author: El Juez Asociado SeSoe SnydeR

text:
    Celestina Abarca Sanfeliz, demandante y apelada, v. Horacio Cordero, demandado y apelante.
    Núm. 8513.

    Sometido: Mayo 6, 1942.

      Resuelto: Junio 5, 1942.

      Harry M. Besosa y José López Baralt, abogados del apelante; B. Díaz Collazo, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado SeSoe SnydeR

emitió la opinión del tribunal.

La demandante es dueña de la casa número 13 de la Calle Comercio en San Juan. Esta propiedad da a dos calles. Linda al Norte con la Calle Comercio j al Sur con la Ave-nida Pershing. La parte del edificio que da a la Calle Co-mercio tiene dos pisos. El resto del edificio, que da a la calle del malecón, conocida como Avenida Pershing, consiste de nn anexo de nn piso.

Éste es nn pleito de desahucio. Lá corte de distrito dictó sentencia lanzando al demandado del primer piso de la parte del edificio que da a la Calle Comercio y del anexo qne da al malecón. El demandado ha apelado de dicha sentencia.

En el 1939 Horacio Cordero, el apelante, arrendó a Ce-lestina Abarca, la apelada, ambas partes de la propiedad en cuestión, mediante contrato verbal de mes a mes, por nna renta de $115 mensnales. En agosto o septiembre de 1940, Alfonso Zaconr se interesó en subarrendar el anexo a Cor-dero con el fin de establecer un club nocturno frente al ma-lecón. La renta de Cordero en aquel entonces estaba atra-sada. Vió a Enrique Abarca, apoderado de la apelada, y acordó pagar la renta atrasada. Al mismo tiempo indicó a Abarca su deseo de un nuevo arrendamiento por término fijo. Explicó que Zacour había hecho planes para invertir en el anexo una suma considerable, y por tanto necesitaba un sub-arrendamiento por término fijo. Abarca dijo a Cordero y a Zacour que iba para los Estados Unidos continentales, pero que dejaría instrucciones a su abogado, Díaz Collazo, quien lo arreglaría todo.

Díaz Collazo llegó a un nuevo arreglo con Cordero me-diante el cual se le arrendarían a éste ambas partes de la propiedad en cuestión por dos años, con opción de renovar el arrendamiento por dos más. Cordero pagaría una renta de $115 al mes. Cordero ya había pagado parte de la renta atrasada bajo el arrendamiento de mes a mes. El nuevo arreglo disponía que el pago de los restantes $335 que toda-vía estaban atrasados, se haría pagando $14 al mes, además de la renta mensual, durante el período original de dos años bajo el nuevo arrendamiento. También se acordó que Cor-dero prestaría garantía para el pago del alquiler bajo el nuevo arrendamiento, aunque nunca hubo un arreglo preciso en cuanto a la naturaleza o importe de la garantía.

Estos términos fueron satisfactorios para Zaconr, ya que le permitían obtener de Cordero nn subarrendamiento del anexo por término fijo. Pero Zaconr insistió en que se otor-gara alguna clase de convenio por escrito antes de tomar posesión de la propiedad y de gastarse en ella $7,000, que representaban todo su capital. Por tanto Díaz Collazo re-dactó un subarrendamiento que fué otorgado por Cordero y Zacour el 1 de octubre de 1940, mediante el cual se le sub-arrendó a Zacour el anexo por un mes, pero en el cual Cor-dero se obligó (a) a obtener de la propietaria un arrenda-miento por un año con opción a renovarlo por un año adi-cional y (6) a subarrendar a Zacour por un término fijo similar.

Zacour y Cordero declararon sin contradicción que el sub-arrendamiento fué redactado por el abogado de Abarca en esta manera porque el arrendamiento escrito de ambas par-tes de la propiedad a favor de Cordero por un término'fijo no podía otorgarse formalmente basta que Enrique Abarca regresara a Puerto Rico. Después del otorgamiento de este subarrendamiento el 1 de octubre de 1940, Zacour tomó po-sesión del anexo e incurrió en grandes gastos. Abarca re-gresó a Puerto Rico mientras se hacían estos gastos en el anexo. Inmediatamente Zacour fué a ver a Abarca y le in-formó de los gastos que estaba haciendo. Zacour declaró que Abarca le dijo que todo estaba arreglado ‘ con Cordero, y que Cordero tenía un arrendamiento adecuado. Zacour además declaró que tanto Díaz Collazo como Abarca, después que éste regresó a Puerto Rico, le dijeron que no era nece-sario un arrendamiento escrito, y que ya existía el arrenda-miento en favor de Cordero por dos años con opción a re-novarlo por dos años más. Zacour declaró que después que le indicaron eso, no insistió más en que Cordero firmara un subarrendamiento, y procedió a invertir el resto de su capital y abrir el “Carioca Night Club.”

Zacour empezó a explotar su club nocturno. Cordero pagó la renta estipulada de $115 mensuales, empezando el 1 de noviembre de 1940, por siete meses, más $14 mensuales, se-gún se acordó, por los atrasos bajo el arrendamiento anterior. Además, antes del regreso de Abarca a Puerto Rico, Cordero fué donde Díaz Collazo y le ofreció en efectivo el equivalente a dos meses de alquiler como la garantía exigida bajo el nuevo arrendamiento. De acuerdo con la propia de-claración de Díaz Collazo, éste sugirió a Cordero, que sería más deseable desde el punto de vista de Cordero, que ofre-ciera en garantía una hipoteca sobre alguna propiedad, evi-tando así tener muerto este dinero. Por tanto Díaz Collazo y Cordero acordaron que éste le enviaría a Díaz Collazo la escritura de una propiedad perteneciente a la Sucesión Cor-dero para que Díaz Collazo preparase los documentos nece-sarios en conexión con tal hipoteca. Cordero envió la escri-tura a Díaz Collazo, quien más tarde indicó por escrito a Cordero que se necesitaban ciertas certificaciones de defun-ción y de nacimiento, antes de que el documento de garantía se preparara en debida forma. La escritura permaneció en poder de Díaz Collazo, mientras Cordero hizo gestiones para conseguir tales certificaciones.

Mientras tanto, Abarca regresó a Puerto Rico. No ha-biéndose conseguido las certificaciones de defunción y de na-cimiento que eran necesarias, la hipoteca que se había suge-rido como garantía no se otorgó formalmente. Pero Cordero o sus subarrendatarios continuaron sin objeción en posesión de la propiedad. Y la renta de $115 más $14 por mes, pre-vista en el nuevo arreglo, fué pagada por Cordero y aceptada por Abarca durante siete meses.

El 14 de mayo de 1941, Abarca le escribió a Cordero que había decidido hacer algunas reformas y solicitaba que orde-nara se desocupara el primer piso de la parte del edificio que daba a la Calle Comercio, cosa que estuviera disponible el primero de julio para efectuarlas. En aquella época la parte del edificio a que hemos hecho mención estaba en realidad en poder de un subarrendatario de Cordero. Cordero declaró que en cumplimiento a lo requerido en la carta ordenó a su subarrendatario que desocupara la parte del edificio que da a la Calle Comercio. Estuvo desocupada por tres días, du-rante los cuales Abarca no hizo nada en relación con las ale-gadas reparaciones. Cordero declaró que a los tres días supo que la carta de Abarca fue motivada por el deseo de éste de obtener la posesión- de esta parte del edificio con el fin de instalar allí su nueva estación radiodifusora. Cordero de-claró que cuando obtuvo esta información, la cual la apelada acepta era correcta, subarrendó nuevamente la parte del edificio que da a la Calle Comercio a otra persona. Los sub-arrendatarios de Cordero, Zacour inclusive, continuaron ocu-pando tanto el primer piso de la parte del edificio que da a la Calle Comercio como el anexo de un piso. El 15 de julio de 1941, se radicó este pleito, solicitando se desahuciara a Cordero de todo el edificio.

La corte de distrito dictó sentencia a favor de la ape-lada, desahuciando al apelante tanto de la parte del edificio que da a la Calle Comercio como del anexo en el cual estaba situado el club nocturno. Al concluir que no existía arren-damiento entre Abarca y Cordero por término fijo, la corte inferior descansó únicamente en el hecho de que “debido a que el demandado nunca dió las garantías que - la deman-dante exigía para perfeccionarlo, el mismo nunca se hizo”. Por tanto la corte concluyó que la alegación de que existía un arrendamiento por dos años quedó “huérfana de toda prueba”.

No podemos convenir con la corte inferior en que como cuestión de derecho bajo las circunstancias de este caso, no existía un arrendamiento por dos años. Si bien Zacour no es parte en este pleito, Díaz Collazo y Abarca entendie-ron perfectamente que una característica esencial del nuevo arrendamiento para Cordero era una disposición por un tér-mino fijo, que le permitiría subarrendar el anexo a Zacour, quien exigía un término fijo que justificase los gastos que él tenía en mente hacer en la propiedad. Y no hay controver-sia en cuanto a que Díaz Collazo estaba autorizado a perfec-cionar todos los arreglos. La siguiente declaración de Abarca indica lo que Díaz Collazo había acordado:

“P. ¿Cuando usted regresó' de su viaje se firmó ese contrato?
"R. No, señor.
“P. ¿Por qué?
“R. Nunca mandó la garantía.
“P. ¿Era cierto el canon?
"R. Sí, señor.
“P. ¿Era cierto el término?
"R. Sí, señor.
“P. ¿Eran ciertas las demás condiciones?
‘‘R. Sí, señor.
“P. ¿Por qué fué la única razón que no culminó en un contrato?
“R. Por falta de garantía.”

El mismo Díaz Collazo declaró al mismo efecto como sigue:

"Naturalmente nuestra representada interesaba el contrato tam-bién, y ese contrato le fué dado bajo ciertas condiciones. Entre esas condiciones estaba la de que ofreciera una garantía a satisfacción de la propietaria.”

La posición de la apelada, con la cual estuvo de acuerdo la corte inferior, está predicada casi exclusivamente en la falta de una garantía formalmente otorgada. Pero el testi-monio incontrovertido demuestra que Cordero cumplió con la condición general de que proporcionara alguna clase de garantía. Difícilmente puede hacérsele responsable por la conducta de Díaz Collazo, quien estaba enteramente autori-zado a actuar a nombre de la apelada, al disuadirlo de que prestara una garantía en efectivo. Cordero realizó todas las sugestiones de Díaz Collazo en lo que se refiere a la hipoteca que serviría de garantía. En verdad, la escritura de la pro-piedad que iba a hipotecarse todavía está en poder de Díaz Collazo, y las certificaciones de defunción y de nacimiento qne habían sido solicitadas por Díaz Collazo, fueron final-mente obtenidas y se introdujeron en evidencia por el ape-lante en el juicio. Resolvemos qne Cordero sustancialmente cumplió con la condición de qne prestara nna garantía, y qne el arrendamiento acordado por las partes empezó a regir el 1 de noviembre de 1940. Si fuera necesaria, puede otorgarse ahora nna garantía formal.

Nuestra conclnsión en cnanto a la intención de las partes se robustece por la antes descrita conducta de ambas partes desde noviembre de 1940 (véase artícnlo 1234, Código Civil, ed. 1930). Fué solamente cuando Abarca decidió súbitamente qne preferiría tener posesión de nna parte de la propiedad arrendada a Cordero, qne hizo nso del pretexto de que no se había otorgado hasta entonces garantía formal en conexión con el nuevo arrendamiento, para justificar el desahucio de Cordero por el fundamento de qne éste era solamente un arrendatario de mes a mes. Abarca nunca reveló esta teoría hasta que se radicó este pleito. Se le permitió a Zacour, si no se le indujo, a realizar grandes gastos en el anexo bajo la teoría de que Cordero tenía un arrendamiento por un tér-mino fijo y que la posesión de Zacour, como subarrendatario de Cordero por un término fijo, estaba por ende asegurada. Y la renta bajo el nuevo arrendamiento fué pagada por Cor-dero durante siete meses y aceptada por Abarca sin protesta. No hubo insistencia por parte de Abarca en que se acelerara el otorgamiento formal de la garantía, y ni siquiera se hizo mención de ella. Hasta la carta de 14 de mayo de 1941, que se alega en la demanda como la base para el pleito de de-sahucio, se refiere solamente al primer piso de la parte del edificio que da a la Calle Comercio, y entonces sólo pide se desocupe para hacer reparaciones, sin exigir la posesión per-manente de dicha parte. Si bien es cierto que no es necesa-rio requerimiento previo para justificar un pleito de desa-hucio contra un inquilino de mes a mes (artículo 1471, Có-digo Civil, ed. 1930; Toro v. Pizá Hermanos, S. en C., 30 D.P.R. 73), el texto de dicha carta nos ayuda al considerar la conducta de las partes con el fin de determinar la inten-ción de éstas.

De igual manera no hay base para contención alguna de que el arrendamiento no entró en vigor porque hasta en-tonces no se había puesto por escrito. “Mutuas manifesta-ciones de asentimiento que en sí son suficientes para perfec-cionar un contrato, no serán impedidas de operar de este modo, por el mero hecho de que las partes también manifies-ten la intención de preparar y adoptar un memorial escrito de ello . . . ”. Restatement, Contracts, sección 26. En ver-dad, el artículo 1231, Código Civil, ed. 1930, dispone que “Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el con-sentimiento y demás.requisitos necesarios para su validez.”

Esto no quiere decir que las partes no puedan convenir en que las obligaciones legales entre ellas sean aplazadas hasta que se haga el escrito. A ese respecto su intención es el factor determinante. En este caso, después de examinar todas las circunstancias mencionadas, resolvemos que las partes contemplaban el escrito simplemente como una ma-nera de hacer constar un contrato que ya estaba en vigor. Cf. 47 Harv. L. E. 873.

La corte de distrito concluyó que el caso estaba “huér-fano de toda prueba” en cuanto a que existía un arrenda-miento por término fijo. La corte inferior pudo haber es-tado bajo la impresión de que tal fraseología de su parte era necesaria en este caso bajo la teoría de que si había un con-flicto sustancial en la prueba, un pleito de desahucio no era el remedio adecuado. En verdad, el mismo apelante ha so-licitado que revoquemos la sentencia por el fundamento de que existe tal conflicto. Pero tal teoría no encuentra base en las' decisiones de esta corte. Nuestros casos sostienen que nn conflicto serio sobre la cuestión del título es nn impedi-mento para nn pleito de desahncio. Pero aqní no bay dis-puta en cnanto al títnlo. Al contrario, ambas partes están de acuerdo en qne Celestina Abarca es dueña de la propie-dad. La controversia en este caso gira alrededor del dere-cho a la posesión, basado en nn alegado arrendamiento por término fijo. Ann cuando existiera nn conflicto serio en la prueba en relación a la existencia de tal arrendamiento, el pleito de desahncio es el remedio adecnado para resolver tal controversia. Esto es así porque la cuestión a decidirse en nn pleito de desahucio es precisamente el derecho a la pose-sión. Maceira v. Pietri et al., 30 D.P.R. 587.

La sentencia de la corte inferior será revocada y se dic-tará una sentencia desestimando la demanda con costas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Plácida Padilla, como madre con patria potestad sobre su menor hijo Ricardo Estrada, demandante y apelada, v. Ricardo Miranda, demandado y apelante.
    Núm. 8471.

    Sometido: Junio 2, 1942.

      Resuelto: Junio 8, 1942.

      A. Dones Padró, L. Vizewrrondo Coronado y Angel Arroyo Rivera, abogados del apelante; Ortiz Toro & Ortiz Toro, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En esta acción de daños y perjuicios la Corte de Distrito de San Juan declaró con lugar la demanda y condenó al de-mandado a pagarle al demandante la suma de $700. En este recurso alega el apelante que la corte inferior erró al conce-der permiso al demandante para enmendar la demanda en el acto del juicio y que la prueba presentada no justificó dicha enmienda; al estimar que hubo negligencia por parte del em-pleado del demandado; al no tener en cuenta la negligencia contributoria de otro motorista, dejando de aplicar la doc-trina del “concurrent tort-feasor”; al no estimar la negli-gencia contributoria del niño perjudicado, y por último, por ser la sentencia excesiva en su cuantía.

En cuanto a los dos primeros señalamientos bas-tará con decir que si bien en la demanda se alegó que el ac-cidente ocurrió el día 9 de junio de 1938, el demandado en su contestación no se limitó a negar ese hecho, sino que negó “que en junio de 1938” estuviere guiando el truck su em-pleado o que ocurriera el accidente. Asimismo de la trans-cripción de evidencia aparece que el abogado del demandado apelante no se opuso a la enmienda solicitada por el deman-dante ni anotó excepción a la resolución de la corte. [2] No se cometieron estos errores y tampoco el tercero que se re-fiere a la apreciación que de la prueba hizo el juez senten-eiador para determinar la negligencia del demandado al ex-poner en sn opinión lo siguiente:

“La corte, por la apreciación qne ha hecho ele la prueba, ha lle-gado a la conclusión ele qne el accidente a que se refiere esta acción, y las lesiones sufridas por el menor Ricardo Estrada se debieron, única y exclusivamente, a la negligencia del chauffeur y empleado del demandado al conducir el camión a bastante velocidad por una carretera estrecha y no reducir esa velocidad al cruzarse con un au-tomóvil, viéndose obligado, para no chocar con dicho automóvil, a echarse todo lo más posible a la derecha de la carretera y al tratar nuevamente de coger el centro de la misma, y debido a la velocidad a que era conducido dicho camión patinó la parte trasera del mismo hacia la derecha, dándole al menor Ricardo Estrada, quien por dicha derecha caminaba, con la parte trasera izquierda de dicho camión.
“Estamos convencidos de que el accidente objeto de esta acción no hubiera ocurrido si el conductor del camión, al cruzarse con el automóvil en una carretera estrecha como era por la que el mismo caminaba, hubiera reducido la velocidad, evitando' así el que, debido al peso de la carga que transportaba, tuviese que desviarse repenti-namente hacia el centro de la carretera para evitar caer en la cuneta, cuyo movimiento rápido fué la causa única de que la parte de dicho camión patinase hacia la derecha de dicha carretera.”

La prueba presentada, según aparece de la transcripción de evidencia, sostiene la conclusión a que llegó la corte inferior y no alegándose que actuara movida por pasión, pre-juicio o parcialidad, somos de opinión que no cometió mani-fiesto error en la apreciación de la misma.

El cuarto y quinto señalamientos que se refieren a la negligencia contributoria, carecen de méritos pues el de-mandado no alegó, ni en su contestación ni como defensa, dicha negligencia y tampoco presentó prueba de clase alguna para demostrarla. Toda su prueba se circunscribió a tratar de demostrar que el truck no estaba en el sitio del accidente cuando éste ocurrió. Hemos resuelto repetidas veces que corresponde al demandado alegar y probar la negligencia contributoria. Véanse González v. Malgor, Luiña & Cía., 29 D.P.R. 105; Maldonado v. Hamilton, 32 D.P.R. 224; Rivera v. Central Pasto Viejo, Inc., 44 D.P.R. 244, 274, y López v. Rexach, 58 D.P.R. 143, 155, habiéndose resuelto en este úl-timo caso que “no basta que el demandado alegue la negli-gencia contribuyente. Es preciso también que la pruebe pol-la preponderancia de la evidencia, a menos que tal negligen-cia pueda inferirse de la prueba del demandante”, inferencia que no surge en el caso de autos.

Se probó que las lesiones sufridas por el demandante fueron la fractura del brazo izquierdo y el desprendimiento de ligamentos del tobillo izquierdo, las que le obligaron a estar recluido en el hospital veintiún días. Somos de opi-nión que la indemnización de $700 concedida no es excesiva.

8e desestima el recurso y confirma la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Magdaleno Travieso, acusado y apelante.
    Núm. 9347.

    Sometido: Mayo 26, 1942.

      Resuelto: Junio 9, 1942.

      J. Nevares Santiago, abogado del apelante; Eon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gomes,' Fiscal del Tribunal Supremo y Litis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

De la transcripción de autos constan los siguientes he-chos :

En septiembre 25, 1939 el fiscal radicó acusación contra el apelante por un delito de atentado contra la vida. Seña-lada para el 9 de octubre del mismo año la lectura de la acu-sación, compareció el acusado asistido de su abogado, hizo alegación de “no culpable” y solicitó juicio por jurado.

En enero 14, 1942, el acusado radicó una moción para el archivo y sobreseimiento del caso, alegando que la corte no adquirió jurisdicción sobre la persona del acusado, por no haber éste tenido asistencia de abogado desde el momento en que fué arrestado y haber iniciado la investigación del caso el magistrado investigador.

Por considerar que la cuestión jurisdiccional planteada era de extraordinaria importancia, la Corte de Distrito de Humacao se constituyó “in bank” y declaró sin lugar la excepción de falta de jurisdicción, procediendo a celebrar el juicio. Declarado culpable de acometimiento y agresión grave, el acusado fué condenado a tres meses de prisión. Y no estando conforme, interpuso el presente recurso, basán-dolo en la simple alegación de que durante la “etapa inicial del proceso” o sea “durante el examen preliminar”, el acu-sado fné privado de sn derecho a estar representado por abogado, derecho qne no fné renunciado por él. Y cita en apoyo de sn contención el caso de Pueblo v. Rivera, 9 D.P.R. 403, en el qne se resolvió que el proceso criminal contra nn acusado comienza desde el momento en qne se practica sn arresto y se le encarcela o se le pone en libertad bajo fianza. Véase: Pueblo v. Capestany, 37 D.P.R. 586, 595.

El apelante no nos ha colocado en condiciones de qne podamos determinar enándo comenzó el proceso en sn contra. Del récord ante nos no aparece la fecha en qne se prac-ticó el arresto del acusado. Sí aparece que éste, después de ser arrestado, prestó fianza para poder permanecer en liber-tad; y qne compareció al acto del arraignment acompañado de abogado. Tampoco existe constancia alguna de qne se celebrara nn examen preliminar, durante el cual el acusado, según se alega, se viera privado de su derecho a estar repre-sentado por abogado. Estas deficiencias son por sí solas su-ficientes para qne desestimemos el recurso. Pueblo v. Otero, 48 D.P.R. 1016; Pueblo v. Lafont, 54 D.P.R. 368; Pueblo v. Mediavilla, 54 D.P.R. 565; Pueblo v. Corsino, 54 D.P.R. 49.

El apelante basa sn alegado derecho a estar asis-tido de abogado desde el momento de su arresto y durante el examen preliminar, en la interpretación qne a su juicio debe darse a la decisión del Tribunal Supremo Federal en Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458 y las decisiones de esta Corte Suprema en Ex parte Hernández Laureano, 54 D.P.R. 416; Ex parte Resto, 55 D.P.R. 725; y Rodríguez v. Corte, 59 D.P.R. 652. No vamos a hacer un examen detenido de las citadas decisiones. Basta decir que en ellas se sostiene que todo acusado tiene el derecho constitucional de estar repre-sentado por abogado para su defensa; que ese derecho puede ser renunciado, pero la renuncia debe ser hecha en forma tal que revele que el acusado conocía su derecho y lo renunció competente e inteligentemente; que es el deber de la corte ante la cual ha de celebrarse el juicio, advertir al acusado de sn derecho a estar asistido de abogado, debiendo además, en el caso de que el acusado carezca de medios para emplear nn abogado, nombrarle tino para que le asista en el acto del arraignment y le defienda durante el juicio; y, por último, que cuando la corte sentenciadora ha celebrado la vista y sentenciado al acusado, sin cumplir estrictamente con dichos requisitos constitucionales, la sentencia impuesta es nula, por falta de jurisdicción.

Nuestra decisión en Ex parte Resto, supra, no tiene el al-cancé que pretende darle el apelante. La petición de habeas corpus radicada por Resto se basó en que “en ningún mo-mento desde su arresto hasta su encarcelación el peticionario tuvo la asistencia de un abogado defensor y la corte en nin-gún momento le ofreció ni le nombró defensor ... ni le ins-truyó en cuanto al derecho que tenía a estar representado por abogado”. La decisión de esta Corte se basó en que del Libro de Minutas de la corte sentenciadora no apareció “que en momento alguno durante el arraignment y sentencia del acusado éste estuviese representado por o asistido de un abogado defensor”.

La regla sentada por nuestra decisión en Ex parte Resto, basada en lo resuelto en Powell v. Alabama, 287 U. S. 45, 77 L. Ed. 158, es que cuando se cita a un acusado para oír la acusación, antes de proceder a su lectura la corte debe in-formar al acusado de su derecho a estar representado por un abogado y preguntarle si tiene abogado, si puede conse-guir uno para que le defienda o si desea que la corte se lo designe. Mientras no se haya cumplido con este requisito, la corte no está debidamente constituida y carece por tanto de jurisdicción para requerir al acusado para que conteste o exeepcione la acusación, a menos que del récord del caso aparezca que el acusado voluntaria e. inteligentemente renun-ciara su derecho a la asistencia de abogado. La cuestión en cuanto al derecho que pueda tener un acusado a estar asis-tido de abogado durante el período de tiempo comprendido entre la fecha de su arresto y la del arraignment, no fue con-siderada ni resuelta en Ex parte Resto ni en ninguna otra decisión de este tribunal y es por tanto nueva en esta juris-dicción.

En apoyo de su contención, el apelante cita el artículo 858 del Código Penal de California, la decisión de la Corte Suprema de dicho Estado en People v. Napthaly, 105 Cal. 641, y el artículo 11 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal.

El citado artículo 858 del Código Penal de California pro-vee que cuando una persona es arrestada y llevada ante un magistrado, bajo acusación de haber cometido un delito pú-blico, el magistrado debe informarle en el acto de la acusa-ción que se le ha formulado y de su derecho a estar asistido por abogado. El artículo 859 del mismo Código dispone que el magistrado debe conceder al acusado un tiempo razonable para conseguir un abogado, posponiendo la investigación para ese propósito.

De acuerdo con la Sección 8 del artículo I de la Consti-tución de California, los delitos públicos se persiguen y cas-tigan mediante acusación (information) radicada por el fiscal "después de examen y orden de prisión dictada por un magistrado.

En People v. Napthaly, supra, se presentó una acusación contra Napthaly imputándole el delito de haber ayudado a un preso a fugarse del penal. Después de haberle sido leída la acusación y antes de formular alegación alguna, el acusado solicitó la desestimación de la acusación por los motivos: (a) que del récord del magistrado aparecía que en el examen preliminar ante él mismo celebrado, el acusado no había es-tado asistido de abogado; (b) que el magistrado se había negado a suspender la investigación para que el acusado pu-diese conseguir abogado; y (c) que el magistrado no informó al acusado de su derecho a la asistencia de abogado. Dene-gada la moción y apelado el caso a la Corte Suprema, ésta revocó la sentencia, diciendo:

“Se observará que, bajo esta disposición de nuestra Constitución, un delito puede ser perseguido mediante acusación (information) solamente después de un examen y orden de prisión dictada por un magistrado.
. . La necesidad de tal examen y orden de prisión fué reco-nocida y sostenida en People v. Wilson, 93 Cal. 377, y en Ex parte Baker, 88 Cal. 84.
“Un examen en el que se privó al acusado del derecho garantizá-dole tanto por la Constitución como por el estatuto, de ser defendido por abogado, no era en ningún sentido ün examen legal.
“Fue una sencilla y palpable violación de un derecho fundamental del acusado que hizo que su detención se convirtiera en ilegal.”

Ni la Ley Orgánica de Puerto Rico ni nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal contienen disposición alguna que re-quiera como requisito para la validez de una acusación, que ésta sea radicada por el fiscal después de haberse practicado un examen preliminar y librado orden de prisión por un ma-gistrado o juez instructor.

De acuerdo con el artículo 3 del Código de Enjuiciamiento Criminal, cuando se trata de un delito, como el del caso de autos, del cual tiene jurisdicción original- la corte de distrito, el proceso deberá iniciarse “en virtud de acusación presen-tada por el fiscal en sala de justicia y confirmada con su de-claración jurada que será suficiente si en ella se expresa que la acusación se funda en las declaraciones de testigos jura-mentados por él o las declaraciones de testigos examinados ante un juez instructor.”

La jurisprudencia que hemos examinado sostiene que al dejar de presentar una moción, antes del o en el acto del arraignment, para que se desestime la acusación por el fun-damento de no habérsele concedido un examen preliminar, el acusado renuncia a esa objeción. Ex parte McConnell, 83, Cal. 558; People v. Ronsee, 26 Cal. App. 100, 146 P. 65; People v. Ramey, 27 P. (2d) 941; People v. Walsh, 243 P. 31, 32; People v. Salas, 250 P. 526; y State v. Norman, 52 P. 986.

También renuncia el acusado a la objeción de no haberse celebrado xin examen preliminar, cuando al ser arrestado presta fianza para comparecer ante la Corte de Distrito a oír la acusación que había de formularle el fiscal. Nowak v. Waller, 56 Hun (N. Y.) 647, 10 N. Y. Supp. 199, confirmado 132 N. Y. 590, 30 N. E. 868.

Por las razones expuestas se confirma la sentencia recu-rrida.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Ramón Ortiz, (a) Golden Flint, acusado y apelante.
    Núm. 9345.

      Sometido: Jimio 2, 1942.

      Resuelto: Junio 9, 1942.

      José R. Fowrnier, abogado del apelante; PLon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.

emitió la opinión del tribunal.

Este caso se inició en la Corte Municipal de Bayamón a virtud de una denuncia que dice así:

“Que en 30 de marzo de 1941 y en el Km. 2-5 de la Carretera de Cataño a Palo Seco, barrio Palmas, dentro del Distrito Judicial Municipal de Bayamón, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Bayamón, P. R., el referido acusado José Ramón Ortiz, alias ‘Golden Flint’ allí y entonces, de una manera ilegal y voluntaria-mente violó las disposiciones del artículo 328 del Código Penal, se-gún fue enmendado por la Ley Núm. 51 aprobada en 13 de abril de 1916, porque mientras manejaba como cha/uffew y dueño el automó-vil licencia Núm. P-633, lo hizo con tal descuido, imprudencia teme-raria e impericia que lo dejó chocar con el camión GMO tablillas Núm. 1543 U. S. que estaba parado a la derecha, resultando como consecuencia del choque las siguientes personas heridas: José Isa-helo Boria con múltiples heridas en la región frontal y fuerte golpe en el tórax; Ramón Montañez Román con fractura del tercio inferior brazo izquierdo; Martín Calero con contusión de la pierna de-recha y el acusado con herida en la frente.”

Visto el caso, el acusado fue declarado culpable tanto por dicba corte como por la Corte de Distrito de Bayamón en grado de apelación, y en este recurso alega que la corte inferior erró al declarar sin lugar la excepción perentoria pre-sentada por el acusado, y al dictar sentencia contraria a la prueba y a la ley.

Al discutir el primer error el apelante lo divide en dos, a saber: 1, que la denuncia no imputa delito alguno al acu-sado ; y 2, que no se alega en forma correcta la jurisdicción de la corte.

En cuanto al primer aspecto, vistos los casos de El Pueblo v. Pagán, 49 D.P.R. 436, y El Pueblo v. Miller, 50 D.P.R. 846, somos de opinión que usándose en la denuncia sustancialmente el lenguaje del estatuto, es suficiente para informar al acusado sobre la naturaleza del delito imputá-dole.

Basa su segunda cuestión el apelante en el beclio de que en la denuncia se alega que los hechos ocurrieron en el Km. 2-5 de la carretera de Cataño a Palo Seco, barrio Pal-mas, y que no especificando la denuncia si dicho sitio per-tenece a Cataño o a Palo Seco, no confiere jurisdicción ni a la Corte Municipal de Bayamón, ni a la Corte de Distrito en apelación, ya que Palo Seco pertenece al distrito judicial municipal de Toa Alta y Cataño pertenece al distrito .judicial municipal de Bayamón. No tiene razón el recurrente, porque en la propia denuncia se hace constar expresamente que dicho Km. 2-5 de la carretera de Cataño a Palo Seco, barrio Palmas, está “dentro del distrito judicial municipal de Bayamón que forma parte del distrito judicial de Baya-món, Puerto Rico”. Véanse los casos de Pueblo v. Aranda, 12 D.P.R. 313, 315; Pueblo v. Birrier et al., 18 D.P.R. 265, 269, y Pueblo v. Torres, 34, D.P.R. 629, 631.

Se desestima el primer error.

En cuanto al segundo, el fiscal conviene con el ape-lante en que la prueba de El Pueblo presentada en este caso no es suficiente para sostener la sentencia dictada. Exami-nemos, pues, toda la prueba presentada ante la corte inferior.

Para sostener la denuncia el fiscal presentó la declaración de los testigos Víctor Malavé, José Cora Massó, Martín Ca-lero y Ramón Martínez Román.

Víctor Malavé en síntesis declaró que es policía insular; que no presenció el accidente, que fué al sitio a practicar la investigación y vió el automóvil del acusado volcado al lado derecho de la carretera, y que el acusado le dijo, como media hora después del accidente, que él era quien guiaba el carro.

José Cora Massó dijo que el día del accidente estaba tra-bajando en la carretera de Cataño a Palo Seco, de espaldas bacia el sitio por donde venía el automóvil; que oyó un ruido de automóvil, como que se volcaba; que se viró de pronto y vió el carro volcado; que no sabe quién guiaba el automóvil; que notó que el truch que ellos tenían a la orilla tenía un farol ‘aboyao”, y que vió un hombre herido.

Martín Calero declaró que iba en el automóvil guiado por el acusado, hacia Palo Seco; que a dicho automóvil se le “bloó” una goma y fué a chocar con un truck y entonces el automóvil se volcó; que el automóvil iba a una velocidad moderada, ni muy exagerada ni muy poco a poco, regular; que la goma se “bloó” antes de chocar con el truck y lo sabe porque sintió la explosión; que el automóvil se volcó porque chocó con el truck; que como consecuencia del accidente él se descompuso un pie, y Ramón Martínez se fracturó un brazo.

Ramón Martínez Román, que también iba en el automóvil con el acusado, declaró que explotó la goma derecha de la parte delantera del carro y el acusado no pudo controlarlo a pesar de que luchó con el guía, y que al chocar con el truck se viraron; que el automóvil caminaba de 30 a 40 kilóme-tros por hora.

La única prueba de defensa consistió en la declaración del propio acusado, quien declaró textualmente lo siguiente:

“Ese día, 30 de marzo, salimos a Palo Seco y en el transcurso de la carretera por donde queda la curva que le nombran ‘Curva Bacardi’ yo noté que explotó una goma ‘alante’, al ‘bloárseme’ la goma cogió el carro para el lado y no pude controlarlo porque chocó con el truck y se me viró en la cuneta.”

Declaró además que iba a 30 ó 40 kilómetros y trató de evitar el accidente, pues “enfrenó” pero todo fué imposible porque chocó contra el truck.

Somos de opinión que esta prueba no es suficiente para sostener una convicción por el delito de infracción al artículo 328 del Código Penal.

En los casos de El Pueblo v. Rodriguez, 47 D.P.R. 600; el Pueblo v. Ríos, 55 D.P.R. 537, 539, y El Pueblo v. Barrios, 57 D.P.R. 942, entre otros, hemos resuelto que para qne pueda sostenerse una sentencia condenatoria por un delito de esta naturaleza es necesario que la prueba de El Pueblo demues-tre qne el acusado manejó el vehículo con un grado de negli-gencia o descuido mayor qué el que se requiere para obtener una indemnización en un caso civil; que dicha negligencia es necesario qne sea crasa o temeraria y de tal naturaleza que demuestre un absoluto menosprecio de la seguridad de otras personas. La prueba aportada en este caso no demostró, a nuestro juicio, que el acusado estuviera manejando el auto-móvil en tal forma que pueda concluirse que incurrió en ne-gligencia crasa o temeraria, sino más bien, qne el accidente se debió al hecho fortuito de habérsele vaciado inesperada-mente una goma al vehículo, que trajo como consecuencia el descontrol en el guía, yéndose el carro hacia un lado y cho-cando con el truck que estaba parado, lo que a su vez oca-sionó el vuelco. [5] Tampoco puede considerarse como ele-mento de negligencia prima facie en este caso la velocidad a que iba corriendo el automóvil, ya que de acuerdo con la prueba de El Pueblo dicha velocidad era de 30 a 40 kilóme-tros que está dentro de los límites autorizados por la ley.

Debe declararse con hogar el reciorso y, en su consecuen-cia, revocarse la sentencia dictada por la corte inferior y ab-solverse al acusado.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Guillermo Díaz, acusado y apelante.
    Núm. 9322.

    Sometido: Abril 24, 1942.

      Resuelto: Junio 10, 1942.

      Gaspar Rivera Gestero, abogado del apelante; Eon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de SI Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en este recurso es la de cuándo procede desestimar, por el solo hecho de ser tardía, una mo-ción de sobreseimiento formulada por un acusado de acuerdo con el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Guillermo Díaz fue acusado por el fiscal del distrito de Bayamón de un delito de portar armas prohibidas. La acu-sación se radicó en febrero. 14, 1941, y el juicio no se señaló hasta julio 23, 1941, en que lo fue para el 31 de dicho mes.

Llamada la causa en ese día, hallándose presentes el acu-sado en persona y por su abogado, y el Pueblo por su fiscal, el juez se expresó así:

“Hay una moción por haber transcurrido ciento veinte días. Esa moción se radicó el 30 de julio, ayer. De acuerdo con la última decisión de nuestro Tribunal .Supremo, es tardía. Por esa razón, de-clara sin lugar la excepción perentoria.”

Como puede verse, no se investigó si había existido justa causa para la dilación. El sobreseimiento se declaró sin lu-gar por el solo hecho de haberse presentado la moción el día antes del juicio y ser, en sn consecuencia, tardía, de acnerdo con lo resuelto por este tribunal.

El acusado por su abogado manifestó que conocía la de-cisión del Tribunal Supremo a que el juez se había referido —Pueblo v. Cardona, 58 D.P.R. 627, 630— pero entendiendo que el dictum de dicha decisión no había revocado el caso de Garcés v. Corte, 55 D.P.R. 932 y que su caso se distinguía del de Cardona, supra, debía tomar como tomó excepción de la resolución de la corte. El juicio siguió adelante y como resultado del mismo la corte declaró culpable al acusado y le impuso un mes de cárcel.

Apeló Díaz y el primero de los errores que señala es el cometido a su juicio por la corte sentenciadora al declarar sin lugar su moción de archivo y sobreseimiento. La argu-mentación del error es extensa y razonada. Exige una com-pleta revisión de nuestras decisiones sobre el particular.

La ley que regula el derecho envuelto está conte-nida en el artículo 448 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, equivalente al 1382 de California, que lee así:

“Artículo 448. — A menos que exista justa causa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso en los casos siguientes:
“1. Cuando una persona haya sido detenida para responder por la comisión de un delito público, siempre que no se haya presentado acusación contra ella en el término de sesenta días desde su deten-ción.
“2. Cuando un acusado, cuyo juicio no haya sido transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de ciento veinte días, a contar desde la presentación de la acusación.”

La ley concreta el derecho a un juicio rápido que al acu-sado garantiza el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley Orgánica e, interpretándola, dijo esta corte en Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772, 782:

“De acuerdo con este artículo cuando no se demuestra justa causa, la corte está obligada perentoriamente a sobreseer la causa. Si no se demuestra justa causa creemos que la corte carece absoluta-mente de discreción. El derecho que tiene un hombre acusado de ■un cielito a la celebración del juicio dentro del término de ciento veinte días y el deber de la corte de sobreseer la causa a falta de tal juicio rápido son coextensivos. Cuando nada se demuestra ’a corte no tiene discreción para negarse a sobreseer la causa.”

Aplicada esa regla a los hechos de este caso, no puede llegarse a otra conclusión que no sea la de que la corte sen-tenciadora debió haber decretado el sobreseimiento.

Sin embargo, lo negó basándose en que la petición se pre-sentó tardíamente. Invocó el caso de Cardona, supra, en el que esta corte dijo:

‘ ‘ Como del estudio que hemos hecho de los autos nos parece que el primer error no existe ya que la moción presentada el día antes y discutida al comenzarse el juicio era tardía, y hemos quedado por el contrario convencidos de que el segundo fué cometido, nos limita-remos a exponer las razones que tenemos para considerar la eviden-cia insuficiente.” 58 D.P.R. 627, 630.

La conclusión no se razonó y fué limitada poco después en el caso del Pueblo v. Irizarry, 59 D.P.R. 947, 950, en el sentido de que sólo debía “aplicarse cuando la moción pre-sentada el día anterior lo fuere tan tarde o bajo tales cir-cunstancias que equivalgan a la presentación en el día del juicio.”

En el caso del Pueblo v. Díaz, 48 D.P.R. 455, 457, se ha-bía resuelto que las mociones de sobreseimiento presentadas en el día del juicio eran tardías y por tanto que no estaba la corte obligada a considerarlas y podía desestimarlas por ese único motivo y desde entonces fué ésa la regla que predo-minó, culminando en el dictum del Pueblo v. Cardona, supra, limitado por la decisión del caso del Pueblo v. Irizarry, supra.

Ahondando más ahora en la propia jurisprudencia de este tribunal, encontramos el caso de El Pueblo v. Ayala, 19 D.P.R. 936, decidido en 1913, en el que se hace un estudio detenido del significado y alcance del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. La opinión de la corte fué emi-tida por el Juez Asociado Sr. MaeLeary y, refiriéndose al punto aquí debatido, o'sea al tiempo en que debe y puede presentarse la petición, se dice en ella:

“Con respecto al razonamiento del Fiscal, alegando que la mo-ción de sobreseimiento fué presentada fuera de tiempo, diremos que habiendo sido presentada la expresada moción antes de que el jurado quedara constituido para juzgar el caso, estaba dentro de tiempo. Es cierto que generalmente las mociones deben presentarse en el acto de la lectura ele la acusación o mejor todavía, inmediatamente des-pués que vence el término fijado por la ley para la presentación de la acusación o la celebración del juicio, pero el demorar la presen-tación de su moción no quiere decir que el acusado pierda el derecho a presentarla en cualquier momento antes de la vista del caso. Si tal moción fuera presentada después del juicio o aun después que el jurado ha quedado constituido, entonces, de conformidad con la ju-risprudencia establecida por la Corte Suprema de California, podrá considerarse que el acusado ha renunciado implícitamente su dere-cho. El Pueblo v. Hawkins, 127 Cal. 372.
“En cuanto a este particular el estatuto de California es entera-mente semejante al nuestro, expresándose con las mismas palabras, excepto en aquellas en que hace referencia al tiempo que se concede para presentar la acusación. Para que pueda tenerse una idea más clara acerca del alcance que tiene el artículo 448 de nuestro Código Criminal, debemos hacer un extracto de una sentencia dictada por la Corte Suprema de California.
“ 'El acusado fué declarado culpable ante la corte inferior de un delito de hurto y condenado a sufrir cuatro años de encarcela-miento en la prisión del Estado. Alega dicho acusado en apoyo de la apelación que ha establecido para ante este tribunal, que la corte inferior cometió error al desestimar una moción presentada por él para que se sobreseyera el caso. La moción de sobreseimiento se pre-sentó por el fundamento de que no se le había concedido un juicio rápido. Se probó o quedó convenido' en apoyo de su moción, que fué presentada la acusaeióón contra él, el día 7 de agosto de 1888; que se le leyó la acusación y presentó sir alegación de no culpable en 12 de dicho mes y que jamás había hecho solicitud alguna para que se suspendiera la causa ni hubo tal suspensión a su favor o mediante solicitud presentada por él. La moción de sobreseimiento fué hecha el día 19 de marzo de 1889. El Estado no presentó prueba alguna ni trató de presentar ninguna razón suficiente que justificara la de-mora. La Constitución garantiza un juicio rápido y público a cada persona acusada de un delito. (Constitución, artículo 1, párrafo 13.) La legislatura lia dispuesto lo que constituye un tiempo razo-nable dentro del cual ha de ser juzgado un acusado. El artículo 1382 del Código Penal dispone: “La corte, deberá ordenar el sobre-seimiento de una cansa a menos que se le presenten razones suficien-tes en sentido contrario, en los siguientes casos: 1. Cuando se detiene a una persona para que se defienda de un delito público por el cual se le acusa, si no se ha presentado una denuncia o acusación contra ella dentro de los treinta días siguientes; 2. Si un acusado cuyo juicio no ha sido suspendido a virtud de solicitud presentada por él, no se le juzga dentro de los sesenta días después que la acusación ha sido presentada contra él.” La corte inferior, al negar la moción del acusado, se expresó como sigue: “La cuestión que usted plantea ha sido considerada por mí anteriormente y según la interpretación que doy a la ley, es discrecional y no de carácter imperativo, y presumiré que la corte estaba ocupada en la celebración de juicios de otras causas.' ’ Creemos que ésta no es una interpretación' debida de la ley. La parte a quien se imputa un delito, tiene un derecho consti-tucional a que se celebre un juicio rápido y la corte no tiene facultad discrecional alguna para negarle un derecho tan importante o pro-longar su prisión sin celebrar dicho juicio fuera del término dis-puesto en la ley. El estatuto es imperativo. “La corte, a menos que le presente una buena razón en sentido contrario, debe ordenar el sobreseimiento de la causa. ’ ’ En el presente caso no se ha demos-trado causa alguna que justifique la demora. Era suficiente para el acusado probar que el término fijado por el estatuto después de haber sido presentada la acusación había vencido y que el caso no había sido suspendido por solicitud de dicho acusado. Si había alguna razón suficiente para tenerle tanto tiempo sin que se celebrara el juicio, al fiscal le incumbía probarla. La corte no podía presumirla. Según los hechos han sido alegados, debió haberse sobreseído el caso y se cometió error al negar la moción. Con respecto a lo que signi-fica un juicio rápido, no tomando en consideración nuestro estatuto, véase el caso de Nixon v. State, 41 Am. Dec. 601 y la nota 604. Con arreglo a un estatuto semejante al nuestro, de Kansas, se declaró que un acusado tenía derecho a que se le pusiera en libertad mediante auto de habeas corpus por no haber sido celebrado el juicio que contra él se seguía de acuerdo con el estatuto. (In re McMicken, 39 Kan. 406.)’ People v. Morino, 85 Cal. 516, 517.” El Pueblo v. Ayala, 19 D.P.R. 936. 943.

No es que no puedan encontrarse motivos para sostener nuestra última jurisprudencia. Véase la anotación al caso de Pietch v. United States, 110 F. (2d) 817, en 129 A.L.R. 572 a 596. Pero la primera nos parece tan clara y bien ra-zonada, que debe volverse a ella como norma a seguir en nuestras cortes de distrito, con tanta más razón cuanto que es la que rige en California donde el estatuto es igual al nuestro, excepción hecha de los términos que fija que son mucho más breves.

En tal virtud la decisión de esta corte en el caso del Pueblo v. Díaz, 48 D.P.R. 455 y todas las posteriores que la siguen, inclusas, por supuesto, las del Pueblo v. Cardona, 58 D.P.R. 627 y Pueblo v. Irizarry, 59 D.P.R. 947, en tanto en «manto se opongan a la del Pueblo v. Ayala, 19 D.P.R. 936, quedan derogadas, continuando en pie la jurisprudencia so-bre la materia en los propios términos en que fue sentada en el repetido caso del Pueblo v. Ayala, supra, a saber:

“Es cierto que generalmente las mociones deben presentarse en el acto de la lectura de la acusación o mejor todavía, inmediatamente después que vence el término fijado por la ley para la presentación de la acusación o la celebración del juicio, pero el demorar la pre-sentación de su moción no quiere decir que el acusado pierda el de-recho a presentarla en cualquier momento antes de 3a vista del caso.”

En Gerardino et al. v. People of Porto Rico, 29 F. (2d) 517, la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Uni-dos para el Primer Circuito por medio del Juez Anderson, refiriéndose al párrafo segundo del art. 448 de nuestro Có-digo de Enjuiciamiento Criminal, dijo:

“■Se hace énfasis ahora en que este estatuto de Puerto Eico es hasta tal punto una definición obligatoria del término ‘rápido’, con-forme se usa éste en la Carta Orgánica, que requiere el sobresei-miento, por parte de esta corte, de estos casos en los cuales el juicio se celebró 143 días después de haberse declarado con lugar la moción de suspensión. Hay varias contestaciones categóricas a este aserto:
“Si bien esta definición legislativa merece una imparcial consi-deración, no tiene esta corte sin embargo que acatarla imperativa-mente. Queda completamente a su discreción el sostener que 120 días es un término bien demasiado largo o demasiado corto para caer dentro del razonable significado de ‘rápido.’ ”

Ese criterio se aparta en cierto modo del rígido que in-forma la jurisprudencia del Pueblo v. Ayala, supra, pero puede considerarse obiter dicta, ya que la decisión del caso se basó en sus méritos, apreciados como sigue:

“Si nos regimos por el Código de Puerto Rico, tendremos que darle todo su alcance a la disposición, supra, que el juicio no había sido pospuesto a solicitud del acusado. Pero este juicio fué suspen-dido a moción del acusado; y no aparece que ellos no solicitaran la suspensión que tuvo como resultado la celebración del juicio dentro de 120 días contados desde que terminó la suspensión solicitada y obtenida. Por inferencia, después de lograr la tardanza, ellos nunca, de ahí en adelante, solicitaron la celebración del juicio.
“Más aún, el juicio, de acuerdo con este código, debe ordenarse dentro de 120 días, ‘a menos que exista justa causa contraria.’
“Este récord revela que una vez concedida la suspensión, la corte sentenciadora se dedicó diligentemente a juzgar otros casos. No po-demos afirmar que no se demostró justa causa para la tardanza ocu-rrida.
“Surge por tanto, que no aparece, de dicho récord que a estos apelantes se les haya privado el pleno disfrute de sus derechos a la luz de la definición del Código de Puerto Rico de lo que constituye un ‘juicio rápido.’
“Los casos citados y en los cuales se basan, no son, de acuerdo con este récord, aplicables; no es necesario que los discutamos. Pueblo v. Cepeda, 31 D.P.R. 489; Rodríguez v. Crosas, 27 D.P.R. 845; People v. Morino, 85 Cal. 515, 24 P. 892.”

Al restablecer la antigua jurisprudencia, parece conve-niente recordar lo dicho en Garcés v. Corte:

“Se comprende que una corte de distrito tenga tantos asuntos que aunque trabaje activamente no pueda en algunas ocasiones ver-los dentro de los ciento veinte días, pero no se explica que una corte no pueda señalar la vista de las causas pendientes ante ella y listas para señalarse, con bastante antelación al vencimiento del término. Si el señalamiento se hace de tal modo y el derecho al juicio rápido no se reclama razonablemente antes de que venza el término, queda-ría renunciado. Si se reclama, surgiría la oportunidad de bacer cuanto fuera posible por adelantar el señalamiento. No siéndolo, quedaría demostrada la justa causa para ello que prevé la propia ley y en caso de solicitarse el sobreseimiento estaría perfectamente justificada la corte en denegarlo.” Garcés v. Corte, 55 D.P.R. 932, 934.

Cuando leída una acusación, procede el juicio, o cuando los autos de una apelación se radican, debe tomarse acción inmediata a los fines de señalar la vista lo antes posible. Si en verdad todo el término está tomado por señalamientos previos, la vista puede fijarse para fuera de él, y si el acu-sado no objeta, renuncia a su derecho a que su causa se vea dentro del término fijado por la ley. Como se resolvió por esta propia Corte en Pueblo v. Ortiz, 51 D.P.R. 379, copiando del resumen,

“El derecho al sobreseimiento de la causa o del proceso que otorga el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal es re-nunciabie expresa o' implícitamente.
“Cuando el juicio se señala dentro del término de 120 días y, citado el acusado, no objeta inmediatamente a que el mismo se fijara para después del término, con ello renuncia implícitamente su de-recho al sobreseimiento y no puede invocarlo luego de transcurridos los 120 días mencionados.”

Kepetimos que no comprendemos cómo pueden llegar a esta Corte tantos casos por violación del artículo 448 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal. Los términos fijados son lo suficientemente amplios para cumplir sin dificultad con la ley, si los jueces y secretarios de las cortes de distrito adop-tan un plan regular de trabajo y lo ponen en práctica de modo diligente.

En atención a lodo lo expuesto la causa deberá volver a la icorte de distrito de su origen para qioe la petición de so-breseimiento y archivo sea oída, y si no se demostrare que Moho justa causa para la dilación, se declare con hogar. Para ello la sentencia apelada tendrá que revocarse, debiendo el juicio, en su caso, celebrarse de nuevo.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Miguel A. Carreras, peticionario y apelante, v. Comisión de la Policía Insular y Rexford G. Tugwell, Gobernador de Puerto Rico, demandados y apelados.
    Núm. 8532.

    Sometido: Mayo 26, 1942.

      Resuelto: Junio 10, 1942.

      B. Cuevas Zequeira, abogado del apelante; Uon. Procurador General George A. Malcolm y G. Benitez Gautier, Procurador Auxi-liar, abogados ele los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

A virtud de la recomendación que al Gobernador de Puerto Rico hiciera la Comisión de la Policía Insular de acuerdo con lo prescrito en la sección 27 de la Ley disponiendo la' Orga-nización, Reglamentación y Gobierno de la Policía Insular de Puerto Rico, aprobada el 12 de marzo de 1908, según fné en-mendada dicha sección por la Ley núm. 46, aprobada el 15 de julio de 1925 (Leyes de ese año, pág. 263, 269), el Gober-nador, repetimos, destituyó al peticionario del cargo de Ofi-cial Cooperador de la Policía Insular. Antes de seguir ade-lante y para la mejor inteligencia del procedimiento instado para la destitución del peticionario, parece conveniente ex-poner aquí la parte de la sección 27, supra, que regula dicho procedimiento. Dice así:

“Los cargos que se hicieren contra cualquier oficial ele la Policía Insular se formularán ante la Comisión ele la misma, la cjue los oirá con audiencia ele los interesados, practicando a la vez la cor respon-diente investigación del caso. Si los cargos resultasen probados, los remitirá al Gobernador de Puerto Rico con una exposición de los Lechos, haciendo las recomendaciones que juzgare oportunas y en caso contrario dispondrá el archivo de los mismos. Disponiéndose, que si el Gobernador de Puerto Rico encontrare que tales hechos han sido debidamente probados, y que los mismos constituyen motivo su-ficiente para ello, impondrá la pena que estimare justa al oficial de que se trate.” (Bastardillas nuestras.)

Para revisar la resolución del Gobernador y de la Comi-sión de la Policía Insular, el apelante radicó la petición de certiorari de este caso en la corte inferior, la que la denegó de plano por entender que en esta jurisdicción no existe es-tatuto alguno que autorice la expedición de un auto de cer-tiorari para revisar las actuaciones del Gobernador de Puerto Rico ni de la Comisión de la Policía Insular, invocando los casos de Texas Company v. Comisión, 40 D.P.R. 477, y Quintana Racing Park, Inc. v. Comisión Hípica, 44 D.P.R. 864.

Admite el apelante que no existe ningún estatuto especial a ese efecto, pero sostiene que tratándose de que la Comisión y el Gobernador, dentro del procedimiento indi-cado, ejercen facultades cuasijudiciales, sus resoluciones son revisables de acuerdo con la ley general para autorizar autos de certiorari, artículos 670 a 674 del Código de Enjuicia-miento Civil (ed. 1933).

En la Ley Común el auto de certiorari procedía para re-visar no sólo resoluciones de cortes inferiores si que tam-bién las de juntas o funcionarios públicos dictadas en el ejer-cicio de facultades cuasijudiciales. Corriendo el tiempo, la materia ha sido regulada por estatutos en casi todas las ju-risdicciones de Estados ITnidos y si bien en muchas de ellas se ha mantenido en toda su extensión la regla de la Ley Co-mún, en otras, entre las cuales se halla Puerto Rico, el radio de acción de este recurso extraordinario ha sido limitado de tal forma que sólo procede contra una corte inferior. A ese efecto prescribe el artículo 670 del Código de Enjuicia-miento Civil (ed. 1933): “El auto de ¡certiorari es un auto expedido por un tribunal superior a otro inferior, por el cual se exige del último la remisión al primero ...” Conviene observar que en la edición inglesa se usa la palabra “court”, cuyo significado es más restringido que el del vocable “tribunal” usado en la edición española.

Reconociendo este tribunal la limitación del remedio a la revisión de resoluciones de cortes inferiores exclusivamente, sostuvo en los dos casos citados por la corte a quo la impro-cedencia de dicho recurso para revisar resoluciones de juntas o agencias gubernativas. Como se dijo en Quintana Racing Park, Inc. v. Comisión Hípica, supra, “cuando la Legis-latura ha querido que las resoluciones de comisiones o juntas sean revisables por las cortes mediante auto de certiorari lo ha dicho expresamente.” Tratando de distinguir el caso de autos del últimamente citado, arguye el apelante que en aquel caso la resolución en controversia no tenía carácter cuasijudicial, y así es en efecto; pero no es menos cierto que lo que motivó el caso de Texas Company v. Comisión, supra, sí tenía tal carácter, y a pesar de ello se declaró la impro-cedencia del certiorari por las razones aducidas.

Asumiendo que por las razones expuestas no fuese improcedente la expedición del auto de certiorari, lo sería en este caso dada la naturaleza de la cuestión suscitada por el apelante, ya que su contención se reduce primordialmente a alegar que la prueba que tuvieron ante sí la Comisión y el Gobernador era insuficiente' para sostener la resolución por la que se le destituyó, puesto que bajo ninguna circunstancia una corte, mediante certiorari, puede revisar la declaración de hechos probados (findings of fact) que hiciere un tribunal inferior ni puede tampoco pesar la evidencia que hubiere te-nido ante sí ese tribunal, a base de la cual dictó su decisión. Thayer Amusement Corp. v. Moulton (R. I. 1939), 124 A.L.R. 236, 245; Pierce v. Green (Iowa, 1940), 131 A.L.R. 335, 356.

El hecho de que la corte inferior carezca de jurisdicción para expedir el auto de certiorari no implica necesariamente, como arguye el apelante, que en su caso exista un mal sin un remedio. Sin duda que el remedio existe si es que el mal también existe, pero ese remedio no es el de certiorari.

Procede por lo expuesto desestimar el recurso y confir-mar la resolución apelada.


text:
    Luis Santaella y Robert R. Prann, demandantes y apelantes, v. Lucía Purón Marcos et als., demandados y apelados.
    Núm. 8216.

    Sometido: Mayo 1, 1942.

      Resuelto: Junio 10, 1942.

      Orlando J. Anionsanti, abogado de los apelantes; B. Díaz Collazo, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura número 327 de 22 de septiembre de 1903 ante el notario don Santiago E. Palmer Eomaguera, la Aso-ciación Cooperativa de Construcciones, Aborros y Préstamos de Puerto Eico agrupó dos fincas de su propiedad, radicadas en la sección sur del barrio de Santurce de esta ciudad y por la misma escritura y con el objeto de urbanizar una porción de dicho terreno, segregó de la así agrupada, una finca ur-bana denominada Miramar, con una cabida de diez y nueve hectáreas, veintiocho áreas y once y media centiáreas, que dividió en manzanas marcadas con las letras A a P inclusi-ves, más una manzana sin nombre destinada a sitio para hotel, con una superficie de siete mil metros cuadrados, impo-niendo a los solares que componen dichas manzanas, entre otras restricciones, la descrita bajo la letra A en dicha es-critura, que literalmente dice así;

“Ningún edificio, balcón, ventana, salida y otra construcción, excepto escaleras o gradas, se liarán en los solares a menos de tres metros de distancia de la línea de su frente que da a la calle o ave-nida en que se encuentran situados.”

La referida segregación, sujeta desde luego a las mencio-nadas restricciones, fué inscrita en el Begistro de la Propie-dad de San Juan el 9 de diciembre de 1903, al folio 158 del tomo 52 de la Capital, finca 2224, inscripción primera.

Los apelantes, dueños de solares en la manzana P de la citada urbanización, radicaron el 6 de abril de 1939 en la ■corte inferior una petición de injunction contra los apelados, ■alegando sustancialmente que éstos, dueños también de otro solar radicado en la misma manzana P de la Avenida Mira-mar esquina a Koosevelt, a mediados de febrero del citado año empezaron a construir y a la fecha de la radicación de la demanda continuaban construyendo en el referido solar lili edificio de viviendas múltiples en violación de la restric-ción anteriormente transcrita, toda vez qne la distancia del frente del edificio a dichas calle y avenida era menor de tres metros. Solicitaron los demandantes apelantes la expedición de nn anto de injunction perpetuo ordenando a los deman-dados apelados a demoler y remover aquella parte del edi-ficio que estuviera situada dentro de los tres metros a que se refiere la restricción A, y qne mientras se dictaba el injunction perpetuo se expidiese uno preliminar ordenando a los demandados, sus representantes, agentes o empleados, a suspender la continuación de dicha obra, y que se dictase una orden de entredicho (restraining order) mientras se ex-pedía el injunction preliminar.

Los hechos de este caso, conforme los declaró probados la corte inferior y resultan de la exposición del caso, pueden resumirse así:

En los primeros días de febrero de 1939, los demandados empezaron la construcción del edificio en controversia, para lo cual previamente levantaron una valla de madera de nueve o diez pies de alto por el frente que da a la Avenida Mira-mar y por el de la Calle Roosevelt, emplazando el edificio, por el frente que da a la Avenida Miramar, a dos metros cincuenta y nueve. centímetros de la línea de la Avenida, y por el de la Calle Roosevelt, a dos metros treinta y siete cen-tímetros. • La citada valla impedía .apreciar desde el exterior la distancia a que de dichas vías públicas se emplazaba el edificio, pues aunque tenía dos aberturas por el frente de la Calle Roosevelt, sin embargo éstas se hallaban constante-mente cerradas por medio de puertas o portones. Como no existía ningún rótulo que revelase los nombres de los due-ños de la obra ni el del contratista y la valla no fue remo-vida hasta que hubo de ponerse el “falsopiso” de la primera planta en los primeros días del mes de marzo siguiente, fue entonces que los peticionarios descubrieron la violación de la restricción y por medio del abogado Sr. O. Antonsanti, luego de éste hacer una investigación en el Registro de la Propie-dad, en el Departamento de Sanidad y en el de Obras Pú-blicas de la Capital, allá por el 28 de marzo de 1939 dirigie-ron nna carta al Sr. Juan Robledo Marcos, apoderado de los demandados apelados, advirtiéndole y protestando de la vio-lación. Recibida esta carta por el Sr. Robledo, sn abogado la contestó al día siguiente en representación de los deman-dados, limitándose a requerir del Sr. Antonsanti que infor-mase quiénes eran sus clientes, para determinar el interés que tales personas pudieran tener en el asunto y que enton-ces tendrían una entrevista con el Sr. Antonsanti para de-terminar las pretensiones de sus representados. Dos o tres días después de recibida esta carta, el Sr. Antonsanti pudo comunicarse por teléfono con el Sr. Díaz Collazo, abogado de los demandados apelados, informándole en dicha ocasión que el Sr. Santaella era uno de sus clientes, solicitando entonces el Sr. Díaz Collazo que suspendiese sus gestiones por dos o tres días, a lo que accedió Antonsanti; pero habiendo com-probado este último que después de la conferencia continua-ban trabajando de noche, procedió a radicar la petición de injunction el 6 de abril de 1939.

A base de tales hechos la corte inferior sostuvo en su re-solución decretando el injunction preliminar, que la violación había quedado probada por la preponderancia de la prueba y por la declaración del propio Enrique Tizol, testigo de los demandados y arquitecto y contratista de la obra, llegando la corte inferior a la conclusión de que los peticionarios ape-lantes no habían incurrido en laches en la institución de la acción ni procedía tampoco contra ellos la defensa de estop-pel, basada en que el peticionario Prann hubiera violado la restricción, toda vez que no se había probado dicha violación. También declaró la corte probado que la violación de la res-tricción perjudicaba el aspecto de la urbanización y depre-ciaba el valor de sus propiedades; que no se probó que se hubiera operado variación alguna en el plan general de la ■urbanización de Miramar, sosteniendo finalmente el tribunal inferior que los demandados no eran personas “inocentes” que habían incurrido en gastos en la construcción de la obra cuando por sus propias actuaciones impidieron que los peti-cionarios pudieran actuar antes y que además a sabiendas violaron la restricción a que está afecto el solar donde cons-truyeron.

A base de tales hechos la corte inferior dictó el injunction preliminar el 26 de mayo de 1939, y habiendo estipulado las partes el día siguiente que el injunction perpetuo fuese sometido por la misma prueba, el 5 de junio siguiente se dictó sentencia decretando el injunction perpetuo en los siguientes términos:

“La corte por los fundamentos de su relación del caso y opinión unida a los autos que se hace formar parte de la misma, declara sin lugar la petición en este caso, en tanto en cuanto por ella se solicita la demolición del edificio de los demandados, y con lugar la misma en cuanto a convertir en permanente el injunction preliminar decre-tado prohibiendo a los demandados continuar la construcción de dicho edificio en tal forma que pueda continuar violándose la restricción a que está sujeto el solar de los demandados, incluyendo honorarios de abogado los que se fijan en $300.”

En la opinión que sirviera de base a dicha sentencia de 5 de junio de 1939, la corte hizo las siguientes considera-ciones :

“Se ha probado, además, que si bien los demandados violaron la restricción se debió, según declaró el Sr. Tizol y no contradicho, a que al medir el ancho de la calle Roosevelt y Avenida Miramar, en-contró que éstas no tenían los 12 metros y 15 metros, respectiva-mente, que debían tener, de acuerdo con el plano de la urbanización, y aunque no excusa dicha violación, [oor lo menos hace que no poda-mos decir que la misma haya sido de mala fe y sin excusa alguna.
“En él caso de autos, sin embargo, somos de opinión que si bien los peticionarios tienen derecho a que el edificio de los demandados, que aun no se ha terminado, no se continúe construyendo en viola-ción a la restricción, tomando en consideración todos los hechos del caso, no consideramos que sea éste uno en el que debamos ejercitar nuestra discreción en equidad ordenando la demolición del edificio de los demandados. No es que comparemos y pesemos los daños que se puedan ocasionar a los demandados con los que se bayan ocasio-nado a los demandantes, ya que, como'se dijo en el caso de Lawton, supra, ése no es un elemento indispensable, sino que consideramos que decretar un injunction mandatorio en este caso sería un acto opre-sivo y poco equitativo bajo todos los hechos probados. Los derechos de los peticionarios han sido reconocidos al prohibirse a los deman-dados continuar construyendo el edificio -en tal forma que cualquier parte del mismo que aun le falta pioeda hacerse violando la restric-ción.” (Bastardillas nuestras.)

Asumiendo que en efecto el Sr. Tizol hubiese encon-trado al medir las calles en cuestión que éstas no tenían el ancho que se dice en el plano de urbanización, en tal caso, siendo más estrechas las calles, la zona de tres metros nece-sariamente debió penetrar más en el solar y por consiguiente el edificio debió quedar emplazado a una distancia mayor de tres metros y no menor como resultó en realidad.

Revela además la evidencia que con anterioridad a la obra de los demandados el mismo contratista Sr. Tizol construyó en la misma Avenida Miramar, como a dos cuadras del solar de los demandados apelados, un edificio que también fue em-plazado en violación a la restricción, lo que le trajo graves dificultades a su dueña, contra quien, por ser viuda, los inte-resados acordaron no instar acción alguna en los tribunales.

La propia corte inferior, al fundamentar su resolu-ción decretando el injunction preliminar, como hemos dicho anteriormente, sostuvo que los demandados no podían consi-derarse personas “inocentes”, imputándoles que habían vio-lado la restricción a sabiendas y que impidieron que los de-mandantes apelantes pudieran actuar antes de la fecha en que lo hicieron.

No vemos cómo, en tales circunstancias, podría justificarse el supuesto error alegado por el Sr. Tizol. Tampoco pode-mos convenir con la corte inferior en que “los derechos de los peticionarios han sido reconocidos al prohibirse a los de-mandados continuar construyendo el edificio en tal forma que cualquier parte del mismo que aún le falta pueda hacerse violando la restricción.”

Levantadas las paredes en cuestión dentro del área pro-hibida, quedan por ese solo hecho violados los derechos de los peticionarios, y la violación sigue y persiste mientras no se remuevan dichas paredes. Preferible sin duda sería para los peticionarios apelantes que el edificio fuese terminado con arreglo a los planos originales antes que permitir que sobre el solar permaneciese sin terminar.

Desde que se resolvió el caso de Glines v. Matta et al., 19 D.P.R. 409, este tribunal ha venido sosteniendo la validez de tales restricciones y el derecho de los perjudicados a que los que adquieran solares sujetos a las mismas cumplan es-trictamente con ellas. En el citado caso este tribunal con-firmó la sentencia de la corte inferior que ordenó la demoli-ción de ciertos garages construidos en violación de la res-tricción, precisamente en la misma urbanización de Miramar. Parece conveniente consignar aquí la cita que de la sección 1342 de la obra Pomeroy Equity- Jurisprudence se hizo por este tribunal a la página 416 de la opinión:

"Artículo 1342. Condiciones restrictivas que crean servidumbres en equidad. — Esta doctrina ha sido ya examinada y se ha mostrado que las cláusulas restrictivas contenidas en escrituras, arrendamien-tos y convenios que limitan el uso del terreno de modo específico, o que determinan un uso particular que crea servidumbres en equidad sobre la finca, podrán ser ejercitadas específicamente en equidad, por medio de un injunction no solamente entre las partes directamente interesadas, sino también entre los subsiguientes compradores que' tengan conocimiento del caso, aun cuando las restricciones no sean de la clase que técnicamente van unidas a la propiedad. Por su-puesto, el injunction en esta clase de casos se concede generalmente por el incumplimiento de la cláusula restrictiva. La cuantía de los daños y perjuicios y hasta el hecho de que el demandante haya su-frido perjuicios pecuniarios son cuestiones completamente inmateria-les. Uno de los modernos jueces más competentes en equidad ha dicho: ‘Ha quedado bien establecido por las autoridades, que hay suficiente causa que justifique a la corte en su intervención, si ha habido una infracción de las condiciones. No es a la corte, sino a los demandantes a quienes incumbe estimar la cuantía de los daños que se originan del perjuicio causado a los mismos. Desde el mo-mento en que la corte ve que ha existido un incumplimiento de las condiciones restrictivas, eso constituye un perjuicio, y la corte no tiene derecho a estimarlo, ni a negar el derecho del demandante al cumplimiento específico de su contrato, aunque su remedio es aquél a que se ha hecho referencia, o sea el injunction.’ ”

Posteriormente, en el caso de Lawton v. Rodríguez, 35 D.P.R. 487 y 38 D.P.R. 38, se ordenó la demolición de la parte de una casa en Carrion’s Court construida en violación de una restricción análoga a la que nos ocupa, habiéndose in-vertido en la construcción de aquella obra alrededor de $4,000. En el primero de los dos casos últimamente citados, se dijo a la página 500:

“El daño, por consiguiente, no es un elemento que fuera indispensable comparar y pesar en el caso. Se ha sostenido en consonan-cia con nuestra ley de injunctions y la doctrina sentadada en el caso de Glines que el mero hecho de que se falte al contrato es suficiente fundamento para la intervención de las cortes por injunction; el comprador tiene derecho a gozar y disfrutar de la propiedad en la forma y modo estipulado y no es contestación decir que el acto del cual un demandante se queja, no le inflige ningún daño o no le re-portará beneficio alguno.”

Véase al mismo efecto el caso de Joyce v. Krupp (Cal.1927), 257 P. 124, donde se dijo:

“Cuando se solicita remedio en equidad, la prueba de daños rea-les o perjuicios sustanciales no es esencial, siendo necesario solamente demostrar una violación de la restricción para que el demandante tenga derecho al remedio solicitado.”

Véase también el caso de Macatee v. Biascoechea, 37 D.P.R. 1, donde igualmente se dictó un auto de injunction para impedir la violación de otra de las restricciones a que están sujetos los solares de Miramar, restricción que prohíbe que las edificaciones en dichos solares se destinen a estableci-mientos mercantiles o industriales.

Por lo expuesto procede declarar con hogar el recurso y en su consecuencia modificar la sentencia apelada en el sen-tido de que debe declararse con lugar la demanda y dictarse ion auto de injunction mandatorio ordenando a los demanda-dos a destnoir y remover aquellas partes del edificio cons-truidas sobre el área prohibida por la restricción que dan frente a la Avenida Miramar y a la Galle Roosevelt, para lo cual se concederá a los demandados apelados ion término de noventa días contados a partir de la fecha en que se reciba el mandato de este tribunal en la corte inferior, y así modi-ficada, debe confirmarse la sentencia en sus demás pronun-ciamientos.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Todd, Jr., no intervinieron.


text:
    Luis Santaella y Robert H. Prann, peticionarios y apelantes, v. Lucía Purón Marcos et als., demandados y apelados.
    Núm. 8167.

    Sometido: Mayo 1, 1942.

      Resuelto: Junio 10, 1942.

      Orlando J. Antonsanti, abogado de los apelantes; R. Díaz Collazo, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un incidente de desacato por violación al anto de injunction a que se contrae la opinión dictada en el día de hoy bajo el mismo título (ante, pág. 552).

Los demandantes en el citado caso núm. 8216 de este tribunal, con fecha 21 de junio de 1939 radicaron una moción en la corte inferior solicitando la expedición de una orden dirigida a los demandados para que mostrasen causas por las cuales no debían ser castigados por desacato. Consistía la violación de la orden en que según los demandantes, des-pués de expedido y notificado el injunction permanente en el caso principal, los demandados continuaron empañetando las paredes Norte y Oeste del edificio a que dicho caso se re-fiere, situadas a menos de tres metros de los frentes del solar, y además abrieron en dichas paredes nuevos huecos, cons-truyeron marcos y colocaron ventanas en los mismos, todo ello en abierta violación al auto de injunction.

Expedida la orden para mostrar causa, comparecieron los demandados y radicaron una contestación negando los hechos imputádosles, y oída la prueba de una y otra parte la corte, con fecha 24 de junio de 1939, absolvió a los deman-dados del cargo de desacato, dictando al efecto la siguiente resolución:

“La corte por la apreciación que ba hecho de toda la prueba pre-sentada por las partes, considera que los demandados no han violado el auto de injunction dictado en este caso, y como consecuencia de-clara sin lugar la moción de desacato presentada por los demandan-tes, y deja sin efecto el entredicho dictado.”

Empero, de la declaración de los testigos Eafael Queipo y José M. Canals, por parte de los demandantes apelantes, j del testigo Enrique de J. Tizol, arquitecto y contratista de la obra, quien declaró por los demandados apelados, conclu-yentemente resulta que después de dictado y notificado a los demandados el auto de injunction, en desobediencia al mismo continuaron realizando los trabajos a que anteriormente he-rnos hecho referencia. A este efecto declaró el ingeniero Sr. José M. Canals:

“ . . . que desde el día 30 de mayo de 1939 al día 23 de junio de 1939 se había variado la forma de dicho edificio, se habían cons-truido marcos de ventanas y se habían abierto huecos de ventanas que antes no existían, se habían removido formaletas y se habían empañetado las paredes, que en la parte Oeste del edificio que da a la Calle Miramar se había construido un muro'relleno que partía de la pared Oeste del edificio que da a la calle Miramar y conti-nuaba hasta la colindaneia del solar con la acera de dicha calle; que ■con anterioridad a dicha fecha había visitado dicha obra en varias ocasiones sin observar las construcciones á que arriba hace relación. ’ ’

De la declaración del Sr. Tizol tomamos lo siguiente:

" . . . preguntado si recuerda haber dicho que después que ter-minara el empañetado por dentro iba a empañetar por fuera y a poner ventanas y puertas y marcos, respondió que sí y las ha ido poniendo de acuerdo con el abogado; que ha puesto ventanas en las paredes que dan a la Avenida Miramar; preguntado si el muro es-taba allí para el 7 de junio de 1939 declara que no, que se puso allí la semana pasada; mostrándosele las fotografías exhibits 13 y 14 se le pide al testigo que muestre si ése es el estado en que estaba el edi-ficio actualmente y dijo que sí, indicando dónde estaba el muro; mostrándosele otras fotografías de fecha 30 de mayo se le pide que diga si ése es el estado en que estaba el edificio para dicha fecha y de-clara que sí y explica que cuando la obra estaba en este estado, refi-riéndose a las fotografías del 30 de mayo, que estaba completamente lleno todo, que cuando vino la orden de la corte no se podía trabajar en la parte que no estuviera a tres metros, que entonces bajó todas las formaletas y que el Sr. Antonsanti estuvo por allí y no hizo ob-jeción alguna a eso; que entonces limpió el frente del edificio y que entonces ignoraba el alcance de la sentencia; que los marcos se hi-cieron fuera del edificio y que todos los marcos ya existían en los huecos de las ventanas para el 30 de mayo. Se le muestra una foto-grafía del 30 de mayo y especialmente la parte de ella que muestra el cuarto piso y entonces al indicársele que no mostraba más que dos huecos responde que están tapadas por la formaleta y explica que para esa fecha existían los huecos pero que las formaletas no se ha-bían quitado.”

Considerada esta prueba, no cabe duda de que los deman-dados violaron el auto de injunction permanente dictado el 9 de jimio de 1939, notificádoles en igual fecha, y siendo ello así, procede declarar con lugar el recurso, revocar la resolu-ción apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan, y devolverse el caso a la corte de distrito de su origen para que dicte sentencia condenando a los demandados por desa-cato.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Todd, Jr., no intervinieron.


text:
    Ramona Martínez Sandoval, hoy Rafael Calderón, demandante y apelante, v. Radamés Cintrón, demandado y apelado.
    Núm. 8413.

    Sometido: Mayo 26, 1942.

      Resuelto: Junio 12, 1942.

      V. Polanco de Jesús, abogado del apelante; A. Reyes Delgado y P. Santos Borges, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Ramona Martínez Sandoval, habiendo sido arrollada por el automóvil de Radamés Cintrón, mientras era conducido por éste, radicó en mayo 3 de 1939, en la Corte de Distrito de Arecibo, una acción en reclamación de daños y perjuicios, apareciendo como abogado de la demandante el Lie. V. Po-lanco de Jesús.

El 12 de mayo de 1939 falleció la demandante y el 9 de septiembre de ese mismo año su hijo legítimo Rafael Calde-rón radicó una moción de sustitución, de parte, para poder continuar el pleito. Dicha moción aparece firmada por el Lie. Y. Polanco de Jesús, como abogado del peticionario.

El 30 del mismo mes de septiembre, y estando aun pen-diente de resolución la moción sobre sustitución de parte, el demandado, por representación de sus abogados A. Reyes Delgado y P. Santos Borges, radicó excepción previa a la demanda.

El 10 de octubre de 1939, Rafael Calderón, sin la inter-vención de su abogado V. Polanco de Jesús, celebró una tran-sacción del pleito con el demandado, recibiendo de manos de éste la suma de $600, haciéndolo constar así en un relevo fir-mado por el demandante y su padre Antonio Calderón, ante el Notario Lie. Efraín Ruiz.

Al día siguiente, 11 de octubre, Rafael Calderón, el de-mandante, por conducto de su abogado, Lie. V. Polanco de Jesús, radicó una “Moción Solicitando se Releve al Deman-dante de una Transacción Realizada en este Caso.” En la misma se alega en síntesis que el abogado de Ramona Mar-tínez Sandoval y del peticionario lo ha sido siempre el Lie. V. Polanco de Jesús y que el demandado indujo a error al peticionario haciéndole creer que no se obtendría fallo en su caso y que el demandado era insolvente, obligándolo por esos medios a aceptar como transacción en el caso la suma de $600, habiéndose celebrado dicha transacción a espaldas de su abogado, Lie. Polanco de Jesús, y cobrando el Lie. Efraín Ruiz de dicha cantidad, $166.66 por concepto de honorarios.

Se alega además, que el documento de relevo, se firmó sin que se le permitiera al demandante leerlo, habiendo sido éste gravemente perjudicado en su derecho y pide a la corte lo releve de dicho contrato celebrado en fraude de su derecho. Acompañó a la petición los $420 que le correspondieron en la transacción para que se depositen en la corte. El deman-dado radicó una moción, el día 16 del mismo mes, oponién-dose a lo solicitado por el demandante.

Vista la moción, con la comparecencia del demandante y del demandado y de sns respectivos abogados, la corte la de-claró sin lngar y el día 80 de octubre de 1939 dictó sentencia, a petición del propio demandante, ordenando el archivo del caso, toda vez que había habido nna transacción entre las partes.

Contra dicha sentencia el demandante estableció el pre-sente recurso de apelación, señalando la comisión de dos errores por la corte inferior, a saber:

1. La sentencia de la corte es contraria a la prueba y a derecho.

2. La sentencia de la corte entraña un claro, grave y ma-nifiesto abuso de discreción.

Hemos examinado la transcripción de la evidencia ofre-cida en pro y en contra de la moción para que se declarase nula la transacción celebrada por el demandante, sin la in-tervención del abogado de récord, y convenimos con la corte inferior en que las alegaciones de fraude en que se basa la moción no están sostenidas por la prueba.

La única cuestión legal a resolver es si una tran-sacción hecha por un demandante, sin la intervención y sin el consentimiento de su abogado, es válida.

La regla aplicable a una situación como la que nos pre-senta este caso aparece expuesta en la obra American Jurisprudence en los siguientes términos:

“§ 116. Arreglo o transacción fuera ele la corte. Un abogado por virtud de sir autoridad general como tal, tiene el control exclu-sivo del litigio en el cual él representa a su cliente; éste, por otro lado, tiene, según se concede generalmente, el control exclusivo sobre el objeto o materia del litigio y puede, de acuerdo eon el gran peso de las autoridades, en cualquier fecha antes de la sentencia, si actúa de buena fe, transigir, arreglar o ajustar su causa de acción sin la intervención, conocimiento o consentimiento de su abogado, aún en el-caso de que hubiere estipulado con su abogado que no lo haría así y aún cuando el demandado tenga conocimiento de tal convenio y de la reclamación del abogado. El mero hecho de un convenio para pagar al abogado una parte de la cantidad que se obtenga o una parte de la propiedad en controversia, en caso de tener éxito, no privará al cliente de su facultad para hacer una transacción.” Am. Jur., vol. 5, pág. 328.

La jurisprudencia que hemos examinado, en la cual se aplica la regla que acabamos de transcribir, se basa en que por el interés que tiene ,en mantener la paz entre sus compo-nentes, la sociedad requiere la pronta resolución de las con-troversias y aboga por la transacción amistosa de las dife-rencias entre los ciudadanos. La deseada paz no se promo-vería si se negase a la parte el derecho a desistir de su ac-ción sin el consentimiento de su abogado. Se sostiene ade-más que un convenio por el cual el cliente renuncia a ese de-recho es contrario a la política pública y no puede exigirse su cuplimiento. 6 C. J., § 402, pág. 788; Jackson v. Stearns, 84 P. 798, 5 L.R.A. (N. S.) 390; Kansas City Elev. R. Co. v. Service, 94 P. 262; In re Snyder, 190 N. Y. 66, 14 L.R.A. N. S. 1101; Paulson v. Lyson, 97 N. W. 533; St. Louis, I. M. & S. Ry. Co. v. Blaylock, 175 S. W. 1170; 121 A.L.R. pág. 1122; Nichols v. Orr, 166 P. 561; Weller v. Jersey City H. & P. St. Ry. Co., 61 A. 459.

Los hechos en De Jesús v. Singer Sewing Machine Co., 46 D.P.R. 719, citado por el apelante, son tan distintos a los del caso de autos, que lo allí resuelto no es de aplicación al presente caso.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Julián Cora Cora, (a) Pitillán, acusado y apelante.
    Núm. 9193.

    Sometido: Junio 8, 1942.

      Resuelto: Junio 12, 1942.

      Julián Cora Cora, por su propio derecho; Iíon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tmbunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El acusado ha apelado de una sentencia de reclusión per-petua por asesinato en primer grado. En su alegato des-cansa únicamente en 1a. contención de que fué obligado por la policía a declararse culpable y de que sus abogados hicie-ron una alegación de culpabilidad sin consultarle y sin su consentimiento.

El récord demuestra solamente que el acusado hizo una alegación de culpabilidad personalmente y mediante aboga-dos, nombrados por la corte. Con el récord que tenemos a la vista no nos es posible, por lo tanto, determinar si hay alguna base para su contención. Si el acusado puede esta-blecer los hechos que expone en su alegato, él tiene un re-medio apropiado. Berríos v. Saldaña, 59 D.P.R. 903.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.