author: El Juez Peestdente Se. del Toeío,

text:
    Vázquez, Demandante y Apelado, v. Maymí, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en un procedimiento de injunction (memorándum de cos-tas).
    No. 3086.
    Resuelto en enero 28, 1924.

      Costas — Injunction para Beoobrar la Posesión — Honorarios de Abogado. — Una sentencia condenando en costas al demandado en procedimiento de injunction para reeolorar la posesión, incluye el pago de honorarios de ahogado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Consoles Fagundo & Consoles Jr.

    Abogado del apelado: Sr. F. Gallardo.

   El Juez Peestdente Se. del Toeío,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión fundamental envuelta en esta apelación es el alcance de una condena de “costas” en un procedimiento de injunction para recobrar la posesión.

Impuesto al demandado el pago de las “costas,” el de-mandante incluyó en su “memorándum” honorarios' de abo-gado. Sostuvo el demandado que dada la naturaleza especial del procedimiento, el término “costas” no podía enten-derse que incluía honorarios. La corte resolvió la cuestión fundamental suscitada en contra del demandado, limitándose a reducir la cuantía de los honorarios.

No conforme el demandado, apeló y alega que cuando se aprobó la ley que regula el procedimiento de injwnction seguido en este caso, — Ley No. 43 de 13 de marzo de 1913, enmendada en 14 de noviembre de 1917, — que ordena que se impongan “las costas” a la parte contra la cual se dictare sentencia, la Legislatura lo hizo con la intención de que no se comprendieran en las costas los honorarios de abogado pues conociendo como conocía la jurisprudencia de esta Corte Suprema establecida en el caso de Veve v. El Municipio de Fajardo, 18 D. P. R. 765, si su intención hubiera sido otra hubiera consignado expresamente en la ley las pala-bras honorarios de abogado.

No puede negarse mérito al argumento del apelante. Lo hemos considerado cuidadosamente, pero, pesadas todas las circunstancias, atendidos los términos de la ley y la juris-prudencia sentada, es necesario decidir que el criterio adop-tado por la corte de distrito no es erróneo.

Además de los casos generales que se estudian en el de Fragoso v. Marxuach, decidido el 25 de enero actual, (pág. 690) deben citarse el de Candal et al. v. Vargas et al., 29 D. P. R. 648, en el que se resolvió que “La concesión de costas y ho-norarios de abogado es materia de discreción judicial exclusi-vamente, aún en procedimientos especiales como la impugna-ción de elecciones,” y el de El Pueblo v. López, 30 D. P. R. 259, 260, en el que se dijo en el curso de la opinión, ■“Nos sentimos obligados a declarar que esta^ — artículo 327 enmendado en 1917, — era una ley de aplicación general y que la intención de la Legislatura fué incluir todos los ca-sos en los cuales no aparecía claramente una intención dife-rente. ’ ’

En cuanto al conocimiento por parte de la Legislatura de la jurisprudencia de este tribunal, debe tenerse en cuenta que lo mismo que conocía el caso de Veve v. El Municipio de Fajardo, 18 D. P. R. 765, estaba enterada del de Brac v. Ojeda, 27 D. P. R. 658, contrario al de Veve, y no varió los términos de la ley.

Decidida la única cuestión envuelta, no impugnándose la cuantía de los honorarios finalmente fijados por la corte, debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. "Wolp,

license: Public Domain

text:
    Ex parte Durán, Administradora Judicial y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre impugnación de cuentas. Moción para que se desestime la apelación.
    No. 3162.
    Resuelto en enero 29, 1924.
    Apelación — Administración Judicial — Cuentas de Administración. — Si una administradora judicial insistiera en que la cuenta de administración cuya aprobación le fué negada por la corte es final por no ser susceptible de mo-dificación o enmienda, la orden desaprobándola definitivamente sería final y por tanto, apelable, quaere.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. José Gusmán Benítes y J. Martines Dávila.

      Abogado de la interventora Colón: Sr. L. Muñoz Morales.

   El Juez Asociado Se. "Wolp,

emitió la opinión del "tribunal.

En una administración judicial fueron atacadas las cuentas de la administradora judicial. La corte se negó a dar su aprobación a esta cuenta final por varias razones. En apelación la apelada insiste en que la resolución o sentencia no es final y solicita una desestimación. Por su--puesto que si la corte hubiera aprobado la referida cuenta final la administradora tenía derecho a considerar la cuenta rendida como final y haber obtenido sentencia definitiva. La negativa a aprobar en tal caso quizás puede conside-rarse como una orden final si la administradora insiste en que no puede obtenerse de ella ninguna otra cuenta. Por ejemplo, ella pagó ciertos legados cuando existía pendiente un pleito lo que podría rebajar la parte del caudal disponi-ble para su pago y si la apelante podía acreditar con éxito que hay fondos suficientes tendría ella derecho a que la par-tida fuera aprobada. La dificultad, y es algo metafísic'o, es que mientras la cuenta no esté enteramente sujeta a apro-bación la administradora no tiene derecho a una orden final, y hubo otras partidas a las cuales se hizo objeción. En la duda que tenemos preferimos aplazar la decisión de-finitiva en cuanto a la jurisdicción de esta corte hasta que se celebre una vista sobre sus méritos, y en su consecuencia se declara sin lugar la moción de desestimación.

Sin lugar.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no tomó parte en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wíolf,

text:
    Gordils, Demandante y Apelante, v. Blázquez, Demandado y Apelado.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre daños y perjuicios (moción para corregir la exposición del caso).
    No. 2893.
    Resuelto en enero 29, 1924.
    Corrección de Autos en Apelación — Incorporación de Evidencia no Admitida —Exposición del Caso. — El procedimiento adecuado para incorporar a la exposición del caso prueba cuya admisión negó la corte, no es el de la corrección de autos que autoriza el artículo 55 del Reglamento del Tribunal Supremo. Cuando la incorporación procede, como en este caso, el Tribunal Supremo puede permitir que se solicite una corrección en la corte inferior para que juntamente eon la evidencia cuya admisión se denegó pueda ser incorporada cualquier evidencia que hubiera podido servir de base a la de-negación. Pérez Knos. v. Arenas, 30. D. P. R. 102.
    Los.hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Llorens Torres & Arroyo.

    Abogado del apelado: Sr. F. Santoni.

   El Juez Asociado Sr. Wíolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una moción para corregir una exposición del caso. Resulta que durante el juicio en la corte inferior el apelante ofreció cierta carta como prueba, a la que se hizo objeción y fué negada su admisión. El apelante entonces presentó nna moción formal por escrito a la corte para que reconside-rara su resolución y a esta moción el apelante acompañó la carta en cuestión. En las notas taquigráficas resultantes fué copiada la moción pero la carta no fué transcrita. El apelante solicita ahora qué la moción de reconsideración eón su comprobante (exhibit), la carta, sea agregada a los autos. El apelado se opuso con considerable apariencia de razón al momento tardío en que fué presentada la moción cuando los autos han estado aquí pendientes por meses.

Sin embargo, la exclusión de la carta es uno de los erro-res principales señalados y parece ser un caso de justicia pasar por alto la tardanza-, especialmente puesto que Cree-mos que la carta debió haber sido incluida en la prueba in-corporada a las notas taquig’ráficas. Tal vez podemos to-mar conocimiento judicial de la tentativa del apelante me-diante certiorari para que la carta fuera incluida.

El apelante sólo pide que una copia de la moción de re-consideración sea incluida en los autos. La carta entonces rio constituiría, sin embargo, parte de la prueba certificada por el juez. La corte excluyó la carta y no consta en la prueba incorporada. Si la carta pudiera abora ser incluida en los autos o considerada por esta corte, al apelado o al juez, de la corte inferior, según sea el caso, debe dársele la oportunidad de incluir cualquier otra prueba practicada en el juicio que pudiera aducirse en oposición a dicha carta. La práctica mejor y más segura es observar el método in-dicado en el caso de Pérez Hnos. v. Arenas, 30 D. P. R. 102, y permitir que se radiquen los autos enmendados o adicio-nados. Yéase también la decisión de enero 28, 1924. Una certificación suplementaria del juez sería el método más se-guro. Por tanto, dictaremos la orden procedente que re-quiera tal. certificación suplementaria.

Con Vagar.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez PrbsideNte Sr. del Toro,

text:
    Serrallés et al., Demandantes y Apelados, v. Gallardo, Tesorero Interino, Demandado y Apelante.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Pximero, en pleitos sobre devolución de contribuciones.
    Nos. 3153, 3154, 3155, 3156 y 3157.
    Resueltos en enero 31, 1924.
    CONTRIBUCIÓN SOBRE INGRESOS — CUÁNDO LOS BENEFICIOS DE UNA CORPORACIÓN SE Convierten en Ingresos de los Accionistas. — Los beneficios de una corpo-ración se convierten en ingresos de los accionistas, cuando, tales beneficios se distribuyen como dividendos; no antes.
    Id. — Id.—Sociedad Oivil — Qué Let debe Aplicarse para el Oobro de la Con-tribución sobre Beneficios Percibidos por los Socios. — No habiéndose pro-bado que los socios en este caso concreto recibieran sus beneficios mes por mes y demostrando por el contrario la prueba que los recibieron y se con-virtieron individualmente en dueños de los mismos en 30 de abril de 1918, es la ley vigente en tal fecha la que debe aplicarse para el cobro de la con-tribución.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelados: Sr. J. Texidor.

    Abogados del apelante: Eon. Attorney General y Sres. B. H. Todd, Jr., y G. Llauger Dias.

   El Juez PrbsideNte Sr. del Toro,

emitió la opinión del -tribunal.

En todos estos recursos está envuelta la misma cuestión fundamental. Se consideraron en una sola opinión por la corte de distrito y se sometieron conjuntamente a este tribunal. Aunque se dictarán sentencias por separado, la opi-nión será una para todos.

En dos cartas que se presentaron como prueba se plantea el debate con toda claridad. Dichas cartas dicen:

“Al Tesorero de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico. Señor: A nombre y en representación del Sr. Juan Eugenio Serrallés, de Ponce, Puerto Rico, y de acuerdo con lo que dispone la Sección 66 de la Ley No. 80, tenemos el honor de solicitar el reintegro de ciertas contribuciones de ingresos impuestas y cobradas en error a dicho contribuyente por el año 1918, sobre la participación que al mismo correspondiera en los beneficios derivados por la sucesión J. Serrallés durante un año comercial terminado en abril 30, 1918.
“Ese Departamento, al determinar el montante de la contribu-ción correspondiente a dicho año, omitió prorratear el ingreso, y erróneamente aplicó los tipos que prescribe la Ley No. 80 al in-greso total, siendo así que de ésto sólo está sujeta a dichos tipos la proporción correspondiente al período de enero 1 a abril 30, 1918. La proporción restante debe tributar a los tipos ,que señala la Ley Federal de septiembre 8, 1916, puesto que la vigencia de la Ley No. 80 sólo se retrotrae al 1 de enero de 1918.
“No existe ningún principio de equidad, ninguna disposición legal ni precedente jurídico alguno que justifique el método empleado para computar la contribución impuesta en este caso. Por el con-trario, la Ley dispone específicamente:
“ ‘Que en ningún caso se cobrará sobre ingresos obtenidos con anterioridad al 1 de enero de 1918, un tipo contributivo superior al establecido por las leyes de ingreso vigentes en dicha fecha.’
“Si el Departamento, a los efectos de imponer la contribución a la sociedad en su carácter colectivo, reconoció que el ingreso de-bía prorratearse para que tributara solamente la parte del mismo derivada durante el período de enero 1 a abril 30, 1918, no sé ex-plica que siente un criterio distinto1 para la tributación del mismo ingreso al ser transferido a los miembros de la sociedad en su ca-rácter individual.
“Como se verá, esto resulta en una anomalía que lesiona los intereses del contribuyente hasta el punto de obligarle al pago de una contribución superior -en mucho más de un ciento por ciento a aque-lla por la cual es responsable, y desde luego, cabe esperar la correc-ción del error sufrido por esa oficina, al objeto de que la contribu-ción impuesta resulte justa y en consonancia con las disposiciones terminantes de la ley.
“Bajo tales circunstancias, del ingreso declarado por nuestro representante, montante a $118,184.60, debe separarse la suma de $108,022.78 que comprende la participación obtenida en los nego-cios de la Sucesión J. Serrallés, más la suma de $6,000 que reci-biera en concepto de sueldo de la misma sucesión, en total $114,022.78, para obtener la proporción tributable a los tipos de 1917, que as-ciende a $*76,015.18,' quedando así el insto del ingreso total, o sea $42,169.42, sujeto a los tipos de 1918.”
“Señores: — Como contestación y resolución a su reclamación de 2 de los corrientes, contra la contribución sobre ingresos impuesta al Sr. Juan Eugenio Serrallés, de Ponce, por el año contributivo de 1918, según planilla No. 335, recibo No. 289, solicitando el rein-tegro de parte de esta contribución impuesta y cobrada en error, sobre la participación que obtuvo el Sr. Serrallés en los beneficios derivados por la Sucesión J. Serrallés, durante el año comercial terminado en abril 30 de 1918, por la presente se les notifica que los miembros de sociedades civiles están obligados a rendir declaracio-nes de ingresos por el año natural al igual que otros individuos, debiendo incluir en sus declaraciones respectivas la participación obtenida en los beneficios de sociedades civiles, determinada al fin del año comercial, vencido dentro del año natural por el cual rin-den la declaración.
“Los ingresos que figuran en la declaración del Sr. Juan Eugenio Serrallés, por el año de 1918, fueron por él recibidos dentro del período del primero de enero a diciembre 31, y por consiguiente, sus alegaciones del punto suscitado, carecen de fundamento, toda vez que la entidad social Sucesión de J. Serrallés pagó y el Sr. Serrallés recibió en abril, fecha comprendida dentro del año natural, la participación que obtuvo en los beneficios de la citada mercantil.
“El beneficio o ingreso derivado de una sociedad civil para el socio individual, no puede ser determinado ni reducible a posesión, hasta que no se haya determinado definitivamente por medio de un balance de libros, y habiéndose determinado los beneficios corres-pondientes al año 1918 por balance de abril 30 de 1918, de la Su-cesión de J. Serrallés la suma de $108,022.78, estos ingresos más los derivados de otras procedencias, están sujetos al pago de con-tribución adicional sobre el exceso de $5,000.00, según lo determina específicamnete la Sección 4 de la Ley insular No. 80, bajo cuyas prescripciones fué impuesta la contribución.”

El juez de distrito sostuvo que el método seguido para el cobro del impuesto era erróneo y declaró con lugar todas las demandas. A juicio del juez de distrito deben prorra-tearse los ingresos obtenidos por los socios entre los doce meses que abarca el balance. Aplicando ese método, resulta que se cobró de más a los demandantes porque el tipo de contribución que regía en 1917 era más bajo que el que es-taba en vigor en 1918. En sus sentencias el juez ordena que el Tesorero devuelva a los demandantes el exceso. El ra-zonamiento del juez sentenciador es como sigue:

“La corte es de opinión que el Departamento actuó errónea-mente al fijar como tipo 'contributivo para los ingresos declara-dos por los demandantes, el dispuesto por la Ley No. 80 de 1919, sin tener en cuenta, como han alegado los demandantes, que dichos ingresos fueron obtenidos durante un término (año Fiscal de las Sociedades) que comprendían parte del año 1917 y parte de! 1918. Se hizo una distinción injusta entre las sociedades y los socios que las componían de acuerdo con manifestaciones del mismo tes-tigo Sr. Purcel; al fijar la contribución de aquellos, se prorra-tearon los beneficios entre los años 17 y 18, de modo que a los obtenidos en el año 1917 se les impuso el tipo contributivo de la Ley de 1917, y a los obtenidos en el 18, se les fijó el tipo con-tributivo de la Ley No. 80 mencionada. Pero en cuanto a los so-cios individualmente no se les concedió ese beneficio, porque éstos, en opinión del Departamento no podían determinar qué cantidad co-rrespondía a una parte del año y cuál a la otra.
“La dificultad que encontró el Departamento y que le obligó a establecer la regla injusta a que anteriormente se lia hecho men-ción, está claramente resuelta en el artículo 31 del Reglamento Federal No. 33 que dice así:
“ ‘Hay también una regla de que una sociedad tiene el privile-gio de fijar y presentar planillas sobre la base de un año fiscal, lo mismo que se dispone para las corporaciones. Si el año fiscal de una sociedad (como distinto del año natural) termina en un año natural para el cual hay un tipo de contribución distinto del tipo para el año natural anterior, a los efectos de la contribución sobre ingresos, la participación de cada socio en los beneficios de la sociedad está dividida en la proporción de los distintos años na-turales que componen dicho año fiscal y el tipo de la contribu-ción por el año natural correspondiente será aplicada a aquella parte de dichos beneficios que caiga dentro de dichos años natu-rales. Cualquier sociedad puede a opción designar el último de cualquier mes como el término de un año fiscal. En cada caso en que el año fiscal de la sociedad difiera del año natural ésta deberá, no menos de 30 días antes de marzo 1°., dar aviso por escrito al colector de rentas internas del distrito en que su establecimiento principal de negocios está situado, que el día así designado es el término de su año fiscal.”
“Yéase Bláclr Income and other Federal Taxes, 42. edición, pág. 237. Y más claramente aún en el artículo 952 del Reglamento No. 45 que dice así:
“ ‘Año fiscal de una corporación que termina en 1918. El mé-todo dispuesto para computar la contribución por un año fiscal que comienza en 1917 y termina en 1918 es como sigue: (a) la contribución atribuíble al año natural 1917 se encuentra compu-tando la renta del contribuyente y la contribución sobre la misma de acuerdo con el Título 11 de la Ley de Rentas de 1917 como si el año fiscal fuera el año natural 1917 y determinando la propor-ción de dicha contribución como el número 'de ¡meses que caen dentro del año natural 1917 es al número de meses por todo el período; (b) la contribución atribuíble al año natural 1918 se encuentra computando la renta del contribuyente y la contribu-ción sobre la misma de acuerdo con el estatuto vigente como si el año fiscal fuera el año natural de 1918 y determinando la propor-ción de dicha contribución como el número de meses que caen den-tro del año natural es al número de meses del período total; (& la contribución por el año fiscal se encuentra sumando la contri-bución atribuíble al año natural 1917 y la atribuíble al año natural 1918.’
“Véase la obra citada, pág. 320.
“Véase también Holmes Income Tax, pág. 113, de donde copia-mos lo-siguiente':
“ ‘Una sociedad tiene el mismo privilegio de fijar y hacer sus planillas sobre la base de su propio año fiscal, como lo tienen las corporaciones. Si un año fiscal terminó durante 1916 o termina du-rante un año natural subsiguiente para el cual hay un tipo de con-tribución diferente del tipo del año natural anterior, el tipo del año natural anterior se aplica o se aplicará a aquella parte de la partici-pación de cada socio en los beneficios de la sociedad que sea igual la proporción como la parte de tal año fiscal que cae dentro de tal año natural anterior es el año fiscal completo y el tipo del año natural durante el cual termina dicho año fiscal se aplicará al resto de dichos beneficios. Como ejemplo de esta disposición, su-pongamos que una sociedad cerró su año fiscal en 30 de junio, 1916. En tal caso después que cada socio ha determinado su participa-ción en los beneficios que ha de declarar se le permitirá dividir la cantidad por dos (puesto que la mitad del año fiscal cayó en 1916 y la otra mitad en 1915) y pagar sobre la mitad a los tipos de 1915 y sobre la otra mitad a los tipos de 1916. Lo mismo en el caso de un año fiscal que termina en 1917; los tipos de 1916 se aplicarán a aquella parte proporcional de los beneficios como la parte del año fiscal incluida en 1916 es al total del año fiscal. Antes de esta enmienda del estatuto el Departamento del Tesoro sostuvo que cuando el año fiscal de una sociedad terminaba en cual-quier época que no fuera el 31 de diciembre el total de los bene-ficios de la sociedad habría de ser declarado como rentas por el año natural en que terminaba el año fiscal de la sociedad.’ ”

No conforme el Tesorero apeló para ante este tribunal y en su alegato argumenta de modo convincente su posi-ción. A nuestro juicio, tiene razón el Tesorero y deben re-vocarse las sentencias apeladas.-

La ley aplicable es la No. 80 de 1919. Su sección se-gunda, Leyes de 1919, página 615, entre otras disposiciones contiene la que sigue:

“El término ‘Año Contributivo’ significa un período de con-tabilidad de doce meses sobre cuya base se computará el ingreso neto cíe acuerdo con esta Ley. El primer año contributivo para los electos de la presente Ley será el año natural que termine el día 31 de diciembre de 1918 o cualquier período de contabilidad de doce meses que termine durante el año natural de 1918. Los sub-siguientes años contributivos se contarán a partir del día en que termine el primer año contributivo; Disponiéndose que en ningún 'caso se cobrará sobre ingresos obtenidos con anterioridad al 1 de enero de 1918, un tipo contributivo superior al establecido por las leyes sobre ingresos vigentes en dicha fecha.”

El Tesorero entendió que el disponiéndose que contiene jel párrafo transcrito no lo autorizaba a prorratear los in-gresos, porque dichos ingresos si bien procedían de un pe-ríodo de tiempo que comprendía parte del año 1917 en rea-lidad de verdad no fueron obtenidos por los socios indivi-dualmente hasta 1918.

Es muy importante lo dispuesto en la sección cuarta del propio Reglamento Federal 33 citado en su opinión por el juez sentenciador. Dice así:

“Sociedades. — Se ha sostenido que el ingreso de las sociedades se obtiene por el socio individual en la fecha en que se determina su participación o beneficio en la misma. En la planilla de ingre-sos hecha por los individuos para el año ordinario, deben incluirse los Beneficios que provengan del negocio de participación en socie-dades por el año fiscal de la sociedad, de acuerdo con lo que haya, sido determinado por el balance practicado en los libros, háyanse distribuido, o no, los dividendos o beneficios. Los socios están obli-gados a hacer declaraciones de ingresos, como individuos, para el año ordinario, y deben incluir en sus declaraciones los beneficios de las sociedades determinados al final del año fiscal de la socie-dad que corresponda al año ordinario para el cual se rinde la de-claración de ingresos.” See. 4, pág. 11 del Reglamento 33 Federal.

Esa disposición lia sido comentada por los autores como sigue:

“Lo que el Gobierno requiere de cada individuo que sea socio de una o más casas de comercio, es una relación completa y de-tallada de su interés en los beneficios sociales durante los doce me-ses que terminan en cualquier período durante su año fiscal personal. La aceptación de esta declaración como correcta, elimina la necesidad de calcular o apreciar el ingreso del socio durante el año fiscal de la sociedad no es el mismo que el del socio. Es con-veniente y provechoso el expresar el total que aparezca en los in-formes de la sociedad, y toda vez que la Ley de Ingresos ha venido a ocupar un sitio permanente en el sistema contributivo-, los indi-viduos deben cambiar sus períodos fiscales y combinarlos con aque-llos que correspondan a sus sociedades a menos que tal cambio les afecte en aumento de sus contribuciones.” Income Tax Procedure por Robert H. Montgomery, pág. 377, Ed. de 1919.
“El beneficio que se deriva del interés de una persona en los negocios de una sociedad, es parte de su ingreso. Las ganancias netas de una sociedad constituyen ingresos de la firma, mientras tanto permanezcan en la posesión de dicha firma o al crédito de la misma. Pero cuando una parte cualquiera de los beneficios se ad-judica y reparte al socio individual, tal parte es y constituye un ingreso individual o particular del socio.” Black, Income and other Federal Taxes, (1920) párrafo 60, pág. 72.
“La participación de los socios en los beneficios de la sociedad será el montante que aparezca de los libros cuando éstos se cierran y no su interés en el montante del ingreso de una sociedad repre-sentado por ingresos actuales, excepto en el caso de que la socie-dad lleve sus libros sobre la base de ingreso y egreso.” Holmes Federal Income and profit Taxes, (1920) pág. 115.

Se sostiene por los apelados en su alegato que el regla-mento 33 no es aplicable. No estamos Conformes. La Ley No. 80 de 1919, en su sección 33, Leyes de 1919, pág. 651, dis-pone :

“Sección 33. — El Tesorero queda por la presente autorizado para dictar las reglas y reglamentos que sean necesarios al objeto de poner en vigor las disposiciones de esta Ley; pero, mientras nose promulguen tales reglas y reglamentos, permanecerán en toda fuerza y vigor, en cuanto no se opongan a las disposiciones de esta Ley, las reglas y reglamentos que rigen actualmente para la administración de la Ley Federal de septiembre 8 de 1916, según fué enmendada en octubre 3 de 1917.”

Tendría que demostrarse que el reglamento estaba en conflicto con la ley puertorriqueña y ello no se ha demos-trado en modo alguno. Refiriéndonos al propio disponién-dose de la sección 2 de la Ley No. 80 de 1919, se observará que habla de los ingresos obtenidos con anterioridad al 1 de enero de 1918. ¿Cuándo obtuvieron los socios los ingre-sos que declaran en la planilla de 1919, a los efectos de la imposición de contribuciones por el año de 1918? Oigamos lo que dice su propio testigo Rafael M. Raldiris, Auditor de la Central Mercedita, declarando como testigo en el juicio:

“(Ddo.). — A.—¿En esas cuentas que Ud. ha examinado de esos señores Serrallés, figura mensualmente el beneficio? — Testigo.—No señor, los beneficios se reparten anualmente. — A.—¿Eñ qué fecha obtuvieron los beneficios el año ese? — Dte.-—Precisamente en la ob-tención del beneficio está todo. Una cosa es que el Tesorero sos-tenga, una cosa y otra cosa es la terquedad nuestra. — A.—¿Cuándo le fué pagado los beneficios? — T.—Esos beneficios los iban deri-vando ellos mensualmente y se pagaban por año. — A.—¿Cuándo to-maron-posesión de los beneficios? — T.—-Tomaron el 30 de abril.— A. — ¿De qué año? — T.—De 1918.”

Los demandantes no aportaron prueba de beneficios ob-tenidos mes por mes. No consta en los autos demostración alguna del beneficio exacto correspondiente a los meses de 1917 y del correspondiente a los meses de 1918. Si se hu-biera demostrado que los socios individualmente recibieron beneficios mes por mes, el caso presentado hubiera sido dis-tinto. Lo que consta es que los beneficios declarados co-rresponden a un período de vida de la sociedad -civil que comprende meses del 1917 y meses del 1918. Quizá durante los meses de 1917 liubo sólo gastos, tal vez pérdidas y de lieclio todas las ganancias se obtuvieron en 1918. Pero pres-cindiendo de esta consideración, la verdadera base para resolver la cuestión está en la determinación del momento en que los socios recibieron e individualmente se convirtieron en dueños de las ganancias y ese momento fue claramente en 1918.

Supongamos el Caso en que la sociedad hubiera obtenido grandes ganancias en los meses de 1917 y luego hubiera per-dido en 1918. ¿Hubieran acaso declarado los socios mes por mes las ganancias de 1917? Seguramente que no y hubie-ran procedido rectamente, porque dichas ganancias jamás se materializaron para ellos.

Las partes no han citado jurisprudencia con respecto a sociedades, pero en cuanto a Corporaciones son abundantes las decisiones que sostienen que:

“Los beneficios de una corporación se convierten en ingresos de los accionistas de la misma cuando tales beneficios se distribuyen como dividendos, pero no antes.” Miller v. Payne, 150 Wis. 254 136 N. W. 811; Will of Pabst, 146 Wis. 330, 131 N. W. 739. Gibbons v. Mahon, 136 U. S. 549, 10 Sup. Ct. 1057, 34 L. Ed. 525; Hyatt v. Allen, 56 N. Y. 553, 15 Am. Rep. 449; Minot v. Payne, 99 Mass. 101, 96 Ame. Dec. 705. Van Dike v. City of Milwakee, 146 N. W. 812.

Por virtud de todo lo expuesto deben revocarse las sen-tencias recurridas y en su lugar dictarse otras declarando las demandas sin lugar, sin especial condenación de costas.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. del Torio,

text:
    Monagas, Demandante y Apelado, v. Rivera et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en nn procedimiento de injunction. Moción para deses-timar la apelación.
    No. 3240.
    Resuelto en enero 31, 1924.
    Desestimación de Apelación — Excepción Previa — Resolución no Apelable..— El heeho de que en la.súplica de un escrito interponiendo excepción previa contra una demanda de injunction que originó una orden de entredicho se pida la anulación de ésta, no da el carácter de apelable a una resolución que deelaró sin lugar la excepción previa y concedió término al demandado para contestar. Tal resolución no está comprendida en el párrafo 3 del ar-tículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, por lo cual procede deses-timar la apelación que contra ella se estableció.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. H. F. Besosa.

    Abogado del apelado: <Br. J. Sabater.

   El Juez Presidente Sr. del Torio,

emitió la opinión del tribunal.

Solicita la parte apelada la desestimación del recurso porque la orden recurrida no es apelable.

Los autos demuestran que en la Corte de Distrito de Mayagüez se radicó una demanda titulada de injunction. Emplazados los demandados comparecieron y archivaron un escrito que dice:

‘ ‘ Comparecen los ' demandados, J. Rivera Cabrera, Marshal do la Corte de Distrito de San Juan, Distrito 1'°., y la Simmon’s Hardware Company, por medio de su abogado, Harry F. Besosa, ante esta Honorable Corte y respetuosamente interponen ésta, su excepción previa a la demanda de Injunction, por el siguiente mo-tivo :
“ ‘Que esta Hon. Corte no tiene jurisdicción sobre las personas y la materia de la acción.’
“Por tales razones expuestas, previo los trámites legales, se su-plica a esta Hon. Corte declare con lugar la excepción previa de falta de jurisdicción y en su consecuencia desestime la demanda de injunction, anulando la orden de entre-dicho dictada con fecha 22 de enero de 1923, condenando al demandante al pago de- co.h tas, gastos y honorarios de abogado.”

Dicho escrito fné resuelto por la corte por medio de una orden fundada cuya parte dispositiva expresa:

“PoR tanto: La corte declara sin lugar la excepción previa aducida a la demanda o solicitud y concede veinte cMas al deman-dado para contestar la demanda.”

Y contra esa resolución de la corte interpusieron- los de-mandados el recurso cuya desestimación -se pide.

Es tan claro que no se puede apelar de una orden decla-rando sin lugar una excepción previa y concediendo a la parte un término para contestar la demanda, que la misma parte apelante lo admite, pero sostiene que existe aquí el recurso porque la ley, — artículo 295 del Código de Enjuicia-miento Civil, párrafo 3, — otorga el derecho de apelar de una providencia “concediendo o anulando un injunction, negán-dose a conceder o a anular un injunction” y en este caso la resolución apelada tiene el efecto de una negación a anular un injunction.

No estamos conformes. La alegación presentada fue una excepción previa. La orden recurrida se limitó a de-clararla sin lugar concediendo a la parte demandada diez días para contestar la demanda. A menos que la parte re-nuncie la oportunidad y pida que se dicte sentencia, los pro-cedimientos quedan abiertos en la corte de distrito y por lo tanto no ha llegado el momento en qrie deban elevarse para su revisión a la Corte Suprema.

Es cierto que en la 'súplica del escrito de excepción pre-via se pide que sea anulada cierta orden de entredicho dic-tada el 22 de enero de 1923. En el cuerpo del escrito no se hace referencia al entredicho. La orden no aparece, de los autos. La naturaleza del escrito es claramente de una ale-gación formulando una excepción previa y así fué entendido y resuelto por la corte. La resolución de la corte no está comprendida en el- párrafo 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil pues no concede ni anula, ni se niega a conceder o a anular un injunction-.

Debe desestimarse el recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    N. Santini & Compañía, Demandante y Apelante v. Santini, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre indemnización por da-ños y perjuicios (memorándum de costas). Moción para que se desestime la apelación.
    No. 3110.
    Resuelto en enero 31, 1924.
    Memorándum de Costas — Transcripción Incompleta — Desestimación de Ape-lación. — La apelaeión de una resolución fijando el importe de un memorán-dum de costas debe ser desestimada cuando la transcripción elevada no con-tiene la sentencia que condenó en costas al apelante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Llorens Torres y Arroyo.

    Abogado del apelado: Sr. A. L. López.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Uno de los motivos en que se funda la parte apelada para que desestimemos esta apelación interpuesta contra resolu-ción de la Corte de distrito fijando la cantidad que debe ser pagada como consecuencia de un memorándum de costas es, que la transcripción de la apelación que nos ha presentado el apelante no contiene la sentencia en que se funda dicho me-morándum de Costas.

No existe en efecto en la transcripción que se nos ha pre-sentado la sentencia que condena al apelante al pago de los costas. Sin tal sentencia ante nosotros carecemos de nn ré-cord suficiente para resolver las cuestiones sometidas y la apelación por tanto debe ser desestimada, según dijimos en el caso de Compañía Azucarera del Toa v. Galán et al., 30 D. P. R. 199.

Por tal motivo la apelación debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado "Wolf.

El Jnez Asociado Sr. Hutcbison firmó “Conforme con la resolución. ’ ’

El Jnez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. HtjtchisoN,

text:
    Alonso, Demandante y Apelado, v. Madera et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en procedimiento de injunction.

    No. 2759.
    Resuelto en febrero 1, 1924.

      Injunction — Jurisdicción de Equidad. — La doctrina de que cuando bay envuelto un derecho o título éste debe establecerse en una corte de ley antes de que pueda expedirse un injunction, no es aplicable, sin embargo, a todos los casos en que se solicita una orden preliminar de injunction. También puede obser-varse en relación con esto que si bien bajo el anterior sistema de jurispru-dencia, en el cual se concedía el remedio en equidad por un tribunal dife-rente y un procedimiento distinto a aquellos por los cuales se concedía un remedio en ley, las cortes de equidad a veces se han negado a intervenir antes de que el derecho fuera establecido en ley, no pareee existir una buena razón bajo el actual sistema, en Estados que se rigen por códigos y en que ambos sistemas están combinados, para que no deba concederse tal remedio origi-nalmente mediante injunction, y así ha sido resuelto.
    Id. — Alegaciones—DaSos Irreparables — Demanda Suficiente. — Se resolvió en este caso que la demanda contiene alegaciones suficientes (véase la opinión) de daño irreparable en el sentido de que no puede ser apreciado con certeza ni debidamente compensado por cualquiera indemnización que pudiera reco-brarse en un pleito en ley.

      Injunction Preliminar que no es Mandatorio. — No disponiendo la orden preli-minar de injunction eoncedida a Javier Alonso Biera, demandante, que la de-mandada Alonso Biera y Cia., Inc. se..disuelva o que sean enmendadas las cláusulas de incorporación para cambiar su nombre o que descontinúe sus ne-gocios, sino que se abstenga de usar el apellido Alonso Riera, pendiente de una decisión definitiva, no puede concluirse que el injunction es mandatorio, ni que extrañara una resolución final del caso por sus méritos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. J. Texidor y R. Mar-tínez Alvarez.

    Abogados del apelado: Sres. Soto Gras $ Siaca.

   El Juez Asociado Sr. HtjtchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Jaime Pizá y Leopoldo Santiago apelan de una orden preliminar dictada en un caso de injunction perpetuo des-pués de una comparecencia por virtud de una orden para mostrar cansa, la cual orden preliminar les prohibía en unión de otros demandados que mientras no se resolvieran final-mente las cuestiones en controversia se abstuvieran de usar los apellidos de “Alonso Biera” como parte del nombre de la corporación “Alonso Biera & Co., Inc.,” así como en sus cartas, sobres y circulares o en alguna otra forma que ya directa o indirectamente pueda dar lugar a confusión entre el nombre de dicha corporación y el del negocio que ya tiene establecido el demandante Javier Alonso Biera.

En el caso de Alonso Riera & Co., Inc., v. Campillo, Juez de Distrito, 30 D. P. R. 297, en el que dicha corporación acu-dió a esta corte en solicitud de un auto inhibitorio y al cual nos remitimos en pro de la brevedad para la mejor compren-sión de los hechos envueltos en el presente caso, citamos lo suficiente de las alegaciones, declaraciones juradas y prueba documental para mostrar de un modo general lo que el juez sentenciador tuvo ante sí al expedir la orden preliminar.

En este caso insisten ahora los apelantes en que:

“1. La Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, erró al ejercer jurisdicción de equidad, en un caso en el que no tenía tal jurisdicción, por no existir beclios que lo determinaran, y porque-el demandante tenía remedio en ley.
“2. La corte erró al decretar este injunction, sin que se hubieran: alegado daños ciertos, y sí sólo posibles, imaginarios o especulativos.
“3. La corte erró al decretar el injunction en un caso en que nose alegan, ni se prueban, daños irreparables que no tengan compen-sación por vía de indemnización.
“4. — La corte erró al decretar un injunction preliminar que tiene el carácter de mandatorio, en un caso en que tal resolución en-vuelve la decisión del pleito.
“5. — La corte erró al resolver por medio de un injunction preli-minar cuestiones de hecho y de derecho que se hallan pendientes de juicio, sin que las partes hayan tenido oportunidad dé probar hechos y discutir puntos de ley.”

Los apelantes dicen que en cuanto a ellos los hechos ale-gados no darían derecho al demandante a remedio alguno en una corte de equidad:

“1. Porque se refieren a personas, actos, contratos y relaciones jurídicas extrañas a los apelantes.
“2. Porque no tienen relación con la incorporación de ‘Alonso Riera & Co. Incorporated,’ al menos los reseñados bajo las letras A a H.
“3. Porque para presentarlos, se han hecho por el demandante afirmaciones de derecho, que sólo puede hacerlas una corte o tribunal competente; como la de ser nulo el pacto sobre uso del nom-bre social, y la de hallarse disuelta la sociedad ‘Alonso Riera y Co. y tales afirmaciones no pasan de ser conclusiones legales no autori-zadas por un tribunal, ni por declaraciones o admisiones de los interesados en los actos y contratos a que se refieren.”

Es verdad que la demanda’ deja mucho que desear en cuanto a cualquier relación entre los aquí apelantes y las actividades que se imputan a Herminio Madera. En ella se alega, sin embargo, que Madera, con el fin de burlar la re-solución que en su día se dictase en el procedimiento de injunction pendiente “consiguió maliciosamente” que los apelantes en unión de otras personas apellidadas “Riera” y “Alonso,” respectivamente, “entrasen a formar parte como incorporadores” de la nueva corporación; que dichos Riera y Alonso habían sido “hechos figurar por el demandado Her-minio Madera como incorporadores sola y exclusivamente para poder hacer nso de sus apellidos en el nombre de dicha nueva corporación;” y que en los anuncios en la prensa se publicaron los nombres de dichos incorporadores, incluyendo a los apelantes, sin que figurara o esté relacionado en forma alguna el dicho Madera, todo lo cual venía a aumentar la confusión reinante al añadir aparentemente a las ya exis-, tentes una nueva entidad en la que figuran los apellidos de Alonso Riera.

Interpretando estas alegaciones según su propio contexto la inferencia natural es que los apelantes no eran los verda-deros incorporadores sino meras figuras decorativas o pan-tallas utilizadas por Madera como medio para llevar a cabo el plan que, en esta forma, también se alegó “había sido re-cientemente llevado a cabo.”

Si los apelantes eran en verdad incorporadores de buena fe, sin tener participación consciente en el verdadero propó-sito para el cual se alega que fué organizada la corporación, una simple negativa de semejante conexión, y aun una de-claración jurada exponiendo los hechos, como la de Mariano Riera Palmer, podría haberles evitado cualquiera otra mo-lestia o inconveniencia con motivo de la controversia entre el demandante y Madera.

Puede ser que el demandante esté impedido de negar la validez de su convenio, al retirarse de la mercantil Alonso Riera y Co., de que la mercantil pudiera seguir usando el nombre de la firma durante todo el término social o durante cualquier prórroga del mismo. La alegación de que la mer-cantil ha dejado de existir puede ser una conclusión de de-recho, pero en lá demanda también se alegaba el hecho en que se fundaba esa conclusión, o sea, la adquisición por parte de Madera de toda la participación perteneciente al único otro socio restante después del retiro del demandante y de su hermano de la referida sociedad.

En el alegato ele los apelantes parece más bien asumirse que demostrarse .que tal adquisición por un solo socio no traía necesariamente por consecuencia la disolución de la so-ciedad. Mucho se lia insistido en la cuestión de que no se expediría un injunction para proteger un derecho dudoso o disputado.

“La doctrina de que cuando bay envuelto un derecho o título éste debe establecerse en una corte de ley antes de que pueda ex-pedirse un injunction, no es aplicable, sin embargo, a todos los ca-sos en que se solicita una orden preliminar de injunction. Tam-.bién puede ocurrir que en tal situación exista la amenaza de un daño irreparable y en ese caso la corte puede conceder un remedio por injunction, no obstante haber una controversia de títulos, y, habiendo asumido jurisdicción por ese fundamento, puede, según se ha resuelto, proceder a resolver sobre los derechos de las partes, aun cuando esto envuelva una determinación sobre la cuestión de título. También puede obtenerse un remedio en equidad antes de que el demandante haya establecido, sus derechos en ley, cuando los Lechos esenciales de los cuales deriva su derecho han sido admiti-dos; y cuando habiendo una duda respecto a sus derechos ésta es una duda legal solamente. También puede observarse en relación con esto que si bien bajo el anterior sistema de jurisprudencia, en el cual se concedía el remedio en equidad por un tribunal diferente y un procedimiento distinto a aquellos por los cuales se concedía un remedio en ley, las cortes de equidad a veces se han negado a intervenir antes de que el derecho fuera establecido en ley, no pa-rece existir una buena razón bajo el actual sistema, en estados que se rigen por códigos y en que ambos sistemas están combinados, para que no deba concederse tal remedio originalmente mediante injunction, y así ha sido resuelto.” 14 R. C. L. p. 356, sección 58.

En nuestra consideración de la solicitud de la corpora-ción pidiendo un auto inhibitorio, indicamos que una c'orte de equidad en un caso adecuado puede pasar por alto la dis-tinción que existe entre una corporación como entidad legal y sus accionistas. El razonamiento bajo el primer señala-miento, en tanto se funda en la teoría de que un certificado de incorporación releva a los ine'orporadores de toda res-ponsabilidad. por los actos subsiguientes de la corporación, pasa por alto enteramente la indicación a que se acaba de liaeer referencia. Aunque puede haber alguna duda respecto a si los hechos alegados en la demanda son suficientes para hacer caer el presente caso dentro de la excepción a la regla general, se presume que la resolución de la corte inferior es correcta y la mera insistencia en esa regla no establece la proposición de que la demanda no presenta aspecto alguno de equidad.

Las alegaciones respecto al actual estado de confusión debido al uso continuado por parte de Madera del nombre de la firma “Alonso Riera & Co.” después de la disolución de dicha sociedad, y en cuanto al efecto de tal confusión en el negocio del demandante, eran bastantes para demostrar un daño que es irreparable en el sentido de que no puede ser apreciado con certeza ni debidamente compensado por cual-quier indemnización que pudiera recobrarse en un pleito en ley. Apenas era necesario agregar que el uso continuado de la misma razón social, con la palabra “incorporated” agre-gada a ella produciría el mismo resultado.

Tampoco podemos convenir con los apelantes en que de una mera lectura de la demanda y de su súplica puede verse el carácter mandatorio del injunction expedido. La orden, que sigue la fraseología de la súplica, no dispone la diso-lución de la corporación ni ordena a los apelantes enmendar •las cláusulas de incorporación para cambiar el nombre. Tampoco ordena a los apelantes no continuar haciendo ne-gocios, por la sencilla razón de que la corporación no ha-bía empezado a hacer negocios. Los apelantes no fueron obligados afirmativamente “a declinar la posición” en que ellos se encontraban y en la que tenían “derecho a sos-tenerse.” Si Madera no tenía derecho a usar la razón social “Alonso Riera & Co.,” él carecía de poder para con-ferir ese derecho a la corporación. Y, aparte de cual-quier relación con Madera y sus planes, los apelantes esta-ban dentro del espíritu si no dentro de la letra del estatuto que prohíbe la adopción de algún nombre “ya en uso por otra corporación, o tan parecido a éste que pudiera dar lugar a confusión o incertidumbre.”

Ni tampoco anticipó la corte una resolución final del caso por sus méritos. El efecto de la orden preliminar era man-tener el statu quo, mientras se dictaba tal decisión final, me-diante la evitación del inminente establecimiento de otra so-ciedad para hacer negocios bajo el mismo nombre ya en li-tigio en dos pleitos separados, el segundo de los cuales ya se había hecho necesario, según parece, debido a la omisión de tomar alguna medida de precaución semejante en el primero.

Se dejó un término de ocho días entre la fecha de la or-den para mostrar causa y el día fijado para la vista. En la vista los demandados anunciaron que estaban listos para el acto. Después de la presentación ele affidavits y contra-affidavits la vista fué suspendida y se continuó después de transcurrido otros ocho días. En la segunda vista los de-mandados volvieron a anunciar que estaban listos para el acto. El récord taquigráfico de estas dos vistas, que com-prende copias de los affidavits y la prueba documental pre-sentada, cubre 57 páginas de los autos. El caso en apelación contra la orden concediendo el auto preliminar fué sometido catorce meses después de la segunda de las dos vistas a que acabamos de hacer referencia. Si el caso fué o no resuelto por sus méritos en el entretanto, y si no por qué no lo fué, es cosa que no consta. •

La mercantil Alonso Riera & Co. fué organizada en el año 1912 con un capital de $3,500. Dos años después fué reorganizada con un capital de $58,844, distribuidos en esta forma:

Enrique Alonso Biera-$18, 860
Herminio Madera_ 15, 368
Manuel Alvarez Bivera__ 13,488
Javier Alonso Biera_ 11,128

Al año siguiente Madera y Alvarez adquirieron la parti-cipación de los hermanos Eiera. Más tarde Alvarez vendió sn participación a Madera, cnya declaración jurada acredita que el volumen de negocios realizados bajo la razón social durante el mes anterior a la vista ascendió a más de $10,000.

En otra declaración jurada expresa.Madera que su objeto al fomentar la nueva corporación era ‘‘ ampliar sus neg’ocios e incorporar a este negocio el de la mercantil Alonso Eiera & Co.” En otro affidavit expresa él que también era su propósito que el negocio de la corporación absorbiese el de otra firma constituida anteriormente bajo el nombre de Ma-dera Hermanos.

Un affidavit del apelante Pizá expresa que el capital pa-gado de la corporación era $1,300, pero no da los nombres de los accionistas. La misma declaración expresa un total de $15,000 de capital suscrito, con mía lista parcial de diez sus-cribientes que no comprende el nombre de ninguno de los de-mandados en este caso ni indica el importe del capital sus-crito por todas o algunas de las personas mencionadas. Ni tampoco revelan los autos cuál sea el verdadero interés que tengan en la corporación los apelantes o alguno de ellos, si es que alguno tienen. No es cuestión que tengamos que dis-cutir si, de haber una completa demostración sobre este punto, sería o no aplicable la máxima de minimis non curat lex.

Es justo que digamos que no estamos profundamente im-presionados con la demostración que se ba hecho respecto a la necesidad de una orden preliminar de injunction. Por otra parte, el apelado no ba comparecido ante esta corte, ni por alegato ni en el acto de la vista, y puede ser que al-gunos pormenores de la situación se hayan escapado a nues-tra observación. De todos modos, no encontramos tal abuso de discreción por parte del juez sentenciador que justifique una revocación, y por tanto debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr, Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. García, Acusado y Apelante.
    ' Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por homicidio voluntario.
    No. 1938.
    Resuelto en febrero 5, 1924.
    Homicidio Justificable — Defensa Propia — Defensa del Hogar — Defensa Pro-pia Dentro del Propio Hoga^ — Instrucciones—Nuevo Juicio. — Habiendo el acusado planteado la teoría de defensa propia dentro del propio hogar, circunstancia que hace la defensa propia menos rígida, y tendiendo su prueba a demostrar la existencia en la realidad de tal teoría; erró la corte de dis-trito al no exponerlo así con toda claridad al jurado, debiendo revocarse la sentencia y ordenarse un nuevo juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. A. Aponte, F. Cervoni y F. Gallardo.

    Abogado.del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Bico por su Fiscal, mediante infor-mación del Gran Jurado, imputó a Casimiro García el si-guiente hecho: “el referido Casimiro García, el día 5 de marzo A. D. 1921, y en el Distrito de Humacao, o sea, en la municipalidad de Nagnabo, que forma parte del Distrito Judicial de Humacao, P. B., ilegal, voluntaria y maliciosa-mente, de una manera premeditada y sin que mediara notable provocación, acometió y agredió con el propósito decidido y firme de dar muerte, a Jenaro Arce, con un revólver, que es arma mortífera, haciéndole varios disparos e infiriéndole una herida qne le produjo la muerte.”

Alegó su inocencia el acusado. Fué la causa a juicio. Comenzó éste en la mañana del 8 de junio de 1921, continuó por la tarde, siguió por la noche hasta las cuatro de la ma-drugada del siguiente día. Se reanudó la sesión en la ma-ñana del nueve y el jueves rindió un veredicto que dice: Nosotros los señores del Jurado, declaramos al acusado Casimiro García, culpable del delito de Homicidio Volunta-rio, con clemencia.”

El acusado solicitó la celebración de un nuevo juicio. Negó la corte su solicitud y dictó sentencia condenándolo a sufrir dos años de presidio con trabajos forzados. La pre-sente apelación se interpuso contra la resolución que negó el nuevo juicio y contra la sentencia.

El alegato Contiene varios señalamientos de error, entre ellos uno que sostiene que la corte de distrito en sus instruc-ciones al jurado expresó que la defensa planteada por el acusado había sido la de legítima defensa cuando en verdad fué la de defensa del hogar.

De los autos aparece que el acusado planteó su caso así:

“El acusado por medio de uno de sus abogados que hizo su in-forme preliminar ante el Jurado, haciendo constar que habiendo te-nido Jenaro de Arce y otros individuos un disgusto con el acusado, que tuvo su origen en cierta cuestión en que había un negocio de ron de por medio, el día de los hechos y a raíz de unas palabras que se cruzaron, se presentó en el hogar del acusado, donde éste se hallaba con su familia, el citado Jenaro de Arce y varias perso-nas más. Qlue el acusado al ser avisado de que aquellas personas se acercaban en actitud hostil, indicó a uno de los que estaban en la casa, que hiciera saber a aquella gente que él había salido, razón por la cual, cuando llegaron los aludidos individuos y preguntaron por el acusado, se les contestó que había salido para la casa de la familia Ramírez. Que al poco rato volvieron a ir a la casa del acusado manifestando que éste no estaba en casa de los Ramírez y que donde se encontraba era allí en aquella casa. Que entonces Jenaro de Arce penetró en dicha morada de una manera turbulenta y amenazadora y empezó a indagar por el paradero del acusado a quien quería acometer dentro de la misma casa; pero al no verle allí se dirigió a la habitación y trató de penetrar en dicha habi-tación, pero no pudiendo lograr su objeto entonces violentamente empujó la puerta y la abrió, portando en las manos una cuchilla. Que el Jenaro de Arce, que era zurdo, con una mano forzó la en-trada de la puerta y con la otra mano levantada en el acto intentó penetrar en el cuarto donde se hallaba el acusado escondido. Este, ante aquella invasión en lo más sagrado de su hogar, disparó, ca-yendo mortalmente herido Jenaro de Arce.”

T de los mismos autos consta que el juez al dar sus ins-trucciones al Jurado, se expresó como sigue:

“La teoría de la defensa, es de que este acusado actuó en de-fensa propia: esto es, que se trata de un homicidio justifica-ble. * * * ”
“Como se ha levantado por parte de la defensa la teoría de la defensa propia, la corte va a informar a ustedes lo que dice nues-tra ley sob're el particular. La persona contra quien se intente al-gún daño, podrá oponer la necesaria resistencia para impedir una ofensa contra su persona o familia, o algún miembro de ella. El derecho a la propia defensa, en ningún caso se entiende a la inflic-ción de más daño que el necesario al objeto. Para justificar un ho-micidio, en que se alegue la defensa propia, es necesario no sólo creer, ■sino tener motivos fundados para creer, que al matar al agresor se hallaba el agredido en inminente o inmediato peligro de muerte o de grave daño personal. Las circunstancias deberán ser de tal naturaleza que lleven al ánimo de una persona de moderada pru-dencia, el convencimiento de que el acusado se hallaba en peligro de muerte o de grave daño corporal. Fundado temor no significa el temor de un cobarde sino el temor de una persona de moderado valor.
“Dice también otro precepto, que podrá justificarse el homici-dio, cuando lo cometiere alguna persona en cualquiera de los casos siguientes: cuando se comete en legítima defensa de dicha persona, o de la esposa o esposo, padre o madre, hijo, amo o sirviente de tal persona, siempre que hubiere motivos fundados para sospechar que existe el propósito de cometer un delito grave (felony) o de inferir grave daño corporal, e inminente riesgo de que tal propósito se realice; pero dicba persona, o la persona cuya defensa se intentare, si fuere el agresor, o estuviere empeñada en lucha mortal, deberá tratar de desistir de ella, antes de cometerse el homicidio; cuando so comete al defender una morada, propiedad o persona contra al-guno que manifiestamente intente o procure, por medio de violencia o sorpresa, cometer cualquier delito grave (felony), o que violenta, desordenada y tumultuosamente intente o procure penetrar en la morada de otro cOn el propósito de agredir a alguna persona que se hallare en ella.”

El error es, pues, manifiesto, y no puede entenderse sub-sanado por la trasmisión de ciertas instrucciones prepara-das por la defensa. Un examen de la transcripción revela que la tendencia de la prueba del acusado fue la defensa propia dentro del propio hogar, circunstancia que hace la. defensa propia menos rígida, y esto debió expresarse con toda claridad al jurado.

La ley de modo terminante consagra como circunstancia justificativa del homicidio la de cometerlo al defender una morada contra alguno que manifiestamente intente o procure,, por medio de violencia o sorpresa, cometer cualquier delito grave, o que violenta, desordenada o tumultuosamente in-tente o procure penetrar en la morada de otro con el pro-pósito de agredir a alguna persona que se hallare en ella,, y la jurisprudencia es abundante sobre el particular. Véase 13 R. C. L. 840 y siguientes.

No es necesario que emitamos nuestro juicio con respecto1 a los otros errores señalados, pero creemos conveniente de-cir que hemos leído cuidadosamente la transcripción y po-cas veces hemos, observado nada más confuso. La defensa se queja insistentemente de la conducta del Fiscal durante el juicio y de que la corte- no garantizó debidamente su de-recho a repreguntar a los testigos del pueblo. La impre-sión que produce este juicio es deplorable. Parece que las partes se olvidaron del sitio augusto en qne se encontraban. La defensa, qne tanto énfasis pnso en qne fneran reconoci-dos los derechos del acusado, olvidó los derechos de los tes-tigos. La forma en qne trató especialmente a Vicenta Arce, fné inusitada, crnel. Si digno de respeto es el acnsado y nada debe consentirse qne lo coaccione, veje o maltrate, ignal conducta debe seguirse con los testigos. Insistirse en qne se garantice el derecho qne tiene el acusado para qne no se le considere culpable sino a virtud de prueba plena, no se armoniza con tratar a un testigo como a un perjuro ape-nas comienza a declarar. La justicia debe ser igual para todos.

Por virtud de lo expuesto, opinamos que debe revocarse la sentencia apelada y concederse la Celebración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenado un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Aldret,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por portar armas prohibidas.

      No. 2155.

    Resuelto en febrero 5, 1924.
    Abmas Prohibidas — Jurisdicción del Juez Municipal — Denuncia Suficiente.— Tiene jurisdicción el juez municipal y no el juez de paz para conocer de una denuncia por portar armas prohibidas en la cual se alegó que la pistola ob-jeto del delito le fué ocupada al acusado en momentos en que salía del salón de sesiones de la Asamblea Municipal de Gruóniea.
    Id. — Prueba Suficiente. — Apareciendo de la prueba que pocos momentos después de terminar la asamblea municipal su sesión de ese día, el apelante salió' del 'salón de sesiones con una pistola en la mano, que fué ocupada después de tirarla en uno de los pasillos del edificio, y aunque no se probó que entró con ella en dicho sitio sin embargo el hecho de tenerla sobre su persona cuando se le quiso ocupar demuestra por sí mismo que entró con ella a la sesión, ya que no hay prueba de que la hubiera tomado allí de algún sitio, es necesario concluir que la evidencia justificó la sentencia condenatoria.
    Id. — Quiénes y Cuándo Pueden Usarlas. — La sección 2 de la ley sobre armas prohibidas no exime de responsabilidad al presidente de una asamblea municipal que portaba un arma prohibida con fines de ofensa o defensa en mo-mentos en que salía del salón de sesiones de la asamblea.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Martínez Nadal, Tormes y Colón. . ■

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue denunciado en da Corte Municipal de Yauco por un delito de portar armas prohibidas. La Corte de Distrito- de Ponce en grado de apelación y celebrando el juicio de nuevo lo condenó a pag’ar una multa de cinco dó-lares contra cuyo fallo interpuso este recurso de apelación alegando que la corte de distrito cometió error al desestimar su excepción previa fundada en que la Corte Municipal de Yauco carecía de jurisdicción para conocer de la denuncia hecha contra él, por corresponder su conocimiento al juez de paz de G-uániea, y que también cometió error al apreciar la prueba.

La denuncia imputa al apelante que “con los fines de ofensa y defensa portaba sobre su persona una pistola marca Mausser, calibre 32 y cargada con 9 balas la cual le fué ocu-pada en momentos en que salía del salón de sesiones de la Asamblea Municipal de G-uánica, P. R., donde ejerce el acu-sado el cargo de pi*esidente de dicha Asamblea.”

Según la ley de 1905 enmendada en 1908 prohibiendo por-tar armas, corresponde a los jueces municipales el conoci-miento de dicho delito, entre otros casos, si cualquier indi-viduo entrare en cualquier sitio donde haya gente reunida para pasar revista o ejecutar cualquier otro deber público; o en cualquier otra reunión pública, y llevare encima o en su persona cualesquiera de las armas o instrumentos enu-merados en el artículo primero de la ley, entre los que se baila la pistola.

La denuncia pudo ser más claramente becba, pero de todos modos al decirse que la pistola fué ocupada al ape-lante en momentos en que salía del salón de sesiones de la Asamblea Municipal de G-uánica puede entenderse alegado que salía de una sesión de la asamblea municipal, que es una reunión de los asambleístas para ejecutar un deber pú-blico pues en sus salones se reúnen las asambleas munici-pales. Además, bay que tener en cuenta que la denuncia está formulada por un policía y no por un fiscal.

En cuanto a la prueba entendemos que la corte inferior tampoco cometió el error que se le ba imputado pues de ella resulta que pocos momentos después de' terminar la asamblea municipal su sesión de ese día, el apelante salió del salón de sesiones con una pistola en la mano, que fué ocupada después de tirarla en uno de los pasillos del edifi-cio, y aunque no se probó que entró Con ella en dicbo sitio sin embargo el becbo de tenerla sobre su persona cuando se le quiso ocupar, demuestra por sí mismo que entró con ella a la sesión, ya que no bay prueba de que la hubiera to-mado allí de algún sitio. .

Tampoco tiene mérito' la alegación de que el apelante está excluido de responsabilidad por ese becbo porque es-taba en una propiedad privada en relación a la condición de Presidente de la Asamblea Municipal de Guánica, pues si bien el artículo 2 de la ley exime de responsabilidad por tener armas prohibidas a los administradores, arrendata-rios, mayordomos o celadores de una finca cuando estuvie-sen en ella, así como dentro de sus casas particulares o edi-ficios. que custodiasen o guardasen, el Presidente de una Asamblea Municipal no tiene esas funciones y por tanto no está comprendido en la exclusión de la ley.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison. ■

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Cochón, Demandante y Apelante, v. Correa et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 3055.
    Resuelto en febrero 7, 1924.

      Obligaciones — Pago—Prueba—Non Suit. — Habiendo probado en este caso el de-mandante la obligación cuyo cumplimiento reclama, constante en un docu-mento suscrito por los demandados y euya autenticidad y otorgamiento no lian negado, la prueba de su extinción por el pago correspondía a los de-mandados que lo opusieron y por tanto el tribunal inferior cometió error al estimar que en vista de esa alegación de los demandados debía probar el demandante que el pago no había sido hecho.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. E. Font Suárez y E. Pérez Casalduc.

    Abogado de los apelados: Sr. B. Fernández García.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Cochón Calvo demandó a Valeriano Correa y a Frutos Ooris para que le paguen la cantidad de $333.57 y sus intereses de una obligación vencida que reconocieron deber solidariamente a José 'B. Pórtela en un pagaré que se inserta en la demanda y que después de varios endosos está en la posesión del demandante. Los demandados no nega-ron la autenticidad y otorgamiento de ese documento ni su posesión por el demandante pues se limitaron a alegar en sn contestación qne habían pagado tal obligación al deman-dante qnien se comprometió a devolverles el pagaré, sin qne lo baya liecko.

El demandante presentó en el juicio como única prneba el pagaré original y habiendo alegado entonces los deman-dados qne la prueba del demandante no es suficiente para dictar sentencia a su favor {.non suit) el tribunal declaró sin lugar la. demanda, por eí fundamento de que habiendo alegado los demandados en sn contestación que habían pa-gado la deuda debió haber probado el demandante que el pago no había sido hecho. Contra esa sentencia interpuso el demandante este recurso de apelación, en el que no han comparecido los demandados, y alega como único motivo del mismo que es erróneo él fundamento en que descansa la sen-tencia apelada.

Según el artículo 1182 del Código Civil incumbe la prueba de las obligaciones al qne reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la .opone. Por consiguiente ha-biendo probado el demandante la obligación cuyo cumpli-miento reclama, constante en un documento suscrito por los demandados y cuya autenticidad y otorgamiento no han ne-gado, la prueba de su extinción por el pago correspondía a los demandados que lo opusieron y por tanto el tribunal inferior cometió error al estimar que en vista de esa alega-ción de los demandados debía probar el demandante que el pago no había sido hecho.

La sentencia apelada debe ser revocada y ordenarse la celebración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenado un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Nones, Demandante y Apelante, v. Sucesión Serralés, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2773.
    Resuelto en febrero 7, 1924.
    Evidencia — Prueba de la Agencia — Evidencia Admisible. — Para probar que la demandada negociaba con determinada persona como agente de una compañía se presentó una carta aparentemente expedida por dicha compañía intro-duciendo a dicha persona como tal agente. Se resolvió: que habiendo sido dicha carta recibida y aceptada como auténtica por la demandada, quien actuó de acuerdo con ella, era admisible sin ulterior prueba de autenticidad.
    Evidencia Secundaria — Copia de Escritos — Admisión de Evidencia Secunda-ria — Discreción Judicial. — Cuando una corte ejercita su discreción en la admisión de copia de un escrito quo no se probó haberse extraviado o des-truido o estar fuera de la jurisdicción del tribunal, si la parte que se opone a su admisión no levanta debidamente estas cuestiones y hay indicios en los autos de hallarse dicho escrito en poder de la parte contraria o en poder de su causante y fuera de la jurisdicción de la corte, el Tribunal Supremo no intervendrá en el ejercicio de esa discreción.
    Id. — Declaraciones para Beneficio Propio (Self-serving Evidence). — Una carta que forma parte de la correspondencia contentiva de los términos de un con-trato, escrita por una de las partes contratantes, no puede considerarse como una declaración en beneficio propio (self-serving declaration) a los efectos de su admisión en un pleito posterior entre dichas partes, por el hecho de que tienda a sostener la teoría de la parte que la escribió.
    Id. — Copias de Carbón. — Del artículo 84 de la Ley de Evidencia no se desprende que fuera la intención del legislador excluir, en casos apropiados, las copias de carbón de cartas no copiadas en el copiador ni enviadas por correo sino entregadas por el autor al destinatario o a su agente.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J. A. y A. 8. Poventud.

    Abogado de la apelada: Sr. F. Parra Capó.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso alegaba entre otras cosas lo siguiente:

“2. Que, de acuerdo con la información y creencia del actor, allá por el día 5 de abril de 1920, la demandada otorgó una opción a favor de don Louis Fally, mayor de edad, que duraría hasta las nueve A. M. del día 9 de abril de 1920, para la compra de cinco mil sacos de azúcar lavada, de 125 libras cada uno, netas, de dicha Central Mercedita, propiedad de la demandada, al precio de $lh el quintal f. o. b. Ponee, para embarque y entrega en o antes de abril 30, 1920, debiéndose pagar tal precio contra entrega de Ios-documentos de enr&arque por la demandada, a la que se debía ga-rantizar el referido precio por un banco.
“3. Que el expresado Louis Fally, en abril 8, 1920, cedió sus derechos bajo la precedente opción u oferta, por medio del agente y comisionista de Ponee don. Rafael Collazo, al demandante don .Adolfo Nones, por precio de $15.50 el quintal de azúcar, y éste, en la tarde del referido día 8 de abril, 1920, antes de expirar la ameritada oferta, aceptó, e hizo comunicar, como se comunicó, dicha aceptación de tal opción, a la demandada por conducto de su indicado apode-rado señor Giles e informándole que el Banco Comercial de Puerto Rico se había obligado a garantizar el indicado precio fijado por la demandada, la que entonces alegó, por medio del Sr. Giles que la opción referida había expirado, por lo que rehusaba cumplir dicho contrato, y siendo así que tal oferta de la demandada no vencía hasta el día siguiente abril 9, 1920, a las 9 A. M., según se deja con-signado.”

La contestación después de negar estas alegaciones ex-presaba afirmativamente:

“Que hacia marzo 26 de 1920 el señor Mauricio Fally como agente en Puerto Rico de The Maxim Chemical Co. de New York solicitó de la demandada precio por cinco mil sacos de azúcar la vada. Esta demandada le cotizó $13.50 por quintal f. o. b. embar-cado en Ponee y le dió hasta marzo 31 para recibir la contestación al ofrecimiento que había de hacerse del azúcar en los Estados Uni-dos por la Maxim Chemical Co. o por el señor Mauricio Fally en re-presentación de ella. — Fué condición especial que los compradores depositarían al mismo tiempo el importe de la mercancía en el Royal Bank of Canada, de Ponce. En estas condiciones la demandada se encargaría del embarque del azúcar.
“Esta venta de cinco mil sacos de azúcar fué confirmada por te-legrama del señor Mauricio Fally en marzo 31 de 1920 afirmando además que había sido abierto en el Royal Bank of Canada en Ponee un crédito a favor de la demandada de acuerdo con lo convenido.

En abril 1 de 1920, o sea al día siguiente, el Royal Bank of Canada en Ponce negó tener tal crédito abierto a favor de la de mandada.

“En abril 3 de 1920 el señor Mauricio Falley solicitó personal-mente y como representante de Tbe Maxim Cbemical Co. una am-pliación del tiempo concedido en el contrato antes expresado, para la colocación de fondos en el Royal Bank of Canada, fundándose en que ellos liabían hecho una venta de dicha azúcar tona fide a una firma de New Orleans y que el cable autorizando el crédito había sido enviado dos días antes de expirar el término de la opción, pero no había sido recibido hasta aquel mismo día 3 de abril.
■“En tales condiciones y dada la particular posición en el ne-gocio del agente de la Maxim Chemical Co. señor Mauricio Falley, la demandada le concedió hasta el día 7 del mismo mes de abril (exclusivamente y no con otro objeto) para comunicarse con sus compradores en New Orleans, explicándoles la situación y pidiendo un aumento de crédito para cubrir un precio de $15 por quintal del azúcar vendido, puesto que el mercado aumentaba rápidamente.
“En el indicado día 7 de abril el señor Louis Falley visitó a la demandada diciendo ser representante de su hermano Mauricio Fal-ley, alegando haberse cruzado cables con los compradores de New Orleans y manifestando sus temores de que la contestación con el crédito solicitado no llegaría a tiempo.
“Como un favor especial la demandada le concedió al señor Louis Falley, como representante de su hermano Mauricio Falley y a éste a su vez en representación de The maxim Chemical Co. hasta las nueve de la mañana del día 9 de abril de 1920; con el exclusivo objeto de esperar los fondos que ya había enviado la firma de New Orleans que había comprado el azúcar.
“No habiendo llegado a las nueve de la mañana del día 9 de abril de 1920 el precio del azúcar tal como había sido convenido, la demandada dió por rota y nula la negociación.”

De los autos hacemos las siguientes citas:

“Demandado: Presento como prueba una carta de la Maxim Chemical Co., fechada en febrero 16 de 1920, a la Sucesión J. Serrallés, en la que le anuncia la llegada a Puerto Rico de Mr. Mauricio Fowler como su representante.
“Demandante: El demandante se opone a la admisión de esta carta como prueba de la demandada, de fecha febrero 16 de 1920, primero, porque la firma de la Maxim Chemical Co. en este caso rio ha sido identificada por ningún testigo. Segundo, porque la firma ilegible del general mmager que aparenta autorización para firmar, a nombre de esa corporación, no se ba justificado que haya sido previamente autorizado ni que él ocupe el cargo que dice de-sempeña en esta caída. Tercero, porque según se desprende de toda la prueba de la demandada, el propósito de esta evidencia es justificar un pretendido mandato o agencia a Mauricio Fowler a favor de esta corporación y los mandatos no se prueban en Puerto Rico por manifestaciones o escritos del pretenso mandante sino del mandatario. Cuarto, por ser res inter olios acta, es decir, transac-ción entre la Chemical y Mauricio Fowler, que no es el individuo que según los pleadings en este caso, hiciera la negociación en con-troversia. Quinto, porque resulta de la misma contestación jurada de la demandada, que la primera transacción a que se refiere esta carta endosando al señor Mauricio Fowler era asunto terminado y como tal no tiene relación ni materialidad, ni conexión alguna con la siguiente negociación a quince pesos el quintal y terminable en abril nueve a las nueve de la mañana del 1920. Sexto, por tratarse en esta carta de manifestaciones de hearsay| de la Maxim, que nunca serían admisibles en evidencia, a menos que se hubiese to-mado una deposición a los oficiales autorizados de esta compa-ñía en New York para que en todo caso declararan lo que es pertinente probar o lo que, se pretende probar con, su hearsaAj y privándonos del derecho constitucional de repreguntar. Y por último, por resultar de la misma carta que tal supuesto mandato en realidad no existió, por cuanto la misma carta sencillamente se re-fiere a obtener ofertas para ellos y que indudablemente se refiere según declaró Mr. Giles, a ofertas de Serrallés para comprar pro-ductos químicos de la Maxim Chemical Co., que es lo que vende esta compañía y cuyo mandato, en todo caso, ostentaría el señor Mauricio Fowler en este momento-.
“Juez: La corte la admite.
“Demandante: Tomo excepción.
“Demandado: Presento como prueba una copia de la carta que con fecha abril primero de 1920, dirigida por Sucesión de J. Se-rrallés, por medio de su manager J. M. Giles al señor Mauricio Fowler, acusándole recibo de su telegrama en el que Fowler con-firmó la compra de los cinco mil sacos de azúcar; la presento como primera evidencia del contrato _ celebrado entre la central Serrallés y la Chemical, sobre esa azúcar.
“Demandante: El demandante se opone a la admisión de esta carta de abril uno del 1920 dirigida por la demandada misma a Mauricio Fowler, a San Juan, Puerto Rico, primero, por tratarse de self-serving, evidence o sea prueba de la misma demandada rela-cionada con el mismo asunto. Segundo, porque no se ha justificado que sea en contestación a ningún telegrama según dice esta carta y porque en todo caso ese telegrama lia debido presentarse o de-mostrarse que el mismo se había extraviado y que en todo caso tendría los términos del verdadero contrato a que la carta se re-fiere en vez de pretender contenerlos esta carta escrita por la misma demandada. Tercero, por tratarse aquí de la primera negociación a trece dólares, cincuenta centavos quintal de azúcar, de cinco mil sacos, cuyo negocio terminó y no tuvo nada que ver con la posterior de cinco mil sacos de azúcar de Luis Fowler al demandante.
“Juez: La corte la admite.
“Demandante: Tomo excepción.
“Demandado: Presento como prueba copia de una carta escrita por Sucesión J. Serrallés a' Mauricio Fowler en abril nueve del 1920 y entregada en ese mismo día personalmente a su hermano Luis Fowler para que le sirviera a Luis Fowler de excusa con la Chemical Co. de por qué no había hecho la transacción.
“Demandante: El demandante se opone a la admisión de esta carta de abril nueve de 1920, primero, por llevar fecha posterior a la terminación' de todas las negociaciones de que se trata en este pleito. Segundo, por ser self-serving evidence de la demandada misma, dirigida a un individuo que no se menciona en las alegacio-nes. Tercero, por no estar firmada. Cuarto, por ser una copia y no haberse demostrado el extravío del original, ni ser tampoco una copia en maquinilla, impresa en un libro comercial, ni haberse pre-viamente demostrado que se ha- cursado por correo el original de la misma.
“Juez: La corte la admite.
“Demandante: Tomo excepción.
“Los documentos admitidos son los- siguientes, copiados a la letra:
“ ‘Febrero 16, 1920. — Sucesión de J. Serrallés, Ponce P. R.— Señores: Confirmamos nuestros cables del 4, 8, 6 y 10 del comente y acusamos recibo de sus telegramas del 9 y 12 del corriente según copias adjuntas. Es muy de lamentarse que nuestro cable del 4 se dilatara en tránsito considerablemente, pues ello nos hizo creer que Uds. tenían esa cantidad de azúcar disponible para-pronto em-barque y que Uds. estaban dispuestos a aceptar un precio como el fijado por nosotros. Además, su cable del 9, que no pudo ser des-cifrado en su mayor parte complicó el asunto aún más. Como les in-formábamos en nuestro cable subsiguiente, habíamos becbo arreglos para establecer un crédito en New York con el fin de evitar toda posi-ble demora en el embarque para así poder aprovecharnos de una or-den que teníamos a mano y que especificaba embarque a más tardar el 10 del corriente. Sus últimos informes nos dicen que Uds. han enviado 2,000 sacos el día 24, consignados a su agente en New York. ¿Podrían Uds., al recibo de esta carta, tener la bondad de cablegra-fiarnos su cotización sobre esta partida, ya que es probable que no-sotros pudiéramos hacer uso de ella? Sírvase especificar también su color, polarización y granulación. Para su gobierno les diremos que desde entonces el mercado ha estado bien suplido de azúcares crudos y que las refinerías americanas están haciendo entregas en grandes cantidades. Las clases locales son naturalmente preferi-das y los importadores por tanto tendrán que rebajar sus pre-cios para hacer atractiva la compra del producto extranjero. Apro-vechamos esta oportunidad para informarles que nosotros mismos fuimos los compradores de la partida anterior que Uds. embarca-ron a New York por cuenta de Mr. A. Grand, con quien ya no tene-mos más negocios. Si ustedes tienen algunas partidas adicionales, apreciaríamos sus nuevas ofertas, a precio firme de ser posible, para ser contestadas por nosotros dentro de 24 horas después del recibo oficial de sus cables. Nuestro señor Maurice Falley acaba de llegar a Puerto Rico para estar en mejores condiciones de solicitar ofertas ventajosas para nosotros y cualquier ayuda que Uds. le presten será altamente apreciada. Esperando sus nuevas noticias, queda-mos muy atentamente, Maxim Chemical Co., Inc. Por (firma ilegi-ble), Gerente General.
“ ‘Abril 1, 1920. — Señor Maurice Falley. — San Juan, Puerto Rico. — Estimado señor: Hemos recibido su telegrama que dice como sigue: “Confirmo compra 5,000 sacos azúcar lavado 98.5 o superior, sacos 125 libras, embarque primera mitad abril, precio $13.50 quin-tal, libre a bordo Ponce. Crédito abierto a su favor Royal Bank of Canada $85,000. Pago contra documentos embarque Ponce. Sír-vase confirmar Venta por telégrafo.” Tan pronto como el banco nos baya notificado que el crédito está sujeto a nuestro giro procedere-mos a embarcar el azúcar que tenemos ya en nuestro almacén en la factoría. Sírvase tomar nota que deberemos recibir instruccio-nes de embarque con suficiente antelación para poder obtener ca-bida para la mercancía. En estos días en que todo el mundo trata de embarcar azúcar a un mismo tiempo se bace a veces difícil ob-tener cabida para determinada fecha. Haremos todo lo que po-damos por efectuar el embarque dentro' del tiempo especificado. El precio arriba cotizado es valedero por hoy solamente. Si el crédito no es abierto sujeto a nuestros giros durante el día de hoy, el precio del azúcar necesariamente subirá con el mercado. Muy atentamente, Sucesión J. Serrallés, (fdo.) J. M. Giles.'
“ ‘Afiril 9, 1920. — Sr. Maurice Fally, San Juan, P. R. — Esti-mado señor: Refiriéndome a nuestra carta de primero de abril sen-timos informarle que puesto que su crédito no Regó de Nueva Orleans para cubrir la compra hecha por su comprador allí según se requería por el último párrafo de dicha carta, y como un crédito adicional para cubrir el aumento del precio hasta 15e. tampoco llegó dentro del tiempo especificado, nueve de esta mañana, nos ve-mos obligados a considerar deshecho el trato. — Muy atentamente.’ ”

Un escrito archivado por el juez sentenciador dice como signe:

“La corte como resultado de toda la evidencia en conjunto, es de opinión que la ley y los hechos en este caso están a favor de la demandada Sue. de J. Serrallés y en contra del demandante Adolfo Nones, y que debe registrarse una sentencia, desestimando la de-manda, con las costas al demandante.”

El demandante apela de una sentencia de desestimación e insiste en lo siguiente:

“1. Erró la corte inferior al no hacer y archivar una relación breve del caso exponiendo los hechos y aduciendo las razones en que fundó su decisión;
“2 Erró dicha Corte de Distrito de Ponce al admitir como prueba de la demandada, contra la objeción y excepción del de-mandante-apelante, una carta y las dos copias de cartas transcri-tras en las páginas 94 a 97 de la transcripción taquigráfica de la evidencia, y a las que se refieren las objeciones y excepciones del apelante en las páginas 91 a 94 de dicha transcripción de la prueba; y
“3. Cometió error dicha corte inferior al no estimar probados los hechos de la demanda, considerando y apreciando la prueba practicada con prejuicio al caso del actor-apelante, legalmente ha-blando, desde luego, y al desestimar, en consecuencia de tal error, la demanda del apelante, con las costas.”

La discusión bajo el primer señalamiento intenta hacer una distinción del caso de Paganacci v. Lebrón, 24 D. P. R. 796 y se insiste en que en todo caso ciertas expresiones, contenidas en la opinión eran obiter elida. Pero en el caso' presente no aparece que se levantara en la corte inferior-cuestión alguna sobre la omisión de que ahora se queja la. parte, mediante moción o de otro modo, y el apelante no; discute en forma alguna la cuestión preliminar de la re-nuncia (waiver). En estas circunstancias no creemos nece-sario ni deseable en este momento discutir las anteriores decisiones de esta corte ni entrar en una investigación inde-pendiente acerca de si tales objeciones pueden o no hacerse por primera vez ante esta corte en apelación.

En este caso no estaba envuelta cuestión alguna sobre la responsabilidad de la Maxim Chemical Co. El único punto importante o pertinente acerca de la carta mencio-nada en el segundo señalamiento fue que la demandada ha-bía recibido tal comunicación aparentemente escrita por el gerente general de la firma introduciendo su representante el señor Maurice Pally, o Fowler, que es como se hizo refe-rencia a él quizás más adecuadamente por los abogados en el examen de los testigos. Si la firma de la Maxim Chemical Co. era o no genuina, si el individuo no identificado que firmó como gerente general estaba o no autorizado para fir-mar a nombre de la corporación y si Fowler era o no de he-cho el agente y representante debidamente autorizado de dicha corporación, fueron cuestiones absolutamente. inmate-riales respecto a cualquier punto en disputa en el caso, si no res inter alios (para citar una frase contenida en el cuarto motivo de objeción) en cuanto fueran relevantes en cualquier sentido determinado.

Una investigación prolongada en el sentido sugerido por el apelante hubiera equivalido a una infructuosa pérdida de tiempo en juzgar cuestiones no levantadas por las alegacio-nes, y de hacerse ello seriamente por la corte, hubiera po-dido dar por resultado solamente el distraer la atención del juez sentenciador de la cuestión fundamental envuelta.

La proposición esencial a probar era que la demandada negociaba con Fowler como agente dé la Maxim Chemical Company. La carta aparentemente expedida por dicha cor-poración introduciendo a Fowler como su representante, re-cibida y aceptada como auténtica por la demandada, quien actuó de acuerdo con ella, era un hecho probatorio admisi-ble como tendente a establecer la proposición últimamente mencionada, ya fuera genuina y auténtica o falsa y no au-torizada por la corporación.

La admisibilidad de las copias fechadas abril primero y abril 9, respectivamente, no es tan clara. No parece ha-bérsele ocurrido al abogado establecer el hecho, si es que era un hecho, de que los Fowler estaban ausentes de la ju-risdicción, aparte de ninguna demostración de diligencia o aviso suficiente para excusar la omisión de presentar los originales. Ni encontramos tampoco en el alegato de la ape-lada discusión alguna de la cuestión levantada bajo el se-gundo señalamiento.

“Mediante un auto judicial no puede obtenerse un documento que se encuentra fuera de la jurisdicción; pero existen cuatro formas posibles dq gestión, cualesquiera de las cuales puede ser considerada bastante por una corte antes de excusar la falta de presentación. Si el lugar preciso en que el documento se encuen-tra es desconocido, puede hacerse un registró; si el poseedor es iden-tificado se le puede requerir para que comparezca con el documento, o se le puede requerir para que entregue un documento para ser usado en el juicio, o puede tomársele una declaración y acompa-ñarse a ella una copia suministrada por él. Ninguna ni varias de estas gestiones podría ser requerida como regla fija, ni tampoco parecen las cortes exigir cualquiera de esos requisitos como re-gla fija.
“Las providencias se califican en tres grupos generales. En el primer grupo las cortes exigen que se haga una gestión de al-guna clase, dependiendo su naturaleza, más o menos, de las circuns-tancias del caso. En el segundo grupo las cortes, ya por decisión expresa o por omitir el mencionar requisito alguno, excusan la falta de presentación aunque no se haya hecho gestión alguna, siendo suficiente el mero hecho de que el documento esté fuera de la ju-risdicción. En el. tercer grupo la gestión ya hecha se declara sufi-ciente sin expresar ninguna regla sobre su necesidad.” 2 Wigmore, 787,-see. 1213.

Por otra parte parece haber sido rm hecho tácitamente aceptado que los Fowler no podían ser traídos como testi-gos al juicio, aunque no se ha llamado nuestra atención a prueba directa alguna para demostrarlo; y el artículo 24 de nuestra Ley de Evidencia dice en parte lo que signe:

“No puede haber evidencia del contenido de un escrito, fuera del propio escrito, excepto en los casos' siguientes:
“1. Cuando el original se hubiere extraviado o 'destruido, o es-tuviere fuera de la jurisdicción del tribunal; en cuyos casos habrá antes que probar tales hechos.
“2. Cuando el original obrare en poder de la parte contra quien se ofreciere la evidencia, y dejare ésta de presentarlo después de haber sido notificada convenientemente.”

Ambas cartas estaban dirigidas al señor Maurice Fowler, quien, viendo el caso desde el punto más favorable para la teoría del demandante, estaba investido originalmente con cualesquiera posibles derechos o acciones que pudieran ha-ber pasado por conducto de Louis Fowler al demandante, y si dichas cartas no estaban presuntivamente en poder del demandante o bajo su dominio en lugar que él conociera, de todos modos él las podía Conseguir, si es que no eran indispensable para establecer en forma adecuada su reclamación. En tanto en cuanto este punto de vista pueda sostenerse, la •contestación de la demandada fué quizá un aviso suficiente para la presentación del original.

De paso añadiremos que todo el caso del demandante en cuanto se refiere a la hipotética preexistencia de opción a favor de Louis Fowler, al tiempo de los incidentes que-ahora consideramos, descansaba enteramente en testimonio-de referencia con respecto a manifestaciones verbales he-chas por dicho Louis Fowler.

Si se hubiera levantado cualquier objeción a este testi-monio el demandante aparentemente no hubiera podido ha-cer siquiera la dudosa y poco satisfactoria demostración prima facie que de hecho se le permitió para evitar, según explica la apelada en su alegato, cualquier apariencia de un deseo de impedir una completa revelación de todos los hechos. ' i

Además, mucho antes de ofrecerse estas cartas el tes-tigo Griles, sin objeción por parte del demandante, había leído el telegrama transcrito en la carta de primero de abril así como extractos de la carta misma, incluyendo el pá-rrafo final en su totalidad; había en substancia expresado todo el contenido, y había dicho que ello fue escrito en con-testación al telegrama, al recibirse informes del banco de que el dinero, o el cable autorizando que se abriera un cré-dito, no había llegado en realidad.

Mencionamos estas cuestiones solamente como indicacio-nes de las circunstancias en las cuales el juez sentenciador desestimó la objeción a la admisión de las copias de que se trata, tal como fue levantada. De hecho no había cues-tión alguna respecto a “pérdida” de los originales, y por consiguiente ninguna base para objeción por este funda-mento. Además, aun en la objeción a la admisión de la co-pia fechada abril 9, tal como fue levantada, no existe espe-cificación alguna de la omisión de demostrar alguna g’estión para determinar el paradero de cualquiera de los Fowler, o para conseguir de ellos el original. Si la objeción hu-biera sido un poco más amplia y hubiera hecho referencia a la omisión de explicar en alguna forma la falta del original, quizá tal especificación hubiera sido innecesaria. Pero cuando la demandada se quejó únicamente de la au-sencia de cualquier demostración de pérdida, la corte inferior no estaba obligada a levantar de propio acuerdo ulterior cuestión sobre el paradero de los hermanos ausentes o sobre falta de diligencia en la demandada para determi-nar dicho paradero y obtener de ellos los originales en su poder. Además, en el caso de la copia que fué primera-mente ofrecida, que es la única que tiene importancia especial en el caso no hubo objeción alguna sobre cualquiera de los fundamentos últimamente mencionados. Y es razo-nable suponer que, si se hubiera levantado una objeción ade-cuada, la demandada entonces hubiera hecho alguna demos-tración de diligencia o de lo contrario hubiera llamado la atención hacia algún hecho ya conocido de la corte tendente a excusar la no presentación de los originales; y en ese caso el juez sentenciador hubiera tenido una amplia discreción al aplicar la regia a las circunstancias • de este caso particular, y sólo habiendo un claro abuso de ese poder estaría-mos nosotros justificados en revocar la sentencia.

Parece haber por parte de la profesión una tendencia general a considerar las palabras “self-serving declaration” bien Como una frase que se presta a juegos malabares o bien como la expresión aforística de algunos principios bien esta-blecidos de evidencia que son demasiado elementales para re-querir una seria discusión. El reciente caso de Rullán v. Vázquez es un ejemplo de esto.

Es perfectamente claro que una declaración en benefi-cio propio (self-serving declaration) no es admisible por caer dentro de la excepción a la regia sobre testimonio de referencia respecto a una manifestación o admisión en contra propia (admission against interest). Pero de ello no se desprende que una carta que forma parte de la corres-pondencia contentiva de los términos de un contrato deba ser excluida meramente porque fué escrita por una de las partes contratantes, parte también en un pleito subsiguiente surgido de dicho contrato, y porque tiende a sostener su teoría sobre el caso.

“No existe principio alguno de evidencia que especialmente ex-cluya manifestaciones en beneficio propio (self-serving statements) por un acusado o por cualquiera otra persona. La regla sobre tes-timonio de referencia excluye toda aseveración extrajudicial; y por consiguiente sólo es necesario determinar si tales aseveraciones es-tán comprendidas dentro de alguna excepción a esa regla, o si, tra-tándose de manifestaciones que caen dentro de ella, éstas son proba-torias en alguna forma indirecta aparte de su valor afirmativo.” 3 Wigmore, 768; see. 1765.

El artículo 84 de la Ley de Evidencia dice como sigue:

“Cuando se saca la impresión de una carta en un copiador de cartas, antes de cursar por correo el original, dicha copia de prensa deberá considerarse como original, al igual de la caída así copiada, pudiendo leerse en evidencia al probarse que ésta fué debidamente cursada por correo.”

Pero no hay indicación de intención alguna por parte del legislador de excluir, en casos apropiados, las copias de car-bón de cartas no copiadas en el copiador ni enviadas por correo sino entregadas por el autor al destinatario o a su agente.

Es cierto que la carta de abril 9 fué escrita al día si-guiente de la alegada cesión por Louis Fowler al deman-dante. Pero hubo también testimonio demostrativo de que Luis Fowler Como a las 9 de la mañana del día 9 insistió en que el cable demorado llegaría dentro de unos minutos y suplicó que se le diera una prórroga de 15 o 30 minutos, que le fué negada. ' Que el cable fué de hecho recibido poco después de las 10, y que Fowler entonces pidió a la de-mandada la carta en cuestión con el fin de explicar al principal suyo o de su hermano, the Maxim-Chemical Co., y su cliente en Nueva Orleans, por qué el azúcar no fué entre-gado.

La mera indicación de haber transcurrido 24 horas entre la negativa a entregar el azúcar al demandante y el mo-mento en que se escribió la carta, no es suficiente, a la luz de estas circunstancias, para fundamentar la proposición de qne la corte erró al admitir la copia últimamente mencio-nada, y el error, si alguno hubo, parecería no ser perju-dicial.

Con respecto al tercer señalamiento bastará decir que un examen cuidadoso de los autos no revela prejuicio ni manifiesto error en la apreciación de la prueba por parte de la corte inferior.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.