author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo ex rel Jusino, Demandante y Apelante, v. Dávila, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de .San Juan, Segundo Distrito, en un caso de quo warranto.

    No. 2652.
    Resuelto en julio 6, 1922.
    Funcionarios Municipales — Renuncia—Retiro de la Renuncia. — Una vez acep-tada debidamente la renuncia de un funcionario municipal y nombrada otra persona para cubrir la vacante, dieba renuncia no puede ser retirada aun cuando hubiera sido presentada para tener efecto en el futuro. Un cargo queda vacante cuando la renuncia del que lo desempeña ha sido aceptada debidamente.
    Id. — -Id.—Id.—Sesiones de las Asambleas Municipales — Suspensión.—Las se-siones de las asambleas municipales excepto las extraordinarias serán de días consecutivos, excluyéndose los domingos y días de fiesta legales y la suspen-sión de una sesión por más de tres consecutivos días generalmente equivale a una suspensión sin término.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. L. Santiago Carmona y J. C. Jusino.

    Abog’ado del apelado: Sr. M. Gaetán Barbosa.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Aparece de la opinión de la corte inferior que Virgilio Dávila en once de enero de 1921 y por resolución de la Asam-blea Municipal de Bayamón fné nombrado Comisionado Municipal de Instrucción de Bayamón y entró en el ejercicio de sus funciones en debida forma. En 3 de marzo de 1921, el Concejo de Administración de Bayamón concedió una licencia a dicho comisionado con sueldo, desde el 4 hasta el 31 de marzo, 1921, nombrándose un sustituto. Estando en uso de esa licencia, el 18 de marzo dicho Dávila dirigió una carta a la asamblea municipal presentando su renuncia del cargo para tener efecto el día 31 de marzo de 1921. La carta con-tenía los motivos que le inducían a renunciar. En la que parece ser una sesión suspendida desde el 18 de marzo de 1921, en 21 de marzo celebró sesión la asamblea municipal y considerando legítimos los fundamentos alegados admitió la renuncia. Acto seguido y por mayoría de votos, el peti-cionario en este caso, José C. Jusino, fué designado para cubrir la vacante. Al margen del acta el secretario escribió la siguiente nota;

“Esta acta aparece sin firmar porque no fué aprobada,, habiendo sido declarada nula, así como sus acuerdos en la sesión del 1 de abril de 1921, de conformidad con la opinión del Honorable Attorney General de Puerto Rico.”

Aparece que de acuerdo con dicha opinión las sesiones de la asamblea municipal celebradas en 21 de marzo y en otros días eran nulas toda vez que no habían sido celebradas en orden consecutivo como prescribe la ley. La asamblea en-tonces celebró sesión en abril 1°., 1921, y declaró nnlos y sin ningún valor los acnerdos de ciertos días, incluyendo el acnerdo o votación tomado en marzo 21, 1921,

Dice la corte inferior que la actuación de la asamblea anuló no sólo la designación del peticionario, sino también la acción de la asamblea al aceptar la renuncia de Dávila. En 31 de marzo este último actuando, según dijo, a instancia de varios amigos, retiró sn renuncia. La Asamblea de Bayamón estuvo entonces conforme en que la renuncia babía sido retirada.

El apelante sostuvo en la corte inferior, que la sesión de marzo 21 era una sesión extraordinaria o suspendida y es-taba dentro de las facultades de la asamblea municipal el celebrar tal sesión como efectivamente fué' celebrada. La corte inferior no resolvió la cuestión de la legalidad de las sesiones, pero desestimó la petición por el fundamento de que la renuncia era en forma suspensiva o contingente pues sólo babía de tener efecto en marzo 31, y que como en ese día Dávila retiró.su renuncia no surgió la vacante; que las re-nuncias para tener efecto en el futuro pueden ser retiradas. Nos inclinamos a convenir con el apelante y las autoridades que cita en que una vez que ba sido debidamente aceptada una renuncia no puede ser retirada después de nombrada otra persona para cubrir la vacante. El Juez Presidente Hernández renunció en esta corte en el otoño de 1921 a tener efecto su renuncia el día 9 de enero de 1922. Su renuncia fué aceptada y su sucesor, el actual Juez Presidente, nom-brado, pero no confirmado su nombramiento, antes de llegar el día 9 de enero. Creemos que no babía duda de que el tér-mino del anterior Juez Presidente hubiera expirado en enero 9, 1922, y que bay, si acaso, aún menos duda de que el nuevo Juez Presidente fué válidamente nombrado si bien el tér-mino del Juez Presidente Hernández realmente no babía vencido en el momento en que él nuevo Juez Presidente fué así nominado. El artículo 208 del Código Político, prescribe entre otros particulares, que un cargo queda vacante por renuncia debidamente aceptada.

Vuelve entonces a suscitarse la cuestión de si la sesión de marzo 21 fué una válida. Si no lo era entonces no bubo aceptación de la renuncia y no existe vacante alguna. Ni la corte ni las partes ban discutido este punto. En los autos se transcribe la opinión del Attorney General. La Asamblea de Bayamón se reunió en sesión ordinaria el día 7 de marzo, 1921, que era un lunes. En esa sesión se resolvió que en vez de reunirse diariamente se celebrarían sesiones cada viernes. De conformidad con esto fué celebrada una sesión en marzo 11 y marzo 18, y según parece una sesión suspendida en marzo 21, siendo el último día mencionado el que está en discusión. La Ley No. 9 de 1920, después de prescribir para una sesión inaugural en enero después de una elección general, pasa a prescribir que la asamblea municipal celebrará sesiones or-dinarias el primer lunes después del primer martes' del mes de marzo de cada año y éstas durarán no más de quince (15) días consecutivos, en los municipios de primera clase; diez (10) consecutivos en los de segunda y cinco (5) consecutivos en los de tercera, excluyendo los domingos y los de fiesta legal; que podrían celebrarse sesiones extraordinarias cuando lo solicite una mayoría de los miembros de la asamblea o el concejo de administración, estando también limitadas en cuanto al tiempo tales sesiones extraordinarias. El Fiscal General llama la atención a que una suspensión de la sesión desde el lunes 7 basta el viernes 11, sin mediar ningún do-' mingo o día de fiesta legal, era por sí ilegal puesto que era una suspensión por más de tres días que es el límite para una suspensión de una sesión ordinaria o extraordinaria de la Legislatura misma; que un receso por más de tres días era equivalente a una suspensión, citando el caso del Municipio de Quebradillas v. El Secretario Ejecutivo, 27 D. P. R. 147. La opinión del Fiscal General era que la suspensión desde el día 7 basta el 11 era equivalente a una suspensión-sin término (sine die). Si esto era cierto en cnanto a la se-sión del 11 de marzo, la de marzo 18 tenía menos justifica-ción. El Attorney General aplicaba por analogía el precepto de la Ley Orgánica qne limita los recesos de nna cámara a tres días en ansencia del consentimiento de la otra; qne nna sola cámara como nna asamblea no podía nunca por tanto suspender sns sesiones por más de tres días. El artículo 23 de la Ley Municipal bace aplicable el precepto de la Ley Orgánica a las municipalidades en tanto sea posible.

O el Attorney General tiene razón, o. nna asamblea municipal no tiene ningún derecho a tomar recesos en absoluto. La ley dice qne la sesión debe consistir de días consecutivos. Expresa la petición qne Bayamón es nna ciudad de segunda clase. Por tanto las sesiones de la asamblea municipal de-ben terminar después de diez días consecutivos, excluidos los domingos y días de fiestas. La sesión empezó legalmente en marzo 7 y una sesión celebrada en marzo 21 es más de diez días consecutivos con posterioridad al 7 de marzo, y creemos que no pudo haber ninguna sesión legal en ese día.

El apelante, sin embargo, también sostuvo que la sesión de marzo 21, 1921, era una sesión extraordinaria. Cómo fué que llegó el apelante a esta conclusión, no lo sabemos. No hemos visto en los autos nada que lo justifique. Los autos muestran que en abril 1, después de la opinión del Attorney General, ,1a Asamblea Municipal de Bayamón anuló o consi-deró anulada su sesión de marzo 21. Al demandante incum-bía demostrar que la asamblea municipal se había reunido en sesión extraordinaria.

El apelante también ataca la suficiencia de la contesta-ción en parte por exponer materias basadas en información y creencia que deben ser expresadas por conocimiento personal. Pero si un demandado está negando la existencia de una asamblea legal válida le sería difícil expresar el hecho de su conocimiento personal, envolviendo tal asamblea legal una conclusión de derecho. Cuando por consiguiente el de-mandado por información y creencia negó la existencia de tal asamblea legal el peticionario tuvo amplia oportunidad de saber lo que se quiso decir. En el juicio apareció clara-mente la anulación por la asamblea de sus propias sesiones. Por lo menos el apelante no sufrió ningún perjuicio debido a la forma de la contestación.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


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author: El Juez PebsideNte Se. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Polanco, Demandante-Apelante-Apelado, v. Goffinet et al., Demandados-Apelados-Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad de procedimiento ejecutivo (me-morándum de costas).
    No. 2677.
    Resuelto en julio 6, 1922.
    Costas- — Jurisdicción del Juez que Aprueba el Memorándum. — Condenada una parte al pago de costas, no puede concluirse que la resolución aprobando el memorándum de costas sea errónea por el hecho de haber sido dictada por un juez que no fué el que dietó la sentencia condenatoria.
    Id. — Cuantía de los Honorarios — Prueba del Valor de los Honorarios. — En el presente caso el demandante reclamó en el memorándum $12,000 por hono-rarios de abogado sin practicar prueba, ateniéndose a las resultancias de los autos. La Corte Suprema, por el mérito de las declaraciones periciales apor-tadas por la parte contraria, y atendidas todas las circunstancias concurren-tes,- rebajó a $1,500 la suma de $3,000 concedida por la corte inferior.
    Id. — Prueba de la Cuantía .de las Costas. — No es errónea una orden que en ausencia de prueba niega el pago de costas devengadas por el marshal en tanto en cuanto excede de las cantidades que según los autos fueron pa-gadas a dicho funcionario por tal concepto.
    Id. — Costas en Apelación. — Costas pagadas al taquígrafo por la preparación del record para apelación a la Corte Suprema, no pueden ser recobradas.
    Id. — Impugnación al Memorándum no Jurada. — En el tercer señalamiento de error se levantó la cuestión de que no habiéndose jurado la impugnación ni siendo ésta formal, la partida de desembolsos debió ser aprobada- por la corte. Se resolvió: que la cuestión careee de importancia porque la objeción de que no se especificaban cuáles eran los desembolsos hechos, pudo levan-tarse en la forma en que se hizo y levantada o no la corte tenía facultad para actuar.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del demandante-apelante-apelado: Sres. A. Sar-miento y J. Pwg.

    Ahogado de los demandados-apelados-apelantes: Sr. TI. G. Molina.

   El Juez PebsideNte Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Humacao se siguió cierto pleito sobre nulidad de procedimiento ejecutivo hipotecario. La parte victoriosa, el demandante, archivó un memorándum de costas ascendente a $12,647.50. Los demandados lo impug-naron y el juez del distrito resolvió la cuestión sometídale así:

“El demandante, en 21 de abril de 1921, radicó sn memorándum de costas y desembolsos, que contiene las siguientes partidas:
“1. Honorarios del marshal-$ 86. 50
“2. Honorarios del secretario-$ 52.50
“3. Gastos y desembolsos-$ 508.50
“4. Honorarios cíe abogado-!_$12,000.00
“Total_ — _$12, 647. 50
“Los demandados han impugnado este memorándum en cuanto a las partidas por honorarios del marshal y del secretario, por ca-recer de información; en cuanto a los gastos y desembolsos, por no especificarse el origen de los mismos y carecer también de in-formación y en cuanto a los honorarios de abogado, por excesivos.
“En el acto de la vista, el demandante no practicó prueba al-guna y se limitó a someter el caso por las resultancias de autos, practicándose prueba por los demandados sólo en cuanto se refiere a la cantidad nue entienden deben razonablemente satisfacer por honorario.-, de abogado.
“Consideraremos las partidas por el orden en que constan en el memorándum:
“1. De los autos del pleito aparece que sólo se ha cancelado por el marshal en sellos de reatas internas pagados por el demandante la suma de $14.50, y no apareciendo que este funcionario hubiera cobrado ninguna otra cantidad por honorarios, se aprueba esta par-tida por dicha suma.
“2. De los autos y de los records también aparece que el secre-tario ha cancelado en sellos de rentas internas de parte del deman-dante y cobrado por certificaciones espedidas al mismo en relación con este pleito, la suma de $28.65, por cuya cantidad se aprueba esta partida.
“3. Esta partida, ascendente a $508.50, no habiendo la parte demandante expresado el origen de los gastos y desembolsos, ni de-tallado éstos, la corte no está en condiciones de resolver con respecto a los mismos. Es cierto que el estatuto no exige por modo impe-rativo que la parte con derecho al cobro de costas desembolsos y honorarios de abogado, esté siempre en el deber de ofrecer y prac-ticar prueba sobre todas y cada una de las partidas del memorán-dum 'cuando hubiere impugnación, porque esa prueba ordinariamente se encontrará en el mismo juicio en que se han originado las costas y el juez la tendrá a su vista y consideración al resolver el inci-dente, no habiendo muchas veces necesidad de que se practique (González v. Collazo, 25 D. P. R. 157), pero es necesario en cuanto a los desembolsos se refiere, que se especifique el origen de los mismos, que se particularicen y que se justifique el pago y necesidad de la ero-gación, cuando esto no apareciere de los autos, ya que no pueden ser aprobados sin demostrarse si fueron hechos y si eran necesarios.
“4. En cuanto a la partida que se cobra por honorarios de abo-gado, por el resultado de los autos del pleito y la prueba practicada, la corte estima, consideradas las actuaciones y trabajo llevado a cabo en este caso y en esta corte por los abogados del demandante, la cuantía, importancia y resultado del pleito, que una suma de $3,000 es justa y razonable por el valor de los servicios de abogado del de-mandante y en esta cantidad se fijan dichos honorarios.
“Por tanto, se condena a los demandados a pagar al demandante, en concepto de costas, desembolsos y honorarios de abogado, la suma de $3,043.15; debiendo el secretario expedir la correspondiente orden de ejecución si no se pagare dentro del término que señala la ley.”

Ambas partes apelaron. Sus recursos se tramitaron y vieron conjuntamente y de igual modo serán resueltos.

1. Sostienen los demandados qne la corte erró: 1, al con-ceder honorarios y 2, al fijarlos .en tres mil dólares.

Para fundar el primer error invocan los demandados la sección 327 del Código de Enjuiciamiento Civil y sostienen qne de acnerdo con lo dispuesto en dicha sección interpre-tada estrictamente, no siendo el juez que dictó la resolución apelada el qne tuvo conocimiento de la acción, carecía de facultad para actuar.

La ley prescribe que los honorarios y costas serán con-cedidos a discreción del juez que tenga conocimiento de la. acción o procedimiento, y así sucedió en este caso. Los hono-rarios se concedieron por el propio juez que dictó la senten-cia que puso término al litigio. Transcurrió algún tiempo-.. El juez sentenciador fué sustituido por otro. T a este otro le tocó intervenir en el procedimiento especial' que fija la ley para el cobro de las costas. Y él actuó con plena juris-dicción, siendo al fijar la cuantía, el juez que legalmente tenía conocimiento de la acción o procedimiento.

Ya en el caso de Forés, v. Balzac, 30 D. P. R. 370, esta corte resolvió lo que sigue:

“Condenada una parte al pago de costas, no puede concluirse que la resolución aprobando el memorándum de costas sea errónea por el hecho de haber sido dictada por un juez que no fué el que dictó la sentencia condenatoria.”

El segundo error está bien fundado a nuestro juicio. El demandante no practicó nueva prueba. Se atuvo a las resul-tancias de los autos. Los demandados presentaron como prueba las declaraciones de los abogados González Fagundo y Arturo Aponte que llevan varios años en el ejercicio activo de su profesión. Ambas declaraciones revelan un examen detenido del pleito y son claras y precisas. Por el mérito de ellas y por un examen de todas las circunstancias concu-rrentes, la corte estima que los honorarios deben fijarse en mil quinientos dólares..

2. En el alegato archivado por el demandante para sos-tener sn recurso se señalan cuatro errores.

El primero se refiere a la rebaja becba por la corte a la primera partida del memorándum o sea a los honorarios del marshal. Si la parte creyó que tenía derecho a más por ha-ber pagado otras cantidades al marshal, debió haber pre-sentado prueba concreta sobre ello. Se atuvo a los autos y los autos sólo demostraron lo que expresa el juez en su re-solución.

En el segundo error se sostiene que la corte debió haber incluido en el memorándum la cantidad pagada al taquígrafo por la preparación del record para la apelación que se inter-puso para ante esta Corte Suprema. En el memorándum no :se especificó esa partida. Nada dice la resolución de la corte sobre ella. Ni siquiera se fija su montante. Además, evi-dentemente se refería a las costas de la apelación que esta-ban fuera del alcance de la corte de distrito y que no fueron ni pudieron ser impuestas.

En el tercer señalamiento de error se levanta la cuestión de que no habiéndose jurado la impugnación ni. siendo ésta formal, la partida de desembolsos debió ser aprobada por la corte, citándose el caso de Meyer v. City of San Diego, 132 Cal. 35.

Esta cuestión carece de importancia porque la objeción de que no se especificaban cuáles eran los desembolsos hechos, pudo levantarse en la forma en que se hizo y levantada o no la corte tenía facultad para actuar. El caso de California invocado no es aplicable. Basta leer su resumen que dice así:

“Una partida en un memorándum de costas hecho bajo juramento, por honorarios pagados al taquígrafo por transcribir la evidencia, debe presumirse que es un gasto incurrido por una transcripción ordenada por la corte, e incumbe a la parte que solicita su elimi-nación el demostrar que la misma era ilegal, y que la transcripción por la cual se pagó no fué ordenada por la corte; y debe presumirse, en apelación, que la orden negando la eliminación fné correcta, en ausencia de una clara demostración de lo contrario en el pliego de excepciones.” Meyer v. City of San Diego, 132 Cal. 35.

El cuarto y último señalamiento de error se refiere a. la cuantía de los honorarios. El demandante estima que debió concedérsele más de tres mil dólares, pero ya liemos consig-nado que a nuestro juicio debió concedérsele menos.

Por virtud de todo lo expuesto debe modificarse la reso-lución apelada fijando los honorarios en mil quinientos dó- ’ lares; y así modificada, confirmarse.

Modificada la resolución apelada en el sentido de que los demandados paguen por costas, desembolsos y honorarios, $1,543.15, y así se confirma.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    In re Tormes, Querellado.
    Procedimiento de disbarment.

    No. 14.
    Resuelto eu julio 10, 1922.
    Abosado — Suspensión de un Abogado en el Ejercicio de su Pboeesión — Disbarment. — En la opinión se analizan los cargos formulados y la prueba apor-tada y se concluye que bay base suficiente por lo menos para suspender al querellado en el ejercicio de su profesión de abogado por un período de dos años.
    Los hechos están- expresados en la opinión.
    ' Abogados del querellado: 8'res. J. H. Brown, B. Mar-tines Nadal y D. Sepulveda.

    Abogados del querellante: Sres. J. E. Figueras y A. Font, Fiscales.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 10 de febrero de 1922 el fiscal de esta corte, por dele-gación del Attorney General de Puerto Rico, archivó nna que-rella solicitando la separación del abogado Leopoldo Tormes del ejercicio de su profesión. Suscitó el querellado varias cuestiones de derecho. Se oyó a ambas partes y el tribunal, por resolución de 24 de marzo último declaró sin lugar la moción eliminatoria y con lugar la excepción previa en cuanto a los dos primeros cargos, concediendo un plazo al fiscal para enmendar la querella. Véase In re Tormes, 30 D. P. R. 267. La querella fue, en efecto, enmendada, y la vista del Caso se celebró en los días 2, 3 y 4 de mayo de 1922. La 'trans-cripción de las notas taquigráficas quedó terminada el 26 del propio mes de mayo y así el asunto definitivamente some-tido a la consideración y resolución del tribunal.

1. La querella contiene tres cargos. El primero dice así:

“Que allá por el mes de abril de 1921 el abogado-notario Leopoldo Tormes García solicitó del señor Miguel Almodovar, de Ponce, le facilitara la cantidad de tres mil dollars bajo las falsas y frau-dulentas simulaciones de que, aunque tenía esa misma suma a su nombre y en cuenta corriente en el banco ‘Crédito y Ahorro Pon-ceño,' no obstante no le convenía retirarla personalmente del refe-rido banco, induciendo de este modo al referido señor Almodóvar para que le facilitara la expresada suma de tres mil dollars a cambio de un cheque que por igual suma le daría el abogado Tormes contra el banco ‘ Crédito y Ahorro Ponceño ’ -para que de su cuenta corriente extrajese la expresada cantidad de tres mil dollars.
“Que el citado• Leopoldo Tormes García en su bufete hizo en-trega al señor Almodóvar de un cheque a su favor concebido en los siguientes términos:
“ ‘Ponce, Puerto Rico, Abril 9 de 1921, No. 382. — El Crédito y Ahorro Ponceño, Ponce, P. R., pagará a la orden de Don Miguel Almodóvar Tres Mil Dollars. Son $3,000.00. (Firmado) Leopoldo Tormes. ’
“Que creyendo el citado Almodóvar en las manifestaciones y si-mulaciones del abogado Leopoldo Tormes, acto seguido, en unión del referido Tormes, fueron al Banco de Ponce, en donde el señor Al-modóvar extrajo de su cuenta de ahorros la cantidad de tres mil dollars, que entregó al expresado abogado Leopoldo Tormes.
“Que posteriormente, en abril 12 de 1921, el señor Almodóvar entregó el cheque que le fué dado por el Ledo. Tormes y de que se ha hecho mención anteriormente, contra el ‘Crédito y Ahorro Pon-ceño,’ al Banco de Ponce para que éste lo abonara en su cuenta de ahorros, y dicho Banco de Ponce envió el cheque-al cobro al ‘Cré-dito y Ahorro Poneeño,’ siendo devuelto por éste manifestando no tener fondos suficientes el citado señor Tormes.
“Alega asimismo el fiscal que los hechos relatados y realizados por el querellado lo fueron con la intención de engañar y defraudar al citado Miguel Almodóvar en la referida cantidad de tres mil dollars, y que el querellado sabía y le.constaba que a la fecha de la expedición del expresado cheque no tenía la cantidad de tres mil dollars para cubrir el mismo en su cuenta corriente del ‘Crédito y Aho-rro Poneeño,’ y en ninguna otra fecha tuvo una cantidad semejante en dicho banco; y que el expresado Miiguel Almodóvar se desprendió de dicha suma de tres mil dollars a virtud de las falsas y fraudu-lentas simulaciones del querellado.
“Que el Banco de Ponce protestó dicho cheque por medio del abogado notario Eduardo Plores Colón.
“Que dicho cheque fué últimamente entregado al señor Almo-dóvar, quien requirió en varias ocasiones el Ledo. Tormes para que le entregara el montante del referido cheque, ascendente a tres mil dollars, siendo infructuosas todas las gestiones practicadas para el cobro de la referida suma.”

El querellado contestó:

“Que en abril 9 de 1921, el querellado tomó a préstamo sin in-terés, (y para ser devueltos oportunamente) a Miguel Almodóvar, la suma de tres mil dollars que recibió el mismo de manos de Almo-dóvar, en el Banco de Ponee, cuyas oficinas quedaban por dicha fecha, casi en frente del Crédito y Ahorro Poneeño; que el querellado en-tregó a Miguel Almodóvar,, en dicha fecha un check por igual suma, con la condición de que presentara dicho check para su cobro en dicho Banco Crédito y Ahorro Poneeño, cuando el querellado así se lo avisara, pues dicho Almodóvar sabía, porque así se lo hizo saber el querellado al tiempo de la transacción, que el mismo no tenía en dicha fecha dicho importe disponible en su cuenta corriente en el banco girado Crédito y Ahorro'Poneeño. Continúa alegando el que-rellado, que él mismo, al expedir dicho check tenía fundamentos para creer que el Banco Crédito y Ahorro Poneeño, lo honraría pagándolo, aún cuando tales fondos no hubieran estado depositados en su cuenta corriente en dicho banco, alegando asimismo, que en dicho banco el querellado, ha tenido depósitos en su cuenta corriente por más de cuatro mil dollars, y crédito a cortos plazos por más de doce mil dollars. Continúa alegando el querellado, que sabiendo Miguel Al-modóvar, que era un préstamo lo que había hecho al mismo por dichos tres mil dollars^ así lo ha reconocido pública y privadamente, y que lo .que el mismo quería era una garantía de su dinero, como así se le dió, y además, dentro de la base del contrato de garantía estable-cido sobre dicha suma, se le pagó a dicho Almodóvar el importe de un mil dollars a que se comprometió el querellado en 30 de enero de 1922, y ha pagado los intereses correspondientes de dicha suma, hasta esta fecha conforme se convino por la escritura de fecha 30 de octubre de 1921¿ otorgada ante el notario de Ponce, M. Alberto Salicrup.”

La prueba practicada es extensa. Miguel Almodóvar de-claró como testigo. Formaba parte de una sucesión que po-seía tierras en Santa Isabel. La sucesión tuvo un pleito en relación con el arrendamiento de dichas tierras a una Central y Tormes fué su abogado. El pleito se falló en contra de la sucesión y ésta finalmente vendió las tierras, correspondiendo a Almodóvar varios miles de dólares que tenía depositados en el Banco de Ponce. Almodóvar continuó visitando el bu-fete de su abogado, practicando en él maquinilla. El 9 de abril de 1921, hallándose en el bufete, Tormes lo llamó a su casa particular y le dijo:

“Que necesitaba hacer una operación ese día y que necesitaba que le cambiara un cheque por tres mil dólares porque él no quería retirar esa suma directamente del Crédito y Ahorro Ponceño. Que en eso no se perjudicaría en nada. Yo al principio me negué, pero después creyendo no perjudicarme se lo cambié, o sea, busqué la libreta de ahorros, fuimos al Banco de Ponce y retiré los tres mil dólares y se los entregué a Tormes.”

El testigo fué sujeto a un largo contra-interrogatorio por los abogados del querellado y siempre sostuvo que los hechos habían ocurrido en la forma indicada. Parece conveniente transcribir la parte que sigue de dicho contra-interrogatorio:

“P. — Dígame testigo, es cierto que usted habló en. Ponce con el querellado Sr. Tormes la semana pasadá? El sábado? R. — Yo me acuerdo que él fué a la tienda un día de esta semana. P. — Es o no cierto que él le fué a suplicar que viniera a decir la verdad? R. — Eso lo sabía yo. P.' — -Es cierto que entonces usted le dijo a él que era cierto que él le había dicho a usted que él no tenía fondos bastantes en el banco y que por eso necesitaba que usted le hiciera ese favor de que no fuera a cambiar el cheque hasta el martes o miércoles? R. — Eso me dijo él que dijera yo. P. — Usted conoce a Luciano Co-lón? R. — Luciano Colón? * * Sí, señor. P. — El 3 de octu-bre del año pasado hablando con Luciano Colón usted no le dijo esas mismas manifestaciones? R. — Ncq señor. P. — Usted no ha ha-blado hoy mismo con la Sra. Tormes? R. — Sí, señor. P. — Usted no le ha repetido eso mismo a la Sra. Tormes? R. — Eso me ha dicho ella que yo diga.”

.La prueba demuestra que cuando el cheque de Tormes fué protestado, Almodóvar gestionó insistentemente cerca de Tormes la devolución de los 'tres mil dólares sin resultado alguno. Al fin Almodóvar el 23 de junio de 1921, se dirigió al Attorney General y le denunció los hechos. Después, en octubre de 1921, Tormes garantizó a' Almodóvar el pago de la suma por medio de una hipoteca. A la fecha del juicio, Almodóvar había recibido mil dólares a cuenta de los tres mil, y estaba percibiendo intereses por los dos mil restantes.

La teoría de la defensa es que se trataba de un simple préstamo que Tormes no pudo pagar a su debido tiempo y se pone mucho énfasis en las manifestaciones de Almodóvar contenidas en las escrituras de hipoteca y de cancelación par-cial. En efecto en dichas escrituras aparece Almodóvar acep-tando que se trataba de un préstamo. Declarando como tes-tigo, bajo juramento, Almodóvar insistió en que no era cierto lo del préstamo y que si firmó las escrituras lo hizo por reco-mendación del notario Sr. Cliardón que le aseguró que no le perjudicarían. Chardón declaró que había aconsejado a Al-modovar en tal sentido.

Si la versión de Almodóvar es exacta, es necesario con-cluir que el acto realizado por Tormes reviste caracteres de un delito de falsa representación. Si Almodóvar se despren-dió de su dinero y lo entregó á Tormes, fué porque creyó a éste cuando le dijo que tenía fondos suficientes en su banco, y esa manifestación de Tormes fué hecha por él a sabiendas de su falsedad y con el propósito de obtener el dinero.

Si la versión de Tormes es exacta, tampoco puede llegarse a la conclusión de que se trataba de una verdadera operación de préstamo. Analizando lo declarado por el propio Tormes, si bien habría que eliminar su dicho de que actualmente tenía fondos en el banco, siempre quedaría en pie su manifesta-ción de que tendría fondos a los dos o tres días y esto no resultó y tiene todos los visos de una falsa representación. La prueba presentada por el querellado a los efectos de de-mostrar que estaba pendiente de recibir una fuerte suma de dinero, no tiene, a nuestro juicio, el alcance que le atribuyó el querellado, y la de que el cheque sería honrado por el banco no obstante no tener fondos en él, es muy dudosa.

Quizás Tormes no tuvo la intención plena de defraudar definitivamente a Almodóvar. Pero la prueba inevitablemente lo presenta como aquel que necesitando una suma de dinero, es capaz de emplear y en efecto emplea para obtenerla cual-quier falsa o engañosa actitud. El testigo Almodóvar me-reció entero crédito a la corte.

2. Examinemos el segundo cargo. . Se imputa, como sigue:

“Que allá por el año 1919 falleció Juan Laboy a consecuencia de un accidente del trabajo, y su viuda, Juana de Jesús, por con-ducto de su abogado Leopoldo Tormes (Jarcia elevó la correspon-diente reclamación a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, y, previos los trámites legales, le fué concedida una indemnización de tres mifi cuatro dollars con noventa y cuatro centavos ($3,004.94), cuya suma fué depositada en la Secretaría del Tribunal de Distrito de Ponce, y de la misma mil trescientos catorce dollars ($1,314.00), fueron entregados a la viuda de los menores'hijos de Juan Laboy y setecientos cincuenta y uno con veintiocho centavos ($751.28), al abogado Leopoldo Tormes García en pago de sus honorarios.
“Que posteriormente, en 25 de agosto de 1921, el abogado Leopoldo Tormes García, a nombre y representación de su cliente Juana de Jesús, esposa de Juan Laboy, presentó una moción a la Corte de Distrito de Ponee solicitando que el remanente de novecientos treinta y nueve dollars con setenta y un centavos ($939.71), depositados con el Secretario de la Corte de Distrito de Ponce y pertenecientes a los menores hijos de Juan Laboy le fuese entregado para adquirir con dicha suma un pedazo de terreno y casa en el barrio ‘Real’, de Ponee, que le ofrecía en venta Agustín Negrón por el precio de novecientos dollars ($900.00),, alegando además que' dicho negocio era ventajoso y de utilidad para los menores, que podrían adquirir un hogar propio y medios de obtener alguna renta con el producto de la finca.
“Que a virtud de haberse resuelto favorablemente dicha moción el día 9 de septiembre de 1921 el Secretario del Tribunal de Distrito de Ponee espidió a la orden de Juana de Jesús un cheque No. 302, a cargo del ‘Crédito y Ahorro Ponceño’ por la cantidad de nove-cientos treinta y cuatro dollars ($934.00), cuyo cheque fué entre-gado al abogado Leopoldo Tormes; y éste, a espaldas de dicha Juana de Jesús y sin conocimiento por parte de ésta y sin que ella firmase, endosase ni hiciese marea alguna en el cheque de referencia, cobró el mismo en el ‘Crédito y Ahorro Ponceño,. por medio de su agente Eladio Ayala Moura, haciendo previamente una cruz al dorso de dicho cheque y poniendo debajo el nombre de Juana de Jesús; y el citado banco ‘Crédito y Ahorro Ponceño’ pagó el cheque al referido Eladio Ayala Moura en efectivo, en cuarenta y seis billetes de a veinte dollars, uno de diez dollars y cuatro de un dollar.
“Que el citado querellado, Leopoldo Tormes García, una vez reci-bida la cantidad de novecientos treinta y cuatro dollars ($934.00), se apropió de la misma y la dedicó a fines distintos de aquéllos para los cuales le fué entregada, destinándola a la cancelación de parte del precio de una hipoteca en la cual don Angel Lomo, vecino de Ponee, era acreedor, siendo deudor don Antonio Franceschini Rodrí-guez, y en cuya operación no tenía participación alguna la citada Juana de Jesús ni sus hijos.
“Que todo esto lo hizo el querellado Leopoldo Tormes García sin autorización ni conocimiento de la citada Juana de Jesús y con la intención de defraudar a los menores hijos de ésta en ,1a referida suma de novecientos treinta y cuatro dollars ($934.00).”

Contestó el querellado así: Aceptó los dos primeros pá-rrafos del cargo y continuó:

“Negando el resto de cuanto se deja alegado en dicho hecho, y alegando en contrario; que el check de $934.00 espedido por el Se-cretario de la Corte de Distrito de Ponce,- en 9 de septiembre de 1921, le fué entregado por dicho secretario al querellado en las horas de la mañana de dicho día, no para ser entregado a Juana de Jesús, si que para comprar un terreno y casa conforme lo expresa la orden de la Corte de Distrito de Ponce, de fecha 9 de septiembre de 1921. Que fué cierto que el querellado endosó dicho check y lo envió al Crédito y Ahorro Ponceño, para su cambio por billetes grandes, con Eladio Ayala Moura, quien cumplió el cometido, habiendo además el querellado firmado dicho check, con su nombre, debajo del de Juana de Jesús, alegando además él mismo^ con el fin de poder aten-der y terminar el negocio sobre compraventa de la finca y casa antes mencionada y que había de traspasar a sus hijos Juan y Paula La-boy, don Augstín Negrón, quien tenía que pagar al querellado el importe de $900 de dicho check, y entregar a Juana de Jesús sólo los $34, que sobraban, previo descuentos de los gastos de inscripción del título que adquiría; que el querellado en virtud de autorización ex-presa y de acuerdo con la agencia o encargo de Juana de Jesús, así como para dar cumplimiento a lo que la orden de la corte dispuso y que motivó se expidiera dicho check, el cual lo mismo que fué extendido a favor y orden de Juana de Jesús, pudo ser extendido a favor y orden del querellado, por haberlo así dispuesto la Corte de Distrito de Ponce, en orden de fecha 9 de septiembre de 1921, unida al record No. 9948 sobre autorización judicial y promovida por Juana de Jesús. Habiéndose extendido dicho check por el Secretario del-Tribunal de Distrito de Ponce, a nombre de Juana de Jesús, por elección que así hizo el querellado al ser preguntado por el secre-tario de dicho tribunal, sobre si quería dicho check a su nombre o en el de Juana de Jesús.
“Que en la noche del día 9 al 10 de septiembre de 1921 una es-pecie de ciclón o mal tiempo azotó esta Isla, y especialmente esta región sur,- habiendo hecho los ríos grandes avenidas y destruyendo fincas y caminos. Que el querellado esperaba a Juana de Jesús el 9 de septiembre de 1921, que bajara desde su residencia en el barrio Anón término municipal de Ponce, que dista más de doce kilómetros de la ciudad, habiendo necesidad de cruzar más de siete pasos de río (sin puentes ni calzadas) para llegar basta la ciudad, por cami-nos malos. Que diclia Juana de Jesús no vino a la ciudad en dicho día, que era viernes, ni tampoco sábado 10, domingo 11, ni lunes 12 de septiembre de 1921.
“Que el lunes 12 de septiembre de 1921, el querellado, en su con-dición de abogado tenía que comparecer a las dos de la tarde de dicho día ante la Corte Federal, de la cual era Juez o comenzaba a actuar por aquella fecha interinamente, el Hon. Emilio del Toro Cuevas,! Juez de esta corte; que al efecto y queriendo este abogado cumplir con la orden de la corte, y facilitar dicha operación de Juana de Jesús y Agustín Negrón, el sabado 10 de septiembre de 1921, ya cerca de las once de la mañana y antes de que cerraran la caja del banco Crédito y Ahorro Ponceño, mandó a cambiar dicho check, por billetes grandes como se dejó antes alegado; que todavía el do-mingo 11 de septiembre de 1921, continuaba el viento y la lluvia, y en estas circunstancias, y por razón de que el lunes 12, éste que-rellado tenía que estar en San Juan, y el martes 13 en Guayama atendiendo una primera comparecencia en el pleito civil sobre desahu-cio No.- seguido por Rosa Alvarez y otros v. Angel- Cividanes,
dejaba como dejó sus asuntos encomendados a la Leda, doña Herminia Tormes, a quien este querellado hizo entrega el domingo 11 de septiembre de 1921; la suma de novecientos treinta y cuatro dollars, montante del check en cuestión, para que atendiera el negocio de doña Juana de Jesús, con Agustín Negrón, sobre compraventa y ninguno de los cuales sabían firmar, y siendo ambas personas poco relacionadas en la ciudad, y a quienes de otra manera hubieran tenido grandes inconvenientes para cambiar dicho documento de valor.”

Hemos examinado cuidadosamente la larga prueba prac-ticada con respecto a este cargo, y a nuestro juicio es evi-dente que el querellado necesitando dinero para salvar una situación que no podía prolongarse .más, cobró sin autoriza-ción de Juana de Jesús, simulando su marca, el cheque de que se trata y que había recibido para emplearlo en beneficio de los menores hijos de Juana, y una vez cobrado lo empleó en su propio beneficio, para solucionar la situación a que nos hemos referido, a saber: Angel Lomo prestó a Antonio Fran-cescMni la suma de mil dólares que el deudor garantizó con hipoteca. Vencido el plazo fijado para pagar sin que la obli-gación se cumpliera, el acreedor inició un procedimiento judicial para el cobro. Así las cosas, Franceschini acudió a Tormes y ambos se dirigieron a la casa de Lomo para pagar la deuda, en uno de los días de enero de 1921. Lomo no es-taba allí. Se retiraron sin verificar el pago, dejando Fran-ceschini en poder de Tormes el dinero, volviendo a su resi-dencia de G-uayanilla. Pasaron los meses y Tormes no pagó, Otra vez recurrió el acreedor a la vía judicial y finalmente la deuda fué satisfecha el 10 de septiembre de 1921, a las siete de la tarde, empleándose en el pago los novecientos dó-lares que Tormes obtuvo al hacer efectivo el cheque que ha-bía recibido para los menores hijos de Juana de Jesús.

En relación especialmente con este cargo se hicieron ex-traordinarios esfuerzos para demostrar que el querellado era una víctima del fiscal del distrito. La corte permitió que la evidencia se practicara sin trabas técnicas de ninguna especie. Tenía ante sí el problema de aquilatar la conducta de uno de sus funcionarios y quería saber la verdad, toda la verdad en el caso. El joven fiscal del distrito fué atacado hábil, ruda e insistentemente, y si bien se logró poner de manifiesto procedimientos suyos .que. no merecen nuestra aprobación como el método empleado para hacer comparecer ante sí a la testigo Juana ele Jesús, de todo el ataque surge su figura como la de un funcionario íntegro y valeroso que se enfrenta con toda clase de dificultades y sabe llegar hasta el fin de la jomada. Este pr'oceso demuestra cuán difícil es perse-guir al poderoso, al influyente, al hombre de inteligencia viva e ilustrada. Es debido á esas dificultades que subsisten tan-tas injusticias en la sociedad. Y es alentador cuando en la sociedad se encuentran hombres de carácter firme, espíritus justicieros, que en el cumplimiento de su deber no temen los riesgos personales que puedan sobrevenirle.

3. El tercer cargo se refiere al hecho de haber el quere-liado influido en uno de los empleados de este tribunal para conocer la probable sentencia de la corte en determinada ape-lación antes de pronunciarse.

Una vez que un asunto queda definitivamente sometido, por regla general el juez ponente lo estudia y prepara un memorándum que somete a sus colegas. El memorándum se lee, se discute, se enmienda, se desecha o se aprueba, según sea el caso. Mientras la sentencia no se firma, como es natural, todo el proceso de estudio y discusión es secreto. Los jueces en su trabajo necesitan el auxilio material del taquí-grafo y escribiente a máquina, funcionario que debe guardar también el más estricto secreto. Esto es perfectamente cono-cido de todos.

En el presente caso se demostró que Tormes bien por medio de carta, ya a virtud de una conversación tenida en Ponce con un taquígrafo de esta corte, sé enteró de un pro-yecto de opinión entregado a dicho taquígrafo para ser puesto en limpio por el Juez Asociado del Toro. ' Tormes era amigo íntimo del empleado, sostenía correspondencia con él, y aun-que el empleado, que ya había dejado de serlo cuando de-claró, trató de llevar al tribunal el convencimiento de que fué él voluntariamente el que faltando a su deber dió la no-ticia a Tormes, el tribunal cree que el empleado cedió a las insinuaciones de Tormes. Pero aunque así no fuera, siempre resultaría probado que Tormes, que como abogado es un fun-cionario de la corte, aceptó la información, y no la reportó a la corte, sino que usó de ella para sus fines particulares.

4. Procederemos al estudio de varias cuestiones que como “defensas” se suscitan en la contestación.

(a) El hecho de que el querellado fuera acusado por el fiscal ante el Gran Jurado y que en lo que se refiere al primer cargo el propio fiscal solicitara el sobreseimiento y en lo que se refiere al segundo el jurado se negara a acusar, no impide que los mismos hechos sean investigados por esta corte para juzgar la conducta del abogado en este procedimiento. Véase la opinión del tribunal en este mismo caso emitida el 24 de marzo último, (pág. 267).

(b) La intención fraudulenta del querellado surge de los becbos que se le imputaron en el segundo cargo y de la prueba. Pero aunque así no fuera, los becbos alegados y probados en relación con dicbo segundo cargo demuestran una conducta inmoral por parte del querellado en relación con el ejercicio de su profesión. El querellado era el abo-gado de los menores. Sin penetrar en lo que sucediera con el primer dinero recibido y limitándonos al último, resulta que habiendo tenido la oportunidad de que el cheque se expi-diera a su nombre, hizo, según su propia declaración, que lo fuera a nombre de Juana de Jesús. Así expedido, sin autorización para ello, trazó o hizo trazar una cruz como la marca puesta por Juana de Jesús — hecho falso — -y cobró el cheque que aparecía entonces como cobrado por la propia Juana. T así las.cosas, usó de ese dinero en su propio be-neficio. El hecho de que el dinero. se devolviera luego, no influye. Fué devuelto después de la intervención del fiscal.

(c) Invocó el querellado el tiempo que lleva ejerciendo y el crédito que goza co.mo abogado. Muchos declararon, en efecto, en su favor. Se trata de un joven cartero que a vir-tud de un esfuerzo digno y perseverante y en medio de la simpatía de toda una sociedad, estudió y se hizo abogado. Todo ello ha servido para hacer este caso más difícil y com-plicado. Es doloroso ver caer al que con tanto trabajo subió. La tendencia natural es impedir la caída. Pero examinados fríamente los hechos concretos investigados, nos hemos visto obligados a llegar a las conclusiones que dejamos estableci-das. Quizás esta actitud sea más saludable que la de una benévola consideración, para el mismo querellado, en su fu-turo destino. No basta subir. Es necesario sostenerse a la altura moral de la cumbre que se escala.

Las otras “defensas” han quedado implícitamente resuel-tas por cuanto llevamos dicho.

5. Apreciando en' conjunto las alegaciones y las pruebas, opinamos que bay base suficiente por lo menos para suspender al querellado en el ejercicio de su profesión. T habidas en consideración todas las circunstancias concurrentes, el tér-mino de suspensión se fijará en dos años.

Suspendido por dos años como abogado y no-tario.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Municipio de Aguadilla, Demandante y Apelado v. American Railroad Company et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en procedimiento de mandamus.

    No. 2600.
    Resuelto en julio 10, 1922.

      Mandamus — Causa de Acción — Deber Ministerial. — Para- que pueda obligarse al cumplimiento de un deber por medio del auto de mandamus es necesario que el que lo solicita muestre que se trata de un deber resultante de un em-pleo, cargo o función pública, y en ese sentido la solicitud en el presente caso es defectuosa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. M. Acosta Velarde y F. H. Dexter.

    Abogado del apelado: Sr. J. Validejuli.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fue una solicitud presentada por el Municipio de Aguadilla para que se expidiera un auto de mandamios. La solicitud después de mostrar quienes son las partes, alega lo siguiente:

“IV. Que la mencionada American Railroad Company of Porto Rico, como explotadora de las propiedades de la Compañía de los Ferrocarriles de Puerto Rico como cesionaria de la misma, está ex-plotando la mencionada vía ferroviaria desde San Juan a Ponee, pasando por Aguadilla en virtud de una franquicia otorgada a su favor por el Consejo Ejecutivo en 28 de octubre del año 1901.
“V. Que en virtud de una franquicia titulada ‘An Ordmance granting to the Compañía de los Ferrocarriles de Puerto Pico and Us assign, the American Railroad Company of Porto Rico, a revoca-Me permit to construct a branch track mto the town of Aguadilla and to cross and use certain portions of certain puMic highways in and neafl' the town of Aguadilla,’ aprobada en 23 de mayo de 1903r dicha compañía American Railroad Company of Porto Rico cons-truyó un ramal de su vía central desde el punto conocido por barrio Higüey a través de la calle del Progreso, atravesando la calle Be-tances y continuando luego por la calle El Comercio hasta el punto en que en esta calle se halla levantada la estación de dicha compañía en el sitio denominado La Playa.
“VI. Que en virtud de los términos y preceptos de la franquicia últimamente mencionada,' la demandada, American Railroad Company of Porto Rico, está obligada a sostener un tren de pasajeros desde el punto en que comienza el ramal mencionado' hasta la esta-ción de la ciudad en el sitio denominado La Playa para cada tren de pasajeros que llegue a la ciudad de Aguadilla por la vía general de dicha compañía a fin de que los pasajeros cuyo destino es Agua-dilla¿ lleguen hasta la misma ciudad.
“VII. Que dicho ramal que corre por las arriba citadas calles de la ciudad de Aguadilla, hasta el centro de la ciudad, constituye una ruta o vía directa e importante para el pasaje público, para su mejor conformidad y comfort y necesaria para la conveniencia de la comunidad y del público en general y necesaria para la conve-niencia y comodidad del pasaje público.”

Pasa entonces la solicitud a exponer que la demandada American Railroad Company no ha cumplido con el deber así expresado, que no ha corrido los trenes por el ramal des-crito, y que el peticionario carece de otro remedio. La con-testación fué en efecto una excepción previa, de modo que-todos los hechos de la solicitud que han sido bien alegados-pueden tenerse por admitidos. La corte después de una. vista ordenó a la demandada que pusiera al servicio del pn-blico o comunidad de Aguadilla un tren de pasajeros por el ramal en cuestión. ■ En apelación dos errores ban sido aleg’ados, a saber: 1. La corte de distrito erró al dictar sen-tencia contra las demandadas y sostener que ella tenía fa-cultad o jurisdicción para conocer de este -caso. 2. La corte de distrito erró al dictar sentencia contra las demandadas y sostener que la peticionaria carece de un recurso eficaz y adecuado en ley.

Si se examina la solicitud, se verá que las palabras de la ordenanza por las cuales la demandada estaba en el deber de correr un tren por Aguadilla no ban sido transcritas, de modo que carecemos de medios para determinar exactamente cuál era el deber y cómo surgió. La Ley de Mandamus re-quiere que el deber sea resultante de un empleo, cargo o-función pública, pero en este caso, si debemos tomar en cuenta las inferencias, el deber se alega que surge con motivo de una ordenanza, con la cual probablemente estuvo conforme y aceptó la demandada. La petición no expresa quien bizo la ordenanza, pero supongamos que fué el municipio. Pode-mos entonces dudar si el municipio puede por ordenanza im-poner a una compañía de ferrocarriles el deber de funcionar un tren por Aguadilla. Necesariamente parecería ser por virtud de los becbos alegados, un deber que surge por razón de un convenio y no por virtud de un estatuto público. El apelado no nos ha mostrado que la demandante tenía un de-ber que puede hacerse cumplir mediante la Ley de Mandamus. En este sentido el caso de Northern Pacific Railroad v. Dustin, 142 U. S. 498, es probablemente aplicable.

Insiste la apelante en que el peticionario tiene otro re-curso legal y, suponiendo que exista el debido interés en el municipio, creemos que tiene razón la apelante. La Legis-latura de Puerto Rico ba establecido una Comisión de Ser-vicio Público y en la ley que crea la comisión le ba conferido amplios poderes, Ley No. 70 de 1917. Si la compañía está en el deber de correr este tren por Aguadilla dicha comisión puede procurar que se cumpla. Al menos la Legislatura no lia conferido a ningún otro organismo la facultad de liácer que un ferrocarril funcione sus trenes. Puede ser cierto, como sostiene el apelado que la Comisión del Servicio Público no tenga poder para hacer al ferrocarril cumplir sus órde-nes, pero el apelado no nos ha demostrado que podamos ha-cerlo así en este caso.

No vemos que el apelado haya probado un caso que re-quiera la expedición de un auto de mandamus. Por tanto, debe revocarse la sentencia apelada y desestimarse la soli-citud.

Revocada la sentencia apelada y desestimado el mandamus.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.


text:
    Irizarry, Demandante y Apelante, v. Rodríguez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre declaración de interrupción de prescrip-ción.
    No. 2576.
    Resuelto en julio 10, 1922.
    Prescripción — Interrupción be Prescripción. — La ocupación material y pose-sión de una finca por el demandante en una acción para interrumpir ia pres-cripción no puede impedir que en el demandado surja un título adquisitivo por prescripción cuando antes de tal ocupación material ya había corrido el término en favor del demandado.
    Id. — Id.—Habiéndose demostrado que se trataba de dos fincas distintas, la ins-cripción de una de ellas a favor del demandante no podía interrumpir la prescripción de 3a otra a favor del demandado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. A. Vázquez.

    Abogados del apelado: Sres. Benet é Souffront.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una acción establecida primero en la Corte Municipal de San Germán titulada “ Acción sobre declaración de interrupción de prescripción.” Los becbos alegados en la demanda indicaban que el demandado trataba de conver-tir un título posesorio de doce cuerdas en título de dominio y que el demandante adoptó esta forma de acción para im-pedir la conversión del título de dominio. La demanda alega además becbos por los cuales sostuvo el demandante que él babía ocupado la finca en cuestión por un período de tiempo que impediría que corriera el término de prescripción. El demandado alegó en su contestación e incuestionablemente probó en el juicio, un título documental, y por tanto la po-sesión civil de la finca en cuestión desde el año 1882. El de-mandante probó en el juicio un título a una parcela de te-rreno compuesta de 34 cuerdas y él y algunos de sus testi-gos declararon tendentes a acreditar que las 12 cuerdas que reclamaba el demandado formaban parte de las 34. La corte, sin embargo, declaró probado que la finca del demandado no estaba comprendida dentro de las 34 cuerdas, o, en otras pa-labras, que las dos propiedades eran separadas y distintas. Transcribimos la opinión de la corte inferior:

“De la evidencia documental y testifical practicada en la vista del juicio así como de las alegaciones de las partes, la corte consi-dera probados los siguientes becbos:
“Que la finca de doce cuerdas denominada ‘Peñón’ fué poseída a título de dueño desde el año 1882 en que se tramitó un expediente posesorio sobre la misma por don Salvador Rivas, quien la vendió en el año 1916 a don Juan Mari vendiéndola éste a su vez a don José Romero y pasando luego a ser propiedad de don Angel Ro-dríguez.
“Que en el año 1917 el marshal de la Corte Municipal de Sa.n Germán le dió posesión al demandado Angel Rodríguez de dicha finca y que el demandante por medios violentos y a mano armada impidió al encargado del demandado que éste siguiera en la pose-sión de dicha finca.
“Que dicha finca de doce cuerdas denominada ‘Peñón’ no forma parte de la finca de 34 cuerdas, habiendo sido dicha finca de 34 cuer-das inscrita por título de posesión en el año 1896 o sea catorce años despiiés que la de doce cuerdas denominada ‘Peñón,-’ no habiendo tenido nunca el demandante derecho, título ni interés alguno en dicha finca de doce cuerdas, la cual colinda por tres lados con la finca de 34 cuerdas que perteneció a don Pío Ortiz de Peña y la cual alega el demandante que forma parte de dicha finca.
“Que tanto don Salvador Rivas, como don Juan Mari, como don José Romero y don Angel Rodríguez, anteriores dueños de finca de doce cuerdas denominada ‘Peñón’ poseyeron ésta a título de dueños con justo título y sin que su posesión hubiere sido nunca interrum-pida hasta qpe el demandante hizo salir de la misma a la persona encargada por don Angel Rodríguez para administrar dicha finca.
“Don José Romero, don Juan Mari y don Angel Rodríguez, an-teriores dueños de la finca, eran poseedores de buena fe y con justo título; y el derecho del demandado Angel Rodríguez proviene de los citados anteriores dueños y habiendo don Salvador Rivas poseído la finca por título de posesión e inscrito en el registro de la propie-dad desde el año 1882, los posteriores dueños siendo compradores de buena fe, adquirieron un título superior a cualquiera otro que pudiera presentarse por haber quedado convalidado dicho título por la prescripción de dominio. (Artículos 1858 y 1859 del Código Civil. Maldonado v. Ramos et al., 24 D. P. R. 297.)
“Por los fundamentos anteriormente expuestos, la corte llegó a la conclusión de que la ley y los hechos están a favor del demandado y en contra del demandante y en su consecuencia que debe dictarse sentencia declarando sin lugar en todas sus partes la demanda pre-sentada por Francisco Irizarry G-raciani contra dicho Angel Rodrí-guez, con los demás pronunciamientos pertinentes a la resolución de-finitiva de este pleito.”

Expresa el apelante que la corte consideró la acción como si fuera de reivindicación en vez de como una para interrum-pir la prescripción. El demandante declaró tendente a mos-trar que se encontraba en posesión material y física de la finca en cuestión por más de un año y por tanto que el de-recho a obtener un título de dominio estaba interrumpido. La corte inferior, sin embargo, declaró probado, y creemos que mediante uná preponderancia de prueba, que las 34 cuer-das pertenecientes al demandante no incluían las 12 cnerdas propiedad del demandado. Un examen sobre la cuestión de identificación de la finca del demandado fné sumamente pro-cedente, porque si como declaró la corte, el demandado y sus causantes habían poseído las fincas desde el año 1882, la ocu-pación material y posesión de dicha finca por el demandante después de vencer el término legal no podía impedir que sur-giera en el demandado un título adquisitivo. Ya hubiera corrido a favor del demandado.

El demandante también sostuvo que su título a las 34 cuerdas fué inscrito en el año 1896 y por tanto que esto tam-bién sería una interrupción de la prescripción, pero si la finca no era la misma, como declaró probado la corte, la inscrip-ción de las 34 cuerdas en manera alguna podía ser una inte-rrupción de la posesión de otra parcela de terreno. Esta alegación sólo haría más necesario el examen por la corte de si las alegadas 12 cuerdas formaban parte de dichas 34 cuerdas.

No hubo tampoco infracción de los artículos 393 y 394 de la Ley Hipotecaria. Estos artículos permiten la conver-sión en dominio después de un período de veinte años, pero desde el año 1882 cuando los causantes del demandante ad-quirieron por primera vez la posesión hasta, el año 1917 en que el demandante violentamente impidió al representante del demandado que continuara en la finca han transcurrido unos 35 años.

Hemos tenido algunas dudas de si existe tal acción de declaración de interrupción de prescripción. Sin embargo, interpretando liberalmente la demanda, fué una acción ordi-naria para impedir que el demandado obtuviera un título de dominio. El demandado trabó la cuestión litigiosa sobre este punto y la corte resolvió la contienda en favor de dicho de-mandado.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Martínez, Acusado y Apelante.
    Apelación .procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por tentativa para cometer homicidio.
    No. 1783.
    Resuelto en julio 10, 1922.
    Acometimiento — Asesinato—Alegación—Acusación Suficiente. — En una acu-sación que imputa la comisión de un delito no es necesario emplear las pala-bras mismas del estatuto si el lenguaje usado describe claramente el delito; ni es tampoco necesario que en una acusación que imputa una tentativa para cometer asesinato se especifique el grado del asesinato.
    Id. — Id.—Objeción.—Pormulada por primera vez en apelación, o después de ju-ramentado el jurado la objeción de haber sido jurada la acusación por el fiscal y no presentada por un gran jurado, no surtirá efecto si de la acusa-ción aparece que esta última fué presentada por un gran jurado. La obje-ción es de forma y debe ser levantada oportunamente.
    Id. — Id.—Instrucciones al Jurado. — Guando existe prueba de defensa propia el acusado tiene derecho a que se den al jurado instrucciones específicas sobre la defensa propia, sean o no éstas solicitadas expresamente por su abogado.
    Id.' — Id.'—Interrogatorio por el Jurado. — Si bien los jurados tienen derecho a hacer preguntas, no es necesario que la corte les invite a hacerlas, pues es cosa delicada para los abogados el oponerse a las preguntas del jurado. El interrogatorio de testigos debe dejarse a los abogados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. E. López Tizol.

    Ahogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Una acusación que por lo demás no es defectuosa, describe suficientemente un acometimiento para cometer asesi-nato y la cual en vez de usar la palabra ‘ ‘ asesinato ’ ’ expresa que el acusado “con deliberación y premeditación intentó matar.” No es necesario emplear las palabras precisas del estatuto si el lenguaje usado describe el delito. Así lo he-mos resuelto varias veces y recientemente en el caso de El Pueblo v. Avilés, decidido en junio 22, 1922, (pág. 841).

Ni es necesario que una acusación deba expresar si la ten-tativa fué para cometer asesinato en primero o segundo grado, cuestión que discutiremos con mayor extensión al considerar el veredicto.

Levantada por primera vez en apelación o después de juramentado el jurado una objeción de que la acusación apa-rece jurada por el fiscal en vez de ser presentada por un G-ran Jurado no puede servir a un acusado si aparece sufi-cientemente en la acusación que fué presentada por el Gran Jurado. La objeción es una de forma y debe ser levantada debidamente.

Cuando un testigo declara sobre una conversación que oyó entre el acusado y otra persona no es necesario que se llame primero a dicha tercera persona. Las admisiones o confesiones que de otro modo no son excepcionables pueden ser ofrecidas como prueba y no importa a quién ban sido becbas.

No se comete error por negarse a permitir que un testigo declare sobre la reputación de tener un carácter violento el perjudicado a no ser que la prueba se ofrezca en relación con los becbos tendentes a mostrar que la reputación del carácter violento era conocida por el acusado. El Pueblo v. Sutton, 17 D. P. R. 345; El Pueblo v. Lanausse, resuelto en junio 2, 1922, (pág. 732).

En el interrogatorio de repreguntas no es impropio que el fiscal pregunte a un testigo si está declarando de propio conocimiento, o por baber sido informado, con tal que la forma de la pregunta no sea ofensiva. Esta es una cuestión que pertenece a la sana discreción de la corte.

Generalmente las preguntan sobre si un testigo ba estado en la cárcel sólo deben permitirse, ”al formularse objeción, cuando la contestación tienda-, a- mostrar cierta depravación moral en el testigo. Es sumamente dudoso si algunos de los testigos impugnados en las repreguntas eran culpables- de tal depravación moral. El alcance que puede tener el examen de repreguntas en este sentido es cuestión que debe ser con-siderada cuidadosamente por el fiscal en un nuevo juicio.

El punto noveno o alegado séptimo error de la corte es el más importante en este caso. Hubo prueba que no fué re-futada de que el acusado y Amadeo Elias, o sea el perju-dicado, tuvieron una disputa originada por divergencias po-líticas; que sea cual fuera la provocación Amadeo Elias, hombre de más fuerzas, agredió al acusado, le tiró al suelo y allí le pateó. Aunque hubo prueba de que los dos hombres de modo ostensible departían amistosamente y si bien hubo prueba de que el acusado buscó y obtuvo un revólver con la intención de usarlo contra Elias, sin embargo, el acusado y otros testigos declararon tendentes a mostrar que cuando el acusado se acercaba a su casa salió por detrás Elias y dijo: “¿No te has ido a dormir?” o palabras como esas y entonces volvió a tirarse encima del acusado; que el acusado entonces le disparó los tres tiros, de cuyos disparos hay prueba sufi-ciente en los autos; que el acusado declaró que el revólver estuvo en su poder todo el tiempo y que no lo usó en el primer encuentro porque no tuvo oportunidad; que tenía miedo a Elias porque era más fuerte y debido al primer encuentro.

La corte en sus instrucciones manifestó al jurado que- la teoría de la defensa era la defensa propia, siendo dicha teo-ría, en otras palabras, que el acusado fué objeto de suficiente provocación para realizar los hechos que se le imputan en la" acusación. La corte entonces procedió a revisar la prueba de la defensa. En el curso de su análisis la corte dijo al jurado varias veces que si llegaban a la conclusión de que el acusado había actuado en defensa propia debían absolverlo, o palabras a ese efecto. Después la defensa solicitó de la corte que instruyera al jurado sobre la duda razonable a lo que accedió la corte. Entonces el abogado del acusado pidió a la corte que diera una instrucción al jurado sobre defensa propia. La corte al momento dijó, y evidentemente en pre-sencia del jurado, “No puedo d^ir instrucciones al jurado de defensa propia porque no consta de la prueba.” Esto ine-quívocamente fué un error.

Desde luego, como hemos indicado recientemente en el caso de El. Pueblo v. Lanausse, supra; si no existe prueba de de-fensa, propia la corte no está obligada a instruir al jurado sobre la misma. Aquí, sin embargo, hubo fuerte prueba que de ser creída tendía a mostrar defensa propia. El jurado pudo no' haber dado crédito a los testigos de defensa pero la corte no tenía derecho a decipijue no había prueba de de-fensa propia. Casi parece como, si hubiera algún error en los autos particularmente porque la corte ya había dicho al jurado que si ellos creían que el acusado había actuado en defensa propia deberían absolverlo.

Generalmente hemos sostenido que el acusado tiene ■ de-recho a instrucciones específicas sobre defensa propia cuando la prueba tiende a ese fin. A veces- pudiera ser una prác-tica conveniente para los abogados hacer una súplica espe-cífica qué comprenda los hechos, pero sin tal petición un acu-sado tiene derecho a que se den instrucciones en términos generales definiendo cuándo es que surge el derecho a la defensa propia. La situación del acusado hacia el jurado pudo haberse agravado por las observaciones de la corte.

El veredicto del jurado no era nulo y sin valor por razón de su forma. El jurado declaró culpable al acusado del de-lito de tentativa para cometer homicidio. La objeción es que el jurado debió haber expresado si el acusado era culpable de tentativa para cometer “homicidio voluntario” u “homi-cidio involuntario.” Ahora bien, a falta de algo en sentido contrario estamos convencidos de que si bien el asesinato y el homicidio están divididos en grados, la tentativa para co-meter ya asesinato o cualquier otro delito grave (felony) es sola .e indivisible. Es la tentativa para cometer un delito grave en particular lo que la ley castiga ya sea dicho felony en sí divisible en grados o no. El veredicto del jurado hu-biera estado justificado por el artículo 223 del Código Penal, el cual es como sigue:

Artículo 223. — Toda persona que fuere culpable de asalto o agre-sión con intento de cometer algún delito grave (felony), excepción hecha de asesinato, y cuya pena no estuviere prescrita en el anterior artículo, incurrirá en la de presidio por un término máximo de cinco años o de cárcel por el máximo de un año, o multa que no excederá de quinientos dólares, o ambas penas, a discreción del tribunal.”

El hecho de si el delito por el cual fue declarado culpable el acusado estaba comprendido en el delito que se imputa en la acusación es una cuestión acerca de la cual tenemos algunas dudas. La corte debe examinar la cuestión indepen-dientemente de nuestra duda.

Iíubo otros errores alegados en el alegato corrientemente pero sin un señalamiento de errores. Por tanto, no discu-tiremos los errores restantes, ya porque no estuvieran bien fundados, o porque puedan ser fácilmente evitados en un nuevo juicio.

Algunas veces durante el curso del juicio después que un testigo había terminado de declarar la corte preguntaba al jurado si alguno de ellos deseaba hacer alguna pregunta. Esta no es una práctica conveniente. Aunque desde luego un jurado tiene el derecho de interrogar, no es necesario que la corte invite a hacer preguntas pues es una cuestión deli-cada para cualquiera de los abogados oponerse a las pre-guntas del jurado. Generalmente el examen de testigos debe dejarse a los abogados.

Debe revocarse la sentencia y ordenarse la celebración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenado un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    Ex parte Morales, Peticionario y Apelante.
    ApelacióN procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre declaratoria de herederos.
    No. 2669.
    Resuelto en julio 11, 1922.
    Filiación — Reconocimiento en Documento Público — Abogado y Cliente. — Pre-sentada una demanda de filiación a Mimbre de varios supuestos hijos natura-les alegando que los demandantes eran hijos naturales del demandado y que habían sido reconocidos por éste por actos directos que implicaban la pose-sión continua del estado de hijos naturales, el demandado admitió en su con-testación los hechos así alegados enr cuanto a uno de los demandantes. Se resolvió: que tal admisión en una actuación judicial, que es uno de los do-cumentos públicos a que se refiere el artículo 131 del Código Civil Español, interpretado liberalmente, constituye, ’'sin más, un reconocimiento voluntario válido qué, fallecido el padre natural, pone al hijo en condiciones de pedir y obtener una declaratoria de heredero; y que dicha admisión por el abo-gado a nombre de su cliente en una' de las alegaciones de un pleito, obliga al cliente y es prueba concluyente contra él.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: 'Sr. A. Mena.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Joaquín Morales Plores solicitó de la Corte de Distrito de Hnmacao, siendo mayor de, edad, qne se le declarara único y universal heredero de Ednardo Morales Trigo, alegando qne éste falleció sin otorgar testamento y qne sn pariente más inmediato es el peticionario, quien reclama ser hijo natural reconocido de dicho cansante.

La corte inferior, vista la solicitad y la prueba practicada, dictó resolución declarando sin' lugar la petición y contra la misma se ha establecido el presente recnrso.

Se señalan como errores incurridos por la corte inferior, primero, sostener qne la alegación tercera de la. petición que dice: “Qne el pariente más inmediato del señor Morales Trigo es el peticionario qnien es hijo natural reconocido de dicho causante,” constituye una, conclusión legal; y, segundo, no haber sido debidamente 'apreciado el resultado de la prueba.

Invertiremos el orden en el examen de los errores y em-pezaremos por el segundo.

Según la Ley de Procedimientos Legales Especiales, apro-bada en marzo 9, 1904, en relación con el artículo 913 del Código Civil Revisado, enmendado en marzo 9, 1911, el peti-cionario había de justificar, para probar su petición, los si-guientes extremos: primero, el fallecimiento del causante; segundo, su relación de parentesco con el peticionario; ter-cero, que el causante no otorgó testamento; y, cuarto, que dicbo peticionario es su único y universal heredero.

El segundo extremo es el único que exige un examen dete-nido de nuestra parte. Para probar dicbo extremo, que po-demos llamar cardinal en este caso, o sea, la relación de pa-rentesco del peticionario con el causante, se presentó como prueba documental una certificación de nacimiento de Joa-quín de la Cruz Plores, de la que resulta baber nacido en mayo 20 de 1890, como bijo natural de María Plores; los autos del pleito civil No. 1512, archivado en la. corte inferior, seguido por María Plores, como representante legal de sus menores hijos Joaquín de la Cruz, María, Eduardo, Francisco y José Cipriano Plores, contra Eduardo Morales Trigo, y dos cartas dirigidas por éste a Joaquín Morales Plores, lla-mándose en las mismas padre de este último.

El pleito indicado sobre filiación se inició mediante la correspondiente demanda y en la contestación que se presentó a nombre del demandado Eduardo Morales Trigo se admi-tieron como ciertos los hechos alegados en cuanto a Joaquín de la Cruz Plores y negándose en cuanto a los demás nom-brados en dicha demanda. No llegó a dictarse sentencia en el pleito por haber desistido de su acción la demandante.

¿Es suficiente la prueba practicada para declarar here-dero abintestato al hijo natural reconocido dentro del proce-dimiento ex parte por él iniciado o está obligado el hijo a entablar previamente un pleito a los efectos de fijar su status, como sostiene el tribunal sentenciador?

En el caso de Puente et al. v. Puente et al., 16 D. P. R. 582, 586, esta corte dijo:

“Los trámites de la Ley sobre Procedimientos Legales Especiales a que hemos hecho referencia, no son los apropiados para la obten-ción de una sentencia declarando a una persona hijo natural reco-nocido de otra. Ha sido la práctica constante que cuando el padre omite o niega el reconocimiento, el hijo debe acudir al tribunal com-petente ejercitando la acción de filiación para obtener que el tribunal declare en una sentencia lo que omitió o se negó 'a declarar el padre de una manera solemne. Tal procedimiento es por su natu-raleza contencioso y en él son partes además del hijo,- el padre o sus herederos y causahabientes.
“Sólo cuando el hijo natural ha sido reconocido voluntaria y solemnemente por el padre o ha obtenido una sentencia reconocién-dosele como tal, es que puede acudir a la Ley de Procedimientos Legales Especiales para obtener su declaratoria de herederos en los casos de herencia intestada. Los trámites de dicha ley son breves, sus términos cortos y su propósito' es declarar quiénes son todos los herederos dé determinada persona que ha muerto sin otorgar testa-mento, cuando la personalidad de tales herederos se prueba de ma-nera incontrovertible; y si bien es posible que se presenten recla-maciones opuestas, éstas se réfieren generalmente al mejor derecho, de los reclamantes o a cuestiones meramente de ley.”

La prueba practicada demuestra que cuando María Plores inició el pleito contra Eduardo Morales Trigo en solicitud del reconocimiento de sus cinco hijos, ninguno de ellos cons-taba reconocido en forma auténtica y fehaciente. Pero de-muestra también la prueba que cuando el alegado padre se vio demandado, por su propia voluntad admitió en su con-testación que Joaquín de la Cruz, el aquí peticionario, fué procreado por el demandado en sus relaciones con la deman-dante y que lo había reconocido como hijo suyo por actos directos que implicaban la _ posesión continua del estado de hijo natural, y la negó en cuanto a los cuatro restantes, y esto nos lleva a decidir cuál pueda ser el valor de los autos del dicho pleito.

Se sostiene por el peticionario que la admisión que hizo el causante en dicho pleito reconociéndole como su hijo natural es un reconocimiento solemne que reúne todos los requi-sitos que exige la ley aplicable al caso. Y preguntamos, ¿cuál sería esa ley aplicable? En este particular esta corte tiene resuelto en constante y repetida jurisprudencia que la filia-ción y reconocimiento de los hijos naturales deben regularse por la legislación vigente en la época en que nacieran y fue-ran concebidos, y bajo la cual tuvieran lugar los hechos que se supongan determinantes de su reconocimiento. El peti-cionario, según se alega, nació el 20 de mayo de 1890 y por este hecho su caso queda bajo la acción del Código Civil Es-pañol, el cual dispone en su artículo 131 lo siguiente:

• “El reconocimiento de un hijo natural deberá hacerse en el acta de nacimiento, en testamento o en otro documento público.”

La disposición inserta parece clara. El reconocimiento de un hijo natural reviste el carácter de la especialidad y debe ser expreso y justificarse por pruebas taxativas y determi-nadas. Es el reconocimiento voluntario que la ley misma dice cómo debe hacerse y no es el forzoso para el cual tam-bién la ley determina los requisitos que deben llenarse (ar-tículo 135 del mismo código) exigiendo recurrir al medio for-zoso de una acción de filiación. .Pero no estamos en este caso. Se trata de un reconocimiento voluntario y debemos resolver ahora si los autos presentados como evidencia constituyen la prueba especial y determinada que fija el artículo 131 supra, o en otros términos, si los referidos autos pueden calificarse dentro de las palabras “documentos públicos.”

“No cabe hablar aquí de ejecutorias puesto que se trata de reco-nocimientos hechos voluntariamente. Por documentos públicos de-bemos entender los que como tales se consideran a los efectos de la prueba en el artículo 596 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, por tanto, entre ellos los que puedan tener aplicación a la materia.” Manresa, tomo 1ro., pág. 567, Comentarios al Código Civil Español.

T en el artículo 596 del Código de Enjuiciamiento Civil Español podemos leer:

“Bajo la denominación de documentos públicos y solemnes se comprenden: * '* * 7o. Las ejecutorias y las actuaciones judi-ciales de toda especie.”

En el comentario a este artículo el mismo tratadista dice -que la palabra ejecutoria se emplea, no en su acepción de sentencia firme, sino en la de documento público y solemne en que se consigna dicba sentencia; y que en las páginas 497 y siguientes del tomo primero, Comentarios a la Ley de En-juiciamiento Civil Español, él ha expuesto lo que se entiende por actuaciones judiciales, y las formalidades con que han de estar autorizadas para que sean válidas y eficaces; y en la página y tomo citados se expresa así:

“Las palabras actuación, diligencia y trámite, especialmente las dos primeras, suelen confundirse en el lenguaje forense, no obstante que cada una de ellas tiene su significación propia y sirve para expresar un acto o cosa diferente dentro de los procedimientos judiciales.
“Por actuación se entiende toda providencia, notificación, dili-gencia o acto de cualquiera especie que se consigna en un procedi-miento judicial con autorización de escribano, o del funcionario a quien la ley confiere esta facultad; y de aquí el que se dé el nombre de actuaciones al conjunto de todas las partes que constituyen un procedimiento judicial. Según esta definición, concreta a su etimo-logía, la actuación judicial abraza toda gestión hecha en un proce-dimiento con referencia a las personas que intervienen en el juicio; al paso que la diligencia denota un acto que tiene por objeto la eje-cución y cumplimiento de un mandato judicial, referente a la cosa misma; y trámite significa el orden sucesivo de las actuaciones y diligencias que deben practicarse eU la sustanciación de los juicios y de todo expediente.
“Es evidente,, pues, y estas definiciones así lo demuestran, que las diligencias son actuaciones; pero no todas las actuaciones son diligencias 'puesto que también son actuaciones judiciales las provi-dencias, notificaciones, declaraciones y cuanto se consigna en los autos, y forma el conjunto de las partes de que éstos se componen, inclusos los escritos de los litigantes después de presentados y uni-dos a los autos '* * '*

Se hace fácil entender qne bajo la denominación de es-critos de los litigantes se ban de comprender las alegaciones de las partes,- tales como demandas, contestaciones, mociones, etc., o sea, equivalentes a las nuevas denominaciones que se emplean en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil para de-signar las mismas actuaciones.

Los artículos 44, 45 y 49 de la Ley de Evidencia en Pro-cedimientos Civiles, aprobada en marzo 9, 1905, dicen:

“Art. 44. — Los documentos son de dos clases: 1, Públicos; y 2, Privados.
“Art. 45. — Son documentos públicos: Los que se determinan en el artículo 1184 del Código Civil.
“Art. 49. — Los documentos públicos se dividen en cuatro clases:
“1. Leyes.
“2. Protocolos judiciales.
“3. Otros documentos oficiales.
“4. Archivos públicos de documentos públicos privados, llevados en Puerto Rico.”

El mismo tratadista Manresa, al comentar el artículo 1216 del Código Civil Español, del cual está tomado literalmente el artículo 1184 citado en la disposición arriba inserta de la Ley de Evidencia, se vuelve a referir al artículo 596 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, y declara de una ma-nera terminante que las actuaciones judiciales son documen-tos públicos, esto es, una de las clases de documentos a que se refiere y que define el artículo 131 del Código Civil Es-pañol.

“La expresada definición, que indica el aspecto formal externo a que en este punto ha de atenderse, ofrece la necesaria amplitud para que en ella estén comprendidos todos los documentos públicos, y no ofrezca duda que desde luego lo están los que, distinguiendo la fe pública en notarial, gubernativa y judicial, enumera la Ley de Enjuiciamiento en su artículo 596, concordante de éste * * *
“Por último, ninguna dificultad ni duda ofrece que son docu-mentos públicos, para el código, tanto las partidas o certificaciones de nacimiento, de matrimonio y de defunción, dadas con arreglo a los libros, por los párrocos o por los que tengan a su cargo el registro civil, a cuyos documentos se refiere en otras repetidas ocasiones el código, y también las ejecutorias y las actuaciones judiciales de toda especie, puesto que en ellas hay la autorización dada por los encar-gados de la fe pública judicial. ’ ’ Manresa, tomo 8, págs. 433 y 434. .

Ha quedado demostrado sin duda alguna que .las actua-ciones judiciales constituyen un documento público tal como lo exige el repetido artículo 131 del Código Civil Español aplicable al presente caso. Añora-, la única cuestión que que-daría por resolver y que debemos examinar, es si una admi-sión como la que se hizo por el abogado del causante puede; producir los mismos efectos legales que si hubiera sido ñecñai por el mismo causante. Nos inclinamos a la afirmativa.

“Una contestación bajo nuestro estatuto no es una prueba para el demandado, pero una admisión en la contestación de un hecho alegado en-la demanda es evidencia conclusiva contra él.” Estee’s, tomo 2, pág. 567.
“Cuando una parte en una acción hace admisiones solemnes contra su propio interés por medio de una alegación, dichas admisiones serán consideradas como hechos admitidos, y no se le oirá para poner en duda la corrección de los mismos en ningún estado del caso en la corte sentenciadora, o en apelación, cuando han sido debidamente incluidos en una transcripción o en la preparación del caso mientras forman parte de los autos * # *.” Jones on Evidence, vol. 2, pág. 514.
“Se puede establecer como principio general que no toda admi-sión de un abogado es evidencia o produce efecto legal contra su cliente. Ppr ejemplo, las manifestaciones hechas por un abogado fuera de la corte no son admisiones contra su cliente, aún cuando tales manifestaciones tengan relación con la materia en controversia. Pero durante el curso del pleito los abogados se subrogan en la persona de sus clientes y puedan ejecutar los mismos actos que tales clientes puedan ejecutar en persona.” Jones on Evidence, vol. 2, págs. 455 y 457.
“La regla general es que las admisiones hechas por un abogadoen una acción no son admisibles en otra acción distinta entre las mismas partes. Pero cuando se hace una admisión categórica y sin restricción alguna en una causa pendiente, ya mediante estipulación por escrito del abogado o como cuestión de prueba en la vista, puede ser usada en un juicio • subsiguiente y no puede ser retractada., a menos que sea con permiso de la corte mediante la debida justifica-ción de error, imposición o sorpresa.” Jones on Evidence, vol. 2, págs. 459 y 460.

El principio que liemos enunciado de que las admisiones de un abogado obligan a su cliente en determinadas condi-ciones, está admitido por nuestras leyes y en parte definido por la jurisprudencia que tiene ya establecida este tribunal.

La ley determinando reglas para el ejercicio de la pro-fesión de abogado en Puerto Pico, aprobada en marzo 8, 1906, ..dispone en su sección novena lo siguiente:

‘"Sección 9. — Todo abogado, en tanto que no se le haya notificado por Süs clientes la revocación de su representación, tendrá derecho para obligar al que lo haya elegido como tal en todas las gestiones que judicialmente practique en nombre de dicho cliente y que cons-ten- en las minutas de la corte ante la que tales gestiones se verifi-quen, pero no de otra suerte.”
"La presunción de que un abogado está autorizado para repre-sentar a una persona, no puede ser negada fácilmente, y sus actos son susceptibles de fácil ratificación. Es un principio en favor de todo el foro. Esta presunción descansa sobre la base del procedi-miento de la corte, pues de otro modo a cada paso tendría que de-tenerse e interrogar a los abogados en cuanto a su representación.” Aparicio Hermanos v. H. C. Christianson & Co., 25 D. P. R. 2.

En consecuencia a todo lo expuesto, diremos que no de-bemos perder de vista que estamos discurriendo .sobre un reconocimiento voluntario y no forzoso. Este último señala también las regulaciones que deben existir para poder poner al hijo natural en condiciones de acudir al medio a fortiori de una acción de filiación. Para el reconocimiento voluntario que consideramos en este caso ex parte sobre declaratoria de herederos y en donde la ley misma señala las regulaciones especiales de la prueba para tales casos, no queda otro medio hábil sino admitir la letra de la ley que no por ser antigua en sus preceptos es menos liberal en su alcance, .y por tanto, en armonía con el espíritu liberal de interpretación que le hemos dado. No creemos que estuviéramos autorizados para darle una interpretación restrictiva al artículo 131 citado al referirse que uña de las formas del reconocimiento voluntario es la que se hiciera en documento público. Si nos fuera per-mitido hacer tal restricción teníamos que concluir ineludible y necesariamente que sólo el reconocimiento voluntario podía verificarse de tres modos: por la partida de bautismo, por testamento o por escritura pública. De otra manera, ¿en qué documento público, fuera de los señalados, podría admitirse el reconocimiento de acuerdo con el artículo 131? O redu-ciendo los términos de la discusión, ¿cuándo podría existir el ejemplo de un reconocimiento voluntario que no fuera he-cho sino en escritura pública para que se le calificase de do-cumento público? No podríamos entonces salir del círculo de la Ley Notarial, y esto no está en armonía con la letra ni con el espíritu del artículo 131 del Código Civil Español, y es porque no fué la intención del legislador emplear las palabras “documentos públicos” en sentido específico o res-trictivo, sino en un sentido general o genérico. Hubiera bas-tado de otro modo que dicho artículo hubiera usado las pa-labras “documentos notariales” o “escritura pública”. Pero ha sido lo contrario el alcance que se le ha dado deliberada-mente a las palabras “documentos públicos”, y en las mis-mas se han de comprender no solamente los instrumentos que otorga el notario, sino que también han de comprender todo documento auténtico, cuya autenticidad es lo que le da el carácter de público y solemne.

Los medios de prueba de que se ha de valer un litigante en el reconocimiento forzoso son precisamente porque care-cen de esa autenticidad que les imprime la fe notarial o la fe de cualquier otro funcionario o por la ausencia de los requisitos que la ley clasifica de solemnes y auténticos.

Manresa fia señalado esas diferencias así:

“Los autores, fundados en lo que dispone la ley Ia., tít. 18, Par-tida 3a. antes citada,- dividen los documentos en publico, auténticos y privados. Se dice publico el documento cuando ba sido otorgado con las solemnidades correspondientes ante escribano público o no-tario, autorizado para dar fe del acto: a estos documentos se les llama también escrituras públicas. Auténtico, cuando es expedido o librado por corporación o persona constituida en autoridad o dig-nidad, o por cualquier otro funcionario público con referencia al ejercicio de sus funciones ’* * Manresa, Ley de Enjuicia-miento Civil, tomo 3, págs. 221 y 222.

El otro error que señala el apelante es fiafier sostenido la corte inferior que la alegación tercera de la petición que dice: “Que el pariente más inmediato del señor Morales Trigo es el peticionario quien es fiijo natural reconocido de dicfio causante/’ constituye una conclusión legal.

Creemos que la corte inferior tuvo razón al considerar dicha alegación como una conclusión legal. El caso de Sán-chez, Ex parte, 28 D. P. ít. 139, que cita la corte inferior, es de aplicación. Defien alegarse en la solicitud los hechos de los cuales surja el derecho del peticionario. Y si fiien la prueba trató de cubrir todos los extremos necesarios, pudo ser más clara y robusta en cuanto al hecho de que el peti-cionario es el único heredero.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la sentencia recurrida y devolverse el caso a la corte de distrito de su' origen para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

Rerocada la resolución apelada y devuelto él caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Ríos et al., Demandantes y Apelantes, v. Menéndez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre nulidad de escritura.
    No. 2515.
    Resuelto en julio 11, 1922.
    Nulidad de Venta para Pago de Contribuciones — Comprador Incapacitado— Causa de Acción. — Cuando se pide la nulidad de una venta por contribucio-nes bajo el fundamento de que el comprador carecía de capacidad para ad-quirir por ser un heredero del dueño (Fernández ei al. v. Olvoencia et al., 19 D. P. R. 329) si la demanda no alega que la adquisición tuvo lugar des-pués del fallecimiento del causante, no aduce hechos suficientes.
    Los hechos están expresados 'en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. M. Guzmán Texidor.

    Abogado de los apelados: Sr. B. Fernández García.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se alega en la demanda de este caso que Francisco Ríos murió dejando como únicos herederos a sus hijos legítimos los demandantes, al demandado Eustaquio Ríos y a otro hijo que falleció con posterioridad a su causanté sin dejar des-cendientes, siendo sus herederos sus otros hermanos por ha-ber fallecido también la madre de los demandantes y del de-mandado Eustaquio Ríos; que Francisco Ríos era dueño de cierta finca que se describe; que en mayo de 1905 el sub-Colector de Rentas de Cidra embargó dicha finca como de la propiedad de Francisco Ríos para responder del pago de con-tribuciones; que vendida en subasta pública se adjudicó al postor Eustaquio Ríos, heredero forzoso de Francisco Ríos; que como consecuencia de dicha venta a Eustaquio Ríos éste la inscribió a su nombre en el registro de la propiedad, siendo la inscripción primera, en virtud de escritura que le fué otor-gada por el Registrador de la Propiedad de G-uayama en 1907; que Eustaquio Ríos vendió la totalidad de la finca al demandado Onofre Menéndez a cuyo nombre ha sido inscrita en el registro de la propiedad; que la adjudicación hecha a Eustaquio Eíos en la subasta es nula por estar incapacitado para adquirir directa o indirectamente los bienes de su cau-sante en subasta por falta del pago de las contribuciones im-puestas a la propiedad; que a Eustaquio Eíos nunca le fué transmitida la propiedad de dicha finca sino la propiedad que en ella tenía por derecho hereditario y que el pago del dinero que hizo en la subasta equivale al pago de las con-tribuciones adeudadas; que Eustaquio Eíos no pudo trans-mitir al demandado Onofre Menéndez la propiedad de dicha finca sino la participación que en ella le correspondía y que Onofre Menéndez tenía conocimiento de que la venta hecha a Eustaquio Eíos era nula por aparecer así claramente del registro de la propiedad; que Menéndez detenta ilegalmente los condominios de los demandantes y se niega a reconocér-selos; que la finca tiene un valor de cinco mil pesos y que Eustaquio Eíos figura como demandado por no haber que-rido unirse a los demandantes. Por esas alegaciones pidie-ron a la corte dictase sentencia con los siguientes pronun-ciamientos: (a) que los demandantes son dueños de cuatro quintas partes de la finca rústica que en la demanda se describe; (b) que el demandado Onofre Menéndez debe reco-nocer y entregar dichos condominios a los demandantes y que debe pagar las costas.

El demandado Eustaquio Eíos no ha comparecido en este pleito pero sí lo hizo Onofre Menéndez quien alegó como ex-cepción previa que la demanda no contiene hechos suficientes determinantes de causa de acción, y habiendo sido desesti-mada por la corte contestó entonces la demanda y celebrado juicio recayó sentencia declarando sin lugar la demanda contra la cual los demandantes han interpuesto este recurso de apelación.

Como se formuló contra la demanda la excepción previa general de que no aduce hechos determinantes de causa de acción y fué desestimada, esta es la primera cuestión que debemos considerar en esta apelación.

El fundamento de la demanda es que según hemos decla-rado en el caso de Fernández v. Olivencia, 19 D. P. R. 329, Eustaquio Píos no está capacitado como heredero de Francisco Píos para comprar en subasta para el pago de contri-buciones la finca de su causante y que el pago que hizo en la subasta no es otra cosa que el pago de las contribuciones que como tal heredero adeudaba; pero esta causa de nulidad no surge de la demanda porque si bien se dice en ella que Francisco Píos falleció, no se hace constar la fecha de su muerte ni que fuera anterior a la subasta de la finca por el colector, hecho que es necesario alegar para poder llegar a la conclusión de que cuando Eustaquio Píos compró la finca era ya heredero de Francisco Ríos, con mayor motivo en este caso cuanto que en la demanda se consigna que la finca fué embargada y vendida como de la ’propiedad de Francisco Píos.

Siendo insuficiente por este motivo la demanda para de-terminar la causa de acción ejercitada en ella, debió ser de-clarada sin lugar y por- este motivo debe confirmarse la sen-tencia que declaró sin lugar la demanda.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso. •