author: El Juez Asociado' Se. del Tobo,

text:
    Palou, Demandante y Apelado, v. Ríos, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa sobre indemnización por injuria y calumnia.
    No. 1362.
    Resuelto en enero 20, 1916.
    Libelo y Calumnia — Daños y Perjuicios — Alcance de la Sección 5a. de la Ley de 18 de Pebrero de 1902. — La seeeión 5a. de la ley para autorizar pleitos civiles por daños y perjuicios ocasionados por libelo y calumnia apro-bada en 18 de febrero de 1902, tiene aplicación cuando la comunicación ca-lumniosa o el escrito libeloso referente a determinada persona se dirige a otra con la cual el autor se encuentra en cualesquiera de las relaciones espe-cificadas, pero no cuando la imputación se hace directamente de palabra o por escrito a la persona agraviada.
    Id. — Ladrón—Intención—Delito Público — Causa de Acción. — El llamar sim-plemente "ladrón” a una persona, es calumnioso, pues imputa la comisión de un delito grave, pero cuando aparece, como en el presente caso, que la palabra fué usada como un mero término abusivo en un momento de excita-ción, y que en realidad de verdad no envolvía la imputación de un delito contra la propiedad, no puede servir de base para una acción de daños y perjuicios por calumnia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Francis-eo González y Arturo Aponte, Jr.

      Abogado del apelado: Sr. Rafael Lopes Landrón.

   El Juez Asociado' Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso de indemnización por injuria y calumnia. En la demanda se alegó, en resumen, que la de-mandada, en presencia de' diversas personas que las escucha-ron, pronunció las siguientes palabras refiriéndose al deman-dante: “¿Es usted Juan Palou? Usted es un sinvergüenza, pillo y ladrón.” Y que tales palabras fueron pronunciadas con la maliciosa intención de imputar al demandante actos deshonrosos e inmorales y hechos constitutivos de delito. El demandante solicitó sentencia por la suma de $5,500. La demandada alegó que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar la acción ejercitada. Su excepción fue de-clarada sin lugar y entonces contestó la demanda negando todas y cada una de sus alegaciones y sosteniendo, además, que la demandada fué provocada por el demandante quien se negaba a pagarle cierta suma ele dinero que le adeudaba, sosteniéndose entre ambos una acalorada disputa y estando la demandada poseída en aquel momento de cólera y pasión por los hechos que realizaba el demandante.

Celebrada la vista, el juez, apreciando la evidencia ofre-cida por ambas partes, declaró probados los siguientes hechos:

“Que allá para uno de los primeros días del mes de enero del año 1&13, siendo como de dos a tres de la tarde, y estando el Sr. Juan Palou y Tomás en compañía de otras personas en un sitio de 'Juncos, conocido por el nombre de Lirios, se presentó en un automóvil María Ríos, viuda de Rubio, y, dirigiéndose al demandante, le dijo las si-guientes palabras: 1 Vd. es un sinvergüenza, un pillo y un ladrón’; que tales palabras pronunciadas en actitud colérica fueron oídas por Antonio Dávila y Ramón Ruibal, vecinos de Juncos, que a la sazón se encontraban en compañía del demandante; que tales conceptos fueron emitidos por la demandada sin que mediara por parte del demandante provocación ni agravio alguno hacia la demandada; que el demandante pasa de sesenta y cinco años-y es un miembro res-petable de la comunidad en que vive; que el demandante en la fecha en que los hechos aquí expresados tuvieron lugar, pertenecía a una sociedad a la cual la "demandada había arrendado cierta propiedad inmueble; que en la fecha de referencia la sociedad de que formaba parte el demandante era deudora a la demandada de ciertos cánones del arrendamiento mencionado; que la demandada exigía del deman-dante el pago de dichos cánones de arrendamiento al tiempo de pro-ferir los conceptos insultantes que dirigiera al clemandante. ”

Luego dictó su sentencia declarando con lugar la demanda, y condenando a la demandada a pagar al demandante la suma de un dollar en concepto de daños ’nominales y las costas y honorarios de abogado que la corte fijó en la suma de tres-cientos pesos. Contra esa sentencia se interpuso el presente recurso de apelación, señalándose la comisión de dos errores, a saber:

‘ ‘ 1. Que la Corte de Distrito de Humaeao cometió error al declarar que la palabra ‘ladrón’ en la forma en que fue proferida en este caso es libelosa per se. '
“2. Que la corte cometió error al dictar sentencia contra la deman-dada, condenándole a pagar una suma de dinero y trescientos dollars por honorarios de abogados.”

La parte apelante reconoce que llamar a una persona “ladrón,” sin dar explicación alguna, constituye la imputa-ción de un delito y es por consiguiente accionable per se, pero sostiene que las pruebas demostraron en este caso que entre demandante y demandado existían las relaciones de arrendador y arrendatario y que, por tanto, de acuerdo con lo preceptuado en la sección 5 de la le3r para autorizar pleitos civiles por. daños y perjuicios ocasionados por libelo y calum-nia, aprobada el 18 de febrero de 1902, no podía presumirse la malicia. El precepto legal invocado es como sigue:

“Se presumirá que existe malicia en cualquier comunicación o escrito infamatorio o calumnioso que se dirija a otra persona que no sea un pariente dentro del tercer grado, o a una persona a quien el autor tenga bajo su tutela, o cuando dicha comunicación .se cruce entre personas que tengan negocios en sociedad, u otra asociación seme-jante. ’ ’

El juez de distrito tuvo en cuenta en su opinión la alega-ción del demandante y decidió, con razón a nuestro juicio, que el precepto que-se cita tiene aplicación cuando la comunica-ción calumniosa o el escrito libeloso referente a determinada persona se dirigen a otra con la cual el autor se encuentra en cualquiera de las relaciones especificadas, pero no cuando la imputación se hace directamente de palabra o por escrito a la persona agraviada.

Cita la parte apelante el caso de Jiménez v. Díaz Caneja, 14 D. P. R. 9. Lo fiemos examinado detenidamente y a nues-tro juicio no sostiene la contención de la apelante y está con-forme con la teoría de la corte sentenciadora. Jiménez de-mandó a Díaz Oaneja por libelo contenido en dos cartas dirigidas a Bartolomé Borrás. Entre Cane ja y Borrás exis-tían relaciones semejantes a las que median entre socios.< Se resolvió que aunque la palabra ladrón escrita en las cartas era libelosa per se, como las cartas fiabían sido dirigidas por el demandado a Borrás con quien tenía las relaciones a que se fia fiecfio referencia, era aplicable la sección 5 de la ley de 1902 arriba citada y no- existía en tal virtud la presunción de malicia.

Afiora bien; de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, no siempre que se llama “ladrón” a una persona se comete el delito de calumnia, y a nuestro juicio, después de un estudio cuidadoso de la prueba .practicada y de los mismos fiecfios declarados probados por el juez sentenciador, no es posible concluir que la intención manifiesta de la demandada en este pleito fuera la de imputar al demandante un verdadero de-lito de fiurto o robo. La demandada cobró en forma inco-rrecta y abusiva en verdad una deuda al demandante. Este reconoció la existencia de la deuda, pero alegó que no era él sino una sociedad de la que formaba parte la que debía el dinero reclamado por la demandada. Todos los que oyeron a la demandada pudieron comprender perfectamente que se trataba de ún asunto de negocios, en el que una mujer, la demandada, parte en el mismo, en un momento de calor o de ira, filé más allá de lo que las buenas formas y el propio res-peto exigen de consuno, pero no de la fría y consciente impu-tación de un delito.

La jurisprudencia sobre la materia es abundante y clara, A continuación citamos dos casos que sostienen claramente la conclusión a que liemos llegado con respecto al verdadero alcance que deba darse a las- palabras pronunciadas por la demandada María Eíos, viuda de Eubio.

En el primero de ellos, o sea en el de Fawsett v. Clark, 30 Am. Rep. 481, 485, la Corte Suprema de Maryland, se expresó así: ' '

“Las palabras contenidas en los diferentes cargos, tanto aquellas que son denuneiables per se, como las que no lo son, se alega que fue-ron pronunciadas en segunda persona y dirigidas al mismo deman-dante.
“La prueba del demandante al declarar en su propia defensa es que estas palabras formaban parte de una violenta protesta verbal que hizo el acusado acerca de la conducta del demandante, al escribir una carta a una tercera persona, relacionada con las transacciones que con él tuvo el acusado. Haciendo referencia a la carta y a su contenido el acusado dijo que el demandante era ‘un mentiroso,’ ‘un estafador’ y que ‘nd era más que un ladrón’; — un ladrón — que el demandante ‘lo había demandado’ y él había ofrecido pagar más de lo que yo (el demandante) jamás obtendría — ‘y que lo que en substancia dijo Favsett con relación a la carta, fué que yo (el de-mandante) lo había acusado en ella de hacer falsas cuentas.’
“Todos los testigos corroboran este parecer. Las circunstancias demuestran que los términos de reproche usados no constituían sino una simple ofensa producida por el coraje; las palabras ‘mentiroso,’ ‘ladrón,’ ‘estafador,’ fueron pronunciadas inmediatamente una tras otra con referencia al contenido de la carta y explican a todos los que las oyeron el sentido en que fueron usadas.
“En una acción sobre calumnia por palabras algunas de las cua-les de ser pronunciadas y entendidas en su sentido ordinario cierta-mente que sería motivo' de denuncia, el jurado debe considerar, apre-ciando toda la conversación en conjunto, si las palabras precisas están de tal modo calificadas por las otras partes de la conversación que demuestren que no fué su objeto expresar la idea que se les daría teniendo en cuenta su sentido principal y corriente.”

Y en el segundo, o sea en el de Bridgman v. Armer, 57 Mo. App. Rep. 528, 531, la Corte de Apelación de Kansas City, Mo., dijo:

“Se negaron al acusado las instrucciones para informar al ju-rado en substancia de que si bien pronunció en relación con el denun-ciante las palabras: ‘Yd. no es más que un vil ladrón’ o ‘Y. es un simple y ruin ladrón bijo de perra,’ sin embargo, si el jurado estimaba en vista de la prueba aducida que las palabras fueron meramente usadas como términos abusivos y reprochables y en ellas no había la intención de expresar la verdad siendo interpretadas por los que las escuchaban como meras frases abusivas y no como que con ellas se pretendía imputar en realidad el hecho de ser el denunciante un ladrón, entonces el jurado debía emitir un veredicto a favor del acu-sado. En nuestra opinión debió haberse dado esa instrucción.' Una persona puede calumniar a otra con palabras que no llevan consigo según su faz una imputación calumniosa per se, pero se permite pro-bar por las circunstancias que concurren en el hecho que esa fué, sin embargo, la intención. Por otra parte, una persona puede usar palabras que por sí y no estando explicadas serían calumniosas per se, pero si los hechos y circunstancias que aparecen de la prueba demuestran que no fué el objeto hacer semejante cargo y que no-fueron interpretadas de tal modo por los que las oyeron, entonces no constituyen calumnia. Cuando se demuestra qué tales palabras fueron pronunciadas, esto constituye prima facie una demostración de que el objeto de ellas era hacer la imputación que de las mismas se deduce y si se trata de darles alguna otra significación, debe esta-blecerlo el acusado a menos que aparezca de la misma exposición de los hechos por parte del denunciante. ‘El simplemente llamar la-drón a un hombre es punible, pues imputa un delito grave; pero si aparece que la palabra fué usada como un mero término abusivo y que en realidad ella no envolvía una verdadera imputación de robo, no hay causa de acción. Por consiguiente, al decir el acusado con respecto al denunciante que ‘él es un maldito ladrón y lo mismo lo era el padre antes que él’ y aparecer luego que las palabras fueron pronunciadas en momentos de coraje y en el curso de la conversación referente al hecho de haberse negado el demandante a devolver cierta suma de dinero que había recibido como albacea, Lord Ellenborough ordenó el sobreseimiento de la causa, por el fundamento de que apa-recía claro de toda la conversación que las palabras, según fueron usadas, no imputaban un delito grave. ’ 2 Addison, Torts, Art. 1119; Véase también a Cooley on Torts, 2, 199.”

No apareciendo, pues, que se imputara por la demandada al demandante la comisión de un delito público, cae por su base la acción por el mismo ejercitada.

En tal virtud, debe declararse con lugar el recurso, revo-carse la sentencia apelada, y desestimarse la demanda sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y deses-timada la demanda establecida sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Plutcbison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wolp

license: Public Domain

text:
    Oppenheimer, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la' Pro-piedad de G-uayama denegando la" cancelación de un crédito hipotecario.
    No. 256.
    Resuelto en enero 20, 1916.
    Cancelación de Hipoteca — Crédito Satisfecho Ap Acreedor Antes de 'sir Muerte — Menores Interesados — Corte Competente. — La eancelaeión en.el registro de la propiedad de un crédito hipotecario sobre bienes de un deudor, que se alega satisfecho al acreedor quien falleció sin otorgar la debida escri-tura, cuando hay menores interesados, envuelve un acto de enajenación, ;jr sólo es competente para - autorizar tal cancelación la corte de distrito del lugar donde los bienes radiquen, de acuerdo con la ley No. 33 de 8 de marzo-de 1911. ' :
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. Manuel A. Rivera.

    El registrador recurrido Sr. Rafael Tirado Vender, com-pareció en nombre propio. ..¡
   El Juez Asociado Sr. Wolp

emitió la opinión del tribunal.

o JEn vida de Don-Teodoro Santiago y Rivera era dueño éste de una hipoteca constituida a su favor en garantía de una d,euda de $2,452. La suma de dicho crédito le fue satisfecha p,or los deudores,1 pero el acreedor falleció sin otorgar la de-bida escritura de cancelación. Sus. bienes quedaron bajo ad-. mi¡nistración .y fueron distribuidos, pero alega la recurrente que por un error -involuntario en la escritura de partición' se olvidó hacer mención del hecho de haber sido satisfecha dicha hipoteca. Ponce era el lugar del último domicilio del referido Santiago, habiendo acudido la recurrente a la Corte de Distrito de Ponce en solicitud de autorización para otor-gar la escritura de cancelación a su nombre y en el de su hija, herederas ambas de dicho Santiago: Pué concedido él per-miso y se otorgó la escritura que fué presentada al Registra-dor de la .Propiedad de Gfuayama quien se negó a verificar la inscripción porque la, corte competente para autorizar la cancelación no era la Corte de Distrito de Ponce sino la de .Distrito do (luayama donde estaban situados los bienes.

Los apelantes han presentado argumentos para demostrar •que el acto.para el,cual solicitan permiso es simplemente un ■porro formulismo, y que si las partes hubieran reconocido los derechos del comprador en una escritura de partición otor-gada después del fallecimiento de su causante, hubiera sido ¡suficiente ese reconocimiento con la aprobación de la corte. •;Sin entrar, a discutir los méritos de esta alegación podemos ■decir que lo que los apelantes solicitan envuelve una enaje-nación de bienes de menores y, por tanto, convenimos con el registrador en que la ley aplicable al caso es la No. 33 apro-bada en marzo 8, 1911, la cual prescribe que:

“El ejercicio de la patria potestad no autoriza al padre ni la madre para enajenar o gravar bienes inmuebles de clase alguna, o muebles ■cuyo valor exceda' de quinientos dólares, pertenecientes al hijo, y que éstán bajo la administración de aquéllos, sin previa autorización de la corte de distrito en que los bienes radiquen, previa comprobación ám la-necesidad o utilidad de'la enajenación o el gravamen, y -de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 80, 81 y 82 de la ley refe-rente a procedimientos legales especiales.”

Debe confirmarse la nota.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Wolf

text:
    Martínez, Demandante y Apelante, v. Sucesión Arocena, et al., Demandada y Apelada.
    Apelad]6n procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa sobre otorgamiento de escritura o abono de cantidad por deuda, e indemnización de daños y per-juicios.
    No. 1375.
    Resuelto en enero 20, 1916.

    Demanda Enmendada — Enmiendas a la Demanda — Enmiendas a Moción Pro-pia — Permiso de la Corte — Contestación — Excepciones Previas. ■— De ' acuerdo con el artículo 139 del Código de Enjuiciamiento Civil, que en el presente caso se interpreta, un demandante, a moción propia, puede enmendar su demanda antes de presentada la contestación o excepciones previas y aun después de formuladas éstas, pero no después de dictada resolución sobre dichas excepciones, pues una vez sometida una cuestión de ley, el demandante no puede enmendar su demanda a menos que lo haga con permiso de la corte, el que casi invariablemente se concede, después de declarada con lugar una excepción previa.
    Id. — Enmiendas a la Demanda sin Permiso de la Corte — Documento Inexis-tente. — Si un demandante enmienda su demanda a moción propia -cuando el permiso de la corte es necesario, tal demanda enmendada no tiene existencia legal como alegación y la corte tiene derecho a no considerarla como un docu-mento de los autos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El anelante compareció en nombre propio.
    Abogado de la apelada: Sr. Simón Largó.

       En 28 de enero, 1916, denegada reconsideración.

   El Juez Asociado Sb. Wolf

emitió la opinión del tribunal.

En febrero 17 de 1914, Víctor P. Martínez y González presentó una demanda en la Corte de. Distrito de Aguadilla. Los demandados formularon excepciones previas que fueron declaradas con lugar y en 4 de mayo, 1914, el demandante radicó una demanda enmendada. Después de esto el deman-dante, con permiso de la corte, presentó de nuevo una segun-da demanda enmendada en junio 30, 1914. Los demandados contestaron la segunda demanda enmendada que fué archi-vada en la oficina del secretario en julio 9, 1914.

Deducimos de los autos que, estando entablada la con-troversia entre las partes, el casó fué señalado en el calenda-rio para juicio. En junio 1, 1915, la corte de distrito dictó una resolución en la que exponía que, habiendo el demandante presentado una moción interesando la suspensión del caso por no haber sido notificado del señalamiento, debía trans-ferirse la vista para el día 8 de junio, 1915. De esta resolu-ción transfiriendo el caso, aparece ele los autos que el deman-dante fué debidamente notificado, puesto que en junio 4, 1915, escribió éste una carta al secretario de la corte de distrito solicitando otra suspensión del juicio debido a la demanda enmendada que se acompañó a la comunicación. El secreta-rio archivó debidamente la demanda enmendada. El día señalado para el juicio los demandados por conducto de su abogado comparecieron ante la corte y pidieron a la corte que fuera eliminada la demanda enmendada y se dictara sentencia. La corte accedió a ambas peticiones y el deman-dante interpuso apelación.

La cuestión principal envuelta en esta apelación estriba en la interpretación del artículo 139 del Código de Enjuicia-miento Civil. Este artículo en el texto castellano dice lo siguiente: >

“Cualquier alegación podrá enmendarse, una vez por la parte que la haya presentado sin costas, en cualquier tiempo antes de pre-sentarse la contestación o excepciones previas, o después de éstas y antes de juzgarse la cuestión de derecho planteada por la alegación que ha de enmendarse, etc. etc.”

Un examen descuidado de este artículo del código, según está redactado en, castellano, podría inducir a una parte a creer que tenía derecho a enmendar por su propia moción después de formulada la contestación, debido a la referencia algo ambigua a la palabra éstas, .que podría considerarse como aplicable tanto a las palabras contestación como a las excepciones previas. Sin embargo, gramaticalmente, la pa-labra éstas se refiere estrictamente a las excepciones previas, y esa interpretación también sería la única natural y lógica. Una parte puede enmendar su demanda antes de la contesta-ción o excepciones previas. También puede enmendar su demanda después de formuladas las excepciones previas, pero no después de dictada resolución sobre dichas excepcio-nes. Hasta que la cuestión no haya quedado sometida a la corte el demandante tiene dominio sobre su aleg’ación. Des-pués que una cuestión de ley ha sido sometida a la corte, la enmienda debe hacerse con permiso de la corte, la que casi invariablemente se concede después de declarada con lugar una excepción previa. Pero cualquier duda que exista desa-parece al examinar el texto inglés, el cual es como sigue:

“Any pleading may be amended once by the party of course, and without costs, at- any time before ansiver or demurrer is filed, or after demurrer and before the trial of the issue of law thereon, by filing, etc.”

No puede, por tanto, haber discusión alguna de que nin-gún demandante tiene derecho a presentar una demanda enmendada sin permiso de la corte una vez que la corte ha resuelto sobre la excepción previa. El demandante en este caso aparentemente creyó que después que había radicado dos demandas enmendadas con permiso de la corte al ser de-claradas con lugar las excepciones previas, no había agotado su derecho a enmendar la demanda “por su propia moción.” El texto del artículo 139 excluye esta proposición.

El demandante entonces, no teniendo derecho a enmendar su demanda, la última demanda enmendada que fué enviada al secretario era tanto como un papel sin valor alguno; no tenía existencia legal como alegación y la corte tenía dere-ello a considerarla como nn documento inexistente. Los de-mandados creyeron conveniente pedir sn eliminación de los autos, y si el demandante hubiera considerado oportuno estar presente el día señalado para el juicio la corte le podría haber concedido algún remedio. Sin embargo, aunque fué. notifi-cado de dicho juicio, no compareció a la vista. El apelante alegó que la corte no tenía derecho a señalar el caso para el día 8 de junio a iniciativa propia después de conceder la moción del demandante relativa a la suspensión. Nos incli-namos a creer que la corte tiene tal derecho, pero en este caso aparece además, que el mismo demandante solicitó la suspensión de la vista después de haber sido señalado el caso para juicio, estando o no en debido orden dicho señalamiento. La corte estuvo enteramente justificada en hacer caso omiso de la demanda enmendada y dictar sentencia a favor de los demandados. El demandante todavía pudo haber solicitado ser eximido de los efectos de la. sentencia, aunque no queremos decir que la corte debió haber concedido tal remedio después de haber sido presentadas ya por el demandante una demanda original y dos demandas enmendadas.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.'

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Alclrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sk. AldRey

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ramírez et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    No. 854.
    Resuelto en enero 25, 1916.
    Acometimiento y Agresión — Acusación Suficiente — Imputación de los He-chos. — No necesita mayor especificación una acusación que claramente ex-presa que- el acometimiento y agresión consistió en que los acusados lanzaron piedras contra el agredido y le pegaron con las manos, ya que al imputar a todos, imputa a cada uno de ellos l'a comisión de los hechos. ■ ■
    Acusación — Misdemeanor—Juicio—Corte de Distritos-Corte Municipal — De-recho Sustancial. — El que una acusación por un delito de misdemeanor sea presentada en el tribunal de distrito sin dar oportunidad al acusado para ser juígado originariamente en el tribunal municipal,. no le priva de ningún derecho sustancial. . ,
    Acometimiento t Agresión con Circunstancias Agravantes — Persona Ro-busta — Euekzas Corporales — Ancianos.—El hecho de que algunos de1 los acusados de haber acometido y agredido a un anciano siendo personas robus-tas y de fuerzas corporales, fueran personas débiles y enfermas, no puede servir de base para que no se aprecie esa circunstancia agravante en cuanto a los demás acusados que no se hallaban en ese estado corporal. , .,
    Calificación de los Hechos — -Tribunales—Juicio de los Hechos Formado por los Testigos. — Los tribunales no tiene que calificar los hechos por' el juicm que de ellos formen los testigos,, sino de acuerdo eon la. ley. .
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Manuel Benitez Flores..

    Abogado del apelado: ¡Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sk. AldRey

emitió la opinión del tribunal.

Presentada acusación en el Tribunal de Distrito de San Juan, Sección 2a. contra varias personas por ■ el delito de aco-metimiento y agresión grave porque, siendo personas robus-tas y de fuerzas corporales, acometieron y agredieroi*" al anciano Tomás Eosado tirándole con. piedras y dándole con las manos, fueron condenados los tres apelantes Eafael Eá-mírez, Teodomiro Eamírez y Manuel Eamírez. • ■ A

Como primer señalamiento de error se alega el de haber declarado sin lugar el tribunal inferior la excepción perento ria formulada contra la acusación por no especificar deta-lladamente en qué consistió el acometimiento y agresión-ni, ’a relación de cada uno de los acusados con el supuesto per-judicado.

La acusación claramente expr’esá que el acometimiento y agresión consistió en. que los acusados lanzaron piedras contra Tomás Eosado y le pegaron con las manos y,, pop consi-guiente, al imputar a todos, imputa a cada uno de ellos la comisión de esos hechos, no siendo, por tanto, necesaria mayor especificación.

También alegan como error que la acusación se presentó en el tribunal de distrito sin darles oportunidad para ser juzgados primeramente en el tribunal municipal. Esta cues-tión fué estudiada detenidamente y resuelta en contra de la proposición en el caso de El Pueblo v. Adorno, 17 D. P. R. 1102 y citado en otros posteriores.

El tercer motivo de error se funda en que no quedó pro-bado, que todos los acusados .eran personas robustas y de fuerzas corporales pues existían personas delicadas y enfer-mas como Manuel Silva, que murió poco después y el niño •José Maldonado.

Ninguna de estas dos personas fué' condenada, y, por con-siguiente, .el que ellas dos no fueran robustas y de fuerzas corporales no puede servir de base para que no se aprecie esa agravante en cuanto a las tres personas que fueron con-denadas y que son apelantes, que no se hallaban en el estado corporal de aquellas dos.

Los motivos cuarto y quinto del recurso son que no existió acometimiento y agresión sino el delito de turbar la paz, porque los testigos manifiestan que hubo un tumulto. Nos bastará decir que los tribunales no tienen que calificar los hechos por el juicio que de ellos formen los testigos sino de acuerdo con la ley, y como la prueba demostró que los ape-lantes verificaron actos de acometimiento y agresión contra •el anciano Tomás Bosado, no cometió el tribunal los errores que se le atribuyen.

La sentencia' debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia ápelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciádos Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Iinmacao en cansa por delito de .portar armas.
    No. 914.
    Resuelto en enero 25, 1916.
    Exposición Anterior pob el Mismo Delito (Eoemeb Jeopardy) — Transcrip-ción de Autos — Fundamentos de la Alegación. — Guando lo único que consta en la transcripción de los autos con respecto a la alegación de haber estado expuesto el ajelante por el mismo delito es que se hizo tal alegación, el Tribunal -Supremo está imposibilitado de resolver si la alegación estaba fundada.
    Portar Armas — Revólver—Aceras—Morada.—El hecho de estar un acusado en la acera del frente de su casa teniendo con sigo un revólver con el que hizo algunos disparos, constituye el delito de portar armas, pues la acera no es la morada de una persona.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan B. Euyhe.

    Abogado del apelado: 8r. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldbey

emitió la opinión del tribunal.

Esteban Rivera estableció el presente recurso de apela-ción contra sentencia del Tribunal de Distrito de Hnmacao que en grado de apelación lo condenó por el delito de portar arma de fuego.

El principal fundamento del recurso es que se le condena por un delito por el cual ya fue juzgado otra vez y absuelto.

De la exposición de hechos preparada por la parte ape-lante y aprobada por el juez, inserta en la transcripción de la apelación, sólo consta respecto a este particular que el apelante hizo la siguiente alegación: “que ha sido expuesto' por este mismo hecho, con fecha- 20 de marzo de 1915, ante la corte de distrito; y, además, alegó ser inocente. El acu-sado tomó excepción.”

Como esto es lo único que consta en la transcripción res-pecto de esa alegación estamos impedidos de resolver si es-taha fundada la alegación del apelante. El Pueblo v. Burgos, 17 D. P. R. 1157, y El Pueblo v. Guillies & Woodward, 20 D. P. R. 502.

La prueba contradictoria a que dió crédito el juez demos-tró que en la noche del 11 de octubre de 1914, estando el apelante en la acera del frente de su casa tenía consigo un revólver con el que hizo algunos disparos. Tal hecho cons-tituye el- delito de portar armas por el cual fue condenado-el apelante, pues la acera no es la morada de una persona.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada'la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Peesidente Se. Heenández

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Torres et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en - causa por delito de infracción al artículo 362 del Código Penal.
    No. 950.
    Resuelto en enero 25, 1916.
    Reunión Ilícita — Pelea de Gallos- — Crueldad para con los Animales. — La reunión de varias personas para llevar a efecto peleas de gallos, separándose después sin realizarlas, constituye reunión ilícita dentro del artículo 362 del Código Penal, ya que una pelea de gallos es un acto ilegal, como prohibido, y penado por la sección quinta de la ley para impedir la crueldad para con los animales. ,
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Pedro Gomes Lasserre.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Peesidente Se. Heenández

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un recurso de apelación interpuesto por Angel' B. Torres y otros contra sentencia que en grado de apelación y mediante la celebración de nuevo juicio pronunció la Corte de Distrito de Guayama en 31 de junio de 1915, declarando culpables a los nueve acusados del delito de infracción al artículo 362 del Código Penal e imponiendo a cada uno de ellos la pena de $5 de multa y una novena parte de las costas, o en defecto del pago de la multa un día de cárcel por cada dollar que dejaran de satisfacer.

En la denuncia se imputa a los acusados el beclio de que el día Io. de diciembre de 1914, ilegal, voluntaria y maliciosa-mente se reunieron en el barrio Boca Velázquez de Santa Isabel, del distrito judicial municipal de Salinas que forma parte del distrito judicial de G-uayama, con el propósito deli-berado de llevar a efecto peleas de gallos, que es un acto ilegal, separándose después sin realizar dicho acto ilegal.

La transcripción de autos comprende únicamente copia de la denuncia, de la sentencia y del escrito de apelación, fal-tando escrito de exposición*del caso y pliego de excepciones; pero la representación de los apelantes ba alegado por es-crito y oralmente que los hechos relatados en la denuncia ih> constituyen delito alguno y sólo revelan el propósito de con-seguir de una manera indirecta el castigo de los acusados forzando las palabras del estatuto o sea del artículo 362 del Código Penal, para hacerlas aplicables a hechos que no serían penables con arreglo a las disposiciones de la sección 5a. de la ley para impedir la crueldad con los animales, aprobada en 10 de marzo de 1904, según interpretación que a dicha sec-ción ha dado esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Ramírez, 18 D. P. R. 272.

Los hechos consignados en la denuncia están claramente previstos y castigados en los artículos 362 y 363 del Código Penal que dicen así:

“Art. 362. — Si dos o más personas se reunieren para cometer un acto ilegal, separándose después sin realizarlo, o sin llevar adelante su ejecución, o ejecutaren un acto legal tumultuosa o desordenada-mente, las personas así reunidas constituirán una reunión ilícita.
“Art. 363.- — -Toda persona que tomare parte en un tumulto p reunión ilícita, incurrirá en misdemeanor.”

Una pelea de gallos es an acto ilegal, como prohibido y penado por la sección 5a. de la ley para impedir la crueldad con los animales, y, por tanto, la reunión de varias personas para llevar a efecto peleas de gallos, separándose después sin realizarlas, cae bajo el artículo 362 ya transcrito del Có-digo Penal.

No se expresa en la denuncia que todos los acusados o .algunos de ellos habían de ser meros espectadores de las peleas de gallos y por tanto nuestra decisión en el caso de El Pueblo v. Ramírez no es de aplicación al presente.

Si los acusados hubieran probado en el juicio que habían de ser meros espectadores de las peleas de gallos, les favo-recería la decisión indicada; pero ignoramos, por falta de' escrito de exposición del caso, si suministraron o no esa prueba, y por tanto tenemos que aceptar que se reunieron para llevar a efecto peleas de gallos, según se afirma en la denuncia y se decide en la sentencia, y no para ser meros espectadores de ellas.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey

text:
    M. Grau é Hijos, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador Interino de la Propiedad de San Germán, denegando la inscripción de una escritura sobre reconocimiento de deuda y cons-titución de hipoteca.
    No. 258.
    Resuelto en enero 25, 1916.
    Instrumentos Públicos — Parientes en Cuarto Grado Civil — Contratos Nu-los — Disposiciones a Pavor de los Parientes del Notario Autorizante.— No es nulo un contrato otorgado ante notario, por ser éste pariente en cuarto grado civil de uno de los contratantes, pero no producirán efecto las dispo-sieiones a favor de los parientes del notario que autorizó el instrumento en que se hicieron.
    Id. — Copias de Documentos Autorizados por Notarios Sustitutos. — No hay disposición iegal que impida al notario sustituido librar copias de los docu-mentos otorgados en su protocolo por su sustituto.
    Id. — Testigos Instrumentales — Edad de los Testigos. — La sección 10 de la ley sólo exije respecto a los testigos, que se consignen sus nombres y vecindad,, no constituyendo defecto alguno la falta de expresar en el documento la edad de los testigos.
    Id. — Sello de Rentas Internas — Cancelación del Mismo en la Escritura.— La ley No. 34 de 1912 no impone otro deber con respecto al sello de un dólar cuyo pago establece para los documentos notariales que no se otorgaren en asuntos oficiales, que el de fijarlo y cancelarlo, y el castigo de $100 de multa para el notario que faltase a ose deber; pero esa ley ni ninguna otra dispone que en las copias que se libren de los documentos se haga constar que el sello se fijó y se canceló y por tanto, el no consignarse el hecho de la cancelación no constituye defecto alguno.
    Id. — Parte del Documento — Impuesto—Palta de Hacer Constar en la Copia el Hecho de la Cancelación del Sello. — El sello de rentas internas no es una parte del documento, sino la constancia de haberse satisfecho el impuesto,, y aunque en la copia no se haga constar que el sello se fijó y canceló, no por eso dejará de ser un traslado literal del documento que otorgaron las partes, ni incurre en responsabilidad el registrador por inscribir un docu-mento en que el notario-no cumpla, o no aparezca que cumplió, con esa ley, porque solamente le alcanza cuando inscriba sin fijar y cancelar el sello que deba pagarse por la inscripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Angel A. Vázquez.

    El registrador recurrido Sr. Francisco Socorro, compare-ció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey

emitió la opinión del tribunal.

Ante el notario Don Juan Quintero González, actuando-como sustituto de su compañero Don Mariano Riera Palmer por ser éste.sobrino carnal de Don Juan María Palmer Iri-zarri, otorgó el ultimo escritura reconociendo deber cierta cantidad a la Sociedad M. Gran e Hijos y constituyendo hipo-teca a su favor. Expedida copia de ella por el notario Sr. Riera Palmer el Registrador Sustituto de la Propiedad de San Germán se negó a inscribirla por los siguientes defectos, insubsanables:

1. Porque la sustitución del notario Sr. Quintero en el protocolo del Sr. Riera Palmer en nada desvirtúa la perso-nalidad de éste.

2. Porque la copia de la escritura está librada por el Sr. Riera Palmer, sobrino de uno de los otorgantes.

Además, encontró en el documento los siguientes defectos subsanables:

(a) Que no se expresa en él la edad de los testigos;

(b) Que en la copia presentada no se bace constar si se canceló un sello de rentas internas.

Contra esa resolución interpusieron los Sres. M. G-rau e Hijos el presente recurso gubernativo con súplica de que la revoquemos y ordenemos la inscripción del documento sin los defectos que consigna el registrador.

En apoyo del primer defecto insubsanable alega el regis-trador que la 'sustitución del Sr. Quintero en nada desvirtúa la personalidad del Sr. Riera Palmer y que no pudiendo éste otorgar el documento por ser pariente en cuarto grado civil de uno de los contratantes tampoco pudo otorgarla el susti-tuto porque las prohibiciones impuestas al sustituido alcanzan al sustituto según se declaró en la resolución de la Dirección de los Registros de España de 28 de diciembre de 1883.

Aun aceptando como buena esa resolución, única que existe sobre el particular, y aun admitiendo que el Sr. Riera Palmer hubiera otorgado el contrato de su pariente, no sería nulo el documento porque la sección 20 de la ley que declara cuáles contratos son' nulos no lo comprende y la única sanción que le impone la sección 21 es la de que no producirán efecto las disposiciones a favor de los parientes del notario que autorizó el instrumento en que se hicieron. Dichas secciones dicen así:

“Sección 20.- — -Serán nuios los instrumentos públicos:
“Io. En que haya intervenido como parte el notario que los auto-rice, o contengan alguna disposición a favor de éste.
“2o. En que sean testigos los parientes de las partes en ellos interesadas, o los parientes, escribientes - o criados del notario auto-rizante.
“3o. En qne el notario no certifique sobre el conocimiento de los otorgantes, o no supla esta diligencia con testigos de conocimiento, o en que no aparezcan las firmas de las partes y testigos cuando deban hacerlo, y la firma, signo y rúbrica del notario.
“Sección 21. — No producirán efectos las disposiciones a favor de los parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del que autorizó como notario el instrumento en que se hicieron.”

En el caso presente no hay disposición alguna a favor del Sr. Palmer Irizarri pues lo que se impone por el contrato son obligaciones ya que reconoce deuda y grava sus bienes para su pago y, por tanto, ni existe nulidad en el documento ni disposiciones que no produzcan efecto y el documento no adolece del defecto insubsanable consignado por el registra-dor. Resolución de la Dirección de los Registros de España de 27 de enero de 1877.

El segundo defecto insubsanable lo encuentra justificado el registrador en precepto del Reglamento para la Ley Notarial que rigió basta 1906. Sin embargo, la sección 41 de la. ley vigente derogó expresamente dicho reglamento y, por tanto, no podemos tenerlo en cuenta para resolver la cuestión pro-puesta. Según la sección 23 de la ley de 1906 las copias de los documentos serán libradas por el notario ante quien se otorgó o por el que tenga legalmente a su cargo el protocolo, por cuyo motivo estando otorgado el documento en el pro-tocolo del Sr. Riera Palmer y en nombre suyo pór su sustituto pudo aquel librar la copia que se presentó en el registro pues no hay precepto alguno en nuestra ley que disponga que el notario sustituido no pueda librar copias de los documentos que otro otorgó por él. Además, la incapacidad a que se refiere la sección 8a. es sólo para otorgar documentos y no para librar copias de ellos que son sencillamente un traslado literal del documento con la certificación de ser exacto, por lo que es inscribible la copia que se presentó en el registró de la propiedad.

En cnanto al defecto subsanable de no expresarse en el documento la edad de los testigos, si bien' la sección 13 de la ley notarial dispone qne ninguna escritura pública, salvo lo que dispone para casos especiales, o sea en la sección 22 para los testamentos y demás disposiciones mortis causa, podrá ser autorizada sin la presencia de dos testigos y que no podrán ser tales los que no sepan firmar, los parientes, escribientes o criados del notario autorizante ni los parientes de las partes interesadas, dentro del cuarto grado civil o segundo de afinidad, la sección 10 sólo exige respecto de ellos que se consignen sus nombres y vecindad y no existe precepto alguno que disponga se baga constar la idoneidad de los tes-tigos por lo que la falta de esta circunstancia no constituye defecto alguno. Resoluciones de la Dirección de los Regis-tros de España de 23 de octubre y 5 de diciembre de 1903, 5 de febrero y 20 de julio de 1904.

El último motivo del recurso versa sobre si constituye o nó defecto subsanable que en la copia presentada para ins-cripción no se consigne que en el documento original se can-celó el sello de Rentas Internas que ordena fijar y cancelar la ley No. 34 del año 1912.

Sostiene el registrador recurrido que esta cuestión fué resuelta por nosotros en el caso de González v. El Registrador de Arecibo, 19 D. P. R. 1067, y si-bien en ese caso por falta de expresarse si se babía cancelado dicbo sello el registrador devolvió el documento sin extender en él operación alguna, lo que resolvió el tribunal fué que el registrador tenía el deber de calificar el documento e inscribirlo o negar su inscripción pero no de devolverlo sin extender operación alguna. Enton-ces creimos que no debíamos resolver sino esa cuestión y si bien se insinuó que la falta de expresión en la copia de la es-critura de haberse cancelado el sello en el original constituiría un defecto subsanable, sin embargo también dijimos que acaso tuviera razón el recurrente al sostener los motivos del recurso’ pero que no podíamos examinarlos ínterin no se sometiera a nuestra consideración nna resolnción del registrador dene-gando en absoluto la inscripción o concediéndola’ con defecto snbsanable. Por consiguiente aquel caso no puede citarse en apoyo de la calificación del registrador.

La expresada ley No. 34 de 1912 no impone otro deber con respecto al sello de un dólar cuyo pago establece para los documentos notariales, que no se otorguen en asuntos oficia-les, que el de fijarlo y cancelarlo y el castigo de cien pesos de multa para el notario que faltase a ese deber. Igual obli-gación y corrección se establece para los registradores por las inscripciones que bagan sin fijar y cancelar otro sello del mismo precio, pero ni esa ley ni ninguna otra dispone que en las copias que se libren del documento se baga constar que el sello se fijó y canceló y por tanto el no consignarse el becbo de la cancelación no constituye defecto alguno. . Es cierto que la copia que libran los notarios debe s,er un tra^i lado literal del documento según dispone la sección 23, pero como el sello de rentas a que hacemos referencia no es una parte del documento sino la constancia de haberse satisfecho el impuesto, aunque en la copia no se baga constar que-el sello se fijó y canceló no por eso dejará de ser un traslado literal del documento 'que otorgaron las partes, ni incurre en res-ponsabilidad el registrador por inscribir un documento en que el notario no cumplió, o no aparezca que cumplió, con esa ley porque solamente le alcanza cuando inscribe sin fijar y cancelar el sello que debe pagarse por la inscripción.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscrip-ción del documento sin defectos insubsanables ni subsanables.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    Laguna et al., Peticionarios y Apelados, v. Quiñones, Juez Municipal, Demandado, y Trujillo, Interventor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponco en nn recurso de certiorari.

    No. 1386.
    Resuelto en enero 25, 1916.
    Exención de Ejecución — Herramientas o Instrumentos de Mecánicos — Bar-beros; — Los efectos y enseres que ordinariamente se encuentran en una bar-bería necesarios para el oficio de. barbero, estando éste considerado como un mecánico para ese fin, están exentos de ejecución de acuerdo con el artículo 249 del Código de Enjuiciamiento Civil, siempre que el valor de los mismos no exceda de $300.
    Id. — Interpretación de Estatutos. — Los estatutos que eximen de ejecución la propiedad mueble son reparadores por su naturaleza; su objeto es proteger ' al deudor y proporcionarle el medio de continuar su oficio y ganar así su subsistencia y la de su familia; y es regla general que deben ser interpre-tados liberalmente.
    Id. — Herramientas e Instrumentos — Limitación de la Exención — Operarios y Aprendices. — La exención no está limitada meramente a las- herramientas e instrumentos utilizados por el deudor en su oficio u ocupación, sino también a los usados por sus operarios y aprendices.
    Id. — Duplicación de las Herramientas.e Instrumentos. — La mera duplicación de las herramientas e instrumentos si son -de naturaleza útil, necesaria y . corriente en el' oficio u ocupación del deudor, no les priva dél carácter que tienen de objetos que deben quedar exentos, a menos que su valor exceda do la suma de $300 fijada por el estatuto. *
    Id. — Ejecución de Sentencias — Embargo—Aseguramiento de la Sentencia.— El artículo 249 del Código de Enjuiciamiento Civil es aplicable tanto a la ejecución de sentencias como a los embargos para asegurar la efectividad de las mismas.
    ■Id. — Cobro del Valor o Precio de las Herramientas. — Cuando la acción no se establece para cobrar el valor o precio, o el imp&rte de una hipoteca sobre los bienes embargados, sino por una obligación contraída con fiadores para ser éstos reembolsados del dinero tomado a préstamo que el deudor eligió emplear en herramientas o instrumentos de su oficio, no es de aplicación el párrafo 12 del artículo 249 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Id. — Levantamiento de Embargo — Personas Autorizadas. — El hecho de que el levantamiento de un embargo se haga por un submárshal de una corte de dis-trito y no por el marshal de la corte municipal donde estaba pendiente el procedimiento’, es inmaterial, y no infringe el procedimiento cuando dicho embargo es disuelto y tiene eficacia --legal inmediatamente y el deudor ad- ( quiere un verdadero derecho sobre los efectos embargados.
    Certiorari — Exención de Propiedad — Apreciación de las Pruebas — Procedi-mientos — Jurisprudencia.—No procede el auto de certiorari para revisar la resolución de una corte declarando exenta cierta propiedad del deudor, cuando en apoyo de la solicitud la corte oyó la prueba presentada y resolvió la cuestión ya debida o indebidamente sin infringir ninguna regla de procedi-miento o jurisdicción.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogado del interventor apelante: i Sr. Vicente Zayas bizarro.

    Abogado de los peticionarios apelados: Sr. R. Martínez Nadal.

    El Juez demandado no compareció.
   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Temístocles W. Laguna y Eafael Torres endosaron o ga-rantizaron un vale a favor del deudor Autopio Trujillo por la suma de $300. El referido Trujillo tizo descontar dicto vale en el Banco de Ponce, e invirtió su producto en la com-pra de una barbería. Prometió pagar la deuda a los deman-dantes en plazos mensuales, pero no satisfizo ninguna parte de la misma y estando obligados los fiadores a pagar al banco establecieron una acción en la Corte Municipal de Ponce contra Trujillo en cobro de dieta cantidad. Para asegurar la efectividad de la sentencia los referidos fiadores embargaron un número de herramientas e instrumentos usados y em-pleados por el demandado en su barbería. El demandado presentó una moción para que se dejara sin efecto el embargo por el fundamento de que los efectos embargados es-taban exentos de embargo y ejecución, por ser herramientas e instrumentos necesarios para el oficio del deudor.

La Corte Municipal de Ponce celebró una vista sobre la moción en cuyo acto cada una de las partes presentó su prueba, habiendo dictado la corte resolución a favor del deu-dor demandado. Entonces ios demandantes en esa corte for-mularon una solicitud de certiorari en la Corte de Distrito de Ponce, alegando sustancialmente los techos anteriores y además el techo de haber sido levantado el embargo por una persona que no era el marshal de la referida corte municipal. El apelante Trujillo formuló excepción previa y contestó.

Creemos, que la excepción previa basada en que la peti-ción no aducía un fundamento, para la expedición del. cer-tiorari estuvo bien formulada, pero se celebró un juicio ante la corte de distrito habiendo sido anulada la acción tomada por la corte municipal al .dejar sin efecto el embargo.. Como creemos que los méritos de la aleg’ación están a favor del deudor, discutiremos las cuestiones que han sido planteadas, siguiendo algo el orden de su importancia.

Los efectos embargados eran espejos, sillas, tijeras, aba-nicos, maquinillas de cortar pelo, cepillos,- lámparas, mesas, escritorios, toallas, instalación eléctrica y algunos otros ob-jetos, todos de las clases y especies que ordinariamente se encuentran en una barbería. La alegación referente a la exención estaba fundada en el artículo 249 del Código de En-juiciamiento Civil, el cual prescribe lo siguiente:

“Además del homestead, declarado exento por la Ley del Homestead, lo estarán asimismo de una orden de ejecución, los bienes que a continuación se mencionan, pertenecientes a cualquiera persona que en realidad resida en esta isla, salvo lo que especialmente dispusiere en contrario esta ley:
* * #■ # * ■ * #
“4. Las herramientas o instrumentos de un mecánico o artesano, necesarias para su oficio, cuyo valor no excediere de $300, trescientos dólares; * *

El valor de los bienes embargados fué reconocido que ei’a menor de $300.

En este caso no parece haber cuestión alguna de que los efectos embargados eran de la especie y clase tenidos gene-ralmente como herramientas e instrumentos necesarios para el oficio de barbero, siendo considerado éste como un mecá-nico para este fin, parecer que está sostenido por las auto-ridades que luego citaremos; y se discute'también la cues-tión en la nota monográfica al caso de Kilburn v. Demming, 21 Am. Dec. 553. Terry v. McDaniel, 46 L. R. A. 561; Spence v. Smith, 121 Cal. 536. La corte de distrito no obs-tante, basó su resolución en el becbo de que algunos de los efectos que el deudor alegó como necesariamente exentos,, estaban duplicados o triplicados o en exceso; que el deudor podía desempeñarse con uno de cada clase, y, por tanto, que la corte municipal cometió error en 'dejar completamente sin efecto y disolver el embargo.

Se resolvió por la Corte Suprema de California en el caso de In re Estate of L. McManus, 87 Cal. 292, 10 L. R. A. 567, que los estatutos que eximen a la propiedad mueble de ejecución por venta obligatoria son reparadores por natu-raleza y el objeto de los mismos es claramente proteger al deudor, proporcionarle ‘ el medio de continuar su oficio y ganar así su subsistencia y la de su familia. La regla general abora es que tales estatutos deben ser interpretados en sentido liberal para llevar a efecto el propósito humanitario que tuvo en cuenta el legislador. No solamente se da a los estatutos una interpretación liberal, sino que se ba declarado que las palabras “herramientas e instrumentos” son apli-cables a efectos que estarían excluidos por una estricta in-terpretación técnica. En el caso citado la corte examina los casos anteriores para establecer la clase de cosas que esta-rían exentas. Revisando las autoridades, en Massachusetts, por ejemplo, Woods v. Keyes, 96 Mass. 236, vemos que un reloj de pared, una estufa, una cortina, un jarro y un cubre-mesa usados y necesarios en el negocio de una modista fueron considerados como comprendidos en las herramientas, ins-trumentos y dependencias; e incidentalmente se dijo en dicho caso que una silla de barbero estaba excluida como utensilio. Allen v. Thompson, 45 Vt. 472. La idea de dar una inter-pretación liberal a los estatutos sobre exenciones ha sido ob-servada generalmente. Terry v. McDaniel, 53 S. W. 732; 46 L. R. A. 559; Smith v. McBryde et al., 173 S. W. 234; Kirksey v. Rowe, 114 Ga. 893, 88 Am. St. Rep. 65; Nelson v. Fightmaster, 4 Oklahoma 38, In re Petersen, 95 Fed. 418; In re Hindman, 104 Fed. 333, y algunos de los precedentes casos hacen referencia con aprobación al caso de In re Estate of McManus, supra.

De conformidad con esta práctica liberal las cortes no lian limitado al deudor a las meras herramientas qne él pu-diera usar, sino también a las usadas por su operario y apren-dices. En uno de los primeros casos, el de Dowling v. Clark, 85 Mass. 570, quedaron exentas las herramientas cuando se usaban por la persona empleada por el deudor y no por el deudor mismo.

En el caso de Daniels v. Hayward, 5 Allen, 43 Am. Dec. 731, la corte expresa que sería una interpretación demasiado restringida de un estatuto humanitario y benéfico privar a los artesanos, cuyas ocupaciones apenas si pueden llevarlas adelante en absoluto y mucho menos con resultado provechoso sin la ayuda y auxilio de operarios y aprendices, de los me-dios necesarios para su ocupación, y en el referido caso se resuelve que la exención no está limitada necesariamente a las herramientas usadas por el artesano con sus propias manos.

En el caso de Howard v. Williams, 19 Mass. 80, la Corte se expresó en los términos siguientes:

“La exención no está limitada meramente a las herramientas usadas por los artesanos con sus propias manos, sino qne comprende aquellas que por su naturaleza y cuantía son necesarias para que pueda seguir su debido negocio en una forma conveniente y ordi-naria; * *

Otros casos en igual sentido general son los de In re Slade’s Estate, 122 Cal. 434, 55 Pac. 158; Smith v. McBryde et al. 173 S. W. 234; y otros que han sido agrupados en la nota monográfica al caso de Reeves v. Bascue, 123 Am. St. Rep. 141.

Fore et al. v. Cooper, 34 S. W. 341, fué un caso en el cual un barbero experto empleó a otro para ayudarle en su bar-bería en la marcha de su oficio o profesión y en cuyo caso el márshal había embargado sillas de barbero, espejos y mesas, y la corte resolvió que toda la propiedad embargada es-taba exenta.

Creemos que la única cuestión que ha de considerarse en un caso como el presente es si los bienes embargados eran útiles* convenientes y asnales al oficio de barbero, y, por tanto, ne-cesarios; y si siendo todas las herramientas e instrumentos del deudor, los efectos embargados tienen un valor menor, al de $300 fijado por el estatuto. Es evidente que si el deudor-hubiera preferido emplear el dinero para herramientas e instrumentos en la compra de uno o dos objetos fijos de un: valor aproximado de $300, estaría protegido. Si en vez de hacer esto pretende ganar más dinero aumentando el número de sus instrumentos y herramientas para otros empleados* ■ no puede decirse al alegar la exención que infringe con ellor la letra o el espíritu del estatuto. La mera duplicación de los objetos si son de la naturaleza útil y necesaria corriente, en el oficio de barbero, no les priva del carácter que tienen, de objetos que deben quedar exentos, a menos que exceda, de la suma fijada por el estatuto. En este caso la Corte-Municipal de Ponce oyó la prueba y resolvió la cuestión de, si eran útiles y necesarios al oficio del deudor en favor de. este último.

Los apelados sostienen que el artículo 249 del Código de Enjuiciamiento Civil es por sus términos aplicable solamente, a las ejecuciones y no a embargos para asegurar la efecti-vidad de la sentencia. Esta sería una interpretación muy restringida y en oposición al deseo aparente de la legislar, tura de que el deudor debe estar, protegido en su oficio hasta una suma de $300, valor de sus herramientas e instrumentos. El título mismo de la ley sobre aseguramiento de sentencia^ parece contradecir esta alegación. El embargo es una -segur ridad para la sentencia que jjuede hacerse efectivo solamente, por ejecución después de la sentencia. El embargo es eficazj solamente por la suma de la .sentencia y el marshal ejecqtp la sentencia cnando la satisface con el producto de los efectos ya embargados. Cnando el márshal fné a ejecutar, el deudor muy bien podría alegar que los efectos embargados estaban exentos, y si entonces puede hacerlo, no vemos razón por la cual no lo hiciera inmediatamente como sucedió en este caso.

Los apelados también.presentan la teoría de que esta pro-piedad embargada no estaba exenta, por razón de ser la deuda dinero debido por la compra de la propiedad que se alega como exenta. . El párrafo 12 del. artículo 249, prescribe lo siguiente:

* *. Ninguno de los objetos o clase de bienes mencionados en este artículo, está exento de orden de ejecución librada en virtud de sentencia, para el cobro de valor, precio, o del importe de una hipoteca sobre dichos bienes.”

Esta acción no fué establecida para recobrar el precio de compra de los efectos embargados, sino por una'obliga-ción contraída con los fiadores para ser éstos reembolsados por dinero adelantado que el deudor eligió emplearlo en una barbería. Queda el hecho de que la obligación es por dinero tomado prestado en el banco y que los fiadores tuvieron que pagar. La teoría del estatuto es evidentemente que el deudor no debe comprar efectos de un comerciante con el fin de dedi-carse a un negocio y luego negarse a hacer el pago de los mismos artículos comprados Además, los autos nada dicen de que los $300, o alguna parte de dicha suma fuera empleada én la compra de los efectos que precisamente fueron embar-gados por el márshal.

Los apelados también alegan que el levantamiento del embargo fué ilegal porque el funcionario que cumplimentó la orden de la corte municipal era un submársbal de la corte de distrito y no un márshal de la corte municipal. Mientras existiera la> orden de la corte disolviendo el embargo no nos parece que establece mucha diferencia quién fué el que notifies®,a la persona a quien se dejaron los.efectos bajo custodia. El embargo fue clisuelto por la orden de la corte y tuvo efi-cacia legal inmediatamente. El deudor adquirió, por tanto, un verdadero derecho sobre- los efectos embargados, salvo las cuestiones de apelación. No hubo infracción alguna del procedimiento.

Tal vez si la cuestión más fundamental en este caso, si no lá más importante y de interés general, es si las varias ale-gaciones promovidas en este caso respecto a la exención de esta propiedad de ejecución podían ser consideradas en un procedimiento de certiorari. Se presentó una solicitud para que se dejara sin efecto el embargo. La corte consideró dicha solicitud, oyó la prueba presentada en apoyo de la misma, y resolvió la cuestión a favor del deudor. La misma resolución de la Corte de Distrito de Ponce hubiera dejado parte de la propiedad embargada en poder del deudor por estar exenta. La apreciación que, ya debida o indebida-mente, hiciera la corte de la prueba, si bien envuelve una cuestión de ley, no infringió ninguna regla de procedimiento o jurisdicción, y, por tanto, de acuerdo con nuestras deci-siones,, el auto de certiorari no procedía.

También se alega por los apelantes que en la fecha en que fué expedido el auto de certiorari ya había sido ejecu-tada la sentencia y, por tanto, que el auto no procedía. Hay quizás mérito en esta alegación, pero como el auto de cer-tiorari debe ser anulado por otros varios motivos, no vemos razón alguna para discutir esta cuestión adicional.

Debe revocarse la sentencia y anularse el auto de cer-tiorari expedido por la corte de distrito.

Revocada la sentencia apelada y anulado el auto de certiorari expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez PResidente Se. HeRNÁndez,

text:
    The Plantations Company, Demandante y Apelada, v. Smith, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan,. Sección Ia., en cansa sobre tercería de bienes inmuebles.
    No. 1175.
    Resuelto en enero 26, 1916.
    Bienes Inmuebles — Enajenación de Bienes Inmuebles Radicados en Puerto' Rico. — Cuando se trata de bienes inmuebles situados^ en Puerto Rico, cual-quier acto de enajenación de los mismos debe regularse por las leyes de la isla relativas a la propiedad inmueble.
    Id. — Dueños en Común y Proindiviso — Enajenación de Participaciones.' — Los-dueños en común de una propiedad están autorizados para traspasar sus par-ticipaciones indivisas en la- misma con arreglo al artículo 406 del Código Civil. Sociedades — Derechos de un Socio — Derechos de la Sociedad. — Los preceptos del Código de Comercio o del Código Civil que fijan ciertos límites sobre ios derechos de un socio no pueden tener aplicación a un caso en que no están envueltos los derechos de la sociedad.
    Compraventa — Dueños en Común y Proindiviso — Porciones Dominicales. — En el presente caso se alegó que el título de venta de la propiedad adolecía de nulidad por no haber intervenido uno de los condueños o su sucesión, y se resolvió: Que tal vicio podría afectar únicamente a la parte que de la pro-piedad vendida pertenecía al condueño muerto pero no a las porciones domi-nicales de los demás condueños, cuya capacidad para vender no era dudosa.
    Id. — Capacidad del Vendedor — Estoppel—Acreedor del Vendedor. — Cuando al-guno de los condueños enajena a favor de un tercero cuantos derechos tiene sobre la propiedad, él no puede ir en contra de sus propios actos impugnando-el título de venta por falta de capacidad suya, estando también impedido de hacer tal impugnación un acreedor del vendedor, cuando no se ha probado-un traspaso fraudulento.
    Embargo — Condueño no Demandado. — Cuando un condueño o su sucesión no ha sido demandado en el juicio que originó la tercería, no puede afectarle un embargo practicado sobre propiedad suya en ese juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Frank Antonscmti.

    Abog'ado de la apelada: Sr. José E. Benedicto.

   El Juez PResidente Se. HeRNÁndez,

emitió la opinión del tribunal. "

Con fecha 3 de enero de 1913 Marks Smith estableció una demanda en cobro de dinero ante la Corte de Distrito de San Juan contra Morris Levi y Alexander Blumensteil,. individualmente y como consocios de la firma Lévi, Blumerj-: steil & Company. No se hizo parte en el juicio a la sucesiól de Jacob Levi, fallecido en 22 de agosto de 1906, el cual con Alexander Blnmensteil y Morris Levi constituían una socie-dad mercantil domiciliada en New York qne bacía negocios bajo la firma de Levi, Blnmensteil & Company.

Marks Smith ejercitó sn acción como acreedor de la men-cionada firma, a pesar de qne sólo interpuso la demanda contra Morris Levi y Alexander Blnmensteil.

Para asegurar.la efectividad de la sentencia qne recayera en el jnicio embargó el márshal por orden de la corte nna finca urbana qne se describe en la demanda radicada en la cindad de Cagnas, como de la propiedad exclusiva de la firma Levi, Blnmensteil & Company, cuyo embargo fue anotado en el registro de la propiedad.

La demandante, Tbe Plantations Company, corporación organizada bajo las leyes del Estado de Delaware, autorizada para hacer negocios en esta isla, promovió el presente juicio de tercería contra Marks Smith y Morris Levi y Alexander Blnmensteil, contra los dos últimos individualmente y en cali-dad de consocios de la firma Levi, Blumensteil & Company, para obtener la nulidad del embargo y de su anotación en el registro de la propiedad, alegando como fundamento de su acción que la casa embargada es de la propiedad de la de-mandante por haberla adquirido en 10 de enero de 1913 por compra a Jacob N. Baer, quien la hubo' en. 9 de enero citado-de George E. Shaw por igual título, habiéndola adquirida éste en 4 de noviembre de 1910 por compra a The American West Indies Trading Co., cuya corporación la había adqui-rido también por título de compra en 11 de febrero de 1909 mediante escritura otorgada a su favor por Alexander Blu-mensteil, Morris Levi y su. esposa, y Morris Levi como alba-cea del difunto Jacob Levi.

Celebrado el juicio, en que sólo-propuso pruebas la parte demandante, la corte dictó sentencia en 29 de mayo de 1914, por la que declaró nulo y sin ningún valor el embargo sobre la casa y ordena su cancelación en el registro de la propiedad, a cuyo efecto se expedirán los correspondientes mandamien-tos, con las costas, gastos y honorarios de abogado a cargo de la parte demandada.

Contra esa sentencia interpuso el demandado Marks Smith recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

'Alega la parte apelante como razón fundamental de su recurso que la escritura de 11 de febrero de 1909 de la que deriva su derecho a virtud de traspasos sucesivos la parte demandante, es nula e inexistente por no haber intervenido en ella los herederos de Jacob Levi, debiendo, por tanto, afec-tar esa misma nulidad e inexistencia al título que alega la demandante como fundamento de su tercería.

Opinamos que el título de dominio invocado por The Plantations Company es bastante a los fines que pretende.

Siendo inmueble la propiedad de que se trata y estando situada en Puerto Eico, cualquier acto de enajenación de la misma debe regularse por las leyes de esta isla relativas a la propiedad inmueble, aplicando la doctrina que establecimos al resolver el caso de Colón v. El Registrador de Aguadilla, 22 D. P. R. 369.

Admite Marks Smith en su contestación a la demanda que a la muerte de Jacob Levi, en 22 de agosto de 1906, la casa objeto de la tercería era poseída según escritura debidamente inscrita en el Eegistro de la Propiedad de Caguas por Jacob Levi, Alexander Blumensteil y Morris Levi conjuntamente como socios de la firma Levi, Blumensteil & Company, y que a la muerte de Jacob Levi su interés en dicha propiedad des-cendió a sus herederos legales.

Como se ve, la adquisición de la propiedad se -hizo por Jacob Levi, Alexander Blumensteil y Morris Levi, viniendo los tres a ser dueños en común de dicha propiedad, y como tales dueños estaban autorizados para traspasar sus parti-cipaciones indivisas con arreglo al artículo 406 del Código Civil.

No dudamos que con la escritura de febrero 11, 1909, se intentó traspasar el derecho todo de la sociedad; pero como propiamente lo que Jacob Levi, Alexander Blumensteil y Morris Levi Rabian adquirido en Puerto Rico era nn con-dominio sobre la casa, aquella escritura era eficaz al menos para traspasar las porciones indivisas de Alexander Blumen-steil y Morris Levi.

Los preceptos del Código de Comercio o del Código Civil qne fijan ciertos límites sobre los derechos de nn socio no pue-den tener aplicación a nn caso en qne no están envueltos los derechos de la sociedad. La adquisición de propiedad de la casa se Rizo por'Jacob Levi, Alexander Blumensteil y Morris Levi.

En el caso de Egberts v. Wood, 3 Paige Ch. 517, 21 Am. Dec. 243, en el cual aparecía que uno de los socios traspasó todo el activo de la sociedad, se resolvió que de todos modos el traspaso era válido en cuanto al derecho o mitad del socio que Rizo el traspaso.

Si el título alegado por la demandante adolece de algún vicio de .nulidad por no haber intervenido Jacob Levi o sn sucesión en el título de The American West Indies Trading Company, tal vicio afectaría en su caso a la parte que de la casa vendida pertenecía al difunto Levi, pero no a las por-ciones dominicales de Alexander Blumensteil y Morris Levi, cuya capacidad para vender no es dudosa.

Los derechos de condominio que Morris Levi y Alexander Blumensteil tenían en la casa de que se trata fueron traspa-sados válidamente a The American West Indies Trading Company, y en virtud de subsiguientes traspasos esos dere-chos pertenecen hoy a la demandante The Plantations Company, que no es deudora de Marks Smith, y por tanto no puede responder con bienes propios al cumplimiento de una obligación que no'ha contraído.

Admite el apelante que si la casa estuviera situada en el Estado de New York, la venta hecha a la American AYest Indies Trading Company hubiera sido eficaz para traspasar el derecho tanto de la firma Levi, Blumensteil & Company como de sus socios individualmente, y el hecho de haber enta-blado Marks Smith su demanda de cobro de dinero contra Morris Levi y Alexander Blumensteil prescindiendo del otro socio difunto Jacob Levi, parece indicar que actuaba bajo la teoría consignada en el tomo 18 de Cyc., página 189, de que el título legal a los bienes pertenecientes a una sociedad pasa al socio o socios sobrevivientes, quienes solamente pueden ser considerados como encargados de acuerdo con la ley, de las deudas de la sociedad, y con derecho a realizar el activo de ella, y. quienes al menos que las cláusulas de la escritura social dispongan otra cosa están revestidos del derecho exclu-sivo al activo de la sociedad y manejo dél mismo con el objeto de terminar los negocios y distribuir el sobránte que pueda quedar.

No nos toca considerar 'y decidir en el presente caso si la eficacia legal de la escritura de 11 de febrero de 1909 podría sostenerse no sólo en cuanto a Alexander Blumensteil y Morris Levi, sino también respecto del difunto Jacob Levi, pues la acción de cobro no se ha dirigido contra sus herederos, ni éstos se han traído como partes al presente juicio de ter-cería. Además, nos falta base para discutir esa cuestión legal por ignorar las cláusulas de la escritura de constitución de la sociedad Levi, Blumensteil & Company, que como prueba no ha venido a los autos, pero en mérito de las razones expues-tas podemos llegar y llegamos a la • conclusión legal de que la repetida escritura de 11 de febrero de 1909 es válida y eficaz en derecho respecto de Alexander Blumensteil y Morris Levi, que son los demandados, y no los herederos de Jacob Levi, tanto en el juicio sobre cobro de dinero como en el pre-sente de tercería.

A la misma conclusión podemos llegar si tomamos en con-sideración los principios relativos al estoppel.

Alexander Blumensteil y Morris Levi enajenaron a favor de The American West Indies Trading Company cuantos derechos tenían sobre la casa de que se trata. Si ellos no pueden ir hoy en contra de sus propios actos impugnando el título adquirido por The Plantations Company, por falta de capacidad de los vendedores, tampoco Marks Smith, puede hacer- dicha impugnación.

Por lo que toca a los derechos que en la misma finca pue-dan corresponder a la Sucesión de Jacob Devi, como ésta no há sido demandada en el juicio que ha dado lugar a la ter-cería, tampoco puede afectarle el embargo practicado en dicho juicio.

No se ha tratado de probar un traspaso fraudulento. El tercerista, o sea, The Plantations Company, tiene derecho al remedio solicitado, y en su virtud es de confirmarse la sen-tencia' apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Wolf, JUEZ ASOCIADO SR. DEL TORO.

text:
    González et al., Demandantes y Apelantes, v. Pirazzi et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponee en causa sobre reclamación de condominio en finca urbana y otros extremos.
    No. 1300.
    Resuelto en enero 26, 1916.
    Contribuciones — Valoraoión de la Propiedad — Tasaoión.—Cuanc|o la contribu-ción se impone sobre la base de valoración de la propiedad, la tasación es un requisito previo indispensable sin la cual todos los procedimientos subsiguientes son nulos, debiendo observarse, al hacerse la tasación, las presericpiones del estatuto de acuerdo con el cual ha de hacerse.
    Id. — Tasación Hecha a Nombre de tjno Solo de los Dueños — Nulidad de la Tasación. — De acuerdo con los artículos 298, 309 y 315 del Código Político en la forma en que regían en marzo 5, 1901, es nula y sin ningún valor la tasación original de una propiedad a los efectos contributivos hecha y noti-ficada únicamente a uno solo de sus dueños.
    Id. — Apoderados—Posesión—Bienes Muebles. — El artículo 293 del Código Polí-tico es aplicable a los apoderados, a aquellos que están en posesión a nombre de otras personas, y no a uno de los varios condueños. Dicho artículo se refiere solamente a los bienes muebles.
    Id. — Notificación al Dueño — Familiares—Testigos.—Cuando son varios los dueños de una propiedad, cada uno de ellos tiene dereeho a una notificación, cualquiera que sea su naturaleza, siendo la teoría del artículo 336 del Código Político que la notificación deloe hacerse a los dueños, a sus familiares, si éstos se encontraren en el sitio, o se dejará en poder de testigos cuando los dueños no puedan hallarse.
    Reconocimiento de Condominios — Condominios—Mala Pe — Frutos, Rentas, Beneficios y Utilidades — Daños y Perjuicios. — Cuando en un pleito en reclamación o reconocimiento de condominios no aparece que los demandados hayan poseído de mala fé, es improcedente conceder frutos, rentas, beneficios y utilidades, así como daños y perjuicios.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: 8r. Alberto 8. Poventud.

    Abogados de los apelados: \8res. José I. Fernández Sega-rra y José F. Fernández Corona.

   El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes en unión de Natalio González a quien se menciona como demandado, son los herederos de su abuelo Federico González Vázquez, que era el dueño de la finca ob-jeto de este pleito. Los demandantes habían sido los dueños de la referida finca desde el año 1897.

Se alega sustancialmente en la demanda que la finca fué inscrita en el Eegistro de la Propiedad de Ponce a nombre de dichos seis condueños el día 18 de octubre dé 1902; que el Tesorero de Puerto Eico por medio de sus autorizados agentes practicó la tasación de la finca a nombre solamente de Natalio G-onzález y después, o sea en septiembre de 1904, embargó la totalidad de dicha finca como de la exclusiva pro-piedad de Natalio González que fué el único de los dueños a quien se notificaron los procedimientos, vendiéndose la finca a su nombre solamente para el cobro de la suma de $15.95; que en octubre 7 de 1904, dicho inmueble fué adjudicado en pública subasta por $18 a Jaime Vives y Font, quien inscri-bió su certificado de venta en 1905; que el Tesorero no dió aviso a los demandantes, ni de la tasación ni de la venta, no obstante haber sido los demandantes residentes de ésta isla durante todo el tiempo de los procedimientos; que Jaime Vivas y Font vendió la totalidad de dicha finca al demandado Don Nereo Pirazzi, por escritura pública que también fué inscrita, vendiendo este último una parte de la finca a la co-demandada Zoila Lugo, siendo los actuales poseedores las dos personas mencionadas últimamente;' que los demanda-dos se apropiaron las rentas y productos que ascienden a $1,440, y que los demandantes sufrieron daños y perjuicios. Alegan además que son los dueños de más de la mitad- de la finca y solicitan que se liaga que los demandados que están en posesión pongan a disposición de los demandantes la parte que pertenece a estos últimos, y piden también, en tanto en cuanto afecta a los demandantes, que la tasación, embargo y venta se declare que son nulos y sin ningún valor; y soli-citan la nulidad de otras cosas, incluyendo la inscripción de la totalidad de la finca a nombre de los diferentes compra-dores.

Se verá, pues, que la teoría de la demanda es la de un pleito en reclamación o sobre reconocimiento de condominio. Los demandantes no impugnan la venta para el cobro de con-tribuciones en tanto en cuanto por la misma se trata de tras-pasar la participación de Natalio González, y nos abste-nemos expresamente de tomar en consideración la validez general del procedimiento sobre contribuciones, limitándonos solamente a considerar las cuestiones específicas que fian sido' promovidas por los demandantes, a saber, primero, si la pro-piedad fué debidamente tasada de modo que pudieran ser-despojados los demandantes de su título; segundo, si se dió-a ellos el debido aviso de la tasación; y tercero, si se hizo* una notificación suficiente a dichos demandantes del embargo' y venta.

Natalio González, o sea el demandado arriba indicado, era, el único de los dueños que vivía en la finca. -Es .mu -heeho> que no ba sido impugnado en el caso desarrollado en el juicio,, que la primitiva y subsiguientes tasaciones se hicieron a su nombre y que únicamente contra él se siguieron todos los posteriores procedimientos sobre notificación, embargo y venta de la finca. En el año económico, de 1902-03 la finca fué tasada nuevamente a nombre de Natalio González.

En lo que respecta a la valoración de la propiedad para el reparto de contribuciones, algunos de los principios están expresados en la obra de Black sobre Títulos por Contribu-ciones, a saber:

“Ahora bien, siempre que la contribución se impone sobre la base de la valoración de la propiedad, la tasación es un requisito previo indispensable. Es la primera diligencia en los procedimientos contra las cosas particulares que son objeto de tasación. De ella dependen todos los procedimientos sucesivos. Sin una tasación debida ninguna medida subsiguiente puede tener visos de validez. T, lo que más particularmente nos interesa aquí, si la tasación es ilegal o insuficiente, o en alguna cuestión sustancial deja de cumplir con la ley, la venta de bienes inmuebles por falta de pago de las contribuciones de tal modo impuestas es ineficaz y nula. ‘Los procedimientos de contri-buciones son in invitum y para ser válidos deben estar en estricta armonía con' el estatuto. Sin una tasación todos los procedimientos subsiguientes son nulos. Y al hacer la tasación deben observarse particularmente las prescripciones del estatuto de acuerdo con el cual há de hacerse. * *
“El principio general es indudablemente que la tasación es una medida tan importante y vital en los procedimientos sobre contribu-ciones, que la omisión de cualquier requisito en el debido procedimiento de la misma, o cualquier desviación sustancial de los preceptos del estatuto no puede ser considerada como una mera irregularidad o informalidad. En otras palabras, que las distintas medidas dispuestas por la ley en este sentido deben ser consideradas en su mayor parte como obligatorias e imperativas y observadas con exactitud escrupu-losa. La imposición legal y ordenada de la tasación es uno de los más importantes salvaguardias ideados para la protección del ciuda-dano, y en relación con esto es que se han hallado muchos de los errores que han deteriorado los procedimientos de contribuciones e invalidado los títulos por falta de pago de las contribuciones.
‘ ‘ Es, sin embargo, igualmente verdadero que las meras irregulari-dháes al hacer la tasación como aquellas que por su naturaleza, no pueden ser perjudiciales no serán tenidas en cuenta. Y al considerar los varios estatutos que regulan la tasación de contribuciones, y las medidas anteriores a la, misma, no. siempre es fácil distinguir entre aquellas que son condiciones precedentes a la legalidad y validez de lá contribución, y las que son meramente directivas y que no establecen condiciones. ‘Una regla,’ expresa la Corte de Massachusetts, ‘es muy clara y 'está bien establecida,' que' todas aquellas medidas que tienen por objeto la seguridad del ciudadano, para garantizar una igualdad en la tasación y para que cada uno pueda sabeh con certeza razonable por qué cabezas y por qué bienes inmuebles y muebles se le impone contribución y por qué se impone contribución a todos aquellos que como él están obligados, son condiciones precedentes y si no se ban observado su tasación no ba sido hecha legalmente y puede oponerse a ella en cualquiera de las formas autorizadas por la ley para impug-nar la validez de la contribución. Pero muchas reglas se prescriben por el estatuto, para el conocimiento de los tasadores y funcionarios, y con el fin de promover el método, sistema y uniformidad en las for-mas del procedimiento cuyo cumplimiento o incumplimiento de modo alguno afecta a los derechos de los ciudadanos contribuyentes. Estas pueden ser consideradas como directivas; los funcionarios pueden estar sujetos a la censura legal, quizás a un castigo por dejar de obser-varlas, pero su observancia no es, sin embargo, una condición prece-dente a la validez de la contribución.’ Cuando la ley dispone que los bienes hipotecados, menos el valor de la hipoteca serán tasados1 al dueño de los bienes, y el valor de la hipoteca a su tenedor, y que estos valores respectivos serán registrados en el libro de tasación ‘ en colum-nas por separado, bajo los debidos encabezamientos,’ se declara que cuando el tasador registra el valor de la propiedad hipotecada .en la debida columna pero deja de anotar el valor *de la hipoteca en la tasación del dueño de la propiedad y de deducirlo del valor de la propiedad, la tasación y todos los procedimientos subsiguientes de conformidad con ella son nulos, y la venta por falta del pago de con-tribuciones así impuestas no despojará del título al dueño de la propiedad.” . •

Los apelantes. sostienen en primer lugar que la tasación original era nula y sin ningún valor, puesto que se hizo a nombre de uno 'ele los dueños solamente y que el tasador fá-cilmente pudo haber descubierto quiénes eran los otros dueños con sólo preguntarlo. El .deber era claro de acuerdo con los artículos 298, 309 y 315' del Código Político, que estaba vigente cuando la finca fué tasada primeramente en marzo. 5, 3901. El colector estaba obligado a tomar informes. En la fecha en que se hizo la primera’ tasación y asimismo al verificarse la segunda, no estaba inscrita la finca,'hecho; sobre- él'cual insisten los apelados. .Sin embargo, confiaban principal-mente en el artículo 293 del Código Político vigente-a la.fechaen que tuvieron lugar las tasaciones, embargo y venta, el cual prescribía lo siguiente:

“Todos los comerciantes, comisionistas y todas las personas que negocien o comercien en el ramo de comisiones y los apoderados auto-rizados para vender, y las personas que tengan- en su poder propiedad que pertenezca a otras, sujeta al pago de contribuciones en el distrito de tasación donde la citada propiedad se encuentre, serán considerados para los efectos de la imposición de contribuciones, como si fueran los dueños de la propiedad en su poder.”

Creemos que el artículo 293, es de aplicación por sus pro-pios términos a los apoderados, a aquellos que están en po-sesión a nombre de otras personas y no a uno de los varios condueños. No existió prueba de que Natalio González es-taba en posesión como apoderado de los otros condueños, o en alguna otra forma que no fuera-como condueño. El de-claró que no lo estaba. Ni vemos que exista ninguna rela-ción de agencia en el sentido ordinario de esa palabra. Ade-más, creemos que de un examen más cuidadoso del artículo 293, 'así como del lugar en que aparece en el código se verá que 'este artículo se refiere solamente a bienes muebles. El artículo 292 bace referencia a los bienes muebles y lo mismo los artículos 294, 295 y 296. Además, las palabras “comer-ciantes comisionistas,” según se interpretan generalmente so-lamente son aplicables a aquellos que manejan bienes muebles. De una lectura de otros estatutos y textos sobre Contribu-ción se verá también que éste es un precepto-de ley que por lo general se refiere a los bienes muebles. A mayor abun-damiento, creemos que si la Legislatura' Rubiera tenido la intención de incluir en este artículo un precepto relativo a aquellos que poseían bienes inmuebles a nombre de otras per-sonas hubiera empleado un lenguaje más adecuado.

El artículo 309, vigente a la fecha en que se hizo la tasa-ción en este caso, dispone lo siguiente:

“A los contribuyentes les notificará sin dilación el Tesorero toda tasación original o retasación que se verifique de sus fincas, mediante entrega de notificación por escrito al dueño de la propiedad, o en caso de Rallarse éste ausente, a la persona encargada de la finca * *

•Teniendo presente los principios generales relativos a la imposición de la contribución tiene que ser evidente que el colector de rentas en este caso tiene el deber de notificar al dueño de la finca. Solamente estaría justificada la notifica-ción a la persona encargada de la finca cuando el dueño de ésta se encuentra verdaderamente ausente. Creemos que los autos de este caso muestran que el objeto era imponer la con-tribución al dueño y, por tanto, debieron liaber sido notifica-dos los dueños.

La finca fue embargada y vendida sin que se hubiera dado aviso alguno a los apelantes. En relación con esto admiten los apelados que una ley sobre contribuciones debe ser inter-pretada estrictamente, pero sostienen que la ley de contribu-ciones de Puerto Eico se cumplió en este caso. La corte inferior se fundó en los artículos 293 y 298 del Código Polí-tico. . El artículo 293 ya lia sido citado y discutido y el 298 "parece que no tiene aplicación especial. El artículo 298 tal como fué aprobado originalmente no contiene nada acerca del aviso al contribuyente. Los apelados, sin embargo, se basan en cierto modo en el artículo 336 del Códig’o Político, cuya parte pertinente es como sigue:

“Art. 336. — Inmediatamente después del recibo del consentimiento escrito del Tesorero, el colector, sub-eolector o agente dictará una notificación escrita de embargo de la propiedad mueble del contribu-yente moroso; notificación que expresará el total de las contribu-ciones vencidas y no satisfechas y el recargo señalado por el artículo 330. Dicho embargo será ejecutivo tan pronto se haya notificado de él, haciendo la entrega de una copia de la notificación a algún miembro de la familia, o dependiente mayor de edad; una constancia de dicha entrega se registrará por el colector, sub-colector o agente para ulterior efecto. Guando el colector, sub-eolector o agente no encuentre a ningún miembro de la familia o dependiente del deudor, llamará a dos vecinos como testigos de la entrega de dicha notificación de embargo, y dejará dicha notificación en poder de los testigos citados; y.si no se encontrasen vecinos dispuestos a hacerse cargo de la noti-ficación, se fijará o pegará ésta en los efectos, muebles n otra propie-dad de dicho deudor, después de lo cual dicha notificación de embargo se considerará como entregada' al deudor. Si a la expiración de diez días después de la entrega de dicha notificación las citadas contribu-ciones, con el recargo dispuesto en el artículo 330, no han sido satis-fechas, el colector, sub-colector o agente procederá a ejecutar el embargo y vender los bienes muebles de dicho deudor, o la parte de dichos bienes que sea estrictamente suficiente para cubrir el pago de las citadas contribuciones, penalidades y costas. * *

Ese artículo se refiere continuamente al -££ deudor.” El artículo 392 del Código Político determina que el número singular incluye al plural. En la fecha del embargo y de la venta los verdaderos dueños de la finca con derecho inscrito eran no solamente Natalio González sino también los apelan-tes, y todos tenían derecho a la notificación según las dis-posiciones del Código Político como de la ley en general. Véase el caso de Menéndez v. El Registrador de la Propiedad, 13 D. P. R. 191; 37 Cyc. 1325, nota 15; Cooley, sobre Contribuciones (3a. edición), página 733; Weinreich v. Hensley, 121 Cal. 647-659; Turpin v. Lemon, 187 U. 8. 57. En este caso los dueños de la finca no fueron notificados sino sola-mente uno de ellos. No importa que el artículo 336, supra, exprese que la notificación debe hacerse a un miembro de la familia. La familia a que se refiere dicho artículo, se supone de antemano que es la familia que vive en el lugar. Un primo no es un miembro de la familia de los primos, condueños que viven separados. Creemos que este' razonamiento se des-prende del mismo artículo 336 y de otros artículos del Có-digo Político. La teoría correcta es que la notificación debe hacerse a los dueños, a sus familiares si éstos se encuentran en él sitio, o se dejará en poder de los testigos cuando no pueden hallarse todos los dueños. La corte nada tiene que ver con los inconvenientes que pueda ocasionar la interpre-tación que demos al estatuto cuando son varios los dueños. Queda el hecho de que cada dueño tiene derecho a una noti-ficación cualquiera que fuese su naturaleza y en este caso los apelantes no fueron notificados en absoluto. Aparece ade-más el hecho de que en la fecha en que sé hizo una de las tasaciones y de la venta la finca estaba inscrita en el registro a nombre de los apelantes; por tanto, es evidente que el co-lector no hizo la debida investigación.

Tenemos, pues, que llegar a la conclusión de que para la venta de la finca cuyo condominio reclaman los demandantes a los demandados no se siguió por la administración el de-bido- procedimiento y que en su consecuencia dicha venta es nula en cuanto afecta a aquel condominio, siendo también nu-los los traspasos sucesivos a Nereo Pirazzi y Zoila Lugo en la parte que a tal condominio se refiere.

Los demandantes tienen derecho al condominio cuyo reco-nocimiento piden en la proporción por ellos fijada.

Como no aparece que los demandados hayan poseído con mala fe es improcedente la reclamación hecha por los deman-dantes de frutos, rentas, beneficios y utilidades, así como de daños y perjuicios.

Para el caso.de edificación sobre el terreno de que se trata se atemperarán los dueños a lo que establece el artículo 370 del Código Civil.

Por las razones -expuestas es de revocarse la sentencia apelada y declararse que los demandantes son dueños en co-mún proindiviso de.una participación equivalente a cincuenta y seis avas partes, sesenta y seis centésimas y sesenta y cinco milésimas de la totalidad de la finca descrita en la demanda, la que actualmente poseen los demandados Nereo Pirazzi y Zoila Lugo, siendo en su consecuencia nulas las inscripciones de propiedad de esa finca a favor de dichos demandados y del otro demandado, su causante Jaime Vivas y Pont," en cuanto afectan a la participación de condominio reconocida a los demandantes, sin que haya lugar a la reclamación que se hace en la demanda por concepto de frutos, rentas, bene-ficios y utilidades y de daños y perjuicios, todo sin especial condena de costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Revocada la sentencia apelada y declarada con lugar la demanda menos en cuanto a la reclamación de frutos, rentas, benefi-cios, utilidades y daños y perjuicios; sin costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey, firmando “conformes con la sentencia” los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutchison.

■OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. DEL TORO.

De los autos aparece que cuando se siguieron los proce-dimientos para la venta de la finca por falta de pago de con-tribuciones, dichos procedimientos se dirigieron contra Na-talio González como único dueño de la finca, cuando es lo ■cierto que en esa fecha estaba ya inscrita dicha finca en el re-gistro de la propiedad a favor de Natalio y, además, de todos los demandantes. Esta circunstancia es para mí suficiente para estar conforme con la revocación de la sentencia, sin necesidad de entrar a establecer conclusiones sobre los otros particulares que comprende la opinión de la mayoría de los jueces de esta corte.