author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Arturo Ramos, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Host. Benjamín Ortiz, Juez, demandada.
    Núm. 363.

    Sometido: Octubre 14, 1941.

      Resuelto: Octubre 15, 1941.

      P. Pérez Pimentel, abogado del peticionario; Benjamín Ortiz, pro se, representado además por el IIon. Procurador General George A. Malcolm y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo; Ercilio Alvarado, Fiscal del Distrito de Ilumacao, como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El día 25 de septiembre de 1941 la Corte de Distrito de Humacao dictó una orden que dice así:

“En vista de la ley núm. 155, aprobada el 13 de mayo de 1941, mediante la cual el término municipal de Cidra forma parte del distrito judicial municipal de Caguas, y forma, por tanto, parte del distrito judicial de Humacao, bajo el caso de Santos v. Sepúlveda, 45 D.P.R. 658; en vista de que en los casos felonies que se celebran ante esta corte deben actuar jurados del término municipal de Cidra, P. R., en cuya designación baya intervenido un comisionado de jurados de dieba municipalidad; en vista de que el jurado de 300 personas designado en el mes de abril de este año no incluye jurados del término municipal de Cidra, no habiendo intervenido ningún comisionado de jurados de ese término municipal, esta corte disuelve el grupo o lista de los 300 jurados designados en abril de este año y declara vacantes los cargos de comisionados de jurados que fueron seleccionados en dicho mes de abril de 1941, y esta corte ordena, además, que se designen nuevos comisionados de jurados de todos y cada uno de los municipios que forman parte de este distrito judicial, incluyendo el término municipal de Cidra, para que preparen una nueva lista o grupo de 300 jurados que actúen desde la fecha de su designación en este mes de septiembre, hasta el día primero de abril de 1942, a ser designados de acuerdo con la proporción correspon-diente al incluirse en las listas los jurados del término municipal de Cidra y el comisionado de dicho término municipal. Humacao, P. R., 25 de septiembre de 1941. (Fdo.) B. Ortiz, Juez de Distrito.”

El mismo día dicha corte dictó otra orden nombrando los mismos Comisionados de Jurados, agregando uno por el Municipio de Cidra, y los citó para que comparecieran el día 27 de septiembre para formar la lista de 300 personas que constituirían los jurados regulares de dicha corte.

Arturo Ramos, acusado ante la corte inferior de un de-lito de mutilación, señalado para verse el 31 de octubre de 1941, presentó una moción solicitando se anularan las órde-nes antes mencionadas, alegando que el Municipio de Cidra no pertenece al Distrito Judicial de Humacao y sí al de Gua-yama y que, por lo tanto, en el juicio de su caso no deben intervenir jurados seleccionados de un pueblo que no está comprendido en el Distrito Judicial de Humacao.

Al declarar la corte inferior sin lugar su moción, Arturo Ramos radicó una petición de mandamus ante el juez de turno de este Tribunal Supremo, Sr. Todd, Jr., pero habiéndose convenido por las partes solicitar una sesión especial de esta corte, la que fue, en efecto, convocada por el Gobernador de Puerto Rico, el auto fue expedido y el caso visto ante el tribunal en pleno, con asistencia del peticionario, del juez recu-rrido, del fiscal de esta corte, y del fiscal de la corte inferior como amicus curiae.

La única cuestión envuelta en este caso es si, de acuerdo con lo resuelto por este tribunal en el caso de San tos v. Sepúlveda, 45 D.P.R. 658, debemos interpretar la ley 155 aprobada el 13 de mayo de 1941 en el sentido de que fue la intención de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico se-gregar el término municipal de Cidra del Distrito Judicial de Guayama y agregarlo al Distrito Judicial de Humacao, o sea, en la misma forma en que interpretamos la ley 51 apro-bada el 11 de mayo de 1933 en el sentido de que fué la in-tención de la Asamblea Legislativa segregar el Municipio de Santa Isabel del Distrito Judicial de Guayama y agregarlo al Distrito Judicial de Ponce.

Veamos en qué se diferencian, si en algo, estas dos leyes.

El título de la ley 155 aprobada el 13 de mayo de 1941, lee así:

‘1 Para crear una segunda sección de la Corte Municipal de Caguas, Puerto Rico; determinar su jurisdicción; determinar sus funcionarios y empleados y proveer para el pago de los sueldos de los mismos y de los gastos de la instalación de la misma; para segregar el término municipal de Cidra, del Distrito Judicial Municipal de Cayey y agregarlo al Distrito Judicial Municipal de Caguas, y para otros fines.”

Los primeros seis artículos de los catorce de que consta la ley, contienen disposiciones creando la Corte Municipal de Caguas, Sección Segunda, estableciendo su jurisdicción, re-glamentación interna, etc. Los artículos 10 al 14 contienen disposiciones generales de índole administrativa. Son los artículos 7, 8 y 9 los pertinentes al caso que resolvemos y los copiamos íntegramente:

“Artículo 7. — Por la presente so segrega el término municipal de Cidra del Distrito Judicial Municipal de Cayey, y dicho término municipal de Cidra formará parte en lo sucesivo del Distrito Judicial Municipal de Caguas; y la Sección Segunda de la Corte Municipal de Caguas tendrá la misma jurisdicción y poderes que tiene la Corte Municipal de Cayey ahora, en todos los casos civiles y criminales que se “presenten dentro de los límites del Municipio de Cidra.
“Artículo 8. — Todos los casos procedentes del término municipal de Cidra que estén pendientes en la Corte Municipal de Cayey al entrar en vigor esta Ley, deberán ser resueltos por la Corte Municipal de Cayey si hubieren entrado en período de prueba o estuvieren pendientes de sentencia, y en cualquier otro caso serán trasladados a la Sección Segunda de la Corte Municipal de Caguas a moción de parte o por iniciativa de la propia Corte Municipal de Cayey sin necesidad de que lo solicite alguna de las partes.
“Artículo 9. — Las apelaciones de la Sección Segunda de la Corte Municipal de Caguas en casos procedentes del término municipal de Cidra, tanto civiles como criminales, se establecerán para ante y se tramitarán en la misma corte de distrito en que se tramitan las demás apelaciones de la Corte Municipal de Caguas, y las de la Corte de Paz de Cidra se establecerán para ante y se tramitarán en la misma corte de distrito en que se tramitan las apelaciones de la Corte Municipal de Caguas.”

La ley 51 aprobada en mayo 11, 1933, sólo consta de cinco artículos y la copiamos íntegramente a continuación:

“Núm. 51. Ley 'para separar el Municipio de Santa Isabel del Distrito Judicial Municipal de Salinas, para anexar el mismo al Distrito Judicial Municipal de Juana Díaz, y a la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, y para otros fines.
“Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
“Artículo 1. — El municipio de Santa Isabel por la presente es separado del distrito judicial municipal de Salinas y en lo sucesivo formará parte del distrito judicial municipal do Juana Díaz, el que en adelante se compondrá de los municipios de Juana Díaz, Santa Isabel y Yillalba.
“Artículo 2. — La corte, municipal para el distrito judicial municipal de Juana Díaz, tendrá la misma jurisdicción y poderes que la de Salinas sobre los casos que se presenten dentro de los límites del municipio de Santa Isabel, incluyendo aquellos pendientes en la actualidad ante la corte municipal de Salinas, los cuales serán tras-pasados a la corte municipal de Juana Díaz, mediante moción de cual-quiera de las partes interesadas.
“Artículo 3. — Los casos en apelación de la Corte Municipal de Juana Díaz, procedentes de Santa Isabel serán recibidos, vistos y resueltos por la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, y los casos pendientes de vista en apelación a la fecha de la vigencia de esta Ley serán trasladados a la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce.
“Artículo 4. — Toda ley ó parte de ley que se oponga a la pre-sente, queda por ésta derogada.
“Artículo 5. — Esta Ley empezará a regir a los noventa días después de su aprobación.
“Aprobada en mayo 11 de 1933.”

Como puede verse, la única diferencia entre una y otra ley consiste en que en el título de la núm. 51, aprobada en mayo 11 de 1933, se hizo constar que el municipio de Santa Isabel quedaba anexado al Distrito Judicial Municipal de Juana Díaz y a la Corte de Distrito de Ponce (aún cuando en el texto de la ley nada se dijo en cuanto a esta última anexión), y en la núm. 155, aprobada el 13 de mayo de 1941 nada se dice, ni en el título ni en el texto de la ley, de que el municipio de Cidra quedaba anexado al Distrito Judicial de Humacao, aunque sí al Distrito Judicial Municipal de Caguas.

No obstante esta única diferencia, si se' examina con de-tenimiento la opinión de este tribunal en el caso de Santos v. Sepúlveda, supra, se verá que el ratio decidendi no se hizo depender del título de la ley núm. 51, supra, y sí del estudio que se hizo de toda la legislación vigente en relación con la Ley para Beorganizar el Sistema Judicial de Puerto Bico, aprobada en marzo 10 de 1904, para llegar a las conclusio-nes siguientes:

“La Isla fué,. pues, dividida desde 1904 en distritos judiciales compuestos de varios municipios con una corte de distrito en cada uno, y en distritos judiciales municipales compuestos de uno o varios municipios con una corte municipal en cada uno, y con la sola excep-ción del caso de Añasco y Hincón, cada distrito judicial comprende íntegros varios distritos judiciales municipales. Y se deduce que comprenderlos íntegramente fué el propósito del legislador no sólo por el resultado de su propia actuación, si que por la forma en que redactó la sección octava de la ley, forma que conservó en las en-miendas de 1905 y 1908. No se limitó a dividir la Isla en distritos judiciales municipales numerándolos, sino que hizo la división citando primero el distrito judicial y luego los distritos judiciales municipales en él comprendidos.
“Desde el 1908 al 1933 se pasaron varias leyes creando nuevas cortes municipales, entre ellas la de Juana Díaz en 1911 (Leyes de 1911, pág. 196), reorganizando las de distrito de San Juan y Ponce y creando el nuevo distrito judicial de Bayamón con su corte de dis-trito, y siempre quedaron los distritos judiciales municipales compren-didos integramente en los distritos judiciales.
“En el caso de Santa Isabel la confusión sería extraordinaria porque sobre los asuntos judiciales del propio municipio tendrían jurisdicción dos cortes de distrito diferentes, y esto nos lleva a inter-pretar la ley de acuerdo con lo que consideramos que fué el verda-dero propósito de la legislatura, a saber, separar por completo el Municipio de Santa Isabel del distrito judicial de Guayama incor-porándolo no sólo al distrito judicial municipal de Juana Díaz si que a virtud de tal incorporación llevándolo a formar parte integrante del distrito judicial de Ponce.” (Bastardillas nuestras.)

Siguiendo la pauta trazada en el caso de Santos la ley núm. 155 de 1941, supra, debe interpretarse en armonía con las demás leyes organizando la judicatura en Puerto Rico. Se sostuvo en el caso de Santos que “cada distrito judicial comprende íntegros varios distritos judiciales municipales,” y “que comprenderlos íntegramente fué el propósito del le-gislador.” La ley núm. 155 de mayo 13 de 1941 en sus tér-minos es idéntica, en lo pertiente, a la ley núm. 51 de 1933.

En 59 C. J. 1038, see. 616, se expone la siguiente doctrina:

“Se presume que todos los estatutos han sido aprobados por la Asamblea Legislativa con pleno conocimiento de las condiciones exis-tentes de la ley y con referencia a ella. Deben interpretarse por consiguiente en relación y en armonía con la ley existente y como una parte de un sistema general y uniforme de jurisprudencia, y su significado y efecto debe determinarse en relación no sólo con la ley común y la constitución si que también con referencia a otros estatutos y a las decisiones de las cortes.”

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico al aprobar la ley núm. 155 de 1941 en términos casi idénticos a los de la ley de 1933, debe presumirse que lo hizo con pleno conoci-miento de la interpretación que este tribunal había dado a la ley anterior.

Hay dos excepciones a la regla enunciada en el caso de Santos, supra. Una de ellas, el caso de Añasco y Rincón, está allí claramente explicada y distinguida. La segunda es el caso de Eío Piedras y Guaynabo que forinan un solo dis-trito judicial municipal, pero Eío Piedras pertenece al dis-trito judicial de San Juan y Guaynabo al de Bayamón, siendo por tanto la situación igual al caso de Añasco y Rincón. Véase El Pueblo v. Rodríguez, 48 D.P.R. 8.

Somos de opinión que la corte inferior actuó correcta-mente al aplicar el caso de Santos al de autos y al dictar sus órdenes de 25 de septiembre de 1941 disolviendo el jurado y nombrando nuevos comisionados, incluyendo uno por el mu-nicipio de Cidra por pertenecer éste al Distrito Judicial de Humacao, y que procede por tanto anular el auto expedido y desestimar la petición en este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Julia Rosario Vda. de Rosario, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 1090.

    Sometido: Noviembre 3, 1941.

      Resuelto: Noviembre 3, 1941

      Fiddler, McConnell <S¡ Gonzales y J. M. Morales, abogados de la recu-rrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura núm. 25 de 15 de mayo de 1940, ante el notario don Jorge Morales, The National City Bank of New York, re-presentado por los Sres. William L. Pope y Donald P. Campbell, vendió a la recurrente cierto solar radicado en el Barrio Matón Arriba de Cayey. Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Guayama, fue denegada su ins-cripción por los fundamentos de la siguiente nota :

“Denegada la Inscripoión del presente documento al folio 241 del tomo 98 del Municipio de Cayey, ñnca número 3654, anotación letra ‘A’, por observarse que a la luz del artículo 14 de la Ley Notarial según quedó enmendado por la ley número 7 de 23 de marzo de 1937, esta escritura es nula por no resultar que la .compradora, que no sabe firmar, haya estampado sus huellas digitales en cada hoja o plana de la misma; y por observarse además que el poder sobre el cual apoyan los mandatarios sus facultades es insuficiente por los siguientes motivos: — (a) porque habiendo sido el poder otorgado fuera de la Isla de Puerto Rico no ha sido protocolizado con arreglo al artículo 4 de la Ley de Registro de Poderes de mayo 8 de 1937; ni se ha tomado razón del mismo en el Registro de Poderes creado por dicha ley; (6) porque tratándose de una sustitución a virtud de la cual William A. Simonson delega en W. L. Pope y en la 'persona autorizada para actuar como Manager de cualquier sucursal del National City Bank of New York en Puerto Rico ciertas facultades conferidas al primero por la Junta de Directores de dicho Banco, no se acompaña para calificarlo el documento a virtud del cual se conce-dieron dichos poderes originales; (o) porque no se expresa la persona cierta a quien se designa, en unión del Sr. Pope, como manda-tario sustituto ni se acredita en todo caso que el Sr. Campbell sea Manager de una Sucursal del Banco en Puerto Rico y (d) porque en todo caso, de no ser necesaria la protocolización, no es admisible el llamado Testimonio por Exhibición en el cual meramente se in-serta copia de la delegación de poderes sin que el Notario dé fe, ni pueda darla, de la autenticidad del documento exhibido, el cual, para que surta efecto contra tercero debe quedar incorporado en un registro público, sujeto así a la determinación de su autenticidad mediante el cotejo de firmas o cualquier otra forma de acreditar su validez en caso que surgiere controversia en relación con el mismo; y tomada en su lügaR, anotación preventiva por el término legal de 120 días a favor de doña Julia Rosario viuda de Rosario de su título de compra, al folio y tomo antes indicados. La finca vendida se halla libre de toda carga o gravamen. Guayama, a catorce de abril de mil novecientos cuarenta y uno.”

Contra la transcrita nota se interpuso el presente re-curso, sin que el registrador recurrido haya radicado alegato alguno en apoyo de la misma.

La primera cuestión suscitada por el registrador exige la interpretación de la sección 14 de la Ley Notarial según fue enmendada por la Ley núm. 7 aprobada en 23 de marzo de 1937, leyes de ese año (Leyes de 1936-37), pág. 135, que literalmente dice:

‘ ‘ Si los otorgantes o alguno de ellos no supiera o no pudiera firmar, lo expresará así el notario debiendo firmar y estampar sus iniciales uno de los testigos, escribiendo de su puño, en antefirma, que lo hace por sí como testigo y a nombre del otorgante, que no sepa o no pueda verificarlo; Disponiéndose, además, que el otorgante u otor-gantes que no supieran o no pudieran firmar, estampará sus huellas digitales en cada hoja o plana.”

Impugnando la primera parte de la nota, arguye el recu-rrente que el dejar de estampar las huellas digitales califi-cado por el registrador de defecto insubsanable, a lo sumo sólo podría considerarse subsanable, ya que la recurrente, al celebrar el contrato de compraventa, no realizó acto alguno de enajenación sino de mera adquisición para lo cual podía ser representada por mandatario verbal, quien también en el mismo carácter pudo ratificar la escritura, circunstancias és-tas que a su juicio son demostrativas del carácter de subsa-nable del defecto en controversia.

No vamos a detenernos en los méritos de esta argumen-tación. La recurrente se desvía de la verdadera cuestión en controversia, cual es determinar si el documento de que se trata constituye uno de los títulos sujetos a inscripción a que se contrae el artículo 3 de la Ley Hipotecaria que en lo per-tinente prescribe:

"Artículo 3. — Para que puedan ser inscritos los. títulos expre-sados en el artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico, expedido por Autoridad Judicial, o por el Gobierno o sus agentes en la forma que prescriban los reglamentos.”

La escritura motivo de este recurso fué otorgada el 15 de mayo de 1940. Sin embargo, tres años antes, como hemos visto, la sección 14 de la Ley Notarial antes citada había sido enmendada en el sentido de exigir que el otorgante que no sepa o no pueda firmar, estampe sus huellas digitales en cada hoja o plana.

No obstante la claridad del precepto legal antes citado, no se cumplió én este caso con el indicado requisito. En otras palabras, la firma de uno de los otorgantes no fué es-tampada en la forma exigida por el estatuto. Siendo ello así, como se dijera en Banco Territorial v. Registrador, 22 D.P.R. 584, 588, es como si dicha firma no existiera y por consiguiente se incurre en la nulidad expresada en la sección 20 de la Ley Notarial, que en lo pertinente dispone:

‘‘ Sección 20. — Serán nulos los instrumentos públicos:
“1. — . .......
“2. — . .......
1 ‘ 3. — ... en que no aparezcan las firmas de las partes y testigos cuando deban hacerlo, y la firma, signo y rúbrica del notario.”

Es incuestionable que el requisito legal de estampar las huellas digitales es de importancia suma ya que de ese modo, en lo que a otorgantes que no puedan o no sepan firmar se refiere, ha logrado el legislador dotar al instrumento público de un sello de incontrovertible autenticidad, con arreglo a los últimos dictados de la ciencia. De hecho, la huella digital sustituye con éxito a la firma.

Véanse por analogía, además del anteriormente citado, los casos de Rodríguez v. Registrador, 14 D.P.R. 738; Villanueva v. Registrador, 18 D.P.R. 831; y Muños v. Registrador, 25 D.P.R. 842.

Siendo nula la escritura en cuestión con arreglo a lo dispuesto en la sección 20 de la Ley Notarial, dicho docu-mento no constituye el título inscribible que contempla la Ley Hipotecaria, y no constituyéndolo, actuó correctamente el registrador recurrido al denegar su inscripción y calificar de insubsanable el defecto.

El hecho de que en este caso sea la compradora y no el vendedor el que no sabe firmar, es inmaterial, pues apayte de que la ley no distingue, exigiendo ese requisito de todo otorgante que se halle en las condiciones indicadas, en el último de los casos citados, en que se trataba de un compra-dor que no podía firmar, se resolvió:

"Respecto al otro punto, está igualmente clara la ley; Saras comparece solamente como firmante a ruegos del comprador. No es en sentido alguno un testigo instrumental puesto que comparecieron otros dos en tal concepto. Es preciso que se cumpla estrictamente la Ley Notarial en este sentido.”

Quizás convenga aclarar que la nulidad del título por no ajustarse a lo dispuesto en la ley, nú -conlleva necesaria-mente la nulidad del contrato de compraventa que puede ser perfectamente válido y obligatorio entre las partes, si con-curren los tres requisitos enumerados en el artículo 1213 del Código Civil.

Pasaremos abora a considerar los demás aspectos de la nota, ya que podrían presentarse de nuevo los poderes objetados por el registrador y suscitarse una vez más la cuestión que ahora nos ocupa.

Habiéndose -autorizado en Nueva York los dos poderes, otorgados a favor de los Sres. Campbell y Pope, ¿no era necesario para que diehos documentos surtieran efecto en Puerto Rico, en lo que a esta transacción respecta, que pre-viamente hubieren sido protocolizados y anotados en el Re-gistro de Poderes con arreglo a las secciones 3 y 4 de la ley de 8 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-37, núm. 62 pág. 193) ?

Los citados artículos dicen así:

“'Artículo 3. — Será obligación de todo nptario ante el cual se otorgue una escritura de constitución, modificación, ampliación, susti-tución, renuncia o renovación de poder, remitir al Secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico, dentro de las cuarenta y oebo horas después de su otorgamiento, una notificación bajo su fe notarial, haciendo constar en la misma el nombre, o nombres del otorgante u otorgantes y testigos, fecba, número y naturaleza de la escritura con especificación de la persona a quien se le confiera, amplía, modi-fica o revoca el poder; en easo de sustitución de poder se consignará en dicha notificación el nombre de la persona sustituida y el del apoderado y cuando -se trate de renuncia de poder el nombre del mandante; Disponiéndose, que será deber del Secretario del Tribunal Supremo acusar recibo a los notarios de dicha notificación y proceder inmediatamente después de recibirla a hacer las anotaciones corres-pondientes en el libro que determina el artículo 5 de esta Ley.
“Artículo 4. — Todo instrumento de constitución, modificación, ampliación, sustitución, renuncia o revocación de poder otorgado fuera de la Isla no surtirá efecto en Puerto Rico, a menos que sea previamente protocolizado en Puerto Rico, siendo obligación del notario que verifique .dicha protocolización dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 3 de la presente Ley, tal y como si el docu-mento motivo de la protocolización hubiera sido otorgado ante él.”

’•"La necesidad de protocolizar y anotar dichos poderes para que-a partir de la vigencia de ley-de 8 de mayo de 1937 sur-tan efecto en Puerto Rico, es manifiesta; sin embargo, ar-guye la recurrente que como fueron otorgados con anterio-ridad a dichadey, y:la misma no contiene disposición alguna •dándole efecto retroactivo, la protocolización es innecesaria.

No tiene razón la recurrente. Lo que .dispone la ley es que-a partir de su - vigencia, documentos de esta índole de-jarán de surtir efecto en Puerto Rico, a menos que se pro-tocolicen y anoten .previamente en. el' Registro de Poderes. Como la escritura de..compraventa fue otorgada el 15 de mayo de-1940, o sea cerca de tres años después de regir la citada ley, claro es que para esa fecha los poderes no protocolizados ni.'-anotados no podían surtir efecto en relación con dicha es-critura. Sería correcta la contención de la recurrente si la escritura de compraventa se hubiera otorgado con anteriori-dad a la vigencia de la ley tantas veces mencionada.

No -afecta nuestra conclusión el hecho de que se ha-yan otorgado actas de testimonios por exhibición de dichos poderes, pues sabido es que un testimonio por exhibición no equivale legalmente a un acta de protocolización. En esta filtima el notario- une a su protocolo el documento que se le presenta para protocolar; en la otra, lo devuelve y sólo queda en el protocolo la copia extendida por el notario. Pero ésa- el-supuesto de que fuesen equivalentes, sin aceptarlo, siem-pre adolecerían dichos documentos del defecto de no apare-cer- previamente anotados en el Registro de Poderes como exigé la ley.

Puesto que la ley no fija un plazo para protocolizar up poder, nada impide que en cualquier momento los docu-mentos originales, otorgados en Nueva York puedan ser pre-sentados a un notario de Puerto Rico para su protocoliza-cion, quien a su vez. dará cumplimiento a la ley en lo que res-pecta al registro de poderes. -

Los defectos señalados por el registrador bajo las letras B y C no existen a nuestro juicio. El otorgado a favor del Sr. Campbell que consta en el acta de testimonio por exhibi-ción núm. 49, fue sometido a la Junta de Directores del ci-tado Banco y aprobado por ésta en todas sus partes con-forme resulta del acta que se transcribió por el notario que otorgó dicho poder en la ciudad de Nueva York. Habiendo transcrito el notario la resolución de la Junta de Directores en la escritura de poder, es innecesario presentar al regis-trador la resolución original aprobada por la Junta de Directores, aparte de que en^ ningún momento podría presen-tarse tal original y sí solamente la copia certificada que de dicha resolución hubiese expedido el Secretario de la corpo-ración, pues el acta original permanece siempre en el libro de actas en la oficina de la corporación.

Los poderes se complementan. El de Mr. Campbell en su cláusula tercera contiene una limitación en el sentido de que para surtir efecto es necesario el concurso de otra persona que será designada por escrito de tiempo en tiempo, por el “chairman”, presidente, primer vicepresidente (senior vice-president), de dicho Banco, y el poder otorgado al Sr. Pope por el primer vicepresidente constituye la designación a que se refiere el de Mr. Campbell.

Con la precedente aclaración, procede confirmar la nota recurrida.


author: El Juez Presidente Señor 'Del Toro

text:
    Francisco Nieves, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1092.

    Sometido: Noviembre 3, 1941.

      Resuelto: Noviembre 4, 1941.

      José Veray, Jr., abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor 'Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 5 de julio último comparecieron ante el notario ptí-blico José Veray, Jr., Alfredo Lamela Abren y Francisco Nieves y otorgaron una escritura de ■ compraventa de un solar cuyas dimensiones según el registro y el hecho primero de la escritura son “trece metros sesenta y dos centímetros de frente por veinte y dos metros diez centíme-tros de fondo y doscientos dos metros cuadrados de super-ficie” y sobre el cual dice luego el vendedor en la propia escritura:

“Segundo: — Sigue diciendo el señor Lamela, que la casa de dos plantas que había en el solar arriba descrito fue destruida por un incendio ocurrido en Isabela hace ya algunos años y que la super-ficie cuadrada del solar son trescientos un metros y no doscientos dos metros cuadrados pues es un error que ahora se rectifica.
‘ ‘ TerCero : — Manifiesta además el señor Lamela, que el solar arriba descrito, sus actuales colindancias y cabida es como sigue: URBANA, solar sito en la calle José C. Barbosa de Isabela, compuesto de trescientos un metros cuadrados de superficie, midiendo por el Norte, trece metros sesenta y dos centímetros, que es su frente y linda con la callo en que radica, que antes se llamaba Concordia y luego Comercio; Sud, trece metros sesenta y dos centímetros, que es su espalda y linda con José Rafols Roger y antes con Manuela Román; Este, veinte y dos metros diez centímetros, que es su fondo y linda con Alfredo Lamela Abréu y antes con José Ramón Méndez; y Oeste, veinte y dos metros diez centímetros y linda con José Ra-fols Roger, y antes con Manuela Román.”

Presentado para su inscripción el documento en el re-gistro, causó la siguiente nota:

“Inscrito este documento por lo que respecta al solar como com-puesto de doscientos dos metros cuadrados y denegada la inscrip-ción en cuanto al exceso hasta trescientos un metros cuadrados, por no aparecer éstos inscritos a nombre de los vendedores tomando en cuenta a este extremo anotación preventiva. ...”

No conforme el comprador Nieves, interpuso el presente recurso gubernativo. Sostiene que la nota no está justifi-cada porque no obstante aparecer del registro que la super-ficie del solar era de doscientos dos metros, es lo cierto que del registro también aparecía que su vendedor tenía tres-cientos uno, ya que habiéndose fijado las dimensiones del frente y„ del fondo en 13 metros 62 centímetros y 22 metros 10 centímetros, respectivamente, una simple operación arit-mética permitía llegar a esa conclusión.

No estamos conformes. Si del registro aparecieran las colindancias como se hicieron constar en el hecho tercero de la escritura que dejamos transcrito, esto es, Norte, frente, 13 metros 62 centímetros; Sur, espalda, 13 metros 62 cen-tímetros; Este, 22 metros 10 centímetros, y Oeste, 22 metros 10 centímetros, tendría razón el recurrente. Cabría entonces el argumento de la corrección del error a virtud de una simple operación aritmética.

Pero constando solamente la dimensión del frente y la del fondo, no puede concluirse que se trate necesariamente de un rectángulo. La cabida del solar depende de su figura, y sus dimensiones como se fijaron primeramente por sus propios dueños y se registraron hacen posible la conclusión de que su espalda tenga menos de 13 metros 62 centímetros y aun de que se trate de un triángulo en cuyos casos la ope-ración aritmética no daría trescientos un metros, sino menos. Quizá los doscientos dos registrados.

Si en verdad se trata de un rectángulo, medios legales tiene la parte interesada de aclararlo. Su simple manifesta-ción no es suficiente para alterar el estado de hecho creado en el registro, alteración que pudiera tal vez perjudicar de-rechos de otras personas.

Siendo ello así, debe declararse sin lugar el rector so, que-dando confirmada la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

text:
    R. C. Quiñones, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. R. La Costa, Jr., Juez, demandada.
    Núm. 1259.

    Sometido: Noviembre 3, 1941.

      Resuelto: Noviembre 6, 1941.

      Estrella Garda Capella, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión :dél tribunal.

R. C. Quiñones presentó una solicitud de certiorari inte-resando la revisión de cierta sentencia que .en grado, dé apelación dictara contra él y su esposa la corte inferior por la cantidad de $106.15. Alega el recurrente que la sentencia dictada contra él es errónea por cuanto la 'cantidad recla-mada por el demandante Luiña procede de cierto contrato-de arrendamiento celebrado exclusivamente por su esposa en relación con el negocio de “salón dé belleza” que ella tiene establecido por su cuenta, y que- por consiguiente;jnb es él responsable de dicha obligación. Invoca el caso de Silva v. Corte, 57 D.P.R. 725.

La cuestión ahora suscitada presenta otra fase del artículo 6 del Código de Comercio que no estuvo envuelta en el caso antes citado. Allí se resolvió que una mujer casada dedi-cada al comercio o a la industria puede- ’ demandar sin el concurso del marido en reclamación de obligaciones contraí-das a favor de dicho negocio o industria; pero el problema jurídico que ahora nos ocupa no es el de la capacidad de la mujer para demandar sin el concurso' del marido, sino determinar la responsabilidad que pueda tener la sociedad de gananciales por las obligaciones contraídas por la miijer como resultado del citado comercio o industria a que sé de-dique.

Para la mejor inteligencia de la cuestión, conviene tener a la vista el artículo 6 del Código de Comercio, que dice así:

Artículo 6. — La mujer casada podrá dedicarse- libremente al co-mercio o a la industria sin otras formalidades que las requeridas para los comerciantes varones. Sólo estarán obligados a las resul-tas del comercio o industria a que se dedicare la mujer, sus bienes privativos, los frutos, rentas e intereses de dichos bienes, los bene-ficios que se obtengan como consecuencia inmediata y directa de' la industria o tráfico a que se dedicare, y los bienes que adquiriere con díebos beneficios, pudiendo enajenar todos esos bienes sin consen-timiento del marido. Los demás bienes gananciales quedarán obli-gados a las resultas del ejercicio del comercio o industria por la mu-jer, cuando mediare el consentimiento expreso o tácito del marido. Si el marido quisiere expresar su voluntad de que dichos ganancia-les no queden obligados, lo notificará por escrito, debidamente iden-tificado, a su mujer y al registro mercantil, en donde se liará cons-tar por nota al margen de la inscripción del comerciante.’'

Se observará que con arreglo al transcrito precepto legal, sólo estarán obligados a las resultas del comercio o indus-tria a que se dedicare la mujer, sus bienes privativos, los frutos, rentas o intereses de dichos bienes, los beneficios que se obtengan como consecuencia inmediata y directa de la industria o tráfico, a que se dedicare, y los bienes que adquiera con dichos beneficios. Sin embargo, el propio artículo prescribe también que, en adición a dichos bienes, los demás pertenecientes a la sociedad de gananciales quedarán tam-bién obligados en igual forma, cuando mediare el consenti-miento expreso o tácito del marido para que la mujer se dedique a dicho comercio o industria, y no hubiese él expre-sado su voluntad de que los bienes gananciales no queden obligados, para lo cual lo notificará por escrito, debidamente identificado, a su mujer y al registro mercantil, en donde se hará constar por nota al margen de la inscripción del co-merciante.

De los autos, no aparece que la Sra. Silva de Quiñones se esté dedicando a dicho comercio o industria sin el con-sentimiento del marido. Por el contrario, surge de las defensas especiales que en contestación a la demanda inter-puso el recurrente, que por lo menos hace nueve años que su esposa viene dedicándose a dicho comercio o industria, y siendo ello así y no apareciendo que el esposo haya expre-sado su inconformidad, surge claramente el consentimiento tácito a que se refiere la ley. Como tampoco aparece de los autos que el marido recurrente haya expresado su voluntad de que los demás bienes gananciales no queden obligados a las resultas de dicho comercio o tráfico, pues no aparece qne lo haya notificado a su mujer ni al registro mercantil en la forma prescrita por la ley, ni en ninguna otra, fuerza es concluir qne todos los bienes de lá sociedad conyugal es-tán obligados a las resultas del indicado negocio; pero como el marido es el representante de la sociedad conyugal con-forme dispone el artículo 93 del Código Civil, es él parte necesaria en'el pleito para que dichos bienes puedan quedar sujetos a la sentencia que se dictare. No cometió, pues, la corte inferior el error que se le imputa, al dictar sentencia contra el recurrente.

Procede, por lo expuesto, denegar la expedición del auto solicitado.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Román Ortiz Toro, demandante y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8172.

    Sometido: Mayo 27, 1941.

      Resuelto: Noviembre 7, 1941.

      Arturo Ortiz Toro, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm j M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El día 29 de noviembre de 1931, en el pueblo de Jayuya, una casa propiedad de María Mattei en la que habitaba el demandante Román Ortiz Toro, fué destruida por un incen-dio, el que destruyó también efectos pertenecientes al de-mandante y en pago de los cuales éste reclama de El Pueblo de Puerto Rico la suma de $10,477.50.-

En la demanda radicada el 29 de noviembre de 1932, el demandante alega que la Srta. María Mattei, propietaria de la casa por él ocupada, había dado en arrendamiento a El Pueblo de Puerto Rico, para uso del Servicio del Riego de G-uayama, parte de los bajos de la casa contigua a la ocupada por el demandante; que en el local así arrendado, el Servicio del Riego guardaba drones de gasolina; y que en la noche del siniestro los individuos Juan Ramón Ybio y Francisco Rodríguez, el primero agente especial y el segundo empleado del Pueblo de Puerto Rico, fueron a dicho local a buscar gasolina, abrieron uno de los drones allí almacenados, utili-zando una linterna de petróleo crudo para alumbrarse, y al hacerlo así dieron lugar a que la gasolina se incendiara ocasionando la destrucción de varias casas y de los efectos pertenecientes al demandante.

El 12 de febrero de 1934 el demandante radicó ante la Corte de Distrito de San Juan una moción en la que soli-citaba se le eximiese, por razón de su insolvencia, de la obli-gación de prestar la fianza que requiere la ley para poder entablar acción contra El Pueblo de Puerto Rico. Y ha-biendo sido autorizado por dicha corte para que continuase la tramitación del caso, sin prestación de fianza por el de-mandante, éste radicó en 27 de abril de 1935 nna demanda enmendada basada en los mismos hechos alegados en la de-manda original.

El Pueblo de Puerto Eico contestó la demanda en 6 de mayo de 1936, y después de negar específicamente los hechos esenciales de la misma, interpuso como defensas especiales las siguientes: (1) que la acción que pretende ejercitar el demandante está prescrita por haber transcurrido un término mayor de un año desde el 29 de noviembre de 1931, fecha del incendio, y el 6 de mayo de 1935, fecha en que se radicó la demanda enmendada, sin que pueda considerarse interrum-pida la prescripción por la radicación de la demanda original en 29 de noviembre de 1932, toda vez que dicha radicación no se hizo de acuerdo con las disposiciones de la ley núm. 76 de 13 de abril de 1916 (pág. 155); (2) que la corte carece de jurisdicción para entender en este caso porque se trata de una demanda o acción establecida contra El Pueblo de Puerto Eico y no autorizada legalmente.

En 12 de enero de 1938 la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia desestimando la demanda y no conforme el demandante interpuso el presente recurso.

Los diez señalamientos de error formulados por el de-mandante apelante presentan, a nuestro juicio, dos cuestio-nes fundamentales, que son las únicas que hemos de consi-derar, pues de la resolución de cualquiera de ellas depende la sentencia que deba dictarse en este recurso. Dichas cues-tiones pueden formularse así:

la. ¿Erró la corte inferior al sostener que la acción interpuesta por el demandante está prescrita por no haberse cumplido los requi-sitos de la ley núm. 76 de abril 13, 1916, enmendada por la ley núm. 11 de 18 de abril de 1928?
2a. ¿Erró la corte inferior al sostener que los individuos Juan Ramón Ybio y Francisco Rodríguez no eran agentes especiales de El Pueblo de Puerto Rico y que por tanto éste no era responsable de daños causados por la negligencia de aquéllos?

El artículo 4 de la ley de 13.de abril de 1916, según quedó enmendado por la ley núm. 11 de 18 de abril de 1928, leyes de ese año, póg. 131, lee como signe:

“Artículo 4. — En los casos que se susciten de acuerdo con esta Ley serán pagados los mismos honorarios, y en la misma forma y tiempo, y con sujeción a las mismas reglas, que se proveen por la ley y para casos civiles en las cortes de distrito de la Isla; Disponiéndose, sin embargo, que todo demandante, como condición previa para en-tablar dicha demanda, debe prestar una fianza satisfactoria a la corte por la suma de dos mil (2,000) dólares para responder de las costas; Entendiéndose, que la corte tendrá facultades para eximir de fianza a las personas que por razón de pobreza, no puedan prestarla.”

En el caso de autos la demanda original fué radicada ante la corte de distrito el día 29 de noviembre de 1932, o sea el mismo día en que expiraba el año concedido por la ley para establecer la acción de daños y perjuicios contra El Pueblo de Puerto Rico. Es un hecho admitido que el demandante se limitó a radicar su demanda en la secretaría de la corte sin cumplir con el requisito del artículo 4, supra, según el cual para poder entablar dicha demanda el demandante de-bía cumplir antes la condición previa de prestación de fianza, fijada por el estatuto. El demandante no prestó fianza al-guna, ni obtuvo con anterioridad a la radicación de la de-manda la ex'ención de fianza que la corte podía otorgarle de acuerdo con la misma ley. Esa exención no la obtuvo hasta 14% meses después de haber expirado el término concedídole para entablar su acción.

La cuestión aquí levantada lo fué también en el caso de Masini v. El Pueblo, 52 D.P.R. 792, en el cual se reclamaba el valor de unas casas destruidas por el mismo incendio ori-ginado en la casa de la Srta. María Mattei. Y al resolver dicha cuestión en contra del demandante apelante, esta corte, por voz de su Juez Presidente Sr. Del Toro, se expresó así:

“Nos inclinamos a creer que no hubo error, pero aunque así no fuera dados los amplios términos en que se enmendó el artículo 1 de la Ley núm. 76 de 1916 (Leyes de ese año, pág. 155), por la Ley núm. 11 de 1928 (Leyes de ese año, pág. 131), siempre habría que resolver que la sentencia se sostiene porque de la faz de la de-manda resulta que las cansas de acción ejercitadas estaban prescritas de acuerdo con el artículo 9 de la citada Ley núm. 76 de 1916, que expresamente dispone que todas las acciones contra El Pueblo de Puerto Rico prescribirán si el pleito no se entabla dentro de un año de originada la causa de acción, en relación con el artículo 4-de la misma, como quedó enmendado en 1928, a saber:
“ . . . Disponiéndose, sin embargo, que todo demandante, como condición previa para entablar dicha demanda, debe prestar una fianza satisfactoria a la corte por la suma de dos mil (2,000) dólares para responder de las costas: entendiéndose, que la corte tendrá facultades para eximir de fianza a las personas que por razón de pobreza, no puedan prestarla.’
“El heebo determinante de la causa de acción ocurrió en noviem-bre 29, 1931, presentándose la primitiva demanda sin el previo re-quisito de la fianza en noviembre 23, 1932.
“El pleito que así se intentó iniciar fué archivado en junio 25, 1935, radicándose la nueva demanda en noviembre del año 1935.
“La alegación de que los demandantes no estaban en condiciones de prestar la fianza, carece de mérito porque la misma ley prescribe cómo puede y debe solucionarse la dificultad en tales casos.”

Y al denegar la reconsideración de su fallo (53 D.P.R. 294), el tribunal, también por voz de su Presidente, se ex-presó así:

“Los propios apelantes se refieren a la ley que regula el caso como a una ley especial. El principio general es que no cabe de-mandar al soberano, aquí El Pueblo de Puerto Rico, sin su consen-timiento. Por su Legislatura y con la aprobación de su Ejecutivo, El Pueblo de Puerto Rico consintió en serlo en ciertos casos y bajo determinadas condiciones, a virtud de la ley especial dé que se trata. Una de ellas, que expresamente caracterizó como previa, es la de la fianza.- Si la fianza no se presta, si no se cumple con ese requisito previo, no puede iniciarse el pleito. A la radicación de la primitiva demanda sin ese requisito, no puede, pues, reconocerse efecto legal alguno a los fines de la interrupción del término prescriptivo. No debió radicarse siquiera por el secretario de la corte de distrito, y si lo fué, su radicación es como si no existiera.”

La contención del apelante de que El Pueblo de Puerto Rico se sometió a la jurisdicción de la corteje distrito por el hecho de que el Procurador General de Puerto Rico, al ser notificado de la moción solicitando exención de fianza, puso al pie de dicha moción “Notificado y conforme,” carece, a nuestro juicio, de mérito. Si la acción que pudiera tener el demandante, de acuerdo con lo resuelto en Masini v. El Pueblo, supra, prescribió, no obstante haberse radicado una demanda el 29 de noviembre de 1932, por no haberse radicado la fianza exigida por la ley o una orden de exención de fianza dictada por la corte de acuerdo con las facultades que la ley le concede, el Procurador General de Puerto Rico, que no es más que el representante legal de El Pueblo de Puerto Rico, no está facultado por ley alguna para revivir una acción que ha dejado de existir por disposición expresa de un estatuto. Los casos de Richardson v. Fajardo Sugar Company, 241 U. S. 44, y Puerto Rico v. Ramos, 232 U. S. 627, no son .de aplicación a los hechos del presente caso, toda vez que la comparecencia de El Pueblo de Puerto Rico en el caso de' autos se hizo para atacar desde el primer momento la jurisdicción de la corte inferior y alegar la prescripción de la acción.

No erró la corte inferior al sostener la defensa de pres-cripción.

Sostenida, como hemos sostenido, la sentencia de la corte inferior en cuanto a la defensa de prescripción, creemos innecesario entrar a considerar extensamente la cuestión sobre si los .empleados del demandado, que ocasionaron el incendio, eran o no agentes especiales del Pueblo de Puerto Rico. Bastará decir que opinamos que es aplicable a los hechos de este caso lo resuelto por este tribunal en Soto v. Lucchetti, 58 D.P.R. 713, y que de acuerdo con la doctrina sentada en dicho caso los empleados responsables del incendio no actuaban en el momento en que lo causaron como agentes especiales del Gobierno y sí como empleados en el ejercicio regular de las funciones de su cargo.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Florencio Román, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1094.

    Sometido: Noviembre 3, 1941.

      Resuelto: Noviembre 7, 1941.

      Carlos D. Vázquez, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito. • .
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Eu pleito seguido por el recurrente contra Ramón Mojica en cobro de dinero, solicitó el demandante el embargo • de bienes del demandado.

A pesar de.que Hortensia Díaz Díaz no fue parte en el pleito, el juez, en la orden de aseguramiento, dispuso:

“Al efecto, se ordena el embargo de las fincas que alega el de-mandante son de la propiedad del demandado Ramón Mojica, aun-que se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre de Hortensia Díaz Díaz, que se describen como sigue: ...”

Denegó el registrador la anotación del embargo sobre las fincas de Hortensia Díaz Díaz por constar inscritas a nom-bre de dicha señora, persona distinta del demandado Ramón Mojica. Contra esa nota se interpuso el presente recurso, en apoyo del cual invoca el recurrente el caso de Gonzáles v. Registrador, 38 D.P.R. 854.

No constando del registro que los bienes que se pretendió embargar pertenecían al demandado ni existiendo presunción legal alguna al efecto de que los mismos, no obstante hallarse inscritos a nombre de persona distinta del demandado, pertenecían a éste, aplicó correctamente el registrador el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, cuyo párrafo cuarto prescribe:

"En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o -gravamen, los registra-dores denegarán la inscripción solicitada.”

El caso de González v. Registrador, supra, invocado por el recurrente, no es aplicable. Allí se embargó una finca que aparecía inscrita a nombre de un menor, hijo del demandado, y en la escritura en que compareció el padre adquiriendo para el hijo, no se consignó la procedencia del dinero que sirvió de precio. Surgió entonces la presunción de haberse comprado con dinero del padre, y.por consiguiente era de aplicación el artículo 226 del Código Civil, que en lo perti-nente dice :

"Pertenece al padre o a la madre en propiedad “y usufructo lo que el hijo adquiera con caudal de cada uno de ellos ...”

En el caso de autos no surge del registro que las fincas inscritas a nombre de Hortensia Díaz Díaz pertenezcan en realidad al demandado y el hecho de que así se alegue en la demanda y que el juez en la orden de aseguramiento decrete su embargo, expresando que aunque se hallan ins-criíos a nombre de Hortensia Díaz Díaz dichos bienes per-tenecen al demandado, es completamente inmaterial, pnes no se ha hecho parte demandada a dicha Hortensia Díaz Díaz, quien no puede ser privada de su propiedad sin ser vencida en juicio, o lo que es lo mismo, sin el debido proce-dimiento de ley. El juez que decretó el aseguramiento, carecía de facultad para ordenar el embargo de bienes de una persona contra la cual no se ha radicado demanda, a menos que, como sucedió en el caso de González v. Registrador, del propio registro resulta que dichos bienes, por lo menos presuntivamente, pertenecen al demandado. Véase el caso de Mariño v. Registrador, 40 D.P.R. 427, donde se re-suelve que cuando los bienes que se trata de embargar son según el registro de una tercera persona que no es el de-mandado, no procede anotar ,el embargo, distinguiéndose dicho caso del de González v. Registrador, supra.

Por las razones expuestas, procede confirmar la nota recurrida.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    En Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Pérez Peña, acusado y apelante.
    Núm. 8851.

    Sometido: Noviembre 3, 1941.

      Resuelto: Noviembre 10, 1941.

      A. J). Marchand Paz, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Luis Pérez Peña fue acusado de poseer un arma de fuego sin registrar, contrario a lo dispuesto en el art. 7 de la ley núm. 14 de 1936. Se le imputó expresamente en la acusa-ción que

"... allá por el día 29 de febrero de 1940 y en la ciudad de San Juan . . . ilegal y voluntariamente tenía en su posesión y do-minio, sin declararla por escrito al Jefe de la Policía de San Juan, P. K., que es el distrito donde reside el acusado, una pistola . . .”

La acusación se juró y firmó el 4 de abril, 1940. En junio 14 siguiente se llamó la causa para juicio y el acusado asis-tido de su abogado alegó ser inocente. Practicada la prueba, fue declarado culpable de la infracción que se le imputara y condenado a seis meses de cárcel sin costas.

Apeló y en su alegato señala un solo error, a saber: “que la acusación es insuficiente porque no alega la residencia del acusado.”

En efecto, si no la alegara, tendríamos que resolver que 1c asistía la razón, ya que la residencia del poseedor volun-tario o ilegal de un arma no inscrita dentro del municipio o distrito policíaco en que la misma se posee, es un elemento esencial del delito, según qnedó decidido por esta propia Corte en Pueblo v. Díaz, 55 D.P.R. 629.

Sabemos lo qne en la acusación se alega, pero el apelante insiste en que no basta, porque según él lo único que quiere decir la acusación es que el acusado residía en San Juan el 4 de abril, 1940, cuando se formuló la acusación, y de ello no puede presumirse que residiera en San Juan el 29 de febrero, 1940, cuando la infracción fue cometida. Cita en su apoyo la regla expuesta en 20 Am. Jur. 208, en el sentido de que la presunción de la existencia continuada de una persona, de una relación personal o de un estado de cosas, es prospectiva, y no retroactiva.

Para decidir en justicia la cuestión suscitada, veamos cómo se planteó y resolvió en el juicio.

Llamado a declarar Salvador Díaz Virella, policía insular, después de haber manifestado que el 2 de febrero de 1940, como a las seis y media de la tarde, en el zaguán de la casa número 211 de la calle San José de San Juan, le ocupó al acusado la pistola admitida en evidencia, se le preguntó, “¿usted sabe dónde vive el acusado?” y ocurrió lo que sigue:

"DefeNSA: Me opongo y máxime cuando se ba resuelto por nues-tro Tribunal Supremo, y S. S. conoce la doctrina de que para que una denuncia de esta naturaleza tenga los requisitos técnicos bay necesidad de que se alegue la residencia del acusado en el momento del acto delictivo, y en esta denuncia no se alega eso.
".Fiscal: Se alega el distrito donde reside el acusado.
"Defensa: Yo quiero anticiparle al compañero que nosotros no nos vamos a aprovechar de la parte técnica, porque tenemos fe en nuestro caso cuando declaren todos los testigos.
"Se. Juez: La corte entiende que lo que quiere decir la acusa-ción es el distrito donde residía y cree que es permisible la pregunta.
"Defensa: Excepción.
"P. — ¿En la fecha del suceso en qué pueblo vivía el acusado?
“Defensa: Objeción a los fines del récord.
"Se. Juez: Sin lugar la objeción.
‘ ‘ Dispensa : Excepción.
“R. — Él me dió la residencia Calle Eduardo Conde, Seboruco, Santurce. ’ ’

Si la actuación de la corte sentenciadora es correcta, cae por su base el error señalado, porque entonces no podría sostenerse que dejó de alegarse el requisito esencial de la residencia.

A nuestro juicio tal como está redactada la acusación, no puede sostenerse que no admita otra interpretación que no sea la de que la residencia que alega se refiere exclusiva-mente a la que tenía el acusado a la fecha en que el docu-mento se presentó en la corte.

Sin recurrir a presunción alguna, atendidas todas las circunstancias que rodean el caso, creemos que la acusación es susceptible de ser interpretada como lo fue por la corte de distrito, esto es, en el sentido de que la residencia ale-gada se refería a la que tenía el acusado al infringir la ley y conservaba al presentarse la acusación.

Be trata, a lo sumo, de una acusación ambigua en el extremo de la residencia, siendo aplicable al caso la juris-prudencia establecida en el del Pueblo v. Rivera, 54 D.P.R. 363, 365, como sigue:

“Por consiguiente, no procede contra la acusación, en la forma en que está redactada, la excepción perentoria de no constituir delito público los hechos denunciados. El remedio del acusado, era al leerse la acusación, solicitar de la corte que ordenase que ésta fuese más específica. No lo hizo y optó por entrar en juicio sin hacer re-paros en la acusación, renunciando así (waiving) su derecho a que la acusación sea clara y libre de ambigüedad. Como se dice en el syllabus del caso de El Pueblo v. Descartes, 51 D.P.R. 649:
“ ‘Mesas incertidumbres en las alegaciones de una acusación no pueden levantarse en apelación cuando la acusación no ha sido ex-cepcionada en la corte inferior.’ ”

No creemos que se cometiera error alguno. Ningún de-recho sustancial del acusado fué violado. Se enteró a tiempo de la imputación tal como se le hacía. Si no era verdad que residía en San Jnan, tuvo una amplia oportunidad de de-mostrarlo. Sn posición, puramente técnica y contraria a la realidad, no debe prevalecer. Véase el caso de El Pueblo v. Olmo, 56 D.P.R. 405, 409.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ernesto Pérez, acusado y apelante.
    Núm. 8811.

    Sometido: Noviembre 5, 1941.

      Resuelto: Noviembre 10, 1941.

      Adolfo Garda Veve, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm y B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante- fné sentenciado a seis meses de cárcel por tener en su poder un revólver sin haberlo registrado en el distrito policíaco de su residencia. Fundamentando el recurso, alega que la corte a quo erró: (a) al declararlo convicto de dicho delito, porque tratándose en este caso de un arma defectuosa no estaba sujeta al registro prescrito por la ley de 8 de julio de 1936 (Núm. 14, Tercera Legisla-tura Extraordinaria, pág. 129); (&) al desestimar la moción del acusado solicitando la nulidad de la orden de allana-miento mediante la cual se ocupó el arma; y (c) al admitir en evidencia la orden de allanamiento y el revólver en cues-tión.

Argumentando su primer señalamiento de error, sostiene el apelante que de la prueba resulta que para que el revól-ver pueda disparar es necesario echarle el gatillo hacia ade-lante, lo que hace que el arma sea defectuosa, y siéndolo, no puede usarse para fines de ofensa y defensa, por lo que el apelante concluye que no está comprendida en las pres-cripciones de la citada ley.

El hecho de que un arma de las descritas en la ley sea más o menos defectuosa, no exime a su poseedor del deber de registrarla. La ley no establece distinción alguna entre armas de funcionamiento perfecto e imperfecto. Basta que el arma, • como en este caso, responda a la descripción que establece la ley, para que su poseedor venga obligado a cumplir sus disposiciones. Interpretando una ley in pari materia, la de portar armas prohibidas, este Tribunal ha resuelto que un revólver no deja de serlo porque esté cargado o no, o le falten piezas, siempre que tenga las caracte-, rísticas generales y apariencia de esa arma. Pueblo v. Cortés, 37 D.P.R. 36. Posteriormente, en Pueblo v. Padilla, 45 D.P.R. 273, volvió a resolverse que una pistola no deja de serlo, a los efectos de la misma ley, porque esté cargada o no, o porque le falte el peine en que son colocadas las balas, siempre que tenga las características y conserve la apariencia de dicha arma. Véase por vía de ilustración el caso de Mitchell v. State of Mississippi, 55 So. 354, 34 L.R.A. 1174, citado in extenso en el último de los arriba mencionados.

El segundo señalamiento de .error está predicado en haberse devuelto la orden de allanamiento cerca de dos meses después de su expedición. Invoca el apelante el artículo 512 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que dice así:

“Artículo 512. — Una orden de registro o allanamiento debe ser ejecutada y devuelta diligenciada al juez de paz que la librara, den-tro de los diez días de su fecha, pasados los cuales, si no hubiere sido ejecutada, se considerará nula.” (Bastardillas nuestras.)

La letra de la ley es perfectamente clara. La primera parte del artículo es de carácter directivo al prescribir que la orden de allanamiento “ sea ejecutada y devuelta diligen-ciada dentro de los diez días de su fecha. Parece lo más justo y deseable que estas órdenes, dada su naturaleza extra-ordinaria, sean devueltas a la autoridad judicial dentro de un tiempo razonable; pero al imponer la sanción por el incumplimiento de la ley, el legislador dispuso que sólo se considere nula la orden cuando no hubiere sido ejecutada dentro del referido término de diez días, y en este caso lo fué el mismo día de su expedición. Por consiguiente, no es-taba sujeta a la sanción impuesta por la ley.

El apelante cita el caso de State v. Bodner, 162 Atl. 186, en el que una corte de New Jersey parece interpretar un' precepto legal idéntico al artículo 512 antes citado, en el sentido de que el mero hecho de no devolver la orden dentro de los diez días de su fecha, la invalida.

Con excepción de la sentada por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito y la de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la jurisprudencia de los demás tribunales del Continente no es obligatoria para esta Corte Suprema. Esa jurisprudencia sólo tiene para nosotros la fuerza persuasiva de los razonamientos que le sirvan de base. El caso de New Jersey está basado en el siguiente razona-miento :

“La orden de registro en el presente caso fué librada el 19 de marzo y no fué devuelta por el funcionario a quien iba dirigida basta el 31 del mismo mes. No se ha cumplido con las disposiciones del estatuto arriba transcrito, que en vista de la naturaleza extraordi-naria de la orden de registro debe seguirse estrictamente.”

Ése es el único razonamiento en que descansa la conclu-sión a que llegó la corte de New Jersey. El citado caso no ha sido seguido en ninguna otra jurisdicción ni se ha rati-ficado por la denominada “Court of Errors and Appeals”, que es el más alto tribunal de dicho Estado.

No hemos encontrado ningún caso de California que in-terprete el artículo 1534 del Código Penal de dicho Estado, de donde fué tomado el 512 de nuestro Código de Enjuicia-miento Criminal; pero, en cambio, veamos cómo Corpus Juris resume la jurisprudencia sobre el particular:

“Necesidad y Naturaleza de la Devolución. — En General. — El dejar el funcionario de devolver una orden de registro debidamente librada y ejecutada, no invalida dicha orden ni el registro e incau-tación practicados a virtud de la misma, aunque el estatuto requiera que sea devuelta dentro de un tiempo determinado, toda vez que la devolución es un mero acto ministerial que puede .verificarse pos-teriormente.” 56 C. J. 1245.

Con la mayor deferencia para la corte que resolvió el caso citado por el apelante, “Court of Quarter Sessions of New Jersey, Essex County,” no nos sentimos dispuestos a acep-tar su interpretación, y por el contrario sostenemos que la orden de allanamiento en el caso ante nos no quedó invali-dada por el mero hecho de devolverse después de los diez días de su fecha, toda vez que fué ejecutada dentro de dicho término.

Las conclusiones a que hemos llegado respecto a los dos primeros señalamientos de error, nos relevan de discutir extensamente el tercero, bastando para disponer del mismo que siendo la ocupada una de las comprendidas en la Leysobre Registro de Armas,- y válida la orden de allanamiento, no erró la corte sentenciadora al admitir en evidencia tanto la orden como el arma.

Por lo expuesto, procede la confirmación de la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tomás Rivera, acusado y apelante.
    Núm. 8855.

    Sometido: Noviembre 6, 1941.

      Resuelto: Noviembre 10, 1941.

      Manuel Torres Beyes, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm y B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Tomás Rivera apela de la sentencia que le impuso la Corte de Distrito de Bayamón por una infracción al artículo 371 del Código Penal. La denuncia, en lo pertinente, dice así:

“Que el día 18 de agosto de 1940 y en el Barrio Río Abajo, sitio La Trocha, de Vega Baja, Puerto Rico, el referido acusado, Tomás Rivera, allí y entonces, ilegal, voluntaria y maliciosamente y em-pleando fuerza y violencia, en el sitio indicado, penetró en la re-sidencia de la demandante contra la voluntad expresa mía, alterando de este modo la paz de la denunciante. (Fda.) Rafaela Muñiz, de-nunciante. ’ ’

El apelante sostiene, en los dos errores que señala en su alegato, que la corte inferior erró al apreciar las declaracio-nes de varios testigos de la defensa en relación con la decla-ración de la denunciante y “al apreciar la prueba en total.” Ambos errores han sido discutidos conjuntamente, tanto por el apelante como por el fiscal, y en la misma forma los re-solveremos. En síntesis la prueba de cargo tendió a demos-trar que Rafaela Muñiz, la denunciante, vivió en concubinato con Francisco Marrero y que éste compró unos muebles, por contrato de venta condicional, para la casa en que vivían; que allá para el 18 de agosto de 1940 Marrero, que había dejado de vivir con la denunciante, le informó a la casa ven-dedora de los muebles que no seguiría pagándoles' y les ordenó que fueran a recogerlos y, al efecto, el acusado Tomás Rivera, empleado de la mueblería fue con un truck a la casa de Rafaela Muñiz y sin su consentimiento y a pesar de su oposición penetró, sacó los muebles, cerró la casa con un candado y se los llevó. La denunciante describe lo ocurrido en esta forma:

“P. — Diga lo que viera. ¿El acusado entró a su casa?
“T. — Yo estaba parada en la puerta de mi casa; yo estaba así y me dijo: 'yo vengo a sacar los muebles’. — ¿Con qué permiso?, le dije. — Con el del Señor Paco Marrero — me contestó y le dije: ‘no puede entrar’ y me dice: ‘cómo que no’ y se metió y tiro todo abajo.
“P. — ¿Qué recogió?
“T. — Todo, todo.
“P. — Diga lo que cogió.
“T. — Sillas, sillones, camas, colchas, fundas, baño, tabla, y hasta la escoba.
“P. — ¿Le quitó todo de la casa?
“T. — Sí, señor, después pegó candado a la casa.
“P. — ¿Él le -mostró alguna orden judicial?
‘ ‘ T. — Llevó un papel .que le había dado Paco Marrero para que fuera a sacar todo.
“P. — ¿Se metió y se llevó todo?
“T. — Todo.”

La prueba del acusado tiende a demostrar que en el momento de ir el acusado a buscar los muebles' estaba en la casa Francisco Marrero y que fué éste quien se los entregó en presencia de la denunciante sin que el acusado penetrara en la casa.

Existe, por tanto, un manifiesto conflicto en la prueba que fué resuelto por la corte inferior dando crédito a la declara-ción de Rafaela Muñiz y no a lo declarado por los testigos del acusado. No se fia demostrado que el juez inferior ac-tuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad y del examen que hemos hecho de la transcripción de la evidencia, tampoco podemos concluir que dicho juez cometiera mani-fiesto error en la apreciación de la prueba.

El artículo 371 del Código Penal en la parte pertinente a este caso, dispone lo siguiente:

“. . . Toda persona que penetrare en domicilio ajeno, contra la voluntad expresa del morador, o que en cualquier forma interviniere con el citado domicilio alterándolo, realizando actos de dominio, mo-dificándolo o intentando hacer en el mismo cualquier reparación no importe la índole que fuere, salvo también en los casos y en la forma permitida por la ley, .incurrirá en penas que no bajará de tres meses ni excederá de seis meses de prisión, o multa de doscientos a quinien-tos dólares.”

El acusado al penetrar en el domicilio ajeno de Rafaela Muñiz contra la voluntad expresa de ella violó dicho precepto legal. Aún aceptando que sea cierto que Francisco Marrero le diera una orden al acusado para que recogiera los muebles, dicha orden carecía de eficacia legal para autorizarle a pe-netrar en el domicilio de Rafaela Muñiz, pues ya Marrero no residía allí según su propia declaración.

Se confirma la sentencia apelada.


text:
    La Sucesión de Amador Trías Silva, compuesta de su viuda Adela Duffrent y de sus hijos Arturo, Miguel Angel, Estela, José A. y Josefa Matilde Trías Duffrent, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 1095.

    Sometido: Noviembre 3, 1941.

      Resuelto: Noviembre 12, 1941.

      A. J. Amadeo, abogado de la recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El día 25 de abril de 1927 se anotó en el Registro de la Propiedad de Guayama nn aviso de demanda (lis pendens) por la Sucesión de Amador Trías Silva de la que había radi-cado ante la corte de dicho distrito contra Bait azar Mendoza, Porto Rico Leaf Tobacco Co. y otros, sobre inexistencia de ejecutivo hipotecario y reivindicación. Posteriormente, el día 30 de abril de 1930, Baltazar Mendoza, uno de los deman-dados en dicha acción y que estaba en posesión de los inmue-bles objeto de la misma, hipotecó dichas fincas para garan-tizar un pagaré por la suma de $66,000 que fué luego dado en prenda al Banco Comercial de Puerto Rico y al Crédito y Ahorro Ponceño y adquirido finalmente por estas institucio-nes bancarias.

No obstante no haber sido cancelada la primitiva anota-ción de demanda a que nos hemos referido, la Sucn. Trías Silva volvió a anotar la misma en el registro el día 18 de septiembre de 1937 y en febrero 11 de 1938. Esta última ano-tación, que se refiere a una finca de 119 cuerdas, fué cance-lada por orden de la Corte de Distrito de Guayama el 28 de noviembre de 1940, al ejecutar los bancos acreedores la hi-poteca que garantizaba el pagaré y adjudicárseles las dos fincas objeto del litigio. En la inscripción de la hipoteca que dió lugar a esta ejecución se había hecho constar por el re-gistrador que las fincas se encontraban afectas a la anotación de aviso de demanda (lis pendens) de la Sucn. Trías Silva o sea la primera anotación de abril de 1927.

En junio 1 de 1939 la Corte de Distrito de Guayama dictó sentencia a favor de la Sucn. de Amador Trías Silva, en el pleito sobre inexistencia de ejecutivo hipotecario y reivindi-cación, la que fué enmendada en abril 22! de 1940, por la que declaró nulo e inexistente el título inscrito a favor de Balta-zar Mendoza de las dos fincas objeto de la acción y ordenó la cancelación de todas las inscripciones y transferencias hechas a virtud de dicho título. Presentado el correspondiente man-damiento en el Registro de la Propiedad de (xaayama para su inscripción el registrador lo denegó por los fundamentos expuestos en la siguiente nota:

“Denegada la inscripción de cancelación solicitada-_en el escrito o solicitud que se acompaña como complementario al mandamiento que precede, y sólo en cuanto a dos fincas rústicas de 119 y 18 cuerdas respectivamente, sitas en el barrio Lapa, de Cayey, por los fundamentos siguientes: l5 Porque si bien existe anotada desde el 25 de abril de 1927 sin cancelar, la demanda original que motivó la sentencia comprendida en el mandamiento que precede, y a cuya virtud se solicita ahora la cancelación de las inscripciones de dichas fincas a favor del Banco Popular de Puerto Rico y Crédito y Ahorro Ponceño, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 71 de la Ley Hipotecaria, no obstante, del Registro resulta, en lo que respecta a la finca de 119 cuerdas, que la misma demanda fué anotada con posterioridad a dicha fecha, o sea en 11 de febrero de 1938, la cual anotación fué luego cancelada por orden de la Corte de Distrito de Guayama de fecha 28 de noviembre de 1940 en el caso sobre ejecución de la hipoteca que dió origen a la adjudicación del inmueble en favor de dichos Bancos, y en cuanto a la finca de 18 cuerdas la misma demanda fué anotada con posterioridad al 25 de abril de 1927, o sea en 18 de septiembre de 1937, la cual si bien no aparece expresamente cancelada, quedó prácticamente sin efecto ni valor alguno a virtud de haberse notificado en el procedimiento de ejecución antes citado a los demandantes y anotantes; teniendo el Registrador suscribiente dudas de si las últimas anotaciones de la demanda dejaron sin valor ni efecto alguno la anotación original de 25 de abril de 1927; y 29 Porque la sentencia que se acompaña no cubre a la Porto Rican Leaf Tobacco Co., una de las demandadas en la acción original, ya que en dicha sentencia se declara sin lugar la demanda en cnanto a la referida compañía, teniendo también du-das el Registrador con respecto a si dicha sentencia que es incompleta en cuanto a todos los demandados incluidos en la anotación original de la demanda, es suficiente para a virtud de ella proceder a la cancelación solicitada; correspondiendo a los tribunales de justicia, a juicio del Registrador la facultad de determinar sobre la validez de la anotación referida, así como sobre la suficiencia de la sentencia según se deja anteriormente expresado, y tomada en su lugar en ambos casos, anotación preventiva por el término legal de 120 días a favor ele la sucesión de Amador Trías Silva, de su derecho en este caso, al folio 199 del tomo 93 de Cayey, finca número 2133 triplicado, anotación letra B y por nota al margen de la inscripción 8^ de la finca número 1590 triplicado, al folio 166 del tomo 75 de Cayey. Guayama, P. R., a 28 de marzo de 1941. (Fdo.) Ángel Fiol Negrón, Registrador. ’ ’

En una certificación expedida por el registrador recurrido el día 19 de agosto de 1941 se hace constar que las anotaciones de demanda efectuadas al margen de las dos fincas objeto del litigio, el día 25 de abril de 1927 “no aparecen canceladas .en forma alguna en este registro, ni tampoco aparece ni consta presentado documento alguno, pendiente de inscrip-ción o anotación por el que se solicite la cancelación de dichas anotaciones.”

La recurrente ha radicado un extenso alegato sosteniendo la procedencia del recurso, que no ha sido refutado por el registrador recurrido en forma alguna.

Dos son, pues, los fundamentos que expone el registrador en su nota para denegar la cancelación solicitada por la re-currente: primero, porque tiene dudas en cuanto a si las úl-timas anotaciones de la demanda habían dejado sin valor ni efecto la anotación original efectuada en abril 25 de 1927; y, segundo, que tiene también dudas en cuanto a si la sen-tencia dictada por la Corte de Distrito de Guayama es sufi-ciente para a virtud de ella efectuar la cancelación solicitada.

Consideremos el primer fundamento. Tanto la anotación original del aviso de la cuestión litigiosa pendiente, como las anotaciones posteriores, fueron hechas a virtud de lo dispuesto en el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil (Ed. 1933), que dice así:

“Artículo 91. — Cuando en una acción que afecte al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble, el demandante al tiempo de presentar la demanda, y el demandado al tiempo de pre-sentar la contestación o en cualquier tiempo después, pidieren se declare que lo que se reclama es suyo, podrán presentar para su anotación al registrador del distrito en que radicare la propiedad o parte de ella im aviso de la cuestión litigiosa pendiente, el cual contendrá los nombres y apellidos de las partes, el objeto de la de-manda o contestación, y la descripción de la propiedad en litigio. Sólo desde el día de la presentación del aviso para ser anotado se considerará que el comprador o la persona que adquiera un gravamen sobre la propiedad litigiosa, tiene conocimiento, para los efectos le-gales, de la acción pendiente contra las partes designadas por sus nombres verdaderos.”

Tanto los avisos de demanda anotados en el registro a virtud de este artículo, como los hechos por orden judicial de acuerdo con los artículos 42 y 43 de la Ley Hipotecaria, pueden ser cancelados a petición de parte interesada y sin necesidad de orden judicial, cuando hubieren transcurrido cuatro años desde su anotación, si dicho término no hubiere sido prorrogado, por justa causa y por orden de la corte en que estuviere pendiente el caso, según se resolvió en el caso de Aguilar v. Registrador, 57 D.P.R. 610. En el caso' de autos, sin embargo, a pesar de que la anotación del aviso de demanda original se efectuó el 25 de abril de 1927 y que por lp tanto, desde el 25 de abril de 1931 cualquier parte intere-sada piído gestionar y obtener su cancelación, nada se hizo y aún en la actualidad está vigente dicha anotación según certifica el registrador. El hecho de que la recurrente pos-teriormente anotara de nuevo su aviso de demanda, quizá para evitar que pudiera solicitarse dicha cancelación, somos de opinión que en nada afectó la validez y vigencia de la ano-tación original. Tan es así que al adjudicarse los inmueble* a los bancos referidos en el ejecutivo hipotecario se cance-laron dichas anotaciones posteriores por haberse hecho pre-cisamente después de la constitución de la hipoteca; pero eso en nada pudo afectar ni afectó la anotación original que fuá anterior a la constitución de la hipoteca, ya que al inscri-birse ésta se hizo constar que las fincas estaban afectas a dicha anotación de lis pendens.

En cuanto al efecto que, para un adquirente posterior, tiene dicha anotación, véanse, entre otros, los casos de Jordán v. Gómez, 18 D.P.R. 151; Dávila v. Registrador, 24 D.P.R. 707; Paniagua v. Corte, 34 D.P.R. 674, 677; Cintrón v. A. Hartman & Co., 43 D.P.R. 179; y Riera v. Registrador 57 D.P.R. 673. En este último caso, después de citarse el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, se dijo lo siguiente:

"Es indudable que cuando la acción que se ejercita afecta el título o el derecho de posesión de un inmueble y el aviso de la cues-tión litigiosa pendiente se anota en el registro, toda persona que adquiere el, título o un gravamen sobre el inmueble con posterioridad a la fecha de la presentación, carece de la condición de tercero y su título o gravamen queda sujeto a las resultancias del pleito a que se refiere la anotación.”

El párrafo quinto del artículo 71 de la Ley Hipotecaria dispone que:

"Artículo 71. — Los bienes inmuebles o derechos reales anotados'-podrán ser enajenados o gravados; pero sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación.
“Si la enajenación otorgada e inscrita durante el pleito fuere relativa a finca cuya propiedad se hubiere reclamado en virtud de demanda anotada preventivamente, con arreglo al número 1" del ar-tículo 42 de esta ley, será título hábil para que en su virtud se cancele aquella inscripción, un testimonio de la sentencia firme favorable al dominio del demandante.”

En el caso de Dávila v. Registrador, supra, el registrador se negó a cancelar la inscripción hecha a favor de terceras personas que habían adquirido ciertas parcelas de una finca con posterioridad' a la anotación de una demanda que afec-taba todo el inmueble y esta Corte, al revocar la nota recu-rrida, se expresó así:

"No vemos razón por la cual los recurrentes no tienen derecho a que su escritura sea registrada en su totalidad. Los traspasos e ins-cripciones a favor del acreedor y de sus compradores se hicieron con posterioridad a la anotación de la demanda en el registro y se hi-cieron con completo conocimiento de la pendencia del pleito y su je-tos a sus resultas. El objeto de la anotación de la demanda es avisar a las demás personas de que si adquieren después algiin dere-cho en los bienes anotados lo perderán si el anotante .obtiene éxito en la demanda que la originó, y si bien el artículo 20 de la-Ley Hipotecaria en que parece apoyarse el registrador para negar la inscripción de parte de la finca por aparecer inscrita a favor de terceras personas, dispone que para inscribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen, este precepto se refiere a las inscripciones en general mas no a las que puedan hacerse como consecuencia de un pleito anotado en el registro, porque para estos casos es de apli-cación el artículo 71 que permitiendo la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales anotados, sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación, dis-pone como consecuencia en uno de sus párrafos que si se hubiere inscrito, será título hábil para que se cancele el testimonio de la sentencia firme favorable al demandante, declaración que tiene su desarrollo en el artículo 142 del reglamento para su ejecución, igual al 76 de España, al disponer la manera cómo la anotación preventiva ha de convertirse en inscripción al adquirir definitivamente el dere-cho anotado la persona a cuyo favor se había hecho la anotación. Véanse las Resoluciones de la Dirección General de los Registros de España de 10 de septiembre de 1881 y 19 de enero de 1897.”

El segundo fundamento de la nota del registrador es también insostenible. La sentencia dictada por la Corte de Distrito de Guayama hace constar que la Porto Eican Leaf Tobacco Co., una de las demandadas en la acción sobre inexistencia de ejecutivo hipotecario y reivindicación sólo compareció especialmente para alegar que dicha corporación había sido disuelta desde el año 1929, habiendo por tanto dejado de hacer negocios en la Isla, pero en su parte dispositiva dicha sentencia aun cuando declaró sin lugar la demanda en cuanto a la Porto Rican Leaf Tobacco Company la declaró con lugar en cuanto a los demás demandados y en su consecuencia declaró nulo e inexistente el procedimiento ejecutivo sumario hipotecario seguido por la Porto Rican Leaf Tobacco Co. contra el cansante de la demandante Amador Trías Silva, y como conseenencia nnla y sin efecto legal alguno para tras-mitir el dominio de la finca la venta judicial llevada a efecto por el márshal y nulos los traspasos subsiguientes de dicha finca a favor de Baltazar Mendoza y los demás demandados, ordenándose la cancelación de todas las inscripciones relacio-nadas con dichas transferencias al dominio, y declaró que la finca es y siempre ha sido de la propiedad y dominio de los demandantes.

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria los registradores de la propiedad tienen autoridad para califi-car bajo su responsabilidad y para el único efecto de admitir, suspender o negar su inscripción, todos los documentos ex-pedidos por la autoridad judicial. Al interpretar el alcance' de dicho artículo esta Corte Suprema ha resuelto, en una larga serie de casos, lo que a continuación copiamos del de Cintrón v. Registrador, 35 D.P.R. 805:

“Según el párrafo segundo, los registradores tienen facultad para calificar los documentos expedidos por la autoridad judicial y la ju-risprudencia de esta Corte Suprema ba declarado en diferentes de-cisiones basta dónde alcanza tal facultad en esos casos. Ella no se extiende a apreciar los fundamentos de las sentencias y resoluciones judiciales, o sea, la justicia intrínseca de las mismas, ni apreciar si la prueba fué o no suficiente, pero su calificación alcanza a si el juez era competente por razón de la materia, la naturaleza y efecto de la resolución, si se dictó en el juicio correspondiente, si en él se observaron los trámites y preceptos esenciales para su validez y si contiene todas las circunstancias que según la Ley Hipotecaria son necesarias para que pueda practicarse la inscripción. Suárez Migoya v. El Registrador de Guayama, resuelto en julio 14, 1926 (pág. 740) y casos en él citados.”

La duda expresada por el registrador recurrido en cuanto a si la sentencia, por ser incompleta según él, es suficiente para proceder a la cancelación solicitada, va más allá de la facultad que le concede la ley. Es cierto que la demanda fué declarada sin lugar en cuanto a la Porto Rican Leaf Tobacco Co. pero la sentencia expresamente declara nulo e inexistente el ejecutivo hipotecario seguido contra el can-sante de la demandante y nulos y sin efecto legal alguno el traspaso de la finca en la venta judicial efectuada y todos los traspasos subsiguientes y resuelve expresamente que la finca en controversia es y siempre ha sido de la propiedad y dominio de la Sucn. de Amador Trías Silva. La anotación del aviso de demanda efectuado desde el año 1927 y aún vi-gente” era un aviso a todos los adquirentes posteriores de dicha finca, de que su título estaba sujeto a las resultancias del pleito a que se refiere la anotación. Riera v. Registrador, 57 D.P.R. 673.

Por las razones expuestas, se declara con lugar el recurso y en su consecuencia se revoca la nota del registrador recu-rrido y se le ordena que proceda a efectuar las cancelaciones solicitadas.