text:
    G. Ledesma & Co., Demandantes y Apelantes, v. Central Cambalache, Inc., Demandada y Apelada.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en. un caso sobre rescisión de contrato e indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1070.
    Resuelto en julio 11, 1914.
    Contrato de Venta de Azúcares — Contratos Personales — Transmisión de los Bienes del Comprador de los Azúcares a Posteriores Adquieentes.— Celebrado y hecho constar en documento privado un contrato de venta de azúcares por un determinado número de años, entre el dueño de una central y un comerciante, si el dueño de la central la vende a otra persona sin espe-cificarse en el contrato que el comprador asume las obligaciones del vendedor en cuanto al contrato de venta de azúcares, el comprador no está obligado al cumplimiento del referido contrato de venta de azúcares.
    Id. — Actos Realizados por un Tercero. — Para que el acto realizado por A pueda obligar a B, es necesario que se demuestre que A actuó debida y legalmente en nombre de B.
    Acción de DaSos y Perjuicios — Relación Contractual Entre Demandante y Demandado. — Cuando en una acción titulada de rescisión de contrato e indem-nización de daños y perjuicios, no se demuestra la existencia de relación contractual alguna entre demandante y demandado, no cabe reclamar indem-nización de daños y perjuicios por falta de cumplimiento de contrato.

      Errores sin Importancia — Admisión t Exclusión de Pruebas. — Errores come-tidos por el tribunal sentenciador en la admisión y exclusión de pruebas que no perjudican los derechos substanciales de las partes, no producen la revo-cación de la sentencia apelada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Gay. Goll Cuchí y Santiago B. Palmer.

    Abogado de la apelada: Sr. Antonio Sarmiento.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn pleito sobre rescisión de contrato y daños y perjuicios, fallado por la Corte de Distrito de Arecibo en contra de la parte demandante.

En la demanda se alega, en resumen, 1°., que la deman-dante es una sociedad mercantil colectiva y la demandada una corporación, ambas organizadas bajo las leyes de Puerto Eico y residentes en Arecibo; 2°., que la sociedad agrícola West-phaling y Cía, domiciliada en Arecibo y dueña de “Central Oriente,” celebró nn contrato con la demandante que se hizo constar en los siguientes términos: “Arecibo, P. B., julio 10 de 1909. Señores Gr. Ledesma y Co., Arecibo. Muy Sres. y amigos nuestros: De conformidad con lo hablado con su Don Manuel y nuestro Don Carlos, quedan ITds. nombrados agentes para la venta de nuestros azúcares, las de nuestros sucesores o cesionarios durante cinco años y con opción a cinco más a nuestro favor, pagando Uds. el precio máximo dentro del mercado puesto abordo en Arecibo, ■ descontando nueve centavos por quintal por gastos de embarque y alma-cenaje y'cl uno por ciento de comisión. En caso de obtener nosotros mejor oferta de un tercero y no conviniendo a Uds. mejorar su límite, quedamos en libertad de vender nuestro azúcar a otro comprador, abonando a Uds. el uno por ciento de comisión sobre el precio primer costo, sin los nueve centavos de embarque y almacenaje. De Uds. Atto. amigo y S. S. (Firmado) Westphaling Co.”; 3, que con posteriori-dad a la fecha de dicho contrato, la sociedad agrícola West-phaling y Co. se disolvió, constituyéndose una corporación denominada £ ‘ Central Oriente ’ ’ que se hizo cargo de su activo y pasivo así como de todos sus derechos y obligaciones, y que, además, “la nueva corporación se hizo cargo y asumió todas las obligaciones del contrato sobre ventas y embarques de azúcares efectuado por Westphaling Co. con G-. Ledesma & Cía. a que se ha venido refiriendo esta demanda, cuyo con-trato fué debidamente cumplido por dicha ‘Central Oriente’ durante la zafra que principió en enero y terminó en junio de 1910”; “4, que con posterioridad a junio de mil novecientos diez la nueva corporación ‘Central Oriente’ vendió todas sus fábricas, terrenos y plantaciones a la demandada ‘Central Cambalache, Inc.,’ haciéndose ésta cargo de todos los con-tratos y obligaciones de aquélla; y en cumplimiento del con-trato originado entre Westphaling Co. y la mercante deman-dante, que ésta alega fué transferido a ‘Central Oriente,’ y más tarde a la corporación demandada, dicha corporación demandada ‘Central Cambalche, Inc.’ entregó durante la za-fra que principió en enero y terminó en junio del año mil nove-cientos once todos los azúcares producidos por la manufactura de las cañas de azúcar que pudieron haber sido elaboradas en ‘Central Oriente Inc.,’ para ser vendidas y embarcadas por la mercantil demandante por las cláusulas y condiciones del referido contrato;” 5, que la demandante se preparó para la venta y embarque de los azúcares que debía producir la demandada en 1912 y entregarle de acuerdo con el referido contrato, contrayendo serios compromisos, y que la deman-dada, sin causa ni motivo alguno, se n gó a entreg ■■ a de-mandante los azúcares; 6, que la conducta de la demandada ocasionó a la demandante pérdidas por valor de cincuenta y cuatro mil dólares. La demanda íeiiiir ■ con la súpl • me se condene a la demandada, 1°., a la rescisión del contrato de embarque y venta de azúcares de 10 de julio de 1909; 2°., a indemnizar a la demandante la suma de $54,000 por los daños, y perjuicios que le ha ocasionado con el no cumplimiento del dicho contrato, y 3o, a pagar las costas, gastos y honorarios-de ahogado.

La contestación a la demanda, copiada a letra, en lo pertinente, es como.sigue:

“1. Niega, por falta de información, los heehos expuestos en la alegación segunda de la demanda en el párrafo que comienza: ‘Y alega además la sociedad demandante, hasta su final. La demandada alega además que no irá jurada esta negativa en lo referente a la autenticidad del documento que se copia en la demanda porque no aparece suscrito por ella. 2. Niega asimismo, por falta de infor-mación, los heehos alegados en el número tercero de la demanda. 3. Niega, de una manera absoluta, que la Central Oriente vendiese todos sus terrenos y plantaciones a la demandada y que ésta se hiciese cargo de todos los contratos y obligaciones de aquélla y niega, en igual forma, que en cumplimiento del contrato que la demanda alega que fué originado entre Westphaling Co. y la demandante, la-demandada entregara a ésta durante la zafra de mil novecientos once.todos los azúcares de las cañas que pudieron haber sido elaborados en la 1 Central Oriente Ine. ’ para • ser vendidas y embarcadas por dicha demandante por las cláusulas y condiciones del referido contrato. 4. Niega, por falta de información, los preparativos y gastos para la zafra del mil novecientos doce a que se refiere la alegación quinta de la demanda, y niega además, de una manera absoluta, que la deman-dada se haya negado a entregar a la demandante los azúcares de la zafra de mil novecientos doce que le correspondieran por virtud del contrato a que se refiere la demanda. Dicho contrato, si existió, ’ como antes se dice, nunca fué aceptado ni, mucho menos, cumplido por la demandada, ni nunca ni por nadie le fué pedido ni exigido su cum-plimiento. 5. Niega de una manera absoluta los hechos de la alegación sexta de la demanda y suplica a la corte que, en su día, pronuncie en este caso sentencia contra la demandante declarando sin lugar la demanda con las costas y gastos necesarios y honorarios razonables del abogado de la demandada a cargo de la dicha demandante1.”

El 16 de junio de 1913 ambas partes comparecieron por medio de su ahogados ante la corte de distrito, ofrecieron y practicaron sus pruebas e informaron oralmente. El Io. de octubre de 1913, la corte, después de considerar amplia y cui-dadosamente las alegaciones y las pruebas, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas. T contra esa sentencia interpuso la parte deman-dante el presente recurso de apelación.

A nuestro juicio, aceptando que Westphaling y Co. con-trajeron para con la demandante la obligación que se expresa en la carta transcrita en el hecho segundo de la demanda, la cuestión fundamental a resolver en este caso consiste en decidir sencillamente si tal obligación pasó o no a la deman-dada “Central Cambalache, Inc.’;

Negadas las alegaciones de la demanda referentes a las obligaciones contraídas por la “Central Oriente” y la “Central Cambalache, Inc.',” con respecto al contrato de venta y embarque de azúcares celebrado por Westphaling y Co. con la demandante, ésta quedó obligada a probarlas en el acto de la vista, y a tal efecto presentó prueba consistente en documentos y testigos.

Las escrituras por virtud de las cuales Westphaling y Co. vendieron sus fincas rústicas y cedieron sus derechos a “Central Oriente,” y “Central Oriente” vendió y cedió a “Central Cambalache, Inc.” todos sus bienes, derechos y acciones, se copian íntegras en la transcripción de los autos elevada a esta Corte Suprema. Las hemos examinado cuidadosamente y convenimos con el juez sentenciador en que en ninguna parte de ellas se hace referencia al contrato de venta y embarque de azúcares a que se refiere este pleito. ¿Cómo, pues, hacer xesponsable a la demandada del cumplimiento de dicho con-trató ? El hecho de que fuera celebrado por el antiguo dueño de los bienes que hoy están en poder de la demandada, no tiene importancia alguna ya que se trata de un contrato pura-mente personal al cual no quedaron afectados los bienes tras-mitidos.

La parte demandante presenta como un argumento pode-roso en apoyo de su contención, el documento que a conti-nuación transcribimos, examinado a la luz de las declara-ciones de sus testigos. He aquí el documento:

“Liquidación del azúcar de la Central Cambalache, zapea 1911.
Total fabricado. 146,144 sacos.
Menos, ventas directas de la Central. 52 “
146,092 sacos.
Menos 15,000 sacos que ceden Roses a Ledesma en compensación del Oriente. 15,000 “ 131,092 sacos.
75$ Roses 98,319 sacos.
25$ Ledesma 32,773 “ 131,092 “
Compras:
100,092 sacos 100,092 sacos de más Roses 1,773 "
Ledesma 46,000 “ - -15,000 31,000 de menos 1,773 "
146,092 “ 131,092 sacos.
Embarques: Moses Ledesma Total
Por vapor 69,200 35,000 104,200 sacos.
Por P. C. 20,000 11,000 31,000 “
Consumo 10,892 10,892 “
100,092 sacos 46,000 sacos 146,092 sacos.
Exportado:
Por vapor 104,200 sacos
Por F. C. 31,000 “ 135,200 sacos.
Proporción P. C. 22.92$
89,200 sacos Roses 20,450 sacos de menos 450 sacos.
46,000 “ Ledesma 10,550 sacos más 450 sacos.
Liquidación final:
Abonan Roses a Ledesma:
0 beneficio quintal 1,773 sacos exceso total 4,433 quintales.. $177.32
0 comisión sobre base $4 quintal 177.32. 177.32
0 beneficio quintal 50 sacos - 1,125 quintales. 45.00
$399.64
Areccibo, P. R., 22 de septiembre, 1911. Hay un sello. Sucesores de Roses y Cía. Arecibo, P. R.”

Las declaraciones de los testigos Ledesma, gestor de la demandante, y Astor, apoderado general de la misma, en relación con el documento transcrito, tienden a demostrar que “Central Cambalache, Inc.” de hecho cumplió en el año de 1911 el contrato celebrado por Westphaling y Co.; con la mercantil demandante. Sin embargo, convenimos tam-bién con el juez sentenciador en que a esta prueba no puede darse el alcance que le atribuye la parte demandante. Si bien es cierto que en la liquidación transcrita se consignaron las palabras “menos 15,000 s/ que ceden Eoses a Ledesma en compensación'del Oriente,” tal liquidación no aparece auto-rizada por Central Cambalache, Inc., sino por Sucesores de Eoses y Cía., que no se ha demostrado de modo concluyente que ostentaran la representación legal de la “Central Cam-balache.”

■ Habiendo llegado a la conclusión de que no se ha probado la existencia de la relación- contractual alegada en la demanda entre la demandante y la demandada, huelga discutir toda la materia referente a daños y perjuicios. Si no existe con-trato, no cabe reclamar indemnización por falta de su cum-plimiento.

Forma parte- también de la transcripción de los autos, un pliego de excepciones en el que aparecen debidamente con-signadas dos que tomó la parte demandante durante.la cele-bración del juicio. Una se refiere al supuesto error cometido por la corte al no permitir a la demandante probar los per-juicios correspondientes al año de 1914 y otra al permitir a la parte demandada la presentación de ciertos documentos que tendían a probar que siendo precisamente el Sr. Ledesma, gestor de la demandante, el presidente de la junta directiva de la “Central Cambalache,” se tomó el acuerdo de vender toda la zafra de 1912 a Greorgetti, Cintrón, Aboy y Cía. Aun cuando se hubieran cometido los errores alegados, ninguna influencia tendrían en la decisión de este recurso. En cuanto al primero, porque ya hemos visto que no existe base para entrar en la consideración de si se ocasionaron o no daños y perjuicios a la demandante, y en cuanto al segundo, porque la prueba presentada y admitida no es necesaria para llegar a la conclusión de que no se ha demostrado la existencia del contrato alegado en la demanda entre la demandante y la demandada. La decisión de este caso está sostenida por las alegaciones de ambas partes y por la prueba de la parte de-mandante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutcbison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Vendrell, Demandante y Apelante, v. Pellot, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en un caso sobre cobro de una cantidad de dinero.
    No. 1117.
    Resuelto en julio 11, 1914.
    Alegaciones Juradas — Qué Debe Hacerse Cuando Jura una Persona que no Sabe Pirmar. — El demandado que no sabe firmar y jura la contestación a la demanda, debe poner su marea al pie del juramento y otra persona escribir cerca de la marea el nombre del que jura y además el suyo propio como testigo, y es defectuoso,' por tanto, un juramento en que el notario da fe de que el demandado ha jurado y puesto la marca ante él sin que haya inter-venido un testigo y firmado en la forma arriba expresada.
    Id. — Cómo Debe Jurarse la Contestación a una Demanda. Eundada en un Documento. — Debe en tal caso cumplirse con los preceptos del artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil, esto es, debe afirmarse que los hechos relativos a la negativa le constan al que jura por propio conocimiento, excepto aquellos que manifiesta conocer por información y ereeneia, en cuyo caso expresará que los cree ciertos.
    Di. — Enmienda del Juramento de una Contestación — Revocación de la Sen-tencia — Permiso para Enmendarla. — Cuando a una alegación no se acom-paña el juramento relativo a su veracidad, o el que se incluye es nulo, el defecto que de tal modo aparece, puede ser corregido mediante una enmienda. Y en un caso de tal naturaleza, la corte de apelación puede revocar la sen-tencia recurrida y devolver el caso 'a la corte de su origen con instrucciones de que se conceda permiso al demandado para enmendar su contestación ' jurada y el pleito continúe tramitándose de acuerdo con la ley.
    Los be&hos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José de Diego.

      Abogado del apelado: Sr. Enrique González Mena.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de Aguadilla declarando sin lugar cierta demanda sobre cobro de dinero.

En la demanda se alega, en resumen, 1°., que demandante y demandado son mayores de edad, propietarios y vecinos de Isabela; 2°., que el demandado, teniendo como fiador al demandante, otorgó a favor de Eduardo Quevedo, de Isabela, tres pagarés, que se acompañan a la demanda, uno en junio 18, 1910, por $236, a vencer en diciembre 18, 1910; otro en octubre 1, 1910, por $236, a vencer en marzo 30, 1911, y otro en marzo 24, 1911, por $100 a vencer en septiembre 24, 1911; 3°., que llegado el vencimiento de los mencionados pagarés, el deudor Pellot no los hizo efectivos, ni tampoco en las pró-rrogas que le concediera el acreedor Quevedo, basta que el demandante en su carácter de fiador solidario y principal pagador, tuvo que abonar al dicbo Quevedo el importe de la deuda, o sea quinientos setenta y dos dollars, y 4°., que el demandante ba requerido en distintas ocasiones al demandado Pellot para que le pague aquella suma, sin que lo baya conse-guido. La demanda termina con la súplica de que se condene al demandado a pagar al demandante la suma reclamada con sus intereses, y las costas del pleito y los honorarios de abo-gado.

A continuación transcribimos el primero de los pagarés acompañados a la demanda. Los otros dos están redactados en forma semejante. En el segundo firma a ruego de Pellot, Eugenio Yendrell, y en el tercero, la misma persona que lo bace en el primero, este es, Pedro Yan Derdys.

“A. Recibí del fiador Tiburcio Yendrell — firmado E. Quevedo. Debo y pagaré el día treinta de marzo del año próximo venidero a la orden de Eduardo Quevedo, de esta vecindad la suma de DOSCIENTOS teeiNta Y seis dollars. oro americano efectivo recibido de dicbo señor a mi entera satisfacción en calidad de préstamo. Afecto al pago mis bienes presentes y futuros renunciando cuantas leyes y derechos pue-dan favorecerme. Isabela, octubre 10, 1910. Higinio Pellot P. O. (firmado) Pedro Yan Derdys.
“Garantizo el pago del presente documento como fiador y principal pagador renunciando el derecho de excusión, orden y división y aceptando cualquier prórroga que se concediese. A ruego de Tiburcio Yendrell por no saber firmar. (Firmado) Eugenio Vendrell. Pre-sentado en secretaría hoy 18 de junio de 1913. (Firmado) Telesforo Gabán, Secretario.”

El demandado contestó la demanda, en resumen, 1, admi-tiendo su. hecho primero; 2, negando el hecho segundo y ale-gando que en ninguna época huscó como fiador al demandante ni otorgó ningún pagaré a favor de Eduardo Quevedo, de Isabela, en las fechas y por las cantidades dichas en el hecho segundo; 3, negando el hecho tercero y alegando que nunca se le cobró pagaré alguno, ni se le concedió prórroga, y 4, negando el hecho cuarto y alegando que nunca se le requirió por el demandante para pagar suma alguna de dinero. La contestación termina suplicando a la Corte que se sirva decla-rar sin lugar la demanda con las costas a la parte demandante.

En el acto de la vista se practicaron las pruebas ofreci-das por ambas partes y, el 5 de enero de 1914, la corte dictó sentencia en contra del demandante. Este, en su alegato presentado a esta Corte Suprema en apoyo del recurso por él interpuesto, sostiene que la corte sentenciadora' erró, 1; al no declarar nulo el juramento de la contestación a la de-manda; 2, al no dictar sentencia en favor del demandante, por los méritos de la demanda, y 3, al dictar sentencia dene-gatoria de la demanda, contra el resultado de las pruebas.

Examinemos el primer error.

El juramento que aparece al pie de la contestación, copiado a la letra, es como sigue:

“Juro que soy el demandado en este caso y que todo lo alegado en la anterior contestación es cierto constándome unos hechos pór propio conocimiento y otros según información y creencia, (firmado) Higinio Pellot.
“Jurado y marcado ante mí por Higinio Pellot, mayor de edad, soltero, agricultor, vecino de Isabela, a quien conozco personalmente, boy 25 de octubre de 1913. Doy fe. (firmado) Angel M. Torregrosa. Notario Público. (Existe cancelado un sello de rentas internas de veinte y cinco centavos y además impreso uno que dice: “Angel M. Torregrosa, Abogado-Notario, Aguadilla, Puerto Rico.”): No. 14 del - affidavit.”

Alega el apelante que el juramento que se ha transcrito es nulo por vicios de forma y por defectos esenciales.

Entre los vicios de forma que señala el apelante, está el de que siendo Higinio Pellot una persona ignorante que no sabía firmar, debió haberse cumplido con lo preceptuado en la Ley Notarial de 1906, que dispone en su sección 14 que si alguno de los otorgantes “no supiere o no pudiere firmar, lo expresará así el Notario, debiendo firmar uno de los testi-gos, escribiendo de su puño, en ante firma, que lo hace por sí como testigo, y a nombre del otorgante, que no sepa o no pueda verificarlo.”

El documento de que se trata en este caso es una alegación jurada.

Bien la alegación o el juramento, dice Cyc., deben suscri-bir por la persona que jura, no necesitándose que ambos sean suscritos para que el juramento sea suficiente. 31 Cyc., ■545 y casos citados.

El juramento, dice también Cyc., debe ajustarse a lo dis-puesto por la ley local y a las reglas que se' aplican en general a los affidavits. 31 Cyc., 545 y casos citados.

En el presente caso la contestación aparece suscrita por •el abogado del demandado y el juramento se hizo constar en la forma que fiemos transcrito. Si Higinio Pellot hubiera sabido escribir su nombre por sí mismo, bastaría que hubiera firmado bien la contestación, ya el juramento, de. acuerdo con la jurisprudencia que hemos citado. Pero Higinio Pellot no sabía firmar y, por lo que se desprende de lo que hizo cons-tar el notario, puso su marca.

Nada dispone la ley estableciendo nn registro de affidavits o declaraciones ante notarios y otros funcionarios, aprobada el 12 de marzo de 1908, Leyes de 1908, p. 39, con respecto a lo qne deba hacerse cnando la persona qne va a prestar la declaración no sepa firmar. Ya fiemos visto lo qne prescribe la ley notarial para tales casos y si se tiene en cnenta además qne el Código Político al determinar en su artícnlo 392 el significado y alcance entre otras de las palabras “firma” y “suscripción,” establece qne incluyen la marca cnando la persona no pnede escribir sn nombre, escribiéndose tal nombre cerca de la marea por otra persona qne también firma como testigo, (véase el texto inglés del artícnlo citado), llegaremos a la conclusión de qne la verdadera práctica qne debe seguirse, y que se signe generalmente, es la de qne en casos de esta naturaleza debe la persona qne jura poner sn marca y otra persona escribir cerca" de lá marca el nombre de dicfia persona y además el silyo propio como testigo.

Existe, pues, el vicio de forma a qne se refiere el apelante, y también existe, a nuestro juicio, el defecto esencial qne señala, a saber: qne no se expresa por el demandado cuáles fieefios le'constan por propio conocimiento y cuáles por infor-mación y creencia.

Es cierto, como sostiene la parte apelada, qne no se trata en este caso del artícnlo 118, sino del 119 del Código de Enjui-ciamiento Civil, pero también lo es qne la regla contenida en el 118 debe aplicarse al 119, y así cnando se niegue la autenticidad del documento cuya copia se. incluya en la - de-manda, o se una a la misma, en vez de emplear la forma vaga e incierta ‘ ‘ constándome unos fieefios por propio conocimiento y otros según información y creencia” usada en este caso, debe afirmarse, siguiendo la fórmula prescrita en el artículo 118, que los fieefios relativos a la negativa le constan al qne jura por propio- conocimiento, excepto aquellos qne manifiesta conocer por información y creencia en cnyo caso expresará que las cree ciertas.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, se impone, sin necesidad de disentir los otros errores señalados por el apelante, la revocación de la sentencia apelada. Los defec-tos alegados ante esta Corte Suprema, lo fneron también en su oportunidad ante la corte de distrito y debieron ser reconocidos por el tribunal sentenciador.

Abora bien, como se trata de un caso en el cual la corte sentenciadora apreciando las pruebas decidió que la parte demandante no demostró la verdad de la deuda reclamada y como se trata de defectos que si bien pueden calificarse de esenciales, son susceptibles de enmienda, opinamos que debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte de su origen con instrucciones de que se conceda permiso al demandado para enmendar su contestación jurada y el pleito-continúe tramitándose de acuerdo con la ley.

La resolución que adoptamos está sostenida, a nuestro-juicio, por las circunstancias concurrentes, y por la jurispru-dencia. Esta, resumida por Cyc., tomo 31, pág. 546, es corno-sigue :

“Una declaración referente a la certeza de la alegación que se presenta puede generalmente ser enmendada nunc pro tunc o sea, dándosele entonces el mismo efecto y valor legal que Rubiera tenido antes, en lo que respecta al juramento, o al lugar del juicio, o a cual-quier otra cuestión bien sea de forma o de sustancia, dentro de la discreción de la corte, cuando el permiso concedido para formular la enmienda tiende a la celebración de un juicio imparcial sobre los. méritos del caso y se le ha dado un término razonable a la parte para impugnar la alegación enmendada. Guando a una alegación no se acompaña el juramento relativo a su veracidad, o el que se incluye es nulo, el defecto que de tal modo aparece, puede ser corregido me-diante una enmienda.”

Debe revocarse la sentencia apelada en la forma que deja-mos expuesta.

Revocada la sentencia y devuelto el caso a la corte inferior para que permita que se en-miende el juramento de la contestación y para que el pleito continúe tramitándose de acuerdo con la ley.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Ex parte Cintrón et al., Peticionarios y Apelantes, y El Pueblo, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un caso de habeas corpus.

    No. 695.
    Resuelto en julio 13, 1914.
    Desacato — •Jurisdicción de los Jueces Municipales — Desacato Cometido . Puera de la Presencia de la Corte Municipal. — De acuerdo con el artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Criminal, único que confiere facultades a los jueces municipales para castigar por desacato, éstos sólo están facultados para castigar por dicho delito cuando se comete ante ellos y nó cuando se comete fuera de su presencia.
    Interpretación de Leyes — Discrepancia Entre el Texto Inglés y su Tra-ducción al Español. — Cuando la ley es’ de origen americano, como ocurre con el Código de Enjuiciamiento Criminal, debe atenderse al texto inglés con preferencia al texto español en casos de discrepancia.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Alfonso Lastra Gharries.

    Abogado del Pueblo: iSr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Genaro Cintrón y Pedro Osoro presentaron a la Corte de Distrito de Ponce una petición de habeas corpus intere-sando qne los pnsiera en libertad fundándose en qne sn pri-sión era ilegal porqne la Corte Municipal de Ponce carecía de jurisdicción para castigarlos por el delito de desacato, por el qne se les impuso la pena qne motivó sn encarcelamiento.

•Celebrada la vista del auto el juez de la corte de distrito ordenó qne continuaran en prisión, contra cuya resolución interpusieron los peticionarios el presente recurso de ape-lación.

Según el mandamiento bajo el cual los peticionarios fueron reducidos a prisión por el desacato, cuando al día siguiente de haber sido sentenciados los apelantes a pagar una 'multa de cinco pesos o cinco días de cárcel por infracción de la ley de pesas y medidas el sub-márshal de la Corte Municipal de Ponce requirió a los apelantes en su establecimiento comer-cial para que satisficieran la multa o de lo contrario los redu-ciría a prisión, se resistieron obstinadamente y profirieron palabras, que ahora no hemos de repetir, contra el sub-már-shal y contra el juez de la corte municipal. Los peticionarios fueron llamados por ésta para que expusieran razones por las que no debían ser castigados por desacato y después de ser oídos se dictó sentencia condenándolos a sufrir cinco días de prisiqn cada uno.

Al emitir el Hon. Fiscal de este Tribunal Supremo su informe en este caso solicita que revoquemos la resolución de la Corte de Distrito declarando sin lugar la petición de babeas corpus y que dictemos otra ordenando la libertad de los apelantes, fundándose para ello en que los jueces muni-cipales no tienen jurisdicción para castigar desacatos come-tidos fuera de la presencia del juez, y cita en apoyo de su petición lo resuelto en el caso Ex parte Pesquera, 17 D. P. R., 736. En este caso se funda también el juez de la corte inferior para rechazar la solicitud de los apelantes.

En ese caso se trataba de un desacato cometido en la pre-sencia de la corte y se dijo que, si bien las cortes municipales no tenían jurisdicción para castigar por desacato de acuerdo con la ley de Io. de marzo de 1902, cuyas secciones primera y tercera fueron enmendadas por ley de 8 de marzo- de 1906, porque se refiere sólo a la Corte Suprema, a las de distrito y a cualquiera otra de record que pueda crearse, sin embargo están facultadas para castigar desacatos de acuerdo con los artículos 56 y 61 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

En el primero de esos artículos se mencionan las facul-tades del juez de paz, que fiemos declarado ya en el caso citado de Pesquera, son aplicables a los jueces municipales, y en el 61 se dice en la edición inglesa que el juez de paz tendrá facultad para castigar los desacatos que de su autoridad se bagan ante él en el ejercicio de sus funciones judiciales con multa que no exceda de dos y medio dollars o con prisión en la cárcel por un plazo que no exceda de cinco días, o con ambas penas. No dice el texto español que el desacato fia de ser cometido ante el juez de paz, pero cuando la ley es de origen americano, como ocurre con el Código de Enjuiciamiento Criminal, atenderemos al texto en inglés con preferencia al texto en español, en casos de discrepancia.

Así pues, si como fiemos declarado, la facultad de los jueces municipales para castigar por desacato, existe de acuerdo con el citado artículo 61 y si éste solo faculta para castigarlo cuando se comete ante él, es claro que no. tiene jurisdicción para castigar los que se cometan fuera de su presencia; y como el que motiva la prisión de que se quejan los apelantes no se realizó en la presencia del juez, la sentencia que la decretó es ilegal por fiaber sido dictada sin jurisdicción.

La resolución apelada debe ser revocada y los peticiona-rios deben quedar en libertad, cancelándose la fianza que tie-nen prestada.

Revocada la sentencia apelada'y decretada la excarcelación de los peticionarios.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutcfiison.


text:
    González, Demandante y Apelante, v. Godreau et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en un caso sobre retracto legal de comuneros.
    No. 1091.
    Resuelto en julio 13, 1914.
    Retracto Legal de Comuneros' — Subrogación del Rbtrayente — Alegación de Subrogación. — La alegación en la demanda de que ésta se interpone con objeto de subrogarse el demandante en lugar del comprador, es suficiente para demostrar que el retrayente está dispuesto a subrogarse en lugar del comprador en las mismas condiciones del contrato.
    Id.- — Ofrecimiento del Precio de la Venta y de los Gastos. — La ley no con-tiene disposición alguna que exija al condueño que trata de retraer, la obli-gación de que para que pueda acudir al tribunal a ejercitar su derecho de retracto tenga que ofrecer previamente al comprador el precio de la venta y de los otros gastos a que se refiere el artículo 1421 del Código Civil, no siendo por tanto necesario hacer tal alegación en la demanda.
    Id. — Consignación del Precio de la Venta — Su Alegación en la Demanda.— Es suficiente una demanda de retracto legal de comuneros en donde se alega que el retrayente ha consignado el precio de la venta en el tribunal que conoce de su juicio.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Tomás Bernardini de la Huerta.

    Abogado de los apelados: Sr. José C. Ramos.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Don Manuel González Martínez demandó ante la Corte de Distrito de Guayama a Guillermo Godreau y a su esposa ejer-citando la acción de retracto legal de comuneros. Se opuso a esta demanda la excepción de que no aduce becbos que determi-nen una causa de acción y, sostenida por la corte, ésta dictó sen-tencia declarando sin lugar la demanda, contra la cual sé ba interpuesto el presente recurso de apelación.

Todas las cuestiones discutidas en este recurso respecto a si es necesaria la consignación del precio de la venta que se trata de retraer, así como la forma de hacerla, ban sido disentidas y resueltas por nosotros en otro caso que fné fa-llado el día 9 de este mes al disentir el pleito de González v. Acha et al., y en el cnal dijimos:

“Entendemos que la consignación debe verificarse entregando en el tribunal que conozca del juicio el dinero que importa el precio, ya que solamente de esta manera puede darse cumplimiento al precepto de esa ley (artículo 1621) preceptiva de que el juez mandará a hacer el depósito de la cantidad consignada en el establecimiento público destinado-al efecto. Esta disposición de la ley es lo suficientemente clara para conocer la manera de hacer la consignación, por lo cual los artículos contenidos en el Código Civil respecto a la consignación en los casos que es necesaria para que produzca los efectos del pago, no son aplicables a la consignación que se exige para las demandas de retracto, en las que tampoco se necesita ofrecer el precio antes de acudir al tribunal pues no lo exige la ley que ordena la consignación. ’ ’

En este pleito el demandante consignó en la Corte de Distrito de Guayama con sn demanda la cantidad que importa el precio de la venta del retracto a que se refiere, y la única cuestión distinta en el presente es que el apelado sostiene que la demanda no aduce becbos suficientes para determinar una causa de acción y que debe ser confirmada la sentencia apelada porque siendo necesario que. en toda demanda se alegue la existencia de un derecRo y su violación por el deman-dado para que la corte pueda conceder el remedio correspon-diente, debería alegarse que dentro de los nueve días que la ley concede para el retracto se ofreció a los demandados por el demandante el precio de la venta y los otros gastos a que se refiere el artículo 1421 del Código Civil, así como que los demandados se negaron a aceptarlos. Además, sos-tiene que la demanda debió alegar que el demandante está dispuesto a subrogarse en lugar de los compradores en las mismas condiciones del contrato.

" Eespeeto de este último particular nosotros podemos decir que el apelado ecba en olvido que el demandante alegó en su demanda lo siguiente: “y como la ley concede al demandante el derecho de retracto para subrogarse en lugar del compra-dor, con este objeto interpone la presente demanda * * *.,T Estas palabras contienen el requisito a que se refiere el ape-lado.

En cuanto a lo consignado en primer término, diremos que la ley no contiene disposición alguna que exija al con-dueño que trata de retraer, la obligación de que para que pueda acudir al tribunal a ejercitar su derecho de retracto tenga que ofrecer previamente al comprador el precio de la venta y de los otros gastos a que se refiere la ley. El derecho de retraer el condominio vendido a un extraño no surge porque éste se haya negado a aceptar la oferta que el comprador le haga del precio, sino del hecho de que la venta a un extraño se haya realizado. Y de aceptar la teoría del apelado el derecho de ejercitar la acción de retracto legal nacería cuando el comprador se hubiere negado a recibir el precio y no, como dice el artículo 1427 del Código Civil, desde.la inscripción de la venta en el registro de la propiedad, y en su defecto desde que el retrayente hubiera venido en conoci-miento de la venta. Por otra parte es tan breve el término quo la ley concede para ejercitar el derecho de retracto que no sería posible en muchas ocasiones el que dentro de nue\ e días se buscara el comprador para ofrecerle el precio y que se interpusiera la demanda. Tal alegación pues, no es nece-saria, y por consiguiente el que no se alegue no hace insu-ficiente la demanda.

En vista de lo antes expuesto y de lo resuelto en el. caso que hemos citado anteriormente, llegamos a la conclusión de que la demanda es suficiente y que la corte inferior cometió error al declararla sin lugar, debiendo por tanto revocarse para que continúe el procedimiento.

Revocada la sentencia apelada ordenando que continúe el procedimiento de acuerdo con la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

El Juez Presidente Sr. Hernández nq tomó parte en la resolución de este caso.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en' la vista de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Marcano, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción del artículo 300 del Código Penal.
    No. 693.
    Resuelto en julio 14, 1914.
    Condena Do»le — Imputación de Dos Delitos por un Mismo Hecho — Exposi-ción del Caso — Deeensa Hecha por Primera Vez en Apelación. — La alegación hecha por primera vez en apelación en el sentido de que por hechos ocurridos en el mismo día y en las mismas circunstancias se han imputado al acusado dos delitos y se le han impuesto dos condenas en lugar de una, debe desestimarse cuando falta constancia en el récord de que tal alegación haya sido hecha en la corte inferior y tampoco se demuestre por medio de escrito de exposición del caso.
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    Abogado del apelante :Sr. Manuel F. Bossy.

   SENTENCIA.

Celebrada la vista del presente recurso en 7 de julio co-rriente, con asistencia de ambas partes, este tribunal ha exa-minado la transcripción de autos en la que no hay exposición del caso ni pliego de excepciones, y no habiéndose alegado más defensa en apoyo de dicbo recurso que la de haber sido condenado Marcano en la causa de que se trata como culpable del delito comprendido en el artículo 300 del Código Penal y en otra causa como culpable de otro delito comprendido en el artículo 299 del mismo código cuando, según opina la parte apelante, sólo ba podido ser castigado por uno de esos delitos, cuya defensa procede desestimar, entre otras razo-nes, por no constar que haya sido alegada oportunamente en la corte inferior y faltar escrito de exposición del caso que la sostenga; vistá la resolución dictada por esta Corte Su-prema en los casos de El Pueblo de Puerto Rico v. Belpré, 19 D. P. R., 508 y 510, y no apareciendo demostrado que se haya cometido error fundamental alguno, se declara sin lugar el recurso y confirmamos la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao en 7 de abril del corriente año. Y comuniqúese en la forma correspondiente.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Marcano, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por juegos prohibidos.
    No. 696.
    Resuelto en julio 14, 1914.
    Condena Doble — Imputación de Dos Delitos poe un Mismo Hecho — Exposi-ción del Caso — Defensa' 1-Ieoha poe Primera Yez en Apelación. — La alegación heelia por primera vez en apelación en el sentido de que por hechos ocurridos en el mismo día y en las mismas circunstancias se han imputado al aeusado dos delitos y se le han impuesto tíos condenas en lugar de una, debe desestimarse cuando falta constancia en el récord de que tal alegación haya sido hecha en la corte inferior y tampoco se demuestre por medio de escrito de exposición del caso.
    Abogado del Pueblo : tSr. Salvador Mestre, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Rossy.

   SENTENCIA.

Celebrada la vista del presente recurso en 7 de julio co-rriente, con asistencia de ambas partes, este tribunal ha exa-minado la transcripción de autos en la qne no hay exposición del caso ni pliego de excepciones, y no habiéndose alegado más defensa en apoyo de dicho recurso que la de haber sido condenado Marcano en la causa de que se trata como culpable del delito comprendido en el artículo 299 del Código Penal y en otra causa como culpable de otro delito comprendido en el artículo 300 del mismo código cuando, según opina la parte apelante, sólo ha podido ser castigado por uno de esos deli-tos, cuya defensa procede desestimar, entre otras razones, por no constar que haya sido alegada oportunamente en la corte inferior y faltar escrito de exposición del caso que la sostenga; vista la resolución dictada por esta Corte Suprema en los casos de El Pueblo de Puerto Rico v. Belpré, 19 D. P. R., 508 y 510, y no apareciendo demostrado que se haya cometido error fundamental alguno, se declara sin lugar el recurso y confirmamos la sentencia apelada que dictó la Corte de Dis-trito de Humaeao en 7 de abril del corriente año. Y comu-niqúese en la forma correspondiente.

Confirmada, la sentencia ajelada.

Jueces'concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. García, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humaeao en causa por injuria y calumnia.
    No. 681.
    Resuelto en julio 15, 1914.
    Calumnia — -Crítica de Funcionarios Públicos — Libertad de la Palabra — Interpretación Liberal de las Prases Calumniosas. — Las frases calum-niosas que se imputan a un acusado al criticar a funcionarios públicos deben interpretarse en sentido liberal, teniendo en cuenta el interés público y a favor de la libertad de la palabra y del derecho que tiene, todo ciudadano a discutir acerca de los funcionarios públicos y cuestiones de interés general.

      Id: — Libertad de la 'Palabra — Interpretación de la Let. — En la interpretación de la Ley No. 49 sobre calumnia, de marzo 9, 1911, debe tenerse en cuenta la libertad de la palabra garantida por la ley definiendo los derechos del pueblo, de febrero 27, 1902, y el precepto constitucional sobre la misma materia.
    Id. — -Acciones Civiles por Calumnia — Aplicación de sus Principios a Casos Criminales. — Los principios que rigen las acciones civiles de indemnización de daños y perjuicios por calumnia, por analogía son aplicables a causas criminales por dicho delito.
    Id. — Expresión Calumniosa — Elementos Necesarios para que Constituya Delito.- — La “expresión calumniosa” a que se refiere la sección 3 de la Ley No. 49, de marzo 9, 1911, debe tener, los elementos expresados en las secciones 1 o 2 de la misma ley para que constituya el delito de calumnia.
    Id. — Expresión Calumniosa — Imputación de la Comisión de un Delito— Traducción Errónea de la Sección 2 — Relato o Informe.- — Para que exista el delito de calumnia de acuerdo con la Ley No. 49, de marzo 9, 1911, es necesario que se impute la comisión de un delito, o que las palabras que se estiman calumniosas sean equivalentes a un “relato” o “informe” que es la verdadera traducción al español de las palabras “idle” o “report” empleadas en el texto inglés de dicha ley.
    Id.- — Vaco y Vagabundo — Aplicación de Estas Palabras a un Alcalde. — El decir públicamente que un alcalde es un vago y vagabundo y que debiera ocupaise de trabajar y de las necesidades de los pobres, no constituye un ‘ relato” o “informe” en el sentido en que estas palabras se emplean en la sección 2 de la ley de calumnia, ni imputan la comisión de un delito y por tanto no constituyen el delito de calumnia.
    Interpretación de Ley — Discrepancia Entre el Texto Original Inglés y la Traducción Española. — Guando una ley es de origen americano debe pre-valecer el texto original inglés en caso de existir discrepancia entre dicho texto y la traducción española.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: ¡Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Ahogado del apelante: Sr. Rafael López Landrón.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Se inició esta cansa en la Corte Municipal de Vieques a virtud de la siguiente denuncia:

“Yo, Carlos Benitez Castaño, Alcalde Municipal, vecino de Vie-ques, Puerto Rico, calle de Guzmán Benitez, mayor de edad, formulo denuncia contra Emilio García, por delito de injurias y calumnias' (misdemeanor), cometido de la manera siguiente: Que en noviembre 2, 1913, a las 4.30 p. m., más o menos, y en la Plaza del Mercado, Municipio de Vieques, dentro del Distrito Judicial Municipal de Vieques, Puerto Rico, que forma parte del Distrito Judicial Municipal de Humaeao, Puerto Rico, el acusado Emilio García, maliciosa, voluntaria y falsamente y con la intención de causarme deshonra, descrédito y menosprecio, públicamente profirió palabras en contra de mi reputación, tales como ‘El Alcalde de este pueblo de Vieques es un vago, es un vagabundo, debiera ocuparse de trabajar y de las necesidades de los pobres.” Este hecho es contrario a la ley para tal caso hecha y prevista y contra la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico. Firmado. C. Benitez Castaño. Alcalde Municipal de Vieques. Denunciante.”

Celebrado el juicio de novo basado en la misma denuncia ante la Corte de Distrito de Humaeao, fue declarado culpable el acusado y condenado a pagar veinte y cinco dólares de multa, o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dollar que dejare de satisfacer, y al pago de las costas.

El apelante no ha formulado alegato ante esta corte y no consta en los autos ninguna exposición del caso ni pliego de’ excepciones. Durante la vista de esta apelación casi toda la discusión fué principalmente sobre la significación del len-guaje referido en la denuncia, habiéndose alegado que las palabras contenidas en la mencionada denuncia no deben ser consideradas como calumniosas según el significado y acep-tación que general y ordinariamente se da a dichas palabras. También se sostuvo, aunque no se hizo cita alguna de auto-ridades, que al interpretar, la corte la frase en cuestión debe considerarla en un sentido liberal, teniendo en cuenta el inte-rés público y en defensa de la libertad de la palabra así como del derecho que tiene todo ciudadano a discutir sobre los fun-cionarios públicos y las cuestiones de interés general. Esta-mos de acuerdo en lo que respecta a esta última indicación aunque según el criterio que hemos formado del caso no es necesario que este tribunal considere con amplitud las diver-sas significaciones que pudieran o nó darse a las frases que se suponen calumniosas.

La libertad de la palabra está completamente garantida en Puerto Rico por virtud de la sección 3 de una Ley Defi-niendo Derechos del Pueblo, aprobada en 27 de febrero de 1902, cnya sección es como sigue:

“Sección 3. — No se coartará a nadie la libertad de la palabra, y toda persona tendrá entera libertad para Rabiar, escribir, o publicar lo.que le plazca sobre cualquier asunto, siendo responsable, sin embargo, de todo abuso en que incurra de esa libertad.”

No debemos perder de vista este precepto al aplicar a casos como el presente nuestra ley actual para definir y cas-tigar el delito de calumnia, como tampoco el principio consti-tucional tan respetado siempre y que se ha tratado de conser-var en el referido precepto. La .injuria y calumnia no consti-tuye un delito en la ley común aunque en algunos Estados, como en Puerto Eico, se han aprobado estatutos según los cuales ciertas imputaciones calumniosas son constitutivas de delito. Sin embargo, los preceptos más generales se'refie-ren aquellas imputaciones por las que se atribuye a una mujer el hecho de no ser pura, y no pueden encontrarse casos que sean pertinentes en los cuales se interprete un estatuto seme-jante al nuestro. 25 Oye., 569 y notas; Newell sobre Libelo y Calumnia, página. 920, párrafo 30.

Yernos que existe, sin embargo, una gran semejanza en las acciones civiles en que se reclaman daños y perjuicios por injuria y calumnia, y los principios comprendidos en ellas parecen ser aplicables a fortiori a un caso criminal. Así, pues, en el caso de Sillars v. Collier, 6 L. R. A., 680, las pala-bras ■ proferidas con respecto al demandante fueron las si-guientes :

“Siento que el representante de este distrito Raya variado de opinión. A veces (sacudiendo la mano en el bolsillo) un cambio de opinión procede del bolsillo.”

Después de hacer referencia la Corte a la Constitución de los Estados Unidos y. a la de Massachusetts, hace la siguiente icita de los Comentarios de Kent:

“Se considera que la facultad de poder discutir libremente sobre el carácter y conducta de los funcionarios públicos es esencial al ejer-cicio verdadero del derecho de sufragio y aquella facultad de sus gobernantes que reside en el pueblo libre de los Estados Unidos.”

Y termina luego la opinión, después de la interesante dis-cusión que hace del lenguaje que en dicho caso se consideró como constitutivo de calumnia, en la forma siguiente:

“* * * Es una de las infelicidades de la vida pública que un funcionario público tenga por tal motivo que estar sujeto a la crítica y a menudo a injustos comentarios; pero a menos que éstos se excedan de los límites fijados por la ley deberán ser tolerados en defensa del mantenimiento de la libertad de la palabra.
“En los diferentes casos que han sido citados a este tribunal o considerados por nosotros y en los cuales en tales circunstancias se han establecido acciones, se ha declarado que las palabras constituyen una verdadera imputación de mala conducta. Así por ejemplo, en los casos, de Wilson v. Noonan, 23 Wis., 105; Powers v. Dubois, 17 Wend., 63, y en el de Littlejohn v. Greeley, 13 Abb. Pr., 41.
“Pero cuando las palabras vertidas vienen a ser simplemente■ la opinión del que las profiere, por duro que haya sido el lenguaje en ellas expresado con respecto al carácter del funcionario público se ha resuelto que no pueden establecerse acciones contra las mismas. Onslow v. Horne, 3 Wils., 177; Hogg v. Dorrah, 2 Port. (Ala.), 212.
“De igual manera si las palabras pueden dar lugar a sospechas de que una persona que no es un funcionario público ha cometido un delito no pueden servir de base al establecimiento de una acción. Simmons v. Mitchell, L. R., 6 App. Cas., 156.
“Alega además el demandante en su demanda, que es por el interés y verdadera dignidad de la comunidad que no habrá de permitirse el escándalo de los magnates, y se funda en la antigua doctrina de sean-dalum magnatum para sostener su demanda.
“El Sr. Odgers en su obra sobre Libelo y Calumnia, expresa que a su juicio, semejante acción no se ha establecido en Inglaterra desde el año 1710.
“En la obra de Townshend sobre Calumnia, se dice que la doc-trina del seandalum magnatum no es conocida en los Estados Unidos, See. 187.
“En el caso de Hogg v. Borrah, arriba citado, el abogado del de-mandante negó expresamente el hecho de que se fundara en dicha doctrina. El demandante no ba citado ninguna decisión o texto legal en apoyo de su alegación para probar que existe en este país este reme-dio especial, y nuestra opinión es que jamás ha sido adoptado en Massachussets. Véase también el caso de Reeves v. Winn, 97 N. C., 246.”

Esto no es sino una ampliación de la cuestión últimamente expresada en el alegato del apelado en el mismo caso, en el cual se cita la obra de Odgers sobre Libelo y Calumnia con el objeto de demostrar que aquellas personas que desem-peñan cargos públicos no deben ser demasiado susceptibles en aquellos casos en que se hacen comentarios acerca de los mismos.

En el presente caso, sin embargo, preferimos fundar nues-tra resolución principalmente en la simple proposición de que las palabras que en la denuncia se imputan al acusado, bajo ningún concepto pueden ser consideradas en el sentido de que constituyen una expresión calumniosa según el sig-nificado del estatuto. Su letra es demasiado clara para que requiera interpretación. Las secciones 1, 2 y 3 de la Ley para Definir y Castigar el delito de calumnia, aprobada en marzo 9 de 1911, dicen lo siguiente:

“Sección 1. — Se entiende por calumnia toda falsa y maliciosa imputación hecha de palabra y públicamente contra otra persona natural o jurídica, imputándole la comisión de hecho constitutivo de delito.
“Sección 2.- — Entiéndese también por calumnia todo relato (texto español: palabra) (texto inglés: tale) o informe texto español: con-cepto) (texto inglés: report) preferido maliciosa y publicamente en deshonra, descrédito, menosprecio de otra persona natural o jurídica.
“Sección 3. — Se presumirá maliciosa y será calumnia procesable toda expresión calumniosa hecha públicamente en presencia o en au-sencia de la persona agraviada.”

La “expresión calumniosa” a que hace referencia la sec-ción 3a., deberá contener, desde luego, palabras que sean ca-lumniosas de acuerdo con una u otra de las definiciones dadas a dicha frase en las secciones 1 y 2, pues de otro modo no será calumniosa. Que ninguna imputación, por falsa y mali-ciosa que sea puede constituir calumnia con arreglo a la sec-ción 1, a menos que el cargo imputado fuere la comisión de algún hecho constitutivo de delito, es una cuestión que no admite discusión alguna. Es asimismo evidente que la sección 2 se refiere únicamente a “un relato” (tale), el texto cas-tellano de la ley dice “toda palabra”), o “informe” (report), (en la edición castellana “concepto”), y no puede ser con-siderada dicha sección mediante un esfuerzo de imaginación, de conformidad con ninguna regia de interpretación que pueda ser susceptible de aplicación al interpretarse un estatuto penal, como que comprende alguna palabra o combinación de palabras que no sean equivalentes a “un relato” (tale) o “informe” (report), por mucho que dicha palabra o frase tienda a perjudicar el honor, reputación o méritos de una persona natural o institución social.

Ahora bien, el decir públicamente de un alcalde o cual-quier otra persona o funcionario público que es un vago o vagabundo, o ambas cosas, dando a dichas palabras la signi-ficación menos favorable que pueda hallarse en los diccio-narios del idioma en que se pronuncien, y que debiera ocu-parse de trabajar y de las necesidades de los pobres, por impolítico, discutible por su estilo u ofensivo que fuere este lenguaje para la persona que de tal modo se critica, no cons-tituye “un relato” (tale) o “informe” (report), y no expresa ni puede alegarse que en dicho lenguaje se imputa la comi-sión de algún delito comprendido en nuestro Código Penal.

En el caso de Demolli v. United States, 6 L. R. A., nueva serie, página 424, el Juez de Circuito, Sr. Hook, termina su opinión en la forma siguiente:

“* * *. Los preceptos de los estatutos penales no son elásticos o susceptibles de ser conformados, y la extensión o alcance que les den las cortes de justicia hasta hacerlos comprender conducta que es gro-seramente ofensiva á la moral y decoro público, como fué la de Demolli, puede dar lugar a resultados mucho más perniciosos que aquellos que pudieran ocasionarse con la fuga del delincuente.
“Un Código Penal de la China autorizaba al Juez para que en el caso de no hallar ley penal que fuera precisamente aplicable, se guiara por el espíritu de los preceptos de ley establecidos para aquellos casos que tuvieran más semejanza al sometido a consideración (Código Penal de China por Staunton, artículo 44, página 43); pero en este país, como se dijo en el caso de Todd v. United States, 158 U. S., 278, 282, 39 L. ed. 982, 983, 15 Sup. Ct. Rep., 889, 890, es axiomático que a los estatutos que establecen y definen delitos no puede dárseles mayor alcance en lo que respecta a su verdadera significación, y que ningún acto por perjudicial que fuere podrá ser castigado de acuerdo con el referido estatuto, a no ser que aparezca claramente compren-dido en sus disposiciones. ‘No pueden existir delitos por deducción y antes de que una persona pueda ser' castigada, su caso deberá ser claro y estar ciertamente comprendido en el estatuto.’ ”

La cuestión concreta sobre la cual realmente descansa la resolución de este caso no fué promovida en este tribunal, como tampoco, según nuestros informes, en la corte inferior. Es también un hecho cierto que la versión española de la sec-ción 2a. de la ley ya citada dice “toda palabra o concepto proferido maliciosa y públicamente,” etc., (any word or thought maliciously and publicly spoken), mientras que la inglesa expresa “a tale or report maliciously and publicly made” (un relato o informe que se hace maliciosa y pública-mente.) Por la mera faz de la versión española que es cla-ramente una traducción muy deficiente podría sostenerse sufi-cientemente la sentencia, pero este tribunal generalmente ha resuelto, especialmente cuando el estatuto es nuevo o de ori-gen americano, que en los casos de conflicto entre las dos ver-siones, prevalecerá la inglesa. Véanse los casos de El Pueblo v. Charón, 7 D. P. R., 428; Cruz v. Domínguez, 8 D. P. R., 581; y el de El Pueblo v. Torres, 9 D. P. R., 440.

No imputándose en la denuncia que fué formulada nin-gún delito, debe revocarse la sentencia apelada y sobreseerse el caso.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concnrrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Aldrey firmaron haciendo constar estar conforme con la sentencia.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Mattei, Demandante y Apelante, v. Badillo, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en nn caso de injunction para recobrar la posesión de pro-piedad inmueble.
    No. 1109.
    Resuelto en julio 16, 1914.
    Injunction pasa Recobear la Posesión — -Actos Violentos o Fraudulentos.— La ley No. 43 de marzo 13, 1913, al estatuir que el despojo debe hacerse por medios violentos o fraudulentos, no ha establecido ser requisito nece-sario que el despojo se haga empleando fuerza física o engaño, siendo bas-tante que se haga contra la voluntad del poseedor, o sin el concurso de ella.
    Id. — Actos Violentos o Fraudulentos — Significación de Dicha Pease.— Cuando una persona es privada de la posesión de su propiedad contra su voluntad, esto constituye un acto violento, y el cual puede llevarse a cabo por medio de fuerza, intimidación, amenaza o cualquier otro medio que afecte a la libertad del poseedor. Cuando se priva a una persona de su posesión sin su consentimiento, entonees existe un acto fraudulento que puede llevarse a cabo por medio de fraude o engaño propiamente dicho, o por cualquier otro medio equivalente al engaño, verbi gracia, procediendo por sorpresa u obrando ocultamente o a espaldas del poseedor.
    Id. — Actos Violentos o Peaudulentos — Amenaza de Cárcel — Acto de Cercar el Terreno.- — -Una persona es privada de su posesión por actos violentos o fraudulentos cuando, como en el caso de autos, se prueba que el demandado amenazó de cárcel al que entrara en el terreno en litigio, lo cual envuelve un elemento de fuerza, y además cercó el terreno, poniendo una estaca con un letrero en el que prohibía la entrada, con sorpresa y a espaldas del legítimo poseedor, lo cual revela artificio para el despojo que puede calificarse de medio fraudulento.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Luis Montalvo Guenard.

      Abogado del apelado: Sr. Juan B. Soto.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nna demanda para recobrar la posesión de cierta propiedad inmueble, y en ella solicita la demandante Luisa Mattei, viuda de Campos se le conceda un injunction contra el demandado Teodoro Badillo para que sea repuesta en la posesión material de 3 y media cuerdas de terreno de que ba sido privada, requiriendo al perturbador demandado para que en lo sucesivo se abstenga de ejecutar acto alguno como los realizados u otros constitutivos de lá privación de lá posesión, bajo apercibimiento de desacato a la corte por desobediencia al injunction, de acuerdo con la Ley No. 43 aprobada en marzo 13, 1913, con costas, desembolsos y hono-rarios de abogado a cargo de la parte demandada.

Alega la demandante como hechos determinantes de su acción que es dueña de una finca rústica de 4 cuerdas y 25 céntimos de terreno, sita en el barrio de Guayabo del muni-cipio de Aguada e inscrita en el registro de la propiedad ; que dentro de los 4 meses inmediatamente anteriores a la presen-tación de la demanda estaba en posesión real de dicha finca; que el demandado posee otra colindante con aquélla por los rumbos sur y oeste, la cual figura como propiedad de Genaro Chaparro; que con el pretexto de separar ambas fincas puso el demandado una cerca de alambre dentro de la propiedad de la demandante privándola de la posesión de su finca por los rumbos sur y oeste en una extensión de 3 y media cuerdas más o menos, violenta y fraudulentamente; y que el deman-dado está ejecutando actos de dueño en el terreno de que ha sido desposeído, arándolo y preparándose a sembrarlo de cañas de azúcar.

El demandado negó los hechos fundamentales de la de-manda, y como materia nueva alegó que es dueño y posee en pleno dominio un predio de terreno ubicado en el barrio de Guayabo, que adquirió por compra hecha a Genaro Chaparro en escritura de 27 de enero de 1913, inscrita en el registro de la propiedad, y en esa finca lia echado una cerca de alam-bre sin comprender dentro de ella finca alguna de la propie-dad de la demandante.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 18 de diciem-bre de 1913, por la que declara no baber lugar a conceder el injunction solicitado, reservando a las partes el derecho que pueda asistirles respecto a la propiedad o posesión del lote de terreno a que se alude en la demanda, con las costas a cargo de la parte demandante.

Contra esa sentencia interpuso la representación de Luisa Mattei recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

El fundamento principal en que descansa la desestimación de la demanda, según expresa el juez en su opinión es que la prueba aportada al'juicio por la demandante es insuficiente para sostener las alegaciones esenciales de la misma aun considerada aisladamente, pues si se toma en consideración con la del demandado resulta totalmente infructuosa para el sostenimiento de la acción. La parte apelante funda su re-curso en que la corte cometió error en la apreciación de las pruebas, como trata de demostrarlo mediante un examen mi-nucioso de las mismas.

Según la demanda las 3% cuerdas de terreno de cuya posesión ba sido privada la demandante, están situadas hacia el sur y oeste de una finca de su propiedad de 4 cuerdas y 25 céntimos de terreno, colindantes por el norte con terrenos de José Ramón Badillo y Miguel Bonet, por el sur con el río y terrenos de (Jenaro Chaparro, por el este con el propio río dividiendo terrenos de Luisa Mattei, y por el oeste con terre-nos del mismo Genaro Chaparro.

Se ba justificado documentalmente que en 14 de julio de 1913 el mársbal auxiliar de la Corte de Distrito de Aguadilla dió posesión a Don Pedro P. Acevedo en representación de la demandante Luisa Mattei de un finca de la cabida y coiin-dancia ya expresadas, para cumplimentar sentencia dictada en juicio de desahucio por aquélla seguido contra Genaro Chaparro, y que esa misma finca fué adjudicada a la Mattei con fecha 14 de junio de 1907 en escritura de partición de bienes de su difunto esposo Don Elias Campos, cuya escri-tura ha sido inscrita en el registro de la propiedad.

Examinemos la prueba testifical aportada al juicio por ambas partes:

TESTIGOS DE LA DEMANDANTE.

Don Pedro F. Acevedo sabe que Luisa Mattei, entre otras fincas, tiene una de 4 cuerdas y 25 céntimos de terreno que. colinda por el sur y el oeste con Glenaro Chaparro y un río, por el norte con terrenos de Ramón Badillo, que son de Ra-•fucci y Don Miguel Bonet, y por el este con un camino veci-nal que conduce al barrio de Cruces, cuya finca está dividida por un camino vecinal en dos porciones, una de 3 cuerdas y otro de 1 cuerda con 25 céntimos, y como representante de Doña Luisa Mattei, tomó posesión de ella en 14 de julio de 1913, mediante entrega que le hizo el sub-márshal de la Corte de Distrito de Aguadilla, habiendo entregado luego la misma finca a un empleado de Giorgetti.

Pedro J. Bou, que es el empleado de Giorgietti a que alude Acevedo, tomó posesión como tal empleado, en 14 ó 15 de julio de 1913, de 3 cuerdas de terreno que forman parte de una fracción de 4 cuerdas 25 céntimos de que el márshal de Distrito de Aguadilla a su vez había dado posesión a Pedro P. Acevedo en nombre de la demandante; como no estaba bien enterado de los límites, hizo Boucher el deslinde del te-rreno de 3 cuerdas, y al día siguiente mandó a Ulises García que lo cercara en unión de otro que conocía los linderos sin que llegaran a realizar el trabajo; al otro día de haber man-dado cercar, pasó por el terreno y vió un palo con un letrero que decía “Prohibido el paso,” ignorando quién lo puso; ha visto una cerca con estacones de madera en la parte de la finca que colinda con el camino vecinal y con esa cerca queda cerrado el predio de las 3 cuerdas; conoce a Teodoro Badillo, quien estuvo un día diciendo que ese terreno le pertenecía.

Tomás Boucher, agrimensor, entre los días 14 y 20 de julio de 1913 hizo nn deslinde de 3 cnerdas de terreno de Lnisa Mattei, por cuenta de la Central Corsica, siendo las colin-dancias de ese terreno, por el norte, con los Sucesores de Ba-fucci, antes Bamón Badillo y Miguel Bonet, al este un camino vecinal, y al sur y al oeste terrenos de Chaparro; el terreno deslindado afecta una forma rectangular en la parte baja pero irregular en la parte alta;'- lo segregó de una finca que tenía Genaro Chaparro; hizo la partición de la finca de Don Elias Campos por el año de 1906 y entonces midió esas 3 cuer-das, las que fueron adjudicadas a la demandante en unión de otra fracción de una cuerda y un cuarto, siendo la finca en su totalidad de cuatro cuerdas y un cuadro, colindante por el norte con terrenos de José Bamón Badillo y Miguel Bonet, al sur con terrenos de Chaparro, y un río, y al este con un camino y el río, y al oeste con terrenos de Chaparro.

Elias Delgado, fué con el agrimensor Tomás Boucher del 14 al 20 de julio de 1913, a tomar los puntos de una fracción de 3% cuerdas de terreno, y Don Pedro, mayordomo de Gior-. getti, le mandó cercarla, pero cuando fué a hacerlo acompa-ñado de ofro encontraron allí al segundo mayordomo quien les dijo que Badillo decía que metería en la cárcel al que en-trara allí, por cuya razón no pudieron cercar; después ha visto una cerca de alambre en ese terreno, la que ignora por quién fué puesta y también ha visto a un peón de Badillo arando en ese mismo terreno con una yunta de bueyes de Ba-dillo.

Teodoro Badillo compró a Genaro Chaparro un predio de terreno de 10 cuerdas, y desde que lo compró puso allí una estaca con un letrero que dice “Prohibido el paso”; también mandó poner una cerca, pero ésta no tiene alambres todavía; las propiedades que allí tenían Bamón Badillo y Miguel Bonet son ahora de Bafucci y al este de las mismas pasa un camino vecinal; ha mandado arar en la parte que colinda por el sur con los terrenos que eran de Bamón Badillo y de Miguel Bonet; Don Pedro Bou se ha presentado reclamándole tres cuerdas de terreno de Doña Luisa Mattei, no recordando si fué en los días en que puso el letrero.

TESTIGOS DEL DEMANDADO.

Don Pedro F. Acevedo nada importante agrega a lo ya declarado como testigo de la parte demandante.

Teodoro Badillo explica que su finca de 10 cuerdas colinda con una de una cuerda y 25 céntimos de Doña Luisa Mattei que está a la parte este de las 10 cuerdas, y que era de una sobrina del testigo, habiéndola vendido por encargo de ella a Don Elias Campos, marido de la demandante; que dicha finca en su totalidad forma un solo predio dividido de la cuerda y 25 céntimos por un camino vecinal y está cercado, sin que comprenda parte alguna de terrenos de la propiedad de la demandante.

Examinados conjuntamente y combinados entre sí los ele-mentos probatorios que ofrece la evidencia aportada al juicio a instancia de la parte demandante, mejor robustecida que contradicha por la de la demandada, no podemos menos que llegar a la conclusión de que realmente se ha cometido el error alegado para sostener la revocación de la sentencia.

La parte demandante ha justificado suficientemente la po-sesión en que se encontraba de se finca de 4 cuerdas y 25 céntimos de terreno, y que de la posesión de 3 cuerdas de dicho terreno ha sido privada por el demandado. El marshal de la Corte de Distrito de Aguadilla la puso en posesión de la totalidad de ese terreno, mediante entrega hecha en su representación a Don Pedro F. Acevedo. Si el Sr. Gior-getti estaba en posesión del terreno, poseía a nombre de la demandante por encargo de la cual se le dió la posesión según afirma Acevedo, y precisamente para que no hubiera duda alguna sobre el deslinde de las 3 cuerdas de terreno, fué prac-ticada esa operación por el perito agrimensor Don Tomás B >u-cher. No pudo cercarse ese terreno por la oposición que hizo el demandado, el cual, como si fuese propio, lo cercó y puso dentro de él un poste con un letrero prohibiendo el paso, y privando a la demandante de lo que ella u otro en su nom-bre, estaba poseyendo.

Ciertamente que la Ley No. 43, aprobada en 13 de marzo de 1913, proveyendo procedimientos pára recobrar la pose-sión de propiedad inmueble, exige que la privación de la pose-sión ba de tener lugar por actos violentos o fraudulentos.

Ello no quiere decir que para acogerse al beneficio de dicba ley es requisito necesario que alguien sea privado de la posesión material mediante fuerza o fraude, pues de ser así quedaría burlado con frecuencia el pensamiento- del legis-lador que ba querido establecer un procedimiento para dar •cumplimiento al artículo 448 del Código Civil, preceptivo de que todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su pose-sión; y si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en dicba posesión por los medios que las leyes de procedimientos establecen.

Antes de publicarse el vigente Código de Enjuiciamiento Civil, la antigua ley procesal tenía establecido el interdicto para recobrar la posesión en casos como el presente, y por si ese procedimiento se entendía derogado por el nuevo Có-digo de Enjuiciamiento Civil, quiso la legislatura restable-cerlo en cierto modo por la Ley No. 43 de que dejamos becbo mérito.

Según la antigua ley, el interdicto de recobrar procedía cuando el que se bailaba en la posesión o- en la tenencia de una cosa, babía sido despojado de dicba posesión o tenencia. La ley guardaba silencio sobre los medios por los cuales se verificara el despojo,

Opinamos que la nueva ley al estatuir que el despojo debe hacerse por medios violentos o fraudulentos, no ba estable-cido ser requisito necesario qué el despojo se baga empleando fuerza física o engaño. Basta que se baga contra la Noluntad del poseedor, o sin el concurso de ella. En el primer caso podrá existir fuerza, intimidación, amenaza o cualquier otro medio que afecte a la libertad del poseedor, y entonces indu-dablemente se habrán empleado medios yiolent'os; mientras que en el segundo caso, o sea, cuando no media consentimiento del poseedor, indudablemente la privación de la posesión puede hacerse, ya empleando fraude o engaño propiamente dicho, ya cualquier otro medio equivalente al engaño, verbi gratia, procediendo por sorpresa u obrando ocultamente o a espaldas del poseedor.

En el presente caso han concurrido ambos medios, pues hubo amenaza de cárcel por parte del demandado contra el que entrara en el terreno de que se trata, lo cual envuelve un elemento de fuerza, y además cercó el terreno, poniendo una estaca con un letrero en que prohibía la entrada, con sor-presa y a espaldas del legítimo poseedor, lo cual revela arti-ficio para el despojo que puede calificarse de medio fraudu-lento.

Por las razones expuestas es de revocarse la sentencia apelada.

Revocada la sentencia apelada y dictada sem tencia declarando con lugar la demanda con las costas al demandado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Cartagena, Demandante y Apelado, v. Mayagüez Light & Ice Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1069.
    Resuelto en julio 18, 1914.
    Responsabilidad de Patronos — Defecto Existente en las maquinas del Pa-trono — Causa Necesaria y Unica • del Accidente. — Cuando, como en el caso de autos, se prueba que el demandante trabajaba como maquinista en la fábrica de la demandada desde hacía varios años, siendo una de.sus obli-gaciones la de arreglar los desperfectos del freno de la máquina, j el acci-dente que ocasionó la lesión al demandante no ocurrió mientras la máquina estaba funcionando porque el freno, por ejemplo, saltara o se rompiera, sino mientras el demandante estaba arreglando el desperfecto del freno, no puede concluirse que el accidente sea la consecuencia necesaria y única de algún defecto existente en la máquina de la demandada, dentro del significado de la -rigente ley sobre responsabilidad de patronos.
    Id.-^-ASUNCIÓN DEL BlESGO POR EL EMPLEADO — DEFECTO EXISTENTE EN LAS MA-QUINAS del Patrono — Maquinista Encargado de Arreglar dicho Defecto.— Guando, como en el caso de autos, el desajuste del freno de la máquina de la demandada existía desde su instalación en el año de 1895 y desde esa misma feeba trabajaba el demandante en dicha máquina conociendo dicho defecto y asumiendo voluntariamente la obligación de corregirlo, sin que conste en forma alguna que llamara especialmente la atención de la demandada acerca de que al ajustar el freno en la forma en que se venía haciendo durante tantos años, peligrara su vida, o estuviera expuesto a sufrir alguna lesión corporal, y que la demandada prometiera reparar el defecto totalmente, y que el accidente ocurriera durante un período de tiempo que permitiera razonablemente deducir que el demandante había continuado trabajando en la creeneia de que la demandada remediaría el defecto, es necesario concluir que aceptó volunta-riamente el riesgo de su empleo y debe estar y pasar por las consecuencias de sus propios aetos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelado :_/SVes. N. B. K. Pettingill, Benja-mín J. Horton y Fernando Vázquez.

    Ahogado de la apelante: Sr. Leopoldo Feliú.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito sohre indemnización por daños y perjuicios. Archivadas las alegaciones de amhas partes y celebrada la vista, la Corte de Distrito de Mayagüez dictó sentencia, el 9 de mayo de 1913, condenando a la compañía demandada a pagar a su empleado el demandante la suma de mil pesos, como indemnización por los daños y perjuicios que sufriera en el accidente descrito en la demanda, y, ade-más, al pago de las costas y de los desembolsos y honorarios de abogado.

La corte sentenciadora, basándose en la evidencia prac-ticada, declaró probados los siguientes hechos:

“Que la demandada Mayagüez Light and lee Co., es una compañía incorporada según las leyes de Puerto Rico, con el fin, entre otras cosas, de fabricar luz y fuerza en la ciudad de Mayagüez, en la cual mantiene una planta eléetriea para el servido del alumbrado público. Que el demandante Cándido Cartagena estuvo trabajando en la planta eléctrica de la demandada en esta ciudad de Mayagiiez, desde la fun-dación de la misma, la que está funcionando desde el año 1895.
“Se lia probado también que la planta eléctrica a que se refiere la demanda es propiedad de Don Ramón Yaldés. Además se ba probado que el demandante Cándido Cartagena, quien babía estado trabajando en dicha planta desde su fundación, el día 8 de marzo de 191.1, tra-bajaba como maquinista én la planta eléctrica establecida en esta ciudad de Mayagiiez, en la calle de la Candelaria y propiedad de la demandada; que estando dicho día 8 de marzo de 1911, por la mañana, arreglando los cuneros de los frenos de la máquina número dos, saltó un pedazo de hierro del casquillo que lleva el freno del cunero de dicha máquina número dos, dándole un fuerte golpe al demandante en el ojo izquierdo que le ocasionó grandes dolores físicos y le obligó a guardar cama y estar impedido de trabajar absolutamente durante cuatro meses después del accidente, habiendo perdido por completo la visión del referido ojo izquierdo y encontrándose todavía parcialmente inhabilitado para trabajar de su oficio con el cual libraba su subsis-tencia, habiendo además experimentado fuertes dolores físicos y gas-tando algunas sumas de dinero tratando de obtener su curación.
■ “También se ha probado que dicho demandante Cándido Carta-gena, ganaba en su empleo como tal maquinista, cuando estaba empleado con la demandada, y hasta la fecha del accidente, una suma de sesenta dollars mensuales.
“Según aparece probado por las declaraciones de testigos, tanto dél demandante como de la demandada, el freno o clutch de la máquina número dos referida, desde su instalación en dicha máquina número dos, ha sido defectuoso, pues siempre, según declaró el testigo Pastor Camero, de la demandada, dicho casquillo ha estado desajustado desde que está formando parte de dicha máquina y siempre tienen que entrarlo a golpes de martillo.
“En relación con este punto, se ha probado que, como se deja dicho antes, el clutch o freno ha estado siempre desajustado cuando la máquina todavía no pertenecía al actual dueño Don Ramón Yaldés y que a pesar de haber sido advertido, como se ha probado que lo ha sido, dicho defecto, después de haber pasado la maquinaria o planta eléctrica a poder de la Mayagüez Light and Ice Co., no ha sido reme-diado en la forma propia y adecuada por la demandada, por el señor Ramón Yaldés, dueño de la planta, ni por ninguna persona por orden de la demandada.
•“Se ha probado satisfactoriamente, que en la época del accidente era superintendente y administrador de dicha planta el señor don Wenceslao Sifre, puesto allí con tal obligación y deber y encargado por la demandada o por su propietario Don Eamón Yaldés. Que dicho superintendente señor Sifre, venía a la planta dos veces al día y una vez por la noche a inspeccionar la planta y ver su funciona-miento. Que todas las mañanas se le pasaba un report por el maqui-nista de guardia al superintendente o administrador señor Wenceslao Sifre de todos los arreglos o reparaciones que había que hacer inme-diatamente en la referida planta eléctrica. Que en varias y repetidas ocasiones, según está probado suficientemente, el casquillo del freno o clutch se zafaba y había que entrarlo a su sitio a golpes de martillo. Esto resulta probado tanto por los testigos del demandante, como por los de la demandada, incluyendo el mismo ingeniero que actualmente está encargado de la dirección de dicha planta.
“A mayor abundamiento, el testigo Pastor Carrero, testigo traído por la demandada y que actualmente es maquinista de la planta eléc-trica, declaró, y es un hecho probado, que desde que la planta eléctrica pertenece a la demandada Mayagüez Light and Ice Co., se ha arre-glado el casquillo del clutch o freno como ocho a diez veces.
“También se ha probado que la obligación del maquinista — y el demandante, Cándido Cartagena era maquinista en dicha planta — ■ era, entre otras cosas, arreglar esos desperfectos del freno y del casquillo.”

T la dicha corte sentenciadora, después de declarar pro-bados los anteriores hechos, llegó a las siguientes conclu-siones en las cuales basó la sentencia a que nos hemos refe-rido. Dichas conclusiones, copiadas a la letra, son así:

“1. Que el demandante ha experimentado daños de bastante con-sideración con motivo del accidente origen de este pleito.
“2. Que el demandante, al recibir dichos daños, estaba ejercitando en su trabajo el debido cuidado y diligencia.
“3. Que los daños causados al demandante, lo fueron por el de-fecto de la máquina número dos, usada en la planta eléctrica, cuyo defecto era conocido y no fué remediado debido a la negligencia del patrono o de su superintendente señor Wenceslao Sifre, quien, se ha probado, estaba encargado de la superintendencia de la planta eléctrica como su solo y principal deber.
“4. Que el daño fué debida única y exclusivamente a la negli-gencia de la'demandada, The Mayagüez Light & Ice Company.”

El abogado de la parte demandada y apelante especifica y argumenta en su alegato once errores. Prescindiremos de considerar los diez primeros, y atendidas las' circunstancias concurrentes, limitaremos nuestro estudio al último que abarca la totalidad del caso y que es como sigue: “La sen-tencia dictada por la corte no está ajustada a la prueba, ni apoyada por ésta, ni tampoco está de acuerdo con la ley.”

Hemos examinado cuidadosamente la prueba practicada y, a nuestro juicio, ba sido apreciada rectamente por el tribunal sentenciador. La cuestión a resolver es la de si los fiecbos declarados probados, sostienen o no las conclusiones de la corte de distrito, y, por ende, la sentencia apelada.

Examinaremos primero el paso a la luz de la ley relativa a la responsabilidad de los patronos, por accidentes que, en su servicio, sufran sus empleados, aprobada el 1 -de marzo-de 1901. La sección 1 de dicba ley y 322 de los Estatutos Revisados de 1902, prescribe que existirá entre otros casos el derecho de reclamar indemnización al patrono, cuando re-sulte lesión corporal a un empleado que esté ejercitando en su ocupación el debido celo y diligencia, por causa de cual-quier defecto en las máquinas que se usen en relación con la empresa del patrono, y el daño fuere originado, o no descu-bierto, o no remediado por la negligencia del patrono, o de cualquier persona a su servicio a quien hubiere confiado el deber de que dichas máquinas estuviesen en buen estado.

Existe en este caso, de acuerdo con los hechos declarados probados por la corte sentenciadora, la relación de empleado y patrono entre demandante y demandado, y se probó tam-bién que el empleado recibió una lesión corporal mientras se encontraba ocupado al servicio del patrono. Hasta aquí todos los requisitos que la ley exige para que pueda recla-marse la indemnización, han ocurrido, pero ¿se debió el acci-dente a algún defecto existente en las máquinas del patrono?

Según la prueba, tal como ha sido apreciado por la corte sentenciadora, el freno o clutch de la máquina de la deman-dada ha estado desajustado desde su instalación» en el año de 1895, y ha habido siempre que ajustarlo a fuerza de gol-pes de martillo. También, según la prueba, el demandante Cándido Cartagena trabaja en la máquina de la demandada desde 1895, siendo una de sus obligaciones como maquinista arreglar precisamente los desperfectos del freno. Y final-mente, según la prueba tal como ha sido apreciada por el tribunal sentenciador, el accidente que ocasionó la lesión al demandante no ocurrió mientras la máquina estaba funcio-nando, a consecuencia, por 'ejemplo, de que el freno saltara o se rompiera; sino mientras el demandante estaba arre-glando el desperfecto del freno.. Siendo esto así, no puede concluirse que el accidente sea la consecuencia necesaria y única del desperfecto existente en la máquina de la deman-dada, aun suponiendo que el desajuste del freno de que se trata, atendidas las circunstancias concurrentes, pueda con-siderarse como uno de los defectos a que se refiere la ley rela-.tiva a la responsabilidad de los patronos.

Y si examinamos el caso a la luz de los preceptos gene-rales del derecho y aplicamos la doctrina- de la asunción del riesgo, procede también que el mismo se decida en contra del demandante. Como hemos dicho, el desajuste del freno de la máquina de la demandada existía desde su instalación en el año de 1895, y desde esa misma fecha trabaja el deman-dante en la máquina que es hoy de la propiedad de la deman-dada. El demandante, pues, conocía el defecto por espacio de muchos años y cuando llegó a ser maquinista, asumió volun-tariamente la obligación de corregirlo. No consta en forma alguna que él demandante llamara especialmente la atención de la demandada acerca de que al ajustar el freno en la forma en que se venía haciendo durante tantos años, peligrara su Adda o estuviera expuesto a sufrir alguna lesión corporal, que en- ' tonces la demandada prometiera reparar el defecto totalmente y que el accidente ocurriera durante un período de tiempo que permitiera razonablemente deducir que el demandante había continuado trabajando en la creencia de que el deman-dado remediaría el defecto. Aré et al. v. Borinquen Sugar Co., 17 D. P. R., 923, 926; Hough v. Railway Co., 100 U. S., 225. Por el contrario aparece qne si el demandante estimó qne sn labor era peligrosa, es lo cierto qne la aceptó volun-tariamente y qne debe estar y pasar en tal virtud por las con-secuencias de sus propios actos. Véanse las decisiones de esta Corte Suprema en los casos de Claudio v. Cortínez, 9 D. P. R., 108, 119, y Pérez v. The Yabucoa Sugar Co., 15 D. P. R., 214, 220.

La Corte Suprema de Massachusetts en el caso de O’Maly v. South Boston Gas Light Co., 158 Mass., 135, 136, se expresó como sigme:

“La doctrina relativa al riesgo que asume un empleado por virtud ■de su empleo, generalmente lia sido considerada desde el punto de vista de un contrato, expreso o tácito; pero aplicada a las acciones de daños por negligencia establecidas contra un patrono, tal doctrina nos lleva a la consideración de otro principio más amplio contenido en la máxima legal Volenti non fit injuria, esto es, que aquél que con-siente no puede alegar que lia recibido perjuicio. La persona que ■conociendo y apreciando el peligro asume voluntariamente el riesgo del mismo, no tiene justa causa de acción contra otra que es respon-sable en primer término de la existencia de diclio peligro. En lo que a ambos respecta, el hecho de asumir uno voluntariamente el riesgo releva al otro de cualquier obligación en que estuviera para con él, ■en ese sentido, y cada uno asume el riesgo que pueda haber en el caso, sin derecho alguno a reclamar nada del otro. En tal caso no existe negligencia procesable por parte de aquel que es responsable en primer lugar por el peligro que exista. Si de acuerdo con los más altos prin-cipios morales, pudiera sostenerse que ha dejado de cumplir con su deber, no existe, sin embargo, en lo que a las partes concierne, negli-gencia alguna en el cumplimiento de algún deber legal.”

Apreciando, pues, los hechos y aplicando la ley tal comú ha sido interpretada por los tribunales, nos vemos obligados a revocar la sentencia apelada. El presente caso podría ser-vir de fundamento a los qne sostienen la necesidad de una reforma radical en los principios que regulan las indemni-zaciones por accidentes del trabajo. Pero mientras tal re-forma no se realice, nada pueden hacer las cortes cuyo minis-terio consiste en resolver los casos de acnerdo con la ley qne esté en vigor.

Revocada la sentencia apelada.

Jneces concnrrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Jnez Asociado Sr. Hntcliison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


text:
    Cabassa, Demandante y Apelada, v. Bravo, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en nn caso de divorcio.
    Moción de la parte apelada para qne se desestime la apelación.
    No. 1172.
    Resuelto en julio 18, 1914.
    Interpretación de Lev — Debe Dársele Eeecto a Todas sus Disposiciones.— Las leyes deben interpretarse dándosele efeeto a todas sus disposiciones sin omitir ninguna.
    Apelación — Cumplimiento Substancial de la Lev. — El derecho de apelación no es un derecho absoluto, sino de origen estatutorio, y la parte que desea ejercitarlo debe cumplir substancialmente todos los preceptos relativos a su ejercicio.
    Ignorancia de la Ley — Errónea Interpretación de la Misma. — La ignorancia o errónea inteligencia de la ley no excusa de su cumplimiento.
    Desestimación de la Apelación — Transcripción de Autos — Entrega de Copia a la Parte Contraria. — De acuerdo con el último párrafo del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por la ley No. 70 de marzo 9, 1911, cuyos preceptos son de carácter imperativo y no directivo, el apelante debe entregar al apelado copia de la transcripción de autos, y si se negare a subsanar dicha omisión después de notificado de una moción de desestimación de la apelación por ese motivo, deberá desestimarse el recurso.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    -Abogados del apelante: Sres. Pascasio Fajardo y E. Ra-mírez Nadal.

    Abogados de la apelada: Sres. José Sabater, Francisco Parra Capó y José G. Torres.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de ana moción presentada por el abogado de la parte demandante para que se desestime la apelación por no habérsele entregado copia de la transcripción de autos radicada en este tribunal a los efectos de esta apelación.. El apelante se ha opuesto por escrito a dicha moción, alegando que de acuerdo con la Ley No. 70 de marzo 9, 1911, no está obligado a entregar copia de la transcripción de autos a la parte apelada.

El artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmen-dado por la Ley No. 70 de marzo 9, 1911, después de esta-blecer que el pliego de excepciones y exposición del caso, una vez aprobado y certificado por el juez, pasará a formar parte del legajo de la sentencia, concluye así:

• ‘ ‘ Constituirá el récord de una apelación, la certificación que librará el secretario del tribunal a quo a los abogados de las partes, del legajo de la sentencia y de la notificación de la apelación. Dicha certificacióni deberá ser archivada en la secretaría de la Corte Suprema dentro de los treinta días siguientes al en que se haya aprobado el pliego de excepciones y exposición del caso, con la constancia de haberse entre-gado a los abogados de las partes apeladas una copia literal de la misma, certificada por el abogado del apelante.”

Al emplear el legislador en dicho párrafo el verbo “de-berá” revela claramente su intención dé dar una regla de procedimiento imperativa y no directiva cuyo cumplimiento quede a la voluntad del apelante. Indudablemente el fin per-seguido por la ley ha sido el que la parte apelada tenga en su poder una copia literal de la transcripción de autos- para poder preparar su alegato para el Tribunal Supremo. La ley es clara, y de acuerdo con el artículo 13 del Código Civil no cabe menospreciar su- letra, máxime cuando ni siquiera se trata de demostrar haber intentado darle cumplimiento. Y debemos interpretar la ley dándole efecto a todas sus disposiciones sin omitir ninguna. Art. 26 de la Ley de Evi-dencia de 1905. Nadal v. American Railroad Company of P. R., 19 D. P. R., 1080.

Atora bien, ¿ es la omisión de qne se trata motivo bastante para qne se desestime la apelación? Indudablemente qne sí. El derecho de apelación no es nn derecho absoluto, sino de origen estatutorio, y la parte qne desea ejercitarlo debe cum-plir snstancialmente todos los preceptos relativos a su ejer-cicio. 2 Ruling Case Law, 100.

En el presente caso, no solamente no se ha cumplido con la ley sino que de una manera expresa alega el apelante no estar obligado a cumplirla.

No es la primera vez que se plantea ante este tribunal esta cuestión. Véanse los casos de García v. American Railroad Company of P. R., 17 D. P. R., 949; Sucesores de José Martínes v. Tomás Dávila y Cía., 17 D. P. R., 1008; Hernández v. American Railroad Company of P. R., 17 D. P. R., 1225; Avalo Sánchez v. Porrata et al., 18 D. P. R., 908.

En los tres primeros casos, denegamos la moción de deses-timación porque la parte apelante al ser notificada de la mo-ción y antes de la vista de la misma subsanó la omisión entre-gando copia de la transcripción de autos a la parte apelada. T en el último, denegamos la moción de desestimación porque se demostró que se había entregado copia de la transcripción de autos al abogado que representaba a dos de los apelados y al cual estaba asociado otro abogado que representaba a los cinco apelados. Pero en ninguno de dichos casos se negó el apelante a subsanar la omisión alegando que no estaba obli-gado a entregar copia de la transcripción de untos al apelado. La ignorancia o errónea inteligencia de la ley no excusa de su cumplimiento.

Debemos declarar con lugar la moción y desestimar el recursó.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la reso-lución de esta moción.


text:
    Hernández, Peticionario, v. Hutchison, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez en un procedi-miento sobre aseguramiento de sentencia en un caso de indemnización de daños y perjuicios por libelo.
    No. 128.
    Resuelto en julio 20, 1914.
    ■Certiorari — Aseguramiento de Sentencia' — Mandamiento de Embargo Expe- . dido Después de Dictada Sentencia Dinaia — De acuerdo con la sección Ia. de la ley sobre efectividad de sentencias, de marzo 1, 1902, enmendada por la ley de marzo 12, 1903, el aseguramiento de sentencia debe pedirse antes de que se dicte sentencia final por la corte sentenciadora, y dicbo tribunal carece de jurisdicción para decretar dicho aseguramiento después de dictada sentencia final, pudiendo revisarse dicho procedimiento por medio de un recurso de oerUorari.

    Sentencia Einal — Aseguramiento de Sentencia. — Sentencia final a los efectos de aseguramiento de sentencia, de acuerdo con la ley de marzo 1, 1902, es la dictada por la corte que conoce del caso, en primera instancia.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    El peticionario compareció en nombre propio.
    El demandado no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con "fecha 2 de julio corriente Agustín Hernández Mena ■en propia representación acudió a esta Corte Suprema en solicitud de auto de certiorari que había de dirigirse al Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez para que remitiera los autos originales del caso civil No. 3956 por José Benet Colón ■contra el citado Hernández Mena sobre indemnización de daños y perjuicios, y mediante revisión de los procedimientos .se dicte resolución anulando la orden dictada por el Hon. H. M. Hutchison, como juez de la referida Corte de Maya-güez, en 15 de mayo de 1914, por la que dispuso a instancia del demandante José Benet, que el secretario expidiera man-damiento al márshal para embargo de bienes al demandado Hernández Mena en aseguramiento dé la efectividad de la sentencia, y se anularan asimismo el mandamiento de embargo librado al mársbal y el embargo practicado en 22 de .jimio de 1914 en virtud de la orden de que se deja becbo mérito.

Expedido el auto de certiorari solicitado, fueron elevados a esta Corte Suprema los autos originales del pleito No. 3956 de que se deja becbo mérito y de ellos resulta:

Primero. Que presentada demanda por José Benet Colón contra Agustín Hernández Mena en reclamación de $45,000 por indemnización de daños y perjuicios por libelo infama-torio, se decretó por la Corte de Distrito de Mayagüez en 4 de febrero de 1913 a instancia del demandante, bajo fianza que babía de prestar por la suma de $3,000, el aseguramiento de la sentencia que recayera en el pleito, a cuyo fin se dispuso fueran embargados bienes del demandado Hernández Mena en cantidad bastante a cubrir la suma de $5,000 de la canti-dad reclamada con más $700 para gastos, desembolsos y hono-rarios del abogado del demandante Benet Colón.

Segundo. Que para ejecución de la antedicha resolución, previa prestación de la fianza exigida, se libró por el secretario mandamiento al mársbal el cual lo cumplimentó en 18 de febrero citado, trabando embargo en ciertos bienes de la pro-piedad de Hernández Mena.

Tercero. Que en el juicio seguido por Benet Colón contra Hernández Mena se dictó sentencia por la Corte de Distrito de Mayagüez en 31 de octubre de 1913, condenando al deman-dado a satisfacer al demandante por indemnización de daños y perjuicios, la suma de $2,000 sin especial condenación de costas, contra cuya sentencia interpuso el demandado recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, pendiente de que se apruebe la exposición del caso presentada j>or el apelante.

Cuarto. Que en 15 de mayo de 1914, a virtud de moción del demandante, la Corte de Distrito de Mayagüez por su Juez Hon. H. M. Hutchison, ordenó al secretario expidiera nuevo mandamiento al marshal para que éste procediera a embargar bienes suficientes del demandado basta cubrir la (cantidad ya señalada para asegurar la efectividad de la sen-tencia. No aparece que esa orden baya sido cumplimentada.

Quedan relatados los procedimientos seguidos por la Corte de Distrito de Mayagüez con motivo del aseguramiento de la sentencia en el pleito de José Benet Colón v. Agustín Hernández Mena, por indemnización de daños y perjuicios; y examinados esos procedimientos en relación con la ley apli-cable al caso, o sea la de Io. de marzo de 1902 tal como quedó enmendada por la de 12 de marzo de 1903, opinamos que la Corte de Distrito de Mayagüez carecía de jurisdicción al dictar la orden de 15 de mayo de 1914, cuya nulidad, como la de las actuaciones relativas a su cumplimiento, se solicita en la petición de Hernández Mena.

Al resolver en 29 de abril de 1907 el caso de Bolívar v. Aldrey, Juez de Distrito, 12 D. P. R., 272, dejamos estable-cido que la Ley aprobada en 12 de marzo de 1903 bajo el rubro “Ley para enmendar la ley titulada ‘Ley sobre efectividad de sentencias, aprobada en marzo Io. de 1902,’ ” vino a des-vanecer toda duda que pudiera ocurrir sobre el tiempo hábil para pedir el aseguramiento de sentencia, pues su sección Ia, dispone en términos claros y precisos que la solicitud de ase-guramiento podrá presentarse con la demanda o luego de interpuesta en cualquier período del juicio antes de sentencia final; y como por sentencia final, según entonces dijimos, debe entenderse la dictada en un pleito o procedimiento especial por la corte ante quien se siguió, surge como conclusión for-zosa la de que habiendo ya recaído sentencia final en el casó de Benet Colón contra Hernández Mena cuando se dictó la orden de aseguramiento de 15 de mayo de 1914, esta adolece de vicio de nulidad.

El presente recurso es análogo al ya citado de Bolívar v. Aldrey, y a éste nos referimos.

Pqr las razones expuestas procede se declare nula la orden que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en 15 de mayo de 1914 sobre aseguramiento de sentencia, y nulos también los procedimientos consiguientes a dicha orden.

Declarada can lugar la solicitud y anulada la orden impugnada.

Jueces cohcurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la reso-lución de este caso.