author: El Juez Asociado Sr. IíutchisoN,

text:
    Dueño, Demandante y Apelado, v. Dueño, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobré divorcio.
    No. 2141.
    Resuelto en diciembre 21, 1920.
    Divorcio bor Trato Cruel — Causa de Acción — Alegación de Crueldad que Dots Condonada. — No aduce hechos suficientes para constituir causa de divorcio por trato cruel e injurias graves una demanda de la cual consta que los únicos actos de crueldad que no fueron condonados por el demandante consisten en que habiendo estado éste más o menos enfermo, su esposa dejó de prodigarle cuidados y administrarle los medicamentos.
    Id. — Id.—Se ha resuelto casi unánimemente que para constituir una' renovación de crueldad que ha sido condonada, no es necesario que las palabras o con-ducta que después tienen lugar, constituyan causa de divorcio, independiente-mente del trato cruel anterior, o den derecho al peticionario a una sentencia de divorcio. La subsiguiente mala conducta puede ser de carácter más leve que la que constituiría la primitiva crueldad, pues el temor de daño será más justamente excitado; pero en cambio se ha resuelto que las mismas con-sideraciones que sostienen la doctrina de que la condonación es menos fáeil de presumirse contra la esposa que contra el marido han dado lugar a que se resuelva que una renovación de crueldad que ha sido condonada se presume menos fácilmente contra ella que contra él.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados d© la parte apelante: Sres. J. H. Brown y M. Acosta.

    Abogado de la parte apelada: Sr. O. M. Wood.

   El Juez Asociado Sr. IíutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La. demandada en nna moción que presentó para que se anulara la sentencia en rebeldía dictada en un pleito de divorcio alegó primero, que la corte no había adquirido juris-dicción de la demandada y, segundo, que la demanda no adu-cía hechos suficientes para determinar una causa de acción.

Dicha moción fue denegada y son las mismas las cues-tiones que han sido sometidas en apelación. En vista de la conclusión a que hemos llegado en cuanto a la segunda pro-posición, no es necesario discutir la primera.

La demanda enmendada en cuestión alegaba lo siguiente:

“Primero. — Que tanto el demandante como la demandada son mayores de edad, y vecinos 'de Bayamón, y han vivido por más de un año en la Isla de Puerto Rico, y bajo la jurisdicción de esta corte, antes de la presentación de esta demanda.
“Segundo. — Que el demandante y la dem'andada contrajeron matrimonio en la ciudad de Baltimore, Maryland, el día 25 de oc-tubre de 1903.
“Tercero. — Que después de la celebración del matrimonio, ambos cónyuges vivieron en armonía, pero de algunos años a esta parte, la demandada se ha mostrado altanera y desapacible, insultando casi diariamente al demandante, llamándolo entre otras cosas, ca-nalla, indecente, sin vergüenza, sucio, criminal, jugador y borracho, en voz alta y en presencia del público.
“Cuarto. — Que el demandante proporciona dinero en abundancia para atender a la manutención de la casa y atender a los gastos de la mesa; pero, la demandada muestra tan poco interés que muchas veces con la idea de. atormentar y molestar al demandante no pre-para a tiempo los alimentos, tanto de sus hijos, como los del propio demandante; no se cuida de la alimentación de la familia lo que da por resultado que casi siempre los alimentos no son sanos, ni abundantes ni nutritivos, y por el contrario de mala calidad, y tan mal preparados, que dan lugar a frecuentes enfermedades tanto de los niños como de la demás familia.
“Quinto.- — Que es tal el espíritu y el estado de enemistad de la demandada, que cuando éste demandante, empleando buenas formas, ha tratado de sugerirle, o decirle algo, a fin de que se corrija, la demandada se enfurece y comienza a insultar al demandante, pre-firiéndole palabras análogas a las predichas, lo que obliga al de-mandante a salir de la casa agobiado por la lluvia de epítetos que le lanza.
“Sexto. — Que no obstante los diversos modos empleados a fin de que la demandada corrija su modo de ser, ella no altera su conducta, con lo que priva al dem'andante de la paz y armonía de los hogares.
“Séptimo. — Que allá por e? mes de agosto de 1911 llegó a tal grado de tirantez la situación entre ambas partes, que la demandada atentó contra la vida del demandante haciendo uso de un revólver que afortunadamente amarró fuego.
“Octavo. — Que a fines de julio esto es, el día 27 de 1911 agotada ya la paciencia del demandante, y convencido de que no era posible continuar soportando por más tiempo tal género de vida, interpuso demanda de divorcio ante la Corte de Distrito de Mayagüez, la que retiró a principio de septiembre del mismo año, accediendo a los ruegos de la demandada y bajo la promesa solemne de que modi-ficaría su modo de ser, y no se repetirían los altercados que diaria-mente interrumpían la armonía y tranquilidad de la casa conyugal; pero, no obstante tales promesas la demandada ha vuelto a lo mismo, y hasta puede decirse, que los actos que en el presente ejecuta son más ofensivos y humillantes.
“Noveno. — En apoyo de lo anterior se cita el siguiente caso: que habiéndose enfermado de alguna gravedad el demandante, y no encontrando cuidados y atenciones por parte de la demandada, la que se negaba hasta administrarle los medicamentos, tuvo que refugiarse en casa de los padres; y hasta allí le persiguió ella con crueldades, pues en la madrugada del 14 de m'ayo último-fue a lla-marlo con gritos estentóreos, y dirigiéndoles infinidad de imprope-rios al demandante y a sus padres, a tal extremo que uno de los vecinos salió en busca de un guardia, con lo que logró intimidar a lá demandada.
11 Décimo. — Que de este matrimonio han sido procreados los si-guientes hijos: Esmeralda, Braulio, Julia, Tom, Mary y Carmen, de 14, 12, 11, 10., 4 y 1 años de edad respectivamente y no existen bienes gananciales a repartir.
“Undécimo. — Que este'estado de intranquilidad existente en su hogar, es insostenible, los insultos, falta de alimentación adecuada las molestias y disgustos con que a diario tropieza este demandante, sin causa o razón de ser, han arruinado su salud, y han hecho de su vida un verdadero infierno.
“Duodécimo. — Que este demandante siempre se ha comportado como buen esposo y mejor padre, y siempre ha cumplido con todos los deberes que como ésposo y padre le corresponden, y creyendo que no puede ni debe de sufrir por más tiempo los vejámenes y vituperios que hasta la fecha ha recibido.”

Indudablemente los únicos actos de crueldad que clara-mente consta que no fueron condonados, como se expresa en la alegación octava, son aquellos de que el demandante se queja en la novena. La vaga manifestación de que el de-mandante estaba enfermo de alguna gravedad no implica ne-cesariamente que él necesitara ningún cuidado o atención especial por parte de la demandada, o que no pudiera tomar sus medicinas sin ayuda de alguien, ni siquiera que estuviera recluido en cama." Por el contrario el demandante parece haber estado en condiciones no sólo de atender a sus pro-pias necesidades, sino de trasladarse a la casa de sus padres, si bien no consta cuál fuera la distancia recorrida, los medios de traslación empleados, ni la forma en que los uti-lizó. El período de tiempo transcurrido entre la fecha de su salida y el de la llamada que fue a hacerle la demandada por la madrugada, no ha sido determinado. Qué se dispuso, si alguna disposición se hizo para el sostenimiento y aten-ciones de la esposa e hijos durante este intervalo en manera, alguna se ha tratado de explicar. Y aparte de la'presun-ción, de existir alguna, de que la situación de tal modo creada continuó así no hay nada que indigne la suspensión de las relaciones conyugales.

Por otro lado la demanda en conjunto sí sostiene la con-clusión de que por 'el espacio de unos ocho años y hasta la fecha del incidente referido en la alegación novena, la de-mandada no había dado a su esposo motivo alguno de queja. Y aparece de la alegación décima que durante este tiempo nacieron dos niños además de los otros cuatro que se enume-ran en dicha alegación. El dejar de prodigar atenciones hacia un esposo que se encontraba más o menos indispuesto, o hasta el dejar de administrarle los medicamentos, difícil-mente puede considerarse como constitutivo de trato cruel y sin que exista algo más, como justificativo del abandono por parte del marido, de la esposa, hogar e hijos.

“Los actos de crueldad que han sido condonados pueden reno-varse por nuevos actos de crueldad con tal que la recrudescencia no haya sido provocada por la conducta ofensiva del peticionario.” Nota al caso de Houghton v. Houghton, B. R. C. 585, p. 664.

Además,

“Se ha resuelto casi unánimemente, que paira constituir una renovación de crueldad que ha sido condonada', no es necesario que las palabras o conducta que después tiene lugar, constituyan causa de divorcio, independientemente del trato cruel anterior, o den de-recho al peticionario a una sentencia de divorcio. La subsiguiente mala conducta puede ser de carácter más leve que la que constituiría la primitiva crueldad, pues el temor de daño será más justamente excitado.” Idem, 665.

Pero en cambio,

“Las mismas consideraciones que sostienen la doctrina de que la condonación es menos fácil de presumirse contra la esposa que contra el marido han dado lugar a que se resuelva que una renova-ción de crueldad que ha sido condona'da se presume menos fácil-' mente contra ella que contra él.” Idem, 670.

La resolución apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. “Wolf firmó conforme con la sen-tencia-.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. 'Wolf,

license: Public Domain

text:
    González, Demandante y Apelante, v. Central Pasto Viejo, Inc., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2011.
    Resuelto en diciembre 21, 1920.
    Cesión — Peso de la Prueba. — Cuando un acreedor obtiene sentencia contra un deudor por virtud de una reclamación válida y en la ejecución de la senten-cia encuentra que todos los bienes ban sido traspasados -a otra persona, dicbo acreedor podrá embargar a su riesgo dichos bienes, y si en una controversia con el cesionario prueba el acreedor que en determinada fecha toda esta propiedad pertenecía al deudor, entonces es el cesionario quien tiene la obli-gación de probar que él adquirió el título a la propiedad.
    Id. — Id.-—Posesión.-—La mera posesión por el cesionario de nada servirá contra el título que tiene el deudor que ha sido subrogado en el procedimiento de ejecución por el acreedor. Un acreedor, sin embargo, no necesita proceder a la sentencia y ejecución, pues puede seguir el procedimiento más eficaz de presentar una demanda para que los- bienes que están en poder del ce-sionario queden sujetos al pago de su reclamación; y cuando la demanda es contra el cesionario y el demandante prueba que el título a la propiedad lo tiene su primitivo deudor, entonces el cesionario tiene asimismo la obliga-ción de probar que él tiene el título.
    Id. — -Sindicatura-—Reorganización de Corporaciones Insolventes — Créditos Comunes no Incluídos en la Reorganización. — Cuando una corporación compra en pública subasta, bajo las órdenes de una corte competente, todos los bienes de una corporación insolvente de acuerdo con ciertas condiciones impuestas por la corte, y la prueba tiende a mostrar el cumplimiento de esas condiciones y la jurisdicción de la corte, en ausencia de una asunción de las deudas de la corporación insolvente por la nueva corporación, no puede pros-perar una demanda contra ésta en cobro de un crédito contra la corpora-ción insolvente.
    Los becbos están expresados en,la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Muñoz Morales.

    Abogados de la apelada: Sres. F. Soto Qras, A. Nava y Domínguez y B. Siaca González.

   El Juez Asociado Se. 'Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este fué un caso en el que según los antos y alegatos ori-ginalmente radicados la corte no estaba enteramente satis-fecha de si debía considerarse o no a la Central Pasto Yiejo ya como continuadora de la Borinquen Sugar Company, o responsable por todas las obligaciones de esta última, por lo cual ordenamos la celebración de una nueva vista. Tam-bién deseábamos oir la discusión sobre la aplicación que pu-dieran tener los artículos 1789 al 1794 del Código Civil y por tanto, si la segunda compañía podía considerarse como una gestora oficiosa. Las partes no han discutido la apli-cabilidad de estos artículos y después de hacer un minucioso examen estamos convencidos de que tal cuestión litigiosa no estaba realmente envuelta en las alegaciones, ni fué promo-vida en la corte inferior aún cuando los hechos justificaran la aplicación de estas secciones.

La verdadera cuestión envuelta en el juicio fué la expre-sada en el párrafo octavo de la demanda enmendada, el cual es como sigue: ¡

“VIII. Que por virtud de un decreto de la Corte.de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico de fecha 23 de junio de 1915 y a solicitud de la corporación demandada, Central Pastoi Viejo, Ine., ésta se constituyó en sueesora legal de la Borinquen Sugar Company, obligándose a satisfacer todos los créditos prefe-rentes y comunes que existieran contra dicha corporación, Borin-quen Sugar Company.”

Esta alegación fué negada por la demandada y en su con-testación alegó sustancialmente que había adquirido todos los bienes de la Borinquen Sugar Company en una venta en pú-blica subasta ordenada por la Corte de Distrito de los Esta-dos Unidos para Puerto Rico, quedando sujeta dicha venta solamente a ciertas condiciones entre las cuales no estaba la de asumir el pago de los créditos comunes de la Borinquen Sugar Company, sino de ciertos créditos bajo determinadas condiciones, como se expresa en las órdenes de dicha corte y aparecen de la oferta hecha por la demandada de comprar dicha propiedad y como asimismo quedaron comprendidas en el proyecto de reorganización de la mencionada B orifi-quen Sugar Company.

Cuando un acreedor tiene una reclamación válida contra un deudor, -obtiene sentencia contra él y al ejecutar la sen-tencia encuentra que todos los bienes ban sido traspasados a otra persona, dicbo acreedor puede, a su riesgo, incautarse de los bienes así traspasados. Si en una discusión con el cesionario el acreedor prueba que en cierta fecha toda esta propiedad era propiedad del deudor, entonces el cesionario está en la obligación de demostrar que adquirió un título sobre la propiedad. La mera posesión por el cesionario no serviría de oposición al título del deudor subrogado en el procedimiento de ejecución por el acreedor. Un acreedor, sin embargo, no necesita proceder a que se dicte sentencia y ejecución sino que puede adoptar el método más seguro de radicar una demanda para que la propiedad que está en poder del cesionario quede sujeta al pago de la reclamación del acreedor como se hizo en este caso. Cuando la demanda es contra el cesionario y el demandante prueba que el título a la propiedad lo tiene el primitivo deudor, entonces el ce-sionario tiene asimismo la obligación de demostrar que él es quien tiene el título, como lo hizo o trató de hacer la deman-dada en este caso. Sea o no suficiente para traspasar el tí-tulo a la propiedad o cambiar el peso de la prueba la mera prueba de la orden de una corte competente presentada en juicio de donde aparece que existe una sindicatura y.venta hecha de los bienes por virtud de las órdenes de esa corte, es cuestión que no creemos necesario discutir extensamente. En la vista la demandada sostuvo firmemente que sostener lo contrario sería atacar las órdenes de la corte de distrito de los Estados Unidos para Puerto Bico. Basta con decir que aún cuando se alegue que existen procedimientos ante una corte, nos inclinamos a creer que un cesionario debe probar el debido proceso de ley y hecho por el cual la propiedad fue quitada al deudor y puesta en poder de un tercero. Nos in-dinamos sin embargo, a creer que la demandada afrontó y cumplió esta obligación en este caso.

Podríamos haber sido algo más claros en nuestra aprecia-ción respecto al caso si la demandada nos hubiera mostrado las alegaciones presentadas en la Corte de los Estados Uni-dos para Puerto Pico, de modo que pudiéramos saber de modo más terminante cómo y hasta qué punto esa corte ad-quirió jurisdicción sobre la propiedad de la Borinquen Sugar Company.

En el juicio de este caso varias órdenes e informes ra-dicados en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico fueron presentados como prueba. Aunque esta prueba no era tan amplia como debió haber sido y hubiera sido mejor radicar las alegaciones como lo fueron en aquella corte, sin embargo la corte inferior estuvo justificada al de-clarar que la Corte de Distrito de los Estados Unidos para' Puerto Rico adquirió jurisdicción sobre la propiedad de la Borinquen Sugar Co. en un procedimiento ejecutivo de hi-poteca que también vino finalmente a participar de la natu-raleza de una demanda general de acreedores. Además en favor de la jurisdicción de la Corte de Distrito de los Esta-dos Unidos sobre dichos bienes está el hecho de que él deman-dante en la corte inferior no discutió ni impugnó la juris-dicción de la referida Corte de Distrito de los Estados Unidos.

Lo que en la. demanda enmendada se alegaba era que la demandada había asumido el pago de todas las deudas de la Borinquen Sugar Company. En cuanto a esto, los hechos son los siguientes: Mientras estaban pendientes éstos proce-dimientos de ejecución de hipoteca en la Corte de Distrito de los Estados Unidos, ciertos accionistas y acreedores se reunieron y organizaron una nueva compañía que se hizo cargo de comprar toda la propiedad de la Borinquen Sugar Company, bajo una base de distribución determinada que fuese satisfactoria a las partes realmente ante la corte y a la corte misma. Sin embargo, se ordenó que se vendiese la propiedad en pública subasta por el síndico. Esta fue real-mente vendida de tal modo siendo la demandada el mejor postor que pagó cierta suma de dinero en la corte y asumió el pago de ciertos créditos preferentes y de pagar total o pro-porcionalmente determinados créditos comunes basta cierta cantidad, siendo ésta parte del precio total de compraventa de la propiedad de la Borinquen Sugar Company. Para te-ner participación en la distribución de este fondo, todos los acreedores comunes debían presentar sus reclamaciones a la corte dentro de un término preciso. El apelante en este caso fué notificado y no compareció, pero la mera notificación a él no hubiera afectado a su derecho a reclamar la propiedad si la Central Pasto Viejo no había adquirido título sobre ella mediante los debidos procedimientos. No vemos que la ale-gación hecha por el demandante en el párrafo octavo de su demanda estuviera justificada por la prueba. La demandada pagó cierto precio por la propiedad el cual en parte se com-ponía de un pago directo en la corte y en parte de la obli-gación de pagar ciertas deudas determinadas. La referida demandada jamás asumió el pago de todas las deudas de la Borinquen Sugar Company aunque en una y otra parte de las órdenes y procedimientos existen palabras que parecen indicarlo. Realmente la demandada sólo se hizo cargo de pagar como parte de la compra y hasta cierto límite, a los acreedores comunes que vinieran a la corte con sus recla-maciones. •

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Porto Rico Railway, Light and Power Company, Peticionaria, v. Hon. Luis Campillo, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Pri-mera, en un pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 306.
    Resuelto en diciembre 21, 1920.
    Apertura de Bebeldía — Demanda Enriendada — Permiso de la Corte. — Una vez que el demandado ha contestado, el demandante sólo puede enmendar su de-manda con permiso de la corte. Si la demanda se enmendara en tal caso sin permiso y el demandado dejara de contestarla y el secretario anotara su rebeldía, procede declarar con lugar la moción del demandado solicitando la apertura de la rebeldía.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de la peticionaria: Sres. P. Amado Rivera J J. S. Brown.

    El juez demandado no compareció.
    Abogado del interventor: Sr. E. Lopes Tisol.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Eduardo Conde demandó a Tbe Porto Rico Railway, Ligbt and Power Company en reclamación de daños y perjui-cios. La demanda se archivó en la Secretaría de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, el 11 de enero de 1916. El 22 del propio enero contestó la demandada. Así permaneció el pleito basta que cerca de dos años después, el 15 de octubre de 1917, la parte demandada solicitó que se desestimara la demanda por abandono del actor. La moción fue declarada sin lugar el 25 de octubre de 1917, debiendo el demandante solicitar, en el más breve término posible, el señalamiento de la vista en el presente caso, sin lo cual, ha-brá de considerársele como desistido de la continuación del mismo. ’ ’

Así las cosas, el demandante pidió el traslado del pleito a la sección primera de la misma corte y el 14 de marzo de 1918 archivó una demanda enmendada que aparece notificada a la demandada. Para el dicho archivo no solicitó el per-miso de la corte. T el pleito quedó otra vez paralizado por más de un año.

El 3 de abril de 1919 el demandante solicitó del secretario del tribunal la anotación de rebeldía de la demandada y así lo bizo dicho funcionario en septiembre 2, 1919.

Otro año transcurrió y el 13 de septiembre de 1920 apa-recen radicadas tres mociones: dos de la demandada, una solicitando la desestimación de la demanda por abandonó por no haberse cumplido por el demandante la condición que se le impuso por la orden de octubre 25, 1917, y la otra solici-tando la eliminación de la demanda enmendada y que se dejara sin efecto la rebeldía anotada. La tercera moción la presentó el demandante pidiendo la inclusión del pleito en el calenda-rio para juicio.

La corte oyó a ambas partes y el 6 de octubre de 1920 resolvió las dos mociones de la demandada, así:

“A la moción solicitando la desestimación de la demanda, la corte la declara sin lugar, por aparecer de los autos que en 14 de marzo de 1918, se presentó una demanda enmendada y en 30 de julio de 19.19, se le anotó la rebeldía.
“A la moción solicitando la eliminación de la demanda enmen-dada y que se deje sin efecto la rebeldía, no ha lugar a virtud de haber sido consentida la presentación de la demanda enmendada por la demandada, y en cuanto a la apertura de la rebeldía, se de-clara sin lugar por no aducirse razones en las que la corte pueda fundar su discreción.”

La demandada entonces solicitó y obtuvo de esta Corte la expedición del presente auto de certiorari. A nuestro jui-cio las circunstancias son tales que la corte debió claramente haber ejercitado su discreción en el sentido de ordenar la apertura de la rebeldía.

La notificación a la demandada de la demanda enmen-dada consta en la propia demanda enmendada así:

“Notificado con copia, hoy 14 de marzo, 1918. — J. H. Brown. P. A. Rivera, Abogado de la demandada.”

No consta q¡ue se notificara a la demandada que se pre-sentaría moción solicitando permiso para archivar la de-manda enmendada ni aparece en parte .alguna de los ■ autos que tal permiso fuera concedido.

Según el artículo 139 del Código de Enjuiciamiento Civil cualquier alegación podrá enmendarse una vez por la parte que la haya presentado sin costas, en cualquier tiempo antes de presentarse la contestación o excepciones previas, o después de ésfas y antes de juzgarse la cuestión de derecho planteada por la alegación que ha de enmendarse, lo cual se hará presentando la enmendada y entregando copia de la misma a la parte contraria, quien tendrá diez días contados desde la entrega para contestar o formular excepción previa contra la alegación enmendada. Y según el siguiente artículo 140, la corte en bien de la justicia podrá permitir enmiendas en los casos que en el mismo se expresan.

Parece que el demandante y la corte de distrito estimaron que era aplicable a este caso el artículo 139. Y no lo es, porque aquí había ya contestado la demandada y sólo se podía enmendar la demanda con permiso de la corte y no habién-dose concedido tal permiso, ni constando siquiera que se hu-biera solicitado, la demanda enmendada figuraba en los autos sin la debida autoridad y no podía, por tanto, perjudicar a la demandada. Véase el caso de Martínez v. Sucesión Arocena, 23 D. P. R. 371.

Por virtud de lo expuesto opinamos que debe anularse la orden de que se queja la peticionaria en cuanto negó la apertura de la rebeldía y devolverse el pleito para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Anulada la orden que denegó la apertura de la rebeldía y devuelto el caso para ulterio-res procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Ruíz, Demandante y Apelado, v. Sucesión de Cruz Jiménez, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2377.

    Resuelto en diciembre 23, 1920.
    Desestimación de Apelación — Transcripción de la Evidencia Radicada Puera de Tiempo — Negligencia del ’Taquígrafo o del Apelante — Jurisdicción.— Si el apelante o el taquígrafo omiten pedir a la corte inferior una extensión del término concedido al .último para preparar la transcripción de la evi-dencia j es ésta radicada en la secretaría fuera de tiempo, el hecho de que las partes pidieran de común acuerdo a la corte que fuera enmendada, y que mús adelante solicitaran la aprobación sin enmiendas, no da jurisdicción a la corte de distrito para aprobarla, por lo que procede declarar con lugar una moción en la que se solicita la desestimación del recurso.
    Los hechos están expresados en 1a opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. M. B. Acosta.

    Abogados del apelado: Sres. Reichard & Reichard.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La transcripción de la evidencia que la parte apelante pi-dió a la corte que hiciera el taquígrafo no fué presentada por éste en la secretaría de la corte inferior dentro del tér-mino que le fué concedido sino algunos días después sin que pidiera prórroga del término ni tampoco la parte apelante. En vista de estos hechos y de que han transcurrido más de noventa días desde que la apelación fué interpuesta sin que se haya presentado en este Tribunal Supremo la transcrip-ción de los autos solicita la parte apelada que desestimemos la apelación. En este particular el presente caso es igual al de Sanders, Philippi & Co., Sucs., S. en C. v. Rivera, que resolvimos el día 13 de este mes y año, (pág. 957), por lo que debemos dictar igual resolución. Es cierto que después que el taquígrafo presentó la transcripción de la evidencia las partes pidieron de común acuerdo a la corte que fuera enmen-dada y que después solicitaron sn aprobación sin enmiendas pero este hecho no da jurisdicción a la corte inferior para aprobar esa transcripción habiendo sido presentada despnés del término legal.

La apelación debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jneces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hntcbison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Chardón, Recurrente, v. El Registrador de Ponce, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de Ponce denegatoria de inscripción de una escritura de venta de finca para pago de contri-buciones.
    No. 479.
    Resuelto en diciembre 23, 1920.
    Venta en Subasta para Pago de Contribuciones — Certificado de Venta Expe-dido por el Colector — Requisito que ha de Contener el Certificado de Venta. — Para que sea inscribible en el registro de la propiedad el título del comprador de una finca vendida por un colector de rentas internas en subasta para pago de contribuciones, es requisito indispensable que el certi-ficado de venta contenga claramente el nombre del verdadero dueño de la finca embargada y vendida. Sancionar el traspaso de títulos por virtud de manifestaciones vagas o sujetas a conjeturas constituiría una seria amenaza a los derechos de los propietarios.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Carlos F. Chardón.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En una certificación expedida por el Tesorero de Puerto Rico se dice que en el expediente de apremio seguido para el cobro de contribuciones instituido por el Departamento de Hacienda contra Cristino Cáliz “por A. F.,” se halla agre-gada otra certificación que al efecto se copia literalmente y en la cual un subeolector hace constar que cierta propie-dad que en la misma se describe fué embargada y vendida en pública subasta por falta de pago de las contribuciones a Mannel Miranda. En esta copia certificada de la certifi-cación a qne acabamos de referirnos se dice a sn vez que “el nombre del contribuyente moroso” es “Cristino Cáliz, por A. F.”

Siete meses después de la certificación del Tesorero arriba descrita y trece años con posterioridad a la fecha de la cer-tificación que allí se copia, que acredita haber sido expedida por el subcolector de Peñuelas, certifica además el sub-teso-rero que la finca de 60 cuerdas de terreno, sita en el barrio Tallaboa Poniente, del término municipal de Peñuelas, P. R., subastada con fecha 27 de junio de 1906, para cobro de con-tribuciones adeudadas por el contribuyente Cristino Cáliz, “por Antonsanti y Franceschi” y adjudicada en dicho re-mate a Manuel Miranda, procede de una finca de 400 cuer-das de terreno que figuró a nombre del propio “Cristino Cáliz, -por Antonsanti y Franceschi” y que, las iniciales “A. F.” estampadas en el certificado de compra, Embargo No. 22,365 quieren decir “Antonsanti y Franceschi.”

Estos certificados fueron presentados por el Notario Carlos Chardón al registro de la propiedad para su inscrip-ción como prueba del título á la propiedad “rematada por contribuciones adeudadas por Cristino Cáliz, representante de Antonsanti & Franceschi,” propiedad que se dijo debía ser segregada en la inscripción del remanente de 200 cuer-das que figuran a nombre de Antonsanti & Franceschi, des-pués de otras varias segregaciones que según la inscripción se hicieron con anterioridad, de una finca de 500 cuerdas.

La nota recurrida es como sigue:

“Denegada la inscripción de este título, por no aparecer inscrita, a favor del deudor moroso Cristino Cáliz por A. F., ni de otra persona, la finca de sesenta cuerdas objeto del mismo. Cuya finca no puedo considerarse como parte que ha de ser segregada de la que se -halla inscrita, reducida hoy a doscientas cuerdas — -a favor de Antonsanti y Franceschi, mercantil de Guayanilla, al folio 178 del tomo 1 de Peñuelas, finca No. 28, inscripción 21, porque no son válidos, para llegar a esa eon elusion, el certificado del Súb-Tesorero. de Puerto Rico y el escrito de C. F. Chardón adicionados al efecto' (Salgado v. El Registrador, 26 D. P. R. 172, y Menédez v. El Registrador, 13 D. P. R. 191.”)

Admitiendo en pro del argumento, aunque sin resolverlo, que los hechos de este caso son suficientes para distinguirlo de los que han sido citados por el registrador, de ello no se infiere necesariamente que fuera errónea la calificación en cuestión.

No existe absolutamente nada en uno ú otro de los men-cionados certificados que demuestre por qué una propiedad que pertenece a Antonsanti & Franceschi debía ser vendida para cobro de contribuciones debidas por Cristino Cáliz, o por cualquiera otra persona. El certificado del sub-tesorero expedido trece años después de la venta en pública subasta por falta de pago de las contribuciones no suministra luz alguna sobre la cuestión, como no sea el dato de que las ini-ciales “A. F.” que aparecen en el certificado de- compra fi-guran por “Antonsanti & Franceschi.” No se ha probado que esto, de ser un hecho, conste en los autos de los proce-dimientos conocidos por “Embargo No. 22,365.” De todos modos el registrador no estaba obligado a aceptar, ni hu-biera estado justificado tampoco en seguir la mera conclu-sión de un notario de que en realidad el contribuyente mo-roso no era Cristino Cáliz como se decía en ambos certifi-cados, sino Antonsanti & Franceschi debidamente represen-tada por Cristino Cáliz. Sancionar el traspaso en la ins-cripción de títulos de bienes inmuebles por virtud de tales manifestaciones vagas, inciertas y sujetas a conjeturas, daría lugar a una confusión sin límites y constituiría una seria amenaza a los derechos de todos los propietarios.

No conocemos ninguna ley que autorice la venta de la propiedad de un ciudadano por contribuciones morosas de otro, y algo más que esto debe aparecer claramente de la faz del certificado de compra y no quedar sujeto a mera inferen-cia o a una conclusión a la que ha de llegarse mediante una. interpretación liberal de nna referencia dudosa, por no de-cir sin significado, a alguna supuesta o presunta relación entre el dueño de la propiedad vendida con derecho inscrito y el contribuyente moroso a cuyo nombre figuraba en los li-bros, registro, minutas, u otros informes sin especificar d jI Departamento del Tesoro.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes.- Sres. Presidente Hernández-y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Pbesidente Sb. Hebnández,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cartagena, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    No. 1625.
    Resuelto en diciembre 23, 1920.
    Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes — Bastón Usado para Agredir — Apreciación de Prueba por la Corte Inferior. — Habiéndole alegado en la denuncia que la agresión se hizo "con un bastón de hierro,” y probado en juicio que para realizar el delito el acusado usó nna varilla de hierro que el juez sentenciador apreeió ser un bastón, en ausencia de prueba de que tal apreciación fuera errónea, es preciso concluir que se ajustó a las alegaciones y a la prueba una sentencia que declaró al acusado convicto de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. A. Trujillo Güil. Bu ape-lación compareció a la vista el Sr. C. Iriarte.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Pbesidente Sb. Hebnández,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia que dió origen al presente caso en lo perti-nente dice así:

“Que en enero 20' de 1919 como a las 8.30 a. m. y en la Calle San Francisco frente a la Farmacia Blanco, del Distrito Judicial Municipal de San Juan, P. R. El acusado arriba .expresado maliciosa y voluntariamente y con el propósito de inferirle grave daño corporal a Andrés Rodríguez Vera, le acometió y agredió con un bastón de hierro que portaba, dándole con él en distintas • partes del cuerpo causándole varias contusiones. * * * ”

En 10 de marzo de 1919 se celebró el juicio en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, y practicadas las pruebas, el juez por sentencia de 31 del propio marzo declaró al acuáado culpable del delito que se le imputa y lo condenó a sufrir un año de cárcel y al pago de las costas con abono de la prisión preventiva sufrida.

El condenado .apeló para ante esta Corte Suprema, ale-gando como motivos del recurso que los hechos relatados en la denuncia no son constitutivos del delito de acometi-miento y agresión grave, pues en ella no se expresa que el bastón usado por el acusado fuera un arma mortífera por sus proporciones, o que causara deshonra a la persona agre-dida, o que con él se le causaran a ésta heridas graves, no habiéndose demostrado tampoco la existencia de todas o de alguna de dichas circunstancias, por lo que pide que se re-voque la sentencia apelada calificando el delito de acometi-miento simple.

La mera lectura de la denuncia muestra que los hechos imputados al acusado constituyen un delito de acometimiento y agresión con la circunstancia agravante sexta de las que enumera la sección sexta de la ley sobre la materia, apro-bada en 10 de marzo de 1904, por haberse hecho uso de un bastón infiriendo así deshonra a la persona agredida; y bajo esa teoría tenemos que llegar a la conclusión mediante el examen de la- evidencia que habiéndose probado que el acu-sado para verificar el acometimiento y agresión hizo uso de una varilla que el juez sentenciador tuvo a la vista y que él apreció ser un bastón, sin que el apelante haya demostrado error en esa apreciación, la sentencia se ajusta tanto' a la denuncia como al resaltado de las pruebas.

Gomo la denuncia no se bizo bajo la teoría de que se hiciera uso de un arma mortífera o de que se causaran al agredido lesiones graves, sino bajo la teoría ya expuesta de haberse usado un bastón, huelga examinar si el bastón usado era o no un arma mortífera o si -las contusiones fueron o no graves.

Es de confirmarse la sentencia apelada. _

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr.. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por infracción a la Pey de Automóviles.
    No. 1591.
    Resuelto en diciembre 23, 1920.
    Denuncia Suficiente — Automóviles—Causa de Acción. — Imputa concretamente al acusado la violación de los apartados “d” y “e,” sección 12 de la ley para regular el uso de vehículos de motor en Puerto Rico, una denuncia en la cual se alega que el acusado “no paró la máquina que guiaba por el centro de la carretera ni la desvió a su izquierda, arrollando por tal motivo al niño antes citado, causándole una herida grave en el pie izquierdo.
    Id. — Pena—Sentencia Modificada en Apelación. — Es errónea y procede que sea modificada en apelación una sentencia que impone la pena de cuatro meses de cárcel a un acusado convicto de infringir la ley No. 75 de abril 13, 1916.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José 'Martínez Dávila y Antonio Lens Cuena.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Eigueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr.. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Dos motivos de error alega el apelante contra la senten-cia que lo declaró culpable de infracción al artículo 12 de la Ley sobre Automóviles y lo condenó a cnatro meses de pri-sión y las costas, suspendiéndolo además como chauffeur por seis meses. Son los siguientes:

“Primew. — Que la Corte de Distrito de San Juan]- Sección Se-gunda, cometió error al declarar sin lugar la excepción perentoria establecida por el acusado contra la denuncia presentada en este caso.
“Segundo. — La Corte de Distrito de San Juan cometió error al imponer al acusado la pena de cuatro meses de cárcel por una in-fracción a la Ley1 de Automóviles, de 13 de abril de 1916.”

En apoyo del primer motivo de error alega el apelante que en la acusación no se le imputa la violación de alguna o algunas de las disposiciones concretas contenidas en la sección 12 de la Ley No. 75 aprobada por la Asamblea Le-gislativa de Puerto Rico el 13 de abril de 1916 porque ño especifica y concreta acto alguno en violación de ella y cita nuestras opiniones en los casos de El Pueblo v. Borque, 25 D. P. R. 595; El Pueblo v. Rivera, 26 D. P. R. 439; El Pueblo v. Salgado, 27 D. P. R. 881, y El Pueblo v. Matienzo, 27 D. P. R, 918.

Para contestar este argumento y que este caso no se baila en las mismas condiciones que los citados nos bastará transcribir la denuncia en lo pertinente de ella. Dice así:

“Que en julio 24, 1919, hora 3 p. m. y en la carretera que conduce de Vega Baja a Vega Alta del Distrito Judicial Municipal de Vega Baja, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., el referido acusado maliciosa |y voluntariamente violó las disposiciones de la Ley para reglamentar el uso de vehículos de motor en los caminos públicos de Puerto Rico en su artículo 12, Apartado ‘A’ no ejerció el debido cuidado para garantizar vidas y propiedades mientras conducía por la referida carretera el auto-móvil No. X-12-1 (del que era chauffeur) a bastante velocidad y a pesar de haber visto que delante de su automóvil caminaba el niño Tomás Martínez no paró la máquina que guiaba por el centro de la carretera ni la desvió a su izquierda arrollando por tal motivo al niño citado, causándole una herida grave en el pie izquierdo. # « * > > ¡.

Si bien, en esa acusación se Racé referencia al apartado “A” del artículo 12 que es general, realmente en ella se es-pecifica que guiaba el carro por el centro de la carretera y que no lo desvió a su izquierda al alcanzar al niño Tomás Martínez, lo que es bastante para que el apelante conociera que se le imputaba la infracción de los apartados “d” y “e”; y el haber dejado de citar esos dos apartados y men-cionar solamente el apartado “a” referente a que en todo tiempo se debe ejercer el debido cuidado y tomar precau-ciones razonables para garantizar vidas y propiedades no es de importancia.

En el segundo motivo de error tiene razón el apelante y así lo reconoce el Fiscal de este Tribunal Supremo pues el artículo 18 de dicha ley fija el castigo para sus infracciones en multa de no menos de cinco, dólares ni más de trescientos dólares o con prisión de no menos de cinco días ni más de tres meses; y como el apelante fué condenado a cuatro meses de prisión la sentencia es errónea en este particular y debe ser modificada.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada pero modificándola en cuanto a la prisión que debe sufrir el acusado que debe ser de tres meses.

Confirmada la sentencia pero modificándola en cuanto a la prisión del acusado, a tres meses de cárcel.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    M. Lamadrid & Co., Sucs., Demandantes y Apelantes, v. Torrens, Martorell & Co. et al., Demandados y Apelados.
    No. 2053.
    Resuelto en julio 31, 1920.
    Opinión de la corte, pág. 879.
   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

Mi disentimiento en este caso se funda en el razonamiento de qne por regia general nn socio individual no puede ser hecho parte en una acción seguida contra la compañía por una obligación de la sociedad, y además qne si existe una excepción como la de insolvencia, los demandantes no esta-ban comprendidos en la excepción.

El artículo 237 del Código de Comercio Español prescribe lo siguiente:

“Los bienes particulares de los socios colectivos que no se incluye-ron en el haber de la sociedad al formarse ésta, no podrán ser ejecu-tados para el pago de las obligaciones contraídas por ella, sino des-pués de haber hecho excusión del haber social.”

Según entiendo, la opinión de la mayoría acepta este pre-cepto del Código de Comercio, pero sostiene que no consti-tuye ningún obstáculo para que pueda hacerse parte a un socio colectivo en uña acción establecida contra la sociedad. La corte resuelve en efecto, que la sentencia dictada tanto contra la sociedad como contra el socio en particular no surte igualmente efecto contra ellos y que no puede proce-derse a la ejecución de los bienes del socio en particular sino después que se haya hecho excusión del haber social. Mi contención es sin embargo, que prescindiendo de las ex-cepciones que puedan existir como la de insolvencia, la res-ponsabilidad de un socio individual es condicional y no pura y que la condición sólo se cumple después de hecha la ex-cusión del haber social y por tanto, que no está él indivi-dualmente obligado en la acción antes de la excusión. La sentencia contra la sociedad a la cual sigue la excusión hace que los bienes de los socios colectivos queden sujetos a eje-cución sin necesidad de nna acción independiente, tanto de acuerdo con el artículo 237 del Código de Comercio, supra, como con el 127, el cual prescribe lo siguiente:

“Todos los socios que forman la compañía colectiva, sean o no gestores de la misma, estarán obligados personal y solidariamente,-con todos sus bienes, a las resultas de las operaciones que se bagan -a nombre y por cuenta de la compañía, bajo la firma de ésta y por persona autorizada para usarla.”

Me parece que es suficiente la mera lectura de estos ar-tículos para demostrar que la obligación de un socio particular es condicional y no pura, y por consiguiente él tiene derecho al beneficio del artículo 1081 del Código Civil el cual dispone lo siguiente:

“En las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerá del acontecimiento que constituya la condición.”

Un acreedor no tiene' derechos contra un socio individual mientras no se hayan cumplido las condiciones estable-cidas en los artículos 127 y 237 del Código de Comercio;

En Puerto Rico, como en Louisiana, una sociedad es una entidad semejante a una corporación en los Estados Uni-dos. Que es tal entidad es cosa sobre la cual no existe al parecer disputa alguna en Puerto Rico, y son numerosos los casos de Louisiana que lo sostienen. Newman v. Eldrige, 107 La. 315-320, en el cual se dijo que la sociedad es una entidad legal distinta a sus miembros; Stothart v. W. T. Hardie, 110 La. 696, donde se declaró que una sociedad se definía como un contrato por el que se crea una persona distinta de aquéllas que la forman. Pronunciamientos se-mejantes y aún más fuertes pueden verse en los casos de Paradise v. Gerson, 32 La. Annual, 532; Raymond v. Palmer, 41 La. Annual, 433; The Succession of Pilcher, 39 La. Annual 362.

Es verdad que los socios se obligan in solidum, pero in solidum sólo significa que cada socio queda finalmente obli-gado y no.cambia nna obligación condicional en pnra mien-tras no se realice la condición. Las palabras “in solidum” también significan que cada socio está igualmente obligado para con los demás, pero tales palabras no quieren decir necesariamente que la responsabilidad de un socio individual sea igual o corra en sentido paralelo a la responsabili-dad de la firmá misma, especialmente antes de la excusión. La opinión de la mayoría se funda en casos de las Filipinas, pero estos casos no muestran los medios por los cuales la c-orte de Filipinas llegó a su conclusión; no son por tanto satisfactorios para mi.

También se refiere la opinión de la mayoría al artículo lili de nuestro Código Civil, que prescribe lo siguiente:

“El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posterior-mente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo.”

Por supuesto que si un socio es deudor solidario con la sociedad no bay duda alguna de que bajo varios preceptos de los códigos, todos o cualquiera de los deudores solidarios pueden ser demandados, pero si por el contrario como sos-tengo, su obligación es condicional, no es él un socio solida-rio a tenor del estatuto. El no tiene responsabilidad individual alguna ni solidaria basta después de la excusión. El artículo lili establece la regla general la cual, de acuerdo con los conocidos principios de interpretación legal tendría que quedar sometida a las disposiciones más específicas de una ley especial como es el Código de Comercio.

Siento no baber tenido ante mi cuando se discutió este caso el artículo 1600 del Código Civil. Dicho artículo prescribe lo siguiente:

“Los socios no quedan obligados solidariamente respecto de las deudas de la sociedad y ninguno puede obligar a los otros por un acto personal, si no le ban conferido poder para ello.”
“La sociedad no queda obligada respecto a tercero por actos que un socio haya realizado en su propio nombre o sin poder de la so-ciedad para ejecutarlo; pero queda obligada para con el socio en cuanto dichos actos hayan redundado en provecho de ella.”
“Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo es-tablecido en la regla 1 del artículo 1597.”

Este artículo lia sido tomado del capítulo sobre Socieda-des y está en harmonía con las disposiciones del Código de Comercio. Expresa claramente que los socios no quedan obligados solidariamente respecto a las deudas de la socie-dad. Cualquier fuerza legal que pudiera tener el artículo lili para obligar solidariamente a personas en general que-daría anulada en" un caso de socios por el precepto termi-nante del artículo 1600.


author: JUEZ ASOCIADO SE. WOLE.

text:
    Díaz, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito, Demandado.
    No. 259.
    Resuelto en febrero 28, 1920.
    Opinión de la corte, pág. 141.
   ■OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SE. WOLE.

La ley no exige cosas vanas e inútiles y cuando el com-prador en una venta en pública subasta entrega la totalidad del precio al funcionario ejecutivo de la corte, dicho com-prador no está obligado a ver la aplicación que se da al im-porte de la venta. En este caso todo el precio de la venta fué a poder del marshal y eso equivalía legalmente, de acuerdo con nuestro procedimiento, a un depósito en la corte. Montes de Oca v. Baez et al., 23 D. P. R.. 707. Es cierto que Pol trató de embargar parte del precio como si pertene-ciera al deudor y que Díaz también cometió un error, pero como indica la corte, (pág. 141) la actitud de las partes no establece diferencia alguna. El marshal no tenía de-recho a pagar el saldo de $81.50 a Pol, y en realidad de verdad el expediente elevado a esta Corte demuestra que él efectivamente depositó esta suma en la corte donde Díaz pudo haberla obtenido. El comprador no está obligado a entregar el dinero a los otros acreedores hipotecarios sino meramente a depositar la totalidad del plecio. Esta es la conclusión necesaria según los artículos 125 y siguientes de la Ley Hipotecaria y 132, 174 y siguientes del reglamento para su ejecución.

Como Benigno Díaz podía obtener una orden y adjudi-cación de esta suma de $81.50 mediante la debida solicitud hecha a la corte este es un caso de minimis y no es de apli-cación el auto de certiorari.

Además, el hecho de si la Corte de Distrito de Mayagiiez tenía o no derecho a ordenar la cancelación era una cues-tión de .ley sustantiva. No se promovió cuestión alguna res-pecto al derecho de Benigno Díaz para oponerse a la cance-lación. El fue oído debidamente y la corte resolvió en su contra. No levantó, además, ninguna cuestión de que los $81.50 no se le pagaron. El trataba de hacer que el com-prador pagara los plazos restantes de la hipoteca como ter-cer poseedor. No se negó a Díaz ningún derecho procesal y el auto de "certiorari debió haber sido anulado.


text:
    Ex parte Saldaña, Promovente, v. Waymouth, Opositor y Apelante.
    Enero 12, 1920.
   San Juan, Sección Primera. Consignación de dinero.

Desistida la a/pelación.


text:
    No. 2170.
    Forés, Demandado y Apelante, v. Balsac, Demandado y Apelado.
    Enero 16, 1920.
   Mayagüez. Indemnización.

Con lugar la moción del demandado y desestimada la apelación.


text:
    No. 271.
    Gutiérrez, Peticionaria, v. Hon. P. Berga, Juez Substituto, y Hon. J. Texidor, Juez de la Corte de Distrito, Demandados.
    Enero 16, 1920.
   San Juan, Sección Primera. Certiorari.

Sin lugar.


text:
    No. 21.
    Martínez, Promovente, v. Acosta, Fiscal de la Corte de Distrito, y Méndez, Demandado,
    Enero 16, 1920.
   Aguadilla. Anto inhibitorio.

Sin lugar.


text:
    No. 1449.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ortiz (a) Cubano.
    Enero 19, 1920.
   San Juan, Sección Segunda. Infracción de la Ley de Automóviles.

Revocada la senten-cia apelada.


text:
    No. 272.
    Gandía, Peticionario, v. Hon. J. M. Rossy, Juez de la Corte de Distrito, Demandado.
    Enero 20, 1920.
   San Juan, Sección Segunda. Certiorari.

Desistido.


text:
    No. 26.
    Gandía, Demandante y Apelante, v. Trias y Stubbe, Demandados y Apelados.
    Enero 20, 1920.
   San Juan, Sección Segunda. Aprobación de transcripción de autos.

Desistido el recurso que de acuerdo con la regla 64 del Reglamento se interpuso, debiendo el Secretario desglo-sar y entregar al recurrente las transcripciones, certificacio-nes, etc., que acompañó.


text:
    No. 1475.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Paniagua, Acusado y Apelante.
   San Juan, Sección Segunda. Acometimiento y agresión grave.

Enero 26, 1920.

Desistida la apelación.


text:
    No. 1459.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Olmo, Acusado y Apelante.
    Enero 26, 1920.
   Arecibo. Acometimiento y agresión con agravantes.

Confirmada.


text:
    No. 1455.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Santiago (a) Ponce, Acusado y Apelante.
    Enero 20, 1920.
   Mayagüez. Delito contra la paz pública.

Confirmada.


text:
    No. 2172.
    González et al., Demandantes y Apelantes, v. Quiñones et al., Demandadas y Apeladas.
    Enero 27, 1920.
   Humacao. Nuli-dad de contratos.

Desestimada.


text:
    No.-.
    El Pueblo, Demandante Apelado, v. Barado, Acusado Apelante.
    Enero 29, 1920.
   San Juan, Sección Segunda. Infrac-ción del artículo 260 del Código Penal.

Desistida.


text:
    No. 1463.
    El Pueblo, Demandado y Apelado, v. Padilla, Acusado y Apelante.
    Enero 29, 1920.
   Mayagüez. Delito contra la salud pú-blica.

Confirmada.


text:
    No. 274.
    Barceló, Peticionario, v. Hon. R. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito, Demandado.
    Enero 30, 1920.
   Humacao.

Certiorari. Sin lugar.


text:
    No. 1461.
    El Pueblo, Demandante-Apelado, v. Sosa, Acusado y Apelante.
    Febrero 3, 1920.
   Mayagüez. Delito contra la salud pública.

Confirmada.


text:
    Nos. 1464 y 1465.
    El Pueblo, Demandado y Apelado, v. E. Rodríguez e Hijo, Demandados y Apelantes.
    Febrero 3, 1920.
   Arecibo. Infracción de la ley de salario mínimo.

Confirmadas.


text:
    No. 1471.
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Ríos, Demandado y Apelado.
   San Juan, Sección Segunda. Infracción de la sección 4 de la Ley No. 69, 1917 (alcoholes).

Desistida.


text:
    No. 273.
    Martínez, Peticionario, v. Hon. A. Crosas, Juez de Distrito.
    Febrero 6, 1920.
   Aguadilla. Certiorari.

Sin lugar.


text:
    No. 2106.
    López, Apelante, v. Lizardi, Apelado.
   Aprobación de memorandum de costas y cumplimiento de contrato. Humacao.

Resuelto en febrero 6, 1920,

por los fundamentos del caso Brac v. Ojeda et al., 27 D. P. R. 658.

Confirmada.


text:
    No. 2164.
    Carbia et al., Demandantes y Apelados, v. Fuster, Demandado y Apelante.
    Febrero 6, 1920.
   San Juan, Sección Primera. Desahucio.

Desestimada.


text:
    No. 1462.
    El Pueblo, Demandado y Apelado, v. Acosta, Acusada y Apelante.
    Febrero 6, 1920.
   Mayagüez. Delito contra la salud pú-blica.

Confirmada.


text:
    No. 2036.
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Sucesores de C. y F. Fantauzzi et al., Demandados y Apelados.
    Febrero 10, 1920.
   San Juan, Sección Primera. Nulidad de acuerdo de la Co-misión del Eiego.

Teniendo por desistido a El Pueblo.


text:
    No. 2034.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Sucesores de C. y F. Fantauzzi et al., Demandados y Apelantes.
    Febrero 10, 1920.
   San Juan, Sección Primera. Nulidad de acuerdo de la Co-misión de Riego.

Desistida por él ape-lante.


text:
    No. 1469.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Sandoval, Acusado y Apelante.
    Febrero 10, 1920.
   Arecibo. Infracción de la Ley de Salario Mínimo.

Confirmada.


text:
    No. 2175.
    Mario Mercado e Hijos, Demandantes y Apelantes, v. Martínez & Domínguez, S. en C., Demandados y Apelados.
    Febrero 19, 1920.
   Mayagüez. Cobro de dinero.

Desistida.


text:
    No. 2180.
    J. Beléndez y Solá, Demandante y Apelado, v. J. Gómez y Cía., Demandados y Apelantes.
    Febrero 20, 1920.
   San Juan, Sección Primera. Cobro de dinero.

Desestimada.


text:
    No. 1457.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez et al., Acusados y Apelantes.
    Febrero 20, 1920.
   Aguadilla. Acometimiento y agresión simple.

Confirmada.


text:
    No. 2192.
    Lanause, Demandante y Apelada, v. Lanause, Demandado y Apelante.
    Febrero 25, 1920.
   Guayama. Retracto de comuneros.

Desistida.


text:
    Nos. 2183 y 2184.
    Gandía, Demandante y Apelante, v. Trias et al., Demandados y Apelados.
    Febrero 26, 1920.
   San Juan, Sección Segunda. Liquidación de la sociedad Gandía & Stubbe, etc.

Desistidas las apelaciones.


text:
    No. 1470.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ramos, Demandado y Apelante.
    Febrero 26, 1920.
   San Juan, Sección Segunda. Se-ducción.

Confirmada.


text:
    No. 1474.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rosa (a) Pocholo, Acusado y Apelante.
    Febrero 26, 1920.
   Asesinato en segundo grado. San Juan, Sección Segunda.

Confirmada.


text:
    No. 2191.
    Ricci et al., Demandantes y Apelantes v. Merle et al., Demandados y Apelados.
    Marzo 2, 1920.
   Guayama. Reivin dicación.

Desestimada.


text:
    No. 2086.
    Rivera, Demandante y Apelado, v. Martínez, Demandado y Apelante.
    Marzo 9, 1920.
   Aguadilla. Memorándum de cos-tas en causa por libelo y daños y perjuicios. (Reconsidera-ción.)

Sin lugar.


text:
    No. 2094.
    Rivera, Demandante y Apelado, v. Martínez, Demandado y Apelante.
    Marzo 9, 1920.
   Aguadilla. Libelo y daños y per-juicios.

Sin lugar.


text:
    No. 1486.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera, Acusado y Apelante.
    Marzo 9, 1920.
   Acometimiento y agresión grave. Ponce.

Desistida.


text:
    No. 1494.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pérez, Acusado y Apelante.
    Marzo 9, 1920.
   Infracción de la Ley de Pesas y Me-didas.

Desistida.


text:
    No. 443.
    Dávila, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Marzo 11, 1920.
   Recurso gubernativo.

Dejando sin efecto la resolución de mareo 9, de este Tribunal, se ordena el envió de certificación de todos los asientos y notas del registro.


text:
    No. 2201.
    Hernández, Demandante y Apelado, v. Burgos, Demandado y Apelante.
    Marzo 11, 1920.
   Divorcio. Guayama.

Desistida.


text:
    No. 1489.
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pérez, Acusado y Apelante.
    Marzo 15, 1920.
   Arecibo. Acometimiento y agresión grave.

Confirmada.


text:
    No. 22.
    Rodríguez, Promovente, v. Hon. Luis Campillo, Juez de Distrito.
    Marzo 15, 1920.
   San Juan, Sección Segunda. Auto inhi-bitorio.

Sin lugar.


text:
    No. 2160.
    Cardosa et al., Demandantes y Apelados, v. Ramírez, Demandado y Apelante.
    Marzo 25, 1920.
   Rescisión de contrato de. arrendamiento. Mayagüez.

Desistida.


text:
    No. 2208.
    Solá, Demandante y Apelada, v. Solá, Demandada y Apelante.
    Marzo 25, 1920.
   Alimentos provisionales. Humacao.

Desistida.


text:
    No. 2137.
    Rodríguez, Demandante y Apelado, v. Castro, Demandado y Apelante.
    Marzo 25, 1920.
   Daños y perjuicios. (Nuevo Jui-cio.) Mayagüez.

Desistida.


text:
    No. 281.
    Rivera, Peticionario, v. Hon. Luis Campillo, Juez de Distrito, Demandado.
    Marzo 26, 1920.
   San Juan, Sección Primera. Certiorari.

Sin lugar.


text:
    No. 283.
    Díaz, Peticionario, v. Hon. Luis Campillo, Juez de Distrito, Demandado.
    Marzo 29, 1920.
   Certiorari. San Juan, Sección Primera.

Sin lugar.


text:
    No. 282.
    Boerman, nee María L. Fordham, Peticionaria, v. Hon. D. Sepúlveda, Juez de Distrito.
    Marzo 30, 1920.
   Ponce. Certiorari.

Sin lugar.


text:
    No. 284.
    Rodríguez, Peticionario, v. Hon. E. Lloreda, Juez de Distrito, Demandado.
    Marzo 30, 1920.
   Arecibo. Certiorari.

Sin lugar.


text:
    No. 2205.
    Sucesión Parra, Promovente, v. Martínez, Apelado.
    Marzo 30, 1920.
   San Juan, Sección Primera. Dominio.

Desestimada.


text:
    No. 1481.
    El Pueblo, Apelado, v. Torruella, Apelante
    Marzo 30, 1920.
   Infracción de la Ley de Arbitrios.

Con-firmada.


text:
    No. 1500.
    El Pueblo, Apelado, v. Ortiz, Apelante.
    Abril 6, 1920.
   Aco-metimiento y agresión con agravantes. San Juan, Sección Segunda.

Desistida.


text:
    No. 286.
    Rodríguez, Peticionario, v. Lloreda, Juez de Distrito, Demandado.
    Abril 8, 1920.
   Arecibo. Certiorari.

Sin lugar.


text:
    No. 287.
    Cabassa et al., Peticionario, v. Sepúlveda, Juez de Distrito, Demandado.
    Abril 12, 1920.
   Ponce. Certiorari.

Sin lugar.


text:
    No. 1495.
    El Pueblo, Apelado, v. Menéndez, Apelante.
    Abril 16, 1920.
   Alterar la paz. San Juan, Sección Segunda.

Confirmada.


text:
    No. 1507.
    El Pueblo, Apelado, v. Bou, Apelante.
    Abril 16, 1920.
   Acometimiento y agresión grave. Ponce.

Confirmada.


text:
    No. 1496.

    El Pueblo, Apelado, v. Cuevas, Apelante.
    Abril 16, 1920.
   Acometimiento y agresión grave. San. Juan, Sección Segunda.

Confirmada.


text:
    No. 288.
    Díaz, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito.
    Abril 16, 1920.
   Mayagüez. Certiorari.

Denegado.


text:
    No. 1433.
    El Pueblo, Apelado, v. Guillermo, Apelante.
    Abril 20, 1920.
   Abandono de menores. Arecibo.

Revo-cada y absuelto él acusado.


text:
    No. 2109.
    Estebanía Carlo, Apelada, v. Ferrer, Apelante.
    Abril 20, 1920.
   Nuevo juicio en pleito de filiación. Mayagüez.

Confirmada.


text:
    No. 1498.
    El Pueblo, Apelado, v. Hernández, Apelante.
    Abril 29, 1920.
   Acometimiento y agresión grave.

Confirmada.


text:
    No. 289.
    López, Peticionario, v. Rossy, Juez de Distrito, Demandado.

    Abril 29, 1920.
   Certiorari. San Juan, Sección Segunda.

Denegado.


text:
    No. 1499.
    El Pueblo, Apelado, v. Flores, Apelante.
    Abril 30, 1920.
   Acometimiento y agresión grave. San Juan, Sección Segunda.

Confirmada.


text:
    No. 1501.
    El Pueblo, Apelado, v. Santos, Apelante.
    Abril 30, 1920.
   Alterar la paz. San Juan, Sección Segunda.

Confirmada.


text:
    No. 291.
    Cividanes, Peticionario, v. López Acosta, Juez de Distrito, Demandado.
    Mayo 8, 1920.
   Guayama. Certiorari.

Denegado.


text:
    No. 2227.
    Banco Territorial y Agrícola, Apelado, v. Lebrón et al., Apelantes.
    Mayo 8, 1920.
   Cobro de dinero. San Juan, Sección Primera.

Desestimada.


text:
    No. 2238.
    Frangeia, Apelante, v. Dahdah et al., Apelados.
    Mayo 20, 1920.
   Daños y perjuicios. San Juan, Sección Primera.

Desestimada.


text:
    No. 1515.
    El Pueblo, Apelado, v. Rivera, Apelante.
    Mayo 20, 1920.
   Acometimiento y agresión grave. San Juan, Sección Segunda.

Confirmada.


text:
    No. 2187.
    Gandía, Apelante, v. Trias et al., Apelados.
    Mayo 21, 1920.
   Liquidación de Sociedad. San Juan, Sección Segunda.

Denegada la moción sobre enmienda de la trans-cripción.


text:
    No. 292.
    Aboy, Socio de Díaz & Aboy, Peticionario, v. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito, Demandado.

    Mayo 21, 1920.
   Certiorari.

Sin lugar.


text:
    No. 1509.
    El Pueblo, Apelado, v. Mayoral, Apelante.
    Mayo 21, 1920.
   Infracción de la Ley de Automóviles. Ponce.

Confirmada.


text:
    No. 1518.
    El Pueblo, Apelado, v. Lara, Apelante.
    Mayo 21, 1920.
   In-fracción de la Ley de Arbitrios.

Confir-mada.


text:
    No. 2224.
    Rodríguez, Apelado, v. Vázquez, Apelante.
    Mayo 25, 1920.
   Cobro de dinero. Mayagüez.

Desestimada.


text:
    No. 1511.
    El Pueblo, Apelado, v. Vázquez, Apelante.
    Junio 1, 1920.
   Hurto de menor cuantía. Ponce.

Confir-mada.


text:
    No. 1520.
    El Pueblo, Demandado, v. Vázquez, Apelante.
    Junio 1, 1920.
   Abuso de confianza. Aguadilla.

Confir-mada.


text:
    No. 2253.
    Aquino, Apelante, v. Cruz, Apelada.
    Junio 2, 1920.
   Divorcio. San Juan, Sección Primera.

Desistida la ape-lación.


text:
    No. 294.
    G. Garau & Cía., Peticionario, v. J. A. López Acosta, Juez de Distrito, Demandado.
    Junio 3, 1920.
   Certiorari. Guayama.

Denegado.


text:
    No. 296.
    Mercado, Peticionario, v. Sepúlveda, Juez de Distrito.

    Junio 4, 1920.
   Certiorari. Ponce.

Sin lugar.


text:
    No. 297.
    Zavaleta, Peticionario, v. J. A. López Acosta, Juez de Distrito, Demandado.

    Junio 5, 1920.
   Certiorari. Guayama.

Sin lugar.


text:
    No. 2249.
    Conesa, Apelante, v. Casals, Demandado, y Díaz, Tercerista, Apelada.
    Junio 8, 1920.
   Tercería de bienes muebles. Guayama.

Desestimada.


text:
    No. 2250.
    Amadeo, Apelante, v. Sánchez Morales & Cía., Apelado.
    Junio 11, 1920.
   Indemnización. Guayama.

De-sestimada.


text:
    No. 2216.
    Ruiz, Apelante, v. Koch Lezcano, Apelada.
    Junio 12, 1920.
   Indemnización de daños y perjuicios. Arecibo.

Desistida.


text:
    No. 295.
    Wolkers, Peticionario, v. Campillo, Juez de Distrito.

    Junio 14, 1920.
   Certiorari. San Juan, Sección Primera.

Desistido.


text:
    No. 1536.
    El Pueblo, Apelado, v. Anzalota, Apelante.
    Junio 14, 1920.
   Daños maliciosos. San Juan, Sección Segunda.

Confirmada.


text:
    No. 298.
    Olmo, Peticionario, v. J. M. Rossy, Juez de Distrito, Demandado.

    Junio 17, 1920.
   Certiorari. San Juan.

Sin lugar.


text:
    No. 2262.
    Sánchez, Apelado, v. Rodríguez et al., Apelantes.
    Junio 21, 1920.
   Daños y perjuicios. San Juan, Sección Primera.

Desestimada.


text:
    No. 2146.
    Nicot, Apelado, v. Valdecilla et al., Apelantes.
    Junio 22, 1920.
   Convenio de deslinde. (Reconsideración.) Ponce.

Sin lugar.


text:
    No. 2173.
    Piovanetti et al., Apelados, v. Paz et al., Apelantes.

    Junio 24, 1920.
   Mandamus. (Reconsideración.) Ponce.

Sin lugar.


text:
    No. 182.
    Stubbe et al., Peticionarios, v. J. M. Rossy, Juez de Distrito, Demandado.
    Junio 24, 1920.
   San Juan, Sección Segunda. Mandamus.

Desistido y sin efecto el señala-miento.


text:
    No. 1540.
    El Pueblo, Apelado, v. Solis et al., Apelantes.
    Junio 24, 1920.
   Delito contra la justicia pública. Guayama.

Confirmada.


text:
    No. 1539.
    El Pueblo, Apelado, v. García, Apelante.
    Junio 24, 1920.
   In-fracción de la Ley de Arbitrios. Guayama.

Confirmada.


text:
    No. 1538.
    El Pueblo, Apelado, v. Cáceres, Apelante.
    Junio 25, 1920.
   Incitación a motín. Mayagüez.

Confir-mada.


text:
    No. 299.
    Martínez, Peticionario, v. A. B. Crosas, Juez de Distrito, Demandado.
    Junio 28, 1920.
   Aguadilla. Certiorari.

Sin lugar.


text:
    No. 1542.
    El Pueblo, Apelado, v. Géigel, Apelante.
    Junio 28, 1920.
   In-fracción de la Ley de Arbitrios. Aguadilla.

Revocada.


text:
    No. 1473.
    El Pueblo, Apelado, v. Oliveras, Apelante.
    Junio 28, 1920.
   Infracción de la sección 13 del Reglamento del Tesorero (sec-ción 23 de la Ley No. 69 de 1917). Aguadilla.

Confirmada.


text:
    No. 1531.
    El Pueblo, Apelado, v. Fillero, Apelante.
    Junio 28, 1920.
   Hurto de menor cuantía. Mayagüez.

Con-firmada.


text:
    No. 1512.
    El Pueblo, Apelado, v. Sepúlveda et al., Apelantes.
    Junio 28, 1920.
   Alterar la paz. Ponce.

Confir-mada.


text:
    No. 2186.
    Almodóvar et al., Apelantes, v. Santa Isabel Sugar Company, Apelada.
    Junio 28, 1920.
   Desahucio. (Reconsideración). Ponce.

Sin lugar.


text:
    No. 2128.
    Torres, Apelada, v. Ramos, Apelante.
    Junio 28, 1920.
   Reivin-dicación de inmuebles. (Reconsideración.) Mayagüez.

Sin hogar.


text:
    Nos. 1543, 1544, 1545 y 1546.
    El Pueblo, Apelado, v. Luccioni, Apelante.
    Junio 30, 1920.
   Adulteración de leche. Ponce.

Confirmadas la.s sentencias.


text:
    No. 1527.
    El Pueblo, Apelado, v. Cumpiano, Apelante.
    Junio 30, 1920.
   Artículo 438 del Código Penal (compra de objetos robados). Mayagüez.

Revocada.


text:
    No. 2171.
    Llompart et al., Apelantes, v. Díaz, Apelado.
    Junio 30, 1920.
   Cobro de crédito hipotecario.

Humacao. Desestimada.


text:
    No. 2042.
    Díaz et al., Peticionarias, v. Cividanes, Opositor y Apelante.
    Junio 30, 1920.
   Administración judicial. Guayama.

Desestimada.


text:
    No. 2218.
    Méndez, Apelada, v. Baldassari, Apelante.
    Julio 1, 1920.
   Indemnización. (Reconsideración). Mayagüez.

Sin lugar.


text:
    No. 300.
    Schmidt, Peticionario, v. C. H. Foote, Juez de Distrito.
    Julio 2, 1920.
   Mayagüez. Certiorari.

Sin lugar.


text:
    No. 1533.
    El Pueblo, Apelado, v. Aybar, Apelante.
    Julio 2, 1920.
   In-juria y calumnia. San Juan, Sección Segunda.

Revocada ty absuélto el acusado.


text:
    No. 1547.
    No. 1548.
    No. 1549.
    El Pueblo, Apelado, v. Rentas, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Rodríguez, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. García, Apelante.
    Julio 2, 1920.
   Adulteración de leche. Ponce.

Confirmadas.


text:
    No. 1480.
    El Pueblo, Apelado, v. Rosaly, Apelante.
    Julio 6, 1920.
   Infracción Ley de Arbitrios. (Reconsideración). Ponce.

Sin lugar.


text:
    No. 1552.
    El Pueblo, Apelado, v. Torres, Apelante
    Julio 6, 1920.
   In-fracción Ley de Arbitrios. Ponce.

Confir-mada.


text:
    No. 1531.
    El Pueblo, Apelado, v. Fillero, Apelante.
    Julio 6, 1920.
   Hurto.de menor cuantía. (Reconsideración.)

Mayagüez. Sin lugar.


text:
    No. 1551.
    El Pueblo, Apelado, v. Quirindongo, Apelante.
    Julio 6 1920.
   Adulteración de leche. Ponce.

Confir-mada.


text:
    No. 2280.
    F. Rubio e Hijos, Sucrs., S. en C., Apelados, v. Vélez et al., Apelantes.
    Julio 8, 1920.
   Cobro de dinero. Aguadilla.

Desistida.


text:
    No. 2111.
    Bruno, Apelante, v. Sucesión de C. Santiago, Apelada.
    Julio 9, 1290.
   Reivindicación de finca. (Incidente sobre cobr.q> de honorarios.) Guayama.

Desistida.


text:
    No. 2269.
    Vélez, Apelado, v. Muñiz, Apelante.

    Julio 9, 1920.
   Injuncx tion. Mayagüez.

Desestimada.


text:
    No. 2270.
    Ramos, Apelado, v. Muñiz, Apelante.
    Julio 9, 1920.
   Indem-nización. Mayagüez.

Desestimada.


text:
    No. 1585.
    Ex parte López, Peticionario y Apelado, v. El Pueblo, Apelante.
    Julio 16, 1920.
   Procedimiento de habeas corpus. Mayagüez.

Desistido.


text:
    No. 2292.
    Marti, Apelante, v. American Railroad Company, Apelada.
   Indemnización.


text:
    No. 2293.
    Ortiz, Apelante, v. American Railroad Company, Apelada.
    Julio 21, 1920.
   Indemnización. Mayagüez.

Desistidas las apelaciones.


text:
    No. 2274.
    Sucesión J. González Otero, Apelantes, v. Fernández et al., Apelados.
    Julio 22, 1920.
   Cobro de dinero y renuncia de he-rencia. San Juan, Sección Primera.

Sin lugar la desestimación.


text:
    No. 1414.
    El Pueblo, Apelado, v. Jiménez, Apelante.
    Julio 22, 1920.
   Homicidio voluntario. (Reconsideración). Humacao.

Sin lugar.


text:
    No. 2272.
    Berríos, Apelado, v. López, Apelante.
    Julio 27, 1920.
   Servi-dumbre de luces y vistas San Juan, Sección Primera.

Desistida.


text:
    No. 2044.
    Vázquez, Apelante, v. Valdés et al., Apelados.
    Julio 27, 1920.
   San Juan, Sección Primera. Daños y perjuicios. (Re-consideración.)

Sin lugar.


text:
    Nos. 301 y 303.
    Martínez, Peticionario, v. A. B. Crosas, Juez de Distrito, Demandado.
    Julio 27 y Julio 31, 1920.
   Aguadilla. Certiorari.

Sin lugar.


text:
    No. 298.
    Gely, Peticionario, v. J. M. Rossy, Juez de Distrito.
    Julio 31, 1920.
   San Juan, Sección Segunda. Certiorari.

Anulado el auto expedido.


text:
    No. 183.
    Sucesores de L. Villamil & Cía., Peticionarios, v. Díaz, Demandado.

    Noviembre 1, 1920.
   Mandamus.

Desistido.


text:
    No. 2342.
    Brown, Apelada, v. Sierra, Apelante.
    Noviembre 4, 1920.
   Cobro de servicios profesionales. San Juan, Sección Primera.

Desistida.


text:
    No. 2339.
    Georgia Vencer & Package Company, Apelante, v. Sproull, Demandado.
    Noviembre 4, 1920.
   San Juan, Sección Primera. Co-bro de dinero.

Desestimada.


text:
    No. 2307.
    Ortiz, Apelado, v. Fernández, Apelante.
    Noviembre 4, 1920.
   Cum-plimiento de contrato. Guayama.

De-sestimada.


text:
    No. 2303.
    López, Demandado, v. García, Apelante.
    Noviembre 5, 1920.
   Humacao. Reivindicación.

Desestimada.


text:
    No. 2320.
    Candal, Apelada, v. Pierluissi et al., Apelantes.
    Noviembre 5, 1920.
   Cobro de dinero. (Memorandum de costas.)

Desestimada.


text:
    No. 2337.
    Meléndez et al., Apelados, v. Moreira, Apelante.
    Noviembre 5, 1920.
   Desahucio. Humacao.

Deses-timada.


text:
    No. 2071.
    El Pueblo, Apelante, v. Sucesión González, Apelado.
    Noviembre 5, 1920.
   Reivindicación. Ponce.

De-sistida.'


text:
    Nos. 185, 186, 187, 188, 189 y 190.
    Iglesias, Presidente Partido Socialista, Peticionario, v. Secretario Ejecutivo, Demandado.

    Noviembre 5, 1920.
   Mandamus.

Desistidos.


text:
    No. 2234.
    Benvenutti, Apelante, v. Vázquez y Neri, Apelados.
    Noviembre 8, 1920.
   Memorandum de costas y desembolsos. Mayagüez.

Desestimada.


text:
    No. 307.
    Martínez, Peticionario, v. Berga, Juez de Distrito, Demandado.
    Noviembre 8, 1920.
   Aguadilla. Certiorari.

Sin lugar.


text:
    Nos. 1649, 1650.
    El Pueblo, Apelado, v. Ruiz, Apelantes.

      Noviembre 8, 1920.
   Adulteración de leche. San Jnan, Sección Segunda.

Desistidas.


text:
    No. 2312.
    Sárraga, Apelante, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Apelado.

    Noviembre 9, 1920.
   Certiorari de la Corte de Distrito de Ponce.

Desestimada.


text:
    No. 2324.
    Torregrosa, Apelado, v. Torregrosa, Apelante.
    Noviembre 9, 1920.
   Divorcio. Aguadilla.

Desestimada.


text:
    No. 1576.
    El Pueblo, Apelado, v. Pico, Apelante.
    Noviembre 9, 1920.
   In-fracción de la Ley Orgánica, sección 2. Ponce.

Revocada y sobreseída la causa.


text:
    No. 304.
    Castrillón & Cía., S. en C., Peticionarios, v. L. Campillo, Juez de Distrito, Demandado.
    Noviembre 9, 1920.
   San Juan, Sección Primera. Certiorari.

Sin lugar.


text:
    No. 2309.
    Echavarría y Maisonave et al., Apelados, v. López, Apelante.
    Noviembre 9, 1920.
   Desahucio. Aguadilla.

Desestimada..


text:
    No. 2360.
    The Fajardo Sugar Company, Apelada, v. Rodríguez, Apelante.
    Noviembre 11, 1920.
   Desahucio. Humacao.

Desistida.


text:
    No. 2361.
    Rodríguez, Apelante, v. Fajardo Sugar Company, Apelada.

    Noviembre 11, 1920.
   Injunction. Humacao.

Desistida.


text:
    No. 2326.
    Ferrer, Apelante, v. Gutiérrez, Apelado.

    Noviembre 12, 1920.
   Injunction. Aguadilla.

Desestimada.


text:
    No. 2313.
    Borrero, Apelante, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Apelada.
    Noviembre 12, 1920.
   Indemnización.

Ponce. Desestimada.


text:
    No. 2099.
    Pabón, Apelada, v. Alvarado y López, Apelante el Segundo.
    Noviembre 19, 1920.
   Nulidad de actuaciones. (Reconsideración.) Mayagüez.

Sin lugar.


text:
    No. 2120.
    Larrinaga, Apelante, v. Porto Rico Raalway, Light and Power Company, Apelada.
    Noviembre 19, 1920.
   ^Reivindicación. (Re-consideración.) San Juan, Sección Primera.

Sin lugar.


text:
    No. 1588.
    El Pueblo, Apelante, v. Vicen, Hermanos, Apelados.
    Noviembre 19, 1920.
   Infracción de la Ley del Salario Mínimo. Ponce.

Desistida.


text:
    No. 1608.
    El Pueblo, Apelante, v. Rangel, Apelado.
    Noviembre 19, 1920.
   Hnrto de menor cuantía. Ponce.

De-sistida.


text:
    No. 2347.
    Schluter, Apelada, v. Hernández, Apelante.
    Noviembre 23, 1920.
   Cobro de dinero. San Juan, Sección Primera.

Desestimada.


text:
    No. 2367.
    Freyre, Apelado, v. Sucesión Sevillano, Apelante.
    Noviembre 23, 1920.
   Cobro de honorarios. San Juan, Sección Primera.

Desestimada.


text:
    No. 2353.
    Ramos, Apelante, v. Garage Lareño, Inc., Apelado.
    Noviembre 23, 1920.
   Daños y perjuicios. Aguadilla.

Desestimada.


text:
    No. 2354.
    Quiñones, Apelante, v. Alcover, Apelado.
    Noviembre 23, 1920.
   Filiación. Aguadilla.

Desestimada.


text:
    No. 308.
    Martínez, Peticionario, v. Berga, Juez de Distrito.
    Noviembre 23, 1920.
   Aguadilla. Certiorari.

De-negado.


text:
    No. 2373.
    Fernández, Apelante, v. Carvajal, Apelado.
    Noviembre 26, 1920.
   Divorcio. San Juan, Sección Segunda.

Desistida.


text:
    No. 2378.
    Ex parte Alméstica, Apelante.
    Noviembre 29, 1920.
   Habeas Corpus. San Juan, Sección Segunda.

De-sistida.


text:
    No. 309.
    Rodríguez, Peticionario, v. Campillo, Juez de Distrito, Demandado.
    Noviembre 30, 1920.
   San Juan, Sección Primera. Certio-rari.

Denegado.


text:
    No. 2282.
    Nazario Lugo, Apelado, v. Fernández y Diez et al., Apelantes.
    Diciembre 1, 1920.
   Cobro de dinero. Mayagüez.

Desestimada.


text:
    No. 2370.
    Central Eureka, Inc., Apelante, v. Fajardo, Apelado.

    Diciembre 4, 1920.
   Injunction. Mayagüez.

De-sistida.


text:
    No. 2348.
    Sucesión de J. Archilla, Apelada, v. Martínez, Apelante.
    Diciembre 6, 1920.
   Desahucio. San Juan, Sección Primera.

Desestimada.


text:
    No. 1562.
    El Pueblo, Apelado, v. Pantoja, Apelante.
    Diciembre 7, 1920.
   Infracción de la Ley del Trabajo. San Juan, Sección Segunda.

Revocada y absuelto el acusado.


text:
    No. 2298.
    Ex parte Gómez, viuda de Díaz, Apelante, v. La Superiora del Asilo de Niñas Huérfanas, Requerida y apelada.

    Diciembre 7, 1920.
   Habeas corpus. San Juan, Sección Segunda.

Desestimada.


text:
    No. 2344.
    Morante, Apelante, v. Pérez Avilés et al., Apelados.
    Diciembre 7, 1920.
   Desahucio. Arecibo.

Desesti-mada.


text:
    No. 1641.
    El Pueblo, Apelado, v. Efrese, Apelante.
    Diciembre 9, 1920.
   In-fracción del artículo 260 del Código Penal (prostitución). San Juan, Sección Segunda.

Desistida.


text:
    No. 1570.
    El Pueblo, Apelado, v. Ríos, Apelante.
    Diciembre 10, 1920.
   Adul-teración de leche. Ponce.


text:
    No. 1579.
    El Pueblo, Apelado, v. Cruz, Apelante.
    Diciembre 10, 1920.
   Aco-metimiento y agresión grave. San Juan, Sección Segunda.


text:
    No. 1564.
    El Pueblo, Apelado, v. Coll y Cuchí, Apelante.
    Diciembre 10, 1920.
   Infracción del Reglamento del Tesorero de Puerto Rico. Humacao.


text:
    No. 1557.
    El Pueblo, Apelado, v. Osorio, Apelante.
    Diciembre 10, 1920.
   Aco- ' metimiento y agresión grave. Humacao.

Confirmadas las apelaciones.


text:
    No. 1563.
    El Pueblo, Apelado, v. Padilla, Apelante.
    Diciembre 13, 1920.
   Adulteración de leche. San Juan, Sección Segunda.

Revocada la sentencia y absuelto el acu-sado.


text:
    No. 1578.
    El Pueblo, Apelado, v. García, Apelante.
    Diciembre 13, 1920.
   In-fracción de la Ley de Andamios. San Juan, Sección Segunda.


text:
    No. 1566.
    El Pueblo, Apelado, v. Cuilian, Apelante.
    Diciembre 13, 1920.
   Infracción de la Ley de Arbitrios. Ponce.


text:
    No. 1665.
    El Pueblo, Apelado, v. Rodríguez et al., Apelante.
    Diciembre 14, 1920.
   Acometimiento y agresión grave. Humacao.


text:
    No. 1584.
    El Pueblo, Apelado, v. Torres, Apelante.
    Diciembre 14, 1920.
   Da-ños maliciosos. Humacao.

Confirma-das las apelaciones.


text:
    Nos. 1656 y 1657.
    El Pueblo, Apelado, v. Rosario, Apelante.
    Diciembre 16, 1920.
   Adulteración de leche. Ponce.

Desestimadas.


text:
    Nos. 1595 y 1596.
    El Pueblo, Apelado, v. Sánchez, Apelante.
    Diciembre 21, 1920.
   Infracción de la Ley de Arbitrios, sección 61. San Juan, Sección Segunda.

Confirmadas.


text:
    No. 311.
    Méndez, Peticionario, v. Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla.

    Diciembre 18, 1920.
   Certiorari.

Denegado.


text:
    No. 1645.
    El Pueblo, Apelado, v. Rivera, Apelante.
    Diciembre 20, 1920.
   Tentativa de violación. San Juan, Sección Segunda.

Confirmada.


text:
    No. 1593.
    El Pueblo, Apelado, v. Torres, Apelante.
    Diciembre 21, 1920.
   Asesinato en primer grado. Ponce.

Confirmada.


text:
    No. 2228.
    Laborde, Apelado, v. López, Apelante.
    Diciembre 21, 1920.
   Indem-nización. (Reconsideración).

Humacao. Sin lugar.


text:
    No. 193.
    Comité Local Republicano de Dorado et al., Peticionarios, v. Yager, Gobernador de Puerto Rico, Demandado.

    Diciembre 23, 1920.
   Mandamus.

Sin lugar.


text:
    No. 2390.
    Sucesión del Rosario, Apelante, v. Rosaly, Díaz, Administrador, Apelados.
    Diciembre 23, 1920.
   Reivindicación. Ponce.

Desestimada.


text:
    No. 1580.
    El Pueblo, Apelado, v. Padrón, Apelante.
    Diciembre 23, 1920.
   Ca-lumnia e injuria. ' San Juan, Sección Segunda.

Revocada y absuelto el acusado.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    López, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo, denegatoria de la inscripción de una escritura de compra-venta.
    No. 473.
    Resuelto en enero 10, 1921.
    Teboeros — Inscripción Posterior a Payor de Persona Distinta. — La inscrip-ción a título hereditario de una finca ganancial, a favor del esposo y una hija como únicos herederos testamentarios, no impide la inscripción de la venta de una parcela de tal finca, otorgada anteriormente por los cónyuges. El artículo 17 de la Ley Hipotecaria, cuyo fin es la protección de tereóros, no es de aplicación cuando el título inscrito lo ha sido a favor de los he-rederos, quienes no son personas distintas del causante sino más bien la continuación de su personalidad.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. V. Polanco de Jesús.

    El registrador recurrido, Sr. Emigdio S. Ginorio, com-pareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Resulta de los libros del Registro de la Propiedad de Arecibo que Valerio Colón Cordero compró una finca de no-venta- cnerdas durante su matrimonio con Juana Sánchez, finca que está radicada en el barrio de Barahona, sitio deno-minado Cobachuelas del término municipal de Morovis. Am-bos cónyuges vendieron en el año 1911 veinte y cinco cuer-das de dicho predio a María López quien presentó su título para inscripción en el registro de la propiedad .en el año 1920, cuando por haber muerto Juana Sánchez se había he-cho en la finca la inscripción de su testamento por el cual’. instituyó como sus únicos y universales herederos a su es-poso Valerio Colón y a su hija legítima Valeria Colón Sán-chez de acuerdo con las prescripciones de la ley y en las partes proporcionales que deben corresponderle.

' Fundándose el registrador en este estado de cosas en el registró negó la inscripción del título de María López por entender que la finca se halla inscrita actualmente a favor de personas distintas dé los vendedores.

Si bien el artículo 17 de la Ley Hipotecaria citado por el registrador en su alegato escrito dispone que inscrito o anotado preventivamente en el registro cualquier título tras-' lativo del dominio o de la posesión de los inmuebles o dere-chos reales impuestos sobre los mismos, no podrá inscribirse o' anotarse ningún otro título de igual o anterior fecha por el cual se transmita o grave la propiedad del mismo inmue-ble, tal precepto no es de aplicación al presente caso porque estando inscrita la parte correspondiente a Juana Sánchez etL la finca a favor de sus herederos no puede sostenerse que éstos, como tales, sean personas distintas de aquélla, pues los herederos son la continuación de la personalidad jurídica de su causante. Dicho artículo tiene por objeto la protección de terceros y los herederos no tienen este carácter. Roig v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R. 954, citado en Saldaña v. El Registrador, 19 D. P. R. 132; G. Martínes y Compañía v. Roig, 23 D. P. R. 471, y Fajardo Sugar Growers’ Association v. El Registrador, 25 D. P. R. 371.

En cuanto al vendedor Valerio Colón Cordero desde luego que tampoco es persona distinta de la que aparece en el re-gistro.

La nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la ins-cripción del documento.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Audrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Martínez, Acusado y Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en cansa por seducción.
    No. 1583.
    Resuelto en enero 11, 1921.
    Seducción — Promesa de Matrimonio — Prueba Suficiente. — La declaración del padre quien manifestó que algunos días antes de cometido el delito de seduc-ción el acusado le pidió a su hija en matrimonio en presencia de varias per-sonas que también declaran en tal sentido, es suficiente corroboración de la declaración de la perjudicada por la cual se estableció la promesa de ma-trimonio.
    Id. — Actos Carnales — Corroboración del Testimonio de la Seducida. — El tes-timonio de la esposa del acusado por el que se demuestra que éste llevó a su propia casa a la seducida, hecho por el cual la esposa abandonó su hogar, constituye suficiente evidencia corroborativa de la deelaraeión de la perju-dicada, afirmativa de los actos carnales realizados con el acusado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. R. Martínez' Nadal.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Un gran jurado acusó a Francisco Martínez de haber se-ducido el 8 de agosto de 1919 bajo promesa de matrimonio a la joven soltera de previo carácter casto, Isidra López, con quien realizó actos carnales. Celebrado el juicio ante otro jurado lo declaró culpable de dicho delito y en- el recurso de apelación que el acusado interpuso contra la sentencia condenatoria alega como motivo para su revocación que no se probó la promesa de matrimonio y que en cuanto a esta y a los actos carnales no ha sido corroborada la declaración de Isidra López.

Eesulta de la prueba que el 8 de agosto de 1919 Isidra López, joven de diez y seis años de edad, abandonó la casa en que vivía con su padre y según ella declara el acusado la llevó a casa de un hermano suyo donde la tuvo unos diez días y donde realizaron actos carnales, llevándola después a la casa de su señora, Inés Marín, donde estuvo tres días, sin tener nuevos actos carnales, y que habiéndose marchado de la casa Inés Marín y luego Francisco Martínez, quedando ella sola con los niños de Inés, regresó entonces a la casa de su padre. En cuanto a la promesa de matrimonio de-claró Isidra López que el acusado le había ofrecido casarse con ella, aunque también declaró que la única razón que tuvo para marcharse con el acusado fué que la esposa de éste se lo aconsejaba y le decía que estaban divorciados. Según de-clara también Isidra López, unos días antes del en que se marchó de su casa, el acusado fué por la noche a la casa de su padre Dionisio López y estando ella presente y otras personas la pidió en matrimonio, pero su padre se negó a la petición manifestándole que él era un hombre casado. So-bre este extremo declararon también Dionisio López, su con-cubina Modesta Torres y Nicolás López, quienes además manifestaron que cuando el padre de la joven dijo a Mar-tínez que no podía darle su hija porque era casado y con-testó Martínez que estaba divorciado, se presentó su esposa Inés Marín y dijo que estaban divorciados y que podía en-señar la carta de divorcio. Después de esa entrevista- el padre aconsejó a su hija que no tuviera relaciones con aquel hombre porque le habían dicho que era casado. Desde poco tiempo antes la familia de la joven vivía muy cerca de la casa de Inés Marín y sus hijos y a ella había llegado hacía pocos días Francisco Martínez procedente de Cuba.

Inés Marín declaró que está casada con Francisco Mar-tínez con quien tiene cuatro hijos y que ni estuvo en la casa de Dionisio López la noche que se dice estuvo allí su esposo, ni jamás aconsejó a Isidra López que se marchara con Mar-tínez ni le dijo que estaban divorciados, pues por el con-trario le dijo que no le hiciera caso porque era su marido y que cuando la llevó a su casa se marchó de ella.

El veredicto de culpabilidad rendido por el jurado quien oyó y vió declarar a los testigos demuestra que estimó pro-bado que Isidra López se marchó con el acusado por la pro-mesa de matrimonio que le hizo, independientemente del con-sejo qne le dieran Inés Marín, promesa de matrimonio qne está corroborada con las declaraciones referentes a qne el acnsado fné a pedir a Isidra para casarse.

Con respecto á los actos carnales no bay más prneba directa qne la declaración de la perjudicada, pero teniendo en cuenta lo difícil que se bace corroborar este particular en caso todos los delitos de seducción, y que' en este caso está probado por Inés Marín que su marido llevó a su casa a Isidra López, por cuyo becbo Inés se marchó de la casa, entendemos que tal becbo es suficiente corroboración en este caso.

Por lo expuesto no vemos razón para revocar la senten-cia apelada y debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Cruz, Demandante y Apelante, v. Sucesión de Manuel Jiménez Cruz, Demandados y Apelados, y Delgado et al., Interventores y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad de arrendamiento. Moción de - prórroga.
    No. 2325.
    Resuelto en enero 13, 1921.
    Jurisdicción del Tribunal Supremo — Prórrogas para Presentar la Exposición del Caso — Transcripción.—El Tribunal Supremo carece de jurisdicción para conceder, a un apelante que estaba tratando de formalizar en tiempo en la corte de distrito la exposición del caso, una prórroga para presentarla en el Tribunal Supremo a fin de adicionarla al legajo de la sentencia que había sido radicado prematuramente en esta Corte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la demandante: Sr. José de Gusmán Benítes.

      Abogados de los demandados: Sres. F. González y L. Jiménez.

    Abogado de los interventores-apelantes: Sr. A. Bones.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la Corte de Distrito de Hnmacao dictó sen-tencia en junio 25 de 1920, siendo notificada a las partes el día 28 de junio. Existe ante nos un escrito de apelación de fecha julio 9 de 1920, pero que fué radicado en la secre-taría en julio 19 de 1920. En 22 de julio los apelantes com-parecieron en la Corte de Distrito de Humacao haciendo una petición en la que manifestaban que habían apelado de la sentencia dictada en el caso y que de acuerdo con la Ley No. 27 de noviembre 27 de 1917 y su enmienda de fecha junio 26 de 1919, pedían a la corte que prorrogara los diez días para radicar el pliego de excepciones y exposición del caso por treinta días más y que la transcripción de la evidencia que habría de formar parte de la exposición del caso debía ser preparada por el taquígrafo dentro del período de la pró-rroga. La corte concedió a los apelantes los treinta días solicitados para presentar el pliego de excepciones y la expo-sición del caso, pero negó la moción en cuanto a la prepara-ción de las notas taquigráficas por haber renunciado su em-pleo y encontrarse ausente en los Estados Unidos el taquí-grafo que tomó dichas notas taquigráficas. Procedimientos semejantes a éstos fueron, según parece, seguidos por otros apelantes con igual resultado por parte de la corte, pero sea como fuere, los apelantes al hacer presente sus dificultades respecto a la preparación del pliego de excepciones y expo-sición del caso, así como también de la dificultad o imposi-bilidad de ponerse en comunicación con el taquígrafo, pre-sentaron otra moción para que se prorrogara el término, a fin de que dicho término en conjunto fuera de cincuenta días, y la corte accedió a su solicitud en agosto 6 y concedió un término total de cincuenta días a partir de los diez días que primeramente fueron concedidos a los apelantes.

En septiembre 22, 1920, se radicó una transcripción en esta corte, la que, según se ba admitido, consistía únicamente del legajo de la sentencia y quizás de las mociones en pro-cedimientos subsiguientes a dicba sentencia. Hacia la misma fecba, al parecer, aunque no lo encontramos completamente expresado en los autos, los apelantes radicaron otra moción de prórroga en la Corte de Distrito de Humacao. Una cer-tificación que no está jurada y aislada, del Secretario de la Corte de Distrito de Humacao, muestra que estaba pendiente cierta moción en la Corte de Distrito de Humacao en este caso y en la vista en este tribunal prácticamente quedó ad-mitido que existía una moción para prorrogar el término. Asimismo, entendemos que la moción para la nueva prórroga fué radicada dentro de los cincuenta días concedidos por la Corte de Distrito de Humacao.

Junto con la transcripción en este caso los apelantes ra-dicaron una moción de prórroga para radicar la exposición del caso y pliego de excepciones en esta corte y Adolpb G. Wolf, Juez Presidente Accidental, prorrogó el término a treinta días. Una moción semejante a ésta se bizo en no-viembre 26 que fué concedida por la corte. En diciembre 11 de 1920 los apelantes radicaron otra moción de- prórroga que fué señalada para vista y discutida en diciembre 20 de 1920.

Los apelados insisten en que esta corte no debe permitir a un apelante que radique su transcripción por partes y que los autos en conjunto debieron baber sido presentados de una vez en esta corte. Los apelados insisten en el hecbo de que, habiéndose elegido el radicar la transcripción -en esta corte, los apelantes ban agotado sus derechos con respecto e a la radicación de tal transcripción. Llaman la atención acerca del hecho de que había una moción pendiente en la Corte de Distrito de Humacao y que basta tanto no se resol-viera la referida moción, los apelantes no tenían obligación alguna de radicar la transcripción pero nos inclinamos a creer que los apelantes en tanto dicha moción de prórroga esté pendiente tienen el derecho, si fuere necesario, de ra-dicar una nueva transcripción y nosotros seguramente que tenemos autoridad para permitir la. radicación de una adi-ción a los autos si preferimos ejercer de este modo nuestra discreción.

La moción presentada no fue una solicitud para reformar o adicionar los autos como lo autorízala Begla 55 del Re-glamento de este tribunal. Somos, por tanto, de opinión de que este tribunal carecía absolutamente de facultad para conceder las prórrogas que fueron concedidas por el Juez Presidente Accidental y la corte. Que como había una mo-ción de prórroga pendiente en la Corte de Distrito de ílu-macao y esa corte no se había negado a aprobar ningún pliego de excepciones o exposición del caso, o notas taquigráficas, esa corte era la única que estaba investida de autoridad para conceder tal prórroga; que el único medio que los apelantes tendrían, de acuerdo con nuestras regias, era solicitar per-miso para adicionar los autos o corregirlos y que esto sólo podría hacerse presentándose a esta corte los autos que se pretendían adicionar.

Creemos que toda la dificultad surge de haber sido radi-cada la transcripción demasiado pronto en esta corte; pero de todos modos, aún cuando tuviéramos discreción, no nos sentimos dispuestos a ejercitarla hasta tanto se hayan pre-sentado los autos corregidos.

Las resoluciones de octubre 26 y noviembre 26 de 1920, deben ser anuladas y negada la solicitud de prórroga.

Anuladas las prórrogas concedidas y dene-gada la que se solicita.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-mados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Acosta et al., Recurrentes, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de Arecibo denegatoria de inscrip-ción de una escritura de compraventa.
    No. 476.
    Resuelto en enero 13, 1921.
    Transacción — Venta de -Bienes de Menores. — Aunque el artículo 1712 del Có-digo Civil no lia sido derogado por la Ley No. 33 de 1911, sin embargo, dicha ley hace aún más clara la falta de autoridad de los padres de menores no emancipados, a no ser que tengan previa autorización judicial, para vender bienes de éstos, cualquiera que sea su valor, aunque la venta haya sido hecha para llegar a una transacción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. L. Mercader.

    El registrador recurrido, Sr. Emigdio S. Grinorio, com-pareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Consta de la escritura de este caso que ciertos menores tenían deudas contraídas con Hipólita Díaz Ruiz para pagar las cuales la madre de dichos menores vendió una parcela de terreno a la referida Hipólita Díaz Ruiz, alegándose que dicha parcela tenía un valor inferior- a $500 e invocando la susodicha madre el precepto contenido en el. artículo 1712 del Código Civil. El Registrador de Arecibo se negó a veri-ficar la inscripción de la venta por no haber obtenido la ma-dre la autorización de la corte, según dispone el artículo 229 del Código Civil como quedó enmendado por la Ley No. 33 de 1911 y la sentencia de este tribunal dictada en el caso de Del Rosario v. Rucabado, 23 D. P. R. 473.

Sostienen los recurrentes que cuando la cuantía es menor de $500 el padre, o en su caso la madre, siempre tienen fa-cultad para transigir. El registrador, sin embargo, sostiene que el artículo 1712 quedó derogado por la Ley No. 33 de 1911. L¿ ley enmendatoria del artículo 229 del Código Civil es como sigue:

“El ejercicio de la patria potestad no autoriza al padre ni la madre para enajenar o gravar bienes inmuebles de clase alguna, o muebles cuyo valor exceda de $500.”

No estamos enteramente de acuerdo con el registrador en que el artículo 1712 lia sido derogado en lo que respecta a transacciones, pero sí convenimos con él en que dicha nueva ley prohíbe cualquier enajenación de bienes inmuebles con-cerniente a menores sea o no hecha para llegar a una transac-ción. También nos inclinamos a creer que el registrador tiene razón al decir en su alegato que lo que aquí se trata de hacer realmente no era- una transacción sino una venta. En su forma externa fué necesariamente una venta y como el artículo 1712 no otorgaba específicamente a los padres el derecho a proceder a hacer ventas no creemos que jamás tuvieron ellos derecho a enajenar bienes inmuebles sin el consentimiento de la corte. Dudamos también como ocurre al registrador si el acto que trató de ejecutarse por la madre en este caso cumplió * * * con los requisitos necesarios de una transacción legal.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.