author: per curiam: Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo.

text:
      In re Federico Quiñones Artau, querellado.

      Número: AD-2013-1

      Resuelto: 29 de junio de 2015

      Cristina Guerra Cáceres, directora de la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Aministración de los Tribunales, y Rosa María Cruz-Niemec, abogadas de la parte querellante; Pedro J. Torres Marcano, de Rivera, Barreto y Torres Marcano, Harold D. Vicente, de Vicente & Cuebas, Mario A. Rodríguez Torres, de Bufete Mario Rodríguez CSP, Pedro A. Rivera Sabater, Ignacio Rivera Cordero, Roberto Alonso Santiago, Francisco Acevedo Padilla, Antonio Miguel Sagardía de Jesús y Héctor Ferrer Ríos, abogados de la parte querellada.
   per curiam:

Nos corresponde analizar una querella que presentó la Oficina de Administración de Tribunales contra el juez Federico Quiñones Artau. Luego de evaluar la querella, el informe de la Comisión de Disciplina Judicial y los alegatos de las partes, decretamos la destitución inmediata del magistrado.

I

El Sr. Federico Quiñones Artau juramentó al cargo de Juez Superior el 18 de julio de 2007. En agosto de 2008 lo asignaron al Centro Judicial de Arecibo como juez de una sala criminal dedicada a la vista preliminar, donde permaneció por alrededor de quince meses. Mientras estuvo a cargo de esa sala ocurrieron varios incidentes, por lo que algunos fiscales y agentes del orden público adscritos a la División de Drogas y Armas de la Policía de Puerto Rico presentaron varias quejas ante el Fiscal de Distrito de la Región de Arecibo, Wilson R. González Antongiorgi. Dos de los incidentes desembocaron en quejas formales presentadas contra el juez: una de ellas por una carta que envió el entonces Superintendente de la Policía, el Sr. Héctor Pesquera, al entonces Juez Presidente del Tribunal Supremo, Hon. Federico Hernández Denton, y otra por el Sgto. Víctor M. Quiñones Ortiz.

Posteriormente, el 19 de julio de 2010, el juez Quiñones Artau fue trasladado al Centro Judicial de Bayamón como juez de una sala civil en el Tribunal de Primera Instancia. Mientras el juez Quiñones Artau realizaba sus funciones en el Centro Judicial de Bayamón, se suscitó un incidente que también resultó en una queja formal en su contra. A continuación detallamos esas tres quejas.

A. Queja presentada por el Juez Presidente

La queja presentada por el Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, surgió a raíz del caso Pueblo de Puerto Rico v. William Rodríguez Vargas, Caso Núm. V/P2009-1052. Ese caso comprendía una investigación criminal que realizó el agente encubierto Joel Núñez Fernández durante el 2008 y que contenía grabaciones en video. En la vista preliminar, el agente Núñez Fernández declaró que existía una grabación en video que reflejaba la totalidad de lo que él testificó en sala y que el video no había sido alterado o editado. Ese video se mostró en la sala mientras le realizaban preguntas al agente Núñez Fernández acerca de su contenido. El juez Quiñones Artau admitió el video en evidencia.

En una vista posterior, celebrada el 18 de junio de 2010, uno de los abogados de defensa argumentó por primera vez que existía la posibilidad de que el video sobre el cual declaró el agente Núñez Fernández hubiese sido editado o alterado. El juez Quiñones Artau observó nuevamente el video y concluyó que, en efecto, fue editado o alterado. Así, determinó no causa por entender que el video no reflejaba lo que el agente Núñez Fernández declaró bajo juramento. Luego de la determinación de no causa en el caso, expresó que se proponía encontrarle causa por perjurio al agente Núñez Fernández. El fiscal Juarbe Molina, quien estaba a cargo del caso, solicitó tiempo adicional para expresarse por escrito sobre el asunto del perjurio, el cual se le concedió.

El juez Quiñones Artau emitió una resolución en la que hizo constar que no existía causa probable y expidió un Auto de Excarcelación del imputado, el Sr. William Rodríguez Vargas. Además, como parte de sus observaciones, ex-presó lo siguiente: “[v]ideo fue editado. Tribunal encontró al testigo en perjurio; fiscal solicitó la oportunidad de radicar escrito relacionado al perjurio”. Informe de la Comisión, pág. 21. El agente Núñez Fernández, quien no estuvo presente en la vista donde se le imputó el perjurio, se enteró de lo ocurrido varios días más tarde.

El 24 de junio de 2010, el juez Quiñones Artau se comunicó con el fiscal Juarbe Molina y le indicó que preparara un proyecto de denuncia contra el agente Núñez Fernández. El Ministerio Público optó por no presentar el proyecto de denuncia y, en su lugar, presentó una moción en cumplimiento de orden que exponía la posición de los fiscales sobre la determinación del perjurio. En ese escrito se cuestionó la facultad del juez Quiñones Artau para, luego de determinar no causa en una vista preliminar, constituirse en magistrado o juez instructor con el propósito de determinar si el agente que testificó sobre el video incurrió en conducta delictiva, si existía causa probable para su arresto y si se continuaría un proceso penal contra ese agente.

El 30 de junio de 2010 se celebró una vista en la cual el fiscal Juarbe Molina argumentó que, conforme a la Ley Núm. 41 de 9 de marzo de 1911 (33 LPRA see. 430), una vez culmina el caso ante el juez, este pierde la facultad de imputar desacato por perjurio. Añadió que, ante esa situación, lo que procede es referir el asunto al Secretario de Justicia para que se realice la investigación correspondiente. El juez Quiñones Artau no acogió ese argumento. Concedió hasta las 2:00 p. m. del día siguiente para que el agente Núñez Fernández compareciera y se continuara con el proceso para encontrarlo incurso en desacato. De igual forma, indicó que al día siguiente entregaría un acta a esos efectos y diligenciaría la orden de arresto contra el agente Núñez Fernández.

El fiscal Juarbe Molina notificó el asunto a la Oficina de la Procuradora General, quien presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones junto con una moción en auxilio de jurisdicción para que paralizaran los procedimientos. El 1 de julio de 2010, el Tribunal de Apelaciones ordenó mediante una resolución la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. Esa resolución se notificó ese mismo día durante la vista que presidía el juez Quiñones Artau para diligenciar la or-den de arresto contra el agente Núñez Fernández.

Al recibir la orden, el juez Quiñones Artau llamó al fiscal Juarbe Molina para que pasara por su oficina. Según las declaraciones del fiscal Juarbe Molina, quien se presentó junto al fiscal Mujica de León en la oficina del juez Quiñones Artau, el juez le mostró la resolución del foro apelativo intermedio y expresó: “recuerda que hay un día detrás del otro y que esta eventualmente me la vas a pagar”. Informe de la Comisión, pág. 24.

El mismo día de la vista, y a pesar de que el Tribunal de Apelaciones ordenó la paralización de los procedimientos, el juez Quiñones Artau emitió una Resolución con fecha de 1 de julio de 2010 en la cual determinó que el agente Núñez Fernández cometió desacato por perjurio en corte abierta según dispone la Ley Núm. 41, supra, y expidió una orden de arresto en su contra. Le impuso una fianza de $10,000 con el beneficio del 10%. Además, señaló una vista para el 20 de julio de 2010 en la cual requería la comparecencia del agente Núñez Fernández. Sin embargo, no fue hasta algún tiempo después que el fiscal Juarbe Molina se enteró de esas órdenes.

Eventualmente, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del certiorari en ese caso por entender que el foro primario no abusó de su discreción y que la Procuradora General carecía de legitimación para presentar el recurso. Posteriormente, se presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal que se declaró “no ha lugar”. Tampoco acogimos una moción de reconsideración.

Por otra parte, el 2 de julio de 2010, el Fiscal de Distrito presentó una moción para que el juez Quiñones Artau se inhibiera en todos los casos relacionados con sustancias controladas y armas de fuego. Argumentó que el juez estaba prejuiciado en cuanto a la credibilidad que le otorgaba a los agentes de la División de Drogas y Narcóticos de la Policía de Puerto Rico que intervenían en esos casos. Incluyó varias expresiones que hizo el juez Quiñones Artau en la sala, según le fueron informadas al Fiscal de Distrito en diferentes quejas que habían presentado fiscales y policías durante alrededor de un año. El 21 de julio de 2010, el Juez Administrador Vissepó Vázquez denegó la solicitud de inhibición. Indicó que el asunto era académico, ya que el juez Quiñones Artau había sido trasladado al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 19 de julio de 2010.

Aunque fue trasladado a Bayamón, el juez Quiñones Ar-tau continuó realizando esfuerzos para encontrar al agente Núñez Fernández incurso en desacato por perjurio. El 8 de junio de 2012 se comunicó con el Sgto. José Román Vega, quien supervisaba la oficina de agentes encubiertos del área de Arecibo en ese entonces, y le informó que el agente Núñez Fernández debía comparecer a su sala en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón el 11 de junio de 2012. El sargento Román Vega le notificó ese hecho al agente Núñez Fernández, quien se propuso realizar las gestiones para buscar representación legal.

El 11 de junio de 2012, el juez Quiñones Artau se comunicó nuevamente con el sargento Román Vega para inquirir sobre la falta de comparecencia del agente Núñez Fernández y le pidió que le informara que el asunto se podía resolver en una vista y que trajera $1,000 porque le iba a imponer una fianza “bajita”. Además de comunicarle ese mensaje al agente Núñez Fernández, el sargento Román Vega le informó al fiscal Juarbe Molina de su conversación con el juez.

El 12 de junio de 2012, el fiscal Juarbe Molina y el Fiscal de Distrito presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo una moción para archivar la determinación de causa para arresto por perjurio contra el agente Núñez Fernández. Ese mismo día, la jueza Mabel Ruiz Soto celebró una vista para atender la moción y emitió una resolución para declararla “ha lugar”. Indicó que la única expresión sobre perjurio o desacato contra el agente Núñez Fernández que obraba en el expediente era una resolución de la Vista Preliminar de 18 de junio de 2010 y que, según lo que surgía del expediente, no se continuó con un proceso de perjurio o desacato. Por ello, la jueza Ruiz Soto archivó con perjuicio el caso de perjurio contra el agente Núñez Fernández, al amparo de la Regla 247 de Procedimiento Criminal, 34 LPRAAp. II.

Posteriormente, y ya archivado el caso de perjurio contra el agente Núñez Fernández, el juez Quiñones Artau se comunicó una vez más con el sargento Román Vega. Este último le informó que la jueza Ruiz Soto archivó el caso. El juez Quiñones Artau le expresó con un tono de molestia que ahora no iba a imponerle fianza al agente Núñez Fernández, que iba a meter preso al fiscal Juarbe Molina por obstrucción y que “se esta[ban] poniendo potrones”. Informe de la Comisión, pág. 29. Entonces, el juez Quiñones Artau llamó en conferencia al fiscal Jorge I. Colina Pérez, supervisor del fiscal Juarbe Molina, y le narró lo ocurrido. Mientras el sargento Román Vega escuchaba la conversación, el juez Quiñones Artau requirió la comparecencia del fiscal Juarbe Molina en su sala en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón ese mismo día e indicó que, de no comparecer, lo metería preso. No obstante, el fiscal Juarbe Molina no compareció porque no fue citado formalmente y porque el caso del agente Núñez Fernández había sido archivado.

Por su parte, el juez Quiñones Artau se comunicó con la entonces Jueza Administradora de la Región Judicial de Bayamón, Hon. Raquel Irlanda Blassini, y le comentó sobre su interés en celebrar una vista sobre el caso del agente Núñez Fernández. La jueza Irlanda Blassini le indicó que era en el Tribunal de Arecibo donde correspondía la celebración de esa vista. Luego de varias gestiones para coordinarla, el 19 de junio de 2012, el juez Quiñones Artau emitió un acta donde hizo constar que el agente Núñez Fernández cometió desacato por perjurio en corte abierta el 18 de junio de 2010 y ordenó la citación de ese agente so pena de desacato.

El Ledo. William Maisonet Rodríguez, quien asumió la representación legal del agente Núñez Fernández, presentó varias mociones en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo mediante las que solicitó que se desestimara toda acción contra el agente porque la jueza Ruiz Soto había archivado con perjuicio el caso y que la determinación era final y firme. El juez Quiñones Artau las declaró “sin lugar”.

El 9 de noviembre de 2012, el juez Quiñones Artau se trasladó a la Sala Superior del Tribunal de Arecibo y celebró la vista de desacato contra el agente Núñez Fernández, quien estuvo acompañado de su abogado, el Ledo. William Maisonet Rodríguez. El sargento Román Vega compareció y brindó su testimonio de lo ocurrido. El agente Núñez Fernández también brindó su testimonio. El juez Quiñones Artau solo lo interrogó en cuanto a asuntos relacionados con la participación de los fiscales en los trámites.

Así, el juez Quiñones Artau determinó que el agente Núñez Fernández incurrió en desacato sumario por perjurio y le impuso una multa de $100. El agente Núñez Fernández decidió pagar la multa y desistió de solicitar revisión de la determinación del juez Quiñones Artau por no contar con los recursos económicos para ello. Como consecuencia de esto, el agente Núñez Fernández fue asignado al Cuartel General de la Policía de Puerto Rico para realizar labores administrativas, ya que ante una condena por peijurio no gozaría de credibilidad en los tribunales. A raíz de esto se suspendieron varias investigaciones de tráfico de drogas y armas en las que este se mantenía participando como agente encubierto.

En otra vista preliminar que presidía el juez Quiñones Artau se suscitó un incidente con un grupo de estudiantes de Justicia Criminal que se encontraban en la sala. En esa vista preliminar testificó el agente Víctor Mora Pérez de la División de Armas y Drogas de Arecibo. Concluida la presentación de la prueba, el juez hizo una determinación de no causa. Apéndice, pág. 981. Estando todavía el agente Mora Pérez en la sala, el juez Quiñones les preguntó a los estudiantes si alguno de ellos tenía alguna pregunta. Una estudiante alzó la mano y le preguntó por qué había determinado “no causa”. El juez Quiñones Artau le contestó: “¿Usted leyó el libro de Alejo Maldonado?, a lo que la estudiante dijo: “Sí, muy buen libro”. Entonces, el juez Quiñones Artau le indicó: “Pues léalo otra vez”. íd. El libro del señor Alejo Maldonado trata sobre varios actos de corrupción en la Policía de Puerto Rico. Id., págs. 982-983.

En otro incidente independiente, el 8 de junio de 2010 se celebró una vista preliminar en el caso Pueblo de Puerto Rico v. Ramón Cardona Cardona, el cual estaba a cargo de la fiscal Vélez Alcaide. Durante la vista, el juez Quiñones Artau requirió la presencia del fiscal de distrito Wilson González Antongiorgi. Una vez llegó el fiscal González Antongiorgi, el juez Quiñones Artau se reunió en cámara con él y la fiscal Vélez Alcaide para discutir varios asuntos relacionados con el caso. Cuando terminaron de hablar, el juez Quiñones Artau le manifestó que no daba credibilidad a los agentes de la División de Drogas de Arecibo porque llevaban haciendo las mismas declaraciones desde hacía treinta años desde que él laboraba como abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL). Expresó, además, que estaba cansado de que vinieran a decirle mentiras y que él era consciente de que sus decisiones eran revocadas por otros jueces, pero que él no estaba para combatir la criminalidad.

En otro caso criminal que atendió el juez Quiñones Ar-tau, el fiscal Francisco Mujica de León intentó que se le permitiera argumentar su posición sobre el caso. El juez Quiñones Artau se alteró y le llamó la atención diciéndole en tono de voz fuerte lo siguiente: “Te callas la boca, te callas la boca o sabes lo que te va”.

Un tiempo después, el Superintendente de la Policía, señor Pesquera, envió una comunicación con fecha de 11 de diciembre de 2011 al entonces Juez Presidente del Tribunal Supremo, Hon. Federico Hernández Denton, sobre la conducta del juez Quiñones Artau. Este último respondió que la queja que presentó el señor Pesquera en su contra era una “querella frívola”, “sin juramentar, remota en tiempo, sin que le constara [sic] de propio y personal conocimiento y atacando el criterio de un juez y el principio de Independencia Judicial”. Informe de la Comisión, pág. 35. El Juez Presidente remitió el asunto a la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de Tribunales conforme a la Regla 5(c) de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B.

B. Queja presentada por el sargento Quiñones Ortiz

El 9 de junio de 2010 se celebró una vista preliminar en la sala del juez Quiñones Artau para el caso Pueblo de Puerto Rico v. Xavier Melecio Ramírez, Núm. VP-2010-1092-1094. Entre los testigos del Ministerio Público, declaró el sargento Quiñones Ortiz sobre una intervención que realizó con el imputado en el caso. Al finalizar el testimonio del sargento Quiñones Ortiz, el juez Quiñones Artau le indicó que no podía permanecer en la sala y debía esperar afuera. Una vez el sargento abandonó la sala, según surge de la grabación de la vista preliminar, el juez Quiñones Artau hizo las expresiones siguientes sobre su testimonio:

El Tribunal quiere hacer unas expresiones antes de su determinación. Después de todo, el Tribunal Supremo ha dicho que el Juez no puede ser tan ingenuo para creer lo que otro no podría creer. El Tribunal entiende y a lo mejor estaríamos tentados, pero no vamos a cometer ese error, entendemos que el testimonio del Sgto. Víctor Ramos [sic] es increíble, inclusive mendaz y de falta de respeto y credibilidad al Tribunal. Este Tribunal no va a permitir que en esta Sala, esa silla testifical que es sagrada para el Tribunal, que es representación de los derechos de la ciudadanía de Puerto Rico, [...] la manchen personas sentándose aquí mintiendo. Porque eso es lo que ha hecho el sargento, el primer testigo que vino aquí. Este Tribunal determina; y le causa náusea y disgusto que vengan aquí a mentir. Si hay una intervención y se ocupó un arma pues mire cójala y decomísela y otro día lo podrá coger. Pero para combatir la criminalidad, el fin no justifica los medios. Mientras esté este Juez aquí, no va a permitir eso. No sé si es la primera vez, pero ya en la mente mía este sargento no tiene ninguna credibilidad. Se determina no causa. Informe de la Comisión, pág. 17.

Al enterarse de las expresiones que hizo el Juez Quiñones Artau en su ausencia, el sargento Quiñones Ortiz le informó lo ocurrido al Fiscal de Distrito. Este le ordenó a la fiscal encargada del caso, fiscal Jennifer Cancio Arcelay, que preparara un informe sobre lo acontecido. El 10 de junio de 2010, el sargento Quiñones Ortiz presentó una queja contra el juez Quiñones Artau en la que relató el incidente y lo acusó de abusar de su poder al hacer expresiones deshonrosas contra su persona.

C. Queja presentada por el Sr Francisco Valdés Pérez

Mientras el juez Quiñones Artau realizaba sus funciones como juez de una sala civil en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, se suscitó un incidente que también resultó en una queja formal presentada en su contra.

El Sr. José M. Soler González y su esposa, la Leda. Wanda I. Medina Rivera (esposos Soler-Medina), presentaron una demanda contra el señor Valdés Pérez. Alegaron que la licenciada Medina Rivera había contratado al señor Valdés Pérez para realizar gestiones de cobro extrajudiciales, ejecución de sentencias, dar seguimiento a planes de pago y facturación en casos de uno de los clientes de la licenciada Medina Rivera. Sin embargo, según los demandantes, la relación se deterioró porque, entre otras cosas, el señor Valdés Pérez utilizaba material de la oficina para hacerse pasar como abogado y socio de la licenciada Medina Rivera.

Por eso, el 4 de agosto de 2011, los esposos Soler-Medina presentaron una moción de orden protectora ex parte mediante la Regla 56.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Solicitaron que el señor Valdés Pérez devolviera todos los expedientes legales que estuviesen bajo su posesión y que pertenecieran a la licenciada Medina Rivera. Solicitaron, además, que el señor Valdés Pérez se abstuviera de ir a las oficinas de la licenciada Medina, de realizar gestiones a su nombre y de utilizar el papel timbrado de su oficina. El 10 de agosto de 2011, el juez Quiñones Artau accedió a la solicitud.

El señor Valdés Pérez compareció voluntariamente por derecho propio y presentó su contestación a la demanda. En una orden de 1 de septiembre de 2011, el juez Quiñones Artau le indicó que debía comparecer mediante abogado y expresó lo siguiente:

En primera instancia, le llama la atención al Tribunal que la parte demandada nunca solicitó permiso o autorización para comparecer por derecho propio.
Examinada la moción radicada por el Sr. Francisco Valdés Pérez, el Tribunal entiende que existe un conflicto patente de interés para asumir [sic] su representación por derecho propio en forma responsable, adecuada y fuera de todo perjuicio e interés.
El Tribunal no acepta, ni reconoce al Sr. Francisco Valdés Pérez que asuma su representación legal por derecho propio y se le concede treinta (30) días finales y firmes para comparecer con abogado y contestación a la demanda [sic], so pena de sanciones, incluyendo se le anote rebeldía. Informe de la Comisión, pág. 36.

Por su parte, los esposos Soler-Medina solicitaron la eliminación de las alegaciones del señor Valdés Pérez porque creaban confusión debido la forma redundante en que estaban redactadas. Alegaron que, como no era abogado y ante la complejidad de las controversias, el trámite podía afectarse y dilatarse.

El señor Valdés Pérez solicitó la reconsideración de la determinación de no permitirle comparecer por derecho propio y expresó que "no venía obligado a pedir permiso al Honorable Tribunal, al inicio del proceso de autorepresentarse y para someter al Honorable Tribunal [las mociones]”. También presentó una demanda por derecho propio sobre daños y perjuicios contra los esposos Soler-Medina. El juez Quiñones Artau denegó la solicitud de reconsideración y ordenó al señor Valdés Pérez que se atuviera a la orden previamente emitida, so pena de sanciones. El señor Valdés Pérez presentó por derecho propio un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar la determinación del juez Quiñones Artau de requerir su comparecencia mediante abogado. El foro apelativo intermedio no expidió el auto de certiorari.

Simultáneamente, los esposos Soler-Medina presentaron una moción para que se encontrara al señor Valdés Pérez incurso en desacato por incumplir con la orden protectora. Ante ello, el señor Valdés Pérez alegó que nunca le notificaron la orden protectora, por lo que debía dejarse sin efecto. Alegó, además, que el tribunal nunca adquirió jurisdicción sobre su persona porque compareció voluntariamente.

El 24 de octubre de 2011, el juez Quiñones Artau concedió un término final de cinco días para que el señor Valdés Pérez compareciera con un abogado y entregara los expedientes como le fue ordenado. Le concedió, además, treinta días para que compareciera con un abogado. La orden se notificó el 31 de octubre de 2011. En esta misma fecha, los esposos Soler-Medina notificaron nuevamente al tribunal que el señor Valdés Pérez no había cumplido con la entrega de los expedientes. El 3 de noviembre de 2011, el juez Quiñones Artau lo citó a una vista que habría de celebrarse el 30 de noviembre de 2011 para que mostrara causa por la cual no debía ser encontrado incurso en desacato.

Ante ello, el 4 de noviembre de 2011, el señor Valdés Pérez compareció una vez más sin abogado y presentó una moción al amparo de la Regla 63 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, para recusar al juez Quiñones Artau, la cual fue declarada “no ha lugar”. Días después, volvió a presentar una moción bajo esa regla y la acompañó con copia de una queja que presentó ante la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) contra el juez Quiñones Artau.

El día de la vista, el señor Valdés Pérez no compareció. Por eso, el juez Quiñones Artau dictó una orden en su contra para que mostrara causa por la cual no debía ordenar su arresto y encontrarlo incurso en desacato por su incomparecencia. De igual forma, el juez Quiñones Artau refirió el asunto de la recusación a la entonces Jueza Administradora del Tribunal de Bayamón, Irlanda Blassini. Esta, a su vez, lo refirió a la jueza Enid Rodríguez Molina, quien denegó la solicitud de recusación.

El juez Quiñones Artau señaló entonces una vista para el 8 de febrero de 2012. Unos días después, el señor Valdés Pérez presentó una moción ante la jueza Irlanda Blassini para reconsiderar la determinación de la jueza Rodríguez Molina. En esa moción, además, indicó que estaría fuera de Puerto Rico el 8 de febrero de 2012, fecha para la cual el juez Quiñones Artau señaló la vista, y solicitó que fuese pospuesta. Alegó, además, que consignó los expedientes de la licenciada Medina Rivera en la Secretaría del Tribunal Supremo. A esa moción, la jueza Irlanda Blassini contestó lo siguiente: “Los Jueces Administradores no intervienen en las determinaciones judiciales. Deberá orientarse por un abogado”. Informe de la Comisión, pág. 39.

El día de la vista, el señor Valdés Pérez, de nuevo, no compareció. Por ello, el juez Quiñones Artau ordenó su arresto. Durante la vista, y dado que no se presentó en el trámite correspondiente, uno de los abogados de los esposos Soler-Medina mencionó que el señor Valdés Pérez notificó en la moción de reconsideración que había presentado que estaría fuera de Puerto Rico para esa fecha. La minuta disponía, entre otras cosas, lo siguiente: “Siendo las 2:40 p.m., el Tribunal ordena el arresto por desacato al Sr. Francisco Valdés. Se le impone una fianza de $10,000 sin el beneficio del 10%”. Informe de la Comisión, pág. 40.

En distintas fechas posteriores, el señor Valdés Pérez continuó, a pesar de las múltiples advertencias en contra rio, con su patrón de presentar mociones por derecho propio. El juez Quiñones Artau las atendió y en todas contestó que no había nada que disponer. En dos de ellas advirtió al señor Valdés Pérez de su incumplimiento con las órdenes del tribunal y le recordó que no le había concedido el derecho a representarse por derecho propio.

El 27 de febrero de 2012, el juez Quiñones Artau expidió una orden de arresto por desacato civil contra el señor Valdés Pérez por no comparecer a las vistas señaladas e incumplir con las órdenes del tribunal. Señaló una vista de seguimiento para el 14 de marzo de 2012.

Al enterarse de la orden de arresto en su contra, el señor Valdés Pérez presentó una moción urgente el 5 de marzo de 2012, expresando las razones por las cuales entendía que no incurrió en desacato. Ese mismo día se dirigió a la sala del juez Quiñones Artau y solicitó una audiencia con él. El alguacil se retiró a revisar el expediente del señor Valdés Pérez y, al regresar, le pidió que lo acompañara al sótano del tribunal, donde se le entregó la orden y lo arrestaron. Ese mismo día, el juez Quiñones Artau atendió la moción urgente que presentó el señor Valdés Pérez y expresó que el “[t]ribunal nunca le ha concedido el derecho a representarse por derecho propio”. Informe de la Comisión, pág. 42.

El señor Valdés Pérez permaneció encarcelado durante nueve días. Según las declaraciones del señor Valdés Pérez ante la Comisión, el día de la vista de seguimiento ofreció excusas al tribunal e intentó explicar la razón de su última incomparecencia sin éxito alguno, pues el juez Quiñones Ar-tau no le permitió ofrecer aclaraciones. Durante esa vista, el juez Quiñones Artau desestimó con peijuicio la demanda de daños que había presentado el señor Valdés Pérez, ya que este no compareció mediante abogado según se le ordenó en numerosas ocasiones. El señor Valdés Pérez expresó que realizó varias gestiones para conseguir abogado y que ninguno quiso asumir su representación legal. El juez se sostuvo en su determinación. Además, ordenó la excarcelación del señor Valdés Pérez y concluyó la vista con las siguientes ex-presiones: “yo espero de ésta que usted haya aprendido y la próxima vez respete las órdenes del Tribunal y coopere con los compañeros”. Informe de la Comisión, pág. 43.

En una sentencia emitida el 19 de marzo de 2012, el juez Quiñones Artau desestimó con perjuicio el caso en el que el señor Valdés Pérez figuraba como la parte demandante. Luego, el 30 de abril de 2012 dictó sentencia en el caso que presentaron los esposos Soler-Medina y desestimó con perjuicio la reconvención que presentó el señor Valdés Pérez en ese caso por haber incumplido con las órdenes del tribunal. Además, declaró “con lugar” el desistimiento sin perjuicio de las alegaciones de la demanda sobre reclamaciones monetarias en ese caso y ordenó al señor Valdés Pérez abstenerse permanentemente de acudir a las oficinas de la licenciada Medina Rivera; realizar gestiones a nombre de la licenciada Medina Rivera, su bufete o sus clientes; utilizar papel timbrado del bufete de la licenciada Medina Rivera, y realizar gestiones de cobro o llamadas telefónicas a los clientes de la licenciada Medina Rivera.

Inconforme, el señor Valdés Pérez presentó por derecho propio dos recursos de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Luego de consolidarlos, el foro intermedio modificó las sentencias del Tribunal de Primera Instancia y determinó que procedía la desestimación sin perjuicio de la demanda presentada por el señor Valdés Pérez así como de la reconvención que presentó, siempre y cuando este compareciera en el futuro mediante representación legal.

Además, el foro apelativo intermedio confirmó la decisión del juez Quiñones Artau de prohibir que el señor Valdés Pérez compareciera por derecho propio. Concluyó que

[E]ste no puede defender adecuadamente sus propios intereses, no acata órdenes judiciales, su incumplimiento es reiterado, y aunque puede con diligencia presentar y replicar a escritos, no tiene la capacidad para formular defensas objetivas ni argumentos claros y precisos sobre los fundamentos legales que animan sus reclamos contra la parte contraria. Su óptica es personalista, lo que contribuye a la confusión y a la distorsión de los asuntos legales medulares.

El Tribunal de Apelaciones, además, dejó sin efecto la orden de medidas cautelares con carácter permanente dirigidas al señor Valdés Pérez, por entender que se dictaron de forma sumaria, sin vista y sin pasar prueba.

El 6 de septiembre de 2012, el señor Valdés Pérez presentó una queja juramentada contra el juez Quiñones Ar-tau en la que alegó que este no fue imparcial, demostró severidad excesiva y abusó de su discreción judicial, entre otras cosas.

Como consecuencia de las tres quejas que se presentaron contra el juez Quiñones Artau mientras ejercía su cargo en los tribunales de Arecibo y Bayamón, la entonces Directora Administrativa de los Tribunales, Hon. Sonia I. Vélez Colón, presentó un informe de investigación sobre la conducta del juez Quiñones Artau ante la Comisión de Disciplina Judicial (Comisión) el 18 de octubre de 2013. Se designó a la Comisionada Asociada, Leda. Delia Lugo Bougal, para que hiciera la determinación de causa correspondiente. La licenciada Lugo Bougal presentó un Informe sobre Determinación de Causa el 4 de noviembre de 2013, en el que concluyó que existía causa suficiente para continuar un proceso disciplinario contra el juez Quiñones Artau por posible infracción a los Cánones 7, 8, 9,11, 13, 14, 20 y 23 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B. Recomendó, además, que se relevara al juez Quiñones Artau de sus funciones judiciales hasta que culminara el proceso disciplinario.

El 15 de noviembre de 2013, la OAT presentó una querella en la que imputó varios cargos al juez Quiñones Artau por violaciones a los Cánones 7, 8, 9, 11, 13, 14 y 23 del Código de Ética Judicial, supra. Luego de varias comparecencias de la OAT y del juez Quiñones Artau, el caso quedó sometido ante la Comisión. Esta emitió un informe final el 1 de octubre de 2014 que contenía sus determinaciones de hechos y su recomendación. Acogemos las determinaciones de hechos contenidas en el informe de la Comisión. Véanse: In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 278 (2006); In re Saavedra Serrano, 165 DPR 817, 829 (2005). Luego de evaluar las recomendaciones allí señaladas, entendemos que el juez Quiñones Artau incurrió en varias violaciones a los Cánones de Ética Judicial.

II

La Constitución de Puerto Rico, Art. V, Sec. 11, LPRA, Tomo 1, confiere autoridad a este Tribunal para atender procedimientos disciplinarios relacionados con los jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones. Para llevar a cabo esa función aprobamos los Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, los cuales imponen ciertos deberes a los jueces con el fin de promover la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema judicial. In re Sierra Enríquez, 185 DPR 830, 850 (2012); In re Claverol Siaca, 175 DPR 177, 188 (2009). “En el preámbulo de dichos cánones se reconoce la importancia de la función judicial y se impone a los jueces el deber y la responsabilidad de aceptar ciertas restricciones a su conducta, tanto en el ámbito de sus funciones judiciales como en otras actividades profesionales y personales”. In re Claverol Siaca, supra, pág. 188. La confianza que deposita el pueblo en la justicia exige que los jueces actúen correctamente y promuevan la impresión de que actúan conforme a los más altos niveles de principios morales. In re Hon. Maldonado Torres, 152 DPR 858, 867 (2000).

A. Canon 8

El Canon 8 de Etica Judicial, supra, dispone lo siguiente:

Para el cabal desempeño de sus funciones, las juezas y los jueces serán laboriosos, prudentes, serenos e imparciales. Realizarán sus funciones judiciales de forma independiente, partiendo de una comprensión cuidadosa y consciente de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, ya sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón. Enmarcarán sus funciones adjudicativas en el estudio del Derecho y en la diligencia orientada hacia el empeño de descubrir los hechos esenciales de cada controversia.
La conducta de las juezas y de los jueces ha de excluir la posible apariencia de que son susceptibles de actuar por influencias de personas, grupos, partidos políticos o instituciones religiosas, por el clamor público, por consideraciones de popularidad o notoriedad, o por motivaciones impropias. (Énfasis suplido).

Este canon enfatiza el principio de la independencia de criterio judicial que debe regir durante las funciones adjudicativas de los jueces. Esta norma pretende evitar que los jueces tomen decisiones “ ‘ensoberbecidos por el poder’ ”. In re Sierra Enríquez, supra, pág. 851, citando a In re Cruz Aponte, 159 DPR 170, 180 (2003). Como ya hemos expresado, “ ‘aunque la figura del juez está revestida de autoridad, ésta no debe utilizarse indebidamente dentro o fuera del tribunal’ ”. In re Claverol Siaca, supra, pág. 190, citando a In re Cruz Aponte, supra.

El juez Quiñones Artau no pudo mantener serenidad e imparcialidad durante los procesos adjudicativos, tal y como lo requiere el Canon 8, supra. Su capacidad para adjudicar controversias de forma imparcial, se vio comprometida por experiencias negativas durante el periodo que laboró como abogado de la SAL. Así lo manifestó mediante expresiones hechas dentro y fuera de la sala atacando la credibilidad de los agentes que testificaban en su sala. Demostró que no pudo despojarse de esas opiniones que formó como abogado de la SAL y que lo influenciaban al momento de aquilatar la prueba y evaluar los testimonios de los agentes de la Policía. Los comentarios y las expresiones del juez sobre la credibilidad del sargento Quiñones Ortiz daban la apariencia de ser susceptible a actuar por motivaciones impropias. Eso es precisamente lo que prohíbe el Canon 8, supra.

Por otro lado, el juez Quiñones Artau demostró que no podía adjudicar las controversias partiendo de una comprensión cuidadosa e independiente de la ley al expresar que no le daba credibilidad al agente Víctor Mora Pérez de la División de Armas y Drogas de Arecibo, por lo que había leído en un libro del señor Alejo Maldonado.

Además, su empeño por procesar al agente Núñez Fernández llevó al juez Quiñones Artau a realizar gestiones para celebrar una vista a pesar de que había sido trasladado al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Además de actuar sin facultad para ello, ignoró la determinación de la jueza Ruiz Soto, quien archivó el caso con perjuicio e insistió en continuar con un proceso que ya había sido atendido y resuelto. Utilizó su posición de juez, desde que fue trasladado a Bayamón, para hacer arreglos para conseguir que se celebrara una vista en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo con la comparecencia del agente Núñez Fernández. De esa forma abusó del poder y las facultades de su cargo, violando el Canon 8, supra.

B. Canon 9

Por su parte, el Canon 9 de Etica Judicial, 4 LPRAAp. IV-B, establece, en lo pertinente, que:

Las juezas y los jueces concederán a toda persona que tenga interés en un procedimiento o la abogada o al abogado de dicha persona el derecho a ser oída conforme lo dispone la ley. En el cumplimiento de este deber, resolverán cada controversia fundamentándose en su propia evaluación de la prueba presentada. Los jueces y las juezas no permitirán que el reclamo por las partes de sus derechos constitucionales y estatutarios influya negativamente al hacer sus determinaciones judiciales. (Enfasis suplido).

En In re Hon. Díaz García, T.P.I., 158 DPR 549, 559 (2003), citando a Valentín v. Torres, 80 DPR 463, 482 (1958), expresamos que “ ‘la negativa del debido proceso de ley es la falta de observar aquella imparcialidad fundamental que es la esencia de todo concepto de justicia’ ”. Para determinar que un error de hecho o de derecho constituye conducta antiética conforme este canon, debe probarse que el error constituyó un abuso intencional de la discreción judicial, o que su magnitud reflejó conducta impropia o favoritismo hacia alguna parte. In re Hon. Díaz García, T.P.I., supra, págs. 558-559. Véase, además, In re Jackson Sanabria, 97 DPR 1 (1969).

El juez Quiñones Artau violó las disposiciones de este canon. Según se desprende del informe de la Comisión, en la vista de 9 de noviembre de 2012, el juez Quiñones Artau procesó y encontró culpable al agente Núñez Fernández sin importarle que el caso había sido archivado con perjuicio por una compañera jueza y que, por lo tanto, no tenía autoridad para adjudicarlo. Esa actuación constituye una falta de imparcialidad que viola el debido proceso de ley. El juez Quiñones Artau tenía conocimiento del archivo del caso y, comoquiera, continuó con el procedimiento en contra del agente Núñez Fernández. Informe de la Comisión, pág. 34. Eso demuestra que la actuación del juez Quiñones Artau no fue un mero error de derecho, sino un abuso intencional de su poder.

C. Canon 11

El Canon 11 de Ética Judicial, supra, va dirigido a preservar la imparcialidad de los jueces durante los procesos judiciales y velar por que estos procesos se rijan de forma justa. En específico, dispone:

Aunque es función y derecho de las abogadas y los abogados presentar el caso de sus respectivos clientes y dientas en la forma más favorable a sus méritos, es ministerio fundamental de la judicatura velar por que no se cometa una injusticia. Las juezas o los jueces son partícipes en la búsqueda de la verdad y la determinación de lo que es justo. A esos fines, deberán intervenir durante el curso de cualquier procedimiento judicial para evitar dilaciones injustificadas, para esclarecer cualquier asunto o impedir una injusticia.
No obstante, se abstendrán de unirse en solidaridad con cualesquiera de las partes mediante interrogatorios injustificados, pronunciamientos sobre los méritos de la causa o comentarios impropios o perjudiciales. Tampoco realizarán gestiones que constituyan intervenciones indebidas con testigos, prueba documental o cualquier aspecto del proceso judicial. (Énfasis suplido.)

El juez Quiñones Artau hizo expresiones en sala que fueron impropias y debilitaron la confianza en los procesos judiciales. El juez Quiñones Artau expresó que ya en su mente el sargento Quiñones Ortiz no tenía ninguna credibilidad ante él. Ese comentario fue perjudicial, pues demostró que no podría ser imparcial al adjudicar cualquier otro asunto en el que ese sargento sirviera de testigo.

Por otro lado, el juez Quiñones Artau intervino indebidamente con los fiscales al expresar molestia cuando estos solicitaron la revisión de su determinación y la paralización de los procedimientos en el caso del agente Núñez Fernández. Al ser notificado de la orden de un foro superior que paralizaba la vista que se proponía celebrar, hizo expresiones de venganza —“recuerda que hay un día detrás del otro y que esta eventualmente me la vas a pagar”— contra los fiscales Juarbe Molina y Mujica de León por estos hacer su trabajo y diligenciar esa gestión. Con sus amenazas intentó intimidar a los fiscales para que no tomaran decisiones adversas a la determinación del juez y no utilizaran los mecanismos procesales a su disposición para defender la posición del Ministerio Público. En conclusión, el juez Quiñones Artau también violó el Canon 11, supra, que requiere que los jueces no intervengan indebidamente con cualquier aspecto del proceso judicial.

D. Cánones 13 y 14

Los jueces tienen “el deber de tratar con consideración y respeto a los abogados, a cualquier persona que comparezca ante el tribunal y a los funcionarios de la Rama Judicial”. In re Claverol Siaca, supra, pág. 189. Este deber surge del Canon 13 de Etica Judicial, supra, el cual también impone a los jueces el deber de exigir igual conducta a todos esos participantes del proceso adjudicativo.

De igual forma, el Canon 14 de Ética Judicial, supra, trata sobre la conducta que deben mantener los jueces en el transcurso del proceso judicial. Su texto dispone:

En el curso de los procedimientos judiciales, las juezas y los jueces mantendrán su conducta dentro de la debida propiedad y circunspección sin mostrar impaciencia o severidad excesivas. Tampoco harán comentarios ni gestos ajenos al proceso judicial, entendiéndose comprendidos dentro de esta prohibición, aquellos comentarios, expresiones o gestos que envuelvan burla o mofa. No ridiculizarán de modo alguno a abogadas, abogados, partes, testigos, funcionarías o funcionarios del tribunal ni a otras personas que acudan ante el tribunal.
Las juezas y los jueces dirigirán los trabajos del tribunal con orden y decoro, y evitarán todo proceder que pueda afectar la dignidad y el respeto debido al tribunal. Intervendrán para impedir cualquier conducta impropia de las partes, las abogadas y los abogados o cualquier otra persona, y tomarán las acciones que procedan de acuerdo con la ley, los Cánones del Código de Ética Profesional y las mejores tradiciones del sistema judicial. (Énfasis suplido).

Los jueces tienen el deber de preservar la dignidad de los procedimientos judiciales y promover comportamiento regido por respeto mutuo. In re Hon. Maldonado Torres, supra, pág. 865. En los comentarios del Canon 14, supra, se indica que “[e]l juez o la jueza deberá evitar, además, toda expresión suya que pueda reflejar prejuicio de la naturaleza que sea o que pueda arrojar dudas sobre su capacidad para actuar imparcialmente”. Véase, además, R.J. Torres Torres, Cánones de Etica Judicial de Puerto Rico, 9 Forum 7, 8 y 22 (1993). De igual forma, deben evitar “cualquier tipo de conducta que lesione el decoro y la solemnidad que deben existir en toda sala de justicia”. Id., pág. 22. Véase In re Andréu Ribas, 81 DPR 90, 121 (1959). Ello debe ser así independientemente de que el juez sea provocado por la conducta, incapacidad o irresponsabilidad de una parte. In re Hon. Maldonado Torres, supra, pág. 869.

No obstante, esto no implica que el juez esté desprovisto de un remedio para vindicar la dignidad del tribunal, pues cuenta con el mecanismo del desacato civil y el criminal, así como como cualquier otra medida que establezca la ley o sea avalada por el sistema judicial. Id.; Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 DPR 282, 289 (1988).

En In re Martínez González, 151 DPR 519, 524-525 (2000), un juez gritó a una persona durante una vista que si no se callaba lo iba a mandar “a la j_cárcel” (letras omitidas); también le dijo mentirosa a una testigo y advirtió a un abogado que, de traer a ciertos funcionarios a testificar, “los iba a pasar por la piedra”. Al respecto, pronunciamos lo siguiente

La utilización de palabras soeces durante una vista que el propio querellado presidía trastocan, de por sí, los cánones antes mencionados. La situación se agrava al estos comentarios estar dirigidos a testigos, abogados y personas presentes en la vista. La manifestación del querellado sobre la mendacidad de una testigo mientras ésta testificaba, su expresión en cuanto a unos testigos de “pasarlos por la piedra” si eran utilizados y las expresiones de palabras soeces vertidas en el proceso, definitivamente vulneran la fe del pueblo en la justicia y deshonran la integridad e independencia del ministerio que ejerce (Canon I de Etica Judicial, supra). Dicha conducta demuestra imprudencia, parcialidad y falta de serenidad (Canon II de Ética Judicial, supra). Constituye además comentarios impropios o peijudiciales (Canon XIV de Ética Judicial, supra); y, una extralimitación de la debida propiedad y circunspección en las manifestaciones y tono de voz exigidos por el Canon XVII de Ética Judicial, supra, a todo juez. El querellado claramente demostró una falta de consideración y de respeto hacia las partes, testigos, y abogados relacionados con los procedimientos que estaban ante su consideración, elementos exigidos por el Canon XVI de Ética Judicial, supra. Id., pág. 528.

El juez Quiñones Artau violó los requerimientos de los Cánones 13 y 14, supra. Los comentarios que realizó a los fiscales Juarbe Molina y Mujica de León fueron irrespetuosos y afectaron la dignidad de los procedimientos judiciales. Al referirse a los fiscales como “potrones” porque discrepaban de él y amenazar al fiscal Juarbe Molina con la expresión “esta eventualmente me la vas a pagar” por haber solicitado la revisión de su dictamen, el juez Quiñones Artau no observó el comportamiento y la conducta que exigen su cargo.

A esto se suma que el juez Quiñones Artau le gritó en una ocasión al fiscal Mujica de León lo siguiente: “Te callas la boca, te callas la boca o sabes lo que te va”. Esa expresión tampoco guarda el debido respeto que un juez está obligado a observar en los tribunales. El juez Quiñones Artau manchó con sus actos la dignidad de los procesos judiciales y se mostró hostil hacia los fiscales, quienes únicamente hacían su trabajo. Con esa conducta también incurrió en una violación al Canon 14, supra.

Además, las expresiones de que el testimonio del sargento Quiñones Ortiz le causaban “náusea y disgusto”, no demuestra el respeto y consideración que debe guardar un juez durante los procesos ante su consideración.

E. Canon 23

Referente a las actividades extrajudiciales, el Canon 23, supra, requiere que el comportamiento de los jueces en público no ponga en duda su capacidad para ejercer su función adjudicativa de manera imparcial. También les exige que sus actuaciones no deshonren el cargo judicial que ocupan ni interfieran con el desempeño de sus funciones. íd. “Este canon va dirigido a pautar una norma de conducta general que responde a la alta estima y confianza públicas que gozan los miembros de la Judicatura”. In re Claverol Siaca, supra, pág. 190. “Su propósito es establecer una norma general precisa para regir el comportamiento público de las juezas y los jueces en el ámbito de sus actividades fuera del estrado”. In re Aprobación Cánones Ética Judicial 2005, 164 DPR 403, 445 (2005). La función judicial demanda un tipo de comportamiento, tanto dentro como fuera del tribunal, que vaya dirigido a enaltecer el cargo judicial y fomentar el respeto hacia este. Id.; In re Cruz Aponte, supra; In re Nevárez Zavala, 123 DPR 511 (1989).

No encontramos que el juez Quiñones Artau haya incurrido en una violación del Canon 23, supra. Ese canon se refiere a la conducta que deben observar los jueces en el contexto extrajudicial. Las actuaciones del juez Quiñones Artau que dieron lugar a las quejas examinadas en el informe de la Comisión ocurrieron como parte de sus funciones judiciales. Por ello, el juez Quiñones Artau no violó las exigencias de ese canon.

HH HH

Por otra parte, la Comisión de Disciplina Judicial concluyó que el juez Quiñones Artau violó los Cánones de Etica Judicial por imponer una sanción de desacato al señor Valdés Pérez. No estamos de acuerdo con esa conclusión.

Hemos dicho “que no se puede invocar nuestra jurisdicción disciplinaria para que pasemos juicio sobre un dictamen judicial, en sustitución de los mecanismos de revisión que nuestro ordenamiento jurídico provee”. In re Sierra Enríquez, supra, pág. 849. Por ello, en respeto a la independencia de los jueces para decidir, enmendamos la Regla 3 de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B, para consignar que “no será investigada aquella queja o solicitud de separación que [...] (b) pretenda intervenir impropiamente con determinaciones judiciales”. Véase In re Emda. R. 3 Disciplina Judicial, 182 DPR 533, 537 (2011).

Solo “[e]n circunstancias extremas, la imposición de un desacato podría considerarse como una violación al Código de Etica Judicial que amerit[e] la imposición de sanciones disciplinarias”. In re Hon. Díaz García, T.P.I., supra, págs. 558-559. Al analizar si la imposición de un desacato constituyó una violación ética, no revisamos si el desacato cumplió estrictamente con los términos prescritos en el ordenamiento. Solo examinamos, según expuesto, si “el error cometido constituyó un abuso intencional de la discreción judicial o que su magnitud demuestra un favoritismo o una conducta impropia hacia alguna parte”. (Énfasis suplido). íd., pág. 559. Véase, además, In re Jackson Sanabria, supra. “En tal caso no estaríamos ante un error de derecho, sino más bien ante una conducta deliberada, claramente reñida con los Cánones de Ética Judicial”. In re González Acevedo, 165 DPR 81, 95 (2005).

Luego de revisar el expediente, no encontramos prueba de que el juez Quiñones Artau haya abusado intencionalmente del recurso del desacato o que haya actuado motivado por favorecer impropiamente a una parte. Más bien, surge del expediente que el juez Quiñones Artau se encontraba ante una persona que desafió reiteradamente la autoridad del tribunal.

El señor Valdés Pérez insistió numerosas veces en comparecer por derecho propio, aun cuando el tribunal no se lo permitió. Además, desobedeció en múltiples ocasiones las órdenes para devolver los expedientes de la licenciada Medina Rivera. Por tal razón, entendemos que no existen las circunstancias extremas que exige nuestra jurisprudencia para que el desacato impuesto amerite la imposición de sanciones disciplinarias en contra del juez. “El remedio que tenía disponible [el señor Valdés Pérez] era acudir al proceso apelativo para la revisión judicial”. In re Hon. Díaz García, T.P.I., supra, pág. 561. Así lo hizo el señor Valdés Pérez. Si no estaba de acuerdo con la decisión del Tribunal de Apelaciones, podía revisarla ante este Foro. Así, concluimos que el juez Quiñoes Artau, al imponer la sanción del desacato al señor Valdés Pérez, no violó los Cánones de Ética Judicial.

IV

“[P] ara imponer sanciones disciplinarias, nuestro ordenamiento ético disciplinario requiere que haya prueba clara, robusta y convincente de que hubo violaciones éticas”. In re Muñoz, Morell, 182 DPR 738, 750 (2011); Véase, además, In re Caratini Alvarado, 153 DPR 575, 585 (2001). La destitución de un juez tiene cabida en nuestro ordenamiento cuando este exhibe un patrón de conducta impropia e incompatible con su cargo, máxime cuando se incurre en el uso de lenguaje y expresiones impropias y soeces o conducta agresiva, beligerante y abusiva. In re Martínez González, supra, pág. 531; In re Nevárez Zavala, 123 DPR 511, 525 (1989).

Luego de evaluar las actuaciones del juez Quiñones Ar-tau y las recomendaciones del informe de la Comisión, concluimos que el juez Quiñones Artau violó los Cánones 8, 9, 11, 13 y 14 del Código de Ética Judicial, supra, mas no así el Canon 23, supra. Sus actuaciones mientras se desempeñaba como juez se apartaron de los principios básicos que establecen esos Cánones de Ética Judicial.

Dado que las actuaciones del juez Quiñones Artau resultan claramente incompatibles con su cargo, procede su destitución inmediata.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo emitió un voto de conformidad. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez se inhibió.

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo.

Lamento tener que otorgar mi conformidad en este asunto, pues el Ledo. Federico Quiñones Artau y este servidor nos iniciamos juntos en la Academia Judicial. No obstante, la prueba fue clara y robusta en cuanto a la violación de los Cánones 8, 9, 11, 13 y 14 del Código de Ética Judicial, 4 LPRAAp. IV-B.

La toga que portamos nos agencia un gran poder, y como tal, los jueces debemos ser extremadamente cuidadosos. Celosos no solo en el uso de ese poder, sino en la corrección de nuestras actitudes. Nuestro temperamento en el manejo de nuestros procesos judiciales debe reflejar la máxima “uti, non abuti” (la toga es para “uso, no abuso”).

De todos modos, “ex abusu non arguitur in usum”, esto es, que el abuso no pone en tela de juicio el uso correcto del poder.

       Apéndice, págs. 930-931.

       Apéndice, pág. 982.

       Apéndice, págs. 812 y 815-816. Véase, además, id., págs. 842 y 847.

       íd., pág. 844.

       Esa regla dispone lo siguiente:
      “El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, un Juez Asociado o una Jueza Asociada, el Director o la Directora, podrá solicitar a iniciativa propia y por escrito, una investigación sobre la conducta o capacidad de un juez o una jueza. Dicha solicitud se considerará como una queja, sin que sea necesario cumplir con los requisitos formales del inciso (b) de esta regla”. Por su parte, el inciso (b)(2) de la regla dispone, entre otras cosas, lo siguiente:
      “La queja cumplirá con los siguientes requisitos:
      (2) Se formulará bajo juramento”.

        Soler González y otros v. Valdés Pérez y otros, Civil Núm. DDP2011-0592, consolidado con el DDP2011-0844.

       El 7 de octubre de 2014, la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta, al amparo de la Regla 12 de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV, relevó de sus funciones judiciales al juez Quiñones Artau.

       En vista al resultado que llegamos, resulta innecesario expresarnos sobre las violaciones al Canon 7, supra de Etica Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Luis G. Salas González.

      Número: TS-9896

      Resuelto: 29 de junio de 2015

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías; Amarilys González Alayón, abogada del querellado.
   per curiam:

Nuevamente no tenemos otra alternativa que decretar la suspensión de un miembro de la profesión legal debido a su incumplimiento con la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), 4 LPRA see. 2001 et seq., y con el Reglamento Notarial de Puerto Rico (Reglamento Notarial), 4 LPRA Ap. XXIV, R. 58A, por su indiferencia hacia las órdenes de este Tribunal, así como por su desatención a los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Por la conducta que reseñamos a continuación, suspendemos indefinidamente al Ledo. Luis G. Salas González del ejercicio de la notaría y la abogacía.

I—I

El licenciado Salas González fue admitido al ejercicio de la abogacía el 25 de junio de 1991 y prestó juramento para ejercer el notariado el 1 de febrero de 1994. Surge del ex-pediente ante nuestra consideración que el 19 de junio de 2012 la Leda. Norma Acosta de Santiago, Inspectora de la ODIN (Inspectora), realizó la inspección de los Protocolos del licenciado Salas González correspondientes a los años 2000 al 2007. Como parte del proceso de inspección, ese mismo día la Inspectora le entregó personalmente el Informe de Inspección al licenciado Salas González. Mediante este Informe se le indicaron las deficiencias encontradas en los Protocolos de 2001 y 2005.

Luego de entregarle el Informe, la Inspectora realizó diversas gestiones para comunicarse con el licenciado Salas González a los fines de que éste corrigiera las faltas señaladas, de manera que se pudiera culminar el proceso de inspección pendiente ante la ODIN. La Inspectora hizo constar que las gestiones para lograr contactar al licenciado Salas González incluyeron llamadas telefónicas y comunicaciones a través del correo electrónico y el correo ordinario. La última comunicación dirigida al licenciado Salas González fue el 13 de septiembre de 2013 —remitida por correo electrónico y por correo ordinario— de la cual no se obtuvo respuesta de su parte. Además de las faltas señaladas en cuanto a sus Protocolos, el licenciado Salas González no ha presentado ante la ODIN múltiples índices de actividad mensual notarial, así como informes estadísticos de actividad notarial anual.

En consecuencia, el 5 de mayo de 2014 el Director de la ODIN, Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, presentó ante este Tribunal una Moción Informativa Solicitando Remedios. A través de dicha moción expuso los trámites que anteceden en cuanto al licenciado Salas González y solicitó que le ordenáramos atender las deficiencias relacionadas con su obra protocolar y que le requiriéramos la presentación de los índices e informes adeudados. Asimismo, hizo énfasis en el reiterado incumplimiento del licenciado Salas González al no atender las comunicaciones remitidas por la ODIN y al no presentar los referidos índices de actividad mensual notarial e informes anuales.

Considerada la solicitud de la ODIN, mediante Resolución de 6 de febrero de 2015 le concedimos al licenciado Salas González un término de 60 días para que subsanara todas las deficiencias señaladas por la ODIN y, en el mismo término, mostrara causa por la cual no debía ser suspendido de la abogacía. Esta Resolución fue notificada mediante diligenciamiento personal al licenciado Salas González el 13 de febrero de 2015 y así consta en el expediente. Transcurrido el término concedido, el licenciado Salas González no contestó nuestra Orden ni atendió los requerimientos de la ODIN. Examinemos la normativa aplicable a esta relación de hechos.

rH HH

A. Hemos sido consistentes al describir la práctica de la notaría como una función que exige un alto nivel de cuidado, diligencia y esmero. In re López Cordero, 164 DPR 710, 715 (2005); In re Vera Vélez, 148 DPR 1, 6 (1999). En el ejercicio de esta delicada función se requiere un estricto cumplimiento con la Ley Notarial, con su su reglamento y con los cánones del Código de Etica Profesional, 4 LPRAAp. IX. In re López Cordero, supra; In re Capestany Rodríguez, 148 DPR 728, 733 (1999). Cuando un notario se aparta de la normativa previamente expuesta se expone a la acción disciplinaria correspondiente, no sólo en el ámbito notarial, sino también como abogado. In re González Maldonado, 152 DPR 871, 895 (2000); In re Capestany Rodríguez, supra.

En virtud del ejercicio de la notaría, los notarios están sujetos al proceso de inspección de su obra notarial conforme al Art. 62 de la Ley Notarial, 4 LPRAsec. 2102, y a la Regla 77 del Reglamento Notarial, 4 LPRAAp. XXIV. Durante este procedimiento, los inspectores de la ODIN verifican la obra notarial y señalan a los notarios las deficiencias pertinentes para que las corrijan. Una vez se informan las deficiencias, hemos expresado que los notarios no pueden asumir una actitud pasiva y confiar en que la ODIN los contactará para corroborar si corrigieron adecuadamente las faltas señaladas. In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, 736 (2011); In re Román Jiménez, 161 DPR 727, 733 (2004). Por el contrario, deben subsanar las deficiencias y coordinar una próxima reunión con la ODIN para efectuar la reinspección de la obra notarial y culminar el procedimiento. In re Román Jiménez, supra, pág. 733.

Por otra parte, el Art. 12 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2023, y la Regla 12 del Reglamento Notarial, 4 LPRAAp. XXIV, establecen la obligación de los notarios en cuanto a rendir índices mensuales sobre sus actividades notariales no más tarde del décimo día del mes siguiente al que se informa. Asimismo, los notarios tienen el deber de remitir dicho índice mensual a la ODIN, a pesar de que no hayan tenido actividad notarial durante ese mes. Véase Art. 12 de la Ley Notarial, supra. En estos casos corresponde presentar a la ODIN un informe negativo de actividad notarial. íd. A su vez, el Art. 13-A de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2031a, así como la Regla 13 del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV, dispone que todo notario deberá remitir a la ODIN un informe estadístico anual de actividad notarial no más tarde del último día de febrero del año siguiente al que se informa. Cuando el notario presente tardíamente alguno de los informes antes indicados, la ODIN podrá requerir una explicación sobre la tardanza y cualquier otra información pertinente. Véanse: Reglas 12 y 13 del Reglamento Notarial, supra. Respecto a estas obligaciones, hemos sido enfáticos al expresar que su incumplimiento es una grave falta a los deberes que impone al notario la fe pública notarial y que será motivo de sanciones disciplinarias. In re Miranda Casasnovas, 175 DPR 774, 779 (2009); In re Carrasquillo Martínez, 173 DPR 798, 802 (2008).

Por otro lado, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, exige que la conducta de todo abogado hacia los tribunales se caracterice por el mayor respeto. De este precepto surge la obligación de los miembros de la profesión legal de responder oportunamente a los requerimientos de este Tribunal. In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012); In re Asencio Márquez, 183 DPR 659, 663 (2011); In re Ramírez Ferrer, 183 DPR 382, 384 (2011).

Reiteradamente, les hemos recordado a los abogados que no atender las órdenes de este Tribunal tiene como consecuencia la suspensión del ejercicio de la profesión, pues demuestra dejadez e indiferencia a nuestros apercibimientos. In re Massanet Rodríguez, 188 DPR 116, 125-126 (2013); In re Fidalgo Córdova, 183 DPR 217, 222 (2011); In re Fiel Martínez, 180 DPR 426, 430 (2010). Asimismo, hemos expresado que la obligación de responder a los requerimientos se extiende a las exigencias de la ODIN. Así pues, ignorar nuestras órdenes o los requerimientos de la ODIN es motivo para la imposición de sanciones disciplinarias. In re Medina Perea, 190 DPR 241, 246 (2014); In re Asencio Márquez, supra, pág. 664.

Aunque hemos repetido en infinidad de ocasiones la norma antes señalada, con suma frecuencia no tenemos otra alternativa que suspender a miembros de la profesión legal por no contestar nuestros requerimientos y los que le son cursados por la ODIN. Este Tribunal ha sido consistente en la aplicación de dicha medida disciplinaria. In re Medina Perea, supra, pág. 246; In re Mendoza Ramírez, 188 DPR 244, 249 (2013); In re Colón Olivo, 187 DPR 659, 663 (2013); In re Asencio Márquez, supra, pág. 665; In re Rodríguez Salas, 181 DPR 579, 581 (2011); In re Rodríguez Rodríguez, 180 DPR 841, 843-844 (2011).

III

Según el trámite procesal expuesto, el 19 de junio de 2012 la inspectora le entregó al licenciado Salas González un Informe que contenía las deficiencias encontradas en sus Protocolos de 2001 y 2005. Ello como parte del proceso rutinario de inspección. Cabe mencionar que las faltas en los referidos Protocolos consistían en que tres de las escrituras autorizadas en el 2001 no incluían las iniciales de uno de los otorgantes y que en una escritura otorgada en el 2005 no se expresó el mecanismo por el cual se identificó a la parte otorgante. Surge pues, y así lo reconoce la ODIN, que estos señalamientos pudieron atenderse a nivel administrativo sin mayores consecuencias. Sin embargo, teniendo conocimiento de las faltas señaladas, el licenciado Salas González nada hizo al respecto. La ODIN intentó contactarlo en múltiples ocasiones sin éxito.

Transcurridos casi dos años sin conocer circunstancia alguna del licenciado Salas González, la ODIN solicitó nuestra intervención. Además, nos informó que el licenciado Salas González adeudaba múltiples índices mensuales e informes anuales. Ante esto, mediante Resolución de 6 de febrero de 2015, le concedimos un término de 60 días para que subsanara las deficiencias señaladas por la ODIN y mostrara causa por la cual no debía ser suspendido de la abogacía. El licenciado Salas González recibió esta Resolución personalmente el 13 de febrero de 2015. Nada hizo para atender los requerimientos de la ODIN y de este Tribunal.

Cuesta comprender la conducta de ignorar las órdenes de este Tribunal o los requerimientos de la ODIN. Máxime cuando en tantas ocasiones hemos suspendido a miembros de la profesión legal como consecuencia de dicha conducta. El licenciado Salas González faltó a su deber como notario al no subsanar las faltas que le fueron señaladas por la ODIN en cuanto a sus Protocolos. Lo anterior se agravó al no cumplir con su obligación de presentar los índices mensuales e informes anuales que requiere la Ley Notarial. Más aun, el licenciado Salas González desaprovechó las oportunidades que tanto la ODIN como este Tribunal pusieron a su alcance para evitar el desenlace al que llegamos hoy. No comunicarse con este Tribunal, no explicar las razones de sus incumplimientos y no contestar nuestras órdenes nos obligan a decretar la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Salas González del ejercicio de la notaría y la abogacía.

Por consiguiente, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Asimismo, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia. El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del licenciado Salas González y entregarlos al Director de la ODIN para el correspondiente examen e informe a este Foro. Se le apercibe al licenciado Salas González que esta acción disciplinaria no lo exime de corregir las faltas señaladas por la ODIN en su obra notarial, así como la presentación de los índices mensuales e informes anuales adeudados.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Véase Informe de Deficiencias de la Obra Notarial del Ledo. Luis Salas González, notario número 9896, a tenor con la Regla 77(k) del Reglamento Notarial, 2 de mayo de 2014, suscrito por la Leda. Norma Acosta de Santiago, Inspectora de la ODIN, pág. 2.

       Los índices de actividad mensual notarial adeudados corresponden a los meses de agosto, noviembre y diciembre de 2002; febrero, marzo, julio y agosto de 2003; marzo, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre de 2004; enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2005; enero y febrero de 2006, y todos los índices mensuales desde enero de 2012 hasta marzo de 2014.

       Los informes estadísticos de actividad notarial anual que el licenciado Salas González no ha presentado corresponden a los años 2002 al 2005, 2012 y 2013.


author: Juez Asociado Señor Martínez Torres, al cual se unió la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. Juez Asociado Señor Estrella Martínez, al cual se une el Juez Asociado Señor Rivera García.

text:
    Asociación de Maestros de Puerto Rico et als., peticionarios, v. Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico et als., recurridos; Educadores/as por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical, Inc., por sí y en representación de sus miembros, et als., peticionarios, v. Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico et als., recurridos.

      Números: CT-2014-0002 CT-2014-0003

      Resueltos: 30 de junio de 2015

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Zarel Soto Acaba, procurador general auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado, parte recurrida; Rafael A. Ortiz Mendoza, abogado de Educadores/as por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical, Inc., parte peticionaria; Rafael Escalera Rodríguez y Alana Vizcarrondo Santana, del bufete Reichard & Escalera, abogados del Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico, parte recurrida; Francisco J. González Magaz, abogado de Educadores Puertorriqueños en Acción, parte interventora.
   RESOLUCIÓN

Atendida la Moción sobre Incumplimiento de Sentencia presentada por la parte peticionaria, Educadores/as por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical, Inc. y por la parte interventora Educadores Puertorriqueños en Acción, se provee “no ha lugar” porque el foro adecuado es el Tribunal de Primera Instancia.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Todos los Jueces intervinieron por Regla de Necesidad. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió un voto particular de conformidad, al cual se unió la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez emitió la expresión siguiente:

Estoy conforme con declarar “no ha lugar” a la Moción sobre Incumplimiento de Sentencia presentada por Educadores/as por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical, Inc. y la parte interventora Educadores Puertorriqueños en Acción (en conjunto, peticionarios). También estoy conforme con que se le instruya a que presenten su reclamo ante el Tribunal de Primera Instancia pues el Tribunal Supremo no tiene jurisdicción en esta etapa para atender el asunto que se trae a nuestra atención. Ello porque la jurisdicción de este Tribunal sobre el caso de epígrafe culminó cuando remitió el mandato al Tribunal de Primera Instancia, luego de que la sentencia emitida en AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros V, 190 DPR 854 (2014), adviniera final y firme. Es un asunto tan sencillo que no amerita mayor explicación.
Ello no implica que los peticionarios se queden sin remedio; solo tienen que presentar su reclamo ante el foro adecuado. El hecho de que la controversia originalmente se haya expedido mediante certificación intrajurisdiccional no cambia ese hecho ni le otorga jurisdicción a un tribunal cuando no la tiene. Hablar, pues, de “cuántos jueces están bailando sobre el sable de la injusticia” —como si referir un asunto al foro correcto para que se dilucide en los méritos y respetar cabalmente nuestro marco jurisdiccional fuera una injusticia— no es más que otra imagen .alegórica autocomplaciente, tras un subterfugio falso de justicia, de las que lamentablemente abundan en este Tribunal.
Por último, cabe señalar que lo preocupante en esta situación no es que se le indique a una parte cuál es el foro adecuado para presentar su reclamo, sino que varios Jueces de este Tribunal parecen estar prejuzgando un asunto que con gran probabilidad estará próximamente ante nuestra consideración. Eso es motivo de preocupación pues, sin lugar a dudas, una de las partes no tendrá un foro de última instancia imparcial que revise las determinaciones de los foros inferiores.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señor Kolthoff Caraballo, Señor Rivera García y Señor Estrella Martínez atenderían la moción y la referirían al Tribunal de Primera Instancia para vista de desacato. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco emitió la expresión siguiente, a la que se unió el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo:

Disiento y hubiera remitido directamente este asunto al Tribunal de Primera Instancia para comenzar un procedimiento de desacato. Debe recordarse que este asunto se atendió directamente por este Tribunal mediante un recurso de certificación, por lo que asumimos jurisdicción del mismo por reconocer su carácter trascendental y de alto interés público. Por eso, ante un reclamo por parte de los peticionarios en el cual se detalla el abierto desafío a las órdenes y dictámenes de este Tribunal, hubiera remitido directamente la Moción sobre Incumplimiento de Sentencia a la atención del foro de instancia.
Al no hacerlo, una Mayoría del Tribunal ignora y, por consiguiente, ratifica el incumplimiento de nuestras órdenes. ¿Qué mensaje se envía cuando este Tribunal convalida un desafío a su autoridad de esta magnitud? Difícilmente puede concebirse la afronta que hoy ratifica una Mayoría del Tribunal como una mera “teoriza [ción] acerca de cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler”. Voto particular de conformidad del Juez Asociado Señor Martínez Torres, pág. 401. Lamento que esa sea la visión de algunos miembros de este Tribunal cuando sus órdenes son ignoradas. A fin de cuentas, poco importa saber cuántos de estos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler si tenemos certeza de cuántos Jueces están bailando en el sable de la injusticia.
Como no puedo prestar mi voto para convalidar un desafío a la autoridad de este Tribunal, y ya que difiero de la revocación sub silentio de AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros V, 190 DPR 854 (2014), disiento de la determinación de la Mayoría del Tribunal. En consecuencia, hubiera remitido el asunto directamente al foro de instancia para el comienzo del procedimiento de desacato.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular disidente, al cual se unió el Juez Asociado Señor Rivera García.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Martínez Torres, al cual se unió la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

La norma de que un tribunal solo puede actuar en un caso si tiene jurisdicción no es un “estorbo”. Voto particular disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez, pág. 407. Es la base en la que se sustenta el ejercicio del poder judicial. Sin jurisdicción, un tribunal no puede actuar.

A pesar de esto, se sugiere que atendamos la moción de la parte peticionaria, Educadores/as por la Democracia, Uni-dad, Cambio, Militancia y Organización Sindical, Inc. (EDUCAMOS) y de la parte interventora Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA), y la refiramos al Tribunal de Primera Instancia. Se nos dice que como nuestro sistema judicial es unificado, podemos trasladar a nuestra consideración cualquier asunto que esté pendiente en cualquier tribunal de Puerto Rico, sin sujeción a las reglas de competencia. Esa posición no tuvo el aval del Tribunal en Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594 (2013), y solo fue adoptada por su propulsor en un voto particular. En aquel entonces, señalamos que el poder de la Asamblea Legislativa para legislar cuál será la competencia de los tribunales, Art. V, Sec. 2, Const. PR, LPRA, Tomo 1, no puede utilizarse para privar a este Tribunal de la jurisdicción para atender un asunto y evadir la revisión judicial “en una etapa significativa y decisiva del proceso legal” —Alvarado Pacheco y otros v. ELA, supra, pág. 616—, pues eso convertiría los foros de jerarquía inferior en tribunales de última instancia, al inmunizar sus decisiones de nuestra intervención. Id., págs. 615-616. Jamás igualamos nuestra jurisdicción unificada a una competencia universal para atender cualquier cosa en etapa original. Estaríamos agrandando nuestros poderes a expensas de los que la Constitución delegó a las otras ramas para legislar lo referente a competencia.

Si en Alvarado Pacheco y otros v. ELA, supra, señalamos que el rol constitucional que la See. 2 del Art. V de la Constitución otorga a la Rama Legislativa para legislar todo lo referente a la competencia de los tribunales no se puede usar para usurpar las facultades de este Tribunal como foro judicial de última instancia en un sistema de jurisdicción unificada —Art. V, Sec. 3, Const. P.R., supra—, entonces, la contraparte de ese principio es que tampoco podemos usar ese rol como tribunal de mayor jerarquía para ignorar la división de competencia legislada para los tribunales. Si la Asamblea Legislativa no puede confundir los conceptos de jurisdicción y competencia para legislar lo primero con el pretexto de que atiende lo segundo, nosotros tampoco podemos otorgarnos el poder de reclamar jurisdicción con el pretexto de que lo que ejercemos es nuestra competencia.

Aun así, se nos plantea que tenemos jurisdicción para atender la moción presentada. Sin embargo, hay una realidad procesal innegable. En este caso nuestra jurisdicción cesó desde que remitimos el mandato al Tribunal de Primera Instancia. Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 153 (2012); Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, 147 DPR 556, 572 (1999). Esto no tiene que ver con el carácter unificado de los tribunales. Se reduce a que el caso no está en este Tribunal. Aquí aplica el principio general de que no se puede ejercer jurisdicción si no la hay y que demostrada su ausencia el único curso de acción que está disponible es denegar lo que se trae ante nuestra consideración. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848 (2009).

Consciente de ello, se nos plantea que la jurisdicción la tiene el Tribunal de Primera Instancia y que, como sistema unificado, lo que procede es “remitir directamente el asunto al foro de primera instancia para los trámites correspondientes del proceso de desacato [...]”. Voto particular disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez, pág. 408. Para eso se reclama la jurisdicción unificada del Tribunal General de Justicia. Art. V. Sec. 2, Const. PR, supra.

Si decidiéramos hacer lo que se nos propone, debemos seguir la regla que promulgamos para ese tipo de situación excepcional en Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418, 447 (2006). Ahora bien, en aquel caso resolvimos que la presentación de recursos en la secretaría del tribunal que no corresponde para forzar su traslado al foro competente afecta la buena marcha de los procesos judiciales y crea una carga a los tribunales. Se nos convierte, para todo efecto práctico, en el mensajero de los peticionarios, encargados de remitir la moción a la secretaría del tribunal primario. Por esa razón, resolvimos que quien pretende eso debe asumir los gastos y como medida disuasiva se le debe requerir el pago de una cantidad que estimamos en aquel entonces en $400.

¿Según qué fundamento vamos a eximir a los peticionarios del mismo trato? ¿Vamos a ser mensajeros gratuitos de los peticionarios? ¿Cómo se ganaron ese trato privilegiado? Podríamos remitir el asunto previo al pago de los $400, pero ¿no sería más conveniente y menos oneroso que los peticionarios eviten el desembolso tramitando su solicitud directamente en el tribunal que corresponde, mediante el mecanismo procesal correcto?

Es a eso a lo que se reduce el curso de acción del Tribunal y voto conforme con la Resolución presentada por consideración al orden procesal establecido y para no perjudicar innecesariamente a los peticionarios. En definitiva, todos estamos de acuerdo en que lo que se aduce en la moción se debe atender en el Tribunal de Primera Instancia. Para eso no hay que teorizar acerca de cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler.

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez, al cual se une el Juez Asociado Señor Rivera García.

Nuevamente, los maestros y las maestras del sistema de educación pública tienen que buscar la protección de este Tribunal, en esta ocasión, debido a la actitud temeraria del Sistema de Retiro de Maestros de pretender imponer un interés de 9.5% para la acreditación de los servicios no cotizados, a pesar de que el articulado de la Ley Núm. 160-2013, que establecía ese menoscabo, fue declarado inconstitucional por este Tribunal. Paradójicamente, una Mayoría de este Tribunal deniega la protección reclamada por los peticionarios en su Moción sobre Incumplimiento de Sentencia, en lugar de encaminarla inmediatamente en el curso de acción que les otorga un remedio adecuado, completo y oportuno. En consecuencia, DISIENTO.

I

El trasfondo de la petición que hoy está ante la consideración de este Tribunal tiene su origen en la aprobación de la Ley Núm. 160-2013, conocida como la Ley de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que reformó el Sistema de Retiro de Maestros de Puerto Rico (SRM). Mediante la referida legislación se pretendía menoscabar sustancialmente las relaciones contractuales de los maestros y las maestras contratadas previas a esa legislación, sin auscultar medidas menos onerosas y con el alegado propósito de garantizar la solvencia del SRM.

Como consecuencia, los maestros y las maestras acudieron al Tribunal de Primera Instancia mediante una Demanda sobre Injunction Preliminar y Permanente y Solicitud de Sentencia Declaratoria, en la cual solicitaron la paralización de la implantación de la Ley Núm. 160-2013 y que se declarara nula e inconstitucional. Posteriormente, solicitaron a este Tribunal una certificación intrajurisdiccional, la cual fue acogida.

Luego de los procesos de rigor, el 11 de abril de 2014, este Tribunal determinó que la Ley Núm. 160-2013 es inconstitucional, ya que se aprobó sin un análisis adecuado y menoscabó sustancialmente las obligaciones contractuales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), sin que con ello se alcanzaran los objetivos por los cuales fue aprobada. Ante ello, determinamos expresamente que los Arts. 3.6, 3.9, 3.11, 4.3(a), 4.4, 4.6(a)(b)(c) y 5.1 a 5.5 de la Ley Núm. 160-2013 “son inconstitucionales en la medida que menoscaban sustancialmente y de forma irrazonable el derecho contractual que tienen los peticionarios demandantes en cuanto a su plan de retiro [...]”. (Enfasis suprimido). AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros V, 190 DPR 854, 880 (2014). En lo pertinente, ello incluyó declarar inconstitucional el acápite de la ley relacionada con la acreditación de servicios no cotizados que incluía el requerir a un participante del SRM el pago de las aportaciones correspondientes para acreditar estos servicios a un interés compuesto anual de 9.5%. La decisión de este Tribunal es final y firme.

Entretanto, la Junta de Síndicos del SRM aprobó el 28 de febrero de 2014 la Resolución 2014-001 mediante la cual aumentó el interés a cobrarse por servicios acreditables de un 2% a un 9.5%. Como consecuencia de ello, y ante la clara determinación de este Tribunal, los peticionarios acudieron nuevamente al Poder Judicial mediante Demanda de Sentencia Declaratoria e Injunction Preliminar y Permanente. En esa ocasión, cuestionaron la legalidad de la Resolución 2014-001 al sostener que esta no fue aprobada por la mayoría de los presentes conforme requiere el Art. 2.5 de la Ley 160-2013 (18 LPRA sec. 394d).

El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción presentada por los maestros y maestras, por lo que estos acudieron al Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo intermedio emitió una sentencia el 19 de diciembre de 2014 mediante la cual revocó al Tribunal de Primera Instancia y dejó sin efecto la Resolución 2014-001 de la Junta de Síndicos de la SRM. Ello, al concluir que la referida resolución no fue aprobada por la mayoría de los presentes conforme dispone la ley aplicable. La sentencia del Tribunal de Apelaciones advino final y firme.

Como corolario, los peticionarios gozan con dos dictámenes que favorecen su reclamo en cuanto a que no procede que el SRM cobre un interés compuesto al 9.5% para acreditar los servicios no cotizados. Sin embargo, sostienen que el SRM pretende cobrar el 9.5% de interés compuesto anual para que un maestro o una maestra logre la acreditación de los servicios no cotizados haciendo referencia a las disposiciones de la Ley Núm. 160-2013 que fueron declaradas inconstitucionales por este Tribunal. En atención a esto, acuden a este Tribunal mediante Moción sobre Incumplimiento de Sentencia y sostienen que el SRM rehúsa de manera obstinada y contumaz acatar las determinaciones de los foros judiciales al requerir que la tasa aplicable al tiempo de servicio no cotizado es de 9.5% en virtud del Art. 3.6(b)(3) de la Ley Núm. 160-2013. Ello, a pesar de que este fue declarado inconstitucional en AMPR et ais. v. Sist. Retiro Maestros V, supra. De esta forma, nos suplican que encontremos incurso en desacato al SRM y al ELA por no acatar la determinación judicial y no honrar la tasa vigente antes de la Ley Núm. 160-2013.

Por su parte, el SRM y el ELA se oponen a lo solicitado, al cuestionar la jurisdicción de este Tribunal para hacer cumplir su dictamen.

II

Sabido es que los tribunales gozamos de la potestad para proteger y hacer cumplir nuestras sentencias y para castigar la desobediencia, o resistencia contumaz a nuestras órdenes y decretos. Ese poder resulta indispensable para la adecuada y ordenada administración de la justicia y la protección de los derechos de la ciudadanía. Véanse: ELA v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999); Pueblo v. Pérez Díaz, 99 DPR 788, 801 (1971).

Como consecuencia, no debería cuestionarse la facultad o poder de cualquier tribunal para hacer cumplir su sentencia. Máxime cuando nuestro Sistema Judicial es uno unificado en cuanto a lo que concierne a la jurisdicción. Art. V, Sec. 2, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 412. Por lo tanto, cualquier parte del Sistema Judicial tiene la facultad para resolver una causa y mucho más para hacer cumplir sus dictámenes. Véanse: Voto particular del Juez Asociado Señor Estrella Martínez en Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594 (2013); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 135 (1996). Sin embargo, ello no es óbice para que, en la sana administración de los procesos, exista una competencia definida entre los distintos tribunales y salas que integran el Tribunal General de Justicia. Cosme v. Hogar Crea, 159 DPR 1, 7 (2003).

El Art. V, Sec. 2 de la Constitución de Puerto Rico, delega en la Asamblea Legislativa el poder para crear y suprimir tribunales, con excepción del Tribunal Supremo. Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 412. A su vez, esta sección confiere a la Asamblea Legislativa la facultad para determinar la competencia y organización del Tribunal General de Justicia.

En consecuencia, el ejercicio de este poder, por parte de la Asamblea Legislativa, queda sujeto a dos condiciones de umbral. En primer lugar, esa Rama no puede afectar la jurisdicción de los tribunales; sólo puede incidir sobre su competencia y organización. En segundo plano, la Rama Legislativa no puede emitir ley alguna que contravenga el Art. V, Sección 3 de la Constitución, el cual provee que el Tribunal Supremo de Puerto Rico es el Tribunal “de última instancia en Puerto Rico”. (Énfasis suplido). Art. V, Sec. 3, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 412. Véase, también, Petrovich v. Srio. de Hacienda, 79 DPR 250, 260 (1956). Sabido es que el término jurisdicción significa “el poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o controversias”. Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712, 716 (1953). La Constitución de Puerto Rico estableció que “[l]os tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción [...]”. Art. V, Sec. 2, supra. Ello implica que en Puerto Rico, “cualquier parte del Sistema Judicial tiene la facultad para resolver una causa”. (Énfasis suplido). Vives Vázquez v. ELA, supra, pág. 135. Véase, también, J. Trías Monge, El sistema judicial de Puerto Rico, San Juan, EDUPR, 1978, pág. 136.

Ahora bien, lo anterior es diferente al concepto competencia. El término competencia implica la distribución del “trabajo judicial entre los distintos tribunales y salas que integran el Tribunal General de Justicia”. Cosme v. Hogar Crea, 159 DPR 1, 7 (2003). En el caso particular del Tribunal Supremo, la Constitución le otorga competencia en primera instancia sobre autos de “habeas corpus”y le reserva una “competencia en última instancia” sobre toda controversia judicial. Asimismo, la Ley de la Judicatura y las Reglas de Procedimiento Civil, entre otras leyes especiales, le confieren al Tribunal Supremo competencia sobre ciertos recursos y casos en nuestro ordenamiento legal.

Por eso reitero que aunque ciertamente la Asamblea Legislativa puede afectar la competencia legislativamente conferida a los distintos componentes del Tribunal General de Justicia, esta no tiene poder constitucional para limitar la jurisdicción del Tribunal General de Justicia, ni para afectar la “competencia en última instancia constitucionalmente reconocida al Tribunal Supremo de Puerto Rico”.

Concretamente, cuando se trata del Tribunal Supremo, el Art. V, Sec. 3 de la Constitución de Puerto Rico, supra, limita esa facultad de la Rama Legislativa. Ello, pues la Constitución expresamente dispone que el Tribunal Supremo es el Tribunal de última instancia en Puerto Rico. Consecuentemente, el Tribunal Supremo siempre tendrá la discreción de ejercer oportunamente su competencia final sobre cada caso que se presente en los Tribunales de Puerto Rico. Véase Voto particular del Juez Asociado Señor Estrella Martínez en Alvarado Pacheco y otros v. ELA, supra, págs. 651-653.

Ante ese cuadro, contamos con el mecanismo para atender cualquier asunto pendiente ante el Poder Judicial, al igual que, ya sea motu proprio o a solicitud de parte, el poder de traer inmediatamente ante nuestra consideración cualquier asunto ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones. Claro está, ese ejercicio de discreción debe ser utilizado en circunstancias que ameriten considerar cualquier cuestión novel de derecho o de alto interés público que incluya cualquier cuestión constitucional sustancial, la constitucionalidad de una ley, una resolución conjunta, una resolución concurrente, una una regla o un reglamento. Véanse: Brau, Linares v. ELA et als., 189 DPR 1068, 1073-1074 (2013); Alvarado Pacheco y otros v. ELA, supra.

H-1 HH 1-4

En el caso de autos, el hecho de que el tribunal de mayor jerarquía haya emitido un mandato sobre el asunto que estaba pendiente ante su consideración no puede ser un estorbo al poder de este Tribunal para hacer cumplir nuestro dictamen sobre una controversia que fue considerada mediante un recurso de certificación intrajurisdiccional. Por supuesto, ello tampoco debe conllevar la obligación automática de que atendamos cada solicitud de cumplimiento de cualquiera de los dictámenes emitidos por este Tribunal. La sana administración de la justicia así lo dicta. Esencialmente, porque no podemos olvidar que nada nos impide certificar cualquier asunto ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones en aquellos casos en los que se puedan menoscabar los derechos de las partes. Tal facultad responde a nuestra responsabilidad constitucional de impartir justicia mediante consideración oportuna de los reclamos de interés público, salvaguardar remedios justos y adecuados, y la política pública de fomentar el acceso a la justicia.

Tras evaluar el reclamo de los educadores, concibo que este se fundamenta en dos hechos incuestionables. El primero de ellos, la determinación de inconstitucionalidad del Art. 3.6 de la Ley Núm. 160-2013 para cierto grupo de maestros y maestras, y el segundo, la determinación del Tribunal de Apelaciones en cuanto a la nulidad de la Resolución 2014-001 de la Junta de Síndicos del SRM. Como consecuencia, sostienen que el requerimiento de pago del interés de 9.5% de la Junta de Síndicos del SRM contraviene las decisiones de ambos foros judiciales, por lo que solicitan que se les encuentre incurso en desacato.

Dadas estas circunstancias particulares y mediando un dictamen previo de este Tribunal considero que procedía, dentro de nuestro sistema unificado de justicia, remitir directamente el asunto al foro de primera instancia para los trámites correspondientes del proceso de desacato que solicita la parte peticionaria. De tal forma, facilitamos el acceso a los tribunales y el manejo del proceso garantizando la solución justa, rápida y económica de todo procedimiento. Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRAAp. V).

> H-1

De acuerdo con lo expuesto, hubiera remitido directamente el asunto al Tribunal de Primera Instancia para el trámite correspondiente y no declinar la petición de los educadores y educadoras de nuestro sistema de educación pública.

       Contrástese con lo sucedido en Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228 (2014), en donde expedimos el auto de certiorari y ordenamos la transferencia del caso de nuestra Secretaría a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones sin imponerle el pago de los $400 a la parte peticionaria. Ese proceder se debió a que en ese caso tuvimos la oportunidad de aclarar una confusión que existía con relación a las revisiones administrativas de casos pendientes ante la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos de Puerto Rico. La parte actuó según lo permitía la ley recién emendada, a diferencia de este caso. Aquí la ley no crea ninguna confusión.

       Véase Educadores /as por la Democracia y otros v. Sistema de Retiro para los Maestros de Puerto Rico, KLAN201401222.

       Previo a la aprobación de la Ley Núm. 160-2013, el interés que la Junta de Síndicos del SRM había determinado cobrar era de un 2%.