text:
    Luis A. Martínez Segarra y Blanca I. Rosa Hernández, querellantes, v. Juan M. Rosado Santoni, recurrido, y Javier A. Echevarría Vargas, en su carácter de Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, agencia peticionaria.

      Número: CC-2003-788

      Resuelto: 14 de septiembre de 2005

      Luis Rafael Linares, abogado de la parte peticionaria; Luis A. Martínez Segarra, abogado y parte querellante; Adalberto Moret Rivera, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Pesidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El caso de autos requiere que determinemos si el Depar-tamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.) tiene juris-dicción para considerar una controversia entre un contra-tista de obra y la compañía suplidora de hormigón, dentro del procedimiento administrativo sobre incumplimiento de contrato que iniciaron los dueños de la obra en su contra. Veamos.

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El Sr. Luis Martínez Segarra y su esposa, la Sra. Blanca Rosa Hernández, suscribieron un contrato de construcción de obra con el contratista Sr. Juan Rosado Santoni. En el referido contrato, las partes estipularon que el señor Ro-sado Santoni construiría la fase inicial de una estructura que sería dedicada a vivienda, conforme a las especificacio-nes, tamaño y calidad identificados en los planos prepara-dos por el Ing. Rafael Torres García. Dicha obra incluiría, entre otras, la construcción de zapatas, muros y columnas en hormigón reforzado. Además, se estableció que el señor Rosado Santoni sería responsable de suministrar todos los materiales necesarios para la construcción. Se acordó, fi-nalmente, que los esposos Martínez-Rosa pagarían una suma de veintinueve mil trescientos dólares, los cuales se-rían desembolsados en tres plazos, según concluyeran las etapas de la construcción.

Así las cosas, el señor Rosado Santoni comenzó a cons-truir la obra pactada. Posteriormente, con el propósito de inspeccionar la construcción en progreso y a instancias del ingeniero Torres García, el matrimonio Martínez-Rosa so-licitó que se realizaran pruebas de compresión al hormigón utilizado en las zapatas, columnas y muros erigidos.( ) Los resultados de estas pruebas fueron insatisfactorios, pues no cumplieron con la resistencia mínima de tres mil libras por pulgada cuadrada requeridas en los planos de construcción. En vista de ello, el ingeniero Torres García paralizó la edificación.

Los esposos Martínez-Rosa le requirieron al señor Ro-sado Santoni, en varias ocasiones, que realizara sus pro-pias pruebas de compresión y corrigiera la construcción para adaptarla a los planos aprobados. Sin embargo, éste negó su responsabilidad. Adujo que había cumplido con to-das las cláusulas convenidas y que, de existir algún pro-blema, era entre los esposos Martínez-Rosa y Macro Mix, Inc., compañía que suplió el hormigón a petición del señor Rosado Santoni. Luego de ello, este último abandonó la obra, llevándose consigo el equipo y las herramientas.

A raíz de estos hechos, los esposos Martínez-Rosa enta-blaron una querella ante D.A.Co. contra el señor Rosado Santoni, en la que alegaron, en síntesis, un incumpli-miento contractual. Solicitaron que el señor Rosado San-toni corrigiera la obra y terminara la etapa contratada para que, una vez concluida satisfactoriamente, se proce-diera con el pago pactado. En la alternativa, de no acceder el señor Rosado Santoni a corregir y culminar la obra, re-clamarían la devolución del dinero invertido.

Tras ciertos trámites procesales, D.A.Co. celebró una primera vista administrativa. El matrimonio Martínez-Rosa presentó evidencia para establecer que el hormigón utilizado no cumplía con la calidad especificada en los planos.() Luego de ello, el señor Rosado Santoni solicitó la inclusión de Macro Mix, Inc. como parte de la querella. Fundamentó su petición en que fue ésta la compañía que él contrató para suplir el hormigón y era parte indispensable en los procedimientos. En vista de lo anterior, D.A.Co. se-ñaló una segunda vista administrativa, en la cual incluyó a Macro Mix, Inc.

Celebrada esta última vista, D.A.Co. emitió una resolu-ción en la que ordenó al señor Rosado Santoni rembolsar a los esposos Martínez-Rosa la cantidad de dieciocho mil trescientos dólares. Además, declaró “no ha lugar” la soli-citud del señor Rosado Santoni de incluir a Macro Mix, Inc. como parte de la querella. Razonó que los esposos Martí-nez-Rosa presentaron la querella por incumplimiento de contrato exclusivamente contra el señor Rosado Santoni. Añadió que la controversia que pudiera existir entre el se-ñor Rosado Santoni y Macro Mix, Inc. sobre el material suplido era un pleito entre comerciantes en el que D.A.Co. carece de jurisdicción.

Insatisfecho, el señor Rosado Santoni solicitó al Tribunal de Apelaciones la revisión judicial del referido dictamen. Dicho foro apelativo modificó la resolución recu-rrida a los efectos de ordenar a D.A.Co. la celebración de una vista para determinar si Macro Mix, Inc. cumplió o no su obligación con el señor Rosado Santoni, y el daño oca-sionado a éste en caso de incumplimiento.

Inconforme, D.A.Co. trae ante nos el presente recurso de certiorari. Aduce, en resumen, que carece de jurisdic-ción para entender en una controversia entre dos comerciantes. Por dicha razón, alega que erró el Tribunal de Apelaciones al ordenarle que celebrara una vista para dilucidar y adjudicar la relación contractual entre un con-tratista y la compañía suplidora de hormigón. Vista la pe-tición, acordamos expedir. Las partes han comparecido a exponer sus respectivas posiciones. Con el beneficio de ellas, resolvemos.

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AI atender la controversia que nos ocupa, partimos de la norma firmemente establecida de que los tribunales apelativos deben conceder deferencia a las decisiones administrativas, en vista de la vasta experiencia y el conocimiento especializado que poseen las agencias que las emiten. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409 (2003). Es por ello que los tribunales sostendrán las determinaciones de hecho que for-mule una agencia, siempre que exista en el expediente administrativo evidencia sustancial que las apoye. See. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2175; Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004).

Ahora bien, los tribunales pueden revisar las conclusiones de derecho en todos sus aspectos. Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra; Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004); Miranda v. C.E.E., 141 D.P.R. 775 (1996). Desde luego, esto no significa que los tribunales, al ejercer su función revisora, puedan descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio de ésta por el propio. Otero v. Toyota, supra; P.R.T.C. v. J. Reg. Tel de P.R., 151 D.P.R. 269 (2000). La doctrina sobre la revisión judicial reconoce, igualmente, que la interpretación de un estatuto por el organismo que lo administra y del cual es responsable de su cumplimiento merece gran respeto y deferencia judicial. Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21 (2004); Pacheco v. Estancias, supra; Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70 (2000).

Hemos resuelto que los tribunales deben sostener las conclusiones de derecho del organismo administrativo en la medida en que éstas se ajusten al mandato de ley. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., supra. Incluso, en casos marginales o dudosos, la interpretación de un estatuto que haga la agencia encargada de velar por su cumplimiento merece deferencia sustancial, aun cuando esa interpreta-ción no sea la única razonable. Íd.

Claro está, no cabe hablar de deferencia judicial cuando nos encontramos ante una interpretación estatutaria que afecta derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la comisión de injusticias. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881 (1999). Asimismo, “cuando la agencia interpreta el estatuto que viene llamado a poner en vigor de forma tal que produce resultados contrarios al propósito de la ley, dicha interpretación no puede prevalecer”. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 (1999). Véanse, además: Pacheco v. Estancias, supra; Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, supra.

Tomando en consideración la normativa expuesta, eva-luemos el propósito que inspiró la creación del Departa-mento de Asuntos del Consumidor y su jurisprudencia interpretativa.

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A. Mediante la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 (Ley Núm. 5), 3 L.P.R.A. sec. 341 et seq., la Asamblea Legislativa creó el Departamento de Asuntos del Consumidor con el propósito primordial de vindicar e implementar los derechos del consumidor. Aun cuando existía en aquel entonces una legislación protectora de este sector de la población, el legislador entendió necesaria la creación de este organismo administrativo, a nivel de gabinete, con el objetivo de garantizarle al consumidor la debida atención a sus problemas. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 5, supra, 1973 Leyes de Puerto Rico 17; Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 D.P.R. 756 (1997).

Según surge de su Exposición de Motivos, la aprobación de la Ley Núm. 5 respondió principalmente a lo siguiente:

La complejidad del mercado de bienes y servicios, unido al sinnúmero de prácticas indeseables que algunos comerciantes y manufactureros llevan a cabo, requieren la creación de un organismo efectivo capaz de sacar al consumidor del estado de indefensión y desvalimiento en el cual se encuentra. Este orga-nismo deberá ventilar y adjudicar las querellas traídas por los consumidores, fiscalizar el cumplimiento de las leyes cuyo ob-jetivo es proteger al consumidor, educar al consumidor y po-nerle al consumidor representación adecuada en la defensa de todos sus derechos. (Enfasis suplido.) Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 17.

En vista de ello, se creó a D.A.Co. como una agencia especializada, con personal profesional y técnico altamente competente, para poder vindicar los derechos del consumidor de forma agresiva y firme. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 5, supra, págs. 17-18. Se le confirió, a través de su Secretario, la facultad para “[a]tender, investigar y resolver las quejas y querellas presentadas por los consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la economía”. 3 L.P.R.A. sec. 341e(c). Además, se le impuso el deber de implementar una estructura de adjudicación administrativa mediante la cual se consideraran las querellas de los consumidores y se concedieran los remedios pertinentes conforme a derecho. 3 L.P.R.A. sec. 341e(d). En fin, se adoptó todo un esquema administrativo dirigido a minimizar los efectos de la desigualdad económica y de conocimiento técnico entre los proveedores de bienes y servicios y el consumidor.

Cabe señalar que la intención legislativa y la política pública de proteger y vindicar los derechos del consumidor no surgió con la creación de D.A.Co. Éstas ya se habían manifestado al establecerse en 1968 su antecesora, la Ad-ministración de Servicios al Consumidor, entidad adminis-trativa que poseía funciones, poderes y deberes sustancial-mente similares a los de D.A.Co. Véase Hernández Denton v. Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 218 (1974). Al momento de instituir la referida agencia, la Asamblea Legislativa reco-noció el problema que, aun en aquella época, afrontaba el consumidor, y lo relató de la manera siguiente:

Si bien varios organismos gubernamentales tienen jurisdic-ción sobre asuntos que afectan sus intereses, el consumidor no cuenta con un organismo efectivo, público o privado, que vele única y exclusivamente por sus intereses peculiares como grupo, contrario a l[o] que sucede con los trabajadores, comer-ciantes, industriales, agricultores y otros. Ello contribuye a que en ocasiones se ignoren los problemas especiales que afec-tan en un momento dado al grupo consumidor y a que sus puntos de vista pasen frecuentemente inadvertidos. (Enfasis suplido.) Exposición de Motivos de la Ley Núm. 148 de 27 de junio de 1968, Leyes de Puerto Rico, pág. 460.

Aun cuando la Administración de Servicios al Consumi-dor quedó suprimida por la aprobación de la Ley Núm. 5, no cabe duda que el propósito legislativo que inspiró su creación fue preservado y transferido a D.A.Co., quien re-tuvo todas las funciones, poderes y deberes de aquélla, por mandato expreso de ley. Véase 3 L.P.R.A. sec. 341d(a)(1).

B. Resulta, pues, meridianamente claro que “[e]l espíritu que informó la creación de D.A.Co. y la aprobación de su ley orgánica fue precisamente facilitar al consumidor la vindicación de sus intereses con un vehículo procesal ágil y eficiente, más costo-efectivo y que equiparara el poder de los consumidores con el de los proveedores de bienes y servicios”. Residentes Pórticos v. Compaq, 163 D.P.R. 510 (2004). Igualmente, se persigue dicho propósito mediante la simplificación de los procedimientos de adjudicación disponibles al consumidor y evitando los remedios tardíos. Rodríguez v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 335 (1975). Por consiguiente, su sistema administrativo tiene que estar dotado de una flexibilidad mayor que la del trámite judicial ordinario, de manera que se propicie el uso eficiente por parte de personas legas. Srio. D.A.C.O. v. J. Condóminos C. Martí, 121 D.P.R. 807 (1988). De otra forma, “[l]os reme-dios tardíos y los procedimientos complicados derrotarían todo el propósito de las leyes y de las oficinas creadas para la defensa del consumidor”. Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 834, 840-841 (1978).

En atención a ello, hemos resuelto que “[l]a inclusión de un tercero en el proceso administrativo [ante D.A.Co.] sin que el querellante o la agencia lo estime nece-sario o conveniente, complica y retarda innecesariamente el procedimiento”, en contravención a la filosofía que in-forma dicho trámite administrativo. Pérez Ríos v. Hull Dobbs, supra, pág. 841. Sencillamente, resulta pernicioso para el consumidor querellante tener que aguardar por su remedio mientras la agencia dilucida la responsabilidad de otras personas que pueden ventilar sus reclamos, si lo de-sean, mediante litigación ordinaria. Íd. Nótese, además, que el procedimiento de adjudicación ante D.A.Co. debe culminar dentro del plazo de ciento veinte días laborables desde la presentación de la querella, teniendo el consumi-dor que acudir al tribunal para buscar un remedio en caso de dilación injustificada por parte de la referida agencia. 3 L.P.R.A. secs. 341i-1 y 341i-2. Es decir, el objetivo que per-sigue el esquema administrado por D.A.Co. tiene como co-rolario necesario la pronta tramitación de la querella del consumidor; claro está, sin dejar de brindarles a los quere-llados todas las garantías del debido proceso de ley. Rodríguez v. Tribunal Superior, supra.

En conclusión, D.A.Co. fue creado como un foro especializado para dilucidar y adjudicar los derechos del consumidor de manera ágil, sencilla y económica. Ahora bien, la Ley Núm. 5 no define quién constituye un consumidor para efectos de la protección provista por dicha legislación. Sin embargo, según surge del Reglamento de Procedimientos Administrativos de D.A.Co., el término consumidor incluye a “[t]oda persona natural, que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final. Incluye toda otra persona, asociación o entidad que por designación de ley está facultado para presentar su reclamación en el Departamento”. (Énfasis suplido.() Re-gla 4(d) del Reglamento Núm. 6219 del Departamento de Asuntos del Consumidor de 18 de noviembre de 2000. Por sus propios términos, esta definición excluye a cualquier persona o entidad que adquiere bienes o servicios con mo-tivo de lucrarse en una posterior reventa. Principio aná-logo revisten otras legislaciones protectoras del consumi-dor que son administradas por D.A.Co., en las cuales se especifica que el sujeto amparado por el estatuto es el des-tinatario final del producto o servicio.()

Como resultado de lo anterior, una persona o. entidad que no pueda ser catalogada como un consumidor, dentro de los hechos particulares del caso y según el estado de derecho vigente, no podría presentar una querella ante D.A.Co., pues éste carecería de jurisdicción para dilucidarla. Véase P.R. Amer. Ins. Co. v. P.R. Park. System, 108 D.P.R. 106 (1978). Conforme hemos expresado:

[U]na agencia administrativa no puede asumir jurisdicción sobre situación alguna que no esté autorizada por ley; es decir, ni la necesidad, ni la utilidad, ni la conveniencia pueden sus-tituir al estatuto en cuanto a fuente de poder de una agencia administrativa. (Énfasis suprimido.) Raimundi v. Productora, 162 D.P.R. 215, 225 (2004).

Vista esta exposición de derecho, veamos los hechos par-ticulares de este caso.

IV

Los esposos Martínez-Rosa presentaron una querella ante D.A.Co. Alegaron que el señor Rosado Santoni no ha-bía cumplido con el contrato de obra suscrito por las partes. De acuerdo con este contrato, el contratista Rosado Santoni se obligó a levantar una estructura que sería de-dicada a vivienda y a suministrar los materiales necesarios para la construcción. Dicha edificación, además, debía obe-decer a las especificaciones, el tamaño y la calidad estable-cidos en los planos de construcción aprobados.

Para dilucidar la controversia, D.A.Co. celebró dos vistas en las cuales se presentó prueba documental y testifical. Según la prueba pericial presentada por el ma-trimonio Martínez-Rosa, la cual no fue controvertida, las zapatas de la estructura erigida por el señor Rosado San-toni no soportaban tres mil libras de presión por pulgada cuadrada, conforme lo requerían los planos de construcción aprobados, razón por la cual los elementos estructurales debían demolerse para ser construidos nuevamente. El se-ñor Rosado Santoni, por su parte, se limitó a alegar que, de haber algún defecto, éste se debió al hormigón utilizado, por lo que era Macro Mix, Inc. la responsable. El matrimo-nio Martínez-Rosa se opuso; adujo que la persona respon-sable ante ellos era el contratista y que la inclusión de Macro Mix, Inc. sólo retrasaría los procedimientos innecesariamente. En vista de lo anterior, el foro adminis-trativo determinó que el señor Rosado Santoni no satisfizo la obligación pactada, ya que la construcción que realizó no cumplió con los parámetros exigidos en los planos de cons-trucción aprobados. Dicha conclusión fue sostenida por el Tribunal de Apelaciones. Declinamos intervenir con ésta.

El contratista de una obra está obligado a ejecutarla conforme a lo convenido en el contrato y en atención a las reglas del arte de la construcción y a los usos o reglas profesionales. M.A. Del Arco y M. Pons, Derecho de la Construcción, 2da ed., Madrid, Ed. Hesperia, 1980, pág. 40. Si lo ejecutado resulta de calidad inferior o presenta defectos, es indudable que el contratista no ha cumplido con su obligación. íd., pág. 41. Ello descansa en el principio de que el contratista no solamente se obliga a realizar la obra, sino también a realizarla bien. Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 D.P.R. 579 (1991). La utilización de materiales inadecuados o defectuosos, así como la ejecu-ción defectuosa de los trabajos de construcción, constituyen vicios de la construcción de los cuales debe responder el contratista ante el dueño de la obra. M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1986, T. XX, Vol. 2, págs. 298-299; J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. X, Vol. II, pág. 710.

Ahora bien, la divergencia de criterios entre D.A.Co. y el Tribunal de Apelaciones se manifestó en cuanto a la nece-sidad de incluir a Macro Mix, Inc. como parte de la querella. Según D.A.Co., una vez determinado que el con-tratista Rosado Santoni incumplió con su obligación de construir la obra pactada —por lo tanto, le responde al matrimonio Martínez-Rosa— culminó el trámite adminis-trativo ante dicha agencia sin necesidad de dilucidar una controversia entre comerciantes sobre la cual carece de jurisdicción. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en-tendió que D.A.Co. tenía que celebrar una vista para resolver si Macro Mix, Inc. fue negligente en el cumplimiento de su obligación con el señor Rosado Santoni y cuánto debe compensarle a este último, en caso de contestar dicha in-terrogante en la afirmativa. Según expuso el tribunal ape-lativo en reconsideración, el señor Rosado Santoni es un consumidor en relación con Macro Mix, Inc. Incidió el foro apelativo intermedio en su razonamiento. Nos explicamos.

El matrimonio Martínez-Rosa inició este procedimiento de adjudicación contra el señor Rosado Santoni por incumplimiento contractual. En ese sentido, estamos ante una querella presentada por un consumidor afectado por el servicio provisto por un contratista. Sin lugar a dudas, D.A.Co. tenía jurisdicción para dilucidar esta controversia, pues fue esa la intención del legislador al crear el mencionado foro administrativo. Sin embargo, no podemos llegar a igual conclusión con relación a la posible reclamación que pueda tener el señor Rosado Santoni contra Ma-ero Mix, Inc. Resulta que, contrario a lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones, un contratista no es un consumi-dor que pueda aprovechar el esquema administrativo de D.A.Co. para vindicar sus derechos frente a terceros. Es decir, se trata de una controversia que no afecta consumi-dor alguno, en vista de que al verdadero consumidor en este caso, el matrimonio Martínez-Rosa, se le proveyó el remedio solicitado sin necesidad de entrar a considerar esta disputa.

El contratista no es la persona que adquiere bienes o servicios como destinatario final, sino que los utiliza para producir un resultado con ánimo de lucro, ya que cobra por éste al destinatario final del producto, el dueño de la obra. Tampoco se trata del consumidor inexperto, desvalido e in-defenso al cual respondió la creación de D.A.Co. Todo lo contrario. El contratista debe conocer el arte de su oficio y dominar con destreza las prácticas de la construcción y la utilización de los materiales. En fin, no estamos ante el sujeto protegido por la Ley Núm. 5 y demás legislación administrada por D.A.Co.() Si avaláramos la interpreta-ción del Tribunal de Apelaciones, sería inimaginable el al-cance de la jurisdicción de D.A.Co., pues prácticamente to-dos los comerciantes y manufactureros podrían ser catalogados como consumidores en relación con sus respec-tivos suplidores. Nada más lejos del propósito legislativo que inspiró la creación de D.A.Co.

De acuerdo con lo expresado, una vez D.A.Co. adjudicó los planteamientos presentados por el consumidor —en este caso, el matrimonio Martínez-Rosa— no podía suje-tarlo indefinidamente a un trámite administrativo para dilucidar una controversia sobre la cual carece de jurisdicción. Lo contrario resultaría en el desvío de los re-cursos y esfuerzos que la Asamblea Legislativa reservó para proteger a los consumidores e implicaría la asunción de jurisdicción sobre una situación que no está considerada en la Ley Núm. 5 ni en su historial legislativo. El señor Rosado Santoni, de entenderlo necesario, puede presentar ante los tribunales cualquier reclamación que pueda tener contra Macro Mix, Inc.

V

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la senten-cia emitida por el Tribunal de Apelaciones y, por consi-guiente, se confirma la resolución emitida por el Departa-mento de Asuntos del Consumidor.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Seora Fiol Matta se inhibió.

      (1) Las compañías independientes Western Soil, Inc. y Advanced Soil Engineering realizaron esas pruebas.

      (2) Los esposos Martínez-Rosa presentaron en evidencia el informe y el testimo-nio del Dr. Eduardo Ramírez Santiago, perito en ingeniería estructural, quien con-cluyó que la calidad del hormigón utilizado no cumplía con las especificaciones de los planos de construcción ni con la reglamentación vigente aplicable a proyectos de vivienda familiar. El perito recomendó la demolición de los elementos estructurales afectados. Igualmente, los esposos presentaron el testimonio del ingeniero Torres García, quien inspeccionó la construcción y declaró sobre el riesgo de colapso de la estructura debido a la resistencia inadecuada de sus cimientos.

      (3) Es menester señalar que la referida interpretación que el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.) hace de su ley habilitadora fue promulgada como una regla legislativa, conforme con la autoridad conferida por la Asamblea Legisla-tiva —3 L.P.R.A. secs. 341(e)(g) y 341(g)— y, además, está acorde con el propósito legislativo de proteger al consumidor desvalido e indefenso, y no al comerciante. Habida cuenta de que estamos ante una regla legislativa válidamente promulgada por la agencia, ésta tiene el mismo efecto vinculante que una ley. Asociación Maestros v. Comisión, 159 D.P.R. 81 (2003). Véase, además, 1 Pierce, Administrative Law Treatise Sec. 6.4, págs. 324-332 (4ta ed. 2002).

      (4) Véanse, por ejemplo: Art. 2 de la Ley de Garantías de Vehículos de Motor, 10 L.P.R.A. sec. 2052(i); Art. 2 de la Ley Complementaria de Garantías de Vehículos de Motor, 10 L.P.R.A. sec. 2067(g); Art. 2 de la Ley de Rotulación de Productos Textiles de Puerto Rico, 10 L.P.R.A. sec. 2152(l); Art. 3 de la Ley para la Prevención del Fraude en el Telemercadeo, 10 L.P.R.A. sec. 4031(1).

      (5) De hecho, el contratista está sujeto a diversa reglamentación promulgada por D.A.Co. en defensa, precisamente, del consumidor de sus servicios. Véase, por ejem-plo, el Reglamento para el Registro de Contratistas, Reglamento Núm. 5496 de 22 de octubre de 1996.


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text:
    Arribas & Associates, Inc., peticionaria, v. American Home Products Corporation, recurrida.

      Número: CC-2003-939

      Resuelto: 14 de septiembre de 2005

      Wilma I. Cadilla Vázquez, abogada de la parte peticionaria; Alejandro J. Cacho Rodríguez, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos permite determinar quién tiene mejor derecho sobre una marca: una compañía que la re-gistró primero en el Registro de Marcas del Departamento de Estado del Estado Libre Asociado pero que no la ha usado, o un titular registral federal posterior, que fue quien antes la utilizó en el comercio en Estados Unidos y en Puerto Rico.

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En febrero de 1997 la recurrida American Home Products (AHP) solicitó a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos la inscripción de la marca “Sonata”. Dicha solicitud se hizo con la intención bona fide de usar la marca en productos farmacéuticos contra el insomnio. Tras co-menzar a usar Sonata en el comercio interestatal de Esta-dos Unidos en febrero de 1998, AHP obtuvo el registro de la marca en junio de ese mismo año.

De otra parte, en mayo de 1998, Arribas & Associates, Inc. (Arribas) solicitó al Departamento de Estado de Puerto Rico que registrara a su favor la marca “Sonata Sleeping Aid Medicine”. La solicitud del registro se hizo sin haber usado la marca previamente en el comercio, pero con la intención de usarla para un producto farmacéutico contra el insomnio. Tras ciertos trámites, el Departamento de Estado finalmente registró la marca Sonata a favor de Arribas mediante el Registro Núm. 43,034.

En agosto de 1999 AHP expandió su uso de la marca a Puerto Rico. En esa fecha comenzó a venderle el producto Sonata a diversas farmacias del país.

Así las cosas, en marzo del 2000 AHP presentó al De-partamento de Estado una petición de cancelación del Re-gistro Núm. 43,034, el registro de la marca Sonata a favor de Arribas. En su petición, AHP señaló que había regis-trado la misma marca, para el mismo tipo de producto, en el registro federal de la Oficina de Patentes y Marcas. Adujo, además, que había usado la marca mucho antes que Arribas y que había invertido considerables sumas de dinero en la publicidad y promoción del producto. Expuso que de permitirse la coexistencia de ambas marcas, los consumidores se confundirían y podrían adquirir el pro-ducto que en su día mercadeara Arribas como si fuera el de AHP. Un tiempo después, AHP también solicitó al Depar-tamento de Estado que registrara la marca Sonata a su favor.

Luego de ciertos trámites procesales, el Departamento de Estado celebró una vista para dilucidar el asunto de la cancelación. En esa vista AHP aportó prueba documental y testifical. Arribas presentó una estipulación de las partes sobre la existencia del Registro Núm. 43,034 en el Depar-tamento de Estado, registro objeto de cancelación.

Como resultado de esa vista, la agencia determinó que no había evidencia de uso alguno de la marca por parte de Arribas, que AHP había usado la marca en Estados Unidos previo al registro por parte de Arribas e, incluso, que luego de éste, AHP había sido el primer usuario de la marca en Puerto Rico. Concluyó que el derecho propietario sobre una marca en Puerto Rico se obtiene por el uso y no por el registro. Añadió que existía una probabilidad de confusión entre la marca registrada por Arribas y la de AHP. Por lo tanto, declaró “con lugar” la petición de cancelación del Re-gistro Núm. 43,034 a favor de Arribas y ordenó la conti-nuación del procedimiento administrativo para la inscrip-ción de la marca Sonata a favor de AHP.

De esa resolución acudió Arribas al Tribunal de Apela-ciones, que confirmó la determinación administrativa. Dicho foro fundamentó su decisión en un análisis de la pro-babilidad de confusión entre las marcas.

Inconforme aún, Arribas acude ante nos. Señala que erró el Tribunal de Apelaciones al enfocarse sobre la pro-babilidad de confusión() y que la verdadera controversia estriba en quién tiene mejor derecho sobre la marca Sonata en Puerto Rico. Expedido el auto, y con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos.

HH H — I

A. En Puerto Rico la protección del derecho de marcas se encuentra consagrada en la Ley de Marcas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991 (10 L.P.R.A. sec. 171 et seq.) (Ley de Marcas). Conforme a esta ley, una marca es “todo signo o medio que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios de otra persona”. 10 L.P.R.A. sec. 171(a).

En cuanto a la adquisición del derecho propietario sobre una marca, el Art. 3 de la Ley de Marcas dispone:

(a) El derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las dis-posiciones de la presente Ley.
(b) Sin embargo, el usuario anterior de una marca podrá reclamar al Secretario la cancelación de una marca registrada que pueda crear confusión con la suya siempre que ejercite la reclamación antes de que transcurran cinco (5) años desde el registro de la marca. 10 L.P.R.A. sec. 171a.

Mediante esta sección se reconoce la existencia de un derecho propietario sobre la marca a raíz de la inscripción de ésta en el Registro de Marcas del Departamento de Estado. No obstante, ese derecho está condicionado a que el registro se efectúe válidamente y, además, sucumbirá ante la reclamación oportuna por parte de quien tiene me-jor derecho sobre la marca por haberla usado con anterioridad. Nuestra Ley de Marcas, por lo tanto, com-bina “el derecho nacido por el uso con el derecho consti-tuido con el registro”. Informe Conjunto de las Comisiones de Cooperativismo, Comercio y Fomento Industrial y de lo Jurídico sobre el P. del S. 995, 19 de junio de 1991, pág. 3.

Así como la Ley de Marcas permite que se adquiera una marca por su inscripción —sujeto a las condiciones ya señaladas— también admite que se registren marcas que no se hayan usado previo a la presentación de la solicitud. A esos efectos, en el Art. 4 de la Ley de Marcas, en que se exponen los requisitos para registrar una marca, se incluye “[flacsímil de la marca, tal como se usa o se usará en el comercio en la forma y cantidad que mediante reglamentación disponga el Secretario”. (Enfasis suplido.) 10 L.P.R.A. sec. 171b.

Además del texto mismo del artículo, del historial legis-lativo se desprende que la intención legislativa era permi-tir el registro de una marca que aún no se ha utilizado en el comercio:

Otra de las áreas atendidas por la nueva Ley es la protección de marcas no usadas en el mercado. Esto permite el registro de una marca por una persona antes de usarla. Este beneficio protege la marca de apropiación por competidores desleales en la delicada etapa de desarrollo de un producto o servicio para lanzarlo al mercado. Informe Conjunto, supra, pág. 4.

Ahora bien, al registrarse una marca con o sin uso previo, el proponente debe cumplir con varios requisitos. El citado Art. 4 de la Ley de Marcas, supra, incluye los requisitos formales para solicitar el registro. De otra parte, el Art. 5 (10 L.P.R.A. sec. 171c) enumera una serie de prohi-bidones que afectan la posibilidad de registrar una marca. Conforme a dicha sección, no se puede registrar, entre otras, una marca que sea idéntica a otra marca ya inscrita o conocida, que pertenezca a otro y que se use en productos o servicios de las mismas propiedades descriptivas, o que tanto se asemeje a la marca del otro que sea muy probable que ocasione confusión o equivocación en la mente del pú-blico o dé lugar a engaño de los compradores. 10 L.P.R.A. sec. 171c(a)(7).

Ese impedimento implica una protección a los consumidores, por cuanto el enfoque de la sección es evitar que el público se confunda en cuanto al origen del producto que identifica la marca. Véanse: Garriga Trad. Co., Inc. v. Century Pack Corp., 107 D.P.R. 519, 524-526 (1978); J. Beléndez Solá, Inc. v. Rivera, 102 D.P.R. 276, 278 (1974) (en ambos casos se interpreta una disposición análoga en la Ley de Marcas de 1923). Ello conlleva una protección a los usuarios originales de urna marca, aunque no la hayan registrado, ya que se impide el registro de una marca similar a la ya utilizada y que pueda ocasionar confusión. Al leer este artículo en conjunto con el que otorga un derecho propietario a quien registre válidamente —Art. 2 de la Ley de Marcas, 10 L.P.R.A. sec. 171— queda claro que ese derecho propietario sólo será posible si no hay un usuario previo de esa misma marca. En caso de haber un usuario previo, éste tendrá mejor derecho sobre la marca. Incluso, su mera presencia debe imposibilitar el registro de la marca a nombre de otro, siempre que exista una probabilidad de confusión.

Luego de finalizados los trámites que prescribe la ley (véase 10 L.P.R.A. secs. 171b a 171f) e inscrita ya la marca, su titular tendrá a su disposición varios mecanismos de protección. Así, el titular registral de una marca puede interponer una acción en daños, interdicto u orden de incautación contra cualquier persona que, sin su consentimiento, utilice o intente utilizar la marca en el comercio de Puerto Rico. 10 L.P.R.A. sec. 171w. Además puede obtener órdenes provisionales ex parte que decreten el cese del uso de la marca hasta que se ventile el caso y órdenes ex parte, y sin previo pago de fianza, para el embargo pre-ventivo e incautación de los artículos a los que el infractor hubiese adherido la marca. 10 L.P.R.A. sec. 171x.

No obstante, aun cuando se ha efectuado ya el registro de una marca, éste puede resultar objeto de una solicitud de cancelación. A esos efectos, el Art. 19 de la Ley de Marcas, 10 L.P.R.A. sec. 171q, establece que una persona que se considere perjudicada por el registro de una marca podrá solicitar su cancelación mediante la presentación de un escrito al Secretario de Estado. Si al momento de presentar la solicitud ya han transcurrido más de cinco años desde el registro de la marca, la cancelación sólo procederá si está presente uno de los fundamentos esbozados en el Art. 19, supra, a saber: (1) abandono de la marca, (2) un registro realizado en contravención a las disposiciones de la ley, (3) advenimiento de la marca en el nombre genérico del producto o servicio para el cual se usa, (4) uso del registro por o. con permiso del titular registral de forma que causa confusión sobre la naturaleza, calidad, características o procedencia geográfica del producto o servicio para el cual se usa, y (5) un registro obtenido mediante dolo.

Distinto es el caso cuando la solicitud de cancelación se presenta dentro del término de cinco años desde el registro de la marca. En ese caso no se limitan las razones por las que procede la cancelación, lo que hace posible que se cancele una marca por las razones enumeradas arriba o por cualquier otra que indique que el titular registral de una marca no tiene derecho a ésta.

Buena parte de las secciones reseñadas de la Ley de Marcas constituye una innovación en el ámbito jurídico puertorriqueño. Nuestra anterior ley de marcas, la Ley Núm. 66 de 28 de julio de 1923, que fue derogada al apro-barse la actual Ley de Marcas, no definía el concepto de la marca ni disponía cómo éstas se adquirían. De ahí que en Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 D.P.R. 313, 321 (1986), nos viéramos precisados a proveer una definición. En ese mismo caso, y utilizando la jurisprudencia norteamericana sobre el derecho de marcas como altamente persuasiva, también dispusimos que el derecho propietario sobre una marca se adquiría por su uso. Íd., pág. 324. Reiteramos dicha conclusión en Posadas de P.R. v. Sands Hotel, 131 D.P.R. 21, 35 (1992), caso en que también se analizaba una controversia surgida mientras estaba vigente la Ley de Marcas de 1923. Nuestras expresiones en esos casos, por lo tanto, deben enmarcarse en el contexto de la anterior ley de marcas, y en la medida que son incompatibles con las disposiciones de la nueva Ley de Marcas, no deben apli-carse a ésta.

B. En la esfera federal, el derecho de marcas se encuentra cobijado por la Ley Lanham, 15 U.S.C.A. sec. 1051 et seq. Mediante dicha legislación, el Congreso proveyó un esquema detallado para el registro de una marca que se ha utilizado en el comercio interestatal o en el comercio entre Estados Unidos y otra nación.()

Al aprobar la Ley Lanham, el Congreso quiso proteger a los negocios en expansión. John R. Thompson Co. v. Holloway, 366 F.2d 108, 114-115 (5to Cir. 1966). A esos efectos, la ley provee a las marcas protección en todo Estados Uni-dos, incluso en Puerto Rico. Véanse: 15 U.S.C.A. sec. 1127; 3 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition Sec. 22:11 (4ta ed. 1996). El fin de esa amplia protección es fomentar la competencia y asegurar a un productor que podrá derivar los frutos de su buena reputación, para de ese modo estimular el control de calidad. Véase Park ‘N Fly, Inc. v. Dollar Park And Fly, Inc., 469 U.S. 189, 198 (1985).

Para hacer viable ese propósito, se facultó a la Oficina de Patentes y Marcas a registrar marcas de fábrica,() de servicio, colectivas y de certificación. Véase 15 U.S.C.A. sec. 1127. Ahora bien, el registrar una marca no hace al solicitante su dueño; la propiedad sobre ella se adquiere por el uso y no por el registro. Geoffrey, Inc. v. Toys R Us, 756 F. Supp. 661, 665 (D. P.R. 1991); McCarthy, supra, Vol. II, Sec. 16:18. No obstante, el registro federal de una marca constituye evidencia prima facie que dicho registro es válido, que la marca pertenece al registrante federal y que éste tiene derecho al uso exclusivo de ésta, 15 U.S.C.A. sec. 1115(a).() Además, la Ley Lanham confiere otros importantes derechos y beneficios a los que cumplen con sus disposiciones y registran sus marcas federalmente. Brittingham v. Jenkins, 914 F.2d 447, 452 (4to Cir. 1990).

Precisamente porque el registro no crea el derecho a la marca y porque éste nace de su uso, para registrar una marca con la Oficina de Patentes y Marcas resulta indispensable que el solicitante haya usado la marca en el comercio previo al registro. Véanse: 15 U.S.C.A. sec. 1051(a) y (d); McCarthy, supra, Vol. III, Sec. 19:1.1. Sin embargo, ello no impide que una persona que aún no haya utilizado la marca en el comercio, pero que tiene la intención bona fide de hacerlo, solicite su registro. 15 U.S.C.A. sec. 1051(b). Sin embargo, para que el registro de esa marca se efectúe, será necesario que dicho solicitante, den-tro del término dispuesto por ley, acredite su uso en el co-mercio en la forma ordenada. 15 U.S.C.A. sec. 1051(d).()

Ahora bien, la presentación de una solicitud de registro en la Oficina de Patentes y Marcas confiere al solicitante, sujeto al registro de la marca, el beneficio del “uso constructivo” de ésta a partir de la solicitud. 15 U.S.C.A. sec. 1057(c). Así, una vez se registre la marca, se entenderá que su uso comenzó a la fecha cuando se presentó la solicitud. Se trata de una ficción de ley que premia al que solicita el registro de una marca que tiene la intención bona fide de utilizarla, al conferirle prioridad de uso desde la fecha de solicitud, no obstante el hecho de que su uso efectivo ocurrió con posterioridad. Ese uso constructivo de la marca se entenderá que ha ocurrido en todos Estados Unidos. Véanse: Emergency One, Inc. v. American Fire Eagle Engine Co., Inc., 332 F.3d 264, 268-269 (4to Cir. 2003); McCarthy, supra, Vol. IV, Sec. 26:38. Es decir, la prioridad de uso que confiere la solicitud de registro al amparo de lo dispuesto en la Ley Lanham, 15 U.S.C.A. sec. 1051(b), cubre la misma extensión que la propia ley.

El beneficio del uso constructivo es de tal magnitud que casi ha eclipsado otro privilegio que confiere la Ley Lanham: el “aviso constructivo.” Íd. Una vez se efectúa el registro de una marca en la Oficina de Patentes y Marcas, cualquier usuario posterior se da por notificado que el registrante reclama ser el dueño de la marca. Véase 15 U.S.C.A. sec. 1072. El efecto neto de esa disposición es que impide que una persona que pretende usar la marca que otro ha registrado federalmente con anterioridad, reclame desconocer su existencia. Véanse: McCarthy, supra, Vol. IV, Sec. 26:31-32; John R. Thompson v. Holloway, supra. Ello resulta importante, porque una de las defensas que cobija a quien es acusado de infringir el derecho de un registrante federal sobre una marca es que adoptó la marca sin tener conocimiento del uso previo por parte del titular federal y que la ha estado utilizando ininterrumpi-damente con anterioridad a la fecha de uso constructivo de la marca federal. Véase 15 U.S.C.A. sec. 1115(b)(5). Esta defensa, sin embargo, sólo permitirá al infractor mantener su marca en el área en que llevó a cabo su uso previo y continuo. Véanse: Spartan Food Systems, Inc. v. HFS Corporation, 813 F.2d 1279 (4to Cir. 1987); Natural Footwear Ltd. v. Hart, Shaffner & Marx, 760 F.2d 1383 (3er Cir. 1985); Mister Donut of America, Inc. v. Mr. Donut, Inc., 418 F.2d 838 (9no Cir. 1969); Burger King of Florida, Inc. v. Hoots, 403 F.2d 904 (7mo Cir. 1968).

Un último aspecto de la Ley Lanham, que para efectos de este caso merece discusión, es su relación con la legislación estatal sobre marcas. La mayor parte de los estados permite algún tipo de registro de las marcas utilizadas dentro de ese estado. McCarthy, supra, Vol. III, Sec. 22:1. La Ley Lanham puede coexistir con las leyes de los diferentes estados. No obstante, cuando en virtud de una ley estatal se contraviene una disposición de la Ley Lanham, opera una ocupación parcial del campo y se invalida el efecto de la disposición estatal que conflige con los preceptos de la Ley Lanham. Íd., Sec. 22:2; Spartan Food System, Inc. v. HFS Corporation, supra.

HH HH

Tanto AHP como Arribas reclaman ser dueñas de la misma marca: Sonata. AHP se ampara en su uso de la marca en el comercio interestatal y reclama las proteccio-nes que le confiere la Ley Lanham a quienes registran sus marcas según lo allí dispuesto. Arribas, por su parte, se cobija en las disposiciones de nuestra nueva Ley de Mar-cas, que permite apropiarse de una marca a través del re-gistro y registrar marcas que no se han utilizado, y ade-más, en el hecho de que su fecha de registro aquí en Puerto Rico es previa a la fecha del registro federal por parte de AHP.()

Veamos las circunstancias particulares de este caso. En febrero de 1997 AHP solicitó el registro federal de la marca Sonata. En junio de 1998, cuando éste se concedió, AHP obtuvo no sólo el beneficio del “aviso constructivo”, me-diante el cual se dan por notificados todos los usuarios pos-teriores del registro federal de AHP, sino también el bene-ficio del “uso constructivo”, que implica que, para efectos legales, se debe entender que AHP viene usando Sonata en todo el territorio al que le aplica la Ley Lanham —en el que se incluye a Puerto Rico— desde la fecha en que se solicitó su registro. Véase 15 U.S.C.A. secs. 1057(c) y 1072.

Mientras tanto, Arribas solicitó el registro de la marca Sonata en el Departamento de Estado en mayo de 1998. Cuando se le concedió, por operación de ley, se retrotraje-ron los efectos de la inscripción a la fecha de su solicitud. Véase 10 L.P.R.A. sec. 171e. Ante las disposiciones de la nueva Ley de Marcas, Arribas pudo obtener el registro de una marca que no había utilizado y, mediante dicho regis-tro, apropiarse de ella en el mercado de Puerto Rico.

A pesar de la tensión latente entre esos dos registros conflictivos, la controversia surge cuando coinciden en un mismo mercado, es decir, cuando AHP comienza a utilizar Sonata en Puerto Rico.() Luego de ello, AHP solicitó la cancelación del registro de Sonata a favor de Arribas en el Departamento de Estado.

A la luz del derecho antes expuesto, determinamos que la verdadera propietaria de la marca Sonata es AHP. Como se expresara anteriormente, al amparo de la disposición de la Ley Lanham sobre uso constructivo, debe entenderse que AHP ha usado la marca en Puerto Rico y en Estados Unidos desde febrero de 1997. De otra parte, en el mo-mento cuando se registró la marca Sonata, se dio aviso constructivo a todos los otros posibles usuarios de que dicha marca ya había sido apropiada por el registrante federal. Véase 15 U.S.C.A. sec. 1072.

En vista de que los beneficios antes expuestos se des-prenden del registro federal de una marca, quien se ve afectado por ellos deberá probar alguna de las defensas disponibles —notablemente, que es usuario previo de la marca— o deberá atacar la validez misma del registro. Para ello, sin embargo, deberá soportar el peso de la prueba, pues el registro federal de una marca constituye evidencia prima facie de que éste es válido, que el regis-trante es el dueño de la marca y que tiene el derecho ex-clusivo a usarla en el comercio. Véase 15 U.S.C.A. sec. 1115(a).

En este caso, AHP presentó como prueba ante el Depar-tamento de Estado su registro federal de la marca Sonata. Ante esa prueba, que no fue atacada de forma alguna, la agencia administrativa determinó, como cuestión de hecho, que AHP en efecto poseía un registro federal para la marca Sonata, que dicho registro había sido solicitado en febrero de 1997 y que había sido concedido en junio de 1998. De esa determinación se desprendían naturalmente las con-clusiones de derecho recién expuestas: que para efectos le-gales AHP ha usado la marca Sonata en el comercio de Estados Unidos y Puerto Rico desde febrero de 1997 y que a partir de junio de 1998 cualquier usuario posterior de la marca está notificado de que su uso infringe el derecho del registrante federal.

Nos resta por determinar, únicamente, si ante la pre-sencia de un usuario anterior() que es dueño de un regis-tro federal de una marca, debe cancelarse el registro de la misma marca en el Departamento de Estado que obra a favor de una entidad diferente al registrante federal y que jamás la ha utilizado. La conclusión forzosa es que una vez el registrante federal en efecto comienza a usar la marca en Puerto Rico, ante las circunstancias antes descritas, procede la cancelación.

Resulta claro que por operación de la Ley Lanham, debe entenderse que AHP comenzó a usar la marca antes que Arribas efectuara el registro de Sonata en el Departa-mento de Estado. De ahí que proceda la cancelación tanto bajo el Art. 3 de nuestra Ley de Marcas, supra, que faculta al usuario anterior de una marca registrada por otro a so-licitar la cancelación de dicho registro dentro de los cinco años de efectuado, como del Art. 19, supra, que permite la cancelación dél registro cuando éste se efectúa contrario a las disposiciones de la ley, entre las cuales se encuentra una prohibición de registrar una marca que pertenezca a otro. Véase 10 L.P.R.A. sevs. 171a y 171q.

En vista de lo anterior, fue correcta la determinación del Tribunal de Apelaciones de confirmar la decisión del De-partamento de Estado de cancelar el registro de la marca Sonata a favor de Arribas. Aun cuando el Departamento de Estado erró al concluir que en Puerto Rico no es posible apropiarse de una marca en virtud de un registro válido y a pesar de que ambos foros obviaron discutir la relación y prioridad entre los derechos de las partes, la solución a la que llegaron fue correcta. Procede, por lo tanto, su confirmación.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dic-tamen del Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

      (1) Arribas & Associates, Inc. (Arribas) incluso expresa que ambas marcas son idénticas y van dirigidas al mismo tipo de producto, y que “las partes no han argu-mentado en contra de la probabilidad de confusión entre sus marcas”. Petición de certiorari, pág. 8.

      (2) Según definida por la Ley Lanham, la palabra “comercio” se refiere al comer-cio que puede ser regulado por el Congreso de Estados Unidos. 15 U.S.C.A. sec. 1127. Por lo tanto, se trata del comercio entre los estados, con naciones extranjeras y con tribus indias, que es el comercio que la Constitución de Estados Unidos le permite reglamentar. Véase Art. I, Sec. 8, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 167.
      El uso en el comercio de las marcas al que se refiere la Ley Lanham significa una venta o la transportación de un producto en el comercio interestatal estadouni-dense o en el comercio de este país con naciones extranjeras. 3 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition Sec. 19:117 (4ta ed. 1996).

      (3) Una marca de fábrica se refiere a cualquier palabra, nombre, símbolo o artefacto, o cualquier combinación de ellos, que: (1) identifique y distinga el bien de una persona, incluso un producto único, de los manufacturados o vendidos por otras personas, y (2) para indicar la fuente de los bienes, aun cuando dicha fuente sea desconocida. Para cumplir con la definición provista por la Ley Lanham, además de lo anterior, la marca debe ser utilizada por una persona o ser objeto de una solicitud de inscripción en el registro principal basada en la intención bona fide de uso de la marca. 15 U.S.C.A. sec. 1127. Las definiciones de los otros tipos de marcas se en-cuentran en esa misma sección.

      (4) Luego que el derecho a usar la marca registrada se ha tomado inatacable, el registro se convierte en evidencia concluyente de que es válido, que la marca perte-nece al registrante federal y que éste tiene derecho a su uso exclusivo. 15 U.S.C.A. sec. 1115(b).

      (5) Una alternativa a ese proceso es que se enmiende la solicitud de registro para hacer constar que, previo a ella, la marca sí se había utilizado en el comercio. Véanse: 15 U.S.C.A. sec. 1051(c); McCarthy, supra, Vol. III, Sec. 19:13.

      (6) Arribas también arguye que el registro federal que llevara a cabo AHP no puede tener efecto en Puerto Rico porque las marcas sólo reciben protección en de-terminada jurisdicción. Para ello se ampara en nuestra jurisprudencia anterior —Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 D.P.R. 313, 321 (1986)— y en casos federales que cita por su valor persuasivo. Los casos citados, sin embargo, son distinguibles del de autos, puesto que en ellos se buscaba protección en Puerto Rico o Estados Unidos para una marca utilizada en un país foráneo, como Venezuela, Francia o Italia. Además, el argumento de Arribas ignora la aplicabilidad de la Ley Lanham a Puerto Rico.

      (7) En la esfera federal se ha interpretado que aun cuando un registrante federal tenga un derecho superior al de otro usuario sobre una misma marca, la recla-mación del primero no madura hasta que efectivamente comience a usar la marca en el territorio en que la utiliza el segundo. Véanse: Dawn Donut Company v. Hart’s Food Stores, Inc., 267 F.2d 358 (2do Cir. 1959); McCarthy, supra, Vol. IV, Secs. 26:33 y 26:39.

      (8) Esto en virtud del uso constructivo que confiere la Ley Lanham.


author:
      (Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    Doris Lebrón Correa, etc., demandantes y peticionarios, v. Juan R. Díaz Troche, etc., demandados y recurridos.

      Número: CC-2003-587

      Resuelto: 14 de septiembre de 2005

      Francisco Vincenty Gronau, abogado de la parte peticionaria; Lissette Toro Vélez, Gilda Del Carmen Cruz Martinó y Rita M. Vélez González, abogadas de la parte recurrida.
   SENTENCIA

h-H

El 11 de julio de 1997 Doris Lebrón Correa (Lebrón Co-rrea) fue ingresada en el Hospital Dr. Perea para ser inter-venida quirúrgicamente por el Dr. Juan Díaz Troche con el propósito de extirparle la matriz y la vesícula mediante un procedimiento de laparoscopía. A los tres días de haber sido dada de alta, comenzó a sentir fuertes dolores abdo-minales y se percató de que su piel y ojos se habían tomado color amarillo.

Seis días después de la primera operación, Lebrón Co-rrea acudió a la oficina del doctor Díaz Troche, quien des-pués de examinarla le diagnosticó una peritonitis biliar y procedió a hacerle una punción abdominal para extraer lí-quido biliar. El doctor Díaz Troche determinó que se tra-taba de una situación de emergencia y ordenó el ingreso nuevamente de Lebrón Correa al Hospital Dr. Perea para efectuar una laparotomía, la cual se llevó a cabo el 18 de julio de 1997. Durante esta segunda operación, al realizar la exploración abdominal, se encontró que Lebrón Correa había sufrido una peritonitis biliar secundaria a conse-cuencia de una laceración del ducto biliar ocurrida en la primera operación.

Luego de esta segunda operación, Lebrón Correa conti-nuó hospitalizada y teniendo complicaciones derivadas de las primeras dos operaciones. Aunque el doctor Díaz Tro-che ordenó una consulta con un gastroenterólogo la noche del 21 de julio de 1997, debido a que la paciente estaba sangrando, la enfermera de tumo le informó incorrecta-mente al gastroenterólogo que se trataba de una situación de diarreas. Ello motivó que el galeno no atendiera a Le-brón Correa con premura, posponiendo su examen para el día siguiente. Sin embargo, éste no pudo realizarse debido a que la condición de Lebrón Correa se tornó crítica el 22 de julio de 1997 cuando tuvo que ser operada de emergen-cia por tercera ocasión debido a una hemorragia gástrica masiva que culminó en un procedimiento de vagotomía, que requirió que se extirpara la mitad del estómago. Luego de esta tercera operación, Lebrón Correa fue dada de alta el 28 de julio de 1997.

El 10 de julio de 1998, Lebrón Correa, por sí y en repre-sentación de sus hijos menores, presentaron una demanda de daños y peijuicios por impericia médica en contra del doctor Díaz Troche, su esposa, la sociedad legal de ganan-ciales integrada por ambos, el Hospital Dr. Perea, Inc., el Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Médico-Hospitalaria (SI-MED) y Saint Paul Fire & Marine Insurance Company. Se alegó que el doctor Díaz Troche realizó la operación de ma-nera negligente, desviándose de las normas y prácticas de una buena práctica médica, y que como consecuencia de ello Lebrón Correa padeció de una condición de ictericia. Se alegó, además, que la condición de ictericia provocó el ingreso de la demandante, nuevamente, en el Hospital Dr. Perea, donde se le practicaron una segunda y una tercera operación.

Finalmente, se alegó que a causa de la negligencia del doctor Díaz Troche y del Hospital Dr. Perea, Lebrón Correa sufre de una incapacidad permanente, la cual le impide llevar una vida normal. Debido a lo anterior, la deman-dante reclamó sufrimientos y angustias mentales, cuyo valor estimó en una suma no menor de un millón de dólares.

Después de un extenso procedimiento de descubri-miento de prueba, el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista en su fondo el 5 de marzo de 2001. En ésta se recibió el testimonio de los hijos de la demandante y de su perito, el Dr. Luis Soltero Harrington. El foro de instancia también tuvo ante sí los expedientes médico-hospitalarios de la peticionaria, una transcripción de las notas de pro-greso y los reportes post operatorios del doctor Díaz Troche, las pólizas de seguro de los demandados, el currí-culum vitae del doctor Soltero Harrington y el informe pe-ricial de ese galeno. Luego de terminar el desfile de prueba, la demandante peticionaria dio por sometido su caso el 6 de marzo de 2001.

Así las cosas, el Hospital Dr. Perea, Inc. y su compañía aseguradora presentaron una moción de desestimación al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Alegaron que no se había presentado prueba para establecer un daño real ni una relación causal. A esta moción se unieron posteriormente el doctor Díaz Troche y SIMED. La demandante se opuso a la solicitud. El tribunal de instancia, a pesar de que afirmó no tener duda alguna de la negligencia del doctor Díaz Troche, solicitó a las partes que presentaran sus posiciones por es-crito, en particular con respecto a la suficiencia de la prueba de daños.

Evaluada la prueba ante sí y los planteamientos de am-bas partes, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sen-tencia el 6 de septiembre de 2002, acogiendo los argumen-tos de los demandados y desestimando la demanda. Este foro determinó que, a pesar de que el doctor Díaz Troche había sido negligente al lacerar el dudo biliar durante la primera intervención quirúrgica y que esa laceración fue la que propició que la demandante tuviera que ser operada nuevamente, el doctor Troche no había sido negligente al realizar las subsiguientes dos intervenciones y que la peti-cionaria no había probado los daños sufridos.

Inconforme, la demandante apeló el 28 de octubre de 2002 al Tribunal de Apelaciones. Mediante una sentencia dictada el 26 de junio de 2003, ese foro confirmó el dicta-men impugnado. Resolvió que la evaluación de la prueba realizada por el foro de instancia representaba el análisis más racional y justiciero de la totalidad de la evidencia.

El 23 de julio de 2003 la peticionaria acudió ante nos y señaló la comisión de los errores siguientes:

Primer Error
COMETIÓ ERROR EL HONORABLE TRIBUNAL DE APE-LACIONES AL CONFIRMAR LA SENTENCIA DESESTIMA-TORIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE PRIMERA INS-TANCIA, A PESAR DE QUE LOS PROPIOS DEMANDADOS-RECURRIDOS EXPRESARON SU CONFORMIDAD A LA REVOCACIÓN DE LA SENTENCIA Y A LA CONTINUA-CIÓN DEL JUICIO EN SU FONDO Y A PESAR DE QUE, CONFORME A LA EVIDENCIA, ESA ERA LA ÚNICA SOLU-CIÓN VÁLIDA Y JUSTA EN DERECHO.
Segundo Error
COMETIÓ GRAVE Y CRASO ERROR EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES AL RESOLVER QUE LOS DE-MANDANTES-PETICIONARIOS NO PRESENTARON PRUEBA SOBRE LA EXISTENCIA DE DAÑOS NI DE LA RELACION CAUSAL DE DICHOS DANOS CON LA NEGLI-GENCIA ESTABLECIDA. Petición de certiorari, pág. 7.

El 7 de octubre de 2003 denegamos el recurso solicitado por la parte peticionaria. Los Jueces Asociados Señores Fuster Berlingeri y Rivera Pérez hubiesen expedido. El Juez Presidente Interino Señor Rebollo López no intervino.

El 7 de noviembre de 2003 denegamos la primera mo-ción de reconsideración de la parte peticionaria. Los Jueces Asociados Señores Fuster Berlingeri y Rivera Pérez hubie-sen reconsiderado. El Juez Presidente Interino Señor Re-bollo López no intervino.

Sin embargo, el 12 de diciembre de 2003 acogimos la segunda moción de reconsideración de la peticionaria Doris Lebrón Correa y expedimos el recurso incoado. El Juez Presidente Interino Señor Rebollo López no intervino.

El 15 de marzo de 2004 la parte demandante peticiona-ria presentó su alegato, y el 15 de abril de 2004 el Hospital Dr. Perea, Inc. y su aseguradora presentaron el suyo. El 22 de abril de 2004 el doctor Díaz Troche compareció y el 20 de mayo SIMED presentó su alegato. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos.

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En Puerto Rico, la responsabilidad civil por actos de mala práctica de la medicina —debidos a la impericia o negligencia de un facultativo— surge del Art. 1802 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141. Para que pro-ceda la responsabilidad civil del médico, el promovente de la acción tiene la obligación de establecer: (1) la ocurrencia de un acto médico culposo o negligente; (2) la producción de un daño real, y (3) la relación causal entre el acto médico negligente y el daño sufrido. Para establecer lo anterior, es necesario que se presente prueba satisfactoria sobre: (1) las normas mínimas de conocimiento y cuidado médico aplicables a los generalistas o especialistas, y (2) la rela-ción causal entre la actuación u omisión del médico y la lesión sufrida por el paciente. López v. Dr. Cañizares, 163 D.P.R. 119 (2004); Soto Cabral v. E.L.A., 138 D.P.R. 298, 308-309 (1995); Pagán Rivera v. Mun. de Vega Alta, 127 D.P.R. 538, 544 (1990). De igual manera, una entidad de-dicada al servicio de la salud responde por la negligencia o impericia de sus empleados bajo el Art. 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5142. Soto Cabral v. E.L.A., supra. Dicho estatuto recoge el principio de responsabilidad vica-ria por virtud del cual una institución hospitalaria podría ser responsabilizada extracontractualmente por los actos negligentes cometidos por alguno de sus empleados. López v. Dr. Cañizares, supra.

Por otra parte, el concepto jurídico “daño” abarca la am-plia diversidad de matices que ese concepto tiene. Incluye todo aquel menoscabo material o moral que sufre una persona, ya sea en sus bienes vitales naturales, en su propie-dad o en su patrimonio, debido a la contravención de una norma jurídica. García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 D.P.R. 193 (1988). Es claro que, para que ocurra un daño real, que bajo el Art. 1802, supra, se deba indemnizar, tienen que concurrir tres elementos esenciales. Dos de ellos que estén relacionados propiamente con el daño en sí, son: (1) que el daño ha de causar una lesión, pérdida o menoscabo, y (2) que éste ha de recaer sobre bienes o inte-reses jurídicos de una persona. El tercero es que el daño ha de ser resarcible de alguna forma. J. Santos Briz, La res-ponsabilidad civil: derecho sustantivo y derecho procesal, 6ta ed., Madrid, Ed. Montecorvo, 1991. Véase, además, Soto Cabral v. E.L.A, supra.

Ahora bien, la mera existencia de una acción u omisión negligente no le confiere a la demandante una causa de acción para pedir resarcimiento. La acción instada al am-paro de la responsabilidad civil médica, como cualquier otra que se inicie al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, tiene un carácter estrictamente resarcible y existe sólo si el acto negligente del demandado ocasionó un daño real. La reparación del daño sufrido existe sólo como me-dida del daño sufrido y no del grado de descuido o de ne-gligencia del demandado. Soto Cabral v. E.L.A., supra.

Por último, es norma reiterada en nuestra jurisdicción que la doctrina que nos rige respecto al nexo o relación causal es la doctrina de la causalidad adecuada, según la cual “ ‘no es causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el daño, sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia general’ ”. Valle v. E.L.A., 157 D.P.R. 1, 19 (2002), citando a Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464, 474 (1997). Véanse: Sucns. Vega Marrero v. A.E.E., 149 D.P.R. 159, 170 (1999); Soc. de Gananciales v. Jeronimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974). En casos de impe-ricia médica, quien promueve la acción deberá establecer, mediante preponderancia de la prueba, que el tratamiento médico suministrado o la ausencia de uno indicado y co-rrecto fue el factor que con mayor probabilidad causó el daño que sufrió el paciente. Hernández Rivera v. Mun. de Bayamón, 135 D.P.R. 901, 909 (1994); Santiago Otero v. Méndez, 135 D.P.R. 540, 549 (1994).

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A la luz de la normativa esbozada, pasamos a examinar el caso de autos.

De un análisis de la exposición narrativa de la vista y la prueba presentada, surge con meridiana claridad que el doctor Díaz Troche realizó una operación de forma negligente. Tan es así que en la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, confirmada por el foro ape-lativo, se resolvió expresamente que no había duda de la negligencia del doctor al realizar la operación. Según surge de los expedientes médico-hospitalarios y del testimonio del perito de la parte demandante, el cual no fue contro-vertido, la laceración al tubo biliar durante la operación de remoción de vesícula mediante la técnica de laparoscopía fue producto de la negligencia del doctor Díaz Troche. Como consecuencia de dicha laceración, la demandante tuvo que ser operada de emergencia en dos ocasiones, te-niendo que ser hospitalizada por catorce días en total, du-rante los cuales sufrió dolores intensos, angustias y se le tuvo que extirpar la mitad del estómago.

En su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia, ade-más de aceptar que hubo impericia médica, cuestionó si esa negligencia había causado algún daño. Hizo referencia a los testimonios de los hijos de la demandada, que expre-saron haber sufrido al ver a su madre convalecer. También mencionó que el perito, en el contrainterrogatorio, había indicado que no encontró evidencia de que la demandante sufriera de alguna condición de incapacidad permanente a causa de las operaciones. Por último, el Tribunal de Pri-mera Instancia determinó que los sufrimientos y las an-gustias mentales de los hijos fueron pasajeros, por lo cual no conllevaban la indemnización solicitada. Por consi-guiente resolvió que no se había probado la relación causal ni la ocurrencia de daños.

En el pasado hemos compensado por los daños y sufri-mientos físicos y mentales causados por operaciones y pro-cedimientos médicos que, a su vez, han sido provocados por una primera operación negligente. Torres Ortiz v. Plá, 123 D.P.R. 637 (1989). Aunque es doctrina firmemente estable-cida que en ausencia de pasión, prejuicio y parcialidad los foros apelativos deben darle deferencia a las determinacio-nes de hecho de los tribunales de instancia —Meléndez v. Caribbean Int'l. News, 151 D.P.R. 649 (2000)— en este caso, sin embargo, de un análisis ponderado, racional y justiciero de la prueba desfilada en la vista, estamos con-vencidos que la demandante sí sufrió un daño real y que éste tiene una relación causal con la negligencia del demandado.

Según el perito de la demandante, el cual no fue contro-vertido por la parte demandada, el tipo de lesión que sufrió la demandante a causa de la negligencia del recurrido llevó a que la demandante sufriera de dolores intensos y compli-caciones que culminaron en su reingreso al hospital para una segunda operación exploratoria de emergencia. Ade-más, de esa operación se tuvo que intervenir en una ter-cera ocasión para removerle la mitad del estómago y así salvar su vida debido a las complicaciones generadas por la negligencia en la primera operación. Con estos hechos probados se cumple con los requisitos de un daño real y la relación causal entre el daño y la negligencia.

No es necesario hacer un gran esfuerzo para concluir que sufrir dos operaciones de emergencia durante varias horas y con varias semanas de convalecencia conlleva da-ños, dolores y angustias mentales que no son una “pena pasajera” de las que nos referimos en Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573 (1972). ¿Qué más prueba de daños y angustias mentales que verse obligado a someterse a una segunda y tercera operación de emergencia para salvarle la vida por la negligencia en la primera? Siguiendo la jurisprudencia en casos de impericia médica y según la prueba desfilada en la vista, es una conclusión lógica que la demandante sufrió un daño real y que ese daño fue causado por la ne-gligencia del demandado. Debido a esto y a nuestra juris-prudencia interpretativa, también responde solidaria-mente el Hospital Dr. Perea, Inc. y las aseguradoras por la negligencia causada por sus empleados en el cuido brin-dado a la demandante, al no transmitir las órdenes médi-cas dadas por el doctor Díaz Troche a tiempo. López v. Dr. Cañizares, supra; Núñez v. Cintrón, 115 D.P.R. 598 (1984).

IV

Por los fundamentos aquí expuestos, se revoca la senten-cia recurrida y se otorga a la demandante Doris Lebrón Correa la compensación de veinte mil dólares en daños por las angustias físicas y mentales causadas por la negligen-cia de los demandados.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secreta-ria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión disidente. El Juez Presidente Se-ñor Hernández Denton disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no interviene.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Disentimos; permanecer callados ante la errónea y ab-surda Sentencia que se emite en el presente caso nos re-sulta imposible. La decisión emitida por la Mayoría tiene una extraordinaria particularidad que la hace única y dis-tinta: violenta los derechos tanto de la parte demandante como de la parte demanda. Veamos.

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Tal y como surge de la Sentencia que hoy emite la Ma-yoría, en el presente caso la Sra. Doris Lebrón Correa, por sí y en representación de sus cinco hijos, presentó una de-manda de daños y perjuicios por impericia médica en contra del Dr. Juan Díaz Troche y otros.() En ésta se alegó que el 11 de julio de 1997 Lebrón Correa fue ingresada en el Hospital Dr. Perea, Inc., en donde fue intervenida quirúr-gicamente por el doctor Díaz Troche, quien le extirpó la vesícula mediante el procedimiento de laparoscopía.

Adujo que esta intervención fue realizada “de manera negligente, torpe y desviándose de las normas y prácticas aceptadas y requeridas en una buena práctica de la medi-cina” y que la negligencia del doctor Díaz Troche, en esta primera intervención, provocó que tuviera que ser operada de emergencia en dos ocasiones adicionales, lo cual desem-bocó en la extirpación de parte de su estómago. Alegó, por último, que en la actualidad sufre una incapacidad perma-nente, situación por la que ha padecido angustias y sufri-mientos; estimó todos estos daños en una suma no menor de un millón de dólares.

Tras la celebración de una vista en su fondo —en la que la parte demandante presentó toda su prueba y dio por sometido su caso— los demandados presentaron una mo-ción de desestimación al amparo de la Regla 39.2(c) de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En síntesis, alegaron que en la prueba presentada por los demandantes no esta-ban presentes los elementos de negligencia y relación causal que ameritaba la concesión de un remedio.

Mediante sentencia a esos efectos, el Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, acogió la mo-ción de desestimación presentada por los demandados y desestimó la demanda presentada. Aun cuando el referido foro, en sus determinaciones, dejó claramente establecido el hecho de que el doctor Díaz Troche incurrió en negligencia al lacerar el dudo biliar de la señora Lebrón durante la primera intervención realizada y que la referida laceración “fue la que propició que la demandante tuviera que ser in-tervenida nuevamente”, dicho foro resolvió que los deman-dantes fallaron en “establee [er] el elemento de la relación causal entre la negligencia de los demandados y los daños, conforme lo requiere la normativa vigente”. A esos efectos, señaló que “[d]e los testimonios reseñados es claro que no hubo ni una pizca de evidencia sobre los sufrimientos de la parte demandante” y que ésta descansó en que “al demos-trar la negligencia quedaban demostrado[s] los daños”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 14.

Inconforme con la determinación del foro de instancia, la parte demandante acudió ante el Tribunal de Apelaciones. El referido foro intermedio confirmó la deter-minación del tribunal de instancia. Aún insatisfechos, los demandantes acudieron ante este Tribunal, mediante un recurso de certiorari. Expedimos el mismo.

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Hoy una mayoría de este Tribunal revoca la determina-ción del Tribunal de Primera Instancia al concluir que los demandantes cumplieron con su obligación de establecer la existencia de un daño real y la relación causal entre el acto médico negligente y el daño sufrido. De este modo, la Ma-yoría concluye que los aquí demandados deben responder solidariamente por las angustias físicas y mentales sufri-das por los demandantes y le concede a la señora Lebrón Correa la compensación de veinte mil dólares en daños.()

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De entrada, precisa establecer que somos del criterio que la parte demandante presentó prueba que podría ser suficiente en derecho para sostener una sentencia favorable a ella, luego de ser avalada por el tribunal de instancia en conjunto con la prueba que, en su día, debería poder presentar la parte demandada; esto es, entendemos que los demandantes efectivamente presentaron prueba sobre la negligencia en que incurrió el doctor demandado, sobre los daños producidos y sobre el elemento de la relación causal entre los daños sufridos y la negligencia de los demandados. Así surge claramente de la exposición narra-tiva de la vista celebrada ante el foro de instancia y de la prueba documental que consta en los autos.

En primer lugar, en esta etapa de los procedimientos no existe controversia en torno a que al realizar la primera intervención, el doctor Díaz Troche laceró el ducto biliar de la demandante, lo que provocó que sufriera una peritonitis biliar que obligó a realizar una segunda intervención.() Además, ante el foro de instancia desfiló prueba en cuanto a que, luego de esta segunda operación, la señora Lebrón experimentó un sangrado profuso que obligó a transfun-dirla en seis ocasiones y que provocó una tercera interven-ción quirúrgica, la cual fue realizada de emergencia cuando ésta comenzó a vomitar sangre.

Del mismo modo, es un hecho no controvertido que esta tercera intervención resultó en la remoción de la mitad del estómago de la demandante como consecuencia de una gastritis hemorrágica debido a “ulceración por stress”. Asi-mismo, quedó probado que como consecuencia de esta se-cuela de intervenciones, la señora Lebrón estuvo hospitalizada por espacio de tres semanas, durante las cuales sufrió intensos dolores, angustias y complicaciones, y se vio obligada a desatender el cuidado de sus hijos.

Como vemos, es evidente que en el caso de autos no es-tamos ante un caso claro de “ausencia de prueba” que dé paso a una desestimación al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil)() De la prueba desfilada ante el foro de instancia surge claramente la existencia de evidencia necesaria para sostener —en esta etapa de los procedimien-tos— la demanda de daños y perjuicios incoada por la parte demandante.

Sobre este particular, hemos sido enfáticos al señalar que en nuestra jurisdicción, para que proceda la desesti-mación de una causa de acción bajo la citada Regla 39.2(c), es menester que no exista duda en cuanto a que la parte demandante no tiene derecho a la concesión de remedio alguno. Si la prueba presentada por dicha parte tiende a demostrar que bajo alguna circunstancia ésta podría pre-valecer, entonces “[l]a duda que surge del testimonio del demandante requiere que [el demandado] presente su caso, lo que dar al tribunal una visión más completa de los hechos ...”. Colombani v. Gob. Municipal de Bayamón, 100 D.P.R. 120, 122-123 (1971).

A tono con lo anterior, hemos señalado que para que proceda la desestimación de la demanda es menester que el tribunal esté plenamente convencido de que el deman-dante no tiene oportunidad alguna de prevalecer. Rosell Cruz v. García, 116 D.P.R. 511, 520 (1985); Irizarry v. A.F.F., 93 D.P.R. 416, 420 — 421 (1966). Definitivamente, es-tamos totalmente convencidos de que este no es el caso que hoy tenemos ante nuestra consideración.

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Ahora bien, nos resulta imposible suscribir —y endosar con nuestro voto— el lamentable error procesal en el que incurre la Mayoría en el presente caso. Esto es, nos parece en extremo desacertado y erróneo que este Tribunal, luego de establecer la improcedencia de una desestimación bajo la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, ante, proceda a resolver “en su totalidad” la reclamación incoada sin per-mitir la continuación procesal del caso ante el foro de instancia.

Sobre este particular, conviene puntualizar que la Regla 39.2(c), ante, es clara al establecer que al presentar una moción de desestimación por este fundamento, el deman-dado no renuncia a presentar su prueba en caso de que la moción sea declarada “sin lugar”. Ignorando por completo esta disposición reglamentaria, y en su afán por alcanzar el resultado deseado, la Mayoría hace caso omiso de las limitaciones procesales establecidas en esta regla, optando por ignorar la máxima de que la “[ejsencia del debido pro-ceso de ley es que nadie sea privado de su propiedad sin darle la oportunidad de ser oído”. Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 D.P.R. 77, 78 (1974). Este derecho incluye, desde luego, la oportunidad de presentar evidencia. Véase Pagán v. Registrador, 62 D.P.R. 594, 597 (1943).()

Resulta patentemente claro, en consecuencia, que lo procesalmente correcto es que el Tribunal devuelva el caso al tribunal de instancia para que la parte demandada tenga oportunidad —si es que ésta así lo entiende proce-dente— de presentar su prueba; luego de lo cual el foro de instancia deberá resolver el caso en los méritos.

V

Pero, hay más. Aun cuando pasáramos por alto la crasa violación al debido proceso de ley en que incurre la Mayo-ría, respecto al derecho de la parte demandada a presentar prueba a nivel de instancia, resulta importante enfatizar, igualmente, la crasa injusticia que comete la Mayoría con la demandante Lebrón Correa al concederle a ésta la irri-soria suma de veinte mil dólares por los daños por ella sufridos. Dicho de otra forma, aun si consideráramos, a los fines de la argumentación, que este Tribunal puede resolver, en esta etapa de los procedimientos, la reclamación de daños aquí presentada, procede que nos preguntemos: ¿cómo es posible que la Mayoría considere, como adecuada y justa, la suma de dinero antes mencionada ante el hecho innegable de que la demandante sufrió tres intervenciones quirúrgicas?

Pero, aun hay más; como si lo anteriormente señalado fuera poco, el Tribunal incurre en la comisión de una ter-cera injusticia. Como se desprende de la Sentencia mayo-ritaria emitida, el Tribunal no le concede un solo centavo de compensación a los hijos de la demandante Lebrón Co-rrea —quienes, también, son demandantes en el caso— a pesar de que en la Sentencia emitida se señala que dichas personas testificaron en la vista celebrada sobre los sufri-mientos que tuvieron respecto a la situación que experi-mentara su señora madre. La Mayoría, sorprendente-mente, guarda total silencio sobre este asunto.

VI

Como anteriormente expresáramos, permanecer en si-lencio ante las graves injusticias que comete el Tribunal en el presente caso, contra ambas partes, nos convertiría, a nuestra manera de ver las cosas, en cómplices. No podemos hacerlo; es por ello que disentimos.

      (1) Se demandó, además, a su esposa y la sociedad legal de gananciales inte-grada por ambos, al Hospital Dr. Perea, Inc., al Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Médico-Hospitalaria (SIMED), y a Saint Paul Fire & Marine Insurance Company.

      () La Mayoría, curiosamente, nada dispone en cuanto a los daños de los meno-res demandantes.

      (3) En su sentencia, el foro de instancia concluyó que la laceración se debió a la negligencia del cirujano y que ésta fue la causa de que la demandante tuviera que ser intervenida en dos ocasiones posteriores.

      (4) La referida regla establece:
      “Después que el demandante haya terminado la presentación de su prueba, el demandado, sin renunciar al derecho de ofrecer prueba en el caso de que la moción sea declarada sin lugar, podrá solicitar la desestimación, fundándose en que bajo los hechos hasta ese momento probados y la ley, el demandante no tiene derecho a la concesión de remedio alguno. El tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar sentencia contra el demandante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido presentada. A menos que el tribunal en su orden de deses-timación lo disponga de otro modo, una desestimación bajo esta Regla 39.2 y cual-quier otra desestimación, excepto la que se hubiere dictado por falta de jurisdicción, o por haber omitido acumular una parte indispensable, tienen el efecto de una adju-dicación en los méritos.” 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 39.2.

      (5) Sólo así se vería cumplida la norma reiteradamente sostenida por este Foro de que los tribunales tienen que velar que la interferencia con los intereses propie-tarios del individuo se haga a través de un procedimiento que en esencia sea justo y equitativo. Almonte et al. v. Brito, 156 D.P.R. 475 (2002); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881, 887-888 (1993); Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562, 578 (1992); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987).