author: El Juez Asociado Señor HutciiisoN,

text:
    Ana Méndez Vaz, tercerista y apelante, v. Juan de Choudens, demandado-apelado, y Antonio C. Ducret, demandado.
    No. 3727.

    Visto: Diciembre 22, 1925.

      Resuelto: Junio 9, 1926.
    1. Traspasos Fraudulentos — Remedios de Acreedores y Compradores — Eviden-cia — De las Presunciones — En General — Compraventa por Documento Notarial. — -Un documento notarial no se presume otorgado en fraude de acreedores a menos que y hasta tanto se demuestre, o que envuelve un tras-paso de propiedad sin consideración alguna, o una venta después de sen-tencia contra el vendedor o posterior al libramiento de un embargo contra su propiedad.

      2 Traspasos Fraudulentos — Eemedios de Acreedores y Compradores — Eviden-cia — Su Suficiencia en General. — Una mera sospecha, por fuerte o bien fundada que sea, de que una o ambas de las condiciones previas para poder invocar el artículo 1264 del Código Civil puede existir, no es suficiente para sostener que un traspaso o venta se ha otorgado en fraude de acreedores.
    3. Embargo — Práctica de Embargo (Levy), Gravamen (Lien) y Custodia y Dis-posición de la Propiedad — Oposición o Protesta al Embargo — Propiedad de Uno Embargando Como Perteneciente a Otro. — El dueño de propiedad embargada como perteneciente a otra persona no tiene obligación o deber de oponerse al embargo o a hacer una protesta violenta contra la actuación del funcionario que efectúa el embargo.
    4. Testigos — Credibilidad, Impugnación, Contradicción y Corroboración — En General — De la Credibilidad de los Testigos en General. — Un abogado y notario de buena reputación no es una excepción a la regla general con-tenida en el artículo 21 de la Ley en Evidencia.
    5. Embargo — Mandamiento de Embargo — Prioridad del Mismo — Venta Otor-gada el Mismo Día en que se Expidió el Mandamiento. — El heeho de qne un documento notarial se haya otorgado y el mandamiento de embargo li-brado el mismo día, no levanta presunción alguna de- prioridad a favor del mandamiento.
    Sentencia de M. Rodríguez Serra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demandaj.de tercería con costas.

      Revo-cada.

      R. Sancho Bonel, abogado de la tercerista apelante; José N. Qtá-ñones. abogado del opositor apelado.
   El Juez Asociado Señor HutciiisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La apelación establecida en este caso por Ana Méndez Yaz es contra una sentencia qne declara sin lngar su re-clamación y qne el Jnez de la corte inferior basó en la si-guiente opinión: '

“En este caso se celebró en el día de ayer la vista del recurso sobre tercería de bienes muebles interpuesto por Ana Méndez Yaz. La tercerista alega ser dueña de los bienes embargados como de la propiedad de Antonio C. Ducret a instancia del demandante en el caso principal, Juan de Choudens. Alega que esos bienes los ha-bía adquirido desde el 24 de marzo de 1924 del Sr. Ducret, quien otorgó escritura pública el 31 del propio mes ante el notario Sr. Vizcarrondo Coronado, en la que se hizo constar que se retrotraería a la fecha antes indicada, o sea el 24 de marzo, por el precio de $1,800.00 que adeudaba Ducret a. la tercerista.
“Oponiéndose a las pretensiones de la tercerista, comparece el demandado Juan de Choudens, y en síntesis, alega que los bienes embargados son de la propiedad de Dueret, que el contrato de tras-paso por Dueret a la tercerista, según aparece en la escritura del 31 de marzo de 1924, es simulado y beeho para defraudar al acree-dor'que es el demandante.
“Practicada la prueba y considerada en conjunto, resulta que el día 31 de marzo de 1924, Juan De Clioudens radicó ante esta Corte su demanda contra Antonio C. Dueret reclamando la suma de $1,440.55 e intereses; el mismo día, a su instancia, la Corte ordenó el embargo de bienes del demandado, previa prestación de fianza por el demandante por la suma de $1,000.00 El mismo día, 31 de marzo, el Secretario expidió el mandamiento dirigido al Márshal de la Corte para proceder al embargo y al siguiente día, primero de abril, le dió el Marshal cumplimiento, embargando como de la pro-piedad del demandado, los bienes relacionados en la lista preparada por el propio Márshal. La reclamación de tercería fué presentada el 9 de abril siguiente.
“La tercerista declaró en el juicio como testigo, que la compra de los bienes embargados la hizo con dinero de su exclusiva propie-dad; que era dueña de cierto mueble que había arrendado a Du-eret, a razón de $100 mensuales, que Dueret no pagó el arrenda-miento en 18 meses y que en pago de los cánones atrasados del arren-damiento montantes a $1,800.00, Dueret convino en hacerle tras-paso de la maquinaria y enseres, objeto del embargo, según consta en la escritura otorgada con el número 8 en San Juan, P. K.., el 31 de marzo, ante el notario Yizearrondo.
“En el acto del embargo el Márshal se abstuvo de embargar ciertos efectos un automóvil y un artefacto de panadería porque se le dijo por la tercerista allí presente, que pertenecían a otras per-sonas y si bien allí y entonces ella manifestó ser dueña de los de-más implementos, no opuso resistencia ni formuló protesta contra el embargo que verificó el Márshal y en el certificado de dicho dili-genciamiento no consta circunstancia alguna relacionada con la ac-titud de la tercerista, que, como se ha dicho, estuvo presente en aquel acto.
“También debe mencionarse la existencia de la escritura de compraventa de bienes muebles número 6, otorgada ante el mismo notario Sr. Yizearrondo el 27 de mayo de 1922, en la que fueron partes el demandado Dueret y William E. Kennedy, esposo de la tercerista. En esa escritura aparece adquiriendo Dueret de Kennedy y un señor Suárez, una colección de muebles y maquinarias que se describen en una y otra escritura exactamente de igual ma-nera, con la particularidad de que en los dos instrumentos se men-ciona, junto con los muebles, un número igual de cajas de ciruelas, melocotones, pasas, manzanas, carne, etc.
“Por otra parte, entre los bienes embargados por el Marshal, bay algunos que no figuran incluidos en la descripción de la cláusula 5* de la escritura de 31 de marzo de 1924, como un carro ‘Maxwell’ dos chasis ‘Maxwell’, una alteza de madera, una romana de hierro de brazo, moldes para bizcochos, platillos de cartón, máquinas de confeccionar bizcochos, un armario de madera, etc.
“No ha sido contradicho el hecho de que después de practicado el embargo y estando el Sr. Suro, depositario de los bienes embarga-dos, recluido en un sanatorio, entregó a Ducret, a su instancia, la llave del local donde estaban depositados para poder confeccionar dulces. En aquella ocasión él manifestó a Suro que nada debía a la señora Méndez por alquileres y que la venta de los muebles era simulada.
“Bajo tales circunstancias, y tomando en consideración las dis-posiciones del artículo 1264 del Código Civil que dice así:
“ ‘Se presumen celebrados en fraude de acreedores, todos aque-llos contratos por virtud de los cuales el deudor enagenare bienes a título gratuito. También se presumen fraudulentas las enagena-ciones a título oneroso, hechas por aquellas personas contra las cua-les se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instante, o expedido mandamiento de embargo de bienes.’
“La Corte es de opinión que la tercerista no ha justificado su-ficientemente su derecho y que debe declararse sin lugar su recla-mación, imponiéndosele el pago de las costas.”

Un documento notarial en debida forma en esta jurisdicción no se presume que ha sido otorgado en fraude de acreedores a menos que y basta que se demuestre o que envuelve un traspaso de propiedad sin consideración alguna para ello o si no una venta becba después de dictada la sentencia contra el vendedor o con posterioridad al libramiento de un embargo contra su propiedad. La prueba en uno u otro caso debe ser razonablemente clara y satisfactoria y suficiente para sostener una conclusión de becho terminante.

Una mera sospecha' por fuerte o bien fundada que sea, de que una o ambas de las condiciones previas para po-der invocar el artículo 1264 del Código Civil, pueden exis-tir no es suficiente.

El dueño de la propiedad embargada como perteneciente a otra persona no tiene ninguna obligación o deber de oponerse al embargo o a hacer una protesta violenta contra la actuación del márshal. El silencio en el diligenciamiento en cuanto a la reclamación hecha positivamente por tal dueño en el momento del embargo sería más significativo tal vez si el hecho de hacerse tal reclamación entonces estuviera en disputa. Pero en el presente caso el íuncionario que dirigió el embargo declaró en cuánto a la notificación hecha por Ana Méndez de su reclamación como dueña de la propiedad embargada y de su intención de sostener su derecho a la misma ante la corte. El hecho así establecido según parece no se pone en duda por el juez sentenciador.

La circunstancia de que el inventario contenido en el traspaso hecho por Kennedy y Suárez a Ducret se observó al pie de la letra dos años después en la venta de Ducret a Ana Méndez se explica por el hecho de que el documento posterior fue redactado por el empleado del notario teniendo a la vista el anterior documento.

Que varios artículos de valor apreciable no fueron in-cluidos en el inventario original y omitidos en el traspaso subsiguiente indica más bien el probable incidente respecto a una porfía entre el propuesto adquirente y un acreedor impertinente que un. fraude deliberado concebido y perpe-trado después del embargo e incautación de la propiedad.

Otras indicaciones de actuación apremiante al último mi-nuto por todas las partes interesadas se verán de la cita de la declaración del notario, infra.

No estamos impresionados tampoco con las admisiones que dice Suro se hicieron a su presencia por Ducret. En primer lugar el mismo Suro fué contradicho expresamente por el sub-márshal lo mismo que por la tercerista acerca de lo que ocurrió al hacerse el embargo y por la conclusión a que llegó el juez de distrito sobre este punto. En segundo lugar el objeto de la visita de Ducret en la fecha de la ale-gada admisión fue obtener de Suro como encargado de la propiedad embargada una llave del edificio en el cual es-taba almacenada. Hasta dónde dependía el éxito de su mi-sión de las admisiones en cuestión no es cosa clara, pero él obtuvo la llave. En tercer lugar el valor probativo de tales admisiones no se aumenta, por así decirlo, por la con-ducta peculiar de Ducret mismo en otras ocasiones, ya las manifestaciones hechas en tales ocasiones se consideren ciertas o falsas. En demostración de este punto tomamos de la declaración de un abogado, quien parece que no tiene relación directa alguna o interés en este caso, lo siguiente:

“P. — ¿Pía tenido alguna vez relaciones con el señor Ducret:— R. — Solamente una pequeña conversación. — P.—¿Puede referir al señor Juez esa conversación? — R.—Habrá cosa de dos o tres meses, no puedo. (Dmdo.) Me opongo a esa conversación.— (Juez) —El Señor Ducret ha podido venir para demostrar esa conversación. ¿Qué va a demostrar con eso? — (Dte.) Que es una confabulación de Ducret y del otro demandado Sr. De Cboudens, para baeer apare-cer que esos bienes no son de la señora Méndez Yaz. Ducret le pasó los bienes a la señora Méndez Yaz por los cánones de arrendamiento, y el mismo día se hizo demandar por el señor De Ohoudens. — (Juez) —Puede declarar. — R.-—Hace cósa de dos o tres meses, fué antes de las elecciones, tuve necesidad de cerciorarme de los bienes que ya había embargados. — P.—¿En qué caso? — R.—En el caso de Juan de Ohoudens vs. Ducret. — P.—¿Otro caso diferente a éste? — R.—Esa es la tercería que se interpone en este caso de Juan de Ohoudens vs. Ducret. Hgy el pleito primitivo, el 540, en que me parece que Juan -de Ohoudens demanda a Ducret, y según creo este abogado representaba al tercerista en el caso de Juan de Ohoudens vs. Du-eret, esta parte representaba a la Gandem Rubber Co. Embargó bienes muebles e inmuebles y tuve necesidad de cerciorarme de cuá-les eran esos bienes inmuebles, porque ' los muebles los . sabía.— (Dmdo.) — Eso es un caso completamente distinto. Este es el 540.— R. — Ahí hay embargado por la -Candem Rubber Co. (Juez) —Aquí ño hay nada embargado. — R.—Son dos casos. En una caja de hierro que era lo tínico que restaba de una lista muy larga que había hecho el señor De Ohoudens, demandando entonces a Ducret, quedaban ciertos artículos en la caja de hierro, y esta parte embargó lo que quedaba sin embargar, y embargué dos carros, en ese proce-dimiento en el caso 540 hay un embargo, en que presté una fianza de 1,500 dollars, y se embargaron dos casas, que aparecían en el pleito de De Choudens. Entonces tuve necesidad de verme con Ducret y de ahí viene la conversación con él. Fui a ver las dos casas que me indicó el-marshal cuáles eran; no lo encontré, esperé y vino y tuve esta conversación: ‘Mr. Ducret, yo represento a la Candem Rubber Co. He embargado dos casas, son estas las casas que he embargado.’ ¡Ah! No, estas casas no son mías. De Choudens me ha embargado estas casas, en ese procedimiento 540, pero esas dos casas no son mías. Yo le dije a De Choudens que incluyera estas dos casas como le hubiera dicho que incluyera la Intendencia, estaba interesado en hacer aparecer gran cantidad de propiedades que no tenía, y me embargó esto y la maquinaria, que le' aconsejo que la embargue Ud. también.’ ‘La fábrica’, me dijo. Entonces me de-talló esa fábrica, masas, automóviles, la mar de artículos. Enton-ces me hizo el relato de que él le vendió esos bienes a la tercerista Ana Méndez Vaz, que le vendió esos artículos a ella en pago de ren-tas, pero que habiéndose dado cuenta y queriendo salirse de la boca del lobo se había metido en manos de- De Choudens. ‘Si quiere co-brar esos tres mil pesos embargue toda esa fábrica, que eso vale dinero.’ Entonces le dije: ‘esto está embargado.’ ‘Pues vamos a ha-cer lo siguiente: el señor De Choudens todos los días recibe parti-das de embarque y esos embarques me los da para yo venderlos, y yo los vendo por cualquier cosa. (Dmdo.) ¿Qué tiene que ver todo esto! — R.—Entonces yo vendo esos artículos por cualquier cosa, y de ahí yo tiro. 'Si quiere, hay un embarque, cuando me lo entregue el señor De Choudens, Ud. se me tira encima y me lo em-barga. ’ Me dijo así, y no lo he vuelto a ver; las dos casitas no pertenecen a Ducret, sino a una familia. (Dmdo.) Solicito de la Corte la eliminación de la declaración del testigo por ser inmaterial y ser de referencia. — R.—Lo que pasó que le había vendido los bie-nes y le había pesado y creyendo salir de boca del lobo vino donde el señor De Choudens. ‘Le dije a De Choudens que me demandara; entonces le dije a De Choudens que incluyera ahí las dos casas y los bienes estos para deslumbrar’ frases de Ducret. Me convencí de que esas dos casas no eran de Ducret. Pregunté a los vecinos y no eran de él. Tuve trabado un embargo sobre dos casas que no exis-tían. No lo he vuelto a ver más. — (Dmdo.) P. — ¿Eso se lo dijo-el señor Ducret hace dos o tres meses? — R.—Como un mes antes de las elecciones; no puedo precisar la fecha; fui por dos o tres oca-siones y no lo encontraba. — (Juez) P. — -¿Qué le elijo respecto a los bienes muebles? — R.—Me dijo que los había vendido a la tercerista Ana Méndez, por rentas, pero que habiéndose convencido que había caído en la boca del lobo, se había icio donde De Choudens, que me dijo era pariente. Entonces le dije ‘ahora es peor.’' — P.—No tiene congruencias, porque la demanda de De Choudens es anterior a la venta. — R.—Hablo solamente lo que me dijo Ducret. — No tenía más interés que convencerme de si eran de él las dos casas; al decirme que no, que eran de otro, me retiré. — P.—¿Ud. perseguid a Ducret, para demandarle o embargarle bienes? — R.—No señor, yo demandé al señor De Choudens y embargué esos bienes; fui a ver las casas nada más. — P.—¿Cuáles?—R.—Las dos casas que aparecían embar-gadas por mí, por la Candem Rubber Co., que aparecían embargadas por Juan De Choudens, y como teníamos un crédito contra Juan De Choudens, embargamos. Nada absolutamente contra Ducret; no lo conozco ni tenía reclamación contra él. Solamente embargar los bienes que pudieran tener De Choudens en el pleito seguido por De Choudens vs. Qucret, y me parece que no son de nadie las casas.”

El notario qne redactó los dos documentos mencionados por el juez sentenciador fné llamado a declarar por la tercerista y manifestó lo siguiente:

“P. — ¿Su nombre? — R.—Luis Vizcarrondo.- — ¿Profesión?—R.--Abogado y notario. — P.—¿Conoce a la señora Ana Méndez Vaz?— R. — Mucho.—P.—¿Conoce al señor Antonio Ducret? — R.—Sí señor, mucho. — P.—¿Ha tenido oportunidad de intervenir en alguna escri-tura que hayan hecho esos señores? — R.—En diferentes negocios y asuntos de ellos, por más de cuatro años fui abogado y notario del señor Ducret, del señor De Choudens, de la señora Méndez Vaz y su esposo. Estaban relacionados en negocios. — P.—¿ Qué es esto que le presento? — R.—TJna escritura de la señora Méndez Vaz y de Du-eret. — P.—El párrafo primero dice que los efectos de la misma se retrotraen al primero de marzo de 1924. Tiene fecha la misma de 30 de marzo del mismo año, ¿por qué se hizo esa retrotracción? — R. —Quiero que me permita cinco minutos, porque aquí está mi repu-tación de notario en entredicho, y yo, como hombre y caballero que soy, perteneciente a una distinguida familia, no puedo permitir que mi nombre ande en boca de Tribunales. Me voy a retrotraer a una escritura que hice con anterioridad a ésta, de dos años, en la cual el señor Ducret, que era socio del señor De Choudens, compró a una sociedad, no recuerdo bien (si hubiera estado preparado hubiera traído copia de mi protocolo) compró al señor Kennedy, .esposo de la señora Méndez Yaz, y a otros señores más, dos más que formaban la sociedad, que estaba instalada en la parada 19 para adentro, una fábrica de dulces y pan y galletas, etc. — P.—¿En qué consistía esa fábrica? — II.—Una panadería. — P.—-¿El edificio? — R.—No señor, compró a esos señores todas las maquinarias y ciertas provisiones que había allí, el señor Ducret. Yo bice inventario dentro del local, de lo que había y se hizo la escritura. Dos años con anterioridad, lo menos a ésta. A raíz de eso, a los tres o cuatro meses de eso, el señor liennedy fué demandado en cobro de dinero por Luciano Ramos y le embargaba toda esta propiedad, creo que había dos auto-móviles, una maquinilla (el inventario está en la escritura anterior.) Yo representaba - al señor Ducret en la Corte Municipal de Río Pie-dras, en la tercería de bienes muebles, la que resolvió a favor nuestro la Corte. Inmediatamente a eso el señor Ducret adeudaba no sé por qué concepto, y después adeudó más por concepto de haberle la señora Méndez Yaz alquilado u.n local y darle unas cuantas co-sas, cierta cantidad, y como siete u ocho meses .... P.— (Dmdo.) —¿Eso se lo dijo a (Jd. el señor Ducret? — R.—Eso lo sé porque era abogado de ellos. Las confesiones no debo hacerlas, por la misma cuestión de ser’su abogado. — (Juez)—P.—¿Su conocimiento, siendo abogado de ellos, era por lo que le dijo él? — R.—Todos ellos, todas las cosas que me dijeron. Sabe que el cliente tiene que ponerse al habla con un abog’ado para poder él arreglar cualquier cosa en la corle. Seis o siete meses antes de esta escritura, por diferentes oca-siones, pero en distintas ocasiones, se personaron a mi bufete el se-ñor Ducret, algunas veces la señora Méndez Yaz, para que se hi-ciera el traspaso de esa propiedad que había adquirido, cediéndola el señor Ducret a favor de la señora Méndez Yaz por cierta deuda que había, no puedo explicarla, pero eso consta de mi protocolo. El señor De Ghoudens también en distintas ocasiones se acercó a mi bufete para que exigiera de Ducret que acabara de vender a la se-ñora Méndez Yaz, y recoger una cantidad que tenía que coger, y lo partiera con De Choudens que era socio, no dentro de la escritura esa sino en otra escritura, para instalar en el Teatro Municipal una cantina y un negocio de provisiones. Refiriéndome a esta escritura, 15 ó 20 días antes, no ocho días como dice la señora Yaz (voy a advertir a la Corte que esta es una señora enferma, una neurasté-nica y no puede recordar ciertas cuestiones) quince ó 20 días antes, en esa época tenía la sociedad profesional el señor Rincón Plumey y yo, como abogado y teníamos al señor Quintana Reyes dentro de la Sociedad también, como protocolista y agente judicial, tenía tam-bién participación; 15 ó 20 días de antelación a firmarse esta es-critura, llegó el señor Dueret con la señora Méndez Yaz a hacer la escritura. Tenía en ese tiempo bastante trabajo y ordenó al señor Quintana para que la hiciera. Tomó las notas y dijo que la haría. Por el trabajo se fué pasando tiempo y tiempo hasta que llegó un día (en esos 15 días anteriores me llamó ella que quería arreglar eso porque quería vender o hacer un buen arreglo con esa panade-ría y así se lo dije por dos o tres ocasiones al señor Quintana) en ocasión que llegó este día en que llegaron a firmarla, llegaron allí y entonces se hizo la escritura y se firmó delante de ellos, el día que dice la escritura, creo que es el día 31 de marzo de 1924; delante de mí y de los testigos se hizo esta escritura firmando todos. Debo advertir que desconocía por completo que hubiera tal embargo y tal demanda, etc. porque vuelvo a repetir, que por más de 4 años he sido abogado de todos ellos; y me ha extrañado mucho después de solicitar esta copia que ella no me diera conocimiento de la demanda ni de ese embargo. A los dos o tres días vino donde mí. . . . Debo omitir ciertas cuestiones que sucedieron en el bufete entre los so-cios, y yo mismo recomendé al señor Dueret que llevara a la señora Méndez Yaz al bufete de Sancho Bonet. — P.—Nada más.— (Dmdo.) Nada.”

El artículo 21 de la Ley de Evidencia prescribe expresa-mente que:

“Se presume que un testigo dice la verdad. Esta presunción, sin embargo, puede ser rechazada, por la forma en que declare, por el carácter de su declaración o por evidencia que afecte su veraci-dad, honradez, integridad, o móviles, o por evidencia contradictoria.”

Un abogado y notario de buena reputación no es excep-ción a esta regla general. En la declaración del Sr. Vizca-rrondo no encontramos ninguna de las características co-rrientes de falsedad. Es la figura más sobresaliente si no el único aspecto digno de confianza en el presente caso. Parece haberse dado bajo la inferencia de fuerte pensa-miento y sin previa preparación. Demuestra una disposi-ción digna de elogio en guardar las comunicaciones privile-giadas de los varios clientes interesados. Proporcionaba una oportunidad amplia para un interrogatorio de repre-guntas completo pero las partes más interesadas no hicie-ron ningún esfuerzo por aprovechar esta oportunidad. Per-manece sin atacar y sin contradecir en los autos.

La declaración de la tercerista misma no inspira con-fianza. Puede ser que ella tuviera buena razón para estar nerviosa y aprensiva. Puede ser que el traspaso original de la propiedad hecha por Kennedy y Suárez a Ducret fuera la verdadera excusa. Puede ser y probablemente es cierto que no hubo contrato muy definitivo de arrendamiento y que las rentas vencidas por virtud del mismo no eran la única y principal consideración para el traspaso por Ducret. La manifestación hecha por Vizcarrondo por inferencia, si no directamente, admite esto. Pero de ello no se infiere nece-sariamente que el traspaso fuera simulado o enteramente sin consideración.

Es un hecho no negado en el caso que el edificio donde la maquinaria en litigio estaba instalada, en el cual se ha-bía mantenido el negocio de una panadería por varios años, era propiedad privativa de Ana Méndez Vaz. No se pre-tende que con anterioridad al traspaso dé la maquinaria a ella hubiera sido recibido en alguna ocasión algo en com-pensación por el uso y ocupación de ese edificio.

La orden de embargo y su diligenciamiento por el márshal no- fueron presentados como evidencia. Si el mandamiento había sido dejado en poder del márshal antes de las doce o temprano por la tarde el día 31 de marzo, entonces es lógico asumir que esta circunstancia importante se hubiera hecho constar en algún momento durante el juicio. El hecho inexplicado de que el embargo no se practicó hasta el día siguiente indica una conclusión contraria. Pero aún de otro modo el hecho de que el documento notarial fué otorgado y el mandamiento de ejecución librado el mismo día no levanta ninguna presunción de prioridad en favor del mandamiento. Y como ya hemos indicado, los autos en conjunto no revelaban base satisfactoria para la inferencia de que el documento notarial en cuestión en realidad fué otorgado como pensamiento posterior en cierta fecha du-rante la primera semana de abril y poniéndole nna fecha anterior deliberadamente.

De sostenerse la teoría de la corte inferior los documen-tos públicos en la isla quedarían al mismo nivel que los privados y los convenios verbales, lo cual sería un trastorno en el espíritu y letra de la ley, tanto substantiva como ad-jetiva.

La sentencia apelada debe ser revocada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

license: Public Domain

text:
    Pedro Sánchez Salazar, recurrente, v. El Registrador de Arecibo, recurrido.
    No. 640.

    Sometido: Mayo 26, 1926.

      Resuelto: Junio 9, 1926.
    VENDEDOR Y COMPRADOR-REQUISITOS Y VALIDEZ DEL CONTRATO — CONTRATO CON-SIGNADO en Escritura Pública — Inscripción.—Cuando segregada y vendida una parcela do terreno y mensurada aquella resulta un aumento de. la ca-bida do la finca inscrita la venta y traspaso del exceso resultante de dicha mensura por una causa adicional y substancial, buena y válida es inscribible, sin consideración a-lguna de superficie, relativa o no, excepto en tanto en cuanto está limitada por la finca original de mayor cabida.
    Nota de E. Ginorio, R. (Areeibo), denegando inscripción en cuanto a un exceso de cabida en finca segregada y vendida al recurrente.

      Revocada.

      José E. Díaz, abogado del recurrente; el registrador compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

En julio 1924 Rafael Gandía Córdova como dueño de ciento setenta y nueve cuerdas de terreno colindantes al Norte con la carretera que va de Manatí a Vega Baja, y debidamente inscritas en el registro de la propiedad, se-gregó y vendió a don Pedro Sánchez Salazar una parcela que se describe como sigue:

“Rústica, sita en el barrio de Río Arriba Saliente, del término municipal de Manatí, compuesta de treinta metros de frente por cincuenta metros de fondo o sean un mil quinientos metros cuadra-dos, de terreno llano a pastos. Linda por el Sur y Este con la finca principal de la cual se disgrega; por el Norte, con la carretera que de Manatí conduce a Vega Baja y por el Oeste, con la finca principal, separada por un camino.”

Otra escritura de traspaso otorgada por el mismo ven-dedor en marzo de 1926, después de narrar los anteriores hechos, dice así:

“II. — Que el día dieciséis de marzo de mil novecientos veintiséis, por don Osmín Roques, Agrimensor Público, fué mensurada la finca descrita anteriormente y ésta encierra dentro de sus colindancias y linderos, cincuenta metros por el Norte; treintidós metros cuarenta centímetros por el Este; cincuenta metros por el Sur y eincuenti-eineo metros veinte centímetros por el Oeste, o sea una superficie de 2119 metros cuadrados.
“Til. — Que con el fin de hacer constar la exacta cabida de la finca indicada y que fué disgregación de otra de mayor cabida, otorgan, que don Rafael Gandía, por virtud de la presente, vende a don Pedro Sánchez Salazar, los seiscientos diecinueve metros que resultan de aumento en la cabida de la finca descrita, al practicarse su mensura y dentro de sus colindancias y linderos, queriendo y con-sintiendo que en el Registro de la Propiedad se haga constar que dicho predio actualmente consta de una medida superficial de dos mii ciento diecinueve metros cuadrados.
“TV. — Declara don Rafael Gandía, haber recibido, antes del acto, dei señor Sánchez Salazar, la suma de setenticineo dólares, por el valor de' los seiscientos diecinueve metros mencionados y por ella le otorga carta de pago en forma.”

La nota del registrador, en tanto en cnanto es pertinente a cualquier cuestión aquí envuelta, dice así:

“Inscrito el precedente documento, en cuanto a 300 metros de la finca objeto del mismo, que incluye el 20% de la cabida que re-sulta del Registro, y denegada la inscripción respecto de la dife-rencia de 319 metros por exceder de dicho 20%, tomándose en su lugar.”

En apoyo de esta decisión se nos citan los casos de Delgado v. Registrador, 29 D.P.R. 867; Chiqués v. Registrador, 26 D.P.R. 750; Figueroa v. Registrador, 22 D.P.R. 657, y Cobb v. Registrador, 12 D.P.R. 218.

Ninguno de los casos citados parece ir tan lejos como abora se pretende.

Tenemos ante nosotros un supuesto aumento en superfi-cie resultante de una agrupación ex parte de varias parce-las separadas becba por el dueño según el registro, o de una mera mensura del terreno por el comprador del mismo, previo aviso a su vendedor y a los colindantes.

En el presente caso no existen colindantes cuyos dere-chos sea necesario considerar. La colindancia Norte de am-bas propiedades está definidamente fijada por un camino público. Las únicas partes interesadas son las partes com-parecientes en los dos instrumentos notariales en cuestión. El último de estos dos documentos no es simplemente una ratificación de la mensura becba por el comprador ni tam-poco un mero consentimiento formal a la propuesta modifi-cación de la descripción contenida en la anterior escritura y en el registro de la propiedad. Es una venta y traspaso idel exceso o sobrante resultante de dicba mensura y dicba venta se hace por una causa adicional y substancial, así como buena y válida.

Tal escritura parece ser inscribible sin consideración a cuestión alguna de superficie, relativa o no, excepto en tanto en cuanto está limitada por la superficie de la finca original de mayor cabida.

La nota recurrida debe ser revocada.-


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Sucrs. de Villar Sánchez & Co., demandante y apelada, v. Francisco Cintrón y Justiniano López Soto, demandados y apelantes.
    No. 3853.

    Visto: Marzo 12, 1926.

      Resuelto: Junio 10, 1926.
    1. Alegaciones — Defectos y Objeciones, Renuncia y Subsanación por Vere- ■' dicto o Sentencia — Defectos u Omisiones Curadas por la Contestación o las Pruebas. — Objetada la demanda en cobro -de un pagaré por no alegar su entrega a los causantes de los demandantes y levantada la cuestión en apelación, sin que conste el fundamento de una excepción previa declarada sin lugar pór la corte inferior por ser frívola, si la prueba de los deman-dautea tiende a isobar la posesión del doeumento antes del juicio, la ómisión objetada puede considerarse como suplida por la prueba.
    2. Apelación y Error — Resolución y Disposición del Caso — Revocación—Fun-damento de Revocación — Su InsÚeioiencia. — Resultando subsanada por ad-misiones contenidas en la contestación, la omisión de los demandantes de probar que ellos eran en realidad los sucesores de XX según alegaban, se resolvió era una en la cual no podía insistirse con éxito como fundamento do revocación.
    3. Novación- — Extinción de Una Obligación por Otra — Substitución e Incom-patibilidad. — En este caso se sostuvo no hubo ni la substitución expresa ni ■ la manifiesta incompatibilidad necesaria para constituir novación.
    SbntbNCIa de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando con lugar la demanda con costas, gastos y honorarios.

      Confirmada.

      A. L. López y JuUo Reguero, abogados de los apelantes; Harry F. Besosa, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes como sucesores de Villar, Sánchez & Co. entablaron acción para recobrar un balance de $546.93 que se alegaba estar adeudado sobre un pagaré por $643.10 después de abonar un pago que se admitía haber sido hecho por la suma de $96.17.

Los demandados apelaron contra una sentencia contraria a ellos y especifican como, errores cometidos por la corte inferior los siguientes:

“Primero: Estimar que la demanda contiene hechos suficientes determinantes de la acción de cobro de dinero que en la misma se1 ejercita.
“Segundo: Estimar probado que la demandante es la sucesora legal de ‘Villar Sánchez y Compañía.’
“Tercero: No estimar extinguida por novación la obligación cuyo cobro se ejercita.”

El caso fué llamado para juicio en la corte de distrito en marzo 3, 1925, y no habiendo comparecido los demanda-dos, los demandantes presentaron su prueba y obtuvieron sentencia de acuerdo con la súplica de la demanda.

En marzo 30, a petición de los demandados, la corte de distrito dejó sin efecto la sentencia últimamente mencionada con el fin de que los demandados tuvieran oportunidad de presentar su prueba.

Otra sentencia dictada en septiembre 16, 1925, expresa que en enero 5, 1925, se desestimó como frívola una excep-ción previa y se dió a los demandados una oportunidad para contestar bajo juramento.

La contestación radicada' en enero 14, 1925, admite, en-tre otras cosas, la expedición del pagaré, niega por falta de información ciertas alegaciones de poca importancia y le-vanta como una defensa especial la siguiente materia nueva:

“2. Que antes del vencimiento de dicha obligación, o sea el 5 de abril de 1922, los aquí demandados se declararon en quiebra volun-taria ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico. ■ ■
“3. Que en la cédula correspondiente a la expresada quiebra de los entonces quebrados y ahora demandados, aparece la aquí deman-dante como acreedora por la suma de $643.10 que es el importe de la obligación relacionada en este caso y cuyo cumplimiento se ejer-cita.
“4. Que una oferta de 15%-para ser pagada 30 días después de aceptada y confirmada, y 10% dentro de un año a partir de la fe-cha de su aceptación y confirmación fué propuesta por los enton-ces quebrados y ahora demandados.
“5. Que dicha oferta fué aceptada por mayoría de los acreedo-ra, tanto'en número como en cuantía y la expresada proposición fué debidamente' aprobada por la Corte de los Estados Unidos para Puerto Rico, el día 23 de diciembre de 1924.
“6. Que para pagar ese 15% y 10% antes mencionado, los aquí demandados, bajo el nombre de Cintrón López & Co., suscribieron y entregaron a la demandante, los pagarés que a la letra copiados, dicen así:
“ ‘Al 15 de Enero de 1923. — Por $105.14. — Nosotros Cintrón López & Co., pagaremos a Villar Sánchez & "Co. el día 15 de Enero de 1923, $105.14, siendo dicha cantidad el 15% de su crédito en la quiebra de Cintrón, López & Co. Cidra, P. R., Noviembre 14 de 1922. — (Firmado) Cintrón López & Co., Por Justo L. López.’
“ ‘Al 15 de Enero de 1924. — Por $70.09. — Nosotros Cintrón Ló-pez & Co. pagaremos a Villar Sánchez & Co. el día 15 de enero de 1924, $70.09, siendo dicha cantidad el 15%'de su crédito en la quie--bra de Cintrón López & Cía. Cidra, P. IL, Noviembre 14, 1922.— (Firmado) Cintrón López & Co., por Justo L. López.’
“7. Que a cuenta del pagaré de $105.14 anteriormente trans-crito, el aquí demandado Francisco Cintrón con fecha 19 de no-viembre de 1923, pagó a la mercantil demandante la suma de $96.47, y por los cuales recibieron el correspondiente recibo.
“8. Que de acuerdo con la Ley de quiebra, la aceptación y con-firmación de la expresada oferta de composición, obliga a su fecha, a todos los entonces acreedores, de los aquí demandados y antes quebrados. ’ ’

La teoría de la primera proposición sometida por los apelantes bajo la autoridad de Schlüter & Co. v. González, 34 D.P.R. 303, es que la demanda no alega la entrega del pagaré a los causantes de los demandantes. La prueba oral de los demandantes tendió a demostrar la entrega del pagaré por ellos a su abogado antes de la fecha del juicio. A falta de indicación alguna en los autos en cuanto a la naturaleza de la excepción previa desestimada como frívola por la corte inferior, la omisión que aquí se objeta puede s.er considerada como que fué suplida por la prueba.

La primera alegación de la demanda incluía la manifestación de que los demandantes eran los sucesores de Villar, Sánchez & Co. y habían tomado a su cargo todo el activo y pasivo de dicha firma. El primer párrafo de la contestación negó dicha alegación por falta de información en este respecto. Pero las partes afirmativas de la contestación, según se demuestra por la cita que arriba hemos hecho, admitieron que los demandantes habían sido incluidos por los demandados en su quiebra en la lista de acreedores por la cantidad mencionada en el pagaré descrito en la demanda enmendada.

Los nuevos pagarés descritos en la contestación se dicen que fueron entregados a los demandantes. Los deman-dados alegan haber hecho a los demandantes el pago de $96.47. El recibo a que se hace referencia y más tarde presentado como ñor los demandados lleva la firma de la sociedad dorua adame. .'ajo las circunstancias la omi-sión de los demandantes de probar qne ellos eran en reali-dad los sucesores de Villar, Sánchez & Co. es una en la cual no puede insistirse con éxito como fundamento de revoca-ción.

De la prueba aducida en el juicio aparece que la oferta de composición, que incluía los pagarés, presentada en esa época y descrita en la contestación, fué becba por Cintrón, López & Co., que la orden de confirmación fué pedida por dicha firma y que la orden misma tal como fué hecha no incluía a los socios individualmente. Descansando en estos y otros detalles más o menos inconsistentes con las alegaciones de la contestación, los apelados insisten en que los socios individuales nunca fueron exonerados de responsabilidad par su obligación original. A este respecto se nos hace referencia a las siguientes autoridades:

In re Bertenshaw, 19 Amer. B. R. 577; Everybody’s Market, 21 Amer. B. R. 925; Junck & Baltazard, 22 Amer. B. R. 298; 1 Amer. B. R. (New Series) 711; Colliers, 13 Ed. 437; 2 Amer. B. R. (New Series) 619; Curlee Clothing Co. v. Hamm, Colliers 13 Ed. 250; Deiv Breitbart and Sam Arbertel, 1 Amer. B. R. (New Series) 712; Colliers 13 Ed. 437.

No es necesario que discutamos los méritos de esta con-tención ni los de la teoría de novación. El argumento por parte de los apelantes asume que la mera aceptación por los demandantes de los nuevos pagarés expedidos por la sociedad quebrada bajo las circunstancias que rodearon la entrega de los mismos en el presente caso, y del pago par-cial subsiguientemente hecho sobre uno de dichos pagarés, equivale a un acuerdo y satisfacción.

Sin tratar por ahora de establecer concluyentemente la falta de solidez de la premisa envuelta, podemos hacer re-ferencia a los casos de In re Carson & Co., 148 Fed. 63, e In re Kinnane Co., 221 Fed. 762, como punto de partida para una investigación en este sentido.

A falta de una demostración satisfactoria de que la ac-titud y actuación de los demandantes en este caso equivalía a algo más que una tentativa o aceptación de los nuevos pa-garés pendiente su vencimiento y dependiendo de su pago entonces, nos vemos obligados a sostener que no bubo ni la substitución expresa ni la manifiesta incompatibilidad nece-saria para constituir la novación bajo las disposiciones de nuestro Código Civil.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Díaz, conocido por Laureano, y Nano Díaz, acusado y apelante.
    No. 2460.

    Visto: Noviembre 4, 1925.

      Resuelto: Junio 10, 1926.
    1. Homicidio — " Indictment ” y Acusación — Su Suficiencia — Uso de la Pease "Muerte Ilegal.” — Como la frase muerte ilegal usada en una acusación por asesinato expresa la misma idea que matar ilegalmente o dar muerte ilegal, su uso no hace la acusación insuficiente.
    2. Homicidio — Apelación y Error — Errores Alegados, no 'Perjudiciales — -Ad-misión de Prueba Objetada — Prueba de un Hecho no Necesario en el Proceso.- — La admisión de una declaración sobre un hecho no necesario en un proceso por no relacionarse con la comisión del delito por el acusado, y, que en nada le perjudicó no puede sostenerse constituya error perjudicial.
    3. Derecho Penal — Evidencia—Evidencia en la Investigación Preliminar o en Juicio Anterior — Su Admisibilidad Como Prueba — Declaraciones Pres-tadas por Testigos en la Investigación Preliminar. — Cuando por la opo-sición de la defensa un testigo nada llega a contestar sobro declaraciones escritas prestadas por él, ni se usan éstas para refrescar la memoria del tes-tigo, el fiscal no está obligado a presentarlas como prueba.
    4. Homicidio — Evidenoia-^-Declaraciones en Inminente Peligro de Muerte (Dying Declarations) — Su Admisibilidad en Evidencia — En General. — Ma-nifestaciones hechas en inminente peligro .de muerte son admisibles en evi-dencia en procesos criminales.
    6. Homicidio — Evidencia—Declaraciones en Inminente Peligro -de Muerte (Dying Declarations) — Estado del Paciente Ante la Vida — En General. —En este caso se preguntó a un testigo respecto al "estado del paciente anto la vida”. Atendida la contestación dada y el hecho de que el testigo (médico) no contestó de manera cierta lo que el herido podía creer respecto a su estado de gravedad, se resolvió la contestación a la pregunta no fué perjudicial.
    6. Homicidio — -Evidencia—Declaraciones en Inminente Peligro de Muerte (Dying Declarations) — Su Admisibilidad en Evidencia — Declaración por 'Persona que las Oye. — Una persona que oye las manifestaciones hechas a otra por un herido en peligro inminente de muerte puede declararlas ante la corte aún cuando fueran dichas a esa otra persona y no a él.

      7. Derecho Penal — Juicio—Decepción de Evidencia — Exclusión de los Tes-tigos Durante el Juicio — Testigo en Sala que Oye las Declaraciones de los Demás Testigos. — El hecho de que, en causa criminal, un testigo haya podido oir la declaración de otro testigo, no es motivo para que no se admita su declaración.
    8. Homicidio — Evidencia—Declaraciones en Inminente Peligro de Muerte (Dying Declarations) — Admisibilidad—Manifestaciones de Uno que Cono-cía Estaba Próximo a Morir.- — La declaración de un testigo sobre mani-festaciones que le hiciera un herido que conocía que estaba próximo a morir es admisible como hechas éstas en peligro de muerte (dying declarations).

    9. Homicidio — Apelación y Error — Errores Alegados no Perjudiciales — Ad-misión de Prueba Objetada — En General. — Si bien el estado de próxima muerte debe ser conocido por un herido para que sus manifestaciones sean admisibles, cuando de la prueba resulta que el herido conocía su situación, •la declaración de un médico a pregunta que tiende a demostrar que el herido estaba gravemente enfermo no es perjudicial.
    10. Homicidio — Evidencia—Declaraciones en Inminente Peligro de Muerte . (Dying Declarations) — Su Admisibilidad en Evidencia — Declaración por Persona que las Oye. — El hecho de que unos testigos no hubieran decla-rado sobre el hecho de si un herido conocía su situación de peligro (muerte) no es motivo para no declarar lo que oyeron decir al herido, cuando otras personas, antes con ellos, declararon respecto a que el herido sabía que estaba próxima su muerte.
    11. Homicidio — Evidencia—Admisibilidad en General — Prueba para Identifi-car el Acusado — Hopa que Llevaba el Acusado al Realizar el Acto.— El permitir varios testigos declarar sobre -la ropa que llevaba puesta el acu-sado la noche del suceso, no es error cuando el testigo que persiguió al acu-sado inmediatamente después del erimen describió dicha ropa y él y otros testigos la reconocieron cuando el acusado fué detenido.
    12. Derecho Penal — Evidencia—Materialidad y Competen cía. — Ho son inad-misibles ni perjudiciales al acusado manifestaciones de un testigo que son consecuencia de la apreciación de I03 sentidos de dicho testigo.
    13. Derecho Penal — Juicio—Atribuciones de la Oorte y del .JuradO en General — Orden Respecto a Absolución Perentoria — En General. — Termi-nada la prueba del fiscal, no cabe absolución perentoria por el fundamento de ser aquella insuficiente, cuando dicha prueba es ciara, precisa y abun-dante sobre la comisión del delito por el acusado.
    14. Homicidio — -Apelación y Error — Revisión—Cuestiones Relativas a las Pruebas — Apreciación de las Mismas. — En ausencia de error manifiesto en la apreciación de la prueba por el jurado, el hecho de que se probara en el juicio que el acusado estuvo loco en una fecha remota- no le obligaba a aceptar opinión pericial tendente a demostrar la irresponsabilidad- de dicho acusado.
    SbntbNCIa de Pablo Berga, J. (Hnmacao), condenando al acusado por delito de asesinato en segundo grado.

      Confirmada.

      Francisco Cervoni, abogado del apelante; José E. Figneras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal .

Resulta claramente de la prueba en el juicio de esta cansa qne el domingo 28 de octubre de 1923 a eso de las dos de la tarde y cerca del pueblo de Las Piedras un auto-móvil Ford guiado por José Antonio Rodríguez causó un golpe a una persona llamada José Díaz, la que aquél condujo al pueblo de Las Piedras para que fuese curada y no ba-' biendo encontrado al médico resolvió llevarla con tal fin a Humacao: que a pesar de que dicho automóvil estaba ocu-pado por cinco personas intentó ir en él a Humacao Pablo Díaz, conocido por Laureano Díaz y por Nano Díaz, que no era pariente del lesionado, lo que no le permitió José Antonio Rodríguez di ciándole que se retirase, que era un in-truso : que esa tarde, a eso de las cuatro, fué visto Nano Díaz en viaje dé Las Piedras a Humacao y entre cinco y seis de la tarde procuró en Humacao de varias personas que le vendieran o le prestaran un revólver, manifestando a algunas de ellas que lo quería por un disgusto que había tenido con José Antonio Rodríguez y quería vengarse, y que habiendo conseguido una pistola, esa noche, de ocho a nueve, en momentos en que José Antonio Rodríguez tomaba ga-solina en un garage de Humacao y se dirigía a su automó-vil, Nano Díaz le hizo súbitamente por la espalda y sin me-diar palabras un disparo de pistola y otro más de frente al volverse Rodríguez, uno de los cuales le interesó el abdomen y le causó la muerte dos horas después.

Por ese hecho fué acusado Nano Díaz de asesinato en primer grado, declarado culpable por un jurado de asesi-nato en segundo grado y condenado por la corte inferior a la pena de veinticinco años de presidio interpuso este re-curso de apelación.

Antes de argumentar el apelante los motivos de error que alega para que revoquemos ■ esa sentencia expone como introducción a ellos que por primera vez plantea la cuestión de que en la acusación formulada contra él no se expresan los hechos constitutivos de delito de asesinato.

La acusación, en lo necesario ahora, dice que el acusado “ilegal y voluntariamente, con malicia premeditada y propósito deliberado y firme de dar muerte ilegal acometió y agredió con una pistola, que es un arma mortífera, al ser humano José Antonio Rodríguez haciéndole varios disparos y produciéndole con uno de ellos una herida de bala en el abdomen, a consecuencia de la cual falleció dicho José Antonio Rodríguez momentos después.” Y alega el apelante que esa acusación es insuficiente porque la muerte que se requiere para que exista delito no es la “muerte ilegal” ■que expresa la acusación porque tal clase de muerte no existe^ sino la muerte causada ilegalmente, y que las demás alegaciones son conclusiones de derecho excepto las referentes al acometimiento y agresión.

Asesinato, según el artículo 199 del Código Penal, es matar ilegalmente a un ser humano con malicia premedi-tada; y como la frase “muerte ilegal” usada en la acusa-ción expresa la misma idea que matar ilegalmente o dar muerte ilegal, no podemos declarar que la frase usada en la acusación la haga insuficiente. Las demás palabras usa-das sobre malicia premeditada y propósito deliberado y firme de dar muerte son palabras del Código Penal y su empleo en una acusación no la hace defectuosa.

De los diez y seis errores alegados por el apelante para sostener su apelación los catorce primeros son por admi-sión de evidencia de la acusación que considera indebida; ■otro por no haberse ordenado una absolución perentoria y el último es para sostener la irresponsabilidad del acusado, si realizó el hecho que se le imputa.

I. En este motivo se alega que debió ser eliminada la declaración del doctor César Domínguez presentada por el fiscal.

Esa declaración fué sobre la curación hecha a José Díaz, lesionado por el automóvil, y si bien no era necesaria en este proceso porque no se relacionaba con la comisión del delito por el acusado en nada le' perjudicó, por lo que no podemos sostener que su admisión constituyera un error perjudicial.

II. Se funda este motivo de error en que habiendo el fiscal mostrado al testigo Juan Rivera (a) Fajardito dos declaraciones escritas prestadas por él y habiendo solici-tado la defensa del apelante que esas declaraciones escritas fueran presentadas al jurado para que pudiera apreciarlas el juez negó esa pretensión diciendo que si la defensa que-ría presentarlas al jurado podía hacerlo cuando llegase el momento de su prueba.

Ese testigo fué el que vió disparar al acusado y lo per-siguió por algún tiempo .y como la defensa tratara con sus repreguntas de demostrar que en ocasiones anteriores ha-bía declarado de distinta manera, a nuevas preguntas del fiscal contestó que él había declarado la noche del suceso en el cuartel de la policía ante el juez municipal, declaración que días después ratificó ante el fiscal sin ampliarla y que eran iguales sus declaraciones; y habiéndole mostrado el fiscal un documento y manifestado estar firmado por él siendo su declaración en el cuartel de la policía, hecha y firmada ante el fiscal, la defensa se opuso y el fiscal retiró su pregunta, manifestando entonces la defensa que ambas declaraciones deben ser presentadas como prueba para que el jurado pueda apreciarlas en su justo valor.

Como se ve nada llegó a contestar el testigo sobre esas declaraciones escritas por la oposición de la defensa y no se usaron para refrescar la memoria del testigo por lo que el fiscal no estaba obligado a presentarlas como prueba, y como no se hizo pregunta alguna al testigo sobre el conte-nido de esas declaraciones no se ha infringido el artículo 161 de la Ley de Evidencia y no existe el error alegado.

III. Se dice que fue erróneo “permitir que el fiscal pre-sentara como prueba, a manera de dying declaration, cier-tas manifestaciones atribuidas al interfecto José Antonio Rodríguez. ’ ’

No funda este error el' apelante en que no se hubiera demostrado, como se demostró, que cuando el interfecto José Antonio Rodríguez hizo las manifestaciones que le atribuyen los testigos no supiera que estaba en inminente peligro de próxima muerte sino en que tal clase de prueba no es admisible, pero la admisibilidad de esa clase de decla-raciones en procesos criminales ha sido declarada por este tribunal en el caso de El Pueblo v. Morales, alias Yare Yare, 14 D.P.R. 246, en el de El Pueblo v. Berríos, 23 D.P.R. 831, y en otros,- y la razón de tal admisibilidad se encuentra claramente explicada en Warton’s Criminal Evidence, vol. 1, pág. 540.

IV. Se alega este error por haberse permitido que el Dr. Segarra contestase cierta pregunta del fiscal respecto a cómo se encontraba José Antonio Rodríguez .en cuanto a lucidez y por no haber sido eliminada toda su declaración.

El Dr. Segarra declaró que la noche del suceso tuvo no-ticia de que había un herido y lo llevaban al hospital por lo que fué a él y encontró a José Antonio Rodríguez en la mesa de operaciones: que el herido tenía un balazo en el pecho que le interesó el hígado y era mortal por necesidad: que respiraba mal, estaba sudoroso y anheloso, con el pulso muy débil, tenía una hemorragia muy intensa y que estaban inte-resadas la arteria hepática y la vena porta, por lo que la herida era mortal, y que murió después de ser operado. A este testigo se le preguntó que en vista del cuadro que des-cribía del herido dijera cuál era “el estado del paciente ante la vida” a lo que se opuso la defensa “porque ningún médico puede responder cuál es el estado del paciente frente a la vida;” y el testigo contestó que se puede presumir, pero no se puede afirmar, que de acuerdo con ese estado de gravedad el individuo puede creer que se va a morir o que se va a salvar, pero que no podría afirmar una cosa ni la otra, pero que para el médico es un estado grave porque el hombre está cerca de la muerte.

Aunque ciertamente se trató con esa pregunta de que el médico dijera lo que el agredido pensaba con respecto a la gravedad de su situación por el estado en que se hallaba, del cual cualquier juez o jurado puede deducir la creencia que Nviera el herido respecto a próxima muerte, sin embargo, la contestación a esa pregunta no fue perjudicial para el apelante pues como hemos visto el médico no contestó de una manera cierta lo que el herido podía creer.

Y. Se alega en este motivo que debió ser eliminada la declaración del Dr. López del Valle sobre manifestaciones hechas por el herido José Antonio Rodríguez a otra persona.

El Dr. López del Valle fué uno de los médicos que ope-raron a José Antonio Rodríguez antes de morir y declaró que cuando el herido volvió de la anestesia producida para ser operado oyó que dijo a un señor que estaba' a su lado que él se sentía muy malo, que se moría, a cuyas manifesta-ciones hizo objeción la defensa y pidió que fueran elimina-das porque la persona a quien las hizo Rodríguez era el que debe declararlas en el juicio.

No existe el error alegado puesto que habiendo' oído el Dr. López del Valle las mencionadas palabras de boca del mismo Rodríguez podía declararlas en la corte aunque fue-ran dichas a otra persona y no a él.

VI. El artículo 233 párrafo 7Q del Código de Enjuicia-miento Criminal autoriza al tribunal donde se celebra el juicio para que mientras se está examinando a un testigo excluya a todos los demás que no hayan sido examinados, pero como esa facultad es discrecional y como no hace obli-gatoria en todos los casos la exclusión de los testigos, el he-cho de que el testigo Rafael B. Díaz haya podido oir las de-claraciones de otros testigos no es motivo para declarar que la corte inferior no debió permitir su declaración.

VII. También se alega que no debió ser permitida la .declaración de .Rafael B. Díaz porque lo que declaró no constituye manifestaciones hechas por Rodríguez conociendo que su muerte estaba próxima (dying declaration.)

Ese testigo declaró en el juicio que estando José Antonio Rodríguez herido en la mesa de operaciones y muy afec-tado le preguntó “¿qué tal?” y Rodríguez le contestó: “Ay bendito, Capitán, me estoy muriendo, Nano Díaz me ha ma-tado” y después con voz entrecortada le dió las señas del acusado: declaración que por sí sola demuestra que Ro-dríguez conocía que estaba próximo a morir por lo que era admisible, aparte que independientemente y antes se había probado que el herido manifestó a uno- de los médicos antes de ser operado “Doctor, trate de salvarme que yo le pa-garé;” a otra persona dijo “yo me muero, me siento muy mal” y a un amigo suyo lo siguiente “Cádiz, no me dejes morir. ’ ’

VIII. Después de declarar el Dr. Segarra sobre las he-ridas de Rodríguez, el fiscal le preguntó lo siguiente: “Doctor, una persona que tiene el pulso flojo, subanormal y ade-más tiene esas heridas en la región abdominal que le inter resa el hígado, el diafragma y el pulmón, y por consecuen-cia están interesadas la arteria hepática -y la vena porta, y usted se encuentra ese individuo en esas condiciones, ¿qué usted ■ dice ? ”

A esa pregunta se opuso la defensa y se alega ahora que fué error el admitirla porque tenía la tendencia de de-mostrar que "el herido estaba gravemente enfermo,'lo que corresponde al jurado y porque, no basta que la gravedad sea reconocida por el módico sino que debe ser conocida por el enfermo mismo para que sus manifestaciones puedan ser admitidas como hechas en peligro de muerte.

Si una herida es de tal naturaleza que puede producir la muerte es materia propia para ser declarada por un mé-dico; y si bien es cierto que el estado de próxima muerte debe ser conocido por el herido para que sus manifestacio-nes sean admisibles, de la prueba en el juicio resulta que Rodríguez conocía su situación por lo que no puede decirse que la declaración de dicho médico fuera perjudicial para el apelante.

IX. Este motivo de error se alega por no haber sido eliminadas las declaraciones de varios testigos respecto a haber oído a José Antonio Rodríguez que el que lo hirió fué Laureano Díaz.

Después de haber declarado varias personas con respecto a que José Antonio Rodríguez sabía que estaba próxima su muerte fué que declararon dichos testigos sobre lo que le oyeron decir de haber sido Laureano Díaz quien lo hirió, y el hecho de que ellos no declararan antes sobre si el herido conocía su situación no es motivo para que no pudiesen de-clarar lo que le oyeron.

X y XI. Estos dos motivos son iguales al IX aunque con referencia a testigos no mencionados en él.

La numeración de los errores salta el XII.

XIII. Tampoco éxiste error porque se permitiera que varios testigos declarasen sobre las ropas que tenía pues-tas el acusado la noche del suceso, pues uno de los testigos, el que persiguió al acusado inmediatamente después del cri-men, describió la ropa que entonces él tenía puesta y él y otros testigos la reconocieron cuando el acusado fué dete-nido poco tiempo después.

XIY. No era tampoco inadmisible ni perjudicial que un testigo ’ declarase que cuando esa noche detuvo al acusado en la carretera de Humacao a las Piedras dijese que el acusado iba a pie, andando ligero, algo cansado y sudo-roso, pues todas esas manifestaciones eran consecuencia de la apreciación de los sentidos del testigo.

XY. Se alega este motivo de error porque el acusado no fué absuelto perentoriamente' cuando el fiscal terminó la presentación de su prueba por ser. ésta insuficiente, que fué el fundamento alégado en la corte inferior para esa •solicitud. Sin embargo, la prueba del fiscal fué clara, pre-cisa y abundante sobre la comisión del delito por el acu-sado.

XVI. El último motivo del recurso es que el veredicto de culpabilidad es contrario a la prueba.

Para tratar de probar la defensa que el acusado es irres-ponsable del. delito de que se le acusó en octubre de 1923 presentó evidencia tendente a demostrar que estuvo en el manicomio cinco años antes padeciendo de melancolía cí-clica de la que mejoró, saliendo al mes del manicomio: que normalmente se halla bien pero cuando tiene algún disgusto padece un rapto de locura, pero después de satisfacer sus deseos de venganza vuelve a su estado lúcido; y prueba de los hechos que produjeron su ingreso en el manicomio.

La apreciación de esa prueba correspondía a los doce hombres que constituyeron el jurado, contra cuya aprecia-ción no podemos ir sin un error manifiesto de su parte, lo que no ocurre en este caso pues el hecho de que se probara que estuvo loco en una fecha algo remota no le obligaba a aceptar necesariamente la opinión del perito de'que los dis-gustos o las contrariedades producen en el acusado raptos .de locura y de Venganza.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Central Victoria, Inc., demandante y apelada, v. Juan Suárez Pérez, demandado y apelante.
    No. 3732.

    Visto: Marzo 26, 1926.

      Resuelto: Junio 15, 1926.
    Servidumbres — Extensión del Derecho, Uso y Obstrucción — Acción Oonee-SORIA O NEGATORIA DE SERVIDUMBRES — INJUNCTION PENDENTE LITE. — Exis-tiendo una indicación razonablemente clara de la elección de un comprador al no aceptar ni pasar por los términos y condiciones de un arrendamiento no inscrito, no puede sostenerse por virtud del arrendamiento un injunction mientras se determine finalmente la reclamación del arrendatario sobre una servidumbre do paso en la propiedad arrendada.
    Resolución de M. Rodríguez Berra, J. (Segundo Distrito, San Juan), concediendo un injtmction pendente lite en acción =de eonfesoria de servidumbre.

      Revocada.

      Henry Gf. Molina y Leopoldo Feliú, abogados del apelante; Caye-tano Coll Cuchí y (?. Cruzado Silva, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Un injunction ■ preliminar fué convertido en/ un injunction pendente lite en virtud de hechos y por razones expre-sadas por el juez de distrito, como sigue:

“La demanda en este caso alega la existencia de un contrato de-arrendamiento otorgado en Septiembre de 1-921, por el término de-diez años y $25.00 anuales, de canon, que fué pagado por el total período de arriendo. Además, que las partes, al otorgar el arren-damiento, intentaron conservar la servidumbre de paso de vía que la demandante tiene en la parcela arrendada desde hace más de quince años, consistente en un desvío en donde arrima sus cañas para ser llevadas desde allí en trenes a la factoría azucarera de la de-mandante.
“El propósito de la acción es que se declare la existencia de una servidumbre de paso de vía, de paso por un camino que da al des-vío, que se obligue al demandado a respetar el derecho de usar del camino y desvío durante el término del contrato, así como el libre tránsito de los carros de la demandante por el camino que da entrada, 'al desvío, y que se prohíba al demandado impedir u obstaculizar, por medio de cercas o de otro modo, el ejercicio' de esos derechos. Además el actor reclama $1,000.00 por daños y perjuicios, que los actos del demandado dice le han causado.
“Se expidió por la Corte una orden restrictiva dirigida al de-mandado, el día 26 de Febrero último, y se celebró la vista de la petición de la demandante para que se expida un auto de' injunction pendente lile.
“Por su parte el demandado contestó la demanda y.la orden para mostrar causa oponiéndose a las pretensiones del actor.
“Celebrada la vista y oída la prueba, las partes han sometido sus argumentaciones escritas que han sido debidamente consideradas por la Corte. La cuestión a decidir ahora es únicamente la de si procede o no expedir el auto de Injunction durante la sustanciación de este litigio.
“La demandante en el acto de la vista presentó la escritura No. 47, ■ otorgada el 8 de Septiembre de 1921, sobre arrendamiento por el causante d^l demandado Don Manuel Falú a favor de la Sociedad Civil ‘Central Victoria Lmtd.’, de la que deriva su derecho la de-mandante. De ella consta la existencia del arrendamiento en los términos alegados en la demanda y a la vez en la cláusula 4? bay la siguiente estipulación:
“ ‘ Fe : Es expresamente convenido entre las partes contratantes en esta escritura, que este arrendamiento comprende no solamente la parcela donde está enclavada el predicbo desvío del kilómetro nú-mero 15 de la American Railroad Company con sus dos cargaderos a ambos lados del citado desvío, sino que también incluye el dere-cho de paso por el camino que de la carretera de Río Piedras a Carolina va a la laguna y de dicho camino al desvío.’'
“También aparece que el importe del canon del arrendamiento durante el tiempo del mismo, o sea diez años, fué satisfecho total-mente en el acto del otorgamiento de la escritura.
“Ese contrato aparece aún vigente, pues nada hay en los autos que sugiera su terminación. El distinguido abogado del demandado, según se ve en su alegato, considera dicho arrendamiento como ter-minado, por no haber sido inscrito, desde el momento en que el de-mandado Suárez Pérez adquirió la finca, en 8 de Julio de 1924. Sin duda tenía en mente el derecho que al comprador de una finca arrendada reconoce el artículo 1474 del Código Civil. Pero una cosa es el derecho del comprador y otra su ejercicio. No tenemos ni alegación ni prueba alguna de que el comprador haya ejercido tal derecho, y, por tanto, debemos presumir que el contrato en que descansa la demandante, está aún vigente. Siendo así, y como la demanda expone una buena causa de acción, el siatu quo de la cosa debe ser protegido por medio de una orden o auto como el que se pide, que estaría justificado por sólo por la ley relativa a Injunction, sino también con las disposiciones de la sección 2 de la Ley para asegurar la efectividad de las sentencias.”

Entre otras cuestiones mencionadas en la contestación a la orden para mostrar causa y como parte de dicha contes-tación, el demandado se refirió a y adoptó las alegaciones contenidas en su contestación a la demanda en el pleito principal. De la contestación jurada en que así se descansa to-mamos el siguiente extracto:

“12. Niega que comenzó poco después de haber comprado la finca, o en ninguna ocasión, a molestar a la demandante o a amena-zarla con cerrar con una cerca dicho camino, pero admite que algún tiempo después de haber adquirido la finca fué informado por la demandante (sin que ésta le mostrara copia del mismo) de que te-nía algún contrato de arrendamiento con respecto al pedazo de vía o desvío, a lo que contestó el demandado que ignoraba absoluta-mente dicho contrato y que era su intención el cercar toda su finca. Y alega además el demandado que al electo procedió, en 24 de Oc-tubre de 1924, a cercar su finca, y la cercó, no tan sólo en todo el largo de dicho camino, o sea hacia la colindancia con la carretera entre Río Piedras y Carolina, de todo lo cual tuvo conocimiento la demandante en los mismos días en que' se estaba levantando dicha cerca. Alega además que las únicas amenazas en este asunto han sido de parte de la demandante hacia el demandado, amenazando a éste de que si no quitaba la cerca que ella lo haría a la fuerza por-que tenía abogado pago ■ por año y lo mismo le daba a la deman-dante estar en los tribunales todo el tiempo que fuere necesario, obligando al demandado a gastar dinero.
“13. Admite que allá por el mes de Diciembre, 1924, la deman-dante solicitó del demandado que quitara dicha cerca, a lo que se negó el demandado, pero niega que como consecuencia de dicha nega-tiva la demandante haya sufrido perjuicios en la suma de $1,000, o en cualquier otra cantidad.
“14. Que la demandante fué enterada por el demandado en Sep-tiembre, 1924, de que la finca descrita anteriormente pertenecía al demandado y que había adquirido la misma como libre de toda clase de carga o gravámenes, y además que fué su intención cercar dicha finca y no permitir que nadie le estorbara en la posesión y disfrute de la misma. Que en 24 de Octubre, 1924, empezó a cercarla y la. cercó por todo el lado Oeste donde colinda con el camino quo va desde la carretera hacia la Laguna de San José, cuya cerca estuvo terminada en los primeros días de Noviembre, 1924. Que el deman-dado no hizo oposición alguna a la construcción de dicha cerca ni ha tomado paso alguno para que la misma fuera quitada hasta que presentó la presente demanda antes esta corte el día 26 de Febrero 1925, de cuya demanda y demás procedimientos fué notificado el demandado en 3 de Marzo de 1925. Que debido a la negligencia y demora (laches) de la demandante la corte no debe concederle el remedio solicitado de injunction pendente lite.”

La corte inferior parece no haber fijado su atención en el hecho de que el demandado anunció su intención de cercar la propiedad adquirida por él al ser informado de la exis-tencia del arrendamiento y a pesar de tal información su-ministrada por la demandante. Tal anuncio de intención, hecho al recibir aviso de la reclamación de la demandante como arrendataria del anterior dueño y en respuesta a tal reclamación, snplementado, por si algo faltare, por la cons-trucción subsiguiente de la cerca y la negativa a quitarla, fué, en nuestro concepto, una indicación razonablemente clara de la elección del demandado de no aceptar ni pasar por los términos y condiciones del arrendamiento.

Es cierto que la demandante alega en su demanda que el objeto e intención primordial, si no único, de las partes en el contrato de arrendamiento fué proteger y preservar la servidumbre de paso de la demandante que en forma de un desvío liabía existido por un período de quince años antes del otorgamiento del contrato de arrendamiento. Pero, la única prueba de tal intención u objeto presentada en la comparecencia en virtud de la orden para mostrar causa fué el escrito últimamente mencionado. Dicbo documento uo hace mención de servidumbre alguna preexistente, aunque sí hace referencia a que la finca arrendada está ocupada por un desvío y no hay indicación de intención alguna por parte del arrendatario de usar la propiedad en cuestión para al-gún fin distinto que el de recibir para ser transportada a su factoría la caña producida en las cercanías del desvío. El arrendamiento también incluye el derecho a usar un ca-mino que va de la carretera pública hasta la vía del ferro-carril, atravesándola en un punto cerca de dicho desvío, y una servidumbre de paso sobre los terrenos del arrendador existentes entre dicho camino y el desvío. Pero no hay prueba, de intención alguna de reconocer una servidumbre preexistente o crear o establecer una servidumbre o privi-legio de alguna clase por un período mayor que el especi-ficado como término del arrendamiento. Ni hay tampoco in-dicación de intención alguna de convertir el contrato de arrendamiento en un contrato de diferente naturaleza o de incluir en él estipulación, obligación o derecho alguno incon-sistente con la naturaleza de un arrendamiento o de tal clase que hubiera de sobrevivir a la extinción del derecho de arrendamiento debida a un traspaso de la propiedad arren-dada y a la negativa, de parte del comprador de asumir la posición del arrendador.

Tal contrato de arrendamiento, sin más, no es bastante para sostener nn injunction mandatorio mientras tanto se determina finalmente la reclamación de la demandante sobre una servidumbre de paso en la propiedad arrendada.

Este caso fue sometido en apelación más de un año des-pués de radicada la demanda en el pleito principal. Si la cuestión envuelta no era puramente académica, debe haberse convertido en tal y quizá no es aventurado asumir que el injunction interlocutorio ya fia sobrevivido su utilidad prác-tica.

La orden apelada debe ser revocada.


author: El Juez Asociado Señoe Aldkey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Flor Bermúdez, acusado y apelante.
    No. 2796.

    Visto: Junio 11, 1926.

      Resuelto: Junio 18, 1926.
    1. Alimentos (Food) — Leche—Leche Adulterada — Proceso y Castigo — Ale-gaciones, Pruebas e Incongruencias. — Acusada una persona porque ilegal-mente tenía para la venta, ofrecía y vendía leehe de vaca adulterada, y admitido por ella en el juicio que tenía la leehe para la venta en su fonda, no puede decirse que exista incongruencia entre la acusación y las pruebas, porque no se probara, que la ofrecía en venta ni que la vendiera.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Disposición y Resolu-ción del Caso — Modificación de la Sentencia Apelada. — Procesada una persona por tener leche de vaca adulterada para la venta y declarada culpable sin decirse por cuál delito, si de la sentencia obrante en el libro do minutas de la corte sentenciadora aparece que se lo declaró culpable del delito de adulteración de leche, el Supremo puede corregir dicha sentencia para hacerla más específica y que declare al acusado eulpable del delito por que fuá procesado.
    3. Derecho Penal — Castigo y Prevención del Delito — Condena de Prisión en Defecto del Pago de la Multa. — Cuando de los autos no aparece que al apelante se le haya concedido licencia para vender leehe y que haya cons-tituido la fianza mencionada en la Ley No. 77 de 1925 (pág. 559) no es error de la corte el condenarlo a sufrir prisión en defecto del pago de la multa que se le impuso.
    Sentencia de A. Acosta Quintero, J. (Ponee), condenando al acu-sado por delito de adulteración de lecRe.

      Confirmada, modifi-cándose.

      Felipe Colón Díaz, abogado del acusado; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado de infringir la ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leche porque el 22 de noviembre de 1925, en Juana Díaz, ilegalmente te-nía para la venta, ofrecía y vendía leche de vaca adulterada. Celebrado el juicio fué condenado a pagar una multa de $25 y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar de la multa que dejare de satisfacer.

El apelante tenía en la fecha expresada una fonda en la que se vendía café con leche y habiendo encontrado un inspector de Sanidad cierta cantidad de leche en la cocina de la fonda, el acusado le manifestó, y también lo declaró en el juicio, que tenía esa leche para venderla en su fonda y para un líijo suyo, leche que resultó adulterada. con un 13 por ciento de agua añadida artificialmente.

Uno de los motivos del acusado para esta apelación es que hay discrepancia entre la acusación y la prueba, pero habiendo admitido el acusado en el juicio que tenía esa leche para la venta en su fonda no podemos declarar que exista la incongruencia alegada porque ése es uno de los actos que se le. imputaron en la acusación y' que está prohibido y castigado por la ley, aunque no se probó que la ofrecía en venta ni que la vendiera, por lo que en vista de tal prueba no es necesario decidir en este caso si la mera posesión de leche adulterada en una fonda o en un cafetín donde se vende leche o café con leche a los consumidores presupone que se tiene para la venta. Este caso es bastante análogo al de El Pueblo v. Blasco, 33 D.P.R. 343, en el que fué confirmada la sentencia que condenó al dueño de una fonda y cafetín por vender leche adulterada.

Tampoco tiene razón el apelante en decir que la sentencia no expresa el delito por el cual ha sido condenado pues si bien es cierto que al terminarse el juicio la corte declaró culpable al acusado sin decir por cual delito, en la sentencia obrante en el libro de minutas de la corte aparece que se le declaró culpable del delito de adulteración de le-che. Es cierto que tal declaración de culpabilidad es bas-tante general pero nosotros podemos corregir la sentencia para hacerla más específica y que declare al acusado culpable de tener para la venta leche de vaca adulterada. El Pueblo v. Alvares, 21 D.P.R. 86; El Pueblo v. Trinidad, 24 D.P.R. 886, y El Pueblo v. Bauzá, 34 D.P.R. 440.

También se alega que estando vigente el 22 de noviembre de 1925 la Ley No. 77 de 12 de agosto de ese año (p. 559) no debió ser condenado a sufrir prisión en defecto del pago de la multa.

Dispone esa ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leche que la primera violación a ella se cas-tigará con multa de $25 a $100 y la reincidencia con prisión de seis meses a un año, multa de $500 y la revocación de la licencia; que a toda persona a quien se le concediere una licencia para vender y distribuir leche se le exigirá una fianza de $100- a $1,000 y que esta fianza, hasta donde al-cance, ó la parte de ella que fuere necesaria será aplicada al pago de cualquier multa que la corte impusiere a una persona convicta de acuerdo con esa ley.

Como de estos autos no aparece que al apelante se le haya concedido licencia para vender leche y que haya cons-tituido la fianza mencionada en esa ley, no fué error de la corte el condenarlo a sufrir prisión en defecto del pago de la multa que se le impuso.

Lff, sentencia apelada debe ser modificada y así modifi-cada confirmarse.

El Juez Presidente Sr. del Toro no tomó parte en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Velazquez y Cecilio Cedrés, acusados y apelantes.
    No. 2704.

    Visto: Abril 30, 1926.

      Resuelto: Junio 23, 1926.
    1. Alimentos (Rood) — Leche—Leche Adulterada — Proceso y Castigo — Evi-dencia — Prueba de la Adulteración. — Puede estimarse como prueba con-cluyente'para demostrar la adulteración un informe del laboratorio químico que, admitido sin oposición arroja un exceso de un 14 por ciento de agua añadida artificialmente sobre el grado legal (standard), cuando, estando el aeusado en condición de impugnarlo, nada hace en ese sentido.
    2. Alimentos (Food) — Leche—Leche Adulterada — Proceso y Castigo — Evi-dencia — Suficiencia de la Misma. — Atendida la prueba en el caso de autos se resolvió ella no dejaba dudas sobre la culpabilidad de uno de los acusa-dos, no así respecto al otro.
    SenteNcia de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), condenando al acusado por delito de adulteración de lecbe.

      Luis Muñoz Morales, abogado de los apelantes; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal. •

Pablo Velázquez y Cecilio Cedrés fueron sentenciados cada uno a cumplir la pena de diez días de cárcel por vio-lación de la sección V de la Ley sobre adulteración de leche, aprobada en marzo 10, 1910.

La acusación establece que dichos acusados “ilegal, vo-luntaria y maliciosamente, tenían y ofrecían en venta como pura, leche de vaca adulterada artificialmente con agua.”

El señalamiento de errores por los apelantes es como 1 sigue:

“I. — La corte de distrito cometió error al declararlos culpables del delito que se les imputa.
“II. — La corte erró al estimar el informe del director del Labo-ratorio Químico, como prueba concluyente para demostrar la adulte-ración de la lecbe decomisada.”

El segundo error es una cuestión que ha sido suficientemente discutida y resuelta en los casos de El Pueblo v. Vilá, 24 D.P.R. 396; y El Pueblo v. Rivera, 31 D.P.R. 646. El informe del Laboratorio Químico fue admitido sin oposición de los apelantes y él arroja, aproximadamente, un exceso de un 14 por ciento de agua añadida artificialmente en relación con la norma o grado legal (standard) fijado por el Departamento de Sanidad. Los acusados recibieron una muestra de la leche en el momento del decomiso y con ella estuvieron en condiciones de impugnar el informe del gobierno, si es que podía estar equivocado, pero nada hi-cieron en ese sentido.

Se sostiene por el primer error que la prueba aportada no demuestra la culpabilidad de los acusados, alegando que la leche no había sido todavía entregada al dueño del puesto o depósito ni había sido recibida por éste ni ofrecida a la venta al público.

La prueba de cargo consistió, además del informe del Laboratorio Químico, en la declaración de los testigos José Ponfrías y Ramón G-alindes. El primero era el inspector de Sanidad, quien tomó las muestras de la leche que remi-tió Pablo Velázquez, ganadero, a Galindes, dueño de un de-pósito sito en Santurce. El testigo explica cómo' cogió la muestra en los momentos de llegar al depósito el carro que conducía la leche. De uno de los jarros que mandó a mover y que venía rotulado “Pablo Velázquez, Carolina,” rompió el precinto y llenó tres envases iguales, entregando uno de ellos a Cecilio Cedrés, conductor, para entregarla a Velázquez, y los otros dos los remitió al Laboratorio Quí-mico ; que preguntó a Cedrés de quién era la leche y le dijo que de Pablo Velázquez. Y a repreguntas también dijo que en el momento que cogió las muestras no estaba la leche puesta a la venta.

El segundo testigo declaró en síntesis, que tenía un de-pósito que dedicaba a la venta de leche en Santurce; que estaba presente el día que llegó el inspector Ponfrías y tomó las muestras de la leche enviada por Pablo Velázquez y conducida por Cecilio Cedrés; que el inspector cogió la leche al apear el jarro a la acera; que no tenía instruccio-nes ningunas de Velázquez respecto a la leche que recibe de él antes de ponerla a la venta; que Velázquez le dijo que cuando encontrara nna leche floja que se la devolviera; que ■ese día la leche que examinó el inspector cuando la puso adentro como dio una prueba floja y no le prestaba garantía la puso a la parte afuera para devolverla.

La prueba no deja dudas en cuanto a la culpabilidad del acusado Pablo Velazquez, no así respecto al otro acu-sado Cecilio Cedrés, quien solamente aparece como un mero conductor sin nada en la acusación que le baga partícipe del delito.

Se esfuerza, sin embargo, el apelante Velázquez en tra-tar de demostrar, por las citas que hace de casos de esta corte (El Pueblo v. Calderón, 17 D.P.R.. 484; El Pueblo v. Gautier, 20 D.P.R. 327, y El Pueblo v. Andino, 21 D.P.R. 225), que no aparece la prueba de ofrecerse en venta la le-che que resultó adulterada. En primer lugar, convenimos •con el fiscal que la jurisprudencia en su mayor parte citada no es aplicable por referirse a denuncias contra los dueños «de puestos o depósitos dedicados a la venta de leche y aquí la acusación se dirige contra el dueño de la leche, la cual, en envases rotulados con el nombre del mismo y precinta-dos, era remitida para la venta al dueño del depósito. El caso de Calderón, supra, parece más bien referirse a hechos semejantes al caso de autos. Esta corte en dicho caso dijo:

Se probó de modo suficiente que la leche venía de la lechería del apelante, apareciendo el nombre del apelante en el ja-rro de donde tomó la leche el inspector, habiendo declarado los tes-tigos acerca del cambio o traslado que se hizo del jarro del poder del' apelante al del inspector. Insiste el apelante en que no adul-teró la leche y que no hubo prueba de su intervención, pero la venta de leche adulterada es el delito prescrito por el estatuto que es el que se ha probado. No importa conocer si la intención del apelante fué fraudulenta, pues el estatuto hace obligatorio en todo vendedor de leche que la venda pura si quiere ponerse a salvo de los rigores de la ley.”

Es cierto que se cita el caso de El Pueblo v. Martínes, 32 D.P.R. 292, en que la muestra se tomó del carro en que era conducida, pero las circunstancias eran distintas, pues no aparece que se tuviera vendida a algún depósito ni otro dato qne indicara que se ofreciera en venta, único cargo que se bacía en la acusación.

En segundo término, la acusación en este caso, siguiendo al estatuto, comprende dos modalidades mediante las cuales puede cometerse el delito, independientemente una de otra, y una de ellas se refiere a que el acusado tenía en venta como pura, lecbe de vaca adulterada artificialmente con agua. Velázquez, ganadero, al remitir la lecbe de su vaquería a Galindes en envases precintados y rotulados con *su nom-bre, revelaba su propósito, al desprenderse de ella, de que la tenía o tuvo para la venta. La declaración de Galindes' en nada favorece a Velázquez, pues aquél afirmó categóri-camente que le compraba la lecbe a Velázquez y que “no tenía instrucciones ningunas de Velázquez respecto a la le-cbe que se recibe de él antes de ponerla a la venta.”

En un alegato adicional el apelante alega que si se sos-tiene la culpabilidad del acusado debe modificarse la senten-cia cambiando por multa la pena de cárcel, toda vez que la Ley No. 59 de marzo 10, 1910, que impone cárcel y por la que se rige este caso, fué sustituida por la Ley No. 77, apro-bada en agosto 12, 1925, que establece una multa de $25 por la primera falta y cárcel en caso de reincidencia.

Esta petición la funda además el apelante en el princi-pio general en materia penal que admite la retroactividad en todo lo que fuere favorable al acusado. La jurispru-dencia citada, sin embargo, por el apelante para sostener dicbo principio (16 C. J. 70-1) establece que la regla es aplicable siempre que no exista un estatuto disponiendo lo contrario. Y el Código Político en el artículo 44 prescribe lo siguiente:

“Art. 44. — La revocación de una ley creando un delito, no cons-tituye impedimento para acusar o perseguir y castigar un hecho ya cometido con infracción de la ley así revocada, a menos que no se declare expresamente en la ley derogatoria el propósito de impedir tal persecución o castigo:”

Este artículo recientemente ha sido interpretado en el caso de El Pueblo v. García & Rahola 35 D.P.R. 17, y aunque se declaró que si bien no surtía efecto para las or-denanzas municipales, era aplicable a las leyes de nuestra Asamblea Legislativa.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada en cuanto a Pablo Velásques, y revocarse respecto a Cecilio Gedrés, a quien se absuelve.


text:
    Ernesto Romeu Ortiz, demandante y apelante, v. The Maryland Casualty Co., demandada y apelada.
    No. 3911.

    Visto: Junio 4, 1926.

      Resuelto: Junio 23, 1926.
    1. Médicos y Cirujanos — Acciones en Cobro de Servicios Profesionales — I)e la Demanda — Suficiencia de la Misma — Servicios a Requerimiento de un Agente del Demandado. — Reclamada una suma por servicios médicos pres-tados a un tercero a requerimiento del agente de una persona jurídica en ausencia de alegaciones que refieran el nombre del agente de la demandada, de las relaciones existentes entre ellos, o de la autoridad para establecer Ja responsabilidad de la demandada en relación con la obligación que se le impone, la demanda es insuficiente.
    2. Apelación y Error — Revisión—Discusión de la Corte Inferior — Enmien-das a las Alegaciones — Concesión o Negativa a Conceder Permiso Soli-citado. — No apareciendo del récord que se pidiera permiso para enmendar una demanda enmendada ni la materia de la enmienda, no puede decirse en. apelación si la corte inferior se excedió en su discreción al no conceder el permiso.
    SbntbNcia de Charles E. Foote, J. (Mayagüez), desestimando la de-manda.

      Confirmada.

      P. N. Colberg, abogado del apelante; Alemany c@ Ramirez, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito en que el demandante reclama la suma de $3,000 por servicios médicos prestados a un tercero a requerimiento de la demandada. La demanda sustancial-mente alega: que Jacinto Rniz sufrió lesiones graves en un accidente con nn automóvil propiedad de Ramón López Iri-zarry, guiado por éste, estando asegurado entre otros ries-gos, contra accidentes personales en la “Maryland Casualty Company,” demandada, y que a requerimiento de Ramón López y de la demandada, representada por sus agentes en Mayagüez, el demandante prestó sus servicios como médico-cirujano al lesionado por espacio de cuatro meses hasta darlo de alta, estimando como cantidad razonable por la prestación de tales servicios, $3,000.

La demandada excepcionó la demanda por falta de causa de acción y la corte inferior sostuvo la excepción y dictó sentencia desestimando la demanda.

El apelante se limita a sostener simplemente la suficiencia de la demanda porque entre demandante y demandada se celebró un contrato de servicios profesionales, remitiéndose a lo alegado en la demanda. En realidad no se estudia el asunto. El razonamiento es una petición de principio. Hay una ausencia completa de alegaciones que refieran el nombre del agente o agentes de la demandada, de las relaciones existentes entre ellos o de la autoridad de que puedan ' estar investidos dichos agentes por razón de la agencia para establecer la responsabilidad de la demandada en relación con la obligación que se le impone. La regla de que las obligaciones de una persona natural o jurídica que actúa por conducto de su agente se determinan por las facultades que han sido conferidas al agente, es tan natural y lógica y de general aplicación que' no requiere una consideración ulterior la contención del apelante.

Se queja además el apelante de que no se le permitió enmendar la demanda. Se trataba de una demanda que había sido enmendada y no apareciendo del récord que se pidiera permiso para enmendar nuevamente, ni la materia de la enmienda, no podríamos decir que el juez inferior se excedió en su discreción al no conceder el permiso.

Por lo expuesto debe confirmarse la sentencia apelada


text:
    Porto Rico Fertilizer Co., demandante y apelante, v. Pedro Gandía, demandado y apelado.
    No. 3897.

    Visto: Junio 9, 1926.

      Resuelto: Junio 23, 1926.
    Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Corte Inferior — Honorarios de Abogado. — Atendida la cuestión envuelta en el caso de autos, causa de la condena en costas, se resolvió que la suma concedida por honorarios de abo-gado era excesiva, reduciéndose a otra que reqiresentaba el valor razonable de dichos honorarios.
    ResoluciÓN de Charles E. Foote, J. (Sección Primera, San Juan), en incidente sobre memorándum de costas.

      Modificada y confir-mada.

      Henry G. Molina, abogado del apelante; Juan B. Soto, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El único motivo para esta apelación es que la cantidad concedida por la corte inferior por honorarios de abogado en un memorándum de costas es excesiva.

El 8 de diciembre de 1922 la Porto Rico Fertilizer Co. demandó a Don Pedro Gandía para que le pagase la canti-dad de $10,956.75 que alegó babía sido cobrada indebida-mente por Gandía en otro pleito seguido entre las mismas partes en el que la Porto Rico Fertilizer Co. fué condenada a pagarle la suma de $8,234.06 y sus intereses, exponiéndose en la demanda que habiendo sido apelada esa sentencia se obtuvo después su ejecución manifestándose falsamente a la corte de distrito en 11 de julio de 1922 que su sentencia en dicho pleito había sido confirmada por el Tribunal Supremo en 24 de abril de ese año cuando lo cierto era que el Tribunal Supremo había reconsiderado esa sentencia el 22 de mayo de 1922 dejándola nula y sin valor alguno.

Por virtud de esa demanda se embargaron bienes a Gan-día originándose. un incidente entre las partes sobre la pro-cedencia del embargo y después de excepcionada la demanda y de contestada recayó sentencia contraria a la Porto Rico Fertilizer Co. con imposición de costas. Para cobrar Gan-día esas costas presentó un memorándum en el que consignó una partida de $4,000 por honorarios de abogado, cantidad que la corte inferior redujo a $3,000 y cuya resolución mo-tiva esta apelación establecida por la Porto Rico Fertilizer Co.

Por lo expuesto se ve que la cuestión en litigio en el pleito que dió motivo a la fijación de $3,000 por honorarios de abogado era sumamente sencilla porque estaba limitada a si cuando fueron cobrados por Candía en el otro pleito los $10,956.75 podía ejecutarse la sentencia de la corte de distrito confirmada por la nuestra de 24 de mayo de 1922 en el particular referente a la condena de pagar esa canti-dad, aun cuando en 22 de mayo de 1922 había sido dejada sin efecto y que luego sostuvimos nuevamente en nuestra' sentencia de 3 de julio siguiente confirmando nuevamente la de la corte inferior en cuanto a la condena de pagar dicha cantidad: cuestión que además carecía de importancia porque cuando se presentó la demanda para recobrar ese dinero de Candía ya había sido resuelto por este Tribunal Supremo desde el 29 de julio de 1922 en un recurso de cer-tiorari originado por una orden de la corte inferior que la sentencia en dicho pleito fue propiamente ejecutada porque nuestra sentencia de 3 de julio de 1922 en dicho pleito ha-bía confirmado la condena de pago hecha por la corte inferior y no estaba suspendida en sus efectos cuando fué cum-plida mediante el cobro hecho por Candía. Gandía v. La Corte de Distrito de San Juan, 31 D.P.R. 146.

En vista de la cuestión envuelta en este pleito, causa de la condena en„costas a favor de Candía, estimamos excesiva la suma de $3,000 que le fueron concedidos por honorarios de su abogado y que la cantidad de $500 es el valor razona-ble de dichos honorarios.

Por todo lo expuesto la resolución apelada debe ser mo-dificada en el sentido de reducir la partida de honorarios de abogado a la cantidad de quinientos dólares, y así modi-ficada confirmarse dicha resolución.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Román, acusado y apelante.
    No. 2729.

    Visto: Junio 9, 1926.

      Resuelto: Junio 23, 1926.
    Automóviles — Choques—Responsabilidad Criminal — Proceso y Castigo — Ape-lación — Cuestiones de Hecho. — Demostrando la prueba que la negligencia del acusado fué manifiesta al dejar chocar el.auto que manejaba con otro, ocasionando así lesiones a una persona, se resolvió que el hecho constituía una infracción al artículo 328 del Código Penal.
    SENTENCIA de Charles JE. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), condenando al acusado por infracción al artículo 328 del Código Penal.

      Confirmada.

      E. Campillo, abogado del apelante; José E. Figtieras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fué condenado a tres meses de cárcel por una ■infracción al artículo 328 del Código Penal consistente en haber guiado tan descuidadamente un automóvil que chocó con otro ocasionando a Francisco Dávila la fractura de tres dedos de su pie izquierdo.

No conforme el acusado apeló y tanto én el alegato es-crito como en el informe oral de su abogado se sostiene que la prueba sólo demuestra el choque del auto manejado por el acusado con la persona de Francisco Dávila y por tanto que el caso cae dentro de la regla establecida en El Pueblo v. González, 24 D.P.R. 613, y el acusado debió ser absuelto.

No es así. La prueba demuestra que Dávila se encon-traba debajo de un automóvil componiéndolo y que el auto manejado por el acusado chocó con el auto que componía Dávila que se movió y le ocasionó las lesiones.

La negligencia del acusado es manifiesta, porque se de-mostró que tenía espacio suficiente para pasar sin chocar con el carro que estaba parado. Además se demostró que el acusado no tenía licencia para manejar y trató de probar que la tenía mostrando una en la que el nombre había sido alterado.

.Debe confirmarse la sentencia apelada.