author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Tomás López de Victoria, peticionario y apelante, v. Sixto M. Saldaña, Jefe del Presidio Insular, demandado y apelado.
    Núm. 8514.

    Sometido: Abril 14, 1942.

      Resuelto: Abril 24, 1942.

      .A. Casanova Prats, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo j Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Ésta es una apelación establecida contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan dictada en un procedimiento de bábeas corpus, negándose a decretar la libertad de Tomás López de Victoria, condenado por la Corte de Distrito de Ponce como autor de nn delito de asesinato a la pena de reclusión perpetua.

Se sostiene por el prisionero apelante que la Corte de Distrito de San Juan erró al resolver que la Corte de Distrito de Ponce había actuado con jurisdicción en el juicio y por consiguiente al desestimar la petición de hábeas corpus.

La falta de jurisdicción se hace consistir por el apelante en que no tuvo la debida asistencia de abogado. Claro es que si su afirmación fuera cierta tendríamos que reconocer que le asistía la razón y deberíamos revocar la sentencia ape-lada. Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458; Ex parte Hernández Laureano, 54 D.P.R. 416; Powell V. Alabama, 287 U.S. 45; Pueblo v. Muriel, 57 D.P.R. 914; Berríos v. Saldaña, 59 D.P.R. 903, en el que se cita el caso de Glasser v. United States decidido por la Corte Suprema Nacional en enero 19, 1942.

Para resolver en tal virtud la apelación en justicia, ten-dremos que investigar cuál fué la prueba sobre asistencia de abogado y aquilatarla a la luz de la razón y la jurisprudencia.

La sentencia cumpliendo la cual se encuentra en prisión el peticionario apelante, se dictó por la Corte de Dis-trito de Ponce el 28 de septiembre de 1938. El peticionario fué acusado en unión de Casimiro Berenguer, Elifaz Escobar, Santiago González, Vicente Morciglio, Leocadio López, Juan Pietri, Guillermo Larrogaiti y Prudencio Segarra de un delito de asesinato intentado contra eí Gobernador de Puerto Rico Blanton Winship y perpetrado, el-25 de julio de 1938, en la persona de Luis A. Irizarry, Coronel de la Guardia Nacional, que cerca del Gobernador se encontraba, revistando una pa-rada que se celebraba en Ponce en dicho día, en conmemo-ración del cuadragésimo aniversario de la entrada del ejército de los Estados Unidos de América en Puerto Rico.

Pidió el acusado y le fué concedido juicio por separado, y celebrado el juicio, el jurado rindió veredicto declarándolo culpable de asesinato en primer grado. La corte le impuso la pena de reclusión perpetua. Apeló para ante este Tribunal y desistió del recurso, quedando la sentencia firme.

Así las cosas, en enero de este año archivó el prisionero su petición de hábeas corpus en la Corte de Distrito de San Juan. Expedido 'el auto, fue llevado a la corte el cuerpo del peticionario por su guardián y se practicó la investigación de ley. En febrero 9, 1942, la corte dictó la sentencia recu-rrida, negándose a decretar la libertad del prisionero. La sentencia se basa en una extensa relación del caso y opinión que forma parte de los autos y que contiene la conclusión que sigue:

“Los hechos probados en el presente caso demuestran, fuera de toda duda, que el aquí peticionario estuvo en todo momento asistido de abogado, y siendo ello así, ni los derechos constitucionales del mismo, ni el artículo 141 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Pico, ni la Ley han sido violados en forma alguna. ’ ’

Se ha elevado la transcripción de la evidencia practicada en el procedimiento de hábeas corpus. Declaró el peticiona-rio. Dijo que su causa empezó a verse en Ponce el 19 de septiembre de 1938, representándolo el abogado Toro Nazario que presentó una moción de suspensión porque no había tenido tiempo suficiente de preparar su defensa. No había hablado antes con su abogado, ni le había explicado la teoría de su defensa. Tampoco se comunicó con el otro abogado que inter-vino, Edelmiro Huertas. Cuando su causa se llamó ya se había celebrado el juicio contra su coacusado Elifaz Escobar. No había citado sus testigos. Le parece que la citación para juicio la recibió dos o tres días antes. El ambiente que lo rodeaba era hostil. Los abogados de Ponce no querían acep-tar la defensa de estos casos. Prefería un abogado indepen-dentista. Le nombraron cinco abogados de oficio. Los acu-sados tuvieron entre sí un cambio de impresiones y concluye-ron que debían esperar que pasara un caso a ver lo que.surgía del mismo. Nunca estuvo conforme con que lo defendieran los cinco abogados que le nombraron y entonces Toro Nazario, nacionalista, asumió su representación. Después de hacerse cargo de su defensa habló con él y su abogado le dijo que estaba dispuesto a que se sometiera el caso sin testimonio y él le dijo que había testigos. A los dos días de empezado el juicio su hermana dió a Toro Nazario una lista de sus testi-gos que fueron citados y declararon.

Seguidamente declaró Toro Nazario. Dijo que se hizo cargo de la defensa de López de Victoria el 19 de septiembre al comenzar el juicio sin haberla preparado con el acusado ni haber hablado con él sobre sus testigos o su teoría y que advirtió al tribunal que no estaba en condiciones de ver el caso. “Se me puso como condición que hiciera constar que estaba preparado. Como abogado yo entendía entonces que para aceptar un caso, un juez no tenía derecho a ponerme esa con-dición. Yo personalmente creía que yo tenía razón, pero en aquellos momentos, una vez dictado el criterio del juez, la misión del abogado no era ponerse a discutir con el juez.”

Luego contestó a la corte como sigue:

“P. ¿ Usted había estudiado las cuestiones de derecho en este caso de López de Victoria antes de entrar a juicio? — R. No, no las había estudiado. — La Corte: P. ¿Y después de entrar a juicio, las estudió? —R. Mi contestación sería sí, entendiéndose que hay que tomar en consideración la precipitación con que fué el caso. De modo que mu-chas cosas, aunque fueron estudiadas, la verdad es que pudieron haber sido mejor estudiadas si hubiera habido más tiempo y más opor-tunidad, sobre todo esta precipitación hay que interpretarla a la luz de que yo estaba lejos de mi bufete, lejos de mis notas, lejos de mis libros y lejos de mis medios de eomuniacción profesional ordi-narios ...”

Ambas declaraciones, la del prisionero y su abogado, son muy extensas y difíciles de resumir. Sólo hemos consignado lo que nos ha parecido más saliente para la mejor comprensión de las mismas.

Seguidamente el prisionero introdujo parte de la trans-cripción de evidencia de la causa criminal núm. 7419, por ase-sinato, de la Corte de Distrito de Ponce, páginas 2 a 13. El fiscal presentó las páginas 38 y 515 de la misma transcripción y el caso quedó sometido.

De esa última evidencia resulta que al llamarse la cansa de asesinato para juicio compareció el acusado representado por sus abogados de oficio y uno de ellos, Augustin Font, se refirió, a cierta moción que habían presentado después de la celebración del juicio de Elifaz Escobar, pidiendo a la corte que los relevara de seguir representando a los otros acusados, y dijo que al no acceder la corte, acatando su orden, se dedi-caron los abogados con todo empeño a la defensa de López de Victoria y estando en ello los visitó su compañero Toro Nazario notificándoles su decisión de tomar a su cargo la representación “de este acusado, y de los demás acusados,” habiendo convenido tras un cambio de impresiones en que se harían esas manifestaciones en corte y Toro Nazario asu-miría la representación del acusado. Agregó que desde el caso de Elifaz Escobar, Toro Nazario mostró interés en inter-venir, pero los abogados de oficio no lo permitieron, tomando luego la'anunciada resolución después de haber conferenciado con el acusado Berenguer y con el propio López de Victoria.

Entonces Toro Nazario se expresó así: “Deseamos mani-festar que lo que ha dicho el compañero Agustín Pont es una versión fiel y exacta de todo lo que se ha acordado. Que todo es completamente cierto de acuerdo con lo que se ha es-tipulado.”

Intervino él fiscal. Hiciéronse varias manifestaciones y finalmente ocurrió lo que sigue:

“Juez: Queda terminado y la corte le va a hacer una pregunta al señor Toro Nazario. ¿Está usted preparado para entrar a la vista de este caso? — Toro Nazario: Esa pregunta la contestaría de otra manera ahora. — Juez: Es una consecuencia de lo anterior. Hice bien claro que no resolvería la moción de retirarse los abogados, y no la resuelvo sin tener la seguridad de que el señor Toro Nazario iba a entrar a la vista de este caso. Lo hice bien claro, pues tengo muy buena memoria.
‘ ‘ Toro Nazario: Esa advertencia me impide contestar la pregunta y tomamos respetuosamente excepción a ella para los efectos del récord. — Juez: Tenemos que salir de esto. No voy a resolver la cuestión hasta que tenga la seguridad de que el abogado me conteste en términos que no sean ambiguos. La corte le exige una contestación clára, porque no vamos a estar en un juego de balanceo. — Pierluisi: Deseamos aclarar, para sostener la posición de Vuestro Honor, que al allanarnos a la petición del compañero Font, lo lucimos en el enten-dido de que no se va a pretender suspender el juicio. Tendríamos que retirar nuestro allanamiento, si esto envuelve una táctica del compañero Toro Nazario de suspender el caso, si se quiere aprovechar de la oportunidad para hacer una moción de suspensión que perju-dicaría los derechos de El Pueblo de Puerto Rico . . .
“Toro Nazario: En esas condiciones, señor Juez, contestamos que estamos preparados para entrar a juicio. Pero este abogado quiere hacer constar en el expediente, que una de las funciones de un abo-gado después de aceptar el cargo de abogado de un acusado, es que tiene pleno derecho a pedir una suspensión. De modo que si para los efectos del expediente pidiera la suspensión del caso, no se entienda que está en conflicto . . . — Juez: Cada cual alegue su derecho. El abogado presenta la moción, el fiscal se opone, la corte la resuelve y el abogado tiene derecho a tomar excepción. — Toro Nazario: Estamos preparados para entrar a juicio.
⅝ ⅞ ⅞ ⅜ ⅞ ⅝ ⅝
“Juez: ¿Se contesta la pregunta? ¿El señor Toro Nazario será de ahora en adelante el representante, abogado exclusivo del acusado en este caso? — Toro Nazario: Sí señor, en todos los casos, excepto los que ya tienen abogado. — Font: Y excepto en el de Elifaz Escobar en el cual nosotros ostentamos la representación del acusado. — Juez: Aclaradas todas esas circunstancias, la corte declara con lugar la mo-ción de los cinco abogados que intervinieron en el caso contra Elifaz Escobar, entendiéndose que ellos continúan tramitando el caso de Elifaz Escobar hasta su terminación en la Corte Suprema . . .
“Juez: Entonces el señor Toro Nazario permanece como abogado del acusado. La corte hace una pregunta. ¿Las partes están prepa-radas para entrar a la vista de este caso? — Rodríguez Serra: Estamos listos. — Toro Nazario: Reproducimos la misma alegación de la anterior moción. — Juez: Si tiene alguna moción, hágala. — Toro Nazario: No estando listos, y para ganar tiempo, presentamos respetuosamente una moción de suspensión, alegando que el acusado no ha tenido tiempo razonable para preparar su defensa. — Rodríguez Serra: Con nuestra oposición, por los siguientes fundamentos: Ya el compañero Toro Nazario anunció desde hace varios días, a través de su telegrama, que asumiría la defensa del acusado, y tenía conocimiento de que el caso estaba señalado para hoy, después de citar - a todos los testigos, a los jurados y estar listos los fiscales. — Pierluisi: El mismo abogado anunció que estaba preparado para entrar a juicio. — Juez: La de-fensa. — Toro Nazario: Sometida. — Juez: La corte declara sin lugar la moción de suspensión y ordena que se entre a la vista de este caso.”

Las páginas de la transcripción ofrecidas en evidencia por el fiscal, comprueban, la 38, que el abogado Huertas Zayas actuó también como abogado en el juicio examinando a los jurados, y la 515 que Toro Nazario introdujo la evidencia de su defendido, así:

“Toro Nazario: En esas condiciones nosotros vamos a ofrecer esa prueba a ustedes, y esperamos que merecerá el crédito de ustedes y traerán un veredicto absolutorio para el acusado.' — Juez: Entonces, prueba de la defensa. Que los testigos presten juramento. — Toro Nazario: Los testigos son: Lucila Ralat, Pura López, Nicanora Soto-mayor, Juan Alfonso Santiago, Josefa Ríos, Elifaz Escobar y Juan Pietri. Anunciamos que estamos tratando de localizar a otro testigo que no ha aparecido, pero para los efectos de la notificación a los fiscales, tan pronto como podamos localizar a este testigo, lo notifi-caremos inmediatamente. — (El Secretario le toma juramento a los testigos.) — Juez:. Se seguirá la regla de un solo abogado y un solo fiscal.”

Habiendo en consideración todo lo expuesto, nos parece que estuvo justificada la corte sentenciadora al concluir que el prisionero tuvo en el juicio la debida asistencia de abogado.

Como sabemos, el peticionario fue acusado conjuntamente con otras personas de un delito de asesinato y la corte de dis-trito les nombró cinco abogados de oficio. Los propios acu-sados conferenciaron entre sí y acordaron pedir juicios por separado a fin de observar lo que ocurriera en el primer caso. Fue Elifaz Escobar el primero, y de cómo cumplieron su deber sus abogados de oficio, habla la opinión de esta corte emitida para basar la sentencia que declaró no haber lugar al recurso establecido contra la de la Corte de Distrito de Doñee. Pueblo v. Escobar, 55 D.P.R. 505.

El abogado Toro Nazario, por aquel entonces vicepresi-dente del Partido Nacionalista, trató de intervenir en el juicio de Escobar. No lo permitieron los abogados nombrados por la corto. Renovó su actitud cuando Escobar fue condenado, en cuanto a los otros acusados, especialmente en cuanto a López de Victoria, y entonces los abogados de oficio se avi-nieron a retirarse siempre que Toro Nazario se hiciera cargo de la representación de López de Victoria en el día del juicio que estaba ya señalado, todo ello con la conformidad del acu-sado que quería ser defendido por un abogado de su partido, esto es, nacionalista

Bajo esas circunstancias no pueden impresionar favora-blemente la conciencia judicial las manifestaciones de Toro Nazario en el sentido de su falta de preparación. En primer lugar admitió que lo estaba y en segundo lugar que lo estu-viera era lo lógico dados su condición de vicepresidente del Partido Nacionalista, su interés en la defensa mostrado desde el primer juicio, su insistencia en el segundo y su manera de desenvolverse en el mismo, presentando y practicando la evi-dencia con que contaba su defendido.

Además, uno de los abogados de oficio, de simpatías nacio-nalistas, según surge de los autos, Edelmiro' Huertas, continuó ’ a su lado y le prestó su ayuda principalmente en la consti-tución del jurado.

Esas circunstancias son bien distintas de las que llevaron a la Corte Suprema de los Estados. Unidos en el caso de Powell, supra, y a esta Corte Suprema de Puerto Rico en los casos de Muriel y Berríos, supra, a concluir que no obs-tante haber contado los acusados con abogados, en realidad no los tuvieron y fueron juzgados sin la asistencia legal que la ley les garantiza, habiéndose dictado por tanto sin, juris-dicción las sentencias que contra ellos fueron pronunciadas.

Este caso cae más bien dentro de la regla establecida por la Corte Suprema Federal en el de Avery v. Alabama, 308 U.S. 444, en el que el peticionario fué convicto de asesinato en la Corte de Circuito de Bibb County, Alabama, y senten-ciado a muerte, confirmando la sentencia la Corte Suprema del estado.

El caso llegó en certiorari a la Corte Suprema de los Es-tados Unidos y ésta, en opinión emitida por. su Juez Sr. Black, dijo:

“ ... La cuestión única presentada consiste en determinar si, en violación de la Enmienda Décimoeuarta, ‘se privó al peticionario de su derecho a estar representado por abogado, con los incidentes usuales de consulta y oportunidad de prepararse para el juicio/ por-que después de habérsele nombrado letrados competentes en debida forma, la moción radicada por éstos para posponer el juicio fué dene-gada. ’ ’

Expuso luego los lieclios según aparecían del récord, a saber, que el peticionario había sido arrestado poco antes de marzo 21, 1938, para responder de un crimen cometido en 1932; que en la indicada fecha — marzo 21, 1938 — se le leyó la acusación en un término regular de la corte, nombrándosele para asistirlo dos abogados, haciéndose alegaciones de no culpable y no culpable por causa de demencia, y que la corte señaló el juicio para marzo 23, esto es, para dentro de dos días, celebrándose en efecto el 24 en cuya fecha los abogados pidieron la suspensión bajo la base de que no habían tenido tiempo ni oportunidad suficientes desde su nombramiento para investigar y preparar su defensa, acompañándose affidavits a la moción.

Continuando en el estudio del récord encontró que éso no obstante los abogados habían actuado en el juicio celosa e inteligentemente y que la sentencia condenatoria dictada ha-bía sido apelada y confirmada, expresándose entonces, textual-' mente, como sigue:

“Bajo las peculiares circunstancias que aparecen de este récord no creemos que se haya privado al peticionario del beneficio de estar representado por abogado ' que le garantiza la Enmienda Décimo-cuarta. Los letrados nombrados para su defensa, conforme lo reco-noció la Corte Suprema de Alabama, han cumplido con ‘la totalidad de su deber hábil e inteligentemente.’ No sólo prepararon ellos la defensa del peticionario ante la corte sentenciadora si que, junto con los letrados más tarde empleados,' apelaron para ante la corte su-prema del estado y luego trajeron la controversia ante nos solicitando su revisión. Su nombramiento y la representación ostentada bajo el mismo no fueron meras formalidades si que los abogados del peti-cionario han — como era su más solemne deber — intervenido activa-mente en cada etapa del proceso hasta su definitivo fallo. El peti-cionario ha tenido en consecuencia la asistencia de diligentes y celosos letrados desde el momento de la lectura de la acusación hasta el informe final ante esta corte.”

Antes liabía dicho:

“Toda vez que la Constitución no especifica en sitio alguno que deba transcurrir determinado lapso de tiempo entre el nombramiento de letrado que se requiere y el juicio, el hecho, por sí sólo, de que se haya denegado una moción de suspensión, no constituye una pri-vación del derecho constitucional a estar representado por abogado.”

Siendo la conclusión de la corte la siguiente:

“Atendidas las circunstancias 'que concurren en este caso no po-demos decir que el juez sentenciador, quien terminó un juicio con-ducido en forma justa salvaguardando cuidadosamente los derechos, del peticionario por medio de una explícita y leal instrucción al ju-rado, privara al peticionario de su derecho constitucional a estar representado por abogado. Habiendo la Corte Suprema de Alabama concluido que se concedió ese derecho al peticionario, su sentencia es por la presente ‘confirmada.” Avery v. Alabama, supra.

Si terminado el estudio del caso de Ávery volvemos a fijar-nos en el de López de Victoria, encontraremos que sus detalles revelan claramente que el peticionario no solamente tuvo el auxilio legal necesario si que el que él mismo escogiera.» La corte de distrito le nombró para asistirlo en su defensa desde el primer momento un grupo de abogados competentes y aceptó luego el cambio deseado por él mismo, y.si se mantuvo firme en la no suspensión del juicio, todo demuestra que ejercitó correctamente su discreción. Garantía de defensa no quiere decir que se acceda a cualquier petición-del acusado aunque se tenga el convencimiento de que se presenta para dilatar indebidamente la administración de la justicia.

Bebe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Adela Sárraga, demandante y apelada, v. Justino Villalobos, demandado y apelante.
    Núm. 8375.

    Sometido: Abril 14, 1942.

      Resuelto: Abril 24, 1942.

      Francisco Navarro Mendín, abogado del apelante; Benicio Sánchez Castaño, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Disuelto el vínculo matrimonial que existía entre Justino Villalobos y Adela Sárraga, sin que en la sentencia se hiciera disposición alguna en cuanto a los bienes gananciales habidos durante el matrimonio, en junio 17 de 1939 Adela Sárraga radicó demanda ante la Corte de Distrito de San Juan, en la que alegaba que con posterioridad a la celebración de su ma-trimonio con Villalobos éste construyó con dinero de la socie-dad de gananciales una casa de concreto, Valorada en $3,000. Pedía la demandante que se ordenara la liquidación de dichos bienes.

Contestó el demandado alegando que la casa fué construida por él con dinero propio y siendo él soltero, y que los únicos bienes adquiridos durante el matrimonio fueron los del ajuar de casa, valorados en $1,500, los cuales fueron cedidos por él a la demandante al decretarse el divorcio.

La corte inferior dictó sentencia ordenando la liquidación solicitada y disponiendo qne la casa descrita en la demanda debía ser incluida en el inventario como un bien ganancial.

No conforme el demandado, interpuso el presente recurso de apelación. Alega que la corte inferior erró:

“1. Al estimar que el matrimonio de las partes se llevó a efecto doce días después de haberse aprobado el proyecto de la edificación de la casa.
“2. Al estimar que la casa no fué construida antes del matri-.monio entre las partes.
"3. Al dejar de considerar la circunstancia de que la edificación de la casa en controversia fué comenzada antes de celebrarse las nupcias y con dinero perteneciente exclusivamente al demandado apelante. ’ ’

Consideraremos «los tres señalamientos conjuntamente, pues todos ellos se refieren a la apreciación de la prueba por la corte inferior y envuelven una sola cuestión o sea la de si la casa objeto de este pleito fué o no construida durante él matrimonio entre el demandado apelante y la demandante apelada.

La corte de distrito, después de examinar la eviden-cia de ambas partes, declaró probados los siguientes heelios:

‘ ‘ Que en enero 16 de 1933 la División de 'Hogares Seguros arrendó al demandado el solar Núm. 77 de la Calle 10 del Barrio Obrero, teniendo dicho solar una superficie de 207.94 metros cuadrados (Exhibit 2 de la demandante) ; que en marzo 1 do 1933 fué aprobado por el Comisionado del Interior y Presidente de la Comisión de Ho-gares Seguros un proyecto para la construcción de una casa de hor-migón para el demandado en el referido solar, proyecto que en marzo 27 de 1933 fué aprobado por el Departamento de Sanidad. (Exhibits 1 demandante y A demandado).
“Ante una prueba documental tan concluyente no podemos darle crédito alguno a las declaraciones del demandado y su testigo Agus-tín Ríos tendientes a demostrar que la casa objeto de este litigio fué construida antes del matrimonio de la demandante con el deman-dado, hecho que ocurrió doce días después de haberse aprobado por el Departamento de Sanidad los planos para la construcción de dicha casa.
"La evidencia demostró que demandante y demandado vivían en concubinato antes de contraer matrimonio, así como que en la cons-trucción de la casa se emplearon cuatro meses y que la misma vale en la actualidad no menos de $2,500. A preguntas de la corte, el demandado manifestó que dielia casa la había construido para irse a vivir a ella con la demandante; que se casó con la demandante en abril 8 de 1933 cuando ya la casa estaba terminada, pero que no fué a vivir a la misma hasta dos meses después de casado. Nos me-rece más crédito el testimonio de la demandante al declarar que cuando se fueron a vivir a la casa,' la misma no estaba terminada, que tendría como dos meses de comenzada su construcción, la que fué comenzada después de estar ella casada con el demandado.
“Si el demandado estaba construyendo la casa para ir a. vivir a ella con la demandante, ¿por qué esperar dos meses después de ca-sados y casi tres después de terminada .la misma para habitarla con ella? La contestación a esta pregunta no hay que pensarla mucho: toda la tardanza se debió a que la casa no fué construida antes del matrimonio entre demandante y demandado.
“Analizada toda la prueba practicada por las partes, llegamos a la conclusión do que la casa objeto de estos procedimientos es un bien ganancial adquirido durante la existencia del matrimonio entre demandante y demandado, teniendo un valor de $2,500; que de los bienes muebles pertenecientes a la sociedad de gananciales la deman-dante ha recibido bienes por la suma de $200; y que dicha sociedad de gananciales no ha sido liquidada. Y siendo ello así, procede una sentencia decretando la liquidación de la sociedad de gananciales existente entre demandante y demandado, en cuya liquidación debe inventariarse como un'bien perteneciente a la sociedad de gananciales la casa que se describe en la demanda.”

Después de un detenido examen de la evidencia, debemos resolver que la de la demandante, a la cual dió entero crédito la corte sentenciadora, era suficiente para justificar (las con-clusiones de hecho en que se basó la sentencia recurrida. De acuerdo con la declaración de la demandante, cuando ella y Villalobos se casaron fueron a vivir a casa de'un amigo; la casa objeto de este litigio se empezó a construir en abril de 1933, estando ya casados; antes de casarse con Villalobos, la demandante estuvo viviendo con él, mientras trabajaba en el Board de Eleccionesella hizo economías y le dió a él parte del dinero, como $400, para empezar la casa, la cual se empezó y se terminó estando ya casados; y se mudaron a la casa mucho antes de qne estuviese terminada.

La prneba del demandado en cnanto a la procedencia del dinero, a la cnal no dió crédito la corte sentenciadora, era insuficiente para destruir la presunción legal de qne nna casa adquirida por construcción durante el matrimonio es un bien ganancial.

La declaración del demandado está en abierto conflicto con la de la demandante. Habiendo sido resuelto este conflicto a favor de la demandante y no imputándose a la corte inferior pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación de la evi-dencia, procede confirmar la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    Merino Rodríguez Hnos., S. en C., demandante y apelada, v. Juan Font Suárez, demandado y apelante.
    Núm. 8460.

    Sometido: Abril 23, 1942.

      Resuelto: Abril 24, 1942.

      Diego O. Marrero, abogado del apelante; Orlando J. Antonsanti y Fernando Ruiz Suria, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por sentencia de 15 de junio de 1939 dictada en el caso arriba expresado, fné condenado el demandado a pagar a la demandante la cantidad de $382.15, intereses legales desde la interposición de la demanda y las costas, sin incluir honora-rios de abogado. Dicha sentencia fné notificada al deman-dado el 30 del citado mes y a la demandante el 14 de jnlio siguiente. En esta última fecha la demandante radicó su memorándum de costas, ascendentes a $21.75, contra el cual no presentó el demandado impugnación alguna.

El demandado estableció recurso de apelación contra la sentencia principal el 12 de julio de 1939 y el 11 de junio de 1941 este Tribunal Supremo revocó la sentencia apelada, pero el 23 del mismo mes la reconsideró y en su lugar dictó otra “condenando al demandado a pagar a la demandante, por saldo de la deuda reclamada en la demanda, la suma de $50, quedando sin valor ni efecto cualquier pagaré o pagarés que hubiere firmado el demandado en reconocimiento de la misma, con las costas que procedan, sin incluir honorarios de abo-gado.” Merino Rodríguez Hnos. v. Font, 58 D.P.R. 848.

Después de devuelto el mandato a la corte inferior, la demandante solicitó señalamiento de la vista del memorándum de costas, la cual se celebró el 8 de septiembre de 1941, com-pareciendo el abogado del demandado a oponerse a su apro-bación, impugnando oralmente la jurisdicción de la corte, por haberse ya resuelto la apelación interpuesta contra la senten-teneia propiamente dicha.

Desestimada la contención del demandado y aprobado el memorándum de costas por la suma reclamada, se instruyó por el demandado el presente recurso, que basa en el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado por la ley de 11 de mayo de 1936 (Leyes de 1936, pág. 353) que literalmente dice así:

“Art. 339. El memorándum de costas debe ser presentado den-tro de los diez (10) días después de notificada la sentencia, y cual-quier oposición del mismo dentro de los cinco (5) días subsiguientes. TD entro de los diez (10) días después de la resolución de la corte so-bre el memorándum de costas cualquiera de las partes puede apelar para ante el Tribunal Supremo y la apelación será tramitada con-juntamente con cualquier apelación que baya sido establecida contra la sentencia principal; Disponiéndose, que en caso en que no se baya establecido apelación de la sentencia principal, podrá siempre ape-larse del memorándum de costas.”

Sostiene el apelante que era obligación de la apelada no sólo presentar en tiempo el memorándum de costas, si que también señalarlo dentro de un tiempo razonable, de suerte que de establecerse apelación contra la resolución que reca-yere, pudiera ésta tramitarse conjuntamente con la apelación interpuesta contra la sentencia principal, y que no habiéndose hecho así, el derecho a reclamar las costas se entendía renun-ciado (waived) y la corte carecía de jurisdicción para aprobar el memorándum.

Es evidente, de acuerdo con el artículo 339 trans-crito, la obigaeión de la demandante apelada de radicar su memorándum de costas dentro del término de diez días des-pués de serle notificada la sentencia, y de los autos resulta que ella cumplió oportunamente ese deber. También es claro, a nuestro juicio, que el deber de tramitar la apelación contra la resolución recaída en el memorándum de costas juntamente con la apelación establecida contra la sentencia principal, es mandatorio y sólo puede establecerse recurso separadamente, cuando no se haya apelado de la sentencia principal. Que ello es así lo demuestran el lenguaje y el contexto del citado precepto legal. Prescribe, en primer término, que la apela-ción contra la resolución recaída en el memorándum de costas “será tramitada conjuntamente con cualquier apelación que haya,sido establecida contra la sentencia principal,” e inme-diatamente después establece la siguiente única excepción: “Disponiéndose, que en caso en que no se haya establecido apelación de la sentencia principal, podrá siempre apelarse del memorándum de costas.” Habiéndose establecido apela-ción contra la sentencia principal, es evidente qne no puede tramitarse independientemente de dicho recurso el interpuesto contra la decisión recaída en el memorándum de costas sin infringir las disposiciones del artículo 339 que nos ocupa.

Ahora bien, dentro de las circunstancias de este caso, & actuó la corte inferior con jurisdicción al aprobar el memo-rándum de costas? [2] Si bien el citado artículo 339 señala términos dentro de los cuales deberán presentarse el memo-rándum de costas, la impugnación al mismo, así como el es-crito de apelación contra la resolución recaída, nada dice con respecto a la fecha o al término dentro del cual deberá cele-brarse la vista y dictarse resolución. Siendo ello así, no puede sostenerse con razón que la corte actuó sin jurisdicción al aprobarlo después de tramitado en este Tribunal el recurso -que se estableció contra la sentencia principal. El citado ar-tículo expresamente concede el remedio de-apelación a “cual-quiera de las partes”, y tanto incumbía a la demandante como al demandado, si es que quería preservar su derecho de ape-lación para en caso de que tuviese necesidad de establecer ese recurso, pedir el señalamiento de la vista del memorándum y gestionar su resolución en tiempo, de modo que el recurso que estableciera pudiera tramitarse conjuntamente con el in-terpuesto contra la sentencia principal.- - Ninguna de las par-tes practicó esas gestiones en este caso y por consiguiente una y otra quedaron privadas del derecho de apelación al dar lugar a la celebración de la vista del memorándum de costas después de dictada sentencia en apelación por este tribunal. Pero esta circunstancia no privó de jurisdicción a la corte sen-tenciadora para dictar la resolución apelada.

El demandado apelante alega insistentemente que el me-morándum de costas radicado en este caso era functus officio y que por consiguiente dicho memorándum no tenía vida legal y no podía dictarse resolución alguna con respecto al mismo. La frase “functus officio” se usa para indicar algo que una vez tuvo vida, pero que luego perdió su eficacia, bien por haber expirado el tiempo dentro del cual debió surtir efecto y no lo surtió, ya por haber cumplido su propósito Por ejemplo, se otorga un poder especial a favor de determinada persona para enajenar una finca de su mandante. Verificada la venta y terminada así la transacción para la cual se otorgó el po--der, el mismo se convierte en functus oficio puesto que no tiene eficacia para ejercitar ninguna otra transacción y el fin para el cual fue otorgado quedó cumplido. El memorándum de costas no era functus oficio al ser sometido al juez inferior para su aprobación, pues no había perdido su eficacia legal ya que, como hemos indicado antes, la ley no requiere que el memorándum sea aprobado en determinado tiempo.

Tampoco tiene razón el apelante cuando arguye que la apelada debió presentar un nuevo memorándum de costas en armonía con la nueva sentencia que en 1941 dictó este tribunal. Nuestra sentencia no hizo otra cosa que modificar la apelada. En otras palabras, fue la que originalmente debió haber dictado la corte a quo, y sus efectos legales en cuanto a la radicación del memorándum de costas respecta, se retro-traen a la fecha de la sentencia apelada. Así pues, no podía presentarse otro memorándum, ya que el radicado era válido.

Llegando como llegamos a la conclusión de que la resolu-ción que en este caso dictó la corte inferior aprobando el memorándum de costas no es apelable conforme sostiene el propio apelante, procede la desestimación del recurso.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Edgar A. Hopgood, demandante y apelado, v. Porto Rican & American Insurance Company, demandada y apelante.
    Núm. 8383.

    Sometido: Marzo 20, 1942.

      Resuelto: Abril 24, 1942.

      Brown, González & Newsom j R. Rodríguez Antongiorgi, abogados de la apelante; Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y II. Gon-zález Blanes, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión~del tribunal.

El 2 de diciembre de 1938 mientras guiaba su automóvil, Edgar A. Hopgood arrolló y causó la muerte de un peatón. Los herederos de éste demandaron a Hopgood y obtuvieron sentencia por $3,500. Entonces Hopgood instó este pleito para obligar a la compañía de seguros apelante a satisfacer la referida sentencia, basándose en que una póliza de segu-ros otorgada por la apelante cubría el referido accidente. La compañía de seguros interpuso como defensa especial que en 24 de agosto de 1S38 la licencia de Hopgood para manejar un automóvil había sido suspendida; que la suspensión estaba todavía en vigor a la fecha del accidente; y que la póliza tenía una disposición al efecto de que no cubría un accidente en el cual el automóvil fuera manejado por una persona que no estuviera autorizada para ello. La corte de distrito re-solvió que la referida suspensión era nula. El caso se en-cuentra aquí en apelación de la sentencia de la corte de dis-trito ordenando a la compañía de seguros apelante satisfa-cer la sentencia dictada contra Hopgood.

El artículo 5 (w) de la Ley núm. 93, Leyes de Puerto Bico, 1925, dispone que el Comisionado del Interior podrá suspender bajo ciertas circunstancias las licencias de los conductores. Tal medida, que puede realizarse ex parte sin conceder al conductor una vista, puede tener serias conse-cuencias para éste, a veces comprometiendo su modo de ganarse la vida. Hemos resuelto que esta facultad y deber envuelve el ejercicio de criterio y discreción en un alto grado de parte del Comisionado del Interior. Pueblo v. Hernández, 41 D.P.R. 494.

En 24 de agosto de 1938 B. González Bequena, Sub-comisionado del Interior Interino, escribió a Hopgood que en vista de un accidente de automóvil en que él babía estado envuelto “por la presente se le suspende su licencia como conductor de vehículos . . . ”. La apelante alega que esta carta no era la suspensión en sí, sino únicamente su notifi-cación, y que debemos presumir que el propio Comisionado suspendió la licencia. Pero el significado claro de la carta era que por sus términos el Subcomisionado Interino estaba suspendiendo la licencia. La apelante no objetó a que se in-trodujera en evidencia una copia certificada de la carta. Y cuando el abogado de Hopgood trató de ir más allá del do-cumento, lá apelante enérgicamente se opuso, alegando que “el documento habla por sí mismo”. Al sostener sus obje-ciones la corte de distrito dijo que “La presunción es que el señor Bequena cumplió con todas las facultades de la ley al suspenderle la licencia al demandante.” (Bastardillas nues-tras). Además, como la suspensión fué una defensa especial de la apelante, a ella correspondía establecerla. La corte inferior estuvo enteramente justificada al resolver que la licencia fué suspendida por el Subcomisionado Interino.

La apelante alega que la suspensión de la licencia por el Subcomisionado Interino fue una actuación correcta a virtud del artículo 172 del Código Político que lee como sigue:

“En caso de muerte, renuncia o separación del jefe de algún de-partamento, oficina o negociado del Gobierno Insular, o de la inca-pacidad o ausencia temporal de éste, el auxiliar o delegado del res-pectivo departamento, oficina o negociado, siempre que la ley no dis-pusiere en contrario, ejercerá el cargo de diclio jefe, mientras se nombre e instale el respectivo sucesor, o cese dieba incapacidad o ausencia. ’ ’

Sin embargo, la corte inferior resolvió que el Subcomisio-nado del Interior no es “el auxiliar” de un departamento, según se define por el artículo 172 del Código Político. Llega a esta conclusión debido a que no existe ley especial me-diante la cual se cree el cargo de Subcomisionado del Interior y se definan sus deberes. En verdad la única legislación tendente a crear este cargo ha sido una partida para su sala-rio en el proyecto de presupuesto general en años recientes.

Esta corte ha decidido diversos casos que arrojan alguna luz sobre esta cuestión. Hemos resuelto que el cargo de Juez Municipal at Large no puede crearse incluyendo una partida para ello en el proyecto de presupuesto general. Pueblo v. Corte de Distrito, 48 D.P.R. 492. En dicho caso la corte dijo a la página 495:

“ ... Es verdad que el párrafo octavo del artículo 34 de nues-tra Carta Orgánica permite por excepción que las leyes de. presu-puestos contengan más de un asunto, pero es claro que este asunto debe referirse a partidas que se consignan en el presupuesto y no a ninguna legislación de carácter general que no deba ser incluida en una ley de asignaciones. El párrafo décimoquinto disipa toda duda acerca del particular, toda vez que dispone que el proyecto de presupuesto únicamente contendrá asignaciones para los gastos ordi-narios de los tres departamentos del gobierno para el pago de inte-reses de la deuda pública y para escuelas públicas.”

Una de las cuestiones envueltas en el caso de Landrón v. Quiñones, 52 D.P.R. 86, fue si el puesto de Oficial Jurídico para la Comisión de Servicio Público había sido creado vá-lidamente. La- única legislación en conexión con esto fue una partida en el proyecto de presupuesto general del año anterior bajo el título “Comisión de Servicio Público” para “Oficial Jurídico — $4,000.” La corte decidió a la página 91 que “el poder legislativo meramente asignó determinada suma de dinero como sueldo de un oficial jurídico. No trató de crear ningún cargo.” La corte concluyó que tal oficial jurídico era un empleado y no un funcionario público. Toda vez que existía una disposición general de ley autorizando a a la Comisión de Servicio Público a emplear aquellos em-pleados que fueren necesarios, la corte aparentemente resol-vió que sería propio para la Comisión de Servicio Público emplear a alguien como tal Oficial Jurídico y pagarle el sueldo asignado en el presupuesto general. El caso de Ortiz Reyes v. Auditor, 56 D.P.R. 871, resolvió al mismo efecto que puestos para “ . . . empleados cuyos puestos surgen en el curso ordinario del gobierno pueden ser creados por la ley general de presupuesto.” (Página 877). Véase también Santaella v. Garrido, 50 D.P.R. 147, 154.

No es necesario que determinemos en- este caso si (a) el puesto de Subcomisionado existe, sino que el incumbente es un mero empleado como en los casos de- Landrón y Ortis, o si (b) no existe tal cargo toda vez que envuelve el ejercicio de poderes ejecutivos y de discreción por un funcionario pú-blico, y puede por tanto ser creado solamente mediante una ley especial, como resolvimos en Pueblo v. Corte de Distrito, supra. De cualquier modo el resultado en este caso es el mismo: en el Departamento del Interior no existe el cargo de “auxiliar” que conlleve los poderes y deberes prescritos por el artículo 172 del Código Político.

Sin embargo la apelante sostiene que la suspensión de la licencia de Hopgood fué hecha por un funcionario de facto cuyos actos no se pueden atacar colateralmente. Pero en Annoni v. Blas Nadal’s Heirs, 94 F. (2) 513, la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito resolvió que para que exista un funcionario de facto debe existir un cargo de jure a ser cubierto. Y hemos visto que en el Departa-mento del Interior no existe cargo alguno dentro del signi-ficado del artículo 172 del Código Político. La Asamblea Le-gislativa ha reconocido esta situación y ha aprobado el P. del S. -272 que se encuentra pendiente de aprobación o veto ante el Gobernador. Este es un proyecto para reorganizar el Departamento del Interior. Dispone en su sección 3 como sigue:

"Habrá nn Snbcomisionado del Interior, quien desempeñará las labores que le designe el Comisionado y lo substituirá en caso de ausencia, enfermedad, o renuncia, y podrá representar al comisionado en su carácter oficial en todas las juntas, reuniones o instituciones de las cuales el comisionado forme parte de acuerdo con las leyes de Puerto Rico.”

Por tanto este caso no envuelve un ataque colateral a la actuación de un funcionario de facto. El cargo de “auxiliar”, dentro del significado del artículo 172 no existe, y la suspen-sión de una licencia de conductor por cualquier persona pre-tendiendo actuar en tal capacidad es enteramente nula de su faz y por tanto puede ser atacada por el conductor en este procedimiento.

Queremos hacer claro que limitamos la resolución (holding) en este caso a sus hechos. Tales cosas como el interés público, cumplimiento total o parcial de los contratos y la naturaleza y circunstancias que rodean los actos realizados, requerirían nuestra consideración antes de dictaminar sobre la validez de otros actos realizados en el pasado por cual-quier persona pretendiendo actuar como Subcomisionado del Interior.

En vista del resultado a que hemos llegado, encontramos innecesario entrar en la cuestión de si la acción del Subco- ■ misionado Interino al suspender la licencia de Hopgood fue inválida, pox el fundamento de qne el Comisionado del Interior no estaba temporalmente ausente en la fecba en que se tomó esta acción. Expresamente dejamos abierta la cuestión sobre si esa contención puede hacerse como un ataque cola-teral en un pleito de esta naturaleza.

Finalmente, la apelante descansa en la doctrina de impe-dimento en equidad. No encontramos nada en este caso que justifique la aplicación de tal doctrina. Hopgood no hizo nada para despistar a la compañía de seguros o para indu-cirle a cambiar su posición. Al contrario, insistió en que había cumplido con todas las condiciones de la póliza y re-currió a la compañía de seguros para que defendiera el pleito en contra de él, lo cual la compañía rehusó hacer. La compañía interpuso la defensa de suspensión de su licencia, y eligió descansar en ella. No puede ahora transferir a Hop-good el riesgo que ella corrió al descansar en un acto del Subcomisionado del Interior, teniendo ambas partes igual oportunidad de cerciorarse que dicho acto era de su faz en-teramente nulo.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Joe Toscano y Mrs. Joe Toscano, ésta última nee Carmen Alvarez Blondet, demandantes, apelados y apelantes, v. Maximino Pomales, demandado, apelante y apelado.
    Núm. 8360.

    Sometido: Febrero 18, 1942.

      Resuelto: Abril 28, 1942.

      Tomás Bernarclini de la Huerta, abogado del apelante apelado; G. Do-mínguez Rubio, abogado de los apelados apelantes.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes titularon este pleito “sobre cobro de dinero procedente de pagarés hipotecarios/’ y pidieron a la corte qne dictara sentencia condenando al demandado a pa-garles $1,000 de principal; $165 de intereses al nno por ciento -mensnal desde febrero 1, 1938 a junio 15, 1939; $25 de inte-reses al seis por ciento annal desde junio 15 a noviembre 15, 1939, y $300 qne se consignaron en la escritura de hipoteca' para gastos, costas, desembolsos y honorarios de abogado en. caso de reclamación judicial, con más las costas y hono-rarios del pleito.

Emplazado el demandado excepcionó la demanda alegando qne no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción.

Oyó la corte a las partes sobre la excepción y estimando que la demanda contenía las alegaciones necesarias para nna acción en cobro de dinero, la declaró sin tugar, concediendo al demandado diez días para contestar.

Pidió el demandado qne se dictara sentencia sobre las alegaciones y así-lo hizo la corte, limitándose a condenarlo a pagar los mil dólares reclamados con sus intereses legales desde la fecha de la interposición de la demanda — noviembre 18, 1939 — hasta su. definitivo pago y las costas del pleito, sin incluir los honorarios de abogado.

Ambas partes apelaron contra esa sentencia dictada en-mayo 17, 1941, habiendo solicitado el demandado la desesti-mación del recurso establecido por los demandantes. El 18 de febrero último las partes fueron oídas por sus abogados sobre la totalidad de las cuestiones envueltas.

A nuestro juicio la desestimación no procede. La mo-ción se basa en que el recurso se interpuso fuera del término de ley y no hay base en los autos para la computación de ese término, ya que no consta en ellos la fecha del archivo de la notificación de la sentencia con los autos, que constituye su punto de partida. Vázquez Prada v. Martinó, 46 D.P.R. 305 y 306 y casos citados en el mismo.

Procederemos ahora al examen del recurso inter-puesto por el demandado. Para ello precisa conocer los he-chos alegados en la demanda. Ésta es larga y confusa. Tra-taremos de resumirla en la forma más concisa y completa que podamos.

Por escritura pública de junio 11, 1929, el demandado Pomales y su esposa hicieron constar que habían expedido y firmado cinco pagarés al portador por mil dólares cada uno garantizados con hipoteca. Se transcriben los pagarés uno, dos y tres, y se describe la finca hipotecada.

Allá para el 1933, Pomales tomó a préstamo mil dólares a la demandante por mediación del abogado Domínguez Rubio, pignorando en garantía de la obligación los dichos tres pa-garés que entregó a Domínguez Rubio, debiendo durar la pignoración nn año a contar de julio 1, 1933, y obligándose el dendor a pagar intereses al uno por ciento mensual. Ven-cido el año, Pomales 3?- Domínguez continuaron prorrogando yerbalmente la obligación al mismo tipo de interés.

' Los hechos 5 y 6 de la demanda, copiados textualmente, dicen:

“5. Que los demandantes presentaron una acción ejecutiva hipo-tecaria contra el demandado, y seguido el pleito por todos sus trá-mites, fué sacada a subasta en dos ocasiones, la finca afecta a los pa-garés de referencia, sin que hubieran postores en las mismas ni los demandantes pidieran la adjudicación del inmueble, no obstante haber sido posible la existencia de los postores.
‘ ‘ 6. Que los demandantes en este caso se acogen a las disposiciones del artículo 173 del Reglamento Hipotecario.”

Se sigue alegando que Pomales estuvo pagando los intere-ses convenidos hasta enero 31, 1938, en que dejó de satisfa-cerlos, no obstante los requerimientos que se le han hecho y haberse convenido expresamente en ello en el documento de pignoración y en sus prórrogas.

Inmediatamente se alega que el demandado debe a los demandantes las sumas que se reclaman, que ya conocemos, y por las cuales se pide sentencia en contra suya.

Sostiene el demandado apelante que el documento de prenda — el otorgado por Domínguez y Pomales — que cons-tituye según él el eje de la reclamación, es nulo porque se otorgó por uno solo de los cónyuges y porque no consta en documento público.

V sostiene además que de las propias alegaciones de la demanda surge que la obligación que se reclama es nula, por usuraria.

Creemos que dada la posición adoptada por la corte sen-tenciadora considerando la acción ejercitada como una en cobro de dinero simplemente, no es necesario considerar si-quiera la primera impugnación, esto es, la relativa a la cons-titución de la-prenda.

Bn cnanto a la segunda, bastará decir que al limi-tarse la corte a dictar sentencia por el principal y los inte-reses legales a partir de la interposición de la demanda, des-cartando los intereses reclamados según el convenio alegado, tomó en consideración la ley de usura y la aplicó en la extensión fijada por esta propia Corte Suprema en los casos de Caraballo v. Registrador, 48 D.P.R. 923 y Fernández v. Registrador, 49 D.P.R. 214.

En efecto de la demanda surge que en julio 1, 1933 la demandante prestó al demandado mil dólares al uno por ciento mensual, por término de un año. Ese contrato era vá-lido de acuerdo con la ley. No violaba el estatuto vigente entonces sobre usura.

' Pero surge también de la demanda que el préstamo se fué prorrogando al mismo tipo de interés — 'doce por ciento anual — y el contrato prorrogado sí que resulta contrario al estatuto de usura entonces y ahora vigente, tal como fué en-mendado por la Ley núm. 5 de 1933 ((2) pág. 27), esto es, fijando el nueve por ciento anual como el tipo máximo de in-terés.

Se trata, en tal -virtud, de un caso igual al de Caraballo, supra, y al de Fernández, supra, esto es, de una prórroga nula en cuanto a los intereses, de un contrato válido al cele-brarse en cuanto a su totalidad — principal e intereses — , sién-dole en su consecuencia aplicable la jurisprudencia sentada en las indicadas decisiones.

La opinión de esta corte emitida por su Juez Asociado Sr. Hutchison en el repetido caso de Caraballo es amplia y completa. Contiene un estudio acabado de nuestra legisla-ción sobre usura. A los efectos de su aplicación a este caso bastará que citemos del resumen lo que sigue:

“Vencida una hipoteca que estérala el pago de intereses a razón del 12 por ciento anual antes de regir la Ley No. 5 de 1933 ((2) pág. 27), un contrato celebrado ya vigente esa ley, prorrogando su tér-mino y, entre otras, conteniendo • la disposición relativa al pago de intereses al tipo expresado, infringe la misma y no es válido en cnanto al pago de los intereses.”

En el otro caso de Fernández, supra, la opinión de esta corte fue emitida por sn Juez Asociado Sr. Aldrey. Es breve. Se limita a exponer los hechos y a resolver el recurso de acuerdo con la decision en el caso de Caraballo, quedando ratificada la jurisprudencia en los siguientes términos:

“A partir de agosto 17, 1933, fecha en que entró a regir la Ley núm. 5 de ese año (pág. 27), no puede válidamente celebrarse, en cnanto al pago de intereses se refiere, prórroga alguna de hipoteca con las cláusulas de la escritura original de su constitución que tenga el interés al 12 por ciento anual/’

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, claro es que el recurso interpuesto por el demandado debe ser decla-rado sin lugar. Y también debe serlo el interpuesto por los demandantes.

Por el estudio que dejamos hecho de la demanda y de la interpretación que le diera la corte sentenciadora, se ve claramente que dicha corte reconoció a los demandantes todo aquello a que tenían derecho de acuerdo con los hechos y la ley. Pero éstos insisten en que no es así.

No volveremos sobre la cuestión de los intereses usura-rios. Está ya del todo decidida en contra de los demandan-tes. Sólo nos referiremos a la que levantan por las 'alega-ciones 5 y 6 de su demanda que transcribimos íntegramente al principio de esta opinión.

El artículo 173 del Reglamento Hipotecario a que se aco-gen, lee así:

“Art. 173. — Si verificada cualquier subasta en que hubieren sido admisibles posturas iguales a los créditos preferentes al del actor no se remataren los bienes, ni se solicitare la adjudicación dentro de los diez días siguientes, quedará terminado y sin ulterior curso el expe-diente y a salvo el derecho del ejecutante para demandar, por los procedimientos declarativos o ejecutivos comunes, el cobro de su cré-dito, con las costas del. expediente sumario, contra toda clase de bienes de las personas responsables.”

En primer lugar, las alegaciones de la demanda como puede observarse a primera vista son imprecisas, y no se ajustan por completo a los términos del precepto legal invo-cado.

Y en segando lagar el apelante no nos ha demostrado sa-tisfactoriamente que dicho precepto sea aplicable a an caso como éste. Hemos visto qn„e no todas las peticiones de la demanda estaban justificadas. El cobro de intereses al doce por ciento anual era contrario a la ley y pudo descartarse como se descartó por tratarse de un pleito ordinario. De haberse continuado el procedimiento sumario hipotecario que se alega que se inició y de haberse vendido o adjudicado en él la finca hipotecada para satisfacer la garantía, hubiera tenido que serlo por capital e intereses, y corno éstos se co-braban en contra de la ley, impugnado el procedimiento hu-biera sido declarado nulo en su totalidad.

No hay base, pues, para la reclamación. El art. 173 del Reglamento Hipotecario parte del supuesto de un procedi-miento válido.

En cuanto al error que se señala como cometido por la corte al excluir de la condena de costas los honorarios de abogado, basta referirse a él después de conocidos los ante-cedentes del caso y las circunstancias que en el mismo con-curren, para concluir que no existe.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Gabino Balasquide, demandante y apelante, v. Guilhon & Barthelemy, demandada y apelada.
    Núm. 8339.

    Sometido: Marzo 24, 1942.

      Resuelto: Abril 28, 1942.

      Eduardo TJrrutia Martorell, abogado del apelante; E. Martínez Rivera, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos esenciales alegados en la demanda son como signe:

En diciembre 6 de 1938, el demandante celebró nn con-trato de compraventa con la firma de Guilhon & Barthelemy de Avignon, Francia, a través del agente y representante de dicha firma en Puerto Eico, Prank Creseioni, Jr., para la en-trega de un equipo de maquinaria y piezas .o accesorios para la fábrica de mosaicos que el demandante tiene establecida en la ciudad de Ponce, Puerto Rico.

El alegado contrato lee así:

“Order No. 617. Date: Diciembre 6, 1938
M-Frank Creseioni, Jr., Santuree, P. E.
Ship to-Mosaicos Balasquide
At-Ponce, Puerto Eico
How Ship-By Steamer from France (Europe)
Terms-Con esta orden. When_4 weeks after date of this order.
Salesman_Balance pagadero g/v contra-
Buyer_Conocimiento embarque.
Guilhon & Barthelemy.
“2 Prensas No. 5 (Guilhon & Barthelemy)
“1 Acumulador No. 34 Bis. para 6 prensas
“1 Bomba para 5 prensas
“5 Moldes 20 X 20 cm. a desgarre paralelo
“1 Molde Zacdo Sanitario 15 X 20 cm.
Í£1 Molde Huella 20 X 20 cm.
“Valor de este equipo_$1,400
“Nota: El valor total de esta orden se entiende puesto en el muelle de Ponce y los derechos de Aduana son pagaderos por el ven-dedor, siendo el tipo de arancel pagado el usual del 27½ por ciento.
“Mosaicos Balasquide,
(Fdo.) G. Balasquide.
“Guilhon & Barthelemy,
“Por (Fdo.) Frank Creseioni, Jr., Vendedor.”

En la misma fecha, después de haberse firmado el con-trato, el demandante y Creseioni fueron al National City Bank of New York, Sucursal de Ponce, y giraron por cable a la demandada la cantidad de $507 que fueron pagados por Balasquide. En el cablegrama enviádole no se explicaba a la demandada el motivo de dicha remesa, ni quien la hacía, pero el mismo día Creseioni le envió un cablegrama dicién-dole:

“Consignen orden 5000 a Ponce compromiso entrega inmediata embarquen primer vapor enviándome documentos embarque directos remesaré balance cable cableen salida máquinas — Creseioni.”

En 17 de febrero de 1939, Creseioni informó al deman-dante que las maquinarias se encontraban en la Aduana de San Juan, listas para ser enviadas a Ponce, pero que para poder levantar las mismas se hacía necesario obtener del Chase National Bank, Sucursal de San Juan, el conocimiento de embarque y factura consular y pagar el giro que obraba en poder de dicho Banco, por lo cual era necesario que Ba-lasquide le entregara $793 como pago final a que venía obli-gado, dejando pendiente nn balance de $100 para cubrir el importe total de la operación efectuada, pagadero al entre-gársele las maquinarias en Ponce, a su satisfacción.

El demandante vino entonces a San Juan, inspeccionó la maquinaria y le entregó el dinero a Crescioni, quien le ex-tendió un recibo por los $1,300 pagados por Balasquide en total, prometiendo Crescioni entregarle la maquinaria. El recibo lee como sigue:

“Frank Crescioni,
Broker, Santuree, P. R.
“He recibido del Dr. Lorenzo A. Balasquide la cantidad de Mil Trescientos Dólares ($1,300) importe de la maquinaria ordenada y la cual será entregada en Ponce completa y de acuerdo con la orden número 617 de fecha 6 de diciembre de 1938.
“Una vez que dicha maquinaria sea entregada a satisfacción del Sr. Balasquide se me entregará los cien DÓLARES ($100.00) restantes de dicha orden.
“San Juan, P. R., a 17 de febrero de 1939.
“(Fdo.) Frank Crescioni, Jr.
“Frank Crescioni.”

Habiendo dejado Crescioni de entregar a Balasquide la maquinaria, y negádose a devolver el dinero, Balasquide ra-dicó demanda contra G-uilhon & Barthelemy por incumpli-miento de contrato, alegando que dicha firma es responsable de los actos de su agente y representante en Puerto Pico, Sr. Crescioni, y reclamando la devolución de las cantidades pagadas por él a dicho agente más los intereses al G por ciento y las costas, gastos y honorarios de abogado.

La firma demandada contestó la demanda negando espe-cíficamente los hechos alegados en la misma y como defensa especial alegó que existía defecto de parte demandada, ya que de la demanda aparece que la propia parte demandada debió ser el Sr. Prank Crescioni, Jr.

Pué el caso a juicio y la Corte de Distrito de San Juan 'dictó sentencia declarando sin lugar la demanda por encon-trar que, de acuerdo con la prueba presentada, “Prank Ores-cioni, Jr., no era agente y representante de la demandada Guilhon & Barthelemy, y sí nn comprador directo con dere-chos exclusivos como tal.”

No conforme con la sentencia dictada, el demandante en-tabló el presente recurso de apelación y para sostenerlo alega qne la sentencia es contraria a la evidencia y a derecho; qne la corte cometió manifiesto error en la apreciación de la evi-dencia, basando su sentencia en hechos respecto de los cua-les hay ausencia absoluta de pruebas; y qne la corte erró también al resolver que Creseioni no era agente y represen-tante de la demandada y sí un comprador directo con dere-chos exclusivos como tal; y al declarar que Creseioni no po-día en forma alguna obligar a la demandada con respecto al demandante.

¿Cuál era la relación existente entre Frank Cres-cioni y la demandada? ¿Era Creseioni, como sostuvo la corte inferior, un comprador directo, con derechos exclusivos como tal? ¿O era un agente general representante de Guilhon & Barthelemy, con facultad no sólo para vender si que también para recibir el precio de la mercancía, como sostiene el de-mandante apelante? Para poder contestar estas preguntas nos hemos visto obligados a hacer un cuidadoso estudio de toda la evidencia, cuya transcripción ocupa 386 páginas del récord. De la prueba documental resulta:

En marzo 28, 1938, la demandada dirigió una carta a Creseioni en la que le decía que había recibido informes so-bre él del Chase National Bank, “y le informamos que esta-mos dispuestos a confiarle nuestra representación para Puerto Rico”, encargándole que visitara las fábricas de losas de la isla.

En abril 23, 1938, Creseioni acusó recibo de la carta de marzo 28 de Guilhon & Barthelemy y les decía: “Acepto con gusto la agencia exclusiva de sus maquinarias para Puerto Rico a base de 10 por ciento de comisión sobre la lista de precios que ustedes me enviaron en febrero próximo pasado.”

En julio 12, 1938, la demandada escribe a Creseioni ex-cusándose por no haberle contestado antes con respecto a su viaje a la América Latina y diciéndole: “Sólo tenemos un representante en el Perú. Todos los otros países están va-cantes y le 'agradeceremos si usted puede dejar en ellos re-presentantes. Tome el mayor número posible de órdenes durante ese viaje.”

Por carta de septiembre 27 de 1938, la demandada, en contestación a carta de Creseioni de agosto 27 del mismo año, le decía: “Estamos de acuerdo con usted para dirigirle directamente los conocimientos de embarques en el futuro, de manera de evitar gastos de acarreto y almacenaje.”

Dos días más tarde, en septiembre 29, 1938, la demandada, contestando la carta de Creseioni del 12 del mismo mes, le dice: “Estamos de acuerdo con usted en darle a partir de esta fecha nuestra representación exclusiva para la Isla de Puerto Rico.” Al pie de dicha carta aparecen insertas las “Condiciones Generales de Venta y de Giros”, una de las cuales dice así: “Las órdenes deberán ser acompañadas por la mitad de su montante como pago a cuenta: para la ex-portación el saldo será pagado contra remesa de los docu-mentos de embarque. Todas nuestras ventas son consuma-das bajo las condiciones arriba expresadas, . . . ”.

En noviembre 15 de 1938, en contestación a una carta de Creseioni de 8 de octubre, la demandada, después de infor-marle acerca de la suspensión de ciertos embarques por no haber recibido los pagos a. cuenta, le dice: “Sentimos no poder girar contra usted a la vista, porque el Banco no nos descuenta nuestro papel más que cuando él tiene los docu-mentos en sus manos y a la hora actual nosotros tenemos necesidad de todos nuestros capitales y no podemos proce-der de ningún otro modo que por descuento.”

En diciembre 1°., 1938, cinco días antes de tomar la or-den del demandante, Creseioni se dirigió a la demandada, diciéndole:

“Para evitar tanto tardanzas en el levante de la mercancía como también en que Uds. cobren el balance de cualquier pedido que yo les baga quiero establecer como base que tanto estos pedidos a que me refiero en esta carta como cualquiera otro que yo les baga, les re-mesaré el 50 por ciento de anticipo y el balance les remesaré por cable y Uds. me envían los documentos de embarques directos, pues de esta manera yo recibo la maquinaria, la ‘levanto de la Aduana y la entrego al cliente, cobro el total de la orden y les remeso por cable inmediatamente. Esta es la- mejor manera para el beneficio mutuo, por lo tanto no aceptaría otras condiciones.”

La demandada contestó a la anterior proposición en diciembre 24, 1938, en la forma siguiente: “Inútil como usted dice de enviarnos el saldo de sus órdenes por cable porque eso debe ser muy caro. Suponemos que la mejor manera de proceder será: 50 por ciento a título de arras, saldo contra envío directo de los documentos al Chase Bank.”.

Como se ve por lo expuesto, la demandada, no obstante las repetidas súplicas de Crescioni para que se variasen las condiciones de las ventas, insistió en que se le pagase el 50 por ciento del montante de la orden junto con ésta, debiendo pagarse el balance al Banco al entregar éste al consignata-rio el conocimiento y demás documentos de-embarque.

De acuerdo con la anterior correspondencia, la práctica seguida por Guilhon & Barthelemy y Crescioni fué la si-guiente: Crescioni enviaba las órdenes acompañadas de una parte del precio. La casa fabricante embarcaba la mercan-cía consignada a Crescioni y enviaba la factura y el conoci-miento al Banco para ser entregados a Crescioni cuando éste pagase el giro, que venía unido a los documentos de embar-que. El título sobre la maquinaria continuaba siendo de Guilhon & Barthelemy — sujeto desde luego a la reclamación del Banco que había descontado el giro — y no pasaba a Cres-cioni hasta el momento en que éste pagaba al Banco el im-porte del giro. Una vez pagado el giro, la mercancía pa-saba a ser propiedad de Crescioni, quien desde ese momento podía disponer de ella como mejor le conviniese.

En el caso de Standard Fashion Co. v. Magrane-Houston Co., 258 U. S. 346, 66 L. ed. 653, la demandante concedió a la demandada nna agencia exclusiva para la venta de sus productos y convino en venderle dichos productos con un 50 por ciento de descuento sobre los precios de detalle. La de-mandada se comprometió a pagar por los productos que com-prase y a no vender en su establecimiento productos simi-lares a los de la demandante. Al resolver la cuestión sobre si el contrato entre las partes era uno de “Agencia” o uno de “Compraventa”, la Corte Suprema Federal se expresó así:

“La peticionaria insiste en que el contrato no es uno de venta y sí uno de agencia o aventura en común; pero un análisis del con-trato demuestra que lo que en realidad se intentó hacer y, se hizo fue una venta. Se estipula que los modelos (patterns) devueltos para ser cambiados deberán haber sido comprados a la peticionaria. La demandada convino en comprar un determinado número de mo-delos. . . El pleno título y el dominio pasaron al comprador. Aún cuando este contrato ha sido denominado como ‘Agencia’, es perfec-tamente aparente qüe se trata de un contrato de venta. Strauss v. Victor Talking Machine Co., 243 U. S. 490, 61 L. ed. 866.”

Véanse: Arbucke v. Gates, 30 S. E. 496; De Kurf v. Elieman, 89 N. W. 558; Williams v. Drummond Tobacco Co., 44 S.W. 185; Poirier Mfg. Co. v. Kitts, 120 N. W. 558; 23 R. C.L. pág. 1199 párr. 14; W. T. Rawleigh Medical Co. v. Holcomb, 191 S. W. 215; E. A. Lange Medical Co. v. Johnson, 197 S. W. 1168; Hogg v. J. R. Watkins Medical Co., 228 S. W. 730; Bessing v. Prince, 198 P. 422; Kellam v. Brown, 17 S. E. 416; Arbuckle Bros. v. Kirkpatrick & Co., 36 L.R.A. 285.

.¿Podría Frank Crescioni, dentro de los hechos y circuns-tancias especiales del caso de autos, ser considerado como un agente representante (sales agent) o factor de comercio?

De acuerdo con la jurisprudencia, agente representante, “sales agent” o factor de comercio es aquel que vende ar-tículos que otra persona le ha entregado con ese propósito y que recibe compensación por sns servicios en forma de comi-sión o en cualquiera otra forma. Si el llamado “agente” compra y vende las mercancías de otro por su propia cuenta, en ese caso no es tal agente. La esencia del contrato de agencia para vender es la entrega de la mercancía a la persona que ha de venderla, no como su propiedad sino como propiedad del principal, quien continúa siendo dueño y tiene el derecho de controlar las ventas, fijar precios y condiciones y exigir y recibir el precio de la venta menos la comisión del agente. 55 C. J. 1343; Hendrickson v. International Harvester Co., 100 Vt. 161; Ommen v. Talcott, 188 F. 401; Niles-Berment-Pond Co. v. Iron Molders, etc., 246 F. 851; Hiner v. Olsen, 72 P. (2d) 890; Salisbury v. Brooks, 94 S. E. 117; Enc. Jur. Esp., Vol. 2, pág. 94.

A nuestro juicio la corte sentenciadora no erró al soste-ner que Crescioni no era un agente representante de la so-ciedad demandada. Ésta nunca entregó sus maquinarias a Crescioni sin que éste hubiese pagado primeramente el pre-cio de las mismas en la forma convenida. En el caso de autos, el demandante no puede alegar ignorancia de los térmi-nos y condiciones bajo los cuales Guilhon & Barthelemy ha-cían sus ventas a Crescioni. Él sabía que era' necesario en-viar a dicha firma junto con la orden una cantidad a cuenta del precio convenido. T en cumplimiento de esa condición, él personalmente entregó al Banco — y no a Crescioni — la suma de $507 para ser remesada a G-uilhon & Barthelemy, como pago a cuenta de los $1,400 a que ascendía la orden dada por él a Crescioni. El demandante sabía que la firma demandada no había confiado en Crescioni hasta el punto de entregarle las maquinarias sin el previo pago, pues una de las condiciones expresas de la orden era que el balance o saldo de los $1,400 se pagaría haciendo efectivo el giro que se enviaría al Banco junto con los documentos de embarque. Además, según se alega en la demanda y resulta de la prueba, el propio Crescioni avisó al demandante que las maquinarias estaban en el muelle en San Juan y que para levantarlas y adquirir la posesión y dominio de ellas era necesario acudir primero al Chase National Bank para hacer efectivo el giro y obtener los documentos de embarque. Eso era suficiente para informar al demandante que la casa manufacturera re-tenía el título y el dominio sobre las maquinarias hasta que el precio de las mismas fuese totalmente pagado; que ese título y ese dominio no podían pasar a Crescioni, ni a nin-guna otra persona, mientras no se hiciese efectivo el giro en poder del Banco; y que Gruilhon & Barthelemy habían desig-nado al Banco — • y no a Crescioni — como su agente para co-brar y recibir el importe del giro por el saldo del precio de las maquinarias.

Conociendo todas las circunstancias que acabamos de ex-poner, el demandante vino a San Juan, examinó las maqui-narias, las encontró conformes y entregó a Crescioni $793, dejando $100 pendientes de pago, como valor de unas pesas que no aparecieron en la Aduana. El pago bajo tales cir-cunstancias fue hecho por el demandante a su entero riesgo, pues no encontramos en toda la evidencia ni un solo hecho o circunstancia que nos autorice a sostener que Guilhon & Bar-thelemy indujeran al demandante a creer que ellos habían autorizado a Crescioni para recibir el pago de las maquina-rias, sin entregarlas al mismo tiempo o para tomar posesión de las maquinarias en la Aduana sin antes hacer efectivo el giro en poder del Banco.

El demandante debió y pudo protegerse fácilmente ha-ciendo efectivo al Banco el importe del giro contra Crescioni y exigiendo a éste que le endosara los documentos acredita-tivos del derecho a tomar posesión de las maquinarias. ¿Por qué no lo hizo así? La contestación la dió el propio deman-dante en su testimonio al ser repreguntado en el acto de la vista, del cual copiamos lo que sigue:

“P. — Cuando Ud. compró esa maquinaria en este caso ¿cuáles fueron las condiciones de pago que Ud. convino?
R&wkey;Las que se estipularon entre ~ nosotros dos. Un tanto por ciento de pronto.
P. — ¿Qué por ciento?
R. — No recuerdo la cantidad y se mandó por conducto del National City Bank y el resto al recibir la maquinaria yo.
P. — ¿Entonces Ud. tenía que pagar la maquinaria al momento de entregársele los documentos o al momento de entregársele la maqui-naria?
R. — Yo entregarle el dinero al representante de la casa para que él sacara los conocimientos de embarque. Era una cuestión de gen-tileza de mi parte como yo no podía estar en San Juan.”

La demandada tomó todas las precauciones necesarias y usuales para protegerse contra un posible fraude. Si el de-mandante, por'pura gentileza, no creyó necesario tomar idén-ticas precauciones, es él y no la demandada quien debe su-frir las consecuencias de su exceso de confianza.

La sentencia a/pelada debe ser confirmada.


text:
    Emilia y Altagracia Marcano, Octavio Miguel y José Gabriel Marcano Quiñones, representados por su madre con patria potestad Gabriela Quiñones, demandantes y apelantes, v. Luis, María y Francisco Marcano Santini y Manuel Carrasquillo Herpén, demandados y apelados.
    Núm. 8453.

    Sometido: Abril 22, 1942.

      Resuelto: Abril 29, 1942.

      Francisco González Fagundo y Alvaro Ortiz, abogados de los apelan-tes; Rafael Rivera Zuyas y Joaquín Velilla, abogados de los ape-lados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión dél tribunal.

En el acto'de la vista de este recurso, los apelados soli-citaron verbalmente su desestimación, alegando que la corte carecía de jurisdicción para conocer del mismo por haber sido interpuesto después de la expiración del término legal.

• Del récord ante nos aparece que la sentencia recu-rrida fué dictada el día 10 de febrero de 1941; que en marzo 4 del mismo año los demandantes solicitaron la reconsidera-ción de la sentencia; que la corte sentenciadora decidió to-mar en consideración dicha moción y la señaló para ser vista el día 7 del mismo mes, en cuyo día las partes fueron oídas en pro y en contra de dicha moción. La corte inferior re-servó su decisión hasta el 29 de mayo de 1941, en que la dictó declarando sin lugar la reconsideración solicitada. En junio 17 del mismo año, los demandantes radicaron su escrito de apelación.

El artículo 292 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado por la Ley núm. 67 de mayo 8 de 1937, (Le-yes de ese año, página 199) provee que la parte agraviada por una sentencia podrá solicitar su reconsideración dentro del término improrrogable de 15 días desde la fecha del ar-chivo en los autos de una copia de la notificación de la sen-tencia. Dicho artículo fija un término de 5 días contados desde la fecha de radicación, para que la corte resuelva la moción de reconsideración. Ese término de 5 días, dentro del cual la corte “deberá resolver” la moción de reconsideración, no es nn término fatal de carácter jurisdiccional y sí pura-mente directivo. Lo que en realidad.se exige de la corte no es que dicte una resolución sobre los méritos de la moción, dentro de dicho término, y sí que tome alguna acción con res-pecto a la moción, rechazándola de plano si a su juicio care-ciere de méritos o señalándola para oír a las partes si la juz-gase meritoria. En el caso de autos, la corte inferior cum-plió estrictamente con el estatuto. Estimando que la moción radicada en marzo 4 de 1941 era meritoria, resolvió conside-rarla (entertain) y el mismo día la señaló para oír a las par-tes el día 7 del mismo mes de marzo.

De acuerdo con el citado artículo 292, si la corte inferior-hubiese rechazado la moción de plano, dentro o fuera del tér-mino de cinco días, en ese caso el término de 30 días que Ios-demandantes tenían para apelar (artículo 295 C. de E. C. y sección 2 ley de 9 de marzo de 1911) tendría que computarse desde la fecha del archivo de la notificación de la sentencia, tal y como si no se hubiese presentado moción alguna de re-consideración. La parte que solicita la reconsideración lo hace a riesgo de perder su derecho de apelación, por expira-ción del término estatutario, si su-moción es rechazada de plano por falta de méritos. Y su única protección contra tal riesgo es apelar a tiempo, sin esperar a que la corte actúe, rechazando de plano o señalando la moción, pues debe siem-pre tenerse presente que el verdadero propósito del estatuto es evitar que se recurra a mociones de reconsideración frívo-las y carentes de méritos, con el solo propósito de dilatar la ejecución de la sentencia.

Habiendo resuelto la corte en el presente caso oír a las partes sobre los méritos de la moción, el término para ape-lar debe computarse desde la fecha del archivo de una copia de la notificación hecha por el Secretario a los demandantes apelantes de la resolución denegatoria de la reconsideración. Y habiéndose notificado la resolución el 29 de mayo, debemos resolver como resolvemos que el escrito de apelación radi-cado en junio 17 de 1941 lo fué dentro del término legal. No ha lugar por lo tanto a desestimar el recurso, y pasaremos .a resolverlo en sus méritos.

Por escritura pública de mayo 9 de 1940, doña Mo-desta Santini Torres vendió a Manuel Carrasquillo una casa y solar radicados en Río Piedras. Los demandantes y aquí apelantes, herederos de la señora vendedora, pidieron a la Corte de Distrito de San Juan que declarase inexistente el referido traspaso, alegando que el mismo fué otorgado bajo la sugestión e influencia del demandado Francisco Marcano Santini, hijo de la vendedora, en confabulación con el com-prador Carrasquillo, sin que mediara precio o consideración alguna. En la demanda se alega también que la Sra. Torres adquirió la casa por legado que le hizo su esposo don José Marcano, con la condición de que no podría disponer de ella ni gravarla durante su vida y que a su muerte pasaría a sus herederos.

Los demandados contestaron, alegando que la hecha por doña Modesta a Carrasquillo fué una venta real y efectiva, por precio real y justo de $2,500 que el comprador pagó y la vendedora recibió a su entera satisfacción y sin que me-diara influencia de persona alguna ni confabulación de nin-guna clase. Negaron que la casa en cuestión estuviera su-jeta a restricción alguna en cuanto a su enajenación o gravamen durante su, vida por la legataria Sra. Torres, y ale-gan, en contrario, que la casa que le fué legada con tales res-tricciones es una casa distinta de la que es objeto de este liti-gio, la cual tiene un valor de $8,000 y está y ha estado siem-pre a disposición de los herederos de dicha señora.

Celebrada la vista y oída la prueba de los demandantes, la corte inferior declaró con lugar la moción de nonsuit de los demandados y sin lugar la demanda e impuso a los de-mandantes el pago de las costas.

Alegan los demandantes, como base del presente recurso, que al decretar el nonsuit y al desestimar la demanda la corte inferior cometió error de' hecho y de derecho; y que erró también al declarar sin lngar la moción de reconsideración.

La prueba ofrecida por - los demandantes consistió en el testimonio de los demandados y de dos o tres testigos. Dichos testimonios, lejos de probar la falta de causa o la exis-tencia de una confabulación, tendieron a demostrar que el demandado Carrasquillo pagó a doña Modesta Santini Torres, en dinero efectivo, la suma estipulada en la escritura como precio de la finca objeto de la compraventa. Si pres-cindiéramos de esa prueba, la demanda tendría siempre que ser desestimada por no existir prueba alguna tendiente a controvertir la presunción de legalidad y validez que lleva consigo todo instrumentó público.

Arguyen los apelantes, que no habiendo dado fe el No-tario de que el precio fuera entregado en su presencia, debe presumirse que no medió precio ni su equivalente, y que esa presunción es por sí sola suficiente para sostener la demanda y para obligar a los demandados a justificar el hecho de ha-berse entregado el precio con anterioridad al acto del otor-gamiento. Y citan en apoyo de su contención las decisiones de esta Corte Suprema en Santini Fertilizer Co. v. Burgos, 34 D.P.R. 869, 872 y en Vázquez v. Seda, 58 D.P.R. 594, 601.

• La razón fundamental que tuvo esta Corte en Vázquez v. Seda, supra, para confirmar la sentencia por la cual se de-claró nulo e inexistente el traspaso de los bienes, fué que la evidencia ofrecida por los demandantes era suficiente para demostrar a satisfacción del juzgador que la supuesta venta se hizo por un precio simulado, el cual no fué pagado en todo ni en parte ni en ninguna forma por la demandada. El dictum que aparece en la opinión de esta Corte, emitida por el suscribiente, en el cual basa toda su argumentación la parte apelante, ha quedado explicado y revocado por la de-cisión rendida por este Tribunal en 12 de marzo de 1942, en el caso de Peña Castro v. Mendoza, ante pág. 110.

Los hechos en el último caso citado eran prácticamente iguales a los del de autos. Por las razones y fundamentos expuestos en la referida opinión procede confirmar la sen-tencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señou Todd, Je,,

text:
    White Star Bus Line, Inc., peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. R. Cordovés Arana, Juez, demandada.
    Núm. 370.

    Sometido: Abril 6, 1942.

      Resuelto: Abril 29, 1942.

      F. Fernández Guyar, abogado de la peticionaria; José L. Novas j V. Brunet, abogados de la interventora, peticionaria ante la Co-misión Industrial.
   El Juez Asociado Señou Todd, Je,,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión envuelta en este caso es si la Corte de Distrito de San Juan tiene jurisdicción para conocer de un recurso de revisión interpuesto contra resolución dictada por la Comisión Industrial, en un procedimiento iniciado ante dicho organismo bajo la Ley núm. 85 de 1928 (pág. 631), que concedía a las cortes de distrito jurisdicción para dicha re-visión, pero resuelto dicho procedimiento enando ya estaba en vigor la Ley núm. 45 de 1935 ((1) pág. 251), qne dispone qne tal recurso de revisión deberá tramitarse ante la Corte Suprema de Puerto Pico. La Corte de Distrito de San Juan se declaró sin jurisdicción para conocer del recurso y la pe-ticionaria solicita se dicte un auto de mandamus ordenándole asuma jurisdicción en el caso.

La peticionaria funda su alegación de que la Corte de Distrito de San Juan tiene jurisdicción, en el artículo 34 de la Ley Núm. 45 do 1935 que contiene la siguiente cláusula de reserva (saving clause):

“Artículo 34. — Las disposiciones de esta Ley no afectarán en forma alguna los litigios o reclamaciones pendientes en relación con las indemnizaciones a obreros a virtud de leyes anteriores. Tales litigios o reclamaciones se tramitarán, hasta su terminación, de acuerdo con las leyes vigentes a la fecha de la ocurrencia del accidente y el obrero tendrá derecho a la cantidad de dinero que por tales leyes se prescriben. ’ ’

La regla general es que un estatuto de carácter pro-cesal tiene efecto retroactivo a menos que aparezca que la legislatura intentó que operara sólo prospectivamente, Zayas Pizarro v. Molina, 50 D.P.R. 647 y casos en él citados, y de ahí que en el caso de autos el problema se reduce a determi-nar el alcance de la citada cláusula de reserva.

La cuestión planteada no es nueva en esta jurisdic-ción, pues en el caso de Texas Co. v. Sancho Bonet, 52 D.P.R. 658 interpretamos el artículo 34, supra, en la forma siguiente:

“A primera vista no carece de fuerza la contención de la ape-lante pero si se fija la atencipn en lo que últimamente dispone el artículo a saber ‘y el obrero tendrá derecho a la cantidad de dinero que por tales leyes se prescriben,’ se verá que el propósito de la ley no fué otro, como sostiene la parte apelada, que el de salvaguardar los derechos de los obreros en cuanto a la indemnización se refiere y no el de ir en contra de la bien sentada regla de que las leyes de procedimiento se aplican inmediatamente.
“ 'Es un principio de derecho español, reconocido por la juris-prudencia de los más altos tribunales de la Unión,’ dijo esta corte en American Railroad Co. of P. R. v. Hernández, 8 D.P.R. 516, 520, ‘que las leyes que regulau la jurisdicción y el procedimiento son de interés público, y tienen efecto retroactivo, o más bien, que no se las considera de carácter retroactivo, en tal sentido, que estén com-prendidas dentro do las disposiciones del artículo 3 del Código Civil. ’
“Y como se dice en 59 Corpus Juris 1173, resumiendo la juris-prudencia, ‘ ... La regla general de que los estatutos sólo se inter-pretarán prospectivamente (prospectively) y no retrospectiva o re-troactivamente, de ordinario no es aplicable a estatutos que afectan el remedio o procedimiento, o, conforme se dice de otro modo, esa regla general está sujeta a una excepción cuando se trata de un es-tatuto relativo al remedio o procedimiento.-’ ”

Una cláusula de reserva similar contenida en el artículo 48 de la Ley núm. 85 de 4928, también fue interpretada por esta corte en la misma forma en el caso de Pagán v. Comisión, 45 D.P.R. 320 en el que se dijo que: u . . . esta cláu-sula no milita contra un cambio en el procedimiento a seguir. Meramente deja en vigor el derecho de una persona a obte-ner compensación o daños y perjuicios según sea el caso.”

Por regla general, además, estas cláusulas de reserva (saving clauses) deben ser interpretadas en forma restric-tiva. En 59 C. J. 1193 se dice al efecto lo siguiente:

‘‘Una disposición corriente es que la derogación de un estatuto no afectará acciones o pleitos comenzados o procedimientos pendien-tes bajo el mismo a la fecha de la derogación. Bajo tales cláusulas de reserva la derogación de un estatuto-mientras una acción o pro-cedimiento legal comenzado bajo el mismo está pendiente no anula dicha acción o procedimiento. Los derechos de las partes son con-servados; el caso será resuelto de acuerdo con la ley anterior; los procedimientos que ya se han realizado no son afectados y la forma de la acción tampoco cambiará, pero los procedimientos futuros, hasta donde sea posible, deberán continuarse de conformidad con lo pres-crito en la nueva ley.”

En el caso de Demarse v. Bruckman, 298 N.Y.S. 736 se interpretó una cláusula de reserva que decía así:

“A menos que se provea especialmente otra cosa por ley, todas las acciones y procedimientos, civiles o criminales, comenzados bajo o a virtud de cualquier disposición de un estatuto así derogado, y pendiente inmediatamente antes de estar en vigor dicha derogación, podrán seguirse y defenderse hasta el final en la misma forma como si dichas disposiciones no hubieran sido derogadas.”

Los términos en que está redactada esta cláusula parece-rían indicar que se refiere tanto a los procedimientos como a los derechos sustantivos de las partes, pero la Corte Su-prema de Wayne County resolvió que dicha cláusula:

“Se refiere a acciones o procedimientos que envuelvan derechos creados por una ley de naturaleza sustantiva. . . La derogación a que se refiere es de estatutos de los cuales emanan los derechos en-vueltos en las acciones o procedimientos pendientes y la sección no tiene aplicación a meros cambios en Iqs procedimientos. (Citas).” Página 739.

La interpretación que dimos a la sección 34 en el caso de Texas Go. v. Sancho Bonet, supra, debe ser ratificada por-que tiende además a simplificar y a establecer la uniformi-dad en los procedimientos para revisar las decisiones de la Comisión Industrial de Puerto Rico. No sería justo ni equi-tativo que por el hecho de que dicho organismo no haya po-dido resolver todos los casos que tiene pendientes y los cua-les se iniciaron bajo las disposiciones dé las distintas leyes que sobre, compensaciones por accidentes del trabajo hemos tenido en Puerto Rico, unos casos, al ser llevados a los tribunales para revisar las decisiones de la comisión, lo sean para ante las cortes de distrito, y otros, para ante esta Corte Suprema, pues la revisión ante las cortes de distrito, al am-paro de las leyes anteriores a la de 1935, no estaba limitada a los errores de derecho cometidos por la comisión, sino que dichas cortes- estaban autorizadas a revisar los hechos del caso, White Star Bus Line v. Corte, 41 D.P.R. 526 y 817; mientras que, bajo la nueva ley, la revisión ante la Corte Suprema está limitada a las cuestiones de derecho o apre-ciaeión de prueba pericial, únicamente, artículo 11, Ley-121 de 1940 (pág. 729).

Cualquier duda que pudiera haber en la interpretación de esta cláusula de reserva debe ceder ante ía política pública expresada por la legislatura estableciendo un nuevo procedi-miento de revisión el cual debe aplicarse a todos los casos.

Debe declararse sin hogar la petición y< amularse el aioto expedido.


author: El Juez Presidente Seítor Del Toro

text:
    Rexach Racing & Sporting Corporation, peticionaria y apelada, v. Comisión Hípica Insular, demandada y apelante, y Las Monjas Racing Corporation, interventora.
    Núm. 8272.

    Sometido: Febrero 20, 1942.

      Resuelto: Abril 30, 1942.

      Diego O. Marrero, abogado de la apelante; Celestino Iriarte, F. Fer-nández Cuyar y H. González Blanes, abogados de la apelada; Leopoldo Felíu, abogado de la interventora.
   El Juez Presidente Seítor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 23 de mayo de 1939, la demandante, Rexach Racing & Sporting Corporation, una corporación de esta isla que ex-plota un hipódromo de su propiedad dentro del municipio de San Juan, pidió a la corte dé distrito que expidiera un auto definitivo de injunction prohibiendo a la demandada, Comi-sión Hípica Insular, poner en vigor su orden de mayo 15, 1939, cancelando las fechas seleccionadas por la demandante para celebrar subscription funds e interferir con la prepa-ración y distribución de boletos para y celebración del subscription fund ya anunciado para jimio 4, 1939.

Solicitó además la demandante qne mientras el pleito se sustanciaba y decidía, se expidiera nn anto preliminar me-diante fianza, qne fné en efecto expedido. Pidió la deman-dada sn annlación y contestó. Intervino Las Monjas Racing Corporation, otra corporación qne explota otro hipódromo en San Jnan conocido por “Las Monjas” y el caso qnedó final-mente sometido a la decisión de la corte en mayo 29, 1939.

La sentencia se dictó el 6 de jnnio siguiente. Por ella se declaró con lugar la demanda y en sn consecnencia se ordenó la expedición del injunction perpetuo solicitado, con las cos-tas a la demandada, sin incluir honorarios de abogado.

No conforme la demandada, apeló, celebrándose la vista del recurso el 20 de febrero ultimo.

⅞ Tiene la Comisión Hípica Insular facultad para asignar fechas a los diferentes hipódromos que funcionan en San Juan para la celebración de subscription funds'? Esa es la cuestión última a resolver. La corte de distrito la de-cidió en la negativa al dar la razón a la demandante en el caso concreto que llevó ante ella. Y la demandada sostiene que esa decisión es errónea.

Entresacando de las largas y confusas alegaciones de las partes, el caso concreto a que acabamos de referirnos, es así:

Para el año 1939 la Comisión Hípica Insular autorizó la celebración de carreras en tres hipódromos, a saber: “Las Casas,”' “Las Monjas” y “Quintana,” y como en el último no se estuvieran celebrando, autorizó subscription funds en los dos otros en las siguientes fechas, mayo 7 y 21, junio 4 y 18, y julio 2, 16 y 30 en “Las Casas,” y mayo 17 y 31, junio 14 y julio 4 en “Las Monjas.”

Así las cosas, el “Quintana,” según la comisión, que ha-bía comenzado a celebrar carreras en mayo 7, solicitó que se le señalaran fechas para el subscription fund y la comisión procedió a hacerlo en mayo 15, 1939, por medio de la si-guiente resolución:

“Habiendo la Comisión Hípica fijado en 23 de marzo de 1939, fechas para la celebración de varios sorteos del subscription fund, cuando no estaba funcionando el hipódromo ‘ Quintana Racing Park’, y teniendo en cuenta que durante las dos últimas semanas Las Monjas Racing Corporation no ha celebrado carreras en su hipódromo y ha-bérsele asignado varias fechas para la celebración de subscription funds, la comisión resuelve cancelar, como cancela, todas las fechas señaladas para celebrar sorteos, con exclusión del 4 de junio de 1939, en- que se permitirá un sorteo en el hipódromo Quintana Racing Park por haber sometido esta corporación el modelo de boletos que se han de usar y además deniega por la presente la solicitud de Rexach Racing and Sporting Corporation para celebrar el mismo día 4 de junio de 1939 otro subscription fund, por no haberse sometido aún el modelo de boletos que se han de usar tal como lo dispone las reglas vigentes y por no permitir tales reglas la celebración de dos subscription funds en un mismo día.”

Y habiéndose negado la comisión a dejar su orden sin efecto, la demandante acudió a la corte de distrito.

La ley que regula el caso es la número 17 de 1935, pág. 93, por virtud de la cual se enmendó la Ley Hípica de Puerto Pico. El artículo 5 de la ley, como quedó enmendado, en lo pertinente, prescribe:

“Artículo 5. — La Comisión Hípica Insular queda facultada para reglamentar todo lo concerniente al deporte hípico y a tal objeto tendrá facultad para prescribir las reglas y condiciones por las cuales deberá regirse la celebración de carreras de caballos en Puerto Rico; para reglamentar todo aquello que se relacione con la forma en que deberán hacerse las apuestas en las bancas alemanas, ‘pools,’ ‘suE seription funds,’ ‘mutuels,’ o cualquier otro sistema do apuestas; para prescribir, por reglamento, los requisitos que deberán llenar las personas que se dediquen a cualquier actividad que se relacione con las carreras de caballos y las que desearen obtener y obtengan de la Comisión licencias para explotar hipódromos, y licencias de dueño de caballos, ‘jockey,’ y ‘trainer’ o cuadrero; Disponiéndose, que la Comisión Hípica Insular podrá, cuando lo estimare conveniente, en beneficio del deporto, denegar la solicitud de cualquiera de estas li-cencias; Disponiéndose, además, que en los casos de renovación de las licencias de los hipódromos actualmente en explotación, la Co-misión Hípica Insular deberá renovar las mismas a solicitud de las personas naturales o jurídicas explotadoras de los mismos, siempre que dichas personas naturales o jurídicas y sus respectivos hipódro-mos reúnan las condiciones que por Reglamento exigiere la Comisión Hípica Insular.”

El 21, también como quedó enmendado, pág. 101, es así:

“Artículo 21. — El sistema de apuestas conocido en Puerto Rico por ‘pool’ y las apuestas en las bancas alemanas, ‘subscription funds,’ ‘inutuels,’ así como cualquier otro sistema de apuestas, sólo podrán establecerse para los días en que se celebren carreras de caballos y en relación con dichas carreras, dentro de los hipódromos autoriza-dos por la Comisión Hípica Insular, y únicamente podrán ser explo-tados por las personas naturales o jurídicas explotadoras de los hi-pódromos en funcionamiento.”

Y el 23½ adicionado por la dicha ley, pág. 109, ordena:

“Artículo 23½. — Para garantizar debidamente el dinero que se juegue en el ‘pool,’ ‘subscription funds,’ bancas alemanas, ‘mutuel’ y cualquier otro sistema de apuestas, la Comisión Hípica Insular deberá exigir la prestación de las fianzas necesarias por aquellas per-sonas responsables del manejo y funcionamiento de los fondos de tales sistemas de apuestas en los hipódromos en explotación, pudiendo, a este fin, determinar la cuantía, clase y duración de tales fianzas.”

La corte sentenciadora razonó sn conclusión como signe:

“La Comisión Hípica, de acuerdo con el mismo artículo (5), puede prescribir las reglas y condiciones por las cuales deberá regirse la celebración de las carreras de caballos en Puerto Rico, pero si inter-pretamos el artículo 5 en relación con los artículos 21 y 23½, supra, tenemos que llegar a la conclusión que la cuestión de las apuestas está subordinada a que se celebren carreras, es decir, cada vez que haya carreras puedeu haber apuestas en los distintos sistemas enu-merados incluyendo el subscription fund y pueden ser explotados por las personas naturales o jurídicas explotadoras do los hipódromos, debiendo la Comisión Hípica reglamentar la forma en que se lleven a efecto y exigir la prestación de las fianzas necesarias para garan-tizar debidamente el dinero jugado. Si la Comisión Hípica tuviera el poder, bajo el artículo 5, de determinar las fechas en que se puede jug'ar el sistema de apuestas conocido por subscription fund, tam-bién podría determinar en qué fechas se puede jugar el pool o las bancas alemanas en determinado hipódromo, aun cuando se celebren carreras en el mismo. ¿Cómo se harían entonces los descuentos que provee el artículo 29 de la Ley y cómo podrían subsistir no ya los hipódromos, sino la propia Comisión Hípica? . . .
“Ya en el caso de Porto Rico Racing Corporation v. Comisión Hípica, 38 D.P.R. 280, nuestra Corte Suprema al hacer un historial de la legislación hípica de Puerto Rico y al interpretar el artículo 5 de la Ley de 1927 (Núm. 40 de 1927, pág. 207) sobre la facultad conferida a la Comisión Hípica de reglamentar la celebración de carreras, resolvió que no incluía la facultad de fijar turnos o las fechas en que las carreras se celebren, según se autorizaba por la ley anterior de 1925 (Ley núm. 21 de 1925, pág. 147). Si la Legislatura hubiera tenido la intención de concederle a la Comisión Hípica la facultad de limitar los días en que se podían establecer sistemas de apuestas en los hipódromos, y entre ellos, el subscription fund, lo hubiera dicho expresamente y no utilizando la frase ‘para reglamen-tar todo aquello que se relacione con la forma en que deberán ha-cerse las apuestas, etc.’ Reglamentar ‘la forma’ de hacer una cosa no incluye determinar cuándo se ha de hacer, especialmente cuando la explotación de las apuestas se pone en manos de los hipódromos autorizados para celebrar carreras.”

La argumentación que contiene el extenso alegato de la apelante no nos convence de que el criterio sustentado por el tribunal sentenciador sea erróneo.

No hay duda de que la comisión fue establecida para la reglamentación del llamado deporte hípico en esta isla, pero sus facultades aunque amplísimas emanan de la ley y la le-tra de ésta no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu.

Su facultad de reglamentar los juegos se extiende, según los términos expresos de la ley, a “todo aquello .que se rela-cione con la forma” y para comprender dentro de la forma la fijación de fechas sería necesario forzar el claro signifi-cado de la letra de la ley.

Creemos en verdad que la intervención de la Comisión Hípica en la fijación de determinados días para el subscription fund en los varios hipódromos, podría ser beneficiosa para los intereses públicos y para asegurar un reparto equi-tativo del negocio entre todas las empresas que se dedican al mismo, pero tal como está redactada la ley^ sólo puede ha-cerlo con el consentimiento de dichas empresas, en forma persuasiva y no mandatoria.

Debe- confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.