author: El Juez Asociado Señoe Cordova Dávila,

text:
    Herederos de Francisco María Franceschi, demandantes y apelantes, v. José Pilar González, demandado y apelado.
    No. 6873.
    Sometido: Diciembre 10, 1934.

      Resuelto: Diciembre 14, 1934.

      Henry G. Molina, abogado de los apelantes; E. Ramos Antomni, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Cordova Dávila,

emitió la opinión. del tribunal.

En una acción iniciada ante la Corte de Distrito de Ponce por los herederos de Franceschi contra José Pilar González, se dictó sentencia declarando sin lugar la demanda e impo-niendo las costas a los demandantes.

Confirmada esta sentencia por este tribunal (42 D.P.R. 939) y por la Corte de Circuito de Apelaciones (62 F. (2d) 748), el demandado, Sr. González, radicó ante la Corte de Distrito de Ponee un memorándum de costas que fué impug-nado por los demandantes.

En la vista sobre dicho memorándum el demandado ofreció en evidencia el récord completo del caso, así como las decla-raciones de su abogado Ramos Antonini y del Lie. Rivera Zayas. Dictada sentencia por la corte inferior concediendo al demandado la cantidad de $1,505 en concepto de costas los demandantes interpusieron contra dicha sentencia recurso de apelación.

A los efectos de dicha apelación los apelantes obtuvieron una orden para que el taquígrafo hiciera una transcripción de las declaraciones y demás pruebas ofrecidas y admitidas por la corte. Esta transcripción, según la certificación del taquígrafo, contiene la evidencia testifical aducida, objeciones, excepciones y manifestaciones de los abogados de las partes, órdenes, resoluciones y manifestaciones de la corte y demás incidentes del acto, y asimismo una transcripción fiel y exacta de aquellos documentos admitidos como prueba documental en la vista y que no constan elevados con anterioridad al Tribunal Supremo de Puerto Rico con motivo de la apela-ción original que tuvo lugar en este caso.

Sometida dicha transcripción a la aprobación del Juez de la corte de distrito, el demandado apelado se opuso a que fuese aprobada porque en la misma no se había incluido el récord completo del caso que había sido elevado ante esta corte para los efectos de la apelación original contra la sen-tencia en sus méritos. El juez de la corte inferior resolvió qne, formulada oposición por nna de las partes, no estaba autorizado para certificar que la transcripción contenía toda la evidencia relacionada con este incidente, y apuntó la idea de que debía obtenerse primeramente el permiso del Tribunal Supremo. La corte, de acuerdo con las partes, suspendió la aprobación de la transcripción de evidencia hasta que se obtuviese una resolución de este tribunal.

Solicitan los apelantes que esta corte dicte una resolu-ción disponiendo que en las transcripciones de evidencia para los efectos de una apelación contra una orden fijando costas no es necesario, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de este tribunal, transcribir cualquier parte de la evidencia o autos que se encuentre ya ante esta corte en virtud de una apelación anterior en el mismo caso y que, por consi-guiente, procede la aprobación por el juez de distrito de Ponce de la transcripción de evidencia que radicara el taquí-grafo de dicha corte en 18 de octubre de 1934 para los efectos de la apelación establecida contra la resolución concediendo al demandado la suma de $1,505 como costas.

La parte apelada entiende que el inciso c del artículo 40 del reglamento de este tribunal, que sería aplicable, es nulo por ser contrario a la ley. Según el demandado apelado este tribunal no puede basarse en dicho inciso para autorizar la aprobación de la transcripción de evidencia radicada en la corte inferior. El inciso c del artículo 40 del reglamento dice así:

“En la apelación de una resolución aprobando un memorándum de costas en que la prueba y otros procedimientos en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que dió origen al memo-rándum, hubieren sido elevados previamente a este Tribunal mediante pliego de excepciones, exposición del caso, transcripción de la eviden-cia, o en otra forma debida, las partes para probar srrs respectivas alegaciones pueden referirse a los dichos autos del pleito que dió origen, al memorándum y archivar cualquier otra evidencia debida-mente autenticada que el juez inferior hubiera tenido ante sí al resolver el memorándum.”

Se arguye que esta parte del reglamento está en pugna con las disposiciones de la Ley No. 27, de noviembre de 1917, ((2), pág. 275) según la cual “el taquígrafo . . . deberá preparar una transcripción de las notas taquigráficas del juicio, incluyendo en dicha transcripción copia de todos los documentos ofrecidos y admitidos como prueba y de cualquier otra materia que se hubiera solicitado en el escrito, y que el juez examinará y cuidará de que dicha transcripción sea una copia exacta, verdadera y justa de los procedimientos que tuvieron lugar durante el juicio, de las declaraciones ofrecidas y tomadas, de las pruebas ofrecidas y practicadas, etc. En dicho acto las partes podrán solicitar la inclusión de todos aquellos documentos, constancias o particulares que deban unirse a la misma, etc., y el Juez entonces certificará la fidelidad y corrección de dicha transcripción.”

No compartimos el criterio de la parte apelada. Es verdad que la transcripción de las notas taquigráficas debe contener toda la documentación y prueba de que se ha hecho mención, pero no es menos cierto que la ley no requiere cosas inútiles y que si existe evidencia en este tribunal que ha sido debidamente autenticada parece innecesario que se exija de la corte inferior que vuelva a darle autenticidad a todos los documentos y pruebas que se encuentren ante este tribunal en virtud de la apelación original. El propósito de la regla es asegurar la inclusión en el récord que se eleve en apelación de toda la prueba que se haya ofrecido ante el tribunal inferior. Si esta prueba ha sido ya radicada en la secretaría de esta corte con todas las posibles garantías y se trata de un memorándum de costas, bien pueden las partes referirse a los autos del pleito que dió. origen al memorándum y archivar cualquier otra evidencia debidamente autenticada que el juez inferior hubiera tenido ante sí al resolver el memorándum. No creemos que el apartado c del reglamento de este tribunal sea nulo como sostiene la parte apelada.

Dispone la ley que el taquígrafo incluirá en la transcrip-ción copia de todos los documentos ofrecidos y admitidos como prueba, pero bien pueden interpretarse estas palabras en el sentido de comprender aquellos documentos y aquella prueba que no hayan sido elevados a este tribunal en virtud de una apelación anterior, si la parte apelante así lo solicita, ajustándose a lo dispuesto en el reglamento.

Opinamos que el juez de la corte inferior tiene autoridad, de acuerdo con la ley, para aprobar la transcripción de evi-dencia radicada por el taquígrafo ante dicha corte en el pre-sente caso, y que debe proceder a impartirle su aprobación: de acuerdo con los términos de esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

license: Public Domain

text:
    G. Llinás & Co., S. en C., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 931.
    Sometido: Noviembre 5, 1934.

      Resuelto: Diciembre 14, 1934.

      L. López de Victoria, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito; F. Parra Capó, como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El registrador de la propiedad se negó a inscribir nn con-trato de refacción agrícola fundado en que las cosechas en cuestión ya estaban sujetas a un gravamen previamente ins-crito. Esto, a nuestro juicio, no era suficiente motivo para tal negativa. El contrato debió haberse inscrito sujeto al gravamen anterior, o por lo menos sujeto al resultado de la inscripción anterior, no importa cuál fuere el mismo.

Estamos enteramente de acuerdo con el recurrente en que el contrato previamente inscrito no era uno de refacción agrícola. Quizá no debió haberse inscrito en el registro establecido por la ley relativa a contratos de refacción agrícola. Subsiste el hecho de que fué inscrito acertada o equivocadamente, y no nos detendremos a considerar la efectividad o inefectividad del asiento en relación con la cuestión de aviso implícito. Si con ello se dió aviso implícito a todas aquellas personas que más tarde pudieran tener'en mente refaccionar las cosechas futuras cubiertas por tal gravamen, esto, según hemos dicho, no sirve de excusa para que el Registrador se negara a inscribir un contrato posterior de refacción agrícola. Si no existía notificación implícita como resultado de la inscripción anterior, entonces no existe siquiera un ápice de excusa o razón para tal negativa.

El gravamen anterior había sido constituido para garan-tizar el pago de intereses sobre hipoteca. Los acreedores hipotecarios habían convenido en prorrogar esta hipoteca a fin de permitir que los deudores hipotecarios obtuvieran un préstamo de los Estados Unidos por mediación de la Porto Rico Hurricane Relief Commission”. Los deudores hipote-carios habían convenido en entregar todo el café producido anualmente durante cierto número de años a los acreedores hipotecarios o a cualquier persona, entidad o corporación por ellos designada, para ser vendido por los acreedores hipóte-carios o bajo su dirección y supervisión. El producto de la venta después de deducir los gastos debía aplicarse al pago dé intereses sobre la hipoteca y el saldo, de existir, devolverse a los deudores. Los acreedores insisten en que esto equivalía a una venta del café que así se entregara. No podemos estar de acuerdo con este criterio. El gravamen mismo dependía de que se lograra obtener el préstamo federal. El pacto de hacer entrega del café, al igual que el gravamen, se hizo sola-mente con la intención de garantizar el pago de intereses sobre la hipoteca. El contrato equivalía simplemente a una hipo-teca de bienes muebles para garantizar el pago de intereses de otra hipoteca y no se convirtió en una compraventa a virtud del convenio de entregar las cosechas al ser recolec-tadas en caso de que no se pagaran tales intereses.

El hecho de que el contrato posterior de refacción agrícola también disponga la entrega de las mismas cosechas ya cubier-tas por el gravamen preexitente, no altera la situación. Éste, al igual que el resto del convenio posterior, (asumiendo la efectividad de la inscripción anterior como notificación implí-cita) estaría, desde luego, sujeto al derecho inscrito de los acreedores hipotecarios de conformidad con los términos de su hipoteca de bienes muebles. Si el préstamo no se ha obtenido, o no se obtiene, de la “Porto Rico Hurricane Relief Commission” o si los intereses garantizados por la hipoteca sobre bienes muebles son pagados, esta última dejará de ser una especie de obstáculo para acreedores posteriores. Sea ello como fuere, si Llinás & Co. está dispuesta a efectuar préstamos agrícolas conociendo todos los riesgos que pueda envolver la transacción, ella tiene derecho a que su contrato de refacción agrícola se inscriba sujeto a los derechos de los dueños de la hipoteca de bienes muebles ya inscrita. '

No importa cuán debatible sea la cuestión de aviso implí-cito, Llinás & Co. tiene aún derecho a fortiori a que se inscriba su contrato, sujeto al derecho que tengan los acreedores hipo-tecarios como resultado, de la inscripción anterior.

Bebe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Ramón Alequín, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 937.
    Sometido: Diciembre 7, 1934.

      Resuelto: Diciembre 19, 1934.

      Enrique Báez García, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apartado (a) de la sección Ia. de la Ley No. 12 de 1923, según fné enmendada en 1924, Leyes de ese año, página 109, autoriza la cancelación de menciones de hipotecas o de precio aplazado de la compraventa de inmuebles, después del trans-curso de veinte años, a menos que se hubiere solicitado la inscripción del derecho mencionado dentro del plazo de un año siguiente al día 29 de agosto de 1923. La misma sección dispone más adelante que “dichos registradores de la pro-piedad a instancia escrita de parte o de su representante, autenticada ante notario, procederán a cancelar también en el respectivo registro cualesquiera otras menciones de dere-chos para pago de dinero, que lio se refieran al precio apla-cado de la compraventa de inmuebles, cuando no se fije plazo, o no se indique en el título que motiva la mención que se constituye un gravamen sobre el inmueble, si hubieren trans-currido más de cinco años.”

Ramón Alequín Valle manifestó en una declaración jurada ante un notario que era el dueño con título inscrito de una parcela de terreno gravada con el pago de ciertas •deudas o reclamaciones contra la sucesión de Juan Tomás Pérez y Nicolasa Torres Rosa y que ni los nombres de los acreedores ni las cantidades o fechas de vencimiento de tales deudas o reclamaciones aparecían en el registro de la propiedad, pero que durante el año 1923 se había hecho mención de dichas deudas o reclamaciones en varias inscripciones. El registrador de la propiedad se negó a cancelar la mención de estas deudas fundado en que la finca en cuestión, conforme demostraba la inscripción a nombre del dueño anterior, Jesús Pérez Torres, le había sido adjudicada sujeta a la obligación de pagar las deudas ya referidas, obligación que constituía un gravamen y no la mención- de un derecho. En este caso, al igual que en el de Quiñones v. Registrador de la Propiedad de Mayagües, 39 D.P.R. 833, y Pagán v. Registrador de San Germán, 40 D.P.R. 492, el registrador no dice que las deudas de referencia formaban parte del precio de la compraventa o que participaran de la naturaleza de un pago aplazado, y, por tanto, no discutiremos esa cuestión ni nos detendremos a reconsiderar a iniciativa propia nuestro obiter dicta en estos casos. En el presente caso el registrador ni siquiera ha radicado alegato. Estamos enteramente contestes con él en que la obligación de pagar deudas en descubierto equivalía a una carga o gravamen sobre la propiedad, pero esto, sin más, no convirtió una mera mención de la obligación en una inscripción formal de la misma. La única razón que tuvo el registrador para negarse a cancelar la mención de esta carga o gravamen no indica que la escritura a virtud de la cual se le adjudicó el terreno a Pérez Torres constituía en términos expresos un gravamen sobre la finca. Por ende, la mera mención del hecho de que la propiedad le fuera adju-dicada a Pérez Torres sujeta a la obligación de parte suya de pagar ciertas deudas insolutas contra la finca, debió haber sido cancelada por el registrador al hacérsele la debida soli-citud, no embargante el hecho ulterior, que se desprendía de la mención, de que el gravamen no inscrito resultante por inferencia de dicha obligación podía o no continuar existiendo. Véase Quiñones v. Registrador, supra.

Debe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Cándido Noriega, demandante y apelado, v. Obdulio Jiménez Saltebrán, demandado y apelante.
    No. 6494.
    Sometido: Noviembre 14, 1934.

      Resuelto: Diciembre 19, 1934.

      M. Guzmán Texidor, abogado del apelante; R. Aiiles Moréu, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Cándido Noriega demandó en la Corte Municipal de Cayey a Obdulio Jiménez en cobro de $351.14 y obtuvo sentencia por $185.50. No conforme apeló para ante la Corte de Dis-trito de G-uayama y, celebrado un nuevo juicio, la corte de distrito declaró su demanda con lugar condenando al deman-dado a satisfacerle la suma total reclamada.

Fue entonces que el demandado interpuso el presente recurso de apelación señalando en su alegato como único error el que sigue:

“La Corte de Distrito de G-uayama, P. R., cometió error al deses-timar la moción del demandado apelante para que se desestimara el recurso de apelación interpuesto por el demandante apelado, por ha-berse radicado en la Corte de Distrito, al objeto de formalizar su apelación, una transcripción de autos defectuosa y no autenticada debidamente.1 ’

Argumentándolo sostiene:

“La ley reglamentando las apelaciones contra sentencias de las Cor-tes Municipales en pleitos civiles, aprobada en marzo 11 de 1908, fué enmendada por la Ley No. 13 aprobada en 14 de noviembre de 1917. Esta Ley dispone lo siguiente en su sección D:
“ ‘Dentro de los 20 días siguientes a la radicación del aviso de apelación, la parte apelante radicará en la secretaría de la Corte de Distrito correspondiente una transcripción de todas y cada una de las alegaciones, mociones, etc.
“ ‘La referida transcripción será certificada por los abogados de las partes, o por éstas, en cuanto a su exactitud, y dentro de cinco días de radicada dicha transcripción, la parte apelada podrá soli-citar de la Corte de Distrito y se ordenará por ésta, si así procediere que se agregue al récord cualquier alegación, documento, orden o escrito, que constando en el récord de la Corte Municipal, se hubiere omitido y fuere necesario para la mejor1 resolución del caso.
“ ‘Si los abogados o las partes se negaren o no se pusieren de acuerdo para certificar dicha copia o récord, entonces lo hará el se-cretario de la Corte Municipal, a petición del apelante, etc.’
“Veamos si la transcripción elevada por Noriega a la Corte de Distrito de Guayama cumple con los requisitos de dicha Ley.
“Del récord de este caso aparece una carta o petición del abo-gado del demandante, Sr. Atiles Moréu, enviada al Secretario de la Corte Municipal de Cayey, el mismo día que envió su escrito de ape-lación, y por dicba petición solicita del referido funcionario que ‘prepare y certifique una transcripción de autos en este caso y en-tregue copia simple al abogado de la parte contraria a los efectos de la apelación interpuesta, etc.’
“De manera que de acuerdo con dicha moción al Secretario de la Corte Municipal de Cayey, el mismo día que Noriega radicó su escrito de apelación, aparece que nunca se pidió el consentimiento de este abogado ni del demandado Jiménez Saltebrán para certificar la transcripción de autos. Desde el primer momento, el deman-dante y apelante Noriega se dirigió al Secretario de la Corte Municipal de Cayey para que preparara y certificara la transcripción.”

En su alegato la parte apelada dice que no constando en los autos la moción de la parte apelante en que se basa el error, no puede éste ni siquiera discutirse.

En efecto, la transcripción elevada por el demandado apelante a este Tribunal Supremo está formada por la de la radicada en la corte de distrito procedente de la municipal con más la de la sentencia de la corte de distrito y el escrito de apelación.

La sentencia apelada para ante este tribunal fue dictada a virtud de la celebración de un nuevo juicio en el que, según reza la sentencia misma, se practicó prueba. Esa prueba no consta, ni consta tampoco la moción a que el error se refiere ni resolución alguna sobre el asunto por parte de la corte. En ninguna parte del récord aparece en forma alguna que la cuestión fuera levantada en la corte inferior.

Eso no obstante la hemos estudiado y a nuestro juicio de existir base suficiente en los autos para resolverla, debería serlo en contra del apelante.

Es cierto que la ley ordena que la transcripción que se radique en la corte de distrito a los efectos de la apelación sea certificada por los abogados de las partes o por éstas, y que es luego de haberlo así determinado que prescribe que si los abogados o las partes se negaren o no se pusieren de acuerdo para certificar la copia, lo hará el secretario de la corte municipal a petición de la apelante.

Lo importante en nn caso de esta naturaleza es que la copia que se radique en la corte de apelación sea auténtica, ya que va a ser el documento sobre el cual ha de actuar dicha corte, autenticidad que puede obtenerse de acuerdo con la ley por medio del certificado de los abogados, del de las partes o del del secretario.

El propósito de la Legislatura al redactar la ley en la forma en que lo hizo fue el de dar oportunidad al apelante para tramitar su recurso con el menor gasto posible, pero si el propio apelante renunciando la oportunidad no intenta siquiera ponerse de acuerdo y solicita que el secretario certifique la transcripción mediante el pago de los derechos correspondientes, no vemos que pueda interpretarse la ley de modo tal que su actuación implique la desestimación de su recurso no obstante estar la transcripción autenticada legalmente.

El acuerdo de dos partes jamás podrá existir si una de ellas se niega. T la ley no dice que deba primero el apelante pedir al apelado que se una a él para actuar, como condición precedente para poder recurrir al Secretario si el apelado rehúsa. Es significativo que la ley no se limita a decir “se negaren” si que agrega “o no se pusieren de acuerdo.”

Sostiene además el apelante argumentando el error que de la propia certificación de la transcripción elevada por el secretario de la corte municipal a la corte de distrito, surge su insuficiencia.

En cuanto a este extremo, bastará decir que un ligero examen de la misma demuestra lo contrario. Dicha certifi-cación expresa que las copias que contiene corresponden bien y fielmente con sus originales obrantes en la oficina del se-cretario y constituyen una transcripción completa de los docu-mentos solicitados por el apelante. Un ejemplar de la trans-cripción fué entregado de acuerdo con la ley al abogado de la parte contraria sin que dicho abogado dentro del término que la propia ley le concede pidiera que se agregara al récord cualquier alegación, documento, orden o escrito que, cons-tando en el récord de la corte municipal se hubiere omitido y fuere necesario para la mejor resolución del caso. Si de algo peca la transcripción, es de contener en verdad más documentos de los necesarios.

Debe, declararse sin lugar el recurso y confirmarse- la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.


text:
    Armour Fertilizer Works, demandante y apelada, v. Severo Abella Bastón, demandado y apelante.
    No. 6626.
    Sometido: Diciembre 3, 1934.

      Resuelto: Diciembre 20, 1934.

      S. Abella Bastón, por su propio derecho; B. Buscaglia, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso interpuesto en este caso de acuerdo con la regla 59 del Regla-mento de esta corte que dice:

“59. Expirado el término de noventa días desde la fecha en que se presentare el escrito, de apelación, y no obstante las prórrogas con-cedidas por la corte inferior, el Tribunal a discreción podrá deses-timar una apelación que no haya sido anteriormente registrada en este Tribunal, mediante moción presentada al efecto, si se probare satisfactoriamente que el apelante no ha proseguido su apelación con la diligencia debida o de buena fe, o- que tal apelación es frívola.”

Alega que la apelación se interpuso en 12 de febrero último, que el demandado apelante se acogió para tramitarla al procedimiento de exposición del caso, qne la exposición no había sido presentada a la fecha de la moción, octubre 22, 1934, limitándose el apelante a solicitar prórroga para ello, que el apelante ha sido negligente, que se trata de un caso cuya vista apenas duró una hora, teniendo el apelante en su poder el récord taquigráfico, que sólo consta de treinta y cinco páginas — desde fines de marzo, 1934.

El apelante impugnó la moción por escrito y oralmente. Acepta que optó por la exposición del caso y dice que aunque la transcripción taquigráfica está firmada en marzo 28, 1934, no fué por él recibida hasta abril Io. siguiente, por lo que sólo habían transcurrido seis meses y días, “en cuyo tiempo no se ha preparado dicha exposición, por errores del fallo de la corte que había que puntualizar y por errores del récord taquigráfico que había que salvar, por lo que se pre-cisó algún tiempo más.”

Mega el apelante que haya sido negligente y que el juicio durara sólo una hora, asegurando que se invirtieron en él tres y sostiene que se trata de una apelación importante establecida de buena fe. Llama la atención hacia el hecho de haberse solicitado anteriormente la desestimación fundán-dose también en la negligencia del apelante, desestimación que fué declarada sin lugar, e invoca el caso de Tyrrell v. Baldwin, 78 Cal. 470.

A la impugnación se acompañó una certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan haciendo constar que la exposición fué finalmente radicada el 30 de noviembre de 1934, enumerando el pliego de excepciones diez errores.

A nuestro juicio la negligencia del apelante en la trami-tación del recurso surge clara de los autos.

La apelación se interpuso el 12 de febrero de 1934. Los noventa días a que se refiere la regla vencieron a mediados de mayo siguiente. En junio 28, 1934, la apelada solicitó la desestimación del recurso por negligencia en la tramita-ción del mismo y por ser frívolo. Esta corte oyó a ambas partes y el 11 de julio siguiente declaró la moción sin lugar por estar vigente una prórroga concedida por la corte de distrito para archivar la exposición y por no existir base suficiente para decidir si el recurso era o no frívolo.

Habían transcurrido los noventa días, pero la corte ejer-citó su discreción en pro del apelante como generalmente lo hace cuando está vigente alguna prórroga y no surge clara de los autos la negligencia.

No obstante esa primera reclamación de su derecho por parte de la apelada, a pesar de ese aviso, la inactividad del apelante continuó. Tenía en su poder desde abril 1, 1934, el récord taquigráfico que es todo cuanto necesitaba para preparar la exposición. El récord sólo constaba de treinta y cinco páginas. Se trataba, pues, de un trabajo de unos días. Y transcurrieron meses sin que se realizara.

Más de noventa días después de haber archivado su pri-mera moción, el 22 de octubre de 1934, ejercitó otra vez su derecho la apelada y pidió que se desestimara el recurso por negligencia en la tramitación del mismo. Conocemos la ex-cusa del apelante, errores del fallo y errores del récord que había que salvar. Es inadmisible. No se señalan los errores. Si existían, tuvo el apelante más de seis meses para corre-girlos y nada hizo. Además, pudo presentar la exposición de acuerdo con la verdad. El récord estaba en sus manos solamente para auxiliarlo en su trabajo.

La circunstancia de haberse archivado finalmente la exposición, no es decisiva. Lo hubiera sido si el archivo se hubiera verificado antes de la notificación de la moción de desestimación. Regla 58 del Reglamento de este tribunal. Se verificó más de un mes después de dicha notificación.

Aun así nos inclinaríamos a tomarla en consideración para ejercitar nuestra discreción en pro del apelante, pero los hechos de este caso son tan fuertes, entre ellos el de la exis-tencia de la moción anterior, qne seríamos claramente in-justos para con la otra parte si así lo hiciéramos.

El caso de Tyrrell v. Baldwin, 78 Cal. 470, no es aplicable. Se trata de situaciones distintas. En él se resolvió: “Se apela de la sentencia, siendo la única cuestión la referente a la suficiencia de las conclusiones a que llegó la corte inferior para sostener la dictada en favor del demandante. Hace dos años el querellado solicitó la desestimación del recurso, y su moción fué declarada sin lugar. (72 Cal. 192). La moción fue presentada nuevamente en la vista de la apelación en sus méritos. Se basa en los mismos hechos, y no habiéndose concedido permiso para repetirla en la resolución anterior, la corte no puede ejercer su discreción. Por tanto, se declara sin lugar.” Aquí la segunda moción se basa en el nuevo hecho de la negligencia continuada del apelante. La apelada tenía perfecto derecho a presentarla. Esta corte resolvió antes qne en junio 28,1934, aun no surgía clara la negligencia, y resuelve ahora que en octubre 22 la negligencia era evidente.

La moai-óti ■r,'he. ser declarada con lugar y el recurso deses-timado -en su con ■.. ■ ■


text:
    Cantero Fernández & Co., Inc. dicatura, demanda y apelada, v. Gerardo Baldrich demandado apelante.
    No. 6835.
    Sometido: Noviembre 26, 1934.

      Resuelto: Diciembre 1934.

      C. del Toro Fernández, abogado del apelante; Besosa. & Besosa, abo-gados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Dos mociones penden de resolución en este caso. Una sobre corrección de antos y otra sobre desestimación del re-curso.

Por la primera se solicita que los autos sean corregidos agregándose a ellos una certificación expedida por el Secre-tario de la corte sentenciadora de cierto affidavit archivado en dicha corte, creditivo de haberse notificado a los abogados de la parte apelada con copia de la misma, la transcripción elevada a esta Corte Suprema a los efectos de la apelación interpuesta. Debe ser declarada con lugar.

Por la segunda se pide la desestimación del recurso por tres motivos, a saber, porque la transcripción de autos se radicó vencido el término de ley, porque de la transcripción no consta que se notificara al apelado con copia de la misma y porque el recurso es frívolo.

No está bien fundado el primer motivo. El término de treinta días vencía el 7- de octubre de 1934, pero como dicho día fué domingo, se extendió al 8 en que se hizo válidamente la radicación.

Tampoco el segundo una vez que han quedado corregidos los autos agregándoles el documento que faltaba, creditivo de haberse hecho la notificación en la forma que determina la ley. García v. American R. R. Co. of P. R., 17 D.P.R. 949.

Y tampoco el tercero, porque si bien es cierto que la sentencia se dictó en contra de la demandante por un simple error de nombre del demandado y que si éste desde el principio hubiera llamado concretamente la atención sobre el par-tieular no hubiera continuado el litigio, no puede prescindirse del hecho de que el error fue cometido exclusivamente por el demandante y parece lo natural que sobre él recaigan las consecuencias de sus propios actos.

Si la sentencia se hubiera dictado imponiendo las costas sin comprender en ellas los honorarios de abogado, atendidas las circunstancias concurrentes quizá tendría razón la parte apelada, pero habiendo negado la corte las costas en absoluto, no creemos que pueda sostenerse que el recurso interpuesto sea claramente frívolo.

No procede la desestimación.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Flores, acusado y apelante.
    Nos. 5563 y 5564.
    Sometidos: Diciembre 7, 1934.

      Resueltos: Diciembre 20, 1934.

      L. Long champs, abogado del apelante; B. A. Gómez y Luis Janer, Fiscal y Fiscal Auxiliar, respectivamente, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia formulada en el caso que en la corte de dis-trito lleva el No. 4308 se basa en que el acusado Eamón Flores tenía en explotación máquinas automáticas vendedoras o de juego de azar, cuyo funcionamiento se produce por medio de manivelas o monedas, sin haberse provisto de las corres-pondientes licencias de rentas internas para el trimestre de abril a junio, 1933. Se alega que el acusado ha infringido el artículo 84 de la ley de rentas internas de Puerto Rico (Ley No. 85 de 1925, pág. 585) tal y como quedó enmendada en 18 de abril de 1933 (Ley No. 18, Leyes de 1932-1933, pág. 221). El acusado fué declarado culpable y condenado a pagar $100 de multa, o a sufrir, en defecto de pago, un día de cárcel por cada dólar que dejase de satisfacer, no excediendo la prisión de noventa días, con las costas.

El alegato del acusado no se ajusta estrictamente a los procedimientos establecidos en las apelaciones ante este tribunal, pero en realidad se alega que la corte inferior incurrió en error grave y manifiesto en la apreciación, de la prueba y que la sentencia apelada es contraria a derecho y a la prueba practicada.

El testigo Pedro .Piquer, agente de rentas internas, declara que ocupó las máquinas 106,572 y 208,806; que el acusado tenía otras máquinas, pero que entre ellas había esas dos sin licencias; que solicitó las licencias de esas máquinas y el acusado le respondió que no las tenía porque eran máquinas viejas.

Cuando declaraba el testigo José B. Barina, colector de rentas internas de Ponce, las partes estipularon que conforme a la declaración de este testigo, en el trimestre correspon-diente de abril a junio, 1933, en Ponce, se habían solicitado y se habían expedido licencias al acusado para manipular y funcionar las máquinas c-uyos números son los siguientes: 113,885 y 208,805. Este testigo declara que expedía licen-cias para todas las máquinas como se pedían: slot machines,r que esa es la forma en'que se hace la licencia, que no se hace ninguna salvedad en cuanto a la marca de la máquina y que se le pone el número de la serie de la máquina como una distinción para diferenciar una de otra; que todas tienen un número de serie.

Alega el acusado como fundamento principal- para sos-tener que la corte inferior cometió manifiesto error al apre-ciar su prueba, que el testimonio del testigo Piquer ante la corte municipal no está de acuerdo con el producido ante la corte de distrito. Es verdad que de la declaración del juez que actuó ante la corte municipal, señor Fernando Usera, se deduce que el testigo o el juez tuvieron cierta confusión en cuanto al número dé serie de alguna de las máquinas; pero el testigo Piquer declaró ampliamente ante la corte de distrito, expresando que las máquinas No. 106,572 y No. 208,806 fueron ocupadas al acusado, quien manifestó entonces que no tenía licencia; que esas máquinas las llevó el testigo a la colecturía; que pocos días después, luego de embargadas,, se devolvieron a Ramón Flores, y que se volvieron a ocupar después, faltando una máquina que el acusado no sabía donde estaba.

La corte inferior, en el juicio de novo celebrado en apela-ción, apreció esta prueba y creyó al testigo Piquer, y declaró culpable al acusado, quien no presentó licencia alguna para el uso de la máquina que lleva el No. 208,806 que dicho acu-sado trató de cubrir con la licencia que le fué expedida para la máquina 208,805, sin que fuera creído por la corte. Según el referido testigo, el acusado no devolvió una de las má-quinas que habían sido anteriormente ocupadas.

Si el testigo Piquer se equivocó en la corte municipal o si su testimonio resultó en conflicto con el producido en la corte de apelación es cuestión para ser tenida en cuenta en cuanto el grado de credibilidad que debe merecer el testigo, pero que no puede ser motivo de revocación si la. corte inferior creyó a dicho testigo, y no se ha demostrado ni parcialidad ni prejuicio ni que se haya incurrido en mani-fiesto error al apreciar la prueba.

También se produjo otra denuncia contra el acusado por el mismo delito. En esta denuncia, que tiene el No. 4307, se alega que el acusado posee en explotación las máquinas Nos. 159,621 y 113,886, y una pequeña denominada jack pot. Se atribuye a la corte inferior error manifiesto en la apre-ciación de la prueba. Hemos examinado detenidamente la evidencia aportada y no creemos que el tribunal a quo baya incurrido en el error que se le atribuye.

Deben confirmarse las sentencias apeladas.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Manuel Suro, acusado y apelante.
    No. 5634.
    Sometido: Diciembre 20, 1934.

      Resuelto: Diciembre 21, 1934.

      E. Martines Aviles, abogado del apelante; B. A. Gómez j Imis Janer, Fiscal j Fiscal Auxiliar, respectivamente, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Suro, acusado de haber infringido el artículo primero de la ley que probibe portar armas, formuló excep-ción a la acusación basándose en que en la misma no se expresa el sitio donde fué cometido el delito. Se alega en la acusación que el referido Manuel Suro, allá por el día 20 de febrero de 1934, en Florida, P. R., que forma parte del distrito judicial de Arecibo, P. R., ilegal y voluntariamente portaba y conducía un revólver, siendo dicho revólver un arma mortífera con la cual puede causarse daño corporal. La vista de este caso se celebró el día 12 de julio de 1934, después de terminarse otro juicio contra el mismo acusado por atentado a la vida. La defensa sometió el caso de portar armas por la misma prueba practicada en el juicio sobre atentado a la vida, con lo que estuvo conforme el ministerio fiscal. La corte inferior dictó sentencia declarando culpable al acusado del delito de portar armas prohibidas y le impuso tres meses de cárcel y las costas.

A juicio del referido acusado la acusación debió haber sido sobreseída y archivada por falta de jurisdicción en la corte sentenciadora. No formuló esta excepción la defensa en la corte inferior. Se levanta por primera vez ante este tribunal. El apelante argumenta su excepción diciendo que según la acusación el delito se cometió en Florida, P. R., que forma parte del distrito judicial de Arecibo, y que como no existe ningún municipio en la Isla de Puerto Rico que lleve este nombre, en caso de haberse querido significar que Florida es un barrio, ha debido agregarse de qué pueblo forma parte, para que pueda sostenerse que está dentro y forma parte del distrito judicial de Arecibo, porque los tribunales de justicia no pueden tener conocimiento judicial de los distintos barrios en los diferentes pueblos de la Isla.

Invoca el apelante el artículo 8 del Código de Enjuicia-miento Criminal, según el cual la jurisdicción radica en la corte de distrito del respectivo distrito judicial dentro del cual se cometieron los delitos, y dice que de acuerdo con el artículo 82 del mismo código la acusación debe alegar que el delito fue cometido en un lugar comprendido dentro de la jurisdicción del tribunal.

Opinamos que la acusación es bastante para demostrar que el sitio donde se cometió el delito forma parte del dis-trito judicial de Arecibo. Así se alega expresamente, cuando se dice que Florida forma parte de dicho distrito judicial. En el caso de El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111, esta corte dijo que una acusación es generalmente suficiente en lo que respecta al lugar o sitio de la comisión del delito, si se prueba que dicho lugar está dentro del distrito, y que por lo tanto era innecesario, a falta de una moción interesando mayor especificación de los particulares de la acusación, dar más detalles de la residencia del denunciante que decir que la casa en que el supuesto hurto tuvo lugar se encontraba en Santurce.

En el presente caso, de la faz de la acusación surge la jurisdicción de la corte, y en cuanto a la prueba, que no ha sido elevada a este tribunal por el apelante, hemos de asumir que fue apreciada correctamente y que la jurisdicción del tribunal juzgador quedó demostrada a su satisfacción.

Esta corte, en el caso de El Pueblo v. Llauger, 14 D.P.R. 560, se expresó en los siguientes términos:

‘ ‘ En cuanto a la prueba respecto de la jurisdicción o sitio en que debía celebrarse el juicio de esta causa, el tribunal sabe judicialmente que el barrio de Espinosa y el pueblo de Yega Alta se hallan dentro de la jurisdicción territorial de la Corte de Distrito de San Juan; y que la corte inferior, en cuanto se refiere a jurisdicción, es com-petente para conocer de esta causa.
“Aunque el fiscal de distrito está obligado a probar todos los hechos esenciales consignados en la acusación, puede, sin embargo, valerse de los hechos que el tribunal conozca judicialmente, según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Evidencia. (Véase las Leyes de 1905, pág. 113), siendo uno de tales hechos el de haberse fijado por un estatuto de la Isla, los límites de los distritos judiciales en Puerto Rico.
“Las pruebas presentadas en el juicio demuestran que el delito fué cometido en el barrio Espinosa, del pueblo de Vega Alta, en una jielea de gallos que tuvo lugar en dicho barrio, en 30 de diciembre de 1906. Ésta es la única prueba que se necesita para probar la juris-dicción o sitio en que deba celebrarse el juicio. ...”

En la acusación aquí formulada se ha localizado el sitio donde se cometió el delito y se ha dicho que radica dentro de la jurisdicción del distrito donde fué juzgado Manuel Suro. No hay vaguedad ni insuficiencia en las palabras de la acusa-ción y el acusado no puede decir que no ha sido debidamente informado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asooiado Señor Wole,

text:
    Pedro Celestino López y su esposa Juana Román Barreto, demandantes y apelantes, v. Ricardo López y su esposa Hilaria Cuevas, demandados y apelados.
    No. 5935.
    Sometido: Junio 9, 1933.

      Resuelto: Diciembre 21, 1934.

      Buenaventura■ Estoves, abogado de los apelantes; García Méndez <& García Méndez, abogados de los apelados.
   El Juez Asooiado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Conforme se desprende de nna escritura fechada en 7 de septiembre de 1928, Pedro Celestino López y su esposa otorgaron una hipoteca a favor de Ricardo López, para garantizarle el pago de la suma de $2,089.06. La propiedad gravada fue descrita en debida forma en la demanda. Ricardo López inició procedimiento ejecutivo sumario contra Pedro Celestino López y su esposa. Mientras este procedimiento hipotecario estaba pendiente, Pedro Celestino López y su esposa entablaron el presente litigio, no sólo para anular el procedimiento ejecutivo, sino también la escritura en que el mismo se basaba. En la demanda se aducía que la escritura de septiembre 7, 1928, fue una pura simulación y que no pasó causa (consideration) alguna entre las partes contratantes.

Toda vez que en la demanda se alegaba que la prueba de simulación constaba en documentos auténticos, los deman-dados Ricardo López y su esposa solicitaron se les mostraran dichos documentos y la corte así lo ordenó. Los demandantes en el presente recurso presentaron entonces dos cheques que se suponían haber sido expedidos contra el Banco Industrial de Puerto Rico, siendo el primero el número 66, aparente-mente suscrito en blanco por Ricardo López, y el segundo el número 211, firmado igualmente en blanco por Ricardo López.

Al recibir estos documentos los demandados contestaron. El demandante en el presente litigio, Pedro Celestino López, falleció antes del juicio y se le sustituyó con sus herederos. Al comenzar el juicio los demandantes solicitaron permiso para mostrar a los demandados cierto documento que ellos alegaban se había perdido y más tarde había sido hallado, y que lee así:

“Conste por el presente extrajudicial documento que quiero tenga la misma fuerza y validez como si judicial fuera, que yo Ricardo López, mayor de edad, casado y vecino de Lares, be entregado en el día de boy a mi hermano Pedro C. López dos cheques sin llenar pero firmados de mi puño y letra y estos cheques son un resguardo para mi hermano presentarlos en el Banco Masónico de Puerto Rico en el que tengo mis cuentas una vez llenos por la suma de dos mil ochenta y nueve dollars seis centavos, valor de la escritura de hipoteca que me hizo con el abogado Sandalio García Ducós por esa cantidad para que el día que él necesitara la finca sin gravamen pueda conseguirla sin trastorno de mi parte ni de mis familiares, pues quiero hacer constar que mi hermano. Pedro Celestino López nada me debe ni ahora ni antes, pues todo esto se hace’ para defender sus bienes de pleitos en el mañana. Lares, Puerto Rico, septiembre 7 de 1928.— {Firmado) Ricardo López.”

Al presentarse este documento la corte estuvo dispuesta a suspender el juicio, mas los demandados anunciaron su deseo de que se continuara el mismo. Para probar las alega-ciones de la demanda los demandantes pusieron primera-mente a Ricardo López, el demandado principal, en la silla de los testigos. Al ser interrogado por el letrado de los de-mandantes, este testigo hizo una relación detallada de todas las cuestiones que surgieron entre él y su hermano Pedro Celestino. Ofreció testimonio tendente a demostrar que su hermano Pedro Celestino López le adeudaba el importe de la hipoteca con motivo de la liquidación por ellos hecha de los negocios de la sociedad previamente existente entre el testigo y dicho hermano. Tanto en el examen directo como en la repregunta él insistió en que la transacción celebrada por él y su hermano fué legítima. Durante el examen directo admitió que las firmas que aparecían en los dos cheques en blanco y en el documento que también se había ofrecido en evidencia eran suyas, pero explicó ampliamente las razones para ello. Manifestó, y su declaración fué sostenida por otra prueba, que su sobrino estaba asociado con él en la sociedad y que él, Ricardo López, acostumbraba entregarle cheques en blanco para que su sobrino llenara la cantidad; que de igual modo él ponía su firma en hojas de papel en blanco para que sn sobrino escribiera el contenido de las cartas.

El demandante puso al sobrino a declarar, así como a la esposa de Pedro Celestino López, y la declaración de ambos tendió a demostrar qne la escritura era simulada.

Entonces el demandado presentó varios testigos, inclu-yendo el notario principal que había intervenido en el asunto, a fin de probar en efecto que la escritura de hipoteca era en realidad un documento legítimo, y la corte así lo creyó.

La corte dijo que no tenía duda de que los cheques números 66 y 211 fueron firmados en blanco por Ricardo López. Con los talonarios del libro de cheques a la vista la corte quedó convencida de que los cheques fueron expedidos sin orden de fechas y por ello dudaba de la autenticidad de uno de los cheques y también porque en el manuscrito de uno de los talonarios de dichos cheques el sobrino, José María López, había puesto la palabra “nulo”. La corte hizo el comentario de que parecía raro que el sobrino hubiera puesto tal palabra si sabía que el cheque en realidad era válido.

Echando a un lado por el momento otros errores señalados por los apelantes, no tenemos duda de lo correcto de la con-' elusion a que llegó la corte inferior. En realidad, somos del criterio de que toda la prueba tendió a demostrar que la escritura de hipoteca no era simulada y que el sobrino se aprovechó del hecho de tener en su poder cheques en blanco y el papel en blanco con la firma para hacer constar que la escritura era en efecto simulada.

Es difícil entender la forma complicada en que las partes llevaban sus asuntos si la escritura era simulada. La simple cancelación de la hipoteca hubiese bastado y había otras formas en que los dos hermanos podían haber llevado a cabo su objetivo sin haber expedido estos cheques en blanco y sin que Ricardo López tuviera que escribir el documento relativa-mente complicado en que se suponía reconocer la simulación. La corte comenta la forma en que estaba redactado este docu-mento en el sentido de que de ordinario nadie lo hubiese escrito en el espacio reducido que el documento ofrecido en evidencia presentaba. Es un bedho algo significativo que ese documento tan sólo fuera bailado después de morir Pedro Celestino López. Quizá él no hubiera ido al extremo de aseverar que tenía este documento en su poder. Su esposa declaró que ella lo encontró en la ropa de él después de su muerte.

El alegato de los apelantes es deficiente, toda vez que no contiene la debida relación del caso. Frecuentemente fiemos comentado el fiecfio de que incumbe al apelante no meramente exponer las alegaciones sino demostrar sobre qué giró realmente el caso en la corte inferior.

El primer señalamiento de error es que la corte no debió fiaber permitido prueba respecto a las manifestaciones u observaciones de Pedro Celestino López, toda vez que éste fiabía muerto. El apelado fiace constar claramente que el testigo fué realmente llamado por la parte contraria y que tenía perfecto derecho a hacer una explicación. Sea ello como fuere, la prueba de los verdaderos hechos fué tan fuerte que no revocaremos por este motivo.

Hemos resuelto, y ésa es la ley, que es innecesario presentar los originales de las escrituras que constan en el protocolo de un notario, sino que bastan copias de las mismas.

Los apelantes también insistieron en que a Alberto Carcía Ducós, que fué el notario que intervino en este caso, ■no debió permitirse manifestar lo que Pedro Celestino López le había dicho. La teoría es que Alberto García Ducós era el abogado de Pedro Celestino López. Sin embargo, es claro que en este caso él no actuó como letrado sino como notario con instrucciones recibidas de su cliente.

Al principio de esta opinión hemos cubierto los demás señalamientos de error.

Dehe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociad© Señor IíutchisoN,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carlos Meléndez y Gregorio Peña, acusados y apelante el primero.
    No. 5521.
    Sometido: Noviembre 16, 1934.

      Resuelto: Diciembre 21, 1934.

      Burset & Pérez Pimentel y Lucas P. Serbia, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociad© Señor IíutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Carlos Meléndez y Gregorio Peña, el primero como dueño de un puesto de leche y el segundo como empleado suyo, .fue-ron acusados de tener a la venta leche adulterada. Ambos comparecieron en 30 de marzo de 1933 para la lectura de la acusación y alegaron ser inocentes. Se fijó el 22 de enero de 1934 para celebrar el juicio. Carlos Meléndez fué citado, pero no compareció ni personalmente ni representado por letrado. Peña compareció y el juicio prosiguió. - Ambos acn-saclos fueron convictos y a cada uno de ellos se impnso una multa de $25. Al siguiente día, 23 de enero, Meléndez soli-citó la reconsideración de la sentencia y nuevo juicio. Mani-festó en su moción que había estado de cama con una fuerte gripe y con fiebre el día señalado para el juicio. También expresó su creencia de que tenía una defensa buena y me-ritoria, puesto que no había cometido ninguno de los actos imputádosle. En esta moción Meléndez compareció por le-trado, mas los hechos en ella alegados no estaban sostenidos por declaración jurada. No hubo certificado médico, ni affidavit de méritos, ni se decía que se presentarían testigos. Nada había que demostrara por qué la moción no pudo pre-sentarse durante el juicio o antes, o dentro de las 24 horas siguientes a su convicción. El acusado apeló de una senten-cia condenatoria y alega que la corte de distrito cometió error al proceder a celebrar el juicio y al dictar sentencia en ausen-cia del acubado Meléndez; también que la corte cometió error al negarse a reconsiderar la sentencia y al no dar al acusado oportunidad para presentar su defensa. El apelante se basa en los artículos 11, 179 y 311 del Código de Enjuicia-miento Criminal, en el artículo 2 de la Carta Orgánica, en 8 R.C.L. 90, sección 48, Ex Parte Dessús, 4 D.P.R. 176, Segunda Edición, Ex Parte Bird, 4 D.P.R. 234, Segunda Edición, León Lugo v. Pueblo, 40 D.P.R. 45 y Pueblo v. Sierra, 44 D.P.R. 82.

El artículo 2 de nuestra Carta Orgánica dispone:

“En todos los procesos criminales el acusado gozará del derecho de tener para su defensa la ayuda de abogado; de ser informado de la naturaleza y causa de la acusación; de obtener copia de la misma; de tener un juicio rápida y público; de carearse con los testigos de cargo, y de usar de medios compulsorios para conseguir testigos a su favor.”

Los artículos 11, 179 y 311 del Código de Enjuiciamiento Criminal disponen lo siguiente:

“Artículo 11. En un proceso criminal el acusado tiene derecho a
“(1) Un juicio rápido y público.
“(2) Que se le asigne defensor, o se le permita defenderse en persona y con abogado.
“(3) Presentar sus testigos.
“(4) Confrontarse con los testigos contrarios en presencia del tribunal, excepto cuando se hubieren practicado las primeras diligen-cias ante un promotor fiscal o juez de paz; o cuando el testimonio de algún testigo presentado por el Pueblo, e imposibilitado de pres-tar fianza para su comparecencia, hubiere sido tomado en presencia del reo, quien en persona o por medio de su abogado hubiere repre-guntado, o tenido oportunidad para repreguntar al testigo, en cuyo caso, la deposición de éste podrá ser leída, siempre que se justificare a satisfacción del tribunal haber fallecido o estar demente dicho tes-tigo o no poderse encontrar en Puerto Rico, a pesar de las diligencias practicadas al efecto. El examen de testigos por el promotor fiscal, según lo dispuesto en el artículo 3, se hará privadamente, y no de-berá aquél interrogar a los testigos del acusado, excepto en el acto de celebrarse el juicio público.
“Artículo 179. Si el procesoi fuere por felony el acusado deberá asistir al juicio en persona; pero si fuere por misdemeanor (delito menos grave), podrá celebrarse el juicio sin hallarse presente el acusado; con todo, siempre que la presencia de éste fuere necesaria para su identificación, podrá el tribunal, a instancia del fiscal, dictar un mandamiento' ordenando la - asistencia personal del reo.
“Artículo 311. Cuando se dicte la sentencia, si la convicción es por felony (delito muy grave), el acusado debe hallarse presente personalmente; si es por misdememor (delito menos grave), la sen-tencia puede pronunciarse en ausencia del acusado.”

Los dos artículos últimamente citados exigen la compa-recencia personal del acusado en casos de delitos graves, tanto durante el juicio como en el momento de dictarse sentencia, ora esté dicho acusado representado por abogado o no. La disposición que autoriza a la corte a actuar en casos de de-litos menos graves, no obstante estar ausente el acusado, no tiene por condición la presencia de su abogado. Si la corte debe designar o no un letrado a un acusado insolvente, es cuestión que no surge del presente caso. De la prueba adu-cida durante el juicio se desprendió que el acusado’ era dueño de ún depósito de leche y que había salido bajo fianza. Tam-bién, que tanto él como sus fiadores habían sido notificados de la feclia señalada para el juicio. Nada había que indi-cara que el acusado no estuviera en condiciones de contratar los servicios de un letrado o que su ausencia fuera involun-taria. Bajo las circunstancias, la corte inferior no cometió error al proceder a celebrar el juicio y al dictar sentencia en ausencia del acusado.

Al declarar sin lugar la moción de reconsideración el juez de distrito creyó que la demostración que se le había hecho era insuficiente para actuar de otro modo. Difícilmente podría decirse que él estuvo claramente equivocado en ello y a menos que estuviera claramente equivocado no hubo abuso de discreción. La ley no es al efecto de que una persona acusada de un delito menos grave puede, aprovechándose de la fianza, ausentarse voluntariamente del juicio para exigir entonces que se deje sin efecto una sentencia condenatoria debido a haberse hallado ausente mientras se celebraba el juicio, así como en el momento de dictarse sentencia en su contra. La demostración hecha, considerada por el juez de distrito como insuficiente, según hemos dicho fué dudosa y poco satisfactoria. No es necesario que vayamos más lejos por el momento, toda vez que el acusado no apeló de la orden, que declaró sin lugar su moción y la cuestión que se trata de suscitar con el segundo señalamiento no está debidamente ante nos.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Cóedova Dávila,

text:
    Marcia Torres Maldonado, demandante y apelante, v. Antonio Fernández Méndez, Higinio Pastoriza y María Cruz, demandados y apelados.
    No. 6344.
    Sometido: Noviembre 14, 1934.

      Resuelto: Diciembre 24, 1934.

      Ángel A. Vázquez, abogado de la apelante; Bolivar Pagan, abogado del Sr. Fernández Méndez, apelado.
   El Juez Asociado Señor Cóedova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Fernández Méndez, acreedor hipotecario de Hi-ginio Pastoriza y María Cruz, inició una acción personal en cobro de pesos para obtener el pago de sn crédito y con el fin de asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera re-caer en dicho pleito embargó, en 18 de septiembre de 1930, la misma finca objeto de la hipoteca otorgada a su favor, la cual, si bien aparecía inscrita en la fecha del embargo a nom-bre de sus deudores, había sido vendida por éstos a la de-mandante Marcia Torres Maldonado mediante escritura pú-blica otorgada en 15 de mayo de 1929. El préstamo hipoteca-rio fné contraído en 26 de julio de 1928, e inscrito en 29 de agosto del mismo año en el registro de la propiedad.

En 3 de junio de 1931 la compradora de la finca, Marcia Torres Maldonado, promovió demanda de tercería de domi-nio contra Antonio Fernández Méndez, Higinio Pastoriza y María Cruz, solicitando la cancelación del embargo y el reco-nocimiento de sus derechos dominicales sobre el inmueble re-ferido.

Contestó el demandado alegando que la finca embargada pertenecía en pleno dominio a los deudores hipotecarios en la fecha en que se trabó el embargo y negando que la deman-dante fuese dueña entonces de la referida finca. Se alegó además en la contestación que la acción incoada por la deman-dante no es otra cosa sino una conjura para defraudar al demandado de los $6,000 en efectivo que mediante garantía hipotecaria de la finca objeto del presente pleito entregó en calidad de préstamo a Higinio Pastoriza y María Cruz.

La corte inferior declaró sin lugar la demanda por en-tender que la trasmisión de la finca a favor de la demandante tiene la presunción de haber sido hecha a título gratuito por-que no se entregó precio alguno en presencia del notario y por considerar que la venta del inmueble, inscrita después del embargo, es falsa y simulada.

Aunque son varios los errores atribuidos a la corte inferior, nos limitaremos a resolver la cuestión fundamental planteada por la parte apelante al impugnar la deci-sión del tribunal inferior negándose a. eliminar de la contes-tación la alegación que califica de conjura para defraudar al demandado, Antonio Fernández Méndez, la acción incoada por la demandante. De acuerdo con la prueba la hipoteca otorgada a favor del demandado apelante fué oportunamente inscrita en el registro de la propiedad. La venta de un in-mueble hipotecado es una transacción autorizada por la ley. El acreedor hipotecario no tiene que preocuparse porque el inmueble pase de una mano a otra. Sus derechos quedan completamente garantidos en virtud de la inscripción de la hipoteca en el registro de la propiedad. Puede que la venta del inmueble a favor de la parte demandada fuera simulada como concluye la corte inferior; pero el acreedor hipoteca-rio, si no ha resultado perjudicado por la simulación, no tiene, a nuestro juicio, derecho alguno para provocar de la corte un pronunciamiento dejando sin efecto una transacción que en nada le perjudica. Ésta será una cuestión para ser venti-lada más tarde por las partes contratantes o por algún ter-cero que pueda haber resultado perjudicado en virtud del contrato que se considera simulado. Es más, de la venta de la finca no es posible deducir propósito de fraude alguno, porque es imposible defraudar a mi acreedor hipotecario, que tiene inscrita la hipoteca, por el hecho de que el inmueble hi-potecado haya cambiado de dueño. La parte que alega la simulación de un contrato debe demostrar su interés para que pueda establecer su derecho. La defensa establecida por el demandado apelado debió ser eliminada, porque de la venta del inmueble no es posible deducir la conjura alegada.

La hipoteca es un contrato puramente accesorio que no puede existir sin una obligación principal a cuyo cumplimiento sirve de garantía. El acreedor no está obligado a utilizar la garantía para el pago de su crédito, si así no lo desea. Como dijimos en Luyando v. Fernández, 46 D.P.R. 689, el acreedor puede prescindir de la garantía hipotecaria, y reclamar judicialmente la efectividad de la obligación me-' diante una acción personal. Esto fué lo que hizo el acreedor y demandado apelante, Antonio Fernández Méndez. En vez de acogerse al procedimiento sumarísimo de la Ley Hipotecaria o de ejecutar la hipoteca por la vía ordinaria para sujetar la finca gravada al pago de su crédito, prescindió de la garantía, ejercitó una acción puramente personal en cobro de pesos, y para asegurar la efectividad de la sentencia embargó la misma finca que garantizó su obligación, cuando ya había pasado a ser propiedad de una tercera persona. El hecho de que el inmueble no apareciera inscrito a favor de la demandante cuando se practicó el embargo, no impide a dicha de-mandante ejercitar sus derechos dominicales ni autoriza al demandado a ejecutar la referida finca sin haber establecido una acción real en cobro del crédito hipotecario y haber dado a la dueña la oportunidad de defenderse como parte en la acción. El embargo quedó trabado en 18 de septiembre de 1930. La demandante inscribió su título en 2 de octubre del mismo año. El acreedor hipotecario, al tener conocimiento por medio del registro de que la finca había sido vendida a una tercera persona, pudo haber ejercitado la acción corres-pondiente para hacer efectiva la obligación en el inmueble hipotecado. La ley ofrece al acreedor hipotecario completa protección para que pueda sujetar la garantía al cumplimiento de la obligación. Si por haber prescindido de esta garantía no puede asegurar la efectividad de su crédito en la cosa hi-potecada, culpa es de sus propios actos y no tiene, por tanto, motivos para quejarse.

Por las razones expuestas, debe revocarse la sentencia-apelada y dictarse otra en su lugar declarando que la deman-dante Marcia Torres Maldonado es dueña de la finca que se describe en la demanda y ordenando la cancelación del embargo practicado en el registro de la propiedad a petición del demandado, sin especial condenación de costas y sin per-juicio de que dicho demandado pueda ejercitar la acción real correspondiente con la intervención de todas las partes in-teresadas para hacer efectiva en el inmueble hipotecado la obligación contraída a su favor.


text:
    José González Cádiz, demandante y apelado, v. Vicente Ortiz López y su esposa Paula Ortiz, demandados, y El Pueblo de Puerto Rico, apelante.
    Nos. 6399 y 6400.
    Sometidos: Diciembre 6, 1934.

      Resueltos: Diciembre 24, 1934.

      Hon. Procurador General Benjamin J. Horton y B. Oordovés Arana, Subprocuradorabogados del apelante; Gonzales Fagundo é Gon-zález, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Vicente Ortiz López y su esposa compraron una casa a Santiago y José González Cádiz por el precio de $7,500, de los cuales pagaron parte, constituyendo hipoteca sobre dicho inmueble para el pago de la cantidad aplazada a favor del referido José González Cádiz por el término de tres años, a vencer en primero de marzo de 1929. Esta hipoteca fué inscrita en el Registro de la Propiedad de Humacao.

El Pueblo de Puerto Rico embargó la referida casa para el cobro de contribuciones adeudadas por Vicente Ortiz López, anotándose el embargo en el registro de la propiedad el día 13 de noviembre de 1931, según hace constar el colector de rentas internas en el certificado de compra que expidiera en 15 de marzo de 1932. El referido funcionario certifica que cumplidos los requisitos legales la mencionada finca se ad-judicó al Pueblo de Puerto Bicó con fecha 26 de enero del mismo año en el procedimiento de apremio para el pago de contribuciones sobre ingresos correspondientes al año 1924, adeudadas por Vicente Ortiz López.

Se expresa además en dicho certificado que la venta del inmueble en cuestión se anunció mediante edictos que se pu-blicaron en la prensa durante los días 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de febrero en primera subasta, 19, 20, 26 y 27 de octubre y 2 y 3 de noviembre de 1931 en segunda subasta, y 4, 5, 11, 12, 17 y 19 de enero de 1932 en tercera subasta, habiéndose notificado a Vicente Ortiz López como dueño de la casa y a José González Cádiz como acreedor hipotecario de la adju-dicación hecha a favor del Pueblo de Puerto Bico, a fin de que pudieran ejercitar el derecho de redención que les concede ol artículo 352 del Código Político. La venta a favor del Pueblo de Puerto Bico se inscribió en el registro de la propie-dad en diciembre de 1932.

En octubre 3 del mismo año, José González Cádiz inició ante la Corte de Distrito de Humacao el cobro de su crédito hipotecario por la vía sumaria, acompañando una certifica-ción del registro de la propiedad, donde se hacía constar que la hipoteca no se hallaba cancelada ni estaba pendiente de cancelación y que no existía ninguna otra carga o gravamen sobre la finca con anterioridad o posterioridad a la relacio-nada hipoteca, y que la misma se hallaba entonces inscrita a favor de don Vicente Ortiz López, casado con doña Paula Ortiz. En virtud del procedimiento iniciado la casa fué ven-dida en pública subasta y adjudicada al acreedor hipotecario José González Cádiz.

Expidióse por el márshal escritura de venta judicial en 12 de enero de 1933, y habiéndose inscrito la casa a nombre del Pueblo de Puerto Bico en 8 de diciembre de 1932, el acree-dor ejecutante presentó moción a la corte alegando que mien-tras se tramitaba su pleito de ejecución por la vía sumaria, El Pueblo de Puerto Bico había anotado su derecho de venta de la finca hipotecada en el Begistro de la Propiedad de Hu-macao mediante la presentación de nn certificado al efecto y qne al tiempo de constituirse la hipoteca no se había hecho publicación alguna de contribuciones que adeudara la propie-dad hipotecada, ni que adeudaran los demandados por con tribuciones sobre la referida propiedad ni por contribuciones de ingresos ni por ningún otro concepto y que el compare-ciente no tuvo conocimiento alguno de la referida venta hecha a favor del Pueblo de Puerto Eico hasta el preciso momento en que llevó para su inscripción en el registro la escritura de venta judicial otorgada a su nombre por el marshal.

Basándose en estas alegaciones el acreedor ejecutante so-licitó que se ordenara por la corte, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Hipotecaria, la notificación del Pueblo de Puerto Rico, quien aparecía con título de dominio inscrito en el registro sobre la finca ejecutada, para que se sirviera, si lo creía conveniente, liberar la finca pagando las cantidades de que la misma respondía, bajo apercibimiento de que si no lo verificaba, se procedería a la cancelación de su inscripción de dominio en el registro de la propiedad. Expi-dióse la orden de acuerdo con lo solicitado, y habiendo pedido su anulación El Pueblo de Puerto Eico, la corte, luego de oír a las partes, mantuvo en pie la orden expedida, basándose en que el procedimiento administrativo de apremio y venta de la finca hipotecada fué un acto claramente ultra vires, ca-rente por completo de toda legalidad, porque se inició des-pués de expirados cinco años desde que se rindió o dejó de rendirse la declaración.

Alegó el Pueblo de Puerto Eico en su moción solicitando la nulidad (a) que la finca en cuestión le había sido adjudi-cada desde el 26 de enero de 1932 y que adquirió el dominio absoluto de la misma desde el 15 de marzo de 1933, por no haberse ejercitado el derecho de redención; (b) que al ra-dicarse el escrito inicial en el procedimiento ejecutivo sumario aparecía del registro un embargo anotado sobre la ameritada finca a favor del Pueblo de Puerto Eico que no fué notifi-cado de la orden de requerimiento como acreedor posterior; (c) que al tiempo de iniciarse el juicio ejecutivo sumario la finca era de sn propiedad, hecho que le constaba al acreedor hipotecario desde antes del día 15 de marzo de 1932, por lo (pie todas las diligencias en dicho procedimiento debieron en-tenderse directamente con El Pueblo de Puerto Rico como subrogado en la persona del deudor Vicente Ortiz López; y (d) que siendo el crédito por contribuciones un gravamen preferente al crédito hipotecario y habiendo El Pueblo de Puerto Rico adquirido la finca cerca de un año antes de que se iniciara el cobro de la hipoteca, no era un comprador pen-dente lite y sí un tercero, a tenor de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria, no pudiendo aplicársele las disposiciones del ar-tículo 71 de la referida ley. La corte inferior, a solicitud de José González Cádiz, no obstante haber sido apelada su orden requiriendo al Pueblo de Puerto Rico para liberar la finca pagando las cantidades consignadas en el auto de reque-rimiento, bajo apercibimiento de cancelar la inscripción de su dominio si así no lo hiciere, ordenó la cancelación del tí-tulo inscrito a favor del Pueblo de Puerto Rico.

Los tres primeros errores atribuidos a la cote inferior son los siguientes:

“1. La Corte de Distrito erró al considerar al apelante como comprador pendente Vite, y por tanto sujeto a las obligaciones que a tales compradores dispone el artículo 71 de la Ley Hipotecaria.
“2. La Corte de Distrito erró al aplicar a este caso las disposi-ciones del artículo 71 de la Ley Hipotecaria.
“3. La orden de la Corte de Distrito de 28 de febrero de 1933 y su resolución dejando en pie dicha orden, de fecha esta última de abril 29 de 1933, son contrarias a la ley y a los hechos.”

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley Hipotecaria se podrán enajenar o gravar los bienes inmuebles o derechos reales anotados, pero la venta o gravamen se hará sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación. Si los bienes inmuebles o derechos reales anotados preventivamente fuesen adjudicados al demandante en virtud de sentencia recaída en el pleito, o llegase el caso de anunciarlos en pública subasta, se, notificará la adjudicación o el anuncio al que durante el litigio hubiese adquirido tales bienes o derechos. Hecha la notificación, podrá el notificado liberar los bienes de que se trate, pagando la cantidad con-signada en la anotación para principal y costas. Si no lo hiciere en el término de diez días, se procederá a cancelar en el registro la inscripción de su dominio, así como cual-quiera otra que se hubiera extendido después de la anotación, a cuyo efecto y a instancia del rematante o del adjudicata-rio, se despachará el oportuno mandamiento al Registrador de la Propiedad. Ha decidido este tribunal que cuando se enajena o grava la propiedad hipotecada, durante la tramita-ción de un procedimiento sumarísimo para el cobro de un cré-dito hipotecario, es de aplicación el artículo 71 de la Ley Hi-potecaria. Esta cuestión fué ampliamente discutida por esta corte en la opinión que a nombre de la misma emitiera el Hon. Juez Texidor en el caso de Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269. En este caso Ángel Arroyo siguió ante la Corte de Distrito de San Juan un procedimiento ejecutivo hipotecario contra G-a-briel Zavala en cobro de $679.46, intereses y costas. Se libró el requerimiento al deudor, éste no pagó, y se dictó sentencia de remate, ordenándose la subasta de la finca hipotecada, la que se llevó a cabo, adjudicándose la finca al acreedor. Du-rante el término del requerimiento, que se hizo en noviembre 16 de 1927, el deudor, por escritura de diciembre 13 de 1927, vendió a Petrona Cruz Yda. de Jacobs la finca hipotecada. De esta escritura el ejecutante no aparece haber tenido no-ticia. Éste supo, después de la subasta, de la existencia de tal escritura, cuando aún el marshal no le había otorgado la suya, ni puesto en posesión de la finca, porque acudió a la corte para que se notificara a Petrona Cruz y se le aperci-biera de que si en el plazo de diez días no pagaba el importe de la hipoteca y liberaba la finca, se ordenaría la cancelación de su inscripción de compra; se ordenó así por la corte, se hizo la notificación, y trascurridos más de treinta días sin que pagara, el ejecutante pidió a la corte la orden y manda-miento de cancelación, que se concedió. Más tarde la corte. dejó sin efecto la orden de cancelación y apeló el ejecutante. La corte, en este caso, se expresó así:

“Si examinamos el artículo 71 de la Ley Hipotecaria, que en un caso análogo da al que compró pendiente el litigio el derecho de li-berar, pero previene que si no lo hace en el tiempo fijado se cancele su inscripción; si tenemos presente que en la sección 2 de la Ley para la ejecución de sentencias (sección 5296, compilación de 1911) se ha dispuesto que la orden para la ejecución de la hipoteca ‘ten-drá toda la fuerza y efecto de un auto ordenando la posesión, tanto entre las partes interesadas en dicho juicio como entre éstas y cua-lesquiera otras personas que reclamasen en dicho juicio en virtud de cualquier derecho adquirido durante el mismo;’ y si, en fin, re-cordamos la facultad que el artículo 36 del Código de Enjuiciamiento Civil da al Juez para adoptar un procedimiento por el que pueda cumplirse la ley; si vemos esto, podemos declarar que la solución de un conflicto de esta clase, aplicando el mismo procedimiento del ar-tículo 71 de la Ley Hipotecaria, haciendo la notificación al compra-dor, y si en el término de diez días no libera la finca, y ordenando la cancelación de su inscripción en el Registro es un procedimiento legal y equitativo.” (Bastardillas nuestras.)

Observa el abogado de El Pueblo de Puerto Pico que la corte en el caso citado se limita única y exclusivamente al caso de un comprador pendente lite, y arguye que no puede ser de otro modo, porque el artículo 71 se refiere a la enaje-nación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales anotados. Entiende dicho abogado que la parte apelada en este caso no puede acogerse al remedio prescrito en el ar-tículo referido, porque ha quedado plenamente demostrado que el apelante no es un acreedor pendente lite, ya que los bienes pasaron a ser de su propiedad antes de que se iniciara el procedimiento ejecutivo hipotecario y que el acreedor hi-potecario tuvo conocimiento, con anterioridad a esta fecha, de que la finca había sido adjudicada al Pueblo de Puerto Rico.

Los autos demuestran que el escrito inicial en el procedi-miento sumario se radicó el día 3 de octubre de 1932, y que la subasta se llevó a cabo el 12 de enero de 1933, adjudicán-dose la casa objeto de la hipoteca al acreedor ejecutante. El Pueblo de 'Puerto Rico adquirió la finca en 26 de enero de 1932, expidiéndose por el colector de rentas internas el certificado de compra en 15 de marzo del mismo año. No puede sostenerse que el apelante adquiriera mientras se tra-mitaba el procedimiento ejecutivo sumario y es claro que el apelado no puede ampararse en las disposiciones del artículo . 71 del cuerpo, legal anteriormente citado. La parte apelada arguye que no ha sido probado que El Pueblo de Puerto Rico adquiriese la finca en pública subasta con fecha anterior a la presentación y radicación del ejecutivo hipotecario, porque no aparece en el registro de la propiedad anotación alguna de embargo trabado por El Pueblo de Puerto Rico. El ape-lante, por el contrario, dice que el embargo fue anotado y cita la fecha de su anotación. No puede negarse que se trata de un hecho de facilísima comprobación que pudo y puede ser aclarado con absoluta certeza mediante una investiga-ción en el registro de la propiedad. El Registrador certifica que la hipoteca no había sido cancelada y que no existía otra carga o gravamen sobre la finca y el colector de rentas inter-nas afirma en el certificado de compra que el embargo fue anotado en 13 de noviembre de 1931. Nos hallamos en pre-sencia de dos certificaciones: la del registrador, que niega en términos generales la existencia de cargas o gravámenes, y la del colector de rentas que afirma específicamente la ano-tación del embargo. La certificación del registrador que se acompaña con el escrito inicial debe contener, cuando hay gravámenes, copia literal de los mismos. Parece natural que cuando no los hay, lo haga constar así. El certificado de compra expedido por el Colector de Rentas Internas consti-tuye evidencia prima facie de los hechos en el mismo relata-dos, según lo dispone expresamente la ley. Pero sin parar mientes en el valor probatorio de la negativa general o de la afirmación específica de estas certificaciones en cuanto al embargo, existe un hecho que no ha sido controvertido y es la adjudicación de la finca al Pueblo de Puerto Pico y su noti-ficación al acreedor hipotecario por lo menos seis meses antes de iniciarse el procedimiento sumario. La expedición del certificado de compra, donde se hace constar esta notificación, tuvo lugar en el mes de marzo de 1932, y el procedimiento ejecutivo se inició en octubre del mismo año. Algún tiempo después, en el mes de diciembre, el Registrador inscribió la finca a nombre del Pueblo de Puerto Rico. El acreedor hi-potecario tuvo conocimiento de que el inmueble había pasado a poder de una tercera persona desde antes de iniciarse ju-dicialmente el cobro de su crédito por la vía sumaria y es por esta razón que el apelante alega que las diligencias ju-diciales debieron entenderse con él de acuerdo con el artículo 129 de la Ley Hipoécaria. No hay duda alguna en cuanto a la fecha en que la propiedad fué adquirida por El Pueblo de Puerto Rico. La validez de su título no es cuestión que puede ser discutida dentro del procedimiento que prescribe el ar-tículo 71 que venimos comentando. Los hechos demuestran claramente que el apelante no adquirió la propiedad durante la tramitación del procedimiento sumario, y por esta sola razón, de no existir otras; habría que revocar las resolucio-nes de la corte inferior, toda vez que la misma actuó sin auto-ridad al expedir las órdenes de notificación y al ordenar la cancelación en el registro de la inscripción del inmueble a favor del apelante. Dudamos mucho de que pueda aplicarse el referido artículo al Pueblo de Puerto Rico, aun cuando hu-biese adquirido la propiedad después de iniciado el procedi-miento sumario; pero siendo innecesario resolver esta cues-tión, nos abstenemos en esta ocasión de emitir nuestro juicio sobre la misma.

Se alega además que la corte a quo erró al declarar pres-crito el derecho del Pueblo de Puerto Rico a cobrar las con-tribuciones y al resolver que el procedimiento de embargo y venta de la finca para el cobro de dichas contribuciones fué un acto ultra vires y carente de validez legal. Se arguye que la corte inferior carece de facultades para anular, en un inci-dente seguido de acuerdo con las disposiciones del artículo 71 de la Ley Hipotecaria, indirectamente, motu proprio, y sin oír al Pueblo de Puerto Pico, el procedimiento administra-tivo en cobro de contribuciones seguido contra don Vicente Ortiz López; y se añade que tampoco podía el tribunal inferior oficiosamente levantar, para beneficio del acreedor hipo-tecario, la cuestión de prescripción.

No es necesario que nos detengamos a discutir la cues-tión suscitada, ya que, resueltos en favor del apelante los tres primeros errores, se impone necesariamente la revocación de las resoluciones apeladas. Nos parece, sin embargo, que dentro de las disposiciones del artículo 71 de la Ley Hipotecaria no pueden plantearse y discutirse cuestiones de esta naturaleza, propias más bien para ser estudiadas y resueltas en un juicio declarativo.

En la última parte de su alegato el apelante impugna la jurisdicción de la corte inferior para actuar en este caso, por-que El Pueblo de .Puerto Pico no prestó su consentimiento para ser demandado en un incidente de esta naturaleza. Tampoco creemos necesario resolver esta cuestión, que no deja de ser interesante, porque como ya liemos dicho, la corte inferior no tuvo autoridad para expedir la orden apelada y cancelar la inscripción de dominio a favor del Pueblo de Puerto Pico.

Por las razones expuestas, se revocan las resoluciones de 28 de febrero y 29 de abril de 1933, y se ordena la anulación de la orden cancelando la inscripción en el registro de la propiedad, debiendo restituirse dicha inscripción en el re-gistro mediante orden expedida por el tribunal inferior.


text:
    Roig Commercial Bank, demandante y apelado, v. Santiago Iglesias Silva y su esposa Doña Cruz Rodríguez, demandados y apelantes.
    No. 6456.
    Sometido: Diciembre 13, 1934.

      Resuelto: Diciembre 24, 1934.

      G. Cruzado Silva-, abogado de los apelantes; González Fagundo & González, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

E§ ésta nna acción en cobro de nn pagaré qne otorgaron los demandados a favor del banco demandante. Se alega qne este pagaré fné entregado al banco por los deudores deman-dados, quienes, para garantizar su pago, subbipotecaron a dicho banco nn crédito hipotecario de qne eran dueños. Se pide en la súplica de la demanda el pago de la suma recla-mada y qne se disponga la venta en publica subasta del cré-dito hipotecario constituido a favor de los demandados.

Anotada la rebeldía y dictada sentencia condenando a los demandados Santiago Iglesias Silva y su esposa, Cruz Rodrí-guez, a pagar al demandante la suma de $4,347.76, importe del pagaré con los intereses y honorarios de abogado convenidos, los demandados apelaron de la sentencia atribuyendo a la corte inferior cuatro errores.

En el primero se alega que no aparece de la diligencia del emplazamiento qne la persona que hizo la citación no es parte en la acción. Arguye el apelante que es un requisito juris-diccional que en el certificado de diligenciamiento se haga constar por la persona que lleve a cabo la citación, que no es parte en la acción y que en este caso esta persona se limitó a decir: “No soy parte ni tengo interés en este asunto.” Debe desestimarse el error apuntado.

En el segundo error se alega que la rebeldía aparece anotada por el secretario del tribunal en forma ambigua, dudosa e imprecisa, porque habiendo dos demandados no se indica a cuál de ellos se refiere la anotación.

El Banco apelado solicitó que el Secretario anotara la re-beldía de los demandados y registrara sentencia en su contra por las cantidades reclamadas. Al calce de esta solicitud es-cribió el Secretario lo siguiente: “Anotada la rebeldía de la parte demandada en este caso por no haber comparecido a hacer alegación alguna en autos dentro del plazo legal, hoy 28 de diciembre de 1932. ’ ’ Arguye el apelado que los deman-dados en este caso constituyen la sociedad de gananciales y que el secretario, al anotar la rebeldía de la parte deman-dada, se refiere única y exclusivamente a Santiago Iglesias Silva y a su esposa, que para los efectos de la obligación sus-crita por ellos, constituyen una sola parte. El error, si es que existe, constituye una mera irregularidad que no puede ser motivo de nulidad. Luego de anotada la rebeldía se dictó sentencia contra ambos demandados, mencionándose por sus nombres. Para la validez de una sentencia en rebeldía contra un demandado no es necesaria la anotación de la misma por el Secretario. 14 Cal. Jur. 883,; Crouch v. H. L. Miller & Co., 169 Cal. 341, 146 Pac. 880. Debe desestimarse el error apuntado.

El tercer error se basa en que en la alegación quinta de la demanda se dice que el importe del pagaré es de $3,447 y según la sentencia el montante de la obligación asciende a $4,347.76. Se alega que la corte inferior erró al negarse a anular esta sentencia porque el Secretario no tuvo autoridad para registrarla. Se trata de un error mecanográfico. La obligación se transcribe íntegra en la demanda y en la súplica de la misma se pide que se condene a los demandados a pagar al demandante $4,347.76, importe del pagaré. Los demanda-dos aparecen querellándose de algo que en todo caso redun-daría en su propio beneficio.

El cuarto error se basa en que la corte de distrito erró al declarar sin lugar la moción sobre nulidad de sentencia presentada por los demandados, basándose en que no se trata de un pleito sobre pago de dinero, sino de una acción donde se pide la venta en pública subasta del crédito hipotecario constituido a favor de los demandados. Éste es el único error que podría tener alguna importancia. La parte demandante solicitó que el secretario dictara sentencia por las cantidades reclamadas en la demanda sin decir palabra alguna acerca de la venta del crédito hipotecario. Convenimos en que. en este caso pudo decretarse por la corte la venta del crédito hipotecario para satisfacer el importe de la reclamación. La parte demandante no necesitaba hacer esta alegación. Después de haber obtenido sentencia en su favor pudo haberla ejecutado en cualquier bien no exento de ejecución perteneciente a los demandados. Si se tratara de una acción m rem, es claro que el Secretario no hubiese estado autorizado para registrar sentencia. La demandante, a pesar de alegar el crédito hipotecario en la demanda y de pedir en la súplica que por la corte se decretara su venta, sin embargo únicamente pidió al secretario que dictara sentencia por la cantidad reclamada y esto demuestra que optó por considerar su acción como un mero pleito en cobro de dinero. En el caso de Font v. Rosales Cueli, 42 D.P.R. 628, dijimos lo siguiente:

“Bajo la teoría de que estaba envuelta una bipoteea, parte del remedio era la venta de la propiedad gravada. Si la sentencia hu-biera ordenado tal venta, entonces no era necesario ningún paso previo o preliminar por parte del marshal, y la teoría del apelado sería correcta. No obstante el viso que se le hubiera dado a la demanda de Cueli al ser originalmente radicada, él optó por consi-derarla como un mero pleito en cobro de dinero. De lo contrario, el secretario no hubiera estado facultado para registrar sentencia. Debe prestarse apoyo para dar validez a los actos de funcionarios realizados según permite la ley, y, por tanto, la acción entablada por Cueli era o llegó a ser una en cobro de dinero. Un razonamiento similar puede en parte hallarse en Rosales v. Corte de Distrito, 33 D.P.R. 316.”

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Jovito González, demandante y apelante, v. Jovito Rodríguez, demandado y apelado.
    No. 5444.
    Sometido: Noviembre 5, 1934.

      Resuelto: Enero 15, 1935.

      Armando A. Miranda, abogado del apelante; A. Rivera Colón, abo-gado del apelado.
   EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En 28 de enero de 1932 este tribunal confirmó la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Arecibo con fecba 14 de julio de 1930 (43 D.P.R. 66). En este caso se sostuvo una excepción previa interpuesta contra la demanda radicada en un pleito de filiación. La teoría de ambas cortes fné que como el demandante nació en 1903, sn acción debió iniciarse en 1926, o antes; que toda vez que él nació en 1903 la pres-cripción de su acción se regía por el artículo 199 del Código Civil de 1902, que provee que las acciones de filiación durarán basta dos años después de ser el hijo mayor de edad. Sin embargo, en los casos de Ortiz v. Roque Stella, 47 D.P.R. 177, y Delannoy v. Sucn. de Manuel Cividanes, per curiam de junio 30, 1934, esta corte revisó la jurisprudencia y resol-vió que la. ley de 1911 babía cambiado el período de pres-cripción. El efecto de la jurisprudencia es que tan sólo cuando ba transcurrido todo el período prescriptivo antes de efectuarse un cambio en el mismo es que puede ser invo-cado el estatuto de prescripción. Ortiz v. Roque Stella, y Delannoy v. Sucn. de Manuel Cividanes, supra, fueron re-sueltos en junio 30, 1934, y el 5 de octubre del mismo año el apelante radicó una moción solicitando la reconsideración del caso que tenemos ante nos.

Sentimos considerable simpatía liacia la moción, pero después de haber transcurrido todo este tiempo nos vemos obligados a resolver que carecemos de poder o autoridad para reconsiderar la sentencia. Generalmente, después de haber transcurrido un término judicial ni una corte inferior ni una de apelaciones pueden reconsiderar. Phillips v. Negley, 117 U. S. 665; Loíza Sugar v. Domenech, 44 D.P.R. 550; Waskey v. Hammer, 179 Fed. 274; Miocene Ditch Co. v. Campion Mining & Trading Co., 197 Fed. 497; Bank of the United States v. Moss, 6 How. 31; Bronson v. Schulten, 104 U. S. 410; 15 R. C. L. 691, nota 3. Para los fines de este pleito específico la cuestión se ba convertido en res adjudícala. El apelante no nos ba hecho ninguna cita que distinga el caso de la jurisprudencia citada.

Debe declararse sin lugar la moción.