author: El Juez Asociado Sr. MacLeart,

text:
    El Pueblo v. Díaz et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 434.
    Resuelto en noviembre 21, 1912.
    Derecho Penal — Conspiración—Jurisdicción de las Cortes de Distrito en Casos de Misdemeanor. — Según lo lia resuelto repetidas veces el Tribunal Supremo, las cortes de distinto tienen jurisdicción original concurrente con las cortes municipales piara conocer de casos de mind cm ear. tr.

    Id. — Investigación Preliminar ante una Corte Municipal — Jurisdicción de las Cortes de Distrito. — Para que una corte de distrito adquiera jurisdic-ción para conocer de un caso de misdemeanor, no es un requisito indispensable el que se haya practicado una investigación preliminar ante un juez municipal o juez de paz, pero aun en el supuesto de que dicho requisito fuera necesario,. al contestar los acusados en el caso de autos la acusación, o al hacer las alegaciones que hicieron contra- la misma, renunciaron al derecho que hu-bieran podido tener a que se practicara dicha investigación preliminar ante; la corte inferior.
    Id. — Traslado de una Causa Criminal a Otro Distrito a INICIATIVA D1L Juí® por Considerarse Incapacitado para Conocer del Caso. — De acuerdo con el , artículo 171 del Código de Enjuieiamientp' Criminal, un juez no tiene facul-tades para trasladar de su propia iniciativa a otro distrito una causa criminal por considerarse incapacitado para conocer del caso, pnes dicho traslado debe hacerse únicamente en virtud de moción del acusado o del Fiscal en los casos previstos por dicho artículo.
    Id. — Devolución de una Causa al Distrito de Donde Procede. — En el caso de autos, atendidas las circunstancias del mismo, se resolvió que el Juez de la Corte de Distrito de'Ponee, al cual fué erróneamente trasladada esta causa a iniciativa del Juez del Distrito de Guayama, tenía la facultad de devolverla a la Corte de Distrito de Guayama de donde procedía.
    Id. — Nombramiento de Jueces Especiales — Facultades del Gobernador. — El Gobernador puede destituir a un juez y nombrar a otro con el consentimiento del Consejo Ejecutivo. Puede también nombrar un juez especial cuando no hay juez propietario, o cuando el juez propietario está incapacitado o au-sente, y puede también, bajo ciertas circunstancias, nombrar un juez sustituto, pero no tiene facultades para nombrar un juez especial que conozca de determinada causa,. cuando el juez propietario no está incapacitado para conocer de la misma.
    Id. — Nombramiento de Juez Propietario — Juez Sustituto. — De acuerdo con la doctrina sentada en el párrafo anterior, se resolvió, que en el caso de autos, desde el día Io. de septiembre de 1911, en que tomó posesión de su cargo el juez propietario de la Corte de Distrito de Guayama, cesaron las funciones del juez especial que había sido nombrado por el Gobernador para conocer de este caso, y todo lo actuado por dicho juez especial con posterioridad a esa fecha es nulo, porque carecía de jurisdicción para ello.
    Los hechos están expresados en la opiffión.
    Ahogados de los apelantes: Sres. Luis Muñoz Morales, J. Henri Brown, Martín Traviesoi, Nemesio R. Canales y Luis Llorens Torres.

    Ahogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. MacLeart,

emitió la opinión del tribunal.

Se inició este caso en la Corte de Distrito de Guayama, • en donde fué presentada nna acusación el día 17 de abril, 1911, imputando a los acusados'Pastor Díaz, Luis Abella,. Pedro Gr. Goico, y José C. Ramos, la comisión de un delito de conspiración. El día 21 de abril, 1911, se dió lectura de la acusación a los acusados ante la corte, solicitando éstos una prórroga para hacer sus alegaciones, la que les fué concedida. En 2 de mayo, 1911, los acusados Goico y Díaz comparecieron, negaron su culpabilidad y solicitaron un juicio por jurado; Abella compareció y formuló una alegación a la jurisdicción de la corte, y Ramos hizo su alegación de no culpable y presentó una moción para que se le juzgara por separado, cuya moción iba acompañada de una declaración jurada.- El día 4 de mayo, 1911, Harry P. Leake, Esq., Juez especial de la .Corte de' Distrito de Guayama, ordenó el traslado de esta causa a la Corte de Distrito de Ponce, por el fundamento de que el había tomado parte en las investigaciones prelimi-nares, “y por otras razones suficientes” (según se expresan en la orden), que le incapacitaban para conocer del caso, remitiendo dicha causa con todos los documentos que exis-tían, a la Corte de Distrito de Ponce. El día 6 de mayo de 1911 el Hon. Charles E. Eoote, Juez de la Corte de Distrito de Ponce, fué nombrado por. el Gobernador de Puerto Rico, juez especial para conocer de este caso, cuyo nombramiento es como sigue:

“Mayo 6, 1911. Hon. Charles E. Foote, Juez de Distrito. Señor: Por virtud de la autoridad que me confiere el artículo 2 de la Ley de marzo 10, 1904, reorganizando el sistema judicial y por la reco-mendación del Attorney General, se le autoriza y ordena por la pre-sente, que cumpla con los deberes correspondientes al Juez de Dis-trito de Guayama, en el juicio y resolución de una causa criminal seguida en dicha Corte de Distrito de Guayama contra José C. Ramos, Luis Abella' Blanco, Pastor Díaz y Pedro Goico, en cuyo caso se imputa a dichos acusados el delito de conspiración. Según Vd. tal vez sabe, el Juez Leake se considera incapacitado para juzgar este caso, debido a la relación que tuvo con el mismo anteriormente. George R. Colton, Gobernador.”

Tomando en consideración el juez especial, la moción presentada por el Fiscal, negó en 10 de mayo la solicitud que fue presentada para juzgar por separado a nno de los acusa-dlos. En 15 de jnnio todos los acusados presentaron escritos en la Corte de Distrito de Ponce sometiéndose de modo expreso a la jurisdicción de aquella corte. El día 13 de junio, Abella presentó una moción a la Corte de Distrito de Ponce, soli-citando que se le relevara de dicha sumisión a la jurisdicción de dicha corte, y pidiendo el traslado del caso a la Corte de Distrito de Guayama, lo que así se dispuso, remitiéndose de nuevo dicho caso a la dicha Corte de Distrito de Guayama. En 12 de septiembre se presentaron varias mociones en la Corte de Distrito de Guayama, atacando la jurisdicción de la corte por fundamentos que se expresarán más adelante, ha-biéndose desestimado todas dichas mociones. Todas las partes anunciaron entonces estar listas para juicio, el que se siguió en la forma ordinaria, que dió por resultado que los acusados fueran declarados culpables, condenándose a Ramos a seis meses y los demás a un año de prisión cada uno. Contra esta sentencia se interpuso la debida apelación y el caso está ahora sometido a nuestra consideración.

La primera cuestión que ha de tomarse en consideración al resolver este caso es la relativa a la jurisdicción. Esta cuestión se promovió en el señalamiento de errores en el se-gundo, tercero, y cuarto señalamientos, en los que se alega que la corte sentenciadora cometió los siguientes errores, a saber:

“A. Al desestimar la moción fundada en la falta de jurisdic-ción de la Corte de Distrito de Guayama, para conocer de.una acu-sación por misdemeanor que se originó en dicha corte.
“B. Al negar la moción relativa a la jurisdicción de la Corte de Distrito de Guayama, fundada en el hecho de que la Corte de Dis-trito de Ponce tenía jurisdicción y que el traslado de la causa a la Corte de Distrito de Guayama era ilegal.
“C. Al negar la moción solicitando que el juez especial Hon. Charles E. Foote, sea declarado sin facultad para conocer de esta causa, y que el juicio debió haberse celebrado ante el Hon. H. M. Hutchison, que es el juez propietario de la Corte de Distrito de Guayama.
“D. Al negar la moción en la qne se solicitaba de la corte de que se declarara sin jurisdicción por no haberse llevado a efecto el examen preliminar o audiencia ante el juez municipal o juez de paz y porque ninguna denuncia jurada contra el acusado se había presentado en esta causa.”

Con el fin de liacer nn examen más riguroso y nn estudio más cuidadoso, analizaremos estas proposiciones y las dividiremos en seis, especificando las cuestiones propuestas de un modo más específico. Por tanto, podemos expresar que estos señalamientos de error presentan las siguientes cues-tiones :

“1. j Tiene alguna corte de distrito jurisdicción original para conocer de una causa por misdemeanor?
“2. Si la corte de distrito tiene jurisdicción jes necesario que haya habido primeramente un examen preliminar o vista ante el juez municipal o juez de paz, con anterioridad al comienzo del juicio en la corte de distrito ?
“3. ¿Era la Corte de Distrito de Ponce la que debidamente tenía jurisdicción para conocer de este caso, después del traslado de la causa a esa corte por orden del juez especial, Harry P. Leake, Esq.?
”4. j Tenía jurisdicción para conocer de este caso la Corte de Distrito de Guayama, después que el mismo había sido trasladado nuevamente a dicha corte por orden del Hon. ChaiTes E. Foote, Juez de la Corte de Distrito de Ponce?
“5. j Tenía jurisdicción el juez propietario, ITon. IT. M. Hutchi-son para conocer de esta causa, no hallándose incapacitado en ma-nera alguna, después de haber tomado posesión como juez de dis-trito en Io. de septiembre de 1911?
“’8. j Cesó en su nombramiento el ITon. Charles E. • Foote, como juez especial para conocer de este caso, cuando el juez especial, Harry P. Leake, Esq., concluyó en su cargo y fué nombrado un juez en la Corte de Distrito de Guayama, que no tenía ninguna incapa-cidad ? ’ ’

Consideraremos estas cuestiones por el orden indicado y las disentiremos tratando de fijar la jurisdicción antes de entrar a considerar los otros méritos del caso. Desde luego, si aparece que la corte no tiene jurisdicción, no habrá nece-sidad de seguir examinando los autos.

Nos ocuparemos en primer lugar del asunto relativo a las cuestiones hasta ahora enumeradas 1 y 2, que se refieren a la jurisdicción de la corte de distrito en casos de misdemeanors y a la necesidad de un examen preliminar en una corte de investigaciones.

• Hemos resuelto repetidas veces que las cortes de distrito de la Isla tienen jurisdicción' original concurrente con las cortes municipales para conocer de casos de misdemeanor, a pesar de la Ley Judicial enmendada de fecha 10 de marzo de 1904, y de la Sección IY de la misma, que ha sido citada por los apelantes en apoyo de su alegación.

La cuestión fué ampliamente discutida citándose auto-ridades en el caso de El Pueblo v. Adorno que se encuentra anotado en el tomo 17 de las Decisiones de Puerto Eico, en las páginas 1102 y siguientes. La opinión en ese caso es amplia y completa y resuelve esta cuestión de modo tal que no hay que volver a considerarla. Esa opinión también ha sido aprobada en un caso subsiguiente que se titula El Pueblo de Puerto Rico v. Ortiz y otros, 17 D. P. R., 1196.

La ley reorganizando el sistema judicial de esta Isla aprobada en 10 de marzo de 1904, en su sección cuarta, según correctamente se ha alegado, confiere jurisdicción a las cortes municipales “en todos los casos criminales excepto en los de felonies;” pero según aparece de los casos citados, y quizás de otros, se ha resuelto repetidas veces por este tribunal que ésta no es una jurisdicción exclusiva, continuando las cortes de distrito con jurisdicción concurrente en tales casos.

Tampoco es necesario para que la corte de distrito tenga jurisdicción de una causa, que haya habido un examen pre-liminar o vista anterior en presencia del juez municipal o juez de paz. Esa no ha sido jamás la práctica en esta isla, y se ve interpretando debidamente el estatuto que no exige tal cosa, pero aun cuando fuera necesario en este caso de-terminado, el hecho de que los acusados formularon su con-testación e hicieron alegaciones en contra de la acusación constituye una renuncia del derecho que hayan podido tener con respecto al examen preliminar en la corte inferior. Este principio ha sido resuelto en los casos siguientes: State v. Caulfield, 23 La. Ann., 148; People v. Williams, 93 Mich., 623; State v. Spencer, 49 Pac., 302. Por tanto podemos con-siderar la cuestión de jurisdicción sobre la materia en este caso como que ha sido resuelta adversamente para el apelante. Por consiguiente debemos declarar que la corte de distrito tenía completa jurisdicción de e'ste caso y podía juzgar y resolver el mismo.

La siguiente cuestión que debemos considerar en con-testación a la tercera cuestión a que se ha hecho referencia es la que se refiere al estado del caso después de su tras-lado a la Corte de Distrito de Ponce por orden del juez especial, según se expresa en la tercera cuestión que ha sido-propuesta. Para que un traslado sea legal debe estar autori-zado por la ley, y en vano buscaremos en nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal ningún motivo en que se pueda fun-dar la orden dictada remitiendo esta causa de G-uayama a Ponce. El Juez Leake no tenía facultad con arreglo a las leyes estatutorias de Puerto Pico para hacer la orden que dictó, trasladando esta causa a la Corte de Distrito de Ponce. El capítulo 5o. de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal dispone la forma en que ha de hacerse el traslado de una causa criminal de una corte a otra. Pero dicho traslado debe hacerse mediante solicitud del acusado o del Fiscal. (Art. 171, Código de Enjuiciamiento Criminal.) En el primer caso dicha solicitud se funda en el motivo de que un juicio rápido e imparcial no puede obtenerse en el distrito en que pende la acción. -Y en el segundo caso debe fundarse en el hecho de que no puede obtenerse un jurado en el distrito. El Fiscal no debió haber solicitado un traslado en este caso, pues, siendo un misdemeanor no podía pedirse un jurado.

Este estatuto nuestro, artículo 171 del Código de En-juiciamiento Criminal es muy semejante al 1033 del Código Penal de California que lia sido .interpretado por la Corte Suprema de aquel Estado en el caso de People v. McGarvey, 56 Cal., 329. Debe notarse que este caso fué trasladado por el Juez Leake a moción propia, porque él mismo se declaró incapacitado. La corte de California expresa en el caso que acaba de citarse, que éste no es un fundamento para bacer un traslado, puesto que otro juez puede ser enviado al debido distrito para conocer de la causa cuando ocurra algún motivo de incapacidad. Esto fué realmente lo que se bizo en el presente caso, corrigiéndose así en parte el error en que babía incurrido el Juez Leake, y aun cuando el caso aparecía indebidamente en el calendario de la Corte de Distrito de Ponce, el juez de aquella corte pudo devolverlo a la corte de distrito de donde el'mismo procedía para ser allí juzgado debidamente.

Pasaremos a considerar las circunstancias de este caso después que fué trasladado nuevamente a la Corte de Distrito de G-uayama, según se determina en la cuarta cuestión a que se ba beebo referencia. La orden dictada por el Juez Leake que actuaba como juez de distrito de Guayama tras-ladando este caso a la Corte de Distrito de Ponce fué consi-derada por el Gobernador como nula al nombrar al Juez Foote, juez especial, para conocer de este caso, lo que por sí exigía que el caso fuera trasladado de nuevo a la Corte de Distrito de Guayama. El Juez Leake no tenía facultad para actuar por su propia moción, puesto que ninguna le babía sido conferida por las leyes de Puerto Eieo; y si tenía facul-tad para actuar, las razones expresadas por él en su orden no fueron suficientes, no estando reconocidas por las leyes estatutorias de esta Isla. La orden dictada por él el día 4 de mayo de 1911, fué-nula y el juez no tenía más que bacer sino trasladar nuevamente el caso a la Corte de Distrito de Guayama como así lo bizo - debida y prontamente, de acuerdo con la ley.

- La próxima cuestión que consideraremos es el efecto que tuvo el nombramiento del juez de distrito propietario en substitución del juez de.distrito interino en el distrito de Gua-yama, en el estado de esta causa, que se encontraba entonces en el calendario de dicba corte, según la cuestión propuesta en el párrafo 5 del examen que basta abora bemos becbos de estas cuestiones.

Examinemos primeramente' la cuestión propuesta por el Fiscal para combatir esta objeción a que siguiera cono-ciendo de la causa el juez especial. En contestación a la objeción de que nadie sino únicamente el Juez Hutcbi-spn estaba capacitado para conocer del caso, alega el Fiscal, que al comparecer los acusados y presentar, bien una solicitud sobre separación de la causa u otras objeciones que formularon en el juicio, renunciaron todas las cuestiones referentes a jurisdicción, y nos cita especialmente el caso de Oakland v. Hart, 129 Cal., 98, 102 y 103, que bemos exami-nado. Debe notarse que la moción sobre separación de la causa, etc., iba dirigida a la Corte de Distrito de Guayama. En esa fecba el Juez Foote era un juez de facto y si el juicio se hubiera celebrado ante él, con anterioridad a la fecba en que tomó posesión el Juez Hutebison, podría tal vez ser válida la objeción. Es cierto que antes de promoverse la objeción específica que bizo Pastor Díaz, algunos de los acu-sados formularon otras objeciones durante el juicio; pero en lo qué respecta al propio Pastor Díaz fué ésa la primera medida que tomó en el juicio. Podría considerarse que todas las objeciones formuladas a la jurisdicción así como otras mociones preliminares fueron presentadas al mismo tiempo. Las objeciones a que se refiere él Fiscal fueron becbas todas en el mismo día. Uno de los fundamentos de objeción por parte de Pastor Díaz es que el motivo que bubo para el nombramiento del Juez Foote como juez especial, babía ce-sado, siendo el Juez Hutebison el debido juez de la corte de distrito, y que la razón de incapacidad que babía existido en el Juez Leake no la babía en el caso del Juez Hutebison, cuyo juez, según hemos visto, tomó posesión en Io. de septiembre. La primera medida que se adoptó después de esa fecha fue-llamar a juicio esta causa el día 12 de septiembre. En nin-guna fecha anterior pudo haberse formulado objeción alguna a laa jurisdicción del juez especial fundada en el hecho de ser el Juez Hutchison el debido juez para conocer del caso. Puede ser que todo lo actuado ante el Juez Poote hasta •el día Io. de septiembre se hubiera hecho en debida forma. El solamente resolvió algunas mociones preliminares. Aun-que hasta entonces los acusados habían formulado algunas objeciones a la jurisdicción de la corte de Guayama, pudieron creer que serían juzgados ante el' Juez de Distrito de Gua-yama, cualquiera que éste fuera. El juez especial desestimó la moción expresando como motivos de su desestimación, que el Gobernador tenía facultad para trasladar a un juez de un •distrito a otro y también podía nombrar a un juez-para que co-nociera especialmente de una causa. Esta no es la ley. El Gobernador puede cambiar a un juez y nombrar a otro con el •consentimiento del Consejo Ejecutivo. Puede nombrar un juez especial donde' no hay juez propietario o donde el juez propietario está incapacitado o ausente; y puede, bajo ciertas circunstancias, nombrar un juez sustituto, pero no tiene facultad para nombrar un juez especial que presida un de-terminado caso cuando el juez propietario no está incapa-citado para conocer de dicho' caso. Después de día Io. de septiembre de 1911, según alega Pastor Díaz, el Juez Poote ■dejó de tener facultad o jurisdicción en la Corte de Distrito de Guayama. Pastor Díaz no hizo ninguna renuncia de modo directo, y la objeción que formuló a la jurisdicción la presentó dentro de tiempo, y siendo la misma aplicable a todos los acusados, debió haber sido declarada con lugar.

Desde luego la jurisdicción para conocer de una • causa criminal que se encuentra pendiente, está conferida a alguna corte y no a un juez como tal funcionario, y después que-este caso fué devuelto a Guayama, la jurisdicción para conocer del mismo, la tenía la corte de distrito de ese distrito, puesto que la orden de traslado a Ponce era nula. Por tanto cuando el Juez Hutchison tomó posesión de su cargo el día. Io. de septiembre, encontrando que el caso estaba pendiente en su calendario y no estando dicho juez incapacitado, debió-haber procedido a juzgar el mismo. El nombramiento del juez especial había expirado junto con las circunstancias que dieron origen a dicho nombramiento.

Con respecto a la sexta cuestión, quedan algunas pala-bras que expresar. No aparece que se hayan dictado órdenes algunas en este caso por el Juez Poote como juez especial, después que dicha causa fué trasladada nuevamente a G-ua-yama, hasta el mes de septiembre; y en el ínterin el Juez Leake, como juez interino de ese distrito, había cesado en su cargo, habiendo sido el Juez Hutchison recientemente nom-brado y aprobado su nombramiento por el Consejo Ejecu-tivo, y comenzado aquél a desempeñar sus funciones el día. Io. de dicho mes de septiembre de 1911, según el conocimiento judicial que tiene esta corte. Entonces se presentó una. moción ante el Juez Poote para que se inhibiera en la con-sideración de esta causa con el fin de que la misma fuera, resuelta por el juez propietario. Por tanto, suponiendo que-los procedimientos en este caso fueron completamente regu-lares y legales en todos sus particulares, después que el Juez Leake cesó en su cargo y el Juez Hutchison fué debidamente nombrado, confirmado y tomó posesión de su cargo en pri-mero de septiembre de 1911, y de haber sido devuelto el caso a los archivos y al calendario do la Corte de Distrito de Grua-yama, la incapacidad del juez regular dejó de existir, puesto que el Juez Hutchison estaba debidamente capacitado, no habiendo entonces ninguna necesidad de que continuara el juez especial conociendo del caso; y al ser presentada una moción con tal fin, debió haberse retirado del caso para que el juicio tuviera lugar ante el juez propietario de dicha corte.

Por las razones que hasta ahora se han indicado en esta discusión, nos parece claro que después del primero de sep-tiembre de 1911, él juez especial nombrado para conocer de esta causa no tenía facultad alguna de acuerdo con el nom-bramiento del Gobernador para seguir conociendo del juicio, sino que el caso permaneció en el calendario de la Corte de Distrito de Guayama para ser resuelto por el juez pro-pietario que tomó posesión, y empezó a desempeñar sus deberes en la última fecha mencionada. Por consiguiente, habiéndose celebrado este juicio ante un juez cuya facultad había sido reemplazada y que ya no tenía jurisdicción legal para dictar una orden, sentencia, o tomar alguna acción en dicha causa, carecía de facultad para dictar la sentencia que dictó en 12 de septiembre de 1911, la que debe ser revo-cada, y devolverse la' causa a la referida corte de distrito' para que conozca de la misma de acuerdo con la ley, según ha sido establecida en esta opinión.

Revocada y devuelto el ca.so a la corte inferior para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. Marrero.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 464.
    Resuelto en noviembre 21, 1912.
    Derecho Penal — Sentencia Anterior Condenatoria — Momento Apropiado' para Alegar. — De acuerdo con el artículo 162 del Código de Enjuiciamiento Criminal la defensa de existir convicción anterior por el mismo delito es una alegación, y el momento verdaderamente apropiado para hacerla es al contes-tar la acusación, pudiendo el acusado hacer dicha alegación sola o conjunta-mente con la de negación de la acusación.
    Id. — Permiso de la Corte para Alegar la Existencia de Convicción o Absolu-ción Anterior. — Si el acusado al contestar la acusación no hiciere la alega-ción de convicción o absolución anterior por.el mismo delito, podrá después hacer esta alegación con permiso de la corte, pero siempre en forma de ale-gación.
    Id. — Eorma de Hacer las Alegaciones — Sentencia Anterior Condenatoria o> Absolutoria por el Mismo Delito. — En ePeaso de autos constituido ya el jurado para juzgar la causa, el acusado presentó al juez una moción de sobre-seimiento basada en que había sido condenado anteriormente por el mismo delito. Se resolvió que la alegación de “convicción anterior” no se hizo debidamente, pero que la corte tenía facultades para hacerla constar en la forma que prescribe el párrafo 3 del artículo 163 del Código de Enjuicia-miento Criminal, y someterla, como cuestión de hecho, para su resolución al jurado.
    Ib. — Cuestión de Hechos que Debe Someterse al Jurado — Alegación de Con-vicción o Absolución Anterior. — La alegación de convicción o absolución anterior por el mismo delito, lo mismo que la de negación de la acusación, suscita una cuestión de hecho que deberá someterse al jurado en los casos que determina el artículo 178 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
    Id. — Errores que no Son Perjudiciales al Acusado — Revocación de la Sen-tencia Apelada. — Los errores de procedimiento que pueda cometer una corte sentenciadora, si no son de tal importancia que perjudiquen los derechos sus-tanciales del aeusado, no producen necesariamente la revocación de la sen-tencia apelada.
    Id. — Sentencia Condenatoria de una Corte Municipal — Apelación de la Corte de Distrito — Defensa de Haber Estado Expuesto Anteriormente por el Mismo Delito. — Cuando un aeusado condenado por una corte municipal, por el delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, apela de dicha sentencia para ante una corte de distrito, en cuya corte se sobresee la causa a instancia del Eiseal para presentar una acusación por atentado a la vida, dicho acusado no puede alegar como defensa en la causa por atentado contra la vida, el haber sido condenado por la corte municipal por el delito de acometimiento y agresión grave, aun cuando los hechos que sirven de fundamento a ambas causas sean los mismos.
    Id. — -Errores que no Perjudican al Acusado — Alegación de I-Iaber Sido Con-denado Anteriormente por el Mismo Delito. — Aun en el supuesto de que la corte sentenciadora en el caso de autos cometiera error al no ordenar que la defensa de haber sido condenado el aeusado anteriormente por el mismo delito planteada por medio de una moción pidiendo el sobreseimiento de la causa se hiciera constar en el réeord como equivalente a la alegación de exis-tir una sentencia anterior condenatoria por el mismo delito, dicho error no perjudica los derechos sustanciales del aeusado, si por lo tanto produce la revocación de la sentencia apelada, porque la sentencia condenatoria alegada por el acusado no constituye tal defensa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. F. Cervoni.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del -tribunal.

El Fiscal del Distrito de G-uayama formuló acusación ■contra Iiiginio Marrero imputándole la comisión de un delito ■de atentado a la vida, cometido en la siguiente forma:

1 ‘ El citado acusado Higinio Marrero, el día 3 o 4 de junio de 1911, en el barrio de Honduras de Barranquitas, que forma parte de este distrito judicial, ilegal y criminalmente y con malicia premeditada atacó con un revólver, arma mortífera, al individuo Gregorio Rivera, con intención de matarle, causando una herida de bala en un brazo. ’ ’

Leída la acusación al acusado, éste alegó que era inocente y solicitó juicio por jurado. El 18 de abril de 1912 las partes anunciaron que estaban listas para juicio, se constituyó el jurado debidamente, se leyó la acusación y entonces la de-fensa “solicitó de la corte una orden de sobreseimiento del proceso y la absolución del acusado, basando su solicitud en que había sido condenado por la Corte Municipal de Cayey a un año de cárcel por el delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, emanado dicho delito de los mismos hechos, fecha, acto, persona y circunstancias, expre-sados en la presente acusación.” La defensa ofreció prueba, la corte se negó a admitirla, por entender que tenía conoci-miento judicial de los hechos, y declaró sin lugar la moción de sobreseimiento. El acusado tomó excepción.

El juicio continuó. Se practicaron las pruebas, sin que ninguna de ellas versara sobre la condena anterior del acu-sado ; el juez instruyó al jurado sobre el caso en general, sin que lo hiciera sobre' la convicción anterior del acusado, y el jurado declaró al acusado culpable dél delito de acometi-miento y agresión con circunstancias agravantes.

Leído el veredicto, el acusado reprodujo su anterior solicitud de absolución y ofreció presentar prueba para de-mostrar su condena anterior. La corte negó la introducción de prueba por el motivo indicado, y declaró sin lugar la solicitud, sin perjuicio de que se presentara de nuevo con citación de jurisprudencia.

En efecto, el 23 de abril se presentó de nuevo, haciéndose constar por el mismo acusado el hecho relativo a la condena anterior, de la siguiente manera: “Primero: porque el acu-sado ha sido declarado culpable por el jurado de un delito de acometimiento y agresión con agravantes, y por este mismo delito nacido de los mismos hechos probados en el juicio por jurado, fue condenado por la Corte Municipal, de Cayey, con fecha de noviembre de 1911. El acusado fue condenado a un año de cárcel por dicha corte de Cayey por acometimiento y agresión grave. Apeló de la sentencia a esta corte de distrito. Cuando se vió la prueba de cargo el Fiscal pidió que se sobreseyese la causa para hacer una acusación de atentado contra la vida. Se hizo la acusación. Se celebró el juicio por jurado y el jurado volvió a declarar culpable al acusado del mismo delito porque había sido con-denado a un año por la corte de Cayey. Cree el acusado que no puede ser condenado dos veces por un mismo delito.”

La corte desestimó la solicitud y el acusado entonces solicitó un nuevo juicio basándose “en que la corte cometió error en no instruir al jurado acerca de la alegación de jeo-pardi, que el acusado formuló en su defensa antes de1 decla-rarse inocente.”

Esta solicitud de nuevo juicio fué también desestimada y la corte dictó finalmente su sentencia el 29 de abril de 1912, imponiendo al acusado la pena de dos años de cárcel con trabajos forzados y las costas. Contra esta sentencia inter-puso el condenado el presente recurso de apelación.

Como puede verse, la única cuestión fundamental susci-tada en este caso es la de la convicción anterior, y lo primero que debemos estudiar al considerarla es si la alegación se hizo o nó en propia forma.

El artículo 162 del Código ele' Enjuiciamiento Criminal, dice así: “Hay cuatro clases de alegaciones contra una acusación, a saber: (1) Confesión; (2) negación; (3) sen-tencia anterior condenatoria o absolutoria, por el mismo de-lito, que podrá alegarse con o sin la negación; (4) haber estado una vez expuesto por el mismo delito.

_ De acuerdo, pues, con la ley, una convicción anterior por el mismo delito constituye una alegación y el momento ver-daderamente apropiado para hacerla es al contestar la acusa-ción. Dicha alegación pnede hacerse sola o conjuntamente con la de “negación.”

Si la alegación de convicción o absolución anterior por •el mismo delito no se hiciere en el momento oportuno, podrá hacerse después con permiso de la corte, pero siempre en forma de alegación.

La forma de hacer las alegaciones y de consignarlas en ■el récord está claramente prescrita en el artículo 163 del ■Código de Enjuiciamiento Criminal.

Habiendo en consideración'todo lo expuesto, se concluye .que la convicción anterior invocada por el acusado en este ■ caso, no fué alegada en propia forma por el mismo.

Pero si bien esto es así, no puede negarse que el acusado invocó su derecho y que estaba en las facultades de la corte • que dirigía los procedimientos, el ordenar que la solicitud • del acusado se hiciera constar en la forma que prescribe el .artículo 163 antes citado, en su número 3o.

La alegación de convicción o absolución anterior por el mismo delito, lo mismo que la de negación, suscita una cues-tión de hecho que deberá someterse al jurado eh los casos • que determina el artículo 178 del Código de Enjuiciamiento -Criminal.

En el presente caso se había imputado al acusado un de-lito de felony, atentado a la vida, y el acusado había solici-tado ser juzgado por un jurado, y si la alegación de convicción ..anterior se hubiera hecho propiamente por el acusado, o .si el juez hubiera ejercitado sus facultades para hacerla • constar debidamente, no hay duda alguna que debió haber .sido sometida para su decisión al jurado.

Ahora bien, el hecho de que el juez sentenciador no ejer-citara sus facultades y dejara de hacer constar la petición .,del acusado en la forma debida y de someter la cuestión a la •decisión del jurado, ¿constituye un error de tal magnitud <que lleve consigo la revocación de la sentencia dictada?

A nuestro juicio, si analizada la cuestión de la convicción anterior, se llegara a la conclusión de que debía resolverse a favor del acusado, entonces, en bien de la justicia, debería, decidirse la cuestión en la afirmativa, y en la negativa si se llegara a la conclusión contraria.

Al adoptar este criterio, nos inspiramos en el artículo 46Í. del Código de Enjuiciamiento Criminal que dice así: “ Ni el hecho de separarse de la forma prescrita por este Código' para cualquier alegación o procedimiento, ni el de que éste-adolezca de algún error o equivocación bastará para invali-darlo, a menos que real y efectivamente haya perjudicado-ai acusado o tienda a perjudicarle, en cuanto a algún derecho-sustancial. ’ ’

La alegación del. acusado consiste en que fue condenado por una corte municipal, en que apeló de la sentencia para ante la corte de distrito, en que la causa se sobreseyó en la corte de distrito con objeto de que el Fiscal presentara una acusación por atentado a la vida y en que la acusación fué en efecto presentada y es la que sirve de base a la sentencia dictada en este caso.

Una apelación de una sentencia dictada- por una corte municipal’ para ante una corte de distrito, tiene el efecto de, anular completamente la sentencia dictada y trasladar el caso a la corte de distrito en donde se juzgará de novo y se resol-verá por una nueva sentencia. (Art. 3 del Cód. de Enjuicia-miento Criminal enmendado en 28 de marzo, 1904; El Pueblo v. Sánchez, 16 D. P. R., 719; Gelabert v. Córdova, 17 D. P. R., 1200.)

Siendo esto así, habiéndose anulado la sentencia por voluntad y gestión del acusado ¿ podrá éste invocar dicha sen-tencia para que sirva de obstáculo a una nueva acusación que se le formule- en la corte de distrito por el mismo delito í

En el caso de Comm. v. Downing, 150 Mass., 197, 199, citado por el Fiscal en su alegato, se resuelve que no puede.

Además, como con mucha razón sostiene el Fiscal en su alegato, la abundante jurisprudencia de los tribunales re-lativa a que un acusado pierde el derecho a alegar former jeopardy cuando un nuevo juicio le ha sido concedido a peti-ción suya, puede invocarse para resolver la cuestión suscitada en el sentido de que una sentencia condenatoria de una corte municipal apelada por el mismo acusado para ante una corte de distrito, no es base suficiente para sostener una alegación, de convicción anterior por el mismo delito.

Habiendo, pues, llegado a la conclusión de que la cues-tión suscitada por el acusado tenía que resolverse en contra suya, el error, si lo hubo que pueda haberse cometido por la corte sentenciadora al no ordenar que se hiciera constar como una alegación y al no someter la cuestión de convicción anterior al jurado, no lesionó ningún derecho sustancial del acu-sado y no puede, por tanto, servir de base para la revocación de la sentencia apelada.

Resuelta así la única cuestión fundamental planteada, pues el acusado se limitó a invocar la convicción de la corte municipal y no hizo referencia en modo alguno a haber estado anteriormente expuesto por el mismo delito en la propia corte de distrito, opinamos que el recurso interpuesto debe decla-rarse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: Tin Juez PbesideNte Se. Hernández,

text:
    Roble v. Sucesión Pérez.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 903.
    Resuelto en noviembre 22, 1912.
    Hijo Natural — Acción de Reconocimiento — Prescripción.—Habiendo nacido la demandante en el caso de autos en noviembre 30, 1864, y habiendo muerto su presunto padre natural en abril 15, 1911, y no habiendo sido registrada la demanda hasta el 30 de abril de 1912, es indudable que la acción de filiación ejercitada por la demandante se -había extinguido ya por el transcurso del término que señala el artículo 199 del Código Civil Revisado. (Jesús v. Su-cesión Pérez, resuelto en mayo 22, 1912.)
    Id. — Duración de la Acción de Filiación — Ley Aplicable al Caso. — Según la regla 4 de las disposiciones' transitorias para la aplicación del Código Civil Revisado, la duración de la acción de filiación ejercitada por la demandante en este caso debe regirse por los preceptos del artículo 199 del Código Civil Revisado, que es la ley aplicable a este caso y no por el artículo 137 del Código Civil Español vigente anteriormente.
    Id. — Prescripción de la Acción de Filiación — Extensión del Derecho — Re-vivir el Derecho.- — La ley No. 73 de marzo 9, 1911, no puede ser aplicada a este caso, porque cuando empezó a regir dicha ley ya estaba prescrita la acción de filiación ejercitada por la demandante, y su derecho había quedado extinguido, y dicha ley no puede dar vida a un derecho ya muerto. El caso de Jesús v. Sucesión Pérez, resuelto en mayo 22, 1912, es reproducido y rati-ficado en este caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José G. Torres.

    Abogados de los apelados: 8res. Bosch y Soto.

   Tin Juez PbesideNte Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión legal sometida a nuestra consideración en el presente caso es la de si la acción que ejercita Andrea Noble para obtener el reconocimiento de hija natural del difunto Bamón Pérez Villamil, con los beneficios consiguien-tes, está prescrita, como así lo estableció la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en la sentencia de 15 de agosto del corriente año, al desestimar la demanda con las costas a cargo de la demandante, que ha interpuesto contra ella recurso de apelación.

De las alegaciones de la demanda que fué archivada en 13 de abril del año en curso, resulta que la demandante nació el 30 de noviembre del año 1864 y que Bamón Pérez Villamil, causante de la sucesión demandada, falleció el 15 de abril del año próximo pasado.

El reconocimiento pretendido por Andrea Boble debe re-gularse por el artículo 199 del Código Civil Bevisado, según el cual la acción para reclamar su filiación dura hasta dos años después de ser el hijo mayor de edad. Y en apoyo de nuestra afirmación nos referimos a la doctrina que estableció esta corte-al decidir en 22 de mayo último, el caso de Isabel de Jesús y. Sucesión de Ramón Pérez Villamil, también sobre filiación, y bajo las mismas condiciones qne el presente.

Habiendo nacido Andrea Roble en 30 de noviembre de 1864, y no habiendo ejercitado la acción de filiación basta el 13 de abril del corriente año, en qne archivó sn demanda, es claro qne en esa líltima fecha sn acción había cadneado ya o se había extinguido por el transcurso del término qne señala el artículo citado.

Alega la parte apelante en apoyo de su recurso, que el artículo 199 del Código Civil Revisado no puede ser aplicable a Andrea Roble que ya era mayor de edad cuando comenzó a regir dicho código, el cual por tanto, no podía despojarla de un derecho adquirido a la sombra de la legislación anterior, por la cual y por la ley número 73 aprobada en 9 de marzo de 1911, es que debe gobernarse el presente caso, según afirma la demandante.

Ciertamente que el artículo 137 del Código Civil Español - establecía que las acciones para el reconocimiento de los hijos naturales sólo podrán ejercitarse en vida de los presuntos padres, salvas las excepciones que el mismo artículo establece y que ese precepto fué restablecido por la ley de 9 de marzo de 1911, con la modificación de' que. tales acciones podrán ejercitarse no sólo en vida de los presuntos padres, sino también un año después de su muerte. Pero esos preceptos legales no cobijan o amparan a Andrea Roble que no ejercitó su acción cuando regía el Código Civil antiguo, y que por no haberlo hecho así, quedó sometida al Código Civil Revi-sado en cuanto a la duración de su acción, según la regla cuarta de las disposiciones transitorias para la aplicación de dicho Código, habiéndose por tanto extinguido el derecho que pudiera asistirla, por falta de diligencia y actividad en su ejercicio según el artículo 1840 del mismo cuerpo legal.

La ley de 9 de marzo de 1911 no es aplicable al presente caso, porque en esa fecha había caducado ya la acción de filiación, con arreglo al artículo 199 del Código Civil Revi-sado, y aquella ley no pnede dar vida a un derecho ya muerto. Así lo dijimos al resolver el caso ya citado de Isabel de Jesús v. Sucesión de Ramón Pérez Villamil, sobre filiación. Repro-ducimos y ratificamos toda la doctrina legal allí establecida.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Osorio v. Sucesión Pérez.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 902.
    Resuelto en noviembre 25, 1912.
    Hijos Naturales — Acción de Reconocimiento — Prescripción.—Habiendo na eLdo la demandante en el año 1861 y muerto el supuesto padre natural en abril 15 de 1911, y la demanda habiendo sido radicada en abril 13 de 1911, se resolvió que la acción ejercitada en este caso había prescrito ya. (Jesús v. Sucesión Pérez', mayo 22, 1912; lloile v. Sucesión Pérez, noviembre 22, 1912.)
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. José G. Torres.

    Abogados de la apelada: Sres. Bosch y Soto.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Según la demanda en este caso, presentada en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., con fecha 13 de abril del corriente año, la demandante Felicita Osorio nació en el año 1861 y Ramón Pérez Villamil, a quien como herederos repre-sentan los demandados, murió el 15 de abril de 1911; y como la demandante solicita que se la declare hija natural de dicho señor, la única cuestión a resolver es si la acción que en la demanda se ejercita está prescrita o no, como resolvió la corte inferior en su sentencia apelada, que por tal motivo desestimó la demanda con costas a la demandante, como consecuencia de la excepción previa formulada por la suce-sión demandada.

Antes de ahora hemos resuelto, esta misma cuestión en los casos de Ramón de Jesús v. Sucesión Perez, Villamil, en el de Isabel de Jesús contra la propia sucesión, resuel-tos ambos en 22 de mayo del año en curso, y más reciente-mente en el de Andrea ¡Roble contra la misma sucesión, con fecha 22 del presente mes y año; y como este caso es idéntico a los citados y no tenemos razón alguna, ni se nos aduce motivo, para variar la doctrina establecida sobre la cuestión legal que envuelve la demanda, aplicamos al presente los razonamientos que en los dos últimos casos expresamos, sin que sea necesario que los repitamos de nuevo y sostenemos que la acción ejercitada por la demandante está prescrita, y por tanto, no aduciendo la demanda hechos que determi-nen una causa de acción, debe -ser confirmada la sentencia apelada. ' •

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. 'Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. MacLeary,

text:
    El Pueblo v. Torres.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 475.
    Resuelto en noviembre 26, 1912.
    Derecho Penal — Alteración de la Paz Pública — Maliciosa t Voluntaria-mente. — Examinada la prueba en el caso de autos, se resolvió que el apelante no obró maliciosa y voluntariamente y que los actos realizados por él fueron ejecutados en defensa propia para repeler el acometimiento ilegal de que fué objeto por parte del otro acusado.
    Id. — Defensa Propia — Acometimiento.—De acuerdo con los artículos 52 y 54 del Código Penal, la persona contra quien se intente algún daño puede oponer la resistencia necesaria para impedir una ofensa contra su persona, su familia o algún miembro de esta, y la persona que es atacada por otra no está obligada a iuir, esconderse o correr por las calles para ponerse a salvo de su agresor.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Enrique Pousa Parés.

    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se presentó denuncia en la Corte Municipal de San Juan, contra Juan F. Torres que es el apelante y Angel Orraca, por el delito de haber alterado la paz mali-ciosa y voluntariamente en riña que sostuvieron mutuamente el día 2 de junio último, en la pista del hipódromo. El juicio de dicha cansa tuvo lugar ante dicha corte municipal, dic-tándose sentencia contra el acusado, que es el apelante ante esta corte. Se interpuso la debida apelación contra la sen-tencia dictada por la Corte Municipal a la Corte de Distrito de San Juan; y en 5 de julio último fué nuevamente decla-rado, culpable del delito de alteración de la paz y condenado a pagar una multa de $15 y las costas, y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dollar de multa que dejare de satisfacer. Se interpuso una segunda apelación de la sentencia dictada por la corte de distrito para ante esta corte, y el caso está ahora sometido a nuestra consideración.

De la exposición del caso que ha sido presentada a este tribunal tomamos los siguientes hechos:

Uno de los testigos, Agustín Peliú, declaró como sigue:

“Que vive en la calle del Sol No. 55, y conoce al acusado y a Angel Orraca; que él día 2 de junio los vió en el hipódromo y du-rante una carrera en que hubo un empate de dos caballos, dijo Orraca: ‘Yo sabía esto ya; yo sabía que estos caballos iban a empa-tar’; que entonces el joven Torres le dijo: ‘Como IJd. es un perito en esto,’ que parece que eso le fué mortificante a Orraca y le dijo: ‘Perito no; yo no vivo del hipódromo, y tengo dinero encima,’ el joven Torres le dijo, ‘yo tampoco vivo,’ y le dijo Orraca, ‘si quiere saber más explicaciones vámonos afuera’; que salieron y unas cuan-tas personas se les fueron detrás, y llegó el policía y nosotros, y los quitamos. Que allí no hubo riña, se metió el policía y volvieron para atrás, y Orraca le dijo entonces, ‘a la salida nos veremos’ y Torres le contestó, ‘como Ud. guste.’ Que a la salida iba detrás de ellos porque esperaba algo y -al salir Orraca le dijo a Torres ‘véngase al café’ y como Torres le contestó que no, Orraca le écbó mano por la camisa,y le rompió tres botones. En este momento se reunió por allí la gente que salía del hipódromo.
“A repreguntas de la defensa,, el testigo dijo que Orraca agarró por la camisa .a Torres y le tiró, y que Torres se defendió.”

Juan Rivera, otro de los testigos, declaró lo siguiente:

‘ ‘ Que vive en Santurce y conoce de vista al acusado, que recuerda que el 2 de junio era domingo y que estando en el hipódromo el acusado y otro, tenían una conversación respecto a unos caballos, y el otro señor le dijo a Torres, ‘que él sabía que esos caballos iban a empatar’ y Torres le contestó, ‘entonces Ud. es un perito en récords; de caballos, ’ a lo que contestó el otro ‘ que no era perito ni que tam-poco vivía del hipódromo; que él traía dinero y que si quería saber algo más tenía que salir afuera’; que salieron los dos afuera, discu-tieron, volvieron para atrás, y que cuando salieron en grupo para afuera, estaba Orraca parado en la calle, y cuando salió Torres en compañía de muchos más, aquél le. dijo a éste, que se echara para, allá y Torres le contestó que no; que después le dijo que fuera al cafetín, y también le dijo que no; que a consecuencia de esas pala-bras acudió gente, que estaba el policía y le preguntó si había visto' eso y lo apuntó.
“A preguntas de la defensa el testigo dijo que riñeron al salir del hipódromo en la calle de éste, que hubo un tumulto y que la riña fué por la discusión que había tenido adentro; que el Sr. Orraca le decía a Torres que se fuera con él y Torres le decía que no, y entonces Orraca le tiró a Torres, llegó la policía y los denunció.”

Esta fué toda la prueba presentada por el Fiscal.

Entonces el acusado, Juan N. Torres, declaró en su pro-pia defensa, como sigue:

‘‘Lo que voy a decir es lo mismo que han dicho los demás testi-tigos; Orraca parece que se consideró ofendido por la frase que le dije, ‘que era una potencia en récords ~de caballos,’ y me desafió; me esperó a la salida, me empuñó por la camisa, me defendí, y llegó el policía cuando estábamos agarrados los dos.”

. No consta ninguna otra prueba en los autos.

El apelante en este caso funda su apelación en el hecho de que la corte sentenciadora no estimó debidamente la fuerza y efecto de la prueba presentada en el juicio, no habiendo, por consiguiente, prueba suficiente en la que pudiera fundarse el delito imputado contra él en la acusación. ■

El apelante también alega que la prueba demuestra que la acción tomada por él en relación con esta cuestión, así como si tomó alguna participación en la alteración a que se refiere la acusación, fué estrictamente de conformidad con los derechos de defensa propia, y que no alteró la paz o tranquilidad del vecindario maliciosa y voluntariamente o por medio de una riña.

De acuerdo con el Código Penal, artículo 559, párrafo 4o. las palabras “malicia” y “maliciosamente” denotan la comisión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa, y en el párrafo Io. de dicho artículo se define la palabra “voluntariamente” cuando se aplica a la intención con que se ejecute un .acto, en el sentido de significar simple-mente un propósito o voluntad de cometer el acto.

De una lectura de la prueba a que se ha hecho referencia resulta claramente que el apelante no obró voluntaria y mali-ciosamente ; y que en suma los actos realizados por él fueron en defeíisa de su persona, para impedir el acometimiento ilegal de su codemandado Orraca. En este caso no es nece-sario hablar más ampliamente acerca del derecho a la propia defensa, que se le concede a todo ciudadano por la ley general del país, especialmente por el artículo 52 de nuestro Código Penal, que declara, que la persona contra quien se intente algún daño podrá oponer la necesaria resistencia para im-pedir una ofensa contra su persona, o su familia, o algún miembro de ésta. Es cierto que este derecho está limitado por el artículo 54 del propio Código a oponer la necesaria resistencia para impedir la ofensa. Torres, aunque no tenía el derecho de provocar una riña, tenía el de defenderse contra el ataque de Orraca y no estaba obligado a huir, esconderse, o correr por las calles para ponerse a salvo de su agresor; pero si se examina cuidadosamente' la prueba se verá que ni siquiera apareció de la misma que éste levantara un dedo en forma agresiva, o que dijera alguna palabra que pudiera ser considerada como provocativa o que diera lugar a una .alteración de la paz.

Por tanto, puesto que los hechos aquí presentados no jus-tifican la sentencia que fue dictada por la corte inferior debe la misma ser revocada y absolverse al acusado.

jRevocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldrey,

text:
    Truyol v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Guayama.
    No. 130.
    Resuelto en noviembre 26, 1912.
    Bienes Gananciales — Hipoteca Inscrita a Eavor de la Esposa — Presun-ción. — Apareciendo de los libros dei registro de la propiedad que un crédito hipotecario fuá adquirido por la esposa durante su matrimonio, y no resul-tando del registro la procedencia del dinero que entregó en hipoteca, hay que presumir que tal crédito hipotecario tiene el carácter de bien ganancial, de acuerdo con los artículos 1316 y 1322 del Código Civil revisado.
    Deudas del Marido — Anotación de Embargo Sobre Bienes Inscritos a Nombre de la Esposa. — Teniendo la presunción de bien ganancial una hipoteca ad-quirida poír la esposa durante el matrimonio, sin constar del registro la pro-cedencia del dinero prestado con garantía hipotecaria, e inscrita dicha hipo-teca en el registro a nombre de la esposa, tal inscripción ha de reputarse a favor de la persona jurídica “sociedad conyugal” y no a nombre privativo de la esposa, pues dicha hipoteca no consta del registro que le pertenezca a ella sola, ni tampoco es dueña de la mitad de tal crédito, hasta que no se ' disuelva la sociedad de gananciales con su marido y se haya hecho la liquida-ción de la misma.
    Id. — Anotación de Embargo Sobre Bienes Inscritos a Nombre de la Esposa.— Según el párrafo 1 del artículo 1323 del Código Civil revisado, los bienes de la sociedad de gananciales responden de las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido, y también de las deudas contraídas por la mujer en los casos en que pueda legalmente obligar a la sociedad conyugal, y puede por tanto anotarse en el registro sobre un crédito hipotecario inscrito ■únicamente a favor de la esposa, y considerado como bien ganancial por no constar la procedencia del dinero prestado con dicha garantía hipotecaria, el embargo decretado en una acción dirigida contra el marido para cobrar deudas y obligaciones contraídas por él durante el matrimonio, pues la inscripción de dicho crédito hipotecario a favor de la esposa, no puede estimarse como una-inscripción a favor de persona distinta del marido, sino a favor de la socie-dad de gananciales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. G. Domínguez Rubio.

    El recurrido compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Para hacer efectivo un aseguramiento de sentencia decre-tado en pleito seguido por Miguel Truyol Borges contra Alberto E. Vázquez, en cobro de pesos, el márshal de la corte que conocía del asunto libró un certificado de haber embar-gado un derecho de hipoteca voluntaria constituida a favor de Doña Emilia López de Haro, casada con Don Alberto E. Vázquez.

Presentado ese certificado en el Registro de la Propiedad de Gruayama, el registrador negó la anotación del embargo-referido, “por aparecer inscrito exclusivamente el derecho-de hipoteca embargado a nombre de Doña Emilia López de: Haro” y en su lugar tomó anotación preventiva de la dene-gación. Contra la negativa del registrador se ha interpuesto por el demandante Don Miguel Truyol Borges el presente recurso gubernativo, dentro del término fijado por la ley.

Según el informe del registrador, la inscripción 8a. de la finca No. 77 del tomo 2 de Gruayama, folios 184 y 184 vuelto,, hace constar una hipoteca voluntaria sobre dicha finca a favor-de Doña Emilia López, casada con Don Alberto Vázquez.

Desde luego que, apareciendo de los libros del registro dé-la propiedad que Doña Emilia López adquirió tal crédito-hipotecario estando casada con Don Alberto Vázquez, y no-resultando de ellos la procedencia del dinero que entregó en hipoteca, hay que presumir que tal crédito tiene el concepto de bien ganancial, de acuerdo con los artículos 1316 y 1322 del Código Civil Revisado, aplicados por esta Corte Suprema en los siguientes casos:

Parra v. El Registrador, 2 D. P. R., 592.
Blanco v. El Registrador, 5 D. P. R., 52.
Trilla v. Smith, 7 D. P. R., 15.
Escalona v. El Registrador, 9 D. P. R., 581.
Dooley v. El Registrador, 12 D. P. R., 210.
Després v. El Registrador, 14 D. P. R., 621.
Boscio v. El Registrador, 14 D. P. R., 624.
Cot v. El Registrador, 15 D. P. R., 482.
Feliú v. El Registrador, 16 D. P. R., 766.

De tales antecedentes surge la cuestión de si, para responder de deudas del marido, puede ser anotado en el re-gistro de la propiedad un embargo trabado sobre bienes que aparecen inscritos a nombre dé la esposa en concepto de gananciales.

Si bien el crédito embargado en este caso figura inscrito a nombre de la esposa, sin embargo, como se trata de un bien ganancial, tal inscripción ba de reputarse a favor de la persona jurídica sociedad conyugal y no a nombre priva-tivo de ella, ya que no pertenece a ella sola, ni tampoco es. dueña de la mitad de tal crédito, pues mientras no se disuelva la sociedad de gananciales con su marido y se baya becbo la liquidación de ésta, no puede llegar a ser dueña de la mitad del'líquido que resulte. (Yéanse las Besoluciones de la Direc-ción de los Begistros de 2 de diciembre de 1889, 5 de abril de-1893, 7 de junio de 1894, 18 de febrero de 1896 y 29¡ de abril de 1902.)

En el caso de Vivaldi v. Mariani, 10 D. P. R., 444, en el que fueron demandados ambos cónyuges, y que ba sido ci-tado con aprobación en el de Sucesión García v. El Registrador de la Propiedad 16 D. P. R., 781, resolvió esta Corte Suprema que las prescripciones del artículo 1323 del Código-Civil Bevisado, según las que los bienes gananciales respon-den de las deudas contraídas por el marido durante el matri-monio, no están limitadas por el artículo 1328 del propio-Código que exige el consentimiento expreso de la esposa para. que el marido pueda donar, enajenar y obligar los bienes inmuebles de la sociedad conyugal y que ambos artículos pueden armonizarse, porque cuando se declara que una obli-gación ba sido contraída por el marido durante el matrimonio, nada ba becbo el esposo que le esté prohibido bacer sin el expreso consentimiento de su consorte, pues es la ley la que requiere que ambos respondan con todos los bienes pertene-cientes a la sociedad de gananciales.

Siendo, pues, tal crédito hipotecario de la sociedad de gananciales, y estando a cargo de ésta, según el No. Io. del artículo 1323 del Código Civil Revisado, las deudas y obliga-ciones contraídas durante el matrimonio por el marido, y también por la mujer en los casos en que pueda legalmente obligar a la sociedad conyugal, es obvio que si se pretende anotar un embargo sobre ese crédito hipotecario, no puede considerarse a la esposa como persona distinta cuando se trata de cobrar al marido deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio. (Resoluciones de la Dirección de los Registros de 22 de septiembre de 1904 y 20 de septiembre de 1907.)

Así, pues, carece de fundamento el único motivo en que basó el registrador su negativa para bacer la anotación pre-ventiva que se le pidió, por lo que se revoca dicha nota y se ordena la anotación. ,

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. Aldréy,

text:
    El Pueblo v. Julián.
    ApelaoxÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 465.
    Resuelto en diciembre 3, 1912.
    JDerecho Penal — Portar Armas Prohibidas — Orden en la Presentación de Pruebas — Discreción del Tribunal Sentenciador. — No comete error el tribunal que en el ejercicio de la facultad discrecional que tiene para regular el orden en la presentación de pruebas, permite a una parte, después de cerrar su caso terminando eon la presentación de todas sus pruebas, la investiga-ción de cualquier hecho directamente relacionado con la cuestión en eon-versia.
    Id. — Terminación de la Prueba del Fiscal — Permiso para Presentar Prueba Adicional.- — En el caso de autos se resolvió que habiendo el Fiscal renun-ciado a la presentación del resto de sus testigos, reservándose el derecho de presentar el arma ocupada, tal renuncia no quiere decir que el Fiscal haya cerrado su caso terminando la presentación de toda su prueba y el tribunal sentenciador no cometió error al permitirle probar que en realidad fué ocu-pado un revólver al acusado, lo cual solicitó al tener conocimiento de que dicho revólver no había sido recibido en la corte.
    Id. — Portar Armas Prohibidas — Elementos de Dicho Delito — Presentación del Arma Ocupada. — El delito de portar armas prohibidas no consiste en que a una persona se le ocupe determinada clase de armas, sino en llevar encima o en su persona, montura, alforjas, banastas, cualquier revólver, '• puñal, etc., (leyes de 1905, p. 23) y por lo tanto para condenar a una persona acusada de dicho delito, no es necesario probar que el arma ha sido ocupada, ni presentar dicha arma al tribunal sentenciador.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    La parte apelante no compareció.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldréy,

emitió la opinión del tribunal.

Conociendo la Corte de Distrito de Gnayama, en grado de apelación, de una denuncia presentada en la corte de paz de dicha localidad contra Lúeas Julián, lo declaró culpable" del delito que se le imputó de portar armas prohibidas y le impuso la pena correspondiente. Contra ese fallo estable-ció Lucas Julián recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, en la cual no ha presentado alegato de errores ni tampoco asistió a la vista de ella, pero en la transcripción de los autos existe un pliego conteniendo la prueba practi-cada en el juicio y las excepciones que la defensa del denun-ciado consignó a ciertas resoluciones de la corte sentencia-dora.

Del expresado pliego aparece que después de haber exa-minado el Fiscal dos testigos que presentó a la corte, renun-ció al resto de su prueba, pero le pidió permiso para presen-tar como evidencia el revólver ocupado al denunciado; y al saber por el secretario de dicha corte que tal arma no se había recibido en ella, anunció que presentaría prueba de su extravío.

Luego renunció también a este medio de prueba y anum ció que presentaría testigos que habían visto el arma en el juzgado de paz, a cuya clase de prueba se opuso la defensa ■fundándose, primero, en que el Fiscal había cerrado ya su caso; y segundo, en que la evidencia del testigo que se ofre-ció acerca de que se inscribió el arma en el registro de la po-licía no es evidencia de que tal arma perteneciera al acusado y que le fuera ocupada y presentada en el juicio celebrado contra él.

En cuanto al primer motivo de la excepción diremos que el Fiscal no había aún terminado la presentación de toda su evidencia, pues si bien renunció al resto de sus testigos, manifestó, sin embargo, que presentaría el arma ocupada y cuando conoce que no se ha recibido en la corte, trata de probar por otros medios que en realidad fué ocupado un re-vólver al acusado. Pero aunque hubiera sido cierto que cuan-do él propuso esta última evidencia ya había terminado el Fiscal con toda su prueba, no obstante, la corte no habría cometido error alguno en su admisión porque tiene facultad discrecional para regular el orden de la presentación de las pruebas y para permitir la investigación de cualquier hecho directamente relacionado con la cuestión en controversia. (Arrusa v. Laugier, 14 D. P. R., 28.)

El segundo fundamento de la excepción está relacionado íntimamente con una moción que terminadas las pruebas presentó la defensa del acusado, por lo que las trataremos conjuntamente.

Al terminar su prueba el Fiscal la defensa del denunciado alegó que no se había probado el delito imputádole, porque no se había presentado la evidencia adecuada de la existen-cia del arma ocupada que es el corpus delicti, o prueba suple-toria de acuerdo con la ley de evidencia, por lo que faltando esa prueba que es la principal en el delito de portar armas prohibidas, el Pueblo no ha probado su caso.

Esta moción y el segundo motivo de la anterior parece sostener la teoría de que en los delitos de portar armas pro-hibidas es necesaria la presentación del arma ocupada y qne sólo en defecto de esto puede presentarse evidencia secun-daria.

En el caso presente, aunque no se presentó a la corte de distrito el arma ocupada al apelante, sin embargo, se mos-tró a ella suficientemente que al ser detenido Lucas Julián llevaba encima, y le fué ocupado, un revólver cargado con cuatro cápsulas, lo que es suficiente para que fuera decla-rado culpable del delito de que se le juzgó, pues la presenta-ción del arma no es un elemento esencial en el delito de por-tar armas prohibidas, que no consiste en que a una persona se le ocupe determinada clase dé armas, sino en demostrar que lleva encima o en su persona, montura, alforjas o banastas, cualquier revólver, puñal, etc. (Leyes de Puerto Rico del año 1905, pág. 23.)

Si, pues, tal delito está constituido por el becbo de llevar encima o en la persona cualquier arma de las que especi-fica la misma ley, justificados esos extrepaos, no es necesario para que proceda una condena, que el arma haya sido ocu-pada ni que se presente al tribunal que conozca del caso, por lo que no existe el error alegado por el apelante por no haberse presentado el arma que portaba el denunciado.

No vemos motivos para una revocación del fallo y debe .ser confirmado.

Confirmada

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-.ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    El Pueblo v. Beltrán et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 440.
    Resuelto en diciembre 3, 1912.
    Derecho Penal — Conspiración—Prueba Circunstancial. — Teniendo en cuenta el carácter secreto de las conspiraciones, por regla general es necesario pro-barlas por medio de prueba circunstancial.
    Id. — Corpus Delicti — Prueba de- la Conspiración — Admisiones Hechas por. Uno de los Conspiradores. — Una corte puede en el ejercicio de la facultad discrecional que tiene para dirigir el orden de la presentación de pruebas,, permitir al Fiscal que presente como prueba la confesión hecha por uno dé-los conspiradores al declarar como testigo en la investigación del delito prac-ticada por el Fiscal, sobre todo cuando no se ha demostrado que dicha con-fesión no se hiciera libre y espontáneamente por el conspirador, y aun cuando en aquel momento del juicio no estuviera probada la existencia de la conspiración.
    Id. — Prueba de la Conspiración — Actos de uno de los Conspiradores. — Aunque la regla general es que no se admita ninguna declaración de los conspira-dores hasta que no se haya establecido primeramente la conspiración, la corte tiene la facultad discrecional de variar el orden de la prueba' en cuanto a este particular, y su resolución en ese sentido no será revocada, siempre que las circunstancias del caso lo justifiquen.
    Id. — Investigación por el Fiscal — Declaraciones de los Testigos. — La ley vigente en Puerto Rico no exige que un Fiscal tome por escrito las declara-ciones prestadas por los testigos llamados a declarar ante él en la investi-gación de un delito, y tampoco exige la ley que una acusación presentada por un Fiscal venga acompañada de las declaraciones de los , testigos por escrito.
    Id. — Investigación Preliminar en una Corte Municipal. — La ley vigente en Puerto Rico no exige que se practique una investigación preliminar en una corte municipal, cuando el caso se inicia por medio de la acusación jurada del Fiscal, para que la corte de distrito pueda conocer del caso.
    Id. — Pruebas—Investigación .Preliminar ante una Corte Municipal — Decla-ración de Testigos. — Se resolvió en el caso de autos que el tribunal sen-tenciador no cometió error alguno al negarse a exigir al Fiscal que presentara las declaraciones prestadas por los testigos en la investigación preliminar practicada ante una corte municipal, pues suponiendo que fueran admisibles los acusados podían haber obtenido dichas declaraciones por medio de una ’ citación duces tecum.

    Los Hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: .Sr. Nemesio R. Canales.

    ’Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una apelación procedente de la Corte de¡ Distrito de Ponce, en donde se originó esta cansa a virtud de acusación presentada por el Fiscal contra Miguel y Desi-derio Beltrán. La acusación alega en substancia que el día 7 de enero de 1912, los acusados voluntaria, maliciosa e ile-galmente conspiraron para cometer el delito de destrucción fraudulenta de bienes asegurados, consistente en quemar una casa propiedad del acusado Miguel Beltrán, sita en la calle Ruiz Belvis de esa ciudad, cuyo liecbo trataron de realizar durante la noche del 7 al 8 de enero de 1912, estando asegu-rada dicha casa contra incendios en la Compañía de Segu-ros “Norwich Union Insurance Company,” por la suma de 400 dollars, siendo la intención de los referidos acusados el defraudar a dicha compañía; a cuyo efecto ambos acusa-dos introdujeron gasolina dentro de la referida casa el día 7 de enero de 1912, colocándola en distintos depósitos cerca de los cuales pusieron pajas y sacos y otros artículos fáciles de incendiar, cerrando herméticamente las puertas de dicha casa; y una vez terminados los preparativos ambos acusa-dos abandonaron la casa y en ]a madrugada del siguiente día, o sea el 8 de enero, 1912, el acusado, Desiderio Beltrán, penetró de un modo clandestino y siempre de acuerdo con el otro acusado, Miguel Beltrán, en la casa de este último, con la intención de quemarla, en cuyo momento fue sorpren-dido por la policía.

El primero y principal fundamento del recurso es que la corte cometió error denegando la moción presentada por los acusados solicitando el sobreseimiento del caso al terminar la prueba del Fiscal. Alega la defensa, que no fue- estable-cido el corpus delicti — esto es, el hecho de la conspiración misma — y alegó que la falta' de esta parte esencial de la prueba no podía suplirse con manifestaciones o admisiones puestas en boca de Miguel Beltrán, y que descartando este elemento de prueba sólo quedaban los actos realizados por Desiderio Beltrán, de los cuales ni siquiera remotamente pue-de llegarse a la conclusión de que existió la confabulación o acuerdo entré ambos que es el corpus delicti en el presente caso; que aun en el supuesto de que arbitrariamente se diera a las manifestaciones del Sr. Beltrán al Fiscal el carácter de una confesión, todavía esa confesión, no habiéndose esta-blecido el corpus delicti, no podría afectar al otro acusado, y por consiguiente, no pudiendo probarse con dicha confe-sión que Desiderio Beltrán conspiró para realizar tal o cual acto, dicha confesión tampoco tendría valor en cuanto a Miguel Beltrán, ya que en todo delito de conspiración deben existir necesariamente dos o más personas culpables.

Independientemente de las admisiones hecha por Miguel Beltrán hubo prueba tendente a demostrar que Miguel Bel-trán era dueño de una casa sita en la calle de Ruiz Belvis en Ponce, la que aseguró contra incendios en la Compañía de Aseguros “Norwich Union,” por la suma de 400 dollars, cuya casa sólo tenía un valor de 250 dollars; que la casa había estado habitada por Miguel Beltrán y poco antes de la supuesta tentativa para incendiarla, se mudó de ella, lle-vando su familia a vivir al campo; que Miguel Beltrán y Desiderio Beltrán son hermanos; que el día 7 de enero de 1912, a eso de las cuatro de la tarde el acusado Desiderio Beltrán estuvo en dicha casa acompañado de un hijo suyo, el que llevaba un saco debajo del brazo; que Desiderio Bel-trán se quitó el gabán, dió una o dos vueltas por el patio ,y lo puso encima de la galería; que también llegó Miguel Beltrán y clavó una aldaba en la parte exterior de una puerta que da al patio, y luego entró al comedor, el día 7 de enero. En otras palabras, que en ese determinado día estas tres personas fueron vistas alrededor de esta casa que se encon-traba desocupada. En la noche del referido 7 de enero como a las 11% varias personas que pasaron por frente a la refe-rida casa sintieron un olor desagradable a gasolina, lo que les llamó la atención hasta el extremo de darle cuenta a la policía; que la policía vino y entró en la casa y, al abrir la puerta que estaba cerrada con una aldaba, el olor se hizo más fuerte, y alumbrados con una vela vieron hacia el interior un montón de pajas que llegaban hasta él centro de la .sala, y eso venía a empalmar eon nna tina de madera cubierta de sacos o trapos y nna caja vacía;, qne dicha tina estaba llena de gasolina; qne el montón de paja seguía hasta otra habitación contigua, donde había también otra tina qne con-tenía gasolina, qne también estaba cubierta con sacos n otro material inflamable; que la puerta principal de la sala es-taba cubierta con una cortina de sacos puesta interiormente y los agujeros tapados con trapos y papeles, y además los huecos y griegas estaban también tapados con papeles y tra-pos; que como a las 5y2 de la mañana del día 8, Desiderio Beltrán saltó una empalizada, pasó por debajo de la casa, llegó hasta el portón y le puso la tranca, se subió al balcón donde se quitó la chaqueta que colocó en la baranda, metió un paquete dentro de un barril que había allí y cuando iba a abrir la puerta para entrar en la casa fué detenido por la policía que se había quedado vigilando; que el paquete que puso dentro del barril contenía' 4 pedazos de velas y 1 caja de fósforos.

Aunque esta narración que se ha hecho de la evidencia no es la prueba más robusta, que pudiera presentarse acerca de la existencia de un mismo plan entre los dos hemanos, sin embargo ella constituye prueba circunstancial robusta tendente a demostrar que Miguel y Desiderio Beltrán cons-piraron para incendiar la casa.

La moción de sobreseimiento presentada se fundó en que la corte no tenía derecho a tomar en consideración las ad-misiones hechas por Miguel Beltrán, no habiendo por tanto ■explicación alguna en cuanto al hecho de haberse encontrado el material inflamable en la casa, la salida de la misma de Miguel Beltrán, la presencia de los dos hermanos por la tarde y la visita por la mañana temprano de Desiderio Bel-trán, con lo que iba a dar comienzo al fuego. Toda esta serie •de-acontecimientos constituyó prueba por la que no podía lle-garse a ninguna otra conclusión razonable sino la de que existió el propósito de pegar fuego a la casa, y de haber tra-mado'conjuntamente los dos hermanos el proyecto de cobrar el dinero del aseguro sobre nna casa qne había sido asegu-rada por un valor mayor del qne tenía.

Es nn hecho que resulta evidente si se tienen en cuenta las autoridades, qne dado el carácter secreto de las cons-piraciones, con frecuencia, si no generalmente, deben probarse mediante prueba circunstancial.

People v. Donnolly, 143 Cal., 398; U. S. v. Sacia, 2 Fed. Rep., 754-757; U. S. v. Johnson, 26 Fed. Rep., 684; People v. Bentley, 75 Cal., 409; State v. Bingham, 42 W. Ya., 234; 24 S. E., 883.

Sin embargo, aun cuando no se les hubiera visto juntos a los dos acusados en un momento tan inmediatamente anterior a la entrada clandestina de Desiderio Beltrán y no se hubiera probado el corpus delicti que revela la existencia de un mismo plan, creemos que aun así la corte tenía derecho a tomar en consideración la prueba del Fiscal referente a la admisión o confesión de Miguel Beltrán. Este no es un caso en que se trata de establecer una relación entre el acusado y un propósito nefando por la manifestación de un cómplice que describe los actos y hechos de dicho acusado. Ya había quedado demostrado por la prueba que se presentó a la corte que Desiderio Beltrán había tenido el proyecto de que-mar la casa de su hermano. Hubo prueba suficiente que demostraba que Desiderio Beltrán, ya por sí o con la ayuda de otros, hizo los preparativos para quemar la casa. La prueba hasta ese punto fué de tal naturaleza que resultaba enteramente compatible con el hecho relativo a la coopera-ción de otras personas, además de Desiderio Beltrán. ¿Cuál fué la admisión o confesión de Miguel Beltrán? Esta fué en efecto la de que había trasladado su familia al campo con mo-tivo de la muerte de dos de sus hijos y puso la gasolina y otro material en la casa para desinfectarla. Esta admisión por sí sola no podía complicar en manera alguna a su hermano, y si algo significaba era que éste último no había tenido par-ticipación en el delito más grave de incendio malicioso, o en el de haber tratado de defraudar a un asegurador, o sea el delito de felony que determina el artículo 478 del Código Penal. Dicha admisión era ciertamente pertinente como prueba en contra de Miguel Beltrán, con cuyo fin fue admi-tida por la corte.

La objeción de que la supuesta confesión de Miguel Bel-trán era inadmisible, carece de fundamento. El fué citado por el Fiscal para comparecer como testigo en una investi-gación preliminar y declaró libre y voluntariamente. Ade-más, aparece de los autos que en este caso no existió nin-guno de los elementos por los cuales puede rechazarse una confesión.

Al terminar la prueba del Fiscal se formuló la objeción de que no se había probadó la conspiración en su totalidad. El orden de la prueba es discrecional en la corte aun en los casos de conspiración, como se ve en la siguiente cita:

“Después de haberse presentado prueba tendente a probar una conspiración no era necesario que se demostrara que en realidad la conspiración se había formado, antes de que puedan probarse las de-claraciones de cualquiera de los conspiradores. Si la conspiración no se prueba finalmente, deberá hacerse caso omiso de dichas declara-ciones. Está confiado en gran parte a la discreción de la corte el determinar la prueba que ha de exigirse acerca de la existencia de la conspiración antes de que se admita prueba de los actos y declara-ciones de uno de los supuestos conspiradores en ausencia del otro. (People v. Danniels, 105 Cal., 262, 265; 36 Pac. Rep., 720.)
“Aunque la regla general es que no se admitirá ninguna declara-ción de los conspiradores hasta .que no se haya establecido primera-mente la conspiración, la corte puede variar el orden de la prueba en cuanto a este particular, pues ese precepto no es imperativo; y siem-pre que las circunstancias lo justifiquen la acción de la corte variando dicho orden será aprobada. (People v. Donnolly, 143 Cal., 394, 398; 77 Pac. Rep., 177. Véase también People v. Fehrenbach, 102 Cal., 394; 36 Pac. Rep., 678; People v. Van Horn, 119 Cal., 323, 330; 51 Pac. Rep., 538; People v. Compton, 123 Cal., 403, 408; 56 Pac. Rep., 44; 8 Cyc., 580-3.)”

Además, era un juicio por la corte y el orden de la prueba no era de gran importancia. ( Belber v. Calvo, 16 D. P. R., 360; People v. Silva, 17 D. P. R., 607.)

Otro error que lia sido alegado es que la corte debió baber tomado en consideración la moción qne presentó el acusado para qne se desestimara la acusación pues como se fundó en declaraciones que se hicieron al Fiscal, la declaración del testigo debió haberse acompañado a la acusación. La ley no exige que el Fiscal tome declaraciones por escrito. El hace las veces del gran jurado. Los casos de People ex rel. Levingston v. Wyatt, 10 L. R. A. (N. S.), 159, y Kalloch v. Superior Court; 56 Cal., 229, no tienen aplicación a un cuerpo de hombres responsables como el gran jurado, o el Fiscal según nuestra ley. La ley nuestra relativa a este punto se encuentra expresada en los artículos 3 y 67 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

También formularon los acusados una objeción para que la corte de distrito no siguiera conociendo del caso por no haber habido procedimientos preliminares en una corte municipal para la detención de los acusados. La ley de Puerto Rico no exige ese procedimiento preliminar cuando el caso se inicia por denuncia o acusación jurada del Fiscal. (People v. Acosta, 11 D. P. R., 249-257; People v. Adorno, 17 D. P. R., 1102; People v. Díaz, resuelto en noviembre 21, 1912.)

También parece que hubo cierta investigación ante un juez municipal, y los acusados interesaban que las declara-ciones de los testigos que fueron tomadas en dicha inves-tigación se presentaran a las corte. Si existieron esas de-claraciones y eran pertinentes,' el acusado pudo haber hecho uso de una orden subpoena, duces tecum. Tal vez si dichas manifestaciones solamente hubieran sido pertinentes en un examen de repreguntas. La corte no cometió error alguno al negarse a exigir al Fiscal que presentara cualesquiera de-claraciones que se le hubieran hecho.

Se hicieron algunas otras objeciones relativas al peso de la prueba y a la admisión de un plano de la casa. El peso de la prueba era una cuestión de la incumbencia de la corte, y el plano de la casa demostraría la situación de la misma y daría alguna idea de su valor.

No encontramos que se haya cometido error alguno y la sentencia debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres.-Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey,


author: El Juez Asociado Su. del Tobo,

text:
    El Pueblo v. Delgado.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 487.
    Resuelto en diciembre 3, 1912.
    Derecho Penal — Insuficiencia de la Prueba del Fiscal — Elementos Cons-titutivos del Delito — Facultades de la Corte Sentenciadora para Or-denar un Veredicto Perentorio de Absolución. — Cuando la prueba presen- . tada por el Fiscal es insuficiente por no demostrar la existencia de alguno de los elementos constitutivos del delito, entonces tiene la corte sentenciadora, la facultad de ordenar al jurado que presente un veredicto perentorio de absolución:
    Id. — Prueba Contradictoria — Apreciación de la Prueba por el Jurado — Fa-cultades de la Corte Sentenciadora para Ordenar un Veredicto Peren-torio de Absolución. — Cuando el Fiscal presente prueba de todos los elemen-tos esenciales del delito y lo único que existe es que tal prueba ha sido con-tradicha, entonces no se trata de un caso de evidencia insuficiente, sino de evidencia contradictoria, y como es al jurado y no al juez al que corresponde resolver el conflicto, comete error la corte que en tal caso ordena al jurado que absuelva perentoriamente al acusado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelado: Sr. José Ton,s Soto.

   El Juez Asociado Su. del Tobo,

emitió la opinión' del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Ponee formuló acusación contpa Eladio Delgado imputándole la comisión de un delito de muti-lación, perpetrado como sigue: Que el citado Eladio Delgado en o por el día 26 de abril de 1912, y en el barrio de “La Piedra” del Municipio de Barros, Distrito Judicial de Ponce, ilegal y maliciosamente acometió y agredió con un machete a Encarnación Oranges, infiriéndole varias heridas en las manos y en el antebrazo derecho, quedando Oranges como consecuencia de las mismas inútil de la mano derecha.

El acusado hizo la alegación de no culpable y solicitó que lo juzgara un jurado. El juicio se celebró el 14 de agosto de 1912, declarando por parte del Fiscal un perito médico, el perjudicado y una testigo, y por parte de la defensa, el acusado, un perito médico y tres testigos.

Con respecto a la inutilidad de la mano derecha de Oranges a consecuencia de una de las heridas que recibiera, am-bos peritos estuvieron substancialmente conformes en que existía. Con respecto a la forma en que se realizara el hecho, la prueba es contradictoria, pues mientras la del Fiscal tien-de a demostrar que Delgado acometió y agredió a Oranges, sin que éste antes lo provocara ni acometiera, y le causó con su machete las heridas, golpeándole aún después de haber caído Oranges al suelo, la de la defensa tiende a probar que Oranges injurió de palabras y acometió primero a Delgado y que éste no hizo más que defenderse.

El caso fué sometido al jurado por el juez, expresando en sus instrucciones con toda corrección que la prueba había resultado contradictoria en el extremo esencial a que nos hemos referido, e indicando al jurado que podía volver con un veredicto bien en favor del acusado si creía a sus testi-gos, o en contra del mismo si daba crédito a los del Fiscal.

El jurado volvió a la sala de la corte y manifestó que no había podido llegar a un acuerdo. Entonces el juez manifestó al jurado que había pensado en dar una instruc-ción de absolución perentoria al terminar la prueba, pero que no quería hacerlo e invitaba al jurado- a que reconsiderara la prueba y trajera su veredicto. El jurado se retiró nueva-mente a deliberar y volvió manifestando de nuevo que no había podido llegar a un acnerdo. Entonces el juez se ex-presó así: £íEsta corte tiene la facultad por la ley de apre-ciar la prueba y de determinar si ella es suficiente para jus-tificar un veredicto de culpabilidad, y haciendo uso de esa facultad la corte ordena al jurado que emita en este caso nn veredicto perentorio de absolución. El secretario regis-trará ese veredicto como dado por el jurado en corte abierta.”

Registrado el veredicto se dictó sentencia absolviendo al acusado, y contra dicha sentencia se interpuso por el Fiscal el presente recurso de apelación que autoriza el número 2 del artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Toda la cuestión envuelta en este caso gira sobre la inter-pretación que deba darse al artículo 257 del Código de En-juiciamiento Criminal, que, copiado a la letra, dice así: £ Ar-tículo 257. Si en cualquier tiempo después de terminada para ambas parte la presentación de pruebas, el tribunal consi-dera éstas, insuficientes para justificar la declaración de cul-pabilidad, ordenará perentoriamente al jurado que absuelva al acusado.”

La corte sentenciadora opina que dicho artículo le da facultades para ordenar al jurado que absuelva perentoria-mente al acusado en todos los casos en que el juez estime a virtud de un análisis de las pruebas, que procede tal abso-lución.

A nuestro juicio la opinión del juez sentenciador no está bien fundada, y sostenerla equivaldría a cambiar por com-pleto las relaciones que siempre .han existido desde la crea-ción del jurado, entre el jurado como juez de los hechos y de la credibilidad de los testigos, y el juez de la corte que preside el juicio como juez de derecho.

El expresado artículo tiene un alcance más limitado. Su aplicación por parte del juez está dentro de su radio de acción como juez de derecho. Pondremos dos ejemplos para fijar nuestro criterio: 1. En nn caso de asesinato no se pre-senta prueba directa de la muerte de la persona que se alega que fué muerta. El juez debe ordenar un veredicto peren-torio de absolución. ¿Por qué? Porque la prueba aportada es insuficiente ya que la ley (Art. 206 del Código Penal), exige que se pruebe por prueba directa que la persona que se alega que fué muerta había muerto realmente. 2. En un caso de seducción no se aporta prueba sobre la promesa de matrimonio. El juez debe ordenar la absolución perentoria del acusado. ¿Por qué? Porque la prueba no es suficiente,. ya que la promesa de matrimonio de acuerdo con la ley (Art.. 261 del Código Penal), es un elemento integrante del delito. En ambos casos lo único que hace el juez es aplicar la ley, sin invadir las atribuciones del jurado.

Pero cuando se presenta prueba de todos los elementos esenciales del delito, y lo único que existe es que tal prueba ba sido contradicha, entonces no se trata de un caso de evi-dencia insuficiente, sino de evidencia contradictoria, y el ju-rado, y no el juez, es el llamado a resolver el conflicto. Si en tal caso el juez sustituye su juicio al juicio del jurado y ordena a éste que absuelva perentoriamente al acusado, su acción es claramente errónea, y la sentencia que se dicte basada en el veredicto así obtenido es nula y debe revocarse.

Abundante y clara jurisprudencia puede invocarse para sostener los principios establecidos en esta opinión, pero nos limitaremos a citar tres casos, uno de Massachusetts, otro de New York y otro de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Cuando se ha introducido evidencia competente para sos-tener todas las alegaciones materiales de una acusación, la apreciación de si la evidencia es o nó suficiente, corresponde ordinariamente al jurado en la primera instancia, y la corte obra correctamente cuando en tal caso rehúsa ordenar al jurado que absuelva al acusado. (Comm. v. Hollis, 170 Mass., 433.)

En un caso en el que se ha admitido evidencia apropiada tendente a probar todos los elementos constitutivos del cri-men y la fuerza y efecto que deba darse a dicha evidencia depende de la credibilidad de los testigos, la corte no tiene facultad para retirar el caso de la consideración del jurado, aunque opine que la evidencia no es bastante para justificar una condena. (People v. Bennett, 49 N. Y., 138, 142.)

Cuando se ha presentado evidencia apropiada y legal por parte del gobierno en el juicio de nna cansa criminal, evi-dencia que de ser creída sería suficiente para probar el de-lito y sostener un veredicto de culpabilidad contra la persona acusada, si se pidiera a la corte que ordenara al jurado que absolviera al acusado, tal petición debe negarse por la corte, y dicba negativa no suscita ninguna cuestión de dere-cho y esto aun cuando la evidencia por parte del acusado sea mucho más fuerte y más satisfactoria que la del gobierno. La cuestión, bajo tales circunstancias, es para el jurado y no para la corte. (France v. United States, 164 U. S., 676, 681.)

Por las razones expuestas, el recurso interpuesto debe declararse con' lugar y revocarse la sentencia apelada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.