author: per curiam:

text:
      In re Jorge Gordon Menéndez, querellado.

      Número: CP-2008-09

      Resuelto: 6 de diciembre de 2011

      Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general; Sylvia Juarbe y Juan A. Ríos Vélez, abogados del querellado; Jorge Gordon Menéndez, pro se; Ygrí Rivera de Martínez, comisionada especial.
   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a acentuar las obligaciones que todos los miembros de la profesión jurí-dica deben a aquellas personas que representan legalmente. “ ‘Hacer honor a la confianza’ ... constituye, así, la piedra angular de los deberes que el abogado debe cumplir en su relación con un cliente. Pero, ¿confianza en qué? Surgen en-tonces los deberes implícitos en aquél: absoluta lealtad, hon-radez, diligencia y competencia profesional.” S. Steidel Figueroa, Etica y responsabilidad disciplinaria del abogado, Estados Unidos, Pubs. J.T.S., 2010, pág. 175.

i — I

El Ledo. Jorge Gordon Menéndez fue admitido al ejerci-cio de la abogacía el 18 de marzo de 1994. En sus diecisiete años de práctica en esta profesión ha sido objeto de dos suspensiones del ejercicio de la abogacía. Véanse: In re Gordon Menéndez I, 150 D.P.R. 119 (2000) (violación del Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; representó de forma negligente a sus clientes en un asunto que le fue encomendado); In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210 (2007) (violación del Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra; mientras estaba suspendido de la práctica de la profesión, actuó de manera tal que daba la impresión de estar ejerciendo la profesión).

Los hechos que dan origen a esta nueva queja surgen luego de que el Sr. Abraham P. Anhang presentara ante este Tribunal una querella contra el licenciado Gordon Me-néndez por violación al Canon 21 del Código de Ética Pro-fesional, supra. En síntesis, la queja se basó en la repre-sentación simultánea, en claro conflicto de intereses, que el querellado realizó de varias partes en controversia en el sonado caso del inversionista canadiense, Adam Joel An-hang Uster. Este fue brutalmente asesinado en la madru-gada del 23 de septiembre de 2003 en el Viejo San Juan. En dicho incidente también resultó herida la viuda del se-ñor Anhang, la Sra. Áurea Vázquez Rijos.

Según relató el señor Anhang en su querella, la señora Vázquez Rijos, quien estaba representada en ese entonces por el licenciado Gordon Menéndez, rehusó ser entrevis-tada en varias ocasiones por las autoridades con relación al asesinato de su esposo. Específicamente, el licenciado Gordon Menéndez recibió en más de una ocasión las citaciones que se le cursaron a la señora Vázquez Rijos para que tes-tificara sobre lo ocurrido y también presentó mociones para excusar su comparecencia a las citaciones efectuadas.

Mientras esto ocurría, el licenciado Gordon Menéndez también asumió la representación legal del joven Jonathan Román Rivera, acusado del asesinato del señor Anhang Uster. El licenciado Gordon Menéndez representó al señor Román Rivera durante su lectura de acusación y la Vista Preliminar. El señor Jonathan Román Rivera fue poste-riormente liberado tras estar varios meses encarcelado injustamente. Luego de recibir una confesión, un gran Ju-rado federal emitió acusaciones contra el señor Alex Pabón Colón y la señora Vázquez Rijos por conspirar para el ase-sinato del señor Anhang Uster. La señora Vázquez Rijos se encuentra en Italia y hasta el momento no ha podido ser extraditada. Al señor Pabón Colón se le encontró culpable en la esfera federal y actualmente cumple una condena por ese asesinato.

Además, el querellante relató que Marcia Vázquez Ri-jos, hermana de la viuda, compareció al Centro Metropoli-tano de Investigaciones y Denuncias de San Juan para ser entrevistada y allí fue representada por la Leda. Angélica Aponte Duchesne, una abogada empleada del licenciado Gordon Menéndez. Esta abogada atraviesa un procedi-miento disciplinario separado.

Por los mismos hechos, el Ministerio Público presentó una moción de descalificación ante el Tribunal de Primera Instancia en el caso Pueblo v. Jonathan Román Rivera, VP2005-6533-6534, el 24 de enero de 2006. Tras la cele-bración de una vista evidenciaría y la evaluación de los planteamientos presentados, el 2 de mayo de 2006 la Hon. Elizabeth Linares Santiago, juez superior del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, emitió una Resolu-ción en la que determinó que existía un claro conflicto de intereses en contravención al Canon 21 del Código de Etica Profesional y, en consecuencia, descalificó al licenciado Gordon Menéndez y a la licenciada Aponte Duchesne de la representación legal del señor Román Rivera.

Mientras se dilucidaba la moción de descalificación pre-sentada por el Ministerio Público en el foro de primera instancia, el Procurador General solicitó la paralización de los procedimientos de la queja presentada ante este Tribunal por el señor Anhang. Esto sería hasta que adviniera final y firme la resolución emitida por ese tribunal. Tras advenir final y firme la resolución del Tribunal de Primera Instancia, ordenamos al Procurador General que conti-nuara con los procedimientos de la queja presentada ante este Tribunal y emitiera el informe correspondiente.

En su informe, el Procurador General señaló que “[l]os hechos no controvertidos y demostrados en el proceso esta-blecen que el licenciado Gordon Menéndez representaba al mismo tiempo, y en relación a [sic] los mismos hechos, al acusado, a la viuda del occiso, quién presenció los hechos y fue herida en el acto, y a la hermana de la viuda”. Informe del Procurador General, pág. 7. Añadió que

[d]e los hechos incontrovertidos surge que desde el 24 de enero de 2006 fue planteado el posible conflicto de intereses en el que estaba incurriendo el licenciado Gordon en el caso de la muerte del señor Anhang (hijo). Aún sin necesidad de probar dicho conflicto lo cierto es que toda la situación creaba una apariencia de conducta impropia. ...
A la luz de los hechos expuestos, encontramos que el licen-ciado Gordon Menéndez pudo haber [sic] incurrió en violación de los Cánones 21 y 38 de Ética Profesional, por lo que respe-tuosamente recomendamos la continuación del procedimiento disciplinario que se presenta en este Informe. (Énfasis suprimido.) íd., pág. 8.

En su contestación, el querellado explicó que la única intervención de su oficina con la señora Vázquez Rijos fue para coordinarle una nueva entrevista con las autoridades dado el hecho de que ella se encontraba bajo tratamiento por las heridas sufridas el día del incidente. Adujo que como para la fecha de los incidentes la señora Vázquez Rijos no era objeto de denuncia ni acusación, ni era testigo de cargo o de defensa por el asesinato de su esposo, no hubo violación alguna de su parte a los cánones de ética profesional. En fin, concluyó el licenciado Gordon Menén-dez que la querella que presentó el señor Anhang era espe-culativa e instada por una persona sin legitimación activa, ya que no hubo reclamación por parte de su único cliente en ese momento, el señor Román Rivera.

Tras la evaluación del informe presentado, emitimos una Resolución en la que ordenamos al Procurador General que presentara una querella. Así lo hizo el 30 de abril de 2008.

En la querella, el Procurador General relató los hechos que dieron base a la presentación de la queja y a la moción de descalificación ante el Tribunal de Primera Instancia. A la luz de ello, formuló dos cargos contra el licenciado Gordon Menéndez por violación al Canon 21 y al Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. El primero de esos car-gos por representar al mismo tiempo al acusado, a la viuda del occiso y a la hermana de esta. El segundo es por incu-rrir en apariencia de conducta impropia que atentó con su deber de exaltación del honor y la dignidad de la profesión legal.

El querellado contestó la querella. Insistió en que no incurrió en ninguna violación de los Cánones 21 y 38 del Código de Etica Profesional, supra, y que

[e]l alegado conflicto lo tenían el Ministerio Público y el que-joso quienes desde un principio y de sus propias investigacio-nes surgía que el verdadero sospecho [so] de la muerte del se-ñor Anhang Uster lo era Alex Pabón Colón y no hicieron prácticamente nada para perseguirlo y encausarlo. Por el con-trario, ... permitieron que una persona inocente [señor Román Rivera] fuera encausada, procesada y convicta por delitos que no cometió. Contestación a querella, págs. 20-21.

Tras un análisis de la querella y de la contestación, nombramos a la Hon. Ygrí Rivera de Martínez como Comi-sionada Especial para que recibiera la prueba de las partes y rindiera el informe correspondiente. Posteriormente se celebraron varias vistas en las que se acordó que las partes presentarían sus alegaciones y enmiendas, así como las es-tipulaciones al respecto, sin la presentación de prueba testifical. El 8 de junio de 2011 la Comisionada rindió su informe. Las estipulaciones de las partes contenidas en ese informe fueron las siguientes:

1. El 23 de septiembre de 2005 el Sr. Adam Joel Anhang Uster fue objeto de una agresión que resultó en su muerte.

2. La Sra. Aurea Vázquez Rijos acompañaba al señor Anhang cuando ocurrieron los hechos que desembocaron en su muerte.

3. La señora Vázquez Rijos resultó también herida du-rante la ocurrencia de esos hechos.

4. El 5 de octubre de 2005 se le entregó una citación a la señora Vázquez Rijos para que asistiera al día siguiente a declarar sobre lo ocurrido el día de los hechos. Ella no asistió.

5. El 7 de octubre de 2005 se citó nuevamente a la Sra. Vázquez Rijos en su residencia para que compareciera a ser entrevistada el 11 de octubre de 2005. Mientras esta-ban los agentes del orden público en el lugar, se personó el licenciado Gordon Menéndez. Este recibió la citación y le adelantó a los agentes que era poco probable que la señora Vázquez Rijos compareciera a la citación debido a su con-dición de salud.

6. El 11 de octubre de 2005 el licenciado Gordon Menén-dez acudió al Centro de Investigaciones de San Juan para excusar la incomparecencia de la señora Vázquez Rijos, ya que todavía continuaba enferma y no se encontraba en con-diciones de comparecer.

7. El 11 de octubre de 2005 el licenciado Gordon Menén-dez recibió y firmó en calidad de testigo una citación diri-gida a la señora Vázquez Rijos para que compareciera a ser entrevistada el 14 de octubre de 2005.

8. El 14 de octubre de 2005 el licenciado Gordon Menén-dez envió vía facsímil una comunicación escrita, acompa-ñada de una certificación médica, en la que excusó la in-comparecencia de la señora Vázquez Rijos a la citación por encontrarse aún enferma.

9. El 12 de octubre de 2005 el licenciado Gordon Menén-dez compareció al Cuartel General y se identificó como abogado del señor Román Rivera. Este último se encon-traba detenido y era sospechoso de la muerte del señor Anhang Uster. Posteriormente, al señor Román Rivera lo denunciaron por ese asesinato.

10. Ese mismo día, el señor Román Rivera fue arrestado en el negocio de la señora Vázquez Rijos en presencia de la hermana de ésta, la Sra. Marcia Vázquez Rijos.

11. El 3 de octubre de 2005 se celebró la vista de causa probable para arresto en el caso contra el señor Román Rivera. El licenciado Gordon Menéndez compareció en re-presentación del imputado.

12. El 2 de noviembre de 2005 el Sr. Abraham P. Anhang presentó la queja que nos ocupa.

13. El 24 de enero de 2006 el Ministerio Público pre-sentó una moción de descalificación contra el licenciado Gordon Menéndez en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Jonathan Román Rivera, V.P. Núm. 05-6533-6534, que es-taba pendiente de Vista Preliminar.

14. Según surge del expediente del citado caso, el Minis-terio Público nunca incluyó a la Sra. Áurea Vázquez Rijos como testigo de cargo.

15. También surgía del expediente que el Ministerio Pú-blico no presentó ninguna denuncia, con relación a los he-chos del 23 de septiembre de 2005, en que la señora Váz-quez Rijos apareciera como parte perjudicada.

16. El proceso contra el señor Román Rivera continuó con otra representación legal y resultó culpable y convicto por la muerte del señor Anhang Uster. No obstante, el 8 de jimio de 2007 fue excarcelado al demostrarse que era ino-cente de los hechos que se le imputaban y, posteriormente, se ordenó el archivo y sobreseimiento de la causa criminal.

17. Las autoridades federales acusaron a Alex Pabón en la jurisdicción federal por la muerte del señor Anhang Uster. Eventualmente fue encontrado culpable y convicto.

Luego de la evaluación de la prueba estipulada por las partes, la Comisionada Especial entendió que la querella fue probada toda vez que el licenciado Gordon Menéndez incurrió en violación de los Cánones 21 y 38 del Código de Etica Profesional, supra. El 14 de septiembre de 2011 la representación legal del querellado presentó una réplica al Informe de la Comisionada Especial. Cabe señalar que su presentación se hizo pasado el término de veinte días —contados a partir de la notificación del Informe— que tienen las partes para ofrecer sus comentarios, objeciones y recomendaciones, según dispone la Regla 14 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. En síntesis, en la ré-plica se aduce que era incorrecto que se tomaran como he-chos probados los contenidos en la moción de solicitud de descalificación y en la resolución que se hizo al respecto, ello pues el quantum de prueba requerido para probar un hecho a los fines de la descalificación es diferente y menos exigente que el necesario para probar una querella. Nue-vamente, se reafirmó en que no incurrió en conflicto de interés alguno, ya que nunca formalizó una relación abo-gado-cliente con la señora Vázquez Rijos. Además, adujo que era incorrecto que la Comisionada Especial se refiriera a unas alegadas gestiones en favor de la Sra. Marcia Váz-quez Rijos cuando esos hechos no formaron parte de las estipulaciones de las partes y no fueron probadas para pro-pósitos de esta querella.

II

Canon 21

Como es sabido, el Canon 21 del Código de Etica Profesional, supra, trata sobre el tema de los intereses encontrados en la relación abogado-cliente. In re Báez Genoval, 175 D.P.R. 28, 35 (2008). Este canon, entre otras cosas, impone a los miembros de la profesión legal completa lealtad hacia sus clientes. In re Betancourt et al., 175 D.P.R. 827, 839 (2009). En vista de ello, todo abogado debe divulgar al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las partes y con terceras personas, y cualquier interés en la controversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra.

Entre otras cosas, esta norma persigue evitar que un abogado falte al deber de lealtad a su cliente y, por ende, “pueda poner en peligro el principio de confidencialidad que caracteriza la relación fiduciaria de abogado-cliente [,] y de esa forma menoscab[e] la imagen de la justicia y la confianza que el ciudadano tiene en el sistema”. In re Báez Genova!, supra, pág. 35, citando a In re Ortiz Martínez, 161 D.P.R. 572, 579 (2004). Esto ocurre cuando un abogado, en beneficio de un cliente, aboga por aquello a lo que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente. Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra.

Como correctamente explica el juez Sigfrido Steidel Figueroa en su obra reciente Etica y responsabilidad disci-plinaria del abogado:

Al formalizar una relación profesional con un cliente, un abogado se obliga a cumplir las prestaciones que la relación contractual genera. También se obliga a cumplir con los debe-res que el código de ética le impone, alguno de los cuales pue-den concebirse como prestaciones accesorias a la prestación principal pactada. Esos deberes no son exigibles sólo trente al cliente inmediato del abogado durante el tiempo que subsiste la relación contractual. Algunos son exigibles incluso luego de que el abogado cumple la gestión específica que el cliente le encomendó, pues no se proyectan exclusivamente en la diná-mica interna entre el abogado y su representado. También tie-nen implicaciones frente a otros clientes, tanto simultáneos como futuros. Steidel Figueroa, op. cit., pág. 173.

En el pasado, hemos delineado las tres instancias principales que los miembros de la profesión legal deben evitar, pues representan conflictos de intereses. In re Torres Viera, 170 D.P.R. 306, 311 (2007). La primera de ellas es la representación simultánea de clientes. Esto ocurre cuando en beneficio de un cliente, el letrado necesariamente tiene que defender aquello a lo cual debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones hacia otro cliente suyo. In re Báez Genoval, supra, pág. 36. Véase In re Torres Viera, supra, pág. 311.

El segundo de estos conflictos se configura cuando un abogado asume la representación sucesiva adversa de clientes. Es decir, cuando “un abogado acepta la representa-ción legal de una persona, cuyos intereses en el caso actual podrían ser conflictivos con los de un cliente pasado del abo-gado, y por lo tanto, éste se coloca en una posición de des-ventaja frente a aquél”. Steidel Figueroa, op. cit., pág. 133. En esos casos “se coloca a un primer cliente en una posición de desventaja frente a un segundo cliente, y por tal razón, en una situación de vulnerabilidad”. Id., pág. 134. El ejemplo clásico de estos conflictos ocurre cuando un “abogado que previamente representó un cliente, posterior-mente representa a un cliente adverso a éste en un asunto estrechamente vinculado al evento o situación que generó el pleito original”. Id.

Al enfrentarnos a una controversia sobre si un abogado incurrió en la representación sucesiva de intereses encontrados de clientes, es preciso analizar si existe

... una relación sustancial entre los asuntos que maneja el abogado con dos clientes actuales o entre los que manejó con un cliente pasado y los que maneja con un cliente actual. La relación sustancial requerida es mucho más que una mera co-incidencia de los sujetos involucrados o una mera coincidencia temática entre el asunto general de una representación actual y una pasada. (Énfasis en el original.) Steidel Figueroa, op. cit., pág. 136. Véanse, además: In re Báez Genoval, supra, pág. 37; In re Monge García, 173 D.P.R. 379, 384 (2008).

En fin, “[e]l cliente no tiene que probar una violación actual al principio de confidencialidad. Sólo se requiere una relación previa de abogado y cliente, y que tal representación resulte adversa y esté sustancialmente relacionada con la anterior.” In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778, 791-792 (1984).

Ahora bien,

... la inexistencia de una relación abogado-cliente dual no exime a un abogado de una imputación de conducta impropia. Sería impropio, por ejemplo, que un abogado cree falsas expectativas a un potencial cliente cuando sabe de antemano que está impedido de representarlo o asesorarlo. Su deber ético consiste, en tales casos, en ad-vertir a cualquier persona que busca su consejo legal que está impedido de asesorarlo o representarlo tan pronto ad-viene en conocimiento de que los intereses de algún cliente pasado o actual, son contrarios a los del potencial cliente. Steidel Figueroa, op. cit., págs. 136 — 137.

Sin embargo, para que se activen estas dos prohibiciones es necesaria la existencia de una relación abogado-cliente. In re Soto Cardona, 143 D.P.R. 50, 5556 (1997). No será defensa para el letrado decir que no utilizará las confidencias ofrecidas por su cliente o que este consintió a la representación conflictiva para que no se configure la violación ética. In re Báez Genoval, supra, págs. 36-37. Ello es así porque existe una presunción irrefutable de que un abogado que obtuvo información confidencial de un primer cliente utilizará esa información en beneficio del nuevo cliente que tiene intereses opuestos a los del cliente anterior. In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra, pág. 792.

El último escenario que preceptúa este canon como configurativo de un conflicto de intereses ocurre cuando un abogado asume la representación legal de un cliente a sabiendas de que su juicio profesional puede verse afectado por sus intereses personales. “Distinto a los primeros dos escenarios ... en este tercer escenario existe sólo una relación abogado-cliente que entra en conflicto con los intereses personales, familiares, económicos, profesionales, o de otra índole, del propio abogado.” Steidel Figueroa, op. cit, pág. 134. Por último, debemos recalcar que cualquier duda de índole ético-profesional que le surja al letrado, debe resolverla con rigurosidad contra sí mismo. In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra, pág. 785; In re Valentín González, 115 D.P.R. 68, 73 (1984).

Finalmente, cabe señalar que

[p]ara determinar la situación de posible conflicto de intere-ses, en cualquiera de las situaciones antes indicadas, es indispensable tener en mente que la prohibición del Canon 21 del Código de Etica Profesional, supra, requiere no sólo la existen-cia real del conflicto, sino que se extiende igualmente a con-flictos aparentemente existentes, pero que llevan consigo la semilla de un posible o potencial conflicto futuro. In re Ortiz Martínez, supra, pág. 581.

Canon 38

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, “preceptúa una máxima de suma importancia para el ordenamiento deontológico de la profesión legal”. In re Báez Genova!, supra, pág. 38. Específicamente, este canon enfatiza los valores principales que deben imperar en el ejercicio de la profesión legal: la dignidad y el honor.

Con relación a este canon, hemos dicho que “[l]a justicia debe ser inmaculada, tanto en su realidad interior como en la percepción externa.... Cuando la conducta que se le imputa a un abogado demuestra que no se conduce de forma digna y honorable, viola el citado Canon 38”. In re Pons Fontana, 182 D.P.R. 300, 310 (2011). Véanse: In re Pagán Pagán, 171 D.P.R. 975, 980 (2007); In re Roldán González, 113 D.P.R. 238, 243 (1982). Es por esto que todos los miembros de nuestra profesión deben estar en un ejercicio constante de introspección en que analicen si su conducta va acorde con la responsabilidad ética y moral que permea el ejercicio de la abogacía. “[L]os abogados son el espejo donde se refleja la imagen de la profesión. Por tal razón, estos deben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen.” In re Nieves Nieves, 181 D.P.R. 25, 45 (2011). Véanse: In re Pagán Pagán, supra, pág. 980; In re Cuyar Fernández, 163 D.P.R. 113, 117 (2004).

Por último, cabe señalar que en In re Torres Viera, supra, pág. 312, señalamos que cuando un abogado asume una representación simultánea adversa que implica un real o potencial conflicto de intereses entre dos de sus representaciones legales, dicho abogado incurre en [una] conducta violatoria de los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

III

Luego de un minucioso y detenido análisis del expe-diente ante nos, tenemos que concluir, sin lugar a dudas, que el licenciado Gordon Menéndez violó los Cánones 21 y 38 del Código de Etica Profesional al representar simultá-neamente al señor Román Rivera y a la señora Vázquez Rijos. Aunque el querellado aduce que nunca asumió la representación legal de la señora Vázquez Rijos, lo cierto es que al intervenir con las autoridades durante el proceso en que trataban de entrevistarla, dio la impresión de que sí lo hacía. Estamos convencidos de que, aunque no había un acuerdo escrito entre ellos, la conducta del querellado era en calidad de representante legal de la señora Vázquez Rijos.

Recordemos que desde el 7 de octubre de 2005 el licen-ciado Gordon Menéndez ya actuaba como representante legal de la señora Vázquez Rijos, pues ese día se dirigió al hogar de esta y recibió la citación que se le hizo. Incluso, le informó a las autoridades que la condición de salud de la señora Vázquez Rijos probablemente le imposibilitaría asistir a testificar. Posterior a esos hechos, el querellado se personó al Centro de Investigaciones de San Juan para excusar nuevamente a la señora Vázquez Rijos ya que aún se encontraba enferma. Nuevamente, el 11 de octubre de 2005 el licenciado Gordon Menéndez recibió y firmó en ca-lidad de testigo otra citación dirigida a la señora Vázquez Rijos. Como la señora Vázquez Rijos no pudo comparecer a esa última citación, el licenciado Gordon Menéndez envió vía facsímil una comunicación escrita, acompañada de una certificación médica, excusándola.

Así las cosas, a pesar de que sabía que había hecho to-das esas gestiones a favor de la señora Vázquez Rijos, el 12 de octubre de 2005 compareció al Cuartel General y se identificó como abogado del señor Román Rivera. No sólo estuvo con él durante ese proceso, sino que lo representó en la vista de causa probable para arresto.

Todo esto demuestra una violación clara al Canon 21 del Código de Etica Profesional, supra, pues es sabido que los intereses de las víctimas de unos actos delictivos común-mente se hallan encontrados con los intereses del impu-tado de esos actos. Evidentemente en este caso, los intere-ses de la señora Vázquez Rijos como víctima eran contrarios a los del señor Román Rivera, quien era el acu-sado en aquel entonces.

Independientemente de que el licenciado Gordon Me-néndez creyera que el señor Román Rivera no estaba invo-lucrado en el asesinato del señor Anhang Uster, y que en un acto de buena fe entendiera que tenía que intervenir para que no se encausara a un inocente, debió tener en mente que antes de que se le contactara para representar al señor Román Rivera, era ya intermediario entre la se-ñora Vázquez Rijos y las autoridades. Por ello, al servir anteriormente de enlace entre la señora Vázquez Rijos y las autoridades, y posteriormente asumir la representa-ción del señor Román Rivera, dio al menos la impresión de estar representándolos a todos a la vez. A igual conclusión llegó la Comisionada Especial, Hon. Ygrí Rivera de Martí-nez, al expresar que

[s]i bien es cierto que a base del conocimiento que tenía del caso y de todos los actores del mismo, el licenciado Gordon podía pensar que ante el confuso estado jurídico de la señora [A]urea Vázquez y teniendo por inocente al acusado, la reali-dad era diferente de la que se proyectaba, no existiendo desde su punto de vista posiciones antagónicas, no es menos cierto que esa concepción del licenciado Gordon no se sostenía sin caer en el conflicto potencial del interés y en la apariencia del conflicto de interés.
La realidad era que Jonathan Román estaba acusado de asesinar al esposo de [A]urea Vázquez Rijos, la viuda a quien el querellado estaba brindando si no una representación for-malmente establecida entre ellos, al menos lo que parecía una representación legal para todos los fines en la etapa investiga-tiva del caso. (Énfasis suplido.) Informe de la comisionada especial al honorable Tribunal Supremo, págs. 40-41.

Es decir, la creencia de la inocencia del señor Román Rivera no era razón para que asumiera la representación de todas las partes involucradas en el caso simultáneamente. Así, el abogado debió prever que con la representación an-tagónica que realizaba, ocasionaría un conflicto de intereses y, peor aún, trastocaría la confianza de todas las partes in-volucradas en el litigio. Actuó en claro menosprecio de lo que ordena el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Por todo lo anterior, concluimos que el licenciado Gordon Menéndez violó los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, al representar simultáneamente a la señora Vázquez Rijos y al señor Román Rivera. Su conducta violó los principios básicos de lealtad y fiducia que deben caracterizar la relación abogado-cliente.

IV

Nos resta ahora determinar la sanción que debemos imponer al querellado. Como es sabido, para determinar la sanción disciplinaria que debe imponerse a un abogado por conducta impropia es necesario considerar el historial previo del abogado. Es decir, se analizará si éste goza de buena reputación; la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; si fue realizada con ánimo de lucro, y cualquier otro factor pertinente a los hechos. In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 676-677 (2010). Véanse: In re Rodríguez Lugo, 175 D.P.R. 1023, 1032 (2009); In re Díaz Ortiz, 150 D.P.R. 418, 427 (2000).

En In re Ortiz Martínez, supra, pág. 587 dispusimos que el licenciado Ortiz Martínez violó los Cánones 21, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, al no informarle al Presidente y a la Directora Ejecutiva de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que, estando vigente el contrato con ese cuerpo legislativo, otorgó otro contrato de servicios profesionales con el Tribunal Examinador de Médicos, organismo sujeto a investiga-ción por esa comisión legislativa. Por esos hechos, suspen-dimos al licenciado Ortiz Martínez del ejercicio de la abogacía por el término de dos meses.

Por otra parte, en In re Torres Viera, supra, encontra-mos al querellado incurso en violación del Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, pues mientras ejercía funciones como asesor legal del Municipio de Juncos, pre-sentó una demanda contra terceros en representación de la parte demandada en un pleito civil, para traer como ter-cero demandado al mismo municipio que representaba. El licenciado Torres Viera aceptó que incurrió en una con-ducta violatoria del Canon 38 del Código de Ética Profesio-nal, supra, y tras tomar en consideración que esa era su primera falta en su carrera profesional, ordenamos su sus-pensión del ejercicio de la abogacía por el término de dos meses.

Recientemente resolvimos en In re Monge García, supra, que la conducta de la querellada, al representar si-multáneamente a dos clientes adversos con intereses en-contrados, vulneró las disposiciones de los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. No obstante lo anterior, en ese caso decidimos únicamente censurar a la li-cenciada Monge García, ya que esta no tuvo el ánimo de violar ninguna norma ética y gozaba de una buena reputa-ción en su comunidad, era su primera falta y estaba arre-pentida sinceramente. La querellada no cobró honorarios por sus servicios a los clientes afectados ni estos sufrieron daños materiales a causa de su actuación. Id., pág. 389.

Según relatáramos, esta es la tercera ocasión en que nos vemos obligados a intervenir con la conducta ética del li-cenciado Gordon Menéndez. Además, en todos sus escritos el querellado se ha reafirmado en que no incurrió en nin-guna violación ética y que el Ministerio Público tuvo la culpa porque encausó a un inocente a sabiendas de que no era el sospechoso principal del asesinato del señor Anhang Uster.

Considerado todo lo anterior, ordenamos la suspensión inmediata del Ledo. Jorge Gordon Menéndez de la práctica de la profesión por el término de seis meses.

El querellado tiene el deber de notificar a todos sus clien-tes su inhabilidad para continuar con su representación y deberá devolver a estos los expedientes de los casos pen-dientes, así como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Además, tiene el deber de informar oportuna-mente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Estas gestiones deberán certificarse a este Tribunal dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión per curiam y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no interviene.


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text:
      In re Nelson Ramos Hernández, querellado.

      Número: CP-2009-11

      Resuelto: 7 de diciembre de 2011

      Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general; José Manuel Ayala Cádiz, abogado del querellado; Nelson Ramos Hernández, pro se; Eliadís Orisini Zayas, comisionada especial.
   per curiam:

En el presente caso nos corresponde atender una querella ética contra un abogado por su incomparecen-cia a dos señalamientos ante el Tribunal de Primera Ins-tancia y por no presentar el informe de conferencia con antelación al juicio. Tales actuaciones conllevaron la deses-timación con perjuicio de la causa de su representada. Por los fundamentos que exponemos a continuación, suspende-mos inmediatamente al Ledo. Nelson Ramos Hernández de la práctica de la profesión por un término de tres meses.

I

El licenciado Ramos Hernández fue admitido al ejercicio de la abogacía el 4 de enero de 1994 y al de la notaría el 16 de septiembre de ese mismo año.

El 2 de julio de 2007 la Sra. Delfina Santiago Marrero presentó una queja contra el licenciado Ramos Hernández. Esta fiae juramentada el 5 de julio de 2007. En síntesis, la señora Santiago Marrero relató que contrató los servicios profesionales del abogado Ramos Hernández para que con-tinuara con su representación legal en un caso de daños y perjuicios. Adujo que durante el trámite de la causa de ac-ción, el letrado demostró falta de diligencia, interés y com-promiso en el asunto encomendado. Además, sostuvo que el licenciado Ramos Hernández no la mantuvo informada so-bre el trámite ante el Tribunal de Primera Instancia y, luego de múltiples gestiones, le informó cómo el tribunal percibía el caso y que renunciaría a su representación legal. La se-ñora Santiago Marrero señaló que las omisiones del abo-gado Ramos Hernández conllevaron que el 20 de abril de 2007 el foro primario emitiera una sentencia desestimando con perjuicio su causa de acción.

El licenciado Ramos Hernández respondió la queja de forma oportuna. El letrado adujo que mantuvo comunica-ción constante con la señora Santiago Marrero al punto que gestionó buscarle empleo y atendió otros asuntos por los cuales no devengó honorarios. Con respecto a la causa de acción presentada, y ante las advertencias del caso que hizo el Tribunal de Primera Instancia, conversó con su dienta sobre la situación y le advirtió de las consecuencias de continuar con un recurso frívolo. Según el licenciado Ramos Hernández, la señora Santiago Marrero aceptó que carecía de prueba para demostrar los supuestos daños, por lo que no tenía interés en continuar con el caso. A su vez, relató que explicó personalmente el derecho vigente y el requerimiento de prueba que solicitaba el tribunal.

A base de lo expuesto por las partes, la Oficina de la Procuradora General emitió su Informe el 3 de octubre de 2007. Posteriormente, instruimos al Procurador General a que presentara las querellas correspondientes. En resu-men, en la querella se alega que el abogado incumplió con el Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al no comparecer a los señalamientos del Tribunal de Primera Instancia sin excusar su incomparecencia. Se ex-pone que la conducta desplegada apunta a una falta de diligencia por parte del letrado en la defensa de los intere-ses de su cliente, lo que constituye una violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. De igual forma, en la querella se señala que el abogado Ramos Hernández violó el Canon 20 del Código de Ética Profesio-nal, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al no renunciar oportunamente al caso y presentar su renuncia luego de dictada la sentencia.

Mediante Resolución de 4 de marzo de 2010, designa-mos a la Hon. Eliadís Orsini Zayas, exjueza del Tribunal de Primera Instancia, como Comisionada Especial para que recibiera la prueba necesaria y rindiera un informe con sus determinaciones de hechos y recomendaciones. Luego de celebradas las vistas en su fondo ante la Comi-sionada Especial, ésta sometió su informe ante este Foro. En éste la Comisionada Especial concluyó que del expe-diente del trámite ante el Tribunal de Primera Instancia surge que el licenciado Ramos Hernández violó los Cáno-nes 12, 18 y 20 del Código de Ética Profesional, supra. La Comisionada Especial destacó que el testimonio de la se-ñora Santiago Marrero —relacionado con sus imputaciones de que no tenía comunicación con el querellado y otros as-pectos relacionados— es fundamentalmente mendaz. De igual forma, la Comisionada Especial enfatizó que la con-ducta de la representada y su falta de diligencia dificulta-ban su representación profesional.

A pesar de lo anterior, la Comisionada Especial deter-minó que el expediente judicial refleja un desempeño ne-gligente del abogado Ramos Hernández, demostrativo de las violaciones imputadas. Sin embargo, la Comisionada Especial concluyó que existían atenuantes, por lo que reco-mendó que el licenciado Ramos Hernández fuera amones-tado por la conducta desplegada. Los atenuantes a los que aludió la Comisionada Especial consisten en que el letrado era el tercer representante legal de la querellante y la se-ñora Santiago Marrero desplegó una conducta de falta de cooperación y diligencia en una causa de acción con muy poca o ninguna probabilidad de prevalecer.

Veamos en detalle los hechos en los que incurrió el le-trado Ramos Hernández que conllevan ejercer nuestra fa-cultad disciplinaria.

II

Las incidentes que dan lugar a la querella presentada tienen su origen cuando el 22 de mayo de 2006 el letrado Ramos Hernández compareció como el tercer represen-tante legal de la señora Santiago Marrero en el caso de daños y perjuicios, Delfina Santiago Marrero v. María Rosado Ruiz, Caso Civil Núm. J DP2004-0333, que fue pre-sentado el 29 de julio de 2004. El 15 de junio de 2006 el Tribunal de Primera Instancia aceptó la representación del abogado Ramos Hernández.

Al momento de asumir la representación legal, el caso estaba señalado para el 23 de mayo de 2006 a los fines de celebrar la Conferencia con Antelación a Juicio. El licen-ciado Ramos Hernández compareció en dicha fecha y solicitó tiempo adicional para examinar toda la documentación y alegaciones de la demanda, por lo que se reseñaló la Con-ferencia con Antelación a Juicio para el 16 de noviembre de 2006.

En la fecha pautada de 16 de noviembre de 2006 el li-cenciado Ramos Hernández compareció y presentó sus ex-cusas al foro primario en cuanto a las razones por las cua-les no se presentó el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio integrado. El Tribunal de Primera Ins-tancia pautó la conferencia para el 20 de febrero de 2007.

Conforme se desprende de la minuta de los procedi-mientos, el 20 de febrero de 2007 el letrado Ramos Hernán-dez no compareció ni se comunicó con el Tribunal de Pri-mera Instancia. Así las cosas, el foro primario impuso al licenciado una sanción económica de cien dólares. De igual forma, el Tribunal de Primera Instancia le advirtió que el incumplimiento de cualquier orden conllevaría la desesti-mación del pleito. Nuevamente, el Tribunal de Primera Instancia reseñaló la conferencia. La nueva fecha pautada lo fue el 19 de abril de 2007. El acta fue notificada al licen-ciado Ramos Hernández y a la señora Santiago Marrero.

Otra vez, el licenciado Ramos Hernández no compareció a la conferencia el 19 de abril de 2007 y tampoco presentó sus excusas. La parte demandada expresó que el abogado Ramos Hernández nunca se comunicó para rendir el co-rrespondiente informe de conferencia con antelación al jui-cio y solicitó la desestimación del caso. El Tribunal de Pri-mera Instancia declaró con lugar el petitorio. Como consecuencia, el foro primario emitió la sentencia el 20 de abril de 2007, en la que expuso el trámite que dio lugar a la desestimación. Específicamente, indicó que existía una falta de interés de la parte demandante en continuar con su reclamo. Con relación a ello, el foro primario aludió a las incomparecencias a los señalamientos, al incumplimiento de no presentar el correspondiente informe con antelación al juicio y de no pagar la sanción económica impuesta, y a la falta de excusas por sus incomparecencias; todas estas razones atribuidas al licenciado Ramos Hernández.

El 1 de mayo de 2007 el abogado Ramos Hernández soli-citó la reconsideración del dictamen y la renuncia de repre-sentación legal. El letrado expresó que orientó a la señora Santiago Marrero con relación al pleito, a la jurisprudencia relacionada y a la posible ausencia de daños vinculados directamente a las palabras de riñas. Además, manifestó que se habían producido discrepancias suficientes con su cliente que requerían su renuncia a la representación legal existente. El licenciado Ramos Hernández procedió al pago de la sanción económica impuesta y solicitó que se le conce-diera a la señora Santiago Marrero un tiempo razonable para contratar una nueva representación. Sin embargo, el letrado no expresó ni justificó las razones de sus incompare-cencias y de su incumplimiento con la preparación del in-forme ordenado por el Tribunal de Primera Instancia. La desestimación con perjuicio advino final y firme.

III

El Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, dis-pone:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protec-ción de los derechos sustanciales de su cliente.

Por otra parte, el Canon 18 del Código de Ética Profe-sional, supra, dispone, en lo pertinente, que:

Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable.

La clase togada está obligada a ser puntual en el trámite de las controversias y en el despliegue de toda diligencia necesaria ante el tribunal, independientemente de la etapa en que se encuentre el litigio. Véanse: In re Muñoz, Morell, 182 D.P.R. 739 (2011); In re Rodríguez Villalba, 160 D.P.R. 774, 779 (2003); In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70, 75-76 (2001); In re Pagán Hernández, 141 D.P.R. 113, 118 (1996). Como parte de sus funciones, los abogados deben asegurarse de que sus actuaciones fomenten la justa, rápida y económica solución de las controversias. In reAvilés Vega, 141 D.P.R. 627, 632 (1996). Resulta impropio y reprochable que un abogado asuma una representación profesional cuando es consciente de que no puede rendir una labor idónea o que no puede prepararse adecuadamente. In re Guadalupe, Colón, 155 D.P.R. 135, 153 (2001).

Si el abogado deja de comparecer sin justificación al-guna ante los tribunales, dilatando así los procedimientos y la causa de acción, viola el Canon 12, supra. In re Vilches López, 170 D.P.R. 793, 800 (2007); In re Soto Colón, 155 D.P.R. 623, 644 (2001). De igual forma, un patrón de: (1) falta de actuar de forma adecuada en el proceso judicial; (2) indiferencia a los requerimientos que ha hecho un tribunal, o (3) actuaciones negligentes que puedan conllevar, o en efecto resulten en, la desestimación o el archivo del caso, constituyen violaciones al citado Canon 18. In re Vilches López, supra, pág. 798; In re Rodríguez Villalba, supra, pág. 780. Por lo tanto, el representante de la clase togada que no comparece a los señalamientos de vista ante el tribunal de instancia, incumple con las órdenes emiti-das, no tramita adecuadamente el caso y viola los Cánones 12 y 18 del Código de Etica Profesional, supra. Véanse: In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 674 (2010); In re Grau Diaz, supra, págs. 77-78.

Por otra parte, el Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, regula la renuncia de representación legal al disponer lo siguiente:

Cuando el abogado haya comparecido ante un tribunal en representación de un cliente no puede ni debe renunciar la representación profesional de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente cuando exista una razón justificada e imprevista para ello.
Antes de renunciar [a] la representación de su cliente el abogado debe tomar aquellas medidas razonables que eviten perjuicio a los derechos de su cliente tales como notificar de ello al cliente; aconsejarle debidamente sobre la necesidad de una nueva representación legal cuando ello sea necesario; con-cederle tiempo para conseguir una nueva representación legal; aconsejarle sobre la fecha límite de cualquier término de ley que pueda afectar su causa de acción o para la radicación de cualquier escrito que le pueda favorecer; y el cumplimiento de cualquier otra disposición legal del tribunal al respecto, inclu-yendo la notificación al tribunal de la última dirección cono-cida de su representado.
Al ser efectiva la renuncia del abogado debe hacerle entrega del expediente y de todo documento relacionado con el caso y reembolsar inmediatamente cualquier cantidad adelantada que le haya sido pagada en honorarios por servicios que no se han prestado.

Cuando un cliente es negligente y no coopera con su abogado en la tramitación de su caso, el abogado debe re-nunciar la representación legal existente. No renunciar impide al letrado representar adecuadamente a su cliente y constituye un error de juicio y una violación al Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra. Véanse: In re Cruz Tollinche, 112 D.P.R. 699, 699-700 (1982); Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 451, 458-459 (1974). Claro está, la renuncia de la representación legal siempre está atada a obtener el permiso del tribunal y tomar aquellas medidas razonables para evitar el perjuicio de su representado.

IV

En el caso que nos ocupa, el querellado Ramos Hernán-dez violó los Cánones 12, 18 y 20 del Código de Ética Pro-fesional, supra. Un examen del expediente judicial del caso de daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera Instan-cia demuestra que desde que el licenciado Ramos Hernán-dez asumió y fue aceptada su representación legal, incum-plió con su deber de diligencia, lo que repercutió en dilaciones al trámite ante el foro primario y en su eventual desestimación con perjuicio.

Desde que el licenciado Ramos Hernández compareció el 23 de mayo de 2006 conocía la necesidad de presentar el informe de conferencia con antelación a juicio y que los procedimientos estaban pautados para celebrar la confe-rencia relacionada. Sin embargo, el 16 de noviembre de 2006 el abogado presentó sus excusas, por lo que se rese-ñalaron los procedimientos para el 20 de febrero de 2007. No obstante, el abogado Ramos Hernández no compareció, no se excusó y tampoco presentó el correspondiente informe. Tales actuaciones conllevaron sanciones económi-cas y la suspensión de los procedimientos, los que fueron señalados para el 19 de abril de 2007. Nuevamente, el le-trado no se presentó a los procedimientos ni se excusó por su incomparecencia. A esta fecha no había presentado el informe de conferencia con antelación al juicio ni había pagado la sanción económica impuesta por el Tribunal de Primera Instancia. Su actitud conllevó la desestimación con perjuicio de la causa de acción de su representada. Luego de ello, el querellado presentó su renuncia ante el foro primario.

Durante el proceso disciplinario, el licenciado Ramos Hernández no justificó sus incomparecencias ante el foro primario y, mucho menos, el incumplimiento al no rendir el informe ordenado. El licenciado Ramos Hernández en nin-gún momento informó al Tribunal de Primera Instancia sus alegaciones de que su representada no tenía interés en proseguir con su caso. Sus argumentos durante el trámite de la querella se limitaron a establecer la falta de coopera-ción de su representada y la poca probabilidad de los mé-ritos de la causa de acción.

Las actuaciones y omisiones antes relatadas reflejan in-discutiblemente que el licenciado Ramos Hernández violó los Cánones 12, 18 y 20 del Código de Ética Profesional, supra, al no actuar diligentemente, retrasar los procedi-mientos, incumplir con las órdenes del tribunal y no com-parecer a los señalamientos, lo cual culminó en la desesti-mación con perjuicio de la demanda presentada por la señora Santiago Marrero. Todas estas situaciones son atri-buidas exclusivamente al abogado y no a su representada; tampoco responden a los méritos de la causa de acción.

V

Una vez determinado que el querellado incurrió en una conducta prohibida por el Código de Ética Profesional, nos corresponde imponer la sanción adecuada. Para ello, recordamos que este Tribunal no está obligado a aceptar la recomendación del informe de la Comisionada Especial, ya que podemos adoptarlo, modificarlo o rechazarlo, aunque de ordinario sostenemos sus conclusiones de hecho, salvo que se demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210, 217 (2007). Al momento de estimar la sanción disciplinaria a un abogado por conducta impropia, debemos considerar el historial previo del abogado, si goza de buena reputación, la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento, si la falta fue realizada con ánimo de lucro, y cualquier otro factor pertinente a los hechos. In re Amill Acosta, 181 D.P.R. 934 (2011); In re Rodríguez Lugo, 175 D.P.R. 1023 (2009).

Del expediente del licenciado Ramos Hernández surge que ésta es la primera querella presentada en su contra. Únicamente surge que el Colegio de Abogados informó en el 2006 que el letrado tenía al descubierto el pago de la fianza notarial. Sin embargo, el Colegio de Abogados in-formó posteriormente que el licenciado Ramos Hernández pagó la fianza. Cónsono con ello, este Tribunal archivó el asunto y apercibió al letrado de que en el futuro debía cum-plir estrictamente con la ley y que su incumplimiento po-dría dar lugar a medidas disciplinarias. Asimismo, el abo-gado goza de una buena reputación. Aunque ciertamente el togado no fue el primer representante legal de la señora Santiago Marrero y ésta dificultó su representación legal, no podemos abstraemos de que los hechos que dan lugar a las violaciones éticas son atribuidos exclusivamente a las actuaciones del letrado. El abogado no justificó sus incom-parecencias ante el foro primario, a no pagar la sanción económica impuesta dentro del término ordenado y a no presentar el informe de conferencia con antelación a juicio.

En vista de lo anterior, ordenamos la suspensión inme-diata del Ledo. Nelson Ramos Hernández de la práctica de la profesión por un término de tres meses. El querellado tiene el deber de notificar a todos sus clientes su inhabili-dad para continuar con su representación y deberá devol-verles los expedientes de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Además, tiene el deber de informar oportunamente su suspensión a los foros judiciales y administrativos pertinentes. Estas gestiones deberán certificarse a este Tribunal dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta decisión. Además, se ordena al Alguacil General de este Tribunal que se incaute de la obra notarial del licenciado Ramos Hernández. Notifíquese personalmente esta Opi-nión per curiam al Ledo. Nelson Ramos Hernández por la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco amonestaría enérgicamente al abogado Nelson Ramos Hernández por haber violado las disposiciones que rigen nuestra profesión y le apercibiría de que cualquier inobservancia futura es-tará sujeta a medidas disciplinarias más severas. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta se unió a las expresiones de la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.


text:
      In re Rafael A. Asencio Márquez.

      Número: TS-12,122

      Resuelto: 8 de diciembre de 2011

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías; Rafael A. Asencio Márquez, pro se.

   per curiam:

Una vez más nos vemos en la obligación de imponer acciones disciplinarias a un miembro de la profe-sión por su incumplimiento reiterado con las órdenes de este Tribunal.

Por las razones que expondremos a continuación, orde-namos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Rafael A. Asencio Márquez del ejercicio de la abogacía.

I

El licenciado Asencio Márquez fue admitido al ejercicio de la abogacía el 21 de enero de 1998 y al de la notaría el 2 de diciembre del mismo año.

El 26 de agosto de 2009 el letrado fue suspendido del ejercicio de la abogacía y la notaría por no comparecer ante este Tribunal ni satisfacer su deuda por concepto de fianza notarial. Véase In re Asencio Márquez, 176 D.P.R. 598 (2009). Posteriormente, el 8 de octubre de 2009 este Tribunal reinstaló al licenciado Asencio Márquez al ejercicio de la abogacía y se le apercibió de que en el futuro debía cum-plir con las órdenes de este Tribunal y satisfacer a tiempo el importe de su fianza notarial. No obstante, en cuanto a la solicitud que el togado hiciera para ser reinstalado a la práctica de la notaría, ordenamos a la directora de la Ofi-cina de Inspección de Notarías (O.D.I.N.) que informara el estado de la obra notarial incautada. Véase In re Asencio Márquez, 177 D.P.R. 60 (2009).

En cumplimiento con lo ordenado, O.D.I.N. presentó el 30 de octubre de 2009 su Informe sobre estado de obra incautada, indicando un sinnúmero de deficiencias en la obra notarial del licenciado Asencio Márquez. Entre las in-suficiencias señaladas se encuentran la falta de encuader-nación de Protocolos para el 2003 al 2009; la omisión del índice del Protocolo, nota de cierre, foliación, firma, signo, rúbrica y sello de notario, nota de saca, sellos de Rentas Internas, sello de Impuesto Notarial, sello de la Sociedad para Asistencia Legal y la estampilla de Asistencia Legal en el Registro de Testimonios. Además, se indicó que exis-ten espacios y páginas completas en blanco con las inicia-les de los otorgantes, instrumentos públicos desaparecidos y que se adeuda múltiples índices notariales.

Ante el referido informe, el 3 de noviembre de 2009 este Tribunal emitió una resolución ordenando al licenciado Asencio Márquez que corrigiera, en el término de 30 días, las deficiencias informadas por O.D.I.N.

El letrado solicitó unas prórrogas para cumplir con lo ordenado el 3 de diciembre de 2009, el 29 de enero de 2010, el 28 de mayo de 2010, el 2 de julio de 2010, el 16 de sep-tiembre de 2010 y el 11 de enero de 2011. Al así hacerlo, en síntesis, expuso que no ha sido su intención incumplir con lo ordenado, pero que su condición de salud y escasos re-cursos económicos le han impedido corregir el restante de las deficiencias.

En todas las ocasiones mencionadas, este Tribunal con-cedió la oportunidad al licenciado Asencio Márquez para cumplir con lo ordenado desde el 2009 y subsanar su obra notarial. Ello se desprende de nuestras Resoluciones del 15 de enero de 2010, 21 de mayo de 2010, 9 de julio de 2010 y

29 de octubre de 2010. Advertimos al letrado que debía efectuar las correcciones y cumplir con los señalamientos de O.D.I.N. Además, le apercibimos que su incumplimiento podría llevar serias sanciones disciplinarias, incluyendo la suspensión indefinida de la profesión.

A pesar de nuestras múltiples órdenes y de algunas ges-tiones del licenciado Asencio Márquez, subsisten una gran cantidad de las deficiencias en su obra notarial según fuera informado por O.D.I.N. el 30 de abril de 2010 y del 5 de octubre de 2010.

Así las cosas, este Tribunal emitió una resolución el 4 de febrero de 2011 concediendo al togado un término final de 30 días para subsanar las faltas notariales.

Por su parte, el 11 de febrero de 2011, O.D.I.N. informó a esta Curia el cumplimiento con la subsanación de ciertas deficiencias y la cancelación de parte de los aranceles adeudados. Asimismo, señaló que el letrado no ha compa-recido para cumplir con la orden de este Tribunal a pesar de las múltiples gestiones a tales efectos. Tampoco ha in-formado las diligencias que haya realizado o que se en-cuentra realizando para corregir la obra notarial.

Ante este cuadro fáctico, emitimos el 15 de abril de 2011 una Resolución en la que ordenamos al licenciado Asencio Márquez que cumpliera de inmediato con los requerimien-tos de O.D.I.N. Ésta fue notificada personalmente al letrado. Además, le ordenamos mostrar causa en el tér-mino de 20 días por la cual no debíamos suspenderlo de manera inmediata por sus omisiones. Apercibimos al abo-gado que incumplir con lo ordenado conllevaría la suspen-sión inmediata de la profesión. A pesar de ello, el 11 de mayo de 2011 O.D.I.N. informó el incumplimiento del li-cenciado Asencio Márquez con lo ordenado.

En exceso de los términos concedidos, el 6 de junio de 2011 el letrado comparece y, otra vez, solicita excusas a este Tribunal por su dilación. Nuevamente, aduce al que-brantamiento de salud de su esposa y al suyo propio en un intento de justificar su desobediencia. No obstante, no ex-plicó por qué no informó previamente sobre dichas situaciones.

A pesar de la desidia demostrada, este Tribunal el 24 de junio de 2011 concedió una nueva oportunidad al licen-ciado Asencio Márquez para que en diez días informara el resultado de las gestiones realizadas y subsanara las faltas notariales. Esta orden fue notificada al licenciado a través de la Oficina de Alguaciles. En esta ocasión, le advertimos que no se concederían prórrogas y que la persistencia de las deficiencias sin subsanarse conllevaría la separación inmediata de la profesión.

O.D.I.N. compareció ante este Tribunal el 11 de agosto de 2011 para informar que a esa fecha el licenciado Asencio Márquez no había cumplido con lo ordenado ni se había comunicado. Examinado el expediente, surge que el togado ha incumplido con lo ordenado.

II

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, requiere que todo abogado observe una conducta de respeto y diligencia hacia los tribunales. Es la obligación de todo letrado responder diligente y oportunamente a los requerimientos y las órdenes de este Tribunal, particularmente aquellos relacionados con los procedimientos disciplinarios sobre su conducta profesional. In re Fidalgo Córdova, 183 D.P.R. 217, 222 (2011); In re Fontán La Fontaine, 182 D.P.R. 934 (2011); In re García Incera, 177 D.P.R. 329 (2009). El incumplimiento con nuestras órdenes y la indiferencia a nuestros apercibimientos sobre sanciones disciplinarias constituyen causas suficien-tes para la suspensión inmediata de los abogados. In re Toro Soto, 181 D.P.R. 654 (2011); In re Martínez Sotomayor I, 181 D.P.R. 1 (2011); In re Tió Fernández, 178 D.P.R. 681, 682-683 (2010); In re López de Victoria Brás, 177 D.P.R. 888, 891 (2010). Reiteradamente, este Tribunal ha sido en-fático al indicar que desatender nuestros dictámenes cons-tituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales y una infracción al Canon 9. In re Bonilla Montalvo, 183 D.P.R. Ap. (2011); In re Fidalgo Córdova, supra; In re Fon-tanéz Fontanéz, 181 D.P.R. 407 (2011); In re García Incera, supra.

Constantemente encaramos situaciones en las cuales un sinnúmero de abogados incumplen con las órdenes de este Tribunal y de los organismos a los cuales encomendamos la tarea de investigar las posibles violaciones a las normas que rigen nuestra profesión. Ante esta situación hemos afirmado que ningún notario puede asumir una actitud pasiva y descansar en que O.D.I.N. lo contactará para verificar si se corrigen adecuadamente las deficiencias señaladas. Apartarse de cumplir con los deberes que imponen la ley y el ordenamiento ético constituye una conducta que acarrea sanción disciplinaria. In re Arroyo Rivera, 182 D.P.R. 732 (2011).

Este Tribunal no flaqueará en suspender a los togados que demuestren un reiterado incumplimiento con los términos finales y perentorios impuestos para cumplir con nuestras órdenes. El hecho de que esta Curia esté en disposición de conceder prórrogas para lograr el cumplimiento con nuestras órdenes, en aras de corregir deficiencias al ejercicio de la profesión legal, no impide nuestra función disciplinaria. Tampoco exonera al letrado de las consecuencias de las violaciones éticas en que incurra ante nuestro Foro. Bajo ningún concepto este Tribunal está vedado de auscultar si procede la suspensión de un miembro de nuestra profesión ante un trámite que demuestra un cúmulo de acciones dirigidas a dilatar y entorpecer los procedimientos en contravención al Canon 9, supra.

Ill

En el caso que nos ocupa, el licenciado Asencio Márquez debía subsanar las deficiencias de su obra notarial infor-madas por O.D.I.N., según le fuera ordenado mediante la Resolución de 3 de noviembre de 2009.

El licenciado Asencio Márquez compareció en múltiples ocasiones para solicitar una prórroga y cumplir con lo ordenado. Este Tribunal concedió las prórrogas solicitadas, advirtiendo al letrado que su incumplimiento no sería óbice para imponerle sanciones disciplinarias, que inclui-rían su suspensión del ejercicio de la abogacía. Sin embargo, y en claro detrimento a nuestras directrices, el li-cenciado Asencio Márquez incumplió con los términos dispuestos en nuestras órdenes.

El cúmulo de mociones presentadas por el licenciado Asencio Márquez demuestra la dejadez y una actitud indi-ferente para cumplir con nuestros requerimientos y los de O.D.I.N. Este Tribunal concedió al letrado siete oportuni-dades y dos años para corregir su obra notarial. Aún hoy no ha subsanado las deficiencias señaladas y tampoco ha in-formado las gestiones realizadas para subsanarlas. Ello a pesar de que le hemos advertido que su inobservancia con-llevaría la separación inmediata de la profesión.

Los hechos antes relatados reflejan una falta de diligen-cia inexcusable y un alto grado de indiferencia ante este Tribunal. No podemos justificar esta actitud contumaz. La conducta del licenciado Asencio Márquez es reflejo de su falta de interés e imposibilidad de ejercer la profesión de la abogacía.

Por todo ello, ordenamos la suspensión inmediata e in-definida del Ledo. Rafael A. Asencio Márquez de la práctica de la abogacía. Este deberá notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar con su representación y deberá devolverles los expedientes de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Además, tiene el deber de informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Estas gestiones deberán certificarse a este Tribunal dentro del tér-mino de treinta días a partir de la notificación de esta Opi-nión per curiam y Sentencia.

Nada de lo aquí dispuesto releva al licenciado Asencio Márquez de subsanar su obra notarial según le fuera orde-nado desde el 3 de noviembre de 2009.

La Oficina del Alguacil de este Tribunal notificará per-sonalmente esta Opinión per curiam al Ledo. Rafael A. Asencio Márquez.

Se dictará Sentencia de conformidad.

         La Resolución de 21 de mayo de 2010 se notificó personalmente al licenciado Asencio Márquez y se le concedía un término final de 20 días para subsanar la obra notarial. Asimismo, la Resolución de 9 de julio de 2010 advertía al letrado que debía cumplir con lo ordenado en un término final y perentorio de 60 días.