text:
    Ignacio, Bruna, Julia, Andres, Tomás y Ursula Burgos y Rivera, demandantes y apelados, v. Petrona Medina, Isaac Rivera, Francisca Espinosa, Consorcia Vázquez y Jova Ortiz, demandados y apelantes.
    No. 3610.

    Visto: Noviembre 10, 1925.

      Resuelto: Junio 2, 1926.
    1. Reivindicación — Alegaciones y Evidencia — Demanda—Especificación de la Propiedad. — Ejercitada, acción reivindicatoría contra varios demandados, a falta de indicación alguna do que cualquiera, o un numero de ellos, estaba en posesión de o poseía alguna parte de 1a- finca de que se trata, no es neee-' sario identificar en la demanda cada una de las parcelas en posesión de los respectivos demandados.
    2. Matrimonios — Prueba de los Mismos — Certificados de Matrimonio — Regis-tros Parroquiales Antes del 1885. — Una certificación de un matrimonio celebrado antea del 1885 expedido por el guardador legal de los libros-parro-quiales es suficiente en evidencia, sin que sea necesario para ello autenticar la firma de la persona que autorizó el documento.
    3. Apelación y Error — Bevisión — Errores no Perjudiciales — Admisión de Prueba Objetada — Prueba Oral del Estado Civil de las Partes. — La pre-ferencia establecida por el'artículo 320 del Código Civil no es incompatible ■ con el artículo 35 de la Ley de Evidencia, y cuando no existe razón por la cual la regla prescrita en el primero no deba ser cumplida, la admisión de prueba testifical para probar el estado civil de unas partes en el pleito cons-tituye error perjudicial.
    SENTENCIA de Pallo Berga, J. (Humacao), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Revocada y devuelto el caso.

      González Fagundo' é González, Jr., abogados de los apelantes; Arturo Aponte, Jr., abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La relación del caso y opinión del juez sentenciador es como signe:

“Allá por el año de 1878, Victoriano de la Cruz, vendió a Francisco Rivera una ñnea rústica de 26 cuerdas en el barrio Aguacate, de Yabucoa, que se describe en la demanda, habiendo tomado pose-sión de la misma como dueño, pero sin que le hubiese otorgado la correspondiente escritura. Francisco Rivera falleció y Victoriano de la Cruz trasmitió directamente a su sucesión el título de la re-ferida propiedad, mediante escritura otorgada el 29 de marzo de 1879. La sucesión de Francisco Rivera la constituían, según apa-rece de la propia escritura, sus hijos nombrados José y María Rivera Martínez y la nieta María Rivera del Toro, hija de Tomás Rivera, también fallecido, y de Marcelina del Toro. La escritura fué otorgada a José Rivera Martínez, soltero, de 30 años de edad y ve-cino de Yabucoa, como representante de la sucesión, que aseguró estar encargado para ese acto. María Rivera Martínez contrajo ma-trimonio en Humacao el día 27 de diciembre de 1876 con Tomás Burgos y Vega, y falleció el 23 de junio de 1898, dejando a su fa-llecimiento los hijos que se mencionan en la. demanda, nombrados Ignacio, conocido por Rosendo, Bruna, conocida por Tula, Julia, Andrés, Tomás y Ursula Burgos y Rivera, y al cónyuge viudo To-más Burgos y Vega. José Rivera Martínez murió también antes de San Ciríaco (año 1899), en estado de soltería, y dejando como herederos a sus sobrinos antes mencionados. María Rivera del Toro asimismo hace unos cuatro años, habiendo antes vendido derechos y acciones en la referida finca a los demandantes.
“La escritura ele venta otorgada por Victoriano de la Cruz a la Sucesión de Francisco Rivera, aparece inscrita en el Registro de la' Propiedad de Humacao, al tomo 32, de Yabucoa, Finca No. 1407, inscripción 1», de fecha 3 de febrero de 1915, con el defecto subsa-nable de no expresarse las colindancias de la finca por sus puntos-cardinales. En dicha escritura se expresa la cabida, barrio y tér-mino en que radica la finca, y a ella se acompañó, una certificación de mensura practicada por el geómetra titular Manuel Disdier, el 12 de Noviembre de 1878, donde aparecen las colindancias, puntos y linderos. La descripción es suficiente. Coira v. Ortiz et al., 18 D.P.R. 213.
“La demanda en este caso se dirige contra Petrona Medina, Isaac Rivera, Francisca Espinosa, Consorcia Vázquez y Jova Ortiz y se alega que sin título ni derecho alguno están detentando y pose-yendo la referida finca y se niegan a entregarla a los demandantes. La finca tiene un valor de $700.00.
“La prueba ha demostrado que José Rivera Martínez, quien re-cibió en 29 de marzo de 1879, la escritura de venta como represen-tante de la sucesión de Francisco Rivera y por encargo de ésta, en-tró en posesión de la finca, estando también en ella su hermana Ma-ría Rivera Martínez y su sobrina María Rivera del Toro. José Rivera Martínez, vivía en concubinato con Petrona Medina, una de las demandadas. Los demandantes hijos de María Rivera Martínez ocupan una pequeña parte de la finca.
“Ha quedado justificado que los demandantes son hijos de Ma-. ría Rivera Martínez y sobrinos de José Rivera Martínez siendo los únicos herederos de ambos y el hecho de que la firma del Presbítero que autoriza la partida del matrimonio de María Rivera Martínez con Tomás Burgos no se haya autenticado en debida forma y que no se hayan presentado las certificaciones de nacimiento de los deman-dantes, y de la defunción de José Rivera Martínez y María Rivera del Toro, no es de gran importancia para la resolución de este caso en que el carácter de herederos de los demandantes ha sido demos-trado por medio de testigos. Soriano et al. v. Rexach et al., 23 D.P.R. 573.
“Entendemos, por el resultado de la prueba, que los demandan-tes han demostrado las alegaciones de su demanda, esto es, que son los legítimos dueños de la finca en cuestión, que ésta y no otra es la que les pertenece y que ella se encuentra indebidamente en poder de los demandados, y que los demandados no han justificado, como alegan en su contestación, que las tierras que poseen de la ameritada finca, lo s'ean de buena fe y justo título, no habiendo transcurrido 30 años de sus respectivas adquisiciones o posesión, de manera que la acción pudiera estar prescrita. '
“En la demanda también se reclaman $1,000.00 por frutos deja-dos de percibir, pero éstos no se ban establecido. Sánchez v. Hartzell, et al., 26 D.P.R. 687.”

La primera cuestión que Ira sido levantada en la corte inferior y en la cual se insiste en el alegato de los apelantes afecta a la suficiencia de la demanda, la que, dice el abogado, debió baber identificado cada una de las varias parcelas de las que están en posesión los respectivos demandados.

En la demanda se describe la finca que tratan de reivin-dicar los demandantes, como sigue:

“Rústica: Predio compuesto de 26 cuerdas de terreno, en el barrio del Aguacate, del término municipal de Yabucoa, en lindes, por el Norte, con Rosendo Burgos, boy Concepción Vázquez; por el Sur, con la carretera que de Humacao conduce a Yabucoa; por el Este, con Nicolás Rodríguez; y por el Oeste, con Francisco Rivera y Manuel Perno, boy Jesús Rivera y Aurelio Vargas.”

La alegación séptima de la demanda dice:

“Séptimo: Que los demandados Petrona Medina, Isaac Rivera,. Francisca Espinosa, Consoreia Vázquez y Jova Ortiz, sin título ni derecho alguno están detentando y poseyendo la descrita finca y se niegan a entrégarla a los demandantes.”

A falta de alguna indicación de que cualquiera de los de-mandados, o un número menor del conjunto formado por todos los demandados estaba en posesión de alguna parte específica de la finca, no podemos ver, y las autoridades ci-tadas por los apelantes no revelan, ninguna base muy só-lida para la contención.

La segunda proposición es la siguiente:

“La certificación expedida por el Sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica y Romana de la defunción, matrimonio o nacimiento de una persona ocurrido antes del año 1885, viene- a probar el acto a que dieba certificación se refiere, pero como boy la Iglesia Católica Apostólica Romana es una corporación privada, es necesario auten-ticar y justificar de algún modo fehaciente lá firma de la persona que autoriza la certificación, piles no hay ningún precepto legal qué autorice a un Juez para tomar conocimiento judicial de la firma de un sacerdote.”

Durante el juicio ocurrió el siguiente incidente:

“Licdo. Aponte. — Señor Juez, presentamos la certificación de matrimonio, expedida por Juan José Lebrón Torres, cura y vicario de la Iglesia ■ Parroquial de Humacao, partida de matrimonio de To-más Burgos con María Rivera.
“Licdo. González. — Hon. Juez, este es un papel que se presenta aquí suscrito por el señor Juan José Lebrón, pero esto no está au-tenticado.
“Licdo. Aponte. — Si este fuera un documento con relación a ha-ber sido realizado este matrimonio, como si se tratara de un acta bautismal, después del ochenta y cinco, fecha en que empezó a regir el Regi.stro Civil en Puerto Rico, entonces estaba bien que se opu-siera la parte contraria por ese motivo; pero' Y. II. no podrá tener eso en consideración cuando este matrimonio se llevó a efecto en el mil ochocientos setenta y seis; y como quiera qire el archivo pa-rroquia! era antes como quien dice el Registro Civil, antes del ochenta y cinco, y casi se puede decir que igual a la Secretaría de Puerto Rico, es indudable que la Corte toma conocimiento judicial de esto, porque és el archivero encargado de ese archivo parroquial. Si esta certificación fuera posterior al año mil ochocientos ochenta y cinco, entonces podría Y. H. no poder tomarla en consideración. Es más, este punto ha sido resuelto por el Tribunal Supremo, y lo que no ha sido resuelto es, si es necesario acreditar de un modo indubitable la firma de este guardador, cuando la Iglesia Católica está reconocida universalmente hasta por el derecho internacional.
“Licdo. González. — Yo no vengo a discutir que los matrimonios •anteriores al año ochenta y cinco que fué antes’ del Registro Civil haya que probarlos cón el Registro Parroquial. IJn matrimonio ce-lebrado antes del ochenta y cinco se prueba con el acta del sacerdote o ministro que llevó a efecto el matiúmonio, estamos conformes con el compañero, porque entonces existía la unión de la iglesia con el estado español, y entonces sus archivos eran iguales a los del juz-gado de primera instancia; pero mi contención es que, hoy, que la Iglesia está separada del Estado, y que es una institución privada, para justificar cualquier acto anterior al ochenta y cinco, hay que traer el acta de la Iglesia, pero hay que autenticar la firma de esa persona que- autoriza el documento, porque su señoría no toma cono-cimiento de la firma 'de un sacerdote de la Iglesia Católica, Apostó-lica Romana, porque las iglesias no son un archivo del Estado. Es decir, que la contención mía es, que Y. H. no sabe quién es Juan José Lebrón. 1 "
Hon. Juez. — La Corte va a admitir el documento, sujeto desde luego al estudio que hará de si podría tomar conocimiento judicial de la firma del sacerdote.
“Licdo. González. — -Yo tomo excepción. ’1

El razonamiento admite, al parecer, qne los archivos de la Iglesia de época anterior al registro civil son “documen-tos oficiales,” y el artículo 69 de la Ley de Evidencia prescribe expresamente que tales documentos podrán probarse mediante el original o “por copia certificada por el guar-dador legal de aquél.” Para los fines de esta opinión puede admitirse que el cura de la parroquia, desde el cambio de soberanía, no es un funcionario público. Pero de ahí no se infiere que él no sea el “guardador legal” de los archivos que con anterioridad al establecimiento del registro civil sirvieron para todos los propósitos y fines prácticos, como tal Registro, y que en esa forma, en una época posterior, continúen sirviendo para el mismo fin. Montañez v. El Registrador, 34 D.P.R. 777.

Otra proposición es que:

“4? La corte cometió error al permitir que el estado ciyil de los demandantes y el parentesco de éstos cOn María Rivera, María Rivera del Toro y José Rivera, se tratara de justificar por medio de prueba testifical.”

Aquí parece que se hizo la debida objeción en cada caso. En tanto se trata de los cesionarios individuales menciona-dos en la escritura de 1879, el error no fué tal vez perjudi-cial. Pero esto no puede decirse de los demás demandan-tes que derivan su título por herencia de uno o más de dichos cesionarios.

Generalmente en todos los Estados Unidos los estatutos que autorizan las certificaciones y copias certificadas oficia-les se consideran que establecen una excepción a la regla de prueba de referencia, pero no como qne establecen nna pre-ferencia. Las excepciones se encuentran únicamente en Louisiana, las Islas Filipinas y Puerto Rico. 2 Wigmore, 1335 y 1336.

El artículo 320 del Código Civil deja poco lugar a inter-pretación en lo que respecta a la cuestión de preferencia. Dicho artículo es como sigue:

“Las actas del registro serán la prueba del estado civil, la cual sólo podrá ser suplida por otras en el caso de que no hayan existido aquéllas o hubiesen desaparecido los libros del registro, o cuando' ante los tribunales se suscite una contienda.”

Tal preferencia no es incompatible con el artículo 35 de la Ley de Evidencia citado por los apelantes. El artículo 18 de dicha ley, en' el cual también insisten los apelantes, se refiere no tanto al modo de prueba como al número de tes-tigos necesarios para establecer cualquier hecho determi-nado. No es sino una reproducción de la antigua regla cuan-titativa de la .ley común con sus dos excepciones históricas.

Ahora no ■ estamos tratando de 'los méritos relativos de la tradición continental incorporada al artículo 320, supra,- y del criterio que prevalece en todas partes en los Estados Unidos, de acuerdo con estatutos de origen distinto.

En vista de la conclusión a que hemos' llegado sobre la cuestión a que acabamos de referirnos, no es necesario dis-cutir las demás cuestiones • levantadas por los apelantes..

Sólo queda por expresar que no queremos significar que nada de lo aquí referido implique que el artículo 320 del Có-digo Civil haya perdido nada de su fuerza original y efecto por virtud de legislación subsiguiente. No hemos pasa,do por alto las posibilidades sugeridas en los casos de Camacho v. Balasquide, 19 D.P.R. 590, y Lebrón v. Lebrón, 31 D.P.R. 891.

Claramente que.los autores del Código Civil tuvieron en cuenta los asientos hechos inmediatamente de ocurrido el acto inscrito. En cuanto a los asientos así verificados, como en esté caso, mucho. antes de radicarse la demanda donde se hace im ofrecimiento de la copia certificada, no parece exista razón por la cnal la regla prescrita por el Código Civil no deba ser cumplida.

La cuestión de si debe o nó. ser cumplida estrictamente dicha regia, o hasta revocada en ciertas circunstancias ima-ginables, o considerada como modificada por legislación sub-siguiente en un caso que no está claramente dentro de la ra-zón, política o espíritu del precepto legal, es cuestión que es mejor dejarla para ser resuelta cuando tal caso se pre- ' sente a nuestra consideración.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso ■a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incompatibles con la opinión.


source: Caselaw Access Project

author: Él Juez Asociado Señor Hittchisoñ,

license: Public Domain

text:
    Gregorio Cerezo, demandante y apelado, v. Manuel Rivera, demandado y apelante.
    No. 3664.

    Visto: Diciembre 3, 1926.

      Resuelto: Junio 2, 1926.
    1. Evidencia — Prueba Documental — Certificados de Récords Oficiales — Re-gistros Parroquiales’ Antes del 1885 — Partida Bautismal. — Tina partida -lo 1 autismo, o copia certificada (le la inscripción, hecha en 1882 es admisible en evidencia sin necesidad do establecer que el párroco que la expide esté fa-cultado o autorizado para expedirla, ni que tuviese capacidad legal suficiente liara expedir copia del original que se supone estar bajo su custodia.
    2. Evidencia — Prueba Documental — Certificados de Récords Oficiales — Re-gistros Parroquiales Antes del 1885 — Partida Bautismal. — La. partida de bautismo, o copia certificada de su inscripción, hecha en 1882, expedida por el párroco que tiene el registro bajo su custodia, es admisible en evi-dencia para probar la fecha del nacimiento y estado civil de un hijo natural que reclama como heredero de su madre difunta.
    3. Apelación y Error — Naturaleza y Fundamentos de la Jurisdicción Ape-lativa — .Jurisdicción de la Corte de Donde el Caso Procede en Apela-ción.— En este caso se atacó la" jurisdicción apelativa de la corte de distrito por una supuesta falta do jurisdicción en la municipal, alegándose se tra-taba de un procedimiento de declaratoria de herederos en el cual la última careno do jurisdicción. Se resolvió: que la acción ejercitada no era una sobre declaratoria do herederos y tal cuestión sólo fné un punto incidental que quedó resuelto únicamente entre las partes para establecer un eslabón necesario en la cadena de título del demandante.
    Sentencia de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), declarando eon lugar la demanda, eon costas.

      Confirmada.

      Alberto GarcAa Ducós, Juan B. Soto y Sebastián García Díaz, abo-gados 'del apelante; García Méndez & García Méndez, abogados del apelado.
   Él Juez Asociado Señor Hittchisoñ,

emitió la opinión -del tribunal.

XTna sentencia a favor del demandante para recobrar nna casa valorada en $350 más la suma de $120 por concepto de daños y perjuicios por haberse dejado de obtener las rentas y beneficios producidos por dicha casa, fué basada por el juez sentenciador en la siguiente opinión:

•‘El día 18 del mes de septiembre y a las dos de la tarde se vió este caso ante esta Corte en apelación de la Corte Municipal de Aguadilla, donde se dictó sentencia a favor de la parte demandante. La evidencia de ambas partes contendientes fué documental y testi-fical. Ni demandante ni demandado tienen título inscrito en el Re-gistro de la Propiedad, y en su consecuencia, no existe en este pleito cuestión alguna que tenga relación con la Ley Hipotecaria.
‘‘Prueba del demandante. — El demandante presentó prueba do-cumental para probar la muerte de Gregoria Cerezo y el nacimiento ■del demandante y su inscripción como tal hijo de Gregoria Cerezo, lo que también se probó con evidencia testifical adecuada. Esto es suficiente para justificar el carácter de heredero de un demandante que reclama a virtud de tal carácter. Soriano et al. vs. Rexach, 23 D.P.R. 573; Morales et al. vs. Landrau et al., 15 D.P.R. 782, y la •constante jurisprudencia del Tribunal Supremo en este sentido.— Presentó asimismo el demandante prueba testifical consistente en las declaraciones de los testigos, Bernardino Jiménez, Francisca Sánchez, Gerardo Cabán y la del propio demandante Gregorio Cerezo. Con esta evidencia que fué a nuestro entender absolutamente clara, quedó satisfactoriamente probado que Gregorio Cerezo es el único y universal heredero de Gregoria Cerezo, quien falleció en Aguadilla el día 8 de diciembre de 1872; que Gregorio Cerezo nació para esa misma fecha ya que su madre murió de parto y que desde su citado naci-miento vivió en la casa objeto de la presente reivindicación; que allí permaneció viviendo en unión de su tío Agustín Cerezo; que éste enfermó gravemente hace próximamente 23 años y que sus ve-cinos Juan Roldán y Eustaquia Cabán fueron a asistirlo; que dicho Agustín Cerezo murió poco tiempo después de su gravedad o sea hará. 23 años más o menos, permaneciendo en la casa el demandante Gregorio Cerezo y quedaron allí también por su tolerancia los cita-dos Juan Roldán y Eustaquia Cabán; que posteriormente, Gregorio Cerezo, hombre débil, torpe e ingenuo, fué desaforado de dicha casa por los expresados Juan Roldán y Eustaquia Cabán, no obstante, reconociendo éstos en todas ocasiones' que aquél era el único y legí-timo dueño de dicha propiedad, según claramente aparece de la de-claración de Gerardo Cabán, quien era hermano de Eustaquia Ca-bán; que el único dueño de dicha casa lo es el demandante y que su inmediata anterior dueña lo' fué su madre doña Gregoria. Cerezo; que ésta nunca vendió dicha casa ni la vendió tampoco el deman-dante y que ningún tribunal competente le privó de su disfrute y que el demandado posee dicha casa contra la voluntad del' demandante, de mala fe y sin título alguno que lo justifique; fué presentada evi-dencia convincente para probar los demás extremos de la demanda y especialmente aquellos que se refieren a los daños y perjuicios ocasionados por el demandado al demandante. — Prueba del.deman-dado. — El demandado presentó prueba documental consistente en dos escrituras otorgadas en los años 1920 y 1922; la primera, en la cual aparece Juan Roldán vendiendo la casa objeto de este pleito a su hija Eulalia Roldán; y la segunda, en la que aparece ésta vendiendo la misma propiedad en unión de su esposo Manuel Rivera al padre de éste (padre político de ella) Manuel Rivera Ortiz; y presentaron además prueba testifical para probar lo alegado en su contestación o sea que Roldán adquirió por compra a Rafael Ferrer; y quisieron probar además que Ferrer adquirió por compra a Agustín Cerezo, tío del demandante. Presentó asimismo la parte demandada una serie de recibos otorgados por don Rafael Ferrer y doña Magdalena Calderón en la cual cobraban ciertas cantidades de dinero por el uso de solares de su propiedad en los cuales había enclavadas casas per-tenecientes a otras personas, recibos que la Corte admitió para darles el valor que tuvieran al relacionarlos con las demás pruebas, ya que era el deseo de la parte demandada probar que las distintas perso-nas alegadas por dicha parte como anteriores dueños de la casa ob-jeto del litigio habían satisfecho el importe del uso de un solar ai citado Ferrer y esposa y que ese solar no era otro que el ocupado por la casa de referencia. — Goncdusionbs a que iia bregado iia ooRte. — La Corte ha considerado todas las pruebas en conjunto, y teniendo en consideración especialmente la clase de testigos de una y otra parte, la manera de ellos declarar y otras circunstancias que no se escapan jamás al sereno análisis de un criterio imparcial, ha llegado a la conclusión de que existe absoluta preponderancia de prueba a favor de la parte demandante, y, a pesar de que la misma es casi en su totalidad testifical, es una evidencia clara, espontánea, y razonable, sin contradicciones de especie alguna. Por el contrario, la prueba del demandado no satisfizo a la Corte, estuvo llena de con-tradicciones y ño fué ni razonable- ni clara. Presentaron dos escri-turas para justificar el título del demandado, una, en la cual apa-rece éste comprando a su hijo e hija política y otra en la que dicha hija política Eulalia Roidán compró a su padre Juan Roidán y éste vendió a ella, siendo su única heredera; ambas escrituras de re-ciente fecha, a cuyas escrituras la Corte no ha podido darles nin-guna importancia, no solamente por las circunstancias que rodean su otorgamiento, sino porque la parte demandada no presentó ninguna otra prueba documental que conectara a Roidán con Rafael Perrer, persona a quien se alegó él le compró. La prueba testifical en este sentido fué también vaga e imprecisa y en su consecuencia poco con-vincente. El otorgamiento de tales escrituras, entiende la Corte, fué con el objeto de aparentar un justo título que no pudo conec-tarse en debida forma con los otros anteriores dueños, y trató ade-más la parte demandada de probar que Rafael Perrer, persona que se alegó vendió a Juan Roidán por documento privado que no se trajo a la Corte, había asimismo adquirido por compra a Agustín Cerezo, tío y padre de crianza del demandante; transacción que no ha sido no solamente probada sino por el contrario aparece negada abiertamente por uno de los principales testigos del demandado el señor 'don Ramón Ponce. Existe una importantísima contradicción entre las alegaciones y las pruebas del demandado. En su contesta-ción a la demanda, hecho segundo, dicho demandado dice: — ‘ Que ad-quirió dicha finca por compra que hizo en 1922 a doña Eulalia Roi-dán, quien poseyó dos años y adquirió por compra a Juan Roidán, quien poseyó más de veinte años y adquirió por compra a Rafael Perrer, quien poseyó más de 10 años.’- — Según esta alegación, Rafael Perrer compró dicha casa hace más de treinta y cuatro años sin alegarse a qué persona; según la prueba, aparece querer pro-barse que la compró a don Agustín Cerezo en los últimos días de su vida o sea hace veintitrés años más o menos, según claramente fué establecido por la evidencia aportada por una y otra parte.- — • No aparece prueba en forma alguna que indique que la acción está prescrita. El demandado no ha probado una posesión durante diez años con buena fe y justo título ni menos por veinte años entre pre-sentes y ausentes, tampoco pudo dicho demandado ampararse, en la prescripción de treinta años que establece el artículo 1860 del Có-digo Civil, que no exige ni la buena fe ni el justo, título. — En cuanto á' los daños y perjuicios alegados por la parte demandante, la prueba fué categórica y la misma no ha sido epntrovertida.por la parte de-mandada en forma alguna. El caso es pues, completamente sencillo, sin que iiaya habido que hacer ningún esfuerzo mental para resol-verlo como lo resuelve esta corte a favor del demandante-apelado, por lo que y en su consecuencia, dicta sentencia por separado de acuerdo con la súplica de la demanda.”

ÜJ1 apelante alega que la corte inferior cometió los si-guientes errores:

‘ ‘ Primero: La Corte incurrió en error al declarar que el deman-dante Gregorio Cerezo es hijo único y universal heredero de la cau-sante Gregoria Cerezo, antigua y única anterior dueña de la casa que se describe en la demanda, y como consecuencia,' el único y le- ■ gítimo dueño de ella.
‘1 Segundo: La Corte erró al declarar con lugar la demanda, por no tener jurisdicción para conocer del caso del epígrafe.”

La primera proposición del primer señalamiento dé error es que la corte inferior incurrió en error al admitir, no obstante la objeción del demandado, una partida de bautismo o copia certificada de la inscripción liecba en 1882 en los récords de la iglesia expedida por el cura de la parroquia y ofrecida como prueba para demostrar la fecha del nacimiento y filiación del demandante.

Sobre este punto dice el apelante:

‘‘Fue un manifiesto error de la corte al admitir dicho documento on evidencia, por cuanto no se estableció por la parte demandante que el tal P. Juan de Gorostiza estuviese facultado ni autorizado para expedir certificaciones en Puerto Rico, y además, porque no se esta-bleció el hecho de que la persona que aparece firmando dicho docu-mento tuviese capacidad legal suficiente para expedir, en el concepto que se alega en la certificación, copia del original que se suponía estar bajo su custodia.”

Esta cuestión ha sido resuelta en sentido adverso a la contención del apelante en los casos recientes de Montañez v. El Registrador, 34 D.P.R. 777, Silva v. Carbonell, 35 D.P.R. 244, y Burgos v. Medina, resuelto en esta fecha.

Después, para sostener, la proposición de que la corte de distrito incurrió en error al tomar en consideración la partida de bautismo como prueba tendente a establecer el estado civil del demandante como hijo natural de G-rego-ria Cerezo, el apelante hace referencia a una sentencia de la Corte Suprema de España de fecha junio 28, 1864 y ai caso de Rivera v. Cámara, 17 D.P.R. 534, y al de Iturrino v. Iturrino, 24 D.P.R. 467.

Esta cuestión fué a la vez discutida y resuelta en el caso de Iturrino v. Iturrino, supra, y diferenciada en el de Ex Parte Otero, 27 D.P.R. 340.

En el presente caso los padrinos nombrados en la partida de bautismo er&n Agustín Cerezo y Beatriz Ferrer.

Las declaraciones de los testigos del demandado tienden a corroborar y robustecer más que a contradecir el testi-monio del demandante al efecto de que era hijo natural y único de Gregoria Cerezo.

Otra proposición y última del primer señalamiento es que la prueba no acreditó suficientemente la posibilidad de existir otros herederos. Puede admitirse que la prueba en este sentido no fué tan amplia y acabada como podía espe-rarse, pero no podemos decir que no presenta un caso prima facie.

La alegada falta de jurisdicción de la corte de distrito se sostiene como consecuencia necesaria de una supuesta falta de jurisdicción en la corte municipal. La jurisdicción de la corte municipal se ataca por el fundamento de que un procedimiento especial sobre declaratoria de herederos sólo puede ser establecido en la corte de distrito.

La contestación a esta alegación a falta de algo más persuasivo que una manifestación de la premisa’envuelta y la conclusión a que se pretendió llegar puede verse en el hecho de que la presente acción no es principalmente, o en un sentido general u ordinario, un procedimiento sobre de-claratoria de herederos. La cuestión de herederos en este-caso fué un punto incidental y quedó resuelta únicamenteen cuanto al demandante y el demandado para poder esta-blecer un eslabón necesario en la cadena del título del de-mandante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Peter J. Hamilton, demandante y apelado, v. María F. Boerman, administradora judicial de los bienes relictos de Charles M. Boerman, demandada y apelante.
    No. 3867.

    Visto: Mayo 7, 1926.

      Resuelto: Junio 3, 1926.
    1. Cortes — Cortes de Jurisdicción Original General — Fundamentos de la Ju-risdicción — Jurisdicción por la Cuantía Envuelta — En General. — Una corte da distrito no actúa sin jurisdicción por razón de la cuantía en aeción en cobro de honorarios en que se alega que el valor de los servidos recla-mados os el de $1,000, por el hecho de que esos servicios se apreciaran por los propios testigos del demandante entre $300 y $500 y'éste reclamara antes del pleito $300.
    2. Evidencia — Evidencia de Opinión — Efecto de la Evidencia de Opinión — • Prueba de Peritos — Prueba del Valor de Servicios que se Reclaman.— Si bien una corte no viene obligada a aceptar las declaraciones de abogados presentadas para apreciar el valor del servicio que se reclama, sin embargó, ella3 son prueba competente para ayudarla en la formación de su juicio.
    3. Abogado y Cuente — Compensación y Gravamen (Lien) del Abogado — Hono-rarios y Otra Remuneración — Acción en Cobro de Honorarios — Apela-ción — Revisión de la Prueba. — Atendida la prueba en éste caso se resolvió ella no demostraba que el demandante había sido previamente compensado por sus servicios.
    4. Abogado y Cliente — Compensación y Gravamen- (Lien) del Abogado — Hono-rarios y Otra Remuneración — Derecho a Honorarios — Gestión no Bene-ficiosa para la Parte. — El que la gestión del abogado no sea beneficiosa para la parto y los intereses que representa, no excluye la concesión de hono-rarios.
    SENTENCIA de Jí. Díaz Ginirón, J. (Pop.ee), declarando con lugar la demanda sin costas.

      Confirmada.

      Leopoldo Tor mes, abogado de la apelante; Henry G. Molina, abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal»

Yersa este pleito sobre cobro de honorarios. Se recla-maron mil dólares. Se concedieron trescientos cincuenta. Y no conforme la parte demandada apeló, señalando en sn alegato la comisión de tres errores,

Por el primero de los errores se sostiene que la corte de distrito actuó sin jurisdicción por razón de la cuantía. El valor de los honorarios depende de muchas circunstancias y es algo difícil de fijar con absoluta certeza. El hecho de que los propios testigos del demandante los aprecia-ron entre trescientos y quinientos dólares, no es decisivo. Y el de que el propio demandante antes del pleito reclamara sólo trescientos dólares, tampoco. Una persona puede estar dispuesta a recibir gustosamente una suma menor del valor justo de sus servicios, pero si por negarse el deudor se ve obligada a reclamar por la vía judicial, puede exigir el total del valor justo. Y aquí el demandante alegó bajo jura-mento que sus servicios valían la suma de mil dólares y nada extravagante o manifiestamente improcedente, anali-zando la prueba de los servicios prestados, podemos ver en su actitud. Los casos de Hernández Mena v. Blanco, 22 D.P.R. 773, y otros de esta corte que se citan por el ape-lante no son, pues, aplicables.

Parece oportuno transcribir lo que sigue que tomamos de un estudio biográfico de Abraham Lincoln como abogado, por William Eleroy Curtis, que aparece en el tomo 5 de la obra ‘ ‘ G-reat American Lawyers, ’ ’ editada por William Draper Lewis. Dice así:

“Fué, sin embargo, la única vez que Lincoln acudió a la vía judicial en reclamación de honorarios, y las circunstancias fueron las siguientes: El Ferrocarril Central de Illinois (Illinois Central Railroad) por su carta constitucional estaba exento de taxaeión a condi-ción de pagar en la tesorería del estado el siete por ciento de sus in-gresos brutos. Los funcionarios del Condado de Mclean sostenían que la legislatura del estado no tenía facultad para eximir o exo-nerar del- pago de contribuciones del condado y establecieron una acción contra la compañía para compelerla al pago. Lincoln defen-día a la compañía, ganó el caso y presentó una cuenta de honorarios por dos mil dólares. Un oficial del ferrocarril, cuyo nombre se ha olvidado, rehusó verificar el pago por el fundamento de que era tanto como lo que cobraría un abogado de primer orden. Esto in-dignó de tal modo a Lincoln que retiró la cuenta original de hono-rarios, consultó a sus amigos profesionales y sometió luego otra por cinco mil dólares, acompañada de una nota suscrita por seis de los abogados más prominentes del estado en la que hacían constar su opinión de que los honorarios no eran excesivos. Como la compa-ñía todavía se negaba a pagar, Lincoln demandó y obtuvo sentencia a su favor por el importe total.”

El segundo error guarda relación con las declaraciones de tres abogados que se presentaron para apreciar el valor de los servicios. Claro es que la corte no viene obligada a aceptar la opinión del perito, pero ella es prueba competente para ayudarla en la formación de su juicio.

Se sostiene por el tercer error que la prueba demuestra que el demandante Rabia sido previamente compensado por sus servicios. No estamos conformes. La prueba demuestra que el demandante como abogado defendió los intereses de la demandada en Ponce en ciertos procedimientos seguidos ante un árbitro y ante la corte de distrito insular y reclamó y obtuvo el pago de esos servicios, y demuestra además que los servicios que aquí se reclaman se prestaron en cierto pleito en equidad entablado ante la Corte de Distrito dé los Estados Unidos en y para el Distrito de Puerto Rico.

La circunstancia de estar relacionada la cuestión susci-tada en la Corte Federal con alguna de las levantadas pre-viamente en la corte de distrito, es para ser considerada como seguramente lo fué por la coi’te sentenciadora para graduar la cuantía de los honorarios, ya que ella revela que el esfuerzo- mental en el .estudio previo tenía que ser me-nor, pero no puede alegarse que todo el esfuerzo estaba hecho. El demandante preparó la demanda' en equidad y siguió dirigiendo el caso hasta que se dictó la sentencia.

Y el hecho de que la gestión del demandante como abogado no fuera beneficiosa para la causa de la demandada y de los intereses que ésta representaba, no excluye la concesión de honorarios. Puede ser otra circunstancia a considerar para graduar la cuantía, pero en modo alguno destruye. el derecho a reclamar por un servicio prestado de buena fe, lealmente.'

Debe confirm-arse 1a sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor del Toro, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Rivera, acusado y apelante.
    No. 2687.

    Visto: Marzo 10, 1926.

      Resuelto: Junio 3, 1926.
    1. “Indictment” y Acusación — Requisitos y Suficiencia de la Acusación— De los Delitos Estatutorios — Excepciones y Proviso — Negación de Ex-cepciones o Defensas. — La excepción contenida en el inciso 1 del articulo 5 de la Ley No. 14 de 1924 no es necesario negarla por virtud de una ale-gación expresa en la acusación.
    2. Armas — Poetar Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Defensas.—La ex-cepción contenida en el inciso 1 del artículo 5 de la Ley No. 14 de 1924 es. materia de defensa y como tal debe alegarse.
    3. Derecho Penal — Evidencia—Su Peso y Suficiencia — Prueba del Sitio en' que se Cometió el Delito. — La evidencia en este caso se resolvió demostró', el sitio en que se cometió el delito dentro de la jurisdicción del tribunal sentenciador.
    4. Armas — Portar Armas Prohibidas — Del Delito en General. — No es la ocu-pación, sino la portación del arma, lo que determina la comisión del delito.
    SENTENCIA de Enrique Lloreda, J. (Arecibo), condenando al acusada-por delito de portar armas prohibidas.

      Confirmada,.

      E. Martínez Aviles,* abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La acnsación formulada por el Fiscal de la Corte de Dis-trito de Arecibo, eu lo pertinente, dice:

“El referido Francisco Rivera, allá por el día 5 de julio de 1925 y en el barrio Abra-Honda, de Camuy, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Arecibo, P. R. ilegal y voluntariamente portaba y conducía un machete, siendo dicho machete, un arma, con la cual puede causarse daño corporal.”

En el acto del juicio declararon Andrés H. Román, Bo-nifacio Ramos y Luis La Roy.

El primero, policía, dijo que supo de una riña que el acusado había tenido con Bonifacio Ramos y fué a su casa y ocupó el machete que le entregó la esposa del acusado. Además, que el acusado le manifestó luego que venía de su trabajo y tuvo una cuestión con Ramos y que el acusado-reconoció el arma.

El segundo, Ramosf manifestó que vive en Barahona, de Camuy,- que el 5 de junio llegó a su casa el acusado por la noche y se pusieron a arreglar un trabajo y tuvieron un disgusto. El acusado llegó con un machete, una daga.

T, por último, La Noy expresó que el 5 de junio estuvo en casa de Bamos; que encontró allí al acusado; que Ba-mos y el acusado tuvieron un disgusto y se tiraron abajo, hiriendo el acusado a Bamos con un machete que tenía, una daga como de dos pies de largo, colorada, que reconoce como la ocupada.

Terminada la prueba del fiscal, la defensa presentó una moción de nonsuit por entender que El Pueblo no había probado su caso toda vez que el arma no le había sido ocu-pada al acusado y sí a su esposa en su propia casa. Pué declarada sin lugar por la corte que dictó sentencia con-denando al acusado a treinta y cinco días de cárcel.

No conforme el acusado apeló. Sostiene que la acusación es insuficiente porque siendo un machete un útil o instrumento -de labranza, no alega que no se portaba con motivo del oficio o empleo de Bivera en los momentos en que fue ocupado. El apelante invoca el artículo 5, No. 1, de la Ley No. 14 de 1924, que dice:

“Art. 5. Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables-—
“1. A la portación de los útiles, herramientas e instrumentos de las artes, profesiones, oficios y ocupaciones o deportes cuando se por-taren con motivo y ocasión de los mismos.”

La Ley de 1905, enmendada en 1908 (Comp. 5994) en-mendada a su vez en 1914, al determinar las armas pro-hibidas consignaba entre ellas el machete, y de acuerdo con la jurisprudencia establecida en el caso de El Pueblo v. Cruz Rosado, 34 D.P.R. 315, debe el machete seguirse con-siderando como un arma prohibida.

No hay duda alguna que el machete es un arma primor-dialmente de labranza y que ningún delito se comete cuando para la labranza se lleva sobre la persona, pero la historia de muchos crimines de sangre en Puerto Bieo y de la gue-rra de independencia de Cuba, demuestra que es también una terrible arma de ofensa y defensa. El legislador ha resuelto en justicia la situación consignando la excepción contenida en el artículo 5 de la ley No. 14 de 1924, pero ello no exige que la excepción tenga que eliminarse por virtud de una alegación expresa en la acusación. La excepción es materia de defensa y como tal debe alegarse.

Habiendo sido tomada como lo fue de Texas la ley pro-hibiendo portar armas de 1905, parece oportuno transcribir lo que sigue del Supplement to Willson’s Texas Criminal Statutes, por W. H. Herron, página 121. Dice así:

“2. — Acusación de acubedo CON el ARTículo 338. — De confor-midad eon la ley original las excepciones comprendidas en el artículo 339 fueron incluidas en la cláusula en que se decreta la ley, y se resolvió que era necesario en la acusación, que ya directamente, o por necesaria inferencia, se nieguen cada una de dichas excepciones. S. v. Duke, 42 Tex. 455; Smith v. S. Id. 464; S. v. Clayton, 43 Tex. 410; Woodward v. S. 5 App. 296; Leatherwood v. S., App. 244. Devisando el Código las excepciones estaban separadas de la cláusula en que se decreta la ley y puestas separadamente en el ar-tículo 339, y desde este cambio se ha resuelto que no es necesario negar ninguna de dichas excepciones, ya por alegación o mediante prueba. Lewis v. S., 7 App. 567; Zallner v. S., 15 App. 23.”

En el caso de United States v. Cook, 84 U. S. 168, 21 L. Ed. 538, se dice lo siguiente:

“Los comentaristas y los jueces a veces han sido inducidos a error al suponer que las palabras ‘enacting clause’, como se emplean fre-cuentemente se refieren al artículo del estatuto que define el delito, a diferencia de un artículo subsiguiente en el mismo estatuto, lo cual es un mal entendimiento del término, pues la única verdadera cuestión en el caso es si la excepción está de tal modo incorporada a la esencia de la cláusula que define el delito que constituye una parte esencial de la descripción de los actos, omisión, u otros elemen-tos que integran el delito. Tal delito debe ser descrito con exacti-tud y elaridad, y si la excepción está incorporada de tal modo a la cláusula en que se describe el delito que se convierte en realidad en parte de la descripción, entonces no puede ser omitida en la alega-ción (pleading), pero si no está así incorporada a la cláusula que define el delito de manera que sea parte esencial de la definición del delito, entonces es materia de defensa y debe ser probado por la otra parte, aunque esté en el. mismo artículo, o aún en la frase subsiguiente. ’ ’

160 Fed. 528.

También sostiene el apelante qne no se probó la ju-risdicción de la corte porque la evidencia practicada no demuestra dónde estaba la casa del acusado, sitio en que se ocupó el arma y por tanto lugar de la comisión del delito.

El arma se ocupó al día siguiente y no es la ocupación del arma la que determina la comisión del delito, sino el haberla portado el acusado como necesariamente tuvo que portarla la noche anterior al agredir con ella, en las afueras de la casa de Ramos a su adversario, y la evidencia demuestra que 3a casa de Ramos está situada dentro del término municipal de Camuy, del distrito judicial de Arecibo.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

La apelación envuelve dos cuestiones. Primera, si en una causa por portar un arma prohibida el cargo de que el acusado voluntaria e ilegalmente portaba un machete, describe suficientemente un delito, y segunda, si suponiendo que la acusación sea suficiente, si hubo bastante prueba para demostrar que el machete en realidad se llevaba en la for-ma prohibida por la ley. El fiscal solicita la revocación por el primer fundamento.

La Ley ISTo. 14 de junio 25, 1924, prescribe lo siguiente:

“Art. 1. — Toda persona que ilegalmente portare o condujere', cualquier arma o instrumento con el cual pueda causarse daño corporal, incurrirá en pena de prisión de un mes a seis meses.”

Lo que constituían “armas” no se definió específica-mente en dicha ley pero resolvimos en el caso de El Pueblo v. Cruz, 34 D.P.R. 316, que la palabra “arma” sólo podía referirse a instrumentos destinados a ofensa y defensa, como se enumeraban en la ley de 1905, Compilación de Estatutos, sección 5994; que los instrumentos semejantes a los men-cionados allí sólo fueron los que se pudo tener en cuenta y que un vergajo no se usaba principalmente como instru-mento de ofensa y defensa sino solamente para el castigo de animales. El punto principal resuelto fue que un vergajo no era un instrumento prohibido, porque su uso principal no era para fines de ofensa y defensa. Ni en Puerto Rico tampoco lo es un machete.

No debe dudarse de que en la forma, por su origen y posibilidades un machete es un instrumento peligroso, pero también es indudable que un machete en Puerto Rico se lleva por todas partes en el campo para fines de cortar y podar y que generalmente se porta inocentemente.

La decisión en el caso de Cruz, supra, se refería a los instrumentos usados para ofensa y defensa enumerados en la ley de 1905 como norma de la cual juzgar la naturaleza de un instrumento. Veamos lo que la ley de 1905 realmente ha dicho:

“Art. 1. — Si cualquier individuo, en Puerto Rico, llevare encima o cu su persona, monturas alforjas o banastas, cualquier revólver, puñal, daga, honda, espada, bastón de estoque, garrote, arpón, o manopla,, hecho de cualquier metal o cualquier sustancia dura; o eualqiuer faca u otro cuchillo manufacturado o vendido para fines de ofensa o defensa; o cualquier machete, se le impondrá una pena de multa mínima de cinco dollars y máxima de cincuenta dollars, o prisión por un período mínimo de diez días y máximo de sesenta días, o ambas penas; y durante el período de dicha prisión, dicho reo podrá ponerse a trabajar en cualesquiera trabajos públicos en el municipio en que se cometió el delito.”

Lap palabras “manufacturado o vendido para fines de ofensa o defensa” se referían manifiestamente a todos los instrumentos mencionados antes. El machete se-menciona allí separadamente después. No fué bajo la ley eu vigor definido como instrumento de ofensa y defensa. Ni es se-mejante por el uso general u objeto a todos los demás ins-trumentos especificados en la referida ley. Estos práctica-mente no tienen ningún otro nso. En el caso de Cruz nece-sanamente nos referíamos a la definición “para fines de ofensa o defensa” y los instrumentos en particular compren-didos en esa clasificación. La ley de 1924 no era tan espe-cífica como la anterior y tenía que ser interpretada como aplicable a los instrumentos enumerados en 1905 “usados para fines de ofensa y defensa.”

Soy, por tanto, de opinión de que un “machete” no está incluido distintamente dentro del razonamiento del caso de El Pueblo v. Cruz, supra, y que la acusación debió alegar que el “arma” se portaba para fines de ofensa y de defensa, o algo semejante.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Angel Arroyo Rivera, recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 638.

    Sometido: Mayo 4, 1926.

      Resuelto: Junio 4, 1926.
    1. Ejecución — Venta—Norma, Proceder (Conduct), Validez, y Confirmación t Anulación — Inscripción de Venta en Ejecución — Propiedades que Pa-san por la Venta — Ejecución de Hipoteca. — Cuando por hipoteca debida-mente inscrita el deudor obliga la Anea — un solar — por futuras edificaciones, si al verificarse la venta en ejecución de la finca ésta se adjudica con una casa en ella fabricada con posterioridad a la hipoteca, aún cuando la edifi-cación so hubiere hecho por, y pertenezca a persona distinta del deudor, pro-cede inscribir la venta de la casa en ejecución a favor del adjudicatario.

    2. Ejecución — Venta—Horma, Proceder (Conduct), Validez, y Confirmación y Anulación — Inscripción de Venta en Ejecución — Propiedades Inclui-das, Inscritas a Pavor de Terceros. — Aún cuando una hipoteca, incluya cualquier casa que hubiere de construirse en la finca hipotecada si vendida la finca en ejecución ésta se adjudica con una casa en ella enclavada, y no puede determinarse que la casa incluida en la adjudicación no sea la refe-rida en inscripción de la finca y que aparece inscrita a favor de personas distintas del deudor, no procede inscribir la venta de la casa en ejecución a favor del adjudicatario.
    Nota de A. Malaret, R. ('Sección Primera, San Juan), denegando inscripción de escritura de venta judicial en cuanto a una casa adjudicada en la venta.

      Confirmada.

      Angel Arroyo, abogado del recurrente; el Registrador compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente es el dueño mediante cesión de un crédito hipotecario. Y en la escritura en que se constituyó la hi-poteca el deudor había convenido en que cualquier edifica-ción que se levantara en el solar quedaría sujeta a la hipo-teca. Un procedimiento ejecutivo hipotecario con todas las debidas notificaciones del mismo en el registro .trajo por consecuencia la venta en ejecución al actual dueño de la hi-poteca que es el recurrente en este caso. La venta en eje-cución y la escritura del marshal comprendían una casa de madera techada de zinc con balcón al frente.

Al ser presentada la escritura de venta judicial al regis-trador, inscribió éste la venta del solar pero se negó a veri-ficar la inscripción.de la casa. Su nota es 1a siguiente:

"Inscrito el precedente documento en cuanto al solar, y denegada la. inscripción en cuanto a la casa por resultar inscrita a favor de personas distintas del ejecutado, no pudiendo determinarse que la casa que se incluye en la adjudicación no sea la referida en la ins-cripción tercera de la finca que está inscrita a favor de distintas personas, tomando en su lugar anotación preventiva por. el término legal.”

En enero 7, 1926, dos mujeres mostrando un permiso del dueño del solar, inscribieron a su favor la casa por título de edificación en el terreno en cuestión. Indiscutiblemente, con la condición debidamente inscrita de que las futuras edificaciones quedarían sujetas a la hipoteca las reclamantes no eran terceros, y su alegada casa estaba sujeta a la hipoteca y posiblemente a la venta en ejecución como realmente tuvo lugar. Si el registrador se está refiriendo precisamente a la misma casa que fué vendida en el procedimiento ejecutivo sumario, entonces el recurrente probablemente tiene razón y la venta de la casa en ejecución también debió haber sido inscrita. No podemos convenir, pues,' con el registrador en que el contrato del deudor debidamente inscrito, por virtud del cual obligó la finca por futuras edificaciones, estaba limitado a edificaciones hechas por el deu-dor primitivo. Aquí la edificación se hizo al parecer con el consentimiento del mismo deudor.

La dificultad que tenemos es una sobre la identificación. La nota dice, en efecto, que no consta que la casa vendida sea la misma que aparece inscrita a favor de las dos mujeres. Aunque la hipoteca incluía cualquier casa que hubiera de construirse, no consta que la casa vendida realmente por el márshal sea la misma que se ha construido por estas dos personas ajenas al contrato de hipoteca.

Un certificado del márshal debidamente hecho ante un no-tario de que sólo había una casa en la finca probablemente aclararía ¡a situación pero esta sugestión en cuanto al modo no es obligatoria para el recurrente, ni para el registrador.

Bebe confirmarse la nota. recurrida.


author: Et, Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Fernando Vélez, demandante y apelante, v. Arsenio Martínez y The Independence Indemnity Co., demandados y apelados.
    No. 3823.

    Visto: Marzo 2, 1926.

      Resuelto: Junio 4, 1926.
    3. Seguros — Del Contrato en General — -Su Interpretación y Efecto (Operation) — Partes Contratantes — Póliza por Responsabilidad del Patrono.— Najo mía póliza que cubre responsabilidad por la ley al asegurado por daños y perjuicios por lesiones sufridas por cualquier empleado del asegurado (employer’s liability policy'), el empleado no tiene derecho de acción alguna ■contra el asegurador del principal, pues no hay relación contractual entre aquél y el asegurado por virtud del contrato.
    2. Seguros — Acciones Sobre Pólizas — Derecho de Acción. — Examinada la cláu-sula estipulada — en el contrato de seguro da que se trata — para cubrir cual-quier responsabilidad del dueño del carro, se resolvió dicha cláusula no daba al demandante ningún derécho de acción ya contra la compañía o ol asegu-rado.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (Mayagüez), desestimando la de-manda.

      Confirmada.

      Angel A. Vázquez y José Saba her, abogados del apelante; J. H. Brown y Clemente Ruis Nazario, abogados de los apelados.
   Et, Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Dos demandados formularon excepciones previas por ser parado a lina demanda en la cual se reclamaban daños y perjuicios con motivo a nn accidente ocurrido a nn chauffeur.

La acción fné establecida contra el dneño del automóvil o al parecer como principal, y contra una compañía de ase-gures por virtud de su contrato. La demanda niega expre-samente todo derecho de acción por virtud de la ley de in-demnizaciones a obreros y no trata de obtener la indemni-zación por razón de ningún acto u omisión del dueño del au-tomóvil. No se imputa negligencia alguna contra el de-mandado dueño o principal. El dueño estaba en San Juan y el chauffeur venía de Mayagüez para llevar al primero a Mayagüez cuando el accidente ocurrió debido al choque in-esperado con una piedra en la carretera. El origen de la ac-ción del demandante es el contrato de aseguro celebrado entre el principal y la compañía de aseguro demandada. La corte declaró con lugar cada una de las excepciones pre-vias y estas varias decisiones han sido señaladas como error.

La cansa de acción se funda exclusivamente en la siguiente cláusula del contrato:

“En consideración del cargo adicional incluido en el premio total que se ha cobrado, es entendido que esta póliza, sujeta a sus cláusulas, condiciones y declaraciones, se amplía desde esta fecha en sentido de pagar cualquier pérdida por concepto de la responsabili-dad impuesta por la ley al asegurado por daños y perjuicios con motivo de lesiones corporales, (incluso muerte en cualquier tiempo como resultado de tales lesiones) accidentalmente sufridas durante el período de la póliza por cualquier empleado o empleados del ase-gurado, como resultado de la posesión, mantenimiento o uso de cualquiera de los automóviles enumerados y descritos en el pliego de estipulaciones, excluyendo sin embargo, los empleados cobijados por la ley de indemnizaciones a obreros de Puerto Rico.”

Hubo alguna discusión respecto a si la corte no dió -ra-zones erróneas para sostener la demanda. Los apelados niegan que la corte sostuvo el supuesto razonamiento erró-* neo. El hecho de que la corte razonó erróneamente difícil-mente podría servir al apelante si la demanda no contenía nna cansa de acción.

La cláusula citada no da al demandante ningún derecho de acción ya contra la compañía o el principal. El contrato-de la compañía era para cubrir cualquier responsabilidad del dueño del carro. Habiéndose excluido expresamente la Ley de Indemnizaciones a Obreros la compañía sólo estaba obligada a compensar al dueño del carro por la obligación que tenía ésta para con un empleado. Estamos satisfechos con las citas de los apelados en este sentido las que repro-ducimos :

“ ‘De acuerdo con los contratos ordinarios de indemnización como éste-, no existe ningún nexo ni relación contractual entre el sirviente o empleado y las partes en el contrato; el fondo provisto para indemnización no es un fondo en depósito, y las pérdidas que se tienen en'cuenta es la que el principal asegurado sufre cumpliendo la sentencia dictada contra él de acuerdo con los términos del con-trato. Y si la póliza asegura directamente contra responsabilidad o contra pérdida o daño por responsabilidad no hay ningún nexo-entre el empleado y las partes aseguradora y asegurada" por virtud del contrato de seguro. Un empleado por tanto no tiene ningún derecho de acción en ley contra el asegurador del■ principal, pues no existe ninguna relación contractual entre él y dicho asegurador.’
“Joyce on the Law of Insurance, 2nd. Ed. Vol. 5, pp. 6002 6003, Sec. 3658b.
“Finley v. United States Casualty Co., 113 Tenn. 592, 83 S.W. 2, 34 Ins. L.J. 179.
“Morris v. Traveler’s Ins. Co. (U.S.C.C.) 189 Fed. 211, 40 Ins. L.J. 2054.
“ ‘Un empleado lesionado no puede primero proceder contra el asegurador a menos que el contrato ya por suS términos expresos o por razonable inferencia hubiera sido celebrado para beneficio de tal empleado. Que esta es la. ley ha sido resuelto expresa e inequí-vocamente en un caso bien considerado en North Carolina en el cual las autoridades han sido consideradas completamente. Y allí se declara por el Juez Hoke, que en todos los casos “en tanto han sido examinados, ten derecho de acción que surge por la póliza, se tiene y considera como un fondo del principal asegurado, y en au-sencia de una cesión de él, el empleado no puede apropiarlo a su reclamación,’’ excepto por embargo o demanda en la forma de un mandamiento en equidad, o alguna acción en la naturaleza de una diligencia final, incidental a la quiebra o insolvencia. Esta posición ciertamente está sostenida por el gran peso de -las autoridades. ’
“ ‘Un contrato corriente de indemnización como éste no se cele-bra para beneficio del empleado bien en sus términos expresos o en su objeto fundamental, Se otorga para la protección e indemniza-ción del principal, defendiéndole contra peticiones inesperadas e in-ciertas las cuales por otr.a parte podrían resultar desastrosas a su negocio, y los derechos que surgen por virtud de tal contrato son propiedad suya, y las acciones para recobrar la misma están y de-ben estar bajo su control. La naturaleza del contrato y los princi-pios aplicables están bien establecidos en uno de los casos de Massachusetts, a saber: “Las únicas partes en el contrato de aseguro eran AtTcins y la compañía.” La consideración para la promesa de la compañía procedía de Atkins solo y la promesa fué solamente para él y sus representantes legales. No sólo no era el demandante una parte en la consideración o el contrato, sino que los términos del contrato no tienen por objeto prometer una indemnización para be-neficio de ninguna persona que no sea Atkins. La póliza única-mente tiene por fin asegurar a Atkins y a sus representantes legales contra la responsabilidad legal por daños y perjuicios por lesiones debido a accidentes a cualquier persona o personas en ciertos sitios dentro del tiempo y bajo las circunstancias expresadas. No con-tiene ningún convenio de que el aseguro será para beneficio.de la persona accidentalmente lesionada, ni ningún lenguaje del cual pueda inferirse tal entendimiento o intención. Atkins no tenía obligación de solicitar el aseguro para beneficio del demandante,- ni existía ninguna relación entre el demandante y Atkins que pudiera dar al segundo el derecho a solicitar un aseguro para beneficio del deman-dante. La única exposición correcta de la situación es simplemente que el aseguro era un asunto enteramente entre la compañía y Atkins, en el cual el demandante no tenía ningún interés legal o en equidad, más que el que pudiera tener en cualquier otra propiedad pertene-ciente absolutamente a Atkins. Siendo ésta la posición correcta, la demanda en las actuales condiciones no alega ninguna causa de ac-ción contra la compañía de aseguro ni contiene hechos qu!e den al de-mandante ningún derecho actual a recobrar contra ella, ni a obte-ner una sentencia en ninguna forma que expresamente afecte a sus derechos. ’
“Joyce on Insurance, volumen 5, página 6006, par. 3658c
“Clarke v. W. R. Bonsal & Co., 157 N. Car. 270, 48 L.R.A. (N.S.) 191n., 72 S.E. 954, 41 Ins. L.J. 144.
“Bain v. Atkins, 181 Mass. 240, 57 L.R.A. 791 (subrayado nues-tro)”.

Por alguna razón el apelante Race mención del caso de Frye v. Bath Gas & Electric Co., 59 L.R.A. 444. Incurre en error al decir que el caso fué resuelto contra el deman-dante porque la póliza contenía una cláusula que expresaba que no se seguiría ninguna acción a no ser que fuera esta-blecida por el propio asegurado. El caso fué primeramente resuelto sobre la teoría sostenida por los apelados y enton-ces se citaba la cláusula como razonamiento adicional.

No encontramos que se haya cometido error y debe con-firmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señojr Wolf,

text:
    Demetrio Varela y Tomás Santiago Ondarza, demandantes y apelantes, v. Asamblea Municipal de Arroyo, demandada y apelada.
    No. 3787.

    Visto: Febrero 10, 1926.

      Resuelto: Junio 4, 1926.
    1. Costas — Naturaleza, Fundamentos y Extensión del Derecho en Genera i.— Su Concesión en Procedimientos Especiales — Certiorari Autorizado por la Ley Municipal. — El certiorari contra los municipios autorizados por Ley No. 85 de 1919 (pág. 721) eae dentro de las disposiciones de las prescrip-ciones del artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, por lo que la corte tiene derecho a conceder costas en dicho procedimiento.
    2. Corporaciones Municipales — Procedimientos del Concejo u Otro Cuerpo que Gobierna — Ordenanzas y Reglamentos (By-laws) en General — Fa-cultad para Anular — Ordenanza Cuya Validez- no se ha Atacado.— Una asamblea municipal puede anular una ordenanza que impone una con-tribución con efecto retroactivo aún cuando no se hubiere atacado su validez.
    3. Corporaciones Municipales — Procedimientos del Ooncejo u Otro Cuerpo que Gobierna — Ordenanzas y Reglamentos (By-laws) en General — Fa-cultad para Anular — Ordenanza Cuya Validez no se ha Atacado — "Bn General. — Declarada la no validez de una ordenanza municipal por las cortes, el municipio tiene derecho a dejar sin efecto o anular dicha ordenanza.
    Sentencia de Gabriel 'Castejón, J. (Guayama), anulando y dejando sin efecto auto de certiorari expedido, con costas a los peticiona-rios.

      Confirmada.

      Salvador Mestre y C. Domínguez Rubio, abogados de los apelantes; Manuel A. Martínez Davila, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señojr Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación interpuesta contra la parte de la sentencia que condenó a pagar las costas a los demandantes. Alegan los apelantes que el certiorari contra los municipios autorizado por la ley de 1919 no cae dentro de las disposiciones de las prescripciones del artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, toda vez que este artículo sólo consideraba los pleitos existentes. Las palabras del artículo 327 son muy generales. Dice “Las partes en pleitos o procedimientos tendrán derecho a las costas,” etc. El Código de Enjuiciamiento Civil es la ley fundamental para todas las acciones, a menos que aparezca una intención contraria. El artículo 50 de dicho Código hace aplicable la palabra “acción” a un “procedimiento especial de naturaleza civil,” como lo era el certiorari en este caso. Por lo que la corte tenía derecho a conceder costas.

El Municipio de Arroyo trató de imponer una contribución a la fabricación de azúcar mediante una ordenanza. La ordenanza fue declarada válida por la Corte de Distrito de Guayama y por esta corte, pero revocada por la Corte de Circuito de Apelaciones. Entonces el municipio anuló la ordenanza con efecto retroactivo de modo que nadie pagaría una contribución por virtud de la misma. Habiéndose concedido un certiorari a la Corte Suprema de los Estados Unidos, dos ciudadanos presentaron una petición de certiorari en la Corte de Distrito de Guayama para anular la ordenanza revocatoria. El certiorari para anular la ordenanza fue expedido, pero se afirma que antes de ser juzgado el caso por sus méritos la Corte Suprema de los Estados Unidos había confirmado la sentencia de la Corte de Circuito de Apelaciones.

Somos de opinión de que por lo menos después de la decisión de la Corte de Circuito de Apelaciones el municipio tenía derecho a dejar sin efecto o anular una ordenanza dudosa. Nos inclinamos al parecer de que una asam-blea municipal, como una Legislatura, puede anular una or-denanza que impone una contribución con efecto retroactivo aun cuando no hubiera habido ningún ataque contra su vali-dez y los apelantes nada nos han citado en contrario. En-tonces importa poco lo impropio que fueran los motivos de la asamblea al anular la ordenanza o el acto bueno y pa-triótico de los apelantes al tratar de sostener la contribu-ción. Aparecería que el municipio fué vejado indebidamente con un pleito. No sólo es esto así sino que parece que los apelantes continuaron defendiendo el caso aún después de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esta es una cuestión de fechas que, no fué negada.

De todos modos no vemos razón alguna para intervenir con la discreción de la corte de distrito y debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gerardo González, acusado y apelante.
    No. 2761.

    Visto: Mayo 27, 1926.

      Resuelto: Junio 9, 1926.
    1. Domingo — Cierre de Establecimientos Públicos — Procesos for Violaciones a la Ley del Cierre — En General. — El tener abierto puertas de un estable-cimiento comercial en un domingo, a falta do prueba o demostración que el acusado llevaba a cabo transacciones comerciales en su tienda, o de que alguno de los empleados trabajaren en ella en ese día, no constituye delito alguno.
    2. Domingo — Cierre de Establecimientos — Procesos por Violaciones a la Ley del Cierre — De la Evidencia — Su Suficiencia. — Una prueba que tiende a demostrar que el acusado, en domingo, si bien tenía dos puertas de su esta>-blecimiento comercial abiertas estaban interceptadas por rastrillos, y frente a uno do éstos estaba colocado un escritorio, y no se apercibía entraran y salieran personas do la tienda ni actividad alguna en tal sentido, es insufi-ciente para sostener una convicción bajo el artículo 553 del Código Penal como fué enmendado por Ley No. 18, de 1925 (pág. 137).
    SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), condenando al acusado por infracción al artículo 553 del Código Penal.

      Revocada.

      Rafael Padró Pares, abogado del apelante; José E. Eigueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apeló de una sentencia que le impuso dos dollars de multa por infringir el artículo 553 del Código Penal, tal como fué enmendado por la Ley No. 18, aprobada en mayo 20, 1925, (p. 137).

El apelante discute como único error la apreciación de la prueba por el juez inferior y el fiscal en su alegato está conforme con la revocación.

La prueba tendió a demostrar que el acusado, en un domingo, si bien tenía dos puertas de su establecimiento comercial abiertas, estaban interceptadas por rastrillos y frente a uno de éstos estaba colocado un escritorio. No se apercibía que entraran y salieran personas de la tienda, ni actividad alguna en tal sentido.

Como el móvil que' inspiró al legislador al decretar la ley en ese respecto, fué bacer el descanso obligatorio en favor de los empleados de ciertos establecimientos comercia-les e industriales en los días que se determinan específica-mente, resulta claro en este caso el error de la corte inferior al apreciar la prueba, pues no se demostró que el acusado, el día domingo a que se refiere la acusación, estuviera lle-vando a cabo transacciones comerciales en su tienda, ni nin-guno de sus empleados estuviera trabajando en ese día.

Por todo lo expuestodebe revocarse la sentencia y ab-solverse ál acusado.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    M. Rodríguez y Cía., S. en C., demandante y apelada, v. Hijos de J. F. de Mari, demandados y apelantes. Florencio Ortiz, interventor y apelante.
    No. 3594.

    Visto: Junio 25, 1925.

      Resuelto: Junio 9, 1926.
    1. Cesiones (Assignments) — Acciones—Demanda—Omisión de Alegar Notifi-cación de Acción y Efecto. — La omisión de alegar la notifieae’ón formal de la cesión de unos créditos mercantiles no endosables ni al portador no es fatal para la demanda entablada por el cesionario para su cobro.
    2. Cesiones (Assignments) — Requisitos y Validez — Modo y Suficiencia de la Cesión — Notificación de la Cesión — En General. — La notificación de la cesión quo requiere el artículo 347 del Código de Comer.cio respecto a los créditos mercantiles no endosables ni al portador no tiene otro alcance que el de proteger al deudor contra un doble pago.

      3. Cesiones (Assignments) — Acciones—De la Evidencia — Prueba de la Noti-ficación de la Cesión. — No siendo fatal a mía demanda en eobro de unos créditos mercantiles no endosnbles ni al portador, el que se omita alegar la notificación formal de la cesión hecha de dichos créditos al demandante, no es necesario probar que 'la demandada fuera notificada de las cesiones.
    4. Cesiones (Assignments) — Acciones—De la Evidencia — Suficiencia de la Misma — Prueba de la Cesión. — Cedidos unos créditos resultantes da ventas hechas y no pagadas, es suficiente prue,ba testifical para probaT la cesión por los acreedores del derecho al cobro de osos créditos.
    5. Apelación y Error — Revisión—Errores no Perjudiciales — Admisión de Prueba Objetada — Prueba Sobre Hechos Establecidos ya por Otra Prue-ba. — Aleg'áiuloso como error la admisión de prueba testifical sobre la exis-toneia de una mercantil, y reconocida por el apelante, en el curso del juicio, „ y a preguntas de su, abogado, la existencia de aquella, se resolvió no había necesidad de resolver si existía o no dicho error.
    6. Cuentas, Ack iones Sobre — Exigibilidad de las Cuentas — Partida no Ven-cida al Presentarse la Acción — Partida Vencida al Presentarse De-manda Enmendada y Efecto. — Ejercitada acción en cobro de unos créditos —cuentas-—el hecho de que una partida do una do las cuentas cuyo eobro se ejereita no estuviera vencida cuando se presentó la demanda no afecta al eobro cuando al presentarse demanda enmendada, ya la partida estaba ven-cida y era exigible.
    7. Apelación y Error — Revisión—Su Alcance y Extensión ion General — Cues-tiones Levantadas, Previamente Resueltas. — Fundado el error de que la sentencia es contraria a la prueba no en la carencia de ésta sino en que no debió admitirse determinada prueba-, si considerada ésta previamente la cuestión se resolvió en contra del apelante, proeede no considerar el error alegado.
    8. Patrono y Empleado — Servicios y Compensación — Sueldo y Otra Remune-ración — Acción por Cantidades Debidas por Sueldos — Evidencia—Insu-ficiencia para Sostener la Acción. — Demandada una mercantil, se permi-tió a un dependiente intervenir reclamando el pago de cierta cantidad delú-dale por sueldos como tal dependiente. Se resolvió: que no habiendo prueba de la cantidad fija debida por la mercantil al interventor la corte inferior no erró al declarar sin lugar su demanda fundándose en la apreciación de la prueba.
    SENTENCIA de Gabriel Gaste,jón, J. (Gf-uayama), declarando con lugar la demanda, con costas, y sin lugar la reclamación del interven- , tor.

      Confirmada.

      M. A. Martínez Dávila, abogado del demandado apelante; C. Do-mínguez Rubio, abogado del interventor apelante; D. R. Dottin, abogado de- la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La. sociedad demandante cobra en este pleito a la socie-dad demandada tres créditos por venta de mercancías, uno contraído directamente con la demandante y los otros dos con otras dos casas comerciales, las que los cedieron a la demandante.

En el pleito se permitió por la corte inferior que inter-viniera otra persona quien reclama que la demandada le pague cierta cantidad que le debe por su sueldo como de-pendiente, alegando que tiene un derecho preferente sobra la demandante para cobrarse de los bienes de la demandada porque la demandada carece de bienes por haberle sido em-bargados< y vendidos -los que tenía.

La sentencia final declaró con lugar la demanda y sin lugar la reclamación del interventor por lo que interpusieron, esta apelación las partes perjudicadas por ella.

Alega la demandada como primer motivo de su apelación que fue error de la corte el no haber sostenido» su excepción previa contra la demanda porque ésta no adueé hechos determinantes de causa de acción en cuanto a los dos créditos cedidos a la demandante porque no expone que esas cesiones fueran notificadas a la demandada, sin cuyo requisito no tiene acción la demandante para cobrarlos, y que tal falta no ha sido suplida con la alegación de que la cesión fué hecha con conocimiento y con el consentimiento de la deudora.

Los créditos pueden cederse y la cesión da acción al ee-cionario para el cobro por sustitución en los derechos del cedente, sin que la notificación de la cesión que requiere el artículo 347 del Código de Comercio con respecto a los cré-ditos mercantiles no endo sables ni al portador, como los aquí reclamados, tenga otro alcance que el de proteger al deudor contra un doble pago, por lo que la omisión de ale-gar la notificación formal de la cesión no es fatal para la demanda, según declaramos en el caso de Espinet contra Alvares, 25 D.P.R. 358.

Sentado lo expuesto cae por su base el segundo motivo del recurso fundado en que la evidencia no demostró que la demandada fuera notificada de las cesiones.

El tercer motivo se funda en que la corte inferior permi tió evidencia testifical para probar las cesiones de los cré-ditos en lugar del documento cedido.

No eran obligaciones constantes en documento las que fueron cedidas en este caso sino créditos resultantes de ventas becbas y no pagadas por lo que era suficiente la prueba testifical para probar que los dos acreedores referidos cedieron a la demandante su derecho a cobrar esas cuentas o créditos, mediante pago de ellas por la demandante.

Se alega como cuarto error el haberse admitido prueba testifical sobre la existencia de una de las mercantiles cedentes en vez de exigirse la presentación de su escritura social, pero no tenemos necesidad de resolver si existe o nó el error alegado porque el testigo Aurelio de Mari, gestor de la demandada, a preguntas de su abogado contestó que había tenido relaciones comerciales con las dos sociedades cedentes, reconociendo así la existencia de ellas. Lamas y Méndez v. Betancourt, 16 D.P.R. 283.

También se alega como error que una de las partidas de una de las cuentas, que era a sesenta días dé plazo, no estaba vencida cuando se presentó la demanda. Así era, pero cuando se presentó la demanda enmendada ya había vencido el plazo y era exigible.

Por último, dice el apelante que la sentencia es con-traria a la prueba, pero como no se funda en la carencia de prueba sino en que no debieron ser admitidas ciertas cla-ses de prueba, que son las consideradas en los motivos an-teriores y resueltos en su contra, no tenemos que dar más consideración a este alegado error.

El interventor alega para sostener su apelación que la corte sentenciadora cometió error al declarar sin lugar su demanda fundándose en que la prueba era insuficiente para sostenerla.

Dejando a un lado cualquiera otra cuestión que pudiera surgir en cuanto a la reclamación del interventor, diremos que de la evidencia de los dos testigos que fueron presen-tados, o sea el interventor y el gestor de la sociedad deman-dada resulta qne el propio interventor no sabe la cantidad que le debe la sociedad apelada pues aunque tenía un sueldo fijo no lo recibía mensualmente sino que tomaba a cuenta de él lo que necesitaba y sólo sabe el saldo que tenía a su favor porque se lo dijo el gestor de la casa donde estaba empleado; y ese gestor se limitó a decir en el juicio una cantidad como saldo a favor del interventor pero sin po-der decir cómo resultaba tal saldo pues no sabía el importe de los sueldos devengados ni el de las cantidades tomadas a cuenta de él, por lo que la corte inferior estuvo justifi-cada en estimar que esa evidencia es insuficiente para soste-ner su reclamación.

Por los motivos expuestos la sentencia apelada debe ser confirmada en todos sus extremos.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Javier y Herminio Calderón, acusados y apelantes.
    No. 2712.

    Resuelto: Junio 9, 1926.
    Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Señalamiento de Errores y Alegatos — De los Alegatos — Su Radicación Euera del Término y Efecto. — S3 bien enando un apelante radica su alegato dentro de un término razonable subsiguientemente a la fecha en que venció la prórroga concedida para presentarlo y antes de que se pida la desestimación o la corte la de-creto m,otu proprio dicho alegatm será aceptado, sin embargo, si presentada moción de reconsideración de resolución que denegó moción de prórroga no so acompaña alegato alguno a la misma ni se presentan razones para no haberlo hecho hasta entonces, procede desestimar la apelación interpuesta,
    MocióN SOBRE RECONSIDERACIÓN de resolución que declaró sin lugar moción solicitando prórroga del término para radicar alegato.

      Bolívar Pagan, abogado de los apelantes.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En abril de 1926 los apelantes presentaron una moción solicitando la suspensión del señalamiento de la vista y que se fijara otra fecha, y solicitaron también que se les conce-diera un término de diez días para radicar un alegato. Am-bas peticiones fueron concedidas. En mayo 4, 19.26, los apelantes radicaron otra moción solicitando una prórroga del término, moción que fué declarada sin lugar por el fun-damento de haber vencido el término para radicar el ale-gato el día 3 de mayo de 1926. Los apelantes han presen-tado una moción de reconsideración por el fundamento de haber incurrido ellos en un error al calcular el término en que su anterior prórroga vencía.

La práctica uniforme de esta corte ha sido negarse a conceder prórrogas para presentar alegatos una vez que el término concedido realmente ha vencido, pero entiéndese en-tonces, a semejanza de la regla 58 de esta corte, que sí el apelante radica su alegato dentro de un término razonable subsiguientemente y antes de que se pida la desestimación, o de que esta corte la decrete por su propio acuerdo, dicho alegato será aceptado. En el presente caso, con la moción de reconsideración no se radicó el alegato ni tampoco se presentó un affidavit de méritos y no se ha radicado u ofre-cido presentar ningún alegato hasta la fecha de esta opi-nión.

En varios casos esta corte ha abierto o se ha negado a abrir una rebeldía, dependiendo de la naturaleza del alegato presentado. Pero en este caso el apelante no nos ha pre-sentado razones para variar nuestra práctica y la moción de reconsideración debe ser denegada.