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text:
      In re Evi Flor Lugo Carlo.

      Número: TS-8683

      Resuelto: 17 de junio de 2005

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; José M. Montalvo Trías, director ejecutivo del Colegio de Abogados; Evi Flor Lugo Cario, peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción presentada por la Leda. Evi Flor Lugo Cario sobre su renuncia voluntaria al ejercicio de la abogacía, así como la Moción Informativa del Colegio de Abogados de Puerto Rico, presentada el 19 de mayo de 2005, autoriza a la Leda. Evi Flor Lugo Carlo a darse de baja voluntariamente de esa institución.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Jeannette González Acevedo y Karen Pagán Pagán, Juezas del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Aguadilla, querelladas.

      Números: AD-2004-1
    AD-2004-2

      Resueltos: 20 de junio de 2005

      Evangelina Valentín Ferrer, asesora legal de la Oficina de Ad-ministración de los Tribunales; Aida Molinary, presidenta de la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones; Guillermo Ramos Luiña, abogado de la querellada Karen Pa-gán Pagán; Harry N. Padilla Martínez, abogado de la que-rellada Jeannette González Acevedo.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Contra las juezas municipales Jeannette González Acevedo y Karen Pagán Pagán fueron presentadas querellas independientes, en las que le fueron imputadas violaciones a varios de los Cánones de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A. En esencia, las querellas cuestionan la conducta de la jueza Pagán Pagán al presentar en el tribunal de Agua-dilla, al cual estaba designada como jueza municipal, dos recursos de revisión en concepto de boletos administrativos por violación a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000 (9 L.P.R.A. sec. 5001 et seq.), que le fueron expedidos en San Juan. Con relación a la jueza González Acevedo, se cuestiona su im-parcialidad al considerar los referidos recursos de revisión, ya que era compañera de oficina de la jueza que los pre-sentó y al resolverlos sin realizar una vista evidenciaría y sin citar al policía que expidió los boletos impugnados.

Luego de evaluar el informe de la Comisión de Disci-plina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico (Comisión de Disciplina)() y toda la prueba que obra en el expediente del caso, decreta-mos la suspensión de empleo y sueldo de la juez Jeannette González Acevedo por el término de nombramiento que le resta como jueza municipal y de la juez Karen Pagán Pa-gán por un período de tres meses.

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Conforme a las determinaciones de hechos de la Comi-sión de Disciplina, las cuales están avaladas por la prueba que tuvo ante su consideración, el 9 de junio de 2002 el policía Iván Riollanos expidió en la calle Italia de Santurce en San Juan, dos boletos, Núms. 14826545 y 14826546, contra el vehículo Nissan XTerra, tablilla DVC-951, propie-dad de la jueza municipal Karen Pagán Pagán, por la co-misión de faltas administrativas. Las faltas imputadas consistieron en haber violado los Arts. 6.23 (obstrucciones al tránsito debido al estacionamiento) y 8.06 (estacionarse en un lugar encintado con una línea amarilla) de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. secs. 5173 y 5226. Las infracciones imputadas acarreaban el pago de multas de $50 y $15, respectivamente.

El 24 de junio de 2002 la jueza Pagán Pagán presentó en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Agua-dilla, a la cual estaba asignada como jueza municipal, dos recursos de revisión para impugnar la imposición de los referidos boletos. Ambos recursos exponían exclusiva y es-cuetamente como fundamento para la impugnación que “[n]o se cometió la falta” y fueron entregados en dicho foro por la Sra. María G. Acevedo Cortés, quien en ese momento laboraba como secretaria en el Tribunal Municipal de Aguadilla.()

Luego de ser presentados, los recursos fueron referidos a la oficina de la jueza Jeannette González Acevedo, quien en ese momento era compañera de oficina de la jueza Pa-gán Pagán. Dos días después de ser presentados, esto es, el 26 de junio de 2002, la jueza municipal González Acevedo procedió a declararlos “ha lugar” sin citar previamente al policía que expidió los boletos impugnados y sin celebrar vista evidenciaría alguna, contrario a lo expresado en las resoluciones que con ese fin emitió. ()

Fueron presentadas sendas quejas contra las juezas Pa-gán Pagán y González Acevedo por estos hechos. Hecha la determinación de causa, se imputó a la jueza González Acevedo tres cargos por violación a los Cánones I, II, V, XI, XII, XXIII y XXVI de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.() El primero le imputaba, en esencia, no haber actuado con-forme a las normas administrativas que le requerían que, previo a resolver recursos de revisión administrativa por boletos de tránsito, realizara una vista evidenciaría. Ade-más, en el primer cargo se le imputó no haber actuado diligentemente, pues no se esforzó en descubrir los hechos esenciales a la controversia, lo que a su vez afectó adver-samente la imagen de imparcialidad de la Judicatura.

En el segundo cargo se le imputó haber violado los cita-dos Cánones XII y XXIII, que obligan a un juez a no lesio-nar la imagen de imparcialidad, procurar trato desigual para sí ni pretender crear la impresión de que otros pue-den influir sobre él.

El tercer cargo le imputa haber actuado de forma con-traria al citado Canon XXVI que, al expresar que los cáno-nes son normas mínimas que no excluyen otras normas de conducta, imponía sobre la jueza querellada el deber de observar los criterios de inhibición que establece nuestro ordenamiento jurídico. Véase Regla 63.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.()

Contra la jueza Pagán Pagán fueron formulados dos cargos, que corresponden esencialmente a los primeros dos cargos imputados a la jueza González Acevedo.() Even-tualmente, ambas querellas fueron consolidadas, y tras los trámites procesales correspondientes y la realización de las vistas necesarias, la Comisión de Disciplina nos remitió su informe final.

Con relación a la jueza Pagán Pagán, la Comisión de Disciplina concluyó que incurrió en las violaciones éticas imputadas al presentar los recursos de revisión en la Re-gión Judicial de Aguadilla. Expresa el informe, en parte, que,

[c]on su actuación la Jueza Pagán Pagán colocó en una posi-ción conflictiva a otra juez del Tribunal de Aguadilla al tener ésta que evaluar la credibilidad de una compañera. Tal proce-der da la impresión de que ésta ejerció o pretendió ejercer influencias en la Jueza González Acevedo para que adjudicara los Recursos de revisión sin la celebración de vista evidencia-ría y sin notificar al policía. Informe de la Comisión, pág. 24.

En cuanto a la jueza González Acevedo, la Comisión de Disciplina concluyó que su intervención en la adjudicación de los referidos recursos fue también éticamente impropia. Concluyó que haber intervenido sin realizar una vista evi-denciaría y sin citar al policía que expidió los boletos de tránsito violó varios de los Cánones de Etica Judicial, ya que soslayó normas administrativas vigentes que regula-ban la consideración de casos en los que empleados de la propia Región Judicial de Aguadilla eran parte, “demostró falta de objetividad y dio la apariencia de favorecer a la parte peticionaria”. Informe de la Comisión, pág. 22.

De igual modo, expresó la Comisión de Disciplina en su informe que

Mas Juezas González Acevedo y Pagán Pagán cometieron hechos contrarios a los Cánones de Ética Judicial y a las Re-glas Administrativas de la Oficina de Administración de los Tribunales. ... El comportamiento de ambas demuestra me-nosprecio por las leyes y reglamentos aplicables a la Rama Judicial. Ambas incurrieron en conductas que no contribuye-ron a mantener la fe del pueblo en la justicia, ni honran la integridad de la Rama Judicial. Informe de la Comisión, pág. 27.

Finalmente, la Comisión de Disciplina recomendó como sanción que censuráramos a ambas juezas.

Luego de evaluar la totalidad del Informe rendido por la Comisión de Disciplina y de considerar la prueba perti-nente, las alegaciones de las juezas querelladas y el dere-cho aplicable, resolvemos.

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En el derecho romano se requería que los custodios de la solución de los problemas fueran “hombres buenos, peritos en derecho”. Se requería así que los llamados a juzgar fueran, por un lado, hombres de altas credenciales éticas y, por otro, poseedores del saber propio del quehacer judicial. Esa exigencia dual era resultado natural de que para ser juez,

[e]n efecto, se requiere del conocimiento y oficio propio de los jurisprudentes, pero dado que en ese “decir el derecho” (iuris dictió) no es posible “demostrar” la verdad del juicio judicial, ello se suple confiando en la calidad ética de aquéllos que cum-plen la función. R:L. Vigo, prólogo al Código de Ética del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, Argentina (2002), en http://www.podeijudicial-sfe.gov.ar/etica/prologo.htm.

La codificación de las normas éticas, que rigen la conducta de un juez, es resultado consecuente con la aspiración de que los juzgadores lleven una conducta ejemplar que esté a la altura de la función que desempeñan. Ello cobra especial trascendencia ante el hecho innegable de que, por su naturaleza, la función judicial, si bien tiene al derecho como instrumento de trabajo, deja espacio para actuar conforme a los dictados de la conciencia. Por ello,

[é]sta requiere ser ilustrada a partir de patrones de con-ducta asimilados libremente, que tiendan a hacer efectivos los valores, que si bien están ínsitos en el propio quehacer del juez y en el ordenamiento jurídico, es indispensable explicitar, pues debe tenerse presente que lo callado, aunque obvio, se olvida, se disimula o se desdeña. Preámbulo al Código de Etica del Poder Judicial de la Federación, México, 2004.

En nuestra jurisdicción contamos con unos cánones de ética judicial desde 1959. Los vigentes, que aplican al caso de autos, fueron aprobados en 1977 y serán sustituidos por los Cánones de Ética Judicial de 2005, que entrarán en vigor el 5 de octubre de este año.()

Nuestros Cánones de Ética Judicial son normas mínimas que regulan la conducta de los miembros de la Judicatura tanto en el ejercicio de sus funciones judiciales como en sus vidas privadas. Su aplicación en la vida de los jueces, tanto en sus actuaciones que tienen trascendencia pública como en los asuntos propios del ámbito personal y familiar, no es arbitraria. Es, más bien, autoimpuesta, pues su aceptación como marco normativo es consustancial al consentimiento que cada juez ha prestado al aceptar el cargo. ()

Su texto perfila los contornos del juez ideal. Del mismo modo que en el ámbito de la responsabilidad civil extracon-tractual se apela a la figura mítica de la persona prudente y razonable como arquetipo que nos permite evaluar una alegación de que un acto es negligente, en el mundo de la ética judicial el juez arquetípico perfilado por los Cánones de Etica Judicial nos dicta la pauta, matizada por las pre-cisas circunstancias sociales y culturales en la que se ha-brá de hacer la evaluación, que nos permite evaluar una alegación de conducta impropia por parte de un miembro de la Judicatura.

La ética, en el contexto de las profesiones, y especialmente en el contexto de los jueces, exige algo más que lo que socialmente se exige al ciudadano promedio. Como ejercicio filosófico de lo que debe ser, aspira a lo ideal, aspira a la perfección. Ello es consecuente con la aspiración de la ciudadanía a la cual los jueces servimos. Como jueces debemos ser responsivos a ese reclamo.

Con esta breve exposición del marco filosófico de los Cá-nones de Etica Judicial, examinemos los cargos imputados y los hechos del caso ante nos.

Examinemos inicialmente las imputaciones contra la jueza González Acevedo.

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A. Contra la jueza Jeannette González Acevedo se for-mularon tres cargos. El primero le imputa que, al no citar al policía que expidió los boletos impugnados ni realizar una vista evidenciaría, incumplió con lo dispuesto en la Regla 16 de Administración del Tribunal de Primera Ins-tancia, 4 L.P.R.A. Ap. II-B, que establece que cuando cual-quier empleado de una región sea parte en un pleito pre-sentado en la sala donde trabaja, el juez administrador deberá trasladar el caso a la región judicial más cercana.() Plantea la Comisión de Disciplina, además, que en la Re-gión Judicial de Aguadilla existían dos Memorandos Admi-nistrativos que regulaban, uno, la consideración de recur-sos de revisión administrativa, y el otro, el trámite de reclamaciones judiciales en que los empleados de la Región Judicial de Aguadilla eran parte, que no fueron acatados por la jueza querellada.() Por ello, la Comisión de Disci-plina estima que esta situación constituyó una violación a los Cánones I, II, V y IX de Ética Judicial, supra.

En este aspecto, se imputó a la jueza González Acevedo “faltar a su deber de mantener una imagen impecable ante la sociedad y [de] mantener la confianza de ésta en la ju-dicatura”, y haber violado normas específicas que le impo-nen el deber de “ser diligente ... en el empeño de descubrir los hechos esenciales de cada controversia” y el deber de “cumplir cuidadosa y diligentemente las obligaciones ad-ministrativas que le imponen las leyes y reglamentos apli-cables a la Rama Judicial y las instrucciones de la Oficina de Administración de los Tribunales”. Informe de la Comi-sión, pág. 2.

De entrada, es preciso delimitar la conducta judicial que es susceptible de imputación de violaciones éticas de aque-lla que se enmarca en el ámbito exclusivo de la discreción judicial y que, por ello, es revisable sólo mediante los me-canismos apelativos judiciales.

La corrección jurídica de una determinación que incide sobre procedimientos judiciales es, por sí sola, revisable mediante los recursos apelativos que establece nuestro ordenamiento jurídico. In re Hon. Díaz García, T.P.I., 158 D.P.R. 549 (2003). En tal caso, son considerados como errores de derecho, y por ello son fundamento inadecuado para acciones disciplinarias contra los jueces. Ahora bien, “[s]olamente, en circunstancias extremas, la comisión de un error de tal naturaleza podría considerarse una violación al Código de Etica Judicial, que amerite la imposición de sanciones disciplinarias por parte de este Tribunal”. Íd., pág. 558.

Así, pues, disciplinar a un juez que incurre en errores de derecho estaría justificado si se demuestra que “el error cometido constituyó un abuso intencional de la discreción judicial, o uno que por su magnitud reflej[a] conducta impropia o favoritismo hacia algún litigante o su abogado”. (Énfasis suprimido.) In re Hon. Díaz García, T.P.I., supra, pág. 559. Véase In re Jackson Sanabria, 97 D.P.R. 1 (1969). En tal caso no estaríamos ante un error de derecho, sino más bien ante una conducta deliberada, claramente reñida con los Cánones de Ética Judicial.

Conforme a estas normas, en In re Hon. Díaz García, T.P.I., supra, pág. 559, declinamos ejercer nuestra función disciplinaria, ya que los hechos revelaban que la jueza im-putada había incurrido en un error de derecho “carente de elementos que reflej [aran] la falta de imparcialidad fundamental, que es esencia del debido proceso de ley” y porque los actos imputados “[t]ampoco reflej a [ban] ... una con-ducta intencional en abierto desafío al estado de derecho vigente”. Distinta es la situación de este caso.

Primero, la querellante fue la compañera de oficina de la jueza a quien le fue asignado el recurso. Era evidente, pues, que se conocían y puede presumirse razonablemente que tenían un grado de confianza mayor al que de ordina-rio tiene un juez con las partes que acuden a su sala. Ello, por sí solo, la obligaba a actuar con prudencia y rigor ético en el manejo de los recursos presentados por la jueza Pa-gán Pagán.

Segundo, la jueza González Acevedo aceptó considerar los recursos a pesar de que de éstos surgía claramente que la Sala Municipal de Aguadilla no era la Sala con competencia. Variar las normas sobre competencia está contemplado en nuestro ordenamiento para aquellas cir-cunstancias en las que todas las partes involucradas pres-tan su conformidad, lo que no ocurrió en este caso.

Tercero, el trámite de resolución del caso demoró sólo cuarenta y ocho horas, contrario al período regular de re-solución de este tipo de caso que suele ser sustancialmente mayor. Ese dato, unido a la relación de trabajo que existía entre la jueza y la parte promovente de los recursos, arroja serias dudas sobre la corrección ética e imparcialidad de su intervención, independientemente de la decisión judicial fi-nalmente emitida.

Cuarto, ambos recursos de revisión sólo establecían como fundamento para la impugnación que “[n]o se come-tió la falta”. Dicha expresión claramente constituye una conclusión y no un fundamento que permita colocar a un juez en condiciones adecuadas para adjudicar una impugnación. Ese dato, considerado a la luz del hecho de que la jueza González Acevedo adjudicó el recurso a favor de la promovente, resulta igualmente sospechoso.

Quinto, la jueza no citó al policía que le expidió el boleto, contrario a lo expresado en las resoluciones que emitió al resolver los recursos ante su consideración.

Sexto, la jueza no realizó una vista evidenciaría para evaluar la procedencia de la impugnación en un proceso que era de naturaleza adversativa.

Séptimo, al intervenir en los recursos de revisión, la jueza querellada no tomó en consideración las disposicio-nes de la Regla 16 de Administración del Tribunal de Pri-mera Instancia, supra, las que, a su vez, están recogidas en normas internas de la Región Judicial de Aguadilla, que imponían el deber de trasladar el caso a otra Región Judicial.

Aunque dicha Regla 16 impone el deber de trasladar un caso como el que motivó la querella sólo a los jueces admi-nistradores, la coquerellada debió considerarla previo a que decidiera intervenir en los recursos de revisión. La Regla 16, supra, sólo expone en términos operacionales prin-cipios éticos que garantizan la imparcialidad y promueven la apariencia de imparcialidad de toda la Judicatura. Así, pues, en ausencia de la referida regla, la obligación ética básica que se derivaba de todas las circunstancias antes indicadas era abstenerse de intervenir en los recursos pre-sentados por la jueza Pagán Pagán. Esa obligación ética era evidente, aún en ausencia de las normas administrati-vas que rigen ese tipo de situación.

Vistas estas circunstancias resulta forzoso concluir que la jueza González Acevedo deliberadamente optó por resolver las impugnaciones de los boletos de tránsito sin citar al policía que los expidió, sin citar a una vista evidenciaría y sin considerar lo dispuesto en las normas administrativas que regulan los procedimientos que involucran a emplea-dos y funcionarios que laboran en la Región Judicial. Esta conducta configuró la violación ética imputada.

En diversas jurisdicciones en Estados Unidos, ante con-ducta judicial similar en el contexto de multas de tránsito, no se ha vacilado en considerarla como antiética y, por ello, sancionable. Véanse: Com’n on Judicial Performance v. Warren, 791 So.2d 194 (2001) (en donde el juez querellado tuvo comunicaciones ex parte y canceló multas de tránsito sin citar al oficial que las expidió y sin realizar una vista evidenciaría); Com’n on Judicial Performance v. Gunn, 614 So.2d 387 (1993); Judicial Performance Com’n v. Hopkins, 590 So.2d 857 (1991); In re Seal, 585 So.2d 741 (1991); Matter of Ross, 428 A.2d 858(1981). Véase, además, Annotated Model Code of Judicial Conduct, American Bar Association 98-99 (2004). Coincidimos con esa apreciación.

La jueza querellada, por su parte, señala que no existía la obligación de realizar una vista evidenciaría ya que la nueva Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, contrario a la ley precedente, no establece procedimiento alguno para la revisión de la imposición de una multa administrativa. Su contención pretende reducir las imputaciones a un mero cuestionamiento del ejercicio de interpretar el derecho aplicable. No nos persuade.

En primer lugar, pierde de perspectiva que siendo un cuestionamiento ético el que enfrenta, la evaluación de sus actos no debe reducirse a un mero análisis formal en torno a si la ley le daba discreción para resolver las impugnacio-nes sin realizar una vista evidenciaría. Es preciso evaluar todas las circunstancias presentes en su intervención para determinar si tras la apariencia de un mero error en la apreciación del derecho aplicable, surgía la conducta antié-tica imputada.

En segundo lugar, la prueba revela que existía un me-morando administrativo de la Región Judicial de Aguadi-11a, el cual estaba vigente, que establecía expresamente que los jueces municipales debían realizar una vista en casos de impugnaciones de multas de tránsito. Ese memo-rando, aunque adoptado bajo la anterior Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, no está en conflicto con la ley vigente. Lo contrario es lo cierto.

Según la anterior Ley de la Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, las determinaciones de los jueces de primera instancia en impugnaciones de boletos de tránsito eran finales. De acuerdo con el esquema de la ley de 2000, los jueces municipales tienen la jurisdicción para considerar este tipo de recurso, y tanto el Tribunal de Apelaciones como este Tribunal ejercemos jurisdicción apelativa sobre tales determinaciones. Véase Hernández v. Secretario, 164 D.P.R. 390 (2005). Difícilmente podremos ejercer nuestra función revisora si el foro de instancia omite aquilatar la prueba y los argumentos de las partes en una vista eviden-ciaría, cuyas incidencias sean incorporadas al expediente judicial del caso, más aún ante una impugnación carente de fundamentos como las presentadas por la jueza Pagán Pagán.

Asimismo, la ausencia de una vista evidenciaría, en el contexto de la desestimación de un recurso de revisión de una multa de tránsito presentado por un ciudadano, sería de dudosa validez, ya que estaría reñida con la garantía constitucional que impide al Estado privar a las personas de intereses libertarios y propietarios sin un debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Enmiendas V y XIV, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1; Hernández v. Secretario, supra.

No tiene razón, pues, la jueza González Acevedo al pretender escudarse en el contenido de la nueva Ley de Vehí-culos y Tránsito de 2000.

Asimismo, tampoco nos persuade su planteamiento con relación a que no quedó demostrado que hubiera recibido los memorandos internos de la Región Judicial de Aguadilla y que por ello no se le puede imputar violación ética a base de su contenido. Como se sabe, la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Art. 2 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2. No puede, pues, plan-tear que desconocía la existencia de las referidas normas como modo de evadir su responsabilidad administrativa y ética ante la totalidad de las circunstancias que rodeaban la presentación de los dos recursos de revisión, las que claramente revelaban que debía abstenerse de adjudicarlos. Si bien la responsabilidad expresa que establece la Regla 16 de Administración del Tribunal de Primera Instancia, supra, como ya antes expresamos, recaía sobre el Juez Ad-ministrador, la jueza González Acevedo, como jueza de la Región Judicial de Aguadilla, no debió soslayar su existen-cia al considerar los recursos de revisión judicial.

B. En el segundo cargo se imputa a la jueza González Acevedo que, al resolver los recursos de revisión a favor de la parte promovente, actuó en contravención a lo dispuesto en los Cánones XII y XXIII de Ética Judicial, supra, que establecen como causa para la inhibición tener prejuicio o parcialidad a favor de una parte y que le imponen la obli-gación de evitar “dar la impresión o permitir que otros den la impresión al efecto de que éstos pueden tener alguna influencia sobre aquél o aquélla”.

Finalmente, el tercer cargo le imputa haber violado el citado Canon XXVI al no haberse inhibido del caso que fue instado por su compañera de oficina, en virtud de otras dis-posiciones legales que regulan dicho asunto y que comple-mentan las disposiciones de los Cánones de Ética Judicial. En particular, se aduce no haber observado los criterios de inhibición de la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, supra.

La imparcialidad en el ejercicio de funciones judiciales es elemento vital para el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en la Judicatura. Conlleva necesariamente el deber de evitar aún la apariencia de conducta impropia. Ello fundamenta el contenido del Canon XIII de Ética Judicial, supra, que incluye distintas instancias en las que un juez debe inhibirse. Entre éstas, incluye el deber de inhibirse inmediatamente y mediante resolución notificada a las partes en la que conste la razón de la inhibición, “[p]or tener prejuicio o parcialidad hacia cualesquiera de las personas, los abogados o las abogadas que intervengan en el pleito o por haber prejuzgado el caso” o “[p]or cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la con-fianza pública en el sistema de justicia”. 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, C. XIII. Véase In re Suárez Marchán, 159 D.P.R. 724 (2003).

Los hechos de este caso no nos dejan dudas de que la jueza González Acevedo debió inhibirse de la consideración de los recursos de revisión de las multas impuestas a la jueza Pagán Pagán. La relación estrecha de trabajo que había entre ambas, sin duda, arroja dudas sobre su capa-cidad para actuar imparcialmente en la adjudicación de los recursos.

Más aún, la rápida resolución de ambos recursos a favor de la jueza Pagán Pagán y el hecho de que no realizó una vista evidenciaría, aun ante la falta de adecuada funda-mentación para la impugnación de los boletos de tránsito, mina seriamente la imagen de imparcialidad de la Judica-tura, pues constituyó una clara muestra de preferencia ha-cia la parte promovente de los recursos, independiente-mente de los méritos de las controversias jurídicas. De este modo, queda configurada la conducta imputada en los car-gos segundo y tercero.

IV

A. Contra la jueza Karen Pagán Pagán fueron formu-lados dos cargos. El primero constituye una reproducción del primer cargo imputado a la jueza González Acevedo, sin particularizarlo a su conducta.

Así pues, como primer cargo se imputa contra Pagán Pagán, en parte, haber violado los Cánones de Ética Judicial al no citar a una vista evidenciaría y no ser diligente en la búsqueda de la verdad.

Tal imputación es improcedente, pues en el proceso judicial que generan ambas querellas, Pagán Pagán compa-reció exclusivamente como parte promovente y carecía de facultad alguna para tomar determinaciones judiciales al respecto. La función adjudicadora recaía exclusivamente sobre la jueza González Acevedo.

Del primer cargo, la única alegación específica que pu-diera aplicarse a la jueza Pagán Pagán consiste en que ésta omitió su deber de “cumplir cuidadosa y diligente-mente las obligaciones administrativas que le imponen las leyes y reglamentos aplicables a la Rama Judicial y las instrucciones de la Oficina de Administración de los Tribunales”. Informe de la Comisión, pág. 5.

Como funcionaria de la Rama Judicial asignada a la Región Judicial de Aguadilla, la jueza Pagán Pagán estaba obligada a cumplir fielmente con las normas administrati-vas aplicables a toda la Rama Judicial y las establecidas en la región a la cual estaba asignada. Esa obligación conlle-vaba tomar en consideración las normas administrativa aplicables a los casos en los que ella figurara como parte.

En el caso ante nos, la jueza Pagán Pagán debió consi-derar que, conforme a las normas administrativas vigentes y a sus circunstancias particulares, las que ya antes des-cribimos, su reclamación no debía ser tramitada en la Re-gión Judicial de Aguadilla. Sin embargo, optó por presen-tarlas en dicho foro judicial. Ese proceder estuvo reñido con lo dispuesto en el Canon V de Ética Judicial, pues aun cuando su actuación no ocurre en el ejercicio de sus funcio-nes judiciales, contribuyó a que se burlara lo dispuesto en las normas administrativas vigentes.

B. El segundo cargo imputado contra la jueza Pagán Pagán aduce que al presentar los recursos de revisión administrativa en la Región Judicial de Aguadilla violó el Canon XXIII de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, que le impone los deberes de “evitar toda conducta o actuación que pueda dar base a la creencia de que ejerce o pretende ejercer influencia indebida en el ánimo de otro juez o jueza en la consideración de un caso pendiente o futuro” y de no influir directa ni indirectamente en otro juez para ubicarse en mejor situación que cualquier otro ciudadano en el litigio de causas personales.

Hemos señalado que dicho canon encarna un principio ético que “[p]arte de la premisa de que en nuestra sociedad el cargo de juez es un cargo especial que proyecta una visión y noción pública destacada, de prestigio e influencia”. In re Comunicación Juez Pérez Jiménez, 112 D.P.R. 683, 685 (1982). Sin embargo, el prestigio que ad-quiere una persona al asumir el cargo de juez no implica que forma parte de una casta privilegiada. Los jueces, por su investidura, no están al margen de la ley ni se colocan en un sitial privilegiado para tramitar causas personales ante los tribunales. Los jueces deben ser fieles cumplidores de la ley y de las normas que rigen los procedimientos ju-diciales desde el estrado y fuera de él.

Con sus actuaciones, la jueza Pagán Pagán pretendió burlar los trámites judiciales apropiados para impugnar los boletos de tránsito que le fueron impuestos. No sólo presentó los recursos de revisión en una sala que carecía de competencia para considerarlos, sino que toda la evidencia demuestra que lo hizo a sabiendas de que serían asignados a la sala a la que estaba asignada su compañera de oficina.

Apoya esta conclusión el hecho de que en al menos otras cuatro ocasiones la jueza Pagán Pagán presentó recursos de revisión en el Tribunal de Aguadilla por multas que le fueron impuestas en los pueblos de Manatí, Toa Baja y San Juan. De estos recursos, tres fueron declarados “ha lugar” por la coquerellada González Acevedo.() Sólo uno, que no fue considerado por la jueza González Acevedo, fue trasla-dado al tribunal con competencia.

Más aún, la falta de argumentos razonables esbozados en su impugnación arroja serias dudas sobre la proceden-cia en los méritos de su reclamo y sugiere que en lugar de ejercer su derecho a cuestionar una multa de tránsito que se le impuso ilegalmente, pretendía evadir su responsabi-lidad ciudadana de responder por una falta en la que incurrió. Si bien la falta y la multa que aparejaba eran insignificantes, su obligación ética, la cual no podía evadir, era responder por ella si realmente la cometió.

La norma ética básica que se impone sobre los jueces es cumplir con la ley.() No podemos evadir esa res-ponsabilidad si pretendemos que otros la acaten, pues, como hemos afirmado en el pasado, “[n]o debemos ser los miembros de la Judicatura los que precisamente incumpla-mos con las leyes y reglamentos que estamos llamados a aplicar”. In re Hon. Ferrán Quintana, 157 D.P.R. 622, 635 (2002).

V

La anterior determinación amerita que consideremos la sanción disciplinaria que debemos aplicar. Casos similares ameritan sanciones similares.

En In re Hon. Ferrán Quintana, supra, pág. 635, decretamos la suspensión de empleo y sueldo por tres meses de un juez municipal que incumplió órdenes administrati-vas al no notificar oportunamente al Juez Administrador regional que se ausentaría y haber firmado sus hojas de asistencia dos días en los que no laboró. Allí expresamos como fundamento de la sanción que “[e]s precisamente en el Tribunal de Primera Instancia, donde los ciudadanos tienen un contacto más estrecho con la administración de la justi-cia, que la obligación de los jueces de observar una conducta que tienda a conservar la confianza y el respeto que re-quiere el sistema judicial cobra mayor importancia”. Íd., pág. 635. Véase, además, In re Liceaga, 82 D.P.R. 252 (1961).

Añadimos que “[n]osotros, como las demás Ramas del Gobierno, nos esforzaremos para sanear al servicio pú-blico de aquellos funcionarios que en lugar de servir a Puerto Rico, se sirven de él”. In re Hon. Ferrán Quintana, supra, pág. 635. Concluimos que “todo juez tiene el deber de ser fiel a la verdad y ajustarse disciplinadamente a sus de-beres administrativos”. Íd. El caso de autos describe una situación similar.

VI

Por los fundamentos antes expuestos, procede la sus-pensión de empleo y sueldo de la jueza municipal Jeannette González Acevedo por el término de nombramiento que le resta como jueza municipal, y de la jueza Karen Pagán Pa-gán por el término de tres meses.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez disintió de la me-dida disciplinaria adoptada por la mayoría “por entender que no es proporcional con la falta cometida. La suspensión de empleo y sueldo de las querelladas es una medida dis-ciplinaria excesiva y desproporcionada. Acog[e] la reco-mendación de la Comisión de Disciplina y Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Pri-mera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de imponer como medida disciplinaria una censura por la conducta in-currida por las querelladas. [A]dscribirí[a] a ésta el carác-ter de severa censura”. El Juez Asociado Señor Fuster Ber-lingeri no intervino.

      (1) Este Tribunal aprobó las Reglas de Disciplina Judicial mediante Resolución de 8 de marzo de 2005, las que a partir del 1 de abril de 2005 rigen los procesos disciplinarios contra los jueces. Según estas reglas, la hasta entonces Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, se ha denominado Comisión de Disciplina Judicial. In re Aprobación Reglas, 164 D.P.R. 137 (2005).

      (2) Al momento de presentar los recursos de revisión, la jueza Pagán Pagán se encontraba de vacaciones.

      (3) Las resoluciones emitidas expresan: “Habiéndose interpuesto por el recu-rrente un Recurso de Revisión en el boleto de epígrafe, este Tribunal, después de celebrar la correspondiente vista, DECLARA CON LUGAR al mismo y ordena se notifique al Honorable Secretario de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico. () No se cancela gravamen, (XX) Cancélese gravamen.”

      (4) Los cánones invocados en las presentes querellas disponen, en lo pertinente, lo siguiente:

        “Canon I. Misión de los tribunales; normas éticas de conducta

      “La fe de un pueblo en la justicia, como valor esencial de la democracia, debe ser mantenida por los tribunales a los más altos niveles de la responsabilidad pública.
      “En el ejercicio de su delicada función, aquellas personas llamadas a impartir justicia, conscientes de la posición que ocupan en la sociedad y de la trascendencia de su misión, deben velar por que sus actuaciones respondan a normas de conducta que honren la integridad e independencia de su ministerio y estimulen el respeto y la confianza en la Judicatura.”

        “Canon II. Desempeño de funciones; evaluación de la prueba

      “Para el cabal desempeño de sus funciones, la Jueza o el Juez debe ser laborioso, prudente, sereno, imparcial y cuidadoso en la interpretación de la ley, estar consa-grado al estudio del Derecho y ser diligente en el empeño de descubrir los hechos esenciales de cada controversia.

        “En el cumplimiento de este deber, la Jueza o el Juez resolverá cada controver-sia a base de su propia evaluación de la prueba presentada. En cualquier asunto sometido a su consideración, podrá, cuando a su juicio lo requieran los fines de la justicia, solicitar de las partes proyectos de sentencias, resoluciones u órdenes.”

        “Canon V. Obligaciones administrativas.

      “El Juez o la Jueza cumplirá cuidadosa y diligentemente las obligaciones admi-nistrativas que le imponen las leyes y reglamentos aplicables a la Rama Judicial y las instrucciones de la Oficina de la Administración de los Tribunales.”

        “Canon XI. Imparcialidad; conducta

      “La Jueza o el Juez no solamente ha de ser imparcial sino que su conducta ha de excluir toda posible apariencia de que es susceptible de actuar a base de influencias de personas, grupos o partidos, o de ser influido por el clamor público, por conside-raciones de popularidad o notoriedad, o por motivaciones impropias. Ha de tener siempre presente que su único empeño debe ser el de impartir justicia de conformi-dad con el Derecho aplicable, con absoluta ecuanimidad, y sin preocuparle el recono-cimiento que pueda darse a su labor, ni la crítica injusta. ...”

        “Canon XII. Limitaciones; inhibición

      “La Jueza o el Juez no debe entender en procedimiento judicial alguno en que la ley le prohíba actuar, incluyendo, pero sin limitarse a cualesquiera de los casos si-guientes:
      “(a) Por tener prejuicio o parcialidad hacia cualesquiera de las personas, los abogados o las abogadas que intervengan en el pleito o por haber prejuzgado el caso.
      “(b) Por estar directa o indirectamente interesado en el resultado del caso.
      “(c) Por haber sido abogado o abogada, asesor o asesora de cualesquiera de las partes o de sus abogados en la materia en controversia, o fiscal en una investigación o procedimiento criminal en el que los hechos fueron los mismos presentes en el caso ante su consideración.
      “(d) Por haber presidido el juicio del mismo caso en un tribunal inferior o por haber actuado como magistrado a los fines de expedir la orden de arresto o citación para determinar causa probable en la vista preliminar de un procedimiento criminal.
      “(e) Por existir parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con la persona acusada, con la víctima del delito, con el abogado defensor o la abo-gada defensora o el o la fiscal o con un miembro del jurado en un procedimiento criminal, o con cualesquiera de las partes o sus representantes legales en un proce-dimiento civil.
      “(f) Por intervenir en el procedimiento una persona natural que le haya facili-tado o gestionado algún préstamo, o una persona jurídica que le haya facilitado o gestionado algún préstamo en el que no se hayan dispensado las garantías o condi-ciones usuales.
      “(g) Por cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia.
      “El Juez o la Jueza deberá inhibirse tan pronto conozca de la causa de inhibición mediante resolución escrita en la que hará constar dicha causa, con notificación de la misma a todas las partes.”

        “Canon XXIII. Influencia indebida; testigo de reputación

      “El Juez o la Jueza debe evitar toda conducta o actuación que pueda dar base a la creencia de que ejerce o pretende ejercer influencia indebida en el ánimo de otro Juez o Jueza en la consideración de un caso pendiente o futuro. El Juez o la Jueza no debe influir ni directa ni indirectamente, para conseguir colocarse en mejor situación que cualquier otro ciudadano o ciudadana en el litigio de sus causas personales.
      “El Juez o la Jueza no debe dar la impresión ni permitir que otros den la im-presión al efecto de que éstos pueden tener alguna influencia sobre aquél o aquélla.
      “El Juez o la Jueza no debe prestar testimonio por iniciativa propia como testigo de reputación.”

        “Canon XXVI. Otras normas de conducta

      “Los anteriores cánones de Ética Judicial son normas mínimas de comporta-miento que todo Juez y toda Jueza debe observar fielmente, tanto en su letra como en su espíritu, por ser consustanciales con el cargo judicial. Estos cánones no exclu-yen otras normas de conducta que también obligan al Juez y a la Jueza, que están establecidas por ley o que son inherentes al honor tradicional de la judicatura.”

      (5) El texto íntegro de los cargos imputados es el siguiente:

        “PRIMER CARGO-.

      “La nueva Ley de Vehículos y Tránsito no dispone de un procedimiento especí-fico para la revisión de los boletos de tránsito como lo hacía la Ley anterior, ni dispone para la notificación al Secretario del Departamento de Transportación Y Obras Públicas. No obstante, en la revisión de estos boletos no se citó al Policía que expidió los boletos, no se celebró la correspondiente vista, contrario a la normativa vigente en el Tribunal de Aguadilla. Con su actuación la Querellada incurrió en conducta impropia incompatible con su cargo al faltar a su deber de mantener una imagen impecable ante la sociedad y mantener la confianza de ésta en la judicatura, según consagrados en los Cánones I, II, V, XI de Ética Judicial. Los mismos imponen al juez la obligación de velar [por que] sus actuaciones respondan a normas de con-ducta que honren la integridad de su ministerio y estimulen el respeto y la confianza en la Judicatura; ser diligentes en el empeño de descubrir los hechos esenciales de cada controversia; cumplir cuidadosa y diligentemente las obligaciones administra-tivas que le imponen las leyes y reglamentos aplicables a la Rama Judicial y las instrucciones de la Oficina de Administración de los Tribunales. Además, imponen al juez no sólo la obligación de ser imparcial, sino que su conducta debe excluir toda posible apariencia de que es susceptible de actuar basándose en motivaciones impropias.
      “Ciertamente con su proceder la Jueza [González Acevedo] no cumplió con los preceptos anteriores. Su conducta viola los Cánones I, II, V y XI antes señalados.

        “SEGUNDO CARGO:
      “El hecho de que los recursos presentados por la Hon. Karen Pagán Pagán fueran resueltos a favor de ésta por la Hon. Jeannette González Acevedo, quien era su compañera de oficina, constituye violación de los Cánones XII y XXIII de Ética Judicial. El Canon XIII establece las causas de inhibición para un juez, entre éstas, tener perjuicio o parcialidad hacia cualesquiera de las personas, los abogados o las abogadas que intervengan en el pleito o por haber prejuzgado el caso. De otra parte, el Canon XXIII establece que el Juez o la Jueza debe evitar toda conducta o actua-ción que pueda dar base a la creencia de que ejerce o pretende ejercer influencia indebida en el ánimo de otro Juez o Jueza en la consideración de un caso pendiente o futuro; ni debe influir ni directa ni indirectamente, para conseguir colocarse en mejor situación que cualquier otro ciudadano o ciudadana en el litigio de sus causas personales. Establece además, que el Juez o la Jueza no debe dar la impresión de permitir que otros den la impresión al efecto de que éstos pueden tener alguna influencia sobre aquél o aquélla.
      “El hecho de haber intervenido en este caso de la manera en que lo hizo, da la impresión, o cuando menos la apariencia de que la querellada incurrió en conducta impropia. Bajo las circunstancias particulares de este caso, la Jueza González Acevedo debió inhibirse de revisar los recursos presentados por su compañera.

        “TERCER CARGO:
      “El Canon XXVI sobre otras normas de conducta, establece que los ‘cánones de ética son normas mínimas de comportamiento que todo juez y toda jueza debe obser-var fielmente, tanto en su letra como en su espíritu, por ser consustanciales con el cargo judicial’. Estos Cánones no excluyen otras normas de conducta que también obligan al juez o a la jueza, que están establecidas por ley o que son inherentes al honor tradicional de la judicatura. Por ello son también pertinentes las disposiciones de la Ley de la Judicatura de 1994, vigentes a la fecha en que se resolvieron los recursos de revisión objeto de la querella. Dicha Ley establecía en su Art. 5.004(19) que el Juez Municipal podrá inhibirse motu propio [sic], por los motivos señalados para inhibirse los jueces en la Regla 63 de las de Procedimiento Civil.” Informe de la Comisión, págs. 2-3.

      (6) Los cargos imputados fueron los siguientes:

        “PRIMER CARGO:

      “La Nueva Ley de Vehículos y Tránsito no dispone de un procedimiento especí-fico para la revisión de los boletos de tránsito como lo hacía la Ley anterior, ni dispone para notificación al Secretario del Departamento de Transportación y Obras públicas. No obstante, en la revisión de estos boletos no se citó al Policía que expidió los boletos, ni se celebró la correspondiente vista, contrario a la normativa vigente en el Tribunal de Aguadilla. Con su actuación la Querellada incurrió en conducta im-propia incompatible con su cargo al faltar a su deber de mantener una imagen im-pecable ante la sociedad y mantener la confianza de ésta en la judicatura, según consagrados en los Cánones I, II, V y IX de Ética Judicial. Los mismos imponen al juez la obligación de velar porque [sic] sus actuaciones respondan a normas de con-ducta que honren la integridad de su ministerio y estimulen el respeto y la confianza en la Judicatura; ser diligentes en el empeño de descubrir los hechos esenciales de cada controversia; cumplir cuidadosa y diligentemente las obligaciones administra-tivas que le imponen las leyes y reglamentos aplicables a la Rama Judicial y las instrucciones de la Oficina de Administración de los Tribunales. Además, imponen al juez no solo la obligación de ser imparcial, sino que su conducta debe excluir toda posible apariencia de que es susceptible de actuar basándose en motivaciones impropias.
      “Ciertamente con su proceder la Jueza Pagán Pagán no cumplió con los precep-tos anteriores. Su conducta viola los Cánones I, II, V y XI, antes señalados.

        “SEGUNDO CARGO:

      “El hecho de que los recursos presentados por la Hon. Karen Pagán Pagán fueran resueltos a favor de ésta por la Hon. Jeannette González Acevedo, quien era su compañera de oficina constituye violación al Canon XXII de Etica Judicial. El mismo establece que el Juez o la Jueza debe evitar toda conducta o actuación que pueda dar base a la creencia de que ejerce o pretende ejercer'influencia indebida en el ánimo de otro juez o jueza en la consideración de un caso pendiente o futuro y que el [Jjuez o Jueza no debe influir ni directa ni indirectamente, para conseguir colo-carse en mejor situación que cualquier otro ciudadano o ciudadana en el litigio de sus causas personales. Bajo las consideraciones particulares de este caso, la Jueza Pagán Pagán no debió haber presentado los recursos de revisión en la Secretaría del Tribunal Superior de Aguadilla.” Informe de la Comisión, págs. 5-6.

      (7) Mediante Resolución de 5 de abril de 2005, este Tribunal aprobó los nuevos Cánones de Ética Judicial y dispuso que entrarán en vigor el 5 de octubre del 2005. In re Aprobación Cánones Ética 2005, 164 D.P.R. 403 (2005).

      (8) Al respecto, el Preámbulo de los Cánones de Ética Judicial de 2005 dispone, en parte:

        “Al igual que todo ciudadano o ciudadana, las juezas y los jueces están obligados a cumplir con la ley, modelando la conducta ciudadana a la que aspira la sociedad democrática. Están obligados a cumplir con las obligaciones de la Rama Judicial y respetar y honrar la función judicial. Además, al asumir el cargo aceptan también ciertas restricciones a su conducta, tanto en el ejercicio de sus funciones propiamente judiciales, como en sus demás actividades, ya sean personales o profesionales. Estas limitaciones, si bien no les privan de los derechos que poseen como miembros de nuestra sociedad, representan sacrificios en su vida pública y privada que enaltecen la integridad e independencia de su ministerio y estimulan el respeto y la confianza en la judicatura. Igualmente, se comprometen a fomentar un trato respetuoso y cordial hacia sus pares, las funcionarías y los funcionarios de la Rama Judicial y los que comparecen en sala.” 4 L.P.R.A. Ap. IV-B.

      (9) Dispone la Regla 16 de Administración del Tribunal de Primera Instancia:
      “(a) Cuando cualquier empleado o empleada, funcionario o funcionaría, juez o jueza de una región judicial sea parte en litigios que se hayan presentado o que vayan a presentarse en la sala en que laboran, el Juez Administrador o la Jueza Administradora de la Región Judicial correspondiente, de concluir que es necesario para proteger la imagen de imparcialidad del sistema, trasladará el caso a otra sala o coordinará su traslado a la región judicial geográficamente más cercana con el Juez Administrador o la Jueza Administradora correspondiente. Una vez autorizado el traslado, se tomarán las medidas necesarias para que el asunto judicial sea atendido de manera expedita, según lo requieran las circunstancias particulares del caso.
      “(b) De tratarse de un caso de naturaleza criminal, una vez tenga conocimiento de la situación el Juez Administrador o la Jueza Administradora de la Región Judicial, informará de ello al o a la Fiscal de Distrito y a la representación legal de la persona imputada.” 4 L.P.R.A. Ap. Ap. II-B.

      (10) El primer memorando fue dirigido a jueces, secretarias y alguaciles el 19 de abril de 1996, por el entonces Juez Administrador de la Región Judicial de Aguadilla, Hon. Miguel A. Montalvo Rosario. Dicho memorando advertía a los funcionarios y empleados del Centro Judicial que toda revisión de multas administrativas por vio-lación a la Ley de de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico debía ser presentada formalmente en la Secretaría del Tribunal, con el propósito de que se fijara la fecha de una vista a la cual se citara al policía y al imputado.
      El segundo memorando, de 31 de octubre de 2000, está suscrito por el entonces Juez Administrador, Hon. Femando L. Torres Ramírez. Este memorando advertía a los empleados y funcionarios sobre las normas aplicables a procedimientos en los que empleados del Centro Judicial de Aguadilla eran parte en pleitos presentados en el mismo Tribunal. Dicho memorando explicaba el alcance de la Regla 16 de Adminis-tración del Tribunal de Primera Instancia, supra.

      (11) Señala el Informe de la Comisión de Disciplina que en uno de estos recursos de revisión se adujo, contrario a la realidad, que en el boleto no constaba el municipio en donde se cometió la falta. En otro se adujo que el vehículo descrito no era el de la jueza promovente, a pesar de que el número de tablilla indicado en el boleto coincidía con el de su vehículo.

      (12) El Canon I de Ética Judicial de 2005, que entrará en vigor el 1 de octubre próximo, de acuerdo con este principio, dispone: “Las juezas y los jueces respetarán y cumplirán la ley, y serán fieles al juramento de su cargo.” In re Aprobación Cánones Ética 2005, supra, pág. 410.


text:
      In re José A. Feliciano Rodríguez.

      Número: TS-3317

      Resuelto: 24 de junio de 2005

      José A. Feliciano Rodríguez, peticionario.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Petición de Reinstalación al Notariado, presentada por el Ledo. José A. Feliciano Rodríguez, se au-toriza la reinstalación del licenciado Feliciano Rodríguez al ejercicio de la notaría, efectivo inmediatamente.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Rebollo López no intervinieron.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Abdel Guadalupe Tirado y Gerardo A. Cruz Maldonado, Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático, et al., recurridos, v. Comisión Estatal de Elecciones et al., peticionarios.

      Número: CC-2005-306

      Resuelto: 28 de junio de 2005

      Ramón L. Walter Merino, abogado de la parte peticionaria; Pedro Ortiz Alvarez, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si un candidato a Legisla-dor Municipal que acudió a las elecciones generales de no-viembre de 2004 como candidato independiente tiene dere-cho a ocupar el último escaño de Legislador Municipal que la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (21 L.P.R.A. sec. 4001 et seq.) re-serva, mediante el mecanismo de representación de mino-rías, a aquel “partido político” que llegue en tercer lugar en unas elecciones generales, cuando obtiene un número de votos que lo colocan como la tercera opción electoral con más votos directos.

I

El pasado 2 de noviembre de 2004 se celebraron en Puerto Rico las elecciones generales. Tras el conteo inicial, en virtud de lo establecido en el Art. 6.009 de la Ley Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977 (16 L.P.R.A. sec. 3269), y en el Art. 4.003 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), 21 L.P.R.A. sec. 4153, la Comisión Estatal de Elecciones (C.E.E.) certificó y declaró debidamente electos en el Mu-nicipio de Vieques a los legisladores municipales siguien-tes:

Francisco J. Pimentel Maldonado PPD 2,322
Gertrudis Guadalupe Guadalupe PPD 2,294
Manuel Pérez Pérez PPD 2,288
Luis A. Ilarraza Rodríguez PPD 2,288
Francisco Saldaña López PPD 2,285
Douglas Vélez Bermúdez PPD 2,282
Juan A. Cruz Díaz PPD 2,282
Gilberto García Ortiz PPD 2,256
Julio Serrano López PPD 2,245
Marcelino Díaz Nieves PNP 1,381
Frances Colón Cruz PNP 1,364
José E. Feliciano Maldonado IND 1,22 l( )

El señor Feliciano Maldonado se postuló como candidato independiente a la Legislatura Municipal de Vieques. Su candidatura formaba parte de un grupo que se organizó con el único fin de proveer a Vieques un alcalde, y su co-rrespondiente Legislatura Municipal, que no respondiera a los intereses partidistas tradicionales. Ese grupo de candi-datos independientes obtuvo una mayor cantidad de votos que los candidatos del Partido Independentista Puertorri-queño (P.I.P).() De ahí que, aun cuando el Art. 4.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, reservaba el último escaño de legislador municipal a aquel “partido político” que llegase en tercer lugar, la C.E.E. lo confirió al candi-dato independiente a legislador municipal, Sr. Francisco Estrada Rodríguez.

Insatisfechos con esa certificación, el Sr. Abdel Guadalupe Tirado, Presidente del Comité Municipal del P.I.P en Vieques, y el Sr. Belardo Salgado solicitaron al Tribunal de Primera Instancia la revisión de la decisión emitida por la C.E.E. Reclamaron que asistía al P.I.P., como tercer partido político, el derecho a tener un legislador municipal en Vie-ques, independientemente del número de votos que obtu-viese con relación a los demás candidatos.

La C.E.E. se opuso a esta contención. Eventualmente, el Tribunal de Primera Instancia confirmó la actuación de la C.E.E. y, oportunamente, los Sres. Guadalupe Tirado y Be-lardo Salgado acudieron vía certiorari al Tribunal de Apelaciones. Dicho foro concluyó que el Art. 4.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, establece que los escaños de las minorías en las legislaturas municipales pertenecen a los “partidos políticos” que hayan comparecido a las elec-ciones, no a candidatos independientes. Por ello revocó el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia y ordenó a la C.E.E. que certificara al Sr. Belardo Salgado como legislador municipal del P.I.P. en el Municipio de Vieques.

Inconforme, la C.E.E. acude ante nos para solicitar la revisión de la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones. Tras la presentación del recurso de certiorari, y dado el alto interés público involucrado en la controver-sia ante nuestra consideración, concedimos un término a las partes para que se expresaran sobre los méritos de las alegaciones de los peticionarios. Con el beneficio de sus comparecencias, resolvemos.

A. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone, entre otras cosas, que:

La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, supri-mir, consolidar, y reorganizar municipios, modificar sus lími-tes territoriales y determinar lo relativo a su régimen y fun-ción; y podrá autorizarlos, además, a desarrollar programas de bienestar y a crear aquellos organismos que fueren necesa rios a tal fin. (Énfasis suplido.) Art. VI, Sec. 1, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 400.

De acuerdo con esto, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico diseñó un esquema dirigido a garantizar la representación de las minorías en los cuerpos legislativos municipales, esquema que quedó establecido en la Ley de Municipios Autónomos.

En lo pertinente al asunto que nos ocupa, la referida disposición legal, en su Art. 4.003, establece que el poder legislativo en Vieques será ejercido por una Legislatura Municipal, compuesta por doce legisladores municipales, nueve de ellos elegidos por el voto directo de los electores, y tres mediante el mecanismo de representación de minorías. Conforme ordena el inciso (a) del citado artículo, el método que debe seguirse en la repartición de estos últimos tres escaños será el siguiente:

(a) La Comisión Estatal de Elecciones declarará electo entre los candidatos que no hayan sido electos por el voto directo, aquéllos dos (2) que hayan obtenido más votos en el partido que llegó segundo en la votación para legisladores municipa-les, y uno del partido que llegó tercero. En el caso de Culebra, el legislador municipal adicional que se declarará electo será del partido segundo en la votación para legisladores municipales. (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. sec. 4153(a).

Es decir, de los escaños por minoría en la Legislatura Municipal de Vieques, dos escaños pertenecen a aquel par-tido político que llegue en la segunda posición en las elec-ciones para legisladores municipales y un escaño al que llegue en la tercera posición en el referido evento. Es, pre-cisamente, el último de estos escaños —el que la ley re-serva a aquel “partido político” que llegue en tercer lugar— el que está en controversia.

El RI.R sostiene que los escaños de las minorías en las legislaturas municipales pertenecen a los “partidos políti-cos” según definidos en el Art. 3.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, 16 L.P.R.A. sec. 3101, y no a candidatos independientes.

La C.E.E., por su parte, considera que las circunstan-cias particulares del presente caso (donde un candidato a alcalde independiente y su grupo de legisladores obtuvie-ron mayor cantidad de votos que los candidatos del P.I.P.) ameritan alejarse de una interpretación literal del con-cepto “partido político” y que, en la alternativa, requieren que se adopte una interpretación que dé primacía a la vo-luntad del pueblo expresada en las urnas.

B. La Ley Electoral de Puerto Rico establece que partido político “[significará partido principal, partido por petición, partido local por petición y partido coligado”. 16 L.P.R.A. sec. 3003(38). Esta definición nos remite, a su vez, a las definiciones particulares que nuestra ley electoral provee de las distintas formas en que estatutariamente puede quedar constituido un “partido”.

Ahora bien, la disposición en controversia está contenida en la Ley de Municipios Autónomos, la cual carece de una definición del concepto “partido político”. La Ley Electoral de Puerto Rico debe, pues, complementar la interpretación de los aspectos electorales contenidos en la Ley de Municipios Autónomos en todo aquello que sea compatible con su texto, con la intención legislativa o con los claros preceptos jurídicos que rigen en materia electoral.

Una lectura integral del Art. 4.003, supra, nos convence de que al evaluarlo debemos apartarnos de la concepción tradicional y estrecha de la expresión “partido político” que nos propone el P.I.P. y que avaló el Tribunal de Apelaciones. Veamos.

El referido Art. 4.003 claramente reconoce que resultarán electos a una legislatura municipal los candidatos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos directos. Tal elección no está sujeta a que los candidatos vencedores hayan comparecido a las elecciones como parte de un partido político. La obtención del favor mayoritario del electorado valida así su elección. No existe controversia alguna sobre tal posibilidad. Así, pues, si los candidatos indepen-dientes viequenses hubiesen obtenido el favor mayoritario del voto directo, no habría dudas sobre su elección.

La controversia la genera el hecho de que el inciso (a) del Art. 4.003, supra, dispone que varios puestos electivos de las Asambleas Legislativas concedidos a las minorías sean adjudicados a los “partidos políticos” que hallan “llegado” segundo y tercero en las elecciones. Una interpretación literal de esta disposición —basada en que la expresión “partido político” debe ser entendida en términos de que se refiere a las agrupaciones de ciudadanos que se han organizado en alguna de las formas partidistas tradicionales— produciría la automática exclusión de los candidatos independientes de la posibilidad de ocupar alguno de esos puestos.

En este sentido, tal interpretación literal crearía la situación de que todo candidato a un puesto de legislador municipal independiente sólo puede aspirar a ser electo mediante el mecanismo de elección por voto mayoritario directo. En tal caso no tendría posibilidad de ser acreedor a los mecanismos procesales de elección de minorías que benefician a los partidos políticos y que pretenden promover la representatividad de aquellos sectores que, si bien no obtienen el favor mayoritario, obtienen el suficiente número de votos para ser considerados representativos de un sector importante de una comunidad. Más aún, tal interpretación podría crear un resultado como el que potencialmente enfrentamos en el presente caso: que se conceda una posición en una Asamblea Municipal a un candidato que obtuvo un menor número de votos directos que cualquier otro candidato independiente que haya comparecido válidamente a la elección por el único hecho de que compareció como candidato de un partido político.

La interpretación literal que defienden los recurridos tiene, pues, serios problemas jurídicos que nos impiden que la avalemos. Primero, atenta contra elementales principios democráticos que postulan que la elección de un candidato supone el apoyo mayoritario del pueblo. Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. En este sentido, adoptar la propuesta del P.I.P. implicaría conceder un es-caño municipal a un candidato que obtuvo 297 votos, por encima de otro que obtuvo 1,205. La naturaleza antidemo-crática de ese proceder es evidente.

Segundo, en la medida en que subordina el mandato electoral a formalismos legales, desvirtúa el valor del voto directo. Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., supra. Véase García Passalacqua v. Tribunal Electoral, 105 D.P.R. 49 (1976). En términos prácticos, implicaría condicionar el valor de ese voto a que el candidato que lo recibe haya comparecido al proceso electoral como parte de un partido político.

Tercero, desmerece un esquema electoral harto conocido por la ciudadanía que procura que frente a las alternativas partidistas tradicionales, la ciudadanía pueda optar por candidatos independientes, e incluso votar por personas no incluidas en una papeleta mediante el mecanismo de no-minación directa. De este modo, subvierte los propósitos delimitados en la Ley Electoral de Puerto Rico, que clara-mente dispone que

... las tendencias electorales modernas exigen la capacidad de expresión con independencia de afiliación partidista para la protección de todos los ciudadanos que así lo desean. Por tal razón, nos reafirmamos en el principio de que los propósitos de existencia de un ordenamiento electoral descansan en unas garantías de pureza procesal capaces de contar cada voto en la forma y manera en que sea emitido. Art. 1.002 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sec. 3002.

Y cuarto, atenta contra el principio básico de la igualdad electoral, pues excluye a las candidaturas independientes de la posibilidad de obtener un puesto electivo mediante uno de los mecanismos de elección considerados por ley.

Sobre este último aspecto, hemos reconocido que el axioma constitucional de igualdad electoral “es susceptible de manifestarse en diversas dimensiones”. P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R. 631, 633 (1984). Véase P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 667 (1995). Si bien en el pasado este axioma ha sido invocado en el contexto de controver-sias que involucraban partidos políticos, no es exclusivo de ese contexto. Las alternativas electorales en ocasiones trascienden los márgenes de los partidos políticos. Se am-plían, y con ellas los escenarios en los que el axioma cons-titucional de trato igualitario debe ser aplicado. No pode-mos constreñir su alcance. Ensancharlo es lo correcto. Frente a la “partidocracia”, debe prevalecer la democracia.

Es correcta, pues, la interpretación que la C.E.E. ofrece del citado Art. 4.003. Bajo el esquema democrático vigente, la expresión electoral mayoritaria debe ser respetada. No podemos avalar una interpretación en ex-tremo formalista que permitiría a un partido obtener, en contra de la clara expresión de la ciudadanía, lo que por medio del voto no obtuvo.

Ante cualquier incompatibilidad conceptual de las normas estatutarias o reglamentarias que rigen en materia electoral, estamos obligados, tal y como la hizo la C.E.E., a dar primacía a la máxima protección de la expresión electoral. Véanse: Suárez v. C.E.E. I, 163 D.P.R. 347 (2004); Suárez v. C.E.E. V, 163 D.P.R. 541 (2004); P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199 (1981); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 D.P.R. 1 (1989); P.N.P. v. Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 D.P.R. 1 (1988); Santos v. Comisión Estatal de Elecciones, 111 D.P.R. 351 (1981); P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400 (1980).

En vista de ello, en circunstancias como las de autos, donde un candidato a alcalde independiente y su grupo de legisladores obtiene una mayor cantidad de votos que los candidatos de un partido político tradicional, los primeros deben ser merecedores de ocupar el escaño que el Art. 4.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, reserva a aquel “partido político” que llegue en tercer lugar.

Abona a esta conclusión el claro texto de la Ley Electoral, que si bien es cierto no considera una candidatura in-dependiente dentro de la definición tradicional de “partido político”, sí la reconoce dentro de los “Derechos y Prerroga-tivas” que la mencionada disposición legal le otorga a los electores puertorriqueños. Así claramente se deduce del Art. 2.001, incisos (3), (4), (10) y (11), los cuales, con el fin de garantizar el libre ejercicio de la franquicia electoral, así como lograr la más clara expresión de la voluntad del pueblo, reconocen al elector los derechos y las prerrogati-vas siguientes:

(3) El derecho del ciudadano al ... voto independiente bajo condiciones de igualdad en cada caso.
(4) El derecho del elector a participar ... en la inscripción de candidaturas independientes.
(10) El derecho a la libre emisión del voto y a que éste se cuente y se adjudique de la manera en que el elector lo emita.
(11) La prevalencia de los derechos electorales del ciuda-dano sobre los derechos y prerrogativas de todos los partidos y agrupaciones políticas. Art. 2.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sec. 3051(3), (4), (10) y (11).

Cualquier interpretación de la Ley Electoral de Puerto Rico debe estar en consonancia con el referido articulado que, como hemos visto, promulga, entre otras cosas, la prevalencia de los derechos electorales del ciudadano sobre los derechos y las prerrogativas de todos los partidos y las agrupaciones políticas. La democracia existe para hacer valer la voluntad de los ciudadanos, no la de los partidos políticos.

En consecuencia, concluimos que el mecanismo electoral para garantizar la representatividad de las minorías no está limitado a los partidos políticos. Se debe en-tender que la expresión “partido político” contenida en el inciso (a) del Art. 4.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, incluye a cualquier agrupación de individuos o a candidatos independientes que hayan comparecido válidamente a una elección y hayan obtenido la segunda o ter-cera posición de entre las alternativas electorales de una elección. En este sentido, haber obtenido el suficiente nú-mero de votos directos como para llegar segundo o tercero en un evento electoral cualifica a un candidato indepen-diente para obtener un escaño mediante el mecanismo de representación de minorías.

HH HH HH

AI aplicar los principios antes enunciados resulta for-zoso revocar la determinación del Tribunal de Apelaciones y restablecer la determinación de la C.E.E.

En el presente caso es un hecho incontrovertido que, pasadas las elecciones generales de 2 de noviembre de 2004, el candidato a alcalde independiente de Vieques y su grupo de legisladores, obtuvieron una mayor cantidad de votos que los candidatos del P.I.P. De esta manera se con-virtieron en la referida municipalidad en la tercera agru-pación electoral con más votos directos. A la luz de ello, y en una actuación que consideramos correcta, la C.E.E. de-cidió adjudicar a un candidato independiente a Legislador Municipal el último escaño que la Ley de Municipios Autó-nomos reserva para las minorías.

Obviando el claro mandato expresado en las urnas por los electores viequenses y la voluntad común de un grupo de éstos de presentarse como una alternativa frente a los candidatos de los principales partidos políticos, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar esa decisión y otorgarle el escaño al candidato del P.I.P. que más votos obtuvo. Fun-damentó su dictamen en una aplicación literal de la Ley Electoral de Puerto Rico y de su definición del concepto “partido político”. Como expresamos anteriormente, no po-demos avalar dicho curso decisorio. Al privar a los candi-datos independientes de la oportunidad de considerarse una minoría para fines de tener representación en la Le-gislatura Municipal de Vieques, se vulneraron los derechos y las prerrogativas que, conforme al Art. 2.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, le asisten a todo elector, máxime cuando esos candidatos independientes son certi-ficados como candidatos.

En vista de ello, entendemos que la C.E.E. actuó correc-tamente al dar primacía a la máxima protección de la ex-presión electoral y, por ende, al certificar al señor Estrada Rodríguez como Legislador Municipal de Vieques. Con esta decisión le garantizamos a los electores viequenses su de-recho constitucional a la expresión de su voluntad me-diante el sufragio universal, igual y directo. Art. II, Const. E.L.A., supra.

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Por los fundamentos expuestos en la opinión que ante-cede, se revoca el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se mantiene en todo su vigor la certificación emitida por la C.E.E. el 7 de enero de 2005 y se ordena a la Legislatura Municipal de Vieques a que, con la mayor premura posible, tome juramento al Sr. José Francisco Estrada Rodríguez como Legislador Municipal Independiente del referido municipio.

Se dictará la sentencia correspondiente.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta votó conforme con la opinión por entender que el Tribunal utiliza una meto-dología interpretativa correcta, a partir de los principios básicos de nuestro esquema electoral, para llenar una la-guna en la Ley de Municipios Autónomos y evitar una in-terpretación contraria a nuestra Constitución.

        (1) Este legislador municipal electo renunció efectivo el 3 de enero de 2005. El 7 de enero de 2005 la Comisión Estatal de Elecciones (C.E.E.) certificó al Sr. José Francisco Estrada Rodríguez para cubrir esa vacante. El referido proceso de susti-tución no es objeto de controversia.

      (2) Según certificado por la C.E.E., el candidato a alcalde independiente y su grupo de legisladores municipales, obtuvieron la cantidad de votos siguiente:

        Alcalde

      José (Gardo) Maldonado 1,336

        Legisladores Municipales

      Francisco Estrada Rodríguez 1,205
      José A. Félix Cruz 1,207
      Héctor L. Meléndez Vegerano 1,205
      Derek J. Rionda Mercado 1,206
      José M. Cruz Rodríguez 1,198
      Benjamín Feliciano Parrilla 1,201
      José E. Feliciano Maldonado 1,221
      Carlos E. González Foster 1,218
      Carmen N. Perea Velázquez 1,160

        Por su parte, el candidato a Alcalde del Partido Independentista Puertorriqueño (P.I.P.) y su grupo de legisladores municipales, obtuvieron la cantidad de votos si-guiente:

        Alcalde

      Pibe Guadalupe Tirado 227

        Legisladores Municipales

      Carmelo Belardo Salgado 297
      Carlos Ruiz Vázquez 278
      Felicita Sanes Torres 284
      Luz Landró Maldonado 264
      Rafael Williams Brache 276
      Carmen Rivera Acevedo 260
      Carmen Corcino Mata 272
      Brenda Liz Corcino Rosa 263
      Reinaldo Rodríguez 266