author: El Juez Presidente Señor Del Tobo,

text:
    Nicomedes Varcárcel, en su carácter de padre con patria potestad sobre su hijo legítimo, Ramón Varcárcel Torres, demandante y apelante, v. Feliciano Hermanos y The United States Casualty Co., demandadas y apeladas.

      No. 6747.

    Sometido: Enero 14, 1936.

      Resuelto: Marzo 25, 1936.

      Eduardo Urrulia Martorell, abogado del apelante; B. Castro Fernán-dez, abogado de las apeladas. .
   El Juez Presidente Señor Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn caso iniciado por nn padre en reclamación de los daños y perjuicios que alega que causó a su hijo menor de edad el 19 de mayo de 1933 la sociedad demandada Feli-ciano Hermanos con nna guagua de sn propiedad dedicada a su negocio de hielo, siendo también responsable de los perjuicios la compañía aseguradora demandada The United States Casualty Co.

Sostuvo y sostiene el demandante qne como consecuencia del accidente el menor sufrió varias lesiones entre ellas la fractura del tercio medio del muslo izquierdo, teniendo que resistir una dolorosa operación y someterse a un tratamiento largo y penoso, quedando inútil de la pierna, y que el acci-dente se debió a la negligencia del chauffeur -de la guagua de la sociedad demandada al caminar por su izquierda a gran velocidad por la calle de Ernesto Oerra de Santurce, sin mi-rar al frente, sin dar aviso al acercarse al cruce de la calle Lucchetti, sin usar sus frenos ni desviar el vehículo al en-frentarse con, el niño que caminaba en su bicicleta.

Negó la demandada Feliciano Hermanos que su empleado fuera negligente y alegó como primera defensa especial la negligencia exclusiva del menor y de su padre el demandante, y como segunda la negligencia contributoria del padre y del menor.

Fué el pleito a juicio y la corte resolvió que la prueba no revelaba “ninguno de los actos de negligencia que alega el demandante fueron causantes del daño”, no siendo en tal vir-tud suficiente para sostener la demanda que declaró sin lugar sin especial condenación de costas.

Apeló el demandante, señalando y discutiendo amplia-mente en su alegato dos errores cometidos a su juicio por la corte sentenciadora al apreciar la prueba y al admitir en evidencia ciertos affidavits.

Hemos examinado cuidadosamente la evidencia de una y otra parte. En su esencia y tratando de usar lo más que podamos las propias palabras de los testigos, es como sigue:

Nicomedes Varcáreel, el demandante, declaró que era el padre del menor lesionado Ramón, de unos diez años de edad.

Guadalupe García dijo que el niño “venía en una bicicleta chiquita y el chauffeur de los Feliciano venía en la guagua por la calle Cerra y ... no tocó bocina y el muchachito ve-nía llegando a la orilla de la esquina y la guagua entonces sin tocar bocina y defendiéndose de los hoyos que había en la carretera cogió la otra línea que no le correspondía ... y le dió con el bumper a la bicicleta y el muchacho cayó entre medio de la rueda de alante y de atrás de la guagua, a mano izquierda, dándole con el guardalodo derecho. ... La gua-gua paró instantáneamente. . . No venía a alta velocidad.”

Ana Gruzmán vió “que el niño iba montado en la bicicleta cruzando la calle Lucchetti arriba y la guagua venía cruzando la calle Cerra y cuando el niño fue a cruzar la guagua le dió con el tapalodo izquierdo del frente a la bicicleta y cayó el niño. La guagua no tocó klaxon

Tomás Cristiano declaró que “pasaba un muchachito con una bicicleta pequeña, y cuando venía el carro de hielo le dió con la parte izquierda y quedó el muchachito debajo de la guagua con la bicicleta . . . acostado en el suelo. ... Yo sentí klaxon 'Cuando salí a la calle. No sé si fuera esa gua-gua u otro carro. ... El niño iba culebreando. No alcan-zaba bien los pedales. Iba por el centro mismo de la calle. Al cruzar la calle salió la guagua. La guagua paró instan-táneamente.”

Pedro Jorge describe el accidente así: “Yo vi que el Sr. Varcárcel venía montado en una bicicleta ... y al llegar a la esquina sentí el golpe, vi que la guagua ‘tan’ le dió, ca-yendo la bicicleta así al lado de la guagua, pasando la rueda de la izquierda por encima del niño, quedando (éste) como a mitad de la rueda delantera y la trasera.” La guagua “ve-nía ligero, como a veinte o veinte y cinco millas.”

Pué llamado entonces a declarar el niño lesionado. Dijo: “Cuando yo venía por la calle Lucchetti en una bicicleta de pedal al llegar a la esquina venía la guagua de Feliciano y me tumbó la bicicleta con el bumper y me pasó la rueda izquierda por la pierna. No oí klaxon de ninguna especie. Fue de pronto. En la izquierda de la calle. Cerca de la acera. Es-tuve cuarenta -y dos días en el hospital. Me entablillaron la pierna y me pusieron unos sacos de arena porque tenía el hueso encaramado para que fuera estirando. Sufrió mucho. Le hacían falta sus padres. No volvió a la escuela ni pasó de grado. ’ ’ La bicicleta no era suya. Se la prestó un mu-chacho que no sabe dónde vive y cuyo nombre n,o conoce. Había montado en bicicleta otras veces. Iba mirando “para alante.” El truck le dió con el gnardalodo izquierdo.

Clandina Aqnerón profesora del niño dijo que éste hu-biera pasado del segundo grado que estudiaba, que era de condición, normal. Con su récord escolar a la vista declaró que tenía diez y nueve “F” que indican fracaso. Insistió en que era normal.

Juan Feliciano, socio gestor de la demandada, declaró so-bre el seguro con la otra demandada. Se introdujo en evi-dencia la póliza.

Por último el Doctor Arsenio Comas, médico que asistió al lesionado dijo que éste “presentaba una fractura del ter-cio medio del fémur izquierdo, fractura simple.” Examina una placa tomada al mes de estar en el hospital que revela una unión pero también, que el hueso no está derecho. La pierna quedó tres cuartos de pulgada menos que la otra. Con el tiempo podrá andar sin muletas. La fractura pudo pro-ducirse al pasarle la rueda del truck por encima de la pierna. También por la bicicleta presionada por el truck.

La prueba de la demandada comenzó con la declaración del abogado notario Juan José Fuertes que autorizó los affidavits de Ana G-uzmán y Tomás Cristiano en la investiga-ción preliminar del suceso practicada por la compañía asegu-radora demandada y explicó la forma en que fueron prepa-rados, tomándose los testimonios taquigráficamente, transcri-biéndose en maquinilla, dándoselos a leer o leyéndoselos a los testigos y firmando éstos entonces ante él.

Cuan,do los testigos Guzmán y Cristiano declararon en el juicio presentados por el demandante, la parte demandada les mostró los affidavits a fin de que los leyeran y explicaran ciertas contradicciones que advertían entre ellos y sus actua-les testimonios. La Guzmán dijo que ella firmó sin que le dieran, a leer el documento y que lo cierto era lo que decla-raba en el juicio y más o menos expresó lo mismo Cristiano.

Con esos antecedentes la demandada dijo: “Presento como evidencia para impugnar la declaración de los testigos Ana. Guzmán y Tomás Cristiano, sola y exclusivamente, es-tos affidavits.” Se opuso el demandante y la corte admitió en evidencia los affidavits “al solo fin indicado.”

Se llamó a declarar al chauffeur Rafael Santiago Cosme. Dijo que “venía con una.guagua de detalle de hielo de re-tirada al garage de la calle de Ernesto Cerra con dirección a Talleres, y se presentó un niño a cruzar por delante sa-liendo por Luechetti como para Cerra.” Conducía la guagua ni muy ligero ni muy despacio porque había muchos hoyos. Redujo al llegar a la bocacalle y antes de llegar tocó hlaxon.” En la calle “caben dos automóviles un poco apurados. La calle de más tráfico es la de Ernesto Cerra. Por la de Luc-chetti hay muy poco tráfico. Yo iba que la rueda izquierda me quedaba al centro de la calle. Sucedió que cuando llegué a la esquina venía un niño corriendo una bicicleta y cuando vi el celaje traté de parar y pude parar pero siempre cogí la bicicleta y entonces quedó la bicicleta la rueda de atrás pillada con la rueda de la guagua, pero no cogió al niño de-bajo. Debajo de la bicicleta estaba el niño. Levantaron un poco la-bicicleta y lo sacaron. La bicicleta quedó pillada conforme estaba.”

Evaristo Yelázquez dijo: “Estábamos hablando cuando venía un muchachito en una bicicleta ... no alcanzaba muy fácilmente los pedales y venía dando culebreos . . . sentimos un hlaxon y al sentir ese hlaxon miramos cuando la guagua salió y ahí lo cogió con la rueda delantera y la rueda trasera de la bicicleta y nosotros corrimos y tenía el muchacho una pierna rota.” La guagua “paró repentinamente ... en el mismo centro de la calle . . . iba despacio ... la calle de Ernesto Cerra es la de más tráfico ... el truch no le pasó por la pierna al niño.”

Juan Hernández manifestó: “Yo estaba mirando para el templo protestante que queda al frente cuando sentí el hlaxon, hice así y la vi, la guagua entonces venía a pasar por la calle Luechetti ... y venía el niño . . . cuando el chauffeur siguió que iba como dos metros después de la esquipa venía el mu-chachito culebreando con una bicicleta y se le metió debajo y la rueda de la bicicleta qujedó pillada y el niño pillado con la bicicleta. ... La guagua venía al paso de un hombre a pie con su rueda izquierda al centro de la carretera.”

Basilio Rodríguez manifestó: “Venía una bicicleta de allá, venía como dando sigsags y mientras él venía llegando a la esquina sentimos el klaxon y en el momento se enfren-taron y hubo un choque entre ellos y vimos al muchacho ti-rado debajo de la bicicleta y corrimos para allá. La guagua estaba parada casi al centro de la calle por su derecha . . . venía despacio, hay muchos hoyos. No había atravesado mu-cho. Fué al romper la calle.”

Por último declaró el Doctor W. F. Lippitt, médico ciru-jano con cuarenta y nueve años de práctica. Examinó el niño poco antes del juicio. También la placa a que se refirió el Dr. Comas. En su opinión el ruño no debió comenzar a an-dar tan pronto como lo hizo. Eso no obstante el hueso está bien, unido. No cree posible que el truck pasara por encima de la pierna sin haber dado lugar a fracturas múltiples del hueso. Pudo ocasionarse la fractura al caer pillado por la bicicleta presionada ésta por el truck.

Llamado en rebuttal el Dr. Comas dijo que dió de alta al niño por considerarlo curado. No sabe lo que hizo después que salió del hospital.

Siendo ésa la evidencia presentada por ambas partes, no es posible sostener que fuera apreciada con manifiesto error por la corte sentenciadora a los efectos de dictar la sentencia que dictó declarando la demanda sin lugar. No nos deten-dremos a considerar las manifestaciones que hiciera en su relación del caso y opinión. Pueden alguna o algunas de esas manifestaciones estar equivocadas, sin que por ello proceda la revocación de la sentencia. Lo que importa principalmente es la conclusión fin.al reveladora del juicio definitivo de la corte.

Tampoco erró la corte sentenciadora al admitir los dos affidavits de que se lia hecho mérito a los solos efectos de impugnar las declaraciones de los dos' testigos del deman-dante de que-se trata.

El artículo 159 de la Ley de Evidencia, leyes de 1905, pág*. 157, dice:

"También podrá tacharse a un testigo mediante evidencia de que hizo, en otras épocas, manifestaciones incompatibles con su actual declaración; pero antes de poder hacer esto, habrá que referirle las manifestaciones, con las circunstancias de fechas, lugares y personas que se hallaban presentes; se le preguntará si hizo esas manifes-taciones, y de haberlas hecho, se le permitirá que las esplique. Si las manifestaciones se hicieron por escrito, deberán enseñarse al testigo antes de podérsele interrogar acerca de ellas.”

T aquí como hemos visto los requisitos exigidos por la ley se cumplieron. Véase el caso de Vélez v. Iturregui, 44 D.P.R. 487, 490.

Debe declararse no haber lugar al recurso y confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

license: Public Domain

text:
    Emilio Torres, demandante y apelante, v. Celestina Vélez Díaz y Juan, Angélica, Antonia, Lucila, Manuel y Adrián Vélez Ramírez, demandados y apelados.
    No. 6890.

    Sometido: Enero 23, 1936.

      Resuelto: Marzo 27, 1936.

      R. Hernández Matos, abogado del apelante; José 1. Fernández, abo-gado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito en cobro de dinero iniciado por Emilio Torres contra siete menores de edad qne estuvieron repre-sentados por un defensor judicial nombrádoles al efecto por la corte.

Se alega en la demanda que el demandante en distintas partidas y fechas vendió y entregó en su establecimiento mer-cantil sito en, Ponce provisiones y dinero en efectivo, todo ello en cuenta corriente, a Juan Yélez y a su esposa Matilde Ramírez que fallecieron en 1932 y que liquidada la cuenta a junio 30, 1933, arrojó un saldo a favor del demandante de $950; que los únicos herederos de los esposos Vélez-Ramírez son sus hijos los demandados, y que el indicado saldo no ha sido satisfecho en todo ni en parte.

Contestaron los demandados pegando todos y cada uno de los hechos de la demanda. Fue el pleito a juicio. En él los demandados admitieron que eran los componentes de la su-cesión de Juan Vélez y Matilde Ramírez siendo sus únicos y universales herederos.

Declaró el demandante, refiriéndose a los esposos Vélez-Ramírez :

“Ellos me cogían dinero prestado, y, al mismo tiempo me cogían en la tienda que yo tenía; y en la cuenta de la tienda que llevaban conmigo, a veces me pagaban y a veces no me pagaban, y así fue que la cuenta se fué aumentando basta un cierto extremo que llegó a una suma de $950. . . . Desde que han faltado ellos no han podido pagar nada. ... Yo he tratado de cobrarles, y como son menores de edad, me han dicho qne no pueden pagarme.”

Y a la pregunta del juez: “¿Qué comprobantes tiene us-ted de eso?”, contestó: “Las notas. Y también los mismos testigos que vivían, en la casa de los esposos — una señora que se llama Romualda Rodríguez — y los tíos, que constan tam-bién. ’ ’

Monserrate Ramírez, hermano de Matilde Ramírez, defen-sor judicial de los menores, testificó sobre las relaciones co-merciales de su hermana fallecida con el demandante. Ella le cogía dinero prestado para pagar los intereses sobre una hipoteca, las contribuciones y las medicinas. A la siguiente pregunta del juez: “¿Usted no le dijo al licenciado Sergio León Lugo que le constaba que su cuñado Juan Vélez antes de morir no le debía un solo centavo a Emilio Torres, que su hermana sí le tomaba provisiones, etcétera?” contestó: “Él fué el que me llamó y me dijo que negara yo en la corte que él le debía a Emilio Torres para entonces vender ellos la propiedad y pagarle al doctor Casanovas y entonces darle el restante a él; y yo dije que no, que yo no podía hacer eso porque a mí me constaba que él debía ese dinero y que no quería enemistades con él ni con el doctor ni con nadie, y que si venía a la corte venía a decir la verdad.”

Romualda • Rodríguez declaró que estuvo viviendo tres años con los esposos Vélez-Ramírez; que ellos cogían en la tienda del demandante provisiones y dinero constándole que la cuenta llegó a $950, “porque él mismo me presentaba a mí las notas y todo; yo era la que iba con ellas, cuando ella me mandaba a buscar dinero y a comprarle y todo.” .

Dió por terminada su prueba la parte demandante y ma-nifestó la demandada:

“DemáNdáda: No tenemos prueba. Yo be hablado con el tío de los menores, con el defensor judicial, y be tenido otra entrevista con los menores, excepto uno de ellos que es loco, y todos me ban mani-festado, me ban confesado que realmente deben eso. Pero yo, no obstante eso, contesté negando los hechos de la demanda para oír la prueba que trajera el demandante.”

Llamó el juez de nuevo a la testigo Romualda Rodríguez y le hizo algunas preguntas, y ocurrió lo que sigue:

“Juez: Si ésa es toda la prueba, la corte va a decir que no es suficiente. Aquí hay un informe del licenciado León Lugo y, además, otro informe del fiscal de que este Monserrate Ramírez se compro-metió a asumir la defensa de los menores y a nombrar un abogado y traer una defensa apropiada en este caso, y, sin embargo, aquí viene a decir todo lo contrario de lo que dice el licenciado Sergio León Lugo que le dijo. Se dicen cosas aquí que deben aclararse.— DEMANDANTE: Pues aquí están para aclararse. En cuanto a lo que dijo Monserrate Ramírez, ya él explicó. — Juez: La corte se encuentra sin prueba cuando hay datos ante la corte para haberse traído una defensa de los intereses de estos menores. — Demandada : Yo Mee citar a estos menores a mi oficina — la corte los puede oír — y me han dicho que sí, que deben eso. He llamado también al defensor judicial. . . . —Juez : No se trae un libro ni una libreta ni comprobantes ni nada. ■ — Demandante : A nosotros nos parece que habiendo una prueba que en realidad no ha sido atacada ni impugnada, de acuerdo con nuestro Tribunal Supremo, a falta de otra cosa. . . . — Juez: Aparte de que a la corte no le merece crédito la prueba. — Demandante : Si la corte quiere oír más prueba sobre esto. . . . —Juez: Sí, a las dos de la tarde, y que se cite al licenciado León Lugo para esta tarde.”

En la sesión de la tarde volvió a declarar el demandante. Reconoció una libreta en la que consta anotada una cuenta de provisiones y efectivo tomados por Matilde Ramírez y abonos hechos con un saldo deudor de $250.86. La libreta quedó admitida en evidencia sin objeción.

Reconoció otra libreta que contiene la cuenta separada de los préstamos en efectivo con expresión del motivo de cada transacción. Contiene al final el siguiente resumen:

“Sumado desde el mes de gastos (sic) 1932 al 1933
“La suma de $649.64
“Cuenta de tienda con cargo a éstas 250.86
900. 50”.

Quedó admitida en evidencia, sin objeción. Se admitieron después gran número de recibos de contribuciones, intereses de hipoteca, etc., a nombre de Yélez unos y de su viuda Ma-tilde Ramírez otros.

Compareció luego a declarar el abogado Sergio León, Lugo. Su testimonio llena veinte y cinco páginas del récord y es difícil de resumir. Fué el abogado de doña Isabel González de Casanova acreedora hipotecaria de los esposos Vélez-Ramírez encargado de ejecutar como ejecutó el crédito a la muerte de dichos esposos. A gestión suya se nombró defen-sor a los menores. Se comunicó directamente con éstos. “Me dijeron que el demandante las había demandado. ‘¿Y qué han hecho ustedes?’ 'Nada, absolutamente.’ '¿Por qué?’ 'Por-que el tío de nosotros no quiere entenderse en nuestros asun-tos.’ '¿Pero qué pasa?’ Y ellas me trajeron unas libretas y unos cuantos documentos y me hicieron ver que realmente la cuenta no era ésa, y entonces yo tomé al propio defensor judicial, que había sido en el caso anterior, y ful a mi oficina con él, y allí me explicó que realmente no era nada de eso; que se le debía una cantidad, pero no ésa.”

Se ocupó entonces de defender a los mejores y la corte ordenó al fiscal que interviniera y la corte y el fiscal le en-comendaron la práctica de una investigación. “Me trasladé al sitio y examiné documentos que me presentaron las niñas esas — aquella que está allá fué la que me sacó de una cajita que tenía, unos cuantos documentos — me los mostró y me dijo que no era cierta esa deuda; que, de acuerdo con la libreta que me mostró, había una cuenta de ochenta y pico de pesos y había otra de setenta y pico de pesos que estaba saldada, me dijeron., y me explicaron que la madre tenía dinero, que ellas me encomendaban a mí que obtuviera de un compañero otros tantos documentos que le habían dado para cobro de unas cuentas, pagarés que tenían, y dinero en hipoteca. Yo no quise obtenerlos y averigüé con otro tío de ellas, que no recuerdo el nombre de él, y el tío ese me dijo que no era cierto nada de eso, y que al señor éste, como dos o tres meses antes de morir el padre, esta muchacha le había alquilado una casa y mientras el padre vivió el señor éste estuvo pagando, pero después no; y después que murió la madre no les había pagado un centavo más. Si verdaderamente la madre mien-tras estuvo viviendo le cogió algunas provisiones y eso, éste les debía una cantidad de dinero a ellas, y en la libreta que me mostraron, aparecían algunos alquileres, pero no comple-tos. No recuerdo si eran cinco o seis pesos que devengaba la casa. Aparecían dos pesos, tres pesos. Yo no sé si esa libreta habrá aparecido. Yo tomé nota de ello y por eso decía que yo tenía nota de todo. Como resultado de todo ese examen e investigación que hice, vino este informe, que sometí a la corte, y le pedía que toda vez que yo no tenía autoridad bas-tante, que el fiscal investigara detenidamente los hechos. A mi entender estos niños no deben esta cantidad, de acuerdo con lo que ellos me mostraron aquel día. Ha habido aquí algo más que yo ignoro, pero sé que es una pequeña cantidad como de ochenta y pico de pesos la deuda de estos niños con este señor (se refiere al demandante) cuya deuda en parte está compensada por alquileres de una casa que ellos tenían, donde este señor tenía una tienda cuyas existencias no excederían de setenta u ochenta pesos, que tuve oportunidad de hacerlo desalojar de allí y de ver las existencias. Ése es el origen del informe ...”

Intervino el juez como sigue:

“Juez: ¿En este informe usted dice que el defensor judicial le manifestó. . . . — Las palabras que constan en el informe son las que el defensor me dijo en mi propia oficina. — . . . .Que él le dijo a usted que Juan Vélez no le debía nada a Emilio Torres, sino que fué después de la muerte de él que Matilde Eamírez tomó provisiones a él. Yo le pregunté a él esta mañana cuando él estaba declarando aquí, sobre si le había dicho eso a S. Sa., y contestó que no, que era usted quien quería que él viniera a la corte a decir otra cosa distinta y que él se había negado? — No. En este asunto él fué a mi propia oficina, a requerimiento mío para investigar eso, no voluntariamente —sino a requerimiento, para yo investigar el caso ese de acuerdo con la orden de la corte. Y las palabras que constan en este informe son las palabras exactas dichas por él en mi propia oficina, copiadas por mí en el momento mismo de él decirlas.”

Refiriéndose a las propiedades que quedaron a la muerte de la Sra. Ramírez, contestó:

“El solar pertenece hoy a doña Isabel González de Casanova, junto con dos casas. La otra casa no estaba construida cuando se hizo la hipoteca.”

Dijo que al practicar la investigación no habló con el de-mandante, ni con las personas que según los menores les de-bían ciertas sumas, ni tuvo interés en investigar las fuentes de ingreso de doña Matilde. Le dijeron que era curandera y ganaba mucho y que tenía un automóvil que manejaba el marido de la testigo Rodríguez. Las propiedades que eje-cuto para el cobro de quinientos dólares, intereses y costas? no valían, 'más de trescientos.

Llamado nuevamente el defensor judicial Monserrate Ra-mírez, contestó al abog'ado de los menores como sigue:

"Bajo el mismo juramento que usted, prestó esta mañana, y en relación con este asunto y la cuenta que se les reclama a estos me-nores ¿qué me ba dicho usted en mi oficina a mí sobre esa cuenta?— Que es verdad que se le debe al señor Emilio Torres. — ¿Le pregunté yo si usted tenía algún detalle, algún documento, algo para traer aquí y contradecir lo que decía Emilio Torres? — . . . — Sí, señor.— ¿Qué usted me contestó? — Que no había para hacer ver a la corte que era verdad que se le debía esa cuenta. — ¿ Pero yo le pregunté si había algún testigo, algún documento, para yo oponerme a la recla-mación de Emilio Torres, si lo había, y usted me contestó qué?— Yo le dije que de acuerdo con los testigos, los que hay son sabedores de que es verdad que había esa deuda; yo no me atrevo decir que yo no se lo dije. — ¿Le sugerí yo, entonces, a usted, que usted me llevara los menores a mi oficina? — Sí, señor. — ¿Usted me los llevó? —Yo llevé a las que están presentes. — ¿Las llevó a la oficina? — Sí.— ¿Y qué dijeron delante de usted? — Que era verdad."

Respondiendo a una pregunta del abogado del demandante terminó diciendo:

"Entonces me llamó Sergio León Lugo y me dijo, 'yo voy a ser defensor de la hipoteca y al mismo tiempo defensor de las muchachas, y para que sobre más, vamos a negar la cuenta de Emilio Torres.’— ¿Quién le dijo eso? — El señor León Lugo. — ¿En dónde? — En la oficina de él. Y yo le dije, ‘cuando yo ando por las calles de Ponce quiero ir tranquilo, andar derecho, para no tener enemigos;’ y él me dijo, ‘no se apure, que guapo soy yo en la corte, yo peleo en la corte,’ y yo le dije, ‘usted pelea en la corte, pero yo no voy a pelear en la calle, que me vayan a matar,’ y le dije que no, ‘porque este señor es un hombre honrado y yo tengo que pasar por allí por donde él está dos o tres veces todos los días y no suceda que vaya a coger un coraje y me vaya a dar unos golpes.’ Yo dije que venía a la corte a decir la verdad. — ¿Y en la fiscalía qué usted le dijo delante del compañero León Lugo al fiscal? — Pues le expliqué también lo que él quiso hacer conmigo. — ¿Quién?—Sergio León Lugo. — ¿Fué verdad que usted le dijo al compañero León Lugo que usted no quería seguir defendiendo a esas muchachas porque no le obedecían? — Yo le dije que me quería desapartar de esas mucb.acb.as porque estaban. enamorás, y la otra grande no quería parar la pata ni de día ni de nocbe. Yo lo digo aquí en la corte porque ustedes saben que es verdad, y dije que no quería cargar la responsabilidad de esas mu-chachas; pero los chiquitos los tengo yo porque si no, quién les va a dar el pan.”

Angélica Vélez, una de las demandadas, declaró que lla-mada por su abogado para preparar su defensa, le informó que la cuenta reclamada era cierta, que se le debía ese dinero a ese señor, refiriéndose al demandante.

El abogado de la parte demandada declaró:

“Me llamo José I. Fernández Segarra, abogado que ejerzo en Ponce, con veintiún años de práctica, desgraciadamente; y cuando me hice cargo de este asunto, que me lo llevó el defensor judicial, lo requerí repetidas veces para que me trajese alguna prueba, algún documento, algún testigo, donde pudiéramos basar nuestra defensa, ya que habíamos preparado una contestación negando los hechos de la demanda. Me dijo que la cuenta era cierta, que debían ese dinero, que no tenían defensa de ninguna clase. Entonces le dije que al día siguiente me trajese a los menores mayores de edad (sic) los que tuvieran uso de razón. AL día siguiente me trajo a esta niña que acaba de declarar y otra más pequeña, y les hice la misma pregunta y me dijeron que sí, que debían esa cuenta, que la había originado el padre y después la madre, y después de muerta la madre la habían continuado ellos. Les hice la misma pregunta de si había alguna prueba para traer a la corte para defenderse y me dijeron que no, que al contrario, que deseaba — me dijo ésta — venir aquí hoy y decir que eso era cierto. En esas condiciones yo les dije a mis clientes, y, sobre todo, al que me llevó este asunto, al defensor judicial, que nuestra actitud sería observar la prueba del demandante. Si la corte está satisfecha con mi labor, bien, y si no, yo renuncio y que busque la corte otro abogado que defienda a estos menores mejor que yo.”

Compareció por tercera vez el demandante y explicando lo que significaba la prueba de los recibos dijo :

“Hay recibos que, en parte, ellos tenían el completo del dinero y lo ponían; por ejemplo, un recibo de doce pesos, si ellos tenían ocho, me decían, ‘quiero cuatro, que yo tengo el resto. ”

Y siguió contestando al juez así;

"Juez: Pero usted aparece presentando el recibo como pago por* usted. ¿Cuánto le abonaron ellos a usted? — En la misma libretita puede decir. — Yo be tomado el total, lo que aparece al final, que asciende la cuenta a $250.86, la de provisiones. Aquí, en efectivo, hay $649.64, según esto. — Porque yo de lo otro no podía reclamarle ■más nada. — Y luego, la suma de todos estos recibos da un total de $1,109.40. — Pero es porque, como anteriormente le be dicho, que bay recibos ahí que han puesto el restante de dinero nada más.”

Y así terminó la práctica de la evidencia, quedando el caso definitivamente sometido a la corte que lo decidió por sen-tencia de julio 18, 1934, declarando la demanda sin lugar sin especial condenación de costas.

Para entender la posición asumida por la corte precisa transcribir la relación del caso y opinión que sirvió de base a su sentencia. Dice:

‘ ‘ Se trata de un caso en cobro de dinero, en el que el demandante, Emilio Torres, reclama de los demandados la suma de $950 que el demandante alega haber suministrado en provisiones y dinero a los padres de los demandados, ya fallecidos, y a los propios demandados con posterioridad, y que liquidada dicha cuenta corriente en junio de 1933, dió un saldo a favor del demandante por la suma ya men-cionada. Todos los demandados, con excepción de una que no ha comparecido, son menores de edad, y a moción del propio demandante, se les nombró Defensor Judicial a Monserrate Ramírez, quien aceptó el cargo, para que los representase y defendiera en este caso.
"No obstante este nombramiento, de acuerdo con lo que aparece en las minutas de esta Corte del día 9 de marzo de 1934, dos de las demandadas comparecieron en corte abierta ante el Hon. Juez Domingo Sepulveda e informaron que no estaban debidamente defen-didas por su Defensor Judicial y solicitaron que se designara al Ledo. Sergio León Lugo como Amicus Curiae para que las asista en su defensa, a lo que accedió la Corte, concediéndole un término de cinco días para que presentara un informe por escrito en relación con la actitud del Defensor Judicial en este caso. Dicho informe fué radicado con fecha 14 de marzo del corriente año que dió motivo a una vista celebrada el día 16 del mismo mes y año ante el Juez Sepulveda, con asistencia de las partes y el Fiscal del Distrito, habiendo ordenado la Corte que los autos pasaran al Fiscal para su investigación é informe escrito, lo qne hizo dicbo funcionario en el sentido de que el Defensor Judicial continuaría representando a los demandados y asumiría su defensa en este caso procediendo a nombrar un abogado inmediatamente.
“Al efecto, al mes siguiente, compareció el Ledo. José I. Fer-nández Segarra en representación del defensor judicial, y después de solicitar insolvencia para sus representadas, que le fué concedida, radicó una contestación negando todos y cada uno de los becbos expuestos en la demanda.
“Señalado el caso para juicio, comparecieron las partes y sus abogados, habiendo practicado el demandante prueba testifical y ninguna los demandados; la Corte, no conforme con la forma en que se producía el Defensor Judicial, a pesar del incidente anterior-mente ocurrido, y tratándose de menores de edad, ordenó la com-parecencia del Ledo. Sergio León Lugo como testigo, quien prestó una amplia declaración sobre su intervención en este caso. Asimismo a requerimiento de la Corte, el demandante produjo una serie de libretas y recibos que, según él, justificaban su reclamación de $950.00.
“La Corte, por la apreciación que ba hecho de toda la prueba en este caso, desea hacer constar que no le ha merecido crédito la declaración del demandante y sus testigos; que de acuerdo con las libretas y recibos y comprobantes que presentó, no puede deducirse, a ciencia cierta, qué cantidad es la que los demandados adeudan al demandante, si es que alguna cantidad le adeudan, y que siendo sumamente contradictoria y sospechosa la actitud del Defensor Judicial nombrado, tomando todos estos hechos en consideración, somos de opinión que el demandante no ha probado los hechos alegados en su demanda y que procede declarar como por la presente se de-clara sin lugar la misma, sin especial condenación en costas.”

No conforme el demandante, apeló, señalando como único error el cometido a su juicio por la corte sentenciadora al apreciar la prueba. Termina su alegato así:

“Nosotros no queremos imputarle al Juez de la Corte inferior que haya cometido un atropello en este caso. Dicho Juez de la Corte de Distrito de Ponee es uno de los que más brillo y mérito le dan a la toga, y nosotros reconocemos su extraordinario celo en la admi-nistración de la justicia, pero tenemos que decir que honradamente se equivocó, dándole en este caso valor a una evidencia, que no tenía por qué surtir el efecto de impresionarlo.”

En el caso de Blanchero v. Sucesión Rosado, 43 D.P.R. 113, 118, dijo esta Corte:

“Tin juez no está obligado a creer el testimonio de nno o más testigos siempre qne las circunstancias concurrentes lo obliguen en conciencia a llegar a esa conclusión. Por supuesto, que no puede actuar caprichosamente. ■ Hemos dicho a conciencia.”

Hemos pensado en que quizá deberíamos seguir en éste la línea de conducta que adoptamos en el caso de Blanchero porque estamos convencidos de que el juez de distrito no ac-tuó caprichosamente sino a conciencia. Sin embargo, es tan fuerte el juicio que hemos formado de que el juez, por tra-tarse sin duda de un asunto de menores, fué más allá de lo que pudo, que nos sentimos obligados a revocar su fallo.

Se advierte que el juez entró a juicio impresionado por lo que había ocurrido anteriormente. Nos referimos a la in-vestigación practicada por el abogado León. Lugo. Y se con-cluye, tras un estudio de la evidencia, que el valor probatorio que dió el juez a dicho informe no está justificado. Según la propia declaración de dicho abogado, sus conclusiones se basaron en manifestaciones del defensor judicial y de alguno o algunos de los demandados, no en una comprobación de sus dichos. Y esas manifestaciones resulta luego que se niegan por las propias personas que se dice que las hicieron, y su negativa se hace en una forma que a nuestro juicio en vez de inspirar sospechas resulta persuasiva. No podemos en-contrar nada reprobable en la conducta del defensor. Hizo lo que pudo y la verdad es que la muerte de su hermana la viuda de Yélez le creó una posición difícil y una serie de dificultades que se insinúan en el resumen que dejamos he-cho de la evidencia y que surgen con mayor claridad del es-tudio íntegro y entrelazado de todas ,las declaraciones tales como constan en la transcripción.

Además, no hay motivo justificado para desechar la evi-dencia documental explicada por el demandante. El hecho de que sumados los recibos dieran más que lo reclamado, fue aclarado por el demandante. Los recibos n,o estaban a su nombre ni fueron pagados por él directamente. Él propor-cionaba a los deudores todo o parte del dinero que necesita-ban para satisfacer sus deudas. Constituyen evidencia de que no se trataba de alg*o imaginario, de que eran cosas rea-les las breves apuntaciones de las libretas explicando el con-cepto de las pequeñas y repetidas entregas de dinero.

Se trasluce que existían relaciones íntimas entre el de-mandante y los causantes de los demandados que continua-ron, hasta la muerte del último de ellos. Y relaciones de ne-gocios también que originaron la deuda. Aunque con muy escasos bienes, los causantes contaban con qué responder. Se explica perfectamente la actitud del demandante dentro de la amistad y del negocio. Y se explica también perfectamente la actitud de la parte demandada. Si estaba convencida de la certeza de la deuda ¿a qué negarla? Al contrario, su de-ber era reconocerla y pagarla. La evidencia que tiende, a le-vantar la sospecha de que pueda tratarse de algo ficticio— la declaración del abogado León Lugo — carece de base sólida según dejamos indicado, y no es convincente por sí misma. La sola otra acreedora que al parecer existía, la Sra. de Casanova, ejecutó la hipoteca que garantizaba su crédito. ¿A qué, pues, la simulación de la deuda para con el demandante si no había otros acreedores a quienes defraudar eliminando la pequeña casita que quedó al parecer libre por haberse cons-truido después de la constitución de la hipoteca, a no ser que no se consideraran totalmente satisfechos los intereses que el abogado León Lugo representaba, por no haber alcanzado el precio de adjudicación de los inmuebles hipotecados a cu-brir la totalidad del crédito garantido, intereses y costas?

Debe declararse con lugar el recurso y revocarse la sen-tencia apelada dictándose otra declarcmdo la demanda con lugar sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Gókdova Dávila,

text:
    José Vallines Collazo, demandante y apelado, v. Rosalía Sánchez Ocaña, demandada y apelante.
    No. 6869.

    Sometido: Enero 23, 1936.

      Resuelto: Marzo 27, 1936.

      La Costa & La Costa, abogados de la apelante; Lemuel Marqués, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Gókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En primero de octubre de 1913, José Vallines Collazo compró, por el precio de $1,500, cierto condominio en una finca rústica radicada en el barrio Río Hondo, de Comerío, que pertenecía a Rosalía Sánchez Ocaña. De los $1,500 sa-tisfizo el demandante en el acto en que se llevó a cabo el con-trato de compraventa la cantidad de $300, quedando un pre-cio aplazado de $1,200 para ser satisfecho a razón de $300 anuales en primero de octubre de los años 1914, 1915, 1916 y 2917, o con anterioridad a esa fecha, sin interés alguno, es-tipulándose para en caso de mora intereses al 1 por ciento mensual desde la fecha del vencimiento. En garantía del precio aplazado el comprador constituyó hipoteca voluntaria a favor de la vendedora sobre el condominio adquirido.

Aleg'a el demandante que ha satisfecho en su totalidad el precio aplazado y que la demandada, a pesar de haber sido requerida, no ha otorgado al demandante la carta de pago y cancelación correspondiente.

La demandada, en su contestación, admite que el deman-dante satisfizo $200 de la anualidad que venció en primero de octubre de 1914 y $300 de la que venció en 1915, sin que haya satisfecho los demás plazos vencidos ni el balance del plazo que venció en 1914, así como tampoco los intereses de mora de los referidos plazos, estando el mismo demandante adeudando a la demandada la suma de $700 con sus intere-ses al 1 por ciento mensual desde octubre de 1916. La de-mandada radicó también una contrademanda, solicitando que se condene al demandante a satisfacerle la suma que según sus alegaciones le adeuda.

La corte de distrito dictó sentencia condenando a la de-mandada a otorgar escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca a favor de José Vallines Collazo, y declaró sin lugar la contrademanda, imponiendo el pago de las costas a la referida demandada.

Contra esta sentencia se ha interpuesto recurso de ape-lación, atribuyéndose a la corte inferior cuatro errores que pueden discutirse conjuntamente, porque se refieren a la apre-ciación de la prueba y a las costas impuestas a la demandada.

Se alega que la corte, de distrito erró al concluir que el demandante satisfizo a Miguel Muñoz, en su concepto de apoderado de la demandada, todo lo que quedaba a deber del precio aplazado. No dice el tribunal inferior en sus conclusiones de hecho que el demandante haya satisfecho a Miguel Muñoz todo el importe de la obligación. Afirma, por el contrario, que pagó a dicho señor, en su concepto de apode-rado de la demandada, todo lo que quedaba a deber del pre-cio aplazado, con, excepción de $350 que satisfizo el Sr. Enrique Ponsa Pares, abogado del demandante, al Sr. O. M. "Wood, abogado de la demandada, en saldo del resto de la hipoteca qne reclamó dicha demandada al demandante en nn pleito seguido por dicha señora contra él en la Corte Municipal de San, Juan. Basa la corte inferior sus conclusiones en la prueba testifical y además en un documento autorizado por O. M. Wood, abogado de la demandada, Rosalía Sánchez Ocaña, que fue admitido como prueba sin oposición.

El testigo de la demandada, Miguel Muñoz Escalera, de-claró que había sido apoderado de Rosalía Sánchez para co-brarle a José Vallines una cuenta qne procedía de una finca vendida a plazos. Confiesa este testigo que recibió el primer plazo y en cuanto a los demás dice que no recuerda ha-berlos cobrado. El abogado de la demandante insiste en pre-guntarle si es que n.o se acuerda o que no los cobró y el tes-tigo continúa diciendo que no se acuerda. La propia deman-dada admite en su contestación a la demanda que el deman-dante satisfizo el primer plazo de $300' y $200 más corres-pondientes al segundo plazo. En su testimonio ratifica el pago de esta suma y niega que se le haya satisfecho la can-tidad de $700, resto de la obligación, y los intereses de la misma.

José Vallines declara que recibió una carta de la deman-dada diciéndole qne había dejado como apoderado de ella a don Miguel Muñoz y que hizo a éste algunos pagos; que úl-timamente la demandada estuvo en Puerto Rico y que en-tonces le parece qne le debía 400 y pico de dólares; que dicha demandada le entregó el asunto a un abogado trigueño, que era extranjero y cuyo nombre no-recuerda. Preguntado si se llamaba Mr. Wood, contesta que sí; y dice que fué de-mandado en la corte municipal por doña Rosalía y que au-torizó al abogado Sr. Ponsa Parés para que hiciese una tran-sacción'que se llevó a efecto extendiéndose un cheque por la totalidad de lo que se adeudaba de la finca a la señora Sán-chez Ocaña; que el Sr. Wood recibió el dinero del Sr. Ponsa Pares, suscribiendo el documento de la transacción; a con-secuencias del pleito fué que vino el pago; que el mismo Lie. Wood hizo la transacción,; que recibió el dinero y le parece que el Sr. Ponsa recogió el recibo, el documento de la transacción, que reconoce en estos momentos y que está firmado por Mr. Wood; que así fué el documento entregado al testigo como consecuencia de la transacción en el pleito de la corte municipal, habiendo sido firmado por el Lie. Wood. El documento referido es ofrecido como prueba y admitido sin oposición. Continúa diciendo el testigo que después de esa transacción doña Rosalía no volvió a tocar el asunto, ni le escribió en ocasión alguna con respecto a la hipoteca; que el año pasado, si mal no recuerda, la demandada estuvo en su casa; que vino del Norte y llevó o trajo un documento o mejor dicho ella encontró un documento en casa que se refe-ría a la cancelación de la hipoteca y se lo trajo; que en esa ocasión ella le dijo si había satisfecho el dinero a Mr. Wood; que ella no estaba en Puerto Rico y que el testigo le dijo que el dinero había sido satisfecho; que había sido el Lie. Ponsa el que había transado con él; que la demandada estuvo conforme con esa explicación. El documento suscrito por el Lic. O. M. Wood dice así:

"Recibidos del Ledo. Enrique Ponsa Parés, abogado de don José Mallines, la suma de cuatrocientos cincuenta y cinco dollaes, correspondientes a doña Rosa Sánchez, por los siguientes conceptos: trescientos cincuenta y cinco dollaes, importe en transacción de la reclamación que esta Sra. tiene en trámites en la Corte Municipal de San Juan, contra Vallines, sobre cobro de una obligación de hipo-teca; y los cien dollaes restantes, como pago de un pagaré suscrito por el Sr. Vallines a favor de la Sra. Sánchez, ante el Notario Oiler Díaz.
"Este recibo tiene el carácter de provisional, hasta la próxima semana en que se otorgará la correspondiente carta de pago por la señora Sánchez y se entregará el pagaré.
"Bayamón, P. R., a 23 de agosto de 1919.
(Fdo.) O. M. Wood, Abogado de Rosa Sánchez.”

El documento anteriormente transcrito y el testimonio de-jóse Vallines sobre la transacción en la Corte Municipal fue-ron admitidos sin oposición. Más tarde la Sra. Sánchez Ocaña se opuso a la admisión del pleito que incoara a su nombre el abogado "Wood en la corte municipal contra el Sr. Vallines, por no haberse demostrado que la demanda hubiese sido jurada por dicha señora ni que las alegaciones de la misma hubiesen sido hechas con su consentimiento y consejo. También se opuso el abogado a que se admitiera dicho pleito para probar las actuaciones de la demandada, porque no sa-bía si fueron sus actuaciones o las de su abogado y porque no se había probado que hubiesen mediado relaciones entre ellos.

En la prueba ofrecida y rechazada nada se dice acerca de la transacción que se llevó a cabo después según el testimo-nio no contradicho del demandante y el recibo suscrito por el abogado Wood. La demandada en ningún caso negó que estuviese representada en la corte municipal por el abogado Wood ni intentó rebatir la presunción, firmemente establecida por la ley, de que un abogado cuando profesa representar un cliente está autorizado para ostentar esa representación. La Sra. Sánchez Ocaña se limitó a oponerse a la admisión del pleito como prueba, por no haberse demostrado que existie-sen relaciones entre ella y el abogado que aparecía represen-tándola, haciendo caso omiso de la presunción-que la ley es-tablece. En ningún momento negó la Sra. Sánchez Ocaña que hubiese autorizado a su abogado para transigir ni trató de rebatir la prueba que se admitió sin su oposición sobre la referida transacción. No se hizo objeción alguna al do-cumento suscrito por el. abogado Wood ni se atacó su auten-ticidad. El demandante declaró, sin haber sido contradicho, que dicho documento fué firmado por el referido abogado.

Algunos tribunales sostienen que un abogado tiene autoridad para transigir en su capacidad representativa a nombre de su cliente. La mayoría de las decisiones, sin embargo, requiere poder especial para realizar un acto de esta naturaleza. La doctrina más acertada, a nuestro juicio, es la que sostiene prima facie la validez de una transacción lle-vada a cabo por un abogado en representación de su cliente, mientras no baya sido impugnada. En ausencia de esta im-pugnación, debe presumirse la existencia de un, poder especial a favor del abogado autorizando la transacción. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de U. S. v. Beebe, 180 U. S. 352, dice que la falta de poder de un abo-gado en virtud de su representación general para transigir reclamaciones de su cliente es cuestión que no debe discutirse. Luego, el tribunal se expresa así:

“Una sentencia dictada a base' de tal transacción ésta sujeta a ser dejada sin efecto por razón de la falta de autoridad del abogado que la hizo para servir de base a la sentencia dictada. Prima facie, la actuación de un abogado al hacer esa transacción y registrarla o permitir su registro como sentencia es válida, porque se asume que el abogado actuó con poder especial, pero cuando se prueba que no tuvo ninguno, la sentencia debe ser dejada sin efecto por esta razón. ’

El abogado Wood en este caso acusó recibo de una suma que recibió en su carácter de abogado de la Sra. Sánchez como importe en transacción de la reclamación de esta señora en la corte municipal contra el entonces demandado José Valli-nes, sobre cobro de una obligación de hipoteca, y ofreciendo otorgar carta de pago a favor de dicho señor Vallines. De acuerdo con la prueba y las alegaciones, debemos asumir que cuando el Sr. Wood otorgó el referido documento estuvo es-pecialmente autorizado por la Sra. Sánchez Ocaña para lle-var a cabo la transacción.

La parte apelante llama la atención al hecho de que el demandante no presentó como prueba ningún recibo de pago, alegando que los había perdido en el ciclón de San Felipe. La presentación de estos recibos parece innecesaria, cuando el propio apoderado de la demandada declara que se hizo un pago de $300, añadiendo que no recuerda que se hicieran otros pagos, y cuando la misma demandada admite en su contes-tación que se le pagaron $500. En cuanto al resto de la obli-gación, aM está el recibo de sn abogado aceptando la canti-dad de $350 como transacción del pleito incoado contra José Vallines Collazo ante la corte municipal.

La demandada, qne declaró por deposición, ratifica las alegaciones de sn contestación, diciendo qne se le pagaron $500 y qne se le adeudan aun $700. Entendemos qne de acuerdo con la prueba practicada ba quedado demostrado qne el demandante ba satisfecho todo el importe de la obligación y qne por lo tanto la corte inferior actuó correctamente al declarar con lugar la demanda y desestimar la contrademanda presentada por la demandada. En cnanto a las costas, cree-mos qne la corte inferior no cometió ningún error al impo-nerlas a la parte perdidosa en el ejercicio de sus facultades discrecionales.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    Claudio Vincenty Simidei, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 972.

    Sometido: Marzo 2, 1936.

      Resuelto: Marzo 27, 1936.

      Rafael A. Saliva, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Claudio Vincenty Simidei, hombre casado, radicó ante la Corte de Distrito de Mayagüez un expediente de dominio. Alegó haber adquirido antes de su matrimonio la finca en cuestión, 14 cuerdas por compra a Ramón Grabino Fradera en 1918 y 69.55 cuerdas por compra a Oliva Cruz Santana en 1904. La petición contenía varias otras alegaciones. El decreto decía que se había aportado prueba testifical a en-tera satisfacción de la corte y declaraba que el dominio de la finca descrita en la solicitud, o sea un.a parcela de 83.55 cuerdas, había quedado establecido. No se hizo conclusión específica respecto a si la finca era ganancial o privativa del peticionario. Se proveía que la finca fuera inscrita a nom-bre de Vincenty en, el registro de la propiedad. No se decía que la finca debía inscribirse como privativa de Vincenty. El registrador inscribió el decreto sujeto al defecto subsa-nable de que Vincenty no había presentado en el registro de la propiedad nada que demostrara que había adquirido la finca antes de su matrimonio.

Vincenty apela y sostiene que el registrador se excedió en su autoridad. Si la corte de distrito hubiera resuelto si los bienes eran o no privativos, el recurrente estaría en lo cierto. Sin, embargo, conforme hemos demostrado, la corte de distrito no hizo esto. Según indica el registrador, nece-sariamente se desprende del asiento, según fué hecho en el registro, que Vincenty alegaba que la finca le pertenecía pri-vativamente. Del decreto aprobando el expediente de domi-nio no se desprende que la corte de distrito resolviera la cuestión de si la finca era o no privativa de Vincenty. En ausencia de tal determinación judicial, era presuntivamente un bien ganancial.

No hallamos error alguno en la nota del registrador y la misma debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Román Díaz Collazo y Antonio Maisonet, peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger Díaz, Juez, demandada.
    No. 1057.

    Sometido: Enero 25, 1936.

      Resuelto: Marzo 31, 1936.

      F. Soto Gras y B. Días Collazo, abogados de los peticionarios; Hon. Procurador General B. Fernández García, B. Cordovés Arana, Procurador General Auxiliar y Hernán B. Franco, Subprocurador, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los albaeeas design,ados en un testamento solicitaron y obtuvieron cartas testamentarias en la forma provista por el artículo 597 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición de 1933). Más tarde estos albaeeas acudieron en solicitud de una administración, de los bienes de la herencia. Al solicitar las cartas testamentarias, los albaeeas pagaron el derecho de $5 prescrito por el inciso (I) de la sección 2 de la ley apro-bada el 11 de marzo de 1915. (Apéndice al Código de En-juiciamiento Civil, edición de 1933,, págs. 294 y 296.) Al acu-dir en solicitud de un administrador judicial se pegaron a pagar otros $5 en la teoría de que la petición para que se designara tal administrador no era un procedimiento inde-pendiente sin,o meramente otro paso en el mismo procedi-miento testamentario ya iniciado al librarse las cartas testa-mentarías. El secretario se negó a radicar la petición en que se solicitaba el nombramiento de nn administrador sin, el pago de $5 adicionales, y el juez de distrito rehusó orde-nar la radicación de la petición sin tal pago. Los autos de los procedimientos habidos en la corte de distrito se hallan ahora ante nos por certiorari.

Tiene mucho peso el argumento de que la solicitud de car-tas testamentarias y la petición para que se designe un ad-ministrador judicial fueron únicamente pasos sucesivos en un, solo procedimiento de “jurisdicción voluntaria” y que por esta razón no debe exigirse a los peticionarios que paguen un derecho adicional de $5 por radicar su segunda petición. En Márvez v. Corte de Distrito, 48 D.P.R. 157, se decidió una cuestión similar adversamente a la contención de los aquí peticionarios. Es cierto que los hechos y la cuestión resuelta en el caso de Márvez no eran idénticos a los hechos y a la ■cuestión que ahora pende ante nos. No obstante, el ratio decidendi de la decisión en el caso de Márvez es aplicable a fortiori a los hechos del presente. Aunque podría decirse mucho sobre ambos lados de la cuestión., no estamos prepa-rados para repudiar la doctrina del caso de Márvez.

Debe anularse él auto expedido.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    Arturo Cabán, por su tutor Leopoldo Cabán, demandante y apelante, v. Gregoria Ferrer, demandada y apelada.
    No. 6831.

    Sometido: Marzo 18, 1936.

      Resuelto: Marzo 31, 1936.

      A. B. Barceló, Jr., abogado del apelante; la parte apelada no com-pareció en forma alguna ante este tribunal.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Arturo Cabán, contrajo matrimonio en 1925. En octubre de 1931 se le declaró incapaz mentalmente y se le designó uu tutor. En octubre de 1933 renunció el tutor y se le nombró otro en su lugar. En marzo de 1934, representado por su tutor Leopoldo Cabán, in.stó acción de divorcio basada en abandono. La fecha del abandono era como una semana des-pués del matrimonio. La corte de distrito, luego de un jui-cio sobre los méritos, resolvió que no podía instruirse una acción de divorcio por un, tutor a nombre de un pupilo de-mente.

El apelante cita de 2 Schouler “Marriage, Divorce, Separation and Domestic Relations,” 1757, sección 1515, lo si-guiente :

“Un consorte demente puede iniciar por su tutor o defensor una acción de divorcio cuando exista causa para ello, contra el cónyuge culpable, con los mismos derechos que si tal demandante estuviera en su sano juicio.”

El apelante también cita 9 R.C.L. 406, sección 204, al efecto de que:

“Existe autoridad, especialmente en Inglaterra, para la contención de que un pleito de divorcio puede ser iniciado o seguido por el tutor o defensor de un cónyuge demente en beneficio de éste.”

No tenemos acceso a Schouler.

En Dillion v. Dillion, 274 S. W. 217, una corte de apela-ciones de Tejas toma de 2 “Bishop on Marriage and Divorce”, sección 306 (a), el siguiente extracto:

"Hemos visto que según los recientes dicta ingleses una persona demente no puede entablar una acción para disolver su matrimonio. Esta proposición está sostenida por razonamientos que no son apli-cables al caso de un demandado incapacitado mentalmente. Es doctrina familiar que, aunque la ley favorece el matrimonio, nadie es compelido por la misma a contraerlo. El status matrimonial puede asumirse solamente a voluntad, de suerte, pues, que no importa cuán provechoso pueda ser el matrimonio para un demente, éste no está capacitado para contraerlo por sí mismo, ni mediante tutor o defensor. Además, como la ley no favorece el divorcio, se negará a disolver el matrimonio en favor de una parte que no puede prestar su consen-timiento. En su consecuencia, la corte del Estado de Georgia resolvió que una acción de divorcio a vinculo no puede ser instituida por mediación de un tutor a nombre de una esposa lunática. El derecho a entablar la acción es estrictamente personal y depende de la voluntad y del dominio exclusivos de la parte perjudicada. El juez Harris dijo: ‘Si es cierto que un tutor o defensor tiene la facultad alegada, nos gustaría saber de dónde emana. En verdad no ha sido otorgada por disposición expresa de la ley ni puede legítimamente deducirse de la custodia personal del pupilo, que impone ciertos deberes a realizar por el tutor. .'. Si luego de graves y repetidas infidelidades por parte del marido, la mujer ha de continuar consi-derándole como su esposo y ha de seguir viviendo con él en su carácter de esposa, es algo que sólo a ella toca decidir. Únicamente la muerte puede disolver la relación matrimonial sin su consentimiento y no puede ni debe obtenerse divorcio en éste ni en ningún otro caso sino mediante la concurrencia y voluntad de la esposa perjudicada.’ No parece haber forma alguna de poder hacer frente al peso de este razonamiento, si el objeto del litigio es obtener la disolución del matrimonio por causa ocurrida con posterioridad a la celebración del mismo, y si la persona demente tenía conocimiento de la causa antes de su demencia y optó por no iniciar un pleito fundado en la misma, no se puede ver muy bien cómo el tutor o defensor puede optar por abrogar un estado del matrimonio que el pupilo, en su sano juicio, prefirió que continuara, puesto que el divorcio es uno de esos derechos que la parte puede ejercitar o no a voluntad. Si la causal de divorcio ocurrió o fué conocida antes de surgir la inca-pacidad mental, el tutor podría, con más razón, presumir que el pupilo desea que sobrevengan las consecuencias legales; sin embargo, como la mera voluntad de un tutor no puede casar a un pupilo, ¿cómo es posible que pueda divorciarlo?"

Billing Case Law en la misma sección citada por el ape-lante continúa diciendo:

. . Según la regla prevaleciente en este país, nn pleito de divorcio es considerado tan estrictamente personal y volitivo que no puede ser proseguido a voluntad del tutor o defensor del cónyuge demente, aunque el resultado sea convertir el matrimonio en indiso-luble en favor de la persona incapacitada.”

Véase también, la nota al caso de Mohler v. Shank, 34 L.R.A. 161, subtítulo VI, “Acciones en pro de personas dementes” 166, y la nota al caso de Fourth National Bank v. Diver, 70 A.L.R. 950, 964.

El apelante también se funda en el artículo 212 del Có-digo Civil (edición de 1930), que lee en parte como signe:

‘ ‘ El tutor necesita autorización de la corte de distrito competente:
“13. — Para entablar demandas en nombre de los sujetos a tutela y para sostener los recursos de apelación o cualquiera otro que fuere legal contra las sentencias en que hubiesen sido condenados.
“Se exceptúan las demandas y recursos en los juicios verbales.”

Este artículo debe ser interpretado, tal cual lo hizo la corte de distrito, en armonía con el artículo 167, que provee:

“El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes, o solamente de los bienes, de los que, no estando bajo la patria potestad, son incapaces de gobernarse por sí mismos.”

Interpretado en esa forma, el artículo 212 no confiere a los tutores la facultad de instituir una acción de divorcio a nombre de una persona demente. Si la doctrina americana prevaleciente ba de seguirse en esta jurisdicción, en ausencia de una disposición estatutaria en sentido contrario, debe exi-girse algo más específico para evidenciar una intención legis-lativa de establecer una regla distinta en lo que a pleitos de divorcio concierne. Sea ello como fuere, si el aludido artículo 212 se interpretara en el sentido de que autoriza a las cortes de distrito a permitir que un tutor inicie tal pleito, la corte no agotaría su discreción al conceder permiso para radicar una demanda, pero podría reconsiderar su actuación a ese res-pecto, después de decidir, como lo hizo la corte de distrito en el presente caso, que de acnerdo con la doctrina americana no debe permitirse a nn tntor proseguir tal litigio a nombre de su pupilo demente. Puede ser que baya mucho que de-cirse en favor de la doctrina inglesa, que parece haberse se-guido en Massachusetts y otros pocos estados. Aunque no tenemos el deseo de cerrar las puertas a una discusión ulterior de la materia en casos futuros, no estamos preparados para decir que la corte de distrito cometiera error en la con-clusión a que llegó en el recurso de autos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila está conforme con la sentencia y con la opinión en que se funda, excepción hecha de la reserva final que la misma contiene.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Suau, Fiol & Co., demandada y apelada.
    No. 6651.

    Sometido: .Febrero 15, 1935.

      Resuelto: Marzo 31, 1936.

      IIon. Procurador General B. Fernández García, R. Oordovés Arana, Procurador General Auxiliar y C. Santana Becerra, abogados del apelante; Juan B. Soto y Juan F. Soto, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En 13 de noviembre de 1932, Manuel V. Domenech, que era a la sazón Tesorero de Puerto Rico, inició procedimiento ejecutivo sumario contra Suau, Fiol y Cía., para recobrar la suma de $13,500, más intereses vencidos. Al presentarse la petición inicial la Corte de Distrito de Aguadilla libró reque-rimiento de pag’o en debida forma. Entonces el 15 de diciem-bre de 1933 el supuesto deudor acudió a la corte y solicitó se anulara el requerimiento. Luego de varias mociones y órde-nes y de otros incidentes la corte an,uló el requerimiento. El demandante radicó el pagaré y solicitó se expidiera un nuevo requerimiento. Se apela de la orden denegando la expedi-ción de un nuevo requerimiento de pago.

La hipoteca en este caso fué otorgada para garantizar un pagaré negociable. La teoría de la corte era en parte que la demanda no aducía que el pagaré que estaba garantizado por la hipoteca, había, sido debidamente endosado al deman-dante y también, según lo entendemos, que el pagaré no acom-pañaba la petición inicial.

El señalamiento de errores lee así:

“1. Erró la corte inferior al permitir la comparecencia de la de-mandada en dicbo caso. .
“2. Erró la corte inferior al dejar sin efecto o valor, alguno el requerimiento de pago notificado a la demandada.
“3. Erró la corte inferior a quo al negarse a expedir el auto de requerimiento radicado por el demandante apelante en 18 de enero de 1934.”

Convenimos con la corte inferior en que cuando exista una cuestión de jurisdicción y la corte considera que ña ex-pedido indebidamente un requerimiento de pago, ella puede, voluntariamente o a instancias del deudor, volver sobre sus pasos y anular el requerimiento. Miranda v. Corte, 41 D.P.R. 619. En el presente caso la corte anuló el auto de requerimiento ya expedido, y se negó a expedir un nuevo auto a solicitud del promovente, quien incorporó a los autos con el escrito inicial el pagaré original con su endoso.

La petición en este caso contenía la siguiente cláusula:

“5. Que el Banco Industrial de Puerto Eico el día 9 de agosto de 1929 entregó al demandante dicbo pagaré de $13,500 y desde dicha fecha el demandante es dueño del derecho de hipoteca a que se refiere el apartado tercero de la presente escritura.”

Estamos contestes con la corte inferior en que la entrega de un pagaré no siempre transfiere el título necesariamente, pero cuando la alegación relativa a la entrega va unida, como en el presente caso, a la de la tenencia del crédito, y cuando el escrito inicial viene acompañado del pagaré con su endoso, formando parte del mismo, entendemos que se ña cumplido con. los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria.

Con las otras alegaciones de la petición, la relativa a la tenencia del crédito ñipotecario equivalía a la alegación de la tenencia del pagaré.

Después que la corte había anulado su orden, el demandante acudió ante ella, presentó el pagaré original con su endoso y solicitó se expidiera un nuevo requerimiento, lo que la corte se negó a hacer en una opinión fundamentada.

El pagaré estaba expedido a favor del Banco Industrial de Puerto Bico. Al dorso del mismo aparecía lo siguiente:

“Banco Industrial de Puerto Rico,
“Por (fdo.) M. B. Pérez, Jr.,
“Sub-G-erente.”

Este era un. endoso en blanco, suficiente bajo la Ley Hi-potecaria para transferir el título si el endoso por otra parte cumplía esencialmente con la ley. Artículos 152 y 153 de la Ley Hipotecaria.

El apelado en su alegato llama nuestra atención hacia el hecho de que en el aludido endoso solamente aparecían cier-tas palabras impresas. Sin embargo, como la corte inferior no tuvo duda alguna respecto a la firma, asumiremos que apa-rentemente era genuina.

La corte parece decir que el demandante no demostró que el pagaré fué endosado a él, o sea al aquí apelante, pero se-gún hemos indicado, y conforme resolvemos, un pagaré endo-sado en blanco es suficiente para transferir el título.

Se alega que el endoso era insuficiente porque no contenía la fecha. El artículo 462 del antiguo Código de Comercio leía así:

“El endoso deberá contener:
“1. El nombre y apellido, razón social o título de la persona o Compañía a que se transmite la letra.
“2. El concepto en que el cedente se declare reintegrado por el tomador, según se expresa en el número 5 del artículo 444.
“3. El nombre y apellido, razón social o título de la persona de quien se recibe o a cuenta de quien se carga, si no fuere la misma a quien se traspasa la letra.
“4. La fecha en que se hace.
“5. La firma del endosante o de la persona legítimamente auto-rizada que firme por él, lo cual se expresará en la antefirma.”

Tenemos la idea de que para fines mercantiles corrientes esta disposición del Código de Comercio (inciso 4, supra) por interpretación o en alguna otra forma, estaba en gran parte en desuso al tiempo de efectuarse el endoso en cuestión. Para el futuro, el nuevo Código de Comercio ba obviado esta clase de discusión. No entraremos a considerar todas las perso-nas y condiciones que podrían ser afectadas por la disposi-ción que exige la fecha, mas no creemos que fuera jamás la intención de la Legislatura incluir el caso de un pagaré otor-gado a la orden de un tercero. Cuando se endosa un pagaré y se transfiere el mismo sin fecha, no tenemos duda alguna de que el endosatario adquiere derechos como tenedor, sufi-cientes para instituir un procedimiento bajo la Ley Hipote-caria. El deudor no puede ser perjudicado más o en forma distinta de lo que lo hubiera sido si el endoso hubiera con-tenido la fecha. Igualmente el endosante que originalmente tenía el título tampoco puede quejarse de la falta de la fecha o alegar derechos debido a la ausencia de ésta en el endoso. Estaría enteramente impedido (estopped).

El apelado en su alegato hace referencia a los dos primeros párrafos del artículo 169 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria, que proveen:

‘'Con el escrito inicial del procedimiento se han de presentar:
“Primero: Los comprobantes de la personalidad, incluso los que acrediten el mandato del procurador, cuando no gestione por sí el mismo acreedor o su legal representante.
“Segundo: El título o los títulos del crédito con nota de su inscripción y con las formalidades que la Ley de Enjuiciamiento Civil exige para autorizar mandamientos de ejecución.”

El primer párrafo se refiere a la personalidad del deman-dante y no puede haber duda alguna en, este caso de que Manuel Y. Domenech, en su carácter de Tesorero, era el deman-dante. Fué debidamente identificado por la comparecencia de sus letrados en el caso.

La cuestión de título queda cubierta por las anteriores consideraciones.

De la exposición que antecede es aparente que la corte en este caso no debió haberse negado a expedir el nuevo auto de requerimiento solicitado por el promovente. Prima facie se lia establecido un título que puede servir de base al pro-cedimiento ejecutivo sumario iniciado por el promovente para hacer efectivo su crédito.

Para resumir, somos de opinión que la demanda aducía hechos últimos (ultimate facts) en forma suficiente, y que aún si los hechos fueron expresados en forma algo dudosa, no existió razón alguna para negar el remedio solicitado.

Debe revocarse la resolución apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandante y apelante, v. José D. Rodríguez, demandado y apelado.
    No. 6662.

    Sometido: Febrero 15, 1936.

      Resuelto: Marzo 31, 1936.

      Iion. Procurador General B. Fernández García (Benjamin J. Horton en el alegato), R. Gordovés Arana, Procurador General Auxiliar y Garlos Santana Becerra, abogados del apelante; José D. Rodrí-guez, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso que probablemente debió haber corrido la suerte del de Domenech v. Suau, Fiol & Co., num. 6651, que acabamos de resolver (ante pág. 755). Sin embargo, el deu-dor, representado por letrado, acudió ante este tribunal y so-licitó la desestimación del recurso por no baber sido notifi-cado del mismo. Los autos de este procedimiento ejecutivo sumario demuestran que se bizo al deudor el requerimiento de pago. La corte posteriormente anuló el requerimiento y ■el apelante no nos convence de que el deudor, una vez reque-rido, no se bailaba debidamente ante la corte, no podía ser afectado por la revocación y no era, por tanto, una parte necesaria en. el recurso, el cual debe ser desestimado.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alberto Vidal, acusado y apelante.
    No. 5979.

    Sometido: Marzo 6, 1936.

      Resuelto: Marzo 31, 1936.

      Leopoldo Tormes García, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El aquí apelante fué acusado de infringir los artículos 291 y 292 del Código Penal. Más específicamente, se le acusó de baber preparado y establecido una lotería llamada “Gran Concurso Miss Borinquen” que era un plan, para la distri-bución de dinero por' suerte entre los compradores de ciertos-billetes numerados, quienes serían premiados si sus números-correspondían a los desinsaculados en la lotería de Santo Domingo. La denuncia también aducía que llevaba a cabo dicho-plan mediante la venta de los referidos billetes por conducto-de agentes y vendedores. Presentada excepción, perentoria, la Corte de Distrito de Ponce resolvió que la denuncia era. suficiente. Al declararse sin lugar la excepción, el acusado-se declaró culpable de los hechos imputados en la denuncia.

Se señalan dos errores, siendo importante únicamente el primero de ellos, o sea, que la denuncia era insuficiente toda vez que sólo alegaba que la venta de los billetes se realizaba por medio de ciertos agentes o vendedores. La contención es que era necesario designar por lo menos uno de los agentes-o vendedores, y se citan el caso de El Pueblo v. Rodríguez, 43 D.P.R. 11 y los artículos 22 y 23 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

El caso de Rodríguez, supra, meramente resolvió que cierta denuncia que imputaba a una persona el tener una máquina “traganíquel” y que incidentalmente mencionaba el nombre de una de las personas que había jugado en ella, en el curso de una amplia descripción de las circunstancias, era suficiente. No decide la cuestión aquí envuelta, o implícita, de que la ausencia del nombre de un agente habría hecho la. denuncia insuficiente.-

Los artículos 291 y 292 del Código Penal leen:

"Artículo 291. — Se entiende por lotería, para los efectos de este-código, cualquier plan para la disposición o distribución de dinero o bienes por suerte, entre personas que hayan pagado o prometido-pagar cualquier precio o compensación por correr la aventura de-obtener dichos objetos o parte de ellos, o cualquiera acción o interésen los mismos, en virtud de algún acuerdo, inteligencia, o esperanza, de que habrán de distribuirse por suerte, llámese lotería, rifa, em-presa de regalos o por cualquier otro nombre.
"Artículo 292. — Toda persona que inventare, preparare, estable-ciere o jugare cualquier lotería, será reo de ‘misdemeanor.’

Puesto que la denuncia siguió substancialmente el esta-tuto, la misma es buena, conforme se desprende claramente de nuestra opinión, especialmente en reconsideración, en El Pueblo v. Pagán, ante, p. 436. Nada hay en los artículos 22 y 23 del “Código de Enjuiciamiento Criminal que exija mayo-res particulares que los contenidos en la denuncia que tene-mos ante nos.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Sres. Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alberto Vidal, acusado y apelante.
    No. 5989.

    Sometido: Marzo 6, 1936.

      Resuelto: Marzo 31, 1936.

      Leopoldo Tormes García, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión, del tribunal.

La única diferencia existente entre este caso y el seguido contra el mismo acusado bajo el número 5979, es que aquí él ba elevado-la prueba. Se señalan varios errores con res-pecto al proceder de la corte al considerar, la evidencia, pero realmente no es necesario que se les discuta a no ser alu-diendo a uno de ellos. Un policía ocupó la silla testifical. Varias veces empezó a declarar por referencia, pero en to-das ellas la corte, o se negó a considerarla o posteriormente la eliminó.

En una parte de los autos teníamos nn poco de dnda res-pecto a si algnn.a de la prueba admitida no era de referen-da, mas estamos convencidos de que sn admisión era acumu-lativa o no fué claramente perjudicial, y que el acusado tuvo un juicio imparcial, especialmente en vista de la declaración del agente.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso n,o intervinieron.


author: El Juez Asociado Señob, Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Benjamín González, acusado y apelante.
    No. 6012.

    Sometido: Marzo 24, 1936.

      Resuelto: Marzo 31, 1936.

      Martínez Nadal & Navarro Ortiz, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob, Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una denuncia presentada ante la Corte Municipal de San Lorenzo imputando al acusado, Benjamín Gon-zález, haber portado sobre su persona para fines de ofensa y defensa una vara de hierro en forma de bastón, con la cual agredió al Lie. Francisco Rodríguez Alverio. El acusado fué convicto y en apelación, a la Corte de Distrito de Humacao presentó una excepción perentoria que fué declarada sin lu-gar. El caso fue entonces a juicio y el acusado declarado culpable.

En apelación para ante este tribunal, la prueba aducida en, el juicio no ha sido elevada, y la única cuestión ante nos es la suficiencia de la denuncia. Por tanto, como se dictó sentencia después de oír la prueba, puede presumirse cual-quier hecho necesario para sostener la sentencia.

La cuestión principal envuelta es si una vara de hierro en forma de bastón es necesariamente un arma prohibida. En Pueblo v. Cruz Rosado, 34 D.P.R. 315, y en los casos que le siguen,, resolvimos que un arma prohibida en Puerto Pico era una semejante a la definida en la ley de 1905 y otras si-milares. Las palabras específicas de la ley de 1924, enmen-datoria de la ley de 1905, según fué enmendada en 1908, son:

“Artículo 1. — Toda persona que ilegalmente portare o condujere cualquier arma o instrumento con el cual pueda causarse daño corporal, incurrirá en pena de prisión de un mes a seis meses.”

Nos sentimos obligados a resolver que prima facie un bastón de hierro es un arma de ofensa y defensa más bien que una utilizada como báculo o como parte de la indumen-taria de una persona. Una varilla de hierro podría ser más fácilmente similar a un garrote, que es un arma expresa-mente enumerada en la ley de 1905. Un blackjack no figura entre las armas especificadas en la ley de 1905, y, sin embargo, nadie duda de que un black-jack es un arma de ofensa. Desde luego, de ordinario una varilla en forma de bastón es tolerable, pero cuando un hombre deliberadamente porta un bastón de hierro, la presunción es que se trata de un arma-de ofensa o defensa.

Hubo una moción de reconsideración, de cuya negativa se apeló. Suponiendo que procediera tal recurso, como las par-tes no lo han discutido, tampoco lo haremos nosotros.

Deben declararse sm lagar los dos recursos.


text:
    Ernesto Fernando Schlüter, demandante, apelante y apelado, v. Aboy Vidal & Co., Inc.; Finlay, Waymouth & Lee, Inc., y Enrique Vidal Sánchez, demandados, apelados y apelantes.
    No. 5865.

    Sometido: Febrero 26, 1935.

      Resuelto: Marzo 31, 1936.

      Hugh R. Francis, abogado del Sr. Schlüter, apelante y apelado; Henry G. Molina, abogado de Aboy Vidal & Co., Inc.; y C. J. Torres Ldborde, abogado de Finlay, Waymouth & Lee, Inc., y de E. Vidal Sánchez, demandados, apelados y apelantes. '
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandados y apelados en este caso lo son Aboy Vidal & Co., Inc., Pinlay, Waymouth. & Lee, Inc., y Enrique Vidal Sánchez. Vendieron cierto edificio de concreto que se había utilizado o se utilizaba como almacén, a Ernesto Fernando Schlüter, aquí demandante. El terreno en que estaba construido el edificio pertenecía a El Pueblo de Puerto Rico y fué cedido en arrendamiento a los demandados por un largo período de tiempo que expiraba en 1949. Se acepta que la propiedad fué vendida por $26,000, incluyendo el derecho de arrendamiento, y el precio pagado fué distribuido entre los varios demandados. El demandante tomó posesión de la finca y trató de almacenar allí un embarque de abono. Puso éste en el suelo, el agua se filtró de abajo para arriba y se dañó gran parte del material. El demandante introdujo prueba tendente a demostrar que esta filtración era más o ráenos corriente durante fuertes lluvias y que el agua, podría ■decirse, manaba de la tierra. Por otra parte, el edificio está definitivamente situado en la “Marina”, en la parte baja de la colina en que radica el Capitolio. Luego de sufrir esta pérdida, el demandante inició pleito contra los demandados solicitando se le devolviera parte del precio y se le indemni-zara por los daños causados al abono. Si la causa de acción ■del demandante en su totalidad hubiera prevalecido, él habría recibido la suma de $13,000 por la supervaloración del edi-ficio y $12,197 por los daños ocasionados al abono. De la opinión emitida por la corte después de celebrado el juicio, «opiamos lo siguiente:

“Por el resultado de la prueba la corte estima demostrado que allá en el año de 1925, siendo los demandados dueños en común y proindiviso del edificio de concreto y de una sola planta a que se refiere la demanda, y deseándolo comprar el demandante, lo hizo ■examinar por los peritos ingenieros Manuel L. Miró y Francisco Pons; que el edificio solamente fué valorado en $24,000 y que se Mzo un presupuesto de gastos de reparaciones, entre ellas el piso y lecho, por la suma de $3,081.90; que el-demandante entró luego en negociaciones separadamente con cada uno de los condueños para la •compra del edificio . . . .”

La corte entonces revisa las condiciones de la compra-venta y continúa diciendo:

“Se ha demostrado que los terrenos de El Terraplén, son ganados M mar, o sea que fueron rellenados; que el terreno en que está en-clavado el edificio está más bajo del nivel de las calles Carretera Nueva y terminación Pershing, con las que colinda por sus lados Norte y Este, respectivamente; que los terrenos del Paseo de Cova-donga, del fuerte de San Cristóbal y el Capitolio, de San Juan, están asimismo en plano superior que los del Terraplén; que en marzo 27, 1924, se desarrolló en el edificio un incendio, y quedó sin ocupar desde marzo a noviembre 1924; y que cuando el demandante lo adquirió en mayo de 1925, el techo estaba en mal estado y por él penetraba el agua en épocas de lluvia, y además ya existía desde hacía algún tiempo el hundimiento del piso, a causa de una gran cantidad de. cemento que allí se almacenó, y porque el terreno, según parece, no estaba lo suficientemente consolidado y estable.
"Se estima asimismo demostrado que el edificio vendido no fue materialmente ocupado por el demandante hasta el 23 de junio de 1925, después de haberse sacado del mismo por los demandados los materiales y objetos que allí tenían, entre ellos un cemento propiedad de Enrique Vidal Sánchez; que el demandante almacenó en el edi-ficio una gran cantidad de sacos de abono, y allá en agosto de 1925, hubo una fuerte lluvia y el agua filtró de abajo para arriba, inun-dándose el piso, y se dañaron unos 1854 sacos de abono que allí se encontraban, y que tenían un valor de $10,197; y que con poste-rioridad allá en el mes de octubre 1925, llegó a Puerto Rico por vapor Glendola otro cargamento de abono para el demandante, consistent e en 32,000 sacos que no pudo guardarlos en el edificio y que pagó $1,913.94 por almacenaje a F. Benitez Rexach y a la Bull Insular Line, Inc.”

Luego de revisar algunos de los hechos, la corte sigue diciendo:

"Es de conocimiento general que en las épocas de lluvia el nivel de las aguas subterráneas sube y baja de acuerdo con las condiciones de drenaje del terreno y también por las altas y bajas de las mareas, y estando el terreno donde se halla enclavado el edificio muy cerca al mar, pues fué ganado a éste mediante relleno, y más bajo que el Paseo de Covadonga y las Calles Carretera Nueva y Pershing, el agua pudo filtrar, según declaró el ingeniero Fossas, por el sitio más bajo y débil cual era el lugar por donde el piso estaba hundido y agrietado. Y también, según declaró el ingeniero Earle K. Burton, la filtración podría provenir de la falta de drenaje en el callejón que existe entre el edificio del demandante y el contiguo de Rolán & Tejedor, debido a que en este último no había canales que recogieran las aguas del techo. Los peritos han declarado que este estado de cosas desapa-recerá tan pronto se arregle el piso convenientemente y se restablezca al nivel original, garantizando el ingeniero Sr. Francisco Pons, cuya capacidad e integridad se reconoce, hacer el trabajo por la suma de $4,000 a $4,500.”

La corte llegó a la conclusión de que si bien era cierto que un legó de ordinario no podría sospechar tal condición en el suelo y en el subsuelo, que si el piso no fué construido en debida forma en relación con las condiciones físicas, esto no era nn defecto ocnlto. La corte había citado previamente los artícnlos 1387 y siguientes del Código Civil (Compilación de 1911).

Convenimos con el apelante en que si la condición ex-puesta equivalía a un defecto oculto, el demandante hubiera tenido derecho a algo. Sin embargo, el apelante no nos con-vence de que el estado del piso al permitir la filtración de aguas sea un defecto oculto. Esto como cuestión de derecho.

La corte también basó su decisión, en parte, en el hecho de que el demandante Schlüter, antes de adquirir la pro-piedad, la hizo examinar por peritos ingenieros. La prueba tendió a demostrar que por otra parte el edificio no estaba en las mejores condiciones y que este hecho era conocido por el demandante y sus expertos.

Hay otro punto muy importante en el caso, y es que uno de los demandados había almacenado cemento en el edificio y dió por sentado que el mismo debía ser puesto en tablones sobre el piso. Según entendemos, ésta era una precaución corriente.

Naturalmente, si no existía defecto oculto o si el deman-dante o sus peritos tuvieron toda oportunidad para cercio-rarse del estado del edificio, no habría causa de acción por los daños sufridos por el abono.

El apelante insiste en su alegato en que los demandados estaban obligados a saber el estado del edificio. Esto puede o no ser cierto. Dudamos que se probara conocihiiento material por parte de ellos. No se imputó fraude, y, a nuestro juicio, debe resolverse que el demandante, o compró con sus ojos abiertos, o tuvo la oportunidad de comprobar fácilmente el estado real del edificio.

Los demandados también apelaron de la sentencia por haber dejado la corte inferior de imponer las costas al de-mandante. Aunque no dejamos de tener algunas dudas, los demandados no nos convencen de que dicha corte cometió un abuso de discreción a este respecto.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Ramón Gelabert, demandante y apelado, v. Juana Candelaria, demandada y apelante.
    No. 7178.

    Sometido: Marzo 30, 1936.

      Resuelto: Abril 3, 1936.

      Luis Mercader, abogado de la apelante; A. Cadilla Ginorio y M. Santoni Ledesma, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción de desahucio iniciada por Bamón Gelabert contra Juana Candelaria, quien según se alega, viene detentando una finca urbana, que se describe en la demanda,, sin el consentimiento y contra la voluntad del demandante y sin pagar canon ni merced alguna.

En la contestación se alega que la demandada posee la finca objeto de este litigio como dueña de ella en unión de su esposo, Manuel Cruz, y la familia de ambos, quienes desde su adquisición en junio de 1926, la disfrutan como bogar seguro, derecho que nd han abandonado, cedido ni renunciado en forma alguna; que la demandada, por sí y como apode-rada de su esposo, hipotecó la finca descrita a los esposos Pedro G-elabert y Mariana D. Elias, padres del actor; que dicha finca fué rematada por falta en el pago de contribu-ciones, y que el demandante se la hizo adjudicar como único postor a su nombre y para beneficio de su señora madre y la sucesión de Pedro Gelabert, logrando inscribir a su nombre el título nulo e ineficaz como adquirente y haciendo cancelar el gravamen hipotecario de referencia. Se alega además que allá para el 1928 el esposo de la demandada, Manuel Cruz, se ausentó temporalmente para Estados Unidos, con intención de regresar al hogar que tenía constituido como homestead en unión de su familia, y que nunca fué notificado del remate referido ni de la presente acción.

La corte inferior declaró con lugar la demanda, y habién-dose establecido recurso de apelación por la parte demandada, comparece ahora el demandante solicitando que se desestime por frívolo el recurso interpuesto.

La corte inferior, luego de oída la prueba, declaró pro-bados los siguientes hechos:

"Que los esposos Manuel Cruz y Juana Candelaria eran dueños de la finca urbana objeto de este pleito, la cual hipotecaron a los esposos Pedro G-elabert y Mariana D. Elias para responder a un préstamo de quinientos dólares.
"Que adeudando las contribuciones correspondientes a dicha finca por los años 1928-29, 1929-30, y 1930-31, el Colector de Rentas Internas de Areeibo sacó a público remate la propiedad el día 8 de agosto de 1932, compareciendo Ramón Gelabert como único postor, a quien se adjudicó por el importe de las contribuciones adeudadas y a quien se expidió el correspondiente certificado de venta el día 11 de octubre de 1932, que inscribió en el Registro de la Propiedad correspondiente.
“Que habiendo embarcado hacia Estados Unidos Manuel Cruz, Juana Candelaria quedó ocupando la casa y la ha seguido ocupando después de haber sido adjudicada al actor a virtud del procedimiento de remate por falta de pago de las contribuciones.
“Que el demandante ha requerido a la demandada desde hace algún tiempo para desalojar y dejar a su libre disposición la finca de referencia y ésta no sólo no la ha desocupado, sino que se niega a ello.”

De la opinión emitida por la corte inferior copiamos lo siguiente:

“El demandante ha demostrado tener un título otorgádole por el Tesorero de Puerto Rico a virtud del remate que de la finca se practicó. Para establecer el presunto conflicto de títulos, la deman-dada ataca de nulidad el del actor. ¿Puede entrarse a considerar en un procedimiento sumario de la naturaleza del desahucio si el título aducido por el demandante está viciado de nulidad? A nuestro juicio, no. Al resolver el caso de León v. Alvarado, nuestro Tribunal Supremo se expresó así:
“ ‘Én cuanto al segundo, el hecho de que el apelante ha pedido la nulidad del juicio que produjo la venta y adjudicación de la casa no es motivo para declarar que León Lugo no tenga un título sufi-ciente para obtener sentencia favorable en un juicio por desahucio porque mientras no se anule el juicio y la venta, es válido el título del demandante, seguirá siendo el dueño y como tal tiene derecho a que el apelante desocupe la casa en cuestión. Declarar que la reclamación de nulidad de un título impide ejercitar los derechos que del mismo dimanan equivaldría a resolver en el juicio de desa-hucio que dicho título adolece de los vicios en que se basa la nulidad pretendida, cuestión ésta que no puede ser apreciada ni resolverse en un juicio sumario y especial como es el de desahucio en el que sólo se trata del derecho que para despedir al que ocupa la finca tiene el que por el momento aparece dueño y poseedor de ella.’ León v. Alvarado, 24 D.P.R. 700.
. “En el caso que nos ocupa se ataca el título del demandante, pero, a pesar de que la finca fué rematada el día 8 de agosto de 1932, la demandada ni ha solicitado la redención de la finca, ni se ha ocupado de pedir la nulidad del remate y pretende, ahora, que en un proce-dimiento sumario como el presente se resuelva que el título del deman-dante es nulo.’ Tal cosa como hemos visto, no puede resolverse cola-teralmente dentro de un procedimiento de desahucio.
“La segunda contención de la demandada se basa en tener esta-blecido su bogar seguro en la finca de la cual se trata de desalojarla.
“Aunque fuera cierto que la demandada hubiera tenido su homestead en la finca de referencia, el hecho de haber sido vendida por el pago de las contribuciones enervó de tal manera el derecho de la señora Candelaria, y su marido, que ahora ño pueden reclamarlo en este procedimiento. De acuerdo con el artículo 541 del Código Civil vigente, todo jefe de familia, que la tenga, tendrá derecho a una finca de hogar seguro hasta el valor de quinientos dólares y tal hogar seguro estará exento de embargo, sentencia, o ejecución, con excep-ción de los tres casos siguientes: 1, las contribuciones que adeudare, 2, el valor de la compra de dicha propiedad y 3, la responsabilidad incurrida por mejoras que se hicieren en la misma. Si la finca fué vendida para pago de contribuciones, o sea, dentro de una de las excepciones reconocidas por la propia ley de homestead, es obvio que la demandada carece ahora de personalidad para reclamar del adjudicatario en el remate le reconozca su derecho al hogar seguro.
“Por tales consideraciones esta Corte es de opinión que en este caso procede se dicte una sentencia declarando con lugar la demanda, y en su consecuencia, condenando a la demandada a que en el tér-mino de quince días desaloje y deje a la libre disposición del de-mandante la finca descrita en la demanda bajo apercibimiento de que de no desalojarla en el término prescrito se decretará su lanzamiento; y se impone el pago de las costas a la demandada, pero sin incluir honorarios de abogado.”

Hemos examinado cuidadosamente el alegato radicado por la parte apelante y creemos que el presente recurso debe ser desestimado, confirmándose la sentencia apelada. El primer error atribuido a la corte sentenciadora consiste en haberse admitido como prueba, con la oposición de la demandada, el certificado del Colector de Bentas de Arecibo, adjudicando al demandante la finca objeto del desahucio. La parte apelante alega que el certificado dice que se notificó la venta a Manuel Cruz y a su esposa Juana Candelaria como dueños, pero que del mismo documento surge que Manuel Cruz reside en lá ciudad de Nueva York. Esto no excluye la posibilidad de que hubiese sido debidamente notificado. En el certificado de venta se dice que según lo dis-pone el artículo 315 del Código Político de Puerto Rico se notificó de la venta a Manuel Cruz y a Juana Candelaria como dueños, y a Mariana I). Elias como acreedora hipotecaria, todos los cuales aparecen con interés en el remate. Prima facie el referido documento contiene todos los requisitos exigidos por la ley. De acuerdo con el Código Político este certificado de compra constituye título absoluto de la pro-piedad a favor del comprador, cuando no se lia ejercitado el derecho de redención dentro del tiempo prescrito por la ley y será evidencia prima facie de los hechos relatados en el mismo en cualquier controversia, procedimiento o pleito que envuelva o concierna los derechos del comprador.

A nuestro juicio, en este caso no es necesario acudir a la jurisprudencia citada por el tribunal juzgador, para sostener la sentencia apelada. La demandada no ofreció prueba al-guna para contradecir los hechos relatados en el certificado de compra, limitándose a decir que su esposo se trasladó a Nueva York sin que desde entonces haya regresado a Puerto Rico. Aún en la hipótesis de que la demandada pudiese impugnar en este procedimiento sumario el título del deman-dante, la verdad es que no hay en los autos un principio de prueba que impugne la validez del título mencionado. Esta única razón sería bastante para confirmar la sentencia apelada.

El segundo error se basa en haberse negado la corte a admitir cierta prueba cuya admisión no hubiese afectado en modo alguno la cuestión en controversia. La demandada no tomó excepción de la resolución de la corte.

El tercer error se basa en que la corte no permitió que la demandada interrogase al demandante sobre el conocimiento pleno de ser condueño de la hipoteca en la finca rematada. Este supuesto error carece de importancia, si se tiene en cuenta que la única prueba ofrecida por la demandada para acreditar la constitución de la hipoteca a favor de Pedro G-elabert y Mariana D. Elias es una certificación del registro de la propiedad donde, lejos de hacerse constar qne los acreedores hipotecarios se hubiesen comprometido a pagar las contribuciones del inmueble hipotecado, se dice que los dueños de dicho inmueble se comprometen a pagar cualquier contribución que en el futuro se imponga al crédito hipote-cario. Véase el caso de Orcasitas v. Registrador, 49 D.P.R. 111.

El cuarto error se basa en haber sostenido la corte que el demandante es dueño de la finca subastada y que la de-mandada está allí sin derecho de hogar seguro. Este seña-lamiento de error no tiene mérito alguno, porque la finca fue adjudicada al demandante en un procedimiento de apremio para el cobro de contribuciones.

A nuestro juicio el recurso ejercitado es claramente frivolo y debe ser desestimado.'