text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Jorge L. Agudo Olmeda, recurrido.

      Número: CC-2005-362

      Resuelto: 24 de julio de 2006

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, representantes de la parte peticionaria; Ana E. Andrade Rivera, de la Sociedad para la Asistencia Legal, División de Apelaciones, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos la ocasión para interpretar la sección primera de la Regla 111 de Procedimiento Criminal.

I

El Ministerio Público presentó una denuncia contra Jorge L. Agudo Olmeda (Agudo Olmeda) el 28 de agosto de 2004 por alegados hechos constitutivos de apropiación ilegal agravada. Art. 166 del antiguo Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4272. Según surge de la denuncia, Agudo Olmeda, alegadamente, se apropió de ocho películas en formato DVD, propiedad de la tienda Borders del centro comercial Plaza Las Américas, valoradas en $221.92.

La vista preliminar se celebró el 16 de noviembre de 2004 y se determinó causa probable para acusar por el delito menos grave de apropiación ilegal. Art. 165 del antiguo Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4271. De la minuta de la vista preliminar se deduce que el acusado quedó citado para el 30 de noviembre de 2004, día en que se llevaría a cabo el acto de lectura de la acusación. El expediente del caso fue entonces remitido a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia. El 29 de noviembre de 2004 el Ministerio Público presentó una acusación por los mismos hechos, pero por violación al Art. 165 del antiguo Código Penal, supra, donde especificó que el valor de los bienes apropiados era menor a quinientos dólares.

Al llegar al acto de la lectura de la acusación, según surge de la Minuta de 30 de noviembre de 2004, la defensa le informó al tribunal que en el expediente constaban una denuncia y una acusación por los mismos hechos, por lo que solicitó que se aclarara por cuál documento conducirse. El tribunal hizo constar que archivaba la denuncia y que retenía la acusación. La vista fue pautada para el 27 de enero de 2005, día en que se enmendó la acusación para que dispusiera que el valor de los bienes apropiados era menor a doscientos dólares.

El juicio en su fondo fue pautado para el 7 de febrero de 2005. Según surge de la minuta del tribunal, la defensa le informó a éste que, debido a que el caso fue presentado mediante una acusación, Agudo Olmeda tenía derecho a juicio por jurado al amparo de la Regla 111 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El tribunal no estuvo de acuerdo con el razonamiento de la defensa, y así lo hizo constar en dicha minuta:

El Tribunal entiende que no, [luego de celebrada la] Vista Preliminar [el delito] fue reclasificado a delito menos grave y ... subió como delito menos grave. Cuando existía un Tribunal de Distrito eso era así, y con la nueva Ley de la Judicatura, no tiene derecho a [j]uicio por [j]urado un Art. 165 y [el Tribunal] comenzará a ver [el caso] por Tribunal de Derecho .... Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 40.

Agudo Olmeda presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en el que solicitó la revocación de este dictamen. El foro apelativo, con el disenso del juez Rivera Martínez, expidió el recurso y revocó la actuación del foro de instancia por entender que la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra, ante la falta de actuación legislativa después de la aprobación de las Leyes de la Judicatura de 1994 y 2003, le concede al Ministerio Público la opción de comenzar un caso por delito menos grave mediante la presentación de una acusación. Según el análisis del foro apelativo, si el Ministerio Público opta por proceder de esta forma, el acusado tendrá derecho a juicio por jurado; sólo podrá renunciar a este derecho de forma ex-presa, personal e inteligente. Debido a que Agudo Olmeda no renunció a su derecho a juicio por jurado, sino que, por el contrario, trató de ejercitarlo, el foro apelativo ordenó al foro de instancia que continuara con los procedimientos del caso, permitiendo que éstos se ventilaran frente a un Jurado.

Inconforme con la determinación del foro apelativo, el Procurador General recurrió ante nos mediante un recurso de certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción, y trajo ante nuestra atención sólo un señalamiento de error:

Erró el Tribunal de Apelaciones al reconocerle al acusado un derecho a juicio por jurado, a pesar de que se le imputa un delito menos grave que acarrea s[ó]lo pena de reclusión por término máximo de seis (6) meses y/o multa no mayor de $500, s[ó]lo por razón de que el pliego acusatorio era una “acusación” y no una “denuncia”. Petición de certiorari, pág. 3.

El 26 de abril de 2005 expedimos el auto de certiorari. Ambas partes han comparecido a sustentar sus posturas. Pasamos a resolver.

II

El derecho a juicio por jurado en Puerto Rico se encuentra consagrado en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado:

En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve. (Énfasis suplido.) Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 327.

De acuerdo con el claro orden constitucional, el derecho ajuicio por jurado ampara a todo acusado de delito grave. La sección trascrita de la Constitución del Estado Libre Asociado coincide con lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que es el mínimo constitucional en materia de juicio por jurado. Aunque la Asamblea Legislativa de Puerto Rico podría expandir este derecho, sus actuaciones nunca han reflejado una intención de ensanchar el mínimo constitucional en este aspecto. Así lo asegura el profesor Chiesa al comentar que en Puerto Rico no hay ningún indicio de que la Asamblea Legislativa quiera ampliar el derecho a juicio por jurado más allá de lo permitido por la Constitución de Estados Unidos en su Enmienda Sexta. E.L. Chiesá, Los derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 (Núm. 1) Rev. Jur. U.P.R. 83, 107 (1996). Así, las decisiones del Tribunal Supremo federal han trazado el camino seguido por la Asamblea Legislativa en el tema que nos ocupa.

El Tribunal Supremo federal ha interpretado que la Sexta Enmienda cobija a cualquier acusado de delito grave o de delito menos grave que apareje pena de reclusión por un término mayor de seis meses. Baldwin v. New York, 399 U.S. 66 (1970). A su vez, ha rechazado constantemente extender el derecho ajuicio por jurado a casos que no caigan dentro de estas limitaciones. United v. Nachtigal, 507 U.S. 1 (1993); Lewis v. United States, 518 U.S. 322 (1996). Por su parte, e inmediatamente después de la decisión del Tribunal Supremo federal en el caso Baldwin, supra, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico actuó para garantizar el cumplimiento con las exigencias mínimas federales, pero sólo ésas: las mínimas. Véanse: Ley Núm. 8 de 7 de julio de 1971; Ley Núm. 9 de 7 de julio de 1971. De esta suerte, los delitos menos graves sólo aparejaban pena de reclusión de menos de seis meses o una multa que no excedía de quinientos dólares. Se dejó fuera de este esquema el delito menos grave de homicidio involuntario (hoy homicidio negligente), pues éste conlleva una pena mayor de seis meses. Este diseño se mantuvo en el antiguo Código Penal de 1974 (vigente al momento de los hechos que desembocaron en la presente controversia) y, con ciertas variantes, en el Código Penal de 2004.

La Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra, establece las normas sobre el derecho a juicio por jurado y su renuncia, y en lo pertinente a la presente controversia prescribe que

[l]as cuestiones de hecho en casos de delito grave y, salvo lo dispuesto en leyes especiales, en casos de delito menos grave siempre que originalmente se presentare la acusación en el Tribunal de Primera Instancia y fueren también de la competencia del Tribunal de Distrito habrán de ser juzgadas por el jurado a menos que el acusado renunciare expresa, inteligente y personalmente al derecho a juicio por jurado. (Enfasis suplido.)

La sección que nos atañe de la regla transcrita ha permanecido en las Reglas de Procedimiento Criminal desde su aprobación en 1963. Para esa fecha, el Tribunal de Primera Instancia se componía de tres tribunales distintos: el Tribunal Superior, el Tribunal de Distrito y el Tribunal Municipal. Con relación a las causas penales, el Tribunal Superior era el foro en el que se ventilaban las causas por delitos graves, mientras que en el Tribunal de Distrito se ventilaban los casos por delitos menos graves. Dicha regla era un mecanismo para que los procedimientos por delitos acumulables no tuviesen que fraccionarse en distintos tribunales debido a sus respectivas clasificaciones. Es decir, la Regla 111, supra, permitía que los procedimientos por delitos menos graves acumulables con delitos graves se celebraran a la vez en un solo tribunal, pero salvaguardando el derecho a juicio por jurado de los acusados por el delito grave (en el antiguo Tribunal Superior); de ahí que el texto original de la regla requiriera que el delito fuera de la competencia del Tribunal de Distrito, pero presentado ante el Tribunal Superior mediante una acusación.

Con la promulgación de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994, la Asamblea Legislativa suprimió los tres tribunales inferiores anteriores. Así, consolidó en un solo Tribunal de Primera Instancia los antiguos Tribunales Superior y Municipal, y decretó la abolición del Tribunal de Distrito al cabo de ocho años. El esquema descrito fue mantenido en la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003. Hoy persiste la consolidación de los Tribunales Superior y Municipal en el Tribunal de Primera Instancia, y la abolición del Tribunal de Distrito.

Consiguientemente, debemos determinar si la sección primera de la regla es anacrónica o si aún mantiene alguna distinción válida que legitime su uso para permitir el derecho a juicio por jurado en procedimientos por delitos me-nos graves.

III

Consciente de que la primera sección de la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra, presenta grandes incongruencias con el sistema judicial actual, Agudo Olmeda argumentó ante nos que, debido a la ausencia de acción legislativa que atempere la referida regla a las Leyes de la Judicatura de 1994 y 2003, debemos interpretar que el criterio fundamental para diferenciar los momentos en que el derecho a juicio por jurado cobija al acusado más allá del entendido constitucional debería ser la presentación de una acusación, en vez de una denuncia. En otras palabras, la aseveración de Agudo Olmeda, acogida por el Tribunal de Apelaciones, es que el derecho ajuicio por jurado, según estatuido en la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra, debe estar ligado al vehículo procesal que se escoja para iniciar la acción penal. No nos convence dicho análisis.

En primer lugar, resulta claro que el esquema del sistema judicial que tuvo presente el legislador al redactar la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra, era muy diferente al actual. La incompatibilidad entre ambos esquemas es de tal grado que, actualmente, es imposible cumplir con los dos requisitos que impone la regla, a saber: (1) la presentación de una acusación ante el Tribunal Superior (Tribunal de Primera Instancia, según la codificación de las Leyes de Puerto Rico Anotadas), y (2) que el delito por el que se acusa sea de la competencia del Tribunal de Distrito. Esto, sencillamente, porque ya no existe el Tribunal de Distrito: quedó completamente abolido después de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994. Por lo tanto, la sección primera de la citada Regla 111, cuya aplicación se cimienta en la existencia de dos tribunales distintos e independientes, ya no tiene sentido, pues el Tribunal de Primera Instancia es, en la actualidad, un tribunal unificado.

En segundo lugar, conforme a lo ya expuesto, el derecho constitucional a juicio por jurado está ligado esencialmente a la pena prevista para el delito en cuestión. Así, hay un derecho a juicio por jurado en casos por delitos graves, o en casos por delitos menos graves que acarreen una pena de reclusión equivalente a aquélla por delito grave. Por su parte, el derecho estatutario a juicio por jurado ha seguido muy de cerca el andamiaje constitucional ya discutido. De ahí que la Asamblea Legislativa siempre haya procurado mantener las definiciones de delito grave y de delito menos grave dentro de las limitaciones impuestas por la Constitución del Estado Libre Asociado y del Derecho Constitucional federal.

La interpretación que el recurrido propone que se le dé a la primera oración de la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra, es contraria a las claras tendencias de la Asamblea Legislativa a circunscribir el derecho ajuicio por jurado al mínimo constitucional. A todas luces, Agudo Olmeda pretende que, ante el desuso en el que ha recaído la parte aquí concernida de la citada Regla 111, ampliemos el derecho a juicio por jurado a casos en que el Ministerio Público presente como primera alegación una acusación, sin importar la pena que apareje el delito en cuestión. No podemos tomarnos tal iniciativa sin una clara manifestación legislativa a tales efectos.

De acuerdo con las tendencias legislativas y constitucionales detalladas, el Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal (Comité) recomendó enmendar la Regla 111, supra, para adecuarla a los cambios acaecidos después de la vigencia de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994. El Comité sugirió el siguiente texto con miras a ajustar la regla al nuevo esquema judicial:

Las controversias de hecho en casos de delito grave y, salvo lo dispuesto en leyes especiales, en casos de delito menos grave con derecho a juicio por jurado, en que se presente una acusación en una sala superior del Tribunal de Primera Instancia, habrán de ser juzgadas por un Jurado .... Regla 502 en Informe de Reglas de Procedimiento Criminal. Propuesta del Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal a la Decimonovena Sesión Plenaria de la Conferencia Judicial de Puerto Rico, febrero 1996, pág. 173.

Del texto de la regla propuesta se deducen dos conclusiones importantes. Primero, podemos afirmar que el Comité entendió que, con la desaparición de los antiguos tribunales inferiores que integraban el Tribunal de Primera Instancia, se hacía imperiosa la enmienda de la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra. Además, podemos deducir que el Comité no contemplaba que la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra, añadiera nuevas instancias de derecho a juicio por jurado más allá del mínimo constitucional. De ahí que, al proponer un nuevo texto para la regla, no se apartara del alcance constitucional que por años se le ha dado a este derecho.

Más aún, al proponer el nuevo texto, el Comité se ex-presó en cuanto a la interpretación de la regla sugerida por Agudo Olmeda: “[l)o dispuesto en esta regla no significa que se le va a conceder derecho a juicio por jurado a aquellos delitos menos graves que no tengan tal derecho, por el hecho de que se radiquen en una acusación.” (Enfasis suplido.) Informe de Reglas de Procedimiento Criminal, supra, pág. 174. Al igual que el Comité, no creemos que la selección de una acusación, en lugar de una denuncia, como la primera alegación en un procedimiento penal por un delito menos grave, sea razón para activar el derecho estatutario a juicio por jurado, especialmente cuando la sección de la regla en la cual supuestamente se fundamenta el derecho alegado ya es anacrónica.

El recurrido no ha presentado fundamento válido alguno que permita suponer que el legislador puertorriqueño quiso extender el derecho a juicio por jurado al enjuiciamiento de los de delitos menos graves en circunstancias como la que nos concierne. En cambio, existen varios fundamentos, reseñados antes, que apoyan la conclusión de que el legislador nunca ha tenido tal intención. Concluimos, por lo tanto, que la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra, no debe entenderse como que abarca más allá del mínimo constitucional en relación con el derecho a juicio por jurado.

Por los fundamentos que anteceden, procede revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones y reinstalar el dicta-men del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, mediante el cual se le deniega al recurrido el derecho a juicio por jurado.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervine.

       La Regla 111 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece lo siguiente:
      "Las cuestiones de hecho en casos de delito grave y, salvo lo dispuesto en leyes especiales, en casos de delito menos grave siempre que originalmente se presentare _la_acusación en el Tribunal de Primera Instancia y fueren también de la competencia del Tribunal de Distrito habrán de ser juzgadas por el jurado a menos que el acusado renunciare expresa, inteligente y personalmente al derecho a juicio por jurado.”

       El juez disidente argumentó que la lectura que sus compañeros jueces hicieron de la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra, es incorrecta, ya que ésta resulta, al presente, “impracticable”. Expresó el juez que el esquema actual del Sistema Judicial puertorriqueño hace inoperante la parte aquí concernida de la Regla 111, por lo que erró la mayoría al ordenar un juicio por jurado.

       “Es delito menos grave todo aquél que apareja pena de reclusión por un término que no exceda de seis (6) meses, pena de multa que no exceda de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal. Delito grave comprende todos los demás delitos.” Art. 12 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 3044).

       En el nuevo Código Penal los delitos menos graves aparejan una pena de reclusión de hasta noventa días o una multa individualizada de hasta cinco mil dólares. Sin embargo, claramente se establece que “[será] delito grave aquél que conlleva una pena de reclusión mayor de seis (6) meses ...” Art. 16 del Código Penal de 2004. D. Nevares-Muñiz, Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 2005, pág. 24.

       El texto original decía “Tribunal Superior” en vez de “Tribunal de Primera Instancia”. Esta sustitución se llevó a cabo luego de la aprobación de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 por las razones que expondremos más adelante. La regla, sin embargo, no ha sido enmendada.

       El Art. 9.001 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 disponía:
      “El Tribunal de Distrito quedará abolido en ocho (8) años, a partir de la vigencia de esta ley.
      “A partir de la vigencia de esta ley las Secciones del Tribunal de Primera Instancia conocidas como Tribunal Superior y Tribunal Municipal se consolidarán y se conocerán como Tribunal de Primera Instancia. Los jueces que con anterioridad a la vigencia de la ley eran jueces de las Secciones conocidas como Tribunal Superior y como Tribunal Municipal serán parte del Tribunal de Primera Instancia y tendrán las facultades que se determinan en las sees. 22 a 23n de este título y se conocerán como Jueces Superiores y Jueces Municipales.
      “Una vez concluido el término de cinco (5) años a partir de [la] vigencia de esta ley, las facultades conferidas en los subincisos (6) y (7) del Artículo 5.004 inciso I (c) de esta ley, dejarán de ser facultades de los Jueces Municipales.
      “El Tribunal de Distrito quedará abolido en ocho (8) años a partir de la vigencia de esta ley, permaneciendo durante el proceso de abolición como una Subsección del Tribunal de Primera Instancia consolidado.” 4 L.P.R.A. sec. 23c.

       El Art. 5.002 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 establece que “[e]l Tribunal de Primera Instancia quedará constituido por doscientos cincuenta y tres (253) jueces superiores y ochenta y cinco (85) jueces municipales”. 4 L.P.R.A. sec. 25b.

       Suprimir la estructura judicial en la que se fundamentaba el derecho ajuicio por jurado de esta parte de la regla es, en nuestra opinión, suficiente acción legislativa contra el argumento de Agudo Olmeda.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Rodolfo S. Escabí Rodríguez.

      Número: TS-4550

      Resuelto: 4 de agosto de 2006

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

Mediante Resolución de 5 de mayo de 2006, ordenamos al Ledo. Rodolfo S. Escabí Rodríguez a que en el término de veinte días, contado a partir de la notificación de dicha resolución, procediera a subsanar las deficiencias arancelarias señaladas en un informe presentado por la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Dichas deficiencias correspondían a la falta de sellos de Asistencia Legal en su obra notarial que ascendían a la cantidad de $89,461 a la fecha del informe. A su vez, ordenamos que mostrara causa por la cual no debíamos suspenderlo del ejercicio de la abogacía.

Además, se le apercibió al licenciado Escabí Rodríguez que su incumplimiento con la referida resolución conllevaría la imposición de severas sanciones, incluso la separación del ejercicio de la abogacía. La resolución le fue notificada personalmente el 15 de mayo de 2006 por un alguacil de este Tribunal. A pesar del tiempo transcurrido, el licenciado Escabí Rodríguez no ha cumplido con la Resolución de 5 de mayo de 2006. Resolvemos.

I

Uno de los compromisos que asume cada uno de los abogados que presta juramento ante este Tribunal está relacionado con la facultad inherente de este Foro de reglamentar el ejercicio de la abogacía. Se trata del deber de todo abogado de atender y cumplir con los requerimientos y órdenes de este Tribunal. Sobre este particular, hemos sido enfáticos al señalar que la naturaleza y práctica de la abogacía requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente en la esfera de la conducta profesional.

Asimismo, hemos expresado que el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz, con el propósito de lograr la más completa confianza y apoyo de la ciudadanía, se extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas, sino a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal. In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128 (1997). A tono con lo anterior, hemos señalado que, independientemente de los méritos de las quejas presentadas contra un abogado, éste tiene la obligación ineludible de responder prontamente a nuestros requerimientos. In re Rodríguez Mena, 126 D.P.R. 205 (1990).

Debe mantenerse presente que la desatención a las órdenes de este Tribunal constituye una violación al Canon 9 del Codigo de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. lx, en lo relativo a la exigencia de respeto hacia los tribunales. In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992). De más está decir que en estas situaciones, de renuencia a cumplir con nuestras órdenes, procede la suspension temporal o indefinida del ejercicio de la abogacIa. In re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39 (1998); In re Serrano Mangual, 139 D.P.R. 602 (1995); In re González Albarrán, 139 D.P.R. 543 (1995); In re Bonaparte Rosaly, 131 D.P.R. 908 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991).

II

De todo lo antes expuesto resulta obvio, no sOlo que a Rodolfo S. EscabI RodrIguez no le interesa seguir ejerciendo la honrosa profesión de abogado en nuestra jurisdIcdon, sino que procede que decretemos su separación indefinida e inmediata del ejercicio de la profesion hasta tanto comparezca y este Tribunal determine, a base de su comparecencia, Si resulta meritoria su reinstalación.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervinieron.


author: Juez Asociado Señor Rivera Pérez. Jueza Asociada Señora Fiol Matta, a la cual se unen el Juez Asociado Señor Rebollo López y la Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

text:
    Tomás Rodríguez Medina, demandante, v. Dr. David K. Mehne y otros, demandados y recurridos; Simed, tercero demandado y peticionario.

      Número: CC-2004-702

      Resuelto: 4 de agosto de 2006

      Luis R. Ramos Cartagena, abogado de la parte demandada y peticionaria; Julio Eduardo Torres, abogado de la parte demandada y recurrida.
   SENTENCIA

Los hechos pertinentes del presente caso no están en controversia. La señora Torres Zayas presentó una demanda contra el Dr. David K. Mehne por impericia médica (el recurrido). El doctor Mehne presentó una demanda contra tercero contra el peticionario, el Sindicato de Aseguradores para la Inscripción Conjunta de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria (SIMED), para que le ofreciera representación legal y satisficiera la sentencia que recayera una vez concluido el pleito, como parte del convenio de seguro que existía entre ellos. El 22 de octubre de 2003, luego de que tanto SIMED como el doctor Mehne presentaran mociones de sentencia sumaria, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución que tituló Sentencia Sumaria Parcial, en la cual le ordenaba a SIMED que proveyera representación legal al doctor Mehne. A pesar de que el Tribunal de Primera Instancia tituló su resolución como Sentencia Sumaria Parcial, ésta no cumplía con los requisitos de la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, para que pudiera clasificarse como tal, por lo que su “sentencia” era realmente una resolución interlocutoria. Esta resolución fue notificada y archivada en autos el 31 de octubre de 2003.

Oportunamente, el 17 de noviembre de 2003, SIMED presentó una moción de reconsideración. Ese mismo día, el foro de instancia le ordenó a las otras partes que presentaran sus posiciones sobre la moción de reconsideración. Sin embargo, esta orden fue notificada y archivada en autos el 15 de diciembre de 2003, 14 días después de que transcurrieran los 30 días de haberse emitido la resolución interlocutoria. El 26 de febrero de 2004, el Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de reconsideración. La resolución a esos efectos fue notificada y archivada en autos el 2 de marzo de 2004.

Inconforme con la determinación del Tribunal de Primera Instancia, SIMED presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 1 de abril de 2004, 30 días después de que se emitiera la resolución en respuesta a su moción de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones denegó la petición de certiorari de SIMED, porque concluyó que el recurso fue presentado fuera del término sin que existiera justa causa o circunstancias extraordinarias que justificaran la tardanza. El Tribunal de Apelaciones resolvió que el recurso fue presentado fuera del término por entender que la moción de reconsideración presentada por SIMED no interrumpió el término para recurrir en alzada. Según el tribunal apelativo, aunque el tribunal de instancia actúo dentro del término dispuesto para ello por la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, la notificación de la decisión fuera de ese plazo hizo que el término para recurrir no fuera interrumpido. Por esta razón, el Tribunal de Apelaciones resolvió que el término para que SIMED pudiera recurrir de la resolución en la que se denegaba la reconsideración había vencido el 1 de diciembre de 2003, 30 días después de que fuera emitida.

El Tribunal de Apelaciones se negó a reconsiderar su decisión. SIMED acude ante nosotros para señalar que la apreciación de ese foro sobre la presentación tardía de su recurso fue errónea. En apoyo de esta contención, SIMED argumenta, en esencia, que la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, no aplica a este caso porque se trata de una resolución interlocutoria y, en la alternativa, que si la Regla 47 le aplicara a la reconsideración de resoluciones interlocutorias, SIMED, por los hechos de este caso, no estaría sujeto a la norma establecida en Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592 (2003).

Luego de examinar detenidamente el asunto, este Tribunal ha acordado revocar el dictamen del Tribunal de Apelaciones y devolver el caso al foro de instancia para que continúen los procedimientos.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez emitió una opinión concurrente. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió una opinión concurrente, a la cual se unieron el Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. El Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintieron sin opinión.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

Concurro con la decisión de este Tribunal de revocar la resolución recurrida. No obstante, entendemos conveniente expresarnos sobre la aplicación del término de 15 días dispuesto por la Regla 47 de Procedimiento Civil a las resoluciones u órdenes interlocutorias.

HH

En este caso se recurrió ante el Tribunal de Apelaciones de una resolución interlocutoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. En conformidad con la Regla 53.1 de Procedimiento Civil, el término de cumplimiento estricto para acudir de la referida determinación ante el foro intermedio apelativo es de 30 días, contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución.

Existen mecanismos procesales cuya utilización tiene el efecto de interrumpir ese término. Entre ellos está el mecanismo procesal de la moción de reconsideración contemplado por la Regla 47 de Procedimiento Civil, que al momento de los hechos disponía lo siguiente:

La parte adversamente afectada por una resolución, orden o sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la resolución u orden o, desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la sentencia, presentar una moción de reconsideración de la resolución, orden o sentencia. El tribunal, dentro de los diez (10) días de haberse presentado dicha moción, deberá considerarla. Si la rechazare de plano, el término para apelar o presentar un recurso de certiorari se considerará como que nunca fue interrumpido. Si se tomare alguna determinación en su consideración, el término para apelar o presentar un recurso de certiorari con término jurisdiccional ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en los autos una copia de la notificación de la resolución del tribunal resolviendo definitivamente la moción. Por otro lado, si se tomare alguna determinación en la consideración de una moción de reconsideración, el plazo para presentar un recurso de certiorari con término de cumplimiento estricto ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones empezará a contarse desde la fecha en que se notifica la resolución del tribunal resolviendo definitivamente la moción. Si el tribunal dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de los diez (10) días de haber sido presentada, se entenderá que la misma ha sido rechazada de plano. (Enfasis suplido.)

El referido mecanismo tiene como propósito principal brindar una oportunidad al Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia o resolución interlocutoria cuya reconsideración se solicita, para que pueda enmendar o corregir los errores en que hubiese incurrido al emitirla. Pretende, además, evitar que el mecanismo procesal de la solicitud de reconsideración se convierta en una vía para dilatar injustificadamente la ejecución de un dictamen judicial.

Hemos expresado que si el foro primario no toma ninguna acción con respecto a una moción de reconsideración oportunamente presentada, dentro de 10 días de haber sido presentada, se considerará que el término para la revisión en alzada del dictamen judicial en cuestión no ha sido interrumpido por la referida moción. Del mismo modo, hemos resuelto que, aunque hayan transcurrido los 10 días referidos sin que el foro de primera instancia haya tomado alguna acción con respecto a la moción de reconsideración, el término para la revisión en alzada sí queda interrumpido si el tribunal a quo decide acoger luego la moción de reconsideración antes de que haya expirado el término para interponer el recurso de apelación. Una vez interrumpido el término para recurrir en alzada de una resolución u orden interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia, por ese foro haber acogido una moción de reconsideración, el término para recurrir al Tribunal de Apelaciones comienza a transcurrir nuevamente en el momento en que se notifica la resolución del foro primario que resuelve definitivamente la referida moción.

En Vega v. Alicea, 145 D.P.R. 236, 240-241 (1998), resolvimos que el término de 15 días que tienen las partes para presentar una moción de reconsideración en virtud de la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, aplica a sentencias, resoluciones y órdenes interlocutorias. Allí expresamos lo siguiente:

El término de la Regla 47, supra, es en una sentencia fatal. Sin embargo, se ha quedado en el tintero si igual solución rige en cuanto a las resoluciones y órdenes. Una teoría que ha sido acogida por el reputado Tribunal de Circuito de Apelaciones, presenta que el término es directivo, pues las órdenes y resoluciones interlocutorias carecen de finalidad y, por ende, contra ellas no transcurren términos jurisdiccionales. Según ésta, el tribunal conserva la facultad de corregirlas antes de que termine el pleito.
La dificultad de este enfoque radica en que esos dictámenes —salvo una reconsideración oportuna o que en alzada se deje sin efecto— ponen fin a incidentes dentro del proceso litigioso escalonado. Negarle finalidad es simplemente poner en entredicho ante abogados y partes la certeza, seriedad y autoridad que debe caracterizar nuestro sistema procesal-adjudicativo en todas sus etapas críticas antes de que se dicte sentencia e, in cluso, luego de ser dictada. (Énfasis en el original suprimido, énfasis suplido y escolio omitido.

Advertimos que interpretarlo de otra forma afectaría, no sólo el mecanismo procesal contemplado en la referida Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, sino el crucial término que transcurre simultáneamente con la reconsideración, el periodo para acudir mediante una petición de certiorari ante el foro intermedio apelativo.

Por otro lado, la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, también regula la reconsideración de resoluciones interlocutorias. Específicamente dispone lo siguiente:

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea mediante demanda, reconvención, demanda contra coparte o demanda contra terceros o figuren en él partes múltiples el tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del pleito, siempre que concluya expresamente que no existe razón para posponer dictar sentencia sobre tales reclamaciones o partes hasta la resolución total del pleito, y siempre que ordene expresamente que se registre sentencia.
Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la sentencia parcial dictada será final para todos los fines en cuanto a la controversia en ella adjudicada, y una vez sea registrada y se archive en autos copia de su notificación, comenzarán a correr en lo que ella respecta los términos dispuestos en las Reglas 47, 48 y 53.
En ausencia de la referida conclusión y orden expresa, cualquier orden o cualquier otra forma de decisión, no importa como se denomine, que adjudique menos del total de las reclamaciones o los derechos y obligaciones de menos del total de las partes, no terminará el pleito con respecto a ninguna de las reclamaciones o partes y la orden u otra forma de decisión estará sujeta a reconsideración por el tribunal que la dicte en cualquier momento antes de registrarse sentencia adjudicando todas las, reclamaciones y los derechos y obligaciones de las partes. (Énfasis suplido.)

Hemos expresado que las sentencias parciales no se convierten en finales sua sponte. Para ello, el juez debe concluir que no hay razón que justifique seguir el juicio sin dictar sentencia final en relación con una parte o reclamación y ordenar expresamente que se registre y archive en autos copia de la notificación de la sentencia. De lo contrario, se tratará de una resolución interlocutoria que no termina el pleito, y estará sujeta a reconsideración por el tribunal en cualquier momento antes de dictarse la sentencia final que adjudique todas las reclamaciones.

Finalmente, como principio de aplicación general, una parte no renuncia a plantear por apelación ante el Tribunal de Apelaciones un error cometido por el Tribunal de Primera Instancia en una resolución interlocutoria. Ello puede hacerse cuando se dicta la sentencia final, si ésta le resulta adversa y aún estima importante revisar la determinación interlocutoria porque ésta afecta la decisión final del caso.

M HH

En este caso el foro primario emitió una resolución interlocutoria, que tituló Sentencia Sumaria Parcial, el 22 de octubre de 2003. La referida resolución se notificó a las partes el 31 de octubre de 2003. Oportunamente, el 17 de noviembre de 2003, la aquí peticionaria SIMED, solicitó su reconsideración. Ese mismo día, es decir, el 17 de noviembre de 2003, el foro primario ordenó a las otras partes a exponer su posición respecto a la reconsideración solicitada en un término de 30 días. La referida orden fue notificada a las partes el 15 de diciembre de 2003. El 26 de febrero de 2004 el foro primario denegó la moción de reconsideración. La copia de su notificación a las partes fue archivada en autos el 2 de marzo de 2004.

Aún insatisfecha, SIMED acudió al foro intermedio apelativo mediante un recurso de certiorari. El referido foro denegó el recurso ante su consideración por entender que fue presentado fuera de término. Sostuvo que la presentación de la moción de reconsideración por SIMED ante el Tribunal de Primera Instancia no interrumpió el término para acudir en alzada. Concluyó que aunque el foro primario actuó dentro del término dispuesto para ello en la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, la notificación de la decisión fuera de ese plazo hizo que el término para recurrir no fuera interrumpido. Puntualizó, sin embargo, que el recurso estaría a tiempo si no fuera por la norma sentada en Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592 (2003).

No compartimos la idea de que como las resoluciones interlocutorias no constituyen sentencias finales y pueden ser revisadas por el tribunal en cualquier momento antes de que se resuelvan todas las controversias en el pleito, los términos provistos por la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, no aplican a las resoluciones interlocutorias. Tampoco compartimos la idea de que existe una “incompatibilidad” entre la Reglas 43.5 y 47 de Procedimiento Civil, supra.

Lo anterior tendría el efecto de revocar sub silentio la norma establecida por este Tribunal en Vega v. Alicea, supra. Allí rechazamos expresamente la teoría de que el término dispuesto en la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, no aplicaba por tratarse de una resolución interlocutoria. Allí resolvimos expresamente que el término de 15 días dispuesto en la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, aplica a las mociones de reconsideración presentadas por una parte adversa sobre sentencias, resoluciones y órdenes.

Por ello, no encontramos incompatibilidad alguna entre ambas disposiciones reglamentarias. Por un lado, la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, regula el término que tienen las partes para solicitar al Tribunal de Primera Instancia que emitió la resolución, orden o sentencia en cuestión, que reconsidere su dictamen; es decir, solicitarle al foro primario que pueda enmendar o corregir los errores en que hubiese incurrido al emitir su pronunciamiento.

Por otra parte, la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, supra, contempla la facultad del tribunal de reconsiderar motu proprio su dictamen en cualquier momento antes de dictarse la sentencia que adjudique todas las reclamaciones. Es decir, reconoce la facultad del tribunal de descargar el poder inherente que se le reconoce en lo que atañe a su responsabilidad de conducir el trámite judicial. Pero tal facultad, conforme al lenguaje expreso de la regla antes citada, es del tribunal y no deja al arbitrio de las partes presentar una moción al amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, en el momento que lo prefieran.

Por ello, y en virtud del lenguaje expreso de la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, y lo resuelto por este Tribunal en Vega v. Alicea, supra, los términos contenidos en la referida disposición reglamentaria son de aplicación a sentencias, resoluciones y órdenes.

Otra interpretación desnaturalizaría el mecanismo procesal contemplado por la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, y su efecto interruptor sobre el término dispuesto por ley para que la parte afectada pueda acudir mediante un recurso de certiorari al Tribunal de Apelaciones. Nos preguntamos ¿qué efecto interruptor tendría una moción de reconsideración presentada una vez transcurrido el término de 30 días para acudir al foro intermedio apelativo mediante un recurso de certiorari?; ¿para qué existe el referido término, que permite a las partes acudir ante el Tribunal de Apelaciones, si queda al entero arbitrio de las partes presentar una moción de reconsideración en el momento que lo prefieran? Concluir que el término de 15 días dispuesto por la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, no aplica a las resoluciones interlocutorias operaría en contra de la sana administración de la justicia.

Finalmente, conviene aclarar que lo resuelto por este Tribunal en Caro v. Cardona, supra, tampoco aplica a este caso. Nos explicamos.

En Caro v. Cardona, supra, se trataba de un recurso de apelación para recurrir de una sentencia final emitida por el Tribunal de Primera Instancia. En virtud de la Regla 53.1 de Procedimiento Civil, supra, el término jurisdiccional establecido por ley para recurrir de ese dictamen es de 30 días, contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. Id. Por tratarse de un término jurisdiccional, una vez transcurrido el referido término de 30 días, la sentencia se convierte en final, firme e inapelable, y el Tribunal de Primera Instancia pierde jurisdicción sobre el asunto. Ello por tratarse de un término fatal, improrrogable e insubsanable, como lo es un término jurisdiccional. Era razonable discutir, en aquel momento, si el foro primario gozaba de jurisdicción para considerar la moción de reconsideración presentada por una de las partes. Era necesario evaluar si la consideración por el Tribunal de Primera Instancia de la referida moción tuvo el efecto de interrumpir el término jurisdiccional dispuesto en dicho caso para recurrir en apelación de la sentencia en cuestión. Sin embargo, la norma adoptada en Caro v. Cardona, supra, debe ser interpretada a la luz de sus hechos particulares.

Contrario a lo ocurrido en Caro v. Cardona, supra, en este caso se recurrió ante el Tribunal de Apelaciones de una resolución interlocutoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Como antes señalamos, el término de cumplimiento estricto para acudir de la referida determinación ante el foro intermedio apelativo es de 30 días, contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución.

Existe una diferencia conceptual con efectos jurídicos distintos entre lo que es un requisito de cumplimiento estricto y un requisito jurisdiccional. Contrario a un término de carácter jurisdiccional, cuando se trata de un término de cumplimiento estricto, el Tribunal de Primera Instancia no está atado al automatismo que conlleva el requisito jurisdiccional y puede proveer justicia según lo ameriten las circunstancias.

Por tratarse el caso de autos de una resolución interlocutoria, a diferencia de una sentencia final donde el Tribunal de Primera Instancia pierde su jurisdicción al transcurrir el término jurisdiccional para recurrir en alzada, el foro primario tenía jurisdicción para reconsiderar su dictamen. Esto es, el 15 de diciembre de 2003 el foro primario gozaba de plena facultad para reconsiderar su dicta-men anterior, y así lo hizo. Como resultado de ello, dicho foro emitió un nuevo dictamen sobre el asunto, que fue notificado a las partes el 2 de marzo de 2004. Por lo tanto, no vemos por qué debemos concluir que el recurso de certiorari de SIMED, presentado en el Tribunal de Apelaciones el 1 de abril de 2004, resulta tardío.

Por los fundamentos expuestos, revocaríamos la resolución recurrida emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolveríamos el caso a dicho foro para que continúe con los procedimientos.

Opinión concurrente emitida por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta, a la cual se unen el Juez Asociado Señor Rebollo López y la Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Coincido en que debemos revocar al Tribunal de Apelaciones en este caso. Entiendo, no obstante, que no debemos desaprovechar la oportunidad para expresarnos sobre la incongruencia entre las Reglas 43.5 y 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y resolver de una vez si las nor-mas que se derivan de la Regla 47 aplican por igual a los dictámenes finales, a las resoluciones interlocutorias y a las órdenes del Tribunal de Primera Instancia. Por esta razón, formulo la presente opinión concurrente. Entiendo, por los fundamentos que expongo a continuación, que los términos establecidos en la referida Regla 47 para la consideración de las mociones de reconsideración y las pautas para la interrupción de los términos para recurrir al foro apelativo, así como la jurisprudencia que interpreta estas disposiciones, no aplican a la reconsideración de resoluciones u órdenes interlocutorias.

I

Los hechos pertinentes de este caso están muy bien reseflados en la sentencia de este Tribunal. Por lo tanto, procederé directamente a la discusión del asunto procesal en controversia.

Nuestras Reglas de Procedimiento Civil regulan la reconsideración de sentencias interlocutorias en dos disposiciones distintas. Por una parte, la Regla 43.5 de Procedimiento Civil dispone:

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea mediante demanda, reconvención, demanda contra coparte o demanda contra terceros o figuren en él partes múltiples el tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del pleito, siempre que concluya expresamente que no existe razón para posponer dictar sentencia sobre tales reclamaciones o partes hasta la resolución total del pleito, y siempre que ordene expresamente que se registre sentencia.
Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la sentencia parcial dictada será final para todos los fines en cuanto a la controversia en ella adjudicada, y una vez sea registrada y se archive en autos copia de su notificación, comenzarán a correr en lo que ella respecta los términos dispuestos en las Reglas 47, 48 y 53.
En ausencia de la referida conclusión y orden expresa, cualquier orden o cualquier otra forma de decisión, no importa cómo se denomine, que adjudique menos del total de las reclamaciones o los derechos y obligaciones de menos del total de las partes, no terminará el pleito con respecto a ninguna de las reclamaciones o partes y la orden u otra forma de decisión estará sujeta a reconsideración por el tribunal que la dicte en cualquier momento antes de registrarse sentencia adjudicando todas laS' reclamaciones y los derechos y obligaciones de las partes. (Enfasis suplido.) La parte adversamente afectada por una resolución, orden o sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la resolución u orden o, desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la sentencia, presentar una moción de reconsideración de la resolución, orden o sentencia. El tribunal, dentro de los diez (10) días de haberse presentado dicha moción, deberá considerarla. Si la rechazare de plano, el término para apelar o presentar un recurso de certiorari se considerará como que nunca fue interrumpido. Si se tomare alguna determinación en su consideración, el término para apelar o presentar un recurso de certiorari con término jurisdiccional ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en los autos una copia de la notificación de la resolución del tribunal resolviendo definitivamente la moción. Por otro lado, si se tomare alguna determinación en la consideración de una moción de reconsideración, el plazo para presentar un recurso de certiorari con término de cumplimiento estricto ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones empezará a contarse desde la fecha en que se notifica la resolución del tribunal resolviendo definitivamente la moción. Si el tribunal dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de los diez (10) días de haber sido presentada,^ se entenderá que la misma ha sido rechazada de plano. (Enfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. III.

De otro lado, la Regla 47, en la versión vigente al momento de los hechos de este caso, establecía, en lo pertinente:

De una lectura del texto de ambas reglas surge claramente que éstas están en contraposición. La Regla 47 incluye, entre las mociones de reconsideración que están sujetas a los términos y a las pautas establecidos en ésta, a las mociones de reconsideración de resoluciones interlocutorias del foro de instancia. Sin embargo, la Regla 43.5 categóricamente dispone que las resoluciones interlocutorias serán revisables por los tribunales que las emitan en cualquier momento antes que se registre la sentencia que adjudica todas las reclamaciones, los derechos y las obligaciones de las partes. Además, la citada Regla 43.5 establece solamente que será contra las sentencias finales que transcurrián los términos dispuestos en la Regla 47, supra. Entiendo que el Tribunal debió aprovechar la oportunidad que brinda este caso para poner fin a esta incompatibilidad, y resolver de una vez si las normas que se derivan de la citada Regla 47 de Procedimiento Civil aplican por igual a los dictámenes finales, a las resoluciones interlocutorias y a las órdenes del Tribunal de Primera Instancia.

II

La discrepancia entre estas dos reglas tiene una explicación histórica. La práctica de presentar mociones de reconsideración contra sentencias, órdenes y resoluciones es una costumbre firmemente establecida en nuestro ordenamiento. De hecho, en el inicio del siglo XX, los abogados puertorriqueños presentaban estas mociones y los tribunales las consideraban aun cuando nuestro Código de Enjuiciamiento Civil no proveía para esto. La práctica estaba tan generalizada que la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito, foro al que se apelaban las decisiones de nuestro Tribunal Supremo, resolvió que la presentación de una moción de reconsideración suspendía el término para apelar. Esto, a su vez, propició que los litigantes utilizaran las mociones de reconsideración como una práctica dilatoria. Por eso, ante la ausencia de legislación que regulara la presentación de las mociones de reconsideración y sus efectos en el trámite del litigio, y el pedido de los tribunales para que esta práctica se reglamentara, la Asamblea Legislativa enmendó el Código de Enjuiciamiento Civil para sistematizar la presentación de estas mociones. Véanse: H.A. Sánchez Martínez, La reconsideración de resoluciones u órdenes interlocutorias y de sentencias finales, 15 (Núm. 2) Rev. Jur. U.I.P.R. 367, 369-370 (1981); Dávila v. Collazo, 50 D.P.R. 494 (1936); Saurí v. Saurí, 45 F.2d 90 (1930). El Art. 292 del Código de Enjuiciamiento Civil se enmendó para que dispusiera que cualquier parte agraviada podía solicitar una reconsideración desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia o de la resolución.

Este artículo del Código de Enjuiciamiento Civil hacía referencia tanto al archivo en autos de la copia de la notificación de las sentencias como a las resoluciones, porque contrario a lo que está dispuesto hoy en nuestro ordenamiento procesal civil, tanto las sentencias como las resoluciones eran apelables. Al ser apelables las resoluciones, el Secretario del tribunal debía notificarlas por escrito y archivar copia de esta notificación como se hacía con las sentencias. Sin embargo, el término para presentar las mociones era distinto si se trataba de una apelación o de una resolución, ya que los términos para presentar el recurso de apelación eran también distintos. Véanse: Art. 295 del Código de Enjuiciamiento de 1904; Sánchez Martínez, supra, págs. 371-372.

Hoy la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, mantiene un trato diferente en cuanto a la reconsideración de sentencias y la reconsideración de resoluciones interlocutorias. Esta regla establece que el término para solicitar la reconsideración de una resolución comienza a decursar desde la fecha de la notificación, mientras que el término para la presentación de una moción de reconsideración de una sentencia comienza a transcurrir desde el archivo en autos de una copia de la notificación. Esta diferencia obedece al sistema actual de notificación para estas decisiones del tribunal, que en última instancia responde al hecho de que las resoluciones interlocutorias no son apelables. Sin embargo, una vez nos adentramos en la evolución de estas disposiciones nos percatamos que la mención de las mociones de reconsideración de resoluciones interlocutorias en esta regla parece ser un simple vestigio, un resto histórico. Veamos.

Como mencionáramos, la inclusión de las resoluciones interlocutorias en la primera regla que se adoptó en Puerto Rico sobre la reconsideración de las decisiones de los tribunales, se debió a que las resoluciones interlocutorias eran apelables. De hecho, las resoluciones fueron apelables hasta 1958, cuando se enmendó la Ley de la Judicatura de 1952 para que fueran, al igual que lo son hoy, sólo revisables mediante el recurso de certiorari. Véase Ley Núm. 115 de 26 de junio de 1958 (4 L.P.R.A. see. 35 (ed. 1994)). Este cambio a la Ley de la Judicatura de 1952 se hizo después de que se redactaron y se remitieron a la Asamblea Legislativa las Reglas de Procedimiento Civil de 1958, pero antes de que éstas fueran aprobadas. Es por eso que a pesar de este cambio en cuanto al carácter apelable de las resoluciones interlocutorias, la Legislatura no enmendó el texto de la Regla 47 de Procedimiento Civil de 1958, que vino a remplazar el Art. 292 del Código de Enjuiciamiento Civil, y éste retuvo el lenguaje del Art. 292 del Código de Enjuiciamiento Civil en cuanto a la reconsideración de las resoluciones interlocutorias. Igualmente, esta nueva regla estableció cuáles acciones del tribunal interrumpirían el término para apelar tanto de las resoluciones como de las sentencias, a pesar de que las resoluciones interlocutorias, cuando entraron en vigor las Reglas de Procedimiento de 1958, no eran apelables ya.

Esta contradicción trajo como consecuencia que a pesar de desaparecer el derecho de apelación de las resoluciones interlocutorias, no desapareciese también la idea de que existían términos para reconsiderar estas decisiones y se comenzara a hablar de términos jurisdiccionales respecto a resoluciones que no eran finales y que por virtud de la Ley de la Judicatura no eran apelables ni revisables. Sánchez Martínez, supra, pág. 374. No obstante, no tenía —y no tiene— sentido hablar de un término fatal o jurisdiccional después del cual el tribunal quedaría privado de reconsiderar una resolución u orden que no pone fin al litigio y que no es revisable ni apelable.

Este análisis encuentra también respaldo en nuestra decisión en el caso El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791, 801-802 (1965). En ese caso, fundamentándonos, en parte, en el poder inherente de los tribunales de reconsiderar sus propias determinaciones, resolvimos, bajo el esquema de las Reglas de Procedimiento Civil de 1958, que

... una vez presentada en tiempo la moción de reconsideración, y resuelta por el Tribunal declarándola sin lugar de plano, bien por acción afirmativa o bien por inacción dentro de los 5 días de su presentación, el Tribunal no queda privado de su facultad para reconsiderar esa actuación suya si considera que en realidad la moción de reconsideración plantea una cuestión sustancial y meritoria y que en bien de la justicia debe señalar una vista para oír a las partes, siempre que ya no se le haya privado de jurisdicción por razón de haberse interpuesto contra la sentencia un recurso de apelación o de revisión o no haya expirado el término para interponer dichos recursos. No puede cuestionarse seriamente que cuando el Tribunal dicta una resolución rechazando de plano una moción de reconsideración, tenga facultad, si se ha equivocado, para reconsiderar su resolución ya a solicitud de parte o sua sponte. No hay razón legal alguna para aplicar una doctrina distinta, cuando por virtud de la Regla 47 [de Procedimiento Civil de 1958], la moción de reconsideración se entiende rechazada de plano si el Tribunal no ha actuado sobre la misma dentro del susodicho término de 5 días. No entendemos la Regla 47 [de Procedimiento Civil de 1958] como indicativa de que una vez rechazada de plano la reconsideración, prive al Tribunal de jurisdicción para dejar sin efecto tal resolución y señalar la moción para vista siempre que lo haga en tiempo. (Enfasis suplido.)

Este razonamiento parece estar latente en la decisión de este Tribunal en Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 D.P.R. 217 (1975). En este caso se dictó una resolución interlocutoria y, expirado el “término” para la reconsideración, se llevó el mismo asunto ante la consideración de un segundo juez. El segundo juez resolvió que no podía intervenir por mandato de la doctrina de la ley del caso. Revocamos y sostuvimos que el segundo juez no estaba obligado por lo resuelto por el primero 17 meses antes, ya que un juez de igual jerarquía no está obligado a “mantener incólume” la decisión de otro juez en el mismo caso. Torres Cruz v. Municipio de San Juan, supra, pág. 222.

La decisión de este Tribunal en ese caso encuentra apoyo, no sólo en la acertada apreciación de que la doctrina de la ley del caso no es una regla inviolable, sino en considerar la solicitud ante el segundo juez como una moción de reconsideración de una resolución interlocutoria que fue presentada a tiempo por las razones que ya expresamos. Si como resolvimos en el caso El Mundo Inc. v. Tribunal Superior, supra, no existía impedimento bajo las Reglas de Procedimiento Civil de 1958 para que un tribunal reconsiderara una sentencia aunque hubiera rechazado de plano una moción de reconsideración por acción afirmativa o por el transcurso del término para atenderla, no podía existirlo tampoco para que se reconsideraran resoluciones interlocutorias en cualquier momento antes que se registrase la sentencia mediante la cual se adjudicaron todas las reclamaciones, los derechos y las obligaciones de las partes; en otras palabras, antes que se dispusiera de la totalidad del caso.

Este razonamiento es igualmente válido en el marco de nuestro ordenamiento procesal civil actual. La contradicción que trajo el mantener el lenguaje del referido Art. 292 del Código de Enjuiciamiento Civil, a pesar de que en virtud de la Ley de la Judicatura de 1952 las resoluciones interlocutorias ya no eran apelables, se manifiesta también en las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. Éstas, como sabemos, incluyeron las resoluciones interlocutorias y las órdenes dentro de la regulación de la Regla 47, supra, a pesar que otra regla, la Regla 43.5, supra, claramente dispone que las resoluciones interlocutorias serán revisables por los tribunales que las emitan en cualquier momento antes que se registre la sentencia que adjudicó todas las reclamaciones, los derechos y las obligaciones de las partes. Se impone la necesidad de resolver esta contradicción.

La Regla 43.5, supra, está inspirada en la Regla 54(b) de Procedimiento Civil federal. Véanse los Comentarios a la Regla 43.5 (32 L.P.R.A. Ap. III). Se trata de una disposición que no representa ningún problema en la jurisdicción federal porque en ésta los tribunales tienen el poder para variar en cualquier momento una resolución, orden o sentencia que no ha advenido final o que no es definitiva. Véase John Simmons Co. v. Grier Bros. Co., 258 U.S. 82 (1922). En nuestra jurisdicción no debe representar tampoco ningún problema, dado que en ésta las resoluciones interlocutorias tampoco son decisiones finales. Por el contrario, pueden ser revisadas al final del pleito junto con la sentencia final o en cualquier momento antes de que se solucionen todas las controversias en el pleito. Por ser así, resulta evidente que la mención de las resoluciones interlocutorias y de las órdenes en la actual Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, como ya explicáramos, es una simple inadvertencia histórica. Por eso, no hay razón para entender que la reconsideración de resoluciones interlocutorias deba estar sujeta a un término, siempre que se haga antes que se registre la sentencia mediante la cual se adjudican todas las reclamaciones, los derechos y las obligaciones de las partes.

III

Por todo lo anterior, resolvería que los términos establecidos en la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, para la consideración de las mociones de reconsideración, las pautas dispuestas en esta regla para la interrupción de los términos para recurrir al foro apelativo, y la jurisprudencia que interpreta esta regla no aplican a la reconsideración de resoluciones u órdenes interlocutorias. La Regla 43.5 es la regla de aplicación para la reconsideración de órdenes y resoluciones interlocutorias. Solamente contra las sentencias finales es que transcurren los términos dispuestos en la Regla 47, supra. Por lo tanto, concluiría que el recurso en este caso fue presentado dentro del término hábil para ello, ya que tanto la reconsideración como la decisión del tribunal de acogerla y la eventual notificación de esta decisión del tribunal, sucedieron dentro del término que tienen los tribunales de instancia para reconsiderar sus resoluciones y órdenes interlocutorias. Revocaría la determinación del tribunal de instancia y devolvería el caso al Tribunal de Apelaciones para que continúe con los procedimientos.

       La Sentencia Sumaria Parcial no contaba con la conclusión expresa de que no existía razón para posponer el dictar sentencia sobre la reclamación hasta la resolución total del pleito. A esta misma conclusión llegó el Tribunal de Apelaciones en su Resolución de 30 de abril de 2004.

       El juez Brau Ramírez emitió un voto disidente.

       32 L.P.R.A. Ap. III.

       íd.

        Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601 (1997).

       íd.

       íd.; Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314 (1997); Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R. 618 (1991); El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791 (1965).

       íd.

       Véase Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

       Citando, entre otros, a H.A. Sánchez Martínez, La reconsideración de resoluciones u órdenes interlocutorias y de sentencias finales, 15 (Núm. 2) Rev. Jur. U.I.P.R. 367 (1981).

        Vega v. Alicea, 145 D.P.R. 236, 241-242 (1998).

       íd.

        Ramos y otros v. Colón y otros, 153 D.P.R. 534 (2001); U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962 (2000).

       Véanse: Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Ramos y otros v. Colón y otros, supra.

       Véase Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 esc. 2 (1997). Sin embargo, en Pueblo v. Hernández Santana, 138 D.P.R. 577, 586 (1995), expresamos que “[n]o estamos resolviendo que no tiene derecho a plantearlo en apelación. Lo que estamos resolviendo es que no estamos en disposición de, automáticamente y sin más, avalar dicha ‘estrategia forense’; una que resulta sumamente perjudicial a una eficiente y sana administración de la justicia en nuestra jurisdicción”. Véase, además, H.A. Sánchez Martínez, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal apelativo, Hato Rey, Lexis Nexis, 2001, See. 1803, págs. 394-395.

        Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, supra.

       El escrito en cuestión es en realidad una resolución interlocutoria, porque no cumple con los requisitos de la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, supra. Es decir, ésta no contaba con la conclusión expresa de que no existía causa para posponer dictar sentencia sobre la reclamación hasta la resolución total del pleito.

       Véanse: Regla 43.5 de Procedimiento Civil, supra; Ramos y otros v. Colón y otros, supra.

       Véase Regla 53.1(g) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1 (2000).

        Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356 (2005); Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co, 155 D.P.R. 309 (2001).

       Véase Regla 53.1(g) de Procedimiento Civil, supra.

        Arriaga y. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998); Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357 (1977).

      Véanse: Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729 (2005); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 D.P.R. 560, 564 (2000); Loperena Irizarry v. E.L.A., supra. El Tribunal de Apelaciones tiene discreción para prorrogar el referido término cuando se justifique detalladamente la existencia de una causa justa para la tardanza o incumplimiento.

       El cambio que introdujo, posterior a los hechos de este caso, la Ley Núm. 520 de 29 de septiembre de 2004 al texto de la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, no alteró en nada las disposiciones de esta regla en lo referente a la reconsideración de resoluciones interlocutorias, por lo que nuestra discusión al respecto aplica igualmente a la regla vigente hoy.

       El Art. 292 del Código de Enjuiciamiento Civil establecía que:
      “Una sentencia o providencia, dictada en un pleito civil, excepto cuando hubiere adquirido expresamente el carácter de definitiva y firme, podrá ser revisada de acuerdo con lo prescrito en este código, y de ningún otro modo.
      “Cualquier parte agraviada por una sentencia o resolución de una corte de distrito en una acción civil podrá, dentro del término improrrogable de quince días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la sentencia o dentro del término improrrogable de cinco días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de haberse dictado la resolución, radicar en la corte que hubiere dictado la sentencia o resolución una petición exparte para la revisión o reconsideración de su sentencia o resolución, haciendo constar en ella los hechos y los fundamentos de derecho sobre los cuales se basa la solicitud. La corte deberá resolver la moción de reconsideración dentro de los cinco días después de haberse radicado, y si la corte rechazare de plano la petición, el término para apelar de la sentencia o resolución de cuya revisión se trate se computará en la forma prevista por este código, como si no se hubiese presentado petición alguna de revisión o reconsideración. Si la corte resolviere reconsiderar su sentencia o resolución u oír a las partes sobre la moción de reconsideración, el término para apelar se computará desde la fecha del archivo, como parte de los autos del caso, de una copia de la notificación hecha por el secretario de la corte a la parte perdidosa de la resolución definitiva del tribunal.” Art. 292 del Código de Enjuiciamiento de 1904, según enmendado por la Ley Núm. 67 de 8 de mayo de 1937.

       El Art. 295 del Código de Enjuiciamiento Civil establecía que el recurso de apelación podía ser presentado tanto contra sentencias finales de la corte de distrito como contra resoluciones dictadas en siete situaciones en específico. El texto de este artículo es el siguiente:
      “Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguientes:
      “1. De una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o procedimiento especial, comenzando en la corte que la hubiere dictado, dentro de un mes después de haberse registrado la sentencia.

      “2. De una sentencia de una corte de distrito dictada en apelación interpuesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los quince días después de registrada dicha sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o intereses, excediera de trescientos dólares.
      “3. De una providencia concediendo o denegando un nuevo juicio; concediendo o anulando un injuction; negándose a conceder un cambio de lugar para la celebración

        del juicio; de una providencia especial dictada después de una sentencia definitiva; y de una sentencia interlocutoria en pleitos sobre partición de propiedad real, dentro de los diez días de dictada la providencia o sentencia interlocutoria y de anotada la misma en el libro de actas de la corte o de archivada en la secretaría.” (Enfasis suplido.) Art. 295 del Código de Enjuiciamiento de 1904.

       El Art. 292 del Código de Enjuiciamiento Civil estuvo vigente hasta 1958, ya que las Reglas de Procedimiento Civil no dispusieron nada sobre las mociones de reconsideración y los términos para apelar. Véanse: López Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414 (1963); A.L. Tapia Flores, Poder de los tribunales para reconsiderar sus sentencias y resoluciones, 28 Rev. C. Abo. P.R. 139, 141 (1967).

       La Regla 47 de Procedimiento Civil de 1958 disponía:

        “La parte agraviada por la sentencia o por una resolución podrá, dentro del término de 15 días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la sentencia, o dentro del término de 5 días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de haberse dictado la resolución, presentar una moción de reconsideración de la sentencia o resolución. El tribunal, dentro de los 5 días de haberse presentado dicha moción, deberá rechazarla de plano o señalar vista para oír a las partes. Si la rechazare de plano, el término para apelar se considerará como que nunca fue interrumpido. Si señalare vista para oír a las partes, el término para apelar empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en los autos una copia de la notificación de la resolución del tribunal resolviendo definitivamente la moción. Si el tribunal dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de los 5 días de haber sido presentada, se entenderá que la misma ha sido rechazada de plano.” (Enfasis suplido.)