author: El Juez Pbesidente Rr. del Tobo,

text:
    Amy, Demandante y Apelante, v. Aponte, et al., Demandados y Apelados.
    Apelación, procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre cobro de dinero (memorándum .de costas.)
    No. 2698.
    Resuelto en julio 20, 1922.
    Apelaciones Procedentes de Cortes Municipales — I-Ionorarios de Abogados.— En las apelaciones procedentes de cortes municipales no procede la concesión de honorarios de ahogado por servicios prestados en la corte inferior ni por los prestados en la de distrito con motivo de la apelación.
    Id. — Costas en Apelación. — El artículo 333 del Código de Enjuiciamiento Civil que regula la concesión de costas en apelación subsiste actualmente con al mismo alcanee que tenía en 1904 cuando regía en su forma original el ar-tículo 327 del propio código.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. Gervoni.

    Abogado de los apelados: Sr. T. Bernardini.

   El Juez Pbesidente Rr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte Municipal de Guayama se siguió este pleito en cobro de cuatrocientos dólares. Dictada sentencia, fu,ó apelada para ante la corte de distrito, cuyo tribunal dictó a su vez sentencia condenando a los demandados a pagar al demandante la suma reclamada, con más los intereses legales y las costas y desembolsos.

La parte victoriosa archivó un memorándum de costas ascendente a $573, de los cuales $500 se reclamaban como honorarios de abogados. La parte vencida impugnó el me-morándum y la corte de distrito lo aprobó finalmente elimi-nando la partida de honorarios por entender que no estaba autorizada para concederlos. El demandante apeló de esa resolución de la corte para ante este tribunal.

El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como fué redactado originalmente, decía:

“La cuantía y forma de pago de los honorarios de los abogados y consultores se deja al convenio expreso o tácito de las partes; # •* * 5 >

Luego, en 1908, dicho artículo se enmendó, en lo perti-nente a la cuestión aquí envuelta, así:

“ * * # En todos los casos en que en un pleito o procedimiento se concedan las costas a una parte, si la materia litigiosa excede de-quinientos dollars, tendrá ésta el derecho de que se le abone por la: parte condenada el importe de los honorarios que haya devengado-el abogado de la primera por sus servicios * '* *. ”

Y el 1917, dicho artículo volvió a ser enmendado, en dicha--particular, así:

“ * * * En todos los casos en que se haya concedido a una' parte las costas en una acción o procedimiento en la corte de dis-trito, dicha parte, a discreción de la corte de distrito, tendrá de-recho a recibir de la parte vencida, una cantidad que represente el valor de los servicios de su abogado o una parte de dicha canti-dad; * * *

Basándose en el artículo 327 tal como rige en la actuali-dad y en el artículo 333 del propio Código de Enjuiciamiento Civil, el apelante alega que tiene derecho a los honorarios y por lo tanto que la corte de distrito erró al decidir que carecía ae autoridad para concederlos.

El artículo 333 invocado dice así:

“Art. 333. — Las costas de una apelación quedan a la discreción-de la corte en los casos siguientes:
“1. Cuando se ordena un nuevo juicio.
“2. Cuando se modifica un fallo.
“En los demás casos la parte en cuyo favor se decida el recurso* recobrará las costas incluyendo las causadas en la corte inferior, cuando se hubiere establecido la apelación para ante la- corte de-distrito. ’ ’

Se admite que la corte municipal no tiene autoridad para' conceder honorarios, pero se sostiene que una vez que el pleito se apela, la corte de distrito la tiene para imponerlos.

En el caso de Ferreira v. López, Juez de Distrito, 29 D. P. R. 34, 36, se dijo:

“No discutiremos con la corte de distrito, aunque tenemos algunas dudas, la cuestión de si dicha corte puede en la actualidad dictar sentencia por honorarios en cualquier caso, no importa la suma que esté envuelta, basando en parte la corte su conclusión en el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil como fué enmendado por la Ley No. 38 de abril 12, 1917. Puede ser cierto que en un caso que esté debidamente ante ella la corte pueda dictar sentencia en apela-ciones procedentes de las cortes municipales e imponer honorarios .contra la parte vencida.”

Debemos abora disipar nuestras dudas, ya que la cues-tión está directamente envuelta.

De acuerdo con la ley vigente, los pleitos apelados para ante ella se juzgan de nuevo en la corte de distrito.

“En un juicio de novo,” dice Cyc, resumiendo la juris-prudencia, “la sentencia de la corte inferior no es revocada o confirmada, sino que se dicta-una sentencia nueva, distinta, tal-como lo requieran los méritos demostrados en el juicio/’ Pero inmediatamente agrega: “La jurisdicción adquirida por la corte es, sin embargo, de apelación, y no podrá dictar una sentencia que no hubiera podido ser dictada por la corte inferior.” 24 Cyc 750.

Siendo esto así, nos parece claro que en cuanto a hono-rarios por el trabajo realizado en la corte municipal, admi-tiéndose como se admite que dicha corte no hubiera podido imponerlos, es necesario concluir que tampoco puede conce-derlos la corte de distrito en apelación.

Resta considerar si la corte de distrito puede o no con-ceder honorarios por el trabajo realizado en ella, durante el nuevo juicio.

Dice Corpus Juris, resumiendo también la jurisprudencia, así:

“La concesión de honorarios en apelación no está autorizada a menos que la permita el estatuto o sea acordada por estipulación de las partes. En algunas jurisdicciones se ha resuelto, sin embargo, que los estatutos o las reglas de la corte, autorizan la concesión. Pero una parte que pide tales honorarios, debe demostrar que su caso está comprendido dentro de los términos del estatuto.” 15 C. J. 274.

No puede negarse fuerza al argumento de la parte ape-lada, pero una consideración detenida de las reformas hechas por la Legislatura en el artículo 327 del Código de Enjui-ciamiento Civil, demuestra que su atención estuvo fija en las acciones tramitadas originalmente en las cortes de dis-trito y no en los asuntos apelados para ante ellas. Primero se modificó la ley que dejaba los honorarios al acuerdo de las partes, en el sentido de que pudieran concederse dichos honorarios por la corte' cuando la cuantía de la cosa litigiosa excediera de quinientos dólares. Esta medida dejaba fuera de la concesión de honorarios los pleitos en los que no había envuelta cuantía y para comprenderlos se hizo la enmienda de 1917. En uno y otro caso la ley se refiere a pleitos.ori-ginados en la corte de distrito.

Tratándose de costas, no debe darse una interpretación extensiva al estatuto. La ley debe conceder una autorización expresa.

En cuanto al artículo 333 del Código de Enjuiciamiento Civil, subsiste hoy con el mismo alcance que tenía en 1904 cuando regía en su forma original el artículo 327 del propio código. T la corte de distrito en este caso ordenó a la parte vencida que reintegrara a la parte victoriosa los derechos legales que había satisfecho en la corte municipal y los desem-bolsos verificados con motivo del pleito.

Debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada, la resolución apelada.

. Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Paz, Demandante y Apelante, v. Bonet, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización (incidente de embargo).
    No. 2694.
    Resuelto en julio 20, 1922.
    Aseguramiento de Sentencia — Levantamiento de Embargo — ■ Fianza Personal. — Sean muebles o inmuebles los bienes embargados para aseguramiento de sentencia, la parte contra quien se deeretó el embargo puede levantarlo mediante prestación de fianza personal buena y suficiente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Benet & Soúffront.

    Abogado del apelado: Sr. A. A. Vázquez.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia en contra del demandado el 30 de sep-tiembre de 1921, por la suma de $987, el demandante, al ape-lar el demandado, pidió 3^ obtuvo el aseguramiento de la misma, embargándose al efecto varios condominios en fincas rústicas y dos fincas pertenecientes al demandado. Así las cosas, el 19 de enero de 1922 el demandado presentó una moción a la corte de distrito alegando que los bienes em-bargados valían $13,000 j que deseaba afianzar, con buenos fiadores, el pago de la sentencia a fin de' que la corte orde-nara el levantamiento del embargo. La corte oyó a ambas partes y finalmente, el 14 de febrero último, resolvió el caso así:

‘ ¡ •* * * declara con lugar dicha moción, y en su consecuencia ordena que se deje sin efecto el embargo trabado en este caso en bie-nes del demandado' y que se cancele la anotación practicada en el registro de la propiedad, previa prestación de una fianza por la suma de un mil quinientos dólares ($1,500) debiendo el demandado servir una copia de la misma al demandante a fin de que con conocimiento de la misma pueda impugnarla si le conviniere, y que una vez firme' esta orden y aprobada la fianza que se preste por la corte, el secre-tario libre los correspondientes mandamientos para el cumplimiento de lo que en esta orden se dispone.”

No conforme el demandante apeló para ante este tribunal y en su alegato sostiene, después de transcribir las secciones 9 y 10 de la Ley sobre Aseguramiento de Sentencias de 1902, 10 que sigue:

'“Es indudable que en dicha ley para asegurar la efectividad de sentencias al incluir la forma en que se podía dejar sin efecto el embargo trabado sobre bienes muebles en su sección décima, no ha-biéndolo hecho en cuanto a los bienes inmuebles en su sección novena ni en ningún otro apartado de dicha ley con relación a la misma, se excluyó la posibilidad legal de que el embargo de bienes inmue-bles pudiera levantarse mediante la prestación de una fianza, y mucho menos después de haberse dictado una sentencia en' contra del de-mandado. ’ ’

Procede luego en su alegato el apelante a estudiar los riesgos de las fianzas personales y concluye que la intención del legislador no pudo ser la de comprender en la regia con-tenida en la sección quince de la indicada ley, los embargos trabados sobre bienes inmuebles.

Dicha sección 15 dice así:

‘ ‘ Sección 15. — -El pago, consignación o afianzamiento de las sumas reclamadas al demandado, suspenderá el embargo decretado para se-guridad de dichas sumas, o dejará sin efecto el embargo ya prac-ticado.”

Basta leerla para comprender que es general y por tanto aplicable a toda clase de embargos. ‘La prescripción conte-nida en la sección diez tiene un propósito distinto. Se re-fiere al depósito y enajenación en su caso de los bienes em-bargados.

Estamos conformes con el apelante en mucho de lo que dice con respecto a las fianzas personales, pero la ley las reconoce y es necesario admitirlas. La parte interesada puede investigar la suficiencia de los fiadores e impugnarla. La corte seguramente atenderá sus justas reclamaciones en el sentido de que la sustitución no lo despoje de un derecho adquirido. Pero el propósito de la ley es garantizar la efec-tividad de la sentencia que pueda dictarse o que se haya dictado tomando en consideración los intereses de ambas par-tes. Los hechos de este caso ilustran la necesidad de la dis-posición legal contenida en el artículo 15. Se trata'de una sentencia de cerca de mil dólares. En uso de su legítimo derecho el demandado apeló. También en uso de su legítimo derecho el demandante pidió el aseguramiento sin fianza. Lo obtuvo y se embargaron cinco condominios y dos fincas per-tenecientes al demandado, valorado todo en trece mil dólares. La apelación pudo dilatarse seis meses, un año, dos. ¿Sería justo que tal embargo, que podría producir el efecto de im-pedir al demandado disponer libremente de sus bienes, sub-sistiera, cuando el demandado por otros medios menos one-rosos podría garantizar debidamente el pago de la sentencia? Una respuesta negativa se impone, a nuestro juicio.

Atendido el criterio que sustentamos, se hace innecesario decidir la moción de desestimación' presentada por la parte apelada.

Debe declararse sin lugar él recurso y confirmarse la or-den recurrida.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Solá, Demandante y Apelante, v. Alejandro et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre tercería de bienes muebles.
    No. 2376.
    Resuelto en julio 20, 1922.
    Suspensión del Juicio por Enfermedad de un Testigo — Nuevo Juicio. — Aunque una parte que pide la suspensión del juicio fundándose en y acreditando la enfermedad de un testigo no haga la solicitud por medio de la moción escrita y jurada a que se refiere el artículo 202 del Código de Enjuiciamiento Civil, la suspensión dehe decretarse si de las alegaciones y de los autos apareee que tal declaración es importante y eseneial.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Vendrell.

    Abogados de los apelados: Sres. L. Pereyó y F. González.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Para cumplir la sentencia dictada en un pleito de Juan Alejandro contra Luther R. Bostick o su sucesión compuesta por Abigail Bostick Alejandro, el marshal embargó en poder de Juan Solá cuatro cabezas de ganado vacuno. Interpuso Juan Solá demanda de tercería alegando ser dueño de ese ganado por haberlo comprado a Mr. Alberto Walker y con-testó la demanda solamente Juan Alejandro negando que el tercerista sea ni haya sido dueño de ese ganado y también que Mr. Alberto Walker hubiera sido dueño de él.

Celebrado el juicio recayó sentencia contra el tercerista quien interpuso este recurso de apelación.

El primer motivo alegado para que revoquemos la sen-tencia es por haber negado la corte inferior la suspensión del juicio pedida por el tercerista.

Al comenzar el juicio fué pedida su suspensión por el tercerista fundándose en que estaba enfermo su principal testigo Mr. Walker y presentó una certificación firmada por el Dr. W. P. Lippitt, fechada en San Juan el día anterior y jurada ese día ante un notario de Oaguas, según la cual M. A. Walker estaba enfermo e imposibilitado de comparecer en la Corte de Humacao, como estaba citado.

Es cierto que la concesión de la suspensión de un juicio es discrecional en la corte y que según el artículo 202 del Código de Enjuiciamiento Civil debe solicitarse mediante de-claración escrita y jurada demostrando la importancia esen-cial de la prueba y que se lia practicado la debida diligencia para obtenerla, pero en este caso por la certificación firmada y jurada por el Dr. Lippitt quedó acreditada la enfermedad del testigo Walker y su imposibilidad de asistir al juicio en Humacao, y si bien no se hizo constar por escrito y bajo ju-ramento la importancia esencial de la declaración de dicho testigo tal extremo no fué necesario en este caso porquei apa-rece de las alegaciones de las partes, ya que el tercerista funda su derecho al ganado en haberlo comprado a Mr. Walker, hecho que niega el demandado Alejandro así como que Walker fuera dueño de esas reses. Por consiguiente, resul-tando de los propios autos la importancia de ese testigo y su imposibilidad de asistir al juicio debió la corte suspen-derlo haciendo así un buen uso de la facultad discrecional que le concede la ley.

Que era un testigo esencial y que sin él quedaba indefenso el tercerista lo demostró también la prueba presentada en el juicio, pues Joaquín Rojas declaró que él vendió ese ganado al tercerista Sola por indicación de Mr. Walker a quien en-tregó el dinero y quien tiene un poder de la persona que lo había comprado a Luther R. Bostick, causante de la sucesión demandada por Juan Alejandro y cuyos bienes son objeto de embargo.

La sentencia apelada debe ser revocada'y concederse un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenado un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado HutcMson.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no to-maron parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Su. Aldrey,

text:
    González et al., Demandantes y Apelantes, v. Hernández et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, en pleito sobre nulidad y reivindica-ción (nulidad de embargo.)
    No. 2684.
    Resuelto en julio 20, 1922.
    Aseguramiento de Sentencia — Embargo — ■ Prórroga para Enmendar la De-manda — Suspensión de la Vista — Nueva Solicitud de Embargo.' — Si bien la sección 13 de la Ley para Asegurar -la Efectividad de las Sentencias prescribe que el aseguramiento quedará sin efecto en los casos que en la misma se determinan, dicha ley no dispone expresamente que no pueda trabarse nuevo embargo, si como aquí sucede, el embargo anterior quedó sin efecto a moción de los demandados y por allanamiento de los demandantes, derecho que no puede negarse a éstos por estarle reconocido por la ley.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. A. Marín Marién.

    Abogado de los apelados: Sr. L. Méndez Vas.

   El Juez Asociado Su. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes obtuvieron una orden de embargo para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse a su favor en el.pleito. Durante la tramitación de éste pi-dieron y obtuvieron la prórroga de un término judicial sin alegar- causa para ella. Entonces los demandados pidieron a la corte que dejara sin efecto dicho embargo fundándose en lo dispuesto en la sección 13 de la ley de Io. de marzo de 1902 para asegurar la efectividad de las sentencias, según la cual todo embargo quedará sin efecto si la vista del pleito fuere suspendida a petición de la parte que obtuvo dicho aseguramiento, o si cualquier término judicial fuere prorro-gado a su instancia, excepto si la petición de suspensión o de prórroga se fundó en causas de fuerza mayor debidamente justificadas.

Radicada esa moción el 9 de enero de 1922 los deman-dantes se allanaron a ella el día 14 y en ese día pidieron a la corte y obtuvieron una nueva orden de embargo que se trabó en los mismos bienes que estaban embargados ante-riormente. El día 16 los demandados pidieron que se anu-lara esa segunda orden de embargo porque dejado sin efecto el primer embargo están privados los demandantes de pedir y obtener un nuevo embargo para aseguramiento de la sen-tencia, de acuerdo con la sección 13 antes citada. De con-formidad con esta petición la corte dejó sin efecto la orden cíe embargo del día 14 de enero, siendo esta resolución la que motiva la apelación interpuesta por los demandantes.

Lo que dispone la sección 13 de la ley antes citada es que el aseguramiento de la sentencia quedará sin efecto en los casos en ella mencionados, mandato que aceptaron los de-mandantes allanándose a la petición que en ese sentido hi-cieron los demandados, pero no dispone que después no pueda pedirse y obtenerse otra orden de embargo para asegura-miento de la sentencia. En el caso de que por cualquier mo-tivo se anule o se deje sin efecto el aseguramiento de sen-tencia, el que lo obtuvo sufrirá las consecuencias de esa re-solución, como la de que otro acreedor trabe embargo, que el demandado enajene sus bienes, etc., pero no disponiendo la ley expresamente que no pueda trabarse otro asegura-miento de sentencia no puede negarse a un demandante ese derecho que tiene reconocido por la ley. Si esa resolución tuviera el efecto que le atribuyen los apelados les bastaría a los demandantes con presentar nueva demanda con asegu-ramiento de sentencia y desistir de la anterior.

Por esas razones debe ser revocada la resolución de 6 de febrero de 1922 que dejó sin efecto el embargo decretado e] 14 de enero anterior.

Revocada la resolución apelada y dejado sin efecto el embargo decretado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Hutcbison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Iturrino, Demandante y Apelado, v. De Jesús, Demandado y Apelante.
    .Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2553.
    Resuelto en julio 20, 1922.
    Indemnización — Daños Causados a la Propiedad Ajena. — En una aceión por daños causados a la finca del demandante por la entrada ilegal de un tercero, el demandante no está obligado a probar su título cuando la controversia la promueve el demandado y presenta éste su título, pues aunque exista con-flicto, entre las partes en cuanto al derecho a la propiedad donde los daños se causaron, lo esencial es que el demandante esté en posesión al momento de la entrada ilegal, pues el eje de la controversia es el daño al derecho de posesión, siendo la aceión para recobrarlo y no para decidir el título.
    Id. — Poseedor Ilegal — Remedio del Supuesto Dueño. — Si una persona se cree dueña de una finca de la cual otra está en posesión no puede entrar en ella y apoderarse de la misma sin ejercitar antes la acción judicial correspon-diente para que su derecho sea declarado y prive de ella al poseedor ilegal, pues de acuerdo con el artículo 448 del Código Civil todo poseedor tiene derecho a que se le respete en su posesión.
    Id. — Apreciación de las Pruebas — Corte de Arboles y Destrozos en Siem-bras. — No es absoluta la regla de que los daños causados en propiedad ajena han de consistir en la pérdida del valor que tenga la finca, y cuando se re-claman daños por corte de un árbol y destrozos en siembras, como en este caso, puede reclamarse el valor de éstos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Sabater.

    Abogados del apelado: Sres. Benet & Souffront.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión, del tribunal.

La demanda tiene por objeto recobrar cierta cantidad de dinero por daños cansados en una finca propiedad del de-mandante al introducirse en ella el demandado y cortar ár-boles y destruir siembras. No niega el demandado esos actos pero alega que la finca es de su propiedad y no del deman-dante. Celebrado el juicio la corte inferior dictó sentencia contra el demandado quien interpuso esta apelación.

Alega el apelante como primer motivo de su recurso que la corte inferior cometió error al condenar al demandado a pagar la indemnización que se reclama en la demanda, sin existir prueba de título previo o derecho por parte del de-mandante en la finca en controversia.

El argumento del apelante para sostener este alegado error es que si bien es cierto que en esta clase de acciones no debe discutirse el título de propiedad, si la controversia la promueve el demandado y presenta su título como en este caso, la acción está fracasada.

Aunque baya conflicto entre las partes respecto al dere-cho de propiedad de la tierra en que se causaron los daños la acción para recobrar éstos no es para decidir el título de propiedad a la finca porque basta al demandante alegar y probar su posesión para que tenga derecho a recobrar los daños causados en la finca por él poseída. Si una persona tiene la posesión de una finca y otra se cree dueña de ella su remedio no es meterse en la finca y apoderarse de ella sino ejercitar la acción judicial correspondiente para que sea declarado su derecho y se prive de ella al poseedor ilegal. El artículo 448 del Código Civil declara que todo poseedor tiene derecho a ser respetado en la posesión. En 26 E. C. L., pág. 955, se dice que en acciones por daños a la propie-dad (trespass) es necesario que el demandante tenga la po-sesión de la tierra en el momento de la entrada ilegal, siendo esto así porque el eje de la controversia es el daño al dere-cho de posesión; que el título de dominio en el demandante no es necesario cuando la evidencia demuestra una posesión de buena fe con aparente derecho; que la posesión real y exclusiva de bienes inmuebles es siempre suficiente para que una persona que está en posesión pueda ejercitar la acción por daños contra un tercero; y que aún la persona que ad-quirió la posesión ilegalmente puede ejercitar la acción por daños contra cualquiera que le perturbe en su posesión. En Greenleaf sobre Evidencia, sección 613, al referirse a la ac-ción por daños a la posesión, se dice lo siguiente: “Aunque el derecho a la propiedad puede estar y a menudo está en controversia en esta acción, sin embargo, la característica de la acción es el daño causado a la posesión del demandante. La parte sustancial de la demanda es, por tanto, que el de-mandado violenta e ilegalmente causó daños a la propiedad de la cual está en posesión el demandante; y bajo la cues-tión litigiosa general el demandante deberá probar, (1) que tenía la posesión de la propiedad cuando el daño fué causado, y que estaba legalmente en tal posesión en contraposición al demandado; y (2) que el daño fué realizado por el de-mandado usando de fuerza.

De acuerdo con las reglas precedentes y toda vez que el demandante probó en el juicio que estaba en posesión de la finca cuando el demandado entró en ella y cortó los árboles y realizó los demás actos que se le imputan, posesión que tiene desde 1900 por haber comprado la finca a su madre Francisca Vázquez quien la poseyó por muchos años, no po-demos declarar que la corte inferior cometió el error que se le atribuye en el primer motivo' del recurso, sin que esto quiera decir cuál de las partes es la verdadera dueña de la finca.

El otro motivo del recurso se funda en que la corte sen-tenciadora erró al apreciar que los daños ascienden a $515; y lo sostiene el apelante alegando que en una acción de esta clase los daños no consisten en el valor de los árboles cor-tados sino- en la disminución del valor de la propiedad y que la cantidad de los daños reclamados es imaginaria y fantástica porque se basan en casi el doble de la valoración de $300 que el demandante dió a la finca en un expediente de dominio que presentó para su tramitación en la corte inferior.

No siempre la indemnización por daños en propiedad ajena fia de consistir en la pérdida de valor que la finca haya tenido pues cuando se reclaman daños por corte de ár-boles puede reclamarse el valor de éstos. Sutherland sobre daños, edición tercera, vol. 4, págs. 2964, 2980, 2983 y 2993.

En este caso se reclamó el valor de un árbol cortado y aserrado, de varios cuartones y traviesas, de estacones y de varias fanegas de café y de fruto de palma real, así como por los destrozos ocasionados en siembras de café nuevo y creemos que pudo el demandado ser condenado a pagar el valor de esos objetos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Hutchison.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no to-maron parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. FeaNco Soto,

text:
    P. Gandía & Cía., Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ins-cripción de una escritura de hipoteca.
    No. 522.
    Resuelto en julio 24, 1922.
    Sociedad Mercantil Nueva — Término del Contrato Social — Inscripción Pre-via. — De acuerdo con el artículo 221 del Código de Comercio una sociedad mercantil cuyo término ha vencido sin otorgarse en tiempo una prórroga del término soeial, queda desde ese vencimiento disuelta, y la que posterior-mente constituyan los mismos socios en los mismos términos haciendo cons-tar que han continuado efectuando negocios como si la extinguida tuviera existencia legal, se considerará una sociedad nueva, a cuyo favor será nece-saria la inscripción previa de los bienes de la anterior a que se refiere e. artículo 20 de la Ley Hipotecaria.
    Los hechos están: expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. G. Ardm.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Se. FeaNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de fecha 7 de febrero, 1922,' otor-gada en San Juan ante el notario Salvador Suau Carbonell," Pedro Gandía Skerrett, en su carácter de gestor de la so-ciedad “P. Gandía & Co.,” que se formalizó y modificó res-pectivamente en 4 de agosto de 1916 y 23 de octubre de 1917, constituyó a favor de Baldomero Hernández y Santiago, hipo-teca voluntaria sobre determinada finca y en garantía de cierto préstamo adeudado por dicha razón social. Se hace constar al final de la escritura de hipoteca que el carácter y facultades que ostenta el hipotecante Gandía lo acredita además con la escritura No. 6 de fecha 29 de enero, 1922, otorgada ante el notario Gonzalo Ardín.

Presentada al registro la escritura referida acompañada de otros documentos complementarios, el registrador denegó su inscripción por medio de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del precedente documento, porque la finca de que se trata aparece inscrita a favor de la anterior sociedad ‘P. Gandía y Compañía,’ constituida en escritura de 4 de agosto de 1916, y el gravamen se establece por ella existiendo la nueva del mismo nombre constituida en 29 de enero de 1922, sin que el in-mueble se haya inscrito a su favor, ni ésta se haya constituido en liquidadora de aquélla no habiéndose solicitado tampoco la inscrip-ción previa que corresponde; resultando, además, de otra escritura de fecha 22 de diciembre de 1921 ante el notario don Julio César González que presentada, se tiene a la vista, que antes de constituirse de nuevo la sociedad sus tres socios actuaron en su carácter personal, independientemente de institución social, respecto a la venta e hipo-teca de cierta finca, lo que demuestra que la primera sociedad' se tuvo por extinguida, y que si bien existe ahora una nueva con el capital de la anterior, los bienes inmuebles deben inscribirse por aportación a favor de la actual * '* '* . ’ ’

No conforme con la calificación contenida en dicha nota, el recurrente ha establecido el presente recurso solicitando su revocación.

Podemos resumir los términos de la anterior nota diciendo que el registrador considera que la finca objeto de este re-curso está inscrita a favor de una sociedad distinta a la hipo-tecante, en cuyo caso se exige la inscripción previa que re-quiere el artículo 20 de la Ley Hipotecaria; y porque la nueva sociedad que aparece como continuadora de la anterior disuelta por el vencimiento del término no comparece como liquidadora.

La primitiva sociedad de P. Gandía y Compañía se cons-tituyó en 4 de agosto de 1916 y se convino como duración de la misma el término de cinco años a contar del primero de agosto del mismo año. El 23 de octubre de 1917 se mo-dificó dicha sociedad pero sin alterarse el término de dura-ción que vencía el 31 de julio de 1921. El 29 de enero de 1922 los mismos socios, mediante escritura pública, formali-zaron una nueva sociedad, en la cual, a los efectos de este recurso, se hace constar el siguiente extremo:

‘ ‘ Que el término por el cual fué organizada la sociedad Pí Gandía y Compañía se encuentra vencido desde el treinta y uno de julio de mil novecientos veintiuno, desde cuya fecha los comparecientes han seguido efectuando operaciones mercantiles como si dicha sociedad hubiese tenido existencia legal, no habiéndose otorgado la oportuna escritura de prórroga por olvido involuntario, los comparecientes, en la imposibilidad de otorgar hoy tal prórroga, formalizan una nueva sociedad continuadora de la ya extinguida por vencimiento de su término, bajo la misma razón social y con los mismos términos y condiciones de aquélla, a saber:
% } y.

Como resulta del párrafo inserto, el término de la anterior sociedad P. Gandía y Compañía venció el 31 de julio-de 1921, y de este modo quedó disuelta totalmente conforme al artículo 221 del Código de Comercio, que dice:

“Art. 221. — Las compañías, de cualquiera clase que sean, se disolverán totalmente por las causas que siguen:
“Ia. El cumplimiento del término prefijado en el contrato de sociedad, o la conclusión de la empresa que constituya su ob-jeto * a

El hecho de que al vencimiento del término social los socios continuaran las operaciones mercantiles no implicaba que podía entenderse prorrogada la sociedad por la volun-tad tácita de los socios después de cumplido dicho término social.

No obstante, los recurrentes al formalizar la escritura de 29 de enero de 1922, parece que fué su propósito tratar' de convalidar su situación, toda vez que la anterior sociedad había continuado sus operaciones, y así ellos creyeron que se dejaría establecida una solución de continuidad entre la nueva y anterior sociedad y considerar ambas sociedades -como una misma. Pero a esto se opone terminantemente el artículo 223 del Código de Comercio que además de prohibir la prórroga de las compañías mercantiles por la voluntad tácita o presunta de los socios después que se hubiera cum-plido el término por el cual fueron constituidas, dispone tam-bién: “y si los socios quieren continuar en compañía, cele-brarán un nuevo contrato,' sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene en el artículo 119.”

Si como prescribe dicho artículo 223, que el nuevo con-trato para su constitución debe estar sujeto a todas las for-malidades que previene el 119, se hace necesario a fortiori llegar a la conclusión que se ha constituido una nueva socie-dad y por nueva se ha de entender, distinta a la anterior, porque esta última había quedado enteramente disuelta por el vencimiento de su término, y, por tanto, tiene razón el registrador exigiendo la aplicación del artículo 20 de la Ley Hipotecaria. „

Las disposiciones del Código de Comercio a que nos Re-mos referido son tan claras en su letra que no es necesario acudir a la jurisprudencia citada por el recurrido para su interpretación. Los casos más importantes a que alude el recurrente son los de Rodríguez v. El Registrador, 22 D. P. R. 786, y Silva Hermanos y Co. v. El Registrador, 28 D. P. R. 177. El primero solamente define la responsabilidad de los socios encargados de la gestión social que infringen los ar-tículos 223 y 119 del Código de Comercio citados, por los contratos celebrados con personas extrañas a la compañía, pero nada se resuelve de un caso análogo al presente. Y el segundo tampoco es de aplicación al de este recurso. Allí no existía el caso de una nueva sociedad constituida después de disuelta la anterior. Se trataba de los dos y únicos socios de una sociedad disuelta que verifican la venta de una finca que babía sido adquirida dos meses antes en que dicba so-ciedad hiciera constar sus pactos sociales en documento pú-blico, y esta corte ordenó su inscripción.

No es necesario considerar las demás razones alegadas por el registrador y por lo antes expuesto, la nota debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Serrano, Demandante y Apelante, v. Olivero, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre filiación.
    No. 2574.
    Resuelto en julio 24, 1922.
    Piliación — Reconocimiento—Insuficiencia de la Prueba. — La simple manifes-tación hecha en el juicio por la madre natural y el tío del demandante de haberle pasado el supuesto padre dos o tres pesos mensuales para el sosteni-miento del hijo sin qué exista en los autos nada que demuestre que el deman-dado ha tenido públicamente por su hijo al demandante, no es una prueba robusta y convincente de haber reconocido el padre como hijo natural suyo al demandante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. R. H. Rodríguez.

    Abogado del apelado: Sr. F. C. Más.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción de filiación que la corte inferior declaró sin lugar.

En la demanda alegó Enrique Serrano, conocido por Oli-vero, que allá por los años 1890 el demandado, Ignacio Oli-vero, entabló relaciones amorosas con Lorenza Serrano, que luego resultó llamarse también Dolores, siendo ambos solte-ros y sin impedimento para contraer matrimonio, de las cua-les nació el demandante el cuatro de mayo de 1897 y que a pesar de haber realizado el demandado actos que demues-tran su paternidad se niega a reconocerlo.

El demandado contrajo matrimonio con otra mujer el 30 de diciembre de 1897 y la prueba respecto a la fecha del naci-miento del demandante ha sido muy variada y contradictoria pues mientras según la certificación de la parroquia fué bau-tizado el 3 de abril de 1898 habiendo nacido el 4 de mayo del mismo año, o sea, después de bautizado, de la inscripción de nacimiento hecha en el registro civil por declaración de la madre resulta que nació el 15 de diciembre de 1898; y de-clarando ésta en el juicio dijo que antes de tener relaciones con el demandado las tuvo con un primo de éste de quien dió a luz dos hijos naciendo el primero en 1897, el segundo en 1898 y el demandante en 1897, o sea, cuando estaba te-niendo hijos con el otro hombre, pero luego rectificó y dijo que el primer hijo nació en 1895, el segundo en 1896 y el demandante en 1897 y que el asiento de inscripción hecho en el registro civil por declaración de ella está equivocado pues en lugar de ser como aparece el 15 de diciembre de 1898 nació en 15 de diciembre de 1897.

En vista de esa prueba la corte inferior llegó a la con-clusión de que el demandante nació como dice la inscripción del registro civil el 15 de diciembre de 1898 y que por tanto fué concebido cuando el demandado había casado un año antes. Pero sostiene el apelante que la fecha que debió to-marse es la del bautizo, el 3 de abril de 1898, y que de acuerdo con ella el demandante fué concebido antes de contraer ma-trimonio el demandado. •

Quizá podamos-aceptar esa fecha como la del nacimiento del demandante pero aún así siempre- resulta que hay ca-rencia de prueba de actos de reconocimiento del demandado como padre del demandante.

Hemos dicho en varias ocasiones que la prueba de filia-ción debe ser robusta y convincente y en este caso no reúne estas condiciones la que se presentó en el juicio pues la comadrona que asistió al parto no fué buscada y pagada por el demandado sino por un hermano de la madre del deman-danté si bien éste dice que fué por orden y cuenta del deman-dado. La madre declaró que el demandado le daba dos o tres pesos mensuales para atender al demandante pero fuera de estas manifestaciones de la madre y tío del demandante nada encontramos en los autos que demuestre que el deman-dado ha tenido públicamente por su hijo al demandante. El admite que hace poco tiempo pagó un pasaje del demandante a los Estados Unidos pero manifestó que no fué porque lo tuviera como hijo sino en atención y consideración a qne la madre Dolores Serrano fné la qne asistió a la madre del de-mandado en sn última enfermedad y también a qne el deman-dado y otro hermano snyo fneron los padrinos de los dos hijos qne nn primo snyo tnvo con Dolores y qne dicho pa-saje lo pagaron entre ambos. Nada más existe de prneba sobre el reconocimiento por lo qne llegamos a la conclusión de qne fné insuficiente para declarar que el demandado lo ha reconocido por hijo suyo natural y qne la corte no erró al estimar insuficiente dicha prneba.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

G on firmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Hutchison.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no to-maron parte en la resolución de este caso.


text:
    Ruiz, Demandante y Apelada, v. La Employers Liability Assurance Corporation, Ltd., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de póliza de seguro.
    No. 2529.
    Resuelto en julio 24, 1922.
    Seguro de Automóvil contra Colisión — Prueba Juris Tantwm. — La prueba prima facie de que un automóvil está inscrito en la Tesorería de Puerto Rico como de servicio público con un valor de $400, puede ser destruida en juielo por prueba de que el automóvil no se dedieaba al servicio público sino pri-vado desde que fué asegurado contra colisión y de que el día del accidente que originó la reclamación tenía un valor de más de $400.
    Id. — Veracidad de los Testigos — Discrepancia en Cuanto a la Hora en que Ocurrió un Accidente. — En el presente caso se resolvió: que la discrepan-cia de los testigos del demandante respecto .a la bora en que ocurrió el cho-que del automóvil no afecta a la veracidad de tales testigos pues si bien al-gunos no precisan la hora exacta, todos están conformes en que el accidente ocurrió por la tarde a eso de las seis y media.
    Id. — Choque.—Si el choque del automóvil hizo que el guía no obedeciera produ-eiendo así la caída del vehículo por un precipicio donde quedó destrozado, a los efectos de una póliza que protegía al automóvil contra choques debe concluirse que la causa de la destrucción fué el choque.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: 8res. Charles Eartzell y F. Ramírez de Arellano.

    Abogado de la apelada: Sr. P. Fajardo Martínez.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Inocencia Buiz estableció este pleito para qne la deman-dada le pague los $1,085 en que tenía asegurada con ella un automóvil que el día Io. de julio de 1920 tuvo un choque con otro como consecuencia del cual se cayó por un precipicio y quedó destruido totalmente. La demandante cedió después sus derechos a Adolfo Buiz quien continuó el pleito.

Contestó la demandada alegando varias defensas y recayó sentencia condenando a la demandada a pagar la cantidad reclamada, contra cuyo fallo interpuso este recurso de ape-lación.

TJna de las defensas alegadas por la demandada fué que la póliza de seguro del automóvil fué cancelada por la com-pañía aseguradora desde el momento de su expedición por-que la demandante solicitó el seguro del automóvil por $1,085 como de servicio privado pagando una prima de $72.50 cuando es lo cierto que estaba destinado al servicio público debiendo por esto pagar una prima de $239.

Sobre ese extremo declaró probado la corte inferior que el automóvil en el momento del accidente y desde que lo com-prara la demandante siempre lo utilizó y dedicó a su servicio privado, y ahora se alega por la apelante que fué error de la corte declarar que la póliza cuyo cobro es objeto del pleito era válida, fundándose en que en la Tesorería de Puerto Eico aparecía registrado el automóvil como de servicio público.

Es cierto que después de presentada la demanda la cor-poración aseguradora devolvió a la demandante la prima del seguro, la que no fué admitida por la demandante, y también que cuando el automóvil fué asegurado aparecía registrado •en la Tesorería de Puerto Pico como de servicio público basta que el Io. de julio de 1920 fué inscrito como de servicio pri-vado pero esa evidencia prima facie de ser un automóvil de servicio público fué destruida por otra prueba concluyente según la cual la demandante no dedicó su automóvil al ser-vicio público sino a su servicio privado y por tanto la corte no cometió error al estimar que la póliza estaba en vigor cuando ocurrió el accidente que destruyó el automóvil por no haberse probado que bubo engaño en la obtención de la póliza de seguro.

El segundo motivo de error alegado es por baber esti-mado la corte que el valor del automóvil era el de $1,085 que la demandante le dió en el momento de obtener la póliza y no el de $400 que era su verdadero valor en el momento del accidente.

También la corte inferior declaró probado que en el mo-mento del accidente el automóvil en cuestión tenía un valor de $1,200 y más, lo que así resulta de la evidencia pues se probó que el precio aquí de esa clase de automóviles era de $1,800, que cuando el accidente lo destruyó estaba en muy buenas condiciones, casi nuevo, y que valía $1,200 a $1,300. A pesar de esto entiende el apelante que como el automóvil aparece en la Tesorería de Puerto Rico con un valor de $400 este es el valor del mismo.

Decimos, como antes, que esa evidencia prima facie fué destruida por otra prueba que demostró que el verdadero valor del automóvil era de $1,200, a $1,300 y por consiguiente la corte no cometió error al mandar pagar los $1,085 en que estaba asegurado.

Otro de los fundamentos de la sentencia de la corte inferior fué el siguiente becho que declaró probado: “Que el día Io. de julio de 1920, fecba en que estaba en vigor la pó-liza en cuestión, siendo como las seis de la tarde, el automóvil asegurado caminaba a una velocidad moderada por la carre-tera que conduce del pueblo de Maricao a esta ciudad de Mayagüez, y que al llegar a un sitio conocido con el nombre “Alto de Manzano” al doblar una curva se enfrentó repen-tinamente con otro automóvil que guiaba un tal Zapata el que marcbaba en dirección opuesta, y que el chauffeur de la demandante con el fin de evitar un choque procuró desviar el automóvil habiendo chocado la rueda izquierda delantera del automóvil de la demandante con la parte trasera del otro que guiaba el dicho Zapata, hecho que ocasionó que el guía se pusiera defectuoso hasta el extremo de no obedecer, des-lizándose a la cuneta del lado izquierdo de la carretera y de ahí yendo a parar a un precipio, como resultado de lo que el automóvil asegurado quedó destrozado, inservible y sin valor alguno.

En contraposición a él se alega en el tercer motivo del recurso que la corte erró al declarar que hubo choque entre el carro de la demandante guiado por Alayón y el carro guiado por Zapata.

La prueba de la demandante respecto del choque no fué contradicha por el demandado y más bien aparece corrobo-rada por uno de sus testigos, pero sostiene el apelante que no debió ser creída fundándose en alguna discrepancia de los testigos respecto a la hora exacta en que el choque ocu-rrió. Tal discrepancia es insignificante pues aunque algunos testigos no precisan la hora exacta, todos están conformes en que ocurrió por la tarde a eso de las seis y media por lo que no creemos que exista el error alegado.

Como último error se alega el de haber sido declarado por la corte que el accidente estaba protegido por la póliza, porque si es verdad que hubo el choque esto no es suficiente para que el automóvil cayera por el precipio, tratándose de una carretera ancha como es la de Maricao y que aunque- el guía del automóvil sufriera algo, si el carro continuó co-rriendo y fué luego que se despeñó por el precipicio, en esta forma no estaría cubierto el carro por la póliza porque su destrucción no sería por baber chocado con el automóvil de Zapata sino por haberse caído por un precipio.

Esa argumentación descansa, toda en suposiciones. Lo cierto fué que el choque produjo como consecuencia inme-diata que el guía quedara defectuoso y no obedeciera, pro-duciendo la caída del automóvil por un precipicio y su des-trucción total.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la, sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Hutchison.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no to-maron parte en la resolución de este caso.


text:
    Usera, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ins-cripción de una escritura de hipoteca.
    No. 532.
    Resuelto en julio 27, 1922.
    Bienes Privativos — Bienes Gananciales — Prueba de Ser Privativos los Bie-nes. — Es inscribible como bien privativo ele la esposa una hipoteca consti-tuida a favor de ésta, cuando del registro resulta comprobada la alegación que a tal fin hace la esposa en la escritura de hipoteca respecto a que el im-porte del préstamo procede del producto de las ventas de las distintas segre-gaciones que se han hecho de sus fincas inscritas como bienes privativos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: . Sr. J. Hernández Usera.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción como bien privativo en el Begistro de la Propiedad de San Juan cierta escritura de hipoteca otorgada a favor de doña Angela Usera de Her-nández, el registrador la inscribió como bien ganancial, y no conforme la interesada, interpuso contra dicha calificación el presente recurso gubernativo. La nota recurrida dice así:

“Inscrito el precedente documento con vista del poder, conside-rando el crédito hipotecario como un bien ganancial, al folio 89 vuelto del tomo 68 de Santurce Norte, finca número 3549, inscripción 3a.; y denegada la inscripción en cuanto respecta al carácter privativo que se dice tiene, porque ese crédito, con arreglo al artículo 1322 del Código Civil debe presumirse ganancial mientras no se pruebe lo contrario, entendiéndose como parte de la prueba que dicho ar-tículo requiere, la manifestación del cónyuge a quien haya de per-judicar, y el apoderado en este caso carece de facultades expresas para hacer tal declaración de carácter privativo en contra de la pre-sunción de gananciales que existe a favor de D. José Conrado Her-nández, esposo de la acreedora, habiéndose tomado en su lugar ano-tación preventiva por el término legal en el mismo asiento.”

Sostiene la recurrente que del propio documento y del registro consta el carácter privativo de la hipoteca, y que, si ello fuere necesario, del poder que se acompañó resulta la facultad del apoderado para dar el consentimiento requerido por el registrador."

La cláusula de lá hipoteca que se refiere al origen del dinero prestado garantido por la misma, dice así:

“La señora Usera de Hernández con la aceptación de su esposo representado por el señor Hernández Usera, hace constar que el im-porte de este préstamo procede del producto de las ventas de las distintas segregaciones que se han hecho de sus fincas privativas, ins-critas al folio cuarenta y dos del tomo dos de la sección de Santurce norte, finca número cincuenta, inscripción primera, y de la inscrita al folio ciento doce del tomo undécimo de’ la sección norte de San-turce, finca número cuatrocientos cincuenta y ocho triplicado, ins-cripción décima quinta, y por tanto es su deseo que esta hipoteca se inscriba a favor de ella como bien privativo de la misma.”

Y del registro resulta que de las dos fincas privativas que se mencionan en la cláusula, se han hecho once segre-gaciones que se vendieron como solares por un precio que en junto asciende a $31,353.33, y resulta además que se han inscrito como bienes privativos de la recurrente, con el con-sentimiento de su esposo, siete hipotecas por valor de $21,000, habiéndose hecho constar el origen del dinero en la misma forma que en la escritura a que se refiere este recurso.

Galindo en sus Comentarios a la Legislación Hipotecaria, dice:

“La doctrina contenida en estas resoluciones es aplicable al caso de comprar un marido a nombre y a favor de su mujer, declarando que lo bacía con dinero de ella, pero sin probarlo. Difícil será en muchos casos esa prueba; y no es posible dar una regla general para determinar cuál sea la que ha de tener por bastante el regis-trador.
“Como tal estimaríamos nosotros acreditar con la correspondiente escritura, que procedente de herencia se la había adjudicado cierta cantidad, o que era dueña de ésta por ventas que hubiese hecho. Cierto que puede haberse empleado esa cantidad en otra cosa, o retenerla la mujer, y que en rigor sea del marido eL dinero inver-tido en la compra; pero todo eso son hipótesis que se refieren a un orden tan íntimo en el seno de la familia, que no es dado esta-blecerlas como base de la calificación del registrador.” 1 Galindo, Legislación Hipotecaria, pág. 342.

Y glosando Manresa el artículo 1396 del Código Civil An-tiguo, igual al 1314 del Código Civil Eevisado, se expresa así:

“Durante el matrimonio no es lo más natural que los bienes apor-tados o adquiridos se conserven siempre los mismos. Unos se con-sumen, otros se cambian o se venden, otros se extinguen y se susti-tuyen por una indemnización, etc., y todos estos hechos dan lugar a una transformación en los bienes de cada cónyuge, que van en parte y sucesivamente cambiándose o sustituyéndose por otros.
“Nuestro código acepta en absoluto el principio de la subroga-ción, de modo que, en principio, todo lo que durante el matrimonio adquieren privativamente el marido o la mujer, en sustitución o re-presentación de otros bienes que ya anteriormente les pertenecían, queda subrogado en el lugar de estos, y se entiende que forma parte de su capital privativo. La ley sólo exige la prueba de la verdad de esa sustitución, o que ésta resulta cierta con toda evidencia. En caso de duda, considera los bienes como gananciales. (Art. 1407.)” 9 Manresa, Comentarios al Código Civil, pág. 558.

. Véase además el caso de La Sociedad Protectora de Niños v. Registrador de San Juan, 29 D. P. R. 974, que con-tiene un amplio estudio sobre la cuestión fundamental en-vuelta en este asunto.

Siendo esos los Lechos y la ley, es necesario concluir que resulta justificado en este caso el origen privativo del dinero prestado, y por tanto que no es absolutamente necesario el consentimiento expreso del otro cónyuge para inscribir la hipoteca constituida para garantir el préstamo, como un bien privativo, motivo por el cual es innecesario estudiar y resolver si el poder era o no suficiente.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscrip-ción en la forma solicitada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Franco Soto,

text:
    Cruz et al., Demandantes y Apelantes, v. Frau, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2701.
    Resuelto en julio 27, 1922.
    Daííos y Perjuicios — Negligencia—Automóviles.—Examinada la evidencia que se transcribe en la opinión de este caso, se resolvió: que la negligencia del demandado al conducir el automóvil que ocasionó la muerte del causante de los demandantes es manifiesta.

      Id. — Negligencia de Terceras Personas. — La doctrina general es que no hay defensa, en acciones por daño resultante de negligencia, cuando la negligen-cia de terceras personas o de un accidente inevitable o de una cosa inani-mada, contribuyen a causar el daño al demandante, si la negligencia del de-mandado fué causa eficiente, sin la que el daño no hubiera ocurrido.
    Id. — Negligencia Concurrente de Dos Personas. — Cuando ocurre un daño de-bido a la negligencia concurrente de dos personas, y que no hubiera ocurrido en ausencia de la negligencia de cualquiera de ellas, la negligencia de ambas es la causa próxima del accidente, y ambas son responsables. Bajo tales circunstancias es, razonable hacer responsable a cada una por la totalidad del daño, puesto que el mismo no hubiera ocurrido faltando la negligencia de cualquiera de ellas.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. C. Brunet.

    Abogado del apelado: Sr. F. Parra Capó.

   El Juez Asociado Se. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

A fines de enero de 1921, el demandado guiaba su auto-móvil por la carretera que de la playa conduce a la ciudad de Ponce. Otro automóvil marchaba en la misma dirección y ambos chocaron. Como resultado del choque el demandado perdió el control del guía, yendo a su vez a chocar con un carro tirado por un caballo que atendía Ramón Méndez Rivera, quien a consecuencia del choque recibió un golpe en la cabeza que le produjo la muerte.

Josefa Cruz, viuda del finado Méndez Rivera, en repre-sentación de sus menores hijos Clotilde, Isabel, Carmen María y Juan Méndez y Cruz, habidos en su matrimonio con Ramón Méndez Rivera, interpuso la demanda de este caso, en la que se alega: que Josefa Cruz, esposa legítima de Ramón Mén-dez Rivera, había procreado cuatro hijos menores de edad, bajo la patria potestad de la madre y todos vivían del tra-bajo personal de Ramón Méndez, quien era de 45 años de edad, robusto y saludable y que aportaba para su familia la suma de dos dólares diarios; que a fines de enero de 1921 Ramón Méndez estaba atendiendo a un caballo con que tra-bajaba en la carretera de Ponce a la Playa, en una expla-nada fuera del firme de la carretera; que Manuel Frau, en esos momentos venía de la Playa hacia Ponce a una gran velocidad, regateando con otro automóvil y negándose a darle derecha para que- pasara dicho automóvil y que debido a la negativa de dar paso al otro automóvil vinieron ambos en contacto sobre la línea del trole que en aquel sitio está si-tuada hacia la izquierda del demandado, perdiendo éste el control del guía por lo que su automóvil cruzó sin control alguno la carretera y fué a chocar con Ramón Méndez Rivera que se encontraba hacia el lado derecho de la carretera en relación con la dirección que traía el demandado, y fuera del afirmado de la misma, ocasionándole golpes de tal natu-raleza que le produjeron la muerte.

El demandado contestó la demanda y alegó que Ramón Méndez no era de constitución robusta y negó que ganara un promedio de dos dólares diarios; que el demandado cuando tuvo su encuentro con Ramón Méndez Rivera no guiaba su automóvil a mayor velocidad que la normal y razonable per-mitida por la ley; que no regateaba con otro automóvil así como tampoco se negó a darle la derecha o paso a dicho automóvil el cual no tocaba bocina u otro aviso; que no lle-vaba su automóvil pegado hacia su izquierda, muy cerca de la línea del trole; que a pesar de la diligencia con que el demandado guiaba su automóvil no pudo evitar que el otro que venía detrás y que corría a gran velocidad y sin tocar bocina u otro aparato de aviso, al querer pasar al deman-dado, chocara con el carro del demandado por su lado iz-quierdo haciendo perder al demandado el control del guía, lanzando su automóvil hacia la orilla derecha de la carre-tera, llevándolo a chocar con el carro de Ramón Méndez, causándole a éste un golpe del que falleció a ios dos días.

La corte inferior declaró sin lugar la demanda y contra la sentencia se interpuso el presente recurso solicitando su revocación.

El apelante señala varios errores como cometidos por la corte inferior, pero en vista de la conclusión a que podemos llegar en este caso, en cnanto al resultado de la prueba, so-lamente se nos hará necesario examinar el error relativo a la apreciación que de la evidencia hizo la corte inferior.

Aunque en el record aparece la opinión de la corte inferior, no consta de la misma una relación de los hechos ni tampoco se consignan razonamientos legales y únicamente se dice: “La corte, como resultado de la evidencia, declara que no se han probado los hechos esenciales de la demanda.” Hay pues que presumir que la corte inferior apreció que la evidencia fué contradictoria y resolvió este conflicto en favor del demandado. Se hace, por tanto, indispensable estudiar toda la prueba para cerciorarnos si ha existido el error seña-lado por el apelante.

Es un hecho que podemos considerar como probado que la muerte de Eamón Méndez fué el resultado del contacto o choque de dos automóviles que marchaban en una misma dirección de la Playa a la ciudad de Ponce, y que el auto-móvil del demandado a consecuencia del choque desvióse ha-cia la orilla derecha del camino y chocó a su vez con el carro de Ramón Méndez, quien recibió el golpe que le ocasionó la muerte. El demandado admite este hecho en su contestación pero alegó que no obstante el cuidado con que guiaba su au-tomóvil no pudo evitar que el otro automóvil que. venía de-trás y que corría a gran velocidad, sin tocar bocina, y el cual no pudo identificar, chocara por su lado izquierdo y causara el accidente.

Es un principio que, generalmente, por los efectos llega-mos al conocimiento de las causas. A pesar de la excesiva velocidad del automóvil desconocido, el choque con el de-mandado no parece que fué violento porque el automóvil del demandado no sufrió desperfecto o avería de consideración que le impidiera seguir su marcha y así tampoco ocurrió con el otro automóvil que siguió su camino. Si la velocidad de este automóvil fué excesiva, el choque tenía que ser vio-lento al contacto con el demandado y producir en uno y otro averías o daños de consideración a consecnencia de la iner-cia. ¿Cómo explicar qne no tubo desperfecto que impidiera la marcha del automóvil que no fué identificado y que el de-mandado fuera lanzado hacia la derecha cruzando la carre-tera y en dirección al carro del finado y sin que el deman-dado sufriera nada más que la simple abolladura de la bo-cina de la rueda izquierda por efecto del choque, con el otro automóvil, ni más daños que la rotura de un farol y tapa-lodo en su lado derecho al chocar con el carro de Ramón Méndez? La evidencia de ambas partes responde a esta pre-gunta. No aparece, en verdad, que hubo el choque violento entre los dos automóviles. Si así hubiera sido había que pensar razonablemente que los desperfectos de uno u otro automóvil tuvieran que ser de más gTaves consecuencias. Sin, duda alguna el accidente ocurrió a consecuencia de tratar de pasarle el automóvil desconocido al demandado y enta-blarse entre ambos una disputa o el regateo ilegal que pro-Libe la ley. Véase el artículo 13, letra “ d,” Ley sobre Au-tomóviles, julio 1°., 1916.

El hecho de que el automóvil del demandado patinara de-jando las huellas de su rueda delantera sobre el suelo em-breado del camino en una distancia considerable, demuestra claramente que el efecto del choque que produjo la muerte de Ramón Méndez tuvo por causa más bien la excesiva velo-cidad a que marchaba el demandado que no la violencia del contacto de los dos automóviles. La declaración del testigo José Torres que presenció el accidente, es de verdadera im-portancia, cuando entre otras cosas dice:' “Siento el golpe del carro del señor Frau al coger la retranca para desviarse, pero venía tan esmandado que todavía con la retranca puesta, al atravesar la carretera patinando se ha llevado al señor que estaba ñangotado.” Dice además dicho testigo que vió el automóvil del demandado patinar; que vió en la carretera la marca de la rueda desde la orilla de la vía del troly hasta atravesar la carretera; que presenció medir la patinada y midió catorce metros marcada en la carretera desde^ donde salió el automóvil adonde cogió a Ramón Méndez. En rela-ción con los extremos de esa declaración el mismo deman-dado declara qne en la carretera vió las huellas de sns go-mas y qne como nna hora despnés se sacaron fotografías del sitio del suceso; qne las huellas son la patinada qne dió sn carro y qne dichas huellas en sn punto de partida están más. hacia la vía del trole qne es la izquierda del demandado. A. este importante detalle de las huellas qne de manera inde-leble quedaron marcadas en la carretera tenemos qne pres-tarle toda nuestra consideración. Este fué un hecho de fácil comprobación. El camino de la Playa a la ciudad de Ponce está embreado y en el momento del accidente y poco despnés las marcas podían verse visiblemente. El hecho de que dicho camino esté embreado aparece del record.

Todos los detalles del accidente se enlazan de tal manera qne cada uno de por sí es de esencial interés y son los qne nos permiten qne podamos reconstruir los hechos tal como ocurrieron. Un punto esencial qne había de influir en la de-cisión del caso es la situación de la línea del trole. Aparece comprobado que esa línea quedaba hacia el lado izquierdo del demandado. Si la marca inicial o si el punto de partida de las huellas de las ruedas se veían marcadas cerca de la línea del trole, eso indicaba que el demandado no marchaba por su derecha. La evidencia de dichas huellas qne queda-ron mareadas es nna prueba física o circunstancial muy fuerte en donde se puede ver que los hechos hablan por sí mismo y surge la presunción o inferencia que el demandado mar-chaba sin ejercitar la debida diligencia.

Otro extremo esencial y de importancia es que el auto-móvil que se dice desconocido dió alcance, al demandado y tocaba bocina requiriendo el paso o vía franca por sn de-recha. Este detalle se hizo evidente por la misma prueba del demandado. El testigo Becerra (prueba del demandado), dijo: “Veníamos de la central el señor Frau y un servidor* y al llegar ahí frente a la quinta de Ramerí sentimos la bo-cina de nn anto qne venía * * Los testigos José Torres y Celso Ortiz, de la parte demandante, confirman la anterior declaración. El primero declara: “ '* * * yendo por la parada trece oí la voz de nna bocina qne sonó, enton-ces tendí la vista a nn largo y vi por la parada catorce qne venían dos antomóviles a toda velocidad, a nna velocidad qne me cansó cuidado de arrimarme a la orilla y ponerme en observación porque los vi en disputa; al estar allí parado llegó el anto de atrás tocando bocina y alcanzó al de delante y se le metió por la parte de adentro, porque el de delante no cedía derecha * * '* .” Y el segundo dijo: “Cuando venían los dos autos venían en disputa y el de atrás venía tocando bocina *• *

Se ha intentado explicar con la prueba del demandado (de Becerra y el propio demandado) que se trató de darle paso al automóvil que venía detrás pero que las circunstan-cias en que estaban dispuestas las cosas en ese momento lo impedían. Al ocurrir el suceso el demandado nos dice que había algún movimiento o tráfico en el camino; sin embargo, no aparece más movimiento de carros en aquel instante que el de los dos automóviles que chocaron porque si bien el de-mandado declara que había además dos o tres carros y un truck; éstos se encontraban parados más adelante del sitio de la ocurrencia. El camino era ancho, y el trole que venía por su izquierda y pasó después del accidente menos pudo impedir que el demandado tomara su derecha y dejara paso al automóvil que lo solicitaba. Todo demuestra claramente que si las circunstancias que han rodeado el caso no expli-can satisfactoriamente por qué el demandado fué impedido de caminar por su derecha, hay que concluir que tampoco él no ejerció la debida diligencia que un hombre, de ordinario prudente y cauteloso, hubiera ejercitado en las mismas con-diciones.

La excesiva velocidad es generalmente el origen de serios accidentes y es la razón de qne en todo estatuto se encuentre regulada y su infracción es causa por sí misma de negligen-cia. La marcha lo más a la derecha que fuera posible de todo conductor o chauffeur es otra precaución que se advierte por la ley y su infracción en general es causa de negligen-cia. La disputa o regateo de vehículos de motor en un ca-mino público es otra infracción de la Ley sobre Automóviles y los infractores deben ser responsables de negligencia y del daño que causen a otras personas. (Artículo 13, supra.) Estamos plenamente convencido que las condiciones en que se desarrollaron los hechos hicieron al demandado en este caso responsable de negligencia por todas o algunas de las infracciones a que nos hemos referido en el- párrafo anterior.

No es defensa la que se opone por el demandado haciendo descansar toda la responsabilidad de la muerte de Ramón Méndez en el chauffeur desconocido que guiaba el automóvil que venía detrás, alegando además que dicho chauffeur, sin avisar al demandado y sin éste darse cuenta que venía de-trás, quiso pasarle en forma tan descuidada que fue causa de la muerte de Ramón Méndez. Cualquiera que fuese la participación del chauffeur desconocido en el accidente, los hechos y las circunstancias del caso han demostrado que el demandado contribuyó como causa eficiente a producir el accidente^ por no haber seguido las precauciones que advierte la ley en cuanto a la velocidad, guiar a la derecha o dejar paso al automóvil que viene detrás. No hay duda alguna que si el demandado se hubiera mantenido dentro de esas precauciones que establece la Ley de Automóviles, el choque con el otro automóvil no hubiera tenido lugar y menos la muerte de Ramón Méndez como relación de causa y efecto.

“La doctrina general es que no hay defensa, en acciones por daño resultante de negligencia, cuando la negligencia de terceras personas o de un accidente inevitable o de una cosa inanimada contribuyen a causar el daño al demandante, si la negligencia del demandado fue causa eficiente, sin la que el daño no hubiera ocurrido.” 22 Ruling Case Law, pág. 128.

Aplicando la misma doctrina tampoco es defensa la pér-dida del control del gnía por efecto del choque porque este es solamente uno de los efectos en donde la falta de diligencia del demandado había de originar las consecuencias, que no por ser fatales, son menos imputables a su negligencia que en su origen fué la causa próxima del daño. En otras pala-bras, la pérdida del control del guía es el efecto del choque, y el choque es el resultado de la negligencia del demandado.

No debemos pasar desapercibido lo extraño que nos pa-rece que -un accidente como el de autos, que ocurre en pleno día haya sido imposible identificar el automóvil que chocó con el demandado ni tampoco al chauffeur que lo guiaba. Es cuestión ya regulada por la ley que cada automóvil lleve ade-lante y detrás, en sitio visible, una tablilla con el número de su licencia, de manera que sea fácil su identificación. La de-fensa del demandado esencialmente descansa en imputar al otro automóvil toda la responsabilidad del suceso pero tal vez, en interés del demandado, hubiera sido mejor haberse obtenido la identificación del otro automóvil que resulta des-conocido. No obstante, la conclusión más favorable- a que podíamos llegar es que el demandado había de compartir su responsabilidad con el otro automóvil y que ambos habían sido la causa próxima del accidente.

“Cuando se ocasiona un daño por la negligencia concurrente de dos personas y éste no hubiera ocurrido a falta de una u otra, la negligencia de ambas es la causa próxima del accidente, y las dos son responsables. Bajo tales circunstancias es razonable hacer, a cada una responsable de toda la pérdida pues la misma no hubiera tenido lugar sin la negligencia de una u otra.” 22 Ruling Case Law, págs. 12,9 y 130.

En cuanto a los daños y perjuicios sufridos por los ■ de-mandantes y la prueba presentada para demostrarlos, cree-mos que una indemnización de cinco mil dólares es suficiente para satisfacerlos.

La sentencia de la corte inferior debe ser revocada y die-tarse otra en sn lugar declarando con lugar la demanda y condenando al demandado a que pague a los demandantes la suma de cinco mil dólares en concepto de daños y perjuicios, y las costas.

Revocada la sentencia apelada, declarada con lugar la demanda y condenad,o el deman-dado a pagar $5,000 por daños y perjuicios, con las costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Gavilán, Demandante y Apelante, v. Torres, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2415.
    Resuelto en julio 27, 1922.
    Alegación — Contestación Enmendada — Objeción—Sorpresa—Apelación.—Efe este caso el demandado un día antes de la celebración del juicio presentó una moción solicitando permiso para archivar una contestación enmendada. Al suscitarse la cuestión en el día del juicio el demandante formuló su oposit ción sin exponer sus razones y anunció estar listo para discutir el asunto. La corte admitió la contestación enmendada concediendo al demandante un término para discutir la enmienda de cuya oportunidad no hizo uso el deman-dante. Se resolvió: que es improcedente por ser muy tardía la alegación de , sorpresa cuando se levanta por primera vez en apelación.

      Quiebra — Caveat em-ptor. — Un comprador en subasta pública en procedimientos de quiebra no adquiere más título o dereeho que el que tenía el quebrado y debe saber que no se vende otra cosa que no sea el dereeho del quebrado. La regla de oaveat emptor prevalece en las ventas en procedimientos dé quie-bras a menos que se disponga otra cosa en la orden decretando la venta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. Domínguez Rubio.

    Abogado del apelado: Sr. M. A. Martínez.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante establece apelación contra una sentencia qne desestima la demanda, dictada después de un juicio sobre los méritos del caso, y fundada en los hechos y conclusiones expresados por el juez sentenciador, y que son como sigue:

"Este pleito es uno de cobro de dinero, por el cual se trata de cobrar el montante, de una hipoteca, siguiendo el trámite ordinario, alegando el demandado que dicho crédito hipotecario fué satisfecho. La prueba arroja el siguiente resultado: en dos de enero de 1914, Teodoro Torres Laborda, constituyó hipoteca voluntaria a favor de A. Gómez & Co., sobre una finca de su propiedad, sita en el barrio Roble del término municipal de Aibonito, por la suma de $775 con sus intereses, en cuanto a $475 pagaderos en fechas determinadas, en 19 de mayo de 1919 y habiendo sido declarado en quiebra la so-ciedad de A. Gómez & Co., le fué adjudicado dicho crédito a don Francisco Gavilán, juntamente con otros pertenecientes a la extinta sociedad; en 13 de mayo de 1920, el Sr. Gavilán notificó a Teodoro Torres Laborda, la cesión de dicho crédito hipotecario. De la prueba no aparece que la hipoteca voluntaria haya sido inscrita en el regis-tro de la propiedad, como tampoco lo ha sido la cesión en pago o adjudicación de dicho crédito hipotecario. Que con anterioridad á la disolución de la sociedad de A. Gómez & Co., y antes de ser de-clarada en quiebra, el demandado Teodoro Torres Laborda entregó a su acreedor hipotecario, A. Gómez & Co., treinta y dos quintales de tabaco, valorados a .$25 quintal, y diez quintales de boliche, con un valor de diez pesos por quintal, que montan a $900. Cuyo mon-tante fué recibido por A. Gómez & Co. para la cancelación de la hipo-teca, cuya escritura de cancelación no llegó a hacerse. También ha probado el demandado, Teodoro Torres Laborda, que tuvo en su pro-piedad pastando, veinte cabezas de ganado, pertenecientes a A. Gó-mez & Co., bajo el convenio de satisfacer un peso mensual por ca-beza," estando dicho ganado en la finca del Sr. Torres Laborda, du-rante dos años y medio, más o menos. El artículo 152 de la Ley Hipotecaria establece lo que sigue: ‘El crédito hipotecario puede enajenarse o cederse a un tercero en todo o en parte, siempre que se haga en escritura pública, de que se dé conocimiento al deudor y que se inscriba en el registro. El deudor no quedará obligado por dicho contrato a más' que lo estuviere por el suyo. El cesionario se subrogará en todos los derechos del cedente.’ Dentro de este capí-tulo, no hay duda alguna que el señor Torres Laborda no quedaba obligado con el cesionario a más de lo que lo estaba con el eedente; y éste no podía transmitir otros derechos que los que tenía contra el señor Laborda. La hipoteca, no fué inscrita en el registro de la pro-piedad, y tampoco lo fué la cesión del crédito. El adquirente en este caso se ba acogido al procedimiento ordinario de la’ acción personal de cobro de dollars y no al trámite sumario de ejecución de bipoteca. En este pleito no bay duda que el demandado puede ale-gar cualquier defensa que tenga contra el señor Gavilán, como ad-quirente de los derechos de A. Gómez & Co. Y de su prueba apa-rece que él abonó a los señores A. Gómez & Co., suficiente dinero para cancelar dicha deuda. El demandada ba presentado una reconven-ción contra A. Gómez & Co. cobrándole la suma de $525, como mon-tante del cuido de ganado. Pero A. Gómez & Co. no ba sido parte en este pleito y por consiguiente no puede dictarse sentencia en su contra. El demandado debe limitar su defensa a destruir la acción personal por deudas, que le sigue el demandante como cesionario del crédito de A. Gómez & Co.”

Los siguientes errores han sido alegados:

”1. La corte erró al aceptar-con la oposición del demandante, la contestación enmendada en este caso, en el acto del juicio oral.
“2. La corte erró al no eliminar de la contestación enmendada, la alegación 4 de la misma.
“3. La corte erró al dictar sentencia contra el demandante, de-clarando sin lugar la demanda.
“4. La corte erró al no admitir la declaración de Benjamín Gó-mez en relación al contenido de los libros ‘A. Gómez y Co.’ cuyo pa-radero se ignoraba.”

Los fundamentos que se alegan para sostener el primer señalamiento de error son los siguientes:

"1. Porque la parte fué negligente en la solicitud sobre en-miendas.
“2. Porque se hizo cuando estaba listo el caso para ser visto en su fondo, o sea el mismo día en que se evacuaría la prueba.
”3. Porque esta enmienda constituía sorpresa para la parte de-mandante, ya que traía nuevas cuestiones y defensas para las cuales no estaba preparado el demandante.
“4. Porque su admisión implicaba la suspensión del juicio.”

Ninguno de estos fundamentos parece haber sido sugerido durante el juicio.

El demandante, entre otras alegaciones, hizo la siguiente:

“Cuarto: Que la mercantil A. Gómez & Co., acreedora del de-mandado, fué declarada en quiebra, por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, Sección de San Juan, y fué refe-rido el caso al referee don Arturo Bravo, con el número 151.
‘ ‘ Quinto: Que después de los trámites legales en dicho procedi-miento fueron adjudicados en,quiebra todos los bienes de la referida mercantil A. Gómez & Co., a los acreedores de ésta y encontrándose entre dichos acreedores el ahora demandante, le fueron adjudicados varios bienes, y entre ellos el crédito hipotecario constituido por el demandado Teodoro Torres Laborda, íntegramente, cuya adjudica-ción fué acordada en la última reunión de acreedores celebrada en dicho caso, en la ciudad de San Juan, el día 17 de abril del co-rriente año, en pago del crédito del demandante contra la mercantil quebrada, según escritura de adjudicación otorgada por el trustee, en dicha quiebra, don Isidoro D. Delgado, ante el notario-Harry F. Besosa, el día 19 de mayo de 1919.
“Sexto: Que después de haber sido adjudicado el crédito hipo-tecario expresado al demandante, éste requirió diferentes veces de pago al demandado, que fué notificado de la cesión, quien se ha ne-gado a satisfacer dicho crédito en total no pagando ni la deuda ni sus intereses al demandante ni a persona alguna por éste autorizada. ’ ’

En la contestación, después de hacerse una negativa general de los hechos de la demanda, se alegaba como materia nueva lo siguiente:

“Que hace más de tres años que el demandado entregó a la refe-rida mercantil A. Gómez & Co., varias partidas de tabaco en rama, que cosechó en la finca rústica que se describe en la demanda, cuyo valor ascendía a más de la suma que se alega como adeudada al de-mandante, para solventar su deuda, habiendo quedado dicha mer-cantil, obligada a otorgar la correspondiente carta de pago oportu-namente, la cual no otorgó debido a la confianza que mediaba entre el representante de dicha mercantil A. Gómez & Co., y el demandado Torres Laborda, ocurriendo después el fallecimiento de dicho repre-sentante A. Gómez, sin que se otorgara la debida escritura de carta de pago, que quedó aplazada por convenio de las partes, quedando extinguida la hipoteca.’’

En la contestación enmendada, antes de exponerse' esta materia nueva, se expresa lo que signe:

‘‘ El demandado niega los hechos primero, segundo, tercero' del escrito de demanda. 2. Niega asimismo el hecho cuarto de lá de-manda, y de contrario alega que el demandado era en la época á que se refiere la supuesta quiebra de la mercantil A. Gómez & Co., un acreedor de ésta y no ha sido notificado de dicho procedimiento ni ha tenido conocimiento judicial del mismo. 3. Niega también los hechos quinto y sexto de la demanda, alegando de contrario que dicha adjudicación fué notificada al demandado con mucha posterioridad a la interposición de la demanda.”

La moción solicitando permiso para radicar esta contes-tación enmendada fué presentada el día antes de la celebra-ción del juicio. Al ser argumentada en el día del juicio, el demandante formuló objeción sin exponer sus fundamentos, aunque anunciando estar listo para discutir la cuestión. La corte admitió entonces la contestación enmendada, conce-diendo al demandante cinco días para bacer nuevas alega-ciones si lo estimaba procedente. No se bizo uso de esta oportunidad. En vista de las circunstancias, la alegación de sorpresa becba por primera vez en apelación se formula muy tarde.

La alegación cuarta de la contestación enmendada es idem tica al párrafo correspondiente de la contestación original ya citado. El razonamiento contenido en el alegato es el si-guiente :

“Al resolver la Hon. Corte la cuestión pendiente, se basó en el artículo 52 del Código de Enjuiciamiento Civil. Nosotros entende-mos que este artículo no es de aplicación al presente caso.
“La traducción es deficiente y el texto inglés al final del párrafo no nos dice ‘negotiable instrument,’ (documento negociable), y sí ‘promisory note/ (pagaré) or ‘bill of exchange’ (letra de cambio). Este artículo es más de aplicación a los simples documentos otorgados entre partes y no a las hipotecas.
“Sostenemos que para que quedare la defensa completa debió exis-tir una alegación justificativa de la mala fe del cesionario al com-prar este crédito, a fin de hacer valer contra él las defensas que se hubieran podido establecer contra ‘A. Gómez & Co.’ (Véase Martínez v. García, 18 D. P. R., pág. 734.)
“No insistiremos más en este error ya que más ampliamente lo argumentaremos al discutir sobre lo erróneo de la sentencia tanto en sus fundamentos legales como en los hechos.”

Por ahora será bastante con decir que incumbe al ape-lante el establecer la razón de cualquier proposición en que se funde para pedir la revocación, y el único caso a que se ha referido no tiene todo el alcance que pretende dársele para basar en él la alegación que aquí se hace ahora.

La cuestión sometida en el tercer señalamiento se subdivide de este modo:

“a. Aspecto legal del caso aceptando la prueba tal y como si ella hubiese sido suficiente para sostener las alegaciones de la contesta-ción, una vez probada la demanda.
“b. Error de la corte al apreciar que la prueba sostenía la ale-gación del demandado.”

La teoría de este señalamiento es que el demandante es un adquirente de buena fe del crédito hipotecario que fué adquirido unos tres años después del vencimiento del último plazo. El apelante hace citas de Galindo, página 338, y del tomo 4 de Morell, página 234. Los textos referidos hablan por sí y no es necesario que se discutan ahora. T tampoco encontramos ningún grado considerable de fuerza persuasiva en la cita que se hace. del tomo 7 de Corpus Juris, págs. 232, 233, párrafos 359 y 360. La cita siguiente del mismo tomo, pág. 242, párrafo 378, es algo más aplicable al punto, a saber: '

“Un comprador en una venta en procedimiento de quiebra ad-quiere título o derecho tan igual al que tenía el quebrado, y nada más. * * # ” (Nota 36.)
(b) “El comprador debe saber que no se vende otra cosa sino el derecho del quebrado.” Asheville Supply Etc. Co. v. Machin, 150 N. C. 738, 64 S. E. 887.
(c) “La regla de que el comprador debe tener conocimiento de los defectos (caveat ejnptor) prevalece en las ventas en quiebra, a no ser que se disponga especialmente otra cosa en la orden de venta. ’ ’ Carney v. Averill, 110 Me. 172, 85 Atl. 494. * * *
(e) “A menos que haya alguna disposición especial en una orden para la venta de inmuebles del quebrado, el síndico sólo vende el de-recho que en ellos tiene el quebrado.” In re Muhlhauser, 121 Fed. 669, 55 C. C. A. 423, 10 Am. Bankr. 236.

En ’cuanto a la apreciación de la prueba por la corte inferior, no encontramos qne exista un error tan manifiesto que requiéra la revocación de la sentencia.

Con respecto al incidente aludido en el cuarto señala-miento, los autos contienen lo siguiente:

“Lodo. DomÍNguez: Y el testigo Benjamín Gómez lo traería a la corte para declarar, una vez que los libros no aparecen ni están en poder de los individuos que deben tenerlos, que de dichos libros no aparece ningún abono de ningún tabaco que hiciera Teodoro Torres Laborda a cuenta de una hipoteca que debía dicho Teodoro Torres Laborda a la mercantil A. Gómezw& Go. A ese efecto único: que no aparece abonado a la cuenta de la hipoteca, ni como saldo de la misma, ningún tabaco.
“Lodo. Mabtínez: Nosotros nos oponemos tporque no se ha de-mostrado suficientemente por los medios de prueba adecuados, que esos libros no están al alcance del demandante para traerlos ante la corte como evidencia.
“HoN. Juez: La corte no admite la prueba por los siguientes fundamentos:
‘ ‘ Primero: Porque si bien se ha demostrado que no se han en-contrado esos libros, no se ha justificado que han sido destruidos, y que por tal motivo no pueden presentarse a la corte como evidencia.
“Segundo: Porque los libros de un comerciante son prueba contra ellos mismos, y sólo pueden presentarse como prueba a su favor, cuando se trata de demostrar asuntos que forman parte del res jest de la cuestión.
“Tercero: Porque el objeto de la prueba que se ofrece es demos-trar un hecho negativo, sin que por eso desvirtúe el hecho de la en-trega del tabaco, que pudo muy bien ser entregado y no abonado, y
“Cuarto: Porque para que fuese admisible la declaración del testigo que se ofrece, es necesario llenar ciertos requisitos de evi-dencia, que no han sido llenados por la parte que ofrece la prueba. ’ ’

Para los fines de este caso puede admitirse que las ra-zones consignadas por el juez sentenciador, para excluir esta prueba dejan mucho que desear, pero el fundamento que sir-vió de base a la objeción hecho por el abog’ado del deman-dado no parece estar enteramente desprovisto de méritos. El razonamiento del alegato se dirige a los motivos aducidos por el juez de distrito más bien que al que se cita como fun-damento de la objeción. La resolución de que se queja el apelante apenas si puede considerarse que es errónea en tanto pueda interpretarse la cuarta especificación en ella con-tenida como que incluye el fundamento de la objeción hecha por el abogado del demandado; y al parecer es suficiente-mente amplia para ser susceptible de esta interpretación.

De todos modos, este testigo, ex-tenedor de libros de Gó-mez & Go., declaró amplia y libremente sobre las circuns-tancias que concurrieron en el otorgamiento de la hipoteca, la alegada falta de entrega del tabaco, la inexistencia de cual-quier cuenta con excepción de algunas partidas insignificantes después del otorgamiento de la hipoteca, y acerca, de otros particulares, con tal extensión que de haber dado crédito el juez sentenciador a esta declaración no hubiera podido dictar sentencia a favor del demandado. Considerada esta decla-ración a la luz del tercer razonamiento aducido por el juez sentenciador para excluir la propuesta declaración en cuanto a lo que no aparecía en los libros que faltaban y del resul-tado según revela la sentencia,. indica claramente que cual-quier cosa que hubiera podido declarar este testigo sobre la inexistencia de asientos indicativos de pagos parciales hechos en los libros no pudo haber producido un resultado diferente en la mente de la corte inferior. El error, de haber alguno, no era perjudicial.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jneces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Aldrey.

Los Jneces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no to-maron parte en la resolnción de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Merle, Demandante y Apelado, v. Ramos et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de,la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre reivindicación.
    No. 2535.
    Resuelto en julio 27, 1922.
    Reivindicación — Prueba del Título a la Vinca Reclamada — Escritura de Venta Hecha en Subasta Pública — Sucesión Desconocida' — 'Emplaza-miento — Jurisdicción de la Corte. — La escritura de venta otorgada por un marshal de una corte municipal a favor de un demandante en una acción reivindicatoría, en unión del acta de subasta y orden de ejecución en cum-plimiento de sentencia contra una sucesión desconocida, en cuyos documen-tos no se inserta la sentencia ni aparece el emplazamiento hecho a los here-deros desconocidos, como tampoco la sentencia recaída, no constituyen prueba suficiente del título del demandante, por no constar de ellos o probarse de otro modo, que fueron debidamente citados los herederos desconocidos para que resulte la jurisdicción de la corte toda vez que al actor incumbe la prueba de su título y no existen presunciones en favor de las sentencias de las cor-tes municipales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. F. González y G. Tra-vecier.

    Abogado del apelado: Sr. F. Gervoni.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación ha sido establecida por los demandados contra sentencia que declaró con lugar la demanda de reivin-dicación de nna finca rústica de veinte cnerdas de terreno. Alegó el demandante qne compró esa finca en subasta-en la .Corte Municipal de Yabucoa el 3 de octubre de 1919. Con-testó el demandado Gumersindo Ramos que de esa finca com-pró catorce cuerdas de terreno a Domingo Ruiz en 1916, y la otra demandada Emilia Pedragón que compró seis cuerdas también a Domingo Ruiz en 1914.

Para probar el demandante su título a la finca de veinte cuerdas presentó una escritura de venta que le otorgó el marshal de la Corte Municipal de Yabucoa el 29 de octubre de 1919 de la que resulta que como consecuencia de la de-manda establecida el 5 de junio de 1919 en dicha corte municipal por Francisco Ocasio contra la sucesión desconocida de Domingo Ruiz y de la sentencia en él dictada embargó y vendió la finca de veinte cuerdas a José Gregorio Merle para responder de $400 de capital y $50 para costas. También presentó el acta de la subasta y la orden de ejecución que fué librada al marshal para cumplir la sentencia que fué dictada el 31 de julio de 1919 a favor de Francisco Ocasio en pleito contra los herederos desconocidos de Domingo Ruiz. No se inserta la sentencia diciéndose^ solamente que fué dic-tada.

Se opusieron los demandados a la admisión de esos do-cumentos como título del demandante por no aparecer en ellos el emplazamiento de los herederos desconocidos de Domingo Ruiz ni la sentencia recaída en dicho pleito, pero la corte los admitió y habiendo hecho constar su objeción los demandados alegan ahora en este recurso que tal admisión fué error de la corte porque esos documentos no prueban el título del demandante y que habiendo presentado Ocasio su demanda el 5 de junio de 1919 contra los herederos desco-nocidos de Domingo Ruiz, que por ser desconocidos debie-ron ser citados por edictos cuando aparece dictada la sen-tencia en 31 de julio de 1919 no había transcurrido el tér-mino que tenían para contestar la demanda. No consta si los demandados comparecieron ni si la sentencia se dictó en su rebeldía.

Como al actor incumbe la prueba de su acción examina-remos si los documentos presentados por el demandante en este caso prueban su título a la finca de veinte cnerdas contra sus demandados.

Para que los documentos presentados por el demandante fueran prueba en este caso de sn título a la finca contra los demandados debía resultar de ellos, o probarse de otro modo, que los herederos desconocidos de Domingo Ruiz, cuyos bie-nes fueron vendidos a José Gregorio Merle, fueron debida-mente citados para que resulte la jurisdicción con que la corte municipal dictó sentencia contra ellos y ordenó la venta de sus bienes. Así lo fiemos declarado en el caso de Vázquez v. El Registrador, 19 D. P. R. 1133 en el que dijimos ío si-guiente :

“Aunque el recurso que ahora consideramos no es un caso en el que conste que se fia dictado sentencia en rebeldía, no existe, sin embargo, prueba alguna de cómo adquirió jurisdicción la corte municipal para dictar sentencia contra los demandados, ni contiene la escritura la copia de la sentencia, así como tampoco algo que muestre que se ba celebrado un juicio o que los demandados se hayan some-tido a la jurisdicción de la corte. No existen presunciones en favor de las sentencias de las cortes municipales por no ser éstas cortes de registro. Galpin v. Page, 98 Wallace, 365, 366; Hahn v. Kelly, 34 Cal., 391; 94 Am. Dec., 742; McDonald v. Prescott, 90 Am. Dec., 517, 519. Cuando la sentencia se obtiene en una corte de jurisdic-ción limitada, y como en este caso, se trata de adquirir un título contra todo el mundo, la persona que solicita la inscripción de su título tendrá la obligación de probar no solamente la venta verificada en pública subasta, sino también la facultad que tenía el marshal para llevar a cabo dicha venta. Esa prueba, tratándose de una corte municipal no resulta de la mera presentación de la orden de ejecución, ni siquiera de la sentencia misma, sino que deberá probarse asimismo la jurisdicción que tenía la corte para dictar dicha sentencia. En otras palabras, en el caso concreto sometido a nuestra consideración debe probarse que la corte adquirió jurisdicción sobre las personas de los demandados.”

También en el caso de Poupart contra Recourt, 25 D. P. R. 715, hemos dicho:

“Se ha establecido perfectamente que la sentencia de una corte municipal, no siendo ésta de record, no lleva consigo presunción al-guna de jurisdicción y por tanto, aún cuando se ataque colateralmente una sentencia, le corresponde a la persona que deriva su reclamación de la misma demostrar la jurisdicción de una corte que no es de record, como la corté municipal en este caso. Galpin, v. Page, 98 Wall 365; Grignon v. Astor, 2 Hov. 319; Vázquez v. El Registrador, 19 D. P. R. 1133, y casos citados; 11 Cyc. 693. Si de la sen-tencia no aparece la jurisdicción, puede probarse aliunde.”

No habiendo probado el demandante su título a la finca que reclama debe ser revocada la sentencia apelada.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces boncurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Hutchison.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no in-tervinieron en la resolución de este caso.