author: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

text:
    Sucesión Wilfrid Caragol Rabel, compuesta por Wilfrid Frances Gerald Caragol Hernández et als., recurrente, v. Hon. Sandra Valentín Díaz, Registradora de la Propiedad, Registro de la Propiedad, Sección III, de San Juan, recurrida.

      Número: RG-2006-01

      Resuelto: 26 de junio de 2008

      Vidal A. Reyes Flores, abogado de la parte peticionaria; Sandra Valentín Díaz, registradora de la propiedad, parte recurrida; Iván Díaz de Aldrey, abogado de la Asociación de Notarios de Puerto Rico, amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

emitió la opinión del Tribunal

Tenemos la ocasión para resolver si el Código Civil y la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial) imponen al notario autorizante de un testamento abierto la obligación de conocer a los testigos instrumentales. Para ello, debemos determinar si la intervención de los testigos instrumentales en el otorgamiento del testamento abierto es en carácter de comparecientes. Finalmente, debemos resolver si la falta de dación de fe del conocimiento de los testigos instrumentales vicia de nulidad el testamento en cuestión.

I

El 17 de abril de 1990, el señor Wilfrid Caragol Rabel (señor Caragol Rabel o causante) otorgó un testamento abierto ante el notario Mario Zayas Cario.() En dicho testamento el causante distribuyó su caudal hereditario en partes iguales entre sus siete hijos, a saber, Wilfrid Francis Gerard, Elena Matilde, Charles Louis, José Antonio, Alberto Bernardo, Agustín Anselmo y María Pilar del Carmen, todos ellos de apellidos Caragol Hernández (Sucesión Caragol).

El 10 de septiembre de 2002, el señor Caragol Rabel falleció. Posteriormente, la Sucesión Caragol, por conducto de su abogado, presentó una Instancia ante el Registro de la Propiedad para solicitar la inscripción de su derecho hereditario sobre una propiedad del causante.

Dos años más tarde, la Hon. Sandra Valentín Díaz, Registradora de la Propiedad de la Sección III de San Juan (Registradora), le notificó al abogado de la Sucesión Caragol que el documento presentado adolecía de una falta que impedía la inscripción del derecho hereditario. En dicha notificación la Registradora indicó que, según se deducía de la Instancia presentada, algunos de los herederos de la Sucesión Caragol estaban casados y no se había expresado el nombre de sus respectivos cónyuges.

Oportunamente, la Sucesión Caragol presentó una Instancia Enmendada en la que proveyó la información solicitada, subsanando así el señalamiento notificado por la Registradora. ()

El 5 de mayo de 2005, la Registradora le cursó a la Sucesión Caragol una nueva notificación de falta que impedía la inscripción del derecho hereditario de la Sucesión Caragol.() En esta ocasión la Registradora señaló que el testamento abierto otorgado por el señor Caragol Rabel adolecía de las faltas siguientes: (1) que de acuerdo con el Art. 634 del Código Civil de Puerto Rico, los testigos (instrumentales) no indicaron que ellos conocían al causante, y (2) que en conformidad con el Art. 17 de la Ley Notarial el notario no plasmó qué método utilizó para identificar a los testigos instrumentales y de conocimiento.()

Insatisfecha con la referida calificación, la Sucesión Caragol presentó un Escrito de Recalificación.() En el referido escrito, la Sucesión Caragol admitió que el notario autorizante del testamento abierto del señor Caragol Rabel no había consignado en el mismo que los testigos instrumentales conocían al causante y tampoco había indicado el método que utilizó para la identificación de éstos. No obstante, argüyó que dichas omisiones no impedían la inscripción del documento. Señaló, además, que ni el Código Civil ni la Ley Notarial exigen que el notario autorizante de un testamento abierto conozca a los testigos instrumentales.

Tras examinar el Escrito de Recalificación presentado por la Sucesión Caragol, la Registradora denegó nuevamente la inscripción del derecho hereditario.() Fundamentó su denegatoria arguyendo que en conformidad con el Art. 17 de la Ley Notarial() y con los Arts. 630-636 del Código Civil,() el notario no había expresado que conocía a los testigos instrumentales ni había plasmado el método que utilizó para identificarlos.

Inconforme aún, la Sucesión Caragol acude ante nos, mediante un recurso gubernativo, aduciendo que la Registradora cometió el error siguiente:

NINGUNA DE LAS DOS OMISIONES DEL NOTARIO PRODUCEN AUTOMÁTICAMENTE LA NULIDAD DEL TESTA-MENTO, SINO QUE LO HACEN MERAMENTE ANULABLE. EN ESTE CASO NADIE HA IMPUGNADO EL TESTA-MENTO, LOS HEREDEROS LO HAN RESPETADO Y HAN DISTRIBUIDO PARTE DE LA HERENCIA DE CONFORMIDAD CON LA VOLUNTAD DE SU CAUSANTE ALLÍ CONSIGNADA. POR TANTO, LA VALIDEZ DEL TESTA-MENTO DEBE SOSTENERSE Y AUTORIZAR LA INSCRIP-CIÓN DEL DERECHO HEREDITARIO. Recurso gubernativo, págs. 2-3.

La Registradora presentó su escrito en oposición al recurso gubernativo instado por la Sucesión Caragol. En el referido escrito, la Registradora reiteró las faltas notificadas y argüyó que éstas producían la nulidad del testamento otorgado por el señor Caragol Rabel.

Posteriormente, la Asociación de Notarios de Puerto Rico (Asociación de Notarios) presentó una moción para intervenir como amicus curiae, petición que concedimos. En su memorando, la Asociación de Notarios arguye que ni el Código Civil ni la Ley Notarial le imponen al notario la obligación de conocer a los testigos instrumentales, y mucho menos de identificarlos por los medios supletorios. Argumenta como fundamento de su posición que de acuerdo con la doctrina, los testigos instrumentales no son otorgantes ni comparecientes, ya que éstos no intervienen en el otorgamiento de la escritura.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y de la Asociación de Notarios, pasemos a resolver la controversia ante nos.

II

En nuestro ordenamiento jurídico, de entronque civilista, las personas naturales tienen a su disposición el testamento como “mecanismo regulador del destino jurídico de los bienes y las obligaciones para después de su muerte...”.() El testamento es un acto solemne (o formal), por el que unilateralmente una persona sola (unipersonal) establece ella misma (carácter personalísimo), para después de su muerte, las disposiciones (patrimoniales o no) que le competan, pudiendo siempre revocarlas.() De esta definición se deduce que el testamento es un negocio jurídico solemne, unilateral, personalísimo() y revocable. Nuestro Código Civil permite a los individuos plasmar su última voluntad a través varios tipos de testamento, a saber: el testamento abierto, el testamento cerrado o el testamento ológrafo.

En el testamento abierto, el testador declara su voluntad postuma en presencia del notario y de los testigos idóneos, quedando éstos enterados de lo que en él se dispone.() La publicidad de la última voluntad del testador ante el notario y los testigos es la característica distintiva del testamento abierto. Como se sabe, el Código Civil le impone al notario autorizante de un testamento abierto la obligación de cumplir con todas las solemnidades requeridas en dicho cuerpo legal. Ello con el propósito de asegurar la autenticidad del testamento abierto y así proteger la última voluntad del testador. Además, es una norma de derecho claramente establecida que en el testamento abierto, como en cualquier escritura, la Ley Notarial y su Reglamento rigen supletoriamente, complementando y asegurando el cumplimiento de las disposiciones del Código Civil() Cónsono con lo anterior, en In re Irlanda Pérez, 162 D.P.R. 358 (2004), resolvimos que al otorgar un testamento abierto, por ser éste un instrumento público, el notario debe cumplir no sólo con las solemnidades contenidas en el Código Civil sino, además, con los requisitos de forma que le imponen la Ley Notarial y su Reglamento.

A esos efectos, el Art. 15 de la Ley Notarial() detalla las formalidades y las advertencias que el notario autorizante de un instrumento público tiene que consignar en éste. En lo pertinente, el inciso (d) del referido artículo dis-pone que el notario consignará en la parte expositiva de la escritura “[e]l nombre y apellido o apellidos, según fuere el caso, la edad o mayoridad, [el] estado civil, [la] profesión y vecindad de los otorgantes, [el] nombre y [las] circunstancias de los testigos, de haber alguno, según sus dichos”. (Enfasis suplido.) 4 L.P.R.A. sec. 2033(d). Acto seguido, el inciso (e) de dicho artículo manifiesta, entre otras cosas, que el notario deberá dar fe del conocimiento de los otorgantes. 4 L.P.R.A. sec. 2033(e).

Es preciso advertir que el referido inciso no le requiere al notario dar fe expresa del conocimiento de los testigos instrumentales. No obstante, la Regla 29 del Reglamento Notarial señala que el notario “tiene el deber primario de asegurarse de su conocimiento personal de los comparecientes[, y d]e conocerlos tiene el deber de dar fe ... de dicho conocimiento en el instrumento”. (Enfasis suplido.)() Indica, además, que de no conocer a los comparecientes, el notario así lo hará constar y utilizará los medios supletorios de identificación.

Respecto al conocimiento que el notario tiene que tener de los comparecientes, hemos resuelto que ello no necesariamente implica ni obliga a que, al momento del otorgamiento, el notario deba conocer a los comparecientes por una relación previa. Bastará el conocimiento que el notario deriva de su juicio crítico a través de su relación y observación de los comparecientes en las etapas preliminares al otorgamiento.() La médula de la fe del conocimiento es que el notario se asegure de que el compareciente es quien dice ser.

Nótese que la aludida disposición legal le impone al notario la obligación de conocer a los comparecientes y dar fe de ello en la escritura pública. Empero, la citada regla guarda silencio acerca del conocimiento que debe tener el notario sobre los testigos instrumentales. Cabe señalar que es en este estatuto que la Registradora apoya su denegatoria, toda vez que considera que los testigos instrumentales son comparecientes.

Por lo tanto, debemos determinar si el término “comparecientes” incluye a los testigos instrumentales o si, por el contrario, el término “comparecientes” se refiere a una categoría distinta a la de los testigos instrumentales. Veamos.

La redacción de los instrumentos públicos en nuestra jurisdicción, al igual que en España, se rige por un sistema científico-jurídico. Este sistema separa, en la redacción de los instrumentos, los elementos personales de los reales y de los formales, distinguiendo en el mismo diversas secciones o apartados.() La denominación de los individuos que presencian el acto del otorgamiento y la autorización de un instrumento público se determina a base de la sección o el apartado del cual forman parte de acuerdo con el carácter y la naturaleza de su intervención.

Comencemos, pues, nuestro análisis definiendo brevemente los apartados del instrumento público. La comparecencia es la parte del instrumento público en donde el notario plasma el acto que constituye su objeto y las personas entre quienes se celebra.() Por otra parte, el otorgamiento es la parte del instrumento público que contiene la ratificación formal del consentimiento manifestado por los otorgantes, por los comparecientes o por ambos.

De acuerdo con el tratadista Giménez-Arnau, a través de la comparecencia los individuos ingresan en el territorio del instrumento público.() Como la comparecencia contiene y estampa la presencia física y coetánea de los comparecientes ante el notario, ésta es un hecho jurídicamente significativo. Ello es así porque los comparecientes han rogado la intervención del notario para un acto oficial.() Además de concretar la presencia física de los comparecientes, la comparecencia, según Núñez Lagos, es el Acta de la Sesión que enlaza a los presentes porque constituye el vínculo que une y sujeta a las personas que participan en el acto del otorgamiento.()

El tratadista Núñez Lagos comenta que la comparecencia no sólo se refiere a los comparecientes —plano del instrumento— sino a las partes, es decir a los otorgantes, quienes son parte del plano del negocio jurídico.() Conforme a este razonamiento, podemos colegir que existe una diferencia entre el carácter de compareciente y el de otorgante. Por ello, al evaluar si una persona es un compareciente o un otorgante (o parte), es preciso considerar los factores siguientes: el alcance de su presencia, la función de su intervención, su participación en el acto del otorgamiento, así como su relación respecto a los presentes.

Según los factores antes mencionados, Núñez Lagos define a los comparecientes del instrumento público como aquellas personas que prestan su conformidad a una narración exacta e íntegra de los hechos en que han intervenido y aprueban con su firma la fidelidad del relato.() De esta definición podemos colegir que los comparecientes son aquellas personas que de forma voluntaria y de acuerdo con un derecho rogado se presentan físicamente ante el notario para poner en marcha la actividad notarial.( ) En otras palabras, los comparecientes se personan ante el notario en aras de provocar la intervención notarial y la actuación de la fe pública notarial. ()

A diferencia del compareciente, el otorgante o parte es aquel que como consecuencia de un interés común y una función coincidente en el otorgamiento, presta un concreto consentimiento, especial y notarial, al negocio y al instrumento público.() Es decir, el otorgante comparece físicamente ante el notario y compromete su patrimonio en el negocio jurídico en cuestión, toda vez que tiene un interés en el instrumento en el cual comparece.

De acuerdo con los postulados antes enunciados, salta a la vista la diferencia entre el carácter de compareciente y de otorgante en un instrumento público. El compareciente, debido al carácter instrumental que tiene, es aquel que, además de presenciar físicamente el hecho del otorgamiento, actúa en el mismo y con su actuación, a veces, de hecho, vincula al otorgante o parte.() Por otro lado, el otorgante o parte, debido al carácter de negociador que posee, es aquel que compromete su persona o patrimonio en el negocio jurídico en cuestión, esté o no físicamente presente ante el notario. El tratadista Giménez-Arnau sintetiza la diferencia entre comparecientes y otorgantes al expresar que los comparecientes pertenecen al mundo de los hechos y los otorgantes al mundo del derecho.()

A pesar de que en muchos casos el propio otorgante (o parte) es quien comparece físicamente a la autorización del acto notarial, esto no varía ni invalida la distinción que existe entre el otorgante (o parte) y el compareciente, sino que la autorización subsiste. () Es necesario señalar que el otorgante puede desempeñar al mismo tiempo el rol del compareciente, ya que dicha confluencia subjetiva entre ambos caracteres es circunstancial y no necesaria. Se trata de una mera coincidencia en los personajes del instrumento público y no de la identidad de los sujetos del mismo. No obstante, un compareciente no necesariamente es un otorgante, porque en su intervención notarial no siempre compromete su persona o patrimonio. Creemos que se es otorgante y compareciente cuando el sujeto que negocia es la misma persona que el sujeto instrumental. Tal es el caso de la persona que comparece en nombre propio para establecer, modificar o extinguir relaciones jurídicas que le atañen.

Según estos preceptos, es forzoso concluir que están excluidos del concepto "compareciente"y "otorgante", el propio notario autorizante y los testigos instrumentales.() Como los testigos instrumentales, por las particularidades de su intervención y su participación en el testamento abierto no están incluidos dentro de la clasificación de "compareciente", el tratadista Argentino I. Neri los denomina “concurrentes”, ya que asisten al acto del otorgamiento y lo suscriben sin establecer, por sí mismos, ninguna relación de derecho.{ ) Dicho de otro modo, los testigos instrumentales no son sujetos del acto del otorgamiento, ya que no son parte del negocio jurídico y no ingresan ni participan en él.

De un sereno y reflexivo análisis podemos colegir que los testigos instrumentales no son comparecientes. En idénticos términos se expresa el tratadista Núñez-Lagos, quien designa a los testigos instrumentales como interventores, toda vez que su función —en el otorgamiento del instrumento público en cuestión— es puramente medial o instrumental. La intervención de los testigos instrumentales en el otorgamiento del testamento abierto es puramente medial o instrumental, puesto que asisten al acto para imprimirle validez pero no establecen ninguna relación jurídica. Respecto a la intervención de los testigos instrumentales, Núñez-Lagos expresa lo siguiente:

... A veces intervienen determinadas personas con carácter puramente medial o instrumental, sin alcanzar en ningún momento la cualidad de sujetos, ni del negocio jurídico (partes), ni del documento (comparecientes). Tales son los testigos instrumentales ....
... El testigo instrumental tiene por misión presenciar pasivamente un hecho: el otorgamiento de un documento público. ... Pero no llega a alcanzar la cualidad de parte contratante y permanecen extraños a la relación jurídica de fondo. (Énfasis suplido.()

La intervención de los testigos instrumentales en el testamento abierto es en calidad de espectadores de la última voluntad del testador y su presencia física resulta indispensable para asegurar la validez y la autenticidad del testamento. Conviene recordar, además, que los testigos instrumentales son responsables de presenciar el acto del otorgamiento, entre otras cosas, con el propósito de servir de medio probatorio para testificar en su día, de ser necesario, ante el foro judicial competente sobre la ocurrencia de los hechos y los pormenores del otorgamiento del testamento. Además de servir como medio probatorio, la intervención de los testigos instrumentales en el testamento abierto abona a la fe pública y refuerza la autenticidad de los hechos, ya que éstos comparten con el notario el juicio sobre la capacidad del testador.

Cabe resaltar que en la doctrina existe un debate en cuanto a si la presencia de los testigos instrumentales es necesaria en el otorgamiento de los instrumentos públicos. Algunos tratadistas sostienen que los testigos instrumentales son innecesarios en algunos actos inter vivos. No obstante, éstos opinan que en los actos mortis causa la presencia de los testigos instrumentales es esencial para la validez del testamento porque mediante ellos se comprueba si el testador es, efectivamente, quien dice ser, y en el caso específico de los testamentos abiertos, éstos no sólo testimonian, sino que —como dijimos anteriormente— comparten el juicio sobre la identidad y capacidad del testador. ()

Bajo el crisol de este marco doctrinal, concluimos que para efectos del otorgamiento de los testamentos abiertos, los testigos instrumentales no son comparecientes y mucho menos otorgantes. Dicha conclusión es la que se impone según el rol que ejercen los testigos instrumentales en el otorgamiento del testamento abierto.

Los testigos instrumentales no poseen las características inherentes y particulares de los comparecientes. Por la función de los testigos instrumentales como coadyuvantes o colaboradores necesarios de la fe pública notarial,() la intervención de éstos es puramente medial o instrumental, sin alcanzar en ningún momento la cualidad de comparecientes. Su cometido es imprimirle validez al acto de otorgamiento del testamento abierto, presenciando pasivamente el otorgamiento de dicho testamento con el propósito de servir como medio de prueba, en caso de que sea necesario.() Es por ello que estamos contestes con la posición de la Asociación de Notarios de que la norma generalizada en el notariado latino es que el concepto “compareciente” no incluye a los testigos instrumentales.

Como los testigos instrumentales no son comparecientes, resolvemos que el notario autorizante de un testamento abierto no tiene que conocer a los testigos instrumentales y, mucho menos, dar fe expresa sobre dicho conocimiento. No encontramos razón alguna para requerirle al notario que debe conocer personalmente a los testigos instrumentales, quienes figuran en el acto testamentario por su carácter medial. El hecho de que los testigos instrumentales compartan con el notario el juicio de la identidad y capacidad del testador, no es un fundamento para exigirle a éste que conozca a dichos testigos y, además, consigne en el testamento abierto la dación de fe del conocimiento. Los testigos instrumentales son extraños a la relación jurídica testamentaria que presencian y su intervención, en el otorgamiento del testamento abierto, no es en carácter de compareciente sino en calidad de interventores, para imprimirle validez al testamento.

Como consecuencia del carácter medial e instrumental que poseen los testigos instrumentales, consideramos que su identificación se reduce, según con las disposiciones del Art. 15(d) de la Ley Notarial de 1987, a la constancia de su “nombre y circunstancias de los testigos, ... según sus dichos”. (Enfasis suplido.) Esto es, el notario tendrá que consignar en el testamento abierto el nombre, la edad, el estado civil, la profesión y la vecindad de los testigos instrumentales.

Es imperativo puntualizar que nuestro pronunciamiento no se extiende a los testigos de conocimiento. Cuando el notario utilice a los testigos de conocimiento para identificar al testador, es imperativo e imprescindible para la validez del testamento que el notario conozca a los testigos de conocimiento y dé fe expresa de dicho conocimiento en el testamento.() Asimismo, cuando en conformidad con la Regla 31 del Reglamento Notarial() los testigos instrumentales funjan como testigos de conocimiento en el otorgamiento del testamento abierto, el notario deberá conocerlos y dar fe expresa del conocimiento de éstos en el testamento.

Por lo tanto, resolvemos que los testigos instrumentales no son comparecientes y el notario no está obligado a conocerlos ni a dar fe de ello en el testamento. La conclusión a la que hemos llegado se fortalece aún más al analizar las disposiciones del Código Civil relativas a los testamentos abiertos. Veamos.

III

Para que el testamento abierto otorgado por el testador sea válido, nuestro Código Civil requiere, inter alia, que sea otorgado ante tres testigos idóneos que conozcan, vean y entiendan al testador. Ello es así porque el quehacer jurídico mortis causa ha sido investido de mayores formalidades que los negocios inter vivos.( ) Los tres testigos instrumentales tienen que ser idóneos, esto es, no pueden poseer ninguna de las incapacidades establecidas en el Código Civil,() deben ver y entender al testador y, por los menos, uno de los tres testigos debe saber y poder leer y escribir.() Ahora bien, de los tres testigos instrumentales que estarán presentes en el otorgamiento del testamento abierto, dos de ellos deberán conocer al testador y, si no le conocieren, se identificará su persona con dos testigos que le conozcan y sean conocidos del mismo notario y de los testigos instrumentales. ()

Del citado artículo se deduce que cuando el notario no pueda identificar directamente al testador, esto es, que cuando dos de los tres testigos instrumentales no conozcan al testador, el notario suplirá la falta de conocimiento de éstos través de dos testigos de conocimiento. Es de vital importancia para la validez del testamento abierto que el notario que lo autoriza conozca a los dos testigos de conocimiento, toda vez que “la misión de éstos es servir de puentes de conocimiento entre el testador, el notario y los testigos [instrumentales]”.() Además de conocer a los testigos de conocimiento, el Art. 649 del Código Civil() le requiere al notario que consigne, al final del testamento, una dación de fe a los efectos de que conoce al testador y a los testigos de conocimiento, en su caso. Al examinar este precepto, resolvimos que la dación de fe del conocimiento del testador y de los testigos de conocimiento es una solemnidad de fondo cuya omisión produce la nulidad del testamento()

Al analizar integralmente los referidos estatutos así como las disposiciones del Código Civil aplicables a los testamentos abiertos, surge con meridiana claridad que el notario tiene que conocer a los testigos de conocimiento, mas no a los testigos instrumentales. Los Arts. 634 y 649 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 2150 y 2186, no imponen al notario la obligación de conocer a los testigos instrumentales ni le exigen plasmar en el testamento abierto la dación de fe del conocimiento sobre dichos testigos. Es preciso señalar que el Art. 649 del Código Civil, supra, hace alusión únicamente al conocimiento que tiene que tener el notario del testador y de los testigos de conocimiento.

Por lo tanto, concluimos que al amparo del Código Civil la fe del conocimiento del notario se extiende solamente al testador y a los testigos de conocimiento. En consecuencia, el notario autorizante de un testamento abierto no tiene que conocer a los testigos instrumentales ni tiene que dar fe de dicho conocimiento en el testamento.

Aun cuando reconocemos que la presencia de los testigos instrumentales es indispensable y esencial para la validez del testamento abierto, ello no significa que el notario tenga que conocerlos y dar fe en el testamento sobre dicho conocimiento.

Es imperativo señalar que no podemos supeditar la última voluntad de los testadores —en este caso, del señor Caragol Rabel— a requisitos de forma que el Código Civil no requiere. Resolver lo contrario equivaldría a insertar por fíat judicial una formalidad testamentaria en nuestro Código Civil, afectando así la integridad testamentaria y la voluntad postuma del testador.

No obstante, la Registradora sostiene en su denegatoria que la jurisprudencia más reciente de este Tribunal ha resuelto que el notario tiene que conocer a los testigos instrumentales. Discrepamos. En Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 D.P.R. 403 (2003), resolvimos que el notario tiene que dar fe expresa en el testamento del conocimiento del testador. Adviértase que en dicho caso no extendimos la fe del conocimiento del notario a los testigos instrumentales.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, resolvemos que la Registradora erró al determinar que el Código Civil y la Ley Notarial de 1987 exigen al notario autorizante de un testamento abierto conocer a los testigos instrumentales. No podemos avalar la determinación de la Registradora, porque ello implicaría reducir la fe de conocimiento a una regla fija e invariable, produciendo así resultados contrarios a nuestro ordenamiento jurídico.

Asimismo, consideramos errado el argumento de la Registradora de que el testamento del señor Caragol Rabel es nulo porque el notario no expresó en el testamento abierto que conocía a los testigos instrumentales.

El Art. 636 de nuestro Código Civil() dispone que “[s]erá nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se hayan observado las formalidades respectivamente establecidas”. Conforme a dicho estatuto, hemos resuelto reiteradamente que las solemnidades cuya inobservancia conlleva la nulidad del testamento no deben ser “más ni menos que las precisas para hacer auténtica, segura y permanente la última voluntad del testador”.() Ya que el conocimiento que tiene el notario de los testigos instrumentales no es una solemnidad de fondo requerida por el Código Civil, su omisión y la falta de dación no vicia de nulidad el testamento del señor Caragol Rabel. Puntualizamos, además, que la nulidad de un testamento abierto sólo puede ser determinada por los tribunales y no por los Registradores de la Propiedad.

Por último, nos resta aún determinar si la omisión del notario de dar fe de que por lo menos dos de los testigos instrumentales conocen, ven y entienden al testador, constituye una falta que impida la inscripción del derecho hereditario en el Registro de la Propiedad.

Hace casi nueve décadas resolvimos en Bardeguez v. El Registrador, 27 D.P.R. 214, 215-216 (1919), que la omisión del notario de hacer constar en el testamento que los testigos instrumentales conocen, ven y entienden al testador no es una solemnidad de fondo, por lo que puede entenderse suplida por la constancia del notario, en términos generales, de dar fe de haber cumplido con todas las formalidades legales.

Al examinar el testamento abierto del señor Caragol Rabel notamos que, en efecto, el notario no consignó que los testigos instrumentales conocían, veían y entendían al testador. No obstante, el notario plasmó al final del testamento la dación de fe general a los efectos de que había cumplido con todas las formalidades legales.

En conformidad con lo anterior, es forzoso concluir que la omisión en el testamento del señor Caragol Rabel de que los testigos instrumentales lo conocían, veían y entendían fue subsanada por la dación de fe general. Por ende, ello no impide la inscripción del testamento en el Registro de la Propiedad.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que los notarios no tienen que conocer a los testigos instrumentales, ya que éstos no son comparecientes. Por lo tanto, la omisión de dar fe de ello en el testamento abierto no impide la inscripción en el Registro de la Propiedad de un derecho hereditario fundado en aquél. Por lo tanto, se le ordena a la Registradora, honorable Sandra Valentín Díaz, que pro ceda a inscribir en el Registro de la Propiedad el referido testamento. Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión de conformidad y disidente. El Juez Asociado Señor RebolloLópez no intervino.

Opinión de conformidad y disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Estoy sustancialmente conforme con la Opinión que hoy dicta una mayoría en este caso. Sin embargo, debo expresarme brevemente en cuanto a un aspecto de la Opinión que me preocupa y del cual disiento.

Comienzo expresando mi conformidad con la determinación de que la omisión del notario de hacer constar en el testamento que los testigos instrumentales conocen al testador queda subsanada por la dación de fe general. Ello así, pues ésta ha sido la normativa que impera en nuestra jurisdicción desde Bardeguez v. El Registrador, 27 D.RR. 214 (1919). Véase, además, In re López Toro, 146 D.RR. 756 (1998). Igualmente estoy conforme con la conclusión del Tribunal de que no se requiere para la validez del testamento que el notario conozca personalmente a los testigos instrumentales —como ocurre con el testador— así como tampoco los tiene que identificar con métodos supletorios.

Ahora bien, disiento de las expresiones de la Mayoría de que los testigos instrumentales no son comparecientes. Estimo que una lectura integrada del Reglamento Notarial permite concluir todo lo contrario. La Regla 27 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, que regula la comparecencia, dispone de la manera siguiente:

El Notario dejará consignado en el instrumento público la calidad en que intervienen los comparecientes, bien fuere como otorgante, como testigo, en capacidad representativa o en cualquier otro concepto. (Énfasis suplido.)

Conforme lo anterior, tanto los testigos como los otorgantes se consideran en el Reglamento como comparecientes. Es decir, la categoría mayor es la de comparecientes y hay distintas clases: aquellos que comparecen como otorgantes o como testigos, entre otros.

En atención a lo anterior, entiendo que el Reglamento considera a los testigos instrumentales' como comparecientes. Siendo así, el notario debe cumplir con lo ordenado en la Regla 29 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, aun cuando el incumplimiento con esta disposición no vicie de nulidad el testamento.

      (1) Dicho testamento abierto se otorgó en San Juan mediante la Escritura Pública Núm. Tres de 17 de abril de 1990. Apéndice del Recurso gubernativo, págs. 21-25.

      (2) Instancia Enmendada, Apéndice del Recurso gubernativo, págs. 12-13.

      (3) Notificación de 5 de mayo de 2005, Apéndice del Recurso gubernativo, págs. 10-11.

      (4) A pesar de que la Registradora, tanto en su notificación de falta como en su decisión final en la cual denegó la inscripción del derecho hereditario, hace alusión al Art. 17 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, entendemos que quiso referirse al Art. 17 de la Ley Notarial de Puerto Rico, que es la disposición que trata de la materia en cuestión. Ello es así ya que la Regla 17 del Reglamento Notarial de lo que trata es del Depósito Judicial.

      (5) Apéndice del Recurso gubernativo, págs. 3-9.

      (6) Denegatoria de Recalificación, Apéndice del Recurso gubernativo, págs. 1-2.

      (7) 4 L.P.R.A. see. 2035.

      (8) 31 L.P.R.A. sees. 2146-2152.

      (9) E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, San Juan, Ed. U.P.R., 2002, T. II, pág. 1.

      (10) íd., pág. 9, citando a M. Albaladejo, Manual de derecho de familia y sucesiones, Barcelona, Ed. Bosch, 1974, pág. 231.

      (11) A esos efectos, el Art. 619 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2124, dispone, en lo pertinente, que por el carácter personalísimo del testamento, no “podrá dejarse su formación en todo ni en parte al arbitrio de un tercero, ni hacerse por medio de un comisario o mandatario”.

      (12) Véase Art. 628 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2144. Debemos señalar que son testamentos abiertos el testamento en caso de epidemia y el testamento en inminente peligro de muerte, ya que la última voluntad del testador es divulgada ante los testigos.

      (13) Cintron v. Cintrón, 70 D.P.R. 771, 781 (1950).

      (14) 4 L.P.R.A. see. 2033.

      (15) 4 L.P.R.A. Ap. XXIV.

      (16) In re Cando Sifre, 106 D.P.R. 386, 389 (1977).

      (17) E. Giménez-Arnau, Derecho Notarial, 2da ed., Pamplona, Ed. Universidad de Navarra, 1976, pág. 516.

      (18) Id., pág. 519. Debemos señalar, además, que a través de la comparecencia, el notario realiza una narración documental de los hechos y especifica el negocio jurídico en cuestión y, además, detalla las particularidades del mismo, a saber, el número, el lugar y la fecha del instrumento, así como la competencia jurisdiccional del notario.

      (19) Giménez-Arnau, op. cit., págs. 519-520.

      (20) íd.

      (21) R. Núñez-Lagos, Estudios de Derecho Notarial, Madrid, Ed. Marcial Pons, 1986, T. II, pág. 36.

      (22) R. Núñez-Lagos, Los esquemas conceptuales del instrumento público, Madrid, Gráficas Muyer Estrella, 1953, pág. 35. Véase, además, Giménez-Arnau, op. cit., págs. 521-522.

      (23) Núñez Lagos, Los esquemas conceptuales del instrumento público, op. cit., pág. 49.

      (24) Véase Núñez-Lagos, Estudios de Derecho Notarial, op. cit., pág. 27.

      (25) Giménez-Arnau, op. cit., pág. 521.

      (26) Véanse: Núñez-Lagos, Los esquemas conceptuales del instrumento público, op. cit., págs. 49-50; P. Ávila Álvarez, Estudios de Derecho Notarial, 5ta ed., Madrid, Ed. Montecorvo, 1982, pág. 127.

      (27) Tal es el caso del compareciente que otorga una escritura en representación del otorgante. Por ejemplo, el tutor en representación del pupilo; el director de una agencia o corporación en representación de ésta.

      (28) Giménez-Arnau, op. cit., pág. 521.

      (29) Núñez-Lagos, Los esquemas conceptuales del instrumento público, op. cit., pág. 27.

      (30) Giménez-Arnau, op. cit., pág. 522.

      (31) Núñez-Lagos, Los esquemas conceptuales del instrumento público, op. cit., pág. 141.

      (32) íd., pág. 74.

      (33) Giménez-Arnau, op. cit., pág. 709.

      (34) íd., pág. 704.

      (35) Núñez-Lagos, Los esquemas conceptuales del instrumento público, op. cit., pág. 74.

      (36) Véanse: Arts. 634 y 649 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 2150 y 2186.

      (37) 4 L.P.R.A. Ap. XXIV.

      (38) Véase E. González Tejera, Análisis del término 2002-2003: derecho de sucesiones, 73 (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 777 (2004).

      (39) El Art. 630 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2146, dispone que no podrán ser testigos en los testamentos: (1) los menores de edad; (2) los que no tengan la calidad de vecinos o domiciliados en el lugar del otorgamiento; (3) los ciegos o totalmente sordos o mudos; (4) los que no entiendan el idioma del testador; (5) los que no estén en su sano juicio; (6) los que hayan sido condenados por delito de falsificación de documentos públicos o privados, o por el de falso testimonio, y (7) los dependientes, amanuenses, criados ni persona otra alguna que trabaje en la misma oficina, o sea socio o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del notario autorizante. Véanse, también: Arts. 631 y 632 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 2147 y 2148.

      (40) Art. 644 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2181.

      (41) Art. 634 del Código Civil, supra.

      (42) González Tejera, Dei'echo de Sucesiones, op. cit., pág. 97.

      (43) 31 L.P.R.A. see. 2186.

      (44) Deliz et ais. v. Igartúa et ais., 158 D.P.R. 403 (2003).

      (45) 31 L.P.R.A. see. 2152.

      (46) Paz v. Fernández, 76 D.P.R. 742, 752 (1954); Cintrón v. Cintrón, supra, pág. 775.

      (12) Véase Art. 628 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2144. Debemos señalar que son testamentos abiertos el testamento en caso de epidemia y el testamento en inminente peligro de muerte, ya que la última voluntad del testador es divulgada ante los testigos.


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text:
      In re Carlos J. Nazario Díaz, querellado.

      Número: CP-2006-20

      Resuelto: 30 de junio de 2008

      Héctor Díaz Olmo, abogado del querellado; Crisanta González Seda, comisionada especial; Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, parte querellante. Carlos J. Nazario Díaz, pro se.

   per curiam:

El Lie. Carlos J. Nazario Díaz fue admitido al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico el 22 de julio de 1997 y al ejercicio del notariado el 15 de agosto de 1997. El presente procedimiento disciplinario contiene la formulación de una serie de cargos por conducta alegadamente violatoria al Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico y a los Cánones 18, 35, y 38 del Código de Ética Profesional.

I

La presente querella se origina con una queja que presentó ante la Oficina del Procurador General el Sr. Francisco A. Quiles contra el Lie. Carlos J. Nazario Díaz (licenciado Nazario Díaz o querellado). El 16 de junio de 2006 referimos la queja al Procurador General para investigación e informe. Recibido el Informe del Procurador, en el cual concluía que el licenciado Nazario Díaz había incurrido en violaciones a los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Etica Profesional() y al Art. 2 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial de 1987),() ordenamos presentar la querella correspondiente contra el licenciado Nazario Díaz.

El 13 de febrero de 2007, mediante una Resolución emitida por este Tribunal, designamos a la honorable Crisanta González Seda como Comisionada Especial para que recibiera la prueba correspondiente y nos rindiera un Informe.

Aclarado el trámite procesal, pasamos a resumir los hechos que sirven de trasfondo a la querella que pende ante nuestra atención.

II

En 1991, el Sr. Francisco A. Quiles y su esposa, la Sra. Alicia Ortiz Rodríguez (compradores o querellantes), iniciaron los trámites para adquirir un solar ubicado en el barrio Buena Vista del municipio de Bayamón. Dicho solar constaba inscrito a favor de la Sra. Aurelia Velázquez y la sucesión del Sr. Jorge Torres Febo, padre del Sr. Pablo Torres Figueroa, único hijo del fenecido esposo de la Sra. Aurelia Velázquez, quienes accedieron a vender el solar.()

Para realizar los trámites legales correspondientes de la compra del solar, el Sr. Francisco A. Quiles y su esposa contrataron los servicios el Lie. Ricardo Skerrett.() El licenciado Skerrett se comprometió a preparar la declaratoria de herederos del fenecido Sr. Jorge Torres Febo, a petición de la Sra. Aurelia Velázquez y su hijastro, el Sr. Pablo Torres Figueroa, y a presentar en el Registro de la Propiedad la escritura de compraventa del referido solar con la resolución judicial obtenida durante el proceso de declaratoria de herederos.

La escritura de compraventa se otorgó ante el licenciado Skerrett. Los vendedores pagaron los gastos de la declaratoria de herederos y los compradores pagaron los gastos de la escritura de compraventa. El Sr. Francisco A. Quiles y su esposa entendieron que el licenciado Skerrett tenía todos los documentos necesarios y le confiaron todo lo relacionado para la inscripción de la escritura de compraventa.

Luego de un tiempo, el licenciado Skerrett le entregó al Sr. Francisco A. Quiles una copia de la escritura de compraventa. Dicha copia resultó ser un borrador de la Escritura Núm. 4 otorgada, pero no contenía el día ni el mes.

En 1995, los compradores se enteraron de que el licenciado Skerrett no tramitó ninguno de los documentos encomendados. A raíz de ello, comparecieron ante la Oficina del Procurador General y presentaron una queja en su contra. ()

Para resolver el problema que tenían con la escritura y la tramitación de su inscripción, el Sr. Francisco A. Quiles habló con el Lie. Peter Serrano, quien les expresó que, por la cantidad de trabajo y los compromisos que en ese momento tenía, les refería al licenciado Nazario Díaz. Es así como el Sr. Francisco A. Quiles y su esposa, la Sra. Aurelia Ortiz Rodríguez, contrataron los servicios del licenciado Nazario Díaz.

El 14 de octubre de 1997, el licenciado Nazario Díaz otorgó la Escritura de Compraventa Núm. 6. Según se acordó, los compradores recogieron en la oficina del licendiado Nazario Díaz la escritura de compraventa en un sobre sellado y la presentaron ante el Registro de la Propiedad. ()

Durante 1998, los compradores decidieron gestionar un préstamo garantizado con la propiedad en cuestión a través de Champion Mortgage. Para ello se otorgó una escritura de primera hipoteca a favor de Champion Mortgage ante el Lie. Ruy V. Díaz Díaz.

El 10 de febrero de 1999, la Lie. María Teresa Pérez Torres, abogada de Champion Mortgage (licenciada Pérez Torres), dirigió una misiva al licenciado Nazario Díaz en la cual le informó que la escritura de compraventa suscrita por él no pudo ser inscrita, pues se requería presentar ante el Registro de la Propiedad los documentos relacionados con la herencia. La licenciada Pérez Torres explicó a los compradores que el préstamo hipotecario solicitado dependía de que la escritura de compraventa fuese debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.

El 22 de febrero de 1999, el licenciado Nazario Díaz contestó la carta de la licenciada Pérez Torres, en la que le indicó lo siguiente:

“Mi cliente, el Sr. Francisco Quiles, conseguirá los documentos de herencia solicitados por el Registro de la Propiedad. Favor de concedernos tiempo suficiente para poder conseguir y radicar dichos documentos, para que el registro sea debidamente completado”. (Enfasis suplido.)()

No obstante, surge del expediente que en una conversación telefónica, el Sr. Francisco A. Quiles le indicó al licenciado Nazario Díaz que contrataría a otro abogado para que preparara la instancia y presentación de la declaratoria de herederos.() El Sr. Francisco A. Quiles y su esposa retiraron la escritura de compraventa del Registro de la Propiedad.

El 10 de enero de 2001 la licenciada Pérez Torres dirigió una segunda misiva al Sr. Francisco Quiles y a su esposa, en la que les urgió a presentar en el Registro de la Propiedad los documentos relacionados con la declaratoria de herederos del Sr. Jorge Torres Febo ya que, hasta que no se presentasen, la propiedad seguiría inscrita a favor de la vendedora y la sucesión del Sr. Jorge Torres Febo.

Surge del “Informe de la Comisionada Especial” que en diciembre del 2000, la licenciada Pérez Torres se comunicó telefónicamente con el licenciado Nazario Díaz. Durante la conversación, ésta reclamó al licenciado Nazario Díaz que, a pesar del pago recibido por la declaratoria de herederos, aún éste no había realizado los trámites pertinentes. El licenciado Nazario Díaz afirmó que él no había recibido pago alguno por la tramitación de la declaratoria de herederos, sino por la escritura de compraventa. Ante esta situación, el Sr. Francisco A. Quiles y su esposa se dirigieron al Colegio de Abogados y, posteriormente, al Procurador General, para presentar una queja contra el licenciado Nazario Díaz.

Así las cosas, el licenciado Nazario Díaz le comunicó al Sr. Francisco A. Quiles que estaba dispuesto a completar gratuitamente el trámite necesario de la declaratoria de herederos y la inscripción de la escritura de compraventa en el Registro de la Propiedad.

Sin embargo, el Sr. Francisco A. Quiles le comunicó al licenciado Nazario Díaz que prefería que un abogado de su confianza, el licenciado Santos Sifonte, gestionara estos asuntos. El licenciado Nazario Díaz accedió y, además, acordó pagar al licenciado Santos Sifonte $575 como honorarios. ()

Pasado un tiempo, el licenciado Santos Sifonte informó al Sr. Francisco A. Quiles y a su esposa que no había podido completar el trámite, ya que el licenciado Nazario Díaz le había informado que no tenía los certificados de defunción, nacimiento y matrimonio, documentos necesarios para presentar la petición de declaratoria de herederos.

Según este trasfondo fáctico, debemos resolver si el licenciado Nazario Díaz incurrió en las faltas imputadas, es decir, si infringió el Art. 2 de la Ley Núm. 75, Ley de Notarial de 1987, supra, y los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Etica Profesional, supra.

Ill

Cargo I

El Art. 2 de la Ley de Notarial de 1987, supra, dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

El notario es el profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos ex-trajudiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle [s] autoridad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento. (Énfasis suplido.()

El notario es custodio de la fe pública, y al autorizar un documento está dando fe del mismo; por lo tanto debe cerciorarse de que ese instrumento público cumple con todas las formalidades de la ley, es legal y verdadero, y se trata de una transacción legítima y válida. () Por la esencia pública de su función, los notarios son llamados a ser sumamente cautelosos en el ejercicio de su práctica, conscientes a toda hora de las consecuencias funestas que podría tener su negligencia sobre los negocios jurídicos en que se involucran. () Es la condición de certeza y confianza de las actuaciones del notario lo que le brinda eficacia y garantía al documento notarial, y por ello es imprescindible que el notario observe la mayor pureza y honestidad en el descargo de la fe pública notarial.()

No se requiere que un notario falte a la verdad intencionalmente para omitir su deber con la fe pública y con los cánones del Código de Ética Profesional; más bien puede ser el resultado de un desempeño profesional carente de la cautela y el celo que demanda la función pública del notario, o de una confianza desmesurada en las manifestaciones de otros compañeros de profesión. ()

En lo que respecta a este cargo, el Procurador General y la Comisionada Especial concurren en que el querellado no podía otorgar una escritura de compraventa de una propiedad —que no constaba inscrita a nombre de uno de los vendedores— sin que antes se hubiera declarado heredero de dicha propiedad al referido vendedor.

Además, determinaron que el querellado sabía o debió saber que el vendedor —el Sr. Pablo Torres Figueroa— no tenía el título de la propiedad objeto de la compraventa inscrito a su nombre, pues no había una resolución judicial que lo reconociera como tal. No tenía capacidad legal para enajenar el título de la propiedad inscrito a nombre de su padre ya fallecido.

Cargo II

El Canon 18 del Código de Ética Profesional() entre otras cosas, obliga a todo abogado a defender los intereses de su cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad, y actuando en aquella forma que la profesión jurídica estima adecuada y responsable.

La referida norma ética prescribe y enfatiza la necesidad de que los abogados empleen toda su habilidad y conocimiento de forma tal que su actuación en la gestión a la que se comprometió no repercuta en perjuicio de los mejores intereses de su cliente, ya sea por descuido, negligencia o dilación indebida en los trámites de su caso() A pesar de que este canon menciona esta labor idónea con relación al cliente, reiteradamente hemos interpretado que aplica a la labor del abogado-notario, ya que el notario, como abogado, está obligado por los cánones del Código de Ética Profesional()

Un abogado que acepta un caso y luego no demuestra la competencia y diligencia que exige el ejercicio de la abogacía, incurre en una violación seria a la ética profesional() Es deber del abogado cumplir con el principio de diligencia que debe caracterizar la profesión jurídica y evitar toda indiferencia, desidia, preocupación o displicencia en el desempeño de su profesión() En In re Cardona Ubiñas, 156 D.P.R. 340 (2002), resolvimos que el abogado que no informa a su cliente de los problemas con una escritura y dicha falta de comunicación resulta en gastos adicionales para el cliente, falta a sus deberes notariales.

Además, el deber de desempeñarse en forma capaz y diligente impone al notario la obligación de hacer y ofrecer a las partes todas aquellas explicaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para ilustrar todas las situaciones en la transacción.() Sobre el particular hemos enfatizado que la responsabilidad de un notario es personal, indivisible e indelegable.

Por último, la función del notario trasciende el acto externo de la legalización de una firma.() Presupone la creación de un nivel de entendimiento y comunicación entre el fedante y los otorgantes.() El notario, como principal instrumento de la fe pública, tiene la indeclinable obligación de propiciar y cerciorarse de ese estado de conciencia informada en su cliente para obtener el consentimiento integrado de los otorgantes al acto notarial.()

En lo que respecta a dicha norma ética, el Procurador General alegó que las actuaciones del querellado al otorgar la escritura denotaron una clara falta de diligencia al ejercer su función notarial. Concluyó que éste se limitó al acto de legalizar las firmas de los otorgantes y que aun cuando el querellado no se comprometió con sus clientes a presentar la escritura de compraventa al Registro de la Propiedad, era su deber explicarles y orientarles acerca de los documentos necesarios para su inscripción. Además, expresó que el querellado faltó a su deber de diligencia al negarse a corregir las deficiencias señaladas por el Registrador de la Propiedad cuando la licenciada Pérez Torres así se lo comunicó.

La Comisionada Especial concluyó en su informe que el licenciado Nazario Díaz no defendió los intereses de su cliente porque no empleó la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad y honradez que dicho canon requiere. Le imputó falta de estudio y conocimiento sobre la ley aplicable a la situación que le plantearon sus clientes; es decir, el requisito de la previa inscripción o el tracto sucesivo contenido en la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad,() que exige que para registrar documentos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extinguen el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, debe constar previamente registrado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos o contratos referidos. Asimismo, indicó que el licenciado Nazario Díaz debió conocer y orientar a sus clientes sobre lo dispuesto en el Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad en cuanto a los requisitos para la inscripción del derecho hereditario.()

Por último, enfatizó que transcurrieron varios años sin que el licenciado Nazario Díaz le diera seguimiento al asunto, de manera que pudiera inscribirse la escritura de compraventa en el Registro de la Propiedad.

Cargo III

El Canon 35 del Código de Ética Profesional,() entre otras cosas, dispone que el abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar un affidavit u otros documentos, y al presentar causas.( ) En In re Aponte Berdecía, 161 D.P.R. 94 (2004), expresamos que cuando un notario viola la fe pública notarial —al no exponer la veracidad de unos hechos— incumple automáticamente con las disposiciones de este canon.

Se preceptúa, además, que no es sincero ni honrado utilizar medios que sean incompatibles con la verdad y que no se debe inducir a error al juzgador utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. () Dicho precepto impone a todo abogado unas normas mínimas de conducta, indispensables para promover el honor y la dignidad de la profesión. ()

En conformidad con tales postulados éticos, he-mos señalado que el abogado no puede proveer al tribunal información falsa o que no se ajuste a la verdad, ni puede ocultarle información certera que deba ser revelada. () Por ende, ante una imputación de violación al Canon 35, supra, no es defensa que no se haya obrado de mala fe o deliberadamente, ni con la intención de engañar o defraudar. Tampoco importa que no se haya causado daño a tercero.()

Sobre este cargo, el Procurador General y la Comisionada Especial concluyeron que el querellado faltó a la sinceridad al otorgar una escritura de compraventa en la que dio fe de que el vendedor, Sr. Pablo Torres Figueroa, era el único y universal heredero del dueño de la propiedad —ya fallecido Sr. Jorge Torres Febo— sin tener en su poder una copia de la resolución sobre la declaratoria de herederos que así lo certificara. A su vez, concluyeron que el licenciado Nazario Díaz faltó a la sinceridad y honradez al no explicar a los comparecientes que no podía otorgarse la escritura de compraventa hasta que hubiese una resolución judicial sobre declaración de herederos y se completara el trámite ante el Departamento de Hacienda.

Se le imputó una violación a las disposiciones contenidas en el Canon 35, supra, ya que el contenido de la escritura de compraventa no se ajustó a la veracidad de los hechos al momento de su otorgación.

Cargo IV

El Canon 38 del Código de Ética Profesional!) exige a todo abogado el deber de esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y de la dignidad de la profesión, aunque esto conlleve sacrificios personales. Asimismo, dicho canon le impone la responsabilidad de evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia.

La apariencia de conducta impropia claramente tiene un efecto dañino sobre la imagen, la confianza y el respeto de la ciudadanía hacia la profesión, igual que lo tiene la verdadera “impropiedad ética”.() Distinto quizás a otras profesiones, dicha práctica conlleva una seria y delicada función ciudadana, pues representa servicio, ética y ejemplo.() Por ello, al interpretar este canon, hemos señalado que la apariencia de conducta impropia puede resultar muy perniciosa al respeto de la ciudadanía por sus instituciones de justicia y por la confianza que los clientes depositan en sus abogados()

En repetidas ocasiones este Tribunal ha advertido que por ser los abogados el espejo donde se refleja la imagen de la profesión, éstos deben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen() El abogado tiene el deber de lucir puro y libre de influencias extrañas a su gestión profesional y, en el descargo de sus responsabilidades profesionales, debe cuidar que sus actuaciones no den margen a la más leve sospecha de que promueve intereses suyos encontrados con los de su cliente() Ello implica que todo abogado tiene el deber de desempeñarse con dignidad y alto sentido del honor, y aunque ello conlleve ciertos sacrificios personales, deberá conducirse en forma digna y honorable, tanto en la vida privada como en el desempeño de su profesión() Sobre este canon y en relación con la conducta de los notarios, en In re Torres Olmeda, 145 D.P.R. 384 (1998), expresamos que otorgar un documento notarial en violación de la Ley Notarial de Puerto Rico constituye una violación a este precepto ético.

La Comisionada Especial, luego de examinar la evidencia documental y el Informe remitido por el Procurador General, concluyó que, en efecto, la conducta del licenciado Nazario Díaz no se ajustó a las exigencias contenidas en el Canon 38, supra. Asimismo, expresó que no encontró prueba alguna capaz de sostener que otro abogado estaba gestionando el trámite sobre declaración de herederos, según argumentó el licenciado Nazario Díaz en su contestación a la querella presentada en su contra. La única evidencia sobre un contrato anterior con otro abogado se refiere al licenciado Skerrett, quien no cumplió con su encomienda, siendo éste el motivo por el cual los querellantes llegan a la oficina del licenciado Nazario Díaz.

Al respecto señaló que, de haber sido cierta esta información, el licenciado Nazario Díaz debió procurar conocer el nombre del abogado que tramitaba el asunto y asegurarse de la etapa en la que se encontraba el procedimiento sobre declaratoria de herederos.

Debido a que no existía documento legal alguno que declarase al Sr. Pablo Torres Figueroa como único heredero, fue incorrecto declararlo así en un documento público. Esta conducta, la ausencia de advertencias, así como las omisiones en el cumplimiento de sus deberes como notario, constituyeron conducta impropia.

IV

Según los postulados éticos antes esbozados, resolvemos lo planteado en el presente procedimiento disciplinario. Veamos.

El notario puertorriqueño no sólo está obligado por los preceptos de la Ley Notarial de 1987 y su reglamento, sino también, como abogado, por los cánones del Código de Etica Profesional.() Cuando un notario no cumple con las obligaciones y los deberes que le imponen la ley y el ordenamiento ético, incurre en conducta que acarrea una sanción disciplinaria, ya que lesiona la confianza y la fe pública depositada en él.() En este sentido hemos resuelto que otorgar un documento notarial en contravención con nuestra Ley Notarial de 1987 constituye una violación a los Cánones 35 y 38 del Código de Etica Profesional, supra.

En el caso que hoy nos ocupa, el Procurador General y la Comisionada Especial señalaron que el licenciado Nazario Díaz violó el Art. 2 de la Ley de Notarial de 1987, supra, y los Cánones 35, 38 y 18 del Código de Ética Profesional, supra. En esencia, concluyeron que el querellado faltó a la verdad de los hechos al otorgar una escritura de compraventa y afirmar que uno de los vendedores era el propietario a título de herencia, sin constar ante sí una resolución judicial que lo reconociera como tal.

Al respecto conviene tener presente que faltar a la verdad de los hechos es una de las faltas más graves que un notario, como custodio de la fe pública, puede cometer.() La fe pública notarial es la espina dorsal de todo el esquema de autenticidad documental notarial. ()

El sistema notarial y la fe pública de nadá valdrían sin la presunción de que el notario, depositario de ésta, actuará conforme a sus obligaciones ético-legales. () De acuerdo con ello, el Estado confiere a un documento autorizado por un notario una presunción de credibilidad y certeza de que lo afirmado en éste es cierto, correcto y concuerda con la realidad.() Por ende, un documento autorizado por un notario asegura que es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida y legitimad( ) Esta responsabilidad exige que el notario, como profesional del derecho, conozca las leyes, la doctrina, las costumbres y la jurisprudencia()

Fue un hecho probado que en el momento cuando el licenciado Nazario Díaz otorgó la escritura, la propiedad objeto de la compraventa no constaba inscrita a nombre de uno de los vendedores. Los dueños regístrales de la propiedad eran la Sra. Aurelia Velázquez Rivera y su fallecido esposo, el Sr. Jorge Torres Febo. Sin embargo, el querellado afirmó en dicho documento que el Sr. Pablo Torres Figueroa, hijo del fenecido Sr. Jorge Torres Febo, comparecía en calidad de dueño y como único heredero universal.() Subsiguientemente, dio fe de que “los comparecientes t[enía]n la capacidad legal para otorgar [Za] escritura de compraventa”, pero sin tener ante sí la resolución judicial que lo acreditara.() Asimismo, expresó que los vendedores adquirieron la propiedad conforme al contenido de una escritura de 1977, lo cual no es correcto, ya que fue el causante y no el compareciente quien adquirió la propiedad de esa forma.() Además, el querellado señaló que “LOS COMPRADORES U sin más requisito que el presente otorgamiento\f] entran en la inmediata posesión real y pacífica del inmueble que adquieren en este acto\,\ a tí tulo de dueñoQ quedando expresamente autorizado[s para] realizar actos en tal calidad”.( )

En la escritura de compraventa no consta advertencia o condición alguna referente a que dicho acto estuviese sujeto a la resolución judicial sobre la declaración de herederos.

¿Podemos avalar esta conducta? La respuesta es en la negativa. Como bien indicó el Informe de la Comisionada Especial, tales expresiones no responden a la realidad del momento del otorgamiento de la escritura de compraventa ni a las normas jurídicas establecidas.

Nótese que en la situación que nos ocupa, lo correcto era esperar la resolución judicial en la cual se declarara, sin lugar a duda, su carácter de heredero universal. El análisis efectuado refleja que la actuación del querellado no es compatible con el deber que tiene todo notario de cerciorarse de la capacidad de los otorgantes para que del instrumento surja plena eficacia legal.

Entre los deberes principales que posee un notario al autorizar una escritura de compraventa se encuentra, entre otros, investigar ciertos hechos y datos de los que depende la eficacia y validez del negocio, darles a los otorgantes las informaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para que comprendan el sentido, así como los efectos y las consecuencias del negocio.()

Se colige de lo anterior que la preparación técnica que la ley exige al notario, así como los deberes que le impone al redactar una escritura pública, permiten obtener la seguridad relativa —pero suficiente para la vida jurídica— de que el negocio en ella recogido es válido y legal e, incluso, permiten reconocer al sujeto de aquél la titularidad de los derechos que de dicho negocio se deriven.()

El licenciado Nazario Díaz no podía redactar la escritura de compraventa a base de las declaraciones de los otorgantes simplemente. Tenía el deber de corroborar y pasar juicio sobre la titularidad y, por ende, la capacidad legal del vendedor para disponer del bien inmueble en cuestión. Sabido es que, en ausencia de testamento, el título hereditario será la resolución judicial sobre declaratoria de herederos, acreditada mediante copia debidamente certificada.

En conformidad con los principios de hermenéutica legal, no podemos refrendar la actuación del querellado ni su posición referente a que el compareciente es quien determina si es o no el dueño de la propiedad para comparecer en el documento público. El querellado, en su réplica a la querella del Procurador General, argüyó que las personas se convierten en herederos automáticamente, con el derecho a disponer de los bienes de la herencia.() Tal argumento es errado. Todo notario tiene el deber ineludible de comprobar, mediante los documentos acreditativos, las facultades del otorgante para obrar en la capacidad que reclama, cumpliendo así con las formalidades requeridas por ley.

Según expresáramos anteriormente, tanto el Art. 2 de la Ley Notarial de 1987, supra, como el Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra, imponen a los abogados un deber de sinceridad y honradez que se materializa al redactar una declaración jurada u otros documentos y defender las causas. En esta línea, hemos determinado que las obligaciones consagradas por tal norma ética constituyen pautas mínimas de conducta que sólo pretenden preservar el honor y la dignidad de la profesión.() El compromiso de un abogado con la verdad debe ser incondicional. () En consecuencia, se infringe el citado Canon 35 con el simple hecho objetivo de faltar a la verdad, independientemente de los motivos para la falsedad. ()

De igual forma, en lo concerniente al Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra, resulta forzoso concluir que el licenciado Nazario Díaz violó sus disposiciones, según le fue imputado en la querella del Procurador General. El querellado no se desempeñó en la gestión encomendada con la cautela y el celo que demanda la función pública del notariado. Al ser informado de que la escritura no pudo ser inscrita, tampoco procuró tramitar y atender con la urgencia y diligencia necesarias la declaratoria de herederos pendiente de sus clientes.

El principio de apariencia y el deber general de los abogados de esforzarse al máximo en la exaltación del honor y la dignidad de su profesión tiene que sostenerse sobre la impresión que se le da a un observador razonable de la violación efectiva de los cánones de ética profesional.() Ciertamente, en el presente caso, la conducta del querellado constituyó en la realidad y en la apariencia una impropia conforme al Canon 38, supra.

En atención a la violación del Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra, imputada contra el licenciado Nazario Díaz cabe señalar que la actuación del querellado repercutió en perjuicio de los intereses de sus clientes, el Sr. Francisco A. Quiles y su esposa, y de la Sra. Aurelia Velázquez. Teniendo en cuenta que el propósito para el cual fue contratado era otorgar la escritura de compraventa y lograr la inscripción que el licenciado Skerrett nunca realizó, el licenciado Nazario Díaz debió conocer que previo a la compraventa debía solicitarse en el Registro de la Propiedad la inscripción del bien inmueble o derecho real a favor de los herederos mediante la presentación del título donde conste el derecho hereditario.() Esto es, la presentación de la resolución judicial donde se declarara, entre otras cosas, el derecho hereditario y sus circunstancias personales. Además, junto con esto, la certificación del Departamento de Hacienda sobre el relevo de gravamen de contribución sobre caudal relicto.()

No surge del expediente que esta necesidad fuese atendida diligentemente por el querellado. Dicho canon exige al abogado el deber de desempeñarse en forma capaz y diligente; es decir, exige que ponga toda su capacidad y cuidado para ejecutar y conseguir su encargo mediante los medios lícitos. Coincidimos con el criterio de la Comisionada Especial de que al querellado le faltó estudio y conocimiento sobre la ley aplicable a la situación que sus clientes venían confrontando años atrás y, por ende, no defendió los intereses de sus clientes con la mayor capacidad, lealtad y honradez que exige el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra.

En el presente caso, tras un examen del informe preparado por la Comisionada Especial y la prueba del expediente, no encontramos razón por la cual debamos intervenir con sus conclusiones. Una vez más reiteramos la trascendencia de la función del notario en la esfera privada y profesional que requiere suma diligencia y celo profesional de quien la ejerce en Puerto Rico.() La amplitud o lo limitado de la práctica de un notario no debe incidir con la cautela, el esfuerzo, el tesón y el cuidado con que éste se debe ejercer y con el cabal cumplimiento de las obligaciones y los deberes que imponen al notario la ley y los cánones del Código de Ética Profesional. ()

V

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos que el Lie. Carlos J. Nazario Díaz violó el Art. 2 de la Ley de Notarial de 1987 y los Cánones 18, 35, y 38 del Código de Etica Profesional. En vista de ello, se suspende por el término de seis meses del ejercicio de la abogacía y la notaría, apercibiéndole al querellado del deber de cumplir a cabalidad, en adelante, con los cánones de ética que rigen la profesión de abogado y la Ley Notarial de Puerto Rico y su reglamento.

      (1) 4 L.P.R.A. Ap. EX.

      (2) 4 L.RR.A. see. 2002.

      (3) La Sra. Aurelia Velázquez y su hijastro, el Sr. Pablo Torres Figueroa, residían en el estado de la Florida al momento de efectuarse la compraventa del solar.

      (4) Resulta imprescindible remontarse al 1991, para esbozar los hechos que antecedieron a la actuación del Lie. Carlos J. Nazario Díaz (licenciado Nazario Díaz) y que ocasionaron que los compradores no figuraran como dueños del solar en el Registro de la Propiedad.

      (5) Los compradores alegaron que al Lie. Ricardo Skerrett (licendiado Skerrett) se le pagaron $250 por la declaratoria de herederos y que éste había indicado que sólo restaba presentar la escritura de compraventa en el Registro de la Propiedad. A través de una certificación expedida por la Supervisora de índices Notariales, constataron que de los registros de la Oficina de Inspección y Notarías para 1991, no aparecía reportada la Escritura de Compraventa Núm. 4 otorgada por el licenciado Skerrett. Además, se les informó que el licenciado Skerrett fue suspendido del ejercicio de la abogacía desde 1993 hasta el 2001 por otros hechos y que, al momento, se encontraba en Estados Unidos.

      (6) Minuta de Asiento de Presentación de 10 de diciembre de 1997, en la que se hace referencia a la Escritura de Compraventa Núm. 6 otorgada ante el notario. Exhibit 6 de la Contestación a querella.

      (7) Carta de 22 de febrero de 1999 del licenciado Nazario Díaz a la Lie. María Teresa Pérez.

      (8) Carta de 15 de marzo de 1999 del licenciado Nazario Díaz al Sr. Francisco A. Quiles.

      (9) Carta de 31 de enero de 2006 del licenciado Nazario Díaz al Sr. Francisco A. Quiles.

      (10) 4 L.P.R.A. see. 2002.

      (11) In re Vera Vélez, 148 D.P.R. 1 (1999).

      (12) In re Rodríguez Báez, 129 D.P.R. 819 (1992).

      (13) íd.

      (14) íd.

      (15) 4 L.P.R.A. Ap. IX (Competencia del abogado y consejo al cliente).

      (16) In re Marrero Figarella, 146 D.P.R. 541 (1998).

      (17) In re Cardona Ubiñas, 156 D.P.R. 340 (2002); In re Igartúa Muñoz, 153 D.P.R. 315 (2001).

      (18) In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).

      (19) In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838 (1982).

      (20) In re Jiménez Brackel, 148 D.P.R. 287 (1999).

      (21) In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770, 775-776 (1976).

      (22) íd.

      (23) íd.

      (24) Art. 57 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2260.

      (25) Art. 50.2 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad:
      “Será necesaria para la registración del derecho hereditario la presentación de la determinación judicial donde se declare la fecha del fallecimiento, estado civil del causante, a la fecha y la existencia de los herederos, o el testamento debidamente certificado por el Registro de Poderes y Testamentos acompañado del certificado de defunción del testador.
      “En todo caso los interesados, sus mandatarios o sus representantes acompañaran con los títulos a inscribirse una instancia en la cual describirán las fincas o derechos pertenecientes al causante y se informará el número de finca con que aparezcan inscritos, así como folio y tomo. La instancia deberá estar suscrita ante el notario en todos los casos excepto cuando el abogado la suscriba. De la determinación judicial o de la instancia presentada surgirán las circunstancias personales de los herederos.
      “Tanto en la herencia testada como en la intestada deberá presentarse junto con la instancia la certificación del Departamento de Hacienda sobre el relevo de gravamen de contribución sobre herencia o la autorización para realizar la transacción.”

      (26) 4 L.P.R.A. Ap. IX (Sinceridad y honradez).

      (27) Id.

      (28) 4 L.P.R.A. Ap. IX.

      (29) In re López de Victoria I, 163 D.P.R. 1 (2004); In re Collazo Sánchez, 159 D.P.R. 769 (2003); In re Montañez Miranda, 157 D.P.R. 275 (2002); In re Curras Ortiz, 141 D.P.R. 399 (1996).

      (30) In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998).

      (31) In re Astado Caraballo, 149 D.P.R. 790 (1999).

      (32) 4 L.P.R.A. Ap. IX (Preservación del honor y dignidad de la profesión).

      (33) íd.

      (34) In re Cuyar Fernández, 163 D.P.R. 113 (2004); In re Cintrón Colón, 161 D.P.R. 778 (2004); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599, 613 (1993).

      (35) In re Rivera Vicente, supra; In re Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006).

      (36) In re Ortiz Brunet, 152 D.P.R. 542, 556 (2000); In re Silvagnoli Collazo, 154 D.P.R. 533 (2001).

      (37) In re Morell, Alcover, 158 D.P.R. 791 (2003).

      (38) In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005).

      (39) In re Santiago Méndez, 151 D.P.R. 568 2000).

      (40) In re Charbonier Laureano, 156 D.P.R. 575 (2002); In re Capestany Rodríguez, 148 D.P.R. 728 (1999).

      (41) In re Vargas Hernández, 135 D.P.R. 603 (1994).

      (42) In re Collazo Sánchez, supra.

      (43) In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269, 275 (1986), citando a A. Neri, Tratado teórico y práctico de derecho notarial, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1969, Vol. I, pág. 443 et seq.

      (44) íd.

      (45) íd.

      (46) íd., citando a Goenaga v. O’Neill de Milán, 85 D.P.R. 170 (1962).

      (47) Escritura de compraventa otorgada ante el licenciado Nazario Díaz, pág. 1. Exhibit IV.

      (48) Escritura compraventa otorgada por el licenciado Nazario Díaz, pág. 3. Exhibit IV.

      (49) Escritura compraventa otorgada por el licenciado Nazario Díaz, pág. 3. No surge del Registro de la Propiedad que el compareciente hubiera adquirido la propiedad que aún aparecía inscrita a nombre del causante. Es inevitable concluir que esto lo conocía el querellado, ya que en la página cuatro de la escritura expresó tener una certificación del Registro de la Propiedad, la cual utilizó como estudio registral.

      (50) Escritura de compraventa otorgada por el licenciado Nazario Díaz, pág. 5, párrafo segundo.

      (51) P. Ávila Álvarez, Estudios de Derecho Notarial, Ed. Montecorvo, 1982.

      (52) íd, pág. 77.

      (53) Réplica al Informe del Procurador General, Anejo I de la Contestación del Querellado.

      (54) In re Ortiz Martínez, 161 D.P.R. 572 (2004).

      (55) In re Hernández Rosario, 170 D.P.R. 103 (2007).

      (56) In re Fernández de Ruiz, supra.

      (57) In re Sepúlveda Girón, 155 D.P.R. 345 (2001).

      (58) 30 L.RR.A. see. 2260; Art. 71.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, see. 870.286.

      (59) go.2 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, see. 870.199.

      (60) In re Cruz Ramos, 129 D.P.R. 377 (1991).

      (61) íd.