text:
    Santiago Iglesias Silva, demandante y apelante, v. Banco de Ponce, demandado y apelado.
    Núm. 7882.

    Sometido: Diciembre 15, 1939.

      Resuelto: Junio 12, 1940.

      Cayetano Coll Cuchí, abogado del apelante;

      Vicente Zayas Pizarra, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Una de las cuestiones envueltas en este recurso es la naturaleza de la acción. El alegato del apelante está sus-crito por un letrado que compareció en el caso por primera vez durante el juicio. La demanda había sido suscrita por otros dos abogados, uno -de los cuales también compareció durante el juicio. Con anterioridad a éste la corte de dis-trito declaró sin lugar una excepción previa a la demanda fundada en falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción. Luego el demandado adujo como defensa especial en su contestación que la causa había prescrito de conformidad con el artículo 1868 del Código Civil (ed. 1930). Éste fué uno de los motivos en que la corte de distrito, luego de celebrarse un juicio sobre los méritos del caso, basó su sentencia declarando sin lugar la demanda.

El demandante alegó substancialmente:

Que allá para el mes de enero de 1931 Santiago Iglesias Silva solicitó y obtuvo, mediante la prestación de suficiente garantía acep-tada por el banco demandado, un préstamo por la suma de $100,000. Al concederle el banco dicho préstamo, le puso como una de sus condiciones el invertir la suma de $20,000 en aquellas obligaciones que el banco demandado le designaría, a saber: dos pagarés por $10,000 cada uno, vencederos el 30 de junio de 1931, suscrito uno por Baltasar y Heraclio Mendoza y el otro por Baltasar Mendoza, a la orden de dicho banco demandado. Que al aconsejar el banco al demandante dicha inversión, le informó que dichos pagarés cons-tituían una inversión buena y segura por tener conocimiento el banco de la situación económica de Baltasar Mendoza. Que a pesar de dichas representaciones, las cuales eran falsas y fraudulentas, el banco sabía que los referidos pagarés no tenían valor de ninguna clase porque el aludido Baltasar Mendoza era una persona insolvente, teniendo todas las propiedades garantizando otras obligaciones con el demandado Banco de Ponce. Que cuando el banco aconsejó al demandante que hiciera las referidas inversiones y adquiriera la propiedad de dichos pagarés, los cuales fueron satisfechos en dinero efectivo por el demandante, dichos pagarés eran incobrables y no representaban valor alguno. Que el demandante adquirió la pro-piedad de los referidos pagarés por creer en las representaciones del demandado, que le afirmó que dichos documentos eran perfecta-mente buenos y solventes; y al aconsejar el banco demandado al demandante en esta forma la adquisición de dichos pagarés lo hizo con el fin de defraudar al demandante en la suma de $20,000, que dichos pagarés representaban, para beneficio del banco demandado, el cual tenía en su cartera esos documentos clasificados como inco-brables. Que esta acción del banco demandado ha causado al deman-dante daños y perjuicios por la suma de $20,000 que pagó por dichos pagarés y el interés correspondiente a dicha suma desde el 20 de febrero de 1931, en que los mencionados pagarés fueron adquiridos, hasta la fecha de la radicación de la demanda.

La demanda estaba intitulada “sobre: cobro de dinero y daños y perjuicios”. Se suplicaba se dictara sentencia “condenando al banco demandado a que pague al deman-dante la suma de $20,000, más sus correspondientes, intereses a partir del 20 de febrero de 1931 basta que se dicte sen-tencia en este caso, y a pagar además las costas y gastos de este procedimiento”.

El apelante sostiene que la corte de distrito erró:

Al declarar con lugar la excepción de prescripción fundándose eñ que de la faz de la demanda aparece que la acción ejercitada es la de daños y perjuicios provenientes del delito de falsa representa-ción e impostura definido en el artículo 470 del Código Penal (ed. 1937).
Al declarar que no se ha probado que el banco demandado, actuando por su gerente Pedro Juan Rosaly, indujera al deman-dante Santiago Iglesias Silva a aceptar los dos pagarés de $10,000 cada uno, cuyo importe representaba el solvento de intereses hecho por el demandante Santiago Iglesias Silva, de una obligación de una tercera persona, con la cual no tenía nexos contractuales de ninguna clase, obligación que el banco le impuso como condición de un prés-tamo; y que esta aceptación por parte del demandante apelante Santiago Iglesias Silva de la condición impuesta se debió a las falsas y fraudulentas representaciones del demandado y apelado, que le hizo a sabiendas de que dichos pagarés no tenían valor de ninguna, clase.
Al declarar que la condición impuesta a Santiago Iglesias Silva para concederle un préstamo de $120,000, de que garantizaría, como en efecto garantizó, la suma de $20,000 que representaba a su vez los intereses de un crédito que el Banco de Ponce tenía en aquella fecha contra Baltasar Mendoza, fué una condición legítima del prés-tamo, además del pago de los intereses legales convenidos, sin que el banco demandado estuviera obligado a devolver al demandante Santiago Iglesias Silva dicha suma de $20,000.

La única autoridad citada por el apelante en apoyo de su segundo señalamiento es 26 C. J. 1159, sección 72. Admite que para fines de su recurso este señalamiento tiene poca o ninguna importancia. No babía duda alguna acerca de la condición impuesta por el banco, mas no bubo falsa representación ni impostura, y la corte de distrito no cometió error al así resolver.

El argumento en apoyo del' primer señalamiento es en síntesis el siguiente:

El concepto que determina el artículo 1802 del Código Civil (ed. 1930) requiere como característica esencial que la “culpa o negli-gencia” no provenga de un acto contractual. 12 Manresa 542, cuarta edición. No se trata de una acción de daños y perjuicios surgida de un cuasi contrato por culpa o negligencia y no son aplicables en modo alguno los términos prescriptivos que la corte aplica. En nuestro sistema de enjuiciar hay gran liberalidad y han desaparecido todos los antiguos tecnicismos. Las alegaciones y la prueba fijan claramente la acción en este caso como una para recobrar el “precio” de un contrato cuya causa es ilegal y viciada de absoluta nulidad. Así debe considerársele dentro de los artículos 122 y 136 del Código de Enjuiciamiento Civil. Sosa v. Sosa, 35 D.P.R.. 1026; Irizarry v. Bartolomey, 32 D.P.R. 924; Cruz v. Sucn. Kuinlan, 29 D.P.R. 877; Oliver v. Oliver, 23 D.P.R. 181; Alvarez v. Riera, 20 D.P.R. 324; y Otero v. Mirabal, 37 D.P.R. 730. La demanda en este caso no está redactada con toda la precisión y claridad posibles; pero no es menos cierto que sostenida por la corte sentenciadora, después de la presen-tación de varias excepciones previas, como buena para determinar una causa de acción, y teniendo en cuenta que la corte inferior autorizó al demandado en innúmeras ocasiones a enmendar su contes-tación para conformar las alegaciones a la prueba, debe ser apreciada cuidadosamente por este tribunal al aplicar liberalmente los artículos 122 y 136 del Código de_ Enjuiciamiento Civil vigente. Véanse: Juncos Central Co. v. Rodríguez, 16 D.P.R. 302; Binet v. García, 18 D.P.R. 338; Neumann v. Trujillo, et al., 24 D.P.R. 304; Peñagarícano v. Peñagarícano, 19 D.P.R. 494; Gandía v. Trías, 29 D.P.R. 676.

La médula del argumento en apoyo del tercer señala-miento es como sigue:

Es inmaterial a los fines de la causa de acción que se ejercita, el hecho de que Iglesias Silva hubiera o no hubiera investigado la situación financiera del Sr. Mendoza, así como que lo hubiera hecho a moción propia o a petición del banco. Si el banco le impuso como condición del préstamo el pago de esos $20,000 no debidos por él, ni en forma alguna afectos a la transacción, el contrato era nulo por la ilegalidad de la causa, cualesquiera que hubieran sido las gestiones por él realizadas. Véanse: Baylis v. Lucas, 98 Eng. Reprint 995; United States Bank v. Owens, 27 U. S. 338 (2 Peters 527); 47 Am. St. Rep. 178 (sic), Annotation: “Usury. What Transactions are Usurious”; New Orleans Canal & Banking Co. v. Hagan, 1 La. Ann. 62; Bishop v. Exchange Bank (Ga.) 41 S. E. 43; Janes v. Felton, 129 S. E. 482.

Al terminar el juicio el demandante solicitó de la corte le concediera nn término de tres o cuatro días para pre-sentar una demanda enmendada de acnerdo con los resulta-dos de la prueba. El letrado del demandado sugirió que el abogado del demandante debía anunciar en qué forma iba a enmendar, para ver si hay alguna evidencia que justifique esa enmienda. El letrado del demandante replicó que en su opinión la prueba de la defensa no era irreconciliable. Prueba de ello es que el testigo principal suyo lo era el mismo Sr. Eosaly. Lo cuestión era de derecho. Si el banco pudo haber hecho el negocio con Iglesias Silva, el demandante no tiene causa de acción. Si el banco no pudo legalmente haber hecho el negocio que hizo con Iglesias Silva, entonces el contrato es ultra vires y el Sr. Iglesias tiene una buena causa de acción. En esas condiciones, la alegación principal del demandante es que la demanda ha sido redactada de acuerdo con la prueba que estuvo a su alcance, no sólo al tiempo de redactarla, sino al tiempo de entrar a juicio oral. Durante el curso del juicio se presentó prueba que determina que el Sr. Berrios, el agente que fué empleado por el demandante para obtener el cobro de los dos documentos en condiciones determinadas, entabló demanda en cuanto a uno de los dos pagarés, sin el “consentimiento, conocimiento y beneficiodel demandante, y dentro de ese pleito hizo determinada tran-sacción que, aunque no benefició al demandante, no pudo perjudicar al banco, puesto que el demandante es respon-sable de los actos de su agente. Dentro de esas condiciones de la prueba, el demandante desea enmendar su demanda conformándola a la prueba, de manera que su alegación resulte estrictamente la relación de hechos que ha sido pro-bada, esto es, que en tal fecha el demandante solicitó el préstamo; que fué concedido en estas condiciones, y que sucedió esto y esto — todo de acuerdo con la prueba produ-cida por demandante y demandado. Entonces la súplica de la demanda se limitará al pago de $14,000 con los intereses a partir de la fecha correspondiente en cada uno de los dos documentos. Eso es lo que sería la demanda enmendada. El demandante tiene derecho a presentar su demanda enmen-dada y a que la misma conste en récord, porque si la corte le negara esa enmienda y la negativa se señalara como error, ello podría ser motivo de revocación.

El letrado del demandado contestó que el hecho de que el demandado hubiera probado que uno de los pagarés se transó, destruye toda la mala fe que se quiere imputar al banco, coloca al demandante en el plano de mala fe y demues-tra, sabiendo ellos que los habían endosado y sabiendo que se había cobrado uno, que no vienen con manos limpias, conforme ocurría con el demandado. El demandante ha declarado que tres días antes del juicio él sabía, que ya ellos sabían de este pleito, sabían que se había transigido. Lo supo primero su abogado aunque no lo enteró sino tres días antes del juicio, pero persistieron en hacer una reclamación de $20,000, no habiendo enmendado nada entonces, y el demandado sin embargo enmendó su contestación y pagó un “expreso” para buscar esos documentos para demostrar la buena fe del demandado y la mala fe de la parte contraria, para probar, fuera de duda razonable, que esos pagarés fue-ron endosados a favor de Berrios, quien presentó dos pleitos, uno que todavía está pendiente en la corte y no aparece desistido, y otro que se entabló en San Juan y se transigió en Guayama por $6,000; y eso el demandante no ha podido desvirtuarlo. Eso le ha venido como una tormenta porque reclamando $20,000 por haberle vendido el banco dos pagarés de ciertas condiciones, según ellos, ahora se prueba — no por su agente, porque el Sr. Berrios que estaba presente y que no fue traído como testigo, no era su agente — que esos paga-rés fueron endosados por valor recibido, y la escritura pre-sentada en evidencia, complementada con la declaración del Sr. Fernández García, demuestra que la hipoteca fue hecha a favor de Berrios. ¿Por qué si se endosan esos pagarés a nombre de Berrios por pura amistad, .al transarse, no se hizo la hipoteca a favor del Sr. Iglesias? No traen la decla-ración de Berrios porque es comprometedora. No quieren aparecer reclamando $20,000 y alegar fraude, cuando se prueba que ellos cobraron $6,000 en una transacción. Ellos no tratan de conformar las alegaciones a la prueba suya. Tienen un caso malo. No hay razón para una nueva demanda. Si el demandante tiene razón, la corte se la dará en cuanto a $14,000 ó $10,000, o lo que sea, pero el Banco de Ponce ha probado su buena fe con una prueba que no es deleznable. La prueba del demandante tiende a demos-trar mala fe por parte del banco; que se le entregaron los pagarés contra un dudor insolvente, sabiendo que eran inco-brables; que el banco le sacó del bolsillo a Iglesias Silva $20,000. La contención y la prueba del demandado demues-tran que no es así y también que el Sr. Iglesias Silva había endosado esos pagarés a Berrios por valor recibido y que uno de ellos fué transado por $6,000. Las teorías de una y otra parte son contradictorias; la prueba es diferente. T por eso el demandado se opone a que se dé término o se autorice enmienda alguna a la demanda.

El letrado del demandante insistió en que la corte no tiene derecho a impedirles, ni la parte contraria a oponerse, a que el demandante presente una demanda para acomodar las alegaciones a la prueba. Después de presentarse la demanda, la corte motu prop rio, o por oposición de la parte contraria, puede no admitir la enmienda, pero el derecho a presentarla no es posible negarlo. Las alegaciones que se enmienden al terminarse el juicio para acomodarlas a la prueba se enmien-dan por haber entrado un elemento de prueba en el proce-dimiento que era ajeno al conocimiento del demandante en el momento de redactar su demanda y que de alguna manera altera, modifica, disminuye o reduce el derecho solicitado. Ésa es la posición jurídica del demandante. El demandante no alega que el Banco de Ponce tenga mala fe; lo único que alega es que el banco, creyendo que podía hacer un negocio, lo hizo, y por consiguiente hay un cobro de lo indebido y debe resarcirse al demandante. Aquí no hay mala fe nin-guna. El letrado del demandante no está argumentando el .pleito en el fondo; no está poniendo en contradicción la evi-dencia del demandante y la del demandado. Está pidiendo derecho o permiso a hacer lo que ha anunciado desea hacer.

El resto de este incidente, tal cual consta en la trans-cripción taquigráfica, fué así:

"Ledo. Coll Cuchí: Poniéndome yo a enmendar la alegación, por ejemplo, sin que le diga a la corte que esto sea definitivo — así de primera intención.... — El hecho séptimo de la demanda dice: ‘Y alega también el demandante que adquirió la propiedad de dichos pagarés por creer en las representaciones del demandado que le afirmó que dichos documentos eran perfectamente buenos y solventes; y al aconsejar el banco demandado al demandante en esta forma la adquisición de dichos pagarés lo hizo con el fin de defraudar al demandante de la suma de veinte mil dóláRes que dichos pagarés representaban, para beneficio del banco demandado, el cual tenía en su cartera esos documentos clasificados como incobrables.’ De acuerdo con la prueba...
"Juez: ¿Cómo sería la enmienda?
"Ledo. Coll Cuchí: Permítame la corte... Sígame la corte y si no me hago claro, interrúmpame, para hacerme claro.
"De acuerdo con la prueba, estos pagarés fueron entregados por Iglesias Silva a Antonio Berrios; pero de acuerdo con la prueba y con una carta que estaba en poder del demandante, que es lo que nosotros sabíamos, Antonio Berrios Berdeeía devolvió de esos docu-mentos al demandante uno y le dijo que el otro estaba en poder de Fernández García. Ese era el conocimiento nuestro, y siendo eso así, nosotros no teníamos que alegar para nada nuestra transacción con Antonio Berrios porque había quedado ineficaz. Pero de la prueba resulta que con respecto al documento a que se refiere la carta que estaba en poder de Fernández García (1934), fué entablado un pleito por Antonio Berrios Berdeeía en la Corte de Distrito de Guayama que terminó en una transacción en que no es parte Santiago Iglesias Silva y el desconocimiento de Iglesias Silva de eso era absoluto.
“Y ahí, para conformar la alegación a la prueba, nosotros po-dríamos añadir: 'Octavo: Que estos dos documentos a que se refiere la demanda fueron gestionados su cobro por diferentes maneras, entre otras, haciendo la cesión, sin valor de ninguna clase, al señor Fulano de Tal para que los cobrara, el cual los devolvió en tal fecha sin haber efectuado ese cobro, pero siendo una realidad que el docu-mento a que se refiere la carta en poder de Fernández García fué entendido transigido en el pleito tal, por el cual recibió Berrios Berdecía la suma de seis mil dólares, aunque sí con completo desco-nocimiento del demandante.’
"Eso es lo que se llamaría acomodar la alegación a la prueba. Porque, ¿cuál es la teoría? No es que yo quiera enseñar ni dar lecciones a nadie. La teoría de enmendar una demanda para hacerla conforme con la prueba nunca puede pasar de la sentencia que pueda dictar una corte por las alegaciones existentes. Es una cuestión de purificar y clarificar el procedimiento. Sin yo hacer esa alegación en la demanda, la corte puede dictar sentencia tal como si yo la hiciera, porque nunca el juez está obligado a dictar sentencia de acuerdo con la súplica de la demanda porque lo único que no forma parte de la demanda es la súplica que se hace, que en nuestro procedimiento que tenemos hoy en Puerto Rico nosotros la hemos españolizado. S. Sa. verá que una demanda presentada en cualquier corte de Puerto Rico donde rige nuestro Código de Enjui-ciamiento Civil, después de expuestos los hechos, termina: ‘Wherefore, judgment is pleaded’ etc. Verá como eso es universal, en los Estados Enidos...la súplica en inglés ‘Wherefore, judgment is pleaded’ etc. nosotros la hemos españolizado y pedimos que se haga tal cosa, y pedimos tal cosa y pedimos todo lo que se quiere hacer. Pero la súplica no forma parte de la demanda, así como las razones de una sentencia no forman parte de la sentencia ni obran contra la sentencia. Deseamos presentar la demanda enmendada para purificar los procedimientos, que al enmendar la demanda para ajus-tarla a la prueba ya tenemos presentado ante el tribunal el issue de una manera clara.
“Juez:. ¿Sería necesaria esa enmienda a la demanda?
' ' “Ledo. Coll Cuchí: No.
“Ledo. Zayas Pizarro: Pues. ..
“Ledo. Coll Cuchí: No diga pues...
“Ledo. Zayas Pizarro: Me pregunta a mí.
“Juez: Al señor Coll.
“Ledo. Coll Cuchí: Si fuera necesario, no sería propia. Sola-mente son admisibles emniendas a la demanda para ajustar alega-ciones a la prueba cuando no pueden alterar el procedimiento. En una sentencia la corte puede hacer eso que yo estoy pidiendo sin enmendarse la demanda. Pero nosotros pedimos enmendar la de-manda para conformarla a la prueba a fin de que la sentencia corresponda a las alegaciones, si tenemos razón; y si no, que se declare sin lugar. Siempre que se solicita enmendar una demanda para ajustarla a la prueba presentada es requisito indispensable que la corte pueda dictar una sentencia sin necesidad de que se enmiende la demanda. Esto es una cuestión formularia, esto es una cuestión de récord.
"Ledo. Zayas Pizarro: ¿Ya podemos hablar?
"Juez: Ahora, sí.
"Ledo. Zayas Pizarro. Si es formularia...
"Juez: Tiene la palabra el señor Zayas Pizarro.
"Ledo. Zayas Pizarro: Si es cuestión formularia y cuestión de récord, ¿por qué entonces plantear esta cuestión, por qué no esperar hasta el último momento que se le conceda eso a que cree tiene de-recho sin plantearla? Si podemos obviar eso, si S. Sa. tiene derecho a dictar una sentencia en esa forma sin esa enmienda, ¿qué interés tiene el Sr. Coll, a nombre del demandante, en enmendar la de-manda, cuando S. Sa. le puede dar lo mismo sin necesidad de enmendar? Un hombre muy elocuente es el Sr. Coll. Yo no soy orador. El lo dijo. Pero entiendo que hay hombres como el Sr. Coll y Cuchí que ya por mi experiencia los entiendo muy bien. Ahora dice que quiere enmendar la demanda diciendo que esos pagarés que Iglesias Silva le endosó a Antonio Berrios fueron sin valor de ninguna clase, esto es, que no medió consideración. Y, sin embargo, los dos pagarés dicen que fué por valor recibido. Y la presunción es que hubo causa y consideración. ¿Por qué, estando aquí el señor Berrios, no lo han traído como testigo y no ha venido a declarar? La presunción es que hubiera declarado contra ellos. La presunción es que esos pagarés fueron endosados por causa y consideración, y la declaración del señor Iglesias Silva no es sufi-ciente para destruir la presunción de valor recibido. La parte con-traria quiere enmendar su demanda para eliminar algo que le molesta en la prueba porque no vaya a ser que la corte declare sin lugar la demanda, y ellos quieren salirse de ese marco y caer dentro de otro marco. Además, él ha admitido que se puede dictar la sentencia que él desee sin necesidad de esa enmienda. Por esas razones, yo pido que no se dé término ni autorización alguna para hacer la enmienda.
"Juez: La corte resuelve no admitir las enmiendas; cree que puede resolver el caso sin necesidad de enmendarse la demanda, de admitirse la demanda enmendada, de acuerdo con lo que resulte de la evidencia de ambas partes.
"Entonces, para argumentos, ¿qué términos desean? ¿Cómo se va a hacer?
"Ledo. Coll Cuchí: Yo le pido a la corte que acomode al com-pañero en eso.
"Ledo. Zayas Pizarro: Como el compañero es el que demanda, puede tomarse hasta el 5 de mayo.
"Juez: ¿Lo someten por alegatos?
"Ledo. Coll Cuchí: Sí, señor.
"Juez: ¿Qué términos necesitan?
"Ledo. Coll Cuchí: Hasta el 5, de mayo. ¿El taquígrafo me quiere leer mis últimas manifestaciones?
"(El taquígrafo da lectura a las manifestaciones del Sr. Coll que aparecen a la página 337, y a la resolución de la corte que aparece a la página 339.)
"Ledo. Coll Cuchí: Yo tengo entendido...
"Juez: Voy a repetir ahora mi resolución para que quede más clara. La corte declara sin lugar la moción del demandante para que se permita presentar una demanda enmendada para conformar sus alegaciones con la prueba presentada en el caso por entender la corte que sin la presentación de esa demanda enmendada puede resolver el caso, estudiar la evidencia presentada por ambas partes y dictar una sentencia. .Ahora está completa. Esa última es la manifestación deliberada de la corte.
"Ledo. Coll Cuchí: Así, nosotros aceptamos la resolución.”

Unas seis semanas más tarde y después del demandante haber radicado su alegato, el demandado solicitó la reaper-tura del caso y permiso para enmendar su contestación agre-gándole — en adición a la defensa especial de que la acción estaba prescrita a tenor del artículo 1868 del Código Civil— la referencia a la sección 5 de la "Ley sobre fijación del interés en toda clase de obligaciones”, según fue enmendada en 1903 y 1907 (Estatutos Revisados de 1911, sección 4176) y una alegación al efecto de que cualquier reclamación sobre devolución de dinero, de acuerdo con dicha ley, estaba pres-crita por no haberse instruido la acción dentro del año con-tado a partir de la fecha en que se hizo el pago. De esta moción se desprende que la excepción previa, declarada sin lugar por la corte antes de radicar el demandado su contes-tación, se hasó, entre otros, en el fundamento de que la demanda no aducía una causa de acción de rescisión, toda vez que en ella no se aleg*aba el tipo de interés que se pagaría sobre el préstamo ni el tiempo por el cual se habían pagado los intereses, de tal suerte que, en caso de que los $20,000 se consideraran como intereses adicionales, la cuantía en exceso del tipo máximo estatutario — que en aquel entonces era el 12% — pudiera ser determinado. El juez de distrito no adujo los motivos que tuvo para declarar sin lugar la excepción previa, mas no es probable que la misma hubiera sido desestimada, de haber insistido ' el demandante para aquel entonces en la teoría de un contrato usurario. Tam-poco es probable que — de haberse declarado con lugar la excepción y de haber el demandante enmendado su demanda en tal forma que adujera una causa de acción en cobro de intereses pagados bajo un contrato usurario — el demandado no hubiera presentado objeción alguna, bien mediante excep-ción previa, o a través de una defensa especial, al efecto de que esta nueva causa de acción estaba prescrita de confor-midad con el artículo 5 de la ley de 1902.

La teoría de la moción del demandado para que se reabriera el caso y se le permitiera enmendar la contestación fué que el demandante en su alegato trataba de convertir una acción de daños y perjuicios en una de restitución de dinero cobrado como intereses en exceso del tipo permitido por la ley.

Al oponerse a esta moción el demandante insistió en que:

El término de un año para entablar una acción con el fin de recobrar intereses en exceso del tipo legal se aplica solamente cuando dicho exceso se ha cobrado como tal interés. Éste no es el caso, ni dentro de la teoría del demandante ni dentro de la teoría del deman-dado. Ahora se trata solamente de anular un contrato independiente del contrato de préstamo, por virtud del cual no se cobran intereses excesivos, sino que, aduciendo como su causa, el contrato de préstamo, se le impuso al demandante como condición suscribir el nuevo con-trato; esto es, en el contrato para el pago de los^ intereses que adeudaba Mendoza no existió otra causa al mismo que el contrato de préstamo a favor del demandante. Ésta es una cuestión ilícita. La acción está claramente dentro de la prescripción de cuatro años asignada por el Código Civil para pedir la nulidad de los contratos. Sosa v. Sosa, 35 D.P.R. 1026; Irizarry et al. v. Bartolomey et al., 32 D.P.R. 924; Cruz v. Kuinlan, 29. D.P.R. 877; Oliver et al. v. Oliver, 23 D.P.R. 181; Sucn. de Suro v. Sucn. de Prado, 21 D.P.R. 241; Sucn. Criado v. Martinez et al., 25 D.P.R. 334; Alvarez v. Riera, 20 D.P.R. 324.

El de Ne%v Orleans. Canal & Banking Co. v. BLagcm, supra, es típico de los casos en que ahora descansa el apelante. Del sumario del mismo tomamos el siguiente párrafo:

“De un banco cuya carta constitutiva le prohibía cargar inte-reses en exceso de cierto tipo sobre cualesquiera préstamo que hiciera, el demandado obtuvo un préstamo a condición de que otor-gara una hipoteca sobre ciertos bienes para garantizar su pago, al tipo de interés más alto que la carta constitutiva del banco le per-mitía, y a condición de que otorgara una segunda hipoteca, sobre la misma propiedad, para garantizar la deuda de un tercero con el banco. Se resolvió, que al exigir la segunda hipoteca, el banco esti-puló algo en exceso del pago del tipo más alto de intereses autorizado por su carta constitutiva, que la estipulación era usuraria e ilegal, y que la hipoteca para garantizar la deuda del tercero no era exigible. ’ ’

En su alegato el apelante insiste en que ese caso es idén-tico al presente y en que procede de Louisiana, donde por espacio de más de cien años la ley lia sido igual a la de Puerto Rico. Sin embargo, no nos cita ningún caso de Louisiana, de España, ni de ninguna otra jurisdicción de derecho civil, para demostrar que el exigir se garantice la obligación de un tercero como requisito previo a la concesión de un préstamo, sea contrario “a las leyes o a la moral” bajo un estatuto similar al precepto contenido en el artículo 1227 de nuestro Código Civil (edición 1930) en un caso en que tal requisito no está viciado de usura.

Si la acción era una basada en un acto torticero — como claramente lo era — creemos qne basta el momento del juicio y de presentarse la moción solicitando permiso para enmen-dar la demanda ajustándola a la prueba aducida en el juicio, ella había prescrito de conformidad con el artículo 1868 del Código Civil. j

Si la acción era — tal como indican el tercer señalamiento y las autoridades citadas en apoyo del mismo — una para recobrar intereses exigidos y pagados en exceso del tipo per-mitido por la ley, ella debe regirse por las disposiciones de la ley de 1902, supra, tal cual fué enmendada en 1903 y 1907, y había prescrito a tenor de la sección 5 de la referida ley.

Sea ello como fuere, no hubo fraude, dolo, falsa repre-sentación o impostura por parte del banco, y no es menester que especulemos sobre la posibilidad de obtener sentencia a base de una teoría que no está sostenida por los hechos que están ante nos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Eduvigis Quiñones Santiago, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. Manuel León Parra, Francisco Paz Granela y Juan M. Herrero, demandada, y Ramón Montaner en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurridos.
    Núm. 193.

    Sometido: Abril 15, 1940.

      Resuelto: Junio 12, 1940.

      Virgilio Brunet j Miguel A Casiano, abogados del recurrente;

      M. León Barra, abogado de la demandada; Ron. Procurador General George A. Malcolm, Emilio de Aldrey, Procurador General Auxi-liar j Victor J. Vidal González, Asesor Legal éste del Fondo del Estado, abogados del Administrador recurrido.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario en el presente recurso trabajaba con el Sr. José Coll y Yidal en calidad de jockey de sus caballos de carrera. Por sus servicios recibía el 15 por ciento del premio que correspondiese a su patrono. El día 4 de diciem-bre de 1938 obtuvo el primer premio en una de las carreras que se celebraban en cierto hipódromo de esta ciudad, corres-pondiéndole $22. Ese mismo día, mientras participaba en otra carrera sufrió el accidente que ha dado origen a esta reclamación. El administrador del Fondo le prestó asisten-cia médica y le pagó sus dietas a razón de $5 semanales, hasta el 5 de marzo de 1939 en que se las rebajó a $3 semanales.

El 16 de mayó de 1939 recurrió ante la Comisión Industrial alegando que como el día del accidente su jornal ascen-dió a $22, de acuerdo con el segundo inciso del artículo ter-cero de la Ley núm. 45 de 18 de abril de 1935 (Leyes de ese año pág. 257) tenía derecho “.a una compensación de la mitad del jornal que percibía el día del accidente . . .” El 16 de enero actual la Comisión dictó su resolución, de la cual copiamos los siguientes párrafos:.

“El día 4 de diciembre de 1938 Eduvigis Quiñones Santiago, mientras corría, como jockey, un caballo propiedad de don José Coll y Vidal, se fracturó la pierna izquierda. El Sr. Coll y Vidal es miembro de la Asociación de Dueños de caballos denominada Club Hípico Insular, la cual tiene una póliza con el Fondo del Seguro del Estado que cubre el riesgo de compensaciones a obreros por accidentes del trabajo a los obreros y empleados de todos y cada uno de sus asociados.
“Declaró bajo juramento el Administrador del Fondo del Se-guro del Estado que debido a lo eventual que resulta el sueldo a devengar por los jockeys, el cual depende del premio que obtengan los ejemplares que montan y si no obtienen ninguno no perciben nada por su trabajo, se les estimó un jornal promedio de $10 sema-nales allá cuando el pool ascendía a $25,000 ó $30,000 en la semana, pero que debido a la baja que ha tenido el pool y el negocio hípico en general han tenido que reducir dicho jornal promedio a la suma de $6 a la semana, para lo cual los patronos Club Hípico Insular y Asociación Hípica de Puerto Rico convinieron con él en que ese jornal era justo y aceptable.
“De no existir un convenio mediante el cual se determine un jornal promedio para los jockeys, debido a lo eventual del jornal a percibir por estos obreros, resultaría que todos los jockeys que se lesionen, a menos que hayan obtenido algún premio durante el día en que se lesionen y con anterioridad al accidente, no ganarían jornal alguno y no tendrían derecho a compensación ni a dietas, siendo por lo tanto necesario en estos casos, así como en los casos en que se paga a los obreros un jornal a base del número de horas que trabajan, que exista un convenio similar al acordado entre el asegurador y las asociaciones de dueños de caballos de carrera, pues de lo contrario no menos de un 90 por ciento de los obreros lesio-nados se perjudicarían por no percibir jornal "’alguno el día de la ocurrencia del accidente, pues es una cosa de conocimiento general que todo jockey que se lesiona por haber sufrido una caída de su monta, no obtiene premio alguno y su 15 por ciento se reduciría a cero.
“La Comisión Industrial una vez estudiadas las pruebas de ambas partes y considerando lo perjudicial que sería para los jockeys el no existir un convenio de un jornal promedio, resuelve que de acuerdo con lo convenido entre los patronos y el asegurador los jockeys solamente han tenido derecho a $5 semanales de dietas, esto es el 50 por ciento del jornal promedio de $10, y luego según fué modificado dicho convenio, a $3 semanales de dieta, que equivale al 50 por ciento de los $6 del jornal promedio. En el caso de epí-grafe al ocurrir el accidente a este obrero estaba en vigor el primer convenio por el cual correspondía al obrero una dieta de $5 sema-nales, según le fueron pagados por el Administrador basta el día 15 de marzo de 1939, debiéndosele continuar pagando los mismos $5 hasta la fecha en que fué dado de alta, en vez de los $3 pagados por el Administrador después del día 15 de marzo de 1939.”

Contra dicha resolución ha interpuesto el obrero este recurso, porque a juicio de él, la Comisión erró, primero, al resolver que el obrero sólo tenía derecho a $5 semanales en concepto de dietas, cuando el día del accidente había recibido un jornal de $22, violando así el inciso 2 del artículo 3 de la Ley núm. 45 de abril 18 de 1935 ((1) pág. 251), y segundo, al resolver que el obrero sólo tenía derecho a $5 semanales en concepto de dietas mientras el administrador del Fondo cobra primas sobre la cantidad de $22 ganada por el obrero el día del accidente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25, párrafo primero de la antes citada ley.

Examinaremos conjuntamente ambos errores.

A pesar de la búsqueda que hemos hecho, no hemos podido encontrar ningún caso decidido por esta Corte Suprema o por la Corte Suprema de algún estado de la Unión parecido o igual al de autos, que nos oriente en la decisión que debe darse a casos como el presente. Ello no obstante, somos de opinión que la resolución de la Comisión es substancialmente justa. Disponen los artículos tercero, inciso segundo, y 25, primer párrafo, de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, que por el recurrente se dicen infringidos, lo siguiente:

"Artículo 3. — . .....
“1. .......
“2. Si la incapacidad fuere de carácter temporal o transitoria a una compensación de la mitad del jornal que percibía el día del accidente, o que hubiere de percibir a no ser por la ocurrencia del accidente, durante el período de incapacidad para el trabajo, paga-déra por semanas vencidas. EÍ período de tal pago no excederá en ¿ingún caso de ciento cuatro (i’04) semanas; Disponiéndose, que en ningún caso se pagará más de diez (10) dólares ni menos de uno y medio (1%) dólares semanales; Y disponiéndose, además, que no se concederá compensación alguna por los primeros siete (7) días sub-siguientes a la fecha en que el obrero ó empleado se presente al médico para recibir tratamiento.
“Artículo 25. — El' Administrador del Fondo del Estado queda por la presente autorizado y facultado para tasar e imponer a todo patrono de obreros y empleados afectados por ésta Ley, y se le ordena que le tase y le imponga, cuotas anuales determinadas con arreglo al precedente artículo sobre el importe total de los jornales pagados por dicho patrono a obreros y empleados que tenían o hubieran tenido derecho a los beneficios de esta Ley durante el año anterior a la imposición de las cuotas, si ésta hubiera estado vigente; Disponién-dose, que la recaudación de estas cuotas se hará por semestres ade-lantados y se llevará a cabo por el Tesorero de Puerto Rico, a través de los colectores de rentas internas, y de aquellos funcionarios del Gobierno que, por reglamento, el Tesorero autorizare.”

Dice el primero que el obrero tendrá derecho a una com-pensación de la mitad del jornal que p'ercibía el obrero el día del accidente. Pero es lo cierto que los jockeys no deven-gan salario alguno. Su remuneración depende del orden en que arriben a la meta los días de carreras. De no existir un convenio entre el Administrador del Fondo del Estado y el Club Hípico Insular fijando la remuneración promedio que por sus servicios perciben los jockeys, no habría base para computar la compensación de un jockey que, a pesar de haberse lesionado, 'no hubiere llegado entre los primeros cinco a la meta. En tales casos, sería forzoso concluir que tales jockeys no tienen derecho a compensación. Ese no es el espíritu de la Ley de Compensaciones a Obreros.

Con relación al segundo error, dice el recurrente en su alegato que al tasar y cobrar el recurrido la prima correspondiente sobre la suma de $22 recibida por el peticionario el día del accidente, consideró dicha suma como el jornal recibido por él, a base del cual estima que está el asegurador obligado a pagarle sus dietas. Olvida el recurrente que a virtud del convenio celebrado entre el Club Hípico Insular y el Administrador del Fondo del Estado fijando el salario pro-medio, osle no sólo paga dietas a los jockeys lesionados que llegan con sus caballos entre los primeros cinco a la meta, sino también a aquellos que, en ausencia de un convenio, a nada tendrían derecho debido al lugar rezagado que con relación a los otros ocupaban al llegar a la meta.

Debe confirmarse: la resolución recurrida.

El Juez Asociado Sr. De Jesiís no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, ex rel. Rafael Arjona Siaca, relator y apelante, v. Rafael Landrón y Landrón, querellado y apelado.
    Núm. 8082.

    Sometido: Febrero 5, 1940.

      Resuelto: Junio 13, 1940.

      3on. Procurador General George A. Malcolm (Ex-Procurador General Interino E. Campos del Toro, en el alegato) y R. García Cintrón, Subprocurador Auxiliar, abogados del apelante;

      Bolívar Pagan y J. Válldejuli Rodríguez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 15 de septiembre de 1938 y a instancias de Papael Arjona Siaca, El Pueblo de Puerto Pico, por su Procurador General, instó esta información de quo warrcmto en la Corte de Distrito de San Juan. El auto se conoce gene-ralmente como uno de la naturaleza de quo warrcmto.

Pafael Landrón y Landrón fué nombrado Comisionado Asociado de la Comisión de Servicio Público y desempeñaba los deberes del cargo cuando, en las elecciones generales de 1936, fué electo miembro de la Junta de Comisionados de la Capital. Aceptó este último cargo. El peticionario sos-tiene que con tal aceptación, el cargo de miembro de la Comisión de Servicio Público de Puerto Pico quedó vacante, por ser incompatibles ambos cargos, y solicitó que el puesto antes mencionado fuera declarado vacante. El derecho del relator a invocar la ayuda del Procurador General no fué impugnado. Pesulta un punto importante en-este caso que el cargo de miembro asociado de la Junta de Comisionados de la Capital sea ad honor em. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, al disponer que el cargo fuera ad honorem, inmediatamente asumió que la persona electa para el mismo tendría ingresos independientes.

La Corte de Distrito de. San. Juan declaró sin lugar la información y El Pueblo de Puerto Rico apeló. El primer señalamiento de error lee así:

“La Corte de Distrito de San Juan erró al aplicar al caso de autos la Ley núm. 32, aprobada el 4 de mayo de 1933 (Leyes de 1932-33, pág. 255), y que enmienda la sección 1 de la Ley núm. 99 de 1931 (pág. 623).”

El apelante sostiene que la corte inferior admitió que según el derecho común los dos cargos eran incompatibles, aunque puede que lo sean o no. Yéase la opinión dictada por este tribunal en Añeses v. Consejo Ejecutivo, infra. La corte inferior no lo dijo así claramente, pero asumió que dichos cargos eran incompatibles en derecho común y manifestó no obstante que el poder legislativo ya había determinado en dicha ley qué debía ser incompatible y qué no. Esta ley provee:

“Artículo 1. — El municipio de San Juan, Puerto Rico, tal como se encuentra constituido por la legislación vigente, queda por la pre-sente abolido. En lugar de dicho municipio, por la presente se crea una corporación política y jurídica de gobierno local que constituirá un distrito especial, con los mismos límites territoriales que perte-necen actualmente al Gobierno de la Capital, cuyos organismos y funcionarios no tendrán otras facultades, restricciones, incompatibi-lidades, ni impedimentos que los dispuestos en esta ley, y en la Ley Orgánica.” (Leyes de 1933, pág. 255.)

La corte se fundó en el caso de Klair v. Bacharach, (N.J. 1932) 159 Atl. 538. El apelante no nos convence de que la corte estuviera equivocada al aplicar este caso, mas no halla-mos que sea necesario analizarlo.

Aunque no recordamos que la cuestión fuera discutida por nosotros, al apelarse de una decisión de este tribunal la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados TJnidos para el Primer Circuito resolvió que la incompatibilidad existente en el derecho común era aplicable a Puerto Rico. López v. Martorell, 59 F. (2d) 176.

El apelante sostiene qne no pndo haber sido la intención de la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley núm. 32 de 1933, supra, eliminar todas las incompatibilidades inhe-rentes a los cargos públicos en Puerto Rico. La contención en parte es que si tal hubiera sido la intención del legislador, la ley resultaría fútil, toda vez que la disposición en ella contenida no. se acogía a aquella parte del artículo 34 de la Carta Orgánica que provee que el contenido de toda ley deberá ser claramente expresado en su título y que ninguna ley contendrá más de un asunto. El apelante no cita auto-ridades específicas y el recuerdo que tenemos de la juris-prudencia es que un estatuto puede ser sostenido por los tribunales si su título es un buen “poste indicador” de lo que contiene la ley. Rodríguez v. P. R. Railway, Light & Power Co., 30 D.P.R. 931, 32 D.P.R. 416. Cuando la ley denota la naturaleza general del municipio que el poder legis-lativo quiso crear y creó, la mención de lo que deba consi-derarse incompatible fue un mero incidente del fin general que tuvo en mente la legislatura y no puede ser considerada como un asunto independiente. Convenimos, por supuesto, en armonía con el caso de Pueblo ex rel. López v. Pérez Peña, 54 D.P.R. 804, en que ciertas personas, por razón de sus inca-pacidades físicas, mentales o morales, no pueden con éxito desempeñar un cargo público, pero ese caso no tiene ana-logía con el presente, en el cual la única cuestión envuelta es la incompatibilidad de los dos cargos. No se sugirió que el Sr. Landrón tuviera ninguna otra incapacidad.

Luego el apelante en su alegato discute, con cita de autoridades, lo que constituye incompatibilidad. No tenemos duda alguna de que si dos cargos tienen inconsistencias o conflictos más o menos continuados en sus deberes, surge una incompatibilidad. Resolvemos, sin embargo, que tales conflictos o inconsistencias deben ser más o menos permanentes y no meramente casuales.

La opinión en el caso de López v. Martorell, supra, no resolvió que no podían desempeñarse dos cargos a la vez, sino meramente que de acuerdo con la Carta Orgánica, no podían recibirse dos sueldos al mismo tiempo; mas estuvo implícito que si los dos cargos son incompatibles el incum-bente no puede desempeñar ambos, a pesar de que ningún estatuto así lo disponga. [5] Este tribunal ba resuelto que si dos puestos son incompatibles, la aceptación del segundo deja vacante el primer cargo. Añeses v. Consejo Ejecutivo, 38 D.P.R. 267.

Hasta ese punto por lo menos, la regla del derecho común está en vigor en Puerto Eico, no como cuestión estatutaria, sino como cuestión de moral pública.

El apelante entonces procede a revisar los deberes de los Comisionados de la Capital y de los miembros de la Comisión de Servicio Público e indica en términos generales que existe un conflicto entre ellos. El apelante no da énfasis a las diferencias existentes, excepto en tanto en cuanto al acueducto de la Capital se refiere. Durante la vista de este caso en la corte inferior, el Secretario de la Comisión de Servicio Público fué llamado a declarar y manifestó que el Sr. Landrón se babía inhibido en dos o tres casos en que estaba envuelto el acueducto. Existe necesariamente alguna coincidencia entre las labores de la Comisión de Servicio Público y los trabajos de la Capital, y el Sr. Landrón creyó que esto era así al inhibirse.

El apelado replica que un hombre tan conocido como el Sr. Landrón está sujeto a ser llamado a desempeñar varios cargos públicos o privados. Convenimos en que esto puede sucederle a cualquier ciudadano público prominente. Con-forme hemos indicado antes, el cargo exige que la persona que lo desempeñe tenga algunos ingresos independientes. No podemos ver que las inhibiciones sean de naturaleza distinta o mucho más numerosas de las que podría tener el juez de una corte o cualquier miembro de la Comisión de Servicio Público con motivo de alguna otra relación pública o privada.

En algún sitio de su alegato el apelante, al discutir el tercer error, sostiene que la Ley núm. 32 de 1933 sólo puede referirse a la incapacidad de nna persona perteneciente a la Jnnta de Comisionados de la Capital. Creemos qne esto es nna expresión clara de la intención del legislador, ya que, desde luego, no puede existir incompatibilidad a menos que una persona fuera nombrada o electa para algún otro puesto. La ley presupone que el incumbente de un cargo esté ocu-pando algún otro destino. El uso de la palabra “incompa-tibilidad” excluye cualquiera otra conclusión.

Supongamos, por ejemplo, que el Sr. Landrón hubiera sido electo primero Comisionado de la Capital y más tarde designado miembro de la Comisión de Servicio Público. Entonces, según el apelante, la ley podría ser aplicable. Según esto, resultaría absurdo que cuando una persona des-empeña o trata de desempeñar dos cargos, la incompatibi-lidad dependa de para cuál de los dos puestos se le nombró o eligió primero. Lo que hubiera podido hacerse en este caso fué, después de las elecciones generales en que se eligió al Sr. Landrón, Comisionado de la Capital, nombrársele miembro de la Comisión de Servicio Público, y entonces, bajo tal suposición, su nombramiento para la Comisión de Servicio Público no importaría.

El segundo señalamiento de error lee así:

“La Corte de Distrito de San Juan erró al admitir en evidencia la Ordenanza núm. 522 del Gobierno de la Capital, titulada ‘Para Regular la Forma de Administrar y Cobrar el Sistema de Acueducto del Gobierno de la Capital; para crear la Junta de■ Administración del Acueducto, y para otros fines.’ ”

Nos inclinamos a convenir con el apelante en que si el Sr. Landrón tenía alguna incapacidad antes de que el (Go-bierno de la Capital aprobara la Ordenanza núm. 522, la aprobación de tal ordenanza no podría obviar tal incapaci-dad. En interés público la ordenanza podría tender a redu-cir en lo sucesivo cualquier conflicto sobre el acueducto entre los dos organismos.

Bajo el tercer señalamiento de error el apelante dis-cute también las leyes generales federales que prohíben a los territorios hacer determinadas cosas. No convenimos con él en qne semejantes leyes federales son de aplicación a Puerto Rico. La idea es qne se apliquen a los territorios generales de los Kstados Unidos continentales. Que Puerto Rico, tiene poderes legislativos amplios similares a los de cualquier Estado es el resultado de la decisión emitida en Puerto Rico v. Shell Co., 302 U. S. 253, y más recientemente en el caso de People of Puerto Rico v. Rubert Hnos., resuelto en marzo 25, 1940 (309 U. S. 543).

Hemos cubierto en una u otra forma las digestiones esen-ciales envueltas en este recurso y la sentencia de la corte inferior debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Carmen Sánchez Martínez, et als., demandantes y apelantes, v. José María Rodríguez Domínguez, demandado y apelado.
    Núm. 8125.

    Sometido: Junio 5, 1940.

      Resuelto: Junio 13, 1940.

      Simón Largó y Nicolás Lecároz Largó, abogados de los apelantes;

      Miguel Parga, Jorge V. Toledo y José Rodríguez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de la reivindicación de nn solar de 588.50 metros cuadrados radicado en el pueblo de Río Piedras. En la demanda se alega substancialmente lo siguiente:

Que Gumersinda López Cepero adquirió dicbo solar en 1882 por compra a Juan del Toro y edificó allí la casa núm. 2, calle Borinquen, en 1883; que a virtud del oportuno expediente, dicha señora justificó su posesión, inscribiendo su derecho en el Registro en 1888; que en enero de 1889 la señora López Ce-pero vendió la casa y solar a Vicente López Cepero, quien construyó allí otra casa marcada con el núm. 4 de la calle Bo-rinquen, quedando las dos casas y el solar inscritos a su nom-bre ; que Vicente López Cepero falleció en 1903 bajo testamento por el cual instituyó como sus únicos herederos a su viuda e hijos, los aquí demandantes; que al hacerse la partición de bie-nes, la casa núm. 4, valorada en $650, fué adjudicada a la viuda en pago de parte de su haber hereditario, y de la núm. 2, valorada en $2,300, se adjudicó una participación de $1,145 a la viuda en pleno dominio y otra participación de $1,155 a la misma viuda en usufructo y la nuda propiedad a los otros tres herederos; que al hacerse la partición de bienes no se hizo adjudicación del solar en que radican dichas dos casas, ni a los herederos ni a ninguna otra persona, y que los demandantes han continuado siendo los únicos y exclu-sivos dueños de dicho solar por título de herencia que aceptaron; que en octubre 13, 1916, la demandante Carmen Sánchez Martínez vendió a Rufino Rodríguez. Domínguez la casa núm. 4, pero no el solar en que está enclavada, por $1,000; que en 13 de abril de 1917, previa autorización de la corte de distrito, la misma Carmen Sánchez Martínez y sus tres hijos vendieron la casa núm. 2, pero no el solar en que la misma está enclavada, a la mercantil Sucesores de Pérez Hermanos, S. en C.; que al disolverse dicha sociedad, la referida casa núm. 2 fué adjudicada al socio Rufino Rodrí-guez Domínguez en pago de parte de sp haber social; que en el año 1933 Rufino Rodríguez Domínguez formuló deman-das contra los aquí demandantes para obligarles a otorgar escritura rectificando las anteriores en el sentido de liacer constar que la compraventa de las casas mencionadas incluía el solar o solares en que las casas estaban enclavadas; que dichas demandas fueron desestimadas; que en la resolución dictada en octubre 21 de 1933 por la Corte de Distrito de San Juan, en el expediente sobre autorización judicial, se declaró que la venta del condominio de los dos menores se refería exclusivamente a las casas, sin inclusión de solar alguno.

Se alega además en la demanda, que en 19 de septiembre de 1936 Rufino Rodríguez Domínguez vendió a su hermano, el aquí demandado, la finca que se describe en la demanda, como compuesta de solar y dos casas en el mismo conteni-das, sabiendo ambos por las constancias del Registro que el solar no pertenecía al vendedor y sí a los demandantes desde la muerte de Vicente López Cepero y Martínez; y que el demandado posee dicho solar sin ningún justo título ni buena fe y en contra de la voluntad de los demandantes.

Contestaron los demandados negando específicamente que el solar en controversia fuera excluido de las ventas y tras-pasos a que se hace referencia en la demanda o que la propiedad de dicho solar se reservara a favor de los deman-dantes, y alegaron en contrario que en la venta hecha a Rufino Rodríguez Domínguez estaba incluido el solar en que están enclavadas las casas. El resto de la contestación es una negación específica de cada una de las alegaciones esen-ciales de la demanda. Como defensas especiales el deman-dado alegó la prescripción de la acción y su calidad de tercero.

Los demandantes han interpuesto el presente recurso contra la sentencia por la cual se desestima lá demanda y se les condena a pagar las costas y $500 para honorarios de abo-bado.

Ocho son los señalamientos de error en qne descansan los apelantes. En el primero alegan qne la corte a quo erró al declarar sin lngar la demanda y al no reconocer a los deman-dantes como únicos dneños del solar. En los restantes se impnta a la corte sentenciadora error manifiesto, pasión, prejuicio y parcialidad en la apreciación de la evidencia, en la interpretación de ciertos documentos y al condenar a los demandantes por considerarlos temerarios al pago de costas y honorarios. Consideraremos primero los errores relacio-nados con la apreciación de la prueba, para lo cual tendre-mos que hacer un resumen de la evidencia.

Como prueba documental ofrecieron los demandantes: (a) Escritura de partición de bienes relictos al óbito de Vicente López Cepero, de fecha abril 28, 1904. Las dos casas y el solar objeto de este litigio aparecen inventariados, descritos y valorados así:

“Casa de altos y bajos, de madera y manipostería, con su cocina y demás servidumbre, marcada con el núm. 2 y situada en la calle de Brumbaugh de esta población de 12 varas de frente por 16 de fondo, enclavada en solar propio, compuesto de 11.40 metros de frente y 14 de fondo, colindante por el Este y Norte con las calles de Brumbaugh y Robles, respectiva-mente, por el Sud con solar de don Pedro F. Ubarri y por el Oeste con terreno de la Sucesión de Don Cristino Vilá-$2, 300
“Casa de madera, terrera, techada de zinc, con su cocina y demás servidumbre, de 17 varas de frente por 16 de fondo, situada en la calle Brumbaugh y marcada con el núm. 4, fabricada en parte del solar correspondiente a la anterior casa núm. 2 y colinda por el Norte con dicha casa, por el Sud con solar de Don Pedro F. Ubarri, por el Oeste con .el de la Sue. de Cristino Vilá y por el Este con la calle Brumbaugh_ $650
(Bastardillas nuestras.)

(b) Escrituras de 21 de junio de 1905 y 16 de noviembre del mismo año, de las cuales consta que las fincas arriba des-critas fueron adjudicadas a los demandantes de acuerdo con las alegaciones de la demanda.

(c) Escritura de octubre 13, 1916, por la que Carmen Sánchez Martínez vendió por precio de $1,000 a Rufino Rodrí-guez Domínguez, la casa mareada núm. 4 de la calle Brum-baugh, “transfiriéndosela sin ninguna reserva ni limitación.”

(d) Copia del expediente sobre autorización judicial para vender bienes de menores. En dicho expediente consta un recibo por contribuciones del primer semestre de 1916-17, del que aparece que la contribución ha sido pagada por la Sucesión López Cepero sobre un solar de 315 metros cua-drados, valorado en $630 y una casa valorada en $2,000.

En apoyo de la solicitud declararon cuatro testigos al efecto de que era necesario vender la casa porque estaba en muy mal estado y los dueños no tenían los $1,000 necesarios para hacer las reparaciones ordenadas por la Sanidad. El testigo Rafael López Cepero declaró que la casa estaba tasada ev& su totalidad en $2,630, pero que en realidad según sus cálculos podría valer $3,000. Otro testigo, Bernardo Fer-nández, declaró que la casa lo más que podía valer era de $2,000 a $2,500. El Sr. José Martínez Llonín declaró que él no daría $2,500 por la casa y solar y que una venta por $3,500 sería magnífica.

Autorizada la venta, celebrada la subasta y adjudicada la finca a Rufino Rodríguez Domínguez, se descubrió que por un error en la orden final autorizando la venta se había inser-tado la descripción de la finca núm. 8 de la calle Brumbaugh en vez de la de la casa núm. 2 de la misma calle, que era la finca a la cual se referían los testigos que declararon en el expediente. En la moción radicada por la madre de los menores para anular la subasta y enmendar la orden final autorizando nuevamente la venta, la peticionaria alegó:

“y siendo su valor el de $2,300, se adjudicó de esta suma $1,145 a la recurrente en pleno dominio y $1,155 en usufructo, correspon-diendo la nuda propiedad a los hijos herederos Rafael, Juana Ricarda y Florencia del Carmen López Cepero y Sánchez y como sobre el propio solar la viuda recurrente ha construido una casa más, que es de madera cubierta de zinc, que ha aumentado el valor de toda la finca, se tiene convenida la compraventa de dicho inmueble en la suma de $3,500, en la que $1,700 corresponden a la peticionaria y $1,800 a los herederos, o sea $600 a cada uno.” (Bastardillas nuestras.)

La orden final autorizando la venta de la finca fué dictada en marzo 13 de 1917. En la misma fecha se otorgó escri-tura de venta a “favor de Sucesores de Pérez Hermanos, S. en C., por $3,500. En 26 de septiembre de 1933, Bufino Bodríguez, a quien fué adjudicada la finca al disolverse la sociedad Sucesores de Pérez Hermanos, solicitó de la corte de distrito que ordenase al marshal otorgara un acta acla-ratoria en la que se hiciera constar que la venta incluía no sólo la casa núm. 2 de la calle Brumbaugh si que también el solar en que la misma radica. La moción fué declarada sin lugar por entender la corte que el márshal no había come-tido error alguno y que no podía decretar el otorgamiento de un acta aclaratoria sin antes oír a las partes interesadas.

(e) Certificación del Begistrador de la Propiedad, de la cual aparece que todas las escrituras anteriormente relacio-nadas constan inscritas en el Begistro de San Juan.

En las inscripciones Ia., 2a. y 3a. la finca aparece descrita así: “Urbana: casa con su solar en la calle de España, esquina a la del Boble del pueblo de Bío Piedras, etc.” La casa, que se describe como de dos plantas, es la núm. 2 de la calle Brumbaugh. La casa núm. 4, construida sobre el mismo solar por Vicente López Cepero, fué inscrita a su nombre (inscripción 5a.) y descrita así: “Casa sobre el solar de este número, marcada con el número cuatro de la calle Borinquen, hoy Brumbaugh, etc.”

En la inscripción 6a., por la cual se anotó la adjudicación hecha a favor de las demandantes a virtud de la escritura de partición, se hace la siguiente descripción:

“URBANA: Casas números dos y cuatro, de la calle de Borinquen, hoy Brumbaugh, del pueblo de Río Piedras, constando la descrip-ción de la segunda de la inscripción quinta anterior, igual a la que se hace en el documento presentado, describiéndose la primera, o sea la número dos, como de altos y bajos, etc.”

En í a inscripción 12a., por la cnal se inscribió la venta hecha por los demandantes a Sucesores de Pérez Hermanos, la finca aparece descrita así:

“Uebana: Casa número dos de la calle de Brumbaugh, del pueblo de Río Piedras, cuya descripción y libertad de cargas constan de las inscripciones primera y sexta, conforme con el documento presentado, en el cuál se dice que también existe en el solar otra casa de madera, cubierta de zinc. (Bastardillas nuestras.)

La prueba testifical de la parte actora consistió del tes-timonio de las demandantes Eicarda y Carmen López Cepero, quienes se limitaron a declarar que ellas nunca vendieron el solar ni al demandado ni a ninguna otra persona; que requirieron al demandado para que les entregara el solar y que el demandado se negó a entregarlo.

Francisco Figueroa y Manuel Gómez declararon que según su opinión el solar valía unos $10,000; que ellos habían ido en representación de los demandantes a pedir al deman-dado devolviese el solar, negándose a ello el demandado. La declaración del testigo Castrillo carece de importancia.

El demandado ofreció prueba documental consistente en:

1. Certificación del Registro que contiene los mismos datos ya relacionados.
2. Copias de las resoluciones dictadas por la Corte de Distrito de San Juan declarando prescritas las dos acciones incoadas en el año 1934 por el demandado contra los demandantes, para obligar a éstos a otorgar escritura de rectificación de las otorgadas en el año 1917 por dichos demandantes.
3. Recibos de contribuciones sobre la propiedad inmueble, corres-pondientes a los años fiscales desde 1917 a 1939, de los cuales aparece que las impuestas a las casas números 2 y 4 de la calle Brumbaugh de Río Piedras y a los solares sobre los cuales radican dichas casas fueron pagadas en cuanto a la primera por Sucesores de Pérez Her-manos, por Rufino Rodríguez Domínguez y el demandado; y en cuanto a la núm. 4, por Rufino Rodríguez y por el demandado.

Como testigos del demandado declararon:

Adriano Bourdony: que la demandante doña Carmen López Cepero le encomendó le buscara comprador para la finca, o sea las casas y solar; que él entonces fijó los siguien-tes precios: casa pequeña núm. 9, calle Nobles, con solar, $1,100'; casa grande vieja, núm. 2 Brumbaugh, con solar, $2,200; y casa pequeña, núm. 4, calle Brumbaugh, con su solar, $1,200; que esa valoración fué aceptada por doña Carmen, quien manifestó que ella quería vender las casas y el solar; que Rafael López Cepero le dijo a don Rufino Rodrí-guez al discutir las condiciones de la venta que él, Rafael, quería sacar la casa de la calle Robles de la totalidad de la finca y coger unos metros del solar de la casa grande, que ya no existe, para anexarlos al solar de la casa de la calle Robles, y que Rodríguez se opuso.

Rufino Rodríguez Domínguez declaró corroborando lo declarado por el testigo Bourdony; que fué Rafael López Cepero quien le ofreció la finca en venta; que en la finca había entonces tres casas; que lo que ellos interesaban era toda la propiedad, las casas y los solares; que les ofreció $4,300 y como no estuvieron conformes él les subió a $4,500, pero doña Carmen no se decidió y él le compró la casa núm. 4 calle Brumbaugh con el solar; que Pérez Hermanos com-pró el resto de la finca en 1917; que desde esa fecha ha estado en posesión de casas y solar sin que nunca se le molestara y sin pagar canon de arrendamiento por el solar, pues él lo había comprado; que hace como 15 años que no ve a Francisco García y que éste nunca le habló del asunto; que en 1923 él hizo gestiones para que se aclarase su título por-que en él no estaba la palabra “solar” y sí las colindancias externas de la finca; y terminó declarando en cuanto al pago de las contribuciones sobre las casas y solares desde 1917 a 1939.

En ninguna de las escrituras presentadas en evidencia se excluye expresamente el solar sobre el cual están edificadas las casas. La corte inferior, teniendo en cuenta que no se había hecho reserva alguna del solar a favor de los vende-dores y la conducta observada por las partes contratantes con posterioridad a la celebración de los contratos de com-praventa, llegó a la conclusión de que la venta de las dos casas incluía la venta del suelo sobre el cual dichas casas estaban edificadas.

Esta Corte Suprema ha sostenido en Chevremont v. Registrador, 9 D.P.R. 206, “que inscrito un edificio, debe enten-derse inscrito el solar a favor del mismo dueño, cuando éste no es un mero superficiario, por la presunción legal de que el que es dueño de lo edificado lo es también del suelo” y “que no hay motivo alguno para que esta doctrina, que venia-sancionada por la práctica ... no continúe aplicándose en todos los casos, siempre que la presunción legal en que se funda, no resulte destruida por una prueba suficiente en contrario. ’ ’

La jurisprudencia norteamericana sostiene como regla general de interpretación la de que el traspaso o venta de una “casa” o “edificio” lleva consigo el título sobre el suelo en que radica la casa o edificio, en ausencia de algún término o cláusula restrictiva de ese significado. Véanse: Ansin v. Taylor, (Mass.) 159 N. E. 513; Tadlock v. Mizell, (N.C.) 142 S. E. 713. En Broadhurst v. Mewborn, 171 N. C. 400, 402, 88 S. E. 629, se resolvió:

“El legado de una 'casa’, cuando se refiere como en este caso a la vivienda del dueño, se ha resuelto que equivale a la palabra ‘messuage,’ y, en ausencia de algún término o cláusula restrictiva de tal significado, se dice que transfiere también el solar sobre el cual la vivienda está situada, junto con los edificios anexos regularmente usados por el dueño como parte de su residencia.”

Véanse también: State v. Board of Education, 71 W. Va. 52, 76 S. E. 127; Gidley v. Lovenberg, 35 Tex. Civ. App. 203, 209, 79 S. W. 831, 835; Gibson v. Brockway, 8 N. H. 465, 31 Am. Dec. 200; nota en 15 L.R.A. 652; 18 C. J. 296.

En el caso de autos, la presunción legal de que al vender las dos casas sin hacer a su favor reserva o limitación alguna en cuanto al. solar los demandantes vendieron también el solar en que radican las casas, no ha sido destruida y ni siquiera controvertida por prueba alguna en contrario. La evidencia, examinada en conjunto, lejos de destruir dicha presunción la ratifica y reafirma. La señora Carmen López Cepero, por sí y en representación de sns hijos, comisiona a nn agente para qne les consiga un comprador de las casas y solar; y discute y acepta la valoración qne de cada una de las casas y del solar de cada una hace dicho agente. En la descripción qne de la casa núm. 2 calle Brumbaugh se hizo en la escritura de partición se dice que dicha casa está encla-vada en solar propio; y al describir la casa núm. 4 de la misma calle se dice que está fabricada en parte del solar correspondiente a la anterior casa núm. 2. En el expediente sobre autorización judicial para la venta del condominio de los menores, la madre y tutora de éstos hizo constar que como sobre el propio solar, o sea sobre el solar en que radi-caba la casa núm. 2 de la calle Brumbaugh, ella había cons-truido una casa más que ha aumentado el valor de toda la 'finca, por esa razón se había convenido la compraventa del inmueble en la suma de $3,500. T cabe aquí preguntar: si lo que iba a venderse, como pretenden los demandantes, era exclusivamente la casa núm. 2, sin el solar, ¿que importancia podía tener para la fijación del precio de venta el hecho de que sobre el propio solar se hubiese construido otra pequeña casa de madera, si ésta no había de ser transferida al com-prador como un anexo o pertenencia del solar en que una y otra casas estaban ubicadas? La prueba estableció el hecho de que al discutir el negocio uno de los demandantes trató de excluir esa casa pequeña y parte del solar y que el comprador se negó a ello.

Al inscribir en el Registro la venta por los demandantes a Sucesores de Pérez Hermanos de la casa núm. 2 calle Brumbaugh, se hace referencia a la descripción que aparece ■en la inscripción Ia. y en dicha inscripción la finca se describe: “Urbana: Casa con su solar.” Y en la inscripción de dicha venta se hizo constar además que en el documento presentado “se dice que también existe en el solar otra casa de madera, cubierta de zinc.”

Desde el año 1917 en que se efectuó la venta de las dos ¡asas, según los demandantes, y de las casas y solares según ¡1 demandado, hasta agosto 10, 1938, o sea durante un período ie 21 años, el demandado ña estado en posesión de las casas T de sus solares en concepto de dueño, sin que su posesión > su título,hayan sido atacados por los demandantes. Du-■ante esos 21 años el demandado y su antecesor en título han )agado las contribuciones impuestas a las casas y a sus res-petivos solares, sin que en momento alguno durante tan largo príodo de tiempo los demandantes se cuidasen de pagar-as o de cerciorarse de si alguna otra persona las estaba >agando.

Tomando en consideración todas las circunstancias y Lechos apuntados, tenemos que llegar a la conclusión de que a corte sentenciadora no erró en la apreciación que hizo de a prueba, ni tampoco al sostener que los hechos y la con-nota subsiguiente de las partes revela claramente que al ven.er las casas los demandantes vendieron también el suelo n que las mismas estaban enclavadas.

No hubo error en la imposición de costas y honorarios; tero considerando que la suma de $500 para honorarios no stá justificada, opinamos que debe reducirse a $300.

Debe modificarse la sentencia recurrida reduciendo a $300 % suma que los demandantes deberán pagar para honorarios e abogado, y así modificada confirmarse.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. De Jesús no intervinieron.


author: El Juez PResidente Señob Del Tobo

text:
    Juan Pedro Smith, conocido por Juan Pedro Arroyo, demandante y apelante, v. Juan Negrón Cayol, demandado y apelado.
    Núm. 8199.

    Sometido: Junio 10, 1940.

      Resuelto: Junio 14, 1940.

      José Soto Rivera, abogado del apelante;

      B. Cuevas Zequeira, abogado del apelado.
   El Juez PResidente Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso interpuesto en este caso, por ser frívolo. La parte apelante se opuso por escrito. A la vista de la moción sólo compa-reció. la apelada.

En la demanda se pide que se dicte sentencia decretando que el demandante tiene constituido su bogar seguro en cierta casa enclavada en solar situado en Santurce, San Juan, P. ít., de cuyo derecho no puede ser privado basta que el deman-dado le pague la suma de quinientos dólares. Se alega en ella que el demandante es dueño de la indicada casa que retiene como su única residencia y que fué vendida al deman-dado por el Márshal de la Corte de Distrito de San Juan en el procedimiento ejecutivo hipotecario seguido por él contra el demandante en dicha corte, radicando el deman-dante ante el márshal solicitud escrita y jurada de que se separara la suma de quinientos dólares para garantizar su reclamación, suma que no fué separada porque el comprador no satisfizo cantidad alguna en metálico.

En su contestación negó el demandado que el deman-dante fuera dueño de la casa en cuestión; que residiera en ella y que tuviera en ella constituido su hogar seguro. En contrario alegó que la casa le pertenece por adjudicación en pago de deuda; que estuvo y está arrendada desde hace años a Luis Diez que en ella vive; que ha consignado en la oficina del márslial quinientos dólares para responder de la recla-mación en caso de que fuera declarada legítima; que la recla-mación del demandante al marshal al tiempo de la subasta se hizo de mala fe a sabiendas de que no tenía derecho a hogar seguro alguno en la casa subastada por cnanto ni él ni su esposa residían en ella y la tenían arrendada a Luis Diez lucrándose de las rentas y porque él y su esposa por escritura pública renunciaron expresamente dicho derecho sobre la dicha finca.

Fué el pleito a juicio y la corte declaró probados los siguientes hechos:

“Que el día Io. de septiembre de 1933, el demandante Juan Pedro Smith, conocido por Juan Pedro Arroyo, y su esposa, tomó a préstamo del demandado, Juan Negrón Cayol, la suma de $2,680 por el término de un año y como garantía de dicho préstamo y sus intereses constituyó hipoteca voluntaria a favor del demandado, sobre la finca que se describe en la demanda. .. .que la cláusula quinta de dicha escritura dice, en parte, así:
“ ‘Don Juan Pedro Smith, conocido por Juan Pedro Arroyo, y su esposa doña Carmen Landrón, renuncian expresamente al derecho de hogar seguro (homestead) que pudiera corresponderles. ’
“Que por escritura Núm. 3, otorgada entre las mismas partes el día 15 de febrero de 1935, ante el mismo notario, la- hipoteca antes mencionada fué ampliada a la suma de $3,000 y el préstamo fué prorrogado por un año a vencer el día 15 de febrero de 1936; que en esta última escritura se hizo una renuncia del derecho de hogar seguro por el demandante y su esposa, en la misma forma que en la anterior,....
“Se ha probado, además, que vencido y no pagado el crédito hipotecario, el aquí demandado inició la acción ejecutiva sumaria correspondiente, la que siguió su trámite hasta la subasta y adjudi-cación de la propiedad hipotecada al aquí demandado.
“Se ha probado, además, que el aquí demandante,.. .y su familia, desde hace más de ocho años o sea desde mucho antes de constituirse la hipoteca y al momento de ejecutarse ésta, no vivían en la casa de su propiedad sino que la tenían alquilada, alegándose por el demandante que no residía en ella con su familia por motivos de salud. ’ ’

Y seguidamente dice:

"Dos son las cuestiones sometidas por el demandado para sostenei su moción de nonsuit: primera, que el demandante no tiene derecbc a reclamar el bogar seguro sobre una propiedad en la que desde hace más de ocho años no reside; segunda, que el demandante y sr esposa hicieron renuncia expresa de su derecho al hogar seguro eu las dos escrituras de hipoteca, supra.
“La Sección Ia. de la Ley sobre hogar seguro (homestead)' de 1936, supra, dispone lo siguiente:
" ‘Sección 1. — Toda persona que sea jefe de familia tendrá de-recho a poseer y disfrutar, en concepto de hogar seguro (homestead) una finca cuyo valor no exceda de quinientos (500) dólares consistente en un predio de terreno y los edificios enclavados en el mismo, de cualquier estancia, plantación o predio de terreno, que le pertenezca o posea legalmente, y estuviere ocupada por ella o por su familia como su residencia. Este derecho de homestead es irrenunciable j cualquier pacto en contrario se declara nulo.’ (Bastardillas nuestras.)
‘ ‘ Sostiene el demandante que no es requisito legal del que reclama el derecho de hogar seguro el residir en la finca debido a que la lej en la sección 5a. dice así:
" ‘Sección 5. — No se hará venta alguna.por virtud de sentencia o ejecución de ninguna finca urbana o rústica cuando se reclamare u ocupare la misma como hogar seguro (homestead) inscrita o nc en el registro de la propiedad, a menos que se obtenga por ella una suma mayor de quinientos (500) dólares.’ (Bastardillas nuestras.)
"Además sostiene que él no tuvo la intención de abandonar sr derecho ya que su ausencia de la finca se debió a motivos de saluc en su familia. El único caso que cita, resuelto en Puerto Rico para! sostener su contención, es el de Miró v. F. Carrera & Hno., 42 D.P.R. 177, en el que se resolvió que: i
" ‘Ni la ausencia involuntaria de Miró por un período de doi meses a fin de recuperar su salud, ni el arrendamiento de su hogai durante ese tiempo, equivalían a un abandono. Su intención de re-gresar fue demostrada suficientemente por el motivo de su mudanza por la corta duración de su ausencia y por el hecho de hater regre-sado antes de tener conocimiento real del pleito radicado contra él: -(Bastardillas nuestras.)
“Somos de opinión que diebo caso no es aplicable a los hechos probados en el de autos que demuestran que el demandante desde hace más de ocho años, o sea mucho antes de constituir la hipoteca, ya no vivía ni tiene su residencia en la finca y tampoco residía en ella cuando se ejecutó demostrando estos hechos la intención del demandante de abandonar definitivamente dicha residencia. La corte no da crédito a la alegada razón de enfermedad como motivo suficiente para que el demandante haya conservado su derecho a reclamar el hogar seguro después de ocho años.
“Con lo expuesto sería suficiente para declarar sin lugar la de-manda, pero la prueba ha demostrado, además, que el demandante y su esposa hicieron renuncia expresa de su derecho al hogar seguro cuando constituyeron la hipoteca y cuando nada había en la ley vigente que prohibiera dicha renuncia. Sostiene el demandante, sin embargo, que dicha renuncia no es válida porque no se hizo en un documento de traspaso, según exigía 'el artículo 3 de la ley de 1903 (Cód. Enj. Civ. pág. 306), pero esta cuestión ya fué resuelta por nuestro Tribunal Supremo en el caso de Pagán v. Padín Tirado, 45 D.P.R. 174, cuando a la página 177 se expresó así:
“ ‘El hecho de que no se considere válida ninguna renuncia o traspaso a menos que se haga constar expresamente en el documento de traspaso, no quiere decir que no pueda consignarse esta renuncia por escrito, cuando no se trate del otorgamiento de un documento de traspaso. Cuando realmente se esté realizando un acto de tras-misión, la ley requiere una renuncia expresa en el documento donde se consigne dicha trasmisión para que se considere abandonado el derecho de hogar seguro; pero cuando no se trate de un traspaso, si se consigna por escrito expresamente esta renuncia, los propósitos del estatuto han quedado cumplidos y debe acatarse y respetarse lo convenido por las partes.’
“Por las razones expuestas, la-corte declara sin lugar la demanda en este caso, con costas, sin que éstas incluyan honorarios de abo-gado. ’ ’

Hemos examinado la evidencia y a nuestro juicio sostiene por completo lá declaración de hechos probados. En cuanto a la aplicación del derecho, la encontramos correcta.

Hemos tomado en consideración todo cuanto alega en su impugnación el apelante y concluimos que no destruye las conclusiones de la corte sentenciadora.

Es cierto que todas las presunciones están en favor de la preservación y retención del hogar seguro una vez cons-tituido (29 C. J. 961, párrafo 403) pero lo es también que ocho años de falta de residencia sin explicación satisfactoria, es un período tan largo que parece indicar el abandono del propósito de volver a residir. Además, aunque concluyéra-mos atendida la interpretación liberal que debe darse a la ley en el sentido del reconocimiento del derecho ya que el espíritu que la informa es el del debido sostenimiento de las familias y por consiguiente de la sociedad en general, que no se demostró el abandono, siempre se sostendría la sen-tencia porque la renuncia del derecho hecha cuando la ley la autorizaba y en forma propia según la jurisprudencia de este tribunal, es por sí sola suficiente para ello.

Siendo ése el caso, procede la desestimación solicitada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Cruz Díaz, acusado y apelante.
    Núm. 8232.

    Sometido: Junio 8, 1940.

      Resuelto: Junio 14, 1940.

      L. Santiago Carmona, abogado del apelante;

      B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Luego de un juicio, el apelante Eafael Cruz Díaz fue con-victo del delito de acometimiento y agresión grave. Apeló y, apoyado por dos declaraciones juradas, solicitó que la transcripción de la evidencia y los servicios de la corte le fueran suministrados gratis por ser insolvente. El día señalado para oír la moción el apelante dejó de comparecer y argumentar su caso y la corte resolvió que las declaracio-nes juradas eran insuficientes para justificar la moción en que el apelante solicitaba se le permitiera litigar in forma pauperis. El apelante radicó una moción de reconsideración que fué igualmente denegada. La resolución o resoluciones de la corte denegándole el derecho a proceder m forma pau-peris se basan fundamentalmente en declaraciones juradas que contienen alegaciones de insolvencia y carencia de fondos.

Uno sólo tiene que examinar el párrafo 67 de la Ley de Quiebras y 32 C. J. 805, et s&q., para ver que la palabra “insolvencia” no es la manifestación de un hecho último (ultimate fact) sino una conclusión de derecho. Un hombre puede ser enteramente insolvente bajo cualquier definición que se dé a esa palabra y no obstante estar en condiciones de levantar los fondos necesarios para la tramitación de un caso. Bajo la Ley de Quiebras la tramitación del caso se paga con prioridad a cualesquiera otras deudas. Las demás alegaciones contenidas en las declaraciones juradas no eran suficientes para permitir a la corte juzgar la imposibilidad material del acusado de pagar los honorarios del taquígrafo y las costas de la corte. Así lo resolvemos, mas si tuvié-ramos duda a este respecto, debería prevalecer la discreción de la corte inferior. Pueblo v. Lawton y Comas, 46 D.P.R. 184.

Sucede que el día de la vista el taquígrafo compareció y se opuso a que se declarara con lugar la moción. El apelante se queja de que no fué notificado de la oposición del taquígrafo. El dejar de notificar al acusado no fué per-judicial si un examen de los autos nos convence de que la moción debe ser declarada sin lugar, con o sin la oposición del taquígrafo. El apelante no radicó affidavit de méritos y esta falta milita contra cualquier derecho que él pudiera haber tenido a que se revisara la actuación de la corte inferior.

Por primera vez, ante este tribunal, el apelante sostiene que el taquígrafo está obligado a suministrarle sus notas taquigráficas sin cobrar honorarios. Esto fué resuelto en sentido contrario en el caso de El Pueblo v. Lawton y Comas, supra.

No hallamos méritos en este recwso y la resolución ape-lada de la corte debe ser confirmada.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. De Jesús no intervinieron.


text:
    Eleuterio Vázquez Sánchez, peticionario, v. Corte de Distrito de Guayama, Hon. Rafael Cordovés Arana, Juez, demandada.
    Núm. 1205.

    Sometido: Marzo 4, 1940.

      Resuelto: Junio 14, 1940.

      M. Guzmán Texidor, abogado del peticionario;

      Hon. Procurador General George A. Malcolm y Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar, abogados de la demandada; y F. González Fagundo, abogado de los interventores, demandantes en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Ana Ojeda y el que fue su esposo demandaron a Eleu-terio Vázquez, el aquí peticionario, ante la Corte de Distrito de G-uayama, en cobro de la suma de $1,154.54, que el deudor había garantizado con hipoteca sobre tres fincas rústicas, de seis, siete y diez cuerdas, respectivamente. Dictada sen-tencia en contra del demandado y librada orden para su ejecución, procedió el márshal a embargar las tres fincas del demandado y a anunciar la venta de las mismas en pública subasta. El 26 de abril de 1939, fecha señalada para la subasta y antes de que ésta se efectuara, el demandado pre-sentó al márshal una “reclamación de homestead” en la que alegó que desde hace más de quince años posee y ocupa con su familia, como jefe, las tres mencionadas fincas; que durante ese tiempo no ha tenido otra residencia; que nunca ha entregado la posesión física de las fincas, en las cuales tiene constituido su hogar seguro; que nunca ha traspasado ni ha recibido consideración alguna por su derecho de homestead; y que reclama su derecho a los efectos de la sección 5 de la Ley núm. 87 de mayo 13, 1936 ((1) pág. 461), estableciendo el derecho de homestead.

Celebrada la subasta, comparecieron los demandantes y ofrecieron por la finca de seis cuerdas $60; por la de siete, $70; y $100 por la de diez cuerdas. El márslial teniendo en cuenta la reclamación de homestead, presentada por el deman-dado y que la suma ofrecida no excedía de $500, se abstuvo de adjudicar la finca a los demandantes. Éstos radicaron una moción en la que alegan en substancia:

1. Que en la escritura de constitución del crédito que se ejecuta, otorgada en 1 de septiembre de 1928, el demandado hizo constar que en los inmuebles descritos no tenía constituido su bogar seguro y se comprometió a no constituirlo dentro de la vigencia del contrato de hipoteca y a no reclamar exención alguna por tal concepto en caso de ejecución.
2. Que la suspensión de la subasta es errónea (a) porque en la reclamación de homestead no se especifica sobre cuál de las tres fincas tiene el deudor constituido tal derecho; y (b) porque a la Ley núm. 87 de 1936 no se le puede dar efecto retroactivo para afectar un contrato celebrado en el año 1928.

Solicitaron los demandantes que se ordenase al márslial que procediera a vender las fincas libres de toda reclamación de hogar seguro.

El 13 de febrero de 1940 la corte de distrito dictó su reso-lución ordenando al secretario que expidiese un nuevo man-damiento al márslial para que dicho funcionario procediese a vender las fincas “sin atenerse a reclamación alguna sobre hogar seguro por parte de los demandados, quedando a salvo el derecho de éstos para ejercitar su reclamación, si alguna tuvieren, mediante la acción ordinaria correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en la sección 6 de la citada Ley núm. 87 de 13 de mayo de 1936.”

Para la revisión de los procedimientos seguidos por la corte inferior el peticionario acudió ante esta Corte Suprema en solicitud de auto de certiorari, el cual fue expedido, con-cediéndose audiencia a las partes.

La cuestión que tenemos que resolver en el presente recurso no es la de si el aquí peticionario tiene o no. derecho al homestead que reclama, o la de si la existencia o inexistencia de ese derecho debe ser determinada de acuerdo con la ley vigente en 1928 ó de acnerdo con la ley de 1936 (Ley núm. 87 de 1936, (1) pág. 461). Lo que tenemos qne resolver es si la corte inferior erró o procedió correctamente ai obligar al demandado reclamante de homestead a recurrir a la acción ordinaria que prescribe la sección 6 de la Ley núm. 87 de 1936, cuando él había elegido proceder de acuerdo con la sección 5 de la misma ley, mediante reclamación radi-cada ante el márshal. Las citadas secciones 5 y 6 leen así:

“Sección 5. — No se hará venta alguna por virtud de sentencia o ejecución de ninguna finca urbana o rústica cuando se reclamare u ocupare la misma como bogar seguro (homestead), inscrita o no en el registro de la propiedad, a menos que se obtenga por ella una suma mayor de quinientos (500) dólares.
“Tal reclamación se hará por medio de declaración jurada hacién-dose constar la buena fe de la misma, que se entregará al oficial encargado de llevar a cabo la venta.
“En caso de que la finca, urbana o rústica, se vendiere por más de quinientos (500) dólares, el excedente sobre dicha suma se pagará al acreedor y la suma de quinientos (500) dólares será depositada ihmediatamente por el oficial que llevó a cabo la venta en la secre-taría de la corte de distrito de su respectivo distrito judicial para que dicho tribunal decida entonces sobre la legitimidad de la recla-mación. Esta suma estará libre de todo embargo o ejecución, salvo los casos dispuestos en la sección 2.
“Se promoverá el juicio por medio de demanda redactada con-forme a lo prescrito para el juicio ordinario en el Código de Enjuicia-miento Civil, la que deberá radicarse en la mencionada corte de distrito dentro del término de treinta (30) días a contar desde la fecha en que se hizo la venta;....
“Sección 6. — En caso de no formularse reclamación alguna ante el oficial encargado de verificar la subasta, la persona con derecho a la reclamación de homestead podrá dentro del término de sesenta (60) días, contados desde la fecha en que la subasta se celebró, entablar acción ordinaria correspondiente.”

Como se ve, la ley, por medio de dichas dos secciones, que son de carácter adjetivo o procesal, provee dos proce-dimientos distintos, uno, el de la sección 5, de naturaleza sumaria o especial; y otro, el de la sección 6, de carácter ordinario.

El demandado estaba en su derecho cuando acudió al márshal en solicitud de “que no venda dichas fincas en la reherida subasta a menos que se obtenga por dichas fincas una suma mayor de $500, y si se vendieren por más de $500, solicita de usted, márshal de esta corte, deposite dicha suma en la Secretaría de la Corte de Distrito de G-uayama, de acuerdo con la sección 5 de la ley mencionada.”

El márshal procedió correctamente cuando no habiendo obtenido más de $500 por las fincas se negó a efectuar una venta a los demandantes.

Como fundamentos de su resolución, la corte inferior dijo:

‘ ‘ Suspendida la venta u obtenido el depósito, el reclamante deberá plantear su acción sobre derecho de hogar seguro mediante demanda redactada en la forma ordinaria, que deberá radicar en la corte de distrito dentro del término de treinta días a contar desde la fecha en que se hizo la venta o en que se celebró la subasta y ésta fué declarada desierta por no haberse obtenido un precio mayor de $500.
“En1 el caso que ahora resolvemos el demandado Eleuterio Vázquez Sánchez presentó oportunamente al márshal de esta corte la declaración jurada a que se refiere la sección 5a. de la ley, recla-mando un derecho de hogar seguro sobre las tres fincas rústicas objeto de la venta y obtuvo la suspensión de ésta porque el precio ofrecido por dichas fincas fué menor de $500, pero dejó transcurrir con exceso el término de treinta días sin radicar la demanda a que se refiere la predicha sección 5a., que aún no ha radicado, abando-nando así su derecho a discutir su reclamación sobre hogar seguro mediante el procedimiento, sumario estatuido en la referida sección 5a. de la Ley núm. 87 de 1936.”

La resolución y sus fundamentos son a nuestro juicio erróneos y contrarios a la letra y al espíritu de la ley. El demandado cuya finca se pone en venta y sobre la cual él reclamó derecho de homestead ante el márshal de acuerdo con la sección 5, supra, no está obligado a radicar una demanda cuando no se ha podido verificar una venta por no haberse obtenido más de $500. Suspendida la venta por ese motivo, el demandado nada tenía que hacer sino esperar tranquilo en la seguridad de su hogar que se verificase una nueva subasta y se hiciese una venta por una suma mayor de $500, de la cual se reservarán $500 para ser depositados en la Secretaría de la corte, hasta que el tribunal decidiese sobre la legitimidad de la reclamación. Los treinta días que la ley concede al reclamante para radicar su demanda de homestead deben contarse “desde la fecha en que se hizo la venta,” o sea desde la fecha en que se venda la propie-dad por más de $500, que es la única venta autorizada pol-la ley, cuando se ha formulado reclamación ante el márshal antes de la subasta. Fue error de la corte el sostener como sostuvo que el demandado en este caso perdió su derecho a proceder de acuerdo con la sección 5, supra, porque no radicó su demanda dentro de treinta días contados desde la fecha en que se suspendió la venta de las fincas. Una venta sus-pendida no es una venta hecha y seguida del depósito de la suma fijada por la ley como el valor del homestead. La mejor prueba de que no se ha hecho venta alguna es la misma resolución recurrida, en la que se ordena al márshal “que proceda a la venta en pública subasta de las fincas en cues-tión.” El demandado tiene treinta días desde la fecha en que se verifique esa venta, siempre que ella produzca más de $500, para radicar su demanda de homestead. Erró por tanto la corte inferior al ordenar que se hiciera la venta '.‘sin atenerse a reclamación alguna sobre hogar seguro por parte de los demandados.”

Por las razones expuestas debe revocarse la resolución ‘¡ocurrida y devolverse el caso a la corte inferior para ulte-riores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió por entender que la orden de la corte para la venta de las tres fincas sólo debe anularse en cuanto a la finca sobre la cual se reclama el homestead, y no en cuanto a las otras dos.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.