author: El Juez. Señob Hutchison

text:
    Isabel Vázquez Vda. de McCormick, demandante y apelante, v. Miguel Ángel Gutiérrez Guevara, representado por su padre con patria potestad Santos Gutiérrez, demandado y apelado.
    Núm. 6675.

    Sometido: Junio 16, 1937.

      Resuelto: Julio 31, 1937.

      •C. Domínguez Rubio' y T. Bernardini de la Huerta, abogados de la apelante; Luis F. Camacho, abogado del apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez. Señob Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Isabel Vázquez viuda McCormick inició este pleito para recobrar cierta finca (vendida como resultado de un proce-dimiento ejecutivo sumario) y para otros fines, basada en la teoría de que el procedimiento ejecutivo era enteramente nulo. El juez de distrito sostuvo una excepción previa de falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción y, luego de declarar sin lugar una'moción de reconsi-deración, desestimó la demanda.

El procedimiento ejecutivo fué entablado en la Corte de Distrito de G-uayama, donde radicaba la finca. La deudora hipotecaria residía en Arecibo. El requerimiento de pago fué notificado a la deudora en Arecibo y a Manzano Aviñó, descrito por el márshal en su diligenciamiento como arrenda-tario o inquilino y representante a cargo de la finca hipote-cada. El acreedor hipotecario obtuvo entonces permiso para enmendar su petición y solicitó que se requiriera de pago nuevamente tanto a la deudora hipotecaria en persona en su residencia en Arecibo como a la persona que se hallara al frente de dicha finca en cualquier concepto legal. El nuevo requerimiento fué notificado a Manzano Aviñó. La aquí demandante alega ahora que Manzano Aviñó no era inquilino, arrendatario o apoderado suyo y que no hubo notificación por edicto. Véase Ruiz de López v. Corte de Distrito, 42 D.P.R. 286, y Oller v. Cadierno, 49 D.P.R. 873.

En ausencia de alegación alguna al efecto de que el nuevo requerimiento no fué notificado a la deudora hipotecaria en Arecibo, según se solicitaba en la petición enmendada y con-forme se ordenó por el juez de distrito, o de que tal notifi-cación era defectuosa, la supuesta omisión de notificar por edictos no fué un defecto jurisdiccional. Por igual motivo no creemos necesario considerar los presuntos defectos en la notificación del nuevo requerimiento de pago hecha a Man-zano. Por idénticas o similares razones creemos innecesario considerar alegados defectos en la anterior notificación del requerimiento de pago original hecho a Manzano y el pre-sunto defecto en el diligenciamiento del márshal de Arecibo respecto al requerimiento de pago original en la persona de la deudora hipotecaria.

No hemos pasado por alto el hecho de que en la demanda original en este caso se alegaba que la petición enmendada no fué notificada a la deudora, hipotecaria en Arecibo. Sin embargo, al resolver una excepción previa contra la demanda enmendada, esta alegación debe tenerse por abandonada. A este respecto sólo podemos considerar la demanda enmendada. 1 Bancroft’s Code Pleading 812, sección 562.-

La petición inicial en el procedimiento ejecutivo sumario fué presentada el 13 de octubre de 1932. Iba acompañada de un certificado expedido por el registrador el 10 del mismo mes. La petición enmendada en el procedimiento ejecutivo fue radicada el 21 de noviembre del indicado año. En dicho día el juez de distrito autorizó la expedición de un nuevo requerimiento de pago y ordenó que el mismo fuese notificado a la deudora hipotecaria. Esta orden se basó en el certificado del registrador de fecha 10 de octubre. La ape-lante sostiene ahora que el procedimiento ejecutivo fué nulo por falta de jurisdicción, toda vez que la petición enmendada presentada el 21 de noviembre no iba acompañada de un cer-tificado del registrador fechado "dentro de los quince días inmediatamente anteriores al 21 de noviembre, conforme exige el artículo 169 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria.

El artículo 128 de la Ley Hipotecaria reseña el procedi-miento preliminar a la venta de bienes hipotecados. El 129 provee:

“Si antes de que el acreedor baga efectivo su derecho sobre la finca hipotecada pasare ésta a manos de un tercer poseedor, se en-tenderán directamente con éste todas las diligencias prevenidas en el artículo anterior, como subrogado en la personalidad del deudor.”

El artículo 169 del Reglamento exige que la petición en el procedimiento ejecutivo sumario vaya, acompañada de un certificado con fecha posterior al vencimiento de la obliga-ción, y que haga constar, entre otras cosas, “las inscripcio-nes ... de transmisión de dichos bienes a favor de terce-ros.” Dispone además que: “Este certificado no podrá ser de fecha anterior en más de quince días a la presentación de la demanda.” El artículo 170 lee, en parte, así:

“El juez examinará el escrito y los documentos que lo instruyan, .y si considera cumplidos los requisitos legales, sin más trámites, dic-tará auto, mandando requerir a los que, según la certificación del registro, estuvieren en posesión de los bienes hipotecados, ora los conserve el deudor, ora se hayan transmitido a tercero en todo o en parte, para que dentro de treinta días verifiquen el pago de la suma reclamada con las costas, si también estuviesen hipotecariamente ga-rantidas, bajo -apercibimiento de procederse' a la subasta de los bie-nes hipotecados.” ■

Este auto participa de la naturaleza de una sentencia por confesión sin celebración de juicio. Perales v. Corte de Distrito, 43 D.P.R. 902, 909 y P. R. Leaf Tobacco Co. v. Aldrey, 13 D.P.R. 234. Una enmienda después de sentencia, de ser concedida en bien de la justicia, a tenor de las disposiciones del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, conlleva el dejar sin efecto la sentencia. 1 Bancroft’s Code Pleading 782, sección 531; 49 Corpus Juris 483, sección 623.

En Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269, 271, este tribunal dijo:

“Una nota característica de nuestra Ley Hipotecaria, es la de previsión. Sería algo que se acercara a los límites de lo extraor-dinario que se hubiera dejado en la ley un vacío, que en un proce-dimiento en el que quizá se sacrifican algunos principios en favor de la rapidez y la seguridad del cobro del crédito, produjera una multiplicidad de litigios.”

Sin embargo, ni la Ley Hipotecaria ni su Reglamento con-tienen disposición expresa relativa a la enmienda de la peti-ción. De existir alguna autoridad .implícita para que se baga tal enmienda, ella debe bailarse en el párrafo final del artículo 176 del Reglamento, que provee:

“Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigentes en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, serán aplicables a estos procedimien-tos como supletorias, en cuanto no se opongan a lo prescrito en la hipotecaria y en el presente reglamento.”

La Ley de Enjuiciamiento Civil a que se bace referen-cia en el artículo 176 del Reglamento ba sido, desde luego, suplantada por nuestro actual Código de Enjuiciamiento Civil. No nos detendremos abora a considerar, sin la ayuda de los letrados, la posibilidad de que algunas disposiciones del antiguo Código puedan considerarse que ban continuado en vigor como suplementarias de la Ley Hipotecaria y su Reglamento.

La notificación de una petición enmendada al deudor hipo-tecario en la forma provista por el Código de Enjuiciamiento Civil equivaldría a un absurdo. No existe un “demandado” dentro del significado de esa palabra, conforme la misma es usada en el Código de Enjuiciamiento Civil, a quien se pueda hacer la notificación. El deudor hipotecario, al ser notificada de una petición enmendada, no podría contestar ni excepcio-nal’ a la misma.

Es ley familiar que una demanda enmendada sustituye la original para todos los fines, sujeto a dos o más excep-ciones bien conocidas. La admisión de una enmienda, luega de notificado el requerimiento de pago en un procedimienta ejecutivo sumario, envuelve necesariamente la expedición de una nueva orden autorizando el libramiento de un nueva requerimiento de pago y la notificación del segundo reque-rimiento de pago al deudor hipotecario. Fuera de cualquier cuestión relativa a si el procedimiento está prescrito o en torno a si la petición enmendada aduce una nueva e indepen-diente causa de acción, o en cuanto al efecto de la enmienda sobre un embargo o anotación de lis pendens preexistente, el archivo de una petición enmendada equivale práctica-mente a la reiniciación del procedimiento. En el presente caso el peticionario en el procedimiento ejecutivo había adu-cido como razón para solicitar permiso para enmendar, que de no enmendarse su petición el procedimiento ejecutiva sería nulo.

El fin claro de la Ley Hipotecaria y su Reglamento es que el requerimiento de pago se haga a la. persona que figura como dueña en el registro al tiempo del requerimiento o por lo menos al tiempo en que el Registrador expide el certifi-cado, que debe estar fechado con no más de quince días de anterioridad a la radicación del escrito inicial. Si la radi-cación del certificado del Registrador fechado con no más de quince días de antelación a la fecha en que se archiva el escrito inicial, es un requisito previo jurisdiccional a la expe-dición del auto para que se libre el requerimiento de pago, existe mucho peso en el argumento de que, al radicarse una petición enmendada, un nuevo certificado del Registrador, fechado con no más de quince días de anterioridad a la pre-sentación de la demanda enmendada, es igualmente un requi-sito previo jurisdiccional a la. expedición de un nuevo auto para que se libre un segundo requerimiento de pago.

La aquí demandante no alega que la deudora hipoteca-ria, a quien se presumía se hizo el segundo requerimiento de pago, había dejado de ser la dueña, según el registro, de la finca hipotecada. En vista de la conclusión a que hemos llegado sobre otro aspecto del caso, no es necesario que ahora determinemos si el procedimiento ejecutivo sumario era o no nulo de toda nulidad por faltar el segundo certifi-cado del Registrador, independientemente de cualquier cues-tión relativa a un cambio material en el registro de la pro-piedad con posterioridad a la fecha en que se 'expidió el primer certificado y antes de archivarse la petición enmendada. Nuestro objeto por ahora es llamar la atención del foro y de las cortes de distrito hacia la importancia del asunto y respecto a algo que, a nuestro juicio, resulta decididamente ser la mejor práctica. La prudencia ordinaria debe inducir a un acreedor que ejecuta su hipoteca y que considera nece-sario enmendar su petición después de haber transcurrido el período de quince días, a presentar un nuevo certificado con su petición enmendada. De ordinario el juez de distrito debe exigir esto para proteger a los futuros adquirentes, 'así como a los dueños seguín el registro o a las personas que ten-gan gravámenes a su favor. Si tales dueños y personas con gravámenes a su favor no son notificados del procedimiento, ellos no quedan obligados por el mismo. Montes de Oca v. Báez et al., 23 D.P.R. 707.

Otra contención es que la subasta era nula: porque el postor adjudicatario no consignó' el montante de su puja; porque cualquier error que hubiera en el certificado de venta no podría subsanarse a instancias del márshal, que no era parte en el procedimiento; porque el márshal no adhirió a su moción un sello de rentas internas; porque la nueva acta de subasta cambia el nombre de la persona del adquirente en grave perjuicio para El Pueblo de Puerto Eico en sus dere-chos arancelarios.

En su certificado original el marshal hizo constar que el único postor lo fue el demandante Santos Gutiérrez, como padre con patria potestad sobre su menor hijo Manuel Ángel Gutiérrez Guevara, y ofreció la suma de mil dólares para abonar a su crédito reclamado. Diez y siete días después del •otorgamiento de la escritura, el marshal solicitó permiso para enmendar su certificado a fin de que el mismo demostrara más claramente que la finca había sido adjudicada al hijo representado por su padre. El cambio no equivalía a la sus-titución del nombre de un adquirente por' el de otro. Fue meramente una aclaración en la fraseología del certificado original. La venta no quedó invalidada por el hecho de que la enmienda se hiciera a instancias del marshal. Acreditán-dose el importe de la oferta y la cuantía de la deuda, no había necesidad de que se hiciera un depósito. La cues-tión relativa al efecto de haber dejado el márshal de adherir un sello de rentas internas a su moción no ha sido discu-tida por la apelante en su alegato, ni es necesario que la discutamos aquí.

Otro supuesto motivo de nulidad es que ni la petición en el ejecutivo sumario, ni la copia de la hipoteca unida a la misma, iban acompañadas de prueba de una autorización judicial en favor del padre para hacer un préstamo del dinero perteneciente a su hijo menor de edad. En el artículo 1254 del Código Civil (Edición 1930) puede hallarse una respuesta suficiente a esa contención. “Las personas capaces no podrán . . . alegar la incapacidad de aquéllos con quienes contrataron ...” Quizá haya más mérito en la contención algo similar de que no hubo autorización judicial para iniciar el procedimiento ejecutivo. Véase el inciso 13 del artículo 212 del Código Civil (ed. 1930). Pero véanse también Dávila v. P. R. Ry. Light & Power Co., 44 . D.P.R. 950, 957; Lezcano v. Sucn. Sifonte, 42 D.P.R. 400; Cibes v. Santos, 22 D.P.R. 224. Sin embargo, en vista de la libertad existente en cnanto al procedimiento a seguir en ejecuciones de hipoteca, y en vista del hecho de que el pro-cedimiento sumario puede resultar ser un boomerang en manos de un litigante poco escrupuloso, nos permitimos suge-rir que el curso más apropiado a seguir cuando se trata de un acreedor hipotecario menor de edad, es obtener autori-zación judicial para iniciar tal procedimiento.

La demandante también alegó que el procedimiento ejecutivo era nulo o anulable porque aunque la hipoteca disponía el pago de intereses a razón del 12 por ciento anual y la deudora hipotecaria los había estado pagando a ese tipo a partir de la fecha en que se otorgó la hipoteca, el acreedor en junio de 1931 aumentó el tipo a $12.50 por mes, suma que la deudora hipotecaria pagó a partir de julio de dicho año, y cuando ella solicitó una rebaja al tipo legal de $10, el acreedor se negó a ello e instituyó el procedimiento ejecutivo. A este respecto resulta importante la fecha de cierto pago abonado por la acreedora hipotecaria al importe del principal de la hipoteca. Si, según por inferencia aparece de la alegación y de otros hechos, infra, dicho pago se hizo antes de aumentarse el tipo de interés, tal aumento era indudablemente usurario. La cuestión relativa al efecto de esta transacción usuraria sobre la validez del procedimiento ejecutivo sumario no ha sido discutida adecuadamente en los alegatos, y toda vez que la resolución y sentencia de la corte de distrito deben ser revocadas por otro motivo, no iniciaremos una investigación independiente de este aspecto del caso.

De la demanda presentada en este caso aparece que la hipoteca se constituyó por el término de once meses trece días para garantizar el pago de $1,041 como principal y “los intereses por el término del contrato” a razón del 12 por ciento anual, pagaderos por mensualidades. Se desprende además que después de radicada la petición enmendada en el procedimiento ejecutivo la corte de distrito ordenó se expi-diera un requerimiento para el pago (•«) de mil dólares como saldo adeudado del principal por haber abonado la deudora a cuenta del mismo la cantidad de $41 y (b) de diez dólares para intereses adeudados y vencidos correspondientes a la última mensualidad de octubre de 1932, por haber abonado la deudora $120 de intereses por el año de la constitución de la hipoteca y $960 de intereses de mora por convenio de las partes. Evidentemente los $10 de intereses correspon-dientes a octubre de 1932 no estaban cubiertos por la hipo-teca, y debido a haberse incluido esa partida en la orden decretando la expedición del requerimiento de pago, el pro-cedimiento ejecutivo era una nulidad. Santos v. Crédito y Ahorro Ponceño, 41 D.P.R. 946; Martorell v. Crédito y Ahorro Ponceño, 42 D.P.R. 655.

La resohición de la corte de -distrito -declarando con. lugar la -excepción previa y la sentencia que declaró sm lugar la demamda -deben s-er revocadas. Se declara sin hogar la •excep-ción previa de falta de hechos suficientes para determinar urna canosa de acción y se devuelve -el -caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor HutchisoN

license: Public Domain

text:
    Apelio Felices Portilla, demandante y apelante, v. Porto Rico Iron Works y Portilla Iron Works, Inc., demandados y apelados.
    Núm. 7231.

    Sometido: Junio 10, 1937.

      Resuelto: Julio 31, 1937.

      B. Bivera Zayas, José 8. Alegría y Felipe Cotón Díaz, abogados del apelante; F. Parra Capó j F. Parra Toro, abogados de los ape-lados.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN

emitió la opinión del tribunal.

La regla 3 del Reglamento para las cortes de distrito lee así:

“Al llamarse el calendario en cada término regular, la Corte, motu proprio y previa notificación de, por lo menos, cinco días a las partes, podrá ordenar la desestimación y el archivo de todas las acciones, pleitos y procedimientos pendientes en los cuales no se hu-biere hecho progreso alguno y anotádose en el récord, por un pe-ríodo de un año o más, debido a la negligencia de las partes; a menos que esta tardanza se justifique oportunamente a satisfacción del Tribunal.”

El apelante sostiene que la Corte de Distrito de Ponce abüsó de su discreción al desestimar una acción de daños y perjuicios por falta de instancia y al declarar sin lugar una moción de reconsideración. La relación de todos los hechos no serviría un fin muy útil. El alegato del apelante deja de demostrar un abuso de discreción. El artículo 317 del Código de Enjuiciamiento Civil lee, en parte, así:

“Toda notificación de una moción deberá hacerse por escrito a no disponerse en este Código que se verifique de otro modo y se practicará con cinco días de anticipación al señalado para la vista si ésta tuviere lugar en el distrito en que se siga el pleito y con diez días en los demás casos. Cuando la notificación se haga por correo, se ampliarán los términos anteriores, según los casos, a razón de un día más por cada veinte y cinco millas de distancia entre el lugar del juicio y aquél en que deba hacerse la notificación, sin que la ampliación del término pueda exceder de treinta días; pero la corte o juez podrá señalar un término más breve. Al hacerse la notifica-ción de una moción o de la orden que en virtud de ella se dicte para que se dé la razón de algún acto, se acompañarán copias de la mo-ción y de la orden y de los documentos con aquélla presentados, exceptuándose las actas de la corte y los legajos del pleito, pero no habrá necesidad de notificar por escrito ninguna moción que afecte a las alegaciones o a la sentencia, ni la que se haga durante el curso del pleito. ”

El 18 de septiembre de 1935, el secretario de la corte de distrito informó al juez de distrito por escrito que no se babía hecho nada por ninguna de las partes por espacio de más de un año y sugirió el archivo del recurso. El juez de distrito dispuso que ambas partes mostraran causa por la cual no debía archivarse el litigio y concedió a cada una de ellas diez días para que comparecieran y mostraran tal causa. Ambas partes fueron debidamente notificadas. El demandante solicitó, en 26 de septiembre, que se dejara sin efecto la orden del 18 del mismo mes. Los demandados solicitaron, el 30 de septiembre, en oposición a la moción del demandante, que el recurso fuese archivado conforme suge-ría el Secretario. En primero de octubre el juez de distrito señaló ambas mociones para el día 7 y ambas partes fue-ron notificadas. El tercer señalamiento es que la corte inferior cometió error al no conceder más de cinco días desde que se dictó la orden hasta el día fijado para la vista. El demandante tuvo en total más de quince días para mostrar causa por la cual no debía archivarse el recurso. La moción para que se dejara sin efecto la orden de la corte de sep-tiembre 18 no estaba jurada. Los hechos aducidos en la contramoción estaban sostenidos por la declaración jurada de uno de los letrados de los demandados. El demandante no presentó una contradeclaración jurada ni solicitó un término adicional para prepararla. El demandante solicitó, en octu-bre 23, que se dejara sin efecto la sentencia de octubre 7. En esta moción el demandante llamó la atención del Juez de Distrito hacia el hecho de que sólo habían transcurrido cinco días desde la fecha en que se dictó la orden señalando las dos mociones de reconsideración y la fecha de la vista, mas dejó de demostrar que él hubiera sido perjudicado en forma alguna al dejarse de señalar una fecha posterior para la vista o que se hubiese llegado a un resultado distinto de haberse fijado una fecha posterior. En la orden de la corte de distrito señalando el 7 de octubre para oír las dos mocio-nes no hallamos ningún error que dé lugar a la revocación.

La sentencia y resolución <a/peladas deben ser confirmadas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Roberto García, representado por su madre legítima Elena Ortiz, conocida también por Aurora Ortiz, demandante, apelante y apelado, v. Rafael O. Fernández y Great American Indemnity Co., demandados, apelados y apelantes. Elena Ortiz, conocida también por Aurora Ortiz, por sí y como madre con patria potestad sobre sus hijos legítimos Carmen Socorro, Francisco, Antonio y Roberto García, demandantes y apelantes, v. Rafael O. Fernández y Great American Indemnity Co., demandados y apelados.
    Núms. 7209 y 7210.

    Sometidos: Junio 3, 1937.

      Resueltos: Julio 31, 1937.

      B. Bivera Zayas y Joaquín Valilla, abogados de los demandantes apelantes; J. Valide juU Bodríguez, abogado de los demandados apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del . tribunal.

Las partes estipularon en la corte de distrito que estos dos casos fuesen acumulados y vistos conjuntamente, por tra-tarse en ambos de los mismos Lechos. También los resolve-remos en una sola opinión.

El menor Roberto García, representado por su padre Francisco García y éste y su esposa Elena Ortiz, indepen-dientemente de aquél y en una demanda aparte, demanda-ron a Rafael O. Fernández y a The Great American Indemnity Go. en reclamación de daños y perjuicios.

La corte inferior declaró con lugar la demanda del pri-mero, y en su consecuencia condenó a los demandados a pagarle solidariamente la suma de $1,000, sin costas. De esa sentencia lian apelado tanto los demandados como el deman-dante.

La demanda de Francisco García y Elena Ortiz fué, por el contrario, declarada sin lugar, y también han apelado.

Alega el menor en su demanda que el día 28 de febrero de 1932, mientras jugaba con otros niños en la acera izquierda de la calle General Contreras, el demandado Rafael O. Fer-nández, guiando un carro de su propiedad en dirección de este .a oeste, por la cuadra comprendida entre las calles Tanca y San Justo, de San Juan, estando expedita su derecha la abandonó negligentemente, desviándose hacia la izquierda, hasta el borde mismo de la acera donde le cogió el pie iz-quierdo, causándole un desprendimiento epifisiario del primer metatarso izquierdo con gran separación de los tarsos del mismo lado, a consecuencia de lo cual se encuentra par-cialmente incapacitado para el uso de la pierna izquierda. Que dicho demandado ni redujo la velocidad que llevaba, ni locó ningún aviso o aparato de alarma. Alega también que el automóvil con el cual se le causaron las lesiones por las que reclama, estaba en esa fecha asegurado con la otra demandada The Great American Indemnity Co. Termina suplicando que se le concedan $10,000 de indemnización.

La reclamación de sus padres se basa en la pérdida de los servicios del hijo, y en los gastos de asistencia, cuidado y tratamiento que les han sido ocasionados, solicitando por todo una indemnización de $5,000.

Los demandados negaron todos los hechos alegados y como-defensas especiales adujeron, primero, que el accidente se-debió directa y próximamente a los actos del propio deman-dante y a la omisión de sus padres Francisco G-arcía y Elena Ortiz, sin que interviniera ni culpa ni negligencia por parte-del demandado Rafael O. Fernández; segundo, que si inter-vino la negligencia de éste, el demandante y sus padres fue-ron culpables de negligencia contribuyente.

Roberto García señala en su alegato los siguientes dos-errores que le atribuye a la corte sentenciadora:

Primero: ... el fijar en $1,000 la indemnización a que tiene-derecho el demandante por concepto de daños y perjuicios, siendo-dicha suma completamente inadecuada e insuficiente.

Segundo: Cometer manifiesto error y ejercitar erróneamente su: discreción al no imponer el pago de .las costas a los demandados.

Los demandados le atribuyen estos otros cuatro:

Primero: Haber apreciado errónea y equivocadamente la eviden-cia en este caso, no sosteniendo la prueba presentada las conclusio-nes a que llegó el tribunal.

Segundo: Haber declarado que no fue culpable de negligencia-, contribuyente el demandante y aplicado erróneamente el caso de Bo-nvañat v. White Star Bus Line, Inc., 43 D.P.R-. 939.

Tercero: Haber concedido la suma de $1,000 por concepto dé-los daños y perjuicios que se dicen ocasionados, siendo dicha canti-dad excesiva e improcedente, no estando justificada por la evidencia en este caso y los precedentes establecidos por esta Hon. Corte Su-prema.

Cuarto: Haber permitido la declaración del Dr. Diego Biascoe-chea, que se dice intervino con el demandante más de un año des-pués del alegado accidente.

Por último, Francisco García y Elena Ortiz sostienen que::

“La corte erró al declarar que los demandantes apelantes no de-mostraron haber incurrido realmente o estuvieren obligados a pagar-las cantidades alegadas en la demanda, ni que hayan perdido ni se-vean privados en el porvenir de los servicios del menor.
“La Corte erró al declarar sin lugar la demanda.”

Hemos leído detenidamente la transcripción de toda la evidencia y encontramos qne existe en verdad nn marcadoconflicto entre la aportada por el demandante y aquélla introducida por los demandados. Las teorías de ambas partes en cuanto a la forma en qne ocurrió el accidente, son asimismoirreconciliables entre sí, pues mientras el primero sostiene qne teniendo Fernández su derecha expedita, “negligentemente la abandonó, desviándose hacia la izquierda . . . yendo a chocar con el demandante,” los segundos mantienen que RobertoGarcía salió corriendo de un zaguán hacia la calle en momento en que pasaba el demandado Fernández conduciendo su carro. Ese conflicto fue resuelto por la corte sentenciadora en la forma que hemos visto, y los demandados no sostienen queal así resolverlo actuara con pasión, prejuicio o parcialidad,, ni aparece que cometiera error manifiesto de apreciación. Es aplicable la regla invariable seguida por este Tribunal Supremo de no alterar los fallos rendidos por las cortes inferiores, a menos que concurra alguno de los elementos ya dichos. Véase el caso de José Manuel Pietri Mejia v. Rosario Bacó Polidori, núm. 7074 (ante, pág. 82), y los casos en él citados. No se cometió el primer error.

Habiendo aceptado las conclusiones de hecho a que llegó la corte de distrito, resulta que el menor demandante se encontraba, cuando fué arrollado por Fernández, en el sitioy en la forma que alega en su demanda. Y si ello es así, noaplicó erróneamente la corte a quo el caso de Bomañat v.. White Star Bus Lme, I<nc., supra, por lo que tampoco se ha cometido el segundo.

Agruparemos ahora el tercer error de los demandados y primero del demandante. En ambos se sostiene que la. corte de distrito erró al fijar en $1,000 el importe de la indemnización concedida al menor Roberto García.

“La medida de los daños,” dijo esta corte al resolver el. caso de Flores v. Sucrs. de Péres Hnos., 29 D.P.R. 1046, “ha. sido diversamente expresada y tal vez una medida satisfac-toria fue la indicada en el caso de Louisville, Gas Co. v. Fuller, 92 S. W. 566, como que es el gasto de la curación, el valor del tiempo perdido, la razonable compensación por el sufri-miento físico y mental y por la rebaja permanente en la capacidad para ganar dinero. (Citas.)” Y continúa así: “La revisión de los casos que hemos hecho nos convence de que el elemento más variable al determinar la compensación de una persona es su capacidad para ganar.”

De acuerdo con la prueba, D. R. Carrión, Inc., sufragó los gastos de curación en que incurrió el Dr. Rolenson tra-tando a este menor, incluyendo sus honorarios por servi-cios profesionales, y las radiografías tomadas por el Dr. Roses .Art.au. El Dr. Biascoechea dijo que había tratado el caso como uno de beneficencia y no hubo prueba en cuanto a quién pagó las radiografías que tomó. En cuanto al valor del tiempo del menor demandante, no podemos decir que fuera realmente mucho; ni siquiera iba a la escuela. Los únicos elementos de daños tasables en este caso son los sufri-mientos físicos y mentales y la rebaja permanente en la capa-cidad para ganar dinero, este último el más variable, según Flores v. Sucrs. de Pérez Hnos., supra. En esta clase de acciones el juez sentenciador está colocado en mejores con-diciones que el Tribunal Supremo para graduar la cuantía de la indemnización que deba concederse en cada caso, y a menos que se demuestre que la cantidad fijada sea claramente inadecuada, o improcedente, este Tribunal aceptará la con-clusión del juez como justa y equitativa (Aré et al. v. Borinquen Sugar Co., 17 D.P.R. 914). No debe, a nuestro juicio, alterarse la suma de $1,000 concedida. Los demandados apelantes no han demostrado “un claro abuso de discreción.” Carbou Rodríguez v. Mir, 36 D.P.R. 809. Se desestiman dichos errores.

La corte sentenciadora no cometió el cuarto error que le imputan los demandados, mas ese error, de haberse cometido, no causó a los demandados apelantes perjuicio alguno y no justificaría, por tanto, la revocación de la sentencia. De la relación del caso y opinión emitida por la corte a q%oo trans-cribimos los siguientes párrafos:

“El Dr. Julio R. Rolenson declaró que el niño fué llevado a la clínica Santurce el día 3 de marzo de 1932 y lo examinó encontrando que el pie izquierdo estaba bincliado y con equimosis del dorso y planta del pie y clínicamente le pareció que babía una lesión interna y ordenó una radiografía; que ésta fué tomada por el Dr. R. Roses Artau y demuestra una fractura conminuta de la cabeza articular del metatarso que corresponde al dedo del pie izquierdo; que el niño estuvo recluido en ]a clínica basta el día 9 de marzo de 1932, y luego lo siguió tratando en su oficina basta el 9 de mayo de 1932, en que lo dió de alta en buenas condiciones, pagando todos los gastos D. R. Carrión, quien es el agente de la compañía. El Dr. Rolenson exa-minó el niño en presencia de la corte y dice que se nota el callo de la fractura, que está uniendo bien, no bay edema, ni están inhibidos los movimientos del tobillo, y camina bien, teniendo como única in-capccidad una pequeña diferencia en el arco del pie izquierdo que está más bajo que el derecho.
“El Dr. Diego O. Biascoechea declairó que en el 1932 trató al niño Roberto García de la lesión que presentaba en el pie, en el Ins-tituto Médico Quirúrgico, como un caso de beneficencia, y le indicó que era necesario tomarle radiografías; que él examen demostraba una probable fractura; que como la madre del niño no estaba en condiciones de pagar las placas, se pospuso el tratamiento basta enero de 1933, en que se tomaron dichas radiografías; que le mandó a poner unos zapatos especiales y medias de goma porque el niño tenía tendencia a caerse; que con vista de las radiografías que tomó en 1933 se observa que hay separación bastante marcada de los huesos que forman el tarso, y considera' que para los efectos de usar la pierna, es una incapacidad parcial de grado alto.
“La evidencia ha demostrado además que para la fecha del ac-cidente, el niño no iba a la escuela a causa de su corta edad y que actualmente asiste a la escuela José Julián Acosta, caminando bien con sus pies. La única incapacidad que le quedará, siguiendo al Dr. Rolenson, es una diferencia pequeña en el arco del pie izquierdo que está rníás bajo que el derecho. Es de conocimiento general quedas fracturas de huesos en los brazos y piernas de los.niños de corta edad, cuando se les atiende prontamente, como en este caso, curan rápidamente, y así el Dr. Rolenson le dió de alta en buenas condi-ciones dos meses y días después del accidente."

Puede verse claramente que la corte sentenciadora basó sn sentencia en la declaración del Dr. Rolenson, que fué el perito llevado por los propios demandados, y no en la del Dr. Biascoecbea, que lo fué del demandante. Además, exa-minadas las declaraciones de ambos peritos médicos encontra-mos que no solamente no son incompatibles entre sí, sino que se complementan una a la otra en lo substancial. Tam-bién debe desestimarse este alegado error.

Carece, a nuestro juicio, de todo fundamento el segundo error, señalado por el menor, que se refiere a la no imposición de costas. El demandante Roberto García solicitó en su demanda una indemnización de $10,000. La corte de distrito le concedió $1,000, o sea una décima parte de lo solicitado. En esas circunstancias, ¿estuvieron o no estuvieron justificados los demandados en defenderse? Indudablemente que sí, por lo que no bay temeridad alguna que castigar. Cuando hay diferencia entre lo pedido en la demanda y lo concedido en la sentencia — concediéndose por ésta menos que lo pedido en aquélla — -no puede haber temeridad por parte del demandado al defenderse. Sucn. Del Toro v. Zambrana, 27 D.P.R. 482; Martínez v. Padilla, 19 D.P.R. 582; Central Pasto Viejo, Inc. v. Aponte, 34 D.P.R. 890; Cintrón et al. v. Banco Territorial y Agrícola, 15 D.P.R. 507.

Además, el tribunal sentenciador tiene facultad discrecio-nal para conceder costas, y como no se ha demostrado, según hemos visto, que se cometiera abuso alguno de discreción, este tribunal no debe intervenir en el ejercicio de esa discreción. Cautiño et al. v. Muñoz et al., 18 D.P.R. 881; Blanco v. Hernández et al., 18 D.P.R. 711; Santisteban, Chavarri & Co. v. Sucn. Godoy, 25 D.P.R. 614; Morales v. Caraballo, 27 D.P.R. 591; Del Rosario v. Rucabado et al., 23 D.P.R. 473, 488.

Entremos a discutir ahora el recurso de Francisco García y Elena Ortiz, padres del menor.

La única declaración que hace referencia a los gastos en que incurrieron estos demandantes, es la de Elena Ortiz, madre de Roberto. Entre médico, radiografía, placas y ali-mentos, dijo haber gastado algo más de $200; en farmacia, como $175; en la Clínica del Dr. García dijo haber gastado como $80; que con el Dr. Biascoechea había gastado como .$75; como $90 y pico en alimentos, asistencia y cuidado. Tnvo tres hombres que cargaron al niño, en quienes invir-tió alrededor de $48. Mientras en la demanda sostiene que sus gastos por concepto de clínica y farmacia sólo ascendie-ron a $33.75, en su declaración dijo que habían subido a $80; tampoco coinciden las cantidades por manutención, cuidados y asistencia, pues mientras en la demanda eleva la suma por ese concepto a $392.50, en su declaración sólo la hace ascen-der a $90 y pico; el Dr. Rolenson dijo que todos los gas-tos que había tenido en la asistencia de este niño, así como sus honorarios por servicios en el caso, le habían sido satis-fechos por D. R. Carrión, Inc.; el Dr. Biascoechea declaró que había tratado el caso de Roberto García como uno de bene-ficencia. Y mientras eso declararon ellos, Elena Ortiz dice que gastó entre médicos, radiografías y placas algo más de $200. En cuanto a los $175 que dijo haber gastado en far-macia, nos parece que su declaración es muy general, pues no trató de puntualizar las partidas que forman esa suma •global, y mucho menos durante qué transcurso de tiempo -consumió esa cantidad; en otras palabras, no hay ni un recibo, ni la declaración de ninguna otra persona que corro-bore lo que a este respecto dijo dicha Elena Ortiz.

Respecto a los alegados daños por pérdida de servicios del menor, la sentencia de la corte inferior está ampliamente .sostenida por la declaración del' Dr. Rolenson, a pesar de lo que sobre este particular declaró el Dr. Biascoechea. Y no habiéndose alegado que la corte actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que incurriera en mani-fiesto error al apreciar la prueba, debe prevalecer la sentencia dictada. Sánchez v. Maymí, 22 D.P.R. 772, y Guilbe v. American R. R. Co. of P. R., 27 D.P.R. 734.

No erró la corte inferior al declarar sin lugar la demanda.

Por las razones anteriormente expuestas, deben confir-marse las sentencias de 22 de abril de 1935 dictadas por la Corte de Distrito de Scm Juan en los casos de autos.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Matías Michel Arce, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    Núm. 1099.

    Sometido: Mayo 17, 1937.

      Resuelto: Julio 31, 1937.

      T. Torres Pérez, abogado del peticionario; J. Validejuli Rodríguez? abogado del taquígrafo Sr. Gandía, interventor.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario, Matías Michel Arce, solicitó de la Corte de Distrito de San Juan autorización para portar nn revól-ver, invocando para ello el artículo 7 de la “Ley prohibiendo portar armas,” según ésta fué enmendada en 25. de junio de 1924 (Ley núm. 24 de 1924, pág. 115).

Practicada la prueba ante la corte, sin intervención del fiscal, el peticionario radicó una moción en que alega y suplica que siendo necesaria la transcripción del récord para cono-cimiento del fiscal, se ordene al taquígrafo que' intervino • en el caso que la haga, libre de gastos para él, todo de acuerdo con la “Ley creando las plazas de taquígrafos reporters de' los tribunales de distrito, determinando sus deberes y fijando sus sueldos y compensaciones,” aprobada el 10 de marzo de 1904 (Comp. 1277-1284).

La corte inferior declaró sin lugar esa moción por enten-der que “el peticionario no está exento en forma alguna del pago de los derechos que fija la citada ley que es aplicable al caso.” Para que se revise esa orden, ha recurrido Arce ante este tribunal con una petición de certiomri en que alega, además de lo ya expresado,

(a) Que la sección 4 de la Ley de 10 de marzo de 1904 impone a los taquígrafos de las cortes de distrito el deber de radicar, con el secretario de éstas todos los records y reportes taqui-gráficos.

(i) Que ninguna ley le obliga a pagar a los taquígrafos derechos por transcribir notas tomadas en peticiones de licencias para portar armas.

(c) Que los honorarios que reciben los .taquígrafos se incluyen como costas cuando fueren impuestas a la parte que pudiese pa-garlas, y en el caso de autos no se trata de um pleito o ac-ción civil.

(d) Que la orden recurrida impide la resolución final de este asunto, ya que la corte está impedida de resolver mientras no informe el fiscal.

(é) Que el cobro que autoriza la sección 5 de la Ley de 1904 es sólo y exclusivamente en asuntos judiciales civiles, criminales, ex parte 9 contenciosos, y el procedimiento que estableció el peticionario es de carácter administrativo.

(/) Que el pago al taquígrafo implicaría una compensación adicio-nal, contraria a la Ley Orgánica.

(g) Que carece de recurso alguno de apelación para revisar la orden recurrida.

Se expidió el auto y se señaló fecha para una audiencia, a la que comparecieron el peticionario por su abogado, y el taquígrafo Oscar Gandía por el suyo. La corte recurrida, por su juez Pablo Berga, ha radicado un escrito de oposición.

El artículo 7 de la “Ley prohibiendo portar armas,” según fué enmendada en 25 de junio de 1924, dice así:

“En adición a las licencias a que se refiere el inciso 11 del ar-tículo precedente, podrá concederse licencia para uso de armas por la corte de distrito del domicilio del solicitante, previa audiencia del fiscal, si se probare, a juicio de la corte, peligro de muerte o de grave daño personal para el peticionario, etc.”

¿ Significan las palabras “previa audimcia del fiscal” que deba éste estar presente en todas las vistas en que se soli-citen permisos para uso de armas”? La palabra “audien-cia,” definida por la Enciclopedia Jurídica Española, signi-fica:

“Voz derivada del verbo latino audire; en su acepción forense es el acto de oír un juez o Tribunal a la parte que comparece en demanda de que le sea administrada justicia, o el traslado comuni-cando los. autos para que aquélla exponga lo que estime procedente a su derecho

El estatuto parece autorizar el traslado de los autos al -fiscal para que éste se imponga de .su contenido e informe a la corte. Si el fiscal compareciese a la vista, lo que a nues-tro juicio sería la mejor práctica, es claro que no se nece-sitaría la transcripción de las notas taquigráficas para infor-mar como proceda a la corte.

Bn esas circunstancias, ¿está el taquígrafo obligado a suministrar libre de gastos al peticionario una transcripción de sus notas taquigráficas? Las secciones 4 y 5 de la “Ley creando las plazas de taquígrafos-reporters de los tribunales de distrito, determinando sus deberes y fijando sus sueldos y compensaciones,” leen así:

“Sección 4. — El taquígrafo entregará los records y notas toma-das por él al secretario de la corte de distrito del distrito en que las notas fueron tomadas y celebrado el juicio.
“Sección 5. — Será deber del taquígrafo, al ser requerido por el Attorney General, el fiscal de distrito, o por cualquier persona parte en un pleito en que se hayan tomado notas taquigráficas, proporcio-nar copia escrita en máquina de los autos {records), o d'e cualquier parte de los mismos, por la cual tendrá derecho a recibir, además de su sueldo, diez centavos como honorario por cada cien palabras, que habrá de satisfacer la parte que solicite aquélla, cuya suma ha-brá de cargarse como costas de la causa a la parte vencida en juicio; Disponiéndose, que cuando la referida copia sea requerida a nombre del Pueblo de Puerto Rico o por un acusado en una causa criminal, o su abogado, en los casos en que después de una convicción el acu-sado en una causa criminal pruebe al tribunal, por medio de una declaración jurada o por otro medio, que él no está en condi-ciones por razón de su pobreza de pagar por la referida copia, requerida como queda dicho, por él o por su abogado, el ta-quígrafo espedirá gratis tales copias. Y en todos los casos civiles en que una persona parte en la acción presente una declaración jurada donde conste estar imposibilitada para satisfacer las costas requeridas por la ley, dicha persona tendrá derecho a los servicios gratuitos del taquígrafo del tribunal, en los mismos términos en que éste presta sus servicios a ios pobres indigentes en las causas crimi-nales y los derechos del taquígrafo se incluirán en las costas cuando fueren impuestas a la parte que pudiese pagarlas. Dicha copia del récord constituirá prima facie del acta del juicio y podrá usarse al hacerse cualquier moción para la celebración de un nuevo juicio, re-visión o apelación del mismo, en los casos en que el acta del tribunal sea necesaria.”

Mientras la corte recurrida sostiene que “los records y notas” a que se refiere la sección cuarta, supra, son las libre-tas conteniendo los signos taquigráficos hechos por los taquí-grafos, el peticionario entiende qne es nna transcripción de dichos signos lo qne el taquígrafo entregará al secretario de la corte de distrito. En verdad, el peticionario está en lo cierto. Dicha ley ya ha sido interpretada por este Tribunal en la forma qne sugiere el peticionario. En El Pueblo v. Eligier et al., 9 D.P.R. 396, 400, dijo el Juez Asociado Sr. MacLeary, comentándola:

“ . . . Las notas taquigráficas son o deben ser, una fiel transcrip-ción de todo lo que ocurre en el tribunal inferior y cuando se escri-ban en caracteres corrientes y se archiven en la Secretaría del Tribunal son útiles como referencia al determinar cuáles fueron las re-soluciones del tribunal, cuáles las cuestiones planteadas por los abo-gados y las excepciones tomadas con respecto a la admisión o dene-gación de pruebas, u otras resoluciones dictadas por la corte durante la celebración del juicio. . . ” (Bastardillas nuestras.)

En El Pueblo v. Brenes, 9 D.P.R. 559, 566, el mismo juez resolvió así:

” . . . Tales apuntes taquigráficos, después de haber sido escritos a mano o en maquinilla, deben constituir una copia fiel de cuanto haya ocurrido en el tribunal durante el acto del juicio de la causa, y después de haber sido debidamente transcritos por el funcionario que los Hizo, y presentados por él al secretario del tribunal, pueden ser usados por el juez o los letrados o cualquiera otra persona inte-resada, para cerciorarse con respecto a las resoluciones adoptadas por el tribunal lo mismo como pueden usarse para esté objeto, las actas del tribunal guardadas por el secretario.” (Bastardillas nuestras.)

Cinco años más tarde volvió a decir el Jnez MacLeary lo siguiente, en El Pueblo v. Santiago, 16 D.P.R. 469, 475:

”... El taquígrafo está obligado a suministrar al Fiscal General, al Fiscal de la corte o a cualquiera de las partes, cuando así lo solicitaren, una copia escrita en maquinilla, de las natas taquigrá-ficas o cualquiera parte de las mismas, mediante el pago de cier-tos derechos fijados por la ley. Tales notas taquigráficas cuando estén transcritas en la escritura ordinaria o en maquinilla, deben ser una fiel transcripción de todo cuanto haya pasado ante el tribunal durante el juicio de la causa; y cuando hayan sido debidamente transcritas por el funcionario que las. hizo, y entregadas al secretario del trünmál, pueden ser utilizadas por el juez o por los abogados, de las partes n otras personas que -tengan interés en enterarse y averi-guar cuáles han sido las resoluciones dictadas por el tribunal, en la misma forma que pudieran utilizarse las minutas del tribunal lle-vadas por el secretario; y dichas*notas son-la mejor prueba de lo que hayan declarado los testigos, en el caso de que surgiere, una dis-puta sobre ese punto.” (Bastardillas nuestras.)

El Juez Asociado Sr. Wolf, en -una opinión disidente que escribió en el caso de Guardiola v. Corte de Distrito, 37 D.P.R. 649, 656, se expresó así:

“La sección 4 de la Ley de 10 de marzo de 1904 relativa a los taquígrafos-reporters, dispone, Leyes de ese año, página 110:
“ ‘El taquígrafo entregará los records y notas tomadas por él al Secretario de la Corte de Distrito del distrito en que las notas fue-ron tomadas y celebrado el juicio.’-
“El deber del taquígrafo es radicar la transcripción de sus notas taquigráficas y entonces ésta se convierte en parte oficial de los autos. Cualquier persona puede obligar a un taquígrafo a radicar la transcripción de sus notas taquigráficas mediante la orden correspon-diente de la corte o tal vez valiéndose de un recurso de mandamus, Podría seguirse un procedimiento de desacato por negarse a obede-cer la orden de la corte.
“La sección 5 de dicha ley es la que da a una persona el de-recho a recibir una copia de la transcripción. Dicha sección dice en parte:
“Por tanto, no hay copia oficial de los autos hasta que el taquí-grafo haya radicado su transcripción. No puede haber transcripción hasta que ésta haya sido radicada y nadie tiene derecho a nada ex-cepto a una copia de la transcripción escrita- en maquinillá ya hecha parte de los autos.” (Bastardillas nuestras.)

Las anteriores decisiones no deben interpretarse en el sen-tido de que los taquígrafos de las cortes de distrito están obligados a radicar con el secretario una transcripción de las notas taquigráficas tomadas por ellos en todos los pleitos que ante dichas -cortes se- ventilan sin que haya mediado una petición de persona interesada en que tal transcripción sea hecha. No sería razonable exigir a los taquígrafos que realizaran una labor tan ardua y que resultaría innecesaria en la mayoría de los casos, a saber, en los que no se apelan.

Teniendo en cuenta el aumento considerable en el número de casos que se presentan y van a juicio ante los tribunales de distrito, parece más razonable sostener que el taquígrafo de la corte está obligado a entregar los records y las libre-tas contentivas de las notas tomadas por él, al secretario de la corte; y que está igualmente obligado a transcribir sus notas y a radicar la transcripción en la Secretaría tan pronto como sea requerido para ello por persona con derecho a obtener una copia de dicha transcripción, previo pago de los honorarios que de acuerdo con la ley el taquígrafo está auto-rizado a cobrar por dicha copia.

No obstante, el taquígrafo tiene la obligación, al ser requerido por medio de la corte, de suministrar al peticiona-rio, libre de gastos, una “copia escrita en máquina de los autos (records) o de cualquier parte de los mismos,” Así debió ordenarlo la corte inferior en la orden de cuya anula-ción se trata ahora.

Aunque en cierto modo dicha transcripción es para bene-ficio del peticionario, sin embargo, quien más directamente ha de aprovecharse de ella y a quien más beneficios le reporta es al fiscal, que con ella puede permitirse no comparecer a la vista en que las notas fueron tomadas. Los taquígrafos de las cortes de distrito perciben un sueldo fijo a más de los honorarios adicionales que devengan por aquellas transcrip-ciones de notas que son de interés a las partes en una acción, porque de ellas han de valerse para tramitar una apelación. El sueldo fijo representa la remuneración que les concede la ley por aquellos servicios que prestan, en el ejercicio de sus funciones, a la corte y a los funcionarios de ésta; los honorarios adicionales, su remuneración por servicios rela-cionados con el cargo que desempeñan, prestados a particu-lares, Y aquí no se trata de una apelación que ha de tra-mitar el peticionario, para cuyo fin le sería necesaria la transcripción de la evidencia si eligiera elevar la prueba de ese modo. En tal caso, el peticionario recibiría todo el bene-ficio, todo el fruto de la labor del taquígrafo, y debería remu-nerarla. Aquí se trata de servicios de que no fia menester el peticionario tanto como el fiscal, y que deben, por tanto, considerarse remunerados por el sueldo fijo que recibe el taquígrafo por servicios administrativos.

En vista de lo cual, se fiace a nuestro juicio innecesario considerar las otras razones aducidas por el peticionario y debe, por tanto, declararse -con hogar la solicitud de certioran, y en su consecuencia, anularse la orden recurrida, con ins-trucciones a la corte de que dicte otra ordenando <al taquí-grafo que. transcriba, libre de gastos, las notas taquigráficas que tomó en la vista de la solicitud para uso 'de armas, entre-gando al secretario, para ser unida a los autos, para uso del Fiscal, copia escrita a máquina, en los términos dispuestos por la sección 5 de la Ley creando las plazas de taquígrafos-. reporters de los tribunales de distrito, aprobada el 10 de marzo de 1904.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino,.


author: El Juez Asociado. Se!ñor Travieso

text:
    José Manuel Alonso Muñoz, demandante y apelante, v. Ramón Nieves Luyando, demandado y apelado.
    Núm. 7517.

    Sometido: Mayo 27, 1937.

      Resuelto: Julio 31, 1931.

      B. Díaz Collazo., abogado del apelante; Luis E. Dubón, abogado.del apelado.
   El Juez Asociado. Se!ñor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una demanda de desahucio en precario. Alega ei demandante que es dueño de una finca rústica de 77 cuer-das, radicada' en el término municipal de Bayamón; que el demandado, alegando la existencia de un contrato verbal de aparcería agrícola con la anterior dueña de la finca y que dice fué celebrado con el conocimiento y consentimiento del' demandante, ocupa la. finca sin pagar canon o merced alguna y se niega a. desalojarla a pesar de haber sido requerido para ello desde el Í9 de febrero de 1937, de acuerdo con lo dis-puesto por la sección 11 de la Ley núm. 76 de mayo 4 de 1931 "(Leyes de 1931, pág. 467. Se pide en la demanda que se ordene al demandado desocupar y dejar la finca a disposición del demandante; que se le lance de la finca si se negare a entregarla; que se le impongan las costas, gas-tos y honorarios de abogado; y que se nombren peritos para la tasación de los frutos pendientes de recolección, reser-vando al demandado todos los derechos que le correspondan bajo la ley ,que establece el procedimiento para el desahucio,

La demanda fué radicada el 1 de marzo de 1937 y en esa misma fecha la corte ordenó que se' convocara a las par-tes para una comparecencia que habría de celebrarse el día 8 del mismo mes y año.

El día 11 de marzo de 1937, el demandado formuló nna excepción previa atacando la suficiencia de los hechos ale-gados en la demanda, y radicó al mismo tiempo nna con-testación en la que después de negar todos los hechos esen-ciales de la demanda, interpuso siete defensas especiales y dos defensas especiales y separadas, a las que por ahora no es necesario hacer mención.

Por resolución del día 15 de marzo de 1937 la corte de distrito declaró sin lugar la excepción previa formulada por el demandado y ordenó la continuación de la vista de la pri-mera comparecencia para una fecha subsiguiente.

Posteriormente el demandante formuló excepción previa de falta de hechos contra las defensas especiales y contra las defensas especiales y separadas contenidas en la contes-tación del demandado, y asimismo solicitó en otro documento la eliminación de las mismas.

El 31 de marzo de 1937 la Corte de Distrito de Bayamón reconsideró moiu propfio su anterior resolución dictada el 15 •de marzo del mismo año, y contrario a lo que había resuelto, declaró con lugar la excepción previa que había formulado -el demandado, y concedió al demandante un término de diez días para radicar demanda enmendada. Se basó dicha reso-lución en que habiéndose interpuesto la demanda al amparo de las disposiciones de la ley que regula y reglamenta el •contrato de aparcería agrícola (Ley núm. 76, aprobada en 4 de mayo de 1931), y negando el demandante expresamente en su demanda que existiera contrato alguno de aparcería, no podía éste acogerse a la sección 9 de dicha ley que enu-mera las causales de que puede valerse un terrateniente para desahuciar judicialmente al aparcero, ni a la sección 11, que tampoco le confiere un derecho o causa de acción en desahucio.

Atemperándose a los términos en que fué dictada la reso-lución ya referida, radicó el demandante el día 7 de abril de 1937 una demanda enmendada en que, entre otras cosas, alega: “Que por sentencia de esta Hon. Corte de fecha 18 de marzo de 1936, confirmada por el Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico en diciembre 11 de 1936, se resolvió y esta-bleció que el demandado venía y viene cultivando la finca (la descrita en el apartado 2 precedente) mediante una situación que tiene prima facie todas las características de un con-trato de aparcería celebrado verbalmente con la anterior dueña, y que de ese contrato tenía el demandante suficiente conocimiento antes, al tiempo y luego de adquirirla;” que requirió al. demandado para que desalojara la finca ante-riormente descrita y que éste se negó a desalojarla; que se obliga a indemnizar a dicho demandado los daños y perjui-cios que le cause como consecuencia del ejercicio de esta acción, y, además, a pagarle la parte proporcional que le co-rresponda, si alguna, en los frutos sembrados en la finca referida, previa tasación de peritos nombrados al efecto. Suplica por último que se ordene al demandado a desocupar y a dejar a su libre disposición la mencionada finca, aperci-bido de lanzamiento si así no lo hiciere, con imposición de costas y honorarios.

Excepcionó el demandado esta demanda enmendada, y la corte inferior, por sentencia del 20 de abril de 1937, declaró sin lugar la demanda con imposición al demandante de las costas y de $300 para pago de honorarios, fundándose esta vez la corte en que: (a) constando enumeradas en la sección 9 de la Ley núm. 76, aprobada el 4 de mayo de 1931, las causas que dan derecho a un terrateniente a ejercitar la ac-ción de desahucio, y no alegándose en la demanda la violación por el aparcero de ninguna de ellas, la demanda debía ser declarada sin lugar; y (b) en que la sección 11 de dicha ley, invocada por el demandante, no lo faculta, por el mero hecho de haber requerido al demandado para que desocupara la finca, a ejercitar la acción de desahucio promovida.

No conforme el demandante con dicha sentencia, apeló de ella para ante este Tribunal Supremo, imputándole a la corte sentenciadora dos errores, los que discutiremos en el orden bn que han sido señalados:

1 ‘ Primero: Erró la Corte de Distrito de Bayamón al declarar que la demanda enmendada no aduce hechos suficientes para cons-tituir una cansa de acción.
“Segundo: Asimismo erró el tribunal sentenciador al imponer costas al demandante apelante, y; además, al condenar a dicho de-mandante apelante al pago de honorarios de abogado, y, además, al fijar dichos honorarios en la suma de $300.00.”

En un recurso anterior entre las mismas partes, Alonso v. Nieves, 50 D.P.R. 710, esta Corte Suprema resolvió :

“Un aparcero no es un poseedor en precario y la sección 18 de la Ley para reglamentar los procedimientos de desahucio (Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. 1933, sección 637, Comp. 1642) no puede ser invocada con éxito en un caso de esta naturaleza. Los funda-mentos por los cuales puede instruirse un procedimiento de desahu-cio contra un aparcero y el procedimiento a seguir en tal recurso están prescritos por las secciones 9 y 10 de la Ley de 1931, supra.”

Las secciones 9 y 10 de la citada ley de 1931, que regula los contratos de aparcería, leen así:

“Sección 9. — El terrateniente podrá desahuciar judicialmente al aparcero por alguna de las causas siguientes:
“1. Haber expirado el término convencional o el que se fija para la duración de este contrato en la sección 3 de esta Ley.
“2. Infracción de cualquiera de las condiciones estipuladas en el contrato; Disponiéndose, que en este caso el aparcero tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional que le corresponda en los frutos sembrados previa tasación de peritos nombrados al efecto.
“Sección 10. — Si una finca sujeta a contrato de aparcería agrí-cola fuera vendida, cedida o arrendada a otra persona, el aparcero podrá exigir que se le deje recoger los frutos de la cosecha que co-rresponda al año agrícola corriente pudiendo el aparcero reclamar como suyos labores, plantíos o cualquier. otra cosa a que tenga de-recho.”'

No habiéndose pactado término alguno para la duración del alegado contrato de aparcería, el demandante, después de dictada la sentencia en el caso de Alonso v. Nieves, supra, procedió a requerir al demandado para que desocupara la finca, creyendo tal vez que .bastaba ese requerimiento y la negativa del demandado a desocupar el inmueble para dar al demandante el derecho a entablar una acción de desahucio en precario contra el aparcero, de acuerdo con la interpreta-ción que da el demandante a la Sección 11 de la citada Ley núm. 76 de 1931, que dispone:

“Sección 11. — El terrateniente podrá requerir al aparcero para que desocupe la finca antes del vencimiento del contrato o del tiempo que establece la sección 3 de esta Ley; pero en ese caso vendrá obligado a indemnizarle los daños y perjuicios que se le causen y, además, a pagarle la parte proporcional que le corresponda en los frutos sembrados, previa tasación de peritos nombrados al efecto.”

La cuestión legal que debemos resolver puede formularse así: ¿Surge un derecho de acción de desahucio en precario contra un aparcero que ocupa una finca sin término conven-cional, por el solo hecho de fijarle un término al contrato de aparcería al requerirle por medio de notario para que des-ocupe y deje la finca a la libre disposición de su dueño? Opi-namos que no. La citada sección 11 reconoce el derecho del terrateniente a poner fin al contrato de aparcería mediante el requerimiento al aparcero para que desocupe la finca; pero también impone al terrateniente la obligación de pagar al aparcero los daños y perjuicios que se le causen y la parte que le corresponda en los frutos sembrados y pendientes de recolección.-

En el caso de autos el demandante se limitó a requerir al demandado aparcero para que desocupe la finca, sin fijarle plazo dentro del cual debería salir de la finca, sin pagarle ó por lo menos ofrecerle o garantizarle en alguna forma e! pago de las sumas que pudieran corresponderle.por concepto de daños y perjuicios y valor de los frutos. El cumplimiento o el ofrecimiento de cumplir, por parte del terrateniente, las obligaciones que le impone- la sección 11 de la citada ley es, a nuestro juicio, una condición precedente al derecho a des-ahuciar al aparcero.

Para mejor guía de la profesión en la aplicación de la ley resolvemos que de acuerdo con la sección 11 de la Ley núm. 76 de 1931, cuando en el contrato de aparcería no se ha fijado término para la duración del mismo y el terrateniente desea terminarlo y recuperar la posesión de la finca, dicho terrate-niente tiene derecho a pedir el desahucio del aparcero siem-pre que de su demanda aparezcan como cumplidos los requi-sitos siguientes:

1. Que el aparcero fué requerido para que desocupara la finca den-tro del plazo fijado por el terrateniente.

2. Que el terrateniente pagó u ofreció pagar al aparcero, en el acto del requerimiento para que desalojara la finca, los daños y per-juicios que pudiere causarle, más el importe de su participa-ción en los frutos pendientes.

3. Que el aparcero fué requerido para que se aviniese a nombrar peritos para la tasación de los frutos.

4. Que a pesar de haberse cumplido los requisitos precedentes, el

aparcero se ha negado a desocupar la finca.

La demanda en el caso de autos no alega que se hayan cumplido ninguno de esos requisitos. La corte inferior no erró al sostener la excepción previa fundada en la insufi-ciencia de los hechos alegados para constituir causa de acción.

El segundo señalamiento se refiere a la imposición de las costas, más $300 de honorarios a la parte apelante. No creemos que se haya demostrado que la corte sentenciadora abusara de su discreción al fijar los honorarios de abogado. T dada la importancia del caso, y el trabajo realizado por el abogado del demandado, no parece que la suma fijada sea excesiva.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Charles E. Miner, demandante y apelado, v. Bernabé Irizarry, demandado y apelante.
    Núm. 7222.

    Sometido: Mayo 27, 1937.

      Resuelto: Noviembre 2, 1937.

      José Sabater, abogado del apelante; J. Alemañy Sos a, abogado del apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito sobre negatoria de servidumbre decidido por la Corte de Distrito de Mayagüez en favor del demandante. El demandado apeló y señala en su alegato la comisión de siete errores que pueden reducirse a tres, a saber, equivocada apreciación de la prueba e interpretación y aplicación errónea de los artículos 475 y 503 del Código Civil (ed. de 1930) y de la jurisprudencia aplicable a los mismos.

Son hechos admitidlos' por ambas partes que el deman-dante es dueño de una finca rústica radicada en el barrio de Montoso, de Mayagüez; que el demandado es dnéño de otra finca rústica que colinda con la del demandante; qne ambas fincas proceden de una antigua hacienda de café, y que las dos se encuentran inscritas en el registro de la propiedad sin que en las inscripciones aparezca mencionada la servidum-bre de paso en cuestión.

El demandado basa su alegado derecho a la servidumbre en la existencia desde tiempo inmemorial de un camino que partiendo de la carretera cruza por la finca del demandante y sigue por la del demandado hasta llegar a los estableci-mientos de la vieja hacienda de café y en que al dividirse la hacienda entre los herederos de su dueño la porción adjudi-cada al demandado quedó enclavada entre las otras teniendo por salida el camino indicado, no existiendo pacto entre los herederos con respecto a que no se siguiera usando dicho camino por el demandado. Este es uno de los herederos y el demandante trae causa de otro.

Para sostener sus respectivas pretensiones una y otra parte presentaron evidencia d.e documentos y testigos. Ba-sándose en el resultado de la misma, la corte sentenciadora dió. la razón al demandante y declaró que su finca estaba libre de servidumbre de acuerdo con los hechos y la ley. Recono-ció que el demandado venía pasando por dentro de la finca del demandante por un camino privado que en la misma existe, pero concluyó que ello se debía a la mera tolerancia del demandante, concluyendo además que el demandado no alegó ni probó la prescripción por tiempo inmemorial con an-terioridad al año 1890, ni demostró que le fuera aplicable la regla del artículo 504 del Código Civil.

El demandado y apelante no ha colocado a esta Corte en las mismas condiciones en que .se encontraba la.de distrito al examinar y pesar la evidencia, porque dejó de archivar con la transcripción ciertos planos y fotografías que presentó el demandante y que se convino que se elevarían originales en caso de apelación.

Eso no obstante liemos examinado la transcripción y cree-mos que la prueba que contiene sostiene las conclusiones del tribunal sentenciador.

En primer lugar dicha prueba es manifiestamente insuficiente para demostrar una servidumbre de paso adquirida por el uso de tiempo inmemorial con anterioridad a la vigencia del Código Civil Español hecho extensivo a Puerto Rica por Real Decreto de 31 de julio de 1889, y ello hubiera sida necesario para que la posición asumida por el demandada hubiera podido sostenerse de conformidad con la ley y con lo resuelto repetidamente por esta Corte Suprema. Articula 475 del Código Civil revisado (ed. de 1930), que es el mismoartículo 439 del antiguo; Nadal v. Muratti, 34 D.P.R. 251;. Trujillo v. López, 45 D.P.R. 815; González v. Plazuela Sugar Co., 42 D.P.R. 701; Martínez v. Central Cambalache, 48 D.P.R. 216 y Picón v. Central Cambalache, 48 D.P.R. 510.

Y en segundo lugar tampoco demuestra dicha prueba, que el demandado se encuentre en el caso del artículo 503 del Código Civil (ed. de 1930).

Prescribe dicho artículo:

“Artículo 503. — Si adquirida una finca por venta, permuta o partición, quedare enclavada entre otras del vendedor, permutante-o copartícipe, éstos están obligados a dar paso sin indemnización,, salvo pacto en contrario.”

Y las razones que tuvo la corte sentenciadora para no-aplicarlo fueron, según constan de su opinión, las que siguen::

“En cuanto a la otra defensa alegada en la contestación de que-la finca del demandado que se adjudicó en la partición de los bienes-quedaba enclavada entre las otras parcelas adjudicadas, sin pacto de-que no pudiera utilizar el camino de la parcela que pertenece boyal demandante, tampoco procede, porque estando dicha finca cruzada: por una carretera insular, sin alegarse ni probarse que su colín-dancia con la misma es inaccesible, no está incomunicada. Aunque-la parcela que se le hubiera adjudicado al demandado en la partición! hubiera quedado enclavada entre otras, si después la unió a otra contigua a camino público, no hubiera tenido tampoco derecho a exigir paso por otro predio de los que constituían la comunidad. Art. 504 del Código Civil (ed. de 1930). Además, que lá obligación establecida por el art. 503 del Código Civil (ed. de 1930), de dar paso sin indemnización, se refiere al vendedor, permutante o copar-tícipe y no a un tercero, como es en este caso -el demandante. El' uso de otro camino de muchas mejores condiciones, que comunica los establecimientos con la carretera y con el cual limita la finca del demandado en casi toda su extensión, también coloca este caso fuera de las disposiciones de la ley sobre el derecho al paso por predios vecinos. ’ ’

La evidencia demostró en efecto que la finca del deman-dado colindaba con la barretera y era al propio demandado al que correspondía probar que no obstante ser ello así la condición del terreno era tal que no permitía la salida y no lo hizo.

Los hechos del caso de la Gorte Suprema de España que dicho demandado invoca son distintos a los del presente. Allí se demostró que la finca no tenía salida, como se hizo constar en el considerando de la sentencia que dice:

"Considerando que la acción negatoria de servidumbre, cuando se ejercita como en el caso del presente recurso, para que se declare que los lotes o porciones de terreno de que es dueño el actor están libres de toda servidumbre, obliga para su éxito a que resulte y aparezca dicha libertad, y como los demandados han probado, siendo además un hecho reconocido por ambas partes litigantes, que sus fincas o lotes respectivos quedaron enclavados entre otras del actor cuando se hizo la división y adjudicación de la totalidad de la hacienda poseída antes en común, sin salida a camino público ni privado, con imposibilidad de ser laboreadas y aprovechadas, es claro que dichos demandados han podido alegar a su vez en este pleito el derecho del art. 567 del Código para afirmar, contra lo pretendido por el demandante, la existencia de la servidumbre de paso.”

Y a mayor abundamiento la evidencia demostró la existen-cia de otro camino afirmado por el que pueden pasar auto-móviles que conduce a los establecimientos de la vieja hacienda y da salida a la finca del demandado sin que éste demostrara que le estuviese prohibido su uso.

Es cierto que de la evidencia surge el hecho de que cuando la hacienda existía se pasaba por el sitio que indica el demandado para llegar a sus establecimientos y el de que el demandado después de dividida la hacienda continuó pa-sando por dentro de la porción que hoy pertenece al deman-dante sin que éste se opusiera, pero tales hechos con las características que de igual modo de la evidencia surgen, no pueden servir de base a la declaración judicial de la existen-cia de una servidumbre de paso. Como se dijo en el caso de Nadal v. Muratti, 34 D.P.R. 251, 257:

“. . . El hecho del paso por mera tolerancia se repite constante-mente en las fincas de Puerto Rico. Las crecientes de ríos y que-bradas, el mal estado de ciertos caminos vecinales, los atrechos, las amistades, el establecimiento de escuelas y comercios en determi-nados sitios, el temor de provocar conflictos o disgustos, el deseo de favorecer a los convecinos acortando distancias y facilitando el trá-fico, y otras muchas circunstancias podrían señalarse como causa para ello. Seguramente fué una situación semejante y la idea- de dar fijeza y certidumbre a un derecho para uno y a un gravamen para otro de tal importancia, la que obligó al legislador español a variar la ley y al legislador puertorriqueño a no alterar la variación. Así el paso que meramente se permite subsiste generalmente mientras de él no se abusa, como las pruebas demuestran que se abusó en este caso. Y así cuando se desea obtener un derecho absoluto y para siempre, se sabe que hay que ir al contrato, a la adquisición del derecho mediante la compensación apropiada, garantizando la ley hipotecaria por medio de la inscripción el derecho que se adquiera en cuanto a terceros. A partir del 1890 las situaciones vagas, in-definidas en esta clase de servidumbres, desaparecieron en Puerto Rico.”

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen*-tencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino..


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Manuel Martorell, demandante y apelante, v. Crédito & Ahorro Ponceño, Inc., demandado y apelado.
    Núm. 6853.

    Sometido: Noviembre 5, 1936.

      Resuelto: Noviembre 2, 1937.

      B. Bivera Zayas, abogado del apelante; M. Marcos Morales, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Martorell apela de una sentencia a su favor concediéndole daños nominales.

El primer señalamiento es que la corte de distrito erró al considerar el alegado carácter fraudulento y simulado de ciertos traspasos hechos como consecuencia de un procedimiento sumario ejecutivo nulo. La teoría del señalamiento es que la decisión de esta corte en Martorell v. Crédito y Ahorro Ponceño, 42 D.P.R. 655, estableció por necesaria infe-rencia el liecbo de que Martorell había sufrido algunos daños, por lo que sólo dejó para ser resuelta por la corte de distrito la cuestión relativa a la cuantía de tales daños. La decisión de este tribunal en la anterior apelación es ahora, desde luego, la ley del presente caso. Esta corte pudo o no haber asumido en el recurso anterior, conforme aparentemente asumió la corte de distrito al dictar la sentencia que está ahora ante nos, que el Banco respondía por lo menos de daños nomi-nales. No encontramos nada en la anterior opinión de esta corte, vista a la luz de las alegaciones y de la evidencia aportada en el anterior juicio, que indique que este tribunal asumiera o decidiera directa o indirectamente que Martorell había sufrido daños materiales algunos. Por el contrario, la opinión, interpretada, a la luz de las alegaciones y de los hechos que en aquel entonces teníamos ante nos, tiende cla-ramente a la conclusión de que este tribunal, de manera deliberada, dejó para que fuera la corte de distrito la que las resolviera en primera instancia, tanto la cuestión relativa a los daños materiales vel non como la atinente al importe de-tales daños, de haberlos.

EÍ segundo señalamiento es que la corte de distrito erró e incurrió en parcialidad y prejuicio al concluir que el traspaso al comprador de los bienes ejecutados y el traspaso por dicho comprador a un cuñado de Martorell fueron simulados y fraudulentos, producto de una conspiración entre Martorell, su abogado, su cuñado y el simulado comprador en la venta en ejecución; que Martorell era el verdadero dueño de los bienes; que Martorell sólo sufrió daños nominales. El argumento es, en síntesis, que el juez de distrito, en su relación del caso y opinión, descansó en parte en una transcripción de la evidencia aportada en el juicio anterior, pero no ofrecida en evidencia en la vista subsiguiente.

El apelante asume, pero no demuestra, que en ausencia de convenio expreso entre las partes, el juez de distrito no estaba en libertad para considerar la evidencia admitida ori-ginalmente. No nos detendremos a considerar la certeza de esta teoría. Del récord taquigráfico de la evidencia aportada en la segunda vista tomamos el siguiente extracto:

“Demandado: El compañero propone y yo acepto que se admi-tiría la capacidad del ingeniero señor Sergio Cuebas, como perito y que declararía exactamente igual en cuanto al informe esc y que ha sido hecho de mutuo acuerdo. Admite además que tiene varios años de experiencia, que ha trabajado en obras públicas, en casas y cons-trucciones, y que daría un informe exactamente igual a éste, y que dicho informe fué hecho conjuntamente con el otro ingeniero que acaba de declarar. El compañero admite, además, que el testigo Rudolph E. Fells, declararía como consta en el récord, o sea, que se admite la declaración que dio antes y está en el récord; las mismas pre-guntas y respuestas dadas en la otra declaración. También el com-pañero admite que las declaraciones que faltan de doña Margarita Umpierre y doña Heraclia Sánchez, presentadas por nosotros, y que aparecen en el récord taquigráfico, que aparezcan como reproducidas en la misma forma. Nosotros aceptamos esa estipulación.
“Demandante: Nosotros aceptamos eso.
“Demandado: Desde luego, que nosotros desglosaremos el récord del Tribunal Supremo para traerlo aquí. Proponemos también una inspección ocular. Ese es el caso.
“Demandante: Nosotros tenemos como prueba de rebuttal al señor Rodríguez. Podríamos presentar la declaración que consta en el récord.
“Demandado: No hay. objeción.
“Demandante: Entonces, como prueba de rebuttal ofrecemos la declaración que está en el récord taquigráfico, prestada por el com-pañero Francisco Rodríguez Alverio.
“Demandado: Se admite.
“Demandante: Ese es el caso.
(Las declaraciones propuestas por la parte demandada son las si-guientes :)

Los abogados de Martorell 110 hicieron objeción a las ma-nifestaciones hechas por el letrado del demandado al efecto de que, desde luego, desglosaría de los autos del recurso anterior la transcripción de la evidencia y la sometería al juez de distrito. El juez entendió aparentemente que por consen-timiento tácito de las partes, o de otro modo, estaba en libertad de examinar y considerar la transcripción en su totalidad. De todos modos, creemos que había lo suficiente en la evidencia formalmente ofrecida en la segunda vista para justificar la médula de la conclusión a que llegó el juez de distrito. El error, de haberlo, no ofrece base satisfactoria loara una revocación.

Los señalamientos tercero, cuarto y quinto consisten en que la corte de distrito erró al declarar sin lugar la reclamación de daños hecha por el demandante y al no dictar sentencia a su favor por una suma adecuada en concepto de daños y perjuicios; al dictar sentencia por daños nominales en vez de daños materiales, y al no imponerle el pago de las costas a la corporación demandada.

El argumento en relación con el tercer señalamiento, en tanto en cuanto la cuestión envuelta en él no ha sido ya re-suelta, se basa en una exposición del demandante en cuanto al valor de los bienes vendidos en pública subasta. En vista de la conclusión a que llegó el juez en torno a la inexisten-cia de daños materiales, toda cuestión relativa al valor de la propiedad resulta académica, y no hay razón alguna para que él dictara sentencia concediendo, en concepto de daños materiales, una cantidad que estuviera en proporción .con el valor de los bienes.

La contención bajo el cuarto señalamiento es que la ley en Puerto Rico no autoriza una sentencia por daños nominales. Si el apelante tiene razón en esto, el resultado sería que la sentencia de la corte do distrito tendría que ser modificada en el sentido de privar al apelante del dólar a que tiene derecho bajo la misma. El apelante lograría los mismos resultados renunciando a su derecho a cobrarlo, o negándose a aceptar el importq.de la sentencia, si el apelado tratara de efectuar un pago voluntario.

En vista de la conclusión a que llegó el juez de distrito, no encontramos que abusara de su discreción al no imponerle las costas a la demandada.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Presidente Señor Del Toro y Asociado Señor Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    Guillermo Garau Pascual, demandante y apelado, v. Félix y Dolores Coto Vargas, y “Fulanu y Zutano de Tal”, herederos desconocidos de Valentina Coto Vargas, demandados y apelantes.
    Núm. 7535.

    Sometido: Noviembre 1, 1937.

      Resuelto: Noviembre 3, 1937.

      M. Guzmán Texidor, abogado de los apelantes; C. Domínguez Rubio y L. Domínguez Rovira, abogados del apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la-opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación de la apelación interpuesta en este caso por no ser apelable la resolución recurrida y por haberse dejado de perfeccionar en tiempo el recurso.

Después de presentada la moción de desestimación pero antes de celebrarse su vista, la parte apelante pidió a la corte que le permitiera radicar la transcripción de los autos a los efectos de perfeccionar su recurso, acompañando dicha transcripción.

No creemos que sea necesario estudiar y resolver la cues-tión de abandono ni por consiguiente la de si debe o no per-mitirse la radicación de la transcripción de los autos fuera de tiempo, porque la apelación debe desestimarse por no estar autorizada por la ley.

Se trata de un procedimiento sobre ejecución de hipoteca por la vía sumarísima iniciado en la Corte de Distrito de Gruayama el 25 de noviembre de 1936, en el que se presentó una moción para que se dejara sin efecto la orden de venta de los bienes hipotecados, moción que fué primeramente de-clarada con lugar y luego, en reconsideración, sin lugar, habiendo apelado los deudores contra la última resolución, o sea de aquélla loor virtud de la cual se negó la suspensión del procedimiento, y esta corte ha resuelto en el caso del Banco de Puerto Rico v. Del Moral, 48 D.P.R. 2, que “De acuerdo con el artículo 175 del Reglamento Hipoteca-rio, sólo cabe apelar contra el auto que decreta la suspensión del procedimiento sumario hipotecario. Denegada la sus-pensión, no existe apelación contra la negativa.”

Debe declararse con lugar la moción del apelado y en su consecuencia desestimarse el recurso.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila, no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Banco de Puerto Rico, como Liquidador del Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cristóbal Cruet Carrasquillo y su esposa María Cornelia Cruet, demandados y apelantes.
    Núms. 7233 y 7276.

    Sometidos: Noviembre 1, 1937.

      Resueltos: Noviembre 3, 1937.

      M. Guzmán Texidor, abogado de los apelantes; - C. Domínguez Rubio, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

La moción de reconsideración en estos casos se basa exclu-sivamente en la supuesta analogía que éstos tienen con el caso de Gratacós v. Corte de Distrito, 46 D.P.R. 175. Los peticionarios sostienen qne de conformidad con la doctrina sentada en dicha decisión, el procedimiento en éstos ba per-dido sn naturaleza sumaria. A base de esa premisa llegan a, la conclusión de qne el pleito se babía convertido en ordi-nario y de que la resolución en controversia era apelable como una especialmente dictada después de sentencia final.

En el caso de Gratacós, supra, se alegó que el acreedor hipotecario había tomado posesión material de la finca, arren-dádola á un tercero y luego a una cuarta persona que a su vez la subarrendó al deudor hipotecario original. Más tarde el acreedor, tres años nueve meses después de la adjudicación en pública subasta, pero dentro del mismo procedimiento, solicitó se le pusiera en posesión de la finca. El deudor radicó una oposición y solicitó ser oído. La corte declaró sin lugar su solicitud basada en el hecho de que ella suspendería el pro-cedimiento sumario ejecutivo en forma no provista por la Ley Hipotecaria. En un certiorari interpuesto ante este tribunal, devolvimos el caso para que se le diera al deudor la oportunidad de probar los hechos por él alegados. Inciden-talmente dijimos que era difícil manifestar que el procedi-miento ejecutivo sumario había, después de transcurridos tres años nueve meses contados a partir de la subasta, retenido su carácter sumarísimo.

Los casos ante nos difieren considerablemente del de Gratacós en sus hechos. En primer lugar, el acreedor nunca Labia estado en posesión hasta el momento en que radicó su moción. En segundo lugar, tan sólo había transcurrido un año desde la adjudicación, y al deudor se le concedió una vista. Por último, aunque ello' no es menos importante, éstos son recursos de apelación y no un certiorari. No tenemos duda de que una resolución, dictada claramente dentro de un pro-cedimiento ejecutivo sumario, que pone al acreedor en pose-sión, conforme sucedió en el caso de Roig Commercial Bank v. Bustelo, 44 D.P.R. 541, o como ocurre en estos casos, quo se niega a dejar sin efecto tal resolución, es inapelable.

Debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    José López Quiles, demandante y apelado, v. Rafael Ramírez Seda, demandado y apelante.
    Núm. 7158.

    Sometido: Diciembre 17, 1936.

      Resuelto: Noviembre 3, 1937.

      R. Ramírez Pabón, abogado del apelante; F. Prieto Azúar, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

José López Quiles fué arrollado por el automóvil del de-mandado mientras cruzaba la Avenida Ponce de León. El accidente tuvo lugar el 24 de diciembre de 1933, a las cinco de la mañana, cuando el demandante se encontraba parado a unos cuantos pies de la acera, de espaldas a la calle. Se radicó una demanda de daños y perjuicios por la suma de $4,910. Celebrado el juicio la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia en favor del demandante por $1,210 y es de esa sentencia que proviene el presente recurso de apelación.

El primer señalamiento de error dice:

“La corte erró al concluir que el apelado sufrió fuertes contu-siones en el lado derecho de la cara, en la cadera izquierda y en el tórax y la fractura de los maléolos internos y externos del pie derecho. ’ ’

La expresión de la corte inferior contenida en el segundo párrafo de su opinión, y que ña sido transcrita en el primer error, es un resumen exagerado de los daños sufridos por el demandante, si aceptamos, como tenemos que hacerlo, el testimonio del propio doctor del demandante. Este carac-terizó las contusiones faciales como leves y dijo que no había habido fractura de ninguno de los huesos del tobillo izquierdo. Hay una discrepancia entre la conclusión de la corte y el tes-timonio del doctor en cuanto al pie que fué estropeado, pero no la consideramos importante. Aunque la corte no estuvo justificada en hacer la afirmación ya referida, no parece haber desempeñado un papel muy importante, por cuanto en la misma opinión más tarde se le da énfasis a la artritis del tobillo lesionado como resultado del accidente. De acuerdo con el médico, fué esta artritis la que en realidad incapacitó provisionalmente al demandante. El primer señalamiento, por tanto, no exige la revocación.

El segundo señalamiento se refiere a la negligencia del chófer y la velocidad a que se conducía el automóvil. En lo que concierne a la negligencia del chófer del demandado, Juan Mayor Martínez, todo lo que tenemos que decir es que las declaraciones de los testigos del demandante fueron lo su-ficientemente robustas y convincentes para justificar la con-clusión de la corte. Los testigos del demandado no nos con-vencen y el testimonio de su testigo principal, un policía lla-mado Lorenzo Feijoo, es sumamente débil. Él declaró bajo juramento que había estado presente en el sitio del accidente y que el conductor del vehículo caminaba a una velocidad moderada, tenía sus luces encendidas y tocó su bocina cuando ocurrió el accidente. Al ser contrainterrogado, sin embargo, admitió que babía jurado una denuncia, por información y creencia contra dicbo chófer por guiar con las luces apaga-das y sin tocar bocina. No podemos resolver que la corte estuviese obligada a darle crédito.

El tercer señalamiento es el más importante. El mismo dice:

“La corte erró al resolver que la contestación del apelante, dada la forma en que está redactada, admite los hechos alegados en la demanda. ’ ’

El apelante sostiene que la corte inferior, por haber dejado de negarlos, consideró todos los hechos de la demanda como admitidos. Empero, los autos en sí demuestran que sola-mente con relación a la suma gastada en medicinas por el demandante y con lo que él dejó de ganar como comisionista, fué que no se introdujo evidencia. Estas dos alegaciones, claramente mencionadas en la demanda, fueron la exposición de hechos últimos y determinables y surgió el deber de ne-garlas específicamente. La omisión de así hacerlo equivalió a la admisión de su veracidad y obvió la necesidad de su prueba. Además el demandante durante el juicio, conforme indicó la corte en su opinión, dijo que la contestación no negaba la alegación relativa a sus ganancias y gastos por medicinas y por consiguiente las admitía. Aún en ese estado del caso el demandado tuvo una oportunidad de pedir permiso a la corte para enmendar su contestación. Bajo estas cir-cunstancias somos de parecer que la corte no cometió el tercer error.

El cuarto error lee como sigue:

“La corte erró al concluir que hubo una preponderancia de prueba en favor del apelado y al considerar que la ley está a favor del apelado y en contra del apelante.”

Hemos leído cuidadosamente, la transcripción de la evi-dencia y somos definitivamente del criterio de que la clara preponderancia de la prueba favoreció al demandante. El cuarto error no existe.

En lo que respecta a lo excesivo-de la indemnización concedida, nos inclinamos a creer que la cantidad de $500 por un tobillo dislocado, cuando el demandante fia tenido que caminar en muletas por tres o cuatro meses, no es demasiado alta, y no estamos dispuestos a intervenir con el estimado hecho por la corte inferior a este respecto.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Córdova Dávila no intervinieron..


author: El Juez Asociado Sbñoe HtjtchisoN

text:
    National City Bank of New York, demandante y apelado, v. Fuentefría & Arroyo, demandada y apelante.
    Núm. 6965.

    Sometido: Noviembre 18, 1936.

      Resuelto: Noviembre 3, 1937.

      Emilio S. Belaval, abogado de la apelante; Fiddler, Córdova & McConnell, j J. M. Morales, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Sbñoe HtjtchisoN

emitió la opinión del tribunal.

El National City Bank of New York inició esta acción basada en dos giros pagaderos a la orden del American Colonial Bank y endosados por éste al demandante. Ambos giros habían sido aceptados por Fuentefría & Arroyo como librada. La única cuestión ante nos es si estas obligaciones quedaron extinguidas por novación.

El artículo 1158 del Código Civil, ed. 1930, provee:

“Para que una obligación quede extinguida por otra que la sus-tituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.”

Uno de los giros fué librado por R. A. Muñoz y el otro por M. Berrios & Co. y R. A. Muñoz. Más tarde Muñoz y su esposa, Elvira Fuentefría, otorgaron hipoteca para garan-tizar el pago de $85,307.25 que Muñoz aceptó ser la totalidad de su deuda' con el American Colonial Bank, procedente de préstamos directos y pagarés y giros descontados según liqui-dación aceptada de mutuo acuerdo entre él y el banco. Muñoz se comprometió a satisfacer dicha cantidad en el término de un año a partir de la fecha de la hipoteca.

La hipoteca, se constituyó en 29 de jumo de 1929. Uno de los giros venció en julio 23 del mismo año. En agosto 12, 1929, se pagaron intereses y el giro fué prorrogado hasta agosto 23. El otro giro venció en 6 de agosto de 1929; se pagaron los intereses en agosto 13, y el giro fué prorrogado hasta agosto 23 del mismo año.

La hipoteca no contenía declaración expresa alguna res-pecto a la amortización de obligaciones preexistentes. La hipoteca y los dos giros ante nos no son “incompatibles de todo punto.” La librada era, por supuesto, responsable en primer lugar del importe total de ambos giros. La obliga.-ción de Muñoz como librador del primer giro y de Muñoz y Berrios & Co. como libradores del segundo, era una respon-sabilidad secundaria. Podría admitirse que Muñoz, mediante su promesa incondicional de pagar en el término de un año el importe total de ambos giros, renunció (por lo menos en lo que a él y al banco se refería) a cualquier beneficio prove-niente de su obligación secundaria, y asumió en lugar de ésta una obligación mancomunada y solidaria. También se com-prometió a pagar intereses sobre la totalidad de su deuda. La librada no fué parte en la hipoteca y no estaba obligada por el pacto del deudor hipotecario de pagar intereses al 9 por ciento a partir de la fecha de la hipoteca. El recono-cimiento de su deuda al banco hecho por el librador por el importe total de ambos giros y su promesa de pagar el mismo con intereses al 9 por ciento dentro de un año no relevaron a la librada de su obligación de pagar dicha cantidad a su ven-cimiento de acuerdo con los términos de los dos giros acep-tados, con intereses al tipo legal del 6 por ciento anual desde las fechas de los respectivos vencimientos de dichos giros. No afectó en modo alguno la obligación de la librada para con el banco. La hipoteca no estipulaba nada respecto a la cesión, abandono o cancelación por el banco de alguna deuda, anterior. No conllevaba, ni envolvía necesariamente una re-nuncia por parte del banco de su derecho a exigir el cobro de deudores mancomunados y solidarios distintos a Muñoz mediante litigio contra tales deudores fundado en los pagarés o giros, a pesar de la responsabilidad mancomunada y soli-daria de Muñoz de pagar tales pagarés o giros. El banco, por lo menos, no lo entendió así. Después que ambos giros estaban vencidos y más de un mes después de la ejecución de la hipoteca, alguien hizo un pago de intereses y el banco pro-rrogó ambos giros hasta el 23 de agosto de 1929. Muñoz de-claró como testigo de la demandada que él estaba “comple-tamente, seguro” que el banco le cargó en cuenta estos giros y que los mismos estaban “incluidos en la. liquidación.” Aparte del hecho de que dichos giros estaban incluidos en la llamada liquidación, no dió razón alguna en cuanto a su creencia de que éstos le habían sido cargados en cuenta. ■ No basta la mera conjetura de que habían sido cargados en esta forma. De tener algún valor probatorio, éste fué destruido' por el hecho establecido de que el banco retuvo posesión dé-los giros, aceptó el pago de intereses sobre los mismos, con-cedió una prórroga para el pago del principal y más adelante-endoso y envió ambos giros a otro banco, el aquí demandante^ Evidentemente, el banco consideró la hipoteca, en substancia y efecto, como una garantía adicional para el pago de la deuda, anterior, y no como una novación de las obligaciones ya exis-tentes, incluyendo las de otros deudores que no eran Muñoz-El documento estaba claramente sujeto a tal interpretación, porque, como hemos dicho, no era “incompatible de todo punto” con las obligaciones preexistentes de otros deudores, tales^como las asumidas por Fuentefría & Arroyo.

Una cuidadosa lectura de la opinión en el caso de Guerra v. American Colonial Bank, 21 Fed. (2) 56, en que se basa, el apelante, bastará para distinguir dicho caso del que ahora nos ocupa:

Un caso algo más aplicable puede hallarse en 123 Juris-prudencia Civil, 543. En él la Corte Suprema de España decidió que cierta hipoteca equivalía a la novación de un con-trato anterior porque el término para pagar la obligación pre-existente había sido prorrogado y la obligación de los deu-dores hipotecarios, firmantes de un giro, quedaba sustituida, independientemente de la hipoteca en sí, por la obligación del librado mencionado en el mismo. En el presente caso, corno-hemos demostrado, la obligación asumida por la librada no fué prorrogada por los términos de la hipoteca. La obli-gación asumida por los deudores hipotecarios no había sido sustituida por la obligación preexistente previamente asu-mida por la librada. No hubo sustitución de un deudor por otro. Nada impedía que el banco demandase a la librada en. cobro de su obligación tan pronto ésta venciese en la fecha especificada en el giro. Si la Corte Suprema de España estuvo acertada o equivocada en las circunstancias del caso-por ella decidido, el ratio decidendi del mismo no resuelve, el que está ahora ante nos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Córdova Dávila no intervinieron.