text:
    Wilfredo Rivera Menéndez, peticionario, v. Action Service Corp., recurrido; Action Service Corporation, peticionaria, v. Wilfredo Rivera Menéndez, recurrido.

      Números: CC-2010-74
    CC-2010-82

      Resueltos: 13 de abril de 2012

      José Martínez Custodio, abogado de Wilfredo Rivera Menén-dez, peticionario y recurrido; Martha L. Martínez Rodrí-guez y Olga Yolanda Cabrera Ramos, de Manuel A. Núñez Law Offices, abogadas de Action Services Corporation, re-currida y peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente caso nos corresponde atender dos controversias. En la primera, debemos determinar cuáles son las consecuencias de que las partes en un pleito esti-pulen un expediente médico, sin ninguna declaración adi-cional sobre los fines de esa estipulación. Por su parte, en la segunda controversia debemos resolver si erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que un empleado no fue despedido como represalia por reportarse a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para recibir beneficios por un accidente ocurrido en el trabajo.

I

El Sr. Wilfredo Rivera Menéndez comenzó a trabajar en el 2006 como empleado de mantenimiento de la compañía Action Service Corp. (Action). Sus funciones se concentra-ban en realizar labores de limpieza en el edificio Cortés y en las instalaciones de la Puerto Rico Telephone Company (P.R.T.C.), ambos ubicados en el municipio de Utuado.() En el ejercicio de esas funciones, el 24 de agosto de 2006, el señor Rivera Menéndez sufrió un accidente laboral.() Por ello, el 29 de agosto de 2006 reclamó a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (C.F.S.E.) y, tras evaluar su situación, le ordenaron recibir tratamiento médico en descanso. Posteriormente, el 3 de octubre de ese mismo año, la C.F.S.E. examinó nuevamente al señor Rivera Me-néndez y determinó que este podía continuar con el trata-miento mientras trabajaba. Sin embargo, a pesar de los múltiples requerimientos para que le devolvieran su em-pleo, entre ellos una carta con fecha de 14 de noviembre de 2006, Action no reinstaló al señor Rivera Menéndez en su trabajo como empleado de mantenimiento.

Ante tales circunstancias, el 9 de febrero de 2007, el señor Rivera Menéndez presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado. Su acción se sustentó en reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.; la Ley Núm. 115-1991, conocida como Ley de Acción por Represalia del Patrono, 29 L.P.R.A. see. 194 et seq. (Ley Núm. 115), y de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, Ley de Despido Injustificado, 29 L.P.R.A. see. 185 et seq.

En la demanda, el señor Rivera Menéndez alegó que fue despedido injustamente por su patrono y en represalia por haber acudido a recibir tratamiento ante la C.F.S.E. Por consiguiente, solicitó ser restituido en su empleo y que se le pagaran los salarios dejados de recibir, las angustias mentales, los beneficios marginales y los honorarios de abogado. El 21 de marzo de 2007, Action contestó la demanda. Alegó que cuando el peticionario solicitó la reins-talación en su empleo se le ofreció ser reinstalado como empleado de mantenimiento, pero en un edificio de la P.R.T.C. radicado también en el municipio de Utuado. Action, además, negó que el peticionario fuera despedido en represalia por haber acudido a recibir tratamiento en la C.F.S.E. y argüyó que este no fue despedido, sino que aban-donó su empleo.

Cardinal a la controversia que nos ocupa es el hecho de que, como parte del proceso judicial, las partes estipularon como prueba documental el expediente del señor Rivera Menéndez en la C.F.S.E. En ese expediente consta un for-mulario de declaración voluntaria y una declaración ju-rada, ambas cumplimentadas y firmadas alegadamente por el señor Rivera Menéndez, en las que declaró que tra-bajaba 29 horas semanales (siete horas los lunes, miércoles y viernes, y cuatro horas los martes y los jueves).()

Así las cosas, el 19 de febrero de 2009 se celebró la vista en su fondo. De las determinaciones de hechos realizadas por el Tribunal de Primera Instancia, surge que entre las personas que testificaron se encontraba la Sra. Nitzaydee Avilés, gerente de recursos de Action. La señora Avilés tes-tificó que al señor Rivera Menéndez se le ofreció empleo en el edificio de la P.R.T.C., pero que rehusó aceptarlo. Ade-más, señaló que el señor Rivera Menéndez trabajaba 29 horas semanales. Sin embargo, el tribunal de instancia no le brindó credibilidad a lo expuesto por la señora Avilés en el sentido del ofrecimiento de empleo, ya que no pudo ar-monizar su aseveración con la carta del señor Rivera Me-néndez, admitida en evidencia, en la que solicitaba su reinstalación para el mismo tiempo. El tribunal tampoco le dio credibilidad al testimonio de la señora Avilés sobre las horas trabajadas, porque esta nunca produjo las nóminas firmadas por el señor Rivera Menéndez. Por su parte, el señor Rivera Menéndez, testificó, entre otras cosas, que trabajaba cuarenta horas semanales.

Luego de escuchar a los testigos y de evaluar la prueba documental presentada por las partes, el Tribunal de Pri-mera Instancia dictó sentencia el 5 de junio de 2009. En esta determinó que el peticionario fue despedido injustifi-cadamente por haber acudido a la C.F.S.E. y que le cobija-ban, entre otros remedios, los concedidos a la luz de la Ley Núm. 115. Con relación a las horas que el señor Rivera Menéndez trabajó, el Tribunal de Primera Instancia rea-lizó el cálculo de la compensación basándose en una jor-nada de cuarenta horas semanales. En específico, el tribunal concedió la compensación siguiente: $35,845.90 por los salarios dejados de percibir y beneficios marginales, así como $5,000 por las angustias mentales, que sumaron $40,845.90. Conforme a la Ley Núm. 115, esa cantidad se duplica como penalidad, por lo que el tribunal elevó la com-pensación a $81,691.18, más el 25% por honorarios de abo-gado, costas e interés legal por la cantidad de $20,422.80.

El 24 de julio de 2009, Action acudió mediante un re-curso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que el Tribunal de Primera Instancia erró al determinar que el señor Rivera Menéndez fue objeto de represalias. Añadió que incidió ese Foro al calcular los honorarios de abogado concedidos y al descartar la prueba documental estipulada por las partes. Asimismo, expuso que se equi-vocó también al calcular las partidas de ingresos dejados de devengar que incluía una jornada de trabajo mayor a la que el empleado tenía (40 horas en vez de 29).

El 20 de noviembre de 2009, el Tribunal de Apelaciones emitió sentencia. Concluyó que el despido del señor Rivera Menéndez, aunque injustificado y en contravención con el Art. 5-A de la Ley Núm. 45, supra, no fue en represalia por acudir a la C.F.S.E. Por otro lado, ese tribunal le brindó deferencia a la apreciación de los testimonios orales aqui-latados por el Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la jornada de trabajo y sostuvo que la compensación debía calcularse a base de una jornada semanal de cuarenta horas. El 23 de diciembre de 2009, el Tribunal de Apelacio-nes notificó una Resolución en la que declaró “no ha lugar” a la moción de reconsideración presentada oportunamente por el señor Rivera Menéndez.

Inconformes, tanto el señor Rivera Menéndez como Action, presentaron sendas peticiones de certiorari ante este Tribunal en los que solicitaron la revisión de la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

En el Certiorari del recurso CC-10-0082, pág. 4, Action señaló la comisión del error siguiente:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES AL SOSTENER LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE DESCARTAR LA PRUEBA DO-CUMENTAL ESTIPULADA POR LAS PARTES Y CALCU-LAR LAS PARTIDAS DE INGRESOS DEJADOS DE DEVEN-GAR INCLUYENDO UNA JORNADA DE TRABAJO MAYOR A LA QUE EL EMPLEADO TENÍA.

Por otra parte, en el Certiorari del recurso CC-10-0074, pág. 4, el señor Rivera Menéndez señaló la comisión del error siguiente:

ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES AL DETERMINAR, EN SU SENTENCIA, QUE EL DESPIDO DE LA PARTE RECURRENTE AUNQUE INJUSTIFICADO Y EN CONTRAVENCI[Ó]N CON EL ART. 5-1 DE LA LEY N[Ú]M. 45, NO FUE EN REPRESALIA POR ACUDIR AL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO.

Posteriormente, el señor Rivera Menéndez presentó una “Moción solicitando consolidación de recursos de certiorari”. El 11 de enero de 2011 emitimos una resolución en la que ordenamos que se consolidaran los recursos por tratarse ambos del mismo pleito y, a su vez, expedimos. El peticiona-rio y Action presentaron sus alegatos el 24 de septiembre de 2010 y 29 de noviembre de 2010, respectivamente. Así, con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a resolver.

II

Pasemos a considerar el planteamiento de Action que sostiene que erró el Tribunal de Apelaciones al descartar una prueba estipulada y rendirle deferencia al Tribunal de Primera Instancia.

Las estipulaciones son admisiones judiciales que implican un desistimiento formal de cualquier contención contraria a ellas.!) Estas son favorecidas en nuestro orde-namiento porque eliminan desacuerdos, y de esa forma, facilitan y simplifican la solución de las controversias jurídicas.!) Por ello, las estipulaciones son herramientas esenciales en las etapas iniciales del proceso judicial y su uso es promovido por las Reglas de Procedimiento Civil.!)

En nuestra jurisdicción hemos reconocido tres cla-ses de estipulaciones: (1) las que constituyen admisiones de hechos y dispensan del requisito de probarlos; (2) las que reconocen derechos y tienen el alcance de una adjudi-cación, y (3) las que proponen determinado curso de acción, como por ejemplo, que se celebre una conferencia con ante-lación al juicio, que se someta una cuestión a un comisio-nado especial o para que se admitan determinadas pruebas.!)

La primera clase, por lo visto, trata sobre las es-tipulaciones de hechos. Estas tienen el efecto de dispensar el requisito de probar tales hechos. Es decir, cuando se ad-mite o estipula un hecho, la parte está relevada de probarlo. !) En esas situaciones, la estipulación sustituye la prueba que se presentaría en la vista del caso. !) Una vez estipulado un hecho, la parte no puede impugnarlo posteriormente() La estipulación de un hecho, como regla general, constituye una admisión sobre su veracidad y obliga tanto al tribunal como a las partes()

Como segunda clase, está la estipulación que tiene el efecto de poner fin a un pleito o a un incidente en este. En ese tipo de casos, hemos resuelto que esa estipulación obliga a las partes y tiene el efecto de cosa juzgada() Incluso, esa clase de estipulación podría catalogarse como un contrato de transacción si cumple con los requisitos de ese tipo de contrato() Ello, porque no toda estipulación implica necesariamente la existencia de un contrato de transacción()

Por otro lado, la tercera clase de estipulación es la que trata sobre materias procesales. La Regla 26 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. ant. Ap. III, por ejemplo, contempla que las partes puedan estipular la forma y manera de tomar deposiciones, así como la modificación del procedimiento para cualquier otro mecanismo de descubrimiento de prueba. Asimismo, como ya hemos expuesto, las partes en un pleito pueden estipular la admisión de determinada prueba, entre otros asuntos()

Ahora bien, a base de la controversia que nos ocupa, debemos aclarar que entre los asuntos procesales que pueden estipularse también se permite la autenticación de evidencia. La Regla 901 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, dispone el requisito de autenticación como condi-ción previa a la admisibilidad de evidencia. A esos efectos, el inciso (B) de esa regla establece un listado de los méto-dos que se pueden utilizar para realizar la autenticación. No obstante, la propia Regla 901, supra, establece que ese listado no es taxativo, por lo que la autenticación no tiene que realizarse mediante un método específico()

Precisamente, en el comentario a la Regla 901 que rea-lizó el Comité Asesor Permanente de Reglas de Evidencia se confirma que la autenticación de evidencia puede lo-grarse mediante la estipulación o admisión de las partes/) En ese comentario, incluso se cita como base análoga el comentario a la Regla 901 Federal en la que se promueve el uso de la estipulación para autenticar como forma de agilizar los procesos/) Es decir, en el tercer tipo de estipulaciones (las procesales), podemos incluir la au-tenticación de evidencia. Ello es cónsono, no solo con la normativa general que promueve el uso de las estipulacio-nes como herramientas de simplificación procesal, sino además, con nuestras Reglas de Procedimiento Civil.

Así, una vez se estipula la autenticación de una evidencia, las partes están imposibilitadas de controvertir su autenticidad. En otras palabras, para fines del proceso judicial, la evidencia es lo que se dice que es. Sin embargo, es importante señalar que la estipulación sobre autenticación de evidencia no debe confundirse con la de hechos. La primera, a menos que las partes dispongan clara y expresamente lo contrario, solo releva del proceso de autenticar esa evidencia.

B.

Como ya hemos expuesto, las estipulaciones tienen distintos efectos y propósitos, por lo tanto, las partes deben establecer con claridad su alcance. En lo pertinente al caso de autos, debemos establecer qué efectos tiene la sola estipulación de un expediente médico (de la C.F.S.E.) sin ninguna expresión adicional sobre el alcance de esa estipulación.

En su recurso, Action arguye que erró el Tribunal de Apelaciones al rendir deferencia a la decisión del foro pri-mario que concluyó que la indemnización que debía recibir el empleado se calcularía a base de una jornada de trabajo semanal de cuarenta horas. Ello, porque consideró que el foro primario llegó a esa conclusión a pesar de que existía prueba documental estipulada por las partes de la que sur-gía que el empleado trabajaba 29 horas semanales. No le asiste la razón. Veamos.

De entrada, es importante destacar que el expediente de la C.F.S.E. que correspondía al señor Rivera Menéndez fue estipulado por ambas partes, sin aclarar con qué fines se hacía. De ese expediente estipulado es que surge el docu-mento de la C.F.S.E. que Action utiliza para sustentar su reclamación. En ese documento, alegadamente, el señor Rivera Menéndez declaró que trabajaba 29 horas semanales.() Específicamente, en el documento se declaró que el horario de trabajo del empleado era: lunes, miérco-les y viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; martes y jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. No obstante, en el juicio, el peticio-nario testificó que trabajaba cuarenta horas semanales. Para contradecir el testimonio antedicho, la gerente de re-cursos de Action testificó que el señor Rivera Menéndez trabajaba 29 horas semanales. Sin embargo, la gerente de recursos no proveyó ninguna evidencia documental a su favor ni hizo referencia a documento alguno en el expe-diente del señor Rivera Menéndez. Así, pues, luego de eva-luar ambos testimonios, el Tribunal de Primera Instancia adjudicó entera credibilidad a las declaraciones del empleado.

Ahora bien, de los autos del caso no surgen con claridad los motivos de la estipulación del expediente de la C.F.S.E. ni la información o hechos precisos que se querían estipular. Tampoco surge estipulación alguna, o que se haya pasado prueba, sobre la veracidad del contenido de la declaración jurada del empleado que obra en el expediente de la C.F.S.E., y que hoy es utilizada por Action. La estipulación de un hecho, contrario a la estipulación sobre la autenticación de evidencia, implica el relevo de prueba de ese hecho, por tal razón, los tribunales no debemos dar un hecho por estipulado si ello no surge claramente de lo acordado por las partes. Por lo tanto, debemos concluir que el motivo de la estipulación del expediente tuvo como fin la admisibilidad del documento, como copia fiel y exacta de este, y no la veracidad del contenido. Es decir, solo se estipuló la autenticidad del expediente. Contrario a lo ex-puesto por Action, la estipulación del expediente del empleado fue del tipo de estipulación que versa sobre asuntos procesales (autenticación) y no sobre admisiones de hechos.

Por otro lado, del expediente del caso surge que Action no objetó que se pasara prueba del alegado “hecho estipu-lado” sobre las horas trabajadas. Al contrario, solo se de-dicó a pasar prueba en contrario sobre el mismo asunto de las horas. Ello demuestra la existencia de una controversia sobre la cantidad de horas trabajadas por el empleado y que, a su vez, no existía una estipulación al respecto. Lo anterior también demuestra el hecho de que Action no tuvo problemas con que se pasara prueba sobre el asunto. In-cluso, al realizar el contrainterrogatorio, Action no con-frontó al empleado con el documento que hoy utiliza como fundamento de su reclamación. La contención sobre ese documento, precisamente, lo utilizó por primera vez en su reclamación ante el Tribunal de Apelaciones.

Por todo lo anterior, podemos concluir que no existía impedimento para que el Tribunal de Primera Instancia permitiera que se pasara prueba sobre un hecho que no fue estipulado. Así, luego de evaluar los testimonios presenta-dos, el foro primario acogió la versión del señor Rivera Me-néndez y adjudicó la indemnización a base de un periodo laboral de cuarenta horas semanales.() El Tribunal de Apelaciones le brindó deferencia a esa decisión y estamos conformes con su apreciación.

Como es sabido, los tribunales apelativos no debemos intervenir con las determinaciones de hechos ni con las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el foro primario, a menos que este último haya incurrido en: error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.() Y es que cuando la evidencia directa de un testigo le merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es prueba suficiente de cualquier hecho.() De esa forma, la intervención con la evaluación de la prueba testifical procedería en casos en los que luego de un análisis integral de esa prueba, nos cause una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que estremezca nuestro sentido básico de justicia.() Por consiguiente, al considerar que en este caso el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en ninguna de las actuacio-nes antedichas, confirmamos la decisión del foro apelativo intermedio de brindarle deferencia a las determinaciones de hechos y a la adjudicación de credibilidad realizada por el foro primario.

III

A. La Ley de Represalias

Al presentar una causa de acción al amparo de la citada Ley Núm. 115-1991 (Ley Núm. 115), el empleado tiene dos vías probatorias, a saber: (1) la directa —en la que el demandante deberá probar su caso a través de evidencia directa o circunstancial con la que demuestre un nexo causal entre la conducta del demandado y el daño sufrido— y (2) la indirecta.() Si el empleado opta por la vía indirecta, deberá establecer un caso prima facie de represalia mediante evidencia que demuestre que (1) participó en una actividad protegida por la Ley Núm. 115 y (2) que fue subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado en su contra por su patrono (nexo causal).()

En cuanto al primer criterio, que el empleado haya participado en una actividad protegida por la Ley Núm. 115, es un principio reiterado que cuando un empleado acude a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para acogerse a sus beneficios, tal acción constituye una actividad protegida por la Ley Núm. 115.()

Por su parte, el segundo criterio es el que requiere que el empleado haya sido despedido, amenazado o discriminado en el empleo, subsiguientemente a su incur-sión en la actividad protegida. Precisamente, en nuestra decisión reciente de Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 386 (2011), tuvimos la oportunidad de examinar a cabalidad ese criterio, así como el término “sub-siguientemente”. Resolvimos que al establecer un caso prima facie, bastará que el empleado compruebe “que la acción adversa que experimentó ocurrió al poco tiempo de haber incurrido en la alegada actividad protegida”.() Es decir, para cumplir con el segundo criterio que requiere la Ley Núm. 115, para establecer un caso prima facie es su-ficiente con que se establezca la proximidad temporal.

En síntesis, tal y como señalamos en Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 394, citando a Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 D.P.R. 499, 511 (1997):

“[La Ley Núm. 115, supra,] crea una presunción juris tantum de violación a ésta a favor del querellante, al disponer que éste establece un caso prima facie una vez prueba que participó en una actividad protegida y que fue subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado en su contra en el empleo. Una vez el querellante deberá alegar y fundamentar que tuvo una razón legítima y no discriminatoria para el despido. Ante esto, el empleado, aún puede prevalecer si prueba que la razón alegada por el patrono es un simple pretexto para el despido discriminatorio”. (Enfasis suprimido)()

B.

A base del Derecho expuesto, pasemos a considerar el segundo error, en el que el señor Rivera Menéndez arguye que el Tribunal de Apelaciones incidió al concluir que no logró probar que fue despedido en represalia por haber acudido a la C.F.S.E. Le asiste la razón. Veamos.

De los hechos del caso de autos surge que el señor Rivera Menéndez sufrió un accidente en el lugar de trabajo el 24 de agosto de 2006. A causa de ello, acudió a la C.F.S.E. para recibir tratamiento. Luego, poco más de un mes des-pués, el 3 de octubre de 2006, la C.F.S.E. determinó que el empleado podía continuar con el tratamiento médico mien-tras trabajaba. Según determinó el Tribunal de Primera Instancia, el señor Rivera Menéndez realizó varias gestio-nes para comenzar a trabajar nuevamente, pero no recibió contestación de Action sobre cuándo podía ser reinstalado en su empleo. El 14 de noviembre de 2006, el señor Rivera Menéndez envió una carta a su patrono en la que solicitó que se le reinstalara en su empleo, sin embargo, Action no lo reinstaló. Por ello, el Tribunal de Primera Instancia re-solvió, entre otras cosas, que el despido del señor Rivera Menéndez fue en represalias por haber acudido a la C.F.S.E. a recibir tratamiento.

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones no estuvo de acuerdo con la determinación y resolvió que el señor Rivera Menéndez no probó que sufrió un despido por represalias. Ese foro, aunque reconoció que el señor Rivera Menéndez fue despedido sin justa causa() y que Action incumplió con su deber de reinstalarlo, señaló que tal in-cumplimiento no activaba una causa de acción por repre-salia contra su patrono al amparo de la Ley Núm. 115. De esa forma, al llegar a esa conclusión, el foro apelativo in-termedio omitió entrar en los méritos de la controversia que versa sobre la Ley Núm. 115. Sin embargo, considera-mos que la normativa expuesta en ese estatuto es aplicable al caso de autos.

En primer lugar, es importante señalar que cuando el señor Rivera Menéndez acudió a la C.F.S.E. para acogerse a los beneficios provistos por la Ley Núm. 45,() su proce-der constituyó una actividad protegida por la Ley Núm. 115. En segundo lugar, quedó probado que el señor Rivera Menéndez, luego de que la C.F.S.E. determinó que podía volver a trabajar, realizó las gestiones necesarias para re-gresar a su empleo rápidamente. Además, vale destacar que la determinación de la C.F.S.E. se realizó a solo un mes y varios días después de la fecha del accidente. No obs-tante, las gestiones del empleado no surtieron frutos, pues Action nunca le devolvió su puesto de trabajo.

En vista de lo anterior, el señor Rivera Menéndez logró probar que participó de una actividad protegida y que sub-siguientemente fue despedido por su patrono, ya que nunca lo reinstaló. De esa forma, el señor Rivera Menéndez con-figuró un caso prima facie de represalias que activó una presunción juris tantum de violación a la Ley Núm. 115, contra Action. Ante tal presunción, le correspondía a Action articular una razón justificada que legitimara el des-pido del señor Rivera Menéndez. No lo hizo.

Con la intención de dar una razón justificada y destruir la presunción a favor del señor Rivera Menéndez, Action alegó que no lo había despedido, sino que él había abando-nado el empleo. Adujo, además, que al empleado se le ofre-ció ser reinstalado en otros lugares y no lo aceptó. No obs-tante, cuando el Tribunal de Primera Instancia evaluó toda la prueba testimonial y documental, consideró que las ale-gaciones de Action no le convencieron al punto de lograr rebatir la presunción a favor del señor Rivera Menéndez. Por consiguiente, concedió los remedios correspondientes que permitía la Ley Núm. 115.

Como ya hemos expuesto, es norma altamente reiterada que los tribunales apelativos no debemos intervenir con las determinaciones de hechos, ni con la adjudicación de cre-dibilidad del foro primario a menos que este último haya incurrido en error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.!) Así, pues, de la única manera en que pode-mos intervenir con la determinación realizada por el foro primario, sería porque entendiésemos que este último in-currió en error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Sin embargo, al examinar el expediente surge que el peti-cionario logró establecer un caso prima facie de represalias que el patrono no pudo rebatir. De esa forma, la actuación del foro primario de conceder los remedios dispuestos en la Ley Núm. 115, fue acertada. Por ende, revocamos la deci-sión del Tribunal de Apelaciones en lo pertinente.

IV

En armonía con lo señalado, se revoca en parte la sen-tencia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala la deter-minación del Tribunal de Primera Instancia que otorgó los remedios bajo la Ley Núm. 115; así modificada, se confirma.

Se dictará Sentencia de conformidad.

      (1) Apéndice del Certiorari presentado por Action Service Corp. (Action), pág. 159.

      (2) El accidente se produjo cuando un compañero de trabajo del señor Rivera Menéndez lo roció accidentalmente en varias ocasiones con un detergente (Doctor Mecánico). Ello provocó que la salud del señor Rivera Menéndez se afectara por la inhalación de esa sustancia química.

      (3) Apéndice del Certiorari presentada por el señor Rivera Menéndez, págs. 94 y 98.

      (4) Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R. 219, 238 (2007); P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 223, 231 (1975).

      (5) Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675, 693 (2001).

      (6) Véanse, por ejemplo, las Reglas 37.2, 37.4 y 37.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.

      (7) Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra, pág. 238; P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, supra, pág. 230.

      (8) Díaz Ayala et al. v. E.L.A., supra; Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 D.P.R. 560, 571 esc. 11 (1998); Regla 5.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. ant. Ap. III.

      (9) Mora Dev. Corp. v. Sundín, 118 D.P.R. 733, 752 (1987); Vda. de Rivera v. Pueblo Supermarkets, 102 D.P.R. 134, 139 (1974).

      (10) Maldonado v. Consejo de Titulares, 111 D.P.R. 427, 434-435 (1981).

      (11) Coll v. Picó, 82 D.P.R. 27, 36 (1960).

      (12) Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra; Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 D.P.R. 406, 410 (1993); Magee v. Alberro, 126 D.P.R. 228, 232 (1990); Negrón Rivera y Bonilla, Ex Parte, 120 D.P.R. 61, 74 (1987); Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 D.P.R. 782, 786-787 (1981); P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, supra, 231. Véase, además, Art. 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4821.

      (13) Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra.

      (14) íd.

      (15) P.R. Glass Corp. v. Tibunal Superior, supra.

      (16) Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 361, 424 (1995).

      (17) Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de las Reglas de Derecho Probatorio, San Juan, Tribunal Supremo de Puerto Rico, 2007, pág. 626.

      (18) íd.

      (19) Apéndice del Certiorari presentada por el señor Rivera Menéndez, págs. 94

      (20) De igual forma, vale señalar que de los autos del caso surge un Informe de Conferencia con Antelación al Juicio en el que ambas partes estipularon que el señor Rivera Menéndez trabajaba para Action de
      .. lunes a viernes en el edificio en donde ubican las facilidades de la Fiscalía de Utuado, ubicadas en el Edificio Cortés en Utuado y además, laboraba durante dos días a la semana, en las facilidades de la Puerto Rico Telephone Company en Utuado Puerto Rico”.
      Evidentemente, la estipulación anterior es conciliable con el testimonio brindado por el empleado. Además, esa estipulación la utilizó el Tribunal de Primera Instancia en la determinación de hechos Núm. 3 en su Sentencia.

      (21) S.L.G. Rivera Carrasquilla v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 356 (2009); Flores v. Soc. de Gananciales, 146 D.P.R. 45, 49 (1998).

      (22) S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 357.

      (23) íd., pág. 356; Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 648 (1986).

      (24) Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 386 (2011); Rentas Santiago v. Autogermana, Inc., 182 D.P.R. 759 (20Í1) (Sentencia).

      (25) Rentas Santiago v. Autogermana, Inc., supra.

      (26) Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155, 165 (2000). Véanse, además: Feliciano Martes v. Sheraton, supra; Rentas Santiago v. Autogermana, Inc., supra.

      (27) Feliciano Martes v. Sheraton, supra.

      (28) Véanse: Feliciano Martes v. Sheraton, supra; Rentas Santiago v. Autogermana, Inc., supra, para un análisis más detallado sobre la Ley Núm. 115.

      (29) La determinación de despido injustificado no está en controversia.

      (30) Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.).

      (31) S.L.G. Rivera Carrasquilla v. A.A.A., supra, pág. 356.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Osvaldo Pérez Marrero, querellado.

      Número: CP-2010-0004

      Resuelto: 18 de abril de 2012

      Irene S. Soroeta Kodesh, procuradora general, Edna Evelyn Rodriguez Benitez, procuradora general auxiliar, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general, parte quere-llante; Plinio Pérez Marrero, abogado de la parte quere-llada; Crisanta González Seda, comisionada especial.
   per curiam:

El 6 de mayo de 2010, la Procuradora General presentó una querella por conducta profesional contra el Ledo. Osvaldo Pérez Marrero en cumplimiento con la orden de este Tribunal. En ese cargo se le imputó violación al Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por representar profesionalmente a la corporación Oros Verdes, Inc. y al Dr. José Camuñas Córdova en una acción de daños y perjuicios contra Doral Financial Corporation. Específicamente, la Procuradora arguye que tal represen-tación infringió el Canon 21, supra, toda vez que los inte-reses de la corporación y los del doctor Camuñas Córdova eran contrarios.

Luego de que el licenciado Pérez Marrero sometiera su posición sobre las alegaciones presentadas, nombramos a la Leda. Crisanta González Seda como comisionada especial para que recibiera y aquilatara la prueba que habría de ser presentada en una vista evidenciaría. Además, se le requirió que preparara un informe con sus determinacio-nes de hechos y las recomendaciones que estimara procedentes.

Posteriormente, el licenciado Pérez Marrero presentó su contestación al Informe de la Comisionada y discrepó de las conclusiones contenidas en este. Examinado el escrito y la contención del querellado, coincidimos con la Comisio-nada Especial en que el abogado incurrió en la violación ética señalada.

Para la atención de la querella ética que nos ocupa, vea-mos los antecedentes fácticos que se desprenden del In-forme de la Comisionada Especial y en el legajo del caso.

I

El Ledo. Osvaldo Pérez Marrero (querellado) fue admi-tido al ejercicio de la abogacía el 5 de junio de 1974. El 16 de agosto de ese mismo año le fue expedida la autorización para ejercer como notario público.

Surge de los hechos que el querellado era secretario y vicepresidente de la corporación Oros Verdes, Inc. (Corporación). Para finales del 2004, el Sr. Oriel Ramírez Rodríguez (Ramírez Rodríguez), presidente de la Corpora-ción, se interesó en la adquisición de un apartamento que el Dr. José Camuñas Córdova (querellante) y su esposa te-nían para la venta en el condominio Playa Fortuna en Luquillo. Así pues, el licenciado Pérez Marrero contactó al querellante en representación de la Corporación para ini-ciar la negociación de compraventa del inmueble.

En ese momento el apartamento tenía un gravamen hi-potecario a favor de Doral Financial Corporation (Doral). En vista de ello, el querellado y el señor Ramírez Rodrí-guez realizaron durante la etapa de negociación gestiones para que la Corporación asumiera la hipoteca existente. Doral expresó que no había problema en realizar la trans-ferencia de la deuda hipotecaria y relevar a los titulares de esa obligación. Contando con el compromiso de Doral, la escritura de compraventa se otorgó el 1 de abril de 2005. En representación de Oros Verdes, Inc., compareció el se-ñor Ramírez Rodríguez; por su parte, el doctor Camuñas Córdova y su cónyuge comparecieron como vendedores del inmueble.

Igualmente, ese mismo día las partes comparecientes suscribieron un documento intitulado “Acuerdo de tras-paso y/o cancelación de deuda”, en el que se dispuso lo si-guiente:

1. Que en el día de hoy las partes han otorgado escritura de compraventa mediante la cual los comparecientes de la se-gunda parte traspasan la titularidad sobre la propiedad loca-lizada en el Condominio Playa Fortuna, apt. 203, Luquillo a una corporación propiedad de los comparecientes de la pri-mera parte.
2. Que el compareciente de la primera parte [la Corporación representada por Ramírez Rodríguez] ha representado que el acreedor hipotecario sobre el préstamo adquirido por los com-parecientes de la segunda parte para la adquisición de dicha propiedad, ha autorizado y habrá de transferir la deuda a nombre de la Corporación Oros Verdes, Inc., y liberará a los comparecientes de la segunda parte como deudores con res-pecto a la deuda.
3. Que los comparecientes de la segunda parte, han asentido a otorgar la escritura de compraventa en cuestión a favor de la Corporación de Oros Verdes, Inc., propiedad de los compare-cientes de la primera parte, descansando en la representación que se les hace de que el acreedor hipotecario ha establecido que aceptará transferir el balance de la deuda hipotecaria a nombre del nuevo adquirente Oros Verdes, Inc., y/o los compa-recientes de la primera parte.
4. Que en el caso de que la referida representación resulte ser incorrecta y el acreedor hipotecario no autorice liberar de la deuda a los comparecientes de la segunda parte dentro del plazo de 90 días, entonces los comparecientes de la primera parte se comprometen a refinanciar la propiedad y lo tomar todas aquellas medidas necesarias para que los comparecien-tes de la segunda parte queden totalmente liberados en su ca-rácter personal sobre la referida obligación. (Enfasis suplido). Informe de la Comisionada Especial, pág. 10, Exhibit 3.

En septiembre de 2005, luego de cinco meses desde que las partes otorgaron los contratos, el doctor Camuñas Cor-dova comenzó a recibir cartas de cobro de Doral por atrasos en los pagos de la hipoteca del apartamento. En consecuen-cia, el querellante contactó al licenciado Pérez Marrero quien le comunicó por primera vez que Doral aún no había aceptado la transferencia de la deuda hipotecaria a su empresa. Durante los meses siguientes, Doral continuó con las gestiones de cobro contra el querellante. Este, a su vez, mantuvo comunicación con el querellado, quien se reite-raba en que Doral debía honrar su compromiso de permitir que la Corporación asumiera la deuda hipotecaria. Por consiguiente, el licenciado Pérez Marrero persistió en las gestiones para que Doral realizara el traspaso de la hipoteca. Empero, no surge de la prueba que este efectuara diligencia alguna para que, según lo acordado, la Corpora-ción refinanciara la propiedad y se liberara al doctor Ca-muñas Córdova y a su esposa de la obligación con Doral. Por su parte, el licenciado Pérez Marrero le informó al que-rellante que demandaría a Doral por incumplimiento y que reclamaría sus daños como parte del pleito. Así pues, el querellado presentó una demanda contra Doral el 26 de abril de 2006 a nombre de la Corporación y del querellante.

Posteriormente, en octubre de ese mismo año, el quere-llado envió al doctor Camuñas Córdova un interrogatorio que le fuera remitido por la demandada Doral. El quere-llante se comunicó con el letrado y le informó que no podía contestar ni suscribir ese interrogatorio ante el desconoci-miento de la información que se solicitaba en este. Adujo que en ese momento advino en conocimiento de que figu-raba como codemandante contra Doral y le expresó al abo-gado que no deseaba ser parte del pleito contra la institu-ción financiera. Argüyó, además, que el incumplimiento contractual era por parte de la Corporación y no de Doral. Asimismo, le expresó al querellante que no deseaba tenerlo como su abogado. Ello pues, entendía que este también era responsable de los daños que él había sufrido. Por tal ra-zón, el 27 de noviembre de 2006, el doctor Camuñas Cór-dova presentó una queja ante este Tribunal contra el licen-ciado Pérez Marrero en la que adujo que el letrado asumió su representación legal sin su autorización y que sus ac-tuaciones le afectaron económicamente^) En consecuen-cia, se inició el proceso disciplinario objeto de la querella, según fue ordenado por esta Curia.

De otra parte, el querellado no renunció a la represen-tación legal del doctor Camuñas Córdova y tampoco lo ex-cluyó del pleito. En vista de ello, el querellante contrató al Ledo. Rubén Colón Morales para que solicitara al foro pri-mario que lo relevara de la representación legal del licen-ciado Pérez Marrero en el caso contra Doral. Subsiguiente-mente, el 22 de febrero de 2007, el Tribunal de Primera Instancia ordenó que se relevara al querellante de la repre-sentación legal del querellado y admitió al licenciado Colón Morales como su nuevo abogado.

Así las cosas, el 12 de marzo de 2007, el querellante y Doral presentaron una estipulación de desistimiento parcial. En el acuerdo, el doctor Camuñas Córdova desistió con perjuicio de la reclamación contra la entidad bancaria. Así pues, acogida esa petición, el foro primario dictó sen-tencia a esos efectos.

Entretanto, el 16 de marzo de ese mismo año, el quere-llante instó una demanda contra coparte hacia la Corpora-ción y contra tercero respecto al licenciado Pérez Marrero. En su recurso, exigió que le compensaran los daños que estos le ocasionaron por el incumplimiento con el pago de la hipoteca del apartamento, a sabiendas de que se afecta-ría su crédito y el de su cónyuge. Igualmente, reclamó por las representaciones que le hicieron al momento de suscri-bir la compraventa, en cuanto a que el financiamiento de Doral era algo cierto; así como el incumplimiento con los términos del “Acuerdo de traspaso y/o cancelación de deuda”. Esto es, que si Doral no autorizaba liberar a los vendedores de la deuda hipotecaria, en los noventa días de efectuada la compraventa —como en efecto ocurrió— la Corporación se obligaba a saldar la deuda, realizando un refinanciamiento.

Luego de varios trámites procesales, el 10 de julio de 2008 Oros Verdes, Inc. y Doral presentaron una “Estipula-ción de desistimiento con perjuicio y relevo”. En esta, Doral convino que la Corporación asumiera la deuda hipotecaria si se cumplían con ciertas condiciones. Además, se peti-cionó el archivo definitivo del caso y que se dictara senten-cia por desistimiento en cuanto a Doral. Acogida la estipu-lación, el Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia de archivo el 29 de agosto de 2008.

De otra parte, el 3 de septiembre de 2008, el doctor Ca-muñas Córdova solicitó el archivo sin perjuicio de la de-manda contra Pérez Marrero y la anotación de rebeldía a la corporación Oros Verdes Inc., por esta no haber contes-tado la demanda. El tribunal acogió la solicitud de archivo sin perjuicio a favor del querellado y dictó sentencia a esos efectos. Así también, el 6 de octubre de 2008, el foro prima-rio anotó la rebeldía a la Corporación y señaló vista para el 16 de abril de 2009.

Sin embargo, el 29 de enero de 2009, la Corporación, representada por el querellado, acudió al foro de instancia y adujo en una “Moción de reconsideración a rebeldía y solicitud de notificación de demanda de coparte” que no se le notificó de la demanda. El tribunal de instancia deter-minó mantener su posición original en cuanto a la anota-ción en rebeldía.

Así las cosas, tras varios incidentes procesales, se rese-ñaló la vista para el 13 de julio de 2010. Ese día, el único testigo fue el querellante. Este fue contrainterrogado por el licenciado Pérez Marrero, quien continuó compareciendo como abogado de la Corporación. Finalmente, el 23 de no-viembre de 2010, el foro primario dictó sentencia en la que ordenó a Oros Verdes, Inc. a resarcirle al doctor Camuñas Córdova la suma de $5,000 por el daño ocasionado a su crédito y la suma de $10,000 por angustias mentales. Igualmente, se le impuso a esa parte el pago de $1,500 por costas de litigio y honorarios de abogado. Esta sentencia fue apelada, no obstante, el Tribunal de Apelaciones la confirmó. ()

Con el beneficio del informe de la Comisionada Especial, las apreciaciones de la Procuradora General y las réplicas del querellado, pasemos a discutir el marco ético aplicable.

I — I I — i

El Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, tiene el propósito de evitar que los abogados incurran en la representación de intereses encontrados. In re Toro Cubergé, 140 D.P.R. 523 (1996). Ello pues, es necesario preservar una lealtad completa del abogado hacia su cliente, y que la representación legal provista esté libre de ataduras personales. In re Pizarro Coin, 151 D.P.R. 94 (2000).

Al interpretar el Canon 21, supra, hemos apuntado que el deber de lealtad completa exige primero que el abogado ejerza un criterio profesional independiente. En atención a ello, resulta imperativo que cuando un letrado acepte una representación legal, o que continúe en ella, su juicio profesional no se vea afectado por sus intereses personales. A esos efectos, se proscribe que un abogado represente a un cliente cuyos intereses estén reñidos con los suyos propios. Liquilux Gas Corp. v. Berrios, Zaragoza, 138 D.P.R. 850, 858 (1995). Tal conflicto ocurre cuando un abogado deja de realizar determinada acción que podría beneficiar a su cliente, porque esta frustraría sus expectativas personales para el caso en cuestión. Id. Así pues, cuando surgen situaciones de esta índole, el togado tiene la obligación de renunciar a la representación de ese cliente.

Así también, el segundo aspecto del deber de lealtad que promueve el Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, consiste en no revelar confidencias que el cliente le haya comunicado al abogado. Liquilux Gas Corp. v. Berrios, Zaragoza, supra. Por esa razón, se prohíbe que el abogado incurra en representaciones simultáneas o sucesivas adversas. Id. Esta doctrina proscribe que “el abogado represente a un clientes en una controversia que esté sustancialmente relacionada a la de otro cliente actual o anterior cuando los intereses de ambos sean adversos”. íd., pág. 859.

Específicamente, la prohibición simultánea de clientes busca preservar “la autonomía del juicio del abogado y pre-venir cualquier tipo de dilución de la fidelidad que este debe a su cliente”. In re Báez Genoval, 175 D.P.R. 28, 36 (2008). Cuando ocurre, la representación simultánea crea un conflicto insalvable, que impide una representación libre y adecuada. In re Monge García, 173 D.P.R. 379 (2008). En ese sentido, este Tribunal ha advertido que “el abogado debe cuidar que sus actuaciones no den margen a la más leve sospecha de que promueve o defiende intereses encon-trados con los de su cliente”. íd., pág. 384. De surgir repre-sentaciones simultáneas adversas, “el único remedio disponible para el abogado es renunciar a ambas representaciones y no sólo a una”. Liquilux Gas Corp. v. Berrios, Zaragoza, supra, pág. 859.

Asimismo, hemos afirmado que en la representación sucesiva adversa “el abogado acepta la representación de un cliente sobre asuntos que pueden afectar adversamente los intereses de un cliente anterior”. In re Báez Genoval, supra, pág. 36. Sobre este particular, hemos establecido que es necesaria la existencia de una relación abogado cliente para que se active esta prohibición. íd.

Por otro lado, la determinación de si un abogado incurrió en la representación sucesiva de intereses encontrados requiere el análisis de su conducta a la luz del criterio de relación sustancial. In re Báez Genoval, supra. Cónsono con ese criterio, el cliente solo debe probar que la controversia legal en la que el abogado comparece en su contra está sustancialmente relacionada con la causa de acción en la cual el abogado previamente le representó. íd. Por consiguiente, resulta innecesario que el cliente demuestre una violación al principio de confidencialidad. íd.

III

En la querella presentada por la Procuradora General se le imputó al licenciado Pérez Marrero incurrir en con-ducta violatoria del Canon 21 del Código de Ética Profesio-nal, supra. Como parte del proceso disciplinario, la Comi-sionada Especial rindió su informe y concluyó que la evidencia demostró que el querellado infringió el referido precepto ético.

Como reseñamos, Oros Verdes Inc. se obligó a liberar al querellante y a su esposa de la obligación hipotecaria que gravaba la propiedad que le vendieron a la Corporación. Específicamente el acuerdo disponía que en los noventa días de la compraventa se debía hacer la transferencia de la deuda, si ello no ocurría, procedía entonces que la enti-dad compradora hiciera un refinanciamiento del inmueble. Es un hecho incontrovertido que el querellado era secreta-rio y vicepresidente de la Corporación y, por lo tanto, tenía interés en la transacción que se hizo a nombre de esta. En ese contexto fáctico, es inescapable colegir que su juicio profesional estaba comprometido con sus intereses personales.

En vista de ello, independientemente de que el quere-llado entendiera que el doctor Camuñas Córdova lo había autorizado a representarlo en la acción judicial contra Do-ral, como así alega, los indicios de conflicto eran meridia-namente claros. En contraposición se encontraba el interés personal del licenciado Pérez Marrero de que Doral trans-firiera a nombre de Oros Verdes, Inc. la hipoteca que gra-vaba al apartamento versus el interés que tenía el quere-llante de que se le compensaran por los daños ocasionados por los atrasos en el pago de la hipoteca, y se le relevara de la deuda hipotecaria según fue acordado. Es por tal razón que el querellante le reclamó al letrado que quien le debía cumplir a él no era Doral, sino la Corporación. Vemos sin embargo, que ante estos reclamos el querellado incoó una demanda a nombre del querellante y de la Corporación, haciendo patente la representación de intereses encon-trados.

Al asumir la representación legal de la Corporación, de la cual era vicepresidente y secretario, y recibir honorarios de esta para tal encomienda y para representar al quere-llante, el letrado inevitablemente incurrió en un claro con-flicto ético. Más aún cuando tenía conocimiento de que la Corporación de la que formaba parte, estaba incumpliendo el acuerdo con el querellante.

De igual forma, el licenciado Pérez Marrero debió tener presente que esa situación de conflicto de interés le impe-día mantener su deber de lealtad con la Corporación y con el querellante a la vez. Además de la contraposición de sus intereses personales y los del querellante, el antagonismo de los intereses de sus clientes era evidente por la existen-cia del acuerdo de traspaso. El representar a ambas partes limitó su obligación de lealtad hacia el querellante y hacia la Corporación. Es menester puntualizar que bajo esas cir-cunstancias, el querellado no podía abogar responsable y diligentemente a favor de los mejores intereses de ambos clientes simultáneamente. El bien de la Corporación, así como su interés propio estaban en juego y reñidos con el deber de lealtad que promueve nuestro ordenamiento ético.

De otra parte, hemos sido enfáticos en que los abogados deben evitar hasta la apariencia de conducta impropia y que sus actuaciones no deben dar el más mínimo margen a la interpretación de que promueven intereses adversos a los de sus clientes. Este principio, sin embargo, fue menos-preciado y burlado por el licenciado Pérez Marrero. Ello pues, al asumir la representación legal del querellante, el letrado aparentó además que quería impedir que el doctor Camuñas Córdova exigiera, como le correspondía, el cum-plimiento del contrato de traspaso y se refinanciara la pro-piedad adquirida por la Corporación.

Más aún, la situación se agravó cuando el querellado continuó representando a la Corporación, luego de que el doctor Camuñas Córdova contratara a otro abogado para que lo librara de la representación simultánea adversa de la cual fue víctima. A estas alturas debió renunciar de in-mediato a la representación de la Corporación para evitar la apariencia de una representación sucesiva adversa. Sin embargo, tampoco lo hizo.

No podemos hacernos de la vista larga e ignorar que las acciones del licenciado Pérez Marrero, un abogado que lleva más de treinta años ejerciendo la profesión, fueron contraproducentes y laceraron el derecho a una represen-tación legal eficiente y responsable que tenía el doctor Ca-muñas Córdova. A la luz de estos antecedentes nos vemos precisados a avalar la conclusión rendida por la Comisio-nada Especial. Cónsono con ello, sostenemos que el letrado incurrió en una violación al Canon 21 del Código de Etica Profesional, supra.

Por otro lado, al determinar la sanción disciplinaria que se le impondrá al abogado que haya incurrido en conducta antiética, podemos tomar en cuenta lo siguiente:

(i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) su historial previo; (iii) si ésta constituye su primera falta y si alguna parte ha resultado perjudicada; (iv) la aceptacin de la falta y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una con-ducta aislada; (vi) el nimo de lucro que medi en su actuacin; (vii) resarcimiento al cliente, y (viii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien de acuerdo con los hechos. (Enfasis en el original). In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138, 147 (2005).

Si bien el licenciado Pérez Marrero no tiene historial previo de sanciones éticas, en el presente caso, la conducta desplegada resulta acomodaticia y en contravención al marco ético esbozado. Asimismo, ha amancillado la con-fianza y la transparencia que deben caracterizar a la noble profesión de la abogacía. Con su proceder, el querellado convirtió un sencillo proceso de compraventa en un martirio. Ello pues, su actitud de velar por su beneficio y el de la Corporación, impidió que el querellante defendiera propiamente sus intereses. Sus actuaciones injustificables causaron daños y perjuicios económicos al querellante. Sú-mesele a ello, que después de haber pasado por los rigores de las distintas etapas del procedimiento disciplinario, el querellado aun no ha aceptado la falta imputada ni demos-trado arrepentimiento alguno que indique que merezca una salida cómoda del conflicto ético que provocó.

IV

Por los fundamentos que anteceden, ordenamos la sus-pensión inmediata del Ledo. Osvaldo Pérez Marrero del ejercicio de la profesión de la abogacía y la notaría por el término de seis meses, contados a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia.

El querellado tiene el deber de notificar a todos sus clien-tes su inhabilidad para continuar con su representación y deberá devolver a estos los expedientes de los casos pendien-tes, así como los honorarios recibidos por trabajo no rendido. Además, tiene la obligación de acreditar y certifi-car ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, en el término de treinta días. Asimismo, tiene el deber de infor-mar de inmediato su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del señor Pérez Marrero y entregarlos a la Directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías para la investigación y el informe correspondientes.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

      (1) Luego del nombramiento de la Comisionada Especial, el 25 de octubre de 2010, el querellante presentó otra queja (AB-2010-276) contra el querellado, que está relacionada con este caso. Alegó que el licenciado Pérez Marrero incurrió en otra violación ética al contrainterrogarle en el mismo pleito que compareció original-mente como su abogado. Sostiene que durante la vista en que se ventilaba la de-manda de coparte, instada por él contra la Corporación, el querellado compareció en representación de la Corporación y contra los intereses de la posición del querellante, lo que constituyó otro conflicto.

      (2) Oros Verdes Inc. v. Dr: José Camuñas Córdova, KAC 2006-2513, resuelto el 21 de junio de 2011.


author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
      Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Presidente Señor Hernández Denton,

text:
    L.P.C. & D., Inc., recurrida, v. Autoridad de Carreteras y Transportación, peticionaria; Ferrovial Agroman, S.E., Del Valle Group, S.P., Constructora Santiago II Corporation y CD Builders, Inc., partes con interés; Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico y Gobierno de Puerto Rico, amicii curiae.

      Número: CC-2010-811

      Resuelto: 18 de abril de 2012

      Ricardo Arturo Pérez Rivera, Kernell Z. Hernández Rivera, Marisela Fernández Rosales, Carlos D. Rodríguez Boneta y David O. Martorani-Dale, de Toledo & Toledo Law Offices, P.S.C., abogados de la parte peticionaria; Roberto Corretjer Piquer, del Bufete Roberto Corretjer Piquer, abogado de la parte recurrida; Roberto Lefranc-Romero, abogado de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico, ami-cus curiae; Eliezer Aldarondo Ortiz, Rosa Campos Silva y Eliezer Aldarondo López, de Aldarondo & López Bras, abo-gados del Gobierno de Puerto Rico, amicus curiae.

   SENTENCIA (En reconsideración)

I — 1

El viernes 24 de octubre de 2008 la Autoridad de Carre-teras y Transportación (Autoridad) celebró la Subasta Formal Núm. P-09-09 (Subasta) para la construcción de una intersección a desnivel entre las Carreteras PR-17 y PR-181 (Proyecto AC-001736). En esta se leyeron en voz alta las propuestas recibidas y se señalaron los errores y las informalidades cometidas por algunos de los licitadores. Sobre el particular, en el Acta de Recepción de la Subasta se consignó que L.RC. & D., Inc. (LPCD o la recurrida) no había incluido la cantidad de cubierta de la fianza en el “Bid Bond”, por lo que la Junta de Subastas (Junta) le concedió tres días calendario, es decir, hasta las dos de la tarde del lunes 27 de octubre de 2008, para que reempla-zara el mismo.() Efectivamente, el 27 de octubre de 2008 LPCD sometió la fianza de licitación solicitada.

El 20 de noviembre de 2008, la Junta emitió un Acta de Adjudicación en la que manifestó que, luego de haber ana-lizado las propuestas sometidas, recomendaba la adjudica-ción de la subasta a LPCD, postor más bajo que había cum-plido con todas las especificaciones.() Dicha Acta de Adjudicación fue aprobada por el Director Ejecutivo de la Autoridad el 24 de noviembre de 2008.

Así las cosas, el 12 de diciembre de 2008 la Autoridad y LPCD firmaron el contrato para la construcción del Pro-yecto AC-001736. Ese mismo día se emitió la Orden de Co-mienzo, donde se advertía a la recurrida que la construc-ción del proyecto debía iniciarse no más tarde de diez días calendarios a partir de la fecha de ese documento.

CD Builders, Inc. (CD Builders), compañía que presentó la segunda propuesta más baja, no estuvo conforme con la determinación de la Autoridad de adjudicar la Subasta a LPCD. Por esto, el 15 de diciembre de 2008 presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones (TA) bajo el fundamento de que el defecto cometido por LPCD, de no incluir una fianza equivalente al cinco por ciento, no era subsanable. El TA acogió una moción en auxilio de jurisdicción, presentada junto con el recurso de revisión judicial, y ordenó la paralización de todo procedi-miento de contratación relacionado con la subasta hasta tanto resolviera el recurso.(

El foro apelativo intermedio sostuvo mediante Senten-cia de 30 de enero de 2009 que el no incluir la cantidad correspondiente en el documento de fianza constituyó un defecto subsanable, por lo que confirmó la decisión del Director Ejecutivo de la Autoridad de adjudicar la Subasta a LPCD.

CD Builders acudió en revisión de dicha determinación ante este Foro mediante una petición de certiorari y una moción en auxilio de nuestra jurisdicción. Luego de orde-nar la paralización del Proyecto AC-001736,() emitimos la opinión Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 D.PR. 398 (2009), en la cual sostuvimos que “la omisión de incluir la suma afianzada en el documento de fianza no constituyó un mero tecnicismo o informalidad sino un defecto sustan-cial pues impedía considerar el documento de fianza pre-sentado por L.P.C.D. como una garantía de proposición aceptable”. Id., pág. 414. Resolvimos, en consecuencia, que procedía descalificar la propuesta de LPCD. Por lo tanto, revocamos la Sentencia del TA y devolvimos el caso al foro administrativo para que la Autoridad continuara el pro-ceso de la subasta en conformidad con lo establecido en la ley de la Autoridad y en su reglamento sobre Subastas.

A la luz de nuestra decisión, el 20 de noviembre de 2009 la Autoridad, mediante la Resolución en Cumplimiento de Orden del Tribunal Supremo, concluyó que LPCD no era elegible para recibir la buena pro de la subasta por no ha-ber incluido una garantía de proposición aceptable en con-junto con su propuesta y, por lo tanto, el contrato estable-cido con esta había sido suscrito en violación de la ley. Determinó, entonces, que dicho contrato era inexistente o nulo ab initio. Resolvió, además, que al suscribirse el con-trato entre LPCD y la Autoridad sin haber transcurrido los términos para solicitar una reconsideración o revisión judicial, la recurrida conocía del riesgo de ser descalificada como licitadora; por consiguiente, cualquier daño sufrido fue “auto infligido y cualquier gasto desembolsado, a su costo”. La Autoridad decretó, además, la anulación de la subasta por recomendación de la Junta.()

Inconforme con la antedicha Resolución de la Autoridad, la recurrida presentó una solicitud de reconsideración ante el Director Ejecutivo de la Autoridad y ante la Junta. Re-conoció que la Autoridad poseía la facultad de anular su-bastas, tal y como lo había hecho en el caso de autos. Sin embargo, sostuvo que dicha agencia había actuado ilegal-mente y de forma ultra vires al adjudicar los derechos con-tractuales que cobijaban a LPCD en el contrato suscrito con éstos. Específicamente, argumentó que “[l]a controver-sia sobre los derechos de LPCD contra la ACT como resul-tado del otorgamiento del contrato y los gastos incurridos por ésta es una controversia que deberá ser resuelta en un tribunal y no por la vía administrativa”. Apéndice de la Solicitud para la expedición de auto de certiorari, pág. 68. La Autoridad declaró “sin lugar” la solicitud de reconside-ración mediante una Resolución emitida a esos efectos el 2 de diciembre de 2009.

LPCD recurrió, entonces, al TA dentro del término dis-puesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uni-forme, 3 L.P.R.A. see. 2172, mediante un recurso de revi-sión judicial. Sostuvo que la actuación de la Autoridad al adjudicar los derechos contractuales de LPCD era ultra vi-res y nula, dado que dicha facultad adjudicativa no le fue delegada mediante legislación. () El TA dictó Sentencia el 12 de julio de 2010, notificada y archivada en autos el próximo día 14, revocando la Resolución recurrida. Con-cluyó que, aunque la Autoridad tenía facultad en ley para anular el proceso de subasta, dicha facultad no la autori-zaba a anular el contrato suscrito con LPCD y a adjudicar derechos que surgieran a raíz de este.()

La Autoridad recurrió de este dictamen ante nos me-diante una petición de certiorari, planteando como único señalamiento de error el siguiente:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL DETERMI-NAR QUE LA ACT ACTUÓ ULTRA VIRES AL CANCELAR SU CONTRATO CON LPCD PARA LA SUBASTA P-0909, EN VIRTUD DE QUE EL REFERIDO CONTRATO ES NULO AS INITIO, CONFORME A LO RESUELTO POR ESTE HONORABLE TRIBUNAL EN EL CASO CD BUILDERS V. AUTO- RIDAD BE CARRETERAS, 2009 T.S.P.R. 164. Solicitud para la expedición de auto de certiorari, pág. 8.

En apoyo al recurso, la Autoridad alegó que su determi-nación de 20 de noviembre de 2009 no fue arbitraria, ca-prichosa ni irrazonable, sino que fue tomada dentro del marco de discreción y flexibilidad que le concede su ley habilitadora y su reglamento para subastas. Adujo que, en virtud de nuestra decisión en Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, que dispuso que procedía descalificar la propuesta de la recurrida por no incluir una garantía de proposición aceptable, “el contrato suscrito entre la ACT y LPCD nunca existió ni creó relación jurídica alguna entre las partes”. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido). Solicitud para la expedición de auto de certiorari, pág. 9. La Autoridad destacó que cuando adjudicó la buena pro a LPCD actuó en contravención a su reglamento para subastas y a las condiciones generales de contratación, es decir, contrario a la ley, por lo que el contrato celebrado con LPCD era completamente nulo.

Luego de conceder a los recurridos un término para que mostraran causa por la cual no se debía revocar la Senten-cia dictada por el TA y de otros trámites procesales, inclu-yendo la admisión como amicus curiae de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico (Asociación de Con-tratistas), el 30 de junio de 2011 dictamos Sentencia, expi-diendo el auto de certiorari y revocando el fallo emitido por el foro apelativo intermedio. Mediante dicho dictamen, se reinstaló la Resolución en Cumplimiento de Orden del Tribunal Supremo emitida por la Autoridad el 20 de noviem-bre de 2009.

En aquel momento basamos nuestra determinación en la doctrina firmemente establecida en nuestro sistema de derecho de conceder deferencia a las determinaciones de las agencias administrativas. Acudimos, de la misma forma, a la norma de nulidad de los actos realizados contra la ley dispuesta en el Art. 4 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4, y a lo resuelto anteriormente por esta Curia, relativo a que en la contratación pública todo pacto entre una parte privada y una agencia, en el cual no se siga el trámite dispuesto en ley, es nulo. De ese modo, con-firmamos la conclusión a la que había llegado la Autoridad de que el contrato suscrito entre ésta y la recurrida es nulo ab initio por haberse perfeccionado contra lo dispuesto en la ley.

El 15 de julio de 2011 LPCD y la Asociación de Contra-tistas comparecieron a este Foro mediante Moción Con-junta de Reconsideración. Argumentaron que, mediante la Resolución de la Autoridad de 20 de noviembre de 2009, ésta se enriquece injustamente —mientras LPCD sufre una disminución en su patrimonio— por actuaciones que le son imputables únicamente a la Autoridad. Específica-mente, LPCD aludió al hecho de que fue la propia Autori-dad quien le requirió comparecer y firmar el contrato de construcción y sostuvo que, de no hacerlo, se exponía a que se le ejecutara la fianza de licitación y a que la removieran del registro de licitadores. Añadió asimismo que la Autori-dad, además, dio la orden de comenzar las labores de cons-trucción bajo el apercibimiento de penalidades y multas.

Posteriormente, el Gobierno de Puerto Rico (Gobierno) también solicitó intervenir como amicus curiae. Acto se-guido, presentó un escrito de reconsideración de nuestra Sentencia de 30 de junio de 2011 basado en consideracio-nes de alto interés público y en las consecuencias y efectos negativos que dicha Sentencia podría tener sobre la con-tratación gubernamental en Puerto Rico.() El 22 de julio de 2011 la Autoridad sometió una moción, allanándose a la solicitud de reconsideración del Gobierno.

Mediante una Resolución emitida el 7 de octubre de 2011, declaramos “ha lugar” la intervención del Gobierno como amicus curiae. No obstante, proveimos “no ha lugar” a la solicitud de reconsideración conjunta de LPCD y de la Asociación de Contratistas, y a la presentada por el Gobierno y, posteriormente, por la Autoridad.

Luego de los múltiples trámites procesales antes desglo-sados, finalmente el 25 de octubre de 2011 todas las partes en el pleito, incluyendo aquellos que intervinieron como amicii curiae —es decir, el Gobierno y la Asociación de Contratistas— acudieron conjuntamente ante nos solici-tando la reconsideración de nuestra Sentencia de 30 de junio de 2011. En ésta reclamaron que motivos de alto in-terés público hacían meritorio que decretáramos la validez del contrato suscrito entre LPCD y la Autoridad.

Evaluada dicha comparecencia conjunta, concedimos un término de veinte días a todas las partes para expresar por qué no se debía dejar sin efecto nuestro dictamen por aca-demicidad() dado el hecho de que la Autoridad anuló la subasta en cuestión debido a la falta de fondos públicos.

Las partes han acudido ante nos en cumplimiento con la Resolución emitida. Todas se oponen a que el caso se re-suelva por academicidad. En mociones por separado, las partes han argumentado que la controversia no se ha tornado académica porque todavía subsiste la interrogante relativa a si la Autoridad tiene que pagarle a LPCD por los trabajos realizados según el contrato suscrito entre éstas. Aluden, además, al hecho de que el caso involucra asuntos que se presentan con frecuencia en la contratación pública, por lo que puede recurrir. Evaluados estos argumentos, procedemos a resolver.

II

J usticiabilidad

Es premisa firmemente establecida en nuestro ordena-miento jurídico que los tribunales tenemos que velar celo-samente por nuestra jurisdicción. Conforme a dicho princi-pio y a la doctrina de justiciabilidad, los tribunales limitamos nuestra intervención a aquellos casos que pre-senten controversias reales y definidas donde se “afectan las relaciones jurídicas de partes antagónicas u opuestas”. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 981 (2011).

La doctrina de justiciabilidad establece como requisito para el ejercicio válido del poder judicial que exista un caso o controversia real surgida entre partes opuestas, las cuales acuden al tribunal en busca de un remedio que pueda afectar sus relaciones jurídicas. Asoc. Alcaldes v. Contralor, 176 D.P.R. 150, 157 — 158 (2009). Dentro del concepto de justiciabilidad, los tribunales evaluamos, además, que la controversia esté aún latente cuando se someta a nuestra consideración y que continúe viva a través de todo el proceso. Esto es lo que en derecho se conoce como la “doctrina de academicidad”. “La academicidad recoge la situación en que, arm cumplidos todos los criterios de justiciabilidad, ocurren cambios en los hechos o el derecho durante el trámite judicial que tornan académica o ficticia la solu-ción del caso”. Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, pág. 982. Además, “[a]l evaluar esta doctrina hay que con-centrarse en la relación existente entre los eventos pasa-dos que dieron inicio al pleito y la adversidad presente’ ”. íd., citando a U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 D.P.R. 253, 281 (2010). “Es decir, debemos evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros para determinar si la controversia entre las partes sigue viva y subsiste con el tiempo”. Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, págs. 982-983.

Teniendo dichos principios en mente y con miras a ase-gurar el uso adecuado y efectivo de los recursos judiciales, los tribunales debemos desestimar los casos por academi-cidad cuando los hechos o el derecho que les aplique han variado de tal forma que ya no existe una controversia vigente entre las partes adversas. Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 D.P.R. 969, 974 (2010).

III

En los últimos incidentes procesales del caso de autos, todas las partes han comparecido conjuntamente solici-tando la concesión del mismo remedio. Véanse las páginas 9 y 10 de esta Sentencia. Sin embargo, no cabe duda de que el asunto ha perdido el carácter de adversidad y de intere-ses jurídicos antagónicos, característica imprescindible para que sea considerado como justiciable. La interrogante acerca de si procede que la Autoridad pague alguna suma de dinero a LPCD es, en realidad, otra controversia que no es objeto de esta litigación. En cualquier circunstancia, se-ría objeto de otro caso, y no de este.

En esta etapa de los procedimientos, no tenemos ya un caso o controversia justiciable que amerite nuestra intervención. La controversia planteada en este caso, ade-más, se ha tornado académica por la falta de fondos públi-cos para llevar a cabo las obras de construcción, por lo que no es capaz de recurrir. Por consiguiente, reconsideramos nuestra Sentencia de 30 de junio de 2011 y la dejamos sin efecto. Del mismo modo y conforme a lo expresado en Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra, págs. 974-975,( ) dejamos sin efecto la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones el 12 de julio de 2010. Corresponde a la Autoridad atender aquellos asuntos que pudieran quedar pendientes den-tro del marco de su jurisdicción.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Den-ton disintió con una opinión escrita, a la que se unió la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. La Jueza Aso-ciada Señora Fiol Matta disintió sin opinión escrita.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton,

a la cual se une la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

En este caso, este Tribunal resolvió que la Autoridad de Carreteras y Transportación (A.C.T.) no se extralimitó en sus facultades al declarar nulo ab initio un contrato otor-gado entre esta y L.P.C. & D., Inc. (L.P.C.D.), luego de que se le adjudicara indebidamente una subasta guber-namental. Sin embargo, una mayoría de este Tribunal re-considera la decisión y resuelve que el caso se tornó académico. Por entender que la controversia ante nos no es académica, disentimos.

I

En 2008, la A.C.T. celebró una subasta para la construc-ción de un proyecto llamado Intersección a desnivel de las carreteras de P.R. 17 y 181 (AC 0001736). La empresa L.P.C.D. presentó una propuesta, pero no incluyó la cuan-tía de la fianza provisional exigida en el documento Bid-Bond No. 2008-48. Según el anuncio público de la subasta, incluir dicha cuantía era un requisito para la validez de la licitación. La Junta de Subastas concedió tres días a L.P.C.D. para subsanar este error. Corregida la propuesta, la A.C.T. adjudicó la subasta a L.P.C.D. por haber sido la licitadora con la propuesta más baja. El Acta de Adjudica-ción se aprobó el 24 de noviembre de 2008. Acto seguido, el 12 de diciembre de 2008 se otorgó el contrato correspon-diente y la A.C.T. le ordenó a L.P.C.D. que iniciara el pro-yecto dentro de los diez días siguientes.

El 15 de diciembre de 2008 CD Builders, Inc., empresa que presentó la segunda propuesta más baja en la referida subasta, acudió oportunamente al Tribunal de Apelaciones para impugnar la adjudicación de esta. Alegó que, por L.P.C.D. no haber entregado la fianza provisional dentro del término especificado en el aviso de subasta, esta debía ser descalificada como licitadora. El foro apelativo inter-medio declaró con lugar una moción en auxilio de jurisdic-ción y paralizó el proyecto. Para ese momento, L.P.C.D. había realizado labores misceláneas menores que incluye-ron la instalación del rótulo de identificación del proyecto y de módulos temporeros. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la adjudicación de la subasta y dejó sin efecto la paralización de la obra el 10 de febrero de 2009.

El caso llegó a este Tribunal y ordenamos nuevamente la paralización del proyecto el 24 de febrero de 2009. Du-rante los catorce días en que estuvo sin efecto la paraliza-ción del proyecto, la única actividad realizada por L.P.C.D. fue entregar a la A.C.T. el itinerario de trabajo. Final-mente, resolvimos que la omisión de incluir la fianza constituyó un defecto insubsanable que impedía considerar la propuesta de L.P.C.D. Véase Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 D.P.R. 398 (2009). Por lo tanto, ordenamos la descalificación de L.P.C.D. de la subasta. Id.

A la luz de nuestra decisión, el 20 de noviembre de 2009 la A.C.T. notificó una resolución titulada Resolución en cumplimiento de orden del Tribunal Supremo, en la que concluyó correctamente que el contrato celebrado con L.P.C.D. había sido suscrito en violación de la ley, por lo que era inexistente o nulo ab initio. Asimismo, sostuvo que L.P.C.D. conocía del riesgo de ser descalificado como licita-dor cuando suscribió el contrato sin haber advenido final y firme la adjudicación de la subasta, por lo que cualquier daño sufrido fue “auto infligido [sic] y cualquier gasto des-embolsado, a su costo”. Apéndice de la Solicitud para la expedición de auto de certiorari, pág. 62. Además, laA.C.T. anuló la subasta por recomendación de la Junta de Subas-tas, debido a la falta de fondos disponibles para las obras de construcción.

Inconforme, L.P.C.D. presentó una solicitud de reconsi-deración ante la A.C.T. Aunque reconoció que esta última tenía facultad para anular las subastas, argumentó que había actuado de forma ultra vires al declarar el contrato nulo ab initio. Adujo que dicho proceder adjudicó los derechos sustantivos que le asisten a L.P.C.D. como resultado de los gastos en que esta incurrió y la posterior cancelación del contrato. Añadió que correspondía al foro judicial diri-mir la controversia. La A.C.T. se negó a reconsiderar.

Todavía insatisfecha, L.P.C.D. presentó oportunamente un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, el cual revocó la determinación de la A.C.T. Interpretó que, en Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, solo facultamos a la A.C.T. a proseguir con el proceso de subasta formal, no a que declarara nulo ab initio el contrato suscrito entre las partes. Por ende, sostuvo que la A.C.T. actuó de forma ultra vires.

Inconforme, laA.C.T. acudió ante nos. Alegó que el refe-rido contrato era nulo ab initio conforme resolvimos en Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, por lo que la A.C.T. no actuó de forma ultra vires al así declararlo.

Así las cosas, concedimos a L.P.C.D. un término de veinte días para mostrar causa por la cual no debíamos revocar la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Así lo hizo. En específico, adujo que:

Es menester señalar que la petición de epígrafe no envuelve de manera alguna el derecho incuestionable que tiene la Au-toridad de cancelar en cualquier momento un proceso de su-basta y, más aún, de cancelar un contrato de construcción ya otorgado. Así se dispone claramente en su reglamento. El pro-blema que tiene la Autoridad en el caso que nos ocupa es que ésta, además de notificar a las partes licitantes su determina-ción de cancelar el proceso de licitación, procedió unilateral-mente, sin vista alguna, en violación al debido proceso de ley y de forma ultra vires a privar de sus derechos a LPCD. Moción para mostrar causa — Regla 46, pág. 5.

Así pues, especificó que la A.C.T. se extralimitó en sus facultades al haber declarado nulo ab initio el contrato en cuestión. Asimismo, nos invitó a adoptar la normativa de la contratación pública federal, la cual explicó en su com-parecencia de la manera siguiente:

La norma es que cuando no hubo una actuación ilegal sino que se trató de una adjudicación impropia, el contrato no es nulo ab initio. Se trata de un contrato meramente anulable, cuya terminación obliga a la agencia a compensar los gastos incu-rridos por el contratista al que se le otorgó el contrato de cons-trucción ahora cuestionado exitosamente en un tribunal por otro licitador. Es por ello que, a[u]n bajo una sentencia judicial declarando la adjudicación como incorrecta, si ya se otorgó el contrato de construcción las agencias federales tienen la dis-creción y potestad de continuar con el mismo. (Énfasis en el original). Id., pág. 6.

Luego de varios trámites procesales,() el 30 de junio de 2011 este Tribunal dictó una Sentencia en la que revoca-mos la decisión del foro apelativo intermedio y reinstala-mos el dictamen emitido por la A.C.T. En primer lugar, determinamos que la controversia era

... si la Autoridad de Carreteras y Transportación (A.C.T.), mediante resolución, se extralimitó en sus facultades al decla-rar nulo ab initio un contrato entre ésta y L.P.C. & D., Inc. como resultado de un proceso de subasta pública. Esto, a par-tir de que en Autoridad v. CD Builders, res. el 28 de octubre de 2009, 2009 T.S.P.R. 164, resolvimos que al L.P.C. & D., Inc. no incluir una garantía de proposición aceptable en su propuesta de licitación procedía descalificarla de la referida subasta.

En esta Sentencia, especificamos que los actos ejecuta-dos contra la ley son nulos de acuerdo con el Art. 4 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 4. Asimismo, discutimos las normas de contratación gubernamental y recalcamos que es nulo todo contrato entre una agencia y una parte privada que no observe las exigencias de la ley. De igual forma, reiteramos que una parte privada que con-trata con el gobierno debe velar por el fiel cumplimiento de las leyes o, en la alternativa, se arriesga a sufrir pérdidas económicas. Explicamos también que aceptar la invitación de L.P.C.D. a considerar el contrato como un mero acto anulable tendría como efecto velar por los intereses de la parte privada en la contratación pública y no por los mejo-res intereses de la agencia ni de los fondos públicos impli-cados en este tipo de proceso de subasta, altamente regu-lado por nuestro ordenamiento. De esta manera, reiteramos que el contrato suscrito entre la agencia y L.P.C.D. fue nulo ab initio, según lo resuelto en Aut. Carre-teras v. CD Builders, Inc., supra. Por ende, sostuvimos que la A.C.T. no tiene que sufragar los gastos realizados por L.P.C.D. y que concluir lo contrario iría contra la sana ad-ministración de fondos públicos.

Insatisfechas, L.P.C.D. y la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico (amicus curiae) solicitaron con-juntamente que reconsideráramos nuestro dictamen, invo-cando esencialmente la doctrina de enriquecimiento injusto. Plantearon que, contrario a todo nuestro ordena-miento sobre contratación gubernamental, L.P.C.D. debía ser compensada para evitar el enriquecimiento del Estado a costa de ellos. Posteriormente, el Gobierno de Puerto Rico solicitó intervenir como amicus curiae y presentó un escrito de reconsideración, señalando los efectos negativos que nuestra Sentencia podría tener sobre la contratación gubernamental en Puerto Rico. Además, al igual que L.P.C.D., argumentó que el contrato en controversia no es nulo, sino anulable. También, alegó que a este caso le aplica la doctrina de enriquecimiento injusto.

Al día siguiente, la A.C.T. presentó una “Moción alla-nándonos a la solicitud para que se considere la sentencia presentada por el Gobierno de Puerto Rico dado el efecto de la misma en el interés público”. En su comparecencia de tres páginas, expuso lo siguiente:

3. ... La solicitud de reconsideración del Gobierno de Puerto Rico está fundamentada en el alto interés público y las conse-cuencias y efectos negativos que la misma tendrá sobre la con-tratación gubernamental en Puerto Rico. El Gobierno de Puerto Rico, entiende que el resultado de la Sentencia en este caso será, a gran escala, el siguiente: la paralización de las obras de gobierno hasta la obtención de una sentencia final y firme; la dilación en la construcción de las obras y servicios de gobierno; la incertidumbre que generará no poder determinar cuándo se podrá construir una obra proyectada por el go-bierno; el aumento en los costos de construcción que resultará en un nuevo riesgo asumido por los contratistas así como el efecto negativo que este aumento tendrá en las arcas del gobierno.
4. Como resultado de la referida Moción[,] la Autoridad se allana a la solicitud de reconsideración pues entiende que existe un gran interés público en que las obras del gobierno se lleven a cabo de manera rápida y eficiente. Además, reconoce que una decisión cuyo efecto práctico, a gran escala, sea la paralización o dilación en la ejecución de las obras y la obten-ción de servicios y el correspondiente aumento en los costos que esto conllevará para el gobierno serían detrimentales para el bienestar del Pueblo de Puerto Rico.

Consideradas las posturas de todas las partes, denega-mos reconsiderar.

Todavía inconformes, la parte recurrida L.P.C.D., la parte peticionaria A.C.T., el Gobierno de Puerto Rico y la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico pre-sentaron conjuntamente una segunda moción de reconsideración. Reiteraron que motivos de alto interés pú-blico ameritaban que decretáramos la validez del contrato en cuestión. Así las cosas, ordenamos a todas las partes a que expresaran por qué no se debía dejar sin efecto nuestro dictamen por academicidad, debido a que la A.C.T. anuló la subasta en cuestión por falta de fondos públicos para las obras de construcción. L.P.C.D., la Asociación de Contratis-tas Generales de Puerto Rico y el Gobierno de Puerto Rico comparecieron oponiéndose a que el caso fuera declarado académico.() Señalaron que todavía subsiste la controver-sia sobre si la A.C.T. tiene que pagar a L.P.C.D. por los trabajos realizados según el contrato suscrito entre estas antes de que la subasta adviniera final y firme, contrato que fue declarado nulo ab initio.

Al atender esta segunda moción de reconsideración, una mayoría de este Tribunal delimita erróneamente la contro-versia a si el caso se había tornado académico. Así pues, reconsidera nuestra Sentencia de 30 de junio de 2011 y señaló que “todas las partes han comparecido conjunta-mente solicitando la concesión del mismo remedio”, por lo que el caso perdió el carácter litigioso. Sentencia (en recon-sideración), págs. 11-12. Asimismo, indica que la subasta se había anulado por falta de fondos públicos. Por ende, sostiene que el caso ya no es justiciable. En cuanto a la interrogante sobre si procede que la Autoridad pague a L.P.C.D. alguna suma de dinero, la posición mayoritaria entiende que es una controversia que no es objeto de esta litigación y que, en todo caso, sería objeto de otro pleito. Por ello, no discutió lo relacionado con la contratación gu-bernamental y la indemnización de daños en casos como el de autos. Finalmente, una mayoría de este Alto Foro deja sin efecto nuestra Sentencia de 30 de junio de 2011 y la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Además, devolvió el caso a la A.C.T. para que atienda aquellos asun-tos que pudieran quedar pendientes dentro del marco de su jurisdicción.

II

El principio de justiciabilidad requiere que exista una controversia real en todo caso ante un tribunal. Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 D.P.R. 149, 157 (2006); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958). En lo pertinente al caso ante nos, hemos reconocido que un caso no es justiciable cuando se ha tornado académico. P.N.P. v. Carrasquilla, 166 D.P.R. 70, 74 (2005); Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 421-422 (1994). Un caso es académico cuando el derecho aplicable o los hechos han variado de tal manera que ya no existe una controversia vigente entre las partes adversas. P.N.P. v. Carrasquillo, supra, pág. 75; Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980). Es decir, un pleito será académico cuando la sentencia que se dicte en él no tendrá efectos prácticos para las partes. Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341, 349 (2005); E.L.A. v. Aguayo, supra. De esta manera, se evita usar inadecuadamente los recursos judiciales y esta-blecer precedentes innecesarios. Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 D.P.R. 924 (2000).

Sin embargo, hemos desarrollado cuatro excepciones a esta doctrina de la academicidad, por lo que no aplicará: (1) cuando se presenta una controversia recurrente y capaz de evadir la revisión judicial, (2) cuando la situación de he-chos ha sido modificada por el demandado pero no tiene visos de permanencia, (3) cuando la controversia se ha tornado académica para el representante de una clase pero no para otros miembros de la clase, y (4) cuando persisten consecuencias colaterales que no se han tornado académicas. P.N.P. v. Carrasquillo, supra, pág. 76.

III

Una mayoría de este Tribunal determina que el caso ante nos se tornó académico debido a que se anuló la su-basta por falta de fondos públicos y a que A.C.T. se allanó a la posición de L.P.C.D. No estamos de acuerdo.

En primer lugar, debemos señalar que la subasta en controversia se anuló el 20 de noviembre de 2009 mediante la Resolución en cumplimiento de orden del Tribunal Supremo emitida por la A.C.T. Esta fue la misma Resolución que declaró nulo ab initio el contrato en controversia. Por lo tanto, la subasta se anuló antes de que L.P.C.D presen-tara infructuosamente su solicitud de reconsideración ante la A.C.T., antes de que acudiera con éxito al Tribunal de Apelaciones y antes de que la A.C.T. acudiera ante nos so-licitando que revocáramos al foro apelativo intermedio.

En segundo lugar, L.P.C.D. no solicitó que se adjudicara la subasta a su favor en su solicitud de reconsideración ante la A.C.T. ni en su recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. En todo momento, L.P.C.D. reconoció la fa-cultad que tenía la A.C.T. para cancelar el contrato en controversia. Lo que L.P.C.D. cuestionó fue la facultad de la A.C.T. para declarar que el contrato es nulo ab initio. No cabe duda de que L.P.C.D. simplemente quiere cobrar por una obra para la cual este Tribunal decidió en 2009 que no podía licitar.

Como puede apreciarse, los hechos en el caso ante nos no han variado de forma que ya no exista una controversia vigente entre las partes. Entre L.P.C.D. y A.C.T. sigue vi-gente la controversia que plantearon desde un principio: si la A.C.T. se extralimitó en sus facultades al declarar nulo ab initio el contrato en controversia, a partir de lo que re-solvimos en Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra. De concluirse que la A.C.T. no actuó de forma ultra vires al declarar el contrato nulo ab initio, se convertiría en final y firme la determinación de que la A.C.T. no tiene que in-demnizar los gastos en que incurrió L.P.C.D. De lo contra-rio, si concluyéramos que la A.C.T. se extralimitó en sus facultades al hacer dicha determinación, estaríamos reco-nociendo implícitamente la posibilidad de declarar el con-trato como meramente anulable, lo cual permitiría que esta agencia gubernamental indemnice los gastos en que incurrió L.P.C.D. como parte privada. Ciertamente, este tipo de controversia tiene consecuencias colaterales muy importantes para el erario. Por ende, es forzoso concluir que el pleito no es académico, aunque ya no se le pueda adjudicar la subasta a L.P.C.D. La controversia siempre ha sido la que ahora el Tribunal quiere dejar para su “caso futuro”.

Por otro lado, la posición mayoritaria señala en su parte dispositiva que “todas las partes han comparecido conjun-tamente solicitando la concesión del mismo remedio”. Ello, refiriéndose al hecho de que A.C.T. se allanó a la solicitud de reconsideración de nuestra Sentencia de 30 de junio de 2011, presentada por el Gobierno de Puerto Rico. Por con-siguiente, asevera la mayoría, el asunto ha perdido el ca-rácter de adversidad y de intereses jurídicos antagónicos imprescindible para ser justiciable.

No podemos perder de perspectiva que este es un caso sobre contratación gubernamental, en el cual están en juego los fondos públicos del Pueblo de Puerto Rico. Debe-mos tener presente que la normativa rigurosa sobre las subastas gubernamentales busca evitar la corrupción, el favoritismo, el dispendio, la prevaricación, la extravagancia y el descuido al otorgarse los contratos. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 172 D.P.R. 139, 143-144 (2007); A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R. 434, 439 (2004).

Nuestra Sentencia de 30 de junio de 2011 delimitó co-rrectamente la controversia ante nos y resolvió que la A.C.T. no actuó de forma ultra vires al declarar nulo ab initio el contrato en cuestión. Por consiguiente, dicho dic-tamen reinstalaba la determinación de la A.C.T. de que esta no estaba obligada a resarcir cualquier daño sufrido por la L.P.C.D. a raíz de la cancelación del contrato. De esta manera, se respetaba la norma firmemente arraigada de que no procede la concesión de remedios en equidad cuando una adjudicación de una subasta se revoca o un contrato se declara nulo por incumplir con los requerimien-tos estrictos sobre contratación gubernamental. Véanse: ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 D.P.R. 530 (2011); Perfect Cleaning v. Cardiovascular, supra, pág. 148; Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 D.P.R. 994, 999-1003 (2009); Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 D.P.R. 237, 245-249 (2007); Las Marías v. Municipio San Juan, 159 D.P.R. 868, 873 — 877 (2003); Hatton v. Mun. de Ponce, 134 D.P.R. 1001, 1010-1012 (1994).

En vista de que una mayoría de este Tribunal dejó sin efecto la referida Sentencia, corresponde a las autoridades llamadas a velar por el buen uso de los fondos públicos el escrutinio de los procesos llevados a cabo en la subasta en cuestión que, como mínimo, resultan inusuales según el trámite que hemos descrito.

IV

Por todo lo anterior, entendemos que el caso ante nos no se tornó académico. En consecuencia, no hubiéramos aco-gido la segunda moción de reconsideración presentada en el caso de autos para dejar sin efecto nuestra Sentencia de 30 de junio de 2011, y nos reafirmamos en lo allí resuelto.

      (1) En el Aviso de Subasta publicado por la Junta se había especificado: “Toda propuesta deberá venir acompañada de una fianza provisional equivalente al cinco por ciento (5%) de la propuesta y sujeto a las condiciones que se expresan en el Artículo 102.08 de las Condiciones Generales ...”. Apéndice de la Solicitud para la expedición del auto de certiorari, pág. 1.

      (2) La proposición sometida por LPCD y aceptada por la Autoridad ascendía a $25,733,830.

        (3) Es menester señalar que desde la fecha cuando la Autoridad expidió la Orden de Comienzo hasta la notificación de la Orden de Paralización del TA, LPCD había realizado “labores misceláneas menores en el Proyecto AC-001736 ... tales como la instalación del rótulo de identificación del proyecto e instalación de módulos temporeros”.

      (4) Según surge de la Resolución en Cumplimiento de Orden del Tribunal Supremo emitida por la Autoridad el 20 de noviembre de 2009:
      “18. La única actividad realizada por LPCD desde el 10 de febrero de 2009, fecha en que se queda sin efecto la orden de paralización del Tribunal de Apelaciones, hasta el 24 de febrero de 2009, fecha en que la ACT emite la orden formal de para-lización, fue la entrega a la ACT del itinerario de trabajo (‘Progress Schedule’) ...”. Apéndice de la Solicitud para la expedición de auto de certiorari, pág. 59.

      (5) La Junta recomendó la anulación de la subasta debido a la falta de fondos disponibles para las obras de construcción.

      (6) LPCD planteó como único señalamiento de error el siguiente:
      “Erró la Junta de Subastas de la Autoridad al pretender adjudicar en su Reso-lución derechos sustantivos que le asisten a LPCD como resultado de la cancelación del contrato habido entre las partes, la Orden de Comienzo y la de paralización de los trabajos (“stop work order”). La única función delegada por legislación a la Autori-dad, en el asunto que nos ocupa, lo es la de adjudicar o no la buena pro de la subasta y anular la misma como lo ha decidido. La Autoridad no tiene facultad delegada en ley para autoproclamarse juez y parte en la posible reclamación que pudiera tener LPCD contra ésta como resultado de la cancelación del contrato habido entre las partes y adjudicar la misma de antemano, sin que se le haya sido aún ni siquiera formulada, haciendo determinaciones de hecho sin vista y sin haber escuchado la prueba. La Resolución de la Autoridad pretende adjudicar unos hechos y el derecho de LPCD. La acción de la Autoridad es lo que se conoce en el idioma [i]nglés como un “preventive strike"!.] Al no tratarse lo resuelto en la Resolución en cuanto a los derechos de LPCD de materia que requiera el expertise de la Autoridad, sino que se trata de una adjudicación de cuestiones de derecho, la Resolución, en cuanto a dicho asunto, puede ser revisada en todos sus aspectos y debe ser revocada en cuanto a lo resuelto respecto a LPCD”. Apéndice de la Solicitud para la expedición de auto de certiorari, pág. 48.

      (7) La Autoridad presentó una Moción de Reconsideración de la determinación del TA, sin embargo, este foro la declaró “no ha lugar” mediante una Resolución emitida el 6 de agosto de 2010.

      (8) En específico, se refería a la paralización de las obras del Gobierno, en aquellos casos en los cuales las subastas para adjudicar la construcción de las obras hayan sido impugnadas hasta tanto el tribunal haya emitido una sentencia final y firme. Asimismo, se refirió a la consecuente dilación en la construcción de obras y servicios del Gobierno y al aumento en los costos de construcción como consecuencia del nuevo riesgo que asumirían los contratistas.

      (9) Resolución de este Tribunal de 18 de noviembre de 2011.

      (10) Véase, además, Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 864, 870 esc. 2 (1991).

      (1) La Autoridad de Carreteras y Transportación (A.C.T.) compareció mediante un escrito titulado Posición de la Autoridad sobre “Moción para mostrar causa-Regla 46” Radicada por LPC & D. Reiteró que la política pública imperante en nuestra jurisdicción en cuanto a la contratación entre entidades gubernamentales y privadas impone a los licitadores la carga de asumir las consecuencias que dicho proceso de licitación, negociación y contratación presuponen. Por su parte, L.P.C. & D., Inc. (L.P.C.D.) presentó su Réplica a Posición de la Autoridad — Reglas 20 y 31. Luego, la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico solicitó comparecer como amicus curias. Concedimos su solicitud mediante Resolución. Posteriormente, L.P.C.D. solicitó que tomáramos conocimiento judicial de la Sentencia dictada el 10 de mayo de 2011 por el Tribunal de Apelaciones, en el Caso Núm. KLRA2011-00365, mediante la cual se denegó la solicitud de revisión incoada por CD Builders, Inc. respecto a la adjudicación de una subasta para la construcción del Proyecto de la Segunda Fase de la Ruta 66. A.C.T. se opuso a esto último.

      (2) L.P.C.D. y la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico presentaron una “Moción en cumplimiento con resolución del 28 de noviembre de 2011”. El Gobierno de Puerto Rico compareció mediante “Moción en cumplimiento de orden de 18 de noviembre de 2011”.