author: Et. Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Vázquez, Demandante y Apelante, v. Valdés et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios por negligencia.
    No. 2044.
    Resuelto en mayo 20, 1920.
    Rebeldía — Negativa del Secretario a Anotar Rebeldía — Orden Revisable en Apelación. — La orden del secretario de una corte anotando una rebeldía o dictando sentencia, en rebeldía puede ser revisable en apelación, pero no así la negativa de dicho funcionario a actuar de'tal suerte, en cuyo caso el medio adecuado sería pedir a la corte que obligara al secretario a actuar.
    Id. — Término para Contestar. — Si los demandados no formulan su contestación después de desestimada la excepción previa, dentro del término concedido y en su lugar presentan otras mociones, el término corre contra ellos desde la desestimación de la excepción previa y si vence, dichos demandados se encuentran técnicamente en rebeldía.
    Id. — Sentencia en Rebeldía — Prueba de los Daños en Acciones de Negligen-cia. — Es correcta la negativa de la Corte a negarse a dictar sentencia en re-beldía en una acción por negligencia sin la previa celebración de una vista a fin de examinar la prueba de los daños. Esto, aparte de su dereeho a examinar la demanda para ver si determina una causa de acción.
    Id. — Apertura de Rebeldía — Discreción Judicial. — La facultad para abrir una rebeldía es inherente en la corte y no depende solamente del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, y aunque así fuera, dicho artículo es lo suficientemente lato para conferir a la corte amplia discreción en cuestiones como ésta.
    Id. — Apertura de Rebeldía — Discreción Judicial. — Aunque los apelantes tenían un derecho técnico a la rebeldía, los hechos del presente caso no muestran abuso de discreción por parte de la corte inferior al abrir dicha rebeldía.
    Daños y Perjuicios a la Esposa por Negligencia — Bienes Gananciales— Causa de Acción. — No considerando el artículo 1314 del Código Civil Re-visado como bienes propios de la esposa el dereeho a reclamar indemnización por daños y perjuicios causados a ésta, tal derecho es necesariamente una pro-piedad ganancial, por lo que no aduce hechos suficientes para constituir causa de acción una demanda en la cual la reclamación no se establece para la socie-dad de gananciales sino para la esposa exelusivamente; y no altera la regla el hecho de que la esposa reclamante aparezca en la demanda siendo asistida por su esposo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante; Fres. J. J. Ortis Alibrán j A. Arroyo.

    Abogados de los apelados: Sres. Feliú j Álemañy.

   Et. Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El primer señalamiento de error que se alega es que el secretario de la corte de distrito erró al rehusar anotar la rebeldía de los demandados. Es dudoso si de acuerdo con el artículo 305 del Código de Enjuiciamiento Civil puede esta corte revisar la negativa de un secretario a anotar una re-beldía. Dicho artículo es como sigue:

“En la apelación de una sentencia, la corte de apelación podrá revisar la resolución apelada y cualquiera otra providencia o reso-lución interlocutoria, si hubiere sido objeto de excepción y se refiera a los hechos (merits) en que lá sentencia se base o necesariamente la afecte, excepto cuando se trate de una resolución o providencia de la que se hubiere podido apelar.”

Son las providencias o resoluciones de la corte las que están sujetas a revisión. Aunque una orden del secretario anotando una rebeldía o sentencia puede ser revisable, como cuestión revisable la negativa del secretario en actuar no es nada en absoluto. El medio adecuado a que ha de recu-rrir un apelante, como han sugerido los apelados, sería pe-dir a la corte que obligue al secretario a actuar.

Asumiendo que tal omisión en actuar sea revisable, debe observarse que al ser presentada la moción para que se ano-tara la rebeldía los demandados habían radicado dos mocio-nes dirigidas a la suficiencia de la demanda y para eliminar ciertas partes de dicha demanda enmendada. Qué eran es-tas dos mociones, no consta propiamente de los autos y la única forma en que aparecen en los autos es en la comuni-cación del secretario a los apelantes, en la cual el secretaria expresa las razones que tiene para no anotar la rebeldía, y en una moción de los apelantes en la que piden que las refe-ridas mociones sean eliminadas. No vemos que las mocio-nes figuren debidamente en los autos y esto sería motivo su-ficiente para no considerar como error la negativa del secre-tario a anotar la rebeldía. Convenimos, no obstante, con el secretario en que él no tenía derecho a apreciar el efecto de-dichas mociones de los demandados, que sus deberes son me-ramente ministeriales o aquellos que claramente indica la ley y por tanto, que no cometió error alguno al negarse a anotar la rebeldía.

La corte declaró con lugar la moción de los demandantes sobre eliminación de las referidas mociones sin prorrogar más el término al demandado para contestar. Sostienen los apelados que al radicar ellos sus dos mociones contra la de-manda su término para contestar no había vencido y que estas dos mociones interrumpieron dicho término. No po-demos estar de acuerdo con los apelados. Si los demandados no formulan su contestación después de desestimada la ex-cepción previa, como en este caso, dentro del término con-cedido y en su lugar presentan otras mociones, deberán te-ner el cuidado de pedir, a la corte que les prorrogue su tér-mino para contestar. De otro modo el término corre contra ellos desde la desestimación de la excepción previa y si A’ence, dichos demandados se encuentran técnicamente en re-beldía. Por consiguiente, suponiendo que la demanda de-terminaba una (tausa de acción, los demandantes tuvieron perfecto derecho a solicitar la anotación de la rebeldía y es-tuvo justificado el secretario por esta suposición al anotarla, lo que hizo el día 10 de mayo, 1918.

Los demandantes, entonces, en 14 de ma3ro, 1918, pidie-ron a la corte que dictara sentencia a lo que se negó dicha corte. Esta negativa constituye el segundo señalamiento de error. Creemos, sin embargo, que la corte procedió correc-tamente, pues ésta era una acción por negligencia y era ne-cesario primero la prueba de los daños de conformidad con el artículo 194, párrafo 2, del Código ele Enjuiciamiento CL aúI, y para esto es indispensab1e un juicio. La corte tam-bién tenía derecho, nos inclinamos a creer, a examinar la demanda para ver si determinaba una causa de acción.

Los apelados entonces presentaron una moción para que se abriera la rebeldía y diera tiempo para contestar, mo-ción que fue concedida por la corte, resolución que consti-tuye el tercer motivo de error. Ahora debemos, de uno u otro modo, confesar que no entendemos la terminología de los apelantes al sostener que la corte carecía ele jurisdicción para conceder la moción. Tenemos la firme creencia de que tenía tal jurisdicción y de que la facultad para abrir una rebeldía es inherente en la corte y no depende solamente del artículo 140 del' Código de Enjuiciamiento Civil, y que aunque así fuera, dicho artículo es lo suficientemente lato para conferir a la corte amplia discreción en cuestiones como ésta.

Y no vemos que haya habido abuso de discreción. Los apelantes muestran muy claramente que los demandados em-plearon dos meses y ocho días en preparar su contestación desde la fecha en que fué desestimada la excepción previa. Dudamos si debiéramos intervenir con la discreción de la corte inferior al abrir una rebeldía en un caso de negligen-cia cuya cuantía es de $5,000 después de dos meses y ocho días de quietud por parte de los demandados, si éstos o sus abogados demostraron en forma adecuada su buena fé, pero el caso en favor de los apelados es mucho más fuerte. So anotó la rebeldía de los demandados el día-10 de mayo y la contestación se formuló en mayo 20, después de la ano-tación de la rebeldía. El affidavit del abogado de los ape-lados demuestra que él recibió la notificación de la orden <1p la corte de mayo 7 por la que se eliminaban las dos mo-ciones de los apelados el día. 15 de mayo j7- que inmediata-mente empezó a dar los pasos necesarios para radicar la contestación. El referido abogado jura haber enviado su contestación a la oficina del secretario el día 18, que era sábado; que estaba muy ocupado con muchos asuntos in-cluyendo un caso apelado a la Corte Suprema. Pero sin todo esto, es evidente que es necesario un término de algu-nos días para preparar una contestación si las mociones pre-liminares han sido declaradas sin lugar; y cuando un abo-gado, que procede de buena fé deja de contestar por algunos días, sea cual fuere su creencia, la corte considerará cualquier demora como una inadvertencia. Lo contrario sucede, por supuesto, si la corte nota en el demandado una disposición de ocasionar demora, teoría que no es posible sugerij- en este caso. Sin extendernos demasiado en esta parte de la opinión podemos decir que aunque los apelantes tenían un derecho técnico a la rebeldía, la corte hubiera abusado de su discreción al negarse a abrirla.

Estas consideraciones resuelven las cuestiones de pro-cedimiento. Como hemos indicado la corte o el secretario podrían haber examinado la demanda para cerciorarse si determinaba una cansa de acción y haber abierto la rebel-día por esta razón.

Esta fue una acción establecida por daños personales oca-sionados a la esposa. De acuerdo con las varias disposi-ciones del Código Civil los daños que se cansan a una persona establecen la obligación de repararlos en la persona que los causa. Es una obligación o derecho que se crea y si el daño se ocasiona a una mujer casada surge entonces la cues-tión de a quién pertenece esa obligación o derecho.

En el caso ante nosotros existe una sociedad conyugal compuesta del marido y la mujer. El daño a la esposa no ha sido definido en Puerto Eico como perteneciente a sus bienes propios aunque en los últimos años tal parece ser la ley en Louisiana. De modo que nos regulamos por los pre-ceptos generales del Código Civil. El artículo 1314 define lo que son bienes propios de cada uno de los cónyuges y en dicho artículo no se incluye el derecho de acción por daños y perjuicios. Los artículos 1316 y 1322 prescriben lo si-guiente :

“Artículo 1316. — Son bienes gananciales:
“1. Los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se baga la adquisición para la comuni-dad bien para uno solo de los esposos.
“2. Los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los. cón-yuges o de cualquiera de ellos.
“3. Los frutos, rentas o intereses percibidos o devengados du-rante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los pe-culiares de cada uno de los cónyuges.”
“Artículo 1322. — Se reputan gananciales todos los bienes del ma-trimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer.”

Por tanto, como esta obligación, propiedad o derecho de acción surgió después del matrimonio y no es un bien pro-pio de ninguno ele los cónyuges, es necesariamente una pro-piedad ganancial. Estas consideraciones están sostenidas por las autoridades que lian sido tomadas de los Estados donde existe la sociedad de gananciales. “McKay on Community Property,” secciones 180-181, clonde se citan casos de Texas, Washington, California, Idaho y asimismo algunos de los antiguos de Louisiana resueltos antes de haberse verificado ningún cambio en la ley estatutoria de ese Estado. El re-ciente caso de Moody v. Southern Pacific Company, 167 Cal. 786, 141 Pac. 388, es igualmente pertinente.

Como de acuerdo con los artículos 159, 161 y 1327 del Código Civil el marido es el representante legal de la so-ciedad conyugal, el derecho de acción por una obligación o propiedad de la comunidad pertenece a él. Sabemos, desde luego, que el artículo 62 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que todas las personas que tuvieren interés en el asunto objeto de la acción podrán asociarse y la esposa puede ser parte propia (proper party) en una acción por daños y nerjuicios, pero no es ella la parte principal o necesaria en la acción. Puede dudarse, en beneficio de la simplicidad, si debe ella ser asociada bajo cualquier concepto.

Según aparece del caso de Moody v. Southern Pacific Co., 141 Pac. 388, supra, en una acción por daños personales la esposa en California se asociaba como parte necesaria por-que las cortes se sintieron allí obligadas a observar la regla de la Ley Común, pero no tenemos necesidad de adoptar aquí esa práctica. En ese mismo caso la corte encuentra poca lógica en considerar a la esposa como parte necesaria, pero se sintió- obligada por los precedentes. Bajo la práctica de California, como indica McKay, supra, sección 184, un acci-dente ocasionado a la esposa olió lugar a dos cansas de ac-ción, nna al marido sólo por la pérdida de sn compañía y servicios y por sn curación y otra al marido asociado a la esposa por los daños personales. No es necesaria tal dis-tinción en Puerto Bico pn.es todos estos incidentes pertene-cen a la comunidad.

La demanda ante nosotros fné establecida por la esposa asistida de sn esposo el demandante qne probablemente se sintió obligado a ello por el artículo 54 de la Ley de Enjui-ciamiento Civil, el cual es como signe:

“Artículo 54. — Cuando una mujer casada es parte en nn litigio, necesita del concurso de su marido, excepto:
“1. Cuando la acción ejercitada concierna a sus bienes propios o a su derecho o pretensión a la propiedad de homestead,, podrá de-mandar o ser demandada por sí sola.
“2. Cuando la acción sea entre ella y su marido, podrá deman-dar o ser demandada sola.
“3. Cuando esté viviendo separada o alejada de su marido, a causa de haber sido abandonada por éste, podrá demandar o ser demandada sola.”

Sin detenernos a investigar en qué acciones es- posible que el marido tenga que asociarse a la esposa, resulta claro que este artículo no tiene aplicación alguna a una acción per-teneciente a la comunidad. La teoría de la demanda era claramente una que envolvía un derecho de acción por parte de la esposa y por tanto no determinaba ninguna causa de acción, siendo innecesario considerar las demás cuestiones interesantes promovidas por el apelante.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wole,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rosaly, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de 'la Corte de Distrito de Ponce en cansa por infracción a la sección 44 de la Ley de Arbi-trios.
    No. 1480.
    Resuelto en mayo 20, 1920.
    Infracción a la Ley de Arbitrios — Licencia para Poseer Alambiques. — La Ley Jones no lia derogado las artículos de las leyes de rentas que prohíben el poseer un alambique sin previa licencia, imi' i0 que constituye una infrac-ción de la sección 44. de la ley de arbitrios el tener una persona en su po-sesión, como dueño o guardián, un alambique sin haberlo inscrito en la Te-sorería de Puerto Rico, ni haber prestado fianza para poseerlo.
    Denuncia — Objeciones a la Denuncia en el Acto del Juicio. — Objeciones por defectos de forma hechas a una denuncia en el momento del juicio son tardías y las cortes inferiores deben negarse a considerarlas, a menos que hubieran sido propuestas antes del juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. R. Martínez Nadal y L. Tormes.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la denuncia imputaba una infracción del artículo 44 de la Ley de Arbitrios. Este artículo fué res-tablecido en la Ley de Arbitrios de 1919 y es el 61 de la Ley No. 55, leyes de ese año página 277.

De acuerdo con el referido artículo se imputó al apelante el delito de tener un alambique en su posesión como dueño o guardián del mismo sin haberlo inscrito en la Tesorería de Puerto Rico, ni haber llenado el requisito de prestar fianza para tenerlo en su posesión. Fué declarado culpable y con-denado a pagar una multa de cien dólares, o en defecto de su pago a sufrir un día de cárcel por cada dollar que de-jare de pagar, no excediendo la prisión de treinta días.

En apelación alega el apelante tres errores:

Primerof que no se le sometió debidamente a juicio den-tro del término. de 120 días, cuestión ésta que fué resuelta directamente por nuestra decisión en el caso de El Pueblo v. Nigaglioni (pág. 272).

Segundo, que la denuncia en la forma en que fué formu-lada no determinaba un cielito público, alegándose que los artículos 71 y 72 del Código de Enjuiciamiento Criminal no habían sido observados. La impugnación específica que se bacía era respecto a la alegación alternativa de “dueño o guardián'-’, que es una cuestión puramente de forma. El caso de El Pueblo v. París, 25 D. P. R. 111, y los numerosos casos que siguen demuestran que la ley exige que las obje-ciones como ésta hechas en el juicio son muy tardías y no nos detendremos a examinar si la objeción hubiera sido vá-lida de haberse formulado debidamente. Las cortes infe-riores deben negarse a considerar objeciones formales de ser hechas por primera vez en el día del juicio. No habría nada en contra de la consideración de una objeción de esta naturaleza en el día del juicio siempre que la debida moción o excepción previa se hubiera presentado antes de esa fecha., dando de este modo una oportunidad al fiscal para hacer enmiendas, si lo deseaba. El Pueblo de Puerto Rico no debe quedar sometido a objeciones formales mientras los jura-dos y testigos están presentes y hay otros casos que van a celebrarse.

Tercero, el apelante sostiene que después de la aproba-ción de la Ley Jones o Ley del Congreso de los Estados Unidos, de marzo 2 ele 1917, no podía existir una condena válida por virtud del artículo 44 supra. El argumento es, por virtud de esa ley, el sufragio y consiguiente prohibición de la fabricación de licores alcohólicos excepto para usos me-dicinales y otros análogos, que las leyes de arbitrios relati-vas a la fabricación ele bebidas embriagantes han sido ele-rogadas. Sostiene en efecto el apelante, que ninguna persona podía o debía ser obligada a presentar una solicitud para usar un alambique cuando se prohíbe la fabricación y que El Pueblo de Puerto Rico no debe exigir los requisi-tos del dueño de un alambique, cuyo fin último es el pago de una patente por el uso de tal alambique y que sería in-moral que dicho Pueblo cobrara una contribución de patente en estas condiciones. El artículo 44, no obstante, no tiene por objeto castigar el estar en propiedad o posesión de un alambique, ni tampoco indican sus términos que los requi-sitos especificados son meramente medidas preliminares para la fijación de una patente. El artículo 44 es como signe:

“Toda persona que tuviere en su posesión o custodia o a su dis-posición, como dueño, arrendatario, guardián o en otra forma, cual-quier alambique o aparato para destilar, montado o desmontado, lo inscribirá en la oficina del Tesorero de Puerto Rico, firmando y ar-chivando con dicho Tesorero una declaración por escrito haciendo constar el sitio particular donde dicho alambique o aparato destilador está situado o almacenado, la clase de alambique, y su capacidad cúbica, el nombre del dueño del mismo, sitio de su residencia y los fines para los cuales dicho alambique o aparato destilador se ha usado, está usándose o se propone usar y al serle exigido por cual-quier oficial de rentas debidamente autorizado, proveerá acceso li-bre y sin restricción a dicho aparato con el fin de inspeccionarlo. T toda persona que dejare de inscribir cualquier alambique o apa-rato destilador que estuviere en su poder o custodia o a su disposi-ción, será culpable de delito menos grave (misdemeanor) y por la primera falta que así cometiere será multado en cantidad de no menos de cien ni más de quinientos dollars, o reducida a prisión por no menos de un mes ni más de un año; Disponiéndose, que por la segunda y cada subsiguiente falta que así cometiere, se impondrán ambas penas, multa y prisión; Y disponiéndose,■ además, que todo alambique o aparato destilador no inscrito será embargado por el Tesorero de Puerto Rico y por él confiscado y vendido en beneficio • del Pueblo de Puerto Rico.”

■ Dos cosas resultan claras, primera, que una persona pueda necesitar usar un alambique para los fines medicinales o cien-tíficos determinados en la Ley No. 69 de diciembre 5, 1917, o que pueda dicha persona tener ya un alambique que no sirva o sea ilegal. Si es para un fin lícito subsisten todas las razones originales del artículo 44. Si el alambique no sirve, o se usa para un fin ilegal la Legislatura puede, sin ■embargo, exigir su inscripción de manera que pueda perse-guirse el tener nn alambique y usarlo sin licencia. La Ley Jones no anula los artículos ele las leyes ele rentas que pro-híben el uso de un alambique sin una licencia. Aún supo-niendo que un proceso seguido por'la fabricación ilegal sea una cuestión ele jurisdicción federal por razón del artículo 2 de la Ley Jones, sin embargo, es ley conocida que un te-rritorio puede adicionar la legislación federal y lo mismo que aquí, no siendo otro el objeto que impedir la instalación de alambiques ilegales, exigir la inscripción de todos ellos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.'


text:
    El Pueblo, Demandante, v. Ruiz, Acusado Apelante. El Pueblo, Demandante, v. Franco, Acusado Apelante. El Pueblo, Demandante, v. Vidal, Acusado Apelante. El Pueblo, Demandante, v. Deverse, Acusado Apelante. El Pueblo, Demandante, v. Alier, Acusado Apelante. El Pueblo, Demandante, v. Martínez, Acusado Apelante. El Pueblo, Demandante, v. Quiñones, Acusado Apelante. El Pueblo, Demandante, v. Esprinjols, Acusado Apelante. El Pueblo, Demandante, v. Rivera (a) Chileno, Acusado Apelante.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Ponce, en causas por infracción a la ley de arbitrios.
    Nos. 1483, 1477, 1478, 1503, 1504, 1505, 1506.
    Resueltos, respectivamente, en mayo 20, 1920,
    y los Nos. 1479 y 1508 en mayo 21, 1920, por los fundamentos del caso No. 1480, M Pueblo v. Rosaly, de mayo 20, 1920 (pág. 474).
    Abogados de los apelantes: Sres. B. Martínez Nadal, L. Tonnes; y F. B. Fornariz.

    Abogado de El Pueblo: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   Confirmadas las sentencias apeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Davis, Recurrente, v. Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda denega-toria de inscripción de cancelación de hipoteca.
    No. 463.
    Resuelto en mayo 21, 1920.
    Cancelación de Hipoteca. — Ofrecimiento de Pago y Consignación — Jurisdic-ción. — Conociendo el deudor en el presente caso el fallecimiento de la esposa del aereedor, acudió a la Corte de Distrito promoviendo un expediente ev parte sobre cancelación de' hipoteca y pidiendo permiso para depositar el resto del crédito hipotecario constituido a favor del esposo en vida de su esposa, obtuvo un mandamiento de cancelación de la hipoteca. Negada la cancelación y entablado recurso gubernativo, se resolvió: que no siendo el procedimiento empleado por el deudor el de consignación que regula el ar-tículo' 1144 y siguientes del Código Civil, pues no aparece que la consigna-ción fuera notificada a los interesados ni que la corte la declarara bien hecha, procede sostener la negativa del registrador, pues la corte actuó sin jurisdic-ción al mandar cancelar el crédito sin audiencia ni notificación del viudo y de los herederos de la esposa fallecida.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. O. M. Wood.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En el expediente ex parte promovido por Michael Davis sobre cancelación de hipoteca, la Corte de • Distrito de San Juan, Sección Segunda, dictó la siguiente resolución:

<£Bor CUANTO, en este caso se presentó por el promovente, repre-sentado por su abogado Mr. O. M. Wood, una moción debidamente jurada solicitando permiso para depositar en la secretaría de esta corte la cantidad de novecientos cuarenta y tres dollars 75 centavos, o sea la suma adeudada actualmente a los esposos Henry y Hannah Redinger, como resto de la hipoteca que por la cantidad de $3,800 e intereses estableció a su favor, en unión de su esposa, sobre una finca rústica de su propiedad, que se describe así:
‘Finca rústica, compuesta de diez y siete y media cuerdas, ra-dicadas en el barrio ‘Pugnado adentro,’ de Yega Baja, colindante al Norte con don Ruperto Laureano; al Este con don Francisco Crespo; al Sur con terrenos de don Arlington W. Houck; y por el Oeste con la carretera que de Yega Baja conduce a Morovis.’
“Por cu ¿UTO, se ba justificado a satisfacción de la corte que el promovente ba satisfecho a los esposos Redinger los tres mil ocho-cientos dollars valor de la hipoteca, más todos los intereses deven-gados hasta la fecha, al tipo convenido de siete por ciento anual.
“P-OR CUANTO, se ha justificado también que la esposa del Sr. Redinger ha fallecido en los Estados Unidos, circunstancia por la cual los documentos que remitió Mr. Henry Redinger, suscritos solo por él, autorizando a Mr. Herman L. Cochran, vice-presidente del American Colonial Bank para que otorgara una escritura de cance-lación. total de la referida hipoteca, no llenan los requisitos que exigen las leyes vigentes en Puerto Rico y por tanto son insuficientes para obtener la cancelación de la hipoteca de referencia en el regis-tro de la propiedad correspondiente; por lo que se ha visto obligado a recurrir a esta Honorable Corte para obtener la necesaria autori-zación para que sea cancelada dicha hipoteca.
“Por Cuanto, dada vista de este expediente al Honorable Fiscal, es de parecer que se han llenado’ todos los requisitos legales, y no se opone a la aprobación del mismo.
“Por tanto, esta Corte ordena al Sr. Registrador de la Propiedad, Segunda Sección del Distrito de San Juan, proceda a cancelar la hipoteca constituida sobre la descrita finca, a favor de los esposos Henry y Hannah Redinger, por la suma de tres mil ochocientos dollars y que aparece anotada al folio 21 del tomo 13 de' Yega Baja, inscripción primera, a fin de que dicha finca quede libre de ese gravamen a favor de su dueño, el promovente Michael Davis; quedando depositados en la secretaría de esta Corte los $948.75 hasta tanto pruebe el acreedor hipotecario su derecho a dicha cantidad y pueda disponer de ella de acuerdo con ulteriores resoluciones de esta Corte; y sin especial condenación de costas.
“San Juan, P. R., SO de septiembre de 1919.”

í opia certificada de esta resolución fue presentada al Re-gistrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, quien se negó a hacer la cancelación ordenada fundándose en que según el artículo 82 dé la Ley Hipotecaria, las ins-cripciones o anotaciones preventivas, hechas en virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por providencia eje-cutoria contra la cual no se baile pendiente recurso de ca-sación o por otra escritura o documento auténtico en el cual exprese su conformidad o consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción o anotación o sus causahabientes o representantes legítimos y que el documento presentado es solamente una resolución dictada en un procedimiento ex parte promovido por el deu-dor, sin que aparezca del mismo que los acreedores o sus sucesores hubieran sido citados, ni que ba corte hubiese ad-quirido jurisdicción sobre ellos, ni que comparecieran en el indicado procedimiento;- y por observarse también que apa-reciendo de este documento que la acreedora Hannah Be-dinger falleció, por lo que su parte en el referido crédito ha pasado a sus herederos, no se consigna quiénes sean tales herederos ni si a éstos se les dió la debida intervención en el procedimiento.

De los términos en que está redactada la resolución que hemos transcrito resulta que conociendo el recurrente la muerte de la esposa de su acreedor, cuyo consentimiento es necesario para la cancelación de la hipoteca, en vez de ob-tener él de sus herederos acudió a un procedimiento ex parte para conseguir la cancelación de la hipoteca depositando la cantidad que restaba de su deuda; procedimiento que no es el de consignación que regula el artículo 1144 y siguientes del Código Civil, pues no aparece que la consignación o de-pósito, como la llama la resolución, fuera notificada a los interesados como exige el artículo 1146, ni que la corte resol-viera que estaba bien hecha para que se ordenara la cance-lación según el artículo 1148. Se trata de un procedimiento ex parte en que se manda cancelar un crédito hipotecario sin haber oido ni dado noticia al cónyuge acreedor sobreviviente, ni a los herederos de la esposa fallecida, careciendo por este motivo la corte de jurisdicción para decretar la cancelación de la hipoteca constituida a favor de los esposos Bedinger, falta de jurisdicción que es el fundamento de la negativa del registrador.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso--' ciados Wolf, del Toro y Hutcbison.


author: . El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Dessús, Peticionario y Apelado, v. Ricci, Interventora y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre protocolización de testamento ológrafo.
    Incidente sobre administración judicial.
    No. 2063.
    Resuelto en mayo 21, 1920.
    Administración Judicial — Filiación—Herederos.—El meio hecho de presentar una demanda para ser declarado hijo natural reconocido no lleva consigo como consecuencia que en efecto el demandante es tal Mjo y que es heredero y no da derecho para solicitar como heredero la administración judicial de los bienes relictos al fallecimiento del supuesto padre natural, ni para ser citado o in-tervenir como tal heredero en dichas diligencias.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. López de Tord y Zayas Pizarro.

    Abogados del apelado: Sres. Parra Capó y Pérez Mar-chand.

   . El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

A petición de José Leopoldo Dessús la Corte de Distrito de Ponce decretó la administración judicial de los bienes re-lictos por Angel Franceschi Gregory a su fallecimiento y dispuso que fueran citados los demás herederos, los legata-rios y los acreedores y también la menor Eosalina Eicci por-que tenía iniciado un pleito contra Dessús y otros en el que reclamaba su filiación como hija natural del difunto Angel Franceschi, en atención a cualquier derecho o interés que' pudiera tener en su herencia.- Diclia menor tuvo interven-ción por dos años en la administración judicial sin oposi-ción de los interesados y en 26 de abril de 1919 presentó moción a la corte alegando que aunque el día anterior había desistido de su pleito, sin ser resuelto por sus méritos, ha-bía presentado nueva demanda paia que se la declarase única heredera de todos los bienes de Franceschi y pidió le per-mitiera continuar interviniendo en la expresada administra-ción. Por su parte Dessús, Juan y José María Franceschi, como herederos testamentarios, pidieron a la corte en 30 de abril de 1919 que puesto que Eosalina Eicci había abando-nado la demanda por virtud de la cual se había ordenado su citación e intervención debían cesar todas las medidas que para aseguramiento de su interés tomó la corte dentro de la administración judicial. Después de oir la corte a los abogados de las partes resolvió la última moción en 5 de mayo siguiente declarándola con lugar.

También en 30 de abril, Dessús y los hermanos Fran-ceschi se opusieron por escrito a la moción de 26 de abril de Eosalina Eicci y habiendo sido oidos por la corte los abogados de las partes, fué resuelta en 15 de mayo de 1919 declarando sin lugar la intervención solicitada por Eosalina Eicci. Fsta resolución y la precedente de cinco del mismo mes fueron apeladas por la representación fie Eosalina Eicci.

Ambas apelaciones pueden considerarse conjuntamente porque las dos tienen el alcance de no permitir a la apelante que siga interviniendo en las diligencias sobre administra-ción judicial de los bienes de Franceschi.

No cita la parte apelante disposición legal infringida por la corte inferior con las resoluciones apeladas, limitándose a exponer que el mismo motivo que hubo-para que la corto le diera antes expontáñeamente intervención existe ahora después de presentar su nueva demanda; que habiendo las otras partes consentido con sus actos aquella intervención no pueden oponerse ahora; que no quería discutir si tenía suficiente interés de acuerdo con la ley para esa interven-eión toda voz que habiéndola tenido la corte como parte ne-cesaria no podía ir ahora contra sus propios actos; que no ha tenido otro medio para asegurar la efectividad de la sen-tencia que recaiga en su pleito de filiación, y cpie, eliminada ele dicho procedimiento, los demás interesados que tienen in-terés contrario al suyo podrán disponer de los bienes mue-bles sin limitación alguna, como lo han hecho quitando de la jurisdicción de la corte todos los bienes de la herencia. No resulta de los autos el hecho que sirve de base al último argumento, esto es, que el procedimiento de administración judicial haya terminado porque si así fuera sería esto mo-tivo bastante para no resolver las apelaciones interpuestas porque su resolución carecería de fin práctico alguno.

Toda A'ez que la razón que tuvo la corte inferior para ordenar la citación e intervención de la apelante en la ad-ministración judicial de los bienes de Franceschi fué que tenía pendiente pleito sobre filiación contra los herederos del cual podía surgir interés en sus bienes, es indudable que ter-minado ese pleito por haber desistido de él la apelante in-mediatamente cesó la razón de tal intervención, y si debe concedérsele otra vez la intervención será por virtud de la nueva demanda y no por los hechos anteriores a ella, ni por el consentimiento anterior de las otras partes interesadas, ni por los actos de la corte, por lo que la resolución de cinco de mayo fué acertada declarando que desistido dicho pleito había cesado la intervención que dió a Rosalina Ricci.

La cuestión que realmente debe resolverse es si la corte cometió error al negar a la apelante la intervención que pi-dió por razón de su nueva demanda de filiación.

No tenemos que decidir ahora por no ser materia del re-curso si la corte inferior procedió correctamente la primera vez que ordenó motu propio la citación de Rosalina Ricci para que tuviera intervención en las diligencias de administración judicial porque la verdadera cuestión planteada por la ne-gativa de la corte a permitir que la apelante interviniera nuevamente en virtud de su segunda demanda es si cometió error al no acceder a tal pretensión.

Según el artículo 23 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales los herederos tienen derecho' a solicitar la admi-nistración judicial de los bienes de un finado y de acuerdo con el 26 en esas diligencias deberán s'er citados el alba-cea, si lo hubiere, el cónyuge sobreviviente, los herederos o legatarios de parte alícuota y los acreedores convenidos si la petición de administración fué presentada por un acree-dor. Rosalina Ricci no podía solicitar la administración judicial como heredera ni como tal tenía derecho a ser citada e intervenir en dichas diligencias porque mientras no se re-suelva definitivamente a su favor el pleito de filiación que promovió por segunda vez no tiene el concepto legal de hija y de heredera de Angel Franceschi. El mei~o hecho de pre-sentar una demanda para ser declarado hijo natural reco-nocido de un difunto no lleva consigo como consecuencia que en efecto es tal hijo y que es heredero y no da derecho para solicitar la administración judicial como heredero ni para ser citado e intervenir como tal heredero en dichas diligen-cias. Así lo resolvimos en el caso de Rivera v. Cámara, 17 D. P. R. 535; citado en el de Sabater v. Escudero, 23 D. P. R. 858. En el de Iturrino v. Iturrino, 24 D. P. R. 87, soli-citó la administración judicial un hijo natural que había sido declarado tal por sentencia, mientras ésta se hallaba pen-diente de apelación, y decidimos que no tenía personalidad bastante para solicitar la administración judicial de la he-rencia porque le está vedado mientras permanezca sub judice la cuestión. Si Rosalina Ricci tiene o no otros medios para asegurar la efectividad de la sentencia que pueda dictarse a su favor en su pleito sobre filiación es cuestión que no tenemos que decidir porque incumbe a su abogado.

Por los motivos expuestos las resoluciones apeladas de-ben ser confirmadas.

Confirmadas las resoluciones apeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Allen, Demandante y Apelada, v. International Express Co., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2077.
    Resuelto en Mayo 21, 1920.
    Negligencia — Automóviles de Seryicio Público — Daños t Perjuicios. — El pro-pietario de uu veliíeulo de motor dedicado al negocio de transporte publico será responsable de los daños causados por la negligencia del conductor, tanto' si diebo propietario está como si no está dentro del vehículo en el momento de inferirse el daño.
    Demanda — Daños y Perjuicios — Especificación de Particulares — Objeciones Tardías. — La alegación de que lá demanda no fija detalladamente la compen-sación de las distintas clases de daños y perjuicios redamados, es tardía cuando se presenta por primera vez en la Corte Suprema.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. Enrique Hincón.

    Ahogado de la apelada: Sr. Garlos Brunet.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Alegaba la demanda presentada en este caso:

“Primero, que la demandante Grace D. Alien es vecina de Are-cibo, P. R., y profesora de instrucción pública, y la demandada, The International Express Company of Porto Rico, es una asocia-ción de servicio público residente en Puerto Rico, con oficinas en Ponce y San Juan y que hace negocios en la isla bajo el nombre de International Express Company of Porto Rico; segundo, que la de-mandada mencionada allá por el mes de julio del corriente año y actualmente hacía y hace negocios en Puerto Rico para la conduc-ción de mercancías y pasajeros, mediante paga y en su ruta diaria entre San Juan y Ponee, por la carretera número uno conocida por el nombre de carretera central y usa en dicho negocio y para el trans-porte dichos vehículos de motor entre los que se encuentra el truck No. H. P. 82, propiedad de la compañía demandada; tercero, que el 24 de julio del corriente año la demandante celebró con la compañía demandada un contrato de transporte por el cual dicha demandada se obligaba a'transportar a la demandante de Aibonito a Ponce, en uno de sus vehículos de motor en consideración a la suma de un dollar que la demandante pagó a la compañía demandada, según billete de pasaje No. 7405, y en virtud de dicho contrato la deman-dante subió al truck No. H. P. 82, propiedad de la compañía deman-dada que en dicho día hacía el servicio entre Aibonito y Ponce guiado por el conductor Francisco Colón, placa No. 9379 empleado allí y entonces para conducir dicho automóvil por la demandada; cuarto, que después de la salida de Aibonito del vehículo pesado de motor No. H. P. 82, donde viajaba la demandante el conductor de dicho vehículo por dos o tres ocasiones tuvo que detenerse tratando de arreglar los frenos de dicho vehículo que no funcionaban regular-mente y no estaban conservados en buenas condiciones por la com-pañía demandada; quinto, que el empleado de la compañía Francisco Colón, que en ese día conducía el truck de carga y pasajeros No. H. P. 82 sabiendo que los frenos de dicho truck no funcionaban bien, pues había tratado de repararlos por distintas ocasiones en la carre-tera durante el viaje, negligente y temerariamente, con desprecio de los intereses y vida de los pasajeros encomendados a su cuidado, lanzó dicho automóvil o vehículo pesado de motor H. P. 82 por la conocida y peligrosa cuesta conocida con el nombre de “Asomante,” entre Aibonito y Coamo, y que por Jo pendiente y sinnúmero de curvas y precipicios a sus lados hace peligroso sus descensos; sexto, que lanzado el truck dicho en la forma alegada por la cuesta del Asomante, de la carretera central, debido al mal funcionamiento de los frenos y a la imprudencia temeraria del empleado de la deman-dada Francisco Colón que guiaba dicho automóvil y permitió que en esas condiciones bajara o descendiera por la cuesta dicha, dicho truck H. P. 82 adquirió una velocidad peligrosa y desusada no pu-diendo el conductor dicho detener la marcha del automóvil, a pe-sar de los esfuerzos hechos debido al mal funcionamiento de los frenos, por lo que el conductor dicho, para poder detener el ve-hículo H. P. 82 lo lanzó sobre la cuneta del lado izquierdo de Ja carretera y contra el talud de la misma hacia el kilómetro' 87 de la carretera No. uno, que en dicho sitio es alta y contiene algunos árboles; séptimo, que la demandante, que ocupaba el extremo iz-quierdo de un asiento de dicho carro y tenía a su derecha otros pa-sajeros, fué forzada contra el talud de la carretera al caer dicho carro en la cuneta, recibiendo la demandante como consecuencia de - dicho choque del carro EL P. 82 ya dicho y el talud de la carretera, allí, entonces, una herida contusa, en el codo de su brazo izquierdo, grave con pérdida de los tejidos blandos y tendones de la articula-ción radio cubito humeral. Y asimismo sufrió como consecuencia de esta herida grandes sufrimientos mentales y físicos, ha tenido que ser asilada en el hospital San Lucas de Ponce donde está aún bajo tratamiento y ha tenido que sufrir una operación quirúrgica en dicho establecimiento, quedando mutilada de dicho brazo. Que asimismo la demandante no ha podido hacerse cargo de su escuela de inglés en el distrito de Arecibo, para la que estaba nombrada con un sueldo mensúal de noventa dólares y no podrá atender a su tra-bajo por más de cinco o seis meses, manteniéndose la mayor parte de este tiempo en cama bajo tratamiento médico; octavo, que como consecuencia de la herida sufrida por la negligencia de la compañía demandada y de la temeridad manifiesta de su empleado, según se alega en esta demanda y con motivo de los hechos alegados en el apartado séptimo de la misma, la demandante ha sufrido daños y perjuicios materiales y graves ascendentes a tres mil dólares.”

La demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia que la condena a satisfacer a la demandante la suma de mil dólares, sentencia que se funda en las siguientes conclusiones:

“La corte, como resultado de las admisiones hechas en la contes-tación y de la evidencia presentada, declara probados satisfactoria-mente los hechos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la demanda. Con respecto a lo alegado en los hechos séptimo y octavo de la demanda la corte declara haberse probado satisfactoria-mente lo siguiente: que la demandante que ocupaba el extremo iz-quierdo de un asiento del carro en que viajaba y tenía a su derecha otros pasajeros, fué forzada contía el talud de la carretera al caer dicho carro en la cuneta, recibiendo la demandante como consecuen-cia del referido choque del carro con el talud de la carretera, una herida contusa en el codo de su brazo izquierdo de carácter grave con pérdida de los tejidos blandos, y tendones de la articulación radio eúbito humeral; teniendo que sufrir una operación quirúrgica en el hospital “San Lucas,” de Ponce, en el que estuvo asilado al-rededor de cuarenta días. Que según el dictamen pericial del doctor Riera López todavía el brazo izquierdo de la demandante no tiene sus movimientos completos. También se ha probado que la demandante, como consecuencia de la herida mencionada experimentó grandes sufrimientos mentales y físicos. También se ha probado.sa-tisfaetoriamente que la demandante es profesora y era entonces . de high, school en Arecibo, P. R., con un sueldo de noventa dólares men-suales; que con motivo del accidente le descontaron de su sueldo cincuenta o sesenta dólares;- que ha gastado más de 400 dólares con motivo del accidente en gastos de hospital, en gastos de la operación quirúrgica y en honorarios pagados por la misma al médico.”

Insiste la apelante en que:

“Primero: Erró la corte al declarar sin lugar la moción de re-consideración presentada por la demandada y apelante, de 4 de ju-nio de 1919.
“Segundo: Erró la corte al estimar como 'resultado de la evi- . dencia aportada al juicio que el accidente ocurrido se debiera a la culpa o negligencia de la demandada.
“Tercero: Erró la corte al conceder, sin especificación ni com-probación suficiente, la cantidad de mil dólares como indemnización por los daños sufridos por la demandante.”

En el primer señalamiento de error y para sostener la alegada falta de causa de acción, somete la apelante las dos proposiciones que siguen:

“Ia. Que el sentido y alcance del artículo 17 de la Ley para re-glamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico, aprobada en 13 de abril de 1916, deroga en absoluto las disposiciones del ar-tículo 1803 en relación con el 1804 del Código Civil revisado cuando se trate de accidentes ocurridos a causa de culpa o negligencia de los que guían dichos vehículos de motor; pues aunque el Código Civil en los mencionados artículos hace responsables a las empresas por los daños que causen sus empleados, la nueva ley citada reglamen-tando el uso de dichos vehículos de motor hace una excepción de las reglas generales del Código que se refieren a “empresas,” y así tene-mos que la ley sobre la cual estamos tratando, o sea la estatuida para reglamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico, re-leva de toda responsabilidad al dueño de cualquier vehículo de motor por los daños causados a causa de la negligencia de su conductor o chauffeur, cuándo dicho dueño no viajare en el vehículo.
“2a. Que en la demanda no se fija detalladamente la compensa-ción de las distintas clases de daños y perjuicios que se reclaman, sin lo cual no hay base para una indemnización por medio de una sentencia. ’ ’

En el caso de Vélez v. Llavina, 18 D. P. R. 656, la cues-tión envuelta y resuelta en forma negativa por la mayoría de esta corte, aparece en la página 659, donde se dice lo siguiente:

“El dueño de un automóvil que no esté destinado a una em-presa sino al servicio particular de su dueño ¿responde de la culpa o negligencia de su empleado como chauffeur?”

La opinión de la mayoría contiene el siguiente párrafo:

“Los tribunales no somos legisladores y sin embargo nos, atribui-ríamos esas funciones si hiciéramos responsable a personas a quienes la ley no impuso responsabilidad. Si es conveniente y necesario en vista de los inventos recientes y de las desgracias que causan que los dueños de automóviles u otros aparatos no destinados a empre-sas respondan también por sus empleados, es esta misión para nues-tra Asamblea Legislativa y no para nosotros. Nos toca solamente aplicar la ley tal cual es y si su estricta aplicación descubre algo que la ley no ha previsto, servirá eso de saludable aviso a los legis-ladores. ’ ’

La opinión disidente, al referirse a este aspecto del caso, hace la siguiente consideración:

“.De darse al estatuto la interpretación que trata de darle el abo-gado del apelado, produciría un resultado manifiestamente injusto, que se ha sugerido que existe un defecto en la ley que debe ser co-rregido por la legislatura. Durante los 14 años que han transcu-rrido desde el cambio de soberanía de esta isla, este defecto jamás ha sido descubierto anteriormente. Es cierto que este defecto existe y ha existido en efecto desde la sentencia dictada en el día de ayer por este Tribunal. Pero es necesario que ahora se corrija esta falta de la ley mediante acción legislativa. Según mi más humilde opi-nión, esto hubiera sido completamente innecesario si se hiciera una interpretación debida de los estatutos que ya tenemos en nuestros libros.” -

El artículo 17 de la Ley para Reglamentar el Uso de Ve-hículos de Motor en Puerto Eico y para otros fines, aprobada en abril 13 de 1916, prescribe “que el dueño de cualquier vehículo de motor será responsable de los daños causados por la negligencia del conductor o chauf/enir mientras diclio dueño estuviere en el vehículo.”

Claramente que la intención de la Legislatura era sub-sanar en parte el defecto indicado en la opinión de la ma-yoría a que hemos hecho referencia, la existencia de cuyo defecto por lo menos después de la adopción de tal opinión por este tribunal, fué admitida aún por el juez disidente de dicha corte. La ley posterior, por tanto, meramente suple un defecto de la legislación anterior como lia sido interpre-tada por esta corte, o a lo sumo da mayor alcance al esta-tuto anterior a fin de incluir casos que en el de Vélez v. Llavina se resohúó que no fueron tenidos en cuenta por el es-tatuto original. Que la antigua y la nueva ley pueden sub-sistir conjuntamente sin que exista entre ellas el más mí-nimo conflicto o incompatibilidad, es por sí evidente y no existe ningún fundamento para sostener la teoría de una derogación tácita.

Sirve de contestación a la segunda proposición suscitada en el primer señalamiento el hecho' de que la demandada no exigió una relación detallada ele los daños y perjuicios antes del juicio, ni solicitó que se hiciera más específica la demanda, ni trató en alguna forma de promover la cuestión en la corte inferior. Se renunció, por tanto a la objeción y es ya de-masiado tarde para formularla por primera vez en apelación.

Una lectura de la demanda envuelta en el caso de Díaz v. San Juan Light and Transit Company, 17 D. P. R. 69, a la luz del resultado obtenido en dicho caso, bastará para pro-bar que esta corte no tuvo la intención de resolver que la omisión en una demanda de tal relación detallada de daños sería fatal de formularse excepción previa por falta de he-chos suficientes para determinar una causa de acción. No se cita ninguna otra autoridad y el argumento se circuns-cribe a la proposición como ha sido enunciada. No es ne-cesario por tanto extendernos más en discutir este aspecto del caso desde cualquier otro punto ele vista.

El razonamiento que se hace en el segundo y tercer se-ñalamientos se dirige enteramente al peso y suficiencia de la prueba. No se levanta ninguna cuestión acerca de la doc-trina de res ipsa loquitur invocada por la corte inferior. Dentro de las circunstancias, no vemos que el juez senten-ciador cometiera un error tan manifiesto al considerar la prueba que justifique la revocación de la sentencia.

• La sentencia apelada debe ser confirmada.-

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf,- del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Quiñones, Demandante y Apelado, v. Rosado, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez en pleito sobre indemnización de perjuicios.
    No. 2095.
    Resuelto en mayo 21, 1920.
    Persecución Maliciosa — Causa Probable — Pkueba Contradictoria. — En el pre-sente caso en el que se reclama indemnización por persecución maliciosa, el demandado apelante señala como error de la corte el haber declarado probado que no existió causa probable para la persecución del demandante mediante la denuncia que trajo por consecuencia su encarcelación. Se resolvió: que siendo contradictoria la prueba en cuanto al hecho de si al hacer el deman-dado su denuncia contra el demandante sabía que éste no. se había apropiado los bueyes, de cuyo hecho lo acusó, y no habiendo el juez sentenciador ereído. al demandado, la apreciación de la corte inferior debe ser sostenida.
    Id. — Archivo de la Denuncia' — Absolución del Denunciado. — Si en una ae-eión por persecución maliciosa, el demandante prueba que como resultado de la investigación del delito imputádole por el demandado el proceso fué ar-chivado a petición del fiscal,'esto equivale a una absolución, pues siendo nues-tro sistema criminal de enjuiciar puramente acusatorio, cuando el fiseal en-tiende que no hay motivos para acusar a una persona y archiva las diligen-cias en la corte, el asunto queda terminado desde entonces favorablemente para el denunciado sin necesidad de resolución alguna de la corte, según el artículo 99 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
    Id. — Daños Especiales — Daños Generales — Alegación de Daños. — De acuerdo con la doctrina establecida en el caso de Torres v. Ramíreg, 22 D. P. R 450, en la cual se establece que solo es preciso alegar específicamente los daños especiales, y además, que el artículo 1803 del Código Civil autoriza a los tribunales para conceder indemnizaciones por los perjuicios que naturalmente resulten del daño que se cause, en el presente caso no es de decidir si la prueba justificó daños especiales, pues se condena al afielante a pagar la can-tidad que se le reclamó por los daños generales producidos al apelado con la prisión a que fué reducido, que fué una consecuencia natural de la denuncia contra el.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogados del apelado: Sres. Benet & Souffront.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

. El apelante Manuel Eosado fué demandado para que sa-tisficiera la cantidad de $2,750 como daños y perjuicios cau-sados por cierta denuncia criminal que hizo contra el ape-' lado Andrés Quiñones y, condenado aquél a pagar la can-tidad de $500, alega en el recurso de apelación que ha inter-puesto contra la sentencia que ésta es errónea: Primero, porque no se ha probado la falta de causa probable para la denuncia que hizo; segundo, porque no se ha probado que el demandante fuera absuelto de dicha denuncia; y tercero, porque tampoco la prueba es suficiente para justificar la cantidad que la sentencia manda pagar. Como se ve los tres errores alegados se refieren a la suficiencia de la prueba.

Examinemos la prueba en cuanto al primer error alegado.

El día 19 de julio, 1916 el apelante Manuel Eosado echó de menos cuatro bueyes de su propiedad que tenía en un pasto. Esos bueyes los encontró Andrés Quiñones haciendo daños en terrenos de la “Central Gruánica” que cuidaba como celador bajo las órdenes de su principal Pablo Negroni a quien llevó los bueyes y quien ordenó que fueran conducidos por Delfín Pérez al depósito municipal de Mayagüez, en donde ingresaron al siguiente día 20. Declara el demandante y apelado Quiñones que al día siguiente de haber detenido los bueyes habló por la mañana con el apelante Eosado y le dijo que sus animales habían sido llevados al depósito municipal de Mayagüez y qué Eosado le contestó que se atu-viera a las resultas. Eosado declaró que ese día no tuvo conversación alguna con Quiñones quien por tanto nada le dijo con respecto a la detención de sns bueyes; que hizo ges-tiones por sns animales en el depósito municipal de Añasco y también en la colonia “Bianchi” donde suelen llevar dete-nidas las reses sin obtener resultado alguno y que habiendo sabido que Quiñones- y Pérez conducían sus bueyes por la carretera de Mayagüez acudió donde un abogado quien le aconsejó que presentara denuncia contra ellos y se la redactó, jurándola el declarante y presentándola, y que muchos días después fué que Quiñones estuvo en su casa 3^ le dijo que fuera a hablar con unos señores en Añasco. La denuncia referida imputaba a Quiñones y a Pérez que con intención criminal se apropiaron cuatro bueyes de la propiedad del denunciante valorados en doscientos pesos, que se habían perdido de sus terrenos y que fueron encontrados por sus denunciantes bajo circunstancias que le daban indicios de su legítimo dueño, sin que hubieran practicado las diligen-cias del caso para encontrarlo y devolverle su propiedad; denuncia que produjo la prisión de Quiñones.

Lo expuesto demuestra que la prueba fué contradictoria en cuanto al particular de si cuando Rosado hizo la denun-cia el día 21 de julio sabía ya desde el día antes que Qui-ñones no se había apropiado esos bueyes y que estaban de-tenidos en el depósito municipal de Mayagüez. Este con-flicto de la evidencia fué resuelto por la corte inferior en contra del apelante no sólo por la sentencia condenatoria sino además en la opinión que escribió la corte en apoyo de ella en la que expresamente declaró que no -había creído la declaración de Rosado.

Sentado esto, no podemos declarar que no se haya pro-bado la falta de causa probable en Rosado al jurar y pre-sentar su denuncia contra, el apelado Quiñones que dió mo-tivo para que fuera reducido a prisión, ni que la corte inferior cometiera el error que se. le atribuye, porque el hecho de que Quiñones le hubiera avisado a Rosado de la deten-ción dé sus bueyes y del sitio en que se hallaban, antes de que presentara .la denuncia, era suficiente para alejar toda idea razonable de que Quiñones se había apropiado crimi-nalmente esos animales y que no había hecho gestiones para encontrar a su dueño; hechos que de ser ciertos eran cons-titutivos del delito grave de hurto de mayor cuantía. Si después de ese aviso hubiera buscado sus reses en el depó-sito municipal de Mayagüez allí las hubiera encontrado desde el día 20 de julio, pero lejos' de hacer esto y queriendo per-judicar a Quiñones y vengarse de él acudió a un abogado a quien ocultó aquel h,echo y denunció criminalmente al ape-lado sabiendo que no "se había apropiado dichos animales. El caso de Wild v. Odell, 56 Cal. 136, es bastante parecido al presente y se declaró que no hubo causa probable para la denuncia.

. En el segundo motivo dpi recurso sostiene el apelante que no se ha probado que el demandante fuera absuelto de la denuncia que le hizo porque si bien como resultado de la investigación que practicó el fiscal de distrito resolvió éste que debían archivarse las diligencias por no existir causa suficiente para acusar, sin embargo la corte no ha dictado sentencia alguna en el asunto, según declaró el secretario de la corte.

En el caso de Purés v. Ruiz, 19 D. P. R. 348, declaramos que la resolución del fiscal de no llevar el caso a juicio por la razón de que no cree o considera que la denuncia está en-teramente sostenida por la prueba, algunas veces es sufi-ciente. Y ahora queremos decir que siendo nuestro sistema criminal de enjuiciar puramente acusatario, cuando el fiscal entiende que no hay motivos para acusar a una persona y archiva las diligencias en la corte, el asunto queda terminado desde entonces favorablemente para el denunciado sin ne-cesidad de resolución alguna de la corte, según el artículo 99 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Veamos pl último error alegado.

El demandante expuso en su demanda que sufrió daños y perjuicios por varios conceptos y especificó las distintas cantidades en que los estimaba, a saber: Por lo que tuvo que pagar a su abogado $50; por los gastos de viaje que hizo $50; por lo que dejó de ganar durante el proceso $150; por la angustia mental y sufrimientos morales sufridos du-rante el tiempo que estuvo arrestado y el que duró el pro-ceso $500; y por los daños sufridos en su buena reputación y crédito, $2,000; siendo la suma de esas partidas la canti-dad de $2,750.

En el caso de Torres v. Ramírez, 22 D. P. R. 450, hemos declarado que los daños que produce una persecución mali-ciosa y sin causa probable son generales cuando resultan necesariamente del acto que se denuncia y que el demandado debe presumir que son las consecuencias necesarias de su conducta; y que los que no provengan necesariamente del acto denunciado, pero que tal v$z sigan al mismo, se deno-minan especiales y no los presume la ley; así como que la ansiedad y sufrimiento mental proceden natural y directa-mente de una persecución maliciosa infundada en la cual se alega la comisión de un delito infamante, siendo el verdadero fundamento de la acción el oprobio que se causa con la acu-sación. E] conjunto de esa opinión es que solamente hay que alegar específicamente los daños especiales y que el ar-tículo 1803 del Código Civil autoriza a los tribunales para conceder indemnizaciones por los perjuicios que naturalmente resulten del daño que se cause.

De acuerdo con la anterior doctrina no es de decidir si la prueba justificó daños especiales pues se condena al ape-lante a pagar la cantidad que se le reclamó por los daños generales producidos al apelado, celador de la “Central Gruá-niea,” con la prisión a que fué reducido, que fue una conse-cuencia natural de la denuncia contra él.

La sentencia apelada debe ‘ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y An-dados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Román, Demandante y Apelado, v. Márquez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Agnadilla en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 2131.
    Resuelto en mayo 24, 1920.
    Daños y Perjuicios- — ■ Negligencia. — Habiéndose demostrado que los daños y perjuicios sufridos por el demandante se deben a la culpa y negligencia del demandado, no infringe la ley la sentencia que condena a éste a pagar al demandante dichos daños y perjuicios.
    Id. — Daños Punitivos. — En el presente caso la corte inferior condenó al deman-dado a satisfacer cierta cantidad al demandante en concepto de daños puni-tivos. Se resolvió: que habiéndose planteado el pleito bajo la base de una reclamación de daños y perjuicios materiales realmente causados, no era pro-cedente la condena de daños punitivos. El Tribunal no estudió ni resolvió, por tanto, la cuestión de si podían imponerse o no tales daños punitivos en un caso apropiado, de acuerdo con la ley, en Puerto Rico.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: iSr. J. D. Rodrigues.

    Abogado del apelado: Sr. J. G. Rivera.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda se alega que el 15 de enero de 1918, en el kilómetro 32, hectómetros 2 y 3 de la carretera de San. Sebastián a Lares, un automóvil del demandado guiado por' él mismo, chocó con un carro.tirado por tres caballos.de la propiedad del demandante, despaldando uno de los caballos y fracturando totalmente la pata trasera derecha a otro, que-dando ambos inútiles para el trabajo. Se alega, además, en la demanda, en resumen, que el choque ocurrió por la negli-gencia del demandado y que a causa de él el demandante ha sufrido perjuicios que calcula en la suma de $450.

El demandado negó los hechos de la demanda que le per-judicaban y alegó que el choque- se debió a la negligencia del demandante.

Fué el pleito a juicio. Ambas partes presentaron prueba testifical y la corte dictó finalmente sentencia concediendo al demandante la indemnización solicitada. El demandado interpuso entonces el presente recurso de apelación.

Consta en los autos la opinión de la corte sentenciadora y de ella transcribimos las conclusiones a que llegó a virtud de la prueba practicada.

“Que el día 15 de enero de 1919, un carro del demandante José Tomás Eomán, cargado con guineos y tirado por tres caballos, venía desde el pueblo de Lares bacía Aguadilla, y estaba parado en el medio de la carretera en la curva cerrada y peligrosa, en el kilómetro 32 del camino de Aguadilla a Lares, sitio conocido por el ‘Peligro.’
‘ ‘ Que babía a la orilla del camino, al lado del. precipicio que bay . en dicbo lugar, unos montones de piedra.
“Que el demandado, José Márquez Sein, venía guiando un auto-móvil suyo y al doblar la dieba curva sin tocar bocina traía tanta velocidad el carro, más de 25 kilómetros por bora, que le era im-posible parar el mismo a tiempo para evitar el choque, y habiendo un estrecho lugar entre el dicho carro del demandante y la muralla a la derecha del camino, el demandado trató de pasar su automóvil y como resultado de esto chocó con los caballos del demandante fracturándole una pata a uno y causándole una contusión en la espalda al otro, quedando inútil el uno, y el otro sin poder trabajar por algunos meses.
“Que el mejor de los caballos le costó al demandante la suma de ciento veinte y cinco pesos.
“Este caso es uno de los accidentes corrientes ■ que ocurren con tanta frecuencia en las carreteras de nuestra isla. La prueba es robusta y clara sobre la negligencia del demandado al violar el in-ciso (b) del articulo 13, de la ‘Ley para Beglamentar el uso de ’Ve-hículos de Motor, etc.,’ aprobado en 13 de abril de 1916, y ha sido aportada por la misma parte demandada.
“Ahora la prueba del demandante sobre todos los extremos de los daños y perjuicios causádosle en su negocio, no ha sido clara, y por consiguiente la corte solamente puede tratar sobre los daños causados a los caballos y sí, debe o no conceder daños punitivos. Indudablemente el presente caso es una flagrante violación de la ley de referencia que ha.podido traer un desenlace .fatal, y la corte opina que es negligencia criminal doblar la curva de referencia, en el sitio conocido en toda la isla por el ‘Peligro,’ a una velocidad de más de 24 kilómetros por hora, por tanto opina que ha de con-cederse al demandante daños punitivos que estima en la suma de cuatrocientos veinte y cinco pesos.”

Hemos estudiado la prueba practicada y estamos entera- • mente conformes con la apreciación que de ella ha hecho la Corte de Distrito de Águadilla en cuanto a la forma y ma-nera en que ocurrieron los hechos, y sentimos en verdad no-estarlo en cuanto a la cuestión de los daños punitivos. '

Este pleito se planteó bajo la base de una reclamación de los daños y perjuicios materiales realmente causados y analizando la prueba solo puede acordarse la indemnización de ciento veinte y cinco pesos, valor del caballo que sufrió la fractura y quedó completamente inútil. No hay datos para calcular, el valor del otro caballo y la evidencia que se in-trodujo con respecto a la ganancia dejada de obtener por el demandante por la pérdida de su negocio es tan incom-pleta, que no puede llegarse por ella a conclusión cierta alguna.

En tal virtud procede la confirmación de la sentencia re-currida pero modificándola en el sentido indicado en cuanto a la cuantía de la indemnización.

Confirmada la sentencia apelada pero modifi-cando la cuantía de la indemnización que se fija en $125.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Mateo et al., Demandantes y Apelantes, v. Mateo et al., Demandados y Apelados.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en pleito sobre reivindicación.
    No. 2162.
    Resuelto en mayo 24, 1920.
    Prescripción del Dominio —• Conocimiento de los Defectos del Título. — Ha-biendo adquirido el actual poseedor los bienes que reclaman los demandantes, con buena fé y justo título; habiéndolos poseído quietamente, sin interrup-ción y en concepto de dueño, entre presentes, por más de diez años, y ha-biendo invocado en su favor lo preceptuado en el artículo 1858 del Código Civil, no cometió error alguno la Corte de Distrito al desestimar la recla-mación de los demandantes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. F. González.

    Abogado de los apelados: Sr. M. A. Martínez Dávila.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal. .

En la demanda presentada en este caso se alegó, en re-sumen, que Manuela Díaz, casada con Bernardo Mateo, mu-rió en Aibonito en 1872, dejando como herederos a sus hi-jos Ezeqniela, Gertrudis, José Ramón y Francisco, y como bienes una finca de veinte y cinco cnerdas adquirida durante su matrimonio; que el heredero Francisco murió dejando a su vez como herederos a sus hijos los demandantes Julio y María Mateo; que el 6 de abril de 1895 el viudo Bernardo y sus hijos Ezequiela, Gertrudis y José Ramón, prescindiendo de los demandantes que eran también condueños vendieron la indicada finca al demandado Florencio Torres; que Torres tramitó un expediente para acreditar el dominio de la finca y lo inscribió en el registro de la propiedad, vendiendo luego la repetida finca a su actual poseedor el demandado Ramón Díaz, y que tanto Díaz como Torres conocían que los de-mandantes, entonces menores de edad, eran condueños de la finca. La demanda termina suplicando que la corte or-dene que la finca de que se trata sea devuelta a la herencia de Manuela Díaz.

Los demandados Torres y Díaz contestaron la demanda. Aceptaron algunos hechos y negaron los que les perjudica-ban. Sostuvieron, en resumen, que sin tener conocimiento de los derechos que pudieran asistir a los demandantes, Torres compró la finca a Bernardo Mateo y a sus hijos Eze-quiela, Gertrudis y José Ramón, tramitó un expediente de dominio, lo inscribió y vendió la propiedad a Díaz, habiéndola poseído ambos quieta y pacíficamente, sin interrupción y con justo título. Alegaron los demandados expresamente la pres-cripción, basándose en el artículo 1858 del Código Civil.

Fue el pleito a juicio y la prueba demostró que la venta que se hizo por Mateo y sus tres hijos al demandado Torres se verificó por escritura pública de seis de abril de 1895; que el expediente tramitado por Torres para acredi-tar el dominio de la finca, quedó inscrito en el registro el 9 de noviembre de 1898, y que la venta de Torres al otro demandado Díaz se llevó a efecto por escritura pública otor-gada en 13 de agosto de 1906. Los demandados desde las fechas de sus. respectivas adquisiciones entraron en la po-sesión de lá finca como dueños, y no existe prueba alguna que demuestre que tuvieron conocimiento de los derechos de los demandantes al dominio de la finca en cuestión.

Siendo ese el resultado de las alegaciones y de las prue-bas, no cometió error alguno la corte de distrito al declarar sin lugar la demanda.

Es cierto que los demandantes demostraron que tenían derecho a un condominio indiviso consistente en la cuarta parte de la mitad de la finca, pero ejercitaron su acción tan tarde que encontraron su derecho anulado por el del deman-dado Díaz.

La demanda en este caso se interpuso en 9 de febrero de 1918. Torres compró en 1895 e inscribió a su favor el dominio de la finca en 1898. En 1906, esto es, más de diez años antes de la interposición de la demanda, Díaz compró de Torres que aparecía como dueño en el registro desde ha-cía varios años.

“El dominio y demás derechos reales sobre bienes inmue-bles se prescriben por la posesión durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fé y justo tí-tulo,” dice el artículo 1858 del Código Civil, invocado pol-los demandados.

Ese precepto es de entera aplicación a este caso. El título de Díaz es claramente justo, verdadero y válido, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1853 y 1854 del Có-digo Civil, y se alegó y se probó en el juicio, tal como exige el artículo 1855 del propio cuerpo legal. Díaz poseyó como dueño la finca personalmente más de diez años con anterio-ridad a la reclamación de los demandantes y sumando a su posesión la de su' causante, por más de veinte años. Su buena fé es incuestionable, de acuerdo con los hechos y la ley; artículo 1851 del Código Civil.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la 'Corte de Distrito de Ponee en causa por infracción de la Ley de Arbitrios.
    No. 1510.
    Resuelto en mayo 24, 1920.
    Confesión del’Acusado — Prueba Suficiente — Prueba Contradictoria. — La con-fesión voluntaria del acusado es prueba suficiente para sostener una sentencia condenatoria; y cuando hay prueba suficiente de que la confesión del acu-sado fué voluntaria y a tal conclusión llegó la corte sentenciadora en un caso de prueba contradictoria, la sentencia será sostenida en apelación.
    Id. — A falta de un precepto estatutorio cualquier confesión voluntaria es admisi-ble aun cuando no se advierta al acusado que su confesión será usada contra él.
    Los Lochos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. C. Brunet del Valle.

    Abogado del 'apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del trii bnnal.

El apelante a quien se acusó de violar la Ley de Arbi-trios- alega como error que fué declarado culpable por su sola confesión! En el juicio declaró él' de modo' afirmativo' que hubo amenazas o algo semejante, pero los testigos del G-obierno negaron esto. Existió pues, un conflicto en la prueba y no podemos declarar que la corte cometió error al dar crédito a los testigos del Gobierno. No importa que los testigos del Gobierno .fueran examinados primero y que aím-maran que no hicieron amenazas ni ejercieron presión al-guna contra el acusado, o como alega el apelante, que su prueba era positiva y la del Gobierno negativa. Hubo prueba suficiente de que la confesión fué voluntaria. El Pueblo v. Rosado, 17 D. P. R. 441; El Pueblo v. Flores, 17 D. P. R. 178. La confesión fué hecha antes de ser arrestado el acu-sado. No conocemos ninguna regla de ley que prohíba dic-tar sentencia condenatoria por la sola confesión de un acu-sado. Sin embargo, hubo también prueba del corpus delicti.

El segundo fundamento de error fué que no se advirtió al acusado que su declaración podía usarse en su contra. A falta de un precepto estatutorio cualquier confesión volun-taria es admisible aun cuando no se advierta al acusado que su confesión será usada contra él. El Pueblo v. Martínez, 23 D. P. R. 228.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey.y Hutchison.


text:
    Delgado et al, Demandantes y Apelados, v. Delgado y Vivó, Demandados y Apelante el Segundo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce, en pleito sobre nulidad de partición de bienes hereditarios. Traslado de caiísa.
    No. 2149.
    Resuelto en mayo, 24, 1920.
    Traslado del Pleito —■ Comparecencia — Conocimiento Judicial de Oteos Autos. — Si el traslado proeede porque los demandados de evicción tienen de-recho a obtenerlo, el demandado que citó de evicción tiene derecho al bene-ficio de dicho traslado aun cuando hubiera comparecido al objeto de obtener la eitaeión y de prestar fianza para eludir un embargo, y para resolverlo así la corte de apelación puede tomar conocimiento judicial de otro record some-tido al mismo tiempo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: £'r. J. D. Rodríguez.

    Abogados de los apelados: Sres. J. y M. Tons Soto.-

    Abogados de A. Lecaroz y Cía., citados de evieción: Sres. Largó & Zeno.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Luis Vivó es el apelante en este caso. Fué demandado y citó de evieción a Severiano Lecaroz y a Manuel Lecaroz como se expresa en el caso No. 2150 que acaba de fallarse. Además de esto compareció y prestó fianza para quedar exento del embargo. Hizo la reserva de que esta comparecencia era solamente en cuánto al embargo.

Hemos resuelto en el caso de Aparicio Hermanos v. A. C. Christianson y Cía., 23 H. P. R. 493, que una compare-cencia para levantar un embargo confiere jurisdicción a la corte. Tal vez pudiera dudarse si no podría ser presentada aun una moción para el traslado del pleito, pero no resol-veremos la cuestión.

Puesto que este caso y el numero 2150 que acaba de fa-llarse fueron sometidos el mismo día y como los apelantes en el caso número 2150 tenían claramente derecho a obtener el traslado, la ley de ese caso es obligatoria para las partes en el presente y tomaremos conocimiento judicial de los autos del referido caso anterior para los fines de esta apela-ción. El caso en conjunto debe ser trasladado y Vivó tiene derecho al beneficio de dicho traslado.

La sentencia apelada debe ser revocada y verificarse e] traslado.

Revocada la orden apelada y ordenado el tras-lado del pleito.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Delgado et al., Demandantes y Apelados, v. Delgado et al., Demandados y Lecaróz et al, Demandados de Evicción y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre nulidad de partición de bienes hereditarios. Traslado de causa.
    No. 2150.
    Resuelto en mayo 24, 1920.
    Traslado del Pleito — Jurisdicción de la Corte sobre i/os Demandados de Evio-cióN. — Si los demandados de evicción ejercitan en debida forma el derecho qne les asiste para qne el caso sea trasladado a la corte de su residencia donde residen todos los demandados, el traslado no puede sor resistido bajo el fun-damento de que la corte había adquirido jurisdicción por el heeho de que uno de los demandados emplazados originalmente hubiera comparecido a solicitar la citación de evicción. La sumisión .de un. demandado, no es obstáculo para los otros cuando todos residen fuera y el traslado se pide debidamente.
    .Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los demandantes-apelados: Sres. J. y M. Tous Soto.

    Abogado de los demandados-apelados: Sr. J. D. Rodríguez.

    Abogados de Lecaróz & Cía., citados de evicción y ape-lantes : Sres. Largé & Zeno.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fné una acción sobre nulidad de partición de bienes hereditarios. Había dos primitivos demandados. Uno de ellos Luis Yivó adquirió parte de los bienes hereditarios me-diante traspasos sucesivos o adjudicaciones hechas durante . o después de la partición. Al establecerse la acción contra él el otro demandado que era uno de los herederos se en-contraba al parecer en rebeldía, pero el demandado Luis Vivó una vez qne fné demandado citó a los apelantes Lecaróz et al.} sus vendedores, para que comparecieran y se defendieran de evicción. Los, apelantes al' ser citados de tal modo presen-taron una excepción previa en la Corte de Distrito de Ponce y solicitaron qne el caso fuera trasladado a la Corte de Dis-trito de Aguadilla donde ellos residen. La moción fné de-bidamente acompañada de un affidavit de méritos.

Aparece que no solo los apelantes sino también los pri-mitivos demandados, todos residen en Aguadilla pero los apelados sostienen que como el demandado Vivó vino a la Corte de Distrito de Ponce a promover la cuestión de evie-ción y saneamiento, que tal acto ante la corte constituía una comparecencia y sumisión a dicha corte de distrito. Artícu-los 77, 81-2-3 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Ahora bien, aunque puede dudarse si la comparecencia de Luis Vivó hecha meramente para citar a sus vendedores era la comparecencia de que habla el artículo 77 del Código de Enjuiciamiento Civil, sin embargo queda en pie el hecho de que dos de los demandados al comparecer solicitaron de-bidamente el traslado. El caso de Royal Bank of Canada v. A. McCormick & Company, 25 D. P. R. 120, es concluyente en cuanto a esta cuestión. En dicho caso resolvimos que cuando todos los demandados residen fuera de la jurisdic-ción de la corte donde se establece la acción, ésta no puede adquirir jurisdicción por la sumisión de algunos de los de-mandados si los otros solicitan el traslado.

La resolución apelada debe ser revocada y verificarse el traslado.

Revocada la orden apelada, disponiéndose el traslado del caso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Amy, Demandante y Apelante, v. Guerra, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2017.
    Resuelto en mayo 25, 1920.
    Apertura de Rebeldía — Discreción Judicial. — No puede estimarse que la corte de distrito abusara de la discreción que le dá el artículo 140 del Código d# Enjuiciamiento Civil al ordenar la apertura de la rebeldía del demandado en un caso en que se redamó el pago a-una sola persona, siendo dos los obligados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelado: \Sres. B. Querrá y Q. Guerra.

    Ahogado del apelante: Sr. M. A. Rivera.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante demandó ante la Corte de Distrito de Ponce a Arturo Guerra reclamándole el pago de cierta cantidad de dinero y el demandado j>idió y obtuvo que el pleito fuera trasladado a la Corte de Distrito de San Juan. En esta corte obtuvo el demandante sentencia en rebeldía, pero posterior-mente, á petición del demandado, la corte dejó sin efecto la anotación de rebeldía y la sentencia condenatoria registrada contra él por el secretario. Contra esta resolución inter-puso el demandante el presente recurso de apelación.

Aun cuando se ha tratado extensamente este recurso por el apelante, sin embargo, nos limitaremos a la cuestión que a nuestro entender es bastante para justificar la resolución apelada.

Alfredo Amy vendió un condominio de siete octavas par-tes de una finca a Saturnino Sastre y a Ramón Pérez Crespo, quedando aplazado casi todo el precio con hipoteca. Ramón Pérez Crespo vendió su. participación en ese‘condominio a H. Taylor, quien a su vez la vendió a Saturnino Sastre y éste vendió luego dicha participación a los hermanos Arturo y Gabriel Guerra. El demandante recibió de Arturo Guerra algún plazo de la hipoteca que correspondía a Ramón Pérez Crespo y habiendo surgido desavenencias entre Amy y Guerra''con motivo de cuestiones sobre la inscripción del título del riltimo, Amy demandó a Arturo Guerra cobrándole el importe de la parte de hipoteca que primeramente contrajo Ramón.,Pérez Crespo.

!Uno de los motivos en que se fundó Arturo Guerra para pedir la apertura de la rebeldía y que se dejase sin efecto la sentencia es que él solo lia sido condenado a pagar la can-tidad reclamada cuando según la escritura pública que pre-sentó con su moción tal participación la compró en unión de su hermano Gabriel Guerra por la suma de $1,271.42 de los que los compradores retuvieron en su poder la cantidad de $904.42 para hacer efectiva la hipoteca que grava el condo-minio enajenado.

Según el artículo 1104 del Código Civil la concurrencia de dos o más deudores en una sola obligación no implica qué cada uno de ellos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma y sólo habrá lugar a esto cuando la obli-gación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria; y según el artículo siguiente 1105 si del texto de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior no resulta otra cosa la deuda se presumirá dividida en’ tantas partes como deudores haya, reputándose deudas distintas unas de otras. En vista de esos preceptos enten-demos que la corte inferior no usó mal de la facultad dis-crecional que le concede el artículo 140 del Código de En-juiciamiento Civil al dejar sin efecto la rebeldía de Arturo Guerra y la sentencia contra él registrada por la totalidad de la cantidad reclamada por cuanto no resulta de su con-trato de compra que aceptara expresamente la obligación de pagar solidariamente la deuda que con el demandante tenía Ramón Pérez Crespo sino en unión de su hermano Gabriel.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada, permitién-dose al demandado radicar su contestación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Gutiérrez, Demandante Apelado Apelante, v. Herederos de Gutiérrez et al, Demandados Apelantes Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera sobre nulidad de sentencia
    Moción sobre acumulación de apelaciones.
    No. 2255.
    Resuelto en mayo 27, 1920.
    Apelación — Acumulación de Apelaciones. — Es prematura una moción solici-tando del Tribunal Supremo la .acumulación de dos apelaciones establecidas por el demandante apelante cuando uno de los recursos está en tramitación y el otro está pendiente aun de que se reciba la transcripción de autos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan Gusmán Benitez.

    Abogados de los apelados: Sres. Guerra & Soldevila.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito seguido ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, por Dolores Gutiérrez del Arroyo contra Herederos de Rafael Gutiérrez del Arroyo et al., sobre en-trega de cantidades y rectificación ele contratos, recayó sen-tencia en 29 de mayo de 1919 contra los demandados.

Dicha sentencia fué anulada por resolución de dos de enero de 1920 en cuanto a tres de los demandados, y contra esa resolución interpuso la demandante recurso de apela-ción y formalizado ante esta Corte Suprema mediante ar-chivo de la correspondiente transcripción de autos, habiendo presentado el apelante alegato escrito para sostenerlo.

La misma sentencia fué anulada por otra resolución posterior de 19 de marzo de 1920, en cuanto a otro de los de-mandados a quien no afectaba la primera resolución de nu-lidad, y de esa segunda resolución apeló también la deman-dante, sin que aun haya radicado la transcripción de autos en la secretaría de esta Corte Suprema para la tramitación del recurso.

La parte apelante en ambos recursos, con los hechos que dejamos expuestos por base, ha presentado moción en 24 de abril próximo pasado con súplica de que sean acumulados ambos recursos, de tpie la transcripción para el primero se tenga por presentada para la tramitación del segundo, sin perjuicio de cualquier transcripción adicional, y de que el alegato en apoyo del primer recurso se entienda extensivo al segundo sin perjuicio de presentar un alegato adicional.

' La vista de la anterior moción tuvo lugar con la sola asistencia del peticionario.

Por precepto imperativo de la ley la parte apelante está en el deber de presentar a esta Corte Suprema la transcrip-ción necesaria para la tramitación del recurso de apelación y esa transcripción debe prepararse en la corte inferior ante la cual pueden hacerse por las partes interesadas en tiempo oportuno las estipulaciones que juzguen procedentes.

Nos falta base para tomar acción sobre la acumulación, de los recursos, uno de los cuales está en tramitación y el otro está pendiente aun de la transcripción de autos.

Procede denegar la moción de 24 de abril de 1920.

Denegada la moción solicitando acumulación de recursos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, A.1drey y Hutchison. 1


author: El Juez Asociado Se. Aldkey,

text:
    Lorenzi, Demandante y Apelado, v. Parra, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre entrega de bienes mue-bles.
    No. 2043.
    Resuelto en mayo 27, 1920.
    Compraventa Nula por Incapacidad del Vendedor — Restitución del Precio Re-cibido — Enriquecimiento del Menor de Edad — .Alegación Necesaria. — Es errónea nna sentencia que declarando nulo un contrato de venta de un auto-móvil celebrado entre un mayor y un menor de edad, por incapacidad de éste, ordena que el menor restituya la parte de precio recibido, sin que se hubiere alegado previamente y probado por el demandante que el menor enriqueciera con dicha parte de precio. El hecho de que el menor retenga el automóvil y la parte de preeio recibido no es prueba de enriquecimiento pues este no consiste en la mera entrega de cierta cantidad a un menor sin justificarse la inversión por éste y sin concretarse cumplidameni^ que dicha suma ha pro-ducido aumento o beneficio en el patrimonio del mismo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. Géigel.

    Abogado del apelado: Sr. L. Villaronga.

   El Juez Asociado Se. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda, fechada ei 30 de junio de 1916, alegó el demandante que compró al demandado un automóvil por pre-cio de $425, de los cuales le entregó $325 al celebrarse el contrato, habiéndole • satisfecho después $17 más, y que ios restantes $83 debía entregárselos al vendedor el día 30 de junio de 1916, pero habiéndose negado el demandado a re-cibirlos, consignaba esa cantidad en la secretaría de la corte y suplicaba que se condenara al demandado a entregarle dicho automóvil. Esta es la única petición de la demanda.

La sentencia dictada en el pleito declaró nulo el contrato de compraventa entre las partes y ordenó que debe entre-garse al demandado el referido automóvil y que el deman-dado debe devolver al demandante $342 que a cuenta del precio de dicho automóvil recibió del demandante, sin especial condena de costas.

Alega el demandado apelante en este recurso, que la corte inferior cometió error al declarar que el contrato celebrado por él con el apelado era de compraventa y no de préstamo con garantía del automóvil, pero hemos examinado las prue-bas que se presentaron en el juicio y no podemos declarar que la corte cometiera el error que se le atribuye.

Aunque el apelante alegó y probó en el juicio que era menor de edad cuando celebró el contrato con el apelado, la corte, sin embargo, a pesar de haber declarado nulo dicho contrato, lo condenó a que restituyera y entregase al de-mandante los- $342 que había recibido a cuenta del precio. Ooritra esta parte de la sentencia se aducen los otros dos motivos del recurso alegándose que, como cuestión de hecho, no se probó que e^ demandado ocultara su edad al deman-dante y que no está obligado a restituir esa cantidad por-que no se ha probado que se enriqueciera con ella.

En cuanto al primero de esos dos motivos, convenimos con el apelante en que no ocultó su edad al apelado, ni trató de ocultársela, pues según la declaración de Guillermo Es-cudero, testigo del demandante y por cuya mediación éste hizo el negocio, cuando se le preguntó al demandado si era mayor de edad contestó que si y que si no lo fuera, estaba emancipado desde los diez y ocho años por una trastada que le había hecho a su madre; contestación que dada la forma en que fué hecha, no demuestra que ocultara su minoría de edad y antes al contrario debió ser muy sospechosa para el demandante. Sin embargo, sea de ello lo que fuere, la cues-tión verdaderamente importante en el presente caso es la de- si está obligado el apelante a devolver la cantidad que recibió por el contrato que celebró siendo menor de edad, que es nulo según el artículo 1230, No. Io. del Código Civil por falta de capacidad para prestar su consentimiento.

A pesar ele que el contrato sea nulo por incapacidad de uno de los contratantes, dispone el artículo 1271 del Código Civil que el incapaz no está obligado a restituir sino en cuanto se enriqueció con la cosa o precio que recibiera. No se alegó ni se presentó evidencia alguna para probar que el apelante se enriqueció con el precio recibido, prueba que es necesaria para que pueda ser condenado el apelante a la restitución, según se declaró por este Tribunal Supremo en el caso de Monge v. Zechini, 17 D. P. R. 769, y por el Tribunal Supremo de España en sus sentencias de 22 de octubre de 1894, 21 de octubre de 1897 y 24 de junio de 1898.

. El hecho de que el apelante conserve el automóvil objeto de la venta y que haya recibido cierta cantidad de dinero por la enajenación que se declara nula, no es prueba de en-riquecimiento, pues éste, según la sentencia citada de 22 de octubre de 1894, no consiste en la mera entrega de cierta cantidad a un menor sin justificarse su inversión y sin con-cretarse cumplidamente que la suma recitada por el menor lia producido aumento o beneficio en su patrimonio. Esti-mar que la cantidad recibida por un incapaz aumenta siem-pre su peculio, que lo enriquece y que por esto debe ser de-vuelta, equivale a' dejar sin efecto el precepto de la ley con-signado en el artículo 1271 citado. Además, la prueba en este caso demostró que el menor quería ese dinero para mal-baratarlo.

Como liemos visto, en la sentencia se ordena que al de-mandado debe entregársele, y se ordena que se le entregue el automóvil, a pesar de que de la demanda, de las pruebas y de los hechos declarados probados por el juez sentencia-dor resulta que el automóvil se halla en poder del deman-dado, por lo que ha sido sin duda una equivocación de la corte inferior el ordenar que se entregue al demandado dicho automóvil.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda.

Revocada la sentencia apelada y desestimada la demanda sin especial condena, de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la re-solución de este caso.


author: El Juez Pbesideutb Se. Hebuandez,

text:
    Claudio, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    • Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas denegatoria de la inscripción de un expediente posesorio.
    No. 465.
    Resuelto en mayo 27, 1920.
    Información Posesoria — Bienes Privativos — Bienes Gananciales — Agrupa- ' ción. — Aunque se alegue en el escrito inicial de la información posesoria que la esposa, casada, en segundas nupcias adquirió la finca objeto de la infor-' maeión en cuanto a una mitad por su parte de gananciales al fallecimiento de su anterior esposto; no puede estimarse probado que dieba mitad es pri-vativamente suya, pues la cuestión de propiedad no fué ni pudo ser some-tida al juez municipal sino el hecho de la posesión, por lo que la finca tiene presuntivamente el carácter de ganancial y es inaplicable al caso la jurispru-dencia que prohibe la agrupación de bienes de distinta naturaleza jurídica.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. L. Mendin.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Pbesideutb Se. Hebuandez,

emitió la opinión del tribunal.

Petrona Claudio, casada con Ramón Sánchez, promovió información en la Corte Municipal de Caguas para acredi-tar la posesión de un predio rústico de tres cuerdas de te-rreno que alega haber adquirido, la mitad por su parte de gananciales al fallecimiento de su primer esposo Julián Morales, y la otra mitad por compra al heredero. de Julián Morales, su hermano Aniceto del mismo apellido; y dicha corte por resolución de 12 de abril del corriente año 1920 aprobó la información practicada y ordenó que por el Re-gistrador de Caguas se haga la inscripción correspondiente a favor de Petrona Claudio, sin perjuicio de tercero de me-jor derecho.

El registrador denegó la inscripción del expediente “por observarse que la finca que el mismo comprende se forma por agrupación de una mitad que adquirió la promovente de origen hereditario por concepto de gananciales, y otra mi-tad de origen oneroso, por concepto de compra, constituyendo por consiguiente bienes de distinta naturaleza' jurídica que no pueden agruparse de acuerdo con la jurisprudencia sen-tada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Torres v. El Registrador de Caguas, 27 D. P. R. 927; Porto Rican Leaf Tobacco Company v. Registrador, 20 D. P. R. 398, y Muñoz v. Registrador, 25 D. P. R. 842.”

La anterior calificación, su fecha 12 de abril próximo pa-sado, ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema y alega la parte apelante para sostener el recurso que la finca en cuestión tiene la presunción de bien ganancial de la sociedad conyugal Claudio-Sáncbez y no pertenece a entidades dis-tintas, por lo que no son aplicables al caso las decisiones de esta Corte Suprema citadas por el registrador recurrido.

Tratándose como se trata de un expediente posesorio, la declaratoria de posesión no puede surtir más efectos legales que los que la misma indica, y por más que la promovente Petrona Claudio alegue en el escrito inicial del expediente y baya tratado de justificar que adquirió la mitad de la finca en pago de su parte de gananciales al fallecimiento de su primer esposo Julián Morales, no puede estimarse probado que diclia mitad es privativamente suya pues la cuestión de propiedad no fué ni pudo ser sometida a la consideración del juez municipal. El objeto de la información es sencilla-mente el de acreditar el título posesorio del peticionario, y la jurisdicción del juez no va más allá de la declaración del título posesorio. La finca de que se trata, cuya inscripción de posesión lia sido ordenada, tiene el carácter de bien ga-nancial de la sociedad Claudio-Sánchez mientras no se pruebe en el procedimiento debido que en todo o en parte pertenece privativamente al marido o a la mujer, según el artículo 3322 del Código Civil. Bespré v. El Registrador de San Germán, 14 D. P. R. 621; Boscio v. El mismo Registrador, 34 D. P. R. 624; Delgado v. El Registrador de Caguas, 22 D. P. R. 125, y Crehore v. El Registrador de Guayama, 25 D. P. R. 847.

La jurisprudencia invocada por el registrador no es ati-nente pues no está envuelta en este caso la agrupación de fincas pertenecientes a distintos dueños.

Es de revocarse la nota recurrida 31 ordenarse la inscrip-ción denegada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción denegada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, del Toro, Al-drey y Hutcbison,