text:
      In re Eugenio González Cardona, querellado.

      Número: CP-2004-009

      Resuelto: 8 de febrero de 2006

      Eugenio González Cardona, pro se.

   per curiam:

Eugenio González Cardona fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1996.

El 17 de noviembre de 2004 el Procurador General de Puerto Rico presentó una querella ante nos en contra de González Cardona. Le imputó cuatro cargos, a saber: (1) haber incumplido en varias ocasiones con las órdenes emi-tidas por el Tribunal de Primera Instancia; (2) no haber comparecido a la toma de varias deposiciones autorizadas por el tribunal, lo cual dilató los procedimientos y faltó al deber de puntualidad que establece el Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; (3) haber abando-nado la representación de un cliente sin solicitar la autori-zación del tribunal para renunciar a tal representación, como lo requiere el Canon 20 del Código de Ética Profesio-nal, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y (4) violar el Canon 35 de este Código, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al exhibir una conducta carente de la sinceridad y honradez que deben observar los aboga-dos cuando comparecen ante los foros judiciales.

González Cardona contestó la querella y, en esencia, alegó que dicha querella era frívola y que representaba “un desquite o represalia por parte del Procurador General”.

El 2 de marzo de 2005 nombramos un Comisionado Especial para que atendiera este asunto y nos rindiera el in-forme correspondiente. Dicho Comisionado señaló una pri-mera vista para el 5 de mayo de 2005, pero ésta no se celebró porque el querellado solicitó que dicha vista fuese pospuesta, por encontrarse él ausente de Puerto Rico. El Comisionado Especial entonces señaló la vista pendiente para el 29 de junio de 2005, pero el querellado no compa-reció a este segundo señalamiento ni se excusó.

Así las cosas, el Comisionado Especial hizo un tercer señalamiento de la vista en cuestión para el 6 de octubre de 2005 y el querellado tampoco compareció. En vista de ello, el 14 de octubre de 2005 el Comisionado Especial trajo el asunto a nuestra atención, haciendo hincapié en que las tres incomparecencias del querellado a las vistas señala-das habían sido injustificadas.

El 18 de noviembre de 2005 le dimos un término a Gon-zález Cardona para que mostrara causa por la cual no de-bía ser separado de inmediato del ejercicio profesional por sus injustificadas incomparecencias a las vistas señaladas por el Comisionado Especial.

González Cardona compareció antes nos tardíamente, doce días después de haber vencido el término que le ha-bíamos concedido en la citada orden de mostrar causa. Nos indicó por primera vez que desde hacía tres años residía en el estado de la Florida, a donde había mudado su domicilio. Señaló, además, que tenía un apartado postal en Puerto Rico y un familiar recogía su correspondencia en dicho apartado “cada tres o cuatro semanas” y se la enviaba a la Florida y que por ello su correspondencia se demoraba “de seis a ocho semanas” en llegarle a sus manos. Explicó que esa era la razón de sus incomparecencias. Finalmente, en el escrito referido, González Cardona nos notificó por primera vez su nueva dirección postal en Florida y solicitó un término adicional de treinta días para viajar a Puerto Rico y contratar un abogado para agilizar los procedimien-tos de este caso.

Transcurridos más de dos meses desde el referido úl-timo escrito de González Cardona, pasamos a resolver.

HH

Como bien señala el Comisionado Especial en su informe a este Tribunal del 14 de octubre de 2005, las injustificadas ausencias de González Cardona a las vistas señaladas por dicho Comisionado constituyen de por sí una conducta impropia del querellado. Su gravedad queda de manifiesto por el hecho de que el procedimiento disciplinario iniciado en su contra hace alrededor de quince meses todavía sigue pendiente sin que se haya podido comenzar a dilucidar aún los cargos formulados por el Procurador General en contra de González Cardona. Con la referida conducta, éste ha logrado dilatar dicho procedimiento considerablemente, ello en violación a su deber de responder expeditamente a los requerimientos del Comisionado Especial. Reiteradamente hemos señalado que los abogados deben una meticulosa atención y obediencia a las órdenes que reciben en los procedimientos sobre su conducta profesional, para que éstos se tramiten con prontitud y diligencia. Conducta como la desplegada aquí por González Cardona obstaculizan y debilita la función reguladora de la profesión que este Foro está llamado a realizar, y ello por sí solo acarrea las más graves sanciones. In re Otero Fernández, 145 D.P.R. 582 (1998); In re Laborde Freyre, 144 D.P.R. 827 (1998); In re Melecio Morales, 144 D.P.R. 824 (1998).

Además, González Cardona ha cometido otra violación grave de sus deberes profesionales. Reiteradamente hemos insistido en que los abogados deben cumplir con la obligación que les impone la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, de notificar cual-quier cambio de dirección postal o física, tanto de su resi-dencia como de su oficina. Una y otra vez hemos señalado que el incumplimiento con esta obligación obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria y es por sí sola razón suficiente para decretar la suspensión indefi-nida del ejercicio profesional del abogado que incumple. In re Oliveras López de Victoria, 166 D.P.R. Ap. (2005); In re Torres Sepulveda, 160 D.P.R. Ap. (2003); In re Santiago Rodríguez, 160 D.P.R. 245 (2003); In re Pérez Olivo, 155 D.P.R. 887 (2001); In re Santiago Méndez, 141 D.P.R. 75 (1996); In re Morales, Rubin, 139 D.P.R. 44 (1995); In re Serrallés III, 119 D.P.R. 494 (1987).

En el caso de autos, el querellado incumplió durante tres años con la obligación de mantenernos informados de su dirección actual, y así ha obstaculizado el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. Su práctica de mantener un apartado postal en Puerto Rico, que no atiende cotidia-namente de modo alguno, mientras reside, trabaja y tiene un apartado de correo activo fuera de Puerto Rico, sin in-formarle a este Tribunal de sus direcciones reales fuera de la isla, no cumple con lá obligación que le impone la citada Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo. Tal prác-tica es más bien un artificio inaceptable.

hH

En resumen, pues, González Cardona ha incumplido con varios deberes medulares que tenía como abogado, al ausentarse injustificadamente de las vistas convocadas para dilucidar la querella en su contra —que tiene aún pendiente— y al no notificarnos durante tres años de su cambio de dirección postal o física tanto de su residencia como de su oficina. Ha obstaculizado de varias formas, pues, el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. Es evidente por ello que no le interesa continuar siendo miem-bro de la profesión de abogado y notario en Puerto Rico.

Por los fundamentos expuestos, se decreta la suspensión inmediata e indefinida de Eugenio González Cardona del ejercicio profesional. Se le impone a Eugenio González Car-dona el deber de notificar a todos sus clientes de Puerto Rico, si tiene alguno, de su inhabilidad para seguir repre-sentándolos, de devolverles cualesquiera honorarios recibi-dos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y adminis-trativos del país, si tiene algún asunto pendiente en éstos. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y sentencia. Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautarse de la obra notarial de Puerto Rico de este abogado suspen-dido y entregarla a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará una sentencia de conformidad.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam: Juez Asociado Señor Re-bollo López,

license: Public Domain

text:
      In re Marcelino Meléndez La Fontaine, querellado.

      Número: CP-2003-2

      Resuelto: 9 de febrero de 2006

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, Vanessa Lugo Flores, Kenneth Palmas Velázquez, subprocuradores gene-rales, Noemí Rivera De León, procuradora general auxi-liar, y Jaime Jiménez Lugo, querellantes; Tadeo Negrón Medero, abogado del querellado; Marcelino Meléndez La Fontaine, abogado querellado que comparece por derecho propio; Enrique Rivera Santana, comisionado especial.
   per curiam:

La conducta que da lugar a la presente ac-ción disciplinaria tiene su origen en el caso Jiménez Lugo y otros v. Meléndez La Fontaine, KAC 1994-1417, donde se litigaba contra el querellado una reclamación por incum-plimiento contractual y daños y peijuicios, adjudicado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. El foro primario, al dictar sentencia concluyendo que el Ledo. Marcelino Meléndez La Fontaine había incum-plido su contrato de servicios profesionales, ordenó que la transcripción de la vista en sus méritos fuera elevada a este Tribunal.

I

El licenciado Meléndez La Fontaine suscribió un con-trato de servicios profesionales con los miembros de la Su-cesión de Arturo Jiménez Sánchez. Mediante éste se com-prometió a representar a todos los herederos en cualquier procedimiento relacionado con la liquidación del caudal re-licto del señor Jiménez Sánchez. Acorde con las obligacio-nes contraídas, el licenciado Meléndez La Fontaine, entre otras gestiones, tramitó la declaratoria de herederos, el re-levo correspondiente del Departamento de Hacienda refe-rente al caudal relicto del finado, así como una instancia dirigida al Registro de la Propiedad para inscribir a nom-bre de la Sucesión Jiménez Sánchez un inmueble sito en Río Piedras (única propiedad inmueble existente en el caudal hereditario). La propiedad fue inscrita a favor de la Sucesión Jiménez Sánchez en común pro indiviso.

Antes de llevarse a cabo la partición de los bienes here-ditarios, el heredero Ángel L. Jiménez Sánchez, junto a su hijo, Sr. Jaime Jiménez Lugo, adquirieron de los demás miembros de la sucesión la aludida propiedad localizada en Río Piedras.() Para autorizar la correspondiente escritura de compraventa, Meléndez La Fontaine, quien no era no-tario, le recomendó a sus clientes la contratación del nota-rio José E. Rivera Reyes.

A tales efectos, el licenciado Meléndez La Fontaine su-ministró la documentación necesaria y pertinente para preparar el documento público. Así pues, el notario Rivera Reyes otorgó la escritura pública Núm. 30 el 20 de abril de 1990, donde comparecieron los vendedores —miembros de la Sucesión Jiménez Sánchez— como dueños de porciones específicas dentro de la finca en cuestiónX) El licenciado Meléndez La Fontaine revisó el documento antes de su otorgamiento.

Al expedir la primera copia certificada de la escritura de compraventa, el licenciado Meléndez La Fontaine le in-formó al notario que había acordado con los herederos que retendría la escritura en su oficina hasta tanto se culmi-nara la liquidación y adjudicación de los bienes del caudal relicto. Cuando ello ocurriera, se procedería a preparar la documentación necesaria para reconocer el por ciento de participación de cada uno de los herederos y, entonces, se presentaría en el Registro de la Propiedad la escritura de compraventa otorgada ante el notario Rivera Reyes.

Así las cosas, el comprador Jiménez Lugo acudió a la oficina del licenciado Rivera Reyes para que se le expidiera copia certificada de la escritura de compraventa. Sin embargo, el notario le explicó que el documento solicitado no iba a ser presentado ante el Registro de la Propiedad hasta que finalizara la liquidación de los bienes del causante. A insistencias del señor Jiménez Lugo, el notario Rivera Reyes expidió una segunda copia certificada de su escritura Núm. 30 de 1990. El señor Jiménez Lugo presentó para su inscripción en el Registro de la Propiedad, Sección III de San Juan.

La escritura Núm. 30 no logró acceso al Registro de la Propiedad. Entre los defectos notificados se señaló que no se podía inscribir enajenaciones o gravámenes de cuotas específicas en una finca en la que no se haya adjudicado antes la correspondiente participación de los herederos.

Para subsanar los defectos de la escritura, ambos abo-gados se reunieron con los miembros de la sucesión. Estas gestiones resultaron infructuosas, puesto que algunos he-rederos se negaron a firmarla. En consecuencia, el Sr. Jaime Jiménez Lugo, instó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia contra los miembros de la sucesión, para que éstos otorgaran la escritura de cesión de derechos y bienes a favor de los demandantes y se inscribiera el inmueble a su nombre. El tribunal de instancia declaró “con lugar” la demanda.

Aduciendo haber sufrido daños por los hechos antes re-latados, el 27 de noviembre de 1991 el señor Jiménez Lugo presentó una queja ante este Tribunal contra los licencia-dos Rivera Reyes y Meléndez La Fontaine (AB-1991-60). El 21 de febrero de 1992 dictamos una resolución en la cual declinamos el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria y se ordenó el archivo de la queja, “sin perjuicio de que el Sr. Jaime Jiménez Lugo acuda a un procedimiento civil ordinario para reclamar la reparación de los daños” alega-damente sufridos por parte de los letrados.

El 8 de enero de 1993 el Sr. Jaime Jiménez Lugo y su esposa, Sra. Aramita J. Rodríguez Galloza, incoaron una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia contra el licenciado Meléndez La Fontaine por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, en relación con las gestiones de éste durante la tramitación de la liquidación de la Su-cesión de don Arturo Jiménez Sánchez.

Luego de varios incidentes procesales que no es necesa-rio detallar, el foro primario dictó sentencia en la cual con-cluyó que el licenciado Meléndez La Fontaine incumplió con sus obligaciones. No empece lo anterior, dicho tribunal no concedió partida de daños alguna. El foro primario in-dicó lo siguiente:

No habiendo el Ledo. Meléndez La Fontaine cumplido en su totalidad con las obligaciones a las que se comprometió me-diante el contrato de servicios profesionales y por tal razón habiendo cansado daños al aquí codemandante Jiménez Lugo, procedería una indemnización por incumplimiento contractual. No obstante lo anterior y habiendo abundante testimonio creído por el Tribunal a los fines de que el proceso desde sus inicios con la declaratoria de herederos se omitieron herederos a pesar de su conocida existencia para la parte de-mandante, este Tribunal en este caso no puede efectuar deter-minación alguna adjudicando daños ya que el acto jurídico original que da base a todo este entramado sucesoral estuvo viciado y es nulo; por lo que sin eficacia la razón de pedir del demandante. Querella de 1 de diciembre de 2003, pág. 2.

Por último, el foro de instancia refirió el caso ante este Tribunal para nuestra consideración. Dicha sentencia ad-vino final y firme.

Así las cosas, referimos el asunto a la atención del Pro-curador General para que investigara y sometiera el in-forme de rigor. Posteriormente, ordenamos la presentación de la correspondiente querella. En ésta se le imputó al li-cenciado Meléndez La Fontaine el cargo siguiente:

El Ledo. Marcelino Meléndez La Fontaine incurrió en con-ducta profesional en violación al Canon 18 de los de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.18, el cual, entre otras cosas, obliga a todo abogado defender los intereses de su cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable. Querella de 1 de diciembre de 2003, págs. 2-3.

En su contestación, el licenciado Meléndez La Fontaine, en esencia, rechazó haber incurrido en conducta violatoria de los cánones del Código de Ética Profesional, ya que no fue él quien otorgó la escritura de compraventa Núm. 30 antes mencionada. Además, adujo no haber errado ya que, “[c]omo cuestión de derecho, ni la ley ni la jurisprudencia exigen que cuando los herederos son todos mayores de edad y se ponen de acuerdo sobre la partición y división de la herencia, se tenga que preparar documento alguno, ni escritura alguna de partición y liquidación de tal herencia”. Contestación de la querella, págs. 5-6. Final-mente cuestionó, escuetamente, nuestra jurisdicción disci-plinaria bajo el fundamento que, mediante nuestra Reso-lución del 21 de febrero de 1992 —donde declinamos ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria en la queja pre-sentada contra el aquí querellado por estos hechos— ya habíamos dispuesto de ésta.

Atendida la querella presentada y la contestación del abogado querellado, designamos al Ledo. Enrique Rivera Santana como Comisionado Especial. Después de cele-brada la correspondiente vista evidenciaría, el Comisio-nado Especial rindió su informe. El Comisionado Especial concluyó que el querellado incurrió en violación del Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. En el Informe se recomendó que de optarse por disciplinar al querellado, se considerara los siguiente: que los hechos eran remotos; el querellante carecía de “manos limpias”; el querellante no pudo establecer haber sufrido daño alguno; la propiedad fue inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del querellante, y finalmente, que la acción disci-plinaria fue dirigida únicamente contra el licenciado Me-léndez La Fontaine, dejando fuera al autor de la escritura de compraventa por la cual se activó la maquinaria judicial.

Con el beneficio del informe del Comisionado Especial y de los documentos que obran en autos, resolvemos.

I — I hH

A. Debemos atender brevemente un asunto relacio-nado a nuestra jurisdicción disciplinaria traído ante nues-tra consideración por el abogado querellado. Como se in-dicó previamente, éste entiende que la querella presentada trata de los mismos hechos por los cuales se presentó la primera querella el 27 de noviembre de 1991, por lo cual el asunto ya fue atendido por este Tribunal. En dicha quere-lla, el señor Jiménez Lugo nos solicitaba que ordenáramos a los abogados allí querellados —licenciados Meléndez La Fontaine y Rivera Reyes— a preparar un documento que pudiera ser inscrito en el Registro de la Propiedad y, ade-más, se nos informaba sobre los daños que alegadamente había sufrido. En aquel momento entendimos que no de-bíamos ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria, sino que procedía que el caso se ventilase bajo un procedimiento civil ordinario.

Nuestra actuación no tuvo el efecto de abdicar nuestro poder inherente de reglamentar la profesión de la abogacía y disciplinar a aquellos abogados que incurran en prácticas o conductas reñidas con los cánones sobre la ética profesional. Por el contrario, el asunto sobre la titularidad de un bien inmueble y su correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad es un asunto que debe ser diluci-dado mediante un juicio plenario ante nuestros tribunales de instancia. Nuestra intervención sería a destiempo. Asi-mismo, los daños y perjuicios que sufra una parte por las actuaciones negligentes o el incumplimiento de contrato de otra es un asunto a dilucidar ante el foro de instancia.

Ahora bien, nada impide que luego de la determi-nación del Tribunal de Primera Instancia que adjudique este asunto, como ocurrió en el presente caso, la conducta del abogado sea referida a nuestra atención nuevamente. Recordemos que aun cuando el abogado logre resarcir los daños causados a un cliente por sus actuaciones negligen-tes, este Tribunal tiene el ejercicio final de la jurisdicción con relación a la negligencia profesional del abogado. In re Pagán Ayala, 117 D.P.R. 180 (1986). En consecuencia, pro-cede que atendamos en los méritos el cargo presentado por el Procurador General contra el licenciado Meléndez La Fontaine.

B. El Canon 18, supra, le impone a todo abogado el deber de desempeñarse de forma capaz y diligente al defender los intereses de su cliente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad, y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. Este deber es infringido cuando asume una representación legal consciente de que no puede rendir una labor idónea competente o que no puede prepararse adecuadamente para el caso sin que ello apa-reje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la ad-ministración de la justicia. In re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199 (2005); In re Marini Román, 165 D.P.R. 801 (2005).

Reiteradamente hemos establecido que todo miembro de la profesión legal tiene el ineludible deber de defender los intereses de su cliente con el compromiso de emplear la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más completa honradez. In re Meléndez Figueroa, supra; In re Martínez Miranda, 160 D.P.R. 263 (2003). Su gestión profesional debe llevarse a cabo aplicando en cada caso sus conocimientos y habilidades. In re Alonso Santiago, 165 D.P.R. 555 (2005); In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70 (2001).

Los abogados, como oficiales del Tribunal, tienen una función revestida de gran interés público que genera obligaciones y responsabilidades duales para con sus clientes y con el tribunal en la administración de la justicia. In re Ortiz Morales, 166 D.P.R. 105 (2005). Ello les impone el deber de asegurarse que sus actuaciones dentro de cualquier caso en que intervengan estén encaminadas a lograr que las controversias sean resueltas de una manera justa, rápida y económica. In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298 (2000).

En In re Díaz Alonso, Jr., 115 D.P.R. 755, 761 (1984), expresamos que los abogados tienen la obligación ética de informarse adecuadamente del derecho aplicable en los litigios en que interviene, en aras de poder descargar de forma responsable sus obligaciones para con su cliente. Véase, además, In re Alonso Santiago, supra.

A la hora de imponer sanciones disciplinarias podemos considerar factores como la reputación del abogado en su comunidad, el historial previo de éste, si es su primera falta, la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento, si se trata de una conducta aislada, el ánimo de lucro que medió en su actuación, el resarcimiento al cliente y cualesquiera otras consideraciones, bien sean atenuantes o agravantes, que medien según las circunstancias particulares del caso. In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005); In re Montalvo Guzmán, 164 D.P.R. 806 (2005).

H-1 HH H-I

En el presente caso, el Ledo. Marcelino Meléndez La Fontaine tenía encomendado llevar a cabo cualquier proce-dimiento judicial o administrativo que culminase en la par-tición final de la herencia del causante. La querella presen-tada gira específicamente en torno a la escritura de compraventa Núm. 30 otorgada por el licenciado Rivera Reyes, mediante la cual se disponía del único bien inmue-ble que poseía el caudal hereditario.

Si bien es cierto que no fue el licenciado Meléndez La Fontaine quien otorgó el referido documento, no es menos cierto que fue éste quien calculó las proporciones específi-cas que cada miembro vendería en la propiedad y se las entregó al notario, con conocimiento de que todavía no se había adjudicado la herencia. También, participó en la pre-paración de la escritura y la revisó previo a la firma de sus clientes. Además, obtuvo copia certificada de ésta inmedia-tamente fue otorgada por el licenciado Rivera Reyes. No obstante lo anterior, el querellado no se percató que el re-ferido documento público no cumplía con los requisitos le-gales para su otorgamiento, por lo cual no lograría acceso al Registro de la Propiedad.

Como resultado del problema para la inscripción de la escritura Núm. 30 se generó un litigio en los tribunales. Eventualmente se logró la inscripción de la escritura de compraventa no sin antes las partes haber tenido que liti-gar el asunto, incurriendo así en gastos y contratiempos innecesarios.

Sorprende, además, que en su contestación el querellado señale que la escritura Núm. 30 no adolecía de defecto alguno. Ello, de suyo, denota un total desconocimiento del derecho aplicable.!) El abogado tiene la obligación de prepararse adecuadamente para representar a sus clientes y eso incluye el asesoramiento necesario en los asuntos en que intervenga. No puede escudarse el licenciado Meléndez La Fontaine tras la alegación de que él no preparó ni otorgó la escritura de compraventa, cuando el referido letrado estuvo al tanto del proceso y en ningún momento objetó que sus clientes —miembros de la Sucesión de Arturo Jiménez Sánchez— firmaran un documento cuya validez era cuestionable.

En consecuencia, resolvemos que el licenciado Meléndez La Fontaine incumplió con los deberes éticos exigidos en el Canon 18, supra, al no defender diligentemente los intereses de sus clientes. Si hubiese velado por los intereses de los miembros de la Sucesión, ciertamente se hubiese percatado de los defectos que adolecía la escritura de compraventa suscrita por ellos. Con ello, se hubiese evitado que se vieran todos involucrados en un pleito judicial. El abogado tiene la obligación ética de informarse adecuadamente del Derecho aplicable a los asuntos bajo su consideración. Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 511 (1984). El abogado que no se siente capacitado para llevar a cabo una encomienda no debe asumir la representación legal de una persona. In re Laborde Freyre, 159 D.P.R. 697 (2003).

En virtud de lo anterior, como medida disciplinaria y por tratarse de una primera ofensa, entendemos procedente amonestar al Ledo. Marcelino Meléndez La Fontaine por la conducta impropia en que incurrió en el presente caso. Éste deberá en el futuro ejercer mayor cautela y mostrar mayor conocimiento del Derecho aplicable para atenerse a los pos-tulados que regulan la profesión de la abogacía. Se le aper-cibe contra futuras infracciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opi-nión disidente, a la cual se le unió el Juez Asociado Señor Rivera Pérez. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

No podemos suscribir la opinión per curiam que emite el Tribunal en el presente caso. Somos del criterio que, dados los hechos particulares de éste, no procede la imposición de medida disciplinaria alguna contra el Ledo. Marcelino Me-léndez La Fontaine. Veamos por qué.

En nuestro criterio, el referido abogado hizo lo que tenía que hacer, al enfrentarse a una situación en la que él es-taba impedido de actuar. Es decir, no siendo notario, reco-mendó a sus clientes la contratación de un abogado que sí estuviera admitido a la práctica de la notaría. Meléndez La Fontaine no debe responder por la actuación negligente o ignorante del otro abogado. Aquí no se puede aplicar la teoría, o doctrina, sobre “culpa in eligendo”.

Por otro lado, no se le puede imponer responsabilidad a Meléndez La Fontaine porque éste, alegadamente, debía haberse percatado de que la escritura otorgada por el otro abogado era defectuosa. Meléndez La Fontaine, repetimos, no era notario. Así lo hizo saber a sus clientes. El no hizo representación alguna de que era un experto o conocedor en el campo de la notaría.

Tal parece que el Tribunal está aplicando, en relación con nuestra jurisdicción disciplinaria, la hoy desacreditada y desechada doctrina del “capitán del barco”, la cual fue utilizada en el campo de daños y perjuicios por impericia médica. Conforme a ésta, en apretada síntesis, el cirujano a cargo de la intervención quirúrgica respondía por los ac-tos negligentes de todas las personas involucradas en ésta.

Somos del criterio que, al resolver que el abogado original a cargo del caso es responsable de la actuación negli-gente o equivocada de otro abogado, traído al caso para realizar una gestión profesional especializada, el Tribunal no sólo establece un precedente erróneo, sino que envía un mensaje equivocado a la profesión. El erróneo precedente causará que el abogado que actúa responsablemente, al so-licitar los servicios especializados de un colega para bene-ficio de su cliente, resulte responsable de la actuación ne-gligente del especialista. ¿Para qué hacerlo, entonces? ¿Vale la pena actuar ética y responsablemente?

En fin, somos de la opinión que por menor que sea la sanción impuesta en el presente caso —una amonesta-ción— ésta resulta ser injusta. Ese fue el mensaje que el Comisionado Especial, en forma elegante, nos envió al ex-presar que, al resolver este caso, deberíamos tomar en con-sideración: que el querellante carecía de “manos limpias”; que éste no sufrió daño alguno; que la propiedad efectiva-mente fue inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de dicha persona, y que únicamente se intenta disciplinar a Meléndez La Fontaine y no al verdadero responsable de la situación, el notario que otorgó la escritura. Al “buen entendedor, con pocas palabras basta”.

      (1) El Sr. Jaime E. Jiménez Lugo no suscribió el contrato de servicios profesio-nales existente entre el Lie. Marcelino Meléndez La Fontaine y los miembros de la Sucesión de Don Arturo Jiménez Sánchez. Ello, pues éste fue heredero del causante cuando murió su padre, el Sr. Ángel L. Jiménez Sánchez.

      (2) A pesar de que el notario inquirió sobre el modo en que se habían establecido las participaciones y sobre los documentos complementarios que sustentaran tal ac-tuación, el licenciado Meléndez La Fontaine adujo tener toda la información necesa-ria para la validez del documento.

      (3) Durante la comunidad hereditaria cada partícipe puede enajenar su cuota abstracta, así como también se puede vender la cosa específica antes de la partición cuando todos los herederos dan su consentimiento. No obstante, la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, en su Art. 95, claramente señala que “[n]o se inscribi-rán enajenaciones o gravámenes de cuotas específicas en una finca que no se hayan adjudicado antes en la correspondiente partición”. 30 L.P.R.A. sec. 2316. Véase, además, Kogan v. Registrador, 125 D.P.R. 636 (1990). En la presente situación de he-chos, todos los comuneros estaban de acuerdo, en un principio, en vender el bien inmueble que poseían en común pro indiviso. Por lo tanto, no podía representarse en la escritura que cada miembro enajenaba una cuota específica en el referido inmue-ble, puesto que ello contraviene el derecho hereditario y está vedado por el Art. 95 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra.


author: per curiam:

text:
      In re Moisés García Baliñas.

      Número: TS-4624

      Resuelto: 9 de febrero de 2006

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Moisés García Baliñas, pro se.

   per curiam:

El Ledo. Moisés García Baliñas fue admitido al ejercicio de la abogacía en 1974. Posteriormente fue ad-mitido a la práctica de la notaría.

En octubre de 2004 la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) nos refirió un informe en el cual nos señalaba que el licenciado García Baliñas no había presentado los índi-ces notariales mensuales de 1998 a 2003. Adeudaba, ade-más, los informes de actividad notarial anual de 1997 a 1999, y no había notificado su cambio de dirección a dicha oficina. Le ordenamos al licenciado García Baliñas que no-tificase a ODIN su nueva dirección. Además, le ordenamos presentar en ODIN los índices que adeudaba. Finalmente, le concedimos un término para que mostrara causa por la cual no debíamos disciplinarlo.

Ante el incumplimiento con nuestra orden, le concedi-mos un término final para que cumpliera so pena de seve-ras sanciones, incluso la separación de la profesión de abogado.

Vencido el término concedido, el licenciado García Bali-ñas compareció y nos solicitó una prórroga para subsanar las deficiencias señaladas. Este incumplió nuevamente y la concedimos un término final de veinte días, apercibiéndole nuevamente de las severas sanciones que había de encarar de incumplir con nuestra orden. Dicha resolución le fue notificada personalmente al licenciado García Baliñas. El licenciado García Baliñas no ha comparecido ni ha solici-tado prórroga para comparecer.

HH

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que todo abogado deberá observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y la mayor diligencia. La naturaleza de la función de abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal o de cualquier foro al que se encuentre obligado a comparecer, máxime cuando de conducta profesional se trata. In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678, 681 (1981).

Hemos señalado reiteradamente que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9, supra. In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999); In re Otero Fernández, 145 D.P.R. 582 (1998).

De otra parte, la obligación de rendir índices Notariales mensuales y notificar el cambio de dirección surge de los Arts. 7 y 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sees. 2011 y 2023, de las Reglas 11 y 12 del Reglamento Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, y de la Regla 13 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

Hemos señalado también que la omisión de rendir índices Notariales es una falta grave a los deberes que le impone al notario la investidura de la fe pública notarial, cuya conducta es reprensible y merecedora de la aplicación rigurosa de sanciones disciplinarias. In re Sáez Burgos, 161 D.P.R. Ap. (2004); In re Prieto Ferrer, 147 D.P.R. 113 (1998); In re Cruz Ramos, 129 D.P.R. 377 (1991).

El notariado es una profesión que requiere dedi-cación, esfuerzo, cuidado y diligencia, por lo que debe ejer-citarse con el mayor grado de responsabilidad y rigurosidad. Quien no esté dispuesto a ejercerla con tal dedicación, no puede fungir como notario.

HH I — I

El licenciado García Baliñas ha incumplido reiterada-mente las órdenes de este Tribunal, así como con las dis-posiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico. Su actitud de displicencia para con este Tribunal no lo hacen digno de continuar desempeñando el ministerio que ostenta como miembro de la profesión legal. Es evidente, según se des-prende de sus actuaciones, que no tiene interés alguno en continuar ejerciendo su profesión.

Por los fundamentos antes expresados, ordenamos la se-paración inmediata e indefinida del ejercicio de la aboga-cía del Ledo. Moisés García Baliñas, a partir de la notifi-cación de la presente opinión per curiam. Le imponemos al licenciado García Baliñas el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándoles, de devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajo no realizados y de informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del país. Además, de-berá certificarnos dentro del término de treinta días, conta-dos a partir de la notificación de esta opinión per curiam, el cumplimiento de estos deberes.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.


text:
      In re Carlos E. Rivera Rodríguez.

      Número: TS-8718.

      Resuelto: 9 de febrero de 2006

      Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, y Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar, querellan-tes; María de Lourdes Rodríguez, oficial investigadora de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Fernando L. Torres Ramírez, abogado de la parte querellada.
   RESOLUCIÓN

Visto el Informe del Procurador General, la Moción en Cumplimiento de Orden del Colegio de Abogados y la Mo-ción Apremiante sobre Solicitud de Reinstalación del Sr. Carlos E. Rivera Rodríguez, se ordena la reinstalación de este último únicamente al ejercicio de la abogacía.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Juan Gutiérrez Calderón y otros, y U.S. Fire Insurance Company, demandantes y peticionaria la última, v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica y otros, recurridos.

      Número: CC-2004-840

      Resuelto: 10 de febrero de 2006

      Jaime F. Agrait Liado, abogado de la parte peticionaria; Adal-berto Alomar Rosario, abogado de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Nos corresponde determinar en esta ocasión si la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (Junta Financiera) se excedió en sus faculta-des al establecer, mediante reglamento, que la tasa de in-terés legal por sentencia que le aplica a las corporaciones públicas es la misma que le aplica al Estado Libre Aso-ciado, sus agencias e instrumentalidades, así como a los municipios, y no el tipo que le aplica al litigante no gubernamental.

La controversia ante nuestra consideración es estricta-mente de derecho. Los hechos que le sirven de trasfondo no están en controversia. Pasemos entonces a resumirlos.

I

El 10 de septiembre de 1998 el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia en la que encontró responsa-ble a la Autoridad de Energía Eléctrica (A.E.E.) y a la Au-toridad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.) de un ac-cidente aéreo ocurrido el 26 de julio de 1993. En el fatal accidente fallecieron tres policías miembros de la Unidad Aérea de la Policía de Puerto Rico, luego de estrellarse el helicóptero en el que viajaban contra unas líneas eléctricas que no estaban debidamente identificadas, ubicadas en la Represa de Carraízo.

En la sentencia dictada el foro de instancia determinó que tanto la A.E.E. como la A.A.A. fueron temerarias en la tramitación del caso, por lo que ordenó el pago de honora-rios de abogado e impuso el pago de intereses por temeri-dad de acuerdo con la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Asimismo, el tribunal declaró “con lugar” la demanda de subrogación que había presentado la aseguradora de la Po-licía de Puerto Rico (Policía), la compañía US Fire Insurance Co. (aseguradora o peticionaria), contra la A.E.E. y la A.A.A. En su demanda, la aseguradora había solicitado el recobro del valor del helicóptero accidentado que le ha-bía reembolsado a la Policía.

Luego de varios incidentes procesales que no son nece-sarios detallar, la aseguradora solicitó ejecutar la senten-cia dictada a su favor. La A.E.E. consignó en el tribunal la suma de un millón de dólares para satisfacer la sentencia en su contra. La aseguradora objetó la cantidad consig-nada y adujo que la A.E.E. y la A.A.A. debían pagar interés sobre la sentencia a razón de 9.25% anual, que era la tasa de interés aplicable a los litigantes privados conforme es-tablecía el Reglamento 78-1 de 25 de octubre de 1988, Re-glamento Núm. 3702, promulgado por la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (Reglamento 78-1) para esos fines. La A.E.E. se opuso y adujo que conforme lo establecido en el Reglamento 78-1, ésta debía pagar el interés correspondiente a las entidades gubernamentales.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución el 28 de enero de 2004 en la cual determinó que la tasa de interés aplicable a la sentencia dictada contra la A.E.E. y la A.A.A. era, en efecto, la aplicable a las entidades gubernamentales, según establecido en el Regla-mento 78-1, y fijó dicho interés en 5.25% anual.

Inconforme, la aseguradora acudió ante el Tribunal de Apelaciones. En su escrito argüyó que las corporaciones públicas tienen personalidad jurídica propia, por lo que no pueden gozar de un trato preferente en el pago de intereses legales por temeridad e intereses post sentencia. Adujo que éstas no podían equipararse a las instrumentalidades de gobierno que carecen de personalidad jurídica, por lo que en la medida que en el Reglamento 78-1 se tratan a ambas de la misma manera, el Reglamento era nulo. Indicó tam-bién que la determinación del foro de instancia era errónea por ser contraria a lo resuelto en Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985).

El Tribunal de Apelaciones dictó sentencia en la que confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instan-cia, aunque la modificó para que reflejara el interés preva-leciente a la fecha en que se dictó la sentencia a favor de la aseguradora, a saber, 5.50% y no el 5.25% que había fijado el foro primario.

Inconforme nuevamente, la aseguradora acudió ante nosotros mediante una petición de certiorari el pasado 20 de septiembre de 2004. En su petición señaló como error lo siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Instancia y el Honorable Tribunal Apelativo al concluir, en contra del derecho sustantivo vi-gente contenido en la jurisprudencia (Rodríguez Cancel v. AEE, 116 DPR 443) y en la Regla 44.3 de Procedimiento Civil que las corporaciones públicas gozan de un trato preferente en el pago de intereses legales por temeridad, equiparándolas a instrumentalidades públicas sin personalidad jurídica. Peti-ción de certiorari, pág. 5.

El 17 de diciembre de 2004 dictamos una orden dirigida a la A.E.E. y a la A.A.A. para que se expresaran sobre el recurso de certiorari presentado. Ambas partes han compa-recido, por lo que pasamos a resolver.

II

La controversia ante nuestra consideración nos permite determinar si procede extender a las corporaciones públi-cas el mismo interés legal por sentencia que le aplica al Estado Libre Asociado, sus agencias e instrumentalidades, y a los municipios, conforme lo establece el Reglamento 78-1.

A. La Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, regula lo concerniente a la fijación del interés legal tanto post sentencia como por temeridad.() El interés post sentencia se refiere al tipo de interés que se impone a favor de la parte victoriosa en todas las sentencias que ordenen el pago de dinero. Este se computa sobre la cuantía de la sentencia, incluyendo las costas y los honorarios de abogado, y se fija desde la fecha en que se dicte la sentencia hasta que ésta se satisface. Zequeira v. C.R.U.V., 95 D.P.R. 738, 741 (1968). Su imposición es mandatoria a toda parte perdidosa sin distinción alguna. Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467, 470 (1982); P.R. & Ame. Ins. Co. v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 621, 622-623 (1962).

De otra parte, el interés por temeridad se impone cuando convergen los dos requisitos siguientes: que la parte haya procedido temerariamente y que se trate de un caso sobre cobro de dinero o daños y perjuicios. Lameiro v. Dávila, 103 D.P.R. 834, 841 (1975). Éste se fija sobre la suma principal de la sentencia dictada sin incluir las costas ni los honorarios de abogado. El interés por temeridad se calcula dependiendo de la reclamación de que se trate: en los casos de cobro de dinero, se computa desde que surge la causa de acción, y en el caso de daños y peijuicios se hará a partir de la presentación de la demanda.

La Regla 44.3, supra, específicamente exime al Estado, sus municipios, instrumentalidades y funcionarios en su carácter oficial, del pago de intereses por temeridad. En Rodríguez Cancel v. A.E.E., supra, interpretamos esta exención y resolvimos que no se extendía a las corporaciones públicas. Véase discusión, infra.

B. La referida Regla 44.3 de Procedimiento Civil provee para que la Junta Financiera fije el interés legal por sentencia. La regla ordena que para fijar dicha tasa se tomará en consideración “el movimiento en el mercado con el objetivo de desalentar la radicación de demandas frívolas, evitar la posposición irrazonable en el cumplimiento de las obligaciones existentes y estimular el pago de las sentencias en el menor tiempo posible”. La regla dispone que la Junta Financiera podrá revisar las tasas correspondientes periódicamente.

La referencia a la Junta Financiera como ente que ha-brá de fijar los tipos de intereses a imponer se inserta en la Regla 44.3, supra, en virtud de la Ley Núm. 78 de 11 de julio de 1988 (Ley Núm. 78). Con esta enmienda a la Regla 44.3 se eliminó el interés fijo del 12% dispuesto en ésta hasta ese momento.

El interés al doce por ciento, a su vez, fue producto de una enmienda al texto original de la Regla 44.3 de Proce-dimiento Civil de 1979. En su texto original, la Regla 44.3 solamente disponía que en las sentencias dictadas en que se ordenara el pago en dinero se incluirían intereses al tipo legal. Para ello entonces se utilizaba lo dispuesto en el Art. 1649 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4591, que disponía que el tipo de interés aplicable a los fallos y las sentencias no satisfechas fuese el seis por ciento.

La gran discrepancia que existía en Puerto Rico entre la tasa de interés legal por sentencia y la tasa de interés pre-valeciente en el mercado de dinero estimulaba a los de-mandados a litigar irrazonablemente sus casos para pos-poner la adjudicación final de las controversias. En atención a lo cual, el legislador tuvo a bien enmendar el texto original de la Regla 44.3 mediante la Ley Núm. 82 de 6 de julio de 1985, para proveer una tasa fija de interés anual de doce por ciento. Véanse: Monrozeau v. Srio. de Justicia, 121 D.P.R. 885 (1988); Riley v. Rodríguez Pacheco, 124 D.P.R. 733 (1989). Véase, además, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 82 de 6 de julio de 1985.

Tres años más tarde, al aprobarse la Ley Núm. 78, la Asamblea Legislativa enmendó nuevamente la Regla 44.3 y derogó el interés al doce por ciento. Lo sustituyó por un mecanismo flexible que permitía la revisión periódica de la tasa de interés para ajustarla a las fluctuaciones en el mercado. Se estimó que la tasa fija de doce por ciento anual resultaba onerosa para el Estado al impedir que éste se beneficiara de esas fluctuaciones y en ocasiones el inte-rés que pagaba sobre la sentencia dictada era superior al interés prevaleciente en el mercado. Así, la Ley Núm. 78 proveyó que fuera la Junta Financiera la cual, mediante reglamento, estableciera las tasas de interés correspon-dientes. Véase Informe Conjunto del P. del S. 1422 de 15 de abril de 1988.

Así las cosas, la Junta Financiera aprobó el 25 de octu-bre de 1988 el Reglamento Núm. 78-l.() El Reglamento dispuso que la manera más adecuada para cumplir con el objetivo de la Ley Núm. 78 era añadir lo que el Reglamento denominó como un “margen punitivo”, al costo de los fon-dos para el deudor por sentencia. Así, la tasa resultante constituirá un verdadero incentivo para el pago de la sen-tencia dictada.

El Reglamento reconoció, sin embargo, que el costo de los fondos no era igual para todo deudor por sentencia, ya que el mercado no era homogéneo, por lo que si se quería incentivar el pago de las sentencias dictadas, la tasa a fi-jarse no podía ser la misma para todos los deudores por sentencia. El Reglamento señaló, por ejemplo, que para el Estado el costo del dinero “es [de] aproximadamente un 70% del rendimiento de ciertos instrumentos de deuda del Gobierno Federal en el mercado exento, mientras que el mercado monetario privado se guía esencialmente por la tasa preferencial”. Sec. 2 del Reglamento 78-1, supra.

Ante esta realidad, la Junta Financiera estimó que era necesario establecer tasas de intereses distintas; una para el deudor gubernamental y otra para los litigantes no gubernamentales. De esta forma se lograba adelantar el objetivo de la Ley Núm. 78 de que el deudor pague la sen-tencia impuesta.

Como ya indicamos, la controversia del caso de autos gira precisamente alrededor de dicha diferenciación; es de-cir, si como cuestión de derecho la Junta Financiera podía fijar una tasa de interés menor para las corporaciones pú-blicas y no aplicarles la misma tasa que estableció para los litigantes privados.

hH hH

La A.E.E., así como la A.A.A., son corporaciones públicas con personalidad legal distinta y separada del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; como tal, gozan ambas de una estructura corporativa semejante a la de las corporaciones privadas. Véanse: Ley Núm. 57 de 30 de mayo de 1979, según enmendada, 22 L.P.R.A. sec. 191 et seq., y Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, 22 L.P.R.A. sec. 141 et seq., respectivamente. Ambas se definen en sus leyes habilitadoras como “instrumentalidades gubernamentales autónomas” y ambas llevan a cabo servicios esenciales para el país, contribuyendo así al desarrollo económico de Puerto Rico. Véase 22 L.P.R.A. secs. 192 y 142, respectivamente. Véase, además, P. Muñoz Amato, La Reorganización de la Rama Ejecutiva, en La Reorganización de la Rama Ejecutiva, Escuela de Administración Pública, Universidad de Puerto Rico, 1951, págs. 72-84. Tan es así, que la propia ley orgánica de la A.A.A. establece que el ejercicio de parte de ésta de los poderes conferidos en ley “se estimará y juzgará como una función gubernamental esencial”. 22 L.P.R.A. sec. 142.

En Commoloco of Caguas, Inc. v. Benitez Díaz, 126 D.P.R. 478 (1990), tuvimos ocasión de expresarnos sobre el rol preeminente de las corporaciones públicas en nuestro desarrollo. Allí reconocimos que las corporaciones públicas surgieron como respuesta al deseo y la necesidad de agilizar y promover la efectividad de la obra pública ante la complejidad de funciones que confrontaron los países a partir de la Primera Guerra Mundial. Id., pág. 490. Resaltamos que, a pesar de la autonomía que las caracteriza, éstas “no pierden su cualidad de instrumentalidad gubernamental, creada para responder a propósitos de utilidad pública”. Id., pág. 491. En igual sentido, véase Torres Ponce v. Jiménez, 113 D.P.R. 58 (1982). Véase, además, R. De Jesús Toro, Historia de la reorganización de la Rama Ejecutiva de Puerto Rico, en La Reorganización de la Rama Ejecutiva, op. cit, págs. 117-118. Las corporaciones públicas son parte importante de la organización administrativa del Estado moderno, al ocuparse de amplios sectores de la vida moderna. McCrillis v. Aut. de Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113 (1989).

Cónsono con lo anterior, hemos resuelto que la dualidad entre una corporación pública y su estructuración similar a una corporación privada, no impide que se concluya que. los fondos que utiliza provienen de fuentes gubernamentales y, como tal, constituyen fondos públicos, independientemente de que éstos no pasen a formar parte del presupuesto del Estado. Municipio de Mayagüez v. Rivera, supra, pág. 475; Commoloco of Caguas, Inc. v. Benitez Díaz, supra; Huertas v. Cía. Fomento Recreativo, 147 D.P.R. 12 (1998). De ahí que los fondos que administran estas corporaciones estén sujetos a la labor fiscalizadora del Contralor de Puerto Rico, entre otras entidades gubernamentales. 2 L.P.R.A. sec. 73.

Es claro entonces que aun cuando las corporaciones públicas llevan a cabo sus funciones con cierto grado de autonomía operacional, no por ello dejan de estar investidas de un alto interés gubernamental para el Estado, a quien le interesa velar por que su funcionamiento sea de la más alta calidad y eficiencia para beneficio del país y que sus fondos se utilicen de forma prudente.

Con este trasfondo, analicemos entonces los plantea-mientos esgrimidos por la peticionaria.

IV

En su recurso, la peticionaria planteó que la Junta Fi-nanciera actuó al margen de sus poderes delegados y en contravención de lo resuelto en Rodríguez Cancel v. A.E.E., supra, al disponer mediante reglamento que la tasa de in-terés legal por sentencia que le aplica a las corporaciones públicas es la misma que le aplica al Gobierno central y a los municipios. Como se indicó, esta tasa de interés es me-nor que la que se le aplica al litigante privado. No tiene razón la peticionaria.

En Rodríguez Cancel v. A.E.E., supra, resolvimos, inter-pretando el texto y el historial legislativo de la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, que dicha regla sólo eximía del pago de intereses por temeridad al Estado, a los muni-cipios, a las agencias e instrumentalidades, y a los funcio-narios en su carácter oficial. Concluimos que el legislador excluyó expresamente a las corporaciones públicas de las entidades exentas, por lo que contra éstas se podía ordenar el pago de tal interés. Nada hay en Rodríguez Cancel que nos permita extrapolar el análisis de carácter estatutario allí esbozado al caso ante nuestra consideración.

La controversia planteada en esta ocasión versa sobre el monto del interés por sentencia que procede aplicar a la sentencia dictada contra la A.E.E. y la A.A.A. Como ya in-dicamos, la Ley Núm. 78 —que enmendó la Regla 44.3 de Procedimiento Civil— específicamente delegó en la Junta Financiera esta tarea. Como directriz, la Ley Núm. 78 pun-tualizó que en esa gestión se debía tomar en consideración “el movimiento en el mercado” y que el objetivo final era que el interés fijado fuese una tasa que alentara al liti-gante perdidoso a pagar la sentencia dictada en su contra.

Reiteradamente hemos resuelto que una Legislatura puede delegar su autoridad reguladora en una agencia de manera amplia, siempre que establezca normas adecuadas o un principio inteligible para guiar a la agencia. Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 D.P.R. 105 (2002). Una agencia administrativa formula sus reglamentos al amparo de una delegación expresa de la Asamblea Legislativa para darle contenido sustantivo detallado a alguna norma estatutaria general, o de algún otro modo complementar normativamente el esquema legislativo. Hernández v. Col. Optómetras, 157 D.P.R. 332 (2002); Tosado v. A.E.E., 165 D.P.R. 377 (2005); Asociación Maestros v. Comisión, 159 D.P.R. 81 (2003). Un reglamento no puede conferir más derechos ni imponer más limitaciones de lo que autorice su ley habilitadora. Véase M. & B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319, 326 (1987).

La Ley Núm. 78 válidamente delegó en la Junta Financiera la tarea de fijar las tasas de interés correspondiente, ya que es el ente con el expertise necesario para la tarea encomendada. El Art. 9 de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985 (7 L.P.R.A. sec. 2009) dispuso para la creación de la Junta Financiera en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Conforme establece su ley habilitadora, su función es fijar, regular, aumentar o disminuir por reglamento y durante el tiempo que ello sea necesario, los tipos de interés o cargos máximos aplicables a determinadas transacciones económicas dentro del marco de cualquiera sector, renglón o actividad económica del país, no cubiertas por leyes especiales. 7 L.P.R.A. sec. 2009. La ley establece que las determinaciones de la Junta Financiera deben estar basadas en un análisis sobre el costo prevaleciente en el mercado para el dinero disponible que se utiliza para financiar diferentes renglones o activi-dades económicas.

El Reglamento 78-1 reconoce que el costo de los fondos no es igual para todo deudor por sentencia, ya que “el mercado no es homogéneo”. Por lo tanto, para poder incentivar el pago de una sentencia es necesario establecer tasas de interés distintas teniendo como base los costos de los fondos. En ese sentido, y como ya habíamos indicado, “[e]l costo para el Estado, por ejemplo, es aproximadamente un 70% del rendimiento de ciertos instrumentos de deuda del Gobierno Federal en el mercado exento, mientras que el mercado monetario privado se guía esencialmente por la tasa preferencial”. See. 2 del Reglamento Núm. 78-1, supra. Ello justifica entonces la diferenciación establecida en el Reglamento 78-1 entre las entidades gubernamentales y las no gubernamentales.

De la determinación de la Junta Financiera se colige que ésta, conforme su conocimiento especializado, estimó que no existe distinción significativa entre las corporacio-nes públicas y las demás entidades gubernamentales para efecto del valor de sus fondos en el mercado. Siendo ello así, y para adelantar la política pública de la Ley Núm. 78 de que no se dilate irrazonablemente el pago de una sen-tencia, determinó necesario establecer dos tasas de interés distintas dependiendo de quién es el deudor por sentencia.

En atención a lo expresado, resolvemos que la Asamblea Legislativa podía, válidamente, delegar en la Junta Financiera la tarea de fijar la tasa de interés legal por sentencia. A su vez, la delegación de la Asamblea Legislativa se hizo con parámetros claros para guiar la dis-creción de la Junta. La Junta Financiera, por su parte, conforme al poder delegado y en atención a su expertise sobre la materia determinó, utilizando criterios objetivos, que era necesario establecer distintas tasas de interés por sentencia, una para los entes gubernamentales —incluso las corporaciones públicas— y otra para el sector privado. La actuación de la Junta Financiera no fue arbitraria ni caprichosa y se ajustó a los parámetros de su delegación. No se incurrió en el error alegado.

La Junta Financiera, en efecto, le impartió contenido a la norma estatutaria según delegada y de esta forma complementó normativamente el esquema legislativo. En otro contexto hemos indicado que “un trato contributivo diferente —de estipendios de naturaleza diferente— no constituye per se un trato preferencial ni discriminatorio”. Rodríguez v. Srio. de Hacienda, 135 D.P.R. 219, 224 (1994).

Por los fundamentos antes mencionados, se expide el auto y se confirma la determinación del Tribunal de Apela-ciones y del Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez se inhibió.

      (1) La Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone:
      “(a) Se incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y que está en vigor al mo-mento de dictarse la sentencia, en toda sentencia que ordena el pago de dinero, a computarse sobre la cuantía de la sentencia desde la fecha en que se dictó la senten-cia y hasta que ésta sea satisfecha, incluyendo costas y honorarios de abogado. El tipo de interés se hará constar en la sentencia.
      “La Junta fijará y revisará periódicamente la tasa de interés por sentencia tomando en consideración el movimiento en el mercado y con el objetivo de desalen-tar la radicación de demandas frívolas, evitar la posposición irrazonable en el cum-plimiento de las obligaciones existentes y estimular el pago de las sentencias en el menor tiempo posible.
      “(b) El tribunal también impondrá a la parte que haya procedido con temeridad el pago de interés al tipo que haya fijado la Junta en virtud del inciso (a) de esta regla y que esté en vigor al momento de dictarse la sentencia desde que haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro de dinero y desde la radicación de la de-manda, en caso de daños y perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte sentencia a computarse sobre la cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte demandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, instrumentalida-des o funcionarios en su carácter oficial. El tipo de interés se hará constar en la sentencia.”

      (2) El Reglamento 78-1 de 25 de octubre de 1988, promulgado por la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, dispone, en lo pertinente, lo siguiente:
      “SECCIÓN 2 — EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y MEMORIAL EXPLICATIVO

      “La Regla 44.3, según enmendada, dispone que la Junta Financiera fijará la tasa de interés pagadera sobre la cuantía de toda sentencia (incluyendo costas y honorarios de abogado) considerando las fluctuaciones en el mercado y con el propó-sito de desalentar los pleitos frívolos e incentivar el pago de las sentencias. Este mandato legislativo s[ó]lo se cumple añadiendo un ‘margen punitivo’ al costo de fondos para el deudor por sentencia, de manera que la tasa resultante mueva a dicho deudor al pago de la misma.
      “Sin embargo, el costo de fondos no es igual para todo tipo de deudor, ya que el mercado no es homogéneo. El costo para el Estado, por ejemplo, es aproximadamente un 70% del rendimiento de ciertos instrumentos de deuda del Gobierno Federal en el mercado exento, mientras que el mercado monetario privado se guía esencialmente por la tasa preferencial. Estas diferencias requieren que se identifiquen los índices adecuados a los que se le sumará el margen punitivo correspondiente.
      “Atendiendo a estas diferencias, y en el interés de proveer una tasa que justa-mente logre el mandato legislativo],] la Junta establece las siguientes tasas a ser calculadas y certificadas periódicamente por el Comisionado.
      “SECCIÓN 3 — FIJACIÓN DE TASAS

      “a) Sentencias impuestas al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus munici-pios, agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas o funcionarios en su ca-rácter oficial: La tasa equivalente al rédito de los ‘U.S. Treasury Bills’ con venci-miento a seis (6) meses redondeado al V2 punto más cercano.
      “b) Sentencias impuestas a entidades no contempladas en el anterior apartado (a): La tasa equivalente a un punto porcentual sobre la tasa preferencial aplicable. La tasa preferencial es la tasa de interés que cobran los principales bancos en la Ciudad de Nueva York a sus mejores clientes comerciales e industriales en présta-mos a corto plazo. Si la tasa preferencial no fuera uniforme para todos los bancos principales, se considerará como tasa preferencial la más baja entre las tasas cobra-das por The Chase Manhattan Bank, N.A. y Citibank, N.A.”


text:
      In re José G. Cruz Arroyo.

      Número: TS-7893

      Resuelto: 10 de febrero de 2006

      Salvador Antonetti Stutts, procurador general, Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, y Minnie H. Ro-dríguez López, procuradora general auxiliar, querellantes; Margarita Carrillo Iturrino, abogada de la parte querellada.
   RESOLUCIÓN

Evaluado el Informe del Procurador General, y la Con-testación a Informe del Procurador General presentada por el querellado, se ordena la suspensión provisional del ejer-cicio de la abogacía y de la notaría del Sr. José G. Cruz Arroyo, hasta que este Tribunal disponga finalmente del presente proceso disciplinario. Le imponemos el deber de notificar a todos sus clientes de su presente inhabilidad para seguir representándolos, que les devuelva cuales-quiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e in-forme oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. Deberá, además, cer-tificarnos dentro del término de treinta días, a partir de la notificación de la presente Resolución, el cumplimiento de estos deberes.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez no interviene.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Nombramientos a la Junta Revisora de las Actividades del Colegio de Abogados.

      Número: EN-2006-01

      Resuelto: 14 de febrero de 2006
   RESOLUCIÓN

En virtud de nuestro poder inherente para reglamentar la admisión y el ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, y a la luz de lo resuelto en Colegio de Abogados v. Schneider, 117 D.P.R. 504 (1986), este Tribunal adoptó, el 30 de junio de 2003, el Reglamento Relativo al Uso de Fondos del Co-legio de Abogados de Puerto Rico Provenientes de Cuotas y Venta de Estampillas (Reglamento). Véase Reglamento Rel. Uso Fondos C. de Abogados, 131 D.P.R. 344 (1992).()

El reglamento tiene el propósito de establecer “el balance entre los distintivos propios de la colegiación compul-soria y los derechos de expresión individual de los colegia-dos”, salvaguardando el derecho “a disentir, a expresar libremente creencias y opiniones, y a no ser compelido a apoyar causas o posiciones distintas de las que respondan a su conciencia individual”. Reglamento Rel. Uso Fondos C. de Abogados, supra, pág. 347.

Con este propósito, la Regla 6 del Reglamento, supra, estableció un mecanismo remediador para los colegiados que se hayan acogido al pago de la cuota dispuesta en la Regla 5(b) y desean impugnar la clasificación de una acti-vidad particular o los gastos en que realmente se ha incu-rrido en determinada actividad. Los colegiados que así op-ten tienen el derecho de acudir ante la Junta Revisora de las Actividades del Colegio de Abogados de Puerto Rico (Junta) y presentar un recurso conforme al procedimiento establecido en la Regla 9 del Reglamento.

Esa Junta, creada como un organismo autónomo, está compuesta de tres miembros nombrados por el Tribunal Supremo por el término de dos años, quienes serán escogi-dos entre ex Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico o del Tribunal de Primera Instancia. Véase Regla 8 del Reglamento, supra.

Habiendo vencido el término de los miembros anterior-mente nombrados por este Tribunal, designamos a las si-guientes personas a la Junta por el término de dos años:

1. Ledo. Ramón Negrón Soto, presidente

2. Ledo. Agustín Mangual

3. Ledo. René Arrillaga Beléndez

La Junta funcionará de acuerdo con las disposiciones expresadas en el citado Reglamento.

Notifíquese copia de esta Resolución a las personas de-signadas y al Colegio de Abogados de Puerto Rico, y publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

      (1) Enmendado posteriormente en In re Emdas. Regl. Uso Fondos C. Abo. P.R., 132 D.P.R. 674 (1993).