author: En Juez PresideNte Señor Travieso

text:
    Juan Serra, por sí y en representación de su esposa Mercedes Maldonado, demandantes y apelantes, v. Autoridad de Transporte de Puerto Rico, Anglo Porto Rican Insurance Agency, Inc., Gobierno de la Capital y la Maryland Casualty Company, demandados y apelados.
    Núm. 9423.
    Sometido: Mayo 6, 1947.

      Resuelto: Julio 16, 1947.

      Bauzá c6 Bauzá, abogados de los apelantes; Charles K. Iiartzell, Fernando B. Fornaris y José L. Novas, abogados del Gobierno de la Capital y Maryland Casualty Co., apelados; Córdova & Gon-zález y Carlos J. Faure, abogados de la Autoridad de Transporte y la Anglo Porto Rican Insurance Agency Inc., apelados. *
   En Juez PresideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La guagua número 87, propiedad de la Autoridad de Transporte de Puerto Rico, en la cual viajaba como pasajera la esposa del demandante, chocó con la Ambulancia del Hospital Municipal de San Juan. La demandante recibió lesio-nes en todo el cuerpo y hubo de ser llevada al Hospital Municipal, en donde abortó.

■ En la demanda radicada ante la Corte de Distrito de San Juan se alega que el accidente se debió a la negligencia del chófer y empleado de la Autoridad de Transporte. Para proteger los derechos de la demandante, en el caso de que resultare, que el accidente fué causado por la negligencia del conductor de la ambulancia, la demandante hizo partes de-mandadas al Gobierno de la Capital, a la Anglo-Porto Rican Insurance Agency, Inc., como aseguradora de la guagua y a la Maryland Casualty Company como aseguradora de la am-bulancia municipal.

Contestaron la Autoridad de Transporte y la Anglo-Porlo Rican Insurance Agency, Inc. negando los hechos esenciales de la demanda y alegando como defensa especial que la causa próxima del accidente fue la negligencia crasa del chófer de la ambulancia.

Alegó el Gobierno de la Capital que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción; y como defensa especial, que en el momento en que ocurrió el accidente la ambulancia no estaba siendo utilizada liara fines corporativos y sí jjara fines gubernamentales de beneficencia pública. Solicitó el G-obierno de la Capital que por las ra-zones expuestas se desestimase la demanda.

La corte inferior dictó su resolución desestimando la de-manda, en lo que respecta al Gobierno de la Capital y a la Maryland Casualty Co., basándose en lo resuelto por esta Corte Suprema en Villegas v. Municipio de San Juan, 19 D.P.R. 419. Cf. Davidson v. Hettinger & Co., 62 D.P.R. 301. Resolvió, además, que “no siendo responsable el municipio de los daños y perjuicios que pueda haber ocasionado su am-bulancia a la esposa del demandante, la aseguradora Maryland Casualty Company tampoco puede serlo.” Apelaron los de-mandantes, alegando como base de su recurso, que la resolu-ción apelada es contraria a derecho.

En el caso de Villegas, supra, resuelto en el año 1913, se presentó a la consideración de este Tribunal, por primera vez, la misma cuestión envuelta en el presente caso, o sea si un gobierno municipal es responsable por los daños y. perjuicios causados por la negligencia del conductor de una ambulancia dedicada al servicio de beneficencia municipal. Siguiendo la regla establecida en Maximilian v. Mayor et al., 62 N.T. 160 — según la cual el municipio es responsable cuando actúa como una corporación privada en el ejercicio de alguna facultad especial que le hubiere sido concedida y no lo es cuando la facultad le ha sido encomendada como uno de los organismos políticos del Estado, como medio para ejercitar la facultad soberana en beneficio de todos los ciudadanos — se resolvió que el Municipio de San Juan no era responsable, porque “solamente cuando el Municipio recibe algún beneficio como tal corporación es que puede hacérsele responsable de los actos ejecutados por los agentes ocupados en el servicio de caridad o beneficencia municipal.”

Veintiún años más tarde, en 1934, este Tribunal tuvo ante sí nuevamente la misma cuestión que estamos considerando, en el caso de Compañía Industrial de Aguadilla, Inc. v. Mu- nicipio de Aguadillo,, 47 D. P.R. 547. Se reclamaban daños y perjuicios por la destrucción por un incendio de una fábrica de muebles de la demandante, alegándose que el Municipio había sido negligente por no liaber suministrado agua du-rante los primeros 45 minutos del incendio y por falta de cooperación por parte de los empleados dedicados al servicio de extinción de incendios. Se resolvió que el Municipio no era-responsable porque en la .administración de su Depar-tamento de Incendios el Municipio actúa en su capacidad gu-bernamental y no en su carácter particular.

En Colón v. Gobierno de la Capital, 57 D.P.R. 15, se re-clamaron daños y perjuicios por las lesiones causadas al de-mandante por un automóvil conducido por un empleado municipal. El vehículo regresaba a San Juan después de haber conducido a Río Piedras a un empleado técnico, quien pres-taba servicios en relación con la conservación y explotación del acueducto municipal. La corte inferior resolvió que la palabra “funcionario” usada en el artículo 46(d) de la Ley núm. 99 de 1931, para establecer un gobierno especial para la Capital de Puerto Rico, redactado en términos idénticos a los del artículo 83(d) de la Ley Municipal de 1928, no in-cluía a los agentes y empleados del Gobierno de la Capital; que el chófer que guiaba el automóvil era un empleado y no un funcionario; y por último, que el Municipio no era res-ponsable porque en el momento del accidente el chófer pres-taba'servicios al Municipio en su carácter gubernativo y no en su carácter corporativo. La sentencia fué revocada, re-solviéndose que “al explotar y conservar el acueducto el Gobierno de la Capital realiza una función corporativa y no gubernativa”; y que “cuando las funciones que realiza la municipalidad no son de carácter público o gubernativo, y sólo tienden al beneficio del municipio y de sus habitantes, no existe razón alguna para que la municipalidad esté exenta de responsabilidad por los actos u omisiones de sus emplea-dos. ”

En Davidson v. H. I. Hettinger & Co. y El Gobierno de la Capital, 62 D.P.R. 301, la demandante reclamó daños y perjuicios por lesiones que sufriera al caer en un hueco que había en una acera de una calle pública en Santurce. Se alegó que el Municipio había sido negligente porque teniendo conocimiento de las obras que se realizaban permitió que el contratista dejara el hueco sin protección alguna. Al con-firmar la sentencia en favor de la demandante, dijimos:

"En relación con la reparación y mantenimiento de sus calles upa minoría de las autoridades sostiene que es una función guber-namental y que el municipio no es responsable aun bajo la Ley Común en los Estados de Arkansas, California, Connecticut, Maine,. Massachusetts, Michigan, New Jersey, Oregon, Rhode Island, South Carolina, Vermont, New Hampshire y 'Wisconsin. En algunos de estos Estados se han aprobado estatutos imponiendo o limitando la responsabilidad municipal en estos casos. Empero, en la mayoría de los Estados se sostiene la responsabilidad de los municipios en re-lación con accidentes ocurridos con motivo de la negligencia de sus funcionarios y empleados en el mantenimiento y reparación de las calles.
"No tenemos duda de que en el mantenimiento de sus calles y vías de comunicación el municipio actúa en su capacidad gubernamental ya que ningún beneficio pecuniario obtiene, empero, no vemos razón poderosa alguna que impida que, consecuentes con nuestra aceptación de las doctrinas del derecho común sobre las actuaciones guberna-mentales y corporativas de los municipios a que hemos hecho refe-rencia, no debamos también aceptar y adoptar la excepción que a la primera de dichas doctrinas existe en el derecho común americano.”

Véase también: Blanco v. Municipio de Mayagües, 57 D.P.R. 482.

Pocas doctrinas han sido tan discutidas y tan severamente criticadas como la que estamos considerando en el presente caso. Todos los ‘ autores que hemos consultado están de acuerdo en que probada la negligencia de un funcionario o empleado do un municipio, éste debe responder en daños y perjuicios, lo mismo cuando se trata de funciones guberna-mentales que de funciones corporativas de las cuales el Mu-nicipio deriva algún beneficio pecuniario^) La regia en verdad no está sostenida ni por la razón ni por la justicia. No existe razón alguna para sostener que un viandante, que es arrollado por un automóvil del Servicio del Acueducto, negligentemente conducido por un chófer del Municipio, tiene derecho a recobrar daños y perjuicios en una acción contra el Municipio; y que otro viandante, igualmente lesionado, no tiene remedio alguno cuando el vehículo negligentemente conducido por un chófer municipal es una ambulancia del servicio de beneficencia municipal.

La Ley núm. 99, de mayo 15 de 1931, pág. 627, para esta-blecer un gobierno especial para la Capital de Puerto Eico, dispone:

“Artículo 46. — La Corte de Distrito de San Juan tendrá juris-dicción a instancia de parte perjudicada:
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“(d)Para conceder, mediante juicio ordinario, compensación do daños y perjuicios a los perjudicados por actos u omisiones de los funcionarios de la capital por malicia, negligencia o ignorancia inex-cusables. ’ ’

La cuestión que debemos considerar y resolver es si al conceder a la persona perjudicada por la negligencia inexcusable de un “funcionario” de la Capital el derecho a re-clamar al Gfobierno Municipal compensación de daños y per-juicios, el legislador usó la palabra “funcionario” en su sentido concreto y restrictivo, o sea para incluir solamente a los funcionarios administrativos creados por el artículo 1.0 de la misma Ley, quienes de acuerdo con el artículo 20 cons-tituyen la “Junta Administrativa de la Capital”, o si la usó en su acepción más amplia y extensa para incluir a cualquier empleado o agente, que actuando a nombre del Municipio y para beneficio de la comunidad, lo llaga negligentemente y-cause perjuicios a cualquier persona. Los funcionarios ad-ministrativos, que constituyen la Junta Administrativa de la -Capital son el Administrador (City Manager), el Tesorero, el Director de Obras Públicas, el Director de Sanidad y Be-neficencia y el Director Escolar.

En la Enciclopedia Jurídica Española encontramos las siguientes definiciones:

“Funcionario. La persona dedicada al desempeño de alguna '[tin-ción o servicio.
“Funcionario Judicial. Tomando la palabra ‘funcionario' en su acepción más amplia y extensa, es funcionario judicial el que ejerce facultades o atribuciones de este orden, desde el presidente del Tribunal Supremo hasta el alguacil de un Juzgado Municipal.
"Dando al término ‘funcionario’ el sentido más concreto y espe-cífico, que, contrapone este concepto a los de ‘autoridad’ y ‘agente de la autoridad,’ su aplicación en lo judicial quedará limitada a quienes, si bien desempeñan funciones judiciales, carecen de la po-testad de mando, propia o delegada. (Bastardillas nuestras.) Vol, 16, págs. 861 y 862,
“Funcionario Publico. Denomínase así a toda persona que pres-tando su actividad para la realización de los fines de una sociedad polí-tica cualquiera, crea por este solo hecho una relación jurídico-pública.
“I. Explicación del Concepto. — Desde luego se percibe que la función, y lo mismo podría decirse del empleo público, supone pres-tación de actividad por parte de individuos determinados. El Es-tado, la Provincia, el Municipio, no pueden, en cuanto son personas morales, matizar sus fines si no se valen para ello de las personas físicas que mediante su actividad respectiva llagan lo que aquellas sociedades políticas no pueden realizar.
"Hay quien supone que la actividad ha de prestarla el funcio-nario, especialmente el funcionario empleado, de un modo perma-nente; pero según nuestro modo de vér, no es esta nota de la perma-nencia, precisa para caracterizar el concepto. Basta sencillamente que se haga algo, teniendo la vista puesta en el interés público, y lo que se haga, por muy circunscrito que aparezca por el tiempo, será una 'función pública y la persona que la realice un funcionario de la misma condición.” (Bastardillas nuestras.) Vol. 16, pág. 864.

El artículo 46 de la Ley uúm. 99 de 1931 reconoce a toda persona perjudicada por la negligencia de un funcionario municipal el derecho a reclamar daños y perjuicios al Municipio, sin establecer distinción alguna entre los casos en que el funcionario ejecutaba actos de autoridad o funciones guber-namentales y aquéllos en que el funcionario fué negligente en la ejecución de actos de gestión o funciones corporativas, como agente especial del Municipio.

Si el legislador hubiese tenido el propósito de hacer res-ponsable al Gobierno de la Capital solamente por la culpa o negligencia del Administrador (City Manager) o de cual-quiera otro de los componentes de la Junta Administrativa de la Capital, muy fácil le hubiera sido expresar claramente su intención con sólo añadir a la palabra “funcionarios” el adjetivo “administrativos”. Nos inclinamos a sostener que el legislador usó la palabra “funcionario” en su acepción más amplia y extensa y que su intención fué la de incluir bajo esa denominación a los chóferes o conductores de los auto-móviles de los distintos departamentos del Gobierno de la Capital dedicados a prestar servicios al público, pues no es razonable creer que se haya creado un derecho de acción para reclamar indemnización por daños causados por la negligen-cia de funcionarios administrativos — el City Manager, el Te-sorero, el Director de Obras Públicas, el Director de Sanidad y Beneficencia y el Director Escolar — quienes por razón de sus cargos nada tienen que ver con el manejo o conducción de máquinas o automóviles que puedan causar daños al ser negligentemente manejados o conducidos, y que no se haya concedido igual derecho de acción a la víctima de un vehículo negligentemente conducido por un chófer municipal. Opina-mos que 'el propósito del legislador fué repudiar la doctrina del derecho común — que hace responsable al municipio cuando éste actúa en su capacidad corporativa y no cuando actúa como un organismo político del Estado — y conceder un de-recho de acción a toda persona que haya sido perjudicada por la negligencia de cualquiera otra persona que como fun-cionario, agente, empleado o sirviente del municipio, se en-cuentre realizando una función o prestando un servicio para beneficio de la comunidad municipal.

El requisito del beneficio pecuniario, como base para la responsabilidad del municipio por daños causados por la negligencia de sus empleados, adoptado por esta corte en el caso de Villegas v. Municipio, supra, lia sido repudiado por numerosas decisiones, en las cuales se sostiene que el deber que tiene el municipio de ejercitar el debido cuidado en el desempeño de sus funciones nace del derecho que tiene el ciudadano a la seguridad y protección de su persona y no depende del beneficio pecuniario que pueda derivar el muni-cipio del servicio que presta a la comunidad. 38 Am. Jur., pág. 270. La regla sentada por las decisiones que hemos citado es, a nuestro juicio, justa y razonable y, como tal, aplicable al caso de autos. Los casos de Villegas v. Municipio de San Juan, supra, Compañía Industrial de Aguadilla, Inc. v. Municipio de Aguadilla, supra, y Blanes v. Capital de Puerto Rico, 57 D.P.R. 551, por ser incompatibles con la conclusión a que hemos llegado en el presente caso, quedan revocados.

La corte inferior erró al declarar con lugar la moción de desestimación de la demanda enmendada en cuanto al Go-bierno do la Capital de Puerto Rico y a la Maryland Casualty Company. La resolución recitrrida será revocada y el caso devuelto a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Marrero no intervino.

      C1) Boroliard: Government Liability in Tort; 34 Tale Lair Journal, 129; Distinction Between Governmental and Proprietary Functions of Municipal Corporations, by Doddridge, 23 Mich., Law Rev. 325; Municipal Tort Liability in Operation, by Fuller and Casner, 54 Harv. Law Rev. 437; Liability for Operation of Emergency Vehicles, 27 California' Law Review 57; Tort Inability of Mun. Corporations in N.7., 43 Columbia L. Rev. 84.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    María del Pilar Casalduc, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    Núm. 1212.
    Sometido: Mayo 27, 1947.

      Resuelto: Julio 16, 1947.

      (?. Zeno Sama, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para sn inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Utuado la escritura numero veintiséis otorgada en dicha población el día 13 de marzo de 1947 ante el notario Gustavo Zeno Sama por doña Asunción María del Pilar Ro-selló y Oasalduc a favor de doña María del Pilar Casalduc y Roselló, sobre compraventa, el Registrador la devolvió con la siguiente nota:

"Devuelto este documento al presentante sin practicar su .ins-cripción por creer este Registrador que el valor dado a los bienes a que se contrae el mismo es inadecuado y por tanto los sellos consig-nados para cubrir los derechos arancelarios correspondientes son insu-ficientes de acuerdo con el valor estimado de los bienes habiéndose negado el presentante a acompañar los recibos de contribuciones so-bre la propiedad a los fines de calcular esos derechos con vista de la tasaeión oficial de dichos bienes.”

No conforme doña María del Pilar Gasalduc interpuso el presénte recurso gubernativo.

A virtud de la escritura antes referida adquirió la recu-rrente un solar de doscientos cuarenta- metros cuadrados que en dicha escritura se señala con la letra “A”; un con-dominio representado por una quinta parte en una finca de poco más de una cuerda (53 áreas y 80 centiáreas) indicada en dicha escritura con la letra ‘ ‘ B ”; y un condominio repre-sentado por una quinta parte en una parcela de 949 metros cuadrados que en la escritura se describe con la letra “C”. La transmisión de dichos bienes se hizb por el precio de $240 por la finca descrita con la letra “A”; $100 por el condominio en la finca indicada con la letra “B” y $300 por el condominio en la finca reseñada con la letra “O”. Al presentarse la escritura para su inscripción en el Regis- ’ tro. se acompañó a la misma la suma de $4.50 en sellos de rentas internas, de acuerdo con el arancel.

Funda su nota el Registrador recurrido en la sección 24 de la Ley Asignando Sueldo a los Registradores y para otros fines aprobada el 10 de marzo de 1904 (pág. 144) según quedó enmendada por la Ley núm. 39 de 23 de abril de 1928 (pág. 233) que dispone lo siguiente:

Sección 24. — El importe de los derechos que el arancel señala por los diversos servicios, se depositarán en los sellos de rentas inter-nas correspondientes, en la forma que esta Ley dispone, cuando se presente cualquier documento para ser inscrito o anotado o "cuando se solicite cualquier certificación, y el registrador fijará y cancelará los correspondientes a los servicios que hubieren sido prestados y de-volverá sin inutilizarlos al interesado los sellos que en su caso no fueren necesarios usar. Si resultare que al irse a practicar la operar ción en el registro, se requiriese por el registrador mayor cantidad de derechos que la depositada en sellos por el interesado, el regis-trador requerirá al interesado para que deposite la diferencia y si éste no hiciere el depósito dentro del término que duren los efectos del asienlo de presentación, el registrador suspenderá la inscripción o anotación por medio de nota fundada qué extenderá al margen del asiento de presentación. Esta nota durará ciento veinte días y de ella podrá recurrirse para ante el Tribunal Supremo utilizando el recurso establecido en la Ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad, aprobada en marzo 1 de 1902. Si la nota se revoca, el registrador procederá n inscribir o anotar el documento y si se confirma, el interesado para conseguir la inscrip-ción o anotación deberá depositar la diferencia en sellos exigida por el registrador.” (Bastardillas nuestras.)

Arguye el recurrido, además, que a su juicio el valor dado a las fincas transmitidas “entre familiares” es “muy inade-cuado” y qué velando porque' se cumpla con la Ley núm. 303.aprobada el 12 de abril de 1946 (Leyes 1946, pág. 783) que impone contribuciones sobre herencias y sobre donacio-nes, tiene derecho a exigir que la recurrente presente los recibos de contribuciones sobre la propiedad con el fin de calcular los derechos arancelarios con vista de la tasación oficial de los bienes transmitidos.

Nada encontramos en las leyes antes mencionadas, y tam-poco en la Ley Hipotecaria o su Reglamento, que justifique la actuación del Registrador. El único caso en que el re-gistrador está justificado en requerir el valor oficial de ta-sación con el fin de cobrar los derechos arancelarios corres-pondientes es aquél provisto en la sección 22, apartado 12 dé la misma Ley Asignando Sueldo a los Registradores, según enmendada por la Ley mím. 102 de 12 de mayo de 1943, pág. 293, que dispone que “si el valor>de cada finca o derecho no constase del título se cobrará pór el valor oficial de la misma para la tasación.”

La sección 24, supra, es aplicable cuando la cantidad de sellos depositada por el presentante del documento en el registro no es suficiente para cubrir .los derechos establecidos en el arancel en relación con la operación que tiene que hacer el registrador quien entonces puede exigir que se deposite la diferencia. Empero, dicha sección no autoriza al registrador a negar la inscripción porque a su juicio “el valor estimado” de los bienes objeto de transmisión es mayor que el consignado en la escritura.

La Ley núm.. 303 de 1946, supra, tampoco concede auto-ridad al registrador para negarse a inscribir por dicho mo-tivo y ni aún porque no se haya acreditado el pago de la contribución sobre donación inter vivos que establece dicha ley, según resolvimos el 23 de mayo de 1947, en Estéves v. Registrador, ante, pág. 361. Por otra parte, no consta, afir-mativamente, de la escritura en este caso que las partes otor-gantes sean familiares y aun cuando al registrador le conste dicho hecho o el de que las propiedades transmitidas puedan tener un determinado valor, no puede basar- su actuación en dicho conocimiento personal^)

El caso de Board of National Missions, etc. v. Registrador, 53 D.P.R. 654, único citado por el recurrido en apoyo de su pota, es claramente inaplicable a los hechos del presente,

jDebe revocarse la nota recurrida.

        (1)Autoridad de Tierras v. Registrador, 62 D.P.R. 506.


author: El Juez Asociado Señor Snyder.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Felipe López Lugo y Ramón Bonilla Infante, acusados y apelantes.
    Núm. 12191-94.
    Sometido: Junio 27, 1947.

      Resuelto: Julio 16, 1947.

      Jorge L. Córdova, Philip Montalvo, Héctor Reichard y Oscar Souf-front, abogados de los apelantes; IIon. Procurador General Luis Negrón Fernández, y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder.

emitió la opinión del tribunal.

■ Felipe López Lugo, comerciante mayorista de San Se-bastián, y dos de sus empleados, Pedro Olivencia y Ramón Bonilla, apelan de cuatro sentencias de la Corte de Distrito de Aguadilla, condenándoles por alegadas infracciones a la Ley Insular de Suministros y a la Orden Administrativa Núm. 8 expedida de conformidad con dicha ley.

Se imputó a los acusados haber facturado a cuatro deta-llistas más cantidad de manteca de la que entregaron en cuatro ventas efectuadas, lo que venía a resultar en haberse pagado por diclia manteca un precio mayor que aquél fijado1 por el 'Administrador G-eneral de Suministros. Se acusó a López en los cuatro casos. En tres de ellos el coacusado fué Bonilla y en el cuarto, Olivencia.

Los casos se vieron conjuntamente ante la corte de dis-trito, y los acusados fueron declarados culpables. López fué sentenciado a dos años mueve meses de cárcel y a pagar $14,000 de multa, por los cuatro cielitos. Por tres delitos Bonilla fué sentenciado a un año de cárcel y $1,100 de multa. Olivencia fué sentenciado a tres meses de cárcel y a pagar $500 de multa, por un delito.

Las apelaciones en los cuatro casos fueron también vistas conjuntamente. Alegan los acusados que la corte inferior cometió error (1) al estimar probado que en cada uno de los cuatro casos se entregó menos manteca de la facturada; (2) al estimar probado que los tres acusados voluntariamente (willfully) figuraron en factura cantidades distintas a las en-tregadas; (3) al no declarar con lugar las excepciones pe-rentorias; y (4) al imponer a los acusados castigos crueles e inusitados y multas excesivas en violación de la sección 2 del Acta Orgánica.

Al examinar el primer error, encontramos que no hay controversia sobre las circunstancias que rodearon las tran-sacciones. El viernes 9 de agosto de 1946, durante un pe-ríodo de aguda escasez de manteca en Puerto Rico, López llamó por teléfono al Alcalde de San Sebastián, quien tam-bién era Presidente de la- Junta Local de Suministros. Le dijo que él era la única persona en el pueblo que había reci-bido manteca; que había una gran aglomeración de gente en su establecimiento; y que temía a las dificultades y tras-tornos que pudieran surgir si trataba de distribuir la man-teca éntre toda dicha gente. Le pidió al Alcalde que, como Presidente de la Junta Local, se hiciera cargo de la distri-bución de la manteca, ofreciéndose a donar la misma con el fin de que la Junta pudiera distribuirla. El Alcalde, se negó tanto a recibir la donación de manteca como a hacerse cargo de la distribución.

Entonces López mandó a buscar un policía para que man-tuviera el orden mientras se vendía la manteca. Todas las ventas se hicieron luego en presencia de este policía. Oli-vencia, empleado de López, tomaba las órdenes, preparaba las facturas y recibía el pago de la manteca, después de lo cual le entregaba las facturas a los compradores. Estos le llevaban entonces las facturas a Bonilla y a tres otros em-pleados del acusado, quienes entregaban la manteca echán-dola en latas vacías que los propios compradores traían. Esta división del trabajo entre Olivencia y Bonilla y los otros era la práctica corriente del establecimiento.

Nadie se quejó a López, al policía o a cualquiera otra persona de que se había despachado manteca de menos. Sin embargo, cuatro detallistas, al salir del establecimiento de López, fueron a otros sitios a pésar sus latas de manteca. Según ellos, las romanas de los otros establecimientos demos-traban que el peso de su manteca no estaba completo. Nunca explicaron cómo llegaron a esta conclusión ya que repesaron las latas llenas sin determinar y rebajar del peso total el peso de sus latas vacías.

Estos cuatro detallistas fueron a la Alcaldía a quejarse ante el Alcalde. Dejaron allí sus latas de manteca hasta el lunes, 12 de agosto, en un sitio en la Alcaldía por donde discurría libremente mucha gente. Antes de llevar su lata de manteca al municipio, uno de los compradores ya la había dejado en una zapatería durante hora y media mientras ha-•eía unas diligencias.

El 12 de agosto un inspector municipal de pesas y medi->das, el Alcalde, un policía y los cuatro adquirentes se reu-nieron para realizar un experimento. Primeramente pesa-ron una lata vacía de manteca, que tenía su tapa, y que en lo sucesivo se denominará como la lata X. No hay prueba de dónde vino esa lata X. Encontraron que la misma pesaba 3%. lbs. Entonces procedieron sobre la suposición no esta-blecida de que las latas vacías utilizadas por los cuatro de-tallistas para llevarse la mantéca comprada, pesaban lo mismo que la lata X, es decir 3% lbs. Los cuatro compradores re-bajaron entonces las 33/¿ lbs. del peso total de sus cuatro latas llenas. Mediante este procedimiento llegaron a la conclu-sión de que la manteca, si bien se le vendió a ellos como pe-sando 26, 28, 24 y 12 lbs., de Lecho pesó, en el caso de los primeros dos, 2 lbs. menos y en el caso de los otros dos, libra y cuarto y % de libra menos que el peso indicado en las fac-turas. Esto, según ellos, era exactamente la misma diferen-cia en peso habida para cada lata de manteca, hallada por ellos el viernes anterior en las romanas de tres comerciantes distintos.

Los cuatro compradores y los otros que intervinieron en este experimento asumieron que la lata X'y las cuatro latas vacías usadas para llevarse la manteca comprada pesaban lo mismo, no obstante el hecho de que las cuatro latas eran algo distintas entre sí y diferentes de la lata X. La prueba fué contradictoria en cuanto a estas diferencias. Si bien aquellos presentes en el experimento tomaron notas en cuanto a los pesos y nombres de los compradores^ no lo hicieron en cuanto a estas diferencias.

Tanto el inspector como el policía declararon que una de las cuatro latas tenía un mango de madera. El inspector dijo que una lata era amarilla y que las otras tres eran color de zinc. Se admitió que la lata X tenía una tapa, pero los tes-tigos del Pueblo difieren en cuanto a si una, dos o tres de las cuatro latas no tenían tapa. Si bien hubo prueba en cuanto a que las cuatro latas y la lata X eran del mismo ta-maño y'clase, los testigos no sabían si la lata X y una o más de las otras cuatro fueron fabricadas por la misma firma o si eran del mismo espesor.

Uno de los cuatro compradores declaró que cuando recibió su manteca de Bonilla su lata estaba limpia y no tenía man-teca ])or fuera. Sin embargo, cuando las cuatro latas fueron pesadas en el experimento llevado a cabo tres días después —luego de liaber permanecido durante dichos 3 días en un edificio público al cual la gente tenía libre acceso, en una época en que la manteca estaba escasa en extremo — de acuerdo con el inspector y con el policía, éstas estaban “un-tadas de manteca,” “no se veían limpias,” y estaban “prin-gadas de manteca.”

Esta fué la prueba del Pueblo. Por los tres acusados, declaró un comerciante que compró manteca en el estableci-miento de López el día 9 de agosto de 1946 y le dieron el peso exacto. Se estipuló que 10 detallistas declararían al mismo efecto. El policía que estaba allí para mantener el orden declaró que nadie se le quejó y que no observó nada ilegal allí.

López, sus dos empleados y el policía declararon en cuanto a los cientos de detallistas que compraron manteca en dicho día, sin que nadie se quejara del peso o del precio. Oli-vencia corroboró la prueba de El Pueblo al efecto de que él solamente preparaba las facturas y nada tenía que ver con el peso y la entrega de la manteca, lo que era hecho por Bonilla y otros tres empleados. Bbnilla declaró que él y otros tres empleados pesaban y entregaban la manteca, que él había entregado a todos los compradores del 9 de agosto el peso completo y que nadie se le había quejado.

Ni de la prueba de El Pueblo ni de la del acusado apa-rece que López tomó participación en alguna de las cuatro ventas aquí envueltas, excepto que Olivencia declaró que él había notado que hubo un error al calcular el precio de la manteca que se le vendió a un detallista, y que debido a estar muy ocupado le dió la factura a López para que éste la volviera a calcular, lo que éste hizo.

Existe considerable base para la contención de que El Pueblo no estableció fuera de duda razonable que los acu-sados entregaron a los cuatro comerciantes detallistas me-nos manteca que lo que indicaban sus facturas. Esta acu-sación envuelve a un comerciante que quiso hacer un donativo en vez de vender manteca y que no tuvo intervención personal en estas transacciones. Otro do los acusados, Olivencia, nada tuvo que ver con el peso; solamente desempeñó su deber regular y corriente de hacer las facturas y cobrar el importe de las ventas. Bonilla jura que le entregó el peso completo a todos los compradores. Muchos otros que compraron en dicho día corroboran esta declaración. El caso de El Pueblo se basa casi exclusivamente en un experimento dudoso realizado 3 días después de efectuarse la venta, en el que la .manteca propiamente dicha, nunca se pesó separadamente y en el que el peso de las latas pertenecientes a los comprado-res fue considerado como el mismo — 3% lbs. — de la lata X, sin ninguna demostración satisfactoria al efecto de que las cuatro latas y la lata X en realidad pesaban lo mismo. Las cuatro latas de manteca permanecieron en un sitio público por tres días en una época en que todo el mundo en Puerto Rico trataba desesperadamente de obtener manteca. Y los propios testigos de El Pueblo indicaron que la apariencia de estas latas demostraba que se había bregado con la man-teca durante estos tres días. Cf. Pueblo v. García, 47 D.P.R. 678; Zimberg v. United States, 142 F.2d 132, 135 (C.C.A. 1, 1944).

Sin embargo, nos sSntimos renuentes a intervenir con las conclusiones de hecho de la corte dé distrito. En vista del resultado a que llegamos en nuestra discusión del segundo error, asumimos, por tanto, sin decidirlo, que la corte inferior estuvo justificada en resolver que las cuatro latas de manteca pesaban una cantidad indeterminada menor que lo que indicaban las facturas.

En el segundo error los acusados alegan que aun suponiendo que la manteca pesase menos que lo que indicaban las facturas, no lrubo demostración alguna al efecto de que los acusados voluntariamente hicieron las facturas por earn tidades • distintas a las entregadas.

El estatuto aquí envuelto, Ley núm. 228, Leyes de Puerto Rico, 1942 ((1) pág. 1269), según fue enmendada por la Ley núm. 493, Leyes de Puerto Rico, 1946 ((1) pág. 1475), fué copiado sustancialmente de la Ley Federal de Emergencia sobre Control de Precios de 1942. Ex parte Irizarry, 66 D.P.R. 672. Tanto la sección 13 de nuestra Ley como la sección 205 de la Ley Federal, 50 U.S.C.A. App. sección 925, fijan otras sanciones, tales como cancelación de licencias, interdictos y acciones civiles por triple daño, cuando las infracciones a la misma no son .voluntarias, véase Hecht Co. v. Bowles, 321 U.S. 321; solamente en caso de una infracción voluntaria pueden invocarse las sanciones penales de las leyes Federal e instilar. Yakus v. United States, 321 U.S. 414, 435; United States v. Renken, 55 F. Supp. 1, 3 (Dist, Ct., S.C., 1944); Compañía Importadora, etc. v. Caldwell & Co., 58 N.Y.S.2d 745, 750 (1945); Husers v. Papania, 22 S.2d 755, 757 (La., 1945).

Por tanto se torna importante determinar el alcance del adjetivo “voluntariamente”. Esta es una palabra “de mu-chos significados, influyendo muchas veces su contexto en la interpretación de la misma.” Screws v. United States, 325 U.S. 91, 101. Sin embargo, el problema no es muy difícil aquí ya que la ley Federal de la cual se ha copiado la nuestra ha sido interpretada judicialmente. El uso de la palabra “vo-luntariamente” en la disposición penal'de nuestro estatuto no hace necesario probar una intención criminal específica para cometer el delito; es decir, “voluntariamente” no quiere decir “malévolamente” o “con intención maligna”. Por otro lado, tampoco es cierto el otro extremo: no se es-tablece el delito, como en el caso de adulteración de leche, demostrando simplemente que los hechos ocurrieron; es de-cir, la leche estaba adulterada, o como en este caso la man-teca pesaba menos de lo que se desprendía de las facturas. Véanse Pueblo v. Vázquez, 26 D.P.R. 14; Pueblo v. Días, 62 D.P.R. 136.() Más bien al emplear la palabra “voluntaria-mente” este estatuto se sitúa en el término medio: aunque no se requiero una específica intención maligna o malevolen-cia, el delito, para ser voluntario, debe ser intencional, a sabiendas, deliberado u obstinado, según se distingue de accidental, por error o por desconocimiento. Zimberg v. United States, supra, 137-8; Kempe v. United States, 151 F.2d 680, 688 (C.C.A. 8, 1945); véanse El Pueblo v. Giraud, 23 D.P.R. 531, 535; State v. Lindberg, 215 P. 41, 45 (Wash., 1923). Cf. Bowles v. Ammon, 61 F. Supp. 106, 117 (Dist. Ct., Neb., 1945): Bowles v. Ward, 65 F. Supp. 880, 890 (Dist. Ct., Pa., 1946); Bowles v. Krasno Bros. Glove & Mitten Co., 59 F. Supp. 581, 583 (Dist. Ct., Wis., 1945); Bowles v. Pechersky, 64 F. Supp. 641, 645 (Dist. Ct., Pa., 1946). Y debe notarse que la inten-ción, que es un estado de la mente, puede a veces inferirse de las circunstancias, siendo la teoría la de que una persona intenta las consecuencias naturales de sus propios actos. Cf. Pueblo v. Sánchez, 60 D.P.R, 108, 110.

Quizá la corte de distrito erróneamente creyó que López y sus dos empicados que intervinieron en estas transaccio-nes tienen automáticamente que ser declarados culpables pol-la mera demostración, como en el caso de la adulteración de leclie, de que la manteca no tenía el peso completo. Pero el estatuto aquí envuelto provee que debe existir algo más: una demostración de infracción voluntaria, es decir, la vio-lación intencional, a sabiendas, deliberada u obstinada.

Cuando aplicamos este concepto de infracción voluntaria a los lieclios del presente caso, no encontramos base para las condenas de López. Queremos hacer constar que el mero hecho de que López no participó personalmente en estas transacciones, no lo exculparía por sí sólo, bajo la Ley núm. 228, de responsabilidad criminal bajo otras circunstancias. Por otro lado, contrario a los casos de adulteración de leche, él no es absolutamente responsable, haya o no participado. Más bien la fórmula es, cuando no participa personalmente, si hay alguna evidencia, bien directa o circunstancial, tendente a demostrar que sus empleados intencional •o deliberadamente infringían la ley, por instrucciones suyas, o con su aprobación o aquiescencia. Aquí no hubo tal prueba o circunstancias. Por el contrario, toda la evidencia del Pueblo y las circunstancias concurrentes demuestran su deseó de deshacerse de esta manteca sin afrontar las dificultades que le ocasionaría la gente que clamaba por ella. En efecto López finé sentenciado por ser el dueño de un establecimiento en el que se vendía manteca bajo peso. Pero la Ley núm. 228, como hemos visto, no establece que esto sea un delito en ausencia de úna infracción voluntaria de su parte.

De igual modo, no puede sostenerse la condena de Oliven-cia. Simplemente éste hacía las facturas y cobraba por la manteca. No participó en pesar ni en entregar la manteca. En verdad, no hubo prueba de que aun conociera que Bonilla estaba entregando manteca con peso de menos. El Pueblo alega que la división del trabajo entre Olivencia y Bonilla ora parte de un plan ideado deliberadamente para relevar a López y a Olivencia de responsabilidad criminal. Este punto pudiera tener peso de existir alguna evidencia, directa o cir-cunstancial, de la existencia de tal plan. La dificultad está en que la prueba fué al contrario: ésta era la práctica mer-cantil ordinaria y corriente del establecimiento.

En cuanto a Bonilla, aún suponiendo que hubiera algún pesó de menos indeterminado en la manteca entregada por él, no lmbo prueba o circunstancia, de las cuales se pudiera concluir que esto fue una acción deliberada o intencional, más bien que un error inocente, incurrido de buena fe, en la prisa de llenar cientos de órdenes de detallistas en pánico. Quizá se'podría argumentar que por lo menos su convicción fué justificada, a no ser por las circunstancias de este caso —el intento de regalar la manteca; la solicitud de que se le enviara un policía que observara las ventas que se condujeron públicamente;() la ausencia de quejas; el becho de que cien-tos de otros compradores recibieron el peso exacto; el no haber tomado precauciones adecuadas para proteger la man-teca durante tres días con el resultado de que se bregó con ella durante dicho período; los defectos en el experimento para determinar su peso; y el hecho de que si hubiera ac-tuado solo, Bonilla no hubiera tenido un posible motivo para entregar manteca bajo peso, ya que nunca intervino con el dinero envuelto en estas transacciones.

Aun aceptando toda la prueba del Pueblo como cierta, concluimos como cuestión de derecho que ninguno de los demandados deliberadamente y a sabiendas, v.g\, voluntaria-mente, infringió la LeAT Insular de Suministros y la Orden Administrativa Núm. 8. En vista de este resultado, creemos innecesario discutir los erreros tercero y cuarto.

Las cortes tienen una tarea importante que desempeñar en la guerra contra la inflación. El castigo por infracciones voluntarias de la Ley núm. 228. debe ser rápido, seguro y severo. Pero no es la función de las cortes someterse a la histeria general y crucificar al inocente.

Las sentencias de la corte de distrito serán revocadas y se dictarán nuevas sentencias absolviendo a los acusados.

      (1)E1 c¡iso ele Díaz eg distinguible precisamente porque surgió bajo la Ley núm. (i, Leyes de Puerto Rico, 1941, Sesión Extraordinaria (púg. 15), que no exigía que comerciante, para poder ser castigado criminalmente por un delito como el aquí envuelto, tenía que cometerlo voluntariamente. La Legis-latura optó por cambiar, en lo que concierne a las sanciones penales, de la norma absoluta anterior hallada en la Ley núm. 0 de 1941, a la fórmula de volunta-riedad expuesta en la Ley núm. 228 do 1942 según' fuá copiada de la ley Federal de 1942.

      (2)‘‘En muy raras ocasiones un individuo comete públicamente ún acto impropio con una intención voluntaria, toda vez que es de conocimiento general que los actos impropios de ordinario se cometen en secreto o de manera que no se sepa por el público en general.” Bowles v. Peckersky, supra, 645.


author: El Juez Asociado Séñoe Maeeebo

text:
    Juan I. Gorbea, demandante y apelado, v. María Monserrate Santiago et al., demandados y apelantes.
    Núm. 9439.
    Sometido: Mayo 7, 1947.

      Resuelto: Julio 16, 1947.

      Raúl Malos, abogado de los apelantes; Joaquín Vetilla, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Séñoe Maeeebo

emitió la opinión del tribunal.

Juan I. Gí-orbea radicó demanda ante la Corte de Distrito de San Juan, que luego fué trasladada a la de Distrito de Ponce y más tarde enmendada. En ésta alega sustancial-mente que en mayo de 1944 los demandados solicitaron sus servicios como contador público autorizado respecto, de cierta investigación que el Departamento de Hacienda estaba prac-ticando en relación con los ingresos del causante de los de-mandados para los años naturales contributivos de 1935 y 1936 bajo la Ley de Contribuciones sobre Ingresos; que a virtud de ese requerimiento él procedió a estudiar 'y prepa-rar el caso de los demandados, trabajando una veces en Ponce y otras en San Juan, así como en oficinas del G-obierno Insular, mediante-la recopilación de datos, libros, estados, bor-derós, escrituras públicas, balances de números, nóminas, balances de instituciones bancarias y otra documentación indispensable, para lo cual trabajó desde mayo hasta media-dos de octubre de 1944; que mientras realizaba la labor antes mencionada, en 13 de julio de 1944 se envió a los demandados notificaciones de deficiencias para los referidos años, as-cendiendo las mismas a $117,705.21; que a petición de los demandados el demandante solicitó una vista administrativa ante el Departamento de Hacienda, que les fué concedida y a la cual asistió él en representación de los demandados; que en 9 de octubre de 1944 el Departamento de Hacienda dictó resolución determinando el pago de la siguiente contri-bución : $11,607.11 para 1935, y nada para el 1936; que noti-ficados por el demandante, los demandados satisficieron dicha cantidad de $11,607.13 al erario público; que concluidos los servicios profesionales del demandante mediante la acepta-ción por los demandados de la indicada resolución adminis-trativa del Tesorero de Puerto Hico, en 20 de octubre de 1944 él requirió a los demandados el pago de sus servicios, remi-tiéndoles un borderó por la suma de $26,524.53; que los de-mandados no le lian satisfecho dicha cantidad ni total ni par-cialmente y que los servicios por él prestados a la sucesión demandada justa y razonablemente valen la referida suma.

Los demandados contestaron a la demanda enmendada aceptando algunos de los hechos alegados, negando otros y levantando como defensas especiales y separadas “que el demandante no tiene derecho a compensación alguna por los servicios profesionales que prestara a los demandados y que relaciona en la demanda enmendada, en razón a que los ser-vicios referidos fueron pactados entre el actor y los deman-dados por la suma de $2,500, que fueron pagados por los úl-timos al primero,” y “que en el supuesto, que niegan los demandados, de que no se hubieran convenido los servicios por suma alguna de dinero, que no es el caso, el demandante ha recibido una retribución mayor por los servicios profesio-nales prestados a los demandados, de lo que en realidad de verdad valen dichos servicios.”

Fue el pleito a juicio y la contienda principal giró en torno a si entre las partes litigantes existió un solo contrato de servicios o si por el contrario existieron dos.

De la prueba aducida se desprende que allá para el mes de febrero de 1944 uno de los demandados, actuando a nombre de éstos, requirió al demandante para que hiciera un examen general de los libros de contabilidad de Vicente Usera Laseda, causante de la sucesión demandada, pues se tenía conocimiento de que Juan Jusino Serrano, extenedor de libros de la casa, había hecho cierta delación al Departamento de Hacienda de Puerto Rico respecto a unos ingresos del Sr. Usera Laseda que no se hicieron figurar en los libros. La evidencia testifical y documental aportada por ambas partes es verdaderamente copiosa. De la misma surgió el conflicto de si en realidad existió un solo contrato de servicios o de si por el contrario existieron dos. La corte inferior, que era la llamada a dirimir dicho conflicto, actuó acertadamente a nuestro juicio al resolver que se trataba de dos contratos dis-tintos y que la suma de $2,500 pagada por los demandados al demandante sólo cubría lo servicios por éste prestados por razón del primer contrato. Por otra parte, nada bay en los autos que nos demuestre que al así dirimir el conflicto dicha corte cometiera manifiesto error o actuara movida por pa-sión, prejuicio o parcialidad. Machuca v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 66 D.P.R. 182 y Rivera v. López, 66 D.P.R. 210. Siendo ello así, debemos respetar su conclusión a este respecto. Los errores uno y dos no han sido, por tanto, cometidos.

Por los servicios prestados por el demandante con motivo del segundo contrato la corte inferior concedió a éste la suma de $15,914.71, o sea el 15 por ciento del monto de la rebaja en las deficiencias notificadas a los demandados en 13 de julio de 1944. () Éstos han apelado contra la sentencia dictada y ahora toca a este Tribunal determinar si la cantidad antes mencionada representa o no el valor razonable de tales servicios.

Si se examinan las referidas notificaciones y los anexos acompañados a éstas se verá que las mispias comprenden la suma de $14,000 por la venta de acciones de la American Telegraph and Telephone Company, la de $12,000 por la venta de acciones de la Fajardo Sugar Company, y la de $140,000 por un supuesto aumento de capital para el año 1935. Tam-bién incluyen esas deficiencias la partida de $19,562.41 recla-mada como deducible por venta de 1,500 acciones del Banco Comercia] de Puerto Rico.

Todas esas partidas constaban claramente en las notifica-ciones de deficiencias y sus anexos, y al demandante — quien en 29 de marzo de 1944 rindió un informe a los demandados después de haber practicado el audit de los libros de la su-cesión, objeto del primer contrato de servicios — debió serle fácil recopilar los datos necesarios para controvertirlas, De-cimos esto teniendo en mente el contexto del propio informe rendido.en 29 de marzo por el demandante, del cual se des-prende con claridad meridiana que él tenía conocimiento de la venta de las 650 acciones de la American Telegraph and Telephone Company y de la venta de las 225 acciones de la Fajardo Sugar Company y de que las mismas produjeron un beneficio neto de $26,000 al causante de los demandados. Asimismo se desprende de dicho informe que para el año 1935 se había reclamado una deducción en planilla de $19,562.41 por pérdida en la venta de 1,500 acciones del Banco Comer-cial de Puerto Rico. La única partida de la cual posible-mente el demandante no tenía' conocimiento al entregársele las notificaciones de deficiencias tal vez era la de $140,000. 'Sin embargo, la prueba demuestra que a él no le fué difícil determinar que esa suma global correspondía a un arrenda-miento e hipoteca de $60,000 a favor de la Central Aguirre Sugar Co. y a otra hipoteca a favor de don Vicente lisera Laseda por $80,000, en la cual eran deudores el Sr. Lucas Pérez Valdivieso Torruella y su esposa. Decimos esto to-mando en consideración no sólo el examen de los libros que bajo el primer contrato de servicios ya había practicado el demandante — esas partidas constan -repetidamente en algu-nos de los folios de los libros de contabilidad de la sucesión demandada que fueron presentados como exhibits■ — sino tam-bién las escrituras públicas que fueron igualmente ofrecidas en evidencia (Véanse Exh. 17D del Dte. — Escritura Núm. 155 de Hipoteca Voluntaria, otorgada en Ponce, el 29 de sep-tiembre de 1925; Exh. 17F del Dte. — Escritura de Cancela-ción de Hipoteca, Núm. 84, otorgada en Ponce en 29 de junio de 1927; Exh. 17G- del Dte. — Escritura de Carta de Pago, Núm. 122, otorgada en Ponce a 6 de septiembre de 1927 y Exh. 29 del Dte. — Escritura de Arrendamiento, Préstamo y Rescisión de Subarrendamiento, Núm. 23, otorgada en Ponce, en 10 de abril de 1924) y que fueron suministradas al deman-dante por los demandados.

Además de determinar la prueba necesaria para refutar las deficiencias notificadas a los demandados, la labor del demandante en relación con este segundo contrato de servi-cios se limitó a la celebración de varias entrevistas; a diri-gir ciertas cartas a los demandados;. a solicitar del Depar-tamento de Hacienda, Negociado de Contribuciones sobre Ingresos, la reconsideración de las deficiencias y una vista administrativa; y a asistir a la misma en 1 de septiembre de 1944. A juzgar por el récord taquigráfico de dicha vista ella no duró mucho — posiblemente de una a dos horas y en ella estuvo presente también el Lie. Raúl Matos en repre-sentación de los demandados — y si bien es cierto que la misma resultó fructuosa para los demandados, no creemos que en un caso como éste los honorarios del demandante deban fijarse a base de un tanto por ciento de laa sumas en que dichas deficiencias fueron rebajadas.

' Tomando en consideración lo antes dicho, creemos que el valor de los honorarios profesionales del demandante en relación con los servicios por él prestados por razón del con-trato objeto de la demanda debe rebajarse de $15,914.71, con-cedidos por la corte inferior, a la suma de $1,000.

Ahora bien, apreciado el hecho de que hemos llegado a la conclusión de que se trataba de dos contratos de servicios separados e independientes, no creemos que la -corte inferior cometiera error al condenar a los demandados al pago de costas y honorarios de abogado — la temeridad de dichos demandados al negarse a pagar cantidad alguna al demandante por estos servicios adicionales es clara — ni ál fijar dichos honorarios de abogado en $1,000. Esa suma en nuestra opinión, es razonable dado el hecho de que la vista de este caso duró varios días y de que en el curso de la misma se discutieron innumerables cuestiones de derecho.

Debe modificarse la sentencia apelada en el sentido de rebajar la cuantía a concederse al demandante a la cantidad de $1,000, y asi modificada, confirmarse.

      (1)Los $26,524.53 reclamados por el demandante equivalen al 25 por ciento de $106,098.10, quo fué la suma rebajada de las deficiencias notificadas por el Tesorero.


author: El. Juez Asociado Serob Todd, Je.,

text:
    José R. Ramos Mimoso, en representación de la Sociedad Legal de Gananciales existente entre él y su esposa, Violeta Toral, demandante y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico y Departamento del Interior, demandados y apelados.
    Núm. 9443.
    Sometido: Junio 6, 1947.

      Resuelto: Julio 18, 1947.

      II. Ramos Mimoso y J. C. Santiago Matos, abogados del apelante;. lion. Procurador General Luis Negrón Fernández, y A. Torres■■ Braschi, Procurador General Auxiliar, abogados de los apelados..
   El. Juez Asociado Serob Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

A la demanda sobre reivindicación de una parcela de terreno de .166 cuerdas iniciada el 30 de abril de 1946 ante la Corte de Distrito de Bayamón por José R. Ramos Mimoso' contra El Pueblo de Puerto Rico y El, Departamento del Interior^) los demandados interpusieron moción para deses-timar alegando que la demanda no aduce hechos suficientes constitutivos de caiisa de acción toda vez que la acción que se trata de ejercitar está prescrita. Radicaron además los demandados en apoyo de la anterior moción, otra, que, en lo pertinente, dice así:

“Que toda vez que el fundamento aducido por los demandados en su referida moción para desestimar, a saber: prescripción de la' acción ejercitada, no se desprende de la faz de la demanda en este caso, los demandados someten por la presente moción, para que se incluyan como Exhibits 1, 2 y 3 de la moción para desestimar, decla-raciones juradas de Quintín Román Gerena, Seeundino Vázquez y Aleohes Guardiola, todos vecinos del Bo. Juan Domingo de Guay-nabo, de cuyas declaraciones juradas se desprende que la causa de acción ejercitada por el demandante en el presente caso se originó hace mucho más de dieciséis años.” (Bastardillas nuestras.)

Termina esta moción solicitando se admitan las declara-ciones. juradas() a tenor con lo resuelto en Onna v. The Texas Co.; 64 D.P.R. 520.

En la vista celebrada sobre la moción para desestimar, el demandante se opuso a que las declaraciones juradas fue-ran admitidas para establecer la prescripción ya que las mis-mas podían ser controvertidas por el demandante en su día. Esto no obstante, la. corte, citando la Regla 12(b) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil y el caso de Onna v. The Texas Co., supra, dictó resolución admitiendo las declaracio-nes juradas ofrecidas por los demandados, resolvió que la acción está prescrita y dictó sentencia desestimando la de-manda.

El demandante solicitó la reconsideración de la sentencia alegando que podía probar, según lo demostraban las decla-raciones juradas que acompañó a su moción, que si bien El Pueblo de Puerto Rico ocupa parte del solar objeto de rei-vindicación, dicha ocupación fué un acto de mera.tolerancia del dueño y que cuando El Pueblo de Puerto Rico quiso hacer acto de dominio sobre otra parte de la misma finca pagó al dueño el valor de la parcela enajenada, no habiendo pagado, sin embargo, por el uso, disfrute o dominio de la parcela ahora objeto de reivindicación. Alegó además el demandante que tanto de la demanda como de las declaraciones juradas se desprende que la causa de acción del demandante surgió cuando el demandado pretendió convertir un acto de mera tolerancia en un acto de dominio y que esa actuación surgió, según se alega en el párrafo 5to. de la demanda, escasamente dieciséis semanas’ con anterioridad a su radicación.

Vista la moción de reconsideración la corte inferior la declaró sin lugar y el demandante apeló y en este recurso .alega que erró al aplicar la Regla 12(6) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil al presente caso y al resolver que la ■acción estaba prescrita.

En el caso de Onna v. The Texas Company, supra, dijimos que on la consideración de las mociones de desestimación permitidas por la Regla 12(b) . . la corte deberá - tener en cuenta únicamente los hechos expuestos en la de- : manda, sin que pueda entrar a considerar materia extraña ;a la alegada. (Citas.) Empero, la jurisprudencia federal interpretativa de las Reglas de Enjuiciamiento Civil lia es-tablecido como excepción a la regla general antes expuesta, que cuando la controversia planteada envuelve una cuestión de jurisdicción, la corte, al resolver la' moción para deses-timar, puede considerar otros lieclios fuera de los alegados en la demanda.” La cuestión envuelta en el caso de Onna v. The Texas Co. era precisamente una de jurisdicción.

Abora bien, se lia resuelto además, que son admisibles affidavits en apoyo de la moción bajo cualquiera de los incisos (1) a (5) de la Regla 12(6) a virtud de los cuales se puede solicitar la desestimación, no sólo por falta de jurisdicción, sino también por falta de competencia, insuficiencia del emplazamiento o de' su notificación. En 3 Fed. Rules Service 674, al comentarse esta cuestión, se dice: “Parece bastante claro que las cinco primeras defensas pueden ser levantadas por affidavit o deposición si no aparecen de la faz de la alegación. Si esto es también cierto en cuanto a la falta de alegar becbos constitutivos de una causa de”acción ba sido materia de disputa.” Así es, en efecto, pues las cortes federales están divididas en cuantp a esta cuestión. Véase 30 California Law Review 92; Massaro v. Fisk Rubber Corporation, 36 F. Supp. 382; McConville v. District of Columbia, 26 F. Supp. 295; Sherover v. John Wanamaher, 29 F. Supp. 650; Palmer v. Palmer, et al., 31 F. Sup. 861; 1 Moore’s Federal Practice 645.

Aun cuando bay algunas cortes federales que sostienen que la defensa, de prescripción debe alegarse afirmativamente en la contestación bajo la Regla 8(c) y que no procede levantarla por moción bajo la Regla 12(6) (6) — Curtis v. Meyer Malt & Grain Corp., (1947) 6 F.R.D. 444, 10 Fed. Rules Service 12b.325; Baker v. United States, 3 Fed. Rules Service 12b.325; Patsavouras et al. v. Garfield, 34 F. Supp. 406 — otras cortes han dado una interpretación más liberal a las reglas y ban resuelto que si de la faz de la demanda aparece que la acción está prescrita la cuestión puede levantarse por moción para desestimar bajo la Regla 12(b) (6). Véanse Leimer v. State Mut. Life Assur Co., 108 F.2d 302 (C.C.A. 8, 1940); A. G. Reeves Steel Const. Co. v. Weiss, 119 F.2d 472 (C.C.A. 6, 1941); Gossard v. Gossard, 149 F.2d 111 (C.C.A. 10, 1945). El fundamento que nos lleva a acep-tar esta última jurisprudencia es que si bajo la Eegla 9(f): A los fines de determinar la suficiencia de una alegación todas las alegaciones de tiempo y lugar son esenciales y se-rán consideradas de la misma manera que todas las demás alegaciones de materia esencial,” no hay razón entonces para obligar a la parte demandada a levantar la cuestión de pres-cripción como defensa afirmativa bajo la Eegla 8(c).() Siendo la alegación de tiempo, en relación con la prescrip-ción, una materia esencial a la causa de acción, puede, por tanto, desestimarse por moción una demanda que no con-tenga dicha alegación.

Como hemos dicho antes, las cortes federales también están divididas en cuanto a si deben admitirse affidavits en apoyo de una moción para desestimar bajo Ja Eegla 12(b)(6). Empero, la mejor práctica, a nuestro parecer, es la adoptada por aquellas cortes que, siguiendo la del Juez Charles E. Clark, () sostienen que son admisibles affidavits en apoyo de y para controvertir una moción para desestimar en la misma forma y extensión en que lo son en relación con una moción para que se dicte sentencia sumariamente bajo la Eegla 56. Sostiene el Juez Clark que el lenguaje amplio usado en la Eegla 12(b): “Toda defensa de hecho o de derecho,” significa que dicha defensa de hecho o de derecho puede levantarse, tanto en la contestación como en las mociones autorizadas bajo los apartados (1) a (6) de dicha Eegla y que cuando se levantan por moción éstas pueden ser sostenidas por affidavits, ya que el propósito de las nue-vas reglas fue algo más que sustituir la excepción previa por la moción para desestimar. () Al efecto, en una nota al calce del caso de Palmer v. Palmer, supra, y refiriéndose al de United States Trust Co. of New York v. Sears, (D.C. Conn.) 29 F. Supp. 643, dijo:

“En dicho caso señalé la división de opinión existente en cuanto a la necesidad de distinguir las varias mociones para obtener senten-cia bajo las reglas federales, especialmente con referencia al uso de materia no contenida en las alegaciones en apoyo de las demás mociones además de la de sentencia sumaria. Si estas varias mociones tienen que ser conservadas en compartimientos separados, entonces poco se ha ganado con la abolición de la excepción previa pues una jerarquía de procedimientos de oposición, cada uno requiriendo pro-cedimientos separados y vistas formales, entonces todavía persistiría. Lógicamente un solo remedio se solicita; como materia de conve-niencia práctica todas las razones apropiadas deben ser levantadas y consideradas de una sola vez.”

En igual forma, Moore, al comentar esta regla, dice:

“El alcance de la Eegla 12(6) es tan ancho como el campo de defensa. A menos que una moción pueda ser acompañada de affidavits o haga referencia a deposiciones archivadas en el caso su utili-dad resulta seriamente afectada . . .
“Además la Eegla 56(6) autoriza a una parte demandada ‘a presentar una moción, basada o no en affidavits, para, que se dicte sentencia sumariamente’ en cualquier momento. Sería una argucia o sofisma sostener que la Eegla 12(6) no autoriza que a una moción que levanta la defensa (6) se acompañe un affidavit que demuestro que la acción ha prescrito o esté impedida por res judicata.” 1 Moore’s Federal Practice 647.

Creemos que una interpretación liberal de las Reglas de Enjuiciamiento Civil debe prevalecer para que pueda real-mente considerarse que liemos dado un paso de avance en materia de procedimiento. E.n cuanto a la Regla 12(6) (6) su alcance es el mismo que el contemplado por la Regla 56 sobre sentencia sumaria solicitada por un demandado y si esta última procede presentarse, eon o sin affidavits, no hay .razón para prohibir la presentación de affidavits con la pri-mera. Como dice Moore, una parte tiene derecho a “acri-billar (pierce) las alegaciones de hecho contenidas en las ale-gaciones (pleadings) y obtener remedio por sentencia su-maria' cuando los hechos expuestos en detalle en affidavits, deposiciones y admisiones archivados demuestran (pie no hay controversia genuina de hecho a ser juzgada.” 3 Moore’s Federal Practice 3175.

Cualquier duda que pudiera haber en cuanto a la inter-pretación liberal que debe darse a la Regla 12(5) (6) en cuanto a esta cuestión, se disipa si tomamos en consideración el he-cho de que la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó una enmienda a dicha regla, la cual empezará a regir el pri-mero de septiembre de 1947, que textualmente dice así:

“Si, bajo una moción que alega la defensa numerada (6) para desestimar porque la alegación no -expone hechos constitutivos de una causa de acción, materias fuera de la alegación son presentadas y no rechazadas por la corte, la moción se tratará como una para obtener sentencia sumaria y resuelta según se proveo en la Regla 56, y a todas las partes se les dará oportunidad razonable de presentar toda materia que sea pertinente a dicha moción bajo la Regla 56.”

De acuerdo con estos principios, somos de opinión que las cortes pueden admitir affidavits en apoyo de una moción para desestimar bajo la Regla 12(b)(6) y que asimismo procede la admisión de contraaffidavits por el demandante para im-pugnar los del demandado. El hecho de que no hayamos enmendado nuestra Regla 12(5) (6) en igual forma que la Re-gla federal, no impide que la interpretemos en tal forma liberal que ambas queden equiparadas.

Hasta ahora hemos estado considerando únicamente la cuestión de procedimiento, es decir, la admisibilidad o no de affidavits bajo la Regla 12(b)(6). Resuelto en la afirmativa, ¿cuál es el alcance que debe dárseles una vez admitidos? La contestación parece obvia. Si de acuerdo con los affidavits no queda ningún hecho material en controversia, procede dictar sentencia sumaria o desestimando la demanda. Si aún existe dicho hecho material en controversia, no pro-cede. Desde luego, que las cortes deben actuar con cautela, tanto al aplicar la Regla 12(&)(6) como la Regla 56, de ma-nera que “a las partes' siempre se les conceda un juicio cuando exista una disputa bona fide de hechos entre ellas,, Sartor v. Arkansas Gas Gorp., 321 U. S. 620,” Associated Press v. United States, 326 U. S. 1, 6; ya que “ ... un litigante tiene derecho a un juicio cuando exista la más. mínima (slightest) duda en cuanto a los hechos . . . ,” Doehler Metal Furniture Co., Inc. v. United States, 149 F.2d 130, 135 (C.C.A. 2, 1945).

En el caso de autos si bien la corte inferior no erró al admitir los affidavits radicados por el demandado con su mo-ción para desestimar bajo la Regla 12(&)(6) y dictar setén-ela desestimando la demanda al no ser controvertidos dichos affidavits por el demandante, sí erró al no reconsiderar la sentencia dictada cuando el demandante radicó con su moción de reconsideración, affidavits que no sólo tendían a sostener las alegaciones de la demanda, sino que controvierten los affidavits radicados por el demandado, en cuanto al hecho material en controversia sobre la prescripción de la acción. Ese hecho material que surge no obstante los affidavits, no podía ser resuelto por la corte sumariamente sino que debe ser dilucidado y resuelto por la prueba que se presente en el juicio correspondiente después de contestada la demanda.

Procede, por lo expuesto, la revocación de la sentencia dic-tada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos.

      (DEsta acción se ejercita bajo la Ley núm. 76 de 13 de abril de 1916' (pág. 155) según enmendada por la Ley núm. 11 de 18 de abril de 1928' (pág. 131), cuya sección 9 dispone que la misma deberá ejercitarse dentro de los dos años de originarse la causa de acción.

      (2)Son tres las declaraciones juradas y ellas tienden, a demostrar que el Departamento del Interior ha estado en posesión de la parcela reclamada desde hace unos veinte años.

      (3)En lo pertinente, la Eegla 8(c) dispone que al alegar contra una alega-ción precedente, la parte expresará afirmativamente, entre otras defensas, la de proscripción.

      OEl Juez Ciarle fué el Repórter del Comité Consultivo de las Reglas Fede-rales y es actualmente Juez de la Corte del Segundo Circuito Federal.

      (5)3 Red. Rules Cases (574; Palabras del Juez Clark en los Procedimientos del Instituto do Washington sobre las Reglas Federales (1938) 74.


author: El Juez Asociado Señob Todd, Ji¡.,

text:
    El Municipio de San Lorenzo, representado por su Alcalde Pedro Borges López, et al., apelantes, v. La Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, etc., apelada.
    Núm. 8.
    Sometido: Julio 7, 1947.

      Resuelto: Julio 18, 1947.

      David Cureb Cuevas, abogado de los apelantes; Rafael R. Fuertes, Félix Bello y A. Zandín del Manzano, abogados de los apelados; Félix Sojo Granado, abogado de la Autoridad sobre Hogares de P. R., como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señob Todd, Ji¡.,

emitió la opinión del tribunal.

La Junta apelada solicita desestimemos este recurso. 1ro., porque la apelación no lia sido debidamente perfeccionada y, 2do., porque de haberlo sido debe considerarse como aban-donada.

Arguye la apelada que en nuestra resolución del 10 de junio de 1947 requiriendo a la Junta el envío del expediente del caso mim. 1 sobre Declaración de Zona de Arrabal a que se refiere este recurso de apelación, dijimos que “las partes darán cumplimiento a la Regla 15 del Reglamento de este Tribunal” y que habiendo vencido todos los términos que señala dicha regla para la radicación de alegato por el ape-lante, debemos desestimar el recurso, primero, porque no se acompañó un memorándum al escrito de apelación y, segundo, porque no radicó su alegato diez días después de expedido el auto (sic) en este caso.

No tiene razón la apelada. La apelación en éste caso está autorizada por el artículo 6 de la Ley núm. 264 aprobada el 14 de mayo de 1945 (pág. 911), o sea la Ley sobre Eliminación'de Arrabales, que dispone lo siguiente:

“Artículo 6. — Procedimiento de apelación contra la declaración de 'zona de arrabal.’ — El Administrador del Gobierno de la Capital o el Alcalde de la municipalidad y cualquiera de los dueños de terre-nos o casas ubicadas dentro de la zona declarada de arrabal, o cual-quier otra persona con derecho o interés en las mismas, podrá impug-nar la decisión de la Junta mediante recurso de apelación ante la Corte Suprema de Puerto Rico, dentro del término de quince (15) días a contar desde la última publicación dispuesta en el artículo 4 de esta Ley.
“La apelación se formalizará mediante escrito en el cual se ex-pondrán todas las razones de hecho y derecho en que se funde la impugnación. Radicada la apelación, el o los apelantes, deberán noti-ficar la misma, con copia del escrito que la contenga, a la Junta dentro de un término de quince (15) días a contar de su radicación, en defecto de la cual, la Corte ordenará su archivo; Disponiéndose, que todas las partes interesadas deberán asociarse en un solo proce-dimiento de apelación; Y disponiéndose, además, que apelada la decisión de la Junta, la. misma quedará en suspenso hasta tanto re-caiga resolución final en el procedimiento.
“Notificada la Junta de la apelación provista en el presente ar-tículo, deberá radicar su contestación a la misma dentro del término de quince (15) días a contar desde la fecha de tal notificación, y la Corte Suprema señalará la vista del caso, con preferencia a todos los demás asuntos en calendario, para tener lugar en un término no mayor de veinte días a contar desde la fecha del señalamiento.
“La Corte Suprema dictará su resolución en el caso dentro de un término de veinte (20) días a contar desde la fecha que se celebre la vista, y la resolución así dictada tendrá carácter de final y defi-nitiva.” (Bastardillas nuestras.)

No se trata, por tanto, de un recurso de revisión como el autorizado por el artículo 26 de la Ley estableciendo la Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Eico, según enmendado por la Ley núm. 155 de 14 de mayo de 1943 (pág. 489), que dispone “que' dicha revisión ante la Corte Suprema podrá concederse solamente sobre cuestiones de de-recho.” (Bastardillas nuestras.) Bajo esta última ley te-nemos discreción para expedir o no el auto de revisión y una vez expedido es aplicable la Regla 15 de nuestro Reglamento.

El recurso de apelación autorizado por la Ley 264 de 1945, supra, es uno de carácter general sobre cuestiones de “hecho y derecho.” Esta corte no tiene que expedir auto de clase alguna. Empero, el artículo 6, supra, no establece la forma en que el récord ante la Junta lia de remitirse a esta Corte y faé por ese motivo que, a moción del apelante, dictamos la resolución del .10 de junio de 1947 requiriendo de la Junta, apelada el envío del expediente en este caso. Por error y como si se tratara de un recurso de revisión ordenamos a las partes dar cumplimiento a la Regla 15 de nuestro Re-glamento.

Tratándose, de un recurso de apelación, autorizado por la Ley núm. 264 de 1945, creemos que la regla aplicable es la núm. 11 y que el apelante tiene un término de treinta días después de radicado el récord de la Junta, que lo fue el 7 de julio de 1947, pava radicar su alegato, debiendo luego darse cumplimiento a las demás disposiciones de la mencionada Regla 11.

Se declara sin lucrar la morlón de la apelada.

Tül Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor. Market-;o

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Santos Altieri, acusado y apelante.
    Núm. 12396.
    Sometido: Julio 1, 1947.

      Resuelto: Julio 18, 1947.

      B. Quiñones Elias y José Rafael Arcelay, abogados del apelante;. Uon. Procurador General Luis Negrón Fernández, y Joaquín ■(Jorrea Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor. Market-;o

omitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Aguadilla se formuló acu-sación contra Miguel Santos Altieri por infracción a la Ley núm. 228 de 1942 (pág. 1269), según fue enmendada por la núm. 493 de 1946 (pág. 1475), en relación con la O'rden Ad-ministrativa núm. 8 promulgada por el Administrador General de Suministros el día 8 de septiembre de 1942, tal como lia sido enmendada y ampliada, porque allá por el día 31 de julio de 1946 y en el pueblo de Rincón, “vendió a Gregorio Rodríguez Vargas, dos libras de arroz a razón de 17 centavos libra, y al ser requerido para ello se negó a dar una factura sobre dicha venta, vendiendo dichas dos libras de arros sin factura, ...” (Bastardillas nuestras.)

El día señalado para el juicio el acusado presentó una ex-cepción perentoria que fué declarada sin lugar y luego de oír la prueba aducida por El Pueblo y por el propio acusado, la corte inferior declaró a éste culpable del delito imputádole y le sentenció a sufrir un año de cárcel y a pagar $1,000 de multa, más las costas. No conforme, el acusado ña apelado ante nos.

Según,se habrá visto, la médula de la acusación es que Santos Altieri vendió a Gregorio Rodríguez Vargas dos li-bras de arroz y que al ser requerido para que diera una fac-tura sobre dicha venta se negó a ello. Teniendo esto en mente' proseguiremos con nuestra opinión.

En el alegato radicado el acusado señala ocho errores. Discutiremos éstos en el orden en que han sido presentados.

Sostiene primeramente que la corte inferior cometió error al condenarle por violación de las órdenes números 8 y 84 dictadas por el Administrador General de Suministros, sin que se hubiese probado por El Pueblo que éstas habían sido publicadas en un periódico de general circulación en la Isla de Puerto Rico. Carece de méritos este error, ya que se ha resuelto que “en proceso por infracción a un regla-mentó que, aprobado por nn funcionario del G-obierno, tiene fuerza de ley, el Fiscal no viene obligado a presentar prueba de su publicación. Al acusado que impugne su validez por no haberse publicado conforme a lej7 tiene el peso de probar su nulidad.” Pueblo v. Sanjurjo, 58 D.P.R. 649, 652.

Insiste inmediatamente después el acusado en que la referida corte erró al declararle culpable, toda vez que la prueba presentada no era suficiente para sostener la sen-tencia. Es innegable que de la prueba aducida por las par-tes surgió un conflicto, pero éste fue dirimido por la corte inferior y nada hay en los autos que nos convenza de que al así hacerlo ella cometiera manifiesto error o actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad. Véanse Machuca v. Autoridad Fuentes Fluviales, 66 D.P.R. 182 y Rivera v. López, 66 D.P.R. 210.

Alega además el apelante que la corte inferior cometió error al condenarlo, toda vez que por no saber él leer y escribir estaba imposibilitado de extender una factura de venta. Tampoco le asiste la razón a este respecto. La Orden Administrativa núm. 8 (Exhibit A de El Pueblo), emitida por el Administrador General de Suministros en 8 de septiembre de 1942, prohíbe de manera absoluta a “todo comerciante, sea importador, mayorista intermediario, o'detallista, ... (1) Vender 'sin factura.” Según esa orden fué ampliada por la núm. 84 de 30 de julio de 1946 “las prácticas prohibidas de vender sin factura obligan a todo comerciante o industrial, sea mayorista, comisionista, intermediario o detallista, a dar una factura clara y terminante en donde se haga constar la cosa vendida, el precio sobre unidad y el valor total,” así como “a dar una factura o ‘ticket’ al comprador consumidor cuando éste lo requiera, haciendo constar igualmente la cantidad vendida, el precio por unidad y el valor total, sin que en ningún modo pueda especificarse el valor total sin indicación clara de peso o unidad y el valor de cada unidad. . .” (Bastardillas nuestras.) La referida Or-den núm. 8, según ha sido ampliada, no dice en forma alguna que la misma sea aplicable tan sólo a aquellos comerciantes, mayoristas o detallistas que sepan leer y escribir. No hace ella excepción de clase alguna a este respecto, y el hecho de que el acusado Santos Altieri fuese un pequeño detallista, que no supiese escribir o de que tan sólo supiera leer y escri-bir algunos números no le releva de la obligación de dar cumplimiento a lo provisto. Ubi lex non clistinguit, neo ngn distinguere debemus. Si se resolviera que las disposiciones de órdenes como la que nos ocupa han de aplicarse tan sólo a comerciantes que sepan leer y escribir, las mismas fácil-mente se convertirían en una burla a la justicia.

La cuestión suscitada en el cuarto señalamiento ya ha sido claramente resuelta adversamente al apelante en varios casos de este mismo Tribunal. En el de El Pueblo v. Arce, resuelto por este Tribunal en 23 de abril de 1947, ante, pág. 253, . dijimos, por ejemplo, que “es incuestionable que existen ciertas facultades que el poder legislativo puede delegar en favor de determinado funcionario o Junta Administrativa”; que “la ley de manera clara y taxativa autoriza al Administrador G-eneral de Suministros a aprobar reglas y reglamentos”; que “de acuerdo con la facultad conferídale el Administrador de Suministros procedió a aprobar con fecha 8 de septiembre de 1942 la Orden Administrativa núm. 8,” y que “la facultad de aprobar reglas y reglamentos se delega con el fin de que la ley se implemente y se haga más viable.” También manifestamos que “al hacer figurar en su Orden Administrativa núm. 8 que queda prohibido el negarse a vender un artículo que un comerciante tenga en existencia si no se le compran otros artículos que el adquirente no interesa o no necesita, el Administrador no hizo otra cosa que implementár la Ley núm. 228, según fue enmendada, para hacer cumplir los propósitos y fines de la misma.” 'En términos similares podemos expresarnos en relación con aquella parte de la Orden núm. 8, según fué ampliada en 1946, que prohíbe y castiga el vender sin factura al ser requerido para ello por el comprador-consumidor. (En este caso la prueba demostró que el niño que compró las dos libras de arroz las adquirió para su tío y padre de crianza, en cuya casa el comía y vivía. El niño fue, pues, no sólo el comprador del arroz sí que también uno de los consumido-res del mismo.)

También alega el acusado que las órdenes 8 y 84 “son nulas por no expresarse en ellas una determinación de hechos que justifiquen su promulgación, habiéndose así privado al acusado de un debido procedimiento de ley.”

Si se examina la Ley núm. 228 de 12 de mayo de 1942 (pág. 1269) según fué enmendada por la número 493 de 29 de abril de 1946 (pág. 1475) se notará inmediatamente que bajo los artículos-2(c), 3(a) y (c) se autoriza expresamente al Administrador de Suministros para dictar aquellas reglas y órdenes que crea necesarias para poner en vigor sus dis-posiciones. Al autorizársele bajo el artículo 3(a) a emitir tales reglas y órdenes, se hace constar de manera clara y terminante que “toda regla u orden emitida en considera-ción de las anteriores disposiciones de este inciso, será acom-pañada de una declaración expresiva de las causas envueltas en su emisión.” El inciso (a) del artículo 3 faculta al Ad-ministrador a “mediante reglas u órdenes, establecer aque-llos precios máximos o beneficios máximos que en su criterio sean generalmente justos y equitativos y que pongan en vigor los propósitos de esta Ley.” Empero, en este caso no se trata de una violación a una regla u orden del Administrador fijando precios máximos a determinados productos, sino que se trata incuestionablemente de una orden dictada en armo-, nía con el artículo 3(c) de la Ley. Decimos esto, a pesar de que en las propias órdenes se hace constar que ellas son emi-tidas “a virtud de las facultades que le confiere el artículo 3 inciso (<#).” Ello no altera en forma alguna la conclusión a que llegamos. Según el inciso (e) de dicho artículo “Las Órdenes, reglas y reglamentos dictados bajo esta Ley podrán contener todas aquellas disposiciones que el Administrador crea necesarias para evitar la evasión de los mismos.” Ora se trate de una orden dictada bajo el inciso (o) o bajo el in-ciso (<l) del artículo 3 de la Ley núm. 228 (decimos esto asu-miendo que bajo el inciso (d) el Administrador pudiera dictar reglas u órdenes), la estricta realidad es que tan sólo bajo el artículo 3(a) es que se requiere que “toda regia u orden emitidas” estableciendo precios o' beneficios máximos “será acompañada de una declaración expresiva de las causas en-vueltas en su emisión.” Si al facultar la ley al Administra-dor de Suministros para promulgar regias u órdenes como la aquí envuelta se Rubiera exigido tal “declaración expresiva de las causas envueltas en su emisión,” no hay duda de que asistiría la razón al acusado. Véanse Wichita R.R. v. Pub. Util. Comm., 260 US. 48, 58; Mahler v. Eby, 264 U.S. 32, 45 y Panama Refining Co. v. Ryan, 293 U.S. 388, 432. No obs-tante, repetimos, para la emisión de la orden aquí en dis-puta, no era necesaria una determinación de lieclios. Lo anterior lia sido expresado no obstante creer nosotros que la Orden núm. 8 contiene expresamente “una declaración expresiva de las causas envueltas en su emisión” al hacerse constar en el párrafo inicial de la misma que “El Adminis-trador G-eneral de Suministros de Puerto Rico por la pre-sente determina que existe en nuestro comercio insular una serie de prácticas especulativas y de manipulación que, en su criterio, equivalen a propender el alza injustificada de pre-cios y que son inconsistentes con los fines de la Ley núm. 228 de mayo 12, 1942.”

El sexto señalamiento carece igualmente de méritos, siendo éste al efecto de que la corte inferior “erró al declarar culpable al acusado por violación de órdenes del Administrador General de Suministros que son nulas debido a haberse promulgado por delegación y ser ex post fado.” Ya hemos indicado que la Ley núm. 228 de 1942, según ha sido enmendada, faculta de manera palmaria al Administra-dor de Suministros a aprobar reglas y órdenes. También hemos dicho que tal delegación es constitucional. En la acu-sación se alega que Santos Altieri allá por el 31 de julio de 1946 vendió a G-regorio Rodríguez Vargas 2 libras de arroz, negándose a dar a éste una factura sobre dicha venta, al ser requerido para ello. El delito se cometió, en su consecuencia, en 31 de julio de 1946. Habiéndose emitido la Orden núm. 8 en 8 de septiembre de 1942 no puede decirse que en lo que al acusado concierne dicha Orden resulta ser ex post facto. El hecho de que la Orden núm. 8 fuera ampliada en 30 de julio de 1946 tampoco la convierte en ex post facto, ya que la orden posterior tuvo vigencia inmediata y empezó a publi-carse en dicho día. El artículo 3(a) que requiere “que dichas reglas u órdenes serán publicadas por el Administrador en uno o más periódicos de general circulación-en la Isla, por tres (3) días consecutivos,” se refiere exclusivamente a las reglas dictadas a tenor con el artículo 3(a) a que ya hemos hecho mención y que faculta al Administrador para fijar precios y beneficios máximos. Nada hay en la Ley que exija que las demás reglas u órdenes dictadas en armonía con la misma sean publicadas por determinado período de tiempo-antes de que las mismas puedan ser efectivas.

No vemos cómo pueda sostenerse con visos de razón que el delito, según la acusación, estaba prescrito. Esta, alega que el delito se cometió el 31 de julio de 1946 y ella, fué presentada el 7 de agosto del mismo año. “La acción, penal por cualquier misdemeanor deberá entablarse dentrodel año de su comisión.” (Art. 79 del Código Penal.) Y en este caso la acusación, según ya hemos indicado, se radicó T días después de haberse cometido el delito.

El último error señalado es al efecto de que la Cortede Distrito de Aguadilla erró al imponerle al acusado la pena excesiva de un año de cárcel y mil dólares de multa. No existe tal error. Las Órdenes Administrativas núms. 8 y 84 proveen que la violación de alguna de sus disposiciones será castigada por cada ofensa con una multa no mayor de $5,000 y cárcel por no menos de 3 meses ni más de 2 años. Sin embargo, no apareciendo nada en los autos que justifique la pena severa impuesta y tomando en consideración que el acusado en este caso es un detallista en pequeña escala, que no sabe leer ni escribir, la sentencia apelada será modificada en el sentido de imponerle tan sólo 3 meses de cárcel y $100 de multa, más las costas, y así modificada será confirmada.


author: El Juez Asociado- Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ismael Leandry Alomar, acusado y apelante.
    Núm. 12341.
    Sometido: Julio 1, 1947.

      Resuelto: Julio 21, 1947.

      íCarlos E. Colón, abogado del apelante; Ilon. Procurador General Luis Negrón Fernández, y Joaquín Correa) Suárez, Fiscal Auxi-liar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado- Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné acusado de una infracción al artículo 10, inciso a, de la Ley Insular de Suministros (Ley núm. 228 de 1942, (1) pág. 1269), en relación con la Orden Adminis-trativa núm. 83 del Administrador General de Suministros, de 30 de julio de 1946. La alegada infracción consistió en que en uno de los días del mes de agosto de 1946 y en la ciudad de Ponce, el acusado voluntaria y maliciosamente, vendió a Juan Correa Santiago, para su consumo, dos onzas de manteca por la cantidad de 15 centavos, el cual es un precio mayor que el que legalmente podía cobrarle.

Por los méritos de la prueba la corte lo declaró culpable y lo condenó a sufrir tres meses de cárcel y a pagar $100 de multa.

Arguye el apelante que la acusación no aduce hechos constitutivos de delito. Su contención está predicada en que la Orden que se alega infringió, no fija un precio máximo para los productos del cerdo, sino que establece las normas para que los comerciantes, importadores y detallistas puedan determinar el precio máximo. La norma es la siguiente: el importador deberá sumar un ocho por ciento sobre el costo y el detallista un diez y ocho por ciento sobre el costo para él. Concluye el apelante que como en la acusación ño se expresa que el precio de 15 centavos por dos onzas de manteca es un precio mayor .que el costo para él, más el 18 por ciento, la acusación es insuficiente.

La acusación, como hemos visto, le imputa haber vendido “dos onzas de manteca por la cantidad de 15‡, el cual es un precio mayor que el que tenía que cobrarle.”

La acusación le informa que el precio a que él vendió excede del autorizado por el Administrador General de Su-ministros y si el apelante deseaba más detalles, pudo soli-citarlos mediante moción para que el fiscal se los suminis-trase.

Sostiene el apelante que la sentencia es nnla por haberlo convicto de nn delito distinto del imputádole. Este señalamiento de error se funda en que en la minuta consignó el secretario lo siguiente: “La corte por la prueba practicada declaró al acusado culpable y convicto de Infracción a la Ley de Precios ...”

Como acertadamente indica el fiscal de este Tribunal, no se ha elevado la transcripción de evidencia, en la cual deben aparecer las palabras textuales del juez al imponer la sen-tencia. En tales circunstancias, el apelante no nos ha co-locado en condiciones de determinar si la sentencia se dictó como se expone en la minuta, o si se trata de un mero error clerical del secretario. Johnson v. State, 63 So. 338 (Miss. 1913) e In re Parks, 45 N. W. 824 (Mich. 1890). Siendo ello así, el apelante no ha destruido la presunción de correcta que conlleva la sentencia.

Por último, alega el apelante que la Orden Administrativa-núm. 83 del Administrador General de Suministros es inconstitucional porque el Congreso de los Estados Unidos, al aprobar The Price Control Extension Act of 1946, sección 1A (e) (8) (A), prohibió que se aplicaran precios máximos hasta agosto 21, 1946, a productos derivados del ganado, entre los cuales está incluida la manteca de cerdo. Concluye entonces el apelante que habiéndose promulgado la Orden Administrativa núm. 83 del Administrador General de Suministros el 30 de julio de 1946, para tener efecto inmediatamente, y fijándose e'n el mismo el precio en que los productos de cerdo podían venderse hasta el 21 de agosto de 1946, dicha Orden Administrativa está en conflicto con la Ley Federal aprobada el 25 de julio de 1946 y por consiguiente es inconstitucional.

La sección 1A (e) (8) (A) de la citada ley dice así:

“Ningún precio máximo ni ningún reglamento u orden bajo esta Ley o The Stabilization Act of 1942, según ha sido enmendada, será aplicable antes de agosto 21, 1946 a ganado, leche o alimentos o ali-mento para ganado derivados o manufacturados en su totalidad o sustancialmente de ganado o leche; ...” (Bastardillas nuestras.)

El transcrito precepto legal está limitado por sus propios términos a reglamentos u órdenes bajo Price Control Act of 1946 o bajo Stabilization Act of 1942 y Price Control Act of 1942, según fueron enmendados. La Ley Federal no pro-híbe a los estados o territorios reglamentar localmente los precios de dichos productos. Se ha argüido que si bien el precepto transcrito no prohíbe expresamente la reglamenta-ción, del contexto íntegro del estatuto y especialmente de su Exposición de Motivos surge, de manera implícita, la po-lítica del Congreso de eliminar la reglamentación de precios y que, por tanto, los gobiernos locales no pueden legislar sobre esta materia. Esto equivale a invocar, en forma ne-gativa, la doctrina de exclusión de legislación local, por estar en conflicto con legislación federal sobre la misma materia. Puerto Rico v. Shell Co., 302 U.S. 253 (1937).

Parece evidente que para adoptar una política tan dia-metralmente opuesta a la que venía imperando durante la actual emergencia — control absoluto de los precios — el Con-greso hubiera manifestado expresamente su intención de pro-hibir legislar a los gobiernos locales. Tan importante cam-bio de frente no podía quedar en la incertidumbre de una interpretación estatutaria. En el mismo estatuto que con-sideramos, cuando el Congreso prorrogó el control de alqui-leres y no quiso que los estados o gobiernos locales legislaran sobre esa materia, usó este lenguaje inequívoco: “Mientras estén en vigor los cánones máximos de alquileres de acuerdo con esta ley en relación con las viviendas en cualquier área de inflación de alquileres, tales viviendas no estarán sujetas a control por parte de cualqtiier gobierno estatal o local.” Sección 2(b), 50 U.S.C.A. App., sección 902. (Bastardillas nuestras.) Véase Latoni v. Corte, ante, pág. 140.

Lo expuesto nos lleva a la conclusión de que la Orden Administrativa núm. 83 del Administrador General de Su-ministros no está en conflicto con la supuesta política pública del Congreso de los Estados Unidos.

Procede la confirmación de la sentencia.