author: El Juez Asociado Señor Córdova Díávila

text:
    Julio Aguilera, demandante y apelado, v. Ramón Pérez Lugo, Antonio Antonmattei y el Márshal de la Corte de Distrito de Ponce, demandados y apelantes.
    Núm. 7193.

    Sometido: Diciembre 16, 1936.

      Resuelto: Febrero 19, 1937.

      Tomás Paz, abogado de los apelantes; Enrique Báez García, abogado) del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Díávila

emitió la opinión del tribunal.

Julio Aguilera alega que tiene establecido su derecho de bogar seguro sobre una casa de madera, construida en uu solar del Municipio de G-uánica. Los demandados Ramóu Pérez Lugo y Antonio Antonmattei, alegan en su contesta-ción a la demanda la siguiente defensa:

"Que la presente acción del demandante no procede por ser cosa juzgada y resuelta definitivamente por el hecho de que este mismo demandante Julio Aguilera esa misma acción de hogar seguro la es-tableció ante esta Hon. Corte bajo el civil núm. 2958 contra el de-mandado Ramón Pérez Lugo por los mismos becbos que se estable-cen en su demanda abora y se dictó sentencia por esta Corte en 26 de enero de 1931, deelarandb sin lugar la demanda y no conforme «1 demandante apeló para ante la-’Hon. Corte de Distrito del Distrito ■Judicial de Ponee, con fecha 5 de febrero de 1931, y con fecha mayo 7 de 1931, dicha Corte de Distrito de Ponce desestimó la apelación ■que se estableció bajo el número 5696, sentencia que quedó firme y ■ejecutoria por no haber establecido apelación para ante la Hon. Corte ^Suprema de Puerto Rico dicho demandante Julio Aguilera. Y exis-tiendo identidad de demandante y demandado, por la misma causa y reclamación, la acción que se establece tiene por tanto el impedi-mento de tal cosa juzgada, de acuerdo con el artículo 1219 de] Có-digo Civil vigente..”

La corte inferior declaró sin lngar la defensa que ante-cede, establecida por los demandados, y falló el caso a favor de la parte demandante. Alegan los apelantes que dicho tribunal incurrió en error al declarar sin lugar la defensa especial de impedimento o cosa juzgada, y solicitan la revoca-ción de la sentencia apelada.

Surge de los autos y así aparece declarado por la corte inferior en sus conclusiones de hecho, que en diciembre de 1929 el demandado en esta acción, Ramón Pérez Lugo, ra-dicó en la Corte Municipal de Yauco una demanda en cobro de dinero contra Julio Aguilera, obteniendo sentencia a su favor. Para hacer efectiva esa sentencia se trabó embargo sobre la casa de Julio Aguilera que se describe en la presente acción. Radicó entonces Aguilera una demanda en la Corte Municipal de Yauco, alegando su derecho de hogar seguro sobre la referida finca. Esta demanda fué excepcionada so-bre la base de que la misma no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. Declarada con lugar la ex-cepción previa y dictada sentencia en contra de la parte de-mandante, estableció ésta recurso de apelación para ante la Corte de Distrito de Ponce. Este recurso fué desestimado por no haberse notificado de la transcripción de autos al ape-lado Pérez Lugo, adquiriendo el carácter de firme la referida sentencia.

La corte municipal no concedió permiso al demandante para enmendar la demanda al resolver la excepción previa de falta de hechos y dictar sentencia contra él. La excepción se formuló en términos generales sin hacerse constar por el demandado las razones que sirvieron de base a la alegada falta de causa de acción. La resolución de la corte, dictada también en términos generales, no expone los fundamentos que tuvo el tribunal para sostener la excepción y declarar sin lugar la demanda.

Los hechos alegados por los demandados en su defensa especial han quedado satisfactoriamente demostrados me-diante prueba documental. Sobre este particular no hay con-troversia entre las partes, pero el demandante sostiene que estos hechos, así alegados y probados, no constituyen base para sostener la defensa de cosa juzgada.

Una sentencia dictada al sostener una excepción previa decide definitivamente los hechos confesados en virtud de la excepción, como pudiera hacerlo un veredicto o sentencia de-clarando probados los mismos hechos alegados en la de-manda.

Por lo tanto, cuando la excepción se dirige a los méritos de la acción, la sentencia que recaiga, basada en esa excep-ción, puede alegarse victoriosamente en un litigio entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción. La sen-tencia, sin embargo, no puede surtir el carácter de cosa juz-gada cuando se trata de cuestiones puramente formales y todos los méritos del caso no han quedado decididos por la excepción.

Ordinariamente, una sentencia dictada en virtud de una excepción previa de carácter general constituye una decisión definitiva sobre los méritos del litigio. Perkins v. Moore, 16 Ala. 17; Brown v. Kirkbridge, 19 Kan. 588; Weatherford v. Nuveen, 211 Ill. App. 411; Pettis v. McLain, 21 Okl. 521, 98 P. 927; El Reño v. Cleveland-Trinidad Paving Co., 25 Okl. 648, 27 L.R.A. (N. S.) 650, 107 P. 163. El fundamento de esta regla es que una excepción previa general admite como ciertos todos los hechos alegados en la demanda, y qne por lo tanto una sentencia basada en esa excepción tiene carác-ter definitivo en cuanto a dichos hechos, como si el deman-dante los hubiese probado y obtenido sentencia a su favor. Bomar v. Parkers, 68 Tex. 435, 4 S.W. 599. No todas las excepciones previas generales van, sin embargo, dirigidas a los méritos de la causa de acción. Por ejemplo, las de falta de jurisdicción, aunque dirigidas en general contra la acción en su totalidad, no impugnan en forma alguna la suficiencia legal de los hechos alegados en la demanda. La sentencia que se dicte en estas condiciones resolviendo favorablemente al demandado la excepción de falta de jurisdicción, no re-suelve los méritos del litigio.

La excepción previa que alega que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción va dirigida a los méritos de la causa de acción, pues impugna la suficiencia legal de los hechos aducidos en la demanda, le-vantando así controversia sobre cuestiones que al resolverse disponen de los méritos del caso, a menos que la corte con-ceda permiso al demandante para que enmiende la demanda. Alley v. Nott, 111 U. S. 472, 28 L. Ed. 491; Parrottee v. Dryden, 73 Neb. 291, 102 N. W. 610; Hirshhach v. Ketchum, 80 N. Y. Supp. 143; Moore v. Chattanooga Elec. R. Co., 119 Tenn. 710, 16 L.R.A. (N. S.) 978, 109 S.W. 497; Plant v. Carpenter, 19 Wash. 621, 53 P. 1107.

En el caso de Bissell v. Spring Valley Township, 124 U. S. 225, 233, se cita a Gould, en su Tratado sobre Procedimiento, copiándose lo siguiente:

“Una sentencia basada en una excepción es definitiva (by way of estoppel) de los hechos confesados por dicha excepción, así como lo es un veredicto declarando probados dichos hechos, puesto que han quedado establecidos tanto en la causa anterior como en la última, por medio de los autos. Y hechos así establecidos, no pueden ser más tarde discutidos entre las mismas partes o sus causahabientes. Cap. IX, 1a. parte, sec. 43.”

En el caso de Parrotte v. Dryden, 102 N. W. 610, la Corte Suprema de Nebraska se expresó así:

“Una excepción previa a nna demanda basada en que la misma no aduce hechos bastantes para constituir una causa de acción, equi-vale a una excepción general a una demanda en el derecho común y promueve cuestiones que una vez probadas, dispondrán del caso en la forma alegada en la demanda por sus propios méritos, a menos que se conceda permiso para enmendar. El juicio de tal ‘issue’ es el juicio de la causa y no la decisión de una simple cuestión de forma en el procedimiento. No puede celebrarse otro juicio a me-nos que la corte lo conceda a su discreción, y una sentencia final basada en la excepción constituiría una determinación definitiva de los derechos de las partes, que puede ser alegada para impedir cual-quier otra demanda por la misma causa de acción. (Citas.) ”

Las palabras que anteceden ban sido literalmente trans-critas por la Corte Suprema de Nebraska de la opinión emi-tida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en Alley v. Nott, 111 U. S. 472, 475.

En Sudderth v. Harris, 181 S. E. 123, la Corte de Apelaciones de Georgia, Segunda Division, se expresa así en un caso resuelto en 1935:

“Una sentencia sosteniendo una excepción previa a una demanda basada en que la misma no establece una causa de acción, es una decisión sobre los méritos del caso. La sentencia es res judicata de la causa de la acción así promovida. (Citas.) ”

En Hart Steel Co. v. Railroad Supply Co., 244 U. S. 294, 299, la Corte Suprema de los Estados Unidos se expresa así:

‘ ‘ Esta doctrina de res jndÁcata no es una simple cuestión de prác-tica o procedimiento heredada de otros tiempos más técnicos que los nuestros. Es una regla de justicia fundamental y sustancial, ‘de interés público y de paz privada’, que debe ser observada y puesta en vigor por las cortes con el fin de que los derechos, una vez esta-blecidos por una sentencia final de una Corte de jurisdicción com-petente, sean reconocidos por aquellos que están obligados por la sentencia in every way, wherever the judgment is entitled to respect. Kessler v. Eldred, 206 U. S. 285.”

En Wade v. Peters, 13 A.L.R. 1100, la Corte Suprema de Oregon establece la doctrina de que una sentencia soste-niendo una excepción previa y desestimando la demanda por-que la misma no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción, constituye, mientras no sea revocada, una decisión definitiva de las cuestiones contenidas en la demanda y puede ser alegada contra una acción subsecuente por la misma causa. Agrega la corte, citando el caso de O’Hara v. Parker, 27 Or. 156, 39 P. 1004, que cuando una alegación esencial se ha omitido en la demanda excepcionada, un de-creto de desestimación no es obstáculo para que se presente nuevamente la misma demanda contra las mismas partes si el hecho esencial omitido aparece alegado en la segunda ac-ción. Luego de discutir esta cuestión dice la corté:

“Esta concisa exposición de la ley es clara y exacta y está con-firmada por nuestras investigaciones de las decisiones judiciales. No puede alegarla a su favor, sin embargo, el demandante en la presente acción, puesto que un examen cuidadoso de la demanda en la acción anterior demuestra que ninguna alegación esencial fué omitida y que la última acción no contiene ninguna alegación sustancial que no baya sido alegada en la primera. Siendo ello así, hay que concluir que el único recurso efectivo del demandante en la primera acción fué haber apelado de la sentencia basada en la excepción previa, y ha-biendo dejado de hacerlo así, él está obstaculizado de establecer el presente procedimiento. ’ ’

Véase también la anotación que aparece al calce del caso que acabamos de citar.

En California se ha sostenido la misma doctrina. En el caso de Dyment v. Board of Medical Examiners, reportado en el tomo 268 del Pac. ítep., pág. 1073, se dice lo siguiente:

“Es una cuestión decidida por las decisiones de California (15 Cal. Jur.) que si bien una sentencia sosteniendo una excepción pre-via a la demanda por falta de causa de acción impide que pueda es-tablecerse una acción subsiguiente alegando los mismos hechos, esta doctrina no prevalece cuando en la segunda demanda se alega un hecho esencial que fué omitido en la primera.”

Ésta es una regla firmemente establecida por las decisio-nes judiciales. Una sentencia declarando con lugar una ex-cepción previa de falta de causa de acción no sostiene una defensa de res judicata a una demanda en la cual se subsana el error cometido, incluyendo la alegación esencial omitida en la primera demanda.

Sostienen, además, los tribunales qne cuando la corte que ba dictado la sentencia tiene jurisdicción, los errores de que adolezca dicha sentencia no son óbice para que pueda ale-garse contra una acción subsecuente. Una sentencia no pierde su efectividad de res judicata por el mero hecho de que sea ilegal o errónea. Clemens v. Kansas Gas & E. Co., 69 A.L.R. 999, y anotación que aparece al calce del caso citado.

En Calaf v. Calaf, 17 D.P.R. 218, se presentó una excep-ción previa a la demanda, alegando que los demandantes no tenían capacidad legal para demandar, que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción, que la misma era ambigua, y que la acción de reconoci-miento de hijo natural ejercitada por los demandantes había prescrito. La corte inferior declaró con lugar las referidas excepciones. Apelado el caso para ante este tribunal, se de-claró que negado el reconocimiento de hijo natural por sen-tencia anterior, no podía contradecirse ni discutirse esa de-cisión en un pleito posterior.

Este caso fué confirmado por la Corte Suprema de Esta-dos Unidos en Calaf v. Calaf, 232 U. S. 371. Sosteniendo la alegación de cosa juzgada, dijo dicho tribunal:

“La Corte Suprema de Puerto Rico ha aplicado el principio aquí y sería necesario que se nos citase la más clara autoridad para que nosotros dejásemos sin efecto un principio que nos parece obviamente correcto. Se alega que la sentencia no fué definitiva en el caso anterior. Sobre una cuestión de esta naturaleza, nosotros seguimos a las cortes locales a menos que se produzcan en contrario razones más. poderosas que las que surgen del presente caso.”

Ésta fué la decisión de nuestro tribunal en aquel caso, en que se establecieron las defensas que hemos apuntado. .Hay tribunales que sostienen que cuando una excepción previa se dirige contra defectos de forma y contra los méritos de la acción, una sentencia que no especifique las razones que sir-vieron de base a la decisión tendrá la presunción de haber resuelto las cuestiones de forma. Bissell v. Spring Valley Twp., supra; Motes v. Gila Valley G. & N. Ry. Co., 11 Ariz. 39, 89 Pac. 410; Griffin v. Seymour, 15 Iowa 30, 83 Am. Dec. 396; Goldsborough v. Hewitt, 23 Okla. 66, 128 Am. St. Rep. 795, 99 P. 907. Hay otros que sostienen la doctrina contra-ria, es decir, que una sentencia o decreto en virtud de una excepción previa que afecta a los méritos de la causa de ac-ción y a la forma de la misma, produce el efecto de res judicata. State ex rel. Schmidt v. Superior Ct., 62 Wash. 556, 114 Pac. 427; Schroers v. Fisk, 10 Colo. 599, 16 Pac. 285; Merrill v. Board of Com’rs. of Ness County, 7 Kan. App. 717, 52 Pac. 109.

En nuestro caso la primera demanda fue exeepeionada por no aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción. Esta fué la única excepción presentada, sin que se adujera por el entonces demandado ningún defecto de forma. Hemos leído detenidamente la demanda interpuesta en la Corte Municipal de Yauco y la que ha sido interpuesta por el demandante en el presente caso, y llegamos a la con-clusión de que en la demanda radicada en este segundo liti-gio no se alega ningún hecho esencial a la causa de acción que no esté alegado en la demanda radicada en el pleito anterior. Ambas demandas son sustancialmente idénticas. Por estas razones, estimamos que la Corte de Distrito de Ponce erró al declarar que la referida sentencia no constituye un impedimento para el establecimiento de la presente acción.

Debe revocarse la sentencia apelada y declararse sin lu-gar la demanda, sin especial condenación de costas.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Jijez Asociado Señor Wolf

license: Public Domain

text:
    Arturo Laza, demandante y apelante, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelada.
    Núm. 6905.

    Sometido: Febrero 12, 1936.

      Resuelto: Febrero 19, 1937.

      Mariano Acosta Velarde, abogado del apelante; Celestino Iriafte, F. Fernández Cuyar j 11. González Blanes, abogados de la apelada.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Jijez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior hizo más o menos el siguiente resumen de los hechos esenciales: que en la mañana del día 7 de marzo de 1932 el demandante abordó el antobús número P 29 de la demandada para ser conducido desde Santnrce a San Juan; qne en la Avenida Ponce de León y frente al Casino de Puerto Rico, a la salida de la capital, la demandada tiene establecida una parada o estación para que los pasajeros suban o des-ciendan de sus vehículos, y al llegar a dicho sitio el autobús en que viajaba el demandante paró detrás de otro autobús propiedad de la demandada, tablilla número P 180; que el demandante descendió del autobús en que viajaba e intentó cruzar la avenida Ponce de León por el pasadizo o espacio existente entre dichos dos vehículos; que al moverse, el au-tobús número P180 retrocedió y atrapó el cuerpo del de-mandante, fracturándole el muslo, con el resultado de que el demandante quedó lesionado, cojo, teniendo necesidad de usar muletas para andar. Los actos específicos de negligen-cia imputados a la demandada fueron (a) retroceder la gua-gua P180 sin dar aviso o señal; (b) retroceder la guagua P 180 sin que el chófer de la misma se cerciorase si había alguna persona detrás de dicho vehículo'; (c) no estar pro-visto del espejo correspondiente para poder ver hacia atrás, etc.; (d) no haber los empleados de la demandada advertido al chófer de la guagua P 180 que al retroceder atraparía al demandante; (e) el hecho de que la demandada tenía cono-cimiento del uso o costumbre que tenían los pasajeros de cru-zar por detrás de dichos vehículos al abordar o descender de los mismos, y al no tomar precauciones para evitar el acci-dente. La corte desestimó la demanda.

El apelante en su alegato discute el pronunciamiento de la corte inferior al efecto de que el retroceso de la guagua de la demandada no fue un acto voluntario. En otras palabras, que el chófer no intentó ir hacia atrás. Quizá la intención pndiera desempeñar algún papel, pero si la de-mandada tenía motivo para.saber la tendencia a retroceder, la intención no tendría mucho qne ver en el caso. Sucede qne al tiempo del accidente existía nn declive (qne ya no existe) en la carretera hacia el este y qne al qnitar los fre-nos de nna gnagna, ésta tendía a retroceder. No nos ha con-vencido el apelante qne dicho retroceso fnera nn acto de ne-gligencia.

El apelante también dió algún énfasis a la conclusión de la corte inferior de qne la gnagna estaba equipada con el espejo correspondiente. No estamos exactamente de acnerdo con dicha corte cnando dice qne después de nna inspección por los funcionarios llamados a hacerla, etc., surgiría la presunción de qne la compañía cumplía con la ley y qne por lo tanto tenía nn espejo. Lo qne sí creemos, sin embargo, es qne existe nna inferencia ordinaria de hecho de qne la gnagna estaba provista de nn espejo y qne como parte de sn imputación de negligencia el demandante estaría obligado a demostrar la falta del mismo. Esta disensión resulta no tener importancia debido a la manera en qne ocurrió el accidente.

El demandante penetró detrás del antobús por el lado derecho, estando la gnagna de frente para el oeste. En ese sitio ningún espejo podría haber permitido al chófer ver el peligro inminente del demandante o posiblemente aun el cuerpo de éste. El demandante estaba demasiado cerca a la parte trasera de la gnagna. El acto de cruzar y el de iniciar sn marcha la gnagna ocurrieron casi simultáneamente. El supuesto espejo no habría ayudado al chófer a evitar el accidente.

Otra crítica del apelante es qne la corte inferior no resolvió claramente si lo qne hubo fné falta de negligencia por la demandada o negligencia contribuyente de parte del demandante. La corte dijo, entre otras cosas, qne el demandante pudo haber continuado sn marcha por la acera hasta llegar a la esquina y allí haber cruzado la calle. No esta-mos del todo seguros de que esta consideración milita en contra del demandante, ya que no aparece que haya un policía de tránsito estacionado en la esquina o que los vehículos sean controlados por luces. Lo que más especialmente resolvió la corte fué que cuando un hombre cruza entre dos vehículos corre su propio riesgo de que le suceda un accidente, y nos-otros así lo convenimos.

La corte da énfasis al hecho de que el demandante dijó que se había lanzado a cruzar. Este último explicó que no había querido significar con esta frase prisa especial alguna, y resolvemos que sus palabras carecían de importancia.

El apelante sostiene que la corte convino en que había un espacio de dos metros entre las guaguas. Las palabras de la corte fueron las siguientes:

“Los testigos del demandante calculan de uno a uno y medio metros el espacio que había entre los dos autobuses; los de la deman-dada de 8 pulgadas a un pie o pie y medio. Claro que estas medi-das se alejan por completo de la realidad; el demandante en su ho-nesta declaración, dijo que al bajar vió que entre la primera y la segunda guagua había espacio bastante para pasar y se lanzó a ello. De esto debemos inferir que la alegación de pasadizo o pasaje que hace en su demanda es la correcta y que el espacio entre una y otra era estrecho.”

Creemos, como tienden a demostrarlo la evidencia y la fuerte probabilidad, que la corte quiso' decir que el espacio entre las dos guaguas era estrecho. Apreciando todo el tes-timonio llegamos a la conclusión de que la distancia era quizá un metro o menos. Probablemente si la distancia hubiese sido mayor, nada hubiera ocurrido que lesionase al deman-dante cuando retrocedió la guagua.

El demandante declaró que se viró un poquito cuando vió que el vehículo retrocedía. Quizá si hubiera seguido rápida-mente, nada serio le habría ocurrido. Esta consideración de por sí no tiene mucha significación.

Más que ninguna otra cosa, resolvemos que esta lesión, en cuanto a la compañía se refiere, participa de la naturaleza de un accidente inevitable, o que el demandante fue primordial-mente responsable de lo sucedido. La demandada no pudo prever que algo ocurriría. Si otras personas habían cruzado antes, aparentemente lo habían hecho con seguridad. Nada hay que demuestre que el demandante no eligió un momento desgraciado para cruzar, bien sea en cuanto al tiempo o por-que el espacio entre las dos. guaguas era demasiado estrecho. La corte propiamente hizo recaer el peso de la responsabili-dad sobre el demandante y la falta de una caracterización adecuada de negligencia no desempeñó ni desempeña un gran papel para la corte inferior o para nosotros.

Debe confirmarse la sentencia -apelada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.

El Juez Presidente Señor Del Toro disintió.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    M. Grau e Hijos, demandante y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 6910.

    Sometido: Febrero 21, 1936.

    Resuelto: Febrero 19, 1937.

      José Sabater, abogado de la apelante; Hon. Procurador General B. Fernández Ga/rcía y B. Cordovés Arana, Procurador General Au-xiliar, abogados del apelado. .
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso resuelto contra la demandante por la Corte de Distrito de Mayagüez a base de una excepción previa de la demanda y por ende los hechos alegados deben aceptarse como ciertos. Se admitió que la demandante no podía enmendar. M. Grau e Hijos era una sociedad debidamente organizada con domicilio en Mayagüez. Era dueña de cierto edificio que se describe plenamente en la demanda y alegaba que determinadas partes del mismo fueron destruidas por una' explosión y por el subsiguiente incendio y que los daños ocasionados a la demandante ascendían a $3,844.12.

Ahora bien, no puede haber duda alguna de que la explosión y el incendio que le sucedió fueron resultados de la pólvora u otros explosivos almacenados en un edificio contiguo del cual la Guardia Nacional era arrendataria. La demanda alega, y la corte inferior desde luego- podía tomar conocimiento judicial de ello, que la Guardia Nacional es un cuerpo organizado por la Legislatura de Puerto Rico para desempeñar ciertos deberes, y tampoco puede haber duda alguna de que los oficiales de la Guardia Nacional tienen facultad para tomar en arrendamiento edificios para el almacenaje de las materias explosivas que puedan necesitar.

Originalmente M. Grau e Hijos presentó una recla- ■ mación contra El Pueblo de Puerto Rico, cuya demanda fue declarada sin lugar debido a que no existía autorización para demandar al Pueblo de Puerto Rico por los fundamentos que se alegaban en la misma. Posteriormente la legislatura aprobó xma ley autorizando a la demandante a instruir este pleito contra El Pueblo de Puerto Rico.

Podemos decir aquí que esa ley no impuso al Pueblo de Puerto Rico ninguna responsabilidad que de lo contrario no hubiera tenido. Meramente concedió a M. Grau e Hijos un remedio, si El Pueblo de Puerto Rico tenía una responsabi-lidad sustantiva. Que la exención a ser demandado es sus-tantiva más bien que la inexistencia del remedio se des-prende claramente del caso de Riddoch v. State, 68 Wash. 329, 42 L.R.A. (N.S.) 251, y de los casos en él citados.

La principal controversia en este litigio es si la Guardia Nacional puede ser considerada como un agente especial dentro de los preceptos del artículo 1803 del Código Civil (edición de 1930), que lee así:

“La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.
‘ ‘ El padre, y por muerte o incapacidad de éste, la madre, son res-ponsables de los perjuicios causados por los bijos menores de edad que viven en su compañía.
“Los# tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía.
“Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con oca-sión de sus funciones.
‘1 El Pueblo de Puerto Rico es responsable en este concepto cuando obra por mediación de un agente especial; pero no cuando el daño hubiese sido causado por el funcionario a quien propiamente corres-ponda la gestión practicada, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.
“Son, por último, responsables los maestros o directores de artes y oficios respecto a los perjuicios causados por sus alumnos o apren-dices, mientras permanezcan bajo su custodia.
“La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para preveñir el daño.”

La demandante sostiene que la Guardia Nacional no es un departamento ejecutivo corriente del gobierno y que por tanto . tiene que ser un agente especial.

Aceptándole a la demandante que la Guardia Nacional no es un agente ejecutivo corriente del gobierno, conforme po-dría decirse de cualquiera otro de los departamentos, no obs-tante la cuestión de ejecutivo vel non no es decisiva del caso. Podría haber un número de dependencias corrientes del go-bierno que no podrían calificarse claramente de departamentos ejecutivos. Quizás el cuerpo de la policía es un ejemplo. El hecho cierto es que la Guardia Nacional desempeña ahora una función permanente bajo el Gobierno de Puerto Eico. Be ordinario se reúne y hace ejercicios militares sin desem-peñar ningún otro ministerio útil para El Pueblo de Puerto Eico. No obstante, existe para hacer frente a las emergen-cias que surjan en casos de crisis y puede ser y es distraída para ayudar al pueblo en casos de ciclones, que desgraciada-mente ocurren no con poca frecuencia en Puerto Eico. (Véase el caso de Herlihy v. Donohue, 161 Pac. 164, 166.)

Los actos del Departamento del Interior y aun tal vez los del Departamento de Tesorería, no son totalmente distintos en su naturaleza.

El apelante no nos convence de que la Guardia Nacional sea un agente especial de tal índole que caiga dentro de las disposiciones del artículo 1803 supra. Por tanto el caso se reduce a- la responsabilidad ordinaria del gobierno por los actos de sus agentes autorizados. La inmunidad del go-bierno como consecuencia de estos actos es prácticamente ab-soluta y existe responsabilidad tan sólo cuando el gobierno opta por reconocerla. Merritt v. Gobierno de las Islas Filipinas, 34 Jur. Fil. 332. Esto sólo puede hacerse mediante le-gislación y quizá la demandante debería obtener un remedio de la Legislatura.

La demandante también da algún énfasis al hecho de que El Pueblo de Puerto Eico alquiló este edificio contiguo, más tai arrendamiento por parte de los oficiales de la Guardia Na-cional tampoco impuso responsabilidad para El Pueblo de Puerto Rico. Éste aún así no es responsable de los actos de los agentes que no son especiales dentro del espíritu del artículo 1803.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jneces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Marino Torres Torruellas, demandante y apelado, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante. Allah Torres Torruellas, demandante y apelado, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núms. 6952 y 6953.

    Sometidos: Abril 2, 1936.

      Resueltos: Febrero 24, 1937.

      Son. Procurador General B. Fernández García (Jesús A. González,. Procurador General Interino, en el alegato) y Angel C. Calderón, Subprocurador, abogados del apelante; J. J. Ortiz Alibrán, abo-gado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Estudiaremos conjuntamente estos recursos por estar en-vueltas en ellos las mismas cuestiones. Cada demanda con-tiene dos cansas de acción. La primera causa de acción en la que dio origen al recurso núm. 6952 se establece como ■sigue:

“1. — El demandante es un contribuyente a favor de El Pueblo ■ de Puerto Rico, por contribuciones sobre ingresos, y el demandado, -Manuel V. Domenecb, lo es en su carácter de Tesorero de Puerto Rico.
”2. — El demandante es un ‘ciudadano de Puerto Rico’ tal como lo define la See. 2, inciso 7 de la Ley núm. 74 de Contribuciones so-bre Ingresos de 6 de agosto de 1925, con domicilio permanente en Puerto Rico, siendo residente bona-fide en y antes del año 1926, y basta el momento presente, de la ciudad de Ponce, Puerto Rico, Calle Villa núm. 9 el cual domicilio no ha perdido en ningún momento.
“3. — Después de presentada por el demandante su declaración de ingresos del año de 1926, y pagada la contribución que le fue im-puesta, el demandado le tasó e impuso determinada contribución en concepto de deficiencia por el referido año 1926, de la cual protestó ante la Junta de Revisión, el cual organismo determinó el ingreso neto del demandante en la cantidad de $4,275.84; que no estando conforme el demandante, con la resolución de la Junta, solicitó re-consideración y fué ésta denegada, liquidando entonces el demandado una contribución ascendente a $171.16 que pagó bajo protesta en Nov. 28 de 1933, según recibo núm. 87 (a) que se une a esta demanda y se hace formar parte de la misma.
“4. — Que el demandante está obligado a pagar únicamente por los ingresos determinados por la Junta, como ciudadano de Puerto Rico residente en Puerto Rico, y en concepto de deficiencia por su amo contributivo de 1926, la cantidad de $34.37, habiéndosele impuesto y cobrado en exceso la suma de $136.79 por haber sido considerado erróneamente por el demandado como ciudadano de Puerto Rico no residente la cual suma se reclama en esta primera causa de acción.”

■La segunda causa de acción se refiere a la contribución sobre ingresos correspondiente al año 1927. La demanda en' el recurso núm. 6953 con la excepción del nombre del con-tribuyente es igual a la del 6952. Ambos contribuyentes son hermanos.

Contestando las demandas, negó el demandado que los de-mandantes fueran ciudadanos de Puerto Rico y que resi-dieran en la Isla, aceptó los hechos relativos al cobro de la contribución y al pago bajo protesta de parte de la misma, pero negó que el cobro fuera ilegal, afirmando que se hizo de acuerdo con el estatuto por no residir los contribuyentes-demandantes en la Isla de Puerto Rico.

Trabada así la contienda, fue el pleito a juicio. Se prac-ticó prueba y la corte exponiéndola y analizándola en su opi-nión concluyó que los contribuyentes demandantes tenían su residencia permanente en el Estado de Nueva Jersey pero eso no obstante como eran ciudadanos de Puerto Rico y de los Estados Unidos y no podían establecerse diferencias entre ciudadanos de Puerto Rico y de los Estados Unidos resi-dentes y no residentes, tenían derecho al beneficio que para los residentes acordaba la ley, y en su consecuencia declaró la demanda con lugar.

De la opinión de la corte transcribimos:

“Los demandantes son ciudadanos de Puerto Rico y de los Esta-dos Unidos, que residen en East Orange, New Jersey, Estados Uni-dos de América, y les es aplicable la exención que se concede a los ciudadanos residentes de Puerto Rico, porque de otro modo se esta-blecería una desigualdad (discrimen) entre ciudadanos de Puerto Rico y de los Estados Unidos residentes y no residentes en Puerto Rico y los Estados Unidos continentales. La contribución fue impuesta a virtud de la sección 12 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos núm. 74 de 1925, que en texto inglés lee como sigue:
“ ‘There sball be levied, collected and paid for each taxable year upon the net income of every individual a normal tax of 6 per centum of the amount of the net income in excess of the credits provided in Section 18,- except that in the case of a resident of Puerto Rico the rate upon the first $4,000 of such excess amount shall be 2 per centum, and upon the next $4,000 of such excess amount shall be 4 per centum.’
“La anterior disposición fué tomada de la Sección 210 (a) de la Ley Federal de Rentas de 1924, que lee como sigue:
“ ‘ In lieu of the tax imposed by section 210 of the Revenue Act of 1921, there shall be levied, collected, and paid for each taxable year upon the net income of every individual (except as provided in subdivision (b) of this section) a normal tax of 6 per centum of the amount of the net income in excess of the credits provided in Section 216, except that in the case of a citizen or resident of the United States the rate upon the first $4,000 of such excess amount shall be 2 ,’p.er cent, and tipon the next $4,000 of such excess amount shall be 4 per centum.’'
‘ ‘ Comparadas ambas secciones podrá observarse que la frase ‘ citizen or’ de la Ley Federal fué omitida en nuestra Ley y que donde dice ‘resident of United States’, se cambió por ‘resident of Puerto Rico’. Es claro, de acuerdo con la Ley Federal, que los ciudadanos' o residentes de los Estados Unidos, dondequiera que se hallen den-tro de la Unión, tienen derecho a la exención y no parece que sobre ello exista opinión en contrario. Como Puerto Rico es un territorio organizado de los Estados Unidos, de interpretarse la ley en el sen-tido en que lo ha hecho el Tesorero de Puerto Rico de negar la exen-ción a los demandantes/ ciudadanos de Puerto Rico y de los Estados Unidos por el hecho de residir en East Orange, New Jersey, Estados Unidos de América, o sea dentro de la Unión, se violaría la Consti-tución Federal y la Ley Orgánica de Puerto Rico al negarse a un ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico la protección igual de las leyes.
' “ ‘ The scheme of the Federal Constitution was to unite the people of the various states in one Federal citizenship, and to put an end to those local discriminations and impositions by one state upon the citizens of another state, which had so seriously impaired the efficiency of the government under the Confederation. Paul v. Virginia, 8 Wall, 168, 180, 19 L. ed. 357, 360.’ ”

No conforme el demandado apeló. Sostiene en su ale-gato que la corte erró al resolver que los contribuyentes de-mandantes eran ciudadanos de Puerto Rico y de los Estados Unidos en 1926 y 1927 y lo son en la actualidad y al decidir que por tal motivo tenían derecho a la exención que concede la sección 12 de la Ley núm. 74 de 1925 (pág. 401).

Al discutir el primer error los apelados sostienen que no hay base para considerarlo porque la transcripción elevada por el apelante no contiene la de las pruebas. Y así es en efecto. No importa que dichas pruebas se expongan y analicen por el juez en su opinión. La opinión de la corte no es el medio autorizado por la ley para elevar la evidencia practicada en un juicio a la corte de apelación. No cabe equipararla a un pliego de excepciones, a" una relación de pruebas, a una exposición del caso o a una transcripción de evidencia.

Ahora bien, jes éste nn caso en el que las pruebas son necesarias para resolverlo? Lo es porque los demandantes ■apelados alegaron que eran ciudadanos de Puerto Rico resi-dentes en la Isla y la corte resolvió que eran ciudadanos de Puerto Rico y de los Estados Unidos pero que no residían en la Isla, sosteniendo el demandado apelante que la evi-dencia no es suficiente para concluir que los demandantes eran tales ciudadanos. Además aún cuando pudiera con-cluirse que los demandantes no eran ciudadanos, habría que examinar la prueba, a los efectos de determinar si demos-traba o no su alegada residencia en la Isla.

' ' El segundo error se funda en la existencia del primero. Tampoco puede ser considerado y resuelto.

En tal virtud deben declararse sin lugar los recursos y confirmarse las sentencias apeladas.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo

text:
    Manuela Mejías, demandante y apelante, v. Felipe López, haciendo negocios bajo el nombre de Méndez, López & Co., Sucrs., y Borinquen Furniture Company, demandados y apelados.
    Núm. 7137.

    Sometido: Febrero 18, 1937.

      Resuelto: Febrero 24, 1937.

      Diego E. Ramos, abogado de la apelante; R. Padró Pares, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Manuela Mejías radicó una demanda en la Corte de Dis-trito de Arecibo contra Felipe López, haciendo negocios bajo el nombre de Méndez, López & Co., Sucesores, y Borinquen Furniture Company en reclamación de daños y perjuicios.

Alegó, en resumen, que el 13 de marzo, 1934, ambas par-tes celebraron un contrato de venta condicional de un radio, por precio de sesenta dólares; pagaderos diez inicialmente y el resto a razón de cinco dólares mensuales; que la deman-dada entregó a la demandante el radio llegando la deman-dante a pagarle treinta y cuatro dólares.

Sigue la demanda alegando textualmente:

“6. Que no obstante esto, la antedicha sociedad mercantil, por medio de uno de sus agentes, el día 7 de diciembre de 1934 penetró en la morada y residencia de la demandante ubicada en el sitio de-nominado ‘Buenos Aires’ de la ciudad de Arecibo, Puerto Rico, y allí y entonces, y de un modo violento, y ante numeroso público que se aglomeró con motivo de la actitud del agente de la antedicha mer-cantil, se apoderó y sacó de dicha residencia y morada de la deman-dante el referido aparato de radio, llevándoselo consigo contra la vo-luntad y consentimiento de esta demandante, quien, desde aquel mo-mento cayó en un estado de inquietud, angustia mental y postración nerviosa, ocasionado dicho estado exclusivamente por la actuación de dicho agente de la repetida mercantil.
“7. Que dicha sociedad mercantil al así autorizar, ordenar y ha-cer que su indicado agente invadiera ilegalmente la morada de la aetora, sacando allí y entonces y delante de todo el público el citado aparato de radio de una manera abusiva, y el haber realizado dicho agente, de acuerdo con las instrucciones de la referida mercantil, tal acto violento, ha causado a la demandante daños que estima en la suma de $3,000, consistentes en el descrédito de que así se ha hecho objeto a la propia aetora ante sus vecinos y el público en general, y por razón de que tales actos negligentes y violentos por parte de la aquí demandada sociedad mercantil a través de su citado agente ha -causado a la demandante el antedicho estado nervioso, de angustia mental y postración física, se ha llegado al extremo de requerir la intervención médica.”

Contestó la parte demandada. Negó todos los hechos ale-gados en la demanda con excepción de que Felipe López sea mayor de edad y residente de Puerto Pico, y estableció las siguientes “defensas especiales”:

“(a) Que la demanda no aduce hechos suficientes para deter-minar una causa de acción. Artículo 105 del Código de Enjuicia-miento Civil, inciso sexto.
“ (b) Que en el supuesto de que alguna persona hubiera pene-trado en la morada o residencia de la demandante Manuela Mejías y se apoderara de un radio que estaba en su posesión, dicha persona lo hizo por su sola iniciativa, sin autoridad ni facultad concedídale por el demandado y que dicha supuesta persona (ignorada por el .demandado, pues la demandante no se la menciona en la demanda) al actuar en la hipotética forma que relaciona la aetora, lo hizo sin orden expresa o tácita del demandado, sin que fuera agente o re-presentante ni dependiente de éste, actuando dentro de los deberes de su cargo.”

Llamado el caso para juicio, las partes discutieron prime-ramente la excepción previa y considerándola de suficiente importancia la corte acordó tomarla bajo consideración y no seguir, adelante hasta resolverla como lo hizo en efecto de-clarándola con- lugar. Estimó la corte además que la de-manda no era susceptible de enmienda y diotó sentencia de conformidad. Contra esa sentencia fue que se interpuso por la demandante el presente recurso de apelación, cuya vista ¿se celebró el 18 de febrero actual sin la concurrencia de las cpartes- y sin que la parte demandada y apelada archivara su Alegato, no osbtante baber presentado el suyo la parte ape-gante desde septiembre 13, 1935, y haberse señalado la vista ,rdel recurso desde diciembre 18, 1936.

Los motivos que tuvo la corte para declarar la de-manda sin lugar, fueron:

“1. Alegándose en la demanda que la actora adquirió el aparato ■dé radio por medio de un contrato de venta condicional, no se ex-;poíie si al tiempo de ser recuperado por la demandada el aparato, estaba al día en los pagos o había dejado de satisfacer alguna de las. mesadas, .siendo .el retraso fundamento bastante en todo contrato de venta condicionál para que el vendedor recupere los objetos ven- ' didos. Y si no se ha expresado tal condición no puede reclamarse ■daños y perjuicios, ya que para que hubiese surgido alguna obliga-ción por parte de las demandadas por el acto de despojo a la deman-dante del aparato por ella adquirido, debe alegarse antes que la ac-tora venía pagando puntualmente.los plazos acordados y que a pesar de ello fue desposeída del instrumento.
“2. Porque no se alega en la demanda el nombre de la persona que se presentara en la residencia de la demandante a hacerse cargo del aparato, de radio, cuya alegación es esencial a fin de determinar ‘de las propias alegaciones si esta persona era o no agente de1 las de-mandadas o empleado de las mismas, ya que muy bien pudo haberse personado cualquier individuo so color de ser agente de la deman-dada sin ostentar tal carácter y en esas circunstancias, haber sido la demandante víctima de un timo.
“3. Porque no se alega en la demanda, según se requiere para esta clase de acciones, que el agente de las demandadas' obrase, el día que despojó a la demandante de su aparato de radio, como tal em--pl’eado de las demandadas y dentro de las atribuciones de su empleo. ■•Esta alegación es éseñcialísima ya que se ha decidido en innúmeras ocasiones que cuando un empleado actúa fuera de la órbita de sus deberes para con su principal, éste no es responsable de aquellos ac-tos dañosos ejecutados por el agente. En el caso que nos ocupa se alega simplemente haberse personado en la residencia de la actora un %gente de las demandadas y ni siquiera se alega que actuara por ins-trucciones de dichas demandadas.
t, 4r. Porque de acuerdo con las alegaciones de esta acción y de la faz de las mismas surge que la acción que se debía incoar es una por incumplimiento de contrato, o sea ex contractu y sin embargo se ejercita en este caso una acción ex delicto. Si la actora concertó con las demandadas la compra de nn aparato de radio mediante ciertos pagos mensuales y las demandadas, dejando de cumplir lo convenido y a pesar de pagar puntualmente la actora sus mesadas, se llevó el aparato, ello daría margen a una acción por incumplimiento de con-trato y daños y perjuicios, jamás a una de daños, y perjuicios por acción u omisión de acuerdo con las disposiciones del.artículo 1803 del Código Civil vigente, según pretende lá demandante. ” ' •

En su alegato la apelante sostiene que ella no ha recla-mado basándose en el contrato de venta condicional .sino en los actos torticeros realizados por el demandado a través de ■su agente y por lo tanto que erró la corte fundamentalmente -al declarar su demanda sin lugar. Explica que si se refirió -al contrato fué para presentar con mayor claridad y amplitud dos hechos ocurridos, pero no para invocar su falta de cum-plimiento por parte del demandado.

Siendo ello así, no creemos que tenga importancia deci-siva el hecho de si la demandante estaba o no al día en el pago de las mensualidades y por tanto que no tenía necesidad .de alegarlo.

Tampoco creemos que la falta de' especificación del nom-bre del agente montara a falta de hechos determinantes de una causa de acción, y en cuanto a que no se alegara en la 'demanda que el agente obrara el día que despojó del radio a la demandante como tal agente, dentro de las atribuciones de su empleo, creemos- que es bastante lo consignado en los hechos sexto y séptimo sobre el particular. ■

. La demanda no es un modelo.de perfección como la misma demandante apelante en su alegato expresa y podría perfec-cionarse mucho si se enmendara después de haberse sometido a la depuración porque ha pasado, pero a nuestro juicio con-tiene hechos suficientes para establecer una causa de acción, :ya que en ella se alega qne se .causó.un daño positivo a la demandante, en. qué consiste ese daño, cuándo, dónde, por quién y de qué manera fué causado, y su cuantía, surgiendo de las alegaciones la responsabilidad del demandado por los actos de sn agente.

El fundamento de la acción ejercitada consiste en el acto culpable que se atribuye a la parte demandada al penetrar a la fuerza en el bogar de la demandante y realizar allí los actos que se le imputan que causaron a la demandante la inquietud, angustia moral y postración nerviosa valuadas por ella en tres mil dólares.

A veces se bace difícil distinguir entre acciones ex con-'tractu j acciones ex delicto, pero, en líneas generales ba que-dado bien establecido que las primeras se basan en el que-brantamiento de un deber que surge de un contrato expreso •o implícito y las segundas se fundan en el quebrantamiento de un deber impuesto por la ley que ordinariamente surge a virtud de algún acto negligente o culpable sin referencia a ■contrato alguno celebrado entre las partes, pero que puede surgir lo mismo independientemente de cualquier contrató que con ocasión de ciertas relaciones contractuales, como se alega que surgió en el caso concreto que estamos conside-rando.

Si la demandante no cumplió el contrato que celebrara con la demandada, ésta tenía en la propia ley sobre ventas •condicionales un remedio adecuado. La sección 40 de esa ley da al vendedor condicional el medio legal para recuperar la cosa vendida. Pero la falta de cumplimiento no la auto-rizaba a tomarse la justicia por su mano, a violar el bogar de la demandante que estaba obligada a respetar de acuerdo con la ley y a apoderarse de la cosa vendida en la forma vio-lenta, ostensible y desconsiderada que se alega en la de-manda, causando a la demandante con su actuación culpable el daño que se especifica.

El que por acción u omisión causa daño a otra intervi-niendo culpa o. negligencia, está obligado a reparar el daño causado,-ordena el artículo. 1802 del Código Civil, ed. 1930, .siendo exigible esa obligación, según el artículo siguiente, 1803, del propio cuerpo legal, no sólo por los actos u omi-siones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.

Debe revocarse la sentencia recurrida y declararse la ex-cepción sin lugar, continuando la tramitación del pleito de acuerdo con la ley.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Soledad Morales, por sí y como heredera de su esposo Mónico Acevedo y Acevedo, demandante y apelada, v. Eleuterio Loperena y Aniceto Ceide, demandados y apelante el último.
    Núm. 6954.

    Sometido: Enero 26, 1937.

      Resuelto: Febrero 24, 1937.

      'Arturo Reichard del Talle y Rafael O. Fernández, abogados del ape- . lante; García Méndez & García Méndez, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demandante alega que es dueña y poseedora de una .finca rústica de 11.74 cuerdas, la que adquirió en unión de su difunto esposo Mónico Acevedo; que por escritura núm. • 122 de 29 de agosto, 1929, aparecen la demandante y su es-r.poso vendiendo dicha finca al demandado Eleuterio Loperena por $1,400, recibidos antes del otorgamiento, pero que en realidad no bubo entrega alguna de dinero y sí la promesa de 'Loperena de devolver el título de la finca a la demandante o ,a su esposo cuando ocurriera el fallecimiento de uno de los dos; que el demandado Loperena, valiéndose de la íntima ‘"amistad que tenía con los esposos Acevedo y abusando de la • ancianidad e ignorancia de éstos, les hizo creer que el otro •'demandado, Aniceto Ceide, les iba a demandar con el propó-sito de quitarles la finca y que el único modo de salvarla era pasarle el título a Loperena, quien la devolvería más tarde al cónyuge supérstite; que las falsas y fraudulentas repre-sentaciones de Loperena fueron hechas por éste en combina-ción y de acuerdo con el demandado Aniceto Ceide; que cua-tro días después de otorgada la escritura, advertido de lo' peligroso que era el'acto realizado por él y su esposa, Mó-nico Acevedo requirió a Loperena para que le traspasara dé huevo la finca, pero éste se negó a hacerlo, ofreciéndoles en cambio un contradocumento en el que se obligaba a devol-verles la finca al ocurrir el fallecimiento de uno de los es-posos ; que en 5 de septiembre de 1929 Loperena hipotecó la finca para garantizar un pagaré hipotecario al portador, por la suma de 1,700; que al fallecer la esposa de Loperena, lá finca fué adjudicada a éste como gananciales y aportación;' que al fallecer Mónico Acevedo la demandante vino a ser la única dueña de la propiedad; que con el propósito preconce-bido de defraudar a la demandante, Loperena endosó a Ceide el referido pagaré hipotecario, y que Ceide, conociendo la fal-sedad de la escritura de venta de Acevedo a Loperena, la existencia del contradocumento otorgado por Loperena y la falsedad del pagaré hipotecario, trata de cobrar dicho docu-mento amenazando a la demandante con pleitos para lanzarla de la finca; que al ocurrir el fallecimiento de su esposo, la demandante requirió a Loperena para que le devolviese la finca, contestando éste con evasivas y sin descubrir a la de-mandante las negociaciones hechas por él con la finca, las que han sido descubiertas por el abogado que la representa; que la finca tiene un valor de $4,000 y que la demandante ha sufrido daños y perjuicios por la suma de $1,000 como con-secuencia de los actos realizados por los demandados. Pide la demandante que se dicte sentencia por la que se declare que ella es la única y legítima dueña del inmueble; que las escrituras, el pagaré y las demás actuaciones de los deman-dados son nulos y sin valor legal alguno; y que se condene a los demandados al pago de $1,000 como indemnización, más las costas, gastos y honorarios de abogado.

• Después de haber sido desestimadas las excepciones pre-vias presentadas por cada uno de los demandados, el deman-dado Loperena radicó un escrito en el que manifiesta su deseo de no defenderse. El demandado Ceide contestó la demanda y en su contestación, después de alegar que la demanda no aduce hechos bastantes para determinar una causa de acción y de negar los hechos esenciales en ella alegados, interpone como defensas las siguientes:

Ia. Que la demandante, su esposo y Loperena se combinaron para de-fraudar al demandado Ceide e impedirle cobrar la suma de $943.58 que Mónico Acevedo le adeudaba.
2a. Que la demandante posee la finca objeto de esta acción, no como dueña sino como arrendataria de Eleuterio Loperena.
3a'. Qlue en 31 de diciembre de 1929 Acevedo adeudaba al demandado Ceide $981.32; que en agosto del mismo año Ceide requirió a Acevedo para que le garantizase la cuenta, ascendente entonces a $943.58, lo que ofreció hacer el deudor; que en septiembre siguiente, al enterarse Ceide de que Acevedo y su esposa, con la intención de defraudarle en el cobro de su acreencia, habían traspasado la finca a Loperena, sin recibir de éste precio al- '■! guno, puso el caso en conocimiento del entonces Fiscal del Dis-trito de Aguadilla, Licenciado Flores, quien le pidió le presen-' tase varias declaraciones juradas y así lo hizo el demandado; que en 31 de diciembre, 1929, Mónico Acevedo ofreció a Ceide garantizarle la deuda y pagársela si le hacía una rebaja y que después de una discusión llegaron a un acuerdo mediante el cual Ceide redujo la deuda a $481.32 y entregó a Mónico Acevedo en efectivo $1,218.68 más, a cambio de cuyas sumas, que ascienden a $1,700, Mónico Acevedo le cedió y entregó el pa- - garé hipotecario otorgado y entregádole por Eleuterio Lope-rena y garantizado con hipoteca sobre la finca que la deman-dante reclama como suya; que al vencer dicho pagaré, Ceide - requirió a Loperena para que le pagase su importe, pero éste • ■ se confabuló con la demandante Soledad Morales para defrau- - dar a Ceide e impedirle el cobro de la obligación, haciéndose demandar por Soledad Morales en el presente caso y allanán-dose a las imputaciones de fraude que en la demanda se le ha-cen, a pesar de haber sido parte en todas las negociaciones he-cbas con la finca, incluyendo la hipoteca otorgada por él, Lope-rena, a favor de Alberto Esteves por la suma de $1,000.

La corte inferior dictó sentencia a favor de la deman-dante en cnanto a las alegadas cansas de nnlidad y sin lngar en cnanto a la reclamación de daños y perjuicios por no ha-berse ofrecido evidencia en cnanto a los mismos. El deman-dado Ceide apeló. En el señalamiento formulado se imputa a la corte sentenciadora la comisión de diecisiete errores. Los dos primeros están relacionados con la admisión de evi-dencia. Los quince restantes se refieren a la alegada insu-ficiencia de la prueba, a la apreciación de la evidencia por la corte y a la credibilidad de los testigos. Los alegados erro-res 1 y 2 leen así:

. “1. La corte de distrito cometió manifiesto error y actuó con par-cialidad al admitir contra el demandado Aniceto Ceide manifestacio-nes del difunto Mónico Acevedo, y al no admitir a favor de dicho demandado otras manifestaciones de dicho difunto.
“2. La corte de distrito cometió manifiesto error al admitir con-' tra Aniceto Ceide supuestas manifestaciones y documentos del co-demandado Eleuterio Loperena.”

Se basa el primer señalamiento en los siguientes inci-dentes :

Al declarar el testigo de la demandante, Francisco Y arela, dijo que la última vez que estuvo en casa del demandado Ceide fué en el mes de la Monserrate de 1928; que fue a llevar unos ñames a casa de don Aniceto, acompañando a don Mónico Acevedo. Y al ser preguntado sobre lo que pasó allí esa vez, respondió:

“Sí, señor, los ñames pesaron diez quintales y don Aniceto se los compró a peso y medio, que importaban $15.00, y después don Mó-nico le dijo a don Aniceto . . . . ”

Opúsose el abogado del demandado fundándose' en que no es admisible traer por boca de un testigo declaraciones o ma-, infestaciones becbas por una persona fallecida. La corte, admitió la pregunta, tomó excepción la defensa y continuó' declarando el testigo:

“En esa última vez que vino don Mónico conmigo le dijo él a don Aniceto que le diera unos chavos, y entonces don Aniceto le dijo que él mejor le debía a don Aniceto que don Aniceto a él, que poco era pero que le debía, y ahí tuvieron una lucha y entonces Mónico se fué y yo me fui también. Él lo único que dijo que no creía eso de don Aniceto .que. le dijera que no tenía nada allí; que él tenía unos centavos allí y se fué envenenado.”

Solicitó el abogado del demandado la eliminación del tes-timonio de Varela “en lo que se refiere a las manifestaciones, habidas entre Aeevedo y Ceide allá en él 19-28, por ser inad--misibles.” Negada la eliminación, el demandado anotó sn excepción. Y abora nos cita en apoyo1 de su contención el in-ciso 4 del artículo 397 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933), y varias decisiones de esta Corte Suprema que creemos inaplicables a la cuestión que discutimos. Somos de opinión que no bubo error en la admisión de lo declarado por el testigo Varela sobre las manifestaciones becbas por el difunto Acevedo. Esas manifestaciones, que fueron becbas en presencia del demandado Ceide, eran admisibles de acuerdo con el citado artículo 397, inciso 3, que dispone:

“Artículo 397. — De conformidad con las precedentes disposicio-nes, podrá presentarse en un juicio evidencia de los hechos siguientes:
“1.
“2. ..
“3. El acto o declaración de otra persona, en presencia y bajo la observación de una parte, y la conducta de ésta, relacionada con dicho acto o declaración.”

Véanse: Estate of Snowball, 157 Cal. 301; Tibbet v. Sue, 125 Cal. 544.

Al declarar el demandado Ceide sobre manifestaciones becbas a él por Acevedo y sobre actos realizados por éste, el abogado de la demandante pidió que se eliminase todo lo relacionado con actos y manifestaciones de Mónico Acevedo, por baber éste fallecido. La corte ordenó la eliminación de las manifestaciones becbas por el difunto y denegó la eliminación de lo declarado en cuanto a actos del finado. Tomó excepción el abogado de la ciemandante. De la trans-cripción de la evidencia aparece que entonces ocurrió lo si-guiente :

“Continúa el abogado de los demandados preguntando al testigo.
“P. Señor Ceide: Absténgase de hablar de aquello que Mónieo Acevedo pueda haberle dicho a usted. ¿Mónieo Acevedo estuvo en su establecimiento ese día?
“R. Sí, señor.

No solamente no aparece del récord que el abogado del demandante tomara excepción, lo que bastaría para que des-estimásemos este señalamiento, sino que de él consta que el abog’ado del demandado se allanó a la resolución eliminatoria al dar instrucciones a su cliente para que se abstuviese de hablar sobre las manifestaciones que pudiera haberle hecho el difunto. No cometió error la corte al eliminar las su-puestas declaraciones del finado. Ellas eran inadmisibles. Véase: Wilcox v. Axtmayer et al., 23 D.P.R. 343.

Examinaremos ahora el segundo error señalado.

Después de haber declarado la demandante que Eleuterio' Loperena, uno de los demandados, fué quien le aconsejó a. ella y a su esposo que le traspasaran la finca, el abogado de la demandante le preguntó:

“P. Por qué le aconsejó que hicieran eso?
“R. Porque don Tello (Loperena) decía que don Ceide nos iba a quitar la finca.’’

Se opuso el abogado del demandado Ceide y la corte ad-mitió la pregunta por entender que ésa es la explicación y el por qué 'de haberse hecho ese contmto< p la corte necesita im-perarse y penetrar en todas aquellas cuestiones que la lleven a resolver este .caso en justicia. La defensa tomó excepción.

Somos de opinión que la pregunta era pertinente y ad-misible. La alegada nulidad de la escritura de traspaso de los esposos Acevedo a Loperena está basada en la alegación que-se hace en la demanda de que Loperena indujo a la de-mandante y a su esposo a pasarle la finca, haciéndoles creer que Aniceto Ceide les iba a demandar para quitarles la pro-piedad. La pregunta y contestación que discutimos tendían a probar, no la existencia de una conspiración entre Ceide y Loperena, sino simplemente las representaciones hechas por el último para inducir a los dueños de la propiedad a ponerla a su nombre. No hubo error en la resolución de la corte sobre este extremo.

Al preguntar el abogado de la demandante al testigo Luis A. Rosario, Notario Público, sobre declaraciones hechas ante él por el demandado Loperena, se opuso el abogado del demandado Ceide por el motivo de que en el momento en que Loperena hizo esas manifestaciones no se encontraba presente el demandado Ceide. La corte admitió la pregunta, tomó excepción la defensa y el testigo declaró así:

“R.— ... el señor Loperena procedió a explicarme que lo que quería bacer constar era que una finca que le había traspasado a él el señor Mónico Acevedo, a pesar de que él tenía el título de la misma, lo cierto era que la finca era del señor Mónico Acevedo y de su esposa, y que el traspaso se lo habían hecho por razón de que el señor Loperena era muy amigo de la familia y que era un buen agricultor y podía Mónico y su esposa derivar mayores beneficios en la explotación de la finca, pero que él no tenía ningún interés en la finca y que estaba dispuesto a traspasársela a ellos cuando ellos lo exigieran.
“P. — ¿ Manifestó él allí que en esa escritura no había habido pre-cio ni consideración de especie alguna?
“R. — Bueno, él me dijo como dije primeramente; que se la ha-bían traspasado simplemente para que él la administrara nada más, pero él reconoció allí mismo que el título, a pesar de habérsele dado a él una escritura, residía en Mónico y su esposa, o sea que la finca era de Mónico y su esposa.”

No es necesaria la presencia del demandado Ceide para que las citadas declaraciones de Loperena sean admisibles como evidencia para sostener la nulidad de la escritura por falta de causa o consideración. Las declaraciones trans-critas no se refieren en manera alguna a Ceide, no tienden a probar la alegada combinación, y en nada pueden perjudi-carle. Loperena es uno de los demandados en este caso y las admisiones hechas por él en contra de su propio interés pueden, ser aceptadas como prueba para sostener la cansa de acción que contra él se alega. El fiecfio de que esas declara-ciones puedan afectar en alguna forma la causa de acción en cuanto al otro demandado, no las bace inadmisibles. Y opi-namos que la corte no erró ni al admitirlas ni al denegar su eliminación.

Todos los demás errores señalados se refieren, según fiemos diefio antes, a la apreciación que de los fieefios fiizo la corte sentenciadora y al crédito que ésta dió a los testigos de la demandante.

Tanto la teoría de la demandante como la del demandado se basan en una supuesta confabulación de una de las partes con Eleuterio Loperena para defraudar a la otra. La de-mandante acusa al demandado Ceide de fiaberse confabulado con Loperena para que éste la indujera a ella y a su esposo a traspasarle la finca, para más luego hipotecarla y entregar el pagaré a Ceide. Este alega en su defensa, que la escri-tura de venta de los esposos Acevedo a Loperena fué otor-gada en virtud de una conspiración fraguada por los otor-gantes con el propósito de defraudarle. Ambas teorías coin-ciden en que la escritura núm. 122 de 29 de agosto de 1929, es nula por el fiecfio de no fiaber mediado precio o conside-ración alguna en su otorgamiento. La prueba de una y otra parte sostiene fuera de toda duda qué Eleuterio Loperena no pagó suma alguna a los esposos Acevedo por el traspaso de la finca; y que el demandado Ceide tuvo conocimiento de la existencia de esa causa de nulidad desde mucho antes de que el pagaré' le fuera entregado, bien por Mónico Acevedo para saldar su deuda y en consideración a una suma adicional, o bien por Loperena como parte del plan para defraudar a Acevedo. Hemos estudiado detenidamente toda la prueba del caso y no la consideramos suficiente para sostener ni una ni otra de las dos alegadas conspiraciones. En realidad no bay prueba de que en el otorgamiento de la escritura, ni al fiacer las representaciones que precedieron a diefio otorga-miento, Loperena actuara de acuerdo con tin plan preconce-•bido entre él y Ceide para defraudar a Acevedo; y tampoco .la bay de que éste se combinara con Loperena para defrau-dar a Ceide.

El demandado Ceide sostiene que aun cuando la escritura de traspaso de la finca sea nula por falta de. causa y por haber sido otorgada como resultado de las fraudulentas re-presentaciones de Loperena, la hipoteca y el pagaré por ella garantizado han quedado convalidados por el hecho de haber sido dicho pagaré aceptado por Mónico Acevedo y entregado por éste a Ceide, según éste alega, en pago de una deuda y por la suma adicional de $1,218.68. La corte inferior, des-pués de hacer un examen minucioso de la prueba referente a la alegada transacción entre Mónico Acevedo y Aniceto Ceide, no dió crédito a la prueba aducida por Ceide y llegó a la conclusión de que Ceide recibió el pagaré de manos de Loperena y. no de manos de Mónico Acevedo.

Aceptada como lo está la nulidad de la escritura de los esposos Acevedo a Loperena, y aceptado como consecuencia que aquéllos siguieron siendo los únicos y verdaderos dueños de la finca, si aceptáramos como hechos ciertos que Loperena con el solo consentimiento de Mónico Acevedo hipotecó la finca y entregó el pagaré hipotecario a Mónico Acevedo y que éste lo entregó al demandado Ceide en pago de una deuda, ¿serían esos hechos suficientes en derecho para convalidar la escri-tura de venta y hacer válidos la hipoteca y el pagaré como obligaciones de la esposa, la aquí demandante, quien no dió nunca su consentimiento para tal convalidación?

Al resolver esta cuestión la corte inferior se expresó así:

“Aunque por razón de las consideraciones antes expresadas la corte es de opinión que debe dictar sentencia a favor de la parte ac-tora, no desea terminar esta opinión sin expresar el alcance que hu-biera tenido, aun en el caso de ser válida, la alegada operación reali-zada por Mónico Acevedo con Ceide en 31 de diciembre de 1929. La Corte no cree que tal operación se realizara, pero a mayor abunda-miento desea sostener que Mónico Acevedo no tenía autoridad para obligar con el supuesto acto del 31 de diciembre de 1929 a su esposa Soledad Morales. El artículo 159 del Código Civil dispone lo si-guiente :
“Art. 159.' — El marido será el administrador de los bienes de la sociedad conyugal, salvo estipulación en contrario.
“No obstante, los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no podrán ser enajenados o gravados, bajo pena de nulidad, sino me-diante el consentimiento expreso de ambos cónyuges.”
“El artículo 1327 del Código Civil repite ‘que el marido es el administrador de la sociedad de gananciales,’ con las salvedades que establece. Y el 1328 expresa que ‘sin embargo de las facultades que tiene el marido como administrador, no podrá donar, enajenar, y obli-gar a título oneroso, los bienes inmuebles de la sociedad de ganan-ciales, sin el consentimiento expreso de la mujer. Toda enajenación o convenio que sobre dichos bienes haga el marido, en contravención a este artículo, y los demás dispuestos en este Código o- en fraude de la mujer, será nulo y no perjudicará a ésta ni a sus herederos.’
“La ley, pues, prohíbe toda actuación del marido con bienes per-tenecientes a la sociedad de gananciales que signifique una enaje-nación o gravamen, sin el expreso consentimiento de. la mujer. No resulta en forma alguna que doña Soledad Morales interviniera en la supuesta transacción, ni que consintiera tampoco en el otorga-miento por Loperena a sus espaldas y a base de un título simulado de la escritura de pagaré hipotecario. Entiende el Juzgador que aun suponiendo, en el terreno de las concesiones hipotéticas, que la ope-ración entre don Mónico Acevedo y don Aniceto Ceide tuviera efecto el día 31 de diciembre de 1929 y que tal actuación convalidaba la escritura de hipoteca y la de venta simulada, tal actuación necesi-taba la convalidación por el expreso consentimiento de doña Soledad. Y la prueba indica que no hubo intervención alguna de parte de doña Soledad • en la supuesta transacción. ’ ’

Estamos conformes con el razonamiento de la corte sen-tenciadora. Y no puede el demandado apelante alegar su condición de tercero en relación con la aceptación del pagaré hipotecario de manos de Acevedo o Loperena, porque según su propia declaración en el acto del juicio él sabía desde el mes de septiembre de 1929 que la venta a Loperena era nula; y la aceptación del pagaré no tuvo lugar basta el mes de diciembre del mismo año. Si Ceide recibió el pagaré en esas circunstancias, sin que exista prueba alguna del conocimiento o consentimiento de la demandante, ésta no está obligada por el acto de sn esposo.

Por las rosones expuestas debe, confirmarse y se confirma la sentencia apelada.

Los Jueces-Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    Alberto H. Biascoechea, demandante y apelado, v. Hon. Rafael Sancho Bonet, Tesorero, demandado y apelante.
    Núm. 7063.

    Sometido: Febrero 18, 1937.

      Resuelto: Febrero 26, 1937.

      Hon. Procurador General B. Fernández García j B: Cordones Arana, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; C. Iriarte, F. Fernández Cuyar y Sector González Planes, abogados del ape-lado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario en el presente recurso de mandamus es dueño de una finca radicada en el barrio Cangrejos Arriba, de Carolina, compuesta de 149 cuerdas de terreno, 70 de las cuales están desde antes del año 1929 sembradas de palmas de coco.

En 11 de mayo de 1933 la Asamblea Legislativa de Puerto Eico aprobó la Ley núm. 50 (Leyes de 1932-1933, pág. 313), para “ . . . enmendar la sección 2 y derogar las secciones 3 y 4 de la Ley núm. 41, aprobada en mayo 15 del 1932 ...” La sección 2 de dicha ley dispone:

“Sección 2. — Por la presente se ordena al Tesorero de Puerto Rico la cancelación de los reeibos de contribución pendientes de pago correspondientes a los años económicos 1929-30, 1930-31, 1931-32, 1932-33, de todas aquellas fincas de cocos dentro del área devastada por el ciclón de San Ciprián del 26 de septiembre del 1932 por la parte norte de la Isla de Puerto Rico o sea desde el pueblo de Lu-quillo al pueblo del Dorado; Disponiéndose, que todos los años eco-nómicos 1933-36 el Tesorero de Puerto Rico cancelará el segundo re-cibo de contribución de cada segundo semestre de- dichas fincas de cocos a medida que éstos vayan venciendo; Disponiéndose, que nada de lo contenido en esta Ley se entenderá en el sentido de exencionar cualquier industria o negocio establecido en cualesquiera de las fin-cas de cocos que por esta Ley se da exención hasta el año 1936.”

Alega el peticionario que, al aprobarse esa ley, adeudaba los recibos de contribución sobre la finca referida, correspon-dientes a los años económicos 1930-31, 1931-32 y 1932-33, y que el Tesorero de Puerto Rico, a pesar de haberlo requerido para ello y de que su finca se encuentra dentro del área de-vastada por el ciclón de San Ciprián del 26 de septiembre de 1932, se ha negado a cancelar, de los recibos pendientes de pago, la parte proporcional de las contribuciones, correspon-diente a las 70 cuerdas sembradas de .palmas de coco.

El querellado sostiene que la finca del peticionario apa-rece en los registros de su departamento dedicáda totalmente a pastos, y que habiendo pagado contribución sobre la finca como una de pastos, cuya tasación es inferior a las de cocos, no está su caso comprendido dentro de la sección 2 de la Ley núm. 50 de 1933, supra.

Oídas las partes en juicio dictó sentencia la corte inferior declarando con lugar la petición de mcmdamus y ordenando al Tesorero que cancelara los recibos a que se refiere la de-manda, así como que cada parte pagara sus costas.

No conformes ninguna de las dos partes con esta sentencia, apelaron ambas para ante este tribunal, el querellado, de la sentencia en todas sus partes, y el peticionario, de aquélla que dispone que cada litigante pague sus costas. Pero como este último no ba cumplido en su alegato con la Regla 43 del Reglamento de este Tribunal Supremo, dejando de bacer un señalamiento de error, no estamos obligados a considerar su apelación, de acuerdo con la constante jurisprudencia de esta corte. Los errores levantados por el querellado son tres, pero pueden resumirse así:

Que la sentencia es contraria a derecho por cuanto se basa en una interpretación errónea de la sección 2 de la Ley núm. 50 de 11 de mayo, 1933, al efecto de que dicha sección no distingue entre plan-taciones de cocos tasadas como tales y plantaciones de cocos tasadas como pastos.

En el caso de Lopez v. Domenech, Tesorero, 45 D.P.R. 325, se suscitó una cuestión muy parecida a la que surge de los becbos en el caso de autos, con la única diferencia de que en aquél se trataba de una ley para cancelar contribuciones adeudadas por las fincas de café, y en éste por las fincas dé cocos. Se resolvió que:

"... Para los fines de esta opinión podría admitirse, sin resol-verlo, que no fué la intención de la Legislatura ayudar a los dueños de plantaciones de café que con el propósito de obtener una tasa-ción menor, deliberadamente habían declarado para el pago de con-tribuciones que sus fincas eran de pasto o terreno yermo. No se puede presumir la mala fe. La petición que ahora tenemos a la vista niega, aunque no en forma muy satisfactoria, la existencia de pro-pósito alguno de defraudar al Gobierno. El Tesorero no concedió al reclamante, aquí peticionario, oportunidad alguna para explicar la descripción anterior de su plantación de café como terreno dedicado a pastos y malezas. La reclamación fué denegada sin hacerse nin-guna investigación sobre los méritos.’’

Siendo ambas leyes esencialmente parecidas y teniendo una y otra el mismo propósito, o sea el de rehabilitar las fincas damnificadas por los ciclones, debemos darle la misma interpretación. La corte inferior no cometió el error que se le atribuye.

No creemos justificada la imposición de las costas de esta apelación al querellado, y por tanto se deniega la solicitud a ese efecto.formulada por el peticionario.

Debe confirmarse la sentencia.


text:
    Juan Marrero Lasala y su esposa Ernestina Collazo, demandantes y apelantes, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelada.
    Núm. 7036.

    Sometido: Febrero 11, 1937.

      Resuelto: Febrero 26, 1937.

      Colón Gordiani •& Segarra, abogados de los apelantes; C. Triarte, F. Fernández Cuyar y Héctor González Blanes, abogados de la ape-lada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El niño Héctor Marrero, de diez años de edad, hijo de los demandantes, fué arrollado y muerto por una guagua perteneciente a la demandada y manejada en el momento del accidente por uno de sus empleados. Alegan los demandan-tes que el accidente fué motivado por la negligencia del em-pleado de la demandada, consistente (a) en que el chófer, en el momento del accidente, manejaba la guagua sin fijarse y sin prestar atención a las exigencias del tráfico, y por lo con-trario, lo hacía mirando hacia atrás y en distracción con los pasajeros que llevaba la guagua; y (b) porque en el mo-mento en que la guagua chocó con el niño, el chófer que la guiaba no hizo nada para controlar el vehículo y salvar la vida del niño, y por el contrario abandonó el guía poniéndose las manos en la cabeza y dejando que la guagua continuase su camino y pasase por encima del niño.

Reclaman los demandantes la suma de $10,000 como in-demnización por la pérdida de los servicios del niño y $15,000 por los sufrimientos morales, mentales y físicos que han te-nido los demandantes' con motivo de la pérdida de su hijo.

La contestación de la demandada, después de negar espe-cíficamente los hechos esenciales de la demanda, alega como defensa que el accidente tuvo como causa única la negligen-cia del niño fallecido; que en el momento en que la guagua se dirigía desde San Juan al Barrio Obrero, había dos niños parados a la orilla de la Avenida Borinquen; que al llegar la guagua a ese sitio los dos niños abandonaron súbitamente la orilla e intentaron cruzar la Avenida en frente de la'gua-gua, lográndolo el mayor de los dos, mas no así el menor, el que fué atrapado por la guagua; que dicho menor salió a cruzar la avenida corriendo y sin mirar hacia los lados, cuan-do ya la guagua se hallaba a muy corta distancia de él, por lo que el chófer no pudo evitar el accidente, a pesar de ha-ber frenado y detenido violentamente el vehículo; que el ac-cidente fue uno de carácter casual e inevitable; y que aun asumiendo que en el accidente mediara negligencia imputable a la demandada, también medió como causa próxima y directa la negligencia contribuyente del menor.

Celebrado el juicio, la corte de distrito dictó sentencia de-clarado sin lugar la demanda, y los demandantes apelaron. Señalan como único error de la corte inferior el de haber apreciado equivocadamente la prueba.

Hemos estudiado cuidadosamente la prueba aducida por ambas partes litigantes. No existe controversia alguna en cuanto a la forma y manera en que ocurrió el accidente, con-viniendo todos .los testigos en que la gnagna marchaba a una velocidad moderada y en qne los dos niños salieron corriendo súbitamente del sitio donde estaban, para cruzar la avenida pasando por el frente de la guagua en movimiento. Surgen de toda la evidencia discrepancias fundamentales en cuanto a la conducta del chófer momentos antes del accidente y en cuanto a las actuaciones del mismo chófer inmediatamente después de haberse dado cuenta de que había arrollado al niño. Todos los testigos de la parte demandante aseguran que el chófer venía distraído con la cara vuelta hacia un pa-sajero sentado a su derecha y'todos los testigos de la de-manda niegan ese hecho. La corte sentenciadora resuelve el conflicto sosteniendo que aun cuando diese crédito a los tes-tigos de la parte actora, el hecho sería favorable a la deman-dada, pues estando admitido que los niños se acercaron al vehículo por el lado derecho, el chófer estaba en mejores con-diciones para verlos que si hubiese estado mirando hacia la izquierda o hacia el frente.

. Sostuvieron los testigos de los demandantes que tan pronto como el niño fué golpeado por el bumper de la gua-gua, el chófer se llevó las manos a la cabeza dejando sin control alguno el vehículo. Admitieron los testigos de la deman-dada que fué cierto que el chófer se llevó las manos a la ca-beza, pero que lo hizo después de ocurrido el accidente, des-pués de haber descendido de la guagua y en el momento de ver al niño tendido en el pavimento. La corte inferior, en el ejercicio de su facultad discrecional para pesar la prueba, juzgar sobre la credibilidad de los testigos y resolver el con-flicto que le presentaban esas declaraciones contradictorias, se expresó así:

“Nos parece más razonable la teoría de la demandada al efecto de que el chauffeur se llevó las manos a la cabeza al contemplar el niño herido bajo la guagua, porque en realidad es éste un gesto co-rriente demostrativo de asombro o de pesar el contemplar una des-gracia de esta naturaleza.”

No se ha alegado que la corte sentenciadora inspirase su sentencia en la pasión o el prejuicio, o que haya sido parcial en su fallo. Y no encontramos en el récord del caso ningún fundamento para sostener que se haya cometido un error tan manifiesto que sea suficiente para justificar la revocación de la sentencia.

Por las razones expuestas se confirma la sentencia ape-lada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


text:
    María Ryan Torres, demandante y apelante, v. La Sucesión del Fallecido Agustín Ryan Torres, compuesta de su Viuda Josefina García y de su hijo Raúl Agustín Ryan García, demandada y apelada.
    Núm. 7105.

    Sometido: Febrero 9, 1937.

    Resuelto: Febrero 26, 1937.

      Angel A. Vázquez, abogado de la apelante; P. Fernández Cuyar, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción en cobro de dinero. Los becbos esenciales pueden resumirse así:

María Ryan Torres, la demandante, vendió a su hermano Agustín, de los mismos apellidos, ciertos derechos y acciones hereditarios. Como parte del precio convenido el comprador entregó a la demandante un pagaré por la suma de $1,500. Agustín Ryan Torres falleció en julio 14, 1932, sin haber he-cho efectivo el pagaré, pero reconociendo en su testamento la existencia de la deuda a favor de la demandante. La Su-cesión del finado está constituida por su esposa e hijo, que son las personas demandadas en esta acción.

La demandada Josefina García Viuda de Ryan, con el pro-pósito de satisfacer-el importe del pagaré otorgado por su difunto esposo, entregó a la demandante en el pueblo de Canó-vanas un cheque a cargo del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, en San Juan, que dice textualmente:

“Carolina, P. R., 30 de agosto 1932.
“El Bango TERRITORIAL v .Agrícola de Puerto Rico.
“San Juan, P. R. — Pagará a la orden de Josefina G-. Vda de Ryan, $1,500_00/no Un mil quinientos 00/no Dollars con cargo a (Fdo.) Bernardo García. — Depositario de Fondos del Gobierno Insular — No. 243 — (Al margen) Bernardo García — Carolina, P. R. “(Al dorso) Páguese a la Sra. María Ryan en pago de un pa-garé suscrito por Don Agustín Ryan por igual suma. — Carolina, agosto 30 de 1932. — (Fdo.) Josefina G. Vda de Ryan — (Fdo.) MaRÍa Ryan. ’ ’

Alega la demandante que el cheque le fué entregado el 8 de septiembre de 1932 y que ella lo presentó al cobro en los días 24 y 26 del mismo mes, pero que no le fué pagado por no tener el librador depositados fondos suficientes en el Banco librado, hecho que comunicó inmediatamente a los de-mandados; que la demandante aceptó dicho cheque bajo la condición de que el librador Bernardino García tendría hecha provisión de fondos suficientes para el pago del cheque en cualquier tiempo en que fuere presentado al cobro, ■ aun cuando esa presentación se hiciere después de un tiempo ra-zonable; que los demandados, en atención a que el cheque había sido entregado a la demandante nueve días después de librado y que ella residía en Canóvanas, convinieron en que la demandante podría presentarlo al cobro en cualquier tiempo, aun cuando éste fuera excesivo.

En su defensa alegan los demandados que el endoso y la entrega del cheque fueron aceptados incondicionalmente por la demandante, como pago total de la deuda; ' niegan que la demandante presentara el cheque al cobro durante los días 24 ó 26 de septiembre, 1932, o durante cualesquiera otros días, y niegan que el cheque no fuera pagado por insuficiencia de fondos del librador en el banco librado. Como defensas es-peciales alegaron los demandados, que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar causa de acción; que el cheque fué endosado en Carolina y entregado a la deman-dante en Canóvanas, verificándose tanto el endoso como la entrega el día 30 de agosto de 1932; que la demandante fué culpable de demora injustificada o laches en la presentación al cobro de dicho cheque, no habiéndolo presentado dentro de un tiempo razonable, por lo cual el cheque quedó perjudicado, surtiendo por tanto los efectos del pago; que desde el 30 de agosto hasta el 21 de septiembre del 1932, el librador del cheque siempre tuvo en el Banco librado fondos en exceso del importe del cheque, y que si éste hubiese sido presentado al cobro dentro de un tiempo razonable, el Banco lo hubiera pagado en su totalidad del saldo de la cuenta corriente del librador; y por último, que desde el 30 de agosto de 1932 basta el 29 de septiembre del mismo año, fecha en que el Banco librado cerró sus puertas por insolvencia, el librador tuvo siempre a su favor un balance en exceso de $1,500, por lo que de haber sido presentado al cobro dicho cheque, den-tro de un tiempo razonable, hubiera sido pagado en su tota-lidad. La corte inferior dictó sentencia declarando la de-manda sin lugar, y la demandante apeló para ante este tribunal, sosteniendo que en la resolución del caso la corte sen-tenciadora ha cometido los siguientes errores:

“1. Al ignorar las admisiones de los demandados yen la apre-ciación de la prueba.
“2. Al permitir a los demandados que establecieran en el acto del juicio, a pesar de la oposición presentada, una defensa de la cual no tenía conocimiento la demandante.
“3. Al tomar como uno de sus varios fundamentos para desesti-mar la demanda el hecho, no comprobado, de que en la demanda original no se alegaran las condiciones bajo las cuales la demandante aceptó el cheque endosádole.
“4. La sentencia es contraria a la ley, pues ha desestimado la demanda a pesar de que los demandados no están relevados de res-ponsabilidad como endosantes de un cheque no certificado y de que deben y no han pagado a la demandante la cantidad que ella les reclama.”

El examen de la evidencia revela que los únicos conflictos por ella presentados fueron, primero, si el cheque fué entregado a la demandante el 30 de agosto o el 8 de septiembre de 1932; segundo, si el endoso y entrega del cheque fueron hechos bajo las condiciones alegadas en la demanda, y tercero, si el cheque fué presentado o no al cobro en septiembre 24 y 26 de 1932. La corte sentenciadora en el ejercicio de su facultad discrecional resolvió que el cheque fué entregado a la demandante el 30 de agosto de 1932; que no hubo convenio alguno en cuanto al endoso y entrega, y que ,el cheque no fué presentado al cobro ni el 24 ni el 26 de sep-tiembre de 1932. Sostiene la apelante, al discutir su primer error, que al así resolver la corte esas cuestiones, ignoró las admisiones implícitas (negative pregnants) contenidas en la contestación, cuyo juramento era además defectuoso, o lo que es lo mismo, sin juramento, y apreció erróneamente la evi-dencia.

La cuestión relativa a las admisiones implícitas (negative pregnants) y aquélla que se refiere a defectos en el juramento de la contestación no se suscitaron en la corte inferior. Se levantan por primera vez ante este tribunal, en grado de ape-lación. Si realmente existían esos defectos, la apelante tuvo amplia oportunidad de suscitarlos oportunamente en la corte inferior. Si no lo bizo, aceptó que los becbos alegados en la demanda quedaron debidamente negados y controvertidos en la contestación. , No puede quejarse abora por primera vez de que la corte inferior ignorara aquello que ella aceptó y tuvo por bueno. La misión de la apelante era llamarle oportunamente la atención al juzgador. No tenía ningún .derecho a esperar, que al resolver el caso, tuviera el juez en cuenta defectos formales, si es que realmente existen, con-tenidos en la contestación, que muy bien pudo presumir que fueron renunciados por la apelante. Véanse: Berrios v. Garáu, 46 D.P.R. 799; Ana María Sugar Co. v. Castro et al., 28 D.P.R. 241 (260), y 21 R.C.L. 560, see. 119, con relación a las admisiones implícitas (negative pregncmts). Sobre el momento oportuno de levantar cuestiones relativas a defectos en el juramento, consúltense Ortiz v. Silva et al., 28 D.P.R. 384; 1 Bancroft, Code Pleading”, 1008, y 65 A.L.R. 972.

Hemos leído cuidadosa y detalladamente la transcripción y opinamos que la corte sentenciadora ,ba hecho una correcta apreciación de la prueba. Debe desestimarse este error.

Alteraremos,-■ por conveniencia, el orden estableóido .por la apelante en la discusión-de dos errores señalados. ,Vejamos el que apunta en "cuarto y . último lugar.

Los preceptos de derecho sustantivo por que habremos de regirnos en el estudio de esta cuestión son los artículos,72, 187 y 193 de la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables (núm. 17 de 1930, Leyes de 1930, pág\ 173), y el 1124 del Có-digo Civil (Ed. 1930). Transcritos literalmente dichos artí-culos, dicen así:

“Art. 72. — Cuando el documento no es pagadero mediante de-manda de pago, la presentación deberá hacerse el día en que ven-ciere. Cuando lo fuere, la presentación deberá hacerse dentro de tiempo razonable después de su expedición, pero cuando se trate de una letra de cambio, la presentación al pago será suficiente si se hi-ciere dentro de tiempo razonable después de su última negociación.
“Art. 187. — El cheque deberá presentarse al pago dentro de uu tiempo razonable después de su expedición, pues de lo contrario el librador quedará relevado de responsabilidad en cuanto al mismo, hasta el montante de la pérdida causada por la demora.
“Art. 193. — Al determinar lo que es ‘tiempo razonable’ o ‘tiempo-excesivo, ’ deberá tenerse en cuenta la clase del documento, la costum-bre, si la hubiere, en el comercio o negocio en lo que respecta a tales, documentos, y los hechos del caso concreto.
“Art. 1124. — ..
“La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros' documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubie-sen perjudicado.”

De acuerdo con los hechos que la corte inferior encontró-probados, el cheque le fuá entregado a la apelante el 30 de-agosto de 1932, y no fue puesto al cobro antes del 29 de sep-tiembre de 1932, fecha en que el banco librado cerró sus; puertas por insolvencia.

Explicando la demora en poner al cobro el cheque,. Eduardo Bodríguez, esposo de la demandante, declaró que uno o dos días después de entregársele el cheque a su señora,, ésta cayó enferma, y así estuvo durante doce o trece días,, aunque no la asistió ningún médico, por no ser nada de gra-vedad. Que desde el 30 de agosto al 24 de septiembre, él vino a San Juan muchas veces, pero que nunca trajo el cheque ni para cobrarlo ni para certificarlo, porque su esposa quería venir “para retirar sólo una parte de él y abrir una cuenta a su nombre, ’ ’ a pesar de que reconoce que todo eso pudo ha-cerlo él; que ésos eran deseos de su esposa y que quiso com-placerla. Que el 24 vino con ella, y no le pagaron el cheque porque el librador no tenía fondos; que se volvieron a Canó-vanas, donde residían, y que a los dos días, el 26, volvió solo ■a San Juan para cobrar el cheque; que su esposa no vino «se día porque “ si no había dinero el 24, lo más seguro era que no hubiera dinero el 26.”

Transcurrieron, pues, entre una y otra fecha treinta días, que opinamos no es un plazo razonable, como tampoco lo hubiera sido el de dieciséis días, si aceptáramos, como sos-tiene la apelante, que el cheque no le fué entregado el 30 de agosto de 1932, sino el 8 de septiembre del mismo año, y que fué presentado al cobro el 24 de septiembre de 1932. .La jurisprudencia que citamos a continuación interpreta lo que es un tiempo razonable:

“Sin embargo, si la persona que recibe el cheque y el banco contra el cual se ha librado están en localidades diferentes, el cheque, bajo circunstancias normales, debe ser enviado para su presentación al pago a más tardar al día siguiente de recibido.” 8 C. J., p. 542, See. 754.
“Un cheque í’ecibido por el demandante a una distancia de 16% millas del banco contra el cual se libró debe, en el curso ordinario de los negocios, presentarse al pago a más tardar durante el segundo día después de recibido.” Hamlin v. Simpson, 105 Iowa 125, 74 N. W. 906, 44 L.R.A. 397.
“Si la persona que recibe un cheque y el banco contra el cual se ha librado tal cheque se encuentran en distintas poblaciones, el cheque debe ser enviado para su presentación al pago, ya sea • por correo o por cualquier otro medio corriente de transportación, al día siguiente después de ser recibido en el sitio donde la persona que lo recibe vive o hace negocios, si esto es factible; y si no lo es, entonces por el próximo correo que salga después de esa fecha o por cualquier otro medio de transmisión.” Lewis, Hubbard & Co. v. Montgomery Supply Co., 52 S. E. 1017; 4 L.R.A. (N. S.) 132.
“De acuerdo con nuestra jurisprudencia no puede existir duda alguna de que el demandante no presentó el cheque al banco librado dentro de un tiempo razonable. El cheque estaba fechado noviembre 30, qne era nn sábado. Si el banco librado hubiera estado en el mismo pueblo donde vivía el demandante, hubiera sido el deber del demandante presentar el cheque a más tardar al siguiente día labo-rable después de su fecha, que hubiera sido el lunes siguiente, día 2 de diciembre. El banco contra el cual se libró el cheque no es-taba situado en el pueblo donde vivía el demandante, sino en la ciudad de Ravenswood, como a 16 ó 17 millas de distancia. ¿Cuál era, pues, la obligación del demandante? El estaba obligado a en-viar el cheque para su presentación al banco, ya por correo, ya por cualquier otro medio de transportación, al día siguiente de haberlo recibido, si esto podía razonablemente hacerse, y, entonces hacer que fuese presentado al pago no más tarde del día siguiente después del arribo del cheque a la localidad donde había de ser pagado. Esta es la doctrina sentada por esta corte en los casos de Lewis H. & Co. v. Montgomery Supply Co., 59 W. Va. 75, 4 L.R.A. (N. S.) 132, 52 S. E. 1017, y Pinkney v. Kanawha Valley Bank, 68 W. Va. 254, 32 L.R.A. (N. S.) 987, 69 S. E. 1012, Ann. Cas. 1912-B 115.
"Aplicando esta doctrina a los hechos según los expresa el de-mandante, encontramos que existía un servicio diario de correos en-tre el pueblo donde vivía el demandante y Ravenswood, o sea el sitio donde debía pagarse el cheque, cuyo correo salía del pueblo del de-mandante entre 1 y 2 de la tarde, y llegaba a Ravenswood una hora después. Siendo ello así, era la obligación del demandante enviar el cheque a Ravenswood para ser presentado al banco librado, a más tardar por el correo que salía en la tarde del lunes, día 2 de diciem-bre. También aparece que este correo hubiera llegado a Ravenswood entre 2 y 3 de la tarde, de modo que puede decirse que el cheque no podría razonablemente haberse presentado al pago en ese día, pero la obligación del demandante era presentarlo durante horas labora-bles del día siguiente. El dejar de presentarlo al banco librado y de haber reclamado su pago, dentro del tiempo indicado, constituyó una falta de parte del demandante de ejercitar la debida diligencia en el cobro de dicho cheque. No lo presentó dentro de un tiempo razonable. ’ ’ Nuzum v. Sheppard, 104 S. E. 587; 11 A.L.R. 1024.

De acnerdo con la-jurisprudencia citada debemos resolver que, dentro de las circunstancias de este caso, la demora de dieciséis días no puede ser considerada como un tiempo ra-zonable.

La apelante entiende, además, que interpretando rectamente el artículo 187 de la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, supra, “no basta solamente, para que quede ex-tinguida una deuda pagada con cheque, la existencia del hecho ereditivo de que no se presentó el cheque al pago den-tro de un tiempo razonable, sino que también tiene que co-existir el hecho real y positivo de la pérdida que haya expe-rimentado el librador o el endosante, por la demora del acree-dor en la presentación al pago . . . .”

No tiene razón la apelante. En primer lugar, dicho ar-tículo dice que “el librador quedará relevado de responsabi-lidad en cuanto al mismo, hasta el montante de la pérdida causada por la demora,” y no menciona al endosante para nada. En segundo lugar, una gran mayoría de las autori-dades sostiene que el endosante de un cheque, contrario a lo que sucede con el librador, queda relevado de responsabilidad por demora irrazonable en su presentación al cobro, haya o no sufrido perjuicios como consecuencia de ella. Yeanse: Nuzum v. Sheppard, 11 A.L.R. 1024, y las autoridades en la nota a la página 1028; 8 C. J. p. 545, see. 758, y 5 “Uniform Laws Annotated,” 847, sec. 72.

En Nuzum v. Sheppard, supra, se dijo:

“Los cheques no son destinados para usarse como moneda de cam-bio (media of exchange). Cuando uno expide un cheque, o endosa a favor de otro un cheque que le ha sido entregado a uno, uno tiene derecho a esperar que tal otra persona presentará el cheque al pago prontamente, y si no lo hace así, él en efecto dice al endosante, ‘No lo tendré a usted como parte obligada en este documento.’ Si tal cheque se entrega a una persona en pago de una deuda, ordinaria-mente no se considerará satisfecha la deuda; pero si el tenedor no lo presenta al pago prontamente, y si no da aviso de falta de pago en su caso, tal falta- de diligencia tendrá como resultado el que la deuda por la cual se entregó el cheque queda satisfecha.” Nuzum v. Sheppard, 104 S. E. 587, 11 A.L.R. 1024.

No cometió la corte inferior el cuarto error.

Una vez resuelto que dentro de las circunstancias de este caso, dieciséis días de demora en presentar al cobro un cheque, es un término 'irrazonable, el tercer error carece de .importancia. Veamos en qué .consiste. La demandada ape-lada presentó su contestación enmendada a la demanda, el mismo día del juicio ante la corte de distrito. Una de sus d.efensas especiales, la marcada con la letra (d), dice en lo' que es pertinente: ■ •

“ ■ . . Y alega la demandada que si el cheque mencionado hu-biera sido presentado al cobro dentro de un tiempo razonable, dicho cheque hubiera sido pagado en su totalidad del saldo de la cuenta co-rriente del librador.”

Con la oposición de la apelante, la corte permitió declarar a Alfonso Alfonzo, empleado del Banco de Puerto Rico, y a C. Stewart Graham, gerente en septiembre de 1932 del Banco Territorial y Agrícola, que dicho banco hubiera pa-gado en aquella fecha cualquier cheque de Bernardo García que se hubiera puesto al cobro, aun cuando no hubiese tenido el librador fondos suficientes, no sólo porque era entonces su corresponsal, sino por su prestigio y solvencia económica. Sostiene la apelante que esas declaraciones no cabían dentro dé la defensa letra (d) supra, siendo por tanto una nueva defensa que le tomó por sorpresa el día del juicio! Está en un error la apelante. Sus testigos Eduardo Rodríguez (es-poso de la demandante y apelante) y Gabriel Rodríguez, de-clararon que el cheque fué puesto al cobro el 24 y el 26 de septiembre de 1932, y que no fué pagado por no tener fondos suficientes el librador. La parte apelada tenía derecho a im-pugnar y desmentir esas declaraciones, y a esos efectos, el testimonio de Alfonzo y de Stewart era perfectamente admi-sible. No erró la corte al admitirlo.

El tercer error se refiere a uno de los fundamentos que tuvo la corte inferior para dictar la sentencia que dictó. Pero si ésta es-correcta,- el hecho-de. que los fundamentos sean erróneos no.es motivo para revocar. En el caso de autos la sentencia está ampliamente sostenida por la prueba, y en esas condiciones no estaríamos justificados en alterarla.

“Y además de este error, si así fuera, aparece solamente en la opinión de la corte inferior, y no en la sentencia. Si la sentencia es correcta, y fuesen erróneos sus fundamentos, no obstante esto, dicha sentencia será válida, según bemos resuelto repetidas veces. Por tanto, el primer error car'eee de" mérito suficiente para que se le con-sidere más detenidamente.” Gandía v. Pizá Hnos., S. en C., 17 D. P.R. 812 (817).
“No son los fundamentos de las sentencias los que propiamente causan perjuicio o agravio determinantes de apelación a una parte sino las sentencias mismas.” Alcaide v. Morales et al., 26 D.P.R. 238. Véase también Guilbe v. American Railroad Co., 27 D.P.R. 734.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.