author: El Juez Asociado Señor Aldrev,

text:
    Enrique Castro Martínez, demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 3347.

    Visto: Noviembre 13, 1924.

      Resuelto: Abril 27, 1925.
    .1. Mandamus — Materias y Propósitos del Remedio — Actos y Procedimientos de Funcionarios Públicos, Juntas y Municipios — Reposición de Empleado en su Cargo.- — -Es insuficiente una petición de mandamus para obtener la. reposición del peticionario en un cargo, cuando ella demuestra que, celebrado un hearing, no bubo carencia absoluta de pruebas para la destitución sino una apreciación de ellas por el que hizo la destitución.
    2. Funcionarios {Officers)- — Nombramiento, Condiciones, y Término del Cargo —Renuncia, Suspensión o Remoción — Destitución y Revisión del.'Proce-dimiento y la Prueba. — El mandamus no es el procedimiento adecuado para aquilatar la evidencia presentada por las partes y decidir si ella es o no suficiente para probar los cargos imputados a 'una pe'rsona destituida de su empleo sino cuando hay eareneia absoluta de pruebas para justificar la destitución.
    SentenCia de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando con lugar excepción previa de falta de causa de ac-ción y ordenando el sobreseimiento y archivo del caso, sin cos-tas.

      Confirmada.

      Travieso & Iriarte, y Leopoldo Feliú, abogados del apelante; lion. Attorney General, C. Llauger Días y E. López Acosta, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrev,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante presentó en la corte inferior una solicitud de mandamus contra el Tesorero de Puerto Pico para que le ordenase que lo reponga en el carg’o de que fue destituido pero la corte déclaró sin lugar la petición como consecuencia de la. excepción previa que a ella expuso el demandado, fun-dada en que no aduce lieclios determinantes de causa de ac-ción.

Los hechos expuestos en la petición son suhstancialmente los siguientes: que el peticionario, Enrique Castro Martínez, era jefe del negociado de rentas internas del .Departamento de Tesorería, de esta Isla e incluido en el servicio civil clasi-ficado cnando fué suspendido de empleo y sueldo por haber sido acusado por un Gran Jurado de un delito de conspira-ción: que habiendo sido absuelto de esa acusación solicitó del Tesorero de Puerto Eico que lo repusiera en su destino pero se negó y le formuló cargos para destituirlo: que en dos de esos cargos se le imputaba que permitió que fueran sacados de los archivos del negociado bajo su inmediato cui-dado ciertos documentos relacionados con la exportación de alcohol por The Porto Eico Distilling Company de Arecibo sin obtener recibo de esos documentos, sin que se pudiera dar cuenta de ellos a los investigadores de Contaduría, y que preparó cartas para la firma del Tesorero de Puerto Eico, quien las firmó, dirigidas a The Porto Eico Distilling Company de Arecibo relevándole de sus fianzas, diciéndose en ellas que había cumplido con todos los requisitos de la ley, sabiendo que esto no era cierto, y sin llamar la atención del Tesorero de Puerto Eico a las excesivas mermas que aparecían en los certificados a fin de que dicho funcionario pudiera exigir otras pruebas satisfactorias de que el alcohol fué debidamente exportado, como requiere el Eeglamento número 335 de 3 de agosto de 1914, obteniendo así la cance-lación de dichas fianzas y ocasionando pérdidas considera-bles al Gobierno de Puerto Eico: que en la vista que se ce-lebró y en la que compareció el peticionario, para probar el Tesorero esos cargos presentó solamente las declaraciones juradas de dos personas al efecto de que ellas no pudieron encontrar los expresados documentos en el archivo del nego-ciado de rentas internas en fecha en que el peticionario estaba suspendido de su cargo, y el Eeglamento del Tesorero de Puerto .Eico regulando la cancelación de fianzas presta-das por los destiladores: y que su destitución fué decretada únicamente con esa prueba contra la que opuso que no había autorizado a persona alguna para entregar esos documentos con recibo o sin él; que tales documentos estaban en el ar-chivo de su negociado cuando fué suspendido en su cargo; que no podía hacérsele responsable de su. desaparición posterior; que él no era el archivero del Departamento, persona sobre la cual recaería la responsabilidad, la que es nom-brada por el Tesorero; que no se ha probado negligencia habitual en su cargo; que el reglamento a que se ha hecho referencia dice lo contrario de lo que alega el Tesorero con respecto al mismo, pues dicho funcionario no podía reque-rir la prueba adicional de que habla en el cargo mencionado siempre que se presentaran los certificados debidamente lle-nados y firmados en el puerto de destino de los alcoholes, y que probó con su declaración y la de otra persona que esos certificados fueron debidamente llenados y firmados por lo que no había necesidad de prueba adicional para la termi-nación de las fianzas; que demostró con su declaración y la del Sr. Benedicto, entonces Tesorero de Puerto Rico, ha-berle dado cuenta de las mermas en la exportación, por lo que no le engañó, y que habiendo firmado las cartas el Te-sorero -con entero Conocimiento de dichos hechos no puede imputársele responsabilidad al peticionario.

Siendo el apelante un empleado incluido en el servicio civil clasificado tenía derecho a no ser separado de su cargo sino por causa y para bien del servicio público, formulándo-sele los cargos por escrito, notificándoselos, dándole un tiempo razonable para Contestarlos, también por escrito, y abrién-dose después una breve investigación si la Comisión del Ser-vicio Civil o el interesado la solicitaren o el jefe que ordenó la destitución la dispusiere, según se establece en el art. 7 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil (Leyes de 1907 p. 171), requisitos que en este caso fueron cumplidos, siendo la única cuestión en controversia que la petición es suficiente porque en ella se alega que el Tesorero no probó los cargos que le imputó al peticionario porque aunque presentó dos declaraciones juradas y un reglamento para justificarlos tal evidencia no prueba los mencionados cargos, y que el ape-lante presentó su, declaración y la de otras personas para demostrar que no era empleado cuando se notó la falta de los documentos y que le advirtió al Tesorero que firmó las cartas respecto a las mermas que se notaban en los certifi-cados y que éstos estaban debidamente llenados y firmados, por lo que el Tesorero no podía pedir otras pruebas según el reglamento citado.

Lo expuesto demuestra que no hubo carencia absoluta de pruebas para la destitución del apelante sino una aprecia-ción de ellas por el jefe que hizo la destitución, y que lo que se pretende es que los tribunales de justicia aquilaten la evidencia que se presentó por una y otra parte y que decida si es o no suficiente para probar los cargos imputados al apelante, misión que no incumbe a los tribunales sino cuando hay carencia absoluta de pruebas.

Por lo expuesto la. sentencia apelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asooiado SeñoR Wole,

license: Public Domain

text:
    Carmen de la Torre Marrero y Honorio C. Archilla, recurrentes, v. El Registrador de San Juan, Distrito Segundo, recurrido.
    No. 608.

    Sometido: Febrero 7, 1925.

      Resuelto: Abril 28, 1925.
    1. Marido y Mujer — Bienes Privativos de la Esposa. — Propiedad Comprada con Dinero Perteneciente a la Esposa.. — En una escritura de compra se hace constar que la adquirente había constituido una sociedad que, á su matrimonio, fué disuelta y nunca liquidada; en ella tiene lugar la liquidación, y el dinero obtenido es pagado como precio de compra y así lo certifica el notario; el esposo muestra su conformidad y la socia anterior, también parte en la escritura, certifica' en cuanto a los hechos. Se resolvió: que acreditado así el carácter particular del precio, la propiedad es inscribible como bien privativo de la esposa.
    Nota de Benedicto, E. San Juan (Segundo Distrito), inscribiendo venta con defecto subsanable de no acreditarse la procedencia del dinero invertido.

      Revocada.

      V. M. Fernández, abogado de los recurrentes; el Registrador no compareció.
   El Juez Asooiado SeñoR Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En una serie de decisiones esta corte ha resuelto que para probar, a los fines del registro, el carácter privativo de una propiedad, que aparentemente lia sido adquirida a nombre de una persona casada, las manifestaciones hechas por las partes en la escritura no son prueba suficiente. Acosta v. El Registrador de Caguas, 27 D.P.R. 250, y citas. También hemos resuelto que las manifestaciones de un padre en la escritura misma sin más no son suficientes para acreditar la procedencia del precio de compra como perteneciente a uno de los esposos. Sánchez v. El Registrador de San Juan, 28 D.P.R. 669. Esto es hasta donde llegan nuestras decisiones.

En el presente caso, sin embargo, consta en la escritura de .compra en su favor que antes de ser casada Carmen de la Torre Marrero había constituido una sociedad con Del-ibra Marrero, sociedad que fué disuelta al'ocurrir el matri-monio, pero nunca liquidada. Se hizo que tuviera lugar la liquidación en la misma escritura y el dinero obtenido como resultado de la liquidación fué pagado al vendedor como precio de compra o reservado para el pago de una hipo-teca. Así fué certificado por el notario. Además, el es-poso muestra ‘ su conformidad y Delfina Marrero, la socía anterior, también parte en la escritura, certifica necesaria-mente en cuanto a los hechos. Bajo las circunstancias ex-puestas se acredita que el precio de compra es propiedad privativa de Carmen de la Torre Marrero.

Debe revocarse la nota del registrador y verificarse la inscripción.


author: El Juez PresideNte Señor del Tobo,

text:
    María de la Encarnación Gorbea, demandante y apelada, v. José Ramón Látimer, demandado y apelante.
    No. 3561.

    Visto: Abril 17, 1925.

      Resuelto: Abril 28, 1925.
    1. Divorcio — Acción y Efecto del Divorcio y Derechos de las Personas Divorciadas — Relaciones de Familia entre et, Cónyuge Culpable y sus Hijos. — Decretado un divorcio, la determinación de las relaciones de familia entre e] cónyuge culpable y sus hijos descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador, y no será modificada en apelación a menos que se demuestre abuso en el ejercicio de dicha discreción.
    Resolución de Charles E. Fooie, J. (Primer Distrito, San Juan), regulando las relaciones de familia entre el cónyuge culpable en divorcio y sus hijos.

      Confirmada.

      Mariano Acosta Velarde, abogado del apelante; Rafael Rivera Zayas, abogado de la apelada.
   El Juez PresideNte Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada, sentencia disolviendo el matrimonio contraído por J. R. Látimer y María de la Encarnación G-orbea, ésta qne como cónyuge inocente conservó la patria potestad so-bre los hijos — cuatro niños de corta edad — acudió a la corte pidiéndole qne regulara las relaciones del padre, cónyuge culpable, con los hijos, fijando las horas de 4 a 6 de la tarde de los lunes y viernes para que el padre pudiera ver y sa-car a paseo a sus hijos.

Oídas ambas partes, la corte, el 30 de diciembre de 1924, dispuso que los hijos “puedan ser sacados a paseo por el padre de la casa de la demandante de 4 a 6 de la tarde du-rante los días miércoles y sábado de cada semana.” No conforme el demandado Látimer interpuso el presente re-curso de apelación.

Invoca el apelante el artículo 175 del Código Civil para sostener que se le lia privado de un derecho qne la ley le reconoce o sea el de continuar sus relaciones de familia con sirs hijos.

En efecto el precepto de la ley invocado al ordenar qne al decretarse el divorcio los hijos sean puestos bajo el cuidado y patria potestad de la parte qne lo hubiere obte-nido, añade “pero el otro cónyuge tendrá derecho a conti-nuar las relaciones de familia con sus hijos.”

La orden de la corte no desconoce el derecho del apelante. Lo regula. Regular no es prohibir.

“El derecho a la custodia de los niños concedido por sentencia de divorcio,” dice' Corpus Juris, resumiendo la jurisprudencia, “no priva a la otra parte de tener acceso a los niños en ausencia de disposición expresa en contrario. La sentencia puede comprender un pronunciamiento permi-tiendo al padre privado de .s,u custodia que los visite con sujeción a aquellas restricciones que las circunstancias jus-tifiquen, dentro de la discreción de la corte, discreción de la cual no se abusará. El privilegio de visitarlos no es un derecho absoluto y debe estar subordinado al bienestar del niño, aunque dicho privilegio es usualmente concedido aún a una parte culpable a menos que esté moralmente incapa-citada para asociarse con el niño. De ahí que se haya dado el derecho de acceso a un esposo adúltero, pero ordinaria-mente no a la esposa adúltera, por lo menos mientras con-tinúa sus relaciones ilícitas con su amante, aunque en al-gunas jurisdicciones la corte puede dar el derecho de acceso a su discreción.” 19 C.J. 348.

En el caso de Kane v. Kane, 53 Mont. 519, 165 Pac. 457, que es uno de los citados por Corpus Juris, se resolvió que “las condiciones bajo las cuales podrán hacerse las visitas, la hora, lugar y duración de las mismas, la conducta del padre durante tales visitas, y el límite hasta donde podrá tener la custodia del niño, son todas materias propias para ser reguladas por la Corte.”

En el de Edwards v. Edwards (23 Ky. L. 1051) 64 SW, 726, se decidió que bajo el privilegio de tener acceso al niño no se permitirá que sea obstaculizada su educación. Y en el de Miner v. Miner, 11 Ill. (1 Peck.) 43, que “una ten-tativa para enajenar el afecto del niño puede constituir un desacato a la Corte.”

Esta Corte Suprema en el caso de Colorado v. Capella, 18 D.P.R. 991, claramente resolvió que “la determinación de la extensión de las relaciones de familia entre nn cón-yuge contra quien se lia dictado sentencia de divorcio y sus hijos que han quedado bajo la patria potestad del otro cónyuge, descansa en la sana discreción del tribunal senten-ciador y no será modificada por este tribunal a menos que se demuestre abuso en el ejercicio de dicha discreción.”

Para examinar las circunstancias especiales de este caso concreto, sólo tenemos el escrito de la demandante y la con-testación del demandado. El, primero presenta una situa-ción que claramente exigía que se regulara. No obstante haberse decretado el divorcio y puesto los hijos bajo la pa-tria potestad de la madre, el padre seguía interviniendo con ellos en forma tal, sacándolos del hogar de día y de no-che, que hacía imposible cualquier plan de educación y cui-dado adoptado por la madre. El padre por el contrario sostuvo que la situación era distinta, que el divorcio se de-cretó por abandono, y alega que la regia de la corte prác-ticamente corta sus relaciones con sus hijos porque es po-bre y tiene que trabajar y no puede, por tanto, disponer de las horas señaladas los miércoles y los sábados.

El conflicto fué resuelto por la corte sentenciadora. No sabemos si se practicaron pruebas o no. La transcripción de todos modos no las contiene. La corte que reguló las re-laciones, fué la misma que decretó el divorcio, estando en tal virtud en mejores condiciones que nosotros para apre-ciar los hechos. Bajo tales circunstancias no es posible concluir que abusara de su discreción. Debemos por el con-trario presumir que al ejercerla tuvo en cuenta la ley y el bienestar de los niños.

Debe confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf firmó “conforme con la sentencia. ’ ’


author: El Juez Asociado SeñOR Fbanco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Nemesio Seda y Juan Font, acusados y apelantes.
    No. 2431.

    Visto: Abril 15, 1925.

      Resuelto: Abril 28, 1925.
    1. Derecho Penal — Sentencia y Auto de Prisión Pinal — Suficiencia de la Sentencia. — Dirigida una denuncia individualmente contra los socios de una firma social, designándose éstos por sus nombres, es nula la sentencia dictada en virtud de la misma en la que se declara culpable “al aonsado,’’ sin especificarse cuál.

      2. Derecho Penal — Sentencia V Auto de Prisión Pinal — Especificación del Delito en la Sentencia. — Es nula una sentencia en que no se determina el delito por el cual se deelara culpable al aeusado. (Pueblo v. Fernández, 19: 114 y Pueblo v. Campos, 17: 1190, seguidos.)
    3. Pesas y Medidas — Denuncia—Requisitos y Suficiencia' — Delito Cometido por Medio de un Empleado. — Uua denuncia por infracción a la sección 2 de la Ley No. 13 de abril 12, 1917 (Leyes de 1917, pág. 129), en la que se alega que los acusados — socios de una firma — en cierta fecha exhibían, ofrecían para la venta y vendiam por medio de su empleado vendedor XX un número de bollos de pan faltos de peso, es suficiente. (Pueblo v. Barquet, 17: 1033 • y Pueblo v. Barquet, 19: 792, seguidos.)
    SENTENCIA de B. Díaz Cintrón, J. (Ponce), condenando por infrac-ción a la Ley de Pesas y Medidas.

      Revocada, absolviéndose a los acusados.

      C. Brunet del Valle, abogado de los apelantes; José JS. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SeñOR Fbanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Los acusados Nemesio Seda- y Juan Font, que compo-ponen la firma “Seda y Font,” fueron denunciados ante la Corte Municipal de Ponce por infracción de la sección 2 de la ley No. 13 de abril 12, 1917 (Leyes de 1917 (1), p. 129), “Para reglamentar el peso de los bollos de pan, etc.,” por-que en cierta fecha exhibían, ofrecían para la venta y ven-dían, por medio de sn empleado vendedor Víctor Gutiérrez, un número de bollos de pan faltos de peso.

La corte inferior, en grado de apelación, dictó la siguiente sentencia:

“La corte oída la prueba de cargo en este caso, sin que el acu-sado hubiera practicado prueba alguna, resolvió, declarar y declaró culpable al acusado y le condenó a pagar cinco dollars de multa o en defecto de su pago a sufrir cinco días de cárcel sin costas.”

De la lectura de esta sentencia salta a la vista su nulidad. Ella declara culpable “al acusado.” No se denuncia a la firma “Seda y Pont” ni podía hacerse tal denuncia contra la entidad social. Quizá esta ha sido la equivocación de la corte en ese particular al referirse en singular “al acusado,” por más que de dicha denuncia aparece claramente que ella está dirigida individualmente contra sus dos socios, designándose por sus nombres. Y si esto es así, no puede saberse cuál de ellos ha sido declarado ' culpable, ya que no se dice el nombre del acusado a quien se le impone la pena.

Existe además otro defecto en la sentencia y es la falta de determinarse el delito por el cual se declara culpable, al acusado. La jurisprudencia es clara en este punto. Tal omisión hace nula la sentencia. En el caso de El Pueblo v. Fernández, 19 D.P.R. 114, se declaró nula una sentencia por no especificarse el delito en la misma y en su apoyo se cita también el caso de El Pueblo v. Campos, 17 D.P.R. 1190.

No hemos creído necesario insistir en la alegación de los apelantes de que la denuncia es insuficiente, pues esta contención se resuelve por el caso de El Pueblo v. Barquet, 17 D.P.R. 1033, en que la acusación era semejante y se de-claró suficiente. Véase asimismo El Pueblo v. Barquet, 19 D.P.R. 792.

Por las razones expuestas, siendo nula la sentencia que dictó la corte inferior, se revoca la misma y se absuelve a los acusados.


author: El Juez Pbesidente SeñoR del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Marcelino Laureano, acusado y apelante.
    No. 2455.

    Visto: Abril 15, 1925.

      Resuelto: Abril 28, 1925.
    3. Derecho Penal — Castigo y Prevención bel Delito — Pena Excesiva.. — Cuando una acusación imputa un hecho corriente y de ella no, surge circunstancia/ alguna que tienda a agravar el delito cometido y el acusado se confiesa culpable y no se practica prueba, no está justificada la imposición del máximo de la pena.
    SENTENCIA de Enrique Moreda, J. (Arecibo), condenando al acusado por delito de portar armas prohibidas.

      Modificada y confirmada.

      Francisco Cervoni, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente SeñoR del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de Arecibo presentó en la corte de- su distrito ana acusación que, en lo’ pertinente, dice:

“El referido acusado, Marcelino Laureano, el día 29 de noviem-bre de 1924, en la calle ‘McKinley’ del pueblo de Manatí, que forma parte del Distrito Judicial de Arecibo, Puerto Rico, allí y entonces', voluntaria, ilegal, maliciosa y criminalmente, sin estar debidamente-, autorizado, portaba sobre su persona un revólver sistema Smith,, el cual es un arma con la que se puede causar daño corporal. Que al conducir dicha arma el acusado, no era con motivo y en ocasión de utilizar la misma en el ejercicio de su profesión, ocupación o deporte. ’ ’

Al llamarse el caso para juicio el acusado retiró su ale-gación de inocente y se declaró culpable. Acto seguido la corte lo condenó a seis .meses de cárcel y a] pago de las costas. No conforme apeló para ante este tribunal. La única cuestión que suscita en su alegato es la de que la pena que se le impuso es excesiva.

La materia de armas prohibidas fuá regulada por los artículos 540 a 552 del Código Penal aprobado en 190-2 (Comp. 1902 p. 521). Un hedió de la naturaleza del imputado en la acusación que dejamos transcrita estaba castigado por el artículo 549 con multa de cinco a quince dólares o prisión no menor de treinta días o ambas penas a la vez a discreción del tribunal. En 1905 la Legislatura pasó una ley completa (Leyes de 1905, p. 23) que sustituyó los preceptos del Código Penal. El castigo a sus infraccio-nes se fijó en multa mínima de cinco dólares y máxima de cincuenta, o prisión mínima de diez días y máxima de se-senta, o ambas penas. En 1908 se enmendó la ley de 1905 pero no en cuanto a las penas. Comp. 5994 a 6003.

Fué en 1924 que visto el gran número de delitos de san-gre que se vienen cometiendo en la Isla debido en gran parte al uso de armas prohibidas', la Legislatura aprobó la ley que aplicó en este caso la Corte de Distrito de Arecibo, o .sea la número 14 de 1924, Leyes de 1924, página 115.

\ El artículo 1 de esa ley dice: “Toda persona que ile-galmente portare o condujere cualquier .arma o instrumento con el cual pueda causarse daño corporal, incurrirá en pena de prisión de un mes a seis meses.”

No hay duda, pues, de la facultad de la corte sentencia-dora para imponer la pena de seis meses, pero el apelante sostiene que tratándose de una ley recientemente promul-gada, habiéndose declarado culpable y no concurriendo en la infracción que se le imputó circunstancia alguna que in-dique que no se trata de una infracción corriente, la corte abusó de su discreción al castigarlo con el máximo de la pena.

En muy pocas ocasiones esta corte juzgando las prue-bas practicadas y a virtud de ellas fijando las circunstancias del caso particular sometido a su consideración, en uso del poder que le confiere el artículo 364 del Código de Enjuicia-miento Criminal, ha modificado sentencias criminales ape-ladas rebajando la pena, por estimarla excesiva.

No tenemos aquí las pruebas. No se practicaron, por-que el acusado se confesó culpable. Sólo está ante nosotros la acusación como estuvo ante la corte de distrito y la ver-dad es que examinándola no surge de ella circunstancia al-guna que tienda a agravar la infracción cometida. Se im-puta un hecho corriente y a nuestro juicio, en tales casos, no está justificada la imposición del máximo de la pena. Debe adoptarse un temperamento medio.

Adoptando ese temperamento, castigando al acusado a sufrir tres meses de cárcel, aún se le impone nn mes más del máximo que fijaba la ley que estuvo , vigente basta unos meses antes de cometerse la infracción y se cumple el pro-pósito de la Legislatura.

Debe modificarse la sentencia recurrida rebajando a tres la pena de seis meses impuesta y, así modificada, confir-marse.

El Juez Asociado Señor Aldrey, disintió.


author: Bu Juez Asociado SeñoR Aldeey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luciano Cruz, acusado y apelante.
    No. 2403.

    Visto: Abril 24, 1925.

      Resuelto: Abril 28, 1925.
    1. Apelación- y Ekrior — Señalamiento de Errores — Señalamiento sin Argumen-tación. — El Tribunal Supremo prescindirá de un. motivo de error alegado cuando el apelante se limita a señalarlo sin argumentación alguna.
    2. Derecho Penal — Tiempo para el Juicio — Sobreseimiento de la Acusación por Tardanza en Presentarla. — A los electos del sobreseimiento prescrito por el inciso 1 del artículo 448 del Oódigo de Enjuiciamiento Criminal, sólo puede tomarse y considerarse como base del mismo la fecha del arresto por el delito porque se hace la acusación de que se trata y no la del de otro delito por el cual el acusado fué primeramente arrestado.
    3. Gran Jurado — Sorteo del Gran Jurado — Citación del Acusado para el Sorteo. — Librada citación para la comparecencia del acusado al sorteo del Gran Jurado y unida ésta al expediente sin constancia de haber sido dili-genciada, puede demostrarse por otra evidencia que la citación fué proqúa-mente hecha.
    4. Gran Jurado — ’Recusaciones—■ Recusaciones a Uno o Más Jurados. — El hecho que tres miembros de un Gran Jurado sean desafectos al acusado y uno de ellos fuera hermano politico del administrador de una central afec-tada por huelga en la época de la acusación, y que tenían formada opinión contraria al acusado no son motivos de recusación de los mismos.
    Sentencia de Pablo Berga, J. (Humaeao), condenando al acusado por delito de ataque para cometer homicidio.

      Confirmada, así como la resolución denegando nuevo juicio.

      Arturo Aponte, Jr., abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelando.
   Bu Juez Asociado SeñoR Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado por un gran jurado por el de-lito de ataque para cometer asesinato y habiendo sido de-clarado culpable por un pequeño jurado del delito de ata-que para cometer homicidio, interpuso esta apelación contra la sentencia y contra la resolución que le negó un nuevo juicio.

Para sostener sus apelaciones alega tres motivos de error, siendo uno de ellos por no habérsele concedido un nuevo juicio, pero prescindiremos de éste porque el apelante se limita a señalarlo sin argumentación alguna.

Los otros dos motivos son: primero, el de no haber sido decretado por la corte inferior el sobreseimiento de la acusación por no haber sido presentada dentro de los se-senta días siguientes al arresto del acusado; y segundo, el de no haber sido decretada la desestimación de la acusación por no haber sido citado el acusado para el sorteo del gran jurado.

En cuanto ál primero, resulta de los autos que el 4 de marzo de 1923 fue arrestado el apelante y prestó fianza para responder de una denuncia por el delito de acometimiento y agresión grave con una navaja barbera a José Ilurraza, y que reclamadas esas diligencias por el fiscal del distrito éste sometió al gran jurado una acusación por tal hecho por delito de ataque para cometer asesinato, que el gran jurado encontró fundada y que fué presentada a la corte el 16 de mayo siguiente sin que se librara otra orden de arresto contra el acusado.

Nosotros hemos resuelto el 17 de marzo de 1924 en el caso de El Pueblo v. Díaz (32 D.P.R. 888) al considerar el artículo 448, inciso primero del Código de Enjuiciamiento Criminal, que si bien desde que se arrestó al acusado hasta que fué presentada la acusación del gran jurado habían transcurrido más de sesenta días, no podíamos tomar como base a los efectos del sobreseimiento solicitado el delito de acometimiento y agresión grave y el arresto del acusado por este delito, porque el cambio de calificación por el gran jurado varió la situación del acusado y sus consecuencias legales; que la fecha del arresto por el delito de mutilación, por el que se hizo la acusación en dicho caso, si apareciese que se había realizado era la que teníamos que considerar y no la del .primer arresto, y que el acusado tenía derecho a insistir en el sobreseimiento de la causa anterior por aco-metimiento y agresión, pero no tenía el derecho de insistir en el sobreseimiento de la acusación por mutilación, toda vez que no fué arrestado originalmente por virtud de ese cargo. El caso presente está en idénticas condiciones que el que motivó esa resolución y por tanto le es aplicable dicha doc-trina, sin que la argumentación que hace el apelante ata-cándola nos convenza de que debemos modificarla.

Con respecto al segundo motivo del recurso aparece de los autos que la orden librada para la citación del acusado para que concurriera al sorteo del gran jurado que había de conocer de la acusación contra él no tenía el diligenciamiento de su cumplimiento, pero por la declaración jurada del márshal de Fajardo, donde reside el apelante, se ha justificado que con más de cinco días de anticipación a dicho sorteo el expresado márshal se personó en la casa del acusado para notificarlo, que no habiéndolo encontrado dejó a la esposa la copia de la citación, que el mismo día encontró al acusado en la calle y le manifestó que quedaba citado para dicho acto y que la copia de la cédula de citación la había dejado en su casa a la esposa.

Aunque la citación que se libró y se unió al expediente del gran jurado no tenía constancia de haber sido diligen-ciada como requiere el artículo 409 del Código de Enjuicia-miento Criminal, sin embargo, estimamos que la declaración jurada del márshal de Fajardo es prueba suficiente de que la citación fué hecha en tiempo oportuno. En algunos ca-sos civiles hemos resuelto que aunque en el diligenciamiento de una citación no conste que fué debidamente hecho, puede demostrarse por otra evidencia que la citación fue propia-mente hecha.

Habiendo llegado a la conclusión dicha y no habiendo el apelante asistido al sorteo del gran jurado que conoció de su acusación, podríamos prescindir de considerar si como alegó en su petición de desestimación de la acusación tenía recusaciones que hacer a tres de los jurados, pero preferimos decir que las causas' de recusación porque tres de los’ jurados eran desafectos al acusado y uno de ellos hermano político del administrador de la central Fa- jardo Sugar Company, que se dice afectada por la huelga general que hubo en Fajardo en la época de la acusación, y la alegación de que los tres tenían formada opinión contraria al acusado, no eran motivos de recusación pues el parentesco del jurado debe ser con la persona perjudicada, con aquella cuya denuncia motivó la causa o con el acusado, y porque no es motivo de incapacidad para actuar como jurado el hecho de que éste haya formado opinión acerca del asunto, si está fundada en rumores públicos, manifestaciones de la prensa o en la notoriedad del caso; siempre que a juicio del tribunal, previa la declaración que bajo juramento o en otra forma preste, está dicho jurado en actitud, no obstante dicha opinión, de actuar con entera imparcialidad y rectitud en el asunto.

Por los motivos expuestos la sentencia apelada debe ser confirmada y también la resolución que negó el nuevo juicio solicitado.

Los Jueces Presidente Señor del Toro, y Asociado Se-ñor Hutchison, disintieron.


author: El Juez Asooiado Señoe Wole,

text:
    Antonio Pasalacqua, demandante y apelado, v. Ramón María Ramos y Artemia Rolón, demandados y apelantes.
    No. 3424.

    Visto: Febrero 3, 1925.

      Resuelto: Abril 29, 1925.
    1. Divorcio — Didudas Contraídas Después de Entablado el Pleito. — Una deuda contraída por una parte sin el consentimiento de la corte después de entablado pleito de divorcio no constituye una-carga a los bienes gananciales, y la desestimación del pleito no hace válida dicha deuda; por consiguiente, cuando un esposo después de entablar acción de divorcio otorga un pagaré y poste-riormente se desestima su acción y su esposa radica un nuevo pleito sobre divorcio y obtiene sentencia, los bienes gananciales no responden del importe del pagaré.
    SbNtenoia de B. Díaz Cintrón, J. (Ponce), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada y revocada en parte.

      Caiios Brunet del Valle, abogado de los apelantes; Manuel A. Rivera, abogado del apelado.
   El Juez Asooiado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito envuelve la interpretación del artículo 169 del Código Civil, el cual es como sigue:

“See. 169. — From the day proceedings in a suit for divorce are begun, no debt contracted by the husband on occount of the community property shall be valid, unless authorized by the court.”

El texto español del mismo es así:

“Art. 169. — Desde el día en que el procedimiento de divorcio se inicie judicialmente, no será válida ninguna deuda contraída por el marido o por la mujer sin la autorización del tribunal, a cargo de los bienes gananciales.”

Examinando estos dos textos conjuntamente significan que las deudas de ninguno de los esposos constituirá una carga a los bienes gananciales sin la autorización de la corte. En este caso, después de presentada una demanda de divorcio por el marido, éste otorgó un pagaré para recobrar el cual se ba establecido la presente acción. Este pleito del marido fué desestimado por la corte. Posteriormente y des-pués del vencimiento del pagaré la esposa presentó una ac-ción de divorcio y obtuvo sentencia contra su marido. En el presente caso la demanda fué radicada contra ambos el marido y la mujer y la sentencia dictada contra ambos'.

El artículo 169, por sus términos, no bace referencia a acciones establecidas después de incurridas las obligaciones. Por tanto, como la esposa resolvió no presentar siquiera una eontrademanda, sino comenzar una acción indepen-diente, no podía ella reclamar el beneficio del artículo 169 por razón de la acción establecida por ella.

Sin embargo, el artículo 169 es estrictamente aplicable a la acción establecida por el marido y que estaba pendiente cuando esta obligación fue contraída por él. Está bien es-tablecido que la legislatura puede fijar términos a las obli-gaciones que fian de ser contraídas en el futuro. McGannon v. Michigan Mutual Millers’ Fire Insurance Co., 127 Mich. 636, 54 L.R.A. 739; Small v. Hammes et al., 156 Ind., 60 N.E. 342; 12 C.J. 1067, nota 65. El artículo 169 es umver-salmente aplicable a obligaciones contraídas después de es-tablecida una acción y, cuando la ley no establece distinción, no debemos establecer ninguna.

La corte inferior creyó que la desestimación del pleito iniciado por el marido hizo innecesaria la aplicación del ar-tículo 169, supra, pero nada encontramos en el texto que justifique esta deducción. ■

El pagaré suscrito por el marido en este caso era obli-gatorio para él solamente. Por tanto la corte incurrió en error al dictar sentencia en contra de la esposa, que ahora está en posesión de todos sus derechos (sui juris) por la sentencia de divorcio. La sentencia contra el esposo dele subsistir con el entendimiento de que no ha de ser ejecutada contra los bienes gananciales como tales. Debe ser revocada la sentencia en cuanto a la esposa y así se ordena.


author: El Juez AsoCiado Señoe AldRby,

text:
    Union Commercial Corporation, demandante y apelante, v. Arturo Ortiz Toro y Eleuterio Santiago, demandados y apelados.
    No. 3340.

    Visto: Diciembre 9, 1924.

      Resuelto: Abril 29, 1925.
    1. Juicio — Desestimación del Caso, y “Non Suit’’ — “Non Suit’’ — Insuficien-cia de la Prueba. — Cuando las admisiones y la evidencia prueban suficiente-mente prima faeie todos los hechos de la demanda, comete error la corre que la declara sin lugar por los méritos de la prueba del demandante, aunque ésta descanse en prueba secundaria del contenido de unos autos que se admitió y probó se habían perdido.
    SENTENCIA de R. Días Cintrón, J. (Ponce), declarando con lugar moción de non suit y desestimando la demanda, con costas.

      Re-vocada y devuelto el caso.

      Angel Fiol Negrón, Heriberto Torres Bola y Rodolfo Ramírez Ra-bón, abogados de la apelante; Martínez Nadal, Tormes & Colón, abogados de los apelados.
   El Juez AsoCiado Señoe AldRby,

emitió la opinión del tribunal.

La Union Commercial Corporation alega en su demanda en este pleito que siguió otro pleito en la Corte Municipal de Ponce en cobro de pesos contra Mr. Prank O’Sbeaf en el que le embargó un automóvil: que para levantar ese embargo los abora demandados suscribieron una fianza a favor de la demandante por $600 para responder de las re-sultas de aquel pleito: que el demandado O’Sheaf fue con-denado a pagar a la demandante la cantidad de $309.97, sentencia cuya apelación fué desistida después: que poste-riormente fué aprobado un memorándum de costas en can-tidad de $111.40: que los autos de ese pleito se ban extra-viado en la corte municipal conjuntamente con la fianza original suscrita por los que son demandados en esta acción: que esa sentencia no pudo ejecutarse por no encontrarse bienes del demandado O’Sbeaf y que su importe y las costas no ban sido pagadas por el deudor primitivo ni por los fia-dores demandados, por todo lo que solicitó que éstos fuesen condenados a pagarle los $421.37 que suman ambas partidas.

Los demandados en su contestación negaron bajo jura-mento todas esas alegaciones pero al celebrarse el juicio de nuevo en apelación en la Corte de Distrito de Ponce admi-tieron la existencia de la demanda de Tbe Union Commercial Corporation contra Mr. Prank O’Sbeaf: que se había trabado embargo contra un automóvil de su propiedad: que se dictó sentencia contra él por $309.97, que fué ape-lada y desistida la apelación y que ese récord se ha extra-viado conjuntamente con la fianza original suscrita por los demandados en esta acción.

Cuando la demandante terminó de presentar su prueba los demandados alegaron que no era suficiente para dictar sentencia a favor de la demandante (nonsuit), y entendién-dolo así la corte de distrito declaró sin lugar la demanda y se interpuso esta apelación por la demandante quien solicita su revocación.

Después de las admisiones hechas por los demandados poco le quedaba a su contrario por probar. Examinemos su evidencia.

A pesar de que los demandados habían admitido que el pleito contra O’Sheaf se ha extraviado conjuntamente con la fianza original prestada por los demandados en esta ac-ción, según se dijo antes, ese hecho fué declarado por Iqs testigos Rafael Pérez Mercado, abogado que fué de la de-mandante en el primer pleito, por Juan García Léctora, Se-cretario de la Corte Municipal de Ponce, y por Pablo Torres, Marshal de dicha corte: los señores Torres y Pérez Mercado declararon también que los demandados suscribie-ron la fianza y que fué unida a los autos que luego se per-dieron: el segundo de esos testigos declaró que los deman-dados suscribieron la fianza solidariamente por $600 para ■responder a la demandante del importe de la sentencia a fin de que fuera levantado el embargo del automóvil: el marshal testificó que se le entregó orden para ejecutar la sentencia por $309.97 de principal más $111.40 por las cos-tas, copia de la cual fué admitida con el consentimiento de los demandados, y que no pudo cumplir esa orden.por no haber encontrado bienes de O’Sheaf, que se había ausentado de esta isla: y también declaró el Sr. Pérez Mercado que la sentencia contra O’Sheaf no ha sido pagada por éste, por sus fiadores, ni por persona alguna en todo ni en parte.

Se da el caso raro en este asunto de que también se han extraviado en la Corte Municipal de Ponce los autos de este segundo pleito.

Las admisiones de los demandados y la evidencia presentada por la demandante prueban suficientemente prima facie todos los hechos de la demanda, por lo que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la demanda por los méritos de la prueba de la demandante; sin que sea obstáculo para esta conclusión que se presentara prueba secundaria sobre el contenido, del pleito contra O’Sheaf y de la fianza que en ellos prestaron los demandados, pues éstos admitieron, y además se probó, que esos autos se han per-dido.

La sentencia apelada debe ser revocada debiendo devol-verse el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con la opinión.


author: El Juez Asociado Señoe Aldeey,

text:
    Julio Rodríguez, demandante y apelante, v. Línea Férrea del Oeste, Inc., demandada y apelada.
    No. 3297.

    Visto: Diciembre 12, 1925.

      Resuelto: Abril 30, 1925.
    1. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hecho — Conclusiones de la Corte sobre Evidencia Contradictoria. — La corte Suprema no revocará las conclusiones de hecho, cuando la evidencia es contradictoria y no sei demuestra que hubo parcialidad o prejuicio.
    2. Negligencia — Negligencia Contributors — Ultima Oportunidad para Evitar el Daño. — La teoría de la última oportunidad para evitar el daño no tiene aplicación cuando la corte sentenciadora, apreciando prueba contradictoria, concluye que el apelante y no el apelado fué negligente, y no da paso a la teoría de la última oportunidad.
    SENTENCIA ele Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), de-clarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      O. M. Wood y Luis E. Bubón, abogados del apelante; Charles Hartzell, Daniel Kelley y R-afael. Fernández, abogados de la ape-lada.
   El Juez Asociado Señoe Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

En la fecha que ocurrió el hecho que motiva este pleito la apelada tenía una vía férrea que comunicaba el pueblo de Bayamón con su barrio de Cataño y por la cual transpor-taba pasajeros en coches movidos por gasolina con cambio de velocidades como los automóviles, pero que corrían so-bre la línea férrea. Al entrar esa vía en Cataño pasa por la calle del Tren, que está cruzada por la calle de San Lorenzo. El 18 de febrero de 1923 un auto-tren de la apelada que conducía pasajeros tuvo un choque en la esquina de la calle San Lorenzo con un automóvil del apelante, quien pre-sentó demanda contra la dueña de dicho tren para que le indemnizara los daños sufridos por su automóvil, alegando que el choque tuvo lugar por negligencia y falta de cuidado del empleado de la demandada que manejaba el auto-tren.

La demandada se opuso a esa reclamación y celebrado juicio recayó sentencia declarando sin lugar la demanda por estimar la corte inferior que la evidencia probó que no hubo negligencia por parte del conductor del auto-tren y que el demandante, conociendo muy bien el sitio donde ocu-rrió el accidente, no guardó todas las precauciones necesa-rias, deteniendo el automóvil, si esto era necesario, u obser-vando a uno y otro lado antes de hacer el cruce, y por el contrario se lanzó a la vía férrea en el momento que se acer-caba el tren que chocó con dicho automóvil, quedando por estos hechos claramente establecida la negligencia de su parte.

En esta apelación interpuesta por el demandante se alega por éste que la corte inferior erró al estimar que hubo ne-gligencia de su parte; al no declarar que la hubo por parte de la demandada, y al no estimar que aunque el deman-dante fuera negligente la demandada tuvo la última opor-tunidad de evitar el choque, y que en la apreciación de la prueba la corte actuó movida por pasión, prejuicio y parcia-lidad y con manifiesto error’.

Como se ve, los tres primeros motivos de error, y en parte el último, giran sobre la apreciación que de la evi-dencia hizo el tribunal inferior y podemos considerarlos con-juntamente.

La evidencia fué contradictoria, como ocurre en la gene-ralidad de estos casos, pues mientras los testigos del de-mandante dicen qne éste iba despacio con sn automóvil al entrar en la calle del Tren para cruzarla; que tocaba el klaxon del vehículo; que el auto-tren iba a mucha veloci-dad ;' que llevaba luces interiores pero sólo una' pequeña luz en la parte delantera, según algunos, y sin esa luz se-gún otros; y que no tocó pito: los testigos del demandado dijeron que el auto-tren tocaba pito; que tenía encendido un foco eléctrico central delantero conectado con su alum-brado interior; que iba a poca velocidad porque acababa de hacer una parada a poca distancia y no podía poner la ter-cera velocidad hasta después de haber caminado algunos metros; que llegó a la esquina antes que el automóvil, el que iba muy ligero y se metió en la vía; que tan pronto fué visto el automóvil el motorista del auto-tren le puso los frenos; y que el auto-tren estaba en muy buenas condicio-nes, pues era nuevo.

Ese conflicto en la evidencia lo resolvió la corte inferior dando crédito a la prueba de la demandada, que justifica la declaración de la corte inferior respecto a que el demandante fué negligente, que el empleado de la demandada no lo fué, y que no da paso a la teoría de haber tenido la apelada la última oportunidad para evitar el daño; desición que se halla justificada por contradicción de importancia en que incurrió el demandante, por todo lo que no debemos ir contra la apreciación que de la evidencia hizo dicho tribunal, la-que no adolece de manifiesto error como alega el apelante.

La alegación de que el tribunal inferior decidió el con-flicto de la evidencia movido por pasión, prejuicio y parcia-' lidad es sencillamente gratuita, pues nada hay en los autos que demuestre tal estado de ánimo en el tribunal senten-ciador.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe. Wole,

text:
    Isidro Benítez, demandante y apelante, v. Juan Benítez Gómez, administrador judicial de la Sucesión de Julio Cayere, demandado y apelado.
    No. 3330.

    Visto: Diciembre 5, 1924.

      Resuelto: Abril 30, 1925.
    1. Sentencias — Ataque Colateral — Sentencias Inatacables Oolateralmente— Sentencia de una Corte de Igual Jurisdicción. — Defectos que no son juris-diccionales no pueden ser atacados oolateralmente.
    2. Hipotecas — Acción Ordinaria en Oobro de Deuda — Requerimiento al Deu-dor. — Para ejercitar la acción ordinaria en cobro de deuda de una hipoteca que dispone que ciertos plazos de intereses no fueran satisfechos se consi-deraría vencida la deuda, no es necesario requerimiento alguno al deudor para que se le considere en mora por falta de pago.
    3. Suspensión de Procedimientos y Reanudación de los Mismos (Abatement and Revival) — Defectos y Objeciones en Cuanto a las Partes y a i/os Procedimientos — Pleitos Entablados Prematuramente. — La objeción de que una acción ha sido establecida prematuramente, para que pueda una parte valerse de ella en apelación, debe hacerse por plea in abatement o por excepción previa, según el hecho aparezca o no de la faz de la demanda; no mediando una u otra, no es nula la sentencia dictada.
    4. Embargos — Procedimientos para Obtenerlos — Jurisdicción y “Venue”— Jurisdicción del Oaso Correspondiendo a la Oorte que lo Decretó— Ei'ecbo. — En junio 30, 1923, se radicó un pleito en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera; en julio Io. de dicho año, y antes de ser trasladado de acuerdo con la Ley No. 41 do junio 30, 1921, se obtuvo de dicha corto aseguramiento de sentencia mediante embargo. Se resolvió: que correspondiendo la jurisdicción del caso al nuevo Distrito Primero hasta tanto fuera trasladado, el embargo era válido no obstante haberse expedido la orden de aseguramiento sin fianza.
    5. Ventas Judiciales — Ventas Nulas — Propiedad Radicada Huera de la Juris-dicción del Márshal que Vendió. — Es nula la venta que de una propiedad haga un marshal cuando dicha propiedad) está fuera de los límites geográficos do su propio distrito. (Sold v. Castro, 32: 804, distinguido.)
    6. Daños y Perjuicios — Acción Resuelta por Excepción Previa — Eacultad del Tribunal Supremo para Tratar y Resolver los Daños. — Cuando en una acción se reclaman daños y perjuicios y el caso es resuelto por excepción previa, sin prueba, carece el Tribunal Supremo de facultad para tratar y resolver los daños.
    SENTENCIA de M. Rodríguez Serva, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Campillo & Campillo, abogados del apelante; Juan B. Soto, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Teniendo nn acreedor hipotecario una hipoteca a sn favor, prefirió, sin embargo, establecer nna acción ordinaria en cobro de la deuda. Dicho acreedor obtuvo una orden de aseguramiento de sentencia, una sentencia en rebeldía, eje-cutó la finca sujeta a la hipoteca, y adquirió la propiedad en la subasta. Tenemos ante nuestra consideración una ac-ción para anular todos o algunos de los anteriores procedi-mientos.

La Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, declaró con lugar una excepción previa formulada a la demanda fundándose en que la sentencia de otra corte de igual jurisdicción no podía ser atacada en esta forma. Que los defectos que no son jurisdiccionales no pueden ser atacados colateralmente es la doctrina sentada en el caso de Solá v. Castro, 32 D.P.R. 804, y caso de Blood v. Light, 38 Cal. 654 (99 Am. Dec. 441), doctrina que hemos confirmado y considerado de nuevo en el caso de González v. Anglada, sentencia de febrero 27, 1925 (33 D.P.R.). Consideraremos algunos de los varios fundamentos de impugnación.

A. Bajo este apartado así marcado, el demandado alegó que la obligación no era exigible, pero esta es una cuestión que pudo haber sido alegada en el pleito en el cual fue anotada la rebeldía. La hipoteca disponía que si ciertos plazos de intereses no fueran satisfechos el acreedor tendría derecho -a considerar vencida toda la deuda hipotecaria. La anterior demanda contenía una alegación de que el acreedor consideró vencida de tal modo la deuda. El apelante sostiene que con arreglo al Código Civil, antes de que el deudor pudiera ser considerado en mora por falta de pago debe hacérsele un requerimiento.' La corte por mayoría, sostiene que de acuerdo con el convenio contenido en la hipoteca, tal requerimiento no es necesario. De todos modos en el contrato original se estipulaba que el acreedor podría declarar vencida la deuda. La demanda original contenía la alegación de que el acreedor había hecho tal declaración. Esta manifestación podría ser interpretada algo dudosamente, es verdad, en el sentido de significar que el acreedor había hecho todas las gestiones necesarias para que la deuda venciera, incluyendo un requerimiento al deu-dor. Nos sentimos obligados a declarar, mientras no este-mos convencidos de lo contrario, que no aparecía satisfac-toriamente de la faz de la demanda original que la acción fué establecida prematuramente y que tal objeción no puede ser ahora levantada. Los casos que tienden a estas conclu-siones son Royal Insurance Co. v. Henderson, (Tex. Civ. App.) 201 S. W. 426, 428; Shaefer v. Hines, (56 Ind. App. 17) 102 N. E. 839, 840; Simmons v. Meyers, (61 Ind. App. 403) 112 N. E. 31, 32; Cooper v. Ricketson, (14 Gra. App. 63) 80 S. E. 217, donde la corte de Georgia, siendo los he-chos algo semejantes, resolvió que la objeción de que un pleito fué establecido prematuramente debe hacerse por ex-cepción previa, o moción para suspensión de los procedi-mientos (plea in abatement) y que una sentencia dictada sin mediar una u otra no era nula. Como en el presente caso, la cuestión fué allí sólo promovida al ser expedido manda-miento de ejecución.

B. En julio l9, 1921, fué puesta en vigor una nueva ley por la cual las anteriores Cortes de Distrito de San Juan quedaron abolidas y creadas dos nuevas cortes con jurisdicción independiente.^ (Véase leyes de 1921, p. 287.) Las disposiciones transitorias de la ley suprimiendo dichas anteriores cortes de distrito eran como sigue:

“Sección 5. — Disposición transitoria. — Los asuntos pendientes en cualquiera de las secciones de la corte de distrito, tal como está ac-tualmente constituida, al entrar en vigor esta Ley, deberán ser re-sueltos por el juez que actualmente conozca de los mismos, si hu-bieren entrado en el período de prueba o estuvieren pendientes de sentencia; en cualquier otro caso serán trasladados de la Sección en que ahora se encuentren a la corte correspondiente creada por esta Ley, a moción de parte o del propio juez.”

El caso anterior fué radicado en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, antigua ley, en junio 30, y en julio l9 el demandante obtuvo aseguramiento de senten-cia en el distrito primero, nueva ley. Sostiene el apelante que las disposiciones transitorias, supra, eran imperativas y que dicho primer distrito, nueva ley, perdió la jurisdicción y no tenía derecho alguno a ordenar el referido asegura-miento de sentencia. Si el demandante en julio 1° había so-licitado del distrito segundo, nueva ley, una orden de ase-guramiento, hubiera sido negada por no existir ningún pleito pendiente ante la referida corte. El caso hubiera estado, todavía, radicado en la Corte de Distrito, Distrito Primero. Antes de trasladar, ¿carecía enteramente de facultad la corte donde el caso estaba pendiente para adoptar cualquier resolución, como por ejemplo, una orden de aseguramiento? Alguna cuestión legal o de hecho fácilmente podría surgir respecto a si el distrito primero o segundo era la verdadera corte que había de seguir con el pleito. Hasta que la corte actuó trasladando, debe haber existido algo pendiente en la corte donde en realidad fue radicada la demanda. Si algo ha de trasladarse, ese algo debe existir. La disposición transitoria presupone que alguna cosa está pendiente- que necesita la acción de la corte para ser trasladada. Por, tanto, el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil es aplicable, a saber:

“Art. 82. — Si el distrito en que se establece la demanda no es el en que deba seguirse el juicio, podrá, sin embargo, continuarse en aquél, a menos que el demandado, al comparecer a contestar o a formular excepciones, presente una declaración jurada y fundada y pida por escrito que el juicio se celebre en el distrito correspon-diente.” (Comp. 1911, See. 5066, p. 855.)

Sostiene el apelante que este artículo sólo es aplicable a una corte que continúa existiendo y no puede hacer refe-rencia a una. corte que ha sido abolida; que si hubiera sido radicado un pleito en el distrito primero, nueva ley, en julio l9, ese distrito hubiera adquirido el derecho a seguir con el caso hasta obtenerse un traslado, pero que una regla dife-rente era aplicable a una acción establecida en junio 30 en dicha corte abolida. Las disposiciones transitorias y la ley en conjunto, sin embargo, muestran que todos los casos pendientes en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, antigua ley, pasaron totalmente a la Corte de Dis-trito de San Juan, Distrito Primero, nueva ley, basta que fueran trasladados. Los casos que habían progresado hasta cierto período de la prueba o resolución no habían de ser trasladados en absoluto aun cuando correspondieran debi-damente a la otra corte.

Como la acción en cuestión fué radicada en la antigua Sección Primera y por ministerio de la ley trasladada al nuevo distrito primero, la jurisdicción del caso correspondía al nuevo distrito primero hasta que fuera trasladado. De ahí que el demandado en el pleito se sometió al permitir que se dictara sentencia en rebeldía contra él. Párrafo 2 del artículo 47 del Código de Enjuiciamiento Civil. Este es el razonamiento de nuestra decisión en el caso de Quiñones v. Ozores, 31 D.P.R. 186. Además, no debemos pasar por alto -el hecho de que el emplazamiento aunque fue librado en ju-nio 30, no fué entregado al márshal hasta julio 28 y notifi-cado por éste ostensiblemente como funcionario del nuevo distrito primero. De aquí qüe posible, si no ciertamente, la jurisdicción fué originalmente adquirida sólo por el nuevo distrito primero, suponiendo que el demandado fué debida-mente citado.

C. El hecho de que la deuda no era exigible ha Sido dis-cutido. Que la orden de aseguramiento fué expedida sin fianza, era una irregularidad que no convertía en nula la venta de modo que la sometiera a un ataque colateral. Solá v. Castro, supra; González v. Anglada, supra.

Bajo los párrafos E y Gr el apelante alegó que el Secre-tario de la Corte de Distrito del Primer Distrito no tenía jurisdicción para dictar una sentencia en rebeldía; que él tenía tal facultad, se desprende de nuestras anteriores con-sideraciones.

D. Bajo este párrafo el apelante sostiene que el Márshal de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Pri-mero, no tenía derecho a embargar una propiedad radicada en Río Grande o Río Piedras que corresponde a la jurisdic-ción de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, nueva ley, y;

En el párrafo E se alega una proposición semejante al decir que el márshal no tenía derecho a expedir mandamientos a los registradores de la propiedad. Como podemos tomar conocimiento judicial de que los registros de la propiedad están radicados en la capital y de que ambas cortes de dis-trito y ambos márshals residen aquí, tal vez el mero embargo consistente en una notificación a un registrador puede tenerse por válido. Así lo sostendríamos mientras no se nos convenza de lo contrario.

H. Como el diligenciamiento hecho por el márshal de-muestra que el demandado fué citado en San Juan, el he-cho de que él vivía en Río Piedras no podía privar a la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, nueva ley, de jurisdicción aunque el caso pudiera ser propiamente tras-ladado mediante la debida moción.

Bajo los párrafos 'J y L el apelante alega que el Márshal del Distrito Primero no tenía facultad para vender una pro-piedad radicada en Río Grande. En el caso de Solá v. Castro, supra, revisamos la jurisprudencia de esta corte y resolvimos claramente, como en otros casos, que un márshal no tiene autoridad alguna o facultad para vender propiedad que está fuera de los límites geográficos de su propio dis-.trito. Desde luego que en el caso de Solá v. Castro, supra, la decisión fué‘que el márshal si bien vendía en su mismo .distrito, no estaba debidamente autorizado para vender, pues su autoridad procedía no de una corte de distrito sino de otro márshal, pero la revisión de las autoridades en ese caso abarca la cuestión qué aquí se levanta. La propiedad fué vendida en Río Grande por el Márshal del Distrito Pri-mero, que no tenía facultad para verificar tal venta en Río Grande. Siendo esto así, no es necesario considerar algu-nos de los errores alegados por el apelante en relación con o despnés de dicha venta.

El resultado final de estas consideraciones es que la sen-tencia y el embargo de la propiedad se considerarán válidos, pero que la venta por virtud de los mismos era absoluta-mente nula e ineficaz y su nulidad podía demostrarse por un ataque directo o colateral.

El apelante también reclamó daños y perjuicios pero como este caso fué resuelto por excepción previa, sin prueba, carecemos de facultades para trdtar de resolver los referidos danos y perjuicios, que deben ser determinados por la corte de distrito después de oir la prueba.

La sentencia de la corte de distrito debe ser revocada, debiendo devolverse el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Asociado SeñOR Franco Soto,

text:
    Constanza Dominga Ortiz Gregory, Enriqueta, Angela, Julia y Enrique Rossy y Gregory, y Pedro, Felipe y Angela Rossy Ortiz, demandantes y apelantes, v. Josefa San Miguel por sí y como madre de los menores sometidos bajo su patria potestad Adelaida A. y Laura Mercedes Gregory, demandadas y apeladas.
    No. 3493.

    Visto: Abril 2, 1925.

      Resuelto: Abril 30, 1925.
    1. Diligencias “Process” — Naturaleza, Expedición de, Requisitos y Validez— Adquisición de Jurisdicción por Medio de Citación. — El hecho de la cita-ción y no la certificación o declaración jurada del' diligenciamiento es lo que da jurisdicción a la corte.
    2. Diligencias “Process” — Servicio—“Return” y Pbukba del Servicio — Ata-que Colateral. — Defectos de carácter jurisdiccional pueden ser atacados colateralmente.
    Sentbníta de Angel Acosta, J. (Mayagüez), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Alfredo Arnaldo y Harry F. Besosa, abogados de los apelantes; Angel A. Vázquez, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado SeñOR Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito para reivindicar ciertos condominios en varias fincas rústicas y además, como cuestión accesoria, se pide la devolución de frutos.

En otra acción ordinaria establecida con anterioridad a la presente, Alfredo y Jorge Antonio Osvaldo O’Neill y Eossy demandaron en cobro de dinero a la sucesión de Pedro María Eossy y Guerra, compuesta de su viuda Cons-tanza Dominga Ortiz y Gregory por sí y como representante de sus menores hijos Pedro, Felipe y Angela Eossy y Ortiz, y de sus otros hijos nombrados Angela, Lucía, Enrique, En-riqueta, Hortensia, América y Julia Eossy y Gregory. El procedimiento se siguió por todos sus trámites, se dictó sentencia, subastándose las fincas cuyos condominios se re-claman y las que finalmente fueron adjudicadas a Ulises Gregory, causante de los demandados en la nueva demanda.

Una parte de los .componentes de la sucesión de Pedro María Eossy y Guerra son los que han interpuesto la ac-ción reivindicatoría y la fundan en dos motivos. El pri-mero se refiere a que el emplazamiento es nulo porque ha-biéndose practicado por persona que no es el márshal no aparecen del diligenciamiento las siguientes constancias, a saber: (a) no contener la afirmación jurada de Juan Arce que fuera mayor .de 18 años en el momento de verificar la citación; (b) no declarar que no tuviera interés en el pleito; (c) no expresarse la fecha ni determinar el lugar en que se hicieren dichas citaciones; (d) no entregarse a ninguno de los demandados copia del emplazamiento, ni de la demanda; (e) no haberse firmado por Juan Arce el diligenciamiento ni expresarse ante qué funcionario autorizado para tomar juramentos se juró el mismo.

No hay controversia en cuanto a que la forma del dili-genciamiento es defectuosa y los demandados admiten por lo menos el no haberse consignado debidamente la edad del que practicó la diligencia de la citación ni tampoco que no tuviera interés en el pleito, pero los demandados y apela-dos fundándose seguramente en la jurisprudencia sentada en los casos de Buonomo v. Sucesión Juncos, 28 D.P.R. 409 y López v. Quiñones, 30 D.P.R. 342, presentaron prueba aliunde para demostrar que los requisitos omitidos en el diligenciamiento habían sido cumplidos al tiempo de hacerse las citaciones a los demandados, ahora demandantes, lle-nando todos los requisitos legales que exige el artículo 92 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sección 5076, Compilación de 1911.

La diligencia al dorso del emplazamiento, literalmente dice:

“Yo, Juan Arce, mayor de diez y ocho años de edad, y vecino de San Germán, sin interés en este asunto, declaro y juro que recibí el presente emplazamiento en 13 de mayo de 1907, y en 14 y 15, del propio mes y año notifiqué con copias y en sus respectivos domicilios a las demandadas doña Hortencia, doña Enriqueta, doña Ángela y doña Julia Eossy y Gregory, y a doña Constanza Dominga Ortiz y Gregory, por sí y como representante de sus menores hijos, Pedro, Felipe y Ángela que viven en su compañía y a don Enrique Eossy también le notifiqué con copia en esta ciudad- donde se encuentra hoy de paso, firmando los que se prestaron a ello voluntariamente. San Germán, 15 de Mayo de 19071 — Juan Arce.
“Presentada hoy abril 15 de 1907. Alvaro Fernández. — Secre-tario. — Jurada la anterior declaración por Juan Arce, ante mí, hoy 15 de Mayo de mil novecientos siete. — Alvaro Fernández. — Secre-tario.”

La corte inferior-, oídas las pruebas, declaró sin lugar la demanda por estimar que Juan Arce, no obstante los defec-tos del diligenciamiento, cumplió con todos los requisitos del art. 92.

Un análisis de las mismas nos lleva a la conclusión de que dicha corte no abusó de su discreción al apreciarlas* pues se demostró que Juan Arce era mayor de 18 años en 1907, época de la citación, pues según su partida de bautismo él nació en noviembre 7, 1867, y habiendo ocurrido su fallecimiento en 4 de enero de 1913, en la certificación' de definición se hace constar que murió de 49 años de edad; y entre otras declaraciones de las que aparece que Juan Arce no era pariente de los interesados ni era parte ni te-nía interés en el pleito en que hizo las citaciones, se encuen-tra la declaración de Alvaro Fernández, quien en lo sustan-cial dice: que nació en San Germán y tiene la edad de cin-cuenta años; que en 1907 ocupaba el cargo de Secretario de la Corte Municipal de San Germán y que como tal secreta-rio expidió el emplazamiento que es objeto de este pleito; que conoció a Juan Arce por haber sido condiscípulos te-niendo no obstante aparentemente más edad que el decla-rante y que Juan Arce no tuvo interés en aquel pleito.

Estos y otros elementos de prueba que fueron aportados, en conjunto revelan que como cuestión de hecho Juan Arce verificó las citaciones de los demandados llenando todas las formalidades legales. T siendo esto así, el hecho mismo de la citación fué lo que dió jurisdicción a la Corte Municipal de San Germán y no la certificación o declaración jurada del diligenciamiento. Herman v. Santee, 103 Cal. 519. (37 P. 509, 42 Am. St. Rep. 145.)

En virtud de esta conclusión, es innecesario discutir el segundo motivo en que se fundó este pleito, pues el conocimiento o no personal que tuviera el causante Ulises Gregory de los vicios técnicos del diligenciamiento, no hubiera tenido influencia en la decisión de este asunto. Porque asumiendo que los vicios alegados -en la demanda hubieran positivamente existido, el defecto era de carácter jurisdiccional' y el comprador quedaba sujeto a ataque colateral por efecto de los mismos. Véase el caso de González v. Anglada, resuelto, en 27 de febrero de 1925 (33 D.P.R.) y casos en él citados.

Por las razones expuestas debe confirmarse la sentencia inferior.


author: El Juez Asooiado SeñoR "Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Osorio, acusado y apelante.
    No. 2428.

    Visto: Abril 17, 1925.

      Resuelto: Abril 30, 1925.
    1. Evidencia — Pertinencia, Materialidad y Competencia en General — Compe-tencia — Evidencia Ilksal,mente Ocupada. — Un revólver, aún cuando fuere ilegalmente ocupado, es admisible en evidencia contra el acusado.
    SENTENCIA de Pablo Berya, J. (Iiumaeao), condenando al acusado por delito de portar armas prohibidas.

      Confirmada.

      Francesco González y Borinquen Marrero Ríos, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asooiado SeñoR "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso la prueba tiende a acreditar que un policía vio un objeto en el bolsillo del acusado y creyendo que era un revólver lo ocupó. Dicho revólver fué presen-tado como prueba contra el acusado. Alega éste como error, que la incautación fué ilegal y que la prueba no podía ser ofrecida en su contra.

Resolvimos en el caso de El Pueblo v. Cerecedo, 21 D.P.R. 56, que el hecho de ofrecerse como prueba aun una propiedad que ha sido ilegalmente ocupada, no es obligar a una persona a declarar en su contra. En ese caso la pro-piedad que se alegó fué ocupada ilegalmente eran billetes de lotería. Un caso, sin embargo, casi idéntico fué el de Chastang v. State, (83 Ala. 29) 3 Southern 304, en el cual la corte de Alabama también decidió que un revólver era ad-misible aun cuando fuera ocupado al hacerse una busca ile-gal, distinguiendo el de Boyd v. United States, 116 U. S. 616 (6 S. Ct. 524, 29 L. Ed. 746). En igual sentido se pro-nuncia el caso de State v. Turner, (82 Kan. 787, 109 Pac. 654) 136 A. S. R. 129, y nota elaborada en las páginas 135 y siguientes. El caso de Weeks v. United States, 232 U. S. 383 (34 S. Ct. 341, 58 L. Ed. 652), y 24 R. C. L., p. 718, citados por el apelante, si bien sostienen la proposición de que una persona debe estar protegida contra decomisos ile-gales, no afectan al hecho de ofrecerse como prueba pro-piedad que lia sido ilegalmente ocupada. La razón de la distinción, como se ve de las autoridades, es que la prueba en manera alguna es prueba del acusado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: Ei. Juez Presidente SeñOR del Tobo,

text:
    Pedro Vellón, demandante y apelado, v. Central Pasto Viejo, Inc., demandada y apelante.
    No. 3442.

    Visto: Febrero 24, 1925.

      Resuelto: Mayo 4, 1925.
    1. Retracto Legal — ’Retracto por Copropietario — Renuncia del Derecho — Copropietario que Rehúsa Comprar a su Copartícipe. — El hecho de que un copropietario haya rehusado comprar de su copartícipe no implica que por ello haya renunciado su derecho al retracto.
    2. Retracto Legal — Retracto por Copropietario — Demanda de Retracto — Requisitos. — No os necesario, en una demanda de retracto, alegar ni pro-bar el hecho de no haberse practicado la partición de la herencia, cuando el demandante en dicha acción actúa eomo copropietario de una cosa común y alegó y demostró que lo era en verdad.
    3. Retracto Legal — ; Retracto por Copropietario — Demanda de Retracto — Requisitos. — En una demanda de retracto es requisito indispensable y esen-cial que se alegue el compromiso de no vender durante cuatro años la cosa retraída. (Inciso 5 del Art. 1618 de la Ley de Erg. Civil Española, equiva-lente al 1616 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)
    SENTENCIA de Pablo Porga, J. (Humaeao), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Revocada, desestimándose la demanda, sin costas.

      González Pagando & González, Jr.} abogados de la apelante; Arturo Aponte, Jr., abogado del apelado.
   Ei. Juez Presidente SeñOR del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de retracto. Estando casado con Monserrate Ayala, el demandante Pedro Vellón adquirió cierta finca rústica. Murió la esposa y parte de la finca fuá heredada por algunos parientes. Estos ofrecieron en venta sus derechos a Vellón quien se negó a comprarlos, vendiéndolos entonces a la demandada. Efectuada la venta y dentro del término de ley el demandante entabló esta de-manda de retracto depositando en la corte el precio de la venta y comprometiéndose a satisfacer los gastos necesarios que con motivo de la misma se hubieren ocasionado. El de-mandante no alegó en su demanda que se comprometía a no vender la participación del dominio retraída durante cuatro años. La corte declaró la demanda con lugar y'la deman-dada apeló para ante esta Corte Suprema.

Tres errores señala la apelante como cometidos por la Corte, 1, al declarar sin lugar la excepción previa de falta de ñeclios suficientes para determinar una causa de acción;, 2, al no estimar que habiéndose negado a comprar a los he-rederos, el demandante renunció su derecho a retraer, y 3, al no dar aplicación al artículo 1034 del Código Civil (Comp. 1911, p. 746, see. 4130).

Alteraremos el orden al analizar los errores. El segundo no se ha cometido, a nuestro juicio, porque no es contrario al espíritu de la ley que un copropietario que ha rehusado comprar ’ de su copartícipe, cuando éste- vende a un extraño sea que se decida, a los efectos de impedir que el extraño entre en la comunidad, a ejercitar su derecho de retracto. En manera alguna puede entenderse que por el hecho de haberse negado a comprar al copartícipe, renunció su derecho al retracto, derecho que nace cuando la venta al extraño se realiza. El apelante no cita precepto de ley alguno en apoyo de su contención.

Tampoco existe el tercero de los errores señalados. La circunstancia de no haber alegado el demandante en su demanda ni probado en el juicio el hecho de no haberse practicado la partición de la herencia de doña Monserrate Ayala, sería acaso importante si el demandante hubiera ejercitado exclusivamente el derecho que otorga el artículo 1034 del Código Civil, pero aquí el demandante actuó como, copropietario-de una cosa común y alegó y demostró que' lo era en verdad. El precepto de ley aplicable es el 1425 del expresado Código (Comp. 1911, p. 791, see. 4531).

El error primero es el que levanta la cuestión de importancia decisiva en este recurso. Parece conveniente hacer constar que en la discusión del mismo no hemos tenido el beneficio del alegato escrito del apelado. Para la debida decisión de los asuntos sometidos a esta córte, se requiere un estudio acabado de ellos por los abogados de ambas par-tes. De otro modo se dificulta y alarga el trabajo de la corte, que es mayor cada día.

Emplazada de la demanda, la demandada alegó por vía de excepción previa que no tenía el demandante una buena y cabal acción de retracto porque no se comprometía a no vender la participación del dominio que intentaba retraer durante cuatro años, tal como exige el articuló 1616 de la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua vigente aún en ese particular.

Alegó en contrario el demandante que la ley en vigor en Puerto Rico no exigía el compromiso indicado y la corte sostuvo su alegación. “En el Código Civil revisado al tra-tar sobre la materia del retracto,” dice la corte sentencia-dora, “ni en el vigente Código de Enjuiciamiento Civil, existe esa disposición de carácter-sustantivo que ha sido de-rogada al igual que el requisito de acompañar a la demanda el título en que se funda el retracto, por el nuevo sistema de enjuiciar que contiene los preceptos relativos a las for-malidades de la^ demandas. Benítez v. Díaz, 28 D.P.R. 675.”

El razonamiento de esta Corte Suprema para sostener la derogación fué el siguiente: “El artículo 1616 de la an-tigua. Ley de Enjuiciamiento Civil guardaba congruencia con el 503 del mismo código, preceptivo de que se acompa-ñara a toda demanda o contestación el documento o docu-mentos en que la parte interesada fundaba su derecho. Ese artículo ya no es de aplicación obligatoria, pues la práctica de las pruebas se reserva ordinariamente para el acto del juicio.” Benítez v. Díaz, 28 D.P.R. 675.

Aquí no se trata de un precepto procesal, sino sustantivo, como lo reconoce la misma corte sentenciadora, y siendo ello así es de entera aplicación la jurisprudencia estable-cida en el caso de González v. Acha et al., 21 D.P.R. 134. Hablando por la Corte, el Juez’ Asociado Sr. Aldrey, ex-presó :

“El derecho de retracto legal se hallaba regulado en nuestras leyes históricas por la ley 55, título 5°., de la partida 5a., según la cual quien tenga alguna cosa en común, aunque no se halle dividida, puede venderla a los que tengan en ella participación o a un extraño, pero si alguno de los que tienen parte en ella quisiere dar tanto como el extraño aquél debe tenerla antes que el extraño. Por la ley 75 de Toro se dispuso que si alguno vendiere parte de una here-dad que tenga en común con otro, según lo dispuesto en la Ley de Partidas, estará obligado el que la quisiere retraer a consignar el precio.
“Posteriormente la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1856, exigió por el artículo 674 entre otros requisitos necesarios para dar curso a una demanda de retracto, que se consignara el precio si era conocido y si no lo fuere, que se dé fianza de consignarlo luego que lo sea; artículo que fué reproducido por el 1618 de la Ley de En-juiciamiento Civil española de 3 de febrero de 1881 y por el 1616 de la que empezó a regir en Puerto Rico en Io. de enero de 1886.
“En tal estado la legislación sobre esta materia, se publicó el Código Civil Español, que en Puerto Rico empezó a regir en 1890, el que por su artículo 1518, que aunque está comprendido en la sec-ción de retractos convencionales es aplicable a los legales por dispo-nerlo así el artículo 1525, declaró que no se podrá hacer uso del dereqho de retracto sin reembolsar al comprador el precio de la venta, y, además, los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo he-cho para la venta y los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida.
“Así, pues, en relación el Código Civil con la Ley de Enjuicia-miento Civil vigente entonces’ era necesario para que el retracto tu-viera lugar no solamente reembolsar o pagar el precio y los demás gastos a que se refería el Código Civil, sino también consignar el precio, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se pudiera dar curso a la demanda.
‘1 El Código Civil español fué sustituido en esta Isla por el Código Civil Revisado de 1902, que es una reproducción del anterior, salvo pequeñas modificaciones y que copió íntegramente los preceptos sobre retracto, exigiendo el artículo 1421 lo mismo que el 1518 del código anterior. Cuando el Código Civil Revisado de 1902 se publicó y entró en vigor, regía aún en Puerto Rico, en cuanto a retractos, la Ley de Enjuiciamiento Civil española; y como después en el año 1904 se publicó el Código de Enjuiciamiento Civil, surge abora la cuestión que motiva este recurso de si sigue siendo necesaria para los juicios de retracto la consignación que antes se exigía por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
“Es indudable que el Código Civil tanto el español como el lie-visado lo único que exigen es el reembolso del precio y de otros gastos que en la misma se mencionan y no contiene disposición alguna que exija la consignación, -la cual según las sentencias del Tribunal Supremo de España de 31 de diciembre y 16 de octubre de 1906 se requería no porque lo exigiera el Código Civil sino de acuerdo con el artículo 1618 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por tanto si éste no está lioy en vigor en Puerto Rico n© es necesaria la consig-nación.
“El Código de Enjuiciamiento' Civil de 1904 no fué tan amplio que abarcara todos los procedimientos y por su sección 361 solamente se derogaron las leyes, reales decretos, órdenes, órdenes militares, dis-posiciones o parte de ellas que estuvieran en conflicto o fueren incompatibles con el nuevo código, y como no encontramos en él dis-posición alguna que esté en conflicto o contradiga la de la ley anterior sobre consignación en los retractos, tenemos que llegar a la con-clusión de que aún continúa en vigor en este particular y es por tanto necesaria la .consignación' para poder ejercitar la acción de retracto. Para mayor claridad de que no fueron derogados todos los procedimientos que contenía la Ley de Enjuiciamiento Civil an-tigua, encontramos el lieelio de que cuando en 1905 se dictó la Ley sobre Procedimientos Legales Especiales, que regula algunos de los que estaban incluidos en la antigua ley procesal, expresamente se resolvió en tal ley que derogaba todas las anteriores que la contra-digan. pero deja en vigor los procedimientos especiales establecidos por el Código Civil, la Ley Hipotecaria y su reglamento y en cual-quier otra ley en cuanto no estuviere previsto por ella, y como no puede caber duda de que los juicios sobre retracto tenían un proce-dimiento especial, en cuanto exigen para darles curso determinados requisitos como el de la consignáción que no se exige en los juicios ordinarios, podemos también en vista de este hecho, sostener que la consignación exigida por la Ley de Enjuiciamiento Civil anterior está vigente después de publicado el Código de Enjuiciamiento Civil do 1904.
“Tal consignación no la reguló sin duda alguna el Código Civil porque ya era exigida desde la ley de Toro y luego por la Ley de Enjuiciamiento Civil, y se comprende que tal consignación debe ser necesaria porque concediendo la ley para retractos solamente nueve días, el que ejercita la acción debe tener el dinero pronto en ese tiempo y para evitar que se bagan falsos ofrecimientos de pagar y que en realidad no exista el dinero cuando llega el momento de cum-plirse una sentencia que declare el retracto.” (21 D.P.R. 135 et seq.)

El mismo criterio fué sostenido por esta Corte en el caso de Más v. Llona, 31 D.P.R. 33. Al emitir la opinión del tribunal, el Juez Asociado Sr. "Wolf dijo:

“En el caso de un compromiso arbitral no existe cuestión de ter-ceros. ' El caso no deja de ofrecer algunas dudas, pero creemos que debe resolverse mediante las siguientes consideraciones. Con ante-rioridad al día 1 de julio, 1904, estaba en vigor en esta Isla la Ley de Enjuiciamiento Civil española y entre sus disposiciones babíá un número de cosas que eran realmente de derecho substantivo y no de procedimiento. El requisito de que una sumisión arbitral debía cons-tar en escritura pública es de la naturaleza de -ley substantiva y no una ley de procedimiento. No tenemos ninguna duda de que antes de julio 1, 1904, no hubiera habido discusión de que las personas que deseaban someter sud diferencias a arbitraje hubieran tenido que ha-cerlo mediante, escritura pública. Las palabras son en tono muy im-perativo y así fueron generalmente entendidas entonces por las cortes y los abogados. Surgió entonces la cuestión siguiente: ¿Cambió el Códion de Enjuiciamiento Civil de 1904 el estado existente de la ley y suprimió el precepto sustantivo contenido en la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil? El nuevo Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 también contenía ciertos preceptos sustantivos, pero estaba muy lejos de abarcar un número de disposiciones sustantivas contenidas en la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, así como un número de cosas claramente de procedimiento por su naturaleza. Al considerar algunas de las cuestiones de procedimiento esta corte directamente o por analogía ha aplicado la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil. La cuestión sin embargo, como aquí hemos sugerido es una de derecho sustantivo la cual en manera alguna es incompatible con el Código de Enjuiciamiento Civil de 1904. El artículo 361 de ese Código .prescribe lo siguiente:
“ ‘Art. 361. — Toda ley, reales decretos, órdenes, órdenes milita-res, disposiciones o parte de ellos incompatibles, o en conflicto con este código quedan por la presente derogados.’
“No encontramos nada en el Código de Enjuiciamiento Civil que sea incompatible con el precepto1 de que los compromisos arbitrales ha-brán de formalizarse en escritura pública. El apelante hace refe-rencia a los artículos 204 y 211 del Código de Enjuiciamiento Civil, pero estos artículos aluden a referencias después que un caso está ya ante una corte y no a un convenio particular para someter una cues-tión a arbitraje/’

El compromiso de no vender está exigido por el citado artículo 1616 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para Cuba y Puerto Rico equivalente al 1618 de la española, así: “Ar-tículo 1616. — Para que pueda darse curso a las demandas de retracto, se requiere: .... 5o. Que se comprometa el co-munero a no vender la participación del dominio que re-traiga, durante cuatro años.”

Cuando se publicó el Código Civil Español, al regularse en él el retracto, el indicado requisito, — como el de la con-signación — no fue exigido, pero la Corte Suprema de España estimó que era esencial, — lo mismo que la consignación— para que la acción de retracto pudiera ejercitarse. En su sentencia de 13 de noviembre de 1894 (76 J. C. p. 353) el Tribunal Supremo de España, resolvió:

“Considerando que son tan esenciales las condiciones que han de tener las demandas de retracto consignadas en el artículo 1618 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que si careciendo de alguna o algunas de las pertinentes al retracto que se entabla, el Juez, con olvido de lo que terminanteménte previene el citado artículo, diera curso a ella, la acción nunca podría prosperar, ya fuera que el demandado pidiera previamente la no admisión, ya solicitara en su escrito de contestación que por este vicio radical de la demanda se fallara en definitiva la improcedencia de la acción:
“Considerando que el retrayente Sánchez Carrasco no omitió el requisito seguido del citado artículo 1618, que, como infringido, cita el recurso en el motivo segundo, pero sí se olvidó del quinto, que también invoca el recurso en el mismo motivo, porque no se compro-metió, como era preciso, a no vender durante cuatro años el dominio del suelo que pretendía retraer; y al no haberlo hecho así, y haber la sentencia, a pesar de este vicio radical de la demanda, dado lugar al retracto, infringe el citado núm. 5o. del artículo 1618 y la juris-prudencia. que se invoca en los motivos segundo y tercero del recurso. ’ ’ 76 Jurisprudencia Civil, página 353.

A virtud de todo lo expuesto opinamos que el compro-miso de no vender durante cuatro años la cosa retraída si-gne siendo parte integrante, condición esencial del derecho de retracto. Se ha dicho que esa limitación es contraria a la libertad de los contratos. Lo es en verdad, pero no debe perderse de vista qne el derecho de retracto en sí mismo es contrario a esa libertad. El retracto es un privilegio que se concede al comunero que sólo está justificado cuando se ejercita para los fines que tuvo en mente el legislador, y para garantizar que sean esos fines y no otros los que se persigan, el legislador pudo imponer e impuso condiciones qué deben cumplirse de manera estricta.

Debe revocarse la sentencia recurrida y dictarse otra de-sestimando la demanda sin especial condenación de costas.


author: El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    Julia Delgado, et al., demandantes y apelantes, v. Belén Cárdenas, demandada y apelada.
    No. 3632.

    Visto: Mayo 4, 1925.

      Resuelto: Mayo 6, 1925.
    1. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar’ la Causa— Pago de Derechos o Costas, y Fianzas u Otras Garantías1 — Pago de los Derechos por Escrito de Apelación. — Cuando a un escrito de apelación no se aeompañan los sellos de rentas internas correspondientes, el escrito es nulo, procediendo la desestimación de la apelación interpuesta si no se ha cumplido con dicho requisito antes de vencido el término para apelar. (Nazario v. Santos, 27: 89 y Paz v. Bonet, 30:927, confirmados.)
    MooiÓN sobre desestimación de apelación presentada por la apelada.

      Desestimada la apelación.

      Bolívar Pagán, abogado de los apelantes; B. P. Rodríguez Alberti, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En abril 8, 1925 la Corte de Distrito de Humacao en una acción reivindicatoría declaró sin lugar una llamada moción de reconsideración de la sentencia por abandono, dictada contra la demandante. La resolución así dictada que en realidad es una para dejar sin efecto la sentencia, cae dentro de la clase de la cual debe interponerse una apela-ción dentro del término de diez días. Artículo 295, Código de Enjuiciamiento Civil, párrafo 3 (Comp. 1911, p. 901, see. 5338). El día 18 de abril 1925 y dentro de. los diez días los apelantes enviaron un aviso de apelación al Secretario de la Corte de Distrito de Humacao, pero dejaron de acompa-ñar el sello de rentas internas de $5 que la ley exige. El secretario, por tanto, no aceptó ni radicó el supuesto aviso de apelación. El apelante remitió el sello de rentas después y el escrito de apelación fué archivado en abril 22, 1925. Esta es una moción para que se desestime la apelación por el fundamento de haber sido interpuesta demasiado tarde. El caso debe regularse por el de Nazario v. Santos, 27 D.P.R. 89. Allí resolvimos que de -acuerdo con el artículo 6 de la Ley No. 17 de 1915 (Leyes de 1915, p. 45) un escrito de apelación en un procedimiento de certiorari que no lleva se-llos de rentas internas era nulo por virtud de la referida ley. Este caso fué observado donde los hechos eran tan se-mejantes al presente en el de Pas v. Bonet, en el cual la opinión fué emitida en pna moción de reconsideración y puede verse en el texto inglés 31 P.R.R. 153, y en el caste-llano 30 D. P. R. 927.

Debe desestimarse la apelación.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Ex parte, Rosa Cruz Vázquez, peticionaria y apelante, v. Hirám Vázquez y López, opositor y apelado.
    No. 3534.

    Visto: Abril 1, 1925.

      Resuelto: Mayo 8, 1925.
    1. Testamentos — Requisitos t Validez — Testamentos Ológrafos. — Revisten el carácter ele testamento ológrafo palabras que, contenidas en una carta familiar que reúne los requisitos todos del artículo 696 del Código Civil, indican la intención deliberada que tuvo su autor de disponer por ellas de sus bienes para después de su muerte.
    2. Testamentos — Requisitos y Validez — Testamentos Ológrafos. — El testa-mento ológrafo pueda tomar la forma epistolar.
    3. Testamentos — Requisitos y Validez — Testamentos Ológrafos. — Una carta en que el autor informa a su hermana, a quien va dirigida, que ha tomado una póliza de vida y la instituye su heredera por si algo le ocurriere, clara-mente expresa la intención deliberada del testador de disponer a favor de aquélla de sus bienes para después de su muerte.

      4. Evidencia — Prueba Documental — Actos Públicos u Oficiales, Procedi-mientos, Béoords t Certificados — Certificados de Defunción. — Si bien la certificación de defunción es prueba solamente de la muerte e identificación de la persona fallecida, las manifestaciones que en ella se hacen pueden tener valor en relación con otros elementos de prueba corroborante.
    5. Testamentos — "Probate'-’, Acción para Establecerlos y Anulación — Naturaleza y Efecto de la Sentencia ¡o Auto Dictado. — Da resolución or-denando la protocolización de un testamento ológrafo no produce el efecto de cosa juzgada (áiotv/m,).
    SENTENCIA de Angel Acosta, J. (Mayagüez), declarando sin lugar solicitud sobre protocolización de testamento ológrafo.

      Revocada, ordenándose la protocolización solicitada.

      Alemañy & Ramírez, abogados de la apelante; José Sdbater y José E. Figueras, Fiscal, abogados del opositor.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión, del tribunal.

TTirám Yázquez López, natural de Puerto Rico, falleció en el pueblo de Aguada de Pasajeros, Isla de Cuba, el 17 de enero de 1923.

En 5 de mayo de 1916, el finado dirigió por correo una carta fechada en Horquita, Isla de Cuba, con expresión del año, mes y día, a su hermana Rosa Cruz Yázquez, cuyo con-tenido en lo pertinente, dice:

“Rosa: por lo que pudiera ocurrir, te voy a hacer saber que yo tomé una póliza de aseguro de vida por la cantidad' de cinco mil pesos a mi nombre, en la compañía Pan American Life Insurance Compairp de NeAV Orleans, la cual está en mi poder sin gravamen, desde el día seis de abril. Tiene el No. 8378. s. Esto te lo in-formo porque no está demás que tú lo sepas pues como tú eres la única de mis hermanas soltera que quedas, ¿res la tínica heredera, si algo me ocurriera. Esto, no lo digas: guarda estos dos pliegos en los que te hablo del asunto y murió.”

Fundándose en la manifestación de este párrafo, Rosa Cruz Yázquez presentó una petición a la corte inferior y alegando que la citada carta constituye el testamento oló-grafo de Hirám Yázquez López, instituyéndola su única y universal heredera, y haber fallecido su hermano siendo sol-tero sin descendientes ni ascendientes, solicitó la protocoli-zación de dicho testamento en la notaría del notario Juan Alemany Sosa a fin de que surtiera todos sus efectos lega-les, esto es, para que adquiera los caracteres de autentici-dad y publicidad necesarios a todo testamento privado.

A la petición se acompañó la certificación de defunción del finado, y se pidió además, de acuerdo con el artículo 701 del -Código Civil Revisado, la citación de los demás her-manos del finado nombrados Otilio y Mérida Vázquez y sus sobrinos menores de edad, Ernesto, Eneida, Jaime, Hada, Helma e Hirám Busquets y Vázquez, compareciendo todos a la práctica de las diligencias expresadas en el artículo 700 y en las que estuvieron representados dichos menores por el fiscal del distrito.

Practicadas las pruebas tendentes a justificar la identi-dad del documento, la corte inferior finalmente negó la, so-licitud y su resolución la funda en los motivos siguientes: 1, no constar la intención del testador, manifiesta y clara-mente expresada en el sentido de que se tenga por última voluntad la carta que se presenta como testamento ológrafo ; 2, porque las cartas por expresas que sean respecto a la disposición de bienes, no pueden formar testamento oló-grafo; 3, aparecer de la certificación de defunción que el finado no hizo testamento y que dejó descendientes, y á, no reunir dicha carta ninguna de las condiciones que exige el Código Civil Revisado. v

La materia de error que alega la apelante se basa en cada uno de los fundamentos expresados por la corte.

La prueba testifical establece sin discrepancia que es una carta manuscrita y la letra es escrita toda de puño y letra de Hirám Vázquez López y firmada por éste, con ex-presión del año, mes y día en que fue otorgada.

Hemos de presumir, pues, que al referirse en general la •corte inferior en su último motivo de no reunir la carta nin-guno de los requisitos que exige el artículo 696 del Código Civil Revisado para tenerla como testamento ológrafo, se fundó más bien en los restantes motivos de su resolución.

La corte inferior cita a Scasvola, tomo 12 (ed. de 1896), pág. 368, para establecer la proposición de qne el testamento ológrafo no puede tomar la forma epistolar y alude al Código Civil de la República de Argentina que lo prohibe.

Cuando se escribió el comentario de Scaevola efectiva-mente el Código Civil español exigía como uno de los requi-sitos de forma que el testamento ológrafo habría de exten-derse en papel sellado, pero con posterioridad a dicho co-mentario se modificó la ley y se suprimió aquella formali-dad externa.

En este particular Manresa, (Tomo 5, p. 514, 4 ed., 1911, art. 688), a su vez, dice:

“Como puede comprobarse comparando el texto del artículo que comentamos en la presente edición, con el que aparecía en las edi-ciones anteriores, se ha suprimido uno de los requisitos que al re-dactarse el Código Civil, estimó el legislador como esencial para la validez del testamento ológrafo: la extensión en el papel sellado correspondiente al año de su otorgamiento. Esta reforma la llevó a cabo la ley de 21 de julio de 1904, que también modifica el texto del art. 732.”

Es inútil decir que en Puerto Rico con el cambio de na-cionalidad y por supuesto desde antes de 1904, tal requisito no tuvo razón de ser con la supresión de tal impuesto.

En cuanto a que no consta la intención del testador, manifiesta y claramente expresada en la carta que se alega constituir el testamento ológrafo del finado, la cuestión es más fundamental. Las palabras, sin embargo, que usa Hirám Vázquez López indican claramente la intención deliberada que tuvo de disponer de sus bienes para después de su muerte, cumpliendo con este requisito que es esencial en los testamentos. Él informa a la peticionaria de haber tomado una póliza de seguro de vida, consignando el nombre de la compañía, la cantidad del seguro y el número de la póliza. El testador habla pues de un contrato que generalmente surte sus efectos legales para después de la muerte y luego en mi lenguaje corriente, expresa la razón de que siendo ella la única hermana que queda soltera, la instituye here-dera “si algo me ocurriera,” lo que de un modo llano y ex-preso equivale decir que ella sería su única heredera para el caso que le sobreviniera su muerte.

No parece que fuese necesario expresarse más categóri-camente la última voluntad del testador. Aun cuando hu-biera empleado la palabra testamento, que no era indispensable, para hacer constar su intención de disp.oner de sus bienes para después de su muerte, no habría una forma más clara que la empleada en este caso por el testador.

En el caso de Pastor v. Miró, decidido por esta Corte Suprema en marzo 30, 1925 (34 D.P.R. 53), además de dar por supuesta la forma epistolar que puede tener el tes-tamento, se cita para distinguirlo el caso resuelto por la Corte Suprema de España en sentencia de 8 de junio de 1918, y en el cual a pesar de usarse la palabra testamento, el lenguaje de que se valió el testador no es más claro ni más preciso que el usado en el presente caso. El párrafo pertinente de la opinión de esta Corte Suprema, es como sigue:

“Por otra parte, las palabras contenidas en la carta que el ape-lante considera ser testamento ológrafo y las que estima ser su ra-tificación, no revisten tal carácter de testamento, pues perdidas en una extensa carta de neg’ocios y familiar no demuestran la intención deliberada do disponer de sus bienes para después de su muerte, requisito que es esencial en los testamentos; distinguiéndose este caso del que fué resuelto por el Tribunal Supremo de España en 8 de junio, 1918, en que en dicho caso aparecía claramente la inten-ción de testar al decir ‘Peñafiel, a 24 de octubre, 1915. Pasieos de mi vida: En esta primera carta de novios va mi testamento, todo para ti para que me quieras siempre y no dudes del cariño de tu Matilde, Rubricado,’ no solamente porque se usó la palabra testamento, aunque no era de absoluta necesidad, sino porque todas sus palabras demuestran la intención clara y manifiesta de dispo-ner de sus bienes para después de su muerte, requisito que no po-demos encontrar en la carta de 17 de julio, 1919.”

El último motivo que se alega como error se refiere a haberse basado la corte inferior en las manifestaciones que se hacen constar en la certificación de defunción de que Iíirám Vázquez López estaba casado, dejaba una hija legítima nombrada. Cary Vázquez y Figueroa y que no hizo testamento.

La certificación de defunción es prueba solamente de la muerte e identificación de la persona fallecida. Las demás manifestaciones que en ella se hacen constar tal vez, según una mayoría de los jueces, podrán tener algún valor en re-lación con otros elementos de evidencia corroborante, pero de acuerdo con una minoría bajo ninguna circunstancia tie-nen ningún peso probatorio por ser prueba de referencia.

Por otra parte, como la protocolización de un testamento ológrafo es más bien un acto de jurisdicción voluntaria y la resolución que ordenando la protocolización se dicte no produce el efecto de cosa juzgada, el derecho de los herederos forzosos que puedan existir o de las personas que se crean perjudicadas queda a salvo para recurrir al juicio ordinario.

Por todas estas razones debe revocarse la sentencia ape-lada y dictarse otra declarando justificada la identidad del testamento ológrafo otorgado por Hirán Vázquez López en 5 de marzo de 1916, ordenando su protocolización.