author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Gaztambide, Demandante y Apelado, v. Ayuntamiento de Sabana Grande, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre deslinde de propiedad.
    No. 1526.
    Resuelto en marzo 12, 1917.
    Deslinde — Allanamiento a la Demanda — Reserva de Derechos al Deman-dado — Sentencia.—Cuando un demandado se allana a una demanda pidiendo que se le reserven ciertos derechos y la otra parte no se opone y la reserva no es contraria a la ley, debe hacerse constar en la sentencia.
    Id. — Costas y Desembolsos — Honorarios de Abogado — -Litigante Temerario.— La imposición de costas, desembolsos y honorarios de abogado, descansa en la sana discreción de la corte que dieta la sentencia, pero de acuerdo con la ley vigente sobre la materia (Leyes de 1908, p. 50), es necesario para que dicha discreción pueda ejercerse que exista algún grado de culpabili-dad en la parte condenada. No existe grado, alguno de culpabilidad por parte de un demandado que se allana a las pretensiones del demandante para que se decrete un deslinde, cuando no se alega que se hubiera opuesto antes al mismo y que por tal motivo el demandante se viera obligado a acu-dir al tribunal. Es natural que la parte que solicita y obtiene en tales con-diciones el deslinde, satisfaga los gastos ocasionados por el mismo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Benito Forés.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Benedicto.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del triTbnnal.

José Ramón Gaztambide presentó nna demanda en la corte de distrito de Mayagüez alegando qne era dueño de nn solar de 17 metros de largo por 35 de ancho, con nna casa edificada en el mismo; qne el demandado Santalis era clneño de otra casa edificada en nn solar del municipio de Sabana Grande que colindaba con el del demandante, y que no existiendo entre ambas fincas ningún signo material que señalara y determi-nara con toda fijeza las respectivas colindancias, se veía “en la necesidad do establecer de una manera clara e inconfundible el deslinde de su finca de la línea colindante con la del deman-dado. ’ ’

El demandado Ayuntamiento de Sabana Grande excepcio-nó la demanda por no aducir hechos suficientes para deter-minar una causa de acción, pero luego se allanó a ella a fin de que se practicara el deslinde, reservándose “cualquier derecho que pudiera tener sobre la propiedad del demandante señor Gaztambide.” El demandado Santalis se eliminó del pleito por haber sido destruida por un incendio la casa que poseía.

. Visto el acuerdo de ambas partes, la corte ordenó la prác-tica del deslinde que se llevó a efecto por el perito señor Bau-cher, y no habiéndose hecho oposición al informe del perito, la dicha corte le impartió su aprobación y dictó sentencia por la que declaró “que de los Í7 metros de frente que según la escri-tura del señor Gaztambide mide su solar, no tiene ocupados más que 14 metros 60 centímetros, con un edificio ele manipos-tería, faltándole por lo tanto dos metros 40 centímetros, que es lo que con corta diferencia mide el callejón que separa la casa del demandante de la casa perteneciente a la sucesión Santalis, perteneciendo dicho callejón al demandante, sin especial condenación de costas.”

Diez días después de dictada la anterior sentencia, la corte la reconsideró y decretó y ordenó que el memorándum de gas-tos de viaje y honorarios presentado por el perito Boucher ascendente a cincuenta pesos fuera pagado veinticinco por-uña parte y veinticinco por otra.

El municipio demandado apeló de la sentencia y de la orden de reconsideración y ha alegado ante este Tribunal Supremo-que el de distrito erró, l.°, al hacer declaraciones indebida» respecto a la propiedad fijando a quien pertenece el callejón existente entre las fincas deslindadas, y 2a., al imponer el pago-de la mitad de los gastos del deslinde al demandado.

1. En cuanto al primer extremo, nos parece que tiene ra-zón en parte el apelante. No se celebró juicio. El deslínde-se acordó basándose en el allanamiento a la demanda hecho-por el demandado, pero tal allanamiento se hizo bajo la condi-ción de que se le reservaran los derechos que pudiera tener el demandado sobre la propiedad del demandante. Se trata de un municipio y parece que éste no tenía oposición alguna, que hacer a las dimensiones del solar ocupado por el deman-dante, pero tal vez pudiera existir alguna cuestión con respec-to al hecho de si el solar era de la propiedad del demandante,, o si éste simplemente tenía el derecho de usufructuarlo, co-rrespondiendo la nuda propiedad al municipio. El deman-dante no se opuso a la forma en que se allanó el demandado. Al contrario, se desprende de los autos, que todo fuá bien en-tendido.

Siendo ello así, nos parece justo que la sentencia apelada, se modifique, haciéndose constar expresamente en ella la re-serva indicada.

2. En cuanto al segundo extremo, opinamos que la corte-de distrito se excedió en sus facultades al imponer la mitad de los desembolsos del pleito al demandado.

La imposición de costas, desembolsos y honorarios de abo-gado, descansa en la sana discreción de la corte que dicta la. sentencia, pero de acuerdo con la ley vigente sobre la materia (Leyes de 1908, p. 50), es necesario para que dicha discreción, pueda ejercerse que exista algún grado de culpabilidad en la parte condenada, y en este caso no podemos ver qite exista grado alguno de culpabilidad por parte del municipio que se-allanó a las pretensiones del demandante. Además en la de-manda no se alegó qne el municipio demandado se hubiera opuesto al deslinde y que por tal motivo el demandante se hubiera visto obligado a acudir a un tribunal, y como el bene-ficio del deslinde lo recibirá en primer término el demandante, es natural que satisfaga ios gastos ocasionados por el mismo.

Por virtud de todo lo expuesto, debe modificarse la sen-tencia apelada en el sentido indicado y revocarse la orden que la modificó, debiendo subsistir su primitivo pronunciamiento, a saber, “sin especial condenación de costas.”

Modificada la sentencia apelada y revo-cada la orden que la modificó.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Porto Rican Leaf Tobacco Company, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegando en parte la inscripción de una escritura sobre siembra y cultivo y refacción e hipo-teca.
    No. 310.
    Resuelto en marzo 13, 1917.
    Refacción Agrícola — Inscripción en el Registro a Nombre de Persona De- ' terminada — Arrendatario—Usupructuario.—Si bien para las anotaciones de contratos de refacción agrícola en el registro destinado al efecto, no es necesaria la inscripción previa de la finca en el registro de la propiedad, como así lo dispone la sección 14 de la Ley No. 37 de 10 de marzo de 1910, cuya sección no fué enmendada por la ley posterior No. 59 de 9 de marzo de 1911, inscrita una finca en el registro de la propiedad a nombre de persona determinada, no puede otra celebrar sobre ella contrato de préstamo con la garantía de sus productos con carácter de arrendatario o usufructuario,' sin justificar ese carácter y la extensión del mismo, según se desprende de la sección 3a. de aquella ley. A falta del documento en que conste el con-cepto de arrendataria o de usufructuario del terrateniente, bastará la con-formidad que preste con el contrato de refacción el dueño de la finca afectada por el arrendamiento o el usufructo.
    Id. — Facultades de los Registradores — Calificación de Documentos. — La facultad de calificar los documentos sujetos a inscripción o anotación y la capacidad de los otorgantes, que reconoce la Ley Hipotecaria en sn artículo 3 8 a los registradores, comprende los documentos de "refacción agrícola, y para que puedan calificar dicha capacidad es forzoso el examen de los documentos que la justifican.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. Luis Muñoz Morales.

    El registrador recurrido Sr. Augusto Malaret, compare-ció en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública No. 97 otorgada en esta ciudad de San Juan a 5 de septiembre de 1916 ante el notario Luis Muñoz Morales, la corporación The Porto Eican Leaf Tobacco Company y Alfonso Ortiz Utset celebraron un contrato sobre siembra y cultivo de tabaco y refacción e hipoteca, en virtud del cual Ortiz se obligó a preparar, sembrar 3r cultivar de ta-baco para la cosecha de 1916 a 1917, 60 cuerdas del terreno de cuatro fincas que bajo las letras A, B, O, D, se describen en dicha escritura, a saber, 12 cuerdas de la primera, 10 de la segunda, 28 de la tercera y 10 de la cuarta, y para atender a los gastos de semillas, preparación del terreno, siembra, cultivo 3T recolección del tabaco la corporación expresada concedió a Ortiz un préstamo refaccionario hasta la suma de $4,800 bajo las condiciones que se expresan en el mismo documento, ga-rantizando Ortiz el pago del préstamo con el tabaco que se recolectara ,v con primera hipoteca, que por sí y como apode-rado de su esposa constituyó sobre la finca letra A con cabida de 38 cuerdas 42 céntimos, radicada en el barrio Eincón del término municipal de Cayey.

En la misma escritura al expresarse el título por virtud del cual poseía Ortiz las cuatro fincas, se hace' constar expre-samente :

Io. Que la finca letra A es propiedad de Ortiz y la adquirió por compra a Eeparada Nogueras López, según escritura No. 165 de 19 de agosto de 1916, otorgada en Barranquitas ante el notario don Francisco Navarro Ortiz.

2o. Que la finca letra B es propiedad de Pedro Vázquez García y la posee Ortiz corno usufructuario liasta el día 5 de julio de 1917, según escritura de constitución de hipoteca No. 126 de 5 de julio de 1916, otorgada en Cayey ante el notario don Francisco Navarro Ortiz.

3o. Que la finca letra C es propiedad de Petra Hernández Rodríguez y sus hijos Carlos, Josefa y Esteban Antón Her-nández y fué arrendada al Ortiz por la Petra Hernández Ro-dríguez por sí y como apoderada especial de sus mencionados hijos por término de cuatro años a contar desde 30 de junio de 1916 según escritura No. 124 de 30 de junio de 1916, otor-gada en Cayey ante el notario Francisco Navarro Ortiz.

4o. Que la finca letra I) es propiedad de Francisco Fernán-dez Navas y fué dada en arrendamiento a Ortiz por Francisco Fernández Colón como apoderado general de Fernández Na-vas por término de 9 meses, 7 días, desde 24 de agosto de 1916 hasta el día último de mayo de 1917, según contrato privado de arrendamiento suscrito por arrendador y arrendatario en Cayey a 24 de agosto de 1916.

Presentada al registro de contratos agrícolas de Gruayama la escritura No. 97 de 5 de septiembre de 1916, para su anota-ción, fué anotada en cuanto a la finca letra A y denegada la anotación en cuanto a las demás por medio de nota que literal-mente dice así:

“Anotado el precedente documento con vista de otro en el Regis-tro de Contratos Agrícolas en cuanto a la finca que se describe bajo la letra A al folio 103 vto. del tomo Io. de Cayey,-finca No. 24 ano-tación letra C; y denegado: en cuanto a la finca letra B, por figu-rar inscrita a nombre de Pedro Vázquez García y no acreditar el Señor Ortiz Utset su carácter y facultades como usufructuario de la misma ,- en cuanto a la descrita con la letra C por aparecer ins-crita a nombre de Don José Antón Blasco y en cuanto a la-letra D por figurar inscrita a favor de Don Francisco Fernández Navas, sin que haya acreditado el Señor Ortiz Utset su carácter y facultades de arrendatario de las mismas; tomándose en su defecto anotación preventiva a favor de la Porto Rican Leaf Tobacco Company en cuanto a la finca letra Bul'folio 227 del tomo Io. de Cidra, finca No. 51 ano1 tación letra A, y en cuanto a las fincas C y D a los folios 133 y 138 del tomo 2o. de Cayey fincas Nos. 91 y 92 anotaciones letras A. G-ua-yama, febrero dos, de mil novecientos diez y siete. A. Malaret, Regis-trador. ’ ’

La expresada nota en cnanto a la denegatoria que contiene ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema por la cor-poración The Porto Rican Leaf Tobacco Company.

Entendemos que estando inscritas como lo están en el Re-gistro de la Propiedad de Gfuayama las fincas marcadas con las letras B, C, D a nombre respectivamente de Pedro Váz-quez García, de José Antón Blasco y de Francisco Fernández Navas, ha debido Alfonso Ortiz Utset acreditar ante el regis-trador su carácter y facultades como usufructuario de la finca letra B, como también ha debido acreditar ante el propio re-gistrador su carácter y facultades de arrendatario de las otras dos fincas letras C y D, con tanto mayor motivo respecto de la finca letra C, cuanto que ésta aparece inscrita en el registro de la propiedad a nombre de José Antón Blasco, contra lo afirmado en la escritura de 5 de septiembre de 1916, de ser Petra Hernández Rodríguez y sus hijos Carlos, Josefa y Esteban Antón Hernández los dueños de esa finca letra C.

Ciertamente que para las anotaciones de contratos agrí-colas en el registro destinado al efecto, no es necesaria la previa inscripción de la finca en el registro de la propiedad, como así lo dispone la Sección 14 de la Ley No. 37 de 10 de marzo de 1910, cuya sección no fue enmendada por la Ley posterior No. 59 de 9 de marzo de 1911, y con ello se propuso el legislador favorecer el desarrollo del crédito territorial y facilitar la contratación sobre frutos a los terratenientes que carecieran de título inscribible. Pero no cabe sostener que inscrita una finca en el registro de la propiedad a nombre de persona determinada pueda, otra celebrar sobre ella contrato de préstamo con la garantía de sus productos con carácter de arrendatario o usufructuario, sin justificar ese carácter y la extensión del mismo. Puede suceder muy bien que al contrato garantizando la refacción con frutos de una finca que posea un terrateniente como arrendatario o usufructuario, se opon-gan la extensión y alcance de las facultades concedidas al terrateniente en cualquiera de los conceptos indicados. De .ahí la necesidad de que el registrador conozca cuáles son esas facultades mediante el examen del documento demostrativo ■del arrendamiento o del usufructo, cuando tal documento exis-te, como en el presente caso, sin que haste una mera referen-cia al mismo. En todo caso bastará la conformidad manifies-ta del dueño de la finca con la garantía que ofrezca el arren-datario o usufructuario.

La anterior doctrina se desprende de la misma ley No. 37 al ordenar en su sección 3\ que cualquier terrateniente a título de dueño, poseedor, arrendatario o usufructuario de fincas rústicas podrá verificar con terceras personas el contrato de ■refacción agrícola definido en la sección Ia. de dicha ley; pero si el terrateniente lo fuese a título de arrendamiento u otra forma temporal de usufructo, el contrato de refacción no po-drá extenderse más allá del término y condiciones fijados al derecho del arrendatario o usufructuario sobre la tierra, i Cómo puede saber el registrador que el terrateniente a título de arrendamiento o usufructo no se ha extendido más allá del término y condiciones fijados a su derecho?

La contestación es clára: o teniendo a la vista para su examen el documento en que conste el concepto de arrenda-tario o de usufructuario del terrateniente, o a falta de tal do--cumento, por la conformidad que preste con el contrato de refacción el dueño de la finca afectada por el arrendamiento o •el usufructo.

La facultad de calificar los documentos sujetos a inscrip- . ción o anotación y la capacidad de los otorgantes, que recono-ce la Ley Hipotecaria en su artículo 18 a los registradores, comprende los documentos de refacción agrícola, y para que puedan calificar dicha capacidad es forzoso el examen de los documento que la justifican.

Es'de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y IIutcMson.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Longpré, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, inscribiendo con defectos subsanables una escritura de compraventa.
    No. 297.
    Resuelto en marzo 13, 1917.
    SOCIEDAD BE GANANCIALES — CÍOMPRA A TÍTULO ONEROSO-PRESUNCIÓN BE BIENES Gananciales. — Cuando de una escritura de compraventa de bienes inmuebles' adquiridos por cualquiera de los cónyuges a título oneroso no aparece que lo sea con dinero procedente de sus bienes propios, tienen la presunción de que lo han sido a costa del caudal común y, por tanto, se reputan gananciales y comprados con bienes de la sociedad.
    Ib. — Compra por la Esposa be Bienes Inmuebles con .Dinero be la Socie-bab — Consentimiento del Maribo — Defecto Subsanable. — Una mujer ca-sada no puede comprar por sí un bien inmueble con dinero de la sociedad conyugal, a menos que el marido, que es el administrador legal de la socie-dad, preste su consentimiento para la compra; constituyendo defecto subsa-nable del título la falta de dicho consentimiento en el otorgamiento de la escritura de compra.
    Inscripción de Edificios — Edificios — Origen de la Adquisición — Defecto Subsanable. — Si bien es cierto que el edificio es accesorio del suelo y perte-nece al dueño de éste, que es lo principal, cuando se trata de inscribir un edificio, debe expresarse en la escritura el origen de la adquisición del mismo, la omisión de lo cual constituye sólo defecto subsanable.
    Los hechos están expresados on la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. Francisco Soto Gras.

    El registrador recurrido Sr. José S. Belával compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgáda el 14 de septiembre de 1916, María Longpré y Benitez, casada con Ramón Aboy Benitez, compró a Teresa Iglesias e Iglesias, viuda de Agrait, un solar con una casa edificada en el mismo, situado en el barrio de Puerta de Tierra de la ciudad de San Juan.

Presentada la-.escritura para su inscripción en el registro ele la propiedad, así lo hizo el registrador, pero con los defec-tos snbsanables de no constar la aceptación de la compraventa por el esposo de la compradora y de no expresarse el título de adquisición de la casa.

El precepto del artículo 61 del Código Civil Español que ri-gió en esta isla, según el cual la mujer casada no podía sin licencia o poder de su marido adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes ni obligarse, sino en los casos y con las limitaciones establecidas por la ley, fné suprimido al publicarse el Código Civil Revisado el año 1902. Esta supre-sión origina la controversia entre las partes de este recurso respecto a si la mujer casada puede ahora comprar bienes in-muebles para la sociedad conyugal sin necesidad del consenti-miento del esposo toda vez que el registrador recurrido estimó que la falta de tal consentimiento constituye un defecto subsa-nable'. En ambos códigos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges a título oneroso a costa del caudal común son bienes gananciales siendo privativos de cualquiera dé ellos los adquiridos con dinero procedente de sus bienes propios, y toda vez que esto no aparece de la escritura en cuestión, la finca que compró la mujer tiene la presunción de ser ganancial y por tanto comprada con bienes de la sociedad.

Además de la prohibición que se consignaba en el artículo 61 citado, que- ha sido suprimido, disponía también el artículo 59 que el marido es el administrador de la sociedad conyugal; el 62 que las compras de joyas, muebles y otros objetos pre-ciosos hechas por la mujer sin licencia de su marido sólo se convalidarían cuando éste le hubiera consentido el uso y dis-frute de tales objetos; el 1412 repetía que el marido es el administrador de la sociedad de gananciales y el 1416 decla-raba que la mujer no podía obligar los bienes de tal sociedad sin consentimiento del marido. Este último artículo no existe en nuestro código actual pero sí el 1416 con el número 1327; el artículo 62 también ha sido suprimido pero su contenido ha sido incluido sustancialmente en el 159, el que después de con-signar, como el anterior 59, que el marido es el administrador ele dichos bienes, agrega que las compras que con ellos haga la mujer serán válidas, cuando se refieran a cosas destinadas al uso de la familia, de acuerdo con la posición social de ésta.

Expuesto lo que precede veamos ahora si la recurrente necesita el consentimiento del marido, administrador de los bienes de la sociedad conyugal, para comprar con ellos, en cuyo caso tendría razón el registrador al consignar la ausen-cia de tal consentimiento como defecto que debe ser subsanado.

Según hemos visto, el código vigente después de declarar que el marido es el administrador de los bienes de la sociedad de gananciales del matrimonio reconoce validez a las compras que con ellos haga la esposa cuando se refieran a cosas desti-nadas al uso de la familia, de acuerdo con la posición social de ésta, de donde hay que deducir necesariamente que las compras que no sean de esa naturaleza no son válidas, de acuerdo con la regia de derecho expressio unius esí exclussio alterius, pues sostener lo contrario, decir que la mujer puede comprar con bienes gananciales cosas que no son para el uso de la familia, es borrar ese precepto del código y, contra su disposición, dar validez a cualquiera compra que haga cuando la ley solo la reconoce en ese caso. La validez que en ese único caso da la ley a las compras hechas por la mujer casada, es la sola excepción a los derechos que al marido reconoce como administrador de dichos bienes, llamado por ella a emplear-los bienes gananciales y sin cuyo consentimiento no puede comprar con ellos la mujer. Y no cabe decir que la supresión de los artículos 61 y 1416 del anterior código borró la necesidad de ese consentimiento porque el 159 del actual sólo le permite a la mujer emplear tales bienes en el único caso que menciona. La falta de capacidad en la mujer para emplear los bienes gananciales, a menos que su marido consienta, es consecuencia del carácter del administrador que la ley le reconocía y le reconoce y no provenía de la prohibición consignada en el artículo 61 suprimido que se refería a la incapacidad para contratar aún con sus bienes privativos sin permiso de su ma-rido, prohibición que ahora no ti@B§ la mujer en cuanto a éstos. Corrobora nuestra opinión que el artículo 161 del actual código permite a la mujer contratar por sí y comparecer en juicio para lo que se refiera a la defensa de sus derechos o de sus bienes propios, 15 que demuestra que no puede con-tratar por sí cuando no es con bienes propios, como no lo son los gananciales.

En vista de lo que hemos expuesto la mujer en este'caso no podía comprar por sí un bien inmueble con bienes de la sociedad de gananciales, y como el marido, administrador legal de ellos no prestó su coxisentimiento a tal compra, procedió correctamente el registrador al consignar como defecto sub-sanable del tituló la falta de ese consentimiento ya que puede ser subsanado.

En el caso de Giménez v. El Registrador, 21 D. P. R. 329, que el recurrente cita en apoyo de su pretensión de que revo-quemos la calificación hecha por el registrador, no se le dió gran consideración a esta cuestión porque fué principalmente otro el motivo que se tuvo en cuenta al resolverlo.

En cuanto al segundo defecto consignado por el registra-dor entendemos que también es sostenible porque si bien' es cierto que el edificio es accesorio del suelo y pertenece al dueño de éste, que es lo principal, cuando se trata de inscribir un edificio, debe expresarse en la escritura el origen de la ad-quisición.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado del Toro.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó “conforme con la sen-tencia. ’ ’

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió,


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Rivera, Administrador Judicial, Demandante y Apelado, v. The North British and Mercantile Insurance Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce, en procedimiento sobre eliminación de exposición del caso en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1601.
    Resuelto en marzo 15, 1917.
    Desestimación de Apelación — Alegato del Apelante. — La falta de presenta-ción de alegato por parte del apelante, es motivo suficiente para desesti-mar el recurso interpuesto por el mismo.
    Id. — Apelación Prívola — Exposición del Caso — -Prórroga Indefinida para Pre-sentarla. — Es enteramente frívola nna apelación y debe desestimarse en que la única cuestión envuelta en la misma ha sido resuelta terminante y repetidamente por el Tribunal Supremo en pro del criterio que informa la resolución apelada, como lo es una apelación contra orden absteniéndose una corte de distrito de aprobar y ordenando la eliminación de los autos de un pliego de excepciones y exposición del caso presentado por virtud de prórroga indefinida concedida para ello al apelante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Martines & Iriarte.

    Abogado del apelado: Sr. José A. Poventud.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte ele Distrito de Ponce resolvió el pleito seguido por Carlos A. Rivera, como administrador judicial de los bie-nes de la herencia de Rafael Cruz contra The North British and Mercantile Insurance Company, en cobro de nna póliza de seguro contra incendio, en favor del demandante. El 26 de julio de 1916 la parte demandada apeló, y solicitó además uná prórroga de veinte días contados a partir de la fecha en que se le entregaran las notas taquigráficas, para presentar la exposición del caso. La corte le concedió la prórroga y la parte demandada y apelante archivó la exposición el 9 de agosto de 1916.

Así las cosas, la parte apelada pidió a la corte de distrito el 18 de agosto de 1916 que anulara la orden por virtud de la cual concedió la prórroga de que se ha hecho mérito, por ser indefinida, y en sn consecuencia, que se abstuviera de aprobar la exposición. La corte oyó a ambas partes y el 25 de noviem-bre de 1916 anuló la orden de prórroga y se abstuvo de apro-bar la exposición, basándose en la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en el caso de Belaval v. Córdova, Juez de Distrito et al., 21 D. P. R. 537. La compañía deman-dada interpuso entonces la presente apelación contra la diclia orden de 25 de noviembre de 1916.

El 21 de diciembre de 1916 se arcliivó en la secretaría de esta Suprema Corte la transcripción de los autos. El 30 de diciembre de 1916 se concedieron al apelante veinte días de prórroga para presentar su alegato. El 22 de enero de 1917 se le concedieron diez días más. Venció el término sin que se presentara el alegato y el 27 de febrero de 1917 la parte apelada presentó una moción solicitando la desestimación del recurso, entre otros motivos por no haberse presentado por el apelante su alegato y por ser frívola su apelación.

La vista de esa moción se celebró el 12 de marzo último. El apelado no compareció, pero archivó un alegato escrito en apoyo de sus pretenciones. El apelante ni compareció ni ar-chivó su alegato, ni ha hecho gestión alguna demostrativa de su interés en la prosecución del recurso.

Ya este tribunal ha decidido, entre otros en el caso de Chavarría v. Purdy & Henderson, Inc., 22 D. P. R. 256, 258, que la falta de presentación de alegato por parte del apelante, es motivo suficiente para desestimar el recurso interpuesto por el mismo.

Pero hay más. La apelación es en verdad enteramente frívola, ya que la única cuestión envuelta en la misma ha sido resuelta terminante y repetidamente por este tribunal en pro del criterio que informa la orden apelada. En la citada decision de Belaval v. Córdova, 21 D. P. R. 537, esta Corte Suprema fijó con toda claridad, en general “que una corte de distrito no puede, en el ejercicio de su facultad discrecional, conce-der una prórroga indefinida para que un apelante prepare el proyecto de exposición del caso,” y en particular “que una orden de una corte de distrito concediendo ‘una prórroga de 30 días contados desde la fecha de la entrega del récord taqui-gráfico para presentar la exposición del caso’ es nula por haber sido dictada en exceso de jurisdicción.” Y esa doctrina ha sido ratificada luego por esta misma corte en los casos de Guardian Assurance Co., Ltd., v. López Acosta, 24 D. P. R. 637, y Rivera v. North British and Mercantile Insurance Co., 24 D. P. R. 653.

En tal virtud, por ser frívola la apelación y por no haber presentado el apelante su alegato, debe desestimarse el recur-so con los demás pronunciamientos de ley.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    No. 162.
    Daubón, Peticionario, v. Córdova Dávila, Juez de Distrito, Demandado.

    Certiorari.
    Junio 5, 1916.
   Dene-gada la solicitud.


text:
    No. 1015.
    El Pueblo, Apelado, v. Soto, Apelante.
    Aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    Agua-dilla.
    Junio 12, 1916.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1018.
    El Pueblo, Apelado, v. Casas et al., Apelantes.
    Libelo.
    Hnmaeao.
    Junio 12, 1916.
   Revocada la sen-tencia y absueltos los acusados.


text:
    No. 1025.
    El Pueblo, Apelado, v. Flores, Apelante.
    In-fracción Ley Pesas y Medidas.
    San Juan, Sección 2a.
    Junio 16, 1916.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1497.
    Acevedo, Apelado, v. López, Apelante.
    Admi-nistración judicial.
    Aguadilla.
    Junio 19, 1916.
   Confirmada la resolución. En julio, 1916, denegada la reconsideración.


text:
    No. 1522.
    Jiménez et al., Apelantes, v. Martínez, Apelado.
    Demolición ele obra e indemnización.
    San Juan, Sec-ción Primera.
    Junio 20, 1916.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1039.
    El Pueblo, Apelado, v. Pulliza, Apelante.
    Infracción del artículo 370 del Código Penal.
    Iiumacao.
    Junio 21, 1916.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 930.
    El Pueblo, Apelado, v. García, Apelante.
    Ca-lumnia e injaria.
    Iiumacao.
    Junio 23, 1916.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1014.
    No. 1037.
    El Pueblo, Apelado, v. Arana et al., Apelantes. El Pueblo, Apelado, v. León, Apelante.
    Lotería (pool).

    San Juan, Sección Segunda.
    Julio 5, 1916.
   Confirmadas las sentencias por el fundamento de El Pueblo v. Martínez, 23 D. P. R. 228.


text:
    No. 1059.
    No. 1034.
    El Pueblo, Apelado, v. Trinidad, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Carrillo, Apelante.
    Acometimiento y agresión.
    Violación.
    San Juan, Sección Segunda.
    Julio 7, 1916.
   Confirmadas las sentencias.


text:
    No. 1005.
    No. 1008.
    No. 1011.
    No. 1012.
    No. 1016.
    No. 1019.
    No. 1020.
    El Pueblo, Apelado, v. Pagán, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Oxios, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Martínez, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Gutiérrez, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Bravo, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Meléndez, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Vega, Apelante.
    Infracción ordenanzas municipales.
    Ponce.
    Julio 10, 1916.
   Desestimadas las apelaciones.


text:
    No. 1047.
    El Pueblo, Apelado, v. Molinary, Apelante.
    Hurto menor cuantía.
    Aguadilla.
    Julio 11, 1916.
   Confir-mada la sentencia.


text:
    No. 1036.
    El Pueblo, Apelado, v. Coconut Product Industrial Company.
    Infracción Ley de Corporaciones.
    San Juan, Sección Segunda.
    Julio 13, 1916.
   Confirmada la sen-tencia pero modificándola en el sentido de quedar condenada, a pagar cincuenta dólares de multa, sin que haya lugar a la prisión subsidiaria por insolvencia, y contándose desde esta fecha el término de treinta dias para presentar el informe.


text:
    No. 1455.
    Forestier v. Forestier, Divorcio.
    Ilumacao.
    Julio 17, 1916.
   Confirmada la Sentencia.


text:
    No. 1049.
    El Pueblo, Apelado, v. Romero et al., Apelantes.
    Crueldad con los animales.
    San Juan, Sección Segunda.
    Julio 18, 1916.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1529.
    No. 1530.
    F. Carrera y Hno., Apelados, v. The New York & Porto Rico Steamship Company, Apelante. Morel & Co., S. en C., Apelados, v. The New York & Porto Rico Steamship Company, Apelante.
    Indemnización.
    Mayagüez.
    Julio 20, 1916.
   Desistidas las apelaciones.


text:
    No. 1050.
    No. 1021.
    El Pueblo, Apelado, v. Maldonado et al., Apelantes. El Pueblo, Apelado, v. Matías et al., Apelantes.
    Adulteración de leche.
    Roho.
    San Juan, Sección Segunda.
    Julio 20, 1916.
   Confirma-das las sentencias.


text:
    No. 1058.
    No. 1061.
    El Pueblo, Apelado, v. Balsells, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Barrios, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Pacheco, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Cruz, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Colón, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Brignoni, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Luján, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Díaz, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Vázquez et al.

      Adulteración de leche.
    San Juan, Sección Segunda.
    Infracción sección 14, Ley del Servicio .Civil.
    Arecibo.

      No. 1063.
    No. 1064.
    No. 1065.
    No. 1066.
    No. 1067.
    No. 1068.
    No. 1073.
    Acometimiento y agresión.
    Ponce.
    In-fracción artículo 438 del Código Penal.
    Ponce.
    Acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    Ponce.
    Homicidio voluntario.
    Humacao.
    Aco-metimiento y agresión.
    Humacao.
    Aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    Hu-macao.
    Motín.
    San Juan, Sección Segunda.
    Julio 21, 1916.
   Confirmadas las sentencias.


text:
    No. 1539.
    Ramos, Apelado, v. Molina et al., Apelantes.
    Cobro de dinero.
    Arecibo.
    Julio 21, 1916.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1051.
    No. 1053.
    No. 1055.
    El Pueblo, Apelado, v. Araujo, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Requena, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Ferrer, Apelante.
    Adulteración de leche.
    Adulteración de leclie.
    Ejercicio ilegal de la Cirujía Dental.
    San Juan, Sección Segunda.
    Julio 16, 1916.
   Confirmadas las sentencias apeladas.


text:
    No. 16.
    Calderón et al., Promoventes, v. Rossy, Juez de Distrito, Demandado.
    Auto inhibitorio.
    Julio 26, 1916.
   Sin lugar la solicitud.


text:
    No. 164.
    Belaval, Peticionario, v. Córdova Dávila, Juez de Distrito.

    Certiorari.
    Julio 28, 1916.
   Anulado él auto expedido.


text:
    No. 1540.
    González, Apelada, v. Sucesión Virella, Apelante.
    Daños y perjuicios.
    Guayama.
    Julio 28, 1916.
   De-sestimada la apelación.


text:
    No. 1029.
    No. 1033.
    No. 1035.
    El Pueblo, Apelado, v. Cartagena et al., Apelantes. El Pueblo, Apelado, v. González, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Rivera, Apelante.
    Juegos prohibidos {loto).

    San Juan, Sección Segunda.
    Julio 28, 1916.
   Revocadas las sentencias y absueltos los acu-sados, por los fundamentos de El Pueblo v. Marcano et al., pág. 476.


text:
    No. 1576.
    No. 1577.
    No. 1578.
    Negrón & Hernández, Apelados, v. Sucesión Jiménez, Apelante. Abolafia, Apelante, v. Alonso, Apelada. Lugo et al. v. Balasquide y Co. et al.
    Cobro de dinero.
    Ponce.
    -Divorcio.
    Arecibo.
    Repo-sición de una inscripción de hipoteca.
    Ponce.
    Noviembre 7, 1916.
   Desestimadas las apelaciones.


text:
    No. 166.
    No. 167.
    Capó, Peticionario, v. Manzano, Juez Municipal. González, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito, Demandado.

      Certiorari.

    Noviembre 7, 1916.
   Sin lugar las solicitudes.


text:
    No. 1045.
    El Pueblo, Apelado, v. Franquis, Apelante.
    Infracción artículo 370 del Código Penal.
    Humacao.
    Noviembre 9, 1916.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1556.
    Sucesión Molfulleda, Apelante, v. Sucesión Ramos, Apelada.
    Nulidad de expediente posesorio.
    San Juan, Sección Primera.
    Noviembre 10, 1916.
   Desestimada la apelación. En diciembre 21, 1916, denegada reconsidera-ción.


text:
    No. 1074.
    No. 1077.
    El Pueblo, Apelado, v. García, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Berríos.
    In-fracción artículo 260 del Código Penal.
    Seducción.
    San Juan, Sección Segunda.
    Noviembre 10, 1916.
   Con-firmadas las sentencias.


text:
    No. 1078.
    No. 1079.
    No. 1080.
    El Pueblo, Apelado, v. López, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Cabán, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Manzanares, Apelante.
    De-lito contra el derecho electoral.
    Ponce.
    Aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    San Juan, Sección Segunda.
    Infracción Ley de Farmacia.
    Guayama.
    Noviembre 13, 1916.
   Confirmadas las sentencias.


text:
    No. 1557.
    González, Apelante-Apelado, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., Apelada-Apelante.
    Indemni-zación de daños y perjuicios.
    San Juan, Sección Primera.
    Noviembre 13, 1916.
   Desistidas las apelaciones.


text:
    No. 1583.
    Fernández, Apelado, v. Pérez y Rodríguez et al., Apelantes.
    Cobro de dinero.
    San Juan, Sección Segunda.
    Noviembre 14, 1916.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1083.
    El Pueblo, Apelado, v. Sánchez, Apelante.
    Alterar la paz.
    Humacao.
    Noviembre 21, 1916.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 157.
    Sein, Peticionario, v. Domenech, Comisionado del Interior, Demandado.

    Mandamus.
    Noviembre 21, 1916.
   Sin lugar la solicitud.


text:
    No. 1085.
    El Pueblo, Apelado, v. Antongiorgi, Apelante.
    Acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes.
    Ponee.
    Noviembre 23, 1916.
   Confirmada la sen-tencia.


text:
    No. 1098.
    El Pueblo, Apelado, v. Burgos, Apelante.
    Acometimiento y agresión.
    Ilumacao.
    Noviembre 27, 1916.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1581.
    Coll, Apelado, v. De la Cruz, Apelante.
    Co-bro de dinero.
    Ponce.
    Diciembre 4, 1916.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1584.
    Manrique de Lara, Apelada, v. Garrossi, Apelante.
    Nuevo juicio y moción de traslado en pleito de divorcio.
    Ponce.
    Diciembre 4, 1916.
   Desistida la apelación.


text:
    No. 1590.
    Nadal, Apelada, v. Mary et al., Apelantes.
    Cobro de pesos.
    Mayagüez.
    Diciembre 5, 1916.
   Desesti-mada la apelación.


text:
    No. 1591.
    Fernández, Apelante, v. Geyls et al., Apelados.
    Cobro de dinero.
    San Juan, Sección Segunda.
    Diciembre 11, 1916.
   Desistida la apelación.


text:
    No. 1062.
    El Pueblo, Apelado, v. Ochart, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Pérez, Apelante.

      Acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    Humacao.

      No. 1106.
    Aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    Maya-güez.
    Diciembre 11, 1916.
   Confirmadas las sentencias.


text:
    No. 1107.
    El Pueblo, Apelado, v. Tejera et al., Apelantes.
    Motín.
    Arecibo.
    Diciembre 12, 1916.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1596.
    Díaz, etc., Apelante, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., Apelada.
    Daños y perjuicios.
    San Juan, Sección Primera.
    Diciembre 15, 1916.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1471.
    No. 1475.
    No. 1485.
    No. 1500.
    No. 1501.
    No. 1517.
    No. 1527.
    No. 1547.
    Santiago et al., Apelantes, v. Rodríguez et al., Apelados. Central Eureka, Incorporated, Apelante, v. Winscowich, Apelado. Pérez, Apelante, v. Navarro et al., Apelados. Carrero, Apelante, v. Valle et al., Apelados. Carrero, Apelante, v. Valle, Apelado. López, Apelante, v. González, Márshal Municipal de Ponce et al., Apelados. Colón et al., Apelantes, v. Armstrong & Co., S. en C., et al., Apelados. Fernández, Apelante, v. Junta Escolar de Mayagüez, Apelada.

    Impugnación de elecciones.
    Injunction.
    Desahucio.
    Cobro de dinero.
    Cobro de dinero.
    Daños y perjuicios.
    Nulidad de hipoteca y otros extre-mos.
    Guayama.
    Mayagüez.
    Humacao.
    Mayagüez.
    Mayagüez.
    Ponce.
    Ponce.
    Mandamus.
    Diciembre 15, 1916.
   Desestimadas de oficio las apela-ciones.


text:
    No. 1092.
    El Pueblo, Apelado, v. Chavarri, Apelante.
    Acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    San Juan, Sección Segunda.
    Diciembre 15, 1916.
   Confir-mada la sentencia.


text:
    No. 1518.
    Rodríguez et al., Apelantes, v. Melero et al., Apelados.
    Procedimiento ejecutivo.
    Ponce.
    Diciembre 15, 1916.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1088.
    No. 1100.
    El Pueblo, Apelado, v. Márquez et al., Apelantes. El Pueblo, Apelado, v. Colón, Apelante.
    Alterar la paz.
    Jue-gos prohibidos.
    San Juan, Sección Segunda.
    Humacao.
    Diciembre 18, 1916.
   Confirmadas las sentencias.


text:
    No. 1090.
    El Pueblo, Apelado, v. Ochart, Apelante.
    De-lito contra la justicia pública.
    G-uayama.
    Diciembre 19, 1916.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1600.
    Dipiní, Apelado, v. Pérez et al., Apelantes.
    Confesoria de servidumbre.
    Humacao.
    Diciembre 19, 1916.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1114.
    El Pueblo, Apelado, v. Lange et al., Apelantes.
    Motín.
    Mayagüez.
    Diciembre 21, 1916.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 171.
    Villamil, Peticionario, v. Lloreda, Juez de Distrito, Demandado.

    Certiorari.
    Diciembre 21, 1916.
   Sin lu-gar la solicitud.


text:
    No. 1603.
    Rodríguez, Apelado, v. Infanzón, Apelante.
    Indemnización de perjuicios.
    San Juan, Sección Primera.
    Diciembre 22, 1916.
   Desestimada la apelación por falta de jurisdicción.


text:
    No. 1664.
    Rivas, Apelada, v. Cruz et al., Apelantes.
    Nu-lidad.
    Humacao.
    Diciembre 22, 1916.
   Desestimada la ape-lación.


text:
    No. 1115.
    No. 1122.
    El Pueblo, Apelado, v. Rivera et al., Apelantes. El Pueblo, Apelado, v. Castañeda et al., Apelantes.
    Juegos prohibidos.
    Alterar la paz.
    Ponce.
    San Juan, Sección Segunda.
    Diciembre 22, 1916.
   Confirmadas las sentencias.


text:
    No. 1081.
    No. 1082.
    El Pueblo, Apelado, v. Ricci, Apelante. El Pueblo v. Ricci, Apelante.
    Infracción artículo 14, Ley Servicio Civil.
    Gfuayama.
    Enero 9, 1917.
   Sobreseídos los casos por fallecimiento del acusado.


text:
    No. 1610.
    No. 1611.
    Ortiz, Apelado, v. Guardian Assurance Co., Ltd., Apelante. Ortiz v. Guardian Assurance Co., Ltd.
    Aprobación de pliego de excepciones.
    Cobro de dinero, importe de póliza.
    Guayama,
    Enero 12, 1917.
   Desestimadas las apelaciones.


text:
    No. 172.
    Padovani, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito.

    Certiorari.
    Enero 12, 1917.
   Sin lugar la solicitud.


text:
    No. 1612.
    El Pueblo, Apelado, v. Barrios, Apelante.
    Abintestato.
    San Juan, Sección Segunda.
    Enero 16, 1917.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1123.
    No. 1127.
    El Pueblo, Apelado, v. Pérez et al., Apelantes. El Pueblo, Apelado, v. Arbona, Apelante.
    Crueldad con los animales.
    Infracción Ley automóviles.
    San Juan, Sección Segunda.
    Enero 16, 1917.
   Confirma-das las sentencias.


text:
    No. 1614.
    Villamil et al., Apelados, v. Marrero, Secretario Municipal, Apelante.

    Mandamus.
    Arecibo.
    Enero 18, 1917.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 1615.
    Aguayo Hnos. & Co., S. en C., Apelados, v. Quiles, Apelante.
    Cobro de dinero.
    Gruayama.
    Enero 23, 1917.
   Desestimada la apelación.


text:
    No. 174.
    New Córsica Centrale Corporation, Peticionaria, v. Foote, Juez de Distrito, Demandado.

    Certiorari.
    Febrero 5, 1917.
   Sin lugar la solicitud.


text:
    No. 177.
    Amador et al., Peticionarios, v. Lloreda, Juez de Distrito, Demandado.

    Certiorari.
    Febrero 9, 1917.
   Sin lu-gar la solicitud.


text:
    No. 1131.
    El Pueblo, Apelado, v. Félix, Apelante.
    Le-nocinio.
    Humacao.
    Febrero 16, 1917.
   Desestimada la ape-ción.


text:
    No. 1130.
    El Pueblo, Apelado, v. Ríos, Apelante.
    Aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    Agua-dilla.
    Febrero 19, 1917.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1133.
    El Pueblo, Apelado, v. Ordén, Apelante.
    Aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    Ponce.
    Febrero 24, 1917.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 1129.
    El Pueblo, Apelado, v. Dones, Apelante.
    Asesinato en segundo grado.
    Gruayama.
    Marzo 7, 1917.
   Confirmada la sentencia.


text:
    No. 179.
    No. 181.
    Martínez, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado. Sucesión Rivera, Peticionaria, v. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito, Demandado.

      Certiorari.

    Marzo 9, 1917.
   Sin lugar las solicitudes.


text:
    No. 1143.
    El Pueblo, Apelado, v. Vélez, Apelante.
    Pools.
    San Juan, Sección Segunda.
    Marzo 12, 1917.
   De-sistida la apelación.


text:
    No. 1126.
    Marín, Apelante, v. El Pueblo, Apelado.

    Ha-beas corpus.

    -San Juan.
    Marzo 13, 1917.
   Desistida la ape-lación.


author: El Juez Asociado- Sr. Wole,

text:
    Aparicio Hermanos, Demandantes y Apelados, v. H. C. Christianson & Co., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en procedimientos de apertura de rebeldía en pleito sobre rescisión de daños y perjuicios.
    No. 1524.
    Resuelto en marzo 16, 1917.
    Transcripción de Autos — Abogados—Comparecencia por Abogados — Palta de Autorización — Aseguramiento de Sentencia. — Cuando so apela de una reso-lución denegando una moción sobre nulidad de sentencia y cancelación de fianza para levantar un embargo hecho sobre bienes del demandado en ase-guramiento de la sentencia, alegándose que una comparecencia hecha en dicho procedimiento por un abogado a nombre del demandado lo fué sin-autorización expresa o tácita de éste, la transcripción de autos debe con-tener copia del legajo de la sentencia y también de dichos procedimientos,, para que el tribunal pueda conocer la forma en que se hizo la comparecen-cia que se impugna.
    Conocimiento Judicial — Autos de Otras Apelaciones — Impedimento o Estop-pel. — Generalmente las cortes de apelación no tomarán conocimiento judicial de sus propios autos a menos que exista algo que pueda tener el carácter de un impedimento (estoppel) para la persona que desea aprovecharse de lo que no aparece de los autos con el objeto de alegar cuestiones que a las cortes consta son de otro modo, pero no tomarán ta,l conocimiento judicial únicamente para suplir deficiencias de los autos.
    Id. — Ley del Caso. — Las cortes de apelación tomarán conocimiento judicial de cuestiones que han sido resueltas 'en una apelación anterior en el mismo easo para evitar que sean alegadas nuevamente por una parte. '
    Id. — Ley del Caso — Teoría y Hechos Distintos. — Cuando los hechos presentados a la corte inferior y la teoría del apelante son distintos de los de un caso anterior, éste no constituye la ley del caso y el apelante debe someter a la corte de apelación los autos como fueron considerados por la inferior.
    Abogados — Comparecencia por Abogado — Ratificación de sus Actos. — Cuando un demandado, déspués de haber un presunto agente suyo empleado los ser-vicios de un abogado para solicitar el levantamiento de un embargo sobre bienes de que es dueño, permite, al tener conocimiento do ello, que conti-núen los procedimientos sin proceder en forma alguna, tal heeho constituye una ratificación délos actos del abogado.

      Id. — Presunción de Representación. — La presunción de que un abogado está au-torizado para representar a una persona, no puede ser negada, fácilmente, y sus actos son susceptibles de fácil ratificación. Es un principio en favor de todo el foro. Esta presunción descansa sobre la base del procedimiento de la corte, pues de otro modo a cada paso tendría que detenerse e inte-rrogar a los abogados en cuanto a su representación.
    Id. — Cuasi-Contratos.'—Los hechos de este caso han sido considerados como cuasi-contrato conforme a los artículos 1789, 1790, 1792, 1793 y 1794 del Código Civil.
    Abogados de los apelantes: Sres. B. Martines Nadal y Oscar B. Fraser.

    Abogado de los apelados: Sr. José Tons Soto.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado- Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La mercantil apelante presentó en la Corte de Distrito •de Ponce una moción para anular la sentencia dictada contra ella y cancelar una fianza. Alega la moción entre otros par-ticulares, que la apelante es una sociedad organizada bajo las leyes del Estado de New York, con domicilio en New York, y no tiene ningún socio ni agente autorizado en Puerto Eico para comparecer por ella en ningún concepto ante los tribu-nales de justicia de Puerto Rico. Que Calvin Dietrich es sólo un agente comisionista de la mercantil apelante, que dicho Dietrich no es socio ni interesado en forma alguna en la mercantil demandada, no tenía autorización implícita, ni se le había dado expresa o tácitamente facultad o autoriza-ción para comparecer por ella en ningún pleito como deman-dante, ni tampoco para aceptar emplazamientos o recibir ser-vicios de procedimientos como demandada, y que sus poderes están limitados única y exclusivamente a concertar ventas en Puerto Rico, las cuales habían de ser previamente confir-madas por la apelante; que .dicha mercantil demandada ja-más ha autorizado al abogado Prank Antonsanti para com-parecer por ella en este caso, en ninguna comparecencia general o especial, para pedir la nulidad de ningún procedi-miento incidental de este pleito; que la mercantil demandada no ha recibido ningún servicio, emplazamiento, noticia o dili-gencia ele los procedimientos de este caso en la Corte ele Dis-trito ele Ponce; que la Corte de Distrito de Ponce nunca ad-quirió jurisdicción sobre la apelante (alegando algunas ra-zones) ; que la apelante ofrece a la demandante una garan-tía que se estime suficiente para el cumplimiento de cualquier sentencia que recaiga en este caso, cancelándose entonces la fianza prestada a favor de la demandante por Segundo Ca-clierno y Manuel G-ómez de San Juan; que la apelante tiene una buena y suficiente defensa para obtener éxito contra la ac-ción entablada por la demandante, por lo que la apelante su-plica a la corte que, de acuerdo con el artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil, y para el mejor servicio de la jus-ticia, que declare con lugar esta moción y permita a la mer-cantil demandada, ahora apelante, introducir su contestación a la demanda, previa garantía suficiente para la demandante, y ordene la cancelación de la fianza prestada por Segundo Cadierno y Manuel Gómez con objeto de asegurar la efecti-vidad de la sentencia que recaiga en este caso. La moción que antecede está suscrita y jurada por E. Martínez Nadal, abogado, que jura ciertos hechos de propio conocimiento in-cluyendo, cosa que nos parece algo rara, el hecho relativo a las relaciones que existen entre Calvin Dietrich y la socie-dad apelante. El hecho octavo en el cual la apelante niega la facultad de Prank Antonsanti para comparecer a su nom-bre se jura por información y creencia.

Acompaña a la moción un affidavit de William G. McNaughton. En este affidavit se alega que McNaughton es uno de los miembros de la sociedad H.. C. Christian ion & Co., y que está perfectamente familiarizado con todos los nego-cios de esa sociedad; que dicha sociedad no ha sido notifi-cada, ni ha recibido ningún emplazamiento o diligencia en el caso arriba expresado; que la referida sociedad no tiene funcionarios, empleados o agentes en la Isla de Puerto Rico, y que todas las mercancías que vende dicha firma de H. C. Christianson & Co. en la Isla de Puerto Rico son vendidas por ella a comerciantes comisionistas que no son agentes de la sociedad; que la indicada sociedad de H. C. Christianson & Co. jamás ha autorizado a ninguna persona en Puerto Eico para comparecer en su nombre en ningún pleito o pleitos en ninguna corte de Puerto Eico, con excepción únicamente de que ha autorizado debidamente a la sociedad profesional Bounds, Hatch, Dillingham & Debevoise para comparecer a su nombre y representación con el objeto de solicitar que sea dejada sin efecto la sentencia dictada en el caso arriba ex-presado y la sentencia dictada en las otras acciones. Que la dicha sociedad mercantil' no autorizó a Prank Antonsanti para comparecer a su nombre o en su representación en el caso arriba expresado, ya en la corte arriba mencionada o en el Tribunal Supremo de Puerto Eico para ningún fin; que dicha firma no autorizó a Francis E. Neagüe- para compare-cer a su nombre o representación en el caso arriba indicado en la Corte Suprema de Puerto Eico; que la dicha sociedad jamás ha autorizado a Calvin Dietrich para comparecer a su nombre o en su representación en ninguna acción o accio-nes en corte alguna de la Isla de Puerto Eico, ni en el caso arriba expresado; que dicha mercantil nunca ha autorizado a dicho Calvin Dietrich para contratar o emplear ningún abo-gado o abogados en su nombre o representación en la Isla de Puerto Eico, ni jamás ha dado facultad la referida firma al mencionado Calvin Dietrich para autorizar a ningún abo-gado u abogados a que comparezca por ella o en su nombre en ningún pleito o pleitos ante ninguna corte de Puerto Eico, incluyendo la presente acción, o que cualquier comparecencia a nombre y representación de la expresada sociedad II. C. Christianson & Co., en cualquier pleito o pleitos ante cual-quier corte de la Isla de Puerto Eico, o en la acción arriba exprosada, hecha por dicho Calvin Dietrich o Frank Anton-santi, o cualquier otra persona, se hizo enteramente sin cono-cimiento . o permiso de la referida sociedad y fue completa-mente sin autoridad, e ilegal; y que semejante comparecen-cia no ha sido ratificada jamás por la expresada sociedad mercantil. Sigue después un affidavit de Calvin Dietrich del mismo tenor general, en el que además se hace referencia a algunos de los actos ejecutados por Frank Antonsanti, el curso de las operaciones de EL C. Christianson & Co. y otros particulares que en unión del affidavit en general discutire-mos más adelante en esta opinión. Se acompaña una carta como comprobante (exhibit) al affidavit de Dietrich, la cual es como sigue:

“NOVIEMBRE 26, 1915.
“Sr. FRANK ANTONSANTI,
“Edificio del Banco Boyal,
“San Juan, P. B.
“Muy SEÑOR MÍO: Su carta de 19 del corriente ha sido recibida pero en contestación deseamos manifestarle que no tenemos que ver nada absolutamente con este asunto. Nosotros no autorizamos a nin-gún abogado por nuestra cuenta en Puerto Rico, y si el Sr. Dietrich ha hecho semejante arreglo con Ud., lo hizo por su cuenta y no por nosotros. Por consiguiente rehusamos tomar en consideración ninguna reclamación por servicios prestados por no haber sido auto-rizados por nosotros. Si Ud. ha hecho cualquier contrato con el Sr. Dietrich es a él a quien debe acudir en cobro de sus honorarios.
“De Ud. con toda consideración,
(Firmado) “H. C. Christianson & Co.”

Además de la moción, de los dos affidavits y de la carta que se transcribe, los autos también contienen un escrito de oposición a la moción, un affidavit dé Frank Antonsanti que acompaña a dicha moción, la moción que fué presentada an-teriormente por la apelante representada por el abogado Frank Antonsanti solicitando se dejara sin efecto la senten-cia; el affidavit en que se basa la moción, las resoluciones de la corte inferior resolviendo ambas mociones; la senten-cia de este tribunal confirmando la primera resolución de la corte inferior negándose a dejar sin efecto la sentencia; el escrito de apelación interpuesta en el caso, y la certificación de los abogados respecto a la transcripción de autos. El affidavit de Frank Antonsanti es como sigue:

“Yo, Frank Antonsanti, debidamente juramentado declaro: que fui requerido por Calvin Dietrich, de San Juan, para que compa-reciera en el presente caso y obtuviera el levantamiento del embargo trabado sobre cierto azúcar propiedad de H. C. Christianson, de New York, mediante la presentación de fianza; que Calvin Dietrich me manifestó al requerir mis servicios en favor de H. C. Chris-tianson, que él era el agente en Puerto Rico de dicha sociedad y que estaba autorizado para designarme como abogado de este caso con el fin de practicar la gestión de levantamiento del embargo antes refe-rido ; que esta Hon. Corte decretó el 'levantamiento del embargo a moción del abogado que suscribe compareciendo a nombre de H. C. Christianson; que el azúcar embargada, por virtud de la gestión practicada en estos autos por el abogado que suscribe y de la fianza prestada, quedó libre del embargo y a la libre disposición de la sociedad demandada H. C. Christianson & Co., a quien se ordenó entregar los bienes embargados, los cuales fueron recibidos por Calvin Dietrich en representación de la sociedad H. C. Christianson y vendidos por aquél en beneficio de ésta, según la mejor información y creencia del exponente; que la sociedad H. C. Christianson & Co. fué informada por Calvin Dietrich de que se había prestado la fianza y de todos los procedimientos en el presente caso, así como de que existía pendiente una apelación a la Corte Suprema de la senten-cia pronunciada contra dicha sociedad y que Calvin Dietrich había retenido y empleado al suscribiente como abogado para gestionar pri-meramente el levantamiento del embargo, y después la nulidad de la sentencia, constando este hecho al declarante por haberle mostrado Calvin Dietrich la correspondencia sostenida con H. C. Christianson & Co. Que en esta correspondencia Ií. C. Christianson & Co. mani-festaba a Calvin Dietrich que la cuestión pendiente en los pleitos contra dicha sociedad como demandada y Arbona Hermanos y Apa-ricio Hermanos, números 4112 y 4113 de la Corte de Distrito de Ponce y Negrón y Hernández número 4498 de la Corte Municipal de Ponce eran asuntos de la incumbencia exclusiva de dicho Calvin Dietrich, haciendo a éste responsable del resultado y consecuencia de tales pleitos y del pago de todos los gastos que se originaran; que la carta que en copia se acompaña por la demandada de fecha 26 de noviembre de 1915, es respuesta a una carta del suscribiente a dicha mercantil, que en copia se acompaña y hace parte de este affidavit; que hasta entonces, es decir, hasta noviembre de 1915, cuando el fir-mante la requirió para el pago de sus servicios profesionales, nunca había la sociedad H. C. Christianson ni ninguno de sus socios repu-diado ni desautorizado las gestiones legales del suscribiente, sino por el contrario se había aprovechado de tales gestiones y abstenido en absoluto, a pesar de conocerlas, de desaprobarlas; que el presente affidavit lo formuló a petición del abogado Don José Tous Soto y con el fin de dejar a salvo mi buen nombre y reputación profesional, puesta en tela de juicio por H. O. Christianson & Co. y su agente Calvin Dietrich, respetando no obstante el secreto profesional.
(Firmado) ‘‘FRank: Antonsanti,
“Abogado.
"San Juan, P. R., marzo 13, 1916.”

La parte apelada presentó moción a esta corte para que se desestimara el recurso de apelación.

La apelación lia de ser desestimada por la insuficiencia del récord. La transcripción de autos no contiene una copia de la sentencia' que se trató de dejar sin efecto, ni ninguna otra parte del legajo de la sentencia, ni nada que justificara el derecho de la corte inferior para dictar sentencia, derecho que fue confirmado por este tribunal en la alegada apelación-anterior. La presente moción para dejar sin efecto la senten-cia hace referencia a una fianza prestada en la corte de dis-trito para asegurar la efectividad de la sentencia la cual fianza la apelante en su última moción ofreció sustituir por otra. Aparece de la moción y de los affidavits y particularmente del affidavit de Frank Antonsanti, que la aludida fianza fué prestada para levantar el embargo de bienes pertenecientes a la apelante que fueron embargados en el pleito original. La apelante sostuvo en su moción solicitando que se dejara sin efecto la sentencia que cualquier comparecencia hecha por algún abogado a su nombre, ya fuere general o especial, en cualquier moción incidental o procedimiento, era sin auto-ridad; y sin embargo, ninguno de estos procedimientos in-cidentales por virtud de los cuales se levantó el embargo de los bienes se hace parte de la transcripción de autos en apelación, siendo la teoría de la apelante que nadie tenía fa-cultad para comparecer a nombre suyo en ningún procedi-miento del pleito o incidental al mismo. Era importante saber por dicho procedimiento si los actos ejecutados por los abogados para obtener el levantamiento del embargo de los bienes fueron en realidad de verdad ratificados por la ape-lante, y a ese fin era también importante saber la forma en que se llevó a cabo el levantamiento del embargó y a quien se entregaron los bienes.- Si se levantó el embargo de los bienes, de la propiedad de la apelante, la deducción natural era que dichos bienes fueron devueltos a la referida ape-lante y que ésta tenía conocimiento de que sus bienes le fue-ron devueltos a virtud o por medio de ciertos procedimientos seguidos ante un tribunal por determinados abogados. Sea cual fuera la razón que bubo para hacer la comparecencia ante la corte inferior, todos los procedimientos tendrían que estar sometidos a este tribunal de manera que quede excluida cual-quier teoría razonable por virtud de la cual la corte inferior se negó a dejar sin efecto su sentencia. Según parece, la ape-lante admite el hecho de ser incompletos los autos, pues su-'g’iere y solicita de este tribunal que tome conocimiento judicial de los hechos sometidos a su consideración en la anterior apelación interpuesta en este caso.

Ahora bien, aunque puede ser cierto que las cortes de apelación pueden tomar y toman conocimiento judicial de sus autos en otros casos en el mismo caso y entre las mismas par-tes para algunos fines, estamos, sin embargo,, convencidos de que según las autoridades los casos son raros y extraordi-narios y generalmente se recurre a los autos para impedir que una parte tome ventaja de algo en los procedimientos que la corte sabe necesariamente que es de otro modo. En este procedimiento, por ejemplo, en que la apelada trata de promover nuevamente la cuestión de que la corte ■ inferior pudo haber adquirido jurisdicción haciendo la noti-ficación del emplazamiento a Dietrich, o mediante edictos, este tribunal tomará conocimiento judicial de que estas cues-tiones fueron resueltas en contra de la apelada en la anterior apelación.

No creemos que será permitido por las cortes que una gran, parte de los procedimientos de un caso sea traída a los autos mediante referencia a una apelación anterior entre las partes para servir a un fin positivo de un apelante. Se-ría una práctica viciosa el que se permitiera a las partes ele-var a este tribunal una fracción de los autos y sugerir luego que el resto puede suplirse con los autos de otras apelaciones a esta corte. En las citas hechas por la apelante no hemos encontrado nada que indique una teoría contraria, a excep-ción quizás del caso de Gardner v. Continental Ins. Co., 25 Ky. Law, 426, 75 S. W. 283. La corte sostuvo en ese caso que al presentar un apelante los autos de un caso anterior como partes de los autos en apelación no habiendo presentado el apelado ninguna moción de eliminación, puede decirse que está impedido de poder demostrar que los hechos son distin-tos de como fueron conocidos por las cortes y das partes en la primera apelación. Lo que sugiere la decisión es que la corte hubiera eliminado los autos mediante moción. En el caso de McNish v. State, 36 So. 176, la corte consideró los autos para impedir a un apelante que alegara que el juicio en la apelación interpuesta entonces no era un segundo peli-gro {jeopardy), sino el segundo juicio que se celebraba al ser devuelto el caso. Otras decisiones que han sido citadas muestran que la corte tomó conocimiento judicial de la ley del caso anterior como hemos hecho nosotros. El efecto de algunas de las decisiones es el de que la corte de apelación no permitirá que las partes se basen en un estado de hechos que no podía haber sido alegado con éxito en la corte inferior. Las cortes interpretarán también el efecto de las de-cisiones anteriores sobre las apelaciones pendientes de reso-lución. La apelante también sugiere que la anterior ape-lación, Aparicio Hnos. v. H. C. Christianson & Co., 23 D. P. R. 493,, constituye la ley del caso. En tanto los apelados insis-ten o levantan cuestiones que fueron resueltas en la anterior apelación, estamos de acuerdo con la apelante; pero si aquel caso fuera la ley del presente estaríamos obligados a con-firmar la resolución apelada sin necesidad de otra cosa. Es debido a que los hechos presentados a la corte de distrito y a que la teoría de la apelante son ahora distintos del caso anterior que éste no constituye la ley del caso para la ape-¡ante, y por igual razón debió haberse sometido a esta corte, el récord como fue presentado en la corte inferior.

Puesto que se niega la autoridad de los abogados muy bien podría suceder que fuera necesario hacer constar en los autos la forma en que hicieron su comparecencia los abo-gados en la Corte de Distrito de Ponce, lo que no se demostró en la anterior apelación, antes de que este tribunal estuviera satisfecho de que no debía haberse desestimado esta moción debió esta corte tener un certificado de la Corte de Distrito de Ponce de que no había nada en los autos ante aquella corte que pudiera ser de utilidad a esta corte en apelación. En realidad la apelación interpuesta en este caso es como un caso nuevo. La apelante ataca la sentencia fundada en una razón que es enteramente distinta. Las cuestiones presenta-das son diferentes y requieren hechos diferentes o adicionales.

Aunque no se pidió a este tribunal, podríamos obtener una certificación de todos los procedimientos habidos en este caso en la corte inferior, pero no ejercitaremos nuestra fa-cultad discrecional en este sentido, pues no estamos satisfe-chos por los autos sometidos a la consideración de este tribunal como han sido presentados con los affidavits, o por vir-tud de ninguna de las ofertas que se hicieran respecto a los. hechos alegados en la otra apelación, como ha sugerido el apelante en su alegato y de otro modo, o de cualquier hecho de que tenga conocimiento la corte inferior, como ha sido sugerido por la apelante, que el tener unos autos completos, pueda resultar en nada que no sea la confirmación de la re-solución contra la cual se ha interpuesto esta apelación. De todas estas fuentes podríamos deducir los siguientes hechos de los cuales una gran parte ha sido sugerida más bien que incluida en los autos por el apelante.

Calvin Dietrich requirió al- abogado Frank Antonsanti para que compareciera en la Coi'te de Distrito de Ponce y obtuviera el levantamiento del embargo trabado sobre cierto azúcar de H. C. Christianson & Co., que había sido practicado por los demandantes Aparicio Hermanos para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera ser dictada. La corte aceptó la fianza suscrita por los dos fiadores, a saber, Segundo Cadierno y Manuel Gómez, pero no como se alega por Ii. C. Christianson & Co. y el azúcar quedó libre del embargo, bin el affidavit presentado en este caso, Frank Antónsanti juró que los bienes fueron entregados a Calvin Dietrich y por éste vendidos por cuenta de H. C. Christianson & Co. Qué eran estos bienes y cómo vinieron a Puerto Rico, es cosa que no nos ha sido explicado satisfactoriamente. El affidavit de McNaughton expresa-que Dietrich es sólo un agente comi-sionista a quien se envían mercancías para su entrega después de firmarse un contrato; y en el affidavit Dietrich jura que no recibe sueldo alguno de H. C. Christianson & Co., y que es remunerado por su trabajo, que es todo por comisión so-bre azúcar que ha sido embarcada por dicha demandada para Puerto Rico mediante órdenes que han sido confirmadas y aceptadas por ella. Pero en este caso Dietrich viene a estar en posesión de mercancías que no consta que pertenezcan a ningún consignatario sino a la apelante misma. Fueron recibidas por Dietrich por virtud del levantamiento del embargo y vendidas por él por cuenta de Ií. C. Christianson & Co. Esto indica que las facultades de Dietrich eran más amplias que lo que parece indicar el affidavit de McNaughton. Fué la comparecencia de Antónsanti para levantar el embargo de los bienes lo que dió jurisdicción a la Corte de Dis-trito de Ponce para dictar sentencia contra la apelante.

Si se examina el affidavit de McNaughton se notará que considerado literalmente dice que aunque tiene conocimiento de todos los negocios de la firma, no tenía conocimiento de la comparecencia de Frank Antónsanti. Si esta manifestación hubiera de ser considerada literalmente, la corte inferior te-nía derecho a hacer caso omiso y quizás si hizo caso omiso enteramente del affidavit. Tal manifestación está contradi-cha por el affidavit de Dietrich y de Antónsanti y especial-mente por la correspondencia del caso. De darse al affidavit alguna consideración en absoluto tiene que limitarse al hecho de que quiere decir que él no tenía conocimiento con-temporáneo de la comparecencia ele Antonsanti y no que no sabía de ninguna de las cosas ejecutadas a nombre de Ii. C. Christianson & Co. como de fecha algo más reciente que la referida comparecencia hecha sin autorización. Como unos dos años antes de firmarse el affidavit por McNaughton fué ocupada propiedad de EL C. Christianson & Co. en Puerto Eico en procedimientos de embargo, levantado luego el embargo y vendida dicha propiedad, y el producto obtenido se-gún es de presumirse enviado a El. C. Christianson & Co. Al solicitar sus honorarios Prank Antonsanti a esta sociedad contestó que se entendiera con Dietrich, pero no se ha negado en forma adecuada que ella tuviera conocimiento de las diligencias hechas por- Dietrich para recobrar la posesión de sus bienes que se encontraban embargados. La demanda tiene fecha de septiembre, 1914; el embargo se llevó a efecto al mismo tiempo. El levantamiento del embargo de los bie-nes tuvo lugar en el otoño de 1914. La primera moción soli-citando se dejara sin efecto la sentencia fué desestimada en mayo, 1915, y la correspondencia con Antonsanti es de noviem-bre de ese año. La situación en que se encuentra la apelante ■es la de haber recibido los beneficios por la gestión de An-tonsanti, haber tenido conocimiento de los actos ejecutados a su nombre sin haber protestado jamás oportunamente, u ofrecido restablecer las cosas (status quo) hasta el día de ’la moción para dejar sin efecto la sentencia. La Corte de Distrito de Ponce tenía derecho a suponer en vista, de los do-cumentos que fueron sometidos a su consideración que la firma El. C. Christianson & Co. aun cuando no hubiera tenido conocimiento de la comparecencia original de Antonsanti supo poco después que Dietrich empleó a Antonsanti para levantar el embargo sobre los bienes de la apelante, y que sin embargo nunca negó este acto sino que por el contrario permitió que siguiera la apelación. Este conocimiento y la omisión por parte de la demandada en proceder constituyó una ratificación de los actos de Antonsanti.

Antonsanti hizo su comparecencia en este caso. La pre-sunción de la facultad que tenía no puede ser contradicha li-geramente. Puede ser que la apelante jamás consintió cons-cientemente o renunció nada, pero en vista de que el embargo de los bienes había sido levantado y del affidavit de Anton-santi al efecto de que tenía conocimiento del procedimiento, la corte inferior estuvo justificada en creer que la presun-ción de que tenía facultad Antonsanti no había sido contra-dicha. La apelante estaba en el deber de demostrar a la corte inferior que todo el procedimiento se llevó a cabo sin su co-nocimiento en cualquier momento importante del mismo. La corte inferior tenía derecho a inferir de su- orden levan-tando el embargo de los bienes pertenecientes a H. C. Chris-tianson & Co. que éstos llegaron a su debido destino, o que fueron puestos en poder de Dietrich y vendidos para bene-ficio de H. C. Christianson & Co con conocimiento de esta sociedad. No sólo es esto así, sino que Antonsanti se retiró del primer caso precisamente cuando iba a discutirse la apela-ción en este tribunal. En esa fecha Mr. Neagle, socio de la firma Bounds, Hatch, Dillingham •&> Debevoise y Frank An-tonsanti representaron mutuamente a Dietrich. En o para esta ocasión Antonsanti recibió una carta de H. C. Christian-son & Co. en la que le decía que acudiera a Dietrich por sus honorarios, y a pesar de esto el Señor Neagle argumentó el caso en este tribunal. Es posible, por supuesto, que Nea-gie no tuviera conocimiento de la correspondencia habida entre Antonsanti y H. C. Christianson & Co., pero en este caso Neagle no ha presentado ningún affidavit, y creemos que la Corte de Distrito de Ponce tenía derecho a suponer que Neagle actuaba con facultades. Debido a la conducta de Dietrich en algún momento anterior, H. C. Christianson & Co. pudo haber creído que él y no dicha sociedad debía ser responsable por los honorarios en un procedimiento que le obligaba con motivo de algún acto de Dietrich, pero dicha so-ciedad no hizo oposición al procedimiento que se seguía a su nombre. Antonsanti jura por información y creencia que la apelante fué informada por Calvin Dietrich de la pres-tación de la fianza y de todos los procedimientos del caso, así como de la apelación interpuesta para ante este tribunal; y jura además, que H. C. Christianson & Co. insistía en que los casos pendientes en la Corte de Distrito de Ponce, inclu-yendo el presente, eran asuntos de la exclusiva incumbencia de Calvin Dietrich. Aunque McNaughton y Dietrich juran que H. C. Christianson & Co. no dieron facultad a-nadie para representar a la sociedad, la corte inferior, sin embargo, te-nía derecho a creer que aun cuando no se hubiera dado una autorización directa la apelante había consentido el proce-dimiento y no tenía inconveniente en dejar actuar a Dietrich a fin de salvar lo que pudiera, por su propio interés y usando su nombre. La apelación estuvo pendiente por más de un año y no se negó la autoridad de Antonsanti primero y de Neagle después para representar a la apelante.

Ha de ser muy claro el caso para que pueda quedar anu-lada la facultad de los abogados para representar a sus clien-tes. Esta presunción descansa sobre la base del procedimiento de nuestra corte, pues de otro modo a cada paso tendría la corte que detenerse e interrogar a los abogados. No sola-mente aparece de los autos que H. C. Christianson &■ Co. es-tuvieron conformes con la conducta de los abogados que die-ron a entender que la representaban, sino que después auto-rizaron a la firma Rounds, Hatch, Dillingham & Debevoise para representarla en el procedimiento seguido para dejar sin efecto la sentencia, que era la misma firma que por con-ducto de Neagle la había representado a solicitud de Dietrich. Existe unanimidad en la acción o dirección en el empleo de abogados lo que hace suponer de antemano que había una sola dirección, si no por parte de H. C. Christianson & Co., en-tonces en Dietrich, cuyos abogados ahora emplea dicha firma. Hemos dicho que la presunción de que un abogado está auto-rizado para representar a una persona no puede ser negada fácilmente y sus actos son susceptibles de fácil ratificación. Es un principio en favor no sólo de Antonsanti sino de Nea-gle, de la firma Rounds, Hatcfi, Dillingiiam & Debevoise y de todo el foro. El affidavit de H. C. Cliristianson & Co. expre-saba que nadie tenía derecho a representarla excepto Rounds, Hatcli, Dillingiiam & Debevoise, y la apelada en la corte inferior pnso prontamente en tela de juicio el derecho del abo-gado residente en la ciudad, Sr. Martínez Nadal, que no es socio de la firma Rounds, Hatch, Dillingham & Debevoise, para representar a la apelante. No sólo ocurrió esto, sino que Rounds, Hatch, Dillingiiam & Debevoise se excedieron al parecer en sus facultades al ofrecer prestar una fianza y estar y pasar por la sentencia que fuera dictada. El affidavit de McNaughton expresa que esta sociedad de abogados solamente tenía facultad para solicitar que se dejara sin efecto la sentencia. La oferta de prestar una nueva fianza podría por tanto ser ilusoria. Podríamos tener dudas hasta' de la misma apelación que ha sido interpuesta en este caso. Las facultades de Rounds, Hatch, Dillingham & Debevoise tal como aparecen del affidavit de McNaughton se limitan téc-nicamente a la presentación de mociones ante la corte inferior. Estos son algunos de los inconvenientes que podrían surgir si no insistiéramos en una regla de interpretación que sea más bien rigurosa, cuando se duda de las facultades de un abogado. El derecho de acción contra los abogados que comparecían indebidamente ante una corte era originalmente el único remedio que tenía el cliente. La práctica más mo-derna ha conferido a los clientes el derecho a comparecer mediante moción, como se hizo en este caso, pero en dicha moción deberá negarse prácticamente toda duda respecto a la facultad del abogado; de lo contrario los clientes sólo pue-den recurrir al abogado o agente que hizo la comparecencia sin estar autorizado para ello.

Hemos considerado principalmente este caso desde el as-pecto de la ley común. Los artículos 1789, 1790, 1791, 1793 y 1794, del Código Civil prescriben lo siguiente:

“Art. 1789. — El que se encarga voluntariamente de la agencia o administración de los negocios de otro, sin mandato de éste, está obligado a continuar su gestión hasta el término del asunto y sus incidencias o a requerir al interesado para que lo sustituya en la gestión, si se hallase en estado de poder hacerlo por sí.
“Art. 1790. — El gestor oficioso debe desempeñar su encargo con toda la diligencia de un buen padre de familia e indemnizar los per-juicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueño de los bienes o negocios que gestione.
“Los tribunales, sin embargo, podrán moderar la importancia de 3a indemnización según las circunstancias dél caso.
“Art. 1791. — Si el gestor delegare en otra persona todos o algu-nos de los deberes de su cargo, responderá de los actos del delegado, sin perjuicio de la obligación directa de éste para con el propietario del negocio.
“La responsabilidad de los gestores, cuando fueren dos o más, será solidaria.”
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“Art. 1793. — La ratificación de la gestión por parte del dueño del negocio produce los efectos del mandato expreso.
“Art. 1794. — Aunque no hubiese ratificado expresamente la ges-tión ajena, el dueño de bienes o negocios que aproveche las ventajas de la misma será responsable de las obligaciones contraídas en su interés, e indemnizará al gestor los gastos necesarios y útiles que hubiese hecho y los perjuicios que hubiese sufrido en el desempeño de su cargo.
“La misma obligación lo incumbirá cuando la gestión hubiera tenido por objeto evitar algún perjuicio inminente y manifiesto, aun-que de ella no resultare provecho alguno. ’ ’

Asimismo los artículos 153 y 255 del Código de Comercio prescriben lo siguiente:

“Art. 253. — Celebrado un contrato por el comisionista con las formalidades de derecho, el comitente deberá aceptar todas las con-secuencias de la comisión, salvo el derecho de repetir contra el comi-sionista por faltas u omisiones cometidas al cumplirla.”
“Art. 255. — En lo no previsto y prescrito expresamente por el comitente, deberá el comisionista consultarle, siempre que lo per-mita la naturaleza del negocio.
“Mas si estuviese autorizado para obrar a su arbitrio o no fuere posible la consulta, hará lo que dicte la prudencia y sea más conforme al uso del comercio, cuidando del negocio como propio. En el caso de que un accidente no previsto hiciere, a juicio del comisionista, arriesgada o perjudicial la ejecución de las instrucciones recibidas, podrá suspender el cumplimiento de la- comisión, comunicando al comitente, por el medio más rápido posible, las causas que hayan motivado su conducta.”

Estos artículos comprenden muy bien la ley de este caso.

Si leyéramos entre líneas diríamos que toda la pérdida la sufriría eventualmente el agente Dietrich que en este caso-procedió precisamente como si fuera la firma H. C. Christian-son & Co. y con cierta apariencia de justificación por virtud del Código Civil y de Comercio.- Cuando un agente sin facul-tades procede como procedió Dietrich en este caso, sus actos, pueden fácilmente ser objeto de ratificación, y dicha ratifi-cación tuvo lugar cualesquiera que hayan sido las relaciones, particulares entre Dietrich y H. C. Christianson & Co. Para nosotros es evidente que Dietrich pudo haber obtenido antes la misma facultad que finalmente le fué conferida, o mejor dicho, a sus abogados Pounds, Hatch, Dillingham & Debevoise para defender a H. C. Christianson & Co. En vez Dietrich y sus abogados de hacer venir a la apelante a defenderse del pleito del apelado en sus méritos, procuraron valerse, o su principal, de cualesquiera defensas técnicas que pudieran exis-tir y principalmente de la relativa a la omisión en hacerse la notificación personal del emplazamiento a la apelante que se encontraba haciendo negocios con varias firmas en Puerto Pico. Ahora la apelante quiere hacer lo que debió haber hecho después de embargados los bienes, o sea, solicitar de la corte que le concediera una oportunidad para formular sus alegaciones. Estamos sostenidos en cierto modo en esta idea de que estos procedimientos desde su principio hasta el fin estuvieron bajo la dirección de Dietrich por el hecho de que si la fianza hubiera sido prestada sin tener faculta-des para ello no podría afectar a la apelante que nunca la suscribió, sino solamente a los fiadores para con quienes desde luego era responsable Dietrich.

Hemos discutido este caso en forma algo extensa con ob-jeto de demostrar que la apelante no lia alegado ninguna ra-zón por la que debamos ejercitar nuestra discreción permi-tiendo hacer la enmienda de los autos.

En el juicio la apelante hizo una moción para que se le permitiera presentar un señalamiento de error adicional la cual concederemos.

La apelación debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Arbona Hermanos, Demandantes y Apelados, v. H. C. Christianson & Co., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente ■ de la Corte de Distrito de Ponce en procedimientos de apertura de rebeldía en pleito sobre rescisión y daños y perjuicios.
    No. 1525.
    Resuelto en marzo 16, 1917.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión en el caso No. 1524, Aparicio Her-manos v. H. C. Christianson Co., pág. 1.
    Abogados de los apelantes: Sres. R. Martínez Nadal y Oscar B. Frazer.

    Abogado de los apelados: Sr. José Tons Soto.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.