author: El Juez Presidente Señor Hernández Denton Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Adaline Torres Santiago, recurrida; Procurador General de Puerto Rico, amicus curiae.

      Número: CC-2007-0847

      Resuelto: 8 de diciembre de 2008

      César López Cintrón, fiscal especial independiente, parte pe-ticionaria; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Sarah Y. Rosado Morales, procuradora general auxi-liar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, amicii curiae.

   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia ante nos requiere que examinemos la ley que creó el cargo del Fiscal Especial Independiente (F.E.I.). Éste tiene la encomienda de investigar y procesar criminalmente aquellos actos indebidos atribuidos a altos funcionarios gubernamentales. En particular, debemos de-terminar si el Panel del F.E.I. puede actuar válidamente con tan sólo dos miembros en propiedad, tras surgir una vacante por la renuncia de uno de sus tres integrantes. Tras analizar detenidamente el asunto, respondemos la in-terrogante en la afirmativa, siempre que se cumpla con el requisito de mayoría dispuesto por el estatuto para las de-cisiones de este organismo.

I

Los hechos del caso de autos no están en controversia. Las Comisiones de Asuntos del Consumidor y de Infraes-tructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizaron una investigación en torno a ciertas tarifas fija-das por la Administración Metropolitana de Autobuses (A.M.A.). Durante el transcurso de la investigación surgió información a los efectos de que un grupo de personas con impedimentos físicos, usuarios del programa Llame y Viaje de la A.M.A., no pudieron asistir a deponer a las vistas públicas y oponerse al aumento en las tarifas. Ello a pesar de haber reservado los servicios de transportación de este programa. Según la información recibida por ambas comi-siones legislativas, sus reservaciones fueron borradas del sistema computarizado, razón por la cual no se les proveyó el servicio. Tras requerir la comparecencia de la Sra. Ada-line Torres Santiago —entonces Presidenta de la A.M.A.— a una vista pública, ésta alegó desconocer el incidente y negó haber dado órdenes para cancelar el servicio.

No obstante, las comisiones recibieron prueba oral y do-cumental tendiente a establecer que fue la señora Torres Santiago quien alegadamente ordenó cancelar las reservaciones. Por esta razón, la Cámara de Representan-tes refirió el asunto al Departamento de Justicia. De igual forma, el entonces Secretario de la Gobernación, Hon. Aní-bal José Torres, presentó ante el Departamento de Justicia una querella contra la señora Torres Santiago. En la que-rella, el Secretario de la Gobernación alegó que la funcio-naría posiblemente incurrió en actos ilegales mientras se desempeñaba como Presidenta y Gerente General de la A.M.A.

Luego de la investigación correspondiente, el Secretario de Justicia, Hon. Roberto J. Sánchez Ramos, refirió el caso a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Indepen-diente (Panel). Según el criterio del Secretario de Justicia, la señora Torres Santiago pudo haber incurrido en los de-litos de alteración o mutilación de propiedad y perjurio. Arts. 260 y 274 del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Código Penal), respectivamente, 33 L.P.R.A. sees. 4888 y 4902. Tras recibir el referido del Se-cretario de Justicia, el Panel decidió, por unanimidad, nombrar como Fiscal Especial Independiente al Ledo. Cé-sar López Cintrón para que investigara y analizara la evi-dencia recopilada sobre la querella presentada contra la señora Torres Santiago. Al momento de hacer esta desig-nación, el Panel sólo estaba constituido por dos de sus tres miembros; a saber, los Ledos. Ricardo Negrón Rodríguez y Juan Ortiz Tórrales. El tercer puesto estaba vacante.

Sin embargo, por entender que su designación había sido realizada por un Panel ilegalmente constituido, el li-cenciado López Cintrón decidió devolver el expediente a la Directora Ejecutiva de la Oficina del Panel para que lo custodiara. A esos efectos, en agosto de 2006 el licenciado López Cintrón le comunicó su decisión a la señora Torres Santiago. En su comunicación, explicó que, luego de recibir la designación para investigar el caso, el Secretario de la Cámara de Representantes le informó oficialmente al Go-bernador de Puerto Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá, que los nombramientos de los licenciados Negrón Rodríguez y Ortiz Tórrales, como miembros del Panel, habían sido recha-zados por la Cámara de Representantes el 22 de junio de 2006.

Posteriormente, durante el receso de la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, el Gobernador nombró a la' Leda. Elba Rodríguez Fuentes, al Ledo. Manuel Díaz Morales y a la Leda. Gloria Iagrossi Brenes como nuevos miembros del Panel. El Gobernador no hizo ningún nom-bramiento para los puestos de miembros alternos. No obs-tante, el 24 de agosto de 2006 la licenciada Iagrossi Brenes renunció a su puesto, creando así una vacante.

Tras la renuncia de la licenciada Iagrossi Brenes, el Panel —integrado sólo por dos miembros, los licenciados Ro-dríguez Fuentes y Díaz Morales— decidió de manera uná-nime designar nuevamente al licenciado López Cintrón como F.E.I. para investigar el caso de la señora Torres Santiago. Tras la designación, la representación legal de la señora Torres Santiago envió una carta al F.E.I. En ésta adujo que el Panel no actuó conforme a derecho al desig-narlo, pues no estaba debidamente constituido. No obs-tante, el F.E.I negó esa alegación y declinó rechazar su designación. De esta forma, se reinició la investigación contra la señora Torres Santiago, la cual culminó con la presentación de un cargo por el delito de alteración o mu-tilación de propiedad y otro por perjurio. Arts. 260 y 274 del Código Penal, supra.

Así las cosas, luego de determinarse que existía causa probable para el arresto de la señora Torres Santiago y señalarse la fecha para la vista preliminar, la defensa de la señora Torres Santiago presentó una moción de desestimación. En ésta, adujo que el F.E.I. carecía de auto-ridad en ley para presentar los cargos, debido a que había sido designado por un Panel de sólo dos miembros, no con-firmados por la Asamblea Legislativa. Luego de evaluar los argumentos de las partes, el foro de instancia declaró “no ha lugar” la moción de desestimación.

Inconforme con la determinación del tribunal de instan-cia, la señora Torres Santiago recurrió ante el Tribunal de Apelaciones y le imputó al foro primario haber errado al denegar su solicitud de desestimación por falta de jurisdic-ción del F.E.I. A esos efectos, alegó nuevamente que el Panel que designó como F.E.I. al licenciado López Cintrón para investigar la querella presentada en su contra no es-taba debidamente constituido ni confirmado por la Asam-blea Legislativa. En cuanto a la falta de confirmación, adujo que ello representaba una situación de conflicto de interés para los miembros del Panel, ya que la investiga-ción que dio paso a los cargos en su contra se inició en la Cámara de Representantes. Este cuerpo, a su vez, debía pasar juicio sobre las nominaciones al Panel hechas por el Gobernador.

El Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen emitido por el tribunal de instancia. El foro apelativo determinó que la decisión y el proceso de evaluar, dirimir y realizar el nombramiento del F.E.I. le correspondía a un panel consti-tuido por tres miembros y no dos como ocurrió en el caso de autos. Ese tribunal concluyó que el hecho de que la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, conocida como la Ley del F.E.I., 3 L.P.R.A. sec. 99h et seq., provea para el nombra-miento de dos miembros alternos del Panel es señal de la intención del legislador de que siempre el Panel esté cons-tituido por el número de miembros establecidos en el estatuto. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones re-solvió que para que el Panel pueda ejercer sus funciones debe estar integrado por tres miembros.

De esa determinación recurre ante nos el Ministerio Pú-blico, representado por el F.E.I. Aduce, en esencia, que erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que el Panel no estaba debidamente constituido al emitir la resolución, mediante la cual se designó al licenciado López Cintrón como F.E.I. en este caso. La señora Torres Santiago tam-bién compareció oportunamente y reiteró los argumentos esbozados ante el Tribunal de Apelaciones.

Por su parte, el Procurador General solicitó intervenir como amigo de la corte, a lo que accedimos. En su compa-recencia, el Procurador General resaltó el alto interés pú-blico que reviste la controversia y adujo que para cumplir con el requisito de mayoría dispuesto por la ley para la toma de decisiones por parte del Panel, no es necesario que cuente con la totalidad de sus miembros. Según su criterio, basta con la concurrencia de más del cincuenta por ciento de los miembros participantes; es decir, una mayoría simple.

Examinado el recurso, expedimos el auto. Con el bene-ficio de la comparecencia de las partes, así como la del Procurador General en calidad de amicus curiae, procede-mos a resolver.

II

La Ley Núm. 2, supra, creó la figura del F.E.I. con el propósito de prevenir, erradicar y penalizar cualquier comportamiento delictivo o indebido de los funcionarios gubernamentales, a fin de restaurar la confianza del Pueblo en su gobierno y en sus servidores públicos. En conformidad con la Ley Núm. 2, supra, el F.E.I. tiene la encomienda de acudir a los tribunales de justicia, en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para instar las acciones criminales que procedan como resultado de las investigaciones que realice sobre los asuntos ante su consideración. 3 L.P.R.A. sec. 99j.

De igual forma, la Ley Núm. 2, supra, estableció un Panel compuesto por tres miembros ex jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal de Apelaciones o del Tribunal de Primera Instancia, quienes deben ser nombrados por el Go-bernador con el consejo y consentimiento del Senado y la Cámara de Representantes. 3 L.P.R.A. .sec. 99q. El Panel tiene a su cargo la supervisión del F.E.I., quien será el res-ponsable de encausar criminalmente a los funcionarios gu-bernamentales cubiertos por la Ley Núm. 2, supra.

Según esta ley, los funcionarios cubiertos por el estatuto son: (1) el Gobernador; (2) los Secretarios y Subsecretarios de Departamentos del Gobierno; (3) los jefes y subjefes de agencias; (4) los Directores Ejecutivos de las corporaciones públicas; (5) los alcaldes; (6) los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; (7) los asesores y ayudantes del Gobernador; (8) los jueces, y (9) todo individuo que haya ocupado cualesquiera de los cargos enumerados, a quien se le impute la comisión de cualquier delito grave, y menos grave incluido en la misma transacción o evento, y los delitos contra los derechos civiles, la función pública y el erario, mientras ocupaba uno de los cargos mencionados. Lo anterior está sujeto a que la designación del F.E.I. se haga en los cuatro años siguientes a la fecha cuando el funcionario investigado cesó en su cargo. 3 L.P.R.A. sec. 99k.

La facultad que la Ley Núm. 2, supra, concede al F.E.I. para procesar criminalmente a funcionarios gubernamentales es excepcional, ya que el Secretario de Justicia no comparecerá como representante legal del Pueblo de Puerto Rico para instar la causa penal a través de los fiscales del Departamento de Justicia. Como es sabido, el Secretario de Justicia es el funcionario encargado de promover el cumplimiento y la ejecución de las leyes, así como de investigar y encausar cualquier violación a las leyes penales. 3 L.P.R.A. see. 292. El objetivo del mecanismo establecido en la Ley Núm. 2, supra, es que la investigación y el procesamiento de funcionarios públicos se conduzca según criterios objetivos e imparciales, sin que medien favoritismos ni persecuciones por razones partidistas. Véase Pueblo v. Rexach Benitez, 130 D.P.R. 273, 295 (1992).

En conformidad con la Ley Núm. 2, supra, el Secretario de Justicia realizará una investigación preliminar en todo caso en que reciba información bajo juramento que, a su juicio, constituya una causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito incluido en el estatuto por alguno de los funcionarios gubernamentales cubiertos por la Ley Núm. 2, supra. El Secretario deberá completar la investigación preliminar en un término prorrogable de noventa días. 3 L.P.R.A. sec. 99o. Una vez el Secretario haya concluido dicha investigación, éste remitirá un informe y el expediente del caso al Panel. Ello independientemente de que su recomendación sea que no se designe un F.E.I. 3 L.P.R.A. sec. 99k.

Luego de recibir el expediente del caso y el informe del Secretario de Justicia, corresponde al Panel determinar si procede o no la designación de un F.E.I. 3 L.P.R.A. sec. 99r. Asimismo, será el F.E.I. quien, luego de la correspondiente designación, estará a cargo de la investigación y determi-nará si deben presentarse denuncias contra el funcionario investigado. Como expresáramos, el F.E.I. tendrá jurisdic-ción exclusiva para investigar y procesar aquellas acciones penales contenidas en la encomienda que se le asigne. 3 L.P.R.A. sec. 99t.

Sobre la composición del panel, la Ley Núm. 2, supra, dispone que el Gobernador designará, con el consejo y consentimiento de la mayoría del total de los miembros que componen el Senado y la Cámara de Representantes, un panel integrado por tres miembros en propiedad con experiencia en el campo del derecho penal. Estos serán seleccionados entre los ex jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal de Apelaciones o del Tribunal de Primera Instancia. El Gobernador también designará de igual forma a dos miembros alternos que formarán parte del panel en caso de inhibición o de alguna otra circunstancia que le impida a cualquier miembro en propiedad desempe-ñar sus funciones. 3 L.P.R.A. sec. 99p. Cabe destacar que la Ley Núm. 2, supra, dispone que las decisiones del Panel se tomarán por mayoría, sin establecer un requisito específico de quorum.

III

En el caso de autos, el Tribunal de Apelaciones deter-minó que el Panel que designó un F.E.I. para investigar la querella presentada contra la señora Torres Santiago no estaba debidamente constituido. Ello, porque al momento de hacer la designación, existía una vacante en ese Panel. En efecto, ante la renuncia de la licenciada Iagrossi Bre-nes, la designación del licenciado López Cintrón como F.E.I. fue hecha por los licenciados Díaz Morales y Rodrí-guez Fuentes, quienes tomaron esa determinación de forma unánime. Por ello, debemos determinar si la desig-nación cumplió con el requisito de mayoría establecido en la Ley Núm. 2, supra, para esas determinaciones y si erró el foro apelativo al concluir que el Panel debe estar inte-grado por sus tres miembros para poder ejercer sus funciones. Veamos.

Como es sabido, al interpretar un estatuto el foro judicial debe remitirse al texto de la ley, pues cuando el legislador se ha expresado de manera clara e inequívoca, el texto de la medida es la expresión por excelencia de la intención legislativa. Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460 (2006). El lenguaje empleado por el legislador es siempre decisivo. E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de la leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, T. I, pág. 267. Nuestro análisis sobre la Ley Núm. 2, supra, debe, además, enmarcarse en lo que fue el objetivo principal del legislador al aprobarla.

Sobre el particular, es menester señalar que con esta ley el legislador quiso garantizar la absoluta objetivi-dad en las investigaciones contra altos funcionarios del Gobierno. De igual forma, el legislador quiso proveer un foro neutral e independiente para dilucidar supuestos o reales actos indebidos atribuibles a funcionarios gubernamentales. Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 2 (1988 Leyes de Puerto Rico 5-6).

En cuanto a la controversia particular del caso de autos, la Ley Núm. 2, supra, no establece un requisito de quorum para que el Panel pueda tomar sus determinaciones. Por el contrario, el único requisito establecido en dicho estatuto es que las decisiones sean tomadas por mayoría. En su comparecencia, el F.E.I. sugiere que —en vista de que la ley no es específica— interpretemos que la exigencia de mayoría, se trata de un requisito de mayoría simple. Esto en oposición a los otros tipos de mayoría; a saber, la abso-luta y la extraordinaria. Según su razonamiento, al ser el Panel un cuerpo colegiado compuesto por tres miembros, la mayoría la constituyen dos de sus integrantes. Argumenta, pues, que ese sería el número de votos necesarios para la validez de las determinaciones del Panel.

Examinados los argumentos presentados, creemos que —en efecto— si el legislador hubiese querido establecer un requisito adicional al requisito de mayoría para las decisiones del Panel, como lo sería exigir un quorum mínimo, así lo pudo haber dispuesto al aprobar la Ley Núm. 2, supra. De hecho, resulta pertinente destacar que el legislador ha hecho este tipo de precisión (incluyendo un requisito del quorum mínimo) al aprobar las leyes orgánicas de otros organismos gubernamentales colegiados.

Ejemplo de lo anterior son la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), la Comisión de Relacio-nes del Trabajo del Servicio Público, la Junta de Planifica-ción, la Comisión Apelativa de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH) y la Comisión de Servicio Público, cuyas leyes orgánicas establecen expresa-mente cuál es el quorum necesario para sus acuerdos. En el caso de la CIPA, su ley orgánica dispone que constitui-rán quorum para tomar acuerdos tres de los cinco comisio-nados que componen el organismo. 1 L.P.R.A. see. 173. En cuanto a la Comisión de Relaciones del Trabajo, la cuál se compone de un Presidente y dos miembros asociados, el requisito de quorum para sus determinaciones son dos de sus miembros. 3 L.P.R.A. sec. 1452r. Por su parte, la Ley Orgánica de la Junta de Planificación establece como re-quisito de quorum la presencia de la mayoría de los miem-bros de la Junta o de una sala. 23 L.P.R.A. sec. 62h.

De igual forma, el legislador dispuso expresamente que constituirán quorum para las determinaciones de CA-SARH dos de sus tres miembros. 3 L.P.R.A. sec. 1468f. Así también, al crear la Comisión de Servicio Público, la Asam-blea Legislativa se expresó en términos específicos en cuanto al requisito de quorum para las determinaciones de dicha agencia. Sobre el particular, la Ley del Servicio Pú-blico establece que constituirán quorum, para una sesión de la Comisión en pleno, tres miembros. Cuando la Comi-sión está dividida en salas constituirán quorum dos de los comisionados. 27 L.P.R.A. see. 1053.

No obstante, en otras ocasiones, como ocurre en el caso de autos, el legislador ha establecido un requisito de ma-yoría sin hacer referencia a requisito de quorum alguno. Ejemplo de ello es la Junta de Calidad Ambiental, cuya ley orgánica se limita a disponer que sus acuerdos o determi-naciones se tomarán con el voto afirmativo de la mayoría de sus miembros. 12 L.P.R.A. sec. 8002a. De igual forma, la Ley Orgánica de la Junta de Libertad bajo Palabra dispone que los acuerdos de la Junta deben ser adoptados por mayoría. 4 L.P.R.A. see. 1501. Ninguna de estas leyes establece un requisito de quorum para los organismos en cuestión, por lo que sus decisiones son válidas siempre y cuando cumplan con el requisito de mayoría dispuesto en su ley orgánica.

A modo comparativo, en la jurisdicción federal el Tribunal Supremo de Estados Unidos se enfrentó a una contro-versia muy similar a la de autos en FTC v. Flottil Products, Inc., 389 U.S. 179 (1967). En dicho caso, la Comisión Federal de Comercio (F.T.C., por sus siglas en inglés) en vota-ción de dos a uno, emitió una orden de cese y desista contra una corporación. En la deliberación sólo participaron tres de los cinco comisionados del F.T.C., debido al retiro de los otros dos comisionados antes de que la agencia emitiera la decisión.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito revocó la orden emitida por la F.T.C., al concluir que tal decisión era inválida, ya que no contó con la concurrencia de al menos tres comisionados. No obs-tante, el Tribunal Supremo federal revocó esa determinación. El Máximo Foro federal fundamentó su de-cisión en una antigua norma del common law que esta-blece que, en ausencia de una disposición estatutaria sobre el quorum mínimo requerido, es suficiente la concurrencia de una mayoría simple de los miembros de un cuerpo cole-giado para que este cuerpo pueda actuar válidamente. Véase FTC v. Flotill Products, Inc., supra.

Esta norma ha sido reiterada por los tribunales federales. Así, a modo de ejemplo, en Assure Competitive Transp., Inc. v. United States, 629 F.2d 467 (7mo Cir. 1980), se validó una decisión de la Comisión de Comercio Interestatal tomada con la participación de sólo cinco de sus once miembros. La Corte de Apelaciones para el Sép-timo Circuito fundamentó su determinación en la decisión tomada por el Tribunal Supremo federal en FTC v. Flotill Products, Inc., supra, yen la antigua norma del common law allí acogida. De igual forma, en Ho Chong Tsao v. Immigration and Naturalization Service, 538 F.2d 667 (5to Cir. 1976), la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito validó una orden de deportación emitida por la Junta Apelativa de Inmigración, a pesar de las ale-gaciones del peticionario de que la decisión era inválida por haber sido tomada por sólo tres de los cinco miembros de la junta. La corte determinó que una mayoría simple de los miembros de la Junta estaba autorizada a actuar en nombre del organismo gubernamental.

Varios tribunales estatales en Estados Unidos también han seguido y citado con aprobación la referida norma. En Levinson v. Bd. of Chiropractic Exam., 560 A.2d 403 (1989), la Corte Suprema de Connecticut validó la decisión de la Junta Examinadora de Quiroprácticos de ese estado de suspenderle la licencia a dos quiroprácticos por con-ducta impropia. Fundamentándose en la norma de FTC v. Flotill Products, Inc., supra, el máximo foro judicial del estado de Connecticut concluyó que dos miembros de la Junta constituían la mayoría requerida y que éstos tenían la autoridad para actuar en nombre del organismo com-puesto por tres miembros. Igual curso de acción han se-guido las cortes supremas y de apelaciones de otros estados.

Ciertamente, la antigua norma del common law utili-zada por los tribunales federales y los tribunales de varios estados para resolver controversias similares a ésta es equiparable a la norma de interpretación estatutaria que, en esencia, postula que si la letra de la ley es clara, debe ser respetada por ser la mejor expresión de la intención legislativa. En este caso, si el legislador se limitó a reque-rir que las decisiones sean tomadas por mayoría —pu-diendo haber incluido un requisito de quorum mínimo, como ha hecho en otros estatutos orgánicos de organismos colegiados— debemos interpretar que su intención fue es-tablecer dicho criterio como el único requisito para tomar tales determinaciones y que, por lo tanto, no fue su inten-ción requerir la presencia de todos los miembros del Panel para que éste pueda actuar válidamente.

Si bien la Ley Núm. 2, supra, provee para el nombramiento de dos miembros altemos, de forma que éstos se integren al Panel en caso de que cualquier miembro en propiedad se tenga que inhibir o por cualquier otra circunstancia no pueda desempeñar sus funciones, el estatuto no contempla situaciones en que surjan vacantes en el Panel, como ocurrió en el caso de autos. Por ello, acoger la interpretación del Tribunal de Apelaciones de que la disposición es señal de la intención del legislador de que el Panel siempre estuviese constituido por tres miembros para poder actuar válidamente, no sería cónsono con la letra de la ley, ni con la política pública establecida por la Asamblea Legislativa de asegurar un foro neutral que dilucide posi-bles actos delictivos de funcionarios públicos. Además, su-pondría un requisito adicional para la validez de las deci-siones del Panel no contemplado en la ley.

A la luz de lo anterior, concluimos que la determinación de designar al licenciado López Cintrón como F.E.I para investigar la querella presentada contra la señora Torres Santiago fue una decisión válida que cumplió con el requi-sito de mayoría establecido en la Ley Núm. 2, supra. De esta forma rechazamos el argumento esbozado por la peti-cionaria a los efectos de que la vacante surgida en el Panel, tras la renuncia de la licenciada Iagrossi Brenes, privó a dicho cuerpo de autoridad para actuar sobre el referido he-cho en su contra por el Secretario de Justicia.

Resolver de otra forma tendría el efecto de privar al organismo de toda autoridad cuando ocurra un impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo para llenar cualquier vacante surgida en el Panel. Ello, a pesar de la política pública que motivó la aprobación de la Ley Núm. 2, supra, y la clara intención legislativa de crear un foro neutral e independiente para dilucidar supuestos actos indebidos atribuibles a funcionarios públicos y, además, proveerle a funcionarios honestos un medio efectivo para preservar su integridad y reputación. Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 2, supra.

IV

En vista de todo lo anterior, se revoca el dictamen emi-tido en este caso por el Tribunal de Apelaciones y se de-vuelve el caso al foro de instancia para que continúe con los trámites ulteriores conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió con una opinión escrita.

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Disiento de la decisión que hoy anuncia este Tribunal por entender que es errónea al obviar el texto claro de la ley que creó la Oficina del Panel del Fiscal Especial Inde-pendiente (Panel). Este error irremediablemente aboca al Tribunal a su desafuero.

Está ante la consideración de este Tribunal si es válida la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) por un Panel constituido por dos miembros en propiedad y un puesto vacante. La ponencia responde a esta interro-gante en la afirmativa tras concluir que, ante la ausencia de un requisito de quorum en la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988 (3 L.P.R.A. sec. 99h et seq.) (Ley Núm. 2), sólo se requiere que la designación de un FEI esté avalada por la mayoría. Como consecuencia, rechaza que se re-quiera la presencia de todos los miembros del Panel para que éste pueda actuar válidamente. Por otra parte, afirma que la disposición de ley que provee para el nombramiento de dos miembros alternos no aplica al caso de puestos va-cantes, sino que se limita a situaciones en que un miembro en propiedad esté impedido de participar. Se advierte en la opinión que un resultado contrario privaría al Panel de autoridad ante un impasse en nombramientos entre el Eje-cutivo y el Legislativo.

Lo cierto es que la mayoría soslaya el verdadero pro-blema que encierra este caso, a saber: si en efecto hay un Panel del FEI válidamente constituido, lo que es un pro-blema de interpretación estatutaria sobre cómo éste se constituye. Por las razones que paso a detallar, soy del cri-terio que, evaluada pausadamente la ley que crea la Ofi-cina del Panel del FEI, así como las expresiones del legis-lador al aprobarla, la conclusión jurídica tiene que ser que la ley exige que el Panel del FEI esté integrado por la to-talidad de sus miembros al momento de tomar sus determinaciones.

I

La correcta solución de la controversia que nos convoca requiere que ejerzamos nuestra función interpretativa. Al así proceder, recordamos que nuestra función en este tenor es la de interpretar el estatuto como un ente armónico, confiriéndole a sus disposiciones un sentido lógico y su-pliendo deficiencias cuando ello sea necesario. Ranger American v. Loomis Fargo, 171 D.P.R. 670 (2007); Departamento Hacienda v. Telefónica, 164 D.P.R. 195 (2005). Además, “[los] artículos de una ley deberán interpretarse los unos por los otros, atribuyendo a los dudosos el sentido que resulte del conjunto de todos”. J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 5ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1924, T. I, pág. 78. Debemos asegurarnos siempre que el resultado al que llegamos sea cónsono con el propósito que animó al legislador al aprobar la ley que interpretamos. Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740, 749 (1992).

En este caso, como ya hemos indicado, nos corresponde interpretar las disposiciones relacionadas a la composición del Panel del FEI y el número mínimo de miembros, nece-sario para sostener sus designaciones de los fiscales espe-ciales independientes.

El Artículo 10 de la Ley Núm. 2 (3 L.P.R.A. sec. 99q) dispone, en lo pertinente, como sigue:

(1) El Gobernador de Puerto Rico designará, con el consejo y consentimiento de la mayoría del número total de los miem-bros que componen el Senado y la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un Panel integrado por tres (3) miembros en propiedad con experiencia en el campo de derecho penal, los cuales serán seleccionados de en-tre los ex jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones, o del Tribunal de Primera Instancia. El Gobernador también designará, de la misma forma, de entre los ex jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal de Circuito de Apelaciones o del Tribunal de Primera Instancia dos (2) miembros alternos que formarán parte del Panel en caso de inhibición o de alguna otra circunstancia que impida a cual-quier miembro en propiedad desempeñar sus funciones. Los miembros en propiedad designarán de entre ellos un presi-dente del Panel.
(5) Las decisiones del Panel se tomarán por mayoría. (Én-fasis nuestro.)

Somos del criterio que de este lenguaje se desprende con claridad que la intención del legislador fue idear un Panel constituido por tres miembros. De ahí que la ley ordene que el Panel esté “integrado por tres (3) miembros en propiedad”. (Énfasis nuestro.) Por “integración” debemos entender la “[c]onstitución de un todo reuniendo sus partes”. M. Ossorio Florit, Diccionario de ciencias jurídi-cas, políticas y sociales, 30ma ed., Buenos Aires, Ed. He-liasta, 2004, pág. 501. Véase, además, Real Academia Es-pañola, Diccionario esencial de la lengua española, Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 2006, pág. 833 (integrar: “1. Dicho de las partes: Constituir un todo ... 2. Hacer que al-guien o algo pase a formar parte de un todo”, (énfasis nuestro)). Es decir, los tres ex jueces que se nombran pasan a formar parte de un todo y ese todo es el Panel. La mayo-ría del Panel, entonces, es quien toma las determinaciones del cuerpo. Véase 3 L.P.R.A. sec. 99q(5).

A ello abona también la disposición de la ley que esta-blece que el Gobernador deberá nombrar a dos miembros alternos para formar parte del Panel en casos de inhibición o de alguna otra circunstancia que impida a uno de los miembros en propiedad desempañar sus funciones. Si el Panel pudiese operar con solo dos miembros en propiedad como concluye la mayoría, no era necesario crear la figura del miembro alterno. Esta disposición supone que para operar el Panel del FEI debe estar integrado por tres personas. Una interpretación integrada de las exigencias de la Sec. 99q de la Ley Núm. 2 nos lleva a concluir que la intención legislativa fue que el Panel estuviese siempre in-tegrado por la totalidad de sus miembros al tomar sus determinaciones. En vista de ello, somos del criterio que una determinación tomada por un Panel que no esté cons-tituido por tres ex jueces es, necesariamente, inoficiosa.

El historial legislativo de esta ley apunta también en esta dirección. Así, durante la discusión del proyecto de ley que crearía la Oficina del Fiscal Especial Independiente en la Cámara de Representantes, el Representante Sr. José Várela Fernández expresó lo siguiente:

Sr. Varela Fernández: Compañeros miembros de la Cámara de Representantes, está ante la consideración del Cuerpo este Proyecto que ha de establecer un panel sobre el Fiscal Especial que habrá de ser un mecanismo eficaz para garantizar la objetividad en las investigaciones de los altos funcionarios del Gobierno de Puerto Rico. Históricamente nuestro pueblo se ha distinguido porque sus reidores públicos siempre se distin-guen por su honradez, por su integridad. En ocasiones este historial ha sido mancado por servidores inescrupulosos, y esto, claro está, afecta la imagen de los servidores públicos. A través de este Proyecto estamos creando un panel nombrado por el Gobernador de Puerto Rico y constituido por tres exjue-ces del Tribunal Supremo, o del Tribunal Superior, y confirma-dos por la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico por la mayoría de sus miembros. Sesión de la Cámara de Representantes de 29 de enero de 1998 sobre el sustitutivo del P. del S. 931, lOma Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordina-ria, pág. 36.

Las expresiones del Representante Várela Fernández son indicativas de que el legislador siempre ideó al Panel como un cuerpo constituido por tres miembros. Nada en la discusión de este proyecto permite concluir lo contrario.

Según lo anterior, soy del criterio que procede confirmar la determinación del Tribunal de Apelaciones que concluyó que al momento cuando los miembros del Panel designaron un fiscal especial independiente para atender el referido hecho por el Departamento de Justicia respecto la con-ducta de la peticionaria, el Panel no se encontraba debida-mente constituido, por lo cual no tenía vida jurídica y su determinación era ineficaz. Ello no quiere decir, que una vez constituido conforme ordena la ley, el Secretario de Justicia pueda referirle nuevamente el caso de la peticio-naria a ese cuerpo para que éste descargue su encomienda según entienda corresponda.

So color de validar la política pública que encarna la Ley Núm. 2, supra, el Tribunal se adentra en lo que describe como un impasse político. Es decir, un problema político-partidista para enmendar la Ley Núm. 2, modificando sus requerimientos sobre cómo se conforma el Panel del FEI. No podemos avalar con nuestro voto esta enmienda a la Ley Núm. 2.

No hay duda de que una disputa político-partidista en-tre la Rama Ejecutiva y la Asamblea Legislativa provocó que no se confirmaran los nombramientos remitidos por el Gobernador para formar parte del Panel del FEI. A ese insensato proceder se le suma hoy la irreflexiva determi-nación de una mayoría de este Tribunal.

       Es menester destacar la diferencia entre los términos mayoría y quorum. Por un lado, el concepto mayoría es un término utilizado comúnmente en el procedi-miento parlamentario para referirse a la cantidad de personas requeridas a favor de algo para su aprobación. En términos muy sencillos, mayoría es más de la mitad. R.B. Bothwell, Manual de Procedimiento Parlamentario, 2da ed., San Juan, Ed. U.P.R., 1994, pág. 6. Por otro lado, quorum se refiere a la cantidad mínima de per-sonas presentes en una reunión para que ésta sea válida y legal. Véase C.E. Carrión, Manual Sencillo de Reglas Parlamentarias, 2da ed., San Juan, Pubs. Puertorrique-ñas, 2000, pág. 41. De igual forma, el profesor Bothwell opina que el quorum es el número mínimo de miembros presentes en la asamblea exigido para que pueda ha-blarse a nombre de la totalidad o pueda expresarse oficialmente. R.B. Bothwell, op. cit., págs. 10-11. En resumen, quórum se refiere al número de personas requeridas para que un cuerpo colegiado pueda reunirse a deliberar válidamente, mientras que “mayoría” se refiere al número de votos necesarios para que una decisión sea válida.

       A modo ilustrativo, este Tribunal, el cual funciona como un cuerpo colegiado, al enfrentarse con la pregunta de si tiene jurisdicción para resolver un caso, aun cuando su composición sea menor a la dispuesta en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, resolvió en la afirmativa. En Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 392 (1985), el Tribunal determinó que la composición de cinco jueces establecida en nuestra Constitución no es un requisito jurisdiccional para la adjudicación de controversias. Según este precedente, el único requisito para dispo-ner de una controversia por parte de este Tribunal es la concurrencia de la mayoría de los miembros que participen en la decisión. La única excepción es la declaración de inconstitucionalidad de una ley, en cuyo caso la Constitución establece un requi-sito de mayoría absoluta. Al disponer del caso el Tribunal expresó que resolver de otra forma sería dejar a la Rama Judicial a merced de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Véase íd., págs. 394-396.

       Dicha Junta puede funcionar en paneles de tres miembros. En esos casos, los paneles sólo podrán constituirse con la totalidad de sus miembros y sus acuerdos serán adoptados por unanimidad. Véase la Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

       Entre ellos se encuentran los estados de Alaska, Massachusetts, California y Alabama. Véanse: Alaska Federation v. Alaska Utilities, 879 P.2d 1015 (Alaska 1997); Osberg v. Planning Bd. of Sturbridge, 687 N.E.2d 1274 (1997); Stanson v. San Diego Coast Regional Com., 161 Cal. Rptr. 392 (1980); Mann v. Key, 345 So.2d 293 (1977).

       Los hechos de este caso están resumidos en la ponencia suscrita por la mayoría, por lo que es innecesario resumirlos nuevamente.

       La conclusión de la mayoría de los integrantes de este Tribunal nos parece irrazonable. Por un lado, hace superfluo el requerimiento de ley de que el Panel esté integrado por tres ex jueces, pues bastaría que se nombraran sólo dos para que el Panel pueda operar válidamente. Por otro lado, nos preguntamos, ¿si el Panel puede estar integrado solamente por dos ex jueces cuál es mayoría de dos? Recordemos que la ley exige que las determinaciones del Panel se_ tomen por mayoría. ¿O es que en este caso mayoría es sinónimo de unanimidad? Éstas son sólo algunas de las inte-rrogantes que suscita la ponencia que hoy se avala y para las cuales no se ofrece respuesta satisfactoria.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

license: Public Domain

text:
    Puerto Rico Wire Products, Inc., Ace Forming Systems, Inc. y Ace Construction Supplies, Inc., apelante, v. C. Crespo & Asociados, Inc., Carmi Construction Corporation, Miguel E. Crespo, Miguel A. Crespo, Seguros Triple S, Inc. et als., apelados.

      Número: AC-2006-94

      Resuelto: 15 de diciembre de 2008

      Luis López Gómez, abogado de la parte apelante; Sigfredo A. Irizarry Semidei, abogado de la Iglesia Católica Apostólica y Romana en Puerto Rico, Arquidiócesis de San Juan, parte apelada.
   El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión debemos resolver si la desestimación con perjuicio de la demanda por insuficiencia en el diligen-ciamiento del emplazamiento, contra el contratista principal y a favor del dueño de la obra en un litigio por cobro de dinero, constituye un impedimento colateral por sentencia en una reclamación instada por los materialistas contra el dueño de la obra. Concluimos que no.

r — 1

En 1999, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de Puerto Rico, Arquidiócesis de San Juan (Iglesia), suscribió un contrato de ejecución de obra con la Constructora Mar-vie, Inc. (Marvic), para la construcción del proyecto “Parro-quia San Juan de la Cruz”, en la urbanización Los Paseos en Río Piedras. Como parte del desarrollo del proyecto, Marvic contrató los servicios de C. Crespo y Asociados, y de Carmi Construction Corp. Estos, a su vez, pactaron con Puerto Rico Wire Products, Inc., ACE Forming Systems, Inc., y ACE Construction (materialistas o peticionarios) la adquisi-ción de materiales y el arrendamiento del equipo de cons-trucción para la obra.

Tras comenzar la construcción de la obra, Carmi le cursó a la Iglesia una carta en donde le reclamó el pago de $70,029.04, en vista de que Marvic no había satisfecho dicha suma por los trabajos realizados. En el ínterin, Marvic le envió a la Iglesia una factura para el pago de $97,192.35 en concepto de la labor realizada en la obra. Ante tal situa-ción y en vista de la aparente deuda que la Iglesia mante-nía con Marvic, aquélla depositó $97,192.35 en el Tribunal de Primera Instancia.

Así las cosas, la Iglesia supo que Marvic había utilizado el dinero pagado para fines no autorizados. En vista de ello, el 28 de noviembre de 2000, la Iglesia resolvió el con-trato de construcción por incumplimiento y tomó posesión de la obra. Conforme a lo anterior, la Iglesia presentó ante el foro primario una moción para retirar los fondos consig-nados y argüyó que Marvic le debía dinero. El foro prima-rio declaró “ha lugar” la moción.

Posteriormente, Carmi no les pagó a los materialistas los cánones pactados para el arrendamiento de la maqui-naria de construcción. Por ello, el 8 de agosto de 2001, los peticionarios le reclamaron extrajudicialmente a la Iglesia —como dueña de la obra— el importe no satisfecho por dicho subcontratista.

Luego de reclamarle infructuosamente a la Iglesia el importe debido, los materialistas entablaron una demanda para cobro de dinero contra Crespo, Carmi y su compañía aseguradora Seguros Triple S, y la Iglesia, entre otros. En la demanda, los materialistas reclamaron a los deman-dados $96,704.25 adeudados por los materiales adquiridos a crédito y de los equipos de construcción rentados por los subcontratistas para el desarrollo de la obra. En particular, los materialistas adujeron que la Iglesia era la dueña de la obra y que les respondía según el Art. 1489 del Código Civil.

Por su parte, en su contestación a la demanda, la Iglesia expuso que no les adeudaba ningún dinero a los materia-listas debido a que no había suscrito con ellos contrato alguno. En la alternativa, la Iglesia indicó que de ser res-ponsable, su responsabilidad estaba limitada al monto, si alguno, que adeudase a Marvic.

Cabe señalar que el 11 de diciembre de 2002, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia parcial contra Carmi y la condenó a satisfacer $96,704.25 a los materia-listas, más una partida de $5,000 por los honorarios de abogado. Sin embargo, surge del informe de la Conferencia con Antelación al Juicio que tal dictamen no es final y firme debido a un error de forma que no fue corregido por el foro sentenciador. Precisa indicar, además, que el 17 de diciembre de 2005 los peticionarios suscribieron un con-trato de transacción por $19,318.69 con Seguros Triple S, compañía afianzadora de Carmi.

Tras varios incidentes procesales, la Iglesia solicitó la desestimación sumaria de la reclamación incoada en su contra. Fundamentó su solicitud arguyendo que su respon-sabilidad hacia los materialistas estaba limitada a la suma adeudada a Marvic, contratista general de la obra. No obs-tante, la Iglesia señaló que no le adeudaba suma alguna a Marvic, sino que era éste quien le adeudaba dinero, por lo que no era responsable frente a los materialistas. En apoyo a su razonamiento, la Iglesia manifestó que no había otor-gado contrato alguno con los materialistas y que éstos asu-mieron el riesgo de proveer materiales a corporaciones de-dicadas a la construcción.

En atención a lo anterior, los materialistas presentaron una oposición a la solicitud de sentencia sumaria presen-tada por la Iglesia. En esencia, alegaron que no procedía dictar sentencia sumaria a favor de la Iglesia, ya que exis-tía una controversia de hechos, ya que desde el momento en que le reclamaron extrajudicialmente a la Iglesia, ésta le respondía por la cantidad adeudada según el Art. 1489 del Código Civil, supra. Indicaron, además, que cuando la Iglesia resolvió el contrato de construcción suscrito con Marvic, permanecieron en el proyecto los materiales y el equipo de construcción, que no fueron devueltos con pre-mura a pesar de los múltiples requerimientos realizados.

Mientras todo esto sucedía, Marvic presentó una acción de cobro de dinero por la obra realizada y no pagada contra la Iglesia. No obstante, la demanda fue archivada con per-juicio por insuficiencia en el diligenciamiento del emplazamiento. Tal determinación advino final y firme, después que el Tribunal de Apelaciones desestimó el re-curso de apelación presentado por falta de jurisdicción.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por la Iglesia. Inconforme con este dictamen, la Iglesia recurrió ante el Tribunal de Apelaciones y sostuvo que procedía dictar la sentencia sumaria a su favor. Dicho foro revocó y deter-minó que, en el pleito desestimado con perjuicio contra Marvic, se adjudicó que éste no tenía acreencia alguna que reclamar a la Iglesia, por lo que era forzoso concluir que la Iglesia nada debía a los materialistas al amparo del Art. 1489 del Código Civil, supra.

Dicho de otro modo, el foro apelativo intermedio resolvió que la desestimación con perjuicio en el caso instado por Marvic contra la Iglesia constituye impedimento colateral por sentencia en la causa de acción entablada por los ma-terialistas contra la Iglesia. Según lo anterior, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia sumaria a favor de la Igle-sia para desestimar con perjuicio la reclamación instada por los materialistas.

Insatisfechos con tal dictamen, los materialistas acuden ante nos mediante un recurso de apelación y sostienen que el foro apelativo intermedio cometió los errores siguientes:

Cometí [ó] grave error de derecho el Tribunal de Apelaciones al dictar sentencia, mediante la cual desestimfó] y archivfó] con peijuicio la causa de acci[ó]n incoada por las partes de-mandantes contra la (“Iglesia”).
Cometí [ó] grave error de derecho el Tribunal de Apelaciones al dictar sentencia sumaria parcial, obviando el texto claro del Art[í]culo 1489 del C[ó]digo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 4130.
Cometí [ó] grave error de derecho el Tribunal de Apelaciones al dictar sentencia sumaria parcial, existiendo evidente con-troversia de hechos en cuanto a los hechos materiales y perti-nentes del litigio.
Cometí [ó] 668grave error de derecho el Tribunal de Apela-ciones al concluir que dos (2) sentencias previas, dictadas en acciones totalmente ajenas a las partes demandantes-apelan-tes, y en las cuales estas no fueron parte, constituyen un [sic] impedimento colateral insalvable a la causa de acci[ó]n ins-tada en el presente caso. Recurso de apelación, pág. 4.

Antes de que expidiéramos el recurso, el tribunal a quo celebró una vista de conferencia con antelación al juicio. Como resultado de lo anterior y en vista de que el litigio no estaba paralizado, el foro primario dictó sentencia parcial en la que le ordenó a los codemandados Miguel A. Crespo Arroyo, C. Crespo y Carmi Construction pagar $77,385.56 a los materialistas. Respecto a la causa de acción incoada contra la Iglesia, el representante legal de los peticionarios solicitó que se mantuviera en suspenso hasta tanto este Tribunal resolviera el recurso de apelación.

El caso está sometido en los méritos. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, pasamos a resolver la controversia ante nuestra consideración.

II

El Art. 1489 del Código Civil, supra, dispone lo siguiente:

Los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista, no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a aquél cuando se hace la reclamación.

El citado artículo, de origen francés, concede a los obreros y materialistas una acción directa contra el comi-tente o dueño de la obra, en el supuesto de impago por parte del contratista hacia ellos. Ahora bien, esta acción está limitada a la cantidad que el comitente adeude al con-tratista al momento de la reclamación extrajudicial o judicial instada por los materialistas o por los obreros.

En varias ocasiones hemos resuelto que la acción que concede el Art. 1489 del Código Civil, supra, a los materialistas y a los obreros está cimentada en considera-ciones de orden público y de índole moral, para así propi-ciar el pago pronto a éstos y evitar el enriquecimiento in-justo del dueño y del empresario a través del fraude o de la confabulación. En aras de lograr el objetivo del legisla-dor, hemos decretado en innumerables ocasiones que el co-mitente o dueño de la obra se convierte en deudor de los materialistas u obreros desde el mismo instante en que és-tos le reclaman la cantidad adeudada por el contratista de la obra, ya sea mediante reclamación extrajudicial o judicial.

Es menester indicar que la acción reconocida a los ma-terialistas y obreros es una excepción al principio general del derecho de obligaciones plasmado en el Art. 1209 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3374, que dispone, inter alia, que los contratos sólo producen efecto entre lo otorgantes y sus causahabientes. A través del texto legal, el legisla-dor rompió con los tradicionales moldes obligacionales. Consideró que los créditos que ostentaban los materialis-tas y obreros ameritaban una protección especial y categó-rica, que no los dejara a merced del comitente y el contratista.

No obstante, es de rigor señalar que en R. Román & Cía v. J. Negrón Crespo, Inc., 109 D.P.R. 26 (1979), resolvimos —citando a Yagüez— que la acción concedida por el Art. 1489 del Código Civil, supra, no supone una modificación de la relación contractual entre comitente y contratista, y entre éste y los actores, ni su ejercicio implica la creación de una nueva relación sustantiva comitentematerialistas u obreros. Por tal razón, en Armstrong, Etc. v. Inter-Amer. Builders, Inc., 98 D.P.R. 734 (1970), limitamos en dos extremos el derecho que ostentan los materia-listas y obreros contra el comitente, en concepto de trabajo o de materiales suplidos y usados en la obra.

En primer término, y según expresamos, la cuantía de la reclamación de los materialistas u obreros está circunscrita a la cantidad que el comitente le adeude al contratista según el contrato de construcción, al momento en que se hace la reclamación, ya sea extrajudicial o mediante la interposición de demanda En segundo término, el materialista u obrero no adquiere ante el comitente más derechos que los que tenía el contratista. Así, el monto adeudado está sujeto a la liquidación por razón de reajustes o posibles reclamaciones recíprocas que surjan entre el contratista y el comitente en relación con la obra contratada. Es imperativo puntualizar que en Armstrong, Etc. v. Inter-Amer. Builders, Inc., supra, pág. 741, enfatizamos que tales reajustes no incluyen la variación del precio del contrato de construcción por convenio privado entre el contratista y el comitente en peijuicio de los materialistas u obreros.

Al analizar esta disposición legal, debemos tener presente que la acción derivada del Art. 1489 del Código Civil, supra, es una acción directa a favor de los materialistas y obreros, y no se trata de una acción subrogatoria al amparo del Art. 1064 del Código Civil. Así, los materialistas y obreros no tienen que realizar una excusión previa de los bienes del deudor principal como antesala a la acción directa contra el comitente.

Luego de delinear la normativa sobre el contrato de eje-cución de obra, la solución adecuada de esta controversia requiere que analicemos la doctrina de cosa juzgada y su modalidad, el impedimento colateral por sentencia. Esto, con el fin de determinar si la desestimación con perjuicio, en el pleito instado por Marvic contra la Iglesia, constituye un impedimento colateral por sentencia en la acción enta-blada por los materialistas contra la Iglesia.

I — I HH > — !

El Art. 1204 de nuestro Código Civil, consagra la doctrina de cosa juzgada, de raigambre romana, en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

Contra la presunción de que la cosa juzgada es verdad, sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio de revisión.
Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los liti-gantes y la calidad con que lo fueron.
Se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean causáhabientes de los que contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los que establece la indivisibili-dad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigir-las u obligación de satisfacerlas. 31 L.P.R.A. see. 3343.

El ilustre tratadista español Manresa define la doctrina de cosa juzgada como “lo ya resuelto por fallo firme de un Juez o Tribunal competente, y lleva en sí la firmeza de su irrevocabilidad”. El efecto inexorable de la doctrina de cosa juzgada es que la sentencia decretada en un pleito anterior impide que, en un pleito posterior, se litiguen entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que pudieron haberlas sido y adjudicadas con pro-piedad en la acción previa.

En reiteradas ocasiones hemos determinado que la aplicación de la doctrina de cosa juzgada es provechosa y necesaria para la sana administración de la justicia. A través de la doctrina de cosa juzgada, se promueve el interés del Estado en ponerle punto final a los litigios, de manera que éstos no se eternicen y se le dé la debida dignidad a las actuaciones de los tribunales. De otra parte, mediante esta doctrina se protege a los ciudadanos de las molestias y vicisitudes que supone litigar dos veces la misma causa de acción o aquellas que pudieron haberse litigado en esta ocasión. De lo anterior podemos colegir que el propósito de la doctrina de cosa juzgada es “impartirle finalidad a los dictámenes judiciales, de manera que las resoluciones contenidas en éstos concedan certidumbre y certeza a las partes en el litigio”.

En aras de que el litigante pueda invocar exitosamente la defensa de cosa juzgada, es preciso que, entre el caso resuelto por la sentencia y en el caso que se invoca ésta, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, los litigantes y la calidad con que lo fueron. No obstante, en ciertas ocasiones hemos declinado aplicar la defensa de cosa juzgada, aun cuando concurren estos requisitos, para evitar una injusticia o cuando se plantean consideraciones de interés público. Ahora bien, en Parri-lla v. Rodríguez, supra, decretamos que no se favorece la aplicación liberal de excepciones a la doctrina de cosa juz-gada puesto que se puede afectar la finalidad de las con-troversias adjudicadas y, por ende, el buen funcionamiento del sistema judicial.

Por otra parte, hemos reconocido en nuestro acervo jurídico la figura del impedimento colateral por sentencia como una modalidad de la doctrina de cosa juzgada. El impedimento colateral por sentencia “surte efectos cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y [se] determina mediante sentencia válida y final. ... Tal determinación es concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén involucradas causas de acción distintas”. (Énfasis suprimido.) Es decir, el impedimento colateral por sentencia impide que se litigue en un pleito posterior un hecho esencial que fue adjudicado mediante sentencia final en un litigio anterior. No obstante, a diferencia de la doctrina de cosa juzgada, la aplicación de la figura de impedimento colateral por sentencia no exige la identidad de causas. Esto es, que la razón de pedir, plasmada en la demanda, sea la misma en ambos litigios.

Al igual que la doctrina de cosa juzgada, el propósito de la figura del impedimento colateral por sentencia es promover la economía procesal y judicial, y amparar a los ciudadanos del acoso que necesariamente conlleva liti-gar en más de una ocasión hechos ya adjudicados.

En A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, tuvimos la oportunidad de analizar y examinar, la figura del impedimento colateral por sentencia. En esa ocasión expresamos que el impedimento colateral por sentencia se manifiesta en dos modalidades. La modalidad defensiva le permite al demandado argumentar la defensa de impedimento colateral por sentencia para impedir la litigación de un asunto presentado y perdido por el demandante en un pleito anterior frente a otra parte. De otro lado, la modalidad ofensiva es articulada por el demandante en un litigio posterior para impedir que el demandado relitigue los asuntos ya dilucidados y perdidos frente a otra parte. Como se puede apreciar, el denominador común entre ambas modalidades es que la parte afectada por la interposición del impedimento colateral ha litigado y ha perdido el asunto en el pleito anterior.

Como corolario de lo anterior, es inevitable concluir que no procede la interposición de la doctrina de impedimento colateral por sentencia —ya sea en su vertiente ofensiva o defensiva— cuando la parte contra la cual se interpone no ha tenido la oportunidad de litigar previamente el asunto ni ha resultado ser la parte perdidosa en un pleito anterior.

IV

Con estos criterios en mente, pasemos a los méritos de la controversia ante nos. En vista de que los señalamientos de error articulados por los materialistas están íntima-mente relacionados, los discutiremos en conjunto.

Los materialistas sostienen, en síntesis, que el Tribunal de Apelaciones erró al concluir que la desestimación con perjuicio en la acción incoada por Marvic contra la Iglesia constituye un impedimento colateral por sentencia en el litigio instado por ellos contra la Iglesia, puesto que tal desestimación respondió al diligenciamiento tardío del em-plazamiento y no fue una adjudicación en los méritos. Ar-guyen, además, que la desestimación con perjuicio en este pleito no les puede afectar su derecho a reclamar contra la Iglesia al amparo del Art. 1489 del Código Civil, supra, ya que eran parte indispensable en esa acción y no fueron in-cluidos a esos efectos.

Por su parte, la Iglesia arguye en su alegato que el foro apelativo intermedio aplicó correctamente la figura del im-pedimento colateral por sentencia y apoya su posición en la procedencia de la sentencia sumaria presentada. En vista de ello, sostiene que los materialistas no controvirtieron mediante documentos el hecho medular de la controversia ante nos; a saber, que la Iglesia no adeuda cantidad alguna a ellos por los materiales suministrados en la obra. No les asiste la razón. Veamos.

Adviértase, de entrada, que el pleito entablado por Mar-vic contra la Iglesia fue desestimado con perjuicio debido a que el primero no diligenció el emplazamiento a la Iglesia en el término estatutario de seis meses. Claramente, tal desestimación obedeció al mandato de la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil y no fue una adjudicación en los méritos. Es decir, en ese litigio no se adjudicó ni se pasó prueba sobre la reclamación de Marvic contra la Iglesia.

No obstante, el foro apelativo intermedio entendió que en este caso quedó resuelto que la Iglesia nada adeudaba a Marvic. En vista de lo anterior y dado que la reclamación de los materialistas está circunscrita a la cantidad que la Iglesia le adeude a Marvic, concluyó que la determinación en el litigio, constituye un impedimento colateral por sen-tencia en el caso ante nos.

A nuestro juicio, la interpretación del foro apelativo in-termedio es errónea. Como regla general, la adjudicación de un hecho esencial en un pleito anterior constituye un impedimento colateral por sentencia en un pleito posterior en que se trate de litigar tales hechos. No obstante, y se-gún expresamos en el acápite anterior, la doctrina de im-pedimento colateral por sentencia no surtirá efectos cuando la parte contra la cual se ofrece la sentencia previa: (1) no ha tenido la oportunidad de litigar previamente el asunto y (2) no ha resultado ser la parte perdidosa en un litigio anterior.

En este caso, no procede aplicar la doctrina de impedi-mento colateral por sentencia en su modalidad defensiva, contra los materialistas, ya que no están presentes los re-quisitos mencionados. En primer lugar, los materialistas no fueron parte en el pleito entablado por Marvic contra la Iglesia, por lo que no tuvieron la oportunidad de litigar y presentar prueba sobre la procedencia de su acreencia contra la Iglesia. Por lo tanto, la sentencia que la Iglesia ar-guye que constituye un impedimento colateral, no fue una adjudicación en los méritos de la reclamación de los materialistas. Evidentemente, en este caso, no cabe hablar de impedimento colateral por sentencia.

En segundo lugar, tampoco está presente el segundo re-quisito para la aplicación de la doctrina de impedimento colateral. Claramente los materialistas no resultaron ser la parte perdidosa en la causa de acción entablada por Marvic contra la Iglesia. Estos ni siquiera fueron parte en el procedimiento judicial, el cual —como ya dijimos— fue desestimado con perjuicio por el incumplimiento de Marvic con la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Además, debido a la desestimación con perjuicio de este pleito, nunca se determinó si Marvic tenía alguna acreen-cia contra la Iglesia.

Según lo anterior, el caso de autos no supone una reliti-gación de hechos adjudicados y tampoco presenta el riesgo de dos fallos contradictorios. Téngase presente que la ac-ción que el Art. 1489 del Código Civil, supra, les otorga a los materialistas es una medida de protección social y “no podemos frustrar la justicia en nombre de reglas que se originaron con el propósito de facilitar su adminis-tración”.

Finalmente, no podemos suscribir el argumento de la Iglesia a los efectos que procede dictar sentencia sumaria a su favor. La Iglesia incorporó a su solicitud de sentencia sumaria dos declaraciones juradas suscritas por el Ledo. Luis F. Hernández y el Sr. Ornar Santamarina Dorta —participantes activos en la construcción de la parro-quia— quienes dieron fe que ésta no le adeuda suma al-guna a Marvic.

Al examinar el expediente del caso, nos percatamos que existen tres copias de cartas cursadas por los materialistas a la Iglesia, en donde le reclaman el pago de los materiales provistos en la construcción. Por lo tanto, concluimos que existe una controversia sobre hechos esenciales y materia-les, por lo que no procede dictar sentencia sumaria a favor de la Iglesia. Así lo entendió correctamente el foro primario.

V

Por los fundamentos expuestos, se revoca en su totali-dad la determinación del Tribunal de Apelaciones. Devol-vemos este caso al Tribunal de Primera Instancia para que éste celebre una vista en su fondo de naturaleza evidencia- ria y determine si, al momento cuando los materialistas realizaron la reclamación extrajudicial a la Iglesia, ésta adeudaba algún dinero a Marvic y, por ende, a ellos.

       31 L.P.R.A. sec. 4130. El artículo dispone lo siguiente:
      “Los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a aquél cuando se hace la reclamación.”

       Apéndice del Recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, págs. 6-16.

       Apéndice del Recurso de apelación, págs. 26-32. Entre los documentos que acompañó la Iglesia para sustentar la moción de sentencia sumaria se encuentran dos declaraciones juradas suscritas por el Ledo. Luis F. Hernández y el Sr. Ornar Santamarina Dorta, quienes dieron fe que la Iglesia no le adeuda dinero a Marvic. Ambos se desempeñan como participantes activos en la construcción de la parroquia.

       Íd., págs. 33-35.

       Conviene señalar que, luego de analizar detenidamente el expediente del caso, no surge que la sentencia haya sido satisfecha por Carmi.

       El Código Civil francés dispone lo siguiente: “los albañiles, carpinteros, y otros obreros que se hayan empleado en la construcción de un edificio o de otras obras hechas por precio alzado, no tienen una acción contra aquel para el cual se han hecho las obras más que hasta la cantidad por al que éste resulte deudor para con el contratista, en el momento que aquéllos interpongan su acción.” Para una discusión más detallada sobre el origen y la evolución del referido artículo, véanse: R. de Ángel Yagüez, Los créditos derivados del contrato de obra: su protección legal en la legisla-ción civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1969; Q.M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1951, T. XXIV, Vol. II, págs. 157-173.

       Véase Goss, Inc. v. Dycrex Const. & Co., S.E., 141 D.P.R. 342 (1996).

       Véanse: C. Armstrong e Hijos v. Díaz, 95 D.P.R. 819, 824-825 (1968); Amer. Surety Co. v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 452, 455 (1969).

       Véanse: Amer. Surety Co. v. Tribunal Superior, supra; C. Armstrong e Hijos v. Díaz, supra; R. Román & Cía v. J. Negrón Crespo, Inc., 109 D.P.R. 26 (1979); Goss, Inc. v. Dycrex Const. & Co., S.E., supra.

       Véanse, además: Goss, Inc. v. Dycrex Const. & Co., S.E., supra; Román & Cía v. J. Negrón Crespo, Inc., supra.

       En Goss, Inc. v. Dycrex Const. & Co., S.E., supra, resolvimos que el dueño de la obra se convierte en deudor de los materialistas u obreros desde el instante mismo en que éstos le reclaman su acreencia, ya sea mediante una reclamación extrajudicial o judicial.

       Íd.

       Íd.

       31 L.P.R.A. see. 3028. Este artículo dispone lo siguiente: “Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para rea-lizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también im-pugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho.” íd.

       31 L.P.R.A. sec. 3343.

       J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. II, pág. 278.

        Méndez v. Fundación, 165 D.P.R. 253 (2005); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 732-733 (1978); Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 950 (1972).

        Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220 (1961).

        Pérez v. Bauzá, supra; Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 263 (2004).

        Parrilla v. Rodríguez, supra, pág. 268.

       Art. 1204 del Código Civil, supra; Méndez v. Fundación, supra.

       Véanse: Parrilla v. Rodríguez, supra; Pérez v. Bauza, supra; Meléndez v. García, 158 D.P.R. 77 (2002); Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743 (2003); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720 (1978).

        A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753, 762 (1981).

       Véase Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212, 219 (1992). Sobre la identidad de causas, señalamos en A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 765, que en el contexto particular de la doctrina de cosa juzgada y del impedimento colateral por sentencia, tal requisito significa el fundamento capital, es decir, el origen de las acciones o excepciones planteadas y resueltas.

        A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, págs. 758-761.

       ei inciso (b) de la Regla 4.3 dispone lo siguiente: “El emplazamiento será diligenciado en el término de seis (6) meses de haber sido expedido. Dicho término sólo podrá ser prorrogado por un término razonable a discreción del tribunal si el demandante demuestra justa causa para la concesión de la prórroga y solicita la misma dentro del término original. Transcurrido el término original o la prórroga sin que el emplazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá a la parte adora por de-sistida, con perjuicio”. (Enfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. III.

        Millán v. Caribe Motors Corp., 83 D.P.R. 494, 508 (1961).


text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de la Concesión de la Mañana de 24 de Diciembre y los Días 26 y 31 de Diciembre de 2008 y 2 de Enero de 2009.

      Número: EM-2008-08

      Resuelto: 19 de diciembre de 2008
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, ha concedido a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial la mañana del miércoles 24 de diciembre de 2008 sin cargo a vacaciones, y 26 y 31 de diciembre de 2008 y 2 de enero de 2009, libres con cargo a la licencia de vacaciones.

A tales efectos, y según nuestra facultad para reglamen-tar los procedimientos judiciales, disponemos que al com-putar los términos establecidos en las distintas leyes y re-glas aplicables a los procedimientos y trámites judiciales se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388-389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. sees. 72-73) y se considerarán 24, 26 y 31 de diciembre de 2008 y 2 de enero de 2009, como días feriados. Cualquier término que venza miércoles 24 o viernes 26 diciembre de 2008, se extenderá hasta el próximo día laborable, 29 de diciembre de 2008. Cualquier término que venza miércoles 31 de diciembre de 2008 o viernes 2 de enero de 2009, se extenderá hasta lunes 5 de enero de 2009, próximo día laborable.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta resolución.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author:
(.Fdo.) Aida I. Oquendo Graulau
      Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

text:
    Ana Margarita Cintrón Pou, demandada y peticionaria, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: CC-2006-664

      Resuelto: 19 de diciembre de 2008

      Luis F. Pieraldi Cappa, abogado de la parte peticionaria; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Wanda I. Simons García, procuradora general auxiliar, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, parte recurrida.
   SENTENCIA

Nos corresponde resolver si erraron tanto el Tribunal de Apelaciones como el Tribunal de Primera Instancia al efec-tuar el cálculo de lo que le correspondía a la Sra. Ana Margarita Cintrón Pou, por su participación en la comunidad de bienes que tenía constituida con el Estado Libre Aso-ciado (E.L.A.). Por entender que se cometió el error seña-lado, revocamos el dictamen recurrido.

Entendemos que —como cuestión de derecho— el cré-dito que le corresponde a la señora Cintrón Pou debe ser deducido de la cantidad del caudal hereditario correspon-diente al E.L.A. y no del total del producto de la venta del inmueble que las partes poseían en común pro indiviso. Además, resolvemos que el crédito de $2,022.12, que queda al descubierto a favor de la señora Cintrón Pou, no debe ser pagado por el E.L.A., ya que entendemos que el Estado hereda a beneficio de inventario y sólo debe responder hasta donde alcancen los bienes del caudal.

I

La Sra. Ana Margarita Cintrón Pou adquirió un bien inmueble en común pro indiviso con la Sra. María Petro-nila Estrella. Al fallecer intestada la señora Estrella, y sin que le sobreviviera pariente alguno, el E.L.A. fue declarado heredero universal, por lo que advino heredero de la cau-sante en la comunidad. No obstante, luego del falleci-miento de la señora Estrella, la señora Cintrón Pou conti-nuó pagando las mensualidades de una hipoteca que gravaba el bien inmueble. Estos pagos ascendieron a $25,403.21. La señora Cintrón Pou también pagó la canti-dad de $476.26 al CRIM, correspondiente a la contribución municipal sobre la propiedad inmueble.

Por acuerdo de las partes, la propiedad fue vendida por la suma de $85,000 y, luego de saldar la hipoteca, quedó un sobrante y un remanente que totalizan $17,097.23, los cua-les se consignaron en el tribunal. El otro bien que pertene-cía al caudal hereditario era una cuenta de banco, cuyo balance al momento de la muerte de la causante era de $2,369.

El tribunal de instancia determinó que la señora Cin-trón Pou pagó, en concepto de hipoteca, la cantidad de $25,879.47. De igual forma, determinó que este pago era responsabilidad de la señora Cintrón Pou y del E.L.A., en partes iguales, por lo que Cintrón Pou tenía un crédito de $12,939.73. No obstante, al hacer su cálculo matemático para liquidar la comunidad, el foro primario descontó el crédito de la señora Cintrón Pou ($12,939.73) de la totali-dad del sobrante de la venta del inmueble ($17,097.23). El producto de este cómputo ($4,157.75) fue dividido en par-tes iguales.

Como resultado, el tribunal de instancia concluyó que, por su participación en la comunidad, la señora Cintrón Pou tenía el derecho a recibir $15,018.48 y al E.L.A. le correspondía la suma de $2,078.75. En cuanto a la cuenta bancaria, determinó que ésta no formaba parte de la comu-nidad de bienes, por lo que correspondía en su totalidad al Estado. El foro apelativo confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Inconforme con esta determinación, recurre ante nos la señora Cintrón Pou. En su comparecencia, alega que erró el Tribunal de Apelaciones al deducir su crédito del total del sobrante del producto de la venta del inmueble tenido en común pro indiviso, en lugar de dividir este sobrante en partes iguales (según la participación de cada comunero) y luego deducir el crédito de la señora Cintrón Pou de la parte correspondiente al E.L.A. como heredero de la señora Estrella.

II

El Código Civil de Puerto Rico dispone que existe una comunidad de bienes cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. 31 L.P.R.A. see. 1271. En cuanto al concurso de los participan-tes, el Código establece que tanto los beneficios como las cargas serán proporcionales a sus respectivas cuotas. Ade-más, las porciones correspondientes a los comuneros se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario. 31 L.P.R.A. see. 1272.

Por otra parte, todo comunero tendrá el derecho a obli-gar a los demás participantes a contribuir a los gastos de conservación de la cosa o del derecho en común. 31 L.P.R.A. see. 1274. No obstante, ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier momento que se divida la cosa común. 31 L.P.R.A. see. 1279. Serán aplicables a la división de la comunidad, las reglas relativas a la división de la herencia. 31 L.P.R.A. see. 1285.

Conforme a las normas citadas del Código Civil, del so-brante de la venta del bien sujeto al régimen de la comu-nidad de bienes ($17,097.23) le corresponde a la señora Cintrón Pou un 50%. Es decir, de los $17,097.23, le corres-ponden $8,548.61, y los restantes $8,548.61 forman parte del caudal relicto de doña María Petronila Estrella. Dicha cantidad, sumada a los $2,369 correspondientes a los fon-dos depositados en una cuenta bancaria a la muerte de ésta, totalizan $10,917.61. No estando en controversia el hecho de que la señora Cintrón Pou tiene un crédito por $12,939.73, correspondiente a lo pagado por ella para amortizar la hipoteca que gravaba la propiedad, ésta toda-vía tendría a su favor un crédito de $2,022.12.

Entendemos que dicho crédito no debe ser pagado por el E.L.A., porque el Estado hereda a beneficio de inventario y sólo debe responder hasta donde alcancen los bienes del caudal. Veamos.

III

Si bien nuestro Código Civil guarda total silencio sobre esta materia, siguiendo las claras disposiciones del Código Civil español, la doctrina puertorriqueña sostiene que, por no poder repudiar la herencia que recibe en su condición de servidor de la comunidad, el E.L.A. hereda a beneficio de inventario. Véase E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. U.P.R., 2005, Vol. 1, pág. 78. Coincidimos con ese criterio.

Según el profesor González Tejera, el beneficio de inven-tario a favor del Estado está implícito en la naturaleza misma del llamamiento. González Tejera, op. cit. Debemos recordar que, por mandato de ley, el Estado sólo entra en escena para heredar, cuando los bienes quedan vacantes por la ausencia de herederos forzosos o voluntarios. Por ello estamos de acuerdo con este autor, quien afirma en su obra que en un supuesto análogo al caso de autos, en donde cuando se plantea la responsabilidad del Estado por las deudas del causante en exceso del valor del caudal relicto, no debe imponerse una responsabilidad ultra vires al Gobierno. González Tejera, op. cit., pág. 79. Esto es, el Es-tado no debe —a cargo de la comunidad— responder por deudas que el causante no hubiese podido satisfacer.

En vista de todo lo anterior, concluimos que el E.L.A. no debe responder por el balance no satisfecho de $2,022.12 en favor de la señora Cintrón Pou.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la senten-cia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez disintió con una opinión escrita. La Jueza Rodríguez Rodríguez no intervino.

(.Fdo.) Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

Sin mayores contenciones, este recurso nos plantea sen-cillamente una acción de división de comunidad de bienes. Mediante la sentencia que certifica la Mayoría, y contravi-niendo los principios aplicables a la liquidación de una co-munidad de bienes, resuelve que corresponde en primer lugar dividir de inmediato la cosa común, adjudicando a cada comunero su haber, y posteriormente, tomar en con-sideración los activos y pasivos existentes, como el cobro de créditos. Además, aprovechamos la coyuntura de este caso para expresar nuestra postura en relación a la naturaleza jurídica de la sucesión a favor del Estado. Por discrepar de los pronunciamientos de la Mayoría, respetuosamente disentimos.

I

En 1999, la Sra. Ana Margarita Cintrón Pou y la Sra. María P. Estrella Peña adquirieron en comunidad una pro-piedad ubicada en la urbanización Constancia de Ponce. La participación sobre el bien inmueble era del cincuenta por ciento cada una. El pago de la hipoteca que gravaba la propiedad fue asumida conjuntamente, con un balance original de $69,400.

En enero de 2001, la señora Estrella Peña falleció intes-tada y sin herederos. Así, mediante una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, el 27 de enero de 2003 se declaró al Estado como único y universal heredero de la causante, señora Estrella Peña. El caudal hereditario de la señora Estrella Peña se componía de la propiedad poseída en común con la señora Cintrón Pou y una cuenta de banco, cuyo balance a la muerte de la causante era de $2,369.

El 22 de enero de 2003, la señora Cintrón Pou solicitó ante el Tribunal de Primera Instancia la división de la comunidad de bienes habida entre ella y el Estado respecto a la propiedad mencionada. Además, la demandante re-clamó un crédito por la cantidad de $25,403.21, correspon-dientes a los pagos realizados por ella para el pago del préstamo hipotecario contraído en comunidad, así como la cantidad de $476.26 por el pago de contribuciones sobre la propiedad.

El 27 de diciembre de 2004, la propiedad se vendió por la cantidad de $85,000. El producto de la venta, luego de saldado el préstamo hipotecario fue de $17,097.23. Dicha cantidad fue consignada en el tribunal, en lo que se diluci-daba la reclamación de la señora Cintrón Pou.

Atendida la solicitud de la señora Cintrón Pou, el Tribunal de Primera Instancia, a la luz del Art. 327 del Código Civil, determinó que tanto la señora Cintrón Pou como el Estado estaban obligados a asumir por partes iguales la obligación hipotecaria que gravaba el inmueble vendido, así como los pagos por las contribuciones al CRIM. Ha-biendo la señora Cintrón Pou efectuado la totalidad de los pagos, ascendente a $25,879.47, dicho foro determinó que surgía a su favor un crédito de $12,939.73.

Este crédito fue descontado de la cantidad de $17,097.23 consignada en el tribunal, y el sobrante de $4,157.50 fue, a su vez, dividido entre los comuneros para adjudicar la cantidad de $2,078.75 a la señora Cintrón Pou y $2,078.75 al Estado, como sucesor de la señora Estrella Peña. De este modo, el foro primario le otorgó a la señora Cintrón Pou la cantidad de $15,018.48 y la cantidad de $2,078.75 al Estado.

En lo que respecta a la cuenta bancaria, el tribunal re-solvió que ésta no formaba parte de la comunidad de bie-nes que existió entre la causante y la señora Cintrón Pou, por lo cual determinó que esas sumas le correspondían al Estado en calidad de único y universal heredero de la se-ñora Estrella Peña.

Inconforme con esa determinación, la señora Cintrón Pou acudió ante el Tribunal de Apelaciones, el cual con-firmó la sentencia recurrida.

En el recurso ante nos, la señora Cintrón Pou aduce que, antes de descontar el crédito correspondiente al pago de la hipoteca, crédito sobre el cual no existe controversia, el foro primario debió adjudicarle la mitad del sobrante de la venta de la propiedad que poseían en comunidad —es decir, $8,548.61— y posteriormente, además de dicha can-tidad, el correspondiente crédito de $12,939.73, prove-niente de los pagos de la hipoteca. De este modo, reclamó que el total que se le debía adjudicar era de $21,488.34. Toda vez que dicha cantidad excedía lo obtenido como so-brante en la venta de la propiedad que tenían en común, la señora Cintrón Pou señaló que era acreedora de todos los activos del caudal relicto de la señora Estrella Peña, es decir, $19,466.23.

Finalmente, es la postura de la señora Cintrón Pou que, en vista de que aún se le adeudaba la cantidad de $2,022.11, el Estado debe responder por el pago de la refe-rida suma de dinero. En la alternativa, adujo que de en-tenderse que el Estado hereda a beneficio de inventario, su reclamo se extendería únicamente hasta donde alcancen los bienes del caudal relicto de la causante.

II

La Mayoría parte de la premisa de que los foros inferio-res erraron al descontar el crédito de la aquí peticionaria señora Cintrón Pou, de la totalidad del producto sobrante de la venta del inmueble, para luego adjudicar las cantida-des correspondientes a las cuotas de cada comunera. Es decir, que el crédito por los pagos de la hipoteca en exceso, realizados por la señora Cintrón Pou, debe ser descontado del caudal hereditario de la causante y no del producto de la venta del bien inmueble en común.

Disentimos por dos razones. En primer lugar, entende-mos que la operación matemática que hoy avala la Mayoría adolece del error de mezclar dos operaciones particionales, la partición de una comunidad de bienes y la partición de una comunidad hereditaria. Es decir, la división del bien comunitario y la adjudicación de una de esas mitades in-mediatamente al caudal de la causante, es anticipada ya que se realiza sin completar la liquidación de su relación como comunera con la señora Cintrón Pou. Es principio fundamental que el sobrante o el remanente es lo que debe formar parte del activo de la herencia, pues no se puede entender liquidado un bien en comunidad con la mera división de éste. La liquidación de la comunidad de bienes habida entre ambas es independiente a la división de la herencia de la causante. Por esta razón entendemos que fue correcto liquidar la comunidad, en la cual participaba la sucesión, antes de adjudicar lo correspondiente al Es-tado como heredero único y universal.

III

En nuestra jurisdicción, la comunidad de bienes está reglamentada por los contratos que las crean, las disposi-ciones especiales aplicables y, a falta de éstos, por lo dis-puesto en los Arts. 326-340 del Código Civil.

Conforme a estos postulados existe una comunidad de bienes cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece de modo pro indiviso a varias personas. Es decir, se trata de una situación en que dos o más personas son titulares de un mismo derecho, o cuando un derecho o conjunto de derechos están atribuidos a una pluralidad de sujetos, correspondiéndoles en común. El tipo de comu-nidad que regula nuestro ordenamiento es la llamada condominium iuris romani, en la que cada comunero es dueño de una cuota ideal o alícuota de la cosa.

Según el Art. 327 de nuestro Código Civil, la participa-ción de los comuneros en la administración de la cosa te-nida en común, así como su parte en el activo y pasivo, será proporcional a sus respectivas cuotas. Se presume que dichas cuotas son iguales mientras no se pruebe lo contrario. El artículo establece la correlación entre los beneficios y las cargas en la cuota de la propiedad. Como parte de lo que constituyen los beneficios, se entiende que cada comunero tiene el derecho al uso y a los frutos del bien comunitario en proporción a su cuota.

Las cargas son aquellas que recaen sobre la propiedad en general, como pueden ser los gastos de conservación, de administración, los impuestos y, en general, todo lo que se derive del funcionamiento de la propiedad del objeto o derecho. Los beneficios y las cargas surgen según el de-recho de propiedad de cada uno de los copropietarios sobre la cosa común.

En lo que respecta al uso del bien común, nuestro Có-digo Civil dispone: “[c]ada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho.’ Ello así, pues mientras subsista la comuni-dad, ninguno de los comuneros puede hacer gestión alguna que perjudique los intereses de aquéllos.

Los comuneros deben proteger de buena fe el bien co-mún, máxime cuando dicho bien se encuentra de facto, bajo el control y la administración exclusiva de uno de ellos. Así lo exige la naturaleza de la relación de una comunidad en liquidación, pues llegado el momento de la división, habrá que entregar lo que, por derecho, corresponda a cada comunero.

Respetando tales postulados es que cada uno de los co-propietarios tiene el derecho de realizar los actos de con-servación de la cosa. Esta distinción es esencial, toda vez que, según dispuesto en nuestro Código Civil, cual-quier conumero tiene el derecho a obligar a los demás a contribuir a los gastos de conservación de la cosa o derecho común y sólo podrá eximirse de esta obligación el que re-nuncie a la parte que le pertenece en su dominio. Tal facultad, concedida al comunero que anticipa el pago de las expensas necesarias para preservar el haber común, tiene necesariamente que medirse en proporción con sus respec-tivas cuotas.

Ahora bien, ¿qué constituye un gasto de conservación? El concepto “gastos de conservación” es susceptible de va-rios matices y grados. Es preciso circunscribirlo y conside-rar aquellos gastos necesarios e indispensables para la conservación de la cosa en buen estado y en forma idónea de forma tal que sirva para su destino. Esencialmente son actos dirigidos a mantener la utilidad y productividad de la cosa común y procurar que ésta permanezca al servi-cio del destino al que está afectada. Del mismo modo, “actos de conservación” implica efectuar gestiones necesa-rias para que la cosa en común no se deteriore ni perezca. A modo de ejemplo podemos mencionar, entre otros, los gastos por reparación de los daños causados por fuerza mayor o por terceros a la propiedad, los gastos para prevenir un daño inminente o predecible, los daños produ-cidos por causas que existían con anterioridad en la propie-dad y los gastos por reconstrucción de la cosa. Por el con-trario, no pueden considerarse incluidos en el concepto de gastos necesarios de conservación los realizados para au-mentar el disfrute o rendimiento de la cosa común.

En cuanto a la división de la cosa común, ésta puede tener lugar en cualquier momento, a petición de cualquiera de los comuneros, ya que ninguno de éstos está obligado a permanecer en la comunidad. Por disposición expresa contenida en nuestro Código Civil, las relaciones jurídicas entre los copropietarios se liquidarán mediante la técnica jurídica de la partición hereditaria. Es decir, para las operaciones de liquidación de la comunidad de bienes, se recurre supletoriamente a las disposiciones concernientes a la división de la comunidad hereditaria.

La partición no será otra cosa que la separación, divi-sión y repartición de los bienes y derechos que componen la comunidad de bienes una vez liquidada. El contenido o el objeto de la partición exige reconocer los bienes, los dere-chos y las obligaciones, es decir, los activos y los pasivos. Ésta cumple una doble finalidad; de una parte, liquidar el caudal comunitario, rebajando de su importe las deudas y las cargas, y de otra parte, hacer cesar la indivisión. Tanto la liquidación de la comunidad de bienes como la liquidación de una comunidad hereditaria, comprenden to-das las operaciones necesarias para determinar la existen-cia e identificación de los bienes que componen el haber común, para luego proceder a su división. De ordinario, dicho trámite requiere que se realice un inventario de to-dos los activos (bienes y derechos) y pasivos (obligaciones y cargas) y el avalúo de éstos.

A esta cantidad o valor final, a ser dividido, se llega después de deducir y adjudicar los créditos correspondien-tes a cada uno. Sólo así, una vez pagadas las deudas, cargas y obligaciones de la comunidad de bienes, se proce-derá a la liquidación adjudicando el remanente a cada comunero. Es decir, conforme al irrefutable principio “antes pagar que heredar”, una liquidación del caudal co-mún o del caudal hereditario exige que, previo a dividirse y adjudicarse su parte a sus correspondientes comuneros, se proceda al cobro de créditos, el pago de deudas y, una vez efectuado y determinado el saldo partible, se proceda a la división y adjudicación de los bienes del haber sobrante entre los partícipes. Esta adjudicación final se realiza en función de sus respectivas participaciones.

Acorde con lo anterior, nos corresponde determinar si los cálculos que efectúo el Tribunal de Primera Instancia y que fueron confirmados por el Tribunal de Apelaciones son correctos.

No existe controversia en que, ante el fallecimiento de la señora Estrella Peña ab intestato y sin herederos, el Es-tado, como heredero único y universal, se convirtió en pro-pietario de la participación del 50% sobre la propiedad que la causante poseía en común pro indiviso con la señora Cintrón Pou. A su vez, la señora Cintrón Pou continuó pa-gando la hipoteca que gravaba el inmueble, así como el pago de contribución sobre la propiedad inmueble. Los pa-gos efectuados totalizaron la cantidad de $25,879.47. Las sentencias de los foros recurridos determinaron que siendo la participación sobre el bien inmueble de cincuenta por-ciento para ambas partes, la mitad de esos pagos le corres-pondía a la señora Cintrón Pou y la otra mitad al Estado. De este modo quedó establecido su derecho a reclamar el crédito correspondiente.

En el escrito ante nos, la señora Cintrón Pou planteó que el tribunal debió, antes de descontarle el crédito ascen-dente a la mitad de lo pagado por ella, dividir el producto de la venta del bien común, adjudicándosele a ambas par-tes el cincuenta por ciento. Entendemos que el error seña-lado no se cometió.

Como hemos discutido, la liquidación del bien común conlleva el cobro de créditos, el pago de deudas y, posterior-mente, la división y adjudicación de los bienes del haber sobrante entre los partícipes. Por ende, el foro recurrido, conforme a derecho, procedió a saldar el préstamo hipote-cario que gravaba el bien inmueble, descontó el crédito de la causante y el sobrante se dividió y adjudicó entre el Es-tado y la señora Cintrón Pou. Ello se efectuó conforme a su participación en el bien inmueble, es decir, por mitad.

Es preciso señalar que nuestro análisis en ningún mo-mento omite determinar, en primer lugar, la cantidad que representa la cuota de cada comunero. No obstante, en este caso, el crédito por la hipoteca no es un derecho a repetir contra el caudal relicto. La hipoteca es un gravamen que recae sobre la totalidad del bien inmueble. Esto, a su vez, desde su constitución se convirtió en una de las obligacio-nes asumidas por cada una de las partes. Conforme a los principios aplicables a la liquidación de la comunidad de bienes, el dinero que produjo la venta del inmueble bas-taba para saldar el crédito reclamado por la señora Cin-trón Pou. Esa cantidad fue descontada de la parte corres-pondiente al Estado y adjudicada a ésta. Una vez pagado, no restaba crédito alguno pendiente que exigiese adjudi-carse como un pasivo de la herencia para ser pagado a la señora Cintrón Pou.

Por lo tanto, concluimos que la participación de la se-ñora Cintrón Pou en la comunidad no se extiende más allá del crédito por $12,939.73 mencionado y la mitad del so-brante de la venta de la propiedad poseída en común y pro indiviso con el Estado, es decir, $2,078.75. Por los funda-mentos expuestos, entendemos que era procedente confir-mar las sentencias recurridas.

IV

Finalmente, nos resta aún expresar nuestro criterio so-bre la naturaleza jurídica de la sucesión del Estado y la limitación de su responsabilidad que declara la opinión mayoritaria.

Como indica el Art. 912 de nuestro Código Civil, “[a] falta de personas que tengan derecho de heredar, heredará el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, destinándose los bienes al Fondo de la Universidad”. (Enfasis suplido.) Sub-siguientemente, nuestro Código Civil establece que, para que el Estado pueda apoderarse de los bienes hereditarios, es necesario que preceda una declaración judicial de here-dero a su favor, adjudicándole los bienes vacantes.

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 876 de nuestro Có-digo Civil, fue establecida una delación legal a favor del Estado, mediante el cual éste se considera un heredero de índole privatista.

La Mayoría justificó la limitación de la responsabilidad del Estado y resolvió que éste tiene el deber de completar o compensar únicamente hasta donde alcancen los bienes re-cibidos, por heredar en beneficio de inventario. Entende-mos que tal conclusión establecida por fíat judicial, no con-sidera que nuestro Código Civil no establece que el Estado hereda en beneficio de inventario. Por considerar que la Mayoría incurre en un acto de legislación judicial, en contravención al principio constitucional de separación de poderes disiento una vez más.

En este caso se le exige al Estado que, como cualquier heredero, cumpla con la obligación de satisfacer al comu-nero que pagó en exceso conforme a sus derechos. Sin embargo, cabe preguntarnos si además de sus obligaciones, se le reconoce al Estado la participación en los beneficios de la cosa común.

El Estado, como comunero, tenía también derecho al disfrute del bien inmueble en controversia en un 50%. Ob-viamente, ese uso y disfrute estará limitado a su condición de persona jurídica.

Es por ello que un aspecto a considerar al momento de la liquidación lo era el crédito a favor del Estado por el uso particular y exclusivo en beneficio de una persona natural. Ello como consecuencia lógica y justa, en ausencia de un pacto o una compensación, por el uso exclusivo del bien común.

Anteriormente, fundamentados en criterios de equidad, expresamos que el uso exclusivo del bien común por uno de los comuneros da lugar a un crédito a favor del comunero excluido. Además, precisamos que no se trata de un “mero uso exclusivo”, sino que se trata de una privación sin la aportación correspondiente que a su vez impide a los demás dueños utilizarla.

Por lo tanto, en el caso ante nuestra consideración, el Estado era acreedor de un crédito por los años que la se-ñora Cintrón Pou se benefició de manera exclusiva del uso de la propiedad. El Estado, precisamente por no haberla utilizado y, en ausencia de alguna aportación establecida, no se benefició del bien comunitario.

No podemos perder de perspectiva en nuestras decisio-nes que el Derecho no opera en lo abstracto y que tiene como propósito perseguir el bien para alcanzar la justicia. Por ende, siendo un ejercicio lógico y racional, la división efectuada por los foros inferiores fue correcta en derecho y en justicia.

       31 L.P.R.A sec. 1272.

       17,097.23 sobrante al saldo de la hipoteca + 2,369.00 cantidad de la cuenta bancaria 19,466.23

       31 L.P.R.A. secs. 1271-1285.

       Art. 326 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1271.

        Residentes Sagrado Corazón v. Arsuaga, 160 D.P.R. 289 (2003).

        Díaz v. Aguayo, 162 D.P.R. 801, 808 (2004).

       31 L.P.R.A. sec. 1272.

       I. Sierra Gil de la Cuesta, Comentario del Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000, T. III, pág. 247.

       Íd.

       Íd.

       Art. 328 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1273.

       J. Beltrán de Heredia y Castaño, La comunidad de bienes en el derecho español, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1954, pág. 234.

        González v. Quintana, 145 D.P.R. 463, 473 (1998).

       Beltrán de Heredia y Castaño, op. cit., pág. 245.

       Art. 329 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1274.

        Residentes Sagrado Corazón v. Arsuaga, supra.

       Íd.

       Íd.

       Véase Beltrán de Heredia y Castaño, op.cit., págs. 247-253.

       Art. 334 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1279.

       Art. 340 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1285 (reglas aplicables a la división de la comunidad de bienes):
      “Serán aplicables a la división entre los partícipes en la comunidad, las reglas concernientes a la división de la herencia.” (Énfasis suplido.)

       Art. 340 del Código Civil, supra. Véase, además, Montalván v. Rodríguez, 161 D.P.R. 411 (2004).

       J. Cuevas Segarra y A. Román García, Derecho sucesorio comparado: Puerto Rico y España, San Juan, Pubs. JTS, 2003, pág. 395.

       Proceso para cual el Art. 1017 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2883, dispone que se deducirán de la herencia.

        Montalván v. Rodríguez, supra.

       Íd.

       Cuevas Segarra, op. cit., pág. 418.

       31 L.P.R.A. sec. 2691.

       Art. 913 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2692.

       El Art. 876 de nuestro Código Civil, dispone lo siguiente:

        “A falta de herederos testamentarios, la ley defiere la herencia, según las reglas que se expresarán, a los parientes legítimos y naturales del difunto, al viudo o viuda, y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 31 L.P.R.A. see. 2592.

        Díaz v. Aguayo, supra.

       Íd.


text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de la Concesión del 5 de Enero de 2009 como Día Libre.

      Número: EM-2008-09

      Resuelto: 30 de diciembre de 2008
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente del Tribunal Supremo, Hon. Federico Hernández Denton, ha concedido a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial el lunes 5 de enero de 2009 como día libre con cargo a la licencia de vacaciones.

A tal efecto, y en virtud de nuestra facultad para regla-mentar los procedimientos judiciales, se dispone que al computar los términos establecidos en las distintas leyes y reglas aplicables a los procedimientos y trámites judicia-les, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. sees. 72 y 73) y se con-siderará el 5 de enero de 2009 como día feriado. Cualquier término que venza el lunes 5 de enero de 2009 se extenderá basta el próximo día laborable, 7 de enero de 2009.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo