text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Irenes Díaz, acusado y apelante.
    No. 2587.

    Visto: Marzo 2, 1926.

      Resuelto: Marzo 26, 1926.
    1. Sodomía — Proceso y Castigo — Acusación—Su Suficiencia — Acusación que . Sigue las Palabras del Estatuto. — Una acusación basada en el artículo 278 del Código Penal, que en su redacción sigue las palabras del estatuto, i es suficiente.
    2. Sodomía — Proceso y Castigo — Acusación—Su Suficiencia — Alegación del Sexo de la Parte Perjudicada. — En una acusación basada en el artículo 278 del Código Penal, no es necesario alegar el sexo con quien se ha verifi-cado el hecho.

      3. Sodomía — Proceso y Castigo — Evidencia—Examen de Expertos — Preguntas Sugestivas (Leading Questions) en el Examen Directo — Necesidad para Ellas. — Tratándose de un experto — médico—no hay necesidad de, ni menos justificación para hacerle, en el examen directo, una pregunta sugestiva que, por su naturaleza pueda en el jurado levantar prejuicios en contra del acu-sado, especialmente cuando los hechos que se quieren obtener del testigo no son tales que no puedan ser revelados mediante un interrogatorio hábil y adecuado.
    4. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Resolución y Disposi-ción del Caso — Revocación de la Sentencia Apelada — Error Perjudicial en la Admisión de Pruebas. — Cuando de los autos nada consta que demues-tre que un juez, al dirigir y regular el interrogatorio de testigos estuvo jus-tificado de variar la regla general porque se rige el interrogatorio directo —admitiendo una pregunta sugestiva perjudicial — procede revocar la senten-cia apelada.
    SbNTenoia de Rafael Días Cintrón, J. (Ponee), condenando al acu-sado por delito contra natura, con costas.

      Revocada y devuelto el caso.

      Carlos Brunet del Valle, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Fuéblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Un jurado declaró culpable al acusado del infame crimen contra natura y la corte inferior le condenó a sufrir la pena de cinco años de presidio. De esta sentencia se apela, apun-tándose como primer error que la acusación no aduce he-chos suficientes contra el acusado porque ella no contiene en lenguaje conciso y corriente una exposición clara de los actos constitutivos del delito y no se alega por otra parte que Anastasio Ramos, sujeto pasivo, era un varón.

La acusación tal como fné formulada dice así:

“Mediante esta información el Gran Jurado del distrito judicial de Ponee, P. B.. acusa a Irenes Díaz del delito contra natura (felony) cometido del modo siguiente: El referido Irenes Díaz el día 22 de octubre de 1924 y en el distrito de Ponee, P. B., ilegal y vo-luntariamente, realizó con Anastasio Bosado, el infame crimen contra natura, ...”

Esta acusación se basa en el art. 278 del Código Penal, pudiendo verse que en su redacción se siguen las palabras del estatuto. Las autoridades están contestes que una acu-sación así formulada es suficiente.

"Se ba resuelto que el término ‘sodomía’ describe suficientemente el delito y por consiguiente también el ‘infame delito contra na-tura.’ ” 1 Wharton’s Criminal Law, p. 549.
‘‘Es cierto que cuando un delito está definido por el estatuto en términos genéricos, sin mencionar los actos determinados que lo cons-tituyen, se ha resuelto, como excepción a la regla general, que no es suficiente imputarlo en el lenguaje de la definición sino que de-ben expresarse los actos determinados que constituyen el delito de-nunciado. Pero dada la naturaleza vil y degradante de este delito, siempre ha sido una excepción a las reglas estrictas que exigen gran particularidad y certeza inequívoca en las alegaciones criminales tanto en el derecho común como cuando los delitos son enteramente estatutorios. Nunca ha sido la práctica usual describir la forma determinada o los detalles de la comisión del acto, y cuando el de-lito es estatutorio su expresión en los términos del estatuto o en forma tan clara que su naturaleza sea fácilmente comprendida es todo lo que se exige.” 8 R.C.L. p. 335.

La proposición del apelante de que en todo caso la acusación debía consignar que el perjudicado era un varón, la funda el apelante en el caso de People v. Caroll, 1 Cal. App. 2, 81 Pac. Rep. 680.

El Fiscal sostiene que el caso citado está equivocado porque el delito de que se trata puede cometerse indistinta-mente con hombre o mujer. Aunque esta conclusión del fiscal es correcta, no siendo necesario alegar el sexo con quien se ha verificado el hecho, 8 E.C.L. 335-36, el caso de Gar oil, supra, no ha sido bien interpretado por una y otra parte. En la acusación no se seguían las palabras del es-tatuto sino que se hacía una descripción de los actos reali-zados por el acusado, y la corte dijo:

‘‘Una acusación que imputa al acusado la comisión de un de-lito contra natura con y sobre determinada persona con quien allí y entonces tuvo contacto carnal, es fatalmente defectuosa por no alegar-que dicha-persona era un varón, pues la frase ‘contacto carnal’ significa relación sexual.” People v. Caroll, 1 Cal. App. 2, 81 Pac. Rep. 680.

No puede esta decisión tener alcance alguno en una acu-sación que siga en sus términos al estatuto en sentido de hacer indispensable alegar el sexo de la persona perjudi-cada, ni tampoco podía sostenerse que su interpretación sea errónea en cuanto al significado que da a ciertas palabras en una acusación que describe los actos realizados por el acusado con la víctima. No existe, pues, el error imputado en cuanto a la forma de la acusación.

El error que consideramos que realmente fué cometido, se refiere a cierta excepción tomada por el apelante mientras declaraba el perito médico. El récord en ese ex-tremo describe lo siguiente:

“Fiscal: ¿Ud. vió a este niño allá por el 24 de octubre de 1924? —R. Sí, señor. — P. ¿Qué examen le hizo Ud. a este niño? — R. Le Mee un examen en el ano y en el recto. — Tenga la bondad de expli-carle aquí a los Sres. del Jurado cuál fué el resultado de su examen. • — R. Pues este niño tenía alrededor del ano una laceración como de una pulgada de largo que le penetraba dentro, pasaba por el esfín-ter del ano basta dentro en el recto, era una herida superficial, no era profunda, y además tenía otra herida abajo, partiendo del ano también hacia afuera y varias excoriaciones alrededor; tenía eso muy dolorido, se quejaba mucho cuando yo lo examinaba. — ¿Esas laceraciones pudieron ser producidas por el pene de un hombre?— Defensor: Nos oponemos y protestamos de la pregunta del compa-ñero; el compañero no ha debido hacer esa pregunta porque es al-tamente sugestiva y perjudicial a los derechos del acusado.- — Fiscal: Que resuelva la Corte.' — Juez: El fiscal puede preguntar al Sr. pe-rito que exprese todo lo que tenga relación con este caso. Puede hacerlo porque se trata de un perito a quien se pueden hacer pre-guntas de esta naturaleza. — Defensor: Tomamos excepción. — Fiscal: ¿ Puede ser eso producido por la penetración del pene de un hombre ? —R. Pudo haber sido producido. — Explique sin necesidad de pre-guntas, todo lo que Ud. vió y a qué conclusión llegó usted. — R. Eso tiene que haber sido producido por la introducción de un cuerpo ex-traño, lo más probable desde luego, es un pene, porque si hubiera sido algo de madera le hubiera hecho algo más.- — -Defensor: Pedi-mos que se elimine la manifestación del perito en cuanto a mencio-nar el pene porque su misión no es mencionar el instrumento exacto, en este caso creemos que se ha salido de la misión del perito al men-cionar la palabra pene. — Juez: Un perito puede declarar sobre lo que estime y el alcance de su examen y las conclusiones a que ha podido llegar según su apreciación y sus conocimientos científicos.— Defensor: Tomo excepción. ’ ’

No parece necesario discutir que la pregunta del Fiscal al perito médico, que objetó la defensa y de la que tomó ex-cepción, es realmente sugestiva. El fiscal fué insistente en su pregunta con igual protesta y excepción por la defensa. La pregunta y la respuesta tenía por objeto conectar al acu-sado con la realización del delito y de ahí la importancia y materialidad de la pregunta, sugiriéndose además la contes-tación deseada o una simple negación o afirmación. La ley de evidencia define lo que se puede entender por una pre-gunta capciosa y su prohibición de hacerla en un interroga-torio directo, a menos que circunstancias especiales lo exi-gieren y fuere conveniente a los fines de la justicia. El ar-tículo 153 de dicha ley dice: .

“Art. 153.: — Una pregunta que sugiera al testigo la respuesta de-seada por la parte examinante se denomina pregunta capciosa. En un interrogatorio directo no se permiten las preguntas capciosas, a no ser que a juicio del tribunal, bajo circunstancias especiales,- re-sultaren convenientes a los intereses de la justicia..”

La cuestión que sigue es determinar si la pregunta está comprendida en algunas de las excepciones que admiten las autoridades, y de su estudio podemos deducir que no esta-mos en un caso excepcional. Se trata de un experto a quien hay’que presumir que es una persona hábil e inteligente y no puede verse la necesidad ni menos la justificación de ha-cerle una pregunta sugestiva que por su naturaleza en re-lación con la clase de delito podía excitar su natural repug-nancia en la mente de los jurados y levantar prejuicios en contra del acusado. Por el mismo carácter degradante y vil del delito, es humano pensar que se puede formar una con-vicción por una mera conclusión presentada ante el jurado en forma irregular, y los hechos que se querían obtener del testigo no eran tales que no pudieran ser revelados mediante un interrogatorio hábil y adecuado.

En el caso de Turney v. State, 47 Am. Dec. 75, se hace un análisis tan amplio e ilustrativo de la definición de pre-guntas capciosas (leading questions), sus excepciones en un interrogatorio directo, así como del alcance en materia criminal del poder discrecional de las cortes en ese. punto, que por ser la mejor expresión de la ley, sus principios son en-teramente aplicables. Entre otros párrafos, la corte se ex-presa así:

“A menudo es muy difícil distinguir aquellas preguntas que no deben ser permitidas por su tendencia capciosa de las que aunque en la forma son capciosas en efecto solamente dirigen la mente del testigo a la materia objeto de investigación. Pero si bien es impo-sible establecer ninguna regla fija que pueda servir en todos los ca-sos, existen sin embargo ciertas reglas establecidas sobre la materia de preguntas capciosas que- proporcionan un buen medio de prueba para distinguir los casos que no son muy dudosos. Por ejemplo, es una pregunta capciosa la que sugiere ál testigo la contestación de-seada: 1 Stark on Evid. 124; 2 Pb. on Ev. 722; Tbe People V. Matber, 4 "Wend. 249 (21 Am. Dec. 122). Y también es una pre-gunta capciosa la que asume un hecho como probado que no ha sido probado. También es capciosa una pregunta que envolviendo un hecho material admite una contestación mediante una simple nega-ción o afirmación. La segunda constituye un motivo de pregunta argumentativo que la ley declara está sujeta a objeción. 1 Greenl. on Ev., see. 434.
“Por otra parte, sin embargo, existen excepciones a la regla que prohíbe que se hagan a un testigo preguntas capciosas en su interro-gatorio principal; como cuando él es manifiestamente reacio y hos-til al interés de la parte que lo llama o cuando ha agotado su me-moria, sin exponer el particular que se interesa, cuando es un nom-bre propio, u otro hecho, al cual no puede llegarse mediante un in-terrogatorio general o cuando el testigo- es un niño de pocos años cuya atención no puede llamársele de otro modo a la materia en cues-tión: Moody v. Rowell, 17 Pick. 498 (28 Am. Dec. 317). * * *
“Si bien él principio de ley por fortuna está determinado en el sentido de que siendo a menudo necesario es por tanto admisible poner la mente de un testigo en contacto con la -materia que se inves-tiga, especialmente cuando se interroga a un testigo con respecto a alguna conversación o admisión, es todavía un principio de ley igualmente determinado y fuera del control de la indignación de la justicia pública que en tales preguntas el testigo no debe ser in-ducido a dar una contestación particular, ni debe hacérsele ninguna pregunta a la cual la contestación ‘sí’ o ‘no’ sería concluyente. 1 Stark Ev. 124; Nicholls v. Dowding, 1 Stark 81; Opinión de Lord Ellenborough. Es indudablemente más conveniente preguntar a un testigo si tal cosa fué dicha o ejecutada y las preguntas así hechas en muchos casos podrían hacerse sin peligro de cometer perjurio, aún involuntariamente, y no negamos que tal fuera el resultado en el caso mismo que estamos considerando; y existen también casos en los cuales tales preguntas capciosas son pertinentes, como ya se ha indicado antes; pero en casos corrientes ciertamente que es más compatible con la honradez y justicia, así para el testigo como para el acusado, preguntar al testigo lo que se hizo y dijo, en vez de si una cosa esencial y particular fué hecha o dicha. Nos vemos obli-gados por tanto a llegar a la conclusión de que las preguntas he-chas a Mary Folkes y que han sido examinadas se ajustan a la de-fensa legal de preguntas capciosas.
“Habiéndose determinado, pues, que las preguntas capciosas se hicieron a la testigo, y que no eran esenciales a los fines de la jus-ticia en este caso, queda únicamente por investigar en relación con esto si esta corte intervendrá con la facultad discrecional que se admite es inherente a las cortes que dirigen el interrogatorio de tes-tigos. Es cierto que se ha sostenido en las cortes nisi prius de In-glaterra que las reglas de evidencia son exactamente las mismas en casos civiles y criminales y que en ambos queda a la discreción del juez permitir hasta dónde llegue el interrogatorio directo de un tes-tigo mediante preguntas capciosas, o, en otras palabras, hasta dónde asumirá la forma de un interrogatorio de repreguntas: Regina v. Murphy and Douglas, 8 Car. & P. 297. Pero las decisiones arriba citadas de este país en las que se ha resuelto que la cuestión de dis-creción judicial relativa al interrogatorio de testigos no era tal que en ella pudiera basarse una solicitud de nuevo juicio o pueda ale-garse como error, se dictaron en casos civiles y no criminales. Sin embargo, en el caso de Duncan v. McCullough, Administrador, 4 Serg. & R. 482, que fué una acción civil, la Corte Suprema de Pennsylvania admitiendo la regla de que la forma de interrogar tes-tigos es cuestión que descansa grandemente en la discreción de la corte que preside el juicio, llama la atención a que consideraría la cuestión de si ese modo de proceder daría lugar a una revocación por error en cuanto a un punto en que la ley permite que la corte inferior ejercite su discreción con tal que apareciera que había ha-bido cualquier abuso de discreción. En el caso de The People v. Mather, 4 Wend. 247 (21 Am. Dec. 122), que fué un caso en que se presentó una acusación por conspiración en el rapto de William Morgan, la corte, si bien también admite la doctrina de que una gran discreción tiene el juez que preside un juicio para dirigir y regular el interrogatorio de los testigos, y que las cortes de apela-ción deben evitar cautelosamente intervenir con el debido ejercicio de esta discreción, sin embargo, se resolvió que si se ha infringido una regla establecida de la ley, la parte perjudicada tiene el dere-cho innegable a obtener un remedio y que la corte no tendría in-conveniente alguno en concederlo. La regla así sentada por la Corte Suprema de New York parece estar muy en armonía con el objeto de la justicia pública, que es más para la protección del ino-cente que para el castigo del culpable.”

El fiscal, con el fin de demostrar que no se cometió el error que se discute, cita los casos de People v. Brown, 19 N. W. 172, y People v. Morine, 138 Cal. 626. La cuestión levantada en el primero fué la de preguntas hipotéticas que se le hicieron a un médico en sentido de si en su opinión los hechos asumidos constituían violación, y se resolvió que era impropio el interrogatorio por referirse a puntos de orden legal que no eran del conocimiento médico del testigo. El caso indica, dice la opinión de la corte, que “ésta no fué la única ocasión semejante, y la práctica de presentar los aho-gados a los testigos estas hipótesis merece enérgica censura. En la mayor parte de los casos se pide a un testigo que usurpe las funciones del jurado, y ello puede a menudo lle-var a los jurados a olvidar sus propias atribuciones y acep-tar conclusiones que ellos deben formar por sí mismos.”

De esto puede notarse que el caso es más bien adverso al fiscal, pues lo mismo podría decirse de lo ocurrido en el presente caso, pues la contestación del médico a la pregunta que hemos calificado de sugestiva, era una conclusión a la que podía haber llegado el jurado por la evidencia presen-tada o circunstancias que surgían de la misma.

Es de advertir además que si bien en el caso de Brown, supra, no se revocó la sentencia, fué porque las preguntas que fueron objetadas envolvían, como bemos dicbo, cuestio-nes legales, y el razonamiento de la Corte Suprema de Michigan en ese punto es como sigue: “En el presente caso se pidió al testigo que usurpara las funciones de la corte y no del jurado. Su opinión, al ser expresada, resultó ser co-rrecta de acuerdo con la ley, y no podemos revocar una sen-tencia porque la ley haya sido expresada correctamente en presencia del jurado, por quienquiera que sea. El error fué subsanado por la contestación. Pero es mejor que la ley sea explicada al jurado exclusivamente por el instructor legal del jurado.”

En el segundo caso de Morine, ante, se trataba de un homicidio y las cuestiones que surgieron se referían a la cualificación de testigos como peritos y no a la materia de preguntas que pudieran envolver el carácter de sugestivas. No vemos la relación que puedan tener con este caso. 138 Cal. 629.

Por otro lado, hemos encontrado en el caso de International & G. N. R. Co. v. Bibolet, 57 S. W. 974, mantenido el principio de que preguntas hechas a un médico que podían ser contestadas “sí” o “no,” o que ellas mismas sugerían la contestación deseada, se considerarán sugestivas, y soste-nidas las objeciones del apelante la sentencia inferior fué revocada.

En conclusión, nada consta que demuestre en este caso,, que el juez inferior estuvo justificado de variar la regla general por que se rige el interrogatorio directo y cometió error al permitir la pregunta que fué excepcionada.

Por todo lo expuesto la sentencia apelada debe ser re-vocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos, no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Presidente Sr. del Toro disintió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Tiburcia Susana Laviena, Domitila Ortiz Laviena y Zoila Ortiz Laviena, demandantes y apelantes, v. Ricardo Ramos, demandado y apelado.
    No. 3626.

    Visto: Noviembre 4, 1925.

      Resuelto: Marzo 26, 1926.
    1. Testigos — Examen—Contra-interrogatorio (Cross-examination) y Re-examen —Repregunta Dentro del Alcance del Examen Directo — Su Admisibi-lidad. — Una repregunta acerca de la existencia de un hijo natural recono-cido del causante de los demandantes es admisible cuando el testigo en su examen directo declaró que el causante no dejó al morir más hijos que los demandantes.
    2. Apelación y Error — Revisión — ■ Errores no Perjudiciales — Admisión de Prueba Objetada — Evidencia Ofrecida para Varios- Eines — Palta de Ob-jeción Específica. — En el caso de autos se admitió un acta de nacimiento y no habiéndose heeho objeción específica a su admisión no obstante haberse ofrecido en evidencia para varios fines, se resolvió: que de existir error alguno en la admisión de la prueba, no era suficiente para fundar una re-vocación.

      3. Apelación y Error — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión — Issues y Cuestiones en la Corte Inferior— Presentación de las Mismas — En General. — Las cuestiones que se preten-dan alegar en apelación deben ser claramente levantadas en la corte inferior.
    4. Apelación y Error — Revisión—Alcance y Extensión en General — Cues-tiones no Presentadas Francamente en la Corte Inferior — Cuestiones sobre Fundamentos Mis o Menos Técnicos. — Las resoluciones dictadas sobre cuestiones que no son presentadas francamente ante los tribunales inferiores, no serán examinadas por el Supremo para los fines de una revo-cación sobre fundamentos más o menos técnicos.
    SentenCia de Pablo Berga, J. (Humacao), declarando sin lugar de-manda sobre nulidad de escritura y otros extremos, sin costas.

      Confirmada.

      F. Cervoni Qely, abogado de las apelantes; Arturo Aponte, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Las apelantes establecieron demanda para reivindicar ciertas fincas interesando la cancelación de nna escritura de venta que se alega haberse otorgado por los esposos vende-dores.

La teoría de la demanda era que la esposa nunca compa-reció ante el notario, ni en realidad firmó el documento, y que los testigos firmantes no estuvieron presentes en el mo-mento del otorgamiento de la escritura.

La acción fue establecida después del fallecimiento del esposo.

El juez sentenciador resolvió a favor del demandado to-das las cuestiones de becbo que fueron controvertidas y dictó sentencia de conformidad con las mismas.

Se alega abora que la corte inferior cometió los siguien-tes errores:

“Primero: Permitir al demandado que en sus repreguntas a la testigo Zoila Ortiz le interrogase acerca de la existencia de un hijo natural reconocido del causante de los demandantes (págs. 29 y 30).
“Segundo: Admitir el acta de nacimiento de Jesús Ortiz (pág. 39).
“Tercero: En no eliminar la declaración de referencia (hearsay) del testigo Jesús Ortiz, de que su papá le dijo al testigo que había vendido la finca a Ricardo Ramos (págs. 45-46).
“Guarió: En permitir que el abogado del demandado pregun-tara a la demandante (Zoila Ortiz) si tenía interés en ganar este pleito (pág. 49).
“Quinto: En pronunciar una sentencia contraria a la prueba presentada. ’ ’

Zoila Ortiz, una de las demandantes, en el interrogatorio directo declaró lo siguiente:

“Que el padre de la testigo no dejó otros hijos con derecho a heredarlo nada más que sus dos hijas habidas en el matrimonio con la madre de la declarante; que los herederos que el padre dejó fue-ron a la madre y a las dos hijas, una de las cuales es la testigo y la otra su hermana Domitila. Que le consta que su padre no fué ca-sado nada más que una sola vez; que no le consta si su padre dejó hijos naturales al morir.”

Del interrogatorio de repreguntas a esta testigo citamos lo siguiente:

“Que la testigo es una de las herederas de Ramón Ortiz, por ser una de las hijas de él, y que la otra heredera es su hermana llamada Domitila; que al padre no se le han reconocido más hijos, y los únicos que tienen derecho a la herencia y a los bienes del padre son Tiburcia la madre, y Domitila su hermana y la testigo, por enten-der que a la muerte de ellos, del padre y de la madre, son las únicas personas qiie tienen derecho a los bienes de sus padres.
“A la siguiente pregunta: ¿Ud. conoce a un tal Jesús Ortiz? El abogado de la parte demandante se opuso a que el testigo con-testara, por entender que la pregunta es responsiva a una alegación eliminable de la contestación, en la cual alegación Se dice,-que existe un defecto de parte demandada, cual es Jesús Ortiz, hijo de Ramón Ortiz, y eso es muy cómodo-ponerlo en una contestación; que si es cierto que existía tal persona debió haberse solicitado su inclusión bien como parte demandante o parte demandada. Que no se ha hecho ninguna pregunta en relación a tal Jesús Ortiz en el examen directo, y sería establecer un issue correspondiente a una acción de filiación; se opone además a la pregunta, porque la mejor prueba sería la partida de nacimiento, de la misma manera que han sida presentadas ante la Corte las dos partidas de las demandantes Do-mitila y Zoila Ortiz Laviena; que si la parte demandada desea pro-bar que Jesús Ortiz es hijo de Ramón Ortiz, bien sea reconocido, o* hijo natural, debe traer la prueba documental que exige la ley. La Corte admite la pregunta, porque la declaró en su examen directo que Ramón Ortiz al morir no dejó más hijos legítimos ni natura--les, que las demandantes. Y la defensa anotó una excepción.”

No encontramos ningún error en la resolución ni en el razonamiento del juez de distrito.

En relación con el segundo señalamiento, se nos hace referencia al siguiente incidente:

“Prueba de la parte demandada. — Se presentó como primera prueba por el abogado de la parte demandada, señor Aponte, el acta de nacimiento de Jesús Ortiz, hijo natural reconocido del causante Ramón Ortiz, para acreditar que existe un defecto de partes deman-dantes en este caso, y que no están todas las personas ante la Corte, y al mismo tiempo para impugnar la credibilidad de una de las tes-tigos, parte en este asunto, que dijo que Ramón Ortiz no tenía más hijos que las demandantes, y para demostrar que no son las deman-dantes las únicas herederas de Ramón Ortiz. La parte demandante, representada por su abogado Sr. Cervoni se opuso a la presentación del documento, por entender que tal extremo hubiera sido perti-nente en una excepción previa. La Corte admitió el documento para darle el valor probatorio que tuviera y el abogado Sr. Cervoni tomó excepción. ’ ’

Sin ninguna otra cosa más específica en forma de obje-ción, y en vista de los varios fines para los cuales el docu-mento fué ofrecido, el error,, de baber alguno al admitirlo, apenas si puede considerarse como fundamento para la re-vocación.

La negativa a eliminar una parte de la declaración de Jesús Ortiz y las circunstancias en que esto ocurrió, se indican en la siguiente cita:

- “Que sabe que su padre en unión de Tiburcia Susana Laviena, le 'vendieron una finca al señor Ricardo Ramos, lo que le consta porque su padre cuando le fué a vender la finca a Ricardo Ramos, le llamó la atención a Susana Laviena, que necesitaba que le diera la firma para vender la finca, porque él se había dado un golpe y no podía trabajar, y ella le dijo que sí, que podía vender la finca para sostenerse ya que no podía trabajar, y le vendieron la finca, haciendo úna escritura como al mes más o menos de haber tenido esa conver-sación, aquí en Humacao; que la escritura se hizo en Humacao y Susana Laviena hizo un viaje desde su casa a Humacao, hecho que le consta porque se lo dijo su papá.
“El abogado de la parte demandante solicita sea eliminada la declaración del testigo con respecto al particular, porque los hechos los conoce por habérselos dicho su papá, y ser hearsay. El abogado de la parte demandada señor Aponte, se opone a la solicitud de eli-minación, porque de acuerdo con el párrafo cuarto del artículo 35 de la Ley de Evidencia, se trata de la declaración hecha por un difunto a una persona que trae causa y derecho de la persona que le hizo tal manifestación y la cual ha fallecido; pero el abogado de-fensor retira la oposición, para hacer entonces las siguientes pre-guntas :
¿ Su padre vive o murió ?■ — -Testigo: Murió.- — -¿ Cuánto tiempo tiene de muerto? — Dos años. — ¿Alguna vez usted habló con su padre de usted, con respecto a la finca esa que es hoy de don Ricardo Ramos? — Sí señor; si vivíamos allí juntos. — ¿Le comunicó él a us-ted que le había vendido la finca al señor Ricardo Ramos ? — Sí señor. —Ledo. Cervoni: ¿Quién le dijo a usted eso, Ricardo Ramos? — No señor; yo lo sé porque vivía en el mismo sitio, y mi papá me lo-dijo. — ¿Su papá le dijo qué? — Que vendió esa finca a Bicardo Ha-mos. — Solicitamos abora la eliminación de esta parte de la declara-ción del testigo, porque el testigo sabe que el padre vendió la finca, porque él mismo se lo dijo. — Hon. Juez: La Corte declara sin lugar la moción de eliminación, visto el apartado cuarto del artículo 35 de la Ley de Evidencia. — Ledo. Cervoni: Con nuestra excepción.”

Que Ramón Ortiz y Santiago otorgó "una escritura de venta de la propiedad en cuestión, es un hecho no negado en el caso. En cuanto a la venta hecha por él, el error, de existir alguno, no era perjudicial. La moción como fue pre-sentada no parece tener más alcance que éste.

La moción original había sido retirada. No había nada en las cuestionas que siguieron, ni en la moción como fué hecha nuevamente, que indicara que el abogado pretendía incluir las manifestaciones hechas acerca de la participación de la esposa en la venta, ni siquiera establecer una excep-ción a la regla de evidencia invocada por el demandado. En realidad probablemente pareció tanto a la corte como al abo-gado que las objeciones se hicieron exclusivamente contra los testigos que hablaban de los actos del difunto padre. El juez sentenciador tenía derecho a saber en qué fundamento, de haber alguno, la moción como fue presentada finalmente se basaba.

Las cuestiones que se pretenden alegar en apelación de-ben ser claramente levantadas en la corte inferior y las re-soluciones dictadas sobre cuestiones que no son presentadas francamente no serán examinadas por esta corte para los fines de una revocación sobre fundamentos más o menos técnicos.

El error alegado en el cuarto señalamiento no consta que haya sido considerado formalmente por los apelantes y no es necesario que se discuta.

La prueba en conjunto no revela un error tan manifiesto en su apreciación que requiera la revocación de la sentencia.

Debe, confirmarse la sentencia apelada.


text:
    María Luisa Silva González, por sí y como madre de su menor hijo, Alfredo Juan Martínez y Silva, demandante y apelada, v. Víctor Antonio Carbonell y Pérez, demandado y apelante.
    No. 3359.

    Visto: Diciembre 23, 1924.

      Resuelto: Marzo 26, 1926.
    1. Apelación y Error — Revisión—Procedimientos y Cuestiones Interlocuto-res, Colaterales y Suplementarias — Cuestiones en Cuanto a la .Inha-bilitación del Juez Inferior — Prejuicio.—Presentada en apelación la cues-tión del prejuicio del juez inferior como base para su inhibición, y anali-zados los autos en relación con la misma, se resolvió: que no se cometió ninguna injusticia contra el demandado durante el juicio.
    2. Evidencia — Prueba Documental — Actos Públicos u Oficiales, Procedi-mientos, Records y Certificados — Certificación de Matrimonio. — Una cer-tificación de matrimonio que no representa ser un extracto del asiento de inscripción verificado en el registro civil sino una copia íntegra de dicho asiento es admisible en evidencia.
    3. Evidencia — Prueba Documental — Actos Públicos u Oficiales, Procedi-mientos, Records y .Certificados — Certificado de Servicio Militar. — Un certificado del servicio militar prestado por una persona en la Guardia Na-cional de Puerto Rico, y firmado por el Ayudante General de dicho cuerpo militar, es, en principio, admisible en evidencia aún a falta de cualquier disposición legislativa local.
    4. Evidencia — Conocimiento Judicial — Documentos de los Departamentos del •Gobierno Federal — Certificados de Records del Departamento de la Guerra — Custodia y Autoridad del Oficial que Certifica. ■— Cualquier facultad estatutoria para tomar conocimiento judicial que pueda ser exigida al tratar de documentos comprendidos en la subdivisión 9, sección 69 de la Ley de Evidencia, se infiere necesariamente del claro precepto de la misma ley.
    5. Apelación y Error — Revisión—Errores no Perjudiciales — Admisión Inde-bida de Pruebas — I-Iechos que han Quedado Probados por Otra Eviden-cia.' — El error, de existir, en admitir prueba de hechos que han sido esta-blecidos por otra prueba a la cual1 no se ha objetado, no es perjudicial.
    6. Daños y Perjuicios — Medida de los Daños— Daños a la Persona —Ele-mento en la Medida de los Daños. — En acción de daños y perjuicios pro-venientes de la muerte de un capitán de.la Guardia Nacional de Puerto Rico que se alega causada por el acto ilegal del demandado, una comisión de Capitán en el Cuerpo de Reserva de Oficiales es un factor que puede omi-tirse como elemento en la medida de los daños y perjuicios.
    7. Apelación y Error — Revisión—Errores no Perjudiciales — Errores que no Afectan al Resultado del Oaso. — No se revocará una sentencia por meros errores técnicos en la admisión de prueba cuando aparece fuera de toda duda razonable que su exclusión no hubiera afectado al resultado del caso.
    8. Descendencia y Distribución — Derechos y Responsabilidades de Herederos y “Distributees’' — Naturaleza y Establecimiento de los Derechos en General — Acciones Ejercitadas por Herederos- — Acciones por Muerte Causadas por el Acto Ilegal de Otro — Evidencia—Prueba del Carácter de Herederos. — En acción de daños y perjuicios, por muerte cansada por el acto ilegal de otro, ejercitada por los herederos en su calidad de tal, los demandantes pueden justificar su carácter o calidad de herederos en el juicio sin necesidad de acudir al procedimiento para ello establecido por la ley de Procedimientos Legales Especiales.
    9. Apelación y Error — Alegatos—Cuestiones Levantadas sin Hacerse Refe-rencia al Record — Cuestiones Sobre la Admisión o Exclusión de Prueba. — Alegado en apelación que cierta prueba fué admitida no obstante objeción habiéndose tomado excepciones a las resoluciones admitiéndola, pero • sin hacerse referencia a alguna página o parte de la transcripción en que apareee la cuestión, tal omisión es por sí suficiente para no considerar la cuestión que de tal modo se levanta.
    10. Apelación t Error — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión — -“Issues” y Cuestiones en la Corte Inferior — Cuestiones a las que no se ha Hecho 'Referencia en el Tribunal Inferior — Efecto.—Cuando además de objetarse a la admisión de pruebas tardíamente no se hace entonces referencia a alguna cuestión de incongruencia entre la demanda y la prueba, o a que existió sorpresa o que se indujo a la partq, con ello, a error en su perjuicio, tales cuestiones no pueden ser levantadas por vez primera en apelación.
    11. — Apelación y Error — Revisión—Partes con Derecho a Alegar Error — • Partes que no Pueden Alegarlos — Errores Debidos al Propio Apelante. - — Hn alegado error que, de existir, se debió al apelante, no puede alegarse en apelación como fundamento para la revocación.
    12. — Apelación y Error — Alegatos—Discusión de Errores — Generalidad en la Exposición y Conclusión del Razonamiento — Omisión de Referir la Parte del Record Relacionado con el Error y Efecto. — Cuando al dis-cutirse un alegado error hay tal generalidad en la exposición y conclusión del mismo y no existe un razonamiento o referencia a las partes pertinentes de la transcripción relacionados con el mismo, el Supremo no viene obligado a escudriñar los autos en busca de los datos con el fin de basar en ellos la revocación.
    SenteNCia de Angel Acosta, J. (Mayagüez) condenando al deman-dado a pagar cierta cantidad en pleito sobre daños y perjuicios, con costas.

      Confirmada.

      Rafael Rivera Zayas, abogado del apelante; Pascasio Fajardo Mar-tínez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado apela de nna sentencia dictada en una ac-ción establecida de acuerdo con el artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Civil por daños y perjuicios provenientes de la muerte del Capitán Alfredo Dimas Martínez que se alega fué causada por el acto ilegal del demandado.

El apelante en su alegato alega haberse cometido los si-guientes errores:

“lro. La corte erró al declarar sin lugar la moción de inhibición presentada por el demandado.
“2do. La corte erró al admitir el documento suscrito por el en-cargado del Registro Civil de Cabo Rojo, en el cual hace constar ciertos particulares relativos al matrimonio de Alfredo Dimas Mar-tínez y Doña María Luisa Silva.
“3ro. La corte erró al admitir un certificado firmado por John A. Wilson, Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico, sobre el nombramiento para oficial de la Guardia Nacional re-caído en Alfredo D. Martínez, sobre los servicios prestados por éste y su estado de salud.
“4to. La corte erró al admitir un documento procedente del Go-bierno de Washington relativo al nombramiento de Alfredo D. Mar-tínez para oficial de la Reserva.
“5to. La corte erró al admitir prueba testifical y documental para determinar el carácter de herederos de los demandantes.
“6to. La corte erró al admitir la declaración del Dr. García de la Torre sobre la duración probable de la vida de Alfredo D. Mar-tínez.
“7mo. La corte erró al declarar con lugar la demanda, conde-nando al demandado a pagar una suma que no está justificada por la prueba aportada en el juicio.”

Para sostener la primera proposición el apelante dice:

“ . . . . Bien es verdad que el prejuicio no es una de las causas expresamente señaladas en nuestro estatuto sobre inhibición de los Jueces, pero de todas maneras traemos esta cuestión a la considera-ción de este alto Tribunal para que se dé cuenta de que el deman-dado no tuvo un juicio imparcial y que el prejuicio del Juez influyó decididamente en las conclusiones a que llegó con respecto a la prueba creyendo solamente la prueba de los demandantes y no dando crédito en absoluto a la prueba del demandado. Dice la jurispru-dencia a este respecto:
“ ‘Aun cuando el prejuicio del. Juez no constituya base para su inhibición, si se presenta la cuestión y los hechos alegados indican la existencia de dicho prejuicio, la Corte de- apelaciones escudriñará cuidadosamente el record para ver que no se le haya hecho injus-ticia a la parte querellante. ’ 33 C. J. pág. 1000. ’1

Hemos analizado los autos y como resaltado de dicho análisis estamos convencidos de qne no se ha cometido nin-guna injusticia con el demandado. Estamos enteramente de acuerdo con la conclusión a que llegó el juez sentenciador por virtud de los hechos y en verdad que hubiéramos encon-trado más difícil, si no imposible, confirmar una sentencia a favor del demandado por sus méritos.

Transcribimos el documento a que se hace mención en el segundo señalamiento de error, el cual dice:

“Número 29.
Municipio de Cabo Rojo, P. R.,
Oficina del Registro Civil.
Alfredo D. Martínez Barbot, con María Luisa Silva y González.
ACTA DB MATRIMONIO
En Cabo Rojo, P. R., a las dos de la tarde del día quince de marzo de mil novecientos veinte y uno, yo, E. Romeu Ortiz, Encar-gado del Registro Civil, certifico, que no consta en este antecedente alguno que impida verificar la transcripción que voy en este acto a efectuar de los particulares pertinentes de una declaración jurada y certificación de haberse celebrado un matrimonio, archivadas en esta oficina y que tengo ante mí, siendo dichos particulares los siguientes: lo. Que en Cabo Rojo, el día trece de marzo del año de mil nove-cientos veinte y uno, ante Francisco Montalvo, Juez Municipal, se celebró el matrimonio civil que contrajeron Alfredo D. Martínez, de veinte y cuatro años de edad, de estado soltero, de profesión agricultor, natural de Mayagiiez_ y avecindado en la calle ‘Brau’ de Cabo Rojo, y María Luisa Silva y González, de veinte y dos años de edad, de estado soltera, de profesión doméstica, natural de Cabo Rojo, avecindada en la calle ‘Muñoz Rivera’ de Cabo Rojo. 2o. Que el contrayente Alfredo D. Martínez, es hijo legítimo de Juan C. Martínez, natural de Mayagiiez, de 47 años de edad, de la raza blanca, de estado casado, de profesión agricultor, residente en Cabo Rojo, y que está vivo; y Margarita Barbot, natural de Mayagiiez, de 45 años de edad, de la raza blanca, de estado casada, de profesión doméstica, residente en Cabo Rojo, y que está viva. Que la con-trayente María Luisa 'Silva y González, es hija legítima de Rodulfo Silva, natural de Cabo Rojo, de 50 años de edad, de la raza blanca, de estado' casado, de profesión agricultor, residente en Cabo Rojo y que está vivo; y de María La O. González, natural de Cabo Rojo, de 42 años de edad, de la raza blanca, de estado casada, de profesión doméstica, residente en Cabo Rojo, y que está viva. 4o. Que este matrimonio fué. celebrado ante los testigos Ricardo Ramírez Morales, mayor de edad, de estado soltero, de profesión médico, natural de Cabo Rojo y avecindado en la calle ‘Muñoz Rivera,’ de Cabo Rojo; y Ernesto Pagán Rusell, mayor de edad, de estado divorciado, de pro-fesión industrial, natural de Cabo Rojo, y avecindado en la calle ‘Carro’ de San Germán. Dr. E. Romeu Ortiz, Encargado del Re-gistro Civil. Hay un sello en tinta. — Certifico: Que es copia fiel y exacta de su original obrante al folio 275 tomo 9 de la sección de matrimonios de este Registro Civil a que me remito, y para que así conste a instancia de parte interesada libro la presente que firmo y sello en Cabo Rojo, P. R., a veinte de abril de mil novecientos veinte y tres. — Firmado. Dr. E. Romeu Ortiz. — Comisionado Mpal. de Beneficencia. Tiene un sello que dice: Registro Civil, Cabo Rojo, P. R.

Al ser ofrecido este documento como prueba, el abogado manifestó:

“En cuanto al exhibit C de los demandantes que es la pretendida certificación del matrimonio celebrado entre Alfredo Dimas Martí-nez y María Luisa Silva nos oponemos a su admisión por lo siguiente, porque lo único que es admisible en un tribunal de justicia en evi-dencia a este respecto, es una copia fiel y exacta del acta de matri-monio y no la relación que del contenido de particulares de ese acta del encargado de conservarla. La ley es que se, copie el acta y en-tonces ponga abajo, la precedente es copia fie-1 y exacta del matri-monio etc., que consta al folio tal, libro tal de matrimonios de este Registro Civil. Aquí lo que se dice en Cabo Rojo, Puerto Rico, a las dos de la tarde del día 15 de marzo del 1921, yo E. Romeu Ortiz certifico, etc., es decir, de lo pertinente según él lo siguiente, y en-tonces oficio, esto no es la copia fiel y exacta que demanda la ley y por ese motivo nos oponemos en cuanto a esta prueba.”

La resolución que abora se impugna es la siguiente:

“La corte resuelve el asunto admitiendo el documento, es una copia del registro civil creditiva de haberse inscrito el matrimonio verificado. ’ ’

El documento en conjunto, de leerse a la luz de las va-rias fechas que en él se mencionan, se ve qne no representa ser nn extracto del asiento de inscripción, sino una copia ín-tegra del mismo. Esa inscripción practicada dos días des-pués de la celebración del matrimonio comprende las partes esenciales de la certificación expedida, o diligenciamiento he-cho por el juez municipal. El documento ofrecido como prueba es una copia certificada de esa inscripción librada com© a los dos años de verificada la inscripción. No es una sinopsis subsiguiente del extracto original, sino una copia de dicha inscripción que se certifica es copia fiel de la misma.

Cualquier motivo de duda en este sentido pudo haber desaparecido mediante cierta introducción o prefacio, pero la objeción no se funda en ninguna omisión en este particular que de ningún modo apenas si podía considerarse como una cuestión tan seria que la negativa a eliminar tal prueba equivaldría a un error que pudiera servir de base a la re-vocación de la sentencia.

El exhibit F de-los demandantes es como sigue:

“National Guard of Porto Rico, Office of the Adjutant General. Address all. official communications to the Adjutant General of Porto Rico. — San Juan, P. R., September 17, 1923.
To Whom, it May Concern:
“This is to certify that:
“Mr. Alfredo D. Martínez a resident of the municipality of Cabo Rojo, Porto Rico, was appointed a First Liuetenant of Infantry in the National Guard of Porto Rico, on February 25th 1921.
“That First Lieutenant Alfredo D. Martinez, Infantry, P. R. N. G. on'February 25, 1921 was assigned to Company ‘C’ 1st Infantry, P. R. N. G. stationed at Cabo Rojo, Porto Rico.
“That on March 17th 1922, First Liuetenant Alfredo D. Martinez, Infantry P. R. N. G. was promoted to Captain, and was assigned to command Company ‘C’ 1st Infantry, P. R. N. G. stationed at Cabo Rojo, P. R.
“That during the period of March 7th, 1922, to January 16th, 1923, Capt. Alfredo D. Martinez, Infantry P. R. N. G. was receiving a salary of $720.00 per year paid by the Federal Government, as Company Commander.
“That during the Annual Field Encampment of the Porto Rico National Guard held at Arecibo from August 13th, to August 27th, 1922, both days inclusive Captain Alfredo D. Martinez, Infantry, P. R. N. G. was present at said Camp during the whole period and received the sum of $158.00, federal pay as Captain during the fifteen days field service;
“That during the time that Capt. Alfredo D. Martinez was serving as officer of the Porto Rico National Guard, from February 25th, 1921, to January 16th, 1923, date on which he was enjoying .good health and never during that time a silk leave of absence was granted to him by this office.
“That the services rendered by Mr. Alfredo D. Martinez as an officer of the Porto Rico National Guard were most reliable and he was considered a bright and a very efficient officer.
“That Company ‘C’ 1st. Infantry, P. R. N. G. stationed at Cabo Rojo, Porto Rico, under the command of Capt. Alfredo D. Martinez, Inf. P. R. N. G. was considered at the Camp of Instruction of the Porto Rico National Guard held in Arecibo from August 13th to August 27th the best company of the Porto Rico National Guard, and as a reward for the good work performed in competition'drills by this organization a silver cup was presented to Capt. Martinez.
“That on the night of January 16th 1923, the death of Capt. Alfredo D. Martínez, Inf. P. R. N. G. was notified to this office by First Lieutenant William H. Montalvo, Infantry P. R. N. G., and at that time was a Captain of the National Guard of Porto Rico and was commanding Company ‘O’ 295th Infantry P. R. N. G.
“That in accordance with National Guard Regulations an officer has to be physically examined every year and from the records of this office it appears that Capt. Alfredo D. Martinez, Infantry, P. R. N. G. was examined on the years 1920-1921-1922 and that said records show he was in good health and his body in good condition.
“(Firmado) John A. Wilson — The Adjutant General.”

Se Mzo objeción a la presentación de esta certificación por los siguientes fundamentos:

“La mejor prueba de que un individuo ha sido nombrado para un cargo es su nombramiento, la comisión que lo ha expedido, el Gobernador, la autoridad capacitada para ello, y autorizada para ello, y esa es la prueba que debe venir aquí, no la certificación en cuanto al nombramiento. Además esta certificación se pone a hablar de que disfrutaba de buena salud, eso no es propio para que el Adjutant General lo ponga en una certificación puesto que no está en sus deberes, ni él es médico, ni se ha probado aquí que lo sea para certificar que este hombre estuviera en buena salud. Aparte de eso esto no está autenticado, ni la firma del señor Wilson, que de acuerdo con la ley quisiera que el compañero señalara algo sobre el particular. La Corte está justamente obligada a reconocer la firma de un funcio-nario a menos que la ley no determine. La ley según S. S. 'lo sabe dice que la Corte está obligada a conocer los actos de los departa-mentos del Gobierno, pero éste es un negocio particular y a menos que la ley, no dispusiera expresamente que la Corte tomaba conoci-miento judicial de la firma de este funcionario, la Corte no puede admitir este documento, y por otro lado aquí se habla de un tal Alfredo D. Martínez, y aquí estamos hablando de Alfredo Dimas Mar-tínez y mientras no se identifique esa persona como el interfecto en este caso nos oponemos."

Las comisiones firmadas por el Gobernador de Puerto Rico nombrando a Alfredo D. Martínez primer teniente y luego capitán de la Guardia Nacional fueron ofrecidos como prueba en unión de la certificación de los servicios prestados, supra, y admitidas sin objeción alguna.

_ El artículo 69 de la Ley de Evidencia prescribe que, en-tre otros, los siguientes documentos “'podrán probarse como sigue”:

“5. Los actos de una corporación municipal de Puerto Rico, o de una junta o departamento de la misma, mediante copia, certifi-cada por el correspondiente archivero, o mediante un libro impreso, publicado por autoridad de dicha corporación.
“6. Los documentos de cualquiera otra clase en Puerto Rico, me-diante el original o una .copia, certificada por el guardador legal de aquél.
“7. Los documentos de cualquiera otra clase en un Estado de la Unión, mediante el original o una copia, certificada por el guardador legal de aquél, acompañada de la certificación del Secretario de Es-tado, un juez de la Corte Suprema, superior, o del condado, o al-calde de una ciudad de dicho Estado, haciendo constar que la copia está certificada en debida forma por el funcionario encargado oficial-mente de la custodia del original.
“8. Los documentos de cualquiera otra clase en país extranjero,. mediante el original, o una copia certificada por el guardador legal de aquél, bajo su sello, si lo tuviere, acompañada de una certifica-ción del ministro o embajador, o un cónsul, vice-cónsul, o agente consular de los Estados Unidos en dicho país extranjero, atestando que es documento válido y existente en dicho país, y que la copia está certificada en debida forma por el funcionario encargado de la cus-todia del original.
“9. Los documentos en los departamentos del Gobierno de los Estados Unidos, mediante el certificado del guardador legal de los mismos. ’ ’

De modo que la Legislatura parece haber distinguido en-tre una certificación y una copia certificada y haber signifi-cado esta última cuando se trataba de excluir un extracto o resumen. Quizás si tuvo en cuenta la rama militar del ser-vicio público como comprendida en el Departamento de la Guerra.

Pero sea esto como fuere, tal certificado de servicio mi-litar como el que ahora se cpnsidera sería admisible en prin-cipio aun a falta de cualquier disposición legislativa local.

“En primer lugar, virtualmente no es más que una copia certi-ficada, en resumen, del record regular de servicios llevado en el de-partamento; el record sería admisible por virtud del principio con-tenido en la sección 1639, ante, y la copia certificada por el de la sección 1677, post. Además, se- hace con el fin específico de ser pre-sentada y usada; y el impedir su uso en las cortes es destruir sü objeto en parte. En tercer lugar, solicitar cualquier otra cosa en sustitución es impracticable; pues todos los funcionarios que inter-vinieron al hacer el record no es posible que puedan conseguirse como testigos; y el jefe de un departamento federal de records no puede virtualmente conseguirse para prestar declaración viva voce; además, él personalmente no sabe nada fuera del record. Excluir el certificado es prácticamente excluir toda prueba sobre la cuestión.
“En vista del hecho de que el Ejército y Marina de los Estados Unidos contenía más de cuatro millones de personas durante la Gran Guerra, es esencial que la admisibilidad de certificados de ser-vicios, bajo cualquier nombre, debe ser reconocida. Algunos estatutos así lo han prescrito expresamente. Las cortes, sin embargo, a veces han mostrado una actitud estricta según la ley común, que no sola-mente injuria al sentido común, sino que tiene que causar resenti-miento en todos aquellos que estiman su record de servicio militar., La mente civil necesita aquí alguna liberalidad.” Wigmore sobre Evidencia, pág. 539 y siguientes, 'Sec. 1675a.

La doctrina ortodoxa sobre conocimiento judicial descansa esencialmente en la notoriedad. El principio en tanto es de aplicación aquí, afecta a la identidad del individuo qne certifica como actual interesado del cargo, más que a la autenticidad de la firma. La autenticidad de la última se asume simplemente como cuestión de conveniencia práctica. El proceso no envuelve el reconocimiento de un Lecho notorio conocido judicialmente como tal hecho, sino una presunción fundada en la probabilidad inherente de autenticidad, en lo remoto de la posibilidad de falsificación y en la facilidad con que podía determinarse y presentarse una tentativa de fraude o eilgaño a la corte.

El lenguaje liberal de nuestra ley local de evidencia no debiera ser interpretado rigurosamente. Meramente indica las líneas generales en las cuales puede ejercitarse la facul-tad del conocimiento judicial. No limita la esfera o alcance de esa facultad que es inherente en toda corte de justicia, sino que marca el rumbo a un amplio campo de utilidad en el cual esa facultad puede ser ejercitada a gusto como ayuda eficaz a la simplificación del procedimiento y a la adminis-tración práctica de la justicia substancial.

Una exposición clara y comprensiva de esta materia puede hallarse en el tomo 4 de Wigmore, see. 2131, p. 549 (f), secciones 2161-2169, 2566, 2571, 2576 y 2583.

De todos modos, cualquier facultad estatutoria para to-mar conocimiento judicial que pueda ser exigida al tratar de documentos comprendidos en la subdivisión 9, sección 69 de la Ley de Evidencia, se infiere necesariamente del claro precepto de la ley misma, especialmente de' interpretarse a la luz de la significativa omisión de toda referencia a la cer-tificación adicional especificada en varias de las anteriores subdivisiones arriba citadas.

La única relación lógica de la certificación misma era en cuanto a la cuantía de los daños y perjuicios y el único efecto legal que pudo haber tenido en la adjudicación que ha de hacerse no hubiera tendido a aumentar su cuantía. Consi-derada en relación con todas las demás pruebas sobre la cuestión de la capacidad para ganar, este documento era, si acaso, más favorable al demandado que a la demandante.

Como ya se ba indicado, las comisiones originales de teniente y capitán de la Guardia Nacional estaban ante la corte.

El mismo médico que babía becbo los exámenes oficiales mencionados en la certificación declaró ampliamente y en particular respecto a la buena salud y excelente condición física del capitán.

Tanto la esposa como el padre, si bien admitían la falta de información exacta acerca de la cantidad precisa recibida por el capitán Martínez en compensación a sus servicios como miembro de la Guardia Nacional, calcularon las rentas obtenidas por este concepto sólo aproximadamente a razón de $100 mensuales. Esta prueba no fue contradicha excepto en cuanto- a qué las sumas especificadas en la certificación parecen indicar un tipo algo inferior durante el período de diez meses, más o menos, a que la misma se contrae.

Uno de los testigos a que se acaba de baeer referencia, también dijo que el capitán' Martínez babía sido recomen-dado para un ascenso a comandante y esta manifestación tampoco fué contradicha, a menos que se le tenga como ne-gada en cierto modo por el silencio de la certificación sobre este particular.

Desde el punto de vista del valor probatorio la comisión de capitán en el cuerpo de Eeserva de oficiales es aún más claramente un factor que puede omitirse como elemento en la medida de los daños y perjuicios.

Al ofrecerse este documento, no se pretendió o alegó por el abogado del demandante que Martínez recibía, babía recibido, o probablemente recibiría en cierta fecha venidera algún sueldo por virtud de tal nombramiento. La teoría parece haber sido que podría considerarse que la comisión tiene alguna relación,' más o menos remota, con la cuestión general de la capacidad para poder percibir un salario. Considerada como nn título más o menos honorario y como circunstancia adicional indicativa del rango militar y repu-tación de Martínez en la fecha de su muerte, el documento tal vez merecía alguna consideración, por pequeña que fuera, en este sentido. No se sugiere por el abogado del apelante, ni existe nada en los autos que indique que el juez sentencia-dor entendió mal o dejó de apreciar de algún modo su valor probatorio. De la prueba, en conjunto, analizada a la luz de los hechos probados y conclusiones de derecho a que llegó el juez sentenciador, resulta enteramente claro que la exclu-sión del documento no hubiera afectado al resultado o a la cuantía de los daños y perjuicios realmente concedidos, de algún modo o en cualquier límite.

Revocar la deliberada sentencia de una corte inferior por los méritos de un caso excepcionalmente claro por meros errores técnicos en la admisión de prueba acumulativa que sólo afectan a la cuantía de los daños y perjuicios, cuando aparece fuera de duda razonable que la exclusión de tal prueba no podía haber afectado al resultado, equivaldría a un fracaso de la justicia.

El razonamiento contenido en la quinta proposición enunciada en el señalamiento no pone en duda la doctrina sentada en los casos de Soriano v. Rexach, 23 D.P.R. 573; Morales v. Landrau, 15 D.P.R. 782, y Casanovas & Co. v. Ramíres, 25 D.P.R. 625. La contención es que debe regir un principio distinto en una acción establecida de acuerdo con el artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Civil. La única autoridad citada, sin embargo, en relación con esto, es 8 Rulling Case Law, página 761, que en manera alguna es concluyente sobre el punto aquí presentado.

El apelante también manifiesta que en la demanda no se dice si los demandantes fueron instituidos herederos en el testamento o alegaban tal condición por virtud de mandamiento judicial. A esto sigue la contención de que a falta de cualquier alegación sobre los particulares enumerados en la sección 19 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, la prueba del carácter de heredero debió haber sido excluida. En relación con esto se dice que tal prueba fué admitida no obstante la repetida protesta del deman-dado y que se tomaron excepciones a tales resoluciones. Pero no se hace referencia a alguna página o parte de la transcripción, y como hasta ahora se ha indicado con fre-cuencia en casos anteriores, esta omisión sin más sería bas-tante para estar justificados en no considerar la cuestión que de tal modo se trata de levantar.

Sin embargo, toda vez que ya hemos examinado los autos con otro fin, de paso puede hacerse mención de los únicos dos incidentes a que se nos ha llamado la atención y que podrían considerarse como que prestan algún apoyo a la teoría del apelante.

Mientras declaraba el testigo Plinio Castro ocurrió el siguiente incidente:

“P. — ¿Lo conocía Ufl. desde pequeño a Alfredo Dimas Martínez? R. — Desde pequeño. P. — ¿Sabe Ud. si él es vivo o muerto? R. — • Muerto. P. — -¿Sabe Ud. si él dejó algún hijo? R. — Uno. P.— ¿Cómo se llama? R. — Se llama Alfredo Juan. P. — ¿Sabe Ud. si él procreó alg'ún otro hijo natural o algún otro hijo legítimo? R.— Ninguno. P. — ¿ Ni natural reconocido ? R. — Ninguno.—Demandado: Me voy a oponer a esa pregunta, y me voy a oponer por los siguien-tes fundamentos. Juez: Ya está contestada, señor Letrado. De-mandado : Entonces pedimos la eliminación, solamente por el funda-mento, S. S. la puede admitir pero 'es para que la Corte vea cuál es la idea. Juez: La Corte admite la pregunta y contestación para darle el valor que en sí tenga en el conjunto de toda la prueba. De-mandado : Tomamos excepción fundándonos que aquí el derecho previo para fundamentar esa acción se tiene que fundamentar en el carácter previo de heredero de la persona finada, y aquí no se ha presentado ningún testamento ni declaratoria de heredero que él otorgara sobre esto como para probar este extremo. En este caso se trata de presentar esta prueba oral para que la Corte hoy la juzgue, por esas razones tomamos nuestra excepción. Juez: La Corte la admite. ’ ’

También mientras declaraba Juan O. Martínez, padre del capitán fallecido, vemos lo siguiente:

“P. — ¿Su hijo era casado? ■ R. — Mi hijo era Casado con-la señora María Luisa Silva, la presente- P. — '¿Tuvieron algún hijo? R. — •. Del matrimonio tuvo un pequeño niño que tenía como siete meses cuando el asesinato de mi hijo. P. — ¿Yive ese hijo? R. — Sí, señor, vive. P. — ¿Es vivo? R. —Sí, señor, vive, está aquí en Mayagüez. P.- — ¿Yive con Ud. y la señora madre? R. — Vive conmigo y la se-ñora madre. P.- — ¿Su hijo vivió siempre eon Ud.? R. — Siempre, todos mis hijos viven conmigo excepto la mujer. P. — ¿Ud. cono-ció o le consta si su hijo tuvo algún otro hijo natural o legitimado, o natural reconocido? R. — No, señor. Demandado: Me opongo a la pregunta. Juez: La Corte la admite. Demandado: Tomo excep-ción.”

En ambos casos la objeción se hizo demasiado tarde. En ninguno se hizo referencia a alguna cuestión de incongruen-cia entre la demanda y la prueba testifical, ni mucho menos se manifestó que el demandado fué sorprendido, o en forma alguna inducido a error en su perjuicio. Claramente que tales cuestiones no pueden ser levantadas por primera Vez en apelación.

El error, si alguno hubo, al admitir la declaración del Dr. García de la Torre fué debido al demandado y no puede alegarse ahora como fundamento para la revocación.

Todo el razonamiento bajo la proposición séptima sometida por el apelante está contenido en el siguiente párrafo :

“Séptimo error.- — No habiéndose probado el matrimonio de la demandante con Alfredo D. Martínez, y la cualidad esencial de- he-rederos del fenecido Alfredo D. Martínez y en virtud de todos los errores señalados anteriormente la Corte erró al declarar con lugar la demanda condenando al demandado a pagar la suma consignada en la sentencia. Por otro lado, dicha suma es completamente exce-siva, infringiendo la Corte la regla que preside la determinación de la cantidad de la indemnización, no tomando en cuenta los recursos del demandado, los ingresos con que contribuía el fenecido para el sostenimiento de su esposa e hijo y además el principio de que cuando se trata de un menor la indemnización debe fijarse teniendo en cuenta el tiempo que falta para llegar a la mayoría de edad que es el tiempo en que el padre viene obligado a alimentarlo y soste-nerlo. Véase 8 R.C.L. pág. 833.”

• Atm cuando las -premisas envueltas tuvieran algún fun-damento en realidad, que aparentemente no tienen, tal ge-neralidad en la exposición y conclusión, sin un razonamiento o referencia a las partes pertinéntes de la transcripción no impondrían a esta corte ninguna obligación de escudriñar los autos en busca de datos con el fin de basar en ellos la revocación de la sentencia apelada.

Debe confirmarse la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Justo Barros, demandante y apelante, v. Margarita Padial Vda. de Gaos, demandada y apelada.
    No. 3385.

    Visto: Enero 29, 1925.

      Resuelto: Marzo 26, 1926.
    1. Limitación- de Acciones — Estatutos de Prescripción — Naturaleza—Validez e Interpretación en General — Interpretación de los Estatutos de Prescripción. — El criterio moderno está en contra de la anterior teoría de que las alegaciones de prescripción nunea son favorecidas, pero las cortes darán al estatuto de prescripción una interpretación razonable aunque sin extenderlo más allá de sus claros términos.
    2. Letras y Pagaras (Bills and Notes) — Acciones—Peso de la Prueba — Ca-rácter Mercantil de un Pagaré — Destrucción del Mismo. — El carácter presuntivo de ser comercial un pagaré librado a la orden, siendo universal y aplicable a todos los pagarés, no desaparece porque se demuestre — tratán-dose de un pagaré que procede de un préstamo — que los préstamos general o frecuentemente no están dotados de un carácter mercantil; es necesario destruir tal carácter demostrando que el préstamo no está incluido en el campo comercial.
    3. Letras y Pagarés (Bills and Notes) — Requisitos y Validez — Forma y Con-tenido de los Pagarés y 1 ‘ Duebills ’ ’ — Naturaleza del Pagaré. — En Puerto Rico, dada la tendencia general de los estatutos que rigen sobre la materia, la corte de apelación se inclina a creer que un pagaré expedido a la orden constituye por sí una operación mercantil.
    SENTENCIA de Charles E. Fooie, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando sin lugar demanda sobre cobro de dinero, con costas, pero sin incluir en éstas honorarios de abogado.

      Confirmada.

      Francisco Soto Gras, abogado del apelante; B. Bivera Zayas, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Independientemente de los muchos otros casos que rer querían inmediata atención, algunos de ellos exigiendo al parecer preferencia, la resolución de este caso lia sido de-morada por el hecho de qne nuestra anterior jurispruden-cia ha sido en efecto impugnada.

La Corte de Distrito de San Juan declaró que la acción había prescrito y dijo:

“Hay una sola cuestión a resolver:
“Que habiendo sido suscrito a favor del demandante o a su or-den el pagaré cuyo cobro es objeto de la presente acción, debemos aplicar las disposiciones del Código de Comercio o las de la legis-lación civil vigente.
“Si aplicamos las primeras, tendremos que desestimar la acción por haber prescrito la misma, ya que el pagaré está vencido desde el día 20 de abril de 1915. Para rebatir la alegación de prescripción hecha por la demandada, el abogado del demandante sostiene en su alegato que el Código de Comercio sólo crea una presunción en cuanto-a su carácter mercantil a favor de los pagarés o vales suscri-tos a su orden, pero que habiendo derivado el pagaré de acuerdo con las alegaciones de la demandada en la presentación de una simple operación de préstamo que llevaron a cabo el demandante con la demandada, esta presunción puede considerarse destruida.
“No estamos conformes con esta opinión y por el contrario cree-mos que el hecho de que el pagaré fuese suscrito para reconocer un préstamo hecho por el demandante a la demandada, no le priva de su carácter mercantil, siendo el mismo préstamo así convenido una operación que, de acuerdo con las disposiciones del Código de Co-mercio y la opinión del Tribunal Supremo en el caso de Hernández vs. Muñiz, 10 D.P.R. 17, debe presumirse como un acto mercantil salvo prueba en contrario.
“El demandante no ha presentado prueba alguna para destruir esta presunción y ha confiado únicamente en su alegación ya men-cionada de que el pagaré procede de un simple préstamo. No con-sideramos que esto sea suficiente. ' La generalidad de los pagarés sus-critos a la orden son simples formalidades de operaciones de prés-tamo, por lo que siguiendo el razonamiento del abogado del deman-dante, llegaríamos a destruir casi por completo la presunción que a favor de dichas obligaciones ha creado el Código de Comercio des-truyendo aquellas que tuviesen su origen en operaciones de esa na-turaleza. ’ ’

Cierta apelación se ha hecho a nosotros por el fundamento de qne la prescripción de las acciones es una de-fensa que generalmente no es favorecida por las cortes. Este no es enteramente el criterio moderño, como se verá de la siguiente cita:

“Aunque el estatuto de prescripción ha sido considerado por al-gunas de las más antiguas decisiones y algunos casos relativamente recientes como una defensa irrazonable .y deshonrosa, la actitud de las cortes generalmente ba sido desde baee mucho tiempo considerar tales estatutos en sentido favorable, o por lo menos como defensas honrosas y legítimas, por estar fundados en una sana política, y ser beneficiosos en sus efectos, y por tanto puede establecerse como regla general que merecen recibir, si no una interpretación liberal, por lo menos una razonable en pro de su objeto manifiesto, aunque se dice que las cortes no son adictas en prestar su ayuda a una de-fensa como ésta. Así, pues, en la interpretación de un estatuto de prescripción las palabras generales lian de tener una aplicación general y el estatuto no ha de estar sujeto a excepciones judiciales que surjan de una supuesta equidad — en otras palabras, las cortes no pueden insertar en el estatuto excepciones o calificaciones que no están claramente expresadas en el propio estatuto o establecidas por autoridad judicial. Por otra parte, es un principio muy conocido que un estatuto de prescripción no debe ser aplicado a casos que no están claramente dentro de sus disposiciones; no debe ser ampliado mediante interpretación. Y el lapso de tiempo no impedirá (dar) una acción fundada en un derecho de acción conferido por el esta-tuto que es incompatible con el estatuto de prescripción.” 37 C.J. 689, No. 9.

La anterior actitud de las cortes surge tal vez al contro-vertirse el hecho de la prescripción, o aun quizá cuando la cuestión de derecho próximamente hace que prescriba la acción. La prescripción aquí es únicamente el resultado in-directo de declarar mercantil este documento. En general, si un documento es mercantil o nó, afectaría a otros derechos substanciales, a la cuestión de quiénes son partes necesarias y a la negociabilidad del documento. En la ley común de Inglaterra se presenta un caso análogo. Un derecho de ac-ción cedido en términos generales hacía necesario que el pleito se estableciera a nombre del cedente para el uso del cesionario y prácticamente permitía todas las defensas que podían utilizarse contra dicho cedente. Un pagaré negocia-ble en la. mayoría de los casos eliminaba estas defensas. La misma situación surge bajo nuestro propio Código de Comercio.

Los artículos 2 y 532 del Código de Comercio prescriben lo siguiente:

“Art. 2. — Los actos de comercio, sean o nó comerciantes los que los ejecuten, y estén o nó especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él; y en su defecto, por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza, y a falta de am-bas reglas, por las del derecho común.
‘ ‘ Serán reputados actos de comercio los comprendidos, en este Có-digo, y cualesquiera otros de naturaleza análoga.”
“Art. 532. — Las libranzas a la orden entre comerciantes y los vales o pagarés también a la orden, que procedan de operaciones de comercio, producirán las mismas obligaciones y efectos que las letras de cambio, excepto en la aceptación, que es privativa de éstas.
“Los vales o pagarés que no estén expedidos a la orden, se repu-tarán simples promesas de pago, sujetas al derecho común o al mer-cantil, según su naturaleza, salvo lo dispuesto en el título siguiente.”

Podemos francamente aceptar que en ninguna parte de uno u otro de estos artículos se dice que todos los pagarés expedidos a la orden del librado (payee) se presumen mer-cantiles. Directamente el artículo 532 sólo da a los paga-rés los mismos efectos que a las letras de cambio cuando los primeros surgen de operaciones de comercio. El artículo 532, sin embargo, en su párrafo primero, con ciertas excep-ciones, está colocando todos los pagarés con las letras de cambio. Es del párrafo segundo de donde puede hacerse la inferencia de que la Legislatura entiende que los pagarés que no son expedidos a la orden no se reputarían comercia-les, y que su intención es que los pagarés expedidos a la or-den en realidad deben considerarse comerciales. El párrafo segundo puede clasificarse como un caso d'e expressio unius est exclusio álíerius. Inferimos del artículo 532 sólo cuál fué la intención de la legislatura.

El .artículo 2 da a los comerciantes y por tanto a las cor-tes,' '¿wn mayor alcance. Las operaciones comerciales no es-’tan limitadas a los actos especificados en el Código de Co-merció. Cualesquiera otras de naturaleza semejante, o las que así se convierten por la costumbre general caen dentro de la clase. Un pagaré expedido'a la orden puede decirse que se considera universalmente como una operación comer-cial, y por la costumbre de todas partes. En el artículo 532 la legislatura a lo más estaba conservando ios derechos de las partes para indicar que un documento no era comercial. El artículo 1138 del Código Civil muestra aún más la in-tención general de la legislatura, a saber:

“Art. 1138. — El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en ,.la especie pactada, y no siendo posible entregar la especie, en la mo- . neda de plata u oro que tenga curso legal en Puerto Rico.
“La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio, u otros documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubie-sen perjudicado.
“Entretanto la acción derivada de la obligación primitiva que-dará en suspenso.”

La legislatura expresó que los pagarés a la orden caen dentro de las operaciones comerciales.

Esta corte basta abora ba sostenido uniformemente que un pagaré expedido a la orden tiene un carácter comercial. Hernández v. Muñiz, 10 D.P.R. 17; Rosaly v. Alvarado, 17 D.P.R. 109; J. Ochoa & Hnos. v. Herederos de Lanza, 17 D.P.R. 420; Vázquez v. Laíno, 23 D.P.R. 235; Román v. Martínez, 25 D.P.R. 654; Fernández v. Ruiz Soler, 27 D.P.R. 80, y Vázquez v. Freiría, 27 D.P.R. 836. Sostener otra cosa sería intervenir con la regla de stare decisis o algo así, aún suponiendo que estuviéramos de algún modo dispuestos de un primer examen a dar una interpretación diferente al estatuto. La sentencia de la Corte Suprema de España de 1904 y las decisiones de Filipinas, deban o nó ser distingui-das, no pueden variar la regla firmemente establecida por nosotros y con la' cual estamos todavía ebmpletameííte' en armonía. ■ w. y-.

• Sin embargo, el razonamiento principal deL apelante :eS qne se demostró' claramente qne la transacción procedía de nn préstamo, y qne sólo en nn caso excepcional podía -con-siderarse comercial nn préstamo. - Los casos en qne los préstamos son comerciales son limitados, según ¡el apelante. El carácter presuntivo de ser comercial nn pagaré librado a la orden es universal y aplicable a todos loé pagarés. El método de Enler es de aplicación .- . • ■ -

El círculo “A” representa el campo de las operaciones comerciales. El círculo “B” el de los préstamos, y “C” aquella parte del territorio común a ambos. Dada la uni-versalidad de una presunción, el apelante debe probar qne el préstamo cae en aquella parte de “B” qne no está in-cluida en “C.” No importa lo pequeña que pueda ser “G,” un préstamo puede caer dentro de ella y no está excluido del campo comercial. Cuando existe una presunción, la persona que trata de destruirla debe excluir toda posibilidad. Las probabilidades no pueden servirle.

El artículo 311 del Código de Comercio prescribe lo si-guiente :

“Art. 311.- — Se reputará mercantil el préstamo, concurriendo las circunstancias siguientes: :-
“1*. Si alguno de los contratantes fuere comerciante.
“2*. Si las cosas prestadas se destinaren a actos de. comer ció.”

Si una persona toma dinero a préstamo y suscribe un pagaré a la orden, surge la cuestión .de : .si >no .'está, ella ex-i presamente comprendida en el párrafo 2. Si se da un pa-garé a la orden el que lo expide puede decirse que lia eon--vertido un simple préstamo en una operación mercantil. En • ese caso los pagarés a la orden quedarían comprendidos en-teramente en el campo de las operaciones mercantiles. En ■ verdad que dada la tendencia general de los estatutos cita-.dos, nos inclinamos al parecer de que en Puerto Rico dar ,un pagaré expedido a la orden constituye por sí una opera-ción. mercantil.

De todos modos, la obligación de probar lo contrario no desaparece porque se demuestre que los préstamos general o frecuentemente no están dotados de un carácter mercantil.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Juan Bautista Arguinzonis, recurrente, v. El Registrador de Guayama, recurrido.
    No. 632.

    Sometido: Marzo 27, 1926.

      Resuelto: Marzo 29, 1926.
    3. Recursos Gubernativos, — Derecho de Apelación-' — Personas con Derecho a Interponer el Recurso — Derecho que no Consta de los Autos. — No se . entrará a resolver un recurso gubernativo cuando no consta en forma debida que el recurrente tiene derecho a interponerlo.
    2. Recursos Gubernativos — -Substanciación v Pormalización del Recurso — • Pormalización Indebida v su Erecto. — Aún cuando el derecho del recu-rrente a interponer el recurso conste en debida forma, no se entrará a resolver el mismo cuando no ha sido debidamente establecido y formalizado.
    3. Contribuciones — Redención de Propiedad Vendida por Contribuciones— Carta de Pago que Motiva la Redención- — Inscripción de la Misma— Carta de Pago no Autenticada en Poema y Efecto. — Una nota privada de redención de finca vendida en subasta por concepto de contribuciones no autenticada en forma alguna no puede servir de base para la inscripción de la transmisión de una propiedad inmueble en el registro.
    4. Recursos Gubernativos — Disposición y Resolución del Mismo — Desesti-mación. — Cuando ail Tribunal Supremo no se coloca en condiciones de resolver un recurso interpuesto, éste debe desestimarse.
    Nota de Pérez Mercado, R. (G-uayama), denegando inscripción de un certificado de compra de bienes inmuebles.

      Desestimado.

    'El propio recurrente compareció por escrito; el registrador también compareció :por escrito.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 15 de marzo, 1926, se presentó en la Secretaría de :esta Corte Suprema un escrito firmado por Juan Bautista Arguinzonis acompañado de un “Certificado de Compra de Bienes Inmuebles” expedido por el Colector de Rentas In-ternas de la Cidra el 24 de noviembre de 1923. Al pie del certificado figura una nota del Registrador de la Propiedad, de Guayama de 23 de febrero de 1926 negando su inscrip-ción y en el escrito se dice que se apela de la nota sin que se expongan en el mismo ni se bayan expuesto después den-tro del plazo reglamentario, las razones en que se basa el recurso.

El certificado demuestra que una finca perteneciente a Tomás Díaz García valorada en mil dólares fué vendida en pública subasta a Anfiloquio Gándara por la suma de once dólares debida por su dueño al Pueblo de Puerto Rico por concepto de contribuciones.

Luego aparece una nota en maquinilla que dice: “Redi-mida la finca a que se refiere este certificado de compra por don Juan Bautista Arguinzonis, mayor de edad, casado, ve-cino de Cayey, P. R., habiendo recibido en el día de boy la suma de once dólares con 34 centavos ($11.34). — Cidra, P. R., noviembre 27 de 1923.” Luego bay.una firma manus-crita que parece decir: “Anfiloquio Gándara.” La nota es enteramente privada.

Sigue el asiento de presentación del documento y por último la negativa del registrador basada en que la finca se baila inscrita a favor de Vicente Rivera, persona distinta del contribuyente moroso y en que no se acredita el cumpli-miento de los artículos 336 y 342 del Código Político.

A primera vista la negativa se sostiene por sus fundamentos, pero el tribunal no entrará a resolver el recurso porque no consta en forma debida que Juan Bautista Arguinzonis tenga derecho a interponerlo, y porque aunque constare, el recurso no lia sido debidamente establecido y formalizado.

La ley autorizando la interposición de recursos contra las resoluciones de los registradores (Comp. 1911, seo. 2180 y siguientes) otorga el derecho de establecerlos a los inte-resados. ¿Qué interés tiene Arguinzonis? La nota privada de redención no está revestida de la autenticidad necesaria para valer por sí sola en el registro, ni en este tribunal, y aunque lo estuviera de ella no surge el derecho de Arguin-zonis a redimir la finca, derecho que corresponde al dueño, sus herederos o cesionarios, o a cualquiera persona con in-terés en la misma. Nada hay que revele el carácter con que intervino Arguinzonis.

Ya' dijimos que se archivó un escrito firmado por Arguinzonis. Dicho escrito no expresa la persona a cuyo favor se pidió la inscripción y termina pidiendo a esta corte que revoque la nota denegatoria y “ordene la inscripción del documento.” ¿A favor de quién? ¿Del comprador en la subasta? ¿De Arguinzonis? ¿Del primitivo dueño? La idea de la inscripción a favor del comprador no es compatible con la interposición del recurso por parte de Arguinzo-nis. La inscripción a favor de éste no está justificada. Una nota privada no autenticada luego en forma alguna, no puede servir de base para la inscripción de la transmisión de una propiedad inmueble en el registro. Igual razonamiento, en-tre otros, cabe aplicar a la idea de la inscripción a favor del antiguo dueño que sería en todo caso una reinscripción.

Además, el recurrente no ha cumplido con la regla 92 (a) del Reglamento de esta corte al dejar de presentar su ale-gato dentro del término que al efecto se concede.

Bajo esas circunstancias, el Tribunal Supremo no ha sido colocado en condiciones de resolver el recurso que debe ser desestimado, devolviéndose a Arguinzonis el documento presentado.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Pedro Torres, demandante y apelado, v. Rafael Domínguez Conde, demandado y apelante.

      No. 3802.

    Visto: Febrero 11, 1926.

      Resuelto: Marzo 31, 1926.
    1. Evidencia — Pertinencia, Materialidad y Competencia en General — Res Gestae — Manifestaciones Parte de o Hechas en1 Relación con un Acto o Suceso — Contemporaneidad de Aquélla con Este.- — Para que una de-claración pueda admitirse como parte del res gestae debe ser contempo-ránea con el acto del cual se alega ser parte.

      2: Evidencia — Pertinencia, Materialidad y Competencia en General — Res Gestae — Manifestaciones Parte de o Hechas en Relación con un Acto .o Suceso — Declaraciones Posteriores a la Ocurrencia del Acto o Su-ceso — Por Empleados en Casos de Daños a la Propiedad. — La declaración referente a la manifestación hecha por el chauffeur de un demandado quince minutos después que un accidente ha- terminado — choque entre un auto-camión que aquél manejaba con un automóvil del demandante — no es admi-sible en evidencia como parte del res gestae.

    .3. Apelación y Error — Disposición y Resolución del Caso — Revocación—Ad-misión Errónea de Prueba Unica- que Sostiene la Sentencia.- — Procede revocar una sentencia apelada cuando 3a única prueba que puede sostenerla ha sido erróneamente admitida por el tribunal 'sentenciador.
    Sentencia de Gabriel Castejón, J. (Guayama), declarando con lu-gar la demanda sobre daños y perjuicios, con costas.

      -Revocada y declarada sin lugdr la demanda, sin costas.

      Hartzell, Kelley & Hartzell, y Rafael O. Fernández, abogados del apelante; F. Cervoni Gely, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En este pleito se reclama indemnización de daños y per-juicios porque habiendo dejado el demandante un automó-vil de su propiedad una noche a un lado de la carretera de Las Piedras a Humacao pasó después un auto.camión del de-mandado tan cerca del automóvil que se lo llevó por delante, lanzándolo por una pendiente y cayendo en una profundidad en la que quedó inutilizado para prestar servicio.

Dictada sentencia condenatoria alega el demandado en esta apelación que fue error de la corte inferior permitir, a pesar de su oposición, que el demandante y algunos de sus testigos declarasen sobre supuestas admisiones hechas por Pedro Vasallo, chauffeur del demandado, después de .ocu-rrido el accidente.

La única prneba en el juicio para demostrar que el au-tocamión del demandado cbocó con el automóvil del deman-dante consistió en la declaración a que se refiere este motivo de error y así lo declara la corte sentenciadora. Veamos sus palabras:

“La segunda cuestión propuesta abarca el hecho de la ocurren-cia del choque habida entre el truck del demandado y el automóvil del demandante. — Para rebatirlo se impugna primeramente la acti-tud de esta Corte al admitir a varios testigos del demandante el de-clarar sobre manifestaciones o admisiones del chofer del truck Pedro Vasallo. — Dichas manifestaciones fueron hechas según la prueba poco después del accidente o sea al encontrarse el demandante y al-gunos de sus amigos con el chofer Vasallo a los pocos momentos de llegar al garage un cuarto de hora según el propio Vasallo. — >Se alega que debido al tiempo transcurrido tales manifestaciones no. forman parte de la res gestae. — En nuestra opinión dado el hecho de que el chofer no paró su carro y continuó su carrera habiendo necesidad de seguirlo y alcanzarlo, dichas manifestaciones pueden ser conside-radas como hechas a continuación del acto mismo. — Pero aun dando por sentado que no fuera así siempre serían admisibles en evidencia en contra del demandado dueño del truck por haber sido hechas por su empleado o agente y ser en contra de ellos mismos. — . . . . He-mos tenido grandes dudas con respecto a si existió o nó el alegado choque pero las admisiones de Pedro Vasallo el chauffeur del truck hechas poco tiempo después de haber ocurrido el accidente, manifes-taciones voluntarias oídas por el cabo de la Policía Insular Sr. Eugenio Vélez, persona que no tiene interés alguno en este asunto, nos convencen de que la negligencia y descuido del chauffeur del truck Pedro Vasallo, fueron las causas determinantes del accidente y daño causado al automóvil del actor en este caso.”

Si esa prueba no es admisible babrá que revocar la sen-tencia apelada.

La corte inferior fundó la admisión de esa evidencia en el caso de Rubio v. Garage Mayagües Inc., 23 D.P.R. 615 y en los que en él se citan. En esa opinión se dice que tal vez fue error de la corte inferior no baber permitido a un tes-tigo que declarara sobre las manifestaciones becbas por el chauffeur respecto a su propia negligencia porque las ad-misiones hechas por nn empleado del demandado son perti-nentes y competentes y constituyen nna excepción a la re-gla relativa a las declaraciones de referencia (hearsay),' ann cuando el empleado esté en la corte dispuesto a declarar.' Sin embargo, como no aparecen de esa opinión las circuns-tancias en que fueron hechas por ese chauffeur las admisio-nes a que la misma se refiere, no podemos declarar qué sea aplicable en el caso presente.

Las manifestaciones del empleado del demandado podían ser admitidas en evidencia siempre que formasen parte de las circunstancias constitutivas del hecho principal que se investiga (res gestae). Se ha sentado como regla general que para que un acto o declaración pueda admitirse como parte del res gestae debe ser contemporáneo con el acto del cual se alega ser parte, pues si no es así no será otra cosa que una narración. 22 C.J. 451, see. 543. De acuerdo con esta regla, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Vicksburg & Meridian Railroad v. O’Brien, 119 U.S. 99 (30 L. Ed. 299), en el que era de influencia decisiva determinar si un tren corría a más de quince millas por hora y en el que se presentó como evidencia la declaración de un testigo referente a la manifestación del maquinista de ese tren hecha entre diez y treinta minutos después de ocurrido un accidente, respecto a que el tren corría a diez y ocho millas cuando el demandante fue lesionado, la Corte Suprema, después de consignar los principios sobre esa cuestión, declaró que la declaración referente a esa manifestación del maquinista no era admisible como evidencia para probar la velocidad a que caminaba el tren pues fué hecha después que el accidente había terminado, era la mera narración de un hecho pasado y no formaba parte del res gestae. En igual sentido resolvió la Corte Suprema de California en el caso de Durkes v. Cen. Pacific R. R. Co., 69 Cal. 533 con respecto a la declaración del maquinista ex-plicativa del accidente hecha como cinco minutos después de haber ocurrido, por no ser parte del res gestae; y en el de Frye v. St. Louis I. M. & S. R. Co., 200 Mo. 377, 98 S. W. 566, también fné excluida la evidencia de una manifestación del maquinista que manejaba la locomotora que lesionó al demandante, hecha en la primera estación en que se detuvo después del accidente respecto a que él había estropeado a un hombre en la vía férrea. Hay otros muchos casos simi-lares'como los de Tennis v. Interstate Consol. Rapid, Transit Ry. Co., 45 Kan. 503, 25 Pac. 876; Morse v. Consolidated R. Co., 81 Conn. 395, 71 Atl. 553, y Blackman v. West Jersey & S. R. Co., 68 N. J. L1, 52 Atl. 370.

No siendo, pues, admisible la manifestación hecha por el chauffeur del demandado y siendo ésta la única prueba que puede sostener la sentencia, debemos revocarla y declarar la demanda sin lugar.


text:
    Alejo Méndez, demandante y apelante, v. Casino “Hijos de Borinquen, Inc.,” demandado y apelado.
    No. 3816.

    Visto: Marzo 19, 1926.

      Resuelto: Marzo 31, 1926.
    1. Cortes — Cortes de Jurisdicción Original General — Fundamentos de la Jurisdicción en General — Jurisdicción por Bazón de la Cuantía En-vuelta — Lo que la Determina en General. — Generalmente, lo que deter-mina la jurisdicción por la cuantía envuelta es la suma reclamada en la demanda o la cantidad por la cual, en el aspecto más favorable para el demandante, puede dictarse sentencia sobre los hechos expuestos en la de-manda.
    2. Cortes — Cortes de Jurisdicción Original General — Fundamentos de la Jurisdicción en General — Jurisdicción por Bazón de la Cuantía En-vuelta — Honorarios de Abogado como Parte de la Cuantía en Contro-versia — Convenio Bespecto al Pago de Honorarios sin Fijarse su Cuan-tía.- — Un demandado que convino pagar honorarios de abogado sin fijar la cuantía, no viene obligado por un contrato habido respecto a honorarios entre el demandante y su abogado a pagar más del valor razonable de los servicios realmente prestados o que se han de prestar.
    3. Cortes — Cortes de Jurisdicción Original General — Fundamentos de la Jurisdicción en General — Jurisdicción por Bazón de la Cuantía — Hono-rarios de Abogado Como Parte de la Cuantía en Controversia — Suma Agregada al Principal en Exceso del Valor Bazonable de Aquéllos y Efecto. — Cuando al cobrarse una obligación en que se convino ei‘ pago de honorarios el demandante agrega al principal una suma como honorarios, convenida entre él y su abogado en exceso del valor razonable de los mis-mos, la corte tiene derecho a no aceptar la cantidad total reclamada como coneluyente respecto a la cuestión de jurisdicción.
    SENTENCIA de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando con lu-gar excepción previa de .falta de causa de acción en pleito sobre cobro de dinero, sin costas.

      Confirmada.

      Bolívar Bagan, abogado del apelante; Gonzalo Ardín, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la demanda contiene las siguientes alega-ciones y súplica:

“Tercero: Que el día primero de febrero de 1924 dicho deman-dante entregó a dicha demandada la cantidad de trescientos cincuenta dollars, en concepto de préstamo, comprometiéndose dicha deman-dada en devolverle dicha cantidad al demandante dentro de un plazo de cuatro meses, a contar de la fecha arriba indicada; com-prometiéndose también dicha demandada en pagarle a dicho deman-dante los gastos y costas y honorarios de abogados en caso que para el pago de la referida cantidad fuere necesaria una reclamación judicial; comprometiéndose además dicha demandada a pagarle a dicho demandante intereses al tres por ciento anual en caso de demora.
“Cuarto: Que el plazo para el pago según queda arriba indi-cado ha expirado con exceso, y dicha demandada no ha pagado en todo ni en parte la’ cantidad arriba expresada, ni los intereses, a pe-sar de repetidos requerimientos de pago hechos a dicha demandada por el demandante.
“Quinto: Que dicho demandante ha contratado los servicios pro-fesionales del abogado que suscribe- para la presente- reclamación judicial por la cantidad de doscientos dollars, y ha hecho gastos adi-cionales en gestión del cobro de la mencionada cantidad ascendentes a veinticinco dollars.
“Por estas razones: dicho demandante solicita respetuosamente a esta Hon. Corte que se sirva dictar sentencia declarando con lugar la presente demanda, condenando a dicha demandada a pagar a dicho demandante la cantidad de quinientos oohenta dollars con VEINTICINCO Centavos, o sea el capital arriba expresado, con gastos, costas y honorarios de abogados.”

La corte inferior declaró con lugar la excepción previa a la demanda por falta de jurisdicción y desestimó la de-manda por virtud de la teoría de que la cuantía envuelta no excedía de $500.

Convenimos, enteramente con el apelante en que generalmente lo que determina la jurisdicción por la cuantía envuelta es la suma reclamada en la demanda o “la cantidad por la cual, en el aspecto más favorable para el demandante, podía dictarse sentencia sobre los hechos expuestos.” 15 C.J. 753. También puede admitirse que con el fin de determinar la cuestión de jurisdicción en un caso como éste debe agregarse al principal que se reclama como debida unacantidad razonable como honorarios de abogado. 7 R.C.L. 1054; Código Civil, artículo 1086.

Pero el demandante no alega el valor razonable de los servicios profesionales en cuestión.

Un abogado, por supuesto, puede fijar por adelantado los términos por virtud de los cuales él estará conforme en ,asumir la representación de un caso. El cliente está en libertad de pagar por dichos servicios, si así lo resuelve, una cantidad que esté fuera de toda proporción a la cuantía envuelta en la reclamación. Pero un demandado que se ha obligado a pagar todas las costas, desembolsos y honorarios de abogado además de la obligación principal por él asumida sin fijar la cuantía de tales honorarios de abogado, no es una parte en el contrato habido entre el demandante y su abogado y no está obligado por virtud del mismo a pagar más del valor razonable de los servicios realmente prestados o que han de prestarse. De aquí se infiere que cualquier suma convenida de tal modo en exceso de dicho valor razonable no puede ser tenida en cuenta al fijar la cuantía jurisdiccional y debe considerarse como que ha sido alegada únicamente con el objeto de traer aparentemente el caso dentro de la jurisdicción de la corte. En tales circunstancias la corte tiene el derecho a protegerse a sí misma y al demandado rehusando aceptar la cantidad total así reclamada como concluyente respecto a la cuestión de jurisdicción.

Dando a este demandante el beneficio de toda duda razo-nable, estamos persuadidos de que la mitad de la suma es-pecificada como honorarios de abogado sería un cálculo muy liberal de. lo que podría recobrarse por virtud de un quantum meruit.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Gustavo Marcano, como padre con patria potestad sobre su menor hijo Casimiro Marcano, demandante y apelado, v. Zoilo Méndez, demandado y apelante.
    No. 3836.

    Visto: Enero 25, 1926.

      Resuelto: Marzo 31, 1926.
    1. Apelación y Error — Record y Procedimientos que no Están en Record— Contenido, Preparación y Aprobación de la Exposición del Caso o Re-lación de Hechos — Transcripción de la Evidencia — Término para Pre-sentarla— Prórroga — Resolución Negatoria de, como Res.Judicata.— Cuando no se apela una resolución negando prórroga del término para el. taquígrafo presentar la transcripción de la evidencia, la actuación de la* corte se debe considerar como cosa juzgada al considerarse moción sobre desestimación del recurso por no haberse radicado los autos del caso, en la vista de cuya moción se solicitó se permitiera la radicación de dicha transcripción.
    2. Apelación y Error — Record y Procedimientos que no Están en Record— Necesidad del Pliego de Excepciones, Exposición del Caso o Relación-de Hechos — Su Ausencia y Eeecto — En General. — Cuando no existe pliego de excepción o transcripción de la evidencia, la falta debe imputarse al ape-lante y no al taquígrafo.
    Moción sobre desestimación de apelación presentada por el apelado-

      Desestimada la apelación.

      Fernando B. Fornaris, abogado del apelante; Luis Pereyó, Jr., abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En un caso en el cual una apelación fué establecida en 22 de mayo de 1925, y concedidas varias prórrogas para pre-parar la transcripción taquigráfica de la prueba de acuerdo. con las leyes-de 1917 y 1919, en 10 de diciembre, 1925, el apelante presentó nna moción a la Corte de Distrito de Hu-macao para- qne se ordenara al taquígrafo finalmente que transcribiese dichas notas. La corte ordenó al taquígrafo presentar sus notas sin demora. En 9 de enero de 1926, aparentemente,cuando la última prórroga estaba para expi-rar, el taquígrafo solicitó otra prórroga debido a su intenso trabajo y a la- amplitud de la prueba en dicho caso. La corte eh 12 de febrero de 1926 declaró sin lugar la moción del taquígrafo. El apelante alega que había ofrecido o pa-gado al taquígrafo sus honorarios y hecho todo lo que es-taba a su alcance para acelerar el caso.

Este es un caso donde la corte ejercitando su discreción se negó a ampliar el término del taquígrafo. No se inter-puso apelación contra la resolución de la corte negándose a prorrogar el término. Posiblemente hubiéramos podido re-visar la discreción si tal apelación hubiera sido interpuesta. En vista de los hechos, la actuación de la corte debe ser con-siderada como cosa juzgada.

El apelado ha solicitado la desestimación del recurso porque los autos del caso no han sido radicados. El ape-lante alega que de acuerdo con la ley de 1919 la demora del taquígrafo no debe privar al apelante de su derecho de ape-lación, pero frecuentemente hemos resuelto que cuando no existe pliego de excepciones o transcripción de la evidencia la falta debe ser imputada al apelante.

En la vista el abogado hizo cierta petición a esta corte para que ejercitase su discreción a fin de permitir la radi-cación de las notas taquigráficas, pero, como hemos dicho, en este caso está envuelto el uso de la discreción de la corte sentenciadora y no se interpuso ninguna apelación contra la resolución negando la prórroga.

Debe desestimarse la apelación.