author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Cipriano Manrique, demandante y apelado, v. Antonio Ramírez González, demandado, y la Sucesión de Doña Eugenia Matute, compuesta de Juan, Joaquin y Dolores Jiménez Matute, demandados y apelantes.
    No. 4137.

    Visto: Abril 5, 1927.

      Resuelto: Julio 26, 1927.
    1. Apelación y Error — Desestimación, Retiro t Abandono — Motivos de Deses-timación del Recurso — Defectos en los Procedimientos para Elevar la Causa — Omisión de Notificar el Escrito de Apelación. — Cuando la omi-sión de notificar el escrito de apelación a una parte interesada en el pleito queda curada por su comparecencia voluntaria en la corte de apelación, no procede desestimar el recurso interpuesto.
    2. Limitación de Acciones — Estatutos de Limitación — Limitación Aplicable a Determinadas Acciones — Acciones Sobre Cuentas — En General — Cuen-tas Originadas por Venta de Géneros de Comercio. — Está prescrita una acción basada en una cuenta corriente originada por la venta de géneros de comercio que se ejercita transcurrido el término fijado por el artículo 1868 ■del Código Civil Revisado.
    3. Evidencia — Admisiones—Prueba y Efeoto — Efecto en General — Admisio-nes de un Oo-deímandado. — Ejercitada acción en cobro del saldo de una cuenta corriente originada en la venta de mercaderías contra varios deman-dados, la admisión de uno de éstos al efecto de que compró dichas merca-derías y que la deuda no se ha pagado, no puede perjudicar a los otros que aleguen a su favor la prescripción.
    4. Cuentas, Acciones Sobre — Cuentas Corrientes — Acciones Sobre las Mis- ■ mas — Sentencia—En General — Sentencia Contra Varios Demandados Habiendo Algunos Alegado la Prescripción. — Dictada sentencia en acción en cobro de dinero contra varios demandados, cuando algunos de éstos han alegado, con éxito, a su favor la prescripción y uno, pudiéndolo hacer, no lo hace, la sentencia dictada contra él debe subsistir.
    5. Alegaciones — Excepciones Previas (Demurrer) o Excepciones (Exceptions) Renuncia por Abandono de la Excepción Previa. — Formuladas, separada-mente, excepciones de falta de hechos y de prescripción de la acción, aunque ésta última pueda comprenderse en la de falta de hechos, no cabe conside-rarla renunciada por el abandono de la primera.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Humacao), declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada en cuanto a una parte y revo-cada en cuanto a otras.

      Rafael Arce, abogado de los apelantes; González Pagundo & Gon-zález Jr., abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Están pendientes de resolución en este recurso nna moción de desestimación y el caso en su fondo.

La moción de desestimación se funda en que el escrito de apelación no fné notificado al demandado Antonio Ramírez, que es una parte interesada en el litigio.

La demanda se entabló por Cipriano Manrique contra el dicho Ramírez y contra la sucesión de sn esposa Eugenia Matute, compuesta de sus hijos Juan, Joaquín y Dolores Jiménez Matute y del viudo, en cobro de nna deuda contraída por la sociedad de gananciales Ramírez-Matute. La sentencia se dictó contra todos los demandados. La apelación se interpuso por los demandados Juan, Joaquín y Dolores Jiménez Matute, quienes se limitaron a notificar su escrito al demandante Manrique.

No hay duda alguna que Ramírez es una parte intere-sada con derecho a que se le notifique la apelación y si él hubiera guardado silencio la moción hubiera tenido que ser declarada con lugar. Pero Ramírez al ser notificado de la moción de desestimación presentó a esta Corte Suprema un escrito jurado en el que hace historia del caso y termina diciendo:

“Y que con el fin de que la apelación establecida pueda sustan-ciarse basta confirmar o revocar dicha sentencia,; por el presente libremente y sin ninguna reserva, me doy por notificado en forma legal de la moción de apelación de los Jiménez Matute; y al pro-pio tiempo acepto libremente cualquier perjuicio que pueda ocasio-nárseme con la revocación o modificación de la indicada sentencia.”

Esto cura por completo el defecto de que quiso tomar ventaja el demandante y apelado.

Del tomo 2, pág. 328 de la obra titulada “California Jurisprudence,” transcribimos lo que sigue:

“Está bien establecido que una corte de apelaciones puede ad-quirir jurisdicción sobre una apelación tanto mediante la compare-cencia voluntaria de una parte contraria como por la notificación a ésta del escrito de apelación. El requisito de que el escrito de apelación se notifique a la parte contraria se exige para la protec-ción de dicha parte, y la notificación del escrito, al igual que el diligenciamiento de una citación, puede ser renunciada por la parte o su abogado, y queda renunciada por una comparecencia volunta-ria.” 2. Cal. Jur. 328.

La regla resulta verdaderamente equitativa en este caso en que en realidad de verdad las verdaderas partes conten-dientes son los apelantes y el demandante-apelado, pues si bien Ramírez es parte interesada y responsable si la sen-tencia se confirma, su responsabilidad es ilusoria dado su estado do insolvencia demostrado durante el curso del li-tigio.

Habiendo llegado a la anterior conclusión o sea a la de que no procede desestimar el recurso, estudiaremos los mé-ritos del caso.

La demanda base del pleito se- radicó el 8. de septiembre de 1924 y, copiada a la letra-en lo pertinente? es-' como signe :

“Comparece Cipriano Manrique estableciendo demanda contra Antonio Ramírez y la Sucesión de su esposa Doña Eugenia Matutey- como causa de acción alega:
“l9. Que el demandante es vecino de Caguas, casado, mayor de edad y con establecimiento abierto en dicha ciudad de Caguas.
“2°. Que el demandado Antonio Ramírez González és vecino de Caguas, mayor de edad, propietario y estuvo casado con Doña Eugenia Matute hasta el día 17-del mes de marzo del año 1921, en que.falleció sin haber otorgado testamento siendo sus parientes más inmediatos, sus hijos, Juan, Joaquín y Dolores Jiménez Matute y' el cónyuge superviviente, los cuales han aceptado la herencia.
“39. Que estando casado Don Antonio Ramírez con Doña Eugenia Matute'y allá por el mes de junio de 1920 empezó a tomar 'mercaderías en el establecimiento del demandante y por este motivo se originó entre ambos una cuenta corriente por mercaderías vendi-das y entregadas, cuya cuenta hasta el día primero de marzo de1 1921, en que fue liquidada arrojaba un saldo de tres mil cincuenta y siete dollars sesenta y siete centavos ($3,057.67) a favor del de-mandante. Se acompaña y se .hace parte de esta demanda una co-pia de la cuenta corriente.
“49. Que fué convenido entre las partes que dicha cantidad de-vengaría interés al '1% mensual y dichos intereses sobre el 'saldo mencionado en la alegación anterior hasta el' día 31 de agosto dé 1924, ascienden a mil ciento noventa- y do's dollars cuarenta- y-nueve-centavos ($1,19-2.49) cuya cantidad, unida al saldo mencio-nado en la alegación anterior hace un total de cuatro mil doscien-tos cincuenta dollars diez y seis centavos ($4,250.16) los cuales no-han pagado los demandados en todo ni en parte, a pesar de haber sido requeridos para ello.’*

La cuenta corriente que se acompaña ocupa doce pági-nas de la transcripción. Comienza en junio 7, 1920 y ter-mina en marzo 1, 1921.

Los demandados-apelantes éxcepcionaron la demanda y-la. corte, resolviendo sus excepciones, dijo:

“Considerada la excepción previa a la demanda de que la ac-ción está prescrita, a tenor del' artículo 1868,' apartado 4, del Có-digo Civil, pues en cuanto a la otra excepción de falta de causa de acción, se desistió de ella, y alegándose en la demanda que la cuenta fué liquidada de conformidad entre las partes el 1 de Marzo de 1921, existiendo además un convenio sobre pago de intereses, la acción no ba prescrito y se declara sin lugar dicha excepción previa, visto el caso de Hernández v. Pérez et al, 17 D.P.R. 612, y se concede a los demandados comparecientes Juan, Joaquín y Dolores Jiménez Ma-tute, el término de diez días para contestar.”

Contestaron los dichos demandados. Dos contestaciones, a las que luego liaremos referencia, fueron radicadas como' del otro demandado Ramírez. Fué el pleito a juicio y la Corte finalmente dictó sentencia condenando a Ramírez y a los Jiménez Matute a pagar al demandante $4,250.16 con más. los intereses al doce por ciento anual desde el 8 de septiem-bre de 1924, sin costas.

En el alegato de los apelantes Jiménez Matute se seña- • lan seis errores. El primero se refiere a la cuestión de-prescripción.

A nuestro juicio tienen razón los apelantes. El origen de la deuda consta de las alegaciones de la demanda y de la cuenta corriente acompañada a la misma, a saber: mer-caderías compradas por el matrimonio Ramírez-Matute al comerciante Manrique. La cuenta termina el 1 de marzo de 1921. Si bien figuran partidas posteriores, se refieren a los intereses cargados por Manrique. Sólo está firmada por Manrique. No contiene nota de aceptación alguna o de con-venio realizado en relación con la misma por parte de los demandados.

En el hecho cuarto de la demanda se expresa “que fué convenido entre las partes que dicha cantidad devengaría interés al uno por ciento mensual” y entonces se procede a calcular los intereses hasta el 31 de agosto de 1924. Pa-rece que la corte de distrito interpretó esta alegación como significando un nuevo convenio celebrado a partir del 1 de marzo de 1921, y ello no aparece que sea así, al menos ale-gado con la claridad debida. Por el contrario de la cuenta corriente acompañada a la demanda y hecha formar parte-de ella aparece que se venían cargando los mismos intereses con anterioridad.

Todo lo que surge, pnes, de la demanda con completa cla-ridad, es qne Manrique, comerciante, vendió a Eamírez, ca-sado con doña Eugenia Matute, madre de los demandados Jiménez Matute, mercaderías que el Io. de marzo de 1921, incluyendo intereses al uno por ciento mensual que se le ve-nía cargando por no pagarse a tiempo, importaban $3,057.67, según liquidación practicada por Manrique, valor al 30 de mayo siguiente. -)

Siendo ello así, esa suma de $3,057.67 debió ser cobrada por Manrique dentro del plazo de tres años que fija el ar-tículo 1868 del Código Civil Eevisado, que en lo pertinente dice:

“Art. 1868. — Por el transcurso de tres años prescriben las ac-ciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
“4®. —La de abonar a los poseedores la comida y babitaeión y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico.
“El tiempo para la prescripción de las acciones a que se refie-ren los tres párrafos anteriores se contará desde que dejaron de pres-tarse los respectivos servicios.”

Ese artículo es igual al 1967 del Código Civil Antiguo. Comentándolo Manresa se expresa así:

“Como resulta de la mera comparación de sus términos, se ban ampliado en el Código los límites de esta regla de prescripción esta-blecidos en las leyes de la Novísima Recopilación que hemos indicado antes, extendiéndola a todas las ventas realizadas por todos los mer-caderes en general, con excepción tan sólo de las hechas a los comer-ciantes que se dediquen a la misma clase de tráfico, cuya excepción se funda en una razón de conveniencia fácilmente apreciable en be-neficio del comercio para facilitar el tráfico y el desenvolvimiento del mismo.” 12 Manresa, Comentarios al Código Civil, 864.

I en relación con él bay una sentencia de la Corte Su-prema de España que contiene la siguiente doctrina:

“La cuestión fundamental sobre que versa el presente- recurso consiste en resolver si las obligaciones que por compra de géneros al fiado contrajo B en favor de A, cuyos derechos ostentan hoy su viuda e hijos menores, subsisten en la forma que lo fueron o han sido novados por los cuatro documentos privados de 28 de Febrero 1886, 31 de Enero 1888, 1 Mar. 1894 y 16 Abr. 1895.
“El fallo recurrido no infringe los preceptos contenidos en el número 4 del artículo 1967 del Código Civil, en relación con las de-más disposiciones de ese Cuerpo legal invocadas en el primer mo-tivo del recurso, porque al estimar la Audiencia la demanda de este pleito por las 2,367 pesetas reclamadas y sus intereses no lo ha hecho en el concepto del importe de géneros comprados al fiado, aunque éste fuera su origen, sino por razón del compromiso especial y con-creto contraído en los documentos privados de que se ha hecho men-ción, con los cuales fueron variadas notoriamente las condiciones de las obligaciones originarias, según revelan sus términos, dejando en poder del deudor las cantidades por éste debidas en concepto de préstamo con intereses y desapareciendo por tal modo aquéllas, a tenor de lo prescrito en el primer caso del art. 1203.” Scaevola— Jurisprudencia del Código Civil- — Anuario 1906, p. 592.

Si Manrique al terminarse la cuenta corriente liuMera novado el contrato, esto es, si al pie de la cuenta corriente pasada hubiera obtenido el reconocimiento del deudor y trans-formado el saldo en una obligación personal independiente, o hubiera según la práctica general del comercio en tales casos obtenido el otorgamiento a su favor por parte de Ra-mírez de uno o varios pagarés- — práctica que había seguido el propio Manrique anteriormente con el mismo Ramírez, según, parece desprenderse de la primera página de la cuenta corriente — , entonces sí se habría colocado en la situación que tuvo en mente la corte de distrito para declarar sin lugar la prescripción, y serían aplicables en favor suyo la senten-cia de la Corte Suprema de España que acabamos de citar y la de esta Corte Suprema de Puerto Rico que citó el juez de distrito en la resolución que dejamos transcrita.

No lo hizo y ha perdido su derecho porque su demanda al radicarse el 8 de septiembre de 1924 lo' fue después de tres años de haberse vendido las últimas mercaderías. '

Sucede algo verdaderamente anormal en este caso con respecto al demandado Ramírez. Aparece primero una contestación firmada por el abogado A. L. López a nombre suyo, allanándose a que se dictara sentencia, y después otra firmada y jurada por el propio Ramírez, en la que consigna que nunca autorizó al abogado López para que lo representara en este caso, que bailándose en estado de insolvencia su intención babía sido no bacer nada en el litigio y que obligado por la circunstancia anterior a comparecer admitía que había comprado mercaderías a Manrique antes de marzo, 1921, por un precio convenido y ajustado en $3,051.00; que dicha operación se hizo entre el demandado y Manrique sin intervenir para nada su esposa; que niega que jamás conviniera el pago de intereses al uno por ciento, ni a ningún otro tipo y que dicha deuda no se pagó ni por el demandado ni por su esposa que falleció el 17 de marzo de 1921, porque no tuvieron recursos disponibles.

A nuestro juicio cualquiera que sea la extensión y la fuerza que se dé a las anteriores alegaciones, ellas no pueden per-judicar a los demandados Jiménez Matute que alegaron en favor suyo la prescripción. La sentencia desde luego deberá. subsistir en cuanto a Ramírez, ya que él pudiendo alegar en su favor la prescripción no lo hizo. Nada puede impedir a un deudor pagar sus deudas por encima de los preceptos del Código relativos a la prescripción.

La circunstancia de que los demandados Jiménez Matute retiraran su excepción general de falta de hechos suficientes para, determinar una causa de acción, no tiene la importancia que le atribuye el apelado Manrique. Los dichos demandados habían formulado separadamente las excepciones de falta de hechos y la de prescripción y aunque ésta en su última esencia pueda comprenderse en la primera, no cabe considerarla renunciada por el abandono de la primera. Ellos lo que hicieron fué abandonar lo general e indeterminado para circunscribirse a lo especial y concreto.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, no es ne-cesario estudiar y resolver los otros errores señalados. De la demanda surge que la acción está prescrita en cuanto a los demandados que alegaron su derecho y por tanto en cuanto a ellos debe revocarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolb, EL JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Enamorado, acusado y apelante.
    No. 2891.

    Visto: Noviembre 12, 1926.

      Resuelto: Julio 26, 1927.
    Acometimiento y Agresión — Responsabilidad Criminal — Delitos—Disparos de A'rmas. — Cuando una persona, dispara contra un automóvil con un arma peli-grosa — revólver—con la intención do causar alarma, es culpable de acometi-miento.
    Sentencia de Bofa<e& López Antongiorgi, J. (Guayama), conde-nando al acusado por delito de acometimiento grave.

      Confir-mada.

      Arjona é Arjona. abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolb,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia imputaba al acusado haber hecho varios dis-paros al denunciante y haberle ocasionado desperfectos al automóvil del cual el denunciante era el chauffeur. La Corte de Distrito de Guayama declaró al acusado culpable del de-lito de acometimiento grave.

La prueba tendió a demostrar, según las admisiones del acusado, que éste hizo varios disparos al automóvil en que viajaba el denunciante. La prueba de descargo fue en el sentido de demostrar que el acusado era un funcionario de aduanas; que sospechaba que el denunciante trataba de de-sembarcar bebidas de contrabando en Ponce; que cuando el automóvil del denunciante salió de la Playa de Ponce, el acu-sado le siguió, alumbrándole con una luz eléctrica (flashlight) y gritándole al denunciante que se parara. El acu-sado negó rotundamente el haber hecho los disparos, pero evidentemente la corte resolvió esta cuestión en contra de él.

La prueba de cargo demostró que el denunciante se alarmó con los disparos. Éste declaró que creía estaba siendo per-seguido por bandidos.

Lo que ba causado demora en la resolución de este caso es que ban surgido dudas respecto a si las admisiones del acusado tienden a demostrar otra cosa que no sea que él dis-paró al automóvil con intención de que se parara. Se alega que el acusado disparó únicamente a las gomas del automó-vil. La defensa sostiene que bajo estas circunstancias, si bien puede ser culpable de otro delito, debe absolvérsele de intención alguna de berir a los ocupantes del carro.

Nuestro estatuto ba sido copiado de Texas y se ban ci-tado casos de dicbo estado para demostrar que debe apare-cer la intención específica de perpetrar un acometimiento. En el caso de Johnson v. State, 43 Tex. 576, por ejemplo, el acusado estaba en movimiento con un arma cargada. Éste dijo que si el denunciante se negaba a tomar le dispararía, o algo parecido. Si bien se dirigió bacia el denunciante, sin embargo, no le disparó ni bizo movimiento amenazante con las manos. La corte resolvió, en efecto, que como no babía habido intención de perpetrar un acometimiento, ya que no se apuntó con el revólver, no se cometió el delito de acome-timiento. Según los hechos de dicbo caso, creemos que la amenaza y al adelantar el paso bacia el denunciante pudo haber sido interpretado por otras cortes como un acometi-miento, Sin embargo, ese caso es fácilmente distinguible del presente, ya que en aquél no se bizo disparo alguno.

. El caso de Salisbury v. State, 90 Texas Criminal Reports 438, 235 S.W. 901, era un caso más similar al presente. El acusado solicitó de la corte que diera la instrucción acerca de la intención específica de matar. La corte entre otras co-sas dijo: “Aquel que dispara de pura maldad e inconside-radamente a un automóvil o a un edificio del que tiene cono-cimiento está ocupado, no es necesario que tenga la inten-ción específica de matar a persona alguna para hacérsele culpable del delito de asesinato,” citando casos. Luego sigue diciendo la corte: “El apelante cita muchas autori-dades en que surgió la teoría de disparar con el propósito de intimidar y en que no fué sometida. En tales casos, aun-que el jurado creyera que el apelante solamente disparó para intimidar y no con el propósito de matar, sin embargo, sería culpable de acometimiento, de acuerdo con las autoridades sometidas y de acuerdo con el inciso tercero del artículo 1013 Vernons P. C.,” citando casos. Más tarde sigue diciendo la corte: “El apelante admitió haber disparado con un revól-ver Winchester, pero negó haber tenido la intención de cau-sar daño, alegando que disparó únicamente con la intención de agujerear una goma y con el fin de que se parara el ve-hículo. ’ ’ El acusado fué declarado culpable de acometimiento grave.

No analizaremos las otras autoridades pero el examen que hemos hecho nos satisface de que las decisiones de Texas no son distintas de la jurisprudencia en general.

De acuerdo con las mejores autoridades, según las he-mos leído, se comete el delito de acometimiento cuando un hombre tiene motivos fundados (reasonable ground) para creer que otra persona trata de cometer una agresión. Bajo “motivo fundado” prácticamente existe casi siempre el dis-parar deliberadamente un revólver o pistola en la dirección general en que se halla el perjudicado. Un número de casos deciden que aún si la intención que se tiene es tan sólo de intimidar, el disparar sin autorización o ilegalmente consti-tuye un acometimiento. El fin de la ley es impedir una alte-ración de la paz. Cuando una persona toma en sus manos ún arma peligrosa y la dispara contra un barco, casa o auto-móvil con la intención de causar alarma es culpable de aco-metimiento. Si el acusado disparó meramente para que el carro se parara, según tienden a probar sus admisiones, él disparó con el objeto de causar alarma. El acto de disparar con el fin de intimidar está llamado a producir una altera-ción de la paz, ya que un hombre que ha sido alarmado en esa forma muy generalmente está justificado al contestar dis-parando también. Algunas de las autoridades que sostienen esta conclusión son las siguientes: Salisbury v. State, supra; Malone v. State, 26 S. 968; State v. Baker (R.I.), 38 A. 653; Commonwealth v. White, 110 Mass. 407; Smith v. Commonwealth, 100 Pa. St. 324, 329; Hickey v. Welch, 91 Mo. App. 4; Wharton’s Criminal Law, décima edición, tomo 1, párrafos 605 al 608; State v. Lehman, Ann. Cases 1917 D 615 y nota; People v. Raher, 92 Mich. 165, 31 A. S. R. 575; 5 C. J. 617.

. Otro de los señalamientos se refiere a la supuesta dupli-cidad al imputarse que los disparos hicieron blanco en el automóvil, etc., pero las palabras pueden considerarse que fueron usadas para agravar el delito o eran meramente su-perfinas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR

EL JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO.

Se imputó al acusado el hecho de haber acometido mali-ciosa y criminalmente a Carlos P. Martínez, haciéndole va-rios disparos de revólver, o sea el delito prescrito en la sec-ción 1 de la Ley para determinar y castigar acometimiento, etc., aprobada en 10 de marzo de 1904, (Comp. 1911, pág. 948), que dice:

“Sección 1. Todo acto ilegal de inferir alg’ún daño violento en la persona de algún semejante con la intención de causarle daño, cualquiera que sean los medios o el grado de violencia que se em-plearen, constituirá un delito de acometimiento y agresión. Toda tentativa para cometer una agresión, o cualquiera señal de ame-naza que demuestre en sí o con palabras una intención inmediata acompañada de aptitud para cometer la agresión, será considerada como un acometimiento.”

El acusado alegó que la denuncia no imputaba el delito de acometimiento con circunstancias agravantes, porque no alegaba que el acto se hubiera cometido con la intención de causar daño personal a Martínez. El fiscal reconoció que la denuncia era defectuosa. La corte sin embargo dijo:

“La Corte entiende que en todo delito, pará que exista, debe haber la intención y el acto: la intención es un elemento esencial, pero tratándose de una tentativa de acometimiento y agresión o sea de un delito de acometimiento, no es necesario que exista, la inten-ción. ’ ’

El propio fiscal insistió en que debía alegarse la inten-ción lo mismo en la tentativa que en la agresión. Eso no obstante, la corte declaró sin lugar la excepción y el juicio siguió adelante.

íiln mi opinión el criterio de la corte sentenciadora era completamente erróneo tratándose como se trata de un aco-metimiento perseguido por la vía criminal, y opino también que ese criterio erróneo fue el que llevó a la dicba corte a dictar la sentencia condenatoria de que apela el acusado.

Aceptando que por otras razones pueda considerarse que la excepción previa era improcedente, ya que la intención de causar daño personal a Martínez podía deducirse del Lecho que se le imputaba, o sea, haberlo acometido haciéndole va-rios disparos de revólver, (El Pueblo v. Montañez, 31 D.P.R. 516), un examen cuidadoso de la evidencia me obliga a con-cluir que sólo actuando influida por el criterio erróneo que conocemos pudo la corte de distrito estimar que el acusado era culpable del delito que se le imputaba.

La prueba de cargo, dadas todas las circunstancias que de la misma surgen, me parece en verdad sospechosa, pero partiendo de la base de que el juez sentenciador pudo fun-dar su fallo en lo que algunos de los testigos de cargo dije-ron que dijo el acusado y que éste negó, todo lo que resulta es que el acusado, que era un empleado de la Aduana de Ponce y que tenía motivos fundados para creer que en el carro que conducía el denunciante se transportaba un con-trabando, le dió el alto y como no obedeciera, disparó a las go-mas del carro con intención' de obligarlo a parar.

Claro es que si el acusado hubiera herido o causado la muerte de alguna de las personas que en el carro iban, hu-biese sido responsable de las consecuencias de sus actos, pero tal cosa no sucedió. Las consecuencias fueron las naturales de la intención.

No existiendo como no existe la más leve prueba de que el acusado disparara con la intención de causar daño al de-nunciante, ni de que de hecho le causara daño alguno, ¿cómo puede declarársele culpable de haberle acometido con tal in-tención?

Por virtud de lo expuesto, no puedo estar conforme con el criterio de la mayoría. A mi juicio debe revocarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Juana Borrás Ginart, Catalina y José Hernández Borras, Bartolomé Salvá y Julia, Juan, Modesta y Antonio Salvá y Marién, demandantes y apelantes, v. Francisco y María Antonia Ramís y Borrás; Onofre Solano Mendoza y Manuel, Eloy, Josefa, Juana y María de las Mercedes Juncos y López, representados por su madre Laura López, demandados y apelados.
    No. 2433.

    Visto: Junio 2, 1925.

      Resuelto: Julio 26, 1927.
    1. Apelación t Error — RÉaoRD t Procedimientos que no Están en Récord— Cuestiones Presentadas para Revisión — Revisión Limitada por el Propio Récord — Omisiones que Impiden Considerar las Cuestiones Levantadas. —Si un mandamiento de ejecución por el cual se vendieron unas fincas en un juicio ejecutivo fué expedido o no con permiso de la corte es cuestión que no puede considerarse en apelación cuando de los autos — en acción en que se alega la nulidad de tal venta — no aparece copia de dicto documento.
    2. Ejecución — Venta—Acción Sobre Nulidad del Procedimiento que la Pro-dujo — Fundamentos de Nulidad — Citación de Partes. — No procede decla-rar la nulidad de un juicio ejecutivo que produjo la venta de unas fincas por no haberse citado en dicho juicio a unos menores, cuando dichos menores' no eran parte en el mismo ni son herederos de una de las partes demandadas: en dicho juicio ejecutivo.
    3. Hijos Naturales — Bienes—Derechos Sucesorios por la Línea Paterna— Derecho a Heredar a los Padres Legítimos del Padre Natural. — Los hijos naturales de un heredero de una persona, que premurió a su madre legítima no tienen derecho a la herencia de ella.
    4. Ejecución — Venta—Acción Sobre Nulidad del Procedimiento que la Pro-dujo — Fundamentos de Nulidad — Citación de Partes. — En este caso se' solicitó la nulidad de un juicio ejecutivo, entre otros motivos, por la falta de citación de una parte en aquél, que estaba ausente. Se resolvió: que habiéndose citado ella como disponía la Ley de Enjuiciamiento Civil Espa-ñola entonces vigente, para el caso de ignorado paradero, no existía la nu-lidad alegada.
    SENTENCIA de R. Cuevas Zequeira, J. (Humacao), declarando sin. lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Manuel Tous Soto, Rafael Arce Rollel y V. M. Fernández, abo-gados de los apelantes; Francisco González, abogado de los ape-lados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito y su apelación ban seguido el curso de. otro pleito y de su apelación con el número 2435 de este tribunal, por tratarse en ellos de cuestiones análogas y perseguirse consecuencias de un mismo acto inicial; pleito que comen-zado en 1916 fue fallado cuatro años después, celebrándose la vista de la apelación a los cinco años por las sucesivas suspensiones de vista solicitadas, casi todas por los apelan-tes, lo que nos demostraba que las partes no tenían gran prisa en la resolución de su apelación y por eso dimos pre-ferencia a otros asuntos para su despacho. En estos días ha sido transado el otro pleito No. 2435 que era primordial por envolver cuestiones más fundamentales e importantes que las del presente pleito y por tanto pasaremos a resolver esta apelación.

La mercantil de San Juan B. Borrás Hermanos fue de-clarada en quiebra en 1875 siendo uno de sus acreedores don Guillermo Bamís por diez mil pesos de la moneda entonces circulante. Esa sociedad llegó a un arreglo con sus acree-dores y en el año 1876 don Bartolomé Borrás, uno de sus socios, garantizó el pago a sus acreedores en los once años siguientes, hipotecándoles su hacienda Santa Catalina radi-cada en Caguas. Diecisiete años después, muerto don Bar-tolomé Borrás, su viuda doña Gerónima Ginart y las dos hijas de ese matrimonio, nombradas Juana y Catalina Bo-rrás Ginart otorgaron en 1893 escritura pública en la que sin perjuicio de la garantía hipotecaria que tenían don Eran-cisco y doña María Antonia Ramís como herederas do su padre don Guillermo Ramís por la hipoteca constituida en 1876 por don Bartolomé Borrás a favor de los acreedores de B. Borrás Hermanos, les hipotecaron dos fincas, una de 60 cuerdas y otra de 76 cuerdas con 77 centavos para garan-tizarles la cantidad de 7,300 mejicanos, resto de su acreen-cia de diez mil pesos, ofreciendo pagarlos en siete años con el interés de ciento treinta pesos españoles por trimestres adelantados y declarando al mismo tiempo subsistente la hi-poteca sobre la hacienda Santa Catalina constituida por su padre don Bartolomé Borrás, la que hicieron extensiva a los intereses que se obligaron a pagar a la Sucesión Ramís. Doña Gerónima Ginart murió en 1896 y en 1903, estando in-soluta esa deuda, los hermanos Ramís presentaron demanda para su cobro en la Corte de Distrito de Humacao por el procedimiento ejecutivo de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española entonces vigente y dirigieron su acción contra doña Juana y doña Catalina Borrás Ginart como herederas de don Bartolomé Borrás; contra las mismas como herederas de doña Gerónima Ginart; contra Juan Salvá Ginart, hijo del primer matrimonio de doña Gerónima Ginart; contra Bar-tolomé Salvá Santiago, como representante de los derechos de su padre Antonio Salvá Ginart, muerto en 1893 antes que su madre doña Gerónima; y contra don Pascual Borrás como liquidador de B. Borrás Hermanos. En ese ejecutivo fueron notificados personalmente y requeridos de pago los deman-dados menos Juan Salvá y Bartolomé Salvá, por estar au-sentes en ignorado paradero, pero su citación y requerimiento de pago fué hecha en sus nombres a los otros demandados y también por edictos publicados en un periódico y en el sitio público de costumbre. En ese ejecutivo se dictó sentencia de remate el 1 de julio de 1903 contra bienes de los deman-dados para hacer efectiva la deuda reclamada, pero en vir-tud de una orden de injunction quedó paralizado su cumpli-miento hasta el 12 de junio de 1905 en cuya fecha, vigente la ley de 9 de marzo de 1905 sobre sentencias y manera de satisfacerlas, ordenó la corte que el marshal hiciera que se pagasen a ios ejecutantes los $4,710.74 reclamados y recono-cidos por la sentencia con bienes de los deudores, particu-larmente con las dos fincas de 60 cuerdas y de 76 cuerdas 77 centavos ya embargadas y que si esos bienes no fuesen bastantes procediese contra cualquier otra propiedad de los demandados, fill marshal vendió en pública subasta las dos fincas de 60 cuerdas y 76 cuerdas 77 centavos y no alcan-zando el precio obtenido a cubrir el crédito ejecutado em-bargó y vendió la hacienda Santa Catalina en el año 1905. De una escritura pública del año 1909 resulta que por vir-tud de una orden de ejecución librada en dicho ejecutivo el márshal embargó y adjudicó a los hermanos Ramís seis fin-cas: una de 22 cuerdas 66% centavos; otra de 53 cuerdas; otra de 14 cuerdas; otra de 20, otra de 15 y otra cuyo nú-mero de cuerdas no se consigna en la demanda, venta que fué inscrita en el registro de la propiedad el 11 de noviem-bre de 1911. En 13 de enero de 1911 los Ramís vendieron dos de esas seis fincas a los menores Juncos López que fue-ron inscritas en el año 1914; y en 30 de mayo de 1916 ven-dieron otras dos de esas fincas a Onofre Solano.

Después de esos hechos Juana Borrás Ginart; José y Catalina Fernández Borrás como herederos de su madre Catalina Borrás Ginart; Bartolomé Salvá y cuatro menores de edad apellidados Salvá Marién representados por su madre, y como herederos de Antonio Salvá Ginart, demandaron a los hermanos Ramís, a los menores Juncos López y a Onofre Solano. En esa demanda origen de este pleito se relacio-nan algunos hechos expuestos al principio pues otros resul-tan de las pruebas presentadas en el juicio y se reclama qué les sean entregadas a los demandantes las seis fincas última-mente vendidas en el expresado juicio ejecutivo, alegando que éste es nulo, Io. porque después de ser vendidas varias fincas en el ejecutivo en 1905 los ejecutantes, en el año 1909 y sin mediar orden de la corte obtuvieron del Secretario de. la misma nueva orden de ejecución habiéndose vendido el 30 de septiembre de ese año en subasta las seis fincas objeto de este pleito; 2o. porque los demandantes Salvá Marién no fue-ron citados en dicho ejecutivo ni comparecieron en él; y por-que Bartolomé Salvá estaba ausente y no fué citado ni em-plazado en dicho juicio.

Los demandados opusieron varias defensas en oposición a la demanda y celebrado el juicio fué declarada sin lugar la demanda, cqntra cuyo fallo interpusieron los demandantes este recurso de apelación. Después de interpuesta la ape-lación desistieron los apelantes de su recurso en cuanto a Onofre Solano por lo que nuestra decisión se referirá única-mente a los menores Juncos López y a los hermanos Ramís.

No resulta de los autos que la orden de ejecución con la cual el márshal vendió las seis fincas que motivan este pleito fuese expedida sin permiso de la corte en el año 1909, cuatro años después de vendidas las otras fincas, como se alega en la demanda, pues todo lo que aparece en las pruebas es una muy ligera reseña de la escritura pública de 30 de septiembre de 1909 de venta de esas .seis fincas otorgada por el márshal a favor de los hermanos Ramís en' la que se dice que se expidió a dicho funcionario un mandamiento de ejecución pero cuyo mandamiento no se copia, por lo que ignoramos si fué expedido o no por orden de la corte y por tanto no tenemos base para considerar la primera cuestión pro-, puesta por los demandantes.

T en cuanto al motivo de nulidad por no haber sido citados los menores Salvá Marién en el ejecutivo que produjo la venta de esas fincas, tenemos que decidir que ellos no eran parte en dicho ejecutivo como herederos de doña G-erónima G-inart, ni tampoco tienen derecho a promover el presente pleito, porque siendo ellos hijos naturales de Antonio Salvá G-inart, que premurió a su madre legítima doña Gerónima Ginart, no tienen por ser tales hijos naturales derecho a la herencia de dicha señora de acuerdo con el arculó 943 del Código Civil Español vigente a la muerte de doña Gerónima, y segitn ña sido resuelto en el caso de Soriano v. Rexach, 23 D.P.R. 573.

Con respecto al otro motivo fundado en la falta de citación del ausente Bartolomé Salva Santiago, no existe la nulidad que se alega porque él fué citado como disponían en los juicios ejecutivos los artículos 1442 y 1458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el caso de ignorado paradero, haciéndose la citación y el requerimiento de pago en su nombre a los otros demandados que se hallaban encargados de los bienes, y publicándose edictos en periódicos y en sitio público de costumbre para su citación.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob Aldkey,

text:
    Las Sucesiones de José Alfonso y Juan Quiñones y Quiñones, compuestas de Doña María Ana Ramírez y Quiñones, Doña María Teresa Quiñones y Ramirez, Doña Marina Quiñones y Ramíres, Don Radamés Costa y Quiñones, y Don Narciso Costa y Valdivieso y Marta Quiñones y Ramírez, demandantes y apelantes, v. La Central Eureka Inc., demandada y apelada.
    No. 3630.

    Visto: Abril 30, 1926.

      Resuelto: Julio 26, 1927.
    1. Reivindicación — Derecho de Acción t Defensas — Personas que Pueden Ejercitar la Acción. — Una demanda que alegue que los eausantes de los demandantes les corresponde parte de unos bienes gananciales existentes a la muerte de su padre tienen acción para reivindicar dicha parte de la persona en cuya posesión está, la finca aunque ésta la haya adquirido por compra sin que sea necesario hacer partes en dicho pleito a las personas qu© le ven-dieron.
    2. Reivindicación — Alegaciones y Evidencia — De la Evidencia — Su Suficien-cia — Título y Derecho de Posesión de las Partes — En G-eneral. — Cuando los demandantes han tenido en la finca de que se trata el condominio que reclaman hasta seis años con anterioridad a la fecha en que se ejercitó la acción reivindicatoría, no cabe alegar el demandado el haber adquirido el dominio de la finca por prescripción extraordinaria.
    3. Sentencia — Alegación y Prueba de la Sentencia Como Impedimento (Estop-pel) o Defensa — Alegación de la Sentencia — En General. — La excepción de cosa juzgada no procede en un pleito como excepción a la demanda cuando de las alegaciones de ella no aparece como terminó un pleito anterior ni las cuestiones en él resueltas.

      4. Alegaciones — Excepciones Previas (Demurrer) y Excepciones (Exceptions) —Excepciones Previas a la Demanda — Hechos o Alegaciones en que Deben Basarse. — Las excepciones previas a una demanda han de basarse en las alegaciones que ella contenga, sin que sea lícito fundarlas en hechos que consten en otros autos.
    SENTENCIA ele Angel Acosta Quintero, J. (Mayagüez), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      (Revocada y devuelto el caso.

      Arjona <& Arjona, abogados de los apelantes; José Sdbater, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior sostuvo las excepciones previas opuestas a la demanda y después dictó sentencia declarándola sin lugar, contra cuyo fallo interpusieron los demandantes esta apelación alegando como error el haber sostenido la corte sentenciadora dichas excepciones.

Como la demanda es exteifsa, haremos un resumen de sus alegaciones fundamentales. Fué presentada en agosto de 1924 y en ella se dice lo siguiente: que los demandantes son los únicos herederos de José Alfonso y de Juan Quiñones y Quiñones, los dos hijos tenidos por don José Marcial Qui-ñones en su matrimonio con doña Inocencia Quiñones: que estando casado don José Marcial Quiñones en segundas nupcias con doña Cándida Quiñones, ésta compró en el año 1882 a don José María Quiñones la mitad que a éste perte-necía en dos fincas, una de 300 cuerdas nombrada Filial Amor, y otra de 5 cuerdas, cuyas descripciones hace la de-manda, haciéndose constar en el registro de la propiedad el hecho de estar casada doña Cándida: que esta señora hipo-tecó 50 cuerdas de la finca Filial Amor y la mitad de la otra de 5 cuerdas a favor de su vendedor para garantizarle la parte del precio de la compra que quedó aplazado, y que en 1888, con el consentimiento de su esposo, adjudicó a don José María Quiñones las dos fincas hipotecadas en pago de su deuda, cancelándose la hipoteca en el registro de la pro-piedad: que a la muerte del esposo de doña Cándida, que ocurrió el 23 de septiembre de 1893, quedaron como bienes gananciales unas 100 cnerdas de terreno de la finca Filial Amor, posesionándose de ellas y de los demás bienes ganan-ciales doña Cándida, como si fueran suyos y haciendo varias negociaciones con la finca, cuyas inscripciones fueron negadas en el registro por aparecer en él que había adquirido la finca siendo casada: que para legalizar doña Cándida esas transacciones promovió en el año 1918 un expediente pose-sorio de 52 cuerdas de terreno, que dijo haber adquirido por título de gananciales, cuya descripción se hace en la demanda y que se dice son parte de las 100 cuerdas quedadas a la muerte de su marido, expediente que fué aprobado e inscrito en el registro haciéndose constar en él que la finca era privativa de dicha señora por cuyo motivo no tenía par-ticipación en ella los demás herederos de don José Marcial Quiñones, de quienes se dijo haber recibido su haber en una casa radicada en San Germán, hecho éste que se niega en la demanda: que habiendo fallecido doña Cándida el mismo año 1918, fueron declarados herederos suyos los dos hijos de su matrimonio, nombrados Francisco y Cándida Quiñones y Quiñones, a cuyo nombre y en pro indiviso fué inscrita la finca de 52 cuerdas: que la Central Eureka, Inc., contra quien se dirige esta demanda, adquirió la finca en junio de 1922, después de presentada en la misma corte por los actuales demandantes un pleito sobre petición de herencia contra va-rios demandados, entre los cuales figuraba la misma Central Eureka, Inc., luego de haber sido anotada esa demanda en el Registro de San Germán y de ,haber sido notificada la Central Eureka, Inc., de dicha demanda, en la cual se ex-ponían como constitutivos de causa de acción todos los hechos alegados en la actual demanda de reivindicación: que los demandantes son dueños de una cuarta parte de dichas 52 cuerdas, habiendo producido aquella cuarta parte frutos desde .1893 en que murió don José Marcial Quiñones a razón de $350 líquidos por año. Por esas alegaciones y otras que no son importantes ahora, los demandantes solicitaron se dictase sentencia a su favor declarativa de que son dueños únicos y exclusivos de un condominio de una cuarta parte para todos ellos en la finca de 52 cnerdas y que se condene a la Central Eureka, Inc., a reconocer la existencia de dicho condominio y a restituir a los demandantes la cantidad de $21,700, más los intereses de dicha suma al tipo legal desde la interposición de la demanda.

Las excepciones previas alegadas por la demandada fue-ron : primera, falta de hechos en la demanda determinantes de causa de acción; segunda, defecto de partes demandadas; tercera que la acción de reivindicación pretendida en la de-manda ha prescrito porque desde 1893 en que falleció don José Marcial Quiñones hasta la interposición de esta de-manda han transcurrido más de treinta años, por los cuales también resulta de acuerdo con el artículo 1860 del Código Civil que la demandada ha adquirido ei dominio de la finca por prescripción extraordinaria; y cuarta, cosa juzgada entre las partes.

Como la demanda alega que doña Cándida compró las fincas siendo casada, por lo que de acuerdo con la ley tiene tal compra la presunción de ser un bien de la sociedad conyugal que tenía con don José Marcial Quiñones, pues la demanda no contiene alegación alguna que destruya tal presunción; como dice que la finca de 52 cuerdas objeto de este pleito es parte de la finca Filial Amor que adquirió dicha señora por esta compra; como por la muerte del Sr. Quiñones correspondía a los hijos de su primer matrimonio, de quienes alegan ser herederos los demandantes, una cuarta parte en los bienes gananciales relictos a la muerte de su padre como herederos en unión de los otros dos hijos de su segundo matrimonio, siendo la mitad restante de la viuda; y como esa finca está poseída por la demandada Central Eureka, Inc., nos parece claro que la demanda aduce hechos que determinan una causa de acción en los demandantes.

No existe defecto de partes demandadas, pues si, como se alega, a los causantes de los demandantes les correspondía una cuarta parte en los bienes gananciales existentes a la muerte de su padre, tienen acción para reivindicarla de la Central Eureka, Inc., en cuya posesión está la finca, aunque ésta la taya adquirido por título de compra, sin ser necesario que los demandantes hagan parte de este pleito a las per-sonas que le vendieron ni a los herederos de doña Cándida, aunque por la tramitación e inscripción del expediente pose-sorio convirtió en bien privativo suyo lo que era propiedad de los causantes de los demandantes, pues el título de ellos nace de la muerte de don José Marcial Quiñones y no de que sea nulo dicho expediente posesorio.

Tampoco es procedente la excepción de prescripción alegada por la demandada pues hasta el año 1918 en que por el expediente posesorio quedó convertida en bien privativo de doña Cándida la finca de 52 cuerdas a que se refiere este pleito, los demandantes han tenido en ella el condominio que reclaman, y desde esa fecha hasta 1924 en que fué presentada esta demanda, no habían transcurrido los treinta años que según el artículo 1864 del Código Civil son necesarios para que prescriba la acción sobre bienes inmuebles, ni igual período de tiempo exigido por el artículo 1860 para adquirir por prescripción extraordinaria el dominio de tal clase de bienes. Ni estaría prescrita la acción ni adquirido el dominio .si el período de prescripción hubiera de contarse desde el año 1893 en que murió don José Marcial Quiñones, de quien traen derecho los demandantes, como alega la demandada, porque en 1922 los actuales demandantes presentaron en la misma corte de distrito una demanda de petición de herencia con las mismas alegaciones que contiene la presente, según dice la demanda, siendo demandada en ella la Central Eureka, Inc., y otros, y entonces no habían transcurrido los treinta años contados desde septiembre de 1893, quedando así interrumpida la prescripción de la acción y el término para adquirir por prescripción extraordinaria según los artículos 1874 y 1846 del Código Civil; pues aunque en aquella demanda so ejercitaba la acción de petición de herencia y en ésta la de reivindicación, ambas tenían por objeto el reconocimiento de los derechos que los demandantes alegan tener en la finca de 52 cuerdas como herederos de don José Marcial Quiñones.

La excepción de cosa juzgada no era procedente en este pleito como excepción a la demanda porque de las alegaciones de ella no aparece cómo terminó el anterior pleito ni las cuestiones en él resueltas para poder decidir si existe o no cosa juzgada entre las partes. Las excepciones previas a una demanda han de basarse en las alegaciones que ella contenga, y no es lícito fundarla en hechos que consten en otros autos, como hizo en este caso la demandada y la corte inferior, y hasta la misma parte demandante-apelante, que ha traído en esta apeláción constancias de otro pleito y en ellas ha basado una gran parte de su argumentación.

Por las razones expuestas la sentencia apelada, debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Sucesores de A. Mayol & Cía., S. en C., demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 4048.

    Visto: Mayo 18, 1927.

      Resuelto: Julio 26, 1927.
    1. Contribuciones — IMPOSICIÓN (Levy) y Tasación (Assessment) — Modo de Ta-sar “Corporate Stock”, Propiedades y Entradas (Receipts) — Asociacio-nes'© Sociedades Civiles o Mercantiles. — Acciones de bancos, efectos a cobrar, fianzas y cuentas a cobrar no pueden incluirse eomo parte del capital tasado a los efectos de la sección 18 de la ley de contribuciones sobre in-gresos, según fué enmendada por Ley No. 69 de 1923 (p. 523), en ausencia de demostración de que produzcan ingresos tributables.
    2. Contribuciones — Imposición (Levy) y Tasación (Assessment) — Revisión, Co-rrección o Anulación de la Tasación — Procedimientos Ante la Junta de Revisión e Igualamiento — Revisión por dos Tribunales — Alcance y Extensión en General — Fundamentos de la Decisión. — Cualquiera que fuere el motivo que tuvo la Junta ele Revisión e Igualamiento para rendir una decisión, aún cuando el razonamiento de la junta sea equivocado, si su decisión es correcta, ést'a debe sostenerse por los tribunales.
    3 Apelación y Error — Señalamiento de Errores — Omisión de Señalarlo y Erecto — En General. — Cuando un apelante no hace señalamiento de error en cuanto a la impugnación que de la ley de ingresos alega en su demanda, tal contención se considerará abandonada y no se considerará en apelación.

      SENTENCIA de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      J. J. Ortiz Alibrán, abogado de la apelante; Son. Attorney General, George C. Butte, Carlos Llauger y José A. 'López Acosta, primero y segundo Attorney General Auxiliar, respectivamente, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un pleito iniciado por la sociedad mercantil de Sucesores de A. Mayol & Cía. para recobrar ciertas contri-buciones pagadas bajo protesta, por concepto de ingresos co-rrespondientes al año fiscal que para dicha mercantil empezó en 26 de abril de 1922 y terminó en 25 de abril de 1923.

En mayo 28, 1923, la demandante presentó al Departa-mento de Hacienda su planilla de ingresos por el año con-tributivo de 1922-23.

De acuerdo con esta planilla el Tesorero, al determinar la contribución sobre ingresos, impuso a la demandante una contribución de $4,463.38, considerando un total de ingresos de $75,283 sobre la base de un capital invertido de $337,850.

No conforme, la demandante apeló para ante la Junta de Revisión e Igualamiento, y este organismo aumentó los in-gresos a $76,679.27 y sostuvo el capital invertido en $337,850.

Alega la demandante substancialmente que conforme al apartado (A) de la sección 18 de la Ley No. 43 de julio 1, 1921, tal como fue enmendada por la Ley No. 69 de julio 28, 1923, el capital invertido de la sociedad se compone de la siguiente manera:

Capital tasado_$337, 850. 00
Reformas hechas en el establecimiento-$25, 740. 00
Reformas hechas en la casa Allen No. 34_ 1, 574. 04
Acciones de Bancos- 9, 284. 00
Efectos a cobrar_ 1, 568.10
Fianzas_ 260. 21
Cuentas por cobrar-109, 982.14 148, 408. 49
Total capital invertido. $486, 258.49

Que por tanto, la cantidad de $486,258.49 es el capital invertido qne debe servir de base a los efectos de la liquida-ción de la contribución objeto de este caso.

Se alegó también que la Ley No. 43 de 1921 y la Ley No. 69 de 1923 son inválidas, nulas e ineficaces por ser contrarias al Acta Orgánica de Puerto Rico y a la Constitución de los Estados Unidos.

Terminó suplicando la demandante que se devuelva la contribución pagada montante a $4,633.42, y en su defecto, si resultaren válidas y eficaces las referidas leyes, que se devuelva la cantidad de $1,248.84 pagada bajo protesta.

El demandado excepcionó la demanda por falta de becbos para constituir una cansa de acción y contestó al mismo tiempo alegando en resumen qne el capital invertido de la demandante es el de $337,850 como fijó el Tesorero y con-firmó la Junta de Revisión e Igualamiento y no la de $486,258.49, como alega la demandante; y negó las alega-ciones de la demanda que impugna la constitucionalidad de las leyes citadas.

La corte inferior sostuvo la excepción de falta de causa de acción y también que la prueba era insuficiente para sos-tener las alegaciones de la demanda.

La cuestión en este pleito gira alrededor de la aplicación de la sección 18 de la Ley de contribuciones sobre ingresos, según fué enmendada por la Ley No. 69 de 1923. Dicba sección prescribe:

“Sección 18. — El término ‘capital invertido’ tal como se emplea en este artículo, significa:
“(a) En el caso de corporaciones o sociedades civiles o mercan-tiles será el valor tasado a los efectos de la contribución de toda la propiedad mueble e inmueble perteneciente a dicba .corporación o sociedad civil o mercantil, más el valor de cualquier propiedad radi-cada o invertida en Puerto Eico, no sujeta a contribución pero per-teneciente a diclia corporación o sociedad civil o mercantil, y dedi-cada al negocio o negocios que producen el ingreso y que existían al comenzar el año contributivo a que el ingreso corresponde, exclu-yendo aquellas inversiones que no producen ingreso tributable.

• En la planilla de ingresos que presentó la demandante para el año fiscal de 1922-23, el valor de tasación de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad montaba a la can-tidad de $377,850. En la demanda se admite que éste es el capital tasado de la demandante, pero se sostiene por la ape-lante, y éste es el nervio de su reclamación, que se fian debido incluir en el capital invertido las cantidades que se fian rela-cionado más antes, pues de este modo aumentada la propor-ción entre el ingreso neto y el capital invertido, la contri-bución sobre beneficios excesivos sería menor, o .sea, el 6 por ciento sobre el ingreso neto que exceda del 10 por ciento del capital invertido en el año contributivo que corresponda, y no el 7 por ciento como íué el impuesto por la Junta de Revisión e Igualamiento, conforme se determina en la sec-ción 17, apartado No. 3, tal como fué enmendada por la Ley No. 69 de 1923.

Un examen de la prueba demuestra por un lado que las cantidades que alega la apelante que deben adicionarse al capital tasado fueron considerados por la Junta de Revisión e Igualamiento para determinar si debía tomarse como base el activo y pasivo o si debía prevalecer el capital tasado. La apelante, en abril 26 de 1926, fiizo un balance cuyo activo montó a $534,512. A este activo se le dedujo la suma de $210,432.82 (deuda del pasivo), quedando una diferencia a favor de la demandante de $324,079.21. Parece que la Junta de Revisión e Igualamiento encontró que esta diferencia era menor que el capital tasado ascendente a $337,850, y adoptó esta última suma para imponer la contribución sobre in-gresos.

La apelante insiste, sin embargo, que la Junta de Revi-sión e Igualamiento se basó para tomar su resolución en cierta norma establecida en un reglamento que ba sido apro-bado por dicba junta y alega que sus disposiciones están equivocadas. Convenimos con el apelado en que las reglas establecidas por la Junta no juegan papel de importancia en este caso. Podrán estar equivocadas tales reglas, pero de todos modos la contribución se impuso tomando como base el capital tasado de acuerdo con la sección 18, supra.

La sección 18 excluye “aquellas inversiones que no pro-ducen ingreso tributable.” De manera que la demandante no ba demostrado que baya otras inversiones que produzcan ingresos tributables. De abí es que en rigor de verdad la falta de esta alegación en la demanda la bace insuficiente para determinar una causa de acción. Y como cuestión de beebo no se ha probado que las acciones de bancos, fianzas, efectos y cuentas por cobrar produzcan ingresos tributables. Estas son las partidas de que se queja la apelante que no fueron incluidas como capital invertido, pero para ello era necesario probar que produjeron ingresos tributables, pues en caso negativo la sección 18 las excluye sin que puedan in-cluirse en el capital invertido. Así es que asumiendo que no hubieran sido incluidas en la tasación, la demandante no podría exigir que se le-incluyeran para formar parte del capital invertido. El motivo se expresa por el apelado en su inteligente y bien razonado alegato, diciendo:

“Las acciones de bancos, efectos a cobrar, fianzas y cuentas a cobrar, en primer lugar, no son propiedades invertidas en el negocio,' toda vez que no se utilizan en las operaciones mercantiles de la demandante-apelante. Efectos a cobrar y cuentas a cobrar son parte de las mercaderías vendidas y no pagadas, y mientras no se- haya efectuado su pago, no puede considerárseles como un ingreso.
“El Reglamento 65, Artículo 23 de la Ley Federal, citado por Holmes, en su obra sobre Income Tax, página 1244, dice lo que sigue:
“ ‘En los negocios modernos, con su uso de inventarios y de egresos y cobros en conjunto que se extienden por largos períodos de tiempo, no se pueden calcular los ingresos sobre la base de los cobros menos los egresos y gastos asignables a las mercancías o a los servicios por los cuales se cobra; el cálculo debe- hacerse tomando en consideración las ventas al tiempo de efectuarse, y considerando las cuentas a cobrar y las por pagar como ingresos y egresos, res-pectivamente. ’
“De modo que estas cuentas a cobrar se incluyen en los inven-tarios como créditos a favor de la firma y como parte de su capital, el cual ya lia sido considerado en la tasación de inventarios cuando se impuso la contribución para bienes muebles. Si fuésemos a agregar el capital tasado esta suma, que representa el montante de mercancías vendidas, estaríamos sumando dos voces la misma can-tidad, toda vez que tomadas en cuenta las ventas a plazos que puedan hacerse por la parte demandante, se le habría incluido en su inven-tario de 26 de abril de 1922 las mercancías existentes, y después se le incluiría por segunda vez el montante de sus mercancías como cuentas a cobrar. Y por esta razón es que la ley, en su sección 18, establece que se excluirán aquellas inversiones que no produzcan ingreso tributable. Fianzas, efectos a cobrar y cuentas por cobrar no producen ingresos tributables, y, por consiguiente, no pueden incluirse como parte del capital tasado.
“Las acciones de bancos no se ha demostrado que fueran capital invertido en el negocio. Solamente aparece admitida su existencia, pero de la prueba ni de las alegaciones aparece justificada la con-clusión de que se hayan invertido en el negocio, o de que las mismas produzcan ingreso tributable; y en esas condiciones, no pueden incluirse en el capital tasado.”

La apelante en sn último señalamiento de error insiste en que el procedimiento seguido por la Junta de Revisión e Igualamiento es contrario a la sección 18 de la Ley de 1921, tal como fué enmendada por la No. 69 de 1923. Podemos decir, sin embargo, que cualquiera que fuere el motivo que tuvo dicha Junta para rendir su decisión, su conclusión fué correcta, toda vez que para imponer la contribución del ingreso se tomó como base la propiedad tasada y no la diferencia existente entre el activo y el pasivo. El razonamiento de la Junta lia podido estar equivocado, pero si su decisión es correcta, como lo es, debemos sostenerla.

Parece inútil decir que no haciendo la apelante un señalamiento de error en cuanto a la impugnación que de la ley sobre ingresos alega en la demanda, ella ha abandonado tal contención y no necesitamos considerarla.

Por todo lo expuesto debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Peesidente Señob del Tobo,

text:
    El Puerlo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Cartagena, acusado y apelante.
    No. 3147.

    Visto: Mayo 10, 1927.

      Resuelto: Julio 26, 1927.
    1. Abmas — Portar Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Evidencia—Exis-tencia del Arma.. — Cuando ni se ocupa ni se presenta como prueba el arma, la prueba de su existencia -debe ser clara y convincente.
    -.2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Cuestiones Sobre las Pruebas — Apreciación de las Pruebas — Prueba Contradictoria. —No obstante ser contradictoria la prueba sobre la portación del arma por el acusado y haber sido el conflicto resuelto en contra de éste por la corte sentenciadora, si las declaraciones de cargo son inverosímiles y las de des-cargo lógicas y completas, puede y debe la corte de apelación revocar la sen-tencia recurrida.
    SENTENCIA de Rafael López Antongiorgi, J. (Guayama), conde-nando al acusado por delito de Portar Armas.

      Revocada y ab-suelto el acusado.

      Fulgencio Pinero, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Peesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Luis Cartagena fué acusado por el Fiscal ante la Corte de Distrito de Guayama de portar y conducir una pistola, arma con la cual puede causarse daño corporal, el 24 de junio de 1926. Hizo la alegación de no culpable y celebrado el juicio fué condenado a sufrir setenta y cinco días de cárcel, sin costas.

No conforme, apeló, señalando en su alegato un solo error: el cometido., a su juicio, por la Corte al apreciar la prueba.

En el acto de la vista declararon como testigos de ■cargo, Silverio Gabán, Domingo Cofres! y Felipe Suárez, y como testigos de defensa, Manuel Rivera, Rosa Pifia, Luciano Stella, Manuel H. Haddock y el propio acusado.

Gabán dijo que el día mencionado en la acusación se encon-tró al acusado en Patillas conversando con unas profesoras; que se acercó a él y le dijo que cuándo le abonaba el dinero ■que le debía y le contestó “que nada tenía que ver conmigo, porque yo había puesto un abogado, y que allá el abogado; entonces yo le dije que viera que yo necesitaba ese dinero, que hacían tres meses ya, y me dijo, ‘bueno, yo no tengo nada que ver con usted’, y entonces sacó una pistola”. Pregun-tado por el juez “¿Qué hizo él con esa pistola después que la sacó?” Contestó: “Pues hizo para amagar conmigo y re-culó para atrás, y al andar cuatro o cinco pasos para atrás, viró de frente y entró a correr.”

El testigo Cofresí dijo más que el perjudicado. Manifiesta que se encontraba con Cabán; que se separó para atender a una niñita y oyó que decían “no lo mates, no lo mates y fui para allá y vi al Sr. Luis Cartagena que tenía una pistola en la mano.” Preguntado: “¿Pero qué hizo él con la pistola, se quedó allí o qué hizo”? contestó: “El la sacó, y como el otro estaba un'poco alterado le dijo ‘no te menees porque te voy a disparar’. Vuelto a preguntar: “¿Entonces qué hizo, se quedó allí? Contestó: “No señor, él corrió para atrás.”

El último testigo, Suárez, policía insular, manifestó que nada sabía sobre el caso.

Rivera, primer testigo de la defensa declaró que era pro-fesor lo mismo que el acusado en Patillas; que el 24 de junio 1926, salió con el acusado para la casa de la profesora Ramira Torres, a llevarle ciertos informes, y cuando estaban en el balcón llegó Cabán en estado algo violento y le dijo a Carta-gena: “¿usted me va a pagar o no me va a pagar? Carta-gena le contestó que eso estaba en manos de la Corte y en-tonces el señor Cabán, comprendiendo la debilidad de Mr.. Cartagena le atacó; entonces Mr. Cartagena dió dos pasos atrás y corrió.” Niega que Cartagena sacara arma alguna. Dijo que Cartagena tenía las manos ocupadas con las libretas que iba a entregar a la profesora Ramira Torres.

Rosa Piña dijo: “Yo vi al señor Luis Cartagena con Manuel Rivera, con unas libretas allí frente a la casa de Rosa Torres, y salió este señor Cabán y le dijo que si le iba a pagar o qué hacía, y entonces Luis Cartagena-le dijo ‘tenga calma, en la Corte ’ y entonces vi que ese señor se le fué para encima a Luis Cartagena, y vi que Luis Cartagena echó a correr con unas libretas en la mano.” Sometida a un largo interrogate-rio, no sólo sostuvo su dicho sino que lo extendió haciendo re-ferencia a palabras insultantes de Gabán para con el acusado.

Luciano Stella expresó haber visto al testigo de cargo Co-fres! en otro sitio del pueblo el mismo día del suceso y alre-dedor de la misma hora y haberle oído preguntar a un señor Rivera “¿qué le pasa al compai Cabán?”

Manuel M. Haddock, Jefe de Distrito de la Policía Insular, informó que la conducta del acusado era buena y que sólo con motivo de esta causa había tenido que intervenir con él.

Ocupó la silla de los testigos finalmente el acusado y ma-nifestó que al atardecer del 24 de junio salió con el profesor Rivera para llevarle unos informes a la profesora Ramira Torres y cuando ‘ ‘ estaba yo dándole los informes oí al señor Gabán que me llamaba desde la calle con una voz altisonante que expresaba coraje: ‘oiga señor Cartagena’, entonces me dirigí donde él y me dice ‘me vas a pagar o no me vas a pa-gar’ y yo le dije: ‘Bueno tenga calma’ y me dice ‘no, yo lo que quiero es saber si usted me va a pagar o no’ y yo, como la profesión que tengo de maestro principal no me permitía rebajarme a tener ningún disgusto personal delante del público por una tontería, por una pequeña deuda que le debía y que se la reconocí. Le había pagado $300.00 de $370.00 y le dije: ‘hágame una prórroga hasta el año que viene o admítame pagos parciales’, y no pudo ser, y me demandó. Entonces el señor Cabán se abalanzó para donde mí, haciendo ademán para donde mí, y como yo había tenido noticias que este señor tenía una conducta poco honorable, que había estado en presidio, yo al pronto creí que iba a causarme daño personal, no quise disgusto con él y yo eché dos pasos hacia atrás, y entonces siguió él diciéndome ‘so picaro tú me vas a pagar de un modo u otro’, y yo eché a correr y llegué a casa. ’ ’

Niega que sacara pistola, ni que jamás la usara.

■ Esa fué en resumen, toda la prueba practicada. La he-mos leído cuidadosamente y meditado sobre ella y a nuestro juicio no obstante el gran peso que debe darse a la aprecia-ción del juez sobre la credibilidad de los testigos especial-mente en un caso como éste de evidencia contradictoria, de-bemos concluir que el error alegado existe.

El arma que se alega que portaba el acusado no fué ocu-pada. Hemos resuelto que no es necesaria la presentación del arma portada como prueba, ni aún su ocupación, pero cuando ni se ocupa ni se presenta, la prueba de su existencia debe ser clara y convincente.

El perjudicado y Cofresí aseguran que el acusado sacó una pistola. , Sólo la vieron en manos del acusado. No tuvie-ron ocasión de inspeccionarla y cerciorarse de que era real mente una pistola. No dijeron que el arma fuera disparada. Ninguna otra prueba afirmativa encuéntrase en los autos. Su existencia, por el contrario, fué negada por el profesor Rivera, Rosa Pifia y el propio acusado.

La declaración del perjudicado es inverosímil. No se ex-plica que si era el acusado el que tenía el revólver, Luyera. Él era fuerte. Además de su brazo, tenía el arma. No po-demos concebir un caso semejante. Igual consideración cabe con respecto a la declaración de Cofresí. Además, estudián-dola, se siente la impresión de que dice demasiado. Mani-festó que Labia oído las voces de “no lo mates, no lo mates” no sabe por quién pronunciadas y que al llegar al sitio vió que Cartagena tenía el arma en la mano. Y luego dice, refi-riéndose al arma, “él la sacó.”

La prueba de la defensa por el contrario es lógica y com-pleta. Se explica la Luida a todo correr del acusado ánte la actitud violenta de Cabán, cuyos antecedentes penales cono-cía. Temió ser agredido y no era Lombre pendenciero. Más bien falto de valor y de energía.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.

Los Jueces Asociados señores Wolf y Aldrey disintieron.


author: El Juez Asociado Señor FraNCo Soto,

text:
    Lorenza Peña viuda de Balbás, Josefa Peña Ramos, Alejandro Peña Ramos, y Vicente Balbás Peña, por sí y como componente de la sociedad civil “Peña y Balbás”, demandantes y apelantes, v. Pedro Vergne de la Concha, demandado y apelado.
    No. 4240.

    Visto: Junio 2, 1927.

      Resuelto: Julio 26, 1927.
    1. Injunction — Injunctions Preliminares o Interlocutorios — Fundamentos y Procedimientos para Obtenerlos — Injunction de Carácter Mandatorio. —Interpuesta demanda para rescindir un contrato y requerir la entrega de libros, dinero y documentos, un injunction pendente lite para prohibir al demandado que continúe actuando bajo el contrato y para compelerle a en-tregar dichos libros, dinero y documentos, tiene el carácter de mandatorio.
    2. Injunction — Injunctions Preliminares o Interlocutorios — Fundamentos y Procedimientos para Obtenerlos — Injunction de Carácter Mandatorio. —Aún cuando puedan surgir casos en que un injunction mandatorio pueda decretarse preliminarmente, bajo las circunstancias concurrentes se resolvió no procedía el remedio solicitado.
    3. Injunction — Acciones de Injunction — De la Demanda o Petición — fun-damentos del Remedio en General — Daños Irreparables. — En las peticio-nes do injunction deben alegarse hechos suficientes que establezcan un daño irreparable.
    4. Injunction — Naturaleza y Fundamentos en General — Naturaleza y For-ma del Remedio — Bn General. — Un injunction no es el remedio apropiado para obligar al pago de dinero.
    RESOLUCIÓN de Pablo Berga, J. (San Juan), declarando sin lugar solicitud de injunction preliminar, sin costas.

      Confirmada.

      A. Marín Marión, abogado de los apelantes; C. Coll Cuchí, F. Gon-zález Fagundo y G. Cruzado Silva, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor FraNCo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La Sociedad Civil “Peña y Balbás” entabló demanda contra Pedro Vergne de la Concha en la que substancial-mente alega: que la demandante es dueña de ciertos bienes inmuebles, radicados en Santurce, los que producen aproxi-madamente rentas mensuales por valor de $2,000; que con-fiaron al demandado la administración de tales bienes por término de un año, contado desde el 1 de agosto de 1926, conviniendo en satisfacerle el 10 por ciento de la cantidad que cobrara mensualmente por arrendamientos, comisión que se le autorizó a deducir de dichas rentas, debiendo remitir a los componentes de la sociedad su parte en tales rentas, rindiendo cuentas dentro de los cinco primeros días siguien-tes a aquél en que cobrase; que en el mismo documento que se convino la prestación de servicios, se le confirió poder al demandado pava representar a la demandante ante los Tribunales de Justicia en el cobro de dichas rentas y en accio-nes de desahucio; que el demandado empezó sus funciones como tal administrador desde agosto 1, 1926, y desde en-tonces recauda las rentas, pero sin haber remitido a los miem-bros de la sociedad sus participaciones y sin rendir las cuen-tas a que se obligó por los términos del contrato; que en vista de lo expuesto, la demandante notificó al demandado que daba por rescindida dicha administración y terminado el poder a partir de marzo 21, 1927, requiriéndole para que cesara en tales funciones y entregara los libros, libretas, dinero efectivo, recibos pendientes de cobro, lista de inquilinos de solares y casas y los demás documentos pertenecientes a la administración; y que el demandado se ha negado a cesar en sus funciones y a hacer la entrega de las cosas para que fué requerido, causando con ello perjuicios y daños, imposi-bles de precisar y remediar.

Luego de presentada la demanda, la demandante radicó una moción separadamente en la que refiriéndose a su de-manda y fundándose en las secciones 1, 2 y 3 (apartados 1 y 2) 5 y 7 de la “Ley para definir los injunctions” apro-bada en marzo 8, 1906, solicitaba la expedición de un injunction preliminar por el que se ordenara al demandado que se abstenga de continuar como administrador y apoderado de la demandante y se ordenase además que dicho demandado entregue los libros, libretas, dinero, si lo tuviere, con sus in-tereses legales desde el 21 de marzo, 1926, y demás docu-mentos relacionados con dicha administración.

La corte inferior después de oir a las partes rehusó ex-pedir el injunction solicitado.

Se tiene establecido como regla general que una corte de apelación no debe intervenir en el ejercicio de la discreción de mía corte inferior en la expedición de nn anto de injunction pendente lite, a menos qne el derecho del peticionario sea claro o qne aparezca nn claro abnso de discreción.

La moción solicitando el injunction descansa solamente en la demanda. Ésta fné interpuesta para rescindir nn contrato sobre arrendamiento de servicios y para requerir del demandado la entrega de libros, dinero y demás documentos relacionados en la demanda. El injunction pedido tiende no sólo a prohibir al demandado para qne continúe actuando como administrador y apoderado de la demandante, sino qne también tiene por objeto compeler a dicho demandado la entrega de libros, dinero y documentos mencionados. Bajo este ultimo aspecto el injunction tendría nn carácter mandatorio. La apelante niega, sin embargo, esta naturaleza del injunction.

En el caso de Clute v. Superior Court, 155 Cal. 19, la cor-poración demandante solicitó un injunction contra Clute para que se abstuviera de continuar de administrador de un hotel perteneciente a la corporación y con el fin de que entregara ciertos libros, récords, etc., a la demandante. Se consideró por la Corte que se trataba de un injunction mandatorio.

El apelante aunque reconoce la absoluta analogía que existe entre el caso de Clute y el presente, insiste, sin embargo, en que el injunction en este caso no es mandatorio. Quizá pueda explicarse la actitud inconsistente de la apelante en que en el caso de Clute, supra, la cuestión versaba sola-mente sobre los efectos de la apelación de un injunction in-terlocutorio (restraining order), que fue violado por el de-mandado y a quien se castigó por desacato y en la conclu-sión a que llegó la corte sobre el carácter del injunction. Se presentó un certiorari y la corte encontró que el remedio más propiamente aplicable era un auto de supersedeas. La corte entonces dijo: “La presente solicitud depende de la cues-tión de si el injunction es mandatorio o puramente prohibi-tivo. Con el fin de determinar si este injunction es mandatorio o prohibitivo, debemos considerar los resultados que tendría en el demandado el cumplimiento del auto, según fue resuelto por la corte inferior. Si el injunction obliga al demandado a hacer entrega de un cargo que posee y que se-gún los hechos por él alegados tiene derecho a poseer, tal injunction es mandatorio.”

El caso de Hutton v. School City of Hammond, 194 Inch 212, es otro ejemplo de un injunction mandatorio por el que se requería al demandado, arquitecto, la entrega de planos y especificaciones de cierta obra. El apelante cita este caso-para diferenciarlo del presente, porque tales planos y espe-cificaciones pertenecían al demandado. El apelante pasa por alto, sin embargo, que en dicho caso se establece la regla general de que un injunction mandatorio no debe expedirse-hasta que el caso no se oiga enteramente en sus méritos y se dicte el decreto final. La doctrina está acorde con la teo-ría general de que un injunction mandatorio pendente lite sólo-debe decretarse en casos excepcionales y que raramente se-conceden antes de la vista final o antes de que las partes La-yan tenido una oportunidad para presentar todos los hechosen forma tal que pongan a la corte en condiciones de juzgar cuál pueda ser la verdad de los mismos. 14 R. C. L. 317. Existe pues la posibilidad de que surjan casos en que el injunction mandatorio pueda decretarse preliminarmente, pero-bajo las circunstancias de este caso, el que se funda solamente en la demanda y cuyas alegaciones son insuficientes, no pro-cede el remedio solicitado. La corte inferior a este respecto en su resolución dice así:

“No se alegan hechos suficientes que establezcan un perjuicio-irreparable, ni hay alegación de que el demandado sea un insolvente o no pueda responder por daños y perjuicios; apareciendo, por el contrario según la escritura (le arrendamiento de servicios y poder que acompaña a la demanda y que se hace parte de ella, que el demandado tiene prestada una fianza por una compañía aseguradora,, por la suma de $2,500, para responder del cumplimiento de sus de-beres y que cubre la responsabilidad desde que tomó posesión del cargo hasta la aprobación de las cuentas finales.”

La apelante insiste en que la alegación de daños irreparables se infiere de las alegaciones de la demanda y no es necesario bacer una alegación expresa de los mismos. Se funda en que los libros y demás documentos que se reclaman no tienen valor monetario y sí lo tienen intrínsecamente. Sin embargo, parecía lo natural que se hubiera hecho una alegación en esa forma. Una mera alegación de daños irreparables” en una petición para solicitar un injunction no es suficiente. Se necesita alegar los hechos como requiere la jurisprudencia. Además, tanto en la demanda como en la moción pidiendo el injunction, la súplica se extiende no sólo a la devolución de libros y otros documentos, sino a dinero o fondos en poder del demandado, y es cuestión unánimemente, resuelta que el injunction no es el remedio apropiado parai obligar al pago de dinero. ¡

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la resolución ape-lada.


author: El Juez Asociado SeñoR Frañco Soto,

text:
    Angel Palacios, demandante y apelante v, Luis Arzuaga, demandado y apelado.
    No. 4168.

    Visto: Junio 17, 1927.

      Resuelto: Julio 26, 1927.
    1. Contratos — Cumplimiento o Quebrantamiento — Cumplimiento de Obliga-ciones Baj-o el Mismo — Incumplimiento- bor. Una Parte y Efecto. — Para recobrar daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato, si el deman-dante no demuestra haber cumplido su parte en el mismo, la demanda no puede sostenerse en cuanto a ese extremo.
    2. Daííos y Perjuicios (Damages) — DaSos Liquidados (Liquidated Damages) Y Penalidades — Efecto de Convenios Respecto a los Mismos — En General. —Cuando una parte en un contrato entrega a la otra una cantidad autori-zándole a incautarse de ella caso de cualquier incumplimiento de ella a los términos del mismo y dicha parte falta a las obligaciones que se impuso por el contrato, la otra no está obligada a devolverle dieha cantidad.
    3. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Conclu-siones — Apreciación de las Pruebas — En General. — En ausencia de de-mostración de que hubo error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación que de la prueba hizo el juez sentenciador, su actuación debe sostenerse en apelación.
    Seusttenoia de Pablo Berga, J. (San Juan), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Enrique Campillo, abogado del apelante; José Martínez Dávila y A. Bar celó Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Frañco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito para la devolución de una fianza prestada en dinero por valor de $500 y además con objeto de recobrar daños y perjuicios en cantidad de $792, fundándose para ello el demandante en que el demandado quebrantó cierto contrato que le obligaba a la entrega de toda la producción de leche de su' vaquería durante el término de un año.

La opinión de la corte inferior en la que discute y ana-liza la prueba presentada por una y otra parte y se consignan los fundamentos que tuvo para declarar sin lugar la demanda, dice como sigue :

“La demanda en este caso se establece por Angel Palacios contra Luis Arzuaga y en ella se alegan dos causas de acción: la primera para que se condene al demandado a devolver al demandante la suma de $500, importe de una fianza, y la segunda para que se le condene •además a pagar la suma de $792 en concepto de daños y perjuicios.
“Allá el 20 de agosto de 1924, demandante y demandado cele-braron un contrato de compra-venta de leche en virtud del cual el demandante se comprometió a tomar toda la producción de leche de la vaquería del demandado, cuyo contrato contiene las siguientes cláusulas:
“ ‘1. — Don Angel Palacios se compromete a tomar toda la pro-ducción de leche de la vaquería del Sr. Luis Arzuaga, la que será entregada en la carretera de Río Piedras a San Juan, sitio de salida de la calle que comunica con la finca donde está instalada la lechería.
“ ‘2. — La duración de este contrato será de un año a contarse desde el día primero de septiembre del año corriente, venciendo por tanto en igual día y mes del próximo mil novecientos veinte y cinco.
“ ‘3. — Los precios que el Sr. Palacios pagará al Sr. Arzuaga por cada cuartillo de leche, serán como sigue: Los meses de septiembre a enero a razón de catorce centavos. Desde enero primero a mayo primero o sean otros cuatro meses, a razón de diez y seis centavos, y los cuatro meses siguientes o sean desde mayo primero a septiembre uno, a razón de doce centavos, de manera que cada cuatro meses será modificado el precio en la forma acordada, esto es los primeros cuatro a catorce centavos, los siguientes a diez y seis y los cuatro últimos a doce centavos.
£4. — El pago de la leche será hecho semanalmente en el do-micilio del Sr. Arzuaga.
‘5. — Para garantizar el cumplimiento de este contrato en todas sus partes el Sr. Palacios hace entrega al Sr. Arzuaga de la suma de quiniento's dollars que se incautará el Sr. Arzuaga caso de cual-quier incumplimiento del Sr. Palacios a los términos de este con-trato y se obliga el Sr. Arzuaga a devolverle al finalizar el mismo, de estar cumplidas todas las obligaciones que el mismo establece.
“ ‘6. — El Sr. Arzuaga no será responsable de pérdidas en la can-tidad de leche una vez entregada ni en que ésta pueda dañarse total o parcialmente.’
“Se alega en la demanda y se admite en la contestación que de acuerdo con lo estipulado en el contrato anteriormente transcrito, el demandado entregó toda la producción de leche de su vaquería hasta allá el 25 de mayo de 1925, en cuya fecha?dejó de remitirla y entre-garla en absoluto, alegando el demandado que se vió precisado a hacer tal cosa porque el demandante dejó de pagar el importe de la leche servida en los términos que se estipuló en el contrato, lo que ocasionó pérdidas y trastornos en sus negocios.-
“Se alega también en la demanda que desde principios del con-trato fué asimismo convenido que el demandante, de acuerdo con las cantidades de leche recibidas diariamente, le pasaría una liqui-dación al' demandado semanalmente, remitiéndole el importe de la misma, habiendo sido todas y cada una de las liquidaciones aceptadas por el demandado. El demandado niega esta alegación y en contra-rio establece que la forma de pago estipulada en el contrato no fué modificada en forma alguna.
• “La prueba ha demostrado que semanalmente, esto es, los días sábados de cada semana, el demandante preparaba una liquidación de las cantidades de leche que recibía diariamente y extendía un cheque por su importe a favor del demandado, quien regularmente lo mandaba a buscar con Bonocio Casellas Santana, su cobrador, al depósito del demandante en la Calle San‘Sebastián No. 20 de San Juan. La prueba también ha demostrado que en tres ocasiones dis-tintas, o sea, en 3 de diciembre de 1924, y 2 y 16 de enero de 1925, el demandante dió al demandado en calidad de préstamo las canti-dades de 400, 500 y 300 dólares, respectivamente, para ser descon-tadas, como se descontó; de liquidaciones posteriores. Y alega el demandante que al concederse tales préstamos fué convenido entre las partes que si el demandante se retrasaba en algunos días en el pago del semanal de leche que recibiera del demandado, no afecta-ría en nada el expresado contrato. El demandado niega ese extremo, alegando en contrario que siempre cobró al demandante el importe de la leche suministrada semanalmente de acuerdo con lo establecido en el contrato. Las declaraciones del demandante y del demandado sobre el particular son contradictorias y la Corte estima, conside-rando las mismas, que si bien en distintos pagos semanales hubo retraso como lo demuestran las fechas en que el demandado aparece cobrando los cheques, 5 ó 6 días con posterioridad a su expedición, no hubo modificación alguna del contrato en cuanto al modo y forma del pago de la leche.
“En 13 de mayo de 1925 el demandado compareció ante el nota-rio Don José Martínez Dávila y expuso que el demandante le había dejado de pagar el importe de la leche correspondiente a la semana que terminó el 8 de mayo de 1925 y solicitó de dicho funcionario requiriera al demandante para que hiciera efectivo su importe, apercibido que de no efectuar el mismo inmediatamente, haría uso del derecho que le concede la cláusula 5a. del mencionado contrato o sea incautarse el demandado de la suma de $500 entregádale por el demandante para caso de incumplimiento a los términos del con-trato ; y requerido el demandante por el Notario Sr. Martínez Dávila en la forma solicitada, dicho demandante contestó que “está ges-tionando los medios de pagar y que de cualquier forma pagaría antes de una semana.” Con posterioridad el demandado recibió del de-mandante el cheque fechado el 8 de mayo de 1925, por $119.04, im-porte de la liquidación de la semana del 2 al 8 de dicho mes, que cobró el demandado el 18 de mayo de 1925. También recibió el demandado con posterioridad otro cheque por $133.32, fechado el 15 de mayo de 1925, de la liquidación de mayo 9 a 15, 1925, que cobró el demandado el 23 de mayo de 1925. Y en mayo 26, 1925, el demandante envió al demandado el cheque por el importe de la leche entregada durante la semana del 16 al 22 de mayo, 1925, cuyo cheque tiene fecha mayo 22, 1925. En mayo 29, 1925, aparece una liquidación por $32.76 correspondiente a los días, 23, 24 y 25 de mayo, de 1926, la última semana en que el demandado suministró leche al demandante, sin que el demandante deba nada al deman-dado por concepto de leche entregádale desde la vigencia del contrato.
“La cláusula 4a. del contrato establece, de modo expreso, 'que el pago será hecho semanalmente en el domicilio del Sr. Arzuaga/ Esto no fué cumplido por el demandante. Claramente cuando el demandante fué requerido en 13 de mayo de 1925 para el pago de la leche entregado durante la semana comprendida del 2 al 8 de mayo de 1925 él no verificó dicho pago apesar de que manifestó en su declaración que el cheque estaba hecho como de costumbre, pero que no había llevado los fondos al Banco. Este cheque, fe-chado el 8 de mayo de 1925, fué entregado con posterioridad al 13 de mayo de 1925 y cobrado por el demandado el 18 de mayo de 1925.
“Para que el demandante pueda recobrar daños y perjuicios por la falta del demandado de suministrarle la leche de acuerdo con el contrato, es necesario que demuestre que por su parte ha cumplido todas y cada una de las cláusulas del contrato, y no apareciendo así, su demanda no puede sostenerse en ese extremo.
“Por otra parte el demandante no probó que hubiera sufrido daños por haberle dejado el demandado de suministrarle la leche desde el 26 de mayo de 1925, porque su declaración sobre ese extremo, en cuanto a lo dejado de ganar y tenido que indemnizar a Jesús Q-uzmán, no fué lo suficientemente satisfactoria para fundar la Corte un fallo condenatorio.
“En la cláusula 5ta. del contrato se establece lo siguiente:
“5o. — Para garantizar el cumplimiento de este contrato en todas sus partes el Sr. Palacios hace entrega al Sr. Arzuaga de la suma de quinientos dollars de que se incautará el Sr. Arzuaga caso de cualquier incumplimiento del Sr. Palacios a los términos de ese con-trato y se obliga al Sr. Arzuaga a devolverle al finalizar el mismo, de estar cumplidas todas las obligaciones que el mismo establece.”
“La prueba ha demostrado que el demandante entregó al de-mandado un cheque por $500, de fecha 14 de agosto de 1924, que el demandado cobró y cuya suma retiene en depósito como fianza de acuerdo con el contrato. En carta de Junio 3, 1925 el demandante requirió al demandado para que le devolviese dicha suma, sin per-juicio de la indemnización a que tuviere derecho, contestando el demandado en carta del día siguiente que dicha cantidad la retenía en su poder para resarcirse en parte de los perjuicios que el de-mandante le había ocasionado por incumplimiento del contrato.
“Sostiene el demandado que al establecerse en el contrato que de la suma entregada se incautará el demandado caso de cualquier incumplimiento del demandante a los términos del contrato, ello constituye una penalidad, es una cláusula penal, y que no está obli-gado a devolver dicha suma, demostrado que el. demandante nó cumplió el contrato haciendo los pagos de la leche.en la forma y modo convenidos, o sea semanalmente en el domicilio del demandado.
“Tiene razón el demandado, pues aunque el demandante satisfizo todas las cantidades debidas por razón de la lecbe entregádale por el demandado, dichos pagos no los hizo en la forma y modo con-venidos en el contrato. Faltó a una de las obligaciones que se había impuesto.
“En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituye a la indemnización de daños en caso de falta de cumplimiento, cuando otra cosa no se ha pactado. Art. 1120 Código Civil. Por cualquier incumplimiento del contrato, el demandado quedó autorizado para incautarse o hacer suya la suma entregádale por el demandante, y siendo ese el convenio entre las partes, claramente establecido, en ausencia de fraude, engaño o ilegalidad, la Corte no puede librar al demandante de la situación en que él mismo se colocó al celebrar dicho contrato, ni puede ordenar la devolución de la suma entre-gada. El contrato debe regir, y si era o no conveniente a las partes contratantes obligarse de ese modo no tiene importancia alguna, si aparece que la intención es clara.” Pueyo vs. Real Hermanos, 18 D.P.R. 862.

Parece suficiente añadir que la prueba del demandado ten-dió a demostrar que el liecbo de haberse el demandante retra-sado en el pago puntual de las entregas de lecbe semanales era más bien un pretexto para que el demandado tuviera mo-tivos para suspender las entregas y rescindir el contrato. Y fué esa la intención del demandante porque él había cele-brado otro contrato con Eubert Iturregui & Go. sobre compra-venta de leche y a un precio más bajo que el que pagaba al demandado. Bajo tales circunstancias no hay razón que jus-tifique la modificación de la cuantía de los $500 que el deman-dante entregó al demandado, autorizándole a incautarse de dicha suma caso de cualquier incumplimiento del demandante a los términos del contrato.

Por lo demás no se ha demostrado que hubo error manifiesto, pasión, prejuicio' o parcialidad en la apreciación que de la prueba hizo el juez sentenciador, y la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Fernando Castro Valle, acusado y apelante.
    No. 3155.

    Visto: Mayo 12, 1927.

      Resuelto: Julio 26, 1927.
    Alteración de la Paz — Evidencia—Peso de la Prueba — Justificación o Ex-cusa. — De acuerdo con el artículo 368 del Código Penal, cuando una persona toma parte en una riña tirando piedras, prima faoie es culpable de alterar la paz, y a él corresponde demostrar entonces 'que estaba justificado a pro-ceder de ese modo.
    Sentencta de E. 8. Mesire, J. (Agtiadilla), condenando al acusado por delito de Alterar la Paz.

      Confirmada.

      Rafael Padró Pares, Abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, para atacar una sentencia contra él por al-terar la paz, alega que la evidencia transcrita solamente-tiende a demostrar una riña mutua y que no se presentó prueba alguna para demostrar que él fue el promovente de la contienda que dió lugar a la alteración de la paz. El fiscal tiene algunas dudas, ya que los testigos de El Pueblo no vieron el principio de la pelea. Sin embargo, un policía de-claró que ambos contendientes no solamente peleaban sino-que mutuamente se tiraban piedras. Otro testigo declaró-tendente a demostrar que el acusado tiraba piedras al otro supuesto contendiente.

El artículo 368 del Código Penal dispone:

“Toda persona que maliciosa y voluntariamente perturbare la .paz o tranquilidad de algún vecindario o individuo, con fuertes e-inusitados gritos, conducta tumultuosa y ofensiva, o amenazas, vitu-perios, riñas, desafíos o provocaciones, o que en las calles de alguna-ciudad o pueblo, o en las vías públicas dispare algún arma de fuego, o hiciere uso de lenguaje grosero, profano o indecoroso en presencia o al alcance del oído de mujeres o niños, en forma estrepitosa o in-conveniente incurrirá en misdemeanor ...”

Es evidente que de acuerdo con este artículo cualquier persona que tome parte en una riña es culpable de altera-ción de la paz. De acuerdo con las autoridades, cualquier persona que maliciosa y voluntariamente toma parte en una pelea o en un acometimiento es culpable del delito de alterar la paz. 8 R.C.L. 285, Com. v. Tobin, 108 Mass. 426, 11 A. R. 375; 2 E.C.L. 448, 449; 4 California Jurisprudence 474, Larue v. Davis, 97 Pac. 904. Las personas que toman parte en una riña, tirándose piedras, haciéndose disparos de armas de fuego o en alguna otra forma, prima facie son cul-pables de alterar la paz, siempre que su conducta perturbe a alguien.

De acuerdo con el artículo 247 del Código de Enjuicia-miento Criminal, en los juicios por asesinato, una vez pro-bado que la muerte ha sido consumada por él acusado, será de la incumbencia de éste el probar que han mediado las cir-cunstancias atenuantes que excusen o justifiquen el hecho, etc. Este artículo ofrece analogía con el presente caso, y un acusado que toma parte en una riña tiene que justificar su actitud.

Sin embargo, el apelante sostiene, que ninguno de los tes-tigos vio el principio de la riña, y que el peso de la prueba demuestra que el otro contendiente fué el agresor. Sostiene que actuó tan sólo en defensa propia, pero no admite que tiraba piedras, ni trata de demostrar con prueba directa que las tiraba en defensa propia. El apelante confía en el caso de El Pueblo v. Franquis, 24 D.P.R. 615. Esa decisión de-muestra que en dicho caso nadie vió el principio de la riña y varios testigos declararon a favor del acusado.

Si bien probablemente en el caso de Franquis creimos que la corte inferior procedió bajo la teoría de que en una riña mutua ambos contendientes eran culpables, sin embargo, el verdadero ratio decidendi de la decisión fué, bajo los he-chos de dicho caso, que la corte debió haber creído las de-claraciones del acusado y sus testigos.

Para revocar esta sentencia sería necesario decir que la corte debió haber creído la declaración del acusado solo. Aún si éste último hubiese sido sostenido por otros testigos la corte.no estaba obligada a creerlos o a seguir la teoría de la defensa. Cuando se encuentra a un hombre tirando pie-dras a otro, debe éste demostrar que estaba justificado a proceder de este modo.

La denuncia imputaba una alteración de la paz. Cuando un hombre toma parte en una riña, generalmente es innece-sario demostrar que se alteró la paz de determinada persona. 8 R.C.L. 284.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.