author:
(Fdo.) Camelia Montilla Alvarado Secretaria del Tribunal Supremo Interina
     Juez Presidente Señor Hernández Denton, Juez Asociado Señor Rivera García,

text:
    Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO), Taller de Fotoperiodismo, Inc., Asociación de Periodistas de Puerto Rico y Overseas Press Club, Ex parte, peticionarios.

      Número: MC-2013-0059

      Resuelto: 27 de noviembre de 2013

      Juan R. Acevedo Cruz, abogado de Ángel Malavé Zayas.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Solicitud para que se Deje sin Efecto Au-torización de Utilización de Cámaras, Equipo Audiovisual y Transmisión de Procedimientos, se declara “no ha lugar”.

Notifíquese vía fax, por teléfono y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Presidente Señor Hernán-dez Denton emitió un voto de conformidad, al cual se unie-ron los Jueces Asociados Señor Martínez Torres y Señor Kolthoff Caraballo. El Juez Asociado Señor Rivera García emitió un voto particular disidente, al cual se unió la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón reconsideraría y dejaría sin efecto la Re-solución del 4 de noviembre de 2013, según solicitado. Las Juezas Asociadas Señora Fiol Matta y Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

(Fdo.) Camelia Montilla Alvarado Secretaria del Tribunal Supremo Interina

Voto de conformidad emitido por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton,

al cual se unen los Jueces Asociados Señor Martínez Torres y Señor Kolthoff Caraballo.

El pasado 4 de noviembre autorizamos la grabación y transmisión de la vista de sentencia del caso Pueblo v. Malavé Zayas al amparo del Canon 15 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B. Ahora, a través de sus representantes legales, el Sr. Angel Malavé Zayas comparece ante nos para solicitar que dejemos sin efecto dicha autorización.

En síntesis, argumenta que nunca fue notificado de la petición que hicieran los gremios periodísticos y que la de-cisión de este Tribunal “sitúa al acusado en una innecesa-ria confrontación con los medios del País”. Además, esboza que la petición de los gremios periodísticos fue al amparo del Canon 15 de Etica Judicial, supra, y del Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Foto-gráficas y Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales (Programa Experimental), por lo que debe ser atendida por el Tribunal de Primera Instancia. Por otra parte, arguye que el Canon 15, supra, no es autoejecutable, sino que es necesario que este Tribunal adopte un reglamento o enmiende el Regla-mento del Programa Experimental. Por último, señala que la vista de sentencia en este caso probablemente será de carácter contencioso y que contra el señor Malavé Zayas hay otros procedimientos criminales pendientes. En la so-licitud, indica que la cobertura mediática del caso ha sido amplia y notoria y que este Tribunal puede tomar conoci-miento de la misma.

En primer lugar, al tomar la determinación de autorizar la petición de los gremios periodísticos, este Tribunal con-sideró fundamental la etapa procesal en la que se encuen-tra el caso en el Tribunal de Primera Instancia y el posible perjuicio que podría sufrir el señor Malavé Zayas. Así lo hicimos constar en nuestro voto de conformidad cuando ex-presamos que

[...] al acceder a lo solicitado, consideramos cuidadosamente que este caso se encuentra en la etapa de vista de sentencia donde un Jurado deliberó y adjudicó la responsabilidad penal del acusado. O sea, no estamos ante una petición para trans-mitir el juicio o la vista preliminar, las cuales son etapas más sensitivas del proceso criminal. En este sentido, entendemos que mediante la transmisión de dicha vista el acusado no sufrirá un perjuicio y no existe un riesgo de que se afecte la administración de la justicia. Al contrario, sostenemos que se abona a la fiscalización de nuestro sistema [...] ASPRO et al., Ex parte I, 189 DPR 769, 773 (2013), voto de conformidad del Juez Presidente Señor Hernández Denton.

En segundo lugar, debemos aclarar que mediante la resolución In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424 (2013), este Tribunal enmendó el Canon 15 de Etica Judicial, supra, y adoptó el Reglamento del Programa Experimental. Dicho reglamento constituyó el primer conjunto de normas para autorizar la toma de fotogra-fías o video en el salón del tribunal durante la celebración de sesiones judiciales. Ahora bien, la adopción de dicho re-glamento no limita en absoluto nuestra facultad como Tribunal Supremo para adoptar otras reglas, ni emitir órde-nes en un caso en particular, como lo hicimos en el caso de autos. Eso es posible gracias a la enmienda al Canon 15 que permite dicho proceder. Por todo lo anterior, la autori-zación que concedimos fue según lo dispuesto en dicho Canon y nuestro poder inherente. Por ello, no procede revocarla.

Sin embargo, como muy bien indica la solicitud, el pre-sente caso ha sido cubierto ampliamente por los medios de comunicación. Incluso, fue objeto de noticia la petición de los medios de comunicación para difundir la vista de sen-tencia, nuestra determinación y las reacciones de los repre-sentantes legales del señor Malavé Zayas. Por ende, nos sorprende que la defensa, compuesta por distinguidos le-trados de amplia experiencia en el ejercicio de la abogacía y con conocimiento de la normativa ética aplicable, hayan reaccionado a nuestra determinación en un tono destem-plado y al margen de los postulados deontológicos que ri-gen nuestra profesión. En particular, sus expresiones sobre que este Tribunal tomó su decisión “en cuartos obscuros” son incorrectas y lesivas a esta Curia. Véanse: C. López Gabán, “ ‘Cero cámaras’ para Wiso Malavé y Pablo Casellas”, en: Tas Noticias, Primera Hora, 6 de noviembre de 2013, pág. 14; M. Correa Velázquez, “Defensa truena contra decisión del Supremo”, en: Locales, El Vocero de Puerto Rico, 6 de noviembre de 2013, pág. 10; M.E. Rivera, “Su-prema descarga de abogados defensores de Malavé por cá-maras”, en: Noticel, 5 de noviembre de 2013, http:// www.noticel.com/noticia/150960 / suprema-descarga-de-abogados-defensores-de-malave-por-camaras. html (última visita, 25 de noviembre de 2013).

Lejos de eso, nuestra decisión es un paso adicional hacia la transparencia de la Judicatura puertorriqueña. Como indicamos en nuestro voto de conformidad, lo que nos mueve a autorizar la grabación y transmisión de la vista de sentencia de este caso es que estamos convencidos que no se pone en juego la celebración de un juicio justo e imparcial. Además, aprovechamos la oportunidad para, a modo excepcional y experimental, evaluar los efectos de la transmisión de los procesos penales en las etapas posterio-res a la emisión de un fallo o veredicto y, sobre todo, conti-nuar avanzando en el camino de apertura y accesibilidad de los procesos judiciales en nuestro País.

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rivera García,

al que se une la Jueza Asociada Se-ñora Pabón Charneco.

Con el malogrado objetivo de promover la transparencia en los procedimientos judiciales, hoy una mayoría de los miembros de esta Curia se aferra en sostener la desafortu-nada determinación de autorizar la grabación y transmi-sión de la vista de sentencia en el caso Pueblo v. Malavé Zayas, Caso Núm. EIS2011G0004 al 14, al amparo de un reglamento que no es aplicable. Por entender que esta au-torización selectiva e improvisada incide contra el am-biente de orden y solemnidad que debe imperar en todo procedimiento judicial, particularmente en uno de índole criminal, no me resta más que disentir.

I

El 19 de abril de 2013 tomamos la decisión de enmendar el Canon 15 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, con el fin de viabilizar el establecimiento de un proyecto experimental que permitiera el uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión exclusivamente en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan. Véase In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424 (2013). Dirigido exclusivamente a ello, conjunto con la citada resolución, adoptamos el Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográfi-cas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales, disponible en: http.7/ www.ramajudicial.pr ¡leyes I Reglamentó-Utilización -Medios-Comunicacion-Procesos-Judiciales.pdf. Así, esta-blecimos que este reglamento “[r]egirá únicamente en los procesos judiciales celebrados en las Salas de Recursos Ex-traordinarios del Centro Judicial de San Juan”. (Énfasis suplido). Regla 3, In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., supra pág. 429.

Para mayor claridad sobre ese particular, expresamente consignamos que el término proceso judicial “comprende, sin limitarse a, la celebración de vistas de estado de los procedimientos, vistas argumentativas, conferencias con antelación al juicio y vistas en su fondo de aquellos asuntos y recursos en materia civil asignados en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan”. (Énfasis suplido). Regla 4, In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., supra pág. 430. Nótese que la frase “sin limi-tarse” se circunscribe a aclarar que se podrá grabar cual-quier procedimiento a celebrarse en las salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan, sin limi-tarse a los específicamente mencionados. Bajo ninguna cir-cunstancia supone que la adopción de este Reglamento aplicaría a “otros” procedimientos más allá de los celebra-dos en estas salas civiles.

De igual forma, dispusimos en nuestra Resolución que al finalizar el año desde que entrara en vigor el programa experimental —1 de julio de 2013 — , este Tribunal haría una “evaluación exhaustiva de la efectividad del uso de cá-maras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación en los procesos judiciales que se celebren en dichas salas”. In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., supra, págs. 427-428. De hecho, en aquella ocasión condicioné mi voto de conformidad a la enmienda al Canon 15 de Ética Judicial, supra, al hecho de que su aplicación se limitara exclusivamente al Programa Experimental por el término de un año, según adoptado en su correspondiente reglamento. Id.

En ese particular contexto fue que la Asociación de Pe-riodistas de Puerto Rico (ASPRO), el Taller de Fotoperio-dismo, Inc., la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club (en conjunto, grupos periodísti-cos), presentaron una Petición Especial de Autorización al Amparo del Canon XV de los de Ética Judicial y del Pro-grama Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual en los Procesos Judiciales. En esta, solicitaron autorización para grabar y transmitir por cá-maras fotográficas y equipo audiovisual la vista de senten-cia señalada en el caso criminal que se dilucida en contra del Sr. Ángel Malavé Zayas.

Evaluada tal petición, el 4 de noviembre de 2013 emiti-mos una resolución mediante la cual una mayoría de este Tribunal declaró “con lugar” el petitorio sin trámite ulterior. Véase ASPRO et al., Ex parte I, 189 DPR 769 (2013). Inconforme con este proceder, en aquella ocasión hice constar las siguientes expresiones:

[...] proveería “no ha lugar” a la solicitud de los peticiona-rios, toda vez que la misma queda fuera del alcance de la Re-solución ER-2013-1 emitida por este Tribunal y el Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográ-ficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales. En aquel momento, la decisión unánime de esta Curia fue establecer un Programa Experimental en las salas de recursos extraordinarios del Centro Judicial de San Juan. Conforme a lo allí dispuesto, al final de ese periodo, el cual culmina en julio de 2014, el Tribunal deberá evaluar exhaustivamente la efectividad del uso de los referidos equipos. Por lo tanto, resulta prematura cual-quier solicitud a los fines de ampliar lo que autorizamos me-diante la referida resolución, sin antes contar con el beneficio de una evaluación de ese periodo experimental. íd., págs. 770-771.

El 21 de noviembre de 2013 el señor Malavé Zayas, a través de sus representantes legales, compareció ante nos y solicitó que dejáramos sin efecto la autorización conce-dida a los grupos periodísticos. Véase Solicitud para que se Deje sin Efecto Autorización de Utilización de Cámaras Audiovisual y Transmisión de Procedimientos. En su co-rrespondiente solicitud, este argüyó que la Resolución adoptada por este Tribunal contraviene su derecho a un debido proceso ley, ya que nunca se le notificó del recurso ex parte, ni se le brindó la oportunidad de expresarse sobre el particular. Entiende que la autorización concedida para la grabación de la vista de sentencia le afecta directamente su derecho a un proceso justo e imparcial, particularmente ante la existencia de dos procesos criminales adicionales, con derecho a juicio por jurado, así como un proceso civil por jurado en el Tribunal de Distrito Federal relacionado a los casos criminales.

Por otra parte, expone que las organizaciones periodís-ticas solicitaron autorización para grabar los procedimien-tos al amparo del Canon 15 de Etica Judicial, supra, y del Reglamento del Programa Experimental, por lo que la so-licitud debió presentarse ante el Tribunal de Primera Ins-tancia, según establece el mencionado reglamento. Esta-blecen que el Reglamento dispone de una política pública sobre el uso de cámaras y otro equipo audiovisual en el contexto exclusivo y específico de las Salas de Recursos Ex-traordinarios del Centro Judicial de San Juan.

Ciertamente, coincido en parte con los planteamientos expuestos por la representación legal del señor Malavé Za-yas, particularmente en lo que respecta a la improcedencia de la solicitud presentada por el grupo periodístico al am-paro del inaplicable Reglamento del Programa Experimental. Nótese que aun si este fuese el cuerpo reglamenta-rio aplicable, como erróneamente concluye una mayoría de este Tribunal, la realidad es que la solicitud que realizaron los grupos periodísticos no estuvo conforme a sus disposi-ciones. Al respecto, la Regla 6 del Reglamento del Programa Experimental claramente dispone que todo medio de comu-nicación que interese tomar fotografías o grabar imágenes y audio con el propósito de difundir un proceso judicial deberá presentar una petición ante la Secretaría del Centro Judicial de San Juan, no ante este Tribunal. Esto denota con mayor claridad la inaplicabilidad del mencionado regla-mento, ya que sería totalmente improcedente solicitar auto-rización a la Secretaría del Centro Judicial de San Juan respecto a un proceso que se dilucida en el Centro Judicial de Caguas.

Lo anterior es tan sólo un ejemplo de la improcedencia de la solicitud presentada por los grupos periodísticos. Conforme a lo expuesto anteriormente, la enmienda que introdujimos al Canon 15 de Etica Judicial, supra, se hizo con el único propósito de hacer viable la implantación de un plan experimental aplicable exclusivamente a casos ci-viles que se diluciden específicamente en las Salas de Re-cursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan. A pesar de ello, con afán y prisa desmedida, hoy una mayoría de los miembros de esta Curia ignora sus propias expresio-nes anteriores y autoriza la grabación y transmisión de un procedimiento criminal, para lo cual aún no hemos adop-tado reglamentación específica alguna. La grabación de los procedimientos como el que hoy autoriza este Tribunal era lo que precisamente iba a ser objeto de estudio una vez finalizara el plan experimental en julio de 2014. ¿Qué ne-cesidad había de adoptar un programa experimental si antes de éste culminar y recibir los resultados ya estamos autorizando procedimientos que ni tan siquiera fueron con-siderados?

Sobre este particular, vale cuestionarse: ¿dónde está el informe que nos permitiría evaluar con detenimiento el im-pacto de las cámaras sobre el desarrollo de los procesos judiciales y los efectos concretos sobre la actuación de los participantes antes de establecer permanentemente una política institucional a esos efectos? ¿Dónde quedó la nece-sidad de delimitar una política institucional responsable sobre el uso de cámaras fotográficas y equipo audiovisual en los tribunales a la que nos invitaba el Juez Presidente tan reciente como en abril? Véase In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., supra, pág. 443, voto de conformidad del Juez Presidente Señor Hernández Denton. ¿Dónde quedó nuestro deber de “auscultar con detenimiento” y rea-lizar un “análisis sereno” sobre los derechos constituciona-les a la libertad de prensa, a un juicio rápido y público, y a la ventilación de un juicio ante un jurado imparcial? íd., pág. 446 esc. 2, voto de conformidad del Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez. Ciertamente, hoy una mayoría de este Tribunal abandona tales deberes y opta por apostar a un ejercicio de improvisación.

Contrario a lo que sugieren algunos, la evaluación de este programa experimental no debe limitarse a felicitacio-nes de pasillo y a que haya “tenido una excelente aceptación por parte de la prensa y de los dos jueces encargados de las Salas de Recursos Extraordinarios”. ASPRO et al., Ex parte I, supra, pág. 772, voto de conformidad del Juez Presidente Señor Hernández Denton. Necesitamos resulta-dos concretos que puedan ser objeto de estudio y análisis. El ambiente de respeto, solemnidad e imparcialidad, así como el orden y la buena conducta que debe imperar en todo proceso judicial, particularmente en uno de índole criminal, no se consigue mediante autorizaciones selectivas, improvisadas y desreglamentadas como las que avaló una mayoría de este Tribunal en el caso de autos.

Ahora bien, a pesar de mi postura sobre este particular, no puedo pasar por alto las desafortunadas expresiones emitidas por los representantes legales del señor Malavé Zayas en cuanto a que este Tribunal tomó su determina-ción en “cuartos obscuros”. Ello no tan solo es contrario a la verdad de lo que aconteció durante el proceso de evalua-ción de la petición presentada por los grupos periodísticos, sino que además transgrede la conducta ética y de respeto que debe imperar en nuestra profesión, aun cuando no co-incidamos con las posturas asumidas por este Tribunal.

II

Por los fundamentos antes expuestos, revocaría la auto-rización concedida a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO), al Taller de Fotoperiodismo, Inc., a la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico y al Overseas Press Club de grabar y transmitir el procedimiento de vista de sentencia en el caso de Pueblo v. Malavé Zayas, supra. Como tal proceder no fue el resultado que entendió correcto una mayoría de los miembros de este Tribunal, respetuosamente, disiento.

       Esto porque la redacción del Canon 18, según adoptado en los Cánones de Ética Judicial de 2005 y reenumerado como Canon 15, no permitía la toma de foto-grafías, películas o videos en los procesos judiciales. Véase Canon XVII de Ética Judicial de 1977.

       Esta Regla 6 específicamente establece, en su parte pertinente, lo siguiente:
      “(a) Todo medio de comunicación que interese tomar fotografías o grabar imá-genes y audio con el propósito de difundir un proceso judicial deberá presentar una petición por escrito para utilizar cámaras fotográficas o equipo audiovisual de difu-sión dentro del salón del tribunal. Dicha petición se completará en el formulario provisto para ello y se presentará en la Secretaría del Centro Judicial de San Juan por lo menos diez días antes de la fecha asignada en el calendario para el inicio del proceso o tan pronto advenga en conocimiento del mismo. El tribunal podrá aceptar peticiones luego de iniciado el proceso o las que no cumplan con dicho término si determina que existe causa justificada”. In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424, 432 (2013).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rivera García

license: Public Domain

text:
    San Gerónimo Caribe Project, peticionario, v. Marisol Marchand, Registradora de la Propiedad, Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección Primera de San Juan, recurrida.

      Números: RG-2013-003
    RG-2013-004

      Resueltos: 27 de noviembre de 2013

      Antonio R. Molina Machargo y María D. Trelles Hernández, de Pietrantoni Méndez & Álvarez LLC, abogados de la parte recurrente; Marisol Marchand Castro, Registradora de la Propiedad, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

La corporación San Gerónimo Caribe Project, Inc. (SGCP) nos solicita que revoquemos dos recalificaciones de la Registradora de la Propiedad de la Sección Primera de San Juan, Hon. Marisol Marchand (Registradora). En es-tas, la Registradora denegó la inscripción de la declaración de edificación, la compraventa de finca y estacionamiento comercial, la constitución del derecho de superficie, la constitución del Régimen de Propiedad Horizontal, entre otros, por insuficiencia en el pago de derechos de inscripción. En ese contexto, estos recursos gubernativos nos proveen la oportunidad de expresamos en cuanto al alcance e interpretación de la Norma Duodécima del Art. 2 de la Ley de Aranceles del Registro de la Propiedad, 30 LPRA sec. 1767(b) (Norma Duodécima). Específicamente esta normativa dispone:

En caso de enajenación, cesión o compraventa de fincas gra-vadas con hipotecas según el Registro de la Propiedad, de no constar del documento la inclusión de dichas hipotecas en el precio de venta, se tomará como base el precio de enajenación, cesión o compraventa o la suma total de las hipotecas, lo que resulte mayor a los efectos de la cancelación de los correspon-dientes derechos de inscripción. (Énfasis suplido).

Examinados ambos recursos decidimos consolidarlos por presentar controversias similares. Luego de analizar con rigor el estado de derecho aplicable, adelantamos que confirmamos la calificación de la Registradora. Pasemos a dilucidar los escenarios fácticos que dan lugar a esta controversia.

I

RG-2013-003

La SGCP es titular de una finca de 6,098.9650 metros cuadrados (equivalentes a 1.5517 cuerdas) en el área de San Juan en la cual desarrolló un proyecto mixto consti-tuido por una edificación comercial y un estacionamiento. Este se construyó bajo la edificación comercial y corres-ponde al condominio residencial denominado Laguna Plaza. El condominio Laguna Plaza consta de nueve plan-tas en las que ubican treinta y tres unidades de aparta-mentos destinados a uso residencial. Esa edificación co-mercial no es parte del inmueble y constituye una finca separada e independiente. Ahora bien, el estacionamiento para el condominio Laguna Plaza, ubicado en el sótano de la estructura total, sí es parte del condominio. La edifica-ción comercial y el condominio Laguna Plaza fueron con-ceptualizados como unidades económicas independientes. Para el financiamiento de la estructura total, SGCP obtuvo préstamos garantizados con hipotecas por la suma de $73,126,636 para la construcción tanto de la edificación co-mercial, como del condominio Laguna Plaza.

El 18 de junio de 2009, luego de finalizar la construcción de la edificación comercial y del condominio Laguna Plaza, SGCP presentó en el Registro de la Propiedad la Escritura Núm. 2, objeto de la calificación y la denegatoria de reca-lificación recurrida. Mediante la escritura, SGCP llevó a cabo los actos siguientes: (1) declaró la existencia de la edificación comercial sobre la finca de 6,098.9650 metros cuadrados (equivalentes a 1.5517 cuerdas); (2) vendió la finca y la edificación comercial (pero no el condominio) a San Gerónimo Caribe Parking, Inc. (SGC Parking), una afiliada de SGCP; (3) se reservó un derecho de superficie sobre la cubierta de la primera y única planta de la edifi-cación comercial, en la que se apoya el condominio y el sótano donde ubican los estacionamientos del condominio Laguna Plaza; (4) inscribió trece servidumbres; (5) sometió las nueve plantas construidas sobre la edificación comer-cial al derecho de superficie y el sótano donde ubican los estacionamientos para los residentes del condominio al Ré-gimen de Propiedad Horizontal.

Por su parte, los valores atribuidos a los actos instru-mentados mediante la Escritura Núm. 2 son los siguientes: (1) la edificación comercial se valoró en $11,000,000, según una carta de valor emitida por los tasadores para ese in-mueble; (2) la compraventa de la edificación comercial de SGCP a SGC Parking se valoró en $11,000,000; (3) el dere-cho de superficie sobre la edificación comercial fue valo-rado en $1,000; (4) cada una de las servidumbres se valoró en $1,000, ascendiendo a un total de $13,000 por las trece servidumbres, y (5) el condominio Laguna Plaza fue valo-rado en $33,065,000, en conformidad con la tasación pre-parada por Luis E. Vallejo, M.A.I., de la firma Vallejo & Vallejo. En vista de ello, el valor total de las transacciones consignadas en la escritura fue de $55,079,000.

Este fue el valor que utilizó como base para calcular y pagar los derechos de inscripción de $220,270. Al someter la Escritura Núm. 2 no se había liberado ninguna parte del negocio expuesto de la suma total de los préstamos garan-tizados con hipotecas. Estos préstamos se habían obtenido para financiar la construcción tanto de la edificación co-mercial como del condominio Laguna Plaza. Así, al mo-mento de presentarse la referida escritura, tanto la finca y la edificación comercial, como el condominio Laguna Plaza, estaban gravados con hipotecas que sumaban $73,126,636. Al presentar ante el Registro de la Propiedad la Escritura Núm. 2, se cancelaron las sumas de derechos de inscrip-ción siguientes: (1) por la declaración de la existencia de la edificación comercial, valorada en $11,000,000, se pagaron $43,950; (2) por la compraventa de la finca y edificación comercial, valorada en $11,000,000, se pagaron $43,950; (3) por el derecho de superficie sobre la edificación comer-cial, valorado en $1,000, se pagaron $2; (4) por las servi-dumbres, valoradas en $13,000, se pagaron $26, y (5) por la constitución del Régimen de Propiedad Horizontal sobre el condominio Laguna Plaza, se pagaron $132,210.

Así las cosas, el 17 de enero de 2013, durante el proceso de calificación de la escritura, la Registradora razonó que según la Norma Duodécima, se debía valorar la compra-venta de la finca y la edificación comercial (que se había llevado a cabo por $11,000,000) en $73,126,636. Ello así, porque las hipotecas que SGCP había constituido para fi-nanciar el desarrollo completo y efectuar todas las transac-ciones incluidas en la escritura sumaban en total $73,126,636.

Por su parte, SGCP sostuvo que al así obrar, la Regis-tradora obvió el hecho de que las hipotecas se habían cons-tituido para financiar la construcción del proyecto en su totalidad y de los derechos contenidos en la escritura. A su vez, entendió que el valor total de los componentes y dere-chos comprendidos en la escritura es de $55,079,000, a base de los cuales se pagaron derechos de inscripción, y que debía distribuirse proporcionalmente a través de las transacciones efectuadas.

El 5 de febrero de 2013, SGCP presentó una solicitud de recalificación y el 28 de febrero de 2013 la Registradora notificó la calificación final denegándola. Como consecuen-cia de la decisión de la Registradora, se denegó la inscrip-ción de: (1) la edificación comercial declarada; (2) el domi-nio sobre la finca y la edificación comercial; (3) el derecho de superficie sobre la edificación comercial; (4) las servi-dumbres, y (5) el Régimen de Propiedad Horizontal para el condominio Laguna Plaza. Insatisfecho con ese dictamen, SGCP recurre mediante un recurso gobernativo y puntua-liza que la Registradora erró al requerir derechos de ins-cripción de $248,376 adicionales a los $220,270 ya pagados por SGCP. En atención a ello, solicita que revoquemos la Calificación Final.

RG-2013-004

Por otro lado, SGCP es dueño de una finca de 6,588.8785 metros cuadrados (equivalentes a 1.6763 cuer-das) en el área de San Juan en la cual desarrolló un pro-yecto mixto compuesto de un estacionamiento comercial, un condominio residencial llamado Caribe Plaza, que está construido sobre una porción de la última planta del esta-cionamiento comercial, y un estacionamiento correspon-diente al condominio residencial que construyó debajo del estacionamiento comercial sometido al derecho de superficie. El estacionamiento comercial cuenta con ocho plantas y el condominio Caribe Plaza consta de catorce plantas, en las que ubican cuarenta y siete unidades de apartamentos destinados a uso residencial. Además, este último tiene un estacionamiento para los residentes que está localizado en el sótano de la estructura total, es decir, debajo del estacionamiento comercial. El estacionamiento comercial sobre el cual se construyó el condominio Caribe Plaza no es parte de ese condominio y constituye una finca separada e independiente. Empero, el estacionamiento para ese Condominio, ubicado en el sótano de la estructura total, sí lo es. En otras palabras, el estacionamiento comer-cial y el condominio Caribe Plaza se conceptualizaron como unidades económicas independientes.

Para el financiamiento de la estructura total, SGCP ob-tuvo préstamos garantizados con hipotecas por la suma de $95,050,000 para la construcción tanto del estaciona-miento comercial, como del condominio Caribe Plaza. El 23 de julio de 2007, luego de finalizar la construcción en su totalidad, SGCP presentó ante el Registro de la Propiedad, la Escritura Núm. 10, objeto de la calificación y denegato-ria de recalificación de la que se recurre.

Mediante el referido instrumento público, SGCP llevó a cabo los actos siguientes: (1) declaró la existencia del esta-cionamiento comercial sobre la finca de 6,588.8785 metros cuadrados (equivalentes a 1.6763 cuerdas); (2) vendió la finca y el estacionamiento comercial (pero no el condomi-nio) a SGC Parking; (3) se reservó un derecho de superficie sobre la cubierta de la octava y última planta del estacio-namiento comercial, en la que se apoya el condominio y sobre el sótano donde ubican los estacionamientos del con-dominio Caribe Plaza; (4) inscribió doce servidumbres, y (5) sometió las catorce plantas construidas sobre el estacio-namiento comercial al amparo del derecho de superficie y el sótano en donde ubican los estacionamientos para los residentes de ese condominio al Régimen de Propiedad Horizontal.

Los valores atribuidos a los actos llevados a cabo me-diante la Escritura Núm. 10 son los siguientes: (1) el esta-cionamiento comercial de cuya existencia se dio fe se va-loró en la cifra de $19,040,000, ello porque el permiso de construcción para ese estacionamiento y sobre el cual se pagaron los correspondientes arbitrios de construcción era por esa cantidad; (2) la compraventa del estacionamiento comercial de SGCP a SGC Parking fue por $19,040,000; (3) el derecho de superficie sobre el estacionamiento comercial fue valorado en $1,000; (4) cada una de las servidumbres se valoró en $1,000, ascendiendo a un total de $12,000 por las doce servidumbres; (5) el condominio Caribe Plaza fue valorado en $86,000,000 según la tasación preparada por Luis E. Vallejo, de la firma Vallejo & Vallejo. Así pues, el valor total de todas las transacciones expuestas en la Escritura Núm. 10 ascendió a $124,093,000. Consecuen-temente, los derechos de inscripción que SGCP pagó por la Escritura Núm. 10 se calcularon a base de esa cifra de $124,093,000.

Al momento de presentar la Escritura Núm. 10 no se había liberado ninguna parte del negocio expuesto de la suma total de los préstamos garantizados con hipotecas que se habían obtenido para poder financiar la construc-ción tanto del estacionamiento comercial como del condo-minio Caribe Plaza. Así, al momento de presentarse la re-ferida escritura, la finca, el estacionamiento comercial y el condominio Caribe Plaza estaban gravados por hipotecas que sumaban $95,050,000.

Al presentar ante el Registro de la Propiedad la Escri-tura Núm. 10, se pagaron las cantidades siguientes por de-rechos de inscripción: (1) por la declaración de la existencia del estacionamiento comercial, valorado en $19,040,000, se pagaron $76,110; (2) por la compraventa de la finca y del estacionamiento comercial, valorado en $19,040,000, se pa-garon $76,110; (3) por el derecho de superficie sobre el esta-cionamiento comercial, valorado en $1,000 se pagaron $2; (4) por las servidumbres, valoradas en $12,000, se pagaron $24, y (5) por la constitución del Régimen de Propiedad Horizontal sobre el componente del condominio Caribe Plaza, se pagaron $343,950. En vista de lo anterior, SGCP pagó derechos de inscripción por un total de $496,322, los cuales fueron pagados a base de una cifra total de $124,093,000, que, según SGCP, es la suma de los valores de las distintas transacciones contenidas en la Escritura Núm. 10.

Así las cosas, el 17 de enero de 2013, la Registradora notificó dos defectos relacionados con la escritura objeto de este recurso: (1) la ausencia de un comprobante por $303,914 para completar los derechos de inscripción y (2) unas diferencias entre la escritura matriz y los planos o “plot plans” de ciertas unidades del condominio Caribe Plaza. En cuanto al primer defecto, la Registradora coligió que el pago de los derechos era necesario en conformidad con la Norma Duodécima del Art. 2 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, según enmendada (Ley Hipotecaria). También razonó que se le debía atribuir el valor de la suma de las hipotecas ($95,050,000) que garantiza-ban los préstamos obtenidos para la construcción de la es-tructura total (estacionamiento comercial y condominio Caribe Plaza) y la constitución de todos los derechos expre-sados en la Escritura Núm. 10 únicamente a la compra-venta de la finca y el estacionamiento comercial.

Oportunamente, el 5 de febrero de 2013 SGCP presentó un escrito de recalificación en el que adujo que el primer error notificado, es decir, la ausencia de un comprobante por $303,914 para completar los derechos de inscripción, era improcedente en derecho. En síntesis, SGCP argüyó que la postura de la Registradora al notificar la falta de comprobante por $303,914 es contraria a la ley y a la in-tención legislativa. Además, sostuvo que tal determinación lleva a resultados irrazonables, ello puesto que SGCP ya había pagado derechos de inscripción sobre una base total de $124,093,000.

El 28 de febrero de 2013, la Registradora notificó una denegatoria final de la inscripción solicitada por faltar un comprobante de $303,914 para completar los derechos de inscripción. Como consecuencia, se denegó la inscripción de: (1) la edificación comercial (el estacionamiento comer-cial) declarada; (2) la inscripción del dominio sobre la finca y el estacionamiento comercial; (3) el derecho de superficie sobre el estacionamiento comercial; (4) las servidumbres, y (5) el Régimen de Propiedad Horizontal para el condominio Caribe Plaza. Consecuentemente, ninguna de las compra-ventas de los distintos apartamentos que componen el con-dominio Caribe Plaza ha tenido acceso al Registro. Por su parte, SGCP objetó la calificación efectuada por la Regis-tradora en cuanto requirió derechos de inscripción adicio-nales a los ya pagados en la suma de $303,914. También entendió que aplicó e interpretó la Norma Duodécima in-correcta y mecánicamente a una de las transacciones efec-tuadas mediante la Escritura Núm. 10, y, además, obvió interpretar y aplicar esa norma de forma cónsona con su propósito.

Expuestos los escenarios fácticos que dan lugar a estos recursos gubernativos, pasemos a expresar el derecho apli-cable a las controversias presentadas.

II

A. Principio de legalidad registral

El principio de legalidad exige que los títulos que pretendan ingresar en el Registro sean sometidos a un examen o calificación. L.R. Rivera Rivera, Derecho registral inmobiliario puertorriqueño, 3ra ed., San Juan, Jurídica Eds., 2012, pág. 271. En cuanto al principio de legalidad, en la obra Derecho hipotecario podemos apreciar que

[e]l principio de legalidad, en lo qne atañe a la publicidad re-gistral inmobiliaria, es el que impone que los títulos que pre-tendan su inscripción en el Registro de la Propiedad sean so-metidos a un previo examen, verificación o calificación, a fin de que en los libros hipotecarios solamente tengan acceso los títulos válidos y perfectos, interna o materialmente y externa o formalmente. R. Roca Sastre y otros, Derecho hipotecario, 9na ed., Barcelona, Ed. Bosch, 2008, T. I, pág. 614.

Entre los asuntos que el Registrador tiene que verificar al calificar un documento presentado en el Registro de la Propiedad figura el pago de los derechos de inscripción correspondientes.

La Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, según enmendada, conocida como Ley de Aranceles del Registro de la Propiedad (Ley de Aranceles), 30 LPRA secs. 1767a-1767e, regula los derechos que se pagarán por las operaciones del Registro de la Propiedad. Estos preceptos fijan los derechos que se pagarán cuando se solicita una inscripción, anotación, cancelación o liberación en el Registro de la Propiedad. ESJ Towers, Inc. v. Registrador, 150 DPR 298, 311 (2000). Hemos reconocido que la Ley de Aranceles es un estatuto tributario, por lo que los aranceles tienen el carácter de contribución. Díaz v. Registrador, 107 DPR 233, 238 (1978). No obstante, cabe destacar que esta ley tiene entre sus propósitos eliminar la doble tributación y evitar el cobro “mecánico” de aranceles respecto a los derechos en sí. Esto es así ya que la legislación contributiva no se puede interpretar extensivamente, sino de forma justa y según sus propios términos para que toda ambigüedad se interprete restrictivamente contra el Estado y a favor del ciudadano. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 741 (2012); Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522, 537 (2009); B.B.C. Realty v. Secretario Hacienda, 166 DPR 498, 511 (2005).

En cuanto a este asunto, en S.B. Pharmco P.R., Inc. v. Registrador, 148 DPR 336, 348 (1999), dijimos que “[e]l valor del arancel registral requerido para la inscripción o cancelación de cualquier asiento, ya sea el principal o accesorio, queda establecido en virtud del valor de la finca o del derecho a inscribirse o a cancelarse”.

Al computar los derechos de inscripción que corresponde para cada transacción es preciso referirnos al texto de la Norma Duodécima que expresa lo siguiente:

En caso de enajenación, cesión o compraventa de fincas gra-vadas con hipotecas según el Registro de la Propiedad, de no constar del documento la inclusión de dichas hipotecas en el precio de venta, se tomará como base el precio de enajenación, cesión o compraventa o la suma total de las hipotecas, lo que resulte mayor a los efectos de la cancelación de los correspon-dientes derechos de inscripción. (Enfasis suplido).

La citada norma responde al propósito legislativo de que el arancel se aplique sobre la base que mejor refleje el valor en el mercado de la propiedad transmitida. Somohano v. Registrador, 39 DPR 774, 775 (1929). Por ello, hemos reafirmado que si en la venta, voluntaria o forzosa, de la finca hipotecada, subsisten gravámenes anteriores y preferentes, los derechos de registro se gravarán conforme a esa norma. Aponte Parés v. Registrador, 106 DPR 176, 179 (1977).

Asimismo, hemos ratificado que el propósito moderno e irreversible que infiltra el arancel es aproximar en lo posible la base impositiva al valor real del derecho objeto de la operación registral. Aponte Parés v. Registrador, supra; Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 DPR 136, 140 (1976). Como observamos, la doctrina jurisprudencial no deja al azar ni a la voluntad de las partes la valoración del derecho objeto de inscripción. De otra parte, se puede instar un recurso gubernativo ante este Tribunal cuando el presentante entienda que el Registrador de la Propiedad ha establecido erróneamente el pago de derechos que devenga una operación en el Registro de la Propiedad. Art. 4 de la Ley de Aranceles, 30 LPRA sec. 1767d; Art. 74 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec. 2227; Pagán Rodríguez v. Registradora, supra, pág. 526; Chase Manhattan Bank v. Registrador, 98 DPR 92, 95 (1969).

Por otro lado, en Empire Life Ins. Co. v. Registrador, supra, no quedaba gravamen subsistente, pues se trataba de una primera hipoteca ejecutada en subasta. En ese caso se tomó como valor del inmueble y base para cómputo de derechos de arancel, el principal de la hipoteca ejecutada en lugar del precio del importe de la licitación que obtuvo la buena pro en la subasta.

No encontramos razón en la contención de la recurrente que propone reducir la base de cómputo del arancel a dos por ciento (2%) del principal de la hipoteca, elemento representa-tivo del verdadero valor del inmueble ejecutado que consiste en 3.22 cuerdas bordeadas por el Atlántico y la Laguna del Condado en el norte de la Avenida Ashford del Condado, San Juan, solar sobre el que se ha edificado un hotel de turismo. Tampoco se cumple el principio de legalidad ajustando el cobro de derechos a la desproporción resultante de pagar $150,000 por lo que fue buena garantía de $7,000,000. Empire Life Ins. Co. v. Registrador, supra, pág. 141.

Siendo la calificación función de raciocinio, la Registra-dora concluyó correctamente que la cifra mayor es más re-presentativa del valor implicado en la operación del Registro y, por lo tanto, sujeto al arancel. Mencionamos que, “[a]l así calificar, la Registradora sólo cumplió con el deseable objetivo de excluir la ficción y abrir el Registro a la reali-dad del verdadero valor del inmueble o derecho inscrito”. Empire Life Ins. Co v. Registrador, supra, pág. 142. Utili-zar ese método para determinar el valor sujeto a arancel, ayuda a acercar el Registro a la realidad del verdadero valor del inmueble y excluye la ficción que representan los valores irrisorios. ESJ Towers, Inc. v. Registrador, supra, pág. 314; Aponte Parés v. Registrador, supra, pág. 178.

De otro lado, la cuestión central planteada por el recurso gubernativo objeto de controversia en Lincoln American Corporation v. Registrador, 106 DPR 781 (1978), era si tenía que cumplirse la orden judicial computando dere-chos de arancel sobre la cantidad realmente desembolsada por el acreedor y recibida por el deudor o si la base para el pago de aranceles debía ser el principal de la hipoteca. So-bre esa interrogante, expresamos que la controversia no puede evadir la regla de Empire Life Ins. Co. v. Registrador, supra, que utiliza el principal de la hipoteca a cancelar como la base racional, lógica y real del cómputo para los derechos de inscripción.

Estos principios habían sido adoptados hace varias décadas en Balbás v. Registrador, 45 DPR 804 (1933), donde se descartó el precio de adjudicación en subasta y se utilizó el valor del derecho hipotecado, es decir, el principal de la hipoteca, para fijar los derechos de inscripción. Esta norma responde al propósito que infiltra el arancel de aproximar en lo posible la base impositiva al valor real del derecho objeto de la operación registra! Al aplicar el arancel del Registro de la Propiedad, el Registrador puede descartar el valor aparente, convenientemente expresado en la escri-tura de venta judicial, por el valor real que satisface la razón y el entendimiento. Empire Life Ins. Co. v. Registrador, supra, pág. 142.

La doctrina y la jurisprudencia han reconocido que la operación del Registro de la Propiedad confronta en la práctica dos realidades: la realidad registral y la extrarregistra! En los casos donde existe alguna discre-pancia entre estas realidades, se puede presumir que existe una ficción que ha accedido al Registro de la Propie-dad o que ha sido presentado para ganar acceso a este. Para evitar estas discrepancias, el Registrador debe usar su facultad para negar acceso a actos artificiosos y para promover la fidelidad óptima en los libros del Registro de modo que se acerque su realidad a la realidad externa. Empire Life Ins. Co. v. Registrador, supra, pág. 141. La calificación se extiende a toda clase de documentos perti-nentes para apreciar la procedencia del asiento, en una conjunción de todos los elementos del título presentado y contenido del Registro. R.M. Roca Sastre, Derecho hipotecario, 6ta ed, Barcelona, Ed. Bosch, 1968, T. II, pág. 260; Empire Life Ins. Co. v. Registrador, supra.

Se ha interpretado y aplicado el arancel del Registro de la Propiedad desde su fijación temprana por la Ley de Aranceles en 1904 hasta la actual Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, siguiendo estos principios y normas determinantes del valor real de la finca o derechos. Lincoln American Corp. v. Registrador, supra, pág. 784. Así pues, hemos reconocido que el Registrador de la Propiedad tiene el deber en ley de exigir el pago de arancel como fue dispuesto. Correa Sánchez v. Registrador, 113 DPR 581, 592 (1983).

B. Principio de indivisibilidad

El principio de indivisibilidad de la hipoteca postula que la garantía hipotecaria subsiste íntegra sobre todas y cada una de las partes del crédito mientras este no se cancele. El Art. 173 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 LPRA sec. 2569, dispone que:

[l]a hipoteca subsistirá íntegra, mientras no se cancele, so-bre la totalidad de los bienes hipotecarios aunque se reduzca la obligación garantizada, y sobre cualquier parte de los mis-mos bienes que se conserven, aunque la restante haya desapa-recido; pero sin perjuicio de lo que se dispone en las dos si-guientes secciones.

Por su parte, el Art. 174 de la referida ley, 30 LPRA sec. 2570, expresa que

[s]i una finca hipotecada se dividiere en dos (2) o más, no se distribuirá entre ellas el crédito hipotecario sino cuando volun-tariamente lo acordaren el deudor y el acreedor. No verificán-dose esta distribución, podrá repetir el acreedor por la totalidad de la suma garantizada contra cualquiera de las nuevas fincas en que se haya dividido la primera o contra todas a la vez.

No es posible liberar un apartamento de un crédito hipotecario afirmando que no se reduce en forma al-guna ni el principal del pagaré ni de la hipoteca. Si el cré-dito hipotecario o el valor del pagaré no disminuyen, ¿en qué consiste la liberación? Nuestro ordenamiento registral no permite liberar en un asiento la hipoteca y dejar vigente el asiento del derecho real de hipoteca. Ello implicaría burlar el pago de arancel hipotecario y notarial. Casa Blanca Properties v. Registrador de la Propiedad, 130 DPR 609, 616 (1992).

En cuanto a los créditos hipotecarios constituidos y no cancelados antes de la dedicación de un inmueble al Régi-men de Propiedad Horizontal se ha expresado lo siguiente:

En algunos casos los créditos hipotecarios constituidos antes de la dedicación al Régimen de Propiedad Horizontal no han sido debidamente cancelados en el Registro de la Propie-dad antes de presentarse para su inscripción, las escrituras de separación y venta de los apartamientos. El no cancelar los mencionados créditos hipotecarios perjudica a los adquirentes, y al Estado, y aventaja a los acreedores. Ponencias y comuni-caciones presentadas al III Congreso Internacional de Derecho Registral, San Juan, Instituto del Derecho Registral y Notarial de Puerto Rico, 1977 T. I, págs. 489 y 490.

C. Hermenéutica legal

Los tribunales tenemos el propósito de solucionar las controversias y de adjudicar los derechos de las partes en un pleito. Con ese criterio rector en mente debemos remitirnos al texto del Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14, el cual dispone que, cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de la ley no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu. No hay necesidad de recurrir al subterfugio de indagar más allá de la ley para cumplir con su propósito legislativo cuando el texto de la ley es claro. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 938 (2010).

El lenguaje claro y explícito de un estatuto no se debe tergiversar, mucho menos malinterpretar o sustituir. En ocasiones anteriores hemos dejado claro que los tribu-nales debemos interpretar la ley como un ente armónico, dándole sentido lógico a sus diferentes secciones, supliendo así las posibles deficiencias cuando esto sea necesario. Pizarro v. Nicot, 151 DPR 944, 951 (2000). Véase, además: Aquino González v. A.E.E.L.A., 182 DPR 1, 39 (2011). La función de la Rama Judicial no es legislar, sino interpretar las leyes que aprueba la Rama Legislativa y constatar que no estén reñidas con la Constitución. Marbury v. Madison, 5 US 137 (1803). Véanse: Art. V, Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Bomberos Unidos v. Cuerpo de Bomberos et al., 180 DPR 723, 749 (2011).

Así mismo, en un sinnúmero de ocasiones hemos indicado que “[a]nte el lenguaje claro, explícito y libre de toda ambigüedad o duda de un estatuto, no cabe menospreciar la letra de la ley bajo el pretexto de cumplir su espíritu, máxime cuando el espíritu o intención del estatuto son la misma cosa”. Pueblo v. Castro Muñiz, 118 DPR 625, 650 (1987). Véanse, además: Bomberos Unidos v. Cuerpo de Bomberos et al., supra; Rullán Rivera v. A.E.E., 179 DPR 433, 444 (2010); Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, 767 (2010). Para reconocer el curso seguido por la autoridad legislativa, es necesario examinar la hermenéutica. Es doctrina arraigada que cuando el lenguaje de una ley es claro y la intención legislativa patente, los tribunales están obligados a respetar la voluntad del legislador. Véanse: Pueblo v. Negrón Rivera, 183 DPR 271, 282 (2011); Raimundi v. Productora, 162 DPR 215, 235 (2004).

Ese proceso de interpretar las leyes, que recibe el nom-bre de hermenéutica legal, consiste en auscultar, averiguar, precisar y determinar cuál era la voluntad legislativa al aprobar la ley. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. JTS, 1987, Vol. 1, pág. 241; IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, pág. 738.

Al adentrarse en esa delicada faena, el Poder Judicial debe tener como norte que de todas las reglas de interpre-tación hay solo una que es absolutamente invariable y es que en ese proceso “debe descubrirse y hacerse cumplir la verdadera intención y deseo del poder legislativo”. Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 242. Los tribunales somos intérpretes finales de las leyes. En consecuencia, “[n]os en-contramos en la obligación y el deber ineludible de lograr un resultado que se ajuste al propósito y a la política pública que inspiró a la Legislatura al aprobarlas”. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, pág. 740. Véase Consejo Titulares v. DACo, 181 DPR 945, (2011).

Nuestro ordenamiento jurídico consigna determinadas normas de hermenéutica legal las cuales, en mayor o menor medida, se imponen como principios rectores del ejercicio de la función adjudicativa de los tribunales. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 126 (2012).

En Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 428-429 (2012), tuvimos oportunidad de expre-sarnos sobre la discreción judicial en el contexto de inter-pretación de las leyes. Allí dijimos que

[l]os tribunales estamos autorizados a interpretar las leyes cuando, entre otras, éstas no son claras o concluyentes sobre un punto en particular; cuando el objetivo, al realizarlo, es el de suplir una laguna en la misma; o cuando, con el propósito de mitigar los efectos adversos de la aplicación de una ley a una situación en particular, la justicia así lo requiere [...] (Enfasis en el original). Véase, además, Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 214 (1990).

Es un principio elemental de hermenéutica que a toda ley se le dará la interpretación que mejor responda a los propósitos que persigue. Los tribunales deben interpretar la ley como un ente armónico, dándole sentido lógico a sus diferentes disposiciones y supliendo las posibles defi-ciencias cuando esto fuere necesario. Sucn. Álvarez v. Srio. de Justicia, 150 DPR 252, 276 (2000). Como corolario de la doctrina, los tribunales, al ejercer su función interpretativa de la ley, deberán considerar el propósito o la intención de la Asamblea Legislativa al aprobarla. Ello, a fines de propiciar la obtención del resultado querido por el legislador originalmente. Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, supra.

Como sabemos, suplir estas posibles deficiencias legislativas mediante una interpretación que respete la intención última del legislador, es muy distinto a sustituir la intención legislativa por la del juzgador. Pueblo v. Ruiz, 159 DPR 194, 210 (2003). Según lo resuelto en Pueblo v. Ferreira Morales, 147 DPR 238 (1998), los tribunales debemos interpretar los estatutos teniendo presente el propósito social que los inspiró, dándoles un sentido lógico a sus diversas disposiciones y supliendo posibles deficiencias en los casos en que sea necesario. Sobre la interpretación que puede hacer el juzgador hemos reiterado que

[e]l profundo respeto que nos merece la intención del legisla-dor nos obliga, en determinadas ocasiones, a suplir las inadver-tencias en que éste pueda haber incurrido. Para evitar un re-sultado irrazonable e insostenible, en el pasado no hemos vacilado en aclarar el texto de una ley para conformarlo a la intención legislativa. Es regla dorada de hermenéutica judicial, que las disposiciones de una ley deben ser examinadas e inter-pretadas de modo que no conduzcan a resultados irrazonables e insostenibles, sino armoniosos. (Escolio omitido). Domínguez Castro et al. v. ELA II, 178 DPR 375, 409 (2010).

En reiteradas ocasiones hemos resuelto que las inter-pretaciones de la ley que conduzcan a conclusiones absur-das deben ser rechazadas. Al ejercer la función interpreta-tiva, estamos obligados a armonizar, en la medida posible, todas las disposiciones de ley implicadas en aras de obte-ner un resultado más sensato, lógico y razonable. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty II, supra, pág. 940; Sucn. Álvarez Crespo v. Srio. de Justicia, supra, pág. 276.

Examinado el marco doctrinal y el ámbito de extensión e importancia del cómputo del pago de los derechos de ins-cripción para las distintas transacciones efectuadas en el Registro de la Propiedad, pasemos a resolver las controver-sias específicas que se presentan en los casos de autos consolidados.

I — I HH t — i

En los presentes casos, existen dos escrituras mediante las cuales se realizaron distintas transacciones, entre ellas dos compraventas. La notificación de faltas hecha por la Registradora establece que la transacción de las compra-ventas son las que resultan ser objeto de controversia, pues según su calificación, estas precisaban pagar derechos de aranceles adicionales a los ya pagados.

Como hemos reseñado en los recursos gubernativos ob-jeto de nuestro análisis, estos contemplan varias transac-ciones sobre las fincas que se encuentran gravadas por hipotecas. Según refleja la notificación de faltas, tanto de la Escritura Núm. 2 como de la Núm. 10, el precio de venta de ambas fincas, constituye una cantidad menor que la suma de las hipotecas por las cuales están gravados los inmuebles.

Para la más cabal comprensión de los presentes recur-sos gubernativos es preciso destacar que la edificación co-mercial y el condominio Laguna Plaza fueron conceptuali-zados y son unidades económicas independientes. Para poder financiar la construcción de la estructura total, tanto de la edificación comercial como del condominio Laguna Plaza, SGCP obtuvo préstamos garantizados con hipotecas por la suma de $73,126,636. La Escritura Núm. 2, objeto de calificación y denegatoria de recalificación de la que aquí se recurre contenía los actos siguientes: (1) declara-ción de la existencia de la edificación comercial sobre la finca de 6,098.9650 metros cuadrados; (2) venta de la finca y edificación comercial (pero no del condominio) a San Ge-rónimo Caribe Parking, Inc., una afiliada de SGCP; (3) re-serva de un derecho de superficie sobre la cubierta de la primera y única planta de la edificación comercial, en la que se apoya el condominio y sobre el sótano donde ubican los estacionamientos del condominio Laguna Plaza; (4) ins-cribió trece servidumbres y (5) sometió las nueve plantas construidas sobre la edificación comercial al amparo del derecho de superficie y el sótano donde ubican los estacio-namientos para los residentes de ese condominio al Régi-men de Propiedad Horizontal. Los valores atribuibles a los actos llevados a cabo mediante la Escritura Núm. 2 fueron los siguientes: (1) la edificación comercial —de cuya exis-tencia se dio fe— se valoró en la cifra de $11,000,000, ello en virtud de una carta de valor emitida por los tasadores para esa edificación comercial; (2) la compraventa de la edificación comercial de SGCP a SGC Parking se valoró en $11,000,000; (3) el derecho de superficie sobre la edifica-ción comercial fue valorado en $1,000; (4) las servidumbres fueron valoradas en $1,000 cada una, para un total de $13,000 por las trece servidumbres comprendidas, y (5) el condominio Laguna Plaza fue valorado en $33,065,000. Conforme a lo anterior, el valor total de las transacciones expuestas en la Escritura Núm. 2 ascendió a $55,079,000. Este fue el valor que SGCP utilizó como base para calcular y pagar los derechos de inscripción de $220,270. Es impor-tante destacar que al momento de someter la Escritura Núm. 2 para su inscripción no se había liberado ninguna parte del negocio antes expuesto de la suma total de los préstamos garantizados con hipotecas que se habían obte-nido para financiar la construcción tanto de la edificación comercial como del condominio Laguna Plaza. Así las co-sas, al momento de presentar la referida escritura, tanto la finca y edificación comercial, como el condominio Laguna Plaza estaban gravados con hipotecas que sumaban $73,126,636.

Por otro lado, para poder financiar la construcción de la estructura total, tanto del estacionamiento comercial como del condominio Caribe Plaza, SGCP obtuvo préstamos, ga-rantizados con hipotecas, por la suma total de $95,050,000. A través de la Escritura Núm. 10, SGCP efectuó las tran-sacciones siguientes: (1) declaró la existencia del estacio-namiento comercial sobre la finca de 6,588.8785 metros cuadrados; (2) vendió la finca y el estacionamiento comer-cial a SGCP Parking; (3) reservó un derecho de superficie sobre (i) la cubierta de la octava y última planta del esta-cionamiento comercial, en la que se apoya el condominio y (ii) el sótano donde ubican los estacionamientos del condo-minio Caribe Plaza; y (4) sometió las catorce plantas cons-truidas sobre el estacionamiento comercial al amparo del derecho de superficie y el sótano donde ubican los estacio-namientos del condominio Caribe Plaza; (5) inscribió doce servidumbres; (6) sometió las catorce plantas al amparo del derecho de superficie y el sótano en donde ubican los estacionamientos para los residentes de ese condominio al Régimen de Propiedad Horizontal. Los valores atribuibles a los actos llevados a cabo mediante la Escritura Núm. 10 son los siguientes: (1) el estacionamiento comercial de cuya existencia se dio fe se valoró en la cifra de $19,040,000, según el permiso de construcción para ese estacionamiento y en base al cual se pagaron los correspondientes arbitrios de construcción era por esa cantidad; (2) la compraventa del estacionamiento comercial de SGCP a SGC Parking fue por $19,040,000; (3) el derecho de superficie sobre el esta-cionamiento comercial fue valorado en $1,000; (4) cada ser-vidumbre se valoró en $1,000, ascendiendo a un total de $12,000 por las doce servidumbres, y (5) el condominio Ca-ribe Plaza fue valorado en $86,000,000. Conforme a lo anterior, el valor total de todas las transacciones expuestas en la Escritura Núm. 10 ascendió a $124,093,000. Al mo-mento de someter la Escritura Núm. 10 no se había libe-rado ninguna parte del negocio expuesto de la suma total de los préstamos garantizados con hipotecas que se habían obtenido para poder financiar la construcción tanto del es-tacionamiento comercial, como del condominio Caribe Plaza. Así las cosas, al momento de presentarse la referida Escritura, tanto la finca, el estacionamiento comercial y el condominio Caribe Plaza estaban gravados por hipotecas que sumaban $95,050,000.

Como observamos, la Registradora de la Propiedad uti-lizó e interpretó las disposiciones de la Ley de Aranceles del Registro de la Propiedad de Puerto Rico para hacer las calificaciones. En estos casos aplica la previamente discu-tida Norma Duodécima. De las transacciones efectuadas en las escrituras, resolvemos que las que deben evaluarse con la Norma Duodécima son las compraventas, pues son tran-sacciones que tratan de casos de compraventa de fincas gra-vadas con hipotecas tal y como estipula esa norma. En aras de poder visualizar mejor las transacciones llevadas a cabo en ambas escrituras y los derechos pagados por estas, a continuación presentamos dos tablas que ilustran los dere-chos de inscripción que corresponden a cada transacción, el total en derechos que devenga todo el documento y la defi-ciencia de derechos.

Tabla I. Transacciones de la Escritura Núm. 2

(Énfasis suplido). Apéndice, Caso RG-2013-0003, pág. 191.

Tabla II. Transacciones de la Escritura Núm. 10

(Énfasis suplido). Apéndice, Caso RG-2013-0004, pág. 303.

A la luz de la información contenida en las tablas, pode-mos colegir que el precio de las hipotecas que gravan las propiedades es mayor que el precio de las transacciones de compraventa efectuadas en ambas escrituras.

Como vimos al analizar el estado de derecho, la Norma Duodécima responde al propósito legislativo de que el arancel se aplique sobre la base que mejor refleja el valor en el mercado de la propiedad transmitida. Véanse: Aponte Parés v. Registrador, supra; Somohano v. Registrador, supra. Por ello, el propósito moderno e irreversible que in-filtra el arancel es aproximar en lo posible la base imposi-tiva al valor real del derecho objeto de la operación registral. Empire Life Ins. Co. v. Registrador, supra; Aponte Parés v. Registrador, supra. Esta jurisprudencia no deja al azar ni a la voluntad de las partes la valoración del derecho de inscripción.

El peticionario, SGCP, nos invita a que, respondiendo al propósito legislativo de la Ley de Arancel del Registro de la Propiedad se tome como base para el cómputo de los aran-celes el precio de venta de la edificación y el terreno que consta en la Escritura Núm. 2 y en la Núm. 10, porque ese es el valor real de la finca. En la búsqueda del verdadero valor de la finca es imprescindible tomar en consideración el hecho de que en este caso se trata de una finca de 1.5517 cuerdas en una zona de alto valor comercial y residencial sobre la cual se construyeron varias edificaciones.

SGCP sustenta su reclamo en cuanto al precio de venta de la finca y de la edificación comercial en la Escritura Núm. 2 con una tasación firmada con los tasadores Luis E. Vallejo y Alberto E. Lanza, quienes indicaron que la cifra de $11,000,000 se refiere a su opinión acerca del “reproduction cost new of the Laguna Plaza residential and comer-cial ground floor and part of the phase II parking basement level which are all in the final stages of construction and from part of the ongoing Paseo Caribe Project, for the preparation of the Declaration of Edification”.

Es evidente que el lenguaje utilizado por los tasadores establece claramente que la suma de $11,000,000 no repre-senta el verdadero valor en el mercado de la finca ni de la edificación. Esa cuantía representa el costo de construcción estimado de la edificación solamente. Es decir, al constar en la Escritura Núm. 2 que el precio de venta de la edifi-cación de la finca es de $11,000,000, es forzoso colegir que al terreno no se le computó o adjudicó valor alguno.

Por otro lado, el peticionario propone “que si se utiliza el valor global de las hipotecas para determinar los derechos de inscripción a pagar, el mismo se debe distribuir propor-cionalmente a través de las transacciones efectuadas”. Más adelante en su escrito, SGCP hace una distribución hipotética de las cargas hipotecarias de la finca a base de un porciento que representa el alegado valor de la finca y la edificación ($11,000,000) sobre el total de la suma del alegado valor de la finca, la edificación comercial y el con-dominio Laguna Plaza.

La Registradora argumenta en su alegato que “no existe disposición alguna en ley ni en la jurisprudencia que esta-blezca que corresponde al Registrador hacer ese tipo de distribución”. En torno a la división de fincas y la distribución de las cargas hipotecarias, el Art. 174 de la Ley Hipotecaria, supra, establece que cuando una transacción como la del presente caso ocurre, las partes involucradas en la compraventa, junto a la comparecencia del acreedor hipotecario, tienen la opción de liberar la finca segregada de las hipotecas o distribuir la carga hipotecaria entre las fincas. Esto tiene el efecto de que la carga hipotecaria ad-judicada a cada finca se ajuste a la realidad y a su valor actual. Siendo así se podría utilizar ese valor como base para el cálculo de los derechos de inscripción arancelarios necesarios para poder ser calificados favorablemente. No obstante, SGCP tuvo disponible la opción de, con la compa-recencia del acreedor hipotecario, liberar la finca y las edi-ficaciones objeto de compraventa, el derecho de superficie y el condominio Laguna Plaza, tal y como provee el Art. 174. A pesar de tener la opción, esa distribución no se hizo, por lo que procede aplicar la Norma Duodécima del Art. 2 de la Ley de Aranceles, supra.

Para la inscripción de la Escritura Núm. 2 se debía valorar la compraventa de la finca y la edificación comercial (que se había llevado a cabo en $11,000,000) en $73,126,636. Ello es así porque el valor de las hipotecas que SGCP había constituido para financiar el desarrollo completo y efectuar todas las transacciones incluidas en la Escritura sumaban en total $73,126,636. Esta es la canti-dad que debía ser tomada como base para el cómputo de los derechos arancelarios de inscripción. Siendo así, faltó un comprobante de $248,376.

De otra parte, para la inscripción de la Escritura Núm. 10 se tiene que valorar la compraventa de la finca y el estacionamiento comercial (que se había valorado en $19,040,000) en $95,050,000. Ello por motivo de que este es el valor de la suma de las hipotecas que garantizan los préstamos para la construcción de la estructura total (es-tacionamiento comercial y el condominio Caribe Plaza). En consecuencia, coincidimos con el criterio de la Registradora de que faltó un comprobante por $303,914 para completar los derechos de inscripción.

IV

Cónsono al propósito legislativo de aproximar la base impositiva para el cálculo del arancel a lo que mejor refleja el valor en el mercado, confirmamos la denegatoria de ins-cripción emitida por la Registradora de la Propiedad, Hon. Marisol Marchand.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

       En cuanto al segundo defecto, relacionado a incompatibilidades entre la es-critura matriz y los planos o “plot plans”, San Gerónimo Caribe Project, Inc. (SGCP) notificó que someterían documentos para atender ese señalamiento. La Calificación Final en la que se deniega la inscripción notificada el 28 de febrero de 2013 no hace referencia a este asunto. Se incluye referencia a este alegado defecto únicamente para propósitos de trasfondo, ya que la controversia entre el Registro de la Propiedad y SGCP no está relacionada con este asunto.

       Vallejo & Vallejo Real Estate Appraisers and Counselors, Appraisal Report, Anejo III del Recurso Gubernativo.

       Recurso Gubernativo, pág. 2.

       Alegato de la Registradora de la Propiedad, pág. 19.


author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

text:
    Maribel Pérez López y otros, peticionarios, v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, recurrida.

      Número: CC-2012-1103

      Resuelto: 2 de diciembre de 2013

      Ramón L. Rodríguez Meléndez, abogado de la parte peticiona-ria; Jorge L. Capó Matos y Dimitri González, del bufete O’Neill & Borges, Juan M. Frontera Suau y Carlos J. Ji-ménez Torres, de Frontera Suau Law Offices, PSC, aboga-dos de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si la Junta de Apelaciones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (JACFSE) ostenta jurisdicción para adjudicar la proceden-cia de los pasos por mérito que se otorgaron a unos emplea-dos mientras ocuparon puestos gerenciales.

Evaluada la controversia, resolvemos que, en virtud del Reglamento de la Junta de Apelaciones para Empleados Gerenciales de 31 de agosto de 1999 (Reglamento de la Junta), la JACFSE contaba con jurisdicción para entender en esta materia. Por consiguiente, revocamos la determi-nación del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso a ese foro para que resuelva la controversia en los méritos.

I

Esta acción surge como secuela a la impugnación de la acción de la entonces Administradora de la CFSE, Leda. Zoimé Alvarez Rubio, de anular varios puestos convocados mediante convocatorias internas. La interrogante que pre-senta este recurso está atada a la controversia sobre la validez de los nombramientos mediante convocatorias in-ternas que resolvimos en González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013). Allí resolvimos que los nombramien-tos de los empleados efectuados mediante convocatorias in-ternas violaron el Reglamento Núm. 6226 de 6 de noviem-bre de 2000, Reglamento de Personal para los Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (Reglamento de Personal) y fueron contrarios al principio de mérito, porque no se demostró que había que apartarse del mecanismo de competencia abierta.

En esencia, los empleados comenzaron a trabajar en la CFSE en puestos clasificados como unionados al amparo de un convenio colectivo. Posteriormente fueron nombra-dos en los puestos gerenciales vía convocatoria interna. Durante la permanencia en esos puestos gerenciales, los empleados fueron evaluados conforme a sus ejecutorias y se les otorgaron aumentos salariales por mérito. Su desem-peño, para propósitos de la otorgación, fue evaluado con-forme al Sistema de Evaluación y Motivación de Recursos Humanos adoptado por la CFSE el 31 de mayo de 1996. Ese sistema de evaluación está basado en criterios de pro-ductividad, eficiencia, orden y disciplina.

Posteriormente, en enero de 2010 la CFSE notificó a los empleados su intención de dejar sin efecto sus nombra-mientos gerenciales por entender que habían sido hechos en violación de las disposiciones reglamentarias y el Dere-cho vigente. En consecuencia, en la misiva la CFSE noti-ficó a los empleados afectados la intención de declarar nu-los sus nombramientos a puestos gerenciales.

Tras varios trámites procesales, la CFSE emitió una de-cisión en la que concluyó que procedía la anulación de los puestos gerenciales. Con esa determinación, se reinstala-ron los empleados afectados a sus puestos unionados en la unidad apropiada a la cual pertenecían antes de ocupar los puestos gerenciales anulados. A su vez, la CFSE eliminó los aumentos de salarios otorgados producto de los pasos por mérito, bajo la premisa de que los empleados uniona-dos no reciben pasos por mérito y sí aumentos por años de servicio.

Inconformes, los empleados acudieron ante la JACFSE mediante un recurso de apelación y solicitud urgente de medidas provisionales. Reclamaron ser reinstalados en los puestos gerenciales que ocupaban. En cuanto a las medi-das provisionales, solicitaron mantener el plan médico y otros beneficios marginales hasta que la determinación ad-viniera final y firme; que se pospusiera el descenso hasta que se ventilaran los méritos del caso, y que se paralizara cualquier descuento o revisión salarial que estuviera en proceso.

Luego de evaluar la controversia, la JACFSE confirmó la decisión de la CFSE de anular los nombramientos efec-tuados mediante convocatorias. No obstante, determinó que resolvería por separado la controversia referente a si a un empleado gerencial le asistía el derecho a mantener los aumentos por mérito al ser reinstalado en el puesto unionado.

El 30 de junio de 2011 la JACFSE emitió la decisión referente a los pasos por mérito. Tras evaluar las disposi-ciones del Sistema de Evaluación y Motivación de Recursos Humanos de la CFSE, la JACFSE resolvió que procedía que se restituyeran a los empleados los pasos por mérito obtenidos como empleados gerenciales. En síntesis, la JACFSE entendió que “[e]l aumento salarial recibido como paso por mérito ingresó y formó parte del patrimonio del empleado, surgiendo de ahí en adelante un derecho a con-tinuar recibiéndolo salvo que sea privado por justa causa y cumpliéndose con el debido proceso de ley”. (Énfasis suprimido). Apéndice, págs. 97-98. El representante de la Administración de la CFSE, Ledo. Fernando Font Lee, emitió una opinión disidente en la que expuso que la JACFSE carecía de jurisdicción sobre la materia para en-tender en el asunto. Expuso que la controversia debía ser ventilada ante el Comité de Querellas o en el foro judicial con competencia.

Inconforme con esa determinación, la CFSE presentó una moción de reconsideración que no fue acogida por la JACFSE. Por ello, el 29 de agosto de 2011 la CFSE acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión de decisión administrativa. La CFSE planteó ante ese foro que erró la JACFSE al concluir que los empleados tenían derecho a los pasos por mérito concedidos y al tomar tal decisión sin tener jurisdicción sobre la materia, pues a los peticionarios les aplicaba el Convenio Colectivo vigente.

El 11 de octubre de 2012 el Tribunal de Apelaciones re-vocó el dictamen recurrido. Ese foro concluyó que la JACFSE carecía de jurisdicción para ordenar a la CFSE que mantuviera los pasos por mérito concedidos a los empleados. Fundamentó su contención en que esos em-pleados dejaron de ser gerenciales luego de que la CFSE declarara nulos sus nombramientos. Por consiguiente, al ser reinstalados en sus puestos como empleados uniona-dos, y conforme a las disposiciones del Reglamento de la Junta de Apelaciones para Empleados Gerenciales, la JACFSE no tenía jurisdicción para adjudicar sus reclama-ciones respecto al derecho a mantener pasos por mérito.

El 26 de octubre de 2012 los empleados afectados pre-sentaron una moción de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones que fue declarada “no ha lugar”. Inconfor-mes con esa determinación, un grupo de setenta y cinco empleados de la CFSE comparecieron ante este Tribunal el 10 de diciembre de 2012 mediante una petición de certiorari. Solicitan que revoquemos la sentencia del foro apelativo intermedio que resolvió que la JACFSE carece de jurisdicción sobre la materia para adjudicar su derecho a mantener los pasos por mérito obtenidos mientras fueron empleados gerenciales. Arguyen que la JACFSE sí ostenta jurisdicción para atender sus reclamos en virtud del poder jurisdiccional otorgado a esa entidad en el Art. 5, acápite 5.6(c) del Reglamento de la Junta.

El 21 de marzo de 2013 expedimos el auto. Con el bene-ficio de la comparecencia de ambas partes, pasamos a resolver.

l 1 — I

A. La jurisdicción se refiere al poder o la autoridad que posee un tribunal o un organismo administrativo para considerar y decidir casos que se sometan ante su consideración. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Véanse, además, Asoc. Punta Las Marías v. A.R.Pe., 170 DPR 253, 263 esc. 3 (2007); ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR 337, 343 (2006). Por eso, en innumerables ocasiones hemos dicho que las cuestiones jurisdiccionales “deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo”. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009), citando a Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950). Por consiguiente, de hallarse un tribunal sin jurisdicción, debe desestimar la reclamación, “sin entrar en los méritos de la cuestión ante sí”. Id., citando a González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).

En Raimundi v. Productora, 162 DPR 215, 224 (2004), señalamos que “en el ámbito administrativo, al igual que en el foro judicial, no existe discreción para asumir jurisdicción donde no la hay”. (Enfasis en el original). Por ello, “[c]onforme [a] nuestro ordenamiento jurídico, una agencia administrativa únicamente tiene los poderes otorgados expresamente por su ley habilitadora y aquellos que sean indispensables para llevar a cabo sus deberes y responsabilidades”. ASG v. Mun. San Juan, supra, pág. 343. Véase, además, Raimundi v. Productora, supra, pág. 224.

Para determinar la jurisdicción de las agencias administrativas para atender un asunto, se deben analizar los poderes otorgados expresamente por su ley habilitadora y aquellos que sean indispensables para llevar a cabo las facultades conferidas. Raimundi v. Productora, supra, pág. 224. De ahí que “una agencia administrativa no puede asumir jurisdicción sobre situación alguna que no esté autorizada por ley”. (Énfasis en el original). íd., pág. 225. Véase, además, Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 DPR 203, 225 (2002). De otro modo, en ausencia de delegación legal de autoridad, “ni la necesidad, ni la utilidad, ni la conveniencia pueden sustituir al estatuto en cuanto a fuente de poder de una agencia administrativa”. (Énfasis en el original). Raimundi v. Productora, supra, pág. 225. Véase, además, Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 594 (2005).

B. Como señalamos en González Segarra et al. v. CFSE, supra, págs. 283-284,

[l]os Arts. 1B-4 y 6 de la ley habilitadora de la CFSE, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 LPRA sec. lb-4 y 8, “faculta[n] al Administrador del Fondo a organizar y administrar su propio sistema de personal sin sujeción a la ley de personal aplicable a los emplea-dos públicos, pero sujeto al principio de mérito”. (Escolio omi-tido y énfasis en el original).

Aclaramos que “[ajunque la CFSE es una dependencia que funciona como negocio privado y, por ende, está ex-cluida de las leyes de personal del servicio público, la ad-ministración de su sistema de personal se regirá por el reglamento de personal adoptado para esos efectos”. González Segarra et al. v. CFSE, supra, pág. 284. Véase, además, Art. 1B-4 de la Ley Núm. 45, supra. Con tal fin, la CFSE ha aprobado a lo largo de los años distintos regla-mentos de personal. Precisamente, la JACFSE fue creada mediante el Reglamento de Personal de la CFSE. Particu-larmente, el Art. 18 del mencionado reglamento dispone:

ARTÍCULO 18-JUNTA DE APELACIONES
Sección 18.1 Creación
Con el fin de atender y resolver en forma diligente, ordenada y justa todas las controversias, quejas y querellas que pudieran surgir por parte de los empleados gerenciales o cualquier persona ajena que entienda que la Corporación o sus funcionarios le han violentado de alguna manera sus derechos respecto a las áreas esenciales al principio de mérito, se crea la Junta de Apelaciones de la Corporación del Fondo del Seguro del Es-tado (JACFSE) en adelante, la Junta.
Sección 18.02 Funciones
La Función de la Junta será la de servir de organismo ape-lativo a los empleados gerenciales sobre las decisiones del Ad- ministrador, referente a cualquier acción relacionada a las áreas esenciales al principio de mérito o cualquier acción de carácter disciplinario.
La Junta también tendrá facultad para conocer y resolver apelaciones en caso de ciudadanos que aleguen que una acción o decisión del Administrador respecto al área esencial de re-clutamiento viola su derecho a ingresar como empleado geren-cial en la Corporación en contravención del principio de mérito. (Énfasis nuestro).

Como se desprende de lo anterior, la Sec. 18.1 del Reglamento de Personal dio autoridad a la JACFSE para atender y resolver todas las controversias, quejas y querellas que pudieran surgir por parte de los empleados gerenciales que entiendan que la Corporación o sus funcionarios le han violado de alguna manera sus derechos respecto a las áreas esenciales al principio de mérito. Específicamente, el Art. 7(4) del Reglamento de Personal define las áreas esenciales al principio de mérito como: (1) la clasificación de puestos, (2) el reclutamiento y selección, (3) los ascensos, traslados y descensos, (4) los adiestramientos y (5) la retención. De la misma forma, el Art. 7(16) del Reglamento de Personal de la CFSE define “descenso” como el “[c]ambio de un empleado de un puesto a otro con funciones de nivel inferior, para el cual se ha provisto un tipo de retribución más bajo”.

Sin lugar a dudas, como la eliminación de los pasos por mérito afecta directamente la remuneración económica de un empleado, estamos ante un asunto que está dentro de la autoridad de adjudicación de la JACFSE conforme dispone el Art. 18, Sec. 18.1 del Reglamento de Personal.

Por último, el Art. 5 del Reglamento de la Junta esta-blece sobre la jurisdicción de la JACFSE que

[l]a Junta será el organismo al cual podrán acudir los em-pleados gerenciales, para apelar decisiones del Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, o de la persona en quien éste delegue, en cuanto a:
5.1 Destituciones, suspensiones de empleo, sueldo, beneficios marginales, licencias, cesantías, amonestaciones o cualquier acción de carácter disciplinario o ligados al principio de mérito.
5.2 Controversias relacionadas a la adjudicación de plazas y reclasificaciones.
5.3 Alegaciones de violación del Reglamento de Personal.
5.4 Casos de separación de empleados en período probatorio cuando la acción sea motivada por discrimen de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, condición marital, ideas políticas, creencias religiosas o impedimento fí-sico o mental.
5.5 Aquellos empleados que cualifiquen a empleo o ascenso y que aleguen violaciones al principio de mérito en recluta-miento de empleados para el puesto solicitado por ellos.
5.6 La Junta no tendrá jurisdicción en apelaciones provenien-tes de:
a. Empleados representados por alguna entidad sindical certi-ficada para negociar colectivamente con la Corporación, ex-cepto cuando se trate de competencia a un puesto gerencial o desempeño de funciones gerenciales.
b. Empleado de confianza en virtud de las disposiciones de la Sección 6.2 del Reglamento de Personal.
c. Personas que presten servicios en la Corporación en virtud de un contrato. (Enfasis nuestro).

HH I — I

Una lectura de la sentencia del foro apelativo interme-dio revela que ese tribunal erró al declarar que la JACFSE carecía de jurisdicción sobre la materia para entender en este asunto. El Tribunal de Apelaciones ignoró la excepción contenida en el Art. 5, acápite 5.6(a) del Reglamento de la Junta. Si bien es cierto que en ese acápite se dispone que la JACFSE no tendrá jurisdicción para atender reclamos de “[e]mpleados representados por alguna entidad sindical certificada para negociar colectivamente con la Corpora-ción”, no es menos cierto que expresamente se exceptúan los casos que “trate [n] de competencia a un puesto geren-cial o desempeño de funciones gerenciales”. Al estar direc-tamente atado el reclamo de los empleados al desempeño de funciones gerenciales, la JACFSE poseía jurisdicción para entender en la controversia. Esta controversia versa sobre una disputa acerca de la “competencia a un puesto gerencial” que menciona el Art. 5.6(a) del Reglamento de la Junta de Apelaciones para Empleados Gerenciales.

La interpretación restrictiva que hizo el Tribunal de Apelaciones de la jurisdicción de la JACFSE tiene el efecto práctico de dejar desprovistos a los empleados afectados de un foro apelativo en la CFSE para dirimir su reclamación. Es imposible reclamar un derecho ante un Comité de Que-rellas bajo el Convenio Colectivo que se originó cuando el empleado no formaba parte de la unidad apropiada por encontrarse ocupando un puesto regular de carrera y des-empeñando funciones gerenciales y de supervisión. Ade-más, se trata de pasos por mérito recibidos mientras estos empleados ocupaban un puesto gerencial. Fue la JACFSE la que decidió bifurcar el trámite y resolver esta controver-sia después de convalidar la destitución de los peticiona-rios como empleados gerenciales y su ubicación en sus puestos de carrera. La JACFSE podía resolver ambos casos simultáneamente, pero prefirió no hacerlo. Eso no la privó de jurisdicción. Incluso, la carta a los empleados afectados les apercibió correctamente de su derecho de apelación ante la JACFSE de la determinación de anular sus puestos y descenderlos a un puesto unionado. A la luz de todo lo anterior, concluimos que la JACFSE ostenta jurisdicción para atender el reclamo de estos empleados respecto a su derecho a mantener los aumentos por mérito obtenidos du-rante su permanencia en el puesto gerencial.

IV

Por los fundamentos expuestos, se revoca la determina-ción del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso a ese foro para que resuelva en los méritos si los empleados afec-tados ostentan el derecho de mantener los aumentos por mérito obtenidos mientras ejercieron puestos gerenciales.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton concurrió e hizo constar que coincide en que la Junta de Apelaciones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado tiene jurisdicción para atender la presente controversia. Ahora bien, reitera que los nombramientos de los empleados eran válidos, tal como expresó en su disenso en González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013). La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió sin opinión escrita y se unió a las expresiones del Juez Presidente Señor Hernández Denton.


author: per curiam:

text:
      In re Wilfredo E. Da Silva Arocho.

      Número: TS-12,888

      Resuelto: 3 de diciembre de 2013

      Manuel E. Ávila De Jesús, director de la Oficina de Inspec-ción de Notarías.
   per curiam:

Nuevamente nos vemos obligados a suspender a un miembro de la profesión jurídica por incumplir con los requerimientos de este Tribunal y de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Por los fundamentos esbo-zados a continuación, se ordena la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Wilfredo E. Da Silva Arocho del ejer-cicio de la abogacía y la notaría.

I

El licenciado Da Silva Arocho fue admitido al ejercicio de la abogacía el 24 de septiembre de 1999 y juramentó como notario el 1 de octubre de 1999. Solicitó la renuncia voluntaria del ejercicio de la notaría mediante carta de 28 de julio de 2011 por haber sido nombrado al cargo de fiscal especial en el Departamento de Justicia.

Durante el transcurso del trámite de renuncia volunta-ria a la notaría, el letrado informó a ODIN que cuatro tomos de su Registro de Testimonios fueron hurtados en marzo de 2011. Por ello le concedimos un término de quince días para que entregara su obra notarial y reconstruyera los Registros de Testimonios hurtados. Surge del Informe sobre el Estado de la Obra Notarial, presentado por la entonces directora de ODIN, Leda. Lourdes I. Quintana Llórens el 13 de agosto de 2012, que el licenciado entregó su obra notarial, mas no re-construyó los registros hurtados. Se nos informó además que durante la inspección de la obra notarial entregada se detectaron deficiencias serias. Estas fueron notificadas oportunamente al licenciado Da Silva Arocho. El 14 de sep-tiembre de 2012 le concedimos un término final de treinta días para que reconstruyera los cuatro tomos del Registro de Testimonios hurtados y subsanara las deficiencias seña-ladas en el informe de ODIN. Lo apercibimos que el incum-plimiento con estos requerimientos podía conllevar sancio-nes disciplinarias.

En atención a lo anterior, el 19 de octubre de 2012 el licenciado Da Silva Arocho presentó una Moción Informativa. En esta adujo que enfrentaba problemas de salud y personales que le impedían cumplir con los requeri-mientos de este Tribunal. Por ello, solicitó un término adi-cional de sesenta días para cumplir con nuestras órdenes. El 14 de diciembre de 2012 concedimos la solicitud del letrado. No obstante, cuando venció el término, el licenciado aún no había cumplido nuestras órdenes. Ante esto, y tras recibir el informe de ODIN, el 31 de mayo de 2013 le impusimos una sanción de $500 y le ordenamos que coordinara en diez días una reunión con ODIN para subsanar las deficiencias en su obra notarial.

Luego de esto, el 8 de julio de 2013 el licenciado presentó una Moción Informativa, en donde volvió a referirse a sus problemas de salud y a su situación económica precaria. So-licitó la reconsideración de la sanción impuesta. Esbozó que no era su intención responder negligentemente ni hacer caso omiso a los requerimientos de esta Curia. En atención a su comparecencia, el 24 de junio de 2013 le concedimos un término de veinte días para finalizar las correcciones a su obra notarial.

El 8 de octubre de 2013, el Director de ODIN compare-ció mediante una Moción Informativa Urgente. Nos in-formó que el licenciado Da Silva Arocho se reunió con la Inspectora de Protocolos el 24 de junio de 2013 y se com-prometió a atender los señalamientos sobre su obra notarial. No obstante, el letrado no compareció ni se excusó de la reunión de seguimiento que habían coordinado para el 7 de agosto de 2013. Tras lograr comunicarse nueva-mente con el licenciado Da Silva Arocho, la reunión se re-programó para el 12 de agosto de 2013. Llegada la fecha, el licenciado se excusó por teléfono por haber sufrido un per-cance, pero se comprometió a llevar a la próxima reunión parte de los aranceles adeudados. Sin embargo, a la fecha de la comparecencia de ODIN, este no había coordinado la reunión de seguimiento ni había pagado los aranceles adeudados.

Por otra parte, el actual director de ODIN, Ledo. Manuel E. Ávila De Jesús, también nos informó que, tras una evaluación del expediente del abogado, se percataron de que el letrado adeudaba los Informes Estadísticos Anuales de Actividad Notarial para los años naturales 2006, 2007, 2009, 2011 y 2012, el índice de Actividad Notarial Mensual de agosto de 2006, así como todos los índices que cubren el periodo de mayo de 2011 hasta el presente.

Entonces, el Director de ODIN nos solicitó: (1) ordenar la incautación de la obra protocolar que haya autorizado el licenciado Da Silva Arocho desde el 1 de agosto de 2012 hasta el presente; (2) ordenar la subsanación de la obra protocolar que se encuentra en el Archivo Notarial de Ponce, incluyendo la reconstrucción de los cuatro tomos de Registro de Testimonios notificados como hurtados, y (3) ordenar la presentación de los Informes Estadísticos Anua-les de Actividad Notarial y de Actividad Notarial Mensual adeudados. El licenciado Da Silva Arocho no ha compare-cido a expresarse sobre este último Informe rendido por ODIN ni ha acreditado la subsanación de las deficiencias en su obra notarial.

II

Hemos sostenido que los notarios tienen el deber, una vez se le señalan faltas en su obra notarial, de subsanarlas y concertar una próxima reunión con ODIN para la reinspección de los Protocolos. In re Román Jiménez, 161 DPR 727, 733 (2004). De igual manera, hemos expresado que “[n]ingún notario puede asumir una actitud pasiva y descansar en que la ODIN lo contact [e] para verificar si se corrigen adecuadamente los señalamientos que [se] efectúe [n], máxime cuando la imagen de la profesión y la suya propia está en tela de juicio”. íd.

De igual forma, de acuerdo con el Art. 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA see. 2023, y la Regla 12 de su Reglamento, 4 LPRA Ap. XXIV, los notarios tienen el deber de rendir índices mensuales sobre sus actividades notariales no más tarde del décimo día calendario del mes siguiente al informado, aun cuando no hayan tenido acti-vidad notarial durante ese mes. Hemos enfatizado que el incumplimiento con esta obligación es una falta grave a los deberes que la fe pública notarial impone al notario, por lo que tal conducta merece sanciones disciplinarias graves. In re Miranda Casasnovas, 175 DPR 774, 777 (2009). Lo anterior aplica igualmente a la responsabilidad de todo nota-rio de presentar el informe estadístico de la actividad notarial que autorizó durante un año natural, el cual debe presentarse en o antes del último día del mes de febrero del año siguiente. Véanse: Art. 13-A de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2031a; Regla 13 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 LPRAAp. XXIV.

Por otra parte, los abogados tienen la obligación ineludible de responder con diligencia a los requerimientos de este Tribunal y de ODIN. In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, 735 (2011). Véanse, además: In re Martínez Romero, 188 DPR 512 (2013); In re Buono Colón, 187 DPR 379, 382-383 (2012). El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, exige a los abogados el mayor de los respetos hacia los tribunales. Por esto, todo letrado debe responder con diligencia a los requerimientos y las órdenes emitidas por este Tribunal. In re Martínez Class, 184 DPR 1050 (2012).

Sin embargo, una y otra vez nos vemos obligados a suspender abogados que muestran indiferencia y menosprecio a nuestras órdenes. In re Buono Colón, supra, pág. 383. Esto a pesar de que es norma reiterada que procede la suspensión inmediata del ejercicio de la profesión del abogado que no responde a nuestros requerimientos e ignora los apercibimientos de sanciones disciplinarias. In re Lugo Cruz, 188 DPR 112 (2013).

III

El licenciado Da Silva Arocho ha demostrado suma de-jadez en atender los señalamientos de ODIN en torno a las deficiencias de su obra notarial y las órdenes emitidas por este Tribunal para atender esta situación. Aparte de esto, su conducta se agrava ante el incumplimiento con la obli-gación de presentar ante ODIN los Informes Estadísticos Anuales de Actividad Notarial por cinco años y cerca de treinta Informes de Actividad Notarial Mensual.

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefi-nidamente al Ledo. Wilfredo E. Da Silva Arocho del ejerci-cio de la abogacía y la notaría. Se ordena la incautación de su obra notarial reciente, así como la de su sello notarial. Estos últimos deberán entregarse al Director de ODIN para la correspondiente investigación e informe suplementario. El letrado deberá, a su propio peculio, subsanar su obra protocolar, incluyendo la reconstrucción de los cuatro tomos de Registro de Testimonios hurtados. También deberá ren-dir, dentro de un término de treinta días, los Informes Es-tadísticos Anuales de Actividad Notarial y de Actividad Notarial Mensual adeudados.

Ante la decisión tomada por esta Curia, se paralizan los procedimientos disciplinarios sobre la Queja Núm. AB-2011-321 y la Querella Núm. CP-2013-23, las que se reac-tivarán cuando el señor Da Silva Arocho solicite su reins-talación al ejercicio de la abogacía.

Por último, el licenciado Da Silva Arocho deberá notifi-car a sus clientes que no puede continuar con su represen-tación legal por motivo de las suspensión y les devolverá los expedientes de cualquier caso pendiente y los honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, infor-mará su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo donde tenga algún caso pendiente. Certificará a este Tribunal que hizo estas gestio- nes dentro del término de treinta días a partir de la notifi-cación de esta opinión y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no interviene.