author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Central Cambalache, Inc., promovente, v. Rafael J. Cordero, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, y M. León Parra, Juan M. Herrero y Francisco Paz Granela, miembros de la Comisión Industrial de Puerto Rico, demandados.
    Núm. 25.

    Sometido: Junio 20, 1942.

      Resuelto: Noviembre 4, 1942.

      E. Pérez Casalduc, abogado de la promovente"; Eon. Procurador General George A. Malcolm, G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar, y G. Afiles Moréu, A. de Jesús Matos y J. Correa Suá-rez, asesores legales los tres últimos del Fondo del Seguro del Estado, abogados del Administrador de dicho Fondo.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La demandante invocó la jurisdicción original de este tribunal, interesando la expedición de un auto de injunction dirigido contra el Administrador del Fondo del Seguro del Estado y la Comisión Industrial, ordenándoles que se abs-tengan de considerar a la demandante como patrono no asegurado en relación con los accidentes del trabajo acaecidos a sus obreros en el período comprendido entre el primero de julio y el 15 de diciembre de 1941. Alega la demandante que con anterioridad al 15 de julio de 1941 presentó al Ad-ministrador el estado por duplicado requerido por el artículo 27 de la Ley núm. 45 de 1935 ((1) pág. 251), contentivo del número de trabajadores empleados, clase de ocupación o industria a que fueron dedicados, y la cantidad total de jornales pagádosles durante el año económico anterior. Que el 28 de octubre de 1941 la demandante recibió una comuni-cación del Administrador notificándole la liquidación preli-minar para el año económico 1941-42, montante a $9,543.72 semestrales, a la vez que fijaba la fecha del pago del primer semestre para en o antes del 7 de noviembre de 1941. Que dicha comunicación fue extendida en el impreso oficial pre-parado al efecto y que la parte de dicho impreso concerniente a la “Liquidación Final” se hallaba en blanco. Que en vista de esta última circunstancia, la demandante se dirigió por escrito al Administrador, llamando su atención sobre el particular y solicitando le prorrogase el plazo del pago de la liquidación preliminar, o sea la prima correspondiente al primer semestre, hasta tanto se determinase en definitiva el montante de la liquidación final del año anterior a través de la investigación que los empleados del Fondo estaban enton-ces practicando en los libros de la demandante. Que el Administrador contestó que consideraba innecesaria tal prórroga, toda vez que la demandante recibiría la “Liqui-dación Final” antes de expirar el plazo por él fijado, o sea el 7 de noviembre de 1941, y los treinta días de gracia con-cedidos por la ley, que vencerían el 7 de diciembre siguiente,, agregando la demandante que en dicha comunicación el Ad-ministrador nada decía con respecto al pago de la prima, preliminar en el caso de que a su vencimiento y el de los-treinta días de gracia, no se le hubiese rendido la refe-rida liquidación final. Que guiada por los términos de la aludida comunicación la demandante estimó que no venía obligada a pagar el importe de la prima correspondiente al primer semestre mientras no recibiese la liquidación final,, y confió en que la recibiría antes del 7 de diciembre de 1941. Que transcurrido dicho plazo sin recibirla, se dirigió por escrito al Administrador inquiriendo las razones por las cuales no se la habían enviado, contestando éste por tele-grama cursado en San Juan el 13 de diciembre de 1941, a las dos de la tarde. En dicho telegrama el Administrador-acusaba recibo de la carta del demandante y al propio tiempo le hacía saber que los treinta días de gracia habían expirado el 7 de diciembre y la requería para que inmediatamente enviase la prima preliminar por hallarse su riesgo en des-cubierto. Que el lunes 15 de diciembre verificó el pago y que el administrador, sin tener en cuenta las expresadas circunstancias, declaró a la demandante patrono no asegu-rado en todos los casos de accidentes del trabajo acaecidos desde el primero de julio hasta el 15 de diciembre de 1941, y que con tal motivo la demandante fue citada y compareció a la vista de algunos de dichos casos en la Comisión Industrial. Que al dar principio a la vista, formuló oposición a que se le considerase patrono no asegurado, y después de-recibir las pruebas y alegatos de la demandante y del Admi-nistrador, se dictó la resolución de 22 de abril de 1942 soste-niendo la contención de este último.

No interpuso la demandante recurso de revisión. En su lugar y con fecha primero de mayo último, radicó la petición de injunction que nos ocupa, en la que en adición a lo ya expuesto, alegó las razones que tenía para invocar la juris-dicción original de este Tribunal, lo inadecuado del remedio de revisión, e invocó la procedencia del remedio de injunction, basándose en que se evitaría así una multiplicidad de pleitos, refiriéndose a los 200 ó 300 casos de accidentes del trabajo que según ella habían ocurrido desde julio primero a diciem-bre 15 de 1941, y de los cuales de otro modo tendría que defenderse ante la Comisión Industrial.

Expedimos una orden para mostrar causa. Contestó el Administrador aceptando los hechos esenciales de la petición pero alegó a su vez que no era éste un caso apropiado para invocar nuestra jurisdicción original; que la demanda no aducía hechos constitutivos de causa de acción; y solicitó además la eliminación de ciertos particulares de la demanda. Oídas las partes, el caso quedó sometido a nuestra conside-ración el 20 de junio último.

Habida cuenta de nuestra jurisdicción exclusiva para revisar las decisiones de la Comisión Industrial y considerando que en ella están envueltos generalmente los intereses de obreros o sus dependientes quienes por razón de su pobreza necesitan que sus asuntos sean despachados dentro de la mayor brevedad que' las circunstancias de cada caso permitan, de proceder el recurso de injunction no vacilaríamos en convenir con la demandante en que podría en tal caso invocarse nuestra jurisdicción original, evitando así la consiguiente dilación. [2] ¿Pero es que procede el injunction en el presente caso? La demandante invoca el inciso 6 del artículo 677 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) dispositivo de que puede concederse un auto de injunction “cuando la restricción fuera necesaria para impedir una multiplicidad de procedimientos judiciales”. Sin embargo, es un principio fundamental de equidad tan antiguo como la equidad misma, que no puede recurrirse a ella mientras exista un recurso ordinario en ley que sea rápido, adecuado y eficaz. [3] Nuestras decisiones son obligatorias para la Comisión Industrial, y mientras no sean revocadas deberán servir de norma para la resolución de los casos pendientes ante ella. Siendo ello así, tenemos que asumir que la Comi-sión procederá correctamente y no se excederá de los límites que le ba fijado la ley. Así, pues, no dudamos que al resolver nosotros la cuestión en controversia dentro del pro-cedimiento de revisión en cualquiera de los casos que moti-varon la interposición de este recurso, la decisión así dictada constituiría un precedente obligatorio para la resolución de los 200 ó 300 casos que, según la demandante, penden contra ella en la Comisión Industrial. [4] Como se dijo en el caso de Byrne v. Drain, 1217 Cal. 663, 668; 60 Pac. 433, para que pueda acudirse al remedio de injunction en evitación de mul-tiplicidad de procedimientos, precisa que de la índole de la cuestión en controversia razonablemente surja que tendrá lugar la multiplicidad de pleitos si el injunction no fuese con-cedido. Siendo ello así, si dentro de las circunstancias que concurren en este caso, con toda probabilidad nuestra deci-sión dentro del procedimiento de revisión evitaría el peligro de la multiplicidad de procedimientos, ¿a qué recurrir para conjurarlo al recurso extraordinario de injunction, existiendo como existe en el de revisión prescrito- por la ley, un remedio tan rápido, adecuado y eficaz como aquél?

Es cierto que dentro del procedimiento de revisión no podemos intervenir con las conclusiones de hecho a que hubiese llegado la Comisión, a menos que se trate de la apreciación de evidencia pericial o, claro está, cuando no exista prueba que sostenga tales conclusiones, porque aparte de que una decisión basada en tales conclusiones violaría la garantía constitucional del debido procedimiento de ley, el error así cometido no sería de hecho sino de derecho, como sostuvimos en Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 722, 725. Empero, en el caso de autos no existe contención alguna en cuanto a los hechos. Además de admitirlos el Administrador, la evidencia que los sostiene es toda documental, a saber: la comunicación del Administrador dejando la fecha para el pago de la prima correspondiente al primer semestre, y la fecha en qne se verificó el pago de ésta, el 15 de diciembre de 1941, fecha qne fue alegada por la propia de-mandante en la demanda de injnnction y admitida por el Administrador. Pero es qne ann existiendo conflicto en la evidencia, esa circunstancia no podría ser motivo para qne expidiésemos el injnnction solicitado. Es característico del procedimiento administrativo que las cuestiones de hecho no son revisables por los tribunales de justicia. Como dice el Dean Landis en su obra The Administrative Process, pag. 142, la verdadera razón por la cual no se permite la revisión judicial de las conclusiones de hecho a que llegaren en sus decisiones las juntas o tribunales administrativos consiste en que dada la pericia que se presume en los especialistas de que generalmente se componen tales juntas, puede confiarse en que están tan capacitados como los jueces para determi-nar las conclusiones de hecho, siempre que, desde luego, hayan seguido un procedimiento adecuado. -Véanse el ar-tículo del Profesor Poland Pennoek titulado “Judicial Control of Administrative Decisions”, y el del Profesor John M. Pfiffner, titulado “The Development of Administrative Regulations”, publicados en la revista “The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences” en el número correspondiente al mes de mayo de 1942, páginas 183 y 1, respectivamente.

Y por último, la norma para determinar lo que es un procedimiento adecuado nos la señala el Juez Brandéis al sostener en su opinión concurrente en el caso de St. Joseph Stock Yards Co. v. U.S., 298 U.S. 38, 73, que la protección que la cláusula sobre el debido procedimiento de ley garan-tiza, no consiste en que la corte pueda revisar las conclusio-nes de hecho a que hubiere llegado el tribunal administrativo, sino en que no se llegue a ninguna conclusión sin antes haber dado a las partes interesadas la debida notificación y opor-tunidad de ser oídas; que el procedimiento se conforme a los requisitos esenciales de un juicio justo e imparcial, y finalmente que el procedimiento se haya conducido de tal forma que ofrezca a una corte la oportunidad de determinar si el tribunal administrativo observó las reglas de ley y de procedimiento.

Es obvio que el procedimiento de revisión establecido por nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo se ajusta al criterio enunciado por el Juez Brandéis.

Procede declarar sin lugar la petición de injunction.


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author: El Juez Asociado Señob. De Jesús

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text:
    Rafael de J. Cordero, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada; Antonia Ortiz, Etc., peticionaria en el caso del obrero Domingo Báez.
    Núm. 246.

    Sometido: Junio 22, 1942.

      Resuelto: Noviembre 4, 1942.

      Son. Procurador General George A. Malcolm, G. Benitez Gautier, Subprocurador Auxiliar, y G. Atiles Moréu, A. de Jesús Matos y A. Correa Suárez, asesores legales los tres últimos del Pondo del Seguro del Estado, abogados del recurrente; Pedro M. Porrata, abogado de la peticionaria Antonia Ortiz.
   El Juez Asociado Señob. De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El obrero Domingo Báez falleció el 21 de noviembre de 1938 como consecuencia de un accidente del trabajo, mientras actuaba como peón de un camión del patrono asegurado Su-cesión Lucas P. Valdivieso. Practicada la investigación de rigor, el Administrador del Pondo del Seguro del Estado con fecha 5 de abril de 1939 resolvió que se trataba de un accidente del trabajo y que la única persona que dependía del obrero para su subsistencia era su madre legítima Evan-gélica Rodríguez viuda de Báez, por lo que le adjudicó toda la compensación, ascendente a la suma de $1,754.62, a ser pagada a razón de $30 mensuales con efecto retroactivo al mes siguiente al en que falleció el obrero. Posteriormente, el 13 de octubre de 1939, la referida beneficiaría presentó al Administrador una solicitud de anticipo por la suma de $600 con cargo a la compensación concedida, y previa la corres-pondiente investigación, el 29 de noviembre siguiente el Ad-ministrador la concedió, sujeta desde luego a la aprobación: de la Comisión Industrial, aprobación que tuvo efecto el 4 de diciembre de 1939.

Así las cosas, cuando habían transcurrido nueve meses y veintiséis días desde que la madre del obrero había sido de-clarada su única beneficiaria y cuando sólo le quedaba por recibir con cargo a la compensación la cantidad de $659.62,. Antonia Ortiz, por conducto de su abogado, el 31 de enero-de 1940 envió al Administrador copia de la carta que había dirigido a la Comisión Industrial, en la que le notificaba que-ella había sido novia de Domingo Báez y que era madre de-un hijo postumo de dicho obrero. Dos días después presentó Antonia Ortiz en el Fondo del Seguro del Estado su peti-ción formal de compensación a favor de su indicado hijo-José Manuel Ortiz. Tan pronto tuvo noticias el Administra-dor de las pretensiones de Antonia Ortiz, suspendió los pa-gos mensuales que venía haciendo a Evangelina Rodríguez,, madre del obrero, hasta que en definitiva se resolviese la nueva reclamación, quedando, como se ha dicho, en poder del Fondo el balance indicado. Una semana después el Ad-ministrador inició una investigación sobre las pretensiones-del hijo postumo y el 15 de marzo de 1940 denegó su petición por insuficiencia de la prueba.

Antonia Ortiz recurrió ante la Comisión el 21 de marzo' de 1940, la que finalmente y después de oír la prueba de las partes interesadas, el 17 de abril de 1942 resolvió que José Manuel Ortiz es hijo postumo del obrero Domingo Báez, con derecho a participar en la compensación que había sido otor-gada a la madre del obrero, fijando su participación en la mitad de la suma de $1,754.62 antes mencionada.

Solicitó reconsideración el Administrador y le fué dene-gada, interponiendo entonces el presente recurso de revisión.

A poco que se medite sobre los hechos de este caso, se comprenderá fácilmente que la Comisión Industrial, al dictar su resolución el 17 de abril de 1942 y denegar la re-consideración el 5 de mayo siguiente, perdió de vista un he-cho esencial que le hubiera permitido resolver la controver-sia rápidamente y sin dificultad alguna. Las leyes sobre compensaciones por accidentes del trabajo en casos de muerte van encaminadas a indemnizar a aquél que en realidad es materialmente perjudicado por la muerte del obrero, o sea al que dependía de él para su subsistencia, sin tener en cuenta la relación de parentesco cuando no exista tal dependencia. De ahí el aforismo que dice que las leyes de compensaciones por accidentes del trabajo son leyes de dependencia y no de herencia. Ese principio se halla consignado en el apartado 5 del artículo 3 de nuestra vigente ley, que al tratar de la compensación en casos de muerte, en lo pertinente prescribe;

“Si el obrero o empleado dejare una viuda, padres, hijos legítimos o ilegítimos, o hijos postumos, fueran éstos o no naturales o adop-tivos, o nietos, cualquiera de los cuales dependiera total o parcial-mente para su subsistencia de lo que ganaba el obrero o empleado fallecido al tiempo de su muerte, recibirán una compensación de mil (1,000) dólares a tres mil (3,000) dólares que se graduará en atención a la capacidad económica del obrero o empleado fallecido y sus probabilidades de vida, de acuerdo con las reglas que deberá preparar el Administrador del Fondo del Estado, las que tendrán fuerza de ley después de aprobadas por la Comisión Industrial y el Gobernador, y promulgadas de acuerdo con la Ley. Dicha compensa-ción se distribuirá entre los parientes mencionados, atendiéndose a la condición, necesidades, grado de parentesco y depedencia de cada uno, según se decida por el Administrador de acuerdo con los hechos. ’ ’

Si examinamos detenidamente la parte antes transcrita del apartado 5 del artículo 3, veremos que después de men-cionar entre las personas con derecho a indemnización a la viuda, padre, hijos legítimos o ilegítimos, adoptivos, o hijos postumos, .expresamente agrega:

“. . . . cualquiera de los cuales dependiera total o parcialmente para su subsistencia de lo que ganaba el obrero o empleado fallecido al tiempo de su muerte. ...” '

De manera, pues, que la relación de dependencia es re-quisito indispensable para poder participar en la compensa-ción. Pero en este caso, como más adelante veremos, el me-nor no dependía del trabajo del obrero. A primera vista parece nna anomalía pretender qne nn hijo póstnmo haya dependido de sn padre para sn subsistencia. Cierto es que no ha podido depender directamente, pero sí lo pudo indirec-tamente, a través de su madre mientras se hallaba en el claustro materno. Es verdad que con arreglo al artículo 24 del Código Civil el nacimiento determina la personalidad jurídica, pero no es menos cierto, como hemos visto, que la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, a los fines de la compensación, extiende sus efectos hasta la vida intrauterina del hijo del obrero, toda vez que en el apartado 5 de su artículo 3 exige que para que el postumo tenga de-recho a participar en la compensación, al. igual que los de-más hijos nacidos antes del fallecimiento del padre, que haya dependido total o parcialmente para su subsistencia de lo que aquél ganaba. Véase la discusión que sobre este punto aparece en Sabater v. Corte, 54 D.P.R. 101, 103.

Cuando de hijos legítimos postumos se trata, se ha re-suelto por la Corte Suprema de Pennsylvania que si al fa-llecer el obrero o empleado, los esposos se hallaban separa-dos y el marido, con la aquiescencia de la esposa, no contri-buía entonces a su subsistencia, en tal caso se entenderá que la esposa había repudiado la obligación legal por parte del marido de sostenerla y se presume concluyentemente que el hijo postumo no dependía del trabajo de su padre para su subsistencia. Por el contrario, cuando la esposa no había repudiado esa obligación del marido, a pesar de que éste hu-biere rehusado cumplir con ese deber legal contra la volun-tad de élla, ese incumplimiento por parte del marido no per-judica a su cónyuge ni a la prole postuma, y tanto la una como la otra se consideran dependientes del obrero con de-recho a participar de la compensación que se conceda por su muerte. Shimkus v. Philadelphia & Reading Coal & Iron Co. (1924) 124 A. 335, y casos citados. Es evidente que la misma regla debe aplicarse mutatis miotandi cuando se trate de hi-jos legítimos no postumos, pues donde existe la misma razón debe aplicarse la misma ley.

Pero la regla que acabamos de enunciar no es aplicable al presente caso. No existió aquí la relación conyugal entre el obrero y la madre del postumo. En ningún momento de-pendió aquélla del trabajo del obrero para su subsistencia, pues ella misma declaró y toda la evidencia que presentó fué al efecto de que ella y el obrero eran novios simplemente; que sus relaciones se mantenían ocultas, tan ocultas que la madre de ella, de quien Antonia Ortiz dependía para su sub-sistencia, tuvo conocimiento de las mismas al comunicárselo su indicada hija al ocurrir la muerte del obrero. En circuns-tancias tales, la razón natural indica que el criterio a seguir para determinar si el postumo tiene derecho a participar en la compensación es el siguiente: ¿Dependía la madre para su subsistencia total o parcial del trabajo del obrero mientras el hijo postumo se hallaba en el claustro materno y hasta el fallecimiento de su alegado progenitor?

En el presente caso la negativa se impone. La evidencia concluyentemente demuestra que la madre en ningún mo-mento dependió del obrero, y si esto es así, faltando el re-quisito indispensable de la dependencia, el reclamante no tiene derecho a participar en la compensación. Parecerá duro privar al menor de su participación, si en realidad es hijo del obrero, pero mientras la ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo sea una ley de dependencia y no de herencia, y mientras la legislatura no derogue o modifique el apartado 5 del artículo 3 de la citada ley, no cabe resolver la cuestión de otro modo sin contravenir la letra y el espíritu •del citado precepto legal.

En el caso de Sabater v. Corte, supra, se resolvió que aun bajo el imperio de la Ley de Indemnizaciones a Obreros por Accidentes del Trabajo, de 1928, los hijos postumos tenían derecho a recibir compensación por la mnerte de sn padre a pesar de qne tales hijos no se mencionaban expresamente en-tre las personas que con arreglo a dicha ley tenían derecho a participar en la compensación. Pero aqnel caso fácilmente se distingue del que nos ocupa. Allí se declaró probada la relación de concubinato entre los padres del reclamante, así como también que la madre, hasta el fallecimiento del obrero, dependía de él para su subsistencia.

Precisamente ese fué el error de la Comisión. Olvidando el requisito indispensable de la dependencia, dirigió toda su atención a determinar si el reclamante era en verdad hijo postumo del obrero, y 'al resolver que lo era, por ese solo hecho, ordenó que la compensación que había sido concedida a la madre del obrero, que en realidad dependía de él para su subsistencia, fuese dividida de por mitad entre ella y el ale-gado nieto, que no dependía de él.

Hasta este momento nada habíamos dicho acerca de la jurisdicción de la Comisión Industrial para determinar la filiación de un reclamante por la muerte de un obrero. lia resolución de este punto no es estrictamente necesaria para llegar a la conclusión a que por los razonamientos expuestos habremos de llegar. Empero, creemos necesario decir algo sobre la cuestión, ya que nuestro silencio podría inducir a error. En nuestra opinión la Comisión invadió la jurisdicción de los tribunales de justicia al tratar de determinar la paternidad del reclamante. Si para tramitar la declaratoria de herederos de un obrero la propia ley ordena que se recurra a los tribunales de justicia, con igual razón debe recurrirse a ellos cuando de determinar la filiación de un hijo, sea o no' postumo, se trate.

Podrá argüirse que careciendo la Comisión de jurisdicción para resolver sobre la paternidad del reclamante,, todo lo actuado dentro de dicho procedimiento es nulo y por consiguiente no debe tomarse en cuenta la declaración de Antonia Ortiz y la de sns testigos, demostrativas de qne ella no dependía para sn subsistencia, en ningún momento, ni total ni parcialmente, del trabajo del obrero Domingo Báez. Tal proposición sería insostenible dentro de las circunstan-cias de este caso, pues si bien la Comisión no tiene facultad para resolver la cuestión de filiación, es evidente que la tiene para investigar la relación de dependencia de las personas qne reclaman compensación y para fijar la que corresponda a cada una de ellas. Apareciendo de la declaración de Antonia Ortiz qne en cuanto a ella no existía tal dependencia, y por consiguiente tampoco podía existir en cnanto a su hijo, lo procedente era cerrar ahí la investigación y ni si-quiera exigir que se presentara una declaración judicial sobre el hecho de la paternidad, ya que tal declaración sería inútil ante la admisión de falta de dependencia.

IJna última cuestión nos resta por discutir antes de concluir esta opinión. En la súplica del escrito de revisión el Administrador del Fondo pide que revoquemos las'resoluciones recurridas de 17 de abril y de 5 de mayo de 1942 en cnanto ordena la primera y ratifica la segunda, que se pague al menor José Manuel Ortiz la mitad de la compensación que había sido fijada en $1,754.62, y en su lugar solicita el Administrador que se dicte otra conceniendo a dicho menor el balance no pagado de dicha compensación, en poder del Administrador del Pondo del Estado, es decir, $659.62. No obstante tal súplica, toda vez que dicha suma, de acuerdo con los principios enunciados en esta opinión no pertenece al menor reclamante y sí a la madre del obrero, que no está representada en este caso por el Administrador, no puede dicha beneficiaría ser perjudicada por las manifestaciones del Administrador en la citada súplica. Además no debemos olvidar que estamos revisando la decisión de un tribunal administrativo y es de tenerse en cuenta la marcada diferencia existente entre el procedimiento judicial y el administrativo. El primero, más inflexible y formal que el segundo, al resolver las controversias se atiene exclusivamente a las-alegaciones y a la prueba que le han presentado los litigantes, incluyendo por supuesto cualquier información que el tribunal pueda derivar del conocimiento judicial. El segundo, por el contrario, huye del rigorismo del primero y desdeña toda formalidad que pueda impedirle impartir justicia sus-tancial en cada caso. Véase Landis, The ■Administrative Process, página 38 et seq. En armonía con esa norma del derecho administrativo, nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, en su artículo 35 prescribe que “Los obreros o empleados no -necesitarán comparecer asistidos de abogados ante el Administrador del Fondo del Estado o ante la Comisión Industrial para la gestión, liquidación o resolu-ción de sus casos ...” Este principio fue aplicado recien-temente por nosotros en el caso de Tomás v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 860, 866. En dicho caso la viuda e hijos del obrero habían solicitado compensación por la muerte de éste, acaecida mientras trabajaba para un patrono que re-sultó no estar asegurado. Por razones que no aparecían del récord, el abogado de los reclamantes no ofreció prueba al-guna tendente a demostrar la relación de dependencia entre éstos y el obrero. A pesar de ese defecto en la prueba, la Comisión falló a favor de los reclamantes, y entre otros seña-lamientos de error expusieron el de no existir evidencia alguna demostrativa de la relación de dependencia. Si hu-biésemos seguido las normas del procedimiento judicial, ateniéndonos exclusivamente a lo que del récord aparecía, necesariamente hubiésemos tenido que revocar la resolución objeto del recurso y privar a los beneficiarios del obrero, por ese solo motivo, de todo derecho a compensación. Pero este tribunal considerando que la que revisaba era una decisión de la Comisión Industrial, echó a un lado el rigorismo del procedimiento judicial para dar paso a la flexibilidad del administrativo y devolvió el caso a dicha Comisión con ins-trucciones de que recibiera prueba de una y otra parte sobre la relación de dependencia que pudiera haber existido entre los reclamantes y el obrero fenecido. De ese modo evitamos qne un mero error de derecho o inadvertencia en la presen-tación de la prueba diera por resultado un fracaso de la justicia.

Si el propósito de la ley es que el procedimiento ante el Administrador y ante la Comisión sea lo más sencillo posi-ble, si en armonía con ese propósito la propia ley advierte al obrero que no necesita comparecer asistido de abogado ante dichos funcionarios, ¿no violaríamos acaso el propósito del legislador e incurriríamos en la más grave de las injus-ticias si por no haber presentado su caso correctamente ante la Comisión Industrial privásemos al obrero total o parcial-mente de la compensación que legalmente le corresponda?

Procede, por lo expuesto, revocar las decisiones recurri-das, declarar sin lugar la reclamación del menor José Manuel Ortiz, representado en este caso por su madre Antonia Ortiz, y en su consecuencia ordenar que los $659.62, balance de la compensación en este caso concedida a Evangelma Rodríguez viuda de Báez, sean pagados a dicha beneficiaría en los plazos dispuestos por el Administrador del Fondo del Estado.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presidente Señoe, Del Toro

text:
    Julia Blanco Géigel, peticionaria, v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, etc., demandado.
    Núm. 1307.

      Sometido: Julio 15, 1942.

      Resuelto: Noviembre 9, 1942.

      J. J. Ortiz Alibrán, abogado de la recurrente; Hon. Procurador General George A. Malcolm, M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar y Eulogio Riera, Subprocurador Auxiliar, abogados del Tesorero Insular, opositor.
   El Juez Presidente Señoe, Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este es un' procedimiento de certiorari establecido de acuerdo con la Ley número 172 de 1941 ((1) pág. 1039).

El 6 de julio de 1942 Julia Blanco Géigel archivó el es-crito inicial titulado “Apelación,” con súplica de que se expidiera un auto de certiorari dirigido al Tribunal de Apelación de Contribuciones, reclamando los autos originales del caso 1-375 a fin de revisarlos, anulando la resolución apelada y dictando otra ordenando el reintegro de la contri-bución pagada bajo protesta. Se acompañaron los compro-bantes del pago hecho el 9 de enero de 1942.

El auto fue expedido. Cumpliéndolo, el Tribunal de Apelación de Contribuciones remitió el expediente número 1-375. La vista se celebró el 15 de julio de 1942, compare-ciendo el Tesorero de Puerto Rico oponiéndose a las preten-siones de la recurrente.

Alega ésta que notificada de una reliquidación de su con-tribución sobre ingresos correspondiente al año 1940, hecha por el Tesorero a virtud de una ley posterior a la que dió efecto retroactivo, solicitó del mismo el 10 de septiembre de 1941 que anulara la contribución, a lo que se negó el 26 de noviembre de 1941; que el 11 de diciembre de 1941 recurrió de la resolución del Tesorero para ante el Tribunal de Ape-lación de Contribuciones; que el 4 de junio de 1942 el recurso fue señalado para vista junto con otros diecinueve más y la peticionaria solicitó la suspensión, discutiéndose su moción el 1 de junio de 1942; que el tribunal se reservó su resolución, pero de hecho suspendió la vista y, eso no obstante, el 5 de junio de 1942, basándose en la evidencia del caso de Ballester, dictó resolución final como si el recurso le hubiera sido some-tido en su fondo, resolviendo cuestiones en issue, declarándose sin jurisdicción, y dictando una providencia sosteniendo la contribución y ordenando su cobro.

Alega además la peticionaria que solicitó reconsideración y el tribunal la negó, enumerando seguidamente los errores que le imputa, a saber: haber resuelto el recurso sin haberle sido sometido; haberse declarado sin jurisdicción y dictado orden confirmando la contribución; haberse declarado sin jurisdicción por no haberse prestado fianza; no haber re-suelto que la contribución era nula por los motivos que se especifican; no haber resuelto que las leyes números 31 y 159 de 1941 ((1) págs. 479 y 973) no tienen efecto retroactivo, y, de entenderse lo contrario, que tal retroactividad fué dero-gada por la Ley número 23 de 1941 ((2) pág. 73), y, en todo caso, que la retroactividad es nula, y, por último, que si tomó como base para su decisión la evidencia del caso de Ballester, incurrió en manifiesto error al apreciarla.

Cuatro son los fundamentos de oposición del Tesorero, a saber: 1, que el certiorari establecido por la contribuyente' no está autorizado por la Ley número 172! de 1941; 2, que no se prestó fianza para recurrir ante el Tribunal de Apela-ción de Contribuciones; 3, qne no se pagó bajo protesta al recurrir para ante esta Corte Suprema; y 4, que el paga hecho, no obstante haberse consignado que se hacía bajo-protesta, debe reputarse voluntario con todas las consecuen-cias que s.e derivan de esa consideración.

Comenzaremos nuestro estudio por el de las cuestiones levantadas por el Tesorero.

ia primera no está bien fundada. Quedó resuelta de modo terminante en contra de la contención del Tesorero en el caso de Ballester v. Tribl. de Apelación, 60 D.P.R. 768, en los siguientes términos:

“El certiorari de naturaleza especial según se dispone en la sec-ción 5 de la Ley Núm. 172 de 1941 ((1) pág. 1039), es el apropiado-para elevar a esta Corte Suprema casos en los cuales el asunto en controversia envuelva una resolución del Tesorero dentro del alcance de la sección 4 de esa ley, que afecte al pago de una contribución sobre ingresos."

Tampoco está bien fundada la segunda, porque aquí no se. trata de una “deficiencia” y sólo en el caso de “deficiencias” es que la ley requiere que se preste una fianza para recurrir de la resolución del Tesorero para ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones.

Como la situación jurídica que presentan los hechos de este caso es en este extremo enteramente igual a la que surgióen el caso de Ballester, supra, parece conveniente transcribir por lo menos una parte del razonamiento en el dicho caso de Ballester.

Hablando por la corte, el Juez Asociado Sr. Snyder se expresó así:

“La situación aquí es única. No se ha llamado nuestra atención hacia caso alguno que pueda enteramente aplicarse a esta cuestión. La deficiencia tradicional surge, como ya se ha indicado, a virtud de un examen de la planilla del contribuyente y una determinación del Tesorero de que el contribuyente en la fecha en que rindió la pla-nilla debía una contribución sobre ingresos mayor, hajo la ley que entonces regía, a la que él declaró y pagó. Véase Veeder v. Com missioner of Internal Revenue, 36 F. (2) 342, 343, (C.C.A. 7th Cir., 1929). Ciertamente no hubo aquí, por tanto, una deficiencia en el sentido usual. El Tesorero no ha puesto en tela de juicio la vera-cidad de las planillas del peticionario y,su esposa en la fecha en que se radicaron. La contribución adicional que ahora se reclama se hizo-exigible por primera vez después que estas planillas habían sido radicadas, a virtud de las Leyes Núms. 31 y 159, Leyes de Puerto* Rico, 1941, que disponían que sus disposiciones tendrían efecto re-troactivo desde el 1 de enero de 1940. El mismo Tesorero en la ‘Notificación y Requerimiento’ la llama una contribución nueva, en vez de una contribución que el peticionario y su esposa debieron pagar y no pagaron a la época en que rindieron sus planillas el 15 de marzo de 1941.” Ballester v. Tribl. de Apelación, 60 D.P.R. 768, 774.

Para resolver la tercera, o sea la de que para recurrir a esta Corte Suprema de la decisión del Tribunal de Apelación de Contribuciones es necesario acompañar al escrito de Apelación el recibo indicando la parte de la contribución pagada, bajo protesta, requisito sin el cual no tendrá jurisdicción esta. Corte, se invoca el artículo 76(a) de la Ley número 74 del 6 de agosto de 1925, como enmendado por la Ley número 23: del 21 de noviembre de 1941, (2) 89, que en lo pertinente dice:.

‘‘Cuando un contribuyente no estuviere conforme con la deficien-cia o parte de la deficiencia determinada por el Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico de acuerdo con la sección 57 (b)•-de esta Ley, estará, no obstante, obligado a pagarla totalmente, y si •deseare apelar para ante la Corte Suprema de Puerto Rico en la. forma dispuesta por ley, al efectuar el pago protestará la parte de-la deficiencia con la cual no estuviere conforme y pedirá al colector-o funcionario recaudador que consigne su protesta al dorso del recibo de pago, indicando específicamente la parte de la contribución que-se paga bajo protesta, y tal recibo o copia certificada del mismo deberán formar parte de su escrito de apelación para ante la Corte-Suprema, requisito sin el cual no tendrá jurisdicción dicha Corte. .

Como puede verse la ley sólo se refiere a deficiencias exac-tamente igual que en su sección 57(a) interpretada en el referido caso de Ballester, supra.

No estando envuelta nna deficiencia, claro es qne el pre-cepto legal invocado no es aplicable, y como ninguno otro se cita ni fiemos podido encontrar nosotros que exija el previo pago bajo protesta, debemos resolver que dicho requisito no es necesario en casos de esta naturaleza en que se trata no de deficiencias sino de resoluciones administrativas, como quedó decidido en Ballester, supra, copiando del resumen, así:

“La actuación del Tesorero al determinar la contribución adi-cional bajo la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, como fué en-mendada por las Leyes Núms. 31 y 159 de 1941 ((1) págs. 479 y '973), y al enviar a los contribuyentes la ‘Notificación y Requeri-miento’ en el caso, demandando de ellos el pago de la contribución, no constituye la determinación de una deficiencia de acuerdo con la sección 57(a) de esa ley como fué enmendada, sino una ‘resolución ■administrativa’ dentro del significado de la sección 4 de la Ley Núm. 172 de 1941 ((1) pág. 1039), revisable bajo dicha sección por el Tribunal de Apelación de Contribuciones.”

Tampoco tiene razón en tal virtud el Tesorero en la ter-cera de las cuestiones que suscita.

Ahora bien, resuelto que el recurso procede en este caso sin necesidad del previo pago de la contribución bajo protesta, ¿qué efecto tiene el pago de la misma hecho por la contribuyente bajo protesta el 9 de enero de 1942, después de haber recurrido el 11 de diciembre de 1941 para ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones contra la resolución del Tesorero?

Es un principio general que dinero que entra en las arcas del Tesoro Público a virtud de pagos voluntarios, no puede ser reclamado por la vía judicial, como cuestión de derecho. ¿Fué aquí el pago voluntario? ¿Basta la mera consignación de la protesta para que deje de serlo? Veámoslo.-

Desde el 7 de abril de 1905 esta corte, en el caso de Guerra v. El Tesorero de Puerto Rico, 8 D.P.R. 292, resolvió, co-piando del resumen, lo que sigue:

“El pago de contribuciones becho por un contribuyente que no-esté bajo coacción con respecto a su persona o a sus bienes, debe considerarse voluntario.
“Para que el contribuyente pueda salvar sus derechos a recobrar las cantidades satisfechas por contribuciones ilegalmente impuestas sobre sus bienes, debe esperar, para verificar el pago, hasta el mo-mento en que se vea amenazado con una venta de sus bienes, y en-tonces hacer el pago con protesta, o ejercitar los recursos adecuados-para evitar que tal venta se lleve a efecto.
“Las cantidades que voluntaria e inadvertidamente, y sin protesta alguna, se hubieren pagado al Tesorero, por concepto de contribu-ciones, y bajo una equivocada reclamación de derecho, no pueden ser recuperadas por la vía judicial, sino por la acción de la Legisla-tura. ’ ’

En el curso de la opinión de la corte, emitida por su Juez; Asociado Sr. MacLeary, se razonan esas conclusiones, corno-sigue :

“Ahora vamos a examinar la segunda proposición preliminar presentada por el apelante, de que los contribuyentes están imposi-bilitados de acudir a los tribunales en busca de auxilio en el pre-sente caso, por haber pagado las contribuciones impuestas a los terre-nos, y porque no pueden recobrar el dinero que han pagado volun-tariamente a la Tesorería de la Isla. A esto contestan los apelados que aunque han pagado las contribuciones con regularidad, su pe-tición dirigida al Tesorero en 8 de mayo de 1901, tenía el carácter de una protesta levantada antes de que la ley empezara a regir, y debe ser considerada como tal.
“Por cuanto la exención reclamada es por diez años, y no termina sino dentro de uno o dos años más, debe haber aún contribuciones-sin pagar, y en cuanto a éstos a lo menos los contribuyentes tienen el derecho de objetar en debida forma. Pero como se trata en la peti-ción de recobrar las sumas alegadas de haber sido pagadas con exceso de los ($18.60) dieciocho dólares sesenta centavos anuales, vamos a examinar la fuerza que debe darse a la proposición que nos ha pre-sentado el fiscal de la Isla.
“En la discusión el eminente abogado representante de los con-tribuyentes dice sustancialmente lo siguiente:
“ ‘El representante del Gobierno hace referencia a la opinión de un escritor a quien llama eminente autor de obras de derecho, res-pecto a la materia de pagos voluntarios. Esas proposiciones carecen de solidez lógica y no están en armonía con el derecho estricto.’
“Oigamos lo que por sí mismo dice el libro de texto. Con res-pecto a 'la cuestión de pagos voluntarios, el Juez Cooley en su obra .sobre imposición de contribuciones, consigna la ley como sigue:
“ ‘Las autoridades están de acuerdo en general, en que no se puede recobrar una contribución que ha sido pagada voluntaria-mente. Y no importa en tal caso el que la contribución haya sido 'impuesta ilegalmente, ni aún que la ley en virtud de la cual fué impuesta era anticonstitucional. Dicho principio es un principio .-antiguo en la ley común, y es de aplicación general. Se supone que toda persona conozca la ley, y si espontáneamente efectúa un pago -que la ley no la hubiese obligado a hacer, no podrá después alegar su ignorancia de la ley como razón por la cual el Estado debe su-•ministrarle los recursos legales para recobrarlo. Especialmente es este ■el caso cuándo el funcionario receptor del dinero, a quien no se puede ■exigir más conocimientos de la ley que a la parte que efectúa el pago, ■no ha sido prevenido por una advertencia o protesta, y se entrega •el dinero para el uso público con aparente aquiescencia en la justicia ■de la exacción. Un error de hecho puede apenas existir en seme-jante caso, excepto cuando haya mediado negligencia; puesto que las ilegalidades que hacen nula tal demanda, deben constar en los Registros, y tan obligado está el contribuyente a informarse de lo ■que demuestran o no demuestran los registros, como lo están las auto-ridades públicas. La regla de ley es también una regla de sana política pública; es así una regla de seguridad como de buena fe, ■e impide a los tribunales ocuparse en deshacer los convenios de las partes cuando hayan sido hechos voluntariamente, y cuando las partes no hayan sido impulsadas a celebrarlos por fraude o accidente, ■o por ignorancia excusable de sus derechos y obligaciones legales.
“ ‘Se supone que todos los pagos son voluntarios mientras no se •demuestre lo contrario. Ni es el mero hecho de que se haya pagado una contribución involuntariamente o con protesta de ninguna im-portancia legal, sino que en tal caso debe haber algún grado de com-pulsión a la cual el contribuyente se someta al tiempo de efectuar el pago pero con alguna clase de notificación que equivalga a una reserva de sus derechos. En algún caso se ha dicho que “las con-•tribuciones ilegalmente recaudadas pueden ser siempre recobradas, si el colector es enterado por el pagador de que él considera la con-tribución como ilegal, y que entablará demanda para compeler su restitución;’’ pero se ha declarado repetidas veces que una simple protesta, cuando el pago no se efectuó para evitar arresto o el embargo o la venta de mercancías, o por temor a un procedimiento que pudiera seguirse inmediatamente, no quitaría al pago el carácter de voluntario que se le presume. En algunos casos se ha declarado •que un pago que se efectúa solamente para redimir terrenos del gravamen de una contribución, o para evitar la venta de terrenos, o para redimir terrenos de una venta realmente efectuada, no será ■considerado como un pago hecho bajo compulsión, y la parte que pagó no puede reclamarlo; pero esta opinión no ha sido asentida general-mente, y parece razonable que la regla sea restringida a los casos en que si se efectuase la venta, los procedimientos presentarían a pri-mera vista defectos fatales. Una parte no debe ser expuesta a ma-yores riesgos de pérdida en liberar sus terrenos de una aparente duda con respecto al título que en proteger sus mercancías contra una venta ilegal.
“ ‘Cuando se habla de un pago voluntario, la palabra calificativa no se usa en su sentido ordinario, y muchos pagos son considerados como voluntarios, que se han hecho involuntariamente y sólo por una elección entre varios males o riesgos. Así, un pago ha sido decla-rado voluntario, cuyo pago fué efectuado por el dueño para salvar la propiedad de ser vendida, como él suponía, cuando en realidad el colector simuló proceder a la venta, pero con una autoridad nula a primera vista, y sin posesión o dominio de la propiedad. La misma decisión se ha dictado en un caso en que el funcionario amenazó con vender la propiedad- para una contribución que aun no se debía, sin tener entonces el poder de llevar a efecto su amenaza. Asimismo en un caso en que un tribunal, sin autoridad para ello, expidió una o'rden para el pago de una contribución, cuyo pago sé hizo de con-formidad sin que la parte que se hallaba en esas circunstancias, es-tuviera bajo compulsión legal — dicho pago fué declarado voluntario. Del mismo modo, en un caso en que una persona en el día fijado para la venta de su propiedad para una contribución ilegal, ofreció efec-tuar el pago al día siguiente si la venta fuese aplazada, y tal apla-zamiento tuvo lugar, efectuándose el pago según se había ofrecido, ■esto fué declarado pago voluntario. Y se ha declarado en algunos ■casos que cuando se trata de recobrar un pago como hecho bajo com-pulsión, se debe demostrar que dicho pago fué efectuado para res-' ■catar ya una persona o ya una propiedad del poder del funcionario. Y esto puede decirse que expresa el sentido general de las autoridades.
“ ‘Las leyes en algunos estados han cambiado las reglas hasta ■cierto punto, y han permitido la iecuperaeión en todos los casos de contribuciones ilegales, siempre que al tiempo ele efectuarse el pago,, se hubiere formulado protesta según lo prescribe la ley. Con res-pecto a tales leyes solamente es necesario decir que la parte que se-ampare en ellas, debe cuidar de que su caso esté dentro de las dis-posiciones de las mismas.’ Cooley, on Taxation, pp. 809, 810, 811, 812 y 813.
“En nuestra opinión, la ley tal como la consigna el Juez Cooley resuelve correctamente la cuestión de que, en cuanto se refiere a la recuperación de cualesquiera dineros ya ingresados en el Tesoro los-contribuyentes no han practicado las diligencias necesarias para su propia protección. Los pagos efectuados por éstos deben conside-rarse como voluntarios. Los contribuyentes no estaban bajo ninguna clase de coacción ni en sus personas ni en su propiedad. Ellos de-bieron haber esperado, antes de efectuar el pago, hasta que se les hu-biese amenazado con la venta de su propiedad, en cuyo momento-para impedir tal venta pudieron efectuar el pago de las contribu-ciones bajo protesta, o solicitar un interdicto prohibitorio de la venta para las contribuciones que alegan ser ilegales, y todos los puntos planteados para su resolución en este pleito, pudieron ser decididos en aquella forma. Cuando voluntariamente y sin protesta se ha _pagado, por inadvertencia, diner-o al Tesoro en virtud de una errónea reclamación de derecho, se debe recurrir ante la Legislatura para conseguir la restitución, y no a los tribunales, que de este modo han perdido su jurisdicción sobre el asunto de que se trata.” Guerra v. El Tesorero de Puerto Rico, 8 D.P.R. 292, 317-320, 321.

Y recientemente, en el caso de Oliver v. Domenech, Tesorero, 58 D.P.R. 64, 69, esta propia corte por medio de su Juez Asociado Sr. Travieso se expresó así:

“En el caso de autos los herederos fueron notificados de la valo-ración y cómputo el primero de marzo de 1939. Esa valoración y cómputo no podían ser firmes hasta que hubiese transcurrido el tér-mino de treinta días que el artículo 7 concede a los herederos para recurrir en alzada ante la junta. Una vez radicada dicha alzada, el Tesorero no podía exigir el pago de la contribución antes de que la Junta de Revisión e Igualamiento dictase su resolución. Dictada esa resolución, el Tesorero podía desde ese' momento exigir el pago. Y entonces el único remedio de los herederos era el pago bajo protesta y recurrir a las cortes para recobrar la suma pagada. El pago hechoen el momento y en la forma en que se hizo en el presente caso es. un pago prematuro y voluntario que impide a los herederos de recurrir en alzada ante la junta.”

El pago lieclio por la contribuyente el 9 de enero de 1942, cuando ya había recurrido para ante el Tribunal de Apela-ción de Contribuciones, no lo fue bajo compulsión. Ella no estaba bajo amenaza alguna de cobro inmediato. Tenía su caso sometido a la consideración y decisión del dicho tribunal, y podía esperar que fuera resuelto de acuerdo con la ley para actuar en definitiva. Bajo tales circunstancias el pago que hizo no puede considerarse sino voluntario, con to-das las consecuencias que esa consideración lleva consigo, a saben: que ella misma, por su propio acto, abandonó su re-clamación.

Quizás parezca contraria a la realidad e injusta esa con-clusión, pero tal es la regla consagrada por la jurisprudencia a través de los años. Se trata a lo sumo de un error de dere-cho y sabido es que los errores de esa clase no dan lugar a la reclamación del pago de lo indebido. Véase Quiñones v. Comisión Industrial, 60 D.P.R. 447.

Dele declararse no haber lugar a decretar la devolución de la contribución solicitada, devolviéndose el expediente re-mitido al Tribunal de Apelación de Contribuciones.


author: El Juez Pbesidente Señoe Del Tobo

text:
    Manuel Pérez Pérez, peticionario, v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, etc., demandado.
    Núm. 1332.

    Sometido: Julio 15, 1942.

      Resuelto: Noviembre 9, 1942.

      J. J. Ortiz Alibrén, abogado del recurrente; Son. Procurador General George A. Malcolm, M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar y Eulogio Riera, Sub pro curador Auxiliar, abo-gados del Tesorero Insular, opositor.
   El Juez Pbesidente Señoe Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de certiorari interpuesto de acuerdo con la Ley número 172! de 1941 ((1) pág. 1039).

Los hechos en que se basa son similares a los del de Julia Blanco Géigel v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, ante, pág. 23 que acabamos de resolver.

Se distingue del mismo, sin embargo, en que el pago bajo protesta de, la contribución se hizo no mientras el asunto estaba pendiente ante el Tribunal de Apelación de Contribu-ciones, sino después de haberse resuelto por dicho tribunal en contra del contribuyente.

¿Influye esa distinción en el carácter del pago? ¿Fué el pago hecho bajo esas circunstancias compulsorio o volunta-rio?

Veamos cuál era la situación del contribuyente una vez que su caso fue decidido por el Tribunal de Apelación de Contribuciones.

De acuerdo con la ley creadora de dicho tribunal, la número 172 de 1941, página 1039, sección 5, podía aún re-currir para ante esta Corte Suprema, pero el auto que pudiera expedirse para revisar su reclamación, según los términos expresos de la ley, “no tendrá el efecto de suspender la ejecución de la decisión dictada” por el Tribunal de Apelación de Contribuciones, “la cual será efectiva desde luego, basta tanto recaiga decisión final confirmándola o modificándola.”

Siendo ello así, claro es que el medio que tenía el contri-buyente para impedir que el Tesorero hiciera efectiva la contribución por embargo y venta de sus bienes, era pagarla bajo protesta. Su actuación no tiene, pues, el carácter de voluntaria. Lo fue bajo compulsión legal.

En resumen diremos que tratándose en este caso de una resolución administrativa y no de una deficiencia, el contri-buyente pudo presentar sú certiorari ante esta corte sin necesidad de acompañar el recibo del pago de la contribución bajo protesta, y que el hecho del pago bajo protesta de dicha contribución después de resuelto el caso en contra del con-tribuyente por el Tribunal de Apelación de Contribuciones, antes o después de interpuesto el certiorari, no es voluntario sino bajo compulsión legal, no pudiendo por tanto interpre-tarse como un abandono del recurso.

Y habiéndose llegado a esas conclusiones, bastará agregar que el recurso procede porque las cuestiones envueltas en el mismo son sustancialmente iguales a las estudiadas y resueltas en el caso de Ballester v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 768.

En tal virtud, de acuerdo con los hechos y la ley y por los. razonamientos contenidos en la opinión de esta corte en Ballester,■ supra, la decisión del Tribunal de Apelación de Contribuciones será revocada y el caso devuelto a dicho tribunal para ulteriores procedimientos no inconsistentes con la indicada opinión.


author: El Juez Asociado Senos, Tbavieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Otero Soto, acusado y apelante.
    Núm. 9468.

    Sometido: Noviembre 3, 1942.

      Resuelto: Noviembre 9, 1942.

      Víctor Bivera Colón, abogado del apelante; Son. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senos, Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelánte fné acusado de infracción al artículo 7 de la Ley Núm. 14 de 8 de julio de 1936 ((2) pág. 129), según fné enmendada por la Núm. 95 de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 240), consistente en que “ilegal, voluntaria, maliciosa y cri-minalmente poseía y transportaba sobre sn persona nn arma de fuego sin baber declarado la misma por escrito al Jefe de la Policía Insular de Morovis, qne es el distrito 'en que reside el acusado.”

El único error que se imputa a la corte sentenciadora es el de no haber sostenido que la denuncia es insuficiente, porque en ella no se alega expresamente “la residencia del acusado en el preciso momento en que se supone cometido el delito.” Esta misma cuestión fué levantada y resuelta en contra de los apelantes en Pueblo v. Olmo, 56 D.P.R. 405 y en Pueblo v. Pérez Peña, 59 D.P.R. 449 y 59 D.P.R. 562. Por las mismas razones que en dichos casos expusimos, debemos desestimarla en el presente caso.

La Ley Núm. 14 de 1936, en su artículo 10, proveía que las infracciones a sus disposiciones serían castigadas con cárcel por un término no menor de seis meses ni mayor de dos años. El acusado en el presentó caso fué condenado a sufrir la pena de seis meses de cárcel, que era el mínimo que podía imponerle el juez sentenciador de acuerdo con la ley vigente en la fecha de la sentencia, o sea en marzo 13, 1941.

Con posterioridad a la fecha de la sentencia recurrida, el artículo 10 de la Ley Núm. 14 de 1936 fué enmendado por la Ley Núm. 78 de 5 de mayo de 1942 (pág. 615), en el sen-tido de disponer como dispone que la primera infracción será castigada con multa no menor de cincuenta dólares o cárcel por un término no menor de-un mes ni mayor de seis meses, o con ambas penas a discreción del tribunal. La pena mí-nima bajo la ley de 1936 se ha convertido en la máxima bajo la ley enmendatoria de 1942.

Se nos pide que en el ejercicio de nuestra discreción modifiquemos la sentencia recurrida en el sentido de dar al apelante el beneficio de la enmienda, y que le impongamos la' pena mínima que autoriza la ley ahora en vigor. No se opone a ello el fiscal.

Es indudable que la pena de seis meses de cárcel por la infracción que se imputa al acusado está autorizada por el estatuto original y por la enmienda de 1942. Sin embargo, considerando que el juez sentenciador pudo haber condenado al acusado a dos - años de cárcel y se limitió a imponerle la pena mínima autorizada por el estatuto entonces vigente; y considerando, además, que el legislador, creyendo sin duda alguna que la pena mínima de seis meses de cárcel fijada por la ley de 1936 era excesiva, la redujo a un mes, opinamos que dentro de las circunstancias del caso está justificado que demos al acusado el beneficio del estatuto enmendatorio.

Por las razones expuestas, se modifica la sentencia re-currida en el sentido de reducir a un mes el término de prisión que deberá cumplir el acusado apelante; y así modificada se confirma.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Ambrosio Castro, demandante y apelante, v. Micaela Castro, Juan Ortiz y Rafael Cruz, demandados y apelados.
    Núm. 8220.

    Sometido: Noviembre 3, 1942.

      Resuelto: Noviembre 12, 1942.

      F. González Fagundo, abogado del apelante; F. B. Aponte, abogado de la Sra. Castro, apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante alega que desde el 14 de julio de 1934 y hasta la fecha en que radicó su demanda, se encontraba en la posesión material de una finca rústica de dos cuerdas de terreno; que durante los ocho meses anteriores a la presen-tación de la demanda, los demandados han perturbado su posesión, soltando ganado en la finca, penetrando en ella, tratando de cosechar los frutos del inmueble y llevándoselos en algunas ocasiones, alegando que la demandada Micaela Castro es dueña de la finca y que tratará por todos los me-dios de desposeer al demandante.

Contestó Micaela Castro, negando los hechos alegados en la demanda y alegando en contrario que desde el año 1937 ella ha poseído y posee en la actualidad la finca en cuestión; y que es el demandante Ambrosio Castro quien ha ejecutado actos perturbadores de su posesión, hasta el extremo que ella se vió obligada a denunciarlo por daños maliciosos. Alegó, además, que durante el año anterior a la presentación de la contrademanda, ella había estado y estaba en posesión de la finca; y pidió se dictase sentencia de injunction contra el demandante y contrademandado. Éste contestó negando los hechos esenciales de la contrademanda.

Visto el caso ante la Corte de Distrito de Humacao, ésta dictó sentencia desestimando la demanda y declarando .con lugar la contrademanda.

El presente recurso interpuesto por el demandante se basa en la alegación de que la corte sentenciadora erró al apreciar la prueba.

Los fundamentos de la sentencia recurrida son: (a) que el demandante no probó convincentemente su posesión du-rante el año precedente a la iniciación de este procedimiento; (b) que fue más convincente la alegación de la demandada al efecto de que ella tiene y ha tenido la posesión del predio por más de un año con anterioridad a dicha fecha; y (c)' que resultó probado que, en ocasiones, el demandante perturbó a la demandada en su posesión.

" Después de un detenido estudio de la transcripción de evidencia opinamos que las conclusiones de hecho a que llegó la corte inferior están sostenidas por la prueba. La eviden-cia presentada por la demandada, a la cual dió crédito la corte sentenciadora, demuestra que dicha demandada estaba en posesión de la finca desde el año 1937 y que la poseía en la fecha en que radicó su contrademanda.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Edith Puffer Moore, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1105.

    Sometido: Noviembre 2, 1942.

      Resuelto: Noviembre 17, 1942.

      Brown, González Newsom y Garlos J. Faure, abogados de la re-currente ; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

' Edith Puffer Moore, alegando ser dueña de la casa de manipostería de tres plantas número doce de la calle de la Cruz de esta ciudad de San Juan de Puerto Rico, se dirigió al registrador de la propiedad del distrito, Sección Primera, pidiéndole que cancelara en sus libros ciertas anotaciones, y el registrador el 27 de junio de 1942 se negó porque “no es dable proceder a dicha cancelación sin el consentimiento de María Ana Otero Mahonés, que es la persona a cuyo favor se extendió la toma de razón que se pretende cancelar, o por resolución de la.corte de justicia competente.”

Presentado otro escrito al registrador por la señora Moore interesando la cancelación total de las limitaciones estable-cidas en las inscripciones séptima y octava de la referida finca subsanándose el defecto consignado por el registrador en las mismas, así como la toma de razón al margen de la inscripción séptima a favor de María Ana Otero Mahonés, insistió el registrador en su criterio por nota del 6 de julio de 1942, contra la cual se ha interpuesto el presente recurso gubernativo.

Como puede verse, existe una cuestión previa, que es la relativa a la facultad del registrador para hacer lo que se le pide. No importa cuán meritoria pueda ser la petición. Si el registrador no tiene facultades, obró derechamente al negarse a actuar, debiendo la peticionaria obtener el consen-timiento de la parte interesada o la resolución judicial corres-pondiente si dicha parte lo rehusare.

Los hechos son largos y confusos. Procuraremos resu-mirlos basándonos en una certificación de las constancias del registro expedida por el propio registrador que figura en el expediente.

Josefa Pénelas Hernández, dueña anterior de la casa de que se trata, falleció en febrero de 1914 bajo testamento en ■el cual instituyó como legatarias del usufructo de la misma a Evarista Rivera y a sus hijas Isabel y Providencia Maho-nés, dejando la nuda propiedad a Hilario Pérez, en los si-guientes términos:

"Lego en usufructo vitalicio por partes iguales las casas calle de la Cruz números doce y veinticuatro y Sol número cuarenta y nueve a Evarista Rivera y a sus hijas Isabel y Providencia Mahonés y el dominio directo o nuda propiedad a clon Hilario Pérez Alonso Cue-villas. Las usufructuarias quedan relevadas de fianzas y adminis-trarán libremente las casas. Según vaya ocurriendo el fallecimiento de cada una se irá consolidando el dominio. Si al fallecimiento de Isabel o Providencia tuvieran uno o más hijos de su matrimonio, éstos serán los legatarios del dominio directo; pero si fallecieren antes de la edad de otorgar testamento, o sin él, será el legatario dicho Hilario Pérez. ...”

En el propio año de 1914, poco después de ocurrir la muerte de la testadora, falleció la legataria Evarista Rivera, haciéndose constar en el registro el 17 de agosto de 1916 que la tercera parte indivisa del usufructo que le correspondía quedaba consolidado en Hilario Pérez, dueño de la nuda propiedad.

En 1915 comparecieron ante notario Hilario Pérez e Isabel y Providencia Mahonés y manifestando que no les con-venía continuar en comunidad, hicieron un traspaso de sus respectivos derechos entre sí, quedando Isabel y Providencia como dueñas exclusivas de la casa que hoy pertenece a la recurrente. La inscripción de la escritura otorgada en lo que respecta a dicha casa, se hizo el 17 de agosto de 1916 como-sigue

. . En su virtud y observándose el defecto subsanable de que-por los términos en que está redactada la cláusula octava del testa-mento de doña Josefa Pénelas inserta en el título y en la inscripción precedente, resulta dudoso el sentido y alcance quo quiso dar la tes-tadora a la condición resolutoria del legado de la nuda propiedad hecho a don Hilario Pérez, establecida a favor de los hijos de doña Isabel y doña Providencia Mahonés que acaso existan al fallecimiento de éstas según el último particular de dicha cláusula octava; y no puede determinarse con exactitud si el caso de excepción allí pre-visto se refiere a la totalidad del dominio directo de las tres casas legadas, o si únicamente se contrae a la participación usufructuada por-tas respectivas madres expresadas, según la interpretación de los; otorgantes aprobada por la corte, en cuyo caso los hijos de doña. Isabel y doña Providencia Mahonés no habrían de adquirir otro-dominio directo que el que pudiera existir sin consolidar con el usu-fructo al fallecimiento de una u otra de aquéllas, inscribo a favor de doña Isabel y doña ProAÚdencia Mahonés Rivera, el dominio pleno-de una tercera parte de esta finca y la nuda propiedad de dos ter-ceras partes de la misma, a título de transacción, dejando consignado-el expresado defecto. ...”

El 10 de marzo de 1942 el registrador tomó razón al margen de la inscripción a que acabamos de referirnos de-una escritura otorgada por María Ana Otero Mahonés ha-ciendo constar que era hija legítima de Isabel Mahonés, que nació en 1914 y que tenía los derechos que pudieran corres-ponderle a los hijos de Isabel y Providencia Mahonés de acuerdo con la cláusula octava del testamento de la señora Pénelas anteriormente transcrita.

Basta esa mera exposición de hechos para concluir que tuvo razón el registrador al actuar en la forma en que lo hizo, ya que dentro de nuestro sistema hipotecario, cuando se crea un estado de derecho en el registro a favor de deter-minada persona, no tiene- el registrador facultad para alte-rarlo sin el consentimiento de la misma, a no ser que así se-lo ordene el tribunal competente. (Iglesia Católica, etc. v. Registrador, 59 D.P.R. 110, y casos citados en el mismo.) Y aquí no bay duda de que, con razón o sin ella, es lo cierto-que en el registro consta algo que pudiera favorecer a María Ana Otero Mahonés que no puede hacerse desaparecer sin su consentimiento o a virtud de una resolución judicial ad-versa.

Debe declararse sin lugar el recurso.


author: El Juez Asociado Señoe Travieso

text:
    Rafael de J. Cordero, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Sucesión de Juan C. Rivera, peticionaria ante la Comisión.
    Núm. 249.

    Sometido: Julio 15, 1942.

      Resuelto: Noviembre 17, 1942.

      Son. Procurador General George A. Malcolm, G. Benitez Gautier,. Procurador General Auxiliar, y G. Atiles Moréu, Á. de Jesús Matos y J. Correa Suárez, asesores legales los tres últimos del _ Fondo del Seguro del Estado, abogados del recurrente; E. ,7. Fonfrías, abogado de la peticionaria ante la Comisión.
   El Juez Asociado Señoe Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El Administrador del Fondo del Seguro del Estado nos pide dejemos sin efecto la resolución dictada por la Comisión Industrial en marzo 12 de 1942, por la cual se resolvió que el obrero Juan Claudio Rivera “perdió la vida por un ac-cidente que le provino de un acto inherente a su trabajo y le ocurrió en el curso de éste y como consecuencia del mismo.”

El obrero Juan Claudio Rivera trabajaba para la Suce-sión Fonalledas en una finca de cañas en uno de los barrios del pueblo de Toa Baja. El día 18 de agosto de 1941, como de 6:30 a 7:00 de la mañana, Rivera y otros compañeros de trabajo se encontraban a la margen derecha de la carretera pública Núna. 52, entre Toa Baja y Bayamón, cerca de una vereda que conduce a la finca del patrono, esperando que llegase la hora de comenzar el trabajo. En ese momento, dos automóviles que transitaban a gran velocidad por la carretera, chocaron entre sí, yéndose uno de ellos hacia la cuneta y arrollando a Rivera, quien perdió la vida como con-secuencia de tal accidente.

La Comisión Industrial revocó la resolución del Admi-nistrador del Fondo del Seguro, quien no obstante haber hecho constar que en el momento del accidente el obrero se encontraba “presto para comenzar la jornada de trabajo” y “cerca de una vereda que conduce a la finca”, resolvió que el accidente no era compensable por haber ocurrido fuera de las horas de labor y no durante el curso del trabajo.

Del récord ante nos aparece que al celebrarse la vista del caso ante la' Comisión Industrial, las partes acordaron so-meterlo por el expediente de la investigación practicada por el Administrador del Fondo. No se practicó, pues, prueba alguna ante la Comisión, y ésta, tomando en consideración solamente el mencionado expediente, dictó la resolución contra la cual se ha establecido el x>resente recurso.

En la investigación practicada por el Administrador declararon solamente dos testigos, quienes en síntesis dije-ron:

Jnan Ramos Ortiz, capataz de siembra del patrono: Qne presenció el accidente y lo vió todo; qne el accidente ocurrió en el sitio llamado “Vuelta Media Luna”, de la carretera Núm. 52 de Toa Baja, al empalme de la carretera Núm. 2, que va a Bayamón; que ese día él estaba allí con los demás peones esperando que fueran las siete para entrar al tra-bajo; que estaban “parados a la parte de afuera de la brea y en un camino de la finca de la Sucesión Fonalledas que se une a la carretera embreada Núm. 52”; que iban dos carros, uno detrás del otro, pidiéndole derecha y tocando mucha bo-cina, y entonces el que iba delante se tuvo que alinear bas-tante a la derecha, “porque allí es una curva muy cerrada y estrecha”, y al darle derecha se salió de la brea y se llevó con el carro a Juan Claudio Rivera, matándolo.

Francisco Oquendo, declaró que presenció el accidente y que éste ocurrió en la carretera Núm. 52 de Toa Baja a Ba-yamón, en una curva de la'carretera que conduce a Bayamón, en la entrada de la finca de la Sucesión Fonalledas; que el carro mató a Juan Claudio Rivera, “que estaba parado a 1a. derecha de Toa Baja para Bayamón junto con otros peones que tenían azadas en la mano ’ ’; que el declarante iba en el carro que caminaba detrás del que mató a Rivera; que el chófer de su carro le pidió derecha al que iba delante y el chófer de éste le hizo señas para que pasara, y cuando se aparejaron, como iban a velocidad, el de delante al llegar a la curva se abrió y se pegó a la derecha y ahí fué que se llevó a Rivera y se fué a la cuneta.

La conclusión a que llegó la Comisión Industrial de que el accidente ocurrió en los terrenos del patrono está soste-nida por la declaración del capataz Juan Ramos Ortiz, quien, como hemos visto, declaró que en el momento en que fué arrollado por el automóvil Rivera estaba parado en la parte •de afuera de la brea y en un camino de la finca de la Sucesión Eonalledas que se une a la carretera embreada Núm. 52.

No habiéndose presentado cuestión de derecho alguna y ■estando la resolución recurrida basada en evidencia suficiente, procede su confirmación.


author: 'El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Nicolás Ortiz Lebrón, recurrente, v. El Registrador Sustituto de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 1112.

    Sometido: Noviembre 2, 1942.

      Resuelto: Noviembre 17, 1942.

      Víctor M. Pons, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   'El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura número 111, de 30 de julio de 1942, ante el ■notario don Víctor M. Pons Gil, don José Ramón Díaz Beni-tez constituyó hipoteca voluntaria a favor del recurrente sobre una finca de su propiedad, en garantía de un préstamo por la cantidad de $500, sus intereses y honorarios de abo-.gado para el caso de reclamación judicial, señalando para ■estas dos últimas atenciones las cantidades de $100 y $200 respectivamente. Presentada la escritura para su inscrip-ción en el Registro de la Propiedad, el Registrador la prac-“tico “con el defecto subsanable de no estar aceptada en forma legal por el acreedor la tasación de la finca”. Contra la referida nota interpuso el acreedor hipotecario el presente recurso.

El artículo 127 de la Ley Hipotecaria, según fné enmendado por la Ley núm. 69 de 2 de mayo de 1931 (pág. 433), en lo pertinente prescribe:

“Art. 127. En la escritura ele hipoteca se hará constar el precio en qtie tasan la finca los contratantes, para que sirva ele tipo a la primera subasta que se debe celebrar, en el caso de que, vencido el plazo del préstamo, no conste en el registro de la propiedad el pago de dicho préstamo.” (Bastardillas nuestras.)

El transcrito precepto existía en la Ley Hipotecaria para las provincias de Ultramar, con la única diferencia que donde .ahora dice “primera subasta” antes decía “única subasta”, y continuó en vigor en esta Isla hasta que a virtud de las ■disposiciones de la “Ley relativa a las sentencias y manera ■de satisfacerlas”, aprobada en 9 de marzo de 1905 (Comp. 5295-5303, C. Enj. Civil, ed. 1933, pág. 122), se hizo innece-sario consignar el precio en las escrituras de hipoteca, ya ■que de conformidad con la ley últimamente citada, sólo una subasta debía celebrarse en el procedimiento sumario ejecu-tivo, equiparándolo así a las ventas judiciales celebradas bajo ■el procedimiento ordinario.

Es de notar que el precepto contenido en el artículo 127 no existía en la Ley Hipotecaria de la Península; pero al aprobarse en aquel país la Ley Hipotecaria de 16 de diciem-bre de 1909, dicho precepto se consignó sustancialmente en •dicha ley, en los artículos 130 y 131 de la ley y 201 del Re-glamento.

Se observará que el artículo 127 de nuestra ley vigente no dice que el precio sea tasado por el deudor o por el acree-dor separadamente, sino que expresamente prescribe que “en la escritura de hipoteca se hará constar el precio en <que tasan la finca los contratantes,” es decir, que la fijación de dicho precio‘deberá ser el resultado de la unión de volun-tades del deudor y del acreedor. El artículo 130 de la vigente ley española sustituye la palabra “contratantes” dé-la nuestra por el vocablo “interesados”, pero más claro,, en el artículo 131 dice, en la regla 9-.,. que “servirá de tipo para la subasta el pactado en la escritura de constitución de-hipoteca,” y más claro aún si se quiere, el artículo 201 del reglamento, en su regla 3-. prescribe que “la primera su-basta se celebrará con sujeción al tipo fijado en la escritura. por el hipotecante y él acreedor hipotecario.”

No cabe duda, pues, que la escritura que dio lugar a la. nota que motiva este recurso, otorgada, como hemos visto,, el 30 de julio de 1942, en la cual no consta que la fijación del precio para la subasta se hiciera de conformidad con el acree-dor hipotecario — lo que equivale a no haberse fijado el precio por los contratantes — , infringe el artículo 127 antes citado.. Y cabe ahora preguntar: ¿esa infracción al artículo 127,, anula la obligación?

En la obra titulada “El Derecho Hipotecario en Cuba,. Jurisprudencia Civil en Materia Hipotecaria”, por Angel Clarens, tomo 8, pág. 72, se cita al efecto la sentencia del-Tribunal Supremo de Cuba de 11 de junio de 1902, interpre-tativa del mismo precepto legal que ahora nos ocupa, en la. que se estableció la siguiente doctrina:

“que si bien la Ley Hipotecaria ordena que en la constitución de la hipoteca se hará constar el precio en que los otorgantes tasan las-fincas gravadas, no hay precepto legal alguno ni en la ley citada ni en el Código Civil que. disponga que cuando se omite aquella mani-festación sea nulo el contrato,' por lo que inscrita la hipoteca la omisión de la expresada circunstancia no es, por su propia naturaleza, tal que invalide los efectos de dicha escritura, por lo que no puede legalmente ser declarada nula.”

Y este tribunal, en el caso de Emanuelli v. Corte, 49 D.P.R. 775, 780, refiriéndose a la omisión del precio para la tasación; en la escritura de hipoteca, dijo:

“Si no consta, no será por ello nulo ebcontrato, pero el acreedor no estará en condiciones de ejecutar su crédito por la vía sumarí-sima que fija la propia Ley Hipotecaria completada por su Regla-mento.”

Si la obligación no es nula, claro es qne la omisión no puede calificarse de defecto insubsanable. Pero, ¿puede acaso calificarse de defecto subsanable, como sostiene el registra-dor? No, a nuestro juicio, toda vez que de conformidad con el artículo 65 de la Ley Hipotecaria son defectos subsanables los qne afectan a la validez del título sin producir necesaria-mente la nulidad de la obligación en él constituida, y el de-fecto en este caso evidentemente no afecta la validez de la escritura.

Morell, en su obra sobre “Legislación Hipotecaria”, tomó 3, pág. 226, bajo el epígrafe “Defectos de los títulos que o no existen realmente, o no constituyen faltas subsanables ni insubsanables”, dice:

“El acto o contrato no es necesariamente nulo ni por su natura-leza, ni por sus condiciones, ni por incapacidad de las partes; tampoco el título encierra un vicio tal que pueda decirse convertido en un documento privado o sin valor ni eficacia, y ni del Registro ni de preceptos determinados de la Ley Hipotecaria o de otras leyes espe-ciales, se deriva causa bastante para rechazar en absoluto la inscrip-ción. Existen, sin embargo, faltas o defectos menos graves. ¿De-berán apreciarse todas ellas de igual modo, estimándolas subsanables, y no dando acceso a los títulos en el Registro más que mediante ano-taciones preventivas, basta tanto que el defecto, grande o pequeño, se subsane? No tal. Como dijimos, existen faltas de escasa im-portancia, omisiones de requisitos o formalidades, que no impiden la inscripción, ni la suspenden.”

En armonía con lo dicho, el mismo autor, en la página 233 de la obra y tomo citados, se expresa así:

“La Resolución de 11 de Febrero de 1911, declara que no es defecto que impida inscribir una escritura de hipoteca, la omisión del domicilio del deudor y del valor de la 'finca, si bien en tal caso no cabe el procedimiento judicial sumario establecido en el artículo 130 de la nueva ley.” (Bastardillas nuestras.)

SI se tiene en cnenta qne de conformidad con el artículo 42, inciso 9°., de la vigente Ley Hipotecaria de España, el defecto subsanable, contrario a lo qne prescribe nuestra ley, no permite la inscripción del título sino que produce anota-ción preventiva solamente, se comprenderá que al declararse en la citada resolución dé 11 de febrero de 1911 que la omi-sión qne nos ociipa “no es defecto que impida inscribir”, indica qne dicha omisión no es defecto snbsanable, y sí uno de los defectos ínenos graves que no constituyen faltas subsa-nables ni insubsanables.

Si bien el no constar de la escritura de hipoteca que el precio para la subasta haya sido fijado de mutuo acuerdó entre el deudor y el acreedor es un defecto en que no deben incurrir los notarios, sin embargo, como no constituye falta snbsanable, puesto que no afecta la validez del título, como queda dicho, procede la revocación de la nota recurrida y ordenar la inscripción del documento sin defecto subsanable.


text:
    Ismael Archilla Silva, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1110.

    Sometido: Noviembre 2, 1942.

      Resuelto: Noviembre 18, 1942.

      Angel Rivera Colón, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Presentada en el Registro de la Propiedad dé San Juan, sección segunda, la escritura de venta judicial de dos fincas rústicas otorgada en julio 9, 1941 por el Marshal de la Corte Municipal de Vega Baja a favor de Ismael Archilla, el re-gistrador se negó a inscribirla porque las fincas aparecían inscritas a favor de Pedro Camacho, casado con María de Santiago Crespo y no se acreditaba ni aparecía del documento que se hubiera alegado y justificado el fallecimiento de Camacho.

No conforme Archilla interpuso el presente recurso gu-bernativo. Sostiene que de la documentación presentada en el registro consta el fallecimiento de Camacho y que habién-dolo estimado probado la corte de justicia que decretó la venta, el registrador no tiene facultad para sustituir su criterio por el de la corte. Cita en apoyo de su contención entre otras la decisión de este tribunal en Ramírez v. Registrador de la Propiedad, 16 D.P.R. 348, en la que quedó esta-blecido que

“El artículo 18 de la Ley Hipotecaria otorga a los registradores la facultad de calificar bajo su responsabilidad y para el único efecto de admitir, suspender o negar su inscripción o anotación, todos los documentos expedidos por la autoridad judicial; pero dicha facultad no les autoriza examinar los fundamentos de las resoluciones judi-ciales, ni apoyarse en la apreciación que hagan de la legalidad de esos fundamentos para el efecto de denegar la inscripción o anota-ción, por más que les sea permitido considerar si se han dictado con la necesaria competencia en el correspondiente juicio.”

Esa cita contiene la jurisprudencia en vigor pero para resolver la cuestión aquí envuelta precisa considerar que la venta de que se trata no fue decretada por una corte de juris-dicción general sino de jurisdicción limitada.

Refiriéndose a esta última clase de cortes se dijo en Vázquez v. El Registrador, 19 D.P.R. 1133, 1134-1135, lo que sigue:

“Ya hemos resuelto en el caso de Carbonell v. El Registrador, 16 D.P.R. 440, que cuando se obtiene una sentencia en rebeldía y la venta se verifica de conformidad con la misma, estará justificado el registrador al negar la inscripción de la escritura si no ha que-dado probada la forma en que se obtuvo la sentencia en rebeldía. En el caso de referencia la corte tuvo oportunidad de expresar que el notario pudo haber consignado lo omitido en la sentencia, o sea el modo como se obtuvo la rebeldía. Aunque el recurso que ahora consideramos no es un caso en el que conste que se ha dictado sen-tencia en rebeldía, no existe, s.in embargo, prueba alguna de cómo adquirió jurisdicción la corte municipal para dictar sentencia contra los demandados, ni contiene la escritura la copia de la sentencia, así como, tampoco algo que demuestre que se ha celebrado un juicio o que ios demandados se hayan sometido a la jurisdicción de la corte. No existen presunciones en favor de las sentencias de las cortes mu-nicipales por no ser éstas cortes de registro. Galpin v. Page, 18 Wallace 365, 366; Hahn v. Kelly, 34 Cal. 391, 94 Am. Dec. 742; McDonald v. Prescott, 90 Am. Dec. 517, 519. Cuando la sentencia se obtiene en una corte de jurisdicción limitada, y como en este caso, se trata de adquirir un título contra todo el mundo, la persona que solicite la inscripción de su título tendrá la obligación de probar no solamente la venta verificada en pública subasta, sino también la facultad que tenía el márshal para llevar a cabo dicha venta. Esa prueba, tratándose de una corte municipal no resulta de la mera presentación de la orden de ejecución, ni siquiera de la sentencia misma, sino que deberá probarse asimismo la' jurisdicción que tenía la corte para dictar dicha sentencia. En otras palabras, en el caso concreto sometido a nuestra consideración debe probarse que la corte adquirió jurisdicción sobre las personas de los demandados.
“Por consiguiente, cuando el márshal otorga escritura de venta a un comprador,- generalmente el notario debe incluir la sentencia en la escritura, mostrando además que la corte municipal tenía jurisdic-ción para dictarla. Y no apareciendo de la referida escritura dicha jurisdicción, los hechos relativos a la misma deberán acreditarse me-diante prueba de otra procedencia, quizás por la certificación del secretario de la corte municipal.”

Siendo ello así, veamos si del documento presentado en el registro surge la jurisdicción de la corte municipal.

Dicho documento es la escritura otorgada por el Márshal de la Corte Municipal de Vega Baja ante el notario público Angel Bivera Colón el 9 de julio de 1942 en Vega Baja, Puerto Bico, a favor de Ismael ArcMlla, a qne antes nos re-ferimos.

En él hace constar el notario a virtud de la exposición de las partes que Archílla como demandante radicó en la Corte Municipal de Ciales una demanda en cobro de dinero contra María Santiago Crespo y la sucesión desconocida de Pedro Camacho, habiéndose expedido el emplazamiento que transcribe.

Dicho emplazamiento va dirigido a los demandados y en el cuerpo del mismo se dice:

“Por la presente se notifica a ustedes que se ha presentado en la oficina del secretario de la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Ciales, Puerto Rico, la demanda del actor antes citado, en la cual se alega que estando casado Pedro Camacho con la de-mandada María Santiago Crespo, suscribió y entregó a favor del de-mandante, y como dos años antes de su fallecimiento, un pagaré por la suma de $400.00 de capital que le facilitó el demandante en calidad de préstamo y cuyo pagaré tiene como término de vencimiento el día 30 de junio de 1936; que dicho pagaré no ha sido satisfecho ni en todo ni en parte, no obstante las gestiones de cobro verificadas por el demandante. ...”

Seguidamente hace constar el notario que al dorso del emplazamiento aparece el diligenciado que sigue:

“Yo, Santos Otero, juro solemnemente que soy de 34 años de edad y que no soy parte ni tengo interés en este asunto; que recibí el presente emplazamiento el día 15 de agosto de 1940, y que noti-fiqué el mismo personalmente el día 15 de agosto de 1940 a María Santiago Crespo, demandada mencionada en dicho emplazamiento, en-tregando dicha demanda (sic) y dejando en su poder personalmente en su residencia del barrio Cieneguetas de Yega Alta, una copia de dicho emplazamiento, una copia fiel y exacta de la demanda en el pleito mencionado en dicho emplazamiento, habiendo hecho constar al dorso con mi firma el sitio y fecha de su entrega y notificación; que no pude notificar a ningún heredero de Pedro Camacho porque se des-conocen, pues no dejó hijos, padres ni hermanos conocidos, no obs-tante las gestiones e investigaciones hechas con su viuda y vecinos de dicho barrio.”

Siguen conclusiones del notario sobre lo que aparece .del pleito — sin que conste que lo tenga a la vista — sobre asegu-ramiento de sentencia y sobre citación de los herederos des-conocidos por medio de edictos y luego transcribe la sentencia de la corte municipal que en lo pertinente dice:

“Llamado este caso en el día de boy para la vista del juicio, compareció únicamente el demandante representado además por su abogado, quien anunció estar listo. Los demandados fueron debida-mente notificados y se encuentran en rebeldía, según aparece de la anotación de rebeldía practicada por el secretario. La parte de-mandante practicó su prueba. De la prueba documental y testifical aportada en el juicio se desprende que estando casado Pedro Camacho con María Santiago Crespo, suscribió y entregó a favor del deman-dante un pagaré por $400.00 para vencer en junio 30 del 1936, y que el mismo no procedía de operaciones mercantiles, y que dicha suma no ha sido satisfecha. Por tanto, la corte dicta sentencia, por la cual condena a María Santiago Crespo y a la sucesión desconocida de Pedro Camacho, compuesta de su viuda, la demandada ya men-cionada, y sus supuestos herederos John Doe y Richard Roe, a pagar al demandante Ismael Archilla Silva, la suma de $400.00 de capital, intereses legales desde esta fecha, más las costas del pleito. Pronun-ciada en corte abierta en Ciales, Puerto Rico, hoy día 29 de abril de 1941. (Firmado) Luis Martorell, Juez Municipal.”

Vuelve-el notario a consignar por sí mismo a virtud de la información de las partes — no consta que tuviera a la vista documento auténtico alguno — que aparece de los autos que la sentencia le fue notificada, sin decir cómo, a María Santiago, y por edictos a los herederos desconocidos de Camacho, y que a solicitud del demandante la corte expidió la orden de ejecución que transcribe dirigida al Márshal de la Corte Municipal de Vega' Baja, compareciente, quien mani-.fiesta que en cumplimiento de la misma procedió a vender en pública subasta y al mejor postor las dos fincas embargadas, previa publicación de edictos, levantando el acta que se transcribe y de la cual aparece que se adjudicaron al demandante una finca de treinta y dos cuerdas por doscientos dólares, y otra de cuarenta y ocho cnerdas por otros doscientos dó-lares, ambas situadas en el barrio municipal de Cieneguetas del término municipal de Vega Alta. Dichas fincas son las que están inscritas en el registro a favor de Pedro Camacho, casado con María Crespo.

Examinados qsos hechos a la luz de lo resuelto en Vázquez v. El Registrador, supra, creemos que debe confirmarse la nota recurrida.

Podría concluirse que implícitamente surge de las cons-tancias de la escritura, el fallecimiento de Camacho, pero no que se alegara y probara en forma en el pleito, si que más bien que se partió de él como de algo que se dió por ocurrido.

Y si ello es así, ¿cómo puede aceptarse como comprobada la jurisdicción de la corte para dictar sentencia en contra de sus herederos, sobre los cuales se pasa en forma tan vaga y sin que conste de la escritura que fueran en verdad citados de acuerdo con la ley, a no ser que aceptemos como incontrovertible lo dicho por las partes o la conclusión del notario sobre el particular?

Quizá sea legal todo lo que se hizo no obstante llamar como llama la atención el hecho de la venta de ochenta cuerdas de terreno por cuatrocientos dólares, o sea a razón de cinco dóla-res la cuerda; quizá la viuda no quiso o no pudo defenderse; quizá es cierto que Camacho contrajo la deuda y no la solventó antes de morir; tal vez no haya herederos menores o ma-yores que pudieran resultar perjudicadqs, pero no puede negarse que ello no surge del documento con la claridad y precisión debidas.

En tal virtud no sólo estuvo justificado el registrador si que cumplió con su deber al exigir una comprobación .más completa de que el márshal actuó con autoridad al verificar la venta a nombre del verdadero dueño en la realidad y según el registro de las fincas de que se trata. No ha lugar al re-curso. Debe confirmarse la nota.