Es cierto que el obrero recurrente estuvo presente mien-tras el Dr. Marcband le acusaba ante el comisionado sen-tenciador, pero ¿quién puede asegurar que el obrero lesionado oyó y entendió la acusación, o que su grado de inteligencia es suficiente para que pudiera darse cuenta de lo que sig-nifica haber intervenido dolosamente con el fin de retardar el proceso curativo y que la herida en su pierna tenía la base completamente necrótica, si ni siquiera se le preguntó si tenía algo que decir?

La manifestación que hizo el Comisionado Sr. Herrero en la vista de la moción de reconsideración, de que “está jus-tificada la rapidez de los procedimientos y es por la natura-leza del cargo que se hace, porque si se tarda puede que se pierdan los indicios,” no es legalmente suficiente para sub-sanar el error cometido al condenar al obrero recurrente sin darle una oportunidad de ser oído en su defensa. El Fondo del Seguro del Estado y la comisión no erraron al proceder sumariamente a oír en presencia del obrero el testimonio que tendía a establecer el hecho de que el obrero había inter-venido dolosamente con la herida. Al hacerlo así, la comi-sión no solamente perpetuaba el testimonio de los médicos que examinaron al herido, si que también daba a los comi-sionados una oportunidad de observar por sí mismos la naturaleza e importancia de la herida y el estado de ésta en el momento en que se acusaba al obrero de haber inter-venido para retardar su curación. La comisión erró al fallar el caso sin dar al obrero una oportunidad de ser oído en su defensa; y erró nuevamente al negarse a reconsiderar su fallo.

Procede, por tanto, la emulación de la resolución recurrida y la devolución del caso a la Comisión Industrial para la celebración de una nueva vista de acuerdo con los términos de esta opinión.


author: El Juez Presidente Señor Del Turo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Daniel Montalvo, acusado y apelante.
    Núm. 8461.

    Sometido: Febrero 5, 1941.

    Resuelto: Marzo 21, 1941.

      A. Beyes Delgado y P. Santos Borges, abogados del apelante; Son. Procurador General George A. Malcolm, B. A: Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo y Ltds Negrdn Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Turo

emitió la opinión del tribunal.

En noviembre veinte de 1937 el Fiscal del Distrito de Arecibo formuló acusación contra Daniel Montalvo impután-dole una infracción al artículo tres en relación con el seis de la Ley núm. 14 de 1936, pág. 129, para reglamentar la venta de armas de fuego, ordenar la declaración de las mismas en cualquier forma que éstas fueren poseídas; prohi-biendo la entrega de ellas a ciertas personas e imponiendo penas, y para otros fines, aprobada en la tercera legislatura extraordinaria de la decimotercera asamblea legislativa, el ocho de julio de* 1936, cometida como sigue:

“El referido acusado, Daniel Montalvo, con anterioridad a la fecba de la presentación de esta acusación, o sea, allá por uno de los días del mes de agosto de 1937, y en Arecibo, P. R, que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, con intención criminal vendió a Pedro Camacbo un arma de fuego que se describe de la manera siguiente: revólver sis-tema Smitb, calibre 38, niquelado, con caobas negras de pasta y nú-mero 22782; sin ajustarse a las prescripciones de la antes referida ley, o sea, que entregó dicba arma vendida, sin haber transcurrido 48 boras desde el momento en que la solicitó el referido Pedro Camacho en compra; ni firmó ni escribió su dirección en dicba solicitud de compra ni en ninguna otra parte dentro de las seis horas siguientes al recibo de la misma, ni le envió una copia por correo certificado al Jefe de la Policía de Arecibo, P. R., que es el distrito donde reside el vendedor; ni envió el duplicado de dicba solicitud de compra al Pión. Procurador General de Puerto Rico dentro de los siete días de haberse hecho dicha solicitud; y entregó dicba arma al comprador sin éste haberle presentado una declaración jurada conteniendo su nombre completo, lugar de nacimiento, dirección, ocupación, color, estado y día y hora de la solicitud; más el calibre, la fabricación, el modelo y número de fábrica del arma que iba a venderse y una afir-mación de no haber sido convicto nunca de delito grave.”

El acusado excepcionó la acusación por insuficiente para imputarle infracción alguna de las secciones seis y tres de la Ley núm. 14 de 1936; por ambigua, ininteligible y dudosa, y por duplicidad. Las excepciones fueron declaradas sin lngar por resolución de mayo 18, 1939.

Celebrado el juicio, se dictó sentencia en agosto cuatro, 1939, declarando al acusado culpable de infracción al ar-tículo seis en relación con el tres de la Ley núm. 14 de 8 de julio de 1936 e imponiéndole seis meses de cárcel y el pago de las costas.

Apeló Montalvo. Señala cinco errores como cometidos por la corte sentenciadora al admitir en evidencia el revólver que presentara el fiscal, al intervenir en el contrainterroga-torio de la defensa y no permitir que mostrara un tercer revólver, al resolver que Pedro Camacho no era un cómplice, al desestimar la moción de nonsuit y al declarar culpable al acusado e imponerle seis meses de cárcel.

Al argumentarse el primer señalamiento se sostiene que la corte erró al admitir en evidencia el revólver que presentara el fiscal por no haberse demostrado que fuera el mismo que inscribió el acusado como suyo.

Hemos examinado la evidencia y a nuestro juicio de-muestra la identidad. El arma fué admitida no sólo después de las declaraciones del policía Vicente de Jesús y del Jefe Antonio Monteserín y de la nueva declaración de éste con el libro registro de armas del distrito haciendo referencia especial al asiento que figura a su página 918 y que dice: “Certifico: que Daniel Montalvo, de color blanco, ocupación comerciante, cuya dirección es Avenida Obreros, ha presen-tado conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley núm. 14, aprobada el 8 de julio de 1936, declaración sobre la siguiente arma de fuego en su poder: clase de arma— revólver calibre 38, modelo — Smith and Wetson, número de fábrica — 2278-2 ó que tiene grabado, según declaración de dicha persona su nombre completo sobre la parte trasera del mismo — Salvador Gr. López de Azúa, Jefe de Distrito”, si que después de la declaración de Pedro Camacho que la reconoció como la que le comprara al acusado.

El hecho de que en el registro se consignara qne el revólver era modelo Smith and Wetson y nno de los testigos, el policía de Jesús, dijera qne el ocupado a Camacho y pre-sentado por el fiscal era “un revólver Smith” y el Jefe Monteserín también lo describiera como “sistema Smith” y luego agregara que el Smith and Wetson “es más patente” que el Smith, y la circunstancia de que el número de serie se anotara en el registro como “2278-2” y en la acusación y en el revólver presentado apareciera como “22782”, esto es, sin el guión, no tienen importancia si se considera que la descripción del registro y el revólver coinciden en lo substan-cial y que el revólver fue reconocido por Camacho como el comprado al acusado y por el policía como el ocupado a Camacho. No hubo error.

Tampoco fue cometido el segundo de los errores seña-lados y, en todo caso, de haberse cometido, no sería perju-dicial. Repreguntaba la defensa al testigo Monteserín y le presentó un revólver. El testigo contestó: “Aquí dice Smith and Wetson.” Intervino el juez y dijo: “La corte va a eliminar eso ahora. Lo puede traer como testigo con ese otro revólver.” El incidente se prolongó en esos mismos términos, tomando finalmente excepción el acusado.

Creemos en verdad que se estaba alterando el orden de la presentación de la evidencia, introduciéndose en las repre-guntas elementos de prueba que no fueron objeto del interro-gatorio directo y por lo tanto que se ajustó a derecho la regla de la corte, pero aunque no fuera así y decidiéramos que debió pemitirse la repregunta especialmente habiéndose ave-nido a ello el fiscal a los fines de no perder tiempo, siempre tendríamos que resolver que el error no sería perjudicial porque ía corte repetidamente hizo énfasis en que la defensa podía mostrar luego el revólver que había traído al testigo y preguntarle en relación con el mismo y la defensa nada hizo.

Los errores tercero y cuarto pueden estudiarse conjuntamente. Se sostiene que Camacho, la persona que de-claró que había comprado el revólver al acusado, es un cómplice y que su declaración no fué corroborada. Por ese motivo y por el de la falta de identificación del arma que ya resolvimos en contra del apelante, se pidió la absolución del acusado por medio de una moción de nonsuit.

Al desestimar la moción la corte se expresó, en parte como sigue:

“El único argumento que tiene importancia es si con la declara-ción del cómplice podría condenarse al ácusado, pero la corte en-tiende que cuando se vende así un revólver y otro lo compra se co-meten dos delitos: uno el venderlo y otro el comprarlo y que en la venta el testigo no puede ser cómplice del acusado.”

El criterio de la corte sentenciadora es correcto. Se ajusta a los beebos y a la ley y está sostenido por la juris-prudencia. En el caso de Forastieri v. Calzada, Alcaide, 53 D.P.R. 251, esta Corte resolvió que: “Siendo el dar y el recibir un soborno ofensas separadas y distintas, el dador y el tomador del soborno no son cómplices entre sí bajo la regla que exige la corroboración de la declaración de un cómplice.”

En el curso de la opinión se estudió la jurisprudencia sobre la materia y se terminó citando el caso de State v. Durnam, 73 Minn. 150, tal como constaba en 73 A.L.R. 392, a saber:

“ ‘De igual modo, en el caso de State v. Durnam (1898) 73 Minn. 150, 75 N. W. 1127, 11 Am. Crim. Rep. 179, que parece haber sido la fuente de donde se tomó el razonamiento utilizado en los casos más recientes de California, el tribunal dijo: “Cada una de las dos personas que toma parte en ]a transacción puede ser culpable de un delito, y sin embargo, si los dos delitos son separados y dis-tintos, una persona no es cómplice de la otra. Supongamos, por ejemplo, que A solicita un soborno de B, y que B lo entrega. A es culpable del delito de solicitar el soborno y B del delito de darlo, Pero los dos delitos son enteramente distintos y ninguna de esas per-sonas podría ser procesada como principal o cómplice del delito co-metido por la otra. Tal caso no estaría cubierto por un estatuto que prohíbe que se castigue a base del testimonio no corroborado de un cómplice, aunque, desde luego, la delincuencia moral del uno, al ser llamado como testigo contra el otro, sería un laeclio que milita contra su credibilidad, y a ser tomado en consideración por el j li-rado,” a pesar de no existir definición estatutaria de un “cómplice” en aquel estado, según la babía en los casos más recientes de California.’ ”

Aunque se trata de delitos distintos, consideramos el razo-namiento aplicable a éste para sostener que el comprador y el vendedor no conspiran para realizar la infracción como dice el apelante si que. perpetran dos infracciones distintas perseguibles y penables separadamente y por tanto que no son cómplices.

Además pudo prescindirse de resolver la cuestión de si Camacbo era o no cómplice, porque aunque lo fuera, su de-claración quedó corroborada.

Los errores no fueron cometidos, sin que tampoco se cometiera el quinto y último por el que se impugna la tota-lidad de la sentencia.

De lo que llevamos expuesto se desprende que la evidencia fué suficiente para sostener la declaración de culpabilidad y en cuanto a la interpretación de la ley aplicada a los hechos del caso, a los efectos de la imposición de la pena, parece suficiente que transcribamos lo dicho por el propio juez de distrito en su sentencia. Es así:

“Con respecto a la pena que debemos imponer al acusado, la ley, teniendo en cuenta la forma como está redactada la acusación, ofrece cierta ambigüedad.
“El artículo 6 dispone que el comprador o vendedor de un arma de fuego en violación de la ley, será castigado con pena mínima de dos años de cárcel y máxima de seis; pero a renglón seguido dice que las infracciones a los preceptos de carácter reglamentario conte-nidos en los artículos precedentes, serán castigados según se dispone en el artículo diez. Este último artículo señala una pena de seis meses mínima y máxima de dos años, y sólo excepciona la compra-venta de armas de contrabando.
“La acusación imputa al acusado infracción del artículo tres en. relación con el seis; y tanto el art. 3 como el texto de la acusación se refieren a requisitos reglamentarios que el acusado tenía que cumplir para vender el arma de fuego. Si el artículo seis dice al final que las infracciones a los preceptos reglamentarios, contenidos en los artículos precedentes, (incluyendo el número tres), se castigarán con pena de seis meses a dos años, nos parece que la intención del legislador fué castigar con pena mínima de dos años cuando la venta de armas sea de contrabando, y no una simple venta en que por descuido se deja de notificar a la policía del traspaso, como se desprende de este caso. Esa conclusión se hace más fuerte, cuando se considera que el castigo de dos o seis años, por falta de notificación, implica una pena muy dura.”

Debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse en. iodas sus partes la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


text:
    Juan Mulero, demandante y apelado, v. Tulio Martínez Casanova, demandado y apelante.
    Núm. 8154.

    Sometido: Marzo 7, 1941.

    Resuelto: Marzo 21, 1941.

      F. González Fagundo, abogado del apelante; F. B. Aponte, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Juan Mulero demandó a Tulio Martínez Casanova ante la Corte de Distrito de Humacao, en reclamación de daños y perjuicios. Dijo ser comerciante y baber gozado siempre de buena reputación y crédito. Como primera causa de acción alegó que el demandado, maliciosamente y en pre-sencia y al oído de un número de personas, publicó las si-guientes palabras respecto al demandante y su negocio: “Él guarda cuentas falsas y yo puedo probarlo”; y como ■segunda causa de acción, que en las mismas fechas y circuns-tancias de la primera, el demandado había dicho, refiriéndose al demandante: “Usted es un ladrón.”

Contestó el demandado negando todos los hechos esen-ciales de la demanda, y alegó en su defensa, que en la fecha a que se refiere el demandante éste no gozaba de crédito alguno y no explotaba negocio alguno de comercio.

Visto el caso, la corte inferior desestimó la demanda en cuanto a la primera causa de acción y la declaró con lugar en cuanto a la segunda, condenando al demandado al pago de $300 por concepto de daños y perjuicios, más las costas y $100 para honorarios de abogado.

Alega el demandado apelante, que la corte sentenciadora erró al declarar “que la frase ‘Usted es un ladrón,’ en la forma en que fué proferida en este caso, es libelosa per se”; al condenar al demandado al pago de daños, costas y hono-rarios, y al apreciar la prueba.

Admite el apelante que la imputación de “ladrón” es por sí sola suficiente para dar a la persona ofendida nn derecho de acción contra el ofensor, pero arguye que ese derecho de acción no existe cuando la imputación es hecha por un arrendador contra su arrendatario. Y en apoyo de su extraña teoría, según la cual el arrendador podría injuriar y calumniar impunemente al arrendatario, y viceversa, cita la sección 5 de la ley de 19 de febrero de 1902, titulada “Ley para autorizar pleitos civiles por daños y perjuicios ocasionados por libelo y calumnia,” (Comp. Est. Rev. 1911, sec. 1688), que lee así:

“■Sección 5. — Se' presumirá que existe malicia en cualquier comu-nicación o escrito infamatorio o calumnioso que se dirija a otra persona que no sea un pariente dentro del tercer grado, o a una persona a quien el autor tenga bajo su tutela, o cuando dicha comunicación se cruce entre personas que tengan negocios en sociedad, u otra aso-ciación semejante.”

Como autoridad interpretativa de dicha sección 5 cita el apelante el caso de Jiménez v. Díaz Caneja, 14 D.P.R. 9, en el que el demandado Díaz Caneja dirigió una carta a Borrás, quien era su arrendatario y apoderado, en la cual, refirién-dose al demandante Jiménez, quien estaba en posesión de la finca arrendada, le llamaba “ladrón,” “usurpador” y “tu-nante.” Se resolvió, de acuerdo con la sección 5, supra, que existiendo entre el demandado y Borrás “una asociación semejante a la de los socios” e intereses relacionados y comunes, “existe a favor de Manuel Díaz Caneja la presun-ción de haber obrado sin malicia y al demandante incumbe probar que existió malicia por parte del demandado.”

Veamos cuál es la razón o fundamento legal de dicha regla. Se entiende por libelo, de acuerdo con la sección 2 de la citada ley, “la difamación maliciosa que públicamente se hace en contra de una persona, por escrito, impreso, signo, retrato, figura, efigié u otro medio mecánico de publicación, tendente...a perjudicarle en sus negocios.” Calumnia, de acuerdo con la sección 3 del mismo estatuto, es “la publica-ción falsa o ilegal, que no sea nn libelo, y qne impute a una persona la comisión de nn hecho constitutivo de delito, o tienda directamente a perjudicarle con relación a su. comercio o negocios, etc.”

Como se ve, cuando se trata de una acción basada en el libelo o sea de una difamación hecha por escrito, la malicia es un elemento esencial para que exista causa de acción. No así en el caso de la calumnia, pues basta que la publicación sea falsa o ilegal.

El elemento esencial, tanto en el libelo como en la calumnia, es la publicación. Cuando las imputaciones difamatorias son comunicadas por escrito o por medio de la palabra a una tercera persona, o sea a otra persona distinta de la difamada o calumniada, entonces existe la publicación necesaria para que pueda surgir un derecho de acción. Por ejemplo, si A en una carta dirigida a B, o dirigiéndose a B personalmente de palabra, sin que se enteren otras personas, le dice: “Usted es un ladrón,” B no tiene causa de acción contra A porque la imputación calumniosa no ha sido publicada. Véanse: McLaughlin v. Schnellbacher, 65 Ill. App. 50; Sourbier v. Brown, 188 Ind. 554, 123 N. E. 802; Dickinson v. Hathaway, 122 La. 644, 21 L.R.A. (N. S.) 33; y 36 C. J. 1223, secs. 169 y 172.

La prueba ofrecida por el demandante y creída por la corte sentenciadora establece clara y suficientemente el hecho de la publicación de las imputaciones difamatorias y calum-niosas. El demandante y sus dos testigos declararon que el demandado, en presencia de dichos testigos y. dirigiéndose al demandante, dijo a éste: “Usted es un picaro y un ladrón y usted me llevó dos colgantes de la luz y un escobillón.”

Cuando lo que se imputa al demandante, como en el caso de autos, es la comisión de un delito por el cual podría ser procesado, la presunción de inocencia que la ley establece en favor de toda persona es evidencia prima facie de la falsedad de la imputación y de la falta de causa probable. Establecido el hecho de la publicación, incumbía al deman-dado probar en sn defensa la verdad de los hechos impu-tados por él públicamente al demandante. Véanse: Fennell v. Guffey, 139 Pa. 341, 20 A. 1048.

La interpretación que da el demandado apelante a la sección 5, supra, es absolutamente errónea. Si la admitié-ramos como correcta, tendríamos que admitir que toda persona tiene el privilegio o derecho de difamar, siempre que entre el difamador y el difamado existan relaciones tales como las de socios, abogados y cliente, poderdante y apode-rado, arrendador y arrendatario, tutor y pupilo u otras seme-jantes. De acuerdo con esa interpretación, un abogado podría ir a la plaza pública y proclamar en voz alta ante las personas allí congregadas que su cliente es un ladrón, sin incurrir en responsabilidad alguna.

Para darnos cuenta más exacta del significado y alcance de dicha sección pongamos dos ejemplos:

(1) A, abogado de B, escribe a éste y le dice que C es un ladrón. En ese caso no puede presumirse que A actuó maliciosamente, porque entre A que hizo la imputación calumniosa y B a quien le fué comunicada, existe la relación de cliente y abogado. La comunicación en ese caso se consi-dera privilegiada, y el difamado no tiene causa de acción contra el difamador a menos que pruebe que éste actuó mali-ciosamente.

(2) A, abogado de B, escribe a C y le dice que B, su cliente, es un ladrón. La comunicación se presume maliciosa y no tiene el carácter de privilegiada, toda vez que entre A, el difamador, y C, la tercera persona a quien se comunicó la imputación difamatoria, no existe ninguna relación que pueda dar a la comunicación el carácter de privilegiada.

“La distinción principal entre nna comunicación privilegiada y una que no lo es, consiste en que en la última la malicia s.e infiere como cuestión de derecho de la publicación de la materia difamato-ria, mientras que en la privilegiada, la malicia actual o expresa puede ser necesaria para establecer el derecho -de acción. . . . Cuando la comunicación es absolutamente privilegiada la cuestión de malicia es inmaterial.” 36 C. J., sec. 167, pág. 1218.

En el caso de autos el demandado apelante no pnede invocar privilegio alguno. Si las palabras pronunciadas por él en contra del demandante hubiesen sido dirigidas a éste, sin que las oyesen otras personas, en ese caso el demandante no tendría causa de acción, por faltar el elemento de la publicación, o sea la comunicación de la imputación difama-toria a una tercera persona. La evidencia demuestra que hubo la necesaria publicación, pues la imputación calumniosa fue hecha al demandante en presencia de y oída por otras dos personas, Y entre esas dos personas y el difamador no existían ninguna clase de relaciones que pudieran dar a la comunicación el carácter de privilegiada.

La cuestión sobre si el demandante Mulero era o no comerciante en la fecha en que se le hizo la imputación es inmaterial. Cuando lo que se imputa es la comisión de un hecho constitutivo de delito, el libelo o calumnia es “actionable per se’7 y el demandante no está obligado a probar que sufrió daños en su comercio o negocios.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    Antillas Electric Corporation, demandante, apelada y apelante v. Municipio de Arecibo, demandado, apelante y apelado.
    Núm. 8115.

    Sometido: Marzo 19, 1941.

      Resuelto: Marzo 21, 1941.

      Carlos J. Torres j Armando A. Miranda, abogados de la apelada ape-lante; L-. Mercader, abogado del apelante apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de una reclamación de $3,743.89, como valor de materiales y efectos eléctricos vendidos y entregados por la corporación demandante al Municipio de Arecíbo. La corte inferior dictó sentencia sobre las alega-ciones, a favor de la demandante, y condenó al demandado al pago de las costas, excluyendo honorarios de abogado. Apeló el municipio de la sentencia en su contra, y esta corte por resolución de enero 31 de 1940 (56 D.P.R. 16) desestimó por frívolo el recurso y confirmó la sentencia.

La corporación demandante apeló de la sentencia, en cuanto por ella no se le concedieron honorarios de abogado, ■y solicitó y obtuvo de esta Corte Suprema permiso para que el recurso fuese visto y resuelto con la copia certificada del escrito de apelación radicada por la apelante y la transcrip-ción del legaio de la sentencia archivado por el municipio. (56 D.P.R. 79.)

El recurso interpuesto por la demandante fue visto el día 19 de marzo de 1941, sin comparecencia de las partes.

Hemos examinado los autos del caso y los argumentos que aduce la apelante para sostener su alegado derecho a que se le concedan los honorarios de abogado que en uso de su discreción no le concedió la corte sentenciadora. Y no estando convencidos de que la corte inferior abusara de su discreción al no concederlos, opinamos que debe desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Julio Meléndez Lima, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1084.

    Sometido: Marzo 17, 1941.

      Resuelto: Marzo 21, 1941.

      B. Meléndez Lima y B. Calderón Bodríguez, abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El Mársbal de la Corte Municipal de Caguas otorgó es-critura de venta judicial a favor del recurrente, Julio Melén-dez Lima, a virtud de orden de ejecución de sentencia librada por dicha corte en el caso civil núm. 1101 seguido por el recurrente en contra de los allí demandados, Juana Arzuaga Millán, conocida por Juana Arzuaga Ramos, como madre con patria potestad sobre sus hijos menores de edad Miguel, Ena y Marina Ramos Arzuaga, por la suma de $60 proce-dentes de un préstamo efectuado por el demandante a la madre para alimentación de los menores, y cuya cantidad se obligó ella a pagar el día 30 de marzo de 1940 de las rentas de dichos menores. En ejecución de la sentencia dictada en rebeldía de los demandados, el márshal adjudicó en pública subasta, al único postor que compareció, que lo fué el deman-dante aquí recurrente, tres condominios pertenecientes a los tres menores antes mencionados, de una octava parte indi-visa en una finca urbana, solar y casa, situada en Caguas.

El Registrador de la Propiedad de Caguas al presentár-sele dicha escritura para su inscripción, denegó la misma pol-las razones que expresó en una nota que dice así:

“Denegada la inscripción de este documento y tomada anotación preventiva por 120 días a favor del adquirente Julio Meléndez Lima, al folio 220 del tomo 200 de Caguas, finca 2738 triplicado, anotación ‘D’, por considerar que la madre con patria potestad sobre sus me-nores hijos Miguel, Ena y Marina Ramos Arzuaga, no está autorizada por la corte de distrito correspondiente para tomar dinero a prés-tamo en representación de, y para sus hijos menores antes nombrados; y considerar además qne aún en el supuesto de que pudiera hacerlo, tales sumas tomadas en concepto de préstamo del demandante Julio Meléndez Lima, estaban garantizadas, según aparece de la escritura objeto de este asiento, con el producido de las rentas de los bienes de sus menores bijos y en forma alguna con los bienes de éstos, y considerar además que las cortes municipales carecen de jurisdicción por la materia envuelta en este caso.”

Por el presente recurso se solicita la revocación de dicha nota denegatoria, alegando el recurrente lo siguiente: que si se tratara de una venta voluntaria de bienes de menores, sería requisito indispensable la autorización de la corte de distrito correspondiente, pero que, tratándose de una venta forzosa, o sea, de bienes embargados en un procedimiento seguido ante una corte municipal, no es necesaria la autoriza-ción previa de la corte de distrito; que la Corte Municipal de Caguas tenía jurisdicción para conocer del caso en cobro de dinero; que una madre con patria potestad está autori-zada por la ley para tomar dinero a préstamo con cargo a rentas que se deriven de los bienes de sus hijos menores de edad, para alimentación de los mismos, hasta la suma de $500, porque en tal caso lo que se grava son las rentas que constituyen bienes muebles y, por último, que la persona acreedora puede solicitar y obtener que se embarguen cuales-quiera clase de bienes que correspondan a hijos menores de edad, en la cantidad que fuere necesaria, sin tener que recurrir al embargo de rentas por devengar que pueden ser de dusoso cobro. Cita para sostener su contención los casos de Flores v. El Registrador, 19 D.P.R. 1020; García v. El Registrador, 23 D.P.R. 426.

Según aparece de la escritura otorgada por el márshal, se alegó específicamente en la demanda ante la Corte Municipal de Caguas que el préstamo por la suma de $60 que el recurrente hizo a la madre de los menores quedaba garantizado con las rentas de éstos, que era lo único que la madre podía gravar de acuerdo con el artículo 159 del Código Civil (1930) preceptivo de que el ejercicio de la patria potestad no autoriza al padre ni a la madre para enajenar o gravar bienes inmuebles de clase alguna o muebles cuyo valor exceda de quinientos dólares pertenecientes al hijo, sin previa autorización de la corte de distrito, El caso para recobrar el pago de esos $60 así garantizados estuvo bien radicado ante la corte municipal que era la que tenía jurisdicción por la cuantía envuelta. Los démandados no comparecieron y se dictó sentencia contra ellos en rebeldía, y al ordenar la ejecución de la misma fué que dicha corte dispuso lo siguiente:

“Por lo tanto, usted, el marshal antes mencionado, es requerido por la presente para que baga que se satisfagan las sumas debidas sobre dicha sentencia, con interés como queda dicho, con las costas devengadas y que se devenguen, conforme a dicha sentencia, en bie-nes de la propiedad personal de dichos deudores, y si no hubiere propiedad personal bastante, entonces de la propiedad real que se hallare en el distrito de usted, y que pertenezca a dichos deudores en la fecha en que dicha sentencia fué registrada en dicha corte municipal, ...” (Itálicas nuestras.)

A virtud de esta orden el márshal procedió a embargar la finca urbana a que antes nos hemos referido, sin que apa-rezca que hiciera gestión alguna para antes embargar las rentas que correspondían a los menores, ya que su certificado dice así:

“Certifico: que he recibido la presente orden de ejecución el día 13 de julio de 1940 y que he cumplimentado la misma el día 13 de julio de 1940, embargando la siguiente propiedad real, a saber: con-dominios de una octava parte indivisa cada uno de los demandados, Miguel, Ena y Marina Ramos Arzuaga en la finca que se describe así: Urbana: (se describe).”

No aparece el valor que puedan tener los tres condominios pertenecientes a los menores en la casa y solar. Su inde-fensión en todo el procedimiento es un hecho evidente, pues la madre permitió que se les anotara, y dictara sentencia, en rebeldía. Así tenemos que para el pago de una suma pequeña de $60 que estaba garantizado con las rentas que perciben los menores, se les ha privado de sns condominios en nn .bien inmueble, cnyo valor desconocemos.

Ya en ocasión anterior se trató de enajenar los condo-minios pertenecientes a estos mismos menores sobre la misma finca, en forma no autorizada por la ley, al otorgarse una escritura al efecto sin autorización judicial y la subasta pú-blica correspondientes, y esta Corte Suprema confirmó la nota del Registrador de la Propiedad de Caguas que denegó su inscripción. Véase el caso de Aponte v. Registrador, 56 D.P.R. 834, resuelto en mayo 23, 1940. Pocos días después, en junio 13, se radicó en la Corte Municipal de Caguas la acción en' cobro de los $60 cuya sentencia fué ejecutada vendiéndose los mismos condominios, que no garantizaban la deuda. Era a la corte de distrito a la que debió acudirse por motivos de utilidad y necesidad comprobados, para obtener permiso para gravarlos y así hubieran podido alcan-zarse en el procedimiento de ejecución de la sentencia.

En el caso de García v. Registrador, citado por el recu-rrente, se exponen los hechos del de Flores, también citado por él, y se fija el alcance de lo en éste resuelto, así:

“En el caso de Flores v. Registrador de la Propiedad de Guayama, supra, invocado por el recurrente, se trataba de la venta de una finca perteneciente a unos menores de edad en la ejecución de una sentencia dictada contra dichos menores. El registrador denegó la inscripción del documento ereditivo de la venta, porque hallándose la finca inscrita a nombre ele los menores, ‘únicamente la madre previa-mente autorizada por el juez de distrito, puede vender la expresada finca. ’ Y esa Corte Suprema estableció la siguiente doctrina.
“ ‘Es válida y por tanto inscribible en el registro la venta de bienes de menores hecha por el márshal en subasta pública en cumpli-miento de la ejecución de una sentencia dictada contra los mismos.’
“Si bien es cierto que en el caso de Flores se trataba de una sen-tencia dictada por una corte municipal, también lo es que tal cir-cunstancia en particular no fué la que originó la negativa del regis-trador, ni se consideró por esta Corte Suprema en la opinión emitida para basar la resolución del recurso.
“Hemos estudiado ele nuevo los hechos en el caso de Flores a los efectos de fijar el alcance de la jurisprudencia establecida, y a fin de que no pueda interpretarse de modo tan extenso que perjudi-que los intereses de los menores de edad y contraríe el propósito de la Legislatura, consignaremos con toda claridad que dicha jurispru-dencia se refiere al casa en que mía corte con plena jurisdicción solore la materia dicte sentencia contra demandados menores de edad.
“La materia en el caso de García Rivera que estamos conside-rando y resolviendo envolvía como ya hemos dicho la ratificación de la venta de un bien inmueble que se decía hecha en vida por el padre del menor demandado. En su consecuencia la falta de jurisdic-ción de la corte municipal es manifiesta. Es la corte de distrito la que debe intervenir en un caso semejante, ya que el legislador deci-dió que uno de sus deberes fuera la alta inspección de la persona y bienes de los menores de edad.” (Itálicas nuestras.)

El caso de García v. Registrador, supra, ha sido ratificado en los de Agüeros v. Registrador de San Juan, 28 D.P.R. 268; Miranda v. Registrador de San Juan, 28 D.P.R. 394; Colón Caballero v. Registrador, 38 D.P.R. 653, 655; Pujals Carlo v. Corte, 40 D.P.R. 92 y Escobar v. Registrador, 55 D.P.R. 193, 197.

Sería establecer un precedente que serviría de base para privar y basta defraudar a hijos menores de edad de sus bienes inmuebles, en violación expresa a lo dispuesto en el artículo 159 del Código Civil, supra, el variar el alcance de la jurisprudencia antes citada.

La madre de los menores en el caso que resolvemos hizo lo que la ley le permitía hacer: tomar $60 a préstamo para sus hijos y gravar las rentas de ellos para garantizar su pago. La Corte Municipal de Caguas tenía, como hemos dicho, jurisdicción para conocer y resolver el caso, pero la ejecución de la sentencia debió limitarse a los bienes muebles que garantizaban el préstamo, es decir, las rentas de dichos menores o cualesquiera otros bienes muebles propiedad de' ellos, sin afectar sus bienes inmuebles, pues éstos no garanti-zaban la deuda, ya que la madre no tenía poder para gra-varlos sin autorización previa de la corte de distrito.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je,.,

text:
    L. José E. Vázquez-Prada y López, demandante y apelante, v. Eliza B. King Vda. de Dooley y Mary Gertrude Johnson y Dooley, demandadas y apeladas.
    Núm. 8176.

    Sometido: Marzo 20, 1941.

      Resuelto: Marzo 21, 1941.

      L. José E. Vázquez-Prada y López, por sn propio derecho; Dubón & Ochoteco y Rodrigo Otero Suro, abogados de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je,.,

emitió la opinión del tribunal.

En marzo 1 de 1940, a solicitud del demandante el Secre-tario de la Corte de Distrito de San Juan anotó la rebeldía de la codemandada Eliza B. King Vda. de Dooley. Solicitó ésta su apertura y que se le permitiera radicar su contesta-ción que acompañaba a su moción y habiéndose opuesto el demandante, se celebró una vista y la corte inferior, el 11 de marzo de 1940, dictó una resolución por la que dejó sin efecto la rebeldía anotada y admitió la contestación radicada. De esta resolución de la corte apeló el demandante.

Aunque la codemandada apelada no ha solicitado expresa-mente la desestimación de este recurso, en su alegato cita el caso de Pedraza v. González, 45 D.P.R. 927, para demostrar que la resolución dictada por la corte inferior no es apelable. Si esto es así, no debemos entrar a considerar ninguno de los fundamentos de error expuestos por el apelante, pues carece-ríamos de jurisdicción para conocer del recurso en sus méritos.

En el caso de Pedraza, supra, esta Corte resolvió lo siguiente:

“Las cuestiones sobre apertura de rebeldía se han suscitado, gene-ralmente, después de dictarse sentencia y la apelación que se ha in-terpuesto contra la resolución que en ese estado del pleito la concede o la niega se halla amparada por el artículo 295, Núm. 3, del Código de Enjuiciamiento Civil que autoriza apelación contra providencia especial dictada después de sentencia definitiva. Este caso es dis-tinto, porque como hemos dicho antes la resolución apelada fue dic-tada sin que haya recaído sentencia en el pleito, peto es igual al caso de Dávila et al. v. Barreiro, 20 D.P.R. 45, en el que a instancia del demandado desestimamos la apelación por falta de jurisdicción para resolverla por no estar autorizado ese recurso en ninguno de los casos que especifica el artículo 295 citado. Véase también Figueroa Vda. de Arroyo v. Saldaña Realty Co., 44 D.P.R. 74. . . .”

Distinguiendo los casos en que se apela de una resolución dejando sin efecto una sentencia dictada en rebeldía de aquellos en que, como en el de autos, solamente se ha dejado sin efecto la anotación de rebeldía, se dijo en el caso de Figueroa Vda. Arroyo v. Saldaña Realty Corp., supra:

"En el caso de Dávila v. Barreiro, 20 D.P.R. 45, esta corte declaró que una orden dejando sin efecto una amotación de rebeldía no es apelable. En el caso de Hernáiz Targa & Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106, se declaró que una resolución negando la anulación de una sen-tencia dictada en rebeldía tiene carácter de orden especial dictada después de sentencia y puede ser apelada. En el caso de Freiría & Co. v. R. Félix Hnos. & Co., 20 D.P.R. 159, se resolvió que una orden anulando una sentencia en rebeldía es apelable.
" Como puede verse, en el caso de Dávila v. Barreiro se trataba de una simple anotación de rebeldía. Se apeló de la orden dejando sin efecto dicha anotación y esta corte declafró acertadamente que la re-ferida orden no era apelable. En los otros dos casos citados se trata de resoluciones dictadas después de sentencia. En el caso de Savage v. Smith, 154 Cal. 325, la Corte Suprema de California dice:
" ‘. . . . Ciertamente no es verdad que una orden dejando sin efecto una rebeldía, cuando aún no se ha dictado sentencia, puede ser objeto de una apelación separada. No es en sentido alguno una orden dictada después de sentencia y no es una de las órdenes in-terlocutorias enumeradas en el artículo 963 del Código de Enjuicia-miento Civil.’
“Lapique v. Plummer, 24 Cal. App. 685; Rose v. Lelande, 17 Cal. App. 308.” (Itálicas nuestras.)

De acuerdo con la jurisprudencia anteriormente citada, la resolución de la corte inferior en este caso resulta claramente inapelable.

Por falta de jurisdicción se desestima el recurso.