text:
      In re Juan López Morales.

      Número: TS-5663

      Resuelto: 10 de enero de 2012

      Hiram A. Sánchez Martínez, comisionado especial, en informe.
   per curiam:

La salud mental de los miembros que com-ponen la profesión legal es de importancia trascendental no solo para este Tribunal, sino para la sociedad puertorriqueña. Esto es así porque tenemos la encomienda de asegurar que los abogados y abogadas que practican el Derecho en nuestra jurisdicción ejerzan sus funciones con la mayor diligencia y competencia. Un abogado que padece de sus facultades mentales, difícilmente se podrá desempe-ñar a la altura que exige el Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Por esa razón es que hoy nos vemos obli-gados a suspender preventivamente al Ledo. Juan López Morales del ejercicio de la abogacía.

I

El Ledo. Juan López Morales fue admitido al ejercicio de la abogacía el 31 de octubre de 1977 y al de la notaría el 17 de enero de 1978. Desde el 25 de junio de 1980 renunció voluntariamente al ejercicio de la notaría.

Este procedimiento surge luego de que el licenciado Ló-pez Morales nos informó, mediante una carta, que presen-taron urna querella en su contra ante el Colegio de Aboga-dos del estado de Georgia donde estaba admitido a ejercer también la profesión legal. Nos indicó que como consecuen-cia de esa querella, fue suspendido del ejercicio de la abo-gacía en esa jurisdicción. En su comunicación, nos señaló que de ser ciertas las determinaciones del Comisionado Especial de Georgia con relación a su capacidad mental, en-tonces tampoco estaría apto para ejercer la abogacía en Puerto Rico. Por lo tanto, nos solicitó que nombráramos un Comisionado Especial para que evaluara la prueba y pre-parara el informe correspondiente.

Luego de varios trámites procesales, el 27 de febrero de 2009, le ordenamos a la Oficina de la entonces Procuradora General que evaluara la prueba y emitiera su informe. Asi-mismo, le concedimos término al licenciado López Morales para que mostrara causa por la cual no debíamos suspen-derlo indefinidamente de la práctica de la abogacía funda-mentados en la decisión del Tribunal Supremo del estado de Georgia. El 21 de mayo de 2009, la Procuradora General emitió su informe.

Posteriormente, el licenciado López Morales compareció y explicó las circunstancias que propiciaron su suspensión de la práctica de la abogacía en el estado de Georgia. Se-gún narró el licenciado López Morales, la controversia sur-gió luego que le solicitara al licenciado Ralph E. Hughes que cesara su representación legal en un caso por daños y perjuicios que presentó en ese estado tras sufrir un acci-dente automovilístico.

Surge del expediente, que luego de recibir sentencia a su favor en el caso de daños, el licenciado López Morales presentó el 5 de enero de 2004 una acción civil por viola-ción a sus derechos civiles ante la Corte de Distrito de Es-tados Unidos para el Distrito Norte de Georgia al amparo de lo dispuesto en 42 U.S.C.A. sec. 1983. En su demanda, incluyó al juez estatal que dilucidó el caso de daños, a sus asistentes, a funcionarios de la Secretaría, a varios jueces del Tribunal de Apelaciones de Georgia, al licenciado Hughes y al licenciado Rusell McClelland.

Esencialmente, en esa demanda el licenciado López Morales adujo que los demandados conspiraron en su contra para privarlo de su derecho a un debido proceso de ley y de sus derechos propietarios, al concederle honorarios a sus dos abogados por su representación en el pleito civil de daños. Añadió que los demandados actuaron en común acuerdo y concertadamente para ocasionarle daños, opri-mirlo, obstruirle, denegarle y privarle del libre disfrute de los derechos y privilegios garantizados por la Constitución y las leyes de Estados Unidos.

Por estas alegaciones, el licenciado Hughes presentó una querella contra el licenciado López Morales ante la Asociación de Abogados de Georgia (State Bar of Georgia). En síntesis, en la queja, el licenciado Hughes le imputó al licenciado López Morales que desconocía el Sistema Judicial del estado de Georgia y abusó del sistema para su lu-cro personal, lo que lo convertía en un peligro para el público. De igual forma, afirmó que las reclamaciones del licenciado López Morales pusieron una carga mayor al sis-tema al añadir volumen de trabajo, innecesariamente, a numerosos individuos y al personal del tribunal.

El licenciado López Morales expuso que la queja presen-tada violaba su derecho constitucional al debido proceso de ley, por ser vaga e imprecisa. Además, señaló que la Regla 4-212(a) de la Asociación de Abogados (State Bar of Georgia), violaba su derecho a no incriminarse mediante tes-timonio compelido conforme a la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Asimismo, manifestó que la querella era producto de una persecución selectiva por razón de raza y por utilizar el derecho a la libre expresión que le garantiza la Primera Enmienda.

De otra parte, insistió en que la querella era un castigo cruel e inusitado, pues la Asociación de Abogados del es-tado (State Bar of Georgia) conocía que las Reglas de Pro-cedimiento Civil federales no penalizaban por las inferen-cias y conclusiones que se hacen en las alegaciones de una demanda. Sostuvo que sus alegaciones e inferencias en contra de los funcionarios judiciales y abogados las debe adjudicar un tribunal y que no se hicieron con malicia. Ma-nifestó que sus alegaciones eran producto de la conducta desplegada por los funcionarios demandados, quienes esta-ban sujetos al escrutinio público. Por eso, impugnó la in-munidad absoluta que disfrutan los jueces del estado de Georgia por sus decisiones judiciales, que entiende incompatible con el sistema constitucional de gobierno.

Por último, aseguró que la licencia que le otorgó el es-tado de Georgia para practicar en esa jurisdicción era un derecho propietario protegido por las leyes y constituciones de Estados Unidos y del estado de Georgia. Cabe señalar que el 23 de enero de 2004, el licenciado López Morales desistió sin perjuicio de la demanda presentada en el foro federal.

Como resultado de la queja presentada por el licenciado Hughes, la Asociación de Abogados del estado (State Bar of Georgia) determinó causa y presentó una querella formal ante el Tribunal Supremo de ese estado. En la querella se le imputó al licenciado López Morales una infracción a la Regla 3.1(b) y otra a la Regla 3.3(a)(1) del Código de Conducta Profesional del estado de Georgia. El primero de esos artículos prohíbe que un abogado, a sabiendas, pre-sente una reclamación o defensa prohibida por ley ante los tribunales, a menos que pueda sostenerla mediante argu-mentos de buena fe, que se inclinen a que se puede extender, modificar o derogar la ley existente. La segunda impu-tación es por hacer falsas aseveraciones al tribunal.

Luego de varios trámites procesales, el licenciado López Morales contestó la querella. En esta indicó que el Comi-sionado Especial designado se tardó intencionalmente, dos años y cuatro meses en emitir las resoluciones relaciona-das a su querella, pues todo era parte de una conspiración de su parte, ya que esperaba finalizar una investigación que inició el Negociado Federal de Investigaciones en su contra por escribirle una carta al Secretario General de las Naciones Unidas. Según el licenciado López Morales, de resultarle desfavorable esa investigación, al Comisionado Especial se le haría más fácil recomendar su desaforo.

Tras evaluar la prueba, el Comisionado Especial deter-minó que la demanda federal por violación a los derechos civiles presentada por el licenciado López Morales no se sustentaba en ley y, además, fue hecha de mala fe. De igual forma, indicó que existe una arraigada corriente de que los jueces, cuando actúan en su capacidad judicial, son inmu-nes a cualquier reclamación económica por alegados daños causados en el ejercicio de sus funciones. Así, pues, el abo-gado que desee plantear una excepción a esta regla deberá hacerlo con extremo cuidado. Concluyó que todas las per-sonas que fueron demandas ejercieron sus funciones ade-cuadamente, por lo que su reclamación carecía tanto de hechos como de fundamentos legales para sostenerse.

Posteriormente, el Comisionado Especial emitió su in-forme final en el que manifestó su preocupación por la sa-lud mental del licenciado López Morales. En síntesis, ar-güyó que las alegaciones del querellado denotaban un padecimiento de sus facultades mentales. Añadió que la presentación de la demanda por violación a sus derechos civiles demostraba fuertes indicios de paranoia y persecución. Concluyó que el querellado era una amenaza a la seguridad pública, por lo que era necesario suspen-derlo hasta tanto recibiera ayuda psiquiátrica.

Por último, como el licenciado López Morales no se quiso someter a exámenes psiquiátricos, el Comisionado Especial recomendó que se suspendiera de la práctica de la abogacía hasta que estuviese dispuesto a someterse a las evaluaciones correspondientes y presentara evidencia de ello. Esa recomendación fue acogida por el Tribunal Supremo de Georgia, que procedió a suspender al licenciado López Morales hasta tanto cumpliera con las condiciones establecidas.

Tras no cumplir con lo ordenado, el 24 de septiembre de 2007, el Tribunal Supremo de Georgia decretó la separa-ción indefinida del licenciado López Morales del ejercicio de la abogacía en ese estado por su enfermedad mental.

Los escritos presentados por el licenciado López Morales ante este Tribunal, al igual que los que presentó ante los tribunales de Georgia, están plagados de incoherencias, es-peculaciones y argumentos que, cuando menos, denotan que el licenciado López Morales padece de sus facultades mentales.

De entrada, en sus escritos ante este Tribunal, el licen-ciado López Morales le imputó al Tribunal Supremo de Georgia emitir una opinión que, según sus palabras, es enferma y, además, viola el debido proceso de ley, así como la igual protección de las leyes. Al amparo de esos argu-mentos, nos solicita que revaluemos la prueba.

En el Informe de la Procuradora General, esta llama la atención a una declaración jurada suscrita por el licen-ciado López Morales en la que asegura que su teléfono fue interceptado en el estado de Georgia, que era seguido al parque donde solía caminar, además de en las calles donde residía. También juró que era perseguido en los supermer-cados, en los grupos de solteros a los que asistía, así como en la iglesia que frecuentaba los domingos. Si eso fuera poco, también argüyó que los empleados de un médico al que visitaba eran parte de la conspiración. Igualmente, afirmó que la Policía de Puerto Rico continuó con la perse-cución una vez regresó a la Isla, ya que en varias ocasiones fue “atacado” en su residencia por personas que utilizaban el foco de un helicóptero para iluminarla. También, el li-cenciado López Morales aseguró que era perseguido cuando visitaba la biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

En esta declaración, el licenciado López Morales tam-bién aseveró que varios jueces mintieron en un documento público, por lo que se vio precisado a presentar una quere-lla ante la Oficina de la Administración de los Tribunales. Sumado a esto, indicó que el Tribunal de Apelaciones violó su reglamento, como el derecho vigente en varios casos en los que él fungió como representante legal de una parte.

De acuerdo con esta declaración, así como de los docu-mentos que obran en el expediente, la entonces Procura-dora General concluyó que el licenciado López Morales daba la impresión de padecer de sus facultades mentales, lo que confirmaba las conclusiones del Tribunal Supremo de Georgia. Sugirió someter al letrado a un procedimiento provisto por la Regla 15 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, o, de lo contrario, darle entera fe y crédito a la determinación del estado de Georgia.

Luego de recibir este informe, nombramos al Ledo. Hiram A. Sánchez Martínez como Comisionado Especial para que recibiera prueba relacionada con la salud mental del licenciado López Morales, según establece la Regla 15(h) de nuestro Reglamento, supra. Procedimos a concederle término a las partes para que designaran sus peritos. El plazo expiró sin que las partes nombraran ningún perito, por lo que procedimos a designar los miembros del panel. A la misma vez, apercibimos al licenciado López Morales de que si se negaba a someterse a un examen médico, ello constituiría prueba prima facie de su incapacidad mental y, además, daría paso a su suspensión preventiva del ejer-cicio de la profesión.

El 28 de abril de 2010, el licenciado López Morales compareció. Inició su comparecencia con varias citas de la Constitución, de las Reglas de Evidencia, de diccionarios, así como de jurisprudencia local y de otras jurisdicciones de Estados Unidos. Según él, la utilizaría para evaluar la orden del Comisionado Especial en cuanto a que se debía someter a exámenes psiquiátricos. Acto seguido, comenzó a desafiar a la Oficina de la Procuradora General. En espe-cífico, expresó lo siguiente con relación a la orden del Co-misionado Especial de que se nombraran los peritos psi-quiatras:

[L]a Oficina de la Procuradora General de Puerto Rico, que es la oficina con la obligación legal de investigar la conducta de los abogados en Puerto Rico, no le hizo caso al no nombrar un perito psiquiatra. Se debe a que esas jóvenes saben que contra JLM hay una persecución política porque él le declaró la guerra a la Corrupción Institucionalizada y Vulgar en el Sistema Judicial de toda la Nación y sus territorios. Menos caso le hizo JLM que conoce las distintas técnicas de las mu-chas que usa la Corrupción Institucionalizada en Los Estados Unidos de América y sus territorios, para callar o sacar de circulación a los abogados que le declaran la guerra a dicha corrupción. (Énfasis en el original.) Contestación a Orden del Comisionado Hiram Sánchez Martínez del 6 de abril de 2010, págs. 5-6.

Añadió que tiene una propuesta para eliminar la co-rrupción en el servicio público,

... al establecer que las violaciones a la [C] onstitución y/o leyes donde una persona o el Estado (pueblo) sufra daños por la culpa o negligencia del juzgador o un empleado público, no sólo va a ser despedido de su puesto, sino que va a responder civilmente con sus bienes personales ante un panel de jurado del pueblo, cuya decisión será final y firme porque el pueblo es el soberano. También si el caso lo amerita, y frente a un panel de jurado, será juzgado criminalmente, y de salir culpable, va a cumplir su sentencia junto con la población penal. íd., pág. 6.

Con relación al mismo asunto, expresó que

En Puerto Rico los abogados, entre ellos, le llaman al Sis-tema Judicial: “El Monstro sin cabeza”. JLM decidió darle la guerra y no tiene reversa porque está en juego el futuro de toda nuestra descendencia y la evolución de la especie en sociedad.
La corrupción institucionalizada en los tribunales, usa como uno de sus mecanismos, la discreción judicial. Así permite que la corrupción vulgar florezca. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Id., pág. 7.

Por otra parte, señaló que la orden del Comisionado Especial es

... inconsistente y engañosa. Es inconsistente porque acepta que la Procuradora General y JLM no nombraron peritos psi-quiatras alguno, pero luego dice que la Procuradora nombró al Dr. Guillermo J. Hoyos Precssas, y JLM nombró a la Dra. Cynthia Casanova Pelosi. A mi juicio, es falso total. Si alguien se comunicó por cualquier medio con la doctora Cynthia Casanova Pelosi, y se identificó como JLM no es cierto. JLM nunca lo ha hecho ni lo hará porque no tiene la necesidad, ni ha autorizado a nadie que lo haga por él. Los que deben coger tratamiento psiquiátrico son los corruptos en todas sus mani-festaciones porque esa es prueba de subdesarrollo mental. (Énfasis en el original.) íd., pág. 8.

Posteriormente, dirigiéndose a los psiquiatras nombra-dos por el Comisionado, manifestó lo siguiente:

... Doctores, ese es el pecado del abogado JLM, declararle la guerra a la Corrupción Institucionalizada y Vulgar en el Sis-tema Judicial de Los Estados Unidos de América y sus terri-torios, producida por jueces y políticos corruptos de los gobier-nos de los partidos políticos que vienen a los empleos públicos a enriquecerse y a enriquecerse sus amigos con los fondos públicos. Entonces a espaldas del pueblo, ponen a los jueces de los tribunales supremos a legislar para beneficio de ellos y los políticos, estableciendo una tiranía silente contra el pueblo. Esa es parte de la Corrupción Institucionalizada. JLM no claudicará!;] las ideas no se matan. ... Estoy dispuesto a re-unirme con ustedes, los tres juntos, para que aclaren dudas de este caso, pero no para evaluaciones mentales porque no las necesito. (Énfasis en el original.) Id., pág. 11.

Tras declarar “no ha lugar” esta moción, el licenciado López Morales envió dos nuevas comparecencias que, al igual que la anterior, están cargadas de insultos hacia los miembros de esta Curia, la Oficina del Procurador General y el Comisionado Especial designado. A continuación, algu-nas de las expresiones del licenciado López Morales refi-riéndose a la Resolución de 28 de mayo de 2010:

2. Está basada en un fraude probado y admitido por la Ofi-cina del Procurador General de Puerto Rico, que tenía el de-recho de replicar mi contestación y no lo hizo. Admitió su fraude y mi prueba, al permanecer en silencio ante prueba que de no ser cierta la obligaba a contestar.
3. A partir de esa Resolución los seis señores jueces dejaron de ser un Tribunal imparcial, y se convirtieron en parte interesada. Por tal razón, su conducta está sujeta a exámenes lógicos, inferencias, etc.
4. Al usar un fraude como base para una resolución judicial con la firma y sello del Tribunal, no pueden garantizarle al pueblo justicia.
Esa Resolución de 28 de mayo de 2010 de este Tribunal, tiene a JLM sin cuidado porque es el producto de coconspira-dores desesperados porque no tienen prueba para sostener sus imputaciones. ... Dicha Resolución refleja la ausencia de prueba contra JLM y están tratando de fabricarle un caso a JLM usando de manera tiránica a tres peritos médicos .... Se puede observar hasta donde llega la Corrupción en los tribu-nales de la Nación y sus territorios. ... Nótese que cuando su agente, el ex juez, Hiram A. Sánchez Martínez, no tiene prueba para cumplir con el inciso (a) de la Regla 15 de su Reglamento, los seis señores “jueces” vienen en su ayuda y violan el debido proceso de ley al querer obstaculizar sin éxito una defensa que nadie puede evitar: El que hace unas imputa-ciones viene obligado a producir la prueba. Realmente me dan pena. (Enfasis suplido y en el original.) Contestación a Reso-lución del 28 de mayo de 2010 en el caso de epígrafe, págs. 6-7.

Además, el licenciado López Morales tituló una de sus comparecencias escritas como “Moción Informativa e Inquisitiva.” En esa misma moción se autodenominó “El látigo de la Corrupción en el Sistema Judicial”. Véase Mo-ción Informativa e Inquisitiva, pág. 8.

Son múltiples los insultos, vituperios y ofensas que el licenciado López Morales ha hecho a través de sus mocio-nes a los miembros de este Tribunal, a la Oficina del Pro-curador General y al Comisionado Especial designado. No transcribiremos cada una de sus alegaciones, ya que mu-chas son sumamente ofensivas, desafiantes y ponen en en-tredicho la labor que realizan varios funcionarios públicos, sin fundamento para sustentarlas.

Luego de recibir estas mociones, le concedimos un tér-mino al licenciado López Morales para que informara qué gestiones realizó con los tres peritos psiquiatras que se de-signaron para su evaluación. Le apercibimos que de no ha-ber hecho gestión alguna, informara las razones para ello. Asimismo, le apercibimos que si no se sometía al examen médico ante los psiquiatras designados, ello se considera-ría prueba prima facie de su incapacidad mental, por lo que podría ser suspendido preventivamente del ejercicio de la profesión, tal como dispone la Regla 15 de nuestro Reglamento.

Al transcurrir el término sin que el licenciado López Morales se sometiera a los exámenes psiquiátricos, solici-tamos a las psiquiatras designadas que nos informaran si el querellado realizó alguna gestión para someterse a los exámenes correspondientes. Estas comparecieron e infor-maron que el licenciado López Morales no se comunicó ni hizo gestión alguna con ellas para someterse a la evaluación. Por esta razón, el Comisionado Especial con-cluyó que el licenciado López Morales, por sus dichos y conducta, no tenía la intención de cumplir con lo ordenado. Así, pues, el Comisionado Especial culminó el trámite de este asunto, no sin antes recomendar “como medida de pro-tección social [la] suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía [del licenciado López Morales] hasta que ... de-muestre que se encuentra apto para reincorporarse al ejer-cicio de la profesión”. Informe final del Comisionado, pág. 29.

II

La Regla 15 del Reglamento de nuestro Tribunal, supra, es un mecanismo profiláctico que “establece el pro-cedimiento para separar indefinidamente a un abogado del ejercicio de la abogacía, por razón de una condición mental o emocional que le impida desempeñarse competente-mente”. S. Steidel Figueroa, Etica y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs. J.T.S., 2010, pág. 373. Este mecanismo es “parte del poder inherente que tiene este Tribunal para regular la profesión de [la] aboga-cía en Puerto Rico In re Valentín Maldonado, 178 D.P.R. 906, 911 (2010). Véanse, además: In re Ramos Muñoz, 155 D.P.R. 255, 259 (2001); In re Fund. Fac. Der. E. Ma. De Hostos II, 150 D.P.R. 508, 511-512 (2000); In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R. 698, 748 (1978); Ex parte Jiménez, 55 D.P.R. 54, 55 (1939); Coll v. Leake, Juez de Distrito, 17 D.P.R. 857, 866-868 (1911). Es corolario de “nues-tro interés para garantizar el buen funcionamiento del Sistema Judicial y los mejores intereses de los funcionarios y abogados que en ella laboran y postulan. ... Además, es parte de nuestro interés de que los abogados puedan reali-zar sus labores profesionales competente y diligente-mente”. In re Hernández Rodríguez, 181 D.P.R. 643, 651 (2011). Véanse, además: In re Gutiérrez Santiago, 179 D.P.R. 739 (2010); Canon 18 del Código de Ética Profesio-nal, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Ahora bien, distinto a los casos en los que separamos a los miembros de nuestra profesión por violar los cánones del Código de Ética Profesional, el me-canismo dispuesto en esta Regla no está catalogado como una sanción disciplinaria, sino más bien como una medida de protección social. íd.

En síntesis, la Regla 15 de nuestro Reglamento, supra, provee para la designación de tres peritos psiquiatras. A uno lo nombra el Comisionado designado, a otro el Procurador General, y al último, el abogado querellado. Estos evaluarán al abogado y llegarán a sus conclusiones. Con el beneficio de lo anterior, el Comisio-nado emitirá sus conclusiones y recomendaciones.

Ahora bien, en los casos en que el abogado querellado no se quiera someter a los exámenes médicos ordenados, el inciso (e) de la Regla 15, supra, dispone que ello constituirá prueba prima facie de la incapacidad del abogado, lo que dará lugar a su suspensión preventiva.

III

De un examen del expediente ante nos, percibimos, al igual que el Tribunal Supremo de Georgia, que el licen-ciado López Morales muestra indicios fuertes de paranoia y persecución. Tal parece que su salud mental comenzó a dar indicios de estar afectada desde el momento en que inició la demanda en la corte federal del estado de Georgia contra varios funcionarios de la Rama Judicial de ese estado. Su comportamiento está plagado de alucinaciones respecto a supuestas persecuciones por hacer valer sus derechos. En todo momento, el licenciado López Morales ha responsabilizado al Sistema Judicial de que los procesos no finalicen según su percepción de lo que es el derecho y la justicia. Acusa a los funcionarios de ser agentes de la corrupción.

Como consecuencia de esos actos, el licenciado López Morales fue suspendido indefinidamente del ejercicio de la abogacía en el estado de Georgia porque, igual que hizo en Puerto Rico, presentó argumentos incongruentes que apa-rentan revelar que se encontraba incapacitado mental-mente para ejercer la abogacía. Además, también rehusó someterse a los exámenes psiquiátricos para evaluar su condición mental.

En cuanto al comportamiento del licenciado López Morales ante este Tribunal, hemos observado que, a pesar de las múltiples oportunidades y prórrogas que le concedimos para que se sometiera a los exámenes psiquiátricos corres-pondientes, se ha negado a hacerlo, ya que considera que son parte de la persecución que contra él tienen el Comi-sionado designado y este Tribunal. Incluso, ignoró nuestros requerimientos a pesar de apercibirle de que podrían dar paso a su suspensión del ejercicio de la abogacía. Como correctamente señaló el Comisionado Especial, “[d]e los es-critos que el abogado ha sometido en los foros judiciales de Georgia y Puerto Rico nos parece razonable concluir que el licenciado López Morales ... padece de un trastorno mental que lo incapacita en estos momentos para ejercer la profe-sión de abogado en Puerto Rico”. Informe del Comisionado, pág. 30.

Con estos antecedentes, concluimos que las imputacio-nes infundadas y el tono de los escritos que el licenciado López Morales ha sometido en los foros judiciales de Georgia y Puerto Rico, así como su negativa a someterse a los exámenes médicos ordenados por este Tribunal, según la Regla 15, supra, constituyen indicios suficientes y prueba prima facie de que este padece de un trastorno mental que lo incapacita en estos momentos para ejercer la profesión de abogado en Puerto Rico. El licenciado López Morales tuvo la oportunidad de evitar que operara la presunción prima facie que establece la Regla 15 de nuestro Regla-mento, supra, pero no la rebatió.

Por esta razón, se suspende inmediata e indefinida-mente al licenciado Juan López Morales del ejercicio de la abogacía. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándo-los, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por tra-bajos no realizados e informar oportunamente de su sus-pensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de certificar ante este Tribunal el cum-plimiento con lo anterior dentro de un término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

        “Rule 4-212. Answer of Respondent; Discovery

      “(a) The respondent shall serve his answer to the formal complaint of the State Bar within thirty days after service of the formal complaint. In the event that respondent fails to answer or to obtain an extension of time for his answer, the facts alleged and violations charged in the formal complaint shall be deemed admitted. In the event the respondent’s answer fails to address specifically the issues raised in the formal complaint, the facts alleged and violations charged in the formal complaint and not specifically addressed in the answer shall be deemed admitted. A respondent may obtain an extension of time not to exceed fifteen days to file the answer from the special master, or, when a challenge to the special master is pending, from the chairperson of the Review Panel. Extensions of time for the filing of an answer shall not be routinely granted.”

        “RULE 3.1 MERITORIOUS CLAIMS AND CONTENTIONS

      “In the representation of a client, a lawyer shall not:

        “(a) file a suit, assert a position, conduct a defense, delay a trial, or take other action on behalf of the client when the lawyer knows or when it is obvious that such action would serve merely to harass or maliciously injure another-,

      “(b) knowingly advance a claim or defense that is unwarranted under existing law, except that the lawyer may advance such claim or defense if it can be supported by good faith argument for an extension, modification or reversal of existing law.
      The maximum penalty for a violation of this Rule is a public reprimand.” (Én-fasis suplido.)

        “RULE 3.3 CANDOR TOWARD THE TRIBUNAL

        “(a) A lawyer shall not knowingly.

        “(1) make a false statement of material fact or law to a tribunal-,

      “(2) fail to disclose a material fact to a tribunal when disclosure is necessary to avoid assisting a criminal or fraudulent act by the client;
      “(3) fail to disclose to the tribunal legal authority in the controlling jurisdiction known to the lawyer to be directly adverse to the position of the client and not disclosed by opposing counsel; or
      “(4) offer evidence that the lawyer knows to be false. If a lawyer has offered material evidence and comes to know of its falsity, the lawyer shall take reasonable remedial measures.
      “(b) The duties stated in paragraph (a) continue to the conclusion of the proceeding, and apply even if compliance requires disclosure of information otherwise protected by Rule 1.6.
      “(c) A lawyer may refuse to offer evidence that the lawyer reasonably believes is false.
      “(d) In an ex parte proceeding, other than grand jury proceedings, a lawyer shall inform the tribunal of all material facts known to the lawyer that the lawyer reasonably believes are necessary to enable the tribunal to make an informed decision, whether or not the facts are adverse.
      “The maximum penalty for a violation of this Rule is disbarment.” (Énfasis suplido.)


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Roberto Brito Díaz, Ángel Luis Sanabria Morales, Keila Colón Rivera, José C. Rodríguez Collazo, José Enrique Cruz Mercado, Nydia Luz Rivera Laporte, Marianita Palau, Carla Capalli Rosa, Ángel Torres y People for the Ethical Treatment of Animals, recurridos, v. Bioculture Puerto Rico, Inc., Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Administración de Reglamentos y Permisos, Departamento de Justicia, Junta de Calidad Ambiental, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Departamento de Agricultura, Compañía de Fomento Industrial, Municipio de Guayama, Ing. José Mateo Colón e Ing. Germán Torres Berríos, peticionarios.

      Número: CC-2011-929

      Resuelto: 10 de enero de 2012

      Luis Sánchez Betances, de Sánchez Betances, Sifre & Muñoz Noya, C.S.P., Jorge Martínez Luciano y Emil Rodríguez Escudero, representantes de Bioculture Puerto Rico, Inc., parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Solicitud de Reconsideración y la Solici-tud de Celebración de Vista Oral en el caso de epígrafe, se declaran ambas “no ha lugar”.

Notifíquese inmediatamente a las partes por teléfono, por fax y por la vía ordinaria.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió un voto de conformidad, al cual se unió el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto de conformidad, al cual se unieron el Juez Presidente Señor Hernández Den-ton y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco emitió un voto particular disidente, al cual se unieron el Juez Asociado Señor Rivera García y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto de conformidad emitido por el Juez Asociado Señor Martínez Torres, al cual se une el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo.

Una mayoría de los miembros de este Foro actúa correc-tamente hoy al no reconsiderar y declarar “no ha lugar” una moción en la que se solicita una vista oral. Sin embargo, lo indicado en el voto disidente me obliga a expre-sarme de nuevo sobre el alcance del derogado Art. 31 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. sec. 72c) y lo resuelto en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R. 563 (2010). De esta forma, se coloca en justa perspectiva el derecho aplicable al caso que nos ocupa.

I

El Art. 31, id., hoy derogado pero aplicable a esta con-troversia, establecía, en lo pertinente, que una vez se apela la concesión de un permiso de construcción ante la Junta Apelativa sobre Construcciones y Lotificaciones (J.A.C.L.), “el organismo o funcionario de cuya actuación se apela, suspenderá todos los procedimientos ante sí, relativos a la actuación, determinación, o resolución de la cual se apela”. (Énfasis nuestro.) En Fuertes, Guillermety v. A.R.Pe., 130 D.P.R. 971, 981 (1992), se planteó que un permiso de cons-trucción expedido por A.R.Pe., que se apeló ante la J.A.C.L., no se podía revocar “sin una vista previa debido a que constituía un derecho de propiedad”. Al concluir que esa aseveración era incorrecta, esbozamos que

... una vez iniciada una apelación ante la Junta, los procedi-mientos ante A.R.Pe. quedan paralizados. A.R.Pe. emitió erró-neamente el Permiso de Construcción el 23 de septiembre de 1988, antes de que transcurrieran los treinta (30) días para apelar su resolución. Fuertes apeló en tiempo. La decisión de A.R.Pe. nunca advino final y firme. (Énfasis nuestro y en el original.) íd., pág. 982.

Ese principio de derecho se ratificó en Plaza Las Américas v. N & H, 166 D.P.R. 631, 654 (2005). En el caso que nos ocupa, se apeló la concesión del permiso de construc-ción en los treinta días que el Art. 31, supra, disponía. Así, la eficacia del permiso quedó en suspenso.

Me reconforta que, aunque tardara un mes desde que atendió el recurso por primera vez, la disidencia aborde al fin el alcance del Art. 31, íd. Sin embargo, es incorrecto afirmar que el injunction que contemplaba la ley se limi-taba a paralizar la efectividad de los permisos de construc-ción que se emitieron después de que se solicitó su revisión ante la J.A.C.L. Como vemos, hemos resuelto reiterada-mente que el Art. 28 de la Ley Núm. 76 (23 L.P.R.A. sec. 72), también podía usarse para impedir que continuara la construcción después de que el permiso estaba bajo la re-visión de la J.A.C.L., pues según el Art. 31, supra, la efec-tividad de ese permiso quedaba en suspenso.

II

Por otro lado, los hechos que ocupan hoy nuestra aten-ción son distintos a los que se dieron en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra. Así lo reconoce la peticionaria Bioculture. Sin embargo, esta hace un análisis acomodati-cio y desacertado en su escrito de reconsideración sobre la figura de la legitimación activa.

En particular, Bioculture señala que “no existe diferen-cia entre lo declarado por el señor Rodríguez Collazo con lo argüido por el señor Richter en Fundación Surfrider”. So-licitud de reconsideración, pág. 3. Peor aún, la parte peti-cionaria entiende que “la evidencia de daño y la participa-ción que tuvo el Sr. Richter en el caso de Fundación Surfrider fue mayor a la ofrecida por el Sr. Rodríguez Collazo”. Id. Discrepo totalmente de ese raciocinio.

En Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, pág. 583, el señor Richter adujo que tenía problemas de distribución de agua y que entendía que ese problema se agravaría con el aumento de consumo que significaría la construcción del proyecto que impugnó. No trajo prueba al respecto. Se basó en una creencia suya sin base para sostenerla. Esos facto-res nos llevaron a resolver que el señor Richter carecía de legitimación activa. En específico, indicamos que

... el señor Richter alega que se verá afectado por la decisión administrativa ya que “entiende” que el alegado problema de distribución de agua se intensificará con la construcción del proyecto. Esta es una alegación especulativa y conclusoria. Además, como no se alegó la ubicación de la residencia al pre-dio del proyecto ni la proximidad, no podemos saber si el sector donde está ubicada la residencia se suple de la misma toma de agua que el proyecto. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, pág. 588.

Ahora bien, si contrastamos lo expuesto en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, con este caso, es forzoso concluir que el señor Rodríguez Collazo sí demostró osten-tar legitimación activa. En particular, el señor Rodríguez Collazo demostró mediante una declaración incontrover-tida que sufrió un daño económico como consecuencia del permiso de construcción concedido, pues no pudo vender su proyecto de viviendas colindante con la finca de Bioculture. Su condición de colindante no está en disputa, a diferencia del señor Richter en Fund. Surfrider. Además, el daño pro-bado no es especulativo. Por el contrario, es claro, real, concreto y específico, tal como Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, requiere. El daño es personal e inminente, lo que lo cualifica para obtener un injunction, según el Art. 28, supra.

Además, se desprende de la transcripción de las vistas evidenciarías que el colindante Rodríguez Collazo contestó los pormenores del desarrollo de viviendas que tenía pro-puesto en su propiedad a instancias de la representación legal de Bioculture. Dicho de otro modo, la legitimación activa del colindante Rodríguez Collazo se demostró en el contrainterrogatorio que la representación legal de Biocul-ture le realizó. Véase Transcripción de vista evidenciaría de 9 de noviembre de 2009, págs. 97-100. Entonces, no cabe hablar de un testimonio acomodaticio {self serving).

No se puede perder de perspectiva que nos encontramos ante el testimonio bajo juramento de un testigo a quien el foro primario le creyó. Eso constituye evidencia directa. Regla 110(D) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI; S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 357 (2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799, 811 (2009); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001). Es una norma reiterada que “un tribunal apelativo no debe inter-venir con las determinaciones de hechos ni con la adjudi-cación de credibilidad del foro primario a menos que este último haya incurrido en error manifiesto, pasión, prejui-cio o parcialidad”. S.L.G. Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 361. Véase, además, Flores v. Soc. de Gananciales, 146 D.P.R. 45, 49 (1998); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939 (1975). Por eso, rechazo la invitación que se nos hace en la moción de reconsideración para que, como los prover-biales tres monitos, no oigamos, ni veamos ni hablemos de la prueba que desfiló en el Tribunal de Primera Instancia y que establece el daño concreto, personal y real del correcu-rrido Rodríguez Collazo.

III

Todo lo anterior me lleva a concluir que no procede reconsiderar. Para ello no hace falta una vista oral. Los beneficios de una vista oral para ilustrar al Tribunal y es-clarecer la controversia son indudables. Sin embargo, su valor se desvanece después que el Tribunal decidió. Por eso, me parece tardía la solicitud de vista oral que la parte peticionaria nos hace en la etapa de la reconsideración.

En fin, he discutido el marco jurídico aplicable a la con-troversia que nos atañe hoy. Los precedentes están claros. Por eso, considero que llegar a una solución contraria ten-dría el efecto de trastocar “la confianza en nuestras insti-tuciones y en nuestro ordenamiento jurídico, el cual debe aspirar a garantizar un ambiente de uniformidad y consis-tencia en la aplicación del Derecho”. Brito Díaz et al. v. Bioculture et al., 183 D.P.R. 720, 746 (2011), voto particular disidente de la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, al cual se unieron los Jueces Asociados Señores Rivera García y Feliberti Cintrón.

Voto de conformidad emitido por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez, al cual se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez.

Estoy conforme con la determinación de una mayoría de este Tribunal de denegar las solicitudes de reconsideración y de vista oral, presentadas por Bioculture Puerto Rico, Inc. (Bioculture).

I

En nuestro voto de conformidad del pasado 9 de diciem-bre, tuvimos la oportunidad de impartirle consistencia a la jurisprudencia interpretativa de la derogada Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. sec. 71 et seq.).

En aquella ocasión, reafirmamos que el procedimiento establecido por el Art. 28 (23 L.P.R.A. sec. 72) es un meca-nismo estatutario, independiente, especial, sumario y limi-tado que permite la paralización de las obras o los usos que violen la ley. A.R.Pe. v. Rodríguez, 127 D.P.R. 793, 808-809 (1991).

En clara confirmación de que nuestro dictamen en nada priva de jurisdicción a la Rama Ejecutiva, reiteramos lo resuelto en A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816, 822 (1986), donde expresamos que la utilización de los procedi-mientos sumarios que buscan dar la debida protección a la salud y al bienestar público, tal como el establecido en este articulado, no se circunscribe exclusivamente a situaciones de emergencia. Además, reiteramos que este mecanismo no desplaza la función administrativa, sino que es un meca-nismo provisional. Plaza Las Américas v. N & H, 166 D.P.R. 631, 647 (2005).

En el pasado descartamos el planteamiento —reciclado en el caso ante nos— de que las doctrinas de jurisdicción primaria y de agotamiento de remedios administrativos impiden la concesión del remedio sumario del Art. 28. Cier-tamente, la disponibilidad del procedimiento sumario esta-blecido en el referido Art. 28 no está supeditada a las nor-mas de jurisdicción primaria ni de agotamiento de remedios administrativos. Véase Mun. de Caguas v. AT & T, 154 D.P.R. 401, 415 (2001).

A pesar de esa realidad, los peticionarios nuevamente acuden en reconsideración, obviando la naturaleza y los requisitos dispuestos en el Art. 28 para obtener el remedio contemplado en él.

El propósito del Art. 28 es proveer un mecanismo suma-rio rápido, independiente y complementario. A.R.Pe. v. Ro-dríguez, supra. Para llegar a la conclusión propuesta por Bioculture, tendríamos que pasar por alto que las órdenes de paralización solicitadas, al amparo del procedimiento especial de ese articulado, son un remedio independiente y diferente del interdicto tradicional. Así bien, a diferencia del interdicto tradicional, el mecanismo que brinda el Art. 28 no surge de la equidad, sino que debe ser evaluado se-gún su letra y su jurisprudencia interpretativa. Plaza Las Américas v. N & H, supra, pág. 650; A.R.Pe. v. Rivera, 159 D.P.R. 429, 444—445 (2003); A.R.Pe. v. Rodríguez, supra. Según el Art. 28 no se requiere alegación ni prueba de da-ños irreparables, sino sólo la determinación de que el de-mandado ha violado las disposiciones de la ley. A.R.Pe. v. Rivera, supra.

El Art. 28 establece los criterios que efectivamente cum-plieron los recurridos vecinos y colindantes del proyecto de Bioculture. Así lo comprobó nuestro análisis de la prueba. Me reafirmo en el contenido en mi voto particular previo. No es necesario abonar a una controversia en la que seis miembros de este Tribunal consideramos que los recurri-dos poseen legitimación para obtener el remedio interdic-tal especial alcanzado.

II

En nuestro voto particular tuvimos la oportunidad de analizar toda la prueba presentada por los recurridos ante el Tribunal de Primera Instancia. En su solicitud de recon-sideración, los peticionarios no rebaten la realidad de que los recurridos lograron satisfacer los requisitos del Art. 28 y de su jurisprudencia interpretativa. Nos reiteramos en nuestro análisis de la transcripción de las vistas evidencia-rias, contenido en nuestro Voto Particular, págs. 739-743. Brito Díaz et al. v. Bioculture et al., 183 D.P.R. 720 (2011).

Finalmente, como pudo apreciarse en nuestro Voto Particular previo, la determinación de proveer “no ha lugar” al recurso de certiorari, presentado por los peticionarios, es-tuvo basada primordialmente en la letra clara de la ley aplicable, su jurisprudencia interpretativa y un detenido análisis de la transcripción de la prueba ante el Tribunal de Primera Instancia.

Una vez emitimos nuestro dictamen, a renglón seguido tomamos conocimiento judicial de las acciones administra-tivas, realizadas por varias agencias ejecutivas de la rama copeticionaria, contenidas en un Informe Final del Senado de Puerto Rico. Las paralizaciones y multas administrati-vas de las que tomamos conocimiento judicial y que, dicho sea de paso, no fueron rebatidas por la peticionaria en su Solicitud de Reconsideración, constituyen elementos váli-dos para adjudicar un reclamo según el Art. 28 y confirman la corrección del remedio otorgado por el Tribunal de Pri-mera Instancia.

No se trata de una mera ponencia de una agencia admi-nistrativa ante la Asamblea Legislativa. Aunque cierta-mente la aludida ponencia también revela un tratamiento incompatible en relación a este proyecto. Utilizar un in-forme legislativo para tomar conocimiento judicial de he-chos que no han sido rebatidos por los peticionarios y que abonan a confirmar la corrección del dictamen del foro in-termedio, en nada constituye una formulación de política pública. Por el contrario, representa un ejercicio de análi-sis válido y compatible con la adjudicación previamente enunciada.

Es por ello que una interpretación coherente de la juris-prudencia aplicable aquí discutida, nos obliga a concluir que actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones al con-firmar el dictamen del foro primario. No existen justifica-ciones de peso para conceder un auxilio de jurisdicción ni revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Mucho menos para conceder, en esta etapa, una vista oral que en nada aportará a la solución del caso de marras. Las consi-deraciones exógenas al Derecho que plantea Bioculture no me motivan a revocar un remedio provisional que protege el interés público. En atención a lo antes intimado, estoy conforme con denegar la reconsideración y la concesión de una vista oral.

III

Por las razones expuestas, es mi criterio que no procede expedir el auto de certiorari en los casos de epígrafe ni paralizar el efecto del interdicto especial emitido. En con-secuencia, estoy conforme con denegar la Solicitud de Re-consideración y la Solicitud de Vista Oral.

Voto particular disidente emitido por la Jueza Asociada Se-ñora Pabón Charneco, al cual se une el Juez Asociado Señor Rivera García y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

El 21 de diciembre de 2011 compareció ante nos la com-pañía Bioculture Puerto Rico, Inc. (en adelante Bioculture) y nos solicitó que reconsideremos la Resolución que emiti-mos el 9 de diciembre de 2011. Véase Brito Díaz et al. v. Bioculture et al., 183 D.P.R. 720 (2011). A su vez, peticionó que se concediera la celebración de una Vista Oral en este Tribunal para atender de manera detenida y ponderada los asuntos de Derecho que surgieron en los tres (3) votos par-ticulares que fueron emitidos junto a nuestra Resolución.

Hoy, una mayoría de miembros de este Tribunal se re-húsa a reconsiderar el resultado al que llegamos en aque-lla ocasión. Mi posición en cuanto al caso de epígrafe no ha cambiado. A contrario sensu, la muy fundamentada Solici-tud de Reconsideración presentada por Bioculture es alta-mente persuasiva y confirma las preocupaciones que ex-presé en mi Voto Particular Disidente anterior. Debido a ello, me veo en la obligación de disentir nuevamente del curso decisorio seguido por este Tribunal y así hacer cons-tar las repercusiones que tiene sobre las partes involucra-das en este caso y sobre nuestro ordenamiento en general la conclusión a la que llega el Tribunal.

I

A. Legitimación Activa y el precedente de “Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe.”, infra

Como muy bien señala Bioculture, nuestra Resolución de 9 de diciembre de 2011 debe ser reconsiderada, porque su efecto neto es modificar la normativa sobre legitimación activa que esbozamos en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R. 563 (2010). Como bien apunta Bioculture, la desviación del ratio decidendi de ese caso es tan marcada que se llega al punto de hacer prevalecer la opinión disi-dente emitida en aquella ocasión.

En el Voto de Conformidad del distinguido hermano Juez Asociado Señor Martínez Torres se le reconoció legiti-mación activa a solo uno (1) de los múltiples demandantes en los casos de epígrafe. Al colindante José Rodríguez Co-llazo se le reconoció su capacidad para entablar el pleito de autos porque “este colindante del proyecto testificó que no ha podido vender parte de su propiedad debido a que tres compradores potenciales se arrepintieron tras enterarse de la construcción de las instalaciones de Bioculture. ... Con esta declaración incontrovertida, el señor Rodríguez Co-llazo demostró tener un daño económico claro, real, con-creto y específico”. Brito Díaz et al. v. Bioculture et al., supra, págs. 730-731, voto de conformidad del Juez Aso-ciado Señor Martínez Torres. Sin embargo, como nos se-ñala Bioculture:

[a]l reconocerle legitimación activa a Rodríguez Collazo, ex-clusivamente basado en el escueto testimonio de [e]ste a los efectos de que unos supuestos compradores —no identifica-dos— rehusaron comprarle un supuesto desarrollo de vivien-das que alegadamente [e]ste tenía planeado, se entra en una insalvable inconsistencia con el precedente recientemente adoptado ... en Fundación Surfrider v. ARPE, supra. Solicitud de reconsideración, pág. 2.

Comparto esa conclusión. Si comparamos las alegacio-nes del colindante-demandante Collazo en el caso de autos y del vecino-demandante Sr. Leon J. Richter en el caso de Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, surge con meri-diana claridad que es inconsistente reconocerle legitima-ción activa a uno y a otro no.

Peor aún, aunque asumiéramos que el señor Collazo de-mostró con sus alegaciones sufrir un daño claro, específico y no especulativo en los casos de epígrafe, mucho más claro resultaba el alegado daño del señor Richter en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra. En ese caso, Richter alegó:

(1) que reside “en el barrio Ensenada de Rincón, cerca del proyecto objeto del caso de autos”, (2) que actualmente está afectado por un problema de distribución de agua, (3) que “en-tiende que este problema se agravará con el aumento de con-sumo que significa este proyecto”, (4) “que sus intereses se verán afectados porque este tipo de desarrollo aumenta la densidad poblacional y por lo tanto rompe la armonía y altera las características del vecindario”. íd., pág. 587.

En cuanto a esas alegaciones, concluimos que:

... [e]l hecho de que [Richter] viva en el Barrio Ensenada no significa que resida en el mismo vecindario en d[o]nde estará ubicado el proyecto, pues un barrio puede ser tan extenso que contenga varios vecindarios. De hecho, ni siquiera se alegó que el peticionario reside en el mismo vecindario d[o]nde se desa-rrollaría el proyecto.
Por último, el señor Richter alega que se verá afectado por la decisión administrativa, ya que “entiende” que el alegado problema de distribución de agua se intensificará con la cons-trucción del proyecto. Ésta es una alegación especulativa y conclusoria. Además, como no se alegó la ubicación de la resi-dencia ni la proximidad de ésta respecto al predio del proyecto, no podemos saber si el sector donde está ubicada la residencia se suple de la misma toma de agua que el proyecto. Estamos ante meras opiniones y conclusiones de los peticionarios sin datos que las sustenten.
Ante la insuficiencia de una base fáctica, no podemos deter-minar si el copeticionario, el señor Richter, sería afectado por la determinación administrativa.. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, págs. 588-589.

Contrastemos estas expresiones con lo alegado por el colindante-recurrido señor Collazo en los casos de epígrafe. Este se limitó a alegar en una vista evidenciaría que varios compradores de unos terrenos que estaba desarrollando se arrepintieron del negocio al enterarse de la construcción de Bioculture en Guayama. En ningún momento se identifi-can estos compradores, ni se nos indica a cuánta distancia de la construcción de Bioculture están estos terrenos desarrollados. Ante este parco testimonio: ¿no estamos ante una alegación especulativa y conclusoria? ¿No esta-mos ante meras opiniones y conclusiones sin datos que las sustenten?

Por otra parte, a diferencia del señor Richter, el colin-dante-recurrido Collazo ni siquiera vive en el mismo barrio en el cual Bioculture construía sus instalaciones. A su vez, testificó que el proyecto de construcción queda entre once (11) y veinte (20) minutos en carro de su propiedad. Véase Solicitud de reconsideración, págs. 2-3. ¿No son estos fac-tores que deberíamos tomar en consideración para precisa-mente concluir que el colindante carecía de legitimación activa?

Como nos señala Bioculture en su Solicitud de Reconsi-deración, si se sostiene que la alegación self-serving que realizó el señor Collazo en la vista evidenciaria fue sufi-ciente para reconocerle legitimación activa, estaríamos aplicando directamente la Opinión Disidente que se emitió en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra. En específico, expresó la compañera Jueza Asociada Señora Fiol Matta en aquella ocasión:

¿[D]e qué nos sirve saber el lugar exacto de la residencia del señor Richter si nadie puso en duda su condición de vecino del lugar del proyecto? ¿Para corroborar si el daño que alega su-frir era cierto? ¿Y si hubiéramos conocido el lugar exacto, de qué manera podría este Tribunal confirmar los daños sufridos por el señor Richter? ¿Cuán lejos es lejos para demostrar que los abastos de agua se verían afectados? No podemos exigir prueba pericial sobre esto para el propósito de evaluar la legi-timación activa. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, pág. 599.

Lamentablemente, al negarse a reconsiderar nuestra Resolución de 9 de diciembre de 2011, este Tribunal deja huérfana de contestación la interrogante de cómo es posi-ble que el señor Richter no tuviera legitimación activa en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, pero el señor Co-llazo en los casos de epígrafe sí la ostenta. ¿Sobrevive Fund. Surfrider y otros v. A.R.P.e., supra, en su totalidad? ¿O su ratio decidendi se encuentra en algún punto entre la opinión mayoritaria y la opinión disidente de ese caso?

Por mi parte, dejo meridianamente claro que seguiré aplicando el precedente de Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, según fue decidido originalmente. Para que un demandante pueda alegar que un proyecto de construc-ción lo ha afectado tendrá que demostrar un daño claro, específico y no especulativo. De lo contrario, estaríamos permitiendo que alegaciones imprecisas, generales, espe-culativas y carentes de base fáctica abran las puertas para que cualquier persona impugne un proyecto de construc-ción que no sea de su agrado. Las bondades y desventajas de un proyecto de construcción no pueden ser cuestionadas en los foros judiciales por demandantes sin legitimación activa. Esa es la norma de Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, y así la continuaré aplicando.

B. El Art. 31 de la Ley Núm. 76 (23 L.P.R.A. sec. 72c)

En su Voto de Conformidad para nuestra Resolución de 9 de diciembre de 2011, el compañero Juez Asociado Señor Martínez Torres expresó que Bioculture estaba impedida de continuar construyendo su proyecto en Guayama por-que:

En el caso que nos ocupa, Roberto Brito Díaz y otros presen-taron una apelación ante la J.A.C.L. dentro del término de 30 días que disponía el Art. 31 de la Ley Núm. 76, supra. Con ello, se suspendió la eficacia del permiso concedido. No es el Tribunal de Primera Instancia el que invalidó el permiso concedido. Su vigencia estaba suspendida por mandato del ci-tado Art. 31 de la Ley Núm. 76. El tribunal se limitó a hacer cumplir ese mandato y evitar una construcción ilegal, como disponía el Art. 28, supra. Brito Díaz et al. v. Bioculture et al., supra, pág. 725, voto de conformidad del Juez Asociado Señor Martínez Torres.

En aquel entonces, no consideré necesario atender los señalamientos en cuanto a ese articulado que fueron esbo-zados en el Voto de Conformidad. La razón es sencilla. ¿Para qué expresarme en cuanto a la alegada violación de un artículo que ningún tribunal ni ninguna parte en el pleito habían atendido, más aún cuando concluí que los demandantes recurridos carecían de legitimación activa para incoar el pleito? ¿Si los demandantes recurridos no poseían llave para entrar al foro judicial, por qué expresar-nos en cuanto a los fundamentos para emitir un injunction?

Sin embargo, en su Solicitud de Reconsideración, Bio-culture presenta excelentes argumentos de Derecho que cuestionan seriamente lo expresado en el Voto de Confor-midad del hermano Juez Asociado Señor Martínez Torres. A continuación, cito in extenso los argumentos esbozados por Bioculture:

Según el Voto de Conformidad, el Artículo 31 de la Ley Nú-mero 76 del 24 de junio de 1975, según enmendado, 23 L.P.R.A. § 72c, y su jurisprudencia interpretativa creaban una especie de interdicto ipso jure que paralizaba la eficacia del permiso apelado, hasta tanto la JACL resolviese los méritos del recurso. ... Sin embargo eso no es lo que surge del texto del citado artículo, ni puede ser así interpretado.
El inciso “a” del Artículo 31, disponía en lo pertinente, que “[u]na vez radicado un escrito de apelación ante la Junta de Apelaciones y notificado el mismo por el apelante, el orga-nismo o funcionario de cuya decisión se apela, suspenderá to-dos los procedimientos ante sí, relativos a la actuación, deter-minación o resolución de la cual se apela” (énfasis suplido). Surge pues de la letra clara del estatuto que la paralización aludida va dirigida contra la agencia cuya decisión se apela (en este caso ARPE) y no contra el tenedor del permiso. Más aún, lo que queda paralizado es el procedimiento, es decir, la expedición de dictámenes posteriores relacionados con la ac-tuación que se apela y no el permiso expedido. Véase ARPE v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 822 (1986) (Per Curiam), donde esta Honorable Curia indicó claramente que “[e]l Art. 31 (23 L.P.R.A. sec. 72c) tenía el único efecto de suspender ante la agencia los procedimientos relativos a la determinación de la cual se apeló” (énfasis suplido).
Del texto estatutario no surge que el permiso apelado quede paralizado o que el concesionario de dicho permiso vea sus derechos como tal limitados de manera alguna ante una ape-lación administrativa o durante el término de la apelación.
El caso de Fuertes Guillermety v. ARPE, 130 D.P.R. 971 (1992), citado a la página 5 del Voto de Conformidad aquí dis-cutido, versa en torno a la validez de un permiso de uso expe-dido mientras estaba pendiente una apelación ante la JACL contra un permiso de construcción. Id., pág. 981-982. Fuertes Guillermety de ninguna manera resuelve que el tenedor del permiso de construcción no podía continuar construyendo por el mero hecho de que se había interpuesto una apelación ante la JACL como se indica en el Voto de Conformidad aludido. Lo mismo en Plaza las Américas, Inc. v. N & H, S.E./Tiendas Sedeco, 166 D.P.R. 631 (2005). Allí ARPE había expedido el permiso en cuestión luego de apeladas ante la JACL “una Re-solución para aprobar un anteproyecto de construcción” y una autorización de la “preparación de los planos de construcción correspondientes para la remodelación de un edificio cercano al centro comercial Plaza Las Américas”. Id. a las págs. 638-639. (énfasis suplido). Ante tales circunstancias, diferentes a las del caso de autos, el Tribunal, correctamente, ordenó la paralización de la construcción de Sedeco, al amparo del Artí-culo 31, porque el permiso de construcción había sido expedido después de radicado el recurso de apelación administrativa. La cronología en nuestro caso es distinta a la de Fuertes Guiller-mety y a la de Plaza las Américas. El permiso al amparo del cual [Bioculture] construía fue expedido por ARPE previo a la apelación. Distinto hubiese sido el caso si, por ejemplo, ARPE hubiese expedido el permiso de uso mientras estaba pendiente la apelación contra el permiso de construcción. Este no es nuestro caso. ARPE, en efecto, suspendió los procedimientos relacionados al permiso de construcción y no incurrió en pro-cedimientos ulteriores, por lo cual el Artículo 31 no fue vulne-rado de manera alguna y la construcción llevada a cabo por [Bioculture] era legal. Solicitud de reconsideración, págs. 5-6.

Ante los señalamiento esbozados por Bioculture, no debe sorprendernos que ni el Tribunal de Primera Instan-cia, ni el Tribunal de Apelaciones, ni los demandantes re-curridos en el caso de epígrafe utilizaran el Art. 31 de la Ley Núm. 76, supra, para paralizar la construcción de Bio-culture o para sostener que su permiso de construcción era inválido.

No comparto la apreciación del compañero Juez Aso-ciado Señor Martínez Torres que el artículo aludido inva-lida el permiso de construcción de Bioculture. Más aún, no comprendo cómo un tribunal puede paralizar un proyecto de construcción al amparo del Art. 31 de la Ley Núm. 76, supra, si los demandantes carecen de legitimación activa, a menos que, como expone Bioculture, ese artículo creaba un interdicto que operaba ex propio vigore. No comparto esa interpretación estatutaria.

C. La utilización de Informes Legislativos como herra-mientas de adjudicación

Finalmente, la Solicitud de Reconsideración presentada por Bioculture cuestiona de manera fundamentada las ra-zones por las cuales se citaron Informes y Ponencias pre-sentadas ante la Rama Legislativa en el Voto de Conformi-dad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

En específico, sostiene Bioculture que:

Entendemos respetuosamente que el Voto Particular de Conformidad se aparta del análisis de criterios jurídicos para adoptar las determinaciones de una Comisión Senatorial que evidentemente está viciada en contra del proyecto de [Bioculture]. ...
M[á]s a[ú]n, este Honorable Tribunal ha reconocido en múl-tiples ocasiones la limitada facultad de los tribunales apelati-vos sobre la utilización de evidencia no admitida en el foro primario. A tales efectos, es impactante la utilización, por este Ilustrado Foro, de un informe aprobado por el Senado de Puerto Rico -que no fue ni siquiera ofreció [o] en evidenciacomo elemento fundamental del Voto Particular de Conformidad ... La utilización del referido informe del Senado, que no es parte del récord judicial, en apoyo de un Voto Particular de Confor-midad envía un mensaje equivocado de práctica apelativa. So-licitud de Reconsideración, págs. 10-11.

Nuevamente, comparto las preocupaciones que levanta Bioculture en su Solicitud de Reconsideración. Como ex-presé en mi anterior Voto Particular Disidente, “cuando ante este Foro comparece una parte, y argumenta que en Derecho procede que se falle a favor suyo, no podemos uti-lizar fuentes que van más allá del Derecho para resolverle en contra. Estas fuentes contaminan la sagrada labor cons-titucional de este Tribunal”. Brito Díaz et al. v. Bioculture et al., supra, pág. 756, voto particular disidente. A su vez, más que un mensaje equivocado de práctica apelativa, la utilización de los aludidos informes envía un mensaje equi-vocado a la ciudadanía en general, ya que confunde las fronteras entre lo legislativo y lo jurídico.

Finalmente, el compañero Juez Asociado Señor Estrella Martínez expresó en su Voto de Conformidad que al Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, no le aplica la norma de legiti-mación activa según esbozada en Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra. En particular, el Juez Estrella Martínez entiende que ese artículo crea una situación especial en donde los demandantes no tienen que demostrar haber su-frido un daño claro y específico para lograr acceso al foro judicial. Como señala Bioculture, si se sostiene esa posi-ción “[s]e daría entonces un extraño fenómeno de que los demandantes estaban legitimados para obtener un reme-dio interdictal provisional ante el TPI pero no están legiti-mados para impugnar el permiso concedido a [Bioculture] ante el foro con facultad para adjudicar la controversia de manera definitiva”. Solicitud de reconsideración, pág. 9.

II

En conclusión, este Tribunal debió reconsiderar el resul-tado al cual llegamos en Brito Díaz et al. v. Bioculture et al., supra. Me preocupan seriamente las repercusiones de ese resultado, tanto para nuestra normativa de legitima-ción activa, como para nuestra imagen como Foro interpre-tativo final del Derecho en Puerto Rico. Un caso tan com-plejo como el de epígrafe, el cual presenta situaciones de alto interés público y que causó la publicación de tres (3) votos con posturas de Derecho diversas y encontradas, como mínimo ameritaba la concesión de una vista oral por parte de este Tribunal. De esa forma, hubiéramos estado en posición de atender detenidamente un caso en el cual surgieron situaciones de Derecho noveles y complejas en el seno de este Foro.

Particularmente, debemos recordar que en ocasiones re-cientes hemos reconocido el valor intrínseco de la celebra-ción de vistas orales. En In re Reglamento Tribunal Supremo, 183 D.P.R. 386 (2011), el compañero Juez Asociado Señor Martínez Torres expresó que:

Las vistas orales son un mecanismo valioso para la delibe-ración colegiada en todo foro apelativo. Por eso, el nuevo Re-glamento enfatiza y revisa el procedimiento para que el Tribunal pueda celebrar más vistas orales en casos meritorios. Ese es un reclamo que la comunidad ha hecho por décadas.

¿Qué mejor caso para inaugurar la nueva política de puertas abiertas en este Foro que uno como este que causó tanta división entre los compañeros Jueces?

Por todo lo expuesto, mi conciencia me dicta que debo disentir nuevamente. A tales efectos, declararía “ha lugar” tanto la Solicitud de Reconsideración como la Solicitud de Vista Oral.


text:
      In re Disposiciones del Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI.

      Número: EM-2012-01

      Resuelto: 12 de enero de 2012
   RESOLUCIÓN

Recientemente se aprobó la Ley Núm. 78-2011, según enmendada, para autorizar, disponer y reglamentar todo lo relacionado con el sistema electoral de Puerto Rico, adop-tar el Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI (Código Electoral) y, entre otras cosas, derogar la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, denominada Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sec. 3001 et seq.

Entre las disposiciones que se incluyen en este nuevo ordenamiento electoral se encuentran las dirigidas a modi-ficar la forma y manera en que se asignan los jueces y las juezas que participan de los procesos electorales en el país. Al respecto, los Arts. 3.008, 4.005 y 5.002 del nuevo Código Electoral requieren que los jueces y las juezas que vayan a trabajar en asuntos relacionados con una posible destitu-ción del Presidente, Alterno al Presidente o Vicepresiden-tes de la Comisión Estatal de Elecciones (Art. 3.008), en las acciones y los procedimientos judiciales, civiles o penales que dispone y reglamenta este nuevo Código (Art. 4.005) o que vayan a fungir como Presidentes o Presidentes Alter-nos de las Comisiones Locales de Elecciones (Art. 5.002), sean seleccionados mediante un método aleatorio determi-nado por este Tribunal para desempeñar dichas tareas.

Para poder cumplir adecuadamente con esta exigencia de ley, encomendamos al Dr. Rubén Vélez García, perito en estadísticas y psicómetra de la Junta Examinadora de As-pirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría por los pasados quince años, que realizara un estudio sobre este particular y nos preparara una propuesta que atendiese todo lo relacionado con el referido proceso de asignación de jueces y juezas, conforme las disposiciones de la citada legislación. Cumpliendo con lo encomendado, el pasado martes 3 de enero de 2012, el doctor Vélez García nos rea-lizó la presentación de rigor en una Sesión Especial del Pleno de este Tribunal.

Evaluada la presentación y las sugerencias del doctor Vélez García, y para cumplir con lo dispuesto en los Arts. 3.008, 4.005 y 5.002 del nuevo Código Electoral, este Tribunal acuerda seleccionar todos los jueces y las juezas que participarán de los procesos electorales en el país mediante el método aleatorio conocido como Selección Aleatoria Simple con Reposición (SASR). Dicho método es el más común-mente utilizado, el más sencillo y la base para los demás métodos de muestreo probabilístico. Este es el método que se utiliza en la mayoría de los casos, tales como las loterías (tradicional o electrónica), los bingos y las rifas por tómbo-las (aunque en estos dos últimos se utiliza sin reposición). También es similar al que se utiliza para las selecciones aleatorias en los contextos académicos y de investigación científica.

Este método cumple con los dos objetivos fundamenta-les de la aleatoriedad: (1) llevar a cabo una selección sin que exista ningún sesgo previo a esta y (2) que cuando se realicen múltiples selecciones consecutivas, los elementos que componen el conjunto de donde se hace la selección tengan igual probabilidad de ser seleccionados.

Según los estudiosos de este tema, tradicionalmente las técnicas para la aplicación del método SASR han sido ma-nuales, como las tómbolas, las cajas o bolsas opacas y las tablas de números aleatorios para los contextos académi-cos y científicos. Con el advenimiento y accesibilidad de la tecnología, algunas de estas técnicas migraron hacia los formatos electrónicos.

Así, pues, el método que hoy aprobamos contempla uti-lizar una técnica similar conocida como la “función aleato-ria” existente en los lenguajes de programación. El uso de esta técnica incorpora las ventajas que ofrecen todas las demás alternativas (control de los sesgos de preselección mediante la “selección a ciegas”), selección aleatoria simple con reposición, así como una gran facilidad y sencillez de implantación con un mínimo de adiestramiento. Además, introduce y ofrece seguridad y confiabilidad, la mayor sal-vaguarda contra uno de los riesgos de otras técnicas. La “función aleatoria” estará integrada en una aplicación que debe diseñarse para atender los tres escenarios que dis-pone el Código Electoral en sus Arts. 3.008, 4.005 y 5.002, supra.

Establecido lo anterior, este Tribunal ha determinado que el procedimiento general para la implantación del mé-todo SASR en cada escenario será el siguiente:

• Seleccionar el escenario para el cual se desea hacer la selección de acuerdo con los Arts.3.008, 4.005 y 5.002;

• identificar las condiciones y circunstancias que apli-can al escenario en particular;

• determinar cuántos jueces o cuántas juezas es nece-sario seleccionar;

• tomando en cuenta dichas condiciones y circunstan-cias, generar el conjunto de jueces y juezas hábiles para ocupar las posiciones requeridas;

• invocar el procedimiento SASR consecutivamente cuantas veces sea necesario, ignorando las selecciones que se repitan, sin que ello impida que un juez o una jueza pueda ser seleccionado o seleccionada en más de un esce-nario, conforme a los Arts. 3.008, 4.005 y 5.002, y repi-tiendo el procedimiento hasta que se completen todas las selecciones necesarias, y

• cambiar de escenario y repetir el procedimiento.

De igual forma, y para cumplir con las disposiciones del Código Electoral a la que hemos hecho referencia, inicial-mente deberá utilizarse un modelo de “aleatoriedad abso-luta”; es decir, que todas las posiciones relacionadas con la asignación de jueces y juezas a los procesos electorales se considerarán vacantes y se reasignarán utilizando el mé-todo aquí propuesto, de manera que todas las posiciones quedarán con asignaciones seleccionadas aleatoriamente. En lo sucesivo, se utilizará un modelo de “aleatoriedad por demanda”, seleccionando periódicamente jueces y juezas para las vacantes que surjan mediante el método aquí propuesto.

Por último, es menester señalar que para garantizar la suficiencia y la eficiencia en las asignaciones, en la medida en que sea posible, deberán aplicarse los principios si-guientes:

• Se asignarán jueces o juezas municipales primero, y luego jueces o juezas superiores de la propia Región Judicial;

• en Regiones Judiciales con más precintos que jueces o juezas, se considerarán jueces y juezas de otras regiones circundantes;

• los jueces administradores y subadministradores, y las juezas administradoras y subadministradoras de los Centro Judiciales no se considerarán para las asignacio-nes;

• los únicos jueces o las únicas juezas que no partici-parán de este proceso serán aquellos jueces o aquellas jue-zas que sufran de alguna indisponibilidad temporera (en-fermedad incapacitante y maternidad).

Así las cosas, se ordena a la Directora de la Oficina de Administración de los Tribunales que, una vez reciba la notificación de esta Resolución, tome a la brevedad posible las medidas correspondientes para implantar el método aleatorio aquí dispuesto para la selección de los jueces y las juezas que vayan a trabajar en asuntos relacionados con una posible destitución del Presidente, Alterno al Presi-dente y Vicepresidentes de la Comisión Estatal de Eleccio-nes que dispone el Art. 3.008; en las acciones y los proce-dimientos judiciales, civiles o penales que dispone y reglamenta el Art. 4.005, o aquellos que vayan a fungir como Presidentes o Presidentas de las Comisiones Locales según lo dispuesto en el Art. 5.002 del Código Electoral. La Directora de la Oficina de Administración de los Tribuna-les deberá tomar las medidas correspondientes para que se haga una grabación visual de los procedimientos aquí se-ñalados, que estará disponible para las personas interesadas. Se dispone, además, que la Directora de la Oficina de Administración de los Tribunales notificará, con no menos de cuarenta y ocho horas previas a cada procedi-miento, al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y a los Comisionados o a las Comisionadas Electorales, a fin de que puedan designar observadores durante cada pro-ceso de selección. Realizadas las referidas selecciones, un notario o una notaría levantará un Acta, la cual la Direc-tora de la Oficina de Administración de los Tribunales de-berá notificar, en un término de veinticuatro horas, a la Secretaria de este Alto Foro, al Presidente y a los Comisio-nados o las Comisionadas Electorales de la Comisión Esta-tal de Elecciones.

A su vez, la Directora de la Oficina de Administración de los Tribunales deberá notificar por escrito a cada uno de los Jueces y las Juezas de este Tribunal el resultado de las referidas selecciones. Esta notificación deberá realizarse en cada ocasión que se realice una selección aleatoria de jueces o juezas.

Publíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secreta-ria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez emitió un voto particular disidente.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez.

Como yo fundamentalmente no soy más que palabra, el no hablar es morir y francamente, a morir no es-toy dispuesto.

Miguel de Unamuno

Nuevamente no puedo permanecer silente ante una ac-tuación que considero golpea la Constitución de Puerto Rico. Por estimar que la disposición del nuevo Código Electoral en torno a que el “Tribunal Supremo, mediante Reso-lución, determinará el método aleatorio a utilizarse para la selección de jueces” constituye una irrupción indebida en las facultades constitucionales del Juez Presidente, me veo en la obligación de disentir. En estas circunstancias, más que una obligación, disentir deviene en un deber.

La Resolución que hoy se aprueba, como exigencia del nuevo Código Electoral, me obliga a una reflexión y consi-deración pausada y concienzuda sobre disposiciones de nuestra Ley Suprema en torno a las funciones y prerroga-tivas del Juez Presidente como administrador de la Rama Judicial. Si analizamos detenidamente el Artículo V, Sec-ción 7 de nuestra Constitución, así como la intención que de allí surge y que se discutió durante las sesiones de la Convención Constituyente y, además, ha permeado a lo largo de seis décadas en nuestra jurisdicción, es forzoso concluir que el Artículo 4.005 de la Ley Núm. 78 es inconstitucional.

La Constitución de Puerto Rico establece claramente: “El Juez Presidente dirigirá la administración de los tribunales ...” (Énfasis suplido.) Art. V, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 416. En los debates de la Convención Constituyente se propuso incluso eliminar la función del Juez Presidente como administrador de los tribunales de justicia, pero tal enmienda propuesta fue derrotada. 1 Diario de Sesiones de la Convención Constitu-yente 616-618 (1961). Por lo tanto, los delegados de la Convención Constituyente quisieron y reafirmaron que la administración de los tribunales recaiga sólo en la figura del Juez Presidente.

Más aún, en torno a un debate sobre el nombramiento del director administrativo de los tribunales de justicia, el delegado Sr. Ramos Antonini hizo hincapié en que el pro-pósito de la Sección 7 del Artículo V es que el Juez Presi-dente asuma exclusivamente la administración de los tribunales. Comenta el delegado Ramos Antonini que con el proceder de la Convención Constituyente se busca proteger al Juez Presidente “en el desempeño de su respon-sabilidad y descargue de su autoridad para que pueda cumplir con la encomienda de la constitución que le dice que él dirigirá la administración [de los tribunales]”. Dia-rio de Sesiones, supra, pág. 1667.

Según el debate y desarrollo intelectual que surge del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, es cla-ramente palpable la intención de proteger la figura del Juez Presidente como único administrador de los tribuna-les de justicia. Así, ante varios intentos de enmiendas para restringir las funciones administrativas del Juez Presi-dente, los delegados de la Convención Constituyente se opusieron tenazmente a cualquier limitación a la enco-mienda y responsabilidad del Juez Presidente de dirigir y administrar libremente y según su propio criterio las fae-nas de la Rama Judicial. Véase Id., págs. 1666-1670.

Ahora bien, el análisis jurídico que nos lleva a concluir que la exigencia del nuevo Código Electoral que se recoge en la Resolución aprobada hoy es inconstitucional no ter-mina ahí. Todo lo contrario; es menester que identifique-mos cuáles son esas facultades y prerrogativas que la Constitución asignó al Juez Presidente. Para ello es de harta utilidad que recurramos a textos coetáneos a la Constitución y que abordan sobre ella. Así podremos tener una visión más completa de la intención tras la disposición constitucional en cuestión. Con este proceder coincidimos con la teoría de Juan Vallet de Goytisolo, al efecto de que

El jurista, al aplicar el Derecho, se halla ... en una situación absolutamente análoga a la del historiador. ... Debe compren-der una acción humana pasada y, por eso, le hace falta repro-ducir en su propio pensamiento el del legislador o del juez. Este será el primer paso de su busca, reconstruir la imagen que el autor de la regla tenía de la situación social que reguló. J. Vallet de Goytisolo, Panorama del Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1973, pág. 84.

La examinación de esos textos coetáneos a la Constitu-ción, además de otros documentos y leyes más recientes pero con la misma filosofía de fondo, nos llevan a concluir que esa visión sobre la función del Juez Presidente no fue estática, sino que nuestro ordenamiento jurídico siempre ha reconocido como parte de nuestro sistema constitucio-nal que las prerrogativas del Juez Presidente como eje ad-ministrador de la Rama Judicial son las que hoy defende-mos, contrario a lo que se dispone en la Resolución aquí adoptada. Veamos.

La figura del Juez Presidente como administrador de los tribunales de justicia incluye, entre otras, la de asignar los jueces que atenderán los casos según su mejor entendi-miento. En otras palabras, es prerrogativa de ese cargo escoger a los jueces que van a trabajar en particulares asuntos o casos. Esa fue la intención de los redactores de la Constitución, como se ejemplifica a continuación:

Section 7 specifies that ... [t]he Chief Justice is placed in charge of the administration of the courts and is given the power to appoint an administrative director to serve at his pleasure.
Administration of the courts was understood by the Convention to mean not only performance of the routine housekeeping functions but also conduct of the judicial business of the courts. The most important aspect of the latter is the assignment of judges and cases in order to relieve congested dockets, distribute work equitably among the judges, and prevent delays costly to litigants. (Énfasis suplido y escolio omitido.) Notes and Comments on the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico, Washington, D.C., [s. Ed.], 1952, pág. 92 (es meritorio destacar que quien escribió el prefacio de esas notas y comentarios fue el Dr. Antonio Femós Isem, pre-sidente de la Convención Constituyente).

Esa intención de que sea el Juez Presidente quien asigne a los jueces que atenderán los asuntos en todos los tribunales de justicia se recogió incluso en el Artículo 2.012 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24j. Prescribe dicho artículo:

El Juez Presidente del Tribunal Supremo dirigirá la admi-nistración del Tribunal General de Justicia, será responsable del funcionamiento eficiente de los tribunales, promoverá la responsabilidad de los jueces en la ejecución de sus obligacio-nes judiciales y velará por el cumplimiento de los principios y objetivos de [esta Ley].
A tenor con lo dispuesto por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico respecto a un sistema judicial unifi-cado, el Juez Presidente asignará a los jueces para celebrar sesiones en el Tribunal de Primera Instancia, asignará los jue-ces a los diversos paneles del Tribunal de Apelaciones .... (En-fasis suplido.)

Bien es cierto que en nuestro sistema de derecho una ley posterior puede derogar una ley anterior tácitamente cuando la posterior contenga disposiciones contrarias o irreconciliables con la primera. Art. 5 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5. Véase, además, L. Muñiz Argüelles y M. Fraticelli Torres, La investigación jurídica en el derecho puertorriqueño: fuentes puertorriqueñas, nor-teamericanas y españolas, 4ta ed., 2006, págs. 283-284. No obstante, es inaudito que una ley posterior derogue una ley anterior que claramente se fundamenta en una disposición constitucional. Tal proceder equivaldría a una derogación tácita de un mandato constitucional por fíat legislativo. Eso sería impermisible. Lamentablemente, con la Resolu-ción que hoy se adopta, se valida lo inaudito, lo impermi-sible, lo antijurídico, lo inconstitucional.

En fin, la Ley Núm. 78 dispone que será el Pleno del Tribunal Supremo, no el Juez Presidente, quien determine el método aleatorio de selección de jueces que atenderán los asuntos relacionados con el proceso electoral del País. Esa disposición estatutaria es inconstitucional porque irrumpe en las funciones constitucionales provistas al Juez Presidente. Es lamentable que se valide dicho estatuto en un intento inconstitucional de absorber mayores esferas de poder no delegado en el ánimo de establecer un estado acé-falo de administración de la Rama Judicial.

       Miguel de Unamuno, 18 de noviembre de 1917, Casa Museo Miguel de Una-muno, Salamanca, España.

       Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, Art. 4.005 de la Ley Núm. 78 de 1 de junio de 2011, según enmendada (Ley Núm. 78).

       “El propósito de este artículo es el de que la responsabilidad de la adminis-tración de los tribunales de justicia recaiga en el presidente del Tribunal Supremo 1 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1667 (1961).