author: El Juez Pbesidente SeñoR del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Susano Campán, acusado y apelante.
    No. 2395.

    Visto: Febrero 24, 1925.

      Resuelto: Abril 8, 1925.
    1. Evidencia — Presunciones—Supresión de Evidencia.. — Cuando el'fiscal de dis-trito deja de presentar prueba de testigos que él ha citado, debe presumirse que dicha prueba le resultaría adversa.
    2. Acometimiento y Agresión — Defensas—Provocación.—Un marido que en de-fensa de su esposa insultada se enfrenta con el provocador y es por él agredido . y observa que otras dos personas tratan de atacarlo, está justificado al usar su revólver en defensa propia.
    SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), condenando al acusado al pago de multa y costas.

      Revocada, absolviendo al acusado.

      Buenaventura Esteves, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente SeñoR del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Cinco errores señala el apelante para pedir la revoca-ción de la sentencia. - Sólo analizaremos uno. Se trata de un caso de acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes. Se imputó al acusado el hecho de haber acometido y agredido con un revólver a Juan Torres y fué condenado por la corte municipal. Apeló y también fué condenado por la corte de distrito que le impuso una multa de cincuenta dólares o sea la pena mínima que fija la ley. El acusado alegó que había actuado en legítima defensa, y sostiene que al no apreciarlo así erró la corte sentenciadora. Examine-mos la prueba.

La de cargo consistió en las declaraciones de Ramón Ríos, Juan López y Gabriel Torres.

Ríos es un policía que acudió al sitio en la noche del suceso y sostiene que el acusado le “confesó que le había pegado unos tiros a Juancho Torres.”

El testigo López dijo: “Estando conversando con el dueño del cafetín y Juan Torres, en una discusión que te-nía Juan Torres con Evarista Cordero, apareció Susano Campán, en actitud violenta, como queriendo ocultar una mano, como el que va a cometer algún hecho, y en esa ac-titud, Torres, que estaba parado conversando con Evarista Cordero, le tiró una pescozada a Susano Campán, y éste sacó un revólver y le disparó un tiro. Que Juan Torres y él son muy amigos; es mi compadre; que él, Juan Torres y Gabriel Torres fueron acusados en la Corte Municipal de San Sebastián .... los acusaron por acometi-miento y agresión en contra de Susano Campán; Juan Torres fué condenado en ese caso, condenaron a Juan Torres porque le dió a Susano Campán; a él no lo condenaron ni a Gabriel Torres tampoco, no le dieron ni acometieron a nadie.”

Y Gabriel Torres, hijo de Juan, declaró: “Se encon-traba el señor Juan Torres en una discusión con la señora Evarista Cordero y durante la discusión bajó el señor Cam-pan .... en una actitud violenta a tomarle el parecer al padre mío, y cuando bajó así furioso con intenciones basta de darle .... el señor Juan Torres le dió una bofetada a él, y entonces el señor Campan hizo uso de un revólver y le disparó un tiro.” En la discusión lo primero que dijo doña Evarista, mujer del acusado, al padre del decla-rante que hablaba en la calle frente a la casa de doña Eva-rista con unos amigos de que las rentas de la casa le co-rrespondían a él, fue que se fuera a dormir, ‘entonces él le contestó que él era libre y que ella no tenía que mandar, en él,’. . . . entonces ella dijo que él hacía mejor yéndose a dormir y no dando que hacer y pidiendo dinero que no era de él, y él dijo que sí, que el dinero era de él, porque aque-lla casa que rentaba aquel dinero era de su propiedad, y como luego ella le dijo que aquella casa era de ella, enton-ces él le contestó que si ella la quería coger, que si se la quería robar, entonces era de ella.”

Al terminar Torres, dijo el Fiscal: “Renuncio al resto de la prueba por ser acumulativa.” Al comenzar la prác-tica de su prueba introduciendo a Evarista Cordero, la de-fensa se expresó así: “Deseo que se haga constar en ré-cord que esta testigo y otros más son testigos que figuran en la acusación, como testigos de cargo; que el Honorable Fiscal ha hecho constar que renuncia a ellos por ser prueba acumulativa, y que los traemos para demostrar que no era tal prueba acumulativa.”

Evarista Cordero dijo, en parte: “Vive en la calle Mu-ñoz Rivera del pueblo de San Sebastián, conoce a Susano Campán, es su esposo; el día 15 de noviembre del año pa-sado a las once de la noche estábamos nosotros durmiendo, ya nos habíamos acostado y al poco rato de acostados llegó Juan Torres al cafetín ‘El Tapao’ que está en los bajos de la casa donde vivimos: llegó Juan Torres y empezó a dar-nos insultos desde abajo a mí y a mi esposo; los insultos eran palabras indecorosas, qne no me atrevo, a decirlas ante la corte, entonces yo me levanté, me tiré nna sábana por en-cima, salí al balcón y le llamé la atención dieiéndole: ‘Oye, Juanito, no esté provocando de esa manera qne son las once de la noche, ¿qué dirá el público?;’ y con palabras más re-sonantes siguió los insultos; entonces yo me retiró para atrás y mi marido (el acusado) se levantó y se tiró abajo, y yo fui al balcón otra vez para -ver qué le iba a decir Su-sano a Juan Torres y lo que le iba a contestar éste, y Susano le dijo: ‘mira, oye, Juanito, no estés provocando la opinión mía en la calle’ y Juanito Torres le contestó con una gas-natada en la cara, y se fueron a las manos, y yo corrí aden-tro a vestirme, y cuando me vestí y puse los zapatos, al ba-jar a la calle ya había pasado la cuestión.”

Alfonso Rivera, otro testigo renunciado por el fiscal, tam-bién en parte, dijo: “Y al decirle Evarista que se fuera a dormir, Juan Torres le contestó que se callara, que ella era una bruja y que se había ido para Arecibo a correr con ese chulo; al decir ‘ ese chulo ’ se refería a Susano Campán, .... y al decir eso Susano bajó de arriba y le dijo: ‘Oye, Jua-nito, déjate de estar mencionando mi nombre’ y Torres le contestó que no era con él, y vuelve Campán y le dice: ‘sí, tú mencionaste mi nombre’ y dice ‘no es contigo’ y al de-cirle ‘no es contigo’ le tiró una pescozada, y se agarraron los dos; estando agarrados vi que Grabriel Torres estaba sentado en una silla de esas que sé cierran y entró partiendo así (el testigo levanta una silla en alto) y Susano empezó a dar vueltas; G-abriel Torres con la silla levantada se dirijía a Susano Campán, y Susano y Juanito dando vueltas; y Juancho López también iba para encima de ellos, y entonces Susano sacó el revólver y disparó para los pies, para el suelo, y ahí salió herido Juan Torres.”

El testigo Manuel Méndez Liciaga, farmacéutico, dijo que oyó cuando Torres insultaba a la señora Cordero, “en ese momento bajó Campán y le dijo á Juan Torres que no debe-ría atacarle su opinión en esa forma y Juan Torres le dijo: ‘Qué, tú no eres más que un chulo’ y le dió una pescozada, y Susano Campán se le fue encima también y se agarraron; allí estaba en unión de Juan Torres.su hijo Gabriel y tam-bién Juancho López, y Gabriel Torres cogió una silla y se le fue encima a Susano Campán, y Juan Torres también se abalanzó hacia él ... . pero éste trataba de huir, iba de un sitio para otro tratando de escapar el golpe, hasta que por último sacó el revólver y le apuntaba a Juan Torres dicién-dole: ‘que no le quería tirar,’ pero Juan Torres le decía: ‘Qué, tú no tiras nada, tú no eres más que un cobarde, un chulo y cobarde,’ hasta que entonces Susano Campán le dis-paró un tiro por una pierna.”

El testigo P. E. Rodríguez Rabell, que como el anterior bajó del Casino al sentir el escándalo, describe los hechos en forma parecida. Por último declaró en su defensa el pro-pio acusado.

A nuestro juicio de la prueba surge clara la legítima defensa del acusado. No debe olvidarse que el Fiscal suprimió voluntariamente dos testimonios y que existe la siguiente presunción, — que se vió aquí confirmada en la realidad- — , “Que toda evidencia voluntariamente suprimida resultará adversa si se ofreciere.” Artículo, 102, inciso 5, de la Ley de Evidencia (Comp. 1911, p. 311).

Juan Torres insultó a la esposa del acusado y éste bajó en actitud más o menos violenta como es natural. La agresión de que fué objeto el acusado no estuvo justificada, y prescindiendo de que fuera atacado no por tres sino por uno, usó de un derecho que la ley le garantiza al disparar su revólver en la forma en que lo hizo.

La sentencia condenatoria contra él dictada debe en tal virtud revocarse y dictarse otra declarándolo absuelto del de-lito que se le imputa.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente SeñoR del ToRO,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Barbosa, acusado y apelante.
    No. 2342.

    Visto: Marzo 18, 1925.

      Resuelto: Abril 8, 1925.
    1. Derecho Penal — Sobreseimiento y Derecho a Dormular Nueva Acusación.— Sobreseída una acusación en un easo felony, puede formularse nueva acusa-ción sin necesidad de una orden de la corte a ese efecto.
    2. Derecho Penal — Evidencia — Res Gestae — Actos y Manifestaciones del Acusado. — En un proceso por seducción es admisible evidencia demostrativa de que el acusado atendió a la seducida cuando ésta dió a luz su hijo. '
    3. Derecho Penal — Juicio—Testigos.—Un testigo que no declaró ante el Gran Jurado puede sin embargo ser llamado y declarar a favor del gobierno al celebrarse el juicio.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), con-denando al acusado por delito de seducción.

      Confirmada.

      M. Gaetán Barbosa y Román Días Collazo, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Fuello, apelado.
   El Juez Presidente SeñoR del ToRO,

emitió la opinión del tribunal.

Para solicitar la revocación ele la sentencia apelada por ‘ virtud de la cual el acusado fue condenado a sufrir dos años de presidio como autor de un delito de seducción, se señalan cuatro errores.

El primero se refiere a cierta moción de sobreseimiento. La resolución de la corte no se transcribe. Sólo aparece la moción del acusado y la impugnación del fiscal. Siendo ello así, podría .prescindirse del examen del error porque si bien el liecbo de liaber continuado la causa parece implicar que la moción fue desestimada, la cuestión pudo dejarse de someter finalmente a la resolución del tribunal.

Entrando, sin embargo, en los méritos del error, estima-mos que no se lia cometido. Presentada acusación, fue so-breseída a instancias del acusado el 23 de agosto de 1922 por haber transcurrido más de ciento veinte días sin some-térsele á juicio. Artículo 448, núm. 2, del Código de Enjui-ciamiento Criminal. Formulada una nueva acusación, fue leída el 6 de junio de 1923, y el acusado pidió el sobresei-miento porque no habiendo la corte ordenado al sobreseer primeramente la causa que se formulara una nueva acusa-ción, el fiscal no estaba autorizado para hacerlo, y porque habiendo transcurrido doscientos ochenta y tres días entre la primera orden de sobreseimiento y la lectura de la nueva acusación, se había infringido el artículo 148 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Examinado el capítulo VI del título XI del Código de Enjuiciamiento Criminal que trata del sobreseimiento, se en-cuentra que todo lo que en él se dispone en relación con nue-vas acusaciones está contenido en el artículo 452 que dice: “Un auto para el sobreseimiento de una causa, según lo prescrito en este capítulo, imposibilita la formación de otro proceso por el mismo delito, si éste es un ‘misdemeanor’ (delito menos grave); pero no así cuando el delito es un ‘felony’ (delito muy grave).”

La ley no exije la orden de la Corte. Tratándose como se trata en este caso de un “felony,” lo único que se requiere es que la acción se ejercite dentro del término fijado en el artículo 78 del Código Penal.

El artículo 148 del Código de Enjuiciamiento Criminal in-vocado por el apelante, no es de aplicación. No se refiere a casos de sobreseimiento sino a casos de desestimación de acusación en que la Corte ordena que se formule una nueva acusación y el acusado queda preso o libre bajo la garantía de una fianza.

El segundo error se atribuye a la Corte al permitir que un testigo contestara cierta pregunta que se le hiciera sobre si el acusado había atendido a la seducida cuando ésta dió a luz su hijo. El error no existe. Como sostuvo la corte de distrito, la pregunta guarda relación con el acto carnal que es uno de los elementos del delito que se investigaba.

El tercer error levanta la cuestión que-sigue: “Al acusado se le sirvió una acusación del Gran Jurado. En cumplimiento de la ley al respaldo de ella se puso el nombre de los testigos y en la relación no aparecía el del testigo Anastasio Castro que fue admitido a declarar no obstante la oposición del acusado.”

La sección 52, inciso 4, de la Ley No. 58 de 1919 (Leyes de 1919, p. 319), estableciendo el Gran Jnrado, que invoca el apelante, dice: “La acusación será sobreseída por el tribunal mediante moción del acusado presentada al leérsele la acusación, en cualquiera de los casos siguientes: . . . . 4.— Cuando los nombres de los testigos examinados por el Gran Jurado o cuyas declaraciones se hubieran leído ante dicho jurado no fueren insertados al pie de la acusación o al dorso de la misma.”

La sección se refiere al acto de la lectura de la acusación, no al de la celebración del juicio. El propio acusado reconoce que la acusación contenía los nombres de los testigos exami-nados ante el Gran Jurado.. La ley fue, pues, cumplida. Y nada en ella se opone a la presentación'en el acto de la vista de un testigo que no hubiera sido examinado por el Gran Jurado con las debidas garantías por supuesto para el acu-sado.

El cuarto y último error se refiere a la apreciación de la prueba. La hemos examinado cuidadosamente y a nuestro juicio sostiene la acusación.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asooiado Señor Franco Soto,

text:
    Salvador Cayá Domenech, demandante y apelante, v. Francisco Galeno Cabán, demandado y apelado.
    No. 3462.

    Visto: Marzo 6, 1925.

      Resuelto: Abril 13, 1925.
    1. Apelación y Error — Resolución y Disposición del Caso — Modificación— Aumento de la Cantidad Adjudicada por Sentencia. — En un choque de automóviles el demandante recibió un golpe en la cadera izquierda con alguna torcedura (esguince) de la articulación eoxofemoral, y otra de la rodilla; sufrió intensos dolores físicos y mentales; desde el accidente hasta el juicio, 16 meses, no gozaba de buena salud; su peso bajó de 130 a 108 libras; su capacidad productiva quedó reducida, a un 50 por siento de lo que antes ganaba que ascendía a un promedio de $o diarios. Tomando en consideración todas, las circunstancias anteriores, se resolvió: que la sentencia de $300 debe aumentarse a $1,000, sin costas.
    SENTENCIA de Enrique Llorada, J. (Arecibo), declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Modificada, concediéndose $1,000, sin cos-tas.

      García Méndez <& García Méndez, y J. V.aldejully, abogados del ape-\lante; Herminio Miranda, abogado del apelado.
   El Juez Asooiado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante-apelante obtuvo en la corte inferior sen-tencia a su favor por la suma de $300 por concepto de daños y perjuicios para indemnizarle de ciertas contusiones sufri-das a consecuencia del choque que ocurriera entre el auto-móvil del demandado y el que viajaba el demandante.

La reclamación, sin embargo, la descompone T el deman-dante en esta forma: gastos de médico, $15; medicinas, $18; dejado de ganar durante 17 días a razón de $5 diarios $85; gastos en los Baños de Ooamo durante un mes y dinero que dejó de percibir, $400; y además, por razón de sufrimientos físicos y mentales, $4,000. Total, $4,518.18.

La única cuestión por consiguiente, sujeta a nuestra consi-deración y estudio se refiere a determinar y fijar la cuantía que pueda ser concedida al demandante.

La cantidad que en conjunto concedió la corte inferior se funda en que no fueron probados los daños materiales (tangibles) a excepción de los servicios del médico montantes a $15, y probablemente esta pequeña suma le sirvió de norma para apreciar los sufrimientos físicos y mentales que sufriera el apelante como efecto de sus lesiones. La declaración del médico tiene sin embargo más importancia.’ El asistió al apelante y refiere que presentaba un golpe en la cadera izquierda con alguna torcedura (esguince) de la articulación coxofemoral, y otra de la rodilla del mismo lado y que tuvo que levantarse varias noches para inyectarle aceite alcanforado y una vez morfina para calmar sus intensos dolores. Desde luego que las contusiones sufridas en el momento del accidente no revestían gravedad, pero se afirmó asimismo por el testigo que las consecuencias podían ser de suma gravedad y aunque esto no había ocurrido, era lo cierto que en el juicio, después de unos 16 meses de tener lugar el accidente, él afirma que desde entonces el apelante no gozaba de buena salud. Y este es un dato que era importante para apreciar mejor los sufrimientos que pudo experimentar el apelante.

En relación a la extensión en que pudo quedar afectada la capacidad económica del apelante, examinaremos su ocu-pación habitual. El era un curial por más de treinta y cinco años y en la fecha del accidente trabajaba bajo la dirección y asociado al abogado Buenaventura Esteves, quien a su vez venía en el mismo automóvil. Este testigo declara que el apelante trabajaba en su bufete y recibía un tanto por ciento de los trabajos realizados. Luego declaró el apelante y dijo haber estado unas tres semanas sin poder trabajar y poste-riormente su capacidad productiva quedó reducida por efecto del accidente a un 50 por ciento de lo que ordinariamente ganaba y que ascendía a un promedio de cinco dólares dia-rios. Se refirió a los gastos de medicinas y a extraordina-rios que tuvo en relación con su alimentación. Si atendié-ramos solamente a la naturaleza de estos perjuicios sufridos, tal vez la indemnización concedida por la corte inferior se-ría adecuada, pero como los padecimientos físicos y mentales que alegó sufrir el apelante eran circunstancias para apre-ciarse de algún modo, no parece que tal indemnización fuese suficiente. La clase de contusiones no fueron en verdad de caracteres tan graves que produjeran en el apelante una in-capacidad física permanente ni la pérdida de algún miem-bro importante del cuerpo, pero para una persona ya entrada en años, contusiones sin aparente importancia probablemente pueden influir en la salud de un organismo y ser durables sus efectos, como así lo pudo estimar el médico en este caso cuando diez y seis meses después del accidente declara que desde entonces el apelante dejó de gozar de buena salud. Esto por sí es una preocupación mental y sus efectos han po-dido, por lo menos reflejarse en el peso del apelante, que bajó de 130 a 108 libras. Bajo este aspecto y refiriéndonos además a los dolores físicos la base para ser indemnizado no es como si fuéramos a tasarlos asignándoles un precio o valor. No es cuestión tasable o que pueda tener sn equiva-lente, sino más bien la concesión qne se estima, tomando en cuenta todas las circunstancias concurrentes, con el fin de recompensar los sufrimientos resultantes del daño. Y esto es lo que liemos considerado, debiendo concederse al apelante, además de las partidas que se fian relacionado por daños ma-teriales, una razonable consideración por los padecimientos físicos y mentales sufridos.

Debe modificarse la sentencia concediéndose al apelante la suma de $1,000, sin costas, y así modificada se confirma.


author: El Juez Asooiado SeñOR Feanco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Guzmán, acusado y apelante.
    No. 2285.

    Visto: Enero 22, 1925.

      Resuelto: Abril 13, 1925.
    1. E-egistro y Secuestro (Seizures) — Begistro y Secuestro! Irrazonables — De-terminación de la Bazonabilidad del Mismo. — En cada easo particular la corte debe determinar si el registro y confiscación de un automóvil es razo-nable en vista de las circunstancias del caso.
    2. Begistro y Secuestro {Seizures) — Begistro y Secuestro Irr¿vzonable — Mo-tivos que Justifican el Begistro y Confiscación. — Existían motivos razo-nables para registrar un automóvil cuando la policía tuvo conocimiento de que se estaba transportando licores y el carro corría a una velocidad excesiva en violación de la ley.
    3. Licores Intoxicantes — Begistro, Secuestro y Confiscación — Becuperaciún de Licor Ilegalmente Ocupado. — Aún cuande los licores hubiesen sido ile-galmente ocupados y, por tanto, no admisibles en evidencia, no serán devueltos al acusado.
    SentbNCia de Pablo Berga, J. (Humaeao), declarando culpable al acusado de violar la Ley de la Prohibición Nacional.

      Confirmada.

      Ismael Soldevila, -abogado del apelante; José E. Figneras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asooiado SeñOR Feanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación de una sentencia de la corte inferior declarando culpable al acusado por'fiaber infringido la sección 3, título 2°., de la Ley Nacional de Prohibición (41 Stat. 305, Fed. Stat. Ann. 1919, p. 202).

El apelante señala como errores—

“1. La corte sentenciadora erró al conocer de este caso sin tener-jurisdicción para ello, toda vez que el proceso se formuló a nombre de El Pueblo de Puerto Pico y no a nombre de los Estados Unidos.
“2. El tribunal a quo cometió error al admitir como evidencia las botellas de las cuales se habían incautado, sin autoridad de ley, los agentes del gobierno.
“3. La corte inferior erró al no ordenar la devolución al acusado de las botellas en cuestión.”

No tenemos que detenernos en la consideración del primer error apuntado, por ser cuestión que lia sido exami-nada y resuelta en los casos de El Pueblo v. Rodríguez, de-cidido en junio 17, 1924 (33 D.P.R.), y El Pueblo v. Baragaño, resuelto en febrero 18, 1925 (33 D.P.R.).

El segundo error se refiere al registro que del automó-vil hicieron los agentes del gobierno y donde ocuparon el li-cor embriagante, habiéndose introducido en evidencia los en-vases conteniendo dicho licor contra la objeción del acusado. Se alega, en resumen, por el apelante que ■ el registro fué ilegal por no haberse practicado en virtud de un auto judicial de registro y que la evidencia así obtenida, faltando este requisito y por medios violentos e ilegales, no se podía uti-lizar en contra del acusado, y que la consecuencia era com-peler al acusado a ser testigo contra sí mismo. La propo-sición del apelante es que en ningún caso puede procederse al registro de un automóvil que transporte ilegalmente lico-res o se dedique al contrabando de los mismos sin que me-die previamente un auto judicial de registro. Tendente a demostrar su aserto el apelante cita numerosa jurispruden-cia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se re-fiere a registros en domicilios privados, y uno de ellos, Weeks v. United States, 232 U. S. 383 (34 S. Ct. 341, 58 L. Ed. 652), en que se apoya fuertemente, al registro de co-rrespondencia. Pero Blakemore en su reciente obra sobre prohibición, tratando la misma materia y refiriéndose al mismo caso citado por el apelante, dice:

"La cuestión de la devolución de licores enando se alega que ha habido una confiscación ilegal es objeto de gran confusión debido mayormente a la decisión de la Corte Suprema en el caso de Weeks v. United States, 232 U. S. 383. La Corte Suprema de Ohio se ex-presa como sigue :
‘Las cortes de muchos estados de la Unión han tenido ocasión de tratar esta precisa cuestión, y en más de veinte estados se ha declarado enfáticamente que no puede ordenarse la devolución de licores intoxicantes, propiedad hurtada, efectos de juego, herramientas de ladrones, drogas narcóticas, aparatos para falsificar, billetes de lotería y otras clases de contrabando, cuya mera posesión constituye un acto ilegal, aunque- tal propiedad haya sido ocupada sin una orden legal a personas acusadas de delito, y sólo en tres o cuatro estados se ha adoptado una regla contraria. El entrar en una discusión de todos estos casos, o siquiera dar una lista de los mismos, extendería esta opinión a límites irrazonables. En aquellos estados en que se ha adoptado una regla contraria parece que se ha tratado de seguir una interpretación errónea de ciertas decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Antes de proceder a una discusión de esos casos debe observarse que casi uniformemente las cortes de distrito y de apelaciones de los Estados Unidos han declarado que esa clase de propiedad no puede ser devuelta, y han sugerido la verdadera distinción que existe entre ordenar la devolución de propiedad legal y de aquellas clases de propiedad que han sido declaradas contra-bando y cuya mera posesión constituye un delito. Rosanski v. State, [106] Ohio, [442], 140 N. E. 370.’ ” Blakemore on Prohibition, p. 351.

Estamos, no obstante, de acuerdo con el resto de las ci-tas que hace el apelante en todo lo que se relaciona con el registro de domicilios privados y que son aplicables local-mente,’pues tenemos contenidas en el artículo 2, apartados 3, 13 y 14, de nuestra Ley Orgánica (aprobada marzo 2, 1917), disposiciones equivalentes a las enmiendas IY y Y de la Constitución Federal. De todos modos podemos decir que el Congreso al promulgar la ley de prohibición tuvo buen cuidado de que se mantuvieran en todo su vigor las enmien-das IY y Y citadas y la jurisprudencia aplicable, toda vez que por la sección 25 de la Ley Yolstead (Leyes de 1923, p. 97, Fed. Stat. Ann. 1922, p. 273) se restringe el registro del domicilio privado en busca de licores, dejando estable-cida cierta diferencia según se trate del registro en casas o edificios privados y los vehículos que transporten materia intoxicante.

En relación con la intención que a ese fin tuvo el Congreso, en la citada obra de Blakemore, página 333, se dice además:

“La sección 25 de la Ley Volstead restringiendo el registro de los domicilios particulares y la sección 26 declarando como deber del comisionado el confiscar cualquier vehículo que transporte licores, y la sección 6 de la ley de noviembre 23, 1921, son las únicas disposi-ciones estatutorias sobre la materia. Si el Congreso hubiera sido de opinión que el registrar automóviles en una carretera pública sin una orden de registro era irrazonable, hubiera incluido tal prohibi-ción junto con la relativa a los domicilios, contenida en la sección 25, pero no lo hizo así. Esto parece ser una sanción por el Congreso del registro de vehículos y otros edificios o propiedades sin una orden, a menos que el mismo se hiciere maliciosamente y sin causa razonable. No hay legislación del Congreso sobre la materia de registro y con-fiscación de automóviles, y en cada caso particular la corte debe de-terminar, como una cuestión judicial, si el registro y confiscación de un automóvil es o no un registro o confiscación razonable en vista de las circunstancias del caso.”

En este caso la prueba establece que hubo motivos razonables para que los agentes del gobierno procedieran al registro del automóvil sin estar provistos de un auto judicial. Dicho vehículo caminaba por una carretera pública y a velocidad excesiva al pasar por el sitio en que estaban dos policías. Éstos tuvieron conocimiento de que se estaba transportando licores entre Río Grande y Luquillo y esto, unido a la velocidad excesiva del carro, que por sí infringía la ley que reglamenta el uso de vehículos de motor en Puerto Rico, despertó en dichos agentes la razonable creencia de que el automóvil transportaba licor, y determinó en ellos su persecución en otro automóvil, pudiendo detener su marcha y proceder al registro, encontrando 36 botellas de brandy marea “Hennessy”, “Tres Estrellas”, “de las 12 estaban en nn saco pequeño, colocado en la parte trasera del carro, en el sitio destinado para poner los pies, y me-tidas dichas botellas dentro de cartuchos de paja y el resto de las botellas se encontraba debajo del asiento trasero del automóvil.” Estas últimas palabras del testigo Qnijano, po-licía insular.

El fiscal cita el caso de United States v. Bateman (D. C., S. D., Cal.) 278 Fed. 231, en el que se dice lo siguiente:

“En vista de la imposibilidad de obtener órdenes para el registro de automóviles que se sospecha llevan licores intoxicantes, los fun-cionarios tienen derecho, sin mandamiento, a mandar parar y registrar automóviles y el hecho de encontrar en ellos licores justifica el registro. ’ ’

Esta conclusión a que se llegó en dicho caso fué repu-diada en el caso de United States v. Kaplan (D. C., S. D., Ga.) 286 Fed. 973, pero en este caso, sin embargo, en el cual se niega la devolución de licores que fueron encontra-dos en un automóvil por haberse registrado sin- auto judicial, se dice al mismo tiempo lo siguiente:

‘•'Cuando-se hace un registro sin mandamiento, es asimismo esen-cial que exista un fundamento razonable para ello; pero en tal caso, y por no ser factible el obtener un mandamiento, la conclusión en cuanto a si la causa es razonable debe ser determinada por el fun-cionario, a su riesgo.”

En el presente caso, además, la mera infracción de la ley reglamentando la velocidad de los vehículos de motor en las carreteras públicas, ley aprobada en abril 13 de 1916 (Leyes de 1916, p. 144), artículo 13, justificaba a la poli-cía para detener el automóvil y arrestar al chauffeur.

En el caso de Kaplan, supra, pág. 973, se dice:

“En el derecho común era siempre legal arrestar a una persona sin mandamiento cuando el delito era cometido en presencia de un funcionario, y entrar en un edificio en que tal delito se estuviere cometiendo, también sin mandamiento. McBride v. United States (C.C.A. Fifth Cir.) 284 Fed. 416, 419; Vachina v. United States (C.C.A. Ninth Cir.) 283 Fed. 35. Este derecho no ha sido eliminado por disposiciones constitucionales ni estatntorias, y está tan bien es-tablecido que es innecesario hacer más citas.”

La Corte de Circuito de Apelaciones del Cuarto Cir-cuito, en el caso de Boyd v. United States, 286 Fed. 930, resolvió lo siguiente:

“Bajo la Ley Nacional de Prohibición, tít. 2, see. 26, autorizando la confiscación de vehículos y licores que en ellos, fueren transpor-tados en violación de la ley, cuando el licor conducido en potes de fruta en el asiento trasero de un automóvil podía ser visto simple-mente con mirar dentro del carro, el hallazgo de whisky en esta forma y su confiscación sin mandamiento estaban expresamente auto-rizados, y el testimonio con respecto a dicho registro era admisible en el juicio del acusado.”

Y la sección 26, tít. 2, de la Ley Nacional de Prohibición, prescribe:

“Cuando el comisionado, sus ayudantes, inspectores, o cualquier otro funcionario de la ley encontraren a cualquier persona en el acto de transportar, en violación de la ley, licores intoxicantes en cualquier carro, coche, automóvil, vehículo marítimo o aereo, u otro vehículo, será su deber confiscar todos dichos licores que allí se hallaren en transportación en violación de la ley. Cuando licores intoxicantes transportados o poseídos ilegalmente sean confiscados por un funcio-nario, éste tomará posesión del vehículo con su pareja o yunta, auto-móvil, bote, vehículo marítimo o aereo, o de otra'clase, y arrestará a la persona que lo tenga a su cargo.”

Es importante decir que aunque en el caso de Boyd, supra, por las circunstancias del caso, se aplica directa-mente la sección-26 transcrita,, dejando en suspenso como cuestión general, el derecho de un oficial a registrar un au-tomóvil cuando y siempre que lo creyera conveniente con el fin de poder obtener evidencia, etc., se indica expresamente que cuando por los sentidos se puede descubrir la existencia de licores en un automóvil, realmente cuando sé descubre por tales medios, no es un registro o busca en ningún sen-tido legal o vulgar el que un funcionario mire dentro de un automóvil parado en el camino.

En nuestro caso, una vez detenido el automóvil, los agen-tes pudieron ver a la simple vista el saco qne estaba en el sitio destinado para descansar los pies en el asiento posterior, y sin qne les fnera difícil notar la forma de los envases.

En dicho caso, además, como proposición general se de-clara: .

“Existen reconocidas autoridades en apoyo de la proposición de qne la persona en posesión de propiedad confiscada no tiene derecho a ser protegida en sn posesión, y qne la propiedad está siempre legal-mente sujeta a confiscación a favor del gobierno. United States v. Stowell, 133 U. S. 19, 10 Sup. Ct. 244, 33 L. Ed. 555; Taylor v. United States, 3 How. 197, 205, 11 L. Ed. 559; United States v. Welsh (D.C.) 247 Fed. 239. El registro y confiscación de automó-viles sin nn mandamiento de registro en cumplimiento de la Ley Nacional de Prohibición (41 Estat. 305), ha sido justificado por este fundamento. United States v. Fenton (D.C.) 268 Fed. 221; United States v. Bateman (D.C.) 278 Fed. 231; Amos v. United States, 255 U. S. 313, 41 Sup. Ct. 266, 65 L. Ed. 654.”

El tercer error carece asimismo de todo fundamento, pues asumiendo a los fines de la argumentación qne la evi-dencia obtenida por el gobierno no se hubiera podido utili-zar contra el. acusado, aun así no procedería la devolución de los licores al acusado.

El caso U. S. v. Rykowski, (D.C.) 267 Fed. 866 (4), con-tiene la siguiente declaración:

“Cuando los licores y alambiques usados por los acusados en vio-lación de la" ley son confiscados por los funcionarios actuando de acuerdo con órdenes de registro nulas, la propiedad no será devuelta a los acusados, aunque la evidencia obtenida mediante el registro no puede usarse contra ellos por razón de los métodos ilegales mediante los cuales fué obtenida/’

Esta declaración se sostiene en el caso de U. S. v. Kaplan, supra, página 972, como la correcta expresión de lá ley en oposición al caso de U. S. v. Ray & Schultz, (D. C.) 275 Fed. 1004, que desaprueba, añadiéndose, además, como principio que merece nuestra aprobación, lo que sigue:

“Por tanto, a menos que la solicitud para la devolución de los licores que se alegan liaber sido ilegalmente confiscados demuestre afirmativamente que el peticionario podía legalmente tener posesión de los licores, la tentativa .es una para recobrar la posesión de bienes cuya posesión constituye un delito. No hay ley alguna que exija o justifique la devolución de propiedad a una persona cuya posesión de la misma ha de constituir un delito, o cuyo uso de dicha propie-dad sólo puede tener por objeto el cometer un delito.”

La cuestión, por último, relativa al registro de automó-viles y ocupación de la materia intoxicante transportable, ha sido definitivamente resuelta, en fecha reciente, marzo 2, 1925, por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Carroll et al. v. The United States, (69 L. ed. 347), en cuyo caso se sostienen las conclusiones que habíamos sentado diciéndose entre otras cosas, lo siguiente:

“La intención del Congreso de hacer una distinción entre la nece-sidad de una orden de registro para el registro de viviendas parti-culares y para el de automóviles y otros vehículos de tráfico a los fines de hacer cumplir la Ley de Prohibición queda así claramente demostrada en vista de la historia de la Enmienda Stanley. ¿Es tal distinción compatible con la Enmienda Cuarta? Creemos que sí. La Enmienda Cuarta no condena todos los registros o incautaciones sino sólo aquellos que son irrazonables.
“Por razón lógica y por las autoridades la verdadera regla es que si el registro e incautación sin orden se hacen habiendo causa probable, o sea, habiendo una creencia, razonablemente deducible de circunstancias conocidas al oficial incautador, de que un automóvil u otro vehículo contiene lo que por ley está sujeto a incautación y destrucción, el registro y la incautación son válidos. La Cuarta En-mienda ha de interpretarse a la luz de lo que se consideraba un re-'gistro o incautación irrazonable en la época de su adopción, y en tal forma que proteja los intereses públicos tanto como los intereses y derechos de los ciudadanos individualmente.
“A la luz de estas autoridades, y de lo que aparece de estos autos, resulta claro que los oficiales en este caso estuvieron justificados al practicar el registro e incautación. Esto equivale a decir que los hechos y circunstancias de su conocimiento o sobre los que tenían informes razonablemente fidedignos eran suficientes por sí solos para justificar a un hombre de razonable prudencia en la creencia de que se transportaban licores intoxicantes en el automóvil que ellos man-daron parar y registraron.”

Se hace conveniente dejar aclarado, sin embargo, que ya establecida la regla para poder registrar sin mandamiento judicial un automóvil u otro vehículo de motor que oculta contrabando, un registro caprichoso o por meras sospechas no sería justificable. De ahí es la línea divisoria de legal o ilegal, según las circunstancias del caso, que se tiende a establecer en el caso de Carroll que hemos citado. En tal dirección la Corte Suprema de los Estados Unidos continúa diciendo:

“Quedando así establecido que puede practicarse un registro sin orden en busca de artículos de contrabando ocultos en un automóvil otro vehículo y allí transportados ilegalmente, vamos ahora a con-siderar en qué circunstancias puede hacerse dicho registro. Sería intolerable e irrazonable que un agente de la prohibición estuviera autorizado para mandar.parar todos los automóviles a la ventura de encontrar en ellos licores, sometiendo así a todas las personas que usan legalmente los caminos públicos a la inconveniencia e indigni-dad de tal registro. * * * Pero aquellos que legalmente están dentro del país con derecho a usar los caminos públicos, tienen el derecho al libre paso sin interrupción o registro (search) a menos que exista para un funcionario competente y autorizado para hacer registros, causa probable para creer que sus vehículos están condu-ciendo contrabando o mercancía prohibida.
“Aquí encontramos la línea de distinción entre las incautaciones legales e ilegales de licores transportados en vehículos. Es cierta-mente una distinción razonable. Da al dueño del automóvil o ve-hículo secuestrado en virtud de la sección 26, a falta de causa probable, el derecho de que se le devuelva el automóvil, lo protege, de acuerdo con los casos de Weeks y Amos, contra el uso de los licores como prueba contra él, y somete al oficial que practica el secuestro a daños y perjuicios. Por el contrario, en un caso en que se de-muestre la causa probable, se ha dado al gobierno y a sus oficiales la oportunidad que deben tener para hacer la investigación necesaria con el fin de dar con e incautarse de artículos de contrabando en casos de sospecha razonable.”

En el mismo caso se retrasa además la devolución de los licores ocupados y aunque ese extremo se discute de un modo incidental, se menciona sin embargo el caso de Kaplan, supra, cuya doctrina, sin embargo, hemos adoptado en relación con la cuestión que directamente planteó el apelante en el presente caso, solicitando la entrega de los licores y lo cual hemos negado.

Por todo lo expuesto, .la sentencia inferior debe ser con-firmada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Hutchison, disin-tieron.


author: TBl Juez Presidente Senoe del ToRO,

text:
    Ex parte, Mrs. Charles M. Boerman, nee María L. Fordham, peticionaria y apelante, v. Amelia M. Marrero, opositora y apelada.
    No. 3284.

    Visto: Diciembre 18, 1924.

      Resuelto: Abril 15, 1925.
    1. Descendencia y Distribución — Derechos y Responsabilidades de Herederos y “Distributees”- — Procedimiento de Declaratoria de Herederos — Cuándo es Innecesaria para Justificar el Carácter de Heredero. — Una hija natural reconocida, declarada como tal en una acción de filiación contra los herederos testamentarios del padre, y quien ha sido reconocida como uno de los herederos en todos los procedimientos ulteriores, puede recibir lo que le corresponda sin necesidad de acudir previamente al procedimiento de decla-ratoria de heredero. (Méndez v. Martínez, 26:96; Morales v. Landrau, 15: 782, y Soriano v. Mexach, 23: 573, ratificados.)
    2. Testamentos — Institución de Heredero — Nulidad de la Institución — Pre-terición de Heredero Forzoso. — Queda anulada la institución de heredero testamentario cuando es preterido un heredero forzoso, — una hija natural re-conocida, declarada como tal por los tribunales.
    3. Ordenes — Ataque Colateral — Apelación Oontra Orden, Desestimada. — Ha-biéndose desestimado una apelación contra orden de la corte de distrito apro-bando una partición de bienes, no puede ser ésta atacada de nuevo en pro-cedimientos ulteriores.
    4. Hijos Naturales — Filiación—Partes Demandadas Necesarias.- — En una acción de filiación sólo las personas que constituyen la sucesión del supuesto padre son partes demandadas necesarias y no es preciso incluir el albacea o administrador. (Siguiendo Boorman v. Marrero, 3 F. [2d.] 241.)
    5. Descendencia y Distribución — Derechos y Obligaciones de Herederos y “Distributees” — Deudas y Cargas — Cargas no Imputables a un Heredero. —En una partición de bienes no puede cargarse, contra una hija natural reconocida, lo gastado por los herederos testamentarios en oposición a la acción de filiación de aquélla.

      6. Albaceas y Administradores — Arreglo y Liquidación de Cuentas — Remu-neración — Tanto por Ciento. — La remuneración que corresponde a un admi-nistrador de bienes hereditarios no es el tanto por ciento del valor del caudal, sino el de los ingresos.

      7. Albaceas y Administradores — Alimentos a la Esposa, al Marido o a los Hijos Supervivientes — Pensión Alimenticia de la Viuda — Pérdida del Derecho. — Una viuda no tiene derecho a una pensión alimenticia en adición a la parte que le corresponde en la herencia.
    ResoluciÓN de B. Días Cintrón, J. (Ponce), aprobando actuación del referee nombrado para el examen de las cuentas rendidas por la administradora judicial.

      Confirmada.

      Martínez Nadal, Tormes & Colón, abogados de la apelante; Eduardo Flores Colón, abogado de la opositora.
   TBl Juez Presidente Senoe del ToRO,

emitió la opinión del tribunal.

Se apela de mía resolución de la Corte de Distrito de Ponee de julio 30 de 1923 por virtud de la cual se aprobó la actuación del referee nombrado por la propia corte para el examen de las cuentas rendidas por la administradora judicial de la herencia de Charles M. Boerman.

Boerman falleció en Ponce el 30 de enero de 1915 bajo testamento otorgado el 4 de octubre de 1914. Expresó que no tenía hijos e instituyó como sus herederas por partes iguales a su esposa y a su madre. Dejó un legado de cinco mil dólares a la niña Amelia Marrero y dispuso que cual-quier beneficiario que atacara el testamento perdería su beneficio.

La viuda María Lavinia Fordham, que es la apelante, pidió que se la nombrase administradora judicial de la he-rencia y así lo hizo la corte en junio 6, 1917.

La niña legataria Amelia Marrero inició un pleito en no-viembre 24, 1915, en solicitud de que se la declarara hija natural reconocida de Boerman. La Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia favorable a la demandante en diciembre 20, 1917. La viuda apeló para ante esta Corte Su-prema y esta corte en julio 21, 1919, declaró sin lugar la apelación. 27 D.P.R. 708. No conforme aún la viuda, el 20 de diciembre de 1919 recurrió para ante la Corte de Circuito del Primer Circuito de los Estados Unidos. Prestó fianza para costas pero no para suspender la ejecución de la sen-tencia. La Corte de Circuito en mayo 12, 1921, 273 Ped. 61, confirmó la sentencia de la Corte Suprema, quedando así Amelia Marrero declarada para siempre bija natural reco-nocida de Boerman.

El 4 de noviembre de 1919 Amelia Boerman y Marrero solicitó de la corte de distrito que se nombrara un Conta-dor Partidor y la corte nombró al abogado y notario Gustavo Rodríguez. El Contador Partidor presentó el informe que ocupa las páginas 28 a 57 de la transcripción. Inven-tariados los bienes, se valuaron por peritos en $86,831.50.-El contador tomó por base el testamento y la ley porque el testamento quedó necesariamente alterado a virtud de la sentencia en el pleito de filiación. Liquidó la sociedad de gananciales y adjudicada la mitad de los bienes de dicha so-ciedad a la viuda, procedió' a liquidar la herencia adjudi-cando la mitad de los bienes a la madre. A la viuda se ad-judicó la tercera parte de la herencia en usufructo sacán-dose dicha tercera de la mitad libre. A la hija natural se adjudicó la cuarta parte de la herencia, teniendo que ha-cerse la adjudicación de algunos de los bienes en nuda pro-piedad ya que la tercera de la viuda y la cuarta de la hija debían tomarse de la misma mitad, o sea de la mitad libre de la- herencia, dándose preferencia a la tercera, de la viuda. La nuda propiedad de los bienes adjudicados en usufructo a la viuda también fué adjudicada. Bajo esas bases se dis-tribuyeron los bienes. El informe fué impugnado por la viuda. La corte lo aprobó en octubre 20, 1920. Apeló la viuda de la resolución aprobatoria para ante este Tribunal Supremo y su apelación fué desestimada quedanda firme la resolución.

Así las cosas Amelia Boerman y Marrero insistió en que la administradora rindiera cuentas y en que se nombrara un referee que las examinara y dictaminara sobre ellas. Las cuentas fueron rendidas y nombrado referee el abogado y notario F. Manuel Toro las tomó bajo su consideración, oyó a las partes interesadas en varios días conservando escritas sus manifestaciones, examinó la1 documentación, tuvo en cuenta los antecedentes y presentó dos informes que ocupan las páginas 74 a 200 de la transcripción. La viuda impugnó los informes. La corte los aprobó y contra su aprobación es que se interpuso, como dijimos al principio, el presente recurso de apelación.

En su alegato la parte apelante señala veinte errores. La parte apelada no compareció a la vista del recurso ni presentó alegato. El juez no fundó su resolución.

Repetidas veces sostiene la apelante que Amelia Marreró nada puede recibir porque no ba sido declarada heredera; que el testamento de Boerman debe obedecerse porque no ha sido declarado nulo y que la partición aprobada en oc-tubre 20, 1920, es ineficaz.

Amelia Boerman y Marrero es la hija natural reconocida de Boerman.. Esto es indiscutible. De los autos elevados no consta que se siguiera procedimiento alguno sobre declaratoria de herederos, pero sí aparece que como heredera actuó ante la corte con jurisdicción para declararla tal y por heredera la tuvo dicha corte, no siendo de importancia la manifestación incidental de dicha corte, a que se refiere la apelante, tendente únicamente a no alterar la cuestión de la renta del legado hasta que el caso de filiación quedara definitivamente resuelto. Que un hijo natural reconocido es un heredero, fué resuelto en el caso de Méndez v. Martines, 26 D.P.R. 96. Y que la condición de heredero puede justificarse sin necesidad de acudir previamente al procedimiento de declaratoria de heredero, fué decidido en el mismo caso basándose en los de Morales et al. v. Landrau, et al., 15 D.P.R. 782; Soriano v. Rexach, 23 D.P.R. 573, y otros.

El testamento no podía subsistir en su integridad. En él se pretirió a un heredero forzoso y de acuerdo con e.l mandato expreso de la ley — artículo 802 del Código Civil— la institución de heredero que contenía quedó anulada.

La partición es válida. Fué impugnada por la viuda en la corte de distrito y la corte la aprobó. Apeló la viuda y su apelación como liemos dicho fué desestimada. No cabe' ahora atacarla de nuevo en esta apelación.

Al establecer su apelación la Sra. Boerman manifestó que lo hacía en su carácter de heredera testamentaria, como viuda y, además, como albacea y a (^ministradora, e invocando su carácter de albacea y administradora trata en su alegato de impugnar todos los procedimientos, sosteniendo que son nulos porque no fué demandada en ellos como tal albacea y administradora. Esta misma cuestión fué resuelta en contra de la apelante por la Corte de Circuito del Primer Circuito de los Estados Unidos, el 6 de enero de 1925 (3 F. (2d) 241), estableciendo la siguiente doctrina:

J ‘De acuerdo con el Código Civil de Puerto Rico, (Artículos 192 y .194), en una acción de filiación establecida después de la muerte del .supuesto padre, sólo las personas que constituyen la sucesión de éste ■ son partes demandadas necesarias y no es preciso incluir a su repre-sentante personal, a pesar de lo dispuesto en el artículo 41 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico.’'

Parece oportuno consignar que el referee aceptó en cuanto a los ingresos las cuentas de la administradora en la forma en que fueron presentadas. En la distribución de los ingresos y la aprobación de los gastos, es que surge la dificultad. Por ejemplo la administradora tomando como base el testamento consideró determinados bienes como ga-nanciales y se asignó la parte que según ella le correspon-día. Al llevarse a efecto la partición se encontró que algu-nos de los bienes que figuraban en el testamento como ga-nanciales habían sido adquiridos por Boerman siendo sol-tero. El contador estimó que dichos bienes eran privativos y el referee para la distribución de los productos tomó como base la partición, no el testamento. Quizá tenga razón la apelante en algunas de sus objeciones relativas a recons-trucciones de casas y pago de deudas hipotecarias, pero es ya demasiado tarde para discutir tales objeciones. La ape-lación en que pudieron levantarse y discutirse fué desesti-mada.

Lo mismo sucede con la institución de heredero. La ape-lante parte siempre del testamento. El referee de la par-tición. Según el testamento la mitad de todos los bienes correspondía a la viuda y por tanto la mitad de todos sus productos. Pero la institución de heredero quedó anulada a virtud de la preterición de la hija, la nulidad fué recono-cida en la partición y la ley entonces sólo dió a la viuda la tercera parte de los bienes y por consiguiente sólo la ter-cera parte de sus productos le. correspondía.

En cuanto a los gastos no puede quejarse la apelante del informe. Todos aquellos que se verificaron en relación con la administración y defensa de los bienes, son aceptados por el referee, pero ¿cómo es posible que se cargue a la hija natural lo gastado en los pleitos seguidos contra ella? Tampoco los viajes al Continente, excepción hecha de aquel que realizó la viuda acompañando el cadáver del esposo. Los demás lo fueron para atender a los pleitos en contra de la hija natural. Equitativamente procedió el referee a distribuir todos esos gastos entre la viuda y la madre.

T en cuanto a la remuneración de la administradora, no es posible aceptar la teoría de la apelante, a saber: que debe partirse del valor de los bienes de la herencia para calcular la remuneración. El referee tomó por base los in-gresos, ajustándose así a la ley que dice: “Todo adminis-trador o albacea, a no disponer otra cosa el testamento bajo el cual se le nombra, tendrá derecho a percibir del caudal, en remuneración de sus servicios, el cinco por ciento de los ingresos que ocurran.” Art. 53 de la Ley de Proce-dimientos Legales Especiales. (Comp. 1592).

Los artículos 50 de la Ley de Procedimientos Lega-les Especiales (Comp. 1589) y 1340 del Código Civil no han sido infringidos como alega la apelante. Si se hubiera asig-nado una pensión alimenticia a la viuda, se hubiera tomado en cuenta al adjudicársele la parte que le correspondía en las rentas y productos. “De la masa común de bienes,” dice el citado artículo 1340, “se darán alimentos al cónyuge superviviente y a sus hijos mientras se haga la liquidación del caudal inventariado y hasta que se les entregue su haber; pero se les rebajará de éste, en la parte en que excedan c}e lo que les hubiere correspondido por razón de frutos o ren-tas.” Como aquí no se asignó pensión .alimenticia alguna a la viuda, nada ha habido que deducir, haciéndosele adju-dicación completa de todo lo que les correspondía de acuerdo con . su participación en la herencia. Pretender que se le adjudique algo más para alimentos sería ir en contra de la lógica y de la ley.

La discusión de los otros errores no es necesaria para la justicia ni para la jurisprudencia. Aún los que hemos discutido carecen en su mayor parte de importancia. La apelante tiene la obcecación del testamento de su esposo. Todo lo que de sus disposiciones se separa, es injusto e inadmisible para ella. Pero ella tiene que aceptar la reali-dad de los hechos y a esa realidad se ajustó el referee al rendir su informe y la Corte al aprobarlo.

Procede declarar sin lugar el recurso y confirmar la re-solución apelada.


author: •En Juez Asooiado Señor Franco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, ex rel., Juan de Mata Rubert, querellante y apelado, v. Miguel Bahamonde, querellado y apelante.
    No. 3546.

    Visto: Marzo 25, 1925.

      Resuelto: Abril 15, 1925.
    1. Apelación y Error — Desestimación, Betiro y Abandono — Decisión Ineficaz —Cuestión Académica. — La aiielación en nn procedimiento de qxio warranto referente a un cargo que ha cesado por ministerio de la ley debe ser deses-timada por ser meramente académica la cuestión envuelta sin ninguna fina-lidad práctica; y será desestimada cuando las circunstancias no son tales que una revocación llevaría la imposición de costas al querellante y éste ha renunciado las concedidas por la corte inferior.
    MOCIÓN sobre desestimación de apelación presentada por el quere-llante apelado.

      Con lugar.

      José Rosario Gelpí, abogado del querellante apelado; Leopoldo Tor-mes, abogado del querellado apelante.
   •En Juez Asooiado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal. '

Esta es una moción para pedir la desestimación de la apelación.

El querellante y apelado, en un procedimiento de quo warranto obtuvo sentencia en septiembre 2 de 1924 por la cual se despojó al querellado del cargo de miembro de la Asamblea Municipal de Ponce. No conforme apeló, estable-ciendo el recurso en septiembre 10, 1924.

El 4 de noviembre de 1924 tuvieron lugar en Puerto Rico elecciones generales y en virtud de las mismas cesaron el 12 de enero siguiente en sus cargos por ministerio de la ley todos los miembros de las asambleas municipales de Puerto Rico.

Aparece claro que en caso de una revocación, la cuestión a discutir en sus méritos resultaría meramente aca-démica (moot question) sin ninguna finalidad práctica. A pesar de esto, tal vez era necesario examinar la cuestión de costas que sería el único motivo para que retuviéramos esta apelación. Sin embargo, las circunstancias de este caso no son de tal modo extraordinarias que una revocación del fallo inferior nos llevara a una imposición de costas al que-rellante. Esta parte por otro lado renuncia en su moción a las costas que le fueron concedidas.

Por estas razones la moción dehe declararse con lugar y desestimarse el recurso.


author: El Juez Asooiado SeñOR FbaNCO Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Catalino Figueroa, acusado y apelante.
    No. 2245.

    Visto: Marzo 3, 3925.

      Resuelto: Abril 15, 1925.
    1. “Indictment” y Acusación — Renuncia de Desechos y Objeciones — Subsa-nación por Veredicto — Objeción en Cuanto al Juramento. — La objeción de no haberse jurado la acusación de un gran jurado por el fiscal, asumiendo el artículo 145 del Código de Enjuiciamiento Criminal aplicable a éstas, os tardía cuando se presenta después de constituido el pequeño jurado y de haberse leído la acusación.
    2. “Indictment” y Acusación — Requisitos Formales del “Indictment” — Jura-mento del Fiscal Innecasarjo. — No es requisito de una acusación formu-lada y presentada por el gran jurado el.que aquélla esté jurada por el fiscal.
    3. Homicidio — “Indictment” y Acusación — Muerte a Consecuencia de Heridas —Alegación Suficiente de que la Iífrida es Mortal. — En una acusación por asesinato en primer grado, la alegación de que la víctima murió “a consecuencia directa de una herida de bala segundos después de recibir dicha herida” es una alegación suficiente de que la herida era mortal.
    Homicidio — Evidencia—Apreciación y Suficiencia — Asesinato en Primer Grado con Atenuantes. — Examinada la prueba en el caso de autos, se resolvió: que la misma era suficiente para sostener el veredicto del jurado.
    SenteNcia de Gabriel Gaskejón, J. (G-uayama), condenando al acu-sado por delito de asesinato en primer grado, con atenuantes.

      Confirmada.

      Bolivar Pagan, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asooiado SeñOR FbaNCO Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El Gran Jurado acusó a Catalino Figueroa de uu delito de asesinato en primer grado y declarado culpable por el pequeño jurado del mismo delito con circunstancias atenuan-tes, la corte inferior dictó sentencia y le impnso la pena de reclusión perpetua.

Se apeló de la sentencia y en su alegato el apelante sos-tiene la comisión de tres errores.

Fúndase el primer error en no haberse jurado la acusa-ción por el Fiscal. La cuestión fné levantada en la corte inferior pero después de constituido el jurado y de haberse dado lectura a la acusación.

El artículo 145 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en el cual se basa el apelante, dice:

11 Art. 145. — Una acusación denunciando un delito grave (felony) que no viniere firmada y jurada por el fiscal, será desestimada por el tribunal, a instancia del acusado hecha al formularse la acusación.”

De manera que asumiendo que dicho precepto fuese apli-cable a las acusaciones encontradas. fundadas por el gran jurado, la oportunidad de ejercitar el acusado tal derecho había pasado. El defecto no es -jurisdiccional y es la ra-zón de que no presentándose en tiempo la objeción, ello im-plica la renuncia de lo que solamente envuelve una mera irregularidad. 13 R.C.L. 209. Véase además El Pueblo v. Aponte, 9 D.P.R. 387.

Si examinamos, no obstante, directamente la cuestión, no encontraremos que la ley del gran jurado, aprobada en junio 18 de 1919 (Leyes de 1919, p. 303) requiera que la acusación sea jurada por el fiscal — y no parece que fuese necesario hacerlo porque no es dicho funcionario quien, estrictamente hablando, formula la acusación. El, en el nuevo procedimiento solamente practica una investigación previala que presenta al Gran Jurado y este organismo es quien resuelve en definitiva, mediante otra investigación, endosando o no la acusación. La ley del Gran Jurado contiene solamente dos secciones que podían tener cierta relación con la cuestión que se discute, pero que no serían aplicables. Las dos secciones leen como sigue:

“See. 54.- — Las disposiciones de los artículos 147, 148 y 149 del Código de Enjuiciamiento Criminal serán aplicables a todos los pro-cedimientos seguidos antes o después de una moción para sobreseer, una acusación.”
“S'ec. 57. — Presentada que sea una acusación del Gran Jurado ante la corte se seguirán en lo sucesivo en cuanto sea posible los mismos procedimientos que si se tratara de una acusación fiscal del distrito.” Leyes de 1919, págs. 319 y 321.

La última sección es la que podía levantar alguna ’ duda respecto a si la acusación debe ser o no jurada, pero ya he-mos dicho que no se trata propiamente de una acusación del fiscal sino de la que es formulada y lia sido presentada por el Gran Jurado ante la corte.

Alega el apelante como motivo del segundo error que no se alega en la acusación que la herida recibida por el interfecto era mortal y sostiene que este es un requisito .esencial en una acusación de tal naturaleza.

La acusación dice como sigue:

■“El referido acusado Catalino Figueroa, en época anterior a la presentación de esta acusación, o sea allá el día cinco de febrero de 1923, y en la colonia ‘Tuna’ de Guayama, P. R., que forma parte del Distrito Judicial del mismo nombre, allí y entonces, de una ma-nera ilegal y voluntaria, con malicia premeditada y expresa, y firme y deliberado propósito de matar, y demostrando tener un corazón pervertido y maligno, dió muerte ilegal al ser humano nombrado (Je-ferino Colón, al cual le hizo cuatro disparos con un revólver que portaba, uno de cuyos disparos le causó una herida penetrante con orificio de entrada en el hueso esternón al nivel del cuarto espacio intercostal, y con orificio de salida en la línea escapular media dere-cha al nivel del noveno espacio intercostal, y a consecuencia directa de dicha herida de bala falleció el ya mencionado Ceferino Colón segundos después de recibir dicha herida, y que tales disparos fueron hechos por Catalino Figueroa, al hoy interfecto Ceferino Colón con intención de matarlo.”

La simple lectura de la acusación es bastante para de-cir que ella se ajusta a la ley y a la jurisprudencia.

En el caso de People v. Judd, 10 Cal. 315, la Corte Suprema de California, dijo:

“El segundo fundamento alegado es frívolo. La alegación de que la víctima murió en la época mencionada de la herida recibida es una alegación suficiente de que la herida era mortal.”

El tercero y último error se refiere a la apreciación de la prueba. Hemos examinado dicha prueba y ella en conjunto es suficiente para sostener el veredicto del jurado pues si bien el acusado intentó establecer una coartada (ialibi) diciendo algunos testigos de defensa que él se encontraba en su casa en el momento del suceso, otros de la misma defensa hablan sin embargo de su presencia en el sitio en que los testigos de cargo declaran haber visto al acusado haciendo los disparos a Ceferino Colón, interfecto.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia de la corte inferior.


author: El Juez Asociado Señob Fkanoo Soto, El Juez Asociado Señob FraNco Soto,

text:
    Peña & Balbás, demandante y apelante, v. Julio Toro, Marshal de la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, demandado y apelado.
    No. 3488.

    Visto: Febrero 27, 1925.

      Resuelto: Abril 17, 1925.

      1., Arrendador y Arrendatario — Acción i>e Volver, a Entrar en, y Recobrar la Posesión i or el Propietario — Procedimientos—Desahucio—Manda-miento de Desahucio y su Cumplimiento — Lanzamiento y su Alcance.— En cumplimiento de un mandamiento de desahucio el marshal debe desalojar al demandado en su persona, muebles y enseres, pero en cuanto a bienes, el lanzamiento sólo comprende la propiedad personal del demandado pero no la adherida al suelo, labores, plantíos o cualquiera otra cosa que no se pueda separar de la finca.
    ■2.. Mandamus — Naturaleza y Fundamentos del Mandamus en General — Na-turaleza del, y Cuestiones que Abarca el Remedio. — El mandamus no es el remedio que procede en controversias que se refieran a la remoción de cosas adheridas al suelo y que surgen en un procedimiento de desahucio.
    3. Mandamus — Naturaleza y Fundamentos del Mandamus en General — Na-turaleza de, y Cuestiones que Abarca el Remedio-, — El mandamus no es para determinar controversias de esta clase y sí simplemente para hacer cumplir un específico y claro derecho legal cuando tal derecho descansa en cuestiones de ley.
    ■4 Mandamus — Cuestiones Sujetas a Mandamus y Propósito del Remedio— Actos y Procedimientos de Cortes, Jueces y Funcionarios Judiciales— Actos Ministeriales. — La orden de lanzamiento que dispone arrojar al demandado del inmueble junto con su propiedad personal es un acto ministerial que la ley impone ejecutar al márshal.
    RECONSIDERACION. .

      Resolución de Abril 30, 1925.
    X Apelación y Error — Vista y Nueva Vista — Reconsideración de Sentencia. — ■ No procede una'moción de reconsideración, cuando se insiste sobre los motivos fundamentales que se alegaron para sostener la apelación, y de los razona-mientos de la moción no se desprende nada que permita rectificar las conclu-siones de la sentencia anterior.

      2. Arrendador y Arrendatario — Propiedades y su Disfrute y Uso — Repara-ciones, Aseguro y Mejoras — Mejoras Utiles o de Recreo Hechas por el Arrendatario. — El mandamus no es el procedimiento adecuado para diri-mir controversias que surjan entre arrendador y arrendatario con respecto a las mejoras útiles o de recreo que éste haya hecho en la finca arrendada.

      SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Primer Distrito, San Juan), dene-gando petición mandamus, sin costas.

      Confirmada.

      A. Marín Marión, abogado del apelante; Attorney General, abogado del apelado; Campillo & Campillo, abogados del interventor.
   El Juez Asociado Señob Fkanoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un mandamus para compeler al Márshal de la Corte' Municipal de San Juan, Sección Segunda, a que cum-pla cierta orden de lanzamiento expedida en un procedi-miento de desahucio.

Peña & Balbás, que es una sociedad civil y se dedica, entre otros negocios, al de ceder solares en arrendamiento, arrendó a Ramón G-onzález un solar, sito en el barrio de Santurce, de esta ciudad. El arrendatario fabricó tres ca-sas de maderas y luego por falta de pago el apelante ini-ció el procedimiento sumario de desahucio en el cual se decretó en definitiva el desahucio y se ordenó el lanza-miento del demandado González del solar arrendado. El mandamiento para desalojar al demandado se entregó al márshal y fue diligenciado haciéndose constar solamente la tasación de las tres casas construidas. La ejecución de la orden no se cumplió del todo y un segundo mandamiento fue expedido, el que devolvió dicho funcionario, certificando ‘‘ que el lanzamiento del demandado Ramón González que se or-dena en' el mismo, del solar que se describe, fue ejecutado * * * en cumplimiento del mandamiento de fecha 22 de diciembre de 1923.” No conforme el apelante por no ha-ber procedido el márshal a destruir y remover las casas del solar en que están enclavadas, solicitó y obtuvo de la corte municipal nueva orden, que dice:

"Que simplemente se reproduzca la orden de la corte de Junio 19 de 1924 y se expida al marshal el correspondiente mandamiento.— Agosto 30 de 1924. — (fdo.) P. Manzano Avino, Juez Mpl. See. Sgda.”

El mandamiento fué expedido, diferenciándose de los an-teriores en haberse consignado en la parte dispositiva estas palabras: “haciendo que dicho terreno quede expedito a disposición de la demandante.” Quizá no puede decirse que haya diferencia sustancial con las de: “Y dicho terreno de-berá quedar libre a la disposición del demandante,” que contiene el mandamiento anterior. Pero cualquiera que sea la diferencia, uno u otro mandamiento no-requiere por tér-minos expresos la remoción de las casas que en ellos se des-criben. Sin embargo, la teoría del apelante parece que se extiende, como cuestión legal que establece, a que el lanza-miento incluye no sólo el acto de desalojar al demandado en su persona sino que comprende toda la propiedad, sin distinguir su naturaleza.

La sección 18 de la ley estableciendo el procedimiento para el desahucio, aprobada en marzo 9, 1905, (Leyes de 1905, pág. 286), sección 1642 de la Compilación de 1911, pág. 339, dice:

“See. 18. — No será un obstáculo para el lanzamiento el que el colono o inquilino reclame como suyos labores, plantíos o cualquiera otra cosa que no se' pueda separar de la finca.
“En este caso el márshal procederá al inmediato lanzamiento, sin prórroga alguna, y una vez efectuado éste a instancia del interesado procederá a la práctica de un avalúo a costa del reclamante, previa designación de un perito nombrado por los interesados de común acuerdo, y en caso de discordia de tres peritos designados uno por cada parte y el tercero por el márshal. Practicado el justiprecio y recibido por el márshal el resultado del mismo por escrito que firma-rán los peritos, los interesados y dicho funcionario, lo devolverá a la corte con la orden de ejecución; quedando al demandado libre el ejercicio de su acción para reclamar ante el tribunal competente .el importe de la cantidad en que se aprecie lo que creyese correspon-derle.”

Esta parte de la ley obedece al fin para que fué esta-blecida la ley de desahucio, indicando ser un procedimiento sumario, breve, y así el dueño de un inmueble obtiene la rá-pida ejecución de su sentencia sin pretexto alguno que por la discusión de bienes pudiera entorpecer el demandado so-bre reclamaciones de cosas que ya especifica la ley o de naturaleza análoga, no quedando tampoco sobre ellas sin pro-tección el demandado. Se lia tratado de armonizar derechos de una y otra parte al amparo de reglas justas y equitativas para cada interesado. Decretado el desahucio y ejecutoria la sentencia, debe dársele la posesión material al deman-dante y esto se cumple desalojando al demandado de la finca (a la fuerza si su actitud lo hace necesario) en su persona, muebles y enseres. El lanzamiento en cuanto- a bie-nes sólo comprende la propiedad personal del demandado pero no la adherida al suelo, labores, plantíos o cualquiera otra cosa que no se pueda separar de la finca, como dice la sección 18, supra. Naturalmente que estos bienes si se des-prenden del fundo se destruye su valor y de ahí es que hay que determinar su precio* haciendo reserva la ley a favor del demandado para reclamarlo. Dichos bienes representan a veces sumas considerables y el demandante resultaría en-riquecido con la labor de un demandado a quien se le haya cumplido el contrato o ha tenido la desgracia de no poder pagar las rentas o se había confiado a la merced o toleran-cia del dueño.

Las dificultades que a veces se presentan para saber si la mera adherencia de una cosa al suelo es o no susceptible de ser removida sin deterioro, es una indicación sufi-ciente para que en controversias de esta clase no parezca procedente el mandamus, pues su objeto no es para deter-minar controversia y sí simplemente para hacer cumplir un específico y claro derecho legal cuando tal derecho descansa únicamente en cuestiones de ley. People v. Board of Trustees, 44 N. Y. Sup. 472, (30 Hunt. 481). No dejamos de convenir, sin embargo, que la orden de lanzamiento que dis-pone arrojar al demandado del inmueble junto con su pro-piedad personal es un acto ministerial que la ley impone ejecutar al márshal. Este es el sentido del caso de Fremont v. Cripen, 10 Cal. 212 (70 Am. Dec. 711), que cita el apelante. Pero la cuestión que resuelve para dejar sentado tal principio es la de un tercero que trata de impedir que se ejecute el auto de posesión y se decide que el título que quiere hacer valer el tercero de ningún modo quedaba afec-tado por la sentencia de desahucio, ya que no era una parte en el procedimiento. La cuestión es distinta en este caso.

En virtud de todo lo expuesto, la sentencia de la corte inferior debe ser confirmada.

Besolueión de abril 30, 1925

El Juez Asociado Señob FraNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante en su moción sobre reconsideración insiste en los motivos fundamentales que alegó para sostener su apelación y nada se desprende en los razonamientos de su moción que nos permita rectificar las conclusiones de nuestra opinión de 17 de abril de 1925.

Sin embargo, el escrito que presentó el apelante en adición a su moción, merece alguna consideración para dejar mejor aclarada la situación de este caso, pues su argumentación envuelve la interpretación del artículo 487 dél Código Civil Revisado en relación con el 1476 del mismo Código, secciones 3557 y 4582 Comp. 1911. .

Dichos artículos, dicen:

“Art. 487. — El usufructuario podrá hacer en los bienes objeto del usufructo las mejoras útiles o de recreo que tuviere por conveniente, con tal que altere su forma o sustancia, pero no tendrá por ello de-recho a. indemnización. Podrá no obstante, retirar dichas mejoras, si fuere posible hacerlo sin detrimento de los bienes.”
“Art. 1476. — El arrendatario tendrá, respecto de las mejoras úti-les y voluntarias, el mismo derecho que se concede al usufructuario.”

Es cierto como alega el apelante que Manresa (tomo 4, pág. 431 ed. 3*) comentando el artículo 487, del Cód. Civil Español, igual al del mismo número de nuestro Código Civil Revisado, entiende que entre las mejoras posibles sin alterar la forma ni la sustancia, se halla incluida la edifi--cación pudiendo demoler la obra dejando el suelo expedito, a la terminación del usufructo. Y esto, en virtud de lo dis-puesto en el artículo 1476 supra equivalente al 1573 del Cód. Civil Español, puede aplicarse al arrendatario quien también podrá hacer en los bienes objeto del arrendamiento las mejoras útiles o de recreo que tuviera por conveniente, con tal que no altere su forma o su sustancia; pero no ten-drá por ello derecho a indemnización. Manresa tomo 10 pág. 648, ed. 3*

De todo se desprende que el Código Civil y la jurispru-dencia han establecido claramente los derechos sustantivos del dueño del fundo, salvo convenio especial de las partes, en cuanto a las mejoras, útiles o de recreo que quiera hacer el arrendatario en la finca arrendada pero nada puede de-cirnos el apelante que para fijar tales derechos sea la ac-ción de desahucio el procedimiento adecuado ni menos, por su especial naturaleza, el auto de mandamus, que tal como existe en nuestra actual legislación era un remedio desco-nocido en el derecho procesal español.

El mismo Manresa si bien cita la sentencia del Tribunal Supremo de España de 20 de abril de 1901, y a esto alude el apelante, por la que se estimaba como mejora útil no in-demnizable al usufructuario, con arreglo al artículo 487, ni al arrendatario, en virtud del precepto del artículo 1573, la construcción de tres ranchos hecha por el arrendatario de la finca arrendada, no se alega sin embargo por dicha ape-lante, que tal contención fuera resuelta dentro de una ac-ción de desahucio. Tomo 4 pág. 431. En este mismo tomo y página se cita también la sentencia de 16 de enero de 1906 del mismo Tribunal Español y con arreglo a ella, el arrendatario o usufructuario que planta árboles en la finca arrendada o usufructuada, carece de facultad para cortar-los y llevárselos porque esa mejora no puede retirarse sin detrimento de los bienes. Esta doctrina sin embargo, no convence al comentarista Manresa y todo ello demuestra, • aún cuando la ley declare la clase de mejoras que no son indemnizables por el dueño a la terminación del arrenda-miento o usufructo, que esta es una materia de la que sur-gen opiniones y controversias según las circunstancias del caso o el convenio sui generis que puedan realizar los inte-resados, y no es el mandamus, como hemos afirmado el re-medio adecuado para dirimir tales controversias.

Aparece además, que una acción ordinaria lia sido esta-blecida por el arrendatario, como alega el apelante, para re-clamar el valor de las casas enclavadas en el suelo arren-dado, y siendo este el procedimiento apropiado para venti-lar ésta clase de contenciones, es la oportunidad que se le presenta al apelante para discutir sus derechos, pues nues-tra decisión en este caso en nada prejuzgada protección que pueda concederle el artículo 487 en relación con el 1476 ci-tados de acuerdo con el contrato de arrendamiento o las circunstancias del caso.

Por las razones expuestas debe negarse la moción de re-consideración.


author: El Juez Asooiado Señor Franoo Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Jiménez, acusado y apelante.
    No. 2412.

    Visto: Abril 7, 1925.

      Resuelto: Abril 20, 1925.
    1. Desecho Penal — Exposición Anterior por el Mismo Delito “Former Jeopardy’’ — Sobreseimiento Después de Disuelto un Jurado en Desacuerdo. —Una orden .de sobreseimiento (nolle prosequi) registrada después de disuelto un jurado en desacuerdo no impide otro proceso por el mismo delito.
    2. Derecho Penal — Acumulación de Partes, Delitos t Cargos, Duplicidad y Elección — Hecho Ejecutado Realizando Unió o Varios Actos. — Una acu-sación bajo el artículo 413 del Código Penal no es defectuosa porque los varios actos que llevó a cabo el acusado para ejecutar el delito estén involu-crados en la acusación y no separados.
    3.. Falsificación — Evidencia—Peso de la Prueba y Suficiencia de Esta.— Examinada la prueba en el caso de autos, se resolvió: que la misma fué robusta y ella sostiene el veredicto del jurado.
    SentenCia de Pablo Berga, J. (Humacao), condenando al acusado por delito de falsificación (Art. 413, Cód. Penal).

      Confirmada.

      Francisco Cervoni, abogado del apelante; José E. Figueras y Carlos Llauger Días, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asooiado Señor Franoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso por infracción del artículo 413 del Có-digo Penal.

El acusado fue declarado culpable y se le condenó a su-frir un año de presidio. No conforme apeló de la senten-cia y señala en su alegato la comisión de tres errores, a saber: 1, haber estado expuesto por el mismo delito que se le imputa en la acusación; 2, no alegar la acusación hechos constitutivos de delito; y 3, no haberse absuelto perentoria-mente al acusado por insuficiencia de la prueba.

El jurado en el juicio anterior no llegó a un acuerdo y' por esta razón fué disuelto. El artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Criminal, Compilación de 1911, página 1037, dispone que una corte tiene poder para disolver un jurado después que el proceso haya sido sometido a su deliberación cuando resultare de una manera clara y evidente que no hay probabilidad razonable de que el jurado llegue a un acuerdo; y el 278 prescribe asimismo que en tales casos la causa podrá ser oída nuevamente. En el caso de El Pueblo v. Brau, 27 D.P.R. 779, se declaró: “Todos los casos en los cuales se insiste en que .el acusado ha estado en peligro por segunda vez cuando no ha habido sentencia condenatoria dependen principalmente del hecho de haberhabido un veredicto antes de dictarse sentencia contra el acusado. ’ ’•

La causa, sin embargo, no fué directamente sometida a nuevo juicio. La acusación fué sobreseída y el fiscal solicitó' permiso para someter los mismos hechos a otro gran jurado. Así se hizo y una nueva acusación fué. formulada. El ape-lante se queja, sin embargo, que la segunda acusación se funda en el artículo 413 del Código Penal y no en el 419 en que se basaba la anterior, y sostiene además como defensa que el sobreseimiento de la primera acusación tiene el ca-rácter de una alegación nolle prosequi y constituye un jeopardy, impidiendo que el acusado pueda ser juzgado por se-gunda vez. En primer lugar, el apelante admite que los he-chos delictivos sometidos al otro gran jurado son los mis-mos que fueron materia de la primera acusación, y el sobre-seimiento no tuvo más objeto que acomodar la acusación al artículo 413, supra, y en segundo lugar, asumiendo que se tratara de una alegación nolle prosequi, ella no impediría otra persecución por el mismo delito.

“Pero una orden de sobreseimiento (nolle prosequi) registrada después de estar en desacuerdo y disuelto el jurado no impedirá otro proceso por el mismo delito.” 16 C. J. 249.

Yéase también el caso de El Pueblo v. Felicié, 31 D.P.R. 514.

El error de este número envuelve la suficiencia de la acusación. El artículo 413 del Código Penal (Comp. 1911, p. 975) en que se funda, dice:

“Art. 413. — Será reo de falsedad toda persona que con intención de defraudar a otra, falsificare, alterare, contrahiciere o imitare cual-quiera carta partida, carta, patente, escritura, contrato de arrenda-miento, convenio, obligación, testamento, codicilo, comprobante de pensión, bono, pacto, billete de banco, vale, obligación, cheque, * * *; o que falsificare o imitare el sello o letra de otra persona; o que emitiere, circulare, pasare, o intentare pasar como genuino, cualquiera, de las susodichas falsificaciones, imitaciones o alteraciones, sabiendo> que lo son, con intención de perjudicar, dañar, o defraudar a alguna-, persona; o que, con intención de defraudar, alterare, viciare, falsi-ficare la inscripción de algún testamento, * * - ■

Este artículo comprende más de un medio por el que se puede cometer el delito de falsificación. Un mismo hecho puede ejecutarse realizando uno de los actos enumerados o abarcando varios, pero sea .uno o diversos los actos reali-zados, siendo el elemento esencial del delito el de defraudar, el delito que se comete no es más que uno y es el de falsifi-cación.

La acusación en este caso alega los varios actos que llevó a cabo el acusado para ejecutar el delito y que están comprendidos en el artículo 413. No es defecto, por consi-guiente, como se sostiene por el apelante, que los cargos es-'tén involucrados en la acusación y no separados. La acu-sación en este caso casi sigue en sus términos la de El Pueblo v. Vélez, 17 D.P.R. 1016, y en él se declaró suficiente.

Eli la obra California Jurisprudence, tomo 12, pág. 660, tratando la manera cómo se comete el delito de falsifica-ción, se sostiene la siguiente doctrina: '

“De conformidad con el artículo 470 del Código Penal, ‘el bacer falsamente/ ‘alterar,’ ‘falsificar,’ ‘imitar/ ‘presentar,’ ‘publicar,’ ‘pasar,’ ‘tratar de pasar’ cualquiera de los instrumentos o cosas allí mencionados, con la intención especificada, se considera una falsifi-cación. T cualquier persona que sea culpable de uno o más de • estos actós en relación con el mismo instrumento, es culpable sólo de una falsificación. En tanto los varios actos mencionados se cometen en relación con el mismo instrumento, deben ser considerados como que constituyen una transacción continua, a pesar del lapso de tiempo o la intención de actos de otras personas, que nO‘ destruyen’ la identidad del instrumento. De manera que el que acusa, al imputar todos los actos enumerados en el estatuto en relación con el mismo instrumento, puede a su gusto imputarlos todos en el mismo cargo, o cada uno en cargos separados. Cuando el estatuto enumera varios actos dis-yuntivamente, los cuales separada o conjuntamente constituyen el de-lito, la acusación o información, al imputar más de uno de ellos en el mismo cargo, debe hacerlo así en forma conjuntiva, a no ser que las palabras usadas disyuntivamente en el estatuto sean sinónimas, como ‘revelará, publicará, pasará, o tratará de pasar.’ ”

Este error de igual modo carece de fundamento. La prueba fue robusta y ella sostiene el veredicto del jurado.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Pbesidehte Señob del TORO,

text:
    Simmons Hardware Co., demandante y apelante, v. Healy & Siebert, compuesta por los socios gestores John J. Siebert y John Doe, demandada y apelada.
    No. 3352.

    Visto: Enero 30, 1925.

      Resuelto: Abril 20, 1925.
    1. Apelación y Error — “Supersedeas” o Suspensión de los Procedimientos— Eeectos de la Apelación. — Apelada una orden denegatoria de traslado, el procedimiento principal queda sujeto al resultado de la apelación. (Santalis v. M Zenit, 28: 695, seguido.)
    Resolución de Angel Acosta, J. (Mayagüez), declarando sin lugar moción sobre cosa juzgada y falta de jurisdicción.

      Confirmada.

      Harry F. Besosa, abogado del apelante,- José S abater, abogado de la apelada.
   El Juez Pbesidehte Señob del TORO,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes iniciaron m pleito en la Corte de Dis-trito de San Juan. Se pidió el traslado a la Corte de Dis-trito de Mayagüez. Se negó. Se apeló de la negativa, pero como la apelación no suspende los procedimientos, la Corte de San Juan siguió conociendo del pleito y dictó sentencia en rebeldía en contra de los demandados, unos días antes de decidirse la apelación. El Supremo revocó la negativa y ordenó el traslado.

La sentencia en rebeldía no fué apelada y los deman-dantes en Mayagüez, dentro del pleito trasladado, alegaron que la cuestión envuelta quedó definitivamente juzgada y adjudicada por la sentencia en rebeldía. La Corte de Ma-yagüez resolvió la cuestión suscitada en contra de los de-mandantes y éstos interpusieron el presente recurso de ape-lación.

Admiten los apelantes que si la sentencia en rebeldía hubiera sido apelada, habría sido revocada por la Corte Suprema de acuerdo con la jurisprudencia establecida en el caso de Santalis v. El Zenit, 28 D.P.R. 695, pero sostienen que no habiendo los demandados apelado, la sentencia quedó firme y es eficaz en contra de ellos.

No estamos conformes. La jurisprudencia citada tiene mayor alcance. En el caso de Santalis v. El Zenit, supra, siguiendo la jurisprudencia de California, se resolvió que si bien el recurso de apelación contra una orden denegatoria de traslado no suspende el procedimiento principal, éste queda sujeto al resultado del mismo de manera tal que si la orden fuese revocada, la actuación posterior a su fecha no surte efectos legales.

La sentencia en rebeldía dictada en este caso una vez decretado el traslado, quedó convertida en una mera nuli-dad y no era necesario apelar de ella. Un pleito terminado por sentencia no se traslada. Al enviarse por la Corte de San Juan a Mayagüez, en cumplimiento de la sentencia del Supremo, los procedimientos, habían ya caído por su base todas las actuaciones posteriores al tráslado y el pleito se remitía para ser tramitado y resuelto de nuevo de acuerdo con los hechos y la ley.

La circunstancia de que la jurisprudencia en los casos de California y Puerto Bico haya sido establecida en apela-ciones contra la sentencia, no importa. • La parte deman-dada, cómo sucedió en Santalís v. El Zenit, supra, puede continuar defendiéndose y si pierde apelar de la sentencia, porque si la otra apelación de la orden de traslado fuera resuelta adversamente para ella, si no hubiera establecido apelación contra la sentencia dictada en el pleito, dicha sentencia quedaría firme y sería eficaz en contra suya. Por ejemplo, si en este caso concreto que estudiamos la decisión del Supremo en el traslado hubiera sido distinta, entonces sí que la sentencia en rebeldía hubiera sido válida en contra de los demandados ya que no establecieron contra ella recurso de apelación.-

Dele confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asooiado SeñOR AldRey,

text:
    Hiram Gómez, demandante y apelado, v. Luis Bravo, The American Colonial Bank, The Royal Bank of Canada, demandados y apelante el segundo.
    No. 3298.

    Visto: Junio 18, 1924.

      Resuelto: Abril 20, 1925.
    3. Evidencia — Prueba Documental — Actos Públicos u Oficiales, Procedimien-tos, Records y Certificados — Escrituras Públicas.- — Aceptado por un de-mandado el otorgamiento de una escritura pública, ésta es admisible en evidencia como prueba de que las partes en ella celebraron el contrato con-tenido en la misma.

      2. Evidencia- — Prueba Documental — Escritos Privados y Publicaciones (Publications) — Cheques sobre Entrega de Dinero Confesado oom-o Debido.— Reconocido por escritura pública el haberse recibido con anterioridad cierta suma piara la refacción de una finca, cheques para demostrar la entrega del dinero confesado como debido, son admisibles en evidencia.
    3. Contratos de Refacción Agrícola — Preferencia del Crédito-Refaccionario —Prueba de la Inversión del Dinero Entregado. — Ni bajo la Ley Hipo-tecaria, ni bajo la Ley No. 37 de 3910 (Leyes de 1910, pág. 322) sobre contratos de refacción agrícola, etc., es necesario probar, para que un crédito refaccionario tenga el carácter de preferente, que el dinero entregado fué invertido , en mejorar la finca objeto de la refacción.

      4. Contratos de Befaoción Agrícola — Simulación—Evidencia—Insuficiencia . de la 'Prueba. — El hecho do que una persona que tiene un contrato de refacción agrícola sea acreedor hipotecario de la finca objeto de la refacción y existan créditos hipotecarios vencidos anteriores al de él, no es bastante para estimar el contrato de refacción simulado.
    5. Eraude — Evidencia—Peso y Suficiencia de la Prueba para Justificarlo.— El fraude debe probarse con hechos incontestables, o por lo menos con una preponderancia de prueba, pues su existencia no puede estimarse establecida por simples conclusiones, conjeturas y sospechas. (Arrusa v. Laugier, 14: 25, seguido.)
    SENTENCIA, de Angel Acosta, J. (Mayagiiez), declarando con lugar la demanda y sin lugar la contrademanda, con costas.

      Confir-mada.

      Joaquín Vendrell, abogado del apelante; José Sabater, abogado del apelado.
   El Juez Asooiado SeñOR AldRey,

emitió la opinión del tribunal.

The American Colonial Bank demandó a don Luis Bravo y a otro cobrándoles una obligación personal constante en un pagaré de $3,800 y para asegurar la efectividad de la sentencia les embargó varios bienes, entre ellos la hacienda Constancia y sus cosechas del 1921 hasta el año 1925, pro-piedad de don Luis Bravo. También el Royal Bank of Canada hizo igual embargo en otro pleito que seguía contra Bravo y otro, también por obligación personal.

En vista de esos hechos don Hiram Gómez presentó contra ambos bancos y contra Luis Bravo y su esposa la de-manda que origina esta apelación a fin de que se declarase que un contrato de refacción agrícola que celebró con don Luis Bravo le da preferencia sobre dichos bancos para co-brar con las expresadas cosechas el dinero que facilitó para el cultivo de la expresada finca, cuyos frutos le fueron da-dos en garantía de $8,000 según escritura pública de 8 de agosto de 1921.

El Royal Bank of Canada se allanó a la demanda pero el American Colonial Bank se opuso a ella y por contrade-manda solicitó que se declare que tal escritura es simulada y fraudulenta.

Don Luis Bravo y su esposa no contestaron la demanda y les fue anotada la rebeldía, y celebrado el juicio recayó sentencia declarando con lugar la demanda y sin lugar la contrademanda del American Colonial Bank, quien interpuso esta apelación.

El demandante presentó en el juicio la escritura pública número 36 de 8 de agosto de 1921 en la que los esposos Bravo como dueños de la hacienda Constancia reconocen ha-ber recibido antes de esa fecha de ¡ion Hiram Gómez la can-tidad de $7,000 más otros mil dólares ante él notario en el acto de firmarse la escritura para cultivar y mejorar dicha hacienda, comprometiéndose a devolver dicha suma de $8,000 con el interés del 10 por ciento anual hasta su pago total en todo el tiempo comprendido desde la fecha de la escritura hasta el 31 de diciembre de 1923, dejando afecto y gravado a la seguridad dei pago de dicho préstamo todo el café que produzca dicha finca en las cosechas de 1921 y en las de 1922 y 1923, y conviniéndose además que en caso de que no que-dase completamente satisfecha la suma del préstamo y sus intereses antes de su vencimiento quedarían gravadas las subsiguientes cosechas de cafó de dicha finca hasta el total saldo de la cuenta. De dicha escritura aparece que fué anotada en el registro de contratos agrícolas el 16 de agosto de 1921.

También el demandante prestó declaración según la cual desde febrero de 1917 venía prestando dinero al Sr. Bravo para el cultivo y mejoramiento dé su dicha finca hasta lle-gar su crédito por ese concepto a la cantidad de $11,185.81: que habiéndole pedido el Sr. Bravo más dinero en agosto de 1921 el declarante solicitó de él que le otorgara una escri-tura de refacción agrícola por $8,000, que no cubría toda su acreencia pero que le era bastante porque a su juicio la finca era suficiente para cubrir todo su crédito: que todas y cada una de las cantidades que facilitó al Sr. Bravo fue-ron para el mejoramiento y cultivo de la expresada finca, la •que gracias a su dinero aumentó grandemente su producción: que los cheques que libró a favor de terceras personas lo hizo así por orden del Sr. Bravo y para gastos de la hacienda : que después de la escritura entregó en tres -ocasio-nes al Sr. Bravo hasta 700 dólares para la recolección y transporte de la cosecha de café de 1921: que el Sr. Bravo le entregó esa cosecha la que produjo en venta la cantidad de $3,008.25 de los que descontados los 700 dólares que le adelantó para la recolección le abonó a su cuenta $2,308.25: que en la fecha que declaraba, 8 de noviembre de 1923, el saldo a su favor ascendía a $5,691.75. También declaró ha-ber pagado algunas facturas contra la finca.

Para justificar que desde antes de otorgarse la escritura había entregado al Sr. Bravo dinero por más cantidad de los $7,000 que reconoció deberle, y la entrega de los otros mil dólares, presentó unos cheques librados por él desde el 3 de febrero de 1917 hasta el 8 de agosto de 1921 que suman unos $15,000, expedidos unos a la orden de don Luis Bravo, otros al portador y seis a favor de tres personas, por pe-queñas cantidades éstos. Asimismo presentó su libro en que figura la cuenta de refacción del Sr. Bravo que empieza el 3 de febrero de 1917 hasta el 9 de abril de 1923, que arroja un balance a su favor de $5,680.35.

Alega el apelante en los primeros motivos de su recurso que no debió ser admitida como prueba la escritura número 36 de 8 de agosto de 1921 sin justificarse previamente la entrega de dinero: que tampoco debieron ser admitidos los cheques que fueron presentados, unos porque son de fecha muy remota; otros porque fueron expedidos al portador y algunos a favor de terceras personas; y todos porque nb resulta que fueron entregados para la refacción.

La escritura mencionada era admisible como prueba de que don Hiram Grómez y los esposos Bravo celebraron dicho contrato pues es un documento público, y además porque el apelante aceptó en su contestación y en la contrademanda que fué otorgado, aunque alegando que es simulado y fraudulento; y en cuanto a los cheques presentados para demostrar que el demandante había entregado al Sr. Bravo antes de firmarse la escritura los $7,000 en ella con-fesados como debidos, y aún mayor cantidad, también eran admisibles porque habiendo declarado don Hiram Gómez que las cantidades por ellos representadas fueron entrega-das al Sr. Bravo para el cultivo y mejoramiento de su finca, declaración que la corte creyó, son prueba de la existencia anterior de esa cuenta de refacción y de que en la fecha de la escritura el Sr. Bravo debía por tal concepto al Sr. Gó-mez los $7,000 confesados debidos en ella, y mayor canti-dad. También eran admisibles los cheques librados al por-tador y a favor de terceras personas porque el Sr. Gómez declaró que aquéllos fueron entregados al Sr. Bravo y que los expidió a terceras personas por orden del Sr. Bravo y para gastos de la finca.

La verdadera cuestión en este pleito gira sobre la si-guiente cuestión de derecho.

Sostiene el apelante que para que un crédito tenga el carácter de refaccionario con la preferencia que le da la ley no basta probar que se ha entregado dinero sino que para que exista el carácter preferente del crédito ha de probarse también que el dinero entregado ha sido invertido en mejorar la finca.

En este caso se ha probado que don Hiram Gómez en-tregó su dinero en préstamo al Sr. Bravo para el mejora-miento y cultivo' de la finca Constancia pero no hay eviden-cia tendente a probar que todos y cada uno de los dólares que facilitó fueron empleados por el dueño de la finca en peones, materiales, etc. para mejorarla, pero creemos que el Sr. Gómez no tenía que presentar tal evidencia para que su crédito pueda ser considerado como refaccionario, pues aun-que el Sr. Barrachina y el Sr. Morell, citados por el ape-lante, comentando el crédito refaccionario de la ley hipote-caria sostienen que tal prueba es necesaria, nosotros conve-nimos mejor con la opinión del Sr. Galindo y Escosura de que si bien en el derecho común el crédito refaccionario existe cuando el dinero se invierte en mejorar la cosa, sin embargo la ley hipotecaria se ha apartado de esa doctrina ■al conceder prelación al crédito refaccionario, teniendo por tal no al invertido en la obra sino al recibido para ella, por-que concede el privilegio al crédito anotado, qne consiste en las cantidades que se adelantan y no en las que se invier-ten. En efecto el artículo 59 de dicha ley (Comp. 1911, See. 6743) dice que el acreedor refaccionario podrá exigir anotación sobre la finca refaccionada por las cantidades que de una vez o sucesivamente anticipare. Es cierto que el dinero se da para invertirlo en el mejoramiento dé la finca pero si se adoptara criterio contrario al que exponemos se privaría a los dueños de fincas de las facilidades que le prestan los créditos refaccionarios para mejorarlas pues las dificultades en que como cuestión de hecho se encontrarían los acreedores para probar que realmente cada uno de los dólares que adelantaron para refacción fueron empleados por el dueño de la finca en el mejoramiento de ella ahuyen-tarían al capital u obligarían al acreedor a tener una inter-vención directa y quizás exclusiva en el empleo de su dinero para poder probar el día que su crédito fuese impug-nado que se invirtió en mejorar la finca, quedando de este modo los dueños de fincas en una situación deprimente y ridicula. Por esto creemos que el hecho cierto de haberse adelantado el dinero para la refacción de una finca y su anotación en el registro crea la preferencia contra otros acreedores.

Hemos considerado -hasta ahora esa cuestión bajo la ley hipotecaria aunque el contrato que motiva este pleito está regido por la ley especial número 37 de 1910 (Leyes de 1910, p. 122) sobre contrato de refacción agrícola y molienda de cañas y para otros fines, por la similitud que hay entre las dos. En efecto, la sección primera de la ley número 37 dice que se entiende por contrato de refacción agrícola aquél me-diante el cual una de las partes entrega y la otra recibe, con carácter devolutivo, determinadas cantidades en dinero efec-tivo o en especies, bien de una sola vez o en sucesivas oca-siones, para atender a la administración, sostenimiento, cul-tivo o mejoramiento de fincas rústicas, quedando afectos y gravados los frutos de las mismas fincas al pago de las can-tidades recibidas, con los intereses acordados; y dispone la sección 2 que el pago de las cantidades recibidas por el te-rrateniente será estipulado en dinero efectivo, o en la espe-cie de frutos rendidos por la finca refaccionada, dentro del plazo' señalado por los contratantes. Por los preceptos ci-tados se ve que el contrato de refacción agrícola existe por la entrega de dinero o especies para atender a la finca y no por el empleo de tal dinero o especies en ella, por lo que anotado un contrato de esa naturaleza en el registro que dicha ley crea y probada la realidad de tal entrega dicho cré-dito tiene para su cobro la preferencia que le concede la sección 4 de la expresada ley sobre los créditos posteriores de cualquier naturaleza, con excepción de los créditos por contribuciones, en cuanto a los frutos de la finca refaccio-nada, durante los años comprendidos en el contrato y siem-pre hasta que el acreedor sea completamente satisfecho del total importe de su crédito.

También alega el apelante que la corte inferior erró al no estimar probado que ese contrato de refacción es simulado "y falso, pero el hecho de que don Iíiram Grómez fuese un acreedor hipotecario ■ por $8,000 de la finca y que hubiese otros créditos hipotecarios vencidos anteriores al de él no es bastante para estimar que el contrato de refacción es simulado por haber tenido por objeto cobrarse el apelado su crédito hipotecario con preferencia a los acreedores hipotecarios anteriores. No solamente el fraude debe probarse con hechos incontestables, o por lo menos con una preponderancia de prueba, pues su existencia no puede estimarse establecida por simples conclusiones, conjeturas y sospechas, como se dijo en el caso de Arruza v. Laugier, 14 D.P.R. 25, sino que en el presente caso se ha probado que desde 1917 a 8 de agosto de 1921 el apelado había prestado al Sr. Bravo cantidades por más de $14,000, que en dicha última fecha daba nn balance a su favor de $11,000 y pico.

En vista de todo lo expuesto creemos justificada la sen-tencia de la corte inferior con la imposición de costas hecha al banco apelante, y debemos confirmarla.