author: El Juez Asociado Señor Córdoya Dáyila

text:
    South P. R. Sugar Co., apelada, v. Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, y Juan Torruella Cortada y Juan Flores, apelantes.
    Núm. 6976.

    Sometido: Diciembre 8, 1936.

      Resuelto: Abril 30, 1937.

      Hon. Procurador General B. Fernández García y T. Torres Pérez, Sub pro curador, abogados de la Comisión de Servicio Público, apelante; Pedro M. Porrata, abogado de los apelantes Sres. To-rrnella y Flores; F. Manuel Toro y B. Castro Fernández, abo-gados de la apelada.

      Nota: "Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Córdoya Dáyila

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta nna apelación de nna sentencia de la Corte de Distrito de San Jnan, revocando nna resolución de la Comí-sión de Servicio Público de Puerto Pico. En la resolución revocada se ordenó que la American Railroad Co. of P. R. permitiese a los Sres. Juan Torruella Cortada y Juan Plores el uso de una parte proporcional del desvío “Tenerías”, basta una cabida de tres vagones, mediante el pago de una cuarta parte del costo original de este desvío, y una cuarta parte del costo anual del mantenimiento del mismo.

En septiembre 17 de 1908, la Guánica Central construyó dicho desvío a sus expensas, sobre terrenos de su propiedad, conectándolo al ramal Barrancas, el que empalma a su vez con las líneas principales de The American Railroad Co. of P. R. Desde entonces la Guánica Central, y luego su suce-sora, The South P. R. Sugar Co., han venido utilizando dicho desvío sin interrupción exclusivamente para el embarque de sus cañas y la de sus colonos, y sufragando los gastos de sostenimiento de dicho desvío.

En febrero 20 de 1933, los interventores apelantes radi-caron una querella ante la Comisión de Servicio Público soli-citando participación en el uso de dicho desvío, al amparo de la subdivisión n del artículo 3 de la Ley de Servicio Público de 1917 (Ley núm. 70 de 1917 (2) pág. 449). Alegaron que las vías principales de The American Railroad Co. of P. R. están conectadas al ramal Barrancas, el cual empalma a su vez con el desvío; que los querellantes poseen tierras sem-bradas de cañas en las inmediaciones del desvío, produciendo las de don Juan Torruellas unas 2,500 toneladas de cañas y las de don Juan Plores unas 300 toneladas más o menos, que muelen en la Central Mercedita, y que debido a su localiza-ción, el desvío Tenerías es el único que ofrece facilidades para el embarque de las cañas de dichos querellantes; que las querelladas The American Railroad Co. of P. R. y The South P. R. Sugar Co. se han negado a permitirles a los querellantes una participación en el uso del mencionado desvío, a pesar de que éstos están dispuestos a pagar una compensación de conformidad con lp dispuesto en la parte pertinente de la Ley de Servicio Público de 1917; que de no concedérseles lo solicitado, los querellantes se verán obli-gados a transportar sus cañas en carretas de bueyes basta desvíos situados a mayor distancia, perdiendo una suma de dinero que no bajará de 75 centavos por cada tonelada y sufriendo bajas en el rendimiento de sus cañas.

Tbe American Railroad. Co. of P. R. contestó alegando no tener interés especial en el asunto y estar dispuesta a some-terse a la adjudicación que sobre el particular hiciese la Comisión de Servicio Publico.

Negó South P. R. Sugar Co. los hechos esenciales ex-puestos en la querella y alegó que el desvío Tenerías fué construido por su antecesora en el año 1909, en terrenos hoy de la exclusiva propiedad de la querellada y que es imposible el acceso a dicho desvío sin pasar por dichos terrenos pri-vados; que la Comisión de Servicio Público no tiene auto-ridad para conceder a terceras personas participaciones en el uso de un desvío privado construido con anterioridad a la ley de servicio público ni para conceder servidumbre de paso sobre los terrenos privados en que el desvío está cons-truido.

La Comisión de Servicio Público, luego de oír a las partes, ordenó a The American Railroad Co. of P. R. que permitiera a los querellantes el uso de una parte proporcional del refe-rido desvío hasta una cabida de tres vagones, mediante el pago por éstos de una cuarta parte del costo original del desvío y una cuarta parte del costo anual del mantenimiento del mismo, y ordenó además que si The South P. R. Sugar Co. se negaba a permitir el uso de la faja de terreno dedi-cado exclusivamente a dicho desvío, la mencionada compañía de ferrocarril cesara de prestar servicios a dicha corporación en el desvío y procediera a desconectar el mismo de sus vías principales.

No conforme con esta resolución, The South P. R. Sugar Co. apeló de la misma para ante la Corte de Distrito de San Juan. La referida corte, luego de oír a las partes, revocó la resolución apelada, basándose en que habiéndose probado que para llegar al desvío es necesario atravesar terrenos de la propiedad de THe South P. E. Sugar Co., la Comisión no tiene autoridad para conceder a los querellantes una parti-cipación en el uso del mismo ni para obligar a The South P. E. Sugar Co. a permitir que pasen personas particulares por sus terrenos para llegar hasta el desvío, sin que medie compensación o un procedimiento de expropiación forzosa, pues ello equivaldría a privarla de su propiedad sin el debido procedimiento de ley.

Vamos a permitirnos discutir las cuestiones planteadas en los alegatos sin ajustarnos estrictamente al orden que se fija en los errores señalados, por resultar éstos algo confusos y sernos más fácil espigar los asuntos fundamentales y resolverlos en el curso de esta opinión.

Alega la parte apelada que la Comisión de Servicio Público no puede conceder a terceras personas participación en el uso de un desvío construido1 sobre terrenos de .una persona particular y conectado a las vías de un ferrocarril dé servicio público, si dicho desvío- fue construido y conectado con anterioridad a la aprobación de la Ley de Servicio Público de 1917.

La subdivisión n del artículo 3 de la mencionada Ley de Servicio Público de 1917 dispone por quién y bajo qué circunstancias se podrá requerir a una compañía de ferro-carril de servicio público para que conecte un desvío particular a sus vías principales o a cualquier ramal o desvío particular que esté conectado a sus vías principales. Dice además la ley que siempre que un desvío particular hubiere sido conectado “de ese modo” con un ferrocarril de servicio público, cualquier persona podrá hacer uso del mismo me-diante el pago de una proporción razonable del costo original y del costo anual de sostenimiento del desvío, y en casos en que las partes no lleguen a un acuerdo, la Comisión de Ser-vicio Público, mediante audiencia, fijará la compensación entre ambos. Copiamos a continuación la subdivisión n del artículo anteriormente citado:

“Construcción ele conexiones por ferrocarril. — Si se tratare de una compañía de ferrocarril, a solicitud de cualquier dueño o explo-tador de cualquier ferrocarril lateral, o de cualquier desvío particular, o de cualquier embarcador que ofreciere propiedad o tráfico para el transporte o de cualquier consignatario, aquélla deberá cons-truir, conservar y explotar, en sitio y en condiciones razonables, una conexión de desvío con cualquier ferrocarril lateral o desvío particular que se construyere para conectarlo con su ferrocarril, siempre que dicha conexión fuere razonablemente práctica y pueda instalarse con seguridad y siempre que aportare negocio suficiente que justifique su construcción y conservación. Siempre que una lí-nea lateral de ferrocarril, o desvío particular hubiere sido conectado de ese modo con una línea de cualquier ferrocarril, o siempre que cualquier dueño de 'dicho ferrocarril lateral o de cualquier desvío particular hubiere en cualquier tiempo vendido o arrendado, o en lo sucesivo vendiere o arrendare, dicho ferrocarril lateral o desvío a cualquiera compañía de ferrocarril, cualquier persona o compañía tendrá derecho a conectar con aquél, o a hacer uso del mismo, me-diante el pago a la parte que hizo el gasto original de una razo-nable proporción del costo del mencionado ferrocarril lateral o des-vío particular, y de su conservación, el cual costo se determinará, en caso de desacuerdo entre las partes, por la Comisión previa au-diencia de las partes, siempre que dicha conexión y uso pueda ha-cerse sin intervenir razonablemente con el uso del mismo por la parte que hizo el gasto primitivo o por el que fuere dueño o arrendatario del mencionado ferrocarril lateral o desvío particular.”

Arguye la apelada en su alegato que a tenor del precepto transcrito, una tercera persona sólo tiene derecho a parti-cipar en el uso de un desvío particular empalmado a un ferrocarril de servicio público si ese desvío hubiere sido conectado a las vías principales del ferrocarril “de ese modo”, es decir, si hubiere sido conectado, por la propia compañía de ferrocarril, tal como reza la primera parte de la citada subdivisión n del artículo 3, después de aprobada la Ley de Servicio Público de 1917, en cumplimiento con la obligación que dicho precepto le impone de “construir, con-servar y explotar” el desvío solicitado. Insiste la apelada en que a virtud de ese lenguaje el precepto transcrito no autoriza a la Comisión de Servicio Público a conceder parti-cipación en el uso de un desvío que como el de Tenerías haya sido construido a expensas y sobre terrenos de una persona particular con anterioridad a la aprobación del referido precepto.

La Corte Suprema del estado de Illinois, interpretando un precepto legal en que sustancialmente se usa el mismo lenguaje que da margen a la apelada para alegar la irretro-actividad de la subdivisión n del artículo 3 de nuestra ley de servicio público, ha expresado un criterio contrario al invocado por la apelada, en el caso de Public Utilities Commission v. Smith, 298 Ill. 151, 131 N. E. 371, 373, 374. Los hechos que sirvieron de base a la opinión emitida por la Corte Suprema de Illinois difieren de los que han dado origen a la querella establecida por los Sres. Torruella y Flores,, pero en dicha opinión se enuncian y establecen principios que resultan perfectamente aplicables al presente caso. Sostiene1 el referido tribunal, interpretando el artículo 45 de la Ley de-servicio Público de Illinois que cualquier persona tiene de-recho a obtener, una participación en el uso de un desvío particular empalmado a las vías principales de un ferrocarril-de servicio público, aunque, el desvío haya sido construido eon anterioridad a la aprobación de la ley. La parte perti-nente de dicha opinión dice así:

“No consideramos que el caso de Koelle v. Knecht, 99 Ill. 396, esté en conflicto en forma alguna con. esta conclusión. En dicho caso la contienda giró en torno al uso de un desvío puesto a través-de terrenos privados. .Se resolvió que en lo que se refería a una compañía carbonera que no tenía interés en la vía en cuestión, la misma no era un camino público, y ese caso se decidió antes de adop-tarse la Ley de Servicio Público. Tampoco creemos que la decisión de este tribunal en Sholl Bros. v. Peoria & Pekin Union Railway Co., 276 Ill. 267, 114 N. E. 529, esté en absoluto en conflicto eon el pre-sente. En dicho caso el recurso fué instado por Sholl Bros, para impedir el uso de una vía construida por ellos en violación de Ios-términos expresos de un contrato que prohibía el uso de la misma, para transportar carbón perteneciente a otras personas que no fue-ran Sholl Bros. De los autos de dicho caso se desprende que no se había hecho oferta alguna de compensar a Sholl Bros, por el su-puesto uso, a causa ele la inversión por ellos hecba en la vía privada, de conformidad con las disposiciones de los artículos 45 y 46 de la Ley de Servicio Público, y clicbas secciones no fueron consideradas en esa opinión. Esas secciones disponen que cualquier persona puede usar una vía construida conjuntamente por una compañía ferroviaria y por el embarcador, pagando compensación al porteador y al embarcador por tal uso. Si tales vías eran privadas en su na* turaleza con anterioridad a la aprobación de estas disposiciones, las mismas se convierten en públicas y son parte del sistema ferroviario de conformidad con estas secciones de la Ley de Servicio Público,, que disponen que otras personas pueden gozar del libre uso de las mismas bajo las condiciones allí estipuladas. Nada vemos en la de-cisión de esta corte en el caso de Sholl Bros. v. Peoria & Pekin Union Ry. Co., supra, que sea terminante sobre las cuestiones que penden ante nos. ’ ’

Las conclusiones de la Corte Suprema de Illinois nos parecen muy acertadas porque se inspiran en razones de interés público y porque no puede discutírsele al estado la facultad de adoptar medidas razonables y necesarias para el mantenimiento de la salud pública y el bienestar de la co-munidad.

La Comisión de Servicio Público se expresa así al refe-rirse en su opinión a las peculiares exigencias del transporte de caña en Puerto Pico:

“Ya hemos apuntado las peculiares exigencias del problema del transporte de la caña por ferrocarril y señalado la regla aprobada por la Comisión ele Servicio Público, a través de la cual solamente se permite la construcción de desvíos en la vía general a una dis-tancia de dos kilómetro de uno a otro. De manera que, no habién-dose llevado a cabo una distribución equitativa de los desvíos, entre las distintas zonas y entre las distintas personas interesadas en el embarque de cañas en esas zonas, es indudable que aquellas personas que obtuvieron la construcción de sus desvíos con anterioridad a la reglamentación de los mismos, y aún los que la obtuvieron posterior-mente, tienen ele fació, dentro de las actuales circunstancias, el control de los medios de transporte, en determinada comarca, lo cual les da casi un monopolio de los sitios de carga, pudiendo así, me-diante esto, adueñarse de los terrenos y del producto de los mismos, con perjuicio de los intereses generales de la industria y de la agri-cultura. 11

En nuestro sentir, de acuerdo con la subdivisión w del artículo 3 de la Ley de Servicio Público de 1917, una persona particular colocada en las condiciones requeridas por la ley, puede obtener, mediante compensación, participación en el uso de un desvío empalmado a un ferrocarril de servicio público, aunque ese desvío Laya sido construido y conectado antes de diciembre 6, 1917, fecha en que fue aprobada la referida ley.

En cuanto a la validez y fuerza que pudieran tener los contratos de la South P. R. Sugar Co.- en materia que afecte al servicio público por ferrocarril, creemos, con la Comisión de Servicio Público, que el estado ha venido ejerciendo su autoridad suprema para asegurar la marcha no interrumpida de la política que ha querido establecer, a fin de beneficiar a la comunidad, sin tener en cuenta contratos anteriores que hayan podido oponerse a dicha política. Antes de robustecer este criterio con algunas citas, queremos hacer constar que el Sr. Vasallo declaró que el desvío Tenerías fue instalado sin contrato desde 1909 hasta 1927. Aclara luego que hubo un contrato, un contrato verbal, cuyas condiciones no serían las mismas que el último, porque un contrato escrito tiene determinadas especificaciones en términos generales para el uso y usufructo de un desvío privado conectado a una vía pública. Afirma el testigo que el contrato de 1927 se llevó a cabo por tres años, renovables automáticamente como todos los contratos de desvío. En este último contrato se hizo constar que la South P. R. Sugar Co. se compromete y obliga a ceder a la compañía de los ferrocarriles de Puerto Rico el uso de todo-el terreno que ocupa el desvío en una extensión de cinco metros desde el eje de la línea férrea de su desvío y a ambos lados del mismo. Se dice además que la compañía no podrá hacer uso del desvío para cargar o descargar cañas u otros materiales para ninguna otra persona o compañía, ni hacer uso del desvío para otros fines además de los especificados.

No tenemos detalles del convenio verbal celebrado al instalarse el desvío en 1909. Unicamente sabemos que se construyó el desvío y que bubo un convenio, porque así lo declara el Auditor y Subdirector de la compañía ferroviaria, Sr. Vasallo. La construcción del desvío en esa fecba, sin embargo, no es óbice para que resulte aplicable la ley apro-bada en 1917.

En el caso de North Dakota Board of Railroad Examiners, informado en el volumen P.U.R. 1921A, pág. 121, se dice lo siguiente:

“Los contratos deben ser interpretados en el sentido de que ban sido otorgados en cumplimiento, con el posible ejercicio, de la recta e inherente autoridad del gobierno, y ninguna obligación puede ser garantizada o estar cubierta por un contrato con el fin de destruir intencional o no intencionalmente, la autoridad inherente del' go-bierno. La facultad de redactar un contrato no otorga al indivi-duo o municipio el derecho de contratar tan libremente como desee. La libertad de contratación no implica inmunidad contra las pro-hibiciones razonables que están en interés del bienestar público. En Atlantic Chast Line R. Co. v. Goldsboro, 232 U. S. 548, 558, 58 L. ed. 721, 726, 34 Sup. Ct. Rep. 364, la corte dijo:
“ ‘Ha quedado establecido que ni la cláusula contractual ni la relativa al debido proceso, tiene el efecto de destruir el poder del estado para establecer toda la reglamentación que es razonablemente necesaria para garantizar la salud, seguridad, buen orden, comodi-dad o bienestar general de la comunidad; que este poder no puede ser abdicado ni negociado y que es inalienable aún por concesión expresa; y que todos los derechos contractuales y de propiedad están sujetos al ejercicio razonable de esa facultad.’
“También en el caso reciente de Chicago & A. R. Co. v. Tranbarger, 238 U.S. 67, 76, 59 L. ed. 1204, 1210, 35 Sup. Ct. Rep. 678, la Corte Suprema de los Estados Unidos, hablando por voz del Juez Pitney, al considerar la cláusula que dispone que los contratos no pueden ser menoscabados, que aparece en la Constitución Federal, dijo: ‘Ha quedado establecido por repetidas decisiones de este tribunal que ninguna de estas disposiciones de la Constitución Federal (la relativa a menoscabar la obligación de los contratos y la relativa al debido proceso de ley) tiene el efecto de destruir la facultad del estado para establecer toda la reglamentación que sea razonablemente necesaria para garantizar la salud, seguridad o bienestar general de la comunidad; que este poder no puede ser abdicado ni negociado y que es inalienable aún por concesión expresa; y que todos los de-rechos contractuales y de propiedad están sujetos al ejercicio razo-nable de esa facultad. Y también ha quedado establecido que el poder de policía comprende aquellas reglamentaciones que tienen por objeto promover la conveniencia pública o el bienestar y la pros-peridad general, así como aquéllas que están en interés de la salud, moral o seguridad públicas.’ ” (Citas).

En Louisville & N. R. Co. y. Mottley, 219 U. S. 467, 482, se dijo lo siguiente:

El contrato celebrado por la compañía ferroviaria y los Mottley, tiene necesariamente que ser considerado como otorgado sujeto a la posibilidad de que el Congreso, en época futura, pudiera ejercitar toda su facultad constitucional para reglamentar el comercio entre estados, en tal forma que hiciera que tal contrato no pudiera po-nerse en vigor, o menoscabar el valor del mismo. Que el ejercicio de tal facultad puede ser obstruido o restringido en alguna forma por contratos anteriormente celebrados entre individuos o corpora-ciones, es algo inconcebible.”

En Market St. R. Co. v. Pacific Gas & E. Co. (D. C.), 6 F. (2d) 633, 635, P.U.R. 1926A, 509, 515, se dice:

“Sobre la cuestión relativa a la facultad del estado para regla-mentar los contratos de sus compañías de servicio público con sus consumidores, la ley ya está bien establecida. Las cortes han resuelto que todos los contratos relativos al servicio público celebrados por la corporación que explota un servicio público y el consumidor pri-vado, por la propia naturaleza de su objeto, contenían una reserva implíe'ta del derecho del estado a ejercitar legalmente su poder de policía en pro del bienestar general, y que no existe menoscabo en las obligaciones del contrate dentro de las garantías de las constitu-ciones del estado o federal, aun si dicho contrato queda así parcial o totalmente anulado.”

El Pecho de que los gastos del desvio hayan sido satis-fechos exclusivamente por la South P. R. Sugar Co., y que se haya convenido entre las partes que la compañía no podrá hacer uso del desvío para cargar o descargar cañas u otros materiales para ninguna otra persona o compañía, no puede impedir que ese desvío sea dedicado a uso público en violación de los preceptos del estatuto. Bajo las leyes relacionadas con la utilidad pública, una compañía de ferrocarril y el dueño privado de una industria no pueden, mediante con-venio, edificar un desvio y limitar el uso a ciertos embarca-dores. Una vez construido el desvío, queda abierto al uso público y a reglamentación, cualquiera que sea la parte que baya pagado el uso de la construcción. Von Oven v. Chicago etc. R. Co., 317 Ill. 334, 148 N. E. 32.

La Carta Orgánica de Puerto Rico, en su artículo 38, concede a la Asamblea Legislativa autoridad para decretar leyes relativas a la reglamentación de los precios, tarifas y servi-cios de porteadores públicos por ferrocarril en Puerto Rico. La Comisión de Servicio Público tendrá facultad para poner en ejecución leyes de este carácter mediante reglamentación adecuada.

La Ley de Servicio Público de Puerto Rico, aprobada con posterioridad a la aprobación de la Carta Orgánica vigente en la actualidad, dice, en su artículo 24, al referirse a la facultad de reglamentar, que “dicho poder y autoridad in-cluirá el poder de inquirir, oír, determinar y reglamentar la concesión, construcción, explotación o -abandono de desvíos, apartaderos y cruces” etc.

Las facultades de la Comisión son, a nuestro juicio, claras. Queda, sin embargo, por resolver la cuestión fundamental y es la que sirvió de base al fallo de la Corte de Distrito de San Juan. Sabemos que dicho tribunal revocó la resolución de la comisión, por el único fundamento de que para llegar al desvío por cualquier sitio que no sean las vías de la American Railroad Co. es necesario atravesar los terrenos privados de la South P. R. Sugar Co. La corte inferior entiende que esto equivale a privar a dicha corpora^ ■ción de su propiedad particular sin el debido procedimiento de ley.

De acuerdo con la prueba ofrecida por la South P. R. Sugar Co., el desvío tiene 152 metros desde la punta de la aguja hasta el final de la muralla. La South P. R. Sugar Co. aparece concediendo a la compañía ferroviaria en 1927 el uso de todo el terreno que ocupa el desvío en una extensión d© cinco metros desde el eje de la línea férrea de sn desvío y a ambos lados del mismo. El testigo de dicha compañía, José Rodas G-arcía, ingeniero civil, declara que desde la punta del desvío al camino vecinal hay una distancia de 206 pies. Se le pregunta por la distancia desde el punto más cercano al camino y dice que no aparece en el mapa la figura. Se le interroga nuevamente si puede calcular la distancia que hay del extremo este del camino y contesta que ciento y pico de pies; ciento veinticinco pies aproximadamente.

El interventor y apelante, Juan Torruella Cortada, dice que la G-uánica no posee nada más que esas doS' cuerdas o cuerda y media de terreno en los alrededores de ese desvío. Copiamos a continuación parte del interrogatorio de este testigo:

“P. ¿Usted tiene permiso para entrar a esos terrenos?
“R. En esos terrenos no; por eso lo solicito.
"P. ¿Usted solicita permiso para atravesar esos terrenos y llegar a la vía?
“R. La vía está dentro de la cuerda y media.
“P. ¿Para llegar al desvío tiene usted que atravesar parte del terreno ?
"R. Del terreno dedicado al desvío, que no hay otra cosa.
“Sr. Muñoz: ¿La Guánica tiene allí cuerda y media?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Y sobre eso es que tiene el desvío?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Y la finca que circunda esa cuerda, de quién es?
“R. Fagot, Milán y de Scliuck.
“P. ¿Milán ya lia dicho que sí que usa el desvío?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Y Fagot lo usa?
“R. No sé si este año liaría negocio eon la Guánica.
“P. ¿Y el año anterior?
“R. Me parece que el año anterior para poderle mandar cañas de contrato que tiene con la Central Bocacliiea, dio una parte pro-porcional de cañas a Guánica.
“P. ¿Y el otro señor Scliuck también usa ese desvío?
“R. Scliuck solamente tiene un pedazo de cuerda.
"Lie. Toro: ¿Usted se refiere a don Federico Scbuck?
“R. .Sí.
“P. Él no tiene cañas.
“R. Él me preguntaba de linderos.
“Lie. Toro. ¿Y parando sus cañas en el camino público puede usted cargar las cañas en los vagones colocados en el desvío?
“R. Hay una distancia como del largo de este cuarto, del camino vecinal a donde está la vía.
“P. ¿Al centro del desvío?
“R. .Sí. Tengo que atravesar los -terrenos, la parcela donde está la vía, que no bay otra cosa allí; no bay siembras de ninguna clase; es pasto.
“Sr. Muñoz: ¿En esa cnerda y media de terreno de la Gnánica no bay más que pasto?
“R. Está abandonada. No hay ni cerca del camino vecinal a la cnerda ésa. Cabros y vacas del vecindario se pasan allí.”

El testimonio de este testigo demuestra que prácticamente todo el terreno que allí posee la South. P. E. Sugar Co. está dedicado al desvío, aunque la vía con sus cinco metros a cada lado, partiendo desde el eje de la. línea férrea, sólo ocupa parte del referido terreno; No hay allí siembras ni cerca, y los animales del vecindario se pasan por allí, de acuerdo con el testimonio de Juan Torruella Cortada que en estos extremos no ha sido contradicho.

Hemos visto que la Guánica Central construyó un desvío hace ya algunos años y que la South P. E. Sugar Co., su suce-sora, ha celebrado recientemente un contrato con la compañía ferroviaria sobre el referido desvío. Al construirse este desvío se ha establecido una servidumbre voluntaria no sola-mente en favor de la American Eailroad Company of P. E., sino de aquellas personas que necesitasen usar el referido desvío. No importa los términos en que aparece redactado el contrato. La servidumbre voluntariamente establecida se extiende, por razones de interés público, a todas las personas que necesiten utilizar el desvío. La Guánica Central, al cons-truirlo, contrajo obligaciones que constituyen un verdadero estado.de servidumbre mientras subsista la conexión con la línea ferroviaria. Nadie obliga, sin embargo, a la South P. E. Sugar Co. a mantener el referido desvío; pero si continúa utilizándolo, si insiste en gozar del privilegio que le fue concedido, debe cumplir con las condiciones requeridas por la ley. Como dice la Corte Suprema de Illinois en Von Oven v. Chicago etc. R. Co., supra, no puede construirse un desvío, limitado exclusivamente al uso privado. La ley exige que cualquier desvío así construido esté abierto al uso pú-blico y que sea explotado por el ferrocarril con que éste enlaza.

Al establecerse una servidumbre se entienden concedidos todos los derechos necesarios para su uso. Así lo establece el artículo 478 de nuestro Código Civil. La servidumbre, una vez establecida, lleva implícita todos los derechos nece-sarios para darle efectividad. No existe servidumbre cuando se le niegan a la persona a quien se le concede los medios de utilizar su derecho. La servidumbre en este caso sería nominal e ilusoria, como muy bien dicen los comentaristas Scaevola y Manresa. Comentando el artículo 542 del Código Civil Español, equivalente al 478 del nuestro, dice el último de dichos comentaristas:

“Las servidumbres de abrevadero y saca de agua llevan consigo la obligación de dar paso basta el sitio en que se aproveche el agua; la de acueducto da derecho al paso por sus márgenes, etc. A estas servidumbres, necesarias para el uso de otras, se nombran servidum-bres accesorias; tienen exclusivamente su razón de ser en la servi-dumbre principal. Sólo existen en cuanto son necesarias; sólo pue-den reclamarse cuando son indispensables para el ejercicio de la ser-vidumbre principal; al morir ésta, mueren también las servidumbres accesorias.
“El art. 639 del Código civil italiano dice, que en el caso de ha-llarse la ñnca cercada, el propietario debe dejar libre y cómoda la entrada a quien ejerc’te el derecho de servidumbre. Es libre el in-greso, como dice Filippis, cuando para su ejercicio no se necesita el ■concurso ajeno; es cómodo cuando puede pasarse sin obstáculo ni demora, del modo que se quiera. Así, en el caso de que exista una verja, podrá y deberá darse al dueño del predio dominante una llave para abrir y pasar con independencia.”

Como hemos dicho, en el presente caso no hay cerca ni siembras. Todo el terreno, según uno de los testigos, está prácticamente dedicado al desvío. El cumplimiento de la condición exigida por la Comisión de Servicio Público para que la South P. R. Sugar Co. pueda continuar utilizando el desvío no le ocasiona daño alguno de acuerdo con la prueba. La compañía azucarera debe permitir el uso proporcional de dicho desvío a los interventores apelantes, así como también el derecho de paso en la faja de terreno en que está situado el mencionado desvío. No se priva a la referida compañía de su propiedad; simplemente se le impone una condición en favor de otras personas que tienen derecho al uso de la ser-vidumbre, previo pago de la correspondiente compensación.

En el caso de Menasha Woodenware Co. v. Railroad Commission, 166 N. W. 435, 438, la Corte Suprema de Wisconsin dice lo siguiente:

“La cuestión más importante planteada por los apelantes en es-tos casos es que el llamado desvío no es realmente un desvío, sino una extensión del ramal de Kingston de la línea noroeste. No acer-tamos a comprender cómo pueda mantenerse este argumento con éxito favorable. Una extensión de la línea de ferrocarril viene a ser, una vez edificado, parte del sistema de ferrocarril, que la com-pañía debe operar como un conductor (common carrier), sirviendo al público en términos de igualdad; un desvío, sin embargo, aunque parte del sistema ferroviario, es en esencia una facilidad para un em-barcador o para varios embarcadores que contribuyen a su construc-ción, siendo entendido que está abierto a todas las industrias que puedan ser prácticamente servidas por dicho desvío, las que contri-buirán con una parte" equitativa del costo original, según lo determine la Comisión. Este desvío, por su naturaleza, no puede servir al público de un modo tan completo como lo hace una extensión, porque no está abierto al servicio de pasajeros y solamente alcanza la propiedad de una industria o de varias industrias; pero no por •esta razón su uso deja de ser menos público, en lo que respecta a esta industria o a las varias industrias a las cuales sirve, toda vez que la industria o las varias industrias son alcanzadas por el pú-blico y servidas por el conductor con toda amplitud. No puede ne-garse el servicio de un desvío a ninguna industria a la cual pueda razonablemente servir, con tal de que se pague una parte equitativa del costo; en otras palabras, todas las partes interesadas que puedan tener oportunidad de usar el desvío en sus negocios con el público, tienen derecbo al uso- del mismo en los mismos términos equitativos. Esto-debe ser considerado como uso público en su verdadero sentido, aunque-no constituya precisamente un uso público de la misma calidad de una. extensión de la línea principal de ferrocarril.... ”

No cabe negar, a nuestro juicio, a los interventores ape-lantes el derecho qae reclaman a utilizar el desvío, en con-diciones razonables. La South P. R. Sugar Co. no puede-reservarse exclusivamente para sí el uso del mismo, mientras-utilice y mantenga la conexión con la línea ferroviaria. Se trata de un servicio de naturaleza pública, cuya extensión a los apelantes en nada le perjudica, upa vez cumplidas equi-tativamente las condiciones de pago proporcional exigidas por la ley. La Comisión no impone a la South P. R. Sugar-Co. la obligación de mantener el desvío. Simplemente se limita a decirle a la empresa ferroviaria que se abstenga de-continuar prestándole sus servicios a la querellada si ésta, se obstina en negarle acceso a los interventores apelantes al. referido desvío mediante el pago de la correspondiente com-pensación. El hecho de que los railes hayan sido tendidos-a cierta distancia, muy corta por cierto, del camino vecinal no debe ser óbice para que los señores Torruella y Plores tengan acceso al referido desvío. No sería irrazonable exigir a la South P. R. Sugar Co. que acerque un poco más los railes al camino vecinal hasta llegar a su borde, ya que está, tan próximo al mismoj a fin de que las personas con derecho-a utilizar la servidumbre puedan tener acceso al desvío, sin: penetrar en el terreno de su propiedad. Tampoco resulta irrazonable decirle a la querellada que debe permitir a los referidos señores recorrer esa pequeñísima distancia para tener acceso a los vagones del ferrocarril, en los mismos terrenos dedicados al desvío, bajo la condición de que si asi no lo hiciere, no podrá seguir utilizando el privilegio que le-ba sido concedido.

Debe revocarse la smtmcia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió:


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison

license: Public Domain

text:
    B. Fernández Hnos., Sucrs., demandante y apelada, v. Pedro Ortega, demandado y apelante.
    Núm. 7169.

    Sometido: Febrero 19, 1937.

      Resuelto: Abril 30, 1937.

      V. Polanco de Jesús, abogado del apelante; Monserrat & Monserrat, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción sobre una cuenta liquidada.

El primer señalamiento es que la corte de distritocometió error al declarar sin lugar la objeción del demandado al testimonio relativo a; la existencia de la demandantecomo entidad legal y a su capacidad para demandar. El cuarto señalamiento es que la corte de distrito erró al permitir que un testigo declarara sobre la existencia de una sociedad mercantil, en violación del artículo 119 del Código-de Comercio vigente para la época del juicio. El artículo 119 figura como el 98 de la edición de 1932. Dispone:

“Toda compañía de comercio, antes de dar principio a sus ope-raciones, deberá hacer constar su constitución, pactos y condiciones, en escritura pública que se presentará para su inscripción en el re-gistro mercantil, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.
iC

. Estos señalamientos también atacan la suficiencia de la prueba relativa a la existencia de la demandante como en-tidad legal.

La demandante alegó en su demanda jurada que era una sociedad mercantil constituida de conformidad con el Código de Comercio. El demandado negó esto “por falta de sufi-ciente información y creencia”,, pero admitió la existencia de una cuenta corriente y alegó que la demandante se había ne-gado a acreditarle $277.20 suma que el demandado sostenía debía habérsele abonado en cuenta. A este respecto el deman-dado especifica ciertos artículos suministrados por la deman-dante y ciertos “efectos y valores” que el demandado había entregado “a la demandante y a sus socios gestores”. Nos inclinamos a convenir con el letrado de la apelada en que la ..contestación, en su totalidad, no suscitó controversia alguna en torno a la capacidad de la demandante para demandar. "Véanse: 49 Corpus Juris 122, sec. 121; 49 Id. 788, sec. 1163; 47 Id. 990, sec. 534; 21 Id. 1064, sec. 23; 21 Id. 1237, sec. 243. De todos modos la prueba de la demandante que fué la única ofrecida durante el juicio, estableció el hecho de que el demandado había contratado con ella como una sociedad mercantil y estaba por tanto impedido de negar la existen-cia de la demandante como tal sociedad. Véanse: Lamas y Méndez v. Betancourt, 16 D.P.R. 280; Houston Packing Co. v. Pagán López & Co., 20 D.P.R. 249; Schlüter & Co. Sucrs v. Hernández, 36 D.P.R. 64; Rodríguez & Cía. v. Hijos de Mari, 35 D.P.R. 559; Sucrs. de Canals Hnos. v. Sucn. Quiñones, 46 D.P.R. 529; Yancy v. Morton, 94 Cal. 558, 560; Lucas v. Gobbi, 10 Cal. A. 648, 103 Pac. 157.

Si la corte de distrito erró según se alega en los señala-mientos primero y cuarto, el error no fné perjudicial.

El segundo señalamiento se dirige a la apreciación de la prueba. Carece igualmente de méritos.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito. cometió error al declarar sin lugar la moción del demandado para anular un embargo. El único fundamento de esta moción fué que los bienes embargados pertenecían privativamente a la esposa del demandado. Quizás bastaría decir que el demandado no tomó excepción á la orden que desestimó su moción. Una lectura de la opinión emitida en el caso de Truyol v. Vazquez, 46 D.P.R. 738, en que descansa el apelante, bastará para distinguir ese caso del presente. La regla general, tal cual ba sido establecida en 6 Corpus Juris, 430, sec. 999, es así:

“Como el demandado en un embargo de ordinario no puede ser perjudicado por la incautación de bienes que no le pertenecen, las cortes por lo general ban considerado que el becbo de que el deman-dado en un embargo no tenga interés en los bienes embargados, es insuficiente para justificar la anulación del embargo.”

Véase también: Pillot v. Domínguez, 24 D.P.R. 642.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro

text:
    Matías Suau Ballester, demandante y apelado, v. Andrés Pol Serrano, acusado y apelante.
    Núm. 7079.

    Sometido: Marzo 18, 1937.

      Resuelto: Abril 30, 1937.

      Luis Mercader, abogado del apelante; Juan B. Soto, Juan F. Soto y Enrique Igaravidez, abogados del apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Matías Suau representado por su tutor Bernardo Suau entabló demanda de desahucio en la Corte de Distrito de Aguadilla el 12 de junio de 1933 contra Andrés Pol. Ex-cepcionó y contestó el demandado y practicada la prueba la Corte resolvió el pleito declarando la demanda con lugar en julio 31, 1933.

Apeló el demandado para ante esta Corte Suprema y la corte de distrito el 11 de agosto, 1933, desestimó su recurso por no haber quedado formalizada la fianza dentro de los cinco días que exige la ley. Acudió en “certiorari” para ante el Juez de Turno de esta Corte Suprema que se hallaba en vacaciones, y tramitado el recurso con intervención de la otra parte en el desahucio, el Juez de turno anuló la resolu-ción de la corte de distrito de agosto 11, 1933.

Contra la resolución del Juez de Turno apeló el deman-dante en el pleito de desahucio para ante el Tribunal en pleno, decidiéndose la apelación en abril 11, 1935. De la opi-nión emitida al efecto se transcribe lo siguiente:

“Nosotros creemos que el apelante, a quien la ley exige fianza para establecer apelación, tiene el deber primordial de que la que presente cumpla con los requisitos legales, pues, en caso contrario se expone a perder su derecho .... De -todos modos, aunque la re-solución de la corte de 11 de agosto pudiera ser considerada tardía, si tal falta ex'stió no sería responsable el demandante de esa falta •de la corte. Ya hemos demostrado que el demandante no incurrió •en falta alguna. Sin embargo, la resolución apelada crea la situa-ción de que se prosiga la apelación sin finza, ya que según los documentos que presentó el demandante, sin que nosotros resolva-mos ahora respecto a ellos, los fiadores no tienen bienes suficientes para garantizar $5,000.
“A pesar de lo expuesto entendemos que el demandado tenía derecho a ser oído antes de negarse la' aprobación a su fianza para •que tuviera la oportunidad de demostrar que no sólo está bien re-dactada sino también que sus fiadores tienen bienes suficientes para la obligación que contrajeron, no obstante los documentos presenta-dos por el demandante. Por este solo motivo y para ese fin debe ser •anulada la resolución la Corte de Distrito de 11 de agosto de 1933, enmendándose en ese sentido la sentencia apelada que resolvemos.” .Pol. v. Corta, y Sucm, hit., 48 D.P.R. 379, 384, 385.

Devuelto el caso a la corte ele distrito, ésta dictó una or-den el 25 de abril de 1935 fijando el 6 de mayo siguiente ‘“para oír al demandado antes de negarse la aprobación de la fianza, de modo que tenga oportunidad de demostrar que no sólo está bien redactada la misma sino también que sus fiadores tienen bienes suficientes para la obligación que con-trajeron en virtud de ella.”

El demandado se limitó a presentar un escrito de oposi-ción a la regla de la corte y ésta en mayo 10, 1935, dictó una xesolución que termina como sigue:

“La Corle, después de haber considerado detenidamente las cues-tiones planteadas por el demandado, las declara sin lugar, y no lia-'biendo el mismo comparecido ni demostrado en forma alguna que su ■fianza se encuentra bien redactada y que sus fiadores tienen hierres ■suficientes para la obligación que han contraído en virtud de dicha fianza, resuelve no haber lugar a aprobarla y en tal virtud, deses-tima el recurso de apelación interpuesto contra la expresada sen-tencia. ’ ’

Contra esa resolución fué que se interpuso el recurso que estamos abora considerando cuya vista se celebró con la sola asistencia de la parte apelada el 18 de marzo último.

Señala la parte apelante en su alegato dos errores. Por el primero sostiene que la corte de distrito actuó sin juris-dicción en el asunto y por el segundo que el párrafo segundo-de la sección 12 de la Ley de Desahucio es anticonstitucional.

Examinemos la cuestión de jurisdicción. Sostiene el apelante que debiendo interponerse las apelaciones en ca-sos d.e desahucio de acuerdo con la sección 11 de la ley sobre la materia — artículo 630 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, p. 260 — dentro del término de cinco días, y que ha-biéndose archivado su fianza dentro de dicho término y que-dado anulada la resolución de la corte de distrito de agosto 11, 1933, desestimando su recurso de apelación por ser la fianza insuficiente, por la resolución del Juez de Turno en el certiorari que esta corte confirmó, la corte de distrito care-cía de jurisdicción para investigar de nuevo la suficiencia de la fianza.

No estamos conformes. Al resolver la Corte Suprema la apelación de la resolución de su Juez de Turno dictada en el procedimiento de certiorari, consignó expresamente que el único derecho que reconocía al demandado y el único que le había sido implícitamente denegado por la corte de dis-trito .era el de ser oído antes de anegarse la aprobación de la fianza a fin de que tuviera la oportunidad de demostrar que no sólo estaba dicha fianza bien redactada si que también sus fiadores tenían bienes suficientes para contraer la respon-sabilidad que asumieron, y ese derecho le fué plenamente reconocido por la resolución de mayo 10, 1935, de que ahora apela el demandado.

Presentada la fianza en tiempo, el resolver sobre su su-ficiencia por haber sido impugnada no es cuestión que-tenga necesariamente que decidirse dentro del término de cinco días. Es el deber del apelante presentar dentro de dicha término lina fianza suficiente. Si impugnada resiste el ata-que, queda en pié; si cede, es como si no existiera, no pu~ diendo concederse un nuevo término para prestar otra en su lugar, que es lo que en verdad resuelve el caso de Figueroa v.. Sepulveda, Juez de Distrito, 24 D.P.R. 690 invocado por el apelante, a saber:

“Las apelaciones en los juicios de desahucio deben interponerse en el término de cinco días contados desde la fecha de la sentencia, y cuando el desahucio se funda en el vencimiento del término del arrendamiento, es requisito indispensable para ejercitar el recurso de apelación la prestación de fianza para responder de los daños y perjuicios y de las costas de apelación, cuya fianza debe quedar formalizada dentro del término concedido para la apelación.
“Traspasa los límites de su jurisdicción un juez municipal que en un juicio de desahucio declara nula una fianza prestada para la apelación y concede un término al demandado para presentar nueva fianza en debida forma, y aprueba ésta después de haber transcu-rrido el término en que debió quedar formalizada dicha fianza.
“El artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil no autoriza a ninguna corte para alterar términos jurisdiccionales.”

Resuelto el primer error, procederemos al estudio y decisión del segundo. Por él se sostiene la anticonstitueionalidad del párrafo segundo de la sección 12 de la Ley de Desahucio de 1905 que figura actualmente como el artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed . 1933. La sección en su totalidad prescribe:

“Artículo 631. — No se admitirá al demandado el recurso de ape-lación si no consigna en. secretaría el importe del precio adeudado hasta la fecha de la sentencia, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas.
“En cualquier otro caso será requisito indispensable para ejer-citar el recurso de apelación por parte del demandado, que éste otor-gue fianza, a satisfacción del tribunal, para responder de los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandante, y de las costas de la apelación.
“Tanto la consignación como la fianza de que habla la presente sección deberán quedar formalizadas dentro del término concedido para la apelación. ’ ’

Admite el apelante que la Legislatura tuvo base para dis-tinguir entre demandante y demandado en cuanto al caso a que se refiere el párrafo primero del artículo, pero sostiene que la distinción que contiene el párrafo segundo es anticons-titucional por discriminatoria y abusiva en contra del deman-dado.

En apoyo de su contención hace el apelante la siguiente cita de Corpus Juris;

“Los estatutos que autorizan se concedan honorarios de abogado como parte de una sentencia, no infringen la garantía sobre igual protección de las leyes, cuando tales honorarios se conceden sin dis-criminación alguna contra la parte perdidosa, ora sea ésta deman-dante o demandada. Los que conceden tales honorarios a la parte demandante, mas no a la demandada, por lo general son nulos por negar la igual protección de las leyes.” 12 C. J. 1177.

La ley en Puerto Rico no contiene diferencia alguna en cuanto al' derecho de recobrar costas y honorarios de abogado en casos de desahucio. Ambas partes tienen ese derecho por igual. La diferencia que se observa es en cuanto al afian-zamiento del pago de las costas en casos de apelación. Siendo ello así, la jurisprudencia que se cita no es aplicable.

La diferencia que la ley establece es a nuestro juicio ra-zonable porque el demandante que apela queda en la misma posición y sólo somete la decisión de su derecho a otra ins-tancia. Se le coloca en la misma posición que a todos los apelantes y apelados en casos civiles ordinarios, a ninguno de los cuales se les exige en la actualidad prestación de fianza para establecer sus recursos. Por el contrario el deman-dado en su caso de desahucio, que es un procedimiento su-mario que sólo puede promoverse por la persona que tiene un claro derecho al disfrute de la finca, cuando ese derecho se reconoce por la corte inferior y él apela, continúa en la posesión y disfrute del inmueble. No debe perderse de vista que el de apelación no es un derecho absoluto sino que se concede por la Legislatura para corregir errores que puedan haberse cometido no obstante haberse dado ya a las partes su día en corte, y que la- jurisprudencia ha resuelto, transcri-biendo del texto del propio Corpus Juris, lo que sigue: infringen las disposiciones constitucionales que conceden el derecho a apelar, toda vez que no restringen o niegan el derecho sino que meramente regulan la manera de ejercitarlo. Tampoco violan las disposiciones constitucionales que proveen que todas las leyes rela-tivas a las cortes deben ser generales y uniformes en su aplicación, ni las disposiciones de que todas las cortes deben estar abiertas a las partes, y que toda persona, por los daños oeasionádosle a sus fincas, bienes, persona o reputación, tendrá un derecho en el curso ordinario de la ley, y que la justicia será administrada sin trabas ni demoras; ni participan de la naturaleza de legislación de clase. ” 3 C. J. 1108.

“Bajo su autoridad general para reglamentar el procedimiento apelativo la legislatura tiene facultad para exigir la prestación de una fianza como condición precedente al derecho a entablar una ape-lación o un recurso de error, a no ser que tal autoridad haya sido claramente excluida por la constitución. Semejantes estatutos no

Por virtud de lo expuesto, no habiéndose cometido nin-guno de los errores señalados, ¡debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez PeesideNte Señor del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tomás Collazo Verdejo, acusado y apelante.
    Núm. 6338.

    Sometido: Abril 14, 1937.

      Resuelto: Abril 30, 1937.

      E. II. F. Dottin, abogado del apelante; E. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo; apelado.
   El Juez PeesideNte Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Carmen Rodríguez Acevedo presentó en la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, tres denuncias contra Tomás Collazo Verdejo, por infracción a la Ley Dental y ■pidió luego el sobreseimiento de las causas iniciadas archi-vando en cada una un escrito que dice:

“Que con posterioridad a la radicación de su denuncia ha resuelto desistir de la continuación de este caso por los motivos de carecer de interés en el mismo.”

A cada una de las mociones proveyó la indicada Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, el 5 de agosto de 1935, como sigue:

“Vista la moción que antecede y los méritos de la misma, la Corte ’ordena el archivo y sobreseimiento del caso, previo pago de las cos-tas.”

Así las cosas, el 11 de diciembre del propio año 1935, los detectives de la policía insular Arturo Bernard y Marcelino Santiago, presentaron en la Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, el primero una y el segundo dos, en junto tres denuncias contra Tomás Collazo Verdejo, impu-tándole las mismas tres infracciones a la Ley Dental que le había imputado Carmen Rodríguez Acevedo.

A los efectos de fijar la naturaleza de las infracciones de que .se trata transcribiremos de la primera de las denuncias lo que sigue:

“Que el 1 de abril de 1935_en Santurce, San Juan,.... el referido acusado Tomás Collazo Verdejo ... voluntaria, ilegal y ma-liciosamente y profesando ejercer la Cirugía Dental, examinó la boca de Carmen Rodríguez Acevedo con el propósito de hacerle una den-tadura artificial — puente—para lo cual le extrajo dos dientes de la encía superior por precio; todo lo cual lo hizo sin estar autorizado para’ejercer la’profesión de dentista en Fúerto Rico.”

Los hechos que se imputan en la segunda y tercera de-nuncia consisten en la extracción de tres muelas y un diente y de tres muelas y se cometieron el 28 y el 21 de marzo de 1935, respectivamente.

En los tres procesos así iniciados en la Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, compareció el acusado y for-muló tres peticiones de archivo de la causa. Son iguales. Bastará por tanto transcribir lo substancial de una de ellas, a saber:

“Que por los mismos hechos que motivaron la presentación de esta denuncia y ocurridos en 28 de marzo de 1935, el aquí acu-sado fué denunciado por el mismo delito ante la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda y la causa resuelta bajo el número 43641, en 3 de agosto de 1935, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 446 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual expresamente prohíbe la instrucción de otro proceso por el mismo delito.”

No accedió la corte. Condenó al acusado y éste apeló para ante la Corte de Distrito de San Juan. Por acuerdo de las partes aprobado por la corte los tres casos fueron lla-mados para verse conjuntamente el 10 de marzo de 1936. Acto seguido la defensa dijo: “Hay tres mociones ‘to quash’.” T la corte resolvió: “Aun aceptando como cierta la alegación que se hace, el caso es de tal naturaleza, que no puede ser transigido y sería nula la orden de la corte que archive el caso, porque éste no es un caso que puede ser transigido. Tiene que ser un caso que sea susceptible de in-demnización. En este caso se trata de una ley de orden público que impide el -ejercicio de la profesión dental y el hecho de que el acusado le pague a quien se dejó prestar los servicios no lo releva de la infracción de la ley. Sería lo mismo que una persona que no está autorizada a ejercer la medicina, preste los servicios y después al ser denunciado pudiera venir a declarar el paciente que se le pagó. Con el solo hecho de ponerse de acuerdo con el cliente y decir que recibió el pago, estaría a salvo de la infracción. La corte aceptando aun como ciertos los hechos que se alegan denega-ría la moción por entender que no es aplicable el artículo ése al caso que nos ocupa.”

Se practicó entonces la prueba y de acuerdo con el resul-tado de la misma la corte dictó sentencia condenando al .acu-sado en cada causa a pagar cincuenta dólares de multa o a sufrir un día de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer.

No conforme Tomás Collazo Verdejo, apeló para ante este tribunal. Señala un solo error, como sigue:

“El acusado estima que la Corte sentenciadora cometió error al no ordenar el sobreseimiento y archivo de los casos por los funda-mentos establecidos en los artículos 446 y 169 del vigente Código de Enjuiciamiento Criminal.”

La ley reguladora de la materia en Puerto Rico está contenida en los artículos 445, 446 y 447 del Código de Enjuiciamiento Criminal (Ed. 1935) que prescriben:

“Artículo 445. — Cuando sea detenida una persona para responder a una acusación de misdemeanor (delito menos grave), y el indivi-duo perjudicado por el hecho que constituye el delito tenga el recurso de indemnizarse del daño por medio de una acción civil, el asunto puede transigirse en la forma que dispone el artículo siguiente, ex-cepto cuando el delito sea cometido:
“1. Por un empleado judicial o contra él, mientras esté en el ejercicio de las funciones de su cargo;
‘ ‘ 2. Tumultuosamente;
“3. Con la intención de cometer un felony (delito muy grave).
“Artículo 446. — Si la parte perjudicada comparece ante el tribunal al que hayan de ser remitidas las declaraciones en cualquier momento antes de la celebración del juicio, y reconoce plenamente que ha recibido reparación por el daño causádole, el tribunal puede decretar, diserecionalmente y previo pago de las costas devengadas, que se suspendan todos los procedimientos en persecución del delin-cuente, y que éste quede exonerado de la culpa; pero en tal caso los fundamentos que tenga el tribunal para dictar el auto deben exponerse en éste, e insertarse en el acta del tribunal. Dicho auto imposibilita la instrucción de otro proceso por el mismo delito.
“Artículo 447. — Ningún . delito público puede transigirse, como tampoco suspenderse ningún procedimiento o proceso, para el cas-tigo del mismo, en virtud de una transacción, sino del modo estable-cido en este capítulo.”

Examinadas las mociones de Carmen Bodríguez Acevedo a la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, y las resoluciones de dicha corte decretando el archivo y sobre-seimiento, se observa en seguida que no se ajustan a las exigencias de la ley. Lo que manifestó la denunciante fue que desistía por carecer de interés, no que reconocía plena-mente que había recibido reparación por el daño causádole. Y los fundamentos que tuvo la corte no se exponen en su resolución.

Pasando sin embargo por alto tales deficiencias y aceptando que se hubiera cumplido estrictamente con la ley, creemos que dada la naturaleza del delito imputado al acusado tuvo razón la corte de distrito al declarar sin lugar las mociones “to quash” que se le presentaron.

Los artículos de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal que dejamos transcritos son iguales a las secciones 1377, 1378 y 1379 del Código Penal de California. Anotando la primera de ellas dice Pomeroy:

“De acuerdo con la antigua ley común cuando una persona que ba sido objeto de un robo no solamente conocía al ladrón sino que también recibía de éste los bienes robados, o su valor, con el enten-dido de que no lo procesaría, se le consideraba como un cómplice. 4 Blackstone’s Commentaries, 133. Y cuando se cometía cualquier otro delito y una persona, sin permiso de la corte, bacía una tran-sacción, o recibía dinero o le prometía al acusado que no lo proce-saría, su actuación era punible. 4 Blackstone’s Commentaries, 136. La Ley permite que se transija cualquier delito que, aunque sirva de objeto a una acusación criminal, la parte perjudicada puede ser indemnizada en acción de daños y perjuicios; mas si el delito es de naturaleza píiblica, no puede hacerse un convenio válido que tenga por causa la ocultación del proceso. Tal convenio tampoco puede con-validarse por la corte al consentir que se transija el proceso. Keir v. Leeman, 6 Q. R. 308; 2 Bennett & Heard’s Leading Criminal Cases, 216.” Pomeroy, “Penal Code”, p. 508.

Corpus Juris en su tratado sobre “Criminal Law” que abarca todo el volumen diez y seis y una buena parte del diez y siete de la obra, al referirse a los motivos por virtud de los cuales las cortes pueden conceder propiamente un nolle prosequi”, señala como uno de ellos el caso en que un “misdemeanor” ña sido transigido de acuerdo con al-guna ley que autorice tales transacciones. 16 C. J. 435.

Entre los casos que cita para sostener el texto está el de State v. Hunter, 14 La. Ann. 71. En dicño caso la Corte Suprema de Louisiana interpretando un precepto legal vi-gente en dicño estado que disponía “que en todos los casos de acometimiento y agresión y de delitos menos graves, cuando las partes transigen y se retira la acusación no debe proseguirse la causa,... siendo legal que el Procurador General o el Fiscal del Distrito registren un ‘nolle prosequi’ ”, resolvió que no obstante ñaber llegado las partes a una tran-sacción, el fiscal no venía obligado a desistir pudiendo la causa continuar y resolverse de acuerdo con los ñecños y la ley como si la transacción no ñubiera existido. En el curso de la opinión, se dijo:

“Abora bien, si estuviera dentro de la facultad del ofensor tran-sigir con aquéllos que ba perjudicado, contra la voluntad de las per-sonas que tienen a su cargo la ejecución de la ley penal, estos mismos fines serían vulnerados, pues en proporción a la gravedad del delito, deberán ser los esfuerzos ejercidos para efectuar una transacción y para dejar sin sanción las leyes infringidas.
“Así pues, al infractor que está llamado a responder civilmente, por los daños causados al igual que de. la pena impuesta al delito co-metido, se le permitiría eludir el castigo respondiendo tan sólo de la indemnización civil.
“Por otra parte todos los delitos menos graves y los acometi-mientos perpetrados por los osados y poco escrupulosos contra las personas afables, contra los débiles o tímidos, permanecerían sin cas-tigo, puesto que tales ofensores no tendrían dificultad en lograr mediante intimidación o lisonja, prueba de una transacción. Por tanto, parecería que la facultad para transigir delitos menos graves no debería dejarse exclusivamente al perjudicado. Así pues, si exa-minamos el artículo en relación con el objeto del derecho penal, no tendremos dificultad en llegar a la conclusión de que nunca fué la intención del estado desprenderse de su dominio de procesar por los acometimientos y agresiones y por los delitos menos graves. Mas ocurre a veces que se cometen delitos bajo circunstancias tales que no demuestran una verdadera intención de violar la ley y que a veces se realizan acometimientos bajo un erróneo entendido de los becbos y bajo una cólera momentánea, y sin causar mucbo daño a la parte perjudicada. En tales casos, cuando el perjudicado voluntariamente manifiesta y declara que se eneuéntra satisfecho y que desea que se abandone la acusación, la justicia pública nada gana con la conti-nuación del proceso, y la ley permite al fiscal que entre un ‘nolle prosequi’. Por otra parte, la presentación de una transacción escrita de un delito de acometimiento y agresión por el fanfarrón y terror del vecindario, podría agravar el daño público y servir de justa causa para una prosecución más rigurosa, a fin de que baya vindica-ción adecuada de las leyes.
“No abrigamos duda alguna de que el estatuto en armonía con sus propios términos tan sólo es permisivo, y no vacilamos en confir-mar la sentencia de la corte inferior.”

La jurisprudencia así establecida fue confirmada luego en el caso de State v. Frasier et al., 52 La. Ann. 1305.

El delito imputado en estos casos concretos sometidos a nuestra consideración y resolución es de tal naturaleza que sin esfuerzo alguno se concluye que su investigación y cas-tigo no puede hacerse depender de la voluntad de la persona en relación con la cual se cometa.

Un dentista es un cirujano dental. El ejercicio de la ci-rugía dental fia adquirido un notable desarrollo en los úl-timos tiempos. Se trata de una verdadera ciencia íntima-mente relacionada con la mecánica, la medicina y la cirugía. El título que autoriza la práctica dental se obtiene a través de años de estudio y práctica en colegios y universidades. Se otorga generalmente bajo la denominación de doctor. De ahí que baya habido necesidad de regular por medio de leyes especiales el ejercicio de la profesión.

La Ley núm. 75 de 1925, leyes de 1925, p. 551, enmendada por la 31 de 1929, leyes de 1929, p. 199, está dedicada ente-xamente a regular la práctica de la cirugía dental en Puerto Pico. La sección 13 de dicha ley, como enmendada, prescribe :

“■Sección 13. — Toda persona que no estando legalmente autori-zada para dedicarse al ejercicio de la cirugía dental, la ejerciere, o que viole las disposiciones de esta Ley, incurrirá en un delito menos grave (misdemeanor), y convicta que fuere será castigada con multa, mínima de cincuenta (50) dólares y máxima de doscientos cincuenta. (250) dólares o cárcel por un término máximo de dos años, o am-bas penas, a discreción del tribunal; en casos de reincidencia la. pena será de treinta días de cárcel como mínimo y de dos años de-cárcel como máximo; y todos los instrumentos, implementos, medi-cinas y drogas en posesión de cualquier tranagresor de esta sección, serán confiscados por la autoridad competente y puestos a disposi-ción del tribunal; y convicto que fuere dicbo transgresor, los ins-trumentos, implementos, drogas y medicinas así confiscados serán, vendidos por el mársbal en pública subasta, mediante orden de la. corte competente, a cualquiera persona o firma profesional autori-zada para ejercer la cirugía dental en Púerto Rico, conforme a las-disposiciones de esta Ley, o a cualquier casa de comercio, firma o cor-poración que regularmente se dedique a comerciar con tales instru-mentos, implementos, drogas y medicinas.”

No es la persona en relación con la cual se practica ile-galmente la cirugía dental la verdaderamente perjudicada, o por lo menos la única perjudicada que pueda darse por sa-tisfecha porque se le devuelva el dinero que se le cobrara.. Esa persona puede que no baya sufrido perjuicio alguno.. Puede que quizá lo que baya recibido sea un beneficio. La verdadera infracción se comete contra la sociedad en general, que por medio de sus autoridades constituidas decidió regular el ejercicio de la profesión. Y es la violación de esas-regulaciones que se creyeron convenientes y necesarias para el ordenado funcionamiento de esa actividad social, lo que se-castiga. Para imponer el castigo no se investiga si el acto-realizado en la persona determinada que en la denuncia se-menciona lo fué o no en debida forma. Pudo haberse lle-vado a efecto del modo mejor, científicamente, y eso no obs-tante si lo fue por alguien que no estaba autorizado, la in-fracción se habría siempre cometido. De ahí la predomi-nante naturaleza pública del delito que hace inaplicables en cuanto al mismo los preceptos del Código de Enjuiciamiento-Criminal sobre convenio de las partes sobre ‘‘misdemeanor”.

Además la propia ley dispone que todos los instrumentos, implementos, medicinas y drogas en posesión de cualquier transgresor serán confiscados y convicto qne fnere dicho transgresor, serán vendidos por el marshal en la forma y a la persona qne la propia ley antoriza. ¿Y cómo sería po-sible dar cumplimiento por el Estado a esa parte de la ley si se dejara la ejecución de la misma a la volnntad de la persona particular en relación con la cnal se practique la cirngía dental ilegalmente?

Se hace también referencia en el señalamiento de error al artículo 169 del Código de Enjniciamiento Criminal qne dispone:

“Artículo 169. — Si el acusado hubiere sido convicto o absuelto de una acusación, o estado en peligro alguna vez por la misma, tal convicción, absolución o peligro constituirá excepción perentoria a la nueva acusación por el delito imputado en la anterior, o por ten-tativa de cometerlo, o por cualquier delito necesariamente compren-dido en la misma de que hubiera podido ser convicto en virtud de dicha acusación anterior.”

Ninguna de las situaciones qne tuvo en mente el legisla-dor surge en este caso. La actuación de la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, siendo como fue completa-mente nula, no puede invocarse. Es como si no existiera.

En el caso de State v. Bates, 61 Pac. 905, 83, A.S.R. 768, 772, la Corte Suprema de Utah se expreso así:

“Una sentencia nula no es realmente una sentencia. Deja a las partes litigantes en la misma posición en que estaban antes del juicio. Las deja exactamente en la misma posición que si no se hubiera celebrado un juicio. Tal sentencia no faculta a nadie para hacerla cumplir.
“ ‘Una sentencia nula’, dice el Sr. Black, ‘no es en realidad una sentencia. Es una mera nulidad. No está acompañada de ninguna de las consecuencias de una adjudicación válida ni tiene derecho al respeto que una sentencia se merece. No puede afectar, menosca-bar ni crear derechos. En lo que se refiere a la persona contra quien se supone haberse dictado, no le obliga en modo alguno, no tiene el efecto de un gravamen sobre su propiedad ni levanta un im-pedimento en su contra. En lo que concierne a la persona a cuyo favor se supone haberse dictado, ella no le coloca en mejor posición de la que ocupaba antes; no le concede ningún nuevo derecho y la tentativa de hacerla cumplir le colocará en una situación peligrosa. En lo que a terceros se refiere, no puede ser nna fuente de título ni un impedimento en la exigibilidad de sus derechos. No es necesa-rio dar paso alguno para revocarla, dejarla sin efecto o anularla. Mas cuando se ofrece contra una persona, ésta puede atacarla y de-mostrar su ineficacia. No está sostenida por presunción alguna y puede ser atacada en cualquier procedimiento, directo o colateral.’ Black on Judgments, sección 170. En el presente caso todos los pro-cedimientos de la corte senténciadora, posteriores al archivo de la alegación del acusado, fueron enteramente nulos porque la corte, en ausencia de un jurado legal, no tenía jurisdicción para juzgar la causa, y por ende su sentencia y fallo fueron meras nulidades, y la confirmación de la sentencia por la corte suprema no podía conva-lidarlos. Por tanto, esa sentencia podría ser considerada y tratada-como una nulidad cuandoquiera, doquiera y por quienquiera fuese utilizada o usada como una sentencia válida. ’ ’

No habiéndose cometido el error alegado, deben declararse ■sin hogar los recursos y confirmarse las sentencias recurri-das.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo de Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Hons. Manuel León Parra, Presidente, y Francisco Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida; y Petra Ortiz Acosta, peticionaria y apelante ante la Comisión Industrial.
    Núm. 7.

    Sometido; Abril 5, 1937.

      Resuelto: Abril 30, 1937.

      Son. Procurador General B. Fernández García, Emilio de Aldrey, Subprocurador y Luis Negrón Ferncmdez, abogado del Fondo del Estado, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la Comisión recurrida; y M. Rivera de la Vega, abogado de la pe-ticionaria y apelante en la Comisión Industrial.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Este era un recurso ante la Comisión Industrial de Puerto Eico que fué oído por ella el 19 de agosto de 1936. Llegó allí con motivo de una apelación interpuesta por Petra y Ge-nerosa Ortiz. Los becbos fueron resumidos por el Sr. Ne-grón, en su carácter de abogado del Administrador del Fondo del Estado, en la siguiente forma:

“Al obrero Donato Ortiz, mientras trabajaba bajo el patronazgo de la Bull Insular Line, el día 5 de noviembre de 1935, en San Juan, P. R. De primera intención el caso fué considerado compensable por el Fondo del Estado, pero no encontró o no consideró que exis-tía a esa fecha, personas de las que contempla la ley actualmente en vigor, con derecho a recibir compensación. No existían depen-dientes.
“Posteriormente fué presentada una apelación a la Comisión Industrial por el compañero Rivera de la Vega, la cual fué declarada sin lugar, y remandado el caso, enviado el caso nuevamente al Fondo del Estado, porque se alegaba que existían beneficiarios en calidad de hijos naturales del obrero fenecido y los cuales no aparecían de la prueba existente en los autos del Fondo del Seguro del Estado. (Parecería entonces que la revisión hecha por la Comisión fué a base de un certificado expedido por el Administrador del Fondo del Estado de la prueba que él tuvo ante sí.)
“Con posterioridad a esa fecha fué nuevamente considerado el caso como uno en el cual no existía dependencia, a pesar de que se investigaron- estos peticionarios. Ese es el caso y ahora nuevamente apelan y vienen a la Comisión Industrial en solicitud de que se les fije compensación como beneficiarios del obrero fallecido,- Petra y Generosa Ortiz, como hijas de crianza del obrero fallecido.
“El Pondo del Estado hace sus alegaciones consistentes en que el caso, por sí, es compensable, pero que no existe la dependencia que requiere la ley para el otorgamiento de una compensación.”

Entonces las recurrentes procedieron a presentar la trans-cripción de las declaraciones oídas por el Administrador del Fondo del Estado. El Administrador se opnso pero su ob-jeción o no fué considerada o fué desestimada. El Adminis-trador del Fondo del Estado, podría decirse, descansó en esta objeción, no presentó prueba ulterior ni solicitó ningún otro privilegio ante la Comisión.

La Comisión examinó el récord taquigráfico, aquilató la prueba en él contenida con excesivo cuidado y llegó a la con-clusión de que las dos jóvenes eran sobrinas del trabajador fallecido y que éste las Labia llevado a su casa mientras eran de muy tierna edad, y las ayudaba prácticamente en todo. Que esto era tan así que uno o más de los testigos creyeron que las peticionarias eran bijas del finado. El fallo de la Comisión fué al efecto de que sólo Petra podía resultar be-neficiada, toda vez que su hermana Generosa tenía demasiada edad para tener derecho a percibir beneficios bajo la ley.

La cuestión de derecho envuelta en este caso es exclusiva-mente si la Comisión tenía derecho a considerar el récord taquigráfico.

Ante la Comisión la objeción principal del Administrador del Fondo del Estado fué la siguiente:

“El Pondo del Estado sostiene que de acuerdo con las disposi-ciones de la ley, la prueba obrante en autos tiene carácter privado, excepto que puede ser examinada por las partes, o sea, los benefi-ciarios o sus abogados.”

Podría inferirse además que el letrado del Fondo del Es-tado dijo que la idea del Administrador fué que los testigos mismos debían comparecer ante la Comisión.

El artículo 37 de la “Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo”, número 45 de 1935, página 251, provee:

“Los informes adquiridos en virtud de las disposiciones de esta Ley por la Comisión Industrial, por el Administrador del Pondo del Estado o por un funcionario o empleado al cual se hubiere recomen-dado el cumplimiento de algún deber de acuerdo con esta Ley, serán considerados de carácter privado, cuando así lo resuelva la Comisión Industrial o el Administrador del Fondo del Estado, y cualquier ^funcionario o empleado que revelare dicho informe, excepto por man-dato de autoridad competente, será culpable de delito menos grave y convicto que fuere, estará sujeto a una pena de multa no mayor de quinientos (500) dólares o cárcel no mayor de seis (6) meses.
“Nada de lo contenido en este artículo se entenderá que prohíbe la inspección por la parte interesada o por su abogado de los infor-mes y demás documentos relacionados con su caso.”

Las peticionarias y la Comisión Industrial sostenían o resolvieron, según sea el caso, que la transcripción de la evi-dencia no constituía en manera alguna un documento privado. .Inferimos de lo que se argumentó y de nuestras propias con-sideraciones que esta transcripción taquigráfica no es un do-cumento privado hasta tal límite que pueda impedir a las partes o a la Comisión Industrial usarlo.

Las palabras literales del artículo parecen referirse más bien a información que pueda ser obtenida por el Adminis-trador del Fondo del Estado en el curso de su investigación y que éstas no se refieren a la prueba realmente oída por él al determinar un caso que está ante su consideración.

Ante este Tribunal la sugestión es tanto que la prueba, para así decir, sería de referencia como que el Administra-dor del Fondo del Estado no tuvo oportunidad ante la Co-misión de repreguntar a los testigos. •

Conforme fiemos dicfio, cuando el caso estuvo ante la 'Comisión el Administrador no solicitó permiso para ofrecer ■otra prueba o para tener la oportunidad de repreguntar a ■ los testigos. En general creemos que tal privilegio debe concederse a las partes.

La Comisión Industrial es el árbitro final de los derechos provenientes de accidentes del trabajo. Ante una corte, de no presentarse la oportuna objeción, cualquier materia pro-batoria puede ser admitida en evidencia. El Administrador no bizo ninguna otra objeción específica que la de que las. notas taquigráficas tenían carácter privado.

Nada bailamos en el contexto del estatuto que revele cuál es la naturaleza de la vista que se celebra ante la Comisión,, si se trata de una apelación a modo de revisión, de un juicio de novo o de uno de naturaleza mixta.

Aun ante el riesgo de incurrir en repeticiones, podemos decir que convenimos con la Comisión en que las notas ta-quigráficas tomadas ante el Administrador del Fondo del Estado, pueden primordialmente ser usadas ante 1a- Comi-sión; que cualquiera de las partes puede presentar evidencia adicional dentro de la sana discreción de la Comisión o que pueden llamarse testigos especiales para ser examinados ante ésta.

Nada bay en los autos que demuestre que el Adminis-trador del Fondo del Estado tuviera en mente otra prueba que las declaraciones tomadas ante él y elevadas en la trans-cripción taquigráfica. Somos igualmente del criterio de que un examen liecbo por el Administrador del Fondo del Estado tiene aspecto distinto a la prueba tomada en un juicio y que se trata de utilizar en otro juicio entre las mismas partes. Si no creyó las manifestaciones de los testigos que ante él compa-recieron, el Administrador podría indicarlo así a la Comi-sión o llamar nuevamente a los testigos, e igualmente podría hacerlo la parte contraria.

Estas consideraciones son reforzadas en algo por un pá-rrafo del artículo 6 que aparece a la página 283 (leyes de 1935) que lee así:

“La Comisión Industrial estará facultada para aprobar reglas para llevar a cabo aquellas disposiciones, facultades y deberes que le señale esta Ley, y para hacer que los procedimientos ante ella sean sencillos y sumarios; y tales reglas y reglamentos, después de apro-bados por el Gobernador y de publicados y promulgados debidamente, tendrán fuerza de ley. ’ ’

Es evidente que prima facie la transcripción de las notas taquigráficas tomadas ante el Administrador del Fondo del Estado tiende a hacer que los procedimientos sean simples y rápidos.

La resohoción de la Comisión Industrial debe, ser confir-mada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    The Lawyers Cooperative Publishing Company, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    Núm. 1086.

    Sometido: Noviembre 30, 1936.

      Resuelto: Abril 30, 1937.

      Francisco Vizcarrondo, abogado de la peticionaria; el juez deman-dado compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria en este recurso obtuvo sentencia en la Corte Municipal de San Juan contra Rafael Padró Pares el 27 de marzo de 1936. El 6 de abril del mismo año el de-mandado apeló para ante la corte de distrito y eventual-mente radicó la transcripción de las alegaciones, mociones, órdenes y sentencia final ante el secretario de la corte de distrito el primero de junio del referido año. No bubo lec-tura del calendario durante los meses de junio y julio, y el 13 de agosto de 1936, el apelante radicó una moción ante el secretario solicitando que su apelación se incluyera en el ca-lendario que iba a leerse el día 15 del mismo mes y año. De los autos que tenemos a la vista se desprende que el sello de rentas internas de $5 que por ley (núm. 17 de marzo 11, 1915, pág. 45), debe adherirse y cancelarse al incluir la causa en el calendario, no fué adherido y cancelado hasta el 22 de Octubre de 1936.

En octubre 13, 1936, el apelado en la corte inferior radicó una moción para desestimar el recurso fundándose en que el apelante no había hecho nada para incluir la causa en el calendario conforme requieren expresamente las disposicio-nes de la sección 3 de la Ley núm. 31 de 1934 (pág. 293), en lo referente a las apelaciones civiles interpuestas de las cor-tes municipales al efecto de que “El apelante deberá soli-citar la inclusión del pleito en el calendario o lista de seña-lamientos civiles, en la primera lectura que del mismo haya de celebrarse subsiguientemente a la radicación del caso. (&) Si el apelante dejase de solicitar la inclusión del pleito en el calendario, el' juez de distrito declarará desierto el re-curso, imponiéndole las costas .... ”

La corte inferior se negó a desestimar el recurso basada en el caso de Salas v. Baquero, 47, D.P.R. 108, 113, en que resolvimos que la posible omisión de una parte de adherir los sellos requeridos en un procedimiento judicial no hacía que tal procedimiento fuera absolutamente nulo, sino sola-mente anulable. El recurso se halla ahora ante nos a virtud de un certiorari para revisar la actuación de la corte inferior.

En el caso de Salas, supra, una de las partes, evidentemente a instancias del márshal, adhirió $3 en sellos de rentas internas al documento en cuestión. La contención era que debieron haberse pagado $4. Eesolvimos primordialmente que los $3 efectivamente pagados eran suficientes para cubrir los derechos requeridos por la ley. La opinión también discute el caso, en el cual, por inadvertencia, el Secretario permite el archivo de una alegación sin el sello requerido y más tarde aveilgua la omisión o deficiencia. La deducción que de la opinión debe entonces hacerse es que si la parte corrige tal omisión dentro de un tiempo razonable, .a instancias del secretario de la corte, la alegación debe con-siderarse como válida. La.opinión asume más o menos la buena fe.

Llegamos entonces al caso que tenemos ante nos. Hada bay en los autos que demuestre los motivos que tuvo Padró Pares. ¿Debe incumbir a la parte que se opone pro-bar la falta de buena fe por parte de la otra? La decisión ■en que se basó la corte inferior expresó un principio sabio, más su aplicación debe ser más claramente definida.

En otras partes de los Estados Unidos ba surgido un problema similar bajo los varios estatutos federales de ren-tas internas. Sin embargo, tanto bajo el estatuto federal de 1864 como bajo el de 1898, se dispuso algo respecto a la ínadmisibilidad en evidencia de documentos sin sellos, sólo •cuando se demostraba que la estampilla babía sido omitida con la intención de eludir la Ley de Rentas Internas. Aun-que la mayoría de los estados declaró que esos estatutos no ■eran aplicables a las cortes estaduales, no obstante aquéllos que resolvieron que sí les obligaban, se negaron a declarar nulo un documento escrito y a rechazarlo como prueba, sin ■el sello, a no ser que se desprendiese que al documento no se le adhirió la estampilla con la intención de defraudar :al gobierno. Harper v. Clark, 17 Ohio St. 190; 24 Iowa 355; Hailey v. Coker, 33 Tex. 815; 7 Am. Rep. 279; Whitley v. Leeds, 27 How. Prac. 378 (N. Y.). Muchos casos ban re-suelto que cuando se demuestra que la omisión del sello es ■el resultado de un accidente casual o de la inhabilidad de ob-tener el mismo, el documento no es enteramente nulo y el sello puede ser adherido en corte abierta. Ford v. Clinton, 25 Iowa 157; Hallock v. Jaudin, 34 Cal. 167. Véase la nota ;a la página 51 del Tomo 7, American Reports. En el caso .de Rheinstrom v. Cone, 26 Wis. 163; 7 Am. Rep. 48, se hace un buen análisis del peso de la prueba en cuanto a la inten-ción de defraudar al gobierno. Una vez más la cuestión sur-gió con motivo de las leyes de rentas internas federales, las que, conforme Remos visto, tienen la limitación de que los documentos en que no se adhieran sello de rentas internas serán nulos tan sólo “cuando la omisión se Raga con la in-tención de evadir la ley.”

La sección pertinente de nuestro estatuto lee:

“Sección 6. — Todos y cada uno de los documentos o escritos que por esta -ley se requiere lleven un sello o sellos de rentas internas serán nulos y sin valor y no se admitirán como prueba en juicio a menos que dichos sellos hayan sido fijados a los mismos. ’ ’

La sección 2 de la ley provee, en su arancel de los dere-chos que deberán pagarse a los secretarios, lo siguiente :

“Sección 2.— ....... .
“O. — Por entrar una causa en el calendario y señalarla para juicio_5.00.”

La sección 6, supra, se refiere a documentos y escritos, mientras que la sección 2, párr. C, se refiere a un acto o ac-tuación del secretario, o sea, “entrar una causa en el calen-dario y señalarla para juicio”. XJno podría interpretar el inciso C, supra, en el sentido de que exige que se adhiera un sello a la moción en que se solicita la inclusión de una causa en el calendario y hacer así que esa disposición caiga dentro de los preceptos de la sección 6, toda vez que la “mo-ción” sería un documento o escrito. Esta parece ser la prác-tica seguida por la profesión en general.

De acuerdo con la ley en vigor nos parece que la persona que se oponga a la admisión del documento o que lo ataque de nulidad, sólo necesita probar que carecía de los sellos de rentas internas. Una vez que ha hecho esto, de existir alguna presunción, la misma debe hacerse en su favor. El peso de la persuación, por no decir de la prueba, debe recaer sobre la parte que deja de adherir el sello, para jus-tificar su omisión o para demostrar que ello se debió a un error o por inhabilidad de obtenerlo. Cuando una persona ha adherido cierta parte de los sellos requeridos y meramente incurre, por inadvertencia, en un incumplimiento parcial, esto puede tomarse en consideración como prueba tendente a demostrar la bnena fe de sn parte, suponiendo que ésta baste. Pero sea ello como fuere, debe exigírsele que presente un' caso prima facie de buena fe, radicando un affidavit de mé-ritos, presentando prueba al efecto, o en alguna otra forma.

En el caso que está ante la corte los autos no revelan actuación alguna por parte del apelante en la corte inferior (fuera de adherir el sello a su moción más de dos meses, después de radicada), que- tienda a demostrar su buena fe original.

Suponiendo entonces que el apelante pudiera evitar la desestimación demostrando buena fe, nada bay ante este Tribunal que revele tal tendencia.

La resolución de la Corte de distrito 'de 6 de noviembre de 1936, negándose a desestimar la apelación- procedente de la corte municipal, debe ser anulada y dicha apelación de-sestimada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Seííor Wolf

text:
    La Sucesión de José Inés González, Etc., demandante y apelante, v. The Federal Land Bank of Baltimore, demandado y apelado.
    Núm. 6261.

    Sometido: Marzo 6, 1936.

      Resuelto: Mayo 3, 1937.

      Armando A. Miranda, abogado de la apelante; Frank Martinez, M. Cruz Iíorta y S. García Díaz, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Seííor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

La viuda e hijos de José Inés González entablaron de-manda contra The Federal Land Bank of Baltimore en soli-citud de que una escritura de hipoteca otorgada en 3 de sep-tiembre de 1926, y el subsiguiente procedimiento para su ejecución fuesen declarados absolutamente nulos y sin efecto legal alguno. Los demandantes solicitaron se les devolviera la finca y la suma de $100,000 por concepto de daños y per-juicios.

La demanda alega tres causas de acción, a saber:

1. — Que la escritura de hipoteca que sirvió de base al procedimiento ejecutivo es absolutamente nula e ineficaz, toda vez que no fué redac-tada de acuerdo con los requisitos de la Ley Notarial de Puerto Rico. La infracción específica consistía en estar impresa y en haber sido escrita en papel de más de 24 líneas por página.

2. — (a) Que la sucesión de José Inés González, consistente en su esposa supérstite, Cleofe Roldán, y sus legítimos hijos Dolores, José, Carmen, Leonor, Francisco, Pedro, Jorge, Herminia, Victoria, y María Luisa González, nunca fué hecha parte en el procedimiento ejecutivo.

(&) Que aun asumiendo que se le hiciera parte, el requerimiento de pago librado por la corte en dicho procedimiento no estaba dirigido a los hijos de José Inés González.

(c) Que en la petición inicial no se alegaban las sumas cobradas por concepto de intereses o principal, conforme exige el artículo 169 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.

(d) Que los hechos y razones legales que sostenían la certeza, subsistencia y exigibilidad de la reclamación y la jurisdicción de la corte no fueron enumerados en la petición inicial.

(e) Que debido a las anteriores deficiencias el procedimiento ejecu-tivo era nulo e ineficaz.

(/) Que el requerimiento de pago no fué debidamente notificado.

3.- — Que los demandantes fueron ilegalmente desposeídos de su propiedad y han sufrido daños y perjuicios que estiman en la suma de $100,000.

La contestación contenía las siguientes alegaciones:

En cuanto a la primera causa de acción admitía los hechos alegados, pero sostenía que los supuestos defectos no hacían que la escritura de hipoteca fuera nula e írrita.

En lo relativo a las causas de acción segunda y tercera contenía una negación específica de cada párrafo de la misma y alegaba afirmativamente que lo contrario era lo cierto.

Las defensas especiales eran: (a) la legalidad absoluta del procedimiento ejecutivo y (6) impedimento (estoppel) por parte de los demandantes para atacar la validez de la escritura de hipoteca.

La evidencia aducida en el juicio consistió principalmente en los autos del procedimiento ejecutivo. La viuda e hijos limitaron su testimonio a manifestar los sufrimientos a que habían sido sometidos por virtud del procedimiento ejecutivo y por haber sido posteriormente desposeídos de su propiedad. La corte inferior declaró sin lugar la demanda.

Tres de los cinco errores señalados por los apelantes se refieren a la desestimación por la corte sentenciadora, respectivamente, de cada una de las tres causas de acción presentadas por los demandantes. Los otros dos errores no han sido argumentados en el alegato de los apelantes, de suerte que los consideraremos como abandonados.

El demandado admitió que la escritura de hipoteca estaba impresa y redactada en papel cuyas hojas contenían níás de 24 líneas por página. Las secciones 12 y 17 de nuestra Ley Notarial de marzo 8, 1906 (Leyes de 1906, pág. 141), tal como leían a la fecha en que se otorgó la escritura, proveían;

“Sección 12. — Las escrituras originales deberán escribirse en pliegos enteros, y por la parte en que hayan de encuadernarse, tendrán un margen en blanco de 20 milímetros, a más de otro de 60 milí-metros en cada llana a la izquierda de la escritura que rubricará el notario, y a la derecha un canto o margen de 3 milímetros; Dispo-niéndose, que los notarios no podrán empezar ninguna escritura matriz sino en pliego distinto, y la primera llana de cada pliego tendrá 20 líneas y las demás 24.
“Sección 17. — (Tal como fué enmendada por la Ley núm. 15, aprobada el 12 de marzo de 1914.) Las escrituras públicas se redac-tarán en lengua castellana, pero podrán hacerse en inglés, siempre que el notario y las partes y testigos conozcan ese idioma. No podrán hacerse en ellas abreviaturas ni dejarse blancos, y podrán hacerse los originales manuscritos o en maquinilla, pero en este último caso deberán usarse cintas de color indeleble, bajo la multa máxima de 500 dollars que impondrá el juez al notario que así no lo hiciese. No podrán usarse guarismos en la expresión de fechas y cantidades, a no ser que al pie de las mismas se consignen en letras, y el notario certificará de haberlas leído a las partes y a los testigos instrumentales, o de haber permitido que las leyesen a su elección antes de que las firmen. No es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria de la estipulación o declaración que contenga, ni de las condiciones o circunstancias legales de las personas o cosas a que se refiera: bastará que consigne una vez, al final del docu-mento, que certifica de todo lo contenido en el mismo, para que tal expresión se entienda aplicada a todas las palabras, estipulaciones, manifests ciones y condiciones reales o personales, contenidas en el instrumento, con arreglo a las leyes.”

La corte inferior consideró que los defectos relativos a las líneas e impresión de la escritura eran defectos formales y que no eran suficientes para anular la escritura en sí. Con-venimos con la corte inferior y con su razonamiento al efecto de que cuando todos los requisitos para la perfección de una obligación hipotecaria han sido cumplidos y los procedi-mientos completamente francos, no debe ser posible para los herederos o sus causahabientes atacar la validez de la obliga-ción debido a un defecto formal de la escritura.

Cuando se presentó originalmente el documento para que las partes lo firmaran, ellas tuvieron la oportunidad para oponerse a su forma. Debe asumirse que al firmarlo renun-ciaron cualesquiera desviaciones formales o técnicas del mo-delo oficial. Según indica la corte, la ley no incluye defectos de este género entre los que vician de nulidad una escritura. Son defectos que no afectan la obligación substantiva creada por el documento. Conforme dice la corte inferior en su opinión—

“A la luz de la jurisprudencia que se deja apuntada y de los principios arriba enunciados, entiende la Corte que la escritura en virtud de la cual se constituyó la hipoteca que se ejecutó por el procedimiento Núm. 9811 de esta Corte, contiene todos los requisitos esenciales para la validez del contrato objeto de la misma, máxime si se tiene en cuenta que el contrato quedó perfeccionado, toda vez que aparece de la misma que el deudor hipotecario tenía la libre disposición de los bienes hipotecados — Artículo 1758 del Código Civil; que el objeto del contrato fue un bien inmueble — Artículo 1775 del Código Civil — y que la hipoteca se constituyó por escritura pública que fué inscrita en el Registro de la Propiedad — Artículo 1776 del Código Civil.”

Además, estamos inclinados a convenir con el apelado en que la viuda e hijos de José Inés González están impedidos, luego de recibir y disfrutar sus beneficios, de atacar por este motivo la validez de la escritura.

El segundo error alega el haberse dejado de hacer parte demandada a la sucesión; la falta de notificar debidamente a los hijos del deudor finado y el dejar la petición inicial de expresar las sumas cobradas por concepto de intereses o principal o de exponer las razones legales relativas a la certeza, subsistencia y exigibilidad de la reclamación o la jurisdicción de la corte. De un examen detenido de los-antes en el procedimiento ejecutivo hallarnos:

(a) Que aunque el caso se titulaba nominalmente “The-Federal Land Bank of Baltimore v. Cleofe Boldán y la Suce-sión de José Inés González, se desprendía claramente de las alegaciones de la petición inicial que la Sucesión estaba com-puesta de su viuda y de sus hijos legítimos, los que se nom-braban específicamente en el párrafo quinto de la misma.

(b) Que el requerimiento de pago iba dirigido a la viuda. e hijos de José Inés González, y que se notificó personalmente-con copia a cada uno de los hijos y a la viuda. Que además-el márshal verbalmente les requirió de pago. •

(c) Que la petición inicial aduce en el primer párrafo que la deuda hipotecaria debía pagarse en veinte plazos anuales-con intereses al 6 por ciento, es decir, 19 plazos de $191.84 cada uno y un último plazo de $190.64; y que en el cuarto-párrafo se alega que los primeros dos plazos fueron pagados,, pero que hubo un incumplimiento de los plazos tercero y cuarto.

(d) Que los hechos y razones legales que sostenían la certeza, subsistencia y exigibilidad de la reclamación y la jurisdicción de la corte fueron alegados suficientemente en el escrito inicial.

De las anteriores consideraciones es razonablemente apa-rente que la viuda e hijos legítimos del deudor José Inés González fueron hechos partes y substancialmente notificados con copia del requerimiento de pago y que el márshal les requirió personalmente para que pagaran la deuda hipote-caria. Llegamos a la conclusión de que fueron debidamente llevados ante la corte.

El contenido del primer párrafo de la petición inicial en que se hacen constar las cuantías numéricas de los plazos, unido a la alegación del cuarto párrafo al efecto de que los dos primeros fueron pagados, basta para concluir que el precepto del artículo 169, relativo a la necesidad de expresar categóricamente las sumas cobradas por concepto de inte-reses o principal, fue cumplido substancialmente. En adición a esto podríamos agregar- que las tablas de amortización que aparecen al dorso del pagaré hipotecario, en que figuraban los pagos efectuados y las fechas en que se hicieron los mismos, formaban prácticamente parte de la petición inicial, toda vez que el pagaré fue unido a ésta. Convenimos con el banco apelado en que este precepto fué puesto en la Ley Hipotecaria para asegurar a las cortes de que no se le cobra al deudor más de lo que realmente debe. No existe contención alguna al efecto de que la cantidad cobrada sea incorrecta. De cuanto estuvo ante la corte ésta podía determinar exacta-mente lo que se había pagado.

Los apelantes no arguyen cómo los hechos y razones legales para sostener la reclamación y jurisdicción de la corte son deficientes. Repetimos, que luego de examinar los autos del procedimiento ejecutivo, hallamos que la petición inicial contenía todas las alegaciones necesarias de hecho y de derecho para sostenerla.

Esto resuelve el caso toda vez que el tercer señalamiento de error procede en la asunción de que el procedimiento ejecutivo era nulo e ineficaz.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.