author: El Juez Asociado Señor, De Jesús

text:
    Pedro, Carmen Luz y Carmen Elena Maldonado, representados por su padre con patria potestad Luciano Maldonado, recurrentes, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. Manuel León Parra, Presidente, y Juan M. Herrero y Francisco Paz Granela, Comisionados Asociados, demandada, y El Fondo del Seguro del Estado, asegurador e interventor.
    Núm. 207.

    Sometido: Enero 27, 1941.

      Resuelto: Febrero 10, 1941.

      Ismael Soldevila, abogado de los recurrentes; IIon. Procurador General George A. Malcolm, E. De Aldrey, Procurador General Auxiliar y Víctor J. Vidal González y G. Atiles Moréu, abogados los dos últimos del Fondo del Seguro del Estado, abogados del interventor, el Fondo mencionado.
   El Juez Asociado Señor, De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios, nietos de Agapito Rodríguez, alegando depender de éste para su sostenimiento, interpusieron el pre-sente recurso para revisar la resolución de la Comisión Industrial de Puerto Rico de 6 de agosto de 1940 que les negó compensación porque la muerte de dicho obrero no fué cau-sada por un accidente del trabajo sino por las enfermedades que padecía.

El obrero contaba sesenta años de edad y la muerte le sorprendió mientras se dedicaba a la ocupación a que durante los últimos diez o quince años de su vida se había dedicado, es decir, en la limpieza y desyerbo de zanjas.

El día 8 de agosto de 1937 el obrero fué empleado por el capataz Miguel Renta para que limpiara una zanja en la Colonia Florida, del término municipal de Salinas. Según declaró Renta en la vista pública celebrada en San Juan ante el Comisionado Sr. Paz G-ranela el 4 de diciembre de 1939, el obrero empezó su trabajo a las siete de la mañana, reco-mendándole Renta que procurase terminarlo durante el día, y como a las ocho de la mañana el mismo capataz fué al sitio donde trabajaba el obrero y no viéndolo, lo llamó, mas como no contestaba, creyó que el obrero había salido del trabajo, cosa que no le extrañó, pues trabajaba por ajuste y en ese caso no tenía la obligación de permanecer constantemente trabajando durante las boras laborables. Se marchó del sitio y no volvió a saber del obrero hasta el siguiente día en que í'ué encontrado muerto en la propia zanja donde trabajaba, aunque según se infiere de la declaración de Renta, el cadá-ver no estaba en el mismo sitio donde había estado el capataz la mañana anterior.

El Dr. José A. Peña, médico de Salinas, que practicó la autopsia del obrero inmediatamente después de descubrirse su muerte, declaró que falleció de muerte repentina, de ori-gen cardiovascular, causada por una hipertrofia del corazón, esclerosis de las arterias coronarias, tuberculosis pulmonar y en otro de sus órganos, y schistosomiasis del hígado, enfer-medad ésta producida por el parásito denominado bilharsia. Declaró además el perito que al practicar la autopsia trató de determinar algún síntoma objetivo que indicase si mientras estuvo vivo tuvo alguna decompensaeión cardíaca, pero no presentaba edema, ni humidad en los pulmones, ni congestión en el hígado ni en el bazo, todo lo cual lo llevó a la conclu-sión de que mientras trabajaba no sufrió de insuficiencia car-díaca. En otras palabras, que la muerte fué causada por la enfermedad que padecía y no por un esfuerzo extraordinario como alegan los recurrentes. A preguntas de la representa-ción del Fondo del Estado, declaró que siendo como eran cró-nicas las enfermedades de que padecía el obrero, podía existir la posibilidad de que aun muriendo al hacer un esfuerzo ex-traordinario, no apareciesen necesariamente signos de decom-pensaeión,- pero que si estos signos hubieran aparecido, enton-ces sí podía asegurarse positivamente que la muerte había sido causada al hacer un esfuerzo extraordinario.

El Dr. Yadi, llamado por la representación de los recu-rrentes, en su examen directo manifestó que convenía con el Dr. Peña en que el obrero falleció por enfermedad, de muerte súbita, del corazón, y a repreguntas de la representación del Fondo del Estado aseguró que debido a lo avanzado de sus lesiones pudo haber muerto acostado en su cama después de comer,

Los informes periciales no excluyen de manera absoluta la posibilidad más o menos remota de que la muerte del obrero hubiese sobrevenido al realizar un esfuerzo extraordinario; pero como prescribe el artículo 4 de la Ley de Evidencia (Código de Enjuiciamiento Civil, artículo 366), “la ley no exige aquel grado de prueba que, excluyendo la posibilidad de error, produzca absoluta certeza, porque tal prueba es rara vez posible. Sólo se exige la certeza moral o un grado de prueba que produzca convicción en un ánimo no prevenido.” De suerte que, a falta de prueba satisfactoria de que en rea-lidad existió tal esfuerzo extraordinario, tendremos que con-cluir que la Comisión Industrial no erró al apreciar y dar crédito a la prueba pericial. Véase artículo 11 de la Ley núm. 45 de 1935, (1) pág. 251) según fué enmendado por la núm. 121 de 1940, pág. 729.

Veamos ahora en qué consistió la prueba del alegado es-fuerzo extraordinario. Esta evidencia consistió exclusiva-mente en la declaración del capataz Miguel Renta. Manifestó este testigo en la vista pública del 4 de diciembre de 1939 que él fué al sitio donde trabajaba el obrero a las 8 de la mañana, no encontrándolo, como ya sabemos, y en el curso de su declaración dijo que la cantidad de trabajo realizado por el obrero representaba como cuatro horas de labor, de donde infiere el abogado de los recurrentes que si el obrero empezó a trabajar a las siete de la mañana y una .hora después había realizado una labor que requería cuatro horas para hacerla, necesariamente tuvo que verificar un esfuerzo extraordinario para superarse en la forma.en que lo hizo.

A nuestro juicio no erró la Comisión Industrial al des-cartar por completo la teoría del “esfuerzo extraordinario”, puesto que tal teoría, si no es físicamente imposible, es, por lo menos, inverosímil. No es posible creer que un hombre de sesenta años de edad que por espacio de diez o quince años ha venido padeciendo de hipertrofia del corazón, esclerosis de las arterias coronarias, tuberculosis pulmonar y de otro órgano del cuerpo, y schistosomiasis del hígado, pueda, me-diante un esfuerzo extraordinario continuado por espacio de una o dos y media horas, realizar el trabajo físico que a un hombre normal tomaría cuatro horas para hacer. Posible es que un hombre en las condiciones físicas en que se hallaba el obrero trate de realizar un esfuerzo momentáneo y como consecuencia del mismo muera; pero asegurar que un hombre en tales condiciones físicas pueda realizar un esfuerzo conti-nuado, de la magnitud indicada, es, como dijimos antes, si no físicamente imposible, por lo menos tan inverosímil que no podía darle crédito la Comisión Industrial ni nadie que analizase ios hechos desapasionadamente y libre de prejui-cios.

Además, la declaración de Renta en cuanto a la hora en que fué al sitio donde trabajaba el obrero, fué impugnada con éxito mediante su propia declaración prestada el 11 de agosto de 1937 en la Colonia Florida, sólo tres días después de la muerte del obrero cuando los hechos estaban frescos en su memoria y cuando quizás no existía aún la esperanza de lo-grar una compensación. En su referida declaración de 11 de agosto de 1937 Renta manifestó que fué al sitio donde trabajaba el obrero a las 9:30 de la mañana y nada dice so-bre la cantidad de trabajo realizado. De todos modos, el cálculo hecho por Renta era una mera opinión suya que la Comisión no venía obligada a seguir, tanto más cuanto que como hemos visto, esa opinión era inaceptable, habida cuenta de la edad y del deplorable estado de salud en que se ha-llaba el obrero.

A nuestro juicio no erró la Comisión Industrial al estimar probado que el obrero Agapito Rodríguez falleció a conse-cuencia de las enfermedades de que padecía y no por un ac-cidente proveniente de cualquier acto o función inherente a su trabajo.

Por tanto, procede, a nuestro juicio, desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida de 6 de agosto de 1940.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Martín Cruz Carrillo, acusado y apelante.
    Núm. 8458.

    Sometido: Enero 15, 1941.

      Resuelto: Febrero 11, 1941.

      Martín Cruz Carrillo, por su propio derecho; Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 27 de enero de 1940 se presentaron tres denuncias en la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de San-turce, Sección Segunda, por el policía insular Primitivo Cancel contra el acusado apelante Martín Cruz Carrillo.

Por la primera se le imputó que en enero 26, 1940, a las; seis boras y quince minutos de la tarde, en la calle Nueva Palma, de Tras Talleres, Santurce, ilegal, voluntaria y mali-ciosamente y con la intención criminal de causar grave daño-corporal a un semejante, acometió y agredió violentamente-haciéndole un disparo de pistola a Guillermo de la Paz Santos, ocasionándole una herida en una pierna.

Por la segunda que en los mismos sitio, día y hora portaba sobre su persona para fines de ofensa y defensa una pistola de marca y calibre desconocidos.

Y por la tercera que en los exactos sitio, día y hora, ile-gal, voluntaria y maliciosamente y con la intención criminal de causar grave daño corporal a un semejante, acometió y agredió violentamente haciéndole un disparo de pistola a Juana Iíomán Pagán hiriéndola en su pierna izquierda.

Las causas fueron en apelación a la corte del distrito y en mayo 1, 1940, se le leyeron las denuncias al acusado y éste alegó su inocencia, se practicó la prueba y la corte lo declaró culpable en las tres, imponiéndole seis meses de cár-cel en la primera, dos en la segunda y un año en la tercera. .El acusado apeló para ante esta Corte Suprema, elevándose .una sola transcripción y celebrándose la vista de los recursos • conjuntamente el quince de enero último.

Se alega por el apelante que la evidencia aportada por el Pueblo no es suficiente para basar las sentencias apeladas. Procederemos a resumirla y a examinarla.

El primer testigo que declaró fué Guillermo de la Paz Santos. Dijo que vió al acusado en enero 26 del cuarenta; que el declarante iba por la calle Nueva Palma de Tras Ta-lleres, Santurce, y se enfrentó con un grupo como de veinte y cinco personas y al pasar sintió una voz del pueblo que dijo: “Oiga”, miró para atrás y vió al acusado que iba con un puñal. Corrió, oyó una detonación y se sintió herido de bala. No vió a nadie con arma de fuego. No sabe quien lo hirió.

A la siguiente pregunta del fiscal: “¿Qué hacía este acu-sado allí, además de tener el puñal en la mano?”, contestó: “No lo vi hacer más nada. Yo lo vi corriendo por la calle y que iba a una distancia de 15 ó 20 piés; iba como un toro, un loco y yo traté de cruzar la otra esquina. ’ ’

Insistentemente le preguntó el fiscal si lo que declaraba era lo mismo que dijo en la corte municipal y el testigo sos-tuvo que era lo mismo, e interrogado si también era lo mismo que dijo al policía, contestó: “Yo no bablé con el policía.”

Llamada Juana E-omán dijo que vió al acusado por vez primera “el día de los Lechos”, que narra como sigue:

“yo estaba en una esquina vendiendo chinas y este joven salió (parece que estaba ido del sentido, porque no estaba en su juicio normal) y salió corriendo y llegó a la parte que estábamos donde había mucha gente y él iba como con una lima haciendo así, y yo entonces me arrinconé en la parte de la acera y entonces él como estaba como ido trató como de cogerme a mí y yo esmandé a correr, y cuando esmandé a correr me sentí herida de un tiro en esta pierna.”

No sabe quién disparó. Lo que tenía el acusado en la mano era una lima.

Preguntada también insistentemente por el fiscal si lo que declaraba era lo mismo que declaró en la corte municipal, contestó que era lo mismo.

Marcelo Vázquez fué el tercer testigo de cargo. Es inspector de sanidad. Conoce al acusado. Dijo:

“El día a que se refieren los hechos estaba yo en casa peinándome frente al tocador cuando sentí una detonación, y al sentir la deto-nación sentí gritos y miré hacia el balcón. La casa mía . . . ésta es la esqu’na y aquí está una casa en esa esquina y la otra vivo yo. Cuando sentí la primera detonación que sentí gritos salí al balcón y miré a la esquina y vi a este joven (el acusado) con una pistola pequeña negra en la mano, que la tenía en esta forma, y entonces miraba hacia mí y disparaba, y entonces sentí una gritería de la gente y vi la gente corriendo, y bajé la escalera derecho abajo y salí a la calle, y cuando salí que llegué a la esquina este joven (el acusado) trató de correr por la calle Nueva Palma hacia arriba, y él me llevaba como 50 metros de ventaja cuando yo llegué a la esquina, y en eso venía el policía Primitivo Cancel, venía de la calle Nueva Palma abajo en dirección para allá; ahí nos tropezamos y'él me preguntó: ¿qué pasa? ‘Martín .Cruz que ha disparado unos tiros y ha herido una gente’, y dice: ‘ayúdame a cogerlo’ y emba-lamos, y cuando seguimos detrás de él él siguió corriendo alante y cuando llegamos a la esquina de la calle Nueva Palma y la calle San Juan, Cancel se quedó más atrás y yo seguí alante y cuando llegamos a la esquina se paró y cuando se paró sacó del seno como ana lima aguzada en la punta y cuando yo vi que se paró de frente con eso yo saqué el revólver y le dije: 'suelta esa lima’, y entonces embaló a correr por la calle San Juan y al llegar a la calle Valencia el policía Cancel llegó al lado y Cancel sacó el revólver y dijo: ‘párate o te disparo’, y no se paró sino que siguió corriendo y Cancel le disparó un tiro hacia los pies con tan mala suerte que la bala dió en el bumper de un carro, y él se cayó y creía que lo había herido, pero se levantó y embaló a correr y cogió por la calle Valencia para la Zona, y entonces el policía Cancel disparó al aire y lo seguí yo y al terminar la calle Valencia lo pude cogér y tenía todavía el limatón en la mano y le dije: ‘Suelta el limatón y date preso que vas a salir mejor, porque de otra manera el policía te va a agolpear’, y entonces le agarré la mano con el revólver, pero ahí llegó el policía Cancel y lo arrestó. — P.—¿Y la pistola? — R.—La pistola se desapareció, porque cuando salí a la esquina la pistola se había desaparecido de la mano.”

Dice que no vió a Juana Román en el momento que la hi-rieron. Tampoco a Santos. Fue repreguntado ampliamente por el abogado del acusado, terminando el contrainterrogato-rio, así:

“P. — ¿Cuando Ud. llegó allí él tenía la lima? — R.—Tenía la lima. — P.—¿Se defendía eon la lima? — R.—Sí, señor. — P.—¿No se defendía con la pistola? — R.—En ese momento no la tenía.”

Llamada Sixta Figueroa, hija de Juana Román, manifestó que nada sabía, y el fiscal dijo: ‘ ‘ Ese es mi caso. ’ ’ La defensa se dirigió a la corte en los siguiente términos:

‘ ‘ En lo que respecta a los dos delitos de acometimiento y agresión grave, vamos a presentar una moción de nonsuit por entender que no ha habido prueba directa en estos casos que conecte al acusado con el delito que se le imputa. En lo que respecta al delito de portar armas, habiendo un solo testigo vamos a presentar prueba. En lo que respecta al acometimiento y agresión grave entendemos que no hay absolutamente ninguna prueba.”

Se opuso el fiscal y 1a. corte' desestimó la moción. El acu-sado declaró:

“Lo que sucedió es que el caballero Eleuterio Aquino y yo tuvimos un disgusto cuando era barbero, y al tener el disgusto él me hizo aguaje de tirarme una patada y yo portaba una Gem y le tiré y lo corté y Ramón Quiteño haló por una pistola y me hizo varios disparos, y en el grupo de personas que había salieron heridos, y yo cogí para arriba y en eso vino Marcelo Vázquez y Primitivo Cancel y me cayeron encima, él me dió con un revólver a mí y yo estuve recluido en la cárcel. Después al verme herido me llevaron al hospital. ’ ’

A preguntas de su abogado contestó que Ramón Quiteño es muy amigo del inspector de sanidad Vázquez.

Otra testigo, Cristina Colón, declaró que lo único que puede decir os que al pasar el acusado le tiró con una lima, y que no le vió pistola alguna.

Tal fue en resumen la prueba practicada. La pistola no fue ocupada. El denunciante Cancel no declaró en el juicio. Ningún antecedente existe entre las personas heridas y el acu-sado. No hubo disgusto alguno entre ellos y lo que dicen que el acusado portaba era uno un puñal y otro una lima. El único testigo que asegura que el acusado portaba la pis-tola y disparaba es el inspector Vázquez quien, revólver en mano, lo persiguió. También llevaba revólver y disparó al perseguirlo el policía denunciante. El acusado explica el ori-gen del suceso de modo concreto y verosímil. Los demás tes-tigos inclusos los del fiscal con excepción de Vázquez presen-tan al acusado como un loco acometiendo a diestro y siniestro pero con una lima, no con una pistola, y el propio Vázquez habla al fin del limatón.

¿Es esa evidencia suficiente para condenar? Si se cree la declaración de Vázquez, existe prueba directa de la porta-ción del arma por el acusado e indirecta de que hiriera con ella a Santos y a Juana Román, pudiendo sin embargo lle-varnos a conclusión distinta, a saber, que las heridas fueron causadas por el propio policía, o por el agresor del acusado, si se cree su testimonio, o quizás por Vázquez.

Había allí muchas personas que pudieron observar direc-tamente lo ocurrido. No se llevaron como testigos. Cancel no declaró. El arma no fné presentada en evidencia, ni ocu-pada y annqne hemos dicho en varias ocasiones qne ello no es absolutamente necesario en casos de esta naturaleza, su ocupación inmediata por Vázquez o Cancel hubiera sido de gran peso. Quizás el factor decisivo.

Siendo más bien que clara, confusa la declaración de Váz-quez, no estando sostenida por los propios testigos de cargo que desde antes de ser heridos vieron al acusado con arma blanca y no de fuego y habiéndose hecho otros disparos que pudieron ocasionar las heridas, creemos que surge una duda razonable y fundada sobre la culpabilidad del acusado que debe resolverse en su favor.

En tal virtud procede declarar con lugar los recursos in-terpuestos y revocar las sentencias apeladas, absolviéndose al acusado en las tres causas y decretándose su inmediata liber-tad ya gue según el récord se halla preso en la cárcel de dis-trito de San Juan.


text:
    Barceló, Marques & Cía., S. en C., demandante y apelante, v. Sucrs. de José Fernández, S. en C., Juan Pizá y Rafael Quiñones Vidal, demandados y apelados.
    Núm. 8302.

    Sometido: Enero 20, 1941.

      Resuelto: Febrero 11, 1941.

      Bubón & Ochoteco, abogados de la apelante; E. Martínez Rivera, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se pide la desestimación del recurso interpuesto en este caso. Ambas partes fueron oídas sobre la moción el veinte de enero último, arebivando luego memoranda en apoyo de sus respectivas pretensiones.

De la moción y de la certificación acompañada a la misma resulta que en octubre 9, 1940, Barceló, Marques & Cía., S. en C., demandaron ante la Corte de Distrito de San Juan a Sucrs. de José Fernández, S. en C., Juan Pizá y Rafael Qui-ñones Vidal en solicitud de que se decretara cierto injunction permanente contra ellos dirigido y que entre tanto se expi-diera un auto preliminar, poniéndose inmediatamente a las partes en entredicho.

El propio día de presentada la demanda la corte decretó el entredicho solicitado y ordenó la comparecencia de los de-mandados para mostrar causas “por las cuales no deba ex-pedirse el injunction preliminar”, fijando para la compare-cencia el quince del mismo mes de otubre, 1940.

En dicha fecha la demandada radicó una excepción previa a la demanda que fué declarada con lugar el 22 de noviembre siguiente en los siguientes términos:

“Con lugar las excepciones previas propuestas, dejando sin efecto el entredicho y se deniega asimismo la solicitud de injunction preliminar. ’ ’

Notificada la resolución a las partes el 25 de noviembre, interpuso la demandante contra ella el 5 de diciembre si-guiente el presente recurso de apelación.

Así las cosas, dos días después la demandante apelante archivó en el pleito en la corte de distrito una moción soli-citando permiso para radicar demanda enmendada, a la que proveyó la corte: ‘ ‘ Como se pide ’ ’, concediendo a los deman-dados diez días para alegar contra la demanda enmendada. Ea súplica de ésta es igual a la de la demanda original, esto es, se solicita por ella un injunction perpetuo, otro preliminar entre tanto y una orden de entredicho.

Basándose en esos hechos, la parte demandada y apelada sostiene que la apelación interpuesta para ante esta Corte Suprema contra la resolución de noviembre 22, 1940, resulta académica y, por tal motivo, solicita su desestimación.

A nuestra juicio la desestimación procede. En el caso de Romero v. Romero y Solís, 33 D.P.R. 108, 110, esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf, se expresó así:

"... Cuando se presenta una alegación enmendada como susti-tuía de la alegación original esta última deja de ser parte de los autos excepto para decidir a los fines de la prescripción, cuándo fue en realidad comenzada la acción y si una nueva causa de acción ba sido presentada, o algo por el estilo. Barber v. Reynolds, 33 Cal. 497; Kelly v. McKibben, 54 Cal. 192; Redington v. Cornwell, 90 Cal. 50; Collins v. Scott, 100 Cal. 453; Tehama v. Sisson, 152 Cal. 179; Collins v. Gray, 3 Cal. App. 726; Ross v. Flynn, 189 P. 293; Hausen v. Goodrich (Mont.) 181 P. 739.”

Diez años después la regia así sentada se citó con apro-bación en Pérez v. Corte, 47 D.P.R. 580, 584.

La actitud asumida por la parte demandante y apelante al presentar en el pleito una demanda enmendada es incon-sistente con la que tomó al establecer su apelación y no puede sostener ambas en pie.

Para basar su contención de que su apelación no es aca-démica, cita la demandante apelante el caso de Baldwin v. American Trading Co., 195 Cal. 209. Lo hemos examinado y aunque encontramos que la decisión tiene puntos de con-tacto con este caso, es lo cierto que se basó en hechos y cir-cunstancias algo diferentes.

Quizá la cuestión envuelta en esta apelación puede que no resulte académica por completo en el futuro, pero lo que no puede admitirse es que la parte continúe el litigio en la corte inferior y a la vez prosiga su apelación en esta Corte Suprema. Como ya dijimos, no hay consistencia entre la ac-titud asumida en una y otra corte por la parte apelante, y habiendo dicha parte solicitado permiso para enmendar su demanda después de interpuesto el recurso y habiéndosele concedido dicho permiso y radicádose la demanda enmendada y continuado el pleito, debe entenderse que abandonó su ape-lación.

Además es cuestión que debe tomarse en consideración y que milita en pro de la desestimación la de 1a. naturaleza de la orden apelada, y a ese efecto parece conveniente citar el caso de Sucesión Padró v. Lloreda, 24 D.P.R. 766 y la reciente decisión de este tribunal en Méndez & Cía. v. Corte de Distrito, 57 D.P.R. 845.

La moción debe declararse con lugar y en su consecuencia desestimarse el recurso.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Corretjer Hernández, acusado y apelante.
    Núm. 8315.

    Sometido: Diciembre 13, 1940.

      Resuelto: Febrero 13, 1941.

      A. Lastra Chames y A. T>. Marchand Paz, abogados del apelante; IIon. Procurador General George A. Malcolm y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El trece de noviembre de 1936 el fiscal del distrito de San Juan formuló acusación contra José Corretjer impu-tándole un delito de portar armas prohibidas porque el cuatro de octubre anterior, en Eío Piedras, ilegal, voluntaria y mali-ciosamente portaba sobre su persona un revólver con fines de ofensa y defensa.

Celebrado el juicio, la corte, el tres de enero de 1940, de-claró culpable al acusado y le impuso seis meses de cárcel. Para fundar su sentencia, «emitió la siguiente opinión:

“A solicitud del acusado, este caso se vió conjuntamente con otro contra el mismo acusado por asesinato, y las partes lo sometieron por la misma prueba que se produjo en el caso de asesinato. No hubo veredicto en el caso de asesinato, y el acusado entonces solicitó de la corte no resolviese este caso, y lo dejase pendiente para ser visto de nuevo conjuntamente con el de asesinato. Como único argumento en apoyo de esta solicitud adujo el acusado el de que una sentencia condenatoria en este caso podría perjudicarle en el proceso por asesinato. La corte entiende que la solicitud del acusado es improce-dente. El caso del epígrafe ya se ha visto ante tribunal de derecho, y el juez tiene la obligación de dictar la sentencia que proceda. Luego de celebrado el juicio y sometido el caso, una corte no puede rehusar dictar sentencia, a solicitud de una de las partes, por el mero hecho de que convenga a los intereses de esa parte el posponer la resolución del caso. . El acusado en un proceso criminal tiene ciertos derechos fundamentales, pero entre ellos no está el de la inmunidad, durante la pendencia del proceso, contra cualquier sentencia por otro delito, no importa cuán estrechamente pueda estar ligado dicho delito con el que quede pendiente de juicio. Pueblo v. Marchand Paz, 53 D.P.R. 885. Pero aún asumiendo que en Puerto Rico pudiera origi-narse tal inmunidad, debía invocarse antes de celebrarse el juicio, como posible fundamento para su posposición, y no después de haber el acusado tenido su día en corte, después de haberse agotado la prueba de las partes, y después que el acusado ha podido apreciar la situación en que le ha colocado la prueba. La prueba demuestra fuera de toda duda que el acusado, en la fecha y lugar que se espe-cifican en la acusación, portaba ilegalmente un revólver, el cual utilizó para dar muerte ilegal a José Diosvaldo Díaz, sin que mediara agresión de parte de éste, circunstancias éstas que exigen la imposi-ción de la pena máxima provista para el delito cometido.”

Apeló Corretjer y en su alegato señala tres errores co-metidos por la corte 1, al fallar el caso sin estar resuelto el proceso de asesinato, 2, al apreciar la prueba y 3, al imponerle una pena excesiva.

Discutiendo el primer señalamiento de error, el apelante no cita jurisprudencia alguna en apoyo del mismo. Su razo-namiento por si solo no es convincente. Sí lo es el de la opinión de la corte de distrito que queda en pie. No hubo error.

Tampoco se cometieron los dos otros errores que se imputan a la corte. Examinada la prueba la encontramos suficiente, y atendidas las circunstancias que concurren no puede sostenerse que la corte sentenciadora abusara de su discreción al imponer al acusado el máximo de la pena.

Dede declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Corretjer Hernández, acusado y apelante.
    Núm. 8316.

    Sometido: Diciembre 13, 1940.

      Resuelto: Febrero 13, 1941.

      A. Lastra Chárriez y A. D. Marchand Paz, abogados del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm y B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

José Corretjer Hernández fué acusado de desacato por perjurio. La orden dictada al efecto por el Juez Córdova de la Corte de Distrito de San Juan, se ajusta a la ley especial sobre la materia. Ley 41, 1911, para proveer un castigo sumario por el delito de perjurio cometido en corte abierta, y para otros fines. Código Penal, ed. 1937, pág. 69.

Celebrado el juicio, la corte declaró culpable al acusado y le impuso dos meses de cárcel. Apeló Corretjer y señala en su alegato tres errores como cometidos por la corte 1, al actuar sin jurisdicción, 2, al dictar su sentencia cuando ya no estaba pendiente el delito dentro de cuyo juicio se come-tió el desacato por perjurio, y 3, al dictar sentencia a base de prueba insuficiente.

La. falta de jurisdicción invocada en el primer señalamiento de error lo es a base de que en la orden inicial no se menciona el funcionario ante quien prestó juramento el supuesto perjuro, ni ola facultad de tal funcionario para tomarlo.

La orden de que se trata, expresa:

‘ ‘ ORDEN. — Por cuanto: En el día de boy y durante la vista ante esta corte del caso criminal Núm. 3963, El Pueblo de Puerto Rico v. José Corretjer Hernández, por asesinato en segundo grado, el acusado José Corretjer Hernández fué llamado a declarar por la defensa y después de haber prestado juramento debidamente en corte abierta de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, intencionalmente y contrario al juramento prestado, y en corte abierta, declaró sobre cierto extremo sustancial, esencial y pertinente al caso, en forma falsa y a sabiendas de que no era ni es la verdad, a saber: que en el día 4 de octubre de 1936 y en el sitio y en los momentos en que fué herido mortalmente José Diosvaldo Díaz, dicho testigo José Corretjer Hernández no llevaba consigo baqueta o funda alguna de revólver, siendo la verdad que el referido testigo allí y entonces llevaba sobre su persona una baqueta o funda de revólver; — Por cuanto: El Juez que suscribe y que ha presidido la corte durante la vista del referido caso, está convencido de que el referido testigo José Corretjer Hernández cometió perjurio en su declaración ante la corte en la forma y manera que se ha expuesto; — Por Tanto: El Juez que suscribe ordena el arresto y detención de José Corretjer Plernández, bajo la custodia del Alcaide de la Cárcel de Distrito de San Juan, y le requiere para que comparezca ante esta corte en el día siete de diciembre de 1939, a las nueve de la mañana, para mostrar causa por la cual no debe ser condenado por desacato por perjurio en corte abierta; disponiéndose que el referido José Corretjer Hernández podrá prestar fianza de $500 para su libertad provisional hasta tanto comparezca a mostrar causa.” (Itálicas nuestras.)

La falta de jurisdicción que ahora se alega no se levantó en la corte de distrito no obstante haberse presentado una excepción previa de falta de hechos suficientes fundada en que aun aceptando la certeza de los alegados en la orden nunca se imputaría el delito ya que el hecho que se decía falseado no era uno esencial al caso principal ventilado.

En un caso similar, El Pueblo v. Alvarado, 19 D.P.R. 870( 872, dijo esta corte:

“... El juicio tuvo lugar el día 4 de abril 1912, y en 9 de abril 1912 la. corte declaró al acusado culpable de desacato por perjurio y le condenó a pagar una multa de $100, o en su defecto, a sufrir un día de cárcel por cada dos dólares que dejara de satisfacer.
“Contra esta sentencia se interpuso esta apelación y consta en los autos un pliego de excepciones y una exposición del caso, habiendo presentado el abogado en su alegato nueve fundamentos de error. El primero de éstos se refiere a la falta de jurisdicción de la corte. El apelante alega en primer término que no hay jurisdicción porque la orden inicial no contenía ninguna alegación de que en la fecha en que dicha orden fué dictada por la corte, se encontraba pendiente el caso civil. Esta cuestión no fué alegada ante la corte inferior donde erá debidamente materia de defensa, y no habiendo prueba alguna en sentido contrario, la presunción sería que la corte obró de acuerdo con,la ley y que el caso civil está aun pendiente.”

Aceptando sin embargo qne por presentarse la cuestión de que se trata como una de jurisdicción pueda y deba consi-derarse por vez primera en esta corte, diremos que no está bien fundada.

Toda la argumentación del apelante se basa en lo pres-crito en el artículo 117 del Código Penal que dice:

“Toda persona que, habiendo jurado testificar, declarar, deponer o certificar la verdad ante cualquier tribunal, funcionario o persona competente, en cualquiera de los casos en que la ley permitiere tomar tal juramento, declarare ser cierto cualquier hecho esencial, cono-ciendo su falsedad, será culpable de perjurio.... ” Itálicas nuestras.

T aquí no se trata de la aplicación de ese artículo. El ape-lante fue juzgado y condenado de acuerdo con la ley especial sobre la materia que comienza así:

“Si durante la vista de cualquier caso ante una corte municipal o de distrito en Puerto Rico, compareciere un testigo y prestare jura-mento o afirmación de decir la verdad ante dicha corte, en cuales-quiera casos en que se prestare dicho juramento o afirmación, y después de prestado, intencionalmente y contrario al mismo, decla-rare como cierta cualquier cosa substancial que el testigo sabe que es falsa o que no es verdad, será culpable de perjurio; y si dicho juramento o afirmación se prestare en corte abierta y se violare en la forma expresada en la presente, entonces dicho testigo será culpable de desacato a la corte y castigado según se dispone más adelante en esta Ley.' Si el juez que preside en dicho caso quedare convencido, en cualquier caso pendiente ante su corte, de que un testigo, después ■ de haber prestado juramento o afirmación, según se dispone por la ley, de decir la verdad en cualquier asunto pendiente ante la corte, es culpable de perjurio según se define en la presente, será entonces deber de dicho juez, ante quien se celebrare el juicio, ordenar, y por la presente se le faculta para que ordene, a moción propia, el arresto y detención del ofensor; y dictará una orden que se notificará a dicho ofensor para que comparezca y explique las razones que tuviere por las cuales no deba ser castigado por desacato a la corte.” Itálicas nuestras.

En. tal virtud, es suficiente para cumplir con el requisito del juramento, lo consignado en el primer por cuanto de la orden que dejamos transcrita. No bubo error.

La falta de jurisdicción que se suscita por el segundo señalamiento o sea que la corte de distrito perdió la que pudiera tener para juzgar el caso porque cuando lo hizo ya no estaba pendiente la causa dentro de la cual fué desacatada, también se levanta por vez primera en apelación.

Los autos demuestran que la orden inicial se dictó un día antes de terminarse el juicio por asesinato. Y ello es bas-tante a nuestro juicio para que la corte adquiriera jurisdic-ción para conocer del asunto de acuerdo con los términos de la ley especial sobre la materia ya citada.

Para sostener su contención cita el apelante la decisión de esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Valcourt, 18 D.P.R. 484, 489. En ella la corte, hablando por su Juez Asociado Sr. MacLeary, se expresó así:

“Pero existen otras cuestiones que deben tomarse en considera-ción al resolver este caso, algunas de las cuales ban dado por resul-tado que se hayan argumentado de nuevo las mismas, así como que se hayan presentado alegatos adicionales por el representante de El Pueblo de Puerto Eico y por el abogado del acusado. La primera es la que se refiere al significado de las palabras ‘durante la celebración del juicio de cualquier caso pendiente’ en las cortes, y las palabras han sido empleadas en el primer artículo del estatuto en donde se castigan tales desacatos. El recordar que tenemos en nuestro Código Penal una ley válida y subsistente para denunciar y castigar el delito de perjurio en forma ordinaria por medio de la presentación de una acusación y la celebración de un juicio ante un jurado o la corte, lo mismo que cualquier otro deh:to más grave (felony), nos puede ayudar en esta cuestión. Los desacatos que se cometen en presencia de la corte, como el que ahora se ha imputado al apelante, ordinaria-mente se east'gan sumariamente y mientras está pendiente el trabajo que ordinariamente tiene la corte. El perjurio puede ser investigado y castigado s; fuere necesario en cualquier tiempo dentro del término fi-jado por la ley de prescripción. Pero el desacato cometido por e-1 per-juro al tratar de engañar a la corte presentando una declaración falsa, exige procedinr entos más sumarios. Por tal razón es que tal vez el procedimiento de desacato está limitado al tiempo ‘durante el jui-cio de un caso pendiente. ’ Un caso civil está pendiente ante una corte desde que se presenta la demanda hasta que se dieta sentencia resol-viendo la cuestión que se litiga. Cuando el caso deja de estar pen-diente, la jurisdicción para castigar por desacato cometido nied:ante perjurio cesa y el delincuente sólo puede ser procesado por el perju-rio en la forma ordinaria.

• Aunque el lenguaje de la opinión se presta a la interpre-. tación que le da el apelante, no tiene el alcance que le atri-buye. No bubo necesidad de hablar con mayor precisión en el caso de Valcourt porque los procedimientos allí no sólo habían terminado si que comenzado después de terminado el juicio en que el perjurio fué cometido — un pleito sobre divor-cio — mientras que aquí si bien terminaron después, comen-zaron antes de la terminación del juicio por asesinato. La situación que la ley especial contempla es la de la dignidad de una corte ofendida por una persona que comparece ante ella y presta juramento de decir verdad y luego la engaña declarando a sabiendas falsamente sobre alguna cuestión fundamental en el asunto que se ventila, y la reacción inme-diata de la corte ordenando la detención del ofensor al quedar convencida de su actuación ofensiva y delictiva al par. Véase Pueblo v. Aquino, 33 D.P.R. 255.

Una vez iniciado el procedimiento, la jurisdicción conti-núa sin que sea necesario que termine antes de que finalice el asunto principal. Surgió dentro de él, pero es independiente de él. No fué el propósito del legislador el que el resultado' de la investigación tuviera que tomarse en cuenta para deci-dir la causa criminal o el pleito civil en que el testimonio. falso se prestara. Al contrario. En casos por jurado por ejemplo se ha atacado la ley por la influencia que la decisión del juez pudiera tener en el veredicto y la ley ha podido sos-tenerse porque se ha concluido que el procedimiento que prescribe es enteramente ajeno a ese propósito. No hubo, error.

Tampoco fué cometido el tercero y último de los errores señalados o sea aquél por el que se sostiene la insuficiencia de la prueba.

La opinión emitida por la corte sentenciadora es tan com-pleta y está tan bien razonada, que nos parece lo más propio1 transcribirla como fundamento de nuestra conclusión sobre la no existencia del error. Dice:

“En los días 24, 25, 27 y 28 de noviembre de 1989, se vio ante esta corte, por jurado, el juicio del caso criminal Núm. 3963 de El Pueblo de Puerto Rico v. José Corretjer Hernández, por asesinato. La acusación imputaba al acusado José Corretjer Hernández el haber' dado muerte ilegal y voluntaria, con malicia premeditada y delibera-ción, al ser humano José Diosvaldo Díaz. — La teoría y la prueba, del Fiscal tendían a demostrar que el día 4 de octubre de 1936, José Diosvaldo Díaz guiaba un automóvil Pontiac, y que el acusado José Corretjer Hernández iba sentado en- el asiento delantero derecho de dicho carro al lado de Díaz, que el carro venía por la calle Brum-baugh, Río Piedras, y que al llegar a la esquina de las calles Brumbaugh y G-iorgetti, Díaz viró hacia la izquierda deteniendo el carro frente al Cuartel de la Policía, frente al cual, y de espaldas a la calle, se encontraba el Sargento Martínez, hoy Jefe Martínez. Al detener el carro Díaz, dirigiéndose al Sargento Martínez, dijo : 'Cabo, cabo, hágame el favor’, y Corretjer inmediatamente dijo: 'No, no, eso no.’ Al oír las voces el Jefe Martínez se volvió y pudo observar a Corretjer en el momento en que éste esgrimía un revólver contra Díaz y le disparaba un tiro de bala el cual le produjo la muerte a Díaz momentos después. El Jefe Martínez entonces se abalanzó sobre Corretjer, recogió el revólver que estaba en el piso-del automóvil, y entregó a Corretjer al policía Pedro A. Rivera, hoy cabo, instruyéndole se hiciera cargo de Corretjer. El policía Rivera condujo a Corretjer al interior del cuartel y declara que al notar cierto movimiento de Corretjer que le pareció sospechoso,, registró a éste y debajo del chaquetón que usaba Corretjer encontró una baqueta de revólver. — La teoría y prueba de la defensa tendían-a demostrar que el día de los hechos Corretjer no portaba ni revólver ni baqueta; que el revólver lo portaba José Diosvaldo Díaz y perte-necía a éste; que José Diosvaldo Díaz había invitado a Corretjer a montar en su carro con el fin de llevarle a su casa en la calle Giorgetti esquina Muñoz Rivera; -que al llegar el automóvil a la esquina de las calles Brumbaugh y Giorgetti, en vez de doblar a ■la derecha como debió haber hecho si era su intención conducir a Corretjer a su casa, Díaz dobló inesperadamente a la izquierda y estacionó su carro frente al Cuartel de la Policía, donde estaba el Jefe Martínez y que entonces, después de estacionado el carro frente al Cuartel de la Policía, Díaz sacó un revólver que llevaba escon-dido debajo de su camisa (la prueba de la defensa y de El Puebla está de acuerdo en cuanto a que Díaz estaba en camisa y Corretjer usaba chaquetón), y esgrimió éste contra Corretjer, quien dijo: ‘No, no, eso no’, al mismo tiempo que agarró el arma con que atacaba Díaz, volviéndola en contra de éste, y que al verse Díaz en peligro fué que gritó: ‘Cabo, Cabo, haga el favor’, y que en esta lucha se escapó un tiro que fué el que produjo la muerte a Díaz. — El Jefe Martínez declaró que no vió lucha alguna, que lo que vio fué que Corretjer esgrimió el revólver contra Díaz. El Cabo Bivera declaró, como hemos visto, que Corretjer portaba una baqueta. Corretjer fué el único testigo que declaró que el revólver lo portaba Díaz.— 'Convencido el juez de que Corretjer mentía deliberadamente al negar bajo juramento que él portara el revólver y la baqueta, y antes de que el caso se entregara al jurado, ordenó al jurado retirarse y procedió a dictar una orden requiriendo de Corretjer mostrara causa por la cual no debía ser condenado por desacato por perjurio. — El día 7 de diciembre compareció Corretjer a mostrar causa. Excep-cionó la orden por entender que no se aducían hechos demostrativos de que el testimonio de Corretjer sobre la baqueta fuera sobre un extremo substancial, y la excepción fué declarada sin lugar. (Véase Pueblo v. Medina Rivera, 38 D.P.R. 693.) Se presentó entonces la prueba de cargo consistente en las declaraciones del Jefe Martínez, del Cabo Bivera y del propio Corretjer. El querellado entonces pidió se dejara sin efecto la orden por falta de prueba, a base de que no se había probado que Corretjer tuviera la intención de mentir a sabiendas de que lo que él decía era falso. Declarada sin lugar la moción, el acusado manifestó, por su abogado, que deseaba des-cansar en su moción y por lo tanto sometía el caso a base de la prueba de cargo. — De los hechos esenciales envueltos en la querella, los únicos sobre los cuales puede haber controversia, y los únicos que la representación del querellado ha discutido, son los siguientes: 1. — Si la declaración de Corretjer con respecto a la baqueta versa sobre un extremo substancial. 2.- — Si la declaración de Corretjer con respecto a la baqueta fué o no fué falsa. 3. — De ser falsa la declaración de Corretjer, si la hizo a sabiendas de. que no era la verdad. — ¿Qué se entiende por ‘cosa sustancial’ en una querella por desacato por perjurio? Ciertamente que la frase no está limitada en su alcance a aquellos hechos cuya alegación fuere esencial en una acusación. De ser ello así en un caso en que la prueba fuere toda circunstancial, no habría ‘cosas substanciales’ y no podría ningún testigo cometer perjurio. Es evidente que el significado de ‘cosas substanciales’ es mucho más amplio, y comprende cualquier extremo que tienda en alguna forma u otra a establecer el delito o a conectar al acusado con el delito. Véase 20 Cal. Jur. 1012 et seq. — En el caso específico de El Pueblo y. Corretjer, la circunstancia de que Corretjer portara o no una baqueta, es de suma importancia en la determinación de si fué Corretjer o fué Díaz el que portaba el arma que causó la muerte. Los testigos principales de cargo lo fueron el Jefe Martínez, Rafael Escobar y el Cabo Rivera. Mar-tínez y Escobar presenciaron los becbos y establecieron que fué Corretjer quien agredió a Díaz con el revólver, y que no bubo lucba. Pero los testigos de un beebo de sangre que se desarrolla en breves instantes, sin previo aviso, pueden cometer errores de observación, no importa su integridad o su inteligencia. Por eso la declaración del Cabo Rivera, quien declaró haberle ocupado la baqueta a Corretjer, aporta quizás el más importante eslabón en la cadena de prueba demostrativa de la comisión del delito por Corretjer. Rivera no puede haberse equivocado: o mintió deliberadamente, sin que aparezca móvil alguno para ello, o le ocupó la baqueta a Corretjer. Si le ocupó la baqueta, y si Corretjer, lejos de explicar o excusar esta circunstancia que tan fuertemente le inculpa, niega que él tuviera la baqueta, este extremo viene a ser no ya un extremo subs-tancial, si que uno de los dos o tres becbos esenciales en la determi-nación de la inocencia o culpabilidad del acusado. — Veamos ahora si la declaración de Corretjer es o no es falsa. El Jefe Martínez y el Cabo Rivera declararon en una forma imparcial que llevaba consigo la convicción de que estaban narrando la verdad, según ellos la entendían, sobre los becbos que pudieron observar. No apareció móvil alguno que pudiera haber llevado a estos dos funcionarios a mentir, a exagerar o a torcer la verdad de los hechos. A pesar de que los hechos ocurrieron casi cuatro años antes del juicio, a pesar de que estos testigos habían declarado en la misma forma en los dos juicios anteriores, la defensa no pudo en forma alguna debilitar ni "impugnar sus declaraciones excepto a través de la declaración del propio acusado. Este declaró en forma visiblemente nerviosa, con una mirada que esquivaba los ojos de todos en la corte menos la de su abogado defensor. Su testimonio fué sumamente improbable: pretendía hacer creer al jurado que Díaz, quien guiaba el carro en que se produjo la muerte, deliberadamente estacionó el mismo frente al cuartel, en presencia del Sargento Martínez, y que no fué hasta después de haber así estacionado el carro, que manifestó su intención de asesinar a Corretjer, esgrimiendo entonces un revólver, que dice Corretjer llevaba Díaz debajo de su camisa. — La corte llegó a la convicción de que Corretjer mentía, en lo concerniente a la baqueta, así como en lo referente a la posesión del arma y la agresión de parte de Díaz, convicción qne no fué alterada en forma alguna en la vista sobre la orden para mostrar causa, ya que en dicba vista el quere-llado no presentó prueba. — Que Corretjer declaró intencionalmente, a sabiendas de que faltaba a la verdad, lo deduce la corte de las circunstancias del caso. No de otra forma puede establecerse la in-tención con que se comete un delito, salvo en contadísimos casos, y aparte de que difícilmente puede concebirse que Corretjer negara la posesión de la baqueta por equivocación, o por mala memoria, tuvo plena oportunidad de interponer dicba teoría como causa por la cual no debía ser condenado por desacato, y no lo bizo. — A la corte no le cabe duda de que Corretjer ba cometido perjurio. Podría objetarse, sin embargo, que el procedimiento más adecuado para este caso no es el de desacato, sino el de una acusación por el delito de perjurio. — La facultad inherente de las cortes para castigar el per-jurio en corte abierta como desacato está firmemente establecida. Véase los casos citados en 11 A.L.R. 342, 49 A.L.R. 987 y 73 A.L.R. 817. Sin embargo, las cortes americanas se ban impuesto limitaciones estrictas en el ejercicio de esta facultad, de la cual sólo bacen uso en casos en que la falsedad del testimonio le consta a la corte por conocimiento judicial. (Véanse los mismos casos citados.) Estas limitaciones, que incuestionablemente eran aplicables a las cortes de Puerto Rico basta el 1911, dejaron de serlo al adoptarse por nuestra legislatura la Ley de marzo 9 de 1911, para proveer un castigo sumario por el delito de perjurio en corte abierta. (Código Penal, ed. de 1937, pág. 69.) La ley citada obedeció a la prevalencia del perjurio en Puerto Rico, y a lo inadecuada que resultaba la institución del jurado para castigar dicho delito. (Véase Pueblo v. Aquino, 33 D.P.R. 255.) En virtud de este estatuto, que parece ser único en las jurisdicciones americanas, las cortes de Puerto Rico están en el deber de castigar el perjurio en corte abierta por el procedimiento sumario de desacato, siempre que la corte adquiera la convicción de que un testigo ba cometido perjurio, y de que exista alguna prueba en conflicto con la declaración falsa. Pueblo v. Aquino, 33 D.P.R. 255.—La situación que indujo a la legislatura a imponer á las cortes el deber de castigar el perjurio por desacato aun impera. En este 'caso, teniendo la corte la convicción de que el querellado cometió perjurio en corte abierta, su deber es ineludible.”

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse sin• lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Sixto Torres García, acusado y apelante.
    Núm. 8518.

    Sometido: Febrero 7, 1941.
    Resuelto: Febrero 14, 1941.

      A. Reyes Delgado y F. Santos Borges, abogados del apelante; Ilon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abo-gados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado de poseer y transportar ilegal-mente sobre su persona “un revólver sistema Smith, nique-lado, con cachas de pasta negra, número 192573, calibre 38, Harrison & Richardson, sin haber declarado dicha arma por escrito al Jefe de la Policía Insular de Areeibo, P. R., que es el Distrito en que reside el acusado,” en violación del artículo 7 de la Ley Niím. 14 de julio 8 de 1936 ((2) pág. 129), enmendada por la Ley Núm. 95 de mayo 12 de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 240).

El único error que se imputa a la corte sentenciadora es el de haber declarado que el acusado Sixto Torres tenía su residencia legal en el término municipal de Arecibo y que debió haber inscrito el revólver en el Cuartel de la Policía de dicha municipalidad.

Las conclusiones a que llegó la corte sentenciadora y de las cuales se queja el apelante, son como sigue:

“La corte entiende, que si bien la ley dice que se debe denunciar a la persona por no registrar el arma en el municipio donde reside, la ley no fija ningún término de residencia ni puede tampoco fijarla el tribunal. Esa residencia debe surgir de las circunstancias y hechos que se prueben en el juicio. Se ha demostrado en el juicio que este acusado es un hombre soltero; que no tiene hogar con familia de él en el pueblo de Naguabo; que vino colocado a Arecibo de carpintero y que residía aquí por un mes cuando le fué ocupada el arma. Entendemos que esa residencia es suficiente para el requi-sito que determina la ley, y que si él andaba con un revólver en Arecibo, trabajando aquí y teniendo un cuarto alquilado aquí, donde dormía, él estaba obligado a inscribir el arma en Arecibo, a no ser que la tuviera inscrita en Naguabo; pero ha declarado que tampoco la tenía inscrita en Naguabo. A nuestro juicio el delito es claro y el acusado debe ser declarado culpable. No queremos decir que por no haberla registrado en Naguabo nosotros lo podíamos condenar, porque en ese caso sería la corte de Humacao la que tendría juris-dicción. Queremos decir, que habiendo tenido una residencia aquí, aunque fuera de un mes y teniendo el revólver en Arecibo él está obligado a registrarlo aquí a no ser que lo hubiera registrado en Naguabo. ’ ’

Después de un cuidadoso estudio de la transcripción de la evidencia, consideramos que las conclusiones de la corte inferior están ampliamente justificadas, y que dicha corte no erró al sostener que el acusado era un residente del Muni-cipio de Arecibo y como tal obligado a cumplir con los requi-sitos de la citada ley sobre registro de armas.

La sentencia que dictó la Corte de Distrito de .Arecibo en enero 9 de 1940, debe ser confirmada.


text:
    Vicente L. Giménez, peticionario y apelante, v. Corte Municipal de San Juan, Sección Tescera, Hon. Victoriano M. Fernández, Juez, demandada y apelada.
    Núm. 8294.

    Sometido: Febrero 3, 1941.

      Resuelto: Febrero 14, 1941.

      Víctor Rivera Colón, abogado del apelante; Dubón & Ochoteco, abo-gados de Méndez & Compañía, S. en C., interventora.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La parte interventora y apelada solicita la desestimación del recurso, por considerar que el mismo es frívolo, y que se impongan las costas al querellante apelante por su temeridad al ejercitarlo. Examinemos primeramente los hechos.

Fructuoso Vázquez inició acción de desahucio ante la Corte Municipal de San Juan contra Vicente L. Giménez, el querellante y apelante. Impugnada la citación que se hiciera para la primera comparecencia de las partes y radicada una moción para que se dejase sin efecto la sentencia en rebel-día dictada en dicho caso, la corte municipal citó a las partes para el 11 de enero de 1940, o sea para el Día de Eugenio M. de Hostos, día feriado. Ninguna de las partes compare-ció en dicho día, por no estar la aorte en sesión. Alega el recurrente que al siguiente día, 12 de enero de 1940, sin que se hiciera nueva citación a las partes litigantes, se celebró la vista de las mociones y la corte dictó sentencia en contra deji demandado Vicente L. Giménez, decretando el desahucio. Giménez apeló para ante la Corte de Distrito de San Juan.

En mayo 18 de 1940, Giménez radicó ante la citada corte de distrito una petición de oerüorari, en la que alegaba que la Corte Municipal de San Juan había cometido error de procedimiento:

1. Porque habiendo inadvertidamente citado a las partes para comparecer en un día feriado, debió subsanar su error expidiendo una nueva orden y notificando de nuevo al querellante, dándole una oportunidad de tener su día en corte.
2. Porque al fallecer el demandante original Fructuoso Vázquez, quien había comparecido en su carácter de administrador, estando el caso pendiente en apelación ante la corte de distrito y fuera de la jurisdicción de la corte municipal, ésta ordenó que dicho demandante fuese substituido por una persona que no era dueño, usufructuario, causahabiente o persona con derecho a la casa objeto del desahucio, habiéndose dictado tal orden sin oír y sin notificar al peticionario.

Expedido el auto y oídas las partes, en julio 3 de 1940 la corte inferior dictó sentencia anulando el auto y desestimando la petición. No conforme el peticionario interpuso el pre-sente recurso.

Convenimos con la parte apelada en que el presente re-curso es claramente frívolo.

La corte inferior con vista de los autos originales elevados ante ella por la corte municipal, declaró probados los hechos siguientes:

“Que en 15 de diciembre de 1939 se radicó ante la Corte Municipal de San Juan, Sección Tercera, por Fructuoso Vázquez, en su carácter de administrador de nn inmueble propiedad de la Sucesión Córdova, una acción de desahucio contra el aquí peticionario, quien aparece haber sido notificado de la demanda el mismo día de su radicación, y la corte dictó sentencia declarando con lugar la misma el día 22 de diciembre de 1939, sentencia'que fué notificada al aquí peticionario el día 29 de dichos mes y año; que en diciembre 22 de
1939 el peticionario radicó una moción solicitando se dejara sin efecto la sentencia dictada en su contra, por haber actuado la corte sin jurisdicción, ya que el mismo no había sido emplazado; que la corte señaló el día 11 de enero de 1940 para oír a las partes con relación a dicha moción, señalamiento que fué transferido por la corte, previa notificación por el secretario a las partes, para el día 12 de enero de 1940, a las dos de la tarde, por ser el día señalado originalmente día de fiesta legal (véase' orden corte municipal de enero 12 de 1940); habiendo comparecido en dicho día 12 de enero el demandante, su abogado, y Narciso Bismark, la persona que dili-genció el emplazamiento, sin que el demandado o su abogado hubieran comparecido; que en 18 de enero de 1940 el demandado apeló para ante esta corte de la sentencia que en su contra había sido dictada y notificada el 29 de diciembre de 1939, apelación que fué desesti-mada por esta corte el día 18 de abril de 1940; que en abril 30 de
1940 la corte, previa moción del demandante, permitió la sustitución del demandante Fructuoso Vázquez por .Méndez & Compañía, así como que el procedimiento continuase a nombre de Méndez & Com-pañía en sustitución y como sucesor del anterior demandante, quien había fallecido.”

Como se ve, el récord del caso y los hechos probados no sostienen la comisión del primer error que se imputa a la corte municipal. Por el contrario, el récord demuestra cla-ramente que la corte subsanó su error haciendo un nuevo señalamiento y notificando oportunamente al demandado Giménez.

Tampoco se ha establecido la comisión del aleg’ado segundo error. La apelación interpuesta por el demandado Giménez contra la sentencia de desahucio fué desestimada por la corte de distrito en abril 18, 1940. La sustitución de Vázquez, el difunto administrador de la Sucesión Salgado Córdova, dueños de la casa objeto del desahucio, por Méndez & Compañía, los nuevos administradores del inmueble, fue decretada por la corte municipal en 30 de abril de 1940, cuando ya dicha corte había readquirido jurisdicción sobre el caso por virtud de la desestimación de la apelación y la confirma-ción de la sentencia.

Habiendo el demandante original Fructuoso Vázquez enta-blado la acción de desahucio en su carácter representativo, como administrador del inmueble, la corte de distrito no erró al sostener que la corte municipal procedió correctamente al aprobar la sustitución del administrador fallecido por el nuevo administrador nombrado por el dueño del inmueble. Es el nuevo administrador — y no los representantes legales del difunto — quien debe sustituir a éste como demandante. 1 Bancroft’s Code Practice & Remedies, págs. 667, 668, párrs. 448 y 449; art. 69, Código de Enjuiciamiento Civil; Ramírez de Arellano v. Corte, 49 D.P.R. 134.

El primer alegado error fue sometido a la consideración de -esta Corte Suprema y resuelto en contra del peticionario apelante. Giménez v. Corte, 56 D.P.R. 236.

Convenimos con la corte inferior en que el procedimiento de certiorari incoado por el peticionario apelante no tuvo otro objeto que el de dilatar y obstaculizar la ejecución de la sentencia de desahucio; y con el apelado 'en que ese mismo ha sido el propósito del apelante al establecer un recurso que es claramente frívolo.

Por las razones expuestas y considerando que es evidente la temeridad del peticionario apelante al interponer un re-curso frivolo y carente de méritos, debe confirmarse la sen-tencia recurrida' e imponerse al apelante el pago de las costas de esta apelación, más la suma de $100 como honorarios del abogado de la parte apelada.


author: El Juez Asociado Señob Travieso

text:
    Salvio Durán Vázquez, demandante, v. Sucn. de Emilio B. Durán, Compuesta de su Viuda Monserrate Rivera y de su hermana Ana Inés Durán, demandadas y apeladas; Juan José Gerardino y Joaquín Ortiz, fiadores y apelantes.
    Núm. 8152.

    Sometido: Febrero 6, 1941.

      Resuelto: Febrero 14, 1941.

      Felipe Colón Díaz, abogado de los apelantes; Fernando B. Fornaris, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señob Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Salvio Durán demandó a la Sucesión de Emilio B. Duráh, solicitando la nulidad del testamento del causante. Pidieron los demandados que se ordenase al demandante, por no resi-dir éste en Puerto Rico, que prestara una fianza para garan-tizar a los demandados el pago de las costas; y habiéndolo ordenado así la corte, prestaron fianza por $1,000 Juan José G-erardino y Joaquín Ortiz. La sentencia de la Corte de Distrito de Ponce, desestimando la demanda e imponiendo las costas al demandante, fue confirmada por esta Corte Suprema en julio 30 de 1938 (53 D.P.R. 750).

En diciembre 14, 1938, la corte inferior aprobó el memo-rándum de costas y condenó al demandante Salvio Durán al pago de $926 por concepto de costas y honorarios de abogado. La apelación interpuesta por Durán fué desestimada por esta Corte en noviembre 17 de 1939, por ser frívola (55 D.P.R. 633).

En diciembre 5 de 1939, la sucesión demandada radicó ante la corte inferior una moción para que se requiriese a los fia-dores para que dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la orden depositasen en la secretaría de la corte la suma de $926, más intereses desde diciembre 14, 1939, ascendentes a $54, o sea un total de $980. Dictada la orden de acuerdo con la súplica de la moción, los fiadores fueron notificados por el mársbal el 11 de diciembre de 1939.

En diciembre 15 de 1939, comparecieron ante la corte inferior ambos fiadores, y en oposición al requerimiento que les fué becbo alegaron que la orden a virtud de la cual se les re-quirió para que consignasen el importe de las costas por ellos garantizadas es nula e inexistente: (a) porque los fia-dores no fueron parte en el pleito en que se dictó la sentencia contra Durán; (5) porque la moción radicada por la sucesión demandada no está jurada, tal como lo determina el artículo 309-del Código de Enjuiciamiento Civil (1933); (c) porque la citación becba por el mársbal a los fiadores no ba sido acom-pañada de la declaración escrita y jurada que exige el citado artículo 309. En enero 25, 1940, la corte inferior desestimó la oposición de los fiadores y declaró con lugar la moción de la sucesión demandada. El 30 del mismo mes, solicitaron los fiadores la reconsideración de la resolución de enero 25, 1940, por los siguientes fundamentos: (a) que la moción que sirvió de base a la orden de requerimiento a los fiadores nio ■estaba debidamente jurada; (b) que no se sirvió copia de dicba moción a los fiadores; (c) que la fianza prestada en este caso tiene el carácter de solidaria, y tratándose de fia-dores solidarios, éstos deben ser notificados de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 307 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil; y (d) que los fiadores fueron conde-nados a pagar, sin ser oídos y sin haberse observado el debido procedimiento de ley dispuesto por la Constitución federal, la Carta Orgánica y las leyes de Puerto Rico.

Denegada la reconsideración, los fiadores apelaron. En su alegato sostienen que la corte inferior erró al declarar sin lugar la oposición formulada por los fiadores; al condenar a éstos sin haber sido partes en el pleito principal y sin haber-les oído antes de dictar la resolución apelada; y al dictar la orden de requerimiento a los fiadores, para que solidaria y mancomunadamente consignaran el importe de las costas.

La obligación contraída por los fiadores apelantes, tal cual aparece consignada en el documento de fianza, es la siguiente:

“Por tanto, nosotros, Juan José Gerardino y Joaquín Ortiz, resi-dentes en el distrito judicial de Ponce, P. R., y de acuerdo con la resolución arriba transcrita, libre y espontáneamente garantizamos mancomunada y solidariamente la obligación que por la presente fianza ha contraído el demandante Salvio Durán Vázquez, en este pleito, respondiendo de la suma de un mil dollars, o de la parte de la misma que fuere necesaria, para atender al pago de las costas, gastos y desembolsos, incluyendo honorarios de abogado a que pu-diera ser condenado el demandante en la sentencia que se pueda dictar en el curso de este pleito.”

Los artículos 307, 308 y 309 del Código de Enjuiciamiento Civil, en los cuales se basa la argumentación de los apelantes,-leen como sigue:

“Artículo 307. — Cuando se obtiene una sentencia contra uno o más entre varios, deudores solidariamente responsables de una obliga-ción, mediante el procedimiento prescrito en el artículo 96, los cuales no habiendo sido citados oportunamente no se personaron en el pleito, podrán ser citados para que demuestren por qué causa no han de estar obligados por la sentencia de igual modo que si hubieren sido citados desde un principio.
“Artículo 308. — La citación,• conforme a lo dispuesto en el anterior artículo, deberá relacionar la* sentencia, y requerir a la persona citada para que demuestre la causa por qué no ha de estar obligada por dicha sentencia, debiendo diligenciarse la citación del mismo modo y devolverse diligenciada dentro de ignal término, que la pri-mera. No será necesario entablar nueva demanda.
“Artículo 309. — La citación deberá acompañarse de una declara-ción escrita y jurada del demandante, su agente, representante o abogado, manifestando que la sentencia o párte de ella, permanece incumplimentada y expresando además la cantidad que a cuenta de la misma se debiere.”

Como se ve por su simple lectura, dichos artículos pres-criben el procedimiento que deberá seguirse en una acción entablada contra dos o más demandados responsables soli-daria o mancomunadamente de una obligación contractual, cuando no se hubiere citado a todos los demandados, para citar a los demandados que no lo fueron originalmente y no comparecieron voluntariamente, requiriéndoles para que ex-pongan las razones que puedan tener para que no se les obli-gue a hacer efectiva la sentencia.

Los citados artículos no son a nuestro juicio aplicables a un caso como el de autos. Los fiadores apelantes no eran ni mancomunada ni solidariamente responsables de una obliga-ción contractual en la acción sobre nulidad de testamento iniciada por el demandante contra la Sucesión Durán. No formaban parte de la sucesión demandada y no hubieran podido ser demandados y emplazados al iniciarse la acción. Dichos apelantes comparecieron en la acción voluntariamente, como fiadores de la parte demandante, haciéndose respon-sables con ésta, mancomunada y solidariamente del pago de las costas que pudieran ser impuestas a dicha parte.

De acuerdo con la jurisprudencia que hemos examinado, en algunas jurisdicciones se ha sostenido que al obligarse a pagar las costas el fiador se convierte en parte litigante y queda tan efectivamente obligado por la sentencia como si fuera una de las partes en la acción. En otras jurisdicciones, por disposición estatutaria o por regla de las cortes, se libra auto de ejecución contra el fiador tan pronto como se ha dictado sentencia sin necesidad de otro aviso. Véase: 20 C. J. Sec. 181, pág. 413.

Aun cuando a nuestro juicio el procedimiento más correcto es el de expedir una orden requiriendo a los fiadores para que llagan efectivo el importe de las costas o que comparezcan a mostrar causas o razones, si alguna tuvieren, para que no se les obligue a bacer efectivo el importe de las costas por ellos garantizadas, el procedimiento seguido en el caso de autos se ajusta sustaneialmente a los requisitos de un debido procedimiento de ley. Los apelantes, como fiadores, tuvieron una oportunidad de intervenir y no intervinieron en la corte inferior en el procedimiento seguido para fijar el importe de las costas y honorarios que habría de pagar el deman-dante por ellos fiado. Tuvieron oportunidad para intervenir —y no lo hicieron — en el recurso interpuesto por el deman-dante contra la resolución aprobatoria del memorándum de costas. Confirmada dicha resolución por esta Corte Suprema, la corte inferior ordenó que los fiadores apelantes fuesen requeridos — no condenados como ellos alegan — para que con-signasen en secretaría el importe de las costas, dentro del término de cinco días desde el de la notificación. Compare-cieron los fiadores dentro del término señalado por la corte, no para hacer el pago de las costas ni para exponer las razones o motivos por los cuales no debería condenárseles a cumplir la obligación de la fianza, y sí para presentar obje-ciones frívolas y dilatorias con el evidente propósito de dilatar y obstaculizar a los demandados en el cobro de costas y honorarios aprobados por este tribunal. Tuvieron los fiadores su día en corte y amplia oportunidad para haber presentado cualquier defensa legal que les eximiera del pago que se les exigía. Su alegación de que fueron condenados sin ser oídos y sin haberse observado el debido procedimiento de ley carece de fundamentos.

Por las razones expuestas debe desestimarse el recurso y confirmarse la resolución apelada.


text:
    José R., Manuel y Catalina Oliver Aresti, et als., demandantes y apelados, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, et als., demandados y apelantes.
    Núm. 8187.

    Sometido: Enero 24, 1941.

      Resuelto: Febrero 17, 1941.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm y M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados de los apelantes; E. Pérez Casalduc, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los herederos de don Andrés Oliver Roses, fallecido el 22 de febrero de 1937, pagaron al Colector de Rentas Internas de Arecibo, bajo protesta, la suma de $24,802.06, por concepto de contribución de herencia, según la valoración y cómputo practicados por el Tesorero de Puerto Rico. El mismo día en que se hizo dicho pago, 6 de marzo de 1939, el Adminis-trador Judicial de la herencia de Oliver se dirigió por cártá al Tesorero, avisándole del pago hecho bajo protesta, expo-niéndole las razones de su inconformidad y notificándole que apelaba de la valuación y cómputo hechos por él para Unté la Junta de Revisión e Igualamiento.

En la petición de mandamus radicada ante la Corte do Distrito de San Juan se alega, en sustancia, que el tesorero-se ha negado a dar curso a la apelación establecida por Ios-peticionarios, alegando como única razón que la contribución había sido pagada bajo protesta; que tanto el Tesorero como-los demás miembros de la Junta de Revisión e Igualamiento,, no obstante tener conocimiento de la interposición de la apela-ción de los peticionarios y a pesar de haber sido requeridos para ello, se han negado a considerar y revisar la valuación y el cómputo practicados por el tesorero. .Y alegando que carecen de otro recurso legal, rápido y adecuado, pidieron los peticionarios se librara auto de mandamus, requiriendo al tesorero para que dé curso a la apelación enviando todos los documentos necesarios a la junta demandada, y a ésta para que proceda a considerar y resolver dicha apelación.

Librado el auto en forma alternativa, comparecieron los. demandados y radicaron una contestación en la cual, después, de negar ciertos hechos y aceptar otros, alegaron: que-aceptan haberse negado a dar curso a la apelación de los peticionarios, pero niegan que la razón única para tal nega-tiva fuera la de que ya se había pagado la contribución bajo-protesta, alegando en contrario que sus razones fueron las. de que había sido improcedente y no existía pago alguno-bajo protesta en la forma en que el mismo se había hecho, y que no existía ley alguna que autorizara a los peticionarios a establecer recurso de alzada para ante la junta demandada.

En marzo 15 de 1940 la corte inferior dictó sentencia por la que se ordena al tesorero demandado que proceda a dar curso a la apelación interpuesta por los peticionarios y que remita a la junta todos los documentos del caso, para que la junta pueda oír y resolver dicha apelación de acuerdo con la práctica establecida.

El presente recurso, interpuesto por los demandados, se basa en los siguientes señalamientos de error:

“1. Resolver que bubo apelación o alzada de los demandantes para ante la Junta de Revisión e Igualamiento.
Resolver que cumplió con los requisitos de ley la alzada o ■apelación a que se refiere dicha corte, resolviendo, además, que pro-cedía la consideración por la Junta de Revisión e Igualamiento de la llamada alzada.
“3. Declarar con lugar la demanda ordenando al tesorero dar curso a la llamada apelación o alzada y a la Junta de Revisión e Igualamiento la consideración de tales reclamaciones.”

Veamos cómo plantearon una y otra parte su respectiva "teoría:

La de los peticionarios es: que al recibir la comunicación del tesorero notificándoles la valoración de los bienes y el montante de la contribución de herencia que debían pagar los herederos, éstos no estuvieron conformes y acordaron hacer el pago bajo protesta porque les era urgente obtener el recibo correspondiente para presentarlo a la Corte de Distrito de Arecibo; que el Administrador Judicial hizo el pago bajo protesta en marzo 6, 1939, y el mismo día avisó por carta al tesorero que había hecho dicho pago bajo pro-testa, notificándole además que apelaba de la valuación y cómputo por él practicados para ante la Junta de Revisión e Igualamiento; y por último, que el tesorero se ha negado a dar curso a la apelación y la junta se ha negado a con-siderar y resolver la alzada.

La teoría de los demandados es: que después de hecha úna valuación y fijado el importe de la contribución por el tesorero, el remedio del contribuyente inconforme es el de acudir én alzada ante la Junta de Revisión, para que ésta revise las actuaciones del tesorero, y si no estuviere conforme con la resolución de la junta, en ese caso puede hacer el pago bajo protesta y acudir ante los tribunales en cobro de la cantidad qne le bnbiere sido cobrada indebidamente. Pero que si — como se hizo en el presente caso — el contribuyente hace el pago bajo protesta antes de acudir en alzada ante la junta, entonces la junta no tiene facultad para ordenar la devolución de lo pagado bajo protesta.

La única cuestión a resolver en el presente recurso es la de si los hechos que hemos expuesto justifican la expedi-ción del auto de mandamus solicitado.

Las leyes vigentes en esta isla proveen el procedimiento que deberá seguir el contribuyente que no esté conforme con una contribución de herencia impuéstale por el Tesorero de Puerto Rico, para conseguir que las actuaciones de dicho funcionario sean revisadas por las cortes de justicia.

La Ley núm. 8 de 19 de abril de 1927, Leyes de ese año, pág. 123, titulada “Ley disponiendo el pago de contribuciones bajo protesta; estableciendo el procedimiento para autorizar el cobro y devolución de las mismas, etc.,” dispone en su sección 1 que el contribuyente está obligado a pagar al ser requerido por el colector; y si desea hacer alguna reclama-ción, al efectuar el pago debe pedir al colector que consigne su protesta al dorso del recibo, firmando la nota el contri-buyente y el colector. La sección 3 concede al contribuyente que ha efectuado un pago bajo protesta un plazo de un año, a partir de la fecha del pago, para demandar al Tesorero de Puerto Rico con el objeto de obtener la devolución de la cantidad pagada bajo protesta.

La Ley núm. 99 de agosto 29 de 1925 (Leyes de 1925, pág. 791), titulada “Ley para modificar y ampliar la con-tribución sobre transmisión de bienes por herencia, etc.,” enmendada por la Ley núm. 20 de abril 27, 1933 (Leyes de 1932-33, pág. 233), dispone:

“Artículo 7. — Dentro de los treinta días después de haberse ulti-mado la valoración y cómputo de la contribución, podrá cualquier persona o beneficiario a quien ésta afecte, apelar contra dicha valua-ción o cómputo de la contribución a la Junta de Eevisión e Iguala-miento.”

Antes de ser enmendado, el artículo 7 en su forma original concedía al contribuyente el derecho de apelar directamente a la corte de distrito, previo pago o afianzamiento de todas las costas y del importe de la contribución de herencia.

Para poder acudir en alzada contra la valuación y cóm-puto hechos por el tesorero, el contribuyente no está obligado, de acuerdo con el artículo 7, supra, ni a garantizar las costas ni a hacer el pago bajo protesta. Todo lo que tiene que hacer es apelar para ante la junta dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que quedaron ultimados la valora-ción y cómputo. Si la valoración y cómputo hechos por el tesorero son confirmados o modificados por la junta y el contribuyente no estuviere conforme, en ese caso puede hacer el pago bajo protesta de acuerdo con la sección 1 de la Ley núm. 8 de 1927, supra, y recurrir ante la corte-de distinto correspondiente dentro del término de un año fijado por la sección 3 de la misma ley, para recobrar la cantidad pagada bajo protesta.

En el caso de autos, los contribuyentes hicieron el pago bajo protesta y después de haberlo hecho notificaron al tesorero que apelaban para ante la junta. Al hacerlo así, renunciaron su derecho de apelación para ante la junta, pues ésta no tiene facultad ni jurisdicción para ordenar la devo-lución de contribuciones pagadas bajo protesta. Esa facultad la tiene la corte de distrito,-cuando se recurre a ella directa-mente de acuerdo con la sección 3 de la Ley núm. 8 de 19 de abril de 1927, o después de dictada la resolución de la Junta de Eevisión e Igualamiento, en la alzada contra la valoración y cómputo hechos por el tesorero.

La corte inferior basó su sentencia en el hecho de que de acuerdo con el artículo 9 de la Ley núm. 99 de 29 de agosto de 1925 los herederos de Oliver estaban obligados a pagar la contribución “dentro del término de ciento ochenta días después del fallecimiento del causante,” exponiéndose si no hacían el pago dentro de ese plazo a que el tesorero embargase y vendiese, por la vía de apremio, bienes del causante. El peligro señalado por la corte es más aparente que real. Antes de que el tesorero pueda proceder a em-bargar bienes del causante por no haberse pagado la contri-bución de herencia dentro del plazo fijado por el artículo 9, supra, es necesario que dicho funcionario cumpla previamente con su obligación de hacer una valoración de los bienes y un cómputo de la contribución que deberán pagar los herederos, notificando a éstos oportunamente el resultado de dicha valoración y cómputo.

En el caso de autos los herederos fueron notificados de la valoración y cómputo el primero de marzo de 1939. Esa valoración y cómputo no podían ser firmes hasta que hubiese transcurrido el término de treinta días que el artículo 7 concede a los herederos para recurrir en alzada ante la junta. Una vez radicada dicha alzada, el tesorero no podía exigir el pago de-la contribución antes de que la Junta de Revisión e Igualamiento dictase su resolución. Dictada esa resolu-ción, el tesorero podía desde ese momento exigir el pago. Y entonces el único remedio de los herederos era el pago bajo protesta y recurrir a las cortes para recobrar la suma pagada. El pago hecho en el momento y en la forma en que se hizo en el presente caso es un pago prematuro y voluntario que impide a los herederos de recurrir en alzada ante la junta.

Es cierto que el tesorero demandado tiene el deber ministerial de dar curso a las alzadas interpuestas por los contribuyentes y que la junta está igualmente obligada a considerar y resolver las cuestiones planteadas por los recurrentes. Sin embargo, para que pueda ordenárseles el cumplimiento de esos deberes por medio de un auto de mandamus es necesario que el peticionario tenga un derecho claro e indiscutible a entablar una apelación para ante la junta, antes de haber pagado el importe de la contribución. Y somos de opinión qne de acuerdo con los hechos y circuns-tancias del presente caso los aquí peticionarios no tenían ese derecho. Véanse: Lutz v. Post, 14 D.P.R. 860; Díaz Navarro y. Kern, 26 D.P.R. 36; y Pacheco v. Cuevas Zegueira, 27 D.P.R. 205.

Por las razones expuestas debe declararse con lugar el recurso y revocarse la sentencia apelada, con imposición de costas a los peticionarios.


text:
      José, Manuel y Catalina Oliver Aresti, demandantes y apelados, v. Feliciano Soto y Antonia Pérez Zambrana, demandados y apelantes.
    Núm. 8159.

    Sometido: Febrero 4, 1941.

      Resuelto: Febrero 17, 1941.

      E. Martínez Avilés, abogado de los apelantes; E. Pérez Casalduc, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión, del tri-, bunal.

Los demandantes, herederos de don Andrés Oliver, enta-blaron demanda de desahucio ante la Corte de Distrito de Arecibo contra Feliciano Soto, alegando que éste ocupa en precario una finca de 15.37 cuerdas, de la cual son dueños dichos demandantes por haberles sido adjudicada en pago parcial de sus respectivos haberes hereditarios. Intervino en el pleito Antonia Pérez, alegando que ella es dueña de la finca por habérsela regalado su anterior dueño, don Andrés Oliver, y que Soto vive en la finca por ser familiar de ella. Soto alega que Oliver pasó la finca en venta a la interven-tora y que había dispuesto que le pasaran la escritura, pero que los demandantes se han negado a hacerle el traspaso.

Celebrada la vista del caso, los demandantes ofrecieron la escritura de partición judicial de los bienes relictos a'1 falle-cimiento de don Andrés Oliver, de la cual aparece que la finca en cuestión fué adjudicada a los demandantes en pago de parte de sus haberes hereditarios; y copia del auto de la corte de distrito aprobando dicha partición. El demandado y la interventora ofrecieron prueba testifical y dos cartas escritas por Oliver a Antonia Pérez.

El presente recurso ha sido interpuesto por el demandado y la interventora por no estar conformes con la sentencia por la cual se decretó el desahucio de ambos y se le impu-sieron las costas, sin incluir honorarios de abogado. Alegan los apelantes que la corte sentenciadora erró al admitir en evidencia la escritura de partición; al aceptar dicha escri-tura como prueba en contra de la interventora; al actuar movida por pasión, prejuicio o parcialidad, cometiendo grave error en la apreciación de la prueba; y al declarar que la interventora estaba impedida de atacar el título de los de-mandantes.

La escritura de partición ofrecida por los deman-dantes constituye un título válido y suficiente para darles derecho a la posesión del inmueble objeto del desahucio. Comparecieron al otorgamiento de dicha escritura y la acep-taron y suscribieron todos los herederos de don Andrés Oliver, entre ellos Antonia Oliver Pérez, hija natural reconocida del causante, representada por su madre doña Antonia Pérez Zambrana, la interventora en el presente pleito. La finca en cuestión fué adquirida por don Andrés Oliver por compra al Federal Land Bank of Baltimore en abril 7, 1931. Por virtud de la escritura de partición y con el conocimiento y consentimiento expreso de la interventora, la citada finca fué adjudicada a los tres herederos demandantes, en pleno dominio por terceras partes indivisas. A la heredera Antonia Oliver Pérez, hija de la interventora apelante, se le adjudicó en pago de su cuota hereditaria la suma de $28,661.92 en dinero efectivo. En abril 10 de 1939 la Corte de Distrito de Arecibo dictó un auto definitivo aprobando las operaciones particionales y declarando que la partición era título inscri-bible en el Registro de la Propiedad; y ordenó que el original fuese protocolizado en la notaría del licenciado Efraín Ramírez, dejando en el récord una copia literal firmada por los interesados.

El incidente en cuanto a la admisión en evidencia de la escritura de partición ocurrió así:

El abogado de los demandantes hizo constar que por haberse extraviado la copia inscrita en el registro, ofrecía en evidencia la escritura original, suscrita por las partes, que consta en el expediente de la administración judicial. Se opuso la representación de los demandados “porque el hecho de que una finca esté descrita en una escritura de partición no quiere decir que sea de la propiedad de a quien se le adjudicó.” Fué admitida la escritura y la defensa anotó su excepción. Al ser ofrecida la escritura en el acto de la segunda comparecencia, volvió a oponerse el abogado de los demandados, primero, porque la escritura debió haber sido ofrecida en el acto de la primera comparecencia, para.qne los demandados hubiesen tenido oportunidad de examinarla; segundo, porque la mejor prueba sería una copia certificada de la escritura que consta en el protocolo del notario; y tercero, porque la escritura no demuestra que la. finca fuera del causante de la herencia.

La escritura de partición era admisible en evidencia en contra de la interventora. Fué ella una de las partes otor-gantes y su firma aparece al pie del documento original apro-bado por la corte de distrito en el expediente sobre partición de la herencia de Andrés Oliver. En el documento, después de describir la finca, los otorgantes hicieron constar que “esta finca la adquirió don Andrés Oliver Roses, causante, por compra a The Federal Land Bank of Baltimore, Puerto Rico Branch, en escritura número veinte, pasada ante el notario don José R. Aponte, con fecha siete de abril de mil novecientos treinta y uno. Este título no está inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre del causante, cuyo requi-sito se llenará, pero lo está a nombre de la corporación vendedora al folio 162, vuelto, del tomo 133 de Arecibo, finca número 5363, inscripción 6a.” Habiendo hecho y suscrito tales manifestaciones y aceptado que la finca fuese adjudi-cada a los tres herederos demandantes, la interventora está impedida de atacar el título de dichos demandantes y de negar el derecho que tienen éstos como dueños a reclamar la posesión del inmueble.

La imputación de que la corte inferior actuó movida por pasión, prejuicio y parcialidad al apreciar la prueba carece de fundamento. Las dos cartas de Oliver a la interventora, requiriéndola' de amores, no hacen referencia alguna a la alegada donación de la propiedad a favor de la interventora. La prueba testifical aducida por la interventora tendía a establecer el hecho de que Oliver había tenido la intención de hacer donación de la finca a sn concubina. Esa prueba, aun cuando no fue objetada por la parte demandante, era legalmente insuficiente para establecer una donación válida, toda vez que de acuerdo con el artículo 575 del Código Civil (ed. 1930), para que sea válida la donación de cosa inmueble ba de hacerse en escritura pública.

La prueba aducida por la interventora no es suficiente para establecer un conflicto de títulos entre ella y los demandantes. Véanse: Lafontaine v. Lafontaine, 30 D.P.R. 194; Marrero v. Plumey, 35 D.P.R. 1015; Franceschi v. Claudio Elena, 51 D.P.R. 495; y Molina v. Molina, 54 D.P.R. 227.

La sentencia apelada se ajusta a derecho y dehe ser con-firmada.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Cipriano Manrique, demandante y apelado, v. Isidoro Alvarez, demandado y apelante.
    Núm. 7930.-

    Sometido: Febrero 5, 1941.

      Resuelto: Febrero 17, 1941.

      Dubón <& Ochoteco y Rodrigo Otero Suro, abogados del apelante; Arturo Aponte, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Demandante y demandado son dueños respectivamente de dos casas ubicadas en la ciudad de Caguas, separadas por un callejón de un metro veinte centímetros de ancho, que ambos litigantes han venido utilizando por espacio de muchos años para dar salida a las aguas que caen de sus tejados y a las que proceden del patio del demandante. El callejón estaba pavimentado de concreto y tenía cierto declive desde los costados hacia el centro que le permitía recoger las aguas sin derramarlas por los lados, y verterlas en la calle Jiménez Sicardó. No existió controversia alguna entre las partes con respecto al uso del callejón, pareciendo ambas satisfechas en cuanto a su suficiencia para cumplir los fines a que había sido destinado, hasta que el sábado 13 de noviembre de 1937 el demandado, siguiendo la indicación de otra persona, se dispuso a variar la forma en que operaba el indicado callejón, construyendo un canal de concreto a todo el largo de su centro y levantando su superficie a tal altura que, según el demandante, las aguas pluviales derramaban en el interior de su casa. Protestó el demandante sin resultado positivo alguno, ya que el demandado violentamente insistió en llevar adelante su obra, terminándola en la tarde del domingo 14. Alegando el demandante que lo hacía én protección de su propiedad, el mismo domingo destruyó la obra del demandado, por lo menos par-cialmente, y al siguiente día instó este pleito de injunction en la corte inferior. Existe una marcada controversia con respecto al título de dominio sobre el callejón, pues mientras el demandante sostiene que el solar en que ambas casas en-clavan, así como el callejón, pertenecen al municipio de Caguas, afirma el demandado que tanto el solar de su casa como el callejón son de su exclusiva propiedad; pero sea como fuere, esta cuestión, dada la naturaleza de la acción ejercitada, en nada afecta la resolución del caso. El deman-dado, sin embargo, no niega que el callejón lia venido utili-zándose en común por ambas partes por espacio de muchos años, y acepta que ese uso por parte del demandante se ex-tiende a varios años antes de que el demandado adquiriese su casa, pero alega que el demandante ha venido usándolo sin derecho a ello, por mera tolerancia suya; que si como alega el demandante existe servidumbre de desagüe de edi-ficios sobre el citado callejón, los actos realizados por el de-mandado no constituyen una perturbación cuando, como pre-tende éste, el propósito de su obra es hacer menos gravosa la servidumbre, ya que según él, le resultaba incómoda y perjudicial, privándole de hacer obras, reparaciones o mejoras importantes, asegurando que la variación intentada no re-sulta gravosa ni perjudicial al predio dominante ni perju-dica al demandante en el goce y disfrute de dicha servi-dumbre. Como anticipáramos, el hecho de que el callejón pertenezca al municipio o al demandado, es inmaterial a los efectos de este caso, ya que dentro del interdicto posesorio no se dirimen cuestiones de título, sino el hecho de la posesión real, y de la declaración del propio demandado resulta que dentro del año anterior a la interposición de la demanda y desde muchos años antes el demandante venía compartiendo con el demandado el uso y disfrute del callejón en la forma y para los fines indicados. De manera, pues, que asumiendo con el demandado que el callejón es de su propiedad y no del municipio, y asumiendo una voz más que no existe la alegada servidumbre, ami así el demandante tiene un claro derecho a ser protegido en esa posesión mediante la acción de inter-dicto que lia establecido. Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933, artículos 690 y 691.

Asumiendo por último que existe la servidumbre que alega el demandante, ¿puede el demandado dentro de las circumstancias de este caso invocar los artículos 481 y 523 del Código Civil en oposición a las pretensiones del demandante? Es verdad que como prescribe este último artículo, el dueño del predio sirviente que sufra la servidumbre de vertiente de tejado — concediendo que el demandado sea dueño del callejón — tiene derecho a dar a las aguas otras salidas de acuerdo con las ordenanzas o costumbres locales, de suerte que no resulte gravamen ni perjuicio alguno para el predio dominante. También es cierto que el artículo 481 del citado cuerpo legal autoriza al dueño del predio sirviente a variar a su costa la forma establecida para el uso de la servidumbre, si llegare ésta a serle muy incómoda o le privase de hacer en el predio sirviente obras, reparos o mejoras importantes, siempre que ofrezca otro lugar o forma igualmente cómodo, y de suerte que no resulte perjuicio alguno al dueño del predio dominante o a los que tengan derecho al uso de la servidumbre. Pero ¿quién es el árbitro que determina si la variación perjudica o no al dueño del predio dominante? ¿Es acaso el dueño del predio sirviente? ¿Lo es el del dominante? Ni uno ni otro. Esa facultad corresponde a los dos de consuno, y si no existiere acuerdo o conformidad entre ellos, a la autoridad judicial. A este efecto dice Scaevola:

“.. .Determinar si la variación que se intenta perjudica o no a quien tiene derecho a gozar de la servidumbre, no es cuestión jurídica,° es de hecho, puesto que queda al criterio de las personas interesadas, y en su defecto a la autoridad judicial. La variación que el dueño del predio sirviente cree cómoda, puede estimarla perjudicial el del dominante, porque la comodidad, como la utilidad de una cosa, son. conceptos, no absolutos, sino relativos, en cuanto dependen de la apreciación de las personas que usen de la cosa, y en desacuerdo de ella, la de los peritos, ya particularmente, ya judicialmente si surgiese controversia entre las partes.” 10 Scaevola, “Código Civil”, pág. 815.

Aunque en su contestación alega el demandado que la servidumbre en la forma en que se usaba le resultaba incó-moda y perjudicial y le privaba de hacer en su propiedad obras, reparos o mejoras importantes, no existe evidencia alguna que tienda a sostener tales alegaciones. De todos modos, aunque así fuere, no habiendo acuerdo entre las par-tes, como en efecto no lo hubo, era el deber del demandado, si insistía en llevar a cabo la obra, recurrir a la corte com-petente para que dirimiese la controversia, y en ningún caso tratar de convertirse en árbitro absoluto de los derechos del demandante. Al actuar como lo hizo el demandado, procedió correctamente el demandante instando esta acción de inter-dicto posesorio.

“Si el dueño del predio sirviente intenta variar la servidumbre en virtud del artículo 545 (481 del de Puerto Eico), el dueño del predio dominante o las personas que tengan derecho al uso de ser-vidumbre podrán oponerse a la variación utilizando el interdicto de retener si se trata de variación de lugar y forma del ejercicio de la servidumbre, y el de obra nueva si de la realización de obra.” Obra y tomo citados, pág. 317. (Bastardillas nuestras.)

Por último, no erró la corte sentenciadora al condenar al demandado al pago de $100 por concepto de honorarios de abogado, ante su manifiesta temeridad al insistir en variar a su gusto el ejercicio de la servidumbre que desde 1918 y antes de que el demandado poseyese su casa, venía disfrutando el demandante en la misma forma.

Debe desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Arcadio Ortiz Hernández, peticionario, v. Corte de Distrito de Arecibo, Hon. R. Agraít Aldea, Juez, demandada.
    Núm. 345.

    Sometido: Enero 13, 1941.

      Resuelto: Febrero 19, 1941.

      Diego E. Ramos, abogado del peticionario; el juez demandado com-pareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver es la de- si un juez de distrito en un caso en cobro de dinero seguido de acuerdo con la Ley Núm. 10 de 1921 (pág. 113) procedente de una corte municipal, está obligado a cumplir con la obligación que le impone el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil de hacer y archivar una opinión escrita al tiempo de dictar sentencia, y en caso de que se negare, si puede compelérsele por medio de mandamus.

De los autos resulta que Arcadio Ortiz Hernández presentó en la Corte Municipal de Arecibo una demanda ‘ ‘ Sobre: Cobro de Dinero, Ley 10, 1921 ’ contra Fermín V. Cachola, alegando que el demandado actuó como juez municipal en cierta causa que se siguió contra el demandante y se declaró sin jurisdicción en la misma por aparecer que el delito se había cometido en un distrito municipal que no era el suyo, y que eso no obstante, ilegal, voluntaria y caprichosa-mente y con intención de privarle de su libertad lo detuvo en el salón de sesiones de la corte por espacio de cuarenta y cinco minutos, ocasionándole daños y perjuicios por valor de cien dólares.

Fué el caso en apelación a la Corte de Distrito de Arecibo celebrándose el juicio en octubre 31,1940, y dictando el mismo día la corte su sentencia en los siguientes términos: “Vista la evidencia presentada en juicio, la corte declara sin lugar la demanda con las costas al demandante.”

“Al día siguiente el demandante pidió a la corte que con-signara los fundamentos de su fallo y la corte se negó. In-sistió y obtuvo el mismo resultado. Presentó entonces esta petición de mandamus ante este tribunal. El auto fné ex-pedido, celebrándose la vista el trece de enero último.

En su contestación el juez de distrito sostiene que el ar-tículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil no rige para los casos especiales tramitados de acuerdo con la Ley Num. 10 de 1921 (pág. 113) enmendada por la 34 de 1937 (pág. 162) y tiene razón a nuestro juicio.

Es cierto que el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó enmendado en 1925 (Ley Num. 25 de 1925, pág. 179) se refiere al “juicio definitivo de cualquier caso en una corte de distrito” y que es posterior a la Ley Núm. 10 de 1921, pero interpretado a la luz de la razón se concluye que no fué el propósito del legislador al aprobarlo obstaculizar la. rapidez que antes había impreso a las peque-ñas reclamaciones que reguló por su ley de 1921, como nece-sariamente habría de suceder si para las mismas rigiera.

Todas las disposiciones que esa ley especial contiene, tien-den a acelerar el procedimiento. Los términos se acortan y los juicios tanto en la corte municipal como en la de distrito' no están sujetos a calendario, debiendo celebrarse el de la úl-tima ajustándose a los trámites de la ley especial, y por tanto dictarse la sentencia el mismo día, o al siguiente.

Además como de la sentencia que dicte en apelación la corte de distrito no hay apelación para ante esta Corte Su-prema, el motivo principal que tuvo el legislador para exi-gir el archivo de la opinión, no existe.

Por supuesto que al decidir que no es obligatorio en casos de esta naturaleza el archivo de una opinión, no queremos in-ducir a la corte a que no la emita. Al contrario, creemos que debe hacerlo cuantas veces pueda, ya que la experiencia de-muestra cuán beneficioso es para la causa de la justicia el que los jueces razonen siempre las sentencias que pronun-cien.

Se anula al auto expedido y se declara en definitiva sin lugar la solicitud.