author: El Juez; Asociado Se. Aldhey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Juliá et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por delito de conspiración.
    No. 1111.
    Resuelto en mayo 21, 1917.

    Jueces de Distrito — Facultades del Gobernador para Ordenar que un Juez de Distrito Ocupe el Puesto de Otro — Enfermedad—Licencia.—La faeul- . tad concedida al Gobernador por la ley de 10 de marzo de 1904 dictada para, reorganizar el sistema judicial para que cuando el servicio público lo exigiere pueda ordenar a un juez de distrito que ocupe el puesto de otro, que se halle temporalmente impedido, no está limitada al caso de impedimento legal sino que se refiere también a los de enfermedad, licencia o cualquiera otra causa que le impida conocer del asunto.
    Ib. Traslado de Jueces — Juramento del Juez Nombrado. — Un juez de dis-trito no deja de ser tal juez por tener licencia para ausentarse de su cargo durante determinados días, y puede, por tanto, válidamente, tomar juramento al juez que lia de sustituirle, quien hasta que lo presta no es legalmente juez de la corte.
    CoNspiraoión — Confabulación para Admitir a Exámenes y Expedir Títulos a Personas Incapaces — Junta Examinadora de Aspirantes a Farmacéu-ticos-Actos Perjudiciales a la Salud Pública — Pervertir la Debida Administración de las Leyes — Acusación Suficiente. — En este caso la acu-sación imputa a los acusados que, siendo miembros de la Junta Examinadora de Aspirantes a Farmacéuticos, se combinaron y pusieron de acuerdo para aprobar los exámenes de determinados aspirantes a farmacéuticos que no tenían capacidad legal para ser matriculados y admitidos a exámenes y a los que les facilitaron las contestaciones que habían de dar a las preguntas que tenían que contestar para obtener el título de farmacéuticos, en la inte-ligencia de que las copias de tales contestaciones serían devueltas para cali-ficarlas y obtener de los demás miembros de la Junta Examinadora que tam-bién calificaran como buenos tales exámenes para de esa manera otorgarles el título y licencia para el ejercicio de la profesión de farmacia en esta isla, actos que son perjudiciales a la salud pública y encaminados a pervertir la debida administración de las leyes otorgando títulos de farmacéuticos a per-sonas incapaces y desconocedoras de su profesión. Se resolvió: Que el ob-'jeto de la conspiración era otorgar corruptamente títulos de farmacéuticos a personas incapaces y que de acuerdo con los artículos 62 y 63 del Código Penal y 246 del de Enjuiciamiento Criminal, la acusación es suficiente, no siendo necesario que en ella se alegue que los acusados realizaron el acto de aprobar los exámenes, porque según la ley, basta con alegar algún acto ten-dente a la realización del objeto de la conspiración.
    Id. — Consecuencias Naturales de los Actos' del Acusado — Intención.—Es doctrina constante de la ley y de la jurisprudencia que toda persona intenta las consecuencias naturales de sus actos, por lo que, por dedicarse intencio-nalmente a una conspiración que necesaria y directamente produce el resul-tado que el estatuto quiso impedir está, en el sentido legal, acusado de haber intentado el resultado.
    Id. — Prueba Circunstancial — Inferencias o Deducciones — Reunión de los ' Acusados para Concertar los Mejhos o Poner en Práctica el Propósito Común. — Existe fuerte prueba circunstancial demostrativa de que los acusa-dos estaban combinados para admitir a exámenes a personas incapaces para ello y para expedir títulos a personas desconocedoras de la profesión de far-macia, facilitándoles las contestaciones porque no conocían las asignaturas requeridas por la ley y que a ese fin unos ejecutaban unos actos y otros de los conspiradores otros, lo que es bastante para llegar a la conclusión de que existía entre ellos una conspiración con el fin indicado, que es contrario a - ' la salud pública y a la debida administración de las leyes, ya que no es necesario probar la conspiración misma porque por lo general sería imposible presentar dicha prueba por evidencia directa dada la reserva con que se adop- • tan esos planes. Generalmente la prueba consiste en inferencias o deduc-ciones derivadas de*los hechos realizados, siendo bastante cuando uno eje-outa parte del plan de la combinación y el otro otra parte del mismo para ejecutarlo enteramente, aun cuando jamás se reunieran para concertar los medios o para poner en práctica el propósito común.
    Id.- — Incongruencia Entre la Acusación y la Prueba — -Móvil Particular de la Conspiración. — No existe variación alguna entre la acusación y la prueba de este caso, porque si bien se probaron distintos actos de pedir dinero por los acusados para aprobar los exámenes de los aspirantes y admitirlos sin tener condiciones para ello, ésta era la manera de probar los actos que ten-dían a la ejecución del delito que se les imputó en la acusación. El móvil particular de la conspiración no era importante, pues pudo probarse cualquier otro que no fuera la especulación por dinero, con tal que se probara que había alguno por el cual estaban combinados los acusados para realizar actos contrarios a la debida administración de las leyes o perjudiciales a la salud pública.
    Id. — Agentes del Gobierno — Defensa.—No constituye defensa que un agente del gobierno haya fingido prestar su consentimiento facilitando los medios para la comisión de un delito, cuando no se trata de probar dicho delito sino que existía un plan general para la comisión de actos delictivos.
    Pruebas — Orden en su Presentación — Discreción Judicial. — El juez tiene fa-cultad discrecional en el orden de la presentación de la prueba, por lo que no existe perjuicio para un acusado en que se admita la declaración de un testigo antes que la de otro.
    Id. — Prueba Documental — Testigos.—No sufre perjuicio alguno un acusado con la presentación y admisión como prueba de un documento, cuando loá hechos en él expresados son también declarados por testigos.
    Id. — Prueba de Referencia — Error Insuficiente. — La admisión por el juez de prueba de referencia, cuando el juicio se celebra ante el tribunal de derecho, manifestando quo le daría el valor que en derecho tuviera, no constituye un error que sirva de base para revocar la sentencia.
    Abogados de los apelantes: Sres. J. Henri Brown y Manuel F. Bossy.

    Abogados del apelado: AIres. Earle T. Fiddler, Attorney General Auxiliar, Salvador Mestre, Fiscal del Supremo y Luis Campillo, Fiscal del Distrito.

       En julio 3, 1917, se denegó reconsideración solicitada por Clemente Ramírez do Are-llano y se declaró no haber lugar a conceder un auto de error pedido por José Calderón Aponte.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez; Asociado Se. Aldhey,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes Pedro Julia, Clemente Ramírez y José Cal-derón Aponte fueron acusados, en unión de otras personas, del delito de conspiración, ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a. Las tres personas nombradas fueron de-claradas culpable de dicho delito y las demás absueltas y contra tal sentencia interpusieron aquéllas este recurso de apelación, en el que no lia comparecido el apelante Jnliá; Cal-derón Aponte no presentó en tiempo alegato consignando los errores que a sn juicio den lugar a la revocación de la sen-tencia, pero sn abogado asistió a la vista de esta apelación e hizo oralmente sns alegaciones, y el otro apelante Clemente Ramírez de Arellano presentó sn alegato escrito consignando enatro motivos de error para la revocación de la sentencia dictada contra él, y sn abogado concurrió también a la vista que tuvo lugar on esta Corte Suprema.,

La acusación que el Fiscal presentó contra los apelan-tes alega que ellos en unión de otras personas cuyos nombres no es necesario consignar ahora, cometieron un delito de cons-piración porque allá por los meses de septiembre de 1914 y febrero de 1915, en ocasión de ser los tres apelantes miem-bros de la Junta de Farmacia de esta isla y como tales miem-bros de la Junta Examinadora de Aspirantes a Farmacéuticos para cuyos cargos fueron legalmente nombrados, en el dis-trito judicial de San Juan, de una manera ilegal, volunta-ria y maliciosa so combinaron, conspiraron y pusieron de' acuerdo para aprobar los exámenes de los aspirantes a far-macéuticos Francisco Carmona Rivera, Eduardo Platet, Je-sús María López Molina, Manuel Colón Bonilla, José Luis Weiwar, Armando Font Rodríguez, Eduardo Badó, Juana Albandoz, Eleuteria Colón y Santiago Rodríguez, cuyos exá-menes debían celebrarse y se celebraron en esta ciudad de San Juan en el mes de enero de 1915, individuos que no te-nían capacidad legal para ser matriculados y admitidos a exámenes y a los que les facilitaron las contestaciones a las preguntas correspondientes a cada una y todas de las asig-naturas que determina la ley deben ser objeto de los exáme-nes y que fueron objeto de los mismos, y los cuales debían aprobar a fin'de obtener el título de farmacéuticos, en la inteligencia de que dichos examinandos copiarían tales con-testaciones que contestaban las preguntas que iban a ser ob-jeto de los exámenes y una vez copiadas les devolverían las copias que de ellas hicieran para calificarlas y obtener que los demás miembros ele la Junta Examinadora calificasen como buenos- dichos exámenes de ese modo copiados, para de esa manera ilegal, corrupta y maliciosa otorgarles el título y licencia para el ejercicio de la profesión de farmacéuticos en esta isla, cuyas contestaciones les fueron devueltas a los referidos acusados juntas con las copias que de ellas fueron hechas por los citados examinandos presentados a exámenes, actos que son perjudiciales a la salud pública, encaminados a pervertir u obstruir la justicia o la debida administración de las leyes, otorgando títulos y licencias para el ejercicio de la profesión de farmacia en Puerto Eico a personas inca-paces y desconocedoras de su profesión.

Como uno de los motivos en que el apelante Clemente Eamírez basa su récurso para pedirnos la revocación de la sentencia apelada es que el Sr. Sepúlveda que conoció' del caso no tenía facultad para actuar, como juez en el juicio de esto caso, nos parece conveniente considerar en primer tér-mino esta cuestión.

El delito imputado es menos grave por la naturaleza de la pena que apareja y por tanto no conoció de él un jurado sino el juez de la Corte de Distrito de San Juan. El juicio comenzó el 24 de junio de 1915 y terminó por sentencia dos días después, conociendo de él el Sr. Sepúlveda, Juez de la Corte de Distrito de Ponce, en virtud del nombramiento que recibió del Hon. (xobernador de esta isla para que conociese de todos los asuntos de las Secciones Primera y Segunda de la Corte de Distrito de San Juan durante el período de tiempo comprendido desde el 22 al 26'de junio de 1915. En dicho nombramiento se hizo constar como fundamento para hacerlo que el juez de la Sección Primera estaba ausente con licen-cia en los Estados Unidos y que al juez de la Sección Segunda se le había concedido una licencia para ausentarse desde el 22 al 26 de junio 1915. En virtud de este nombramiento el Juez de Distrito de Ponce, Sr. Sepúlveda, prestó juramento como Juez del Distrito de San Juan el día 22 ante el juez de la Sección Segunda, Don Jesús María Eossy.

El primer motivo que tiene el apelante Ramírez para sostener que el Juez Sr. Sepulveda no tiene facultad para actuar como juez en este asunto es que, de acuerdo con la sección segunda de la ley de 10 de marzo de 1904 dictada para reorganizar el sistema judicial, el Gobernador sólo puede or-denar que un juez de distrito desempeñe los deberes de otro juez de distrito cuando el último esté temporalmente impe-dido (disqualified), tomando el apelante esta palabra en el sentido de incapacidad por algún motivo legal para desem-peñar sus funciones, pero que esta incapacidad no comprende el motivo de ausencia.

Esa sección de la ley da facultad al Gobernador de esta Isla para que cuando el servicio público lo exigiere, pueda ordenar a un juez de distrito que ocupe el puesto 'de cual-quiera de los jueces de distrito nombrados regularmente y que se bailen temporalmente impedidos (disqualified) ya por enfermedad o por cualquier otra causa. Su lectura demues-tra claramente que la facultad que concede al Gobernador no es sólo por bacer nombramientos cuando el propietario esté impedido (disqualified) en el sentido legal de esta pa-labra, o sea cuando no pueda legalmente conocer del asunto, sino que se refiere también a impedimentos por enfermedad o por cualquiera otra causa. Es- más amplia que el signifi-cado que quiere darle el apelante y comprende no sólo los casos de enfermedad y de impedimento legal sino cualquiera otra que le impida conocer del asunto,' y como en este caso el juez regularmente nombrado Señor Rossy tenía licencia para ausentarse de la corte, tenía facultad el Gobernador para bacer el nombramiento de otro juez de distrito que le reemplazase durante el tiempo que durase su licencia, en bien del servicio público, por lo que no podemos declarar que existe el error que se atribuye por el apelante.

También sostiene el apelante que pudiera dudarse de si' el juramentó que prestó el Señor Sepulveda ante el Juez Sr. Bossy es legal porque el día en que el juez lo tomó estaba impedido (disqualified) para todos los deberes de su cargo. Eli juez Sr. Bossy no dejó de ser tal juez por tener licencia para ausentarse de su cargo durante los días expresados, y por tanto podía válidamente tomar el juramento del Señor Sepúlveda, quien hasta que lo prestó no era legalmente juez de la Sección Segunda de la Corte de Distrito de San Juan y no vemos, por tanto, que no fuera legal.

Otro de los fundamentos del recurso, que se consigna bajo el número uno de los señalamientos de errores, es que los he-chos denunciados en la acusación no constituyen delito pú-blico.

La acusación, en pocas palabras, imputa a los acusados que siendo miembros de la Junta Examinadora de Aspiran-tes a Farmacéuticos se combinaron y pusieron de acuerdo para aprobar los exámenes de determinados aspirantes a farmacéuticos que no tenían cápacidad legal para ser ma-triculados y admitidos a exámenes y que les facilitaron las •contestaciones que habían de dar a las preguntas que tenían que contestar para obtener el título de farmacéuticos con objeto de calificar las copias y obtener de los demás miem-bros de la Junta Examinadora qu§ calificaran como buenos tales exámenes para de esa manera otorgarles el título y li-cencia para el ejercicio de la profesión de farmacia en esta isla, actos que son perjudiciales a la salud pública y enca-minados a pervertir la debida administración de las leyes otorgando títulos de farmacéuticos a personas incapaces y desconocedoras de su profesión.

Como se ve más claramente .por el resumen que hemos hecho de la acusación, la conspiración de tres de los cinco miembros de la Junta, Examinadora consistió en otorgar tí-tulos de farmacéuticos a personas incapaces de ejercer tal profesión y los actos que realizaron fueron los de admitir-los a exámenes sin tener capacidad legal para ser matricu-lados, y calificar las contestaciones que copiándolas debían dar para conseguir el título de farmacéuticos.

Según el artículo 62 del Código Penal existe el delito de conspiración, entre otros casos, cuando dos o más personas conspiraren para cometer algún acto perjudicial a la salud pública o encaminados a pervertir u obstruir la justicia o la debida administración de las leves; disponiéndose por el artículo 63 del mismo que ningún convenio, excepto para co-meter delito grave contra alguna persona o para incendiar o asaltar moradas, constituye conspiración a no concurrir al-gún acto para llevarla a cabo por uno o más de las personas Combinadas. Por su parte' el artículo 246 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que en persecuciones por conspiración, siempre que para constituir el delito se retiñiera que baya habido principio de ejecución del acto, no podrá ser convicto el acusado a menos que uno o más de tales actos hayan sido expresamente denunciados en la acusación y se prueba uno de ellos, por más que otros actos manifiestos no denunciados o alegados podrán presentarse como prueba.

De acuerdo con estos preceptos la acusación en este caso es suficiente porque siendo el objeto de la conspiración de los tres miembros de la Junta Examinadora de Aspirantes al Título de Farmacéuticos otorgar corruptamente títulos de farmacéuticos a determinadas personas sin que los aspiran-tes tuvieran capacidad legal para ser- matriculados y admi-tidos a examen y para obtener el título, se expresan en ella actos para llevar a cabo la conspiración por parte de las per-sonas combinadas para admitir a examen a los aspirantes expresados, tales como que les' facilitaron las contestacio-nes de las preguntas que debían contestar correspondientes a las asignaturas que determina la ley deben ser objeto de los exámenes para que puedan obtener tal título, actos que •siendo ciertos, como hay que suponer que lo son cuando se discute la suficiencia de una acusación, demuestran que los acusados Rabian dado principio a la ejecución de la cons-piración.

Eso es todo lo que debe contener la acusación por un de-lito como el perseguido en este caso, por lo que fue suficiente, y no era necesario que en ella se alegara, como pretende el apelante, que los acusados realizaron el acto de aprobar los exámenes, que era el fin de la conspiración. Según la ley, basta con alegar algún acto que tienda a la realización del objeto de la conspiración.

Que el fin de la conspiración era un acto perjudicial a la salud pública y obstructivo de la debida administración de las leyes no puede dudarse por un momento. Existe una ley en vigor en Puerto Eico creando una Junta de Farma-cia cuyo objeto es, según se desprende de su simple lectura, impedir que ejerzan la profesión de farmacéuticos personas que no tuvieren, ciertos conocimientos, en beneficio de la sa-lud y bienestar públicos, evitando de esa manera que perso-nas incompetentes por la carencia de tales estudios tuvieren a la venta y despachasen drogas, capaces muchas de ellas de producir males y también la muerte. Es una ley altamente beneficiosa para el bien común y que por espacio de muchos años ha estado rigiendo en esta isla. Para conseguir estos fines la ley creó una junta compuesta de cinco farmacéuticos expertos, de buena reputación, residentes en esta isla, debi-damente graduados y con más de cuatro años de práctica, cuya misión es la de expedir certificados de farmacéuticos a las personas que acreditasen ante ellos tener conocimien-tos de ciertas materias que la misma ley expresa, aspiran-tes a títulos que además deben tener determinados estudios-generales previos, como el de haber aprobado todas las ma-terias correspondientes al curso científico y literario de al-guna alta escuela de la isla o de alguna institución similar1 o análoga de los Estados Unidos o de cualquiera otra parte satisfactoria para la junta. También deben los aspirantes-ai título de farmacéutico acreditar por medio de un certi-ficado firmado y jurado por un boticario acreditado que ha practicado en sn botica por nn espacio no menor de dos años. Además, las matrículas de los aspirantes deberán formularse en la primera quincena de octubre para celebrarse los exá-menes en la segunda quincena de enero y junio, y todos los g’astos exigidos por la ley se reducen a diez dollars por de-rechos de examen que se entregarán al secretario y veinte y cinco dollars para que se les expida la licencia. En cnanto a los exámenes, habrán de ser por escrito.

Así pues, si los acusados apelantes, como miembros de esa junta de farmacia, se combinaron y confabularon para admitir a exámenes y dar títulos de farmacéuticos a perso-nas incapaces y uno de los medios que emplearon para lle-varlo a efecto fue el de facilitar las contestaciones que los aspirantes debían dar a las preguntas que de acuerdo con la ley debían contestar, es innegable no sólo que esa conspi-ración era contra la salud pública porque ese resultado era consecuencia natural de sus actos, sino también contra la ley citada Cuyo cumplimiento les estaba encomendado, ya que eran ellos los encargados de exigir los documentos necesarios para admitir a los aspirantes, de hacer los interrogatorios que habían de contestar, de calificar los exámenes y de expe-dir los certificados o títulos de farmacéuticos. Es doctrina constante de la ley y de la jurisprudencia que toda persona intenta las consecuencias naturales de sus actos; y en el caso de United States v. Patten, 226 U. S. 525, que en un caso de conspiración, la Corte Suprema dijo en la página 543, entre otras cosas, lo siguiente: “En otras palabras, por dedicarse intencionalmente a una conspiración que necesaria y direc-tamente produce el resultado que el estatuto quiso impedir, ellos (los conspiradores) están, en el sentido legal, acusa-dos de haber intentado el resultado. Addyston Pipe & Steel Co. v. United States, 175 U. S. 211, 243; United States v. Reading Co., 226 U. S. 324, 370.” Por eso no era necesario que la acusación en el caso que estamos considerando alegara la intención más específicamente de como lo hizo.

Si la acusación no dijera que los apelantes admitían a exámenes a personas.incapaces y que les facilitaron las con-testaciones que habían de dar tendría entonces razón el ape-lante Ramírez al decir que él convenio para aprobar exáme-nes era para cumplimentar la ley, mas no con la alegación que tiene la acusación, ya que no se cumple facilitando las contestaciones para que aparezcan como personas capaces, como farmacéuticos, aquellas que han tenido que copiar las contestaciones en las diversas asignaturas de la profesión.

El apelante se queja de que el Fiscal nada dijo en su acu-sación de sobornos individuales y que en el juicio trató de probar tales sobornos, pero es que esa prueba no estaba pre-sentada para probar sobornos sino para por medio do ellos demostrar la existencia general de la conspiración. La idea de la acusación no era la idea de sobornos individuales sino de un sistema corrupto de permitir la obtención de títulos a personas no capacitadas.

En cuanto a la intención criminal de la conspiración, re-sulta de los propios actos que alega la acusación, pues exi-giendo la ley determinados conocimientos para obtener el título de farmacéuticos, la combinación para otorgarlos a personas que no tienen esos conocimientos porque tienen que copiar las contestaciones, demuestra claramente que se iban a otorgar títulos a personas a quienes la ley no quería per-mitarles el ejercicio de la profesión de farmacia, causando así un daño voluntario y criminal al público en cuyo bene-ficio se promulgó la ley, y el mero hecho de entregar las con-testaciones demuestra también que los apelantes sabían que los dichos aspirantes no conocían las asignaturas requeri-das por la ley.

El tercer motivo de error que se alega se refiere a que no se probó que el apelante Ramírez cometió el delito de cons-piración alegado en la acusación.

Para sostener esta alegación expone el apelante que la prueba tendió a demostrar la comisión de distintos delitos de soborno en cada uno de los cuales los principales eran distintas personas y que en ningún caso participaron todos los tres acusados declarados culpables de delito de conspi-ración; que hubo prueba tendente a demostrar que Juana Albandoz había comprado al apelante Ramírez en cien pesos contestaciones a preguntas y que en este negocio inter-vino Edelmira Santana, acusada que' fue absuelta, pero que falta prueba para relacionar otro de los acusados con la tran-sacción; que hubo prueba tendente a demostrar que Jorge Weiwar había pagado al acusado Juliá ciento veinte y cinco pesos para poder copiar contestaciones sin que exista prueba de que otro de los acusados tuviera intervención o relación alguna con ese asunto; 'que hubo también prueba tendente a demostrar que Jesús María López Molina sobornó al acu-sado Calderón Aponte para la cuestión de los exámenes, pero que no hubo prueba de que otro de los acusados tuviera algo que ver o conocimiento, del asunto de López Molina; y que hubo prueba tendente a demostrar que Manuel Colón Bonilla había sobornado a Ramírez y a Juliá para poder ser matricu-lado y admitido a examen.

Pero es que la prueba demostró además que el apelante Pedro Juliá, Presidente de la Junta de Farmacia, era el único que se entendía con la matrícula de los aspirantes a exáme-nes y con los documentos que con ella habían de presentarse; que la Señorita Juana Albandoz, que entregó cien pesos a Edelmira Santana, acusada que fue absuelta, porque el ape-lante Ramírez le dijo que se entendiera con ella para ía cues-tión del dinero, fué matriculada y admitida a examen a pesar de que carecía de los estudios previos que exige la ley, pues no tenía certificado de estudios de alta escuela, ni aún del octavo grado, habiendo estudiado sólo hasta el quinto grado en la escuela pública, y tampoco había estudiado algunas de las asignaturas de farmacia, las qne copió de las contes-taciones qne le entregó el apelante Eamírez.

También demostró la prueba qne' López Molina, quien mediante un documento se comprometió a pagar al apelante Calderón Aponte doscientos pesos porque se le admitiera a examen para que se le expidiera el título sin tener los dos años de práctica en una farmacia, como exige la ley, fué ma-triculado y admitido a examinarse por el apelante Juliá, en-cargado de la matrícula.

También que Manuel Colón Bonilla, a quien pidió Cal-derón Aponte cuatrocientos pesos, y que luego se entendió por quinientos con Juliá y con' Eamírez conjuntamente, fue admitido al examen para.obtener el título sin tener los dos años de práctica, requisito que suplió Juliá con una certifi-cación falsa que obtuvo de un boticario y también le suplió su falta de estudios previos preparatorios con otra certifi-cación también falsa solicitada por él, aspirante a quien el acusado Eamírez facilitó las contestaciones para que las copiara.

Esos diversos actos ex*an fuerte prueba circunstancial de-mostrativa de que los acusados estaban combinados para ad-mitir a exámenes a personas incapaces para ellos y para ex-pedir título a personas desconocedoras de la profesión de farmacia, facilitándoles las contestaciones porque no cono-cían las asignaturas requeridas por la ley y que a ese fin unos ejecutaban unos actos y otros de los conspiradores otros, lo que es bastante para llevar a la conclusión de que existía entre ellos una conspiración con el fin indicado, que es con-trario a la salud pública y a la debida administración de las leyes, ya que no es necesario probar la conspiración misma porque por lo general sería imposible presentar dicha prueba por evidencia directa dada la reserva con que se adoptan esos planes, consistiendo generalmente la prueba en infe-rencias o presunciones derivadas de ciertos hechos realiza-dos, siendo bastante cuando uno ejecuta parte del plan de la combinación y el otro otra parte del mismo para ejecutarlo enteramente, aun cuando jamás se reunieran para concertar los medios o para poner en práctica el propósito común. People v. Donnolly, 143 Cal. 398; United States v. Sacia, 2 Fed. 754. En People v. Bentley, 75 Cal. 409, se cita de G-reenleaf lo siguiente: “Si se prueba que los acusados perseguían con sus actos el mismo propósito, frecuentemente por iguales medios, realizando uno una parte y, el otro la otra parte para completarlo teniendo en perspectiva la ejecución del mismo fin, el jurado estará justificado en llegar a la conclusión de que estaban confabulados en una conspiración para reali-zar tal objeto. 3 Greenleaf Ev. see. 93.”

La prueba circunstancial es de tal naturaleza en este caso que después de examinada no- puede llevar a ninguna hipó-tesis consistente con la inculpabilidad de los apelantes.

Aunque el apelante Ramírez alega que la declaración de Juana Albandoz no fué corroborada, sin embargo, resulta lo contrario de la prueba documental que respecto a ella se pre-sentó, pues la lectura de sus exámenes demuestra que fueron copiados de otros, como ella dice, y en los documentos Nos. 43 al 47 se encuentra la corroboración de que fué admitida a exámenes sin tener capacidad para tomarlos.

Sostiene también el apelante Ramírez que no puede te-nerse en cuenta para condenarle la declaración de Manuel Colón Bonilla porque era un empleado del Gobierno que lo sobornó y el iniciador de la conspiración alegada en la acu-sación y que fué una conspiración fabricada y un delito fin-gido porque sin la participación de Colón Bonilla no podía existir.

Ya hemos visto que sin la intervención de Colón Bonilla se probó que el apelante Ramírez facilitó las contestaciones a Juana Albandoz, pero de todos modos la declaración de dicho testigo es admisible para determinar la existencia de la conspiración perseguida. No constituye defensa que un agente del Gobierno haya fingido prestar su consentimiento y facilitado los medios para la comisión de un delito cuando no se trata de probar dicho delito sino que existía un plan general para la comisión de actos delictivos, y el caso de State v. Dougherty et al., 96 Atl. Reporter 57, que el apelante cita en su alegato no tiene aplicación en este caso porque allí se trataba de una conspiración de los concejales del municipio' de Atlantic City con un tal Harris, empleado del Gobierno^ para aprobar una ordenanza mediante dinero en la cual Harris era una parte necesaria y su promotor, de tal modo que la conspiración no tenía existencia sin él, a diferencia del caso presente en que Clemente Ramírez no fue invitado por Colón Bonilla para una conspiración general toda vez que existe prueba de otros actos realizados por Ramírez, y el acto del agente, del Gobierno fue únicamente uno de los esla-bones para probar la conexión criminal de Ramírez con tal conspiración. Colón Bonilla, empleado del Gobierno para averiguar si era cierto que se estaban vendiendo los títulos de farmacéuticos, no ideó un delito que no • existiera en la mente de los acusados y que no estuvieran ejecutando sino .que haciéndose pasar por un aspirante a dicho título que no reunía condiciones para obtenerlo se prestó a la exigencia de Juliá de que diese dinero y de que se avistara con Ramí-rez para que le facilitara las contestaciones que debía dar en el examen.

Aunque el apelante Ramírez sostiene que no hubo prueba de la alegada conspiración para aprobar exámenes de per-sonas incapaces de obtener el título de farmacéutico, sin embargo., lo contrario aparece de la prueba de este juicio, no sólo porque el facilitar las contestaciones de las asignatu-ras que constituyen la profesión de farmacia demuestra cla-ramente que querían poner a los aspirantes que accedían a sus peticiones de dinero en condiciones de que aparecieran ante la Junta Examinadora como personas aptas para reci-bir el título correspondiente, sino además a alguno de los as-pirantes le manifestaron expresamente que los ayudarían para tal fin.

No existe variación alguna, como se alega, entre la acu-sación y la prueba, porque si bien se probaron distintos ac-tos de pedir dinero por los apelantes para aprobar los exá-menes de los aspirantes y admitirlos sin tener condiciones para ellos, ésta era la manera de probar los actos que ten-dían a la ejecución del delito que se imputó en la acusación. El móvil particular de la conspiración no era importante, pues pudo probarse cualquier otro que no fuera la especu-lación por dinero, con tal que se probara que Labia alguno por el cual estaban combinados los acusados para realizar actos contrarios a la debida administración de las leyes o perjudiciales a la salud pública.

En cuanto al error que estamos examinando expone por último Ramírez que la declaración de Colón Bonilla' no fue corroborada, pero la prueba demuestra lo contrario, pues bubo esa corroboración ya que el propio Ramírez admite que Co-lón Bonilla le presentó la carta de recomendación que dice el testigo le entregó Mondo va para Ramírez; Colón Bonilla de-claró que no conocía a Llauger Díaz ni a Ramos Casellas ni se había examinado con el primero ni practicado en la botica del segundo y dichas personas corroboran que esto es así y que si entregaron las certificaciones en contrario que apa-recen con la solicitud de examen de Colón Bonilla fué por-que el apelante Julia se las pidió; el exhibit 13 también co-rrobora que no tenía lbs requisitos exigidos para ser admi-tido a examen porque está firmado sin contestar las pregun-tas que respecto de ese particular debía contestar; Colón Bonilla manifestó que Ramírez le facilitó las contestaciones de los exámenes para que las copiara y en efecto el detective Lewis las tuvo en sus manos y Spear sacó copia fotográfica de ellas.

El último error que se alega es que la corte admitió erró-neamente prueba perjudicial al apelante Ramírez a pesar de su oposición.

En cuanto a este particular se. alega que no debió ser ad-mitida la declaración de Carlos Buitrago para corroborar la de Colón Bonilla porque era de referencia sobre actos y manifestaciones de éste, que no era acusado, no liabía decla-rado todavía y que también era un cómplice, y .de actos y ma-nifestaciones de otro testigo dé apellido Ajenjo, quien tam-poco figuraba como acusado ni liabía declarado todavía.

El juez tiene facultad discrecional en el orden de la pre-sentación de la prueba y no vemos que exista perjuicio para los apelantes en que se admitiera la declaración de Buitrago antes de las de Colón Bonilla y de Ajenjo y en realidad de-bía ser anterior, ya que demostraba cómo babía empezado el descubrimiento de la conspiración. Aun admitiendo que Colón Bonilla era un cómplice, Buitrago no lo era porque no aceptó soborno alguno y fué únicamente la persona que puso en relación a Colón Bonilla con Ajenjo para que éste se avis-tara con el apelante Calderón Aponte. No concreta el ape-lante Ramírez en su alegato por qué las manifestaciones de Buitrago eran de referencia y más bien parece que su ob-jeción es por haberse admitido como prueba una escritura, pues llama la atención a las páginas 150 y 151 de la transcrip-ción de las que aparece que se presentó y admitió una escri-tura otorgada por Colón Bonilla ante Buitrago como notario, que no fué protocolizada ni firmada por testigos conteniendo ciertas constancias de una libreta con contestaciones que ex-hibió Colón Bonilla con tal fin al notario; objeción que se fundó en ser prueba secundaria, en ser de referencia y por no haber intervenido en ella los acusados.

No hubo perjuicio en la admisión de ese documento por- • que los hechos en ella expresados fueron también declarados por los testigos y en cuanto a toda la prueba que pudiera ser de referencia no sólo el juez la admitió manifestando que le daría el valor que en derecho tuviera sino que según hemos declarado antes de ahora “en los casos juzgados ante el tribunal de derecho la admisión de prueba impertinente para ser considerada por el juez en conjunto con todo el resto de la prueba, no constituye un error que sirva de base para re-vocar la sentencia porque el tribunal, al resolver, apreciará todos los elementos probatorios en conjunto, dando a cada uno la importancia que merece.’'’ El Pueblo v. Véles, 17 D. P. R. 1015.

La declaración de Aureliano Ortiz también fué admisi-ble porque habiendo declarado Bonilla que presentó al ape-lante Julia una carta del Sr. Monclova, dicho Ortiz lo co-rrobora en este particular.

La declaración de López Molina no solamente demostró un convenio con Calderón Aponte para admitirlo a exáme-nes mediante dinero, sino que, como hemos dicho antes, re-lacionó a dicho Calderón con Julia, quien siendo el encargado de la matrícula lo admitió sin tener condiciones para ser admitido a ello, por lo que no hubo error en permitirla.

Con respecto a la carta que se presentó escrita por Ajenjo a Buitrago, no vemos que la objeción se hiciera claramente en la corte inferior por ser prueba de referencia.

Ya hemos dicho que no hubo variación entre la acusación y las pruebas y, por tanto, no hubo error en la corte inferior al admitir prueba respecto a la exigencia de dinero por parte de los apelantes para aprobar como farmacéuticos a perso-nas que no tenían derecho al título, ya por carecer de los es-tudios previos exigidos por la ley o del conocimiento de las asignaturas de esa profesión, porque con ella trataba de de-mostrarse la conspiración alegada en la acusación, la que daba aviso a los acusados de que se presentaría prueba res-pecto a esos hechos.

La mayor parte de las objeciones hechas por Ramírez en el juicio descansan en la teoría equivocada de que el Fiscal probaba sobornos individuales cuando el objeto de estas prue-bas era demostrar el plan de la conspiración de los acusados.

Otros errores en cuanto a admisión de pruebas qne men-ciona el apelante, tienen relación con materias antes trata-das y no es necesario considerarlos de muevo.

Para terminar diremos que el abogado del apelante Cal-derón Aponte manifestó en la vista del caso ante nosotros que de acuerdo con la nueva Ley Orgánica de esta Isía, apro-bada por el Congreso de los Estados Unidos y por el Presi-dente en 2 de marzo último, conocida con el nombre de “Bill Jones,” los acusados tenían derecho a ser juzgados por un jurado. No tenemos necesidad de considerar esa cuestión porque dicha ley fu.é aprobada después de la celebración del juicio.

No ^queremos poner fin. a esta opinión sin expresar que los hechos realizados por los apelantes, a quienes la comu-nidad había encargado jjor conducto del Gobernador, de la custodia de su salud pública mediante el cumplimiento de la ley para expedir títulos de farmacéuticos, son hechos de tal naturaleza repugnantes y criminales' que el juez senten-ciador procedió bien al imponerles como castigo la pena má-xima que para tal delito señala el Código Penal.

• La sentencia apelada- debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


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author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Ibáñez, Demandante y Apelante, v. Diviñó, etc., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre nulidad de contrato.
    No. 1595.
    Resuelto en mayo 22, 1917.
    Eliminación de Alegaciones — Contestación' del Demandado — Excepciones— Orden no Excepcionada por Ministerio de Ley — Ausencia de Parte. — No es materia a considerar por un tribunal de apelación el que la corte inferior se negara a eliminar la contestación a una demanda y la "materia nueva” contenida en la misma, cuando de los autos no apareee que se tomara excep-ción a la orden de la corte negando la eliminación solicitada o que se encon-trara ausente el demandante al dictarse la orden, pues una orden rehusando eliminar una alegación no es una de aquellas órdenes o resoluciones que se consideran excepeionadas por ministerio.de la ley.
    Pruebas — Objeciones de Carácter General. — De acuerdo con la jurisprudencia, para que una objeción a la admisión de prueba pueda ser considerada en apelación, no solamente debe ser sobre un punto sustancial que afecte los derechos de las partes, sino que también el fundamento dé la misma debe expresarse precisamente, pues objeciones de carácter general no son sufi-cientes.
    ISTulidad de Contrato — Venta Simulada — Prueba Admisible. — Cuando se alega que cierta venta de inmuebles es simulada, no puede sostenerse que sea prueba impertinente demostrar que no sólo se hizo constar la traslación del dominio en un documento público, sino que de hecho se verificó, entrando el comprador a percibir los productos de los bienes adquiridos.
    .Abogados del apelante: Sre.s. Angel A. Vázquez y E. H. ■ F. Dottin. .
    Abogados de la apelada: Sres. José Sabater y Joaquín Martínez Cintrón.

   Los lieclios éstán expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda, origen de este caso, se entabló por nn me-nor de edad, representado por sn padre, en solicitud de que se declarara falsa cierta deuda reconocida por el abuelo del menor en testamentos que otorgara en 1892, 1898 y 1908, y nula la venta de ciertos inmuebles simuladamente hecha para pagar la deuda falsa. Las alegaciones son extensas y tam-bién lo fue Ja prueba practicada. La corte falló en contra del demandante, y transcribiendo los hechos declarados pro-bados por ella, se forma un concepto claro y preciso de to-das las cuestiones envueltas en el pleito.

“1. Hace 24 años, o sea en 15 de junio de 1892 y por una escritura pública otorgada en esta ciudad ante el notario Ledo. Santiago R. Palmer, Don José Nicanor Pecunia hizo su testamento, en el cual, además de otras disposiciones, hizo la siguiente:
‘Declaración especial: Declara que está debiendo a su hermana Doña Apolinaria -Diviñó la cantidad de quince mil pesos moneda corriente que le lia facilitado en diferentes épocas para atender a la compra de una finca rústica, su fomento y otras atenciones y por lo que con preferencia a todo será abonada la expresada suma.’
“2. Por otra escritura pública No. 77, otorgada en esta ciudad a 4 de abril de 1898, ante el propio notario Ledo. Santiago R. Palmer, el prenombrado Don José Nicanor Pecunia, hizo de nuevo su testa-mento, revocando el relacionado en el párrafo anterior, en el cual además de otros extremos, volvió a repetir la declaración especial de estarle adeudando a Doña Apolinaria Diviñó la suma de quince mil pesos a que se ha hecho referencia en dicho testamento anterior.
“3. Por escritura pública otorgada en esta ciudad bajo el No. 307, a 30 de mayo de 1908, ante el notario Ledo. Mariano Riera Palmer, el propio Don José Nicanor Pecunia traspasó por título de venta absoluta a favor de Doña Apolinaria Diviñó las fincas descritas en el párrafo 8o. de la demanda enmendada, en adjudicación de pago de la deuda que había reconocido el vendedor primeramente por su testamento de 15 de junio de 1892 y por el segundo de 4 de abril de 1898.
“4. Por escritura pública número 309 otorgada asimismo en esta ciudad a 31 de mayo de 1908, ante el notario Ledo. Mariano Riera Palmer, el mismo Don José Nicanor Pecunia hizo su último testa-mento que es el que ha quedado vigente, en el cual además de otros extremos propios de la naturaleza de tal documento, declaró que los quince mil pesos que declaró adeudar a su hermana Doña Apolinaria Diviñó los había pagado dándole en pago las fincas urbanas a que se ha hecho referencia.
“5. Por escritura pública No. 351, otorgada en esta ciudad, a Io. de junio de 1910 ante el notario Ledo. Mariano Riera Palmer, se prac-ticó la partición de los bienes relictos al fallecimiento de Don José Nicanor Pecunia, basándose en el testamento de 31 de mayo de 1908, relacionado en el párrafo anterior, en cuya partición concurrió e intervino el menor demandante representado por su padre José Iba-ñes, recibiendo la parte de la herencia que en dicha partición le correspondió.
“6. Desde 30 de mayo de 1908 en que se otorgó la escritura de de venta por adjudicación de pago a favor de Doña Apolinaria Diviñó, de las casas objeto de este pleito, dichas casas fueron administradas por Don Juan R. Martínez, en nombre y representación de la com-pradora Doña Apolinaria Diviñó, quien percibía y percibió hasta su muerte los productos y rentas de las mismas, ejercitando desde en-tonces actos dominicales sobre dichas propiedades.
7. Don José Nicanor Pecunia falleció en su hacienda denominada ‘Rolón,’ el 7 de diciembre de 1909, y Doña Apolinaria Diviñó falleció en esta ciudad el día Io. de mayo de 1914.
“8. La prueba es contradictoria con respecto a la solvencia o in-solvencia dé la acreedora y compradora Doña Apolinaria Diviñó, pues mientras al demandante lia tratado de probar con sus testigos que Doña Apolinaria Diviñó era pobre y era ayudada por su her-mano Don José Nicanor Pecunia, el demandado ha presentado prueba para contradecirla, consistente en la .escritura de 1875 por da que Doña Apolinaria adquiere la mitad en condominio de la casa de la playa de esta ciudad en que vivía. Don Nicanor y Doña Apolinaria con sus familiares, cuyo condominio retiene como dueña hasta el año de 1897, en que lo vende a su sobrina José Emilia Pecunia; en otra 'escritura del año 1865 por la que Don José Miret vende a Doña Apo-linaria y otras personas una finca rústica de 67 cuerdas de terreno por 8,800 escudos moneda corriente en aquella época; y la declara-ción de Luisa Pacheco, persona de alguna edad, tendente a demostrar que Doña Apolinaria disponía de dinero y era mujer trabajadora y laboriosa; por todo lo cual y apreciando además la demás prueba en conjunto la corte llega a la conclusión de que sobre este punto en que ha versado la mayor prueba del demandante, la cual es muy débil e insuficiente, .no se ha demostrado que Doña Apolinaria Diviñó fuera tal pobre insolvente, y que viviera en la mayor miseria.
“9. No ha habido evidencia alguna- ni se ha intentado probar por el demandante siquiera, como se alega en la demanda, el acuerdo o conspiración fraudulenta entre Doña Apolinaria Diviñó y Don José Nicanor Pecunia, para despojar a su hija de éste Isabel Georgina Pecunia, de la mayor parte de su haber hereditario, ni tampoco ha habido prueba para demostrar que la declaración de deuda hecha por Don José Nicanor Pecunia en su testamento de 1892, fuera falsa o simulada, ni que la escritura de venta en adjudicación de pago de 30 de mayo de 1908 por Don Nicanor a Doña Apolinaria fuera simu-lada y falsa o se hiciera para defraudar al menor demandante, por cuyo motivo la acción del demandante fracasó también en este particular.
“10. Con respecto a la alegación XII de la demanda del deman-dante cuando el demandado comenzó a practicar su prueba para de-mostrar lo contrario, el demandante retiró su alegación, pero el de-mandado practicó toda su prueba demostrativa de que la que ejercía el absoluto control y disponía de las rentas de las fincas urbanas objeto de este pleito, lo fué la compradora Doña Apolinaria Diviñó. ’ ’

' En sn alegato la parte apelante señala diez errores que pueden estudiarse en tres grupos, a saber: 1, cometidos antes del juicio; 2, con motivo de la práctica de las pruebas, y 3, al apreciar la. evidencia.

1. Sostiene el apelante que la corte de distrito erró al no eliminar la contestación de la demandada y la “materia nueva” contenida en la misma.

Forma parte de los autos un pliego de excepciones y de él no aparece que el demandante tomara excepción a la or-den de la corte negando la eliminación solicitada. La mo-ción del demandante se incluye en la transcripción del récord y también la orden de la corte. De esta última resulta que la moción fué discutida en-corte abierta por los abogados de ambas partes y resuelta luego por la corte, sin que. consto de los autos que se tomara excepción o que se encontrara au-sente el demandante. Bajo tales circunstancias, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, no debemos considerar, ni me-nos resolver las cuestiones suscitadas por el apelante en su alegato.

“Se señala también como error,” dice la Corte Suprema de California, “la negativa de la corte a eliminar la. contes-tación enmendada y la contrademanda. No puede tomarse en consideración este señalamiento de error, por razón de que una orden rehusando eliminar una alegación no es una de.aquellas órdenes o resoluciones que se consideran excep-cionadas por la sección 647 del Código de. Enjuiciamiento ( ivil, a menos que la misma sea dictada en ausencia de la parte peticionaria. Los autos no-demuestran que el apelante tomaia excepción de la resolución de la corte ni que estu-viera ausente cuando la misma fué dictada. No se preparó pliego de excepciones que abarcara la acción de la corte a este respecto, sin lo cual la notificación, lan moción para eli-minar y la orden de la corte denegando tal moción, no podían formar parte del legajo de la sentencia de acuerdo con la sección 670 del Código de Enjuiciamiento Civil.” Ganceart v. Henry, 98 Cal. 281, 283.

Las secciones 647 y 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de California a que se refiere la decisión de la Corte Su-prema de diclio Estado que acabamos de citar, equivalen a los artículos 213 y 223 de nuestro código sobre la materia.

2. Entre otros la demandada presentó en el acto de la vista los siguientes documentos: a, escritura No. 354 de testamento otorgada por Apolinaria Divinó, ante notario, en 1911; b,' escritura No. 109 en combinación con la 386, ..ambas otorga-das ante notario; la primera en 1875 y la segunda en 1897, sobre venta de finca urbana; c, escritura No. 681 otorgada ante notario en 1865 sobre venta de finca rustica, y el, otra escritura aclaratoria de la anterior.

Tanto en la exposición del caso como en el pliego de ex-cepciones el demandante se limitó a consignar con respecto a cada uno de los indicados documentos, que la demandada los presentó como prueba, que la corte los admitió y que el demandante tomó excepción. Y esto es, de acuerdo con la jurisprudencia, insuficiente. Copiamos del caso de Falero et al. v. Falero, 15 D. P. R. 124, lo que sigue:

“El Juez Asociado Sr. Swayn'e, en el caso de Burton v. Driggs, se expresa en los términos siguientes:
“ ‘Es regla de derecho que cuando una parte se opone a la ad-misión de algún testimonio está obligada a formular su objeción en términos precisos, y en un procedimiento por causa de error queda dicha parte limitada en la discusión de tal objeción a los propios tér-minos en que la formulara.’
“Este principio ha merecido también consideración en el Estado de California, en donde el Juez Asociado Sr. Field, dice en el caso de Killer v. Kimbal, 10 Cal. 268.
“ ‘Para que una objeción pueda ser considerada no solamente debe ser sobre un punto sustancial, que afecte los derechos de las partes, sino que también el fundamento de la misma debe expresarse precisamente. ’
“Y también en el caso de Martin v. Travers, 12 Cal. 245, el mismo juez hace las siguientes observaciones:
" 'Cuando una parte presenta objeción a la admisión de prueba durante el juicio, debe expresar el fundamento de su objeción al tiempo de formularla. Objeciones de carácter general no son suñcientes. La parte debe señalar con su dedo, durante el juicio, el punto preciso contra el cual objeta; de otro modo este tribunal no podrá tomarla en consideración.’ ”

También presentó la parte demandada como prueba la escritura No. 309, otorgada en 1908, ante notario, por José Nicanor Pecunia, o sea el último testamento de éste en el cual hizo constar que babía pagado a Doña Apolinariá Divinó la •deuda reconocida en sus anteriores testamentos, y la escri-tura No. 351, otorgada ante notario, en 1910, sobre partición de los bienes dejados a su fallecimiento por el dicbo Pecunia.

Ningún fundamento se consigna en el pliego de excepcio-nes, pero de la exposición del caso aparece con respecto a la escritura No. 309, que "el demandante se opone a la ad-misión de este documento porque es posterior a los hechos alegados en la demanda,” y con respecto a la escritura No. 351, que "el demandante se opone a la admisión de ese do-cumento, porque es del año 1910.”

La corte no cometió error alguno. Ambos documentos guardaban estrecha relación con el acto cuya falsedad se alega por el demandante. ' Pecunia no solo reconoció por sus tes-tamentos de 1892 y 1898 la deuda que tenía contraída con su hermana, si que también en su último testamento otorgado en 1908 se refirió a ella para consignar que la había satisfe-cho. La partición demuestra que se cumplieron las disposi-ciones del testador.

El mismo argumento de “posterioridad” empleó el deman-dante para oponerse a la declaración de Juan Ramón Mar-tínez, administrador de los bienes de la demandada, que ma-nifestó que ésta desde que los adquirió recibió sus produc-tos, y a la presentación del libro en que constaban las cuen-tas de dicha administración, llevado por el testigo Carmelo-Besosa, empleado del administrador Martínez.

Gomo puede verse, tampoco la corte cometió los errores que le atribuye el apelante. Si éste alegó que la venta de Pe-cunia a su hermana era simulada, no puede sostenerse que sea prueba impertinente demostrar que no solo se hizo cons-tar la traslación de dominio en un documento, sino que de hecho se verificó, entrando la compradora a percibir los pro-ductos de los bienes adquiridos.

3. Hemos examinado toda la prueba practicada por am-bas partes y a nuestro juicio la conclusión a que llegó final-mente la corte de distrito es correcta.

Desde 1892 reconoció Pecunia de modo solemne que debía a su hermana que con él vivía y trabajaba y continuó con él viviendo y trabajando hasta su muerte, la deuda de quince mil pesos que reconoció de nuevo, también en forma solemne, en 1898, que satisfizo diez años más tarde y a la que volvió a referirse en el testamento bajo el cual murió.

Al demandante incumbía probar la falsedad de tales ac-tos. La declaración de Josefa G-onzález, mujer que entró al servicio de Pecunia y de su hermana Apolinaria para cui-dar al demandante, pequeño niño nieto de Pecunia, huér-fano de madre, que vivía en la casa de su abuelo, es sospe-chosa. También lo es la del padre del demandante. Am-bas se refieren a ciertas admisiones hechas durante su vida por la Señora Divinó, con respecto a su carencia de bienes de fortuna. Se comprende que el juez de distrito, que vió declarar a ambos testigos, no diera crédito a sus dichos.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Alcaide, Demandante y Apelada, v. Alcaide, Demandado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama, en pleito sobre alimentos provisionales. •
    No. 1507.
    Resuelto en mayo 22, 1917.
    Alimentos Provisionales — Filiación—Reconocimiento por Nota Marginal ex el Acta de Nacimiento. — Sea cual fuere el alcance del precepto de la ley provisional del registro civil para las Islas de Cuba y Puerto Rico que estuvo vigente, que ordena que firmada una inscripción no podrá hacerse en ella rectificación, adición ni enmienda que altere sustancialmente el acto a que se refiera, sino en virtud de ejecutoria del tribunal competente, con audiencia del ministerio fiscal, nunca se podrá invocar con buen éxito para impugnar una reclamación sobre alimentos provisionales en que para la justificación de la filiación reconocida, determinante del derecho pedido, se aduce como prueba, sin oposición alguna, un documento público de reconocimiento, como lo es el acta de nacimiento de la persona con derecho a los alimentos con nota del reconocimiento inserta al margen, suscrita por el padre y testigos ante el juez municipal y su secretario.
    Id. — Cosa Juzgada — Alimentos Definitivos. — La sentencia que se dieta en un juicio sobre alimentos provisionales no produce excepción de cosa juzgada, y siempre queda a salvo el derecho de las partes a promover el juicio plenario de alimentos definitivos, ventilando en él por los trámites del declarativo correspondiente tanto el derecho de pedirlos como la obligación de darlos y su cuantía.
    Íd, — Nulidad de Reconocimiento — Prueba del Reconocimiento. — Habiendo otro pleito pendiente, sobre nulidad del reconocimiento, en él pueden tener cabida cuantos motivos tenga el actor para sostener la nulidad, y mientras ésta' no se decrete, es prueba suficiente para otorgar el derecho 'a los alimentos pro-visionales el acta de nacimiento con la nota marginal de reconocimiento en la forma expuesta.
    Abogados del apelante: 8res. Alvares Nava & Domínguez.

    Abogado de la apelada: Sr. Manuel Seniles Flores.

   Los Lechos están expresados en la opinión.

El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación interpuesta por el demandado Si-món Antonio Alcaide contra sentencia qne en 9 de marzo de 1916 pronunció la Corte de Distrito de Grnayama ordenando que dicho demandado pase a la demandante María de los Dolores Alcaide y Morales una pensión alimenticia de $50 mensuales por adelantado a contar desde la interposición de la demanda. Esta fué radicada en 13 de septiembre de 1915.

En la demanda, jurada por el defensor judicial de la menor demandante, se alega como hecho fundamental que la demandante, de 17 años de edad, es hija natural reconocida de Simón A. Alcaide y de María Morales, apareciendo ins-crita como tal en el registro civil de Gfuayama, y en virtud de esa alegación y de las demás atinentes en acciones de tal naturaleza, se pide que se condene al demandado a pagar a la demandante una pensión alimenticia de $100 mensuales.

El demandado se opuso a la demanda, y seguido el juicio por los trámites del de desahucio según previene el artículo 84 de la ley referente a procedimientos legales especiales, aprobado en marzo 9 de 1905, recayó sentencia en los térmi-nos que dejamos expresados. ■

Sostiene la parte apelante en apoyo del recurso, que la corte de Gfuayama cometió error al considerar los documen-tos aportados al juicio por la demandante como constituti-vos del reconocimiento de hija natural hecho por el deman-dado' a favor de ella, pues entiende que el reconocimiento no se hizo por ninguno de los medios que establece el artículo 131 del Código Civil español vigente en la fecha en que tal reconocimiento se practicara.

La única prueba aportada al juicio del reconocimiento de la demandante como hija natural del demandado, es el acta de la inscripción de su nacimiento en el Eegistro Civil de Arroyo, levantada en 21 del mes de marzo de 1898 ante el juez municipal y su secretario, en cuya acta se hace constar mediante declaración de María Morales que la María de los Dolores nació en 23 de diciembre del año anterior y es hija natural de - la declarante, apareciendo inserta al margen de dicha acta una nota que dice así:

“Nota. — En 3 de octubre de 1900, siendo las 10 de la mañana, ante Don José García Salinas, Juez Municipal, y. Don José Aponte Hernández, compareció Don Simón A. Alcaide y Baiz, natural de este pueblo, de 35 años de edad, soltero, propietario y domiciliado en la calle Morse, de esta localidad y expuso: que la niña inscrita en la presente acta, María de los Dolores, la reconoce como bija natural suya, de conformidad con el artículo 131 del Código Civil vigente. Que son abuelos por línea paterna Don Antonio J. Alcaide y Doña Estela Baiz, natural el primero de Andalucía y la segunda de Arroyo, ambos difuntos, todo lo cual declaró ante los testigos Don Eugenio C de Manatou y Don Nazario Antonetti, mayores de edad y vecinos de este pueblo, solteros y empleados, y firman con el declarante luego del señor juez, y certifico. García Salinas. S. A. Alcaide. E. C. Manatou. Nazario Antonetti. José Aponte. Hay un sello que dice: ‘Juzgado de primera instancia, Guayania.’ Hay otro que dice: “Juz-gado Municipal de Arroyo, P. R.’ ”

Pisa-prueba fue traída al juicio sin oposición ni objeción alguna por parte del demandado, y a su resultado debe éste atenerse. Falero v. Federo et al., 15 D. P. R. 118; Belber v. Calvo, 16 D. P. R. 360; El Pueblo v. Silva, 17 D. P. R. 607; Coto v. Rafas et al., 18 D. P. R. 508; Hernández v. F. Carrera & Hermano et al., 22 D. P. R. 538. De ella resulta como un heebo real indiscutible que el demandado por su propio im-pulso, voluntaria y espontáneamente, compareció ante el Juez Municipal de Arroyo, su secretario y dos testigos, y en acta levantada a su requerimiento y suscrita por todos el 3 de octubre de 1900, reconoció como hija natural suya a María de los Dolores, la demandante, inscribiéndose ese reconoci-miento por medio de -nota al margen de la partida de naci-miento de la demandante.

-•Hubo un acto solemne y auténtico del reconocimiento de la demandante, del cual quedó constancia fehaciente en el Eegistro Civil de Arroyo, y ese reconocimiento, que no ha sido argüido de falso,.tiene que surtir todos sus efectos le-gales. Pérez Villamil et al. v. Romano et al., 19 D. P. R. 875; Iturrino v. Iturrino, 24 D. P. R. 467.

Afirma la parte apelante que el reconocimiento que se. pretendió hacer- de la demandante en su acta de nacimiento no puede sufrir efectos legales, toda vez que la ley provisional del registro civil para las islas de Cuba y Puerto Eico, entonces vigente, ordena que firmada una inscripción no po-drá hacerse en ella rectificación, adición ni enmienda que altere sustancialmente el acto a que se refiera, sino en vir-tud de ejecutoria del tribunal competente, con audiencia del ministerio fiscal. Sea cual fuera el alcance del anterior pre-cepto en un pleito sobre nulidad de reconocimiento, nunca se podrá invocar con buen éxito para impugnar una recla-mación sobre alimentos provisionales en que para la justi-ficación de la filiación reconocida, determinante del derecho pedido, se aduce como prueba, sin oposición alguna, un do-cumento público de reconocimiento, como lo es el acta que dejamos transcrita. La sentencia que se dicta en un. juicio sobre alimentos provisionales no produce excepción de cosa juzgada, y siempre queda a salvo el derecho de las partes para promover el juicio plenario de alimentos definitivos, ventilando en él por los trámites del declarativo correspon-diente tanto el derecho de pedirlos como la obligación de dar-los y su cuantía.

El demandado en su contestación hizo la alegación de que existe otro pleito pendiente ante la misma corte de G-ua-vama, cuyo resultado determinaría el verdadero estado civil de la demandante, y la prueba aportada sobre el particular por el propio demandado muestra qu£ en 17 de septiembre de 1915, después de radicada la demanda que originó el presente caso, se registró en la secretaría de aquella corte una demanda de Simón A. Alcaide contra María Morales, en la que el actor solicita se decrete la nulidad del reconocimiento hecho por Alcaide a favor de la Morales. En ese pleito pueden te-ner cabida cuantos motivos tenga el apelante para sostener la nulidad del reconocimiento, y mientras la nulidad no se de-crete 'tenemos que considerar la prueba aportada al presente juicio como suficiente para otorgar a la demandante el de-recho que reclama. Véase el caso de Manrique de Lara v. Garrosi, 23 D. P. R. 408.

Ks de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Tora, Aldrey y HntcMson.


text:
    Dupont, Demandante y Apelante, v. Aybar, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez, en pleito sobre rectificación de inscripciones de matrimo-nio y defunción.
    No. 1593.
    Resuelto en mayo 24, 1917.
    Registro Civil — Rectificaciones en las Actas — -Matrimonios—Defunciones— IIijos Naturales — Palta de Causa de Acoión. — No pueden ordenarse recti-ficaciones en las actas del registro civil concernientes al matrimonio y defun-ción de una persona, para que se eonsignc su calidad de hijo natural reconocido de un presunto padre demandante si no existe un documento justificativo del reconocimiento en forma auténtica y fehaciente, y por tanto no -aduce hechos-suficientes para constituir una causa de acción la demanda para que se ordene por nota marginal dicha rectificación cuando no contiene alegación alguna sobre el reconocimiento natural por el presunto padre en la forma expresada.
    Id. — Actas del Registro Civil — Documentos Públicos — Prueba Contra Ter-cero — Filiación.—La filiación de una persona, sin expresión de clase, con-signada en su acta de matrimonio, que envuelve el concepto de filiación legí-tima, y la filiación legítima es de la misma consignada en su acta de defun-ción, en cuyos documentos no intervino el presunto padre natural demandante que interesa la rectificación de dichas actas, no son qirueba concluyente de la filiación legítima de dicha persona con ■ relación al padre natural. Tales-errores ni le favorecen ni le perjudican, pues las actas de matrimonio y defunción de una persona, aunque documentos públicos, sólo hacen prueba contra tercero que no intervino en ellas, de los hechos que motivaron su otorgamiento, o sea del matrimonio, y de la defunción, y de su fecha, según el artículo 1186 del Código Civil.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado de la apelada: Sr. Abraham Peña.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 4 de octubre de 1936 presentó demanda a la Corte de Distrito de Mayagüez Gregorio Dupont, y son sus alegaciones fundamentales las siguientes:

Que Silvestre Dupont contrajo matrimonio en 10 de marzo de 1908 eon Inez Rita Aybar y en el acta de ese matrimonio extendida en el registro civil de dicha ciudad declaró aquél ser hijo del demandante y de Francisca Segarra, sin especi-car la clase de filiación; que Silvestre Dupont falleció en 25 de abril de 1915 y equivocadamente se hizo constar en el acta de su defunción ser hijo legítimo del demandante y de Francisca Segarra, cuando solamente era hijo natural; que por resolución de la Corte de Distrito de Mayagüez de 30 de noviembre de 1915, la demandada Inés Rita Aybar fué de-clarada única y universal heredera de Silvestre Dupont; que Silvestre Dupont no era hijo legítimo ni legitimado de Gregorio Dupont y de Francisca Segarra, pues éstos nunca con-trajeron matrimonio, pero fué procreado y nacido en época en que sus padres eran solteros y podían casarse sin dispensa alguna; que Silvestre Dupont nació en 31 de diciembre de 1880, en la casa del demandante y fué bautizado en la igle-sia parroquial de Mayagüez, para cuyo acto lo presentó el mismo demandante en su carácter de padre al Párroco de dicha iglesia, no habiéndose practicado en los libros de dicha iglesia por olvido involuntario asiento alguno sobre el nacimiento y bautizo de Silvestre Dupont; y que los • erro-res cometidos en las actas de matrimonio y defunción de Silvestre Dupont son esenciales para los derechos del de-mandante en su condición de padre natural del Silvestre, y tiene interés en su rectificación por tener otros hijos de filia-ción natural.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia ordenando sean rectificadas por el encargado del Re-gistro Civil de Mayagüez las actas de matrimonio y defun-ción de Silvestre Dupont en el sentido de hacer constar en ambas por notas marginales que Silvestre Dupont era hijo natural reconocido de Gregorio Dupont, con costas, desem-bolsos y honorarios de abogado a cargo de la demandada.

A la anterior .demanda opuso la demandada Inés Bita Ay-bar como excepciones previas la de que. el demandante no tiene capacidad para demandar, la de que la demanda no aduce he-chos suficientes para determinar una causa de acción, y la de que la acción del demandante ha prescrito de acuerdo con los artículos 133 y 137 del Código Civil de 1889, y 193 y 194 del Código Civil Revisado, 'disposición 4a. transitoria de ese código y la Ley 11a. de Toro.

La corte dictó resolución en 7 de diciembre de 1916 y por ella sostiene-la excepción de que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción, consignando como fundamento de dicha resolución “que en la demanda presentada interesa el demandante que se hagan ciertas rec-tificaciones en las actas de matrimonio y defunción de Silves-tre Dupont, que en sí implican el reconocimiento del mismo como hijo natural del demandante con todos los derechos inherentes al estado de padre natural, o sea con derecho a la herencia del mismo, ejercitándose, por lo tanto, por el de-mandante bajo el pretexto de tales rectificaciones una acción de filiación, y esa acción ni siquiera existe en nuestra legis-lación. ’ ’

Con fecha del siguiente día 8 de diciembre, la corte, a mo-ción de la parte demandante dictó sentencia por la que de acuerdo con la resolución mencionada ordena el sobresei-miento y archivo del pleito, contra cuya sentencia interpuso la representación del demandante recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Alega el apelante que la corte cometió error al declarar que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción. Afirma que en la demanda no ejercita acción de filiación porque ésta no existe en nuestro derecho' por parte de los padres con relación a sus hijos, pudiendo los padres únicamente hacer una 'declaración solemne res-pecto al nacimiento del hijo natural, y sostiene que lo que interesa es la rectificación por medio de nn juicio ante tribunal competente, de las actas del registro civil concernien-tes al matrimonio y defunción de Silvestre Dupont.

El demandante no pretende según afirma que se le declare padre natural de Silvestre. Dupont; pero interesa que en las actas de matrimonio y defunción ele éste se consigne su calidad de hijo natural reconocido del demandante, rec-tificando así dichas actas. Esas rectificaciones no pueden or-denarse sin que existe un documento justificativo del reco-nocimiento de Silvestre Dupont por el demandante en forma auténtica y fehaciente. La demanda no contiene alegación alguna sobre el reconocimiento de hijo natural de Silvestre Dupont por el demandante en la forma expresada y, por tanto, es fatalmente defectuosa al fin apetecido de que se haga cons-tar en el registro civil la filiación natural de Silvestre Du-pont en relación con el demandante.

No vemos que los errores de las actas de matrimonio y defunción a cuya rectificación aspira Gregorio Dupont causen a éste un perjuicio real y efectivo, pues la filiación de Silves-tre Dupont, sin expresión de clase, consignada en su acta de matrimonio, que envuelve el concepto de filiación legítima, Díaz v. Porto Rico Railway, Light & Power Company, 21 D. P. R. 78, y la filiación legítima del mismo consignada en su acta de defunción, en cuyos documentos no intervino el demandante, no son prueba concluyente de la filiación legí-tima de Silvestre Dupont con relación a su presunto padre.

Dichas actas, que son documentos públicos, sólo hacen prueba contra el demandante, que no intervino en ellas, de los hechos que motivaron su otorgamiento y de la fecha de éste, según el artículo 1186 del Código Civil, o sea de su ma-trimonio y de su muerte, y las manifestaciones que en ellas aparecen relativas a la filiación legítima de Silvestre Dupont, impugnadas por el demandante, ni le perjudican ni le favo-recen, admitiendo como debemos admitir ser ciertos a los efectos de la excepción de falta de acción, que Gregorio Du-pont y Francisca Segarra nunca contrajeron matrimonio.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y HutcMson.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Ninlliat, Demandante-Apelado y Recurrido, v. Suriñach et al., Demandados-Apelantes y Peticionarios.
    Solicitud para que se permita a los apelantes probar una excepción.
    No. 20.
    Resuelto en mayo 25, 1917.
    Pliego de Excepciones — Petición para que se Apruebe una Excepción. — Prueba Contradictoria.. — El juez inferior al aprobar el pliego de excepciones ordenó la eliminación de los motivos o fundamentos que consignaron los apelantes para sostener una excepción a la resolución declarando sin lugar una moción de nonsuit, y, basándose dichos apelantes en los artículos 218 del Código de Enjuiciamiento Civil y 64 del Reglamento del Tribunal Supremo, presen-taron una petición para que se les permitiera probar la excepción, tal como fué consignada en el pliego. La evidencia es contradictoria en cuanto a si los apelantes en el acto de la vista especificaron o no dichos fundamentos, y se resolvió: "que no habiéndose demostrado que el juez al ordenar la elimina-ción actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiera error manifiesto, debe prevalecer su juicio y el pliego de excepciones quedar en la forma en que fué por él aprobado.
    Abogado de los apelantes: Sr. Angel Arroyo Rivera.

    Abogado del recurrido-apelado: Sr. José Sabater.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia por la Corte de Distrito de Mayag’üez en favor del demandante, los demandados interpusieron contra ella recurso de apelación para ante este Tribunal Supremo, y a los efectos del mismo archivaron un pliego de excepciones que fué aprobado por la corte de distrito el 26 de 'abril de 1917, pero ordenando la eliminación de los cinco motivos o fundamentos que se consignaron para sostener la excepción de los apelantes a la orden de la corte declarando sin lugar sn moción de non suit. Los apelantes entonces, ba-sándose en el artículo 218 del Código de Enjuiciamiento Civil y en la sección 64 del Reglamento de esta Corte Suprema, lian pedido a esta corte que apruebe la excepción tal. como fué con-signada en el pliego. La moción de los apelantes viene acom-pañada de dos affidavits y de una certificación expedida por el secretario de la corte de distrito y se notificó a la parte contraria y al juez sentenciador. La parte contraria se opuso, presentando dos affidavits para sostener.su oposición.

' Los apelantes alegan que la corte se negó a aprobar la excepción en la forma propuesta por ellos “por no recordar con exactitud si diclios fundamentos a la excepción 5a. fueron o no tomados en el juicio,” y en sus affidavits sostienen que al presentar su moción de non suit, alegaron los cinco funda-mentos que se consignan, en el pliego de excepciones presen-tado. El apelado sostiene en los affidavits acompañados a su moción de oposición, lo que sigue: Affidavit del taquígrafo de la corte: “que el Ledo. José Sabater, abogado del deman-dante en este caso, me ha- mostrado la solicitud para que se permita a los apelantes probar una excepción, que ha pre-sentado el Ledo. Angel Arroyo ante la Corte Suprema de Puerto Rico y he leído en la segunda página ele dicha soli-citud, los fundamentos en que dice se basa la quinta excep-ción o sea la moción de non suit y declaro que tales funda-mentos no se hicieron constar en dichas notas taquigráficas, ni tampoco, según mi mejor recuerdo, se hicieron por dicho abogado y que yo no los tomara, pues de haberse expuesto dichos fundamentos en el acto de la vista del caso, induda-blemente .hubieran constado en'mis notas,” y affidavit del letrado Sabater: “Que tales fundamentos según su mejor creencia y recuerdo no se hicieron en'el acto de la vista y que dicho abogado tuvo tiempo amplio para haberlos pre-sentado por escrito, sin que lo hiciera; * * * Que ex-plorado el recuerdo del Hon. Charles E. Foote, sobre -los fundamentos de dicha moción de non suit, por el abogado ex-ponénte, dicho Hon. Juez manifestó a este abogado que tam-poco cree que se pusieran dichos fundamentos según. constan en el pliego de excepciones.”

Bajo tales circunstancias, siendo contradictoria la eviden-cia y no habiéndose demostrado que el juez de distrito ac-tuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad,. o que co-metiera algún error manifiesto, debe prevalecer su juicio y el pliego de excepciones quedar en la forma en que fué por él aprobado.

Un caso parecido fué resuelto en el sentido indicado pol-la Corte Suprema de California: In Re Howard, 108 Cal 31. En él el Juez G-aroutte al emitir la opinión de la corte, se ex-presó así:

“El presente es un procedimiento original, instituido bajo el artículo 1174 del Código Penal, con el fin de probar una excepción. De acuerdo con la petición, el demandado, Howard, estaba siendo juzgado por un delito de asesinato, y durante la argumentación final el Fiscal auxiliar del distrito empleó, dirigiéndose al jurado, cierto lenguaje que se alega no estar justificado por la prueba y ser seria-mente perjudicial a los derechos del demandado, y al cual se hizo objeción en tiempo, tomándose excepción. Este supuesto lenguaje, la objeción al mismo y la excepción fueron incorporados al proyecto de pliego de excepciones del demandado para ser usado en apelación, y el pliego en esa forma fué presentado al juez para su aprobación, pero el juez se negó a aprobarlo tal como fué presentado, y eliminó del mismo el supuesto lenguaje del Fiscal, y la excepción al mismo, bajo el fundamento de que el Fiscal no empleó tal lenguaje durante la argumentación, y entonces aprobó el pliego. Al ser radicada' la presente petición esta corte ordenó fuera trasmitida a un comisionado para que oyera la evidencia en cuanto a la verdad de las alegaciones de la petición relativas al lenguaje que se alegaba haber sido usado. El comisionado oyó la prueba y ha informado sobre la misma en su totalidad a esta corte sin expresar conclusiones en cuanto al hecho elemental.
“De un examen de la prueba traída ante nosotros resulta que existe un conflicto evidente e irreconciliable en cuanto a si el len-guaje a que se refiere la petición fué empleado o nó por el Fiscal al dirigirse al jurado. Bajo tales circunstancias la acción de la corte inferior al aprobar el pliego de excepciones tal como fué aprobado debe ser mantenida.
“Por las razones anteriores se deniega la solicitud del peticio-nario. ’ ’

Otras interesantes cuestiones fueron suscitadas al discu-tirse este caso, pero, habiendo llegado a la anterior conclu-sión, es innecesario estudiarlas, y menos resolverlas. '

Debe declararse no haber lugar a lo solicitado por los apelantes.

Sin lugar la petición.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Peesideute Se. Heexandez,

text:
    López, Demandante y Apelado, v. Herederos de Ferrer et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre nulidad de inscripción y declaración de título.
    No. 1620.
    Resuelto en mayo 25, 1917.
    Otorgamiento de Escritura — Título Inscribible — Inscripción en Común y Proindiyiso — Segregación de Finca — Documento Público. — Inscrita en el registro de la propiedad una finca en común y proindiviso a favor de deter-minados herederos, éstos en su totalidad y no algunos de ellos son los que puéden otorgar-a favor de un comprador de una parte segregada de la finca adjudicada a los herederos vendedores, cuya venta no pudo ser inscrita por haberse otorgado en documento privado, un título inscribible en el registro, atendido el artículo 20 de la Ley Hipotecaria; pudiendo el comprador eom-, peler a los herederos vendedores y a todos los demás al otorgamiento de la escritura de venta de la parte segregada, conforme a los artículos 1246 y 1247 del Código Civil, de la misma manera que los primeros hubieran podido obligar a los demás coherederos al otorgamiento a su favor de la escritura de adjudicación en pago de herencia. •
    Id. — Interés Contrario — Partes Necesarias — Indebida Acumulación de Par-tes Demandadas. — Los hechos expuestos en la demanda de este caso deter-minan. el derecho por parte del demandante a obtener un título inscribible en el registro de la propiedad sobre la parcela de terreno que legítimamente adquirió y que como esa parcela forma parte de una finca mayor inscrita en común y proindiviso a favor de todos los demandados, todos tienen en la demanda un interés contrario al demandante y son partes necesarias del juicio, sin que exista por tanto indebida acumulación de partes demandadas.
    Id. — Errores Clericales — Excepción Erívola — Excepción de Ambigüedad.— Cuando se trata de un error clerical de la demanda, sin importancia alguna en el resultado del juicio, respecto a la feclia en que los demandados se hicieron declarar únicos y universales herederos del causante, es frívola la excepción de que aquélla es ambigua y dudosa, más cuando como en este caso, tal error se desvanece por otra alegación de la misma demanda y los demandados pueden rectificarlo por tratarse de un hecho de que ellos podían tener mejor conocimiento que el demandante.
    Abogado de los apelantes: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogados del apelado: Sres. Benet <& Sou front.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Peesideute Se. Heexandez,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 15 de febrero de 1916 Pedro López Cario pre-sentó demanda a la Corte de Distrito de Mayagüez contra los herederos de los consortes José María Ferrer Pagan y María de los Angeles Pabón e Irizarry, con súplica de que se ordene al marshal de dicha corte a qne en nombre de los demandados otorgue a favor del demandante escritura de una finca de 3 cuerdas con 23 céntimos, radicada en el barrio Llanos del término municipal ele Cabo Rojo, a costa de dichos demandados, al efecto de que la misma pueda ser ins-crita en el registro de la propiedad, condenando a los deman-dados al pago de costas, desembolsos y honorarios de abo-gado del pleito.

Los herederos de los consortes José María Ferrer y Pa-gán y María de los Angeles Pabón e Irizarry, declarados tales por la Corte de Distrito de Mayagüez en resolución de 24 de marzo de 1911 son sus siete hijos nombrados José Ubal-dino, José María, José Antonio, Fernando del Carmen, Rosa María, Luis y María de los Angeles Ferrer y Pabón, sus cua-tro nietos nombrados Indalecio, Julio Benjamín, Arsenio y Lisandro Cario y Ferrer, y además Ramón María y Amparo Rivera y Ferrer, cuyas relaciones de parentesco con sus cau-santes no se expresan en la demanda.

A la demanda opusieron los demandados Luis, Fernando y'José María Ferrer y Pabón la excepción previa de indebida acumulación de partes demandadas, y esos mismos demandados ei3 unión de José Antonio Ferrer y Pabón opusieron además la excepción de que la demanda era ambigua y dudosa, cuyas excepciones después de discutidas fueron declaradas sin lu-gar por resolución de 18 de abril de 1916, concediéndose a los demandados el término de 10 días para registrar su con-testación.

Los cuatro demandados anteriormente mencionados con-testaron la demanda oponiéndose a ella; y celebrado el jui-cio, la corte dictó sentencia en 22 de enero de 1917 declarando con lugar la demanda en todas sus partes y ordenando al marshal que en nombre de los demandados citados y en virtud de la sentencia otorgue a favor del demandante Pedro Ló-pez Cario escritura de traspaso de propiedad y dominio de la finca de 3 cuerdas con 23 céntimos descrita en dicha sen-tencia, la que será segregada de la finca de 13 cuerdas deno-minada <£E1 Barro,” que también se describe en la propia sentencia, todo ello al efecto de que la mencionada finca de 3 cuerdas 23 céntimos pueda ser inscrita en. el registro de la propiedad a nombre del demandante Pedro López Cario, con costas, desembolsos y honorarios de abogado a cargo de los demandados opositores.

Contra esa sentencia interpusieron los demandados opo-sitores Luis, Fernando, José María y José Antonio Ferrer y Pabón, recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, y alegan como motivos del recurso que la corte cometió error al declarar sin lugar la excepción de indebida acumulación de partes demandadas y la de que la demanda era ambigua y dudosa, alegando además que ésta no aduce hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción.

Examinemos esas excepciones a la luz de las alegacio-nes de la demanda, considerando conjuntamente las excep-ciones primera y tercera por la íntima relación qne guardan entre sí.

La demanda muestra que muertos María de los Angeles Pabón y José María Ferrer, una finca rústica denominada “El Barro” con cabida de trece cnerdas, perteneciente • a la sociedad de gananciales constituida por dichos consortes, fné inscrita en el registro de la propiedad en común y proin-diviso a favor de los demandados después de baber obtenido éstos la declaratoria de herederos de dichos consortes por resolución de. 24 de marzo de 1911; que tal inscripción en común y proindiviso a- favor de todos los herederos, se hizo no obstante haberse practicado antes extrajudicialmente la partición de bienes de los consortes difuntos, en cuya par-tición se había adjudicado a los herederos José Antonio, José Ubaldino y José María Ferrer, una finca rústica de tres cuer-das con 23 céntimos, segregada de'la de 13 cuerdas, de cuya finca tomaron posesión los adjudicatarios mediando para ello el consentimiento unánime y expreso de todos los interesa-dos; qne de esa parcela de tres cuerdas con 23 céntimos, ha venido a ser dueño el demandante por haber adquirido una cuerda con 40 céntimos de José Antonio Ferrer y Pabón y una cuerda con 83 céntimos de Angel Méndez, quien a su vez la había adquirido de los hermanos José Ubaldino y José María Ferrer, por documentos privados, sin que esos tras-pasos hayan sido inscritos en el registro; y que los deman-dados han estado conformes en otorgar a favor del deman-dante la escritura de propiedad de la finca de tres cuerdas con 23 céntimos.

Estando como está inscrita en el registro de la propie-dad la finca de 13 cuerdas en común y proindiviso a favor de los demandados, éstos en su totalidad y no exclusivamente los herederos José Antonio,- José Ubaldino y José María Ferrer, son los que pueden otorgar a favor del demandante un título de propiedad inscribible en el registro, de las tres cuerdas 23 céntimos que en virtud de partición de bienes de José María Ferrer y María de los Angeles Pabón, fné segre-gada de la finca de 13 cuerdas y adjudicada a los tres here-deros mencionados. Actualmente el demandante, a virtud de contratos de compraventa, fia venido a adquirir los mis-mos derechos que por título de adjudicación habían adqui-rido los hermanos José Antonio, José Ubaldino y José Ma-ría Ferrer y Pabón sobre las tres cuerdas adjudicadas a los mismos, y si éstos podían compeler a los demás coherederos al otorgamiento a su favor de la escritura de adjudicación en pago de herencia de las tres cuerdas 23 céntimos, el de-mandante, que hoy representa los derechos de los tres here-deros mencionados, puede compeler a los' mismos y a todos los demás al otorgamiento de la escritura de venta del terreno de que se trata, y de que hoy es legítimo dueño.

Es indudable que tanto la adjudicación de bienes de los consortes María de los Angeles Pabón y José María Ferrer, como los ventas hechas por José Antonio Ferrer al deman-dante Pedro López Cario y por los hermanos José Ubaldino y José María Ferrer a Angel Méndez, y por éste al deman-dante, debieron hacerse por escritura pública, según el ar-tículo 1247 del Código Civil, y que no habiéndose hecho así es de aplicación el artículo 1246 del mismo Código, el cual previene que si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese in-tervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez; pero ello no impide que en un caso como el presente, siendo el demandante .causahabiente de los dere-chos de los hermanos José Antonio, José Ubaldino y José María Ferrer, con relación a la finca de tres cuerdas con 23 céntimos de que éstos son adjudicatarios, se dirija contra los mismos y contra los demás herederos a cuyo favor está inscrita la de 13 cuerdas dé que fué segregada, para obtener de todos ellos una escritura inscribible en el registro de la propiedad, escritura que lioy no pueden otorgarle esos tres herederos solamente, sino que debe ser otorgada por todos para que pueda ser inscrita en el registro de la propiedad, atendido el precepto del artículo 20 de la Ley Hipotecaria.

Ningún perjuicio sufren con ello los demandados, los cua-les según la demanda, han estado conformes en hacerlo, sin que se nos haya demostrado lo contrario, pues ignoramos el resultado de las pruebas practicadas en el juicio por no ha-ber venido en la transcripción de autos escrito de exposición del caso. Toda presunción sobre el resultado de la prueba debe estar a favor dé la sentencia..

Opinamos, pues-, que los hechos expuestos- en la demanda determinan el derecho por parte del demandante a obtener un título inscribible en el registro de la propiedad sobre la parcela de terreno de tres cuerdas con 23 céntimos que le-gítimamente ha adquirido, y como esa parcela de terreno forma parte de una finca de 13 cuerdas inscrita en común y proindiviso a favor de todos los demandados, es claro que todos éstos tienen en la demanda un interés contrario al del demandante y son partes necesarias del juicio sin que haya habido por tanto indebida acumulación de partes demandadas.

La excepción de que la demanda es ambigua y dudosa se hace consistir en que en la alegación quinta de la misma expresa el demandante que a principios del año 1912 los de-mandados se hicieron declarar únicos y universales herede-ros de José María Ferrer y Pagán y María de los Angeles Pabón e Irizarry mediante orden de la Corte de Distrito de Mayagüez de 24 de marzo de 1911. No dudamos en calificar de frívola tal excepción, pues se trata de un error clerical sin importancia alguna en el resultado del juicio y desvane-cido en la misma demanda por el demandante al afirmar éste en la alegación tercera de aquélla que la declaratoria de he-rederos se hizo por auto de 24 de marzo de 1911, aparte de que los mismos demandados podían rectificar dicho error tra-tándose como se trata de un hecho de que ellos podían tener mejor conocimiento que el demandante.

Por las razones expuestas es de confirmarse la senten-cia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cruz, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    No. 1162.
    Resuelto en mayo 25, 1917.
    Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes — Heridas con Arma de Fuego — Intención Criminal. — Cualquier persona que deliberada-mente dispare contra otra y la Mera, lo hace a su propio riesgo, deduciéndose de tales actos la intención criminal, por lo que es culpable prima facie de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    Id.- — Disparo con Arma de Fuego por un Policía — Justificación o Excusa— Arresto. — La úniea justificación que tiene un policía para disparar a una persona mientras ésta trata de correr, es cuando ha cometido un delito grave {felony) o cuando ha sido cometido un delito menos grave (misdemeanor) a presencia del policía, o si éste tiene un mandamiento de arresto; y por delito menos grave solamente después de efectuado el arresto.
    Id. — Actos no Justificados. — El hecho de que un hombro corra al ser interrogado por un policía no justifica a éste para-disparar contra aquél sin que importe la creencia que de tal hecho tenga el policía.
    Abogado del apelante: Sr. Celestino Iriarie, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Hubo prueba en este caso tendente a demostrar que Ernesto Allende, muchacho que no estaba haciendo nada malo, fué herido dos veces en las piernas por Victoriano C. Cruz. Cerca de Toa Alta el referido Ernesto Allende fué parado por Victoriano C. Cruz quien le preguntó por su nombre y residencia. Esto causó sospecha al muchacho, le dió la es-palda y quizás si basta corrió y entonces Cruz le disparó e hirió sin más justificación que esa. Cualquier persona que deliberamente dispare contra otra y la hiera, es culpable prima facie de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, o sea del delito que ha sido impu-tado en la acusación.

Se alegó como defensa que Victoriano C. Cruz era un po-licía y que Ernesto Allende corrió mientras el acusado, que estaba en busca de un prófugo, interrogaba a dicho Allende. La única justificación que puede tener un policía para dispa-rar a un hombre mientras éste trata de correr, es cuando la persona que corre ha cometido un delito grave {felony), o cuando ha sido cometido un delito menos-grave a presencia del funcionario, o si éste tiene un mandamiento de prisión; y por los delitos menos graves solamente después del arresto. Allende no había cometido ningún delito y Cruz no tenía man-damiento para su arresto. La prueba, a la verdad, tendía a mostrar que el funcionario iba vestido dé paisano y no trató de arrestan hasta después que hizo los disparos. Allende no supo que Cruz era un policía sino después de haberse he-cho los disparos.

Se alegó fuertemente en lá vista de este caso, que un hombre peligroso estaba en, fuga cuando Cruz trataba de hacer el arresto. Cruz no tenía, sin embargo, un mandamiento de prisión para el presunto prófugo. Su verdadera misión era sacar de una casa a un hombre que estaba alterando la paz allí, pero cuando Cruz llegó a la casa el hombre se había ido. Cruz confundió a Allende con el prófugo, pero aun cuando él hubiera sido la persona que se perseguía, Cruz no estaba justificado en dispararle. En realidad no podía considerarse que ni Allende ni el supuesto prófugo hicieron resistencia .-al policía, puesto que no hubo tentativa para arrestarlos, ni siquiera ninguna demostración de que Cruz era alguno de los funcionarios de la paz. Si un hombre se resuelve a correr al ser interrogado, tal hecho no justifica a un policía para dispararle y no importa lo que el policía mismo crea. Cual-quier persona que dispare contra otra lo hace a su propio riesgo. La intención de disparar y hacer blanco existía, de donde se deduce la intención criminal y no importa el mo-tivo que haya podido tener un determinado acusado. 2 R. C. L. 527,' et seq.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Matheu, Demandante y Apelado, v. Murillo et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre rescisión de contrato en fraude de acree-dores y daños y perjuicios.
    No. 1554.
    Resuelto en junio 1, 1917.

    Rescisión de Contrato — Fraude de Acreedores — Sentencia contra Uno de los Cónyuges — Sociedad de Gananciales. — Dirigida una acción en cobro de pesos únicamente contra la mujer, y pronunciada sentencia condenatoria contra ella, no puede pedirse y decretarse la rescisión de la venta de una propiedad llevada a efecto con posterioridad por la sociedad de gananciales de la cual forma parte dicha mujer, bajo el fundamento de que existe la pre-sunción de que lo fué para defraudar al acreedor, porque la sociedad de gananciales es una entidad distinta que no quedó obligada por la sentencia. En tal virtud, no es aplicable a dicha venta la disposición contenida en el artículo 1264 del Código Civil.
    Bienes Gananciales — Bienes Privativos — Edificio Oonstruído Durante ei, Matrimonio en Suelo Propio de Uno de los Cónyuges. — De acuerdo con la prescripción terminante del artículo 1319 del Código Civil, un solar perte-neciente a uno de los cónyuges adquirido antes del matrimonio, deja de ser un bien privativo, cuando, ya celebrado el matrimonio, la sociedad de ganan-«ciales fabrica en él un edificio.

       En junio 21, 1917, denegada reconsideración.

   Dos hechos están expresados en la opinión.

Abogado de los apelantes: Sr. Manuel Tous Soto.

Abogados del apelado: tSres. R. Sánchez Montalvo y E. P. Gibson.

El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre rescisión de contrato cele-brado en fraude de acreedores y daños *y perjuicios. En la demanda se alegó, en resumen, que el demandante era dueño de cierta participación en un hotel establecido en Ponce y la vendió a la demandada Rosalía Murillo, casada con el de-mandado Rosaly; que no se pagó el precio estipulado y el de-mandante inició un pleito contra la dicha Rosalía Murillo para su cobro que se falló a su favor el 29 de mayo de 1913, noti-ficándose la sentencia a la demandada el 30 del mismo mesj. que al tratar de hacer efectiva su sentencia, resultó que la demandada no tenía bienes; que cuando la demandada com-pró al demandante su participación en el hotel, era dueña con su derecho inscrito en el registro, de una casa y solar ra-dicados en la calle del Comercio de la ciudad de Ponce, que-se describen; que con conocimiento de la deuda, de la sen-tencia recaída en contra de la demandada Murillo y de que. ésta quedaba insolvente, su madre la demandada Berdeguez de mala fe y en connivencia con su hija para defraudar Ios-derechos del demandante, compró a aquélla la casa y el solar indicados, por escritura de 5 de septiembre de 1913; que como consecuencia del traspaso, la demandada Murillo quedó insolvente; que el demandante con motivo de este asunto tuve que hacer viaje e incurrió en gastos con perjuicio de sus in-tereses, y que carece de todo otro recurso legal para obtener la reparación que se le debe.

Los demandados excepcionaron la demanda porque a su juicio no aducía hechos suficientes para determinar una causa .de acción, y declarada la excepción sin lugar, la contestaron negando general y específicamente todos y cada uno de sus hechos.

Celebrada la vista, la corte dictó sentencia én favor del demandante y los demandados entonces interpusieron el pre-' sente recurso de apelación.

Uno de los motivos del recurso es el de que la corte de distrito “erró al declarar que la casa vendida por doña Bo-salía Murillo venía afectada al pago de la sentencia recaída contra ésta.” El tribunal ña examinado cuidadosamente las alegaciones y las pruebas y se ve obligado a concluir que tal error existe y, por tanto, que debe revocarse la sentencia re-currida.

Según se alegó en la demanda y se probó en el juicio, el de-mandante vendió su participación en el ñotel a la demandada Murillo. Cuando ejercitó la vía judicial para cobrar el pre-cio de dicha venta, dirigió su acción únicamente contra la dicha demandada, y fué ésta la condenada por la sentencia de 29 de mayo de 1913.

La venta de la finca urbana cuya rescisión se pidió por el demandante y se decretó por la corte, no se llevó a efecto por la demandada Murillo personalmente, sino por la sociedad de gananciales formada por Joaquín Bosaly y su esposa, la demandada Murillo, que era una entidad distinta que no ha-bía quedado obligada por la sentencia de 29 de mayo de 1913. No cabe, en tal virtud, aplicar a dicha venta la disposición contenida en el artículo 1264 del Código Civil.

T no se diga que el solar en que se construyó la casa ven-dida era un bien privativo de la demandada Murillo. Lo fué en efecto por haberlo ella adquirido antes de su matrimonio con Bosaly, pero dejó de serlo cuando, ya celebrado el ma-trimonio, la sociedad de gananciales fabricó en él la casa, de acuerdo con la prescripción terminante del artículo 1319 del Código Civil.

Debe revocarse la sentencia recurrida y declararse la de-manda sin lugar.

Revocada la sentencia apelada y decla-rada sin lugar la demmtda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y HutcMson.