author: El Juez Asociado Señor Wolp,

text:
    Francisco Rosario y Eulalia Reyes, demandantes y apelantes, v. Regino Vega, Domingo Colón, como Márshal de la Corte Municipal de Cayey y Julián Sánchez, demandados y apelados.
    No. 5948.
    Sometido: Diciembre 5, 1933.

      Resuelto: Enero 17, 1935.

      Molina-, Dubón & Ochoteco, abogados de los apelantes; Miguel Guz-mán Texidor, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Algunos de los señalamientos de error suscitados en este recurso envuelven cuestiones presentadas en la corte inferior y no disentidas por ella en su opinión. El caso fue resuelto principalmente en la teoría de que en una acción entablada para suspender los procedimientos en otro litigio, los deman-dantes no fueron suficientemente diligentes, ni habían agotado todos sus recursos en ley y por ende no tenían derecho al injunction preliminar por ellos solicitado. Estamos de .acuerdo. No obstante, los apelados hubieran podido ayu-■darnos, indicándonos que los otros señalamientos no afectaban fundamentalmente la resolución de este caso. Los apelados no han radicado alegato.

Los apelantes eran los demandados en el pleito que cul-.minó en la sentencia cuya ejecución trataban de impedir mediante injunction. En síntesis, Begin o Vega obtuvo, sen-tencia en la Corte Municipal de Cayey contra los demandados, miembros de una sociedad mercantil. La deuda era clara-mente de la sociedad. Al ser demandados, los apelantes no contestaron, se anotó su rebeldía, se les notificó y el secre-tario de la corte municipal registró entonces sentencia en su contra. Se reclamaba un saldo de $150 y honorarios y costas ascendentes a $100. No se apeló de la sentencia ni se trató de que la misma fuese corregida o revisada por la corte municipal, suponiendo que existieran errores de juris-dicción o de otra índole. Tan sólo cuando se puso un manda-miento en manos del márshal para que lo ejecutara contra cierta propiedad, fue que los apelantes demostraron actividad y trataron de obtener un auto de injunction, que les fue de-negado por la corte. Se hizo parte en el procedimiento al márshal.

Los señalamientos de error eran al efecto: (1) que antes de ejecutar la sentencia el márshal debió embargar la pro-piedad; (2) que como la deuda era una de la sociedad, debió haberse hecho primeramente excusión de los bienes de la sociedad; (3) que la sentencia era mancomunada y no soli-daria y que la sentencia misma no era solidaria; (4) que la sentencia registrada por el secretario lo fue en exceso de su jurisdicción; (5) que el no haber expedido el auto de injunction solicitado causaría a los apelantes daños irrepa-rables; que serían privados de su propiedad sin el debido proceso de ley; que tenían nn derecho de hogar seguro sobre la propiedad y qne tendrían qne iniciar innnnierables litigios para obtener las nulidades deseadas, etc.

Ahora, es claramente evidente qne nn poco de actividad en la corte municipal, en apelación ante la corte de distrito, o suponiendo qne existieran cuestiones jurisdiccionales, una moción ante la corte municipal, hubiesen sido provechosas a los apelantes. Las personas que solicitan recursos de injunction deben demostrar que han desplegado diligencia. Ésa es la jurisprudencia de esta corte y también la general. Escobar v. Gámbaro, 22 D.P.R. 572.

La corte inferior estuvo ligeramente equivocada al resolver que al considerar el derecho a que se expidiera un injunction preliminar no debía prejuzgar el derecho último de un demandante. Si la demanda y la prueba no presentan un caso adecuado para la expedición de un injunction, la corte puede hacerlo así constar inmediatamente, y dar al demandante oportunidad para enmendar su demanda o para presentar nueva prueba en una vista final. Frecuentemente la concesión o la negativa a expedir un injunction preliminar desanimará para siempre a la parte perdidosa.

La corte discutió una cuestión de jurisdicción en lo que a la sentencia se refería y consideró también el supuesto derecho de hogar seguro.

En su demanda los demandantes alegaron que la sentencia fué registrada en exceso de la jurisdicción de] secretario de la corte municipal, toda vez que condenaba a los demandados al pago de la suma de $100 para honorarios. Ante este tribunal los apelantes alegan que si bien el convenio incluía la suma de $100 para honorarios de abogado y costas, el secre-tario no solamente registró una sentencia por la suma de $100 para honorarios de abogado y costas, sino que también condenó a los demandados al pago de costas en general.

Ahora bien, la corte inferior, al determinar la cuestión tal cual le fué suscitada, resolvió que los demandados no demostraron diligencia en ningún momento; que no contes-taron, ni radicaron moción de nuevo juicio, ni dieron algún otro paso para proteger sns supuestos derechos. La idea era que para obtener un auto de mjtmction, conforme hemos dicho, los demandados debían demostrar diligencia, citando el caso de Escobar v. Gámbaro et al., supra. A nuestro juicio la corte estaba en lo cierto, especialmente toda vez que la cuestión jurisdiccional que ahora se suscita no le fué pre-sentada. Tal vez si se hubiese alegado una falta de jurisdic-ción enteramente clara y los autos del caso la demostrara, en casos especiales el injunction podría expedirse, a pesar de la falta de diligencia.

Examinando la sentencia dictada por la corte municipal hallamos lo siguiente: “Condenando a los demandados a pagar al demandante la suma de $150 de capital y $100 para honorarios de abogado convenidos y las costas.” Es posible que la cifra de “$100” pueda ser interpretada en forma con-juntiva en el sentido de incluir honorarios de abogado y costas. Creemos que la corte y quizá originalmente las partes, la entendieron en esa forma, pero los documentos relativos a la ejecución de la sentencia muestran una suma adicional de $3 para costas.

Es evidente que el secretario tenía derecho a registrar sentencia por $150 y $100 para costas y honorarios de abo-gado conjuntamente. La adición de la palabra “costas” en general fué un mero error que no afectó retroactivamente el derecho del secretario a registrar la sentencia. El error era fácilmente susceptible de ser corregido y a nuestro juicio el demandante en cualquier momento pudo haber condonado los $3.

Toda vez que la supuesta carencia de jurisdicción se limita a este error, la falta de diligencia a lo sumo comprendería la negativa de la corte a librar el injunction.

En lo que al derecho de hogar seguro se refería, creemos que éste podía ser suscitado directamente en un procedimiento en la corte municipal, conforme resolvió el juez de la corte inferior, y en todo caso no dió a los demandantes el derecho a obtener nn injunction bajo las circunstancias enunciadas.

No era necesario que se embargaran previamente los bienes que se trataban de ejecutar, sino que bastaba la incautación (levy). Martinez v. Registrador, 44 D.P.R. 638; Font v. Rosales Cueli, 42 D.P.R. 627.

La sentencia dictada debe considerarse como solidaria. Franceschi v. Mercado, 45 D.P.R. 427.

No trataremos, después de haber surgido una sentencia solidaria, de considerar la cuestión de excusión, especialmente no habiéndose demostrado suficiente derecho a la expedición de un injunction.

Debe confirmarse la sentencia.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Juan Colom Soto, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 935.
    Sometido: Noviembre 14, 1934.

      Resuelto: Enero 18, 1935.

      José Sabater, abogado del recurrente: el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente, Juan Colom Soto, es dueño de una finca rústica en el distrito de Mayagüez, en que cosecha café. La adquirió en 29 de abril de 1933.

Anteriormente, Sebastián Colom Soto era dueño de la misma y otorgó e inscribió un contrato de refacción en que hacía constar que había recibido de Juan Arbona & Hermano la suma de $1,785 y convenía en pagar a la referida firma $446.25, con intereses, el 30 de noviembre de 1929, y tres pagos adicionales similares bajo idénticas condiciones el 30 de noviembre de los años 1930, 1931 y 1932, respectivamente. El contrato contenía una cláusula según la cual el capital y los intereses debían pagarse del café producido en la finca en las cosechas de 1929, 1930, 1931 y 1932. Las partes no prorrogaron este contrato ni se hizo ninguna inscripción ulterior del mismo en el registro de la propiedad. En 21 de septiembre de 1934, Juan Colom Soto solicitó se cancelara la anotación del contrato de refacción agrícola. El registrador denegó la cancelación solicitada según se desprende de la siguiente nota:

“deNegada la cancelación del contrato de refacción agrícola a que se contrae el documento que precede, que es el affidavit número 696, suscrito en esta ciudad de Mayagüez, a veintiuno de septiembre úl-timo, ante el notario don José Sabater, por Juan Colom Soto, mayor de edad, casado con Angelina Delgado Cabán, agricultor y vecino de Lares, dueño actual de la Anca sobre la cual pesa el referido gravamen refaccionario, y tomada en su lugar la correspondiente anotación preventiva por el término de ciento veinte días a todos los efectos legales a favor de dicho interesado Colom Soto, por el fundamento siguiente: Porque por la escritura número doscientos cuarenta y cinco, otorgada en Mayagüez, a 14 de agosto de 1929, ante el notario clon Oscar Souffront, que fué objeto de la anotación de dicho con-trato al folio 122 del tomo segundo de Contratos Agrícolas de Las Marías, finca número 57 duplicado, anotación letra G, con fecha 15 de agosto de 1929, el referido contrato refaccionario se practicó por un término que comprendía las cosechas de café de dicha finca de los años 1929, 1930, 1931 y 1932, que se abonarían al precio que ri-giera entonces en el mercado, quedando afectas todas las cosechas de café de la propia finca en dichos años y en los sucesivos a dicho con-trato, y todos los frutos gravados en garantía del referido préstamo refaccionario ascendente a $1785 que se reseña en dicho affidavit, siendo por tanto necesario el consentimiento de la mercantil acreedora refaccionaria ‘J. Arbona & Hermano’ para la cancelación a que se refiere dicho documento, si se estima, como debe estimarse que las partes por medio de un contrato lícito extendieron el contrato hasta gravar las sucesivas cosechas después del 30 de noviembre de 1932, todo ello por nota al margen de la anotación letra G-, de la finca número 57, duplicado, al folio 122 del tomo 2 de Contratos Agríco-las de Las Marías. — Mayagüez, octubre 26 del 1934.”

La sección 4 de la “Ley sobre contratos de refacción agrícola y molienda de cañas, y para otros fines,” enmendada por la Ley No. 66 de Io. de agosto de 1925, página 349, dispone:

“El crédito de refacción agrícola desde la fecha de su presenta-ción en el Registro que más adelante se establece, tendrá preferen-cia a los créditos posteriores de cualquier otra naturaleza, excepción hecha de los créditos por contribuciones a favor de El Pueblo de Puerto Rico, según lo dispone la ley, en cuanto a los frutos objeto del gravamen, durante los años comprendidos en el contrato y siem-pre hasta que el acreedor sea completamente satisfecho del importe total de su crédito.
“En el caso de que el acreedor no hubiese sido íntegramente sa-tisfecho del crédito, durante el. plazo del contrato, deberá concertar con el deudor el oportuno documento de prórroga, o promover la demanda que indica la sección 9, dentro de los seis meses subsiguien-tes al vencimiento del contrato.
“En consonancia con lo dispuesto en el artículo 290 del Código Civil, el adquirente en pública subasta, de una finca cuyos frutos estén gravados con un crédito refaccionario anotadoi en el registro de la propiedad, o en el especial dispuesto en esta ley, ora se haya ve-rificado la subasta en una acción ordinaria, o en procedimiento para el cobro de una hipoteca inscrita con posterioridad al crédito refac-cionario, o con anterioridad a éste pero constituida con posterioridad a la vigencia de esta ley, deberá optar entre permitir al acreedor refaccionario o’ al primero de éstos, si fueren varios, que recolecte y perciba los frutos pendientes sujetos al crédito refaccionario y realice todas las operaciones de cultivo y preparatorias a la recolección, o resarcir a dicho acreedor refaccionario el valor en tasación de los fru-tos al tiempo de posesionarse de ellos, basta el montante del crédito refaccionario adeudado, no excediendo del que se hubiere consignado en la anotación. En este último caso se procederá a la tasación como si se tratare de ejecutar una sentencia de desahucio contra un demandado que reclamare mejoras, labores y plantíos.
“El acreedor refaccionario que percibiere los frutos tendrá la obligación de rendir cuenta al deudor, de abonar a su crédito el pro-ducto líquido que obtuviere o la parte necesaria del mismo, y devol-ver el remanente, si lo hubiere, a los posteriores acreedores re-faccionarios, al deudor, o al subastador, según fuera el caso, y se dispusiere por la corte. Será competente para conocer de estos procedimientos incidentales, la corte que hubiere conocido del pro-cedimiento originador de la subasta, en los trámites de ejecución de la sentencia recaída en dicho procedimiento.”

Igualmente, la Legislatura aprobó en 30 de abril de 1927 (Leyes de ese año, pág. 205) una ley en la que, entre otras cosas, se dispuso:

“Transcurridos seis meses después del vencimiento de un con-trato, o vencido el término porque fuera prorrogada su anotación, en virtud de orden de alguna corte, quedarán extinguidos todos sus efec-tos legales, y el registrador de la propiedad respectivo tendrá el deber de extender de oficio el asiento de cancelación y procederá a destruir todos los documentos referentes a estas anotaciones extin-guidas. ’ ’

El recurrente sostiene que este contrato venció el 30 de noviembre de 1932 y que como no se anotó prórroga alguna del contrato, él tenía derecho a que se efectuara la cancela-ción solicitada. Alega que las palabras “quedando afectas todas las cosechas de café de la propia finca en dichos años y en lo sucesivos a dicho contrato” o, más especialmente, las palabras “en los sucesivos a dicho contrato” no podían in-terpretarse en el sentido de prorrogar el término del contrato. Sin embargo, se nos ocurre, al igual que le sucedió al regis-trador, que las partes deliberadamente gravaron la finca durante los años siguientes al 1932, no importa lo que la palabra “sucesivos” pueda significar. Cualquier persona que fuera al registro con la intención de adquirir la finca hubiera sabido que las partes tuvieron en mente el cultivo de café durante los años siguientes. A nuestro modo de ver las cosas, no importa que el contrato se prorrogara indefi-nidamente si ésa era la intención expresa de las partes.

El recurrente también sostiene que el contrato era válido entre las partes contratantes originales, pero que él es un tercero y no podía ser afectado por un entendido entre las partes; en efecto, que él tenía derecho a llegar a la conclu-sión, seis meses después de noviembre 30, 1932, de que el dinero que se adeudara bajo el contrato de refacción había sido liquidado o pagado. Si admite que el contrato original era válido, conocimiento de la prórroga convenida le fué puesto de manifiesto por el registro de la propiedad.

Dados los hechos que anteceden, bajo cualesquiera circuns-tancias concebibles, Juan Colom Soto, a nuestro juicio, es-taría obligado a inquirir si la deuda en este caso específico no había sido pagada y en su consecuencia que no podía con-siderársele como tercero.

En el alegato del recurrente existen algunos argumentos al efecto de que si hubiera adquirido la finca en noviembre de 1932 o dentro de los seis meses siguientes, quizá él hubiese estado obligado a respetar el contrato existente, mas no si sucedía lo contrario. Ésta es cuestión que no entendemos del todo. Él adquirió la finca en- 29 de abril de 1933 y el con-trato de refacción fué inscrito en noviembre de 1932; de suerte que compró tan sólo cinco meses después de haberse efectuado la inscripción en 1932. Si no estamos equivocados en ello, entonces el recurrente hubo la propiedad mientras ésta permanecía aún gravada por el contrato de refacción, bajo cualesquiera circunstancias imaginables.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Antonio García Sanjurjo, demandante y apelante, v. Nicolás Trilla, demandado y apelado.
    No. 6775.
    Sometido: Noviembre 9, 1934.

      Resuelto: Enero 18, 1935.

      José Sabater, abogado del apelante. A. Ramírez Silva, abogado del apelado; Ángel Arroyo Rivera, como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio García Sanjurjo inició procedimiento de desahucio contra Nicolás Trilla para obtener la posesión de una casa ubicada en propiedad del referido demandante, fundado en que él era dueño de ella por haberla comprado en subasta. Nicolás Trilla alegó en su defensa que la casa constituye su bogar seguro y la Corte de Distrito de Mayagüez así lo resolvió. En apelación ambas partes radicaron alegatos, pero el Lie. Angel Arroyo Rivera, con permiso de la corte, compareció como amicus curiae, adujo argumentos en favor de la revocación de la sentencia y archivó alegatos.

El amicus curiae admite que existen jurisdicciones en que puede surgir el derecho de hogar seguro sobre propiedad cedida en arrendamiento, pero sostiene que la corriente general de las autoridades es en sentido contrario; que de ordinario el derecho de hogar seguro dehe ser inherente al suelo. Examinó y discutió el primer artículo de la Ley de Hogar Seguro, que dispone lo siguiente:

“Que tocio jefe de familia, que tenga familia, tendrá derecho a una finca de homestead, hasta el valor de quinientos dollars ($500) en una estancia, plantación o predio de terreno y en los edificios con-tenidos en el mismo, que le pertenezca o que posea legalmente, en virtud de arrendamiento o en otra forma, y estuviere ocupado por él o ella como su residencia; y dicho homestead y todo derecho o-título sobre el mismo estará exento de embargo, sentencia, exacción o ejecución, excepción hecha de las contribuciones que adeudare, el valor de la venta (compra) de dicha propiedad o la responsabilidad incurrida por mejoras que se hicieren en la misma, y excepción hecha también de lo que más adelante se establece; Disponiéndose, que en caso de arrendamiento u otro contrato análogo nada de lo contenido en esta ley se interpretará en el sentido de que se prohiba al dueño o propietario de dicha estancia, plantación o predio de terreno, y de los edificios contenidos en el mismo, .entrar de nuevo en posesión de dicha propiedad de acuerdo con lo estipulado en dicho contrato de arrendamiento o convenio, al faltarse al cumplimiento de las condi-ciones del mismo.”

En el presente caso Trilla era originalmente arrendatario del solar en que se halla enclavada la casa, pero a nuestro juicio, 'de los autos se desprende claramente que al iniciarse el presente litigio tenía título solamente de la casa de la cual estaba en posesión. No está envuelta cuestión alguna de arrendamiento del solar, ni se ha hecho indicación alguna sobre el derecho a entrar a la propiedad con motivo del in-cumplimiento del contrato de arrendamiento.

La reclamación del apelante surgió debido a una deuda contraída por Trilla por falta de pago de los cánones de arrendamiento. García Sanjurjo entabló demanda contra Trilla en cobro de la deuda y obtuvo sentencia.a su favor. A instancia de García Sanjurjo ésta fue ejecutada contra la casa en que Trilla alegaba tener su hogar seguro. La escri-tura otorgada por el márshal en favor de García Sanjurjo ha sido copiada en los autos. Dos de los párrafos de la misma leen como sigue:

“segtjNDO: Que en virtud del expresado mandamiento de ejecu-ción de sentencia, el márshal compareciente procedió a anunciar y anunció que vendería en pública subasta al mejor postor, el día seis de abril de mil novecientos treinta y cuatro, en su oficina, que está situada en la corte municipal de Mayagüez, y a las dos de la tarde, todo el derecho, título e interés que el demandado Nicolás Trilla, tuviera en la siguiente finca:
“Casa de madera, cubierta de zinc, en mal estado, con balcón al frente, de diez y ocha pies de frente por veinte pies de fondo, encla-vada en un solar de la Urbanización García Sanjurjo, del barrio París de esta ciudad de Mayagüez, que colinda al Norte, Sur y Oeste con más solares de don Antonio García Sanjurjo, y Este con la calle número siete de dicha urbanización. Dedicada a vivienda.”

Este pleito, según el apelante, hizo que el título de la casa le correspondiera y trata de obtener posesión de la misma. A nuestro modo de ver, es evidente que García Sanjurjo, mediante todas sus actuaciones admitió que hasta el mom.ento en que el márshal otorgó la escritura, Trilla era el dueño de la casa, se hallaba en posesión de la misma y la construyó de buena fe. García Sanjurjo aceptó una especie de dominio en la casa que aún se hallaba unida al suelo. Debe resolverse que bajo las circunstancias especiales de este caso la casa está sujeta a la reclamación de hogar seguro al igual que cualquier otro inmueble.

El apelante también suscitó la cuestión de estoppel. Sostuvo que el derecho de hogar seguro debió haberse planteado en el procedimiento sobre cobro de cánones de arrendamiento. Desde luego, un pleito en cobro de dinero no demuestra sobre qué propiedad ejecutará el acreedor en caso que obtenga sentencia a su favor. De la escritura otorgada por el márshal no se desprende que Trilla fuera notificado de la subasta o que el márshal practicara incautación {levy) alguna de la casa. Cuando se alega una cuestión de impedimento (estoppel) o renuncia (waiver) los autos deben de-mostrar que una persona como Trilla tuvo la oportunidad de presentar su reclamación de hogar seguro.

Independientemente de cualquiera de las consideraciones que inmediatamente preceden, no estamos convencidos de que se perdiera el derecho a hogar seguro al efectuar o tratar de efectuar el márshal la ejecución.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asogiado Señor Aldrey,

text:
    Manuel Rubio Meléndez, peticionario y apelado, v. La Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, requerida y apelante.
    No. 6306.
    Sometido: Noviembre 22, 1934.

      Resuelto: Enero 18, 1935.

      Uon. Procurador General Benjamin J. Ilorlon y Tomás Torres Pérez, Subprocurador, 'abogados de la apelante; Armando A. Miranda, abogado del apelado.
   El Juez Asogiado Señor Aldrey,

emitió la opinión del

tribunal.

La Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agri-mensores apela de una sentencia de la Corte de Distrito de San Juan en la que se le ordena que deje sin efecto su orden de 12'de noviembre de 1930 por la cual revocó la licencia de arquitecto que había expedido el 11 de abril de 1928 a Manuel Eubio Meléndez.

La Ley No. 31 del año 1927 (pág. 183) que creó esa Junta dispone en su sección novena que tal organismo expedirá licencias para el ejercicio de la profesión de inge-niero, arquitecto o agrimensor a cualquier persona que la solicite y haya estado en el ejercicio de alguna de esas pro-fesiones por no menos de tres años con anterioridad a la fecha de la aprobación de esa ley; y que, a menos que exista prueba en contrario, la junta aceptará como evidencia satis-factoria la declaración jurada del solicitante de que ha ejercido su profesión por un período de tres años. De acuerdo con ese precepto de la ley, la expresada junta con-cedió licencia a Manuel Rubio Meléndez para trabajar como arquitecto.

También dispone esa ley en su sección 12 que la junta tendrá el poder de anular cualquiera de las licencias expe-didas a cualquier persona probado que fuera que ha empleado fraude para la obtención de dicha licencia.

Dos años después de expedida la licencia al apelado, éste fué citado por la junta para que compareciera ante ella en determinada fecha a mostrar causa por la cual no se le debe cancelar la licencia de arquitecto que le expidió, toda vez que la junta tiene conocimiento de hechos que demuestran que él sorprendió la buena fe de dicho organismo, y que de no comparecer le cancelaría su licencia.

Compareció Manuel Rubio Meléndez ante la junta el día que había sido fijado. No se le hizo saber entonces ni antes los hechos que según la junta demostraban que él había sor-prendido la buena fe de dicho organismo al solicitar la licen-cia que le fué expedida, de los cuales pudiera él defenderse. La investigación que entonces practicó la junta consistió en preguntas que se le hicieron al apelado respecto a si había construido cierta casa que aparecía en un plano, a lo que contestó que sí: y sobre los gruesos que deben tener las paredes de concreto y cuántas varillas deben tener así como en las tortas de concreto. Después de eso la junta dictó re-solución cancelando la licencia que había expedido al apelado para trabajar como arquitecto y el perjudicado interpuso recurso de mandamus ante la Corte de Distrito de San Juan, la que después de haber oído a las partes ordenó a la junta que dejara sin efecto su resolución cancelando la licencia.

No sabemos cuáles actos fraudulentos realizó el apelado para conseguir que la junta le expidiera la licencia de arqui-tecto pues no aparecen ni de la carta citándolo ni de la investi-gación que ante él practicó la junta, consistente en su decla-ración. Quizás, no lo afirmamos, sus contestaciones demues-tren poco conocimiento de arquitectura, pero eso no es prueba de haber cometido fraude para obtener su licencia. Además el fraude no se presume y quien lo imputa debe probarlo. Por esto, cuando la junta quiere hacer uso del derecho que le concede la ley para cancelar una licencia obtenida por fraude, debe exponer al que tiene la licencia los hechos en que consistió el engaño para que pueda defenderse de tal imputación y debe probarlos. No basta decir en términos generales que la junta tiene conocimiento de que su buena fe fué sorprendida. Debió exponer y probar los hechos cons-titutivos del fraude y no lo hizo.

La sentencia ajelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Great American Indemnity Co. y Garzot & Fuertes, peticionarios, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, Juez, demandada.
    No. 990.
    Sometido: Diciembre 27, 1934.

      Resuelto: Enero 18, 1935.

      J. Valide juli Rodríguez, abogado de los peticionarios; J. Paniagua Serracanie y V. Géigel Polanco, abogados de la sucesión del obrero fallecido.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del • tribunal.

A instancia del patrono Gazort & Fuertes y de su asegurador Great American Indemnity Co. hemos librado un auto de certiorari a la Corte de Distrito de Humacao para revisar sus procedimientos y sentencia en un caso promovido ante la Comisión Industrial por los herederos de Andrés Astado para que se les conceda indemnización por la muerte de su padre, ocurrida como consecuencia de un accidente de su trabajo. Esos herederos nos piden ahora que anulemos el auto que hemos librado.

La Comisión Industrial por dos de sus tres miembros negó la solicitud de los herederos del obrero fundándose en que de la evidencia que se le presentó no resulta probado que la muerte de Andrés Astacio fuera consecuencia de un acci-dente de su trabajo y en que él ni persona alguna dió aviso al patrono de que hubiera tenido accidente alguno en su tra-bajo hasta después de algunos días de haber fallecí rio.

Al conocer la Corte de Distrito de Hnmacao de ese asunto en grado de revisión concedido por la ley e interpuesta por los herederos del obrero, dictó sentencia declarando que la evi-dencia que tuvo ante sí la Comisión Industrial es suficiente para probar que Andrés Astacio murió como consecuencia de un golpe que recibió mientras estaba trabajando para su patrono G-arzot &> Fuertes, y que el obrero no tenía deber impuesto por la ley de dar aviso del accidente a su patrono, por lo que decretó que el patrono o su asegurador consignase la cantidad de $1,800 para ser entregada como indemnización a los herederos de dicho obrero.

No alegan los peticionarios del auto error alguno de pro-cedimiento en la corte inferior y como se trata en este caso de un auto de certiorari y no de apelación, pues la ley no la concede contra las sentencias que las cortes de distrito dictan en casos como el presente, no examinaremos la prueba. Lo que sostienen el patrono y su asegurador es que la Corte de Distrito de Humacao estaba impedida de investigar la evi-dencia que tuvo ante sí la Comisión Industrial para hacer sus propias conclusiones. Entendemos esa alegación en el sentido de que la corte de distrito carecía de jurisdicción para examinar la prueba que se presentó ante la Comisión Industrial y, consiguientemente, para llegar a conclusión distinta a la de la mayoría de la comisión. Sin embargo, esa cuestión ha sido decidida por nosotros en sentido con-trario a lo expuesto por los peticionarios, pues en los casos de White Star Bus Line, Inc. v. Corte, 41 D.P.R. 526, de Robles v. Corte, 43 D.P.R. 280 y de Robles v. Corte, 44 D.P.R. 967, hemos declarado que la corte puede revisar la prueba y dictar la sentencia que debió haber pronunciado la Comisión Industrial.

Otro de los motivos alegados por los peticionarios del auto de certiorari es que ni el patrono ni su asegurador tuvieron oportunidad de examinar e investigar el accidente, si ocurrió, porque el informe al patrono se hizo después de haber sido sepultado el obrero; cuestión que podemos considerar como que dice que a falta de tal aviso al patrono la corte no tiene autoridad para conceder indemnización a los here-deros del obrero.

La corte inferior no dice en su sentencia si se dio o no conocimiento del accidente al patrono. Lo que declara es que el obrero no tiene deber impuesto por la ley de dar tal aviso.

No hay precepto alguno en nuestra ley de indemnización por accidentes del trabajo que imponga al obrero el deber de •dar tal aviso a su patrono, de tal modo que por no cumplirlo pierda su derecho a la indemnización que deba corresponderle. Quizás tal deber debiera existir por precepto de la ley, como lo han declarado las legislaturas de muchos Estados, evitando así que pueda ocurrir que el accidente en el trabajo llegue a conocimiento del patrono después de algún tiempo de haber muerto el obrero, exponiendo así al patrono a no poder de-mostrar que no existió tal accidente del trabajo o que la muerte del obrero no fue consecuencia del accidente por el cual se reclama indemnización o también de suministrar asis-tencia médica al obrero en evitación de graves consecuencias. Esa declaración es función del poder legislativo. A nosotros nos bastará decir que puesto que la ley no impone ese deber al obrero, no tiene obligación de dar tal aviso a su patrono, por lo que no es de importancia si lo dió o no. Es cierto que la sección 5 de la ley dispone que durante el período de inha-bilitación el obrero lesionado se dejará tratar y examinar por un médico cirujano competente designado por el patrono o asegurador o por la Comisión Industrial, pero en este caso no se quejan el patrono y su asegurador de que el' obrero se negase a ser tratado y examinado por el médico de ellos sino de que no tuvieron noticia del accidente hasta algunos días después de la muerte del obrero, que falleció a los diez días del accidente por el cual reclaman sus herederos.

Dicen también los peticionarios que la conducta de la corte de distrito les priva de su propiedad sin el debido proceso de ley, toda vez que ante la Comisión Industrial ni se discutió la cuantía de la indemnización ni las posibilidades de vida del obrero. Sin embargo, los datos necesarios para fijar la cuantía constan en los autos de la Comisión Industrial, de tal modo que en el voto disidente se fija la cuantía de la indemnización, que fue fin poco mayor que la concedida por la corte. Pero, aparte de lo que acabamos de decir, ya fiemos resuelto en el caso de Robles v. Corte, 43 D.P.R. 280, antes citado, que el error de la corte de distrito al fijar la cuantía de la indemnización, de existir, no es uno de procedimiento o jurisdicción que justifique la expedición de un auto de certiorari contra dicfia corte.

Como consecuencia de lo expuesto debemos anidar el auto de certiorari expedido en este caso.


author: El Juez Asociado Señor HtjtohisoN,

text:
    Juan García Fraguada, Juan García Guadalupe, Tomás Gómez, Acisclo Montañez, Francisco Pabón, Blas Alvarez y Basilio Laureano, demandantes y apelados, v. Rafael María González, demandado y apelante.
    No. 5910.
    Sometido: Noviembre 23, 1934.

      Resuelto: Enero 18, 1935.

      J. Henri Brown, C. Ruiz Hazwrio, G. E. González y G. Benitez Gautier, abogados de los apelantes; Bolívar Fagan, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor HtjtohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción iniciada bajo la Ley No. 43 de 1913 (pág. 85), según fué enmendada en 1917 (Ley No. 11 de 1917 (2) pág. 221), la corte de distrito ordenó la remoción de una valla de alambre que había sido erigida por el demandado a través de un supuesto camino vecinal, y le prohibió que en el futuro entorpeciera el libre acceso de los demandantes a cierta por-ción del referido camino o a usar el mismo.

Durante el juicio los demandantes ofrecieron como prueba una certificación para demostrar que el camino estaba inscrito en el Departamento del Interior. Esta certificación indicaba que, como resultado de una vista pública debidamente celebrada el 30 de septiembre de 1920, la sección del camino en cuestión había sido abandonada. Los demandantes luego presentaron un documento cuya parte pertinente lee como sigue:

“ G-obiemo Municipal de Gurabo, P. R. — acta.—
“Conteniendo el acuerdo tomado por el Concejo de Administra-ción en vista pública celebrada el día 30 de septiembre de 1920, con motivo de una solicitud del Sr. Rafael González pidiendo la anula-ción de 604 metros del camino municipal No. 3, por considerar ese trozo del susodicho camino completamente innecesario.
“En el pueblo de Gurabo, P. R., a los treinta días del mes de septiembre de mil novecientos veinte, siendo las dos de la tarde y reu-nidos en el salón de actos de la casa consistorial los señores anotados al margen, previa convocatoria, para celebrar una vista pública, se-gún lo determina el art. 53 de la Ley Municipal, para resolver una petición del Sr. Dn. Rafael González, vecino y propietario de esta jurisdicción, sobre abandono o anulación de un trozo del camino municipal No. 3, llamado Hato Nuevo, en una longitud de 604 metros, se procedió a celebrar la referida vista pública, en la forma siguiente:
“El Sr. Rafael González hizo uso de la palabra para manifestar lo mismo eme se había hecho constar en su escrito, esto es, que el que hablaba era propietario de este municipio, con residencia en el mismo barrio de Hato Nuevo y que hacía constar que existiendo en el camino municipal No. 3 de este municipio un trozo de Camino de 604 metros de longitud que no tenía razón de ser por no conducir a otra parte que a su finca y por lo tanto a ninguna vivienda de alguien a quien pudiera beneficiar y entendiendo que este municipio estaba obligado a atender a su sostenimiento, sin que el vecindario se beneficiara en nada, solicitaba se anulase su inscripción como ca-mino vecinal. Que dicho trozo, de camino estaba comprendido entre el camino municipal No. 4 que partiendo de la carretera No. 5 atra-viesa los barrios ‘Mamey’ y ‘Hato Nuevo’, llega a la jurisdicción de la Carolina y la jurisdicción de Juncos, donde termina por no haber en dicha jurisdicción ningún camino.municipal inscrito que lo termine.
‘ ‘ Una vez oído el Sr. Rafael González se discutió extensamente el asunto, tomando parte en la discusión todos los Sres. concurrentes al acto, resolviéndose el caso por los señores Pedro Calderón, Juan Reyes, Evangelista Díaz, Serafín Miranda y Martín Díaz, en el sen-tido de que se anulase el trozo de camino a que se refería el solici-tante siempre que el Sr. Rafael González se comprometiese a dar paso a los vecino-s por su finca en caso de que ellos necesitaren utili-zar dicho trozo de camino para trasladarse al pueblo de Juncos, en lo cual fué conforme el Sr. Rafael González, y negándose en abso-luto a la anulación del referido camino los Sres. Aurelio Morales. Inocencio Mojica y Juan García.
“En vista de lo que antecede y considerándose por los señores del Concejo presentes al acto que la mayoría de los interesados en este asunto estaban por la anulación bajo la promesa del Sr. Gon-zález de no cerrarles el paso por su finca así como también conven-cidos de la inutilidad de dicho trozo de camino por no conducir sino hasta la jurisdicción de Juncos, donde no se une o empalma con ningún otro camino municipal de aquella jurisdicción por el que pudiera comunicarse con los otros pueblos realizándolo únicamente con un camino vecinal y privado; Considerando además que el arre-glo y conservación de dicho trozo, de camino irroga a este municipio los gastos consiguientes y que tratándose de un camino innecesario resultarían superfluos estos gastos, el Concejo de Administración acordó la siguiente ordenanza:
“Resuélvase por el Concejo de Administración del pueblo de Gu-rabo; P. R., Sección Primera: Por la presente queda anulado el trozo de camino municipal No. 3 de esta jurisdicción en una longi-tud de 604 metros comprendidos entre el camina municipal No. 4 .que .partiendo desde la carretera insular No. 5, atraviesa los barrios de ‘Mamey’ y ‘Hato Nuevo’ en la colindancia de. la. finca d'e .los Sres. González, hasta la jurisdicción de Juncos, después de haber atravesado dicha finca.”

Este proceder filé evidentemente adoptado por el Concejo Municipal de Administración de conformidad con las dispo-siciones del artículo 53 de la Ley Municipal que entonces regía. (Leyes de 1919, págs. 685, 715.) Es evidente, además, que el costo de reparación y sostenimiento del camino fué una de las razones que indujo a que el mismo fuera abandonado. Sin embargo, no podemos convenir con el juez de distrito en que el alcance y efecto de la ordenanza o resolución debe limi-tarse a la eliminación de esa partida de gastos. No está abora ante nos ninguna cuestión de título o dominio del te-rreno, ni ninguna cuestión respecto al derecho del municipio a reanudar la posesión y dominio del mismo o a abrir nueva-mente el camino en cualquier tiempo, ni ninguna cuestión rela-tiva a los derechos respectivos de posesión del municipio y del demandado entre sí. El municipio no es parte en el presente litigio. El proceder adoptado por el Concejo de Administración equivalía a la descontinuación y abandono definitivo de cierto trozo del camino. No es cuestión de suma importancia si este abandono era permanente o temporal, o por período indefinido. Tampoco gira este caso en torno a cualquier reserva hecha a favor de ciertos individuos que ahora no alegan sus derechos, no importa cuáles sean los mismos. Los demandantes no se dirigían a Juncos ni hacia ningún punto que excediera los límites de la finca del deman-dado. Para aquella época se desarrollaba una huelga en que. los demandantes y otras personas estaban interesados. A, los demandantes se les dijo que podían pasar a través de la finca del demandado por sí solos como individuos, mas no era esto lo que ellos deseaban. Portaban banderas rojas y sus planes eran entrar en manifestación con el objeto de inducir a los empleados del demandado a abandonar sus labores y a declararse en huelga. El demandado se negó a permitirlo. Los demandantes contestaron que si ellos no podían seguir en manifestación que entonces no pasarían; Uno de los manifestantes mostró nn documento suscrito por el alcalde autorizando al portador a penetrar en la finca del demandado con el objeto de reparar el camino, mas no se pretendía penetrar en la misma con el objeto indicado en el permiso.

Los demandantes en una acción de esta índole, por dispo-sición expresa del estatuto, deben alegar en su demanda que ellos “dentro del año precedente a la presentación de la de-manda, estaban en la posesión real de la propiedad que en dicha demanda se describe, si se trata de recobrarla, y estaban y están, si de retenerla.” (Leyes de 1917, tomo 2, págs. 221, 223.) El presente recurso fue iniciado en noviembre de 1930. Fue en marzo de dicho año que el demandado se negó a permitir que los demandantes usaran el camino en la forma y para el fin indicado en los párrafos anteriores. El juez de distrito también resolvió que el demandado, allá para la misma época había construido una valla a través del camino. A nuestro juicio no hay base satisfactoria para esta conclu-sión. Prueba positiva del demandado estableció el hecho de que en 1920, inmediatamente después que el municipio aban-donó formalmente el camino, él había puesto en su línea divi-soria o cerca de ella, un aviso prohibiendo el paso por el camino, y que en 1928 había puesto la cerca en un punto en que el camino cruzaba una quebrada que también corría por su finca. El cruce había sido destruido por las fuertes lluvias incidentales al huracán de 1928. La quebrada, al crecer de madre, se había llevado las riberas o parte de ellas, y en su lugar había dejado un barranco que hacía el camino práctica-mente intransitable. La valla había sido construida al borde de este barranco para impedir que el ganado se cayera por el mismo. Hubo alguna prueba de carácter negativo ten-dente a sostener con inferencias más o menos dudosas la conclusión del juez de distrito, pero esta prueba, ante la evi-dencia más persuasiva y prácticamente incontrovertida que acabamos de referir, deja de establecer el caso claro que es necesario para justificar la expedición de un injunction. No nos es posible dejar de llegar a la conclusión de que la cerca fué construida en 1928 y que el demandado había estado en la posesión material y dominio de aquella parte del camino en cuestión desde 1920. Por tanto, los demandantes, ni en marzo de 1930, ni en ningún momento dentro del año prece-dente a la presentación de su demanda, habían estado en posesión material, como parte del público viandante o en alguna otra forma, de aquella parte del camino en cuestión.

La sentencia apelada debe ser revocada y declararse sin lugar la demanda, con las costas, pero sin comprender m ellas los honorarios de abogado.


author: El Juez Asociado Señor Hutchisoh,

text:
    Vicente Balbás Peña, Francisco y Adolfo Parra Capó, et al., demandantes y apelados, v. Luce & Company, S. en C., demandada y apelante.
    No. 6648.
    Sometido: Noviembre 8, 1934.

      Resuelto: Enero 18, 1935.

      Ángel Sifre, Jr. y A. Ortiz Toro, abogados de la apelante; José A. Poventud, Alberto S. Poventud y M. León Parra, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchisoh,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes iniciaron este recurso en la Corte de Distrito de Ponce. Alegaban en su demanda dos causas de acción, una sobre reivindicación de ciertos inmuebles ubicados en el municipio de Santa Isabel y otra sobre liquidación y reclamación de frutos y productos. Para aquella época Santa Isabel formaba parte del distrito judicial de Guayama. La demandada excepcionó la demanda y solicitó el traslado, que le fue concedido. Más tarde, a virtud de una ley de la Asam-blea Legislativa (Leyes de 1933, pág. 315), Santa Isabel fué segregado del distrito judicial municipal de Salinas y anexado al distrito judicial municipal de Juana Díaz. Así pues, vino a formar parte del distrito judicial de Ponce. Véase Santos v. Sepúlveda, Juez de Distrito, 45 D.P.R. 658. Los deman-dantes entonces solicitaron de la Corte de Distrito de Gua-yamá que devolviera el caso a Ponce y obtuvieron una orden a ese efecto.

La apelante sostiene que la Corte de Distrito de Guayama cometió error al resolver que el caso cae dentro del artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil, al resolver que la corte competente para conocer del mismo era la del distrito judicial de Ponce, y al ordenar el traslado del pleito para dicho distrito. El artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil provee:

“Deberán substanciarse en el distrito en que radique el objeto de la acción, o parte del misum, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, a tenor de lo dispuesto en este Código, los pleitos que se sigan por las causas siguientes:
•“1. Para recobrar la posesión de bienes raíces o de una propie-dad o interés en la misma, o para determinar en cualquier forma dicho derecho o interés, y por daños causados á propiedad inmueble.
“2. .Para la. partición de'propiedad inmueble.
“3. Para la ejecución de una hipoteca sobre propiedad inmueble. Si la propiedad estuviese radicada parte en un distrito, y parte en otro, el demandante podrá elegir cualquiera de los dos, y el distrito así elegido será el propio para la vista de dicho asunta”

El artículo 104 expresamente autoriza la acumulación de una acción para recobrar rentas y utilidades y una acción para recobrar determinada propiedad inmueble. De ordi-nario cuando un demandante acumula dos acciones, una local y la otra transitoria, en una sola demanda, la acción en su totalidad, si surge la cuestión de competencia, será conside-rada como transitoria. Esto es especialmente cierto cuando la causa de acción transitoria es la predominante. Podría ser cierto aun en aquellos casos en que el objeto primordial de la causa de acción es la reclamación de bienes inmuebles. No importa como esto sea, a nuestro juicio debe reconocerse una excepción a la regla general cuando, según ocurre en el presente caso, la causa de acción local no sólo es predomi-nante sino fundamentalmente esencial a la causa de acción transitoria. En este caso no puede haber indicio alguno de una acción de recobrar frutos y productos, a menos que se establezca primeramente el derecho a recobrar la propiedad misma. La segunda causa de acción es un mero corolario incidental y accesorio a la primera y que de ella depende para su propia existencia. Véase Hernández v. Bernardini, 25 D.P.R. 461. El caso de Hernández no fue revocado, según dice la apelante, sino claramente distinguido en el de Capó v. Hartman, 41 D.P.R. 854. Véase también el caso de State v. Royal Consolidated Mining Co., 187 Cal. 343; 67 C. J. 52, sección 65, y casos citados. La corte de distrito no cometió error al resolver que el presente caso se rige por el artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil, y esto decide los otros puntos suscitados en el primer señalamiento de error en tanto en cuanto han sido discutidos por la apelante en su argumentación al mismo.

Otra contención de la apelante es que habiéndose trasladado el caso a la Corte de Distrito de Guayama en una época en que Santa Isabel formaba parte del distrito judicial de Gruayama la actuación posterior de la Legislatura al agregar a Santa Isabel al distrito judicial de Ponce no des-pojó a la corte de Guayama de su jurisdicción ni la justificó para devolver el caso a Ponce. La apelante se funda en los siguientes casos: Security Loan Co. v. Kauffman, 108 Cal. 214; McNew v. Williams, 36 S. W. 687; Cornell University v. The Wisconsin Central Railroad Co., 5 N. W. 329; Milk v. Kent, 60 Ind. 226; Blake v. Freeman, 13 Me. (1 Shep.) 130; y Bent v. Maxwell Land Grant & Ry. Co., 3 N. M. (Johns.) 158, 3 Pac. 721. Puede libremente admitirse que la ley de la Legislatura no privó a la corte de Guayama de su jurisdicción y que si no se hubiese presentado una moción de traslado el caso tal vez hubiera sido visto en Guayama. Aun si nos confrontáramos con una cuestión de jurisdicción, ella no sería complicada por ninguna disposición constitu-cional. Empero, estamos tratando con una cuestión de com-petencia y no con una de jurisdicción. Si bien pueden haber algunas autoridades respetables, especialmente entre los casos más antiguos, tendentes a sostener un criterio opuesto, es-tamos convencidos de que al anexarse el municipio de Santa Isabel al distrito judicial de Ponce ese distrito, a virtud de la disposición expresa del artículo 75 del Código de Enjui-ciamiento Civil, se convirtió en el distrito apropiado para el juicio. Véase 67 C. J. 150, sección 243, y casos citados. Por tanto la Corte de Distrito de Guayama no cometió error al declarar con lugar la moción de traslado a menos que la conclusión a que acabamos de llegar respecto ál lugar del juicio esté equivocada al tomarse en consideración otras cuestiones distintas al mero hecho de la anexión. El artículo 3 de la ley que separó el municipio de Santa Isabel del dis-trito judicial municipal de Juana Díaz otorgó a la Corte de Distrito de Ponce facultad para oír y determinar las apela-ciones de la Corte Municipal de Juana Díaz en casos “pro-cedentes de Santa Isabel”. También dispuso que “los casos pendientes de vista en apelación a la fecha de la vigencia de esta ley serán trasladados a la Corte de Distrito de Ponce.” La apelante da énfasis al hecho de qne la Legislatura con esta sección dispuso el traslado de los casos que se hallaban-pendientes ante la Corte de Distrito de Guayama en apela-ción de la Corte Municipal de Salinas “procedentes de Santa Isabel,” pero qne no hizo una disposición similar en relación con los casos de jurisdicción original que también se hallaban pendientes en la Corte de Distrito de Guayama. Esta argu-mentación pasa por alto la distinción ya indicada existente entre jurisdicción y competencia. La Corte de Distrito de Guayama, desde luego, había adquirido jurisdicción sobre todos los casos pendientes. Si existe alguna disposición es-tatutaria que ordene el traslado en casos pendientes de apela-ción de una corte municipal, no se ha llamado nuestra aten-ción a ella. La mera separación del municipio de Santa Isabel del distrito judicial de Guayama y la inclusión del mismo en el distrito judicial de Ponce no hubiese privado a la Corte de Distrito de Guayama de su jurisdicción sobre los casos de Santa Isabel que se hallaran pendientes en ape-lación de la Corte Municipal de Salinas. Por alguna razón la Legislatura resolvió que tales apelaciones debían ser oídas y resueltas por. la Corte de Distrito de Ponce y así lo dispuso. En cuanto a los casos ya cubiertos por el artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil no hubo necesidad de incluir una disposición similar en la ley de 1933. Si la Legislatura pensó en esto o si fue indiferente hacia la cuestión de com-petencia en los casos de jurisdicción original que se hallaban pendientes o si pasó por alto ese punto enteramente, es cues-tión que carece de importancia. Sea ello como fuere, no hallamos prueba de ninguna intención al efecto de que los casos que cayeran dentro de las disposiciones del artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil no deben regirse por dicha sección.

Una contención algo más plausible es que el.traslado con-cedido por la Corte de Distrito de Guayama no estaba auto-rizado por el artículo 82 ni por el inciso primero del artículo 83 del Código de Enjuiciamiento Civil. Debe admitirse que el presente caso no cae dentro de la letra de ninguna de estas disposiciones estatutarias, mas a nuestro juicio está dentro del espíritu de ambas si se interpretan en armonía con el artículo 75 y se rigen por los principios federales en que ambas se basan al ser así interpretadas. En el presente caso la apelante se funda en la siguiente jurisprudencia: Buell v. Dodge, 57 Cal. 645; Remington S. M. v. Cole, 62 Cal. 311; Dodson v. Bunton, (Tex.) 17 S. W. 507; y 1 Sutherland Code Pleading, Practice and Forms, 592, sección 990. Estas autoridades no sientan base satisfactoria para la revocación de la orden que abora pende ante nos. La única alteración en el estado del caso desde el momento en que la demandada presentó la moción de traslado fue que el mismo había sido trasladado a la Corte de Distrito de Guayama y que la razón de tal traslado había desaparecido mediante acción legisla-tiva. Si el municipio de Santa Isabel hubiese formado parte del distrito judicial de Ponee en la época en que se presentó la moción de la demandada, tal moción no hubiera sido con-cedida. El municipio de Santa Isabel formaba parte del dis-trito judicial de Ponce en la época en que los demandantes presentaron su moción en la Corte de Distrito de Guayama, siendo Ponce en su consecuencia, el sitio donde debía cele-brarse el juicio. Los demandantes, en primera oportunidad, solicitaron que se trasladara nuevamente el caso y no habían renunciado su derecho a presentar esta moción. Por el con-trario habían instituido su acción en la Corte de Distrito de Ponce y se habían opuesto tenazmente a la moción de traslado presentada por la demandada. Véase Balbás Peña v. Luce & Go., 45 D.P.R. 307. La iniciación de la causa en el distrito de Ponce, con pleno conocimiento de la posibilidad de que la demandada podía solicitar el traslado, no equivalió, conforme sostiene ahora la apelante, a una sumisión voluntaria a la jurisdicción de la Corte de Distrito de Guayama. En ausen-cia de tal sumisión o renuncia la Corte de Distrito de Gua-yama no cometió error al considerar el caso en el estado en que se hallaba al tiempo de presentarse la moción de los demandantes, ni al declarar la misma con lngar.

Debe confirmarse la resol/ación apelada.


author: El Juez Asociado Señor' Córdova Dávila,

text:
    The Federal Land Bank of Baltimore, peticionario y apelante, v. La Corte Municipal de Ciales, P. R., Hon. Luis Martorell, Juez, recurrido, opositor y apelado.
    No. 6585.
    Sometido: Diciembre 21, 1934.

      Resuelto: Enero 18, 1935.

      Frank Martínez y E. Campos del Toro, abogados del apelante; V. Polanco de Jesús, abogado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor' Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Nicolás Padilla Rivera inició una acción contra The Federal Land Bank of Baltimore alegando que tiene consti-tuido su bogar seguro en una finca rústica, compuesta de 21.75 cuerdas, ubicada en el barrio Pesa, de Ciales, que dicho banco remató y se adjudicó en pública subasta, celebrada por el márshal de la Corte de Distrito de Arecibo en un procedi-miento de ejecución de hipoteca. Se alega además en la demanda que el banco demandado, al adquirir la finca, ame-nazó al demandante con desalojarle de la casa y terrenos adyacentes, que constituyen su homestead. Solicita el deman-dante que se condene a The Federal Land Bank of Baltimore a reconocerle el referido derecho de hogar seguro en la indi-cada finca hasta el valor del mismo, o sea $500, y entregarle una porción del inmueble o la cantidad en efectivo en qne está valorado dicho derecho. La parte demandada compa-reció ante la Corte Municipal de Ciales solicitando qne la cansa fnese trasladada a la Corte Municipal de San Juan, por entender qne la acción en reclamación del derecho de hogar seguro es una de naturaleza personal y qne por tanto el demandado en dicho pleito tiene derecho a qne la cansa se ventile eh el tribunal de su domicilio.

Celebrada la vista de la moción de traslado en la corte municipal, dicho tribunal denegó la solicitud basándose en que la acción en reclamación de homestead es una de natu-raleza real que debe ventilarse en el distrito donde se ha constituido el hogar seguro. Contra la resolución de la Corte Municipal de Ciales interpuso el banco recurso de certiorari para ante la Corte de Distrito de Arecibo. Expedido el auto y celebrada la vista del recurso en el referido tribunal, la corte de distrito resolvió que el derecho de hogar seguro es un derecho real y que una acción en reclamación de dicho derecho debe verse en el distrito en que radica el objeto de la acción de acuerdo con el artículo 75 del Código de Enjui-ciamiento Civil.. Basándose en este criterio se anuló el auto expedido y se declaró sin lugar el recurso de certiorari. De la resolución dictada en este caso interpuso recurso de apela-ción el banco demandado. Se alega que la corte inferior erró al resolver que las acciones reclamando el derecho de hogar seguro son litigios de bienes inmuebles y deben verse en el lugar donde radica ía propiedad a que se refiere el aludido derecho de homestead y al negarse a decretar la nulidad de la resolución dictada por la Corte Municipal de Ciales denegando la moción del Federal Land Bank of Baltimore en que se solicitaba el traslado de la causa pen-diente ante dicho tribunal municipal para la Corte Municipal de San Juan, sección segunda.

Transcribe el apelante en su alegato un párrafo de Corpus Juris que esta corte reprodujo en Manescau v. Usera, 46 D.P.R. 143, y hace resaltar entre sus citas el caso de Young v. Olivares, 41 Fil. 420, complementándolo con una cita de la Enciclopedia Jurídica Española, tomo 18, página 270. Co-piamos a continuación el párrafo de Corpus Juris en que descansa el apelante, con algunas modificaciones en la tra-ducción :

“Las disposiciones sobre bogar seguro no crean un nuevo título ni alteran el título de dominio o equitativo en el terreno. Tampoco fortalecen ni ensanchan el título ya existente. Es el uso de la pro-piedad y no el título lo que cambia. No crean ningún interés en la propiedad cuando las partes que reclaman el derecho de homestead no tieneii título o interés en la misma. Tampoco constituyen una defensa en una acción de saneamiento o de carácter reivindicatorio.

Aunque se ña dicño que el interés creado por la institu-ción de homestead depende enteramente de la Ley Orgánica o de las disposiciones estatutarias, que no son las mismas en todos los estados, sin embargo creemos que no bay dispa-ridad en cuanto a que el homestead creado por estas diversas disposiciones no trasmite propiedad alguna ni dispone del título existente. Puede decirse que nada se trasmite ni nada se recibe en virtud de la creación de este derecho. El padre de familia, dueño del inmueble, continúa poseyendo lo mismo que antes tenía, con la limitación de no poder desprenderse del homestead sin el consentimiento de su mujer ni disponer del mismo por testamento.

Waples, en su obra sobre “Homestead and Exemption”, página 102, se expresa así:

“El estado no concede derechos de propiedad de homestead a nadie. No dispone del título del dueño. Protege lo que ya posee, bajo condiciones y con limitaciones. No crea el sistema de homestea-d como una caridad. No tiende el manto de su protección sobre el pobre que carece de hogar. No distingue entre el pobre y el rico en su política para la conservación de los hogares existentes. No se limita, como popularmente se ha supuesto, a cubrir con su escudo al deudor contra el acreedor, con excepción de muy pocos estados.”

Arguye el apelante que de la lectura de nuestra ley surge claramente que el homestead creado por la misma constituye una exención, nn privilegio otorgado al jefe de familia, a virtud del cual se establece una excepción a la regia general de que todos los bienes del deudor vienen obligados al pago de sus deudas. Nada tenemos que decir en cuanto al derecho, con sabor de privilegio, que se crea en beneficio de la familia. Consideramos, sin embargó, que este derecho puede ser de naturaleza real si recae directamente sobre la cosa objeto del homestead. En cuanto a la exención concedida para pro-teger el hogar, hay que convenir que tiene ciertas caracterís-ticas o peculiaridades que no se advierten en aquellas exen-ciones que se limitan a impedir que el acreedor ponga sus manos en ciertos bienes de su deudor.

En el caso de Young v. Olivares, supra, citado por la parte apelante, la Corte Suprema de Filipinas, refiriéndose al homestead, dice que el derecho de exención no es ún derecho real sobre bienes, que constituye más bien una restricción positiva para impedir que el funcionario ponga sus manos en ella. “Siendo ésta la índole de la exención,” continúa diciendo el tribunal, “resulta que el grado de interés que el ■deudor tiene sobre la finca que alega ser homestead carece completamente de importancia.” La Enciclopedia Jurídica Española, hablando del “homestead exemption”, en un es-tudio interesante de la referida institución, dice que el homestead no crea un derecho in rem, sino un derecho estric-tamente personal y que bajo este concepto no puede ser objeto de cesión o traspaso.

La exención, sin embargo, puede distinguirse de las demás exenciones prescritas por la ley para' favorecer al deudor. En primer lugar, la base fundamental del homestead es la protección de la familia, aunque haya alguno que otro esta-tuto que provea exenciones para los deudores pobres, las-viudas necesitadas y los huérfanos solamente. Generalmente el deudor puede disponer de los bienes- exentos de ejecución,, de los cuales disfruta mientras quiere. No pasa así con el homestead. El jefe de familia no puede renunciar al mismo sin el consentimiento de su esposa, ni tampoco - puede dis-poner de este derecho por testamento. La exención dnra mientras haya nna familia que proteger y exista el funda-mento básico del. homestead. Cuando desaparecen los fines para que el mismo fue creado, los bienes tornan a responder de las obligaciones contraídas.

Waples, en la obra citada, página 3, dice:

“La conservación del hogar de la familia es el propósito) de la legislación del homestead. La política del estado es fomentar las fa-milias como los factores de la sociedad y así estimular el bienestar general. Para salvar a estas familias de desintegración y asegurar su permanencia, el legislador procura proteger sus hogares de ventas forzosas en tanto en cuanto pueda hacerlo sin injusticias a terceros.
“El lector notará la diferencia importante entre la política de conservar los hogares para el bien de la sociedad y el estado, y la política de salvar de ejecución la propiedad de los deudores pobres para su propio beneficio). Y como se dirá más adelante, los estatu-tos de homestead no son leyes de pobreza hechas para el beneficio de los necesitados solamente. Estos estatutos protegen los hogares de todas las clases. Cualquier jefe de familia, por solvente y acomo-dado que sea, puede edificar su hogar, bajo las disposiciones del es-tatuto, y sentirse seguro de que cualesquiera que sean las deudas que pueda contraer o los obstáculos que puedan las mismas originarle, el hogar de su familia está seguro. Es evidente, por lo tanto, que bajo el sistema prevaleciente de homestead (descartando aquellos raros estatutos que disponen exención para los dudores pobres, las viudas necesitadas y los huérfanos solamente), la política no es ase-gurar al sostenedor de un hogar cierta porción de propiedad real ni servir solamente los intereses de las personas inmediatamente bene-ficiadas, sino proteger los hogares como los pilares del edificio del es-tado. Los efectos caritativos de las leyes de homestead son simple-mente incidentales.
“Las razones que apoyan la liberalidad de esta política son per-suasivas y de fácil apariencia. Las familias son las unidades de la sociedad, factores indispensables de la civilización, las bases de la comunidad. De su permanencia en la comunidad depende el éxito' de las escuelas, las iglesias, las bibliotecas y las buenas instituciones de todas clases. Los sentimientos del patriotismo y la independen-cia, el espíritu de la libre ciudadanía, el sentimiento del interés en los negocios públicos, son cultivados y fomentados con mayor pron-titud cuando los ciudadanos viven permanentemente en su propio castillo con un sentido de su protección y durabilidad.
“El estado está interesado en las relaciones conyugales y pater-nales; en fomentar los matrimonios y el levantamiento de los niños, en la moralidad, refinamiento y religión de las familias y comunida-des; y, por otro lado, se siente herido y su prosperidad puesta en peligro, por la prevalecencia de los divorcios y por todo aquello que tiende hacia la desintegración de la familia y la destrucción de los hogares. El proverbio: ‘ Cuando la pobreza toca a nuestras puertas, el amor huye por la ventana, ’ no es invariablemente cierto. 'La bella descripción que aparece en ‘Irving’s Sketch Book’, de la mujer con-solando y alentando a su marido que perdió su fortuna, no es excep-cional; pero, ¿no es cierto que cuando el hogar ha desaparecido-, la tendencia es contra el saludable desarrollo de los sentimientos ante-riormente mencionados que conducen al bienestar del estado?”

El Tribunal Supremo de Alabama, en el caso de Watts v. Gordon, 65 Ala. 546, se expresa así:

“El gran fin que predomina en toda la Constitución y la política que la informa, es amparar y conservar el homestead — el sitio de re-sidencia. Un pueblo sin casa, sin hogar, es una carga para la ener-gía y para la industria, y un elemento corruptor para la moral de la colectividad de que sus individuos sean miembros. No puede caer sobre una familia mayor calamidad, fuera de las que llevan el es-tigma del delito, que la de ser lanzada del hogar bajo el cual se ha formado y ha tenido abrigo. No es el fin de la Constitución, ni el de las leyes positivas, amparar la propiedad o los derechos reales, sea cual fuere su superioridad o su inferioridad, simplemente por-que se trata de propiedad o de derechos reales. ... Lo que debe ampararse y conservarse es el hogar, la morada — no necesariamente la propiedad inmueble o los derechos reales. De ordinario al hogar van unidos semejantes derechos; pero en caso contrario constituye una desgracia para el ocupante y para los que de él dependen, y le sujeta a una responsabilidad a la cual no estaría expuesto en el caso de que el hogar llevara consigo dicha propiedad o derechos rea-les. . . El que estas casas que implican el derecho legal al uso y ocupación del terreno sobre que se asientan constituyan homestead, para los efectos de la Constitución y estén amparadas por ella, es "cosa que depende, no de la cantidad ni de la calidad de los bienes del arrendatario, sino de la índole y naturaleza del acto en virtud del cual han sido levantadas, y de la intención del arrendatario, según se manifieste por el uso a que las mismas se destinan.”

De la Enciclopedia Jurídica Española, tomo 18, pág. 270, tomamos lo siguiente:

“La institución del homestead ha sido combatida por algunos, razón habida a que los privilegios de insecuestrabiUdad y de inalie-nabilidad que la informan vienen a ser algoi así como una supervi-vencia de los antiguos fideicomisos. El ilustre profesor italiano San-tangelo Spoto, que ha justificado con buena copia de argumentos la razón de ser de uno y otro principio, en varios artículos doctrinales y en su libro La legislations civile e i Beivi di famiglia (1), la deno-mina fidecomesso democrático, y hace de ella una apología entusiás-tica, afirmando que este nombre no debe asustar al legislador ni al ciudadano, pues, témpora muiantur et nos mutmnur cv/m illis, y así como cambian de significación las palabras, varían también con el tiempo las cosas y las instituciones que con ellas se designan. No es el fideicomiso democrático — dice—la /consagración jurídica del grande dominio, del feudo, para garantir a las familias de los nobles la posesión de la fuerza con la que dominaban a los demás, y a la Iglesia Ja potestad de abatir a los poderosos y a las testas coronadas; ‘es la consagración jurídica de aquella mínima propiedad mediante Ja cual una familia puede vivir trabajando con sus propios brazos; es el fideicomiso del trabajo, que sirve para asegurar a la familia del labrador del campo, del pequeño propietario rústico, el uso y dis-frute de aquellos medios necesarios de producción y de vida, sin los cuales sucumbiría continuamente en la ludia con la gran propiedad, con el capitalismo vampiro’ (2).”

Y últimamente en una nota puesta al calce del caso Andrews v. Security National Bank, 83 A.L.R. 54, dice el comentarista lo que sigue:

“Toda la teoría de la ley relativa a hogar seguro descansa en la idea de que como cuestión de conveniencia pública para la promo-ción de la prosperidad del estado y para independizar económica-mente a cada uno de los ciudadanos que le constituyen no es sino propio que tengan un hogar donde albergar su familia y donde pue-dan vivir más allá de las garras de la la adversidad y de las de-mandas de acreedores que les han dado crédito bajo tal ley. Su pro-pósito es asegurar a todo dueño de casa de un hogar para él y su familia, irrespectivamente de su situación económica, ya fuere sol-vente o insolvente; independientemente del número de sus acreedo-res; y sin considerar especialmente el alcance de su fortuna o el título eon que posea su bogar seguro. Un estatuto de bogar seguro no se basa en forma alguna en los principios de equidad ni en ma-nera alguna cede a ellos. La política del estado es preservar el hogar de la familia aun a expensas de justas demandas, pues consi-dera que da preservación del bogar es de importancia suprema. En cumplimiento de este objetivo es que no se puede hacer una enaje-nación o renuncia efectiva de la exención de bogar seguro a menos que se sigan con razonable exactitud las disposiciones del estatuto.”

Waples titula su obra “Homestead and Exemption”, estableciendo cierta diferencia entre el significado de una y otra palabra. Homestead, en su sentido legal, significa, según el autor, la residencia de una familia, adueñada, ocu-pada, dedicada, limitada, exenta y con restricciones en cuanto a la facultad de enajenar según lo dispongan los estatutos. “Siendo la exención una de las características del homestead, ¿por qué se usa separadamente en el título de este tratado? ¿Why homestead and exemption¶” El autor se formula estas preguntas y explica que si el tratado se limitara al bogar, a la residencia propiamente dicha, no sería necesario el uso de la última palabra; pero como la exención se ex-tiende a proteger de venta forzosa bienes muebles (chattels) y otros inmuebles que no son homestead, considera que no es superfluo el uso de dicha palabra.

En el caso In re Trammell, 5 Fed. (2d) 327, se expresa con mayor claridad la distinción que se observa entre una y otra palabra. En este caso dice la corte:

“Becuérdese que homestead y exención son cosas completamente diferentes. Homestead es propiamente el sitio del bogar — el bogar y el terreno adyacente. Bouvier’s Law Dictionary, 3^ ed. Es, por lo tanto, propiedad inmueble. Cuando se establece conforme a los requisitos del estatuto comúnmente está exenta de venta forzosa, con-cediéndosele a la familia derechos especiales. Una exención es el derecho concedido po¡r la ley a un deudor para retener una porción de su propiedad, libre de ejecución judicial a instancias de un acree-dor, o de ser desposeído por renta. 'Bouvier’s Láw Dictionary, 3? ed. - Este derecho del deudor puede referirse a bienes -inmuebles o muebles, o a ambos.”

El propósito de la legislación relacionada con el homestead se realiza haciendo efectiva la exención e imponiendo limi-taciones sobre el jus disponendi por venta o testamento. A este respecto dice Waples:

“Es la propiedad, no mi privilegio relacionado con ella — o un derecho no disponible o un cuasi-estate que no envuelva derecho de propiedad no transíerible — lo que se declara exento de ejecución. Es la propiedad que, en ausencia de exención podría ser ejecutada. Los derechos y privilegios personales no disponibles no son responsables de ejecución bajo ninguna circunstancia. Pueden perderse por eje-cución de aquello en que descansan si no se hace reserva alguna; y, bajo algunas circunstancias, han sido reservados en ventas de homestead. Son beneficios inseparablemente conectados eon el homestead, pero que no lo constituyen.”

Ahora bien, ¿qué carácter tiene este derecho creado por la ley? ¿Cuál es el nombre que ha recibido en la nomen-clatura legal americana? Las decisiones de los tribunales en los respectivos estados dependen, desde luego, de la forma en que están redactados los estatutos locales, y aun cuando se advierte cierto conflicto en las autoridades, puede decirse que la naturaleza del homestead es prácticamente la misma en todos los estados donde la propiedad real ha sido exenta de ejecución y se han impuesto ciertas limitaciones en los derechos dominicales del dueño. El capítulo noveno de la obra de Waples se titula ‘‘Quasi-Estate of Homestead.” Apunta el autor que la frase estate of homestead se ha venido usando en cierto grado, aunque ha sido evadida por los tribunales en la mayoría de los estados. “Si esta frase,” dice el autor, “fuese empleada en el sentido en que nosotros hablamos de la dote como un estate, significando, por ejemplo, que es un estate de por vida o por años, puede que no con-dujera a error. Si, por el contrario, la usamos como si se designase una nueva clase de estate, diferente de los ya es-tablecidos, podríamos crear confusión, si no conducir a error.” “What hind of cm estate in land?”, se pregunta el mismo autor. “It is one in fee, or for life, or for a term, or at will: not a new hind of estate in land. The estate of homestead has no independent existence, apart from the title. Hoioever, it resembles am> estate in some respects: hence the title of this chapter.”

“El interés que surge del homestead,” dice la Corte Su-prema de Washington en Whitworth v. McKee, 72 Pac. 1051, ‘ ‘ es algo más que un simple privilegio conferido por la legis-latura como un acto de gracia que pueda ser retirado o des-truido a su capricho. Es, en realidad, un interés adquirido.”

Y la Corte Suprema de Nebraska, en Galligher v. Smiley, 28 Neb. 189, declara que el homestead, aunque quizás no constituye un nuevo estate, participa de un interés o derecho en el hogar, investido de tal modo en el dueño que no puede-ser destruido por la legislatura, mediante la derogación de la ley que le dió vida.

No trasmite el homestead propiedad o título alguno ni su constitución tiene el efecto de cambiar el status del dueño en cuanto a la propiedad. La ley se limita a conceder al jefe de familia el derecho de continuar en el goce y disfrute de su hogar y a decirles a los acreedores que no pueden poner sus manos en él. Esto, a nuestro juicio, es bastante. El derecho del jefe de familia-a continuar poseyendo lo que es suyo, pero que dejaría de serlo a no ser por la protección concedida por la ley, recae directamente sobre la cosa y está de tal suerte unido a ella que el homestead no tendría exis-tencia si se separase del título de la propiedad. No se nos oculta, como observa Waples, que los derechos de la pro-piedad, base del homestead, están condicionados por nega-ciones. El dueño no puede disponer de la misma por testa-mento ni venderla por su sola actuación, y sus acreedores tampoco pueden hacerla responsable para satisfacer sus cré-ditos ; pero, ampliando lo que dijimos en Manescau v. Usera, supra, todo recae sobre un inmueble, más bien que girar a su alrededor, y de acuerdo con las disposiciones del artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil, en relación con nuestra ley sobre homestead,, la acción en qne se reclame este de-recho debe ejercitarse en el sitio donde radiqne la finca.

Si examinamos detenidamente la ley de Puerto Bico, veremos que tiene mucha analogía con la ley en vigor en el estado de Illinois. El artículo primero de esta ley, transcrito en el caso de Browning v. Harris, 99 Ill. 460, dice así:

“That every householder having a family ‘shall be entitled to an estate of homestead, to the extent and value of one thousand dollars, in the farm or lot of land and buildings thereon, owned or rightly possessed, by lease or otherwise, and occupied by him or her as a residence; and such homestead, and all right cmd title therein, shall be exempt from attachment, judgment, levy or execution, sale for .the payment of his debts, or other purposes, and from the laws of conveyance, descent and devise, except as hereinafter provided’.”

El artículo 1ro. de la ley de Puerto Bico dice, en lo per-tinente, así:

“That every householder, having a family, shall be entitled to an estate of homestead to the extent and value of five hundred dollars in a farm, plantation, or lot of land, and buildings thereon, owned, or lawfully possessed, by lease or otherwise, and occupied by him or her, as a residence, and such homestead and all right and title therein, shall be exempt from attachment, judgment, levy or execution, except for the taxes due thereon, or purchase price of said property, or liability incurred for the improvements placed thereon, and except as hereinafter prescribed. . .”

Las disposiciones de estos artículos tienen mucho pare-cido. En realidad puede decirse que nuestra ley de homestead es una adaptación de la de Illinois con algunas modifi-caciones, como apunta el Sr. Muñoz Morales en la Bevista Jurídica de la Universidad de Puerto Bico, vol. 4, pág. 88. Hemos llegado a esta conclusión después de haber examinado las leyes de los diversos estados, que Waples transcribe sustancialmente en el apéndice de su obra. La ley de Illinois, como la nuestra, habla de un estate of homestead a que tiene derecho el jefe de familia y declara exentos de ejecución all right and title therein. Las decisiones de la Corte Suprema de Illinois deben estudiarse a la luz de las leyes vigentes sobre la materia en la fecha en que fueron emitidas. En las deci-siones en que se interpreta la ley de 1851, se sostiene que de acuerdo con la misma no existe un estate m lemd. Pero en las últimas decisiones en que se estudia, analiza y comenta la ley de 1873 el mismo tribunal declara que la ley vigente crea un estate of homestead.

La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de Black v. Curran, 81 U. S. 463, adoptó, conforme a su cos-tumbre tradicional, el criterio de la corte local y sostuvo, interpretando la antigua ley, que la misma no creaba un estate in land. En el caso de Browning v. Harris, supra, la Corte Suprema de Ill., interpretando la ley de 1873, que, dicho sea de paso, ha sufrido algunas enmiendas, se expresa así:

‘ ‘ Puesto que el derecho de homestead ha sido, por la ley enmenda-toria de 1873, convertido en un estate, hay que concluir que, como ocurre con todos los demás estates, no puede tener existencia sepa-rada, independientemente del título que constituye uno de sus ele-mentos esenciales. Cada dueño de un homestead, bajo la presente ley, tiene un estate en la propiedad, ya sea en fee (dominio) de por vida o por años (for life or years) hasta cubrir una cantidad de $1,000. Cuando el jefe de familia, teniendo el dominio de la pro-piedad, muere, y el derecho pasa al cónyuge sobreviviente, marido o mujer, por operación de la ley, se crea un usufructo durante su vida (Ufe estate) para el propósito de tal estate of homestead, y los herederos recuperarán el dominio solamente cuando termine este usufructo. De igual manera, cuandoi el hogar seguro pasa a los hijos de la familia, se crea un usufructo por años (estate for years) por operación de la ley, para los propósitos de tal estate of homestead en los hijos.”

Las disposiciones de la ley de Illinois y la de Puerto Rico en este respecto son iguales, con la diferencia de que allí se le llama estate for Ufe al derecho que adquiere el viudo o viuda cuando pasa a disfrutar del derecho de homestead y aquí le llamaríamos usufructo viudal. • Lo mismo ocurre con los menores. Allí se le llama estate for years y aquí podría llamarse usufructo temporal, puesto que dura hasta que los hijos adquieren la mayoridad.

En el caso de Fritts v. Fritts, 131 N. E. 584, resuelto por la Corte Suprema de Illinois, dice dicho tribunal, interpretando la misma ley:

‘‘Es una regla en este estado que el homestead es algo más que un-derecho de ocupación, exento de embargo y venta'por deudas. Cuando el terreno ocupado como homestead no excede en valor de $1,000, no puede constituirse ningún gravamen en tal terreno ni lle-varse a cabo ninguna venta válida durante la existencia del homestead estate, aunque se procure vender tal propiedad sujeta al dere-cho de home' -tend. El terreno comprendido en el mismo no puede ser vendido para pagar las deudas del dueño de la tierra durante la vida de su viuda y la minoridad de sus hijos.”

Las disposiciones que menciona y comenta el tribunal de Illinois aparecen en el artículo cuarto de nuestra ley de homestead, que figura hoy con el número 544 en nuestro Código Civil, edición 1930. Según este artículo, no se hará venta alguna, por virtud de sentencia o ejecución, de ninguna estancia, plantación o predio de terreno y de los edificios que contengan, cuando la misma sea reclamada u ocupada como hogar seguro, a menos que se obtenga por ella una suma mayor de $500. Nuestra ley, como la de Illinois, prohibe un absoluto la venta de la propiedad cuando la misma no tiene un valor mayor de $500 o cuando no pueda obtenerse una suma en exceso de esta cantidad.

En cuanto a la moción de traslado denegada por la Corte Municipal de Ciales, entendemos que dicho tribunal se ajustó a las disposiciones de la ley. De acuerdo con el artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil, deberán sustanciarse en el distrito en que radica el objeto de la acción, o parte del mismo, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, los pleitos for the recovery of real property, or of any estate or interest therein, etc. Usamos el texto ingles porque habiendo sido estas leyes redactadas originalmente en este idioma, queremos poner de relieve la semejanza existente entre el estate or interest therein de que habla el artículo citado y el estate of homestead, right a/nd title therein de que habla nuestra ley sobre hogar seguro. El artículo 75 dice claramente que una acción para recobrar un estate or interest therein debe celebrarse en el sitio donde radique el objeto de la acción. En el presente caso Nicolás Padilla Rivera, que es un jefe de familia con esposa e hijos, ha sido amenazado, según se alega en la demanda, por el Federal Land Bank of Baltimore, con ser desalojado de la finca donde tiene constituido su hogar seguro. El deman-dante en el pleito en reclamación de homestead solicita que se le deje en la finca, reconociéndole su derecho de homestead en la misma, o que se le entregue una cantidad por valor de $500. No surge de las alegaciones de la demanda el valor de la finca, pero es claro que la base fundamental de este litigio es the estate of homestead, cuyo reconocimiento se reclama en la finca de que está en posesión Nicolás Padilla y que, por consiguiente, el juicio debe celebrarse donde radica el inmueble, que es en el municipio de Ciales.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señok Cókdova Dávila,

text:
    South Porto Rico Sugar Co., demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 6235.
    Sometido: Mayo 25, 1934.

      Resuelto: Enero 18, 1935.

      R. Castro Fernández, abogado de la apelante; lion. Procurador General Benjamin J. Horton y M. Rodríguez Berra, Procurador General AioxiUar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señok Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción entablada por South Porto Rico Sugar Co., corporación doméstica, contra el Tesorero de Puerto Rico, en cobro de $36,714.63, con intereses, por concepto de contribuciones pagadas bajo protesta.

El 27 de noviembre de 1921, la demandante presentó al Tesorero demandado la siguiente declaración de sobrantes por el año contributivo comprendido entre el 1ro. de octubre de 1918 y el 30 de septiembre de 1919, a los efectos de la Ley No. 80 de 1919:

“1. Total del ingreso neto del año 1919_$1,184,822.01
‘ ‘ 2. Dividendos pagados del ingreso neto_ 84, 000. 00
“3. .Sobrante-$1, 100, 822. 01
DÉDUCCI&NES:
“4. 50% de la cantidad que aparece en la línea 3 550,411.00
“5. Cantidad del ingreso neto pagada para la can- ■ celación de obligaciones pendientes con ante-rioridad al comienzo- del año contributivo,
sin incluir intereses_ 900, 000. 00
"6. Importe de la contribución normal y adicio-nal pagada_
“7. Deducciones totales_$1,450,411.00”

De acuerdo con la citada Ley 80, en vigor durante el año fiscal 1918-19, toda corporación estaba obligada a rendir dos planillas, una para los efectos - de la contribución normal y adicional prescritas por las secciones 20 y 21 de la referida Ley y otra para los efectos de la contribución sobre el so-brante del ingreso neto, prescrita por la sección 22 que dice así:

! ‘ Sección 22: Además de la contribución normal y adicional que prescriben las Secciones 20 y 21 se impondrá, tasará, cobrará y pa-gará por cada año contributivo' sobre el sobrante del ingreso neto de toda corporación doméstica o asociación, sin incluir sociedades civiles, una contribución de 5 por ciento.
“El montante de tal sobrante se computará descontando del in-greso neto total el importe de las siguientes deducciones:
“(1) El montante de dividendos realmente pagados de dicho in-greso neto;
“ (2) Una cantidad igual al SO por ciento del montante del in-greso neto que resulte, descontado que sea el importe de dividendos;
“(3) El montante realmente pagado del ingreso neto para la cancelación ele obligaciones de la corporación o asociación pendientes con anterioridad al comienzo del año contributivo, pero sin incluir intereses sobre dichas obligaciones;
“(4) El importe de la contribución normal y adicional pagada de acuerdo con las Secciones 20 y 21 sobre el ingreso neto total.”

Después de varios trámites que no hace al caso mencionar, por no estar relacionados con las cuestiones planteadas, el Tesorero resolvió consolidar los ingresos netos de la deman-dante y de la corporación South Porto Rico Sugar Co. de New Jersey fijándolos en $1,960,669.88, eliminando la deduc-ción de $900,000, que por concepto de obligaciones pagadas durante el año contributivo 1918-19 solicita la demandante, y sobre esa base estimó que las contribuciones de sobrantes que debía pagar la demandante era $35,823.03.

El 4 de septiembre de 1930 la demandante pagó bajo pro-testa las contribuciones fijadas por el Tesorero que con sus recargos montaban en esa fecha a $36,714.63.

La demanda y la prueba de la demandante tienden prin-cipalmente a sostener:

1. Que el Tesorero carecía de facultades, para consolidar las declaraciones de sobrantes de South Porto Rico Sugar Company de New Jersey y de la demandante.

2. Que la cantidad de $900,000 fue realmente pagada durante el año contributivo 1918-19 para cubrir obligaciones contraídas anteriormente y que por tanto debió ser deducida de los sobrantes a los fines de la contribución.

La corte inferior resolvió que el Tesorero carecía de facultades para hacer la consolidación de declaraciones, que el ingreso neto de la demandante durante el año 1918-19 montó a $1,536,205.87, que no aparecía de los libros de la demandante que la cantidad de $900,000 hubiese sido real-mente pagada durante el año contributivo 1918-19 y que por tanto dicha suma no era deducible de los sobrantes. Según la corte inferior la contribución sobre sobrantes debió haberse computado en la siguiente forma:

“1. Total del ingreso neto del año 1919_$1,536,205.87
“2. Dividendos pagados del ingreso neto_ 84,000.00
“3. Sobrante_$1,452,205.87
DEDUCCIONES :
“4. 50% de la cantidad que aparece en la línea 3_$726,102. 94
“5. Cantidad del ingreso neto pagada para la cancelación de obligacio-nes pendientes con anterioridad al comienzo del año contribu-tivo, sin incluir .intereses_
“6. Montante de la contribución normal y adicional pagada para el año contributivo_ 148, 608. 60
“7. Deducciones totales_ 874,711.54
“8. Montante sujeto a la contribución del 5%_ $577.494.33
“9. 5% del montante de la partida 8_ $28,874.72”

Basándose en la computación que antecede la corte inferior formuló las siguientes conclusiones:

“De modo que, como la contribución a pagar, o sea $28,874.72 no se hizo efectiva hasta septiembre 4, 1930, debió pagar recargos hasta dicha fecha, montantes a $702.62, lo que hace un total de $29,577.34.
“Por consiguiente, la demandante tiene derecho a que se le de-vuelva la diferencia entre lo pagado por ella bajo protesta, o sea $36,714.63 y la cantidad de $29,577.34 que debió pagar, o sea $7,137.20 con interés a razón del 6% anual desde el 5 de septiembre de 1930 hasta su completo pago.
“Procede, pues, una sentencia a favor de la demandante por la cantidad de $7,137.29, con intereses a razón de 6% anual desde el 5 de septiembre de 1930 hasta su completo pago, todo ello sin especial condenación de costas.”

De esta sentencia qne se limita a condenar al Tesorero al pago de la cantidad de $7,137.29, con intereses, apeló única-mente la demandante. Se atribuye a la corte inferior el error de haber resuelto que la suma de $900,000, no fue pagada por la demandante durante el año contributivo 1918-19. La apelante alega que pagó de su ingreso neto dicha suma durante el año mencionado por ciertas obligaciones anteriormente contraídas.

La prueba de la parte demandante tiende a demostrar (a) que comenzó sus negocios en septiembre 30 de 1918; (b) que al comenzar dichos negocios debía a South Porto Rico Sugar Co. de New Jersey, entre otras sumas, la de $900,000 por concepto de tres pagarés de $300,000 cada uno, los cuales en unión de otras obligaciones, representaban el precio de la venta a la demandante de la factoría de azúcar y otras propiedades de la corporación de New Jersey; (o) que durante el año contributivo 1918-19 la demandante obtuvo beneficios, casi totalmente derivados de la producción y venta de azúcares, que la corte inferior fijó en $1,536,205.87 y que en los libros de la demandante se fijaban en $1,184,822.01; (d) que en septiembre 30 de 1919 la corporación de New Jersey debía a la demandante la suma de $1,923,041.29 por concepto de azúcares vendidos; (e) que en septiembre 30 de 1919 la demandante pagó a la corporación de New Jersey los tres pagarés de $300,000 mediante entrada en los libros, o sea mediante compensaciones de las deudas mutuas, reducién-dose por tanto el balance adeudado a la demandante a $1,028,041.29; (/) que en la misma fecha, septiembre 30 de .1919, se cancelaron por la corporación de New Jersey los tres pagarés de $300,000, que luego fueron devueltos can-celados a la demandante, y al mismo tiempo se redujo la cuenta que en los libros de la demandante lleva el nombre “Notes Payable” en la suma de $900,000.

La demandante también adujo evidencia creditiva de que sus beneficios netos por el año 1918-19 estimados en $1,184,822.01, se llevaron en sus libros a la cuenta de “Ga-nancias y Pérdidas”, y que de esta cuenta se dispuso en la siguienté forma:

(1) Se hizo un cargo de $84,000 y se acreditó esta suma a la cuenta de dividendos a pagar;

(2) Se hizo otro cargo de $900,000 y se acreditó la refe-rida suma a una cuenta denominada “Beserve for Working-Capital, Payment of Notes;”

(3) Se hizo otro cargo de $200,822.01, y se acreditó esta cantidad a la cuenta de “Sobrantes”.

Aparece que el crédito de $900,000 en la cuenta “Beserve for Working Capital, Payment of Notes,” fué llevado a los libros de la demandante para el año 1919-20, es decir que la referida cuenta no fué cerrada en septiembre 30, 1919, sino que fué llevada íntegramente a los libros de la demandante para el siguiente año. De este becbo dedujo el Tesorero y también la corte inferior que los tres pagarés por $300,000 cada uno no fueron pagados en septiembre 30 de 1919. La prueba de la demandante en cuanto al pago y cancelación de dichos pagarés no fué en modo alguno contradicha. De suerte que el caso gira esclnsivamente sobre la interpretación y el efecto que ha de dársele al hecho de que la cuenta “Beserve for Working Capital, Payment of Notes,” arrojara un crédito de $900,000 después de septiembre 30 de 1919.

El Tesorero y la corte inferior entendieron que la cuenta de reserva representaba una cantidad de dinero con la cual habrían de pagarse los tres pagarés, y concluyeron que, de haberse pagado dicha suma no podría subsistir el crédito de $900,000. Examinemos la naturaleza de dicha cuenta de re-serva para determinar si esta conclusión está justificada.

Es elemental que el valor de los bienes de una entidad, menos el montante de las deudas y obligaciones, es igual al capital. En otras palabras, el valor de los bienes es igual al montante de las obligaciones más el capital. Es sobre esta base que se llevan en el día de boy los libros de la gran mayoría de las entidades dedicadas al comercio y la indus-tria. Se abren cuentas que representan el valor de los bienes. El total de estas cuentas debe ser igual al total de las otras cuentas donde se detallan las obligaciones y el capital.

No bay duda alguna de que la cuenta “Reserve for Working Capital, Payment of Notes,” en este caso era una cuenta capital y que aparecía como parte del pasivo. La corte inferior así lo admite, pero incurre en el error de considerarla como cuenta activa al mismo tiempo, es decir, de considerar que dicba cuenta representaba bienes valorados en $900,000 que habían de dedicarse específicamente al pago de los tres pagarés, y la corte se extraña de que, si los tres pagarés fueron realmente pagados con dicba suma, siguiera apare-ciendo la susodicha suma al año siguiente como parte del pasivo. Pero es evidente que con pasivo no se puede pagar una deuda. Las deudas se pagan con activo. Luego, si la cuenta “Reserve for Working Capital, Payment of Notes,” es una cuenta de pasivo, es imposible esperar que los pagarés se pagaran de dicba cuenta. Puede que en definitiva esta cuenta represente una suma para ser distribuida a los accio-nistas de algún modo, como, por ejemplo, en caso de disolu-ción; pero mientras tanto, esta suma debe hacerse constar en los libros como parte del pasivo. Debido al requisito legal de que el valor del capital en acciones debe hacerse constar en su importe original — que de ordinario es su valor a la par — cualesquiera altas o bajas en el mismo, por razón de ganancias o pérdidas habidas, reinvertidas en el negocio, deben hacerse figurar bajo distintas cuentas. Kester on Accounting. — Theory & Practice, p. 407.

Pero ¿con qné se pagaron entonces las obligaciones? La respuesta es sencilla: con bienes, con parte del activo, con parte del crédito que contra la corporación de New Jersey-tenía la demandante por concepto de venta de azúcares, según aparece claramente de los libros de dicba demandante. Se redujo dicho crédito en la suma de $900,000 y se redujo también el pasivo en la misma suma mediante crédito a la cuenta de “Notes Payable.”

¿Qué necesidad hay entonces para la existencia de la cuenta “Reserve for Working Capital, Payment of Notes”? Se ha demostrado que la corporación tuvo ganancias durante el año 1918-19 por valor de más de $1,000,000, Esto quiere decir que su capital aumentó en dicha suma, o en otras pala-bras, que la diferencia entre bienes y obligaciones aumentó en esa suma. El aumento en el capital no se extinguió con el año 1918-19, excepto en cuanto a la parte de dicho aumento que se dedicó al pago de dividendos. Hubo un aumento per-manente en el capital, y ese aumento dentro de la práctica comercial había que llevarlo a los libros como cuenta capital. Así se hizo. Se abrió una cuenta capital denominada “So-brante” y a ésta se llevó parte del aumento. El resto se llevó a otra cuenta capital denominada “Reserve for Working Capital, Payment of Notes.”

Esto no quiere decir que se separaron sumas de dinero y se colocaron en un sitio seguro bajo los títulos “Sobrante” y “Reserve for Working Capital, Payment of Notes.” Estas cuentas capitales son puramente nominales. El activo está completamente representado en las cuentas de activo. Es así que las cuentas capitales solamente indican ciertos fines a que se piensa dedicar aquella parte del activo que excede de las obligaciones, luego, la cuenta “Reserve for Working Capital, Payment of Notes” sencillamente indica que del excedente del activo sobre las obligaciones, la suma de $900,000 ha de dedicarse al pago de pagarés y a los gastos co-rrientes de operación de la industria. Aparece de los libros que parte del activo se dedicó efectivamente al pago de tres pagarés por $300,000 cada uno. ¿Se disminuyó con esto el excedente del activo sobre las obligaciones o en otras pa-labras, se disminuyó el capital mediante el pago de los tres pagarés? Desde luego que no. Se disminuyó el activo en $900,000, pero también se disminuyeron las obligaciones en igual suma conforme aparece de los libros, mediante reduc-ción en la cuenta de obligaciones llamada “Notes Payable.” El capital no sufre merma alguna con el pago de las obliga-ciones. El excedente del activo sobre las obligaciones per-maneció intacto. La parte de dicho excedente que represen-taba la cuenta “Reserve for Working Capital, Payment of Notes”, también quedó intacta. Como ya se habían pagado las obligaciones, en el futuro podía considerarse que esa parte del excedente había de utilizarse para gastos corrientes.

Opinamos que la corte inferior erró en su interpretación de la cuenta “Reserve for Working Capital, Payment of Notes”, y que los libros de la demandante claramente de-muestran que las tres obligaciones por $300,000 cada una fueron pagadas en septiembre 30 de 1919.

Toda vez que la prueba demuestra que los pagarés se emitieron con anterioridad al año económico 1918-19 y que fueron satisfechos de los ingresos de la demandante perci-bidos durante dicho año, somos de opinión que la demandante tenía derecho, de acuerdo con los términos de la sección 22 de la Ley No. 80 de junio 26, 1919, a deducir de sus “So-brantes”, a los fines de la contribución sobre sobrantes im-puesta por la referida ley, la suma de $900,000 pagados para satisfacer los tres pagarés. Hecha esta deducción es claro que no existen sobrantes tributables, como surge claramente de la prueba practicada.

Debe, por tombo, revocarse la sentencia de la corte inferior y dictarse otra en su lugar condenando al demandado a la devolución de la suma de $36,714.63 pagada bajo protesta, con intereses sobre dicha suma al 6 por ciento anual desde el 5 de septiembre de 1930 hasta su completo pago, sin especial condenación de costas.

También se alegó como segundo error que el Tesorero de Puerto Rico carecía de autoridad y facultad para compu-tarle e imponerle una contribución a dicba demandante y para iniciar procedimiento alguno en cobro de la misma por baber transcurrido más de cinco años de la fecba de rendida la declaración sobre sobrante. Resuelto el primer error en favor de la corporación demandante y revocada la sentencia apelada por los fundamentos que se exponen en esta opinión, es innecesario considerar este segundo error.