author: El Juez Presidente Señor Del Boro

text:
    Francisco Mújica Dueño, demandante y apelante, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8507.

    Sometido: Marzo 16, 1943.

      Resuelto: Mayo 18, 1943.

      J.'J. Ortiz AWbrán, abogado del apelante, Son. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y M. Velázquez Flores, Subprocu-rador, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Boro

emitió la opinión del tribunal.

Éste es nn pleito sobre devolución de contribuciones pa-gadas bajo protesta, tramitado y resuelto de acuerdo con la ley que regía con anterioridad a la creación del Tribunal de Apelación de Contribuciones. Están envueltas en el mismo la constitucionalidad de las secciones 12 y 13 de la Ley núm. 74 de 1925 (pág. 401) conocida como Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1924 y la cuestión de si cierta suma depo-sitada en nn banco que no pndo cobrarse en el año contribu-tivo por haberse pnesto ese año el banco en administración judicial, puede o no deducirse como pérdida total a los efec-tos 'del cálculo de la contribución sobre ingresos del repetido año.

La demanda alega cuatro causas de acción. El deman-dado la excepcionó y la contestó. Luego ambas partes lle-garon a un acuerdo y sometieron a la corte una estipulación sobre los hechos y el derecho a considerar y a resolver.

Se trata de deficiencias en sus declaraciones sobre ingre-sos correspondientes a los años 1930, 1931, 1932 y 1933, no-tificadas por el Tesorero demandado al contribuyente deman-dante ascendentes a $5,409.19, $8,154.65, $2,386.87 y $591.80 respectivamente.

No conforme el contribuyente, recurrió para ánte la Junta de Revisión e Igualamiento. La Junta redujo las cantida-des cobrádasle como sigue, la de 1930 a $1,662.75, la de 1931 a $2,485.76, la de 1932 a $58.74 y la de 1933 a $40.62.

El contribuyente pagó las ultimas sumas bajo protesta e inició este pleito ante la Corte de Distrito de San Juan, re-clamando la devolución de lo pagado por ser la ley en que se basó el cobro — Ley núm. 74 de 1925, secciones 12 y 13 — anti-constitucional, por discriminatoria y contraria al principio de uniformidad que establece la Ley Orgánica en su sección 2, párrafo 22, y además, en cuanto a la contribución corres-pondiente al año 1931, porque el Tesorero se negó a tomar en consideración la pérdida de $16,532.72 que el contribu-yente reclamó por razón del cierre del Banco Comercial de Puerto Rico, puesto ese año en administración judicial.

La estipulación a que nos referimos fué sometida a la corte en mayo 31, 1939, y el pleito quedó resuelto el dos de enero de 1942 por sentencia declarando la demanda sin lu-gar. Fué contra esa sentencia que el contribuyente interpuso el presente recurso de apelación, imputando a la corte sen-tenciadora los dos errores que siguen:

‘ ‘ Primer error: Haber resuelto que la partida de $16,532.72, con-gelada en el Banco Comercial de Puerto Rico, al cerrar sus opera-ciones en 1931, no era deducible del ingreso bruto del demandante en el referido año.
“-Segundo error: Haber resuelto que la-Ley de Contribución sobre Ingresos núm. 74, de 1925, en cuanto impone contribuciones progresivas, secciones 12 y 13 de dicha ley, es constitucional, y por lo tanto, que dichas contribuciones son uniformes.”

Parece lógico que comencemos nuestro estudio por el se-gundo señalamiento de error, ya que se refiere a la totalidad de las contribuciones reclamadas.

No nos detendremos mucho en su consideración. Bastará que digamos que la decisión de esta corte en el reciente caso de Ballester Ripoll v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 61 D.P.R. 474, resuelve el punto en controversia en contra del apelante en los siguientes términos, copiando del resumen:

“En relación con los tipos progresivos de contribución en ella provistos, la Ley de Contribuciones sobre Ingresos sólo dispone tipos mayores sobre niveles mayores de ingresos pero no diferentes tipos de contribución en distintos sitios de Puerto Rico. Por tanto, dichos tipos contributivos no infringen la cláusula de uniformidad de nues-tra Carta Orgánica.”

Queda, pues, el pleito reducido a la reclamación de la contribución correspondiente al año 1931 — $2,485.76.

Los hechos referentes a ese extremo tales como fueron aceptados por las partes, son:

“Alega el demandante que la contribución tasada como deficiencia para el año 1931 y de que se hace mención en los hechos precedentes, ha sido originada por haber el demandado enmendado su ingreso neto en la cantidad de $23,358.92, rechazando dicha partida como deducción, y que corresponde a los siguientes particulares:
“ (a) Pérdida por razón del cierre del Banco Comercial de Puerto Rico sometido a sindicatura en el año 1931, año en el cual el de-mandante consideró esta cuenta totalmente perdida, $16,532.72.
“El Banco Comercial de Puerto Rico es y era en las fechas a que se refiere este pleito una institución bancaria funcionando de acuerdo con las Leyes de Puerto Rico con oficina principal en San Juan y sucursales en varias poblaciones de la Isla. Dicho banco fué some-tido a administración judicial en octubre de 1931, de acuerdo con providencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan el día 19 de dichos mes y año. En esta fecha cerró el banco sus puertas y suspendió toda clase de operaciones corrientes, viéndose imposibi-litado el demandante de retirar sus fondos en cuenta de ahorros as-cendentes a $22,043.63, en el período comprendido entre la fecha del cierre y el 31 de diciembre de 1931. El demandado consideró como pérdida únicamente el 25 por ciento de esta suma, o sea, $5,510.91, rechazando la diferencia montante a $16,532.72. A pesar de las gestiones que hizo el demandante no pudo retirar del banco parte alguna de los $22)043.63 en dicho período que terminó en diciembre 31 de 1931. Posteriormente, el demandado ha recibido las siguientes sumas de su depósito de $22,043.63: en julio 8 de 1933, $5,276.47; en agosto 15 de 1933, $791; en abril 2 de 1934, $752.15; en agosto 15 de 1934, $714.54; en agosto 5 de 1935, $678.81; en mayo 2 de 3936, $644.87; en septiembre de 1936, $612.63; en octu-bre 10 de 3938, $582. Total, $10,052.47.
“Designado el administrador judicial en dicho año 1931 el banco continuaba cerrado el 31 de diciembre de dicho año, no pudiendo precisarse en qué fecha podría abrir sus puertas nuevamente ni pu-diendo determinarse la cantidad de su depósito que el demandante podría recibir más adelante. El activo del banco en la fecha en que se nombró el administrador judicial era mayor que su pasivo, pero era de lenta realización y para aquella fecha carecía el banco del numerario y efectivos necesarios para cubrir el pago de sus obliga-ciones inmediatamente exigibles, por lo que se decretó la sindicatura para evitar multiplicidad de procedimientos judiciales y embargos sobre sus bienes, lo que traería como consecuencia la depreciación de su activo en detrimento de sus depositantes y acreedores.
* * * * * * *
“Aunque el demandante acepta como ciertos los hechos conte-nidos en el apartado 8 de las cuestiones de hecho de la presente es-tipulación, alega, sin embargo, que tales hechos no tienen pertinencia con la situación en que se hallaba el Banco Comercial el 31 de diciembre de 3931.”

La ley aplicable es la sección 16, inciso 7 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, Leyes de 1925, págs. 439, 443, que lee como sigue:

“Sección 16.— (a) Al computar el ingreso neto se admitirán como deducciones:
* * * * * * *
“ (7) Débitos que se hayan juzgado incobrables y que hayan sido eliminados dentro del año contributivo (o, a discreción del Tesorero, una suma razonable como reserva para cuentas malas) ; y cuando se convenza de que una deuda puede ser cobrable solamente en parte, el Tesorero puede permitir la eliminación parcial de dicha deuda.”

Y el apelante sostiene que de acuerdo con la misma tenía derecho a deducir como dedujo de sus ingresos en el año 1931 la cantidad que tenía depositada en el Banco Comercial de Puerto Bico que se vio impedido de retirar por haberse sometido dicho banco a administración judicial, y que juzgó incobrable, y cita en apoyo de su contención varias decisio-nes, entre ellas como la “más propiamente aplicable” la de esta corte en Soto Gras v. Domenech, Tesorero, 45 D.P.R. 276. Según el apelante el juicio que forme el contribuyente es de-cisivo, a menos que carezca por completo de fundamento.

No estamos conformes. El propio caso que invoca — Soto Oras v. Domenech, Tesorero, supra — le es adverso, ya que en él no obstante resolverse a virtud de las circunstancias con-currentes la cuestión en favor del contribuyente, esta Corte tuvo buen cuidado de decir, “Las partes no han agotado la jurisprudencia y la cita de autoridades hecha por la corte inferior no nos satisface enteramente. Una de ellas, por ejemplo, Avery v. Commissioner of Internal Revenue, 22 F. (2d) 6, 55 A.L.R. 1277, se refiere más bien que a otra cosa, al año en que una deuda mala puede ser deducida. No decide, y la ley parece ser en sentido contrario, que la opinión del contribuyente debe aceptarse como definitiva. Indudable-mente en ausencia de otra prueba, la posición tomada por el contribuyente debe tener algún peso, pern el Tesorero de Puerto Bico no queda necesariamente obligado por ella.” Soto Gras v. Domenech, Tesorero, 45 D.P.R. 276, 277.

De acuerdo con los propios términos de la ley es el Teso-rero el que tiene la última palabra, no para pronunciarla arbitrariamente, por supuesto, si que para considerando to-das las circunstancias que concurran y armonizando los inte-reses del contribuyente can los del tesoro público, en el ejer-cicio de su discreción, resolver la cuestión en justicia.

¿Lo hizo así en este caso? Los'hechos permiten contes-tar que no sólo no abusó de su poder discrecional si que lo usó debidamente al negarse a eliminar la totalidad del dé-bito, permitiendo sólo una eliminación parcial de la cuarta parte del mismo en el año en que el banco cesó en sus pagos normales por habérsele sometido a una administración judicial. En aquel entonces el activo del banco era superior a su pasivo y si bien es cierto que el contribuyente no pudo retirar todo lo que en él tenía en el dicho año de 1931, había motivos justificados para creer que podría hacerlo en el fu-turo, como lo ha venido demostrando lo ocurrido posterior-mente. A la fecha de la estipulación, mayo de 1939, había logrado el contribuyente retirar $10,052.47.

La interpretación que hemos dado a la ley puertorriqueña está conforme con la dada a la ley federal sobre la materia por las cortes nacionales incluyendo la Corte Suprema.

Ambas leyes se diferencian sólo en que en la federal se-usa la palabra “ascertained” en vez de “judged” usada en la insular. Creemos, con el juez sentenciador, que la dife-rencia no es sustancial y, por tanto, que es aplicable en Puerto Rico la jurisprudencia federal interpretativa del pre-cepto.

Varias son las decisiones que podríamos citar, pero con-sideramos suficiente referirnos a la de la Corte Suprema na-cional en Spring City Co. v. Commissioner, 292 U. S. 182, 185. La opinión de la corte fué emitida por su entonces Juez Presidente Señor Hughes. En lo pertinente, dice:

“La Sección 234(a) (5) de la Ley de Rentas de 1918 disponía la deducción de las deudas incobrables, al computar el ingreso neto, como sigue: ‘Deudas determinadas incobrables y eliminadas durante el año contributivo.’ Bajo esta disposición el contribuyente no podía establecer su derecho a la deducción simplemente eliminando la deuda. Debe determinarse que no tenía valor alguno (worthless) dentro del año contributivo. En el presente caso, en 1920, la deuda era incierta con motivo de la quiebra del deudor pero no constituía una pérdida total. Lo que eventualmente podía ser recobrado de la misma era incierto, pero razonablemente podía esperarse que se reco-braría alguna cantidad. El síndico continuó los negocios y se abo-naron a los acreedores sumas sustanciales. De acuerdo con esto, la Junta de Apelaciones Contributivas decidió que el peticionario no había sufrido una pérdida en 1920 ‘igual al importe total de la deuda’ y que la deuda no era por tanto deducible en su totalidad en ese año.
“La cuestión, entonces, es si el peticionario tenía derecho a una deducción en 1920 por aquella parte de la deuda que en definitiva-— en la liquidación de la quiebra — probó ser incobrable. Alega el go-bierno, y la Corte' de Circuito de Apelaciones resolvió, que tal de-ducción de una parte de la deuda no estaba autorizada por la Ley de 1918. El gobierno señala el significado literal de las palabras de la ley, la interpretación administrativa establecida y la actuación del Congreso reconociendo dicha interpretación. ‘Worthless’ [tra-ducido en nuestra ley por ‘incobrable’], dice el gobierno, significa sin valor, sin uso o mérito. Ésta fué la interpretación que el De-partamento de Tesorería dió a la ley. El Artículo 161 del Regla-mento 45 (aplicable a las corporaciones por el Artículo 561) disponía que ‘una cuenta meramente eliminada’ no es deducible. A ese mismo efecto estaba redactada la correspondiente disposición de los Reglamentos bajo la Ley de Rentas de 1916.
‘ ‘ El derecho de eliminar y deducir una parte de una deuda cuando durante el año contributivo se determinó que la deuda es recobrable sólo parcialmente, fué concedido por la Ley de 1921. Por medio de esa ley, la §234(a) (5) fué enmendada de manera que leyese como sigue: ‘Deudas determinadas incobrables y eliminadas durante el año contributivo (o, en la discreción del Comisionado, una adición razonable a la reserva de deudas malas); y cuando se estuviere satisfecho de que una deuda es reeobrable sólo en parte, el Comi-sionado puede permitir que esa deuda se elimine en parte.’ Creemos que el verdadero significado de esta disposición, al compararse con la anterior, es que el Congreso, reconociendo el significado de la dis-posición existente y su interpretación correcta por el Departamento de Tesorería, deliberadamente tuvo en mente hacer un cambio en la ley. Shwab v. Doyle, 258 U. S. 529, 536; Russell v. United States, 278 U. S. 181, 188.
“Esta intención se demuestra claramente por la declaración con-tenida en el informe del Comité de Medios y Asignaciones de la Cámara de Representantes en relación con la nueva disposición. El Comité dijo explícitamente — ‘Bajo la presente ley las deudas inco-brables son deducibles en su totalidad o en nada. ’ Aunque el cambio fué eliminado por el Comité de Hacienda del Senado, la disposición fué restaurada por el Senado en sala pasando a ser ley según fué recomendada por la Cámara. El Reglamento 62 promulgado por el Departamento de Tesorería de conformidad con la Ley de 1921 bizo el cambio correspondiente en el Artículo 151. El Departamento de Tesorería se adhirió consistentemente a su reglamentación anterior al resolver sobre deducciones solicitadas al amparo de la Ley de 1918.
“En numerosas decisiones la Junta de Apelaciones Contributivas ha asumido idéntico punto de vista en relación con la disposición de la Ley de 1918. Véanse v. g., Appeal of Steele Cotton Mill Co., 1 B. T A. 299, 302; Western Casket Co. v. Commisisoner, 12 B. T. A. 792, 797; Toccoa Furniture Co. v. Commissioner, 12 B. T. A. 804, 805. En el presente caso se llegó a un resultado contrario en deferencia a las opiniones expresadas por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Segundo Circuito en Sherman & Bryan, Inc. v. Commissioner, 35 F. (2d) 713, 716, y por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en Davidson Grocery Co. v. Lucas, 59 App. D. C. 176; 37 F. (2d) 806, 808, — resultados que son opuestos a los de la Corte de Circuito de Apelaciones para el Octavo Circuito en Minnehaha National Bank v. Commissioner, 28 F. (2d) 763, 764, y para el Quinto Circuito en Collin County National Bank v. Commissioner, 48 F. (2d) 207, 208.
“Somos de opinión que la §234(a) (5) de la Ley de 1918 auto-rizaba únicamente la deducción de una deuda determinada incobrable y eliminada durante el año contributivo; y que no autorizaba la deducción de una deuda que no fué determinada para aquel entonces como incobrable, sino que era recobrable parcialmente, siendo incierta la cantidad que no era recobrable. Aquí, en 1923, en la liquidación la deuda que entonces continuó no satisfecha, después de deducir los dividendos recibidos, se determinó como incobrable y el Comisionado permitió la deducción a ese efecto ese año.”

Tampoco fué, pues, sometido el primero de los errores señalados. Un veinticinco por ciento del débito fué elimi-nado. Cerca de un cincuenta por ciento fué cobrado después. Nada consta sobre la liquidación final del banco. Se actuó de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Ningún derecho ha sido violado o desconocido. El contribuyente tiene aún el de deducir lo que resulte incobrable — si algo resulta — cuando termine la liquidación del banco, en el año de la liquidación que será el año en que se convierte en realidad la pérdida.

La actuación del Tesorero fué pibes correcta y en su con-secuencia debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Poro juez asociado se. todd, je.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Márquez Carrión, acusado y apelante.
    Núm. 9888.

    Sometido: Marzo 24, 1943.

      Resuelto: Mayo 18, 1943.

      Juan Nevárez Santiago, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Poro

emitió la opinión del tribunal.

Juan Márquez Carrión fué denunciado ante la Corte Municipal de Fajardo de haber acometido y agredido con un puñal, a Jnan López Rodríguez. La denuncia termina así:

“(Firmado) Perciliano de Jesús, Policía Insular No. 432, Denunciante. — Jurada ante mí hoy 7 de nov. de 1940.— (Firmado) H. Figueroa (sie), Subsec. de la Corte Municipal ele Fajardo.”

La Corte de Distrito de Humacao resolviendo el caso en apelación dictó sentencia condenando al denunciado a cin-cuenta dólares de multa. Márquez apeló señalando como único error el cometido por la corte de distrito “al declarar sin lugar la cuestión de derecho presentada por el acusado a los efectos de que la Corte de Distrito de Humacao carecía de jurisdicción porque la denuncia no había sido jurada ante un funcionario de los que tienen autoridad para administrar .juramentos, ya que no existe en la Corte Municipal de Fa-jardo ningún cargo de subsecretario ni José Figueroa (sic) es subsecretario de dicha corte porque no existe ley en Puerto Eico creando ese cargo.”

La discusión del señalamiento se limita a lo que sigue:

“El acusado llama la atención de esta honorable Corte hacia el hecho de que al crearse la Corte Municipal de Fajardo, su organi-zación se limitó a los siguientes funcionarios: un juez, un secretario, y un márshal.
“Posteriormente en la Ley de Presupuesto General en el año 1936, fueron creados dos cargos de subsecretarios y un cargo de súbmárshal, pero tales cargos no fueron creados por leyes especiales ni en otra forma y sus deberes no han sido definidos en forma alguna por ley. Por consiguiente José Figueroa (sic) no tenía autoridad para tomar el juramento en la denuncia de cuya sentencia se apela para ante esta honorable Corte y como la cuestión fué levantada a tiempo en la honorable Corte de Distrito de Humacao, el acusado cree que procede la revocación de la sentencia impuéstale y así lo solicita respetuosamente de este honorable Tribunal.”

En el caso del Pueblo v. Foote, Juez, 48 D.P.R. 492, 497, esta corte resolvió que el cargo de juez municipal general no podía crearse por la ley de presupuesto. En su opinión se expresó como sigue:

“La disposición impugnada no se limita a fijar una asignación para cubrir un gasto ordinario de un departamento del gobierno. Se va mucho más lejos, puesto que se crea un cargo de importancia, como lo es el de juez municipal general, diciéndose además que deberá ser abogado y que podrá ser designado por el Procurador General para .actuar en casos de inhabilitación, vacante y ausencia de un juez municipal. Es ésta una legislación ele carácter general que no puede ser incluida en un bill de asignaciones. Constitutional Defense League v. Waters, 164 A. 613, 309 Pa. 545; State ex rel. Davies v. Smith, 75 S. W. (2d) 828.”

De la opinión de esta corte en el caso de Landrón v. Quiñones, 52 D.P.R. 86, 91, transcribimos:

“En apoyo del tercer señalamiento los apelantes citan el caso del Pueblo v. Foote, 48 D.P.R. 492, al efecto de que la Asamblea Legislativa no puede crear un cargo a virtud de una disposición contenida en una ley de presupuesto. En el presente caso el poder legislativo meramente asignó determinada suma de dinero como sueldo de un oficial jurídico. No trató de crear ningún cargo. Si el oficial jurídico en cuestión no era un funcionario público, era un empleado dentro del significado de la sección 19 de la Ley de Servicio Público. El error cometido por el juez de distrito al referirse al puesto de oficial jurídico como un cargo, no es suficiente motivo para una revocación. ’ ’

La cuestión fue estudiada de nuevo por la corte en Ortiz Reyes v. MacLeod, 56 D.P.R. 871, 877, resolviéndose que “empleados cuyos puestos surgen en el curso ordinario del gobierno pueden ser creados por la ley general de presu-puesto.”

Y por último se consideró en Hopgood v. Porto Rican and American Ins. Co., 60 D.P.R. 329, 333, en el que, des-pués de hacerse referencia a los casos citados, se concluye:

“No'es necesario que determinemos en este caso si (a) el puesto de Subcomisionado existe, sino que el incumbente es un mero em-pleado como en los casos de Landrón y Ortiz, o si (b) no existe tal cargo toda vez que envuelve el ejercicio de poderes ejecutivos y de discreción por un funcionario público, y puede por tanto ser creado solamente mediante una ley especial, como resolvimos en Pueblo v. Corte de Distrito, supra. De cualquier modo el resultado en este caso es el mismo: en el Departamento del Interior no existe el cargo de ‘auxiliar’ que conlleve los poderes y deberes prescritos por el .artículo 172 del Código Político.”

¿Es el subsecretario de una corte municipal un funciona-rio o un empleado? Veámoslo.

Las corte municipales de Puerto Rico funcionan desde que fueron organizadas por el Gobierno Militar, en 1899. La Ley Orgánica de 1900 — sección 33 — reconoció su existencia,, ordenó que continuaran como existían y confirió autoridad a la Asamblea Legislativa para legislar de tiempo en tiempo, conforme tuviera por conveniente, con referencia a dichas cortes y cualesquiera otras que estimara oportuno establecer, su organización, “el número de jueces y empleados, y agre-gados para cada una” — “the number of judges and officials and attaches for each,” dice el original inglés — , su jurisdic-ción, sus procedimientos y demás asuntos que las afectaren.

La Asamblea Legislativa las reorganizó en 1904, dispo-niendo la sección once de la ley reorganizadora, página 97,, Leyes de 1904, que “En cada Corte Municipal habrá un Se-cretario que será designado por elección popular.” En la Compilación de 1911, páginas 267 a 269, se encuentran va-rias leyes creando determinadas cortes municipales con sus jueces, secretarios y marshals. Se varió luego el método de nombramiento y cada vez que una nueva corte se creaba, lo fué siempre por ley especial, no a virtud de asignaciones en el presupuesto.

Aquí no está envuelta la creación de una corte municipal. En tal caso no habría duda alguna de que se necesitaba una ley para crearla. Se trata de una corte municipal ya creada con su juez, su secretario y su márshal a la cual se llevan dos subsecretarios por medio de asignaciones para el pago de sus sueldos.

Examinaremos primero la jurisprudencia en relación con lo que se entiende en general por funcionario público, luego en cuanto se refiere a los secretarios de las cortes y por úl-timo en lo que respecta a los subsecretarios.

“Cuando surge una cuestión en cuanto a si un puesto es-pecífico dentro del servicio público es un cargo o meramente un empleo,” se dice en 42 Am. Jur., Public Officers, §12, “deben considerarse cuáles son los elementos distintivos de-un cargo público . . . Brevemente expuesto, un puesto es un cargo público cuando ha sido creado por ley, con deberes im-puestos a su incumbente que .envuelven algún ejercicio del poder soberano y en cuyo desempeño está envuelto el interés público, y que son también continuos en su naturaleza, y no ocasionales o intermitentes; mientras que un empleo público, por otro lado, es un puesto en el servicio público que carece de suficientes elementos o características de los arriba men-cionados para convertirlo en un cargo público. Empero, aún cuando el nombramiento sea de la naturaleza de un empleo, el incumbente puede ser un funcionario público si concurren los elementos necesarios de un cargo público.”

Y agrega el mismo autor, basándose siempre en las de-cisiones de los tribunales, en la sección que sigue — 13—: “Se distingue un funcionario de un empleado en su mayor importancia, dignidad e independencia de su posición y en la autoridad para dirigir o supervisar. El primero tiene el poder de dirección, supervisión y control. Pero el hecho de que un puesto sea subordinado y su incumbente deba responder a un superior, no impide que aquél sea un funcionario, según se distingue de un mero empleado. Un funcionario subordinado o inferior no deja de ser un funcionario. Cierto grado de responsabilidad es exigido de un funcionario pú-blico, que no es exigido de un mero empleado.”

Con respecto a los secretarios de las cortes, se dice por la misma autoridad: “El secretario de una corte de justicia, usando el vocablo como el título de un funcionario determi-nado, es un funcionario ministerial de la corte, que tiene la custodia de sus archivos y sellos, con poder para certificar la corrección de copias hechas de tales archivos, y que posee autoridad para desempeñar ciertos actos de naturaleza judicial que son incidentales a sus deberes ministeriales.” 10 Am. Jur., Clerks of Courts, §2.

Y en cuanto a los subsecretarios: “ . . . Como regla general un subsecretario puede desempeñar todos aquellos ac-tos ministeriales correspondientes al cargo de su superior. Así, el subsecretario puede ejercer el poder de autenticar documentos para su radicación cuando su superior tiene ese poder. Los poderes judiciales de un secretario no pueden, sin embargo, ser delegados en el subsecretario a menos que la ley así lo permita. En aquellas jurisdicciones en que el sub-secretario es considerado como un funcionario público inde-pendiente y está autorizado por ley a ejecutar cualquier acto que su principal pueda ejecutar, tiene autoridad en sí mismo para actuar solo, por mandato de ley; y como esa autoriza-ción no se deriva únicamente del principal, está bien ejerci-tada a nombre del subsecretario únicamente sin mencionar a su principal.” 10 Am. Jur., Clerks of-Courts, §19.

Si a la luz de esa jurisprudencia examinamos los antece-dentes históricos mencionados en relación con el cargo de se-cretario de las cortes municipales y lo dispuesto en una re-ciente ley decretada por la Legislatura “para regular las funciones de los subsecretarios- y submarshals de las cortes municipales,” deberemos concluir que dichos subsecretarios tienen las características y deben ser considerados como fun-cionarios más bien que como empleados.

Dicha ley es la núm. 6 de 1937, pág. 134. Su sección 1 es como sigue:

“Los subsecretarios y submarshals de las cortes municipales ten-drán los mismos poderes, atribuciones, obligaciones y deberes que los marshals y secretarios de dichas cortes, respectivamente, y podrán autorizar y firmar certificaciones, citaciones y en general todas aque-llas diligencias que están autorizados para ejecutar los marshals y secretarios, teniendo sus actuaciones la misma validez que las auto-rizadas por éstos; pero cuando estuvieren actuando al mismo tiempo que ios secretarios y marshals, podrán firmar diligencias y certifi-caciones, haciendo constar en antefirma que lo hacen ‘por orden’ de ellos; y en ausencia podrán firmar haciendo constar después de sus firmas que lo hacen como funcionarios accidentales.”

Si aplicamos rígidamente la regla de que por medio de la ley de presupuesto sólo pueden crearse plazas de emplea-dos al fijarse el pago de su remuneración, tendríamos que resolver la contención planteada en este caso en favor del apelante. Sin embargo, si bien el subsecretario de una corte municipal es un funcionario, no puede negarse que cuando se nombra para una corte ya creada, su nombramiento im-plica únicamente la adición de un empleado más cuyas fun-ciones han sido previamente fijadas por el estatuto, en aten-ción al aumento del trabajo en dicha corte, y en tal caso, no parece absolutamente necesario exigir que se decrete una ley especial, separada, para crear el cargo.

Parece propio sin embargo hacer énfasis en que la mejor práctica a seguir y la que a nuestro juicio, debe seguirse es la de la ley separada para la creación del cargo por ínfimo que éste sea, porque esa práctica en la que esté más en ar-monía con el propósito de la ley federal sobre la materia que no es otro -que el de que cada legislador pueda darse cuenta exacta de las medidas que aprueba.

Para llegar a la conclusión a qué hemos llegado nos he-mos inspirado además en el razonamiento de la Corte Su-prema de Pensilvania al decidir el caso de Commonwealth ex rel. Greene v. Gregg, 161 Pa. 582, 29 A. 297, transcrito en la decisión de esta Corte en Ortis Beyes v. MacLeod, supra, como sigue:

“ 'La única cuestión presentada es si la partida en el presupuesto general de 1893,- que asigna cierta suma "para el pago de sueldo de un secretario en la oficina de los protonotarios de la Corte Su-prema” etc., es una orden válida al Contador General y al Te-sorero del estado para que expidan y paguen libramientos para tal fin. ... Por tanto, es cuestión no controvertida, que la Asamblea Legislativa podía hacer sustancialmente lo que hizo y la única cues-tión a dirimir es si podía efectuarlo en la forma en que lo hizo. En general no se alegará que el poder legislativo es el único juez de la forma en que se redactarán sus leyes, y su facultad a ese respecto no se puede poner en tela de juicio a menos que exceda un claro precepto constitucional. La única disposición aquí invocada es el párrafo 15 del artículo 3: "El proyecto ele presupuesto general no comprenderá nada más que asignaciones para los gastos ordinarios de los departamentos ejecutivo, legislativo y judicial del estado”, etc. La historia y móvil de ese párrafo son bien conocidos. Se dirigió contra la práctica poco encomiástica de incluir una medida de. validez dudosa por sus propios méritos en la ley de presupuesto general — insertándola, en términos legislativos, en forma de tirilla— para obligar a los miembros de los cuerpos legislativos a votar en su favor o paralizar el engranaje gubernamental.... Los proyec-tos de presupuesto general, por su naturaleza, de ordinario compren-den un número de partidas, todas las cuales no se refieren estricta-mente a un solo asunto. Quedaron, por tanto, exentas del requisito del párrafo dos, y esta exención requirió el párrafo 15. El objeto de ambos es el mismo. ¿ Cae la presente medida dentro del mal que se intentó obviar ? Los casos citados por el apelante, que se extienden a través de un período de veinte años desde que se adoptó la Cons-titución, demuestran la interpretación legislativa de la materia; y podemos inferir lógicamente que también denotan la interpretación del ejecutivo, toda vez que las varias leyes citadas fueron aprobadas por el Gobernador. Tal interpretación y práctica no son desde luego obligatorias para el poder judicial, que os la autoridad lla-mada a interpretar la Constitución en última instancia; pero como criterio de dos ramas coordinadas del Gobierno esas interpretaciones merecen respetuosa consideración y fuerza persuasiva si es que el asunto es dudoso. No puede asumirse que la Constitución tuvo por miras obligar al poder legislativo aun .a supervisar todos los detalles del Gobierno. Ésas son funciones propias de las ramas ejecutiva y judicial. El trabajo a realizar y el personal de oficina necesario, son cuestiones de- detalle, respecto a las cuales mucho por necesidad ha de dejarse al jefe de cada departamento. Está claramente dentro de los poderes de la Asamblea Legislativa el tener el control general de los gastos de los fondos públicos, pero esto es así siempre que no se desembolsen ningunos fondos sin haberse hecho una asignación previa para tal fin. Al así tener el dominio de las erogaciones, el poder legislativo controla toda la materia con toda la amplitud que bajo la Constitución le exigen sus funciones. Al aprobar proyectos de presupuesto general, la Constitución limita el poder legislativo a los “gastos ordinarios de los departamentos ejecutivo, legislativo y judicial”, y algunas otras cuestiones que se enumeran, y toda asig-nación válida hecha en esta forma debe caer razonablemente dentro de la descripción de “gastos ordinarios”; pero sería de lo más ab-surdo que se aprobara un proyecto de ley separado cada vez que se necesitara un escribiente adicional en un departamento guberna-mental. En lo que respecta a la partida específica que está bajo nuestra consideración se desprende que la misma fué aprobada para pagar parte del trabajo ordinario y corriente de los funcionarios es-pecificados y que era por tanto para cubrir sus gastos ordinarios. Con ello el poder legislativo reconoce que el protonotario no podía hacer por sí mismo todo el trabajo de su oficina y autoriza- a este funcionario efectuar parte del mismo a expensas del Gobierno. Con tal reconocimiento y autoridad, se convierte en parte de los gastos ordinarios ele su oficina, y el hecho de que su cargo sea parte del departamento judicial del estado es punto que no admite discusión. Conforme ya hemos dicho se admite plenamente que la Asamblea Legislativa tuvo amplios poderes para hacer sustancialmente lo que hizo, es decir, autorizar el nombramiento de un secretario en la ofi-cina del protonotario y ordenar que su sueldo fuera pagado del tesoro público; y como el fin de tal nombramiento, y los deberes de la persona nombrada, fueron garantizar el cumplimiento del trabajo corriente y ordinario de esa oficina, .somos de opinión que el poder legislativo podía constitucionalmente llevar a cabo tal cosa en la forma en que lo hizo, mediante la fijación de una partida en el proyecto de presupuesto general para el departamento judicial.’ ”

Interpretada de ese modo la ley, atendidas todas las cir-cunstancias concurrentes que expusimos, debemos resolver en este caso concreto que existe el cargo de subsecretario de la Corte Municipal de Fajardo y, por lo tanto, que la de-nuncia, base del proceso, fué jurada ante un funcionario que estaba autorizado para tomar juramentos. Pueblo v. Rodríguez, 49 D.P.R. 470. El error que se señala no fué, en tal virtud, cometido, y en su consecuencia 'procede declarar el recurso sin lugar y confirmar la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Snyder está conforme con el resul-tado, por entender que el Subsecretario de la Corte Municipal de Fajardo es un empleado y no un funcionario público.

opinión disidente emitida por el

juez asociado se. todd, je.

Mayo 19, 1943.

Estoy conforme con la primera conclusión a que se llega en la opinión de la mayoría en el sentido de que el subse-cretario de una corte municipal es un funcionario. Véase McClung v. Johnson, 289 Pac. 199 (Cal. 1930); State v. Smith, 96 So. 127 (La. 1923). Empero, establecida esta pre-misa, disiento en cnanto a la segunda conclusión al efecto de que dicho cargo puede ser creado en la ley de presupuesto en violación del artículo 34 de la Carta Orgánica. Soy de opinión que el caso de Commonwealth ex rel. Greene v. Gregg, 161 Pa. 582, 29 Atl. 297, citado como autoridad tanto en el caso de Ortiz Reyes v. McLeod, 56 D.P.R. 871, 877, como en la opinión de la mayoría no es aplicable a los hechos del caso de autos por no tratarse aquí de un “empleado cuyo puesto surja en el curso ordinario del gobierno”. Cf. State v. Thompson, 289 S. W. 338 (Mo. 1926) y Sellers v. Frohmiller, 24 P. (2d) 666 (Ariz. 1933).

Debe revocarse la sentencia.


author: El Juez Asociado Señok Tiiavieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José L. Rexach, acusado y apelante.
    Núms. 9891 y 9892.

    Sometidos: Mayo 6, 1943.

      Resueltos: Mayo 18, 1943.

      Francisco González Fagundo, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Ncgrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de el Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Tiiavieso

emitió la opinión del tribunal.

En abril 29 de 1942, el fiscal radicó nna acusación contra el apelante, imputándole haber infringido la ley sobre regis-tro de armas de fuego (Ley núm. 14 de 8 de julio de 1936, [(2) pág. 129] enmendada por la núm. 95 de mayo 12, 1937 [Leyes de 1936-37, pág. 240]) al tener en su posesión y do-minio un revólver, sin declararlo por escrito al Jefe de la Policía de Gurabo, que es el distrito de su residencia. En la misma fecha, el fiscal radicó contra él otra acusación por el delito de portar armas. La vista de ambos casos fue ce-lebrada el 15 de diciembre de 1942; y el 16 del mismo mes la Corte de Distrito de Humaeao dictó sentencia condenando al acusado al pago de $50 por no haber registrado el arma y a un mes de cárcel por portarla ilegalmente.

En los recursos de apelación interpuestos contra dichas sentencias, se señala como único error de la corte inferior el haber declarado sin lugar las mociones radicadas por el acusado, solicitando el archivo y sobreseimiento de ambos casos.

Las acusaciones fueron radicadas el 29 de abril y leídas al acusado el día 11 de mayo de 1942. En julio 24 de 1942, los dos casos fueron señalados para ser vistos el 25 de agosto, fecha comprendida dentro de los 120 días siguientes a la fecha de radicación de ambas acusaciones. Del .récord aparece que el día 20 dé agosto, cinco días antes de la fecha señalada para el juicio, el Licenciado Francisco González Fagundo, quien en esos momentos presidía la Corte de Distrito de Humaeao, como Juez Interino, hizo constar que se inhibía de conocer de uno y otro caso por haber sido consultado como abogado y haber aconsejado al acusado en cuanto a ambas acusaciones, y ordenó la posposición de la vista.

En noviembre 3 los dos casos fueron señalados para el 15 de diciembre de 1942.' Compareció en esa fecha el aeu-sado asistido de su abogado el Lie. Francisco González Fa~ gando y solicitó el archivo y sobreseimiento basando sn pe-tición en que desde la fecha de presentación de las acusacio-nes hasta el 15 de diciembre de 1942, fecha en que se ini-ciaba el juicio, habían transcurrido' con exceso los 120 días que señala el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Del récord no aparece que el acusado hiciera en mo-mento alguno gestiones tendientes a conseguir que se anti-cipara la fecha para la celebración del juicio. Tampoco consta la duración del término por el cual el abogado del acusado actuó como juez interino de la corte, haciendo im-posible la celebración del juicio contra su defendido.

Opinamos que la corte inferior no erró al declarar sin lugar la moción de archivo y sobreseimiento. La vista fué señalada para una fecha comprendida dentro del término legal de 120 días — para el 25 de agosto de 1942. Hubo una “justa causa contraria” para que el juicio no pudiese cele-brarse en la fecha señalada, y esa causa fué suministrada por el propio abogado del acusado, quien al aceptar el cargo de juez interino de aquella corte impidió que el juicio se ce-lebrara dentro del término legal.

Establecido satisfactoriamente el hecho de que existió una justa causa para la no celebración del juicio dentro de los 120 días siguientes a la presentación de las acusaciones, creemos que es de aplicación nuestra decisión en El Pueblo v. Balzac, 56 D.P.R. 649, en la que se dijo:

“No creemos que deba comenzarse a contar un nuevo término de 120 días cada vez que se pospone un caso por justa causa. Ello de-pendería de todas las circunstancias.”

La Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Cir-cuito, en Gerardino v. People of Puerto Rico, 29 F. (2d) 517, interpretando las disposiciones del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, se expresó así:

‘ ‘ Se arguye abora que este .estatuto de Puerto Rico es una defi-nición obligatoria del término ‘rápido’, según se usa en la Ley Or-gániea, hasta el punto de requerir el sobreseimiento por esta Corte, de estos casos, en los cuales el juicio se celebró realmente 143 días después de haberse declarado con lugar la moción de suspensión. Existen varias contestaciones suficientes para dicha contención:
“(1) Aun cuando esta definición legislativa merece justa consi-deración, ella no es obligatoria para esta Corte. Esta Corte está en entera libertad para sostener que 120 días es un período o dema-siado largo o demasiado corto para estar comprendido dentro del justo significado de ‘rápido’.
“(2) Si aplicamos el Código de Puerto Rico, debe concederse pleno vigor a la disposición, supra, ele que el juicio no ha sido pos-puesto a petición del acusado. Empero, este juicio fué pospuesto a petición de los acusados; y no aparece que ellos no solicitaran una posposición que hizo que el juicio fuese celebrado dentro de 120 días contados desde la terminación de la posposición solicitada y obtenida. Debe inferirse, que después de conseguir la posposición, -ellos nunca con posterioridad solicitaron el señalamiento del juicio.”

Consideradas todas las circunstancias del caso, no pode-mos decir que el acusado apelante no tuvo el juicio rápido que le garantiza la Carta Orgánica. Sus casos fueron seña-lados a los 69 días después de la suspensión motivada y or-denada por el abogado del acusado, y el juicio celebrado dentro de los 120 días siguientes a la suspensión.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Sbñob. TRAvieso El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Luis Colón Vega, como padre con patria potestad sobre su hijo menor, Herminio Colón, demandante y apelado, v. El Gobierno de la Capital de Puerto Rico y United States Casualty Co., demandados y apelante el primero.
    Núm. 8569.

    Sometido: Marzo 17, 1943.

      Resuelto: Mayo 18, 1943.

      J. Y olidojuli Rodríguez, abogado del apelante; E. Díaz Santana y F. Hieres Calimano, abogados del apelado; J.ames B. Beverley, B. Castro Fernández y José López Baralt, abogados de la United States Casualty Co.
   El Juez Asociado Sbñob. TRAvieso

emitió la opinión del tribunal.

El 20 de octubre de 1938, en la parada 36% de Hato Rey, en la Carretera Central, un automóvil propiedad de El Go-bierno de la Capital de Puerto Rico, que regresaba de Río. Piedras hacia San Juan, guiado por un chófer empleado de dicho Gobierno, arrolló a Herminio Colón, niño de 12 años de edad, quien estaba junto a la acera del lado derecho de la carretera, ocasionándole la fractura del cráneo y otras lesiones de menos importancia.

La demanda original, dirigida solamente contra el Go-bierno de la Capital, fue desestimada por la Corte de Dis-trito de San Juan porque, a su juicio, no aducía hechos cons-titutivos de causa de acción contra el Municipio demandado. Dicha sentencia fue revocada por esta Corte Suprema, y el caso devuelto a la corte inferior para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con la opinión emitida, la que apa-rece publicada en 57 D.P.R. 15. Radicó el demandante una demanda enmendada y el Municipio la contestó con nna ne-gación general y específica de los hechos esenciales, y ale-gando además que los hechos expuestos eran insuficientes para constituir causa de acción.

En agosto 2, 1940 el demandante, con el permiso de la corte y la conformidad del Municipio, radicó una tercera de-manda enmendada en la que se incluía como demandada a la compañía aseguradora del automóvil que causó las lesio-nes, y se alegaba: que el Gobierno de la Capital es dueño y explota con fines de negocio el acueducto que suministra agua a San Juan, Río Piedras, Cataño y Bayamón; que en-tre sus facultades y deberes se encuentra el de atender por sus empleados a la conservación y funcionamiento de dicho acueducto, usando como medio de locomoción para trasladar a dichas municipalidades a los empleados técnicos que uti-liza para dichos trabajos de conservación del acueducto, au-tomóviles de su propiedad manejados por personas emplea-das y autorizadas por el Gobierno demandado; que el auto-móvil que arrolló al niño Colón, fue utilizado el día del ac-cidente para llevar a Río Piedras a un empleado que fue a realizar trabajos de conservación del acueducto e iba guiado por un chófer del municipio autorizado para guiar vehículos de motor en la isla; que el accidente ocurrió cuando el au-tomóvil regresaba de Río Piedras a San Juan, guiado por dicho chófer en funciones de su cargo; que la causa del ac-cidente fue el descuido y negligencia del chófer al tratar de pasarle, a una velocidad mayor de cincuenta millas por hora, a otro automóvil que iba delante de él en la misma dirección de Río Piedras a San Juan, efectuando el cruce por la parte interior del automóvil delantero y la acera del lado derecho, sin reducir la velocidad, sin tocar el >claxon y sin tomar pre-caución alguna; y que como consecuencia de esa negligencia el niño fué arrollado y arrastrado por más de treinta metros. Se reclamó una indemnización de $15,000, costas y ho-norarios de abogado.

Compareció la compañía aseguradora y contestó negando específicamente todos los fiechos alegados en la demanda, y como defensas especiales alegó: (1) que los hechos expues-tos son insuficientes para constituir causa de acción contra-ía compañía aseguradora; y (2) que el Gobierno de la Capital, en violación de las condiciones del contrato de seguro no le ha enviado hasta la fecha de la contestación, noviembre 7, 1940, ni el emplazamiento ni las alegaciones radicadas en este caso, ni le notificó la radicación del pleito, ni tampoco le dió aviso de sus múltiples trámites e incidentes; y que sin el consentimiento o conocimiento de la demandada, el Go-bierno de la Capital asumió la defensa del pleito, nombrando abogado para que lo representara. Alega la compañía ase-guradora que el incumplimiento de las mencionadas condicio-nes la exonera de toda responsabilidad para con el gobierno' asegurado o para con el lesionado, de acuerdo con las condi-ciones de la póliza.

El Gobierno de la Capital no contestó la demanda enmen-dada y tampoco compareció al juicio, no obstante tener abo-gado designado y pagaclo para la defensa de los intereses dé-los contribuyentes y haber sido dicho abogado notificado de la fecha señalada para el juicio. La corte inferior dictó sen-tencia condenando 'al Gobierno demandado a pagar al de-mandante la suma de $6,000 más las'costas; y declaró sin lugar la demanda en cuanto a la compañía aseguradora. No conforme el demandante con la exoneración de dicha compa-ñía, entabló el presente recurso.

En junio 28 de 1941 el Lic. J. Yalldejuli Rodríguez, abo-gado del Gobierno de la Capital, radicó una extensa moción en la que solicitó se dejara sin efecto la sentencia dictada contra el Municipio para que éste tuviera una oportunidad de asistir a la vista del caso en su fondo. Declarada sin lu-gar dicha moción, el Gobierno de la Capital entabló recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

La vista de ambos recursos tuvo lugar el 17 de marzo de 1943 con asistencia de los abogados del demandante y de la compañía aseguradora. El abogado del Municipio no com-pareció. Sometió el caso por su alegato, en el que sostiene que la Corte de Distrito de San Juan erró al declarar sin lugar la moción para que se dejara sin efecto la sentencia; al no declarar que el menor lesionado fué culpable de.negli-gencia contributoria; al dictar una sentencia que es “el acto volitivo del magistrado de la corte inferior informado de pasión, prejuicio y parcialidad contra las corporaciones, y en especial contra la Capital de Puerto Rico”; al dictar una sentencia excesiva e inadecuada; al exonerar a la compañía aseguradora; y al dictar una sentencia que no está sostenida por la prueba. Consideraremos dichos señalamientos en el mismo orden en que aparecen formulados.

1. Entre las varias razones aducidas por el Muni-cipio en apoyo de la moción para que se dejara sin efecto la .sentencia en rebeldía dictada en su contra, figuran las si-guientes :

(a) que la moción para que se hiciera parte a la compa-ñía aseguradora no fué señalada para vista y fué declarada con lugar sin oír a las partes; y que la tercera demanda en-mendada fué radicada sin permiso legal.

En su resolución negándose a dejar 'sin efecto la senten-cia, la corte inferior hizo constar que “en agosto 2 de 1940 solicitó el demandante de esta corte, con la conformidad del demandado, permiso para radicar una tercera demanda en-mendada, de la que fué notificado el demandado en dicho día”. Al pie de la tercera demanda enmendada, que consta en la transcripción de autos, aparece la notificación hecha al abogado del Municipio el día 2 de agosto de 1940. De los autos ante nos no aparece que con -posterioridad a la notifi-cación que se le hizo de la tercera demanda enmendada, el abogado del Municipio formulara objeción alguna a la forma y manera en que se había radicado y notificado dicha de-manda. A falta de prueba en contrario debemos presumir que los procedimientos se ajustaron a la ley. [2] Además, si el Municipio consintió que se radicara dicha demanda en-mendada, está ahora impedido de formular objeciones que por no haber sido formuladas oportunamente deben conside-rarse como renunciadas. [3] Más aun, si algún error se hu-biese cometido al permitir que la compañía aseguradora fuese incluida en la demanda como parte codemandada, ese error en nada podía perjudicar al Municipio demandado, pues éste debía tener más interés que nadie en que se incluyese en el pleito a la compañía que por medio de su póliza se ha-bía comprometido a pagar por el Municipio en caso de una sentencia adversa.

La contención del Municipio apelante de que después de haberse radicado la tercera demanda enmendada debió emplazarse de nuevo al Municipio, no merece seria consideración. Es elemental que el objeto del emplazamiento es so-meter a una parte demandada a la jurisdicción de la corte. El Gobierno de la Capital quedó sometido a la jurisdicción de la corte inferior por medio del emplazamiento original y continuará así sometido hasta que se dicte y ejecute una sentencia definitiva. El representante legal del Municipio demandado consintió la radicación y oportunamente fué notificado con copia de la demanda enmendada. Era su deber ineludible alegar en contra de dicha demanda dentro del término de diez días que la ley le concede para hacerlo y nada hizo. Optó por abandonar la defensa de los contribuyentes que le pagan para que defienda sus intereses, dejando primero de notificar a la compañía aseguradora de acuerdo con las condiciones de la póliza, permitiendo más luego que se anotara la rebeldía del Municipio sin hacer gestión alguna para abrirla, y no concurriendo como debió haberlo hecho al acto de la vista a defender a su cliente en contra de los intereses adversos del demandante que reclamaba una cuantiosa indemnización y de la compañía aseguradora que alegaba haber sido exonerada de toda responsabilidad por la violación por parte del Municipio de las condiciones de la póliza.

La tercera demanda enmendada sustituyó a la se-gunda a todos los efectos legales y habiendo sido radicada con el permiso de la corte y el consentimiento del Municipio,, al no contestarla éste era procedente que se dictara senten-cia en rebeldía después de oír 1st prueba del demandante. Quiñones v. Sucesión Riera, 51 D.P.R. 760; 1 Bancroft’s Code Pleading, pág. 810, sec. 561.

(b) Que ninguna de las alegaciones de la compañía aseguradora fué notificada al Gobierno de la Capital.

Bastaría decir, para resolver esta cuestión, que no-sería justo hacer responsable al demandante del incumplimiento por parte de un demandado de la obligación — asumiendo que ésta exista — de notificar sus alegaciones a sus codemandados.

Además, habiendo sido notificada la tercera demanda en-mendada al abogado del Gobierno de la Capital en agosto 2, 1940, el término para contestarla expiró el día 12 del mismo mes, desde cuya fecha estuvo el Municipio demandado en re-beldía por no haber radicado alegación alguna en contra de dicha demanda. Cuando la compañía aseguradora radicó su contestación en noviembre 7 de 1940, ya hacía cerca de tres meses que el Municipio estaba en rebeldía, sin que hubiese pendiente en esa fecha moción alguna para dejarla sin efecto. En esas condiciones fué el pleito a juicio, sin que compare-ciera el Municipio demandado, no obstante haber sido noti-ficado su abogado con once días de antelación a la fecha en que comenzó a celebrarse la vista.

Consideradas todas las circunstancias que hemos apun-tado y no siendo la negligencia del abogado, que es imputable al cliente, causa legal suficiente para anular una senten-cia como la dictada en este caso, debemos resolver como re-solvemos que la corte a quo no erró al declarar sin lugar 3a moción para dejarla sin efecto.

2. La corte inferior, después, de examinar y pesar laevidencia del demandante, no habiendo presentado ninguna los demandados en cuanto al accidente, llegó a las siguientes conclusiones:

(a) que el accidente se debió a la negligencia del chófer municipal, quien en ese momento conducía el automóvil a una velocidad de 45 millas por hora y estaba pasando por la derecha de otro automóvil que caminaba en la misma dirección, violando las disposiciones de la sección (e) del ar-tículo 12 y de la sección (a) del artículo 13 de la Ley de Automóviles vigente (Ley núm. 75 de abril 13, 1916, pág. 144).

(5) que en la fecha del accidente el Gobierno de la Capital explotaba, con fines de negocio, el acueducto de San Juan, suministrando agua a Río Piedras, Cataño y Baya-món.

(c) que el día del accidente el automóvil estaba en fun-ciones corporativas del Gobierno de la Capital y regresaba en ese momento de Guaynabo, a donde había ido a llevar a un empleado municipal por orden del Jefe del Departamento de Obras Públicas.

Ya hemos visto que el Gobierno de la Capital no inter-puso defensa alguna en contra de la tercera demanda en-mendada. La compañía aseguradora se limitó a negar espe-cíficamente los hechos alegados por el demandante, y como única defensa especial interpuso la referente al incumpli-miento por parte del Municipio de las cláusulas y condicio-nes de la póliza. La cuestión sobre la tardíamente alegada negligencia contributoria del menor demandante no fue le-vantada ante la corte inferior y ésta no estaba obligada a hacer, como no hizo, pronunciamiento alguno en cuanto a ese extremo.

Hemos examinado cuidadosamente la evidencia y encon-tramos que es más que suficiente para sostener las conclu-siones de la corte sentenciadora. No hallamos en toda la prueba circunstancia alguna que demuestre que el niño le-sionado contribuyera en manera alguna con su falta de cui-dado y precaución al daño por él sufrido. Las declaracio-nes de varios testigos presenciales demuestran que el niño antes de cruzar la carretera, frente al Auxilio Mutuo, miró hacia Eío Piedras y hacia Hato Eey para cerciorarse de si venían automóviles en nna n otra dirección. El niño vió nn automóvil que venía de Eío Piedras hacia San Juan, condu-cido por el testigo Lorenzo Delgado, y juzgó correctamente que podía cruzar sin peligro. En efecto, logró cruzar sin que el carro de Delgado le hiciera daño alguno; y en el mo-mento en que ponía el pie en la acera del Auxilio Mutuo, el carro del Municipio, que iba a una velocidad no permitida por la ley y que trataba de pasarle al carro de Delgado por su lado derecho, también en contra de la ley, le arrolló arras-trándole por una distancia de treinta metros.

No erró la Corte inferior en sus conclusiones.

3. No encontramos en todo el récord ante nos base o justificación alguna para la viciosa imputación que se hace al juez sentenciador Sr. La Costa, Jr., de haber inspirado su sentencia en la pasión, prejuicio y parcialidad contra las corporaciones y en especial contra el Gobierno de la Capital. Es censurable la práctica de hacer tales imputaciones cuando no se puede someter-a la consideración de la corte ante la cual se acude en apelación ni el más leve indicio de que el juez sentenciador no actuó con la ecuanimidad, rectitud e imparcialidad con que deben actuar los que llevan sobre su conciencia la seria responsabilidad de administrar justicia. Es más censurable aun dicha práctica cuando el abogado recurre a ella como cortiña de humo para cubrir su propia negligencia y el injustificado abandono de la defensa de los intereses representados por el Gobierno de la Capital, que ahora se verá obligado a pagar una sentencia que debiera hacer efectiva la compañía, aseguradora.

4. ¿Es excesiva la suma de $6,000 concedida al me-nor lesionado? Veamos la prueba.

Declaró el menor, que al ser arrollado por el automóvil perdió el conocimiento y no lo recobró hasta el día siguiente en la clínica, donde estuvo tres días, pasando después al Hospital Municipal de San Juan, en el que permaneció más de un mes; que estaba en la escuela en cuarto grado; que' desde que sufrió el accidente no puede estudiar porque se le empaña la vista y le da dolor de cabeza; que siente que el cuerpo se le duerme, le dan náuseas y el dolor de cabeza le aumenta; que antes no padecía de ataques y abora sí; que ha sufrido tres, y que cuando le da el ataque la cabeza se le marea, vomita y pierde el conocimiento.

Declarando como perito médico, el Dr. Luis C. Boneta declaró: que el cuadro que presenta el menor es uno de pre-sión intracreneal alta consecutiva, producida por la conmo-ción cerebral que sufriera debido a la contusión que produjo la fractura del cráneo; que ese cuadro, con esa sintomatolo-gía en forma de ataques epilépticos, es lo que se conoce como Epilepsia Jacksoniana o traumática; que esa lesión sufrida por el menor “lo incapacita permanente y totalmente para el trabajo y para muchas cosas en la vida.”

El Dr. Luis de la Vega, médico con 26 años de práctica y Jefe de la Sección Médica- del Servicio Selectivo del Ejér-cito Nacional, declaró, después de ser informado sobre la naturaleza de las lesiones e historia clínica del menor, que cuando se comprueba que la persona sufre de ataques epi-lépticos entonces se le clasifica con la letra “F”, que signi-fica “final and total rejection” — rechazo final y total — o sea completamente incapacitado para el servicio militar.

En el misino sentido que el Dr. Boneta declararon los doctores G-odines y Vadi, quienes clasificaron el caso como uno de epilepsia Jacksoniana o traumática.

Al fijar el montante de la indemnización, la corte senten-ciadora se expresó así:

“’Tomando en consideración las lesiones sufridas por Herminio Colón, su edad, las declaraciones no contradichas de los peritos mé-dicos de' que el mismo está padeciendo de ataques epilépticos como consecuencia de los golpes recibidos, la naturaleza de dicha enfer-medad, cuyo curso es muy variable, siendo su tratamiento muy largo y a menudo indefinido, durando tanto como la vida del paciente, el que se halla expuesto a quedar demente, y toda la. prueba aportada, opinamos que la demandada Gobierno de la Capital debe pagar al referido Herminio Colón, por concepto de los daños y perjuicios su-fridos, la suma de $6,000. (Véanse: Reid v. New York & New Jersey Telephone Co., 135 N. Y. Supp. 846; St. Louis, I. M. & S. Ry. Co. v. Tromlinson, 94 S. W. 613.)”

Consideradas todas las circunstancias del caso y especial-mente la edad del niño lesionado y el hecho de que por el resto de su vida será un epiléptico, nos inclinamos a creer que la suma de $6,000 es una compensación justa y razona-ble para el menor por el daño sufrido.

5. Se queja el Municipio apelante y también el demandante de la exoneración de la compañía aseguradora. Si la corte erró o si estuvo justificada al decretarla, es la última cuestión a resolver.

La póliza de seguro ofrecida en evidencia por el deman-dante contiene, entre otras, las siguientes estipulaciones y condiciones:

“II. Además de lo que antecede, la Compañía investigará todos los accidentes y reclamaciones cubiertos por esta Póliza, y a nombre y en representación del Asegurado defenderá todos los pleitos que se entablen a causa de dichos accidentes y reclamaciones aunque dichos pleitos fueran infundados, siempre que de los pleitos se le die-ren los avisos que más adelante se exige; . . .
“sujeto SIN EMBARGO A LAS CONDICIONES SIGUIENTES
“A. Deberá darse aviso inmediato por escrito a la Oficina Principal de la Compañía o a su Agente Autorizado de todo accidente, reclamación o pleito derivado de tal accidente, con todas las cita-ciones o emplazamientos, disponiéndose sin embargo, que la omisión del citado aviso inmediato no anulará ninguna reclamación hecha por el Asegurado siempre que se demuestre que fué razonablemente imposible suministrar tal aviso inmediatamente y que se dió tan pronto como,razonablemente fué posible. Siempre que la Compañía lo solicite debe el Asegurado ayudar a conseguir información, prueba y la asistencia de testigos; y asimismo en todo tiempo dará a la Compañía toda la cooperación y auxilio que razonablemente sea po-sible. ’ ’

La corte inferior, después de analizar la prueba ofrecida por la compañía aseguradora para demostrar el incumpli-miento por parte del Municipio asegurado' de las condicio-nes de la póliza, llegó a las siguientes conclusiones, que a nuestro juicio están sostenidas por la evidencia.

“Si bien es cierto que a la aseguradora se le notificó el accidente, no es menos cierto que la primera noticia que la misma tuvo de la existencia de este litigio lo fué en julio del año 1940, cuando el abo-gado del demandante, Lie. José Soto Bivera, se lo informó, primero personalmente y luego por escrito, y que desde diciembre 13, 1938 en que se radicó la demanda hasta agosto 7 de 1940 en que fué em-plazada la aseguradora por haber sido incluida como parte deman-dada, y aún a la fecha del juicio la codemandada Gobierno de la Capital de Puerto Bico no había avisado ni había notificado a la aseguradora en forma o manera alguna de la existencia de esta ac-ción, no obstante haber tenido dicha codemandada Gobierno de la Capital conocimiento de la existencia de la misma desde diciembre 29 del año 1938, fecha en que fué emplazada, desde cuya fecha ha comparecido a defenderse representada por su abogado, no solamente en esta Corte si que también en la Corte Suprema de Puerto Bico.”

El incumplimiento por parte del Gobierno de la Capital de las condiciones de la póliza quedó claramente establecido. Dos años y un mes transcurrieron desde la radicación de la primera demanda basta la fecha del juicio, sin que el Go-bierno de la Capital hiciera el menor esfuerzo para entregar a la compañía aseguradora el emplazamiento y la demanda o para demostrar que le había sido “razonablemente impo-sible” cumplir con la obligación contraída. Es doctrina fir-memente establecida la de que la obligación de dar aviso a la compañía aseguradora de la ocurrencia de un accidente y de entregarle el emplazamiento y la demanda iniciada contra el asegurado, es parte esencial del contrato de seguro; que su cumplimiento es condición precedente al derecho del asegurado a exigir responsabilidad al asegurador; y que la violación de dicha condición anula la póliza. Véanse: Nota en 76 A.L.R. 23 et seq.; Quiñones v. “L’Unión”, 34 D.P.R. 405; 106 A.L.R. 516, 532.

En Buxó v. The Aetna Casualty & Surety Co., 48 D.P.R. 187, en el que los hechos eran casi idénticos a los del pre-sente caso, Buxó, dueño de una guagua asegurada, fue de-mandado por García y condenado a pagar a éste una indem-nización de $2,000. Buxó hizo efectiva la sentencia y de-mandó a la compañía aseguradora. Ésta interpuso como de-fensa el incumplimiento por el asegurado de las condiciones de la póliza, idénticas a las del presente caso. Se probó que el asegurado no entregó la demanda a la compañía sino hasta después de 24 días de haber sido emplazado. Exoneramos a la compañía, diciendo :

“Analizada la prueba, no demuestra a nuestro juicio que el de-mandante cumpliera debidamente con lo estipulado en la póliza a los efectos de colocar en tiempo oportuno a la compañía en las mejores condiciones para encargarse de la defensa' del pleito sobre daños y perjuicios. ’ ’

Y en González v. U. S. Casualty Co., 55 D.P.R. 668, que presentaba circunstancias análogas a las del caso de autos, exoneramos a la compañía aseguradora por haber sido ésta notificada del litigio después que el asegurado había radi-cado una contestación jurada.

La defensa de incumplimiento de las citadas condiciones por el asegurado puede ser interpuesta por la compañía aseguradora no solamente contra el asegurado si que también contra el reclamante de una indemnización por perjuicios sufridos por un accidente cubierto por la póliza. El perjudicado ocupa la misma posición legal del asegurado, salvo en el caso de colusión entre éste y el asegurador. Véase la monografía en 106 A.L.R. 516 a 532, y González v. U. S. Casualty Co., supra. El reclamante de daños y perjuicios puéde protegerse contra esa defensa notificando a la compañía aseguradora de la ocurrencia del accidente, haciéndola parte demandada al iniciar' su acción y emplazándola y entregándole copia de la demanda. Nada de eso hizo el demandante en el presente caso y por consiguiente la compañía aseguradora podía interponer contra él la mencionada de-fensa.

Nuestra decisión en Rondón v. The Aetna Casualty & Surety Co., 56 D.P.R. 439, invocada por el apelante, no es de aplicación a los hechos del presente caso. En el de Rondón se trataba del seguro compulsorio de una guagua dedicada al negocio de transportar pasajeros, autorizada para ello por la Comisión de- Servicio Público; y resolvimos que la doc-trina seguida en el caso de Gonzáles v. U. S. Casualty Co., supra, es aplicable solamente a casos en que la póliza ha sido tomada voluntariamente y no a aquéllos en que el se-guro es compulsorio por disposición estatutaria.

En el presente caso no se ha llamado nuestra atención' hacia ninguna ley insular u ordenanza municipal por virtud de la cual el Gobierno de la Capital esté obligado a tener asegurados los automóviles que utiliza para los servicios mu-nicipales.

No erró la corte inferior al exonerar de toda responsabi-lidad a la United States Casualty Company.

Por las razones expuestas,, se confirma la sentencia recu-rrida.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Julio 14, 1943.

1. Abogado y Oliente — Anticipo a Cuenta de Honorarios y Autoridad — Com-parecencia Personal del Litigante o por Abogado — Abogado de Récord.— A menos que otra eosa en contrario aparezca de los autos, es abogado de récord y será considerado como tal, el quo comparece en el pleito suscri-biendo las alegaciones.

2- Id. — De la Profesión de Abogado — Privilegios, Incapacidades y Responsa-bilidades — Regulación de la Conducta Profesional de los Abogados.— Esto tribunal está en ol deber ineludible de velar por que los abogados, que actúan como funcionarios de las cortes, cumplan estrictamente sus obliga-ciones profesionales. Un comentario nuestro a sus actuaciones en un caso no se eliminará de tener justificación en los autos.

El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El Licenciado Juan Valldejuli Rodríguez, abogado del Go-bierno de la Capital de Puerto Rico, ha radicado ante esta corte una moción solicitando la eliminación de ciertas mani-festaciones que hiciéramos en la opinión emitida por este tribunal en el caso de epígrafe.

Se solicita la eliminación del párrafo que lee así:

“El representante legal del municipio demandado consintió la radicación y oportunamente fue notificado con copia de la demanda enmendada. Era su deber ineludible alegar en contra de dicha de-manda dentro del término de diez días que la ley le concede para hacerlo y nada hizo. Optó por abandonar la defensa de los contri-buyentes que le pagan para qtie defienda stis intereses, dejando pri-mero de notificar a la compañía aseguradora de acuerdo con las con-diciones de la póliza, permitiendo más luego que se. anotara la rebeldía del Municipio sin hacer gestión alguna para abrirla, y no concurriendo como debió haberlo hecho al acto de la vista a defender a su cliente en contra de los intereses adversos del demandante que reclamaba una cuantiosa indemnización y de la compañía aseguradora que ale-gaba haber sido exonerada de. toda responsabilidad por la violación por parte del Municipio de las condiciones de la póliza.”

Las razones que se aducen en apoyo de la solicitud son, en síntesis, las siguientes:

(a) que el abogado compareciente no fué el que tuvo a su cargo la tramitación del pleito cuando se incluyó a la compa-ñía aseguradora como demandada; y que el Gobierno de la Capital confió su defensa a la compañía aseguradora, de acuerdo con la póliza.

(&) que no existe constancia alguna en los autos de que el abogado compareciente fuera el que tuviera a su cargo el mencionado pleito en el momento en que se incluyó a la com-pañía de seguros como demandada.

(c) que el’abogado compareciente no tenía noticias ni co-nocimiento que el automóvil que causó el accidente estuviese asegurado; y que el deber de notificar a la compañía no repo-saba en él como un deber profesional.

(d) que el citado abogado no sabía que hubiese intereses encontrados entre la compañía y el Municipio, por no haber sido ni éste ni su abogado notificados de esa circunstancia; y que el abogado no podía proceder a contestar nna tercera demanda enmendada en nn pleito que no se le había confiado.

(e) que del récord no aparece que se hubiere registrado rebeldía alguna contra el Municipio.

No procede, y se declara, por tanto, sin lugar la elimina-ción del párrafo arriba transcrito, por las siguientes razones:

Desde el momento en que se notificó al Gobierno de la Capital la demanda original de Herminio Colón, hasta el 6 de junio de 1940 en que por decisión de esta Corte se devolvió el caso a la de distrito, para ulteriores procedimientos, la de-fensa del Gobierno de la Capital estuvo a cargo del Licen-ciado Juan Valldejuli Rodríguez. Véase: 57 D.P.R. 15.

De los autos radicados ante esta corte aparece que en agosto I. de 1940 el demandante, con el permiso de la corte y sin objeción por parte del demandado, radicó, una tercera demanda enmendada, haciendo parte demandada a la compa-ñía aseguradora. Copia de esa demanda fué notificada al Sr. Valldejuli, quien firmó la notificación; que en 28 de septiem-bre de 1940, el Licenciado José López Baralt, abogado de la compañía aseguradora, radicó a nombre del Gobierno de la Capital y de la compañía una excepción previa a la tercera demanda enmendada; que el día 30 del mismo mes, el abo-gado López Baralt radicó una moción retirando la referida excepción previa en cuanto al Gobierno de la Capital, porque la misma había sido radicada “por error del abogado suscri-biente, sin que el Gobierno de la Capital de Puerto Rico hu-biera autorizado al suscribiente a radicar tal excepción previa, y asimismo, sin que la U. S. Casualty Company lo hubiera autorizado o instruido para que radicara tal excepción previa a nombre del Gobierno de la Capital de Puerto Rico”, y ha-ciendo constar expresamente “que el Gobierno de la Capital de Puerto Rico se encuentra representado en estos autos por su abogado, el Ledo. Juan Valldejuli Rodríguez”; que la mo-ción a que acabamos de referirnos fué notificada con copia al Sr. Valldejuli, quien recibió y aceptó la copia, firmando como abogado del Gobierno de la Capital; que la moción fué decía-rada con lugar el 4 de noviembre de 1940 y el 7 del mismo mes la compañía contestó la demanda, interponiendo, entre otras, la defensa de violación e incumplimiento por parte del Muni-cipio asegurado de las condiciones de la póliza.

A partir de la fecha en que se le notificó la moción para retirar la excepción previa radicada por la compañía, que era aviso suficiente de que la compañía no pensaba asumir la de-fensa del Municipio, los autos no demuestran que el abogado de récord del Municipio hiciera gestión alguna para defender los intereses que le habían sido encomendados.

Es cierto que del récord no consta que se hiciera una anotación de la rebeldía del Municipio por no haber formu-lado alegación alguna contra la tercera demanda enmendada. Empero, el hecho esencial es que no obstante el conflicto de intereses existente entre la compañía y el Gobierno de la Capital, el abogado de éste no contestó la demanda, no compa-reció al juicio, a pesar de haber sido citado, y dejó huérfano de representación a su cliente.

La alegación del abogado promovente de que la defensa del Municipio había sido asumida por y encomendada a la compañía aseguradora está desvirtuada por los hechos que hemos expuesto.

El Licenciado Yalldejuli aparecía en los autos como abo-gado de récord hasta la fecha en que la compañía aseguradora le notificó la moción retirando la excepción previa. De acuerdo con la Regla 27 de las de las cortes de distrito y las de este tribunal, el abogado de récord es aquél que ha compa-recido en el pleito suscribiendo las alegaciones; y dicho abo-gado será considerado como tal, a menos que otra cosa en contrario aparezca de los autos. Véanse: Garrida v. Medina, 42 D.P.R. 775 y Claudio v. Palacios y Muñis, 29 D.P.R. 825.

La alegación del abogado promovente de que al hacerse cargo del caso como defensor del Municipio él no sabía que los automóviles del mismo estuviesen asegurados, no es muy convincente. Aceptando que el abogado del Municipio igno-rase el hecho de que los automóviles municipales estuvieran asegurados, es .una precaución elemental que debe tornar todo abogado defensor de un pleito por daños causados por un au-tomóvil, .la de cerciorarse si su cliente, el dueño del vehículo, está cubierto por una póliza de seguro. Y si lo estuviere, en ese caso es deber profesional del abogado estudiar la póliza y dar los pasos requeridos por las estipulaciones del contrato de seguro para que el asegurado tenga todo el beneficio de la póliza. Nada de eso hizo el abogado defensor del Municipio en el caso de autos.

Tampoco procede la eliminación del párrafo de nuestra opinión en que censuramos la práctica de imputar al juez de la corte inferior pasión, prejuicio y parcialidad, sin tener el más leve fundamento para justificar tan seria imputación. En el caso de autos se hizo esa imputación al Juez La Costa, Jr., no solamente en cuanto al caso de autos, si que también en cuanto a las corporaciones en general y especialmente en contra del Gobierno de la Capital. No consta nada en el récord que pueda justificar tales imputaciones. Por ese motivo, calificamos como viciosa y censurable la práctica de hacer tales imputaciones cuando no hay ni siquiera argumentos o razones para sostenerlas.

Es deber ineludible de esta Corte Suprema velar por el estricto cumplimiento de sus obligaciones profesionales por parte de los abogados, quienes actúan como funcionarios de las cortes. Al comentar o criticar actuaciones de los aboga-dos, que constan en los autos, no nos mueve propósito alguno de molestar, ofender o perjudicar en manera alguna al abo-gado que por una u otra razón no cumplió estrictamente las obligaciones para con su cliente. Todos los abogados tienen y son acreedores a nuestro respeto y consideración, pero fal-taríamos a nuestro deber si dejáramos pasar sin el merecido comentario situaciones como la que presenta el récord de este caso.

La moción debe ser declarada sin lugar.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Carmen Rodríguez López, demandante y apelada, v. José M. Toral, Violeta Toral de Ramo y su esposo, Dr. José Ramos Mimoso, demandados y apelantes.
    Núm. 8669.

    Sometido: Abril 12, 1943.

      Resuelto: Mayo 18, 1943.

      V. M. Sánchez Fernández, abogado de los apelantes; B. Rivera Zayas y Joaquín Telilla, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

De la evidencia presentada en este caso y especialmente de la escritura número 1 de 18 de enero de 1940 ante el no-tario V. M. Sánchez Fernández {exhibit 1, dte.) resulta que por otra escritura de 8 de febrero de 1939 que no fue pre-sentada en evidencia, .Laureano Rosa y su esposa Rosario Rosendo celebraron un contrato con la mercantil García Hnos., S. en C., contrato que denominaron “Venta con Pacto de Retro”, y a virtud del cual los expresados esposos decían-vender a la citada mercantil, sujeto al indicado pacto, una casa sin solar radicada en la calle Esteban Padilla, de la ciu-dad de Bayamón. No aparece del exhibit 1 de la deman-dante cuál fue el precio de la alegada venta, pero sí aparece que ésta se celebró con la condición de que los vendedores o sus causahabientes “podrían retroadquirir la finca vendida en el término de dos años a contar desde la fecha de la men-cionada escritura. ’ ’

No obstante la celebración del citado contrato denominado “Venta con Pacto de Retro”, la compradora no entró en po-sesión material de la casa vendida y por el contrario conti-nuaron poseyéndola los esposos vendedores, quienes la vi-vieron basta que por virtud de la citada escritura de 18 de enero de 1940 (exhibit 1, dte.) vendieron a Carmen Rodrí-guez López el derecho de retracto' que ellos alegaban tener sobre la referida casa, por el precio de $400 que la compra-dora les pagó en el acto del otorgamiento en presencia del notario. Una semana después de otorgarse dicha escritura, Carmen Rodríguez López ocupó la casa y continuó viviéndola hasta que el 17 de diciembre de 1940 la alquiló a Francisco' Maymí por canon de $15 mensuales. Maymí ocupó la casa y pagó a la demandante Carmen Rodríguez López el canon correspondiente a los días del mes de diciembre de 1940 y el de enero de 1941, pero al ir la demandante, a principios de marzo, a cobrar el canon correspondiente al mes de febrero de 1941, le manifestó Maymí que ya lo había pagado a la mercantil García Hnos., S. en C., por haber recibido una no-tificación de dicha firma, suscrita por el Lie. V. M. Sánchez Fernández, requiriéndolo para que pagase dicha mensuali-dad y las subsiguientes a la referida mercantil, por ser ella desde entonces dueña de la casa en cuestión.

En efecto, el término de dos años convenido para ejerci-tar el supuesto derecho de retracto había expirado, y García Hnos., S. en C., había considerado que se había consolidado a su favor el dominio de la casa en cuestión. Fueron inefi-caces las protestas de la demandante. García Hnos., S. en C., vendió la casa a José M. Toral, dueño del solar, en marzo de 1941, quien continuó cobrando de Maymí los cánones de arrendamiento.

A fin de recobrar la posesión de la casa, Carmen Rodrí-guez López radicó contra Toral una petición de injunction para recobrar la posesión, pero habiendo alegado Toral en su contestación que desde el mes de agosto de 1941 se había “desprendido de la posesión del referido inmueble y pasado el mismo a la señora Violeta Toral de Ramos Mimoso” y que por esa razón no procedía contra él el injunction para recobrar la posesión, la demandante radicó una demanda en-mendada incluyendo como partes demandadas, en adición a José M. Toral, a Violeta Toral y a su esposo José Ramos Mimoso.

Contestaron todos los demandados oponiéndose a las pre-tensiones de la demandante, alegando los demandados Vio-leta Toral y José Ramos Mimoso bajo el epígrafe “Defen-sas Especiales” lo siguiente:

“Como defensa especial los demandados exponen y alegan:
“Primero: Que siendo los demandados Violeta Toral de Ramos Mimoso y su esposo el Dr. José Ramos Mimoso terceros poseedores de buena'fe, no procede contra ellos el injunction para recobrar la posesión- material de la propiedad anteriormente descrita a tenor de lo dispuesto en el axtículo 448 del Código Civil (edición de 1911).
“Segundo: Que habiéndose el demandado José M. Toral des-prendido de la posesión del referido inmueble y pasado el mismo a la Sra. Violeta Toral de Ramos Mimoso no procede el injunction para recobrar la posesión contra el aquí demandado por no tener él dicha posesión.”

Sin prejuzgar los derechos que a la casa pueda tener García Hnos. de acuerdo con el artículo 1410 del Código Civil (ed. 1930), forzoso es concluir que si García Hnos. hubiese conservado la posesión del inmueble, el interdicto hubiera procedido contra ella. Si el interdicto hubiera procedido contra dicha firma, no siendo de aplicación a este caso los principios de la Ley Hipotecaria, toda vez que la casa no está inscrita en el Registro de la Propiedad, es evidente que García Hnos. no podía trasmitir a sus causahabientes una posesión legal cuando la que ella tenía había sido ilegalmente adquirida. En otras palabras, los demandados ocupan la misma posición que tenía su causante García Hnos., S. en C. Por consiguiente, procede contra los demandados el interdicto posesorio, como si ellos y no García Hnos. hubieran sido los que ilegalmente privaron a la demandante de la posesión que reclama.

Parece, a primera vista, que si Violeta Toral y su esposo estaban poseyendo la casa en cuestión, no debió dictarse sen-tencia contra el demandado José M. Toral. Sin embargo, si se tienen en cuenta las alegaciones evasivas de los demanda-dados, no alegando de manera franca y terminante que José M. Toral vendiera la casa a Violeta Toral, sino limitándose a decir que se desprendió de la posesión del referido inmue-ble pasándolo a la Sra. Violeta Toral de Samos Mimoso, re-pitiendo esta frase en distintas ocasiones, y si se tiene en cuenta además que no .existe prueba alguna en los autos ten-dente a demostrar que la demandada Toral cobrase las ren-tas de la casa — pues basta su propio marido lo ignora y ella no compareció a declarar — el juez inferior sin duda al apre-ciar toda esta prueba pudo racionalmente llegar a la conclu-sión de que el supuesto traspaso o enajenación hecho por José M. Toral a Violeta Toral era simplemente un ardid para evitar que pudiera dictarse contra él la sentencia de este caso, y continuar directa o indirectamente privando a la demandante de la posesión del inmueble.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confir-mar la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. William Torres Granado, acusado y apelante.
    Núm. 9817.

    Sometido: Abril 2, 1943.

      Resuelto: Mayo 18, 1943.

      Juan B. García Méndez, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal-del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

José Nieves Hidalgo, sargento de la Policía Insular, y los policías "William Torres Granado, Bamón López Giusti y Dámaso Alvarez fueron denunciados en la Corte Municipal de Aguadilla por infracción al artículo 138 del Código Penal. Consistió ía alegada infracción en que en la ciudad de Aguadilla, entre siete y media y ocho de la noche del 5 de febrero de 1940, dichos acusados, so color de autoridad, en el cuartel de la Policía Insular, voluntaria y criminal-mente, sin causa legal para ello, acometieron y agredieron, el primero con un garrote o bastón y los demás con maca-nas, el demente Jesús Badillo Méndez, causándole las si-guientes heridas: una, lacerada contusa en forma estelar de alrededor de tres pulgadas de largo en la región parieto-temporal izquierda con descubrimiento del cráneo; otra con-tusa de tres pulgadas de largo en la región occipital con des-cubrimiento del cráneo; contusión fuerte que le prohibe mo-vimiento del anular izquierdo y fractura completa del cuarto metacarpo de la mano izquierda en su región distal.

Apelaron todos para ante la corte de distrito, pero ha-biendo ingresado en el ejército el acusado José Nieves Hi-dalgo, el juicio de novo se celebró contra los demás acusa-dos, resultando convicto el apelante William Torres Granado y sentenciado a cumplir un mes de cárcel y a pagar cien dólares de multa y las costas. Los demás - acusados fueron absueltos.

La prueba fué contradictoria. La de cargo tendió a de-mostrar que el día de autos Jesús Badillo Méndez, quien aunque demente no es peligroso, salió de un cafetín llevando en sus manos un cuchillo. El policía López Giusti, que lo vió, le requirió para que le entregase el arma. Rehusó Ba-dillo Méndez, pero al insistir el policía, Badillo, cogiendo el cuchillo por la hoja, se lo entregó de forma que el policía lo cogiese por el cabo. El policía tomó el cuchillo tan brus-camente que le produjo una herida en la mano a Badillo. Intentó entonces arrestarlo y el demente se negó a ir arres-tado, pero al insistir el policía, accedió diciendo, a manera de transacción, que ambos, el policía y él, irían arrestados al cuartel y al efecto el policía lo agarró por el cinturón y el preso al policía por la correa que bajando de sus hombros sostiene el cinturón que porta y el revólver y la macana. Así marcharon ambos tranquilamente hasta el cuartel donde el policía entregó el cuchillo a un compañero suyo. Ordenó a Badillo que tomase asiento, y como rehusara sentarse, trató de obligarlo por la fuerza, trabándose la consiguiente lucha entre los dos. En esos momentos llegaron el sargento Nieves Hidalgo y el apelante, y éste primero y el sargento des-pués agredieron a Badillo en la forma que dice la denuncia, apagando inmediatamente la luz por lo que los testigos de cargo no pudieron ver si algo más sucedió después.

La prueba de descargo discrepa de la de cargo solamente en cuanto a la forma en que se desarrollaron los sucesos en el cuartel. Según el apelante y sus testigos, al llegar el preso al cuartel se enfureció, insubordinó y maltrató de palabras al policía López Giusti, dándole una bofetada y entablándose entre ellos una lucha, pretendiendo el arrestado desarmar al policía. El policía de retén permaneció en su sitio; pero en esos momentos llegaron el sargento y el apelante y como el policía López Giusti era por razón de su edad y contextura física más débil que el demente y pedía auxilio, temeroso de que éste pudiese quitarle el revólver y usarlo contra él, al tratar uno de los policías de separarlo y no conseguirlo, el sargento -Nieves Hidalgo ordenó al apelante que le diese un macanazo, y así lo hizo; pero como a pesar de ello Badillo no cedía el sargento le dió un garrotazo con el garrote que por-taba, dando lugar a que perdiera fuerzas Badillo y en su lucha con López Griusti fuese a dar con la arista de una co-lumna, causándose una herida en la cabeza, siendo entonces dominado por la policía.

El juez sentenciador dió crédito a la prueba de cargo y refiriéndose a la de descargo manifestó que no le había me-recido crédito.

Sostiene el apelante que la corte a quo incurrió en error manifiesto en la apreciación de la prueba y que actuó con prejuicio al estimar que dentro de las circunstancias del caso no estuvo justificada la agresión.

Hemos examinado la prueba toda y no podemos convenir con el apelante en la imputación que hace al juez sentencia-dor. El juez no venía obligado a dar crédito a la prueba de una u otra parte, sino a la que por la forma en que declara-ron los testigos y por todas las circunstancias concurrentes creyese él que se ajustaba a la verdad, y si creyó la de cargo y ésta lo convenció más allá de duda razonable de que el apelante era culpable del delito imputádole, no existe razón o motivo alguno que nos justifique en alterar su discreción en la apreciación de la prueba.

Insiste, sin embargo, el apelante en que al dar el macanazo que admite haber propinado al preso, lo hizo en defensa de su compañero y obedeciendo órdenes de su superior jerárquico el sargento Nieves Hidalgo. Si la agresión dentro de las circunstancias era innecesaria y por consiguiente ilegal, la orden del superior no constituye una defensa, pues el apelante no venía obligado a obedecer órdenes' ilegales. Sobre la orden del superior jerárquico está el imperio de la ley contra la cual no pueden ir ni el sargento ni ningún otro oficial por elevada que sea su jerarquía, y, como se dice en Grau v. Forge, 3 A.L.R. 642, se presume concluyentemente que todo oficial de policía conoce su deber y debe abstenerse de faltar al mismo. Establecida esta premisa procede determinar si de acuerdo con las circunstancias concurrentes en este caso, la orden del sargento estaba justificada. Una persona razonable, actuando dentro de las circunstancias, se hubiera dado cuenta de que no lo estaba. Sin detenernos a considerar, por no constar afirmativamente del récord, si el apelante o cualesquiera de los policías envueltos en este caso sabían que Badillo Méndez era demente y que como tal de-bieron tratarlo, evitando en lo posible enfurecerlo, es un hecho perfectamente establecido que el demente se hallaba desarmado en los momentos en que fué agredido, y si bien los policías declaran que él es un hombre fuerte, no implica ello que fuese de tan extraordinario vigor que cuatro poli-cías no pudiesen separarlo del policía López Giusti, a quien, según la prueba de descargo, el preso tenía agarrado por la cintura. A nuestro juicio, la agresión por parte del apelante era claramente innecesaria y debiéndolo éste comprender así, al obedecer la orden del sargento asumió las consecuencias de su acto ilegal.

Procede desestimar el recurso y confirmar la sentmcia apelada.


text:
    Eduardo Rivera Colón, demandante y apelado, v. Jorge Colón Meléndez, demandado y apelante.
    Núm. 8629.

    Sometido: Abril 7, 1943.

      Resuelto: Mayo 18, 1943.

      Ramón Q. Goyco, abogado del apelante; E. Tristani, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los herederos de José Ramón Meléndez y de Rosalía Rivera eran dueños de una finca de 570 cuerdas radicada en el barrio Caonillas Arriba, del término municipal de Villalba. De ella segregaron y vendieron a Eduardo Rivera Colón una porción de 200 cuerdas, por escritura de 27 de febrero de 1937 ante el notario Edelmiro Huertas Zayas. Por virtud de esa segregación la finca quedó reducida a 370 cuerdas. No habiendo sido satisfecha la contribución de herencia de la causante Rosalía Rivera, el Colector de Rentas Internas de Villalba, conforme aparece del acta de subasta presen-tada en evidencia, fechada el 4 de abril de 1940, embargó y vendió bienes de dicha sucesión que describe así:

“Finca rústica situada en el Bo. Caonillas Arriba del municipio de Villalba, P. R., con cabida de condominio en mitad de finca de 570 cdas. y casa.”

A continuación expone las colindancias y más adelante en la misma acta expone:

‘ ‘ Durante el acto de la subasta fueron hechas las siguientes ofertas:
‘ ‘ * * * # # * =::=
(a) Don Eduardo Rivera Colón, . . . ofreció por el condominio en mitad de finca la suma de $185.94.
¡ < * * # * * # «
"... y siendo la oferta hedía por don Eduardo Rivera Colón,, de las circunstancias personales ya expresadas, la más alta y única y habiendo depositado dicho Sr. $185.94 que importa el total de su oferta, a éste se adjudican los bienes por los que hizo postura, a re-serva de que los interesados ejerciten el derecho de redención en consonancia con la ley.”

El 9 de marzo de 1940 se le extendió “certificado de com-pra de bienes inmuebles” y en dicho certificado vuelve a des-cribirse la propiedad vendida como “un condominio sobre la finca de 570 cuerdas y casa, en el barrio Villalba Arriba, lindando por el Norte con Juan Cintrón Velazco; Sur, Río Toavacas; Este, Andrés Hernández, Jacinto Santiago y Manuel Maldonado; y por el Oeste con el río Toavacas.”

Vamos a asumir, a los efectos de la discusión, que lo que realmente vendió el Colector y compró Eduardo Eivera Co-lón no fue ese condominio indeterminado a que se refieren el acta de la subasta y el “certificado de compra de bienes inmuebles”, sino el resto de la finca que por haberse segre-gado de ella 200 cuerdas, había quedado reducida a 370 cuer-das; y vamos a asumir también que de estas 370 cuerdas vendió Eduardo Eivera Colón la parcela de 185 cuerdas a Juan Colón, quien a su vez las vendió a Tinio Colón, y que con tal motivo la finca de Eduardo Eivera Colón tiene una superficie de 385 cuerdas, o sea 200 cuerdas que compró en el año 1937 y las 185 objeto de la subasta.

Los herederos dejaron transcurrir el año desde que se efectuó la subasta sin redimir la propiedad.

En 25 de abril de 1941 Eduardo Eivera Colón enfermó de parálisis infantil, saliendo de Puerto Eieo el 7 de agosto del mismo año e ingresando en el Sanatorio de Warm Springs, G-eorgia, el primero de septiembre de 1941, de donde regresó a Puerto Eico siete u ocho meses después. Un año después de la venta, Eduardo Eivera Colón echó en la finca cierto ganado vacuno, caballar y cabrío; pero ello no obstante, por lo menos una de las anteriores dueñas, Eita Meléndez, que hacía diez años vivía en la finca, continuó allí ocupándola, y en 24 de febrero de 1942 arrendó a su hijo, el demandado Jorge Colón Meléndez, una parcela de 25 cuerdas radicada en la porción de 185 cuerdas que había retenido Eduardo Eivera Colón. En junio de 1942 Eduardo Eivera Colón fué personalmente a la finca, encontrando que Jorge Colón Me-léndez estaba preparando terreno y sembrando en la refe-rida porción de 25 cuerdas, y al negarse este último a aban-donar la finca, radicó Eivera Colón en la corte inferior la petición de injunction origen de la sentencia apelada.

Parece absurdo que no habiéndose previamente practicado la división de la comunidad que existía entre los herederos de José Ramón Meléndez y Rosalía Rivera, pudiera la he-redera Rita Meléndez arrendar una porción determinada de dicha finca. El arrendamiento fué posible debido a que se-gún se infiere de la evidencia, si bien no se había practicado una división de la propiedad, los herederos privadamente se habían asignado porciones específicas, por lo menos entre los que vivían la finca, y las 25 cuerdas arrendadas al de-mandado estaban comprendidas en la porción determinada que estaba poseyendo la heredera Rita Meléndez.

El juez de la corte inferior decretó el injunction, basán-dose principalmente en que el demandante, a virtud del “cer-tificado de compra” otorgádole por el Colector de Rentas Internas de Villalba, había adquirido la finca en cuestión y que, siendo ello así, Rita Meléndez ningún derecho tenía so-bre dicha finca que pudiera transmitir a su hijo el deman-dado.

Asumiendo, a los efectos del argumento, la validez del “certificado de compra de bienes inmuebles”, tendríamos que resolver que la acción de injunction interpuesta en este caso no procede por la sencilla razón de que el injunction es un recurso en equidad, a la que no puede acudirse cuando exista un remedio tan rápido, adecuado y eficaz en ley. Bajo las circunstancias que hemos asumido, ese remedio lo tendría el apelado interponiendo un pleito de desahucio. José María Colón Meléndez v. Providencio Rivera, resuelto el 10 de marzo último (61 D.P.R. 560). Pero si considerásemos que el título del demandante es, si no nulo, por lo menos dudoso, debido a la forma en que se extendieron el acta de subasta y el certificado de venta, tampoco procedería el injunction porque, como se dijo en Martínez et al. v. Soto, 32 D.P.R. 607, 610 citando de Ruling Casg Law:

“ ‘Y es una regla general que no se concederá un injunction cuando existe disputa en cuanto al derecho legal envuelto y el dere-cho del demandante es dudoso, siendo la teoría que es el deber de la corte proteger los derechos reconocidos más bien que establecer otros nuevos y dudosos. Por tanto, cuando el derecho del demandante no ha sido establecido de acuerdo con la ley, o no es claro, sino que es dudoso sobre cualquier base en que se coloque, no sólo por la contestación del demandado, sino por la prueba en el pleito, no tiene dicho demandante derecho a un remedio mediante injunction. . . . De aquí se infiere que una corte de equidad no intervendrá para im-pedir un cambio de una servidumbre (easement) a menos que el derecho del demandante haya sido establecido de acuerdo con la ley.’ 14 R.C.L. 355-356.”

Véanse además A. Rojas & Co. v. Luna, 39 D.P.R. 838, 842; Municipio de Comerío v. Rivera, 34 D.P.R. 410; y Muños v. Viejo, 35 D.P.R. 864, 870.

Sea válido o no el certificado de compra, procede, por los fundamentos anteriormente expuestos, declarar oon hogar el recurso, revocar la sentencia apelada y en su hogar dictar otra desestimando la petición de injunction, con costas al demandante.