text:
    The Federal Land Bank of Baltimore, demandante y apelado, v. Sotero León León, demandado y apelante.
    Núm. 8170.

    Sometido: Mayo 27, 1940.

      Resuelto: Mayo 28, 1940.

      M. Guzmán Texidor, abogado del apelante; Frank Martinez, Sebastián García, Antonio B. Barcéló, E. Campos del Toro, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión que ahora pende ante nuestra consideración es una moción radicada por el demandante apelado solici-tando que se desestime el recurso que contra la sentencia que decretó el desahucio del demandado apelante, dictó la Corte de Distrito de Guayama en 18 de enero de 1940. La moción está basada exclusivamente en las alegaciones y en una cer-tificación expedida por el secretario de la corte sentenciadora, en la que acredita la forma y sitio en que se publicaron ciertos edictos de subasta.

En la demanda de desahucio motivo de este recurso, se alega por el demandante que es dueño de cuatro fincas rús-ticas que describe; que el 17 de febrero de 1936 las vendió al demandado por precio de $21,000 pagadero en distintos plazos y bajo la condición de que si el comprador o sus here-deros o cesionarios dejaban de cumplir las condiciones del contrato de compraventa, el vendedor tendría derecho a declarar vencido e inmediatamente exigible todo el balance del precio de compra no pagado y de proceder a obligar al demandado al cumplimiento específico de dicho contrato, o a cancelarlo o rescindirlo reteniendo todos los pagos que se efectuaren, como daños y perjuicios liquidados y en resar-cimiento además de las costas y gastos incurridos por el vendedor, con la condición adicional de que si el demandante vendedor optaba por rescindir el contrato, el comprador se comprometía a entregar la posesión de las fincas al ser reque-rido por el demandante, renunciando a todo derecho de título y posesión a la propiedad; que el demandado Sotero León quebrantó el referido contrato de compraventa, dejando de satisfacer ciertos plazos que se especifican en la demanda, con motivo de lo cual el demandante declaró rescindido el contrato, notificando de ello al comprador para que le entre-gara la posesión material de las fincas vendidas, a lo cual accedió el demandado, entregándolas al demandante; que con posterioridad a la entrega de las fincas al demandante, el demandado trató de comprar al demandante una parcela de veinte cuerdas comprendida en dichas fincas, transacción que no pudo celebrarse; que después de haber fracasado el demandado en sus gestiones de compra de la referida par-cela, se introdujo en las fincas del demandante, cortando maderas para su beneficio particular, nombrando dos mayor-domos, quienes viven en dichas fincas actuando a nombre del demandado, y finalmente destruyó una casa ubicada en las fincas en cuestión, tomó ganado al cuido en ellas, y está arando parte de las mismas para cultivarlas; que el deman-dante lia requerido al demandado para que desaloje dichas fincas y las deje a su libre disposición, a lo cual se ha negado y se niega aquél, continuando disfrutándolas y ocupándolas sin derecho o título alguno, detentándolas y poseyéndolas en precario sin pagar canon o merced al demandante y contra la voluntad expresa de éste.

Termina la demanda con la súplica de que se decrete el desahucio del demandado, sus familiares, inquilinos, etc., cou imposición de costas, gastos y honorarios de abogado.

La reseñada demanda, que aparece debidamente jurada, fue contestada por el demandado aceptando sustancialmente todas sus alegaciones, pero alegando como materia de defensa que el demandante no es dueño de las fincas descritas en la demanda por pertenecer las mismas a Francisco Alberto Malavé Llera y otras personas que nombra, alegando el demandado que ello es así porque el procedimiento ejecutivo hipotecario a virtud del cual adquirió el demandante dichas fincas que antes pertenecían a Francisco Alberto Malavé Llera y las demás personas a que se refiere la contestación, es nulo por no haberse publicado los edictos de subasta en la forma que determina la ley.

Después de celebrada la primera comparecencia, el deman-dado enmendó su contestación, alegando que ocupa dichas fincas como condueño de las mismas por haber comprado los derechos y acciones que en ellas pueda tener el condueño de las mismas Francisco Alberto Malavé y Llera, alegando ade-más que ocupa, usa y disfruta dichas fincas con el consen-timiento expreso de los condueños Luis Antonio y Teófilo Malavé, quienes las poseen y son dueños de las mismas, según el demandado, en común proindiviso con los demás condueños.

Por las alegaciones de una y otra parte, las únicas cues-tiones en controversia son las siguientes:

1. ¿Se publicaron legalmente o no los edictos de subasta en el procedimiento ejecutivo a virtud del cual adquirió el demandante título de propiedad sobre las fincas en contro-versia?

2. ¿Constituye una defensa válida a la acción de desahucio interpuesta por el demandante el hecho de haber comprado el demandado los derechos y acciones que según él posee sobre dichas fincas otra persona?

La solución de la primera cuestión planteada surge clara y terminantemente de la certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de Gruayama de fecha 29 de octubre de 1935, donde se transcriben los edictos y el diligenciamiento del márshal de dicha corte sobre su publicación. Dicha certificación acredita con el certificado de diligenciamiento del márshal, que el 29 de octubre de 1935 procedió a fijar y fijó cuatro edictos en distintos sitios públicos de costumbre de la ciudad y distrito de Gruayama, a saber: uno en la tabla preparada al efecto en los pasillos de la corte de distrito; uno en la oficina del Telégrafo Insular de Cayey, P. R., término municipal donde radican las fincas; otro en la oficina de la Colecturía de Rentas Internas de Cayey, y otro en la casa del comisario del Barrio Matón Arriba, del mismo pueblo de Cayey, donde según resulta de la demanda radican tres de las fincas en controversia. Resulta además de dicha certificación que la subasta se celebró en noviembre 22, 1935, lo que prueba que los edictos fueron fijados por un término mayor de veinte días.

El artículo 6 de la Ley relativa a las Sentencias y a la manera de satisfacerlas, prescribe lo siguiente:

"Art. 6. La propiedad inmueble embargada en virtud de cual-quier orden de ejecución será vendida en pública subasta en la forma dispuesta por la ley para la venta de propiedad personal sujeta a ejecución.”

Y el artículo 251 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado por la Ley núm. 64 de 13 de mayo de 1934 (Leyes de ese año, pág. 453), prescribiendo el proce-dimiento a seguir para la venta de bienes muebles objeto de ejecución, dispone lo siguiente:

“Art. 251. Antes de verificarse la venta de los. bienes objeto de la ejecución de la sentencia, deberá publicarse del modo siguiente:
“1. ........
“2. Si se tratare de otra propiedad personal, se fijará el aviso, por espacio de veinte días en tres sitios públicos del distrito o ciudad en que se bailaren los bienes, y además, en la escuela del barrio o en la casa del comisario del barrio de la residencia del demandado, cuando ésta fuera conocida, describiéndose en él aquéllos detallada-mente con expresión del lugar en que haya de celebrarse la venta; o se publicará copia del dicho aviso, una vez por semana, durante el mismo período, en algún periódico del distrito, si lo hubiere, y si no en un periódico de los de más circulación en la Isla de Puerto Rico...”

De acuerdo con el citado artículo, el aviso, de subasta puede publicarse en dos formas distintas: fijándolo en los sitios a que se refiere la sección 2, o sea en tres sitios públi-cos del distrito o ciudad qn que se bailaren los bienes y ade-más en la escuela del barrio o en la casa del comisario del barrio de la residencia del demandado, cuando ésta fuere conocida, o publicándolo una vez por semana durante el término de veinte días en algún periódico del distrito, si lo hubiere, y si no en un periódico de los de más circulación en la Isla de Puerto Eico. El márshal optó por la primera forma y se ajustó'a la ley. Por consiguiente, no puede sos-tenerse la contención del demandado de que no se publicaron edictos en el procedimiento ejecutivo hipotecario de donde derivó su título la parte demandante. Nazario Figueroa v. Registrador, 36 D.P.R. 773, 779; Manrique v. Registrador, 33 D.P.R. 544, 548; Thyboe v. San Juan Fruit Co., 36 D.P.R. 892, 895; Mestres v. Díaz Román, 50 D.P.R. 370.

Pero asumiendo que hubiese existido alguna irregularidad en la publicación de los edictos, ella no invalidaría el procedimiento ejecutivo hipotecario. Henna v. Saurí & Subirá, 22 D.P.R. 836; Solá v. Castro, 32 D.P.R. 804; Trueba v. Martínez, 33 D.P.R. 461, 469; Manrique v. Registrador, 33 D.P.R. 544, 549.

En cuanto a la segunda cuestión, tampoco tiene razón el demandado, pues el hecho de que después de celebrada la primera comparecencia él comprara ciertos derechos y acciones que determinada persona pretendiera tener sobre la finca en cuestión, no crea el conflicto de títulos que impide la sentencia de desahucio, pues en manera alguna resulta que el título del demandante sea inexistente, no pudiendo, por consiguiente, ser atacado colateralmente dentro de la acción de desahucio. Dávila v. Sotomayor, 35 D.P.R. 794, 798.

No pudiendo las dos defensas alegadas por el demandado afectar la conclusión a que llegó la corte de distrito al decre-tar su desahucio de las fincas en cuestión, preciso es concluir que el recurso por él interpuesto es frívolo, y siéndolo, pro-cede, desestimarlo y confirmar en todas sus partes la sen-tencia' apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor de Jesús

license: Public Domain

text:
    Ramón Sárraga, demandante y apelado, v. R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, y Leslie A. MacLeod, Auditor de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 8132.

    Sometido: Mayo 20, 1940.

      Resuelto: Mayo 28, 1940.

      Ron. Procurador General George A. Malcolm y R. García Gintrón, Subprocurador Auxiliar, abogados de los apelantes; Wilson P. Colberg y José López Baralt, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario fué nombrado el 4 de febrero de 1937 Pagador y Jefe del Negociado de Cuentas del Departamento' de Hacienda, con carácter temporero y con un sueldo de $3,300 anuales.

Deseando el Tesorero extenderle un nombramiento per-manente y tratándose de una plaza comprendida.en el “Ser-vicio Civil Clasificado”, solicitó del Gobernador que baciendo uso de la facultad conferídale por el inciso h de la sección 4 de la Ley de Servicio Civil (Leyes de 1931, pág. 535), exi-miese a dicho empleado del examen de libre oposición en beneficio de la economía administrativa y de la eficiencia del servicio, a lo cual accedió el Gobernador en comunicación de 24 de noviembre de 1937 que literalmente'dice así:

“La Fortaleza. — Puerto Rico. — San Juan, noviembre 24, 1937.— Hon Tesorero de P. R., San Juan, P. R. — Señor:—Refiriéndome a su comunicación del 26 último para que exima al Sr. Ramón Sárraga del examen de oposición para su nombramiento como Pagador de Puerto Rico y Jefe del Negociado de Cuentas, Departamento de Hacienda, cargo que lia venido ocupando temporalmente desde febrero 6 de 1937, por la presente se le informa que en vista de la recomendación favorable de la Comisión de Servicio Civil y de los méritos y experiencia que el Sr. Sárraga ha tenido que lo capacitan para el cargo . considerablemente más que lo que hubiera podido esperarse de cualquier otro que reuniera el requisito de examen, y considerando además su opinión de que su nombramiento resultaría en interés de la economía administrativa y en bien del servicio, por la presente se exime al Sr. Ramón Sárraga de tal examen para la indicada plaza en su Departamento, de acuerdo con el párrafo h, Sección 4, de la Ley de Servicio Civil, aprobada el 11 de mayo de 1931. — Respetuosamente, (firmado) Blanton Winship, Gobernador.”

Obtenido el consentimiento del Gobernador, previa con-sulta a la Comisión de Servicio Civil, el mismo día 24 de noviembre de 1937 el Tesorero le extendió el nombramiento permanente con un haber desde dicha fecha de $3,500 anuales.

Continuó el peticionario en dicho puesto hasta que el 31 de agosto de 1938, sin expresar razón alguna para ello, el Tesorero lo transfirió al de Jefe del Negociado de Rentas •Internas a partir del primero de septiembre de 1938. No solicitó el Tesorero autorización de la Comisión de Servicio Civil para esa transferencia, pero al dirigirse a dicha Comi-sión el peticionario interesando que no la aprobase, contestó ésta el 26 de septiembre de 1938, que el peticionario había sido nombrado para el puesto de Pagador y Jefe del Nego-ciado de Cuentas sin examen de libre oposición a virtud de consentimiento del Gobernador, y que como el cargo para el cual intentaba transferirlo el Tesorero estaba también incluido en el “Servicio Civil Clasificado”, esa transferencia sólo podía verificarse con el consentimiento expreso del Gobernador, en armonía con el inciso Je del citado artículo 4. No obstante la oposición de la Comisión de Servicio Civil, el Tesorero insistió en la transferencia, nombrando a otra persona con carácter temporero para el cargo de Pagador y Jefe del Negociado de Cuentas.

A pesar de la actuación del Tesorero, continuó el peticio-nario asistiendo a su oficina como de costumbre, pero al observar que ningún trabajo se le asignaba y habiendo el Tesorero rehusado enviar su nombre en la nómina del Depar-tamento como Pagador y Jefe del Negociado de Cuentas, optó el peticionario por retirarse de su oficina, estableciendo entonces esta acción de mandamus interesando su reposición y el pago de los salarios devengados desde que fue así separado del cargo.

Uno de los jueces de la Corte de Distrito de San Juan, ante quien se vió el caso, desestimó la demanda, pero mien-tras se perfeccionaba la apelación falleció el taquígrafo que había tomado las notas taquigráficas y por ese motivo se con-cedió un nuevo juicio ante otro de los jueces, culminando con una sentencia favorable al peticionario.

La Ley de Servicio Civil ha clasificado todos los cargos y empleos del Gobierno Insular en dos grandes ramas que denomina “Servicio no Clasificado” y “Servicio Clasificado”. A este efecto, prescribe en su sección 4:

“Sección 4. — Servicio no Clasificado. — El Servicio no Clasificado ■comprenderá:
“{a) Todos los funcionarios nombrados por el Presidente de los Estados Unidos;
“(b) Todos los funcionarios nombrados por el Gobernador me-diante el concurso y consentimiento del Senado;
“ (c) Todos los funcionarios elegidos por el pueblo, al igual que todos aquellos cuyos nombramientos son confirmados por un cuerpo legislativo;
“ (d) Todos los oficiales y empleados de la Legislatura Insular;
“(e) El secretario y el taquígrafo confidencial del Gobernador, así como un secretario particular del jefe de cada departamento ejecutivo;
“ (/) No más de dos jefes auxiliares de cada departamento ejecu-tivo;
“ (g) Los empleados domésticos de la Mansión Ejecutiva;
“ (h) Todos los funcionarios y empleados cuya remuneración anual no exceda de trescientos dólares;
“(i) Todos los funcionarios del servicio judicial (no incluidos en cualquier otra forma en el Servicio no Clasificado);
“ (j) No más de un taquígrafo o escribiente' confidencial para cada uno de los jueces de una corte de récord y para cada fiscal de distrito;
“ (7c) El Gobernador de Puerto Rico podrá eximir de examen de libre oposición en beneficio de la economía administrativa o de la efi-ciencia del servicio, a cualquier funcionario o empleado, previa con-sulta a la Comisión de Servicio Civil y sujeto a la desaprobación de la Asamblea Legislativa.”

Definiendo el Servicio Clasificado, prescribe la ley en su artículo 5:

“Sección 5. — Servicio Clasificado. — El Servicio Clasificado com-prenderá todos los funcionarios o empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico no específicamente comprendidos en la sección 4 de esta ley,...”

Estableciendo el procedimiento a seguir para cubrir vacantes en cargos comprendidos en el “Servicio Civil Cla-sificado ’ ’, dispone la sección 22:

“Sección 22. — Certificación de las listas. — Siempre que vacare un cargo en el servicio clasificado, la autoridad nominadora, si deseare cubrir dicba vacante, enviará petición de terna a la Comisión de Servicio Civil. La Comisión certificará no más de los tres primeros nombres de personas que estén dispuestas a aceptar nombramientos, de la correspondiente lista de reposición para la clase a que baya sido asignado el cargo vacante...
“Al solicitarse una terna o cuando un cargo esté cubierto por nn empleado provisional o temporero, y hubiere una lista de repo-sición o una de elegibles para la clase a que pertenece dicho cargo, la Comisión inmediatamente certificará elegibles según se establece anteriormente, y dicha autoridad nominadora deberá inmediatamente hacer selección para nombramiento, teniendo en cuenta únicamente el mérito y aptitud y sin tomar en consideración ningunas otras circuns-tancias. Ninguna persona certificada y nombrada en esta forma cesará, ni será suspendida, ni disfrutará de licencia, ni será trans-ferida o reducida en sueldo o categoría, excepto por razones que tiendan a mejorar el servicio, expresadas por escrito y previa oportu-nidad para ser oída por la Comisión, y solamente con el consenti-miento y aprobación de ésta.... ”

Más adelante, en la sección 28, al tratar de “Separacio-nes”, dice:

“Sección 28. — Separaciones.—Ninguna persona que ocupe una plaza o destino en el servicio clasificado será separada o despedida, salvo por causas justificadas y previa formulación de cargos, y no antes de dársele oportunidad para ser oída en defensa propia.”

Si como sostiene el peticionario, él pudiera considerarse como un empleado comprendido en el Servicio Civil Clasifi-cado, se tallaría amparado por las secciones 22 y 28 de la ley, y en tal caso, no habiéndose seguido el procedimiento que para transferirlo o separarlo determina la ley, tendría dere-cho al auto perentorio de mancUwms que solicita. Si por el contrario está comprendido en el Servicio Civil no Clasifi-cado, entonces no está protegido por las secciones transcritas y su cargo está a merced del poder nominador, a menos que otra cosa expresamente se disponga por la ley. Por consi-guiente, la cuestión primordial a resolver es si el peticionario está o no comprendido en el Servicio Civil Clasificado.

Observaremos, como muy bien lo hizo el Juez Romany al fundamentar la primera sentencia que desestimó la petición, que .en la sección 4, en la q.ue se enumeran ios funcionarios comprendidos en el “Servicio no Clasificado”, aparece en último término el apartado Je que ya conocemos. No puede argiiirse que ese apartado se colocó en ese sitio al azar y que ninguna relación tiene con lo dispuesto en la sección 4, pues se observará' que dicha sección marca con letras correlativas cada una de las clases de funcionarios comprendidos en el “Servicio Civil no Clasificado”, y que el último párrafo está comprendido con la letra le, que es la que en él orden correlativo corresponde a los empleados que por disposición del G-obernador se eximen de examen de libre oposición, lo que evidencia el propósito legislativo de no incluir estos empleados en el “Servicio Civil Clasificado”, para los cuales se exige el° examen a que se refiere la sección 19 de la ley.

Es verdad que el empleo para el cual fué nombrado el peticionario es de los comprendidos en el “Servicio Civil Clasificado”, pero ello no implica que el nombramiento que se extendió conlleve su ingreso en el Servicio Civil Clasificado, para lo cual exige la ley el examen de libre oposición.

A pesar de su nombramiento el peticionario continuó siendo un empleado comprendido en el “Servicio Civil no Clasificado”, y fué por esta razón que la Comisión no aprobó su transferencia para el cargo de Jefe del Negociado de Arbitrios, fundándose en que para dar tal consentimiento era preciso solicitar la autorización del Gobernador, con-forme se hizo cuando ocupando el primer cargo con carácter de temporero, el Tesorero resolvió nombrarlo con carácter permanente.

Se alega por el peticionario que él nunca fué separado del cargo de Pagador y Jefe del Negociado de Cuentas, fun-dándose en parte en que la transferencia que se bizo para el cargo de Jefe del Negociado de Arbitrios no era legal, por cuanto no se babía obtenido el consentimiento de la Comisión de Servicio Civil, la que por el contrario se oponía a ello por no haberse obtenido previamente el consentimiento del Gobernador.

Si se toman en cuenta todas las circunstancias concurren-tes, empezando por la carta que dirigió el Tesorero al ape-lado con fecba 31 de agosto de 1938, en la que le comunicaba que había sido transferido del puesto de Paymaster y Jefe del Negociado de Cuentas del Departamento, al de Jefe del Negociado de Arbitrios para tener efecto el primero de sep-tiembre de 1938, y se le ordenaba que entregase todos los documentos, archivos, papeles, muebles, papel de oficina y todos los asuntos pendientes en dicho Negociado al Sr. M. Martínez Casanova, Inspector General de Contribuciones, al recibir dicha comunicación, y si se tiene en cuenta además que para el cargo ocupado por él fué nombrado el Sr. Mar-tínez Casanova, aunque con carácter temporero, y que a pesar de que el apelante continuó asistiendo a su oficina regular-mente no-se le asignó trabajo alguno ni se incluyó su nombre en la nómina mensual, y si se considera además que al expe-dirse por la corte de distrito el auto alternativo de mandamus el tesorero se opuso a la expedición del auto perentorio, se comprenderá fácilmente que el Tesorero tuvo la intención, e implícitamente por lo menos lo manifestó al apelado, de separarlo del cargo de Pagador y Jefe del Negociado de Cuentas.

En el caso de People v. Travis (1915) 154 N. Y. Supp. 403, el relator fué nombrado para un cargo incluido en el Servicio Clasificado. Algún tiempo después el demandado lo separó del cargo sin darle audiencia. El relator alegó que la plaza de que fué separado estaba incluida en el Servicio Clasificado, que por lo tanto no podía ser separado sumaria-mente, sin previa audiencia, y que como cuestión de hecho su separación se llevó a cabo de mala fe y por razones polí-ticas. Alegó el demandado que la separación tuvo efecto por razones de economía, que el cargo era una canonjía, que no había trabajo alguno que hacer y que al preparar el presupuesto de su oficina, el demandado no había hecho asig-nación alguna para el cargo del relator. No resultaba de los autos que se hubiese cubierto el cargo con otra persona. El nombramiento del relator se llevó a efecto de acuerdo con la sección 15, inciso 2, de la Ley de Servicio Civil de Nueva York, que dice así:

“En caso de vacar una plaza comprendida en el Servicio Clasi-ficado que requiera cualificaciones peculiares y excepcionales de carácter científico, profesional o educacional.. .la Comisión del Estado o municipal puede suspender las disposiciones de la regla que para tales casos requiere examen de libre oposición...”

Al denegar la petición de m-andamus radicada por el relator, la Corte Suprema, División Apelativa (Supreme Court, Appellate Bivision), se expresó en los siguientes términos:

“Creo que es evidente que cualquier nombramiento hecho bajó las circunstancias expuestas es excepcional y que el nombrado, por esa razón es excluido del servicio clasificado, y que es pro hac vice colocado en el servicio no clasificado, estando de ese modo sujeto a separación bajo las mismas circunstancias aplicables a las personas incluidas en dicha clasificación. Esta interpretación armoniza el procedimiento de separación con la forma del nombramiento en el caso particular y no conflije ni con el espíritu ni con la letra de la Ley de Servicio Civil. Un principio similar fué aplicado en la-interpretación de la Ley de Servicio Civil municipal en People ex rel. Corkill v. McAdoo, 113 App. Div. 770, 99 N. Y. Supp. 324.”

Véase el caso de Welling v. Fullen, 299 N. Y. Supp. 88, donde se cita con aprobación el de People v. Travis, supra. En el caso de Shinn v. People, 59 Colo. 509, 149 P. 623, se suscitó la misma cuestión que en el de autos. Sbinn alegaba que había sido' destituido sin causa y sin previa audiencia. Se resolvió que la ley es aplicable solamente a aquellos empleados que habían tomado un examen y de ese modo demostrado la aptitud necesaria, y que Shinn no estaba en el Servicio Clasificado, y por consiguiente no tenía derecho ai beneficio de la ley, porque él no había tomado examen.

Por lo expuesto, llegamos a la conclusión de que el peti-cionario no está incluido en el Servicio Civil Clasificado y por consiguiente no tiene derecho a la protección que a los empleados comprendidos en dicha clasificación les brinda la Ley de Servicio Civil.

'Procede, a nuestro juicio, declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia apelada y declarar sin lugar la petición de mandamus, con costas al demandante.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

Junio 17, 1940

El apelado solicita la reconsideración de nuestra sentencia de 28 del mes pasado por la que revocamos la que a su favor había dictado la corte de distrito. Insiste en que, asumiendo que él no esté incluido en el Servicio Civil Clasificado, sin embargo, como el cargo de Pagador General que él ocupaba está comprendido en dicha clasificación, no podía legalmente separársele de dicho puesto sin la previa formu-lación de cargos y oportunidad de defensa garantizados por la sección 28 de la Ley de Servicio Civil, que literalmente dice:

“Sección 28. — Separaciones.—Ninguna persona que ocupe una plaza o destino en el servicio clasificado será separada o despedida, salvo por causas justificadas y previa formulación de cargos, y no antes de dársele oportunidad para ser oída en defensa propia.’-’

La letra clara de la ley no admite duda alguna de que son las personas que ocupan cargos o destinos comprendi-dos en el Servicio Civil Clasificado las garantizadas por la Sección 28 transcrita; pero esta sección, naturalmente, debe ser interpretada en armonía con la 22, dispositiva de que los cargos o destinos incluidos en el Servicio Civil Clasificado deben cubrirse con personas incluidas en dicha clasificación, y en armonía también con la sección 5, que determina quié-nes son los empleados o funcionarios comprendidos en el Servicio Clasificado.

Es verdad que el apelado ocupaba un cargo comprendido en el Servicio Civil Clasificado, pero su nombramiento no se le expidió de acuerdo con la regla general contenida en la sección 22 de la ley, sino a virtud de la excepción creada en la sección 4, apartado k, que autoriza al Gobernador, con el consentimiento de la Comisión de Servicio Civil, a 'eximir del examen competitivo por razón de economía o en bien del servicio, considerándose no obstante a tales empleados como comprendidos en el Servicio Civil no Clasificado de acuerdo con la citada sección 4 (7c) y con la jurisprudencia citada en la opinión principal. .Por consiguiente, son aque-llos y sólo aquellos funcionarios que ban demostrado su competencia mediante el examen que prescribe la ley, los que tienen derecho a la estabilidad que les garantiza la sección 28 invocada por el apelado.

Si la sección últimamente citada hubiese sido redactada de forma que dijese, “ninguna persona incluida en el Ser-vicio Civil Clasificado podrá ser separada de su cargo,” etc., la aplicación del precepto legal así redactado, produciría a menudo efectos contrarios al claro propósito del legislador, toda vez que al ser nombrada para nn puesto en el Servicio Civil no Clasificado una persona comprendida en el Servicio Clasificado, no podría ser separada de dicho puesto sin pre-via formulación de cargos y oportunidad de defensa, garan-tías que, como hemos visto, están reservadas exclusivamente a los que ocupan regularmente y no por vía de privilegio o concesión especial, los cargos comprendidos en el Servicio Civil Clasificado.

Las demás cuestiones suscitadas en la moción de recon-sideración han sido suficientemente discutidas en la opinión principal.

Procede denegar la reconsideración solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    María y Angela Cintrón, esta última asistida y representada por su madre con patria potestad sobre la misma, Victoria Vázquez, demandantes y apelantes, v. West India Oil Company, demandada y apelada.
    Núm. 7540.

    Sometido: Marzo 12, 1940.

      Resuelto: Mayo 29, 1940.

      Diego O. Marrero y Luciano Colón, abogados de las apelantes; Brown, González & Newsom, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una acción de daños y perjuicios enta-blada por María y Angela Cintrón contra la West India Oil Company, en la que reclaman la suma de $4,999, más las costas, gastos y honorarios de abogado, por la muerte de Angel Cintrón, hijo y padre, respectivamente, de las deman-dantes.

Alegan las demandantes que entre 8 y 9 p. m. del día 10 de junio de 1934 el automóvil Ford propiedad de la deman-dada, que guiaba su empleado Luis Costas por la carretera pública que de la playa de Ponce conduce a la ciudad del mismo nombre, arrolló a Angel Cintrón, que caminaba en dirección contraria al automóvil de la demandada, montado en una bicicleta. Se le imputa al conductor del automóvil Ford como acto constitutivo de negligencia el caminar por la izquierda de la carretera con indiferencia absoluta para la vida y seguridad de las distintas personas que tenían dere-cho a transitar por dicha carretera pública.

La demandada contestó la demanda admitiendo la ocu-rrencia del accidente pero negando que éste se debiera a la negligencia de su empleado, y alegando en contrario que el choque entre el automóvil y la bicicleta se debió única y exclusivamente a la negligencia, descuido y temeridad de Angel Cintrón, quien conducía la bicicleta a una velocidad exagerada, sin luces, haciendo zigzags por la carretera y en estado absoluto de embriaguez.

La corte de distrito, después de oír la prueba abundan-tísima ofrecida por una y otra parte, cuya transcripción consta de 554 páginas, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas.

Las demandantes apelaron y en su alegato le atribuyen a la corte sentenciadora la comisión de cinco errores, todos ellos relacionados con la apreciación que de la evidencia hizo.

El primero consiste en haber resuelto que el automóvil de la demandada caminaba normalmente por su derecha en la carretera; el segundo, en haber resuelto'que la prepon-derancia de la prueba en cuanto a la forma en que ocurrió el accidente, estaba a favor de la demandada; el tercero, en haber-resuelto que la negligencia de Angel Cintrón fuera la causa próxima y directa del accidente; el cuarto en haber resuelto que no medió negligencia imputable a la demandada o al conductor del automóvil de su propiedad; y el quinto, ai dictar sentencia en contra de las demandantes.

A nuestro juicio la corte inferior no cometió ninguno de los errores que le imputan las apelantes. Como os natural en casos de la naturaleza del presente, la evidencia fue contradictoria en varios particulares pero la corte, que vió y oyó a los testigos, resolvió el conflicto que de esa prueba contradictoria surge, a favor de la demandada, y ■es cosa resuelta ya por este tribunal que a menos que la apreciación sea errónea o que en ella medie la pasión, el prejuicio o la parcialidad, no variará o alterará las conclusiones a que haya llegado la corte a quo.

Sería prolijo resumir las declaraciones de los testigos que desfilaron en la vista de este caso, pero sí debe hacerse cons-tar que ninguno de los que ofreciera la parte demandante vió el accidente. Sobre este extremo, se expresa así la corta inferior:

"La corte no puede descansar en las declaraciones de los testigos de la demandante que aparecieron como testigos presenciales, porque, según resulta de sus propias declaraciones, ninguno de ellos vió el accidente: todos declaran que sintieron, es decir, que oyeron el ruido producido por el choque de la bicicleta y el automóvil. Estos testigos, además, fueron impugnados con éxito por testigos de la demandada y el affidavit de Clemente Mercado.
"Los únicos testigos que realmente vieron cómo ocurrió el acci-dente fueron los testigos Luis Costas y Jorge Gutiérrez, quienes venían en el automóvil de la demandada.”

Esa conclusión de la corte inferior está ampliamente sos-tenida por la evidencia.

Con relación a los errores numerados primero, segundo y cuarto, declararon el cabo de la Policía Insular Evangelista Rosario, y el policía Alberto Martínez, sobre las huellas o rastros qne dejó el automóvil al aplicar los frenos. El segundo, Alberto Martínez, al preguntársele dónde empeza-ban esas huellas, contestó lo siguiente:

“Empezaban al lado derecho de la carretera, viniendo de la Playa para Ponce, seguían en una dirección recta unos cuatro o cinco metros y luego rápidamente cortaban hacia la izquierda y venían marcando el resto de metros en una forma como diagonal, mejor dicho, cortando carretera hacia la izquierda.”

El primero, el cabo Rosario, contestó así a las preguntas que sobre el particular le hiciera el abogado de la deman-dada:

“¿Usted midió las huellas?
‘ ‘ Sí, señor.
“¿Con qué?
“Con pasos naturales.
“¿Dónde empezaban las huellas?
“Empezaban... — ya dije la dirección que traía el automóvil que hubo el accidente; empezaban a una distancia de catorce, diez y seis o diez y ocho pasos, exactamente no recuerdo, hasta el punto que paró el carro en la izquierda del automóvil, muy cerca de la cuneta.
“Lie. González:
“¿En qué lado empezaban esas huellas?
“En el derecho.
“¿Está seguro de eso?
' ‘ Seguro.
“¿Y terminaban en el lazo izquierdo?
“Sí.”

De modo que aun cuando prescindiéramos del testimonio ofrecido por los únicos testigos oculares del accidente, que lo fueron los que a la sazón viajaban en el automóvil de la demandada, siempre estarían justificadas las conclusiones de la corte inferior en cuanto a los errores 1, 2 y 4 se refiere, por el testimonio de personas imparciales, como el de los testigos Rosario y Martínez.

Examinemos ahora el tercer error apuntado por las ape-lantes. En la opinión que sirvió de base a la sentencia apelada, el juez sentenciador declaró probados satisfactoria-mente, entre otros, los siguientes hechos:

“El día 10 de junio de 1934 Luis Costas, empleado de la deman-dada, conducía en el curso de su empleo, el referido automóvil en dirección de la Playa de Ponce hacia la ciudad por la Carretera Central, caminando por su derecha, entre ocho y ocho y media de la noche, acompañado de Jorge Gutiérrez, empleado también de la demandada.
“Al correr dicho automóvil así conducido por el kilómetro 133 de la Carretera Central, con luces encendidas, a una velocidad mode-rada y por su derecha, Costas, el conductor del auto, divisó como a 150 yardas de distancia a Angel Cintrón que iba en dirección con-traria montado en una bicicleta y corriendo por su izquierda, o sea por el mismo lado de la carretera que corría el automóvil. El conductor Costas entonces se acercó más al centro de la carretera dejando espacio al ciclista para que pudiera proseguir en la dirección que éste llevaba. Así las cosas y cuando sólo mediaba una distancia como de 15 pies entre la bicicleta y el auto, el ciclista Cintrón, repentina-mente, se lanzó a cruzar la carretera. Costas trató de evitar el accidente desviando el automóvil hacia el lado izquierdo de la carre-tera, hasta que sus dos ruedas delanteras cayeron en la cuneta donde paró el automóvil; y, a pesar de esa maniobra de Costas, la bicicleta de Cintrón chocó con el tapalodo derecho delantero del auto y, como resultado del choque, recibió Angel Cintrón los golpes que le pro-dujeron la muerte; quedando, además, desfigurada la rueda delan-tera de la bicicleta.”

Tuvo dudas, sin embargo, en cuanto al punto de si el ciclista Angel Cintrón se encontraba esa noche en estado de embriaguez.

Aun cuando la corte a quo hubiera declarado que Angel Cintrón se encontraba sobrio la noche del accidente, si acep-tamos que cuando sólo mediaba una distancia de 15 pies entre la bicicleta y el auto, Cintrón cruzó la carretera, siendo entonces arrollado con el automóvil, por el empleado de la demandada, forzoso es concluir que el acto realizado por Cintrón fué la causa próxima y directa del accidente, y que por lo tanto no erró la corte sentenciadora al así declararlo. La evidencia es más que suficiente para sostener lo que el juez declaró como hechos probados.

El quinto error no amerita ninguna discusión. Sólo podría sostenerse de haberse declarado fundado cualquiera de los cuatro que le preceden.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, representado por José E. Colom, Comisionado del Interior, demandante, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., demandada y apelante; Puerto Rico Ilustrado, Inc., José Coll Vidal y Angel Ramos, querellados y apelados.
    Núm. 8165.

    Sometido: Abril 29, 1940.

      Resuelto: Mayo 31, 1940.

      Brown, González & Newsom, abogados de la apelante; B. Cuevas Zequeira, abogado de los apelados.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señoe Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

La Porto Rico Railway, Light & Power Co., demandada en un pleito sobre expropiación forzosa iniciado por El Pueblo de Puerto Rico, radicó en la corte de distrito una petición en solicitud de que se dictara una orden para mos-trar causa por la cual cierto periódico, su director y admi-nistrador, no debían ser castigados por desacato. Los que-rellados en el procedimiento de desacato radicaron una contestación y una moción para que se desestimara la solicitud. La peticionaria apela de una resolución o sen-tencia adversa que puso fin al procedimiento. Los ape-lados solicitan la desestimación del recurso fundados en que no existe disposición legal alguna que lo autorice y en que es frívolo, por los fundamentos que aducen en una moción para desestimar el procedimiento de desacato, radicada en la corte de distrito, y por otras razones, a saber:

“(a) Porque no habiéndose imputado en la querella la comisión de actos que implicaran desobediencia de órdenes, decretos o resolu-ciones dictadas en el pleito principal a favor de la peticionaria, carece ésta de la condición de parte agraviada indispensable para establecer recurso de apelación contra la sentencia que absolviera a los querellados. Art. 294 Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico. Cortés v. Rivera, 41 D.P.R. 298; Diego Agüeros & Co. v. Navarrete, 36 D.P.R. 875; Cruz v. Sucn. Jiménez, 32 D.P.R. 833; Freire v. Quintero, 23 D.P.R. 128.
“(ó) Porque en el supuesto de que los hechos alegados en la querella constituyeran falta de respeto a la autoridad y dignidad de la corte, el desacato tendría carácter penal; y como en cualquier otro delito público, la sentencia absolutoria es inapelable, ya que en tales casos no existe parte perjudicada. El privilegio de la apelación compete sólo al acusado declarado culpable, cuando se trata de sen-tencia condenatoria. Art. 347 Código de Enjuiciamiento Criminal; Gotay Ex parte y El Pueblo, 37 D.P.R. 472; Pueblo v. Lorenzo, 18 D.P.R. 978.
“ (c) Porque habiéndose imputado por la demandada peticionaria, a los querellados, actos de naturaleza delictiva, que hubieran podido culminar en el pronunciamiento de una sentencia contra dichos que-rellados, privándoles de su libertad, como medio de vindicar la dignidad de la corte desacatada; el procedimiento tiene el carácter de un proceso criminal, en el que las partes verdaderas son el Estado, como perseguidor, y los querellados, como acusados.
“ ‘La imputación hecha a la parte apelante (desacato criminal) es en verdad un delito criminal. No quiero decir que sea un delito proeesable, mas séalo o no, es un delito criminal, y es un delito y el único que conozco que es castigable en el derecho común de manera sumaria. La contienda no existe entre las partes en el litigio original, sino entre el público y el acusado.’ Michaelson v. United States, etc., 266 U. S. 42, 35 A.L.R. 457.
“ ‘Un litigante no puede apelar de la actuación de la corte al resolver la cuestión. El litigante no puede controlar el procedimiento, que tiene por mira proteger al tribunal, y que ba de invocarse o no a discreción de éste, pero que debe utilizarse libremente cuando los intereses de la justicia y los derechos de los litigantes así lo exijan. “Apenas'tiene excepción la doctrina de que la expedición vel non de recursos de desacato procede en todo caso dentro de la sana discreción de la corte.” (4 Ency. of Pl. & Pr. 774.) People v. Durrant, 116 Cal. 179, 209.
“ ‘Estos desacatos son infracciones a la ley y conllevan castigo como tales. Si semejantes actos no son penales, estamos equivocados en cuanto a las características más fundamentales de los “delitos” (crimes), tal cual esa palabra ba sido entendida en el idioma inglés.’ Ex parte Grossman, 267 U. S. 87, 38 A.L.R. 131, 136; State v. Magee Pub. Co., 38 A.L.R. 142.
(d) Porque habiéndose basado la querella de desacato en la comisión de actos específicos que fueron imputados a los querellados, y existiendo por parte de éstos una negación de dichos actos, venía obligada la corporación demandada y peticionaria a presentar evi-dencia para sostener las alegaciones esenciales de la querella; y uno de los fundamentos que tuvo la corte inferior, según se expresa en la resolución apelada, fué el hecho de no haberse presentado prueba por el demandado para sostener las alegaciones de su querella.”

Oponiéndose a la moción para desestimar, la apelante cita las siguientes disposiciones estatutarias y autoridades: Del Toro v. Corte Municipal, 16 D.P.R. 93; Ex parte Paniagua et al., 33 D.P.R. 902; Sección 295 del Código de Enjuiciamiento Civil; Sección 345 del Código de Enjuiciamiento Criminal; In re Montalvo, 22 D.P.R. 653; Pueblo v. De Jesús, 39 D.P.R. 331; Pueblo v. Lastra, 50 D.P.R. 118; Pueblo v. Bigio, 51 D.P.R. 165; Sánchez v. Romany, 53 D.P.R. 596; Lamb v. Cramer, 285 U. S. 217; Smith v. Clothier (Kan.) 213 P. 1071, 1074; Gibson v. Rogers (Ky.) 109 S. W. (2d) 402; Baskin v. Livers (Wash.) 43 P. (2d) 42; Red River Valley Brick Corp. v. Grand Forks (N.D.) 146 N. W. 876; State v. North Shore Boom etc. Co. (Wash.) 103 P. 426, 107 P. 196; Vilter Mfg. Co. v. Humphrey (Wis.) 112 N. W. 1095, 13 L.R.A. (N.S.) 591; In re Christensen Engineering Co., 194 U. S. 458; Thompson v. Nelson (Neb.) 96 N. W. 194; State v. Knight (S.D.) 54 N. W. 412; Spannaus v. Lueck (Minn.) 279 N. W. 216; People v. Forbes (N. Y.) 38 N. E. 303; In re Opinions of the Justices (Mass.) 17 N. E. (2d) 906; Blackenberg v. Commonwealth (Mass.) 157 N. E. 693; Sección 348 del Código de Enjuiciamiento Criminal; 17 C. J. S. 71, 74; 12 Am. Jur. 433; Bessette v. W. B. Conkey Co., 194 U. S. 324; State v. Bland (Mo.) 88 S. W. 28; Doyle v. London Guarantee & Accident Co., 204 U.S. 599; In re González, 22 D.P.R. 28; Oronoz v. Montalvo, 21 D.P.R. 347.

Los apelados, en un memorandum de réplica, se fundan en la siguiente jurisprudencia: 13 C. J. 57; Ramsay v. Ramsay, 14 A. L. R. 712, 716, 717; Ex parte Earman. (Fla.) 95 So. 755; People v. Peters (Ill.) 137 N. E. 118; Bender v. Young (Mo.) 252 S. W. 691; Ex parte Wolters (Tex.) 144 S. W. 531; Smith v. Smith (W. Va.) 95 S. E. 199; Witmer v. District Court (Iowa) 136 N. W. 113; Ex parte Grossman, 267 U. S. 87; State v. Magee Pub. Co., 38 A.L.R. 142; Sección 347 del Código de Enjuiciamiento Criminal; Sección 294 del Código de Enjuiciamiento Civil; Michaelson v. United States, 266 U. S. 42; People v. Durrant, 116 Cal. 179, 209; Kelly v. Montebello Park Co., 28 A. L. R. 33, 60, 61; Rapalje on Contempts 207; Dangel on Contempts (1939 ed.) 285.

La petición en que se solicitaba una orden para mostrar causa, la moción para eliminar ciertas partes de la petición, la moción para desestimar la petición y la contestación lle-vaban todas el siguiente epígrafe:

El Pueblo de Puerto Rico,
representado por José E. Colom,
Comisionado del Interior,
Demandante,
v.
Porto Rico Railway Light &
Power Company,
Demandada.
La peticionaria alegó que:
Civil Núm. 32,557
Sobre:
Expropiación forzosa.
La corte de distrito, en todas las fechas mencionadas en la peti-ción, ha tenido bajo su consideración la causa civil núm. 32,557, interpuesta por El Pueblo de Puerto Rico, representado por su Comi-sionado del Interior José E. Colom, como demandante, contra la peti-cionaria, como demandada; la peticionaria interpuso en diebo caso, en 22 de septiembre de 1939, una moción eliminatoria a la demanda. La moción fué discutida verbalmente y mediante alegatos escritos y declarada sin lugar con fecha 16 de octubre de 1939. El 26 de octubre la peticionaria interpuso excepciones previas a la demanda y las mismas fueron discutidas el 6 de noviembre. Se concedió a la peti-cionaria un término de diez días para radicar un alegato y al Pueblo un término de 48 boras para replicar. El 8 de noviembre el perió-dico “El Mundo”, publicado por Puerto Rico Ilustrado, Inc., siendo su director el Sr. José Coll Yidal y su administrador el Sr. Angel Ramos, publicó o hizo que se publicara, y circuló y distribuyó por la ciudad de San Juan, así como por la isla de Puerto Rico, la edición diaria de dicho periódico, la cual contenía un comentario y crítica en forma de editorial sobre la acción judicial arriba mencio-nada y expresando la opinión de dicho periódico para el consumo del público sobre los méritos del caso y especialmente sobre los mé-ritos de las excepciones previas interpuestas por la peticionaria, criti-cando desfavorablemente dichas alegaciones y tildándolas de un medio encaminado exclusivamente a demorar el curso del litigio. Se acompaña a la petición, para formar parte de la misma, una copia del referido editorial y se marca “Exhibit A”,
El efecto del editorial marcado “Exhibit A” fué perjudicial a la peticionaria como demandada en la referida acción y constituyó una discusión de dicho caso fuera del alcance de la corte que tenía el efecto de tender a influir en el ánimo de la corte en perjuicio de la demandada. Dicho editorial o publicación era y es lesivo a la dignidad y decoro de la corte porque pretende usurpar el derecho exclusivo de la misma para resolver los casos que penden ante su consideración, sin que dichas resoluciones sean afectadas o estorbadas por comentarios, críticas y opiniones gratuitas expresadas por ter-ceras personas y diseminadas al público. La referida publicación o editorial colocó a la corte en una situación difícil y embarazosa en cuanto a la resolución de las excepciones previas interpuestas por la peticionaria, porque de haber entendido la corte que las mismas debieron haber sido declaradas con lugar, ella hubiese estado sujeta al desprecio, desdén, crítica injusta y hasta injuriosa del público o parte del mismo debido a la opinión que dicho público pueda o ha podido formar por motivo de la referida publicación o editorial; que el efecto antes mencionado en cuanto a la corte, de la referida publi-cación o editorial continúa y continuará Rasta tanto el caso sea final-mente resuelto por la corte de distrito y por las cortes que puedan entender del mismo en grado de apelación. El referido editorial o publicación ha tenido y tiene también el efecto de privar a la peti-cionaria del derecho que le garantiza la ley a un juicio imparcial ante un tribunal competente de justicia, de acuerdo con las prácticas y procedimientos legales, sin que el mismo sea afectado o estorbado por influencias, comentarios o publicaciones fuera del alcance de la corte.
La mayor parte de los comentarios y de las críticas hechos en la referida publicación o editorial mareado “Exhibit A” no son ciertos ni están justificados por los autos de dicho caso. Dicha publicación o editorial constituye una extralimitación de la libertad de prensa y, a juicio de la peticionaria, un desacato a la corte.
El día 21 de diciembre de 1939 la peticionaria radicó su contes-tación en la acción judicial a que se ha hecho referencia anterior-mente y dos días después de radicada dicha contestación y estando aún el referido caso pendiente de resolución, el mismo periódico “El Mundo”, siendo su director el Sr. José Coll Vidal y su administrador el Sr. Angel Ramos, en diciembre 23, 1939, publicó o hizo que se publicara y circuló y distribuyó por la ciudad de San Juan, así como por la isla de Puerto Rico, la edición diaria de dicho periódico, la cual contenía un comentario y crítica en forma de editorial sobre los méritos del caso y de las alegaciones y defensas contenidas en la referida contestación de la peticionaria, criticando desfavorable-mente dichas alegaciones y defensas y tildándolas de absurdas y carentes de fundamento y reafirmando la opinión de dicho periódico de que las mismas han sido interpuestas con el solo fin de demorar el curso del litigio. Copia fiel y exacta de la referida publicación o editorial se acompaña a la petición para formar parte de la misma y se marca “Exhibit B”.
El efecto del editorial o publicación que se acompaña a la peti-ción marcado “Exhibit B” fué y es en perjuicio de la peticionaria como demandada en la referida acción y constituye una discusión de dicho caso fuera del alcance de la corte. La referida publicación o editorial ha colocado a la corte en situación difícil y embarazosa en cuanto a la resolución final del caso y especialmente en cuanto a la resolución o resoluciones que pueda dictar en relación con las alegaciones y defensas contenidas en la contestación radicada por la peticionaria, porque de ser declaradas con lugar por la corte, sujetará la misma al desprecio, desdén, crítica injusta y hasta injuriosa del público o parte del mismo, debido a la opinión que dicho público pueda o ha podido formar por motivo de la referida publicación o editorial. El efecto de la referida publicación o editorial, en cuanto a la corte, continúa y continuará hasta tanto el caso sea finalmente resuelto por la corte de distrito y en grado de apelación. El referido editorial o publicación ha tenido y tiene también el efecto de privar a la peticionaria del derecho que le garantiza la ley a un juicio imparcial que debe ser resuelto por un tribunal competente de justicia, de acuerdo con las prácticas y procedimientos legales, sin que el mismo sea afectado o estorbado por influencias, comentarios & publicaciones fuera dél alcance de la corte.
La mayor parte de los comentarios y de las críticas hechos en la referida publicación o editorial marcado “Exhibit B” sobre la acción mencionada en el mismo no son ciertos, ni están justificados por los autos de dicho caso y la referida publicación o editorial constituye una extralimitación de la libertad de prensa y, a juicio de la peti-cionaria, un desacato a la corte.

Se suplicaba se dictara una orden dirigida a los quere-llados para que mostraran causa por la cual no debían ser castigados por desacato debido a la publicación de los dos ■editoriales mencionados en la petición.

La súplica pudo tal vez ser más específica. Debe ser interpretada, sin embargo, a la luz de la petición misma, incluyendo su título. Es significativo el hecho de que la petición y todas las alegaciones subsiguientes tuvieran el mismo título que la acción principal. Parafraseando el len-guaje del Juez Sr. Lamar en el caso de Gompers v. Bucks Stove & Range Co., 221 U. S. 418, 446: La petición no tenía por título El Pueblo de Puerto Rico v. Puerto Rico Ilustrado, Inc., et als., “como hubiera sido lo propio y como era necesario de acuerdo con algunas decisiones, si los pro-cedimientos hubieran sido en ley (at law) por desacato criminal”. Si en el presente caso se hubiese impuesto una multa incondicional a los querellados y si en apelación ellos hubieran insistido en que la multa les había sido impuesta, no para beneficio de las partes, sino como “retribución por un delito”, esta corte quizá hubiera contestado la contención indicando, tal cnal lo hizo la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Fox v. Capital Co., 299 U. S. 105, 109:

“... Al imponer la multa, la corte no actuaba sua sponte ni a instancias del gobierno por mediación de un funcionario fiscal. Gompers v. Bucks Stove & Range Co., supra; Lamb v. Gramer, supra; Union Tool Co. v. Wilson, 259 U. S. 107, 112; Michaelson v. United States, 266 U. S. 42, 64; Leman v. Krentler-Arnold Hinge Last Co., 284 U. S. 448, 452. Tendió su mano protectora a una parte que*acudió en solicitud de ayuda.” •

Del cuerpo de la petición se desprende con razonable cla-ridad que la médula del cargo fué la invasión del derecho de la peticionaria a tener un juicio justo e imparcial por una •corte exenta de influencias, debido a la tendencia obvia y al posible efecto que los ataques violentos del periódico podían tener sobre las alegaciones de la peticionaria en el recurso que se hallaba pendiente antes de la corte haber tenido la oportunidad de considerar los méritos de tales ale-gaciones. De ello se desprende, a nuestro juicio, que en la súplica se solicitaba “acción remedial” más bien que una ■orden puramente punitiva para vindicar la autoridad de la ■corte.

Los primeros cinco párrafos del sumario al caso de Lamb v. Gramer, 285 U. S. 217, dicen así:

“1. El letrado de la demandada en un pleito para anular tras-pasos en fraude de acreedores, recibió de su cliente mientras la causa estaba pendiente parte de los bienes en controversia en pago de sus honorarios profesionales. Más tarde se dictó resolución al efecto de que las demandantes tenían gravámenes sobre todos los bienes en controversia y designando un síndico para liquidar dichas cargas. Se resolvió:
“(1) Que el letrado tomó dichos bienes sujetos a las equidades 'expuestas en la petición y resolución. Pag. 219.
“(2) El hecho de retener la propiedad el letrado después de haberse dictado la resolución constituía un desacato a la corte que podía castigarse civilmente. Pág. 219.
“(3) Un procedimiento de desacato iniciado con el propósito de obligar la devolución de bienes ilegalmente traspasados y para cum-plimentar una resolución dictada en el pleito principal en beneficio de la parte demandante, es un procedimiento civil. Pág. 220.
“2. La misma conducta puede constituir desacato civil y desacato criminal. Pág. 221.
"3. Lo que determina si se trata de un desacato civil o criminal es el fin del castigo, más bien que la naturaleza del acto castigado. Pág. 220.
"4. Una sentencia dictada por la corte de distrito desestimando un procedimiento de desacato civil por falta de jurisdicción, se resolvió que era final y apelable. Pág. 221.
“5. Un procedimiento de desacato civil iniciado en ayuda de un pleito en equidad y del decreto que en él se dicte o pueda dictarse, puede ser sostenido independientemente del pleito, y es independien-temente apelable. Id. ’ ’

Citamos de la opinión:

“La corte inferior resolvió acertadamente que a tenor de los becbos presentados por la petición, podían instruirse procedimientos contra Lamb, bien en equidad, conforme se bizo por la petición com-plementaria radicada por el síndico en Lamb v. Schmitt, post, pág. 222, o mediante procedimientos de desacato, tal cual ocurre en el presente caso, o en ambas formas, para compelerle a devolver a la custodia de la corte los bienes ilegalmente traspasados... El baber recibido y ocultado los bienes, que estaban entonces in gremio legis— véanse Metcalf v. Barker, 187 U. S. 165, 173 et seq.; Pierce v. United States, 255 U. S. 398—tendía a burlar cualquier decreto que la corte pudiera finalmente dictar en la causa. Ese hecbo y la retención de los bienes por parte de él, luego de haberse dictado el decreto, eran en fraude de los derechos de los demandantes a proseguir el litigio basta su terminación, y obstruían la justicia en forma tal que constituía un desacato a la corte, y el mismo podía ser perseguido civilmente. Merrimack River Savings Bank v. Clay Center, 219 U. S. 527, 535-536; Clay v. Waters, 178 Fed. 385, 390, 391. Cf. In re Swan, 150 U. S. 637.
“Un procedimiento para obtener tal remedio es de naturaleza civil. Véanse Gompers v. Bucks Stove & Range Co., supra, pág. 449; Bessette v. W. B. Conkey Co., supra, pág. 338 (194 U. S. 324); Leman v. Krentler-Arnold Hinge Last Co., 284 U. S. 448.
“El decreto de la corte de distrito desestimando la petición final-mente determinó los derechos allí envueltos. Shaffer v. Carter, 252 U. S. 37, 44; The Pesaro, 255 U. S. 216, 217; Rosenberg Bros. & Co. v. Curtis Brown Co., 260 U. S. 516, 517. El procedimiento, basado en transacciones llevadas a cabo en relación con los bienes envueltos en el pleito principal, se inició en ayuda de dicho pleito y de cualquier decreto que pudiera dictarse en el mismo. Pudo pro-seguirse independientemente del litigio, bien antes o después de haberse dictado el decreto, siempre que éste permaneciera sin ejecutar; y el recurso de apelación no dependía de la apelación que se inter-pusiera contra dicho decreto. Véanse Root v. Woolworth, 150 U. S. 401, 411; Leman v. Krentler-Arnold Hinge Last Co., supra; Gompers v. Bucks Stove & Range Co., supra, págs. 451-452; Utah v. United States, (248 U. S. 534) supra.” (Paréntesis nuestro.)

Mucho se ha dicho y muchas aseveraciones concluyentes han sido hechas en relación con la norma por la cual ha de determinarse la naturaleza de un procedimiento de desacato. Tales aseveraciones deben interpretarse a la luz de los hechos que están bajo consideración al tiempo de hacerse las aseve-raciones. Ninguna de esas normas es infalible o exclusiva. Ninguna de las reglas, no importa cuán general, dehe ser ciegamente seguida, irrespectivamente de las circunstancias envueltas en el caso específico. No puede decirse que en todos los casos el peticionario en un procedimiento de des-acato civil carece de remedio a menos que el querellado haya dejado de “hacer algo que la corte o el juez le ordenaron realizar en un procedimiento civil para beneficio de la parte contraria en el mismo”. Ésa parece ser la teoría del segundo fundamento de la moción para desestimar presentada en la corte de distrito. También es la teoría del primer funda-mento de la moción para desestimar el presente recurso. El segundo fundamento de la moción para desestimar en la corte de distrito es el único mencionado por los apelados en su memorándum y los otros fundamentos en que se basaron en la corte de distrito agregan poco o nada a aquéllos que sirven de base a la presente moción para desestimar la ape-lación. En el caso de Lamb v. Gramer, supra, Lamb uo había dejado de hacer algo ordenádole por el juez de distrito.

El juez de la corte inferior en su relación del caso, opinión y resolución decidió adversamente a los querellados las cues-tiones suscitadas por los fundamentos segundo, tercero, cuarto y sexto de la moción para desestimar la petición de la demandada, pero llegó finalmente a la conclusión de que “procede desestimar la querella y absolver a los querella-dos”.

No estamos ahora considerando los méritos del procedi-miento de desacato ni los méritos del presente recurso. El factor dominante del procedimiento, irrespectivamente de cualquier cuestión que entre en los méritos del caso, fué su aspecto civil.

Debe declararse sin lugar la moción.

El Juez Asociado Sr. Travieso disintió.


author: El Juez Asociado Señoe de Jesús

text:
    Ramiro Luengo y Cabo, demandante y apelado, v. Eva Georgina Acosta y Knight, demandada; Dolores Vizcarrondo de Urrutia, compareciente y apelante.
    Núm. 7985.

    Sometido: Mayo 24, 1940.

      Resuelto: Mayo 31, 1940.

      Francisco Vizcarrondo, abogado de la apelante; Monserrat, de la Haba & Monserrat, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura núm. 36 de 31 de diciembre de 1934, otor-gada ante el notario don Mariano Acosta Yelarde, inscrita en el registro de la propiedad el 11 de enero de 1935, al folio 163 vuelto del tomo 14 de Carolina, finca 646, ins-cripción 4a., doña Georgina Acosta, en garantía de un crédito por $1,100 y otras obligaciones accesorias, constituyó a favor de don Ramiro Luengo Cabo primera hipoteca sobre una finca propiedad de aquélla, de 5,900 yardas cuadradas radi-cada en el barrio Hoyo Muías del término municipal de Carolina.

Por otra escritura de 26 de septiembre de 1936 ante el notario don Francisco Vizcarrondo Morell, inscrita el 3 de octubre de 1936 al folio 175 del tomo 32 de Carolina, finca núm. 2964, inscripción 19, la misma señora Acosta vendió a doña Dolores Vizcarrondo de Urrutia una finca rústica de 24 cuerdas de superficie radicada en el barrio Pueblo del término municipal de Carolina.

Vencido y no satisfecho el crédito hipotecario que la señora Acosta constituyó a favor del Sr. Luengo Cabo, instó éste un procedimiento ejecutivo en la corte inferior, el 20 de abril de 1937, enmendando luego, el 5 de agosto de 1938, el escrito inicial que originalmente radicó en dicho procedi-miento.

En la certificación del registro de la propiedad expedida el 2 de agosto de 1938, que se acompañó al escrito inicial enmendado, se acredita “que la referida hipoteca no ha sido cancelada parcial ni totalmente, ni se halla pendiente de cancelación según el Libro Diario; y la finca que la grava (sic) tampoco ha sido transmitida a tercera persona ni se halla afecta a ningún gravamen posterior a la hipoteca de referencia” (bastardillas nuestras).

A base de esa certificación no era necesario notificar del procedimiento a ninguna otra persona además de la-deudora.

Seguidos los trámites prescritos en el procedimiento eje-cutivo, terminó éste con la adjudicación de la finca al acree-dor, en la subasta celebrada el 23 de diciembre de 1938.

Mientras se tramitaba el procedimiento ejecutivo la señora Yizcarrondo de Urrutia y el tutor de la señora Acosta, para esa fecha ya declarada incapaz, comparecieron ante la Corte de Distrito de San Juan en un procedimiento ex parte, en el que expusieron sustancialmente que la finca de 5,900 yardas cuadradas objeto del procedimiento ejecutivo a que venimos haciendo referencia era parte integrante de la de 24 cuerdas, vendida por la señora Acosta a la señora Viz-carrondo el 26 de septiembre de 1936. La corte, después de oír a la señora Yizcarrondo y al tutor, hijo de la incapaz, señor Rafael Palacios Acosta, el 7 de octubre de 1938, dictó una resolución de conformidad con lo solicitado, cuya parte dispositiva dice así:

“POR TANTO, la corte resuelve favorablemente la solicitud de la peticionaria y en su virtud ordena, que la escritura de compraventa número cinco, de veintiséis de septiembre de mil novecientos treinta y seis que fué inscrita en el Registro de la Propiedad de San Juan, P. R., Sección Segunda, al tomo treinta y dos, folio ciento setenta y cinco, finca doscientos noventa y seis, cuadruplicado, inscripción diecinueve, y que incluye el predio de cinco mil novecientas una (sic) yardas cuadradas a que se refiere el párrafo segundo de esta reso-lución, sea también registrada en relación con dicho predio que se identifica con el número seiscientos cuarenta y seis del tomo catorce, folio ciento cincuenta y nueve del Municipio de Carolina, a los efectos procedentes. ’ ’

El mismo día en que se dictó la citada resolución, la señora-Yizcarrondo compareció ante el notario don Francisco Viz-carrondo y otorgó un acta que tituló “Acta Aclaratoria”, en la que transcribió una copia certificada de la ameritada resolución de la corte inferior, inscribiéndose dicha acta en el registro de la propiedad ell9 de octubre de 1938, al folio 176 vuelto, del tomo 32 de Carolina, finca núm. 2964, inscrip-ción 21.

Así las cosas, el 30 de enero ele 1939, Ramiro Luengo Cabo, cuya escritura de adjudicación de la finca hipotecada no había podido inscribirse por aparecer entonces inscrita la misma a favor de la señora Vizearrondo, que no había sido parte en el procedimiento ejecutivo, alegando que dicha señora había adquirido la finca después de iniciado el pro-cedimiento ejecutivo, solicitó de la corte inferior, que en armonía con las disposiciones del artículo 71 de la Ley Hipo-tecaria, según fué interpretado por este tribunal en el caso de Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269, se notificase a la señora Vizearrondo que en el término de diez días a partir de la notificación, podría liberar la, finca pagando al señor Luengo las sumas reclamadas en el procedimiento, o de lo contrario se ordenaría la cancelación de la inscripción a su favor.

Librada por la corte la orden solicitada por Luengo y notificada la señora Vizearrondo, se personó ésta en autos en el procedimiento ejecutivo radicando el 10 de febrero de 1939 tres distintas alegaciones, a saber: (a) Moción de intervención; (b) Excepción previa, y (c) Contestación a la moción del demandante y a la orden de la corte sobre pago de las sumas reclamadas o en su defecto cancelación del título de la señora Vizearrondo en el registro de la propiedad.

La intervención solicitada lo es en relación con el pro-cedimiento ejecutivo; la excepción previa es la de existir otra acción pendiente por la misma causa entre las mismas partes, y la contestación, como su título indica, va dirigida a con-trovertir la moción del demandante y a oponerse a la ame-ritada orden de enero 30 de 1939 por la que se notificó a la señora Vizearrondo para que pagase las sumas reclamadas apercibiéndosele de cancelar su título sobre la parcela de 5,900 yardas en caso de no verificar dicho pago.

Acompañó la señora Vizearrondo como exhibits a sus cita-das alegaciones o presentó en la audiencia que se celebró al efecto (esto no aparece claramente de los autos), la escri-tura de 26 do septiembre de 1936, a virtud de la cual adquirió la finca de 24 cuerdas; el acta aclaratoria en que se transcribe la copia certificada de la orden de la corte inferior declarando que la finca de 5,900 yardas cuadradas fué incluida en la escritura de compraventa últimamente citada, y además copias certificadas de los antecedentes del pleito de nulidad de procedimiento ejecutivo que en la misma corte y con fecha 6 de diciembre de 1938, instó la señora Vizcarrondo contra el señor Luengo. Terminó su contestación la señora Vizcarrondo con súplica de que se anulase la orden de enero 30, 1939, tantas veces citada, “con los demás pronunciamien-tos pertinentes.”

La corte inferior ordenó una audiencia en relación con este incidente, a la cual comparecieron el demandante Luengo y la señora Vizcarrondo por sus respectivos abogados, reca-yendo el 16 de marzo, 1939, una resolución final en la que después de exponer los hechos que ya conocemos, se dijo:

“... Durante la tramitación del recurso, la finca gravada con la hipoteca fué transmitida a doña Dolores de Vizcarrondo por escritura núm. 7, de octubre 7, 1938... y después de oír a las partes y de estudiar el caso de González v. Ortiz y El Pueblo, 47 D.P.R. 849, llegamos a la conclusión de que la doctrina en este caso no es apli-cable a los hechos que venimos resolviendo y que no procede la intervención y debe expedirse el correspondiente mandamiento para que se dé cumplimiento a la orden de enero 30 de 1939, sobre inscrip-ción de la finca a favor del demandante, de acuerdo con el procedi-miento del artículo 71 de la Ley Hipotecaria.
“Las mociones que radica doña Dolores de Vizcarrondo, se de-claran sin lugar, y asimismo la excepción previa, que es una alega-ción completamente extraña y ajena a este procedimiento.” (T. A., 66.)

Contra la citada resolución de 16 de marzo, 1939, y contra la orden de enero 30 del mismo año, disponiendo la notifi-cación a la señora Vizcarrondo, interpuso ésta el presente recurso.

Despejada la confusión a que pueden dar lugar las diver-' sas actuaciones de las partes en este procedimiento, surge cla-ramente la cuestión á resolver, a saber: ¿Adquirió la señora Vizcarrondo el título que ostenta sobre la finca de 5,900 yardas cuadradas al otorgarse la escritura de 26 de septiem-bre de 1936, antes mencionada, o lo adquirió por la resolución de la corte de octubre 7, 1938, declarativa de que la finca de 5.900 yardas era parte integrante de la finca de 24 cuerdas?

Si la adquirió el 26 de septiembre, 1936, al comprar la finca de 24 cuerdas, es obvio que la señora Vizcarrondo no es una adquirente pendente lite, puesto que el procedimiento ejecutivo se instituyó como fiemos visto, con posterioridad a esa fecfia, ol 20 de abril de 1937. Si no es ella un adquirente pendente lite no es de aplicación el artículo 71 de la Ley Hipotecaria según fué interpretado por-este tribunal en el caso de Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269, 278, que sólo auto-riza el procedimiento aquí seguido por el demandante ape-lado y la corte inferior, cuando de adquirentes pendente lite se trate.

Si examinamos la resolución de la corte de distrito de octubre 7, 1938, que causó la inscripción de la finca de 5,900 yardas a favor de la apelante, dictada por el mismo juez que dictó la orden y resolución apeladas, se concluirá sin esfuerzo alguno, que el título que la señora Vizcarrondo ostenta sobre la finca hipotecada se deriva de la escritura de 26 de sep-tiembre de 1936, por la que adquirió la finca de 24 cuerdas antes mencionada. La ameritada resolución de octubre 7, 1938, en lo pertinente dice así:

"Por tanto, la corte resuelve favorablemente la solicitud j en su virtud ordena que la escritura de compraventa núm. 5, de sep-tiembre 26, 1936, que fué inscrita... y que incluye el predio de 5.901 yardas (sic).. .sea también registrada en relación con dicho predio, que se identifica con el número 646 del tomo 14, folio 159 del Municipio de Carolina, a los efectos procedentes.”

Es obvio que la citada resolución no creó a favor de la señora Vizcarrondo, apelante en este caso, ningún derecho nuevo que antes de esa fecfia no tuviese ella; por el con-trario, claramente declaró que su título a la finca de 5,900 yardas cuadradas se deriva de la escritura núm. 5 de sep-tiembre 26, 1936.

No siendo la apelante una adquirente pendente lite, es de indiscutible aplicación lo resuelto por este tribunal, por voz de su Juez Asociado Sr. Córdova Dávila, en el caso de González v. Ortiz y El Pueblo, 47 D.P.R. 849, 857, en el que se dice:

“No hay duda alguna en cuanto a la fecha en que la propiedad fué adquirida por El Pueblo de Puerto Rico. La validez de su título no es cuestión que puede ser discutida dentro del procedi-miento sumario que prescribe el artículo 71 que venimos comentando. Los hechos demuestran claramente que el apelante no adquirió la propiedad durante la tramitación del procedimiento sumario, y por esta sola razón, de no existir otras, habría que revocar las resolu-ciones de la corte inferior, toda vez que la misma actuó sin autoridad al expedir las órdenes de notificación y al ordenar la cancelación en el registro de la inscripción del inmueble a favor del apelante.”

La evidencia que ante sí tuvo la corte a quo demostró concluyentemente que no se trataba en este caso de una adquirente pendente lite y por consiguiente que carecía la corte de autoridad para dictar las órdenes apeladas e inde-pendientemente de la procedencia de las alegaciones radi-cadas por la apelante tendientes a hacer valer su derecho, debió anular la orden de 30 de enero de 1939 y abstenerse de dictar la resolución de marzo 16 del mismo año, que motivan este recurso, por carecer de autoridad para dictar una y otra providencias.

Procede en este caso declarar con lugar él recurso y en su consecuencia revocar la orden y resolución apeladas de 30 de enero y 16 de marzo de 1939, respectivamente, sin per-juicio de que el apelado pueda reclamar él derecho que le asista, en él procedimiento ordinario correspondiente.


text:
    Emma Victoria Gelpí, peticionaria y apelante, v. William D. Leahy, Gobernador de Puerto Rico, querellado y apelado.
    Núm. 7877.

    Sometido: Noviembre 17, 1939.

      Resuelto: Marzo 26, 1940.

      Alfonso Lastra Ghárriez, Adolfo Dones Padreó, Pedro Baigés Gómez, Antonio Amadeo j Gelpi <& Gelpi, abogados de la apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm (B. Fernández GaSrcia, Ex-Procurador General, en el alegato) j E. Campos del Toro, Pro-ra dor General Auxiliar, abogados del apelado.
   SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, marzo 26, 1940.

Pon cuanto, el Juez Asociado Sr. Wolf ha emitido opinión para que se confirme la sentencia apelada;

Por cuanto, el Juez Asociado Sr. Hutchison está conforme con la confirmación de la sentencia, pero no por las razones consignadas por el Juez Asociado Sr. Wolf en su antedicha opinión;

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó el Juez Presidente Sr. Del Toro, en su carácter de Juez de turno, en el recurso de epígrafe con fecha septiembre 30, 1938.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino y los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesús disintieron.

Opinión del Juez Asociado Señor Wolp

Emma V. Gelpí era la secretaria de la Corte de Distrito de Mayagüez. Luego de varios incidentes que están muy bien reseñados en la opinión del Juez Presidente Sr. Del Toro, en su carácter de Juez de turno, Emma Y. Gelpí fué por orden del Gobernador de Puerto Rico, destituida de su cargo,. Ella acudió ante el Juez Presidente Sr. Del Toro, en su carácter de Juez de turno, tanto en solicitud de un auto de mandamus como en solicitud de uno de injunction contra el Gobernador de Puerto Rico, to,do ¿lio con el objeto de resti-tuirla en su cargo o para que permaneciera en él. Hubo una vista sobre la procedencia del auto y éste fué finalmente de-negado. El Juez Presidente tuvo razones que no discutiré para negarse a expedir el auto.

El artículo 49 de la Carta Orgánica provee:

“En lo sucesivo todos los Jueces, Márshals y Secretarios de los tribunales establecidos actualmente o que se establecieren en adelante en Puerto Rico, y cuyo nombramiento por el Presidente no esté dis-puesto por ley, serán nombrados por el Gobernador con el concurso y consentimiento del Senado de Puerto Rico.”

Ese artículo,, a. mi juicio, otorga al Gobernador el poder absoluto de destituir como inherente al poder de nombrar. El Gobernador, desde luego, según concibo, puede hacer lo que hizo en este caso, es decir, dar a una persona que está sujeta a ser destituida la correspondiente notificación y la oportunidad de ser oída antes de actuar, y luego él puede exponer los motivos que ha tenido para destituir a esa persona. Sin embargo, si sus razones son buenas o malas, o si su actuación al destituir puede considerarse como ejecutada por justa causa o no, su poder de destituir, en mi opinión, permanece absoluto. El hecho de que él considerara este caso tal cual si las palabras “justa causa” figuraran en el esta-tuto, no afecta, por las razones por mí sugeridas, ese derecho.

Esas razones constan de manera más específica en la opi-nión disidente emitida por mí en el caso de Jiménez v. Reily, tomo 30 de las Decisiones de Puerto Rico, pág. 728.

Tampoco afecta la cuestión el hecho de que el Secretario de la Corte de Distrito sea nombrado po,r un término de cuatro años. Esta es cuestión que también discutí en mi opinión disidente en el caso de Jiménez, supra.

Por tanto, creo que la actuación del Sr. Juez Presidente al negarse a expedir el auto estuvo justificada.


author: Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Enrique Báez García, demandante y apelado, v. Alejandrina, María Trifona, conocida por Trina, y Sabás Honoré Rivera, demandados y apelantes.
    Núm. 7999.

       Nota: Yéas© la opinión de la mayoría en la pág. 31. -

   Opinion Disidente Del

Juez Asociado Señor Wolf

Si uno lee el Código de Enjuiciaimiento Civil se puede ver que la sección 140 está incluida en un capítulo sobre in-congruencias, errores y enmiendas en juicio, materias todas dentro de la jurisdicción de la corte, y no materias en apela-ción después que la jurisdicción lia sido transferida. Ésta fuá esencialmente la interpretación dada en Pardo v. Pardo, 19 D.P.R. 1188, y seguida entre otro,s por Fajardo Sugar Co. v. Santiago et al., resuelto el mismo día (19 D.P.R. 1193); Ex parte Deliz et al. v. Franco, 21 D.P.R. 526; Díaz v. P. R. Ry., L. & P. Co., 32 D.P.R. 95; Brown v. Peña & Balbás, 35 D.P.R. 483; Alvarez et al. v. Corte de Distrito, 36 D.P.R. 925; Machuca v. Municipio, 41 D.P.R. 659; García v. Palatine Ins. Co., 42 D.P.R. 978, 979. Por estos casos quedó establecida la práctica de que era la Corte Suprema de Puerto Rico la que debía conceder un nuevo término. Pardo v. Pardo, supra, por tanto, no puede considerarse obiter.

El punto más importante, sin embargo, en que se insiste es que cuando Puerto Rico adoptó la sección 140 del Código de Enjuiciamiento Civil lo hizo con la interpretación que se había dado al artículo 473 de California, que tenía disposi-ciones similares. Concedemos que en lo principal nuestro Código de Enjuiciamiento Civil sigue el de California, pero no totalmente. Nosotros teníamos estatutos, reglas y prác-ticas que diferían de las de California.

Al discutir este caso acepté, como había hecho años antes, que la práctica de California era permitir a la corte inferior la concesión de un nuevo término después de radicada la apelación. Un estudio más detallado hace dudoso si en California existía la práctica alegada independientemente de casos en que se había presentado una moción para un nuevo juicio. Esa es la inferencia que yo deduzco leyendo los si-guientes casos: Kram v. Stockton Electric R. Co., 136 Cal. 523; Baute v. Siller, 121 Cal. 414; McWilliams v. Hudson, 98 Cal. App. 185; Stonesifer v. Kilburn, 94 Cal. 33; Pollitz v. Wichersham, 150 Cal. 238; Lukes v. Logan, 66 Cal. 33.

En California el pliego de excepciones existía para sos-tener una moción de nuevo juicio y es muy fácil concebir que una corte inferior debía tener el derecho a considerar y con-ceder un nuevo término cuando se trataba de una moción de nuevo juicio aunque el término hubiese expirado.

De todos modos, nosotros habíamos establecido nuestra práctica, consistente con el Código de Enjuiciamiento Civil y no bahía después de veinticinco años razón suficiente para cambiar la práctica y política seguida por tanto tiempo. El caso de Pardo v. Pardo, supra, en nuestra opinión, fué una interpretación correcta de la ley.

Concurrí en el resultado porque bajo las circunstancias de este caso pudimos y debimos, como en otros casos, conceder un nuevo término al apelante.


text:
    José Rivera Velázquez y José A. Vergne, demandantes y apelantes, v. Zoilo Santiago, demandado y apelado. José Rivera Velázquez y José A. Vergne, demandantes y apelantes, v. Juan Torres Santiago, demandado y apelado.
    Núms. 7971 y 7972.

       Nota: Véase la opinión de la mayoría en la pág, 881.

   Opinión Disidente del

Juez Asociado Señor Wolf

Cuando en 1904 la Legislatura de Puerto Rico puso en vigor el Código de Enjuiciamiento Civil, había cierta duda de si por tal razón la Ley de Desahucio española no había quedado abolida en unión con otras materias de procedimiento que existían antes. Por tanto, en 5 de marzo, de 1905, la Legis-latura aprobó la Ley de Desahucio que con algunas ligeras excepciones era una repetición de la vieja Ley de Desahucio que esta Isla había heredado de España. No conozco, y no trataré de trazar el origen de la doctrina de que cuando surge un conflicto de títulos, la Ley de Desahucio no es aplicable. Lo cierto es que la Corte Suprema de España ha. sostenido que cuando hay tal conflicto se debe recurrir a un pleito ordinario.

Leyendo la Ley de Desahucio no hay una sola palabra en su contenido que diga bajo qué circunstancias se debe recurrir a un pleito ordinario. No había limitación en la Ley de Desahucio. Cualquier procedimiento o principio antes existente, desaparecería por razón de los derechos defi-nitivos otorgados en España, y subsiguientemente en Puerto Eieo, a las partes en un procedimiento, de desahucio. Parece que la Corte Suprema de España continúa una práctica que había prevalecido anteriormente.

Hay cierta analogía entre la Ley de Desahucio y la de Hogar. Seguro en este sentido: que cuando la última fue aprobada, derogó cualquiera principios del Código Civil o la Ley Hipotecaria que fueran inconsistentes, con la referida Ley de Hogar Seguro, y así hemos interpretado la ley. Por tanto, yo insisto en que los término,s de la Ley de Desahucio deben ser seguidos y que ninguna persona debe ser lanzada fuera de la corte cuando su caso puede ser resuelto dentro de los términos de la ley misma. No hay nada en dicha ley que en mi concepto sugiera aún ligeramente que cuando, el dueño de una propiedad desee recobrar la posesión de la misma, tenga que recurrir a un procedimiento ordinario cuando en cualquier momento o de cualquier modo, uno, que haya fabricado sobre el terreno con el permiso del dueño rehúse entregar la posesión digamos del terreno sobre el cual una casa ha sido, construida.

La sección 18 de la Ley de Desahucio lee como sigue:

“No será un obstáculo para el lanzamiento el que el colono o in-quilino reclame como suyos labores, plantíos o cualquiera otra cosa que no se pueda separar de la finca.
“En este caso el márshal procederá al inmediato lanzamiento, sin prórroga alguna, y una vez efectuado éste a instancia del intere-sado procederá a la práctica de un avalúo a costa del reclamante, previa designación de un perito • nombrado por los interesados de oomún acuerdo, y en caso de discordia de tres peritos designados uno por cada parte y el tercero por el márshal. Practicado el jus-tiprecio y recibido por el márshal el resultado del mismo por escrito que firmarán los peritos, los interesados y dicho funcionario, lo devol-verá a la corte con la orden de ejecución; quedando al demandado jibre el ejercicio de su acción para reclamar ante el tribunal compe-tente el importe de la cantidad en que se aprecie lo que creyese co-¿-rresponderle. ’ ’

.Bajo este artículo, como yo lo leo, cuando un dueño pro-cede contra una persona que tiene una casa construida en terrenos del dueño, éste no tiene que llegar a un acuerdo pre-yio con el dueño de la casa sobre el costo de los materiales y la construcción de la casa antes de tener derecho a instituir un procedimiento de desahucio. Por el contrario, como se entendía por la profesión en Puerto Pico y como yo recuerdo que se hizo objeto de varias de nuestras decisiones, es dentro del procedimiento de desahucio que la cuestión del valor de estos materiales puede ser decidida directamente por el marshal con el consentimiento de las partes o mediante peritos. Esto puede hacerse directamente bajo los auspicios de la corte en cualquier procedimiento de desahucio.

El principio moderno es evitar la multiplicidad de pro-cedimientos y si un estatuto en particular, para el lanza-miento de una persona permite que todo se haga bajo dicha ley específica, no hay necesidad de otra clase de pleito. En .el caso ante nos el arrendatario o su abogado reconocieron esta posibilidad pero trataron de levantar prescripción del terreno. No tenían derecho a hacer tal cosa. La prescrip-ción no cabía dentro de las circunstancias del caso. Si un hombre hace un contrato de arrendamiento y éste expira, su posesión siempre ha sido, civilmente, la del dueño y cuando su contrato expira no puede alegar ningún derecho, no en-vuelto en el contrato de arrendamiento. Es entonces el arren-datario quien debía presentar su reclamación contra el arren-dador y presentar sus derechos al mismo.

El arrimada o agregado que con el consentimiento del dueño erige una casa, no adquiere por ello ningún derecho al terreno, y si alguno, sería menor que el de un hombre a quien se arrienda el terreno directamente. Supongamos, sin decidir, que cuándo el dueño, del terreno permite a una persona que se convierta en un arrimado o agregado lo hace así en pago de servicios suministrados por el arrimado o agre-gado,. Pero, sin embargo, esta relación no se puede suponer de más valor que la que tenga un arrendatario, usufructuario, u otras personas a quienes Manresa se refiere. ¿Por qué una persona que no tiene un contrato específico o no puede de-mostrar uno es preferida a otros que sí lo tienen?

Sin embargo, en el caso de autos no hay nada que de-muestre que el arrimado a través de su abogado alegara que tuviera un contrato o nada parecido.

No encuentro nada en la cita de Sánchez Román que mi-lite contra los principios que estoy tratando de exponer. Ella simplemente confirma el hecho de que una persona que construye sobre' terreno, perteneciente' a otro, tiene ciertos derechos cuando va a ser lanzada del terreno. Estos dere-chos pueden ser determinados en el procedimiento de desa-hucio.

El Código Civil provee en la sección 373:

“Los actos meramente tolerados y los ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa, o con violencia, no afectan a la posesión. ’ ’

Los casos de Plazuela Sugar Company y otros demuestran cómo ciertos supuestos derechos importantes no pueden violar este principio. En otras palabras, que una corporación que instala un ferrocarril sobre terrenos de otro y el dueño de ellos no proteste, no adquiere derechos y la vía puede ser le-vantacla prácticamente bajo el principio de la sección mencio-nada.

No, estoy insistiendo macho sobre este punto porque creo que el caso puede ser resuelto bajo principios directos del Código Civil. Sin embargo, si se trata de afirmar que el dueño de un pedazo de terreno está obligado a pagar una con-sideración a cualquiera que se establece sobre su terreno a la manera de mi agregado o arrimado y se cita un supuesto principio, de ley, entonces supongamos un caso distinto. Supongamos que un agregado o arrimado hace lo que se acos-tumbraba en el pasado y se sigue haciendo, que construye una pequeña casa o tormentera que tiene un valor casi negligible, digamos $10, bajo la sugerencia, entonces, antes de que, el dueño del pedazo de terreno, pueda proceder a su lanzamiento, debe traer un pleito ordinario en su contra. La opinión parece exigir como condición precedente que el dueño de un pedazo de terreno sobre el cual un arri-mado o agregado ha construido, una casa, haya llegado a un acuerdo sobre la cantidad que el dueño ha de pagar a dicho arrimado. Es obvio que no puede haber acuerdo de esta supuesta clase a menos que haya la unión de las voluntades de ambas partes. En otras palabras, si el arrimado exige por su propiedad tres o cuatro veces lo que realmente vale, probablemente no habría acuerdo. Es inútil decir que en tal caso, desde luego, el procedimiento de desahucio debía proseguir porque entonces el resultado sería que una persona con perfecto derecho a un pleito de desahucio,, debido a la acción refractaria de un arrimado, vendría obligado a alegar en su demanda de desahucio que no había podido llegar a un acuerdo con su arrendatario. Esto es introducir algo en la Ley de Desahucio, que yo no encuentro en la misma.

Debió por tanto, revocarse las sentencias.


text:
    María Sabina, Jesús y Victoria Rivera, representados por su madre con patria potestad Julia Rivera, demandantes y apelantes, v. Francisco Cardona, demandado y apelado.
    Núm. 7998.

       Nota: Yéase la opinión de la mayoría en la pág. 819.

   OpiNiÓN Disidente del

Juez Asociado Señor Wolf

El artículo 129 del Código Civil provee:

“El derecho a los alimentos de que babla el artículo anterior, sólo podrá ejercitarse:
“1. Si la paternidad o maternidad se infiere de una sentencia, firme dictada en proceso criminal o civil.
“2. Si la paternidad o maternidad resulta de un documento indu-bitado del padre o de la madre, en que expresamente reconozca la filia-ción. ’ ’

Me parece obvio que la sentencia o documento indubitado deben existir al momento de radicar la demanda; que no puede haber derecho de otro modo; que la sentencia ahora dictada no puede tener efecto retroactivo.

Con referencia al caso de Morales v. Landrau, 15 D.P.R. 782 que se menciona o en el que descansa en parte la opinión de la mayoría, los herederos adquieren sus derechos y tienen status de tales desde el momento de la muerte de su causante; y una declaratoria de herederos es un medio de identificar los herederos, pero no establece ni determina derechos.

Razonamientos similares son aplicables a mi disentimiento en los casos criminales citados en la página 820 de la opinión de la mayoría.


text:
    Núms. 46 y 48.
    Mattei, aplte. v. Pueblo, apldo.
    Febrero, 5 1940.
    C. D. San Juan.
   Daños y Perjuicios (Incidente aprobación de exposición del caso).


text:
    Núm. 47.
    Ortiz Toro aplte. v. Pueblo, apldo.
    C. D. San Juan.
    Febrero 5, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)
   Visto el artículo 65 del Reglamento del Tribunal Supremo, y lo resuelto en Sucesores de Bianchi v. Seín, 14 D.P.R. 775, y Sucesores de Bianchi v. Rodrígues, 14 D.P.R. 777, se declara sin lugar la moción de la parte demandante solicitando aprobación de la exposición del caso.


text:
      Núm. 176.

    Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, y Rodríguez.
    Febrero 14, 1940.
   Original. Recurso de Revisión.


text:
    Núm. 178.
    Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, y Matos.
    Febrero 14, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por cuaNto, del informe de los abogados se desprende que la Comisión no ha determinado todavía el montante de la compensa-ción a recibir por los beneficiarios del obrero fallecido:

Por tanto, no ha lugar por abora a determinar los honorarios que en esta Corte deben recibir los abogados.


text:
    Núm. 49.
    In re Rey González.
    Febrero 21, 1940.
   Por cuanto, en un procedimiento de disbarment radicado por el fiscal de este tribunal, por delegación del Attorney General de Puerto Rico, se imputó al querellado Alfonso Rey González la comisión de varios actos delictivos en relación con el ejercicio de la profesión de abogado-notario, consistentes no solamente en dejar de adherir las correspondientes estampillas de rentas internas a algunas escri-turas matrices que se relacionan en la querella, sino que con la intención de defraudar al Tesoro Insular desprendió estampillas de rentas internas ya adheridas y canceladas a las matrices de proto-colos anteriores, adhiriéndolas nuevamente a escrituras autorizadas con posterioridad por dicho notario;

Por cuanto, el querellado Alfonso Rey González además de radicar moción confesándose culpable de las violaciones de ley impu-tádasle compareció a la vista y reiteró su confesión de culpabilidad, si bien solicitando clemencia del tribunal por varias razones, nin-guna de las cuales establece una excepción a la jurisprudencia sen-tada en los casos In re Figueroa Maestre, 20 D.P.R. 425 y 466, In re Angel Torregrosa, 25 D.P.R. 637, y otros resueltos posteriormente;

Por tanto, vistas la ley, la jurisprudencia y la admisión de cul-pabilidad del querellado Alfonso Rey González, la corte se siente obligada a declarar con lugar la petición a cuyo fin ordena que el querellado Alfonso Rey González cese inmediatamente y quede sepa-rado del ejercicio de la profesión de abogado-notario, que su nombre como tal abogado-i)otario sea borrado de los registros correspondien-tes obrantes en la Secretaría de este tribunal y que esta resolución sea notificada a los tribunales insulares así como al Tesorero y al Secretario Ejecutivo de Puerto Rico.


text:
    Núm. 7878.
    Gelpí, aplte. v. Leahy, Gobernador, apldo.
    Marzo 26, 1940.
   Por los mismos motivos expresados en la sentencia dictada en el día de boy en el recurso de mandamus núm. 7877, Emma Victoria Gelpí, peticionaria y apelante, v. William D. Leahy, Gobernador de Puerto Rico, querellado y apelado, (ante, pág. 925) se confirma la sentencia apelada que dictó el Juez Presidente Sr. Del Toro, en su carácter de Juez de Turno, en el recurso de epígrafe, con fecha 30 de septiembre, 1938.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino y los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesús disintieron.


text:
    Núm. 7968.
    Stella, apldo. v. Irizarry, hoy su Sucesión, aplte.
    C. D. Ponce.
    Abril 12, 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. De Jesús.)
   Por cuanto en este caso el demandante original, Benigno Rodrí-guez Pietri, obtuvo el 19 de abril de 1938 una sentencia a su favor contra María Concepción Irizarry, boy su sucesión, por la cantidad de $1,000, precio del contrato de compraventa, $8,000 como indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de con-trato, más las costas y $500 por concepto de honorarios de abogado;

Por CiJANTo, con fecha 29 de junio de 1939 el referido Benigno Rodríguez Pietri personalmente y además por la representación de su abogado Vicente Zayas Pizarro, y Jesús Stella personalmente y además por su abogado, radicaron en este tribunal una moción que fué debidamente notificada a los apelantes, en la que expusieron que Rodríguez había cedido a Stella todos sus derechos y acciones en este litigio y solicitaron a la vez que Benigno Rodríguez Pietri fuese sustituido por su cesionario Jesús Stella como demandante apelante en este-recurso, a lo cual y con la conformidad expresa de los ape-lados accedió este tribunal por resolución de 3 de julio de 1939;

Por CUANTO con fecha primero del actual el apelado Jesús Stella, por su abogado Lie. Ramón R. Cabrera, y los demandados apelantes por el suyo Lie. Francisco Parra Capó, radicaron en la Secretaría de este tribunal una estipulación en la que exponen que cl demandante apelado Jesús Stella sólo interesa recobrar de los demandados apelantes la cantidad de $5,000 que fué la que él pagó al demandante original Benigno Rodríguez Pietri por sus derechos y acciones en este litigio, expresando además que a los fines de poder someter dicha transacción a la corte inferior interesan que se revo-que la sentencia apelada a fin de que dicha corte, una v'ez remitido el mandato, recobre su jurisdicción y pueda impartirle su aprobación a la transacción aludida;

Por CUANTO, no existe razón alguna por la cual no deba acce-der se a lo solicitado por las partes en este litigio;

Por tanto, vista la referida estipulación y la jurisprudencia de este tribunal en el caso de In re Testamentaría de doña Carmen Nadal, 48 D.P.R. 623, sin considerar en modo alguna los méritos del caso y teniendo en cuenta únicamente la transacción acordada por las partes, se revoca la sentencia apelada de 19 de abril de 1938 antes citada y se ordena la remisión del mandato a la corte sen-tenciadora para que pueda dictar la sentencia que proceda de acuerdo con la estipulación de las partes.


text:
    Núm. 8022.
    González, aplte. v. Santana, aplda.

    C. D. Mayagüez.
    Abril 22 1940.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por cuanto, los únicos supuestos erroi’es de que se queja el demandante apelante son:

"La corte cometió error al declarar sin lugar la demanda y al no declarar roto y disuelto el vínculo matrimonial existente entre el demandante apelante y la demandada apelada como se verá por la prueba presentada.
"La corte cometió error al permitir todo el interrogatorio que se le hizo al abogado del demandante apelante, relacionado con comunicaciones privilegiadas de su predicho demandante a su abogado en sus relaciones de abogado y cliente en su bufete profesional y cuyas comunicaciones no podía este abogado estar obligado a revelarlas sin el consentimiento de su cliente, el demandante apelante. ’ ’

Por Cuanto, mientras declaraba el abogado del demandante como testigo de la demandada, ocurrió el siguiente incidente:

"P. Usted recuerda haber comparecido a nombre de José González Areadio en el caso número civil 15,628, en el caso de divorcio del propio José González Areadio contra María Luisa Santana?
"R. Sí, señor.
"P. ¿Eso fué en el año 1931?
"R. Sí, señor.
"Ledo. Suris: Ahora me voy a oponer a esa pregunta porque eso no está relacionado con el caso que estamos ventilando.
‘ ‘ Hon. Juez: La corte resuelve, que ahora con un hecho nuevo a la demanda, no levantaría el que la corte admitiera su prueba como prueba determinante contra la veracidad del testigo; y el demandante en su declaración bajo jura-mento dijo, que no era cierto que él hubiera estado abandonado por su esposa un año, sino por tres días; la corte, como eso afecta al compañero, la corte vería con mucho gusto que él le explicara esa situación.
"El abogado del demandante toma excepción de la resolución de la corte por entender que todo lo actuado en el presente caso es una declaración privi-legiada en el mismo, porque todo eso es un hecho independiente de la acción que ahora se efectúa.
"Hon. Juez: Si se relaciona con la declaración del demandante, la corte cree que el compañero pudo ser negado por el demandante. Este abogado no puede responder a hechos ante esta corte que los clientes hayan hecho a su gusto y deseo y cosas que no son ciertas, por ejemplo: Si el señor González le dijera que hace un año que su mujer le había abandonado, el compañero fué bien o mal informado al presentar la demanda y en esas condiciones el com-pañero no era responsable de eso.
"Ledo. Suris: Nosotros respetuosamente vamos a tomar excepción de la resolución de la corte.
"Hon. Juez: La corte admite la excepción en el único sentido de im-pugnar la veracidad del demandante porque de otra manera no la admitiría.
"Ledo. Báez: (Al testigo Sr. Suris) Ahora yo le pregunto al señor Suris, si es verdad o no es verdad que él redactó esa demanda en la forma que allí le explica el récord que antes de esa demanda había hecho; además de eso, ¿usted recuerda si esa demanda a que yo me refiero fué hecha por el compañero?
"R. Yo no recuerdo en la forma que yo redacté la demanda.
"P. Yea entonces la demanda.
"P. ¿Qué fué lo que usted hizo?
"R. Una demanda.
"P. ¿Quién la suscribió?
"R. Yo la suscribí.
„"P. Tenga la bondad de decirme ¿por qué suscribió esa demanda alegando abandono de la demandada por más de un año?
"R. Yo me opongo a su pregunta como abogado ahora.
"Ledo. Suris: Voy a solicitar de la corte que se entiendan todas las preguntas y respuestas objetadas por esta parte y la corte las dé por excep-donadas.
"Hon. Juez: Hágalo constar así el taquígrafo.
"P. ¿Por qué el compañero Suris redactó esa demanda alegando abandono por más de un año?
"R. El Sr. González Arcadio estuvo en mi oficina y me informó que quería presentar una acción de divorcio contra la demandada alegando abandono por más de un año.”

P'OR CUANTO, examinados los alegatos, el informe del fiscal de esta corte, la prueba practicada y la “Opinión y Sentencia" del juez de distrito, - no encontramos en la apreciación de dicha prueba error •tan manifiesto que exija una revocación de la sentencia declarando sin lugar la demanda de divorcio.

■ PoR cuanto, estamos plenamente convencidos de que la exclu-sión de aquella parte de la declaración del abogado del demandante referente a la supuesta comunicación privilegiada no hubiera afec-tado el resultado en la corte de distrito, y en tal virtud el segundo de los dos errores especificados, de haberse cometido, no sería motivo suficiente para una revocación de la sentencia apelada.

PoR tanto, se confirma la sentencia dictada por la Corte de Dis-trito de Mayagiiez en 13 de octubre de 1938.