author: El Juez Presidente Sr. HbrNÁNDez,

text:
    The American Railroad Company of Porto Rico v. Quiñones.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 775.
    Resuelto en junio 27, 1912.
    Expropiación Forzosa — Razonable Indemnización — Daños y Perjuicios.— Examinada la prueba en el caso de autos este tribunal resolvió que la corte inferior procedió con manifiesto error en la apreciación de las pruebas al estimar que el demandante no ha sufrido daños de clase alguna por la expro-piación del terreno para la compañía demandada, y que al no concederle una remuneración por los daños y perjuicios que se le ocasionaron con la privación de su propiedad, infringió el artículo 355 del Código Civil y la ley sobre expropiación forzosa de marzo 12, 1908.
    Id. — Compensación de Daños y Perjuicios — Beneficios Resultantes de la Instalación de un Ferrocarril. — El dueño de un terreno a quien se le-expropia una faja del mismo, no puede considerarse compensado de los daños y perjuicios causados con la privación de su propiedad, con los beneficios que pueda reportarle el incremento del valor de sus terrenos por la instalación de una vía de un ferrocarril a través de los mismos, pues tales beneficios nunca serían exclusivos para el dueño del terreno, sino comunes a todos los propie-tarios del distrito en que radique la finca.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Benito Forés.

    Abogados del apelado: Sres. Fernando Vázquez y N. B. K. Pefitingil.

   El Juez Presidente Sr. HbrNÁNDez,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio seguido ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez por The American Railroad Company of Porto Rico contra José Vicente Quiñones, sobre expropia-ción de una faja de terreno con extensión de 2,844 metros 40 centímetros cuadrados de superficie, para la construcción de un ramal de la línea de ferrocarril que aquella compañía ex-plota entre las ciudades de San Juan y Ponce, y cuyo ramal había de ser destinado al servicio público desde un punto de la línea principal entre las estaciones de San G-ermán y Hormi-gueros, con dirección hacia el este, hasta otro punto en o cerca del banco oeste del río Estero del pueblo de Sabana Grande, esta Corte Suprema, al resolver el recurso de apelación inter-puesto por la parte demandada contra la que dictara la corte inferior en 10 de agosto de 1910, decidió dicho recurso por la suya de marzo 10 de 1911, confirmando la apelada en cuanto por ella se declara expropiado al demandado de la faja de terreno de que se trata y revocándola en cuanto por ella se decide que el demandado sólo perciba de la demandante la suma de $75, pues ese pronunciamiento debía entenderse re-dactado así:

"Se falla, decreta y ordena, además, que la demandante The American Railroad Company of Porto Rico satisfaga al demandado Vicente Quiñones la suma de 75 dollars, que es el precio que se fija en la demanda a dicha faja de terreno, y al cual debe sujetarse la corte, y aquella otra suma de dinero que fije la corte mediante prueba que se practicará en una de las próximas sesiones, de acuerdo con la ley, como la justa compensación por los daños y perjuicios que sufra el deman-dado a consecuencia de la expropiación, todo sin especial condenación de costas.”

De acuerdo con la expresada sentencia fueron oídas las partes para fijar la cantidad de dinero que debía percibir el demandado por justa compensación por los daños y perjuicios que hubiera sufrido a consecuencia de la expropiación, y am-bas partes presentaron evidencia documental y testifical, ha-biéndose practicado además por la corte la inspección personal del terreno.

Apreciadas todas las pruebas, la corte llegó a las siguien-tes conclusiones que transcribimos a continuación:

‘ ‘ Que por el hecho de atravesar el ferrocarril por terrenos que fue-ron de la hacienda del demandado Quiñones, éste no ha quedado im-pedido de continuar la molienda en su referida factoría, si así hu-biese querido hacerlo. Que la maquinaria de dicha hacienda es de fabricar azúcar moscabada, de sistema bastante antiguo, y que ya era usada en el año 1881, cuando se instaló dicha factoría. Que si la maquinaria está en el mal estado en que se encuentra por haberse de-jado de usar desde que el ferrocarril tendía por allí sus vías, de esto no puede hacerse en manera alguna responsable a la demandante; habiendo dependido de la voluntad del demandado y de sus colonos el moler o no moler cañas allí. Que los colonos que antes molían allí sus cañas, lo hacen hoy, por convenir a sus intereses, en la G-uánica Céntrale, aprovechando las ventajas que les presta el ramal de ferro-carril existente. Que de esta libre determinación de los colones no puede derivarse ninguna responsabilidad contra la demandante y a favor del demandado Sr. Quiñones. Que por el contrario, si el Sr. Quiñones hubiese puesto su factoría a la fecha, seguramente que con la facilidad dé transporte que brinda el ramal de - ferrocarril, sus colonos, y por consecuencia, sus beneficios, hubiesen aumentado en gran cantidad.
“De la misma prueba del demandado aparece que los terrenos de la hacienda referida han aumentado en valor. El testigo del deman-dado Sr. Pedro Viadé declaró en la vista: ‘ que el ramal del ferrocarril ba dividido la finca del demandado en dos fracciones y qne la más pequeña de ellas (el cuchillo nombrado) tiene próximamente dos cuer-das y vale, ese cuchillo, la suma de trescientos dollars ’: a $150 cada cuerda.
“Con esos datos y calculando que el terreno expropiado comprenda una cuerda, siendo la finca de nueve, todavía valen las ocho restantes, o sea la finca actual $1,200, o por lo menos, de novecientos a mil dollars, tomando en cuenta que pueda haber en ella terrenos de clase inferior.
“La evidencia del demandado Quiñones tendió a probar que el terreno de la hacienda, antes de la expropiación, valia de novecientos a mil dollars.
“La corte ha quedado convencida de que la parcela de dos cuerdas (el cuchillo) se puede sembrar todo de caña, si se quiere.”

En vista de las conclusiones qne dejamos transcritas la corte de Mayagiiez dictó sentencia en 29 de agosto de 1911, por la qne declara que el demandado José Vicente Quiñones no ña sufrido daños de ninguna clase, y en su consecuencia que dicho demandado nada recobre de la compañía demandante por concepto de daños y perjuicios, sin especial condena de costas, contra cuya sentencia interpuso Quiñones recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Alega la parte apelante que la sentencia recurrida es con-traria a la ley y debe revocarse por los siguientes motivos:

“A. Porque fué dictada incurriendo el juez en manifiesto error y demostrando marcada pasión y parcialidad al apreciar las pruebas practicadas.
“B. Porque infrinje la doctrina de la justa y razonable indemni-zación que debe acordarse a todo propietario expropiado, de con-formidad con el artículo 355 del Código Civil.
“C. Porque no acata y cumple la ejecutoria de esta Corte Su-prema de marzo 10 de 1911.
“D. Porque además de violar el precepto de la Ley de Expropia-ción Forzosa, no aprecia la de policía de ferrocarriles en esta Isla. ’ ’

En cuanto al primer motivo del recurso, opinamos que las conclusiones de hecho a que llegó la corte inferior para pro-nunciar la sentencia recurrida no justifican dicha sentencia, si se consideran en relación con el resultado de todas las pruebas practicadas en el juicio.

Hemos examinado las pruebas y ellas nos demuestran que la faja de terreno de que ha sido expropiado Quiñones es llana y de los mejores terrenos de su hacienda; que el ramal del ferrocarril de la American Railroad Company of Porto Rico que atraviesa dicha hacienda, la que tiene cabida de unas nue-ve cuerdas, divide ésta en dos porciones, una de dos cuerdas a un lado, y otra de siete cuerdas a otro lado; que se hace difícil, aunque no imposible, el cultivo de la pequeña porción en uno de sus extremos por la estrechez a que por allí queda reducida con motivo del paso del ramal; que los terrenos inmediatos a uno y otro lado de la vía ofrecen el peligro de quemarse las siembras por las chispas que arroje la máquina del ferrocarril, privando por tanto a Quiñones de levantar en esas inmedia-ciones establecimientos de madera o de colocar materias combustibles, y que el ferrocarril pasa a distancia de -unas 19 a 20 metros de la casa y establecimientos de la hacienda con los inconvenientes, que no todas son ventajas, del paso próximo de un ferrocarril.

Esos hechos nos convencen de que Quiñones ha sufrido daños y perjuicios con la privación de la parcela de terrenos de que ha sido expropiado.

Esos daños y perjuicios pueden fijarse en la suma de tres-cientos dollars, y para tal apreciación nos suministran funda-mento las declaraciones de los testigos Juan Quiñones Mayoral que los estima en trescientos o cuatrocientos dollars y Jaime Montalvo, quien lo secunda.

Y viene a corroborar nuestra apreciación la misma parte demandante al consignar en el hecho noveno de su demanda la siguiente alegación:

‘ ‘ Que el valor de la propiedad que se debe expropiar es setenta y cinco dollars ($75), que la corte en el primer juicio fijó el valor de dicha porción de terreno y todos los daños y perjuicios del deman-dado en trescientos dollars ($300), y que su peticionaria tiene ahora en depósito a las ordenes de esta honorable corte la cantidad de tres-ciento dollars, digo trescientos setenta y cinco dollars ($375), y ade-más xma fianza por cinco mil dollars, para cubrir el valor de dichos terrenos y cualesquiera daños que pudiera sufrir el demandado.”

No puede estimarse Quiñones compensado de los daños y perjuicios con los beneficios que aun con el mayor valor de sus terrenos liaya podido reportarle el ramal de que se trata, pues esos beneficios nunca serán exclusivos para él, sino co-munes a todos los propietarios del distrito en que él vive.

Opinamos que el juez procedió con manifiesto error en la apreciación de las pruebas al estimar que José Vicente Quiño-nes no ba sufrido daños de clase alguna, y que al no conceder a Quiñones una remuneración por los daños y perjuicios que se le ocasionaron con la privación de su propiedad, infringió el artículo 355 del Código Civil y la Ley sobre Expropiación Forzosa, aprobada en 12 de marzo de 1908.

Procede revocar la sentencia apelada y condenar a la American Railroad Company of Porto Rico a indemnizar a José Vicente Quiñones con la suma de trescientos dollars, en con-cepto de remuneración por los daños y perjuicios que ba su-frido con motivo de la expropiación de la parcela de terreno de que ha sido privado, sin especial condena de costas.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: En Juez Asociado Se. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Acevedo v. Herederos Desconocidos de Rafols.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 820.
    Resuelto en junio 28, 1912.
    Hijos Naturales — Acción de Reconocimiento de Acuerdo con la Let 11 de Toro — Alegaciones Esenciales de la Demanda. — De aeuerdo eon la Ley 11 de Toro para que una persona pueda ser reconocida como hijo natural, es necesario que los padres pudieran casarse justamente sin dispensación en la époea del parto o de la concepción, y por tanto este es un requisito esencial que debe alegarse en toda demanda de filiación entablada de acuerdo con dicha ley, y careciendo la demanda presentada en este caso de dicha alega-ción, procede la confirmación de la sentencia apelada declarando dicha de-manda sin lugar.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Alfredo Blasco Pagán.

    La parte apelada no compareció.
   En Juez Asociado Se. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Ernesto Acevedo presentó el 5 de mayo de 1911 nna de-manda en la Corte de Distrito de Agnadilla contra los here-deros desconocidos de José Leopoldo Rafols y Tarrío, en la qne alegó tener veinte y dos años de edad y ser hijo ilegí-timo de Jnana Acevedo y de José Leopoldo Rafols y Tarrío, qnien pública y privadamente lo tuvo siempre por hijo suyo, se ocupó de sn sostenimiento durante sn menor edad, como también de la madre, y qne sn padre murió soltero en el año 1908. La demanda concluyó con la súplica de que se le declare hijo natural reconocido de José Leopoldo Rafols y Ta-rrío.

Citados por medio de edictos los herederos desconoci-dos de dicho José Leopoldo Rafols y Tarrío comparecieron, Juan, Teodomiro y Elena Tarrío formulando excepción pre-via a la demanda, sin que volvieran luego a hacer gestión alguna en el pleito, ni comparecieran al juicio oral. En éste presentó el demandante la evidencia que estimó pertinente, después de lo cual la corte dictó sentencia desestimando la demanda'con las-costas, la que ha sido apelada por el deman-dante Ernesto Acevedo.

Dos fueron las razones qne tuvo la corte inferior para dictar su fallo desestimando la demanda, según vemos por la relación que hizo del caso, siendo aquélla, que la demanda no, contiene hechos suficientes que determinen una causa de acción, y que de todos modos la prueba no demostraba el propósito deliberado de reconocer al hijo.

El demandante Ernesto Acevedo nació en 1889, o sea bajo el imperio de la Ley 11 de Toro, según la cual para que una persona pudiera ser reconocida como hijo natural, se requería que los padres pudieran casarse justamente sin dispensación en la época del parto o de la concepción. Este es un requi-sito esencial que debe alegarse en toda demanda de filiación, y así lo fia resuelto ya esta Corte Suprema en el caso de la Sucesión Díaz v. Sucesión Díaz, 17 D. P. R., 57, en el que se dijo:

“=* * =» no eg pleito entablado con el objeto de probar la condición legal de los demandantes, sino qne se presume que tal con-dición legal es real, empleando en la demanda palabras tales como ‘hijos del hijo natural reconocido de dicho Lucas Díaz.’ Si se preten-diera identificar el presente pleito con una acción sobre reconoci-miento, entonces la demanda resultaría fatalmente defectuosa, por no expresarse en ella la capacidad de los padres para contraer matri-monio, ni el modo de reconocimiento.”

La demanda en este caso carece de tal' alegación y por consiguiente no aduce todos los hechos necesarios para de-terminar una causa de acción.

Por este fundamento la sentencia debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Questel v. Conde et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 747.
    Resuelto en junio 28, 1912.
    Hijos Naturales — Acción de Reconocimiento — Sentencia por Consentimiento del Demandado — Demanda Insuficiente.. — Cuando una demanda no contiene heelios suficientes que determinen una causa de acción y que puedan servir de fundamento al tribunal sentenciador para basar la declaración de un derecho, es indudable que dicho tribunal no puede conceder el derecho reclamado en la demanda, aunque la parte demandada deje de oponerse a la demanda y esté conforme en que se dicte sentencia de acuerdo con la súplica de la misma, pues en tal caso la sentencia no estaría fundada en la ley.
    Id. — Suficiencia de la Demanda — Apelación.—Este tribunal puede examinar la suficiencia de los hechos alegados en una demanda, aun cuando dicha cues-tión no haya sido promovida ni ante el tribunal inferior ni ante este tribunal en apelación.
    Id. — Acción de Reconocimiento Nacida Bajo la Let 11 de Toro y Ejercitada ■ Después de Regir el Código Civil Español. — Una acción de filiación nacida bajo el régimen de la Ley 11 de Toro, pero no ejercitada hasta después de empezar a regir el Código Civil español, debe regularse en cuanto a su ejer-cicio por las disposiciones del artículo 137 del Código Civil español. (Gual et al. v. Bonafoux et al., 15 D. P. R., 559.)
    Id. — Interpretación de Ley — Prescripción de la Acción de Reconocimiento— Extensión del Derecho. — De acuerdo con la jurisprudencia constante de este tribunal el tiempo para ejercitar la acción de reconocimiento de Mío-natural, dura solo el tiempo fijado por la ley, y al vencimiento de esos tér-minos, caduca ipso faeto, el derecho del hijo natural a ser reconocido, y no> puede revivir tal derecho.
    Id. — Prescripción de la Acción de Reconocimiento — Allanamiento del De-mandado a la Demanda — Palta de Alegación de la Prescripción. — De acuerdo con la doctrina sentada en el párrafo anterior, cuando, como en el caso de autos, se ejercita una acción de reconocimiento de hijo natural que ha prescrito ya, el derecho del demandante ha caducado, y aun en el caso de que el demandado se haya allanado a la demanda, dejando de alegar la defensa de prescripción de la acción, y por el contrario consintiendo en que se dicte sentencia de acuerdo eon la súplica de la demanda, puede el tribuual senten-ciador dictar sentencia declarando sin lugar la demanda por no aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción por haber prescrito la acción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Felipe Gasalduc.

    Abogado de los apelados: Sr. Tomás Castillo.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Esteban Qnestel presentó en 31 de marzo de 1911 una demanda, en la Corte de Distrito de Ponce, dirigida contra la viuda e hijos de Narciso Carreras Rivas, en su carácter de herederos de éste, en la que solicitaba ser decla-rado hijo natural de dicho Narciso Carreras Rivas fallecido-el 7 de agosto de 1893, con derecho a usar sn apellido y de los demás que como tal le otorgue la ley, para lo que se fundóen haber nacido el 24 de agosto de 1876 de Juana Ceferina Questel cuando ésta vivía en concubinato con Narcisco Ca-rreras Rivas, siendo ambos solteros, cuyas relaciones sos-tuvieron hasta tres años después en que su padre casó con la demandada Francisca Conde, exponiendo también la de-manda algunos hechos tendentes a demostrar actos de reco-nocimiento por parte de su padre.

Los demandados presentaron como única alegación nna contestación en la cual reconocen al demandante como hijo natural de Narciso Carreras Rivas, por cuyo motivo se alla-naron a la demanda y pidieron a la corte que de acuerdo con la súplica de ella dictara sn sentencia, sin imponerles las costas.

Habiendo el demandante después de esto pedido a la corte que sin' más trámites pronunciara su sentencia, ésta dictó su fallo en 22 de agosto de 1911, que fué registrado el mismo día, por el que desestimó la demanda sin especial con-dena de costas. Tal sentencia fué apelada por el demandante para ante esta Corte Suprema.

El apelante expone en su alegato ante nosotros como erro-res de la corte sentenciadora, que interpretó erróneamente el ■artículo 199 del Código Civil de Puerto Rico al armonizarlo ■con el 137 del anterior Código Civil y la aplicación indebida por interpretación errónea del artículo 109 del Código de En-juiciamiento Civil.

Por la extensa opinión escrita por la corte para funda-mentar su sentencia se ve que lia desestimado la demanda, porque apareciendo de ella que el derecho reclamado estaba extinguido, no contenía hechos suficientes que determinaran una causa de acción.

Desde luego que si una demanda no tiene hechos en que pueda un tribunal basar la declaración de un derecho, éste no podrá ser concedido aunque la parte demandada deje de oponerse a la demanda y aunque esté conforme en que el derecho pedido se declare, pues el fallo no estaría fundado ■en la ley.

Por esta razón es que el tribunal ha de examinar las ale-gaciones para ver si son suficientes para conceder lo que se pide, y aun en la apelación puede el tribunal examinar la sufi-ciencia de los hechos de la demanda, aunque no haya sido ■cuestión promovida en ninguna de las instancias.

El demandante Esteban Questel nació en marzo de 1876, y por tanto tenía diez y siete años de edad cuando en 1893 murió Narcisco Carreras Rivas. En 1899 adquirió su plena ■capacidad jurídica de acuerdo con el Código Civil Español que regía entonces y no presentó su demanda hasta doce años después, o sea en 1912.

Aun cuando el demandante nació bajo el régimen de la Ley 11 de Toro, como no ejercitó su acción antes de empe-zar a regir el Código Civil Español, dicha acción ha de regu-larse por aquella ley, pero en su ejercicio ha de ajustarse a las disposiciones del artículo. 137 del Código Civil antiguo, según hemos resuelto ya en el caso de Gual v. Bonafoux, 15 D. P. R., 559.

Según el citado artículo 137 del Código Civil Español, el hijo puede establecer la acción de filiación o de reconocimiento solamente en vida de su padre, y si éste falleciere antes de llegar aquél a la mayor edad, antes de que transcurran los primeros cuatro años de su mayor edad.

De acuerdo con este precepto, habiendo muerto Narciso Carreras Rivas cuando el demandante tenía diez y siete años de edad y habiendo arribado a su mayoría en 1899, los cuatro años posteriores a ésta vencieron en el año 1903.

Mas como durante ese tiempo no se formuló la demanda, sino ocho años después, surge ahora la cuestión de si su dere-cho caducó de tal manera que no pueda fundarse legalmente una sentencia a su favor por falta de hechos determinantes de una causa de acción, a pesar de que los demandados no ale-garon a su favor la prescripción de la acción, y antes al con-trario se allanaron a las pretensiones del demandante.

La contestación a esta cuestión dependerá de la naturaleza del precepto legal contenido en el artículo 137 citado.

En el caso de Gual v. Bonafoux antes citado, dijo ya esta corte:

“Habiendo nacido el derecho de los demandantes Luis y Alfonso al reconocimiento de hijos naturales antes de regir el Código Civil Es-pañol y consiguientemente la acción para obtener la declaratoria de ese derecho, derecho y acción deben subsistir con la extensión y en los tér-minos que les reconocía la legislación precedente; pero derecho y ac-ción no pueden durar más tiempo que el prevenido por el Código. ’ ’

En el caso de Amsterdam v. Puente, 16 D. P. R., 554, ha dicho esta Corte Suprema que:

í< =* * * to(j0 j¿j0 natural, cualquiera que fuera su condición, que no hubiere ejercitado su acción oportunamente, se encontraría desposeído para siempre del derecho de ejercitarla.,”

En el de Rijos v. Folguera, 16 D. P. R., 624, se expresó esta corte en la siguiente forma:

“Cuando los padres no realizan el reconocimiento de los hijos na-turales de la manera expresada, entonces los hijos deben ejercitar la acción de filiación y obtener una declaración judicial de su derecho. Si los padres y los hijos fueran negligentes, en tal caso ellos deben sufrir las consecuencias de sus actos y culparse ellos mismos y no a la ley que reguló estas cuestiones de tanta trascendencia social de una manera uniforme y para bien de todos.”

El artículo 137 del Código Civil Español fué modificado por el artículo 199 del Código Civil Revisado, preceptivo de que la acción para reclamar la filiación dura hasta dos años después de ser el hijo mayor de edad; y comentando ese pre-cepto, que es similar al anterior, hemos dicho recientemente en el caso No. 779 de Isabel de Jesús v. Siccesión Pérez Villamil lo que sigue:

“Ahora bien, la demandante nació en 19 de noviembre de 1880, fué mayor de edad en igual día y mes de 1901 en que cumplió los 21 años que para la mayoría de edad exige el artículo 317 del mismo Có-digo, y no ejercitó la acción de filiación hasta el 30 de agosto de 1911, fecha de la demanda. Su aceión había caducado ya, o se había extinguido por el transcurso del término que la ley previene * *
“No obstante encontrarse en condiciones de poder ejercitar dicha acción desde la vigencia de dicho Código, lejos de hacerlo así ha venido a ejercitarla cuando ya había caducado por el transcurso del tiempo-marcado por la ley. No fué activa y diligente en el ejercicio de su derecho y si hoy lo tiene perdido, cúlpese a sí misma y no a la ley que lo respetó y no hizo más que fijar término a su duración * * *.
“Esa ley no es aplicable al presente caso porque en su fecha había caducado ya la acción de filiación con arreglo al artículo 199 del Código Revisado, y ella no puede dar vida a un derecho ya muerto.”

Las citas precedentes demuestran que esta Corte Suprema tiene una opinión arraigada de que tanto con arreglo al artí-culo 137 del Código Civil Español como del 199 del Revisado, el tiempo para ejercitar la acción de reconocimiento dura sólo el tiempo fijado por la ley. Así, pues, al vencimiento de esos términos, caduca ipso facto el derecho y no puede re-vivir.

Es' cierto que en todos esos casos los demandados alega-ron en su favor la excepción de prescripción y en este caso no; pero cuando, como hemos dicho, el derecho caduca al vencer el término que se concedió por la ley para ejercitarlo, aunque el demandado no alegue la prescripción, no por eso tendrá el demandante una causa de acción.

Las disposiciones de los dos artículos a que venimos refi-riéndonos, fijan la vida del padre como término y por excep-ción, si al morir es el hijo menor, antes, de que transcurran los primeros cuatro años de su mayor edad. Dada la redac-ción de ese precepto es imposible que el término dure más de lo que la misma ley dice, porque si se pudiera ejercitar la acción después de la muerte del padre, o después de los cuatro años mencionados, por el hecho de que no se había ale-gado la prescripción, se faltaría abiertamente a la ley, por-que resultaría ejercitada después, de muerto el padre y des-pués de haber transcurrido los primeros cuatro años de la mayoría de edad. Es, pues, un término que no puede ampliar el consentimiento del demandado.

En vista de lo expuesto no cometió la corte inferior los errores que se le atribuyen, por lo que la sentencia debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. MaoLeary,

text:
    El Pueblo v. Zambrana.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San. Juan, Sección 2a.
    No. 444.
    Resuelto en junio 28, 1912.
    Derecho Penal — Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes— Denuncia Defectuosa. — Una denuncia por acometimiento y agresión con cir-cunstancias agravantes en la cual se omite alegar que el agresor era un varón adulto y la parte agredida una mujer, es defectuosa y no puede servir de fundamento a una sentencia condenatoria por acometimiento y agresión con circunstancias agravantes; pero dicha denuncia es suficiente para imputar el delito de acometimiento simple.
    Id. — Calificación del Delito — -Interpretación de la Denuncia. — Lo que de-termina la naturaleza del delito imputado en una denuncia, no es el nombre que se le da en la misma sino los hechos alegados en ella.
    Id. — -Excepciones Previas Contra la Denuncia — Alegaciones Superfluas.— Cuando los hechos constitutivos del delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, no han sido bien alegados en la denuncia, y por ese motivo ha sido ésta exeepcionada, el tribunal puede declarar sin lugar la excepción previa, y estimar como superfinos los hechos mal alegados y consi-derar la denuncia suficiente para los efectos de un delito de acometimiento y agresión simples.
    Id. — Prueba Testifical — Eliminación de Parte de Ella. — Una moción para eliminar parte de la declaración de un testigo, sin especificar la parte im-pugnada, debe ser denegada por ese fundamento.
    Id. — Prueba Testifical — Moción de Eliminación — Admisión de la Prueba sin Protesta.- — La moeión para eliminar parte de la declaración de un testigo, hecha después de haber sido admitida su declaración sin objeción alguna, debe ser declarada sin lugar por estar fuera de tiempo.
    Id. — Apelación—Errores Sin Importancia. — La admisión o exclusión de prueba, que no ha de afectar el resultado de un juicio, constituye un error sin im-portancia y no debe ser considerada por este tribunal en apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Celestino Iriarte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. MaoLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso se originó en la corte municipal de San Juan. La denuncia imputa un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, fué presentada el día 26 de diciembre de 1911, y es substancialmente como sigue:

‘ ‘ Corte Municipal de San Juan, P. B. Estados Unidos de América. El Presidente de los Estados Unidos, ss: El Pueblo de Puerto Meo v. Emilio Zambrana. Yo, Amadeo Barreto, Corporal P. I., vecino de San Juan, calle de San Francisco núm. 60, de 38 años, formulo denuncia contra el indicado Zambrana, por delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, cometido de la manera si-guiente : Que en 25 de diciembre, 1911, a la 1 a. m. y en la calle Luna No. 110 del Distrito Judicial Municipal de San Juan, el acusado, vo-luntaria y maliciosamente, acometió y agredió con una botella, a María Laureano, causándole varias heridas y contusiones, según se describen en el parte facultativo que se acompaña. Cuyo hecho es contrario a la forma, eficacia y propósitos de la ley para tal caso hecha, y prevista y contra la Paz y dignidad de El Pueblo.de Puerto Eico.”'

Habiéndose dictado sentencia contra el acusado en la corte' municipal, interpuso éste apelación a la corte de distrito en donde se celebró un nuevo juicio y fué condenado a pagar' una multa de $50 y pago de las costas y en defecto de pago, a un día de cárcel por cada dollar de multa que dejara de satisfacer. Contra esta sentencia que fué dictada en 1 de marzo del corriente año, interpuso apelación para ante este tribunal, quedando el caso sometido a nuestra consideración por los autos que han sido remitidos, en los que aparece una exposición del caso que contiene toda la prueba que se pre-sentó en el juicio y un pliego de excepciones que fueron toma-das durante el mismo. También presentó el acusado un in-forme en la vista de esta causa, que tuvo lugar el día 4 del corriente mes.

Tres errores señala el apelante en su alegato como fun-damento para la revocación de la sentencia apelada, los que-son substancialmente como sigue:

Primero. La corte cometió error al desestimar la excep-ción perentoria que se formuló a la denuncia.

Segundo. La corte cometió error al negar la moción so-bre eliminación de cierta parte de la declaración del testigo Barreto.

Tercero. La corte cometió error al negar la moción en que se solicitaba la absolución del acusado por falta de prueba.

I. La excepción perentoria que se formuló a la denuncia consiste en que los bechos contenidos en la misma no cons: tituyen el delito de acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantés, puesto que1 en ella no se alega que el agre-sor sea un varón adulto y la persona perjudicada una mujer. En cuanto a este particular la denuncia es defectuosa y no puede fundarse en ella una sentencia por acometimiento y agresión con circunstancias agravantes; pero ella es suficiente para probar un caso de simple acometimiento, y si la senten-cia fué correcta en cuanto a los demás extremos, puede modi-ficarse en este sentido. No es el nombre dado al delito en la denuncia sino los hechos alegados en la misma, los que de-terminan el delito que se imputa al acusado. (El Pueblo v. González, 17 D. P. R., 1186 y también el caso de El Pueblo v. Massó, resuelto por este tribunal en 18 del corriente.)

No puede haber duda alguna de que los hechos alegados en la denuncia constituyeron el delito de acometimiento y agresión simple, puesto que se expresó un delito prohibido por la ley y la corte sentenciadora no cometió error alguno al desestimar la excepción. Cuando los hechos que constituyen las circunstancias agravantes no se alegan debidamente en la denuncia que se presente por acometimiento y agre-sión grave, tales hechos pueden rechazarse por ser super-finos y declararse que la denuncia es suficiente para probar un delito de acometimiento y agresión simple. El Pueblo v. Olivieri, 13 D. P. R., 283; El Pueblo v. Vilches, 12 D. P. R., 195; art. 81 del Código de Enjuiciamiento Criminal; People v. Martin, 47 Cal., 112.)

II. La moción que fué presentada para eliminar la decla-ración del testigo Barreto fué debidamente negada. Casi todo el contenido de dicha declaración era parte de la res gestae.' La moción sobre eliminación de esta declaración era muy vaga y no expresaba qué parte determinada de dicha declaración era la que se impugnaba, y no siendo dicha mo-ción suficientemente específica fné debidamente desestimada por este motivo. (Véase el caso de Kelley v. The People, 29 Pac. Rep., 805; Higinbetham v. State, 89 Am. State Rep., 237.) Además, la moción para eliminar está fuera de tiempo después que la prueba se ha presentado sin hacerse objeción a ella por el acusado. Hemos resuelto esto en otro caso reciente el día 11 del presente mes, o sea en el de El Pueblo v. Massó, en cuyo caso hacemos referencia al de People v. Long, 43 Cal., 444, y a otros más. Además, la única parte de la decla-ración del testigo Barreto que podía ser impugnada por ser de referencia fué la contestación a la última pregunta y la admisión o denegación de ésta no hubiera afectado al resul-tado del juicio; por tanto, fué un error que no perjudicaba, si es que constituyó un error, y no debe ser tomado en con-sideración en esta apelación. (El Pueblo v. San Miguel, 5 P. R. R., 362; El Pueblo v. Aybar, 7 D. P. R., 532; El Pueblo v. Milán, 7 D. P. R., 455; El Pueblo v. Calero, resuelto en febrero 12, 1912; Código de Enjuiciamiento Criminal, art. 362; Leyes de la Sesión de 1905, p. 10.)

III. El tercer error alegado se refiere a la falta de prueba para fundar en ella una sentencia condenatoria, y carece de fundamento. La cuestión referente a si la botella fué el ins-trumento que se empleó en la pelea es inmaterial, pues el mero hecho de haber empujado a la mujer haciéndola caer sobre la máquina de coser, causándole de este modo las heri-das y golpes que indudablemente recibió, fué suficiente para constituir el delito imputado al acusado y del cual fué decla-rado culpable. Esta cuestión de la botella parece ser el fun-damento de la moción de sobreseimiento. Hemos conside-rado cuidadosamente toda la prueba, y aunque ésta es contra-dictoria en algunos detalles, sin embargo, es suficiente para fundar en la misma la sentencia que se dictó.

Por las razones expresadas en esta opinión, no se consi-deran válidos ningunos de los errores que han sido especifi-cados, pero debe modificarse la sentencia apelada, decla-rando al acusado culpable dél delito de acometimiento y agre-sión simple, e imponiéndole la multa de 25 dollars, y en de-fecto de pago de dicha snma nn día de cárcel por cada dollar que deje de satisfacer, con las costas a sn cargo.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. Wolf,

text:
    Torres et al. v. Pérez Vilanova.
    Apelación procedente de la Corte de' Distrito.de Mayagüez.
    No. 837.
    Resuelto en junio 28, 1912.
    Costas — -Procedimientos Especiales- — Desahucio.—Las palabras "en pleitos o procedimientos” empleadas en el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por ley de marzo 12 de 1908, se refieren a todas las acciones o procedimientos, incluyendo los procedimientos especiales.
    Id. — Interpretación de Ley — Derogación de Ley. — El artículo 330 del Código de Enjuiciamiento Civil ha sido derogado por la ley de costas de marzo 12, 1908, y por lo tanto no. comete error el juez sentenciador que en un proce-dimiento de desahucio deniega la concesión de costas a una parte, en el ejercicio de la facultad discrecional que le concede el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por ley de marzo 12, 1908.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. José Sabater.

    Ahogado de los apelados: Sr. José Ramón Freyre.

   El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la demandada obtuvo sentencia a sn favor en el tribunal inferior pero sin costas, e interpuso recurso de apelación.

El-artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil según fué aprobado anteriormente, es como sigue:

“Artículo 327.- — La cuantía y forma de pago de los honorarios de los abogados y consultores se deja al convenio expreso y tácito de las partes; pero las partes en pleitos o procedimientos tendrán derecho-a las costas y a los desembolsos, según más adelante se dispone. ’ ’

Los artículos 327, 328 y 330, estaban por lo tanto íntima-mente relacionados.

En 1908 la legislatura aprobó una ley para enmendar los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil. El artículo 327, así enmendado dice lo siguiente:

“Las partes en pleitos o procedimientos tendrán derecho a las cos-tas y desembolsos que en ellos se les hayan irrogado, con sujeción a las reglas que más adelante se establecen. En todos los casos en que en un pleito o procedimiento se concedan las costas a una parte, si la materia litigiosa excede de $500, tendrá ésta el derecho a que se le abone por la parte condenada el importe de los honorarios que haya devengado el abogado de la primera por sus servicios. Disponiéndose que nada de lo contenido en esta sección podrá entenderse en el sentido de permitir que los honorarios de abogados se incluyan en las costas impuestas contra un demandado que no hubiere comparecido en el pleito o procedimiento, y disponiéndose, además, que los honorarios y costas serán concedidos discrecionalmente por el juez que entienda en el pleito o procedimiento, teniendo en cuenta el grado de culpabilidad si hubiere, de la parte condenada por la sentencia.”

Al decirse las partes en pleitos o procedimientos se quiso expresar todas las acciones o procedimientos, incluyendo los procedimientos especiales. El hecho de que se mencionen los procedimientos especiales en el artículo 328 que se aprobó pri-meramente, no establece diferencia alguna, porque el artículo 327 según fue aprobado originalmente se refería a las acciones y procedimientos en general. Por consiguiente, la alegación del apelante que fué el demandado y a favor de quien se dictó sentencia en la corte inferior, referente a que la en-mienda que se hizo en 1908 solamente se refería al artículo 327 y no a los artículos 327 y 339, no puede considerarse como válida, y la conclusión a que hemos llegado está sostenida por las palabras con que termina la ley de marzo 12, 1908, a que se ha hecho referencia, en donde se dice: “Toda ley o parte de la misma que se oponga a la presente, queda derogada.”' En tanto en cuanto artículo 330 parece conceder desde luego costas a un demandado en procedimientos especiales, queda derogado pro tanto por virtud de las disposiciones conteni-das en la expresada ley de marzo 12, 1908. (J. Ochoa Hermanos v. Herederos de Lanza, 17 D. P. R., 730), y el tribunal inferior no cometió error al denegar la concesión de costas.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: Kl Juez PeesxdeNte Se. HebNÁNDez,

text:
    Veve v. El Municipio de Fajardo.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 823.
    Resuelto en junio 29, 1912.
    Costas —Honorarios de Abosados — Preceptos Imperativos. — El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, según lia quedado enmendado por ley de marzo 12, 1908, contiene el precepto imperativo de que en todos los casos en que en un pleito o procedimiento se conceden las costas ■ a una parte, si la materia litigiosa excede de $500, tendrá ésta el derecho de que se le abone por la parte condenada el importe de los honorarios que haya devengado el abogado de la primera por sus servicios.
    Id. — Cuantía de la Materia Litigiosa — Injunction.—Para que la parte vic-toriosa pueda tener derecho a cobrar de la contraria los honorarios del abo-gado, es necesario que el interés del pleito sea cierto, determinado, o tasable, y que pueda fijarse el valor de la cosa litigiosa, no pudiendo cobrarse hono-rarios de abogados, como parte de las costas, cuando el valor de la materia en litigio sea indeterminado o no pueda tasarse.
    Id. — Injunction—Honorarios de Abogados. — l)e acuerdo con la doctrina sen-tada en el párrafo anterior, cuando como en el caso de autos, no es posible apreciar si la materia litigiosa excede o no de $500, no pueden cobrarse honorarios de abogados como parte de las costas, aun cuando el valor de los terrenos a que se refiere el injunction sea de $2,000, pues ese hecho no quiere decir necesariamente que el derecho reclamado por la demanda de injunction exceda de $500.
    Id. — Costas—Interpretación de Lev. — Las leyes relativas a costas no deben ser interpretadas extensivamente o más allá de su sentido literal, sino que hay que interpretarlas estrictamente.
    Id. — Desembolsos del Pleito — Honorarios de Abogados. — Los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendados por ley de marzo 12, 1908, hacen referencia a costas, desembolsos y honorarios de abogados, y por consiguiente debe tenerse en cuenta esa distinción, sin que los desembolsos y honorarios de abogados puedan estar comprendidos en el concepto de costas.

      Id. — Significación de la Palabra 11 Oostas. ’ ’ — En el concepto de costas están comprendidos los derechos y las indemnizaciones que consisten en cantidades fijas e inalterables, determinadas anticipadamente por las leyes, reglamentos, o aranceles.
    Id. — Desembolsos—Su Significación. — Se entiende por desembolso los gastos del pleito que no están incluidos dentro del concepto de costas, definido en el párrafo anterior, o sean las indemnizaciones y derechos que no consisten en cantidades fijas e inalterables, determinadas anticipadamente por las leyes, reglamentos, o aranceles.
    Id. — Honorarios de Abogados. — En la denominación de honorarios de abogados está comprendida la remuneración de los servicios profesionales de un abogado.
    Id. — Interpretación de una Sentencia Relativa a Costas. — La sentencia que condena únicamente al pago de costas, sólo se refiere a costas, y no a desem-bolsos y honorarios de abogados, pues las sentencias relativas a costas, lo mismo que las leyes sobre costas, deben interpretarse estrictamente.
    Id. — Sentencia Condenando al Pago de Costas — Honorarios de Abogados.— Tanto los honorarios de abogados como los desembolsos, únicamente son cxigibles cuando en la sentencia que condena al pago de costas, se condena expresamente al pago de honorarios de abogados y desembolsos, y cuando en una sentencia sólo se condena al pago de costas, no pueden reclamarse honorarios de abogados ni desembolsos como parte de las costas.
    Id. — Juez que Puede Condenar al Pago de Honorarios de Abogados y Desem-bolsos. — Tínicamente el juez que conoce de una acción o procedimiento tiene facultades para condenar al pago de honorarios de abogados y desembolsos, careciendo de esa facultad el juez que sustituya al que dictó sentencia.
    Id. — -Impugnación del Memorandum de Costas — Discusión del Derecho a Cobrarlas. — El derecho a cobrar costas, desembolsos y honorarios de aboga-dos sólo puede discutirse en la apelación contra una sentencia, pero no en la impugnación del memorandum de costas, desembolsos, u honorarios do abo-gados, en cuyo procedimiento sólo puede discutirse su cuantía por ser exce-siva o indebida.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Manuel F. Rossy.

    Ahogado del apelado: Sr. Rafael M. Cuevas Zequeira.

   Kl Juez PeesxdeNte Se. HebNÁNDez,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Hnmacao presentó demanda de injunction con fecha 20 de diciembre del año 1910, Don Santiago Yeve contra el municipio de Fajardo, representado por su alcalde entonces Don Luis Celis Alquier, para que se expidiera contra el demandado una orden de injunction preliminar ordenándole se abstuviera en lo suce-sivo, y hasta que otra resolución-se dictara, de conceder per-miso, autorización, licencia u otra cosa por el estilo a favor de ninguna persona, para liacer alguna casa o edificio dentro del terreno descrito en la demanda, ni para reconstruir, arre-glar o remendar ninguna casa que ya exista construida den-tro de ese mismo terreno, con las costas a la parte deman-dada.

El terreno a que se refiere la demanda comprende siete cuerdas con treinta y cinco céntimos de otra y radica, en el sitio denominado Hatillo, barrio Florencia de Fajardo, es-tando atravesado de este a oeste por la calle de dicho pueblo llamada Cementerio, y lo adquirió el demandante de Don Enrique Bird por escritura pública de 4 de agosto de 1910 y precio de dos mil dollars.

En 3 de enero de 1911, día señalado para la vista de la demanda de injunction tuvo lugar la celebración del acto con asistencia de ambas partes ante el juez, Don Enrique Lloreda, y por el mérito de las alegaciones, de las pruebas admitidas y de los informes de los abogados, dicho juez dictó resolución definitiva el 3 de febrero siguiente, por la que estimó que la naturaleza del caso requería la confirmación del injunction decretado en los mismos términos en que había sido solicitado, con las costas a la parte opositora.

Siete días después el demandante presentó, debidamente jurado, el siguiente:

memorandum DE COSTAS Y HONORARIOS.
20 de diciembre, 1910. Por la demanda de injunction asistencia a la corte para pedir la orden de injunction con viaje a Iíumacao y demás diligencias_ O O <M
Depósito en la corte para gastos judiciales-l_ O T-[
2 viajes en automóvil ida y vuelta a Iíumacao por Fajardo desde San Juan, para el abogado y los testigos, el día 20 de diciembre, y el 3 de enero_ M O O
Preparación de la prueba y asistencia a la vista del injunction el 3 de enero, 1911, con viaje a Hum acao por un día y medio_ O o co
Al frente-$610
Del frente_ $610
Cocbe para el marshal de Fajardo a Iíuruacao, para cumplimentar la orden de injunction_ 10
G-astos de testigos_ 15
Al notario para los juramentos de los affidavits— 2
Total_ $637

La parte demandada estableció impugnación a dicho memorandum por el fundamento de que la parte demandante no tenía derecho a costas, aunque la sentencia dictada en el procedimiento haya sido a su favor, pues tal procedimiento no fué entablado en reclamación de cosa litigiosa, cuya cuan-tía pudiera determinarse y estimarse en más de 500 dollars, de acuerdo con la ley de la Asamblea Legislativa aprobada en marzo 12 de 1908; pero que si no se aceptara como bueno el fundamento alegado para la impugnación, las costas re-clamadas serían impugnadas por excesivas.

La representación de Don Santiago Veve sostuvo la pro-cedencia del memorandum impugnado, alegando que sus par-tidas eran justas, razonables y equitativas y que la cuantía de la cosa litigiosa excedía de 500 dollars, pues el terreno a que se contrae el injunction valía 2,000 dollars cuando lo ad-quirió Veve y las cuestiones debatidas en el caso revestían gran importancia.

La corte dictó resolución en 1 de noviembre de 1911, autoi-rizada por el Juez J. A. López Acosia, aceptando del memorandum presentado las partidas 2a., 4a. y 5a. del mismo o sean la de depósito en la corte para gastos judiciales, la de coche al márshal para cumplimentar la orden de injunction y la de gastos de testigos, cuyas partidas dan el total de 35 dollars.

Esa orden está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación de Don Santiago Veve, y la estimamos ajustada a derecho, aten-didos los preceptos legales aplicables al caso.

Los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil según han quedado enmendados por ley de 12 de marzo de 1908 y que han de servirnos de guía para la resolución del presente recurso dicen así:

"Artículo 327. — Las partes en pleitos o procedimientos tendrán derecho a las. costas y desembolsos que en ellos se les hayan irrogado, con sujeción a las reglas que más adelante se establecen. En todos los casos en que en un pleito o procedimiento se concedan las costas a una parte, si la materia litigiosa excede de $500, tendrá ésta el derecho de que se le abone por la parte condenada el importe de los honorarios que haya devengado el abogado de la primera por sus servicios. Dis-poniéndose, que nada de lo contenido en esta sección podrá entenderse en el sentido de permitir, que los honorarios de abogados se incluyan en las costas impuestas contra un demandado que no hubiere com-parecido en el pleito o procedimiento, y disponiéndose, además, que los honorarios y costas serán concedidos discrecionalmente por el juez que entienda en el pleito o procedimiento, teniendo en cuenta el grado de culpabilidad, si la hubiere, de la parte condenada por la sentencia.
"Art. 339. — Las costas se reclamarán por la parte a la que hayan sido concedidas, entregando al secretario de la corte, dentro de los diez días siguientes al en que se haya hecho firme la sentencia, o de-cisión que haya puesto fin al asunto, ^un memorandum de dichas costas, de los desembolsos necesarios hechos en el pleito por el reclamante y del montante de la minuta de honorarios de su letrado. La veracidad de ese memorandum deberá ser jurada por la parte o su abogado.
"A la parte condenada al pago deberá servírsele una copia de dicho memorandum por la que lo presente, pudiendo aquélla impugnar todas o cualquiera de sus partidas dentro de los diez días siguientes al en que se le haya entregado su copia. En caso de impugnación, la parte contraria, dentro de los cinco días siguientes al en que se le haya entregado la copia de aquella, podrá contestarla. La corte señalará día para la vista del asunto y celebrada ésta, practicándose en el acto las pruebas pertinentes que las partes propongan, dictará su resolu-ción.
" Si se hubiesen impugnado los honorarios de un abogado por exce-sivos, la corte, al resolver la impugnación, si la declara con lugar fijará la ascendencia de aquellos que deben ser pagados * * *. ’ ’

Como se ve es precepto imperativo contenido en el artí-culo 327, que en todos los casos en que en un pleito o pro-cedimiento se concedan las costas a una parte, si la materia litigiosa excede de 500 dollars, tendrá ésta el derecho de que se le abone por la parte condenada el importe de los honora-rios que baya devengado el abogado de la primera por sus servicios.

Las costas ban sido concedidas a la parte demandante; pero por esa sola razón no tiene derecho a' cobrar de la con-traria los honorarios del abogado, pues en el presente case no nos es dado apreciar si la materia litigiosa excede o no de 500 dollars. Ciertamente que el valor de los terrenos a qne se refiere el injunction excede de dicha suma, pues el demandante los’adquirió de Don Enrique Bird por escritura pública de 4 de agosto de 1910 y precio de dos mil dollars; pero ese hecho no 'nos lleva necesariamente a la conclusión de que el derecho reclamado por la demanda de injunction exceda igualmente de dicha suma. Al establecer la ley el precepto de que dejamos hecho mérito supone que ha de ser cierto y determinado o tas able el interés del pleito y que ha de poder fijarse el valor de la cosa litigiosa. Cuando el valor 'sea-indeterminado o no pueda tasarse, no hay términos há-biles para que se dé aplicación al precepto legal expresado. Y no cabe argüir que si la cuantía de los terrenos a que afecta el injunction excede de 500 dollars, se encuentra en igual con-dición el injunction, pues la letra de la ley no autoriza seme-jante deducción, y las leyes que conceden costas no deben ser interpretadas extensivamente o más allá de su sentido literal, sino que hay que interpretarlas estrictamente, como así lo dijimos al resolver en 17 de enero de 1910 el caso de González v. Gromer, (16 D. P. R., 1) y el de Modesto et al. v. Sucesión Dubois, (16 D. P. R., 745).

Pero admitamos en mera hipótesis, que la cuantía del injunction de que se trata excede de 500 dollars. Bajo ese supuesto opinamos que las partidas del memorandum de cos-tas relativas a honorarios del abogado de la parte deman-dante han sido bien excluidas de dicho memorandum por la orden recurrida, encontrándose en igual caso la 'partida de 100 dollars por los viajes de ida y vuelta en automóvil para el abogado y los testigos, y la última partida de dos dollars al notario por los juramentos de los affidavits. El deman-dado fué condenado en costas, y los desembolsos beclios en el procedimiento por el demandante y los honorarios de sn abogado no son costas.

Los artículos 327 y 339 que dejamos transcritos hacen referencia a costas desembolsos y honorarios de abogados y por tanto, nosotros debemos aceptar esta misma distinción, sin que podamos comprender en el concepto de costas, desem-bolsos y honorarios.

La distinción entre costas y desembolsos la encontramos ya establecida en la ley 8a., título 22, partida 3a., al ordenar que “los que maliciosamente, sabiendo que no han derecho en la cosa que demandan, mueven a sus contendores pleitos ■sobre ella, trayóndolos a juicio et faciéndoles facer grandes ■costas et misiones, es guisado que non sean sin pena, porque .los otros se rezelen de lo facer.”

Bajo el concepto de costas vienen comprendidos los dere-chos y las indemnizaciones que consistan en cantidades fijas* e inalterables, determinadas anticipadamente por las leyes, reglamentos o aranceles, entendiéndose por desembolsos los demás gastos del juicio, o sean las indemnizaciones y dere-chos, que no estén comprendidos en el concepto' expresado. Bajo la denominación de honorarios de abogados viene com-prendida la remuneración de sus servicios profesionales.

Si como dejamos establecido, costas, desembolsos y hono-rarios de abogados entrañan conceptos distintos, la sentencia ■que condena al pago de costas sólo se refiere a costas y no .a desembolsos y honorarios de abogados, pues si como hemos •dicho antes las leyes referentes a costas deben interpretarse •estrictamente, estrictamente también debe interpretarse a pari sensu una sentencia que condena al pago de costas.

T no se diga que al establecer el artículo 327 que en todos los casos en que se concedan las costas a una parte, tendrá ■ésta el derecho de que se le abone por la parte condenada el importe de los honorarios que haya devengado el abogado de la primera por sus servicios, estableció ipso facto que "toda condena de costas incluye necesariamente los honora-rios del abogado, por más que no se exprese en la sentencia. Nó podemos aceptar tal interpretación, pues entendemos qne annqne la ley en el precepto indicado ha querido reconocer el derecho del litigante, a qne en el caso de que se le conce-dan las costas se le abone por la parte condenada el importe de los honorarios devengados por su abogado, ese derecho debe ser declarado en la sentencia condenando expresamente al pago de honorarios, como así se desprende del precepto qne el artículo 327 contiene, relativo a qrie nada de lo con-tenido en dicho artículo podrá entenderse en el sentido de permitir que los honorarios de abogados se incluyan en las costas impuestas contra un demandado qne no hubiere com-parecido en el pleito o procedimiento, y a qne los honorarios y costas sercm concedidos discrecionalmente por él jues que entienda en el pleito o procedimiento, teniendo en cuenta el grado de culpabilidad si la hubiere, de la parte condenada por la sentencia.

Tenemos pues, qne los honorarios de abogados sólo pue-den ser exigióles cuando sn reembolso se ordene expresa-mente en la sentencia por el jiiez qne ha entendido en el jui-cio o procedimiento, y lo mismo decimos de los desembolsos. En el presente caso sólo el Juez Lloreda, qne conoció del pro-cedimiento de injunction pudo hacer tal pronunciamiento y no lo hizo. El Juez López Acosta'hubiera carecido de facultades para hacerlo.

En la impugnación del memorandum de costas, desembol-sos y honorarios podrá discutirse nó el derecho a cobrar las cantidades que dichos conceptos entrañan, cuyo derecho ha-brá sido declarado por sentencia, sino la extensión de ese derecho, bien por ser excesivos los honorarios, bien por tra-tarse de partidas de costas y de desembolsos indebidas o excesivas.

. La orden apelada debe confirmarse.

Confirmada.

' Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, "Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Jtjez Asociado Se. Audrey,

text:
    Carbonell v. Registrador de la Propiedad de San Germán.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 816.
    Resuelto en junio 29, 1912.
    Subsanación de Errores en las Inscripciones — Errores Materiales.- — Existe el error material euanclo sin intención conocida se escribe una palabra por otra, se omite la expresión de alguna circunstancia cuya falta no sea causa de nulidad, ó se equivoquen los nombres propios, o las cantidades al copiarlas del título, sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción.
    Id. — Errores de Concepto. — Existe el error de concepto cuando al expresar en la inscripción algunos de los contenidos del título, se altera o varía su sentido, sin que osa falta produzca necesariamente la nulidad de la inscripción.
    Id. — Errores de Concepto — Segregación Equivocada de una Parcela.- — Ha-biendo consistido el error de la inscripción de que se trata en este caso, en segregar para Don Carlos Casabó Miret una parcela más de las que se le habían adjudicado, tal error constituye un error de concepto ,y no una simple equivocación material.
    Id. — -Procedimiento de Ley — Errores de Concepto — Acuerdo de los Interesa-dos y el Registrador. — Cuando se trata, como en el caso de autos, de un error de concepto que no resulta claramente de la propia inscripción, es necesario para subsanar dicho error, de acuerdo con el artículo 256 de la Ley Hipotecaria, que todos los interesados y el registrador estén de acuerdo en la rectificación, y si no fuere posible obtener el consentimiento de todos, en-tonces, de acuerdo con los artículos 294 y 298 del reglamento de la Ley Hipotecaria, es necesario presentar una solicitud a la corte de distrito corres-pondiente, la cual oirá a los interesados, en la forma establecida para la constitución de hipotecas legales y dictará providencia denegando o man-dando a hacer la rectificación.
    Id. — Casos en que Procede la Acción Ordinaria. — Cuando establecido el pro-cedimiento indicado en el párrafo anterior, el registrador o cualesquiera de los interesados se opusieran a la subsanación del error por entender que no existe error de concepto, entonces, de acuerdo con el artículo 257 de la Ley Hipotecaria, debe de discutirse la subsanación de dicho error en una acción ordinaria.
    Id. — Intervención de los Interesados. — Cuando, como en el caso de autos, se ha establecido la' acción ordinaria, sin antes haber promovido el procedimiento indicado en los párrafos anteriores, con intervención de todos los interesadosen la inscripción cuyo error se trata de subsanar, la sentencia que declare sin lugar la demanda por no aducir hechos bastantes para constituir una aceión, se ajusta a derecho.
    Id. — Procedimiento Determinado por la Ley- — Elección de Otro Procedimiento-Distinto. — Cuando la ley establece un procedimiento determinado para ejer-eitaj: una acción, no es lícito a las partes el prescindir de él para acudir a otro distinto, por lo que habiendo fijado la Ley Hipotecaria un procedimiento rápido para la subsanación de errores de concepto, cuando no se niega que tal error exista, no puede aeudirse al procedimiento fijado para cuando ¡se-. r.iega la existencia de tal error.

      Id. — Suficiencia de la Demanda. — Para que de acuerdo con la Ley Hipotecaria pueda establecerse pleito contra el registrador por negarse a la rectificación de un asiento, es necesario que su oposición esté basada en que no existe error de concepto en dicho asiento, y por consiguiente, la demanda debe contener esta alegación para que aduzea hechos suficientes que determinen una causa de acción, lo cual no ocurre en el caso de autos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Benito Forés.

    -Abogado del apelado: Sr. Fernando Vázquez.

   El Jtjez Asociado Se. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Hacienda Restauración, radicada en Cabo Rojo e ins-crita en el Registro de la Propiedad de San Germán, con nna cabida de 700 cnerdas a favor de Doña Gnmersinda Casabó Miret, fné repartida entre sns siete herederos, quienes para el pago de las deudas hereditarias segregaron de ella dos par-celas que con ese fin adjudicaron al heredero Don Carlos Ca--sabó Miret, siendo una de 77 cuerdas y la otra de 216, pero formada ésta por dos porciones, siendo la una de 200 cuer-das y la otra de 16, quedando por tanto un resto para repar-tir entre los siete herederos, de 407 cuerdas que se adjudica-ron en común proindiviso.

A pesar de que esto así resulta claramente de la escritura particional, sin embargo, al inscribirla el entonces Registra-dor de la Propiedad de San Germán Sr. Beamud, hizo cons-tar, en la inscripción segunda de dicha finca, que de ésta se adjudicaron a Don Carlos Casabó Miret para el pago de ba-jas, 309 cuerdas, divididas en tres porciones, siendo una de 216 cuerdas, otra de 16 y la tercera de 77; adjudicándoles a los siete herederos en proindiviso las 391 cnerdas restantes.

• Posteriormente las dos parcelas adjudicadas especial-mente a Don Carlos Casabó Miret para el pago de deudas, llegaron a ser propiedad de Don Yirgilio Zapata, la de 77 cuerdas, y de la de 216 adquirió Don Ramón Garratazú la porción de 200 cnerdas y la otra de 16 cuerdas fué adquirida por Don Juan José Irizarry Toro y fueron inscritas como fincas separadas.

Dueño Don Celedonio Carbonell por sucesivas compras de todos los condominios indivisos que correspondían a los siete herederos en el resto de 407 cuerdas según la escritura de partición, pero para quienes sólo había inscrito 391 cuer-das el Registrador Sr. Beamud, acudió en 29 de abril de 1910 al actual Registrador de la Propiedad de San Germán en solicitud de que se sirviera rectificar el referido asiento de la inscripción segunda, por existir en él un error de carác-ter material, y a fin de que hiciera constar la verdadera ca-bida de 407 cuerdas que fueron las adjudicadas a los here-deros. Esa rectificación fue negada por dicho registrador.

En vista de esta negativa, Don Celedonio Carbonell acu-dió entonces a la Corte de Distrito de Mayagüez con nna solicitud ex parte, en la que expresó los anteriores hechos y pidió que se ordenara al Registrador de la Propiedad de San Germán que subsanara el error que existía en el mencionado asiento, ya fuera material o de concepto. Esta solicitud la desestimó la corte en resolución de 31 de octubre de 1910, por el fundamento de que el registrador se había opuesto a ella y de que podían haber otras personas interesadas en el expediente.

Tales son los hechos qne han motivado la demanda que en 31 de mayo de 1911 estableció Don Celedonio Carbonell en la Corte de Distrito de Mayagüez contra el Registrador de la Propiedad de San Germán, la que fué contestada por Don Rafael B. Sama, con una negación general, y manifes-tando además, que no procedía el juicio declarativo contra las resoluciones de los registradores y que no se ha negado a la rectificación por creer que el concepto no esté conforme con el títnlo, sino por no constar que se hayan puesto de acuerdo las distintas personas interesadas en la inscripción.

Después de celebrado el juicio, la expresada corte dictó su sentencia de 11 de diciembre de 1911 por la que declaró sin lugar la demanda, por no aducir hechos suficientes para determinar nna causa de acción, con las costas, y contra cuya sentencia se lia interpuesto el presente recurso de ape-lación por el demandante Don Celedonio Carbonell.

Con tales hechos la corte inferior llegó a la conclusión de que el error es evidente, consistiendo la diferencia en las 16 cuerdas erróneamente inscritas como segregadas por sepa-rado e independiente de la finca de 216 cnerdas; que además del demandante hay otras personas interesadas en la inscrip-ción que se trata de rectificar; que el procedimiento para la rectificación no es el de un juicio declarativo, y que la de-manda no aduce hechos bastantes para determinar una cansa de acción. Estas son también las cuestiones que en su ale-gato trata el recurrente.

En cuanto al primer extremo, sostiene el apelante que es equivocada la apreciación que hizo la corte inferior, de que el error consista en haber sido inscrita equivocadamente-16 cnerdas como independientes de las 216, porque esa dife-rencia no está inscrita a nombre de nadie ni se ha formado con ella una finca aparte. A pesar de que esa segregación de 16 cuerdas no se inscribió "como finca aparte como debió hacer el registrador, tampoco las otras segregaciones se ins-cribieron en esa forma hasta que pasaron a distintas per-sonas, pero esto no obstante, es lo cierto que en la inscrip-ción que motivó la escritura de partición de bienes, se hizo constar que se segregaban para Don Carlos Casabó Miret, en vez de dos, tres parcelas con 77,216 y 16 cuerdas que for-maron 309 cnerdas, cuando en realidad sólo se habían se-gregado 293 y cuyo error produjo la de inscribir a los here-deros 391 cuerdas como resto de las 700, cuando eran 407, como expresaba la partición de bienes. Aun cuando no se hizo una inscripción separada de las segregaciones, sin embargo, en el asiento se consignó en esa forma la inscripción de esas tres parcelas.

Por la forma en que ha sido hecho ese asiento su subsa-nación ha de afectar no sólo a la participación de los here-deros por las 407 cuerdas, sino que para que ésta cantidad de cuerdas resulte, es preciso que desaparezca la segrega-ción errónea de las 16 cuerdas que aun figuran a nombre de Don Carlos Casabó Miret. El que no se hiciera una inscrip-ción separada para esa segregación de 16 cuerdas no desvir-túa la inscripción que en el mismo asiento se liizo por ellas a favor del Sr. Casabó Miret, y por tanto éste lia de figurar como interesado para la subsanación del error.

Desde luego que en este caso el error que padeció el Regis-trador Sr. Beamud, fué de concepto y no material. Este ■existe cuando sin intención conocida se escribe una palabra por otra, se omite la expresión de alguna circunstancia cuya falta no sea causa de nulidad o se equivocan los nombres propios o las cantidades al copiarlas del título, sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción, pero cuando al expresar algunos de los contenidos del título se altera o varía su sentido, sin que esa falta produzca necesariamente nulidad, entonces el error es de concepto. El error en este caso consistió en segregar para Don Carlos Casabó Miret una parcela más de las que se le habían adjudicado y por eso no fué una simple equivocación material. (Art. 259 y 260 de la Ley Hipotecaria.)

Sentado esto, veamos si al establecerse esta demanda se ha seguido por Don Celedonio Carbonell el procedimiento de la ley para obtener la subsanación del error existente.

Antes de seguir adelante en este particular, hemos de con-signar que en este caso el error no resulta claramente de la propia inscripción, porque con la sola lectura de tal asiento no se hecha de ver el error, y para conocerlo es necesario com-. pararlo con el título que lo originó. Siendo este el caso, y cuando de errores de esta naturaleza se trata, dice la Ley Hipotecaria lo siguiente:

“Artículo 256. — Los errores de concepto cometidos en inscrip-ciones, anotaciones o cancelaciones, o en otros asientos referentes a ellas, cuando no resulten claramente de las mismas, no se rectificarán sin el acuerdo unánime de todos los interesados, y del registrador, o una providencia judicial que lo ordene.
“Los mismos errores cometidos en asientos de presentación y notas, cuando la inscripción principal respectiva basta para darlos a conocer, podrá rectificarlos por si el registrador.”

De acuerdo con este precepto será necesario en este caso, por tratarse de error de concepto que no resulta de la propia inscripción, que todos los interesados y el registrador estén de acuerdo en la rectificación; mas si no fuere posible obte-ner el consentimiento de todos, entonces será preciso, de acuerdo con los artículos 298 y 294 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, acudir al juez de partido (boy a la corte de distrito) con su solicitud, quien oirá a los interesados, en la forma establecida para la constitución de hipotecas legales y dictará providencia denegando o man-dando a hacer la rectificación. No obstante este procedi-miento, si el registrador o cualquiera de los interesados se opusiera por entender que no existe tal error de concepto, entonces, de acuerdo con el artículo 257 de la Ley Hipo-caria, la cuestión habrá de resolverse en un juicio declara-tivo. En el présente caso el registrador no niega que haya error de concepto, sino que hasta ahora se ha negado y se niega a la rectificación porque no han intervenido todos los interesados en la inscripción, en lo que tiene razón, porque Don Carlos Casabó Miret debe ser oído antes de que la rec-tificación pueda hacerse ni ordenarse.

No estamos pues en el caso en que puede establecerse el pleito en juicio declarativo, sino que ha debido acudirse al procedimiento que antes hemos mencionado. Es verdad que ya antes el Sr. Oarbonell comenzó ese procedimiento y fue desestimada su solicitud porque no había hecho parte en el expediente a otras personas que resultaban interesadas; pero si hubiera procurado la citación de esas personas, se hubiera seguramente evitado este pleito y probablemente hubiera conseguido sus deseos.

Cuando la ley establece un procedimiento determinado para ejercitar una acción, no es lícito a las partes el pres-cindir de él para acudir a otro distinto, por lo que habiendo fijado la Ley Hipotecaria un procedimiento rápido para la subsanación de errores de concepto, cuando no se niega que tal error exista, no pnede aeudirse al procedimiento fijado para cuando se niega la existencia de error. (Márquez v. Aguiló, 8 D. P. R., 563.)

Para que de acuerdo con la Ley Plipotecaria pueda esta-blecerse pleito contra el registrador por negarse a la recti-ficación de un asiento, es necesario que su oposición esté basada en que tal error no existe, y por consiguiente, la de-manda debe contener esta alegación para que tenga hechos bastantes que determinen una causa de acción, lo que no ocu-rre en este caso.

Por estas razones la sentencia apelada debe ser confir-mada. .

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado MacLeary.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y del Toro firmaron haciendo constar estar conforme con la sentencia.