text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Dr. I. Rodríguez Alberty, acusado y apelante.
    No. 3148.

    Sometido: Junio 22, 1927.

      Resuelto: Mayo 21, 1929.

      Víctor P. Martínez, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Ley No. 15 de 1921 autorizando la creación de una junta de farmacia, determinando la validez de ciertos diplomas y para otros fines dispone en su sección 17 lo si-guiente: “Ningún farmacéutico podrá teniendo el título de médico ejercer simultáneamente ambas profesiones dentro de una misma localidad.”

Por infracción de ese precepto legal fué denunciado y condenado el apelante, Dr. I. Rodríguez Alberty, habiéndo-sele imputado en julio de 1926 que desde junio de 1926 y en una calle del pueblo de San Sebastián de esta Isla, teniendo los títulos de médico y de farmacéutico, ejerce ambas pro-fesiones simultáneamente en esa localidad, sirviendo de re-gente en la farmacia propiedad de I. Rodríguez Alberty & Co. en la cual también tiene establecido su consultorio como médico, con anuncio al público, para bacer prescripciones facultativas.

Los cuatro primeros motivos alegados por el apelante para que revoquemos la sentencia recurrida pueden ser con-siderados conjuntamente pues se fundan en haber sido de-sestimada la excepción previa opuesta a la denuncia, por ser inconstitucional la sección 17, sufra, por habérsele dado efecto retroactivo a ese precepto y por haber sido recha-zada la doctrina jurídica de que nadie puede ir contra sus propios actos.

Hemos hecho mención de lo substancial de la denuncia y de ella nada aparece que pueda servir de base para ale-gar y decidir que se le ha dado efecto retroactivo a la ley por cuya infracción fué denunciado el apelante, ni tampoco contiene hecho alguno del cual pueda deducirse que se ha infringido el precepto de que nadie puede ir contra sus pro-pios actos, por lo que solamente consideraremos si la sec-ción cuya infracción se denuncia es anticonstitucional o no, o sea, si es válida la prohibición de que los farmacéuticos que tengan título de médico puedan ejercer ambas profesio-nes simultáneamente en una misma localidad.

Las razones expuestas por el apelante para sostener que la ley por cuya infracción ha sido condenado es anticonstitucional son: que está en pugna con la Constitución de los Estados Unidos de América y con nuestra carta orgánica en la parte de su artículo 2 que dice: “No se pondrá en vigor en Puerto Eico ninguna ley que privare a ninguna persona de la vida, libertad o propiedad, sin el debido procedimiento de ley, o que negare a una persona de dicha isla la igual protección de la ley.”

No puede haber duda de que el derecho a ejercer cual-quier profesión es uno de los privilegios garantizados por la Constitución de los Estados Unidos, y también por nues-tra carta orgánica en el particular citado de su artículo 2, pero la ley que estamos considerando no priva al apelante del'” ejercicio de sus profesiones de médico y de farmacéu-tico sino que las regula disponiendo que en una misma lo-calidad no pueden ser ejercidas simultáneamente. Por tanto, la cuestión a decidir es si la legislatura, de acuerdo con el poder de reglamentación que tiene todo Estado, {■police power), pudo reglamentar el ejercicio de esas profe-siones en la forma que lo hizo sin lesionar los derechos del apelante.

En el caso de El Pueblo v. Correa, 31 D.P.R. 545, ci-tado por el apelante, hicimos referencia a lo que se dice en G R.C.L. 217 respecto a que el derecho de reglamentación es una excepción a la regla general de que toda persona tiene el derecho de dedicarse a cualquier profesión legal, de-pendiendo aquél de la necesidad razonable de su ejercicio en proteger la salud, la moral o el bienestar general del Estado. Por consiguiente, lo que hay que tener en cuenta tai este asunto al considerar esa ley es si dicha reglamen-tación es irrazonable ya que como dijimos también en el caso citado supra, citando el caso de Bonnett v. Vallier, 17 L.R.A. (N. S.) 486, no hay ninguna prueba específica por la cual pueda medirse con precisión lo que es razonable en un caso determinado por ser una cuestión que descansa en el criterio humano, de modo que la línea que existe entre lo razonable y lo que no lo es, que marca el límite de la auto-ridad constitucional de la legislatura, a menudo es difícil precisarla por lo que se hace necesario en todos los casos dudosos que el poder judicial descanse en la sabiduría de la legislatura, a menos que claramente haya pasado su lí-mite, en cuyo caso es el deber de la corte rechazar la usur-pación y sostener la Constitución. También en 6 R.C-L. 221 se dice que puesto que todos los derechos están sujetos a la reglamentación del Estado, cuando es necesario la legisla-tura puede prohibir absolutamente el ejercicio de cualquier negocio, si la seguridad o la moral pública requiere que no continúe, y que a la legislatura no se le puede impedir que disponga la supresión por perjuicios incidentales que los in-dividuos o las corporaciones puedan sufrir.

Como consecuencia de todo lo expuesto diremos que si la reglamentación de la legislatura no es claramente irrazona-ble no intervendremos con sn poder de reglamentación, como no lo liaremos en este caso en el qne no solamente no se nos ha demostrado qne el precepto qne comentamos de la ley no sea razonable sino también porqne nos parece qne ha sido dictado en beneficio de la comunidad y de la moral pues puede pensarse qne una persona qne ejerce la farmacia y la medicina al- mismo tiempo en una localidad puede hacer como médico muchas recetas para sus clientes, quizás algu-nas innecesarias, para aumentar los ingresos de su botica, causando más gastos a sus pacientes. Si a esto agregamos que la misma ley dispone en su sección 16 que los farmacéu-ticos tendrán que atender personalmente a su botica puede verse que quizás fué ésta también una de las razones que tuvo la legislatura para la prohibición de que tratamos pues ejerciendo la medicina y la profesión de farmacia a un tiempo tiene que desatender a la botica o a los pacientes que re-quirieran sus servicios fuera de ella. Por todo lo expuesto no podemos declarar que el precepto por cuya infracción fué condenado el apelante sea contrario a la Constitución ni a nuestra carta orgánica.

También alega el apelante. como quinto motivo de su recurso que hubo error al dar por probada la denuncia, pero la lectura'de la prueba presentada en la corte inferior nos convence de que no existe ese alegado error pues el testigo Francisco E. Arana declaró que el propio acusado le manifestó que era el regente de la farmacia y vió que en la botica estaba un consultorio médico del acusado, teniendo en él su título de médico y en la botica el de farmacéutico: y el testigo Court, encargado del Registro Civil de San Sebastián,' recibió del acusado varias certificaciones de defunción firmadas por él como médico, y dijo que estaba ejerciendo la medicina. También María Teresa Cortés declaró que el acusado le hizo una receta. Además, existe la prueba corroborante de haber aceptado el apelante en el juicio que en ocasiones anteriores había ejercido sus dos profesionesai mismo tiempo.

Se alega asimismo que fué error el haber sido admitida en el juicio una receta, por no haber sido identificada previamente. Esa receta no se transcribe en la exposición del caso y pliego de excepciones aprobada por la corte y por tanto no podemos saber su contenido, pero aunque hubiera error en su admisión no sería perjudicial porque la testigo Cortés declaró que el acusado le -recetó.

El último motivo de error se funda en haber sido desestimada por la corte una moción para que reconsiderara su sentencia.

Aparece del pliego de excepciones que el día 5 de noviem-bre de 1926 señalado por la corte de distrito para dictar sentencia en este caso la defensa del acusado solicitó por moción escrita que la sentencia fuese reconsiderada y se dic-tara otra absolutoria bajo el fundamento de que habiéndose visto el juicio de novo el 2 de octubre de ese año, se conce-dió el término de cinco días para presentar alegato, dentro del cual lo presentó el acusado, quedando el caso sometido el 8 de octubre y que habiéndose dictado la sentencia el 5 de noviembre lo hizo la corte sin jurisdicción por haber transcurrido con exceso los dos días que señala la ley; mo-ción que fué negada por la corte.

Según la sentencia dictada el 5 de noviembre de 1926 el juicio de novo en apelación tuvo lugar el 2 de octubre anterior, en cuyo día el acusado adujo contra la denuncia las excepciones previas que hemos resuelto al principio, que la corte de distrito no decidió entonces dichas excepciones, ha-biéndolas declarado sin lugar el mismo día que dictó sñ sentencia. No consta que el acusado se opusiera a que la resolución de las excepciones previas quedase pendiente hasta después de practicarse la prueba, ni que en forma al-guna se opusiera a que el 5 de noviembre fuese el día seña-lado para dictar sentencia. En vista de esos hechos y toda vez que las excepciones previas tenían que ser resueltas antes de dictarse sentencia, entendemos que el término para fallar fijado por la ley no empezó a correr hasta el 5 de no-viembre en que fneron resueltas dichas excepciones, y como en ese día fné dictada la sentencia, no hay base para resolver si fné infringido el No. 5 del artículo 29 del Código de .Enjuiciamiento Criminal preceptivo de que en los juicios en apelación la corte de distrito dictará fallo dentro de los dos días siguientes al juicio. Además, en el caso de El Pueblo v. Cardona, 36 D.P.R. 621, bastante- análogo al presente, he-laos dicho lo siguiente:

“De modo que aparece que la corte inferior actuó dentro de la regla de que el período estatutorio prescrito para dictar sentencia puede ser prorrogado por virtud de una orden dictada en presencia de las partes y consignada en las minutas, — admitiendo, para los line's de la argumentación, pero sin que lo resolvamos, que la dis-posición en cuestión deba ser considerada como imperativa más bien que directiva cuando se trata de la resolución de casos criminales por una corte de distrito de'spués de un juicio de novo procedente en apelación de una corte municipal.”

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe Aldkey,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Saturnino Torres, acusado y apelante.
    No. 3197.

    Sometido: Noviembre 16, 1927.

      Resuelto: Mayo 21, 1929.

      González F ay undo & González Jr., abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

' Saturnino Torres fué acusado y condenado por delito subsiguiente, de acuerdo con el artículo 56, inciso Io del Có-digo Penal porque el 28 de diciembre de 1922, en el Distrito Judicial de Humacao dió muerte ilegal en un arrebato de cólera al ser Rumano Donata Díaz, conocida por Donata Fontánez, disparándole un tiro de revólver; habiendo sido convicto en 17 de mayo de 1917 del delito de asesinato en segundo grado y condenado a reclusión perpetua, cuya sen-tencia le. fué conmutada por el Gobernador de esta Isla a veinte y cinco años de presidio el 18 de junio de 1921, no ha-biendo sido dicha sentencia revocada, anulada ni declarada sin lugar.

Alega el apelante en el primer motivo de su recurso que el veredicto, que rindió el jurado en cuanto a su defensa de haber estado expuesto por el mismo delito es contrario a •los hechos y a la ley.

En 1924 el apelante fué acusado por un gran jurado del delito de asesinato por haber dado muerte ilegal a Donata Díaz y habiendo sido convicto y condenado por ese delito interpuso recurso de apelación para ante este Tribunal Supremo. En 26 de mayo de 1926 lo resolvimos revocando la sentencia apelada y absolviendo al acusado por los motivos consignados en la opinión que con tal motivo fué escrita (34 D.P.E. 300). De ella aparece que a pesar de las obje-ciones hechas por el acusado en ese juicio fué admitida prueba tendente a demostrar que la interfecta era Donata Fontánez; que al terminar el juicio, la corte permitió al fiscal que hiciera una enmienda a la acusación por virtud de la cual después de las palabras “Donata Díaz” se insertaron las palabras “conocida por Donata Fontánez”: y que no bubo prueba tendente a demostrar que la interfecta fuera conocida alternativamente como se alegaba. En vista de esos hechos declaramos entonces que la enmienda hecha por el fiscal era de fondo, que no debió ser permitida y que hubo un fracaso en la prueba pues no se demostró que el acusado hubiera sido agente en el acto de dar muerte a Donata Díaz.

En vista de los hechos expuestos la única cuestión a resolver en este caso es si habiendo sido revocada la senten-cia anterior a instancia y por recurso del acusado puede éste alegar ahora que estuvo expuesto a sufrir condena por aquella acusación y que por eso no puede ser juzgado nue-vamente por la muerte de Donata Díaz, conocida por Donata Fontánez.

Es regla bien establecida por un gran número de deci-siones que se citan en 16 C. J. 262, párrafo 437, entre las que figura la de la Corte Suprema de los Estados Uni-dos en el caso de Murphy v. Massachusetts, 177 U. S. 155, que un acusado está impedido de alegar una convicción anterior • cuando ella ha sido revocada en recurso por él esta-blecido. En el caso de Murphy, supra, dijo la Corte Su-prema lo siguiente: “Al establecer su primer recurso el apelante en error voluntariamente aceptó el resultado, y está bien establecido que una persona convicta no puede por su propio acto hacer desvanecer el peligro (jeopardy) en que se encuentra y luego alegarlo como obstáculo al acusársele de nuevo.” “. . . es muy claro que un acusado que soli-cita que se deje sin efecto una acusación contra él, puede ser juzgado de nuevo mediante la misma acusación o por una nueva, por el mismo delito de que fué convicto.”

El caso de People v. Oreileus, 79 Cal. 178, es bastante análogo al presente, pues habiendo sido acusado Oreileus del delito de acometimiento y agresión con arma mortífera en la persona de Fernida Lnnier, en el juicio resultó que el agredido se llamaba Trinidad Sánchez, sin que fuera cono-cido o llamado con el nombre de Fernida Lunier, y el ju-rado, a petición del acusado, lo absolvió por la diferencia entre la acusación y la prueba. Fué acusado nuevamente de haber cometido ese delito en la persona de Trinidad Sán-chez y habiendo sido declarado culpable apeló sosteniendo su alegación de haber estado antes en peligro de ser conde-nado por el mismo delito, pero fundándose la corte en el artículo 1021 del Código Penal, igual al 167 de nuestro Có-digo de Enjuiciamiento Criminal, rechazó esa alegación y confirmó esa sentencia. Ambos artículos, en lo necesario dicen así: “Si el acusado hubiere sido anteriormente absuelto por existir divergencia entre la acusación y la prueba . . . esto no constituirá absolución del mismo.”

Y en el caso de People v. McNeally, 17 Cal. 333, se de-claró que cuando un acusado es absuelto porque existe dife-rencia entre la acusación y la prueba, siendo la diferencia de tal naturaleza que legalmente es imposible una condena, él no ha estado expuesto (jeopardy) de acuerdo con la Cons-titución y no puede alegar su anterior absolución como im-pedimento para una segunda acusación.

En el caso que entonces decidimos el acusado fué conde-nado por haber matado a Donata Fontánez, y por eso fué revocada la sentencia dictada contra él, por lo que no puede alegar con éxito que antes fué expuesto por haber matado a Donata Díaz.

El segundo motivo del recurso se funda en que al terminar el fiscal su prueba la corte debió absolver perentoriamente al apelante por no haber presentado prueba el fiscal de las alegaciones de su acusación en que se dice que la sentencia de reclusión perpetua dictada en 1917 contra el apelante no ha sido revocada, anulada ni declarada sin lugar y que el día 18 de junio de 1921 fué conmutada por el Gobernador de Puerto Eico a la de 25 años de presidio.

Habiendo probado el fiscal la condena anterior no tenía necesidad de probar también lo qne babía alegado sobre los extremos antes dichos, pnes debe presumirse esa sentencia en toda su fuerza y vigor mientras no se pruebe lo contra-rio y por tanto era el acusado quien debía probar lo con-trario por ser materia de defensa para él. 16 C. J. 1343; State v. Rowan, 146 Pac. 374; Fall v. Commonwealth, 110 S. W. 425; State v. Findling, 144 N. W. 142.

En el tercer motivo se alega que hubo error en las instrucciones dadas por la corte al jurado porque omitió definir y explicar el delito por el cual se acusaba al apelante.

Creemos que la instrucción dada por la corte al jurado en ese particular es suficiente, pues les dijo lo que sigue:

“Estamos en presencia de nn caso por infracción al artículo 59,. inciso 1° del Código Penal, contra este acusado que responde al nom-bre de Saturnino Torres.
“Este delito, señores del Jurado, es un delito subsiguiente. Se-gún la ley, toda persona que realiza un delito y vuelve a cometer otro, esta reincidencia, esta repetición en el delincuente, es casti-gada en nuestro Código como un ca'so especial. El delito que nos ocupa es un delito( subsiguiente de homicidio, y por homicidio se entiende dar muerte ilegal a.un ser humano sin que medie malicia, y es de dos clases, voluntario e involuntario, 'siendo el primero, que es el que nos interesa en estos momentos, cuando la muerte tiene lugar con motivo de una súbita pendencia o de un arrebato de. cólera.
“Y 'se acusa a Saturnino Torres, porque con anterioridad a la presentación de la acusación, o sea, allá por el día 28 de diciembre de 1922, y en el Distrito de Humaeao, o sea en la Municipalidad; de Humaeao, que forma parte del Distrito Judicial de Huma-eao, P. R., le dió muerte ilegal, con ocasión de un arrebato de có-lera, ' disparándole un tiro de revólver, al ’ser humano Donata Díaz, conocida también por Donata Fontánez. Y alega además la acusa-ción, que.el acusado-Saturnino Torres fué convicto por el Jurado de Humaeao, el día 17 de mayo de 1917, de un delito de asesinato en segundo grado, y fué sentenciado por dicha convicción, por la. Corte de Distrito de Humaeao, el día 21 de mayo de 1917, a la pena de reclusión perpetua, ’sentencia que le fué conmutada por el Gobernador de Puerto Rico a 25 años de presidio, el día 18 de
Vol. 39 —39 junio de 1921, no, habiendo sido dieba sentencia revocada, ni anu-lada ni declarada sin lugar.”

Por último dice el apelante que el veredicto es contrario a la prueba presentada.

Declaramos lo contrario, pues aparece de ella que el ape-lante era entonces un prófugo del presidio, que fué visto va-rias veces por el sitio donde vivía Donata Díaz, que era su mujer, y que la noche en que ocurrió la muerte de que se acusa al apelante éste fué visto entre ocho y nueve de la noche en la casa de Donata Díaz por Eosendo Algarín, quien vivía inmediato a ella y vió cuando el acusado cargó un re-vólver con dos balas y disparó un tiro en la cabeza de Do-nata Díaz, la que según varios testigos era conocida también por Donata Fontánez, la que cayó al suelo y después de es-tirarla en el piso y poner el revólver cerca de ella se mar-chó de la casa. El revólver fué encontrado cerca de la mano derecha de ella, teniendo dos cápsulas nuevas puestas, de las que sólo una estaba disparada y teniendo Donata una he-rida de bala en la sien izquierda que le produjo la muerte. Esta declaración fué creída por el jurado, en lo que no ve-mos que cometiera error alguno. ■

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Wolf,

text:
    Encarnación Jorge, demandante y apelante, v. A. Alvarez Hnos., Cándido, Claudio, Ramón Martínez Reyes, Ramón G. Cintrón, y Francisco Ramos, demandados y apelados.
    No. 4382.

    Resuelto: Mayo 22, 1929.

      D libón & Oehoteco, abogados del apelante; F. Soto Gras y B. Días Collazo, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Según vemos, las secciones 5241 y 5242 de la Compila-ción de los Estatutos Revisados impiden, para los fines de este caso, la enajenación de bienes enbargados, no importa quién tenga la custodia de los mismos. Un deudor que ad-quiere bienes mediante la prestación de fianza, está obli-gado a respetar la ley. Sin embargo,, un acreedor no está obligado por este precepto y puede embargar cualesquiera bienes que se bailen en manos de su deudor. Ésta no es la enajenación a que se refiere la ley. Por tanto, estuvimos substaneialmente acertados al decir que la propiedad pasó a poder de Cándido Claudio para todos los fines, aunque, desde luego, sólo teníamos en mente el derecho de los acree-dores. Las otras- cuestiones' levantadas están suficiente-mente tratadas en la opinión original, (pag. 374 ante).


author: El J uez Asociado Señor Wole, El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    Zoilo Lassalle, demandante y apelado, v. Manuel Valencia, Estela y Tomás Jordán Miranda, (el último Márshal de la Corte de Distrito de Arecibo), demandados y apelantes.
    No. 4472.

    Sometido: Mayo 24, 1928.

      Resuelto: Mayo 22, 1929.

      F. M. Susoni Jr., abogado de los apelantes; A. Reyes Delgado, abo-gado del apelado.
   El J uez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un recurso de injunction instituido con el propósito de proteger el derecho de homestead sobre una finca adquirida por un acreedor hipotecario, que fué vendida por virtud del procedimiento sumario de la Ley Hipoteca-ria. Distinto al caso de Cueto v. Corte de Distrito de San Juan, 37 D.P.R. 244, el aquí reclamante del derecho de homestead alegó y probó que estaba a punto de ser desahuciado de la casa en que vivía, sin que antes se le pagara el importe de su supuesto derecho de homestead o gravamen, a saber, la suma de $500. La Corte de Distrito de Arecibo dictó sen-tencia a favor del demandante. El demandado-apelante alega varios errores.

Esta corte, a excepción del Juez Asociado Sr. de Aldrey, está de acuerdo con el apelado en que generalmente si un deudor está a punto de ser lanzado de su casa, sin habérsele pagado el derecho de homestead, procede el recurso de injunction. Leyes de 1906, p. 86, pár. 3; Spelling sobre Injunctions, 2a. edición 195, pár. 196; Speyrer v. Miller, 61 L.R.A. 781; Fink v. O’Neil, 106 U. S. 272; Cueto v. Corte de Distrito, supra. Sin embargo, decidiendo o asu-miendo que procede tal recurso, la corte en pleno es de opi-nión que el derecho de homestead alegado por el apelado no existía o no puede ser reclamado.

La escritura original de hipoteca requería que el deudor hipotecario hiciera ciertas mejoras en, su casa y solar. Ssta era una condición esencial de la hipoteca. El importe total del dinero obtenido mediante la hipoteca fué dedicado a otros fines, admitiéndose que fué entregado a un hijo del deudor hipotecario. Es lógico suponer que si se hacen mejoras, la propiedad en general aumenta en valor. Tal vez en este caso, las mejoras hubiesen ¡sido suficientes para responder del derecho de homestead, al ejecutarse la finca.

El apelado sostiene que la Ley de Homestead al excep-tuar de sus disposiciones las mejoras, es aplicable solamente cuando las mejoras son en realidad efectuadas. La ley dice así:

“Que todo jefe de familia, que tenga familia, tendrá derecho a una finca de homestead, hasta el valor de quinientos dollars ($500) en una estancia, plantación o predio de terreno y en los edificios contenidos en el mismo, que le pertenezca o que posea legalmente, en virtud de arrendamiento o en otra' forma, y estuviere ocupado por él o ella como su residencia: y dicho homestead y todo derecho o título sobre el mismo estará exento de embargo, sentencia, exac-ción o ejecución, excepción hecha de las contribuciones que adeu-dare, el valor de la venta (compra) de dicha propiedad o la. res-ponsabilidad incurrida por mejoras que 'se hicieren en la misma, y excepción hecha también de lo que más adelante se establece; . . . Ley de Homestead, sec. 1, Compilación de 1911, see. 1000, p. 230.

El apelado hace hincapié en el uso de las palabras en el texto inglés “liability for the improvements placed thereon.”

Este es un pleito de injunction. Existe la máxima — véase 21 O. J. 180, que “ Todo aquel que comparece ante una corte de equidad debe hacerlo con manos limpias.” La supuesta persona con derecho al homestead, al dedicar a otros fines el dinero obtenido con la hipoteca, no tenía las manos limpias. El permitir que subsista la interpretación del estatuto dada por ella, sería sancionar un fraude que la máxima trata de evitar.

Probablemente sea de más aplicación esta otra máxima que dice así: “La equidad considera como hecho lo que de-bió haberse hecho.” 21 O. J. 200. Si se examina el texto se verá que en varios casos, página 202 et seq., aun en ena-jenaciones defectuosas y en la creación de gravámenes y car-gas que no podrían ser sostenidos en derecho, la equidad ha prestado su ayuda. El derecho de homestead participa de la naturaleza de un gravamen sobre la propiedad. El acree-dor adquirente pudo haber invocado estos principios en cual-quier litigio, aun si el apelado mismo no hubiese invocado la jurisdicción de equidad.

Hemos discutido el segundo señalamiento de error y como resuelve el caso, es innecesario considerar los demás.

La sentencia debe ser revocada y declararse sin lugar la demanda.

El Juez Asociado Sr. Aldrey está conforme con la sen-tencia.

EN BECONSJGDERACLON, JULIO 23, 1929

El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El derecho de hogar seguro es estatutorio y sus términos deben ser seguidos. Cuando la persona con derecho a reclamar el hogar seguro transfiere éste fraudulentamente, ello no ayudará a sus acreedores, porque tal persona está actuando dentro de sus derechos de propiedad, según se ex-presa en 13 R.C.L. 659, citado por el demandante. Sucede lo contrario cuando el derecho de hogar seguro no surge como resultado de los propios términos del estatuto sobre hogar seguro. El demandante no nos convence de que las palabras relativas a “mejoras” fueron puestas para beneficio de personas que suministran materiales, conforme se dice el 13 E.C.L. 607. No vemos razón alguna para alterar nues-tra decisión en sus puntos principales.

El demandante ha hecho surgir una duda en nuestras mentes cuando manifiesta que las mejoras en ningrin caso hubiesen alcanzado la suma de $500 y que por tanto la persona que podía reclamar el hogar seguro hubiera tenido derecho a la diferencia. Sin embargo, cuando el demandante no viene a la corte con manos limpias, y ha cometido un fraude en su hipoteca, no importa los otros derechos que pueda tener, no creemos que una corte de equidad deba ejercer su discreción para prestarle ayuda mediante un injunction para recobrar la diferencia.

Debe declararse sin lugar la moción.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Banco Industrial de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 767.

    Sometido: Mayo 13, 1929.

      Resuelto: Mayo 22, 1929.

      E. Campos del Toro y A. 8. Romero, abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal'.

En pleito seguido en la Corte de Distrito de San Juan por el Banco Masónico, cuyo nombre fué cambiado después por el de Banco Industrial de Puerto Rico, contra Antonio Ben-venuti, Quintín Hernández y otras dos personas más en cobro de una obligación solidaria suscrita por ellos y vencida, fué re-gistrada por el secretario de dicha corte sentencia condena-toria contra todos los demandados, para cuyo cumplimiento el Marshal de la Corte de Distrito de Mayagüez por orden de la de San Juan embargó y vendió en subasta pública el condominio que Antonio Benvenuti tenía en una finca y un crédito hipotecario del mismo, adjudicando dichos bienes al Banco Industrial' de Puerto Rico a quien otorgó la corres-pondiente escritura de compraventa que el Registrador de la Propiedad de San Germán se negó a inscribir porque no constando de los documentos que le han sido presentados que el demandado Quintín Hernández fuese notificado, citado y emplazado, por lo que la corte no adquirió jurisdicción so-bre él, el secretario registró sentencia contra todos los de-mandados, por lo que entiende que no es válida la venta hecha por el márshal. También consignó la existencia de dos defectos subsanables a los cuales se allana el Banco Industrial de Puerto Rico en su recurso gubernativo contra la negativa de inscripción.

Según el artículo lili del Código Civil el acreedor puede dirigir su acción contra cualquiera de los deudores solidarlos o contra todos ellos simultáneamente. En este caso fué dirigida contra todos los deudores solidarios pero como la eje-cución que ha producido la venta que se trata de inscribir ha sido hecha en bienes de Antonio Benvenuti, no resulta inválida porque Quintín Hernández no haya sido notificado, citado y emplazado de la demanda; pues si la sentencia no es válida en cuanto a Quintín Hernández, es válida con res-pecto a Antonio Benvenuti, ya que el Código de Enjuicia-miento Civil dispone en su artículo 96 que en acciones contra dos o más demandados responsables solidaria y manco-munadamente, si la citación se hiciere a uno o más de aqué-llos pero no a todos, el demandante puede proceder contra los demandados citados, tal como si fuesen los únicos deman-dados.

La resolución del registrador debe ser revocada en la parte en que ha sido recitrrida y ordenarse la inscripción con los defectos subsanadles que contiene.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Dolores Cordero Carrete, demandante y apelada, v. Juan Lastra Charriez y El Municipio de Caguas, demandados y apelante el primero.
    No. 3782.

    Sometido: Noviembre 16, 1927.

      Resuelto: Mayo 24, 1929.

      Luis Llorens Torres j Alfonso Lastra Chames, abogados del ape-lante; Gonzales Pagando & González Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación ha sido interpuesta por el demandado contra sentencia que lo condenó a tapiar ciertas ventanas eon vistas rectas a la casa de la apelada, a destruir un bal-cón y a quitar un voladizo y un tubo de desagüe; y para que la revoquemos señala el apelante tres motivos de error de la corte inferior, siendo el primero por haber declarado sin lugar la excepción previa aducida contra la demanda que fundó en no aducir hechos determinantes de causa de acción porque en esa alegación no se consigna la distancia a que se encuentra la casa del apelante de la que pertenece a la apelada, lo que estima necesario de acuerdo con el artículo 589 del Código Civil preceptivo de que no se pueden abrir ventanas con vistas rectas ni balcones ni otros voladizos se-mejantes sobre la finca del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construya y dicha pro-piedad.

No existe tal defecto en la demanda porque en ella se alega que el demandado ha construido su casa de dos plantas en la misma línea de la colindancia de su solar con la finca de la demandante, y, por tanto, sin haber dejado dos metros sin fabricar entre su casa y el solar de la demandante. No es la distancia entre los edificios la que exige dicha ley sino dos metros entre la pared en que se construyan los huecos y la colindancia de la propiedad contigua, pues el objeto es evitar la inspección de la finca del colindante a menos de los dos metros fijados por el código.

Es el segundo motivo del recurso por haber sido declarada con lugar la demanda.

Eesulta de la prueba que a principio del año 1924 cons-truyó el demandado-apelante un edificio de dos plantas, ha-biendo levantado la pared contigua con la finca de la ape-lada en la misma línea divisoria de los solares de ambas partes, teniendo dicha pared varias ventanas, un balcón, un voladizo y un tubo de desagüe: que siendo la madre de la demandante dueña de ía finca colindante, que es ahora de la apelada, en la qué existe una casa, suscribió a favor del ape-lante el documento privado que dice así: “Por la presente concedo permiso al Dr. Juan Lastra Ohárriez para poder obtener luz y aire en sn propiedad, por la parte oeste de mi propiedad y este del Sr. Lastra y en la cual existe nn callejón de tres metros aproximadamente de anclio. Por lo que libro la presente, en Cagnas, a 26 de febrero, 1924. Elisa C. Yda. de Cordero. Dr. J. Lastra Charriez”: que para obtener ese permiso el apelante, según él declaró, dijo a la dueña entonces que la Sanidad le exigía un permiso escrito de ella concediéndole que pudiera abrir ventanas pues de otro modo no lo dejaban fabricar, y que entonces ella voluntariamente ordenó a su bija que fuese a la maquinilla e hiciese el escrito, que firmó: que en septiembre de 1924 la demandante compró la casa a su madre y su adquisición fué inscrita en el registro de la propiedad, del que no apa-rece gravada con servidumbre alguna a favor de la propie-dad del apelante: que el demandado y su testigo Justo Casablanca declararon que el expresado permiso fué escrito en maquinilla por la demandante, pero la madre de ella y otra bija llamada Carmen manifestaron en el juicio en sus decla-raciones que no fué la demandante Dolores Cordero Carrete la que escribió tal permiso en maquinilla, porque no sabe escribir en maquinilla y porque en esa fecba estaba pasando una temporada fuera de la casa, sino que fué la bija Carmen, que es taquígrafa, la que lo escribió.

Desde luego que el apelante no tiene derecho a que su propiedad tenga luces y vistas sobre la de la apelada a dis-tancia menor de dos metros de la línea divisoria entre am-bas, a menos que baya adquirido ese derecho por prescrip-ción de veinte años, que no se alega ni existe en este caso, o por título, por ser continuas y aparentes las que son ob-jeto de este pleito. Por consiguiente, veamos si existe un título constitutivo de tales servidumbres a favor del ape-lante y en contra de la apelada.

El título de servidumbre es el acto jurídico que las crea, o sea el contrato por el cual se constituye la servidumbre, que como todo contrato necesita reunir los tres requisitos de consentimiento, objeto y causa de obligar. Sentado esto, veamos si falta alguno de esos requisitos en el permiso en que funda su defensa el apelante.

Basta la lectura del documento en que se alega fueron constituidas las servidumbres para ver que en él no se ex-presa causa para que la dueña entonces de la casa que es ahora de la apelada obligara y sometiera su finca al dere-cho real de servidumbre a favor de la finca del apelante; y si bien el artículo 1244 del Código Civil dispone que aunque la causa no se exprese en el contrato se presume que existe y es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario, pre-sunción juris tcmtum que también establece el artículo 102, No. 38, de la Ley de Evidencia, entendemos que de la de-claración prestada por el apelante en el juicio resulta que para la obligación constante en el documento que comenta-rios no existió precio, remuneración o compensación para la dueña entonces de la finca que había de soportar la servi-dumbre a favor de la propiedad del apelante, pues dijo el apelante que al manifestar a la madre de la demandante que la Sanidad no le dejaba fabricar si no tenía permiso de ella concediéndole que pudiera abrir ventanas, ella volunta-riamente, lo que puede entenderse como sin compensación, consintió en otorgar el permiso. Si a ello se agrega que en ese documento no se concede el derecho de luces y vistas al apelante a perpetuidad ni por tiempo determinado por lo que es un mero permiso revocable a voluntad de quien lo otorgó ¡y de quien le sucedió en el dominio de la cosa, se-gún hemos declarado en el caso de Torres v. Plazuela, 24 D.P.R. 479, donde resolvimos lo siguiente: “Cuando no ha habido causa legal o consideración para la existencia de una servidumbre de paso, ni el dueño del predio sirviente ha ob-tenido beneficio alguno, aun cuando haya prestado su con-sentimiento para ello, tal consentimiento no significa qué haya renunciado para siempre su completo dominio.” Esa doctrina fué ratificada en el caso de Colón v. Plazuela Sugar Co., 31 D.P.R. 314, cuyo syllabus dice: “Un mero permiso verbal otorgado por el dueño de una finca a los representan-tes de una central azucarera para que ésta tienda sobre las tierras de la finca las vías de un ferrocarril privado desti-nado a la conducción de cañas dulces, sin que mediara pre-cio, ni se fijara tiempo, ni se establecieran condiciones, no es bastante para concluir que quedó constituida a favor de 3a central una servidumbre permanente de vía sobre la finca en cuestión.” Igual regla ba sido aplicada en el caso de Almodóvar v. Russell & Co., 34 D.P.R. 94. El caso de Gaztambide v. Guánica Centrale, 26 D.P.R. 795, que el apelante cita en apoyo de su recurso no es de aplicación al presente caso porque en él bubo compensación a cambio del permiso concedido para la servidumbre, mientras que en el caso pre-sente no bay compensación o remuneración y por consi-guiente no tiene causa de obligar.

Aun en el supuesto de que ese documento tuviera. causa de obligar y fuese constitutivo de título de servidumbre, no podría perjudicar a la apelada porque ni está inscrito en el Eegistro de la Propiedad, si es que podía inscribirse ya que consta en documento privado, ni se ba probado' preponderantemente que la actual dueña compró conociendo la existencia de tal servidumbre.

El último motivo de error es por no baber sido declarada con lugar la reconvención del demandado, fundada en que el establecimiento de este pleito le ba causado gastos y perjuicios por viajes, empleo de abogado y ausencia de su oficina; pero ese alegado error no fué argumentado por el apelante, limitándose a decir que su reconvención fué probada con su declaración; pero puesto que la corte inferior declaró que él no tenía derecho a la servidumbre que estaba utilizando, no tiene tampoco derecho a cobrar tales gastos y perjuicios.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con la sentencia. El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro, JUEZ ASOCIADO SR. WOLJP,_

text:
    The Topeka Flour Mills Co., Inc., demandante y apelada, v. Sociedad Industrial “La Constancia, Inc.,” demandada y apelante.
    No. 4312.

    Sometido: Abril 10, 1928.

      Resuelto: Mayo 24, 1929.

      López de Tord & Zayas Bizarro, abogados de la apelante; Besosa & Besosa, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre cumplimiento de nn contrato de compraventa de trescientos sacos de harina de trigo. La de-mandante, The Topeka Flonr Mills Co., es nna corporación debidamente organizada en el estado de Kansas, y la deman-dada, Sociedad Industrial “La Constancia, Inc.,” es otra corporación organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, residente en Ponce.

“The Topeka” alega en sn demanda que el 12 de agosto de 1920 celebró nn contrato con “La Constancia” por virtud del cual le vendió cien sacos de harina “Gold Bell” a $13.80 el saco, cien sacos de harina “La Verdad” a $13.40 el saco y cien sacos de harina marca “Lusitania” a $13.25 el saco, “entendiéndose que dicha harina sería embarcada del mo-lino de la vendedora inmediatamente, y que los precios se-rían pagados mediante giros a treinta días vista.” Estos hechos fueron aceptados por la demandada en su contest ación.

Siguió alegando la demandante que ella había cumplido todas y cada una de las condiciones del mencionado contrato y que “La Constancia” se había negado sin causa alguna jus-tificada a recibir la harina, habiéndose negado de igual modo a pagar el precio convenido ascendente a $4,045.

En su contestación “La Constancia” negó que la deman-dante hubiera cumplido las condiciones y obligaciones del contrato, afirmando por el contrario que dejó de cumplirlas. Aceptó que se había negado a recibir la harina y a pagar el precio, pero negó que hubiera actuado sin justa causa, afirmando que estuvo justificada en su negativa toda vez que la demandante no cumplió con las condiciones del contrato.

Así quedó trabada la contienda. La demanda se inter-puso en 1921. La vista se celebró en 1926. La sentencia apelada se dictó en 1927. La vista del recurso de apelación tuvo lugar en 1928 y no es hasta el 1929 que este tribunal resuelve el caso. Todo ha sido tardío en este asunto.

Aunque como hemos visto la contienda quedó trabada en la forma general de falta de cumplimiento de las condicio-nes del contrato imputada por la demandante a la deman-dada y por ésta a aquélla, en el juicio se circunscribió a la tardanza en la entrega de la harina. La Corte de Distrito analizó la prueba y concluyó que no existió tal tardanza y en todo caso que la demandada no se colocó en situación de hacerla valer y dictó sentencia condenándola a pagar a la demandante la suma reclamada con intereses y costas, que-dando a su disposición la cantidad de $386.25 depositada como producto líquido de la venta judicial de la harina me-ses después de iniciado el pleito.

No conforme “La Constancia” apeló para ante esta Corte Suprema señalando en su alegato la comisión de diez y siete errores la mayor parte de los cuales no son contra la sen-tencia sino contra la opinión del juez sentenciador y en los cuales se repiten las mismas cuestiones varias veces.

Ya hemos dicho que el contrato se celebró el 12 de agosto de 1920 para entrega inmediata del molino. Sobre esto no hay contienda. Tampoco la hay sobre el hecho de que la harina fue entregada por el molino el 10 de septiembre de 1920 y llegó a Ponce el 31 de octubre siguiente.

La fecha de la llegada a Ponce no es importante porque de acuerdo con las condiciones escritas al dorso del contrato que firmó la demandada y a los cuales se le llamó expresa-mente la atención antes de firmarlo, la demandante no era responsable por las dilaciones debidas a los ferrocarriles y vapores.

La verdadera cuestión a considerar y resolver consistió en si al entregar la harina en su molino el 10 de septiem-bre de 1920, la demandante cumplió con su contrato de en-trega inmediata.

La Corte de Distrito estimó que habiéndose ultimado el contrato en Puerto Eico el 12 de agosto, atendidas las sali-das de vapores y correos era razonable concluir que el con-trato no llegó a manos de The Topeka hasta fines de agosto o principios de septiembre de 1920, pudiendo estimarse así que la demandante sólo tardó unos diez días en entregar la harina, lo que constituía un tiempo razonable para cumplir con la condición de entrega inmediata consignada en el con-trato.

Nada dice el contrato escrito con respecto a si la orden en él contenida debía trasmitirse por carta o por cable, pero la parte demandada demostró por una factura remitídale por la propia demandante que el contrato se había registrado en los libros de la corporación demandante, en Kansas, ei 13 de agosto de 1920, y por medio de prueba testifical que es la costumbre comunicar esta clase de contratos por cable.

Si el contrato se registró en Kansas el 13 de agosto, tuvo necesariamente que comunicarse por cable. En su ale-gato la parte apelada admite que esto es así, pero alega que a tal entrada no puede darse otro alcance que el del mero registro del contrato en general y no en todos sus particu-lares.

A nuestro juicio la Corte de Distrito erró al fijar como el verdadero punto de partida los últimos días de agosto o los primeros de septiembre. La demandante tenía en Puerto Rico sus agentes debidamente reconocidos, J. Ortega y Co., de San Juan, P. R. El contrato se celebró entre J. M. Ro-vira, de Ponce, representando a J. Ortega y Co. y “La Cons-tancia” y fue confirmado el 12 de agosto por J. Ortega y Co., así:

‘ ‘ Como representantes de la Topeka Flour Mills Co. de Topeka, Kansas, tenemos el gusto de confirmar a ustedes el siguiente pe-dido ...”

El documento contenía esta cláusula:

“El pedido se embarcará, salvo causa de fuerzá mayor o que no dependa de la voluntad de los vendedores, en la siguiente forma: del molino, inmediato.”

Desde el día de la confirmación del contrato, 12 de agosto,, comenzó a regir la cláusula de entrega inmediata, trasmi-tida por cable por el agente al principal y recibida por-éste el 13 de agosto. Decimos trasmitida por cable porque no es razonable concluir que la comunicación por cable que dio origen a la entrada del pedido en los libros de la deman-dada, omitiera una condición tan esencial. No fueron, pues, diez días los que tuvo la demandante sino veintiocho para cumplir con la condición de entrega inmediata y sobre ese período de veintiocho días es que debe basarse la interpre-tación judicial.

En el caso de G. H. Hammond Co. v. Diego Agueros y Co., 30 D.P.R. 610, se estudia una cuestión semejante y des-pués de citar la ley y la jurisprudencia se fija el alcance de las palabras “lo más pronto posible” usadas en un con-trato, llegándose a la siguiente conclusión:

“En el presente caso en que las partes Rabian estado negociando durante años y sufrido demoras de 20 días en los embarques de efectos vendidos a la demandada el primer embarque de una orden para entregar ‘lo más pronto posible’ se hizo después de 28 días de firmado el contrato. Se resolvió: que la demora de 8 días más sobre demoras toleradas en otras ocasiones no es irrazonable, a menos que alguna condición peculiar se acredite por la cual se haga necesario para el comprador tener antes la mercancía.”

En el presente caso no hubo negociaciones previas, la que se hizo constituía la primera transacción entre las partes y ya hemos dicho que no estamos considerando la fecha del embarque o la de la llegada de los artículos, sino la de la entrega por el molino de los géneros vendidos.

El término “inmediato” como se consigna en el contrato " o “inmediatamente” como se alega en la propia demanda, es más vigoroso y definido que la frase “lo más pronto po-sible” interpretada en el caso de Hammond, supra.

Ruling Case Law, trata extensamente la cuestión, y de él tomamos lo que sigue :

“De igual manera, se ha resuelto que una demora de ocho días no constituye el cumplimiento de un contrato que especifica embarque inmediato.’ Por otra parte, se ha resuelto que, bajo las circunstan-cias existentes, una tardanza de treinta días no implica como cues-tión de derecho que se dejara de hacer el embarque ‘inmediatamente,’ y una conclusión del jurado de que a pesar de tal demora se cum-plió el requisito de embarque inmediato, ha sido sostenida.” 23 R.C.L. 1371.

La primera conclusión se funda en el caso de Woods v. Miller, 55 Iowa 168, 39 Am. Rep. 170. De la opinión trans-cribimos el siguiente párrafo:

“Cuando un contrato ha de ser cumplido dentro de un tiempo razonable, es propio considerar, al determinar lo que constituye tiempo razonable, las circunstancias que rodean su cumplimiento. Goodall v. Streeter, 16 N.H. 97. Pero el contrato en este caso debía ser cum-plido inmediatamente. Ahora bien, si el hecho fué que las patatas no habían sido recogidas, quedaba por hacer algo importante antes de que los demandantes pudieran emprender el trabajo de embar-carlas. Se necesitaban ocho días para recoger las patatas. El con-trato no fué cumplido de acuerdo con sus términos y es imposible que los demandantes recobren a menos que puedan demostrar que se renunciara el cumplimiento estricto del contrato.”

La segunda se basa en el caso de Claus Shear Company v. Lee Hardware House, 140 N. Car. 552, 6 Ann. Cas. 243. El razonamiento de la corte es como sigue:

“El demandado sostiene que el contrato oral especificaba la en-trega de la mercancía inmediatamente, y que la prueba tendió a de-mostrar una demora de por lo menos treinta días entre el recibo de la orden y el embarque, lo que según el demandado constituye una demora irrazonable, y que el juez erró al dejar que el jurado deter-minara la cuestión de ‘tiempo razonable. ’ Ha habido numerosos casos que determinan el significado de los términos ‘inmediatamente’ y ‘sin dilación,’ etc., tal como se usan en contratos, y se ha resuelto que esos términos deben ser interpretados liberalmente. Tales tér-minos jamás significan la absoluta exclusión de cualquier intervención de tiempo sino que sólo quieren decir que no mediará un lapso de tiempo irrazonable antes de cumplirse el contrato. 21 Am. and Eng. Encye. of Law (1st ed.) 535, nota 1. Cuando un convenio exige el pago inmediato de dinero la parte tiene derecho a un tiempo razo-nable para obtenerlo. Toms v. Wilson, 4 B. & S. 455, 116 E.C.L. 455.
C í * * * * & *
“Empero, el tiempo puede ser tan corto o tan largo que la corte lo declarara razonable o irrazonable como cuestión de ley. Si la cuestión de tiempo razonable es una de hecho ó de ley debe, ‘a causa de la naturaleza misma de las cosas,’ depender de las circunstancias de cada caso en particular, toda vez que los asuntos de negocios son tan calidoscópicos en su naturaleza que rara vez, si ello puede suce-der, dos transacciones son exactamente iguales.
“Si, por los hechos admitidos, la corte puede llegar a la conclu-sión respecto a si el tiempo es razonable o irrazonable aplicando un principio legal o una regla de derecho, entonces la cuestión es una de derecho. Pero si pueden derivarse inferencias distintas, o las circunstancias son numerosas y complicadas, y son tales que no puede aplicárseles una regla legal definida, entonces el asunto debe serle sometido al jurado. Sólo cuando no hay controversia respecto a los hechos y no pueden derivarse razonablemente distintas inferen-cias de ellos es que la cuestión puede llegar a ser una de derecho. Colt v. Owens, 90 N. Y. 368; Hedges v. Hudson River R. Co., 49 N. Y. 223; Pinney v. First Div. St. Paul, etc., R. Co., 19 Minn. 251.
“Esta cuestión surge frecuentemente con motivo de contratos de venta y entrega de mercaderías cuando no se fija una fecha para la entrega. Tal fue el caso en Ellis v. Thompson, supra. En el caso de Cocker v. Franklin Hemp., etc. Mfg. Co., 3 Sumn. (U. S.) 532, el Juez de Circuito Sr. Story sometió la cuestión de tiempo razonable al jurado y al hacerlo así el erudito magistrado se refirió con apro-bación a la regla sentada por Baron Alderson en Ellis v. Thompson. Después de manifestar que lo que constituía tiempo razonable para la entrega de carbón en Londres era una cuestión a ser resuelta por el jurado a falta de una fecha específica en el contrato, aquel eminente juez inglés dice: ‘Paréceme que el modo correcto de deter-minar lo que es tiempo razonable en un caso como éste es colocar a la corte y al jurado en la misma situación en que se hallaban las partes contratantes al tiempo de hacer el contrato, esto es, trayendo-ai jurado todas aquellas circunstancias que ambas partes conocían al tiempo que se hizo el contrato y bajo las cuales se efectuó el con-venio. ’ ”

Aunque se establezca, pues, la condición de entrega inme-diata, debe entenderse- que el vendedor tiene un término ra-zonable para la entrega, pero la razonable extensión en ese-caso no puede ser la misma que cuando no se establece la condición. Si un vendedor no tiene listos para su entrega los artículos que ofrece en venta, no debe comprometerse a una entrega inmediata.

La parte demandada trató de demostrar por medio de- “ The Hules Regulating Flour Trade among members of the-New York Produce Exchange” y de prueba de testigos, lo que en las prácticas del comercio en el continente y en la isla se entiende por entrega inmediata, pero la parte deman-dante se opuso y la Corte sostuvo su oposición. Sin embargo, después de ocurrido esto, declarando el testigo Clau-clino Santiago, comerciante comisionista, aparece del récord lo que sigue:

“P.- — ¿Los pedidos usted los hace para revenderlos? — R.—No. Son de acuerdo con ofertas que les tomamos a las casas comerciales.— P. — ¿No son harinas para su consumo? — R.—No, señor. Son harinás para vender a las casas comerciales y panaderías. — P.—¿Se dirige el cable habiendo una estipulación o una conformidad en relación a la harina, el precio, la cantidad, fecha de embarque, etc.? — R.—Sí, se--ñor. — P.—¿Y habiendo la conformidad de la casa principal, qué se hace — R.—Se hace el contrato. — P.—¿Y se embarca en la fecha dicha? — R.—En la fecha dicha. — P.—¿Y cuando no se estipulaba la fecha del embarque, cuándo debían Teñir esas harinas? — R.—Si no se relaciona, si no se estipula dentro del contrato la fecha del embarque? No vendemos en esas condiciones; nadie compra así; los comerciantes son muy esquivos; no compran sino para embarcar en fechas deter-minadas; es el comprador quien las fija; pronto embarque o embar-que inmediato. Ellos no aceptan en otras condiciones, porque sería entonces para embarcar cuando el molino quisiera. Existía otra cierta forma de embarque: lo más pronto posible, y eso era para cuando le diera la gana a cualquier molino embarcar. — P.—¿Y esas frases ‘pronto embarque’ y ‘embarque inmediato,’ qué significan?— R. — Embarque inmediato son siete días y no se cuenta el día en que se acepta, el día en que se acepta la oferta; y pronto embarque son catorce días, no contándose el día en que se acepta el negocio.' — • Demandante: P. — :¿Usted dijo que los embarques se hacían de siete a diez días para embarque inmediato, y veinte días para pronto em-barque? — R.—No he mencionado nada de diez días; yo he mencio-nado siete días y catorce días bien claro. — -P.—Cuando usted declaró según la notita de la libreta que usted nos sacó ahí . . . —R.—Eso no es una libreta; ésas son facturas comerciales, señor letrado.- — ■ P. — Yo no sé lo que son. Yo no las veo bien. — R.—Yo puedo pre-sentárselas para que las vea. — P.—Cuando usted declaró sobre el ‘pronto embarque’ e ‘inmediato embarque,’ sobre las frases éstas, relacionó usted algunas órdenes recibidas. Una de agosto siete del veinte y embarcada el trece y recibida en Ponce un mes después, y etc. Esas órdenes cómo fueron enviadas ? — R.—Por ferrocarril. — P. —¿Cómo enviaron las ofertas? — R.—Las ofertas, por cable. — P.—¿ Us-ted no ha enviado órdenes por carta? — R.—Por carta, nunca; todo se tramita por cable.”

Veamos ahora-, aplicando la regla del Baron Alderson a que se refiere el Juez Story en el caso de Claus Shear Company, supra, cuáles fueron las circunstancias en que se en-contraban las partes contratantes al tiempo de la celebración del contrato en este caso.

Con respecto a lo que ocurriera en Topeka, Kansas, nada nos dicen los autos con excepción de que el contrato se re-gistró en los libros de la corporación demandante en T3 de agosto 1920 y que el 13 de septiembre siguiente dieba corpo-ración dirigió a la demandada una carta que lee así:

“Dear Sirs: We are pleased to hand you herewith 1 copy invoice and 2 copies export bill of lading covering 300 bags of flour shipped Sept. 11th. — Trusting that this shipment reaches you promptly and in good condition and awaiting your further favors, we remain, Very truly yours, The Topeka Flour Mills Co., Per (Sgd) R. E. Smith, Traffic Manager.”

Del conocimiento de embarque acompañado aparece que el molino entregó la harina el 10 de septiembre. A este res-pecto el testigo Joaquín Armstrong y Mayoral se expresó así:

“P. — ¿Podría usted informar, con vista de este conocimiento de embarque, a la Corte en qué fecha fué entregada esta harina por el molino, si está indicada en ese bill of lading? — R.—Fué entregada el día diez de septiembre del año mil novecientos veinte. — P.—¿Dónde lo dice? — R.—Aquí: this 10th day of September, 1920.”

La parte demandante no presentó prueba alguna tendente a explicar por qué el molino tardó veintiocho días en entre-gar la harina. Sucedió que al comenzar la vista en la Corte de Distrito dicha parte demandante pidió la suspensión por no haberle sido posible preparar su prueba y la Corte no accedió. Hacía cinco años que el caso estaba pendiente y no obstante el cambio de abogado que parece que fué a última hora no se explica que no se tuviera preparada la prueba teniendo como tenía la demandante sus agentes en Puerto Pico.

La prueba de la parte demandada es por el contrario completa y revela en todos sus detalles que la harina fué comprada para satisfacer las necesidades inmediatas de su fábrica de ñdeos y que no- habiendo llegado a tiempo hubo’ necesidad de comprarla en la isla especificándose a quiénes se compró, cantidades y precios. Demuestra también dicha prueba que la demandada pagó por cada saco de harina cuarenta centavos más de lo que había ofrecido, y aunque no consta del contrato mismo que esos cuarenta centavos se pagaran a fin de que se consignara la condición de entrega inmediata, se lia explicado que en las negociaciones prelimi-nares fué esa la consideración que tuvo la demandada para ello.

Bajo todas esas circunstancias creemos que se impone la siguiente conclusión: la demandante no cumplió con la con-dición de entrega inmediata esencial en el contrato, y en tal virtud al resolver lo contrario erró la Corte sentenciadora.

Parece conveniente recordar que la Corte sentenciadora para considerar razonable el término en que se verificó la entrega, tuvo en mente uno de diez días y no uno de vein-tiocho como hemos considerado nosotros que transcurrió.

Resuelto este punto precederemos a considerar el siguiente o sea el de si la parte demandada se colocó en condiciones de hacer valer su derecho o debe entenderse que lo renunció por no haberlo ejercitado a su debido tiempo.

Bastaría quizá citar la jurisprudencia establecida en el caso de McFaddin Rice Milling Co. v. Maldonado, 31 D.P.R. 472, para concluir que atendidos los hechos expuestos la de-mandada estuvo justificada en negarse a recibir la harina cuando llegó a Ponce el 31 de octubre 1920, pero los autos muestran algo más que revela que la demandada siguió en éste la práctica más conforme a la ley, la moral y las mejo-res costumbres del comercio.

Declarando a repreguntas de la demandante el testigo Joaquín Armstrong y Mayoral, Presidente de la corporación demandada, se expresó así:

“P. — ¿Si tal era la condición y la necesidad de nsted, o de la demandada, por qné trató nsted de cancelar ese pedido? — R.—Porque no nos llegó a tiempo; no fué embarcado Jentro de las condiciones convenidas de embarque inmediato; hubo incumplimiento de entrega por parte de la compañía vendedora. — P.—¿No es cierto que usted o La Industrial trató de anular dicho pedido, de cancelarlo, antes de su llegada? — R.—Lo cancelamos para la fecha en que la harina debía estar en Ponee porque la harina no estaba aquí; en esa época no había llegado. — P.—¿En qué fecha debía llegar de acuerdo con su criterio? — R.—Pues, del diez al veinte de septiembre de ese año, del veinte. — P.—¿De manera que ustedes creían que esa harina ha de-bido llegar a Ponee alrededor del diez al veinte de septiembre ? — R.— Días más o días menos; días más o menos; yo no puedo decir; tar-daría días más o menos. — ¿Si eso es así, por qué ustedes — la deman-dada — trataron de cancelar dicho contrato de compraventa porque la harina no había sido despachada el día diez de septiembre? — despa-chada en el molino. — R.—Yo no recuerdo haber dicho eso; habría que refrescar mi memoria, pero. . . — P.—¿Usted no conoce esta carta escrita por la demandada de fecha veinte de diciembre de mil nove-cientos veinte? R. — -Veremos a ver. Fué dictada precisamente por mí; por orden mía fué escrita, — P.—;¿Usted la dictó?- — R.—Sí, se-ñor. . . — P.—¿De manera, señor Armstrong, que de acuerdo con esa carta de la misma demandada, ustedes querían anular o cancelar ese pedido porlque no había sido embarcado el día diez de septiembre. ¿Es cierto o no es cierto? — R.—Todo lo contrario. Lo cancelamos porque fué embarcado el día diez de septiembre, fuera de tiempo; es lo que dice esta carta. — P.—¿Cuándo fué que la demandada soli-citó la cancelación de ese pedido? — -¿En qué fecha? — R.—Pues, en la fecha en que se les compró a los señores Bonnin & Compañía, los ciento noventa y nueve sacos de harina, allá hacia el veinticinco de septiembre del año veinte. — P.—¿De manera que con fecha veinti-cinco de septiembre usted trató de cancelar dicho pedido? — <R.—Tra-tamos no; lo cancelamos. — P.—¿Usted que tiene tanto conocimiento de materia legal, explique a la corte lo que usted quiere decir por cancelarlo. — R.—Pues, que hacia esa fecha nosotros notificamos al representante del molino en Ponee de que no habiendo la Topeka embarcado la harina dentro de lo convenido, o sea, embarque inme-diato, que nosotros dejábamos de cuenta de la Topeka la harina. En aquella fecha nadie, ni nosotros ni los representantes del molino en Ponee, tenía noticias de que la harina se hubiera embarcado.”

Y declarando el Sr. J. M. R o vira, representante en Ponee de J. Ortega y Co., de San Juan, Agentes en-Puerto Rico de la corporación demandante, y que fué el que obtuvo el contrato origen de este pleito, dijo.

“P. — ¿Le vendió usted alguna harina a La Constancia? — R.—Sí, señor. — P.—¿Recuerda usted la fecha?- — R.—Pues, por allá en el año veinte; en el mes de agosto de mil novecientos veinte. — P.—¿Recuerda usted el mes? — R.—En el mil novecientos veinte, mes de agosto. —P.—¿Cuántos sacos le vendió? — R.—Trescientos sacos de harina; tres clases de harina. — P.—a Usted sabe si esta harina lloaró a Ponee a tiempo? — R.—No llegó a tiempo. — P.—¿Le hicieron los comprado-res algunas manifestaciones teniendo presente que no había llegado la harina a tiempo? — R.—Sí, señor. — -P.—¿Qué manifestaciones le hi-cieron? — R.—Que ellos estaban muy necesitados de la harina, que no llegaba, y que era la última quincena de septiembre, que era la época en que tenía que estar aquí la harina; entonces me dijeron que si no había llegado la harina, ellos se verían imposibilitados de aceptarla. —P.—¿La llegaron a cancelar? — R.—Sí, señor. Fuimos notificados. —P.—¿Qué hizo usted? — Demandante.—-Me opongo a todas esas preguntas y respuestas. Pido la eliminación de todas esas preguntas y respuestas, por ser materia completamente inmaterial e impertinente debido a que no consta en ninguna parte la contestación de la de-mandada de que dicho pedido hubiera sido cancelado. No es materia de defensa; no es materia de defensa^,especial presentada por la demandada, y por tanto, no se le ha dado aviso a la parte deman-dante sobre dieha materia para la necesaria presentación de prueba de rebuttal y por ser materia que no está en issue. — Juez.—La Corte niega la eliminación. — Demandante.—Tomo excepción. — -Demandado. —P.—¿Usted hizo saber a los agentes que La Constancia había can-celado ese contrato ? — R.—Sí, señor. — Demandante.—Me opongo a la pregunta. — Juez.—La Corte admite la pregunta. — Demandante.—-To-mamos excepción. — Demandado.—P.—¿En qué forma? ¿Quiénes eran los agentes de la Topeka Flour Mills Company? — R.—José Ortega & Compañía, de San Juan. — P.—Es una casa de San Juan. ¿Usted qué era en Ponce?- — R.—Agente de José Ortega & Compañía.- — P.—■ ¿O sea sub-agente del molino?- — R.—Sí, señor. — P.—¿Usted lo comu-nicó a los agentes? — R.—Sí, señor. — -Demandante.—Me opongo a la pregunta y pido que se elimine todo lo declarado sobre la cancelación de dicho pedido, porque ahora ha declarado el testigo sobre que él no representaba a la Topeka Flour Mills Company sino que repre-sentaba a la firma Ortega & Compañía de San Juan, que era la casa que representaba a la Topeka, y, por tanto, las declaraciones de este testigo son completamente inmateriales e impertinentes, y, ade-más, no son materias de negativa, o de contestación, o de defensa, no están en issue, y dicha prueba no debe constar en estos autos.- — ■ Juez. — La Corte niega la eliminación solicitada. El testigo ha mani-festado que actuaba en Ponee como agente de la casa de Ortega & Co., qrte eran los agentes de la Topeka allá en San Juan. Puede continuar. ’ ’

La demandada se entendió en cuanto a la cancelación con la misma persona con quien se entendió en cuanto a la cele-bración del contrato.

La sentencia apelada debe revocarse y en su lugar dic-tarse otra declarando la demanda sin lugar y dejando la suma de $386.25 depositada como producto de la venta judicial de la harina a disposición de la demandante, todo sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con la sentencia»

OPINIÓN CONCURRENTE EMITIDA BOR, EL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLJP,_

Estoy conforme con el resultado, porque no creo que la mercancía fuera entregada ‘ ‘ inmediatamente, ’ ’ según rezaba el contrato. Si bien una palabra como ‘ ‘ inmediatamente’ ’ concede al vendedor cierto tiempo razonable para cumplir con el contrato, bajo los hechos de este caso el período fue de-masiado largo, según se demuestra en la opinión de la ma-yoría. No estoy de acuerdo con que cuando se efectúa una venta haya diferencia alguna entre el efecto legal de las pa-labras “tan pronto como sea posible’’ e “inmediatamente.’* Podría ser que haya un poco de más fuerza en la palabra “inmediatamente” que en la mayoría de términos similares, pero no podría hacerse distinción entre el término que debe concedérsele al vendedor en cada caso. Creo que todo esto se desprende de los casos citados en la opinión de la mayo-ría, y especialmente en el de The G. H. Hammond Co. v. D. Agüeros & Co., Ltd., supra. Se hizo una cita de 23 E.C.L. 1373. El párrafo es el número 194, y empieza así: “Pronta-mente — Inmediatamente—En seguida, o términos similares.” La frase “tan pronto como sea posible” fué también consi-derada como que estaba sujeta a la misma interpretación de la palabra “inmediatamente.”


text:
    Juan Alemañy, peticionario y apelante, v. Pedro Gómez, Registrador de la Propiedad de Mayagüez, querellado y apelado.
    No. 4678.

    Sometido: Noviembre 28, 1928.

      Resuelto: Mayo 27, 1929.

      J. Alemañy Sosa, abogado del apelante; Hon. Attorney General James B. Beverley y Felipe Janer, Snb-Procurador, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante bizo presentar en el Begistro de la Propie-dad de Mayagüez en mayo de 1928 varios documentos soli-citando qne fnese inscrita libre de gravamen la compra hecha por varias personas en 1924 de una finca rústica, porque si bien estaba afecta a nna hipoteca por la parte del precio qne quedó aplazada, tal hipoteca fné pagada y cancelada en 1925, según aparece de uno de los documentos presentados. Con esos documentos fueron presentados en el Begistro $10 en sellos de rentas internas para la inscripción de la compra, y alegando el apelante que el Begistrador le exigía $13 para inscribir la venta y para cancelar la hipoteca, cuando lo úl-timo no era necesario y qne por no haber entregado los $3 de diferencia se había negado a hacer la presentación de esos documentos en su libro Diario, solicitó de la Corte de Distrito de Mayagüez qne expidiese un auto de mandamus ordenando al registrador qne hiciese la presentación de tales documentos. La corte de distrito señaló un día para que el registrador compareciera a exponer las razones por las cua-les no debía expedirse el auto interesado; y después de oír a ambas partes y por las pruebas que presentaron se negó a librar el auto de mandamus, contra cuya resolución ha sido interpuesto este recurso de apelación.

De dichas pruebas resulta que si bien el presentante de los documentos en el registro declaró haberle dicho el registrador que si no entregaba $3 más para la cancelación de la hipoteca no podía presentar los documentos' y que un empleado del registro le devolvió los documentos y los $10 en sellos que había entregado, el registrador declaró que al requerir la entrega de $3 más en sellos el presentante recogió los documentos y no volvió al registro y que él no se negó a hacer la presentación de los documentos, aunque exigía $3 más.

Para que sea procedente la expedición de un auto de mandamus es necesario que el requerido tenga el deber ministerial claramente impuesto por la ley de hacer lo que de él se pide y que se haya negado a cumplir con tal deber, por lo que apareciendo que si bien el registrador requirió la en-trega de $13 en vez de $10 en sellos de rentas internas por los derechos arancelarios, no se negó a hacer la presenta-ción de los documentos en su libro Diario, sino que el pre-sentante de los documentos se los llevó por tal requerimiento, no era procedente librar el auto de mandamus en este caso. Además, no aparece claramente que el registrador sólo pueda exigir! $10 y no $3 más para la cancelación de la hi-poteca, como lo demuestran los alegatos de las partes en los que se trata con alguna extensión y con cita de diversos pre-ceptos legales si apareciendo de los documentos que el ven-dedor tenía constituida hipoteca por parte del precio de su adquisición, que esa hipoteca fué reconocida y aceptada por los actuales compradores y que fué prorrogada y luego pa-gada, debía el registrador hacer la mención de dicha hipo-teca y luego su cancelación, cuestión que no debe ser resuelta en un procedimiento extraordinario como el mandamus.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe Texid or,

text:
    The Porto Rico Coal Co., demandante y apelante, v. Juan C. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 4492

    Sometido: Febrero 8, 1929.

      Resuelto: Mayo 28, 1929.

      Hartzell, Kelley & Hartzell j B. O. Fernández, abogados de la ape-lante ; Hon. Attorney General James B. Beverley j J. A. López Acosta j B. A. Gómez, Sub-Procuradores, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Texid or,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante Porto Rico Coal Company acudió ante la Corte de Distrito de San Juan, ejercitando acción contra el Tesorero de Puerto Rico, Juan G. Gallardo, y pidiendo una sentencia en la que se ordenara al demandado que de-volviera a la demandante trece mil ciento ochenta y ocho dólares y 28 centavos ($13,188.28) que se le habían cobrado injustamente por razón de contribución, y los que había pa-gado bajo protesta. El demandado contestó la demanda, pidiendo que ésta se declarara sin lugar.

Los hechos en este caso son los siguientes:

La Porto Rico Coal Company presentó en 9 de abril de 1924 al Tesorero de Puerto Rico la declaración de la pro-piedad que tenía en 15 de enero del mismo año, y a fines de contribución sobre la propiedad. Según esa declaración la Porto Rico Coal Co. tenía un capital autorizado de $750,000 en acciones de $100 cada una, habiéndose emitido $5,000, con un valor de $500,000; tenía propiedad real, propiedad personal, un sobrante y fondo de amortización; y entre los bienes, bonos de la Libertad y pagarés del Tesoro de Estados Unidos, por valor de $218,058.75; y cuentas por cobrar, y créditos personales, por $231,726.92; haciendo un total, en-tre las propiedades real y personal, de $712,894.97. El Te-sorero de Puerto Rico hizo la valoración de la propiedad en $937,630, a los efectos de la tributación, y la notificó a la corporación citada. Al hacerse por el Tesorero la' tasación, no se concedió exención alguna por los siguientes conceptos:

(a) Bonos de la Libertad y obligaciones del Tesoro de Estados Unidos, por valor de $218,058.75.

(b) Gastos de dragado, relleno y construcción de malecón en terrenos arrendados a El Pueblo de Puerto Rico, por un valor de $67,098.58.

(c) Cuentas a cobrar y créditos personales, por $231,726.92.

La Porto Rico Coal Co. acudió ante la Junta de Revisión e Igualamiento, que denegó la petición y dejó subsistente la tasación hecha por el Tesorero; y éste impuso a la refe-rida compañía, como contribución para 1924-1925, la suma de $19,596.48; la ahora apelante pagó la suma, y de ella $6,408.20 sin protesta y $13,188.28 bajo protesta, sosteniendo que sólo se baila sujeta a tributación en 1924-1925 por un capital de $306,611.93. Y sobre esas bases presentó su de-manda, a la que contestó el Tesorero sosteniendo la tasa-ción como ajustada a la ley. Y la corte, una vez celebrado el juicio y oída la prueba y los argumentos, dictó sentencia -declarando con lugar la demanda en cuanto a la suma de $5,959.76, y ordenando su devolución, con intereses. En la opinión que se une a la sentencia se establece la exención de la suma de $218,058.75, valor de los bonos de la Libertad y obligaciones del Tesoro de Estados TJnidos, y $67,098.58 de mejoras de los terrenos arrendados a El Pueblo de Puerto Bico.

Contra esa sentencia, de fecba 6 de septiembre de 1927, se ba interpuesto apelación en nombre de la demandante Porto Bico Coal Co.

La apelante alega la comisión de cuatro errores. De ellos, los dos primeros están señalados así:

“1. La Corte de Distrito erró al no sostener que la tasación becha por el Tesorero de Puerto Bico sobre la base de $937,630.00 como total del capital en acciones y sobrante de la demandante, es arbi-traria e ilegal.
“2. La Corte de Distrito erró al sostener que no se demostró por preponderancia de prueba que la verdadera tasación de las propie-dades de la demandante fuera la sometida por ésta en su planilla.”

Se discuten como uno solo, porque en realidad, son una y la misma materia, vista en dos distintas formas.

El Tesorero tomó como base para la tasación el capital (acciones, bonos, sobrante, etc.). Las acciones fueron pues-tas en un valor de $500,000, y el resto en uno de $437,630.

La apelante sostiene que por “sobrante” se ba de entender “un fondo de reserva, que gradualmente acumulan las corporaciones para bacer frente a cualquier eventualidad imprevista.” Observa el apelado que esa teoría, no está sostenida por la ley, ni por la jurisprudencia. Y está en lo cierto el apelado. Ni en la ley, ni en la jurisprudencia, ni en principio alguno de justicia, se encuentra apoyo para esa teoría. Más de lógica y de ley es la de la corte en su opi-nión, cuidadosamente estudiada y expuesta; y que da ese nombre a los bienes en exceso del valor . a la par de las acciones. A esta calificación debe darse toda aprobación y fuerza.

No podemos concurrir con la apelante en la eficacia extrema que quiére dar a la declaración del contribuyente, de forma que, según parece, ella fuerza al Tesorero a estar y pasar por lo declarado, o a presentar una prueba minuciosa y fuerte de que la tasación hecha por el contribuyente no es legal o justa. Es verdad que en justicia no puede darse amparo a una tasación arbitraria y caprichosa del Tesorero; pero la misma regla es de aplicación a la que, con los mismos defectos, baga el contribuyente. De becbo, bay en este último una tendencia defensiva que puede llevarle a error en la apreciación de valores, sin que ello signifique que intente defraudar al Tesoro; pero sí que cree que sus valores han decrecido, y así proceda en consonancia con tal creencia.

El Tesorero no estaba obligado a aceptar como indudable la cantidad de $754,921.51 que aparece de la declaración de la demandante apelante. El tasador, basándose en otros datos, y aun en su propio conocimiento, puede, fijar otra suma. Lo hizo en este caso, y dada intervención a la Junta de Eevisión e Igualahiiento, ante la que se podía producir prueba, la junta confirmó la resolución del Tesorero. Nos parece que si la demandante creyó que el Tesorero se había equivocado, la prueba de ese error incumbe a la demandante.

El caso Gibson v. Clark, 131 Iowa 325, 108, N.W. 527, que se cita por la apelante, fue uno en que se trató de una supuesta omisión de propiedad de W. F. Clark, y no de una diferencia en el valor o tasación de bienes. De todas for-mas, en la decisión no se va tan lejos como parece presumir 1 la apelante. Si se fuera, no nos sentiríamos obligados a seguirla, a menos que el razonamiento fuera muy convin-cente. Claro es que la mera suposición, o conjetura, de que se lia omitido propiedad, no es suficiente para destruir cier-tas presunciones; pero esto no es lo que la apelante sos-tiene; la apelante va mucho más lejos.

De la jurisprudencia citada por el apelado aparece más clara la teoría de que, sin quitarle su valor a la declaración del contribuyente, no se le puede dar el de obligar al tasador ■en forma que él no pueda, por otros motivos, enmendar la tasación. Otra cosa sería algo como se dijo en el caso Bowman v.Montcalm, 89 N.W. 334:

“Si la declaración contiene valoraciones de las propiedades- men-cionadas en ella, tales valoraciones no son obligatorias y concluyentes para el tasador. Si lo fueran, el contribuyente, y no el tasador, sería el que prácticamente estaría haciendo la tasación de la propiedad. ’ ’

En cambio, encontramos bien fundada una teoría contra-ria a la de la apelante. En el caso Great Northern Railway Co. v. Okanogan County, 223 Fed. Rep. 198, se dijo:

“En una acción para recobrar contribuciones pagadas bajo pro-testa por el fundamento de que la tasación era excesiva, el peso de la prueba recae sobre el demandante para demostrar que tales con-tribuciones eran opresivas e ilegales; y cuando la evidencia es in-cierta y no concluyente, y no satisface a la corte con respecto al verdadero valor de la propiedad, o que la tasación, tal como se hizo era tan excesiva que hiciera surgir la inferencia de fraude o mala fe, el demandante no puede recobrar.”

Y en el caso Washington Union Coal Co. v. Thurston County, 2 Am. Law Rep. 1546, se lee:

“En lo que respecta a lo razonable de la valoración dada a la propiedad para fines contributivos, la regla perfectamente establecida favorece al tasador y a la Junta de Revisión e Igualamiento, y cual-quiera que pretenda impugnar tal valoración, emprende una tarea que no puede llevar a cabo sino con prueba clara y convincente. . .
“En el presente caso encontramos, además de la presunción que existe a favor del tasador, investigaciones practicadas por él, y su conocimiento personal, unido todo ello a la debida consideración dada al asunto por la Junta de Revisión e Igualamiento, circunstancias que sostienen la valoración y las contribuciones de que se queja el demandante. Para destruir la presunción de razonable que tiene la. tasación, la apelante presentó la declaración de su superintendente. . . y la de su ingeniero. . . Tal prueba no es suficiente para destruir la presunción en favor de la tasación sobre la cual descansan las con-tribuciones que se tratan de evadir.”

Notamos que en ciertos casos se ha dado gran importan-cia a la decisión de las juntas de revisión e igualamiento, a las que se concede en el caso Kimball v. School District, 63 Pac. 213, una capacidad casi judicial al llevar a cabo las tasaciones; y en alguna decisión se ha dicho que las cortes no pueden convertirse en tasadores para los efectos de con-tribución, y sí solamente deben intervenir en casos en que -se presente prueba concluyente de fraude.

No dió la corte de distrito, en el caso presente, a la prueba de la demandante, el valor que ésta creyó tenía. Y procedió la corte con acierto, ya que esa prueba no es con-vincente acerca de la verdadera valoración.

En nuestra jurisdicción tenemos un caso parecido al pre-sente: el de Saurí y Subirá v. Tesorero, 26 D.P.R. 609. Saurí y Subirá eran dueños de maquinaria para elaboración de azúcar, y edificios en que aquélla se hallaba montada; para los fines de la contribución de 1915-1916, Saurí y Su-birá tasaron aquellos bienes en $32,470; el Tesorero hizo la tasación de los mismos en $153,280; Saurí y Subirá acudió ante la Junta de Revisión, que confirmó la tasación del Te-sorero ; y luego, pagó bajo protesta, y presentó su demanda, que en definitiva fué declarada sin lugar. En el caso ante la corte de distrito hubo prueba de ambas partes. En la decisión este Tribunal Supremo citó el caso The Ensenada Estate, Inc. v. Hill, 24 D.P.R. 520, y declaró que la apelante Saurí y Subirá no había demostrado ante la corte “que la contribución pagada bajo protesta sea tan claramente exce-siva que les haya producido una verdadera e inequívoca opresión que equivalga a una injusticia clara y sustancial de que deban obtener reparación mediante la acción ejerci-tada ante dicha corte.”

En el caso presente no encontró la corte de distrito los ■elementos de prueba, y de convicción para el juzgador, para decidir de acuerdo con la demandante. T la corte decidió prudente y rectamente.

En cuanto a los otros señalamientos de error, el tercero es como sigue:

“La Corte de Distrito erró al no declarar exenta de contribución la partida de cuentas a cobrar y otros créditos personales de la de-mandante. ”

Toda propiedad que no se baile expresamente exenta del pago de contribuciones debe ser tasada como imponible, de acuerdo con el artículo 290 del Código Político. Las exen-ciones se detallan en el artículo 291 del mismo cuerpo legal.

Se citan por las partes distintos casos resueltos por este tribunal.

En el caso Union Central Life Insurance Co. v. Gromer, 19 D.P.R. 900, el punto principal en discusión, y en resolu-ción, fue el situs de la deuda, y la autoridad o jurisdicción para tasar y para imponer contribución sobre ciertos crédi-tos, aun garantizados con hipoteca sobre bienes en Puerto Rico, pero pertenecientes a una corporación con domicilio en Obio. Pero es cierto que se dijo en aquel caso:

“No solamente tal intención deja de aparecer en ninguna legisla-tura de El Pueblo de Puerto Rico, sino que en el artículo 290 del Código Político tal como ha quedado enmendado, quedan específica-mente exceptuados los créditos personales. El Hon. Poster V. Brown, Fiscal General de Puerto Rico, dice:
“ ‘Al quedar enmendada por la Legislatura de 1904, dicha sección, ■disponiendo que los bienes muebles no comprenderán cuentas corrien-tes, pagarés, ni ningún otros créditos personales, fué la intención de la Legislatura eximir esta clase de bienes del pago de contribuciones, pues de otro modo la enmienda del artículo no hubiera tenido objeto alguno. ’ 3 Opiniones del Attorney General de Puerto Rico, pág. 332.
“Constituyendo los créditos personales en poder de la Compañía de Seguros el capital sobre el cual se trató de imponer la contribu-ción en este caso, no ha quedado sujeto al pago de la contribución por la Legislatura de Puerto Rico, y el hecho de que se encuentra asegurado por hipoteca según hemos visto, no establece diferencia al-guna, no habiendo mostrado la legislatura intención alguna de ímpo-nerle una contribución como tal. El caso podría resolverse por virtud de estas consideraciones, pero con el fin de aclarar más nuestro criterio en cuanto a la cuestión, pasaremos a discutir el asunto con más amplitud.”

En el caso Fajardo Sugar Co. v. Tesorero de Puerto Rico, 22 D.P.R. 311, ha dicho este tribunal lo que sigue:

“A pesar del caso de Union Central Life Insurance Co. v. Gromer, arriba citado, el apelante insiste en que los créditos no están exentos por la ley. Alega que el Fiscal General de Puerto Rico, Sr. Brown, como también este Tribunal al adoptar su opinión, estuvieron equi-vocados. El argumento es que el artículo 290 meramente expresa que los créditos estarán exentos de ser clasificados bajo el título de bienes muebles, pero que pueden, sin embargo, ser tasados los créditos, puesto que el artículo 290 dispone que sea tasada toda la propiedad. El apelante llama la atención Lacia el beebo de que en la ley de 1902 también se disponía que serían tasados los créditos y que la única revisión heeba en la ley de 1904 fué para excluirlos de su clasifica-ción como bienes muebles.
“Es muy general y conveniente la división de la-propiedad en inmueble yimuebl6v A veces los créditos o derechos de acción no eran considerados como 'comprendidos en la propiedad mueble y la ejecución o procedimiento judicial seguido contra la propiedad mueble no comprendía a los créditos. El mero hecho de que la legislatura indique la intención de tasar toda la propiedad no hace que toda forma o mutación de propiedad esté sujeta a tasación y con frecuencia no se consideran como propiedad algunas cosas o derechos que repre-sentan valor hasta que no sean declarados así por la Legislatura.. Talley, County Treasurer, v. Brown, 125, N.W. 248; State of Washington ex rel. J. G. Wolfe v. Parmenter, 19 L.R.A. (N.S.) 707, dondese cita el caso de People v. Ribernia Sav. & L. Sec., 51 Cal. 243, en el 'que se resolvió que los créditos no eran necesariamente propiedad de acuerdo con el precepto constitucional que exige que sea tasada toda la propiedad. Véase también el caso de Cleason v. Thaw, sen-tencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de fecha febrero 23, 1915. Sin embargo, generalmente la propiedad mueble comprende los créditos, y así ha sido declarado por las cortes; y al excluir espe-cíficamente el artículo 290 a dichos créditos debemos tener por cierto que la intención de la Legislatura fué, la expresada por ella. La Le-gislatura teniendo presente que toda la propiedad material es tasada puede que haya querido evitar una tasación sobre los derechos a la propiedad con el fin de impedir la doble tasación que tan frecuente-mente recae sobre el mismo comodatario en vez de sobre la persona que tiene el crédito. El caso de la Union Central Life Insurance Company v. Gromer, jamás ha sido revocado y no se funda única-mente en la opinión, del Fiscal General, sino en una consideración detenida del estatuto. Siguiendo estos mismos razonamientos el ape-lante insiste en el hecho de que las exenciones deben ser interpretadas estrictamente si bien los casos en que se establece este principio son más generalmente casos de privilegios, como por ejemplo, de ciertos individuos, corporaciones, juntas o instituciones de caridad, o pro-piedad de personas que ha quedado exceptuada. Wicksbury, etc., R. R. Co. v. Dennis, 116 U. S. 665; Providence Bank v. Billings, 4 Pet. 514; 37 Cyc 908 et seq. ”

Y en. la misma opinión:

“Pero ya se considere la exclusión de los créditos contenida en el artículo 290 como una exención o excepción a la tasación, la in-tención de la Legislatura, según aparece de dicho artículo, no da lugar a equivocación alguna. La’ intención de hacer dicha exclusión se manifiesta además en los cambios hechos en el año 1904 en otras partes del Código Político. En los artículos 317 y 319 del referido código que exigen que las corporaciones deberán presentar una rela-ción de sus bienes muebles fué incluida la palabra ‘credits’ en 1902 y omitida en 1904, fecha en que fué enmendado dicho artículo 290. Y el mismo artículo 290 expresa que para los fines de la tasación la propiedad inmueble comprenderá ciertas cosas y la mueble otras (excluyendo los créditos) indicando así una. completa división de la propiedad que ha de ser tasada.”

En el caso Porto Rican and American Insurance Co. v. Gallardo, 37 D.P.R. 114, en reconsideración se estableció lo que signe:

‘ ‘ Convenimos con el gobierno en que no se demostró que los $11,850 en acciones de corporaciones estuvieran exentos de contribución. El artículo 291 (d) del Código Político exime de contribución las acciones del capital de otras corporaciones cuando la propiedad de tales cor-poraciones esté exenta o cuando dichas corporaciones estén sujetas al pago de contribuciones por tales acciones. La apelante no demos-tró entonces que sus acciones estuviesen exentas de contribución en una u otra forma.
“Igualmente respecto a créditos hipotecarios el artículo 291 (m) dice lo siguiente:
“ ‘Los bonos hipotecarios que no devenguen interés, y otras obli-gaciones usadas exclusivamente como fianzas o garantías del fiel desempeño de cargos oficiales; así como gravámenes y censos que no devenguen más del cinco por ciento de interés anual, siempre que expresamente se dediquen al cumplimiento de voluntad testamentaria, por la cual se destinen a fines de beneficencia o educación. Mas toda propiedad por el presente título exenta de contribución, en tanto cuanto tenga la propiedad inmueble, se inscribirá, valuará y descri-birá como es debido y como se bace con cualquiera otra propiedad; y el Tesorero llevará un registro que manifieste, respecto de cada finca exenta por la razón expuesta, la descripción de la misma, el valor que se le calcula, y quién la posee, así como la razón por la cual está exenta de contribución, y los demás informes que sean de desearse, a juicio del Tesorero.’
“La demandante no nos convence de que cae bajo ninguna de estas clases. De suerte que los $16,000 de créditos hipotecarios no están exentos.”

La demandante y apelante sostiene que, según la prueba, entre los créditos que dan la partida de $231,726.92 estaban incluidos certificados de Central Carmen y Central Coloso, y que aparece de la declaración de su testigo Sr. Beck que ellos fueron tomados para cubrir ciertos créditos contra esas corporaciones, y por eso deben considerarse como créditos a cobrar. La teoría es errónea, ya que esos certificados no pueden nunca tomarse como un crédito por la razón que se indica, sino como una verdadera propiedad.

Pero, de todas formas, la prueba de la demandante no convenció a la corte de distrito de que las acciones o certi-ficados, estuvieran exentas de la contribución, ni de que los demás créditos lo estuvieran. Y después de examinar la prueba, no nos sentiríamos justificados para revocar la con-clusión a que llegó la corte sentenciadora.

Como cuarto error se fia señalado el no haberse impuesto las costas a la parte demandada.

No hay méritos para declarar temeraria la defensa del demandado; y la discreción de la corte ña sido prudente-mente ejercida en este caso.

Por las razones expresadas debe confirmarse la senten-cia apelada.