text:
    El Pueblo de Puerto Rico en Interés del Menor J.E.T.A., peticionario.

      Número: CC-2007-530

      Resuelto: 1 de octubre de 2008

      Ángel M. Font López, abogado del menor J.E.T.A., parte peticionaria; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Zaida Z. Girón Anadón, procuradora general auxiliar, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, parte recurrida.
   SENTENCIA

El 17 de agosto de 2007 expedimos el auto solicitado en el caso de epígrafe para revisar una sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó al Tribunal de Primera Instancia, Asunto de Menores, y ordenó el traslado del caso de epígrafe a una sala ordinaria de lo criminal del Tribunal de Primera Instancia.

Ambas partes han comparecido, por lo que estamos en posición de resolver.

Evaluados los planteamientos de las partes, se dicta sentencia para modificar el dictamen del Tribunal a los fines de que, devuelto el caso al Tribunal de Menores, éste evalúe si concede la petición de renuncia de jurisdicción presentada, según las disposiciones del Art. 15 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2215, o si por el contrario, continuará atendiendo el proceso que pende ante sí.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión de conformidad, a la que se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta. El Juez Presidente disintió sin opinión escrita.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la que se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

En esta ocasión nos corresponde contestar la interrogante de si el Ministerio Público puede solicitar el traslado de un caso, ventilándose ante el Tribunal de Menores a una sala ordinaria de lo criminal, luego de que el menor transgresor fuera acusado y convicto como adulto por un delito menos grave, mientras pendía la acción en el Tribunal de Menores.

I

Contra el menor J.E.T.A. se presentaron dos quejas por las faltas tipificadas como actos lascivos e impúdicos, alegadamente ocurridos en octubre y noviembre de 2004, respectivamente. Una tercera queja por la falta de sodomía, por alegados hechos acaecidos en enero de 2005, y una cuarta, por agresión sexual, por alegada conducta incurrida en septiembre de 2005. Según surge de los pliegos de las querellas, la fecha de nacimiento del menor es 21 de noviembre de 1987, por lo que al momento de los hechos contaba con diecisiete años de edad y cumpliría los dieciocho años el 21 de noviembre de 2005. El magistrado determinó no causa probable.

El Procurador de Menores solicitó una vista de aprehensión en alzada. En ésta se determinó causa probable el 7 de agosto de 2006. Celebrada la vista de causa probable para presentar una querella según la Regla 2.10 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, Asuntos de Menores (Tribunal de Menores), la vista adjudicativa quedó pautada para el 18 de septiembre de 2006. Esta no se pudo llevar a cabo en esa fecha y luego de varias suspensiones atribuibles unas a la defensa, otras al Ministerio Público y al propio tribunal, la vista quedó señalada para el 13 de diciembre de 2006.

En el ínterin y estando pendiente la vista adjudicativa de 13 de diciembre de 2006, el 5 de diciembre de 2006, se presentó una denuncia contra el peticionario por el delito menos grave de agresión, por hechos alegadamente ocurridos el 31 de agosto de 2006. Ese mismo día, el peticionario se allanó a la determinación de causa probable para el arresto, hizo su alegación de culpabilidad y se le impuso la pena de multa y el pago de la pena especial contemplada en el Art. 67 del Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. see. 4695). En este proceso, el peticionario estuvo representado por el mismo abogado que lo representaba en el Tribunal de Menores.

Llegada la fecha de la vista adjudicativa ante el Tribunal de Menores, la representación legal de J.E.T.A. solicitó la desestimación de las querellas presentadas. Apoyó su contención en el hecho de que una vez que se presentó una denuncia contra J.E.T.A como adulto y éste fue convicto por el delito imputado, el Tribunal de Menores había per-dido jurisdicción sobre él.

El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de Menores, acogió la moción de desestimación en corte abierta, la cual reprodujo luego por escrito. En su resolución indicó:

A base de lo dispuesto en el Artículo 5 de La Ley de Menores y de un análisis de la jurisprudencia citada por las partes y los argumentos esgrimidos en corte abierta el Tribunal declara HA LUGAR la solicitud presentada por el menor por conducto de su representación legal y ordena el cierre y archivo de los casos por falta de autoridad del Tribunal de Asuntos de Menores. El procurador solicitó una renuncia de jurisdicción “sui generis” pidiéndole al Tribunal que traslade el caso al Tribunal de Primera Instancia, Salón de Sesiones de adulto. Se declara NO HA LUGAR dicha solicitud por entender el Tribunal que carece de autoridad para ello pues el menor cumplió los 18 años y al realizar la alegación de culpabilidad como adulto no se puede renunciar a lo que ya no se posee. Apéndice de la petición de certiorari, pág. 48.

Inconforme, el Procurador General acudió ante el Tribunal de Apelaciones. Adujo que la Sala de Asuntos de Menores había errado al archivar las faltas pendientes “declarándose sin jurisdicción o autoridad para ordenar el traslado ... a la sala criminal de adultos”. Apéndice de la petición de certiorari, pág. 10. El Tribunal de Apelaciones, en una extensa y fundamentada resolución, revocó al Tribunal de Primera Instancia, Asuntos de Menores, y ordenó el traslado del caso a una sala ordinaria de lo criminal del Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Por no estar de acuerdo con la determinación, el menor acudió ante este Tribunal. El 17 de agosto de 2007 expedimos el auto solicitado. Ambas partes han comparecido y estamos en posición de resolver, por lo que pasamos a así hacerlo.

II

Debemos comenzar señalando que esta controversia es recurrente. En más de una ocasión el Tribunal de Apelaciones se ha enfrentado a ésta con resultados disímiles. E.g., Pueblo en interés del menor P.L.N, caso Núm. KLCE200501099; Pueblo en interés del menor J.R.G., Núm. KLCE20051009; Pueblo en interés del menor, KLCE20050098. Con lo cual, se hace imperativo que resolvamos de forma concluyente cuál deba ser el curso apropiado en casos como éste, cumpliendo así con nuestra función principal de pautar el Derecho puertorriqueño.

Como ya hemos indicado, el caso de autos gira en torno a cómo se debe interpretar la expresión del Art. 5 de la Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 julio de 1986, según enmendada, 34 L.P.R.A. see. 2205, que dispone que cuando un menor se encuentra bajo la autoridad del Tribunal de Menores y es procesado y convicto como adulto, el Tribunal de Menores “perderá automáticamente su autoridad sobre dicho menor”. El peticionario, en un parco escrito de certiorari, arguye que cuando ello ocurre el Tribunal de Menores carece de jurisdicción sobre ese menor y no puede trasladar el asunto que pendía ante sí a una sala ordinaria de lo criminal del Tribunal de Primera Instancia. En su alegato, igualmente sucinto, nos indica que el Art. 5 de la Ley de Menores de Puerto Rico, supra, es vago al no proveer para una situación como la de autos, por lo que “deben archivarse los casos ante el Tribunal de Menores”. Sobre el Art. 4 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2204, nos apuntó que ésta no aplica en este caso, ya que su convicción como adulto fue por un delito menos grave y esta disposición se refiere a convicciones por uno grave.

El Estado, por su parte, nos expresa que una interpretación en el tenor propuesto provocaría que la conducta antisocial que se le imputa al menor quede impune. Nos advierte, además, que a medida que se ha exigido mayor rigor y formalismo en los procedimientos ante la Sala de Asuntos de Menores del Tribunal de Primera Instancia y se le han reconocidos a los menores mayores garantías constitucionales, es imperativo también que se les exija, a manera de contrapeso, un mayor nivel de responsabilidad y exigibilidad por la conducta delictiva en que incurran. Por lo que aboga que se avale el traslado del asunto que se ventilaba ante el Tribunal de Menores a una sala ordinaria de lo criminal. Arguye que el cese de autoridad sobre el menor para su convicción como adulto, aun cuando implica que ya éste no puede ser procesado como menor ni se le puede imponer una medida dispositiva, no conlleva que el Tribunal de Menores no pueda referir el caso que tiene ante su consideración a una sala de lo criminal del Tribunal de Primera Instancia.

Enmarcada la controversia según estos términos, pasemos a su análisis.

III

A. El Art. 2 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2202, dispone que ésta se interpretará según los propósitos siguientes, a saber: (1) proveer para el cuidado, la protección, el desarrollo, la habilitación y rehabilitación de los menores y proteger el bienestar de la comunidad; (2) proteger el interés público, tratando a los menores como personas necesitadas de supervisión, cuido y tratamiento, a la vez que se le exige responsabilidad por sus actos; (3) garantizar a todo menor un trato justo, el debido procedimiento de ley y el reconocimiento de sus derechos constitucionales. Véase, también, Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990, 996-997 (1993). Estos principios teleológicos constituyen guías que encausan el ejercicio de la discreción judicial. Reflejan la noción que sostiene que compete al Estado ofrecer al menor un trato rehabilitador cuando transgrede la ley penal, a la misma vez que protege el interés social de la comunidad de exigir responsabilidad de quienes incurren en conducta delictiva.

El Art. 4 de la Ley de Menores, supra, regula todo lo concerniente a la jurisdicción de la Sala de Asuntos de Menores del Tribunal Superior() Establece que la Sala de Menores tendrá jurisdicción en todo caso que se le impute al menor una conducta que constituya falta si incurrió en ella antes de éste haber cumplido dieciocho años; sujeto, claro está, al término prescriptivo correspondiente. Id. Allí se dis-pone también que la Sala de Asuntos de Menores no tiene jurisdicción cuando los actos imputados al menor ocurren después de éste haber cumplido dieciocho años, si se le imputa asesinato en primer grado mediante deliberación y premeditación o un delito que surja de esa misma transacción o evento y el menor hubiese cumplido quince años de edad. Id.

Finalmente, el Art. 4, supra, dispone que el Tribunal de Menores no tendrá jurisdicción en “[t]odo caso en que se impute a un menor hechos constitutivos de delito cuando se le hubiere adjudicado previamente un delito grave como adulto”. (Enfasis nuestro.) La profesora Nevares-Muñiz nos indica lo siguiente sobre esta disposición:

... [U]na vez un menor es procesado y convicto como adulto por un delito cometido antes de su mayoría de edad, el Tribunal de Menores no tendrá jurisdicción, si posteriormente este joven es encausado por conducta constitutiva de delito cometida antes de los 18 años. La jurisdicción penal por ese delito le corresponde al Tribunal Ordinario, ya que una vez es enjuiciado y convicto como adulto los tribunales ordinarios conservan su jurisdicción sobre ese menor ya que su adultez penal es jurídicamente irreversible. (Enfasis nuestro.) D. Nevares-Muñiz, Derecho de menores delincuente juvenil y menor maltratado, 5ta ed., San Juan, Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2005, pág. 26. Véanse, también: Pueblo en interés menor A.A.O., 138 D.P.R. 160 (1995); Pueblo v. Figueroa González, 95 D.P.R. 98, 107 (1967).

Para todos los efectos, la convicción por un delito grave provoca la adultez estatutaria del menor y, en lo sucesivo, toda conducta constitutiva de delito sólo se podrá tramitar en la sala de lo criminal del Tribunal de Primera Instancia.

Así, pues, “jurisdicción” en el ordenamiento jurídico de menores alude “a la facultad especial de la Sala de Asuntos de Menores para entender en procesos contra éstos y se relaciona ‘con la cuestión de si el menor debe ser encausado dentro del sistema de justicia juvenil o en el sistema de justicia criminal’ ”. Pueblo v. Suárez, 167 D.P.R. 850, 858 (2006). Véase Pueblo en interés del menor A.A.O., supra, pág. 172.

Por otro lado, el Art. 5 de la Ley de Menores de Puerto Rico, supra, dispone que el Tribunal de Menores conservará su autoridad sobre los menores que se encuentran sujetos a las disposiciones de dicho estatuto, hasta que el menor cumpla la edad de veintiún años, a menos que mediante una orden al efecto, se dé por terminada esa autoridad.() El artículo especifica también que, cuando el menor sujeto a la autoridad del Tribunal de Menores sea procesado y convicto como adulto, cesará automáticamente la autoridad del Tribunal de Menores y será puesto bajo la autoridad del Tribunal General de Justicia. Precisamente, esta última disposición fue incorporada al Art. 5 de la Ley de Menores de Puerto Rico, supra, mediante la Ley Núm. 334 de 16 de septiembre de 2004, luego de resuelto Pueblo en interés me-nor A.A.O., supra. Véase Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 28. Se estima que, una vez “el menor ha sido juzgado y convicto como adulto, ello significa que tiene la madurez e imputabilidad requerida para ser tratado como tal”. Id. Véase, además, Pueblo en interés menor A.A.O., supra.

En Pueblo v. Suárez, supra, indicamos que el concepto “autoridad” utilizado en la Ley de Menores de Puerto Rico, “se refiere a la ‘supervisión, detención o custodia del menor que asume el Estado como parens patriae, mientras a éste se le encausa y luego de que se ha determinado que está incurso en la comisión de una falta’ ”. Por lo que “autoridad” apunta, esencialmente, “al tipo y la duración de la medida impuesta, una vez se determine que el menor se encuentra incurso en una falta”. Id. Vemos así cómo ambos conceptos están íntimamente relacionados, pero se refieren a etapas distintas del proceso.

Para resumir, para que el Tribunal de Menores pierda su autoridad sobre un menor se requiere que el menor advenga a la edad de veintiún años, que el tribunal emita una orden en tal sentido o, en lo que nos atañe, que estando el menor sujeto a una medida dispositiva impuesta por el Tribunal de Menores, recaiga una convicción como adulto por cualquier delito y éste pase a estar bajo la jurisdicción y supervisión del Tribunal General de Justicia. Es decir, sobre este último inciso del Art. 5, supra, se exige que el menor esté sujeto a una mediada impositiva que le haya sido impuesta por el Tribunal de Menores, luego de su convicción por una falta, cuando sobrevenga la convicción como adulto por cualquier delito. Por el contrario, se pierde la jurisdicción sobre un menor siempre que éste sea convicto como adulto por un delito grave —lo que opera como una adultez estatutaria— y, en lo sucesivo, en virtud de ello, sólo podrá ser procesado como adulto.

En Pueblo en interés menor A.A.O., supra, pág. 174, luego de analizar detenidamente las diferencias entre el concepto jurisdicción y autoridad contemplado en la Ley de Menores de Puerto Rico, concluimos que “cuando el Tribunal emite una orden de cese de autoridad sobre un menor, dicha orden, como regla general, tiene efecto únicamente sobre la duración de la supervisión del Tribunal sobre el cumplimiento de una medida dispositiva en particular, no sobre la persona del menor en asuntos posteriores”. (Enfasis nuestro.) Es decir, esta orden no tiene el efecto de, por sí misma, “poner fin a la jurisdicción del Tribunal de Menores para atender en otras querellas”. Id. Así, por ejemplo, el Tribunal de Menores cesa su autoridad sobre el menor al término de la medida impositiva impuesta, pero podría asumir jurisdicción nuevamente en caso de una nueva querella por las faltas cometidas siendo menor.

De lo anterior se colige que la convicción de un menor por un delito afecta tanto la jurisdicción del Tribunal de Menores sobre éste, así como su autoridad. Explico. En el primero de los casos, y luego de una convicción por delito grave, el Tribunal de Menores no tendrá jurisdicción para atender nuevas conductas delictivas incurridas por un me-nor de dieciocho años. Ello así, por disposición expresa del Art. 4 de la Ley de Menores de Puerto Rico, supra. Por otra parte, la convicción como adulto, independientemente del grado del delito, afecta, además, la autoridad del Tribunal de Menores. Cuando ello ocurra, el cumplimiento de cualquier condición relativa a la medida dispositiva impuesta al menor por el Tribunal de Menores por una transgresión anterior, pasará a la autoridad del Tribunal General de Justicia, cesando en su autoridad la Administración de Instituciones Juveniles y la supervisión, claro está, del Tribunal de Menores. Véase Art. 5 de la Ley de Menores de Puerto Rico, supra. Véase, también, Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 36.

Además, habida cuenta que la autoridad del Tribunal de Menores sobre el menor se refiere también a la supervisión que asume el Estado como parens patriae, mientras a éste se le encausa, su convicción como adulto por cualquier delito puede incidir también sobre los procesos que se están ventilando cuando sobreviene la convicción como adulto, pues el menor se encuentra ya bajo la autoridad de los tribunales ordinarios cumpliendo la pena que le fue impuesta, y el Tribunal de Menores no podrá supervisar una nueva medida dispositiva. Pueblo en interés menor A.A.O., supra, pág. 180. En estos casos, aun cuando se tenga jurisdicción sobre el menor, “el Tribunal de Menores no puede tratar al menor bajo su jurisdicción”. Id.

Repasemos someramente nuestra jurisprudencia, por entender que arroja luz sobre la solución adecuada a esta controversia.

B. Iniciamos reseñando los hechos del caso Pueblo en interés menor A.A.O., supra. En este caso, el imputado había sido procesado como menor y se le había impuesto una medida dispositiva. Tiempo después se presentaron varias denuncias en su contra por los delitos de asesinato, robo e infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico. Estas denuncias se sometieron ante el Tribunal Superior, ya que así lo ordena el Art. 4 de la Ley de Menores de Puerto Rico, supra, al estar excluidas de la jurisdicción del Tribunal de Menores. Procesado y convicto, y mientras cumplía su sentencia, el Procurador de Menores solicitó el cese de autoridad del Tribunal de Menores.

Poco tiempo después, el Ministerio Público supo que el joven había incurrido en conducta delictiva, días antes de los delitos por los que fue acusado y convicto como adulto. La controversia era si se le podía instar una nueva queja en el Tribunal de Menores por las faltas incurridas, ante la orden de cese de autoridad que el Tribunal de Menores había emitido. Concluimos que, en estas circunstancias, la orden en la que se dio por terminada la autoridad del Tribunal de Menores, también surtía efecto sobre su persona y no meramente sobre la querella. Ello así, ya que el cese de autoridad del Tribunal de Menores obedeció a que el menor había sido acusado y convicto por un delito lo que daba paso a que adviniera a la adultez estatutaria y pasara a la jurisdicción del Tribunal Superior, por lo que de asumirse jurisdicción en un nuevo caso, el Tribunal de Menores “estaría incapacitado posteriormente para supervisar cualquier medida dispositiva que se le imponga”. Pueblo en interés menor A.A.O., supra. Señalamos, específicamente, que ésta es una de las excepciones en la que el Tribunal de Menores “no puede tratar al menor bajo su jurisdicción”. Id. En resumen, resultaba improcedente iniciar un nuevo proceso ante el Tribunal de Menores.

Recientemente, en Pueblo v. Suárez, supra, resolvimos que el Tribunal de Menores podía renunciar a su jurisdicción en un caso de un menor ofensor de trece años de edad a la fecha de los hechos delictivos, pero quien había advenido a la mayoridad al presentarse la queja en su contra. La adultez natural del imputado no era impedimento para que el Tribunal de Menores evaluase una moción de renuncia de jurisdicción presentada y remitiera el caso pendiente a una sala de lo criminal para que fuese procesado como adulto. En otras palabras, resolvimos que el Tribunal de Menores tenía jurisdicción sobre la persona adulta pues, como ya habíamos resuelto, es la edad del imputado a la fecha de los hechos uno de los criterios determinantes a la jurisdicción del Tribunal de Menores. Pueblo en interés me-nor F.R.F., 133 D.P.R. 172 (1993). La edad al momento de la alegada falta es lo que determina la condición de menor. Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114, 120 (1980); Pueblo v. Andújar, 80 D.P.R. 822 (1958).

En Pueblo v. Suárez, supra, el Ministerio Público supo de unos hechos delictivos incurridos por un menor cuando ya éste era mayor de edad. El Procurador de Menores presentó una queja ante el Tribunal de Menores y luego solicitó la renuncia del tribunal a su jurisdicción según el Art. 15 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A see. 2215. El Tribunal de Menores renunció a su jurisdicción y refirió el caso a una sala ordinaria de lo criminal del Tribunal Superior.

Como ya adelantamos, en Pueblo v. Suárez, supra, concluimos que, como cuestión de hecho, el Tribunal de Menores tenía jurisdicción sobre la queja presentada en su contra, no obstante ser éste mayor de edad a la fecha de presentarse ésta, pues lo relevante radica en cuál era la edad del menor a la fecha de los incidentes. Ello no obstante, el Tribunal de Menores no tenía autoridad para procesarle e imponerle una medida dispositiva, precisamente por haber advenido a la adultez. En estas circunstancias, procedía que el Tribunal de Menores renunciara a su jurisdicción conforme al Art. 15 de la Ley de Menores de Puerto Rico, supra. Al aplicar la normativa expuesta a los hechos específicos del caso, concluimos que era improcedente la renuncia en este caso, porque a la fecha de los hechos el menor imputado contaba con trece años y la Ley de Menores de Puerto Rico no autorizaba la renuncia de transgresores menores de catorce años. Específicamente indicamos:

... [E]l Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, Asuntos de Menores, aun cuando podía asumir jurisdicción en la queja instada por la Procuradora de Menores contra Suárez Alers por ser éste menor de edad al momento de los hechos, no podía bajo ningún supuesto renunciar a su jurisdicción y referir el asunto a la Sala de lo Criminal del Tribunal Superior. Ello, ya que Suárez Alers era menor de catorce años al momento de los hechos imputados y el Art. 15 de la Ley de Menores, ante, no autoriza la renuncia en estos casos.
No hay duda de que si la queja contra Suárez Alers hubiese sido presentada al momento de los alegados hechos delictivos, la Sala de Asuntos de Menores estaba imposibilitada de renunciar a su jurisdicción. Si, era improcedente en ese momento, también lo es ahora. (Enfasis nuestro.) Pueblo v. Suárez, supra, págs. 861-862.

Expuesto el derecho aplicable, pasemos ahora a aplicar las normas discutidas a los hechos de este caso.

IV

Como indicamos, inicialmente, en el presente caso, el 25 de enero de 2006 se presentaron sendas querellas contra el menor J.E.T.A. por las faltas siguientes: dos querellas por actos lascivos conforme al Art. 105 del Código Penal derogado, 33 L.P.R.A. see. 4067, una querella por sodomía, según el Art. 103 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4067), y una querella por agresión sexual conforme al Art. 142 del Código Penal de 2004 vigente, 33 L.P.R.A. see. 4770. Se le imputó que incurrió en tal conducta contra el menor E.O.C.A., quien a la fecha de los hechos contaba con nueve y diez años de edad. Pendiente la vista adjudicativa, unos días antes y ya advenido J.E.T.A. a los dieciocho años, éste se declaró culpable por la infracción al Art. 121 del Código Penal vigente, 33 L.P.R.A. see. 4749 (agresión simple) por hechos ocurridos el 31 de agosto de 2006. Se le impuso como pena una multa de cien dólares.

Es decir, en este caso el peticionario se encontraba en medio del proceso adjudicativo como menor de veintiún años, cuando cumplido ya los dieciocho, cometió un delito por el cual se declaró culpable. El Tribunal de Menores se encontraba, por lo tanto, en el válido ejercicio de su jurisdicción y autoridad sobre el menor, la cual ostentaría, de ordinario, hasta que cumpliese veintiún años de edad. Ello no obstante, al momento de iniciarse la vista adjudicativa, como ya hemos visto, el menor había sido convicto de delito menos grave, mas no se encontraba bajo la supervisión del Tribunal General de Justicia, ya que había cumplido con la pena impuesta, es decir, había pagado la multa de cien dólares. La interrogante que se nos plantea, entonces, es si ante este cuadro el Tribunal de Menores tiene que ordenar el archivo del caso que pende ante sí, lo puede referir a una sala ordinaria de lo criminal del Tribunal Superior luego de renunciar a su jurisdicción o tiene jurisdicción para continuar con el proceso que se ventilaba.

El peticionario nos indica que no aplica en este caso lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley de Menores de Puerto Rico, supra, porque su convicción fue por un delito menos grave. Tiene razón respecto a este asunto. Este artículo es claro al ordenar el cese de jurisdicción ante la convicción por un delito grave. No cabe, por lo tanto, argumentar que en alguna medida aplica a este caso. Arguye, también, que el Art. 5 tampoco regula esta controversia por ser vago, con lo cual, concluye que lo procedente es archivar el caso que estaba pendiente. En cuanto a este argumento, no tiene razón.

En estricto rigor, ni el Art. 4 ni el Art. 5 de la Ley de Menores de Puerto Rico, supra, nos ofrecen una respuesta clara a esta interrogante. () Somos del criterio, sin embargo, que una lectura integral de ambos artículos conforme hiciéramos aquí, así como nuestra más reciente jurisprudencia, nos lleva a la conclusión de que nada en la Ley de Menores de Puerto Rico priva de jurisdicción al foro de menores para continuar ventilando el caso que tenía ante su consideración e imponer la medida dispositiva correspondiente, antes del menor advenir a la edad de veintiún años, de estimar probado los hechos que se alegan, o que el Tribunal el Tribunal de Menores pueda atender la petición del Procurador de Menores de renunciar a la jurisdicción del menor; claro está, cumplidos los requisitos dispuestos en el Art. 15 de la Ley de Menores de Puerto Rico, supra()

Lo primero que debemos acotar es que una convicción como adulto por un delito menos grave donde la pena impuesta fue la de multa y ésta fue satisfecha, como ha ocurrido en este caso, no supone una pérdida de jurisdicción del Tribunal de Menores sobre el menor o sobre el proceso que en su contra se ventila. Ciertamente, ello no lo exige el Art. 4 de la Ley de Menores de Puerto Rico, supra, pues como vimos éste ordena que la convicción sea por delito grave para que se pierda la jurisdicción. Veamos qué limitación, si alguna, impone el citado Art. 5 sobre la resolución de este caso.

Reiteradamente hemos expresado que “la autoridad” a que se refiere la Ley de Menores de Puerto Rico, es a la supervisión que este foro ejerce sobre las medidas impositivas que se imponen a los menores que han incurrido en conducta delictiva. Esta supervisión se afecta una vez el menor pasa a la supervisión del Tribunal General de Justicia, para cumplir con la sentencia que, como adulto, se le ha impuesto. En otras palabras, si un menor se encuentra cumpliendo una medida impositiva como menor y es procesado y convicto como adulto, por cualquier delito, éste pasa inmediatamente a estar bajo la autoridad del Tribunal General de Justicia para cumplir su pena, cesando la autoridad del Tribunal de Menores. Siendo este el alcance del Art. 5, éste no aplica al caso de autos, pues como ya dijimos, el peticionario no se encuentra bajo la supervisión del Tribunal General de Justicia habida cuenta que ya cumplió con la pena impuesta.

Según lo anterior, creemos que dado los hechos de este caso, el Tribunal de Menores no ha perdido ni su jurisdicción ni su autoridad sobre el peticionario. Por lo tanto, nada impide que el foro de menores, cumplido con los requisitos del Art. 15 de la Ley de Menores de Puerto Rico, supra, evalúe renunciar a su jurisdicción, según se le ha solicitado o continúe con el procedimiento que tenía pendiente. Esta valoración se enmarca, como sabemos, en una determinación sobre cómo se sirven y adelantan “los mejores intereses del menor y de la comunidad”. íd.

Unas observaciones finales, el peticionario nos solicita que se desestimen las quejas pendientes en su contra porque, según él, la Ley de Menores de Puerto Rico es vaga sobre este asunto. Ya hemos visto, de la discusión que antecede, que él no tiene razón en su argumento. Consignamos además, que no podemos validar esta petición, pues ésta no es otra cosa que concluir, que la Ley de Menores le concede un especial fuero al menor que es procesado y convicto como adulto por delito menos grave. “Nuestro ordenamiento jurídico no requiere tan peregrino resultado, en el que se le confiere a un adulto inmunidad absoluta de que se le juzgue en tribunal alguno”. Pueblo v. Agosto Vázquez, 112 D.P.R. 57, 58 (1982).

El fin de la Justicia es la búsqueda de la verdad para adelantar el bien común. En esta grave encomienda, la carambola, la argucia y el artificio, no son ni pueden ser valores que permitan derrotar los principios fundamentales que animan la Ley de Menores de Puerto Rico. Nuestra decisión obedece no tan sólo a nuestra interpretación del texto de las disposiciones aplicables, sino también al sentir que permea el sistema de justicia juvenil.

En atención a la discusión que precede, procede que modifiquemos la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y se devuelva el caso al Tribunal de Menores para procedimientos ulteriores acordes a lo aquí dispuesto, conforme se dispone en la sentencia dictada.

      (1) El Art. 4 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2204, dispone:

        “See. 2204. Jurisdicción del Tribunal

      “(1) El tribunal tendrá autoridad para conocer de:

      “(a) Todo caso en que se impute a un menor conducta que constituya falta, incurrida antes de éste haber cumplido dieciocho (18) años de edad. Dicha autoridad estará sujeta al período prescriptivo dispuesto en las leyes penales para la conducta imputada.
      “(b) Cualquier asunto relacionado con menores, sitúan dispuesto mediante ley especial, confiriéndole facultad para entender en dicho asunto.
      “(2) El Tribunal no tendrá autoridad para conocer de:

      “(a) Todo caso en que se impute a un menor que hubiere cumplido quince (15) años de edad la comisión de hechos constitutivos de asesinato en primer grado según definido en el inciso (a) de la see. 4734 del Título 33.
      “(b) Todo caso en que se impute a un menor que hubiere cumplido quince (15) años de edad hechos constitutivos de delito que suijan de la misma transacción o evento constitutivo de asesinato en primer grado según definido en el inciso (a) de la see. 4734 del Título 33.
      “(c) Todo caso en que se impute a un menor hechos constitutivos de delito cuando se le hubiere adjudicado previamente un delito grave como adulto.
      “(3) En todos los casos contemplados [en los incisos anteriores], el menor será procesado como adulto.
      “(4) La Sala de lo Criminal del tribunal general de Justicia conservará jurisdicción sobre el menor a[u]n cuando haga alegación de culpabilidad o medie convicción por un delito distinto al asesinato, según definido en el inciso (a) de la see. 4734 del Título 33. Igualmente, conservará jurisdicción cuando el Tribunal Primera Instancia, Sala de Menores, hubiere renunciado a la jurisdicción del menor y en el procedimiento ordinario como adulto al menor se le archivaran los cargos o se le encontrara no culpable.
      “(5) Cuando un magistrado determine la existencia de causa probable por un delito distinto al asesinato, según definido en el inciso (a) de la see. 4734 del Título 33, éste y cualquier otro delito que surgiere de la misma transacción se trasladará al tribunal que ejerza su autoridad bajo las disposiciones de este capítulo y éste retendrá y conservará jurisdicción, según se dispone la see. 2205 de este título.”

      (2) Específicamente, el Art. 5 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2205, en su parte pertinente, dispone que:
      “En todos los casos en que un menor; estando aún bajo la autoridad del tribunal, sea procesado y convicto como adulto, el tribunal (Sala Asuntos de Menores) perderá automáticamente su autoridad sobre dicho menor. En estos casos, si al momento de ser acusado como adulto, el menor no presta la fianza que le fuera impuesta, éste deberá permanecer internado en una institución de la Administración de Instituciones Juveniles hasta tanto sea convicto como adulto. Una vez sea convicto como adulto cesará la autoridad de la Administración de Instituciones Juveniles sobre dicho menor y el mismo será puesto inmediatamente bajo la autoridad del Tribunal General de Justicia. El tribunal tomará las providencias necesarias para asegurarse de que el convicto quede bajo la custodia de la Administración.” (Enfasis nuestro.)

      (3) Cuando una disposición estatutaria no es clara, como parece ser el caso de los artículos citados de la Ley de Menores de Puerto Rico, es deber de este Tribunal llenar las lagunas que hubiesen y armonizar aquellas disposiciones que estén o parezcan estar en conflicto. Art. 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 7; Pueblo en interés menor A.A.O., 138 D.P.R. 160, 176 esc. 20 (1995).

      (4) El Art. 15 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2215, regula el proceso mediante el cual el Procurador de Menores solicita la renuncia de jurisdicción del Tribunal de Menores de Puerto Rico, así como establece cuáles son los factores que debe ponderar ese foro a la hora de hacer tomar su decisión.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Ricardo Torres Muñoz, querellado.

      Número: CP-2006-9

      Resuelto: 2 de octubre de 2008

      Héctor Urgell Cuebas, comisionado especial; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Noemí Rivera de León y Zaira Z. Girón Anadón, procuradoras generales auxiliares, Maite D. Oronoz Rodríguez y Mariana D. Negrón Var-?as, subprocuradoras generales, querellantes; Ricardo L. brres Muñoz, pro se.

    Sala Especial integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton, el Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.
   per curiam:

I

El Ledo. Ricardo L. Torres Muñoz fue admitido al ejercicio de la abogacía el 3 de marzo de 1989 y de la notaría el 4 de junio de 1990.

Del informe del Comisionado Especial se desprende que el Sr. Juan Sotomayor López, la Sra. Norma Mantilla Siverio y la Sra. Rosa M. Rosa Villanueva (querellantes) contrataron los servicios profesionales del Ledo. Ricardo L. Torres Muñoz, para que los representara ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (J.A.S.A.P.) y ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal Federal), en una acción por discrimen político contra el Departamento de Familia.

En vista del procedimiento administrativo que pendía ante J.A.S.A.P, el Departamento de la Familia le solicitó al Tribunal Federal la paralización de los procedimientos conducidos en ese foro hasta tanto J.A.S.A.P. emitiera una determinación al respecto, puesto que ambos procedimientos versaban sobre los mismos hechos. La petición fue acogida por el Tribunal Federal.

Posteriormente, J.A.S.A.P. ordenó la reinstalación del señor Sotomayor López a su puesto, mas declaró “no ha lugar” las apelaciones instadas por las señoras Rosa Villanueva y Mantilla Siverio. En vista de ello, el licenciado Torres Muñoz, en representación de los querellantes, presentó un recurso de revisión administrativa ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. En el ínterin, el 16 de diciembre de 1999, Tribunal Federal le ordenó al licenciado Torres Muñoz que informara por escrito el estatus del caso. Tras solicitar una prórroga, el licenciado Torres Muñoz compareció y le informó al Tribunal Federal que, ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, pendía un recurso de revisión administrativo.

El 11 de abril de 2001, el Tribunal de Circuito Apelaciones revocó la determinación emitida por J.A.S.A.P. respecto a las señoras Rosa Villanueva y Mantilla Siverio; declaró “ha lugar” la alegación de discrimen político, y ordenó la reinstalación de ambas a sus puestos y el pago de los haberes dejados de percibir. Respecto al señor Sotomayor López, el Tribunal de Circuito de Apelaciones confirmó el dictamen emitido por J.A.S.A.P.()

El 4 de junio de 2001, el licenciado Torres Muñoz se comunicó vía telefónica con sus representados y les expresó que quería reunirse con ellos la semana siguiente. No obstante, esa reunión nunca se realizó. De hecho, cuando los querellantes fueron a la oficina del licenciado Torres Muñoz, se percataron de que éste se había mudado y no les había notificado su nueva dirección.

Transcurridos once meses sin conocer lo que acontecía con la demanda incoada en el Tribunal Federal y sin tener noticias del licenciado Torres Muñoz, los querellantes casualmente se enteraron de que éste se encontraba trabajando en el Departamento de Salud. En vista de ello, los querellantes se comunicaron con el licenciado Torres Muñoz, quien les informó que los citaría a una reunión para discutir el caso que pendía ante el Tribunal Federal.

El licenciado Torres Muñoz no se comunicó con los querellantes para llevar a cabo la reunión. No obstante, éstos trataron infructuosamente de comunicarse con él. Como resultado de lo anterior, los querellantes viajaron desde Aguadilla a Bayamón y acudieron a su oficina en el Departamento de Salud para indagar el estatus de su caso. Al llegar a la oficina del licenciado Torres Muñoz, éste los recibió y les expresó que posteriormente les enviaría el expediente del caso. No' obstante, transcurrió el tiempo y el licenciado Torres Muñoz nunca les envió el referido expediente.

El 11 de abril de 2003, el licenciado Torres Muñoz le remitió una carta al señor Sotomayor López en la que le comunicó que no había encontrado el expediente del caso ante el Tribunal Federal, y le solicitó que le hiciera llegar algún documento con el número del caso. Una vez recibida la carta, el señor Sotomayor López se comunicó con la secretaria del licenciado Torres Muñoz y le brindó el número del caso.

Posteriormente, el licenciado Torres Muñoz citó a los querellantes en dos ocasiones para reunirse con ellos, pero cuando éstos llegaron a su oficina en el Departamento de Salud, se toparon con la noticia de que éste no se encontraba. Ante tal situación, los querellantes le expresaron a la secretaria del licenciado Torres Muñoz que se disponían a presentar una querella contra éste en el Tribunal Supremo. Después de que los querellantes se marcharon del Departamento de Salud, recibieron una llamada de la secretaria del licenciado Torres Muñoz, comunicándoles que éste se reuniría con ellos el 7 de agosto de 2003.

Llegada la fecha pautada para la reunión, el licenciado Torres Muñoz no se presentó. Por tal razón, su secretaria les entregó a los querellantes el expediente del caso, acompañado de una misiva en donde el licenciado Torres Muñoz expresaba que no les había entregado el expediente del caso antes porque estaba extraviado. La secretaria del licenciado Torres Muñoz también les entregó a los querellantes un escrito titulado “Second Motion Requesting Hearing, Leave to Withdraw as Attorney for Plaintiff”. La moción fue presentada el 8 de agosto de 2003 en la Secretaría del Tribunal Federal.

El 20 de agosto de 2003, los querellantes le cursaron una carta al el licenciado Torres Muñoz, expresándole que querían reunirse con él para que les explicara qué había sucedido con su caso puesto que estaban muy confundidos porque habían obtenido el docket de la demanda instada en el Tribunal Federal, y éste indicaba que la demanda había sido desestimada y archivada con perjuicio. No obstante, a pesar de la gravedad de los señalamientos de los querellantes, el licenciado Torres Muñoz no contestó la carta ni se comunicó con ellos.

En vista de lo anterior, 4 de mayo de 2004, el señor Sotomayor López, la señora Rosa Villanueva y la señora Siverio Mantilla presentaron en la Secretaría de este Tribunal una queja contra el licenciado Torres Muñoz.

Los querellantes expresaron en su escrito que la demanda incoada el 25 de septiembre de 1995 en el Tribunal Federal fue desestimada con perjuicio el 19 de marzo de 2002, debido a que el licenciado Torres Muñoz no contestó las múltiples órdenes emitidas por el Tribunal Federal para que informara el estatus del caso. Sostuvieron, además, que no fue hasta el 20 de agosto de 2003 que supieron que la demanda incoada en el Tribunal Federal fue desestimada con perjuicio. Como resultado de lo anterior, los querellantes presentaron una demanda por impericia profesional contra el licenciado Torres Muñoz en el Tribunal Superior, Sala de Aguada. El 8 de noviembre de 2006, la demanda fue desestimada con perjuicio.

Luego de solicitar varias prórrogas, el licenciado Torres Muñoz contestó la queja presentada por los querellantes y adujo que les había informado a éstos que no podía continuar la representación de su caso ante el Tribunal Federal, puesto que había comenzado a trabajar en el Departamento de Salud. Señaló, además, que el 2 de julio de 2001 había presentado ante el Tribunal Federal una primera moción para renunciar como representante legal de los querellante() y que supo de la desestimación del caso al recibir la queja presentada.

Así las cosas y luego de los trámites de rigor, le ordenamos al Procurador General presentar la querella correspondiente contra el referido abogado. En dicha querella, el Procurador General presentó tres cargos contra el licenciado Torres Muñoz por violación a los Cánones 18, 19 y 20 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Sometido el caso y luego de ponderar el informe del Comisionado Especial, así como los autos del caso, procedemos a resolver sin ulterior trámite.

II

A. Los cánones del Código de Ética Profesional tienen el fin primordial de promover que los abogados se desempeñen, profesional y personalmente, según los más altos principios éticos y de conducta decorosa para el beneficio de la profesión, de la ciudadanía y de las instituciones de justicia del país/) Al juramentar una persona como abogado, éste se convierte en funcionario del Tribunal y ministro ordenado de la justicia, y se compromete a desplegar su alto ministerio con la mayor y más excelsa competencia, compromiso e integridad()

Como parte de los postulados que rigen la profesión legal, el Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra, impone a todo abogado el deber de desempeñarse en todo momento de forma capaz y diligente al defender los intereses de su cliente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad, y actuando en aquella forma que la profesión jurídica, en general, estima adecuada y responsable.() Según lo anterior, hemos decretado en ocasiones que todo miembro de la profesión legal tiene el deber de defender los intereses de su cliente con el compromiso arraigado de desplegar la mayor capacidad, lealtad, celo, responsabilidad y la más completa honradez. ()

Reiteradamente hemos resuelto que este deber se transgrede cuando el abogado asume una representación legal, consciente de que no puede realizar una labor idónea y competente o de que no puede prepararse adecuadamente para el caso, sin que ello conlleve gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.!)

De igual forma, hemos resuelto que se configura una conducta violatoria al Canon 18, supra, cuando la actuación negligente y contumaz del abogado produce la desestimación o el archivo del caso de su cliente.() Tal resultado deja entrever una actitud de displicencia, despreocupación, desidia e irresponsabilidad que no estamos dispuestos a tolerar. En In re Vilches López, 170 D.P.R. 793 (2007), resolvimos que cuando un abogado desatiende o abandona un caso, y tal acción provoca el archivo del caso de su representado, acarrea cuando menos, una suspensión del ejercicio de la profesión.

B. El Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, impone a todo miembro de la profesión legal el deber inexcusable de mantener informado a su cliente de todo asunto importante que surja en el desarrollo de su caso.() Tal obligación constituye un elemento vital e imprescindible de la relación fiduciaria abogado-cliente.() Además, es menester señalar que el deber de diligencia e información se activa desde el momento cuando el letrado acepta la representación legal y continúa hasta que ésta finaliza.

De la disposición legal aludida se desprende que el abogado debe mantener informado a su cliente de todas las incidencias importantes del caso. Esta obligación significa que el abogado tiene que mantener informado al cliente de las gestiones realizadas y de su desarrollo; consultar las cuestiones que no están dentro del ámbito discrecional de la representación legal, y cumplir cabalmente las directrices que le imparten sus representados.()

Por lo tanto, se incurre en violaciones al citado Canon 19 cuando: (1) se desatienden los reclamos de información del cliente; (2) no se le informa el resultado adverso de la gestión encomendada; (3) la acción se desestima o se archiva; (4) no se mantiene informado al cliente del estado o la situación procesal del caso, o (5) se le niega al cliente información del caso.()

C. El Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que un abogado “no puede ni debe renunciar la representación profesional de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente cuando haya razón justificada e imprevista para ello”. Esta disposición le impone al abogado, antes de renunciar a la representación de su cliente, la obligación de tomar medidas razonables en aras de evitar perjuicio a su cliente.

Entre las medidas previstas para evitar lesiones a los representados, el Canon 20, supra, detalla las siguientes: (i) notificar la renuncia al cliente, (ii) aconsejarle sobre la necesidad de una nueva representación legal cuando ello sea necesario, (iii) concederle tiempo para conseguir una nueva representación legal, (iv) aconsejarle sobre la fecha límite de cualquier término de ley que pueda afectar su causa de acción o para la presentación de cualquier escrito que le pueda favorecer, y (v) el cumplimiento de cualquier otra disposición legal del tribunal al respecto, incluyendo la notificación al tribunal de la última dirección conocida de su representado.!)

Al ser efectiva la renuncia del abogado, el Canon 20 del Código de Etica Profesional, supra, obliga a todo letrado a entregar el expediente del caso, así como cualquier documento relacionado con éste. El abogado tiene la obligación de entregar el expediente a su cliente de inmediato y sin dilación alguna.!)

Al interpretar el Canon 20, supra, hemos sostenido que hasta que el abogado no sea relevado de su responsabilidad por el Tribunal, tiene el deber ineludible de desplegar el más alto grado de competencia y diligencia posible en su gestión profesional.() En vista de lo anterior, es preciso enfatizar que la presentación de una moción de renuncia de la representación profesional no significa que el abogado está automáticamente desvinculado de su responsabilidad hacia su cliente y el tribunal.() Hasta tanto el tribunal autorice la moción de renuncia de representación legal, el abogado debe representar a su cliente de la forma más responsable, cabal y eficiente, y tiene que conducirse según los postulados éticos que emanan del Código de Ética Profesional y rigen la profesión.

III

A la luz de la normativa reseñada, concluimos que el querellado, licenciado Torres Muñoz, incurrió en violaciones a los Cánones 18, 19 y 20 del Código de Ética Profesional, supra. Veamos.

Cargo I

A. El Procurador General expuso en la querella que el licenciado Torres Muñoz violó el Canon 18, supra, ya que su negligencia en el trámite de la demanda incoada en el Tribunal Federal tuvo la nefasta consecuencia de provocar la desestimación con perjuicio de la causa de acción de los querellantes. A igual conclusión, llegó el Comisionado Especial, el Ledo. Héctor Urgell Cuebas, en su informe.

Por su parte, en la contestación a la querella el licenciado Torres Muñoz negó que su conducta provocara la desestimación de la demanda instada en el Tribunal Federal. Adujo que defendió los intereses de sus clientes y que le notificó a éstos y al Tribunal Federal que estaba impedido de seguir representando su caso debido a que había comenzado a trabajar en el Departamento de Salud.

Al examinar los documentos que obran en el expediente, surge que el 11 de octubre de 2001, el Tribunal Federal le ordenó al licenciado Torres Muñoz informar por escrito el estatus del caso en el término de quince días. Esta orden fue ignorada por el licenciado Torres Muñoz. Posteriormente, el 5 de febrero de 2002, el Tribunal Federal ordenó al abogado mostrar causa por la cual el caso no debía ser desestimado por inactividad. El licenciado Torres Muñoz tampoco contestó esa orden.

En vista de lo anterior, el 18 de marzo de 2002, el Tribunal Federal desestimó la demanda con perjuicio por abandono e incumplimiento con las órdenes del Tribunal. En dicha sentencia, tribunal expresó lo siguiente:

The Court has entered an Order on this same date dismissing this case for Plaintiff’s lack of prosecution and failure to comply with the Court’s orders.
WHEREFORE it is ORDERED and ADJUDGED that this case be dismissed with prejudice. (Enfasis suprimido.)

El trámite procesal reseñado, refleja fehacientemente que el licenciado Torres Muñoz violó el Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra. Este no defendió diligentemente los derechos de sus clientes según los postulados éticos que rigen la profesión legal. La conducta del licenciado Torres Muñoz al abandonar el caso de sus clientes en el Tribunal Federal refleja desidia, despreocupación y displicencia. Si el licenciado Torres Muñoz hubiese informado al Tribunal Federal el estatus del caso tan pronto el Tribunal de Circuito de Apelaciones resolvió, no hubiese ocurrido la desafortunada desestimación del caso.

Finalmente, antes de pasar a discutir el segundo cargo imputado, es menester señalar que un abogado no puede cruzarse de brazos y desatender la reclamación que le encomendaron sus representados por el mero hecho de ingresar en el servicio público. Hasta tanto el Tribunal Federal no aceptara la renuncia del licenciado Torres Muñoz, éste tenía la obligación de representar a los querellantes con la más excelsa competencia, compromiso e integridad.

Cargo II

B. En el segundo cargo imputado, el Procurador General señala que el licenciado Torres Muñoz: no mantuvo informado del estatus del caso a los querellantes; no les informó que no podía seguir representándolos debido a que comenzaría a trabajar en el Departamento de Salud ni les comunicó que su caso había sido desestimado con perjuicio por inactividad. Tras celebrar la vista evidenciaría, el Comisionado Especial concluyó, al igual que el Procurador General, que el licenciado Torres Muñoz no mantuvo informado a los querellantes del estatus de su caso a pesar de las múltiples gestiones que éstos realizaron para comunicarse con él.

Luego de examinar detenidamente los autos del caso, cabe concluir que el licenciado Torres Muñoz infringió el Canon 19 del Código de Etica Profesional, supra. Surge del expediente que los querellantes trataron infructuosamente de reunirse con el abogado para que éste les informara el estatus del caso a nivel federal. No obstante, el licenciado no les contestaba sus llamadas ni se reunió con ellos cuando éstos viajaban desde Aguadilla hasta su oficina, ubicada en Bayamón. Más aún, el licenciado Torres Muñoz no les informó a los querellantes que su causa de acción había sido desestimada con perjuicio.

La conducta del licenciado Torres Muñoz al no mantener informados a los querellantes es de todo punto incompatible con los postulados éticos que éste juró defender y obra en detrimento de la sana administración de la justicia.

Cargo III

C. El Comisionado Especial concluyó en su informe, al igual que el Procurador General, que el licenciado Torres Muñoz incurrió en conducta violatoria al Canon 20 del Código de Etica Profesional, supra. Por su parte, el licenciado Torres Muñoz adujo que no incurrió en dicha violación, puesto que presentó una moción de renuncia de representación legal en julio de 2001.

No obstante, al examinar la moción notamos que es el único documento que no tiene el sello de recibido del Tribunal Federal. De hecho, este documento tiene la fecha incompleta, ya que no señala el día cuando el abogado se disponía a presentarla. Además, tampoco aparece en el docket del caso del Tribunal Federal. En la vista evidenciaría realizada ante el Comisionado Especial, el licenciado Torres Muñoz no pudo explicar por qué la moción no aparece presentada en el expediente del Tribunal Federal.

Es imperativo señalar que la única moción de renuncia de la representación legal que está ponchada por la Secretaría del Tribunal Federal y que aparece en el docket tiene fecha de 8 de agosto de 2003. El licenciado Torres Muñoz presentó la moción un año y medio después que el caso de los querellantes fue desestimado con perjuicio.

Aun cuando la intención del licenciado Torres Muñoz era renunciar a la representación legal de los querellantes en el 2001, lo cierto es que éste no presentó la moción para ello, no les entregó el expediente a sus clientes y mucho menos tomó las precauciones necesarias para salvaguardar sus derechos. La mera presentación de la moción de representación legal no relevaba al licenciado Torres Muñoz de defender diligentemente los derechos de sus clientes hasta tanto el tribunal la aceptara.

IV

Resta entonces determinar la sanción disciplinaria que corresponde imponer. Para estos fines, hemos señalado que tomaremos en cuenta los factores siguientes: (1) la buena reputación del abogado en la comunidad, (2) su historial previo, (3) si ésta constituye su primera falta y ninguna parte ha resultado perjudicada, (4) la aceptación de la falta y el sincero arrepentimiento, (5) si se trata de una conducta asilada, (6) el ánimo de lucro que medie de su actuación, (7) el resarcimiento al cliente y (8) cualesquiera otras conmiseraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien según los hechos.()

Aun cuando es la primera falta del licenciado Torres Muñoz y éste les pidió disculpas a los querellantes en la vista del caso, su actuación es inexcusable. El proceder displicente, contumaz y negligente desplegado por el licenciado Torres Muñoz hacia los querellantes nos obliga a to-mar medidas disciplinarias contra él. Su conducta le causó un daño irreparable a los querellantes, al extremo que su reclamación, por demás meritoria, fue desestimada con perjuicio. Procede como sanción disciplinaria la suspensión por el término fijo de un año de Ricardo Torres Muñoz del ejercicio de la abogacía.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no interviene.

      (1) En el caso del señor Sotomayor López, J.A.S.A.P. declaró “ha lugar” la apelación de éste y le ordenó al Departamento de la Familia reinstalarlo en su puesto y el pago de los haberes dejados de percibir.

      (2)Según se discutirá más adelante, esta moción es el único documento que no está ponchado por la Secretaría del Tribunal Federal y tampoco aparece en el “docket” del caso.

      (3) In re Izquierdo Stella, 154 D.P.R. 732 (2001).

      (4) In re Quintero Alfaro, 161 D.P.R. Ap. (2006).

      (5) 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18. Véase In re Hoffman Mouriño, 170 D.P.R. 968 (2007).

      (6) In re Meléndez La Fontaine, 167 D.P.R. 111, 120 (2006).

      (7) 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18. In re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199 (2005).

      (8) In re Guadalupe, Colón, 155 D.P.R. 135, 154-155 (2001).

      (9) 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 19.

      (10) In re Criado Vázquez, 155 D.RR. 436, 456 (2001).

      (11) In re Acosta Grubb, 119 D.RR. 595 (1987).

      (12) In re Colón Morera, 172 D.P.R. 49 (2007).

      (13) íd.

      (14) In re Ortiz Morales, 166 D.P.R. 105 (2005).

      (15) Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 752 (1986).

      (16) Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122, 125 (1975).

      (17) In re De Léon Rodríguez, 173 D.P.R. 80 (2008).


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Olivia Vizcarrondo Morales, peticionaria, v. MVM, Inc., Sr. Majid Bazzi, su esposa Fulada de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ellos, Fulano de Tal y Sutano Más Cual, recurridos.

      Número: CC-2008-195

      Resuelto: 6 de octubre de 2008

      Sarah M. Chico Matos, Astrid T. Méndez León, Gilberto R. Negrón Rivera, Luis O. Ramos Rodríguez, Edgardo Santiago Torres, Omar Ortiz Bosch, Alba N. López Arzola, Raúl Maldonado Nieves, Gabriel Méndez Iguina y Elisa Vélez Pérez, estudiantes de Derecho, todos de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, representantes de la parte peticionaria; Sara E. Colón Acevedo y Ana B. Rosado Frontanés, abogados de MVM, Inc., parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Debemos resolver si un tribunal tiene discreción para negarse a anotarle la rebeldía a un patrono que no contestó una querella laboral en el término correspondiente ni presentó una solicitud de prórroga juramentada a esos efectos, conforme a lo establecido en el procedimiento sumario para resolver querellas laborales dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. see. 3118 et seq.).

Con el propósito de terminar con la incertidumbre, tanto en los tribunales de instancia como en el Tribunal de Apelaciones, sobre la correcta aplicación de la Ley Núm. 2, supra, resolvemos que, según este estatuto, un tribunal no tiene discreción para negarse a anotar la rebeldía en las circunstancias descritas. No obstante, luego de anotar la rebeldía, el tribunal debe celebrar las vistas que sean necesarias para que el querellante sustente sus alegaciones y pruebe los daños reclamados. Dichas vistas deberán realizarse según las normas que rigen los procedimientos en rebeldía.

I

Los hechos de este caso no están en controversia. El 24 de agosto de 2007 la Sra. Olivia Vizcarrondo Morales presentó una querella contra la corporación foránea MVM, Inc. (MVM), en la cual invocó el procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra. En la querella, la señora Vizcarrondo Morales alegó que fue objeto de un despido injustificado y discriminatorio por razón de su edad. Adujo que la actuación del patrono le causó daños morales y lucro cesante, por lo que solicitó indemnización al amparo de la Ley General Contra el Discrimen en el Empleo, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. see. 146 et seq.), y la Ley de Despido Injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sec. 185(a) et seq.).

MVM fue notificada de la querella presentada en su contra el 4 de septiembre de 2007. En el emplazamiento, se le apercibió de que se había invocado el procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, y que, por haberse diligenciado éste fuera del distrito judicial en que se promueve la acción, MVM tenía un plazo de quince días para presentar su contestación. No obstante, MVM no presentó su contestación en el plazo indicado, por lo que el 27 de septiembre de ese mismo año la señora Vizcarrondo Morales presentó una moción para solicitar la anotación de rebeldía y el señalamiento de una vista. En respuesta a dicha solicitud, el tribunal de instancia emitió una orden para que la querellante evidenciara haber notificado a MVM de la querella presentada. A tales efectos, el 5 de noviembre de 2007 la señora Vizcarrondo Morales presentó evidencia de la notificación debidamente diligenciada.

Así las cosas, el 26 de octubre de 2007, cincuenta y tres días luego de ser notificada de la querella, MVM presentó su contestación junto a una moción en oposición a que se le anotase la rebeldía por no haber contestado en el término correspondiente. Además, solicitó que la reclamación se ventilara mediante el procedimiento ordinario. Justificó dicha solicitud aduciendo que es una corporación foránea, con oficinas centrales y división legal localizadas fuera de Puerto Rico, y que las alegaciones de patrono sucesor y de discrimen por edad, así como la reclamación por daños morales que hiciera la querellante, no están relacionadas con información que obre en los expedientes de la empresa.

El 26 de noviembre de 2007, el tribunal de instancia declaró “con lugar” la solicitud del patrono querellado. Asimismo, dictó una orden para solicitar a la representación legal de ambas partes que se reunieran para poder continuar con los procedimientos ulteriores.

Inconforme, la señora Vizcarrondo Morales recurrió al Tribunal de Apelaciones y solicitó la revisión de la orden dictada por el foro de instancia. De igual forma, solicitó al tribunal apelativo que, en auxilio de su jurisdicción, paralizara los procedimientos en el tribunal de instancia. En su recurso, la señora Vizcarrondo Morales adujo que erró el foro primario al no anotar la rebeldía a MVM y al autorizar que la reclamación se ventilara mediante el procedimiento ordinario. Por último, le imputó error al tribunal de instancia por aceptar la contestación presentada por MVM fuera del término establecido para ello en la Ley Núm. 2, supra.

El Tribunal de Apelaciones se negó a expedir el auto solicitado. En esencia, resolvió que aun cuando en estos casos el patrono debe contestar la querella presentada en el término establecido en la Ley Núm. 2, supra, la solicitud para que la querella se tramite por la vía ordinaria puede hacérsele al tribunal en cualquier momento, antes o después de transcurrido el plazo mencionado. El tribunal fundamentó su determinación en la sentencia emitida por este Tribunal en Padilla v. Anabas, 162 D.P.R. 637 (2004). Ello a pasar de que ella no creó un precedente.

Inconforme con la determinación del foro apelativo, acude ante nos la señora Vizcarrondo Morales y, esencialmente, presenta los mismos señalamientos de error. Sostiene que erró el foro apelativo al no anotar la rebeldía, según le fue solicitado, ni señalar los procedimientos correspondientes. De igual forma, le imputa al tribunal apelativo haber errado al permitir la contestación tardía de la querella y al autorizar la solicitud de la parte recurrida para continuar el trámite de los procedimientos por la vía ordinaria.

Examinado el recurso, emitimos una orden a MVM para que mostrara causa, si alguna tuviera, por la cual no debíamos revocar la resolución dictada en este caso por el Tribunal de Apelaciones. Con el beneficio de su comparecencia, procedemos a resolver sin trámites ulteriores.

II

La Ley Núm. 2, supra, provee un procedimiento sumario de reclamaciones laborales para la rápida consideración y adjudicación de las querellas de obreros y empleados contra sus patronos relacionadas a salarios, beneficios y derechos laborales. 32 L.PR.A. see. 3118. Dichas reclamaciones, por su naturaleza y finalidad, ameritan ser resueltas a la brevedad posible “para así lograr los propósitos legislativos de proteger el empleo, desalentar los despidos injustificados y proveerle al obrero despedido medios económicos para su subsistencia mientras consigue un nuevo empleo”. Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494, 504 (2003); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R. 226 (2000); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912 (1996).

El procedimiento sumario consagrado en la Ley Núm. 2, supra, es especial, cuyas disposiciones deben interpretarse liberalmente a favor del empleado. Ello, de acuerdo con la desigualdad de los medios económicos que exista entre las partes. Lucero v. San Juan Star, supra; Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998); Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 689 (1965). Por lo tanto, el procedimiento le impone la carga procesal más onerosa al patrono, sin que ello signifique que éste queda privado de defender sus derechos. Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra.

Hemos expresado que la naturaleza sumaria del procedimiento constituye su característica esencial, por lo que tenemos la obligación de promover y exigir diligencia y prontitud en la tramitación de las reclamaciones laborales, conforme al claro mandato legislativo plasmado en la Ley Núm. 2, supra. Lucero v. San Juan Star, supra; Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 135 D.P.R. 737 (1994); Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 117 D.P.R. 458 (1986); Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314 (1975). En vista de ello, tanto los tribunales como las partes deben respetar: (1) los términos relativamente cortos dispuestos en el estatuto para contestar la querella; (2) los criterios estrictos para conceder una prórroga para contestar la querella; (3) el mecanismo especial que flexibiliza el emplazamiento del patrono, y (4) entre otras particularidades provistas por la ley, las limitaciones en el uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba. De no hacerlo, el procedimiento se convertiría en ordinario, lo cual sería incompatible tanto con el mandato legislativo de diligencia en el dictamen judicial, como con su carácter reparador. Lucero v. San Juan Star, supra.

Es una norma reiterada que cuando se entabla una reclamación bajo el procedimiento sumario y se notifica al patrono querellado mediante copia de la querella, éste está obligado a presentar su contestación dentro de unos términos más cortos que los provistos para los procedimientos ordinarios. Sobre el particular, la See. 3 de la referida ley, 32 L.PR.A. see. 3120, dispone que el patrono presentará la contestación por escrito en los diez días siguientes a la notificación, si ésta se hiciere en el distrito judicial donde se promueve la acción, y en los quince días en los demás casos.

En los casos en que el patrono querellado no presente la contestación en el término correspodiente, la citada disposición legal regula el modo en que tanto las partes como el tribunal deben proceder. De esta forma, la propia ley delimita el alcance de la autoridad de los tribunales. A esos efectos, la See. 3, supra, establece que

... se dictará sentencia en su contra, concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni oírle. Solamente a moción de la parte querellada, la cual deberá notificarse al abogado de la parte querellante o a ésta si compareciere por derecho propio, en que se expongan bajo juramento los motivos que para ello tuviere la parte querellada, podrá el juez, si de la faz de la moción encontrara causa justificada, prorrogar el término para contestar. En ningún otro caso tendrá jurisdicción el tribunal para conceder esa prórroga. (Enfasis suplido.)

De esta normativa surge el deber inequívoco del tribunal de darle un cumplimiento cabal al procedimiento dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, ya que carece de jurisdicción para extender el término para contestar una querella, a menos que se observen los criterios o las normas procesales para la concesión de una prórroga. Valentín v. Housing Promoters, Inc., 146 D.P.R. 712 (1998); Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., supra.

En caso de que la parte querellada se acoja al mecanismo de una solicitud de prórroga para contestar, la Ley Núm. 2, supra, igualmente regula el modo como esta petición debe formularse. El estatuto requiere que la parte querellada someta la moción de prórroga en el término provisto para presentar la contestación. Además, exige que el patrono querellado cumpla con varios criterios adicionales para la formulación de dicha solicitud, a saber: (a) que se juramente la moción; (b) que se especifiquen los motivos que justifican su concesión, y (c) que la moción se notifique a la parte querellante. 32 L.P.R.A. see. 3120. En ningún otro caso, por mandato legislativo, tendrá jurisdicción el tribunal para conceder esa prórroga. íd. De hecho, aun si se cumple con los criterios expuestos, el tribunal no está obligado a conceder la prórroga, ya que esta determinación dependerá de si la parte querellada demostró mediante la propia moción la existencia de una causa justificada para la dilación.

Según lo anterior, la See. 4 de la Ley Núm. 2 (32 L.P.R.A. see. 3121) expresamente dispone que el incumplimiento con el término dispuesto para presentar la contestación o, en la alternativa, con los criterios para solicitar la prórroga, conlleva que el juez dicte sentencia contra el querellado, a instancias del querellante, concediendo el remedio solicitado.( ) En ese caso, dicha sentencia será final y no podrá apelarse. Id. En vista del lenguaje categórico del estatuto en cuestión, reiteramos que de ordinario no tenemos otra alternativa que no sea la rigurosa aplicación de los términos taxativos de la Ley Núm. 2, supra. Véase Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., supra.

Ahora bien, hemos expresado que aun bajo el esquema sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, los tribunales tienen discreción para flexibilizar las limitaciones que éste impone al patrono en cuanto al descubrimiento de prueba. Véase Berríos v. González et al., 151 D.P.R. 327, 345 (2000). Esta discreción para flexibilizar algunos aspectos del procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, podría resultar suficiente para conferirle al patrono el mínimo de las garantías constitucionales necesarias sin que se desvirtúe el carácter sumario del proceso.

Más aún, en Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, reconocimos la autoridad de los tribunales para, luego de realizar un análisis ponderado de los intereses involucrados, tramitar la querella de forma ordinaria. Esta discreción debe ser utilizada por los tribunales, particularmente, cuando la concesión de prórrogas o de un descubrimiento de prueba más extenso en los parámetros de la Ley Núm. 2, supra, resultaría insuficiente para proteger los derechos de las partes y, en última instancia, para hacer cumplida justicia. Véase Berríos v. González et al., supra, pág. 346.

No obstante, del precedente jurisprudencial se desprende que esta determinación no debe hacerse livianamente y que una mera alegación de la parte querellada, en términos de que la reclamación instada en su contra es compleja, no justifica la conversión del proceso en ordinario. Berríos v. González et al., supra. En aquella ocasión, resolvimos que, entre otros factores, antes de hacer esta determinación el tribunal debe evaluar: si los hechos descritos requieren tomar deposiciones a múltiples testigos; si a la luz de las alegaciones se requerirá la presentación de prueba pericial particularmente compleja, y si resulta necesario el examen de expedientes médicos o la realización de exámenes físicos que convertirían el descubrimiento de prueba en una etapa incompatible con el carácter expedito del procedimiento dispuesto en la Ley Núm. 2, supra. Véase Berríos v. González et al., supra.

Sin embargo, la solicitud de la parte querellada a estos efectos debe hacerse oportunamente, en los términos establecidos por la Ley Núm. 2, supra, para contestar la querella o solicitar la prórroga correspondiente. Así se desprende de lo resuelto por este Tribunal en Berríos v. González et al., supra, págs. 346-347, donde expresamos lo siguiente:

A tenor con lo anterior, resolvemos que compete a los tribunales determinar, ante un oportuno planteamiento al respecto, si encausa una querella laboral que incluya una reclamación en concepto de angustias mentales mediante el trámite ordinario o el sumario contemplado en la Ley Núm. 2. (Enfasis suplido.)

Es menester señalar que en Berríos v. González et al., supra, el patrono había presentado su solicitud de prórroga para contestar la querella, y la solicitud para que se tramitara esta por la vía ordinaria, en el término establecido por la Ley Núm. 2, supra, para presentar su contestación. Por lo tanto, en aquel momento este Tribunal no tuvo que enfrentarse a la controversia que hoy nos ocupa; a saber, si el tribunal tiene discreción para negarse a anotar la rebeldía y tramitar, por la vía ordinaria, una querella presentada al amparo del procedimiento sumario provisto en la Ley Núm. 2, supra. Esto, a pesar de que el querellado no contestó en el término establecido para ello, ni presentó una solicitud de prórroga juramentada a esos efectos.

Posteriormente, en Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 D.P.R. 499 (1997), nos vimos precisados a armonizar la Ley Núm. 2, supra, con la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991 (29 L.P.R.A. see. 94 et seq.). En esa ocasión, la empleada perjudicada había presentado una querella contra su patrono al amparo de la Ley Núm. 115, supra, y, para encausarla, invocó el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra. Tras analizar las alegaciones de las partes, determinamos que, aun cuando procedía anotarle la rebeldía al patrono por haber contestado la querella fuera del término dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, erró el foro primario al dictar sentencia en rebeldía. Ello debido a que la empleada se limitó a hacer alegaciones conclusorias sin hecho alguno, por lo que no pudo probar una violación a la Ley Núm. 115, supra, mediante evidencia directa o circunstancial, tal y como lo requiere el estatuto.

Por ello, resolvimos que, aun cuando procedía que el foro de instancia dictara sentencia en rebeldía en cuanto a las alegaciones de la querellante sobre despido injustificado, devolvimos el caso al tribunal de instancia para que continuaran los procedimientos en cuanto al reclamo según la Ley Núm. 115, supra. No obstante, modificamos la resolución emitida por el foro apelativo en cuanto ésta permitió que el patrono contestara la querella presentada. Por último, dejamos en manos del foro primario determinar si los procedimientos relacionados a las reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 115, supra, debían continuar bajo el procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, o si, por el contrario, era necesario encausarlos por la vía ordinaria.

No obstante, nuestros pronunciamientos en Marín v. Fastening Systems, Inc., supra, no terminaron con la incertidumbre existente tanto en los tribunales de instancia como en el foro apelativo. Por el contrario, este Tribunal sigue recibiendo múltiples recursos sobre controversias relacionadas a la aplicación correcta de la Ley Núm. 2, supra. Dicha incertidumbre hace necesario que resolvamos la controversia de si un tribunal tiene discreción para negarse a anotar la rebeldía y decidir, motu proprio, convertir el procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, en ordinario, aun cuando el patrono no hubiere presentado su contestación a la querella en los términos correspondientes.

De hecho, tal como señalamos, en el caso de autos el foro apelativo citó una de las sentencias relacionadas a la aplicación de la Ley Núm. 2, supra, emitida recientemente por este Tribunal; a saber, Padilla v. Anabas, supra. Ello a pesar de que dicha sentencia no tiene valor de precedente.

Fundamentándose en la sentencia, el foro apelativo se negó a expedir el auto solicitado y, de esa manera, confirmó al tribunal de instancia que se negó a anotar la rebeldía y resolvió encausar la querella por la vía ordinaria. Ello, aun cuando MVM había presentado su contestación cincuenta y tres días después de haber sido notificada de la querella y, por lo tanto, fuera del término establecido en el referido estatuto. Erró el foro apelativo al así resolver.

III

La Ley Núm. 2, supra, dispone, en lo pertinente, que el tribunal no tiene jurisdicción para extender el término para contestar una querella, a menos que se presente una moción de prórroga juramentada explicando por qué se le debe conceder más tiempo a la parte querellada para contestarla en el término establecido para ello. Sólo ante circunstancias extraordinarias se podría justificar una aplicación más flexible del estatuto. Es por ello que, a modo de excepción, hemos afirmado que el tribunal puede conceder una prórroga cuando surgen del mismo expediente los motivos que justifican la dilación del patrono querellado para presentar su contestación. Véase Valentín v. Housing Promoters, Inc., 146 D.P.R. 712 (1998).

De lo anterior se desprende que la consecuencia de que el querellado no conteste en el término prescrito sin acogerse a la prórroga, o cuando no surjan del expediente las causas que justifiquen la dilación, es la anotación de la rebeldía y la concesión del remedio solicitado sin más citarle ni oírle. 32 L.P.R.A. see. 3120; León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249 (2001). Nótese que el lenguaje de la ley no es discrecional. Por el contrario, se trata de un lenguaje que le ordena al tribunal dictar sentencia cuando el querellado no contesta oportunamente sin una causa justificada.

Por lo tanto, como norma general, luego de que se extingue el término para contestar la querella, sin que se haya justificado adecuadamente la incomparecencia, el tribunal está impedido de tomar cualquier otra determinación que no sea anotarle la rebeldía al querellado. A ello queda limitada la jurisdicción del tribunal, según establecida por la See. 3 de la Ley Núm. 2, supra.

No obstante, la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en el caso de autos parece implicar que la falta de cumplimiento con los términos para contestar la querella que dispone la Ley Núm. 2, supra, no es pertinente al determinar si el tribunal posee facultad para convertir el procedimiento sumario en ordinario. Si la propia ley dis-pone que el tribunal carece de jurisdicción para aceptar la contestación tardía a la querella, no puede concluirse que sí posee jurisdicción para negarse a anotar la rebeldía y convertir el procedimiento en ordinario. Esta interpretación le concedería una ventaja adicional a la parte en mejor posición en estos casos, o sea, el patrono querellado. Ello, a pesar de que éste no fue diligente en la tramitación de la reclamación presentada en su contra.

Sin embargo, de ninguna manera debe interpretarse que el curso que debe seguir una reclamación originalmente presentada bajo el procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, es una defensa afirmativa que debe alegarse en la contestación a la querella. Ciertamente, tanto el tribunal como las partes pueden plantear en cualquier momento durante el curso de los procedimientos que la naturaleza de la reclamación amerita que el proceso se convierta en ordinario. No obstante, ese planteamiento tiene que surgir cuando el tribunal posee autoridad para así actuar. Si en vista de la estructura dispuesta en el procedimiento sumario dispuesto por la Ley Núm. 2, supra, las circunstancias no le proveen facultad al tribunal para aceptar una contestación tardía a la querella, ni para disponer otra cosa que no sea la anotación de la rebeldía, no puede concluirse que, a pesar de ello, el tribunal podría incluso motu proprio convertir la reclamación en ordinaria y permitirle al patrono contestar la querella.

Aun cuando reconocemos la discreción del tribunal para determinar la forma como se debe encausar la querella a fin de hacerle justicia a las partes, esa discreción está limitada por el mandato expreso de la ley, que dispone que, en general, pasado el término para que el patrono conteste la querella sin que ello ocurra y sin que se haya solicitado prórroga, el tribunal sólo tiene la jurisdicción para anotar la rebeldía y dictar sentencia. En estos casos, el tribunal no puede ignorar la letra clara de la Ley Núm. 2, supra, y negarse a anotar la rebeldía. En vista de ello, erraron tanto el tribunal de instancia como el foro apelativo al negarse a anotar la rebeldía a MVM, aun cuando este último había presentado su contestación a la querella fuera de los términos establecidos por ley, sin presentar justa causa para ello.

Ahora bien, el hecho de que se haya anotado la rebeldía no es garantía per se de una sentencia a favor del querellante. Como es sabido, al dictarse una sentencia en rebeldía las alegaciones concluyentes, las conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma generalizada no son suficientes para sostener una adjudicación a favor del demandante o querellante. Además, los daños generales, o sea, las sumas no liquidas reclamadas tienen que probarse; en todo caso, la cuantía de los daños debe ser objeto de prueba. Por lo tanto, el tribunal debe celebrar las vistas que sean necesarias y adecuadas para tomar una determinación al respecto. Véase Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R. 226 (2000); Rodriguez v. Syntex P.R., Inc., 148 D.P.R. 604 (1999); Hernández v. Espinosa, 145 D.P.R. 248 (1998); Vélez v. Boy Scouts of America, 145 D.P.R. 528 (1998); Marin v. Fastening Systems, Inc., supra.

Conforme a lo anterior, luego de anotar la rebeldía, el tribunal debe celebrar las vistas evidenciarías que sean necesarias y adecuadas para que el querellante sustente sus alegaciones y pruebe los daños alegados en la querella. Al celebrar las vistas, el tribunal deberá aplicar los mecanismos contemplados en las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, para casos en rebeldía. Lo que no puede hacer el tribunal es negarse a anotar la rebeldía y permitir la contestación presentada fuera de término, como ocurrió en el caso de autos.

En vista de lo anterior, erraron los foros recurridos al negarse a anotar la rebeldía a MVM y declarar “con lugar” la solicitud presentada para que la querella fuera tramitada por la vía ordinaria y permitir la contestación presentada tardíamente. El tribunal no tenía jurisdicción para así actuar. Si el foro primario entendía que las alegaciones hechas en la querella requerían algún trámite ulterior antes de dictar sentencia, éste pudo celebrar las vistas que a esos efectos estimara necesarias. No obstante, dichas vistas deben celebrase en conformidad con la normativa aplicable a los pleitos en rebeldía. Decidir lo contrario sería circunvalar y burlar el esquema sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, para querellas laborales.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia emitida en este caso por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al foro de instancia para trámites ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Según citamos en Ocasio v. Kelly Servs., 163 D.P.R. 653, 670-671 (2005):
      “ ‘... el propósito de estar sujeto a esta anotación es como disuasivo contra aquellos que puedan recurrir a la dilación como un elemento de su estrategia en la litigación’. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, pág. 750. El trámite en rebeldía se fundamenta en la obligación de los tribunales de evitar que la adjudicación de causas se paralicen simplemente por la circunstancia de que una parte opte por detener el proceso de litigación, Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 817 (1978). Conforme a ello, ‘el mismo opera como remedio coercitivo contra una parte adversaria la cual, habiéndosele concedido la oportunidad de refutar la reclamación, por su pasividad o temeridad opta por no defenderse’.” (Citas omitidas.)


text:
      In re Enmienda al Artículo 13(13.1) del Reglamento de la Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial.

      Número: EP-2008-02

      Resuelto: 6 de octubre de 2008
   RESOLUCIÓN

Previa recomendación de la Directora Administrativa de los Tribunales, se enmienda el Art. 13(13.1) del Reglamento de la Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial, según enmendado, 4 L.P.R.A. Ap. XIII, para que disponga, lo siguiente:

13.1 — Certificación de elegibles
Cuando haya una vacante en el Servicio Uniforme, el jefe en cuya dependencia esto ocurra someterá una solicitud de elegibles al Director Administrativo o la Directora Administrativa de los Tribunales mediante el formulario correspondiente. El Director Administrativo o Directora Administrativa expedirá una certificación con los nombres de personas incluidas en el registro de elegibles para la clase correspondiente que hayan indicado estar disponibles para el empleo en el lugar donde exista la vacante, en orden descendente de calificación. El Director Administrativo o la Directora Administrativa de los Tribunales establecerá la cantidad de personas que se incluirá en cada certificación de elegibles mediante la normativa correspondiente. Excepto por lo que se dispone más adelante, el número de elegibles en cada certificación no será menor de cinco.
Para cada certificación de elegibles se utilizará el orden de prioridades siguiente:
(a) Registro de reincorporación, teniendo prioridad los cesanteados.
(b) Registro de reingreso.
(c) Registro de ascenso.
(d) Registro de ingreso.
Si no hubiese elegibles suficientes para satisfacer la cantidad que se disponga en la normativa correspondiente, el Director Administrativo o la Directora Administrativa de los Tribunales procederá a certificar los nombres de los candidatos disponibles para aceptar el puesto, aunque la cantidad de elegibles sea menor a la establecida en la normativa interna o al mínimo dispuesto en esta regla.
El Director Administrativo o la Directora Administrativa de los Tribunales notificará a los elegibles de la certificación ex-pedida, indicando sitio, fecha y hora a la que deberán concurrir para entrevista o indicando que se comuniquen con el Juez Administrador o la Jueza Administradora en cuya sala existe la vacante o con la persona en cuya dependencia existe la vacante para fijar la fecha de la entrevista, la que deberá tener lugar dentro del término de 10 días a partir de la fecha de la certificación. Dentro del término de 15 días a partir de la fecha de la certificación, se notificará al Director Administrativo o la Directora Administrativa de los Tribunales el nombre del elegible seleccionado o el rechazo de todos. El plazo para decidir la selección podrá ser prorrogado por el Director Administrativo o la Directora Administrativa de los Tribunales por un período adicional de 10 días. A falta de prórroga, la certificación se cancelará al expirar el plazo original de 15 días y el puesto no podrá cubrirse hasta que el funcionario que la solicitó justifique por escrito las razones por las cuales la certificación de elegibles no se devolvió dentro del término de 15 días.
En caso que se rechacen todos los elegibles, se explicará por escrito al Director Administrativo o a la Directora Administrativa de los Tribunales las razones que hubo para no concretarse una selección. De ser satisfactorias las razones expuestas, se expedirá una nueva certificación de elegibles; si no lo son, así lo comunicará al Juez Presidente o a la Jueza Presidenta, quien podrá ordenar que se haga la selección dentro de la certificación expedida o que certifiquen nuevos elegibles. En ningún caso podrán expedirse más de tres certificaciones para cubrir una vacante.
Los nombres de los elegibles a quienes les sea ofrecido un nombramiento y declinen la oferta, quienes sin justa causa se ausenten de la entrevista o no tomen posesión del cargo dentro del período de 15 días a partir de la notificación del nombramiento, se eliminarán de los registros. La eliminación será notificada a los elegibles afectados dentro del período de 15 días a partir de tomarse tal acción. Los elegibles afectados podrán, dentro del período de 15 días contados a partir de la notificación de haber sido eliminados del registro correspondiente, solicitar por escrito al Director Administrativo o a la Directora Administrativa de los Tribunales que deje sin efecto la acción tomada, para lo que vendrán obligados a demostrar justa causa.

Esta Resolución tendrá vigencia inmediata.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo