text:
    Ford Motor Credit y Puerto Rican American Insurance, Co., recurridas, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, peticionario; José Jiménez Otero, recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, peticionario.

      Número: CC-2007-1158

      Resuelto: 11 de agosto de 2008

      Salvador J. Antonetti Sttuts, procurador general, y María Astrid Hernández Martín, procuradora general auxiliar, peticionarios; Luis R. Rivera-Martínez, abogado de Ford Motor Credit y PRAICO, recurridos; Antonio Bauzá Torres, abogado de José Jiménez Otero, recurrido.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente caso nos corresponde determinar si el archivo y sobreseimiento de una acusación criminal al amparo de un programa de desvío y rehabilitación constituye cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia en una acción civil de impugnación de confiscación. Por entender que, en las circunstancias de este caso, la confiscación de propiedad privada es una medida punitiva que contraviene la política pública relacionada a la rehabilitación y el tratamiento de los acusados acogidos a los mecanismos de desvío de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico y de las Reglas de Procedimiento Criminal, confirmamos el dictamen recurrido.

I

En diciembre de 2002 un agente del orden público detuvo al Sr. José Jiménez Otero tras presenciar una transacción de drogas realizada por éste desde su guagua Ford Explorer en un punto de drogas. Como consecuencia de dicha detención, los agentes le ocuparon al señor Jiménez Otero —el comprador en dicha transacción— una bolsa plástica transparente que contenía cocaína y le confiscaron el mencionado vehículo. En vista de ello, el Ministerio Público presentó cargos criminales contra el señor Jiménez Otero por violación al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2404, el cual tipifica como delito la posesión de sustancias controladas.

Se desprende del expediente de autos que el señor Jiménez Otero fue acusado en todo momento de posesión al amparo del Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra. De la propia denuncia que se presentó inicialmente en su contra no surge alegación o indicio alguno de que éste estuviera involucrado en la distribución de drogas ilegales, pues nunca se le acusó bajo los artículos relacionados a la distribución, producción o transportación de dichas sustancias controladas. Arts. 401, 402 y 403 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sees. 2401, 2402 y 2403. Todo indica que el señor Jiménez Otero era un usuario en la cadena del narcotráfico, mas no un distribuidor o productor de tales sustancias controladas.

Luego de los trámites de rigor, el señor Jiménez Otero se declaró culpable del delito imputado con el propósito de acogerse a un programa de desvío diseñado para personas con problemas de adicción a drogas, conforme a la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y al Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2404(b). Como parte de dicho programa, el señor Jiménez Otero tuvo que someterse a un programa de detección de sustancias controladas durante un término de dos años.

Posteriormente, y tras concluir que el señor Jiménez Otero cumplió exitosamente con todas las condiciones rehabilitadoras establecidas en el programa de desvío, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia exculpatoria en la que ordenó el archivo y sobreseimiento de los cargos imputados en su contra al amparo de las referidas disposiciones. Dicha exoneración contó con el aval del Ministerio Público y del Oficial Sociopenal que supervisó el tratamiento y la rehabilitación del señor Jiménez Otero.

En el ínterin, Ford Motor Credit, Puerto Rican American Insurance Co. y el señor Jiménez Otero presentaron oportunamente dos demandas separadas impugnando la confiscación del mencionado vehículo. Luego de varios trámites procesales y del archivo y sobreseimiento de los car-gos criminales en virtud de la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra, y del Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra, el Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” la demanda de impugnación de confiscación del vehículo Ford Explorer. Concluyó que el archivo y sobreseimiento de la acusación criminal contra el señor Jiménez Otero impide que el tribunal pase juicio sobre la alegada actividad ilícita cometida mediante el uso del referido vehículo, al constituir tal archivo y sobreseimiento un impedimento colateral por sentencia. Por lo tanto, ordenó al Estado entregar el vehículo a los demandantes y, de no estar disponible, su valor de tasación.

Inconforme, el Procurador General acudió al Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó la sentencia dictada por el foro de instancia. Dicho foro apelativo concluyó que la aprobación de la Ley Uniforme de Confiscaciones tuvo el propósito de convertir el proceso civil de la confiscación en una extensión de la pena criminal por el delito cometido, por lo que sería antagónico permitir la confiscación en el presente caso si el mismo Estado exoneró al señor Jiménez Otero de los cargos criminales.

Aún insatisfecho, el Procurador General acude ante nos y arguye que el archivo de la acción criminal que motivó la confiscación del vehículo no constituye una absolución en los méritos que conlleve la aplicación de la doctrina de cosa juzgada en el procedimiento civil, tal como resolvieron los foros recurridos. Indica que el archivo de la acusación no tuvo el efecto de probar que el vehículo confiscado no fue utilizado en la comisión de un delito. De hecho, aduce que el señor Jiménez Otero tiene el peso de establecer que no existe un nexo entre la propiedad confiscada y la acción delictiva, lo que está impedido de establecer en vista de que hizo alegación de culpabilidad por los hechos imputados.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a examinar detenidamente la controversia ante nos.

II

A. Sabido es que la confiscación es el acto de ocupación que lleva a cabo el Estado de todo derecho de propiedad sobre cualquier bien que haya sido utilizado en relación con la comisión de ciertos delitos. Ley Uniforme de Confiscaciones, 34 L.P.R.A. see. 1723. Recientemente en Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 D.P.R. 907, 913 (2007), expresamos que el propósito de la confiscación es punitivo, pues tiene la intención de evitar que el vehículo o la propiedad confiscada pueda volverse a utilizar para fines ilícitos y también sirve de castigo para disuadir los actos criminales.

A pesar de ello, conviene recordar que el procedimiento de confiscación es de carácter civil y constituye una acción independiente del resultado de la acción penal que el Estado puede entablar por el mismo delito contra un sospechoso en particular. Díaz Ramos v. E.L.A. y otros, 174 D.P.R. 194 (2008); Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 D.P.R. 973, 982 (1994). Por lo tanto, la acción civil de confiscación procederá si existe prueba suficiente y preponderante de que se ha cometido un delito y un nexo entre la comisión del delito y la propiedad confiscada. Suárez v. E.L.A., 162 D.P.R. 43 (2004).

Ahora bien, este Tribunal ha expresado que la absolución del acusado luego de ventilado el juicio en su fondo adjudica con finalidad irrevisable el hecho central, tanto del caso criminal como el de confiscación, de que el objeto confiscado no se utilizó en la comisión del delito. Carlo v. Srio. de Justicia, 107 D.P.R. 356 (1978). En vista de esta normativa, hemos indicado que la doctrina de impedimento colateral por sentencia sólo surtirá efecto en los procedimientos civiles de confiscación cuando las determinaciones judiciales en el ámbito penal inevitablemente adjudiquen en sus méritos los hechos esenciales de la acción confiscatoria. Es decir, procede la doctrina de impedimento colateral en las instancias siguientes: la absolución en los méritos durante el juicio en su fondo, la exoneración del imputado al advenir final y firme la determinación de no causa probable para acusar, y la supresión de la única evidencia incriminatoria durante el procedimiento criminal. Suárez v. E.L.A., supra.

Si bien hemos reconocido que la doctrina de cosa juzgada exige que el fallo en el primer pleito haya sido en los méritos, también hemos expresado que existen ciertas circunstancias en que por disposición de ley, a pesar de que el tribunal no dilucida la controversia en su fondo, el fallo constituye una adjudicación en los méritos como, por ejemplo, en caso de una desestimación o desistimiento con perjuicio. Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 263 (2004); Banco de la Vivienda v. Carlo Ortiz, 130 D.P.R. 730 (1992); Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 225 (1961).

B. Por otro lado, la Sec. 19 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dis-pone que “[s]erá la política pública del Estado ... propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”. Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 421. En conformidad con dicho precepto, los mecanismos de desvío regulados por la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra, y el Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra, fomentan la rehabilitación y el tratamiento de drogadictos. En gran medida, ambas disposiciones constituyen el esquema procesal del enfoque de salud pública y justicia terapéutica ante el problema de la drogadicción que impulsa la Rama Judicial en colaboración con varias agencias de la Rama Ejecutiva mediante los mecanismos de desvío disponibles en nuestra jurisdicción.()

En lo pertinente al caso de autos, la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra, establece un procedimiento especial de desvío para la concesión de libertad a prueba, destinada a la rehabilitación y al tratamiento de personas adictas a sustancias controladas. Pueblo v. Texidor Seda, 128 D.P.R. 578, 584 (1991). La referida regla requiere que el acusado haga una alegación de culpabilidad, a instancias del Estado, para que el tribunal acceda a que éste se someta al programa de tratamiento y rehabilitación antes de archivar y sobreseer el caso sin pronunciamiento de culpabilidad.

El efecto de este trámite es suspender todo procedimiento y someter a la persona a un período de libertad a prueba durante el cual deberá cumplir con aquellos términos y condiciones requeridos por el tribunal. Luego de cumplir con dicho trámite exitosamente, el acusado queda exonerado y el caso se archiva y sobresee sin declaración de culpabilidad por el tribunal. Además, dicha disposición establece que el expediente del caso es de carácter confidencial y que puede ser utilizado por los tribunales exclusivamente para determinar si en procesos penales subsiguientes la persona cualifica bajo la mencionada regla. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 247.1.

De hecho, la referida Regla 247.1 establece que “la exoneración y sobreseimiento del caso no se considerará como una convicción a los fines de las descualificaciones [sic] o incapacidades impuestas por ley a los convictos por la comisión de algún delito”. (Enfasis suplido.) Más aún, dicha regla dispone que las personas exoneradas de acuerdo con este procedimiento de rehabilitación tienen el derecho a que la Policía les devuelva cualquier expediente de fotos o huellas digitales tomadas en relación con el caso sobreseído. Id.

Cónsono con dicha normativa, la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico permite a las personas que no han sido convictas anteriormente por delitos relacionados con sustancias controladas, y que son acusadas de posesión según el Art. 404 de dicha ley, acogerse al privilegio de libertad a prueba. 24 L.P.R.A. see. 2404. Del mismo modo que la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra, la libertad a prueba contemplada por el Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico dispone que el tribunal no hará pronunciamiento de culpabilidad cuando el acusado se somete a un programa de desvío cuyo fin es la rehabilitación y el tratamiento de la persona con problemas de adicción a sustancias controladas. 24 L.P.R.A. 2404(b)(1). Si la persona cumple con las condiciones impuestas, el tribunal puede exonerarla y sobreseer el caso en su contra. Id.

Al igual que la referida Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, dicha exoneración se lleva a cabo sin una declaración de culpabilidad por parte del tribunal, pero éste conservará el expediente de manera confidencial a los fines exclusivos de ser utilizado por los tribunales para determinar si en procesos subsiguientes la persona califica según el referido inciso. 24 L.P.R.A. sec. 2404(b)(1). En vista de ello, este Tribunal ha reconocido que la intención de la Asamblea Legislativa al diseñar el mecanismo de desvío del Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra, fue eminentemente rehabilitador. Pueblo v. Martínez Lugo, 150 D.P.R. 238, 246 (2000).

Estos programas de desvío van dirigidos a atender el delicado problema de la adicción a drogas en nuestro país, que de manera incesante continúa tocando las puertas de miles de hogares puertorriqueños. Se basan en la prestación de servicios de rehabilitación y en la supervisión judicial intensiva a imputados de delito con problemas de drogadicción. El propósito principal de este esfuerzo no es otro que facilitar la rehabilitación de esta población, evitar la reincidencia y lograr su eventual reinserción en la sociedad. Véase Informe Anual de la Rama Judicial de Puerto Rico, 2005-2006, pág. 21.

En armonía con tales fines, los objetivos de las Salas Especializadas en Sustancias Controladas y de los programas de desvío y rehabilitación, al amparo de la referida legislación, se fundamentan en el principio de justicia terapéutica y se caracterizan por: la identificación temprana de los acusados elegibles; el referido de éstos a servicios y tratamientos médicos y sociales, y la supervisión judicial intensiva y coordinada.() Esto último se realiza a través de visitas de seguimiento periódicas y de la aplicación gradual de incentivos o sanciones, basados en informes recibidos sobre el cumplimiento del imputado con las condiciones de su probatoria y el resultado de las pruebas toxicológicas. Informe Anual de la Rama Judicial, supra, pág. 21. Asimismo, este enfoque también forma parte de los imperativos estratégicos que se recogen en el Plan Estratégico de la Rama Judicial de Puerto Rico 2007-2011, conforme al cual la Rama Judicial debe ser sensible a las realidades sociales de Puerto Rico y debe promover estrategias que atiendan los problemas de mayor impacto para los ciudadanos.

Con este marco normativo en mente, procedemos a considerar los méritos de la controversia ante nos.

III

En esencia, nos corresponde determinar si el archivo y sobreseimiento de una acusación criminal —producto de una declaración de culpabilidad que se realizó con el propósito de someterse a un programa de desvío y rehabilitación, conforme a la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra, y al Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra— constituye cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia en una acción de impugnación de confiscación de un vehículo. Creemos que dicha controversia se debe examinar desde la óptica de varios fines legislativos en tensión. Mientras que el propósito de la Ley Uniforme de Confiscaciones es claramente punitivo, no hay duda que el fin perseguido por el procedimiento establecido por la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra, y el referido Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico es la rehabilitación y el tratamiento de un primer ofensor mediante un programa de desvío, cuyo cumplimiento exitoso resulta en su exoneración y en el sobreseimiento de las acusaciones en su contra.

Ciertamente, el señor Jiménez Otero se declaró culpable por violación al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. Por lo tanto, existe prueba preponderante y suficiente de que se ha cometido un delito y hay un nexo entre el delito cometido y la propiedad confiscada. No obstante, hay que tomar en consideración que el señor Jiménez Otero hizo dicha alegación de culpabilidad con el fin único de beneficiarse de un programa de desvío, cuyo propósito es la rehabilitación y el tratamiento del individuo. El Estado incentiva dicha declaración de culpabilidad, pues busca la rehabilitación y la readaptación social de las personas con problemas de adicción. Es por ello que el Ministerio Público le ofreció al señor Jiménez Otero su exoneración total de los delitos imputados si se declaraba culpable y cumplía cabalmente con las condiciones del programa de desvío en conformidad con el Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra.( )

Más aún, tanto la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico como la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal enfatizan que dicha exoneración no se puede considerar como una convicción para los fines de incapacidades impuestas por ley a los convictos por la comisión de algún delito. De hecho, la referida legislación establece que el expediente del caso —del cual la declaración de culpabilidad en el caso de autos forma parte— sólo puede ser utilizado por los tribunales para determinar si en procesos criminales ulteriores la persona califica para el mismo trámite rehabilitador según la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal o el Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra. Por consiguiente, la declaración de culpabilidad del señor Jiménez Otero no puede ser utilizada en su contra para justificar la acción civil de la confiscación de su vehículo, pues tanto el Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico como la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal prohíben claramente el uso del expediente criminal para tales propósitos luego de que el imputado es exonerado a discreción del tribunal tras cumplir exitosamente con las condiciones del mecanismo de desvío.

En vista de que el fin del Programa de Desvío es rehabilitar al adicto, entendemos que una vez el señor Jiménez Otero cumplió con dicho programa, se rehabilitó y fue exonerado en los méritos de los cargos imputados. Por ende, consideramos que no debe prevalecer la confiscación de su propiedad, dado que la imposición de dicha medida punitiva tergiversaría los fines rehabilitadores y salubristas que fomenta el mecanismo diseñado por el legislador según la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra, y el Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra. Este fin, como ya señalamos, también lo impulsa la Rama Judicial mediante el programa de las Cortes de Drogas. Véase J.R. Pereyó Dueño, Crimen y rehabilitación: la experiencia de las Cortes de Drogas, 75 (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 1455, 1490-1503 (2006).

Resolver lo contrario produciría resultados incompatibles entre el procedimiento criminal y la acción civil de confiscación. Si procediera la acción de confiscación luego de sobreseer y archivar el caso bajo el referido mecanismo establecido por la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal y el Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, el Estado estaría utilizando su poder punitivo para castigar a una persona por la comisión de un delito luego de haberla exonerado por someterse y cumplir exitosamente con un programa de rehabilitación y tratamiento fomentado por el propio Estado.

Por lo tanto, si se confiscara la propiedad de una persona exonerada bajo dichos mecanismos de desvío, estaríamos desincentivando la política pública que favorece que los adictos se rehabiliten e integren nuevamente a la sociedad. Ciertamente, la exoneración del señor Jiménez Otero descansó en la sana discreción del tribunal y respondió al hecho de que éste logró rehabilitarse. Además, en caso de que un acusado no cumpla con las condiciones del Programa de Desvío, resultaría en que éste no sería exonerado y en esas circunstancias procedería la acción de confiscación de la propiedad en controversia. Sin embargo, en este caso el señor Jiménez Otero fue exonerado tras cumplir cabalmente con los mencionados mecanismos de rehabilitación y tratamiento, por lo que la confiscación de su vehículo no puede subsistir.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, concluimos que los foros recurridos actuaron correctamente al determinar que procede devolver el vehículo al señor Jiménez Otero o, en su defecto, el valor de tasación conforme a lo dispuesto por la Ley Uniforme de Confiscaciones. En vista de ello, expedimos el auto y confirmamos la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.

      (1) Dichos mecanismos de desvío incluyen el programa de supervisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación bajo el Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2404(b), el programa Treatment Alternative to Street Crime (TASC) según la referida Regla 247.1 de Procedimiento Criminal administrado por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, y las Salas Especializadas en Sustancias Controladas administradas por la Rama Judicial. Véanse: Departamento de Justicia, Puerto Rico Drug Court Program,, Outcome Evaluation, Abril 2005; J.R. Pereyó Dueño, Crimen y rehabilitación: la experiencia de las Cortes de Drogas, 75 (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 1455, 1480 (2006).

      (2) A modo ilustrativo, cabe señalar que desde el establecimiento del Programa de las Salas Especializadas en Sustancias Controladas en 1997, se han rehabilitado alrededor de 4,000 personas. Las estadísticas comprueban la efectividad de este programa, pues el índice de reincidencia de los participantes de dicho mecanismo de desvío es de sólo 4%, mientras que la proporción global de ex confinados que reinciden en delitos es de 62%. Véase Informe Anual de la Rama Judicial de Puerto Rico, 2005-2006, págs. 21-22.

      (3) Nótese, además, que el programa de desvío y rehabilitación contemplado por la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico sólo está disponible para las personas acusadas del delito de posesión que tipifica el Art. 404(a), y no para los acusados de distribución, producción o transportación de sustancias controladas bajo las otras disposiciones de la referida ley. 24 L.P.R.A. 2404(a). Tampoco cualifican las personas que hayan sido previamente convictas de violar dicha ley o cualquier ley de los Estados Unidos relacionada con el tráfico ilícito de sustancias controladas. En este caso, el señor Jiménez Otero fue acusado originalmente de posesión bajo el Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas y no de distribución o producción de tales sustancias bajo el Art. 401 de dicho estatuto. A su vez, éste no había sido condenado previamente de delito alguno relacionado al narcotráfico, por lo que no hay duda alguna de que cualificaba para ser exonerado si cumplía con las condiciones impuestas en el mencionado programa de desvío.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Rafael Carrasquillo Martínez.

      Número: TS-4753

      Resuelto: 11 de agosto de 2008

      Margarita Portalatín Aguilar, directora auxiliar interina de la Oficina de Inspección de Notarías.
    Sala de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton y las Juezas Asociadas Señora Fiol Matta y Señora Rodríguez Rodríguez.
   RESOLUCIÓN

Vista la Moción Informativa y en Cumplimiento de Or-den de la directora auxiliar interina de la Oficina de Inspección de Notarías, Leda. Margarita Portalatín Aguilar, sobre el estado de la obra notarial del peticionario, y al surgir de éste que ha subsanado las deficiencias encontradas en su obra notarial, se autoriza su reinstalación al ejercicio de la notaría.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Sergio de Hoyos Beauchamp.

      Número: TS-13428

      Resuelto: 11 de agosto de 2008

      Fernando L. Torres Ramírez, abogado del querellado; Sergio de Hoyos Beauchamp, pro se.

    Sala de Verano integrada por el Juez Asociado Señor Rivera Pérez, como su Presidente, y las Juezas Asociadas Señora Fiol Matta y Señora Rodríguez Rodríguez.
   RESOLUCIÓN

Atendidas la Moción Solicitando Permiso para Asumir la Representación del Querellado, suscrita por el Ledo. Fernando L. Torres Ramírez, así como la Solicitud de Reconsideración y Reinstalación, presentada por el querellado de epígrafe, se reinstala al licenciado De Hoyos Beau-champ al ejercicio de la profesión legal y de la notaría.

Se apercibe al licenciado De Hoyos Beauchamp que en lo sucesivo deberá cumplir rigurosamente con las responsabilidades que le impone el ejercicio de la notaría.

Notifíquese vía facsímile y por teléfono.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Rodríguez Mercado.

      Número: AB-2006-306

      Resuelto: 13 de agosto de 2008

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, parte querellante.
    Sala de Verano integrada por EL Juez Presidente Señor Hernández Denton y las Juezas Asociadas Señora Fiol Matta y Señora Rodríguez Rodríguez.
   per curiam:

La Lie. Rebecca D. Rodríguez Mercado fue admitida al ejercicio de la abogacía el 31 de julio de 1991. El 14 de octubre de 2005 fue suspendida del ejercicio de la abogacía y la notaría. In re Rodríguez Mercado, 165 D.P.R. 630 (2005). El 5 de mayo de 2006 la reinstalamos al ejercicio de la abogacía.

El 22 de mayo de 2007 el Procurador General presentó ante nuestra consideración un informe relacionado con una querella que había presentado contra la licenciada Rodríguez Mercado el Sr. Bernabé Avila Martínez. En el informe, el Procurador General indicó que la querellada pudo haber infringido los Cánones 18 y 19 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, en su gestión legal a favor de quien era su representado, el señor Avila Martínez. Específicamente, porque se alegó que debido a la inacción y falta de diligencia de la abogada se desestimó la acción contra uno de los codemandados contra quien el señor Avila Martínez había entablado una demanda de daños y perjuicios.

Recibido el informe, el 31 de mayo de 2007 le concedimos a la licenciada Rodríguez Mercado un término de 20 días para que se expresara sobre éste. Esta no compareció ni solicitó prórroga para comparecer. Así las cosas, el 17 de abril de 2008 le concedimos un nuevo término de 20 días para que compareciera, a la vez que debía mostrar causa de por qué no debíamos ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria por su incumplimiento. Indicamos también en la resolución que de no comparecer se exponía a severas sanciones, incluso la suspensión del ejercicio de la profesión legal. El 28 de mayo de 2008 nuestra resolución le fue notificada personalmente. Aún hoy, la licenciada Rodríguez Mercado no ha comparecido ni ha solicitado término para comparecer.

I

El Canon IX del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que todo abogado deberá observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la función de abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal o de cualquier foro al que se encuentre obligado a comparecer, incluyendo el Colegio de Abogados. Máxime cuando se trata de conducta profesional. In re García Baliñas, 167 D.P.R. 125 (2006); In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678, 681 (1992).

Anteriormente hemos advertido que procede la suspensión del ejercicio de la abogacía cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias. In re Ríos Rodríguez, 172 D.P.R. Ap. (2007); In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007). Todo abogado tiene la ineludible obligación de responder cortamente a nuestros requerimientos, independientemente de los méritos de la queja presentada en su contra. In re Rodríguez Bigas, 172 D.P.R. 345 (2007).

Desatender las comunicaciones relacionadas a procedimientos disciplinarios “ ‘tiene el mismo efecto disruptivo de nuestra función reguladora de la profesión que cuando se desatiende una orden emitida directamente por este Tribunal’ ”. In re Rodríguez Bigas, supra, pág. 347, citando a In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128, 135 (1997).

Hemos señalado reiteradamente que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon IX del Código de Ética Profesional, supra. In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999). Nos parece sorprendente que, luego del esfuerzo que conlleva la carrera de abogacía y la oportunidad que le brindamos a la licenciada Rodríguez Mercado a reintegrarse a la profesión, ésta desatienda las órdenes de este Tribunal, a sabiendas de que pone en peligro el título que ostenta.

II

La licenciada Rodríguez Mercado ha demostrado total y reiterado desprecio por las órdenes de este Tribunal. Su actitud de displicencia para con este Tribunal no la hacen digna de continuar desempeñando el ministerio que ostenta como miembro de la profesión legal. Es evidente, según se desprende se sus acciones, que no tiene interés alguno en continuar ejerciendo la profesión. Recordemos que ésta no es la primera ocasión en la cual nos hemos visto obligados a suspenderla de la profesión.

Por los fundamentos antes expresados, ordenamos la separación inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía de la Lie. Rebecca D. Rodríguez Mercado, a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam”.

Imponemos a la licenciada Rodríguez Mercado el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándoles, devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajo no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del país. Además deberá certificarnos dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de esta opinión “per curiam”, el cumplimento de estos deberes.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Rosana Rivera Ortiz.

      Número: TS-7056

      Resuelto: 13 de agosto de 2008

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora, y Marie D. Ríos Díaz, directora interina, ambas de la Oficina de Inspección de Notarías.

      Rosana Rivera, pro se.

      Sala de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton y las Juezas Asociadas Señora Fiol Matta y Señora Rodríguez Rodríguez.
   per curiam:

La Lie. Rosana Rivera Ortiz fue admitida al ejercicio de la abogacía el 20 de noviembre de 1980 y juró como notario el 5 de agosto de 1981.

El 18 de octubre de 2006 recibimos un informe de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), en el que se señala que la notario Rivera Ortiz había incumplido con su obligación de rendir índices notariales mensuales y los informes estadísticos de actividad anual durante varios años, por lo que se desconocía la magnitud y naturaleza de la obra notarial autorizada por ella. Además, se indicó que ésta había incumplido con varios requerimientos de la ODIN.

Luego de varias prórrogas para contestar, el 25 de junio de 2007 la licenciada Rivera Ortiz presentó una moción informando las gestiones realizadas. Le concedimos un término a la ODIN para que se expresara sobre la moción de la notario. La ODIN nos señaló en su moción en cumplimiento de orden que la notario Rivera continuaba adeudando sus informes de actividad notarial anual de 2002 al 2005. Tampoco había acreditado haber expedido copia certificada de unas escrituras que se le habían solicitado. Finalmente, la ODIN indicó que la licenciada Rivera Ortiz no había respondido a varios requerimientos que le había hecho.

El 28 de marzo de 2008 emitimos una resolución en la cual le concedimos a la licenciada Rivera Ortiz el término de 20 días para que se expresara en torno a la moción que nos presentara la ODIN. Se le apercibió en la resolución que su incumplimiento con nuestra resolución podría conllevar su suspensión del ejercicio de la abogacía. Esta resolución le fue notificada personalmente el 8 de abril de 2008. Aún hoy la licenciada Rivera Ortiz no ha comparecido ni ha solicitado término para comparecer.

I

El Canon IX del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que todo abogado deberá observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la función de abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal o de cualquier foro al que se encuentre obligado a comparecer, incluyendo el Colegio de Abogados. Máxime cuando se trata de conducta profesional. In re García Baliñas, 167 D.P.R. 125 (2006); In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678, 681 (1992).

Anteriormente hemos advertido que procede la suspensión del ejercicio de la abogacía cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias. In re Ríos Rodríguez, 172 D.P.R. Ap. (2007); In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007). Todo abogado tiene la ineludible obligación de responder prontamente a nuestros requerimientos, independientemente de los méritos de la queja presentada en su contra. In re Rodríguez Bigas, 172 D.P.R. 345 (2007).

Desatender las comunicaciones relacionadas a procedimientos disciplinarios “ Tiene el mismo efecto disruptivo de nuestra función reguladora de la profesión que cuando se desatiende una orden emitida directamente por este Tribunal’ ”. In re Rodríguez Bigas, supra, pág. 347, citando a In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128, 135 (1997).

Hemos señalado reiteradamente que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon IX del Código de Etica Profesional, supra. In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999). Nos parece sorprendente que, luego del esfuerzo que conlleva la carrera de abogacía, se desatiendan las órdenes de este Tribunal a sabiendas de que se pone en peligro el título que se ostenta.

II

La licenciada Rivera Ortiz ha demostrado total y reiterado desprecio por las órdenes de este Tribunal. Su actitud de displicencia para con este Tribunal no la hacen digna de continuar desempeñando el ministerio que ostenta como miembro de la profesión legal. Es evidente, según se desprende de sus acciones, que no tiene interés alguno en continuar ejerciendo la profesión.

Por los fundamentos antes expresados, ordenamos la separación inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía de la licenciada Rosana Rivera Ortiz, a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam”. Imponemos a la licenciada Rivera Ortiz el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándoles, devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajo no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del país. Además, deberá certificarnos dentro del término de 30 días, contados a partir de la notificación de esta opinión “per curiam”, el cumplimento de estos deberes. El Alguacil de este Tribunal procederá de inmediato a incautarse de la obra notarial y del sello notarial de la Lie. Rosana Rivera Ortiz y entregarlos a la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Eric B. Singleton Batista.

      Número: AB-2007-244

      Resuelto: 13 de agosto de 2008

      María de Loy,rdes Rodríguez, oficial investigador de la Comisión de Etica Profesional del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
    Sala de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton y las Juezas Asociadas Señora Fiol Matta y Señora Rodríguez Rodríguez.
   per curiam:

El Lie. Eric B. Singleton Batista fue admitido al ejercicio de la abogacía el 4 de noviembre de 1981. El 7 de agosto de 2007 el Colegio de Abogados presentó ante nuestra consideración una moción informativa donde nos indicó que el licenciado Singleton Batista no había acudido a la Comisión de Etica del Colegio de Abogados a contestar una queja presentada en su contra por el Sr. Juan Rodríguez.

En la queja presentada, el señor Rodríguez alegó que el licenciado Singleton Batista fue contratado para que le representara a él y a un coacusado en un pleito criminal que se ventilaba en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El señor Rodríguez alegó que al licenciado Singleton Batista se le pagó en ex-ceso de $35,000 y que éste nada hizo en dicho caso. Recibida la comunicación del Colegio de Abogados, el 10 de agosto de 2007 emitimos una resolución, concediendo al licenciado Singleton Batista un término de 10 días para que se expresara sobre la moción informativa del Colegio. En la resolución se le advirtió al licenciado Singleton Batista que su incumplimiento con ésta podría conllevar severas sanciones disciplinarias, incluyendo la suspensión del ejercicio de la abogacía. Nuestra resolución fue notificada personalmente al licenciado Singleton Batista el 6 de septiembre de 2007. Aún de hoy éste no ha comparecido ni ha solicitado un término para comparecer.

I

El Canon IX del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que todo abogado deberá observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la función de abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal o de cualquier foro al que se encuentre obligado a comparecer, incluso el Colegio de Abogados. Máxime cuando se trata de conducta profesional. In re García Baliñas, 167 D.P.R. 125 (2006); In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678, 681 (1992).

Anteriormente hemos advertido que procede la suspensión del ejercicio de la abogacía cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias. In re Ríos Rodríguez, 172 D.P.R. Ap. (2007); In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007). Todo abogado tiene la ineludible obligación de responder cortamente a nuestros requerimientos, independientemente de los méritos de la queja presentada en su contra. In re Rodríguez Bigas, 172 D.P.R. 345 (2007).

Desatender las comunicaciones relacionadas a procedimientos disciplinarios “ ‘tiene el mismo efecto disruptivo de nuestra función reguladora de la profesión que cuando se desatiende una orden emitida directamente por este Tribunal’ ”. In re Rodríguez Bigas, supra, pág. 347, citando a In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128, 135 (1997).

Hemos señalado reiteradamente que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon IX del Código de Ética Profesional, supra. In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999). Nos parece sorprendente que, luego del esfuerzo que conlleva la carrera de abogacía, se desatiendan las órdenes de este Tribunal a sabiendas que se pone en peligro el título que se ostenta.

II

El licenciado Singleton Batista ha demostrado total desprecio por las órdenes de este Tribunal así como por las del Colegio de Abogados. Su actitud de displicencia para con este Tribunal no le hacen digno de continuar desempeñando el ministerio que ostenta como miembro de la profesión legal. Es evidente, según se desprende de sus acciones, que no tiene interés alguno en continuar ejerciendo la profesión.

Por los fundamentos antes expresados, ordenamos la separación inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía del Lie. Eric B. Singleton Batista, a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam”. Le imponemos al licenciado Singleton Batista el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándoles, devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajo no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del país. Además deberá certificarnos dentro del término de 30 días, contados a partir de la notificación de esta opinión aper curiam”, el cumplimento de estos deberes.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Francisco Rádinson Caraballo.

      Número: TS-11473

      Resuelto: 14 de agosto de 2008

      Lourdes I. Quintana Llórens, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Francisco Rádinson Pérez, abogado del querellado; Francisco Rádinson Caraballo, pro se.

    Sala de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton y las Juezas Asociadas Señora Fiol Matta y Señora Rodríguez Rodríguez.
   RESOLUCIÓN

Vistas la Moción en Cumplimiento de Orden y la Moción Urgente en Torno a “Moción en Cumplimiento de Orden”, se ordena el archivo de la queja AB-2005-252 y se reinstala al Ledo. Francisco Rádinson Caraballo únicamente al ejercicio de la abogacía.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Maribel Rosario Cartagena.

      Número: TS-12347

      Resuelto: 15 de agosto de 2008

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspección de Notarías.
    Sala de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton y las Juezas Asociadas Señora Fiol Matta y Señora Rodríguez Rodríguez.
   per curiam:

La Lie. Maribel Rosario Cartagena fue admitida al ejercicio de la abogacía el 23 de enero de 1998 y al ejercicio del notariado el 21 de mayor de 1998. El 30 de marzo de 2007 la suspendimos del ejercicio del notariado por motivo de unas serias deficiencias en su obra notarial que nos fueron informadas por la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y su incumplimiento con los requerimientos de este Tribunal para que corrigiera las deficiencias en su obra notarial.

El 14 de septiembre de 2007 recibimos un informe de la ODIN sobre el estado de la obra notarial que le fuera incautada a la licenciada Rosario Cartagena. Se encontraron nuevas deficiencias, entre las que destacaba una deficiencia arancelaria en el Protocolo de 1999 por $8,082.50. El 1 de febrero de 2008 le concedimos un término de 10 días para corregir las deficiencias señaladas por la ODIN y mostrar causa por lacual no debía ser suspendida de la abogacía. Esta resolución fue notificada personalmente a la licenciada Rosario Cartagena el 7 de marzo de 2007. Aún hoy, ésta no ha comparecido ni ha solicitado término para comparecer.

I

El Canon IX del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que todo abogado deberá observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la función de abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal o de cualquier foro al que se encuentre obligado a comparecer, incluso el Colegio de Abogados. Máxime cuando se trata de conducta profesional. In re García Baliñas, 167 D.P.R. 125 (2006); In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678, 681 (1992).

Anteriormente hemos advertido que procede la suspensión del ejercicio de la abogacía cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias. In re Ríos Rodríguez, 172 D.P.R. Ap. (2007); In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007). Todo abogado tiene la ineludible obligación de responder cortamente a nuestros requerimientos, independientemente de los méritos de la queja presentada en su contra. In re Rodríguez Bigas, 172 D.P.R. 345 (2007).

Desatender las comunicaciones relacionadas a procedimientos disciplinarios “ ‘tiene el mismo efecto disruptivo de nuestra función reguladora de la profesión que cuando se desatiende una orden emitida directamente por este Tribunal’ ”. In re Rodríguez Bigas, supra, pág. 347, citando a In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128, 135 (1997).

Hemos señalado reiteradamente que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon IX del Código de Ética Profesional, supra. In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999). Nos parece sorprendente que, luego del esfuerzo que conlleva la carrera de abogacía, se desatiendan las órdenes de este Tribunal a sabiendas de que se está poniendo en peligro el título que se ostenta.

II

La licenciada Rosario Cartagena ha demostrado total desprecio por las órdenes de este Tribunal. Su actitud de displicencia para con este Tribunal no la hacen digna de continuar desempeñando el ministerio que ostenta como miembro de la profesión legal. Es evidente, según se desprende de sus acciones, que no tiene interés alguno en continuar ejerciendo la profesión.

Por los fundamentos antes expresados, ordenamos la separación inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía de la Lie. Maribel Rosario Cartagena Batista, a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam”. Imponemos a la licenciada Rosario Cartagena el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándoles, devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajo no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del país. Además, deberá certificarnos dentro del término de 30 días, contados a partir de la notificación de esta opinión “per curiam”, el cumplimento de estos deberes.

Se dictará sentencia de conformidad.


author: Juez Presidente Señor Hernández Denton.

text:
    San Gerónimo Caribe Project, Inc. y Firstbank Puerto Rico, Inc., apelados y peticionarios, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representado por el Secretario de Justicia, Junta de Planificación, representada por su Presidente, Administración de Reglamentos y Permisos, representada por su Administrador, y Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, representado por su Secretario, apelantes y recurridos; Hilton International of Puerto Rico, Inc. y Hotel Development Corporation, demandados.

      Número: CT-2008-04

      Resuelto: 20 de agosto de 2008

      Maite D. Oronoz Rodríguez, procuradora general interina, representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recurrido.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción de Reconsideración presentada por el Estado Libre Asociado, se declara “no ha lugar”.

Contrario a lo dispuesto en la Regla 34(d) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, dicho escrito trae ante nuestra consideración en esta etapa apelativa una prueba que no dilucidó el Tribunal de Primera Instancia.

Claramente, tanto la sentencia del foro de instancia como nuestro dictamen del pasado 31 de julio de 2008 se limitó a la controversia sobre la clasificación jurídica de los terrenos ganados al mar en el Coast Guard Parcel y en el Condado Bay Parcel. Los demás asuntos relacionados con la investigación sobre Paseo Caribe —iniciada por el Estado— no estuvieron ante la consideración ni del foro de instancia ni de este Tribunal en el presente caso. Nuestra decisión no impide cualquier otra acción judicial o administrativa que proceda en derecho de acuerdo con los hallazgos de la mencionada investigación.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Todos los Jueces intervienen por Regla de Necesidad. El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió un voto particular de conformidad. La Jueza Asociada Señora Piol Matta reconsideraría parcialmente por los fundamentos expuestos en su opinión disidente y concurrente en San Gerónimo Caribe Project v. E.L.A. I, 174 D.P.R. 518 (2008) y concurrió en cuanto a que la decisión tomada no impide cualquier otra acción judicial o administrativa que proceda en derecho en conformidad con la investigación sobre la cual informa el Procurador General.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton.

Estamos conformes con la Resolución emitida por este Tribunal en la cual se deniega la Moción de Reconsideración presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el presente caso. No obstante, consideramos meritorio expresarnos de forma particular para hacer constar claramente nuestra posición sobre dicho escrito.

I

En primer lugar, es menester aclarar de qué trata —y de qué no trata— la controversia que tuvo ante su consideración este Tribunal y que se resolvió finalmente en San Gerónimo Caribe Project v. E.L.A. I, 174 D.P.R. 518 (2008). Desde el inicio de la opinión del Tribunal, enfatizamos que la controversia a resolver era, pues, si los terrenos ganados al mar en los predios del Proyecto Paseo Caribe son bienes patrimoniales o de dominio público. Esa fue la controversia de estricto derecho que estipularon todas las partes involucradas en el presente caso y el único asunto sobre el cual se presentó prueba ante el Tribunal de Primera Instancia. Como bien indica el propio Estado, la adjudicación de este asunto particular no precisaba de investigaciones posteriores, de descubrimiento de prueba adicional ni de deslindes ulteriores a los que ya existían al momento en que se estipularon los hechos y la controversia de umbral antes mencionada.

Por lo tanto, la única controversia que adjudicó, tanto este Tribunal como el foro de instancia fue precisamente aquella relacionada a la clasificación de los terrenos en donde se erige el referido proyecto. En ese sentido, nuestra opinión en San Gerónimo Caribe Project v. E.L.A. I, supra, se limitó a aplicar e interpretar lo que disponía claramente la ley vigente al momento en que se ganaron al mar los terrenos del Coast Guard Parcel en el 1941 y del Condado Bay Parcel en la década de los cincuenta.()

La naturaleza delimitada de nuestro dictamen responde a que la Demanda en Solicitud de Sentencia Declaratoria que motivó este caso iba dirigida a los fines exclusivos de que se aclarara la incertidumbre que surgió como consecuencia de la publicación de la Opinión del Secretario de Justicia de 11 de diciembre de 2007, cuyas conclusiones se limitaban, precisamente, al asunto de estricto derecho sobre los terrenos ganados al mar. Fue en ese contexto que declaramos a San Gerónimo Caribe Project, Inc. (SGCP) como titular de los terrenos en controversia. Claramente, dicha declaración se circunscribe al asunto de la clasificación jurídica de los terrenos ganados al mar, y de ningún modo puede interpretarse como la concesión de un manto de legalidad o impunidad a favor de las múltiples transacciones jurídicas relacionadas a esos terrenos en la década de los noventa.

En aquella ocasión declaramos a SGCP como titular de los terrenos en controversia, no porque validáramos tales transacciones, sino porque éste es el titular que refleja el Registro de la Propiedad en cuanto a los predios privados en controversia. Opera aquí la presunción iuris tantum de exactitud registral y el principio de legitimación a favor del titular inscrito en el Registro de la Propiedad. Art. 104 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria), 30 L.P.R.A. see. 2354. Véase, además, L.R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 2da ed., San Juan, Jurídica Editores, 2002, págs. 183-187.

De acuerdo con esa presunción, SGCP se encuentra legitimado según los asientos del Registro de la Propiedad para actuar en el tráfico jurídico y en los procedimientos judiciales como el titular de los terrenos en controversia. Al concluir que dichos terrenos no son de dominio público en conformidad con el Derecho aplicable, procedía declarar a SGCP como su titular para los únicos fines de resolver la demanda de sentencia declaratoria que se presentó ante nuestra consideración sobre la clasificación dominical de las parcelas rellenadas. ()

Ahora bien, lo anterior no significa que el Estado esté impedido de presentar prueba para impugnar los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad en conformidad con el Art. 104 de la Ley Hipotecaria, supra, o los permisos concedidos por múltiples agencias administrativas mediante la acción que proceda en derecho. De ninguna manera hemos prejuzgado la validez de las transacciones mencionadas ni la corrección de los deslindes realizados en los terrenos bajo controversia.

A su vez, resulta innegable que el presente caso estuvo dirigido en todo momento a resolver una controversia de estricto derecho sobre la clasificación de los terrenos ganados al mar. Durante el transcurso de este litigio, en ningún momento se presentó prueba sobre error o fraude en la concesión de los permisos o en la inscripción de los asientos pertinentes en el Registro de la Propiedad. Esa realidad no impide que el Estado presente ahora un caso reivindicatorío para dilucidar tales asuntos, sino que sencillamente refleja que dichas controversias no estuvieron, ni están en este momento, ante la consideración de los tribunales del país.

En vista de ello, nos sorprende que en esta etapa del caso, mediante una Moción de Reconsideración, se presenten por primera vez alegaciones de fraude e irregularidades en torno a las transacciones relacionadas a los terrenos en controversia. Este caso, desde su inicio hasta su adjudicación final, solamente ha versado sobre la clasificación de los terrenos ganados al mar. El propio Estado reconoce en la referida moción que los demás asuntos relacionados con las investigaciones sobre dicho proyecto, la posibilidad de que exista fraude y las circunstancias que rodearon los diversos negocios jurídicos nunca estuvieron realmente ante la consideración de este Foro en el presente caso.

Por ende, resulta contrario a la práctica apelativa y a la Regla 34(d) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, que se utilicen tales fundamentos y se presente una prueba que no fue dilucidada ante el foro de instancia —como el Informe de Análisis Espacial de la Ing. Linda L. Vélez Rodríguez— en el escrito de reconsideración. Ciertamente, cualquier alegación de fraude o error relacionada a la inscripción de los derechos reales y a las transacciones jurídicas que ocurrieron con posterioridad a la desafectación de los terrenos rellenados, se debe canalizar mediante el procedimiento judicial o administrativo correspondiente, mas no en la acción de sentencia declaratoria que dio lugar al presente caso.

II

A modo de epílogo, conviene aclarar que nuestro dicta-men en el caso de epígrafe se tomó consciente de que los bienes de dominio público marítimo-terrestres son recursos naturales que gozan de protección constitucional. Véase Art. VI, Sec. 19, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Dicha determinación no modifica el ordenamiento vigente en lo que respecta a la zona marítimo-terrestre y las playas de nuestro país. Sencillamente, es una decisión que le da certeza y seguridad jurídica a ciertos terrenos que se originaron bajo el palio de un esquema administrativo que respondía a un contexto histórico diferente, pues éstos fueron rellenados a mediados del siglo pasado por el Departamento de la Marina y la Compañía de Fomento Industrial al amparo de un estado de derecho que permitía realizar tales obras a título patrimonial. ()

Sin embargo, nuestra decisión reconoce en todo momento el carácter público de las playas y el mar litoral puertorriqueño, por lo que exige que los terrenos ganados al mar no puedan interferir con la nueva zona marítimo-terrestre que se formó bajo ese viejo régimen privatizador. Además, la opinión reconoce que el referido esquema administrativo que permitió que tales terrenos se ganaran al mar ya perdió su vigencia, dado que la Ley de Muelles y Puertos de Puerto Rico de 1968 —que por primera vez menciona expresamente a los terrenos ganados al mar en la definición de zona marítimo-terrestre— aplica prospectivamente. 23 L.P.R.A. secs. 2103(n) y 2111. Por consiguiente, nuestra determinación en el presente caso es cónsona con el mandato constitucional en cuanto a la protección y preservación de los bienes de dominio público marítimo-terrestres.

Así, pues, reiteramos que no podemos perder de perspectiva que la única controversia que se encontraba ante la consideración de este Tribunal era la naturaleza jurídica de ciertos terrenos ganados al mar muchos años antes de que la parte demandante los adquiriera para construir el controvertible proyecto. El Tribunal no pasó juicio sobre la corrección o la efectividad de esa política pública que permitía al Estado o a particulares realizar rellenos a título patrimonial a mediados del siglo pasado. Esa labor le corresponde exclusivamente a las ramas políticas que formularon y fomentaron dicha política desarrollista en un momento de nuestra historia, al igual que hicieron con diversos enfoques los gobiernos de Holanda y otros países del mundo. De igual modo, dicho dictamen tampoco pasó juicio sobre el valor estético de Paseo Caribe o su cumplimiento con los reglamentos aplicables de zonificación y uso de terrenos, pues estos asuntos no estaban relacionados con la controversia sobre la clasificación jurídica de los predios rellenados.

Como afirmamos en San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 D.P.R. 640 (2008), nada impide que de surgir información de fraude o error, o de incumplimiento con los reglamentos vigentes, tanto el Departamento de Justicia como la Administración de Reglamentos y Permisos o alguna otra agencia impugne los permisos concedidos o, incluso, los asientos regístrales relacionados a la extensión y cabida de los terrenos en controversia. Ello, claro está, tendrá que hacerse mediante la acción legal o administrativa que proceda en derecho.

Por las razones expuestas anteriormente, estamos conformes con la Resolución emitida por el Tribunal que deniega la moción de reconsideración presentada por el Estado.

      (1) Todos los jueces de este Tribunal coincidieron en que, por lo menos, hasta 1968 el estado de derecho puertorriqueño provenía de la Ley de Puertos española de 1886 y del Art. 22 de su Instrucción administrativa, la cual establecía un esquema privatizador de los terrenos ganados al mar que no fue alterado por la Ley Foraker, el Código Civil de 1902 ni la Ley de Puertos de 1928. Es necesario destacar que la opinión disidente y concurrente de la Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurre con la opinión mayoritaria en cuanto al Condado Bay Parcel, la parcela a la que le aplica exclusivamente el derecho puertorriqueño, y difiere de la mayoría en cuanto al Coast Guard Parcel por considerar que, tan reciente como en 1991, se afectó cuando el Gobierno de Puerto Rico la adquirió.

      (2) Además, durante el transcurso del caso de autos el Estado nunca presentó prueba para impugnar la validez de los referidos asientos, más allá de elaborar una teoría novel en cuanto a la clasificación dominical de los terrenos ganados al mar.

      (3) Como se indica en nuestra opinión, tales obras de relleno ocurrieron en una época en la cual se utilizó esta técnica de modificación al litoral en diversas zonas históricas de Puerto Rico. Independientemente del origen o contexto sociocultural que motivó el asentamiento de estas comunidades en terrenos desecados o ganados al mar, lo cierto es que éstas se erigieron en terrenos que en algún momento estaban sumergidos y que, por lo tanto, formaban parte del dominio público marítimo-terrestre.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Santiago Martínez Miranda, querellado.

      Números: AB-2007-184 TS-9400

      Resueltos: 22 de agosto de 2008

      Sra. Rosa María Oquendo Romero, querellante; Israel Pacheco Acevedo, secretario ejecutivo del Fondo de Fianza Notarial del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   PER CURIAM:

I

El Ledo. Santiago Martínez Miranda fue admitido al ejercicio de la abogacía el 2 de enero de 1990 y al ejercicio de la notaría el 11 de diciembre de 1996.

Mediante una opinión per curiam emitida el 17 de septiembre de 2003, suspendimos a Martínez Miranda del ejercicio de la profesión por un término de seis meses. In re Martínez Miranda, 160 D.P.R. 263 (2003). En esa ocasión, resolvimos que Martínez Miranda había infringido los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por su falta de competencia y diligencia en la representación de un cliente y por haber incumplido con su deber de mantenerlo informado sobre el desarrollo de su caso. Asimismo, determinamos que Martínez Miranda también había incurrido en una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por no responder diligentemente a nuestros requerimientos ni a los del Procurador General.

Transcurrido en exceso el término de suspensión decretado, Martínez Miranda compareció y nos solicitó que lo reinstaláramos al ejercicio de la profesión. Luego de los trámites de rigor, reinstalamos a dicho abogado al ejercicio de la abogacía y de la notaría mediante Resolución emitida el 13 de agosto de 2004. In re Martínez Miranda, 162 D.P.R. 744 (2004).

Posteriormente, con motivo de una queja presentada en su contra, el 18 de junio de 2007 la Secretaría de este Tribunal le cursó una comunicación por correo certificado con acuse a Martínez Miranda, en la cual se le concedió un término de diez días para presentar su contestación. El 13 de agosto de 2007, debido a que el término concedido había transcurrido, la Secretaría del Tribunal le remitió a Martínez Miranda una segunda notificación, mediante la cual se le concedió un término adicional de diez días para contestar la queja.

Dado el incumplimiento de Martínez Miranda con las referidas notificaciones, el 26 de octubre de 2007, mediante Resolución y bajo apercibimiento de suspensión del ejercicio de la profesión, concedimos a dicho abogado un término de diez días adicionales para contestar la queja presentada en su contra. Esta resolución se notificó a Martínez Miranda mediante entrega personal realizada por la Oficina del Alguacil de este Tribunal el 24 de enero de 2008. A pesar de lo anterior, Martínez Miranda aún no ha comparecido ante nos.

Por otro lado, el pasado 17 de junio el Colegio de Abogados compareció ante este Foro y nos solicitó que canceláramos la fianza notarial prestada por Martínez Miranda. El Colegio nos informó que éste tiene al descubierto el pago de dicha fianza, la cual venció en noviembre del pasado año.()

En vista de lo anterior, mediante la Resolución emitida el pasado 23 de junio, concedimos a Martínez Miranda un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la notaría. Esta orden incluyó un apercibimiento a Martínez Miranda a los efectos de que su incumplimiento conllevaría su suspensión del ejercicio de la notaría y podría dar lugar a sanciones disciplinarias adicionales.

Debido a que Martínez Miranda incumplió, una vez más, con lo ordenado por este Tribunal, el 24 de julio le concedimos un término adicional de diez días para que diera cumplimiento a nuestra Resolución de 23 de junio. Dispusimos, además, que se notificara lo anterior a Martínez Miranda personalmente, mediante la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Conforme a lo ordenado, un alguacil de este Tribunal acudió personalmente a la dirección de Martínez Miranda que consta en su expediente personal, para notificarle la Resolución mencionada. Sin embargo, las gestiones realizadas por el alguacil resultaron infructuosas. La Oficina del Alguacil ha hecho constar el diligenciamiento negativo de la Resolución.

Todo lo anterior apunta a una conducta reiterada de dejadez e indiferencia por parte de Martínez Miranda hacia nuestras órdenes y demuestra su ignorancia de sus deberes como abogado, así como su desinterés en continuar siendo miembro de la profesión. Veamos.

II

En reiteradas ocasiones, hemos resuelto que todo abogado tiene la obligación de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal, sobre todo cuando se trata de asuntos relacionados a la esfera disciplinaria. Por ello, no cumplir diligentemente con lo ordenado por este Foro y demostrar indiferencia ante nuestros apercibimientos es razón suficiente para suspender a un abogado del ejercicio de la abogacía. In re García Vallés, 172 D.P.R. Ap. (2007); In re Rivera Torres, 172 D.P.R. Ap. (2007); In re Rodríguez Calderón, 172 D.P.R. 309 (2007); In re Laborde Freyre I, 154 D.P.R. 112 (2001); In re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39 (1998).

Asimismo, la omisión de un abogado de mantener al día su dirección ante este Tribunal es motivo suficiente para decretar su suspensión indefinida del ejercicio de la profesión. La Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, impone a todo miembro de la clase togada la obligación de notificar cualquier cambio de dirección —ya sea física o postal— a la Secretaría del Tribunal Supremo. Cuando un abogado incumple con este deber obstaculiza sustancialmente el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria, por lo que tal conducta bastará para que le impongamos la sanción severa de separarlo de la práctica de la profesión. In re Ríos Rodríguez, 172 D.P.R. Ap. (2007); In re Velázquez Beveraggi, 166 D.P.R. 624 (2005); In re Sanabria Ortiz, 156 D.P.R. 345 (2002).

Por otro lado, el Art. 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2011, establece como requisito para poder ejercer el notariado en Puerto Rico la prestación de una fianza no menor de $15,000. El propósito de esta fianza es responder por los daños y perjuicios que el notario pueda ocasionar mediante el desempeño de sus funciones o por el incumplimiento de sus deberes ministeriales. In re Velázquez Beveraggi, supra; Sucn. María Resto v. Ortiz, 157 D.P.R. 803 (2002); In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992).

Hemos expresado que un notario que no cuenta con dicha protección constituye un peligro, no sólo para el tráfico jurídico de los bienes inmuebles, sino para las personas que utilizan sus servicios. Constituye una falta de respeto hacia este Tribunal la omisión del notario de hacer gestiones para renovar la fianza. Por ello, el incumplimiento de la obligación de pagar las primas de la fianza notarial requiere la intervención disciplinaria de este Tribunal. In re Velázquez Beveraggi, supra; In re Arroyo Rivera, 166 D.P.R. Ap. (2005); In re Ribas Dominicci I, supra.

En el caso ante nuestra consideración, la Oficina del Alguacil de este Tribunal notificó personalmente a Martínez Miranda la Resolución emitida el 26 de octubre de 2007. Por otro lado, esta Oficina ha hecho constar el diligenciamiento negativo de la Resolución emitida el pasado 24 de julio relacionada con la falta de pago de la prima de la fianza notarial. Ello indica que Martínez Miranda ha cambiado su dirección y no ha cumplido con su deber de informarlo a la Secretaría del Tribunal. Tampoco ha atendido nuestros requerimientos ni ha cumplido con su obligación de pagar la fianza notarial.

En vista de que Martínez Miranda ha hecho caso omiso a nuestras órdenes en reiteradas ocasiones y ha incumplido con sus deberes de mantener al día su dirección física y pagar las primas en concepto de fianza notarial, procede que lo suspendamos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del País. Además, deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta días contados a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam” y sentencia. Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del abogado suspendido, debiendo entregarlos a la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe a este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

      (1) Cabe señalar que surge del expediente que en mayo de 2006, el Colegio de Abogados había comparecido a solicitarnos la cancelación de la fianza notarial prestada por Martínez Miranda, dado que éste la tenía al descubierto desde noviembre de 2005. Sin embargo, tras Martínez Miranda haber hecho el pago, el Colegio desistió de esta petición y procedimos a archivar el asunto. Similar situación había ocurrido en agosto de 2003, cuando el Colegio desistió de una queja presentada contra Martínez Miranda por su incumplimiento con el pago de la cuota de colegiación, la cual el abogado pagó luego de instada la queja.


author: PER CURIAM

text:
    Westernbank Puerto Rico, peticionario, v. Hon. Gloriana Ruiz Jiménez, Registradora de la Propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Sección de Humacao, recurrida.

      Números: RG-2005-1 RG-2005-2

      Resueltos: 26 de agosto de 2008

      José M. Biaggi Landrón y Francisco J. Biaggi Landrón, abogados déla parte peticionaria; Gloriana Ruiz Jiménez, registradora de la propiedad.
   PER CURIAM

(En reconsideración)

El 24 de agosto de 2007 emitimos una Sentencia en el caso Westernbank v. Registradora, 172 D.P.R. 71 (2007). En ésta confirmamos la calificación final de la Registradora de la Propiedad de Humacao (Registradora), Hon. Gloriana Ruiz Jiménez, en cuanto a que denegó la inscripción de dos escrituras sobre “Hipoteca en Garantía de Pagaré con Vigencia Extendida”, por entender que adolecían de falta de claridad. Oportunamente, Westernbank de Puerto Rico (Westernbank) presentó una Moción de Reconsideración para aducir que la vigencia extendida de una hipoteca que garantiza un pagaré vencedero a la presentación no contradice las disposiciones de la Ley de Transacciones Comerciales ni las de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria).

Para pautar el Derecho aplicable a situaciones como la de autos y con el propósito de darle certeza a las transacciones comerciales, emitimos esta opinión en reconsideración.

I

Tal como surge de la sentencia, Westernbank presentó en el Registro de la Propiedad de Humacao (Registro), para su inscripción, dos escrituras suscritas a su favor sobre “Hipoteca en Garantía de Pagaré con Vigencia Extendida”. () Estas garantizan un pagaré vencedero a la presentación y, a su vez, disponen una vigencia para la hipoteca de treinta y treinta y cinco años respectivamente.

La Registradora, ejerciendo su facultad de calificación, se negó a inscribir ambas escrituras por el fundamento de que “adolecían de claridad por tener la hipoteca dos fechas de vencimiento”.() En específico, sostuvo que constituye un defecto, que impide la inscripción en el Registro, el que se establezca en la escritura que el pagaré será pagadero a la presentación y, a su vez, incluir un término específico para la vigencia de la hipoteca. Concluyó que tal proceder era contrario al principio de especialidad contenido en la Ley Hipotecaria y a las disposiciones de la Ley de Transacciones Comerciales. Esta última ley, según alegó la Registradora, establece que el pagaré puede ser pagadero a la presentación o en la fecha específica, pero nunca ambas cosas.

Luego de los trámites de rigor y ya que la Registradora sostuvo su calificación original, Westernbank recurrió ante este Foro mediante dos recursos gubernativos. Solicitó que revocáramos la denegatoria final emitida por la Registradora y ordenáramos la inscripción de las escrituras en controversia, ya que no resulta en una ambigüedad, que impida la inscripción, el disponer que el vencimiento del pagare será a la presentación y, al mismo tiempo, expresar que la vigencia de la hipoteca es por un término de treinta o treinta y cinco años. Sostuvo que el vencimiento del pagaré se refiere a la exigibilidad del crédito principal, mientras que el plazo de vigencia de la hipoteca existe para efectos de regir los aspectos de la prescripción de la acción hipotecaria correspondiente.

El 24 de agosto de 2007, mediante sentencia, confirmamos la calificación final de la Registradora de denegar la inscripción de las escrituras en controversia. Oportunamente, Westerbank solicitó la reconsideración del dictamen.

Examinada la solicitud, decidimos reconsiderar con el fin de pautar la norma aplicable a situaciones como la que nos ocupa. En particular, debemos resolver si una escritura de hipoteca que garantiza una obligación principal evidenciada en un pagaré vencedero a la presentación y, a su vez, establece un término de vigencia para la hipoteca de treinta o treinta y cinco años es inscribible en el Registro.

II

De entrada, debemos examinar los rasgos principales del derecho real de hipoteca y, muy particularmente, su naturaleza accesoria, fruto de su condición como derecho de garantía.

La hipoteca se concibe como un “derecho real de realización del valor, en su función de garantía de una obligación pecuniaria, de carácter accesorio e indivisible, de constitución registral, que recae directamente sobre bienes inmuebles, ajenos y enajenables, que permanecen en la posesión del propietario”. J.M. Chico y Ortiz, Estudios sobre Derecho Hipotecario, 3ra ed., Madrid, Ed. Marcial Pons, 1994, T. III, pág. 1282 (citando a Roca Sastre).

El Código Civil dispone los requisitos esenciales para su constitución, a saber; que: (1) se constituya para asegurar el cumplimiento de una obligación principal; (2) la cosa hipotecada pertenezca en propiedad a la persona que la hipoteca; (3) las personas que constituyan la hipoteca tengan la libre disposición de sus bienes o, en caso de no tenerla, se hallen legalmente autorizadas al efecto. Art. 1756 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5001. De igual forma, es requisito indispensable para que una hipoteca quede debidamente constituida el que conste en una escritura pública y se inscriba en el Registro de la Propiedad. Art. 1774 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5042; Bco. Central Corp. v. Yauco Homes, Inc., 135 D.P.R. 858 (1994).

Dada la naturaleza accesoria del derecho real de hipoteca, su vigencia no es independiente de la vigencia de la obligación principal. () La hipoteca está subordinada a la obligación principal en su existencia y extinción. Liechty v. Descartes Saurí, 109 D.P.R. 496 (1980). Véase, además, L. Muñoz Morales, Lecciones de Derecho Hipotecario, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1946, T. II, pág. 15. Ello significa que la hipoteca subsiste efectivamente mientras tenga vida el crédito garantizado. Por lo tanto, la hipoteca se extingue en todo caso que se extinga la obligación garantizada por ésta. L.R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 2da ed. rev., Río Piedras, Jurídica Editores, 2002, pág. 508.

Ciertamente, la prescripción es una de las maneras mediante las cuales la obligación principal pierde su vigencia.() En vista de ello, y dado que la vigencia de la hipoteca depende de la vigencia de la obligación principal, resulta evidente que la hipoteca se extingue por la prescripción o inacción del titular del crédito hipotecario en el tiempo determinado por ley. Rivera Rivera, op. cit.

Por lo tanto, la doctrina entiende que es imposible la subsistencia de la acción hipotecaria una vez prescrita la acción personal, ya que un acreedor hipotecario conserva la facultad legal para ejecutar su hipoteca siempre que el crédito garantizado siga vigente. A tono con ello, hemos manifestado que “no es posible admitir un plazo distinto de prescripción del crédito y de la garantía”. ESJ Towers, Inc. v. Registrador, supra, pág. 308.

En vista de lo anterior, y dado que Westernbank aduce que es posible pactar una vigencia extendida para una hipoteca que garantiza un pagaré vencedero a la presentación, debemos determinar cuál es el término prescriptivo de un pagaré hipotecario de ese tipo y cuándo comienza a transcurrir el término.

III

A. La Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, mejor conocida como la Ley de Instrumentos Negociables, 19 L.P.R.A. see. 501 et seq., fue promulgada con el fin de modernizar nuestra legislación sobre los instrumentos negociables y proveer celeridad en el tráfico comercial. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995 (1995 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 1012-1014).

El Art. 2-104(a) de la Ley de Instrumentos Negociables, 19 L.P.R.A. see. 504, define un “instrumento negociable” como una promesa u orden incondicional de pago de una cantidad específica de dinero si (1) es pagadero al portador o a la orden o (2) si es pagadero a la presentación o en una fecha específica. A su vez, ese mismo articulado establece que un instrumento es un pagaré si “es una promesa y es un giro si es una orden”. Id. Finalmente, una promesa significa “un compromiso escrito de pagar dinero suscrito por la persona que se obliga a pagar”. 19 L.P.R.A. see. 503.

Ahora bien, la Ley de Instrumentos Negociables provee distintos tipos de pagarés, dependiendo del momento cuando resultan exigibles. En lo pertinente al caso de autos, el Art. 2-108 define los pagarés vencederos a la presentación y los pagarés pagaderos en fecha específica. 19 L.P.R.A. see. 508. Un pagaré es pagadero a la presentación cuando en el propio documento se indica que “es pagadero cuando el tenedor lo exija o cuando no se especifica ninguna fecha de pago”. 19 L.P.R.A. sec. 508(a). Así, los pagarés “pagaderos a la presentación” no especifican una fecha determinada de pago o, dicho de otra forma, no contienen una fecha cierta de vencimiento. Por lo tanto, se consideran vencidos en el momento cuando su tenedor exige el pago de la obligación.

Así pues, la propia Ley de Instrumentos Negociables dispone un plazo prescriptivo para exigir el pago de los pagarés vencederos a la presentación. Al respecto, el Art. 2-118 dispone que una acción para exigir el cumplimiento de un pagaré pagadero a la presentación debe comenzarse en el término de tres años, contados a partir del requerimiento de pago al deudor. 19 L.P.R.A. see. 518. En los casos en que no se hace el requerimiento de pago, la acción correspondiente prescribe, si el principal o los intereses no han sido pagados durante un período ininterrumpido de cinco años. 19 L.P.R.A. see. 518.

En cuanto al término prescriptivo de los pagarés hipotecarios vencederos a la presentación, el Art. 2-118(h) dispone que

... [i]ndependiente de cualquier disposición en contrario aquí contenida, una acción para exigir el cumplimiento de una obligación de una parte de pagar un pagaré garantizado por una hipoteca sobre bienes inmuebles, y todo interés devengado por tal obligación, deberá iniciarse dentro del término dispuesto por la see. 5294 del título 31 para el ejercicio de la acción hipotecaria. 19 L.P.R.A. sec. 518(h).

El Art. 1864 del Código Civil, 31 L.RR.A. see. 5294, establece el plazo prescriptivo de veinte años para la acción hipotecaria. En aras de mantener la armonía en nuestro ordenamiento y tomando en consideración el carácter accesorio del derecho real de hipoteca, la Ley de Instrumentos Negociables dispuso que el crédito evidenciado en un pagaré hipotecario vencedero a la presentación es exigible en cualquier momento, pero nunca en exceso del término de veinte años para el ejercicio de la acción hipotecaria.

Aclarado el término prescriptivo de un pagaré garantizado por hipoteca vencedero a la presentación, es necesario determinar el momento cuando comienza a transcurrir el término. Esta necesidad se acentúa particularmente ante el silencio que guarda al respecto la Ley de Instrumentos Negociables.

B. Como mencionamos, en el caso particular de los pagarés hipotecarios vencederos a la presentación, el término prescriptivo para exigir su cumplimiento es el de la acción hipotecaria. Por lo tanto, debemos examinar la normativa aplicable.

El Art. 180 de la Ley Hipotecaria establece que “la acción hipotecaria prescribirá a los veinte (20) años, contados desde que pueda ser ejercitada con arreglo al título inscrito”. 30 L.P.R.A. see. 2576. Así, el día en que pueda ejercitarse la acción hipotecaria se refiere al “momento del vencimiento del crédito según se consignó en el título”. Rivera Rivera, op. cit., pág. 489.

Ahora bien, un pagaré vencedero a la presentación no tiene fecha cierta de vencimiento. No obstante, el Art. 145 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2469, que regula la cancelación de la hipoteca prescrita, establece que los registradores cancelarán las hipotecas que tengan más de veinte años de vencidas o, si no tuvieran término de vencimiento, de constituidas. Esta normativa responde al hecho de que la hipoteca sin término de vencimiento pierde vigencia por prescripción luego de transcurridos veinte años desde su constitución.

Por lo tanto, resulta evidente que el plazo prescriptivo de la acción hipotecaria para las hipotecas sin término de vencimiento comienza a transcurrir desde la constitución de la hipoteca; o sea, desde su inscripción en el Registro. Sin duda, ello es cónsono con la norma de que, en virtud del principio de especialidad, se requiere que los documentos que se presenten en el Registro sean claros y específicos en cuanto al contenido del Derecho, su extensión y titularidad. Véase Cabañas v. Registrador, 8 D.P.R. 73 (1905). De esa forma, se evita cualquier género de incertidumbre en las constancias del Registro.

Conforme a lo anterior, y ya que la Ley de Instrumentos Negociables dispone que el término prescriptivo de los pagarés hipotecarios vencederos a la presentación debe iniciarse en el término dispuesto para la acción hipotecaria, es ineludible concluir que el término comienza a transcurrir desde la inscripción de la hipoteca. Por consiguíente, un pagaré hipotecario vencedero a la presentación pierde su vigencia por efecto de la prescripción luego de transcurrido un término ininterrumpido de veinte años desde que se inscribe la hipoteca en el Registro. En vista de ello, la hipoteca no puede expresar una vigencia mayor de veinte años, ya que la obligación garantizada no va a ser exigible transcurrido este término.

En este caso, precisamente, las escrituras de hipoteca en controversia poseen un término de vigencia superior al término prescriptivo de veinte años del pagaré hipotecario. Por lo tanto, una vez transcurrido dicho término, éstas anunciarían la existencia de una hipoteca que garantiza una obligación principal que se habrá extinguido. En consecuencia, y en conformidad con la norma esbozada, estas escrituras poseen un defecto que, de ordinario, impide su inscripción en el Registro.

Ahora bien, dada la ausencia de una norma clara sobre el particular y, sobre todo, en vista del impacto que puede tener la norma aquí adoptada en el tráfico comercial, resolvemos que ésta tendrá efecto prospectivo. Nótese que, al hacer una determinación a esos fines, tomamos en consideración factores tales como: (1) el propósito que persigue la nueva regla a los fines de determinar si su retroactividad lo adelanta, (2) la confianza que se depositó en la antigua norma y (3) el efecto de la nueva regla en la administración de la justicia. Pueblo v. Báez Cintrón, 102 D.P.R. 30 (1974); Pueblo v. Cruz Jiménez, 99 D.P.R. 565 (1971).

Un análisis de esos criterios, a la luz de las circunstancias de este caso, nos convence de que la aplicación prospectiva de la norma aquí adoptada garantizaría la validez de las transacciones comerciales que fueron realizadas en ausencia de una expresión clara de este Tribunal en cuanto a la controversia que nos ocupa. Concluimos que esta norma no aplicará a las escrituras de hipoteca que fueron inscritas en el Registro de la Propiedad. Tampoco aplica a las escrituras de hipoteca que hayan sido presentadas y que aún se encuentren pendientes de calificación. No obstante, este caso aplica a las escrituras presentadas a las que se les haya notificado defecto por violar la norma aquí establecida, sin que se haya cuestionado mediante un recurso gubernativo.

IV

Por los fundamentos expuestos, se reconsidera la Sentencia emitida por este Tribunal el 24 de agosto de 2007. En su lugar, y en vista del carácter prospectivo de la norma aquí establecida, ordenamos la inscripción de las escrituras en controversia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

      (1) Ambas escrituras son idénticas en su contenido. Estas son la Escritura Núm. 377 de 12 de septiembre de 2002 y la Escritura Núm. 619 con fecha de 16 de agosto de 2002.

      (2) A continuación, transcribimos las cláusulas en controversia:
      Escritura Núm. 377:
      “ — PRIMERO: En este acto el Deudor Hipotecante suscribe ante mí un pagaré a la orden de WESTERNBANK PUERTO RICO, pagadero a la presentación ....

      “---------------------------------------TITULOS Y CARGAS---------------------------------------
      “-LA VIGENCIA DE LA HIPOTECA CONSTITUIDA MEDIANTE LA PRE-SENTE ESCRITURA SERA DE TREINTA Y CINCO (35) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACION DE LA COPIA CERTIFICADA DE LA MISMA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE.” (Énfasis suplido) Apéndice del Recurso gubernativo, Núm. RG-05-02, págs. 1 y 3.

        Escritura Núm. 619:
      “ — PRIMERO: En este acto el Deudor Hipotecante suscribe ante mí un pagaré a la oi'den de WESTERNBANK PUERTO RICO, pagadero a la presentación ....

      “---------------------------------------TITULOS Y CARGAS---------------------------------------

        “LA VIGENCIA DE LA HIPOTECA CONSTITUIDA MEDIANTE LA PRE-SENTE ESCRITURA SERA DE TREINTA (30) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACION DE LA COPIA CERTIFICADA DE LA MISMA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE.” (Énfasis suplido.) Apéndice del Recui’so gubernativo, Núm. RG-05-01, págs. 1 y 3.

      (3) Nos referimos a la vigencia como “el periodo durante el cual las leyes, costumbres o contratos están en vigor y desarrollan todos los efectos jurídicos que le son característicos”. Diccionario de Contabilidad y Finanzas, Madrid, Ed. Cultural, 2003, pág. 273.

      (4) La prescripción es una institución de derecho sustantivo, no procesal, que constituye una de las formas de extinción de las obligaciones. Galib Frangle v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560, 566 (1995). Entre otras cosas, tiene como propósito eliminar la incertidumbre en las relaciones jurídicas. Además, opera por mandato de ley. ESJ Towers, Inc. v. Registrador, 150 D.P.R. 298 (2000).


text:
      In re Carlos J. Nazario Díaz.

      Número: CP-2006-20

      Resuelto: 29 de agosto de 2008

      Guillermo Figueroa Prieto, abogado del querellado.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción de Reconsideración presentada por Sr. Carlos J. Nazario Díaz, reconsideramos la opinión per curiam y Sentencia de 30 de junio de 2008, In re Nazario Díaz I, 174 D.P.R. 99 (2008). En vista de las circunstancias atenuantes de este caso, incluso las gestiones hechas por Nazario Díaz para subsanar las faltas cometidas y su historial profesional al momento de otorgar la escritura que origina la querella presentada, dejamos sin efecto la suspensión del ejercicio de la abogacía y reducimos el término de suspensión de la notaría de seis meses a tres meses.

Notifíquese por fax y publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Javier de la Luz Gamarra, Ex parte.

      Número: TS-10439

      Resuelto: 2 de septiembre de 2008

      Javier de la Luz Gamarra, pro se.

    Sala DE Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton, el Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.
   RESOLUCIÓN

Evaluada la Moción Solicitando Readmisión a la Práctica de la Profesión de la Abogacía en Puerto Rico, presentada por la parte peticionaria, se autoriza la readmisión al ejercicio de la abogacía de Javier de la Luz Gamarra.

Notifíquese por teléfono, facsímil y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Virgen Enid Rivera Torres.

      Número: TS-5089

      Resuelto: 8 de septiembre de 2008

      Virgen Enid Rivera Torres, pro se.

    Sala de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton, el Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.
   RESOLUCIÓN

Evaluado lo relacionado con la solicitud de reinstalación a la notaría y sobre otros extremos presentada por la parte peticionaria, se ordena la reinstalación de la Leda. Virgen Enid Rivera Torres, advirtiéndole que debe proseguir con las gestiones hasta tanto la deficiencia señalada quede subsanada. A su vez, debe notificar a la Oficina de Inspección de Notarías de los trámites que realice y sus resultados.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo