author: El Juez Pbebsideístte Sb. HeRETÁwdez.

text:
    Méndez, Peticionaria y Apelada, v. Martínez, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre declaratoria de herederos.
    No. 2364.
    Resuelto en marzo 17, 1921.
    Cosa Juzgada — Res Judicata. — Se trata de obtener mediante una moción la nuli-dad de una orden sobre declaratoria de herederos; pero como esa cuestión de nulidad ha sido ya resuelta en sentido negativo al decidir moción anterior sobre la misma nulidad, no cabe levantarla de nuevo por impedirlo la cosa juzgada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. V. P. Martines.

    Ahogado de la apelada: Sr. J. B. Garda.

   El Juez Pbebsideístte Sb. HeRETÁwdez.

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 31 de octubre de 1916, Cecilia Méndez presentó solicitud jurada a la Corte de Distrito de Aguadilla con su-plica de que dictara una orden declarando que además del heredero legítimo Víctor Primo Martínez y González eran también herederos abintestato del finado Víctor Martínez y Martínez sus hijos naturales reconocidos Pedro Angel y Laura María Martínez y Méndez en la porción que deter-mina la ley.

En dicha solicitud alegaba la petición,aria que Víctor Mar-tínez y Martínez, vecino que fué de San Sebastián, del Dis-trito Judicial de Aguadilla, falleció en dicho pueblo el 26 de agosto de 1912; que por sentencia firme de la Corte de Distrito de Mayagüez, dictada en 27 de septiembre de 1912, Víctor Primo Martínez y González fué declarado único y universal heredero abintestato de su padre Víctor Martínez y Martínez; que posteriormente la Cecilia Méndez, como madre representante legal de sus menores hijos Pedro Angel y Laura María Méndez, estableció demanda contra Víctor P. Martínez y González sobre reconocimiento de hijos naturales, en cuyo pleito la Corte de Distrito de Aguadilla dictó sentencia en 4 de enero de 1915 declarando que Pedro Angel y Laura María son hijos naturales reconocidos de Víctor Martínez y Martínez, con derecho a llevar el apellido de su referido padre natural y a percibir la cuota hereditaria correspondiente; y que esa sentencia, en grado de apelación, fué confirmada por esta Corte Suprema en 24 de junio de 1916.

La anterior solicitud fue resuelta de conformidad por or-den de 26 de enero de 1917, por la que la Corte de Distrito de Aguadilla declaró que además del heredero legítimo Víctor Primo Martínez y González son también herederos abin-testato del finado Víctor Martínez y Martínez, en la porción que determina la ley, sus hijos naturales reconocidos Pedro Angel y Laura María Martínez y Méndez.

Posteriormente, en 31 de julio de 1919, Víctor P. Martí-nez presentó a dicha corte moción jurada con súplica de que se le relevara de los efectos de la resolución de 26 de enero de 1917, que no le había sido notificada, dejándola sin efecto en todas sus partes, así como todo lo ejecutado y actuado en virtud de ella. Y para sostener sorpresa y equivocación en el procedimiento alega Víctor P. Martínez que la Corte de Aguadilla al dictar la resolución de 26 de enero de 1917 no tenía jurisdicción pues la peticionaria Cecilia Méndez no había alegado ni justificado el último domicilio del causante Víctor Martínez y Martínez ni el interés de los menores Pedro Angel y Laura María en la supuesta herencia del mismo; que la corte al dictar la resolución de 26 de enero de 1917 enmendando y adicionando la sentencia de la Corte de Dis-trito de Mayagüez por la que Víctor P. Martínez en proce-dimiento ex-parte había sido declarado único y universal here-dero de sus legítimos padres Víctor Martínez y Martínez y Secundina González y Gómez carecía de jurisdicción, pues ésta competía a la Corte de Distrito de Mayagüez y no a la de Aguadilla, y que Cecilia Méndez con la solicitud de que sus menores hijos Pedro Angel y Laura María fueran de-clarados en unión de Víctor P. Martínez y González here-deros de Víctor Martínez y Martínez ocultando los hechos ya expresados, había dado motivo a que una cuestión que debía ventilarse en un juicio declarativo se resolviera en un expediente de jurisdicción voluntaria contra lo dispuesto en nuestros estatutos.

La moción fué declarada sin lugar por orden de 15 de octubre de 1920 y de esa orden interpuso Víctor P. Martínez y González recurso de apelación para ante esta Corte Su-prema.

En la orden apelada consigna el juez que en 25 de abril. 1917, Víctor Primo Martínez y González presentó moción a la corte para que se declarara nula a todos sus efectos lega-les la resolución de 26 de enero, 1917, cuya moción había sido declarada sin lugar por resolución de mayo 7, 191,7, la que en grado de apelación había sido confirmada por esta Corte Suprema en sentencia de enero 30, 1918. Y luego agrega el juez:

“Deseamos decir que las mismas cuestiones de falta de jurisdic-ción, cosa juzgada, * ’* * y de que la sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez no puede ser enmendada o adicionada sino en un juicio declarativo son cuestiones ya resueltas por la sentencia del Tribunal Supremo, Méndez v. Martínez, 26 D. P. R. 96, y no cree la corte deba volver sobre ellas. En cuanto se refiere a que en la peti-ción no se alega el último domicilio del finado, en ella se dice que falleció en San Sebastián de donde era vecino, que forma parte de este distrito judicial, lo que era bastante a falta de objeción. Y ^n cuanto a que no expresa el interés de los menores y del opositor en la h,eróncia, tampoco es necesario alegarlo en una declaratoria de herederos en que sólo se resuelve el carácter de heredero. El peti-cionario manifestó también en la vista que el juramento de la peti-ción de Cecilia Méndez era insuficiente por no decirse cuáles hechos le constan de propio conocimiento y de que la resolución de que se trata no le había sido notificada. Es algo tarde para' levantar estas cuestiones. ’ ’

No encontramos en el récord ni la moción de 25 de abril, 1917, ni la orden de mayo 7, 1917, resolutoria de dicha mo-ción, ni tampoco la sentencia de esta Corte Suprema de enero 30, 1918, que confirmó la resolución de mayo 7, 1917; pero como la apreciación del juez no ha sido contradicha en fp,rma debida, tenemos que aceptarla para la decisión del presente recurso, aparte de que también podemos tomar co-nocimiento judicial de la sentencia que dictó esta Corte Su-prema en enero 30 de .1918, confirmando la resolución de mayo' 7, 1917, Méndez, peticionaria y apelada, v. Martínez, opositor y apelante, 26 D. P. R. 96-104.

En esa decisión dijimos entre otras cosas:

“No es un error fundamental el que la apelada, en representa-ción de sus hijos, registrara en la Corte de Distrito de Aguadilla su petición de declaratoria de herederos. * * * La invocada sen-tencia de la Corte de Distrito de Mayagiiez a favor del apelante, fue dictada’ 'ex parte. En los presentes procedimientos debe tenerse como cierto que Víctor Martínez y Martínez falleció dentro del Distrito Judicial de Aguadilla y que Aguadilla, más bien que Mayagiiez, era la adecuada jurisdicción.
“Un procedimiento ex parte, en que se ha obtenido una declara-toria de heredero no puede ser considerado como cosa juzgada a tal extremo que una sentencia válida declarando el status de unos hijos no pueda ser utilizada para facilitar el que sean declarados herederos además de otro que 1q ha sido ya. El fallo declarando el status de lós'hijos tiene una fecha posterior a la sentencia de Mayagiiez.
“La única cuestión verdaderamente sustancial es si Laura y Angel no tenían derecho a ser declarados herederos de su padre. En otras palabras, la cuestión surge con respecto a si los hijos naturales reco-nocidos, así debidamente declarados por una corte competente, son herederos de su padre. Para considerar una de las cuestiones subsi-diarias diremos que si el status de un hijo natural debidamente reco-nocido es aquel de un heredero, entonces el hecho declarado de ser ún hijo natural reconocido le hace un heredero sin ulterior declara-ción. La muerte del causante en el caso de hijos legítimos les hace inmediatamente herederos. Por analogía, los derechos de los hijos naturales reconocidos, cualesquiera que sean, nacen del hecho de la muerte del padre. Si un hijo tiene que entablar una acción para establecer estos derechos, existe sin embargo un derecho adquirido a tener un status o condición determinada por la muerte del padre, y este derecho viene a quedar perfeccionado cuando se dicta la sen-tehcia en favor del hijo natural.'
* . «= * * * # #
. “Si, pues, el efecto de una sentencia es poner a un hijo natural reconocido en la misma relativa posición en que se encuentra antes de la declaratoria un hijo legítimo, entonces lo más que puede' exigír-sele a un hijo natural es que obtenga ijna declaratoria, como se hizo en este caso. Entre estos hijos naturales y Víctor P. Martínez no era necesaria una absoluta formalidad, pues él necesariamente tenía conocimiento del hecho legal establecido por la sentencia de enero 19, 1915. Ningún hecho podía haber quedado más solemnemente esta-blecido. Pero aparte de esto, creemos que no era necesaria acción alguna de nulidad de una declaratoria anterior para obtener el formal reconocimiento de un derecho posteriormente perfeccionado. * * * No podemos repetir demasiado que el status o condición legal de estos hijos quedó establecido por la sentencia de enero 19, 1915, y contra la única persona que tenía un interés contrario tal como fué declarado por la Corte de Distrito de Mayagiiez. La sentencia de enero, 1915, destruyó cualquier efecto que la sentencia de Mayagüez hubiera podido tener en contra de. dichos hijos. El si eran o no tales herederos, es la única cuestión importante a determinar en esta ape-lación, y la misma ha quedado decidida en sentido adverso al ape-lante.”

Y nuestra decisión de enero 30, 1918, fué confirmada en grado de apelación por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos, en marzo 10, 1919.

La cuestión sobre nulidad de la resolución de 26 de enero de 1917 ha sido ya resuelta con la categoría de cosa juzgada y esa misma cuestión vuelve a presentarse por Víctor P. Martínez y González bajo la pretensión de que se le exima de los efectos de dicha resolución. No cabe juzgar nueva-mente lo que ya está juzgado o sea que no hay vicio de nuli-dad en tal resolución, pues como dice muy bien don Joaquín Escriche en su Diccionario de Legislación y Jurisprudencia:

“La cosa juzgada se presume verdadera, y la ley da el carácter de irrevocabilidad, no admitiendo a las partes a probar lo contrario, porque de otro modo los pleitos jamás tendrían fin: Ley 19a., tit. 22, Partida 3a. De aquí viene la máxima del Derecho Romano: Bes judicata pro veritate- habetur.”

/• Es de confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrente^: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Zorrilla, Demandante y Apelante, v. Orestes et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cumplimiento de con-trato y opción de venta.
    No. 2368.
    Resuelto en marzo 23, 1921.
    Opción — Notificación Suficiente — Consignación.—Habiéndose obligado el dupñ®’ de una finca para con el arrendatario de la misma a notificarle con cincuenta días de antelación cualquier contrato de venta de la finca arrendada que in-tentara realizar, a fin de dar oportunidad al arrendatario para sustituirseen lugar del comprador, sin que se estableciera fórmula alguna de notífiea-qión; habiendo el arrendatario demandado al dueño para que le notificara cierto contrato de venta que tenía concertado, y habiéndose el dueño alla-nado e incluido en su contestación una copia del contrato: actuó correcta-mente la corte de distrito al negarse a aceptar la consignación del preei» de la venta hecha por el arrendatario después de transcurridos más. de cin-cuenta días de conocer por la indicada contestación la existencia y los tér-minos del repetido contrato.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J. 8. Alegría y J. Texidor.

    Abogados de los apelados: Bres. J. Martines Dávila y F. de la Torre.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión dql tribunal.

Se apela en este caso de una sentencia de la Corte de Distrito de San Jnan por virtud de la cual se declaró mal hecha cierta consignación de dinero.

Aparece de los autos que el 3 de junio de 1911 los dueños de una finca rústica situada en Manatí, la arrendaron por término de ocho años a Francisco Brunet, haciéndose constar en la escritura de arrendamiento lo que sigue:

“Quinta: En caso de venta de toda la finca arrendada o de cual-quiera de los condominios de que se compone, los vendedores prefe-rirán al señor Brunet en igualdad de condiciones y precio a cuyo fin le concederán cincuenta días de término para resolver si haee o no-uso de tal derecho. Si transcurrido ese plazo el arrendatario no-optare por la compra, los vendedores impondrán al comprador la obligación de respetar el presente contrato de arrendamiento, bajo todas sus cláusulas y condiciones basta expirar su término.”

Brunét cedió a Enrique Zorrilla sus derechos emanados del; indicado contrato y Zorrilla, en junio de 1919, interpuso una demanda alegando que uno de los condueños de la finca de que se trata había convenido la venta de su condominio con Jaime Calaf, difiriendo el otorgamiento de la escritura para, después del 30 de julio de 1919, fecha en que terminaba el contrato de arrendamiento. Zorrilla pidió a la corte que der clarara su derecho, a ser notificado del convenio entre el con-dueño y Calaf, a fin de estar en condiciones de hacer o no hacer uso de su preferencia.

Después de haberse suscitado y resuelto varias cuestio-nes previas, el condueño demandado contestó, allanándose a la demanda y exponiendo que decidido por la corte que el. derecho reconocido a Brunet era trasmisible “ ningún incon-veniente tiene en notificar al demandante el contrato hecho con el Sr. Calaf, para que utilice el derecho que crea asis-tir le.’5 Y seguidamente se transcribió en la contestación li-teralmente el contrato.

La contestación fué notificada al abogado del demandante el 8 de diciembre de 1919 y la corte dictó sentencia el 30 de enero de 1920. No se impusieron las costas al deman-dado y el demandante apeló para ante el Tribunal Supremo, habiéndose confirmado la sentencia apelada el 15 de julio de 1920. Así las cosas, el 26 de agosto de 1920 Zorrilla re-quirió al condueño para que percibiera la suma de $13,650, precio del convenio con Calaf, y le otorgara la correspon-diente escritura de venta. El condueño se negó. Acudió en-tonces Zorrilla a la Corte de Distrito consignando la can-tidad. El condueño se opuso alegando qne el plazo de cin-cuenta días que tuvo Zorrilla para hacer valer su derecho, había vencido. Y la corte dictó la sentencia apelada, resol-viendo la cuestión en contra de Zorrilla.

Todo el derecho que pueda tener Zorrilla, emana de la cláusula quinta de la escritura de arrendamiento que deja-mos transcrita. Dice esa cláusula que en caso de venta se preferirá a Brunet (Zorrilla) en igualdad de condiciones y precio, a cuyo fin se le concederán cincuenta días de término para resolver si hace o no uso de tal derecho.

Cuando en 26 de junio de 1919 Zorrilla estableció su de-manda, aleg'ó en general la existencia del convenio con Ca-laf. Lo que él no conocía eran sus términos. Tal convenio no podía perjudicarle mientras estuviera subsistente el con-trato de arrendamiento y con él su derecho de preferencia a comprar la finca. Al contestar el demandado no se limitó a allanarse sino que en verdad hizo lo que solicitaba el de-mandante, esto es, le dió a conocer literalmente el contrato celebrado con Calaf. Desde que la contestación redactada en esos términos le fué notificada al demandante en la persona de su abogado, el demandante tenía todos los datos que necesitaba para resolverse a hacer o no hacer uso de su derecho.

El contrato envuelve implícita una notificación, pero no dice en que forma deberá hacerse. Siendo esto así, nos pa-rece lógica y justa la actitud asumida por la Corte de Dis-trito. El demandante tuvo una amplia oportunidad para ejercitar su derecho y dejó pasarla. El no puede alegar que desconocía la existencia del contrato, ni que ignoraba los términos exactos del mismo. T a eso era a lo que él en ver-dad tenía derecho. Una vez que. el contrato y sus términos fueron por él conocidos, comenzó a correr el plazo de cin-cuenta .días que tenía para decidir si tomaba o no el lugar del comprador.

.Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchisou.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Franco, Demandante y Apelante, v. Martínez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2112.
    Resuelto en marzo 28, 1921.
    ' Libelo — Daños y Perjuicios por Libelo — Comunicaciones Privilegiadas. — Es cierto que las comunicaciones dirigidas a un tribunal de justicia son privile-giadas e impiden la acción de libelo, pero el privilegio existe en tanto en cuanto las imputaciones que contienen son hechas de buena fe mas no cuando son falsas, maliciosas y sin causa probable, escritas con el fin de causar injuria y daño voluntario a otra persona. El privilegio sólo quita la presunción de malicia que las palabras libelosas per se llevan consigo e im-pone sobre el demandante la prueba de la malicia. El privilegio existe para aquéllos que honestamente usan de él porque no se ha establecido para re-fugio de personas libelosas y para que las honradas queden privadas de pro-tección.
    Id. — Daños Específicos. — Guando las palabras son libelosas per se no es necesa-rio alegar ni probar daños específicos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan B. Soto.

    Abogado del apelado: Sr. V. P. Martines.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El recurso que vamos a considerar fue interpuesto por el demandante contra la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en cnanto declaró sin lugar su demanda.

El demandante Carlos Franco Soto es abogado y notario público con ejercicio en esta Isla por más de catoíce. años, y como consecuencia de cierto pleito que como abogado se-guía contra el demandado Víctor P. Martínez, también abo-gado, éste redactó y juró^ante el Juez Municipal de Agua-dilla el 27 de abril de 1918 un escrito de querella contra Carlos Franco Soto que presentó en este Tribunal Supremo con el fin de que dicho abogado fuera suspendido en el ejer-cicio de su profesión por virtud de los hechos que le impu-taba (disbarment), querella que previo informe del fiscal de este tribunal fué archivada por orden nuestra. Copia de esa querella la remitió después Martínez a los abogados José Tons Soto, Senador, y Miguel G-uerra Mondragón quienes la recibieron y leyeron.

No transcribiremos íntegramente el contenido de ese es-crito de querella por ser muy extenso, pero principalmente porque no figuren en las páginas de nuestras colecciones to-dos los conceptos vertidos por Martínez contra el abogado Franco Soto y nos bastará decir que imputa al apelante que abusando de su carácter profesional de abogado y del cono-cimiento que como tal tenía de los actos y contratos de un cliente suyo, para beneficiarse de una manera ilegal, pro-movió un pleito valiéndose de la ignorancia de una mujer a la que embaucó y engañó haciéndola creer que tenía cier-tos derechos, sabiendo y constándole que no los tenía; que maliciosamente hizo una petición de injunction al tribunal basada en hechos falsos y amañados e hizo que dicha mujer jurara falsamente que eran ciertos y que había leído la pe-tición cuando ella no sabía leer ni escribir y que, siguiendo su obra de engaño, malicia y de manera torcida y amañada, redactó también otra solicitud alegando hechos falsos y los sostuvo como verdaderos, constándole todo lo contrario. De este tenor es el escrito de querella cuyos otros particulares omitimos.

Habiendo demandado Franco Soto a Martínez en acción de libelo para que le pague la cantidad de $40,000 como in-demnización por los daños que le ha causado con la publi-cación de las palabras y conceptos contenidos en dicho es-crito de querella y celebrado el juicio correspondiente la corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, fun-dándose en que si bien están probados los hechos que antes hemos expuesto y que las imputaciones contenidas en el es-crito de querella son falsas y han sido establecidas y escritas maliciosamente y sin causa probable, con el propósito de ul-trajar, injuriar y perjudicar al demandante en su buen nom-Bre y reputación, a pesar de lo que nada lia sufrido en su limpia reputación ante los tribunales y ante el público en general, ni su crédito lia sufrido por consecuencia de los actos del demandado, sin embargo no procedía la condena por no constituir publicación el juramento de la querella •ante un funcionario público; porque desde el momento en que la querella fué radicada en este Tribunal Supremo era un documento que por disposición de la ley, tenía publici-dad por lo que la remisión de copias de ella a otras perso-nas no constituye publicación, porque no da al documento un carácter que no tuviera, y también porque no podía de-clarar probada la existencia de perjuicios por la cantidad reclamada con la prueba que se presentó.

Las tres razones que la corte inferior tuvo para no con-denar al demandado se alega por el apelante que son •erróneas.

Estamos conformes con el juez sentenciador en que el hecho de haber jurado el apelado ante el juez municipal la querella que presentó en este Tribunal Supremo contra el apelante, que por disposición de la ley tenía que ser jurada, no es constitutiva de publicación de las palabras libelosas que contiene ni tampoco su entrega al secretario de este tribunal porque eran actos necesarios para la presentación de dicha querella, que por estar dirigida a un tribunal tiene carácter privilegiado, pero no estamos conformes con los ■otros dos motivos que tuvo dicho juez para declarar sin lu-gar la demanda.

No tenemos duda alguna de que las palabras y conceptos escritos por el apelado en su querella contra el apelante son injuriosos per se porque siendo, según declaró la corte inferior, falsos, maliciosos y escritos sin causa probable, le im-putan la comisión de hechos constitutivos de delitos graves castigados por nuestras leyes y también fueron escritos para perjudicarle atribuyéndole conducta incorrecta e impropia de un abogado en el ejercicio de su profesión. Brooker v. Cof fin, 4 Am. Dec. 337 y notas al mismo en 12- Am. Dec. 41 y 43. 9 Eng. E. C. L. 11. Newell on Slander and Libel, pá-ginas 112 y 200. Y cuando las palabras libelosas son accio-nables per se no es necesario alegar ni probar daños espe-cíficos. Véanse las citas anteriores y el caso de Rivera v. Martínes, 26 D. P. R. 760, 17 R. C. L. 264 y 430.

Es cierto que las comunicaciones dirigidas a un tribunal de justicia son privilegiadas e impiden la acción de libelo, pero el privilegio existe en tanto en cuanto las imputaciones que contienen son hechas de buena fe más no cuando son falsas, maliciosas y sin causa probable, escritas con el fin de causar injuria y daño voluntario a otra persona, como ba ocurrido en este caso según la corte sentenciadora. El pri-vilegio sólo quita la presunción de malicia que las palabras libelosas per se llevan consigo e impone sobre el demandante la prueba de la malicia. White v. Nicholls y White v. Addison, 44 U. S. 301. El privilegio existe para aquéllos que honestamente usan de él porque no se ha establecido para refugio de personas libelosas y para que las honradas que-den privadas de protección. Randall v. Hamilton, 45 La. Ann. 1190, 22 L. R. A. 649.

Tampoco existe el privilegio en este caso por haber dado el demandado publicación innecesaria al contenido de su que-rella enviando copia de ella al Sr. Tous Soto y al Sr. Guerra Mondragón después de haberla presentado en este tribunal, pues el privilegio establecido por la ley es para con el tribunal, pero no para con dichas personas, siendo, tam-bién, tal publicación prueba de malicia. Shefhall v. Central R. Company, 123, Ga. 589; Harris v. Zanone, 93 Cal. 60. Notas en 52 L. R. A. 1109; 20 L. R. A. 362. Doane v. Grew, L. R. A. 1915 C. 776. Newell on Slander and Libel, páginas 570, 641.

Siendo, pues, libelosas per se las palabras del escrito de querella, habiéndolas publicado el apelante enviando copias a personas distintas del tribunal y siendo, además, escritas falsamente, con malicia y sin cansa probable, con el sólo objeto de injuriar al demandante y de perjudicarle en sus negocios, procede la condena del demandado por la cantidad que estime justa este tribunal aun sin prueba de perjuicios específicos.

La sentencia recurrida declara también sin lugar las re-convenciones del demandado, pronunciamiento que no fia sido apelado por lo que no podemos considerarlo a pesar de que el apelado nos pide en su alegato que lo revoquemos.

Por todo lo expuesto y estimando que la cantidad de cinco mil un dólares es una justa indemnización para el deman-dante, la sentencia en este pleito debe ser revocada en cuanto declara sin lugar la demanda y en cuanto a las costas, de-biendo quedar modificada en esos particulares para declarar con lugar la demanda y condenar a Víctor P. Martínez Gon-zález a pagar al demandante la cantidad de cinco mil un. dólares, como indemnización, y las costas.

Revocada la sentencia apelada, declarándose con lugar la demanda y condenado el de-mandado a pagar al demandante $5,001 como indemnización.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. HutchisoN,

text:
    Chabert, Peticionario y Apelante, v. Sánchez, Recurrido y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en procedimiento de hateas corpus.

    No. 2197.
    Resuelto en marzo 28, 1921.
    Habeas Corpus — Patria Rotestas — Bienestar del Menor. — Aunque los padres tienen generalmente derecho a la custodia de sus menores hijos, tal derecho no es absoluto y una petición de habeas corpus para obtener la custodia de un hijo menor, que es, por su naturaleza, un remedio en equidad, está diri-gida a la sana discreción del tribunal, dentro de cuya discreción el factor principal a considerar es el bienestar del menor.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. Acosta.

    Abogado del apelado: Sr. E. Acuña.

   El Juez Asociado Sb. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario interpone recurso de apelación contra una sentencia dictada contra él en procedimientos para obtener la custodia de una niña de seis años de edad a la fecha del juicio.

Para los fines de esta opinión será bastante con hacer la .siguiente cita del resumen hecho por el juez sentenciador:

fc‘No es posible ocultar que ante la corte se presenta ahora un-difícil y grave problema. Es cierto que se trata de un caso sensa-cional, y con apariencia de extraordinario. Si el juez que resuelve este asunto sintiera temor ante la ola de opinión, y no solamente el recto temor a Dios y a su conciencia, su situación sería sumamente embarazosa, puesto entre las encontradas y rigurosas corrientes de opiniones diversas y adversas entre sí, que si no pueden llegar al fuero de su conciencia, es inevitable que lleguen a sus oídos, ya que no es el juez una roca en el océano, sorda al grito del oleaje, y ciega a la luz del sol. La única virtud que al juzgador se exige es la de no permitir en ocasión alguna, que su opinión se extravíe, que su juicio no siga los cauces del deber, por dejarse influir de otra opinión o por pasión, prejuicio o temor; y el juez que ahora resuelve ha adquirido la seguridad de que su juicio no está herido por ninguna pasión, temor, afecto, ni recelo. Quiere llegar al fondo, al afina del caso que tiene ante sí, porque cree que los jueces no son mecánicos aplicadores del precepto. Pero quiere, debe y puede quedar tran-quilo de que su resolución es justa y absolutamente imparcial.
“De un lado, un peticionario que alega ser el padre de una niña que se halla privada de su libertad, e ilegalmente detenida en poder de otra persona. Este hombre dice que esa niña nació un mes después de contraído el matrimonio; que entonces no quisieron él ni su esposa arrostrar la censura social, y entregaron la recién nacida a una vieja sirvienta, y que luego, aún arrostrando la misma censura, quieren tener con ellos a la niña, y tienen que acudir a los tribunales. Si damos todo esto por cierto y positivo, forzoso será reconocer que el desprenderse de nn bijo por evitar la censura de la sociedad, es algo terrible y que no babla en favor del progenitor, ya que antepone al amor del bijo, el propio amor y el deseo de no ser objeto de censura. Hay una subversión de sentimientos en ese acto; bay quizás una mal entendida valoración de la importancia de la censura de la so-ciedad, y hay la realización de un acto malo esencialmente, para borrar o atenuar los efectos de un error bijo de la pasión. Pero no hay culpa sin redención, y el arrepentimiento, lo mismo en el orden de una sana moral humana, que en el orden religioso, lava la .culpa o la redime. Si la prueba favorece al peticionario, y si la ley está con él, su culpa pasada no es óbice para que se le entregue su bija.
“De otro lado, un hombre que en unión de su noble compañera, ha realizado un acto de caridad inmenso, que ha recogido una niña, enferma, desamparada, desvalida; que la ha sustentado, que la ha cuidado, que ha velado su sueño con el amor y desinterés de un padre; que ha cimentado, él como su esposa, un amor inmenso para esa criatura, que providencialmente vino a su poder; y a quién casi repentinamente se le pide que entregue a la que ya es una parte de su sér y de su vida. Y este hombre nos dice que no sabe que aquél que le reclama la niña sea su padre, y se resiste a entregarla mientras no tenga la convicción de que el que la pide es quien, con arreglo a la ley humana, tiene un mejor derecho a la custodia de la menor.
“La cuestión queda, en realidad, reducida a dos extremos:
“1º. ¿Ha probado el peticionario ser el padre de la niña que se halla en poder de Felipe Sánchez Osorio, y que esa niña sea la por él inscrita en el Eegistro Civil de Eío Grande, bajo el nombre de Nancy Aida Chabert y Ojeda?
“2º. ¿Se ha probado que Felipe Sánchez Osorio detenga ilegal-mente en su poder a una hija del peticionario o a cualquier otro menor ?
“En cuanto al primer extremo, es forzoso para el peticionario presentar prueba suficiente y convincente de que la niña que se trajo a esta corte por Sánchez Osorio es su hija. ’ Si el hecho se hubiera aceptado y admitido, la aplicación del derecho sería tan elemental que cualquier profano la haría sin vacilación. En ese caso, la ley impera sobre y contra todo sentimiento — tal es la teoría consagrada— y no habría sino entregar la menor al padre legal, quien con arreglo al código, debe tenerla en su custodia. Pero como se ha negado ese hecho básico y fundamental, la corte tiene que proceder con toda precaución al examinar la prueba, y debe exigir prueba satisfactoria de la identidad de la niña, y del carácter de padre de la misma, que el peticionario alega tener.
# # # # *
“En cuanto toca a la identidad de la niña, es esta la materia Más difícil en el caso, y es quizás la que requiere mayor y mejor prueba. Si Aida, o Aida Milagros, como la llama Rosalía González, es la misma Nancy Aida Chabert inscrita en el registro en mil novecientos diez y nueve por Augusto de Chabert, es el extremo que ha debido probarse más convincentemente; y la corte encuentra que es uno de los que no se han probado. Necesitamos una prueba de convenci-miento, positiva, que pueda dejar en el ánimo del juez la seguridad de que si entrega al peticionario esa niña, le está entregando algo suyo, a, que tiene derecho. A falta de otro testimonio, que quizás pudo presentarse por el mismo peticionario, el mejor que acerca de este extremo ha aparecido en el juicio, es el de Rosalía González; y ese es en absoluto adverso al peticionario. Reconoce el juez que esta testigo, aún en los momentos más duros del contra interrogatorio, se sostuvo, bajo una lluvia de habilísimas preguntas, de una manera y con una seguridad asombrosa. Es cierto que ella, aunque vaciló, y aún negó en ese extremo, fué a ver al abogado señor Gaetán Barbosa. No sabemos lo que pudo manifestarle; pero de todas formas, ella ha afirmado bajo su juramento, que no conoció a la persona que aquella noche vino a buscarla, que no conocía al peticionario Chabert como padre de la niña, y que no tuvo con él relación en ese carácter; y que se le dijo por un agente de negocios que ella debía reclamar sus gastos y que el agente dijo que sabía quién era el padre de la niña; pero no encontramos la afirmación de que ella supiera y le contestara que lo era una determinada persona.
“En el argumento del caso se ha dicho que esta testigo mintió al declarar. No puede sostener el juez esa misma creencia, conforme a lo que ha visto y oído en las sesiones celebradas en este caso. Si el juez pudiera hacer tal afirmación, su decisión y su declaración serían tan terminantes como severas. Pero no habiendo una base para afirmar tal concepto, no puede, ni debe la corte pasar por cima de la declaración de Rosalía González y anularla arbitraria y capri-chosamente.
“Si el que resuelve ahora este caso; tuviera la convicción suficiente-mente satisfactoria de que el peticionario es el padre de la niña que se halla en poder de Felipe Sánchez Osorio, y de que la niña es la misma Nancy Aida Chabert y Ojeda, no habría humano poder que le impidiera entregar esa niña al peticionario. Pero mientras tal convicción no exista, no debe resolver en ese sentido. Quizás el peti-cionario pueda presentar en otra ocasión prueba suficiente, y obtener lo que se propone; pero con la prueba abora presentada, no encuen-tra la corte que se justifique una decisión como la que reclama.
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“Si Felipe Sánchez Osorio tiene en su poder una niña que le fué entregada por Rosalía González, la que a su vez recibió la criatura de manos de otra persona que no nombra; y si no se ha hecho a Sánchez Osorio reclamación por persona que le pruebe ser el padre de la menor y tener por ley mejor derecho que él a su custodia y compañía, no hay duda que la menor no está ilegalmente detenida por Sánchez Osorio, sino que hasta ahora, se halla legalmente en su poder y custodia. Y si esto es así, hasta que con arreglo a la ley y a la prueba se justifique la existencia y la reclamación de persona que tenga ese mejor derecho, la corte no puede conceder lo que ahora se pretende por el peticionario.
“No sabe el juez si esta decisión estará revestida del acierto que con absoluto fervor ha invocado y pedido. — Sabe que ha puesto toda su fe y todas las fuerzas de su espíritu, en la investigación de la verdad en el caso, y que su decisión es hija de una conciencia honra-damente exenta de pasión y prejuicio, y de acuerdo con el convenci-miento que han creado las pruebas en el caso. Cuando los hechos primeros, originales, se han rodeado de misterio y oscuridad, es pre-ciso que el que juzga exija que toda oscuridad desaparezca, que todo misterio se solare, con absoluta claridad, para resolver una petición como ésta. ’ ’

Del anterior resumen de la corte varias cosas resultan in-mediatamente por sí evidentes. El juez sentenciador cono-cía perfectamente que la opinión pública estaba excitada y sabía con pesar que su decisión iba a ser el blanco- de más o menos crítica adversa. Comprendía también que una vez' establecida la identidad de la niña el derecho del padre sería absoluto,' que el brazo de la justicia quedaría obligado irre-mediablemente por la letra de la ley y la conciencia de la corte estaría paralizada y sin poder actuar ante la faz aus-tera de los precedentes de los casos resueltos (stare decisis). Verdaderamente es difícil eludir la conclusión de que el juez recurrió a la alegada omisión en establecerse la paternidad como único medió disponible para poder llegar a una con-elusion justa y equitativa. Que ante estas dificultades ima-ginarias se negó el remedio solicitado, al parecer fundado en el principio de “fiat justicia, ruat coelum’’ es una prueba elocuente del sentido de justicia y pureza de propósito que sobrevino a tal situación.

El concepto erróneo de la corte inferior en cuanto a la naturaleza absoluta del derecho alegado por el padre y de la carencia total de facultad o discreción judicial para in-vestigar o resolver cualquier cuestión que no fuera la de la paternidad, si no restringió el alcance de la investigación indudablemente hizo imposible la debida consideración de los hechos más importantes revelados por el peticionario, así como por los testigos del demandado que ni siquiera fueron mencionados por el juez sentenciador al hacer el resumen de la prueba.

“La determinación y reconocimiento de la custodia de menores mediante el auto de habeas corpus tiene el carácter de un remedio en equidad, y en tales casos no está envuelta la cuestión de la libertad personal, pues un menor por razones claras y humanas se presume que se encuentra bajo la custodia de álguien hasta tanto ha llegado a su mayor edad; y cuando a la corte se pide que entregue a un menor no está obligado por ningún mero derecho legal del padre o tutor, sino que ha de considerarlo debidamente como una reclamación fundada en la naturaleza humana y generalmente equitativa y justa. Por consiguiente, estos casos no se resuelven por virtud del derecho legal del peticionario a ser liberado de una detención o prisión ilegal como en el caso de un adulto, sino por el criterio de la corte en cuanto a los mejores intereses de aquéllos cuyo bienestar exige que estén bajo la custodia de una u otra persona; de aquí que una corte no está obligada en ningún caso a poner a un niño bajo la custodia de ningún peticionario o persona sino que debe, en el ejercicio de una sana discreción judicial, después de la debida consideración de los hechos, dejarlo bajo aquella custodia que por el momento demande el bienestar del niño. De conformidad con esto, aunque el padre generalmente tiene derecho a la custodia de sus menores hijos y en procedimientos de habeas corpus las cortes tienen la facultad de con-fiarle tal custodia, la solicitud, sinembargo, es dirigida a la discreción de la corte y dicha custodia puede serle restringida al padre cuando aparece claramente que debido a su ineptitud para la misma, o por otros motivos suficientes los intereses permanentes del niño se sacrifi-carían con el cambio de la custodia.” 12 R. C. L. 1215, párrafo 34.

Una opinión instructiva del Juez Betts emitida en el caso In re Berry, Corte de Circuito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de New York, que aparece adicionada al caso In re Burrus, 136 U. S. 586, y publicada a solicitud de la. corte, se cita también con aprobación en el caso New York Foundling Hospital v. Gatti, 203 U. S. 429, cuyo párrafo final en la página 439 es como ■ sigue:

“La facultad'para conocer de la detención de menores por per-sonas particulares que no tienen a dichos menores bajo algún dere-cho o por virtud o autoridad de ley, descansa únicamente en Ingla-terra en la Ley Común. Es una de las altas prerrogativas de la Corona que confiere al Monarca la custodia de los niños que es tan importante como la de sus padres naturales. La prerrogativa real ejercitada primero personalmente ad libitum por el Rey (12 Pet. 650,) y luego en su lugar por funcionarios especiales como el Lord High Constable, el Lord High Admiral y el Lord Chancellor, con el transcurso del tiempo pásó a las altas cortes de equidad y ley y en ellas esta elevada prerrogativa de permitir y poner en vigor el auto de habeas corpus ad subjiciendum,$ymo a formar parte como rama elemental de esta jurisdicción. En el ejercicio, sin embargo, de esta alta función respecto a la detención de menores por los padres, etc., la corte o juez aún actúa con sumisión al principio original del cual surgió que los niños deben dejarse donde se encuentran, o sacarse de esa custodia y trasladarlos a la de otra persona a discre-ción del tutor privilegiado, y de. acuerdo con su opinión respecto a sus mejores intereses y seguridad.”.

Véase también a Church sobre Habeas Corpus, páginas 696, 697, 698 y 700, párrafos 440, 441 y 442.

El caso de Le Hardy v. Acosta, 18 D. P. R. 450, no fné nn procedimiento de habeas corpus sino nna acción “seguida por Le Hardy contra la madre de su difunta esposa, para que quedaran sus hijos Philipps y Hilda, de cuatro y tres años respectivamente y los que había dejado temporalmente al cuidado y custodia de la demandada sometidos a su auto-ridad como padre de los mismos, haciendo uso de su autori-dad paterna patria potestas que le concede nuestro Código Civil. ’ ’

La única sugestión de una conducta áspera por parte del peticionario en ese caso hacia sus hijos aparecía de la ale-gación hecha por la abuela, de que equivalía a ‘‘ excesivo trato cruel hacia estos niños por parte del demandante el hecho de sacar a dichos niños del cuidado maternal de la demandada para llevarlos a vivir a su nuevo hogar en las condiciones que han sido expresadas y a una edad tan tierna.”

El lenguaje empleado como se indica en la opinión misma, debe leerse “a la luz de las alegaciones hechas en los ale-gatos, de la prueba aducida en el juicio y de la ley aplicable a los hechos.” En él no se resuelve que en una solicitud de habeas corpus la misma regia sería de aplicación. No había necesidad de resolver que aún en una acción de la na-turaleza como la que entonces se consideraba, una corte sen-tenciadora no tendría ninguna facultad para considerar, en circunstancias concebibles, cuestiones de ninguna clase que afecten directamente a la salud, felicidad o bienestar de los niños con excepción del trato severo o influencia, consejos o ejemplos corruptores. Cualesquiera declaraciones inciden-tales {dicta) que pueda haber en la opinión y que sean sus-ceptibles de tal interpretación no sólo no están en manera alguna sostenidas por nada que indique un razonamiento de-liberado, sino que ha quedado demostrado por los hechos referidos, así como por otras declaraciones hechas en el con-texto, que no han merecido la consideración que exige la im-portancia de las cuestiones envueltas. La opinión hasta ese punto, asume sin muy clara razón, que dictar sentencia contra un demandante en un pleito ordinario seguido por el padre para obtener la posesión o recobrar la custodia de su hijo, es privar a dicho padre de la patria potestad, o sus-penderle en el ejercicio de ésta. Puede admitirse que exista algún derecho correlativo, pero de ahí no ha de seguirse que la diferencia entre nn procedimiento para privar a nn padre de sn 'patria potestad o suspenderle en el ejercicio dé la misma y el recurrir el padre a procedimientos de habeas corpus para recuperar la verdadera posesión física de nn niño que se encuentra fuera de su custodia y control, es una mera distinción y no una diferencia.

La cita al caso de Eyan si no es con la aprobación de la consideración con que lia visto la corte de Louisiana la felicidad y el bienestar futuro del niño, por lo menos sin un comentario en contra sobre tal actitud o esfuerzo por marcar cualquier distinción respecto a los hechos, es sig-nificativa. Se admite expresamente que la patria potestad no lleva consigo “el derecho inmediato a la custodia física de los niños por parte del padre sin reservas o condiciones. ’ ’ También se ha dicho claramente—

“Que el bienestar de los niños debe ser protegido cuidadosamente por las cortes,- pero deben ellas recordar que la ley ha sido decre-tada teniendo también en cuenta esta cuestión.” 21 Cyc. 331, 332 y 333; in re Gates, 95 Cal. 461.

La cita hecha primeramente en apoyo de esta proposi-ción es la siguiente:

“En igualdad de circunstancias al resolverse la. cuestión de la custodia los padres del niño serán preferidos en oposición a terceras personas incluyendo los abuelos y otros parientes. En una contienda entre padres, teniendo el padre el derecho de acuerdo con la ley a los hijos, a veces se le prefiere, pero otras se prefiere a la madre, espe-cialmente si el hijo es muy pequeño y requiere el cuidado de la madre, o es ilegítimo. Los parientes del niño generalmente serán preferidos a un particular, pero no siempre y por lo general la custodia legal es la debida custodia a falta de circunstancias excepcionales.”

La opinión del Juez Presidente Beatty en el caso de California citado últimamente, es breve y puede transcribirse en su totalidad, a saber:

“La peticionaria Margarita J. Olsen, residente del Condado de Santa Clara, es la madre de Della Gracie Gates de diez años y cinco meses de edad, quien según alega la peticionaria se encuentra restrin-gida indebidamente de su libertad por James Eldridge, en su resi-dencia en el Condado- de Lassen. El referido Eldridge admite que tiene la custodia de la niña y alega un derecho a ella por virtud de una orden de la Corte Superior del Condado de Shesta, que lo nom-bró su tutor.
“De los hechos revelados en la petición, diligenciamiento y prueba aducida en la vista estoy convencido de que la orden nombrando al Sr. Eldridge tutor de la niña es nula por falta de jurisdicción y que la peticionaria es la persona que legalmente tiene derecho a su cus-todia. Pero en vista de las circunstancias especiales del caso, no me siento obligado a dictar ninguna orden coercitiva por la que el mero derecho legal de la peticionaria pueda reconocérsele contra la incli-nación manifiesta de la niña y razonable elección para que quede donde se encuentra, la peticionaria renunció voluntariamente al cui-dado de su niña cuando ésta apenas tenía un año, y desde que tenía dos años de edad la ha dejado bajo el exclusivo cuidado y gobierno-del Sr. y Sra. Eldrigde, siendo esta última hermana del padre de la niña. La consecuencia natural e inevitable ha sido que esta niñita, que no conoce a otros padres o protectores, que nunca ha visto a su madre sino dos veces por unos nueve años se ha apegado tanto a su tío y tía como también éstos a ella, que ha considerado a su madre-como una persona extraña. Aunque ella no ha llegado a una edad de discreción legal, es lo suficientemente inteligente para que en cierto-modo pueda dejársele hacer su elección en la cuestión que afecta tan profundamente a sus sentimientos e intereses; y habiéndola exami-nado privadamente estoy convencido que no sería sino un acto de extremada crueldad desprenderla del único hogar que siempre ha conocido aún cuando sea con el propósito de dejarla bajo el cuidado de su propia madre. Sus intereses materiales también se mejorarán dejándola donde está y donde quiere ella permanecer. Su madre-carece de recursos para sostenerla con excepción de aquellos que pueda suministrarle su actual esposo quien por dispuesto que pueda estar no tiene obligación legal alguna de sostener a una hijastra y son pocos los medios que tiene de hacerlo. El Sr. y la Sra. Eldridge por el contrario tienen bastante recursos y no tienen hijos. Viven en un sitio saludable en el campo, donde todo el medio ambiente es favorable al bienestar moral y material de la niña y tienen los medios y condiciones de poder atender a su sostenimiento, educación y futura bienestar -y seguridad.
“Bajo estas circunstancias considero que mi deber en este caso queda cumplido viendo que la niña quede libre de toda restricción ilegal y dejándola en libertad para que pueda ir al bogar de su elección.
“Se anula el auto.”

Siendo tal la doctrina sentada por las autoridades cita-das para sostener la conclusión a* que se llegó en el caso de Le Hardy v. Acosta, y estando fundadas las subsiguientes decisiones de este tribunal en el caso de Le Hardy, sin nada nuevo por vía de argumentación, difícilmente puede consi-derarse la cuestión como resuelta por las autoridades {stare decisis). Por el contrario, parecería razonablementé pru-dente suponer que si los techos en el caso de Le Hardy hu-bieran demostrado que el bienestar de los niños exigía cla-ramente una resolución en sentido contrario, podría haberse llegado a una conclusión diferente sin gran dificultad en cuanto al efecto que ha de darse en tales circunstancias a los preceptos del artículo 236 del Código Civil. Pero de todos modos la cuestión envuelta en este caso jamás ha sido re-suelta en esta corte por el tribunal en pleno en un proce-dimiento de habeas corpus.

La opinión disidente del Juez Presidente Sr. Hernández con la que estuvo de acuerdo el infrascrito, en el caso de Artona v. Torres, 24 I). P. R. 450, que fué asimismo un pro-cedimiento ordinario, no un procedimiento de hateas corpus, establece claramente la distinción entre el derecho a la pa-tria potestad y la forma y condiciones de su ejercicio. Allí se dijo que la patria potestad de acuerdo con nuestra vigente ley 'no es para beneficio del padre o la madre sino para el del hijo que la necesita. Ha quedado demostrado conclu-yentemente que tal derecho no es absoluto sino que lleva consigo ciertos deberes y obligaciones solemnes, cuya com-pleta negligencia o abandono puede justificar a una corte • para negarse a devolver a un padre natural la custodia de un niño. Hablando de los hechos en ese caso se dijo:

“Que a la corte incumbe en uso de sus facultades discrecionales, precisar y determinar si en un caso como el presente debe darse al padre la custodia de la niña de modo que pueda cumplir con los de-beres paternales que le impone la patria potestad o si con tal fin debe dejarse en poder de la madre.”

Otro párrafo de la opinión, és el siguiente:

“Para el caso de relaciones ilícitas .terminadas de hombre y mujer con hijos naturales procreados durante esas relaciones, expresamente nada provee la Legislatura y nos parece contraria a la razón natural y a la equidad la teoría de negar a la madre natural toda clase de derechos mientras viva el padre que ha reconocido la prole en aquélla habida, y otorgar al padre natural que sin razón alguna abandona a la mujer en quien ha procreado hijos, privilegios que no tiene el hombre que engendra hijos dentro del matrimonio y abandona a su legítima esposa. Semejante teoría conduciría al absurdo de reconocer a un padre más desnaturalizado que natural, el derecho de arrancar a un hijo reconocido de los brazos de su madre, en los primeros días de su existencia en que necesita ser lactado.”

Y la conclusión final a que llegó la corte es la que a con-tinuación transcribimos:

“No es posible sentar como principio absoluto e inflexible que el hijo natural haya de vivir con el padre que lo ha reconocido y ejerce sobre él el derecho de la patria potestad. Las condiciones del ejer-cicio de ese derecho debe regularse por las cortes, según las circuns-tancias especiales de cada caso, sin olvidar nunca que la patria po-testad según nuestro derecho actual no es un beneficio para el padre o para la madre sino para el niño que de ella necesita.
“La niña Eosa al ser reclamada su entrega por el demandante, contaba solamente dos años y medio de edad y necesita aún, como es natural en tan tierna edad, los cuidados amorosos y solícitos desvelos de la madre que le dió el ser. Esa niña ha vivido siempre con su madre, a quien naturalmente ha de profesar más cariño que al padre. La moralidad actual de la madre es reconocida por el padre. El matrimonio legítimo del padre en el que ya ha procreado una niña ha de traer dificultades de orden moral para el sostenimiento de las relaciones de la madre con la hija. Habida consideración a esas cir-cunstancias especiales, se está en el caso de negar al demandante el derecho de separar la niña de la madre, bajo cuya compañía y amparo debe continuar, sin perjuicio de modificar esa resolución cuando mo-tivos razonables así lo aconsejen. Con ello no se priva al padre bajo ningún concepto de condición alguna esencial al derecho de patria potestad.”

Ni el artículo 236 ni ningún otro dispone que nada que no sea “excesiva crueldad” u otra mala conducta especificada constituirá obstáculo (estoppel) para el padre que invoca la ayuda de una corte de justicia en un procedimiento en equidad. Pero el mismo código que para beneficio de los hijos confiere a los padres el derecho a la patria potestad y prescribe las circunstancias bajo las cuales dichos padres pueden ser pri-vados de la misma por las cortes, a la vez dispone en su título preliminar que trata de las leyes sus efectos y de las reglas generales para su aplicación, que “cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equi-dad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos.”

La patria potestad de la ley civil no es tan absoluta como era el derecho del jefe de familia en la Ley Común. Sin embargo, las cortes inglesas y americanas a través de años de persistentes esfuerzos han logrado éxito en considerar de mucha más importancia que cualquier derecho correlativo a la custodia de los hijos, el superior interés público del bienestar de los hijos. T no hay razón muy clara por la cual los beneficios del lento, pero eficaz progreso alcanzado en este sentido no deban ser percibidos en esta Isla hoy día lo mismo que de aquí a un siglo.

Las cortes de Louisiana no han encontrado en la ley civil obstáculo alguno insuperable para la adopción de la regla que prevalece en otras cortes americanas.

La Corte Suprema de ese Estado ha dicho que—

“La regla de la Ley Civil en ese respecto no se diferencia de la de los Estados donde rige la Ley Común.” State v. Trahcrn, 125 La. 311.

En el caso State ex rel. Lasserre v. Mitchell, 105 La. 741, se sugiere que el derecho de la comunidad a velar por la educación de sus miembros, y rechazar aquéllo que para su propia conservación y bienestar cree que debe -rechazarse, es superior al- derecho y a la autoridad del padre.

De la misma opinión hacemos la siguiente cita:

“La corte está investida de facultad con una sana discreción para conceder o denegar el remedio. El niño mismo en contiendas de esta naturaleza tiene derecho a que se le proteja en cierto modo por parte de la corte. Los padres en contiendas como ésta no solamente alegan sus propios derechos de acuerdo con la ley sino que actúan para y a nombre del niño; y en cuanto- a esta cuestión el Estado mismo como se dijo en el caso de Bermúdez tiene un interés que va más allá del mero derecho y autoridad y del padre o de la madre. El derecho de ninguno de éstos es absoluto. El derecho de cualquiera de ellos o de ambos depende de cuestiones de hecho (in pais) de las cuales es el objeto del auto hacer una amplia investigación, por medio de un -examen acabando bajo juramento, de modo que el tribunal pueda tener ante sí todos los informes que puedan obtenerse. Apenas si creemos que un auto de habeas corpus dirigido a una mujer y relativo a la custodia de un niño menor de edad pueda considerársele como una acción seguida por el esposo contra la esposa porque la parte que solicita la acción del gobierno es el marido y aquélla contra quien el auto se dirige es la esposa, y el hijo de ellos. Es el resultado de la manifestación hecha de que el hijo está indebidamente restringido de su libertad y que deben investigarse los hechos del caso.”

En el caso State ex rel. Taylor v. Jones, 113 La. 298, el tribunal se expresa en la siguiente forma:

“El niño de acuerdo con las leyes naturales tiene ciertos derechos que no siempre han de pasar desapercibidos. La voluntad del padre no es siempre suprema. Puede surgir un caso que por las circuns-tancias excepcionales no esté comprendido dentro del alcance del ar-tículo del código invocado por el peticionario.”

En el caso State v. Trahan, supra, después de indicarse como ya hemos dicho que el principio que fundamenta las disposiciones del Código Civil no es¡ incompatible con la práctica de los Estados de la Ley Común, la opinión procede a decir lo siguiente':

“Al considerar la cuestión del bienestar y felicidad de la niña la conducta de uno o de ambos de los padres bacia ella es un factor .adecuado y legítimo que ba de tenerse en cuenta. Si hay razón para creer que los esfuerzos del padre por obtener la custodia y cuidado de la niña no se deben a la consideración que tiene por su bienestar y felicidad sino que se refieren a algún otro motivo que no sea éste, el- juez no debe vacilar sino que debe dejar a la niña donde se en-cuentra feliz y satisfecha y bien atendida en todo sentido.
“La línea de conducta del apelante no ba sido tal que nos baga ■creer que él actúa en esta cuestión por afecto bacia la niña o en consi-deración por su bienestar y felicidad. El nada tiene que decir en contra de que la niña quede donde está. No se queja del medio am-biente en que se encuentra. No tenemos razón alguna para creer que no es como debe ser. La prueba en los autos niega la alegación de la petición de que la esposa se llevó a la niña y que ha ocultado su paradero del padre.
“Creemos, de acuerdo con la prueba, que el padre sabía o pudo fácilmente saber precisamente dónde podía encontrar a su bija du-rante todos esos años y que por una u otra razón no quiso tomar ninguna acción en el asunto. Creemos que la misma madre tiene derecho a ser considerada en vista de las circunstancias de este caso. Ella ha cumplido fielmente sola y sin ayuda de su esposo con todos sus deberes tanto en las enfermedades como estando en salud la niña por los últimos diez años. El requerimiento por obtener la hija hecho por el demandante se basa solamente en sus simples y absolutos derechos legales como padre y se presenta a nosotros bajo circuns-tancias muy poco favorables. Esa solicitud ha sido opuesta por la madre por vía de defensa lo que según nuestra opinión tenía ella derecho a alegar al ser planteado el punto en controversia.
“Creemos que el juez sentenciador procedió correctamente al ne-garse a separar a la hija de la madre bajo las circunstancias rese-ñadas. ’ ’

Y en el caso Ex parte Ryan, 126 La. 455, el cual se dis-tingue en cuanto a los hechos en el de Le Hardy sin desa-probarse la doctrina enunciada, se dice lo siguiente:

“Estos procedimientos por habeas corpus apenas si pueden ser considerados como una acción entre el peticionario y el demandado.
“Es una cuestión (como se dijo en el caso de Lasserre v. Michel, 105 La. 741, 30 South. 122, 54 L. R. A. 927) en la cual él estado tiene un interés que va más lejos del de el mero derecho y autoridad del padre. El bienestar y felicidad del niño han de ser considerados por la corte.”

En vista de la forma en que lia de resolverse este caso, preferimos no discutir la prueba en detalle.

Que el peticionario es el padre de la niña que añora se encuentra bajo la custodia del demandado, es cuestión que no está sujeta a duda razonable alguna. Sobre este punto no ñay duda en la mente de ninguno de los miembros de esta corte.

Pero se ña sugerido que la cuestión relativa a los me-jores intereses de la niña debe alegarse en la corte inferior, y en los casos resueltos, así como en las obras de texto in-dudablemente que se ña ñablado mucño de las cuestiones de alegaciones incluyendo la de qué es lo que constituye una contestación suficiente. '

Sin embargo, muchos si no la mayoría de los casos que envuelven la custodia de niños, parecen tratar primero, sino exclusivamente, del principio en que descansa la evolución de este uso del auto, según parece sin tener en cuenta las cuestiones técnicas de alegaciones y práctica; y si el bienes-tar del niño es la consideración sup'erior entonces el ele-mento de alegación puede considerarse como cosa relativa-mente de menos importancia.

Así, pues, en Cñurcñ sobre Habeas Corpus, sección 442, página 702, leemos lo siguiente:

“Cuando un niño o menor está fuera de la posesión y custodia del padre, dice el Juez Sr. Stone, de la Corte Suprema de Alabama en un reciente caso, ‘y se recurre al auto de habeas corpus por este último para obtener tal custodia, no surge como cuestión de derecho necesaria que la petición del peticionario sea concedida. La corte está investida de una sana discreción para conceder o denegar el remedio, la cual ha de ejercitarse siempre para beneficio del menor primeramente pero no arbitrariamente en desatención del derecho natural del padre a que se le dé preferencia. Si el padre razonable-mente está en condiciones y puede atender y socorrer a su hijo gene-raímente debe concederse su petición. Si por otra parte él no está en condiciones o no puede debidamente atender a su prole, y parti-cularmente si esa prole pensando bien prefiere no volver donde él, la corte no debe concéder ningún remedio dentro de las circunstan-cias, sino dejar a las partes m statu quo.’ A menos que resulte que los mejores intereses del hijo lo requieren de un modo imperioso, la corte, dice el Juez Holt, en el caso de Green v. Campbell, 35 W. Va. 698, 704, ‘al considerar relaciones tan delicadas y que tan fácilmente están en pugna irreparablemente, seguirá el camino discreto de dejar las cosas como se encuentran.’ ”

Casi la misma tendencia de criterio parece manifestarse en el sumario del caso de Gatti y en un número de resolu-ciones de Louisiana, supra.

A la luz de tal texto bien podemos considerar si la mera omisión del demandado en bacer una amplia contestación cualquiera que pueda ser el efecto, considerada como una renuncia de su propio derecho, puede o no perjudicar al derecho del menor a la protección de la corte, coartar la conciencia del juez sentenciador, o restringir su discreción; si el peticionario que en un procedimiento de equidad invoca el auxilio de una corte de justicia mediante el ejercicio de su actuación como parens patriae, no levanta así necesaria-mente la cuestión vital; o tal vez sería más correcto decir, si la ■ ley misma, dado el interés público que siempre está envuelto no promueve la cuestión en. favor del niño desam-parado y constituye suficiente aviso para el peticionario de cualesquiera hechos que puedan revelarse en el juicio y que no constituyan una verdadera sorpresa.

Cualquiera que sea nuestra conclusión final sobre esta cuestión la que ingenuamente'confesamos no ha sido materia de detenida investigación en este caso, no es cosa que pueda resolverse ligeramente y bien podemos apresurarnos, aun-que cautelosamente a determinar hasta donde puede permi-tirse que las reglas de alegaciones en acciones ordinarias rijan en procedimientos de habeas corpus ante las cortes insulares. Pero no es necesario ahora escudriñar más en este sentido.

Puede admitirse que en el presente caso la cuestión de los mejores intereses de la niña no fué tan claramente pro-movida por las alegaciones ni tan ampliamente desarrollada en el juicio como pudiera esperarse. Pero difícilmente puede decirse que la cuestión no estuvo ante la corte sentenciadora por virtud de las alegaciones y de la prueba cuando el caso fué sometido.

El abogado del demandante debió haberla tenido en cuenta al redactar la solicitud y el abogado del demandado, serena, pero deliberadamente procedió en igual forma al examinar sus testigos en tanto no se hizo objeción, aunque pronta-mente desistió al sostener la corte una objeción hecha por primera vez después de haberse presentado los hechos más importantes. Esta actitud del abogado del demandado sólo se explica por la teoría de que él participaba en gran modo de la firme convicción del juez sentenciador respecto al efecto legal de las anteriores decisiones de esta corte. La moción del peticionario al empezar el juicio para eliminar hasta la lacónica contestación con sus simples negativas y exposición concisa de nueva materia, por el fundamento de que el de-mandado estaba circunscrito a probar alguna “autoridad” para la alegada restricción ilegal, como sucede cuando un preso está detenido por virtud de un mandamiento u otra orden, si fué declarada sin lugar, no tenía por objeto ni ten-día a ampliar el alcance de la investigación sobre los méritos.

Alega la solicitud entre otras cosas:

“5. Que tanto'don Felipe Sánchez Osorio como su señora no son parientes en ningún' grado, ni por consanguinidad o afinidad de la niña Nancy Aida Chabert .y Ojeda ni de sus padres don Augusto de Chabert y doña Margarita de Ojeda, ni son tutores o guardianes.
“6. Que el peticionario tiene su hogar constituido y cuenta con medios suficientes para mantener, criar, y educar a su hija, la niña objeto de esta petición y que tanto él como su señora esposa están dispuestos y se comprometen a criar, educar y atender todas las nece-sidades de su bija.”

La contestación, niega la alegación citada en último tér-mino y alega como materia nueva:

“Que allá por el mes de octubre del año 1913, una anciana nom-brada Rosalía, le entregó en su residencia en Carolina, una niña, en mareado estado enfermizo y como de un mes de nacida, manifestán-dole que sus recursos no le permitían subvenir a las necesidades de dicha niña y que ignoraba los nombres de sus padres; que el peti-cionario movido a compasión por el estado de la niña, la recibió en aquella ocasión y la ha atendido, cuidado y educado cariñosamente, desde entonces a la fecha.”

Ambas alegaciones pudieran haberse ampliado exponiendo hechos adicionales, pero el agregar una mera conclusión o corolario no le hubiera dado esencialmente mayor fortaleza o claridad a ninguna de ellas.

El peticionario en apoyo de su alegada capacidad para proporcionar un hogar a su hija, sostenerla y educarla, de-claró que es casado, que vive con su esposa y está empleado en la Porto Eican American Tobacco Company donde gana un sueldo de $25 semanales y tiene dos hijos. En otro res- * pecto dice que padece de filaria y a menudo está enfermo, o al menos estuvo enfermo frecuentemente durante la época inmediatamente siguiente al nacimiento de la hija. Se hace también un esfuerzo por probar que por algún tiempo mien-tras la criatura estuvo en poder de la vieja partera y antes de venir a manos del demandado, el padre pagó de $3 a $5 semanales para su sostenimiento, aunque, esta prueba pierde parte de su fuerza en el examen de repreguntas.

Su declaración directa según el récord taquigráfico con-cluye como sigue:

“¿Si la corte le entregase a Yd. su hija Nancy Aida Chabert a dónde la llevaría Yd? — A mi casa.
“¿La madre de la niña vive? — Sí, señor.
“¿Con quién vive la madre de la niña? — Conmigo y mi otro niñito.
“¿Yd. atendería a los cuidados de la niña? — Seguramente, porque hoy estoy en condiciones de hacerlo, lo mismo que lo hago con el otro.”
Hacemos la siguiente cita de la declaración del deman-dado como aparece en las notas taquigráficas, a saber:
“Ree: ¿Cuál es su profesión? — Agricultor y comerciante.
# # * * * * *
“Explique Yd. como vino esta niña a su poder. — Me la entregó la vieja comadrona o partera, ésta porque no podía sostenerla, porque es una vieja de 60 ó 70 años y estaba completamente sola en su casa y no podía atender a la niña y estaba casi moribunda a los 15 ó 20 días de haberla sacado de donde la trajo.
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“¿Qué hizo Yd. con ella? — Entregársela a mi esposa, y como me iba al Norte con mis hijos le dije: Hazte cargo de esta niña y defién-dela de la muerte.
# # # # * *
“¿Ha hablado Yd. con el Sr. Chabert sobre este particular?— Hace muy poco tiempo que se presentó en mi casa llevando a su esposa y le dije:' ¿Qué le ofrece? Yengo a ver esta niña que hay aquí. Aquí está. La niña estaba dormida. Está hermosa, está guapa, está bonita. Es una niñita que criamos en condiciones magní-ficas porque merece todo nuestro aprecio debido a las condiciones fatales en que llegó a nosotros; la estamos atendiendo con más cui-dados que a nuestros hijos. La vieron, la miraron y dijeron: ven-dremos por aquí. Cuando Yds. quieran, siempre venga a su casa. No nos dijeron nada de sus padres ni absolutamente nada.
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“¿Cuánto tiempo hace de eso? — De eso' hará ahora 8 meses, 6 meses, una cosa así.
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“¿Y después ha habido alguna otra indicación por parte de esos Sres? — Ahora últimamente que fué allá, que le diera la niña, que se la iba a presentar a la abuela. Le dije: ‘Yo no lo conozco a Yd. por padre, Yd. no es nada en esta casa ni yo lo puedo aceptar a Yd. como padre de la niña porque ni su misma expresión al verla me demuestra que Yd. es su padre; su Sra. en iguales condiciones, ni se inmuta Nada, yo la quería ver. Pues no podemos darla así porque esta niña está en tales condiciones. — -Ya la ve Yd. que está agarrada a mi es-posa, que dice mamita, no me deje que me toque esa gente, y nosotros le decíamos: no la toque. ’
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“¿Qué atención le ha dispensado Vd. a la niña? — En estos últi-mos años puedo decir con franqueza que ha mejorado mi posición económica y hemos atendido a la niña mejor que a nuestros hijos.
“¿La niña sabe leer? — No puede todavía.
* * * « # >» «
“¿Vd. le profesa cariño a la niña? — Más no podré decir, pero tanto como a los hijos.
“¿Su Sra. de Vd. la ha atendido? — La ha atendido con el cuidado que acabo de decir, con una singularidad extrema, porque la niña casi siempre ha estado enfermita, delicada y todo lo que se hace es solamente para ella, porque mis hijos dos están en el Norte hace 6 años, mi hija, una que cumple ahora 18 años, ha pasado en el Co-legio de las Madres otros 6 años, y en ese tiempo fué cuando se des-prendió de sus hijos y cogió esta hija, abarcando casi todo el amor de todos los demás.
* * # # * * *
Pet.: “Esa niñita que está con Uds. ¿cómo se llama? — Aida.
“¿De quién es hija? — No sabemos de quién es hija. "
“¿Aida qué? — -Aida Sánchez Castaño, le hemos puesto.
“¿Vds. la han inscrito? — No la hemos inscrito porque he estado averiguando quiénes son sus padres y esperando que mis hijos me autorizaran a darle el nombre mío, y así ha vivido allí hasta ahora. ’ ’

Un curioso incidente pone fin al examen directo.

“¿Cuáles son sus medios actuales de fortuna?”
Pet. : “Yo me opongo a esa evidencia por inmaterial.
Juez : “Yo creo que eso no se ha puesto en issue y la corte sostiene la objeción.”

Si por conjeturas o por algún esfuerzo de la imaginación puede decirse que el fin de la objeción era excluir la prueba tendente a demostrar que se promovería el bienestar de la niña dejándola donde abora está entonces dicha objeción se hizo demasiado tarde. Las cuestiones arriba reseñadas y que constituyen la mayor parte de la prueba del demandado, en su mayoría no se relacionan con la cuestión de la pater-nidad o identidad de la niña, y la tendencia general y ob-jeto del interrogatorio son perfectamente claros a pesar de la afable conformidad del abogado con el estrecho criterio de la corte respecto a la cuestión envuelta. De no haberse formulado objeción a la pregunta últimamente citada y se hubiera demostrado que el demandado era dueño de una gran participación en la ‘£Guánica Central,” ello solamente hubiera variado muy poco el cuadro gráfico ya presentado por este testigo en contraste sorprendente con la serena mani-festación con que el demandante termina su misma decla-ración, supra, en el interrogatorio directo.

Hemos hecho referencia a los anteriores particulares de la prueba aportada por las partes mismas sin hacer mención de otras cuestiones más importantes, no con el fin de probar que el bienestar de la niña exige que ella continúe donde está, sino para indicar el alcance que tenía esta cuestión en el caso como ha sido presentado.

La alegación sexta de la demanda y la prueba presentada por el peticionario de acuerdo con ella, no podía tener nin-gún otro objeto en perspectiva que impresionar a la corte con la idea de que en el presente caso el alegado derecho del padre no está en conflicto con los mejores intereses de la niña.

Los autos en conjunto no dan lugar a duda de ninguna clase respecto a si el abogado del demandado hubiera sos-pechado por un momento que esta corte o la corte senten-ciadora de acuerdo con los precedentes establecidos hubiera permitido una investigación más amplia, entonces una defensa más fuerte y acabada se hubiera alegado en la contestación y desarrollado en el juicio.

Pero sea esto como fuere difícilmente puede decirse que la cuestión de la futura felicidad y bienestar de la niña es tan ajena a las cuestiones litigiosas como fueron presen-tadas por las alegaciones y la prueba en conjunto en este caso, que no hubieran podido considerarse en absoluto por la corte sentenciadora, o que no puede considerarse por este tribunal, que en manera alguna está envuelta en esta ape-lación.

“La regla general es que la corte de apelación solamente tomará en consideración aquellas cuestiones litigiosas que fueron levantadas en las cuales las partes se basaron en la corte inferior. Pero cuando un caso ba sido juzgado sin objeción alguna como cuando las alega-ciones promovían ciertas cuestiones litigiosas, la objeción de que la cuestión no fué levantada por las alegaciones, o que las cuestiones no eran completas, no puede hacerse por primera vez en la corte de ape-lación y especialmente esto es así cuando las alegaciones debido a una razonable y ligera interpretación pueden considerarse como que presentan y levantan la cuestión.” 3 C. J. 727-29.
“A la regla general de que las cuestiones que no han sido promo-vidas en la corte inferior no serán consideradas en apelación se han reconocido ciertas excepciones y limitaciones en las diferentes juris-dicciones.”
“Y se ha resuelto que un principio legal aún cuando no haya sido sugerido por una u otra de las partes en el juicio, debe ser adoptado para resolver finalmente el caso en apelación si esto obliga a que se haga cumplir rápidamente un derecho o suministra un remedio para un daño causado y como exposición correcta de la ley es adecuado a los hechos envueltos.” Idem. 741.
“También se ha resuelto que una sentencia errónea puede ser re-vocada cuando las partes procedieron por virtud de un error de ambos en cuanto a la ley aunque el único fundamento alegado en la corte inferior contra la sentencia no esté sostenido.” Idem. Idem.
“Otra excepción a la regla general de que las cuestiones que no fueron promovidas en la corte inferior no serán tomadas en conside-ración en apelación está reconocida en el caso de cuestiones de polí-tica pública o intereses públicos.” 3 C. J. 742.

El apelante, menos en lo que baya podido ser inducido a error por las' anteriores decisiones de esta corte, tendría poca razón para quejarse si la corte inferior hubiera fun-dado su sentencia en becbos probados de acuerdo con la regla que debió baber regulado al resolverse el caso por sus méritos, o si esta corte confirmara la sentencia apelada por razones distintas a las expresadas por el juez sentenciador. Y dentro de las circunstancias, no podemos comprender qué razón pneda lógicamente tener el apelante para quejarse si se revocara la sentencia como lo solicita y el caso fnera devuelto a la corte inferior para darle otra oportunidad de ser oído.

En relación con esto debe agregarse que aunque pudié-ramos estar justificados por los Rectos que aparecen de la faz de los autos en confirmar la sentencia apelada, sin embargo, lo que liemos dicto, arguendo, acerca de estos Rectos, no tiene por objeto referirse de modo alguno a la situación que pueda luego surgir. El demandante podrá explicar mu-cho de lo que atora está sin explicar. La madre que no es parte y que no declaró como testigo puede desear decir algo, o por lo menos su actitud puede darse a conocer. El de-mandado tabrá tenido tiempo para consultar con sus Rijos y resolver de modo más preciso la pronta ejecución de sus planes para el futuro de la tija de crianza. La condición económica de las partes puede haber cambiado, o surgir otros elementos más. importantes que dejen la mera cuestión de dinero al sitio que le corresponde. Aunque la mayoría de esta corte cree que el caso como ta sido presentado no jus-tificaría a este tribunal en conceder la custodia de la niña al demandante, la minoría es de opinión contraria, y nin-guno de nosotros vacilaría en confirmar tal sentencia a me-nos que se probara un claro abuso de discreción. Por vir-tud de una amplia exposición de aquellos Rectos adicionales que puedan- aducirse, de acuerdo con la regia aquí enunciada, el padre tendrá derecto a tal custodia a menos que aparezca claramente que es conveniente para la futura felicidad y bienestar de la niña que las cosas queden como están.

Considerado todo esto, estamos convencidos de que se promoverán mejor los fines de la justicia sustancial revo-cando la sentencia apelada y devolviendo el caso para ulte-riores procedimiento que no sean incompatibles con esta opi-nión, mejor qne confirmando dicfia sentencia, basándonos en los autos tal como se encuentran.

T así se ordena.

B,evocada la sentencia apelada y devuelto el caso pára ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sr. Presidente Hernández y Aso-ciado Sr. del Toro.

Disintieron los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey.


author: El Juez Pbbbsidente Sb. Hebnández,

text:
    The Specialty Shop for Automobiles, Peticionaria, v. Benítez Flores, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera.
    No. 315.
    Resuelto en marzo 29, 1921.
    Aseguramiento de Sentencia sin Pianza — Apelaciones Procedentes de Cortes Municipales. — Una vez que se ha- radicado en la corte de distrito una ape-lación procedente' de la corte municipal, la sentencia apelada deja de exis-tir, por cuya razón el demandante no tiene derecho a obtener de la corte de distrito., un decreto de aseguramiento de sentencia sin fianza invocando para ello el precepto contenido en la sección primera de la Ley No. 27 de abril 13, 1916, de que “si el aseguramiento de sentencia se solicitare después de pronunciada sentencia no se exigirá fianza.”
    Id. — Aseguramiento Después de Dictada la Sentencia. — Para que el asegura-miento solicitado después de pronunciada sentencia pueda decretarse sin fianza es requisito indispensable que el aseguramiento se solicite en tiempo oportuno ante la misma corte que' pronunció la sentencia.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de la peticionaria: Sr. B. Guerra.

    El juez demandado nq compareció.
    Abogado de la parte contraria: Sr. J. Soto Bivera.

   El Juez Pbbbsidente Sb. Hebnández,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio seguido ante la Corte Municipal de San Juan por Generoso Flores contra The Specialty Shop for Automobiles, sobre rescisión de contrato, obtuvo el demandante sentencia ai. su favor y contra ella interpuso el demandado recurso de apelación para ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, habiéndose radicado la transcripción de autos en la secretaría de dicha corte.

El demandante apelado solicitó en la corte de distrito embargo sobre bienes del demandado, sin prestación de fianza, para asegurar la efectividad de la sentencia obtenida a su favor en la Corte Municipal de San Juan, y de acuerdo con lo solicitado la corte de distrito por orden de 22 de enero de 1921 decretó el embargo pedido sin necesidad de presta-ción de fianza.

La demandada apelante presentó entonces moción para que fuera anulada la expresada orden, por el fundaníento de que estando sujeta a apelación la sentencia de la corte municipal no existía en la corte de distrito sentencia alguna que sostuviera un embargo sin prestación de fianza. La corte denegó la moción de nulidad por orden de 11 de febrero de 1921.

Contra los procedimientos de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, ha venido a esta Corte Suprema en recurso de certiorari la representación de The Specialty Shop for Automobiles, solicitando la revisión de los mismos. El auto fué expedido y la vista del recurso tuvo lugar con asistencia de los abogados del peticionario y del opositor Generoso Flores.

La única cuestión a considerar y resolver es si la ley para asegurar la efectividad de las sentencias, tal como quedó enmendada por la Ley No. 27 de 13 de abril de 1916, auto-riza un aseguramiento de sentencia sin prestación de fianza en un caso como el presente.

La sección primera de la Ley No. 27 que dejamos citada dice así:

“Ningún aseguramiento de sentencia podrá decretarse sin la pre-sentación de la correspondiente demanda y de la solicitud de asegura-miento. La solicitud de aseguramiento podrá presentarse con la de-manda o luego de interpuesta, en cualquier período del juicio, antes o después de la sentencia. Si el aseguramiento se solitare después de pronunciada sentencia no se exigirá fianza.”

Examinemos la sección transcrita en relación con la ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales, aprobada en marzo 11, 1908. Interpre-tando esa ley en el caso de Gelabert Hermanos v. Córdova, 17 D. P. R. 1,200, dijimos:

“Apelada la sentencia de la corte municipal para la de distrito, formalizado el recurso y señalado día para la celebración del nuevo juicio ante la corte apelada, aquella sentencia dejó de tener por mi-nisterio de la ley valor y eficacia alguna. No cabía revocarla, modi-ficarla o confirmarla, sino que era necesario que el nuevo juicio termi-nara por nueva sentencia. La mera desestimación del recurso no podía dejar subsistente una sentencia que ya no tenía vida legal.
“En los juicios que de novo se celebran ante las cortes de distrito a virtud de recurso de apelación interpuesto contra sentencia de las cortes municipales, no hay propiamente partes apelante y apelada, sino partes demandante y demandada, y por tanto no cabe invocar como aplicables aquellos preceptos que regulan las apelaciones que han de resolverse sobre los mismos méritos que sirvieron de base a la sentencia apelada.”

En el presente caso fné radicada la transcripción en la corte de distrito por el demandado apelante y la corte tenía que resolverlo por nueva sentencia. La sentencia de la corte municipal había dejado de tener valor y eficacia alguna. Siendo ello así no es de aplicación el precepto de que “si el aseguramiento de sentencia se solicitare después de pronun-ciada sentencia no se exigirá fianza.”

>Y no puede regular el presente caso la doctrina estable-cida en el caso de Lorenzo Isern & Cía. v. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito, 24 D. P. R. 275, en que dijimos:

“De acuerdo con la sección 2 de la ley para reglamentar las ape-laciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles, de 1908, la presentación del escrito de apelación en la forma que prescribe la sección primera de dicha ley, tendrá el efecto de suspender la ejecución de la sentencia. La sentencia, de acuerdo con la ley, queda meramente suspendida pero no anulada por virtud de la apela-ción que contra ella se interponga. Si se declara después que la apelación no se prosiguió debidamente, la suspensión desaparece y la sentencia apelada recobra su propia virtualidad.”

En el caso de Lorenzo Isern y Cía. v. Cuevas Zequeira, el caso no había sido radicado en la Corte de Distrito, mien-tras que en el presente tuvo lugar la radicación, siendo por tanto distintos.

Aún más, atendido el texto de la sección primera de la Ley No. 27 de 13 de abril de 1916, nos inclinamos a creer que para que el aseguramiento solicitado después de pronunciada sentencia pueda decretarse sin fianza es requisito indispensable que el aseguramiento se solicite en tiempo oportuno ante la misma corte que pronunció la sentencia, aunque ba-samos nuestra decisión en la doctrina expuesta de no haber ante la corte de distrito sentencia alguna que pueda servir de base al aseguramiento sin prestación de fianza, por ser esa la teoría en que el peticionario funda su recurso.

Procede anular las órdenes de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, de 22 de enero de 1921 y 11 de febrero siguiente, comunicándose a la referida corte para que proceda de conformidad con los principios establecidos en esta, opinión.

Anuladas las órdenes de la corte inferior de fechas enero 22 y febrero 11, 1921.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Candal et al., Demandantes y Apelados, v. Vargas et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre impugnación de elecciones.
    No. 2418.
    Resuelto en marzo 29, 1921.
    Impugnación Electoral — -Notificación de la Apelación — Personas que Han de Ser Notificadas de la Apelación. — Una notificación del escrito de ape-lación liecha al abogado de la parte contraria en las acciones sobre impug-nación de elecciones autorizadas por la Ley de marzo 7, 1906, es equivalente a una notificación a la parte contraria.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    -Abogados de los apelantes: Sres. Soto y Feliú.

    Abogado de los apelados: Sr. R. Cuevas Zequeira.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal. Los apelados solicitan la desestimación de la apelación por no habérseles notificado nunca el escrito de apelación. No se niega que fue notificado por correo a su abogado de récord en el caso de impugnación de elecciones en el cual se ba interpuesto la apelación.

La sección 11 de la ley de marzo 7 de 1906, leyes de la sesión de ese año, página 61, está particularmente envuelta. La ley se titula “Proveyendo el procedimiento para impug-nar la elección de funcionarios, excepto los miembros de la Legislatura y el Comisionado a los Estados Unidos,” y la sección en cuestión es como sigue:

“Sección 11. — Del fallo de la corte de distrito podrá apelar cual-quiera de las partes para ante la Corte Suprema, dentro del término improrrogable de diez días después de pronunciada la sentencia defi-nitiva, presentado al secretario de la corte una notificación por es-crito de dicha apelación, después de entregar copia de la misma a la parte contraria, y no se autorizará moción alguna para nuevo juicio, antes de establecerse la apelación, lo cual se efectuará de acuerdo con el reglamento prescrito para las apelaciones en asuntos civiles, y jun-tamente con la notificación del recurso constituirá el apelante una fianza con dos o más fiadores abonados, a satisfacción de la corte o-juez que conociere del asunto, comprometiéndose el apelante a prose-guir su apelación liasta determinarse y a satisfacer todas las costas « a que fuere condenado por la Corte Suprema, y tales casos tendrán precedencia en la Corte Suprema sobre todos los demás; Disponiéndose que dentro de los treinta días de pronunciado el fallo definitivamente, término improrrogable, a no conceder una extensión justificada la Corte Suprema, deberá presentar en ésta el apelante una transcrip-ción de todos los procedimientos Rábidos en la contienda o impugna-ción, certificada por el secretario del tribunal sentenciador o por los abogados de todas las partes en dicha contienda. Si la transcripción no se presentare dentro de los treinta días señalados para ello y la Corte Suprema no Rubiera concedido una prórroga, o concedida ésta, no se presentare la transcripción dentro de la misma, podrá el ape-lado obtener un certificado del secretario del tribunal sentenciador, en el cual se consignarán el número de la demanda en juicio, los nombres de las partes en la controversia, una reproducción íntegra de la sentencia y la fecha de la misma, y el cual será confirmado por el secretario y sellado con el sello del tribunal; y presentado que fuere dicho certificado por el apelado en la Corte Suprema, será obli-gación de dicha corte afirmar desde luego el fallo del tribunal sen-tenciador, certificando en el acto a la corte inferior su resolución para el debido cumplimiento de la misma. ’ ’

Los apelados sostienen que siendo la ley sumaria y especial, la jurisdicción que lia de alquirir la corte de apela-ción debe interpretarse estrictamente e interponerse las apelaciones en la única forma autorizada por el estatuto. Alegan que si la Legislatura hubiera querido permitir un método alternativo lo hubiera expresado así, como lo hizo en el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil y en el artículo 3 de dicha ley de elecciones-. Megan que dicha sección 296 pueda ser aplicable, ya por el texto mismo de dicha ley o por analogía, toda vez que dicha impugnación de elección no puede considerarse como una acción civil en su sentido ordinario y citan los siguientes casos: Kreitz v. Behrensmeyer, 8 A. S. R. 349; Odell v. Wharton, 87 Tex. 173; Buckler v. Turbeville, 17 Tex. Civ. 121; González v. Gallegos, 62 Pac. 1102.

En oposición, alegan los apelantes que la cuestión principal envuelta es la de qué interpretación lia de darse a las palabras “parte contraria” según se emplean, y además que la ley misma robustece el criterio de que fue la intención del legislador que las cuestiones de 'procedimiento deben regularse por el Código de Enjuiciamiento Civil.

La sección 997 de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos prescribe lo siguiente:

“Deberá agregarse y devolverse con cualquier auto de error para el traslado de una causa en el día y lugar que allí se menciona, una transcripción auténtica de los autos, un señalamiento de errores, y una súplica para la revocación, con una citación a la parte contraria. ’ ’

Las palabras “parte contraria” según se emplean en dicba sección ban sido consideradas invariablemente por la Corte Suprema de los Estados Unidos como que incluyen al abogado de récord. United States v. Curry, 6 How. 112; Bacon v. Hart, 1 Black 38; Bigler v. Waller, 12 Wall. 142, 147; Scrubbs v. Memphis & Charleston Railroad Company, 131 U. S. CCIV; Tripp y. Santa Rosa Street Railroad Company, 144 U. S. 129; Davis v. Wakelee, 156 U. S. 684. Las palabras del Juez Presidente señor Taney en el caso United States v. Curry, supra, ban sido citadas frecuentemente, a saber:

“Así también en cuanto a la citación al abogado. Es indudable-mente suficiente y está de acuerdo con la práctica establecida en las cortes de equidad. Ningún abogado o procurador puede retirar su nombre una vez que lo ha registrado en los autos sin permiso de la corte. Y mientras esté allí su nombre, la parte contraria tiene dere-cho a considerarlo como el abogado o procurador autorizado y el ser-vicio de la notificación a él es tan válido como si se hiciera a la parte misma. Y presumimos que ninguna corte permitiría a un abo-gado que ha comparecido al juicio con la sanción de la parte, expresa o tácita, retirar su nombre después de haberse resuelto el* caso final-mente. Pues si esto pudiera hacerse sería imposible notificar la cita-ción cuando la parte reside en un país lejano o era desconocido el lugar de su residencia, y en cada caso ocasionaría gastos innecesarios y dificultades, a menos que viviera en el lugar donde estaba la corte. Y lejos de permitirse a un abogado que moleste e impida la adminis-tración de justicia retirando su nombre después del juicio y de la sentencia definitiva, creemos que la corte debe considerar cualquier tentativa en tal sentido como sujeta a merecida censura.”

Las palabras “parte contraria” fueron así aceptadas in-condicionalmente por la Corte Suprema de los Estados Uni-dos como que incluyen en su alcance al abogado de récord.

La materia en cuestión se resume en el tomo 3 de Corpus Juris, página 1214, en la forma siguiente:

“Sección 1314. — Suficiencia ¿te la notificación hecha al ahogado. — - La notificación hecha o aceptada por el abogado del apelado o deman-dado en error, por lo general es suficiente, principalmente por man-dato expreso de la ley; pero de acuerdo con el estatuto en algunas jurisdicciones tal notificación sólo se permite cuando el apelado o demandado en error no es un residente y no puede ser hallado.”
“Sección 1335 (3) — Personas que han de ser notificadas. — Las personas a quienes debe hacerse la notificación son las especificadas por los estatutos de los diferentes Estados. Los preceptos de tales estatutos generalmente son,imperativos y el dejar de hacerse la notifi-cación a las personas especificadas, o a las que legalmente las repre-senten con tal objeto, es fatal.
“Al ahogado. — Cuando un estatuto prescribe que se notifique el escrito de apelación a una parte, la notificación hecha al abogado no cumple con el precepto estatutorio, a menos que esté comprendida en alguna excepción. Pero a falta de un estatuto que disponga otra cosa, o cuando el estatuto dispone que el escrito de apelación se noti-fique a la parte o a su abogado, la notificación puede hacerse y general-mente se hace al abogado de récord de la parte, o a la parte.” 3 C. J. 1230- 1-2.

Las notificaciones Lechas de acuerdo con la sección 1314, supra, de los Estados Unidos, muestran que el que redactó dicha sección 1314, expresaba que la notificación hecha o aceptada por el abogado del apelado o demandado en error generalmente es suficiente y esto es así en las cortes de los Estados Unidos. Las cortes de California interpretan, al parecer, las palabras en la misma forma. Boca & L. R. Co. v. Superior Court, etc., 88 Pac. 718; Board of Commissioners v. Younger, 29 Cal. 147, 87 A. D. 164. ■

La misma idea debemos formarnos en vista de los varios artículos de nuestro propio Código de Enjuiciamiento Civil. El artículo 320 prescribe que la diligencia de una notificación o entrega de documentos deberá hacerse personalmente a la parte, o a su abogado, según proceda, etc. El artículo 201 expresa que cualquiera de las partes podrá someter una cuestión a juicio o vista. El artículo 203, que la parte que obtuviere el aplazamiento de un juicio en cualquiera corte de justicia deberá, si así lo exigiere el contrario, consentir en que la declaración de cualquier testigo de ésta que se hallare presente, etc. El artículo 205 expresa que no exis-tiendo convenio entre las partes, podrá la corte, a instancia de cualquiera de ellos, o por propia iniciativa, disponer un arbitraje en los casos siguientes, etc. El artículo 216 ordena que cuando una de las partes desea que las excepciones pre-sentadas en un juicio sean aprobadas, etc. En ninguno ’ de estos últimos artículos podría dudarse que “parte” debe necesariamente comprender al abogado.

La cita del párrafo 1335 de Corpus Juris, supra, donde se dice, “Cuando un estatuto dispone que la notificación de un escrito de apelación debe hacerse a la parte, la notifica-ción al abogado no cumple con el estatuto, a menos que esté comprendida en alguna excepción,” y se citan entre otros casos los de Abrahms v. Stokes, 39 Cal. 150; Grant v. White, 6 Cal. 55. Estas autoridades alegadas no sostienen el texto.

Corpus Juris, en el párrafo 1314, supra, presume las ex-cepciones en esta forma:

“Pero de acuerdo con el estatuto en algunas jurisdicciones, tal notificación únicamente se permite cuando el apelado o demandado en error no es un residente, o no puede ser hallado.”

Los estatutos de Louisiana y Texas que principalmente se citan en apoyo del testo .prescriben distintamente que la notificación sólo puede hacerse al abogado cuando el deman-dado no puede encontrarse.

El casó en que más se fundan los apelados, González v. Gallegos, 62 Pac. 1103, supra, fue, en verdad, un caso de elec-ciones en el cual la corte resolvió que la contestación de los demandados hecha al abogado de récord del demandante im-pugnador no era suficiente. Pero allí el estatuto mismo (sec-ción 1732) prescribía que “Una copia del escrito de impug-nación, contestación y réplica será notificada respectivamente en la misma forma que la ley requiere que el emplazamiento (process) sea notificado en una acción en ley.” La regla y la razón para esto son muy distintas de las consideraciones que afectan al presente caso. Nuestro propio artículo 93 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que el demandado será lleyado ante la corte mediante emplazamiento. Es claro que un demandado generalmente no tiene abogado hasta que primero ha sido llevado a la corte por virtud de un empla-zamiento. De modo que la regla claramente es que en cues-tiones referentes a la primer notificación de un demandado, que él mismo debe ser notificado y no. su abogado. Siendo esta la r§gla el estatuto de Nuevo Méjico terminantemente expresaba que debía hacerse la misma clase de notificación en caso de una contestación por un demandante impugnador a un demandado, y estando la regla claramente determinada por el estatuto la Corte Suprema de Nuevo Méjico estaba obligada a observarla.

La sección 3 de la ley de marzo 7 de 1906 prescribe entre otras cosas que cuando la notificación, demanda y contesta-ción hayan sido entregadas al secretario de la corte, éste anotará el caso en el libro de causas como los demás asuntos civiles. La sección 11, en controversia, expresa que la ape-lación se efectuará de acuerdo con el reglamento prescrito para las apelaciones en asuntos civiles,

Es muy conveniente que los abogados tengan completo control de los casos desde sn principio basta su terminación. Algo como esto se indica en el artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Civil, donde se dice lo siguiente:

“Un pleito se considera pendiente desde que principia hasta su resolución final en apelación o hasta que haya expirado el tiempo para interponer el recurso de apelación, a menos que se haya cum-plido el fallo con anterioridad.”

Como de acuerdo con la razón y lo que concebimos que es la mejor tendencia de las autoridades la notificación beeba a un abogado es una notificación a la parte contraria, la moción de desestimación debe ser denegada.

Sin lugar la desestimación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.