author: El Juez Asociado SeñoR De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ignacio Díaz Luzunaris, acusado y apelante.
    Núm. 10051.

    Sometido: Junio 16, 1943.

      Resuelto: Septiembre 23, 1943.

      M. Rivera de la Vega, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SeñoR De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue denunciado por un delito de acometi-miento y agresión grave. Se alegó en la denuncia que la denunciante viajaba en un automóvil del acusado; que éste violentamente la agredió con las manos, agarrándola fuerte-mente por los muslos; que la denunciante protestó de la conducta ilegal del acusado y lo requirió para que detuviese el automóvil para bajarse y que en vista de que el acusado rehusaba hacerlo, la denunciante, con motivo de la conducta del acusado, se vió. en la necesidad de lanzarse del vehículo mientras se hallaba en movimiento, recibiendo al caer al pa-vimento ciertas fracturas y lesiones que se especifican más adelante. Se alegó como agravante el ser el acusado un va-rón adulto y la agredida una mujer. Visto el caso en la Corte de Distrito en grado de apelación, fue convicto el acu-sado y sentenciado a pagar $100 de multa o a cumplir un día de cárcel por cada dólar de multa que dejare de pagar, sin que la prisión .excediese de noventa días, más las costas.

La evidencia del Pueblo de Puerto Rico téndió a demos-trar que la denunciante es una mujer casada y profesora de instrucción; que el día de autos había estado en unos servi-cios religiosos que se celebraban en una iglesia en la parada 26%, en Santurce, y que al terminar dichos servicios, se dis-puso a regresar a su casa, radicada en la parada 20; que con tal motivo, como a las 12 del día, la denunciante se hallaba parada en la acera de lá Avenida Fernández Juncos, en la parada 26%, esperando una guagua; que en esos momentos pasó el acusado manejando su automóvil con dirección a San Juan y cuando se hallaba frente al sitio donde estaba la de-nunciante la invitó a montar en sn automóvil, y al manifes-tar ella que iba para la parada 20 y decirle él que podía lle-varla, creyendo que el acusado era un caballero y que su in-vitación obedecía a su propósito de cooperar con la Defensa Civil dentro de la actual emergencia de guerra, aunque ella no lo conocía no tuvo inconveniente en aceptar la invitación y tomó asiento junto a él; que una vez en movimiento el ve-hículo, el acusado la agarró por un mus o; que la denunciante protestó indignada y trató de alejarse de él lo más que pudo y le requirió que parase el vehículo para ella desmontarse; que el acusado, si bien conducía el automóvil a poca veloci-dad, continuó en marcha, por lo que la denunciante se vió obligada a lanzarse del automóvil, produciéndose al caer al pavimento la fractura de la clavícula derecha, la dislocación de la unión clavicular y el hombro, y ciertas contusiones en la frente, siendo asistida en el Hospital Presbiteriano, donde quedó recluida por algún tiempo.

La prueba de la defensa tendió a establecer que fué la denunciante la que con la mano hizo señas ál acusado para que la llevase en su automóvil; que él accedió y que al poco rato de reanudar la marcha una amiga de la denunciante que caminaba por la indicada avenida la saludó o la llamó, y que la denunciante decidió seguir con su amiga y pidió al acu-sado que detuviese el vehículo para bajar; que éste le in-dicó que así lo haría, pero que era necesario colocar su carro bien a la derecha para evitar un accidente, y mientras el acusado reducía la velocidad con ese objeto y se iba echando hacia la derecha, la denunciante, sin esperar a que el ve-hículo se detuviese por completo, abrió la puerta y al tratar de bajar perdió el equilibrio, cayendo al pavimento y reci-biendo las lesiones que ella relata.

Cuatro errores señala el apelante. De ellos tres van dirigidos a supuestos errores en la apreciación de la prueba, que como hemos visto es contradictoria, sin que se nos haya demostrado que al apreciarla en contra del acusado actuara la corte inferior movida por pasión, prejuicio o par-cialidad, o incurriera en error manifiesto. Por consiguiente, nos circunscribiremos a discutir el único error que merece consideración, el que alega que los hechos que tiende a pro-bar la evidencia del Pueblo no son constitutivos de delito en esta jurisdicción, por tratarse de lo que en otras jurisdic-ciones se conoce por acometimiento inmoral o indecente (indecent assault), y no ser ése un delito definido en nuestras leyes. En efecto, no existe en Puerto Rico ley alguna que defina un delito bajo la denominación de acometimiento in-moral o indecente u otra denominación similar. Pero sí existe el de acometimiento y agresión, definido y castigado por la Ley de 10 de marzo de 1904, incorporada en nuestro Código Penal (ed. 1937), páginas 155 et seq. Esa ley fue tomada del Código Penal de Tejas, artículos 587 et seq. Su sección primera, idéntica en su edición inglesa al artículo 587 del Código de Tejas, no fué correctamente traducida al caste-llano, y siendo la edición inglesa, por lá procedencia de la ley, la que debe prevalecer, en ella basaremos nuestra dis-cusión. Vertida "al castellano la sección primera de la edi-ción inglesa en lo pertiente dice así:

“El empleo de cualquier violencia ilegal sobre la persona de un semejante con intención de causar daño, cualesquiera que sean los medios o el grado de violencia que se emplearen, constituirá un delito de acometimiento y agresión.
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Y la sección 6 de la misma ley prescribe en su inciso 5 que todo acometimiento y agresión será considerado con cir-cunstancias agravantes cuando se cometiere por un varón adulto en la persona de una mujer o un niño, o por una mujer adulta en la persona de un niño.

Sostiene el apelante que de conformidad con la sección primera, supra, es elemento esencial del delito que la agresión se verifique con intención de causar daño, y que como en este caso la prueba de la denunciante demuestra que el acusado no tuvo tal intención, no se probó el delito expuesto en la denuncia; que el delito que tiende a probar la evidencia de la denunciante es el de acometimiento inmo-ral o indecente, y que ése no es un delito definido y casti-gado en Puerto Pico. Trata de distinguir el apelante la ju-risprudencia constante de Tejas de acuerdo con la cual he-chos como los declarados por la denunciante constituyen el delito de acometimiento y agresión grave. A ese efecto ar-guye que si bien el estatuto de Puerto Pico es una copia del de Tejas, es lo cierto que nuestra legislatura, por razones que ignoramos, omitió el artículo 588 del Código Penal de Tejas, dispositivo, entre otras cosas, de que el daño que se intente causar puede ser corporal o puede consistir en to-marse libertades impropias que lastimen la dignidad, ofen-dan el pudor o causen cualquier otra emoción mental desa-gradable; que precisamente esa disposición del citado ar-tículo 588 es lo que motiva que en Tejas hechos como los de-clarados por la denunciante constituyan el delito de áeome-timiento y agresión.

Concedemos que el artículo 588 del Código de Tejas no fue adoptado por nuestra legislatura; pero opinamos que con o sin ese artículo, tanto aquí como en Tejas, los hechos en cuestión son constitutivos de un delito de. acometimiento y agresión grave. En la Ley Común no se conocía delito alguno.bajo lá denominación de acometimiento indecente o inmoral. Rex v. Nichol (1807) Russ & R.C.C. (Engl.) 130; State v. Comeaux (La., 1913) 60 So. 620. Dicho delito fue creado por estatuto en varias jurisdicciones, fijándosele por lo general una pena mayor que la del acometimiento y agre-sión, elevándolo en algunas de ellas a la categoría de f&lony. Ello no obstante, la conducta constitutiva de ese delito no permaneció impune bajo la Ley Común. Tampoco permane-ció impune en aquellas jurisdicciones donde no lo han de-finido específicamente por estatuto. Tanto bajo la Ley Co-mún como en las jurisdicciones últimamente citadas, ese de-lito se ha considerado comprendido dentro del acometimiento y agresión, y castigable como tal. Es verdad- que la inten-ción de cansar daño siempre ha sido un elemento esencial del acometimiento y agresión, pero tanto bajo la Ley Co-mún como bajo los estatutos, se ha sostenido que el daño no tiene que ser necesariamente corporal, pudiendo constituirlo cualquier contacto ilegal realizado sin el consentimiento de la victima, que ofenda su pudor, le produzca vergüenza, hu-millación o angustia mental. Bartell v. State (Wisc.) 82 N.W. 142; Moreland v. State (Ark. 1916) 188 S.W. 1; L.R.A. 1917A 140, y monografía a la página 142; 1 Wharton’s Grim. Law, sección 813; y Clark’s Crim. Law, 228.

El reciente caso de Beausoliel v. U. S. (1939) 107 F. (2d) 292, ilustra perfectamente la doctrina expuesta. En dicho caso el apelante fué acusado y convicto de infracción al ar-tículo 29 del Código del Distrito de Columbia, que dice así:

“Cualquiera que ilegalmente acometa o amenace a otro en forma violenta (in a menacing manner) será castigado con una multa no mayor de $500 o con prisión que no excederá de doce meses, o ambas penas. ’ ’

Consistió la alegada infracción en que en cierto día anterior a la acusación fué confiada al acusado una niña de siete años de edad para llevarla de un sitio a otro en la ciu-dad de Washington. En el trayecto el acusado deshonesta-mente expuso cierta parte de su cuerpo e indujo a la niña a tomarla en sus manos. Al igual que el acusado en el caso de autos, Beausoliel alegó como defensa que los hechos im-putádosle y que fueron probados, no contravenían el artículo 29, supra, porque de ellos no surgía el elemento de violencia o amenaza contenido en el estatuto. Al confirmar la senten-cia apelada, dijo la corte:

“Bajo la Ley Común se sostenía generalmente que un hombre que se tomaba libertades impropias con la persona de una mujer, sin. su consentimiento, era culpable de acometimiento.
“En un caso como el presente, la amenaza o el peligro de sufri-miento o daño físico en el sentido ordinario, no es necesario. El daño sufrido por la víctima inocente bien puede ser temor, vergüenza, hu-millación o angustia mental causada por el acometimiento. Tampoco es necesario que tal víctima se percate de la naturaleza del acto o del peligro.
“Ni afecta el resultado el que sea la mano de la niña la que toque el cuerpo del apelante, invirtiendo así la forma ordinaria del acome-timiento. Bajo las circunstancias del presente caso, es lo mismo que si el apelante hubiese colocado su cuerpo en contacto con la niña o hubiese agarrado su mano y la hubiese obligado a hacer su deseo.
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La denuncia en el presente caso no es un modelo de las de su clase. Pudo especificar con más exactitud la modalidad del delito, pero no podemos exigir igual grado de perfección que si se tratase de una acusación redactada por un fiscal. Se siguieron las palabras del estatuto y la denuncia no dejó de poner en conocimiento del acusado los hechos que en el juicio sostuvo la prueba de cargo y que aquél trató de controvertir con su declaración y la de varios testigos a quienes no dio crédito la corte inferior.

Como el delito imputado es el de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes y la evidencia es sufi-ciente para probarlo, no erró la corte inferior al declarar convicto al acusado ni al imponerle una pena de $100 de multa, que si bien es leve dadas las circunstancias concu-rrentes, está comprendida dentro de los límites señalados por la ley.

Procede, por 'lo expuesto, la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia apelada.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Snyder no intervinieron.


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author: El Juez Asociado Señor De Jesús

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text:
    La Autoridad de Tierras de Puerto Rico, por su Director Ejecutivo Hon. José Acosta Velarde, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    Núm. 1125.

    Sometido: Julio 29, 1943.

      Resuelto: Septiembre 23, 1943.

      Francisco A. Arrillaga j C. del Toro Fernández, abogados de la re-currente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Pablo Cabán y su esposa, siendo dueños de una finca rús-tica de 78.242 cnerdas de superficie inscrita a sn nombre en el Registro de la Propiedad de Utuado, segregaron de ella nna parcela de 9 cnerdas qne vendieron a los Estados Uni-dos de América. El remanente de la finca, qne según el Re-gistro debió constar de 69.242 cnerdas, fné vendido por Ca-bán y su esposa a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico por escritura numero 21 de 4 de junio último ante el notario Francisco A. Arrillaga, siendo representada en ese acto la compradora por su director ejecutivo Sr. José Acosta Ye-larde. En la escritura se consignó que la cabida actual del citado remanente, de acuerdo con mensura practicada por los ingenieros de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico era de 70.9506 cuerdas. Presentado el documento al Regis-tro, el Registrador lo inscribió en cuanto a la compraventa, pero sólo en lo que respecta a la cabida de 69.242 cuerdas que constaba del Registro; consignó el defecto subsanable de no haberse acreditado el nombramiento de José Acosta Velarde como director ejecutivo de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, y denegó la inscripción en cuanto al excese de cabida de 1.7086 cuerdas.

No conforme con la nota, la Autoridad de Tierras de P. R. interpuso el presente recurso gubernativo.

I. La diferencia de cabida entre la expresada en el título y la que resulta del Registro es sólo de 1.7086 cuerdas, cantidad que no alcanza al 20 por ciento de la cabida inscrita. Esa diferencia podría inscribirse sin necesidad de recurrir a un expediente de dominio o posesorio. Para ello precisaría seguir el procedimiento establecido por la jurisprudencia, es decir, practicar una mensura con citación de los dueños colindantes y acreditar tanto la mensura como la citación, acompañando al título una certificación del agrimensor a ese efecto.

El requisito de la citación de colindantes obedece a la ne-cesidad de evitar que propietarios poco escrupulosos fácil-mente pnedan anmentar la cabida verdadera de sns fincas utilizando el Registro como instrumento para defraudar al tercero inocente que contrate con ellos confiado naturalmente en que los asientos del Registro constituyen un reflejo exacto de la verdad.

A este efecto se dijo en el caso de Muriente v. Registrador, 47 D.P.R. 246, 250:

“Por lo que sepamos, esta corte nunca ha resuelto, aun tratán-dose de una finca rústica, que una cláusula relativa a la existencia de un exceso específico que se dice haber sido establecido mediante una mensura, sin una certificación de un agrimensor o sin hacerse mención alguna de haberse notificado a los dueños colindantes, sea suficiente para justificar la inscripción de tal exceso.”

Y en el de Pellón v. Registrador, 53 D.P.R. 526, 530, se reiteró:

“No debe a nuestro juicio permitirse la alteración o rectificación de linderos, ni la inscripción del exceso de cabida resultante, aun cuando se trate de una diferencia que no llegue a un 20 por ciento, sin que antes se practique una mensura con citación de los colindan-tes. Véanse: Muriente v. Registrador, supra, y Aboy v. Registrador, supra.”

II. Impugnando aquella parte de la nota que califica de defecto subsanable el no haber acreditado la recurrente que José Acosta Velarde sea' su Director Ejecutivo, arguye la representación legal de la Autoridad de Tierras que la función del Registrador al calificar es de naturaleza cuasijudicial y consecuentemente debió dicho funcionario to-mar conocimiento judicial del nombramiento de José Acosta Velarde para dicho cargo.

Es verdad que el artículo 36 de la Ley de Evidencia, que es el 398 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933), prescribe que los tribunales tomarán conocimiento judicial de la instauración, firmas y sellos oficiales de los principales fun-cionarios del Gobierno en los departamentos legislativo, eje-cutivo y judicial de Puerto Rico y de los Estados Unidos. 3?ero esa regla de evidencia aplicable por sus propios tér-minos en los tribunales de justicia, no lo es en los registros de la propiedad cnando de ejercitar la función de calificar se trate. Esa función está regulada por el artículo 18 de la Ley Hipotecaria que expresamente prescribe que “los regis-tradores calificarán bajo su responsabilidad la legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicita la inscripción, y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mis-mas escrituras(Bastardillas nuestras.) El Registrador, al calificar un documento, no resuelve cuestiones de hecho ni aprecia evidencia. Su misión consiste en examinar los do-cumentos auténticos que se le presentan, ya como principal, ya como complementarios, para con lo que de ellos resulte y de los datos o antecedentes que arrojen los asientos del Re-gistro relacionados con el título presentado, determinar si puede legalmente practicarse la inscripción o anotación que se solicita.

Comentando el citado artículo 18 de la Ley Hipotecaria dice Morell:

‘ ‘ ¿ Cuál fué el pensamiento del legislador al exigir que la califica-ción se' hiciese por lo que resultara de los mismos documentos o escri-turas? Indudablemente se quiso evitar que el Registrador juzgase por noticias particulares propias o adquiridas de tercera persona, ya de palabra, ya en virtud de instancias o datos de otros documentos no presentados a inscripción, o de otras oficinas, aun cuando mere-ciesen fe. La calificación, como expresamente repiten los artículos 18 de la ley y 77 del Reglamento, ha de hacerse por lo que resulte de los documentos presentados, no bastando, por tanto, ni aun la cer-teza en el Registrador, por circunstancias y aun por justificantes extraños al título, de que no son verdaderos los hechos que se alegan. Para el Registrador no hay más verdad que la que contiene el Re-gistro y lo que contienen los títulos que debe inscribir. (Resolución de 28 de Marzo de 1904.) Aun en el caso de que se haya cometido un delito, si no resulta así del documento, no puede negarse a inscri-bir sin perjuicio de tomar las medidas que su celo y experiencia le sugieran para evitar las consecuencias de la inscripción. (Resolucio-nes de 19 de diciembre de 1879 y 21 de octubre de 1893.) ” 2 Legisla-ción Hip., 251.

Y Galindo y Escosnra, al tomo 2, pág. 10 de su obra “Legislación Hipotecaria”, dicen:

“Para nosotros con la frase por lo que resulte de las escrituras, sólo quiso la Ley evitar qne el Registrador juzgase por noticias par-ticulares, de la capacidad de los otorgantes, y aunque de ciencia pro-pia le constase la inexactitud contenida en el documento, y así lo con-firman las Res. de 4 May. de 1883 y 18 Jun. 1898; pero esto no quiere decir que en todo caso el Registrador haya de tener por probada la capacidad de los otorgantes, sólo porque el Notario la afirme. (Y. Res. de 30 Mar. 1898, declarando que aunque el Notario afirme que, a su juicio, tiene capacidad un viudo para vender una finca, el Re-gistrador puede y debe estimar no inscribible la escritura, si resulta del Registro que tal finca la adquirió siendo casado, a título oneroso.) Bastará la afirmación respecto de las circunstancias que determinen la identidad y capacidad de los otorgantes para obrar en nombre pro-pio; mas no respecto• de las circunstancias que le revisten de facul-tades para obrar en nombre ajeno y obligar a terceras personas. Así, es suficiente que consten en la escritura los nombres, apellidos, edad, estado civil (V. Res. de 24 Peb. 1888), profesión y vecindad de los que otorgan un contrato; porque según el art. 4 de la Inst, de 9 Nov. 1874, debe el Notario expresar todas las circunstancias que sir-ven para que se justifique la identidad del contrayente y su capacidad para otorgar contratos registrables en nombre propio, según aparez-can de la cédula personal; sobre esto no puede haber apreciación: el Notario no califica, no obra en virtud de raciocinios y deducciones basados en su propio juicio, sino sólo testimoniando hechos consig-nados en un documento público que le manda admitir la Ley, sin que le sea lícito discutirlos; el Registrador nada tiene que calificar, por-que no ha de calificar lo que dice la cédula, ni si lo dice o no, cuando lo afirma el que tiene la fe pública, y está encargado para ello exclu-sivamente por razón de su oficio.” (Bastardillas nuestras.)

Cierto es que en la escritura de compraventa motivo de este recurso el notario transcribió el acta de la Autoridad de Tierras de Puerto Eico por la cual se autorizó a su director ejecutivo a comprar para dicha agencia la finca en cuestión, pero sin duda inadvertidamente se omitió consig-nar en ella el nombre del director ejecutivo. En tales cir-cunstancias era necesario, para que pudiese contratar a nombre de la Autoridad, acreditar en forma auténtica que •José Acosta Yelarde era quien legalmente ocupaba dicho •cargo, sin que fuese suficiente que en la escritura de com-praventa, por su exclusiva cuenta, lo dijese el notario auto-rizante.

La recurrente invoca el caso de Oroasitas v. Registrador, 21 D.P.R. 553, en el cual se presentó para inscripción una •escritura de venta judicial otorgada por Rafael Mas como submárshal de una corte de distrito, y el Registrador con-signó el defecto subsanable de no haberse acreditado debi-damente que dicho Rafael Mas fuera tal submarshal. Al •confirmar la nota recurrida se dijo por este Tribunal:

“El notario no dio ni podía dar fe del conocimiento personal que tuviera de que determinada persona estuviera desempeñando cierto -cargo o compareciera con determinado carácter. Un Registrador en Puerto Rico no puede tomar conocimiento judicial de los súbmar-.shals de la Corte de Distrito en este caso. Tal vez podría tomar conocimiento judicial del cargo del márshal, pero por lo regular es éste último funcionario quien debe hacer la venta judicial y en los casos en que sea el submárshal el que verifica dicha venta el regis-trador tiene derecho a exigirle prueba de que es tal submárshal y que acredite su autoridad.”

El' error que se sufre al hablar de conocimiento judicial del Registrador consiste en confundir el precepto del artículo 36 de la Ley de Evidencia con lo prescrito en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria que dice así:

“Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el ar-tículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, eje-cutoria o documento auténtico, expedido por autoridad judicial o por el Gobierno o sus agentes en la forma que prescriban los regla-mentos. ’ ’

Cuando un secretario de un tribunal expide una copia certificada de una demanda para ser anotada en el Registro de acuerdo con el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, el Registrador practica la anotación sin exigir previa-mente que el funcionario que expide la certificación acredite su nombramiento y la identidad de su firma. Tampoco exige tal prueba del márshal que le expide un mandamiento para que se anote un embargo practicado por él sobre bienes in-muebles, y finalmente, no se exige esa prueba de cualquier otro funcionario administrativo que por ley esté autori-zado a certificar actos o documentos. Al no exigir tal prueba el Registrador, no es que tome conocimiento judicial de las firmas y nombramientos de esos funcionarios de conformi-dad con el artículo 36 de la Ley de Evidencia. Lo que su-cede es que cada uno de esos documentos constituyen docu-mentos auténticos de conformidad con el citado artículo 3 de la Ley Hipotecaria y el Registrador viene obligado a aceptarlos como acepta una escritura pública sin qué el no-tario tenga que acreditar su firma y desempeño legal del cargo.

Al otorgar una escritura de venta judicial el márshal ne-cesariamente debe celebrar una subasta y el. acta de subasta que tiene que levantar tiene que ser por él firmada. Esa acta, una vez firmada por el márshal, constituye un docu-mento auténtico a tenor de lo prescrito en el artículo 3 dé-la Ley Hipotecaria, y como para poder inscribir la escritura de venta judicial es preciso transcribir en la misma o acom-pañar separadamente entre otros documentos el acta de su-basta, es obvio que la firma y desempeño legal del cargo del márshal constan en documento auténtico, a saber, el acta de subasta, y la escritura puede ser inscrita de conformidad con el artículo 3 si cumple con los demás requisitos legales..

El resultado en el caso de Oroasitas v. Registrador, supra, puede ser o no correcto según que el nombramiento y desempeño del cargo por parte del alegado funcionario apa-reciese en alguno de los documentos auténticos que debió el notario transcribir o acompañar a la escritura de venta judicial. Pero sea o no correcto el resultado, la doctrina expuesta en dicho caso es errónea y debe entenderse por éste revocada.

Por último, el hecho de que el Sr. Acosta Velarde com-parezca en representación de la compradora y no de los ven-dedores, no subsana la falta apnntada por el Registrador, por impedirlo el artícnlo 1211 del Código Civil qne (lice:

“Ninguno pnede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal.
“El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante.”

El citado artícnlo no establece distinción entre el qne contrata a nombre del comprador y el qne lo bace en repre-sentación del vendedor, y por lo tanto el precepto legal se aplica igualmente tanto en nno como en otro caso.

A nuestro juicio, la nota recurrida en cnanto es motivo de este recurso está bien fundada. Procede, por lo tanto, su confirmación.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Todd, Je.,

text:
    Emilio Rivera Ayala, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. R. Cordovés Arana, Juez, demandada.
    Núm. 1532.

    Sometido: Julio 14, 1943.

      Resuelto: Septiembre 23, 1943.

      H. S. McGonell y R. Díaz Collazo, abogados del peticionario; Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y Fernando B. Fornaris, Procurador General Auxiliar, abogados de la deman-dada.
   El Juez Asociado Señoe Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario, por sí y alegando representar a más de mil personas adicionales, todas empleadas del Gobierno de los Estados Unidos de América en Puerto Eico, solicitó de la Corte de Distrito de San Juan expidiera un auto de injunction prohibiendo al demandado como Tesorero de Puerto Eico poner en vigor la Ley núm. 29 aprobada el 7 de diciembre de 1942 ((2) pág. 161), que establece el llamado “Impuesto de la Victoria”. En la súplica de la petición de injunction se solicitó además, una sentencia declarando (a) que dicha ley es nula por haber sido aprobada en contra-vención del artículo 2 de la Ley Orgánica de Puerto Eico y (ó) que El Pueblo de Puerto Eico carece de poder para imponer sobre el sueldo pagado por el Gobierno de los Estados Unidos al demandante y demás empleados federales contribución alguna por no haber pedido al Congreso su consentimiento al efecto. La corte inferior declaró con lugar una excepción previa interpuesta por el demandado y deses-timó la petición. Por estar envuelta una cuestión de general interés público expedimos un auto de certiorari al amparo de la Ley núm. 32 aprobada el 3 de mayo de 1943 () para revisar la actuación de la corte inferior.

Antes de entrar a resolver el caso en su fondo es conveniente aclarar que si bien consideramos que la corte inferior no erró al resolver que el peticionario tenía a sn alcance nn remedio adecuado en ley — pagar bajo protesta y acudir al Tribunal de Contribuciones — que hacía improcedente la concesión del injunction solicitado, esto no obstante, como tanto en la vista oral como en su alegato escrito el deman-dado renunció a toda cuestión técnica dada la conveniencia de que las cuestiones constitucionales planteadas fueran resueltas en su fondo por esta Corte, somos de opinión que la rápida determinación de las cuestiones planteadas redun-dará en beneficio del interés público, lo que justifica que procedamos a resolverlas al amparo del artículo 671A citado al margen, supra.

Se queja el peticionario de que la corte inferior no dictara la -sentencia declaratoria solicitada y se limitara a desestimar la demanda de injunction. Si bien es cierto que la corte, sentenciadora no hizo un pronunciamiento expreso en su sentencia en cuanto al remedio declaratorio solicitado, no lo es menos que en el curso de la opinión que dictó para sostener la misma, entró a considerar y resolver por lo menos una de las cuestiones constitucionales planteadas. Al desestimar la demanda la corte inferior de hecho declaró que la ley atacada es válida. En situación similar la Corte Suprema de los Estados Unidos en el reciente caso de Great Lakes Dredge & Dock Company v. Hoffman, 318 U. S. ---- (24 de mayo de 1943) resolvió que: ‘La sentencia ordenó la desestimación del pleito, pero debe interpretarse a la luz de la opinión de la corte y sus conclusiones de hecho y de derecho. (Citas.) Así interpretada se basa enteramente en la declaración de la corte que el estatuto aplicado a los peti-cionarios es constitucional; es por tanto en efecto una sen-tencia declaratoria.

La primera cuestión planteada por el peticionario es que los sueldos que perciben los empleados del Gobierno Federal no están sujetos al pago del impuesto de la Victoria que provee el artículo 1 de la Ley núm. 29 del 7 de diciembre de 1942,() porque el Congreso no le ha concedido tal facultad al Gobierno Insular, y arguye que ni la decisión en el caso de Graves v. N. Y. ex rel. O’Keefe, 306 U. S. 466 (1939), ni la sección 4 del “Public Salary Tax Act”, de 1939,() amplían en forma alguna dicha facultad, debiendo regirse el presente caso por lo resuelto en el de Domenech v. National City Bank, 294 U. S. 199 (1935). No tiene razón el peticio-nario.

El caso de Domenech, supra, no hizo otra cosa que aplicar la bien conocida regla establecida en McCulloch v. Maryland, 4 Wheat. 316 (1819), de que tanto el Gobierno Federal como sns agencias e instrumentalidades están exentos de toda clase de tributación estatal, y resolver que:

“Puerto Rico, una posesión insular, al igual que un territorio, es una agencia del Gobierno Federal, carente de una soberanía inde-pendiente comparable con la de un estado en virtud de la cual pueda imponer contribuciones. La autoridad para imponer contribuciones debe ser derivada de los Estados Unidos. Pero al igual que un es-tado, aunque por una razón distinta, tal agencia no puede imponer una contribución a una instrumentalidad federal. Un estado, aunque soberano, está impedido de así hacerlo porque ia Constitución re-quiere que no haya intervención por parte de un estado con los po-deres conferidos al Gobierno Federal. Un territorio o posesión no lo puede hacer porque una dependencia no puede imponerle una con-tribución a su soberano. Cierto es que el Congreso puede consentir a la imposición de una contribución, pero la concesión a la Isla de un poder general para imponer contribuciones no debe ser interpre-tada como un consentimiento. El privilegio únicamente podrá ser conferido por una ley del Congreso en que de manera clara y expresa así se haga constar.”

La doctrina del caso de Domenech, supra, que es la misma del caso de McCulloch, supra, ratificada en innumerables casos posteriores por el Supremo nacional, está en vigor y no ha sido variada. Lo que sí se ha aclarado y limitado es el concepto de instrumentalidad o agencia del Gobierno Federal a que debe aplicarse dicha doctrina, habiéndose descartado la aplicación que de la misma se hizo a los sueldos de funcio-narios y empleados desde que se resolvió el caso de The Collector v. Day, 11 Wall. 113 (1870). En este caso se sos-tuvo que era nula una contribución federal sobre ingresos impuesta al sueldo de un juez de un estado, iniciándose así la que podríamos llamar doctrina de la inmunidad recíproca entre el Gobierno Federal y el de los estados en cuanto a la imposición ilimitada de contribuciones que podría obsta-culizar, bajo ciertas circunstancias, el funcionamiento de dichos gobiernos e imponer una carga indebida a los mismos. En N. Y. ex rel. Rogers v. Graves, 299 U. S. 401, se aplicó esa regla anulándose una contribución sobre ingresos del estado de Nueva York impuesta al abogado de la Panama Rail Road Company por ser esta compañía una agencia del Gobierno Federal, y en Brush v. Commissioner, 300 U. S. 352, aplicando la doctrina de reciprocidad a la inversa, se resolvió que el tributo federal sobre ingresos no podía aplicarse al sueldo de un ingeniero del sistema de acueducto de la ciudad de Nueva York. En una u otra forma la doctrina se aplicó en otros casos, pero aun desde su enunciación en The Collector v. Bay, supra, fue objeto de un fuerte disenso del Juez Aso-ciado Sr. Bradley, quien hizo constar que la misma estaba “fundada en una falacia, que conducirá a consecuencias per-judiciales.” A través de los años otros jueces expresaron s-u desaprobación a la doctrina () con frases no menos mor-daces, contándose entre ellas la ya famosa paráfrasis al dictum del Juez Marshall en McCulloch v. Maryland, supra, al efecto de que “el poder de imponer contribuciones envuelve el poder de destruir,” a lo que comentó el' Juez Holmes en Panhandle Oil Co. v. Knox, 277 U. S. 218, que “El poder de imponer contribuciones no envuelve el poder de destruir mientras esta corte exista.” (Bastardillas nuestras.)

El primer caso en que se descartó parcialmente la regla de inmunidad recíproca contributiva en relación con sueldos de funcionarios o empleados del Gobierno Federal o estatal o de alguna de sus agencias o instrumentalidades fué el de Helvering v. Gerhardt, 304 U. S. 405 (1938). El caso envol-vía la aplicación de la contribución federal sobre ingresos a los sueldos de unos empleados de la Autoridad del Puerto de Nueva York, una agencia o instrumentalidad del estado de Nueva York. Después de revisar la jurisprudencia anterior el Tribunal, por voz del Juez Asociado Sr. Stone, hizo constar el hecho de que “la inmunidad estatal del poder con-tributivo nacional, reconocido en The Collector v. Bay, supra, estaba estrechamente limitada a un funcionario judicial del estado que ejerce funciones que competían a los gobiernos estatales en el momento en que la Constitución fué aprobada, y sin el cual poder ningún estado ‘podrá por mucho tiempo continuar existiendo,’ ” y negándose a ampliar dicha limita-ción declaró válida la contribución impuesta.

En una opinión concurrente en este caso el Juez Asociado Sr. Black hizo constar que el tribunal debió “revisar y reexa-minar la regla basada en Collector v. Day,” y que “toda la doctrina de inmunidad contributiva intergubernamental debe ser revisada a la luz del efecto de la Enmienda Decimosexta que autoriza al Congreso a imponer contribuciones sobre ingrésos ‘que se deriven de cualquier origen.’ ”

La revisión solicitada por el Juez Black no se hizo es-perar, pues dos años después, en el caso de Graves v. N. Y. ex rel. O’Keefe, 306 U. S. 466, el Tribunal Supremo revocó expresamente los de The Collector v. Day, supra, y N. Y. ex rel. Rogers v. Graves, 299 U. S. 401, en cuanto al extremo de que los sueldos de los empleados y funcionarios del go-bierno nacional o estatal, o de sus agencias e instrumenta-hdades, gozaban de inmunidad en cuanto a la imposición de una contribución sobre ingresos. Una vez más, por voz del Juez Asociado Sr. Stone, la corte se expresó, a las páginas 480 y 481, en esta forma:

“La presente es una contribución sobre ingreso no discriminato-ria, aplicada a salarios en gradación específica. No es, en forma o fondo,- una contribución impuesta a la Home Owners’ Loan Corporation o a su propiedad o ingreso, ni es pagada por la corporación o el gobierno de sus fondos. La misma se calcula de acuerdo con el in-greso recibido por el contribuyente como compensación por sus ser-vicios, el cual una vez recibido por éste se convierte en propiedad suya, siendo así la contribución impuesta sobre el privilegio de reci-birlo, pagada de sus propios fondos y no directa ni indirectamente de los fondos del gobierno. La teoría que en cierta época tuvo apro-bación condicional de que una contribución sobre ingreso es, legal o económicamente, una contribución sobre su origen, no es por más tiempo sostenible, New York ex rel. Cohn v. Graves, 300 U. S. 308, 313, 314; Hale v. State Board, 302 U. S. 95, 108; Helvering v. Gerhardt, supra; cf. Metcalf & Eddy v. Mitchell, 269 U. S. 514; Fox Film Corp. v. Doyal, 286 U. S. 123; James v. Dravo Contracting Co., supra, 149; Helvering v. Mountain Producers Corp., 303 U. S. 376, y la única base posible para poder atribuir inmunidad constitucional al salario de un empleado del gobierno nacional o agencia guberna-mental, contra la contribución sobre ingreso impuesta por un estado, es que la carga económica de la contribución es traspasada en alguna forma de manera que constituye una carga al gobierno nacional equi-valente a una obstaculización de un gobierno por el otro en el desem-peño de sus funciones.”

Y más adelante dijo la corte, a la página 486:

“Asumiendo, como lo hacemos, que la Home Owners’ Loan Corporation está investida de la misma inmunidad contra la imposición de .contribuciones por los estados que el gobierno en sí, no podemos decir que la presente contribución sobre el ingreso de sus empleados le impone a ésta una carga inconstitucional. Todas las razones ex-puestas en extenso en el caso de Gerhardt, para rehusar atribuir una prohibición constitucional a la imposición de una contribución federal sobre ingresos a los salarios de empleados estatales, son de igual fuerza cuando se reclama inmunidad a la imposición de una contribución estatal sobre ingresos sobre salarios pagados por el gobierno nacional o sus agencias. En este respecto no encontramos base para establecer una diferencia en el resultado tanto si el ingreso tributado es el sa-lario o alguna otra forma de compensación, como si el contribuyente es un empleado o funcionario tanto de un estado como del gobierno nacional, o sus agencias] En ningún caso hay base para asumir que se está imponiendo al gobierno en cuestión una carga económica tan tangible o cierta que justifique que la corte declare que el contribu-yente está investido con la tácita inmunidad constitucional del go-bierno que le emplea contra la imposición de contribuciones.”

Consecuencia lógica de la nueva doctrina establecida en el caso de Graves v. N. Y. ex rel. O’Keefe, supra, fué la posterior revocación en Alabama v. King & Boozer, 314 U. S. 1 (1941), de los casos de Panhandle Oil Co. v. Knox, 277 U. S. 218, y Graves v. Texas Company, 298 U. S. 393, sostenién-dose que no existía inmunidad contributiva en relación con una contribución sobre ventas impuesta pór un estado a la compra de materiales de construcción por una persona que tenía un contrato a base de cost plus a fixed fee con el Go-bierno Federal para’ construir un campamento del ejército. Al mismo efecto véase Curry v. United States, 314 U. S. 14. Sin embargo, en Fed. Land Bank v. Bismarck Co., 314 U. S. 95, se sostuvo que no podía cobrarse a un banco federal el importe de una contribución estatal sobre ventas de ciertos materiales de construcción debido a que el Congreso podía eximir de tributos estatales a dichas instituciones. Se aplicó’ por tanto la misma regla que funcionó en Domenech v. National City Bank, supra. Otras aplicaciones y limitaciones-sobre el alcance de la misma regla establecida en Graves v. N. Y. ex rel. O’Keefe, supra, pueden verse en Penn Dairies v. Milk Control Comm’n., 318 U. S. 261 (1943), y Mayo et al. v. United States, ---- U. S. ----, resuelto en 1 de junio de-1943.

Tenemos, por lo tanto, que el campo ha quedado debida-mente deslindado. Tanto el estado como el territorio o la. posesión insular carecen de facultad para imponer una con-tribución a una agencia o instrumentalidad del Gobierno Federal. Empero, los sueldos de empleados federales o los de aquellos que trabajan en una agencia o instrumentalidad federal no están exentos de tributación bajo una ley de ingresos.

Arguye el peticionario, sin embargo, que la doctrina del caso de Graves v. N. Y. ex rel. O’Keefe, supra, es aplicable únicamente a los estados en sus relaciones inter gubernamentales con el gobierno federal pero no a Puerto Rico, a quien el Congreso no le ha reconocido el poder de imponer dicha contribución. El caso de Domenech v. National City Bank, supra, en que se ampara, no es autoridad, después délo resuelto en el de Graves, supra, para sostener una regla distinta, especialmente después de la aprobación del Public-Salary Tax Act, cuya sección cuarta hemos transcrito anteriormente. La contención del peticionario es que dicha sección no confirió a Puerto Rico el poder de imponer contribuciones a los sueldos de empleados federales debido a la limitación que contiene de que el mismo se otorgó únicamente-a “una autoridad contributiva debidamente constituida que tenga jurisdicción para imponer contribuciones sobre tai-compensación” (bastardillas nuestras), es decir que el esta-tuto no confirió jurisdicción para imponer la contribución si la jurisdicción no existía previamente.

En primer término diremos que si el razonamiento del peticionario pretende tener el alcance de sostener que nuestra. Legislatura no es una autoridad contributiva _ debidamente constituida, no puede ni dehe prevalecer. Sostener que-Puerto Eico no es “una autoridad contributiva debidamente-constituida” después de estarse rigiendo veintiséis años por la Carta Orgánica aprobada en 1917, es ignorar, no sólo el alcance que la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal, nacional ha reconocido a la forma de gobierno establecida, en Puerto Eico por el Congreso a virtud de dicha Carta, constitucional, sino menospreciar las disposiciones expresas, de la misma. El caso de Domenech v. Havemeyer, 49 F. (2d) 849 (1931), reconoció la autoridad de nuestra Legislatura para aprobar una ley de contribuciones sobre ingresos, aún con anterioridad a la enmienda al artículo 3 de nuestra Carta Orgánica en 1927 en que expresamente se le concedió poder-para imponer tales contribuciones, al expresarse la Corte de-Circuito de Apelaciones en esta forma:

“Es cierto que dicha Legislatura [de Puerto Eico] no tiene po-deres excepto aquéllos expresamente concedidos, o por necesaria im-plicación, por el Congreso. Benedicto, Treasurer v. Porto Rican Am. Tobacco Co., (C.C.A.) 256 F. 422, 425.
“Pero por la sección 37 de la Carta Orgánica de marzo 2, 1917' (39 Stat. 964 [48 U.S.C.A. §§774, 821]), a la Legislatura de Puerto-Eico se le concedieron poderes generales legislativos y por la seccióm 3 (39 Stat. 953 [48 U.S.C.A. §741]) se le concedió poder para impo-ner ‘contribuciones e impuestos sobre la propiedad, rentas internas y derechos sobre licencias y por franquicias, privilegios y concesiones. ’
“La Enmienda Déeimosexta había sido aprobada; hay gran peso' en la contención de que ‘rentas internas’, según usada en esta ley, incluye contribuciones sobre ingresos, sin distinción, en Puerto Bieo> al igual que en los Estados Unidos. (Citas).”

Y más adelante, al comentar el poder concedido a la Legis-latura de Puerto Rico para “enmendar, alterar, modificar o derogar” la ley federal sobre contribuciones de ingresos, sostuvo que “Obviamente hay muy poca diferencia entre el poder (mencionado) y el poder para aprobar una ley similar de novo.” “Que el Congreso tuvo la intención de que la Legislatura de Puerto Rico tuviera poder para aprobar leyes sobre ingresos está demostrado expresamente por la Ley de mayo 4, 1927 -(44 Stat. 1418). Esto puede razonablemente interpretarse como qfie tuvo la intención de hacer absoluta-mente claro lo que anteriormente existía implícitamente.” Es más, la propia Corte Suprema de los Estados Unidos al resolver posteriormente el tantas veces citado easo de Domenech v. National City Bank, supra, hizo la siguiente referencia en una anotación a la página 206: “Para una discusión de la autoridad implícita de la Isla para imponer una contribución sobre ingresos antes de la aprobación de la Ley de marzo 4 de 1927, véase Domenech v. Havemayer, 49 F. (2d) 849, 850,” de la cual acabamos de citar en parte.

Menos explícita que la autoridad concedida a la Legisla-tura de Puerto Rico en relación con el poder para imponer contribuciones, de acuerdo con la sección 3 de la Carta Orgá-nica, es la contenida en la sección 55 de la Ley Orgánica de Hawaii (48 U.S.C.A., Sec. 562) que dice: “El poder legisla-tivo del Territorio se extenderá a todas las materias propias de legislación no inconsistentes con la Constitución y-las leyes de los Estados Unidos loealmente aplicables.” Al resolver un caso similar al de autos, Yerian v. Territory of Hawaii, 130 F. (2d) 786 (1942), la Corte de Circuito para el Noveno Circuito bajo la autoridad del caso de Graves v. O’Keefe, supra, declaró válida una contribución impuesta por el Terri-torio a un empleado de la Home Owners’ Loan Corporation, una instrumentalidad de los Estados Unidos. La contención del apelante fué la misma que aquí sustenta el peticionario, es decir, que el Congreso no había concedido poder a la Legis-latura territorial para imponer tal contribución. Después de citar la sección 55 del Acta Orgánica, supra, y de referirse a la regla de qne ni los Estados, ni los Territorios y pose-siones, pneden imponer contribuciones a nna instrumenta-lidad de los Estados Unidos, citando entre otros el caso de Domenech v. National City Bank, supra, la Corte se expresó así a la página 789:

“En el caso ante nos, sin embargo, no se trata de una contribución impuesta a una agencia (instrumentality) de los Estados Unidos. La Ley de Bienestar (‘Hawaii Unemployment Relief and Welfare Act’) no impone tal contribución; sí impone una contribución a la compen-sación recibida por los empleados de las agencias de los Estados Uni-dos. Esta contribución sólo nos interesa en tanto en cuanto es de aplicación a la compensación recibida por los empleados de la ‘Home Owners’ Loan Corporation’. El Congreso no lia exentado del pago-de contribución tal compensación. Graves v. People of New York ex rel. O’Keefe, 306 U.S. 466, 59 S. Ct. 595, 83 L. Ed. 927, 120 A. L. R. 1466. Así a tal compensación podría imponérsele contribu-ción, aun cuando el Congreso no hubiese dado su consentimiento a tal efecto. Graves v. People of New York ex rel. O’Keefe, supra. Véase, además, State Tax Commission v. Van Cott, 306 U. S. 511, 59 S. Ct. 605, 83 L. ed. 950. En realidad, sin embargo, el Congreso dió tal consentimiento por medio de la sección 4 de la ‘Public Salary Tax Act’ de 1939, 5 U.S.C.A. §84a, que provee: (Se cita.)
“La contribución aquí envuelta se impuso sobre la compensación recibida por el apelante, después del 31 de diciembre de 1938, por servicios personales prestados como empleado de una agencia de los Estados Unidos. La misma fué impuesta por una autoridad debida-mente constituida (la Legislatura Territorial) con jurisdicción para tributar tal compensación y no establece discrimen alguno contra el apelante por razón de la procedencia de tal compensación. Es nues-tra conclusión que la contribución fué impuesta con el consentimiento del Congreso.”

Si todo lo anteriormente expuesto no fuera suficiente para sostener la autoridad de nuestra Legislatura, no podemos ni debemos nunca olvidar al plantear cuestiones que tienden a menoscabar los poderes concedidos y aun aquellos implícita-mente inherentes a la estructura del gobierno de que disfru-tamos, lo expresamente resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Puerto Rico v. Shell Co., 302 U. S. 253 (1937) al efecto de que: “El propósito del Acta Foraker y del Acta Orgánica (de 1917) fué conceder a Puerto Rico completo poder de propia determinación local, con una autonomía similar a la de los Estados y Territorios incorpo-rados. (Citas.) El efecto fué conferir al territorio muchos de los atributos de la cuasi-soberanía poseída por los Estados - — como por ejemplo inmunidad a ser demandado sin su con-sentimiento. (Cita.) Por dichas leyes, la estructura típica gubernamental americana, consistente de los tres departa-mentos independientes — legislativo, ejecutivo y judicial — fué erigida. ‘TJn cuerpo político — un commonwealth. — fué creado. ■31 Stat. 79 §7 c 191. El poder de imponer -contribuciones, el poder de aprobar y poner en vigor leyes y otros poderes propiamente gubernamentales fueron conferidos. Y en tanto en cuanto a cuestiones locales se refiere, como ya hemos demostrado en cuanto a los territorios continentales, poderes legislativos fueron conferidos casi, si no tan, extensos como los ejercitados por las legislaturas estatales.” (Bastardillas nuestras.)

Véase, además, West India Oil Co. v. Domenech, 311 U. S. 20.

Ahora bien, si el razonamiento del peticionario se limita a sostener que aun reconociendo la existencia de la autoridad contributiva debidamente constituida en Puerto Eico, ésta no tenía jurisdicción antes de aprobarse el Public Salary Tax Act y que, por tanto, carece ahora de dicha jurisdicción, tam-poco podemos estar conformes. El argumento del peticio-nario aparentemente es al efecto de que cuando el Congreso en el año 1927 concedió poder a Puerto Bico para imponer contribuciones sobre ingresos lo hizo cuando la jurisprudencia entonces sostenía que no podía imponerlas a los' sueldos de funcionarios federales y que, por lo tanto, cuando el Con-‘greso aprobó el Public Salary Tax Act en el año 1939, la Legislatura de Puerto Rico no tenía jurisdicción para im-ponerles tal contribución.

Como hemos visto, en el caso de Domenech v. National City Bank, supra, la Corte Suprema Nacional reconoció la autoridad implícita de Puerto Rico para imponer contribu-ciones sobre ingresos aun antes del año 1927 en que concedió expresamente tal poder, y al hacerlo concedió jurisdicción para imponer toda clase de contribuciones sobre ingresos que constitucionalmente podía imponerse originalmente. El hecho de que la Corte Suprema primero resolviera que a los sueldos de los funcionarios federales no podía imponérseles tal con-tribución, y más tarde resolviera lo contrario, no implica que la autoridad y jurisdicción concedida haya variado. El esta-tuto es el mismo. Lo único que varió en el transcurso de los años fué su interpretación. La restricción que la Corte Su-prema había impuesto fué eliminada por la propia Corte Suprema. De manera que la jurisdicción de la autoridad legislativa de Puerto Pico siempre existió.

No será ciertamente este Tribunal Supremo quien por intepretacion.es restrictivas e injustificadas tienda a menos-cabar y limitar los poderes concedidos a nuestra Legislatura siempre que al ejercitarlos se mantenga dentro de las limita-ciones que nuestra Carta Orgánica le ha señalado. Resol-vemos que la Legislatura de Puerto Rico es una autoridad contributiva debidamente constituida que tenía y tiene juris-dicción para imponer contribuciones dentro del alcance del Public Salary Tax Act, supra, y que los sueldos de los em-pleados federales en Puerto Rico están sujetos al pago del Impuesto de la Victoria si, como pasamos a considerar y resolver, dicho impuesto no es discriminatorio, segunda cuestión planteada en este caso.

Sostiene el peticionario que el Impuesto de la Victoria es nulo porque la ley establece un discrimen en contra de las personas que derivan su ingreso en concepto de sueldos, salarios o jornales y a favor de personas que derivan ingresos de contratos de compraventa, tales como corredores de bolsa, especuladores de bienes raíces y otros similares y que la exención o clasificación contenida en el artículo 1 de la ley, supra nota 2, es tan amplia qne incluye los ingresos de todos los comerciantes, agricultores, intermediarios, mayoristas y detallistas. Arguye, por último, que las clases beneficiadas . por la exención son tan variadas que no puede determinarse la base racional de la 'clasificación.

El exagerado argumento del peticionario tiene como base el becbo de que no toma en consideración en forma alguna, la frase limitativa de la exención que contiene el estatuto, es decir, están exentos los ingresos que “provengan de opera-ciones por medio de contratos de compraventa, en los que,, quien los recibe, hubiese actuado como contratante.” (Bas-tardillas nuestras.) La limitación es expresa y no puede sostenerse, como pretende el peticionario, que la intención legislativa fue eximir del pago del impuesto a todos los que actúen meramente como intermediarios" o en otra forma que no sea las de contratantes, y perciban una comisión como compensación de sus servicios.

La única cuestión a resolver es si la exención o clasifica-ción mencionada viola el artículo 2, sección 1, del Acta Orgá-nica que provee que “No se pondrá en vigor en Puerto Rico ninguna ley que privare a una persona de.. .propiedad sin el debido procedimiento de ley, o que negare a una persona de dicba Isla la protección igual de las leyes”.

Esta cláusula contiene prácticamente la misma fraseología que la Enmienda Catorce de la Constitución de los Estados Unidos e interpretándola, en relación con la misma cuestión que abora discutimos, la Corte de Circuito de Boston en el caso de San Juan Trading Co. v. Sancho, Tesorero, 114 F. (2d) 969, 971, ha dicho que “Esta cláusula, como la Enmienda Catorce a la Constitución de los Estados Unidos, en ninguna, forma limita el poder de la Legislatura de Puerto Rico para clasificar los objetos de legislación o las personas afectadas, por ella en tal forma que sujete a diferentes clases a dife-rentes tipos de contribuciones. (Citas.) Empero, tal clasi-ficación tiene que estar razonablemente relacionada con el objeto de la legislación y debe estar basada en alguna distin-ción que pueda racional e imparcialmente constituir la razón para la diferencia en la contribución.”

Esta doctrina ha sido aplicada por esta Corte en distintos casos, Pueblo v. Avilés, 54 D.P.R. 272, 281; M. J. y S. Cabrero, Sucrs. v. Sancho Bonet, Tesorero, 58 D.P.R. 531; Ballester v. Tribunal de Apelación, 61 D.P.R. 474. Al igual que otras reglas de interpretación constitucional, ésta ha sido una de las más debatidas en su alcance y aplicación por la Corte Suprema Nacional desde su enunciación, en forma definitiva, también por voz del Juez Asociado Sr. Bradley, en el caso de Bell’s Gap. R. Co. v. Pennsylvania, 134 U. S. 232 (1890). Como señala John B. Sholley en su tesis doctoral “La Igual Protección en la Legislación Contributiva”, 24 Virginia Law Review, 229 y 388 (1938), publicada también en 1 Selected Essays on Constitutional Law, Libro 5, Taxation, 39-91 (1938), esta opinión fué el punto de partida en el desarrollo de la cláusula sobre igual protección como una limitación al poder contributivo de los Estados y aun cuando admite que lo dicho por el Juez Bradley fué un dictum — pues la contri-bución envuelta en dicho caso fué sostenida — afirma que la Corte Suprema nunca se ha apartado de la posición en ella expuesta y que “casi en igual grado que las opiniones más famosas del Juez Presidente Marshall, se ha considerado como la interpretación autorizada de la Constitución sobre la materia”. A trueque de hacer un poco más extensa de lo necesario esta opinión parécenos apropiado citar aquí las palabras del Juez Bradley. Dicen así:

“La disposición de la Enmienda Décimocuarta de que ningún Es-tado negará a persona alguna, dentro de su jurisdicción, la igual pro-tección de las leyes, no tiene el propósito de impedir que un Estado reajuste su sistema contributivo de manera adecuada y razonable. Si así lo desea, podrá eximir de toda clase de contribución ciertos bienes, tales como iglesias, bibliotecas y las propiedades pertenecientes a instituciones caritativas. Podrá imponer diferentes contribucio-nes específicas sobre distintas ocupaciones y profesiones, pudiendo, además, variar los tipos de arbitrios sobre distintos productos; podrá imponer contribuciones de distinta manera a los bienes muebles e inmuebles; podrá imponer contribuciones solamente a bienes tangibles y no a garantías de pago; podrá, a su discreción, permitir deduc-ciones por causa de deudas. Toda esa reglamentación y cualquiera otra de carácter similar, siempre y cuando la misma se desarrolle dentro de límites razonables y de uso corriente, están dentro de la discreción de la Legislatura Estatal, o bien de la población del Es-tado al estructurar su Constitución. Pero los discrímenes claros y hostiles contra clases y personas particulares, especialmente aquellos de carácter poco común, desconocidos a las prácticas de nuestros go-biernos, pudieran contravenir la prohibición constitucional. Sería, sin embargo, poco práctico y poco sabio tratar de formular una regla o definición general sobre la materia, que abarcase todos los casos. Éstos tienen que decidirse a medida que surjan. Creemos poder ase-gurar que no fué la intención de la Enmienda Decimocuarta obligar al Estado a adoptar una regla inflexible de tributación uniforme. De ser esa la interpretación adecuada, no solamente suplantaría to-dos aquellos preceptos constitucionales y leyes de algunos Estados, cuyo fin es asegurar la uniformidad de la tributación, y las cuales van comúnmente acompañadas de cualifícaeiones consideradas como esenciales, sino que anularía el efecto de aquellos discrímenes, reque-ridos por el interés social, que son necesarios para el fomento de industrias útiles y necesarias, así como para evitar la intemperancia y el vicio, las cuales cada estado, en una forma u otra, crea conve-niente adoptar.”

Desde luego, el poder legislativo de hacer clasificaciones o conceder exenciones en materia contributiva no es absoluto pero, en tanto en cuanto no sean arbitrarias o afecten en forma discriminatoria a los contribuyentes incluidos en la clasificación o exención, debe sostenerse la actuación legis-lativa. En todo caso, corresponde al que ataca la validez de la ley “demostrar que no descansa sobre una base razonable y que es esencialmente arbitraria”, pues “cuando se impugna la clasificación, si puede concebirse cualquier estado de hechos que la justifique, se presumirá que tal estado de hechos exis-tió en la fecha de la aprobación de la ley.” Lindsley v. Natural Carbonic Gas Co.; 220 U. S. 61 (1910).

El fin, que se persigue por medio de la clasificación en las leyes contributivas es establecer un sistema de acuerdo con las condiciones y necesidades locales, a virtud del cual se distribuya la carga contributiva equitativamente y, para realizar esto es obvio que corresponde conceder y reconocer a la rama legislativa del gobierno la más amplia libertad de acción. Citizens’ Telephone Co. v. Fuller, 229 U. S. 322. “Porque los miembros de la legislatura necesariamente dis-frutan de una familiaridad en cuanto a las condiciones locales.. .la presunción de constitucionalidad sólo puede des-virtuarse con la más explícita demostración de que una clasi-ficación es un discrimen hostil y opresivo en contra de ciertas personas o clases.” Madden v. Kentucky, 309 U. S. 83, 88 (1939). En este caso se sostuvo la validez de un estatuto que imponía una contribución de cincuenta centavos por cada cien- dólares que estuvieran depositados en bancos fuera del Estado y solamente una de diez centavos a los depósitos en bancos locales.

Fué a virtud de la decisión en el caso de Madden, supra, que el Supremo Nacional revocó su decisión en Colgate v. Harvey, 296 U. S. 404 (1935) en la que se había anulado una exención concedida por la ley “al interés recibido por dinero prestado dentro del Estado, a un tipo que no exceda del 5 por ciento al año”. La opinión disidente del Juez Stone, con la cual concurrieron los Jueces Brandéis y Cardozo, contiene una de las más hábiles y,profundas discusiones sobre la ma-teria. Como hoy, a virtud del caso de Madden, supra, es la opinión de Stone la que prevalece, de ella citamos los siguien-tes párrafos:

“Lá cláusula sobre igual protección no prohibe inigualdades en la imposición de contribuciones por los Estados. Un Estado puede seleccionar los objetos ... y seleccionar, que es sólo el converso de exención, envuelve la imposición de una carga contributiva sobre algunos que no es impuesta a otros. Como esta Corte ha resuelto repetidamente, las inigualdades resultantes del hecho de que se selec-cione una clase en particular para imponerle contribución o para exentarla, no importa la razón para la selección, y aun si no hay una razón discernible, no deben declararse nulas cuando no tienen ningún otro indicio claro de que el propósito o efecto es un discrimen hostil y opresivo en contra de ciertas personas o clases (véase cómo las palabras de la mayoría en el caso de Madden, supra, están toma-das al final textualmente de la opinión disidente de Stone en el de Colgate, supra.).
“El fin perseguido por la clasificación tiene importancia al resolver la eonstitucionalidad de la contribución solamente en cuanto sirva para demostrar que el discrimen no es denigrante (invidious). Si aparece o puede razonablemente asumirse que es con el propósito de promover un fin público permisible, no puede ser condenada por-que una clase deba pagar una contribución que otra no paga.
“Al tirar la línea entre lo tributable y lo exentado, la cláusula sobre igual protección no requiere lo imposible o lo impráctico. A menos que la línea que el Estado tire caiga tan fuera de lugar que palpablemente no tenga relación razonable alguna con el fin legítimo perseguido, no corresponde al poder judicial el rechazarla y decir que otra debe ser sustituida.”

La misma pauta trazada a las legislaturas estatales es aplicable a la Legislatura de Puerto Rico y así vemos que solamente en casos extremos y cuando se liace una clasifica-ción claramente .irrazonable y arbitraria — como en el caso de los fósforos cuadrados o redondos — las cortes pueden y deben declararla nula. San Juan Trading v. Sancho, supra, y aun en este caso entre tres jueces que intervinieron hubo uno parcialmente concurrente y otro disidente. Y es que no existe, ni puede existir, una regla fija en cuanto a lo que cons-tituye razonabilidad en las clasificaciones para fines contribu-tivos. “En una-clasificación para fines gubernamentales no puede haber una exacta exclusión o inclusión de personas o cosas”, Magoun v. Illinois Trust & Savings Bank, 170 U. S. 283 (1898) y “las cortes invariablemente si encuentran alguna posibilidad de hacerlo, sostienen la actuación legislativa.... pues reconocen que imponer contribuciones presenta un pro-blema práctico; que la igualdad exacta es completamente imposible y que la discreción legislativa debe sostenerse si puede serlo.” State v. Welsh, 251 N. W. 189, 213.

De acuerdo con la forma en que está redactada la sección 1 de-la ley, supra, de no haberse eximido de sus términos los ingresos provenientes de contratos de compraventa, no hay duda que, en su alcance general, la contribución podría con-siderarse, en ese aspecto, como una sobre las ventas. Empero, la Legislatura consideró conveniente eximir esta clase de ingresos. ¿Tuvo algún motivo de política pública o econó-mica justificable para así hacerlo? La razón pudo ser, sin que resolvamos que sea buena o mala, pues no es esa función que corresponda a las cortes, la acción legislativa derogando el impuesto del 2 por ciento sobre las ventas que había exis-tido desde el año 1927. Por motivos que tampoco incumbe a esta Corte resolver si estaban o no justificados con una política de sana economía pública, la Legislatura consideró conveniente eliminar dicho, impuesto y así lo hizo por la Ley núm. 29 aprobada el 12 de abril de 1941 ((1) pág. 469).

Al aprobar la Ley sobre el Impuesto de la Victoria en 1942, la Legislatura, congruente con su actuación anterior derogando el impuesto del 2 por ciento sobre las ventas, eximió del pago del 5 por ciento, que provee la ley, sobre los ingresos percibidos a virtud de contratos de compraventa con la limitación señalada. ¿Puede considerarse que esta exen-ción o clasificación es irrazonable o arbitraria? Creemos que no. Habiendo eximido las ventas del pago de un impuesto de 2 por ciento no parecería lógico imponerle poco después un tributo de 5 por ciento al ingreso bruto obtenido a virtud de contratos de compraventa, que de hecho incluirían todos los ingresos provenientes de las ventas realizadas en la Isla.

No encontramos en la exención discrimen en contra del peticionario, Los ingresos que el peticionario pueda obtener a virtud de cualquier contrato de compraventa en que inter-venga, está exento del Impuesto de la Victoria, al igual que lo están los de un comerciante o agricultor.

Aun cuando el aparente propósito de la ley sugerido por el representante del Procurador General en la vista oral, es decir, que es una medida tendiente a evitar la inflación du-rante la presente emergencia, pueda ser o no sostenible desde el punto de vista de los economistas, tampoco estamos justi-ficados en rechazarlo, ni obligados a expresar opinión sobre el mismo. Los economistas y los abogados no snelen tener los mismos puntos de vista en la interpretación de leyes con-tributivas. Como ha dicho T. R. Powell, en sn ensayo “New Light on Gross Receipts Taxes” en 53 Harv. L. Rev. 909, 924 (1940): “El universo del raciocinio legal y el universo del raciocinio económico no son siempre el mismo.” Así tenemos que la reconocida autoridad en materia contributiva sobre ingresos, Randolph Paul, en su reciente conferencia sobre Federal Taxation in Total War, publicada en 38 Cornell Law Quarterly 141 (enero 1943), al referirse a la contribu-ción sobre las ventas como medida para evitar la inflación, dijo:

“La contribución sobre las ventas es un instrumento demasiadotosco {crude) para que pueda realizar una labor efectiva en el control de la inflación. No es sensitivo a diferencias en la capacidad para gastar. Todas las personas pagan el mismo tipo contributivo bien contribuyan con un dólar o con un millón de dólares a la co-rriente inflacionaria del poder para gastar. Así, la contribución no discrimina entre aquellas personas que pueden reducir sus compras sustancialmente y aquellas que no puedan hacerlo. En consecuencia, es imposible imponer una contribución sobre ventas a tipos suficien-temente altos para reducir el consumo de personas cuyas normas de vida son liberales, sin que al mismo tiempo se imponga una carga intolerable a millones de ciudadanos. Si se impone a tipos bajos, la contribución sobre ventas ejercería poca o ninguna influencia res-trictiva sobre aquellas personas que están en la mejor posición para reducir sus normas de vida.”

Ni aceptamos ni rechazamos los puntos de vista de Paul sobre el alcance económico de la ley de ventas como medida para evitar la inflación. Es una opinión que pudo considerar razonable la Legislatura. Que tuvo en mente y tomó en con-sideración la situación económica existente en la Isla al apro-barse la medida de emergencia y que dicha situación podía variar aún durante su vigencia limitada, lo demuestra el artículo 6 de la ley, que provee lo siguiente:

“Cuando el índice de precios al por menor de los alimentos bási-cos de Puerto Rico, según enumerados en adelante, alcance al nivel del mes de junio de 1941, la exención establecida para el Impuesto de la Victoria impuesto en esta Ley, será de doce dólares con cuatro centavos ($12.04) para cada semana y un dólar setenta y dos centavos ($1.72) para cada día, cuando proceda computar por días según el artículo 5. El índice se computará por la Oficina de Estadísticas del Gobernador de Puerto Rico a base de los precios que informe el De-partamento de Agricultura y Comercio. Se usará el sistema de re-lativos ponderados (weighted relatives). La ponderación se fiará a base del consumo de las clases obreras de Puerto Rico en estos pro-ductos, según se determine por el estudio de ingresos y gastos de los obreros del Departamento Insular del Trabajo en cooperación con la Work Projects Administration (W.P.A.). Se incluirá para la com-putación del índice los siguientes productos: arroz, habiefiuelas, fia-rina de maíz, manteca, jamón, tocino, bacalao, cebollas, papas, plá-tanos, yautías, batatas, leche, café y azúcar. El Gobernador de Puerto Rico promulgará, mediante proclama, la fecha en que el pre-cio de estos productos baje al nivel de junio de 1941.”

Si aunamos a las anteriores consideraciones el hecho de que, como sostiene Paul, supra, una contribución sobre las ventas no tendría resultados efectivos en el. control de la inflación, tendríamos que convenir que la Legislatura pudo creer que la eliminación de dicha contribución sí podría tender a evitarla y, siendo esto así, debemos aplicar la regla expuesta por el Juez Stone, citada anteriormente, de que: “Si aparece o puede razonablemente asumirse que (la clasi-ficación) es con el propósito de promover un fin público per-misible, no puede ser condenada porque una clase deba pagar una contribución que otra no paga.” Es más, en el año 1941 el Congreso de Estados Unidos aprobó el Suplemento “T” al Código de Rentas Internas a virtud del cual se estableció una contribución sobre el ingreso bruto a elección de indivi-duos cuyo ingreso bruto al año fuera de $3,000 ó menos y consistiera enteramente de uno o más de los siguientes: “sueldos, salarios, compensaciones por servicios personales, dividendos, intereses o anualidades.” 26 U.S.C.Á. §400. Es de notarse que aun cuando esta contribución es opcional con el contribuyente, sólo pueden acogerse a ella los que perciban $3,000 ó menos, y además, que sus ingresos provengan exclu-sivamente ele las fuentes expuestas en la clasificación que hemos copiado, las cuales por cierto, son bastantes similares a las de nuestra ley.

El propio representante del peticipnario admitió en la vista oral que si la Legislatura al hacer la exención hubiera especificado determinadas transacciones de compraventa la ley sería válida. De hecho esto fue lo que la Legislatura hizo pues las limitó a aquéllas en que el ingreso fuera percibido por quien hubiera actuado como contratante, exención que cobija, como hemos dicho' antes, aquellas operaciones de com-praventa en que el peticionario haya actuado como tal y per-cibido ingresos.

Aun cuando la contribución sobre ingresos no es consi-derada legal o económicamente como una contribución sobre el origen, Graves v. N. Y. ex rel. O’Keefe, supra; Ballester v. Tribunal de Apelación, supra, somos de opinión que la clasificación hecha a base del ingreso bruto no viola per se la cláusula sobre igual protección. Arguye el peticionario, sin embargo, que no ha encontrado ningún caso en el cual se haya hecho la clasificación a base de la “clase de ingreso, irrespectivamente del que lo recibe,” y que por tanto la clasificación es inherentemente irrazonable. No tiene razón, a nuestro juicio, pues existen precedentes en la jurispru-dencia. Veamos algunos ejemplos.

En Marshall v. South Carolina Tax Commission, 178 S. C. 57, 182 S. E. 96, certiorari denegado 296 U. S. 585, 56 S. Ct. 96, 80 L. Ed. 413, se decidió que un estatuto que im-pone una contribución a razón del cinco por ciento sobre los intereses o dividendos recibidos -por una persona en exceso de cien dólares no es inconstitucional a base de que establece un discrimen arbitrario en contra de personas cuyos ingresos son derivados de intereses y dividendos y a favor de per-sonas cuyos ingresos son derivados de otras fuentes. En In re Opinion of the Justices, 270 Mass. 593, 170 N. E. 800, se decidió que clasificar ingresos a base de la fuente de que son derivados, estableciendo una distinción entre “ingreso neto derivado de transacciones comerciales” e “ingreso neto derivado de bienes intangibles” es nna clasificación válida. En McCutchan v. Oklahoma Tax Comm., ---- Okla. ----, 132 P. (2d) 337, se decidió que la contribución sobre ingresos de Oklahoma que autoriza completa exención personal a aquellas personas cuyos ingresos son percibidos enteramente dentro de la jurisdicción de Oklahoma, y solamente una exención personal parcial a aquellas personas cuyos ingresos son per-cibidos parte dentro y parte fuera de Oklahoma, no es invá-lida a base de que les niega la “igual protección de las leyes” bajo la Enmienda Catorce.

'En junio 8, 1943 la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, al confirmar la sentencia de esta Corte Suprema en el caso de Monllor & Boscio, Sucesores, v. Sancho Bonet, 61 D.P.R. 67, tuvo ocasión de reiterar la doctrina que venimos comentando. Al refe-rirse a la clasificación establecida por nuestra ley en la im-posición en Puerto Rico de un tributo a los vinos fortificados y otro al alcohol usado para dicha fortificación, cuando los vinos importados sólo tenían que pagar el primer tributo, se expresó así:

“La contribución, sin embargo, es uniforme pues trata a todos los productores de vino que fortifican vinos en Puerto Rico en la misma forma y la clasificación que ha adoptado tiene una base racional y no es irrazonable. Como se dijo en Henneford v. Silas Mason Co., 300 U. S. 577, 587:
“ ‘Un estado [territorio], para muchos fines, debe reconocerse ■como una unidad completa, que puede construir su propio sistema de ■cargas y exenciones sin tomar en cuenta sistemas de cualquier otra parte.’ ”

El Impuesto de la Victoria provisto por la ley dejará de imponerse y cobrarse seis meses después del cese de hostili-dades entre Estados Unidos y Alemania, Italia y Japón. Es una medida de emergencia. Se arguye, sin embargo, que nada hay en la ley que indique que el importe total de lo recaudado a virtud de la contribución vaya, en alguna forma, a contribuir al esfuerzo de ganar la actual guerra. El argu-mento carece de méritos. El peticionario admitió en la vista oral que no atacaba el impuesto porque se tratara de una contribución especial cuyo importe ha de ingresar en los-fondos generales del Tesoro en violación del párrafo 23 del artículo dos de la Ley Orgánica. Siendo esto así, no tenemos duda de que la Legislatura estuvo justificada en proveer nuevas fuentes de ingresos para los fondos generales del Gobierno para conjurar en parte la situación económica creada en Puerto Rico con motivo de la emergencia de guerra. El hecho de que haya divergencia de opinión en cuanto a lo apropiado del nombre o calificativo que se dé a una ley es inmaterial. Sigamos el consejo del Juez Holmes y “pen-semos cosas y no palabras.” Frankfurter: Mr. Justice-Holmes and the Supreme Court, 57. A los fines de la victoria, final en el actual conflicto no sólo hay que proveer para la-debida atención del frente de guerra sino -que al mismo-tiempo hay que favorecer, atender y no abandonar el frente doméstico.

Repetimos que no estamos expresando opinión - alguna sobre la sabiduría, practicabilidad o política envuelta en la ley de la contribución impuesta. Misión es ésa que no nos-corresponde. Ballester v. Tribunal de Apelación, supra, pág. 507. Es más difícil y sutil resolver, como ha dicho el Juez Frankfurter, “no si la legislación es sabia, sino si los legis-ladores fueron razonables al creer que era sabia.” Obra -citada, pág. 30. En el caso de autos creemos que la Legisla-tura no violó la cláusula sobre igual protección al aprobar-el llamado Impuesto de 1-a Victoria.

Sostiene por último el peticionario que la ley es nula porque su título viola el párrafo 8 de la sección 34 de la Ley Orgánica que dispone que:

No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de-presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá' ser claramente expresado en su título; pero si algún asunto que no esté expresado en el título fuere incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no haya sido expre-sada en el título.”

El título de la ley impugnada dice así:

“Para proveer rentas para El Pueblo de Puerto Rico mediante la imposición de cierta contribución adicional sobre ingresos que se conocerá como ‘El Impuesto de la Victoria’; para asignar fondos para la ejecución de esta Ley, y para otros fines.”

Admitimos que este título dista mucho de ser un modelo de perfección, pero creemos que al informar que el propó-sito de la ley es imponer “cierta contribución adicional sobre ingresos”, el hecho de que deje de especificar que se imponen sobre determinados ingresos brutos, o de expresar las exen-ciones contenidas en la ley, no lo hace legalmente insuficiente.

Esta Corte ha resuelto, entre otros, en el caso de Vázquez v. Junta de Síndicos, 59 D.P.R. 145, 148, que “Conteniendo un solo asunto la ley en controversia, su título es suficiente, no siendo necesario que en el mismo aparezcan todos los detalles de la ley, ni que dicho título constituya un índice innecesario de la misma”.

El propósito del principio constitucional contenido en el artículo 34, supra, ha sido expuesto en Posados v. Warner, B. & Co., 279 U. S. 340. Es: “impedir la inclusión en la ley de materia incongruente y extraña, y a la vez poner en guardia contra la inadvertencia, la ocultación y el fraude en la legislación,” o como se dijo en Louisiana v. Pilsbury, 105 U. S. 278: “evitar la práctica, corriente en todas las legis-laturas donde no existe tal disposición, de incluir en la ley materias incongruentes que no tienen relación alguna entre sí o con el sujeto especificado en el título, a virtud de lo cual se aprueban medidas sin atraer atención que, si hubieran sido vistas, hubieran sido impugnadas y derrotadas. Así parece evitar sorpresas en la legislación”.

La ley en este caso sólo trata de un asunto: la imposi-ción de cierta contribución adicional sobre ingresos a la cual se le da el nombre de Impuesto de la Victoria. Nada hay incluido en ella qne sea incongruente con el sujeto especifi-cado. El hecho de que no se especifique en el título la clase de ingresos a la cual se impone la contribución no hace nula la ley. Hubiera sido mejor y más claro dicho título si así se hubiera hecho, pero en la forma en que está redactado informa claramente que es una contribución adicional sobre ingresos, y no habiéndose incluido en el texto de la ley ninguna otra clase de contribuciones, como por ejemplo sobre la propiedad, licencias o arbitrios, somos de opinión que es suficiente. Véase Christopher v. James, 12 S. E. (2d) 813 (1941). Que la ley no contenga nada que explique o justi-fique el nombre que se le da a la contribución, tanto en el título como en la sección primera, supra, .no es suficiente para que la declaremos nula. En cuanto a este aspecto nos remitimos a lo que hemos dicho anteriormente en esta opinión al resolver el segundo error.

Tampoco es necesario que en el título de una ley contri-butiva se especifiquen las exenciones que aparezcan en el •cuerpo de la misma. Kull v. Michigan State Apple Commission, 296 N. W. 250; State v. Erickson, 244 Pac. 287.

Sólo en un caso claro y terminante estaríamos justificados en anular una ley por deficiencias en su título en violación del artículo 34, supra. Cf. Rodríguez v. Corte, 60 D.P.R, 919. No creemos que el de autos lo sea.

Bebe declararse sj,n lugar la petición y anularse el auto expedido.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.

El Juez Asociado Sr. S^der, aunque no estuvo presente ni firmarse esta opinión y la sentencia, intervino en las con-ferencias en que se discutió dicha opinión y concurre con la misma.

       “Artículo 1. — Por la presento se adiciona al Código do Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, aprobado en marzo 10 de 1904 (Edición de 1933), e inme-diatamente después del artículo 671 del mismo, un artículo que quedará redac-tado como sigue:
      “ ‘Artículo 671. — A.—No obstante las disposiciones del artículo 670, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el ejercicio de su discreción, podrá expedir un auto de certiorari eon el fin de revisar una resolución o sentencia de una corte de distrito cuando la rápida determinación do la cuestión que se presenta para ser revisada redunde en beneficio dol interés público. Este método de re-visión se aplicará tanto a cuestiones de doreeho procesal como a cuestiones de derecho sustantivo. El auto podrá expedirse prescindiendo del hecho de que la resolución o sentencia do que se trate sea revisable mediante apelación ordinaria ante el Tribunal Supremo, y podrá expedirse en cualquier etapa del procedi-miento, tanto antes como después de dictarse sentencia final por la eorte de distrito.’ ” (Leyes de 1943 ((1) pág. 85).

       "Artículo 1. — Por la presente y hasta seis (6) meses después del cese de las hostilidades entre Estados Unidos de América y Alemania, Italia y Japón se impone y se cobrará y pagará en adición a cualquiera otra contribución im-puesta por la Ley de Contribución sobre Ingresos de 1924, .una contribución de cinco (5) por ciento sobre el ingreso bruto de todo individuo, en exeeso de quince dólares cinco centavos ($15.05) semanales, por concepto de intereses, rentas, sueldos, salarios, jornales, honorarios, donaciones, compensaciones, remuneracio-nes, comisiones, premios, emolumentos, dividendos, beneficios en sociedades civi-les o mercantiles, anualidades o cualesquiera otros ingresos determinates, que no provengan de operaciones por medio de contratos de compraventa, en los que, quien los recibe, hubiese actuado como contratante. Sin que esto pueda inter-pretarse como una limitación del término 'sueldos’, el mismo se refiere también a toda clase de sueldos pagados en Puerto Bieo por el Gobierno de los Estados Unidos de América. En el caso de rentas, se dedueirá también como exención cualquier cantidad efectivamente pagada en concepto de intereses por gravámenes sobre la propiedad que produzca la renta. De los ingresos tributables por esta Ley se deducirá también la suma recibida por concepto de compensaciones por accidentes del trabajo. Se entenderá por ingreso toda cantidad de dinero real-mente recibida por el contribuyente o depositada o consignada a su favor o para su beneficio. Ese mismo significado tendrá la palabra pago, según usada en esta Ley.
      '' La contribución impuesta por esta Ley se cobrará y pagará a partir de enero 1 de 1943.
      "Esta contribución adicional sobre ingresos se conocerá como 'El Impuesto de la Victoria.’ Así podrá ser eitada y así será citada en el cuerpo’de esta Ley.”

      '' Sec. 4. — Por la presente los Estados Unidos consienten a que se impon-gan contribuciones a la compensación, recibida después del 31 de diciembre de 1938, por servicio personal como funcionario o empleado de los Estados Unidos, cualquier territorio o posesión o subdivisión política del mismo, el Distrito de Columbia, o cualquier agencia o instrumentalidad de cualquiera o más de los an-teriores, por una autoridad contributiva debidamente constituida que tenga ju-risdicción para imponer contribuciones sobre tal compensación, si la misma no discrimina en contra de tal funcionario o empleado por razón de la fuente de tal compensación.”

       Véase el resumen que hace el Juez Frankfurter en su opinión concurrente en Graves v. N. Y. ex rel. O’Keefe, supra.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Rodríguez Vázquez, acusado y apelante.
    Núm. 10033.

    Sometido: Junio 17, 1943.

      Resuelto: Noviembre 1, 1943.

      José B. Fournier, abogado del, apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué convicto por la Corte de Distrito de Baya-món de un delito de acometimiento y agresión grave y sen-tenciado a cumplir diez meses de cárcel. El agravante ale-gado en la denuncia consiste en que “las heridas inferidas son de carácter grave” y como único error alega el apelante que no se probó agravante alguno en el caso.

La prueba de El Pueblo demostró que el acusado le dió dos heridas a Antonio Pérez con un arma cortante — cuya naturaleza no se probó pues no fué ocupada — -una en un brazo y otra en el costado izquierdo, de las que fué curado en el Hospital de Distrito pero sin quedar recluido pues el mismo día regresó a su bogar.

La prueba que tendió en alguna forma a demostrar el carácter de las heridas fué la manifestación de un policía que dijo, a preguntas del juez, que la herida del costado izquierdo era de “carácter grave”. El acusado solicitó la eliminación de esa conclusión y fué denegada por la corte. También aparece que Pérez mostró al juez las cicatrices de las heridas.

Si bien es cierto que el acusado no anotó excepción a la resolución de la corte denegando la eliminación solicitada, somos de opinión que la simple declaración de un policía en cuanto al carácter de una de las heridas, no corroborada por prueba pericial o de otra naturaleza, es una mera conclusión insuficiente para establecer el agravante imputado en este caso. Tampoco puede sostenerse como concluyente que el aspecto de una cicatriz sea por sí suficiente para probar dicha alegación. En el caso de El Pueblo v. Fonseca, resuelto en 31 de julio de 1943 (ante, pág. 433), hemos dis-cutido más ampliamente la misma cuestión. En el caso de autos la prueba fué aun más débil que en el de Fonseca, por no haberse probado la naturaleza del arma usada y por haberse hecho oposición por la defensa a la declaración del policía.

Debe modificarse la sentencia dictada por la corte inferior en el sentido de declarar culpable al acusado de un delito de acometimiento y agresión simple, imponiéndosele mía pena de cincuenta dólares de multa o en defecto de su pago un día de cárcel por cada dólar que dejare de pagar, y así modi-ficada, confirmarse.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Todd, Jb.,

text:
    Concrete Industries, Inc., demandante y apelada, v. Rafael A. Buscaglia, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 8660

    Sometido: Julio 28, 1943.

      Resuelto: Noviembre 1, 1943.

      Hon. Procurador General Interino M. Rodrigues Ramos y A. E. Franco Cabrero, Procurador Auxiliar, abogados del apelante; Damián Monserrat, Jr., y Rafael Baragaño, Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Todd, Jb.,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación Concrete Industries, Inc., alegando que se ■dedica a la fabricación de bloques de “concreto” mediante un procedimiento especial j nuevo en Puerto Rico, fué decla-rada industria nueva por la Comisión de Servicio Público en resolución dictada el 15 de enero de 1941, aprobada por el Gobernador de Puerto Rico el 29 de abril de 1942. En su resolución la Comisión de Servicio Público aceptó como pro-bado que el método y los materiales usados en la fabricación de dicbos bloques son los siguientes:

“Arena, cemento y gravilla (piedra menuda) se mezclan húmedos en una mezcladora; esta mezcla es colocada en un molde de hierro para hacer bloques y se prensa con un martillo automático. La presión aplicada es de 1,400 libras por pulgada cuadrada. El agre-gado de agua es lo suficiente para que el material prensado en el molde permanezca intacto al ser éste desarmado. Este hormigón así prensado se ‘cura’, bajo cubierta, durante 48 horas, manteniéndose constantemente mojado. Al terminarse este período los bloques se conservan durante ocho días más, todavía mojados, al aire libre, para que fragüe completamente el hormigón.”

Como consecuencia la Comisión declaró que la corpora-ción tenía derecho a la exención del pago de contribuciones (¡ue provee la sección 3 de la Ley núm. 94 aprobada el 14 de mayo de 1936 ((2) pág. 495), que citamos al margen.() Esto no obstante el Tesorero de Puerto Eico 'trató de cobrar-de la corporación una contribución por concepto de arbitrios, de acuerdo con la Ley de Eentas Internas vigente, de dos centavos y medio por cada quintal de cemento importado o usado en la fabricación de bloques de “concreto”. La cor-poración entonces acudió a la Corte de Distrito de San Juan y solicitó una sentencia declaratoria al efecto de que “todo el cemento importado por la demandante o que importe en lo sucesivo, o cualquier cemento que adquiera en Puerto Eico y esté sujeto al arbitrio señalado por la Ley de Eentas Inter-nas, está exento del pago de dicbo arbitrio por razón de la exención contributiva concedida por la Comisión de Servicio' Público”, y dicha corte, después 'de oír a las partes, dictó sentencia declaratoria en la forma solicitada por la corpo-ración.

El demandado interpuso el presente recurso de apelación y alega que la corte inferior erró “al declarar que el cemento que importe y consuma la demandante en la fabricación de bloques de cemento está exento del arbitrio que determina la Ley de Eentas Internas de Puerto Eico al interpretar erróneamente la Ley núm. 94 de 14 de mayo de 1936.”

La contención del apelante en todo momento ha sido que de acuerdo con la sección 2 de la Ley núm. 94 de 1936 el cemento importado y usado por la demandante no puede considerarse como materia prima de la industria a que se dedica. Dicha sección dice así:

“Sección 2. — Para los efectos de esta Ley, se entenderá por industria nueva todo procedimiento de elaboración y manufactura, bien a mano o por medio de maquinaria que, mediante la transforma-ción de materia prima, tenga por objeto la producción de artículos sujetos a comercio, que no se hayan producido nunca anteriormente en Puerto Rico; Disponiéndose, que no se considerará como materia prima aquellos productos ya elaborados o manufacturados, debida-mente terminados, que hayan de utilizarse en relación con tales indus-trias.”

Aun cuando lo niega, el demandado apelante lo que hace es atacar, tardíamente, la resolución firme de la Comisión de Servicio Público declarando a la demandante industria nueva. Ya hemos visto que la Comisión aceptó como probado cuál era el procedimiento y los materiales usados por la corpo-ración al fabricar los bloques de concreto. Uno de los mate-riales, el principal, es el cemento. Si erró o no al conside-rarlo materia prima no es cuestión que pueda ahora resolverse. Como bien dice la corte inferior en su opinión:

“La cuestión de si la industria de la demandante es o no una que transforma materia prima y produce un artículo nunca antes fabri-cado en Puerto Rico, es una que ya resolvió la Comisión de Servicio Público y el Gobernador. No impugna el demandado la resolución de la Comisión.
“Decretada y aceptada la existencia de la industria nueva, deja de tener pertinencia la cuestión de cuáles de los materiales utilizados en la industria constituyen materia prima y cuáles no. Todos están exentos de contribución según la letra clara de la ley, como lo están también los edificios, las maquinarias, etc. El cemento, considérase materia prima o no, es uno de los materiales que son ‘imperiosa-mente necesarios’ para el trabajo 3^ funcionamiento de la industria de la demandante. Luego está claramente exento de tributación..

Es más, si descartáramos el cemento como uno de los materiales “imperiosamente necesarios” en la industria de la apelada, tendríamos que llegar al absurdo de sostener que los bloques de concreto podrían fabricarse utilizando única-mente los otros dos materiales especificados, es decir, la arena y la gravilla. Es cierto que de acuerdo con el “Disponiéndose” de la sección 2, supra, no deben considerarse como materia prima aquellos productos ya elaborados, manu-facturados y terminados, que bayan de utilizarse en relación con la industria nueva. Empero, si la Comisión de Servicio Público consideró que en la fabricación de los bloques de concreto el cemento era un material “imperiosamente nece-sario”, al unirse a la arena y la gravilla para su transfor-mación en un producto distinto y nuevo en Puerto Rico, no estaríamos justificados en resolver que dicbo material no es uno de los expresamente exentados del pago de toda clase de contribuciones de acuerdo con la sección 3 de la ley, supra, cuando la determinación becba por la Comisión no fué objeto de impugnación alguna por el apelante.

La intención de la Legislatura al aprobar la Ley núm. 94, fué fomentar el establecimiento de industrias nuevas en Puerto Rico exonerándolas, por un período razonable de tiempo, del pago de toda clase de contribuciones, excepto las expresamente señaladas en la ley, debiendo, sin embargo, la Comisión de Servicio Público celebrar vistas públicas antes de dictar resolución y aun ésta no es efectiva basta ser apro-bada por el Gobernador.

Habiendo sido la Concrete Industries, Inc. declarada industria nueva por la Comisión de Servicio Público y apro-bada la resolución por el Gobernador, resolvemos que, en cuanto al alcance de la exención contributiva, debe prevale-cer la sección 3 de la ley, supra, que cubre todos los mate-riales “imperiosamente necesarios” para el trabajo y funcionamiento de su industria.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      (1) “Sección. 3. — Por la presente se le concede autoridad a la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico para otorgar exención de contribuciones a todas aquellas nuevas industrias que se establezcan en Puerto Rico y su decisión deberá ser aprobada por el Gobernador de Puerto Bieo. Las industrias nuevas a quienes se conceda exención de contribuciones, sus edificios, maquinarias, materiales y en general todos los bienes, derechos y privilegios pertenecientes a dichas industrias, que sean imperiosamente necesarios para su trabajo y funcionamiento, estarán exentas de contribuciones por el periodo de tiempo que fijare la Comisión de Servicio Público de Puerto Bieo que en ningún caso deberá exceder de diez (10) años, y cuyo término se contará desde la completa instalación industrial; Dispo-niéndose, que, tal exención de contribuciones no comprenderá la contribución sobre ingresos que deba satisfacer la persona, firma, sociedad o corporación explotadora de dicha nueva industria, ni la cuota correspondiente a la Ley de Indemnizaciones a Obreros. A los efectos de conceder la exención antes mencionada, la Comisión de Servicio Público de Puerto Bieo celebrará las vistas públicas que creyere pertinentes y demandará del peticionario la presentación de aquella evidencia que-justifique la concesión solicitada; Disponiéndose, además, que ningún decreto’ eximiendo de contribuciones a una nueva industria será válido si no ha sido-debidamente aprobado por el Gobernador de Puerto Bieo.”


text:
    Santos Jiménez Solá, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1128.

    Sometido: Noviembre 1, 1943.

      Resuelto: Noviembre 4, 1943.

      Enrique Rincón, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

El presente recurso lia sido interpuesto por Santos Jimé-nez Sola contra dos notas de inscripción, ambas fechadas en 3 de agosto de 1943, puestas al calce de dos escrituras de compraventa por el Registrador de la Propiedad de Caguas. Por la primera de dichas escrituras el Municipio de Caguas vende un solar a Ramón Díaz Reyes y su esposa, y por la segunda éstos venden el mismo solar al recurrente. En ambas notas hace constar el registrador que dichas escritu-ras se inscriben solamente “en cuanto a la compraventa de la nuda propiedad del solar”. Solicita el recurrente de este tribunal que ordene al registrador recurrido verificar una nueva inscripción, a su costo, de dichas escrituras.

Basa su solicitud en la resolución de este Tribunal del recurso gubernativo número 1122, de fecha 14 de julio de 1943 (ante, pág. 353), por la cual se ordenaba al registrador inscribir el título de compraventa del mencionado solar a favor de Ramón Díaz Reyes, revocando a la vez una nota del Registrador de Caguas denegando la inscripción del título del solar.

De .acuerdo con dielm resolución el registrador estaba obligado a inscribir el título de dicho solar a favor de Ramón Díaz Reyes y así lo hizo. No cabe recurrir de dicha nota de inscripción. De acuerdo con la “Ley sobre Recursos Gubernativos contra las Resoluciones de los Registradores de la Propiedad” (Comp. 1911, pág. 450), solamente se puede recurrir gubernativamente cuando los registradores denieguen o suspendan alguna inscripción, anotación o cancelación. No se trata en este caso de que el registrador hubiera dejado de calificar o denegado la inscripción por defecto insubsanable o que la haya practicado con defecto subsanable, sino que solicita el recurrente que se declare la nulidad de una inscripción y se practique otra nueva, con lo cual pueden ser afectados derechos de partes.

No teniendo el tribunal aníe sí los documentos necesarios para juzgar la cuestión, ni concurriendo en el presente caso ninguno de los motivos que establece la ley para poder recurrir ante este tribunal contra las resoluciones de un registrador, procede desestimar el recurso por falta de juris-dicción, sin perjuicio de los derechos que puedan asistir a las partes. Véanse los casos de Orta v. Registrador, 60 D.P.R. 789; Banco de Ponce v. Registrador, 58 D.P.R. 602; Comunidad Religiosa, etc. v. Registrador, 55 D.P.R. 928; Balzac v. Registrador, 48 D.P.R. 171; Mollfulleda v. Registrador, 19 D.P.R. 1001; y Bartolomei v. Registrador, 2 S.P.R. 589, 590.