author: El Juez" Presidente Señor Del Toro

text:
    El Municipio de Hatillo, demandante y apelado, v. Francisco Ríos Ferrer, demandado y apelante.
    Núm. 8577.

    Sometido: Noviembre 5, 1942.

      Resuelto: Noviembre 30, 1942.

      Luis Mercader, abogado del apelante; Pedro Santos Borges y Antonio Reyes Delgado, abogados del apelado.
   El Juez" Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 16 de marzo último el municipio de Hatillo solicitó de la Corte de Distrito de Areeibo la expedición de un auto de injunction dirigido a Francisco Bios Ferrer ordenándole que se abstuviere de seguir penetrando en cierto solar del deman-dante y de seguir construyendo en él o' realizando cualquier acto de perturbación o violación de su derecho de propiedad.

El auto fue expedido. Contestó, oponiéndose, el deman-dado. Enmendó su petición el demandante, solicitando espe-cíficamente que se ordenara al demandado que no continuara la construcción de determinado Mosco en el solar y se decre-tara la remoción de lo construido dictándose cualquiera otra resolución qne la eqnidad autorizara para la remoción del estorbo de qne se trataba. Se opnso el demandado a la ad-misión de la demanda enmendada y, oídas ambas partes, el juez la admitió, archivando entonces el demandado su con-testación a la misma.

Celebrada una vista en la qne ambas partes practicaron prueba, la corte el 22 de abril de 1942 decretó el injunction preliminar contra el cual se interpuso el presente recurso de apelación, ordenando al demandado que se abstuviera de con-tinuar construyendo en el solar del demandante la edificación de concreto que se describe en la demanda.

En su alegato la parte apelante señala ocho errores come-tidos a su juicio por la corte sentenciadora al no resolver que la acción del demandante había prescrito a tenor del ar-tículo 83 de la Ley Municipal vigente, al admitir la demanda enmendada, al decretar el injunction, al resolver que era ne-cesaria una previa subasta para conceder al demandado hacía veinte años permiso para levantar la edificación que levantó, al resolver que las actuaciones y admisiones del demandante “en el pleito de la Iglesia, 59 D.P.B. 191” no constituían cosa juzgada, al estimar como una mera nulidad el derecho del demandante a la construcción, al conceder el injunction sin el título claro que la ley exige y al apreciar la prueba.

Veamos primero si erró o no la corte de distrito al permitir la radicación de la demanda enmendada.

La contención del apelante es que la demanda original lo que planteó fue un caso de injunction posesorio, variándose por la segunda la causa de acción.

Examinando ambas alegaciones, creemos que la corte no erró al admitir la enmendada porque por ella no se varió la causa de acción. Lo que por ambas se intenta es impedir al demandado que continúe la obra de que se trata y la des-trucción de lo ya construido, quedando el terreno a la libre disposición de su legítimo dueño, el Municipio.

Veamos ahora si existe o no la cosa juzgada. Sostiene el apelante que existe, porque la decisión final de esta Corte Suprema en el caso de la Iglesia Católica, etc. v. Municipio, 59 D.P.R. 191, resolvió en su favor la cuestión que se está litigando, o sea su derecho a edificar y mantener el ldosco en el solar del Municipio.

No tiene razón el apelante. El caso que invoca fue una acción para resolver reclamaciones opuestas sobre propiedad inmueble y otros extremos, iniciado por la Iglesia contra el Municipio y contra Eíos y en el cual se decidió que la Iglesia no era dueña de la tierra sobre la cual estaba levantando Eíos determinada construcción y por lo tanto no tenía derecho al injunction que solicitaba contra Eíos para que sé abstuviera de continuar la misma.

Es cierto que puede darse por sentado que la tierra y la construcción de que se trata en ambos pleitos son las mismas y que lo que en verdad intentó la Iglesia fue remover la cons-trucción, que es lo mismo que hoy intenta el Municipio, pero la cuestión fundamental resuelta no es la misma ni tampoco lo son las partes litigantes en la calidad en que lo fueron, no habiendo por tanto la perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron que la ley y la jurisprudencia exigen. Art. 1204, párr. 3, del Código Civil (ed. 1930). Iglesia Católica v. Municipio de Bayamón, 27 D.P.R. 865. El caso que se invoca sólo tiene autoridad de cosa juzgada en cuanto a que la tierra sobre la cual se está construyendo el ldosco pertenece al Mu-nicipio y no a la Iglesia pero no sobre el derecho de Eíos a •continuar la construcción y mantenerla en contra de la volun-tad del dueño del terreno.

Tampoco erró la corte al resolver que la acción ejercitada no había prescrito. Argumentando el señalamiento sostiene el apelante la prescripción de acuerdo con el artículo S3 de la Ley Municipal vigente- — Leyes de 1928, página 399 — - ya que no se pidió la nulidad de la ordenanza dentro del tér-mino de treinta días contado a partir de sn adopción. Sin embargo, como veremos en seguida, no era necesario pedir la nulidad de la ordenanza de acuerdo con el precepto invocado, porque el Municipio partió de la base de que dicha ordenanza jamás llegó a tener vida legal, debiendo considerarse como algo que nunca existió.

Resueltas las anteriores cuestiones, entraremos de lleno en el estudio del pleito en sus méritos.

Que el municipio de Hatillo es dueño de una porción de terreno de once pies de frente por veinticinco de fondo que colinda por el norte con la calle Norte de la Plaza, por el silicon la Iglesia Católica, por el este con solar del Municipio y por el oeste con cálle también del Municipio, y que alrededor del 14 de marzo de 1942 Ríos contra la voluntad del Municipio, expresada por su actual alcalde, continuaba la construcción de un kiosco de cemento sobre el terreno, son hechos indiscu-tibles.

La cuestión en contraversia es si Ríos actuaba legal o ile-galmente, esto es, con la válida autorización del dueño o en contra de su voluntad y en violación de su derecho.

Sostiene Ríos que hace más de veinte años el Municipio concedió a sus antecesores el usufructo del terreno y desde entonces ellos y luego él lo vienen poseyendo materialmente' y usufructuándolo de buena fe, manteniendo sobre el mismo-varias construcciones (kioscos) de madera, zinc y cemento de-dicadas a la venta de helados, dulces y refrescos, pagando tributo al Municipio y al Gobierno Insular; que allá por el 1938,, queriendo mejorar el ornato hizo 'preparar planos con apro-bación del Departamento de Sanidad para reedificar su kiosco de concreto, siendo expresamente autorizado para ello por el propio Municipio por ordenanza número 21 de 1938; que comenzada la obra la Iglesia Católica inició un pleito contra el Municipio y contra él en el que se libró un injunction parali-zando la obra, pero que finalmente se resolvió en contra de la Iglesia por esta Corte Suprema, habiendo el Municipio en dicho pleito admitido su derecho a la edificación, y que el 14 de mayo de 1942 el alcalde le notificó una queja de la Sanidad Insular sobre limpieza del terreno y procedió seguidamente a limpiarlo y a continuar la edificación suspendida.

Tal la posición del demandado. El demandante admite que concedió hacía años al antecesor del demandado un per-miso revocable para la construcción de un kiosco portátil, de madera, pero que tal construcción desapareció para ser sus-tituida por la permanente, de concreto, que el demandado ve-nía levantando sin derecho- alguno, ya que la ordenanza que alega que le dió la autoridad necesaria es inexistente.

En el acto de la vista el Municipio presentó la siguiente evidencia:

A. Certificación del acta número 14 levantada por el Se-cretario Auditor del municipio de Hatillo el 23 de mayo de 1938, haciendo constar la reunión de varios miembros de la Asamblea Municipal para la celebración de una sesión extraor-dinaria y los acuerdos tomados en la misma. En el acta se incluye la relación de los asuntos a tratar en la sesión. Entre ellos no figura el del kiosco. Eso no obstante consta que se acordó mediante ordenanza número 21 “conceder (al deman-dado) permiso . . . para que construya en un solar de este Municipio una edificación de concreto según planos presen-tados.”

B. Certificación de la resolución número nueve aprobada por la Asamblea Municipal de Hatillo el 11 de junio de 1921, autorizando a Manuel Circuns para construir un kiosco de madera en el extremo suroeste de la calle que colinda con el atrio de la Iglesia Católica. En su primer “por cuanto” se hace referencia a la petición de Circuns para que se le per-mita construir un Mosco de concreto y el segundo dice: “Por cuanto, según tiene dispuesto esta administración, a los lados del atrio de la citada Iglesia Católica sólo serán permitidos kioscos portátiles que permitan, en cualquier tiempo, dejar expeditos los solares que ocupen a la primera indicación del ejecutivo municipal, y la concesión que se interesa violaría aquella disposición legal.” Sigue el “por tanto” autori-zando la construcción pero de madera, portátil.

C. Declaración jurada de Jenaro E. García, farmacéutico, nacido en y vecino de Hatillo. Dice, en parte, “que desde tiempo inmemorial lie conocido dos paseos a cada lado del atrio de la Iglesia Católica de Hatillo; que desde . . . hace cosa de diez años han existido dos kioscos de madera portá-tiles, donde se han expendido refrescos y cigarrillos, y últi-mamente licores; que desde hace tiempo he venido en unión ■de otros vecinos insistiendo con las autoridades municipales que obtengan dichos kioscos y los remuevan de sus sitios, porque ellos afean el ornato público, y desde que ha empezado a expenderse licores en ellos constituyen un foco de altera-ciones a la paz e invitan al desorden; que recientemente se ha empezado a construir por Francisco Ríos un kiosco de concreto armado de carácter permanente, y el deponente junto con otros vecinos han solicitado con el alcalde municipal que evite dicha construcción . ■. . . ”

D. Declaración jurada de Arturo Lacomba, Secretario de la Corte Municipal de Hatillo. Dijo, “tengo bajo mi custodia los archivos de dicho Municipio; que he hecho una búsqueda de dichos archivos y especialmente de los expedientes, legajos y actas correspondientes a las sesiones de la Asamblea Municipal de Hatillo por los años 1937, 1938 y 1939, según los mismos me fueron entregados al tomar posesión de mi cargo, y en ninguno de ellos aparece petición, planos, documentos o papeles algunos en relación con la concesión de un solar del Municipio al señor Francisco Ríos Ferrer, o permiso para la construcción de un kiosco de concreto en la calle Norte de la Plaza, esquina suroeste de la Iglesia Católica, excepto lo que aparece relacionado en el acta número catorce de la sesión ex-traordinaria de la Asamblea Municipal de Hatillo, Puerto Rico, celebrada el 23 de mayo de 1938, y tampoco aparece pa-pel, documento^ petición, plano u ordenanza relativa a la cons-tracción de dicho kiosco en los archivos a mi cargo ni en la oficina del alcalde, qne haya sido presentada al alcalde para sn firma y/o qne haya sido firmada por dicho fnnciónario. ’

E. Certificación de la ordenanza aprobada por la Asam-blea Mnnicipal de Hatillo el 6 de octubre de 19211, enya sec-ción dos lee así: “El Comisionado de Servicio Público qneda autorizado por la presente para conceder permisos especiales a aquellas personas que deseen colocar kioscos portátiles al-rededor del atrio de la Iglesia Católica, ■ siempre que tales-kioscos tengan una bonita fachada, estén debidamente pinta-dos y llenen todos aquellos requisitos necesarios para el realce del ornato público. Tales permisos serán revocados, a juicio de esta Asamblea Municipal, tan pronto esta corporación lo crea conveniente, bien porque no se llenen los requisitos aquí señalados o por cualquiera otra causa.”

F. Declaración jurada de José Assad Amador, Alcalde de Hatillo. Manifestó “que durante los días de la campaña electoral del año 1940 él tuvo conocimiento de que se venti-laba un pleito entre la Iglesia Católica y el señor Ríos Ferrer,, ahora demandado, porque éste quería construir y empezó a construir un kiosco de concreto armado en los paseos de la calle a cuya izquierda está construida la Iglesia Católica del pueblo, y él, Assad Amador, se expresó en contra de dicha construcción, así como en contra del amplazamiento del kiosco portátil de madera . . . que se encuentra al otro lado del edificio de la Iglesia, y que es propiedad de su madre política ; que luego de ser electo,- conociendo de la pendencia de dicho pleito, no tomó acción hasta que se supo del resultado del mismo, en que empezó a gestionar la remoción de dichos kioscos, y cuando ya había obtenido el asentimiento de su señora suegra para remover el suyo, entonces Ríos Ferrer continuó la construcción del suyo; que me dirigí por carta a dicho Ríos Ferrer avisándole que no debía continuar dicha construcción, y éste ha continuado, por conducto de su rema-tista, hasta que le fué prohibido por esta honorable corte,* •que donde el deponente han concurrido numerosos vecinos de Hatillo a pedirle que evite tal construcción; que dicha cons-trucción destruye el ornato de Hatillo,- y constituye un estorbo público; que el terreno sobre que se está construyendo es propiedad del Municipio, que está dedicado a paseo de la calle desde el tiempo inmemorial; que el municipio de Hatillo nunca le ha cedido a Ríos-Ferrer dicho terreno, y no puede •concedérselo a menos que sea para la construcción de casas para vivienda; que Ríos Ferrer no ha pagado precio o canon alguno por el uso de dicho solar; que una supuesta ordenanza •en que se funda Ríos Ferrer nunca ha existido, pues la Asam-blea Municipal de Hatillo jamás ha sido convocada para con-siderar dicha medida, y no aparece que se haya tomado acción legal alguna en ese sentido; que en caso de Ríos Ferrer de-mostrar que tiene derecho a construir allí, sitio donde está prohibido hacerlo, entonces el municipio de Hatillo le com-pensará el valor razonable de lo que él tenía construido al •ordenarle el deponente que no continuara.”

La evidencia aportada por el demandado consistió en:

1. Copia de la demanda de la Iglesia Católica que inició la “acción para resolver sobre reclamaciones opuestas sobre propiedad inmueble y otros extremos,” en la cual esta Corte Suprema dictó su decisión reportada en 59 D.P.R. 191.

2. Copia de la solicitud de injunction pendente lite presen-tada en el pleito iniciado por el anterior documento.

3. Copia dé la oposición de los demandados el municipio ■de Hatillo y Francisco Ríos a la solicitud de injunction pen-dente lite.

4. Copia de la contestación de los demandados a la de-manda en el indicado pleito.

5. Certificación expedida el 24 de mayo de 1938 por José Antonio Alcaide, Secretario Auditor del municipio de Hatillo, •de la ordenanza número 21, haciéndose constar que fué adop-tada en sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal de Hatillo el 23 de mayo de 1938 y aprobada por el alcalde al día siguiente. Al transcribirse la ordenanza aparece, en vez de las firmas, una línea de puntos.

6 y 8. Recibos firmados por el Colector de Rentas Internas del pago de $2.20, $5.14 y $4.09 por Francisco Ríos por contri-buciones y recargos sobre la propiedad de una casa situada en solar del municipio de Hatillo, años 1937-38, 1940-41 y 1941-42, respectivamente.

7. Copias de una resolución de esta Corte Suprema y de .su sentencia en el pleito sobre reclamaciones opuestas, y

9. Carta del 13 de marzo de 1942 del Ingeniero Sanitario Auxiliar José E. Culpeper, Departamento de Sanidad Insular, al demandado, que dice: “En contestación a su carta del 11 de marzo de 1942 y correspondiendo a su solicitud se le renueva el permiso expedídole con el número 3457 el 16 de junio de 1938 para construir un kiosco de hormigón armado en la calle Miramar de la municipalidad de Hatillo, Puerto Rico.”

Siguen dos declaraciones juradas, una de Pablo J. Aguilar y otra de Juan Amador Martínez, de tres páginas a máquina cada una, narrando la historia de lo ocurrido con la construc-ción de kioscos en el municipio de Hatillo en general y en particular con la del demandado.

A nuestro juicio no erró la corte sentenciadora al apreciar esa prueba ni al dictar la orden de injunction preliminar ape-lada.

Ningún derecho a levantar una estructura permanente adquirió el demandado a virtud de la concesión del Municipio a su antecesor que era de naturaleza puramente transitoria. Esta conclusión se impone sin necesidad de razonamiento al-guno. Surge clara, terminante de las alegaciones y la prueba.

Todo el derecho a una construcción permanente que pu-diera tener el demandado descansaría en la ordenanza nú-mero 21 del 23 de mayo de 1938 y tal ordenanza como sos-tiene el demandante jamás llegó a existir porque no fue adop-tada legalmente por la Asamblea Municipal ni aprobada por el alcalde.

Al referirnos a la evidencia aportada por el demandante dijimos qne en el acta de la sesión extraordinaria en que figura como adoptada la ordenanza número 21, se incluye la relación de los asuntos a tratar en la misma según la convo-catoria y que entre esos asuntos no figura el de la ordenanza,, y siendo ello así, es claro que la asamblea carecía de facultad para adoptarla, no teniendo por tanto validez legal el acto que-realizara.

En el caso del Pueblo v. Oliveras, 33 D.P.R. 743, 754, esta Corte se expresó como sigue:

“Róstanos considerar la última cansa de acción fundada en que el nombramiento del querellado fue heeho en una sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal de Ponce sin que se expresara en su con-vocatoria que el nombramiento de alcalde de la ciudad de Ponce se-ría asunto para ser tratado en dicha reunión.
“El artículo 17 de la Ley Núm. 11 de 1924 a que venimos refi-riéndonos es terminante en este particular pues dispone que en las sesiones extraordinarias de las asambleas municipales sólo se tratarán los asuntos incluidos en la convocatoria, y que el nombramiento de alcalde es un asunto y de gran importancia, para la propia asamblea y para el electorado en general, parece evidente. Siendo esto así y sin prejuzgar las cuestiones que puedan suscitarse por la contesta-ción del querellado, es necesario resolver ahora que la querella aduce hechos suficientes en su tercera causa de acción y por tanto que, en cuanto a dicha tercera causa de acción la excepción del querellado-fué debidamente desestimada.
“El comentarista McQuillin en su obra sobre corporaciones muni-cipales, vol. VII, pág. 6818, suplemento de 1921, dice sobre este particular lo siguiente: ‘ El requisito de que la convocatoria debe ex-presar el objeto o propósito de la reunión debe ser observado sustan-cialmente. Omitiendo detalles, la convocatoria debe manifestar su objeto con certeza y precisión. Una convocatoria que meramente-expresa que el objeto de la reunión es “considerar ordenanzas” es, demasiado indeterminado. El propósito de la ley es que la convoca-toria sea suficientemente específica y cierta para dar conocimiento-del carácter de los asuntos que serán resueltos para que sus miembros, y por ellos el público, puedan generalmente tener algún conocimiento de lo que se intenta hacer, ya sea legislativo o de otra clase, y alguna oportunidad para pensar en ello. ’ Whitney v. New Haven, 58 Conn. 45, 20 Atl. 666; Mills v. City of San Antonio (Tex. Civ. 1901), 658 S. W. 1121; Richardson v. City of Omaha, (74 Neb. 297) 104 N. W. 172; Gale v. City of Moscow, 15 Ida. 332, 97 P. 828; Contracting Co. v. Kleiderer, 146 Ky. 442, 142 S. W. 720; Reunter v. Contracting Co., 143 Ky. 557, 136 S. W. 1028; State v. Oconto Electric Co., 165 Wis. 467, 161 N. W. 789; St. Louis v. Withaus, 16 Mo. A. 247, 3 S. W. 395.”

Podría argüirse que la decisión que antecede se basa en la disposición expresa de la Ley Municipal de 1919 (Núm. 85, pág. 685) como enmendada en 1924 (Ley Núm. 11, pág. 77), qne no se conservó en la de 1928 vigente al tiempo de la adopción de la ordenanza de qne se trata, limitándose la nneva ley a prescribir qne las sesiones extraordinarias serán convocadas por el alcalde. Leyes de 1928, pág. 349. Véase 2 McQnillin, Municipal Corporations, segnnda edición, página 581.

Sin embargo la omisión pnede considerarse como la de algo superfino ya qne la ley de 1928 dispuso por su sección 2'4 qne todas las limitaciones impuestas por la Ley Orgánica a la Asamblea Legislativa y a sus miembros, serían aplica-bles basta donde fuera posible a la asamblea municipal y a los miembros de la'misma. Leyes de 1928, pág. 353.

Y sabido es que la Ley Orgánica en su artículo 33 dispone que no se tomará en consideración en las sesiones extraordi-narias de la Legislatura ninguna legislación que no esté espe-cificada en la convocatoria o en cualquier mensaje especial del Gobernador a la Asamblea Legislativa mientras estuviera en sesión.

Además, aunque sin expresarse las razones en que la con-clusión se funda, la cuestión quedó resuelta por esta corte en el sentido de la necesidad de la especificación en la convo-catoria de' los asuntos a tratar, después de estar en vigor la ley de 1928, en el caso de Pueblo ex rel, Rosario v. Ferrer, 46 D.P.R. 578, en los siguientes términos:

“Una sesión de una asamblea municipal celebrada fuera de los días señalados para las sesiones ordinarias sin la debida convocatoria y sin notificar su objeto a los miembros, no es ordinaria ni extraordi-naria, ni es una sesión legal, por lo que el nombramiento heclio en ella para cubrir una vacante en la asamblea es nulo.”

A mayor abundamiento tampoco consta que el alcalde aprobara la ordenanza como exige la ley.. Art. 27 de la Ley Municipal, Leyes de 1938, pág.' 355.

Así se desprende de la declaración jurada de Arturo La-comba, archivero del Municipio, presentada por el deman-dante, sin que sea suficiente para demostrar la aprobación la afirmación hecha por el Secretario Auditor del Municipio al expedir el 24 de mayo de 1938 la certificación de la ordenanza presentada en evidencia por el demandado, ya que al trans-cribirse el documento en ella se omite la firma del alcalde que hablando por sí misma hubiera indicado la aprobación.

En su resolución la corte de distrito sostiene que la ordenanza es ilegal porque la concesión gratis que del solar se hizo no lo fue para casa de vivienda sino para un negocio lucrativo, a cuyo efecto estudia las disposiciones de la Ley Municipal relativas a la concesión de solares — Leyes de 1928, pág. 391.

Como la cuestión no ha sido lo suficientemente, debatida por las partes ni su resolución es necesaria para decidir el recurso, no entraremos en el estudio detenido de la misma. Nos limitaremos a hacer referencia a la decisión de esta Corte en el caso de Chapel v. Asamblea Municipal, 49 D.P.R. 607.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    José Romaguera e Hijos, peticionaria, v. Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 1365.

    Sometido: Noviembre 9, 1942.

      Resuelto: Noviembre 30, 1942.

      J. J. Ortiz Alibrán, abogado de la peticionaria; Ron. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y José Rafael Gelpí, Pro-curador Auxiliar, abogados del Tesorero de Puerto Rico, opositor.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria, sociedad mercantil que se dedica a la com-pra y venta de mieles, es dueña de dos tanques y una casa, ubicados en Puerta de Tierra, San Juan, en un solar pro-piedad de El Pueblo de Puerto Rico.

En febrero 13 de 1941, el Tesorero de Puerto Rico notificó a la peticionaria una tasación a los efectos de contribuciones sobre dichos tanques y casa,- por los años fiscales compren-didos desde el 1934-35 al 194L-42. No estando conforme, la peticionaria radicó alzada ante la Junta de Revisión e Igua-lamiento, la que sostuvo la tasación hecha por el Tesorero. Solicitada la reconsideración, acordó la junta oír de nuevo a la parte recurrente. La nueva vista tuvo lugar ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones presentándose prueba oral y docmnental. En junio 8, 1942 el tribunal dictó reso-lución sosteniendo la validez de la tasación.

En el presente recurso de certiorari, la peticionaria recu-rrente alega que el tribunal recurrido, erró al declarar que los tanques en cuestión son bienes inmuebles.; y al no tomar en consideración el hecho de que los terrenos en donde están emplazados los tanques son propiedad de El Pueblo de Puerto Rico y que la peticionaria estaba obligada a retirarlos a la terminación del contrato de arrendamiento.

En la vista ante el Tribunal de Apelación de Contribu-ciones, la peticionaria, para sostener su contención de que los dos tanques son bienes muebles, y que el Tesorero no tiene autoridad para imponerles contribuciones por años anteriores a aquel en que se bace la tasación, ofreció el testimonio del Sr. J. R. Vendrell, socio de la firma peticionaria, quien de-claró: que los tanques están situados en terrenos del Go-bierno arrendados a la peticionaria por un término de 15 años, con la condición de que al expirar dicho término la arrenda-taria deberá remover los tanques y dejar el terreno como estaba antes de que los mismos fueran instalados; que el tanque más pequeño, de 100,000 galones de capacidad, ha es-tado instalado en tres sitios distintos, en Utuado, en Ponce y en la Playa de Ponce; que el mayor, que tiene una capa-cidad de millón y medio de galones, ha estado solamente donde ahora se encuentra; que ambos tanques descansan so-bre el terreno y en el borde se le pone un encintado de con-creto para evitar tener que hacer una excavación; que esos tanques están conectados a una tubería por la cual se bombean las mieles al vapor, no siendo esas tuberías permanentes por-que el Gobierno no da permiso permanente; que los tanques pueden ser desarmados y montados en otro sitio; que después de quitarles los remaches las piezas quedan intactas; que de acuerdo con la práctica que se ha seguido, cuando un tanque deja de ser utilizado en un sitio se traslada a otro; que los tanques no están empotrados en el suelo, sino puestos sobre el suelo; que los tanques tienen un término de duración de unos'20 años, que puede alargarse a 25 ó 30 años; que los tanques no fueron colocados con el propósito de que perma-necieran allí para siempre y que su intención era dejarlos allí mientras durase el contrato que tenían para la manipulación de mieles; que los tanques en cuestión fueron montados hace irnos siete años; que la peticionaria tiene el propósito de lle-varse los tanques cuando termine el arrendamiento.

En el acto de la vista el Tesorero de Puerto Rico no pre-sentó evidencia alguna en contra de lo declarado por el Sr. Vendrell. En el alegato formulado a su nombre se admite que ios hechos tal y como los hemos expuesto son ciertos. La única cuestión legal que debemos resolver es si de acuerdo con esos hechos los tanques en cuestión son bienes inmuebles y como tales sujetos al pago de las contribuciones impuestas por el Tesorero o si por el contrario son bienes muebles como sostiene la peticionaria recurrente.

De acuerdo con el artículo 263 del Código Civil (1930) son bienes inmuebles, entre otros, (a) las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al ■suelo; (b) todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro- del objeto; (c) los objetos de uso colocados en heredades por el dueño del inm%t,eble en tal forma que resulten imidos de un modo permanente al fumdo; (d) las máquinas, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca a la industria o explotación que en ella se realice y que directamente concurran a satisfacer las necesidades de la explotación misma.

Son bienes muebles, de acuerdo con el artículo 265 del mismo Código, los susceptibles de apropiación no compren-didos en el artículo 263, “y en general todos los que se puedan transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos.” El artículo 290 del Có-digo Político dispone que “las maquinarias, vasijas e instru-mentos o implementos no adheridos al edificio o suelo no se considerarán como inmuebles”, y sí como muebles.

Si aplicamos las citadas disposiciones legales a los hechos del presente caso tenemos que llegar a la conclusión de que los tanques en cuestión son bienes muebles. La evidencia de-muestra que los tanques han sido armados y descansan sobre el suelo del solar, pero no están adheridos al mismo. El cír-culo o encintado de concreto sobre el cual descansan ha sido puesto allí con el propósito de evitar la desnivelación del tanque al ser llenado de mieles y la socavación de su base por las lluvias, y no con el fin de adherir el tanque permanen-temente al suelo. Los tanques pueden ser desarmados j ar-mados de nuevo en otro sitio, sin quebrantar o deteriorar en manera alguna las planchas de acero de que se forman, bas-tando para ello quitar los remaches que las unen y volvién-doselos a poner al armarlo en su nuevo emplazamiento. Ese proceso fue seguido cuatro veces en el caso del menor de los tanques y la prueba demostró que lo mismo podría hacerse con el más grande.

Para que una máquina o instrumento destinado a una industria establecida en una finca pueda ser considerado como inmueble, es requisito esencial que haya sido el propietario de la finca quien emplazó allí para tal fin la máquina o instrumento, circunstancia que no concurre en el presente caso, pues ya sabemos que el solar es propiedad del G-obiemo y que los tanques pertenecen a la peticionaria.

El caso de Pérez Guerra v. Matos, 48 D.P.R. 599 presenta una situación similar a la del de autos. Se resolvió que una batidera eléctrica situada en una plataforma levantada del suelo y fácilmente separable, debe ser considerada como un bien mueble, hasta que claramente se demuestre lo contrario; y que la voluntad del dueño es un elemento importante para determinar si la batidera, instalada por el dueño de una finca y usada en una industria allí establecida por dicho dueño, ha perdido o no su naturaleza de bien mueble.

Cuando, como en el presente caso, el terreno pertenece a una persona distinta a la del dueño de la máquina, instru-mento o utensilio instalado sobre el inmueble, la intención de las partes es y debe ser el factor más importante, aún cuando no sea el decisivo, para resolver si la máquina, instrumento o utensilio ha perdido su naturaleza de mueble para conver-tirse en inmueble.

En 22 Am. Jur. 718, encontramos lo que sigue:

“§6. Intención generalmente. De las tres pruebas antes mencio-nadas, la clara tendencia de las autoridades modernas, parece ser la de dar preeminencia a la intención de convertir el objeto mueble en una accesión permanente del inmueble, y todas las demás pruebas parecen derivar su principal valor como evidencia de tal intención. Esta prueba (test) — la intención de la parte que hace la anexión— es de acuerdo con la mayoría de las autoridades el criterio que debe controlar, y es generalmente considerada como la prueba principal. No es siempre el factor determinante, pero en casos de duda tiene una influencia decisiva y debe ser considerada. Sin embargo, para que un objeto mueble pueda convertirse en un anexo (fixture) de un inmueble, la intención de convertirlo en una accesión permanente del inmueble debe aparecer afirmativa y claramente; si la cuestión queda en la duda o la incertidumbre, la naturaleza legal del objeto no cambia, y debe ser considerado como mueble. Correlativamente, objetos removibles anexos a un inmueble pueden seguir siendo mue-bles cuando la intención de que así sea es evidente por la conducta o actos de las partes.”

En la obra “Cooley on Taxation”, volumen 2, párrafo 559, páginas 1219, 1220 se dice:

“Máquinas y objetos similares, cuando no están de tal modo ad-heridos al suelo para convertirse en anexos (fixtures), deben ser ta-sados como propiedad mueble, pero si son anexos, entonces deben ser tasados como parte del inmueble a menos que el estatuto disponga otra cosa. Maquinaria traída a la finca de otro para cumplir un contrato de obras, y para ser removida a la terminación del contrato, debe ser tasada como propiedad mueble más bien que como inmueble. ’ ’

Véase también Schouler “Personal Property”, 5a. Ed., párrafo 121, página 170.

Tomando en -consideración que los tanques en cuestión no están permanentemente adheridos y que solamente descansan sobre el terreno; que dichos tanques son propiedad del arren-datario y no del arrendador y que han sido instalados allí por el arrendatario para poder realizar su negocio de expor-tación de mieles; qne las partes contratantes estipularon qne al terminar el plazo del arrendamiento el arrendatario podría y debería llevarse los tanques, dejando el terreno como antes estaba; y qne dichos tanques pueden ser desarmados y remo-vidos del solar sin causar daño alguno al inmueble o a los tanques mismos, resolvemos que los tanques en cuestión son y deben ser considerados como bienes muebles y tasados como tales. Siendo como son dichos tanques bienes muebles, las tasaciones hechas por el Tesorero a virtud de lo dispuesto en el artículo 303 del Código Político no pueden ser sostenidas como legales. El citado artículo autoriza al Tesorero a im-poner y cobrar contribuciones sobre cualquier propiedad in-mueble que hubiere sido omitida en la tasación de cualquier contribuyente durante cualquier año o años económicos a par-tir del año 1901-02. La autorización concedida por el esta-tuto no comprende los bienes muebles.

Por las razones expuestas, procede anular la resolución dictada por el Tribunal de Apelación de Contribuciones el día 5 de junio de 1942.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Montaner, acusado y apelante.
    Núm. 9546.

    Sometido: Noviembre 10, 1942

      Resuelto: Noviembre 30, 1942.

      B. Atiles Moréu y Ramón G. Goyco, abogados del acusado; Son. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué sentenciado a cinco años de presidio con trabajos forzados por un delito de instigación a perjurio. Fundamentando su recurso imputa a la corte sentenciadora la comisión de cinco errores. Solamente discutiremos el pri-mero y el tercero; aquél por ser de carácter jurisdiccional y éste por ir dirigido a atacar la suficiencia de la prueba. Bajo el primer señalamiento de error se queja el apelante, (a) de no baber estado asistido de abogado durante la lectura, de la acusación ni habérsele hecho las advertencias prescritas por el artículo 141 del Código de Enjuiciamiento Criminal; (b) de habérsele obligado a entrar a juicio a pesar de sus protestas de hallarse enfermo; y (c) de habérsele privado de asistencia efectiva de abogado al nombrárselo la corte festi-nadamente, sin darle tiempo suficiente para preparar la de-fensa.

En lo que al acto de la lectura de acusación respecta, todo lo que aparece de los autos es lo siguiente: “El acusado Antonio Montaner, en el acto de la lectura de acusación llevada a cabo el día 29 de julio de 1937, en la sesión de dicho día, hizo alegación de inocente y solicitó juicio por jurado.”

De lo que resulta de los autos, no puede concluirse necesa-riamente que en el acto de la lectura de acusación el acusado no hubiese estado representado por o no hubiera renunciado-inteligentemente a la asistencia de abogado. Pudo haber ocu-rrido una u otra cosa y ese hecho no aparecer del récord. Tratándose de una corte de jurisdicción general, como lo es la inferior, la ley presume que ha actuado con jurisdicción y que sus procedimientos han sido conducidos con regularidad. Bank of Commerce & Trust Co. v. Kenney, 165 P. (Cal.) 8; People v. McClennegen et al., 234 P. (Cal.) 91; véase también Pueblo v. Rodríguez, 46 D.P.R. 253, 254.

Además en Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458, 465, y Franzeen v. Johnston, Warden, 111 P. (2d) 817, 820, citado este último con aprobación en Dijols v. Lugo, Alcaide, 58 D.P.R. 445, se sostuvo que si bien es la mejor práctica y lo más conveniente-que del récord de la corte aparezca afirmativamente que al acusado fue ofrecida asistencia de abogado y la rehusó inteli-gentemente o la aceptó, según fuere el caso, sin embargo tal constancia en los autos no es indispensable para la validez de la sentencia.

Para la mejor inteligencia de la discusión de las subdivisiones B y G del señalamiento de error que estamos considerando, precisa que hagamos una sínteis del incidente que tuvo lugar inmediatamente antes de dar principio a la celebración del juicio.

Al llamarse a la vista del caso, no teniendo abogado el acu-sado, la corte designó al Lie. -Cordova Rivera para que lo representase. Inmediatamente después, dicho abogado, diri-giéndose a la corte, manifestó que el acusado deseaba exponer que hacía varios días se hallaba recluido en cama, que el vier-nes anterior había enviado una certificación médica por correo y que su estado de salud era tal que le impedía defenderse de una manera eficiente. En contestación a las manifesta-ciones del abogado, la corte hizo constar lo siguiente: Que la acusación en este caso se había formulado contra varios acu-sados, quienes habían venido dilatando la celebración del jui-cio, primero, pidiendo suspensiones que les fueron concedidas, y después solicitando juicio por separado. Que el día seña-lado para la vista de este caso en el término anterior, el acu-sado compareció y solicitó la suspensión del juicio alegando que no tenía abogado. Que la corte, al acceder a su solicitud, teniendo conocimiento de que el acusado, su padre y otros familiares eran pudientes, le advirtió que la próxima vez que se señalase el juicio no lo suspendería y que entonces debería comparecer con su abogado. Que aquel día, o sea el en que se celebró la vista de este caso, el acusado, que había sido citado con quince o veinte días de antelación, no compareció, avisando en la mañana de ese día por conducto de su hermano, que se hallaba enfermo y no podía asistir al juicio. Que la corte ordenó su arresto y así fué traído al tribunal; que el acusado no demostraba hallarse en un estado de enfermedad que le impidiese someterse a juicio, por lo que denegó la sus-pensión y ordenó la continuación del procedimiento.

No protestó de nuevo el acusado ni en forma alguna ex-presó su deseo de probar que realmente se bailaba enfermo, apareciendo de los autos que los procedimientos continuaron normalmente basta su terminación.

En nuestra opinión no erró la corte sentenciadora al no acceder a la suspensión en las condiciones expuestas. Si el acusado realmente se bailaba enfermo, en tal grado que no debía ser sometido a juicio, era su deber acreditar su enfer-medad, pues bien podría ser ésta, como aparece haberlo sido en este caso, una mera treta del acusado para obtener una vez más la posposición de la vista. Si el acusado era en efecto pudiente, como manifestó la corte y no contradijo aquél, era su deber estar listo con su abogado para el juicio, especial-mente cuando, como dijo la corte, él había sido citado para esta vista con quince o veinte días de anticipación. No puede alegar el acusado que se le privara del derecho a asistencia de abogado. Tuvo amplias oportunidades para contratar uno, y si optó por no hacerlo como un medio de obtener la posposición del juicio, suya es la culpa y debe arrostrar las consecuencias naturales de su mala conducta. La garantía constitucional sobre asistencia de abogado no exige que la corte lo nombre a los acusados que tienen medios suficientes para pagar esos servicios. No siendo insolvente el acusado, al designar la corte al abogado Córdova Rivera para que lo defendiera, hizo algo que no venía obligada a hacer. Pudo la corte, dentro de las especiales circunstancias de este caso, celebrar el juicio aunque el acusado no hubiese estado asistido de abogado.

Pasemos a considerar el tercer señalamiento de ■error. El delito por el cual fué sentenciado el acusado es el ■de instigación a perjurio. Para que exista este delito, es necesario probar más allá de duda razonable, (a) que una persona incurrió en perjurio, y (b) que el perjurio fué cometido por instigación o consejo del acusado. El primer elemento, o. sea la falsa declaración, es el corpus delicti en el delito de instigación a perjurio'. Es necesario probar la falsedad de la declaración, pues si la instigación o consejo del acusado es para que el testigo declare la verdad y así lo hace, rectificando, posiblemente una declaración falsa anterior, el acusado no. comete, naturalmente, delito alguno.

Prescribe el artículo 36 del Código Penal que todas las. personas complicadas en la comisión del crimen, ya. cometieren directamente el acto constitutivo del delito o, no estando pre-sentes, hubieren aconsejado su comisión o incitado a ella, son principales o autores en el crimen cometido. De manera,, pues, que tanto el instigador como el que aconsejado por éste declara falsamente, son reos de perjurio y pueden ser acu-sados y juzgados conjuntamente de dicho delito conforme se sostuvo por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Hammer v. United States, 271 U.S. 620. Además, el artículo 18 de la Ley de Evidencia (art. 380 del Código de Enjuicia-miento Civil, ed. 1933) prescribe que la evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo perjurio o traición. Aplicando este principio, sostiene la inmensa mayoría de las autoridades que la declaración no corroborada del perjuro propiamente dicho, acerca de la falsedad de su declaración, no es suficiente para sostener un veredicto contra el instigador, si bien no es nece-saria la corroboración para probar el otro elemento del delito, o sea la instigación.

En el caso que nos ocupa, José Archilla Piñero testificó haber prestado una declaración jurada ante el Juez de Paz-de Jayuya, actuando éste como magistrado instructor, donde imputaba al acusado en este caso y á otros, el delito de homi-cidio voluntario cometido en la persona de un tal Auffant; y que posteriormente prestó otra declaración ante el mismo juez de paz en presencia del acusado y otras personas, en la que instigado por el juez de paz y por este acusado, falsamente y a sabiendas de sn falsedad declaró bajo juramento qne él, Arcbilla, no conocía a las personas qne agredieron a Auffant, de este modo exonerando al acusado Montaner de toda respon-sabilidad por la muerte de Auffant.

La única evidencia que aparece en el récord al efecto de que esta segunda declaración ante el juez de paz fuese falsa, es el testimonio no corroborado que en este caso prestó el propio Arcbilla. Es más, sabemos del contenido de la pri-mera declaración ante el juez de paz por el testimonio del propio Arcbilla, pues dicho funcionario había fallecido en la fecha en que se celebró el juicio de este caso, y según Archilla, la primera declaración fue destruida y sustituida por la se-gunda, y aunque el jefe de distrito de la Policía Insular, Sr. Emmanuelli, fué llamado como testigo del fiscal, no fue exa-minado sobre el contenido de la primera declaración que él escribió en maquinilla y dictó el testigo Archilla.

El fiscal de este tribunal admite que no hubo corroboración de la declaración de Archilla en lo que al perjurio respecta, pero sostiene que a su juicio tal corroboración es innecesaria, toda vez que, según él, la persona sobornada o instigada y el que lo instiga a cometer el delito no son cómplices, y cita la regla de la minoría expresada al final de la monografía que aparece en 56 A.L.E. 407; los artículos 131 y 132 del Código Penal; y dos casos de este tribunal, el de Forastieri v. Calzada, 53 D.P.R. 251, y Pueblo v. Montalvo, 58 D.P.R. 315.

El artículo 131 del Código Penal define el delito de soborno -de testigos y el 132 el de aceptación de soborno, los cuales ■constituyen dos delitos distintos, a tal extremo que puede existir el definido en el artículo 132 sin que se hubiere dado u ■ofrecido dádiva alguna, como por ejemplo, cuando el testigo ofreciere recibir la dádiva en la inteligencia de que ésta habría de influir en su testimonio o hacer que se ausente del juicio o procedimiento en el cual se requiera que testifique. A esa conclusión' llegó este tribunal en el caso de Forastieri v. Calzada, supra, sosteniendo que el dar y recibir un soborno son ofensas separadas y distintas y por consiguiente el que lo da y el que lo recibe no son cómplices entre sí, bajo la regla que exige la corroboración del testimonio de un cómplice.

Tampoco es de aplicación el caso de Pueblo v. Montalvo, supra. Lo que allí se resolvió fué que en proceso por vender armas de fuego en contravención al estatuto que regula su venta, el vendedor y el comprador del arma no son cómplices entre sí a los efectos de la corroboración de la declaración de; cómplice. Se dijo en este último caso que el vendedor y el comprador perpetran dos infracciones distintas y por tanto no son cómplices.

En el caso de Hammer v. United States, supra, citado en la primera parte de la monografía que aparece en 58 A.L.il. 407, invocado por el fiscal, los hechos son sustacialmente igua-les a los del de autos. Pueden resumirse así: Annie Hammer fué adjudicada en quiebra el 28 de abril de 1923 y el caso fué remitido a uno de los referees del distrito. Se imputaba a la Sra. Hammer que el 25 de octubre de 1923 sobornó e in-dujo a Louis H. Frinz a prestar juramento ante el referee y .allí y entonces testificó que con anterioridad al 18 de abril de 1923, él, Frinz, había prestado a la quebrada la cantidad de $500 y que ella a su vez le había extendido y entregado un pagaré por dicha suma. En el juicio se probó satisfactoria-mente que Frinz prestó la declaración en el procedimiento de quiebra que luego se alegó ser falsa, instigado por la acusada Hammer. Frinz fué el único testigo llamado para probar la falsedad de su propia declaración, así como la instigación. Declaró él que prestó la declaración a que se refería la acu-sación; que era falsa, y que la acusada Hammer lo había so-bornado. Al terminar toda la prueba de cargo, la ahora peti-cionaria Hammer solicitó de la corte sentenciadora que instru-yese al jurado traer un veredicto a su favor, alegando que la declaración no corroborada de Frinz era insuficiente para sos-tener un veredicto de culpabilidad contra ella. La moción fué denegada y a petición del fiscal la corte instruyó al jurado que la ley no exigía tal corroboración del testimonio de Frinz. y que si ellos le daban crédito, tal declaración era suficiente. Convicta y sentenciada la acusada, llegó el caso por certiorari a la Corte Suprema de Estados Unidos, y dicho tribunal, al revocar la sentencia de la Corte de Circuito que a su vez. había confirmado la de la corte sentenciadora, entre otras co-sas dijo que la regla general en casos de perjurio es al efecto de que la declaración no corroborada de un testigo es insufi-ciente para establecer la falsedad del testimonio que se alega ser falso en la acusación; que la aplicación de esa regla en las cortes federales y estatales es casi universal; que aplicarla en casos de perjurio y no en casos de instigación a perjuria conduciría a resultados irrazonables; que el artículo 332 del Código Penal Federal abolió la distinción entre principales y autores y los hizo principales a todos; que el que induce a otro a cometer perjurio es cómplice de instigación a perjurio-de acuerdo con el artículo 126 del mismo Código y a virtud del artículo 332 es también culpable de perjurio. En otras pala-bras, que instigación a perjurio es igual que perjurio; que-una persona acusada de perjurio y otra de instigación a per-jurio pueden ser acusadas y juzgadas conjuntamente; que es obvio que la misma regla de evidencia con respecto a esta-blecer la falsedad de la declaración alegada como falsa debe-aplicarse a ambas; que la evidencia insuficiente para probar tal falsedad en cuanto a una persona acusada de perjurio no puede razonablemente sostenerse que sea suficiente en cuanto-a otra acusada de instigación a perjurio; que tal distinción-no puede ser sostenida; que la falsedad es tan esencial en-uno como en otro delito, siendo el corpus delicti en ambos.

Parece conveniente aclarar, como lo hace la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso dé Hammer, supra, queal prescribir nuestra Ley de Evidencia que la evidencia directa de un solo testigo, aunque merezca entero crédito, no es suficiente para probar la falsedad de una materia que se diceser falsa, no se refiere a la clase o grado de otra evidencia que pueda requerirse para establecer ese hecho. “Sin duda”, como dice aquel tribunal, “documentos que procedan del acu-sado y las circunstancias concurrentes, pueden constituir me-jor evidencia de la falsedad que cualquier cantidad de testi-monio oral.”

Siendo insuficiente la prueba que sirvió de base a la sen-tencia apelada, procede su revocación y en su lugar dictar otra absolviendo libremente al acusado.


author: El Juez Asociado Sr. Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Bonilla, acusado y apelante.
    Núm. 9635.

    Sometido: Noviembre 20, 1942.

      Resuelto: Noviembre 30, 1942.

      Domingo Candelario, abogado del apelante; Son. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, {ex Procurador General George A. Malcolm, en el alegato) R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Ferncmdez, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Sr. Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Bonilla apela de la sentencia de un año de cár-cel que le impuso la Corte de Distrito de Ponce por un delito de hurto de menor cuantía. Al terminar la prueba de cargo el acusado presentó una moción de non suit, la que fue decla-rada sin lugar, y, no habiendo el acusado presentado prueba de defensa, la corte dictó la sentencia indicada. Por el se-gundo señalamiento de error se insiste en esta cuestión y, por tanto, nos limitaremos a examinar la prueba aportada en el caso pu.es de tener razón el apelante procedería la revoca-ción de la sentencia.

Hemos leído la transcripción de la evidencia y somos de opinión que el resumen que hace el fiscal de esta corte en su alegato de la .prueba circunstancial que tiende a conectar al acusado con el delito imputádole se ajusta sustancialmente a lo declarado por los testigos. Dicho resumen es el siguiente:

"... Doña Nicolasa Vélez vivía en el barrio Vegas Arribas de Adjuntas completamente sola en una pequeña casa. El acusado Bo-nilla 3 a conocía y sabía que vivía sola. Cada vez que la veía le pre-guntaba si ella siempre ‘tenía plata’. En la noche del 25 para el 26 de enero de 1942, doña Nicolasa estaba en casa de su hijo donde se celebraba una jugada con baraja. Ella había ido allí y en vista de que su nuera estaba enferma, se tuvo que quedar. El acusado llegó allí en compañía del testigo Moll. Alrededor de las doce de la noche doña Nicolasa, a indicaciones de su hijo preparó café. El acusado se tomó un café y delante de doña Nicolasa se recostó o tiró sobre una estiba de cajas que había y le dijo ‘doña Micaela ¿Ud. tiene mu-cho dinero’?, preguntándole entonces si dormía sbla en su casa. Al-rededor de las tres de la mañana, se fue la gente y el padre del acu-sado lo invitó para que se fuera con él a su casa, indicándole el acusado entonces que él iría por la mañana, porque él no iba para el pueblo. El acusado le pidió al hijo de doña Nicolasa dos velas y una caja de fósforos y se marchó en unión al testigo Moll y a otro nombrado Esteban Ortiz. Caminaron todos juntos quedándose Esteban Ortiz en su casa, antes de tener que pasar por la casa de doña Nicolasa. Continuaron entonces Moll y el acusado y mientras pa-saban frente a la casa de la señora el acusado dijo: ‘Doña Nicolasa debe tener dinero ahí’. Siguió caminando en unión de Moll como dos heetómetros y entonces le dijo a su acompañante que él, el acu-sado, se quedaba en la barraca de don Andrés González porque no tenía donde dormir en el pueblo. Moll continuó entonces hacia el pueblo y el acusado regresó hacia atrás. Mientras caminaban de la casa de la jugada hacia el pueblo, ninguna otra persona los seguía y todo estaba tranquilo. Esa noche, la casa de doña Nicolasa estaba cerrada, y fué penetrada, descerrajándosele la puerta del cuarto y desapareciendo de allí prendas de oro, media docena de trajes, un traje de algodón, un pote de peras, otro de melocotones y dinero en plata de una limosna que había recogido doña Nicolasa para pagar un rosario. Apareció regada en el piso una botella de gas que había en una tablilla. A la mañana siguiente, entre siete y ocho de la ma-ñana, el acusado visitó al testigo Moll, su acompañante de la noche anterior y le dió la noticia de que a doña Nicolasa la habían escalado (la casa) y le pidió que si le preguntaban a él (a Moll) dónde había él (el acusado) dormido, que dijera que en su casa (la de Moll). Es-tuvieron juntos alrededor de media hora y luego salieron a la calle.
Alrededor de una semana más tarde, doña Nicolasa fué visitada por un tío del acusado y ... le pidió que viera a la madre del acu-sado porque ella 'quería verla. Guando ella fué la madre se echó a llorar diciéndole que el único capital que tenía eran dos vaquitas. Le mandó a ofrecer una a doña Nicolasa por lo que le había hecho su hijo el acusado.”

Los únicos elementos de esta prueba que pueden sostenerse que tienden a conectar al acusado con el delito son los si-guientes :

1. Las preguntas del acusado á la perjudicada, con ante-rioridad a, y en la noche en que se cometió el hurto, en el sen-tido de si ella tenía dinero.

2. Las manifestaciones al testigo Moll, al pasar por la casa de la perjudicada de que “Doña Nicolasa debe tener dinero ahí’ y el hecho de que dijo que se quedaba a dormir .en una barraca porque no tenía donde dormir en el pueblo, y

-3. La conducta del acusado al día siguiente cuando fué donde Molí y después de informarle que habían escalado la casa de doña Nicolasa, le dijo que si le preguntaban dijera que había dormido en su casa (la de Moll).

Decimos que esta es la única prueba que tiende a conectar al acusado con el delito, porque la actuación posterior de su tío y de su madre en cuanto al ofrecimiento de una vaca a la perjudicada, no habiéndose probado que el acusado intervi-niera o estuviera presente cuando eso ocurrió, no puede tender a incriminarlo. La propia corte inferior eliminó este elemento de prueba al dictar su sentencia (T. de E. pág. 24).

Somos de opinión que la prueba circunstancial en este caso aportada no es suficiente para sostener la convicción del acu-sado. Que Bonilla le preguntara a la perjudicada si tenía dinero, que le dijera a Moll que debía tenerlo en la casa, unido al hecho de haberle dicho a Moll al día siguiente que habían escalado la casa y que dijera que él había dormido en su casa, son circunstancias que tienden a conectar al acusado con el delito, pero aún cuando todas esas circunstancias son compatibles con la culpabilidad del acusado también pueden serlo con cualquier hipótesis razonable de su inocencia. Todos los que estaban en la jugada sabían que la casa de la perjudicada estaba sola y que ella permanecía en casa de su hijo. Los objetos hurtados no fueron ocupados ni en forma alguna se probó que el acusado los tuviera en su posesión, c/f Pueblo v. Laureano, 20 D.P.R. 7. Repetidamente ha resuelto esta corte que no es suficiente, en casos en que la única prueba aportada es de carácter indiciario, que las circunstancias pro-badas hagan probable la culpabilidad del acusado sino que esa prueba debe ser incompatible con cualquier teoría razonable de inocencia.

En todo caso criminal cuando la única prueba presentada es circunstancial para que pueda sostenerse una convicción, dicha prueba al ser apreciada en conjunto, debe producir, como se dijo en el caso de Commonwealth v. Russ (Mass.) 122 N. E. 176, “una certeza moral de culpabilidad y excluir cual-quier otra hipótesis razonable”. En la prueba del caso de autos hay elementos que tienden a señalar al acusado como probable autor del hurto pero esos elementos no pueden pro-ducir la certeza moral de su culpabilidad. A lo sumo levantan una sospecha en contra del acusado y es bien sabido que a nadie puede condenarse por meras sospechas, no importa cuán fuertes sean, c/f State v. Johnson, 293 N.W. 822.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Comunidad Religiosa Católica de Reverendas Madres Carmelitas Calzadas, Inc., de San Juan, P. R., demandante y apelada, v. Ramón Fernández Pérez y su esposa Ana María Carballo, demandados y apelante el primero.
    Núm. 8498.

    Sometido: Julio 23, 1942.

      Resuelto: Noviembre 30, 1942.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; José Benet; abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La demandante en este caso entabló una demanda solici-tando (a) una declaración de nulidad de la cancelación lieclia por el registrador de la propiedad de un censo que gravaba cierta propiedad inmueble; (6) la reinscripción en el Registro del censo en cuestión; y (c) el cobro de los réditos que no habían sido pagados desde la fecha de la cancelación del censo. La corte de distrito dictó sentencia a favor de la demandante en cuanto a los incisos (a) y (c), y un demandado ha apelado.

La corte inferior expuso correctamente los hechos como sigue:

“En los libros antiguos de la Anotaduría de Hipotecas a cargo del Registrador de la Propiedad de San Juan aparece un asiento que reza como sigue:
“ ‘Ciudad' — Censo—675—Maní. Ayala, como pral: Domingo An-dino, Tomás Dapena, y María de los Reyes Caveza, su consorte, como sus fiadores, todos de este vecindo, pr. escrita, otorga, ante Dn. Franco, de Acosta Cuño, Rl. pp.co. a los cinco de este preste, mes y año, se constituyen, y oblig.n al censo pral. de seiscientos setenta y cinco ps. de cappnia. correspondtes. al Convto. de M. Monjas de esta Capital; y son los mismos a qe. estaba obligado. Franco, de los Rios; cuyos réditos deben comenzar a correr desde primo, de Enero y pa. su seguridad sbre. pral. hipotecó una casa terRera, situada EN la Calle de SAN Sebastián, de piedra y azotea, lindando con la de Bruno Muñoz, y Da. Juana de Silva, sobe, la qe. hay otro impuesto pr. Hilario de Lara de ciento veinte y cinco ps. Pto. Rico y Marzo nueve de mil ochocientos trece año C. Firmado, Franco de Acosta.’
“Este asiento fué trasladado al Registro Moderno en julio 16 de 1895, viniendo a constituir la tercera inscripción de la finca No. 1486, o sea, la casa No. 80 de la Calle de San Sebastián de San Juan.
“La primera inscripción de la finca No. 1486, verificada el 5 de noviembre de 1894, y referente a la venta de la finca a doña Elvira Capetillo, hace mención del gravamen que nos ocupa en los siguientes términos:
“ ‘Esta finca se halla afecta ... a un censo de seiscientos setenta y cinco pesos a favor del Convento de Madres Monjas de esta Capital,_ inscrito al folio 122, número 351 del Libro quinto antiguo y recono-cido también en el título que sirve para esta inscripción.’
‘ ‘ En las inscripciones cuarta y sexta, relativas a ventas de la finca, se reconoció la existencia del gravamen.
“En la inscripción novena aparece el Registrador cancelando, a solicitud de la dueña de la finca doña Mercedes Valldejuli, ‘las hipo-tecas por ciento veinte y cinco pesos y seiscientos setenta y cinco pesos, constituidas para garantizar censos a favor del Arcediano Juan Lorenzo de Matos y del Convento de las’ Madres Monjas Carmelitas, respectivamente . . .’ por haber transcurrido más de 20 años ‘desde la fecha de su inscripción.’
“Poco después, el 27 de octubre de 1934, Mercedes Yalldejuli vendió la'finca al demandado.
“Hasta el año 1931, inclusive, doña Mercedes Valldejuli, por me-diación de sus representantes, pagó a la demandante el canon corres-pondiente al censo de 675 pesos. No se han satisfecho los cánones correspondientes a los años 1932 al 1938, inclusive.”

Ninguna de las otras inscripciones en la cadena de títulos, que el juez inferior omitió mencionar en su exposición de he-chos, tiene relación alguna con el censo o con los respectivos traspasos de la propiedad en cuestión.

Consideremos primeramente la contención del apelante de que la apelada no tiene capacidad legal para demandar. En apoyo de su'posición, el apelante arguye (a) que no hubo suficiente demostración que la apelada sea, como se alega, la ‘‘sucesora y continuadora” del Convento de Madres Carmelitas de San Juan, a cuyo nombre el censo se constituyó originalmente, y (ó) que un pleito de esta naturaleza debe ser entablado por el Obispo de Puerto Rico.

El argumento en cuanto al inciso (a) no es tanto un ataque a la capacidad de la apelada para demandar — en vista de la presentación en evidencia sin objeción de una copia certifi-cada de los artículos de incorporación de la apelada — sino una contención de que la apelada no ha probado su caso en este pleito. No es necesario que nos detengamos a deter-minar si, como alega el apelante, la copia certificada de uno de los artículos de incorporación de la apelada al efecto de que ella es la “sucesora y continuadora” del Convento de Madres Carmelitas de San Juan, es inadmisible como eviden-cia en beneficio propio (self-serving evidence). Esto se hace innecesario, en vista de la deposición del Padre Aurelio Ma-rrero al efecto de que las dos órdenes religiosas son la misma, y de que nunca ha existido orden religiosa alguna del mismo nombre en Puerto Rico. Aun cuando esta evidencia quizá no era la mejor para establecer que la apelada era la sueesora, no era inadmisible, y en vista de que el apelante no ofreció testimonio alguno en contrario, la corte de distrito estuvo justificada al concluir que “dicha deposición es sufi-ciente para identificar a la demandante con el Convento de Madres Monjas Carmelitas.”

Como ésta no es una controversia entre la Iglesia y el Pueblo de Puerto Eico, nada tiene que ver con este caso la resolución conjunta de 16 de septiembre de 1908, Leyes de Puerto Eico, 1909, pág. 107, citada por el apelante. La contención de que solamente el Obispo de Puerto Eico podía entablar el presente pleito carece de mérito, toda vez que la apelada, desde su incorporación, goza de un status jurídico que claramente incluye el derecho a demandar.

Otros alegados errores señalados por el apelante son discutidos adecuadamente en la hábil opinión del juez inferior, que lee en parte como sigue:

“La propiedad del demandado, o sea la casa No. 80 de la Calle San Sebastián es la propiedad sujeta al gravamen que aparece de su inscripción tercera. Es cierto 'que no se presentó en evidencia la es-critura en que se constituyó el gravamen. Pero esa circunstancia carece de importancia si se tiene en cuenta que la escritura se otorgó hace mucho más de un siglo, y que tanto los libros antiguos de la Anotaduría como el Registro moderno demuestran en forma oficial y auténtica que la escritura se otorgó.
“No obstante, arguye el demandado que no hay prueba de que la propiedad gravada de acuerdo con los términos de la escritura sea precisamente la casa No. 80 de la Calle San Sebastián. Creemos que la prueba es abrumadora en ese sentido. Es cierto que el asiento original en la antigua Anotaduría no menciona el número de la casa en la calle San Sebastián, y que los colindantes a que se refiere dicho asiento no aparecen como colindantes de la casa No. 80 en el moderno Registro. Extraño sería, en verdad, que los colindantes de la casa en el año 1813 continuaran siéndolo un siglo después, y sospechosa sería la prueba de la demandante si hubiese pretendido probar tal extremo. El hecho de que la casa hoy lleve el número 80, y de que en el asiento practicado en el año 1813 no se mencionara el número de la casa, igualmente carece de importancia. Lo que sí es importante, y sirve, en ausencia de prueba en contrario, para identificar definitivamente la casa gravada en el 1813 con la 'que boy lleva el número 80 de la calle San Sebastián, es el hecho de que, antes de haberse trasladado a los libros modernos el asiento hecho en el 1813, y al otorgarse la escritura que motivó la inscripción primera de la casa No. 80, los causantes del demandado reconocieran en forma clara y definitiva que esa era precisamente la propiedad sujeta al gravamen impuesto en el año 1813.
“Sostiene el demandado que no hay prueba de que los que cons-tituyeron el gravamen en el 1813 fuesen entonces dueños de la pro-piedad gravada. Es cierto que la única prueba que sobre este extremo existe es el hecho de que esas personas constituyeran el gravamen. Este hecho basta para producir la presunción rebatible de que eran los dueños (véase el artículo 464 del Código de Enjuiciamiento Civil. .Ed. de 1933, y en particular los apartados 8, 12, 19 y 20, en su texto original en el idioma inglés), pero además está la admisión hecha por los causantes del demandado, en documento público (la escritura que motivó la inscripción primera de la casa No. 80) en cuanto a la validez y vigencia del gravamen. Contra esa presunción y esa ad-misión no lia presentado el demandado prueba alguna excepto certi-ficaciones demostrativas de que en los libros MODERNOS no aparecen como dueños de la casa No. 80 las personas que en el año 1813 impu-sieron el gravamen que nos ocupa. Pero los libros modernos no pre-tenden decirnos quiénes eran los dueños de las propiedades que en Puerto Rico existían en el año 1813, por lo que dichas certificaciones carecen de valor probatorio en este caso.
“[En] el caso de Marrero v. Skerret, 17 D.P.R. 568, citado por el demandado, en el que se juzgó insuficiente la prueba de la existen-cia de un censo, no es aplicable. La única prueba que allí se pre-sentó, según dice el Tribunal Supremo, fué una opinión o conclusión del Registrador de la Propiedad al efecto de que cierta finca estaba afecta a cierto censo. No se presentó, como en este caso, una copia literal del asiento en los antiguos libros, ni de la inscripción conten-tiva del traslado de dicho asiento a los modernos libros. Tampoco hubo la admisión que hay en este caso, hecha por los causantes del demandado mieNtras FUERON dueños de la FINCA gravada. En el caso de Skerret, supra, la manifestación (y no admisión) de los cau-santes de los demandados fué hecha después de haberse aquéllos des-prendido de la propiedad que se alegaba gravada.
“Sostiene además el demandado que el asiento original en que se expone el gravamen alegado en la demanda, así como su traslado a los libros modernos, son nulos. Se impugna el asiento por ser insu-ficiente de acuerdo con nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil no regía en el año 1813. Se impugna el traslado porque no se hizo a petición de parte interesada, y porque el Registrador lo hizo erró-nea y negligentemente. Nada hay en la prueba que indique que el Registrador cometiese error alguno. Aparece 'que el traslado se hizo a solicitud del Colector General de Vacantes, Manuel Díaz Caneja. No existe prueba alguna de que éste no fuese la persona autorizada para actuar a nombre de las Madres Carmelitas. Tenemos que pre-sumir, en ausencia de prueba en contrario, que Díaz Caneja acreditó ante el Registrador su representación (véase el apartado 15 del ar-tículo 464 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. de 1933.)”

Aunque la corte inferior no discutió en su opinión la contención del apelante de que la incripción original en la antigua Anotaduría era una nulidad debido a que fue hecha por la misma persona, como registrador, ante quien se otorgó el documento como notario, no se ha llamado nuestra atención a estatuto alguno que declarara nulo en 1813 una inscripción bajo tales circunstancias.

Otro de los errores señalados envuelve la cuestión de si, en las palabras de la corte de distrito “fue o no válida la cancelación de . . . inscripción en los libros modernos hecha por el registrador a petición de la causante del demandado, sin la intervención de la demandante.” Adoptamos el lenguaje del juez inferior sobre esta cuestión, que lee en parte como sigue: ■

“El registrador creyó estar autorizado para cancelar a base de la sección de la Ley No. 12 de agosto 29 de 1923, que dispone que cualquier dueño de inmuebles ‘sobre los cuales pesen gravámenes hi-potecarios que tengan veinte (20) años de vencidos o de constituidos, si no tuvieren vencimiento’ podrá obtener del registrador, transcu-rrido un año de la vigencia de la ley, la cancelación de la hipoteca.
“Asumió el registrador que lo que estaba cancelando era una hi-poteca. Veamos si era hipoteca o censo lo que pretendió cancelar.
“Nos dice el Registrador de la Propiedad de San Juan, en certi-ficación presentada en evidencia por el demandado, que en la Antigua Anotaduría aparecen asientos demostrativos de la existencia de un censo de 675 pesos a favor de las Madres Monjas, constituido so-bre una casa situada en la Calle de la Cruz, y que estos asientos fueron Cancelados por haberse constituido otro CENSO sobre la casa en la Calle de San Sebastián (la propiedad del demandado), según liemos visto. Pasa el Registrador a transcribir literalmente el asiento de este último censo (véase supra). De ese asiento se ve claramente que se trata de la .constitución de un censo. Hay en el asiento una sola palabra que pudiera considerarse como inconsistente con el censo y consistente con una hipoteca, y es la que ocurre en la siguiente frase: ‘y para su seguridad sobre principal hiboteoó una casa te-rrera’.
“En otras palabras, nos dice el asiento que el dueño de una casa constituyó un censo, y en garantía del capital del censo ‘hipotecó’ la casa. Si en vez de utilizarse la palabra ‘hipotecó’ se hubiese utili-zado la de ‘gravó’, no cabría la menor duda de que el asiento se re-fiere a un censo y no a una hipoteca. Pero es que en el año 1813, cuando se practicó el asiento, y por muchos años antes y después, era frecuente el uso del verbo ‘hipotecar’ como sinónimo de ‘gravar’, o ‘sujetar’ a un censo, o ‘acensuar’.
“Así, en año 1705, vemos a don Felipe V, en la pragmática del 12' de febrero, decir:
“ ‘. . . y que muchos acreedores censualistas, reconociendo su mayor beneficio en conservar su deudor en la cultura y administración de sus bienes que en admitir la voluntaria dimisión de las hipotecas, han minorado los réditos de los censos . . .’ (Libro X, Título XV, Ley VIII de la Novísima Recopilación).
.“Y el 11 de julio de 1761, decía Don Carlos III en un decreto:
“ ‘He venido en conceder a los poseedores de mayorazgos, y a los Patronos y Administradores de las casas que pertenezcan a obras pías sujetas a la Real jurisdicción, y a los tutores y curadores de me-nores mi Real permiso y facultad, para que puedan imponer sobre ellas censos, cuyos capitales no excedan de los necesarios para costear las obras precisas para la limpieza de Madridad, sino es que sea para redimir otros censos impuestos antes sobre dichas casas a tres por ciento, baxándolos a dos y medio o a menos, hipotboando a la satis-eaCCIÓn de sus Réditos, y seguridad del capital que recibieren, las mismas cosas y otras fincas del mismo mayorazgo u obra pía . . .’
“(Novísima Recopilación, Libro X, Título XV, Ley XI.)
“Quince años antes de practicarse el asiento que estamos exami-nando decía Don Carlos IV en su real orden del 18 de diciembre de 1798:
“ ‘. . . que los censos perpetuos o enfitéuticos, que tengan contra sí los bienes en favor de particulares, de cuerpos eclesiásticos, o de fundaciones piadosas, pasen con las mismas, fincas que les sirven de hipoteca . . .’
“(Novísima Recopilación, Libro X, Título XV Ley XX.)
“Eseriehe, (Diccionario Razonado de Legislación y Jurispruden-cia, pág. 441), escribe:
“ ‘La cosa censida tiene, según unos, la calidad de hipoteca; pero aunque así se le suele llamar generalmente, como no se acomodan a ésta las reglas de las demás hipotecas, parece más probable la opi-nión de los que consideran la carga del censo como una servidumbre impuesta en la cosa’.
“Y el comentarista León Bonél y Sánchez dice del censo consig-nativo en el volumen 4, página 609 de sus comentarios:
“ ‘por el cual no se transfiere ni divide el dominio de la cosa ob-jeto del contrato, sino que se impone o consigna sobre ella un capital, con obligación de entregar al capitalista una pensión que afecta a la finca sobre que se impuso el capital, (es por lo tanto una especie de hipoteca pensionada) . . .’
“No debe extrañarnos, por lo tanto, que el encargado de los anti-guos libros en San Juan en 1813 no titubeara en titular el asiento ‘Censo’, ni que el Registrador de la Propiedad de San Juan en la certificación que a solicitud del demandado expidió el 5 de enero de 1940 (Exhibit 2 del demandado) califique de censo el derecho o gravamen que del asiento aparece, ni que en la primera inscripción de la finca del demandado, y en la escritura de venta que motivó dicha inscripción, las partes y el Registrador calificasen de censo el derecho o gravamen que nos ocupa.
“No fué hasta el 8 de enero de 1934 que se le ocurrió a alguien la posibilidad de asirse de la palabra ‘hipotecó’ que contiene el asiento, para sugerir que se trataba de una hipoteca, y obtener, como obtuvo al día siguiente, la cancelación ex parte de un derecho legítimo de la demandante para cuya cancelación no había la menor justificación ni de ia faz del Registro, ni ante la realidad de los hechos.
“El Registrador carecía por completo de autoridad para cancelar la inscripción del derecho de la demandante. No se trataba, como hemos visto, de una hipoteca, sino de un censo, y ni la Ley No. 12 de 29 de agosto de 1923 ni la No. 12 de 25 de junio de 1924 autorizan la cancelación de la inscripción de un censo. Chiqués v. Registrador, 34 D.P.R. 597.
“Arguye el demandado, no con mucho tesón por cierto, que no se trata de una inscripción, sino de una MENCIÓN de censo. No es así. El asiento original es el equivalente, en el sistema antiguo, de la ins-cripción de nuestra Ley Hipotecaria, y su traslado a los libros mo-dernos se hizo constar como inscripción, o sea, la inscripción tercera de la finca del demandado.
“Puesto que el Registrador canceló sin autoridad es nula la ins-cripción novena de la finca del demandado, en tanto en cuanto dicha inscripción pretende cancelar el censo de la demandante que aparece inscrito en la inscripción tercera. Véase el artículo 33 de la Ley Hi-potecaria . . . .”

El apelante alega que es nn tercero por el fundamento de que adquirió la propiedad aquí envuelta después de la cancelación del censo. Pero las razones que establecen la nulidad de la cancelación del censo aparecen de las propias inscripciones del registro,’ y como dijo el Tribunal en Ochoa v. Hernández, 230 U.S. 139, 164:

“Es una doctrina familiar, reconocida universalmente donde es-tán vigentes leyes para el registro o la inscripción de escrituras de traspaso, que todo comprador adquiere su título sujeto a cualquier defecto o vicio que pueda descubrirse al hacerse referencia a su ca-dena de títulos según constan en los registros públicos. (Citas).
‘ ‘ Este principio está reconocido en los artículos 34 y 37 de la’ Ley Hipotecaria. Al referirse a ‘causas que no resulten claramente del mismo Registro,’ y a ‘causas que consten expresamente en el regis-tro,’ se refieren desde luego a cuestiones de hecho y no a cuestiones de derecho. En otras, palabras, si el registro anuncia cierto estado de hechos que hace que el título sea nulo, o sujeto a ser atacado en derecho, el comprador que descansa en la inscripción recibe su título sujeto a cualesquiera consecuencias que puedan surgir ante la ley de los hechos así anunciados.”

Véanse 2 Morell, “Comentarios a la Legislación Hipotecaria” 617, 619, 620; Anaud v. Martinez et al., 40 D.P.R. 669, 675; Cabo Rodríguez v. Anaud, 54 F. (2d) 585, 587; Ayala v. Flores, 50 D.P.R. 873, 880.

El apelante arguye que la alegada cansa de acción en este caso ha prescrito, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Hipotecaria, toda vez que ha transcurrido más de un año desde la fecha de la cancelación. Dicho artículo, que provee en cuanto a acciones rescisorias y resolutorias, no tiene aplicación a este caso.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., se inhibió.


author: El Juez Asociado Señor Todo, Je,.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Dámaso Marcano, acusado y apelante.
    Núm. 9596.

    Sometido: Noviembre 6, 1942.

      Resuelto: Diciembre 14, 1942.

      Francisco González, Jr., abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Su-prepio y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todo, Je,.,

emitió la opinión del tribunal.

Dámaso Marcano fné denunciado por Aida Alberty ante la Corte Municipal de Fajardo de un delito de infracción al artículo 138 del Código Penal que dispone que “Todo funcionario público que so color de autoridad y sin causa legítima, acometiere, agraviare, oprimiere o golpeare a alguna persona, incurrirá en multa máxima de cinco mil dólares y cárcel por un término máximo de cinco años.” La denuncia, en lo pertinente, dice así:

“. . . Que en 4 de agosto 8:35 p.m. de 1941,' y en la calle Goyco de Naguabo del Distrito Judicial Municipal de Fajardo, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Humacao, P. R., el acusado de referencia, Dámaso Marcano, policía insular, allí y entonces, ilegal, voluntaria y maliciosamente, y siendo un funcionario público, y so color de autoridad, y sin causa legítima, acometió a la denunciante, agarrándola fuertemente por los brazos, y dándole una bofetada en la cara.”

En grado de apelación la Corte de Distrito de Hu-macao declaró al acusado culpable del delito de acometimiento y agresión grave y le coñdenó a pagar una multa de $10 y a cumplir treinta días de cárcel. No conforme el acusado en-tabló el presente recurso de apelación y, antes de discutir los errores que señala, alega, como privilegiada, la excepción perentoria de que los hechos alegados en la denuncia no son constitutivos del delito imputado, basándose en que no se especifica que el acusado estuviera, en el momento en que actuó, en el ejercicio de su cargo. No tiene razón, a nuestro juicio, porque si bien en el caso de El Pueblo v. Girón, 25 D.P.R. 36, citado por el apelante, se resolvió que era suficiente la denuncia porque contenía dicha frase, no implica esto que la denuncia en el caso de autos no sea suficiente porque no la contenga. Por el contrario én la denuncia se hace constar que el acusado, policía insular y siendo un funcionario público y so color de autoridad y sin causa legítima acometió a la denunciante. Estas palabras siguen las del estatuto y son-suficientes. Es más, en el caso de El Pueblo v. Suárez, 25 D.P.R. 214, se resolvió que aún cuando un detective esté con licencia puede cometer este delito ya que “por razón de la licencia no cesa el detective de serlo y continúa teniendo las facultades inherentes a su cargo”.

Hay otra cuestión previa que debemos resolver antes de entrar a considerar los errores señalados.

En la vista oral celebrada ante esta Corte Suprema el fiscal argumentó el caso como uno de acometimiento y agre-sión grave y, en efecto, como hemos dicho antes, de ese delito fue que la corte inferior declaró culpable al acusado. El abo-gado del apelante, que no fue el mismo que intervino en la corte inferior y preparó el alegato en apelación levantó enton-ces la cuestión de que la sentencia era nula debido a que la corte inferior no podía declarar culpable al acusado de un delito no imputado en la denuncia. La cuestión puede levan-tarse por primera vez en apelación, pues la corte inferior hubiera carecido de jurisdicción para dictar la sentencia recu-rrida si el delito no estuviera comprendido en la denuncia. Ex parte Thomas, 12 D.P.R. 367, 370.

El artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en su primer párrafo dispone lo siguiente:

“El jurado podrá declarar al acusado culpable de la comisión de cualquier delito necesariamente comprendido en el delito imputádole, o de tentativa de cometerlo.”

Aún cuando este precepto ha sido interpretado y aplicado en distintos casos en ninguno de ellos estaba envuelta la si-tuación de hechos del presente.

Todo acto ilegal de inferir algún daño violento en la persona de algún semejante con la intención de cansarle daño, cualesquiera que sean los medios o el grado de violencia que se emplearen, constituye el delito de acometimiento y agre-sión. Sección 1, ley de mayo 10 de 1904. Y habiéndose im-putado al acusado el hedió de haber acometido a la denun-ciante agarrándola fuertemente por los brazos y dándole una bofetada en la cara, no tenemos duda de que el delito de aco-metimiento y agresión está necesariamente comprendido en el de infracción al artículo 138 del Código Penal de que fue denunciado el acusado. Los elementos esenciales del delito imputado al acusado son (1) su actuación como funcionario público so color de autoridad y sin causa legítima, y (2) el acometimiento y agresión. Si la corte quedó convencida que el acusado no actuó como tal funcionario público y so color de autoridad, pero sí que acometió y agredió a la denunciante, estaba justiñeada en declararlo culpable de este delito. El acometimiento y agresión estaba necesariamente compren-dido en los hechos imputados.

Habiéndose alegado en la denuncia que el acusado es un policía insular y estando ella firmada y jurada por Aida Al-berty, una mujer, el delito de acometimiento y agresión grave de que fué convicto el acusado estaba comprendido en sus términos. Tomamos conocimiento judicial de que para ser admitido a la fuerza de la policía insular se requiere tener de veintiuno a cuarenta años de edad (Ley de marzo 12,1908), siendo el acusado, por tanto, un varón adulto. En el juicio se probó que el acusado era un policía insular y en cuanto al hecho de que la denunciante es una mujer no hay contro-versia. c/f Pueblo v. Rosalí, 35 D.P.R. 428.

El apelante alega en los errores que señala en su alegato, que la sentencia dictada es contraria a la prueba. He-mos leído detenidamente las declaraciones de los testigos de una y otra parte y estamos convencidos que la corte inferior no erró al apreciar dicha prueba dando crédito a la de cargo que demostró que el acusado, un policía insular, en la sala de su casa agarró por los brazos y luego abofeteó a la denun-ciante.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Sítyder

text:
    Henry G. Molina, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.
    Núm. 1109.

    Sometido: Noviembre 2, 1942.

      Resuelto: Diciembre 14, 1942.

      Henry G. Molina, pro se; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Sítyder

emitió la opinión del tribunal.

Mediante una escritura fechada el 23 de julio de 1930, Francisca Rodríguez y su esposo, Pondo Buso Pérez, com-praron una finca a Henry Gr. Molina y su esposa, comprome-tiéndose a cumplir con ciertas condiciones relacionadas con la misma. Bn igual fecha Francisca Rodríguez otorgó un poder especial' a favor de su esposo en relación con esta finca, que dice en parte como sigue:

“ . . . desea conceder un poder tan amplio como en ley procede a favor de su esposa (sic) Don Poncio Buso Pérez . . para que repre-sente a la otorgante con relación a dicha finca o sea de la mitad que corresponde a la compareciente en carácter de gananciales ...”

El 5 de marzo de 1937 una corte de distrito dictó sentencia de divorcio a favor de Francisca Rodríguez y en contra de su esposo. Nada hay en el récord ante nos que demuestre que. se hiciera en alguna ocasión una liquidación de los bienes pertenecientes a la sociedad de gananciales. El 25 de marzo de 1942 Buso otorgó una escritura, por sí y como apoderado de su ex esposa, por la cual “retrovendió” por $500 la refe-rida finca a Henry Gr. Molina y su esposa, toda vez que no podía cumplir con las mencionadas condiciones del contrato de venta. Una cláusula de esta escritura dice como sigue:

“T&rcera: Los comparecientes hacen constar que a virtud de esta compraventa quedan cancelados todos cuantos derechos o causas de acciones pudieran tener unos contra otros a virtud de los términos y estipulaciones en dicha escritura número diecisiete (17) ante don Carlos del Toro Fernández de julio veintitrés de mil novecientos treinta (julio 23, 1930).”

El registrador se ha negado a inscribir la escritura del 25 de marzo de 1942 por los fundamentos de que (1) el poder otorgado por la esposa a favor del esposo en relación con esta finca específica carecía de fuerza legal después de haber disuelto el divorcio la sociedad de gananciales que había exis-tido entre ellos, y (2) que los términos del documento son confusos y ambiguos y no aparecen claras en el documento la intención de las partes ni la naturaleza del contrato.

Examinaremos primeramente el segundo fundamento del registrador. El registrador sostiene que el documento es ambiguo y confuso porque, a pesar de disponer que “no ha sido posible para el comprador cumplir con los términos de dicha escritura de compraventa”, no se puede concluir de ello que el objeto del contrato era “saldar la . . . deuda me-diante la dación en pago del inmueble en cuestión”; que no puede dársele a la escritura la calificación de retroventa por-que en la primera escritura de venta de Molina a Buso no se estableció pacto alguno de retroventa; y que la cláusula ter-cera de la escritura es vaga y oscura porque en ella no se determina si lo que se pretende “es cancelar la hipoteca constituida” en la primera escritura “o si es el propósito rescindir el contrato de compraventa”.

No podemos convenir con la contención del registrador. En esta escritura las partes otorgaron un contrato de com-praventa por el cual se le traspasó a Molina el título sobre cierta propiedad debidamente descrita a cambio de $500 y un acuerdo de que a virtud'de esta compraventa quedan can-celados todos cuantos derechos o causas de acciones pudieran tener unos contra otros como resultado de la compraventa original de Molina a Buso y su esposa. En este documento nada encontramos que sea ambiguo, confuso o vago. Nada hay en la escritura sobre el cual las partes, bajo su libertad de contratación (Artículo 1207, Código Civil, ed. 1930), no tuvieran derecho a convenir.

El hecho de que las partes hayan titulado este documento como uno de “retroventa” no tiene importancia. La natu-raleza de un contrato no se determina por el título que las partes le den, sino por las disposiciones del mismo y por la ley que le sea aplicable. (Véase sentencia del Tribunal Supremo de España de junio 30, 1881.) Los casos citados por el registrador para sostener el segundo fundamento de su nota no son aplicables al presente, y resolvemos que no existe tal fundamento.

En cuanto al primer fundamento del registrador, sostiene el recurrente que un poder otorgado por la esposa a favor del marido no se revoca ipso facto al decretarse un divorcio que disuelva el matrimonio, sino que se requiere su revocación expresa por parte de la esposa. Una contestación negativa a la contención del recurrente fné dada por esta Corte en nn caso en el qne estaban envueltos casi los mismos hechos. Garáu v. Registrador, 37 D.P.R. 698.

El recurrente arguye que aun bajo la regla del caso de Garáu, la revocación de tal poder debido al divorcio no surte efecto basta que la sentencia de divorcio sea final y firme. No tenemos necesidad de considerar aquí dicba cuestión, toda vez que el esposo en este caso no intentó actuar a base del poder hasta cinco años después de concederse el divorcio por la corte de distrito. El recurrente no ha presentado prueba de que se entablara apelación alguna de dicha sentencia. Al contrario, la escritura del recurrente dice que Buso compareció como apoderado de Francisca Rodríguez, “quien es . . . divorciada”.

La nota del registrador será confirmada en cuanto deniega la inscripción de la venta de la participación de una mitad correspondiente a Francisca Rodriguez, y será revocada en cuanto deniega la inscripción de la participación de urna mitad correspondiente a Pondo Ruso Pérez.