text:
    Martínez, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 242.
    Resuelto en enero 30, 1919.
    Certiorari — Facultad Discrecional Para Concederlo — Suspensión de los . Procedimientos por Poco Tiempo. — No haremos uso de la facultad discre-cional que tenemos para corregir los procedimientos por auto de oertiorari cuando su concesión sólo produciría el efecto de paralizar por algún espacio pequeño de tiempo el cumplimiento de la sentencia que lo motiva.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: 'Sr. Víctor P. Martines.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Luis Llorens Torres. ■

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Gomo consecuencia de un auto de certiorari que expe-dimos al Juez de Distrito de Aguadilla a instancia de don Víctor Primo Martínez tenemos ante nosotros los autos ori-ginales del pleito seguido ante él por don José C. Rivera contra diclio Sr. Martínez.

En la demanda se reclamaban $20,000 por indemnización; el demandado reconvino por treinta mil pesos y la corte.¡de distrito falló que el demandado pagase al demandante un peso y declaró sin lugar su reconvención.

Resuelto por nosotros en 6 de diciembre de 1918 el re curso de apelación que interpuso el demandante contra ]¡a sentencia y comunicado nuestro fallo a la corte inferior de-cretando que el demandado pagase al demandante la canti-dad de tres mil pesos, compareció ante nosotros don Víctor P. Martínez alegando que se estaba cumpliendo nuestra sen-tencia a pesar de que estaba pendiente su recurso de ape-lación contra la sentencia de la corte ele distrito recaída en el pleito. Así es en efecto, pero el demandado en el pleito poco hizo para conseguir la tramitación de su recurso, si es que no perdió su derecho a que se resolviera, cuestión que no tenemos necesidad de decidir ahora especialmente, y más bien parece que confió en obtener éxito al ser considerado el recurso de apelación de su contrario pues trató de que se remitiesen a este Tribunal Supremo ciertos documentos como parte de las diligencias (record) que habían sido re-mitidas a este Tribunal; y las únicas que vinieron en este pleito fueron las del demandante.

De los autos aparece que el demandado apeló la senten-cia y que en 15 de noviembre de 1917 presentó para el exa-men y aprobación del juez que conoció del juicio un proyecto-de exposición del caso y de excepciones para que formara parte del legajo de la sentencia, cuya transcripción debía tiaer a este tribunal para resolver su recurso.

El juez de distrito de Aguadilla negó su aprobación a a ese pliego en 22 de diciembre de 1917, pero concediendo al demandado diez días para que presentara otro nuevo. Después no aparece gestión alguna del demandado respecto a la tramitación de su recurso, ni Ira presentado en este Tribunal transcripción alguna para que lo resolvamos, basta su solicitud de certiorari al ver que se trataba de cumplir nuestra sentencia.

En vista de los becbos expuestos, no estamos dispuestos a bacer uso en su favor de la facultad discrecional que tene-mos para corregir los procedimientos, ya que en este caso sólo produciría el efecto de paralizar por algún espacio pe-queño de tiempo el cumplimiento de la sentencia que dictamos ■en el recurso del demandante.

Debe anularse el auto expedido en este caso.

Anulado el auto expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutcbison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Polo et al., Demandantes y Apeladas, v. Fernández Gómez et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad de escritura de hipoteca y otros extremos.
    No. 1941.
    Resuelto en enero 31, 1919.
    Desestimación de Apelación — Jurisdicción de la Corte Suprema — Apelacio-nes de Casos Procedentes de Cortes Municipales. — En este caso, que tuvo su origen en la Corte Municipal de Caguas, los apelados solicitaron la deses-timación del recurso fundándose: 1°., en que, según sus alegaciones y las conclusiones de la corte inferior, el valor de la finca objeto de la hipoteca cuya nulidad piden las demandantes-apeladas es inferior a $300, por cuya razón alegaron que esta Corte Suprema carece de jurisdicción; 2o., en que los de-mandados no han proseguido la apelación con la debida diligencia. Se resol-vió: que habiéndose constituido la hipoteca para garantizar un préstamo de $251 con más $100 para costas en caso de reclamación judicial, y habiendo adquirido el demandado-apelante la finca hipotecada por $855.65, debe esti-marse que la cuantía del pleito excedo de trescientos pesos y, por tanto, que de acuerdo con el No. 2 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, esta Corte Suprema tiene jurisdicción para conocer del recurso, euya deses-timaeión tampoco procede por falta de diligencia en su tramitación, porque el apelante actuó siempre con el consentimiento de la corte inferior y archivó la transcripción de los autos con anterioridad a la vista de la moción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Arturo Aponte, Jr.

    Abogado de las apeladas: Sr. Joaquín Vendrell.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada ha solicitado la desestimación del re-curso basándose en la cuantía de la cosa litigiosa y en la negligencia de la parte apelante en su tramitación.

El pleito como se ha dicho se titula sobre nulidad de hipoteca y otros extremos. Las demandantes alegaron y pro-baron en el juicio, según la corte sentenciadora, que en unión del demandado Luis Polo eran dueñas de una finca que va-lía $295.96, y que el demandado Luis Polo sin su consenti-miento y titulándose dueño absoluto de la finca la hipotecó al otro demandado Fernández para garantir el pago de un préstamo de $251, extendiéndose la hipoteca a cien pesos más para costas en caso de ejecución. La hipoteca fné eje-cutada y en la subasta el dicho demandado Fernández ad-quirió la finca por $355.65. Fernández tramitó entonces un expediente posesorio y obtenida su aprobación lo inscribió en el registro de la propiedad. Por otro lado las deman-dantes tramitaron un expediente de dominio sobre la misma finca que fué también aprobado. La corte de distrito deci-dió que el título de las demandantes era superior al del de-mandado Fernández. También decidió que el valor de la finca era el de $295.96.

La ley permite apelar para ante la corte de distrito co-rrespondiente de todas las sentencias dictadas por las cortes municipales, pero sólo cuando el valor de la cosa reclamada o cuantía de la reclamación, sin comprender frutos o inte-reses, exceda de trescientos pesos, puede apelarse para ante este Tribunal Supremo de la sentencia que pronuncie la corte de distrito en tales casos. Véase el artículo 295, No. 2, del Código de Enjuiciamiento Civil. Compendio de 1911, pá-gina 901.

La parte apelada sostiene que siendo el valor de la finca $295.96, carece de jurisdicción esta Corte Suprema para co-nocer del recurso. La parte apelante alega que el pleito versa sobre nulidad de hipoteca y que siendo la cuantía de la hipoteca superior a trescientos pesos, la jurisdicción de esta corte es clara. Dicha parte alega además que la venta judicial de la finca fué por $355.65.

Iiay, pues, dos bases para determinar la jurisdicción. Si las demandantes fueran las que hubieran establecido el re-curso, la cuestión sería sencilla puesto que dirigiéndose su reclamación en último extremo a recuperar sus condominios en una finca cuyo valor ellas mismas fijaron en menos de trescientos pesos, claro es que estarían impedidas de sostener luego lo contrario. Pero el apelante es Fernández o sea el dueño de la hipoteca cuya cuantía es superior a trescientos pesos y el adquirente de la finca por una cantidad también superior a trescientos pesos, y siendo esto así, sería injusto negarle el beneficio de una apelación basándose precisamente en que la cuantía envuelta es inferior a trescientos pesos, cuando de los documentos aparece que él desembolsó una cam tidad mayor para adquirir la finca en disputa.

En cuanto a la negligencia de la parte apelante en la tramitación del recurso, si bien es cierto que fia tardado más de lo justo, también lo es que actuó siempre con el consenti-miento de la corte inferior y que cuando la vista de la mo-ción que estudiamos se llevó a efecto, ya constaba archivada la transcripción de los autos en la secretaría de esta Corte Suprema.

Habiendo en consideración todo lo expuesto opinamos que no procede la desestimación del recurso.

Declarada sin lugar la moción de desestima-ción de apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente.Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Alfaro, Demandante y Apelado, v. Alonso, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre injimction para recobrar la posesión de bie-nes inmuebles.
    No. 1858.
    Resuelto en enero 31, 1919.
    Injunction para Recobrar la Posesión de Propiedad Inmueble — Demanda— Acumulación de Acciones. — Cuando, como en el presente caso, se ejercita la acción que autoriza la Ley No. 43 de 1913 para recobrar la posesión de una finca, no debe acumularse a ella ninguna otra.
    Id. — Conclusiones de Let. — Las conclusiones de ley contenidas en una demanda son permisibles si las mismas aparecen alegadas con los hechos de los cuales se derivan.
    Id.' — Admisión de Pruebas — Título del Demandante. — Siendo únicamente el punto en discusión en este caso el heeho de si el demandante fué privado de la posesión material de la finca por los actos violentos del demandado, no era necesario probar el derecho por virtud dol cual el demandante tenía la posesión material del inmueble.

      ¡Prueba Contradictoria — Pasión—Prejuicio—Parcialidad—Error Manifiesto.— El Tribunal Supremo no irá eontra la apreciación que de la prueba baya hecho la corte inferior, a no ser que se evidencie que ésta actuó movida por pasión, prejuicio, parcialidad, o que cometiera error manifiesto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Sergio León.

    Abog’ado del apelado: Sr. Garlos Brunet.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Mariano Alfaro Díaz presentó una demanda jurada en la Corte de Distrito de Ponce alegando, en resumen, que desde hacían varios años y hasta el mes de septiembre de 1917, estuvo en posesión material usufructuando una finca de doce cuerdas, que describe, perteneciente a Emilio Alfaro; que el demandado Teodoro Alonso en el dicho mes de septiembre, violentamente y contra la voluntad del demandante, por me-dio de los peones J. P. Colón y J. E. Dávila, se introdujo en la indicada finca, quitando los alambres que la cercaban, colocándolos en otro sitio y prohibiendo la entrada en ella a los peones del demandante, privando a éste por tales me-dios de la posesión de su finca, de una manera ilegal y. maliciosa.

El demandado presentó una moción eliminatoria que fue declarada en parte con lugar; alegó excepciones previas, que fueron desestimadas, y contestó la demanda. Celebrada la vista, la corte resolvió el pleito en favor del demandante y el demandado interpuso entonces el presente recurso de ape-lación.

En su alegato la parte apelante señala la comisión de siete errores, dos que se refieren a lq, moción eliminatoria y a las excepciones previas, uno a la práctica de la prueba, tres a la apreciación de la evidencia, y uno a las costas.

La moción eliminatoria, como hemos dicho, fué declarada en parte con lugar. La corte accedió a la eliminación del hecho quinto de la demanda en el que se reclamaban daños y perjuicios porque cuando se ejercita, como en este caso, la acción que autoriza la Ley No. 43 de 1913, para recobrar la posesión material de una finca, no puede acumularse a ella ninguna otra; pero negó la eliminación de aquellos par-ticulares de la demanda que el demandado señaló como con-clusiones de ley, y el demandado insiste abora en que la corte erró en la última parte de su resolución. Es cierto que exa-minando la demanda encnéntranse en ella conclusiones de ley, pero tales conclusiones aparecen alegadas juntamente con los becbos de los cuales se derivan y esto es permisible. Véase Pomeroy’s Code Remedies, página 560 y siguientes.

La demanda no es ambigua. El becbo de la posesión material de la finca por parte del demandante, es compatible con el de la .propiedad de la misma correspondiente a otra persona. El demandante usufructuaba la finca y,” poseyén-dola materialmente en tal concepto, pudo ejercitar la acción que concede la clieba Ley No. 43 de 1913. Véase el caso de Serrano v. Sucesión Santos, 24 D. P. R. 175, 178.

La demanda, además, aduce becbos suficientes para de-terminar una causa de acción, ya que todos los elementos exigidos por la repetida Ley No. 43 de 1913, se alegan en ella con bastante claridad. Véase el caso de Mattei v. Badillo, 21 D. P. R. 171.

Practicando su prueba el demandante introdujo como evi-dencia una escritura otorgada el 20 de septiembre de 1913 ante notario público en la cual consta la venta de la finca de doce cuerdas cuya posesión reclama, becba a favor de Emilio Alfaro. Dicba escritura no tiene nota de inscripción en el registro de la propiedad. El demandado se opuso a su admisión “porque según el mismo título aparece, esa finca fué adquirida por documento privado y esta escritura no puede perjudicar los derechos de Teodoro Alonso en cuanto a la posesión de la finca.” La corte admitió el documento “para darle el valor que pueda tener en conjunto con el resto de la prueba.”

Sólo se discute en este pleito el becbo de si el demandante fué privado de la posesión material de la finca por los actos violentos del demandado. No era necesario probar el derecho por virtud del cual el demandante estaba en posesión y era por tanto innecesaria la presentación de la escritura. Sin embargo contribuía a aclarar y robustecer el caso del de-mandante y no vemos que la corte cometiera error perju-dicial al admitirla.

Sostiene el apelante que la corte erró al no considerar prescrita la acción por haber transcurrido más de cuatro me-ses de la toma de posesión de los terrenos por parte del demandado, al no considerar que el demandante estaba im-pedido de reclamar una posesión que había entregado volun-tariamente, y al declarar justificadas las alegaciones-del de-mandante. Estos tres errores deben examinarse conjunta-mente. La prueba fue contradictoria. La del demandante tiende a demostrar que la finca de doce cuerdas pertenece desde septiembre de 1913 a Emilio Alfaro; que nunca fue vendida al demandado, a quien tampoco se le entregó su posesión en ningún tiempo; que estuvo poseída por el deman-dante y que si el demandado actualmente la posee es porque se- introdujo en ella en contra de la voluntad del demandante. La prueba del demandado por el contrario tiende a demostrar que él compró por escritura pública otorgada el 26 de fe-brero de 1917 al propio demandante y a su esposa una finca de ciento veinte y tres cuerdas dentro de la cual está com-prendida la de doce de que se trata en este pleito, y que se le entregó la posesión de todo el terreno, siendo por lo tanto de una manera legal y no de un modo violento que entró en la posesión que se discute. El juez de distrito que oyó declarar al demandante y al demandado en persona y ¿ los testigos que ambas partes presentaron, resolvió el con-flicto en favor del demandante, y como no se ha demostrado que' actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o qiié’ cometiera algún error manifiesto, su conclusión no debe ser alterada por esta Corte Suprema, según su jurispruden-cia constante.

Eesuelto el conflicto de la prueba en favor del demandante, no vemos qne pueda sostenerse con éxito qne la corte erró al imponer las costas al demandado.

Debe confirmarse la sentencia recnrrida.

Declarado sin lugar él recurso y confirmada-la sentencia apelada.

Jneces concnrrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf, Aldrey y Hntcbison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Harris & Co., Demandantes y Apelados, v. Barbosa, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Segunda, en pleito sobre cobro de dinero.

      No. 1907.
    Resuelto en enero 31, 1919.
    Honorarios de Abogados — Costas Civiles — Sentencia sin Juicio — Comparecen-cia del Demandado. — Cuando un demandado, creyendo hacer uso del derecho que concede el artículo 358 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil, comparece al único objeto de consentir que se dicte sentencia y efectivamente tal sentencia se dieta en su contra, no produciendo ningún verdadero perjui-cio en contra del demandante, la concesión de honorarios de abogado va contra el espíritu de las leyes de 1908 y 1917 relativas a costas y honorarios de abogado, tqda vez que ellas no conceden honorarios si deja de comparecer el demandado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Lids Mendin.

    Abogado de los apelados: Wr. Manuel Benitez Flores.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Jnan Barbosa debía a la John B. Harris Co. la suma de $984.18 qne rehusó pagar y la Harris Co. demanda a Barbosa y le embarga bienes de éste. Entonces Barbosa comparece ante la corte y, creyendo proceder con arreglo al artículo 358 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil, consin-tió en qne se dictase sentencia en su contra y después de una lucha - obtuvo permiso de la corte para consignar el im-porte de la sentencia con sus intereses más cinco dollars por concepto de costas.

El apelado presentó una minuta de costas en la que se in-cluían otras partidas que no fueron concedidas por la corte. Después de un número de esfuerzos preliminares por parte de ambos litigantes la orden de la corte declara bien hecha la consignación del importe de la sentencia, sus intereses y costas, pero que pagase el demandado al demandante la su-ma de $250 por concepto de honorarios de abogado. La ape-lación versa solamente sobre la concesión de esos $250.

Ahora bien, aun cuando el apelado insiste en que debieron pagársele por el apelante otras sumas de dinero por con-cepto de costas y demás dicho apelado no. ha interpuesto re-curso de apelación y es de presumirse concluyentemente que la orden de la corte en tanto en cuanto produzca efectos contra dicho apelado es definitiva y estuvo bien dictada. En otras palabras que ¿1 apelante en la corte inferior consignó la debida cantidad por concepto de costas.

De acuerdo con las leyes de 1908 y 1917 con respecto a costas y honorarios, no se concederán los honorarios cuando el demandado deja de comparecer. El demandado técnica-mente quizás radicó su comparecencia, pero en definitiva, dadas las órdenes dictadas por la corte, la única dificultad ocasionádale al demandante fué causada por la tentativa de éste al reclamar materias que fueron finalmente denegadas por la corte. Nada salvo una interpretación literal del con-cepto de “comparecencias” le daría a la corte discreción para conceder honorarios de abogado y cuando el único objeto del demandado es someterse para que se dicte sentencia y para el pago de la misma, la concesión de honorarios de abogado va contra el espíritu de las leyes de 1908 y 1917. Por tanto, estimamos que no debieron concederse los honora-rios de abogado en este caso aun cuando tuviese la corte dis-creción para ello, y que la orden recurrida debe ser modificada y levantarse el embargo trabado.

Confirmada la resolución apelada en cuanto por ella se declaró bien hecha la consigna-ción del demandado; pero revocándola en cuanto a la concesión de $250 por honora-rios de abogado y ordenando la cancelación del embargo trabado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


text:
    Soto, Demandante y Apelante, v. Ortiz, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito de divorcio.
    No. 1865.
    Resuelto en febrero 7, 1919.
    Divorcio — R-ECONOir,iACióN—-Nuevo Juicio — Causas Anteriores.- — En caso de re-conciliación, el demandante no podrá ejercitar o continuar ejercitando la. acción que tuviere, pero queda en libertad de promover nuevo juicio por motivos ocurridos después de la reconciliación y, en tal caso, podrá alegar las anteriores causas para corroborar su nueva acción. Art. 172 del Código Civil Revisado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Enrique Campillo.

    Abogado de la apelada: Sr. Sandalio Torres Monge.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Soto entabló demanda de divorcio contra su esposa Isabel Ortiz, alegando como causa para ello el trato cruel y las injurias graves. La demandada negó los hechos de la demanda que la perjudicaban y formuló reconvención soli-citando también el divorcio por trato cruel e injurias graves del marido para con ella. Se celebró la vista. Ambas partes practicaron su prueba. Y la corte finalmente dictó sentencia desestimando la demanda y la reconvención. Contra esa sentencia apeló el demandante y sn recurso es el que estamos considerando y resolviendo.

Mientras se celebraba la vista ocurrió lo que sigue:

“Juez: La corte se ve en el caso de no admitir prueba con res-pecto a la alegación sexta porque según la séptima, esta ofensa ha sido perdonada por el demandante, y si la acción de divorcio se basara sobre esta causa de acción estaría extinguida con arreglo al artículo 171 del Código, porque después de haber ocurrido eso ha habido perdón, la reconciliación, y esa reconciliación extinguiría el divorcio por esa causa; de modo que tenemos que limitarnos a las alegaciones contenidas en los párrafos 8 y 9 de la demanda.
“Demandante: Esta parte toma excepción de la resolución de la corte por entender que aunque la disposición del artículo citado por el Honorable Juez puede ser en cuanto al hecho de la reconciliación un hecho que no puede ser aducido como prueba directa y como un hecho esencial para la acción ejercitada, creemos que es necesario para po-der demostrar el carácter de la demandada en este caso.”

En efecto en el hecho sexto de la demanda so imputa a la demandada que sin causa ni motivo justificado tiró en-cima al demandante un caldero de agua hirviéndo producién-dole una quemadura, y en el hecho séptimo se alega que la demandada volvió después al hogar al parecer arrepentida y' que el demandante la perdonó.

Pero el apelante sostiene en su alegato que si bien el artículo 171 del Código Civil prescribe que la acción de divorcio se extinguirá por la reconciliación de las partes, ocu-rrida, bien después de los hechos que le sirvan de funda-mento, o bien después de haber sido ejercitada judicialmente dicha acción, es lo cierto que el propio Código en su siguiente artículo también prescribe que en caso de reconciliación, el demandante no podrá ejercitar o continuar ejercitando la acción que tuviere, pero queda en libertad de promover nuevo juicio por motivos ocurridos después de la reconciliación, y en tal caso podrá alegar las anteriores causas para corrobo-rar su nueva acción.

Y el demandante alega, como así es en efecto, que en su demanda se consignaron hechos ocnrridos con posterioridad a la reconciliación por sí mismos constitutivos de una causa' legal para el divorcio, y que siendo esto así, la corte erró al no permitirle presentar prueba sobre los hechos ocurridos con anterioridad a la reconciliación.

Aunque los motivos de la excepción no se expusieron con absoluta claridad, ya que el artículo 172 del Código Civil debió haber sido invocado por el apelante, creemos que .se proporcionó a la corte una base suficiente para resolver la cuestión y que siendo su resolución contraria a la ley, pre-cisa revocar su sentencia, concediéndose' la celebración de un nuevo juicio.

Revocada- la sentencia apelada y concedida la-celebración de un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Sánchez, Demandante y Apelado, v. Atlas Commercial Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización.
    No. 1937.
    Resuelto en febrero 14, 1919.
    Traslado del Pleito — Conveniencia de los Testigos — Cuándo Puede Susci-tarse. — La parte demandada al tiempo de exeepcionar la demanda solicitó el traslado del pleito. Acto seguido el demandante se opuso alegando que la conveniencia de los testigos requería que el pleito quedara en el distrito donde había comenzado y la corte, por tal motivo, sostuvo la' oposición y negó el traslado. Se resolvió: que de acuerdo con la jurisprudencia estable cida en Torres et al. v. Torres et al., 16 D. P. R. 352, la cuestión de la con-veniencia de los testigos se levantó y resolvió prematuramente, porque no habiéndose contestado la demanda no se había suscitado aún ninguna cues-tión de hecho cuya comprobación requiriera el examen de testigos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Henry G. Molina.

    Abogado del apelado: Sr. Angel A. Vdeques.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Sánchez demandó en la Corte de Distrito de Maya-giiez a la Atlas Commercial Co., una corporación dedicada al negocio de automóviles, en reclamación de diez mil dos-cientos pesos por concepto de daños y perjuicios. La cor-poración demandada al excepcionar la demanda solicitó el traslado del pleito a la Corte de Distrito de San Juan, lugar de su oficina principal. La solicitud de traslado se acom-pañó de un juramento de méritos de acuerdo con la ley. La corporación demandada alegó también que no tenía en Ma-yagüez sucursal, ni oficina, ni agente, ni representante al-guno. El demandante se opuso al traslado alegando que la conveniencia de los testigos y los fines de la justicia reque-rían que el juicio se celebrara, en Mayagíiez. La demandada impugnó la oposición del demandante y la corte declaró sin lugar la solicitud de traslado por el fundamento de la conve-niencia de los testigos alegado por el demandante. La de-mandada apeló entonces para ante este tribunal.

La resolución apelada es errónea de acuerdo con la ju-risprudencia de la Corte Suprema de California, citada por esta Corte Suprema de Puerto Eico en el caso de Torres et al., v. Torres et al., 16 D. P. R. 352.

La solicitud de traslado debió haber sido resuelta de acuerdo eon la ley. La oposición del demandante implícita-mente reconoce el derecho de la demandada y, eso no obs-tante, pide que el pleito permanezca en Mayagüez por reque-rirlo así la conveniencia de los testigos. Equivale a una petición de traslado de acuerdo con el artículo 83 del Código de Enjuiciamiento Civil j se hizo prematuramente.

“La presentación de una solicitud pidiendo el cambio de distrito para la celebración del juicio”, dijo esta corte en el caso de Torres, supra, “por conveniencia de los testigos, al mismo tiempo que se excepciona la demanda, es prematura porque, no habiéndose contestado la demanda, no se ha plan-teado ninguna cuestión de hecho, y por lo tanto, carece el tribunal de base para ejercitar su facultad discrecional.”

Debe declararse con lugar el recurso y revocarse la reso-lución apelada con instrucciones a la corte de distrito en el sentido de que debe ordenar la remisión de los autos a la Corte de Distrito de San Juan en la forma establecida en la ley.

Revocada la orden apelada y ordenado él tras-lado del pleito.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. HerNÁNdez,

text:
    Salazar, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, denegando la inscripción de una escritura de venta e hipoteca.
    No. 381.
    Resuelto en febrero 14, 1919.
    Bienes Gananciales — Bienes Propios de los Cónyuges- — Elií-ioíos Construí-dos Durante el Matrimonio en Suelo Propio de uno de los Cónyuges— Edificaciones a Expensas de la Sociedad. — Disponiendo el artículo 1319 del Código Civil que serán bienes gananciales los edificios construidos du-rante el matrimonio en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenezca, surge como consecuencia la de que cuando los edificios se construyen en suelo de la exclusiva pro-piedad de uno de los cónyuges, suelo y edificaciones pasan a tener la condi-ción de gananciales, siempre que las edificaciones se hagan a expensas de esa sociedad.
    Suelo — Interpretación del Artículo 1319 en Relación con el 367 del Có-digo Civil. — Por suelo deberá entenderse la superficie de terreno dedicada al edificio y no cualquiera extensión de terreno de que forme parte aquella su-perficie, pues el artículo 3319 debe interpretarse en sentido restrictivo y no extensivo por la razón de ser una exeepeipn a la regla general de que lo accesorio sigue a lo principal, o sea al artículo 367 del Código, preceptivo de que lo edificado, plantado o sembrado en predios ajenos y las mejoras he-chas en ellos pertenecen al dueño de los mismos.
    Pago del Precio — Apoderado—Extralimitación de sus Facultades. — Cuando los terrenos vendidos son de la exclusiva propiedad del marido y gananciales las edificaciones con los suelos en que han sido levantadas, es el marido quien tiene derecho a percibir el precio correspondiente a las parcelas de terreno de que continúa siendo dueño y en favor suyo debe constituirse la obligación de pago del preeio que tenga derecho a percibir con la hipoteca correspon-diente.
    Poder — Facultades del Mandatario — Limitación del Mismo. — El poder eonfe rido para vender bienes privativos de cada uno de los consortes y también de la sociedad conyugal, no faculta al apoderado para vender bienes priva-tivos de uno de los cónyuges por precio que haya de pagarse a ambos cón-yuges, constituyéndose a favor de éstos hipoteca voluntaria sobre los propios inmuebles objeto de la enajenación para garantir el preeio aplazado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco Soto Gras.

    El registrador recurrido compareció en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del

tribunal.

Por escritura otorgada en esta ciudad de San Juan en 7 de mayo de 1918 ante el notario Francisco Soto Gras, Marcelino Salazar y Salazar, como apoderado de los consortes Antonio Salazar Arceo y Presentación Salazar, vendió a Juana Santiago, asistida de su esposo Juan Yilá Brullat, dos parcelas de terreno designadas en la escritura con las letras A y B, las que adquirió Salazar Arceo en estado de soltería y están inscritas a su favor en el registro de la propiedad. Sobre la parcela letra A que tiene una cabida .de 28 cuerdas y 57 centésimas de otra, existe actualmente una casita de construcción de madera y techada de zinc, y sobre la otra parcela, letra B, con cabida de 89 cuerdas y 58 centésimas de otra, existen también actualmente una casa de madera y techo de zinc, dos casitas más y dos ranchones, también de madera y techo de zinc, cuyas edificaciones se incluyen en la venta y fueron construidas a expensas y con peculio de la sociedad conyugal constituida por los esposos Salazar Ar-ceo y Presentación Salazar. La venta de la parcela A con su edificación se hizo pos $3,000 y la de la otra parcela B con sus edificaciones por $13,000, total $16,000, de los cuales el apoderado de los vendedores recibió $4,000 de contado, obligándose la compradora Juana Santiago a satisfacer el resto a los vendedores en seis plazos anuales de $2,000 cada uno, con interés del 7 por ciento anual. Para garantir el precio aplazado, intereses, costas, gastos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial los esposos Juana Santiago y Juan Yilá Rullat constituyeron hipoteca a favor de Antonio Salazar Arceo y Presentación Salazar sobre los inmuebles enajenados, respondiendo el designado con la-le-tra A de $2,000 de principal, de los intereses en proporción a esa suma, y de $300 para gastos y costas en caso de recia-'-mación judicial, y el descrito con la letra B, de $10,000 de principal, de los intereses en proporción a esa suma, y de $700 para gastos y costas en caso de reclamación judicial. En la escritura hizo constar el esposo Juan Vilá Rullat que los $4,000 pagados de contado pertenecían al peculio propio' o privativo de su esposa Juana Santiago.

Dos copias de la anterior escritura fueron presentadas •en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Pri-mera, para que en una de ellas se hiciera constar la inscrip-, ción de la venta, y en la otra la de la hipoteca, y el regis-trador denegó las inscripciones solicitadas por- medio de no-tas concebidas en idénticos términos, que dicen así:

“Denegada la inscripción del precedente documento, escritura nú-mero 48 de fecha 7 de mayo de 1918 ante el notario don Francisco Soto Gras, con vista del poder, por los motivos siguientes: Io. Que siendo el terreno de ambas fincas vendidas de la propiedad privativa del marido y las edificaciones pertenecientes a la sociedad conyugal, al garantizarse la suma de doce mil dollars del precio aplazado, se constituye hipoteca a favor de los esposos Don Antonio Salazar y Arceo y Doña Presentación Salazar y Salazar, sin determinarse con qué carácter se adquiere este crédito por los vendedores, esto es, si-una parte de él corresponde al marido y otra a la sociedad conyugal,, o si se establece todo a favor de dicha sociedad, para cuyo último-easo no está facultado el apoderado don Marcelino Salazar y Salazar;' 2º. Que aun admitiendo que tal hipoteca se constituya a favor de cada entidad por.su parte respectiva en los bienes, no estando deter-minada la participación de cada una en el gravamen hipotecario, no resulta la extensión de los derechos, requisito que exige el artículo 9º. de la Ley Hipotecaria; 3º. Que en su caso la parte correspondiente a cada uno de los interesados o acreedores no se distribuye a su vez' 'entre los terrenos de ambas fincas, del marido, y las casas de las mismas de la sociedad, como lo prescriben el artículo 119 de la Ley Hipotecaria y el 164 de su Reglamento, pues la distribución que se -ba verificado es la del crédito total, y en cuanto a las edificaciones, •además de los motivos indicados, por no hallarse inscritas a favor de .la sociedad conyugal, circunstancia necesaria, por pertenecer el te-rreno a persona distinta de dicha sociedad; habiéndose tomado en sn lugar anotación preventiva por el término legal, en el tomo, folios, números de fincas, y bajo las letras que se expresan al margen de la descripción de cada finca, habiendo tenido en cuenta las resoluciones del Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico, tomo 15, página 489, y tomo 16, página 676. En cuanto a la venta se ha consignado ade-más el defecto subsanable de no acreditarse en forma legal el carácter privativo que se dice tiene la parte pagada del precio, de acuerdo con la sentencia' de dicho Tribunal, tomo 16, página 766, San Juan, P.' R., 24 de junio de 1918. El registrador, Rafael Tirado Terrier.”

El recurrente impugna la nota recurrida y sostiene el recurso bajo la teoría de que los terrenos de que se trata y edificaciones comprerídidas en ellos son bienes gananciales según el artículo 1319 del Código Civil.

Dicho artículo ordena que serán bienes gananciales los edificios construidos durante el matrimonio en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cón-yuge a quien pertenezca; y en su consecuencia, con arreglo a ese precepto legal cuando los edificios se construyen en suelo de la exclusiva propiedad de uno de los cónyuges, suelo y edificaciones pasan a tener la condición de gananciales, siem-pre que las edificaciones se hagan a expensas de esa socie-dad. Tal doctrina fue establecida en el caso de Matheu v. Murillo et al., 25 D. P. R. 329, y reproducida en el caso posterior de Sucesores de Santos Alonso v. El Registrador de San Juan, 26 D. P. R. 831.

Por suelo debe entenderse la superficie de terreno dedi-cada al edificio y no cualquier extensión de terreno de que forme parte aquella superficie, pues el artículo 1319 debe in-terpretarse en sentido restrictivo, y no extensivo, por la ra-zón de ser una, excepción a la regla general de que lo acce-sorio signe a lo principal, o sea al artículo 367 del código, preceptivo de que lo edificado, plantado o sembrado en pre-dios ajenos y las mejoras bochas en ellos pertenecen al dueño de los mismos.

No es posible pretender como pretende el recurrente que nna finca de 28 cnerdas de la exclnsiva propiedad del marido pase a ser ganancial por el becbo de haber levantado en ella la sociedad conyugal nna casita de madera techada de zinc, y qne otra finca de mayor cabida aún,, o sea de 89 cnerdas, también de la propiedad del marido, pase a ser ganancial por el becbo de haber levantado en ella la sociedad conyugal nna casa de madera con techo de zinc, dos casitas más y dos ran-chones también de madera y techo de zinc.

Entendemos, pues, qne las dos parcelas de terreno de qne se trata, de la exclnsiva propiedad del'marido Antonio Salazar Arceo, continúan siendo de sn exclusiva propiedad con excepción de las edificaciones y suelos en que han sido le-vantadas, que deben reputarse g*ananciales, abonándose el valor de dichos snelos a Antonio Salazar Arceo.

Y ahora cabe preguntar ¿pudo el apoderado Marcelino Salazar y Salazar hacer a nombre de los consortes Antonio Salazar Arceo y Presentación Salazar la venta de las dos parcelas de terreno en los términos en que la hizo, a saber, por precio de $16,000, recibiendo $4,000 de contado y que-dando aplazado el pago de los $12,000 restantes que la com-pradora Juana de Santiago se obligó a satisfacer a los ven-dedores, constituyendo ella y su esposo Juan Vila y Bullat hipoteca voluntaria sobre los mismos terrenos y sus edifica-ciones en favor de los cónyuges?

Opinamos que no, pues si como hemos dicho antes los te-rrenos vendidos son de la exclusiva propiedad del marido y deben reputarse gananciales las edificaciones con los suelos en que han sido levantadas, el marido es quien tiene derecho a percibir el precio correspondiente a las parcelas de terre-no de que continúa siendo dueño y en su favor debe cons-tituirse la obligación de pago del precio que tenga derecho a percibir con la hipoteca correspondiente.

En el poder otorgado por los esposos Antonio Salazar Ar-ceo y Presentación Salazar a favor de Marcelino Salazar ex-presan aquéllos que “dan y confieren todo su poder cumpli-do, amplio y bastante cuanto en derecho se requiera y sea menester a don Marcelino Salazar y Salazar * * * para que a nombre de los señores comparecientes tanto de los bie-nes privativos de cada uno de ellos como de los do la socie-dad conyugal, ejecute los actos siguientes: * * * Yenda absolutamente o con pacto de cualquier clase cuantos inmue-bles o parte de ellos les correspondan o adquieran en lo fu-turo los otorgantes, recibiendo el dinero al contado o a pla-zos según convenga, dando posesión y obligándose a la evic-ción y saneamiento con arreglo a derecho.”

Las cláusulas transcritas facultan al apoderado Marcelino .Salazar para vender bienes privativos de cada uno de los consortes Antonio Salazar Arceo y Presentación Salazar y también de la sociedad conyugal, pero no le facultan para vender bienes privativos de uno de los cónyuges por precio que ha de pagarse a ambos cónyuges, como se hizo en la escritura de 7 de mayo de 1918 en que la compradora se obliga y compromete a satisfacer a los vendedores el precio aplazado ele $12,000 constituyendo hipoteca voluntaria a favor de los cónyuges Antonio Salazar Arceo y Presentación Salazar sobre los propios inmuebles objeto de enajenación. La estipulación del pago del precio aplazado en las condi-ciones expuestas equivale a una renuncia de derechos hecha por el poderdante Antonio Salazar Arceo y para esa renun-cia no estaba facultado el apoderado Marcelino Salazar. Por ese fundamento se sostienen las notas recurridas.

Por el juicio que hemos formado del caso huelga discutir el segundo y tercer motivos en que se fundan dichas notas y todas las demás cuestiones en ellas envueltas, puesto que para la inscripción en el registro ha de otorgarse nueva escritura de venta e hipoteca bajo la doctrina legal qne dejamos esta-blecida con observancia de los preceptos de la Ley Hipote-caria y de su Reglamento atinentes al caso.

Son de confirmarse las notas recurridas.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández, JUEZ ASOCIADO, SR. WOLF,

text:
    González Franqui, Demandante y Apelante, v. Brice, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad de escritura y daños y perjuicios.
    No. 1897.
    Resuelto en febrero 14, 1919.
    Demanda — Causa de Acción — Alegaciones.—Aduce hechos suficientes para de-terminar una causa de acción una demanda en la cual la demandante alega haber convenido con el demandado antes del otorgamiento de una escritura de venta en un contrato de préstamo y no de venta, haber quedado la de-mandante en posesión de la finca pagando al demandado supuestos cánones de arrendamiento que en realidad de verdad eran intereses de la cantidad percibida a préstamo, y haber sido el precio de la venta muy inferior al valor real de las propiedades.
    Venta con Pacto de Retro — Alegaciones de la Demandante — Préstamo.—La alegación hecha por la demandante de haber obrado al firmar la escritura . de venta eon pacto de retro influida por la amenaza del demandado de no • facilitarle la cantidad del préstamo si no firmaba dicha escritura y por el temor de que se ejecutara la hipoteca a cuya redención destinaba el dinero tomado al demandado, lejos de mostrar la existencia de un convenio posterior de venta eon pacto de retro dejando sin efeeto el anterior de préstamo, muestra iónicamente las razones que tuvo la demandante para firmar la es-critura consignándose en ella un contrato de venta eon pacto de retro, cuando el contrato era realmente de préstamo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Joaquín Vendrell.

    Abogado del apelado: Sr. Francisco González.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre nulidad de escritura y da-ños y perjuicios iniciado en la Corte de Distrito de Huma-cao por Amalia González Franqui contra James W. Brice mediante demanda en la cual se alegan los siguientes he-chos:

(a) Que allá por el mes de septiembre de 1913 la deman-dante tomó en calidad de préstamo al demandado la suma de $1,000 por término de un año a vencer en 23 de septiembre de 1914, garantizando el pago de la deuda con una finca ur-bana y dos rusticas que juntas valen hoy $6,100.

■(b) Que la cantidad objeto del préstamo se destinaba a pagar igual suma de $1,000 que la demandante adeudaba a Luis Pereyó y a cancelar la hipoteca que sobre las mismas fincas dadas en garantía al demandado estaba constituida a favor de aquél.

(o) Que no obstante haberse convenido un contrato de préstamo con las condiciones expresadas, en escritura otor-gada a 23 de septiembre de 1913 en la ciudad de Humacao ante el notario Arturo Aponte Rodríguez se dió al préstamo el carácter de contrato de compraventa con pacto de retro por término de un año, figurando como cánones de arrenda-miento $10 mensuales cuando realmente no había tales cáno-nes sino intereses estipulados a razón del 1 por ciento men-sual sobre los $1,000 prestados.

(d) Que el día del otorgamiento de la escritura la deman-dante se negó a firmar el contrato por no haberse consignado lo que real y positivamente se había convenido, y fué amena-zada por el demandado con no facilitarle el importe del prés-tamo si no firmaba la’escritura en las condiciones en que ha-bía sido redactada por el demandado, viéndose obligada la de-mandante a hacerlo por temor de que la hipoteca constituida a favor de Pereyó fuera ejecutada por éste para obtener el cobro de los $1,000 que anteriormente le había prestado.

(e) Que el demandado a sabiendas de que el contrato no era de compraventa con pacto de retro sino una mera garan-tía prestada por la demandante en pago de los $1,000, cuando venció el plazo fijado solicitó y obtuvo en el registro la nota de consumación de la venta con el propósito deliberado de despojar a la demandante de la propiedad de sus fincas, en-trando el demandado en posesión de ellas contra la voluntad de la demandante.

(/) Que el demandado en la fecha del otorgamiento de la escritura sabía que el valor de las tres fincas era entonces superior a $3,000 y se las apropió con el propósito de de-fraudar a la demandante en el verdadero valor de ellas.

(g) Que la demandante siempre ha estado y está dispues-ta a entregar al demandado los $1,000 tomados a préstamo cuando sea requerida para ello o cuando la corte lo ordene.

(h) Que los actos ilegales y fraudulentos realizados por el demandado han cansado a la demandante sufrimientos fí-sicos y morales por temor de verse reducida a la miseria y grandes perjuicios por habérsele privado de la propiedad de las fincas y de sus rentas y productos, que estima en $3,000. ■

La demanda concluye con la súplica de que se declare nula la escritura de compraventa con pacto de retro de 23 de septiembre de 1913; de que se la ponga en posesión de las tres fincas de que se trata; de que se condene al demandado a pagar a la demandante la suma de $3,000 en concepto de indemnización de daños y perjuicios y que también sea con-denado a pagar los gastos, costas y honorarios del abogado de la demandante.

A la anterior demanda opuso el demandado la excepción de que los hechos en ella alegados no determinaban una causa de acción y la corte por sentencia de 20 de junio de 1918 declaró con lugar dicha excepción y en su consecuencia de-sestimó la demanda con imposición de las costa,s a la parte demandante, contra cuya sentencia interpuso su represen-' tación recurso de apelación para ante esta Corte Suprema,

Como lo revela la simple lectura de la demanda, ésta ha sido interpuesta bajo la teoría de que el contrato de venta otorgado por demandante y demandado en escritura pública de 23 de septiembre de 1913 sujeto a un pacto de retroventa no era una venta condicional sino un préstamo hipotecario. Las •alegaciones hechas por la demandante de haber convenido con el demandado antes del otorgamiento de dicha escritura en nn contrato de préstamo y no de venta, de haber que-dado la demandante en posesión de las fincas pagando al demandado supuestos cánones de arrendamiento que real-mente eran intereses de la cantidad percibida en préstamo, y de haber sido el precio de la venta muy inferior al valor real de las propiedades son bastantes a determinar una causa de acción.

En apoyo de la anterior conclusión invocamos nuestra de-cisión en el caso de Monagas v. Albertucci, 17 D. P. R. 715. donde dijimos:

“Todo el caso en realidad gira sobre la cuestión de si el docu-mento, escrito objeto de controversia era una hipoteca o una venta con-dicional. Si es lo segundo, deben cumplirse las condiciones del mis-mo; si es lo primero, debe permitírsele al demandante que devuelva el dinero recibido haciéndole un traspaso de los bienes. La verda-dera intención de las partes en el momento de otorgar el documento escrito, es la que debe regir en la interpretación que le den los tribunales. Esto debe averiguarse de las circunstancias que concurrie-ron en la transacción y del texto del documento mismo. La norma correcta, en los casos en que tenga aplicación, es la continuación de la existencia de una deuda u obligación, entre las partes. De existir tal deuda u obligación, la venta puede considerarse meramente como una garantía de la deuda o como indemnización de una obligación. Por el contrario, si no existe deuda u obligación, entonces la transac-ción no es una hipoteca y sí meramente una venta con pacto de retro dentro de un tiempo determinado. Aun cuando cada caso debe contener sus propios hechos especiales, ciertas circunstancias se con-sideran como importantes, y los tribunales las consideran como acla-rando la intención real de las partes y la naturaleza de tales transac-ciones; tales >son la existencia de un contrato colateral ejecutado por el cedente para el pago de dinero al cesionario, su obligación de pagar interés, que el precio de la venta sea inadecuado, que el cedente quede todavía en posesión de los bienes traspasados, y cual-quier negociación o solicitud de un préstamo con anterioridad o durante la transacción que dio lugar al traspaso.
La doctrina americana sobre este punto no difiere materialmente de los principios enunciados en nuestro Código Civil.
3 Pomeroy’s Equity Jurisprudence, párrafos 1194 y 1195.
Código Civil de Puerto Rico, párrafos 1248, 1249, 1250, 1348, 1410 y 1421.”

17 D. P. R. 715, 235 U. S. 81.

T la alegación hecha por la demandante de haber obrado al firmar la escritura de venta con pacto de retro, infinida por la amenaza del demandado de no facilitarle la cantidad del préstamo si no firmaba dicha escritura, y por el temor de que Pereyó ejecutara la hipoteca constituida, a su favor, lejos de mostrar la existencia de un convenio posterior de venta con pacto de retro dejando sin efecto el anterior de préstamo, muestra únicamente las razones que tuvo la de-mandante para firmar la escritura, consignándose en ella un contrato de venta con pacto de retro, cuando el contrato real-mente era de préstamo, según afirma y repite la demandante,

Por las razones expuestas es de revocarse la sentencia apelada.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchison.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey disintieron en la resolución de este caso.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO, SR. WOLF,

CON LA CUAL ESTÁ CONFORME EL JUEZ ASOCIADO, SR. ALDREY.

No puede argüirse seriamente que el demandante firmó la escritura mediante intimidación o fraude según estos elemen-tos han sido definidos en todas partes. Los hechos como han sido alegados demuestran que el demandado se negó a en-tregar el dinero a la demandante a menos que ella hiciera el contrato como se deseaba. Es verdad que el contrato era fuerte pero era un contrato que la demandante tenía derecho a hacer puesto que ella alegó que era mayor de 21 años. Ella convino en hacer una venta con pacto de retracto, y apare-ciendo este hecho claramente de la demanda no se expresó nin-guna causa de acción para dejar sin efecto el contrato. Estoy autorizado para decir que el Juez Asociado Sr. Aldrey está conforme con esta opinión disidente.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Ninlliat, Demandante y Apelado, v. Suriñach et al., Demandadas y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre acción rescisoria.
    No. 1722.
    Resuelto en febrero 18, 1919.
    Cosa Juzgada. — Cuando en un caso existen dos o más cuestiones controvertidas y todas quedan decididas en favor del mismo litigante, la corte puede basar su decisión sobre todas conjuntamente, en cuyo caso la decisión se tiene por concluyente en cuanto a ambas.
    Id. — Id.—Cuando algún hecho fundamental o cuestión sustancial para la deter-minación de ambas acciones ha sido resuelto en un pleito anterior, y el mismo hecho o cuestión está otra vez en controversia entre las mismas partes, el fallo del mismo en el primer pleito será concluyente, si se presentare en de-bida forma, de la misma cuestión en el último pleito, sin tener en cuenta la cuestión de si la causa de acción es la misma o no lo es, o si el segundo pleito envuelve la misma o distinta materia u objeto en litigio, o si es o no la misma forma de procedimiento.
    Id. — Partes.—-La mera acumulación en el segundo pleito de una parte nominal que carece de interés en la cosa objeto del litigio no impide el que un fallo constituya óbice.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de las apelantes: Sres. Horton & Janer y Alfredo Amoldo.

    Abogado del apelado: Sr. José Sabater.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia apelada declara- rescindida una escritura otorgada por el marshal de la Corte Federal de conformidad con una venta por ejecución.

Los dos últimos párrafos del pliego de excepciones rezan como sigue:

“13a. La corte erró al no estimar que entre el presente caso y el caso número 226, en equidad, ante la Córte Federal, existe identi-dad de causa de acción, objeto y materia en litigio, personas y ca-rácter o calidad de los litigantes, y que por lo tanto es de aplica-ción la doctrina de res adjudicaba, por lo que los demandados toman excepción. ’ ’
“14a. La corte erró al no estimar que entre el presente caso y el pleito número 2889, seguido ante esta misma corte de distrito existe la más perfecta identidad de causa de acción, objeto y materia en liti-gio, personas y carácter y calidad de los litigantes, y que también es de aplicación la doctrina de res adjudicaba, por lo que los deman-dados toman su excepción.”

Los hechos alegados en la demanda en este caso y la sú-plica de la misma están relacionados en el tomo 24 Decisio-nes de Puerto Eieo, páginas 67 a 77 inclusive. La anterior demanda radicada en la corte insular, la demanda (MU) original sobre ineficacia de títulos (to quiet title) y el informe o dictamen del juez especial 'en equidad nombrado por la Corte Federal aparecen en el tomo 18 Decisiones de Puerto Eico, páginas 195 a 213.

La corte de distrito resuelve la cuestión de res judicata del modo siguiente:

“12°. En cuanto a la defensa de res judicata que alegan los de-mandados hijos de Camilo Suriñach, entendemos que no hay identidad de la causa de acción por cuanto en el caso anterior se trataba de nulidad y en el presente de la rescisión de la venta por fraude co-metido por Suriñach, habiéndose seguido también la acción contra los Sucesores de Luis Arán, quienes son insolventes, no pudiendo de otro modo reclamar el demandante de estos ni obtener la reparación del perjuicio sufrido; que en esta acción también intervienen partes distintas de suerte que no hay tampoco identidad, pues son deman-dados los señores Suriñach y Luis Arán y su hija heredera de Luis Arán, y como no se ha demostrado que existen vínculos de solidaridad entre los demandados, no existe la identidad de partes que exige la ley para que pueda surtir efecto de tal modo que derribe la acción del demandante.”

Es cierto que el elemento de fraude se alega de un mo-do algo más específico en la tercera tentativa del demandante que en cualquiera de los dos anteriores esfuerzos. En rea-lidad de verdad estaban las alegaciones redactadas en la primera demanda de modo tan vago y g’eneral qne nno de los fundamentos de excepción previa opnesto a la demanda con-sistía en que no se alegaba ningún hecho ‘ ‘ qne demuestre que el demandado tuviese conocimiento de las transacciones ha-bidas entre el demandante y Arán. ’ ’ Por otro lado el deman-dante alega ahora específicamente por primera vez que:

“Camilo Suriñach sabía de propio conocimiento que el solar, aun-que inscrito en el registro a favor de Luis Arán, era de la ex-clusiva propiedad del demandante, y que éste lo estaba poseyendo, sabiendo Suriñach. que los edificios construidos en el solar fueron cons-truidos de buena fe por el demandante.”
“Camilo Suriñach, no obstante el anterior conocimiento, instigó maliciosamente el embargo y venta de los bienes mencionados, y con objeto de defraudar al demandante y arrebatarle torticeramente la propiedad de dichos bienes, los adquirió en la subasta en representa-ción de los menores demandados por el ínfimo precio de $300 que no cubría la cuadragésima parte del verdadero valor de tales bienes. ’ ’

Es de concebirse que de haber presentado plena prueba de estas materias, especialmente de las alegaciones conteni-das en el párrafo últimamente citado, ella pudo habernos puesto en condiciones para distinguir el caso tal como resul-ta de la decisión del juez especial nombrado por la Corte Federal sobre la cuestión de terceros. Pero no sólo no se ha aportado evidencia alguna para sostener la alegación última-mente mencionada sino que la misma ha sido más que ne-gada por el testimonio no contradicho del sub-marshal que practicó el embargo y llevó a cabo la venta.

“Cuando el embargo de esa propiedad yo hice una petición al registrador de la propiedad pidiendo un certificado de todas las pro-piedades de Arán y me expidió tal certificado, de modo que la única base de mi conocimiento para saber que esa propiedad era de Luis Arán fué el certificado del registro. Ni el Sr. Camilo Suriñach ni ninguno de sus abogados me indicó que esa propiedad era de Luis Arán. * * * ”
“Yo sé a <j*ué propiedad se refiere esta ejecución que se hizo y ahora conozco la propiedad, que radica en el Boulevard Balboa y he estado allí muchas veces; sobre ese solar hay edificios incompletos. Cuando se bizo el. embargo yo no sabía dónde estaba el solar, me guié solamente por la descripción esa nada más, no sabía ni lo que tenía encima ni nada. * * * ”

Ni los testigos del demandante ni las conclusiones, de he-dió del juez sentenciador establecen nada apreciablemente fuera del conocimiento, silencio y aquiescencia pasiva que se le imputa a Suriñach en la demanda original y que se estimó por el juez especial no privar a los demandados de los bene-ficios de la doctrina referente a terceros.'

Siendo esto cierto no podemos ahora discutir los méritos de esta resolución.

Síguese también que a pesar de lo muy inclinados que. pudiésemos estar a distinguir una acción de rescisión de es-crituras por razón de fraude y extremada insuficiencia de causa o lesión de un pleito para declarar ineficaces deter-minados títulos (suit to q%áet title), y a evitar así la primera conclusión a que llegó el juez especial, sin embargo, siendo los hechos probados substancialmente los mismos sobre los cuales basó su decisión el juez especial, el mero hecho de que el presente pleito se ha seguido basándose en una teoría dis-tinta constitutiva de una nueva causa de acción, no altera la situación.

La excepción previa fué sostenida y desestimada la de-manda por el juez especial en parte si no principalmente porque “bajo la ley hipotecaria ele Puerto Eico, las decisiones de la Corte Suprema de Puerto Rico de.30 ele diciembre de 1899, 20 de diciembre de 1901, 15 de diciembre de 1902 y de 25 de diciembre de 1903 y las dos decisiones de la Corte Su-prema de los Estados Unidos en Todd v. Romeu,” los de-mandados son terceros y que la acción era improcedente. Las excepciones del demandante al informe del juez especial se basaron en la omisión del juez al no fallar:

“Primero. Que aunque la demanda expone que el título legal de la propiedad en cuestión está en los demandados, también expone que el demandante ba estado en posesión de dieba propiedad por un pe-ríodo de más de diez años y está abora en posesión y es el real equi-tativo dueño de la misma; teniendo los demandados solamente el título legal desnudo.
“Segundo. Que aunque los demandados son terceros de acuerdo con la Ley Hipotecaria de Puerto Rico, sin embargo la demanda ex-pone que los demandados obraron fraudulentamente y de mala fe y por lo tanto dichos demandados son terceros mala fide y como tales no tienen derecho al privilegio de terceros compradores bona fide de acuerdo con dicha Ley Hipotecaria de Puerto Rico.
“Tercero. Que la demanda expone que el título legal de los de-mandados está manchado de fraude y mala fe.
“Cuarto. Que la demanda expone que la cuestión vital envuelta en este litigio es de hecho, a saber: si obraron o no los demandados fraudulentamente y de mala fe, y por lo tanto que ninguna cuestión de ley puede ser promovida en la forma en que la demanda está radactada.”

La moción para eliminar de los autos las citadas excep-ciones estuvo basada en el fundamento de que el juez especial bajo la orden que se le nombró “se le confirió la misma autoridad que la corte en el asunto y su decisión sobre la excepción previa debe ser definitiva y no está sujeta a ex-cepción alguna en revisión por la misma corte. Esta moción fue declarada con lugar y se ordenó la eliminación de las ex-cepciones de los autos del caso. El decreto o sentencia final de la Corte Federal confirmando el informe del juez especial, interpreta éste en el sentido de no baber lugar a la demanda y, en su. consecuencia, declara sin lugar la demanda.

“Cuando en un caso existen dos o más cuestiones controvertidas y todas quedan decididas en favor del mismo litigante, la corte puede basar su decisión sobre todas conjuntamente, en cuyo caso la deci-sión de una de ellas no es menos necesaria o material que la decisión de la otra, y la sentencia se tiene por concluyente en cuanto a am-bas.” 15 R. C. L. p. 980, Sección 454.
“ ■* * * Cuando algún hecho fundamental o cuestión sus-tancial para la determinación de ambas acciones ha sido resuelto en un pleito anterior, y el mismo hecho o cuestión está otra vez en con-troversia entre las mismas partes, el fallo del mismo en el primer pleito será concluyente, si se presentare en debida forma, de la mis-ma cuestión en el último pleito, sin tener en cuenta la cuestión de si la causa de acción es la misma o no lo es, o si el segundo pleito envuelve la misma o distinta materia u objeto en litigio, o si es o no la misma forma de procedimiento. En semejantes casos es in-material que las dos acciones estuviesen basadas sobre distintos fun-damentos, o juzgadas por distintas teorías, o incoadas con distintos propósitos o dedujesen distintas pretensiones. Un asunto, ya consista de una o más cuestiones que haya sido solemnemente fallado por una corte de competente jurisdicción, debe ser, considerado como definitiva y concluyentemente resuelto en cualquier litigio subsiguiente entre las mismas partes cuando la misma cuestión o cuestiones se hayan plan-teado, excepto cuando el litigio envuelve un procedimiento directo con el fin de revocar o anular dicho fallo.” 15 R. C. L., p. 974, sección 450 y casos citados; sección 59 de la Ley de Evidencia; Sentencia de Tribunal Supremo de España de 25 de abril de 1900, 89 Jur. Civ. p. 538; Calaf et. al. v. Calaf, 17 D. P. R. 198, 219.
“La mera acumulación en el segundo pleito de una parte nominal que carece de interés en la cosa objeto del litigio no impide el que un fallo anterior constituya óbice {bar).” 15 R. C. L. p. 1012, sección 485, y casos citados. Véase también Sección 61 de la Ley de Evidencia; U. S. v. Desmoines Valley R. Co., 84 F. 40; Butrie Ptr., 185 Mass. 107; Dyett v. Hyman, 120 N. Y. 353; Meagly v. City of Binghamton, 43 Sup. Ct. Rep. 36 Hun. 171; Peñalosa v. Tuason, 22 Filipinas 309, 332.”

La única referencia que Lace el juez sentenciador ele los nuevos demandados, salvo en el párrafo en que resuelve la cuestión de res judicata, anteriormente transcrita, se halla en la constancia de la falta de comparecencia y anotación de la rebeldía de dichos demandados. No se mencionan para na-da en la sentencia, ni en la súplica de la demanda fuera de la contingencia que se sugiere en la cláusula final de la misma respecto de “costas, gastos, desembolsos y honorarios de abo-gado contra aquellas partes que se opusieron a la .demanda.” Si las partes adicionales fueron traídas para cualesquiera otros propósitos que el de anticipar una defensa contra la excepción de cosa juzgada, ese hecho de ningún modo apa-rece claro ni de la demanda ni de los autos como una unidad.

En vista de la conclusión a que hemos llegado en cuanto al efecto de la resolución del Juez Especial de la Corte Federal sobre la cuestión de terceros, no necesitamos considerar si expone o no la demanda presentada en este caso una nueva causa de acción que deba distinguirse como tal ya de ambos o de cualquiera de los pleitos anteriores.

La sentencia recurrida debe ser revocada y declararse sin lugar la demanda.

Revocada la sentencia ajelada y declarada sin lugar la demanda sin especial conde-nación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. HernÁNdez,

text:
    Fernández, Demandante y Apelado, v. Ruiz Soler et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1882.
    Resuelto en febrero 18, 1919.
    Sentencia por el Mérito de las Alegaciones — Prescripción de la Acción— Pagaré a la Orden. — Disponiendo el artículo 132 del Código de Enjuicia-miento Civil que toda alegación esencial de la demanda no impugnada en la contestación se tendrá por cierta para los efectos de la acción, procedía, en el presente caso, dictar sentencia tomando por base las alegaciones de la demanda, según las cuales la acción había prescrito por ser de aplicación a los pagarés a la orden el artículo 950 del Código de Comercio, mientras no se destruya la presunción que tienen de documentos mercantiles.
    Enmiendas a la Demanda — Alegaciones.—No habiendo el demandante solici-tado permiso de la corte para enmendar su demanda introduciendo en ella alguna alegación que destruyera la presunción de mercantil que tenía el documento, la cuestión legal sobre la prescripción quedó en issue bajo las alegaciones originales de la demanda y bajo ellas tenía derecho el demandado a que fuera resuelta, sin admitirse evidencia para suplir la falta de una alegación que debió hacerse por medio de enmienda.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José Martínez Dávila.

    Abogado del apelado: Sr. Manuel Ginorio.

   El Juez Presidente Sr. HernÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción ejercitada ante la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección Primera, por Alfonso M. Fernán-dez contra José Ruiz Soler y José E. Benitez para el cobro de un pagaré.

El pagaré de que se trata inserto en la demanda radicada en 17 de enero de 1917, dice así:

“Por $2,000 oro Americano. — Pagaremos solidariamente, en esta ciudad a la orden de don Alfonso M. Fernández el día veinte y seis de julio próximo venidero la suma de dos mil dollars valor re-cibido de don Alfonso M. Fernández. — Dicha suma devengará el in-terés del 1 por ciento mensual pagadero por mensualidades vencidas. —En caso de demora, abonaremos el interés del 12 por ciento anual, y en caso de demanda todos los gastos, incluso los honorarios del abo-gado del demandante. Todo (así dice) obligamos nuestros bienes ha-bidos y por haber; nos sometemos expresamente a los jueces ordinarios de esta ciudad, y renunciamos a cuantas leyes puedan favorecernos. San Juan de Puerto Rico, julio 26 de 1910. — José E, Benitez. — J. Ruiz Soler, Garantizador. — Testigo, Juan de Arruza.”

Alega el demandante como hechos fundamentales de su acción que en 26 de julio de 1910 los demandados José Ruiz Soler y José E. Benitez confesaron adeudar solidariamente al demandante la suma de $2,000 que se obligaron a pagar al acreedor en iguales día y mes de 1911 con intereses a razón del 1 por ciento mensual, obligándose también en caso de demora a satisfacer intereses al mismo tipo expresado; que los demandados le abonaron en 10 de noviembre de 1911 la suma de $1,000 a cuenta del pagaré; que actualmente le adeudan el resto de $1,000 más la suma de $629.38 en con-cepto de intereses vencidos y no satisfechos hasta el 31 de diciembre de 1916; y que para la prosecución de la acción ha convenido con su abogado los honorarios en la suma de $300.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia condenando a los demandados solidariamente al pago de $1,000 en concepto de capital, $629.38 por intereses deven-gados y no satisfechos, y los demás que se devenguen hasta el total pago de la deuda, juntamente con las costas y gastos ■que origine la acción, y $300 por honorarios de abogado.

Después de haber opuesto el demandado José Ruiz Soler a la anterior demanda las excepciones previas de que la acción establecida había prescrito a tenor de lo que dispone el ar-tículo 950 del Código de Comercio, y de que la demanda no aduce hechos bastantes para constituir una causa de acción, formuló contestación reproduciendo simplemente la excepción de prescripción antes alegada como excepción previa.

Llamado el caso a juicio, al que comparecieron ambas par-tes por sus respectivos ahogados, la representación del de-mandado José Ruiz Soler solicitó de la corte que toda vez que los hechos alegados en la demanda no se negaban y que sólo se planteaba una cuestión de derecho tomase el caso bajo su consideración sin necesidad de pruebas. El abogado del de-mandante se opuso a la anterior moción y la corte permitió al demandante presentar prueba para demostrar que la obliga-ción reclamada no era de carácter mercantil. Esa resolución fue excepcionada por Ruiz Soler por entender que no habien-do en la demanda alegación alguna que tratase de destruir la presunción de que la obligación era mercantil no podía apor-tarse prueba para destruir tal presunción.

Se practicaron las pruebas propuestas por el demandante sin que el demandado produjera prueba alguna, y la corte pro-nunció sentencia en 9 de enero de 1918 declarando con lugar la demanda y en su consecuencia condenando al demandado José Ruiz Soler a pagar al demandante Alfonso M. Fernán-dez la suma de $1,000 de capital, $629.38 de intereses vencidos hasta el 31 de diciembre de 1916, y las costas.

Esa sentencia ha sido apelada por el demandado José Ruiz Soler para ante esta Corte Suprema, y alega como funda-mento del recurso que la corte sentenciadora cometió error al no declarar con lugar la excepción de prescripción opuesta a la demanda, con infracción del artículo 950 del Código de Co-mercio, y que también cometió error al denegar la moción para qne. se resolviese el caso por el mérito de las alegaciones y permitir qne el demandante presentase prueba para demos-trar qne la obligación reclamada en la demanda no es de ca-rácter mercantil.

Tiene razón la parte apelante. El artícnlo 132 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe qne toda alegación esen-cial de la, demanda no impugnada en la contestación se tendrá por cierta para los efectos de la acción. Siendo ello así pro-cedía dictar sentencia tomando por base las alegaciones del demandante, y con sujeción a ellas la acción ejercitada babía prescrito según la ley aplicable al caso.

El artícnlo 950 del Código de Comercio estatuye qne las acciones procedentes de letras de cambio se extinguirán a los tres años de su vencimiento, báyanse o no protestado y que igual regia se aplicará a las libranzas o pagarés de comercio, etc., y esta corte ba declarado repetidas veces que los paga-rés a la orden deben reputarse o presumirse documentos mer-cantiles, salvo prueba en contrario. Hernández v. Muñiz, 10 D. P. R. 17; Rosaly v. Alvarado, 17 D. P. R. 109; J. Ochoa y Hermano v. Herederos de Lanza, 17 D. P. R. 480; y Vázquez v. Laino, 23 D. P. R. 235.

Mostrando la demanda que el pagaré fué firmado en 26 de julio de 1910, y que sólo se bizo un abono parcial en 10 de noviembre de 1911, sin que aparezca que no fuera mercantil, debiendo por-tanto presumirse tal, es claro que basta el 17 de enero de 1917 en que fué radicada la demanda, transcurrió el término de tres años señalado para su prescripción.

Como el demandante no pidió permiso a la corte para en-mendar su demanda, introduciendo en ella alguna alegación que destruyera la presunción de mercantil 'que tenía el docu-mento, la cuestión legal sobre prescripción quedó en issue bajo las alegaciones originales de - la demanda y bajo ellas tenía derecho el demandado a que fuera resuelta, sin admitirse evi-dencia para suplir la falta de una alegación que debió hacerse por medio de enmienda.

Es de revocarse la sentencia apelada sin perjuicio del de-recho que tenga el demandante de pedir permiso para enmen-dar la demanda.

Revocada la sentencia apelada sin perjibicio del derecho del demandante a pedir permiso para enmendar.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Carrero, Demandante y Apelado, v. Diez & Pérez, Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez. Moción del demandante y apelado para que se deses-time la apelación.
    No. 1953.
    Resuelto en febrero 18, 1919.
    Desestimación de Apelación — Comisión de Indemnizaciones a Obreros — Tér-mino para Establecer Recursos de Apelación. — El término para apelar ante el Tribunal Supremo-de sentencias dictadas por las cortes de distrito en grado de apelación contra las decisiones de la Comisión de Indemniza-ciones a Obreros es de un mes, pues debe regularse por los preceptos del No. 1 del artículo 295 del Código ‘ de Enjuiciamiento Civil, tal como fue enmendado por la ley de 11 de marzo de 1908, en relación con la Ley No. 70 de 9 de marzo de 1911.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelado: Sres. Feliú & Alemañy.

    Abogados de los apelantes: Sres. Francis & de Jesús.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La parte demandante-apelada ha presentado moción a esta corte para que se desestime la apelación interpuesta por la demandada contra resolución de la Corte de Distrito de Ma-yagüez de 30 de octubre de 1918 desestimando la apelación interpuesta por la demandada del acuerdo de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros en sesión de 18 de febrero de 1918, por el que dicha Comisión cargó a la demandada la suma.de $2,202 como indemnizacicm por la muerte del obrero Félix Bivera.

Funda la apelada su moción en que habiéndose notificado a la apelante en 4 de noviembre de 1918 la resolución de la corte de Mayagüez de 30 de octubre anterior e interpuéstose el recurso de apelación en 4 de diciembre ele 1918, dicho re-curso fue interpuesto fuera del término de 15 días que señala el párrafo segundo del artículo 295 del Código de Enjuicia-miento Civil, adicionado por ley de 9 de marzo de 1905, apli-cable al caso por la Ley No. 19 sobre indemnización a obre-ros de 13 de abril de 1916, artículo 12, párrafo 10.

El artículo que acabamos de citar concede apelación de la decisión de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros a cual-quier patrono, en los casos que determina, para ante la corte de distrito del distrito en donde ocurrió el accidente al recla-mante, y después de fijar el modo de formalizarse la apelación, estatuye que “después de la formalización de la apelación, la corte de distrito procederá en el caso en la misma forma que se dispone por ley para una apelación de .una sentencia de una corte municipal en causas civiles.”

La sección tercera de la ley de marzo 11, 1908, para regla-mentar las apelaciones contra sentencias de las cortes muni-cipales en pleitos civiles, prescribe que “una vez dispuesto el pleito para la vista se tramitará como nuevo juicio, rigiendo para el mismo todas las disposiciones y reglamentos judiciales que afecten a la vista de pleitos originalmente entablados ante las cortes de distrito.” Nada dispone esa ley sobre el recurso' de apelación que pueda entablarse contra la sentencia que en grado de apelación dicte la corte de distrito, y sobre el particular ha quedado vigente el artículo 295 del Código de En-juiciamiento Civil, enmendado, que en su apartado segundo ordena que podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo de una sentencia de una corte de distrito dic-tada en apelación interpuesta contra resolucum de una corte inferior dentro de los 15 días después de registrada la sen-tencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sen-tencia, sin comprender frutos o intereses, excediera de $300.

Ese precepto no es aplicable al presente caso, pues no se trata de una sentencia de una corte de distrito dictada en apelación interpuesta contra resolución de una corte inferior, sino de una sentencia de una corte de distrito dictada en ape-lación interpuesta contra resolución de la Comisión de indem-nizaciones a obreros. Debe aplicarse a falta de precepto es-pecífico de la ley sobre indemnizaciones a obreros el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado en su número 1º. por la ley de 11 de marzo de 1908, el cual esta-tuye que podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo de una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o procedimiento especial comenzado en la corte que la hu-biere dictado, dentro de un mes después de haberse regis-trado la sentencia, y hoy después de haberse notificado, la sentencia a la parte perjudicada, según la Ley No. 70 de 9 de marzo de 1911.

Ciertamente que, en el presente caso el procedimiento especial establecido por la ley sobre indemnización a obreros no ha comenzado en la corte de distrito de Mayagüez, sino ante la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, y por tanto puede argüirse que el caso no es de los comprendidos en el número 1º. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como actualmente rige; pero aunque así sea, como tam-poco está comprendido según hemos manifestado, en el pá-rrafo 2º. del mismo artículo, y ha sido voluntad expresa del legislador conceder recurso de apelación en los casos que pro-ceda contra las resoluciones. de la Comisión de Indemniza-ciones a Obreros, opinamos que el término para la interpo-sición del recurso contra la resolución dé la corte de distrito debe regularse por el número 1º. del artículo 295, por estar más en armonía con la naturaleza del caso, que propiamente comenzó a ser contencioso en la corte de distrito y no en la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, siendo además su cuantía $2,202, mny superior a la _ marcada por la ley para fijar la. jurisdicción de las cortes municipales.

Procede denegar la moción sobre desestimación del re-ocurso.

Denegada la moción sobre desestimación de la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Sucesión Colón, Demandante y Apelante, v. Colón et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre desahucio.
    No. 1956.
    Resuelto en febrero 24, 1919.
    Desahucio — Conflicto de Títulos — Pleito Ordinario. — Las cuestiones de pro-piedad_ no son materia a decidir dentro de los sumarios trámites del juicio de desahucio, sino dentro de las amplias oportunidades de un pleito ordi-nario, pues no es el juicio de desahucio el adecuado para hacer declaracio-nes de derecho más o menos controvertibles, sino un procedimiento especial cuyo único fin es recuperar la posesión de algún inmueble lanzando de él a quien lo detenta sin título alguno para ello.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Carlos Brunet del Valle.

    Abogado de los apelados: Sr. Eduardo Flores Colón.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito sobre desahucio procedente de la Corte de Distrito de Ponce.

La demanda se funda en que los demandantes son dueños por título hereditario de dos fincas rústicas, una de 27 cuer-das con 25 céntimos y la otra de 13 y media cuerdas, situa-das ambas en el barrio de Bauta Abajo, de Barros, que su difunto padre José María Colón adquirió por escrituras pú-blicas de compraventa otorgadas respectivamente en los años; de 1879 y 1880, y había entregado en usufructo a sus padres. legítimos Elias .Colón y Concepción Rodríguez para que las poseyeran y aprovecharan mientras vivieran, habiéndose po-sesionado de ellas a sn fallecimiento los demandados sin de-recho alguno.

Los demandados José Elias y Rodulfo Colón y Rodríguez, únicos que comparecieron a contestar la demanda, se opusie-ron a ella, y para sostener su oposición alegan que no poseen las expresadas fincas en precario, sino en concepto de dueños por título hereditario, como hijos legítimos de los consortes Elias Colón y Concepción Rodríguez, de quienes las habían adquirido en unión de sus demás hijos por título hereditario al fallecimiento de los mismos, pues aunque las escrituras de compraventa aparecen a nombre del causante de los de-mandantes José María Colón, la venta se hizo realmente al padre de éste, Elias Colón, quien comisionó a su referido hijo, causante de los demandantes, para recibir las escrituras, ha-biendo pagado las contribuciones de tales fincas, primero el Elias Colón, y por muerte de éste sus herederos los deman-dados.

Celebrado el juicio y practicadas pruebas por ambas par-tes, la corte dictó sentencia en 12 de noviembre de 1918, por la que declara sin lugar la demanda sin especial condenación de costas, reservando a las partes cualquier derecho que tu-, vieren para ser ejercitado en el juicio ordinario correspon-diente.

La prueba de los demandantes tiende a demostrar que las fincas fueron adquiridas realmente por su padre José María Colón, mientras que la de los demandados tiende por el con-trario a demostrar que desde las fechas de las escrituras de adquisición de las fincas, primeramente sus padres Elias Co-lón y Concepción Rodríguez, y los demandados a su muerte por título hereditario, han poseído ambas fincas en concepto de dueños, pagando las contribuciones repartidas sobre ellas.

Como revelan las alegaciones y las pruebas, las cuestio-nes envueltas en este caso no son propias para ser decididas dentro de los sumarios trámites del juicio de desahucio, sino dentro de las amplias oportunidades de nn pleito ordinario. No es el juicio de desahucio el adecuado para hacer declara-ciones de derecho más o menos controvertibles, pues dicho juicio es un procedimiento especial cuyo único fin es recupe-rar la posesión de algún inmueble lanzando de él a quien lo detenta sin título alguno para ello. En corroboración de la anterior doctrina, invocamos nuestras decisiones en los casos de Mehrhof v. Rodríguez et al., 14 D. P. R. 59, Torres et al., v. Pérez, 18 D. P. R. 573, Miranda v. Camerón et al., 19 D. P. R. 488, Gandía v. Pagán, 22 D. P. R. 833, y Casanovas & Cía. v. Ramírez et al., 25 D. P. R. 625, con los casos en ellas citados.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Plutchison.


text:
    Nazario, Demandante y Apelado, v. Santos, Juez Municipal de San Germán, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en recurso de certiorari.

    No. 1927.
    Resuelto en febrero 24, 1919.
    Costas en Casos Civiles — Funcionarios Públicos. — La Ley No. 17 regulando el cobro de derechos y costas en causas civiles en las cortes de distrito y mu-nicipales, aprobada en marzo 11, 1915, no contiene precepto alguno que exima o excuse del pago de los derechos fijados a los funcionarios públicos cuando éstos son parte en los procedimientos civiles.
    Certiorari — Apelación—Nulidad—Desestimación de Apelación. — De acuerdo con la sección 6 de la Ley No. 17 de 1915, un escrito interponiendo apela-ción en un caso de certiorari que no lleva adheridos los sellos de rentas inter-nas creditivos del pago de los derechos fijados por la ley, es nulo; y si con él como base se ha tramitado el recurso, la solicitud de la parte apelada para que éste se desestime, por tal motivo, debe ser declarada con lugar.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del demandante: Sr. Angel A. Vázquez.

      Abogados del demandado: Sres. Feliu & Alemañy.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Genaro Nazario presentó una solicitud en la Gorte.de Dis-trito de Mayagüez para que se expidiese un auto de certiorari dirigido contra William J. Santos, Juez Municipal de San Germán. El auto fué en efecto expedido y el caso resuelto en definitiva en favor del peticionario. El juez municipal apeló entonces para ante esta Corte Suprema y radicó' en su secretaría la transcripción de los autos. Así las cosas, la parte apelada solicita la desestimación del recurso “porque esta honorable corte carece de jurisdicción para resolver el asunto en su fondo, porque el demandado apelante fia radi-cado un escrito de apelación que es completamente nulo.”

La nulidad alegada consiste en que a dicho escrito no se adhirió el sello de rentas internas creditivo del pago de los derechos exigidos por la ley.

La parte apelante admite que no se adhirió el sello in-dicado y relata los hechos ocurridos así: que cuando fué a radicar su apelación, el secretario de la corte de distrito lo requirió para que depositara un sello de cinco pesos; que en efecto depositó el sello, pero hizo constar que en su opinión no debía exigírsele y sugirió al secretario la idea de consul-tar el caso al Fiscal General; que así lo hizo y dicho fiscal resolvió que el apelante no tenía obligación de pagar derecho alguno, dada su condición de funcionario público, y el secre-tario devolvió al apelante el sello que no había cancelado.

Veamos lo que dice la ley relativa a la materia, o sea la No. 17, regulando el cobro de derechos y costas en causas civiles en las cortes de distrito y municipales de Puerto Eico y para otros fines, aprobada el 11 de marzo de 1915. La sec-ción 1 de dicha ley prescribe que todas las cantidades que se ingresen por concepto de derechos, se pagarán en sellos de rentas internas que los secretarios y marshals adherirán al margen o al pie de los documentos registrados. La sección 2 fija el arancel. Según éste, por cada escrito de apelación de las cortes de distrito al Tribunal Supremo, deberán pa-garse cinco dollars. Existe también esta otra partida: “O. Por cada escrito de apelación en recursos extraordinarios, dos dollars.” Y, por último, la sección 6 dice textualmente “To-dos y cada uno de los documentos o escritos que por esta Ley se requiere lleven un sello o sellos de rentas internas serán nulos y sin ningún valor y no se admitirán como prueba en juicio a menos que dichos sellos hayan sido fijados a los mis-mos.”

Leída cuidadosamente toda la ley, en ninguna de sus sec-ciones se exime del pago de los derechos fijados a los funcio-narios públicos cuando éstos son parte en los procedimientos civiles, en casos de la naturaleza del presente. La parte inte-resada no ha citado como era su deber ninguna ley que con-tenga dicha exención ni jurisprudencia concreta aplicable y, en tal virtud, nos vemos obligados a decidir que tiene razón la parte apelada, porque siendo “nulo y sin ningún valor” el escrito interponiendo el recurso, éste no tiene existencia legal.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Chiqués, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de Caguas denegando la inscripción de una escritura de testamento.
    No. 382.
    Resuelto en febrero 24, 1919.
    Testamento — Derecho Hereditario — Inscripción del. — Cuando se trata de ins-cribir simplemente el derecho hereditario, bastará el documento auténtico en que tal dereeho conste, siempre que los bienes aparezcan inscritos a favor del causante y existiendo un solo heredero éste solicite la inscripción a su favor o siendo varios la pidan proindiviso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Lorenzo Jiménez García.

    El registrador recurrido, Sr. Francisco Socorro, compa-reció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En Caguas, y ante notario, el 21 de agosto de 1909, doña Eita Yega y Cruz, soltera, sin descendencia de ninguna clase, otorgó testamento, declarando cuáles eran sus bienes e insti-tuyendo “por su única y universal heredera, a su señora ma-dre, doña Natalia Cruz Jiménez, sin limitaciones.” Doña Natalia fue también designada por la testadora “albacea solida-ria de los bienes que resulten, con todas las facultades en de-recho consiguientes.”

Falleció la testadora y la heredera acudió al registro de la propiedad del distrito interesando inscribir su derecho he-reditario en cuanto a cierta participación en el dominio de una finca registrada a favor de la testadora. La heredera presentó la copia auténtica del testamento, el recibo del pago de la contribución sobre la herencia y la certificación credi-tiva de la defunción de la testadora.

El registrador se negó a verificar la inscripción solicitada por los siguientes motivos:

“1o. No acreditarse en forma legal auténtica que dicho testamento no ha sido revocado de derecho por otro posterior perfecto otorgado por la testadora Rita Yega y Cruz.
“2o. No acreditarse en forma legal que la albacea doña Natalia Cruz y Jiménez, que es también la heredera instituida por la tes-tadora, esté autorizada como tal albacea para hacerse cargo de los bienes de la finada; y
“3o. No acreditarse en igual forma que el testamento objeto de esta denegatoria está otorgado con las formalidades exigidas por la ley.”

A nuestro juicio es improcedente la negativa del regis-trador. Sólo se trata de inscribir el derecho hereditario y para ello “basta con presentar el documento auténtico en que tal derecho consta, siempre que se reiinan estas dos circuns-tancias: que los bienes hereditarios consten incritos a favor del causante, como sucede en el presente caso, y segundo, que haya un solo heredero o varios que soliciten la inscripción proindivisa.” Sucesión Dávila v. El Registrador, 15 D. P. R. 669.

Sobre la materia se trata ampliamente en los Comentarios a la Legislación Hipotecaria por Galindo y de la Escosura, tomo 1, página 244 y siguientes de la cuarta edición reim-presa en 1903. Se citan muchas resoluciones de la Dirección General de los Registros de España y de todas ellas se deduce que basta la presentación del testamento para que el registrador inscriba el derecho hereditario, sosteniendo los autores que no incurre en responsabilidad el registrador por inscribir un testamento derogado.

Lo que exige el registrador en este caso concreto en el primero de los motivos de su nota, es una prueba negativa difícil de proporcionar, tanto más cuanto que en Puerto Rico no existe ningún registro de actos de última voluntad. El re gistrador actúa por el requerimiento y bajo la responsabili-dad de los interesados, y si con motivo del testamento surge alguna cuestión, es a los tribunales a los que toca resolverla.

No es necesario discutir la cuestión que suscita el regis-trador en el segundo de los motivos de su nota, porque la persona que solicitó la inscripción lo hizo como heredera y no en su carácter de albacea.

El tercer motivo dé la negativa es demasiado general. Con-cretamente debió haber expresado el registrador cuáles eran las formalidades de la ley que se habían dejado de cumplir. Entonces hubiéramos estado en condiciones de decidir si dicha falta de cumplimiento era de tal trascendencia que con-vertía el testamento en una mera nulidad o si podía prescin-dirse de ella por la voluntad de las partes interesadas en cuyo caso carecía el registrador de facultad para rehusar la inscripción.

Por virtud de lo expuesto, opinamos que debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscripción solicitada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.