text:
    Juan Reyes Ramis et al. y Reyes Ramis CPA, Group, PSC, peticionarios, v. Liza Serra Torres et al., recurridos.

      Números: CC-2014-744
    CC-2014-765

      Resueltos: 17 de junio de 2016

      Jesús Antonio Rodríguez Urbano y Carlos A. Soto Laracuente, de The Law Offices of Carlos A. Soto Laracuente II, PSC,
      abogados de la parte peticionaria; René W. Franceschini Pacual, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

En el presente caso concluimos que la cláusula de res-tricción que contrató la CPA Liza Serra Torres de no aten-der por un término de dieciséis meses la clientela que Reyes Ramis CPA Group, PSC posee y desarrolló por su cuenta, es válida. Por lo tanto, erró el Tribunal de Apela-ciones al confirmar la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la causa de acción.

Por las razones antes expuestas, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, para la con-tinuación de los procedimientos en armonía con lo aquí dispuesto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secre-tario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo emitió una Opinión de conformidad, a la cual se unieron los Jueces Asociados Señores Martínez Torres, Rivera García y Feliberti Cintrón. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez hizo constar la siguiente expresión, a la cual se unió la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco:

Concurro, ya que considero que procede revocar la determi-nación emitida por el Tribunal de Apelaciones —que confirmó la disposición sumaria del pleito—, toda vez que los documen-tos que obran en autos, en los cuales no se encuentra el Con-trato Privado para la Administración y Operación de Servicios Profesionales, no permiten concluir, sin ambages, si la Sra. Liza Serra Torres era empleada de Reyes Ramis CPA Group, PSC. Entiendo que es importante precisar este medular hecho para conocer si a la fecha en que se retrotrajo el Acuerdo Pri-vado de Renuncia Voluntaria, Redención y Compraventa de Acciones Corporativas, la señora Serra Torres era empleada de la aludida corporación. Esto, para determinar si la cláusula de no competencia aquí en controversia surgió en el contexto laboral. En vista de que lo anterior constituye un hecho material sobre el cual existe controversia real y sustancial, opino que procedía denegar la sentencia sumaria en cuestión. Al am-paro de este fundamento, revocaría la Sentencia emitida por el foro apelativo intermedio y devolvería el caso al tribunal de instancia para la celebración de un juicio en sus méritos.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

— O —

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado Se-ñor Kolthoff Caraballo, a la cual se unieron los Jueces Asociados Señores Martínez Torres, Rivera García y Fe-liberti Cintrón.

En Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157 (1994), este Tribunal abordó la integración de una cláusula de no competencia en un contrato de empleo. Luego, en Martin’s BBQ v. García de Gracia, 178 DPR 978 (2010), analizamos el uso del mencionado tipo de cláusula en los contratos de franquicias. En esta ocasión, concluyo que nos confrontamos con una cláusula de no competencia en el contexto de un contrato de compraventa o redención de acciones de una corporación de servicios profesionales de contadores públicos autorizados. Los hechos pertinentes son los siguientes.

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En septiembre de 2007, los contadores públicos autori-zados Juan M. Reyes Ramis (CPA Reyes Ramis) y José A. Colón Álvarez (CPA Colón Ádvarez), organizaron la corpo-ración profesional llamada Reyes Ramis CPA Group, PSC. En ésta, el CPA Reyes Ramis poseía el 67% de las acciones y el CPA Colón Álvarez poseía el restante 33%. Diez meses después, en julio de 2008, la contadora pública autorizada Liza Serra Torres (CPA Serra Torres) firmó, junto a estos dos contadores, un documento intitulado “Contrato Privado para la Administración y Operación de Servicios Profesiona-les”, mediante el cual adquirió en la corporación una parti-cipación y control equivalente a un 12% a cambio de una aportación de capital de $195 mil pagada en efectivo. En ese momento, la CPA Serra Torres se convirtió también en la Secretaria y Tesorera Auxiliar de la Corporación.

En agosto de 2010, la CPA Serra Torres decidió retirarse de la Corporación. Así, el 1 de noviembre de 2010 suscribió un Acuerdo Privado de Renuncia Voluntaria, Redención y Compraventa de Acciones Corporativas (acuerdo o pacto). En este acuerdo se hizo constar que no empece la fecha de su otorgamiento, éste sería efectivo desde el 31 de agosto de 2010. Como parte del acuerdo, la CPA Serra Torres cedió la totalidad de su participación en Reyes Ramis CPA Group, PSC, y recibió a cambio $150 mil, la cual se le pagaría den-tro de un período de 5 años, a razón de $1,454.44 quincenal. En ese pacto se incluyó una cláusula relacionada con un compromiso de no competencia, que dispone lo siguiente:

D[É]CIMO S[É]PTIMO: Que de acuerdo con las disposiciones del CONTRATO, y en cuanto al caso de una renuncia volunta-ria se refiere, se establece que los clientes servidos por parte de REYES-RAMIS CPA GROUP, PSC son propiedad exclusiva de la entidad, excepción hecha de los clientes traídos por la AC-CIONISTA SALIENTE al unirse a la CORPORACIÓN. En re-lación con lo cual, la ACCIONISTA SALIENTE renuncia a soli-citar o prestarle a dichos clientes servicios similares a los prestados por la CORPORACIÓN, de manera tanto directa como indirecta, ya sea por sí o a través de cualquier otra enti-dad o persona, independientemente de la capacidad en que tales servicios sean prestados. Cuyo acuerdo o renuncia tendrá un término o período de vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2011. En caso de que la ACCIONISTA SALIENTE incumpla con dicha obligación, ésta se obliga a pagarle a la CORPORA-CIÓN tres (3) veces la facturación promedio de dichos clientes, conforme a los servicios prestados por la entidad a los mismos durante los últimos tres (3) años de servicio, como compensa-ción y/o indemnización a favor de la CORPORACIÓN, indepen-dientemente del tipo de servicio que dicha accionista le provea. Cuyo pago o indemnización no podrá ser diferido de modo alguno. El cual puede ser utilizado por parte de la CORPORA-CIÓN para reducir (“set-off”) el pago a serle hecho a la ACCIO-NISTA SALIENTE a cambio de su participación en la entidad, a ser utilizado de ese modo sujeto a la discreción o determina-ción absoluta de la CORPORACIÓN. A esos efectos, se incluye como parte integral de la presente [el] Listado de Clientes per-tenecientes a REYES-RAMIS CPA GROUP, PSC. (Énfasis suplido).

El 30 de diciembre de 2010, Reyes Ramis CPA Group, PSC presentó una demanda por incumplimiento de con-trato y daños y perjuicios contra la CPA Serra Torres, su esposo y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales inte-grada por ambos. Planteó, en síntesis, que la CPA Serra Torres incumplió la referida cláusula de no competencia, pues se habían identificado al menos seis clientes de la corporación profesional que ella estaba atendiendo.

La CPA Serra Torres y su esposo contestaron la demanda y reconvinieron el 28 de febrero de 2012. En su contestación, adujeron que la cláusula de no competencia es nula porque excede el término de un año. El 15 de marzo de 2012, la CPA Serra Torres, su esposo y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos presentaron una demanda contra terceros, específicamente en contra del CPA Keyes Ramis, la Sra. Rosaura Marín Nieves, el CPA Colón Alvarez, la Sra. Yolanda Serrano Burgos y sus respectivas sociedades gananciales, en la que adoptaron por referencia todas las alegaciones de la reconvención y plantearon que todos los terceros demandados se comprometieron de forma solidaria a las obligaciones acordadas en el pacto y responden por su violación.

El 2 de octubre de 2012, la CPA Serra Torres y su esposo presentaron una moción de sentencia sumaria debidamente cumplimentada en la que argumentaron, en síntesis, que no existía controversia sustancial en cuanto a que la vigencia de la cláusula de no competencia sería del 31 de agosto de 2010 al 31 de diciembre de 2011, por lo que excedía el término de un año.

Reyes Ramis CPA Group, PSC replicó y alegó que la CPA Serra Torres había tenido asesoría jurídica antes de firmar el acuerdo y que no había mostrado objeción alguna respecto a la cláusula de no competencia. Asimismo, argu-mentó que el pacto fue suscrito como parte de la renuncia de la CPA Serra Torres a Reyes Ramis CPA Group, PSC y no como parte de un contrato de empleo.

Luego de evaluar la solicitud de sentencia sumaria pre-sentada por la CPA Serra Torres y su esposo, así como la oposición, el Tribunal de Primera Instancia, en reconside-ración, la declaró “ha lugar”. En consecuencia, desestimó con perjuicio mediante Sentencia Parcial la reclamación de Reyes Ramis CPA Group, PSC en contra de la CPA Serra Torres, su esposo y la Sociedad Legal de Bienes Ganancia-les compuesta por ambos.

En lo pertinente, el foro de instancia fundamentó su decisión en que el acuerdo de no competencia incumplía con lo establecido en Arthur Young & Co. v. Vega III, supra. Inconformes, tanto Reyes Ramis CPA Group, PSC, como los terceros demandados, presentaron recursos por separado ante el Tribunal de Apelaciones y éstos fueron consolidados.

Así las cosas, el 22 de mayo de 2014 dicho foro apelativo confirmó la Sentencia Parcial apelada. Concluyó que las cir-cunstancias del caso de epígrafe son similares a las de Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, y enfatizó en que el acuerdo “surgió en el contexto del fin de una relación, no solo corporativa, sino laboral”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 50. Por todo lo cual, determinó que el foro de instancia no erró al aplicar los criterios de validez para una cláusula de no competencia, según expuestos en Arthur Young & Co. v. Vega III, supra.

Inconforme, las partes peticionarias presentaron ante esta Curia los recursos CC-2014-0744 y CC-2014-0765. El 24 de septiembre de 2014, en auxilio de nuestra jurisdicción, paralizamos los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y consolidamos ambos recursos. El 31 de octubre de 2014, este Tribunal expidió ambos recursos. El 1 de junio de 2015, la parte peticionaria presentó su alegato. El 4 de agosto de 2015, la parte recurrida hizo lo propio, por lo que el caso quedó finalmente perfeccionado.

En su alegato, y en lo pertinente, las partes peticiona-rias presentaron los siguientes errores siguientes:

1. Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar la Sentencia del Tribunal de Instancia que decretó la nulidad de la cláusula de no competencia del contrato de redención de acciones corporativas por ser contraria al caso de Arthur Young v. Vega III, 136 DPR 157 (1994).
2. Erró el honorable foro intermedio al confirmar la nulidad de la cláusula de no competencia sobre la premisa de que incumple los postulados de Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157 (1994), cuando el contrato base no era uno de empleo, sino un contrato de compraventa de acciones corporativas. Petición de certiorari, pág. 9.

En Puerto Rico, como regla general, los acuerdos de no competencia son válidos con base en el principio de liber-tad de contratación”. Como sabemos, el Art. 1207 del Código Civil, en su parte pertinente, establece:

Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.

En síntesis, cuando hablamos de contratos, la autonomía que tienen las partes para contratar privadamente comprende la expresión de la libertad personal, de modo que cada cual pueda ejercitar facultades y derechos, y también conformar las diversas relaciones jurídicas que le atañen Como sostiene Puig Brutau:

La posibilidad de dos o más personas de quedar obligadas por su propia iniciativa significa el reconocimiento del poder crea-dor de la autonomía de la voluntad. Esta autonomía significa que, en principio, todo particular puede contratar cuando quiera, como quiera y con quien quiera.

Ahora bien, “[l]a libertad de contratación privada no es irrestricta”. El Art. 1207 de nuestro Código Civil impone tres salvedades principales sobre este principio: los contra-tos no pueden ser contrarios a las leyes, a la moral o al orden público.

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Este Tribunal tuvo la oportunidad de expresarse con relación a la validez en nuestro ordenamiento contractual de las cláusulas de no competencia en los casos normativos Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, y Martin’s BBQ v. García de Gracia, supra. Repasemos, entonces, algunos aspectos de esa jurisprudencia que nos son pertinentes para disponer de la presente controversia.

A. Arthur Young & Co. v. Vega III

En Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, nos expresamos por primera vez en nuestra jurisdicción en torno a las cláusulas de no competencia en el campo laboral. El caso trata de un joven contador público autorizado, el Sr. Virgilio Vega III (CPA Vega III), de apenas veintiséis años, que en 1982 iniciaba su carrera al firmar un contrato de trabajo como Staff Accountant en el Departamento de Auditoría de la firma de contabilidad Arthur Young & Company (Arthur Young). Durante los tres años siguientes a la firma del contrato, el CPA Vega III recibió tres ascensos de categoría, con tres correspondientes aumentos de salario, para finalmente ser ascendido a uno de los puestos de gerente dentro del mismo departamento. Como requisito para el puesto de gerente, el CPA Vega III tuvo que firmar “un[o]s contrato[s] de trabajo con una cláusula accesoria de no competencia” que, en síntesis, le prohibía que durante un período de dos años, contados a partir de su salida de la compañía, pudiera realizar labores para cualquiera que hubiera sido cliente de Arthur Young durante los pasados doce meses, o a quien Vega III directamente le hubiera brindado servicio como cliente de Arthur Young por los pa-sados cinco años.

Aproximadamente, tres años después de su ascenso a gerente, el CPA Vega III renunció a Arthur Young y abrió su propia oficina, en donde contrató para dar servicio a un cliente activo de Arthur Young. Como consecuencia, Arthur Young demandó al CPA Vega III alegando que éste había incumplido con su contrato de trabajo al violar la cláusula de no competencia.

En ese caso, al confirmar al Tribunal de Primera Instan-cia, adoptamos la norma de razonabilidad aplicada por los tribunales estadounidenses como mecanismo para evaluar la validez de una cláusula de no competencia en una rela-ción patrono-empleado. Así, establecimos los parámetros ne-cesarios para cumplir con esa razonabilidad al señalar que

[piara ser razonable, un acuerdo de no competir debe reunir los requisitos siguientes: (1) debe ser necesario para proteger un interés legítimo del patrono; (2) no debe imponer al emple-ado una carga demasiado onerosa, y (3) no debe afectar dema-siado al público.

Además, en Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, tam-bién fijamos los requisitos específicos para la validez de una cláusula de no competencia en un contrato del tipo patrono-empleado. Señalamos, en primer lugar, la necesidad por parte del patrono de un interés legítimo en el acuerdo. Esto es, “que de no recibir la protección de una cláusula de no competencia, su negocio se vería sustancialente afectado”. Segundo, establecimos que “el alcance de la prohibición debe corresponder con el interés del patrono, en cuanto a objeto, término y lugar de restricción o clientes afectados”.

En cuanto al término de no competencia, señalamos que en este tipo de acuerdo patrono-empleado lo razonable es que el mismo no debe excederse de doce meses, “entendién-dose que cualquier tiempo adicional es excesivo e innecesario para proteger adecuadamente al patrono”.

Respecto al alcance de la prohibición, indicamos que una cláusula de no competencia debe contener un lenguaje que limite su aplicación al interés del patrono que se persigue proteger. En ese sentido, precisamos que “el contrato debe especificar los límites geográficos o los clientes afectados”. (Énfasis suplido). No obstante, es importante destacar que esta Curia no estableció como requisito constitutivo de un acuerdo de no competencia el que se limiten geográficamente las restricciones impuestas y los clientes que estarán comprendidos. Esa conjunción disyuntiva “o” tiene el efecto de desvincular las palabras entre las cuales es usada. Por lo tanto, no es correcto afirmar que todo contrato de no competencia debe contener una restricción territorial y de clientela; basta con una de ellas.

Es decir, con relación al lugar de restricción o los clien-tes afectados por la cláusula, es claro que ambos requisitos se dan en la alternativa. Ahora bien, cuando la cláusula de no competencia indique un área geográfica a la que aplica la restricción, “ésta debe limitarse a la estrictamente nece-saria para evitar la competencia real entre el patrono y el empleado”. Por otra parte, cuando la prohibición de com-petencia señale los clientes a los que se extiende “debe referirse sólo a aquellos que el empleado atendió personal-mente durante un período razonable de tiempo antes de renunciar o en un período inmediatamente anterior a la renuncia, y que al hacerlo todavía eran clientes del patrono”.

En tercer lugar, para la validez de una cláusula de no competencia se requiere que el patrono ofrezca “una contraprestación a cambio de la firma del acuerdo de no competir por parte del empleado”. En cuarto lugar, un contrato con una cláusula de no competencia “[debe] contar con los elementos esenciales para su validez: consentimiento, objeto y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 [LPRA] see. 3391”. En quinto lugar, establecimos que para este tipo de pacto se hace indispensable que éste conste por escrito.

Por último, pero no menos importante, establecimos que se requiere que la cláusula de no competencia sea “incidental a un contrato de trabajo, y que ha mediado causa adecuada”. (Énfasis suplido).

B. Martin’s BBQ v. García de Gracia

En Martin’s BBQ v. García de Gracia, supra, examinamos, por primera vez, la validez de una cláusula de no competencia en un contrato de franquicia. En ese entonces, señalamos que los contratos de franquicia incluyen frecuentemente cláusulas de no competencia con el propósito de limitar o prohibir la competencia “tanto durante la vigencia del contrato como con posterioridad a ésta”. Amparados en precedentes previos, expusimos que “ ‘no todo acuerdo de no competencia que complementa un negocio o un acuerdo entre competidores potenciales es de por sí y, sin más, ilegal y detrimental a la competencia’ ”.

También, señalamos que “la relación existente en un Contrato de Franquicia entre el franquiciante y franquiciado no es de patrono-empleado, sino entre empresarios, por lo que los intereses que afectan la razonabilidad de este tipo de restricción son distintos”. En ese análisis, resaltamos la falta de uniformidad en el trato de ese tipo de cláusulas entre las distintas jurisdicciones estadounidenses. Algunas jurisdicciones comparan las cláusulas de no compe-tencia incluidas en los contratos de franquicia con aquellas incluidas en los contratos de venta de negocio y otras con las cláusulas presentes en los contratos de empleo. No obstante, destacamos la existencia, a nuestro juicio, de diferencias relevantes entre la relación de las partes en un contrato de franquicia y en otro tipo de relaciones contractuales. De manera que, luego de analizar los pormenores y detalles de aquel tipo de relación contractual, reconocimos que a pesar de que el franquiciado no es cabalmente comparable con un empleado, sí existe una subordinación económica del franquiciado al momento de establecer ese tipo de relación comercial.

Por consiguiente, para evaluar los acuerdos de no competencia en el ámbito de relaciones comerciales, extendi-mos la aplicación de la regla de razonabilidad utilizada en la mayoría de las jurisdicciones estatales americanas Además, contrario a la norma existente para los contratos del tipo patrono-empleado, rehusamos establecer paráme-tros rígidos para su validez. Aun cuando acogimos esa pos-tura, establecimos un enfoque de reciprocidad en cuanto a los límites territoriales y redujimos las actividades restrin-gidas a aquellas que pongan al franquiciante en desventaja competitiva.

Así, concluimos que el término de dos años de prohibición de no competencia era razonable ante las particularidades de ese caso. Sin embargo, luego de analizar todas las circunstancias fácticas, determinamos que la cláusula de no competencia impuesta por Martin’s BBQ excedía las restricciones geográficas necesarias para proteger razonablemente sus intereses legítimos. Por esa razón, resolvimos que la cláusula era inválida a la luz del principio de reciprocidad y razonabilidad.

En Martin’s BBQ v. García de Gracia, supra, también expusimos que las cláusulas de no competencia las hallamos particularmente en los contratos de empleo, venta de negocios y franquicias, reconociendo de esa forma que este tipo de cláusula restrictiva se utiliza en otros tipos de contratos.

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Los peticionarios le imputan como error principal a los foros recurridos la aplicación extensiva de la normativa de Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, para relaciones contractuales de naturaleza patrono-empleado al contrato habido en este caso. En su Sentencia, el Tribunal de Apelaciones señaló que las circunstancias en el caso de autos son similares a la de Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, al enfatizar que el acuerdo “surgió en el contexto del fin de una relación, no solo corporativa, sino laboral”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 50. Específicamente, el foro apelativo intermedio fundamentó su decisión señalando lo siguiente:

Somos del criterio que, distinto a la interpretación planteada por la Corporación, que alega que el Acuerdo fue producto de una mera compraventa de acciones, dicho pacto se suscitó por el deseo de la Sra. Serra de retirarse voluntariamente de su participación como accionista de la corporación profesional en la que desempeñaba su oficio de CPA. Nótese que se alegó además que su esposo, el Sr. Santiago, también laboró para la Corporación. Vemos entonces que el Acuerdo surgió en el con-texto del fin de una relación, no solo corporativa, sino laboral. (Escolio omitido). Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 49-50.

Contrario a la conclusión a la que llegó el Tribunal de Apelaciones, las circunstancias del caso de autos son muy diferentes a las de Arthur Young & Co. v. Vega III, supra. En el caso de autos existe una distinción fundamental en el negocio jurídico involucrado que impide la aplicación sistemática de ese precedente.

En esta ocasión, estamos ante un contrato de compraventa de acciones de una corporación de servicios profesionales y no ante un contrato de empleo. El poder de negociación que tenían las partes para negociar al momento de contratar y el momento en que lo hicieron me permite llegar a esta conclusión. Como señalé, del expediente de autos surge que los peticionarios se comprometieron a pagarle a la CPA Serra Torres $150,000 por la compra de sus acciones, cantidad para la cual se emitió un pagaré por 5 años a 6% de interés, pagaderos bimensualmente. Además, se acordó que ésta continuaría disfrutando de un plan médico cuyo costo se descontaría de los pagos bimensuales que, por la venta de sus acciones, la CPA Serra Torres recibiría. Como podemos ver, las contraprestaciones que recibiría la CPA Serra Torres como parte del contrato en el que se estableció la cláusula de no competencia son en realidad el pago por la venta de sus acciones y en nada se relacionan con funciones laborales presentes o futuras en la firma o con un contrato de trabajo. Así, las prestaciones a recibirse por parte de la CPA Serra Torres no guardan relación —no se derivan o son incidentales— a un contrato de trabajo.

Por lo tanto, contrario a la conclusión a la que llegaron los foros inferiores, la cláusula de no competencia bajo aná-lisis no tenía que ajustarse íntegramente a las estrictas condiciones establecidas en Arthur Young & Co. v. Vega III, supra. Es claro que este es un caso que se enmarca en una relación típica de patrono-empleado, en la que existe una clara disparidad entre las fuerzas para negociar al establecer la cláusula de no competencia. Mientras en Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, la cláusula de no competencia surgió cuando “[a]l momento de su promoción a gerente, Vega firmó un contrato de trabajo”, la cláusula de no competencia en el caso de autos surge de un Acuerdo Privado de Renuncia Voluntaria, Redención y Compraventa de Acciones Corporativas. Por esta razón, la cláusula de no competencia en controversia se origina como parte de un contrato de renuncia y venta de acciones, y no de naturaleza laboral. Como señalamos en Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, una cláusula de no competencia en el contexto de una relación patrono-empleado tiene que ser incidental a un contrato de trabajo en el cual haya mediado causa adecuada.

En esa misma línea, los tribunales estatales en Estados Unidos han establecido una diferencia en el tratamiento de las cláusulas de no competencia cuando se trata de un con-trato de empleo y cuando ésta es corolario de un contrato de compraventa. Ajuicio de estos pronunciamientos ju-risprudenciales, el orden público tutelado es distinto en ambas circunstancias, pues el contrato de empleo reviste mayor resguardo por tratarse de una situación en la que el poder de negociación del empleado es mucho menor al del patrono. Precisamente, fue esta consideración de orden público la que este Tribunal quiso proteger cuando decidió Arthur Young & Co. v. Vega III, supra.

Aclarado lo anterior, corresponde precisar qué principios deben limitar la autonomía de la voluntad de las partes en el tipo de contrato que nos ocupa.

V

A. Ley General de Corporaciones

Según mencioné, la cláusula de no competencia objeto de discusión en este caso forma parte de un contrato de renun-cia y venta de acciones de una corporación profesional. Con relación a la venta y transferencia de acciones en este tipo de entidad corporativa, el Art. 18.10 de la Ley General de Corporaciones de 2009 establece que ningún accionista de una corporación de servicios profesionales puede vender o transferir sus acciones en la corporación, salvo a la propia corporación, o a otro individuo calificado para ser accionista de dicha corporación. Consecuentemente, el Art. 18.13 de este cuerpo normativo contempla la transferencia de acciones en caso de la renuncia de uno de los accionistas de la corporación profesional y prescribe que, en tal eventualidad, esas acciones podrán ser adquiridas por la corporación o por uno o varios de sus accionistas.

Según se puede colegir, estos artículos dictan las exigen-cias con las que debe cumplir una transferencia de acciones de una corporación profesional debidamente organizada. No obstante, esta legislación no incluye preceptos que regulen los contratos otorgados para realizar transferencia y mucho menos impone requisito alguno respecto a las cláusulas de no competencia en este tipo de transacción comercial. Por lo tanto, un contrato de renuncia y venta de acciones de una corporación profesional se rige enteramente por nuestro de-recho contractual.

B. Contratos para la venta de negocios entre socios

Principalmente, las relaciones contractuales en las que se ha reconocido la inclusión de cláusulas restrictivas de no competencia comprenden el vendedor de un negocio que traspasa su plusvalía (good will) y se obliga a no competir con el comprador; el empleado que al terminar su relación laboral con un patrono se obliga a no competir con éste, y el socio de una sociedad que se obliga a no competir al sepa-rarse de ella. Como resultado, éstas forman parte de contratos laborales, contratos para la venta de empresas y acuerdos de sociedades.

Las cláusulas de no competencia han sido objeto de mu-cha discusión y litigación a través de los años. Los tribunales, en la mayoría de las jurisdicciones en Estados Unidos, se han mostrado dispuestos a sostener la validez de este tipo de cláusulas cuando el contrato versa sobre la venta de un negocio. Las cláusulas de no competencia dentro de la venta de un negocio son usualmente sosteni-das como necesarias para asegurar la plusvalía (good will) que adquiere el comprador. En vista de que la plusvalía y el negocio en marcha (ongoing business asset) de una empresa es una consideración sopesada dentro de una transacción de compraventa, se ha reconocido que el comprador merece protección contra la posible competencia del expropietario vendedor. En otras palabras, el vendedor incluye, como parte del precio de venta, la plusvalía del negocio que ha construido, por lo que se considera injusto permitir que éste pueda privar al comprador de esa plus-valía recién adquirida al poner en marcha una empresa competidora.

Así, varios estados de la Unión han aprobado leyes que prohíben los acuerdos de no competencia, excepto los vin-culados a la venta de un negocio y la disolución de una sociedad. La consideración principal para este trato pre-ferencial se debe a que las circunstancias presentes en esos escenarios rodean profesionales con el mismo poder de ne-gociación y que por consideraciones mutuas han pactado este tipo de cláusulas. Las disoluciones de sociedades pro-fesionales se consideran, a menudo, como una venta de un negocio, pues el socio saliente transfiere su participación en la sociedad a los socios restantes. Esto difiere del contexto presente en los contratos de trabajo, en los que las partes no tienen el mismo poder de negociación y la restric-ción se impone unilateralmente.

La aplicabilidad de las cláusulas de no competencia en el marco de los acuerdos de sociedades o corporaciones pro-fesionales cuando un socio se retira es un área emergente de la doctrinad. Por un lado, el profesional que se retira de la firma o corporación profesional alega que se le debe permitir continuar su vida haciendo aquello para lo que se preparó profesionalmente. Por el otro lado, la firma inherentemente pierde dinero y clientes cuando un socio los abandona y, por lo tanto, busca proteger sus intereses.

Además, las firmas o corporaciones profesionales también reclaman que las cláusulas restrictivas en sus contratos con sus socios se justifican en la medida que buscan evitar que aquellos nuevos socios que llegan sin experiencia las abandonen después de haber adquirido experiencia y una buena base de clientes. Los distintos tribunales en las jurisdicciones estatales americanas han aplicado diferentes estándares cuando estas restricciones están incluidas en acuerdos de firmas o corporaciones profesionales de contadores, médicos y abogados.

Ahora bien, en cuanto a la interpretación de las cláusulas de no competencia en acuerdos entre profesionales de la contabilidad, la mayoría de las jurisdicciones en Estados Unidos coinciden en utilizar el mismo criterio general de razonabilidad que adoptamos en Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, y que reiteramos en Martin’s BBQ v. García de Gracia, supra. En la determinación de la razonabilidad de este tipo de cláusula, los factores siguientes deberán ser considerados a la luz de la totalidad de las circunstancias: el área geográfica involucrada, la duración de la restricción de competencia y el alcance de la actividad prohibida. Es menester señalar que, según reconocimos en Martin’s BBQ v. García de Gracia, supra, ninguno es de-terminante por sí solo, pues el resultado del análisis dependerá de las particularidades del negocio del que se trata y los intereses de las partes. Siendo estos los parámetros utilizados en estos precedentes, no veo impedimento para extender la adopción de tales criterios a las circunstancias del caso de autos.

Sin embargo, aunque los parámetros son similares a los adoptados en Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, el hecho de que en circunstancias como las del caso de autos no existe una marcada desigualdad entre las partes contratan-tes, hace el escrutinio de la regla de razonabilidad menos estricto que el utilizado en el caso de contratos del tipo patrono-empleado. Esto es, el examen de razonabilidad se aplica estrictamente en casos que involucren una relación patrono-empleado y sujeto a las condiciones específicas pautadas en Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, mientras que se debe emplear un estudio menos riguroso que respete la autonomía de contratación de las partes para las cláusulas restrictivas que se derivan de acuerdos entre accionistas o socios de corporaciones y firmas profesionales. Y es que, como señalé, no existe una marcada desigualdad entre las partes. Los socios en una corporación de servicios profesionales negocian desde plataformas relativamente parejas.

En cuanto a qué término es razonable en cláusulas de no competencia para circunstancias como las del caso de autos, en controversias parecidas entre socios de corpora-ciones de servicios profesionales, los tribunales en las dis-tintas jurisdicciones de Estados Unidos han avalado como razonables unas cláusulas de no competencia que varían entre dos años a cinco años. Lo que se puede considerar razonable en un caso puede que no lo sea en otro al sopesar los elementos en juego.

Si bien las cláusulas de no competencia provienen del derecho norteamericano, debemos resaltar que igual ca-mino se ha seguido en España. La sentencia más reciente sobre este tema versa sobre un socio de la sociedad limi-tada, Cauchos Puntes, S.L., que decidió vender su partici-pación a raíz de serias desavenencias habidas entre los socios que la componían. Como parte del contrato de com-praventa de participaciones sociales (acciones), se estipuló una cláusula de no competencia. Posteriormente, se alegó la nulidad de la cláusula restrictiva. En la Sentencia de 18 de mayo de 2012, el Tribunal Supremo de España, al des-estimar el recurso presentado, sostuvo que

En el presente caso, pese a que no se trata de la venta de una empresa sino de la de un importante paquete de partici-paciones por quien hasta fechas recientes había sido gerente de la empresa explotada por la sociedad cuyas participaciones enajenaba y trataba con clientes y proveedores, el pacto de no competir se enmarca dentro de un contrato cuya finalidad no es restringir la competencia.
En este contexto la cláusula de inhibición está justificada salvo que por su duración, su ámbito geográfico y su contenido excediese de lo razonablemente útil o conveniente para garan-tizar que el valor de las participaciones no se viera deteriorado por la actuación del transmitente. (Énfasis suplido). STS 18 de mayo 2012 (RJ 2012, 19427).

En fin, para cumplir con la regla de la razonabilidad, entiendo que las restricciones en cuanto al tiempo, área geográfica y actividades deben ser razonablemente necesa-rias para proteger los intereses legítimos del adquirente de la participación o negocio en venta.

VI

Al analizar con detenimiento el Acuerdo Privado de Renuncia Voluntaria, Redención y Compraventa de Acciones Corporativas suscrito entre la CPA Serra Torres y Reyes Ramis CPA Group, PSC y aplicar los criterios jurídicos antes esbozados, entiendo que la cláusula de no competencia objeto de controversia no es irrazonable para adelantar los intereses de la firma. Se ha reconocido que una firma o corporación profesional tiene un interés legítimo en salva-guardar su clientela, su plusvalía (good will) y su negocio en marcha (ongoing business asset). Más aún, cuando el negocio en marcha o parte de éste se vendió por el retiro de un socio o accionista de la firma o corporación profesional, ese interés se hace acreedor de nuestro aval. De no resguardar este interés tutelado contractualmente por las partes, el adquiriente de las acciones o la participación pagaría por el caparazón vacío de un negocio que el vendedor podría llevarse consigo tras la compraventa.

En el caso de autos, el término de la cláusula de no competencia se extiende por un periodo de dieciséis meses. Aunque la restricción impuesta no especifica una restricción geográfica, se limitó el alcance de la actividad prohibida a los clientes servidos por Reyes Ramis CPA Group, PSC, con excepción de los clientes traídos por la CPA Serra Torres al unirse a la firma. Es decir, estamos ante un acuerdo de no competencia que, si bien no está definido en cuanto a un área geográfica, está limitado en lo que se refiere a la competencia por cierta clientela. En cuanto a estos clientes, la CPA Serra Torres se comprometió a no brindarles servicios similares a los prestados por la firma, ya fuese por sí o a través de cualquier tipo de entidad. En caso de incumplimiento con esta obligación, la CPA Serra Torres pactó pagarle como indemnización a la firma tres veces la facturación promedio de dichos clientes, conforme a los servicios prestados por la entidad durante los últimos tres años de servicios.

Esta limitación acordada por la CPA Serra Torres y sus socios no es excesiva ante el interés tutelado. El acuerdo de no competencia tiene claramente delimitado la lista de clientes que no pueden ser atendidos por la CPA Serra Torres. Así, la cláusula de no competencia estaba dirigida a impedir exclusivamente que ésta le proveyese servicios a los clientes de la firma o corporación profesional de la cual fue parte por varios años. Incluso, la limitación acordada le permitía a la CPA Serra Torres continuar atendiendo a los clientes que ella sumó a la cartera de clientes de la firma.

Es menester destacar que, a cambio de esta limitación, la CPA Serra Torres pactó una contraprestación significativa. Según surge del expediente, aparte del precio estipulado para la venta de las acciones, ésta negoció los beneficios de un plan médico, el reembolso de varios pagos al seguro social y su liberación de las obligaciones de la Corporación que había garantizado. Además, la CPA Serra Torres consintió en toda su extensión a los claros términos del acuerdo, ello tras haber recibido asesoría legal.

Por otro lado, como expuse anteriormente, la elabora-ción de esta cláusula de no competencia respondió a un proceso de negociación entre partes igualmente situadas dentro de una compleja transacción comercial. Por lo tanto, contrario a la determinación de los foros recurridos, la res-tricción de la cláusula de no competencia no tenía que es-tar condicionada, so pena de nulidad, a un término máximo de un año de duración. En vista de que una ma-yoría de los tribunales estatales americanos han avalado como razonables limitaciones temporales de entre dos años a cinco años, entiendo que en el caso de autos, el término de dieciséis meses es razonable y debe ser respetado según fue pactado.

Por todo lo anterior, concluyo que la cláusula de restric-ción que contrató la CPA Serra Torres de no atender por un término de dieciséis meses la clientela que Reyes Ramis CPA Group, PSC posee y desarrolló por su cuenta, está razonablemente elaborada para atender las particularida-des del negocio, los intereses de las partes y el interés público. Considerando el principio de la autonomía de la voluntad de las partes que establece el Art. 1207 del Có-digo Civil, supra, entiendo que la cláusula de no competen-cia en el caso de autos es válida. Por lo tanto, estoy con-forme con la determinación de este Tribunal.

         Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 138. No surge del expediente de autos en qué proporción se redujo para cada uno la participación del CPA Juan M. Reyes Ramis y el CPA José A. Colón Alvarez, ante la entrada de la CPA Liza Serra Torres (CPA Serra Torres). Como parte de la integración como nueva accionista de la Corporación, la CPA Serra Torres también adquirió 12.81 en acciones comunes de la corporación QSJ Professional Investment, Inc., corporación dueña del edificio donde ubica la oficina principal de Reyes Ramis CPA Group, PSC.

       Íd., pág. 136.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 149.

       En la reconvención, la CPA Serra Torres, su esposo y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos plantearon que Reyes Ramis CPA Group, PSC violó el pacto suscrito, pues ésta no había realizado el pago de tres o más plazos consecutivos de la cantidad pactada y ello era causa suficiente para reclamar el balance total de la deuda, según lo acordado. Además, expusieron que Reyes Ramis CPA Group, PSC violó el acuerdo al no efectuar unos pagos al seguro social y al Medicare, y al cancelar unilateralmente el plan médico de la CPA Serra Torres, lo que le causó a ésta graves sufrimientos y angustias mentales. Por eso, solicitaron el pago del balance total de la deuda ($123,449.43), el pago de la penalidad por mora de un 10% del balance adeudado, el pago de $15 mil para costas y honorarios de abo-gado, el pago de interés pactado de 6% desde el 1 de noviembre de 2010 y el pago de los intereses legales por temeridad desde el 1 de septiembre de 2011. Asimismo, pidieron una compensación de $100 mil por los daños causados a la CPA Serra Torres y $2,500.53 por el incumplimiento con el pago al seguro social y al Medicare.

        Martin’s BBQ v. García de Gracia, 178 DPR 978, 990 (2010).

       31 LPRA sec. 3372.

        Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169 (2011).

       J. Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. I, pág. 5.

        Hernández v. Méndez & Assoc. Dev. Corp., 105 DPR 149, 153 (1976).

       31 LPRA sec. 3372.

       La norma adoptada en este caso fue reiterada y aplicada en PACIV v. Pérez, 159 DPR 523 (2003).

        Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157, 163 (1994).

       Íd, pág. 167.

       Íd, pág. 175.

       Íd.

       Íd.

       Íd., págs. 175-176.

        Mari Bras v. Alcaide, 100 DPR 506, 515 (1972).

        Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, pág. 176.

       Íd.

       Íd.

       Íd.

       Íd.

       Íd., pág. 167.

        Martin’s BBQ v. García de Gracia, supra, pág. 994.

       Íd, pág. 993.

       Íd, pág. 996.

       Íd., pág. 995.

       Íd., págs. 996-997.

       Íd., pág. 998.

       Íd., pág. 999.

       Íd., pág. 1001.

       Íd., pág. 1002.

       Íd.

       Íd., pág. 990.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 142-143.

       íd., póg. 145.

        Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, pág. 163.

       Véanse: Decker, Berta & Co. v. Berta, 587 N.E.2d 72, 74 (Ill. App. Ct. 1992); Hamer Holding Group., Inc. v. Elmore, 560 N.E.2d 907, 915 (Ill. App. Ct. 1990).

       Íd.

       14 LPRA sec. 3930.

       14 LPRA sec. 3933.

       2 Restatement of the Law (Second) of Contracts Sec. 188(2)(c) (1981) (“Promises imposing restraints that are ancillary to a valid transaction or relationship include the following: (a) a promise by the seller of a business not to compete with the buyer in such a way as to injure the value of the business sold; (b) a promise by an employee or other agent not to compete with his employer or other principal; (c) a promise by a partner not to compete with the partnership”).

       S.L. Kafker, Golden Handcuffs: Enforceability of Noncompetition Clauses in Professional Partnership Agreements of Accountants, Physicians, and Attorneys, 31 Am. Bus. L.J. 31, 33 (1993).

       S. Stroud, Non-compete agreements: weighing the interests of profession and firm, 53 (Núm. 3) Ala. L. Rev. 1023 (2002).

       id.

        Williams v. Powell Elec. Mfg. Co., Inc., 508 S.W.2d 665, 667 (Tex. 1974).

       Kafker, supra, pág. 34.

        M.R.S. Datascope, Inc. v. Exchange Data Corp., Inc., 745 S.W.2d 542, 545-546 (Tex. 1988).

       Véanse, por ejemplo: ALA.CODE Sec. 8-1-1 (1984 Michie); CAL.BUS. & PROP.CODE Secs. 16601,16602 (West 1987); FLA.STAT.ANN. Sec. 542.33 (Harrison Supp. 1989); GA.CODE ANN. Secs. 13-8-2 to-2.1 (Supp. Michie 1991); HAW.REV.STAT. Sec. 480.4 (1985); LA.REV.STAT.ANN. Sec. 23.921 (West 1985 and Supp. 1990); MICH.COMP.LAWS ANN. Secs. 445.772-74 (West 1991); MONT.CODE ANN. Secs. 28-2-703-705 (1990); N.C.GEN.STAT. Secs. 75-1 & 75-1.1(b) (Michie 1988); N.D.CENT.CODE Sec. 9-08-06 (Michie 1987); OKLA.STAT. tit. 15, Sees. 217-219 (West Supp. 1990); S.D.CODIFIED LAWS ANN. Secs. 53-9-8 to-10 (Michie 1990).

       2 Employment Law Sec. 8:1 (5ta ed.).

      62) Kafker, supra, págs. 33-34.

      65) Kafker, supra, pág. 34.

      64) S. Stroud, Non-Compete Agreements: Weighing the Interests of Profession and Firm, 53 (Núm. 3) Ala. L. Rev. 1023 (2002).

        McLean v. Michaelowsky, 117 Misc. 2d 699 (Sup.Ct.1983).

       Kafker, supra, pág. 34.

       Al analizar este tipo de contrato con cláusulas restrictivas, la jurisprudencia de prácticamente todas las jurisdicciones de Estados Unidos utiliza el término “socio” o “sociedad” indistintamente de la forma corporativa en que la firma de contabilidad se haya organizado legalmente. Por eso, señalamos que en este contexto, el término “socio” o “sociedad” no tiene el significado de la entidad jurídica que establece nuestro Código Civil (31 LPRA sec. 4318). Por otro lado, y como se señala en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 301-1998 que añadió el Art. 18.17 de nuestra Ley General de Corporaciones (31 LPRA sec. 3501), “[e]l rol y la figura de los accionistas de una corporación profesional bajo el nuevo régimen corporativo es el equivalente jurídico al de los socios industriales de una sociedad profesional”. Tras la aprobación de la Ley Núm. 164-2009, el antiguo Art. 18.17 pasó a ser el actual Art. 18.18 de la Ley General de Corporaciones y su texto permaneció inalterado. El término “socio”, según utilizado en esta Opinión de conformidad, aplica igualmente a accionistas de una entidad corporativa.

      68) Stroud, supra, pág. 1031; Kafker, supra, pág. 35.

       Los socios contables peticionarios no han argumentado que su situación profesional requiera una norma diferente y el Código de Conducta Profesional del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados no contempla este asunto.

       Stroud, supra, pág. 1032.

        Rash v. Toccoa Clinic Medical Associates., 253 Ga. 322 (1984).

       Véanse: Mayer Hoffman McCann, P.C. v. Barton, 614 F.3d 893 (8vo Cir. 2010); Schuhalter v. Salerno, 653 A.2d 596 (N.J.1995); Wirum & Cash, Architects v. Cash, 837 P.2d 692 (Alaska 1992); Holloway v. Faw, Casson & Co., 552 A.2d 1311 (Md. 1989); Fuller v. Brough, 411 P.2d 18 (Colo. 1966); Mabray v. Williams, 291 P.2d 677 (Colo. 1955); LD. Carlson, Enforcing a Non-Compete, 4 Tex. Intell. Prop. L.J. 149, 155 (1996).

      5) Martin’s BBQ v. García de Gracia, supra, págs. 998-999.

       El Tribunal Supremo de España tomó en consideración que “[e]n numerosas ocasiones el tráfico mercantil impone o aconseja ciertas restricciones a la competen-cia, en cuyo caso las cláusulas de inhibición, de estar incorporadas a contratos cuyo objeto principal no sea restringir, impedir o falsear la competencia, que constituya restricciones accesorias del comercio, más o menos necesarias o simplemente útiles o convenientes, por lo que se alude su validez cuando están suficientemente justificadas y sirven a la finalidad perseguida en un contrato lícito [...]”. (Enfasis suplido). STS 18 de mayo 2012 (RJ 2012, 19427).


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Ángel L. Morales Rodríguez, querellado.

      Número: AB-2015-162

      Resuelto: 20 de junio de 2016

      Ruth N. Alvarez Ramírez, querellante.
   per curiam:

Nos corresponde ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión legal que reiteradamente ha desatendido nuestros requerimientos.

h-i

E1 Ledo. Ángel L. Morales Rodríguez fue admitido al ejer-cicio de la abogacía el 17 de enero de 1995 y prestó jura-mento como notario el 23 de enero de 1995. El 1 de mayo de 2015, la Sra. Ruth N. Alvarez Ramírez presentó la queja AB-2015-162 contra el licenciado Morales Rodríguez. El 5 de mayo de 2015 y el 16 de julio de 2015, la entonces Secre-taria de este Tribunal, Hon. Aida Ileana Oquendo Graulau, cursó comunicaciones al licenciado Morales Rodríguez con-cediéndole 10 días para contestar la queja presentada en su contra. Ante su incomparecencia, el 25 de agosto de 2015 emitimos una resolución concediéndole un término final de 5 días para contestar la queja. Le apercibimos que su in-cumplimiento podría conllevar sanciones disciplinarias se-veras, inclusive la suspensión del ejercicio de la profesión. A pesar de que la resolución se le notificó personalmente, el licenciado Morales Rodríguez no ha cumplido con nuestra orden.

l-H

Según el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, “[e]l abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Por lo tanto, procede la suspensión inmediata de un miembro de la profesión legal cuando desatiende nues-tras órdenes y se muestra indiferente ante nuestros aperci-bimientos de sanciones disciplinarias. In re Santaliz Martell, 194 DPR 911, 924 (2016); In re García Incera, 177 DPR 329, 331 (2009). Lo anterior, porque dicha conducta constituye un serio agravio a la autoridad de este Foro y es contraria a lo requerido por el Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra. In re García Incera, supra.

Además, hemos expresado que incumplir con nuestros requerimientos es una falta independiente de los méritos de la queja presentada en contra del abogado o de la abogada. In re García Incera, supra.

Apliquemos este marco legal a los hechos ante nuestra consideración.

III

Surge claramente de los hechos reseñados que el licen-ciado Morales Rodríguez ha hecho caso omiso a nuestros requerimientos, aun bajo apercibimiento de sanciones seve-ras, como la suspensión del ejercicio de la profesión. No po-demos tolerar esta conducta que denota una falta de diligen-cia y respeto hacia este foro y su facultad disciplinaria.

En vista de lo anterior, se decreta la suspensión inme-diata e indefinida del licenciado Morales Rodríguez del ejer-cicio de la abogacía y la notaría. Así pues, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados, e informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Asimismo, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del licenciado Morales Rodríguez y entregar-los al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este foro. Notifíquese personalmente al licenciado Morales Rodríguez esta opi-nión “per curiam” y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Rubie M. Alicea Martínez, querellada.

      Números: AB-2014-109
    AB-2014-426

      Resueltos: 22 de junio de 2016

      Enid Sandra Calderón y Juan Peña Colón, querellantes.
   per curiam:

Nos vemos forzados a ordenar la suspensión indefinida de un miembro de la profesión legal por hacer caso omiso a los requerimientos de este Tribunal.

I

La Leda. Rubie M. Alicea Martínez fue admitida al ejer-cicio de la abogacía el 29 de agosto de 2006. El 31 de marzo de 2014, la Sra. Enid Sandra Calderón presentó la queja AB-2014-109 contra la licenciada Alicea Martínez. El 1 de mayo de 2014 y el 29 de agosto de 2014, la entonces Sub-secretaría de este Tribunal, Leda. Camelia Montilla Alvarado, cursó comunicaciones a la licenciada Alicea Martínez concediéndole 10 días para contestar la queja en su contra. Ante su incomparecencia, el 18 de noviembre de 2015 emi-timos una resolución concediéndole un término final de 5 días para contestar la queja. Le apercibimos que su incum-plimiento podría conllevar sanciones disciplinarias severas, inclusive la suspensión del ejercicio de la profesión. A pesar de que la resolución se le notificó personalmente, la licen-ciada Alicea Martínez no ha cumplido con nuestra orden.

Por otro lado, el 27 de octubre de 2014 el Sr. Juan Peña Colón presentó la queja AB-2014-426 contra la licenciada Alicea Martínez. El 1 de diciembre de 2014, la entonces Sub-secretaría le envió una comunicación concediéndole 10 días para contestar la queja presentada en su contra. Posterior-mente, el 16 de julio de 2015 la entonces Secretaria de este Tribunal, Hon. Aida Ileana Oquendo Graulau, le cursó una segunda notificación requiriéndole que contestara la queja en 10 días. Al no recibir contestación, emitimos una Resolu-ción el 29 de septiembre de 2015 y le concedimos a la licen-ciada Alicea Martínez un término final e improrrogable de 5 días para que presentara su contestación. Le apercibimos que su incumplimiento podría conllevar sanciones discipli-narias severas, inclusive la suspensión al ejercicio de la profesión. La resolución se le notificó personalmente. Al pre-sente, la licenciada tampoco ha contestado esta queja.

HH J—I

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, requiere que los abogados y las abogadas ob-serven ante los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. En consecuencia, hemos reiterado que un miembro de la profesión legal infringe el Canon 9 y pro-cede su suspensión del ejercicio de la profesión cuando des-atiende nuestras órdenes y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de sanciones disciplinarias. In re Santaliz Martell, 194 DPR 911, 924 (2016); In re García Incera, 177 DPR 329, 331 (2009).

Cabe mencionar que los abogados y las abogadas tienen la “ineludible obligación de responder diligente-mente a los requerimientos de este Tribunal, independientemente de los méritos de la queja presentada en su contra”. In re García Incera, supra, pág. 331. Por lo tanto, incumplir con estos, es una falta independiente de los méritos de la queja. Id.

Apliquemos este marco legal a los hechos ante nuestra consideración.

rH HH

Según expuesto previamente, la licenciada Alicea Martí-nez ha incumplido con nuestros requerimientos. A pesar de haber tenido varias oportunidades para contestar las quejas presentadas en su contra y de que se le apercibió que su incumplimiento podría conllevar la suspensión del ejercicio de la profesión, la licenciada ha hecho caso omiso a las ór-denes de este Tribunal. Dicha conducta denota una falta de diligencia y de respeto a la autoridad de este foro.

En vista de lo anterior, se decreta la suspensión inmediata e indefinida de la licenciada Alicea Martínez del ejer-cicio de la abogacía. Así pues, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Asimismo, deberá acreditar a este Tribu nal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia. Notifíquese personalmente a la licenciada Alicea Martínez esta opinión “per curiam” y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión en la que nos enfrentamos a la falta de diligencia de la licenciada Alicea Martínez. En lo pertinente, en una Resolución que emitimos el 16 de septiembre de 2015 ordenamos el archivo de la queja AB-2014-0370 y apercibimos a la licenciada que debía cumplir oportunamente con las órdenes de este Tribunal, ya que futuros incumplimientos podían dar lugar a sanciones disciplinarias.


text:
      In re Yolanda M. Stacholy Ramos, querellada.

      Número: AB-2014-0230

      Resuelto: 24 de junio de 2016

      Martín Santiago Rodríguez, querellante; Yolanda M. Sta-choly Ramos, pro se.

   per curiam:

En esta ocasión nos vemos obligados a ejer-cer nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión legal ante su reiterado incumplimiento con las órdenes y los requerimientos de este Tribunal.

i—I

La Leda. Yolanda M. Stacholy Ramos fue admitida al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1996 y al del notariado el 25 de enero de 2001. El 2 de julio de 2014 se presentó una queja juramentada contra la licenciada Sta-choly Ramos por presuntamente haber desatendido los asuntos confiados a su pericia profesional. El Sr. Martín Santiago Rodríguez presentó la queja y alegó, entre otros asuntos, que la falta de diligencia de la abogada provocó que el Tribunal de Primera Instancia desestimara su demanda.

Recibida la queja, la entonces Secretaria de este Tribunal, Hon. Aida I. Oquendo Graulau, envió una comunicación a la abogada el 29 de julio de 2014 informándole sobre la queja presentada en su contra y solicitándole que presentara su contestación dentro del término de diez días, según lo ordena la Regla 14(c) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. La comunicación se envió a la dirección de la licenciada que consta en el Registro Unico de Abogados y Abogadas (RUA). Sin embargo, el servicio postal de Estados Unidos devolvió esta comunicación. Ante esta situación, la exsubsecretaria de este Tribunal, Leda. Camelia Montilla Alvarado, envió una segunda misiva el 29 de agosto de 2014 en la que requirió a la licenciada Stacholy Ramos que contestara la queja en su contra dentro del término de diez días. Esta segunda misiva, enviada a la misma dirección postal que la primera, también fue devuelta por el correo.

Así las cosas, y ante la incomparecencia de la licenciada, el 9 de julio de 2015 emitimos una Resolución en la que le concedimos un término final de cinco días, a partir de su notificación, para que contestara la queja presentada en su contra. En la Resolución, apercibimos a la licenciada Stacholy Ramos que un nuevo incumplimiento de su parte podría acarrear sanciones severas, incluida la suspensión indefinida de la práctica de la abogacía y la notaría. La resolución se notificó a la dirección informada en RUA y personalmente.

El 15 de julio de 2015, la licenciada Stacholy Ramos compareció a este Tribunal mediante una carta. En su es-crito, señaló que nuestra Resolución se le había entregado a la mano ese día, en la cual figuraba el nombre de otro miembro de la profesión legal. Atendido su señalamiento, el 23 de julio de 2015 notificamos una enmienda nunc pro tune, en la que eliminamos los errores de nuestra Resolución anterior. Una vez recibida nuestra Resolución enmendada, la abogada compareció nuevamente mediante carta de 7 de agosto de 2015 y solicitó un término adicional de diez días para presentar su contestación. El 10 de agosto de 2015, la entonces Secretaria de este Tribunal concedió a la licenciada la prórroga solicitada. Sin embargo, al día de hoy no ha comparecido ante este Tribunal para presentar la contestación a la queja presentada en su contra.

hH H

Cuando un miembro de la profesión legal en Puerto Rico asume una actitud irrespetuosa hacia los tribunales, nos encontramos ante una violación a nuestro Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Según dicha norma, “[e]l abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Id. Hemos establecido que las abogadas y los abogados admiti-dos a la práctica de la profesión, por ser funcionarios y fun-cionarías de este Tribunal, están llamados a respetar, obe-decer y responder diligentemente nuestras órdenes. In re Colón Cordovés, 195 DPR 543 (2016); In re Santiago Rodríguez, 194 DPR 753 (2016). De esta manera, hemos dicho reiteradamente que procede la suspensión inmediata de un miembro de la profesión legal cuando desatiende nuestras órdenes y se muestra indiferente a nuestros apercibimientos de sanciones disciplinarias. In re Santaliz Martell, 194 DPR 911, 914 (2016); In re García Incera, 177 DPR 329, 331 (2009). No cabe duda que dicha conducta constituye un serio agravio a la autoridad de este Foro y es contraria a lo requerido por el Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra. In re García Incera, supra, pág. 331. Además, hemos expresado que incumplir con nuestros requerimientos constituye una falta independiente a los méritos de la queja presen-tada contra el abogado o abogada. Id.

Revisado el marco legal aplicable al caso ante nuestra consideración, pasamos a resolver de conformidad.

I—I h-H ¡-H

Surge de los hechos que hemos recogido en esta Opinión per curiam que la licenciada Stacholy Ramos no ha compa-recido ante este Tribunal para contestar la queja presentada en su contra, a pesar de que se le han concedido múltiples prórrogas y oportunidades para comparecer y cumplir con lo ordenado por nuestro Reglamento. No podemos atribuir la incomparecencia de la abogada a que no ha recibido nuestras comunicaciones. Del expediente surge que ésta tenía conocimiento de nuestra orden final emitida el 23 de julio de 2015 puesto que reaccionó a ella mediante carta para solicitar un término adicional. En las dos misivas que envió la licenciada Stacholy Ramos consta la dirección del apartado postal que ésta tiene registrado en RUA. Como ya hemos establecido, de no ser ésta la dirección actual en la que la licenciada Stacholy Ramos recibe las notificaciones, es su obligación, así como la de todo miembro activo en la profesión legal en Puerto Rico, mantener actualizada su información de contacto en el registro de este Tribunal. Véase Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. In re Colón Cordovés, supra; In re Toro Soto, 181 DPR 654 (2011). Podemos colegir de estos hechos que la licenciada ha hecho caso omiso a nuestros requerimientos, aun bajo apercibimiento de sanciones severas, como la sus-pensión al ejercicio de la profesión. Esta conducta, que de-nota una falta de diligencia y respeto hacia este Foro y su facultad disciplinaria, no debe ser tolerada.

Atendidos los hechos antes reseñados, se decreta la sus-pensión inmediata e indefinida de la licenciada Stacholy Ramos del ejercicio de la abogacía y la notaría. Decretada su suspensión, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándo-los y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por tra-bajos no realizados, así como informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos donde tenga asuntos o causas de acción pendientes. De la misma manera, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial de la licenciada Stacholy Ramos y entregar-los al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Foro. Notifí-quese personalmente a la licenciada Stacholy Ramos esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

       En su misiva aparece como dirección de contacto la misma dirección que la licenciada Stacholy Ramos tiene acreditada en Registro Único de Abogados y Aboga-das (RUA) y a la cual se le enviaron las primeras dos comunicaciones de este Tribunal.


text:
    Alcides Díaz Santiago, recurrido, v. International Textiles Products of Puerto Rico y Tech Products of Puerto Rico, Inc., peticionarios.

      Número: CC-2014-18

      Resuelto: 24 de junio de 2016

      Jessica Altreche Vélez e Ivonne Cruz-Serano, abogadas de la parte peticionaria; Edgardo Santiago Lloréns, de Edgardo Santiago-Lloréns Law Offices, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión debemos expresarnos acerca del efecto que tiene el inicio, la notificación, la tramitación y la reso-lución de una querella ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo sobre el término prescriptivo para solicitar remedios por despido injustificado al tenor de la Ley 80, infra. Luego de examinar los estatutos legales aplicables, resolvemos que la notificación al patrono de que se presentó una querella administrativa por discrimen puede tener el efecto de “interrumpir” el término prescriptivo dispuesto en la Ley 80, infra, si dicha notificación cumple con todos los requisitos de una reclamación extrajudicial efectiva. Sin embargo, aclaramos que el término no quedará “congelado” hasta que finalice el trámite administrativo, puesto que no existe identidad de propósitos entre una reclamación por discrimen ante la Unidad Antidiscrimen y una acción judicial por despido injustificado.

i—I

Los hechos pertinentes del caso se resumen a continuación. El Sr. Alcides Díaz Santiago fue empleado de International Textiles Products of PR h/n/c Tech Products of Puerto Rico Inc. (International) hasta el 18 de junio de 2007, fecha en que fue despedido. El 6 de febrero de 2008, varios meses después de su cesantía, el señor Díaz Santiago presentó una querella ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Unidad Antidiscrimen) en la que adujo que fue despedido discriminatoriamente por su edad, en contravención a la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, conocida como Ley contra el Discrimen en el Empleo, 29 LPRA secs. 146-151 (Ley 100). El 11 de febrero de 2008 se notificó por correo una copia de la querella a International. Luego de varios trámites, la Unidad Antidiscrimen hizo una determinación de “No Causa Probable de discrimen en el empleo bajo la causal de edad” y el 21 de abril de 2010 notificó su determina-ción a las partes.

Así las cosas, el 19 de abril de 2011 el señor Díaz Santiago presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una querella en contra de International por discrimen en el em-pleo al amparo de la Ley 100 y por despido injustificado al tenor de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como la Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa, 29 LPRA secs. 185—185m (Ley 80). Por su parte, International presentó una solicitud de sentencia sumaria parcial, en la que adujo que el trámite ante la Unidad Antidiscrimen no tuvo efecto alguno sobre el término prescriptivo de tres (3) años de la Ley 80. Por ello expuso que, al haber transcurrido más de tres (3) años sin que el término prescriptivo dispuesto en la Ley 80 se interrumpiera, procedía la desestimación de esta reclamación.

Luego de examinar la solicitud de International, así como la oposición del señor Díaz Santiago, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia parcial mediante la cual des-estimó la causa de acción por despido injustificado según la Ley 80 por el fundamento de prescripción. Ante ello, solo quedó pendiente la reclamación por discrimen.

Inconforme, el señor Díaz Santiago presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones en el que alegó que su reclamación por despido injustificado no es-taba prescrita, pues —según adujo— esta no era una recla-mación “separada” a la de discrimen. Examinados los es-critos, el foro apelativo intermedio revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Razonó que la presen-tación de la querella ante la Unidad Antidiscrimen fue su-ficiente para interrumpir y congelar el término prescrip-tivo de la Ley 80 debido a que el despido injustificado es un elemento esencial del despido discriminatorio.

Ahora insatisfecho, International acudió oportuna-mente ante este Foro mediante un recurso de certiorari. Plantea que el Tribunal de Apelaciones erró al concluir que el término prescriptivo de la Ley 80 quedó congelado du-rante el trámite ante la Unidad Antidiscrimen. Tiene razón. Veamos.

II

A. La interrupción de la prescripción

Un término es un plazo de tiempo que una ley concede para ejercer un derecho o realizar un acto procesal. En nuestro ordenamiento, los términos pueden ser de prescripción o de caducidad y la diferencia entre estos es que el término de prescripción se puede interrum-pir, mientras que el de caducidad no. Existen dos clases de prescripción: la prescripción adquisitiva y la prescrip-ción extintiva. Ambas surgen del Art. 1830 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRAsec. 5241, que preceptúa que por prescripción se adquieren o se extinguen los derechos y las acciones.

En esta ocasión nos adentraremos en el tema de la prescripción extintiva. Con la prescripción extintiva lo que se busca es castigar la dejadez en el ejercicio de los derechos, así como prevenir los litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad de las reclamaciones para evitar que una de las partes quede en estado de indefensión. En cuanto a los mecanismos de interrupción de la prescripción, el Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, dispone que los términos prescriptivos quedarán interrumpidos por el ejercicio de la acción ante los tribunales, por reclamación extrajudicial y por cualquier acto de reconocimiento de la obligación por parte del deudor.

Es imperativo señalar que cada mecanismo de interrupción tiene distintos requisitos, características y efec-tos sobre los términos prescriptivos. Ante ello, hemos establecido dos tipos de interrupción: la interrupción simple (también conocida como “interrupción de carácter instantáneo”) y la congelación (interrupción con carácter duradero). Primeramente, la “interrupción” de carácter simple es aquella en la que el acto interruptor inicia un nuevo término prescriptivo que comenzará a computarse in-mediatamente, es decir, desde que ocurre el acto interruptor. Por ejemplo, si una persona tuvo un accidente el 1 de enero de 2015 y pretende reclamar por daños y perjuicios al tenor del Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA see. 5141, le aplicará el término prescriptivo de un (1) año, término que comenzará a computarse desde el día cuando ocurrió el daño. Si el 1 de agosto de 2015 el afectado envió una carta a la persona que provocó su daño, y dicha notificación cumplió con los requisitos de una reclamación extrajudicial, la consecuencia será que el 1 de agosto de 2015 servirá como la nueva fecha de partida para comenzar a computar el nuevo término de un (1) año. En la “congelación”, al igual que en la interrupción simple, el acto interruptor también inicia un nuevo término prescriptivo, sin embargo, este ha-brá de comenzar a computarse en un momento posterior:

En forma especial, la presentación de una “recla-mación judicial” tiene el resultado de interrumpir y congelar el término prescriptivo si la acción se presentó oportuna y eficazmente, de manera que el nuevo término iniciará cuando culmine efectivamente el proceso judicial.

En contraste, una “reclamación extrajudicial” puede manifestarse a través de diversos actos. Por tal ra-zón, esta bien podría provocar una interrupción simple o podría acarrear un efecto congelador sobre el término pres-criptivo que durará hasta que ocurra cierto evento posterior. Una reclamación extrajudicial que interrumpe el término prescriptivo se define como una manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo. Ahora bien, a pesar de que reconocemos que no existen exigencias de forma para realizar una reclamación extrajudicial —ya que esta puede ser escrita o verbal—, hemos expresado reitera-damente que toda reclamación extrajudicial efectiva debe cumplir con los requisitos siguientes: (1) debe ser oportuna; (2) debe presentarla una persona con legitimación; (3) el me-dio utilizado para hacer la reclamación debe ser idóneo, y (4) debe existir identidad entre el derecho reclamado y el afec-tado por la prescripción.

Debido a su naturaleza, las reclamaciones formuladas ante organismos administrativos o internos no caen bajo la clasificación de reclamación judicial, por lo que sus efectos sobre el término prescriptivo se deben examinar a la luz de los requisitos de una reclamación extrajudicial. Sobre esto, además de establecer la posibilidad de interrumpir el término prescriptivo, en Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 354 (2001), expusimos que una gestión ante un foro no judicial puede tener el efecto de congelar el término si “el trámite interno o administrativo guarda identidad de propósitos con la acción judicial, situaciones en las cuales el término queda congelado hasta tanto culmine todo el proceso”. (Enfasis suplido y en el original). La determinación sobre si el término quedó o no congelado durante el trámite administrativo es esencial para determinar si una causa de acción quedó prescrita en los casos como este, en los que una parte presentó una acción ante otro foro.

Por ejemplo, en Matos Molero v. Roche Products, Inc., 132 DPR 470, 488 (1993), extendimos el efecto de congelación de la Ley 100 a las querellas por discrimen presenta-das ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), fundándonos en que la presentación de un cargo ante dicha agencia equivale a una ante la Unidad Antidiscrimen. En Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142, 153-154 (1998), resolvimos que no existía identidad de propósitos entre una acción iniciada ante la Unidad de Tramitación de Quere-llas del Departamento de Educación —que investiga querellas de hostigamiento sexual con el propósito de eliminar el ambiente hostil en el empleo— y la judicial por hostigamiento sexual y discrimen por edad —que tiene el propósito de indemnizar el daño sufrido por el empleado agraviado—. Por tal razón, concluimos que el trámite ad-ministrativo interno del Departamento de Educación no tuvo el efecto de congelar el término prescriptivo de las acciones de hostigamiento sexual y discrimen por edad. De igual forma, en Maldonado v. Russe, supra, págs. 355-356, expresamos que la presentación de una querella ante el Negociado de Normas del Trabajo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no congeló el término pres-criptivo de la Ley 100 debido a que no existe identidad de propósitos entre una acción judicial por discrimen y el pro-cedimiento del Negociado —que solo tiene facultad para investigar reclamaciones por despido injustificado, salarios dejados de pagar, vacaciones y bonos, entre otros asuntos pero no está facultado para investigar alegaciones de discrimen—.

Es esencial mencionar que tanto en Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, supra, como en Maldonado v. Russe, supra, advertimos que, aunque no ocurra la “congelación” del término prescriptivo, la notificación de la querella puede tener el efecto de “interrumpir” el término prescriptivo si esta cumple con todos los requisitos de una reclamación extrajudicial efectiva.

B. Prescripción de las acciones según la Ley 80 y la Ley 100

Repasados estos principios, pasaremos a evaluar la prescripción de las reclamaciones de la Ley 80 y la Ley 100.

Comenzamos por destacar que ambos son estatutos laborales de carácter reparador con múltiples diferencias, tales como los propósitos que persiguen, los remedios que proveen y sus términos prescriptivos. En particular, la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como la Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa, 29 LPRA secs. 185a-185m (Ley 80), se creó para desalentar la inci-dencia de despidos injustificados en Puerto Rico y para proveer remedios justicieros a las personas que son despedidas sin justa causa. Hemos expresado que el empleado que crea tener una reclamación de este tipo podrá acudir al tribunal o al Negociado de Normas del Trabajo del Depar-tamento del Trabajo y Recursos Humanos, ya que este úl-timo tiene facultad para investigar reclamaciones por des-pido injustificado, salarios dejados de pagar, vacaciones y bonos, entre otras reclamaciones. Según surge del Art. 1 de la Ley 80 (29 LPRA sec. 185(a)), esta causa de acción requiere, entre otras condiciones, que se pruebe que el em-pleado fue despedido y que no medió justa causa para el despido. Por su parte, el Art. 12 de la Ley 80 (29 LPRA sec. 185Z), dispone claramente que el término prescriptivo para solicitar remedios al tenor de esta ley es de tres (3) años. Sin embargo, esta ley no expone el modo de interrumpir el término ni los efectos de su interrupción; tampoco men-ciona la posibilidad de que ocurra la congelación del término.

Por otro lado, la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, conocida como la Ley contra el Discrimen en el Empleo, 29 LPRA sees. 146-151 (Ley 100), es uno de los estatutos que sanciona el discrimen en el empleo. En lo pertinente, en su Art. 1 se prohíbe que el patrono despida, suspenda o discri-mine a un empleado por las clasificaciones protegidas allí. Los elementos esenciales para una causa de acción por despido discriminatorio de la Ley 100 son los siguientes: el empleado fue despedido, fue despedido sin justa causa y existe la modalidad del discrimen alegadoj El término prescriptive dispuesto en la Ley 100 es de un (1) año y el empleado que reclame sus beneficios podrá presentar una querella administrativa ante la Unidad Antidiscrimen o iniciar una acción judicial.

El Art. 3 del Reglamento General de la Unidad Antidis-crimen, Reglamento Núm. 6236 de 21 de noviembre de 2000, dispone que la Unidad Antidiscrimen tiene jurisdic-ción para investigar querellas de discrimen al amparo de los estatutos siguientes: (1) Ley 100; (2) Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985 (discrimen por razón de sexo); (3) Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (hostigamiento sexual en el trabajo), y (4) Ley Núm. 53-1992 (que incluye el discrimen por impedimento). Entre otros requisitos, la querella ante la Unidad Antidiscrimen deberá contener lo siguiente: la información del empleado y del querellado, la causa o base del alegado discrimen, una relación sucinta de las actua-ciones supuestamente discriminatorias y el remedio solicitado. Luego de la presentación de la querella, se notificará prontamente una copia de esta a la parte querellada. Finalmente, si la Unidad Antidiscrimen determina que la querella carece de méritos, se expedirá un Aviso de Determinación de No Causa Probable de Discri-men y se notificará a las partes con la advertencia de su derecho a presentar una acción judicial dentro del año siguiente. Es menester señalar que el procedimiento ante la Unidad Antidiscrimen no es adjudicativo, sino puramente investigativo y conciliador, que no tiene el efecto de adjudicar de manera definitiva si hubo o no discrimen. Por ello, el empleado que no haya logrado algún acuerdo con su patrono durante el trámite adminis-trativo deberá acudir al tribunal si desea obtener los reme-dios y la indemnización que provee la Ley 100.

Por su parte, el Art. 5 de la Ley 100 (29 LPRA see. 150) nos ilustra sobre los efectos que provoca el trámite ante la Unidad Antidiscrimen en el término prescriptivo dispuesto en la Ley 100: (1) “el término prescriptivo de un año para iniciar la acción judicial quedará interrumpido al notificár-sele la querella al patrono o querellado, siempre y cuando [la] notificación se efectúe dentro de dicho término prescriptivo” (interrupción simple), y (2) “[d]icho término prescrip-tivo quedará, además, en suspenso o congelado mientras la querella se continúe tramitando en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos [...]”. (Enfasis suplido). También, este Art. 5 dispone que en los demás casos el término prescriptivo se interrumpirá conforme lo establece el Art. 1873 del Código Civil, supra, a saber, por reclamación extrajudicial, por reconocimiento de la deuda o por acción judicial.

C. La interrupción simple del término dispuesto en la Ley 80

Como mencionamos, a diferencia de la Ley 100, la Ley 80 no informa las maneras de interrumpir el término ni los efectos de su interrupción. Tampoco existe disposición al-guna en torno a si el término prescriptivo de la Ley 80 puede quedar congelado. Es por ello que debemos resolver la si-guiente interrogante: ¿qué efecto tiene el inicio, la notifica-ción, la tramitación y la resolución de una querella por dis-crimen ante la Unidad Antidiscrimen sobre el término prescriptivo de una causa de acción por despido injustificado al tenor de la Ley 80? En atención a que la acción ante la Unidad Antidiscrimen no es una acción judicial, procedere-mos a examinar sus efectos a la luz de los preceptos sobre interrupción y congelación extrajudicial.

Primero examinaremos si ocurrió la interrupción del término de la Ley 80. Recapitulando, el requisito sobre identidad que requiere la interrupción no es el mismo que requiere la congelación. Por un lado, la interrupción simple requiere que exista identidad entre derechos (identidad en-tre el derecho reclamado y aquel que se pretende interrumpir), mientras que en la congelación se exige identidad de propósitos entre el proceso iniciado y la acción judicial.

Luego de examinar los requisitos sobre interrup-ción extrajudicial, concluimos que la notificación al patrono de la presentación de una querella por discrimen ante la Unidad Antidiscrimen tendrá el efecto de interrumpir el término prescriptivo de una reclamación por despido injus-tificado dispuesto en la Ley 80 si la notificación de la que-rella cumplió con todos los requisitos de una reclamación extrajudicial efectiva, es decir: (1) si fue oportuna (la recla-mación ocurrió dentro del término prescriptivo de tres (3) años que dispone la Ley 80); (2) si fue realizada por una persona con legitimación; (3) si el medio utilizado fue idó-neo, y finalmente, (4) si existía identidad entre el derecho reclamado y el afectado por la prescripción.

Sobre este último requisito, disponemos que existe identidad entre el despido discriminatorio y una reclamación por despido injustificado, debido a que el despido injustificado es un elemento esencial de la causa de acción por despido discriminatorio. Así, hemos reiterado que para que prospere una reclamación por discrimen el empleado debe haber pro-bado el hecho básico de que fue despedido sin justa causa.

Ahora bien, la identidad de derechos entre el despido discriminatorio y el despido injustificado no opera a la inversa, pues el despido discriminatorio no es un elemento esencial del despido injustificado. Precisamente, así lo expresamos en Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 387 (2001), cuando señalamos que “no todo despido injustificado es discriminatorio a su vez; y, por el contrario, todo despido discriminatorio sí es injustificado”. En consecuencia, la notificación de una reclamación por despido injustificado no tendrá el efecto de interrumpir el término prescriptivo de una reclamación por discrimen, salvo que la notificación haya incluido alegaciones de discrimen. A fin de cuentas, lo importante, al tratarse de una notificación que se examina a la luz de los requisitos de la doctrina de

“interrupción simple”, lo será el contenido del documento notificado a la persona a quien se pretende reclamar y no si el foro donde inició la reclamación aludida tiene jurisdic-ción para atenderla.

D. La congelación del término dispuesto en la Ley 80

Una vez determinada su interrupción, resta resolver cuándo comenzará a transcurrir el nuevo término prescriptivo.

En S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824 (2011), se nos presentó la misma controversia que ahora atendemos respecto a cuál es el efecto de un trámite ante la Unidad Antidiscrimen sobre el término prescriptivo dispuesto en la Ley 80. A pesar de que en dicha ocasión no nos adentramos en la doctrina de congelación, resolvimos sub silentio que el trámite ante la Unidad Antidiscrimen no tuvo el efecto de congelar el término prescriptivo de tres (3) años de una reclamación por Ley 80. Ello, al resolver que la reclamación según esta ley estaba prescrita, a pesar de que el empleado presentó su demanda a los once (11) meses desde que finalizó el trámite ante la Unidad Antidiscrimen.

Como indicamos, en nuestro ordenamiento jurídico, a menos que algún estatuto lo disponga expresamente, la congelación de un término prescriptivo mediante el inicio de un procedimiento administrativo o interno solo ocurrirá en los casos en los que dicho procedimiento guarde identidad de propósitos con la acción judicial. La exigencia de tal identidad de propósitos requiere necesariamente que el foro administrativo concerniente posea facultad en ley para atender la reclamación presentada.

El primer paso para examinar si puede ocurrir la congelación del término prescriptivo que dispone la Ley 80 es examinar si el legislador la contempló. Como hemos reiterado, la Ley 80 no contiene disposición alguna sobre la congelación de su término prescriptivo; tampoco se provee para su congelación en algún otro estatuto. Ante la ausencia de expresión legislativa, debemos analizar si entre los procedimientos aquí estudiados existe la “identidad de propósitos” requerida por la doctrina de congelación. Según surge de los estatutos legales aplicables, la Unidad Antidiscrimen únicamente tiene facultad para investigar las querellas sobre discrimen en el empleo, al tenor de las leyes de discrimen que administra. De ello surge que esta Unidad no tiene jurisdicción para atender una reclamación al amparo de la Ley 80. Tanto es así, que la determinación final de la Unidad Antidiscrimen no contendrá expresión alguna en torno a la existencia o inexistencia de una causa de acción por despido injustificado, ni siquiera en los casos en los que el empleado haya logrado probar que su despido fue inj ustificado.

Luego de analizar los estatutos legales aplica-bles, resolvemos que no existe identidad de propósitos entre una reclamación por discrimen que se investiga ante la Unidad Antidiscrimen y una acción judicial por despido injustificado al amparo de la Ley 80. Por lo tanto, el pro-ceso iniciado ante la Unidad Antidiscrimen no tendrá el efecto de “congelar” el término prescriptivo para solicitar remedios en virtud de la Ley 80. Simplemente no se puede configurar la identidad de propósitos requerida para la doctrina de congelación de los términos prescriptivos cuando el foro en cuestión carece de autoridad para aten-der la causa de acción cuyo término se pretende congelar.

En resumen, las normas sobre la relación entre una acción ante la Unidad Antidiscrimen y el término pres-criptivo de la Ley 80 se disponen a continuación: (1) la noti-ficación al patrono de una querella presentada ante la Uni-dad Antidiscrimen puede tener el efecto de “interrumpir” el término prescriptivo que provee la Ley 80 si esta cumple con todos los requisitos de una reclamación extrajudicial efectiva y (2) de cumplirse con los requisitos dipuestos, dicho término comenzará a transcurrir inmediatamente desde la notificación, pues no existe identidad de propósi-tos entre una reclamación ante la Unidad Antidiscrimen y una acción judicial por despido injustificado.

Valga destacar que con esta decisión no desin-centivamos la tramitación de reclamaciones laborales ante la Unidad Antidiscrimen. Más bien proveemos unas guías claras en cuanto a los efectos que tienen el inicio, la noti-ficación, la tramitación y la resolución de una querella ad-ministrativa sobre los términos prescriptivos de otros esta-tutos laborales. Debido que la Unidad Antidiscrimen solo tiene jurisdicción de naturaleza investigativa sobre alega-ciones de discrimen, orientamos que le corresponderá al empleado efectuar aquellos actos de interrupción de la prescripción que sean suficientes para preservar sus dere-chos sobre los otros estatutos laborales que pretenda reclamar. Dicha obligación de diligencia cobra mayor im-portancia al considerar que la interrupción puede ocurrir en un número ilimitado de ocasiones y que se puede lograr con la sencilla, económica y accesible gestión de enviar una carta a su patrono que cumpla con los requisitos discutidos anteriormente.

En consideración a la facilidad y accesibilidad que nuestro ordenamiento jurídico concede al empleado para que in-terrumpa la prescripción, hallamos que en este caso no existen razones de peso que justifiquen variar los requisitos de nuestra doctrina sobre congelación. Entonces, es a la Rama Legislativa, y no a este Tribunal, a la que le corresponderá disponer si el término prescriptivo de la causa de acción por despido injustificado dispuesto en la Ley 80 podrá quedar congelado durante este trámite no judicial. A su vez, apro-vechamos para señalar la conveniencia de que se esta-blezca un procedimiento en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos que le permita realizar determinacio-nes sobre despido injustificado en los casos en los que el empleado haya probado el elemento base de que ocurrió un despido injustificado, pero que no haya logrado probar que el despido se debió a razones discriminatorias. Esto ten-dría el propósito de facilitar la tramitación de las reclama-ciones laborales.

i—i HH h-H

International aduce que el Tribunal de Apelaciones erró al concluir que la reclamación por despido injustificado del señor Díaz Santiago, al tenor de la Ley 80, no estaba prescrita. Tiene razón.

Primeramente, debemos recordar que en este caso se re-curre de una sentencia parcial que desestimó exclusiva-mente la reclamación por Ley 80. Por ello, no está en con-troversia que el término prescriptivo dispuesto en la Ley 100 quedó debidamente interrumpido y suspendido hasta la finalización del pleito ante la Unidad Antidiscrimen, por vir-tud expresa del Art. 5 de la Ley 100, supra. Ante estos he-chos, nuestro examen sobre interrupción y congelación de la prescripción se limitará a lo relacionado con la Ley 80.

Remitiéndonos a los hechos de este caso, el 18 de junio de 2007 el señor Díaz Santiago fue despedido. El 6 de fe-brero de 2008 presentó una querella ante la Unidad Anti-discrimen y el 11 de febrero de 2008 se notificó la querella a su patrono. El 21 de abril de 2010 la Unidad Antidiscri-men notificó su determinación de no causa por discrimen. Posteriormente, el 19 de abril de 2011 el señor Díaz Santiago presentó una reclamación judicial por despido injus-tificado y discrimen en el empleo. Ante esto, la única forma de concluir que la reclamación del señor Díaz Santiago al amparo de la Ley 80 no estaba prescrita es que resolvamos que su término prescriptivo se interrumpió con la notifica-ción de la querella al patrono y que el término se mantuvo congelado hasta la finalización del procedimiento ante la Unidad Antidiscrimen.

Luego de haber examinado los requisitos sobre inte-rrupción extrajudicial, concluimos que la notificación de la querella por discrimen que el señor Díaz Santiago presentó ante la Unidad Antidiscrimen tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo de la Ley 80, pues dicha notifica-ción cumplió con todos los requisitos de una reclamación extrajudicial efectiva: (1) fue oportuna (el despido ocurrió el 12 de junio de 2007 y la notificación de la querella se efectuó el 11 de febrero de 2008, esto es, dentro del término prescriptivo de tres (3) años dispuesto en la Ley 80); (2) fue realizada por una persona con legitimación (la querella fue presentada por el señor Díaz Santiago y notificada al pa-trono); (3) el medio utilizado fue idóneo (la notificación por correo de la querella tuvo el efecto de informar efectiva-mente a International que se presentó una reclamación la-boral en su contra), y (4) existía identidad entre el derecho reclamado y el afectado por la prescripción (el despido in-justificado es un elemento base de una reclamación por discrimen).

Sin embargo, el término prescriptivo que provee la Ley 80 no quedó “congelado” hasta la finalización del trámite administrativo, debido a que no existe identidad de propósi-tos entre el proceso iniciado ante la Unidad Antidiscrimen —que solo investiga alegaciones de discrimen— y una ac-ción judicial por despido injustificado. Por tal razón, el tér-mino prescriptivo de tres (3) años dispuesto en la Ley 80 comenzó a transcurrir desde que se notificó la querella al patrono, es decir, desde el 11 de febrero de 2008. Dado que el señor Díaz Santiago no realizó algún otro acto para inte-rrumpir el término prescriptivo de su causa de acción al amparo de la Ley 80, esta ya estaba prescrita cuando pre-sentó su reclamación judicial el 19 de abril de 2011. Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver lo contrario.

IV

Por los fundamentos expuestos, revocamos la determi-nación del Tribunal de Apelaciones y ordenamos la deses-timación de la reclamación por despido injustificado pre-sentada al amparo de la Ley 80.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

        Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 676 (2012).

       Íd.

        Bravman, González v. Consejo Titulares, 183 DPR 827, 877 (2011).

        S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831 (2011).

       Por un lado, la interrupción judicial y la extrajudicial surgen a instancias del acreedor, mientras que el reconocimiento de la deuda es el resultado de un acto del deudor.

        Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142, 150 (1998).

       L. Diez-Picazo, La prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, Cap. III, pág. 138; Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 354 (2001); Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, supra, pág. 150.

       Íd.

        Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, supra, pág. 151.

       Véase Maldonado v. Russe, supra, pág. 353.

        Meléndez Guzmán v. Berrios López, 172 DPR 1010, 1020 (2008).

       íd., pág. 1020.

       Diez-Picazo, op. cit., pág. 110.

       En virtud del Worksharing Agreement.

        S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, supra, pág. 835.

       Véase Maldonado v. Russe, supra, pág. 355.

       El Art. 1 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (Ley 100), 29 LPRA see. 146, establece que las clasificaciones protegidas son las siguientes: edad, raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, por ser militar, exmi-litar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o por osten-tar la condición de veterano.

       Véanse: Arts. 1 y 3 de la Ley 100 (29 LPRA secs. 146 y 148); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 387 (2001).

       Art. 5 de la Ley 100 (29 LPRA sec. 150). Véase Matos Molero v. Roche Products, Inc., 132 DPR 470, 477 (1993).

       Reglamento General de la Unidad Antidiscrimen, Reglamento Núm. 6236 de 21 de noviembre de 2000, Art. 5 (Reglamento).

       íd.

       Reglamento, Art. 10.

       Véanse: Reglamento; See. 5 de la Ley Orgánica del Departamento del Tra-bajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, 3 LPRA see. 308; Meléndez Rivera v. CFSE, 195 DPR 300 (2016).

       El Art. 5 de la Ley 100, supra, dispone sobre su prescripción lo siguiente:
      “Cuando se presente una querella por discrimen en el Departamento del Tra-bajo y Recursos Humanos, el término prescriptivo de un año para iniciar la acción judicial quedará interrumpido al notificársele la querella al patrono o querellado, siempre y cuando [la] notificación se efectúe dentro de dicho término prescriptivo. Dicho término prescriptivo quedará, además, en suspenso o congelado mientras la querella se continúe tramitando en el Departamento del Trabajo y Recursos Huma-nos y no se haya notificado al querellado la determinación del Secretario de dicho Departamento sobre la reclamación. Si mientras se está tramitando la reclamación en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el querellante solicita que se le permita retirar la querella o manifiesta que no desea continuar con dicho trámite, el término prescriptivo antes aludido comenzará nuevamente a partir de la fecha en que el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos notifique de su determinación a las partes. En los demás casos, el término prescriptivo se interrumpirá con la recla-mación extrajudicial, con la radicación de la acción judicial correspondiente o por el reconocimiento de la deuda por parte del patrono o de su agente autorizado”.

        El nuevo término comenzará a transcurrir cuando se notifique la determinación del Secretario del Departamento del Trabajo. Véase Meléndez Rivera v. CFSE, supra.

        Maldonado v. Russe, supra, pág. 353.

       Véase Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 391. En Díaz establecimos una variante en el esquema probatorio para las reclamaciones que se instan al am-paro de la Ley 100 y la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 LPRA secs. 185a-185m), Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa (Ley 80), conjuntamente. Además, aclaramos que los tribunales podrán conceder remedios al tenor de la Ley 80 en los casos en los que se probó que el despido fue injustificado, pero que no se logró probar el elemento de discrimen.

       La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un tribunal o un orga-nismo administrativo para considerar y decidir los casos que se someten ante su consideración. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012). Cónsono con lo enunciado, hemos resuelto que aquella actuación administrativa que no obedezca el poder que se le confirió mediante legislación debe ser catalogada como ultra vires. Íd., pág. 13.

       Véase Reglamento, Art. 10.

       Véase Muñoz v. Ten General, 167 DPR 297, 302 (2006).