author: JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE

text:
    Modesta Concepción Cosme, Etc., demandante y apelante, v. Ruperto Márquez, etc., demandado y apelado.
    Núm. 6972

       Nota: Véase la opinión de la mayoría en la página 783.

   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE

Ésta era originalmente una demanda sobre nulidad de ejecutivo hipotecario y otros extremos. La parte demandada radicó una contrademanda. En la demanda se alegaban tres causas de acción, todas ellas tendentes a anular el procedi-miento ejecutivo hipotecario, siendo ésta la súplica final. La Corte de Distrito de San Juan desestimó dos de las cau-sas de acción, sostuvo .la tercera y declaró con lugar la con-trademanda. La demandante Modesta Concepción Cosme, en su carácter de madre natural con patria potestad sobre sus hijos menores naturales reconocidos, apeló de cuanto se resolvió en su contra. El demandado, acreedor hipotecario original, no apeló.

Poco después de entablar este recurso de apelación, la demandante acudió a la-corte inferior y solicitó se ejecutara la sentencia en tanto en cuanto le favorecía, y en efecto, toda vez que el • procedimiento ejecutivo hipotecario era nulo, solicitó se le pusiera en posesión de los bienes. Sin embargo, la sentencia, considerando la contrademanda, ha-bía declarado que el demandado debía recobrar cierta suma por razón de la existencia del crédito hipotecario. La corte resolvió que la sentencia era un todo e indivisible, y más especialmente que la ejecución no procedía con motivo del recurso de apelación, y de ahí que declarara sin lugar la moción solicitando se ejecutara la sentencia. La demandante apeló de la orden declarando sin lugar la moción sobre eje-cución de sentencia.

El artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil pro-vee:

“Formalizada una apelación, producirá el efecto de suspender todo procedimiento en la corte inferior, respecto a la sentencia u or-den apelada, o a las cuestiones comprendidas en ella, pero la corte inferior podrá proseguir el pleito en lo que respecta a cualquier extremo del mismo no comprendido en la apelación.”

El argumento de la apelante es que a ella se le podía poner en. posesión de los bienes sin perjudicar los otros pro-nunciamientos de la sentencia o las otras reclamaciones de ella envueltas en su propia apelación. Se citan por la ape-lante varios casos de California pero los hechos son distintos. Por otra parte las decisiones de este tribunal tienden a de-mostrar que en todos los casos una apelación suspende los efectos de la sentencia. Rivera v. Martínez, 27 D.P.R. 475; Buxó et al v. Buxó et al., 18 D.P.R. 190; y Fernández v. El Pueblo, 15 D.P.R. 621.

La demandante misma apeló. Ella tuvo oportunidad de conformarse con la sentencia y de solicitar se devolviera la propiedad, suponiendo que tal devolución pudiera ordenarse absolutamente.

La corte resolvió que los pronunciamientos de la senten-cia eran interdependientes, mas no entró en una verdadera discusión de por qué lo eran así.

Examinando la sentencia, creo que el remedio concedido a la demandante no dependía en términos del otorgado al de-mandado. Cuando se declara nulo un procedimiento ejecu-tivo sumario la parte demandante tiene derecho a que se le ponga en posesión de los bienes objeto del mismo. La corte no hizo que la devolución de la finca dependiera del pago de la hipoteca. Lo que sí sostengo es que la sentencia queda necesariamente suspendida por la propia actuación de la demandante y según nuestras decisiones uniformes la apela-ción suspende la ejecución de la sentencia. El texto .inglés difiere del castellano y las palabras “pero la corte inferior podrá proseguir el pleito en lo que respecta a cualquier ex-tremo del mismo no comprendido en la apelación”, no se refieren a nada de lo comprendido en la sentencia misma, sino a cuestiones que no fian sido determinadas por la sentencia. Sea ello como fuere, la primera parte del artículo 297, supra, es clara y decisiva.

Tengo algunas consideraciones adicionales que fiacer que aparentemente no fian sido tocadas ni por la corte inferior ni por las partes. La apelación de la sentencia interpuesta por la demandante necesariamente impedía que el demandado ejecutara aquella parte de la misma que le concedía un re-medio en su contrademanda, aunque en el análisis final era sólo una sentencia en cobro de dinero.

No es necesario dedicar mucho tiempo al análisis de la sentencia dictada a favor de la parte demandada porque creo que es evidente que la ejecución de la misma a favor del apelado quedó definitivamente en suspenso por la ape-lación interpuesta por la demandante. El demandado, quien también pudo haber apelado, pero no lo hizo, tendría las manos enteramente atadas durante la pendencia de la ape-lación, mientras que la aquí apelante estaría definitivamente en posesión de los bienes, y en libertad de hacer con los mis-mos lo que cualquier otro' dueño. El efecto del recurso sin un supersedeas sería entonces que el apelado, acreedor hi-potecario, no podría dar paso alguno para exigir su hipoteca. La idea del demandado al radicar la contrademanda fue ob-tener algún remedio contra la demandante y el fin mismo de la alegación sería así destruido. Naturalmente, la deman-dante tenía derecho a que se le restituyera en la posesión, y tal derecho quizá habría persistido si ella misma, conforme ocurre, no hubiera impedido la ejecución de la sentencia por la otra parte.

Por lo tanto, disiento.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. MacLeaby,

license: Public Domain

text:
    Ruiz de Val v. Virella.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao.
    No. 7.
    Resuelto en diciembre 10, 1903.
    Apelación — Levantamiento de Embargo. — IJna resolución decretando el levan-tamiento de un embargo no tiene el carácter de definitiva a los efectos de proceder contra ella recurso de apelación.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos pendientes en el pleito entre Engenio Euiz de Val y Pedro Virella Uribe, en el recurso de apelación in-terpuesto contra un mandato dictado por la Corte de Dis-trito de Iiumacao, y el cual ante nos pende, en virtud de un recurso de apelación interpuesto por Eugenio Euiz de Val, bajo la dirección de y representado en este tribunal por Tomás Bernardini contra Pedro, Virella Uribe, representado en este tribunal por Eafael López Landrón, habiendo com-parecido ante este tribunal solamente el recurrente, repre-sentado por su abogado Eafael López Landrón.

      Resultando: que este pleito tuvo origen con motivo de una reclamación hecha por dinero prestado durante el año 1893, y que se interpuso demanda solicitando un embargo en 31 de mayo de 1902, y que se decretó orden de embargo (*) contra varias fincas que se citan, y que notificado fué el registrador de la propiedad, y que la demanda fué presentada ante el tribunal el día 5 de mayo de 1902, y que la citación se hizo en debida forma y se notificó al registrador de la propiedad, y que de vez en cuando se hicieron varias providencias interlo-cutorias, y al fin, en 16 de abril de 1902, Eugenio Buiz de Yal, el demandante, fué notificado que dentro de cinco días habría de prestar una fianza de la suma de mil dollars en efectivo, o dos mil dollars en propiedad, para responder pol-los daños que se podrían sufrir.

      Resultando: que el Señor Bafael López Landrón, abogado del demandado, presentó una contesta resistiendo el embargo, y solicitando el levantamiento del mismo, y en el día 6 de abril de 1902 el abogado anteriormente citado presentó un escrito en el cual contestó a la querella.

      Resultando: que en 14 de agosto de 1902, el embargo fué anulado por una providencia dictada en debida forma por 'el tribunal de Distrito de Humacao, porque el querellante no había prestado la fianza que se había ordenado que pres-tara en el día 16 de abril anterior, y se ordenó la expedición de una notificación al registrador de la propiedad.
    Resultando:'que Tomás Bernardini en el día 2 de agosto de 1902 presentó un escrito solicitando se anulase la pro-videncia del 14 del mismo mes, y que se estableciera de nuevo «1 embargo, y después en 29 de agosto de 1902, se dictó una providencia, en la cual constaron todos estos hechos, y en la >cual la corte denegó anular dicha orden.

      Resultando: que contra este mandato Toniás Bernardini interpuso recurso’ de apelación para ante este tribunal, ale-gando que el émbargo no podía anularse con anterioridad a la- vista del pleito, y que dicho recurso de apelación se per-feccionó y está pendiente en la actualidad ante este tribunal.
    Abogado del apelante: Sr. Rernardini.

    Abogado del apela lo: Sr. López Landrón. (*)

   El Juez Asociado Se. MacLeaby,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la siguiente opinión dél tribunal:

Se considera que' el mandato dictado por la Corte de Dis-trito de Humacao, en 14 de agosto de 1902, anillando el embargo, fné meramente una providencia interlocntoria, y no dispuso finalmente del pleito pendiente ante el tribunal, y por esa razón no había lugar al recurso de apelación para ante este tribunal.

Fallamos: que debemos declarar y declaramos que no ha lugar al recurso presentado en este caso, e interpuesto por Eugenio Euiz de Val, contra el mandato de la Corte de Dis-trito de Humacao antes citado, y condenamos a dicho Euiz de Y al al pago de las costas del presente recurso; y con devolución de los autos que se han remitido, líbrese a la Corte de Distrito de Humacao la certificación correspondiente, para su cumplimiento.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández y Sulzbacher.

El Juez Asociado Sr. Figueras no formó tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Sulzbachee,

text:
    García v. Roig et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez.
    No. 12.
    Resuelto en diciembre 11, 1903.
    Dominio. — 33n el presente caso se resolvió que no procedía declarar el dominio de la finca objeto del mismo a favor de la tercerista, por haber ésta traspa-sado sus derechos a favor del Pueblo de Puerto Rico, al que corresponde actualmente dicha finca y correspondía ya en la fecha en que fué contestada la demanda.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el juicio seguido en el Tribunal de Distrito de Maya-güez, (*) entre partes, de la una Doña Elisa G-arcía Sanjurjo, como demandante, cuya representación y defensa ha llevado ante esta Corte Suprema el Letrado Don Antonio Alvarez Nava, y de la otra, como demandados, Don Antonio Eoig Torrellas, hoy su cesionario Don Pablo Roig Torrellas, repre-sentado y dirigido por el Abogado Don Fernando Vázquez, y Don Isidro Fernández Sanjurjo, que no se ha personado ante este tribunal, sobre tercería de dominio, cuyo juicio pende ante nos en virtud de recurso de casación por infrac-ción de ley, hoy de apelación, interpuesto por la parte de-mandante contra la sentencia pronunciada por el Tribunal del Distrito de Mayagüez.

      Resultando: que con fecha ocho de mayo del año próximo pasado, en juicio ejecutivo seguido ante el Tribunal de Dis-trito de Mayagüez, por Don Antonio Roig Torrellas contra Don Isidro Fernández Sanjurjo, en cobro de pesos, se dis-puso fueran embargados bienes de la propiedad del deman-dado hasta cubrir la cantidad reclamada de mil pesos pro-vinciales o sean seiscientos dollars, intereses legales y costas, que se calcularon en trescientos dollars, para hacer efectivos dos plazos vencidos que representaban aquella suma, como procedentes de obligación contraída por Fernández Sanjurjo, mediante escritura pública otorgada en veinte y siete de-no-viembre de mil ochocientos noventa y siete.

      Resultando: que el embargo ordenado se trabó en diez de junio siguiente en la hacienda denominada “Carmen,” como de la propiedad del ejecutado, compuesta de doscientas veinte y cuatro cuerdas veinte y cinco céntimos, equivalentes a ochenta y ocho hectáreas, trece áreas, ochenta y nueve cen-tiáreas, radicada en el barrio de “Muradero,” del término’ municipal de Mayagüez, a café, plátanos, caña y montes, con los establecimientos, casa, almacenes y demás edificaciones, cuya finca colinda por el norte con la Quebrada de Oro, y terrenos de Don Francisco Ramos, viuda de Rocafort, (*) su-cesión Lacout y Olivieri Hermanos; por el este con un camino' vecinal, tierra de Don Adolfo Gíómez, Don Juan Luciano, otro-camino vecinal, terrenos de Don G-enaro Cartagena, Don Manuel Bengoa y Don Pedro Agostini; al oeste con terrenos de la antigua hacienda “Carmen,” la Quebrada de Oro y tierras de Don Antonio López, Don Juan Holán, Don Francisco Borrero, Don Ramón Ruiz, camino vecinal de Añasco, terrenos de Don Luis Cartagena y la carretera de Añasco; y por el sur con terrenos de Doña Elisa, Doña Dolores y Doña Rosa G-arcía Sanjnrjo, y el río Yagüez; habiéndose tomado anotación preventiva de tal embargo en el Registro de la Propiedad de Mayagiiez, en veinte y cinco de junio citado.

      Resultando: qne Doña Elisa García Sanjnrjo, por escri-tura pública otorgada el día dos del repetido mes de jnnio, compró la finca expresada a Don Isidro Fernández Sanjnrjo por precio de diez y nueve mil dollars, de los cuales cinco mil seiscientos correspondían a una hipoteca qne sobre la misma gravitaba a favor de Don Tomás Quiñones, cinco mil fueron satisfechos por la compradora, por cuenta del vende-dor, a varios acreedores de éste, y los ocho mil cuatrocientos restantes fueron entregados a Fernández Sanjurjo ante ei notario autorizante y testigos, cuya escritura fué inscrita en el Registro de la Propiedad de Mayagiiez con fecha diez y ocho de agosto de mil novecientos dos, haciéndose constar en la inscripción que la finca vendida, además del gravamen hipotecario que sobre ella pesaba, estaba afectada por la anotación del embargo practicado a instancia de Don Antonio Roig y Torrellas.

      Resultando: que por otra escritura posterior, otorgada en veinte y nueve de agosto citado, la que también fué inscrita en el Registro de la Propiedad de Mayagüez, Doña Elisa García Sanjurjo vendió la hacienda “Carmen” al Pueblo de Puerto Rico por precio de quince mil dollars, de los cuales confesó haber recibido ocho mil quinientos, quedando (*) en poder del comprador los seis mil quinientos restantes por razón de las cargas que pesaban sobre dicha finca, o sea la hipoteca de cinco mil seiscientos dollars a favor de Don Tomás Quiñones, y un embargo de novecientos dollars a favor de Don Antonio Roig Torrellas.

      Resultando: que en trámite el juicio ejecutivo seguido por Don Antonio Eoig Torrellas contra Don Isidro Fernández Sanjnrjo, presentó demanda de tercería de dominio Doña Elisa García Sanjnrjo ante la corte de Mayagüez, con fecha diez y seis de jnnio del año próximo pasado, con súplica de qne se dictara sentencia declarándola con lngar, imponiendo las costas al qne se opusiere a sn pretensión y ordenando se alzara el embargo practicado en la hacienda “Carmen” para qne quedara a sn libre disposición; a cuyo fin alegó qne dicha finca era de su propiedad por haberla adquirido de Don Isidro Fernández Sanjurjo mediante escritura publica de compra-venta otorgada en dos de junio del año próximo pasado, de la que acompañó primera copia no inscrita aun en el Eegistro de la Propiedad de Mayagüez.

      Resultando: que los demandados Don Isidro Fernández Sanjurjo y Don Antonio Eoig y Torrellas fueron emplazados para contestar la demanda en primero de julio y primero de agosto de año próximo pasado, respectivamente, habién-dose allanado el primero a dicha demanda; mientras que Don Pablo Eoig y Torrellas, como cesionario de Don Antonio Eoig y Torrellas, cuyo carácter justificó, se opuso a la misma con súplica de que se declarara sin lugar con las costas a la tercerista, alegando, entre otros hechos, que la escritura pre-sentada por Doña Elisa García Sanjurjo no aparecía inscrita en el registro de la propiedad, que al ser. inscrita lo fué con la carga de la anotación del embargo practicado a instancia de Don Antonio Eoig y Torrellas; que Fernández Sanjurjo al realizar la venta de la hacienda “Carmen” se había que-dado sin bienes para satisfacer la deuda que se le reclamaba, y que la García Sanjurjo había traspasado el dominio de la (*) hacienda “Carmen” a favor del Pueblo de Puerto Eico, con fecha veinte y nueve de agosto, reconociendo que sobre la finca pesaban, como cargas, una hipoteca a favor de Don Tomás Quiñones por valor de cinco mil seiscientos dollars y una anotación de embargo por novecientos dollars a favor de Don Antonio Eoig, por lo que del precio de la finca dejó seis mil quinientos en poder del comprador por razón de las ex-presadas cargas.

      Resultando: que entre las pruebas practicadas por ambas partes se encuentra la escritura pública otorgada por Doña Elisa García Sanjurjo a favor del Pueblo de Puerto Rico, en veinte y nueve de agosto de mil novecientos dos, traspasán-dole la propiedad de la hacienda “Carmen” en los términos que se dejan expresados, cuya escritura ña sido inscrita en el registro de la propiedad.

      Resultando: que el Tribunal de Distrito de Mayagüez, por sentencia de veinte de diciembre del año próximo pasado, declaró sin lugar la demanda de tercería interpuesta con las costas a Doña Elisa García Sanjurjo.

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso la repre-sentación de Doña Elisa García Sanjurjo recurso de casa-ción por infracción de ley, que se tramitó como tal, habiéndo sele dado luego la tramitación correspondiente al de apela-ción, a virtud de lo dispuesto por la ley votada por la Asam-blea Legislativa de esta Isla, aprobada en doce de marzo último, que convirtió esta Corte Suprema en tribunal de ape-lación; y señalado día para la vista, tuvo ésta lugar con asisr tencia de los letrados de la parte demandante y del deman-dado Roig Torrellas.
    Abogado (le la apelante: Sr. Alvarez Nava.

    Abogado del apelado Roig: Sr. Fernando Vázquez.

    La otra parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Se. Sulzbachee,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la siguiente opinión del tribunal :(*)

Considerando: que correspondiendo actualmente el domi-nio de la hacienda “Carmen” al Pueblo de Puerto Rico, a virtud de la escritura pública de venta que a su favor otorgó la tercerista en veinte y nueve de agosto del año próximo pasado, como le correspondía ya en la fecha en que fué con-testada la demanda, no cábe declarar ese -.dominio a favor de Doña Elisa García Sanjnrjo, según ésta pretende en el presente jnicio.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada de veinte de diciembre del año próximo pasa-do, con las costas del recurso también a cargo de la deman-dante; y devuélvanse los autos al Tribunal de Distrito de Mayagüez con la certificación correspondiente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández y MacLeary.

El Juez Asociado Sr. Figueras no formó tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaRy,

text:
    El Pueblo v. Román.
    Apelación- procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 33.
    Resuelto en diciembre 14, 1903.
    Pruebas — Nuevo Juicio. — La exclusión de prueba pertinente constituye un error de tal naturaleza que hace necesaria la revocación de la sentencia y la cele-bración de un nuevo juicio.
    Violación — Puerza y Violencia — Palta de Voluntad y Resistencia. — Son ele-mentos esenciales del delito de violación la fuerza, y'la violencia, que emplee el agente, así como la falta de voluntad y la resistencia por parte de la mujer violada.
    Id. — Pruebas—Carácter Moral de la Denunciante — Prostituta.—El carácter moral de la mujer violada no es elemento que bay que considerar en relación con el delito de violación, pues éste puede cometerse en una prostituta como en cualquier otra mujer.
    Acusación — -Cuestiones de Derecho. — Cuando no bay prueba suficiente para sostener el delito imputado en la acusación, surge una cuestión de dereebo, de la que puede conocer el Tribunal Supremo por virtud de una apelación.(*)
    Pruebas. — Los errores cometidos en la exclusión de pruebas o en la apreciación de la que se hubiere admitido, deben ser corregidos por el tribunal inferior al celebrar un nuevo juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan R. Ramos.

    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. MacLeaRy,

emitió la siguiente opi-nión del tribunal.

Los recurrentes en esta causa, fueron procesados en unión de tres otros, por haber violado a dos mujeres en el camino entre Aguadilla y San Sebastián, en la madrugada del día 10 de mayo del presente año. Los testigos de cargo fueron las dos mujeres que se alegan haber sido violadas, y otra mujer que con ellas andaba por el camino, con un niño en sus brazos, y un muchacho, hijo de esta última mujer, que las acom-pañaba.

Sólo los recurrentes fueron declarados culpables en el juicio de la causa. Dichos recurrentes fueron juzgados por el Tribunal de Distrito de Mayagüez sin un jurado, y decla-rados culpables por mayoría de votos de los jueces de dicho tribunal, el día 11 de junio último. Los hechos consignados en los autos son los siguientes:

"Que en la madrugada del día 10 de mayo del corriente año, yendo las mujeres Seeundina Loperena y Antonia Santiago, por la carretera que conduce del pueblo de San Sebastián al de Aguadilla, los acusados José y Tomás Román, mediante amenaza de grave e inme-diato daño corporal con los machetes que portaban y empleando la fuerza y la violencia yacieron con dichas mujeres, conduciéndolas al interior de un cafetal inmediato al camino, saltándolas por encima de una cerca de alambre, después de lo cual se retiraron dejándolas marchar libremente.”

Los recurrentes fueron sentenciados a la pena de ocho años de presidio, con trabajos forzados, y al pago de las costas. El Juez Erwin del tribunal de distrito disintió de la sentencia, votando a favor de la absolución de todos los acusados. Durante la celebración del juicio, un hombre que (*) había estado pastando su caballo cerca del camino, declaró: que en la madrugada de referencia, los dos hermanos José y Tomás Román habían pasado por su lado llevando de brazo a dos mujeres.

En nombre de los acusados, el abogado de los mismos, Don Pascasio Fajardo, suplicó al tribunal qne hiciera comparecer a las mujeres ante el tribunal, para que fuesen reconocidas por dicho testigo, cuya súplica fué denegada, declarándose impertinente la prueba por el tribunal, tíontra esta deci-sión del tribunal el abogado de los acusados opuso en debida forma una excepción. La prueba ciertamente era importante, porque el testigo declaró que dichas mujeres habían ido de brazo con los hombres, si no voluntariamente al menos sin ninguna resistencia, y, presumiblemente, sin pedir auxilio, puesto que no se ha hecho mención de tal circunstancia. Si dicho testigo hubiese podido identificar a las mujeres de quie-nes se alegaba que habían sido- perjudicadas, como las mis-mas que vió andar tranquilamente con los acusados, esto-habría hecho su declaración mucho más satisfactoria para el tribunal; 3^ al mismo tiempo habría dado al Ministerio Fiscal una oportunidad para refutar dicha declaración. Si no hu-biera podido identificarlas, la fuerza de su testimonio habría sido, por supuesto, muy debilitada. Ciertamente, la prueba era pertinente, y puesto que hubiera ayudado, de una manera importante, en la investigación de la verdad, debiera haberse admitido. Nosotros creemos que la exclusión de este testimo-nio era un error, que hace necesaria la anulación de esta sentencia.

Pero, además, considerando todos los hechos y circunsi-tancias del' caso, juntos, tales como constan en los autos pre-sentados a este tribunal; leyendo las declaraciones de los testigos a favor y en contra, y dando a las declaraciones de los acusados, solamente el crédito que merecen, dudamos seria-mente de que se haya cometido violación alguna en la referida ocasión. No se ha declarado nada con respecto a (*) amena-zas, excepto'que uno de los acusados dijo a las mujeres: “ahí se concluyen sus destinos.” No se hizo ninguna fuerza, ex-cepto que cada uno de los hombres cogió a una de la.a mujeres por el brazo, y se fué con ella al cafetal adyacente, escalando la cerca en el trayecto. Falta completamente toda prueba de otra violencia. Alguno de los tes.tigos ba dicbo que las mujeres fueron arrastradas por encima de la cerca; pero las circunstancias no corroboran este aspecto del caso. No se ba demostrado, por el testimonio de ningún testigo, resistencia alguna de parte de las mujeres perjudicadas; y ellas no die-ron ningún grito de alarma, ni cuando pasaron por el lado del viajero que estaba pastando su caballo en la orilla del camino.

Los muy esenciales elementos de fuerza y violencia por parte del violador, falta de voluntad y resistencia de la mujer violada, que en semejantes casos constituyen el crimen de violación, parecen faltar en esta ocasión. No es necesario bacer referencia al carácter de las mujeres, aunque bay prue-bas incontestables de que eran prostitutas. Es verdad que la violación puede cometerse tanto contra una mujer de esta clase, como contra cualquiera otra; pero esto no ocurre con frecuencia'; y el liecbo de que una mujer carezca de modestia y castidad, y pertenezca a aquella desgraciada ‘ clase que ba abandonado completamente la senda de la virtud, bace menos probable que sea necesaria la fuerza o violencia por parte de un hombre que desee satisfacer sus apetitos carnales, y parece ser más probable en casos como el presente, que el becbo baya sido consumado con el permiso de la mujer, o por una retribución pecuniaria.

En casos como el presente, este tribunal anteriormente hubiese, con toda probabilidad, anulado la sentencia y ab-suelto a los acusados; pero desde la adopción del Código de Enjuiciamiento Criminal actualmente vigente, los poderes del Tribunal Supremo en cnanto a este particular, parecen ser más restringidos. El artículo 345 de dicbo código dice lo que sigue :(*)

“Artículo 345. Cualquiera de las dos partes en un proceso criminal, en persecución de un delito muy grave (felony) puede apelar ante la Corte Suprema siempre que la apelación verse Sobre una cuestión de derecho, según queda prescrito en este capítulo.”

Esto se lia tomado del Código Penal de California, en cnya sección 1235 se lee lo siguiente:

“Sección 3235. Cualquiera de las partes en un proceso criminal seguido mediante acusación e información, podrá apelar al Tribunal Supremo solamente por motivo de cuestiones legales, según lo pres-crito en este capítulo.”

Una comparación demostrará que el lenguaje es casi idén-tico. Por supuesto, las decisiones pronunciadas por el Tribunal Supremo de California, con respecto a esta sección, mere-cen que se les dé gran importancia en la interpretación de esta ley. Se ha declarado que cuando no haya pruebas para sos-tener la acusación consignada en la 'información, se presenta una cuestión legal sobre la cual el Tribunal Supremo, en el ejercicio de su jurisdicción de apelación, es competente para resolver. El Pueblo v. Smallman, 55 Cal., 191; El Pueblo v. Jones, 31 Cal., 566.

Este parecer se ha sostenido en casos posteriores; en 112 Cal. en una causa en que el Ministerio Fiscal pidió con urgencia la confirmación, porque aunque se habían cometido errores, sin embargo, las pruebas eran de tal naturaleza que en todo caso sería necesario declarar culpable al recurrente, el Tribunal Supremo dice:

“El punto principal alegado por el Fiscal General es realmente: •Que las pruebas contra el acusado eran tan abrumadoras que no era posible que su testimonio no corroborado, pudiera ser aceptado por el jurado, y que por lo tanto no se le Rabia perjudicado. Pero este tribunal no tiene jurisdicción en causas criminales, excepto sobre cuestiones legales. La ley ha prescrito ciertas reglas para alegaciones, práctica y pruebas con arreglo a las cuales deben ser juzgadas las (*) personas acusadas de delitos. Este tribunal tiene jurisdicción de apelación para la corrección de errores en tales casos. Evidentemente la función de este tribunal en un recurso de esta clase, es determinar si el acusado ha sido juzgado conforme la ley lo prescribe. Si no lo ha sido no hay más que un camino para corregir el error, y es, con-ceder un nuevo juicio. Pero el acusado no tendría derecho a un nuevo juicio a causa de ningún error que no liaya perjudicado su causa. Esta regla prevalece tanto en asunto civiles como en causas, criminales. Pero este tribunal no puede decir que un acusado no haya sido perjudicado, porque a pesar del error, él de todos modos debería haber sido declarado culpable por ser las pruebas muy con-vincentes. Nosotros no podemos fijarnos en las pruebas, excepto con el fin de considerar algunas cuestiones legales que pueden promo-verse con respecto a las mismas. Nosotros podemos solamente con-siderar a las personas culpables o inocentes conforme al veredicto de un jurado en un juicio celebrado con arreglo a la ley. Si un-apelante ha sido injustamente privado de pruebas, o si se le ha exigido hacer una defensa más vigorosa de lo que la ley exige, entonces ha sido perjudicado.” El Pueblo v. Marshal, 112 Cal., 425.

Bajo este punto de vista de la ley, el remedio que ha de darse por este tribunal debe limitarse a conceder un nuevo juicio, dejando al tribunal inferior el corregir los errores cometidos por la exclusión de pruebas, o en el efecto dado a las que fueron admitidas.

Por lo tanto, después de haber considerado el asunto con atención y dado a cada hecho y circunstancia ‘el valor que le corresponde, somos de la opinión de que debe anularse la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de Mayagüez, y devolverse la causa para la celebración de un nuevo juicio, o para otra disposición de la misma, que le parezca justa a dicho tribunal.

Nuevo juicio.

Jueces concurrentes, Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández y Sulzbacher.

El Juez Asociado Sr. Figueras no formó tribunal en la vista de este caso.(*)


author: El Juez Asociado Se. Figueeas,

text:
    París v. El Pueblo de Puerto Rico.
    Apelación- procedente de la Corte de Distrito de San Jnan.
    No. 43.
    Resuelto en diciembre 14, 1903.
    Dominio. — La naturaleza breve y sumaria de los expedientes de dominio excluye en ellos la admisión de toda clase de incidentes, y por consiguiente las reso-luciones que en dichos expedientes se dicten, deberán limitarse a declarar justificado o nó el dominio de la finca sobre que versen.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En la información de dominio seguida ante la Corte de Distrito de San Jnan por Don Jnan París, con la oposición del Pueblo de Puerto Rico, y pendiente ante nos en virtud de recurso de apelación interpuesto por el promovente, repre-sentado y dirigido ante esta Corte Suprema por el Letrado Don Wenceslao Boscli, estándolo la parte apelada, o sea El Pueblo de Puerto Rico, por el Acting Attorney General, en un principio, y luego por el Fiscal de este tribunal.

      Resultando: que dicha corte de distrito, después de tra-mitar el expediente de dominio, dictó el auto que copiado a la letra dice así:
    ‘ ‘ Puerto Rico, diez y ocho de abril de mil novecientos tres -.
    ‘ ‘ Dada cuenta y resultando que en 29 de agosto de 1902, el Licen-ciado Don Wenceslao Bosch, a nombre'de Don Juan París, promovió este expediente para inscribir a su favor el dominio de una finca rús--tica de sesenta y dos cuerdas, sita en el barrio de Cangrejos Arriba, del término municipal de la Carolina, colindante por el Este y Sur con Don Fermín Martínez Yillamil; por el Norte con el mar y por el ■Oeste con Pedro Bulerín; expresando que su cliente adquirió dicha finca por herencia de su padre, Don Pedro París, y venía pagando ■sus contribuciones desde 1895; que dicho■ inmueble está libre de gravamen, teniendo un valor de doscientos cincuenta dollars; y solici-tando ('*) por carecer de título inscrito, se le admitiera la información que propondría y se declarase a su favor el dominio de dicho inmueble .a fin de poder efectuar su inscripción en el registro de la propiedad.

      “Resultando: que a este escrito acompaño varios recibos de con-tribución de los años de novecientos al novecientos tres, y dos de junio de mil ochocientos noventa y cinco; de contribución municipal ■de la Carolina.

      “Resultando: que admitida con audiencia del Ministerio Fiscal la información ofrecida, ordenando se evacuase con su citación, sin que conste que el tribunal lo ordenara, aparece publicado un edicto en el número de la Gaceta de cuatro de septiembre del año próximo pasado, convocando a los que tuviesen algún derecho real sobre la finca anteriormente descrita, las personas ignoradas y en general todas las que quisiesen oponerse al dominio solicitado, para que lo verificasen dentro del término de sesenta días naturales.

      “Resultando: que en virtud de esa publicación, en nueve del re-ferido mes de septiembre, se presentó el Iíon. Tesorero de Puerto Rico oponiéndose a la solicitud de Don Juan París, por pertenecer al Pueblo de Puerto Rico-las tierras referidas, procedentes de las extinguidas comunidades religiosas, sin que a ellas tuviese ningún derecho, adeu-dándose por el contrario al Tesoro los arrendamientos de muchos años de esa finca, que no se habían satisfecho.

      “Resultando: que comunicada al lion. Attorney General la opo-sición de la Tesorería, en Io. de octubre de 1902, el Acting Attorney General, en representación del Pueblo de Puerto Rico, formalizó dicha oposición, acompañando un plano levantado en 23 de junio de 1859 de los terrenos pertenecientes a la Real Hacienda, en el barrio de Cangrejos Arriba, de la Carolina, y un expediente formado por la Administración General Económica de esta Isla, durante la domina-ción española, para la venta de dichas tierras, alegando que según aparece de dicho expediente acordada la venta de dichas tierras en 1872, para mayor facilidad y beneficio del Tesoro fueron divididos en lotes, resultando que el número 11 lo poseía en arrendamiento Gabriel París; que dicho lote fué sacado a pública subasta varias veces sin ■éxito alguno; que por falta de pago de los arrendamientos, en julio de mil ochocientos setenta y cuatro, se ordenó el lanzamiento de Gabriel París de los terrenos que ocupaba, sin que esta orden se cum-pliera; que en septiembre de mil ochocientos (*) setenta y nueve el mismo París solicitó se le concediera gratis el uso de dicho lote, lo que le fué denegado; que, en julio del ochenta y ocho se dispuso, entre ■otras cosas, que la hacienda pública se eneautase del repetido lote número 11, del cual se habían segregado ya algunas cuerdas y seguía usufructuándola Gabriel París o sus herederos, nombrándose deposi-tario del mismo a Juan París; que esa resolución se cumplió en veinte y cuatro del mencionado mes de julio del ochenta y ocho, haciéndose cargo Juan París del depósito, bajo las penas que las leyes determinan, según el acta que a su ruego suscribió Manuel Méndez, y concluyendo, después de varias consideraciones jurídicas, por suplicar se declarase sin lugar, con las costas, la pretensión de París y que el dominio de dicho lote corresponde al Pueblo de Puerto Rico, mandando proceder criminalmente contra el repetido París por el delito que había come-tido al presentar como suyos bienes que tenía en depósito, con los demás pronunciamientos del caso.

      “Resultando: que habiendo transcurrido con exceso el término señalado para la presentación de las pruebas y no llegando a mil pesos el valor del inmueble de cuyo dominio se trata, en auto de seis de marzo último se dispuso oir al Ministerio Fiscal y demás interesados en una comparecencia verbal para la que se señaló el veintitrés del propio mes, a las ocho de la mañana, y como resultara feriado ese día e impedido de conocer en estos autos el Juez Asociado Sr. Richmond, en provistos del veinticinco de marzo y cuatro del corriente, se aplazó dicha comparecencia para el diez y seis del mes en curso, todas cuyas providencias fueron oportunamente notificadas y consentidas por las partes.

      "Resultando: que en quince de este mismo mes de abril, promovió el licenciado Don Wenceslao Bosch, abogado de París, incidente de nulidad de todo lo actuado desde que se dictó la providencia de seis de marzo, y que en su lugar se concediese el plazo de ciento ochenta días fijado en el artículo 395 de la Ley Hipotecaria para proponer pruebas, pidiendo al propio tiempo se suspendiera el acto verbal señalado para el día siguiente, pretensiones que se declararon sin lugar el mismo día quince, llevándose a efecto el diez y seis la audiencia verbal dispuesta, a la que sólo concurrió el Sr. Fiscal que hizo las alegaciones que esíimó oportunas en representación del' Pueblo de Puerto Rico.

      "Resultando: que Don Juan París no promovió prueba alguna c’-rante el término concedido para proponerla y evacuarlas, ni poste-riormente, (#) ni se cuidó siquiera de que fuesen citados los colindan-tes, ni de acreditar que se publicase por tres veces el edicto mandado a anunciar en la Gaceta.

      "Resultando: que el Acting Attorney General ha -justificado plena-mente con el plano y expediente que presentara durante el indicado término y que no han sido impugnadas en manera alguna, todos los hechos en que fundara su oposición; y

      “Considerando: que no habiendo intentado siquiera justificar el dominio que se atribuyera Don Juan París,' es imposible acceder a su pretensión.

      “Considerando: que el Acting Attorney General ha probado ple-namente que ese dominio corresponde al Pueblo de Puerto Rico; que los antecesores del expresado París y él mismo sólo han tenido en arrendamiento las tierras de que se trata, habiéndose depositado últi-mamente en el propio París que aceptó el cargo y se obligó a su desempeño bajo las penas que la ley impone a los depositarios infieles.

      “Considerando: que si en tal concepto ha poseído Don Juan París el lote -de terrenos a que este expediente se contrae, y pagado süs contribuciones, esa circunstancia no le da derecho alguno de propie-dad sobre las indicadas tierras, derecho que tampoco pudieran tras-mitirle sus antecesores, puesto que nunca lo tuvieron, habiendo poseído únicamente los mencionados terrenos a título de arrendatarios.

      “Considerando: que el artículo 395 de la Ley Hipotecaria que señalaba ciento ochenta días para la admisión de las pruebas en estos expedientes, fué modificado por el párrafo 6o. de la Orden Judicial de cuatro de abril de mil ochocientos noventa y nueve, limi-tándose dicho plazo al de sesenta días en cuya virtud, por haber sido consentidas y ejecutoriadas las providencias de seis y veinticinco de marzo y cuatro del corriente, que son de mera substanciación y porque la naturaleza breve y sumaria de estos expedientes que tienen su tramitación especial determinada en la Ley Hipotecaria, excluye en ellos Readmisión de toda clase de incidentes, fué perfectamente deses-timada el de nulidad que promoviera el Licenciado Don Wenceslao' Bosch en quince del que cursa.

      “Considerando: que por las propias razones la resolución que en este asunto recaiga debe contraerse exclusivamente a la declaratoria de dominio solicitada por el actor, sin perjuicio de los derechos que al Pueblo de Puerto Rico asistan en otros conceptos, para que los ejerciten en los juicios correspondientes. (*)
    “Se declara sin lugar, con las costas, la pretensión deducida en este expediente por Don Juan París, por no. .'haber. acreditado el dominio que se atribuyera sobre la finca rústica al principio descrita, que pertenece al Pueblo de Puerto Rico, al c[ue> se reservan todas las acciones de que sus representantes le consideren' asistido contra el citado París u otras personas, a fin de 'que iósfEjerciten en el juicio y forma correspondientes. Y una vez que s'éa'-fikne este auto, dévüéí-■vanse al Hon. Attorney General el plano y expediente administrativo que remitiera a la Tesorería, con la oportuna comunicación.
    “Así lo acuerdan y firman los señores del tribunal. Certifico: Juan Morera Martínez, Angel García, José Tous Soto, Luis Méndez Taz.”

      Resultando: que contra dicho auto interpuso la parte que inició el expediente de dominio recurso de apelación, y oído éste libremente y en ambos efectos, se elevaron los autos con citación y emplazamiento de las partes, y dada al recurso la tramitación prevenida por la ley de la Asamblea Legislativa de doce de marzo último, tuvo lugar la vista del mismo con asistencia de la representación de las partes.
    Abogado del apelante: Sr. Bosch.

    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Figueeas,

después de exponer los hecho anteriores, emitió la siguiente opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho del auto apelado, rectificando el error que contiene el cuarto de esta última clase, puesto que la orden judicial que se cita es de siete de abril de mil ochocientos noventa y nueve y no del ■cuatro, como se consigna por equivocación.

Considerando: que las providencias de seis, veinticinco de marzo y cuatro de abril del. año corriente fueron notifica-das y consentidas por el agente designado por la misma parte que pidió su nulidad, y hoy no hay términos hábiles para revocar el auto que resuelve solamente la cuestión de dominio promovida. (*)

Vistas las disposiciones que se citan en el auto recurrido.

Fallamos: que debemos confirmar, y confirmamos, el auto que dictó la Corte de Distrito de San Juan en diez y ocho de abril último, con las costas a la parte apelante, y con devo-lución de los autos, comuniqúese esta resolución a dicha corte a los efectos oportunos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández, Sulzbacher y MaeLeary.


text:
    Cátala v. Calderón.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 26.
    Resuelto en diciembre 14, 1903.
    Divorcio — Abandono — Adulterio. — El adulterio, así como el abandono, por parte de uno de los cónyuges constituyen causa suficiente para decretar el divorcio.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el pleito de divorcio que ante nos pende, entre José Cátala de la Cruz, como apelante, y María Calderón, como apelada; representado el primero en este tribunal por el Letrado Don Antonio Moreno Calderón, no habiéndose mos-trado parte la recurrida.

      Resultando: que el día veinte de julio de mil novecientos dos, el recurrente José Cátala de la Cruz-entabló demanda en el Tribunal de Distrito de San Juan, contra su esposa María Calderón, cuya demanda contiene diferentes alegaciones, de las cuales se consignarán las siguientes: que el día cuatro de enero de mil ochocientos setenta y tres, el apelante y la apelada se casaron legalmente en la Iglesia de Santa María ele los Remedios, de San Juan, en la Isla de Puerto Rico, el ■cual matrimonio consta por una certificación expedida en de-bida (*) forma y presentada en este pleito: que en ese matri-monio no tuvieron hijos por haberse llevado aquél a cabo encontrándose gravemente enfermo el apelante y por haber abandonado la casa conyugal la apelada luego de hallarse en salud su esposo, yéndose a “otro nido” con un tal Martín Sostres, y termina pidiendo sea disuelto en absoluto el matri-monio entre José Cátala y María Calderón.

      Resultando: que la apelada, después de haber sido citada en debida forma, compareció representada pór su abogado presentando contestación a dicha demanda, en la cual admite que fueron casados en el tiempo y la forma dichos; que vivieron'juntos maritalmente por espacio de nueve años y de este matrimonio resultaron cuatro hijos; que el apelante sin motivo de ninguna clase abandonó a su esposa y a sus hijos, por cuyo motivo ella se vió obligada a trabajar para ganarse el sustento diario sin que tuviera desde aquella fecha relaciones ilícitas con algún hombre, sirviendo únicamente de lavandera a dicho Martín Sostre.

      Resultando: que substanciado el pleito por sus trámites, cuatro testigos declararon por la pai’te apelante, manifes-tando que conocían a los litigantes y de su propio conoci-miento sabían que la María Calderón vivía con Martín Sostre en la misma habitación, manifestando dos de los testigos que el demandante y la demandada vivían maritalmente.

      Resultando: que el Tribunal del Distrito de San Juan, en sentencia de fecha once de febrero del año en curso declaró sin lugar la demanda con las costas a cargo de la parte de-mandante.

      Resultando: que contra esa sentencia José Cátala de la Cruz interpuso recurso de apelación para ante este tribunal.
    Abogado del apelante: 8r. Moreno Calderón.

    Fiscal del Tribunal Supremo: Sr. del Toro.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Se. Sulzbachee,

después de exponer los. hechos anteriores, emitió la siguiente opinión del tribunal:(*)

Considerando: que este Tribunal Supremo, en diversos, casos, ha declarado que se ha de conceder el divorcio por causa del adulterio, siendo éste en conformidad con el Acta, del Congreso, conocida por “Ley Foraker,” y también según la ley de la Legislatura de esta Isla, el abandono por uno-u otro de los consortes es motivo para el divorcio.

Considerando: que se ha probado que la esposa María Calderón abandonó a su esposo, viviendo maritalmente com otro hombre, habiéndose probado, además del abandono, el adulterio.

Fallamos: que, revocando la sentencia apelada, debemos declarar y declaramos con lugar la demanda interpuesta por José Cátala de la Cruz y los vínculos del matrimonio exis-tentes, entre las partes demandante y demandada, quedan por esta sentencia para siempre disueltos, con las costas causadas en el tribunal de distrito a cargo de la parte de-mandada.

Jueces concurrentes: .'Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández, Figueras y MacLeary.


text:
    El Pueblo v. Moura.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 47.
    Resuelto en diciembre 15, 1903.
    Apelación — Delitos Misdemeanors. — Cuando en una causa criminal por delito calificado de felony se impusiere al acusado una pena que no fuere de presidio, el delito se considerará misdemeanor para todos los efectos después de dictada sentencia, y ésta no será apelable para ante el Tribunal Supremo, toda vez que el recurso de apelación sólo procede en causas por delitos calificados de felony.

    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el recurso de apelación que ante nos pende inter-puesto (*) contra sentencia de la Corte de Distrito de Ponce en causa seguida a Antonio Moura, por delito de acometi-miento con arma mortífera.

      Resultando: que el Fiscal de la Corte de Distrito de Ponee con fecha quince de junio último fo'rmuló acusación debida-mente jurada contra Antonio Moura, por el delito grave de acometimiento con arma mortífera comprendido en el artí-culo 237 del Código Penal, y habiendo sido juzgado por el tribunal de dicho distrito, le condenó éste por sentencia de veinte de julio siguiente a la pena de seis meses de cárcel y al pago de las costas.

      Resultando: que contra esa sentencia interpuso la repre-sentación del acusado recurso de apelación que le fué admi-tido y que lia sido tramitado debidamente en esta Corte Su-prema, habiéndolo impugnado el Ministerio Fiscal por ser inadmisible sin que haya comparecido la parte recurrente.
    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   OPINIÓN DEL TRIBUNAL.

Considerando: que según el artículo 237 del Código Penal, la persona culpable de acometimiento con arma mortífera incurrirá en la pena de presidio por un término máximo de diez años o cárcel por un término máximo de dos años o multa máxima de cinco mil dollars o ambas penas; y que según el artículo 14 del mismo Código, cuando un delito casti-gable con pena de presidio, apareja también la de multa o cárcel, a discreción del tribunal, se considerará misdemeanor para todos los efectos, después de dictada sentencia impo-niendo una pena que no fuere de presidio.'

Considerando: que el recurso de apelación sólo cabe en proceso criminal en persecución de un delito muy grave (felony) con arreglo al artículo 345 del Código de Enjuicia-miento (*) Criminal y que debiendo reputarse misdemeanor por lo que se dija expuesto, para todos los efectos legales el delito por el cual ha sido penado Antonio Moura, es improce-dente el recurso interpuesto.

Vistos los textos legales citados. Se desestima el recurso de apelación interpuesto por Antonio Moura contra la sen-tencia que dictó el Tribunal de Distrito de Ponce en veinte de julio último, con las costas al recurrente, y remítase copia certificada de esta resolución al expresado tribunal a los fines procedentes.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández, Figueras, Sulzbacñer y MacLeary.


author: El Juez Asociado SR. MacLeaky,

text:
    El Pueblo v. Martínez.
    Apelación- procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 30.
    Resuelto en diciembre 15, 1903.
    Hurto — Hurto de Uso. — La jurisprudencia americana no reconoce distinción alguna entre el hurto del uso de una cosa y él hurto de la cosa misma.

    Id. — El acusado en este caso, según la prueba aportada al juicio, sustrajo un caballo que se encontraba en la finea de su dueño y se presume que se tras-ladó en él a un pueblo cercano. Se resolvió: que estos hechos brindan sufi-cientes elementos para constituir el delito de hurto, y deducir la intención criminal del acusado, a falta de prueba que justificara que no tuvo intención de apropiarse el caballo definitivamente.
    EXPOSICION DEL CASO.
    Los lieelios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José G. Ramos.

    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Asociado SR. MacLeaky,

emitió la siguiente opi-nión del tribunal:

Este es un caso claro de Furto de caballo. El recurrente (*) fué convicto del hurto de un caballo, y condenado a la pena de un año de presidio con trabajos forzados. Esta sentencia fué dictada por la Corte de Distrito de Humacao, en 23 de abril de 1903. El delito se alega haber sido cometido en 5 de abril de 1903, y en la acusación se consigna lo siguiente: >

!<E1 citado Gabriel Martínez, en la noche del cinco de abril de 1903, sustrajo, con intención criminal, de una finca sita en el barrio de Collores, que forma parte del distrito arriba citado, un caballo, color zaino lucerito, marcado con las iniciales ‘J. J. y A.’, pertene-ciente a Don José Joaquín Alvarez, el que fué encontrado en el depósito de animales del poblado de Juncos. Este hecho es contrario á la ley promulgada y prevista para casos de esta índole, y contra la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico.”

El acusado fué juzgado por el tribunal, sin jurado, y los hechos que resultaron probados en el juicio no constan en los autos por falta de excepciones u otro escrito, con excepción de lo que se puede inferir de la misma sentencia. El Sr. Ulpiano Valdez y Cajas, abogado de Humacao, compareció en la causa ante- el tribunal de distrito, y preparó el recurso que fué debidamente admitido, después de la convicción. En este tribunal el recurrente fué representado por el Sr. José O. Eamos, presentando éste el escrito de alegación a favor del procesado, e informó oralmente al tribunal, pretendiendo que no había nada en los hechos probados que demostrase que el acusado había tomado el caballo con intención criminal, y que por la circunstancia que el caballo se encontró en el depósito de animales del público, parecía que lo había mon-tado solamente una corta distancia, y luego lo había aban-donado en la carretera pública, y que el caballo había sido conducido por la policía al referido depósito. El abogado defensor pretende además que, porque el acusado no se apro-pió el caballo para su permanente uso particular, y lo aban-donó antes de que se le detuviera, resulta que el delito (*) de hurto no fué consumado, y hace varias citas de diferentes autores, y de los tribunales de los Estados Unidos. También cita la ley española para demostrar que un caso de esta índole no sería considerado como hurto de la propiedad, sino solamente como hurto del uso de la misma, distinción que no se hace en nuestros tribunales americanos. Los casos que se citan de Texas, Indiana y New Jersey, no se rela-cionan suficientemente con la cuestión que ante este tribunal pende, pues los estatutos de dichos Estados son diferentes a los de nosotros. No se hace referencia a las decisiones de los tribunales de última instancia de los Estados de California, Montana o Idaho, ni de ningún otro Estado que haya adop-tado el Código de California, del cual derivamos nuestra ley criminal.

Bajo nuestro estatuto, hurto se define como sigue:

“Artículo 426. Hurto (larceny) es el acto.de sustraer con inten-ción criminal, bienes muebles o semovientes, pertenecientes a otra persona.
“Artículo 427. El hurto se divide en dos grados: el primero se denomina hurto de mayor cuantía (granel larceny), y el segundo, hurto de menor cuantía (petit larceny).
“Artículo 428. Hurto de mayor cuantía (granel larceny) es el que se comete en cualquiera de los casos siguientes:
“1. Cuando el valor de la propiedad sustraída es de cincuenta dollars o más.
“2. Cuando la propiedad es sustraída de la persona.
“3. Cuando la propiedad es un individuo de la especie caballar, vacuno o asnal.”

La prueba muestra que el acusado sustrajo el caballo de la finca de su dueño, situada en el barrio de Collores, y es de presumir que fué montado en él hasta el pueblo de Juncos, y así el delito de hurto es completo. Si él no tuvo intención de apropiar el caballo para su permanente uso particular, debía haber presentado pruebas al efecto. No habiendo evi-dencia positiva al contrario, la intención criminal queda sufi-cientemente probada por las circunstancias del caso. Se (*) impuso- al demandado una pena muy leve, y él no tiene mo-tivo para quejarse. Así es que la sentencia del tribunal de distrito se confirmará.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández, Figueras y Sulzbacher.


author: El Juez Presidente Se. Quiñones,

text:
    Blanco v. El Registrador de la Propiedad.
    Rectjeso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de San Juan.
    No. 9.
    Resuelto en diciembre 17, 1903.
    Inscripción de Títulos — Bienes Inscritos. — Los registradores denegarán la inscripción de los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la pose-sión de los bienes inmuebles o derechos reales en los casos en que dichos bienes o derechos reales aparecieren inscritos a nombre de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen.
    Bienes Gananciales. — Los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges,, durante el matrimonio, y a título oneroso, se reputarán gananciales, a no ser que se probare que hubiesen sido adquiridos con bienes propios del marido o de la mujer.
    Id. — Herederos-—Enajenación de Bienes Gananciales. — Si del registro apare-ciere que los bienes inscritos a nombre del marido fueron adquiridos por éste a título oneroso y constante su matrimonio, la inscripción de dichos bienes debe entenderse hecha a favor de la sociedad conyugal: y disuelta ésta por el fallecimiento de la esposa, sin que aparezca que se haya liqui-dado la sociedad, no procede inscribir la enajenación de esos mismos bienes hecha por el marido, sin que sea ratificada por todos los herederos de la mujer, a no ser que todos los herederos hubieren renunciado al derecho que puedan tener sobre los expresados bienes.
    Id. — La circunstancia de que el marido hubiere solventado con dinero de su propio peculio después del fallecimiento de la mujer, los gravámenes exis-tentes sobre los bienes adquiridos constante su matrimonio, en nada desvir-tuaría la eficacia de la anterior doctrina, pues el verdadero concepto de la adquisición del dominio, en su origen, no se alteraría en lo más mínimo, y tal circunstancia sólo daría lugar a una liquidación de cuentas entre el marido y los herederos de su mujer.
    Id. — -Deeectos Insubsanables. — La enajenación de bienes inmuebles pertene-cientes a la sociedad conyugal verificada por el marido sin el consentimiento(*) expreso de la mujer, implica un defecto que produce la nulidad de la obli-gación,- y constituye, por consiguiente, una falta insubsanable que impide la inscripción del documento en el registro de la propiedad.
    EXPOSICION DEL CASO.

      Visto el presente recnrso gubernativo interpuesto por Don Julián Blanco contra negativa del registrador de la propie-dad de esta capital a inscribir una escritura de venta de finca urbana.

      Resultando: que por escritura publica otorgada en esta capital ante el notario de la misma, Don Gabriel Guerra y Acosta, como sustituto del de la misma clase, Don Mauricio Guerra Mondragón y Mejias, en veinte de agosto último, Doña Mercedes, Doña Isabel y Doña María Carlota Blanco Pérez y Don Julián E. Blanco y Sosa, vendieron a Don Antonio Blanco y Pérez, por el precio y bajo las demás con-diciones que se expresan en dicha escritura, la casa número noventa y uno de la calle de San Francisco de esta capital, valorada en la testamentaría de su primitivo dueño Don Lú-eas Pérez y Pérez, en la suma de diez y ocho mil pesos meji-canos, de las cuales, mil novecientos cincuenta y tres pesos treinta y ocho centavos correspondían a las tres primeras comparecientes, por herencia de su abuelo el expresado Don Lucas Pérez y Pérez, y el resto de diez y seis mil cuarenta y seis pesos sesenta y dos centavos al otro compareciente Don Julián Blanco y Sosa; de ellos, dos mil novecientos sesenta y siete pesos ochenta y siete centavos, por haber satisfecho a los herederos Medina, tan luego llegaron a su mayor edad, una hipoteca por igual suma que tenían sobre la casa objeto de esta compraventa, y para cuyo pago se le había adjudi-cado en ella una suma igual como albacea del citado Don Lucas Pérez, según constaba en la divisoria de sus bienes, y el resto de trece mil setenta y ocho pesos setenta y cinco centavos, por compras hechas a diferentes partícipes que se enu-meran en la expresada escritura, en la (*) que declaran ade-más los comparecientes, que la participación que corresponde en la casa a Don Julián Blanco, se halla afecta, entre otras cargas, al pago a Don Julio y.Don Guillermo Pérez Acosta de la suma de treinta y cinco pesos doscientas treinta y siete milésimas mexicanos, que a cada uno de ellos dejó de abonarse al comprarles sus respectivas participaciones en la casa, o sea su equivalente de veinte pesos ocho y medio centavos oro ame-ricano, y a Don Lucas Blanco y Pérez, de los noventa pesos cuarenta y seis centavos de la participación que le correspon-día en la propia casa y que asimismo había vendido al Don Julián E. Blanco y Sosa, y de la qne por haber perdido la razón el Don Lucas, no llegó a otorgarle la correspondiente escritura de venta, la que le sería otorgada por su legítima representación tan luego se le proveyera de ella; e inser-tándose además en dicha escritura, literalmente, la cláusula siguiente :
    “4o. Que como consta a todos los comparecientes, sobre la casa descrita, absolutamente pesa ninguna otra carga, gravamen ni servi-dumbre de ninguna especie; sin embargo, para mayor claridad y ■evitar toda duda en lo porvenir, se hace constar lo siguiente: que .al otorgarse la última escritura hipotecaria a favor del Banco Colonial Americano, en que se refundieron las anteriores, se hizo el reparo por el señor registrador de la propiedad, de no poder hipotecar el Sr. Blanco y Sosa la participación de dos mil novecientos sesenta y siete pesos ochenta y siete centavos que como albacea de Don Lucas Pérez y Pérez se le adjudicaron en su testamentaría, en parte del valor de la casa referida para pagar la hipoteca que sobre ella pesaba por la misma suma a favor de los herederos Medina, por no haberse liquidado la sociedad conyugal que en la época de dicha adjudicación tuviera el compareciente Blanco y Sosa con su primera esposa, entonces viva, Doña Antonia María Pérez y Real; que sin embargo de que tal adjudicación hecha en su carácter de albacea y para el pago de una deuda de Don Lucas Pérez, no importaba una ad-judicación del esposo de Doña Antonia ni podía figurar como ganan-ciales de la sociedad conyugal que entre ellos mediara, mucho menos constando que hasta después de viudo no venció ni pudo pagar esa deuda el Sr. Blanco y Sosa, que íué cuando realmente adquirió, (*) mediante el pago de su propio peculio, la mencionada participación, inscrita exclusivamente a su nombre en el registro de la propiedad, de los nueve descendientes y herederos que a su muerte dejara Doña Antonia Pérez y Real, seis de ellos, Don Marcos, Don Antonio, Don José, Doña Mercedes, Doña Isabel y Doña María Carlota Blanco Pérez, reconocieron y declararon explícitamente por escritura pública otorgada igualmente en este protocolo, en treinta de diciembre del mil novecientos dos, de acuerdo con lo manifestado anteriormente, que ni ellos, ni sus demás coherederos tenían ni podían reclamar parte alguna de los dos mil novecientos sesenta y siete pesos ochenta y siete centavos antes referidos, en que nunca tuvo participación alguna su difunta madre; 'no haciendo igual declaración los otros tres herederos, por haber fallecido en la menor edad, Don Juan Blanco Pérez y Don. Julián Blanco Steel, hijo y nieto, respectivamente, de la finada Doña Antonia Pérez, al primero de los cuales ha sucedido su padre, el compareciente Blanco y Sosa, y al segundo su madre ausente, Doña Natalia Steel, sin que ésta ni aquél hayan obtenido aun la declaratoria, de herederos y por el estado de demencia en que se halla el otro here-dero, Don Lucas Blanco Pérez, según se ha dicho. Que si bien en virtud de esas declaraciones el señor registrador ha reconocido que el compareciente Blanco y Sosa puede disponer e hipotecó válidamente la parte que en la cantidad de que se trata podían reclamar a su juicio-los seis herederos antes nombrados, ha insistido en que la porción co-rrespondiente a los otros tres herederos Don Lucas y Don Juan Blanco-Pérez y Don Julián Blanco Steel debe reservárseles; de manera- que bajo el supuesto de considerarse como gananciales de la primer socie-dad conyugal del Sr. Blanco y Sosa los dos mil novecientos sesenta y siete pesos ochenta y siete centavos y de pertenecer a su esposa difunta, Doña Antonia Pérez Real la mitad de esa suma, o sean mil cuatrocientos ochenta y tres pesos noventa y tres y medio centavos mexicanos, equivalentes a ochocientos cuarenta y cinco dollars ochenta y cuatro centavos oro americano, correspondería a cada uno de sus nueve descendientes y herederos, noventa y tres pesos noventa y ochoy cuarto centavos oro americano y por consiguiente a los tres herederos cuyo derecho ha reservado el registrador, aunque los comparecientes-no les reconocen ninguno, doscientos ochenta y un dollars noventa y cuatro y tres cuartos centavos de dicha moneda nacional.”

      Resultando: que presentada dicha escritura para su ins-cripción (*) en el registro de la propiedad de esta Capital, la admitió en parte, y en parte la denegó el registrador, por los-fundamentos que expresa la nota puesta al pie de la referida, escritura y que copiada a la letra dice así:
    “Inscrito el anterior documento en cuanto a la venta e hipoteca que comprende sobre la finca en el mismo descrita, con excepción de-las participaciones que se dirán, al folio 135 del tomo 50 de San Juan, finca 202, nonuplicado, inscripción 38A. No admitida la ins-cripción respecto de la venta en cuanto a las participaciones de treinta y cinco pesos veinte y tres centavos mejicanos, que en la finca interesan. cada uno de Don Julio y Don Guillermo Pérez Acosta y de noventa pesos cuarenta y seis centavos de Don Lucas Blanco y Pérez y las que puedan pertenecer a Don Lucas y Don Juan Blanco y Pérez y Don Julián Blanco Steel en la mitad del condominio de dos mil nove-cientos sesenta y siete pesos ochenta y siete centavos mejicanos adjudi-cado a Don Julián B. Blanco en la testamentaría de Don Lucas Pérez, con arreglo al artículo 20 de la Ley Hipotecaria; y en cuanto a las participaciones adquiridas por el Sr. Blanco y Sosa por compra a Don Don Antonio, Don Marees y Don José Blanco y Pérez, Doña Manuela Pérez Martínez y Doña Palmira y Doña María Pérez Acosta, por veri-ficar la enajenación, aquél sin el consentimiento de su esposa, según lo exige el artículo 159 del Código Civil; y no admitida la inscripción de la hipoteca sobre las participaciones mencionadas que han sido objeto de la negativa respecto de la venta, por no quedar inscritas a favor del adquirente Don Antonio Blanco y Pérez, no pudiendo, por tanto, disponer de ellas como dueño; y se ha extendido anotación de la venta e hipoteca de referencia, en cuanto a las participaciones que han sido objeto de la negativa en la citada inscripción 38A., cuya ano-tación tendrá efecto legal durante 120 días de la fecha. San Juan Bautista de Puerto Rico, octubre quince de mil novecientos tres. El registrador, José Benedicto.”

      Resultando: que notificada la negativa del registrador a Don Julián Blanco y Sosa, pidió éste se elevara el documento a esta Superioridad para la resolución que procediera, como así lo verificó el registrador con la comunicación correspon-diente. (*)
   El Juez Presidente Se. Quiñones,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la siguiente opinión del tribunal.

Considerando: en cuanto al primer extremo de la nega-tiva del registrador, que careciendo Don Julián Blanco y Sosa de título de dominio inscrito de las participaciones que corresponden en la casa de que se trata a Don Julio y Don 'Guillermo Pérez y Acosta y Don Lucas Blanco y Pérez, y constando inscritas a nombre de éstos en el registro de la propiedad, es de rigurosa aplicación al caso el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, según el que, si los bienes enajenados o gravados aparecen inscritos a nombre de persona distinta •de la que los transfiere o grava, debe el registrador denegar la inscripción del documento.

Considerando: en cnanto al segundo extremo de la nota ■del registrador, que importando una verdadera adquisición del derecho de dominio, a título oneroso, la adjudicación que se hizo a Don Julián Blanco y Sosa en la divisoria de la testamentaría de su suegro Don' Lucas Pérez y Pérez, en el valor de la casa número 91 de la calle de San Francisco de •esta capital, de una participación por la suma de dos mil novecientos sesenta y siete pesos ochenta y siete centavos mejicanos, para pagar una deuda hipotecaria por la misma cantidad que pesaba sobre la casa citada, y habiendo tenido lugar dicha adjudicación en época en que estaba todavía vi-gente el matrimonio del Sr. Blanco con su primera esposa, Doña Antonia Pérez, es indudable que la participación en •el valor de la casa, así adquirida, pertenecía a la sociedad conyugal, con arreglo a la legislación vigente cuando tuvo lugar dicha adjudicación, o sea en el año de mil ochocientos ochenta y uno en que se hizo y fué aprobada la divisoria de los bienes de Don Lucas Pérez y según la cual, los bienes adquiridos por cualquiera de los esposos a título oneroso, durante el matrimonio, debían considerarse de la sociedad conyugal, a menos que se probase que hubiesen sido adqui-ridos con bienes propios del marido o de la mujer, (*) en lo que era conforme el antiguo Código Civil y lo es el vigente; y no constando por otra parte que se hubiese liquidado la "testamentaría de Doña Antonia Pérez, no ha podido vender Don Julián Blanco válidamente el condominio de que se trata, .al menos por lo que respecta a Don Lucas y Don Juan Blanco y Pérez y Don Julián Blanco Steel que no han renunciado .al derecho que pudieran tener sobre el expresado condominio^ •como herederos de la difunta Doña Antonia Pérez.

Considerando: que en nada se oponen a las anteriores •conclusiones las circunstancias de haberse adjudicado a Don Julián Blanco y Sosa la participación de que se trata en la casa de la calle de San Francisco, como albacea qne era de la testamentaría de su difunto suegro Don Lucas Pérez y Pérez, ni la de haber pagado la hipoteca que pesaba sobre la citada casa con posterioridad a la muerte de su primera esposa, Doña Antonia Pérez, y con dinero de su propio pe-culio, como lo consigna en la escritura; lo primero, porque a virtud de la adjudicación hecha al albacea Don Julián Blanco, el dominio de la participación que le transferían los herederos en el valor de la casa, lo adquiría Don Julián Blanco y Sosa en su nombre particular, sin más responsabili-dad que la de pagar la hipoteca que pesaba sobre la casa; y lo segundo, porque aun cuando el pago lo hubiera verifi-cado después de disuelto su matrimonio con Doña Antonia Pérez y con dinero de su propio peculio, lo que no se ha probado en ninguna forma, esta circunstancia no alteraría en lo más mínimo el verdadero concepto de la adquisición del dominio, en su origen, y sólo daría lugar en su caso a un arreglo o liquidación de cuentas entre el viudo Don Julián Blanco y los herederos de su primera mujer.

Considerando: por lo que se refiere al tercero y último extremo de la nota del registrador, que no habiendo com-parecido en la escritura la segunda esposa del vendedor Don Julián Blanco a prestar su consentimiento para la venta de (*) las diferentes participaciones que según resulta de aquel do-cumento ha adquirido el vendedor después de haber pasado a segundas nupcias, con arreglo al artículo 159 del nuevo Código Civil, adolece la venta de un defecto que produce la nulidad de la obligación, y que según el artículo 110 del Reglamento de la Ley Hipotecaria constituye una falta in-subsanable, que impide su inscripción en el registro de la propiedad.

Considerando: por tanto, que no quedando inscrito a favor del comprador Don Antonio Blanco y Pérez el dominio de las participaciones a que se refieren los considerandos ante-riores, carece de título hábil para hipotecarlas válidamente.

Vistas las disposiciones legales- citadas. Se aprueba en. todas sus partes la nota puesta por el registrador de la pro-piedad de esta capital al pie de la escritura de compraventa de que se trata, y devuélvase ésta con copia' de la presente resolución al registrador de la propiedad para su conoci-miento y demás efectos procedentes.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Higueras y Mac-Leary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    Argüeso Et Al v. Müllenhoff & Körber.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 98.
    Resuelto en diciembre 22, 1903.
    Competencia — Acción de Nulidad — Acción Personal. — La aeeión ejercitada en el caso de autos, sobre nulidad de cláusulas de escrituras hipotecarias y liqui-dación general de abonos, es personal y por lo tanto es competente para conocer de ella el tribunal del lugar en que deba cumplirsé la obligación, y a falta de éste, el del domicilio del demandado, o el del lugar del contrato, a no ser que hubiera habido sumisión expresa o tácita.
    Competencia — Reclamaciones del Deudor o Terceros Poseedores. — Las dispo-siciones del artículo 170 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipo-tecaria, en materia dé competencia, deberán interpretarse en armonía con las del artículo 175 del mismo reglamento, según el cual, todas las reclama-ciones que formulare el deudor o terceros poseedores y demás interesados en un procedimiento sumario, con excepción de las que el mismo artículo' enumera, se ventilarán en el juicio plenario correspondiente, y la compe-tencia para conocer de este juicio habrá de determinarse por las reglas-ordinarias. - .
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el juicio promovido ante la Corte de Distrito de Hn-maeao por Don Manuel Argüeso y Flores y Doña' Ernes-tina Frías y Noya contra los Sres. MüHenhoff & Korber,, sobre nulidad de cláusulas de escrituras hipotecarias, liqui-dación general de abonos y otros extremos; juicio pendiente ante nos a virtud de recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra resolución de dicha corte en cues-tión de competencia, habiendo representado a la parte re-currente el Letrado Don Eafael López Landrón, y a la parte recurrida el Letrado Don Jacinto Texidor.

      Resultando: que con fecha cuatro de mayo último, los esposos Don Manuel Argüeso y Flores y Doña Ernestina Frías y Noya, presentaron demanda contra la sociedad mer-cantil Müllenhofif & Korber, de esta capital, ante el Tribunal de Distrito de Humacao, para que, por los trámites del juicio declarativo, se ordenara por sentencia definitiva, entre otras cosas, que se subsanaran los errores de cantidad cometidos por duplicación de intereses en escrituras hipote-carias otorgadas bajo los números 81 y 82, en diez de mayo del año próximo pasado, por la referida sociedad y los de-mandantes, ante el Notario Don Herminio Díaz Navarro, de gravámenes impuestos a favor de los demandados, sobre la hacienda central “Ingenio” del barrio de Aguacate, de la jurisdicción de Tabucoa, de la propiedad de los referidos espo-,sos, se anularan determinadas cláusulas de las menciona-das (*) escrituras y se practicara una liquidación general de las hipotecas y cuentas corrientes sostenidas entre las partes para conservación y fomento de dicho “Ingenio,” mandando llevar a cabo- las cancelaciones correspondientes.

      Resultando: que admitida la anterior demanda, fueron ci-tados y emplazados para contestarla los Sres. MüllenhofJ & Korber, quienes acudieron al Tribunal de Distrito de .San Juan, para que requiriera de inhibición al de Humacao, a lo •que accedió el tribunal de San Juan, en auto de veinte y dos de mayo último librando oficio inhibitorio al de Humacao, para que se separara del conocimiento del juicio, como así lo .acordó ese tribunal en auto de trece de agosto, auto que fué apelado por los consortes Argüeso, habiendo sido remitidas las actuaciones a esta Corte Suprema para la decisión del recurso.

      Resultando: que tramitado el recurso en la forma corres-pondiente, después de instruidas las partes y resuelto un in-cidente de acumulación, se señaló día para la celebración de la vista, la cual tuvo lugar con asistencia e informe de las partes el día once de los corrientes.
    Abogado de los apelantes: Sr. López Landrón.

    Abogado de los apelados: Sres. Díaz y Texidor.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la siguiente opinión del tribunal.

Considerando: que en el apartado primero del artículo 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se dispone que fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, en los juicios, en que se ejercitan acciones personales, es juez competente el del lugar en que debe cumplirse la obligación, y a falta de éste, a elección del demandante, el del domicilio del demandado, o el del lugar del contrato, en el caso que dicho apartado expresa.

Considerando: que la acción ejercitada por los esposos Don Manuel Argüeso Flores y Doña Ernestina Frías Noya, sobre nulidad de cláusulas de las escrituras hipotecarias nú-meros (*) 81 y 82, y liquidación general de abonos, y otros extremos, es personal; y que, aun cuando así no fuera, consta la sumisión de los demandantes hecha expresamente, sin que pueda alegarse en contrario el precepto del artículo 170 del Reglamento Genera! para la ejecución de la Ley Hipotecaria, que consigna, que en el procedimiento para el cobro de crédito hipotecario o sus intereses ‘ ‘ será juez competente el del lugar en que radican los bienes hipotecados, sin que se admita sumi-sión en contrario,” porque tal precepto debe aplicarse rela-cionándolo con el del artículo 175 del mismo reglamento que dice que, fuera de los casos que enumera, “todas las demás reclamaciones que puedan formular, así el deudor como los terceros poseedores y los demás interesados, incluso las que versaren sobre nulidad del título o de las actuaciones, o sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se venti-larán en el juicio plenario que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecu-tivo. La competencia para conocer de este juicio declarativo se determinará por las reglas ordinarias.”

Considerando: que, por los fundamentos expuestos, el tribunal de San Juan es el competente para conocer del juicio de que se trata, y en su virtud es procedente y conforme a la ley el auto dictado en trece de agosto por el Tribunal de Distrito de Humacao, inhibiéndose de conocer del referido juicio.

Fallamos: que debemos confirmar el auto apelado que dictó el tribunal de ITumacao en trece de agosto último, con las costas a cargo de los recurrentes; y líbrese al Tribunal de Distrito de TIumacao la certificación correspondiente con de-volución de los autos que ha remitido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Figueras y Sulzbacher.(*)