text:
    Muriel, Demandante y Apelante, v. Marchán, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en nn caso' sobre- indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1071.
    Resuelto en julio 31, 1914.
    Inspección Ocular — Findings de la Corte — Falta de Impugnación en la Corte Inferior. — Cuando se alega por primera vez en apelación que los findings de la corte con respecto a heelios que han sido apreciados por ella en virtud de inspección ocular están en contradicción con la prueba, este tribunal debe aceptar los findings por no haber sido impugnado en la corte inferior el resultado de la inspección ocular.
    Negligencia — Edificio en Reparaciones — Agujero en el Piso — -Responsabili-dad del Dueño del Edificio.- — Cuando, como en el caso de autos, no aparece de modo claro que el edificio estuviera exclusivamente al cuidado del deman-dado, y que el agujero en el piso por el cual se cayó el demandante, unas veces estaba tapado y otras nó, al demandante le incumbía probar que la negligencia de hallarse destapado. dicho agujero cuando ocurrió él accidente fué debida directamente al descuido del demandado.
    Negligencia Contributoria — Agujero en el Piso — Caída Sufrida por un Tra-bajador Mirando Hacia Arriba. — Constituye negligencia contributoria para el demandante el estar andando por el piso de un edificio en reparaciones mirando hacia arriba para ver si tenía que hacer algún otro trabajo en lugar de ir mirando por donde andaba.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. E. H. F. Dottin.

    Abogado del apelado: Sr. Pedro Gómez La'sserre.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en esta acción alegó que el día, 30 de agosto de 1912, entre las 12 y las 2 de la tarde, se hallaba instalando unas planchas eléctricas en la planta alta de nn establecí-miento, tren de lavado, propiedad del demandado, sito en la calle de San Agustín, parada 4%, cuando al recorrer un pasillo entre la baranda de la escalera y el tabique de la ofi-cina, se cayó por una abertura que el demandado culpable y negligentemente liabía dejado en el piso dando con su cuerpo en la planta baja; que trabajaba bajo las órdenes de Juan Bautista Cruz, encargado de la instalación de diclias plan-chas, trabajo en nada relacionado con la obra de construc-ción del edificio, estando éste a cargo de su dueño el deman-dado, quien se hallaba en él cuando el demandante llegó a tra-bajar; que nadie le avisó que en dicho edificio existiera sitio alguno peligroso, ni que al entrar en él se exponía a peligro,, ni aparentemente existía en el edificio nada que le indujera a sospechar que pudiera amenazarle allí algún peligro. Luego siguen otras alegaciones respecto a los.daños y perjuicios su-fridos por los cuales reclama el demandante la suma de $2,000. La demanda no contiene alegación alguna de que el deman-dante hubiera ejercitado el debido cuidado así como tampoco ninguna otra contraria a la idea de haber sido él culpable de negligencia contributoria. El demandado negó las ale-gaciones expresadas en la demanda y expuso nuevos hechos constitutivos de defensa alegando que el accidente ocurrió por la propia negligencia del demandante.

La corte inferior a solicitud del demandado practicó la prueba de inspección ocular del edificio en que ocurrió el acci-dente, expresando en sus findings que constan en la trans-cripción, que pudo observar que el edificio era uno de 16 -metros de largo por 10 de ancho, con dos plantas; que la inferior tiene 7 puertas y 4 ventanas y la alta 7 puertas y 2 ven-tanas. Esta no tiene división interior* excepción de una baran-dilla como de un metro de altura que en el ángulo nordeste forma un cuadrilátero de cuatro metros por cada lado. Entre esta barandilla y la de la escalera y en una distancia como de iy2 metros está la abertura por donde cayó el demandante. Se sube a este piso por una escalera que en su parte superior dista dos metros del agujero. El sitio en que trabajaba el demandante dista unos seis metros de la abertura, y para bajar al piso inferior y pasar por el agujero bubo de dar un rodeo por la barandilla de la escalera, pudiendo haber pasado directamente y como punto más inmediato junto a la baran-dilla del oeste en lugar de la del este, como trató de hacerlo el actor. Que la abertura medía como dos varas de largo por una de ancho.

La corte declaró además que de las alegaciones de la de-manda solamente se probaron las que se referían a la caída y a las lesiones recibidas; que no se demostró la negligencia del demandado y que el accidente sólo pudo ocurrir debido a la inexcusable negligencia del demandante; que un edi-ficio sin divisiones interiores que en sus dos plantas tiene las puertas y ventanas que se dejaron enumeradas, y que según la prueba del mismo demandante estaban abiertas indu-dablemente estaba bastante iluminado para que cualquiera persona nada más que de mediana prudencia pudiera ver el agujero y haber evitado caerse por él; que el agujero estaba en un sitio que podía ser visto por el demandante antes de llegar a él, puesto que, si bien tiene al lado la barandilla de la escalera, ésta es de balaustres bastante separados y que no impedían verlo; que este agujero con relación al piso y a la claridad de una y otra planta, es a manera de un trans-parente iluminado, que sólo ha podido inadvertirse por una gran negligencia.

El demandante apelante se opone a la corrección de una pequeña parte de las conclusiones de la corte en lo que res-pecta a la posición de la barandilla y a la posibilidad de ver el demandante el agujero. Sin embargo, cualquiera que haya sido el conflicto que haya habido entre los hechos resultantes de la inscripción ocular y la prueba del demandante, no ha-biendo sido debidamente impugnado en la corte inferior ten-dría que ser resuelto a favor de las conclusiones a que llegó la corte. Además, según la consideración que hacemos del caso creemos que era una cuestión que no tenía importancia la verdadera posición de la barandilla.

Como ya hemos visto la corte declaró probado que no quedó demostrada la negligencia del demandado. Es un hecho que no aparece de modo claro que el edificio estuviera exclusiva-mente al cuidado del demandado y lo que es más, aparece de la propia declaración del demandante que el agujero unas veces estaba tapado y otras no. Tomando en considéración estas circunstancias y suponiendo que bahía la obligación de tenér cuidado con este agujero, el demandante debió haber mostrado que la negligencia en atender o vigilar el mismo fué debida directamente al descuido del demandado.

No estamos conformes con la alegación de que el deman-dado tuviera algún deber para con el demandante en lo que respecta a este agujero que había en el piso y que estaba a la vista de cualquier persona de cuidado ordinario. Bedell v. Berkey, 76 Mich., 436. Esto es precisamente así tratán-dose de un trabajador que está en un edificio en el que toda-vía se estaban haciendo reparaciones.

El caso resulta aun más' claro en contra del demandante, pues de la prueba quedó demostrado que en vez de ir él mi-rando por donde iba se encontraba mirando hacia arriba para ver si se necesitaba algún otro trabajo. No es necesario co-mentar mucho sobre el particular. El demandante fué cierta-mente culpable de negligencia contributoria. Las autoridades que siguen son pertinentes a esta cuestión. Crimmins v. The United Engineering & Contracting Co., 49 Misc., 622; Hutchins v. Priestly Express Wagon & Sleigh Co., 61 Mich., 252; Stewart Administratrix v. The Pennsylvania Co., 130 Ind., 246; Johnson v. Ramberg, 49 Minn., 341; Day v. Cleveland, Columbus, Cincinnati and St. Louis Railway Co., 137 Ind., 206.

En la mayoría de los anteriores casos los hechos son seme-jantes al que ahora consideramos y las cortes comentan seve-ramente sobre la falta del demandante al no haberse fijado en el sitio del peligro; por ejemplo, en el caso de Hutchins v. Priestly Express Wagon & Sleigh Co., la corte se expresa como sigue:

“La única explicación de su conducta que puede deducirse sin dificultad alguna de su propia declaración aunque él no parece tener conocimiento de ello, es que él es una de aquellas personas que tienen poco cuidado con sus alrededores y van de acá para allá distraídos en sus diligencias, o que pensando solamente sobre una sola cosa no se dan cuenta de nada más. Semejante -falta a veces es 'peligrosa para la propia persona, y con bastante frecuencia para sus vecinos. Es la ausencia de aquel cuidado ordinario que la seguridad de la sociedad exige que ejerciten todas las personas de sano juicio y de edad madura y por el cual son responsablés civilmente. Los negocios no podrían llevarse a cabo sin este requisito.”

Aunque este caso parece ser muy claro, él apelado, sin embargo, se fundó principalmente para solicitar la confirma-ción de la sentencia en el motivo que a nuestro juicio es erró-neo, o sea, que bubo conflicto en la prueba. Para el objeto de este caso existió muy poco conflicto. Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutcbison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Giménez, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., denegando la inscripción de una escritura de compra.
    No. 194.
    Resuelto en julio 31, 1914.
    Sociedad de Gananciales — Adquisición por la Esposa sin el Consentimiento del Marido — Igualdad Entre Marido y Mujer. — La tendeneia y espíritu general de la ley al tratar del marido y de la mujer y de bienes gananciales, es opuesta a la idea de establecer distinción entre ellos, y la mujer tiene capacidad para adquirir bienes para la sociedad de gananciales sin necesidad - del consentimiento de su marido.

      Mandatario — Gestores de una Sociedad — Prohibición de Adquirir Bienes del Mandante por el Mandatario. — En el concepto de mandatario está com-prendido el gestor de una sociedad y de acuerdo con la prohibición estable-cida en el párrafo 2 del artículo 1362 del Código Civil revisado, el gestor de una sociedad no puede vender bienes de la misma a su esposa actuando ésta como representante de la sociedad de gananciales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del recurrente: Sres. Bosch, & Soto.

    El Registrador Sr. José S. Belaval no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El día 13 de mayo de 1914, Doña Ramona Santana y la mercantil M. Camblor y Compañía, S. en C., como dueños respec-tivamente de dos fincas convinieron en vender las mismas a Doña María Secundina Giménez de Camblor, estando repre-sentada la mercantil por su gestor Don Manuel Camblor, siendo la compradora y ahora recurrente esposa de este último.

El día 20 de dicho mes fué presentada para su inscrip-ción esta escritura en el Registro de San Juan al pie de la cual puso el registrador la siguiente nota:

“Inscrito el precedente documento, con vista de otro, en cuanto a la segunda finca de las que se agrupan, vendida por Doña Ramona Santana, al folio 209 del Tomo 31°. de Santur'ee Norte, finca 1299, inscripción primera;' y denegada la inscripción en cuanto a la finca que enajena la Sociedad M. Camblor y Compañía S. en C. por veri-ficarse esa enajenación por 'dicha sociedad por medio de su gestor Don Manuel Camblor González, que es el esposo de la compradora; porque Doña María Secundina Giménez adquiere la finca a título oneroso, debiendo por consiguiente presumirse la adquisición para la sociedad de gananciales, como lo establece el artículo 1322 del Código Civil vigente; porque en dicho contrato de compraventa" se refunden en un sola persona las entidades del comprador y el ven-dedor, puesto que Don Manuel Camblor, de una parte, es interesado en la sociedad vendedora y su representante administrador, y de otra parte,' es partícipe gerente de la sociedad conyugal para quien se hace la adquisición, que carecería de eficacia legal sin el consen-timiento de éste, y porque esta adquisición de la sociedad de ganan-ciales de los esposos Camblor está comprendida en la prohibición del número dos del artículo 1362 del propio Código; y se lia extendido la anotación preventiva correspondiente por cuatro meses en la ins-cripción primera al principio citada.”

La recurrente trata de exponer de modo más claro y con-ciso los fundamentos en los cuales basa el registrador la nota recurrida, a saber:

“Primero. Que debiendo presumirse como hecha con dinero de la sociedad de gananciales la compra a M Camblor y Ca. S. en C., por Doña María Secundina Giménez, dicha venta no es inscribible porque aquella carece de capacidad para adquirir bienes con dinero de la sociedad conyugal, sin el consentimiento de su marido Don Manuel Camblor.
“Segundo. Que la expresada adquisición por la sociedad de ga-nanciales existente entre Doña María Secundina Giménez y Don Manuel Camblor, del inmueble de M. Camblor y Ca. S. en C., está comprendida en la prohibición del artículo 1362, teniendo en cuenta que Don Manuel Camblor es al propio tiempo que miembro de la sociedad conyugal, gerente de la firma vendedora.”

Nos sentimos fuertemente inclinados a convenir con la recurrente en que la proposición que anteriormente se cita en primer término es enteramente insostenible, y casi no podemos explicamos este fundamento de la nota recurrida, si como alega la recurrente y según parece inferirse razo-nablemente de la forma en que aparece redactada, el regis-trador trató formalmente de fundar su negativa en parte en la supuesta incapacidad de la esposa para adquirir bienes a favor de la sociedad de gananciales sin el consentimiento del marido. No habiendo presentado el registrador ningún alegato, resulta algo difícil harmonizar por este fundamento sú negativa a inscribir la escritura otorgada por el esposo como gestor de Camblor y Ca., con su admisión a verificar la inscripción del traspaso que asimismo se hizo a la esposa en la misma escritura por Doña Ramona Santana. Si ha de suponerse del mero hecho de que el esposo estaba presente y no formuló objeción alguna, que prestó su consentimiento en la segunda transacción en la que no fue verdaderamente parte ni siquiera con carácter representativo, la misma regla será de aplicación a fortiori con respecto al traspaso becho por él como administrador y socio de la mercantil al propio tiempo en el mismo documento y a su vez a la esposa.

Es cierto que el marido es el administrador de la sociedad conyugal, pero de esto no se deduce necesariamente que la esposa está incapacitada para recibir una escritura de venta sin su consentimiento. Dejando a un lado la mera cuestión de la administración, no se ba llamado la atención de este tribunal acerca de ningún artículo del Código que establezca alguna diferencia entre los esposos, y la tendencia y espíritu general de la ley al tratar del marido y de la mujer y de bie-nes gananciales se muestra firmemente en oposición a la idea de alguna distinción. La omisión significativa de nuestro código local del artículo 61 del Código Español que expre-samente determina que no puede la mujer sin licencia o poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, 'ena-jenar sus bienes, ni obligarse sino en los casos y con las limi-taciones establecidas por la ley, también indica claramente por lo menos que no debemos dejar de tener presente la máxima ubi lex non distinguit, neo nos distinguere debemus.

En cuanto a la segunda proposición, sin embargo, opina-mos que el registrador está en lo correcto. El artículo 1362 del Código Civil en tanto en cuanto es de aplicación a la cues-tión que se discute, dice lo siguiente:

“Artículo 1362. — No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia.-
“2. Los mandatarios, los bienes de cuya administración o enaje-nación estuviesen encargados.”

El lenguaje empleado, por lo menos en el texto español, no deja lugar a ser interpretado, a menos que sea en lo que respecta al alcance de la palabra “mandatarios” según se emplea en la subdivisión citada. Naturalmente que el ape-lante ataca a'esta palabra por ser el único punto que puede ser atacado y argumenta extensamente acerca de que un gestor no es un mandatario dentro del significado del estatuto. Manresa al tratar este artículo y párrafo, ba resuelto ya la cuestión últimamente mencionada.

“La incapacidad de los mandatarios a que venimos haciendo referencia, comprende, pues, a nuestro modo de ver, entre otros, a los gerentes, directores o administradores de las Sociedades. Si aten-tamente se examina la relación jurídica que existe entre esos gerentes, directores o administradores y la persona jurídica social, veremos que la informa el principio de la representación, y que todos ellos no son, en rigor, más que verdaderos mandatarios.
“Une a los socios entre sí el contrato de sociedad pactado; pero establecida ésta y designados los administradores, sur je otro’nuevo vinculo entre éstos y la sociedad, y este vínculo no es otro que el del mandato. Si, pues, son mandatarios, compréndeles la incapacidad de la regla segunda del artículo 1459, y, por lo tanto, no podrán adqui-rir por compra los bienes de la sociedad, porque de su administra-ción se encuentran encargados por razón de su cargo precisamente.
“No entendemos que esta opinión constituye una infracción del criterio que prescribe que las incapacidades no pueden ampliarse a otros casos que los dispuestos por la ley, porque reconocido, como no puede por menos de reconocerse, que se trata de mandatarios, no hay ampliación ninguna en considerarlos incapaces, sino estricta apli-cación de la regla segunda del artículo 1459 del Código.” 10 Man-resa, 104; (2a. edición).

Debe confirmarse la nota del registrador por' el último de los fundamentos expresados.

Confirmada la nota recurrida por el último de sus fundamentos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernandez,

text:
    Vega et al., Demandantes y Apelantes, v. Rodríguez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en nn caso sobre nulidad de expediente posesorio y otros extremos.
    No. 1081.
    Resuelto en julio 31, 1914.
    Cosa Juegada — Identidad de Personas, Cosas y Acciones.' — -De acuerdo con el artículo 1219 del Código Civil en relación con los artículos 59, 60 y 61 de la Ley de Evidencia de marzo 9, 1905, para que exista la presunción de cosa juzgada entre dos pleitos es necesario que haya identidad de cosas, causas y personas litigantes.
    Id. — Sentencia Pundada en que una Demanda es Ininteligible y Dudosa.— Aún en el supuesto de que exista la identidad de causas, cosas y personas entre dos pleitos, no produce el efecto de cosa juzgada la sentencia que se dicta fundada en una resolución declarando con lugar la excepción previa contra la demanda por el fundamento de que ésta es ininteligible y dudosa, siendo éste el único punto resuelto por dicha resolución y que puede conside-rarse como cosa juzgada.
    Id.' — Resolución Pundada en que la Demanda es Ininteligible y Dudosa— Subsanación de Dicho Depecto. — Cuando una sentencia se funda en una resolución que declara con lugar una excepción previa por ser la demanda ininteligible y dudosa sin haberse resuelto que la primitiva demanda no aducía hechos bastantes para determinar una causa de acción, puede subsanarse el defecto y presentarse nueva demanda alegando nuevamente los mismos hechos y subsanando el defecto de que adolecía la primera.
    Sentencia Pundada en una Excepción Previa a la Demanda — Casos en que Produce el Efecto de Cosa Juzgada. — Para determinar si una sentencia definitiva dictada en virtud de excepción previa a la demanda produce el efecto de cosa juzgada es necesario tener en cuenta si la excepción previa iba dirigida a los méritos de la acción y si la causa de aeción es la misma, pues, faltando cualquiera de esos requisitos, la sentencia no constituye cosa juzgada.
    Acción Reivindicatoría — Descripción de la Pinca — Posesión del Demandado.— En un pleito sobre reivindicación no basta describir la finca que se trata de reivindicar, sino que es necesario probar además que esa finca está en poder del demandado, cuyo extremo no se ha probado en el presente caso.
    Id. — Posesión del Demandado — Presunción.—De acuerdo con el artículo 450 del Código Civil el poseedor en concepto de dueño tiene a su favor la presunción legal de que posee con justo título y no se le puede obligar a exhibirlo.
    Id. — Bienes Hereditarios — Partición y Adjudicación de los Bienes IIeredita- • ríos. — El procedimiento adecuado para obtener la participación hereditaria que a alguien corresponda en los bienes del causante por fallecimiento testado o intestado del mismo es el establecido por la Ley de Procedimientos Legales Especiales de 1905.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. Juan de Guzmán Benitez.

    Ahogado de las apeladas Telesfora y Petrona Rodríguez: Sr. José Martines Dávila.

    Ahogado del apelado Nathaniel P. Tyler: Sr. E. H. Sco-ville.

   El Juez Presidente Sr. Hernandez,

emitió la opinión del trihnnal.

Se trata de reenrso de apelación interpuesto contra sen-tencia que en 14 de febrero del año 1913 dictó Ta Corte de Distrito de Areciho declarando sin lugar la demanda en todas sus partes, con las costas y gastos a cargo de los demandantes.

En dicha demanda, después dé consignar los demandantes varios hechos tendentes a mostrar que ellos en unión de los demandados, con exclusión de Nathaniel P. Tyler, son los causahabientes de los consortes Miguel Yega y Pino y Manuela Marrero, fallecida ésta en 23 de agosto de 1839 y aquél el Io. de enero de 1851, alegan que por escritura pública de 29 de septiembre de 1836 adquirió Miguel Yega, y Pino, estando casado en primeras nupcias con Manuela Marrero, cierta finca rústica que se describe en la demanda, consistente de una caballería de terreno más o menos en el barrio de Sábana Seca, hoy llamado' del Coto, del término municipal de Manatí; que fallecida primeramente Manuela Marrero y más tarde Miguel Yega y,Pino, quedó el albacea testamentario nom-brado por éste, o sea José María Yega y Pino, al cuidado de dicha finca; que habiendo fallecido algunos años después el referido albacea, las demandadas Telesfora y Petrona Rodrí-guez y Yega, en su carácter de copropietarias y miembros de la comunidad de bienes de los herederos de Miguel Yega y Pino y de su esposa Manuela Marrero, estuvieron poseyendo y la Telesfora cultivando y explotando en beneficio propio y exclusivo de ella, la finca en cuestión, sin entregar a los demás condueños la parte que les correspondía en el capital y en los productos; que la demandada Telesfora Rodríguez Yega, puesta de acuerdo con el demandado Nathaniel P. Tyler y con el fin de traspasar a éste cien cuerdas de terreno que también se describen en la demanda, de las 200 que cons-tituían la finca de que se trata, promovió ante la Corte Municipal de Manatí un expediente a su solo nombre para acre-ditar la posesión en que estaba de aquellas cien cuerdas desde hacía ocho años por herencia de su abuelo Miguel Vega, cuyo expediente fué aprobado por aquella corte municipal con fecha 18 de octubre de 1906, sin perjuicio de tercero, habiendo sido inscrito ese derecho posesorio a favor de la Telesfera Rodrí-guez Yega en el Registro de la Propiedad de Arecibo; que por escritura pública de 3 de abril de 1907, la misma Teles-fora Rodríguez vendió las 100 cuerdas de terreno 'a que se refiere el expediente posesorio, al demandado Nathaniel P. Tyler, e inscribió su derecho de posesión en el registro de la propiedad, sabiendo que la vendedora no era dueña del terreno; que Telesfora Rodríguez Yega ha seguido y sigue detentando el resto de la finca, o sea, otras 100 cuerdas de terreno que también se describen en la demanda, aprovechán-dose de sus productos contra la voluntad de los demás con-dueños, y que desde el año 1898 la finca ha producido en bene-ficio exclusivo de Telesfora Rodríguez, una ganancia líquida que no baja de $4,200 de los que corresponden, $1,800 a las 100 cuerdas vendidas al demandado Nathaniel P. Tyler, hasta la fecha de la venta, y $2,400 al resto de la primitiva finca que conserva la demandada Telesfora Rodríguez, mien-tras que las 100 cuerdas compradas por Tyler, quien las está explotando desde el año 1907, aunque a sabiendas de que ño le pertenecen en propiedad, le han producido más de $1,000 anuales, o sea no menos de $3,500.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia que contenga los siguientes pronunciamientos:

Primero. Que la finca descrita en la demanda, tanto la parte que detenta Telesfora Rodríguez como la que actual-mente posee el demandado Nathaniel P. Tyler con cnanto contiene, es de la propiedad única y exclusiva de la comunidad de bienes qne forman los herederos y cansahabientes de los consortes Miguel Yega y Pino y Manuela Marrero, o sea de todos los qne figuran en la demanda, demandantes y deman-dados, con excepción de Nathaniel P. Tyler, en la propor-ción qne les resulta de sus respectivos derechos hereditarios, ordenando se hagan en el Registro de la Propiedad de Are-cibo las inscripciones necesarias para qne allí se determinen esos derechos.

Segundo. Qne son nulos el expediente posesorio instruido por la demandada Telesfora Rodríguez Yega, la inscripción del mismo en el Registro de la Propiedad de Arecibo, la escri-tura de venta a favor de Nathaniel P. Tyler, y también su inscripción en dicho registro, ordenando qne ambas inscrip-ciones sean totalmente canceladas.

Tercero. Qne tanto las 100 cnerdas que posee el deman-dado Nathaniel P. Tyler, como las restantes de la finca, qne posee la demandada Telesfora Rodríguez y Yega con todo lo que contienen sean entregadas a la comunidad de los actua-les herederos y cansahabientes de los esposos Miguel Yega y Pino y Manuela Marrero en su carácter de únicos dueños de ellas.

_Cuarto. Que los demandados Telesfora Rodríguez y Yega y Nathaniel P. Tyler indemnicen, la primera con la canti-dad de $4,200, y el segundo con la de $3,500 o con las canti-dades que en justicia procedan, a los herederos y cansaha-bientes de Miguel Yéga y Pino y Manuela Marrero, por los perjuicios que éstos han sufrido y productos qne han dejado de percibir.

Quinto. Que se condene en costas a los demandados que se opongan a lo que se pide en la demanda.

Las demandadas Telesfora Rodríguez y Petrona Rodríguez Yega contestaron la demanda negando todos los. hechos y alegando como defensa la excepción de res judicata, por exis-tir identidad de personas, cosas y cansas en este pleito y otro fallado por la Corte de Distrito de Arecibo en 15 de julio de 1910, cuya sentencia en grado de apelación fné confirmada por esta Corte Suprema en 16 de marzo de 1911.

Es de notar que en la contestación se consigna como ale-gación la que literalmente transcribimos:

“Que las demandadas no poseen ni han poseído finca que perte-nezca a los demandantes, y las que poseen es por herencia de su abuelo Miguel Vega, además alega que en caso de que éste como ellas hubie-ran estado en posesión de finca propiedad de los demandantes, este derecho a ellas hubiera prescrito.”

También el demandado Nathaniel P. Tyler contestó la de-manda negando todos los hechos que la fundamentan y ade-más de la excepción o defensa de cosa juzgada alegó la de adquisición del dominio por prescripción bajo el artículo 1858 del Código Civil y la de extinción de la acción reivindicatoría por prescripción con arreglo al artículo 1860 del mismo Código.

Tres de los demandantes, a saber, Jacobo Jaime Menén-dez Rodríguez, Manuel Menéndez y Fernando Hilarión Medina y Rodríguez desistieron de la acción y la corte los tuvo por desistidos. Los demandados Federico Calaf y Rivera y Francisco Casellas y González, citados personalmente, no' comparecieron en el pleito y les fué acusada y anotada la rebeldía.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en los términos que dejamos ya indicados.

De las pruebas practicadas en el juicio resulta que con fecha Io. de abril de 1909 los hoy demandantes radicaron en la Corte de Distrito de Arecibo una demanda enmendada contra los también hoy demandados, sobre división y entrega de bienes hereditarios, rescisión de ventas y nulidad de inscrip-ciones, alegándose como hechos fundamentales de la acción los mismos que sirven de base a la demanda originaria del presente juicio, si bien los hechos relativos a fijar el carác-ter de causahabientes de los demandantes con relación a sus causantes los consortes Miguel Vega y Pino y Manuela Ma-rrero, no se' redactaron en la misma forma.

A dicha demanda enmendada opusieron los demandados como excepciones previas la de que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, y la de que es ininteligible y dudosa, sobre cuyas excepciones dictó la corte resolución que copiada a la letra dice así:

“Respecto a la primera excepción se observa que si bien en el hecho séptimo refiriéndose a las transmisiones intestadas de herencia, dice la demanda, ‘cuyas declaratorias serán presentadas oportuna-mente,5 esto es muy vago, pues el juez no puede saber si con ello quiere decirse, que se presentarán a la corte las peticiones de decla-ratorias de herederos durante la tramitación de este litigio, o si quiere expresarse que se acreditará con los respectivos autos de decla-ratorias el haber sido declarados herederos los interesados.
“En el primer caso, procedería considerarse con lugar esta pri-mera excepción, y en el segundo caso no; por tanto, lo que en reali-dad puede afirmarse es que existe una duda, respecto a lo que quiere decir el demandante.
“La segunda excepción aprecia la corte que está ajustada a dere-cho, y por tanto se declara con lugar. Arecibo, mayo 10 de 1910. Firmado. Ramón Quiñones, juez.55

Los mismos demandados con excepción de Don Federico Calaf presentaron moción a la corte dos meses después, o sea en 15 de julio de 1910 en que, invocando la resolución de que se deja hecho mérito y el hecho de que los demandantes no habían enmendado la demanda ni solicitado permiso para enmendarla a pesar del tiempo transcurrido, suplicaron a la Corte, dictara sentencia definitiva en el caso a favor de los demandados o decretara el sobreseimiento y archivo del caso con las costas a los demandantes, a cuya moción recayó sentencia en 15 de julio de 1910 que dice así:

“Vista la moción presentada por el abogado José C. Rodríguez Cebollero, a nombre de los demandados, a excepción de D. Federico Calaf, solicitando se dicte sentencia definitiva en este caso a favor de los demandados por hacer más de dos meses que fueron resuel-tas las excepciones previas sin que los demandantes hayan enmen-dado la demanda, ni solicitado permiso para enmendarla.
“Fallo: Que los hechos y el derecho están a favor de los. deman-dados, y por tanto se declara sin lugar la demanda, con imposición de costas a los demandantes. Arecibo, julio 15 de 1910. Firmado, Ramón Quiñones, juez.”

Apelada esta sentencia fue confirmada por la que, resol-viendo el recurso dictó esta Corte Suprema en 6 de marzo de 1911, 17 D. P. R., 251.

Las partes representadas en el juicio convinieron en que son los mismos los demandantes y demandados que figuran en ambos pleitos con excepción de Tulio Rodríguez y Marín que no figuraba en la primitiva demanda, conviniendo tam-bién en que era idéntica la finca litigiosa en uno y otro pleito.

Bajo la base de que bay identidad de personas, cosas y causas de acción entre ambos pleitos, veamos si la sentencia dictada con fecha 15 de julio de 1910 por la Corte de Distrito de Arecibo produjo excepción de cosa juzgada en el segundo pleito que es el presente.

El artículo 1219 del Código Civil dice así:

“Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro jui-cio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las person'as de los litigantes y la calidad con que ío fueron.”
# * * * * * #

El artículo 101 de la Ley de Evidencia de 1905, en la parte atinente dice así: •

“Artículo 101.- — Las siguientes presunciones se estiman conclu-yentes, con. exclusión de todas las demás:
“6. La sentencia o decreto de un tribunal en los casos en que este código lo declare concluyente; pero dicha sentencia o decreto deberá alegarse en los autos, si hubiere oportunidad para ello; si no la hubiere, la sentencia o decreto podrá utilizarse como evidencia. ’ ’

Son también atinentes a la defensa de cosa juzgada, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la misma Ley de Evidencia que transcribimos a continuación:

“Artículo 59. — -El efecto de una sentencia o decreto definitivo en una acción, o un procedimiento especial, ante un tribunal o juez de Puerto Rico o de los Estados Unidos, con jurisdicción para pro-nunciar sentencia o decreto, es como sigue:
“1. En caso de una sentencia o decreto contra una cosa especí-fica, o con respecto a la prueba de un testamento, o la administración de los bienes de un finado, o con referencia a la condición o relación personal, política o legal, de determinada persona, la sentencia o decreto será concluyente, en cuanto al título a la cosa, o el testamento, administración, o condición o relación de la persona.
“2. En los demás casos, el fallo o decreto, en cuanto a la materia directamente juzgada, será concluyente entre las partes y sus suce-sorés en interés. por título adquirido posteriormente al comienzo de la acción, o del procedimiento especial, las cuales estuvieren litigando por la misma cosa, bajo el mismo título, y en el mismo carácter, siem-pre que tuvieren noticia expresa o tácita de estarse substanciando la acción o procedimiento.
“Artículo 60. — Otros decretos judiciales de un tribunal o juez de. Puerto Rico, o de los Estados Unidos, crean una presunción controvertible, según la materia determinada, directamente, entre las mismas partes y sus representantes y sucesores en interés por título adquirido con posterioridad al comienzo de la acción o del procedi-miento especial, las cuales estuvieren litigando por la misma cosa, bajo el mismo título y en el mismo carácter.
“Artículo 61. Las partes se considerarán ser las mismas, cuando aquellas entre las cuales fuere ofrecida la evidencia, se bailaban en opuestos lados en el litigio anterior, aunque otras partes hubieren estado unidas a ambas o a cualquiera de las dos.
“Artículo 62. — Sólo se estimará como resuelto en una sentencia anterior, ló que por su propia naturaleza apareciere haberlo sido en ella, o que real y necesariamente hubiere de incluirse en la misma o le fuere imprescindible.”

Abora bien, el artículo 59 de la Ley de Evidencia que deja-mos transcrito es equivalente al 1908 del Código de Enjuicia-miento Civil de California, e interpretando ese artículo la Corte Suprema de dicto Estado ha establecido la siguiente doctrina:

"Para determinar si una sentencia definitiva a favor de un deman-dado dictada en virtud de excepción previa a la demanda, puede ser alegada como cosa juzgada en un pleito posterior entre las mis-mas partes, hay que tener en cuenta dos cuestiones: 1, si la excep-ción previa iba dirigida a los méritos de la acción; y 2, si la causa de acción 'es la misma. Si falta cualquiera de estos dos requisitos la sentencia dictada en virtud de la excepción previa no constituye cosa juzgada.”

Terry v. Hammonds, 47 Cal., 35.

El mismo tribunal en el caso de City of Los Angeles v. Mellus et al., 59 Cal., 452, ha dicho lo siguiente:

"¿Son las dos demandas sustaneialmente iguales, y constituye la sentencia definitiva dictada sobre una excepción previa a la pri-mera demanda cosa juzgada en la segunda acción. Somos de.opinión que las demandas no son iguales y que la sentencia no produjo cosa juzgada. Dice Mr. Freeman en su obra sobre judgments, sección 267, que ‘una sentencia fundada en una excepción previa a la de-manda es concluyente en cuanto a todo lo que necesariamente haya sido resuelto por dicha sentencia. Si la corte decide que el deman-dante no ha alegado hechos suficientes que constituyan una causa de acción o-que su demanda es por cualquier otra razón suceptibie de cualquier otra objeción que pueda alegarse, tal resolución no abar-cará ninguna cuestión que no haya sido presentada ante el tribunal en el acto de la vista de la excepción previa. El demandante queda en libertad de presentar su demanda en otra acción enmendada en la forma o en el fondo, para que no pueda serf atacada por los fun-damentos en que lo fue en la'primera acción.’ En el mismo sentido se pronuncia la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Uni-dos en el caso de Gilman v. Rives, 10 Pet. 301, en donde el Juez Aso-ciado Sr. Story al emitir la opinión del tribunal dijo: ‘Puede obje-tarse que la sentencia fundada en la excepción previa general ale-gada en este caso constituirá cosa juzgada en cualquiera otra acción establecida contra el demandado actual por la misma' deuda o contra él y los otros deudores por sentencia. Nosotros somos de distinta opinión en ambos puntos si la demanda está bien redactada; pues Tina sentencia fundada en que la demanda es defectuosa en su esen-cia (lo cual y no la forma es lo que constituye el fundamento de una excepción previa general) nunca puede ser alegada como cosa juzgada contra una demanda suficiente por la misma causa de acción. La sentencia de ningún modo constituye una sentencia sobre los méri-tos. .Si faltara alguna autoridad en apoyo de esta doctrina podemos encontrarla en el caso de Lampen v. Kedgewin, 1 Mod., 207,’ y la Corte Suprema de Kentucky en el caso de Birch etc. v. Funk, 2 Metc., 547, dice: “Este principio ha sido reconocido repetidas veces y aceptado por este tribunal. En el caso de Kendal v. Talbot, 1 A. K. Marsh, 321, se resolvió que una sentencia dictada a favor del deman-dado fundada en la insuficiencia de la demanda no puede constituir cosa juzgada en otra acción fundada en él mismo contrato.’ Véase también el caso de Thomas v. Hite, 5 B. Mon., 594. La misma doc-trina se sienta por la Corte Suprema en el caso de Gerrish et al. v. Pratt et al., 6 Minn., 61, y en el caso de Terry v. Hammond, 47 Cal., 32.”

Aplicando los preceptos legales y la jurisprudencia a que nos Remos referido, al presente caso, tenemos que llegar a la conclusión de que la sentencia dictada por la Corte de Dis-trito de Arecibo en el primer pleito el 15 de julio de 1910 no envuelve presunción de cosa juzgada, pues tal sentencia no fue dictada bajo la base de que los becbos consignados en la demanda no determinaban una causa de acción sino por el fundamento de que la demanda era insuficiente, ininteligible y dudosa, siendo ese el único punto resuelto cuya resolución tiene autoridad de cosa juzgada.

Subsanándose ese defecto sobre el cual no cabe discusión y no habiéndose resuelto que la primitiva demanda no aducía becbos bastantes para determinar una causa de acción, ba podido presentarse nueva demanda alegando nuevamente esos mismos becbos y subsanando como se ba subsanado el defecto que motivó la resolución de 15 de julio de 1910.

No cabe en el presente caso la excepción de cosa juzgada y por ese fundamento no puede sostenerse la sentencia; pero ésta se sostiene por otras razones qne consigna el juez inferior en su opinión.

En esa opinión se dice:

“Tampoco se demuestra por los demandantes de un modo com-pleto y eficaz que requieren ¡as acciones sobre reclamación y reivin-dicación de bienes, la identidad de la finca descrita en el hecho 30 de la demanda, como adquirida en el año 1839 por Miguel Vega y Pino; y mucho menos que la finca objeto del posesorio adquirida en 1907 por el demandado Tyler y descrita en el hecho 33 forme parte de la descrita en el hecho 30 así como tampoco la descrita en el hecho 39, que se alega posee la demandando Telesfora Rodríguez.”

Encontramos ajustada a la evidencia la anterior aprecia-ción de la corte inferior.

Se lia justificado qne Miguel Vega y Pino durante la exis-tencia de la sociedad de gananciales con su esposa Manuela Marrero, adquirió por escritura pública de 29 de septiembre de 1836 la finca compuesta de una caballería de terreno más o menos en el barrio de Sábana Seca del término Municipal de Manatí, según se describe en la demanda; también se ha justificado que Telesfora Rodríguez promovió ante la Corte Municipal de Manatí expediente para acreditar la posesión en que estaba de 100 cuerdas de terreno que también se des-criben en la demanda, cuyo expediente fué aprobado por reso-lución de dicha corte e inscrito en el Registro de la Propie-dad de Arecibo. Igualmente hay prueba de que la Telesfora Rodríguez vendió al otro demandado Nathaniel P. Tyler dichas 100 cuerdas de terreno, habiendo inscrito Tyler su dere-cho en el propio Registro. Pero no hay evidencia de que esas 100 cuerdas de terreno formen parte de la finca adquirida por Miguel Vega y Pino desde el año 1836.

La demandada en su contestación negó poseer finca alguna perteneciente a los demandantes y éstos con arreglo al artí-culo 108 de la Ley de Evidencia estaban en el deber de pre-sentar evidencia para probar su afirmación.

Con arreglo al artienlq 450 del Código Civil, el poseedor en concepto de dneño tiene a sn favor la presunción legal de que posee con justo título y no se le puede obligar a exhibirlo.

La manifestación becba por las demandadas Telesfora y Petrona Eodríguez Vega de que las fincas que poseen las tienen por herencia de -su abuelo Miguel Vega, no es bastante para deducir que esas-fincas forman parte de la que recla-man los demandantes como de la propiedad de su causante Miguel Vega, pues no aparece que éste sólo tuviera la finca que aquellos reclaman y por tanto es posible que la finca a que se refieren Telesfora y Petrona Eodríguez no sea la misma que es hoy objeto del pleito.

En un pleito sobre reivindicación no basta describir la finca que se trata de reivindicar sino que es necesario probar además que esa finca está en poder de los demandados. Tal prueba no existe en el presente caso.

Además los demandantes, según las alegaciones y súplica de la demanda pretenden la reivindicación de una finca de sus causantes Miguel Vega y Pino y Manuela Marrero, en la proporción que les resulta de. surs respectivos derechos here-ditarios y la entrega de la misma con la indemnización corres-pendiente en concepto de perjuicios sufridos y frutos dejados de percibir; y opinamos que ese procedimiento no es el ade-cuado a los fines que persiguen.

En apoyo de nuestra opinión, reproducimos lo que ya diji-mos al resolver el caso de Trinidad et al. v. Sucesión de Trinidad et al., 19 D. P. R., 647:

“Declarar con lugar la demanda en este caso equivaldría a resolver, que se puede prescindir en absoluto de la ley de procedimientos legales especiales de 1905 a voluntad de cualquier litigante.
*#**#«=*
“De esos trámites, tan bien ideados y juiciosamente calculados, se apartan los demandantes en el presente caso y pretenden por la sola presentación de su demanda, y de las pruebas a que nos hemos referido, que la corte declare que les corresponde el domi-nio de la tercera parte indivisa da los bienes qne especifican, bienes que casi en su totalidad ban pasado, a virtud de contratos de venta inscritos en el registro de la propiedad, a poder y posesión de otras, personas distintas de los herederos de María del Pilar Trinidad.
“Tal vez a los demandantes no se les haya entregado en realidad de verdad lo que legítimamente les corresponda, pero, si esto es así, el procedimiento que eligieron no es el adecuado para obtener el reconocimiento de sus derechos.
“En casos de esta naturaleza es necesario comenzar por estable-cer legalmente la verdadera personalidad continuadora de la del difunto. Cuando la herencia es testada como sucede con la de que se trata en este pleito y se nombra albacea por el testador, corresponde al albacea ejecutar la voluntad del testador. Si el albace.azgo ter-mina antes de que la voluntad del testador se haya cumplido, (artículos 884 y 885 del Código Civil revisado), corresponde su ejecución a los herederos. Si éstos actúan de común acuerdo y tienen la capa-cidad civil necesaria, y proceden de buena fe, judicial o extrajudi-cialmente, el problema se soluciona justa y fácilmente. Si no actúan de común acuerdo, si surgen dificultades, se debe acudir a la corte de distrito competente y ésta encauzará los procedimientos, aplicando la ley reguladora del caso.
“Los bienes de la herencia deben inventariarse y administrarse tal como prescríbe la ley. Si dichos bienes o alguno de ellos se encuen-tran en poder de personas que los disfrutan sin derecho alguno, deben reclamarse para la herencia instituyéndose los pleitos que fueren necesarios, y cuando las deudas del difunto hayan sido investigadas suficientemente y pagadas en su caso o se hayan separado bienes bas-tantes para pagarlas, procede la partición de la herencia y la adju-dicación a cada heredero de lo que legítimamente le corresponda.
“La naturaleza misma de la herencia demuestra, pues, la necesi-dad de disposiciones especiales que la regulen, y cuando existen esas disposiciones especiales, deben cumplirse y no eludirse como tra-taron los demandantes de eludirlas en el presente pleito.”

Esa doctrina es de aplicarse al presente caso con tanto mayor motivo cnanto qne la parte demandante no se com-pone de todos los causahabientes de Miguel Vega y Pinoy Manuela Marrero, y algunos de esos causahabientes han desistido de la acción ejercitada sin venir al juicio como demandados.

Por las razones expuestas procede confirmar la sentencia apelada, sin perjuicio del dereclio qne pneda asistir a los demandantes para reclamar en debida forma la participación qne pneda corresponderles en la herencia de Mignel Yega y Pino y Manuela Marrero.

Confirmada la sentencia a/pelada sin perjuicio del derecho que pueda asistir a los deman-dantes para reclamar en debida forma la participación que pueda cor responderles en la herencia de su causante.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Oronoz, Demandante y Apelado, v. Montalvo et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla. en un procedimiento de desacato en un caso sobre injunction para recobrar la posesión material de propiedad inmueble.
    Moción del demandante para que se desestime la apelación.
    No. -.
    Resuelto primeramente en julio 9, 1914.
    Resuelto en reconsideración en julio 31, 1914.
    Desestimación de Apelación — Desacato—Parte en tjn Procedimiento de De-sacato. — El hecho de ser una de las partes litigantes en el pleito que dió origen al procedimiento de desacato no le da el carácter de parte en dicho procedimiento de desacato y no puede, por tanto, pedir la desestimación de la apelación interpuesta por la parte condenada por desacato.
    EN RECONSIDERACIÓN.
    Desacato Propiamente Civil — Parte Perjudicada por la Desobediencia. — Cuando el desacato es propiamente civil la parte perjudicada por la desobe-diencia es realmente la parte contraria, interesada en el resultado del desa-cato y en la apelación cuando existe.

      Id. — Desacato Civil — Desobediencia de una Oeden en un Pleito Civil — Desa-cato Criminal. — No todos los desacatos que se castigan por desobediencia de una orden dictada en un pleito civil son necesariamente civiles.
    Desestimación de Apelación — Moción no Jurada — Parte en un Procedimiento de Desacato — Palta de Copia de la Sentencia. — Cuando la moción de deses-timación no está jurada, no pndiendo por tanto estimarse justificados los hechos alegados en ella, ni se acompaña copia de la sentencia dictada por desacato para poder apreciar si se trata de un desacato civil o criminal para determinar si la parte contraria en el litigio es parte en la apelación contra la sentencia de desacato, con derecho a pedir la desestimación del recurso, no cabe entrar a resolver la moción de desestimación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del demandante: Sr. Garlos Franco Soto.

    Abogado de Susano Montalvo: Sr. Víctor P. Martines.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Joaquín Oronoz Bodón nos presentó una moción para que desestimásemos la apelación que Susano Montalvo estableció contra sentencia de la Corte de Distrito de Aguadilla que le .condenó por desacato por haber desobedecido la sentencia que había recaído en un pleito que entre ellos y Víctor P. Martí-nez se siguió sobre injunction para recobrar la posesión de propiedad inmueble, cuya moción funda en que la parte ape-lante no había presentado proyecto de exposición del caso ni pliego de excepciones dentro del término legal ni había solicitado prórroga de la corte inferior, y que tampoco había presentado en esta corte la transcripción de la apelación dentro de treinta días.

No quisimos resolver esa moción porque declaramos que el hecho de que el peticionario sea uno de los litigantes en el pleito no lo convierte en parte .en la apelación por desa-.cato; mas como nos ha pedido que reconsideremos esa nega-tiva y que desestimemos el recurso, se hace necesario que expongamos más detalladamente los motivos en que nos ba-samos.

Es cierto, como sostiene el peticionario, que existe una división entre desacato propiamente criminal y el que gene-ralmente se llama civil o cuasi desacato. La regla por la cual se distingue uno de otro puede' sintetizarse diciendo que los desacatos civiles consisten en que una persona deje de hacer alguna cosa que la corte ordenó que hiciera para beneficio y ventaja de la otra parte en procedimientos ante el tribunal; mientras que el desacato criminal se realiza cuando se eje-cutan ciertos actos que redundan en falta de respeto a la corte o a sus procedimientos, en la obstrucción de la admi-nistración de la justicia pública o que tienden a producir descrédito para el tribunal por conducta desordenada o insul-tante en su presencia o en los alrededores de la corte, o en actos de violencia que interrumpen sus procedimientos, así como en la desobediencia a sus órdenes, intervención con la propiedad que está en su custodia o mala conducta de sus funcionarios. Rapalje on Contempts, pág. 25. In re Wilson, 17 Pac. Rep., 699; Snow v. Snow, 43 Pac. Rep., 621; Gompers v. Buck’s Stove & R. Co., 33 App. Cases, District of Columbia, 564; 9 Cyc., 6.

Cuando el desacato es propiamente civil entonces la parte perjudicada por la desobediencia'es realmente la parte con-traria litigante, quien tiene interés e intervención como tal en el resultado del desacato. Así encontramos en muchos casos que las partes del pleito son las partes en el procedi-miento de desacato y en la apelación cuando existe. Hayes v. Fischer, 102 U. S., 122, y casos citados anteriormente.

Sin embargo, no todos los desacatos que se castigan por desobediencia de una orden dictada en un pleito son necesa-riamente civiles como ocurrió en el caso de Phillips v. Welch, 11 Nev., 187, citado en Gompers v. Buck’s Stove & R. Co., supra, con la negativa a obedecer un decreto de injunction. En el presente caso la petición de desistimiento no está jurada, razón por la cual no podemos estimar justificados los hechos en que se funda, y por la certificación a ella acompañada 'que libró el secretario de la corte inferior conocemos que se apeló de una sentencia dictada en aquella corte, pero igno-ramos la sentencia y, por tanto, si se trata de un desacato de naturaleza civil en que podamos considerar al peticionario como parte, o de carácter criminal' en el que no tiene inter-vención, por cuyo motivo no podemos modificar nnestra reso-lución anterior y se niega la reconsideración.

Denegada la reconsideración solicitada y no ha lugar a resolver la moción de desestimación.

Jneces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    Amadeo, Peticionario, v. Rossy, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari al Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en un caso sobre cobro de dinero.
    No. 129.
    Resuelto en agosto 1, 1914.
    Certiorari — Revisión de Ordenes Dictadas por Distintos Tribunales. — Cuando por medio del recurso de certiorari so desea revisar órdenes' dictadas por dis-tintos tribunales en distintos casos debe presentarse una solicitud de certiorari separada para cada corte.
    Id. — Revisión de Ordenes Dictadas por una Corte no Incluída Como Deman-dada en la Solicitud. — Es improcedente una solicitud de certiorari que no está dirigida contra la corte que dictó las órdenes que se impugnan.
    Id.- — Peticionario que no es Parte en el Pleito. — Solamente en casos excep-cionales procede el libramiento de un mandamiento de certiorari a petición de una persona que no Jia sido parte en el pleito que' motivó las órdenes que se impugnan.
    Aseguramiento de Sentencia — Embargo de Bienes en Poder de Síndicos — Cus-todia Legis. — Los bienes de una corporación para los cuales se han nombrado síndicos. que han tomado posesión de ellos, están en custodia legis, y por tanto no puede decretarse el embargo de los mismos para aseguramiento de sentencia por otro tribunal de jurisdicción concurrente.
    Los hechos están expresados en la resolución.
    Abogados del peticionario: Sres. Jacinto Texidor y Domingo Massari.

    El demandado no compareció.
   RESOLUCIÓN.

Por cuanto el peticionario lia presentado una solicitud de certiorari dirigida contra el Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., para que se anulen cuatro órdenes, dos de ellas dictadas por el juez de la Sección Ia. de dicha corte con fecha 4 de mayo y 3 de julio de 1914 respectivamente, y las otras dos dictadas por el juez de la Sección 2a. con fecha 11 y 13 de julio de 1914.

Por cuanto de lo anteriormente relacionado y de la soli-citud se desprende que se trata en este recurso de anular órdenes dictadas por distintos tribunales en distintos proce-dimientos tramitados uno. en la sección Ia. y otro en la sección 2a. de la Corte de Distrito de San Juan, tribunales que de acuerdo con las leyes creadoras de los mismos, de marzo 8,1906, pág. 93, y marzo 14,1907, pág. 240, son completamente independientes con distintos jueces y con distinta jurisdic-ción, sin que el hecho de que el juez de una sección actúe como juez especial en la otra durante la ausencia del juez propie-tario, desvirtúe para nada la independencia ni la distinción que existe entre ambos tribunales, y la pureza del procedi-miento exige que cuando se trata de revisar por medio del recurso de certiorari órdenes dictadas por distintos tribunales en distintos procedimientos, se presente una solicitud de cer-tiorari distinta para cada tribunal, pues sería una mala prác-tica el acumular distintos jueces de distintos tribunales como partes demandadas en una misma solicitud de certiorari.

Por cuanto no cabe anular por medio de este recurso las dos órdenes primeramente mencionadas, porque esta soli-citud de certiorari no está dirigida contra el juez que dictó dichas órdenes, ni ha sido hecho él parte en este procedimiento, y porque ellas fueron dictadas en el caso de Sucesores de Abarca, S. en 0., contra la Central Yannina, sobre cobro de una cantidad de dinero y nombramiento de administrador judicial, en cuyo caso no es parte el peticionario, y de acuerdo con la jurisprudencia sentada por este tribunal en los casos de Delgado v. La Corte de Distrito, 8 D. P. R., 507, Giménez v. La Corte de Distrito, 9 D. P. R., 333, Quiñones v. La Corte de Distrito, 11 D. P. R., 433, y Monserrat v. Foote, juez de distrito, 17 D. P. R., 913, solamente en casos muy excepcio-nales procede el libramiento de un mandamiento de certio-rari a petición de una persona que no ba sido parte en el pleito cuya revisión solicita.

Pon CUANTO tampoco cabe anular la otra orden impugnada de julio 11, 1914, dictada por el Juez de la Sección 2a. en el caso de Antonio J. Amadeo v. Central Vannina, sobre cobro de mil dólares y por la cual dicho juez denegó una solicitud de aseguramiento de sentencia fundada en la ley para asegurar la efectividad de sentencias de marzo 1, 1902, porque de la copia certificada unida a la petición de certiorari de la orden impug-nada de mayo 4, 1914, dictada por el Juez de la Sección Ia. se nombraron síndicos judiciales para la Central Vannina que han tomado posesión de los bienes de dicha corporación, y es un principio bien sentado por la jurisprudencia americana que no cabe embargar bienes que están en custodia le gis por orden de otro tribunal de jurisdicción concurrente, no pu-diendo perturbarse por medio de un mandamiento de embargo de otro tribunal la posesión que actualmente tienen los síndicos judiciales de los mismos bienes que el peticionario' desea embargar.

■ Por cuanto abrigamos algunas dudas en cuanto a la pro-cedencia o improcedencia de la otra orden impugnada de julio 13, 1914, por la cual el juez de la Sección 2a. denegó una moción del peticionario para que se anotara la rebeldía de la demandada en el caso pendiente ante dicha sección entre el peticionario y dicha corporación, sobre cobro de mil dólares y preferimos que el peticionario con respecto a esta orden concreta ejercite ante el tribunal inferior o ante este tribunal los recursos que estime procedentes.

Por tanto, por los fundamentos anteriormente expuestos se desestima la solicitud de certiorari presentada en este caso y se deniega la expedición del mandamiento sin perjuicio de que el peticionario con respecto a la orden de julio 13, 1914, mencionada anteriormente, ejercite en la forma y ante quien corresponda, los recursos que en derecho procedan.

Desestimada la solicitud de certiorari y dene-gada la expedición del mandamiento.

Jueces concurrentes: 'Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Cabassa, Demandante y Apelante, v. Bravo, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso de desahucio.
    No. 1112.
    Resuelto en agosto 1, 1914.
    Desahucio — Cuestiones de Título — Estoppel.—En una acción de desahucio no pueden discutirse cuestiones relativas al título de la propiedad en litigio, ni si el demandado está impedido por la doctrina de estoppel de poder alegar el título a su favor de la propiedad en litigio, ni si el demandante o el de-mandado eran partes realmente interesadas en un documento que se otorgó anteriormente y en el cual se funda el estoppel que se alega contra el de-mandado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: ,8r. Francisco Parra Capó.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una acción de desahucio. Alegó el demandante ante la corte inferior que él era dueño de una finca rústica compuesta de unas dos cuerdas en la que había una casa semi-alta y que el demandado detentaba la misma como tenedor en precario sin pagar nada por ella y que se había negado a desalojar dicha finca al ser requerido con tal objeto.

El demandado admitió en su contestación que el deman-dante es el dueño de la "finca en cuestión, pero negó especifica-mente que la casa enclavada en dicho predio.fuera de la pro-piedad del demandante, alegando por el contrario, que la casa fué construida con dinero del propio demandado. En la con-testación se hicieron además otras alegaciones en igual sen-tido.

Existió cierto conflicto en la prueba con respecto a la pro-cedencia del dinero para la fabricación de la referida casa, habiendo resuelto la corte esa cuestión en favor del deman-dado.

Sin embargo, el demandante y apelante se funda princi-palmente en la doctrina de estoppel, o sea, en los actos eje-cutados anteriormente por el demandado y a los cuales no puede ahora oponerse. El impedimento a que se ha hecho referencia (estoppel) surge de una escritura en la cual el de-mandante que actuaba como apoderado de su esposa hizo un traspaso de la finca donde se encuentra construida la casa a su hija, o sea la esposa del demandado. El parentesco tan cercano de las partes constituye uno de los motivos de la falta de claridad en la prueba. La escritura en cuestión con-tenía la siguiente declaración: “Es claridad advertir que en ei terreno vendido, existe una casa de madera, semialta; que pertenece a Leopoldo Cabassa, (el demandante) la cual no entra en esta venta.” También expresa la escritura que Doña Eosaura Cabassa y Hernández (la hija) asistida de su esposo Alfredo Bravo, el demandado) compra la finca de Leopoldo Cabassa (el demandante) como apoderado de su esposa.

La misma finca fué luego vendida por la hija y su esposo a su padre Leopoldo Cabassa. En la segunda escritura no se hizo al parecer una declaración semejante a la hecha en la primera. En la primera escritura también se decía que el precio de la venta,- o sean, los trescientos dólares, fueron entregados por el padre a cuenta de la legítima paterna de la hija.

El apelante alega que la escritura original, tomando en consideración estas circunstancias, constituye un impedimento (estoppel) contra dicho demandado, y se funda en el artículo 100 y parte del 101, de la Ley de Evidencia, en los cnales se expresa lo siguiente:

“Artículo 100. — Una presunción (a menos que la ley no la hubiere declarado concluyente) puede controvertirse mediante otra evidencia, directa o indirecta; pero a no serlo así, será obligación del juez o jurado pronunciar su veredicto o fallo de acuerdo con la presunción. ’ ’
“Artículo 101.— * # *.
“2. La verdad de los hechos relatados, en la relación contenida en un documento escrito, entre las partes interesadas en el mismo o sus sucesores en interés por título adquirido posteriormente; pero esta regla no será aplicable a la relación de una compensación.”

La corte en su opinión declaró que estos artículos no eran ■de aplicación al caso porque Leopoldo Cabassa no era parte interesada en la escritura original, pues él comparecía en realidad como apoderado de su esposa.' Durante el juicio se presentó prueba con la que se trató de probar el hecho de •que el apelante había suministrado todos los datos al nota-rio, habiendo manifestado o admitido el demandado que había convenido con su suegro en permitir que se hiciera aquella declaración en la escritura original, debido a 1q mucho que lo molestaban sus acreedores.

De lo expuesto anteriormente resulta evidente que lo que realmente se discute en este caso son cuestiones de título, o sea, quién es el dueño de la casa, y si el demandado y ape-lado estaba impedido de poder alegar su título; e incidental-mente si ya el demandante o el demandado fué propiamente parte en la escritura en cuestión. Por tanto, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por este tribunal, no procedía la acción de desahucio. Torres et al. v. Pérez, 18 D. P. R., 573.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la reso-lución de este caso.


text:
    El Pueblo, Peticionario, v. Neagle, Demandado.
    Solicitud para que se expida auto de mandamus al deman-dado como Tesorero de la Miramar Shop Company, obli-gándole a que presente al Tesorero de Puerto Pico una planilla de contribución de patentes.
    No. 142.
    Resuelto en agosto 1, 1914.
    Mandamus — Jurisdicción del Tribunal Supremo — Contribuciones de Paten-tes. — El recurso de mandamus procede para obligar a una persona que se niega a ello a presentar al Tesorero de Puerto Pico una planilla de contri-bución de patentes, de acuerdo eon la Ley No. 184 de agosto 12, 1913, y el Tribunal Supremo tiene en su discreción jurisdicción original para conocer de tal procedimiento.
    Pueblo de Puerto Rico — Poderes de Soberanía. — Desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió el caso de MI Mueblo v. MosaXy, 227 U. S., 270, es indudable que Puerto Rico tiene substancialmente todos los poderes de soberanía poseídos por cualquier Estado de la Unión sujetos a ser revisados y anulados por el Congreso de los Estados Unidos.
    Contribuciones de Patentes — Facultades de la Asamblea Legislativa — Ley Foraker. — La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene facultades para imponer contribuciones de patentes industriales y comerciales, y la Ley Fora-ker no contiene precepto alguno que le prohíba el ejercicio de dicha facultad.
    Id. — Clasificación de los Negocios por el Tesorero de Puerto Rico — Derecho Constitucional — Delegación de Facultades Legislativas. — La Ley No. 134 de agosto 12, 1913, no es anticonstitucional, y el hecho de que el Tesorero de Puerto Rico haya sido autorizado por dicha ley para hacer una clasificación de los comerciantes e industriales y dividir algunos de ellos en cinco clases con el fin de imponer a cada clase el tipo de contribución marcado en dicha ley, no constituye una delegación de facultades legislativas al Tesorero, sino de facultades de carácter administrativo que no vician dicha ley por ese motivo del defecto de ser anticonstitucional.
    Id. — Clasificación de los Negocios por el Tesorero de Puerto Rico — Facul-tades Arbitrarias e Injustas. — Tampoco adolece la Ley No. 134 de agosto 12, 3913, sobre contribución de patentes industriales y comerciales, del defecto de conferir al Tesorero de Puerto Rico facultades arbitrarias e injustas para clasificar los comerciantes e industriales, y el hecho de que la ley establezca en un caso cinco clases de comerciantes e industriales y en otros menos, no afecta la validez de dicha ley.
    Id. — Clasificación de los Negocios por el Tesorero de Puerto Rico — Tipos de Contribución Marcados en la Ley — Clasificación Razonable. — El hecho de que la Ley No. 134, de agosto 12, 1913, haya delegado al Tesorero de Puerto Rico la facultad administrativa de imponer a cada clase de los nego-cios e industrias clasificados por él en virtud de dichas facultades el tipo previamente marcado por la ley para cada clase, no quiere decir que dicha ley sea nula y anticonstitucional por no haber fijado un tipo de contribución más definido, pues en la forma en que lo ha heeho es suficiente] • ' '

      Desecho Constitucional — Oonstitucionalidad de las Leves — Voluntad del Poder Legislador. — El deber de tm tribunal es seguir la voluntad del poder legislador y no declarar anticonstitucional una ley, a menos que claramente resulte inconstitucional.
    Contribuciones de Patentes — Cobro de la Contribución Después de Vencida— Promulgación de los Reglamentos con Posterioridad a la Pecha en que Venció la Contribución — Derecho Constitucional. — El hecho de que una ley de contribuciones actúe retroactivamente no implica necesariamente el que sea anticonstitucional y el que el Tesorero de Puerto Bico haya promulgado los reglamentos sobre el cobro de contribución de patentes con posterioridad al Io. de enero de 1914 en que venció el primer trimestre de dicha contribu-ción, no le impide el exigir el pago de dichas contribuciones atrasadas, ni tampoco hace que el acto de presentación de las planillas de dicha contri-bución por la Miramar Shop Company tenga la naturaleza de ser imposible de ejecución.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    ' Abogados del peticionario: Sres. Wolcott H. Pithin, Jr., Attorney General de Puerto Rico, y Robert Ssold, oficial jurídico.
    El demandado compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión planteada en este caso es si el Tesorero de Puerto Eico tiene derecho a obligar a la Miramar Shop Company a que le presente una cuenta de su volumen de nego-cios para que el Tesorero pueda clasificarla como una de las cinco clases designadas en la ley de agosto 12, 1913, Leyes de la Sesión Extraordinaria de 1913, página 69, Ley No. 134.

El Pueblo de Puerto Eico es el peticionario en una solici-tud de mandamus y sostiene que si existe el deber de presen-tar tal cuenta entonces esta corte tiene jurisdicción para expe-dir un mandamiento de mandamus y ordenar que se cumpla con ese deber, por tratarse de un deber público y tanto el poder de la Legislatura para imponer una contribución de patentes de esta naturaleza como la constitucionalidad de la ley en sí están envueltas en este caso. Estamos conven-cidos de que la teoría del Pueblo de Puerto Eico en cuanto afecta a la jurisdicción de esta corte y a la procedencia de la expedición del auto de mandamus es ajustada a derecho. Véase Spelling on Extraordinary Eemedies, vol. 2, see. 601, y otras citas hechas en el alegato del Attorney General. El demandado admite aquella parte de las alegaciones del Go-bierno qne se refieren a la jurisdicción de este tribunal. Sin embargo, no admite el derecho del tesorero a cobrar la con-tribución ni a exigir una planilla a la Miramar Shop Company de la cual el demandado es tesorero. La negativa de la com-pañía a presentar tal planilla se funda en varios motivos.

(1) El demandado sostiene que la Legislatura de Puerto Rico no tiene poder para imponer contribuciones de paten-tes a los negocios ni a las ocupaciones. Y en apoyo de su teoría sostiene que el poder para imponer contribución debe ser especifico y compara al Pueblo de Puerto Rico con una corporación municipal o ciudad. En el caso de Rosaly v. El Pueblo, 16 D. P. R., 508, este tribunal dijo que El Pueblo de Puerto Rico no era un soberano completo lo mismo que un Estado. Aún cuando ni en la opinión del tribunal ni en la opinión disidente se comparó al Pueblo de Puerto Rico con un municipio, sin embargo, en la opinión del tribunal se dijo que el Congreso de los Estados Unidos podía dictar reglas al Pueblo de Puerto Rico lo rqismo que un Estado podría ha-cerlo para una corporación municipal. El caso fue apelado a la Corte Suprema de los’Estados Unidos y desde que se dictó sentencia en él, People v. Rosaly, 227 U. S., 270, es indudable que Puerto Rico sustancialmente tiene todos los poderes de soberanía poseídos por cualquier Estado de la Unión sujetos a ser revisados o anulados por el Congreso de los Estados Unidos y el derecho de un territorio a ejercer poderes de soberanía ha sido reconocido desde que se resolvió el caso de Clinton v. Englebrecht, 13 Wall., 435. .La cuestión plan-teada por el demandado fue también presentada de frente a este tribunal en el caso de Ponce Lighter Company v. El Municipio de Ponce et al., 19 D. P. R., 760 y 790, y bien pode-mos repetir lo que entonces dijimos allí:

“La parte apelada nos llama la atención hacia el hecho de que en la Ley Foraker no hay precepto alguno que expresamente auto-rice la imposición de contribuciones sobre industrias u ocupaciones. Pero tampoco hay limitación alguna. El artículo 38 establece que pueden imponerse contribuciones a la propiedad y prohíbe ciertas contribuciones y no se puede deducir de una manera ligera que el poder para imponer contribuciones baya sido limitado,' cuando el Congreso en varios artículos de dicha ley ha dado poderes legisla-tivos y gubernamentales a Puerto Rico * *

Y volvemos a decir como dijimos en el caso del Municipio de Ponce que las contribuciones de patentes industriales siempre han sido cobradas por los municipios y la ley de Agosto 12, 1913, sólo trató de poner en manos del Tesorero el poder que siempre había sido ejercido por los municipios, y la Ley Fora-ker continuó en vigencia las leyes y ordenanzas existentes ante-riormente.

El demandado trata de demostrar demasiado. Por ejem-plo, no hay duda alguna de que existe el poder de expropia-ción forzosa y tal vez la Ley Foraker guarda silencio en cuanto a otras facultades legislativas que necesariamente han sido conferidas y son ejercidas por El Pueblo de Puerto Rico.

(2) El demandado sostiéne que la ley No. 134 es anticons-titucional y nula porque delega facultades legislativas al Teso-rero de Puerto Rico en contravención de la Constitución de los Estados Unidos y la Ley Orgánica. La sección 2 de dicha ley dispone que el negocio a que se refiere tal ley “será clasi-ficado por el Tesorero de Puerto Eico en una de las clases que más adelante se mencionan, de acuerdo con la relativa importancia del mismo, apreciado por el volumen de negocios realizados en Puerto Rico sin tener- en cuenta la ganancia neta o provecho que produzcan, y según resulte de su compara-ción con otros negocios o industrias similares en todo Puei'to Rico.” El demandado admite que las legislaturas pueden adoptar tipos básicos y dejar a los funcionarios administra-tivos el deber de ejecutar los detalles para que la ley sea efec-tiva. Alega él, sin embargo, que la Legislatura de Puerto Rico no ha fijado ese tipo básico dentro de la significación de la jurisprudencia que el gobierno en su alegato cita. Daremos un resumen de estas decisiones.

En el caso de Field v. Clark, 143 U. S., 649, la ley de tari-fas de 1890 disponía que con el fin de obtener relaciones comer-ciales recíprocas con países productores de azúcar, mieles, etc., siempre que el presidente estuviera convencido de que el gobierno de cualquier país productor y exportador de azú-car, mieles, café, etc., o cualquier otro producto, impusiera derechos u otros impuestos a los productos agrícolas o de otra clase de los Estados Unidos que él creyera injustos y desiguales por reciprocidad él tendría el poder y el deber de suspender los preceptos de la ley por el tiempo que estimara justo. Cuando se atacó la constitucionalidad de esta ley el Juez Asociado Sr. Harlan dijo:

“ (P. 692.) El que el Congreso no puede delegar facultades legis-lativas al Presidente, es un principio universalmente reconocido como vital para la integridad y sostenimiento del sistema de gobierno orde-nado por la Constitución. La ley de octubre 1, 1890, en el extremo en discusión, no está en pugna con ese principio. No reviste al Pre-sidente, en un sentido verdadero, con poderes legislativos.”

En el caso de Buttfield v. Stranahan, 192 U. S., 470, una ley del Congreso declaró ilegal el que cualquiera persona * * * imp0rtara * * * cualquier mercancía, como té, que fuera inferior en su pureza, cualidad o aptitud para el consumo a los tipos fijados en la sección 3 de la ley. T la sección 3 disponía que el Secretario del Tesoro, por recomen-dación de dicha junta (de peritos en té), debería fijar y esta-blecer tipos uniformes de pureza, cualidad y aptitud para el consumo de todas clases de tés importados. Los tés fueron clasificados por el Secretario del Tesoro en trece clases. Se resolvió que el poder delegado al Secretario del Tesoro para fijar el-tipo de tés inferiores no fué ilegalmente delegado por el Congreso. La corte por medio de su Juez hoy Presi-dente Sr. White, dijo:

“(P. 496.) La alegación de que la ley sujeta a la arbitraria dis-creción del Secretario del Tesoro la determinación de cuáles tés pueden importarse y que por consiguiente de Lecho inviste a este funcionario de poder legislativo, no tiene mérito alguno. Somos de opinión que la ley aplicada propiamente, como se dijo por la Corte de Apelaciones de Circuito, sólo expresa el deseo de excluir l^s clases inferiores de té, aunque fuesen demostrablemente de inferior pureza, inservibles para el consumo público, o que se presumiese así a causa de su inferior calidad. Esto, en efecto, era la fijación de una base como norma, y recaía en el Secretario del Tesoro el mero deber ejecu-tivo de efectuar el programa legislativo declarado en la ley. El caso está dentro del principio del caso de Field v. Clark, 143 U. S., 649 * * * . El Congreso legisló acerca de la materia eñ tanto era razonablemente práctico, y por las necesidades del caso fué obligado a dejar a los funcionarios ejecutivos el deber de obtener los resul-tados indicados por la ley. Negar el poder del Congreso para delegar este deber, en efecto, implicaría solo declarar que el poder plenario investido en el Congreso para regular el comercio extranjero no podía eficazmente ejercitarse.”

En el caso de Union Bridge Co. v. United States, 204 U. S., 364, una ley del Congreso imponía la obligación al Secretario de la Guerra de exigir que todos los puentes fuesen alterados “siempre que el Secretario de la Guerra tuviese razón para creer que algún ferrocarril u otro puente * * * sobre cual-quiera de las vías navegables constituía una obstrucción arbi traria para la libre navegación de tales aguas por razón de su altura insuficiente, etc. Se resolvió que la ley no era anti-constitucional por conferir poderes legislativos al Secreta-rio de la Guerta. Se examinaron los casos sobre la materia en la opinión y se ratificó el principio de que era suficiente el que la legislatura fijara un tipo de norma. La corte dijo:

“ (P. 386.) Sin duda, si el Congreso así lo desease, podría, de algún modo efectivo y sin previa investigación por conducto de funcionarios ejecutivos, determinar por sí mismo, primeramente, el hecho de si el puente en cuestión era una obstrucción arbitraria de la navegación y' si se encontraba que era de tal carácter, podría por legislación directa haber exigido al demandado que hiciese las alteraciones en su puente que fuesen necesarias para la protección de la navegación y comercio por la vía navegable en cuestión. Pero las investigaciones por el Congreso de cada puente en particular que se alegue que constituye una obstrucción arbitraria de la libre nave-gación y la legislación directa con respecto a cada caso por separado, sería impracticable en vista de los grandes y variados intereses que exigen de tiempo en tiempo legislación nacional. Por la ley en cues-tión, el Congreso declaró en efecto que la navegación debe estar libre de obstrucciones arbitrarias procedentes de puentes de altura insufi-ciente, anchura de los tramos o por otros defectos. Sin embargo, se hizo punto en esta declaración de una regla general y se impuso al Secretario de la G-uerra el deber de cerciorarse qué casos particu-lares caían dentro de la regla prescrita por el Congreso lo mismo que se le impuso el deber de implantar la regla en tales casos. Al desempeñar este deber, el Secretario de la Guerra sólo ejecuta la voluntad expresa del Congreso y en modo alguno en su verdadero sen-tido ejerce poderes legislativos o judiciales.”

En el caso de St. Louis Railway v. Taylor, 210 U. S., 281, una ley sobre aparatos de seguridad (safety appliance law) disponía que los vagones de carga estuvieran provistos de barras de tracción de altura uniforme. La altura uniforme habría de ser fijada por la Comisión de Comercio entre Esta-dos por recomendación de la Asociación Americana de Ferro-carriles. Se resolvió que la ley no prescribía una delegación anticonstitucional de facultades legislativas.

En el caso de United States v. Grimaud, 220 U. S., 506, una ley del Congreso reservó ciertos terrenos forestales y dispuso que el Secretario de Agricultura debería dictar aque-llas reglas y reglamentos y debería establecer el servicio nece-sario para asegurar los fines de tal reserva, cuales son el re-glamentar su disfrute y posesión y el impedir la destrucción de los bosques. La infracción de cualquiera de las reglas esta-blecidas por el Secretario de Agricultura constituía un delito. Al declarar que tal ley era constitucional la corte dijo:

“ (P. 517.) Desde el principio del gobierno varias leyes han sido aprobadas confiriendo a funcionarios ejecutivos el poder de dictar reglas y reglamentos, no para el régimen de sus departamentos, sino para hacer cumplir las leyes vigentes. Ninguna de estas leyes podían conferir poder legislativo. Pero cuando el Congreso legislaba y -expre-saba su voluntad, podía dar a aquellos que Rabian de actuar bajo tales preceptos, el poder para establecer los detalles mediante la promulgación de reglas y reglamentos administrativos, cuya infrac-ción podía ser castigada con multa o prisión fijada por el Congreso, o con penas fijadas por el Congreso, o calculadas por el daño causado.”

Cuestiones parecidas y resoluciones semejantes dió la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Red “C” Oil Mfg. Co. v. Board of Agriculture of North Carolina, 222 U. S., 380,, y en el de Interstate Commerce Commission v. Goodrich Transit Co., 224 U. S., 194, y el alcance de la facul-tad discrecional conferida a la Comisión de Comercio entre Estados por la Ley de Comercio entre Estados se estableció de nuevo en el caso de Kansas City So. Railway Co. v. United States, 231 U. S., 423, en el cual la corte-dijo:

“Aquí no hay ninguna delegación inconstitucional de poderes legislativos. Los razonamientos expuestos en el caso de la Interstate Commerce Commission v. Goodrich Transit Co., 224 U. S., 194, 210, etc., son decisivos. Y como se demuestra la uniformidad de la con-tabilidad depende de la implantación y cumplimiento de clasifica-ciones precisas y la autoridad para determinar los términos de esta clasificación necesariamente se infiere, puesto que después de todo sólo significa el establecimiento de reglas generales de acción bajo las cuales puede proceder la comisión y dejando a la comisión apli-car estas reglas en casos y circunstancias particulares por el estable-cimiento y cumplimiento de reglas administrativas.”

Un caso de exacta analogía y que el demandado admite ser de aplicación es el de Ould & Carrington v. City of Richmond, 23 Gratt. (Va.), 464, 14 Am. Rep., 139. Se entabló una ac-ción por Ould & Carrington contra la ciudad de Richmond para recobrar contribuciones pagadas bajo protesta. Las contribuciones se cobraron en virtud de una ordenanza municipal que dividía a los abogados en seis clases, imponía una contribución de patente de cierta cantidad a los abogados de cada clase y le impuso el deber al Comité de Hacienda del Concejo Municipal de clasificar los abogados en las clases a que respectivamente pertenecieran. La sección 11 del esta-tuto disponía “que el Comité de Hacienda habría de clasi-ficar cada persona y sociedad dedicada a los negocios men-cionados en las secciones 3, 4, 5, 7 y 8, en las clases a que tal persona o sociedad correspondiera de acuerdo con la opinión de la comisión, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso.” A la comisión se le ordenaba que notificara dicha clasificación por medio de anuncios en dos periódicos de la ciu-dad para que todas las personas que se creyeran injustamente clasificadas pudieran comparecer para corregir el error si existiera.

La' validez de una ordenanza estableciendo una contri-bución de patentes parecida a la que se declaró válida en el caso citado contra la ciudad de Richmond, fué atacada y decla-rada válida en el caso de Bradley v. City of Richmond, 110 Va. 521, 66 S. E., 872. El caso fué apelado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual confirmó la sentencia. En este caso se discutió la interpretación de la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, o lo que es lo mismo si hubo debido procedimiento de ley, y aunque la Corte Su-prema de los Estados Unidos no entró a discutir en dicho caso la delegación de poderes legislativos, dijo:

(227 U. S., 481) “La objeción a la ordenanza no nace de nin-guna disputa de que no existan distinciones justas y. razonables que justifiquen una contribución mayor sobre algunas de las personas o sociedades que se ocupen en lo que se llama ‘negociado de banca particular’ que sobre otros que se ocupan del mismo negocio en general, sino que nace del hecho de que la ley no dispone reglas por virtud de las cuales algunos han de ser colocados en una clase y otros en otra. Una ordenanza que da a una junta, comisión o funcionario el poder de hacer una clasificación arbitraria para los fines de contri-bución, no llenaría ni los requisitos del debido procedimiento, ni tam-poco el de la debida protección de la ley.”

Sin embargo, el demandado alega que el poder para clasi-ficar dado al Tesorero de Puerto Rico es arbitrario' e injusto. Sostiene él que la ley no dispone que debe haber cinco clases en cada industria y qne no obliga al Tesorero a poner al menos nna persona en cada clase. Sostiene además qne el Tesorero podría clasificar todas las centrales azucareras de la isla en la primera clase y ajustarse así al poder que le ba conferido la ley. Que la legislatura no indicó si la línea divisoria de las distintas clases habría de ser la diferencia de un dólar o de diez mil dólares por año en el volumen de los negocios. El demandado sostiene que no se le ban marcado límites al Tesorero para el ejercicio de su facultad discrecional y que la legislatura no ba fijado tipos de norma. Alega él que al Tesorero nb se le exige que establezca algún becbo o becbos concretos, sino que tiene que determinar un número de becbos prácticamente para imponer la contribución.

No podemos comprender qué influencia puede ejercer el que en un caso se divida la industria en cinco clases y en otros en menos. Tampoco podemos apreciar qué importa el que el Tesorero esté investido de amplias facultades discrecionales siempre y cuando que tales facultades sean administrativas y no legislativas. El eje de la cuestión siempre es el si de acuerdo con las palabras de la ley y la historia legislativa del país las facultades delegadas han sido administrativas y no legislativas. Hemos citado ún caso específico, o sea el de Ould & Carrington. El demandado no trata de establecer distinción entre ese caso y el de autos, sino que ataca sus razo-namientos. Tal vez el razonamiento no sea enteramente satis-factorio, pero la sentencia es un becbo y una Corte de los Estados Unidos ba resuelto que facultades semejantes a las concedidas por la ley No. 134 al Tesorero de Puerto Eico son administrativas y no legislativas.

Examinemos la ley en sí.. En primer lugar resulta de la misma que la contribución no puede exceder ni ser menos de un tipo fijado por la legislatura. La contribución ba de calcularse de acuerdo con el volumen de los negocios. Y debe ser proporcional a otros negocios parecidos en Puerto Eico. Es decir, la contribución debe ajustarse a un plan o propor-ción que depende de las clases fijadas en la ley, y si no fuera así entonces sería arbitraria e injusta y podría recnrrirse a los' tribunales. Ojiando exista una gran diferencia en el volu-men de los negocios es evidente que al volumen mayor se le puede imponer la contribución al tipo mayor, siempre que se aplique un tipo igual a otros negocios semejantes, y en general a las industrias con un volumen menor de negocios se les impondrá una contribución proporcional. Tal vez la ley en conjunto no sea muy científica. La legislatura tal vez Rubiera podido fijar tipos de norma más definidos. ' Tampoco podemos decir que el Tesorero siguiendo las reglas pres-critas por la legislatura, dicte leyes porque estamos de acuerdo con el gobierno en que la ley ya está becba. El Tesorero está sujeto a toda clase de limitaciones. No solo la ley le impone una limitación, como ya bemos dicbo, sino que establece una apelación contra su resolución para ante una comisión de tres miembros de la cual él es uno. Poderes semejantes a los que se ban concedido aquí al Tesorero se confieren con fre-cuencia a comisiones ferroviarias para fijar fletes de trans-portes por ferrocarriles y la constitucionalidad de esa dele-gación de poderes ba sido favorablemente resuelta en varios casos. State v. Atlantic Coast Line R. Co., 47 Southern Rep., 969. Trustees of Saratoga Springs v. Saratoga Gas Co., 122 App. Div., 214; State v. Railroad Commission, 100 Pac., 184; 8 Cyc., 834. El Juez Asociado Sr. Brewer en el caso de Chicago and N. W. Railway Co. v. Day, 35 Fed. Rep., 874, dijo:

“* * * La Constitución del Estado de Iowa, lo mismo que las de otros Estados, divide el gobierno en tres departamentos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial; y en el artículo 3, párrafo 1, de-clara que ‘ninguna persona encargada de ejercitar poderes que propia-mente pertenecen a uno, ejercitará funciones correspondientes a cual-quiera de los otros.’ En virtud de otro artículo el poder legislativo radica en una asamblea general compuesta de dos cuerpos, el Senado y la Cámara. No existen preceptos en la Constitución que creen una comisión ferroviaria. De aquí deduce el abogado que la legislatura es la única que puede fijar los precios de flete y que no puede apli-car sus funciones y delegar este poder legislativo a otro cuerpo. Por ¡supuesto, esta es la cuestión decisiva; pues si sólo la legislatura puede fijar los fletes, los comisionados de ferrocarriles están ejerciendo fun-ciones que no les pertenecen: y si los fletes propuestos infringen los derechos de propiedad del demandante puede él pedir que tales funciones no autorizadas de los comisionados sean suspendidas. No siempre es fácil contestar un argumento tan claro y tan sencillo cuando ambas proposiciones son en sentido general al menos verda-deras. Admite la fuerza del argumento y sin embargo no cree que pudiera aceptar la teoría por estas razones: 1, es elemental que una ley'no puede ser declarada inconstitucional a menos que su defecto sea evidente. Como dijo el Juez Presidente Sr. White, en el caso de Munn ya citado: ‘toda ley se presume que es constitucional. La corte no debe declararla inconstitucional, a menos que claramente lo sea. Si existe duda, la voluntad expresa de la legislatura debe ser respetada.’ O como se ha dicho en otra ocasión en forma epigra-mática: ‘la duda sostiene la ley.’ 2. Tal delegación de poder no tiene un viso inherente; no tiene nada que por su naturaleza pueda impedir al Estado que al menos por un precepto constitucional im-ponga tales deberes a una comisión; y no hay nada en tal precepto constitucional que constituyera una invasión de los derechos garan-tizados por la Constitución Federal. ‘ Por tanto, después de todo, la cuestión es más bien de forma que de fondo. La cuestión, vital tanto para el embarcador como para el portador, es que los fletes sean justos y razonables y no qué organismo-es el que los pone en vigen-cia. 3. Aun cuando en sentido general según las palabras del Tribunal Supremo haya de concederse que el poder para fijar fletes es legislativo, sin embargo, la línea divisoria entre las funciones legis-lativas y administrativas no siempre son fáciles de distinguir. La una penetra en la otra. Los libros de leyes están llenos de estatutos que indudablemente son válidos en los cuales la legislatura se ha contentado con simplemente establecer reglas y principios, dejando su ejecución y detalles a otros funcionarios. En este caso ha decla-rado que los fletes deben ser razonables y justos y ha conferido,' al menos en parte, la simple administración de esa ley a una comisión ferroviaria. Supongamos que en lugar de declarar en términos gené-rales que los fletes deben ser razonables y justos hubiera dispuesto ■que los fletes debieran calcularse de tal modo que el portador des-pués de deducir el costo del transporte recibiera el 3 por ciento sobre la cantidad de dinero invertida en los medios de transporte y entonces •encargara a la comisión ferroviaria con el deber de fijar una tarifa de fletes para llevar a la práctica ese precepto, ¿no serían las fun-ciones investidas en tal forma a esa junta de carácter estrictamente administrativo? Aunque desde luego los casos no son exactamente paralelos, sin embargo, el ejemplo indica cómo las funciones admi-nistrativas se rozan con el poder legislativo y convencen que aquello que participa en gran parte de un cargo meramente administrativo no debe ser declarado precipitadamente una delegación inconsti-tucional del poder legislativo. 4. Lo razonable de los fletes cambia con el cambio de las circunstancias. Aquello que hoy es justo y razo-nable seis meses o un año después puede ser o muy alto o muy bajo. La legislatura sólo se reúne en determinados períodos; en este Estado una vez cada dos años. Es más probable que se haga justicia si este poder de fijar los fletes se impone a un organismo que continuamente pueda celebrar sesiones que si se impusiera a un organismo que sólo se reúne en períodos determinados y en largos intervalos. Tal orga-nismo puede cambiar los fletes en cualquier momento y hacer frente a cambio de circunstancias. Si bien es cierto que este argumento fundado en la inconveniencia no puede apurarse mucho, sin embargo es indudable que puede ser objeto de investigación el si teniendo en cuenta el aumento complejo de nuestra civilización y de nuestras relaciones sociales y comerciales, no es necesario reconocer el poder de la legislatura de dar mayor alcance a las funciones administra-tivas. 5. Las sentencias del Tribunal Supremo de este Estado que resuelven ceder delegación de poder pugnando con la Constitución del Estado deben ser aceptadas como definitivas en las Cortes Fede-rales. Y una Corte Federal no debe apresurarse a declarar anticonsti-tucional lo que la Corte de Estado puede posteriormente declarar válido, especialmente cuando la Corte Suprema de algunos de los Estados hermanos ha declarado válidas disposiciones semejantes. Fi-nalmente, las autoridades que directamente tratan esta cuestión sos-tienen esta delegación de poderes.
“En el reciente caso de State v. Railroad Co., 37 N. W. Rep., 782, la Corte Suprema de Minnesota examinó esta cuestión y declaró válido un precepto semejante. Yéase también el caso resuelto por la Corte Suprema de Nebraska de State v. Railroad Co., 35 N. W. Rep., 118, y 36 N. W. Rep., 308. En el caso de Tilley v. Railroad Co., 5 Fed. Rep., 641, el Juez Asociado de la Corte Suprema de los Estados Uni-dos, Sr. Woods, actuando como Juez de Circuito, también examinó esta cuestión en una opinión cuidadosamente redactada y declaró válido otro precepto parecido. Véanse también los otros casos citados en la opinión de la Corte Suprema de Minnesota ya citada. Pero aun más, en el caso de Stone v. Trust Co., 116 U. S., 307, 6 Sup. Ct. Rep., 334, se discutió ante la Corte Suprema de los Estados Unidos la validez de una ley del Estado de Mississippi que delegaba poderes semejantes a una comisión ferroviaria y aunque se hizo esta misma. objeción por el abogado en contra de su validez, la ley fué declarada válida. Es verdad que no se mencionó expresamente esta cuestión en la opinión y en ella se dijo que podrían presentarse otras cues-tiones fundadas en partes de la ley que pudieran ser resultas des-pués, así es que tal vez ese caso no pueda tomarse como una deter-minación completa de esa cuestión por la corte; sin embargo, como ya be dicho, todas las autoridades que han sido citadas o que yo he podido encontrar y que tratan en concreto esta cuestión se pronun-cian a favor de la constitucionalidad de tal delegación de poderes Por estas razones yo sostengo que esta contención del demandante es insostenible.”

Tal vez nosotros también pudiéramos' tener alguna duda, pero como ha dicho el Juez Asociado Sr. Brewer “la duda sostiene la ley.” El deber de un tribunal de seguir la volun-tad de la legislatura, a menos que claramente resalte la incons-titucionalidad de la ley fué declarado por nosotros en el caso de Ponce Lighter Company v. Municipio de Ponce et al, 19 D. P. R., 760 y 790, y en las citas recopiladas en él.

III. El demandado sostiene que el acto, es imposible de ejecutar. La teoría del demandado, al parecer, es que la con-tribución en caso de ser exigible lo fué de acuerdo con la ley, el Io. de enero de 1914; que como en dicha fecha el Tesorero no había obtenido de la Miramar Shop Company el certificado, no puede exigir el pago de la contribución que venció el primer día del año; que a las personas nombradas en la ley se les prohíbe explotar negocios hasta que han pagado la contribución; que el Tesorero no promulgó sus reglamentos para las contribuciones que vencieron el Io. de enero de 1914 hasta el 23 de enero de 1914; que por razón de estos precep-tos y actos contradictorios es imposible ejecutar el acto.

Si se examina la sección 3 de la ley se observará que a las personas, de acuerdo con ella, se les prohíbe explotar nego-cios “hasta o a menos que” la correspondiente contribución de patente haya sido pagada. Según la sección 4, la contri-bución vence el día Io. de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. Es cierto que el Gobierno trata de cobrar la contribución que venció el Io. de enero de 1914, pero es necesario dar a la ley una interpretación razonable. Si el Tesorero por no tener datos suficientes para ello no ba cobrado la contribución qne venció el Io de enero de 1914 y que de acuerdo con las. secciones 9 y 10 de la ley él está auto-rizado para exigir a la Miramar Sbop Company, el mero hecho de que no haya cobrado esa contribución a su debido tiempo no le impide el exigir el pago cuando llegan a su poder los datos. La sección 3 dice: “hasta o a menos que” la contri-bución se haya pagado, y de acuerdo con la ley una persona no tiene derecho a explotar sus negocios “a menos que” haya pagado su contribución, pero no puede decirse que haya omi-tido pagarla, hasta, que tal contribución haya sido determi-nada. Las palabras “a menos que” indican que la contribu-ción no puede exigirse hasta que esté debidamente fijada. Pero la resistencia opuesta por la Miramar Shop Company a dar los datos necesarios, no impide al Tesorero el cobrar contribuciones atrasadas al tiempo de obtenerse dichos datos. Al parecer, la contribución sobre los bienes inmuebles se cobra del mismo modo. El hecho de que una ley sobre contribu-ciones ectúe retroactivamente no implica por necesidad el que sea anticonstitucional según ha dicho la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Billings v. United States, 232 U. S., 261, y el que sea necesario ejecutar algún acto des-pués que vence una contribución para poder determinar su importe no impide el que se cobre. El Tesorero estaba auto-rizado para exigir estos datos y la Miramar Shop Company estaba obligada a suministrarlos. Los reglamentos dictados parecen razonables y la impugnación que se les hace carece de importancia.

Debe expedirse el auto perentorio de mandamus.

Concedida la solicitud y ordenada la expedi-ción de un auto perentorio de mandamus contra el demandado para que dentro del tér-mino de diez días presente el certificado ju-rado exigido por el Tesorero de Puerto Rico.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. HutcMson no formó parte del tribunal en la vista de este caso.