author: El Juez Presideítte Se. Hernández,

text:
    Ex Parte Sotomayor et al., Peticionarios y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en procedimientos sobre aprobación de partición de herencia.
    No. 1247.
    Resuelto en junio 24, 1916.
    Partición de Herencia — Conformidad entre los Interesados — Intervención de Contadores Partidores. — No es necesaria la intervención de contadores partidores, ya sean nombrados éstos por el testador, ya por la corte de dis-trito, en las operaciones divisorias de herencia, cuando los interesados, aunque hubiere menores de edad, estén conformes con la partición, pues a semejante caso no son aplicables los artículos 67 al 70 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales.
    Id. — Adjudicaciones Nulas — Autorización Judicial. — Son nulas las adjudica-ciones en pago de deudas hechas a los acreedores en la partición de una herencia en que existen menores de edad, cuando no ha precedido la corres-pondiente autorización judicial, sin que exista ■ diferencia entre un caso en que se adjudican bienes inmuebles a herederos para pago de deudas y otro en que se adjudiquen esos bienes a los mismos acreedores directamente.
    Venta — Ratificación de Venta — Menores de Edad — Consentimiento—Autori-zación Judicial. — Para que después de la muerte de uno de los cónyuges pueda otorgarse una escritura de venta de bien inmueble hecha y perfec-cionada por ambos e inscribirse en el registro, es preciso no sólo el consenti-miento del cónyuge supérstite sino también el de todos los herederos del cónyuge difunto, y cuando entre éstos existen menores de edad, se hace necesaria la autorización judicial, por envolver el acto una venta o ratificación de venta de bien inmueble en que está interesado un menor.
    Administración Judicial — Bienes de Menores. — De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, enmendado por ley de S de marzo de 1906, es condición sine qua non para la administración judicial cuando hay menores de edad, que éstos no estén representados por su padre o madre o por un tutor con fianza arreglada a la ley.
    Partición de Bienes — Bienes de la Herencia — Menores Interesados — Incom-patibilidad o Conflicto de Intereses — -Administración Judicial. — A la muerte de uno de los padres los hijos.menores de edad quedan representados por el otro con relación a la administración de los bienes de la herencia, y no procede entonces la administración judicial, por más que llegado el mo-mento de dividir la herencia, si existe incompatibilidad o conflicto de inte-reses, se acuerde el nombramiento de defensor.
    Id. — Menores—Patria Potestad — Aprobación Judicial de la Partición — Ad-ministración Judicial. — El precepto del artículo 1027 del Código Civil que establece que cuando los menores de edad estén sometidos a la patria potestad y representados en la partición por el padre y en su caso por la madre, no será necesaria la intervención ni la aprobación judicial, no implica que sea necesaria la administración judicial en el caso de que haya menores que no estén representados en la división de la herencia por el padre o por la madre, pues entonces será necesaria la intervención judicial y la aprobación de la divisoria, pero no- la administración judicial, que son cosas enteramente distintas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de las apelantes: Sr. Manuel Paz Urdas.

   El Juez Presideítte Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En 13 de junio de 1911 falleció en el pueblo de Barceloneta, Ignacia Berenguer Beyes, bajo testamento otorgado el 27 de abril del año anterior, en el que, entre otras cosas, declaró qué las deudas en contra y a favor de la sociedad de ganan-ciales figuraban en los libros de contabilidad que llevaba su esposo José Genaro Sotomayor; legó a su dicho esposo el tercio de todos sus bienes; mejoró por partes iguales en otro tercio a sus hijos José Bamón, Juan Nepomuceno y Eudobia; instituyó en el remanente por sus únicos herederos a sus tres hijos citados y a cuatro hijos más nombrados Carmen, Dolores, Fernanda y Fernando, por partes iguales, menos en el usufructo de la cuota que por ley corresponde a su dicho es-poso José Genaro Sotomayor, al que también instituyó here-dero eh esa participación; nombró albaceas, en primer lugar al José Genaro Sotomayor, y en segundo lugar a José Gerona Negrón; y manifestó su deseo de que la partición de sus bienes se practicara extrajudicialmente por Andrés AA’elino Sotomayor y Bamón Torres, a quienes nombró contadores partidores con las facultades en derecho necesarias.

Por orden de 24 de noviembre de 1913, la Corte de Distrito de Areeibo nombró a Hermógenes Sotomayor Hernández del Bío defensora de los menores Juan Nepomuceno y Eudobia Sotomayor para representar a éstos en la partición de los bienes quedados al fallecimiento de Ignacia Berenguer Beyes por tener dichos menores intereses opuestos a los de su padre.

Por escritura pública No. 425, otorgada en el barrio Florida adentro, término municipal de Barceloneta, ante el Nota-rio Manuel Paz Urdaz, en 25 de noviembre de 1913, el viudo de la testadora, José Genaro Sotomayor, por sí y como ce-sionario de la partícipe Dolores Sotomayor Berenguer, y el otro heredero mayor de edad, José Ramón Sotomayor Beren-guer, por su propio derecho y como cesionario de sus herma-nos y coherederos Carmen, Fernanda y Fernando Sotomayor Berenguer, asistido además de su esposa Dolores Gerena López, y Iíermógenes Sotomayor Hernández del Río, como defensora de los menores Juan Nepomuceno y Eudobia Soto-mavor, con auxilio de peritos, y sin intervención de los con-tadores partidores nombrados, llevaron a cabo las operacio-nes de inventario, avalúo, liquidación de sociedad de ganan-ciales, partición y adjudicación de la herencia de Ignacia Be-renguer .Reyes.

Bajo los hechos 5o. y 11°. de la referida escritura particio-nal se determinaron las bajas del caudal inventariado for-mado4 por la aportación matrimonial del viudo José Genaro Sotomayor y por varias deudas pendientes de pago contraídas por la sociedad conyugal, y bajo el hecho 12°. se hizo constar por los interesados que la sociedad de gananciales enajenó a Ramón Colón Rodríguez por precio recibido de $125 una fin-ca rústica con cabida de 4 hectáreas, 32 áreas, y 34 centiáreas, y otra también rústica a. José Ramón Andújar por precio igualmente recibido de $150 con cabida de 3 cuerdas, sin que se hubieran otorgado a favor de los compradores las corres-pondientes escrituras de compraventa, por cuya razón no se incluían en el inventario, siendo bajas del acervo común, y en su virtud acordaban adjudicarlas por vía de comisión o encargo al viudo, para que otorgara a favor de Colón y An-dújar las escrituras de compraventa de las referidas fincas, las que se inscribirían previamente en el registro a favor del adjudicatario condicional mencionado.

Al viudo se le formó una hijuela especial en que se le adjudicaron bienes para pagar el resto de las bajas contra la herencia, figurando entre esos bienes distintas porciones de terreno que se describen.

Presentadas las operaciones particionales a la Corte de Distrito de Arecibo para que fueran aprobadas, dicha corte se negó a aprobarlas en resolución de 15 de octubre de 1914, por los siguientes motivos:

“Io. Porque habiendo contadores partidores, nombrados por la testadora en su testamento, a ellos correspondía practicar la diviso-ria de la herencia. (Artículo 67 enmendado, de la Ley de Procedi-mientos Legales Especiales.)
“2o. Porque no se incluyen en el inventario las fincas que se dice fueron vendidas por la causante, y que se adjudican al viudo, para que éste las venda a los compradores, sin la autorización judicial necesaria, por haber herederos menores de edad.
“3o. Por no ser válida ni eficaz dicha adjudicación, sin la corres-pondiente autorización judicial, siendo además contradictorio, que se adjudique lo que ya se ha vendido a otros, según se consigna por los otorgantes.
“4o. Porque no es válida ni eficaz, la adjudicación de bienes y fincas al padre para el pago de las deudas personales, puesto que dicha adjudicación, por lo que respecta al derecho de condominio de los menores sobre los inmuebles, no puede hacerse sin previa autorización judicial.
“5o. Porque existiendo herederos menores de edad, no represen-tados por su padre ni por tutor general con fianza, no se ha seguido el procedimiento legal que señalan necesario en tales casos los artícu-los 23 y 25, enmendados, de la ley de procedimientos especiales, para la administración, liquidación y pago de las deudas del caudal here-ditario relicto al fallecimiento de Doña Ignaeiá Berenguer Reyes.”

La corte entiende que debe excluirse de la divisoria la ad-judicación al viudo de las dos fincas que se dicen han sido vendidas por la causante y tratar de dicha venta por lo que respecta a los menores en el correspondiente'procedimiento de autorización judicial, y que también debe excluirse la adjudicación al viudo de bienes para el pago de las deudas de carácter personal, incluyendo dichos bienes en la masa hereditaria partible, quedando las deudas personales que existan para ser satisfechas en una administración judicial previa o por reclamación de los acreedores contra la heren-cia. •

La anterior resolución lia sido apelada para ante esta Cor-te Suprema.

Examinemos sus fundamentos.

No estamos conformes con el primer fundamento de la resolución apelada, expresivo de que habiendo contadores partidores nombrados por la testadora en su testamento, a ellos correspondía practicar la divisoria de la herencia. Esa cuestión fné tratada por esta corte al resolver el caso de Irizarry v. El Registrador de San Germán, 22 D. P. R. 94, y llegamos a la conclusión de que la falta de intervención de los contadores partidores nombrados en una partición de bie-nes, haya o no menores de edad, no la vicia de nulidad.

En apoyo de dicha conclusión dijimos entonces y repe-timos ahora:

“El artículo 1024 del Código Civil invocado por el Registrador en su nota, establece que el testador podrá encomendar por acto inter vivos o mortis omisa para después de su muerte la simple fa-cultad de hacer la partición a cualquiera persona que no sea uno de los coherederos, lo cual se observará, aunque entre los coherederos haya alguno de menor edad o sujeto a tutela, en cuyo caso el comi-sario deberá inventariar los bienes de la herencia con citación de los coherederos, acreedores y legatarios.
“El artículo 1025 previene que cuando el testador no hubiere hecho la partición ni encomendado a otro esta facultad, si los here-deros fueren mayores y tuvieren la libre administración de sus bienes, podrán distribuir la herencia de la manera que tengan por conve-niente; y el artículo 1027, que cuando los menores de edad estén sometidos a la patria potestad y representados en la partición por el padre y en su caso por la madre, no será necesaria la intervención ni la aprobación judicial.
“Examinados los preceptos que contienen los artículos citados, entendemos que los herederos, habiendo conformidad entre ellos, pue-den hacer por sí mismos la partición de bienes, sean o no mayores de edad, aun cuando haya contadores-partidores nombrados, siendo necesaria la aprobación judicial de la partición cuando haya menores que no estén representados por su padre y en su caso por la madre.
“A este propósito dicen los ilustrados comentaristas Galindo y Escosura en el tomo 2 de su obra ‘Legislación Hipotecaria,’ (4a. edición), páginas 257 y 258:
“Cuestionable es si habiendo hecho la partición el mismo testador o encomendado a otro la facultad de hacerla, sería no obstante ins-cribible la que hicieran todos los herederos mayores de edad, o aun habiendo menores, si se había obtenido la aprobación judicial.
“ ‘En el primer caso nuestra opinión es que no debe inscri-birse * * *
“ ‘Respecto del segundo caso, es distinto nuestro criterio. El testador no ha transmitido inmueble determinado; los herederos han adquirido el derecho hereditario al fallecimiento de aquél, y en virtud de él pueden hacer la división en los términos que les con-venga * * *
“ ‘En el orden moral es evidente que, hecha por los herederos, únicos interesados, nadie puede reclamar contra ella, y no hay razón para que no surta efecto jurídico.
“ ‘En el legal, ya indicamos que el propósito del legislador al redactar el artículo 1057 fué sin duda procurar que reinara la armo-nía allí donde pudiera haber voluntades discordantes. En ese caso, la del contador, como encarnación del testador, se impone a todos; sujeta al rebelde; concilia a los contrarios, y es como el símbolo del pensamiento del testador, supremo legislador, a quien todos lós he-rederos deben acatamiento.
“ ‘A esto se agrega que no hay precepto alguno en el código que sancione con la pena de nulidad la partición hecha de común acuerdo por todos los herederos en el caso de haber el testador encomendado esa facultad a otra persona, por lo cual puede afirmarse que no es necesariamente nula, y.no siéndolo, el registrador no debe denegar su inscripción, según lo establecido en el artículo 65 de la Ley Hi-potecaria, mientras que, por el contrario, siendo como es la parti-ción un contrato, concurriendo en él todas las circunstancias exigi-das por el artículo 1261 del código, para apreciar su validez, no hay más que sujetarle al artículo 1265.’
“Los artículos 1261 y 1265 del Código Civil español correspon-den con los 1228 y 1232 del Código Civil Revisado.”

Corrobora la doctrina expuesta el artículo 71 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales de marzo 9, 1905, tal como fué enmendado por la ley de 8 de marzo de 1906.

Ese artículo contiene el siguiente £>recepto de aplicación al presente caso:

‘ ‘ Si entre los herederos hubiere alguno o algunos menores de edad o incapaces por otra causa, y los representantes legales de éstos, y los demás herederos estuviesen acordes respecto a la partición de la herencia, no tendrá tampoco aplicación lo dispuesto en los artículos 67 al 70, ambos inclusive, de esta ley, siempre que todos los interesados presentaren a la corte la divisoria del caudal hereditario que se haya hecho. La corte de distrito aprobará dicha divisoria, haciendo en ella las modificaciones legales que estime oportunas * * * ”

Los artículos 67 al 70, que aparecen citados en el artí-culo 71, se refieren al nombramiento de contador partidor por la corte de distrito, a la aceptación de semejante cargo y al ejercicio del mismo por el contador partidor, ya sea nom-brado éste por la corte de distrito, ya por el testador. De modo que si en virtud del precepto transcrito del artículo 71, los artículos 67 al 70 no tienen aplicación aún en el caso de que entre los herederos hubiese menores de edad, siempre que sus representantes legales y los demás herederos estuviesen conformes respecto a la partición de la herencia, es claro que habiendo la conformidad no es necesaria la intervención de contadores partidores en la divisoria, siempre que ésta se presente a la corte de distrito para su aprobación.

La resolución apelada no se sostiene por su primer motivo.

Los motivos 2.°, 3.° y á.° de dicha resolución descansan en la necesidad de la autorización judicial para la enajena-ción de bienes de menores, de cuya autorización se ha pres-cindido en las operaciones divisorias de la herencia de Ignacia ' Berenguer Reyes.

Al considerar en 24 de mayo de 1915 el caso de María Dolores del Rosario et al. v. Mateo Rucabado Argumosa et al., en que estaba envuelta la cuestión legal de si eran nulas o no adjudicaciones de bienes inmuebles en pago de deudas hechas directamente a acreedores en la partición ele herencia de Luz María del Rosario en que había menores de edad, dijo esta corte:

“No hay duda alguna con respecto a la calificación que debe darse a una adjudicación de una finca en pago de deudas. .Dicha adju-dicación envuelve claramente la enajenación de un bien inmueble. Tampoco hay duda alguna con respecto al hecho de que en la fecha en que tuvieron lugar las adjudicaciones de .que se trata en este caso, lo mismo que hoy, la ley exigía la previa autorización judicial para la venta de bienes inmuebles pertenecientes a menores. ” 23 D. P. R. 478.

Pero estimando entonces que una adjudicación de bienes inmuebles en pago de deudas hecha al liquidarse y partirse una herencia, en la que existan herederos menores de edad, no debe calificarse como un acto aislado de enajenación, a los efectos de las prescripciones del Código Civil sobre autorización judicial para enajenar bienes de menores, sino como un acto de partición que debe regularse por las que gobiernan la materia, la 'corte llegó a la conclusión de que la partición de la herencia de Luz María del Bosario se llevó a efecto de acuerdo con la ley y no podía, por tanto, decre-tarse su nulidad en cuanto a las adjudicaciones de bienes para el pago de las deudas ele la herencia.

Sirviónos entonces de guía y trajimos a examen la doc-trina establecida por la Dirección General de los Registros de hispana en varias resoluciones, consistente en que para determinar el carácter jurídico de la adjudicación de bienes para pago de deudas es necesario distinguir el caso de que las adjudicaciones se hagan o no en favor de los herederos, pues en el primer caso constituirán un acto especial de par-tición (pie ha de regirse por sus reglas especiales y propias, y en el segundo un acto de enajenación de bienes sujeto a los requisitos que para los de esta especie exigen las leyes cuando hay interesados menores de edad, pero no nos pare-ció aceptable en su totalidad semejante doctrina, como así lo expresamos en los siguientes términos:

Hemos meditado mucho con respecto al fundamento que pudo te-ner la Dirección para diferenciar ambos casos y no hemos encontrado ninguno que nos parezca razonable. Para nosotros la naturaleza de las transacciones en los dos casos es la misma, constituyendo ambos actos de partición y no enajenaciones especiales de bienes inmuebles pertenecientes a menores.” 23 D. P. R. 478.

Recayó luego la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de junio 1, 1915, en el caso de Longpré v. Días, 237 U. S. 512, resolutoria de que las adjudicaciones en pago de' deudas hedías a los acreedores en la partición de una heren-cia en que existen menores de edad sin haberse obtenido previamente la autorización judicial necesaria son nulas, y habiéndose sometido entonces a reconsideración la decisión en el caso de del Rosario et al. v. Rucabado et al., supra, la corte por dos de sus jueces volvió sobre dicha decisión, dictando otra en 28 de enero de 1916 (23 D. P. R. 473) en que hizo aplicación de la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los otros dos jueces que intervinieron en la reconsideración opinaron que aten-didas las circunstancias especial concurrentes en el caso de del Rosario et al. v. Rucabado et al., no era de influencia en su resolución la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Esa jurisprudencia es aplicable al presente caso en que hay interesados menores de edad y se hacen adjudicaciones de bienes inmuebles de la herencia de Ignacia JBerenguer Reyes a su viudo José Genaro Sotomayor para otorgamiento de escrituras y pagos de deudas, pues como ya dijimos al considerar el caso de del Rosario et al., v. Rucabado et al., no hay razón para establecer diferencias entre un caso en que se ad-judiquen bienes inmuebles a herederos para pago de deudas y otro en que se adjudiquen esos bienes a los mismos acree-dores directamente.

Hasta donde ha alcanzado nuestro estudio, no hemos en-contrado una sola sentencia del Tribunal Supremo de España que autorice la distinción establecida por la Dirección General de los Registros de España en repetidas resoluciones, las que como de carácter gubernativo no constituyen ley ni doctrina legal cuya infracción pueda ser causa del recurso de casación, según sentencia del Tribunal Supremo de España de 28 de diciembre de 1881. Y la razón es obvia, pues los interesados, independientemente del recurso gubernativo que la ley les re-conoce contra las calificaciones de títulos hechas por el regis-trador pueden acudir a los tribunales de justicia para ventilar y contender entre sí acerca de la validez y consiguiente ins-cripción de las escrituras así como-de la nulidad o validez de la obligación en ellas contenida, según los artículos 66 de la Ley Hipotecaria y 116 de su Reglamento. Buena prueba de ello tenemos en el caso de G. Martínez y Cía. v. Roig, 23 D. P. R. 461.

Y no cabe sostener que sea innecesaria la autorización judicial respecto de las dos fincas rústicas que la sociedad de gananciales babía vendido a Ramón Colón Rodríguez y a José Ramón Andújar, pues aunque esas ventas se hubieran hecho ■por ambos cónyuges y los contratos estuvieran perfecciona-dos, para que éstos fueran inscritos en el registro tenían que aer reducidos a escritura pública, siendo necesario para otor-garla no sólo el consentimiento del esposo supérstite sino el de todos los herederos de la esposa Ignacia Berenguer Reyes; y como entre esos herederos había menores de edad' que no podían por sí mismos prestar su consentimiento, ni su padre en el ejercicio de la patria potestad, por envolver el acto la venta o ratificación de venta de bienes inmuebles, la autori-zación judicial era absolutamente necesaria de acuerdo con el Código Civil y la Ley de Procedimientos Legales Especiales de 9 de marzo de 1905, tal como ha quedado enmendada por la ley No. 33 de 9 de marzo de 1911.

Cuestión igual o parecida fué resuelta por esta corte en el caso de Avilés v. El Registrador de la Propiedad, confirmando nota del Registrador de la Propiedad de Aguadilla, denegatoria de la inscripción de escritura de venta otorgada por una madre por su propio derecho y como representante de sus menores hijos habidos en el matrimonio disuelto ya por muerte del esposo, con cuya escritura pretendía dar cum-plimiento a contrato de compraventa celebrado anteriormente por documento privado en vida de ambos esposos. Esta corte resolvió que tratándose de venta o de ratificación de venta de un bien inmueble la autorización judicial que no se había obtenido era absolutamente necesaria. Avilés v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R. 960.

Por supuesto que como ya dijimos al resolver otro caso de Avilés v. El Registrador de la Propiedad, 19 D. P. R. 365, las formalidades prevenidas para la venta de bienes inmuebles no regnl'an estrictamente un caso en que solamente se trata de elevar a documento público un documento pri-vado de venta de una finca perteneciente por derecho here-ditario a hijos menores de edad, por la potísima razón de que no hay términos hábiles para vender una finca ya ven-dida, pero ello no exime de que se solicite por la represen-tación de los menores autorización previa de la corte de distrito correspondiente para el otorgamiento de la escrL tura pública.

Estimamos, pues, ajustados a derecho los motivos 2°., 3o. y 4o. de la resolución apelada.

Examinemos el 5o. y último fundamento, expresivo de que en el presente caso ha debido seguirse el procedimiento que marcan los artículos 23 y 25 enmendados de la Ley de Proce-dimientos Legales Especiales.

El artículo 23 de la Ley de Procedimientos Legales Espe-ciales no ha sufrido enmienda alguna, y se refiere a las per-sonas que pueden solicitar la administración judicial de los bienes de un finado y forma en que debe hacerse la solicitud.

El artículo 25 de la ley de 9 de marzo de 1905 ordena que será necesaria la administración judicial de los bienes del testador cuando todos o alguno o algunos de los herederos estén ausentes y no tengan representantes legítimos en la ju-risdicción del último domicilio de la persona finada o lugar donde radiquen sus bienes, o cuando un heredero o legatario sea menor o esté incapacitado. Ese artículo 25 fué enmen-dado por la ley de 8 de marzo de 1906, en el sentido de que sería necesaria la administración judicial de los bienes del testador cuando un “heredero o legatario sea menor o esté incapacitado y no esté representado por su padre o madre o por un tutor que haya prestado fianza con arreglo a la ley.” Es pues condición sine qna non para la administración judicial cuando hay menores, que éstos no estén representados por su padre o madre o por un tutor con fianza arreglada a la ley. La legislatura lia querido que sólo en el caso de que los intereses de los menores estén desamparados por carecer éstos de representación legal, los proteja con su intervención la autoridad judicial constituyendo en administración los bie-nes en que estén interesados.

A la muerte de Ignacia Berenguer Beyes, sus menores hijos quedaron representados por el viudo, padre de ellos, con relación a la administración de los bienes de la herencia y, por tanto, los intereses de dichos menores no estaban des-amparados ni exigían la protección judicial. No puede de-cirse que con respecto a dicha administración hubiera incom-patibilidad de intereses entre el viudo y los hijos menores; y tan es así, que la misma Ley de Procedimientos Legales Especiales en su artículo 31 provee para el caso de nombra-miento de administrador judicial que podrá ser nombrado el cónyuge supérstite. La incompatibilidad o conflicto de inte-reses podrá existir cuando llegue el momento de dividir la herencia y para entonces proA^ee la ley el nombramiento de defensor de los menores, cuyo nombramiento ha tenido lugar en el presente caso.

El artículo 1027 del Código Civil establece- que cuando los menores de edad estén sometidos a la patria potestad y re-presentados en la partición por el padre y en su caso por la madre, no será necesaria la intervención ni la aprobación judicial, pero ese precepto no implica que sea necesaria la ad-ministración judicial en el caso de que haya menores que no estén representados en la división de la herencia por el padre o por la madre. Entonces será necesaria la intervención judicial, y la aprobación de la divisoria, pero no la administra-ción judicial, que son cosas enteramente distintas.

Aun más, la Ley de Enjuiciamiento Civil que comenzó a regir en esta isla en enero de 1886 y que estuvo vigente sobre la materia de que se trata hasta que fué sustituida por la actual, en Io. de julio de 1904, dispuso en su artículo 1042 que entre otros casos, sería necesario el juicio de testamentaría cuando los herederos o cualquiera de ellos fueran menores o estuvieren incapacitados, a no ser que estuvieren representa-dos por sus padres, cuyo precepto, como se ve, excluye la in-tervención judicial cuando los menores o incapacitados tienen la representación antedicha.

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, anterior a la de 1886, disponía en su artículo 407 que sería necesario el juicio de testamentaría cuando los herederos fueran menores o inca-pacitados, estuvieran ausentes o presentes, si el testador no hubiera 'dispuesto lo contrario, y guardaba silencio sobre si era necesario el juicio de testamentaría cuando los menores o incapacitados estuvieren representados por sus padres.

Comentando ese artículo los Sres. M'anresa y Eeus, exa-minan la cuestión legal de si no obstante los términos en que aquél aparece redactado, estará comprendido en la regla general el caso en que los herederos, menores o incapacitados, estén bajo la patria potestad y llegan a la siguiente conclusión negativa:

“Conveniente hubiera sido haber establecido expresamente esta excepción para evitar dudas y conflictos; pero quizás los autores de la nueva ley creyeron que no habrá juez alguno que se atreva a con-culcar los sagrados derechos de la patria potestad, tan respetados y recomendados por nuestras leyes. Ni en el terreno legal, ni en el de la conveniencia, puede ser permitido al juez prevenir de oficio una testamentaría o un abintestato, sin otra razón que por ser menores o incapacitados los herederos, cuando éstos se hallen bajo el poder de su padre.
“No en el terreno legal. Nuestras leyes confían tanto en el amor paternal, y en el celo y diligencia que instintiva y naturalmente tienen los padres por los intereses y bienestar de sus hijos, que nin-guna les impone la obligación de hacer inventario de los bienes de éstos, de que son administradores y usufructuarios, al paso que imponen a los tutores la de hacerlo solemne ‘con otorgamiento del juez del logar, e por mano de alguno de los escribanos públicos.’ « # # Tampoco es conveniente que el juez proceda de oficio a la formación de inventarios, ni a las demás diligencias preventivas del juicio -necesario de testamentaría en el caso de que tratamos. Con-sidérese la humillación que resultaría para la dignidad y potestad del padre a quien la naturaleza y las leyes dan tanta importancia; lo que se rebajaría ante la sociedad y ante sus propios Rijos, si al fallecimiento de su consorte se entrometiera el juez a ocupar los bienes, libros y papeles de la sociedad conyugal, con el objeto de evitar abusos y fraudes en perjuicio de los hijos menores. ¿Son, por ventura, de temer esos abusos en el caso de que tratamos? ¿ Puede el juez ni nadie mirar con más interés por los bienes de los menores que su mismo padre ? ¿ Puede haber el peligro' que respecto de los extraños quiere la ley precaver con laudable previsión? De ningún modo. Luego, si falta la razón de la ley, no puede tener aplicación; no debe considerarse dictada para ese caso. excepcio-nal * * *. Si, pues, las disposiciones de que tratamos no pueden ser aplicables al presente caso como hemos visto. sin contrariar lo establecido por la jurisprudencia y por el derecho civil, la conse-cuencia lógica es que no debe prevenirse de oficio el juicio necesario de testamentaría cuando, siendo menores o incapacitados los here-deros, se hallen bajo la patria potestad. Esta ha sido la práctica hasta ahora observada constantemente y la que habrá de seguir obser-vándose ; de otro modo se conculcarían las prerrogativas que las leyes naturales, civiles y canónicas conceden a la patria potestad. Si se teme que el padre pueda cometer abusos en los bienes de los hijos, otros recursos conceden las leyes para evitarlo; pero so color de una previsión injustificada, no se eche mano de un medio que sobre ser vejatorio para el padre, es gravoso para el hijo por las costas que se le originan.”

Manresa, Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo III, página 148, 149, 150 y 151, Edición 1a.

Comentando el mismo Manresa el artículo 1041 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, igual al 1040 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente en Puerto Eico hasta julio de 1904, dice así:

“Y es también importante la declaración que se hace en el nú-mero 2°. del artículo 1041, de que cuando los herederos, menores o incapacitados, estén representados por sus padres, esto es, por el padre y en su defecto por la madre, no debe el juez prevenir de oficio este juicio. Aunque’ en la Ley de 1855 nada se dijo sobre este punto, eso era lo conforme al derecho y a la jurisprudencia entonces vigen-tes, según expusimos al comentarla, y para evitar dudas se ha hecho en la nueva ley la declaración expresa antes indicada. Y con ella está también conforme el Código Civil, el cual en su artículo 1060 dispone que ‘cuando los menores de edad estén sometidos a la patria potestad y representados en la partición (de la herencia) por el padre o, en su caso, por la madre, no será necesaria la intervención ni la aprobación judicial.’ ”

IY Manresa, Ley de Enjuiciamiento Civil, 439.

El artículo 1060 del Código Civil a que se refiere Manresa, es igual al 1027 de nuestro Código Civil Revisado.

Como se ve, la interpretación dada al artículo 25 de la Ley-de Procedimientos Legales Especiales, enmendado por la Ley-de 8 de marzo de 1906, es armónica con los preceptos y prácti-cas de nuestro derecho histórico, y no encontramos precepto alguno legal que esté en oposición abierta con dicha interpre-tación.

Por las razones expuestas es de confirmarse la resolución apelada que dictó la Corte de Distrito'de Arecibo en 15 de octubre de 1914, por el fundamento de no ser válidas y efica-ces en derecho las adjudicaciones hechas al viudo José Genaro Sotomayor sin la correspondiente autorización judicial, de bienes inmuebles en que son partícipes herederos menores de edad, sin que las operaciones divisorias cuya aprobación ha sido denegada estén viciadas de nulidad por falta de in-tervención en ellas de los contadores partidores nombrados, y por no haberse constituido en administración judicial los bienes de la herencia de Ignacia Berenguer Reyes, debiendo procederse en la práctica de dichas operaciones divisorias con sujeción a los principios que dejamos establecidos.

Confirmada la resolución apelada, debiendo procederse en la práctica de las opera-ciones divisorias con sujeción a los prin-cipios establecidos en la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.

Se hace constar que el Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la consideración y resolución del caso No. 1177, Bel Rosario et al. v. Rucabado et al., 23 D. P. R. 473, en ape-lación procedente de la Corte de Distrito de Gnayama, en cuyo caso fné el juez sentenciador.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

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text:
    Latorre, Recurrente, v. El Registrador de Mayagüez, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Mayagüez denegando la inscripción de una escritura de partición de herencia.
    No. 239.
    Resuelto en junio 24, 1916.
    Partición de Herencia — Adjudicación de Bienes en Pago de Deudas — Actos de Enajenación — Menores de Edad — Autorización Judicial. — La adjudi-cación de bienes en operaciones divisorias de herencia para pago de deudas o cumplimiento de obligaciones, ya se haga a favor de herederos, ya a favor de acreedores, constituye un verdadero acto de enajenación que cuando se trata de bienes inmuebles en que hay interesados menores de edad exige la autorización previa judicial.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. José Benet.

    El registrador interino recurrido Sr. José Sabater com-pareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 9 de febrero de 1911, No. 86, otor-gada en la ciudad de Mayagüez ante el notario Mariano Riera Palmer, Julio N. Laabes, viudo de Josefa Nicolasa Rivera, y Pedro Francisco Battle en concepto de defensor de los meno-res Carlos Maximiliano Julio y Monserrate Mercedes Laabes y Rivera, habidos en el matrimonio de Laabes con la Rivera, procedieron de común acnerdo a la práctica de la divisoria de los bienes de Josefa Nicolasa Rivera, fallecida abintestato, y figurando entre esos bienes dos fincas rústicas radicadas en el barrio de Mayagüez arriba del término municipal de Maya-güez, afectadas por un crédito hipotecario de $1,290 pertene-ciente a Josefa Mestre y Castelar, fueron adjudicadas al viudo para el pago de dicho crédito con la obligación de en-tregar a los lierederos sus hijos, por mitad, la suma de $360 que había de sobrar después de satisfecho el mencionado cré-dito, habiendo renunciado Laabes en favor de sus hijos el derecho de usufructo que le correspondía en una parte de los bienes de la herencia.

Presentada dicha escritura para su inscripción en el Re-gistro de la Propiedad de Mayagüez, el registrador la denegó por medio de nota que copiada literalmente dice así:

“No admitida la inscripción de este documento, con vista de otros, porque aunque aparentemente sólo comprende una partición de he-rencia, en realidad lleva envuelta una enajenación o traspaso de los bienes inmuebles heredados de su madre por los menores Oarlos Maximiliano Julio y Monserrate Mercedes Laabes a favor de su padre Don Julio N. Laabes; y de verificarse directamente a nombre de este último la inscripción de las dos fincas rústicas a que se contrae el documento, según se pretende ahora, resultaría: l.°. que se habría prescindido de la previa inscripción a favor de los dos citados me-nores de los inmuebles heredados de su madre por ellos, que alcanzan a la suma de trescientos sesenta dollars; y 2o. que en la enajenación de dichos inmuebles a favor de su padre habríanse prescindido de los requisitos determinados por las leyes para la venta de bienes inmuebles de menores de edad; tomándose en lugar de la inscripción pretendida, anotación preventiva por ciento veinte días contados des-de esta fecha, a los folios 224 y 177 vtos. de los tomos 113.° y 61.° de este Ayuntamiento, fincas Nos. 2839 y 2170, anotaciones letras B y A respectivamente. Mayagüez, junio 21 de 1915. El Registra-dor sustituto. José Sabater.”

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto y que sostiene el abogado José Benet como representante de Cristino Lato-rre en su carácter de administrador judicial de los bienes de la herencia de Julio N. Laabes.

Al resolver en esta misma fecha, recurso de apelación inter]iuesto contra resolución de la Corte de Distrito de Arecibo en el caso Ex parte Sotomayor, (pág. 185), dejamos consignada la doctrina de que la adjudicación de bienes en opera-ciones divisorias de herencia para pago de deudas o cumpli-miento de obligaciones, ya se haga a favor de herederos, ya a favor de acreedores, constituye un verdadero acto de ena-jenación que cuando se trata de bienes inmuebles en que hay interesados menores de edad exige la autorización previa judicial.

En el presente caso, como acertadamente afirma el regis-trador, hay envuelta una enajenación o traspaso de los bie-nes inmuebles heredados de su madre por los menores Carlos Maximiliano Julio y Monserrate Mercedes Laabes a favor de su padre Julio N. Laabes y para ello no se ha obtenido la autorización judicial necesaria.

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Padilla, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por delito contra la justicia pública.
    No. 787.
    Resuelto en junio 24, 1916.
    Delito contra la Justicia Pública — Justicia Pública — Mandamiento de Arresto — Palta de Causa Probable — Arresto — Insuficiencia de la Prueba. — Cuando en una causa por infracción del artículo 148 del Código Penal, o sea, por haber conseguido el acusado maliciosamente y sin causa probable el libramiento y ejecución de un mandamiento de arresto contra el denunciante, no consta que el mandamiento fuera debidamente ejecutado por no haberse efectuado el arresto del denunciante, no existe base suficiente para sostener una sentencia condenatoria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Leopoldo Feliú.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Su. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 148 del Código Penal prescribe lo siguiente:

“Toda persona que maliciosamente y sin causa probable, consi-guiere el libramiento y la ejecución de una orden de allanamiento o de arresto, será culpable de misdemeanor.”

El acusado y apelante fué declarado culpable del cielito que de tal modo se define, bajo una acusación en la que se alegan los lieelios en la forma siguiente:

“El citado Armando Padilla, allá en o por uno de los días del mes de agosto de 1914, y en la ciudad y municipio de Mayagüez, territorio de la corte de distrito del distrito judicial del mismo nom-bre, ilegal, voluntaria y maliciosamente y sin causa probable, y por virtud de una denuncia jurada, relacionada con la aplicación de las Leyes Electorales de Puerto Rico, obtuvo del honorable juez municipal de Mayagüez, Sr. Bryan, el arresto de Juan Cario, el que tuvo que prestar una fianza de doscientos dollars, para su libertad provisional. ’ ’

La única declaración respecto a la forma de liacer el supuesto arresto, es la del denunciante Juan Cario, que dice:

“Me llamo Juan Cario, soy natural de Cabo Rojo y vecino de Mayagüez, en cuya ciudad resido desde el año 1892, en el barrio de la Marina Septentrional, en la que he venido desde antonces ejer-ciendo mi profesión, que es la de marino. Tengo familia y soy casado. Vivo con mi familia.
“La primera vez fui denunciado por Armando Padilla, a quien no conozco, y me denunció éste por doble inscripción, porque decía que constaba yo en las listas electorales inscrito dos veces: La primera vez que me he inscrito fué ahora en julio de 1914, no recordando el número de mi inscripción, ni tampoco el día. Conozco uno de los agentes de inscripción ante quien comparecí y me inscribí, y ese es el Sr. Angel González. Me inscribí en el precinto del pueblo.
“Con motivo de esa denuncia me reclamaron, me fiaron y estuve ante el Sr. Fiscal a presentar una denuncia contra Armando Padilla. Cuando la denuncia esa estuve a tiempo, cuando me citaron. Fui llamado por un policía con una orden de arresto y me presenté donde el Fiscal con una denuncia contra Armando Padilla y los fiadores, porque me encontré fiado. Creo que de mis fiadores uno fué Do-meneeh; no recuerdo quiénes fueron los otros. Estuve detenido el momento ese nada más, pocos minutos. No conozco al policía que me fué a buscar, ni hablé con él. Me dijo que me presentara, que estaba denunciado ante la corte y yo estuve ante el Sr. Fiscal: después de ahí me fui para casa. Eso fué la primera vez. La fianza se dio ante el Sr. Fiscal. Me refiero a la fianza que presentó por mí el Sr. Do-menech y los otros que no conozco, como tampoco conozco al funcio-nario que recibió la fianza. Repreguntado por la defensa declaró como sigue: En julio, no recuerdo qué día fué que estuve arrestado. Esto fué en julio o agosto. • Lo que me hicieron fué que me reclama-ron para que compareciera a una denuncia que me hacía Armando Padilla por doble inscripción, diciéndoseme que compareciera ante el Sr. Fiscal o ante el Sr. Juez. Ese recado me lo dió el policía y es natural que cuando vienen a buscar a uno * * *. No recuerdo si el policía me enseñó o no papel alguno. Me arrestó de día. No me trajo preso, yo vine y me dijo que me presentara, que estaba denunciado por Armando Padilla, y que me presentara ante el Sr. Juez o ante el Sr. Fiscal, no recuerdo ante quién de los dos. Yo comparecí ante el Sr. Fiscal y no fui ante el juez municipal porque estaba fiado. ' La primera vez no fui ante el juez municipal. Cuando el policía fué a decirme que me presentara, que Armando Padilla me había denunciado, me dijo que me presentara al juez municipal y yo estuve ante el Sr. Fiscal. Me dijo que me presentara ante el juzgado. Vuelvo y digo que me dijo que me presentara y yo donde estuve fué donde el Sr. Fiscal, con la denuncia contra Armando Padilla.
“En este asunto lo que he hecho es venir donde el Sr. Fiscal a denunciar a Armando Padilla que fué el que me denunció a mí. No he estado en la corte municipal. Cuando me reclamó el policía que me presentara, me presenté ante el Sr. Fiscal a denunciar a Armando Padilla por la denuncia que se me hizo por doble inscripción. En relación con esta denuncia que él me hizo no he estado en la corte municipal. A mí me avisaron, no me trajeron detenido, y cuando vine a la corte ya estaba fiado. El policía no me trajo preso, ni estuve tampoco detenido tiempo alguno en la corte municipal. Lo que hice fué llegar a la corte y al llegar me dijeron: ‘ya Ud. esta fiado, puede irse.’ No me fijé en el número del policía, y éste no puede decir que es verdad que me trajo arrestado. Tengo 38 años. Me inscribí este año por primera vez, la única vez y si no estuviera seguro de eso no lo diría.”

La admisión del 'Supuesto “diligenciamiento” que apa-rece al dorso de la orden de arresto fué denegada por vir-tud de la objeción hecha por la defensa después que la persona que lo hizo había dado los siguientes informes en cuanto a él así como de la acción que tomó en relación con el particular :

“Me llamo Rafael Cohen, en el mes de agosto no tenía cargo público alguno, y desempeñaba un puesto auxiliar en la oficina de la corte municipal. No conozco a Juan Carlo. No recuerdo que en el mes de agosto de este año recibiera órdenes algunas del secretario, ni del márshal de la corte municipal, en relación con infracciones o delitos electorales. No recuerdo haber recibido orden alguna de arresto contra Juan Cario, pero sí está diligenciada por mí, sí.
“El Fiscal entonces muestra al testigo la constancia del diligen-ciamiento de la orden de arresto de Juan Cario, que aparece al dorso de la misma. El testigo la identifica, y sigue declarando como sigue:
“La firma que aparece ahí es la mía y eso que está ahí escrito, lo escribí yo. Esto dice: ‘Devuelto por haberse presentado a prestar fianza el acusado expresado al respaldo.’
“El acusado era Juan Carlo, y yo cumplimenté esa orden. No recuerdo si me' entregó esa orden el márshal o el secretario. Eso que está escrito por mí fué lo que sucedió. El se presentó a la corte y prestó fianza; pero no recuerdo el individuo.
“Repreguntado por la defensa, contestó:
“En agosto yo no desempeñaba cargo alguno en Mayagüez, auxi-liaba al márshal de la corte municipal a hacer sus trabajos. Estaba nombrado para ese cargo por el márshal. El me tenía por su cuenta. No me había nombrado el Attorney General, ni el Gobernador sub-márshal de la Corte Municipal de Mayagüez. En la diligencia de la orden de arresto pongo sub-márshal debajo de mi nombre porque tengo el cargo de sub-márshal, lo que tiene es que el Gobierno no me puede pagar los servicios. No tengo nombramiento de sub-márshal, ni carta autorizando al márshal para que me nombre, lo único que hay es que el Gobierno no me paga el servicio de sub-márshal.
“Vuelto a examinar por el Fiscal, declaró:
“Yo era sub-márshal de la Corte Municipal de Mayagüez. Es-tuve cobrando mi sueldo hasta junio de este año, y desde el primero de julio no cobro, en virtud de que al hacer el nuevo presupuesto, no aparece la partida de sub-márshal. El márshal de la corte municipal me recomendó para el cargo de sub-márshal. Funciono como sub-márshal porque algunas veces no tengo nada que hacer, y el márshal me gratifica, me ayuda de su sueldo y no tengo inconve-niente en auxiliarle a él.
“Vuelto a examinar por la defensa, declaró:
“Cuando hago un emplazamiento en un caso civil, al devolverlo diligenciado a la oficina del secretario de la corte municipal, hago un affidavit.”

Los artículos 114 al 116, inclusives, el mencionado en segundo lugar en tanto es pertinente, y el artículo 121 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal, Título V, “Arresto, quién lo hará y cómo se llevará a cabo,” disponen lo siguiente:

“Artículo 314. — Un arresto significa poner a una persona bajo custodia en los casos y del modo que la ley autoriza.
“Artículo 115. — Se hace el arresto por medio de la restricción efectiva de la libertad de la persona del acusado, o por estar sometido dicho acusado a la custodia de un oficial. El acusado no habrá de estar sujeto a más restricciones que las necesarias para su arresto y detención.
“Artículo 116. — Un oficial de orden público puede hacer un arres-to en cumplimiento de una orden que le haya sido entregada con tal fin o puede, sin una orden de arresto, detener a una persona:
1. Por un delito público cometido o que se ha intentado cometer, en su presencia; * * *.
“Artículo 121. — La persona que haga un arresto deberá informar a la persona que ha- de ser arrestada de la intención de arrestarle, de la causa del arresto y de la autoridad que se tenga para hacerlo, excepto cuando la persona que ha de ser arrestada esté en aquel momento empeñada en la comisión de un delito o en una tentativa para cometerlo, o sea perseguida inmediatamente después de la per-petración del mismo, o después de su fuga de una prisión.” Véase también 2 R. C. L. 445; 446; 5 C. J. 385-387.

Admitiendo para los fines de esta opinión la suficiencia de la acusación y la falta de causa probable para la denun-cia jurada que en dicha acusación se menciona, no creemos que los hechos probados demuestran una ejecución de la or-den de arresto. La orden misma no ha sido sometida a nues-tra consideración. El diligenciamiento de dicha orden nunca fue admitido como prueba, pero si hubiera sido admitido, suponiendo que la lectura que de él hizo Cohen era correcta, no hubiera demostrado ni siquiera que se trató de ejecu-tarla, sino más bien una explicación de la razón por la cual fué devuelta sin ser ejecutada. El policía mencionado por Carlo no declaró. No existe prueba de que la orden le hu-biera sido entregada al policía o de que la hubiera visto en alguna ocasión, o supiera que existía. De los autos no aparece si la fianza, prestada sin consultar al principal que en ella se menciona, fué dada, y el diligenciamiento que se hizo de la ejecución puesto al dorso de la misma antes o después de la conversación que tuvo lugar entre Cario y el policía. Es cierto que Cario hace una referencia accidental a una orden de arresto, pero toda su declaración así como la de Cohen, tiende más bien a negar la idea de que hubiera algún mandamiento en poder del oficial, de ninguna inten-ción de su parte de verificar un arresto y de algún enten-dimiento por parte de Cario de que siquiera estuviera él bajo la custodia sobreentendida del policía después del “re-cado” que le “dió” de que había sido presentada una denun-cia. Ni siquiera consta que Cario fué a la corte municipal con el fin de prestar fianza, sino más bien que fué donde el Fiscal para presentar una denuncia contra Padilla y los fia-dores que voluntariamente se ofrecieron, quienes sin el cono-cimiento o consentimiento de su priueipal se dieron tal prisa para evitarle la molestia e inconveniente de tener que com-parecer personalmente.

Puede ser que el policía tuviera la orden en su poder a la fecha de su conversación con Carlo y que tratara de veri-ficar un arresto y que Garlo que estaba arrestado, se some-tió voluntariamente y fué a la corte con el fin de obtener su libertad bajo fianza; pero éstas son cuestiones peculiarmente susceptibles de prueba' clara y concluyente fuera de toda duda razonable, de ser verdaderas, 3^ la prueba aducida es enteramente débil para que pueda basarse en ella una sen-tencia condenatoria en un caso criminal.

En vista de la conclusión a que hemos llegado respecto a este particular, no es preciso que consideremos en sus por-menores los otros nueve señalamientos de error que han sido alegados y discutidos con alguna extensión en el alegato del apelante.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison JUECES SEES. PRESIDENTE HERNANDEZ Y ASOCIADO AUDREY.

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cortés, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla, en causa por violación.
    No. 818.
    Resuelto en junio 24, 1916.
    Violación — Elemento Esencial del Delito — Esposa.—En una acusación por violación de una mujer menor de catorce años, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 255 del Código Penal, es necesario que se alegue en ella, como requisito esencial y para que pueda imputarse un delito prima facie, que la ofendida no es la esposa del acusado.
    Id. — Esposa—Palta de Alegar que la Ofendida no es la Esposa del Acu-sado — Renuncia.—La omisión en una acusación por violación de una mujer menor de catorce años, de alegar en ella que la perjudicada no era Iq. mujer propia del aeusado, es un defecto sustancial y no se entiende renunciado por-que el aeusado conteste la acusación alegando su no culpabilidad.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Enrique González Mena.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El acusado y apelante fué declarado culpable por un de-lito de violación a virtud de una acusación en la cual se ale-gaba que “el citado Pedro Cortés, en época anterior a la presentación de esta acusación, o sea, allá por el mes de mayo de 1914, en Aguadilla, que forma parte del distrito judicial ,del mismo nombre, ilegal y voluntariamente, tuvo contacto carnal con la niña menor de catorce años de edad Julia Cruz.”

Al empezar el juicio presentó el acusado una moción soli-citando el sobreseimiento y archivo de la causa, por el fun-damento de no imputarse ningún delito en la acusación, por la razón, entre otras de muy poca importancia para ser dis-cutidas seriamente, de que en la referida acusación no se alega que la presunta perjudicada no es la esposa del acu-sado. ' Esta moción fué declarada sin lugar, contra cuya reso-lución fué tomada excepción y se alega que fué errónea la acción tomada por la corte en cuanto al particular.

El artículo 255 del Código Penal es en parte como sigue:

“Se comete violación, yaciendo con una mujer que no fuera la propia, en cualquiera de los casos siguientes:
“1. Si la mujer fuere menor de-catorce años.”
*******

La única cuestión que así fué promovida que hay nece-sidad de considerar es si el párrafo “yaciendo con una'mujer que no fuere la propia, ’ ’ comprendido en la definición del estatuto a que acabamos- de hacer referencia, constituye un. ejemento esencial del delito y debe, por tanto, ser alegado en la acusación para que pueda imputarse en ella un delito prima facie, o si la ley solamente reserva al acusado su dere-cho, de acuerdo con la ley común, a establecer el estado matrimonial como materia de defensa, y al hacerlo así establece únicamente una excepción, que si bien está incorporada en la definición del estatuto no es necesario presentar por ade-lantado mediante una alegación por parte del Fiscal negando dicho estado.

Aunque ésta es la más importante, sino la cuestión vital envuelta en esta apelación, el apelante, como frecuentemente sucede, levanta simplemente la cuestión y sin hacer citas de autoridades ni argumentar el punto, deja enteramente confiada su investigación al tribunal. El Fiscal en su con-testación llama incidentalmente la atención hacia el hecho de hallarse dividida la jurisprudencia, nos cita la obra Cyc. tomo 33, página 1440 en apoyo de su escueta manifestación de que el peso de las autoridades sostiene la resolución de la corte inferior y haciendo enteramente caso omiso de los casos de Texas y Oklahoma mencionados en la nota, hace referencia al único caso de California que allí se cita, el de People v. Estrada, 53 Cal. 600, qne es un caso de ataque para cometer violación, el que claramente se distingue por “no ser de aplicación a una acusación en que se alega un delito de violación” en el caso de People v. Miles, 101 Pac. 527, y en otros más.

Es, además, una curiosa coincidencia que a pesar del sor-prendente ejemplo que presentan los casos que han sido re-sueltos con respecto a la gran dificultad con que a veces se tropieza al aplicar a las circunstancias peculiares de un caso en particular un principio elemental de procedimiento criminal que es enteramente claro, ningún tratadista auto-rizado parece haber aprovechado la clara oportunidad que de tal modo se ha presentado para el esclarecimiento filosó-fico de una cuestión que es algo dudosa y muy interesante.

Así, pues, Wharton resuelve prontamente el principio general envuelto, agrupando sencillamente algunos casos para aclarar su definición del delito en la nota final titu-lada “No es necesario negar las excepciones de un estatuto a menos que sea tal la excepción que el hecho de tener que negarla sea parte esencial de la definición o reseña del delito imputado.” 1 Ley Criminal, sec. 14, página 19. Además, en la página 921 de dicho tomo, sección 728, expresa el mismo tratadista que “debe probarse la inexistencia del matrimo-nio entre la perjudicada y el acusado,” y aunque al discutir los requisitos de una acusación por una tentativa, en la pá-gina 302, see. 231, indica que “es un principio conocido de procedimiento criminal que cuando un acto sólo es procesa-ble bajo ciertas condiciones dichas condiciones deben expre-sarse en la acusación,” y si bien el lenguaje usado en la pá-gina 938, sección 737, a saber: (la bastardilla es nuestra) “de acuerdo con el estatuto, a falta de un precepto qne lo requiera no es necesario alegar en la acusación que la mujer violada no era la esposa del acusado,” parece ser algo vaga-mente previsor, la única cita que se liace, sin embargo, es la de la “see. 740 que viene después.” Siguiendo lo que aquí se indica no solamente encontramos poca ayuda en el párrafo a que de tal modo se ha hecho referencia, sino que en la sec-ción siguiente nos tropezamos abiertamente con la amplia e ilimitada afirmación de que “en una acusación por violación no es necesario alegar que la mujer perjudicada no era la esposa del acusado,” donde se citan por completo todos aque-llos casos que tienden a apoyar el texto, pero ninguno de los que están en contra.

De igual modo Bishop en su obra sobre Delitos Estatuto-rios, en la página 410, tercera edición, sección 481, discute con la corte de Ohio sobre una cuestión que es algo semejante, que proviene de un estatuto de Ohio algo singular, y por virtud del sólido principio que fué correctamente aplicado a los hechos allí envueltos, llega a la muy lógica conclusión de que “cuando la mujer no es la ‘hija o hermana,’ este hecho es simplemente materia de defensa contra el delito mayor.” “Y,” agrega justamente que “es un principio de procedimiento criminal que lo que es materia de defensa, aunque esté comprendido en el estatuto, no tiene que ser negado en la acusación que se formule'con arreglo al mismo.” Pero no se menciona la cuestión que ahora consideramos. Además, al citar la expresión que es algo vaga, pero que es de importancia en ciertas opiniones emitidas por las más altas cortes de los Estados cuyo Código Penal contiene un párrafo semejante al que ahora se considera, pero sin hacer citas de estos casos, llama la atención en la página 283, seo. 326, tomo 1, “Nuevo Enjuiciamiento Criminal,” hacia el hecho de que “de vez en cuando nos encontramos en las opiniones de los jueces con semejante lenguaje como el de que ‘si todos los hechos alegados en una acusación pueden ser ciertos y no constituir sin embargo ningún delito, la acusación es insuficiente,’ ” Y el comentario que hace es el siguiente: “Para que sea correcta esta expresión debe ser interpretada en el sentido de que significa que la acu-sación es insuficiente cuando todos los fieclios que en ella se imputan, de ser verdaderos, en conjunto no constituyen un delito prima facie. En ningún otro sentido lia sido sos-tenida la doctrina contenida en esta cita por ninguna ver-dadera resolución de algún juez.”

También diclia eminente autoridad en la página 1883, tomo 3°., de la obra citada últimamente, sección 956, expresa lo siguiente: “Un hombre no puede cometer violación con su esposa, a menos que sea como autor en segundo grado, a pesar de lo cual no es necesario negar en la acusación el matrimonio entre el acusado y la mujer perjudicada.” En esta página solamente se menciona un caso en contra, el de People v. Everett, 101 Pac. 528, y se citan en apoyo» del texto los casos de Belcher v. State (Apelaciones Criminales de Texas, 1898), 44 S. W. 519, y Parker v. Territory, 9 Oklahoma, 109, 59 Pac. 9. En el caso de Belclier la corte de Texas se expresó como sigue (la bastardilla es nuestra):

‘‘No existe nada en la moción del apelante para que se suspenda la sentencia que, se base en el becbo de no imputarse en la acusación que la perjudicada no era la esposa del apelante. Esto, de acuerdo con el estatuto es aplicable solamente a dos clases de personas con las cuales puede cometerse violación. Uno es la violación de una mujer que tiene tan enfermas sus .facultades mentales al cometerse el delito, que carece de voluntad para oponerse al acto carnal; y el otro es el contacto carnal con una mujer menor de quince años. En todos esos casos requiere el estatuto que la acusación contenga la alegación de que tal persona no es la esposa del acusado. No entendemos que esto sea aplicable a un cargó corriente de violación mediante violen-cia, amenazas, o engaño con una mujer que tiene edad para con-sentir. ’ ’

Esa parte del estatuto de Texas que es pertinente a la cuestión que aquí se discute ha sido expresada y la inter-pretación invariable que le han dado las» cortes de Texas aparece.bien explicada en el caso de Rice v. State, 38 S. W. 801. En el caso de Parker, la Corte Suprema de Oklahoma, de acuerdo con un estatuto idéntico al nuestro en lo que respecta a la parte que aliora se considera, resolvió en una razonada opinión, de la que se cita el sumario, que: “Una acusación por el delito de violación según el estatuto de Oklahoma debe contener la alegación de que la mujer con quien se cometió el delito no era la esposa de la persona acusada del delito.” Estos casos, sin embargo, no son aprobados, distinguidos ni comentados, en el mismo o en otra parte, y ni siquiera se mencionan las numerosas y bien razona-das decisiones dictadas en igual sentido por las cortes de apelación de los Estados en que aparece nuestra propia defi-nición u otra definición estatutoria parecida.

La dificultad que hay en cualquier tentativa de acuerdo con la definición de nuestro propio código para ajustarse a la regla de la ley común según ha sido expuesta por Wharton y Bishop aparece bien demostrada por el penoso esfuerzo hecho por la Corte Suprema de Montana en el caso de State v. Williams, 23 Pac. 335. Por otra parte, la teoría que sos-tiene que la excepción hecha en el estatuto es un elemento esencial del delito más bien que una materia de defensa, puede crear algún inconveniente, es un hecho que ha sido sugerido en el caso de Ex parte Kantrowitz, 140 Pac. 1078. Sin embargo, la incompatibilidad que existe, si es tal incom-patibilidad, parece ser únicamente un poco -más anómala que la sugerida por la semejante sino igualmente paradójica pro-posición de la' ley común como ha sido indicado por Bishop, supra. Véase también a Clark y Marshall, Law of Crimes, página 422, sección 300.

Además, aunque en el texto citado últimamente se ex-presa por ejemplo que “se dice ordinariamente que un hombre que tiene contacto carnal con su esposa sin su consen-timiento no es culpable de violación por no ser ilegal el con-tacto,” sin embargo, “la mejor teoría es que por el matri-monio la mujer presta su consentimiento al contacto con su marido, consentimiento que no puede retirar, pero no con-siente a tener dicho contacto con otra persona, de donde resulta que es una cuestión de consentimiento más bien que de la ilegalidad del contacto. 1 Hale P. C. 629.” 33 Cyc. 1419, nota. Y el criterio a que se lia becho referencia parece obviar la dificultad de modo tan eficaz según el estatuto como en la ley común.

Si es éste el criterio más correcto de la doctrina de la ley común, entonces al tratar de justificarla por el funda-mento algo más digno de ser tomado en consideración de existir una especie de impedimento injustificado debido al consentimiento prestado irrevocablemente al contraerse el matrimonio, tal criterio destruye prácticamente todas aque-llas cualidades distintivas que puedan servir de disculpa, y por consiguiente de defensa que liayan podido caracteri-zar la exención de un marido de responsabilidad criminal de acuerdo con la ley común, por razón de un derecho personal técnico que proviene de su estado civil, y claramente revela la verdadera naturaleza y carácter intrínseco de la excepción estatutoria que no afecta como la impotencia a la “capa-cidad del ofensor para cometer el delito,” sino que más bien como la edad o condición mental de la víctima que no ofrece resistencia, a la “capacidad de la persona con quien se co-mete el delito,” por comprender no tanto el injustificado derecho del marido según la ley común a obligar a la esposa que opone resistencia a sus importunas caricias, como la cuestión de consentimiento en la relación que tiene con la esencia misma del delito, tanto de acuerdo con la ley común como con el estatuto, — por constituir no una mera excepción que sirva de disculpa a un crimen generalissimnm, sino una verdadera restricción en el alcance del delito, restringiendo su efecto a una clase determinada de personas, e imponiendo a éste ciertas determinadas condiciones. Código Penal, ar-tículo 257. 1 Wharton, Ley Criminal, artículo 175, página 219 y siguientes; artículo 180, página 222 y siguientes; ar-tículo 696, p. 869; artículo 698, página 893; Wharton, Pro-cedimiento y Práctica Criminal (edición novena), artículo 241, pág. 167.

El principio general por el cual debemos guiarnos ha sido brevemente expresado por Bishop en el'tomo 2 de sn “Nuevo Procedimiento Criminal, Capítulo XXXVIII”: Los requisi-tos esenciales de la acusación, secciones 513 (párrafos 1 y 5), 513a., 519; Capítulo XL, Métodos especiales respecto a las acusaciones fundadas en el estatuto, sección 593, — párrafo III, la regla que sigue las palabras del estatuto, secciones 612, 614, — párrafo V: “Qué debe negarse en la acusación y en qué forma,” página 491, sección 631 y siguientes. Y aunque es bastante raro que basta en este caso, entre los copiosos ejemplos de la regla no se hace mención en abso-luto del precepto estatutorio que ahora se considera y que es común a varios Estados, por presentar un ejemplo ya de un elemento negativo o de una simple materia de defensa incorporada en la definición que del mismo ha dado la legis-latura, — sin embargo, la única conclusión lógica parece sel-la de que nuestra Legislatura, al incorporar de modo tan inseparable en su definición del delito de violación la lla-mada excepción de la ley común, trató e hizo que la misma fuera parte esencial del delito para ser alegada y probada al igual que cualquier otro elemento. Véase también a Clark, Procedimiento Criminal, Capítulo VIII, see. 98, especialmente el párrafo /, páginas 257, 270, y siguientes: y a Joyce, sobre acusaciones, see. 390, páginas 452 y siguientes.

Y nos atrevemos a sugerir que la confusión que parece oscurecer la mente de algunas de nuestras cortes puede evi-tarse en gran parte teniendo muy presente el hecho de que mucho de lo que tan a menudo se habla tanto en los libros de texto como en los casos publicados, como violación según la ley común, es meramente violación con arreglo al estatuto, como ha sido definido por las más antiguas disposiciones legislativas de Inglaterra y aceptadas como con fuerza de ley común por las cortes de este país junto con la ley común propia. 2 Bishop, Nueva Ley Criminal, (8a. ed.) p. 640, ar-tículos 1108 y siguientes; Bishop sobre Delitos Estatuto-rios (3a. Ecb), página 409, secciones 478 y siguientes. El estado marital era, desde luego, materia de defensa bajo los primitivos estatutos ingleses que según su faz no tomaban en cuenta tal excepción como precisamente se considera en aquellos Estados de la Unión cuyas legislaturas lian seguido la misma forma de legislar. No vemos que liaya razón para dudar que si las primitivas leyes inglesas Rabian incorpo-rado expresamente en su parte dispositiva una excepción tal como la que se encuentra en las leyes de California, Arizona, Montana, Oklahoma y Texas, estas últimas en cuanto a las mujeres menores de edad solamente, entonces las cortes in-glesas hubieran resuelto, como lo hacen las cortes de estos Estados, menos Montana, que la acusación o denuncia debe alegar y el gobierno probar tal elemento negativo del delito.

Sea eso como fuere, creemos que la aplicación correcta y de acuerdo con el sentido común del principio fundamental de procedimiento que está envuelto, así como la mayo-ría de los casos resueltos y que son directamente aplicables sostienen enteramente nuestra conclusión, de que según la definición del delito de violación contenida en nuestro Có-digo Penal, debe alegarse-en la acusación, por lo menos en substancia, que el acto imputado fué “realizado con una mujer que no era la esposa del delincuente.” Rice v. State, 38 S. W. 801; Bice v. State, 38 S. W. 803; Edwards v. State, 39 S. W. 368; Dudley v. State, 40 S. W. 269; Caidenas v. State, 40 S. W. 980; Parker v. Territory, 59 Pac. 9; People v. Miles, 101 Pac. 525; People v. Everett, 101 Pac. 528; Lenord v. State, 137 Pac. 412; Cutler v. State, 138 Pac. 1048.

Peru el Fiscal insiste en que la objeción fué renunciada por el hecho de contestar la acusación en primer término, y por tanto que dicha objeción fué presentada demasiado tarde; y para sostener este criterio cita el caso de Rex v. Wright, 11 Can. Cr. Cas, 221, 39 Nova Scotia 103, en el que “se declara que si era. necesaria tal alegación, su omisión pudo haber sido subsanada de acuerdo con el estatuto me-diante enmienda y que el defecto fué renunciado desde el momento en que no se objetó antes de contestar a la acu-sación.” No lia sido sometido a nuestra consideración el estatuto a que se refiere la corte inglesa por el que se autoriza tal enmienda, pero la regla parece ser distinta en California según las prescripciones de un Código de Enjuiciamiento Criminal del cual el nuestro es una copia substancial. People v. Nelson, 58 Cal. 104; People v. Ross, 103 Cal. 425; People v. Smith, 103 Cal. 563; People v. Ellenwood, 119 Cal. 166; People v. Weber, 133 Cal. 623. Y si, como ya liemos resuelto precisamente, la inexistencia del matrimonio entre el acusado y la mujer perjudicada es, de acuerdo con nues-tro estatuto, un elemento esencial del delito, entonces esta alegación del Fiscal es claramente insostenible indiscutible-mente, según los sanos principios generales. 1 Bishop, Nuevo Enjuiciamiento Criminal, see. 123, párrafo 3, página 92.

TJua cuestión algo menos frívola es la que aparece en la referencia que se liace a cierto grado de incompatibilidad superficial que se dice existir entre los preceptos del artículo 225 del Código Penal, supra, y los de los artículos 7.30 y 131 del Código Civil, los cuales, en tanto son pertinentes, dicen lo siguiente:

“Artículo 130. — Los requisitos necesarios para contraer matri-monio son:
‘ ‘ 1. Capacidad legal de los contratantes.
“2. Consentimiento de las partes contratantes.
“3. Autorización y celebración de un contrato matrimonial me-diante las formas y solemnidades prescritas por la ley.
“Artículo 131.' — Son incapaces para contraer matrimonio:
********
“3. Los varones menores de diez y ocho años y las mujeres meno-res de diez y seis años. Se tendrá, no obstante, por revalidado ipso fado y sin necesidad de declaración expresa, el matrimonio contraído por menores de dicha edad, si un día después de haber llegado a la pubertad legal, hubiesen vivido juntos sin haber reclamado en juicio contra su validez las personas que legalmente les representen, o si la mujer hubiese concebido antes de la pubertad legal o de haberse entablado la reclamación.”

Quizás no sea enteramente lógico el expresar que un acu-sado estará exento de toda responsabilidad criminal por ra-zón de un matrimonio que es nulo, o anulable, contraído con la perjudicada que no puede prestar más consentimiento al así llamado matrimonio, que el consentimiento que pueda dar para un acto de contacto carnal, sin llenar la formali-dad de una ceremonia. Sin embargo, como liemos visto, el estatuto de Texas exige que el Gobierno niegue la existencia del estado matrimonial en los casos de mujeres menores de edad únicamente, y deja esto para ser alegado y probado por el acusado en otros casos. Y aun cuando un matrimonio contraído con una mujer menor de diez y seis años fuera absolutamente nulo.y sin ningún valor, tanto como contrato y como un estado civil, lo que claramente no es la intención del párrafo 3 del artículo .131, supra., de allí no se desprende necesariamente que deba considerarse como igualmente inexis-tente, cuando tal inexistencia ha de ser alegada y probada por el Estado como un elemento del delito. La incompati-bilidad que existe entre la doctrina del Código Penal y la del Código Civil es, por tanto, más bien aparente que real.

En la preparación de nuestro código la Legislatura Insular pudo haber dejado toda la cuestión según era en la ley común o pudo haber eliminado completamente del caso de mujeres menores de edad toda cuestión posible en lo que respecta a la relación matrimonial; o, en su sabiduría, pudo haber borrado completamente el último vestigio de la bár-bara teoría que, sin seria oposición, aún sobrevive, a manera de momia sagrada de la institución matrimonial de la ley común; pero, en vez de esto, eligió adoptar la definición do!, crimen en California, y nuestro deber es aplicar la ley como ella aparece y no tratar de anularla por interpretación o amoldarla a nuestras ideas preconcebidas de lo que esa ley debería ser.

No existiendo ninguna verdadera imposibilidad o incom-patibilidad en reconocer como suficiente para hacer desa-parecer el aspecto criminal que tiene el contacto carnal con una mujer menor de edad, el matrimonio entre las partes, que por lo demás es nulo o hasta inexistente, y reconociendo la plena facultad que tiene la legislatura para decretar la ley en su actual forma, es suficiente contestación al argu-mento del Fiscal, que a la luz de los preceptos del Código Civil, supra, la alegación que se hace en la acusación res-pecto a la edad de la supuesta perjudicada constituye en sus-tancia una negación de cualquier posible relación matrimonial, pero decir que la teoría de tal modo sugerida de ser llevada a su conclusión lógica, sencilla e inevitablemente ex-cluye de la definición que da el estatuto del delito de viola-ción, las palabras “que no fuere la propia” en todos los casos en que la edad para consentir es un elemento. En otras palabras, si el matrimonio con una muchacha menor de edad es de tal modo nulo que no puede afectar a la res-ponsabilidad criminal del marido cuando se le acusa de vio-lación consistiendo únicamente en el contacto sexual con su esposa menor de edad, que puede ser una mujer completa-mente desarrollada en todo menos en edad, entonces las pala-bras citadas últimamente son meramente superfinas y no es necesario’ negarlas en absoluto en la acusación, habiendo la legislatura ejecutado una cosa vana e inútil al determinar sin restricción o limitación alguna y en lenguaje que es dema-siado claro para ser susceptible de interpretación, el caso de una mujer menor de edad como la primera de las circuns-tancias bajo las cuales “yaciendo con una mujer que no fuere la propia” se-convierte en un delito de violación. Pero por los términos expresos del mismo artículo del Código Civil en el cual basa el Gobierno todo su argumento, si como con-secuencia de otros actos parecidos la supuesta perjudicada realmente ha concebido con anterioridad a la fecha de la comisión del acto que se imputa como delito, entonces, de-jando a un lado "la cuestión de su edad, ella ha quedado con-vertida ipso facto en esposa del acusado, de lo que parece deducirse que la mera alegación de que es o era en la fecha expresada en la acusación menor de catorce años no puede decirse por cualquier esfuerzo de imaginación que comprende el caso. Es cierto, ‘.‘que no es necesario que exista una alegación expresa de una materia que aparece por deduc-ción necesaria de lo que lia sido expresado.” “Joyce, sobre Acusaciones,” see. 273, p. 293. Sin embargo, “es una regia general que la omisión de una alegación directa, positiva y esencial, en la descripción de la substancia, naturaleza o forma del delito, no puede quedar subsanada por ningún intento, argumento o deducción.” Idem, see. 246, p. 266 y siguientes. Y aunque “una alegación negativa no tiene que ser tan particular o tan ajustada a las palabras del estatuto como debe serlo una afirmativa, sino que cualquier negativa en térmi-nos generales, que comprenda toda la parte sustancial de la cuestión, será suficiente ® * *” sin embargo, “es nece-sario que comprenda toda la excepción cuando se requiera la alegación negativa; en otras palabras, debe ser tan amplia cómo la excepción, aunque en términos generales.” 2 Bisliop, Nuevo Enjuiciamiento Criminal, see. 641, p. 501.

Además, no consta que la teoría del Fiscal respecto a la suficiencia de la alegación neg-ativa por deducción de las palabras contenidas en la acusación fuera la teoría por vir-tud de la cual se juzgó el caso. Por el contrario, el juez instruyó al jurado acerca de este punto en la forma siguiente:

“ * * * tampoco es necesario dentro de la ley que se pruebe que la presunta perjudicada no es la mujer propia del acusado; la jurisprudencia es unánime, particularmente la doctrina del Tribunal Supremo de California al establecer que no es necesario ni esencial el alegarlo en un acta de acusación porque se presume que toda mujer es soltera mientras no se demuestre lo contrario. El jurado verá si se ha presentado alguna prueba que impugne esta acusación en este sentido; la defensa no ha presentado ninguna por parte del acu-sado, de manera que esta presunción de que la presunta ofendida es una mujer soltera se mantiene.”

El acusado tenía derecho no solamente a que se hiciera una alegación positiva negando la existencia del matrimo-nio sino también a que el jurado considerara la suficiencia de la prueba en cuanto al particular mediante la debida ius-tracción de la corte. Y no es bastante con decir que la prueba demuestra claramente la inexistencia de tal estado. Esa es una cuestión de liecho que lia de ser resuelta por el jurado y no por este tribunal en apelación.

No queremos que se entienda que estamos resolviendo nada que no sea precisamente la cuestión que aquí se ven-tila. Problemas semejantes serán resueltos a medida que se presenten. Una acusación en la que se alega que el delito fué cometido con una niña de ocho años, por ejemplo, tal vez si negaría suficientemente la excepción estatutoria en cuanto a éste aunque no emitimos parecer alguno. Es muelio más fácil seguir simplemente el lenguaje del estatuto que tratar de sustituirlo por otro equivalente que sea dudoso, que no parece existir ninguna excusa para que pueda haber dudas en los casos sucesivos. Solamente declaramos que los hechos expresados en la acusación que ha sido sometida a nuestra consideración no constituyen delito, que el defecto es fatal y que no se renunció a la cuestión al formularse la alegación de no culpable.

No estimamos necesario discutir los demás errores que han sido alegados.

La sentencia condenatoria debe ser revocada.

Revolcada la sentencia apelada sin perjuicio de procedimientos ulteriores q%t,e puedan seguirse de amerdo con la ley.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

El Juez Presidente Sr. Hernández y el Asociado Sr. Al-drey disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DE LOS

JUECES SEES. PRESIDENTE HERNANDEZ Y ASOCIADO AUDREY.

No estamos conformes con la sentencia dictada en esta fecha bajo la teoría de adolecer la acusación del defecto subs-faucial de no expresarse en ella que la presunta ofendida no sea la esposa del acusado.

La acusación formulada contra el apelante Pedro Cor-tés en lo pertinente dice así:

“El citado Pedro Cortés en época anterior a la presente acción de esta acusación, o sea allá por el mes de mayo de 1914, en Aguadilla que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, ilegal y voluntariamente tuvo contacto carnal con la niña menor de 14 años de edad Julia Cruz.”

Al celebrarse el juicio el abogado defensor del acusado presentó moción a la corte para que se desestimara la acu-sación y se ordenara su archivo por cuanto los hechos en ella consignados no constituyen delito público, alegando al efecto haberse omitido expresar que la ofendida no sea la mujer del acusado. Esa moción fué declarada sin lugar por la corte, tomándose excepción por la defensa.

Practicadas las pruebas propuestas por ambas partes* la coi te dió sus instrucciones al jurado y éste declaró culpable al acusado del delito de violación, dictándose luego la sen-tencia contra la que se ha interpuesto el presente recurso.

Entre otros motivos para pedir la revocación de dicha sentencia alega la parte apelante que la corte cometió error al declarar sin lugar la moción para que se desestimara la acusación por no constituir delito público los hechos impu-tados en ella al acusado.

Según el artículo 255 del Código Penal se comete viola-ción yaciendo con una mujer que no fuera la propia, entre otros casos, cuando la mujer fuere menor de catorce años.

Los hechos relatados en la acusación determinan el delito de violación expresado, pues en ella se afirma que el acu-sado tuvo contacto carnal con la niña menor de catorce años de edad Julia Cruz. Es innecesaria la alegación de que Julia Cruz no es la mujer 'del acusado, pues tal alegación había de inferirse por deducción necesaria. “No es necesario que exista una alegación expresa de una materia que aparece por deducción necesaria de lo que lia sido expresado.” Joyce sobre acusaciones, see. 273, p. 293-

La deducción necesaria a que liemos lieclio referencia, nace del lieclio consignado en la acusación de ser la ofen-dida menor de catorce años de edad, pues según el artículo 131 del Código Civil la mujer menor de 16 años está inca-pacitada para contraer matrimonio y por tanto no liabía tér-minos hábiles para que Julia Cruz fuera la esposa del acu-sado.

Ciertamente que el numero tercero del artículo citado establece que el matrimonio contraído por varones menores de dieciocho años y mujeres menores do dieciseis se tendrá por revalidado ipso facto y sin necesidad de declaración ex-presa si un día después de haber llegado a la pubertad legal hubiesen vivido juntos sin haber reclamado en juicio contra su validez las personas que legalmente los representen, o si la mujer hubiese concebido antes de la pubertad legal o de haberse entablado la reclamación; pero esa es una excep-ción a la regia general de que el matrimonio es nulo cuando se celebra sin capacidad para eontraerlo, y tal excepción, cuando exista, debe alegarse y probarse para que produzca efectos legales. Como el acusado no ha invocado dicha excep-ción tenemos que admitir a los efectos de la acusación y de la sentencia que la ofendida no era su esposa.

Ni puede sostenerse que la acusación por violación deba contener siempre en casos como el présente la alegación de que la ofendida no es la mujer propia del acusado, pues nos parece que no habrá quien sostenga que dicha alegación es precisa cuando se trata verbi gratia de una niña, menor de ocho años, y si en ese caso no es necesaria, bien podemos llegar a la conclusión de que tampoco lo será siempre que la ofendida sea menor de catorce años por estar incapaci-tada para contraer matrimonio, sin perjuicio del derecho del acusado a establecer el estado matrimonial como materia de defensa, lo que no lia hecho el apelante.

Bajo los principios expuestos, las instrucciones dadas por el juez al jurado no causaron al apelante perjuicio alguno.

Además del motivo del recurso que hemos examinado se han alegado otros que no es necesario considerar por care-cer de importancia.

Procede la confirmación de la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro, jueces sues. PResideote HERnÁnDsz Y ASOCIADO ALDREY.

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Martínez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por violación.
    No. 953.
    Resuelto en junio 24, 1916.
    Violación — Elemento Esencial del Delito — Esposa.—En toda acusación por violación debe alegarse que la mujer ofendida no es la propia del acusado, por ser dicha circunstancia un elemento esencial del delito perseguido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Enrique Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso, copiada a la letra, en lo per-tinente, dice así:

“El citado Mariano Martínez Erazo, allá el día 29 de marzo de 1915, en Santurce, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, voluntaria y maliciosamente tuvo contacto carnal con la niña menor de 14 años María Beltrán.”

Celebrada la vista, el acusado fué condenado a dos años de presidio por el delito de violación en grado de tentativa. Solicitó nuevo juicio alegando la comisión de varios erro-res y su solicitud fué denegada. Entonces apeló para ante este Tribunal Supremo contra la negativa ele nuevo juició y contra la sentencia.

De los errores alegados unos no pueden discutirse por falta de exposición del caso y los otros carecen de impor-tancia verdadera; pero examinada la denuncia, nos vemos obligados a revocar la sentencia recurrida porque aplicando los principios que acabamos de establecer en el caso de El Pueblo v. Cortés, es necesario concluir que la acusación tam-poco alega en este caso uno de los requisitos esenciales del delito perseguido, a saber: que la ofendida no era lá esposa, del acusado.

En tal virtud, procede la revocación de la sentencia y la desestimación de la acusación, sin perjuicio de los pro-cedimientos ulteriores que puedan seguirse de acuerdo con la ley.-

Revocada la sentencia apelada y desesti-mada la acusación sin perjuicio de los procedimientos ulteriores c[ue puedan seguirse de acuerdo con la ley.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández y Asociado Sr. Aldrey disintieron.

opinión DisiDsnTE de eos

jueces sues. PResideote HERnÁnDsz Y ASOCIADO ALDREY.

Por las mismas razones ya consignadas en la opinión disidente emitida en esta fecha en el caso No. 818, de El Pueblo v. Cortés, cuyas razones damos aquí por reproducidas, disentimos de la sentencia dictada en el presente recurso revocando la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en julio 7, 1915, y sostenemos que procede su confirmación.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Lange, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente • de la Corte de Distrito de Mayagüez, en cansa sobre acometimiento con circunstancias agra-vantes.
    No. 895.
    Resuelto en junio 24, 1916.

    Atentado a la Vida — Acometimiento con Circunstancias agravantes — Acu-sación Suficiente. — Aduce hechos constitutivos tanto del delito de atentado a la vida como también el de acometimiento con circunstancias agravantes, una acusación en que se alega que el acusado, de manera voluntaria, criminal y con malicia premeditada, atacó armado de un arma de fuego a determinada persona, haciéndole con dicha arma de fuego tres disparos, y con intención entonces y allí de cometer asesinato.
    Id. — Arma de Puego — Arma Mortífera. — Para incluir el delito de acometimiento con circunstancias agravantes no es necesario especificar en una acusación por atentado a la vida cuando el arma usada es una de fuego, que ella estaba cargada con pólvora y bala, ni tampoco es necesario alegar textualmente que el arma era mortífera, si del contexto de la acusación ambos hechos aparecen claramente.
    Id. — Investigación Fiscal — Prueba de Identificación — Errores no Perjudi-ciales. — Es procedente la admisión de la. declaración de un Fiscal sobre el examen que hiciera de un automóvil con relación a un delito, bajo la condición de identificar el mismo mediante otra prueba en el curso del juicio; y si dicha prueba se presenta, el error en que hubiera podido incurrir la corte en la admisión de aquella declaración incluyendo alguna manifestación por referencia en este sentido, quedaría subsanado y no sería perjudicial.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Herminio Díaz Navarro.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

       En julio 26, 1916, denegada reconsideración.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El acusado y apelante fue declarado culpable del delito de acometimiento con circunstancias agravantes, a virtud de una acusación por atentado a la vida en que se alegan los liechos como sigue:

“El citado acusado, Rafael U. Lange, en época anterior a la presentación de esta acusación, o sea allá en o por el día 16 de febrero de 1914, y en la ciudad y municipio de Mayagüez, territorio de la corte de distrito del mismo nombre, de una manera voluntaria, criminal y con malicia premeditada, atacó armado de un arma de fuego, a Pedro Perea Fajardo, haciéndole con dicha arma de fuego tres disparos y con intención entonces y allí de cometer asesinato, etc.”

Interpuesta excepción perentoria por el fundamento de que la acusación no aduce hechos suficientes para constituir el delito de que se acusa al acusado, fué debidamente deses-timada por la corte

Después del veredicto el acusado presentó una moción de sobreseimiento, por las razones siguientes:

“1. El acusado en el acto del juicio de este caso opuso a la acusación la excepción perentoria de que no aducía hechos suficientes para determinar el delito de atentado a la vida con intención de cometer asesinato y ni siquiera el de acometimiento y agresión grave, toda vez que la acusación no expresaba que el arma de fuego usada por el acusado fuera mortífera, ni que el acusado disparara sobre la persona del agredido, ni cuál fué el daño violento recibido por el agredido, o en su oaso, cuál fué el motivo por el cual el daño no llegó a realizarse. Tal excepción fué declarada sin lugar por la corte y celebrado el juicio, el jurado declaró al acusado culpable del delito de acometimiento grave.
“2. Alega el acusado que la acusación en este caso es defectuosa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Enjuicia-miento Criminal, en relación con el 218 del Código Penal y el inciso 8 de la sección 6a. de la ‘Ley para determinar y castigar el delito de acometimiento y agresión,’ aprobada en 19 de marzo de 1904, y que, por tanto, dicha acusación es insuficiente para sostener una senten-cia de acometimiento grave.”

La corte sentenciadora al desestimar esta moción se ex-presó en estos términos:

‘‘En la acusación se alega que el perjudicado fué atacado por el acusado con un arma de fuego, si no hubiera dicho más, eso no se podría considerar como arma mortífera,' pero sigue y dice: ‘hacién-dole con dicha arma de fuego tres disparos,’ ya claramente hay los elementos necesarios alegados, en la acusación para deducir que el arma empleada era un arma mortífera. Otro fundamento que la corte quiere añadir es que un arma de fuego disparada contra una persona se presume que fué cargada. Y la corte cita a este funda-mentó el caso de Lockland v. State, 45 Texas Criminal Reports, pág. 87. Por esas razones la corte desestima la moción.”

Antes de dictarse la sentencia el acusado presentó una solicitud de nuevo juicio por los fundamentos siguientes:

“1. Errores de derecho cometidos por la corte durante la sustan-ciación del juicio, de los cuales tomó excepción el acusado.
“2. Porque el veredicto del jurado es contrario a derecho y a las pruebas practicadas, siendo, por tanto, completamente nulo.”

No existe ningún señalamiento de error que sea muy preciso o específico. El .alegato en apelación es una repro-ducción sustancial del informe hedió ante la corte inferior, que fué resuelto en la resolución dictada sobre la moción de sobreseimiento, sufra. Se alega que la acusación debe especificar el arma usada y si es un arma de fuego, que estaba carg’ada con pólvora y bala; que en dicha acusación debe alegarse de algún modo que el arma de fuego era mor-tífera; que un arma de fuego no es necesariamente un arma mortífera, puesto que una pistola de fulminantes, en manos de un niño, es un arma de fuego; y que la corte de distrito cometió error al desestimar la excepción perentoria que fué presentada en el juicio. Los únicos casos que han sido cita-dos en relación con esta proposición, son los de People v. Jacobs, 29 Cal. 579, y People v. Congleton, 44 Cal. 92, ninguno de los cuales puede decirse que sostiene que un hombre que “armado de un arma de fuego” ataca a otro “haciéndole con dicha arma de fuego tres disparos y con la intención entonces y allí de cometer asesinato,” no realiza un acome-timiento con “anua mortífera.”

La cínica otra cuestión que tenemos que considerar es la alegación de que la declaración del Fiscal Angel Acosta Quintero es puramente de referencia 3^ que la corte inferior al negarse a eliminarla a solicitud del acusado, cometió un error que perjudica al acusado.

La declaración de referencia es como sigue:

“Me llamo Angel A costa Quintero, soy abogado y Fiscal del Distrito Judicial de Mayagüez, cuyo cargo ocupaba también en fe-brero de 1914. Conozco mucho al doctor Lange el cual es mi amigo particular y mi médico: en el mes de febrero de 1914 observé un automóvil en el cual iba el doctor Perea con ocasión de un incidente que hubo ese día y pude observar en el automóvil como un aplas-tamiento en el bonete, al lado derecho, pude observar también la carroza en la parte derecha un agujero que coincidía con otro que estaba al lado opuesto de la carroza y pude observar también otro agujero que estaba en la ventanilla que era de ceruloide, de la parte atrás del carro. Yo no sé si el carro tenía antes esos agujeros y esa boyadura. A preguntas de la defensa contestó: Yo pude observar ese automóvil el día 16 de febrero, si la memoria no me es infiel, estaba en casa y fueron el doctor Perea, el Sr. Castro, y el Sr. Valdés a darme cuenta del suceso, me enseñaron el automóvil y pude verlo al día siguiente, en unión del Capitán Silén también reconocí el automóvil. El automóvil era del Sr. Valdés lo cual sé porque así me lo informó él, que era el automóvil en que venían ellos a raíz de cometerse el hecho. Hice otro reconocimiento en la casa del Dr. Lange. A preguntas del Fiscal, contestó: No puedo decir si el carro estaba parado cerca de la casa del Dr. Lange, pero yo lo reco-nocí frente a mi casa y luego, al día siguiente, tomé un automóvil porque quise examinar más detenidamente el automóvil del Sr. Val-dés y cuando me dirigía con el Capitán Silén a la “Ana María,” el Sr. Valdés venía y en la carretera de Añasco volví a examinar el automóvil. ’ ’

En el momento en que fué presentada esta declaración, Manuel Paz el chauffeur, y Valdés, Castro y Perea, que se encontraban en el automóvil al tener lugar el acometimiento ya habían declarado sobre la res gestee, incluyendo la per-foración del carro por las tres balas de la pistola del acu-sado; y Valdés y Perea, ambos habían encontrado los agu-jeros en las diferentes partes del automóvil sustancialmente, como lo había manifestado Acosta Quintero. Sin embargo, después de la moción para eliminar la declaración del Fiscal, fué llamado nuevamente Perea y declaró como sigue:

“El día 16 de febrero tuve ocasión de estar en el momento en que el Sr. Acosta Quintero reconocía un automóvil, cuyo automóvil era el de Don Alfonso Valdés, el mismo en que yo venía con el Sr. Valdés cuando me disparó los tiros el dector Lange. Yo no sé si el Fiscal vió el carro por segunda vez después que lo vió conmigo, pero yo cuando fui a su casa para darle cuenta de lo que me babía pasado, lo hice bajar para que viese el carro; ese carro era el mismo en-que yo venía eon el Sr. Yaldés y el mismo que recibió los tiros aquella tarde. A repreguntas de la defensa, contestó: Esa tarde me lleva-ban para casa, pasamos por en casa del Fiscal, que vivía un poquito más arriba de donde yo vivía y le dimos cuenta a él de lo que babía pasado, antes de llegar a casa, yo no recuerdo baber estado en ninguna otra parte antes de ir a casa del Fiscal; cuando íbamos para casa iba en el automóvil Miguel Castro, el chauffeur y yo y no recuerdo si iba un policía también; creo que también iba Yaldés pero no puedo asegurarlo, estaba yo en un estado de ánimo tal que después de los tiros no recuerdo mucbo de este incidente; recuerdo de Don Alfredo Kopisb que en el momento en que yo me dirigía a la casa del doctor Lange, él me cogió, pero no recuerdo más nada ni recuerdo si ha ido a casa conmigo, fué mucha gente a casa, pero en el automóvil no recuerdo si iba.”

Lo manifestado por el Fiscal sobre la investigación que hizo respecto a cierto automóvil y el resultado de ésta, no fué una declaración de referencia {hearsay). La propiedad del carro no era esencial y cualquiera duda que hubiera res-pecto a si era la misma máquina en que Yaldés Perea y.Paz viajaban al ocurrir el acometimiento, fué aclarada inmedia-tamente por la declaración de Perea. Tal vez la corte'debió haber eliminado la declaración al ser presentada la moción o hecho que el Fiscal manifestara que la identidad del carro que él examinó quedaría establecida por otra prueba, en cuyo caso la admisión de la prueba en cuestión sujeta a dicha condición hubiera sido completamente procedente. Habiendo sido presentada inmediatamente la prueba tendente a esta-blecer dicha identidad, el error, de haberse cometido alguno, quedó subsanado, o por lo menos no fué perjudicial.

No encontramos en los autos ningún error que exija la revocación y debe ser confirmada la .sentencia.

Confirmada la sentencia> apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.