author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Sántiago Jiménez Ramos, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. Luis Janer, Juez, demandada.
    Núm. 78.

      Resuelto: Junio 24, 1941.

      B. Arjona Siaca, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario solicita reconsideremos nuestra resolución de junio 20, 1941 por la que declaramos no haber lugar a ex-pedir el auto inhibitorio solicitado por él en esa misma fecha, con el fin de impedir que la Corte de Distrito de Humacao por su Juez Hon. Luis Janer, le obligara a comparecer el día 23 de junio de 1941, a oír la lectura de una acusación por el delito de homicidio voluntario radicada en su contra en dicha corte. El motivo único alegado por el peticionario para so-licitar dicho auto, es que él personalmente había suscrito y radicado en la corte inferior un escrito en el que hacía cons-tar que daba por leída la acusación, pues tenía copia de la misma y la conocía, y hacía alegación de no culpable y soli-citaba juicio por jurado. Al mismo.tiempo hacía constar sus circunstancias personales. Como decimos antes, este escrito está firmado por el acusado personalmente sin representación legal alguna.

En la petición solicitando la expedición del auto inhibi-torio se dice que el obligar al acusado a comparecer a la lectura de la acusación, cuando ya él ha renunciado a ese de-recho, constituye “una comparecencia manifiestamente inne-cesaria, mortificante y a todas lnces inútil” y si no concurre “para evitarse el castigo de una mortificación innecesaria” será castigado por desacato a dicho tribunal.

Aun cuando no estamos obligados a explicar los motivos para la no expedición de nn auto extraordinario de esta naturaleza, podemos decir que si la petición se resolvió sin emitir opinión, lo fue por la tardanza del peticionario en presentar su petición esperando hasta tres días antes de la fecha señalada para la comparencia del acusado ante la corte inferior y cuando de esos tres días había uno y medio feriados. Para tener algún efecto nuestra resolución tenía que dictarse inmediatamente. Se alega en la moción de reconsideración que la vista ante la corte inferior ha sido pospuesta hasta el 30 de junio de 1941.

Ahora bien, aun cuando es cierto que la jurisprudencia citada por el peticionario sostiene que el acto de la lectura de acusación “arraignment”, tanto en casos graves “felonies”, como en los menos graves “misdemeanors”, puede ser renunciado por el acusado, y esa es la tendencia moderna en muchas jurisdicciones — véase 22 C. J. S. 626, See. 408 — somos de opinión que la forma en que lo hizo el peticionario en este caso o sea por medio de moción suscrita personalmente por él, no constituye una renuncia que pueda en todo momento hacerse valer en su contra, ya que el artículo 141 del Código de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia establecida por este Tribunal Supremo en los casos de Ex parte Hernández Laureano, 54 D.P.R. 416; Pueblo v. Rivera, 54 D.P.R. 611; Pueblo v. Mercado, 54 D.P.R. 903; Ex parte Oropesa Rolón, 55 D.P.R. 281; Ex parte Rodríguez Reyes, 55 D.P.R. 415; Ex parte Resto Miranda, 55 D.P.R. 725, y Pueblo v. Muriel, 57 D.P.R. 914, exigen que “al comparecer un acusado a responder a la acusación sin abogado, deberá el tribunal hacerle presente su derecho a tener abogado defensor antes de leerse el acta de acusación y pre- guntarle si desea la asistencia de letrado y si contestara afir-mativamente y no estuviere en posición de emplearlo, el tribunal deberá nombrarle abogado defensor de oficio.” Para que la corte inferior pueda cumplir con los deberes que dicho artículo mandatoriamente le señala, el acusado tiene que es-tar presente.

Permitir que un acusado, personalmente y sin represen-tación profesional, radique una alegación por escrito sería violar este precepto legal y exponer a los tribunales a las actuaciones inconsultas y a veces poco escrupulosas de algu-nos acusados que podrían en el futuro, debidamente repre-sentados por un letrado hábil, impugnar sus propias actua-ciones alegando su desconocimiento de la ley. No pueden, en forma alguna, considerarse únicamente los derechos que pue-dan tener los acusados, sino que también hay que salvaguar-dar los de El Pueblo de Puerto Rico y el obligar a un acu-sado a cumplir con la ley no es mortificante e innecesario. El artículo 141 supra, es mandatorio y no directivo y debe ser cumplido estrictamente. No resolvemos qué requisitos deben llenarse para que una renuncia del “arraignment” sea válida aun estando el acusado presente y representado por abogado.

Además, no procede el auto en este caso, de acuerdo con lo resuelto en el de Fortuna Estates v. Texidor, 26 D.P.R. 266, en el que, después de citarse de 22 Cyc. 598 y 599, se dijo lo siguiente:

“De acuerdo, pues, eon el espíritu de la jurisprudencia y con el origen e historia de la ley, al interpretarse el estatuto portorriqueño en la parte que dice que procede el auto ‘cuando al ejercer funciones de su competencia el tribunal inferior anulare un derecho legal,’ tal derecho legal debe ser de verdadera importancia y su anulación manifiesta. De otro modo como en cualquiera resolución incidental errónea dictada en cualquier pleito va envuelta la cmiulación de un derecho legal, podría recurriese al auto inhibitorio en todos chichos casos, con lo cual en vez de promoverse se obstaculizaría la buena administración de la justicia. A este respecto deseamos consignar también que según el peso de las autoridades, la expedición del auto inhibitorio, con contadas excepciones, descansa en la sana discreción de la corte. Véase 32 Cyc. 599.” (Itálicas nuestras.)

También ha resuelto este Tribunal que cuando el peticionario tiene un recurso ordinario, cual es el de apelación, no procede el auto inhibitorio, Antonetti v. Foote, 16 D.P.R. 591; y tampoco cuando siendo el asunto de la competencia del tribunal, se baya seguido un procedimiento equivocado, Ríos v. Foote, 10 D.P.R. 529.

Al mismo efecto véase 50 C. J. 676, See. 43 y en cuanto a casos criminales a la página 680, See. 45, donde se expone la doctrina así:

“Bajo la regla general de que el auto inhibitorio no procede para corregir errores o irregularidades cometidos por una corte inferior que actúa dentro de su jurisdicción, el auto es denegado frecuentemente cuando se solicita para tal fin en procedimien-tos criminales o cuasi criminales, como por ejemplo bajo la base de que la acusación o denuncia es insuficiente para imputar un delito; que ai acusado se le ha puesto anteriormente en jeopardy; que al acusado se le denegó un examen preliminar o que se le envió para juicio a otra corte; que la resolución sobre una moción para archivar una acusación es errónea”, y otros casos más que se es-pecifican.

Es-más, en. el Estado de Indiana donde el estatuto expre-samente concede al acusado el derecho a renunciar al acto del “arraignment”, se ha resuelto en el caso de Wood v. The State, 92 Ind. 269, que es un error no perjudicial el que co-mete la corte al no permitir al acusado renunciar a dicho derecho reconocido por el estatuto.

Por los motivos expuestos, no ha lugar a la reconsidera-ción solicitada.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Salvador Lugo Figueroa, acusado y apelante.
    Núm. 8782.

    Sometido: Junio 18, 1941.

      Resuelto: Junio 25, 1941.

      Garlos García Méndez, abogado del apelante; Son. Procurador General Interino, Emilio de Aldrey y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Mayagüez el fiscal radicó una acusación que dice así:

“El fiscal formula acusación contra Salvador Lugo Figueroa, por un delito de infracción al artículo 7 de la ley núm. 14, aprobada en 8 de julio de 1936, y enmendada por ley núm. 95 de 1937, (misdemeanor), cometido de la manera siguiente:
“El referido acusado Salvador Lugo Figueroa, allá en o por el día 2 de abril de 1940, y en la calle San Blas, de Lajas, P. B,., que forma parte del distrito judicial de Mayagüez, P. K,., ilegal, volun-taria, maliciosa y criminalmente, con intención criminal obtuvo el dominio y la posesión de un arma de fuego que se describe de la manera siguiente: Un revólver marca S. & W. Ctge., Calibre 32 niquelado, caobas negras, serie número 217197, y no lo declaró in-mediatamente así por escrito al Jefe de la Policía Insular de La-jas, P. E., que es el distrito donde reside el acusado, de acuerdo con el artículo 7 de la ley antes referida.”

Celebrado el juicio correspondiente el acusado fué decla-rado culpable y condenado a cumplir seis meses de cárcel y contra esa sentencia estableció el presente recurso y alega qne la corte inferior cometió error al dictar sentencia en au-sencia de prueba suficiente para sostener las alegaciones de la denuncia y al declarar culpable al acusado por el becbo de no baber exigido el recibo de la inscripción del revólver que le babía sido llevado para ser arreglado.

Envuelven ambos un ataque a la suficiencia de la prueba presentada. El fiscal de esta corte resume la de El Pueblo así:

“Que el acusado era uu armero profesional por mucbo tiempo antes del suceso de autos, reconocido ese heebo por los mismos poli-cías que ocuparon el arma; que el acusado apelante, al momento de ocupársele el arma, manifestó inmediatamente a la policía que no era de él sino que le fué entregada por Frank Jusino para ser re-parada; que esas manifestaciones del acusado apelante fueron corro-boradas por otro testigo que estaba presente cuando la entrega del arma por Jusino al acusado apelante; que el revólver ocupado estaba realmente inservible cuando fué ocupado y todavía cuando fué pre-sentado a la corte. Y por último, que compareció a declarar Frank Jusino, la persona que se alega llevó el revólver a reparar, aunque negó que tal revólver fuera de él ni lo hubiera llevado a reparar.”

Y sostiene que esa prueba era suficiente para que la po-sesión del arma por el acusado fuera considerada como accidental y que, por tanto, debió ser absuelto.

La corte inferior al declarar culpable al acusado bizo constar que creía la prueba que demostraba que el revólver ocupado era de Francisco Jusino y que el acusado lo recibió en su carácter de armero para arreglarlo; pero consideró que por el hecbo de no baber el acusado exigido a Jusino el recibo de la inscripción del revólver, técnicamente era culpable.

Nada hay en la ley núm. 14 aprobada el 8 de julio de 1936 (Leyes de 1936 (2) pág. 129), según fné enmendada por la ley núm. 95 de 1937 (Leyes do 1936 — 37, pág'. 240), que jus-tifique la conclusión a que llegó la corte inferior de que el acusado, como armero, debió exigirle el recibo de su inscrip-ción a la persona que le llevó a arreglar el revólver.

Hemos examinado la transcripción de evidencia y estamos convencidos que la prueba practicada demuestra que efecti-vamente el acusado era reconocido durante muchos años como un armero en la ciudad de Lajas, y que al ser allanado su establecimiento en busca de una jugada de boli pool se en-contró por la policía, entre otros efectos, el revólver dentro de un cajón, y que inmediatamente informó que Jusino se lo había llevado para arreglarlo; que el revólver aunque dis-paraba una vez, después no hacía más disparos, estaba de-fectuoso.

Dados los hechos concurrentes que existen en este caso, y aun cuando técnicamente podría considerarse al acusado res-ponsable, somos de opinión que cualquier defecto que pueda existir en la ley en casos de esta naturaleza debería ser cu-rado por acción legislativa y no por acción judicial impo-niendo una sentencia de seis meses de cárcel a un acusado que por su oficio de armero obtuvo la posesión de un revól-ver, que puede considerarse accidental.

Se revoca la sentencia apelada y se absuelve al acusado.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Rosario Gelpí y José Rafael Gelpí, demandados y apelantes.
    Núm. 8009.

    Sometido: Abril 3, 1941.

      Resuelto: Junio 25, 1941.

      Gelpí & Gelpí, abogados de los apelantes; Non. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal■ Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Los abogados José Rosario Grelpí y José Rafael Gelpí apelan de la sentencia que les condenó a pagar $100 de multa o en su defecto a cumplir.un día de cárcel por cada dólar que dejasen de satisfacer, sin exceder el término de treinta días de cárcel, que les impuso la Corte de Distrito de Maya-güez como consecuencia de haberlos declarado culpables de desacato con motivo de las manifestaciones que hicieron en cierta moción presentada en la corte inferior solicitando la inhibición del juez de dicha corte y el traslado del caso civil núm. 783 de Neftalí Vidal Garrastazú y Juana Garrastazú contra Juan A. Monagas et ais, sobre nulidad y otros extre-mos. En su alegato los apelantes imputan a la corte inferior la comisión de veintinueve errores. El Fiscal de este tribunal en su informe solamente discute los errores segundo y tercero, por considerar que la situación de hecho y de de-recho que surge de la actuación de la corte inferior levan-tada por esos dos señalamientos de error, le obligan a expo-ner al tribunal sn criterio de que la sentencia apelada debe ser revocada y el caso devuelto al tribunal inferior para que se decrete el traslado del caso de desacato que solicitaron los apelantes.. Estos, en un alegato adicional que radicaron, so-licitan que este tribunal resuelva el caso no solamente to-mando como base los errores segundo y tercero sino también los que llevan los números noveno, décimo, undécimo y déci-motercero en los que se discute la excepción perentoria for-mulada contra la acusación, y el décimosexto en el que se discute la negativa a una moción de nonsuit.

En los señalamientos segundo y tercero se alega que la corte inferior erró al cometer abuso de discreción judicial cuando declaró sin lugar la moción de los acusados apelantes por la cual solicitaron que el caso de desacato fuera trasla-dado a otro juez o tribunal, y al no permitirles presentar prueba para sostener dicba moción.

Por los señalamientos noveno a décimotercero se alega que la corte inferior erró al declarar sin lugar la excepción perentoria por la que los querellados solicitaron la desesti-mación de la acusación u orden para mostrar causa, fundán-dose en que los becbos alegados en su contra no son consti-tutivos de desacato por no estar comprendidos en ninguno de los apartados del artículo 1 de la vigente Ley sobre De-sacato.

Es obvio que si la acusación u orden para mostrar causa contiene o no becbos suficientes es una cuestión fundamental que debemos resolver aun cuando se hubieran cometido los otros errores de procedimiento que se refieren al traslado y a la negativa del juez a admitir prueba para sostenerlo. La resolución de los errores segundo y tercero no dejaría ter-minado el asunto y no debemos prolongar el mismo innece-sariamente si la cuestión fundamental planteada puede resol-verlo definitivamente.

Los becbos que dieron lugar a este procedimiento de desacato fueron los siguientes:

Estando pendiente de verse nna moción eliminatoria pre-sentada por los demandados en el caso civil mím. 783, snpra, los Licenciados G-elpí & Gelpí, como abogados de los deman-dantes, radicaron nna moción en la corte inferior solicitando la inhibición del juez de dicha corte, Hon. Francisco Navarro. Ortiz y el traslado del caso a otra corte. Dicha moción en cnanto se refería al juez de la corte inferior, dice así:

“Comparecen los demandantes, por sus abogados que suscriben, ante V. H., como Juez de esta corte de distrito, y respetuosamente alegan:
“Primero: Que el demandado don Juan A. Monagas y los de-mandados Rebecca, Aníbal y Eva Monagas y de la Rosa y los menores Jorge, Giselda y Diego García y Monagas, representados estos últimos por su legítimo padre don Jorge García Cabassa, tienen presentadas en este pleito mociones eliminatorias de tal amplitud y naturaleza que de ser declaradas con lugar se privaría a los deman-dantes de seguir adelante su acción, ya que las mismas tienden a matar el presente pleito; mociones que lian sido señaladas para vista el día veinte del corriente mes y año, a solicitud de los propios demandados, demostrando así dichos demandados un gran empeño e interés en que las mismas sean resueltas por el Hon. Francisco Navarro Ortiz, Juez de esta corte.-
“Segundo: Que los abogados de los demandantes, Sres. Gelpí & Gelpí, y el Juez de esta corte, Hon. Francisco Navarro Ortiz, son enemigos irreconciliables, debido a que uno de dichos abogados le formuló personalmente cargos a dicho Juez, tendientes a su destitu-ción como tal Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez y que dicho Juez fue a declarar como testigo de cargo en ciertos cargos adminis-trativos que formulara el Hon. Gobernador de Puerto Rico a la se-ñora Emma Y. Gelpí de Nieva, como Secretaria de la corte de este distrito judicial, con el propósito de destituirla, cargos, que según información y creeencia, fueron inspirados por y en ellos intervino el citado Juez, Hon. Francisco Navarro Ortiz.
“Tercero: Que los demandantes, tienen temor razonable de que debido a las relaciones de manifiesta enemistad personal del Juez de esta corte, Hon. Francisco Navarro Ortiz, con los abogados de los demandantes, Sres. Gelpí & Gelpí, de lo que tienen conocimiento los demandados y su abogado, señor José Sabater, tal enemistad pueda influir y seguramente influirá en la decisión de dicho Juez al resolver dichas mociones eliminatorias, ya que el prejuicio y la par-cialidad del referido Juez contra los abogados de los demandantes (quienes tampoco son amigos de dicho Juez), es pública y notoria, reflejándose esta pasión y parcialidad en decisiones del expresado Juez en pleitos en los que han sido abogados los que lo son de los demandantes en el presente.
“Cuarto: Que los demandantes no habían solicitado antes de este momento la inhibición del expresado Juez o el traslado de este caso debido a que los demandantes confiaban en que el propio Juez, a su iniciativa, conociendo como conoce este estado de cosas, se inhibiría o promovería lo concerniente al traslado, sin dar lugar a que los demandantes tuvieran que hacerlo, como se han visto obligados a hacerlo por la presente moción. '
“Qumto: Que según información y creencia de los abogados de los demandantes, el Lie. Miguel A. García Méndez, que no aparece como abogado de récord de ninguna de las partes en este caso, a espaldas de los abogados de los demandantes ha venido interviniendo y haciendo gestiones con dichos demandantes, personalmente, a fin de obligarlos a llevar a cabo una transacción con los demandados, sumamente perjudicial a los intereses de éstos, haciéndoles presión moral con amenazas de tal naturaleza, como la de que dicho abogado, señor García Méndez, va a intervenir en el pleito a favor de los deman-dados ; que los abogados Gelpí & Gelpí, de los demandantes, no están capacitados para ganar este pleito; que las alegaciones de la de-manda están mal hechas; que él (García Méndez) con su influencia, de no hacer los demandantes la transacción que les propuso o de no quitar a los Lies. Gelpí & Gelpí como sus abogados, van a perder el pleito; todo ello tendiente a crear en el ánimo de los demandantes una fuerte animosidad contra estos abogados.
“Sexto: Que todas esas circunstancias unidas a la influencia preponderante que el señor Miguel A. García Méndez ejerce en el ánimo del Juez de Distrito, la que es públicamente comentada, el interés de perjudicar dicho abogado a estos abogados y la hostilidad manifiesta del Juez de esta corte, Hon.. Francisco Navarro Ortiz, contra los mismos, dan motivos más que razonables para que los demandantes crean de buena fe que no pueden tener en esta corte un juicio justo e imparcial.”

El juez de la corte inferior consideró que prima facie el lenguaje usado por los abogados en la moción era irrespe-tuoso y atentatorio a la dignidad e integridad de la corte y de su juez y constitutivo de conducta desdeñosa e insolente hacia el tribunal y sn juez porque el lenguaje usado en el hecho tercero, supra, parecía “envolver crítica injuriosa de las sentencias dictadas por la corte en otros casos en que eran abogados los querellados y porque la moción tenía el propósito de interrumpir los procedimientos normales de la corte” y como consecuencia, dictó una orden contra ellos para que comparecieran el día 30 de junio de 1938 a expo-ner las razones, si algunas tenían, por las cuales no debían ser condenados por desacato a la corte.

Al comparecer los querellados en dicho día presentaron una moción solicitando el traslado del procedimiento sobre desacato a otro tribunal, alegando para ello la enemistad irreconciliable existente entre el Juez Sr. Navarro y los que-rellados debido a los mismos motivos que ya habían alegado en su moción de inhibición, supra, y por entender que no po-dían tener un juicio justo e imparcial ante la corte inferior. Declarada sin lugar dicha moción, los querellados formula-ron una excepción perentoria contra la querella al efecto de que los hechos alegados en la misma no son constitutivos del delito de desacato según se define en los distintos apartados del artículo 1 de la “Ley definiendo el delito de desacato y disponiendo la pena correspondiente” aprobada el 12 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 250).

Después de argumentada esta excepción perentoria pol-las partes la corte inferior la declaró sin lugar, por el fun-damento siguiente:

“Hon. Juez: La corte, resolviendo esta excepción perentoria, ■declara que la orden contiene hechos suficientes p-ara constituir causa de acción en relación con la Ley núm. 102 aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en el año 1937, especialmente en el apartado tercero de la misma, y declara sin lugar la excepción perentoria.” (Itálicas nuestras.)

El apartado tercero de la sección Ia. de la Ley núm. 102 aprobada el 12 de mayo de 1937, a que se refiere el juez de la corte inferior en su resolución, dice así:

“Sección 1. — La Corte Suprema, las cortes de distrito, las cortes municipales y de paz y cualquier tribunal análogo o semejante, debi-damente establecido en Puerto Rico y la Comisión Industrial de Puerto Rico, tendrán facultad para castigar por desacato a toda persona culpable de cualquiera de los actos siguientes:
“1.
“2. ........
“3. Crítica injuriosa o infamatoria de los decretos, sentencias, órdenes o procedimientos de cualquier tribunal, incluyendo la Comi-sión Industrial de Puerto Rico, publicada en algún impreso, periódico u hoja suelta para su circulación, tendente a desacreditar injusta-mente al tribunal o alguno de sus miembros.” (Itálicas nuestras.)

Esta disposición en nuestra Ley sobre Desacato se refiere expresa y claramente a aquellos casos en que se Lace circular por medio de algún impreso, periódico u boj a suelta crí-tica injuriosa o infamatoria de los decretos, sentencias, ór-denes o procedimientos de cualquier tribunal, tendente a de-sacreditar injustamente al tribunal o alguno de sus miem-bros.

¿Puede sostenerse que una moción de inhibición y tras-lado radicada por un abogado a nombre de su cliente en una acción civil pendiente ante un tribunal, es el “impreso, pe-riódico u hoja suelta” a que se refiere la ley? La pregunta sólo puede contestarse en la negativa. Ese precepto legal no sólo se refiere a los desacatos constructivos cometidos por medio de impresos, periódicos u hojas sueltas sino que re-quiere que haya habido la publicación y circulación de los mismos con el fin de desacreditar injustamente al tribunal o alguno de sus miembros. Una moción solicitando la inhibi-ción del juez y el traslado del caso por motivos de pasión y prejuicio del juez y porque no se puede obtener un juicio im-parcial ante él, es un documento que se radica por el abogado de una parte ejercitando el derecho que le reconoce el ar-tículo 83 del Código de Enjuiciamiento Civil en sus incisos 2 y 4 que disponen lo siguiente:

“Artículo 83. — La corte podrá, previa moción, cambiar el lugar del juicio en los siguientes casos:
“1. ........
“2. Cuando hubiere motivo para creer que un juicio imparcial no puede celebrarse allí.
3.
“4 Cuando por cualquier motivo el juez estuviere incapacitado para entender en el asunto.”

En el caso de Peña v. Garda, 45 D.P.R. 44 este tribunal resolvió que:

“Cuando de la declaración jurada de un litigante, fundada en que no podrá obtener un juicio justo e imparcial ante el juez debido al prejuicio o parcialidad de éste, aparecen hechos bastantes para demostrar prima facie la procedencia y conveniencia de que dicho juez se abstenga de actuar, éste debe hacerlo decretando el traslado del caso dentro del artículo 83 del Código de Enjuiciamiento Civil, no empece que esté dispuesto a proceder de una manera justa e imparcial. ’ ’

En este caso las razones que adujo Peña para solicitar el traslado se basaron precisamente en la enemistad irrecon-ciliable que existía entre él y el juez con motivo de unos car-gos que Peña le había formulado al Juez Sr. Arjona ante el Departamento de Justicia para que no fuera renominado como Juez de Distrito de Humacao. Este caso reconoció el derecho que tiene todo litigante a solicitar el traslado de su caso cuando, por motivos de prejuicio o parcialidad por parte del juez que preside la corte, no puede obtener un juicio justo e imparcial. Se resolvió además, expresamente lo siguiente:

“Si bien la parcialidad o prejuicio del juez hacia un litigante no es causa de inhibición dentro del artículo 23 del Código de En- ■ juieiamiento Civil, sin embargo, tal causa es una que le incapacita para ejercer la función de juzgador dentro del inciso 2 en relación con el 4 del artículo 83 del Código de Enjuiciamiento Civil.”

De manera que, reconocido el derecho a solicitar el tras-lado del caso por prejuicio o parcialidad del juez, no puede sostenerse que la presentación de una moción solicitando dicho traslado y alegando bajo juramento las razones en que se funda el peticionario para dejar demostrado dicho pre-juicio y parcialidad constituya desacato a la corte si el len-guaje usado en la moción es respetuoso. La doctrina general está expuesta en 17 C. J. S. 39 en la forma siguiente:

“Declaraciones juradas o mociones solicitando la inhibición del juez o el traslado del caso. Bajo algunas circunstancias la radica-ción de una declaración jurada, moción o petición solicitando la inhibición del juez por motivo de un alegado prejuicio o parciali-dad, o pidiendo el traslado del caso, es suficiente para constituir desacato, como, por ejemplo, cuando se hace falsa, ilegal y malicio-samente, o cuando está redactada en un lenguaje irrespetuoso y des-preciativo impugnando la honestidad y la integridad de la corte. Generalmente, sm embargo, la mera radicación o 'presentación de buena fe de tal declaración jtirada o moción, redactada en lenguaje respetuosso y presentada en forma digna, no- constituye desacato, especialmente cuando el estatuto reconoce -el prejuicio o la parcia-lidad como base para una inhibición.” (Itálicas nuestras.)

La jurisprudencia en los Estados Unidos está dividida en cuanto a qué alegaciones contenidas en una moción de inhi-bición o de traslado, por motivo de pasión o prejuicio del juez de una corte, constituyen desacato. Sin embargo, la ma-yoría sostiene que cuando existe un estatuto autorizando el traslado de un caso por dichos motivos, lo que impediría la celebración de un juicio justo e imparcial, la presentación de una moción alegando en forma respetuosa los motivos y solicitando el traslado, no constituye desacato. Véase la mo-nografía en 29 A.L.R. 1273.

En Puerto Rico, de acuerdo con el artículo 83 del Código de Enjuiciamiento Civil y lo resuelto en el caso de Peña v. García, supra, puede solicitarse el traslado de un caso fun-dado en la parcialidad o prejuicio del juez hacia un litigante. De manera, que el hecho de que un abogado, a nombre de su cliente, exponga bajo juramento en forma respetuosa los he-chos en que basa dicho prejuicio o parcialidad, no puede con-siderarse, per se, constitutivo de desacato.

Las alegaciones contenidas en la moción radicada por los querellados en el caso núm. 783, supra, se refieren, primero, a una situación de enemistad personal irreconciliable exis-tente entre ellos y el juez Sr. Navarro, y segundo, a la in-formación que tenían dichos querellados de que otro abogado, que no representaba a ninguna de las partes, había interve-nido aconsejando a sus clientes, los demandantes, para que transaran el caso con los demandados y que ese mismo abo-gado ejercía influencia en el ánimo del juez, y que, debido a estos hechos, no podían los demandantes obtener un juicio justo e impareial.

A los querellados debió concedérseles la oportunidad de probar los hechos alegados en su moción y de resultar es-tos falsos y maliciosos entonces haberse procedido en su contra de acuerdo con la ley. De ser ciertas las alegaciones contenidas en la moción los demandantes en el pleito tenían derecho a solicitar y obtener la inhibición del juez o tras-lado del caso.

La excepción perentoria estuvo bien formulada y debió declararse con lugar.

Se declara con lugar el recurso, se revoca la sentencia apelada y se absuelve a los querellados.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Miguel García Martínez, demandante y apelado, v. Policarpo, Mercedes, Fausto y Natividad Olano Sbert, y los menores Juasta, José y Blanca Olano Sbert, representados por su madre con patria potestad Blanca Sbert Vda. de Olano, demandados y apelantes.
    Núm. 8268.

    Sometido: Mayo 8, 1941.

      Resuelto: Junio 27, 1941.

      José E .Díaz, abogado de los apelantes; Heríberto Torres Sola y Federico J. Pérez Almiroty, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Ejercitó el demandante en este caso la acción eonfesoria de servidumbre de luces y vistas. Se opusieron los deman-dados y celebrado el juicio, la corte de distrito dictó senten-cia declarando la demanda con lugar en los siguientes tér-minos :

“. . . que existe una servidumbre de luces y vistas directas en que es predio dominante la finca del demandante y predio sirviente la de los demandados, o sea los solares descritos bajo las letras (a) y (&) del párrafo tercero de la demanda, cuya servidumbre deberá ser inscrita en el Begistro de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, una vez firme esta sentencia; que la construcción del ranchón o garage en la finca de los demandados a una distancia menor de tres metros de la colindancia es contraria al derecho de servidumbre aquí reconocido y los demandados deberán retirarlo a dicha distancia dentro del término de treinta días de ser firme esta sentencia. ’ ’

No conformes los demandados interpusieron el presente recurso de apelación, señalando cuatro errores cometidos a su juicio por la corte al declarar la existencia de la servi-dumbre, al estimar que las tres ventanas de la fachada Este de la casa del demandante eran signos aparentes de nna ser-vidumbre de luces y vistas sobre la casa de los demandados, al declarar que la servidumbre impedía a los demandados edificar en nna faja de tres metros de ancbo y de todo el largo del solar y al no condenar al demandante al pago de las costas y de doscientos dólares por concepto de bonorarios de abogado.

De las alegaciones y de las pruebas surge con toda claridad que dueños los esposos Morales-Eodríguez de los solares números 72 y 71 de cierto plano de urbanización, con frente ambos a la calle Arizmendi de Eío Piedras, el 72 en doce metros y el 71 en diez metros y ochenta centímetros, resolvieron agruparlos y los agruparon por escritura pública otorgada en mayo 20, 1919, y segregaron por la misma escritura una porción al fondo que vendieron a Castor Mulero.

Hecha la segregación, la finca agrupada quedó con veinte y dos metros y ochenta centímetros de frente a la calle Ariz-mendi y veinte y dos metros de fondo y, seguidamente, el mismo día de la agrupación, por otra escritura pública se-gregaron de ella otra porción de nueve metros de frente a la calle y veinte y dos de fondo con la casa de maderas en ella construida y la vendieron a Francisco Eamos, que a su vez la vendió a Ambrosia E. viuda de Torregrosa en noviem-bre 12, 1921, vendiéndola la compradora en junio 12, 1928, al demandante.

La casa de maderas, de seis metros de frente por diez de fondo, tenía tres ventanas a su lado izquierdo entrando, que-dando el lado a un metro de la línea del solar, en colindancia con el remanente de la agrupación que fue vendido con la casa en el mismo fabricada a los esposos Villamil-Márquez en marzo 3, 1920, y traspasado por éstos a los demandados, que son sus dueños en la actualidad, en enero 9, 1933. Al fondo del solar los Villamil construyeron en 1920 un garage. Su lado derecho entrando ocupaba la misma línea del solar en su colindancia con el del demandante.

Pasaron los años. El demandante reconstruyó su casa agrandándola hacia el fondo, abriendo dos ventanas más en su lado izquierdo, entrando. Luego los demandados recons-truyeron su garage agrandándolo hacia adelante, y como re-sultado de esas extensiones en sentido contrario, una parte del fondo del lado izquierdo de la casa del demandante con ventanas quedó frente a frente a otra parte del lado derecho del garage de los demandados, y estando el garage construido hasta la línea de la colindancia, sólo quedó entre las partes de construcciones que se enfrentaban un espacio libre de un metro o sea el callejón perteneciente al demandante.

Este sostiene que el garage se construyó en violación de su derecho a luces y vistas que su predio tenía sobre el pre-dio de los demandados, y que éstos no pueden levantar en su solar construcción alguna que obstruya la servidumbre, a menos de tres metros de la colindancia, y sabemos que la corte sentenciadora le dió la razón.

Nada, absolutamente nada se pactó en los diferentes tras-pasos de los solares, sobre servidumbre de luces y vistas. Todo el alegado derecho del demandante descansa en la exis-tencia de las tres ventanas del lado izquierdo de su casa en-trando a la fecha de la segregación y venta de 1919 y de lo prescrito en el artículo 477 del Código Civil, ed. 1930, que lee como sigue:

“La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas establecido por el propietario de ambas, se considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se haga desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura.”

Tras un estudio detenido de los hechos y la ley, llegamos a la conclusión de que ni los unos en este caso concreto ni la otra aplicada al mismo tienen el alcance que les atribuye el demandante apelado y que les reconoció la corte.

Estamos enteramente conformes en que la existencia de un signo aparente de servidumbre establecido por el propie-tario de dos fincas, es título suficiente para que la servidum-bre continúe, si una de ellas se enajena. Lo ordena la ley. Pero al acto del dueño no se puede atribuir mayor extensión que la que tenga en ralidad.

¿Y cuál fué el acto del dueño en este caso? Fabricar pri-mero una casa de maderas de seis metros de frente por diez, de fondo con tres ventanas a su lado izquierdo entrando en un solar que tenía de doce metros de frente a la calle; agru-par después el solar a otro contiguo que también tenía de diez metros ochenta centímetros de frente a la misma calle y en el cual había edificado otra casa y, por último, el mismo día de la agrupación, segregar y vender una porción de la finca agrupada al fondo y otra con casa que hoy pertenece al demandante, de nueve metros de frente por veinte y dos de fondo. La porción de nueve metros de frente era parte del primitivo solar de doce metros de frente y como conse-cuencia de la reducción de doce a nueve, la casa por el lado en que estaban las ventanas quedó a un metro de la colindan-cia con el remanente de la finca agrupada.

Y de ese hecho, de ese solo hecho sin más, pretende el de-mandante, aplicando el precepto legal invocado, que surja su derecho a impedir que el demandado levante construcción al-guna en una faja del solar de que es dueño de tres metros de ancho desde el frente hasta el fondo, esto es, el deman-dante sostiene que cuando el dueño de los dos solares fabricó la casa que hoy es suya con las tres ventanas, constituyó a favor del predio en que se levantaba una servidumbre de lu-ces y vistas y que al agrupar luego los solares en una finca y segregar y vender la porción de nueve metros de frente con la casa, como no tapió las ventanas o expresó algo en con-trario en el traspaso, éste llevó consigo el derecho de servi-dumbre de luces y vistas sobre el predio contiguo en la ex-tensión indicada.

La sola exposición de lo que se pretende basta para hacer dudar de la legalidad de la pretensión. Una servidumbre de esa naturaleza constituye un gravamen perpetuo sobre un inmueble, una desmembración del dominio, que sólo puede reconocerse que existe cuando las partes han actuado de una manera consciente o cuando la ley hable de modo tan claro y terminante que no haya dudas sobre su aplicación.

El artículo 477 del Código Civil que no procede del de-recho antiguo español ni del romano, si que del Código de Napoleón, no es el solo precepto que contiene dicho cuerpo legal sobre servidumbres. A ellas se encuentra dedicado todo el título séptimo de su libro segundo, y forma parte de la sec-ción quinta — “de las servidumbres de luces y vistas”- — el ar-tículo 518, que a nuestro juicio es el que regula la cuestión aquí envuelta. Dice:

“No se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u ■otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad.
“Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay 60 centímetros de distancia.”

Comentando el artículo 582 del Código Civil Español que corresponde al 518 del nuestro, se dice en 28 Enciclopedia Jurídica Española 698:

“El artículo 582 y sus concordantes 583 y 584, ponen restriccio-nes no al predio sobre el cual las vistas se extienden, sino al predio que abre ventanas, balcones u otros voladizos. Por ello dice Mucius Scaevola que dichos artículos atañen, sí, a una servidumbre, pero no de vistas, en el rigorismo jurídico, sino de distancias para construir con huecos.”

Ese es todo el alcance que puede darse al acto del pri-mitivo dueño del solar que hoy pertenece al demandante al construir en el mismo la casa que también hoy le pertenece.

Como esta propia Corte dijo hace cerca de treinta años en Díaz v. Guerra, 18 D.P.R. 819, 820:

“El que el propietario de los solares en que están ubicadas las casas del demandante y del demandado en el caso de autos, estuviera conforme en que el demandante construyera su casa a dos metros o más de distancia de la línea divisoria de ambos solares y en que abriera en la pared ventanas con vistas rectas, no puede implicar en manera alguna que el dielio propietario conviniera en imponer a su otro solar una servidumbre de luces y vistas en favor de la casa del demandante.”

El caso de Illanas v. González, 51 D.P.R. 803 en que tanto énfasis hace el apelado no es igual al presente. Allí lo que pretendió el demandante fue que el demandado no abriera determinadas ventanas y la corte de distrito le dió la razón mandándole tapiar las que había abierto. Apelado el caso, esta corte dejó sin efecto el pronunciamiento y resolvió:

“Cuando al transmitir el dominio de uno de dos predios colin-dantes suyos en que existen unas ventanas, signos aparentes de ser-vidumbre, el dueño no limita tal servidumbre a la planta baja de cualquier edificación en dicho predio o el número de ventanas que el adquirente del predio tendría derecho a abrir para gozar debida-mente de su propiedad, el comprador o sus sucesores en título tienen derecho a construir sobre el fundo desde el suelo hasta el cielo y a proveer a las edificaciones que en él levante de las ventanas razona-blemente necesarias para el goce y disfrute de su propiedad.”

Sería como si en este caso en vez de ser el demandante el que reclamara hubieran establecido el pleito los demanda-dos contra él pidiendo que se le obligara a cerrar las venta-nas de su casa porque están sólo a un metro de la línea del solar o a no abrir nuevas ventanas a esa distancia. En tal caso sí que el demandante al verse demandado podría invocar con éxito en su favor la ley y la jurisprudencia porque el primitivo dueño al abrir las ventanas lo hizo con el propó-sito de que lo fueran y al vender el solar reduciendo su ex-tensión quedaron las ventanas como signos aparentes de una servidumbre más bien que de luces y vistas, de distancias para construir con huecos, puestos por aquél que tenía de-recho de hacerlo cuando lo hizo, viniendo obligados sus su-cesores a respetar sus actos.

Ése y sólo ése es el derecho del demandante en este caso, a saber, continuar con sns ventanas abiertas donde lo están no obstante ser ello contrarió a lo dispuesto en el artículo 518 del Código Civil, pero no a invadir la propiedad vecina y obligar a su dueño a preservar sesenta y seis metros cua-drados de la misma para que él disfrute de su luz y de su vista.

La sentencia apelada deberá en su consecuencia revocarse dictándose otra por virtud de la cual se desestime la demanda con costas, pero sin honorarios de abogado, por estimar, en el ejercicio de nuestra discreción, que éstos, dadas las cir-cunstancias concurrentes, no deben imponerse.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    The Royal Bank of Canada, demandante y apelado, v. James B. Fagothey, demandado y apelante.
    Núm. 8374.

    Sometido: Junio 24, 1941.

    Resuelto: Junio 27, 1941.

      Santiago de la Fuente, abogado del apelante;. Brown, González & Newsom y E. Córdova Díaz, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

The Royal Bank of Canada interpuso demanda jurada ante la Corte de Distrito de San Juan, para el cobro de un pagaré otorgado a su favor por el demandado James Fago-they. En la demanda se copia íntegramente el documento.

El día 12 de noviembre de 1940, la corte inferior deses-timó la excepción previa a la demanda y concedió al deman-dado diez días para contestar. En diciembre 18 de 1940, el demandado radicó una moción en la que alegó que necesitaba inspeccionar el documento en que se basa la demanda y un término razonable después de haberlo inspeccionado para contestar; y pidió “que se dicte una orden dirigida al de-mandante en.este caso para que deje bajo la custodia del se-cretario de'esta Hon. Corte el alegado documento en que se funda la demanda en este caso por un período de cinco días para ser inspeccionado por el demandado.” Solicitó además una prórroga de 15 días para contestar.

La corte inferior, ateniéndose a lo dispuesto en el ar-tículo 314 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933), dictó una resolución por la que “se ordena al demandante que tan pronto sea notificado de esta orden ‘permita al de-mandado inspeccionar el referido pagaré; concediéndose al demandado una última prórroga de diez (10) días para con-testar la demanda.”

En diciembre 28, 1940, el demandado se dirigió por es-crito a la corte, informándole “que son las once y media de la mañana de hoy sábado 28 de diciembre de 1940, y el de-mandante aún no ha accedido a la inspección solicitada” y que “el demandado se ha visto precisado a preparar y ra-dicar sn contestación sin haber tenido la oportunidad de ins-peccionar el referido documento.”

La contestación del demandado, radicada el 28 de diciem-bre de 1940, no está jurada. En ella se niegan los hechos esenciales de la demanda, y en el párrafo segundo se dice:

‘ ‘ SBGUNBO&wkey;En relación con el párrafo segundo de la demanda, por falta de información y creencia, niega que suscribió y entregó el pagaré que se copia en dicho párrafo, ni ningún otro pagaré, ni que el demandante sea el tenedor del mismo ni de ningún otro.”

En marzo 11, 1941, la corte inferior, a moción del deman-dante, dictó sentencia sobre las alegaciones y condenó al de-mandado al pago de $1,000 de principal, con intereses al 7 por ciento hasta su completo pago, más las costas y $100 para honorarios de abogado. Es contra esa sentencia que el demandado ha interpuesto el presente recurso, cuya des-estimación solicita el demandante por considerar que el mismo es frívolo y ha sido interpuesto con el propósito de demorar el cobro de la sentencia.

La frivolidad del recurso es evidente. Habiendo sido jurada la demanda, y no apareciendo jurada la contestación, la corte inferior procedió correctamente al declarar con lugar la demanda. Artículos 110, 118 y 119 del Código de Enjuiciamiento Civil; Horton v. Robert, 11 D.P.R. 176; Parker v. Oller, 21 D.P.R. 138; Delannoy v. Blondet, 22 D.P.R. 237; P. R. Benevolent Society v. Ponce, 28 D.P.R. 824; Carlo v. Ferrer, 28 D.P.R. 369; González v. González, 35 D.P.R. 702; Antonsanti & La Costa v. Sucn. Axtmayer, 38 D.P.R. 782; Valdés v. Sucn. Gandía Córdova, 41 D.P.R. 549.

El artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que cuando se entabla una acción fundada en un documento, y la demanda contiene copia del mismo, la autenticidad y otorgamiento en forma de dicho documento se considerarán admitidos, a menos que se jure la contestación negando dicha autenticidad. El artículo 121 del mismo código dispone que el otorgamiento en forma “no se considerará admitido por haberse dejado de negar el mismo bajo jura-, mentó, si la parte dispuesta a impugnarlo solicitare inspec-cionar el original y esto no le fuere permitido.”

El apelante basa su argumentación en la contención errónea de que el demandante estaba obligado, por la orden dictada por la corte inferior, a depositar el pagaré en la Secretaría de la corte, por un término de cinco días, para ser allí inspeccionado por el demandado. El demandante no estaba obligado a cumplir lo que pidió el demandado en su moción y sí lo que dispuso la corte en su orden. Y lo que se ordenó al demandante fue “que tan pronto sea notificado de esta orden 'permita al demandado inspeccionar el referido pagaré.” No se impuso al demandante la obligación activa de llevar el pagaré a un sitio determinado, sino la obligación pasiva de permitir que fuera inspeccionado por el demandado. Para poder acogerse al beneficio del artículo 121 del Código de Enjuiciamiento Civil, el demandado tendría que demostrar a satisfacción de la corte que el demandante, después de haber sido notificado de la orden de inspección se negó a' permitirla. Del récord no' aparece prueba alguna para sostener dicha negativa. Más aún, en la argumentación de la moción se admitió por la parte apelante que ni el demandado ni sus abogados habían jamás acudido a las oficinas del demandante o las de sus abogados para que se les permitiera inspeccionar el pagaré.

Bebe desestimarse por frívolo el recurso.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Dimas Ortiz Morales, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo.
    Núms. 8607 y 8608.

    Sometidos: Junio 18, 1941.

      Resueltos: Junio 27, 1941.

      Carlos García Méndez, abogado del apelante; Son. Procurador General George A. Malcolm y B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Contra Dimas Ortiz Morales se formularon ante la Corte Municipal de San Germán dos denuncias separadas, una por delito de acometimiento grave y la otra por portación ilegal del revólver usado en la comisión del acometimiento. En la primera se le imputa haber acometido a Fernando Mercado, con un revólver, haciéndole dos disparos sin lograr herirlo. Convicto de ambos delitos y no conforme con las sentencias de $50 de multa por el acometimiento y un mes de cárcel por la portación de armas, el acusado interpuso estos dos recur-sos, los que resolveremos con una sola opinión.

Se basan ambos recursos en un solo señalamiento, en el que se alega que la corte inferior cometió manifiesto error de hecho y de derecho al condenar al acusado sin prueba su-ficiente para sostener las alegaciones de las denuncias y sin tomar en' consideración la prueba de la defensa.

Haremos un resumen de la evidencia de ambas partes.

Fernando Mercado, declaró que el día de autos venía de Lajas para San Germán guiando un automóvil; que al lle-gar al kilómetro 4, hectómetro 4, de la carretera que une a ambos pueblos tuvo un accidente, arrollando a un señor lla-mado Luis Ortiz Ramírez, padre del acusado, quien murió después; que al bajarse del automóvil para recoger al he-rido, llegó el acusado y le hizo un disparo con un revólver niquelado, pero no sabe si el revólver era grande o pequeño; que el acusado bajó de una loma, de una casita en la carre-tera, llegó y le tiró el primer tiro y no lo cogió; que el tiro se lo disparó en la carretera cuando estaba él solo recogiendo al herido. Repreguntado por la defensa, dijo: que cuando él vió al acusado ya éste estaba en la carretera y venía an-dando; que cuando el acusado le hizo el primer disparo él dió la vuelta por la carretera y entonces el acusado corrió y él corrió también; que después que le ocultaron el revólver, el acusado lo llamó y entre los dos recogieron al padre, se montaron en el carro y fueron al pueblo con el herido, lle-vándole al hospital, donde falleció.

María Collado, a preguntas del fiscal, declaró: que ella venía en el automóvil que guiaba Fernando Mercado, en viaje hacia San Germán, y vió cuando el carro mató a. un señor que cruzaba la carretera; que vió cuando Dimas Ortiz le hizo dos disparos a Mercado, con una pistola nique-lada; que ella oyó dos disparos. Repreguntada por la de-fensa, dijo: que cuando el primer disparo ella se quedó en el automóvil, pero cuando hicieron el segundo se fué; que no sabe si el arma era revólver o pistola, ni sabe de qué ca-libre era.

El fiscal y la defensa estipularon que los demás testigos del fiscal si declarasen, lo harían en la misma forma en que lo hizo la testigo María Collado. Y así terminó lá prueba del fiscal, no presentándose el arma por no haber sido ocu-pada.

Denegada la moción para la absolución perentoria del acusado, basada en que el arma no había sido identificada mediante prueba clara y convincente, la defensa expuso como su teoría la de “que el acusado no tuvo conciencia de los actos que estaba cometiendo.” Y'para sostenerla ofreció la siguiente prueba testifical:

Luis Camacho Rivera, escribiente de la Colecturía de Rentas Internas de Lajas, declaró: que el día de autos, al pasar por el sitio del suceso, vió cuando el automóvil arrolló al padre del acusado y lo tiró a la cuneta; que cuando iban a ver en qué estado se encontraba el herido, notó que de la casa del frente, donde vivía, bajaba el acusado, pero notó que bajaba en un estado inconsciente; que el acusado no ba-jaba en un estádo violento, sino en un estado inconsciente, y que en ese momento ellos le decían: “Dimas, espérate un momento; vamos a ver lo que le pasa a tu papá”; que su actitud en ese momento era la de un loco, completamente in-consciente ; que ellos lo cogieron y lo dominaron, y como que despertó de un sueño y decía: “¿Cuál fué el chófer, cuál fué el chófer?”; que le dijeron quién era el chófer y entonces se montó con él en el carro para ir al hospital; que el acu-sado tenía un revólver en las manos e hizo dos disparos al aire, completamente inconsciente; que cuando le dijeron que el padre estaba vivo le entró la calma; que cuando el acu-sado venía de la casa, que está como a 30 metros, venía con el revólver. Repreguntado por el fiscal, sostuvo que los dos disparos que hizo el acusado fueron hechos al aire, hacia arriba, antes de llegar a la carretera y dentro de la finca; que cuando le llamaron la atención el cusado reaccionó y que su actitud fué buena después que le dijeron que su papá po-día recuperar.

Declaró el acusado en su propia defensa: que él estaba esperando a su papá para que se desayunara como de cos-tumbre; que vió cuando el automóvil que venía subiendo la carretera le dió a su padre y lo echó a la cuneta; que des-pués de eso no vió más nada, ni supo de más nada; que se vino a dar cuenta de lo ocurrido cuando al pasar a la orilla de la carretera los amigos le decían: “Tu papá está vivo toda-vía y puede curarse”; que entonces él preguntó: “¿Cuál es el chófer?”, y le dijeron que era Fernando Mercado, y en-tonces él le dijo a Mercado “vente, vamos a llevarlo al hospital,” y se fueron juntos y solos los dos. Repreguntado por el fiscal, dijo que después de todo lo ocurrido, él habló con el chófer y no peleó con él; que sabe que le disparó tiros al chófer y que lo vió, pero que no recuerda nada más; que cuando estaba en el balcón de la casa no tenía el revólver encima; que no sabe cómo ni cuándo se armó del revólver, ni si hizo uso del revólver contra el chófer.

El Dr. Nelson Perea, declarando como perito psiquiatra, informó extensamente sobre lo que se llama “caos momen-táneo” o “ataque súbito de locura,” y dijo:

"Esa locura que comunmente podemos llamarle caos momentáneo o ataque súbito de locura, esa locura viene casi siempre seguida de una impresión o shock; una impresión que produce estimulación de las glándulas suprarrenales; éstas producen una secreción que se extiende por la sangre rápidamente produciendo una contracción de los vasos sanguíneos por todo el cuerpo, especialmente en el- cerebro causando una anemia cerebral momentánea que pudiera producir un estado de semiineonseieneia que puede durar varios minutos. Estos síntomas se manifiestan en el individuo produciendo una pre-sión alta en la sangre, palidez, excitación y falta momentánea de razón o locura momentánea. En ese momento de locura momentánea el individuo se muestra en estado semiinconseiente.”
“P. ¿Encontrándose el acusado desarmado, el acto de entrar den-tro de la casa, el acto de irse a armar de un revólver y llegar al radio que lo separa de esa distancia y hacer varios disparos, es in-conscientemente que se hace del revólver y hace los disparos?
‘‘R. Sí, señor, lo mismo que puede coger el revólver, ha podido coger un cuchillo u otra cosa. Inmediatamente que ve el acto le produce una secreción suprarrenal. Esa secreción es inmediata y pierde la razón y en ese instante puede armarse de un revólver o ejecutar distintos actos, pero» esos actos los ejecuta bajo un estado anormal, un estado semiinconseiente.
“P. ¿Inmediatamente produce la inconsciencia?
“R. Inmediatamente sufre una inconsciencia por efecto de la secreci ón suprarrenal.J ’

La prueba que hemos examinado es clara y convincente y a nuestro juicio suficiente para sostener las dos sentencias recurridas. Tanto la prueba del fiscal como la de la defensa, establecen fuera de toda duda el hecho esencial de que el acusado, en la carretera pública, hizo dos disparos de re-vólver contra el chófer que guiaba el carro que arrolló a su padre.

Sin ser peritos psiquiatras sabemos que es lógico y natural qne nn ser humano normalmente constituido sienta un impulso y un deseo irresistibles de castigar y basta de pri-var de la vida a la persona que ha causado un daño o la muerte a un ser querido. Somos humanos y frágiles y nos damos cuenta de que en circunstancias idénticas a las del caso de autos podríamos también convertirnos en víctimas de nuestras propias pasiones e impulsos.

La ley no reconoce a ningún ciudadano el derecho a ha-cerse justicia por sí mismo. El impulso irresistible que lleva a una persona a cometer un acto de violencia contra quien ofendió o causó la muerte a un ser querido, puede y tal vez debe ser considerado por el juzgador como un atenuante, pero nunca como una circunstancia eximente del delito. Véanse: El Pueblo v. Echeandía, 23 D.P.R. 561, 563; El Pueblo v. Nazario, 53 D.P.R. 239, 244; People v. Hoin, 62 Cal. 120.

Las penas mínimas impuestas en uno y otro caso indican claramente que la corte sentenciadora consideró que las cir-cunstancias bajo las cuales había actuado el acusado atenua-ban su falta.

Deben confirmarse ambas sentencias.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, promovente, v. Central Cambalache, demandada.
    Núm. 22.

    Sometido: Abril 21, 1941.

      Resuelto: Junio 27, 1941.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm,, y Miguel Guerra-Mon-dragón, Rafael Rivera Zagas y Luis Venegas Cortés, abogados asociados éstos, abogados del promovente; Jaime Sifre y Earle T. Fiddler, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En julio 19 de 1937, El Pueblo de Puerto Rico, previo permiso concedídole por este tribunal, radicó una querella de quo warranto contra la corporación del país Central Camba-lache, imputándole haber violado las disposiciones de su carta corporativa y de las leyes federales e insulares limitativas de la tenencia de tierras por corporaciones dedicadas a la agricultura, y solicitando su disolución y la revocación de su franquicia.

En septiembre 7, 1940, el querellante radicó ante esta Corte Suprema una petición de injunction, en la que alega que El Pueblo de Puerto Rico está listo para entrar a juicio y dispuesto a sustanciar en su fondo su querella de quo war-ranto contra Central Cambalache; que los directores de dicha corporación se proponen tomar un acuerdo para traspa-sar casi todas las tierras de la querellada a sus directores y accionistas con el propósito de hacer ineficaz la sentencia que pueda dictarse en el procedimiento de quo warranto; que de llevarse a cabo el proyectado traspaso, El Pueblo de Puerto Rico se vería privado del derecho que la ley le reco-noce de comprar para sí todas las tierras de la querellada o de provocar la venta de las mismas en pública subasta, o, cuando menos, el querellante peticionario se vería envuelto en una multiplicidad de pleitos para proteger su derecho; que el querellante carece de todo otro remedio rápido, ade-cuado y eficaz, que no sea el de injunction, para salvaguar-dar sus intereses, los que quedarían perjudicados de no con-cederse el auto solicitado; y que de no impedirse los actos denunciados, la jurisdicción de esta corte en el procedimiento de quo warranto resultaría académica, con perjuicio para la política agraria de Puerto Rico y el bienestar económico de esta Isla. Pide el querellante que se dicte un auto de injunction por el que se ordene a la querellada y a sus directores, oficiales y subalternos que se abstengan de traspasar las tie-rras de la querellada a persona natural o jurídica alguna.

En septiembre 12 de 1940 comparecieron ante esta corte los señores José Matienzo Lescano, Angel Abarca Portilla, Lorenzo Oliver, José A. Rubert, Miguel Mocoroa, Milton I. Durlach, Felipe F. Vidal, Luis R. González, Ramón Morán, Juan-Pizá, Feliciano Matienzo, José Matienzo, Jr., José Ro-dríguez Ante, Emilio V. Venegas y Vitaliano García, direc-tores de la corporación querellada, y en contestación a la orden para mostrar causa, expedida por esta corte, y a la petición de injunction, alegaron en substancia lo siguiente:

1. Niegan que Central Cambalache haya cometido o co-meta actos ultra vires al ser dueña y controlar más de 500 acres; que la carta constitutiva de la querellada contenga limitación alguna en cuanto al número de acres que Central Cambalache pueda tener y controlar; y que la tenencia o control de más de 500 acres por Central Cambalache consti-tuya violación de ley alguna.

2. Megan que se propongan aprobar acuerdo alguno con miras a hacer ineficaz la sentencia que pueda' dictarse en el procedimiento de quo warranto.

3: Alegan que en la junta general de accionistas celebrada el 6 de septiembre de 1940, los accionistas de Central Cam-balache aprobaron un acuerdo autorizando a los directores de la corporación para gestionar la venta de casi todas las propiedades de Central Cambalache, y que los directores se proponen recomendar a los accionistas que adopten los acuer-dos que fueren necesarios para llevar a efecto el traspaso de dichos bienes.

4. Megan que el injunction que se solicita sea necesario para salvaguardar intereses de El Pueblo de Puerto Rico, y alegan que los intereses que el querellante pueda tener han quedado protegidos mediante la anotación que de la querella se ha hecho en el Registro de la Propiedad, como lis pendens, sobre las fincas inscritas a nombre de Central Cambalache.

5. Megan que la jurisdicción de esta Corte Suprema pueda ser afectada en forma alguna por cualquier traspaso que la querellada pueda hacer de sus propiedades o de parte alguna de ellas.

En la contestación se alegan además ocho defensas espe-ciales, las cuales, sucintamente expuestas, son como sigue:

Ia. Que con el propósito de proteger su inversión en la corporación y de poner fin al procedimiento de quo warranto,, algunos de los accionistas de Central Cambalache sugirieron al Procurador General de Puerto Rico que el Gobierno Federal o el Gobierno de Puerto Rico comprara las tierras de Cambalache en exceso de 500 acres, sobre la base de un pre-ció justo y razonable; y que en junta general de accionistas celebrada en agosto 18, 1939, se aprobó el siguiente acuerdo:

“Por cuanto se ba radicado y se está tramitando ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico un procedimiento de Quo Warranto contra esta compañía, basado en la alegación de que la compañía está violando-sus artículos de incorporación y las disposiciones de la Resolución Conjunta del Congreso de Estados Unidos del 1ro. de mayo de 1900;.
“Por CUANTO la compañía tiene entendido que la finalidad que, en efecto, persigue el Gobierno de Puerto Rico, con el referido pro-cedimiento de Quo Warranto, es que esta compañía se desprenda de los terrenos que posee en exceso de 500 acres, y que éstos sean adquiridos por el propio gobierno o por personas o grupo de per-sonas que no sean corporaciones; y
“Por cuanto la compañía, aunque entiende que no ha cometido violación alguna de la citada ley, ni de sus artículos de incorpora-ción, por lo cual no renuncia, en su caso, a las defensas interpuestas en dicho procedimiento, está dispuesta a cooperar con el Gobierno para la consecución de los fines expuestos en el apartado que precede;
“Por tanto, Resuélvese por la Junta General de los Accionistas de la Central Cambalache:
“I. Que Central Cambalache está dispuesta a vender, bien a El Pueblo de Puerto Rico o a los Estados Unidos de América, o a cual-quier agencia de cualquiera de dichos gobiernos o a cualquier otra persona o grupo de personas asociadas en forma no corporativa, todos los terrenos de esta compañía, con excepción de aquellos ocupados por la factoría, dependencias de ésta y vías férreas fijas, material rodante de tracción, sistema telefónico, caminos y cargaderos y otros anexos de la factoría y propiedades que se usen en el proceso de la elaboración de azúcar, incluyendo en la venta, plantaciones de caña, contratos de arrendamiento, aperos de labranza, ganado, y en general, todas las propiedades que tuviese la Central dedicadas a la siembra, cultivo y recolección de la caña de azúcar.
“II. Autorizar, como por la presente se autoriza, a la Junta .de Directores de esta compañía para gestionar tal venta, sobre las bases que los directores determinen, sujeto a la aprobación y confirmación definitiva de los accionistas.’'

Que el mismo día 18 de agosto de 1939 la Junta de Directores de Central Cambalache aprobó un acuerdo redactada en términos idénticos a los del acuerdo aprobado por los ac-cionistas, y facultando al presidente y vicepresidente de la corporación para entregar al Procurador General de Puerto Pico, copia certificada del acuerdo y para iniciar con el Go-bierno Insular o con el Gobierno Federal o con cualquier in-dividuo o grupo de individuos las negociaciones conducentes a la venta de las propiedades de Central Cambalache.

Que copia del acuerdo de los accionistas fue entregada al Procurador General de Puerto Rico, acompañada de una carta suscrita por los abogados de la querellada en la que, en substancia, se le comunicaba a dicho funcionario que Central Cambalache estaba dispuesta a vender las tierras que posee y controla, al Gobierno insular o al Gobierno Federal o a cualquiera agencia de uno u otro gobierno. Se le infor-maba, además, que se le enviaba la copia del acuerdo con el fin de “que el gobierno pueda dentro de un plazo razonable dar los pasos que considere deseables para adquirir las propiedades mencionadas en el acuerdo y bajo las condiciones .sugeridas. ’ ’

Que en una conferencia convocada por el Procurador General, éste manifestó que el Gobierno carecía de fondos para comprar terrenos de centrales azucareras; que en vista de esas manifestaciones, un grupo de accionistas de Camba-lache hizo preparar un plan el cual fue sometido al Departa-mento de Justicia por carta de mayo 14, 1940, suscrita por los abogados de la central. De acuerdo con el plan some-tido, se organizaría un sindicato de accionistas de Central Cambalache, el cual actuaría independientemente de la cor-poración. Dicho sindicato haría una oferta a Central Cam-balache para la compra de todas sus propiedades y equipo agrícolas con excepción de los 500 acres necesarios para sus fines industriales. Una vez adquiridas dichas propiedades, el sindicato dispondría de ella en bloques convenientes, en favor de varios grupos de individuos, los que poseerían dichos bloques en comunidad. En el plan se hace constar que sus proponentes asumen que si el Gobierno lo acepta y se lleva a cabo, el litigio pendiente será sobreseído; y, que todo lo que se expone en el plan tiene como objeto el sentar las bases para el sobreseimiento del presente pleito y no será in-terpretado como una admisión por parte de la querellada de que baya violado ley alguna.

Que el Procurador G-eneral de Puerto Rico contestó en julio 22, 1940, informando a los proponentes del plan que el Gobierno carecía de fondos para comprar las tierras de Central Cambalache y que la División Legal para el Cumpli-miento de la Ley de 500 aeres había expresado la opinión de que el plan debía ser rechazado.

Que en agosto 26, 1940, los abogados de Central Camba-lache escribieron al Procurador General rogándole les expu-siera las razones por las cuales se había rechazado el plan, para en caso de ser posible hacer frente a las objeciones que pudieran haber.

Que si la opción que se pretende dar a El Pueblo de Puerto Rico por las secciones 1 y 2 de la ley núm. 47 de agosto 7 de 1935, puede ser ejercitada por el Gobierno por conducto del Procurador General, en tal caso El Pueblo de Puerto Rico ha optado ya por no comprar las tierras de. la querellada, por lo cual es improcedente el injunction para proteger la alegada opción de compra.

Que las manifestaciones del Procurador General, unidas al hecho de que la Asamblea Legislativa no haya tomado ac-ción alguna para hacer uso de la opción, demuestran que es muy remota la posibilidad de que El Pueblo de Puerto Rico adquiera las tierras de Central Cambalache, razón por la cual este Tribunal no estaría justificado en conceder un auto de injunction “que privaría a los recurridos y a Central Cambalache de tomar acción que en ausencia de dicha pre-tendida o alegada opción tienen el derecho a tomar de acuerdo con la ley.”

2a. Que la junta general de accionistas de Central Cam-balache, celebrada en septiembre 6, 1940, aprobó un acuerdo para declararse en receso hasta el día 20 del mismo mes con el fin de que los directores tuviesen una oportunidad para preparar un plan de reorganización de la corporación y so-meterlo a la aprobación de los 'accionistas; que los recurri-dos admiten que tienen el propósito de someter a los accio-nistas, siempre que no se lo proMba una orden judicial, un proyecto para llevar a efecto la enajenación de las tierras de la central de acuerdo con las bases del plan sometido al Procurador General; que los recurridos anticipan que dicho proyecto será aprobado por más de dos terceras partes del capital emitido; y que la venta proyectada no viola ley al-guna insular o federal, siendo un derecho inalienable que tienen la querellada y sus accionistas el de vender las pro-piedades de la corporación o distribuirlas entre sus accio-nistas.

3a. En la tercera defensa especial se alega que la ley núm. 47 de agosto 7 de 1935, en cuanto concede al Pueblo de Puerto Rico opción para comprar las tierras o hacer que sean ven-didas en pública subasta, es inválida: (1) porque la ley in-cluye más de un asunto y uno de ellos no está expresado en su título; (2) porque permite la imposición de penalidades, dejando su elección o imposición a poderes que no son el po-der judicial; (3) porque invoca el poder de expropiación for-zosa, sin una declaración de necesidad y conveniencia que lo justifique, sin garantía del pago de una justa compensación, lo cual priva a Central Cambalache de su propiedad sin el debido proceso de ley; (4) porque priva a los accionistas de su derecho a adquirir los bienes de la central y del derecho, en caso de disolución de la corporación, a adjudicarse el ac-tivo después de cubierto el-pasivo de la misma; y (5) por ser legislación ex post facto.

4a. Que el Procurador General de Puerto Rico no está au-torizado por ley alguna para ejercitar a nombre de El Pueblo de Puerto Rico la opción para comprar las tierras o hacerlas vender en subasta pública; y que la adquisición de terreno por El Pueblo de Puerto Rico es y ha sido una facultad del poder legislativo que no lia sido delegada al Procurador General.

5a. Que la citada ley núm. 47 no confiere a El Pueblo de Puerto Rico el derecho a comprar los bienes de la quere-llada, y solamente establece el procedimiento para el caso en que El Pueblo de Puerto Rico, de acuerdo con la ley núm. 44 de agosto 6, 1935, hubiere previamente desarrollado un plan de reconstrucción económica, aprobado por la Comisión Económica, circunstancias que no se alegan ni en la querella ni en la petición de injunction, y que, según información y creencia de los recurridos, no existen.

6a. Que las disposiciones de la ley núm. 47 de 1935 no pueden ser razonablemente interpretadas en el sentido de que las tierras deban necesariamente ser vendidas en pública subasta o en el sentido de que El Pueblo de Puerto tiene un derecho absoluto a provocar tal venta y sí en el sentido de que la intención de la Asamblea Legislativa fué proveer la venta en subasta pública como uno de los medios posibles de poner las tierras en manos de personas capacitadas para po-seerlas, si ese resultado no se obtuviera por los medios lega-les, y que no puede presumirse que la Asamblea Legislativa tuvo el propósito de privar a los accionistas de la corpora-ción de los derechos adquiridos bajo las secciones 27 y 31 de la Ley de Corporaciones.

7a. Que ni en la querella ni en su súplica se solicita re-medio alguno en cuanto a la disposición que deba dársele a los bienes de la querellada, ni se solicita remedio alguno con respecto a dichos bienes o para hacer uso de la opción que a su favor alega tener el querellante.

8a. Que tanto las alegaciones de la querella como las de la petición de injunction son insuficientes para justificar la expedición del auto de injunction que se solicita.

En el acto de la vista, celebrada en septiembre 12, 1940, la querellada ofreció en evidencia y fueron admitidas sin ob-jeción copias certificadas de los acuerdos de accionistas y directores y de la correspondencia entre los abogados de la querellada y el Procurador General, a los qne se bace refe-rencia en la contestación. Las partes acordaron someter el caso por alegatos, el último de los cuales fue radicado en abril 18, 1941.

Antes de discutir y resolver aquellas cuestiones legales que a nuestro juicio están necesariamente envueltas en este incidente del litigio, creemos conveniente hacer la siguiente declaración de hechos probados:

Io. Contra Central Cambalache, corporación organizada bajo las leyes de Puerto Rico, se ha incoado por El Pueblo de Puerto Rico ante esta Corte Suprema el procedimiento de Quo Warranto núm. 3, en el que se le imputa que en viola-ción de su carta constitutiva y de las leyes vigentes posee y controla tierras de labrantío en exceso de 500 acres.

2°. Que la querella de quo warranto ha sido anotada en el Registro de la Propiedad, mediante aviso de lis pendens, sobre todas las tierras de la querellada.

3o. Que después de iniciado y durante la pendencia del caso de quo warranto, los abogados de la corporación quere-llada, en cumplimiento de acuerdos de los accionistas y direc-tores de la misma, practicaron gestiones tendientes a tran-sigir el litigio pendiente mediante la venta a El Pueblo de Puerto Rico de las tierras en exceso de 500 acres pertene-cientes a la querellada, y con ese fin ofrecieron dichas pro-piedades en venta al Procurador General de Puerto Rico. La oferta fue rechazada por no haber fondos disponibles. Los mismos abogados sometieron más tarde a la aprobación del Procurador General un plan para el traspaso de las tie-rras de Central Cambalache a un sindicato de accionistas. El plan fué rechazado por haber sido desaprobado por el Departamento de Justicia.

4o. Que la querellada y sus accionistas y directores se dis-ponen a llevar a efecto el plan para el traspaso de las tie-rras a un sindicato, a menos que se les prohíba por orden judicial.

La primera cuestión fundamental que debemos consi-derar y resolver es: ¿ Cuál es el interés o derecho de El Pueblo de Puerto Eico que deba ser protegido mediante el auto de injunction que se solicita?

La política pública enunciada por el Congreso y por la Asamblea Legislativa de Puerto Eico tiende a evitar las grandes concentraciones de tierras de labrantío y a disolver los latifundios existentes y organizados en violación de las leyes vigentes que limitan a 500 acres las tierras que una corporación agrícola puede legalmente poseer y controlar. Con el propósito de hacer cumplir la prohibición congresio-nal e imponer sanciones por sus violaciones, la Asamblea Legislativa aprobó la ley núm. 33 de julio 22, 1935 ((2) pág. 418) por la cual confirió a la Corte Suprema de Puerto Eico jurisdicción original y exclusiva de todos los procedimientos de Quo Warranto que el Gobierno de Puerto Eico pueda ins-tituir por violaciones de las leyes limitativas de la tenencia de tierras por corporaciones.

Es cierto, como alegan los recurridos, que generalmente un procedimiento de quo warranto no impide que la corpo-ración querellada venda o traspase sus bienes mientras el procedimiento está pendiente; y es cierto también, que ge-neralmente el Estado en un procedimiento de esa naturaleza no tiene interés en las propiedades de la corporación quere-llada. Así lo sostiene la jurisprudencia por ellos citada, con la cual estamos conformes aunque la consideramos inaplica-ble a la situación que nos presenta el caso de autos. Todos los casos citados se refieren a casos corrientes de quo war-ranto, en los que la única cuestión que se debatía era el de-recho de la querellada a continuar haciendo uso de su fran-quicia corporativa, sin que el Estado alegase tener derecho o interés alguno en la disposición que de sus propiedades hi-ciera la corporación antes o después del decreto de disolu-ción.

Los recurridos basan su alegado derecho a enajenar las tierras de Central Cambalache durante la pendencia de este procedimiento, en el caso de Havemeyer v. Superior Court, 84 Cal. 827, en el que se dijo:

“Parece, en verdad, que en uno de los alegatos se lia insinuado, más bien que urgido, la contención de que una compra pendente lite es un fraude en contra de los derechos del Estado en casos como el presente, y que es por tanto nula. Empero, no aparece que exista fundamento alguno para esta contención. El Estado por virtud de su acción no ha adquirido gravamen alguno sobre ninguna de las propiedades de la corporación, y es difícil comprender qué funda-mentos pueda tener para impugnar una venta pendente lite.”

En los casos como el de autos y otros similares, incoados originalmente ante esta Corte Suprema por virtud de las disposiciones de la citada ley núm. 33 de 1935, se trata no solamente del derecho de la corporación querellada a conti-nuar su vida corporativa, si que también de la disposición final que deberá hacerse de las tierras adquiridas, poseídas y controladas por la querellada en contravención no sola-mente de sus cláusulas corporativas, si que también en abierta oposición a la política pública del Pueblo de Puerto Rico.

Para hacer frente a una situación especial — muy distinta a la de los casos corrientes de quo warranto — la Asamblea Legislativa Insular aprobó también la ley núm. 47 de agosto 7 de 1935 ((2) pág. 531), enmendando las secciones 2 y 6 de la ley, las cuales, en lo que es pertiente, leen ahora así:

“Sección 2. — Cuando alguna persona usurpare o ilegalmente ejer-ciere o desempeñare funciones de algún cargo público. . o cuando alguna corporación haga u omita algo que equivalga a la renuncia o a la pérdida de los derechos y privilegios que como a tal corpora-ción le corresponden; o cuando ejercite derechos no conferidos por la ley, el Fiscal General o cualquier fiscal de la respectiva corte de distrito, ya obrando por su propia iniciativa, ya a instancias de otra persona, podrá radicar ante cualquier corte de distrito de Puerto Rico una solicitud para que se instruya información de la naturaleza del quo warranto, a nombre de El Pueblo de Puerto Rico; o cuando cualquier corporación por sí, o a través de cualquier otra entidad subsidiaria o afiliada o agente ejercite derechos o realice actos o contratos en contravención a las expresas disposiciones de la Carta Orgánica de Puerto Eico o de cualquiera de sus estatutos, el Fiscal General o cualquier fiscal de distrito, ya obrando por su propia iniciativa, ya a instancias de otra persona, podrá radicar ante el Tribunal Supremo de Puerto Eico una solicitud para que se instruya información de la naturaleza del Quo Warranto a nombre de El Pueblo de Puerto Eico; y si a juicio de la corte ante la cual se radicare el asunto resultare de las alegaciones que existe probable fundamento para instruir las diligencias del caso, podrá acceder a la petición y ordenar que se instruya la información de acuerdo con la solicitud... ■
“Cuando cualquier corporación por sí o a través de cualquier otra entidad subsidiaria o afiliada.o agente esté poseyendó ilegal-mente, por cualquier título bienes inmuebles en Puerto Eico, El Pueblo de Puerto Eico podrá, a su opción, dentro del propio pro-cedimiento, instar la confiscación de dichos bienes, a su favor, o su enajenación en subasta pública, dentro de un término no mayor de seis meses a contar desde la fecha en que se dicte sentencia final.
“En todo caso la enajenación o confiscación se hará previa la indemnización correspondiente en la forma establecida en la Ley de Expropiación Forzosa.
“Sección 6. — En caso de que alguna persona o corporación contra quien se haya hecho la petición resultare culpable, la corte podrá dictar su fallo, despojando a dicha persona o corporación del cargo o franquicia a que se refiere la petición, y podrá multar a dicha persona o corporación por la usurpación o desempeño ilegal de tal cargo, o de dicha franquicia, o su intrusión en él o en ella, y podrá también imponer al demandado el pago de las costas de las actua-ciones; Disponiéndose, que siempre que se dictare sentencia decla-rando que el demandado ha usurpado o ejerce ilegalmente las fun-ciones de algún cargo público, dicho demandado deberá cesar inme-diatamente en el desempeño de tal cargo, abandonando el mismo; y si dejare de hacerlo, la corte a solicitud del Attorney General, o de cualquier persona con interés en el cargo, ordenará que se.libre man-damiento al márshal, ordenándole proceder al lanzamiento del de-.mandado.
“En todos los casos en que quedare satisfactoriamente probado, a juicio de la corte que la corporación o corporaciones, han realizado actos o ejercitado derechos no conferidos por la ley, o en contraven-ción a las expresas disposiciones de la misma, en la sentencia que recaiga, se decretará la disolución de la entidad demandada, si fuere doméstica, la prohibición de continuar haciendo negocios en el país, si fuere extranjera, la nulidad de todos los actos y contratos reali-zados por la corporación o entidad demandada, y se decretará, además, la cancelación de los asientos o inscripciones que los mismos bayan producido en los registros públicos de Puerto Rico, y cuando el decreto de nulidad afecte a bienes inmuebles y El Pueblo de Puerto Rico hubiere optado por su confiscación, o se ordenare la venta en pública subasta, la sentencia final fijará el precio razonable que deba pagarse por los mismos. A estos efectos deberá fijarse el justo valor de los bienes sujetos a enajenación o confiscación en la misma forma fijada en los casos de expropiación forzosa.”

Es evidente qne El Pueblo de Puerto Rico tiene interés en que se cumpla estrictamente lo dispuesto en las leyes vi-gentes y en que se ponga en vigor la política pública enun-ciada y concebida con el propósito de defender y promover el bienestar económico de la comunidad insular; y que tiene un derecho de opción, para la compra de las tierras o para solicitar su venta en pública subasta, derecho que está reco-nocido por el estatuto y su validez sostenida por decisión de esta Corte Suprema y de la Corte de Circuito para el Primer Circuito. Ese derecho debe ser protegido contra cual-quier plan o proyecto que tienda, como se alega en el pre-sente caso, a obstaculizar a El Pueblo de Puerto Rico en el ejercicio de la opción y a hacer posible que la querellada siga poseyendo y controlando, a través de un sindicato de sus ac-cionistas, las mismas tierras que ha venido poseyendo y aún posee y controla en violación de la ley.

Consideremos ahora las defensas especiales en el mismo orden en que han sido expuestas.

La primera y la segunda carecen en absoluto de méritos. Las conversaciones o negociaciones habidas entre dos partes litigantes, con miras a transigir la cuestión liti-giosa pendiente ante los tribunales, no pueden ser aducidas como defensa por una de las partes en contra de la otra. La oferta de transacción hecha por una parte no produce efecto legal alguno, ni puede ser presentada en evidencia, contra la otra parte, mientras ésta no la haya aceptado. Es tan elemental este principio de derecho, que en ahorro de tiempo nos abstendremos de bnscar jurisprudencia para sostenerlo. Los propios recurridos admiten que la oferta Lecha por ellos al Procurador General fue rechazada, como lo fue también el proyecto para la llamada reorganización de la corporación querellada. El Pueblo de Puerto Rico no está obligado a ejercitar su opción cuando así convenga a los intereses de la querellada. Más aún, ese derecho de opción no tiene existen-cia legal y por tanto no puede ser ejercitado hasta que se haya dictado sentencia en contra de la querellada decretando su disolución.

La interpretación que dimos a la sección 2 de la Ley de Quo Warranto, supra, en nuestra orden de julio 26, 1940, nombrando un receiver de las propiedades de la querellada en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Rubert Hermanos, Inc., 57 D.P.R. 958 a, fue sostenida por la Corte de Circuito de Apelaciones en su decisión de marzo 31 de 1941, 118 F. (2d) 752.

Las mismas cuestiones levantadas por la tercera defensa especial fueron levantadas en el caso de Bubert Hermanos, Inc., supra, y resueltas en contra de la corporación querellada tanto por esta corte como por la de Circuito.

Veamos cómo resolvió la Corte de Circuito la contención de que la ley núm. 47 de 1935, en cuanto concede a El Pueblo de Puerto Rico opción para la compra de las tierras o para pedir su venta en pública subasta, es inválida por ser legis-lación ex post facto:

“La validez de la disposición sobre la opción es impugnada principalmente por el fundamento de que es por su naturaleza una penalidad ex post facto, prohibida por la Ley Orgánica, 48 U.S.C.A. see. 737. Como principio para la argumentación, puede' plausible-mente sostenerse que la disposición no es en manera alguna una pena-lidad y sí una medida procesal para disolver la concentración de tie-rras en manos de las corporaciones, formada en violación de la política pública expresada en la Resolución Conjunta y en la legislación territorial. Comoquiera que sea, y asumiendo, sin decidirlo, que la disposición es una penalidad, todavía no vemos por qué su aplica-ción en este caso es ex post facto. Después de la aprobación de la ley mim. 47, en agosto 7, 1935, la corporación continuó poseyendo el número de aeres prohibido, sin dar paso alguno para disponer de las tierras excedentes y sin manifestar intención alguna de así hacerlo. Asumiendo que la corporación tuviese derecho a la conce-sión de un término razonable, después de la aprobación de la ley, para disponer de dichas tierras, antes de que la alegada penalidad de venta en pública subasta pudiera ser legalmente impuesta, la corporación en este caso tuvo ese término razonable y nada hizo.... En vista de lo que la corte consideró una violación continua de la ley por un período tan largo después de la aprobación de la Ley núm. 47, la alegada penalidad, si se aplica en el caso ante nos, no es ex post facto.” 118 F. (2d) 752, 758.

Las alegaciones de que la opción es inválida porque priva a la querellada de su propiedad sin el debido proceso de ley y a los accionistas del derecho, en caso de disolución, a adju-dicarse el activo después de cubierto el pasivo, no merecen seria consideración. La corporación no puede ser privada de sus propiedades sino después de ser vencida en juicio y después que se haya decretado su disolución por sentencia definitiva y firme. Y la ley expresamente provee que en todo caso la enajenación o confiscación se hará mediante la corres-pondiente indemnización, según lo dispuesto en la ley de ex-propiación forzosa. Los accionistas no tienen derecho a que-jarse. No podrán dividirse y adjudicarse las tierras poseí-das ilegalmente por la corporación, pero sí podrán repartirse, en proporción al número de acciones de cada uno, el importe dél valor de esas mismas tierras.

En su oposición al injunction la querellada adopta posiciones distintas, que resultan incompatibles entre sí. Alega en su primera defensa que el injunction es improce-dente para proteger la opción de El Pueblo de Puerto Pico, porque éste optó ya por no comprar las tierras, cuando el Procurador General rechazó la oferta que le hicieran los abogados de la querellada. Y en la cuarta defensa sostiene que el Procurador General no está autorizado por ley alguna para ejercitar la opción a nombre de El Pueblo de Puerto Rico. La incompatibilidad entre nna y otra defensa es evi-dente.

La cuestión sobre la carencia de facultad del Attorney General para ejercitar la opción a nombre de El Pueblo de Puerto Rico fué levantada también en Rubert Hermanos, Inc. v. People of Puerto Rico, 118 F. (2d) 752, 760. La Corte de Circuito se negó a considerarla, diciendo:

“Sostiene la apelante que la ley núm. 47, debidamente interpre-tada, no confiere facultad al Procurador General para ejercitar la opción a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, y sí requiere que la elección sea hecba mediante un acto legislativo. Esta cuestión no la resolvemos ahora, porque la Corte Suprema de Puerto Rico no ha tenido una oportunidad para considerarla. La cuestión puede ser sometida a dicha corte cuando el caso le sea devuelto.”

La sumisión que de dicba cuestión pretende hacerse en el estado actual de los procedimientos es, a nuestro juicio, pre-matura y académica, por las razones que pasamos a exponer.

No hay constancia alguna en el récord, de que el Procu-rador General haya ejercitado o tratado de ejercitar la op-ción de compra o de venta en pública subasta. Y no puede haberla, por la simple razón de que ese derecho de opción no tiene existencia legal y no puede ser ejercitado, ni por el Procurador General ni por el Poder Legislativo, sino hasta después que se haya dictado una sentencia final decretando la disolución de la corporación querellada y la cancelación de su franquicia.

En el citado caso de Rubert Hermanos, Inc., como en el presente, se alegó que la opción había caducado, porque, de acuerdo con sus términos, El Pueblo debe hacer uso de ella antes de que se dicte sentencia de disolución, cosa que no se hizo en el caso de Rubert Hermanos, Inc. Al confirmar la interpretación que dimos al estatuto creador de la opción, la Corte de Circuito se expresó así:

“Se alega que la opción ha caducado, porque de acuerdo con sus términos El Pueblo debe ejercitarla con anterioridad a la sentencia de disolución, y esto no fué hecho. La sección primera de la ley núm. 47 dispone que ‘El Pueblo de Puerto Rico podrá, a su opción, dentro del propio procedimiento, instar la confiscación de dichos bienes, a su favor, o su enajenación en subasta pública dentro de un término no mayor de seis meses a contar desde la fecha en que se dicte sentencia final.’ La sección 2 dispone que ‘cuando el decreto de nulidad afecte a bienes inmuebles y El Pueblo de Puerto Rico hubiere optado por su confiscación, o se ordenare la venta en pública subasta, la sentencia final fijará el precio razonable que deba pagarse por los mismos.’ La contención es que la cláusula ‘dentro de un término no mayor de seis meses a contar desde la fecha en que se dicte sentencia final’ cualifica solamente la última cláusula prece-dente ‘o su enajenación en subasta pública’; y por tanto que es la venta la que debe tener lugar dentro de seis meses a partir de la fecha en ,que se dicte sentencia final. La corte inferior, sin embargo, interpreta la sección 1 en el sentido de que El Pueblo de Puerto Rico tiene seis meses después que la sentencia de disolución se con-vierte en final, dentro de los cuales solicitar en el procedimiento de quo warranto la confiscación o venta en pública subasta; que esta sentencia no se convirtió en final hasta que el mandato de la Corte Suprema de los Estados Unidos fué recibido por el secretario de la Corte Suprema de Puerto Rico, en mayo 13, 1940, de manera que la opción podía ser ejercitada en cualquier momento hasta el 13 de noviembre de 1940. Creemos que ésta es una razonable, tal vez la más razonable, interpretación de la ley, y siendo esto así, aceptamos la interpretación que al estatuto local ha dado la corte insular. La sección 2 de la ley núm. 47 no significa necesariamente, como con-tienden los apelantes, que ha de haber una sola sentencia final en el curso de los procedimientos de quo warranto. Puede haber un ‘decreto final de nulidad’ al resolverse que la corporación como resultado de sus actos ha perdido su franquicia; y si, con posterio-ridad, El Pueblo optase por que la propiedad fuese vendida en subasta pública, en ese caso puede haber, dentro del mismo proce-dimiento, una ‘sentencia final’ ordenando la venta y fijando ‘el precio razonable que deba pagarse por los mismos.’ Los procedi-mientos de quo w'arranto no terminaron con la confirmación por la Corte Suprema de los Estados Unidos de la ‘sentencia de nu-lidad.’ En verdad, el mandato de la Corte Suprema de los Es-tados Unidos devolvió el caso a la Corte Suprema ‘para procedi-mientos ulteriores,’ lo cual razonablemente incluye cualesquiera pro-cedimientos que sean necesarios por el ejercicio subsiguiente de la opción.”
“En conclusión sostenemos que después que la sentencia de diso-lución fué finalmente confirmada, todavía estaba abierto para El Pueblo el ejercicio de la opción, y que la Corte Suprema de Puerto Rico tenía jurisdicción en los procedimientos ulteriores de quo warranto para conocer de y actuar sobre una solicitud subsiguiente por El Pueblo en el ejercicio de la opción dentro del período de seis meses. ’ ’

En el caso de autos no se lia dictado aún una sentencia final de disolución, y por lo tanto, el término para eL ejer-cicio de la opción, por quien tenga facultad para ello, no ha empezado a correr. Si es el Procurador G-eneral, o el Go-bernador o la Asamblea Legislativa a quien corresponda ha-cer uso de la opción, es cuestión que resolveremos cuando nos sea debida y oportunamente sometida.

Las cuatro últimas defensas especiales son prácticamente una reiteración de lo dicho en las otras, y deben ser desesti-madas por las razones que hemos expuesto al desestimar las anteriores.

La anotación en el Registro de la notificación de lis pendens no es a nuestro juicio un obstáculo para la concesión del injunction que se solicita. La función del aviso de lis pendens es poner en conocimiento del comprador o del que adquiera un gravamen sobre la propiedad en litigio, de la acción pendiente. La anotación de lis pendens no impide el traspaso de la propiedad a quien quiera adquirirla sujeta a sus efectos legales. La función del injunction es mantener el statu quo, impidiendo que la propiedad sea transmitida a terceras personas y evitando la multiplicidad de pleitos que -ser' originarían como consecuencia de los traspasos subsiguientes que pudieran hacerse.

En el presente caso, la querellada, poseedora de tierras en exceso de las que la ley le permite tener, se propone, du-rante la pendencia de un procedimiento de ouo warranto-, después de haber sido sometida a la jurisdicción de esta Corte Suprema y sin previa autorización judicial, traspasar a un sindicato formado por sus propios accionistas las tie-rras en litigio, sobre las cuales el querellante tiene un de-recho de opción, que no está obligado a ejercitar hasta que se haya dictado sentencia final. El proyectado traspaso— que deberá hacerse sujeto al lis pendens — no puede tener otro objeto que no sea el de obstaculizar al querellante en el ejer-cicio de la opción. Si se permitiese que los accionistas ad-quiriesen las propiedades, como dueños en común y pro in-diviso, el resultado probable sería una multiplicidad de plei-tos y procedimientos judiciales. La muerte de uno o más accionistas, haría pasar su interés en las tierras a sus here-deros, con las consiguientes complicaciones si alguno de los herederos fuese menor de edad. El embargo por un acree-dor de la participación o condominio de un accionista traería nuevas complicaciones. Todo ello puede evitarse dejando el título de las propiedades donde ahora se encuentra, hasta la terminación del litigio pendiente entre la corporación, ale-gada violadora de la ley, y El Pueblo que trata de hacer cumplir sus leyes y enforzar su política agraria. Desde la fecha en que se aprobó la ley núm. 47 de agosto 7, 1935, hasta la fecha en que se radicó la querella de quo warranto, julio 19 de 1937, tuvo la querellada amplia oportunidad para ajustarse a la ley, deshaciéndose de las tierras excedentes. No lo hizo así. Optó por poner a prueba la validez de sus títulos y obligó con ello al G-obierno a iniciar el procedimiento de quo warranto, para que bajo la autoridad y dirección de esta Corte Suprema se haga respetar y cumplir el maudato de la ley.

Por las razones expuestas debe declararse con lugar la petición y ordenarse la expedición del auto de injunction so-licitado, sin fianza, por no exigirla el artículo 681 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933.