author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Correa, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en cansa por infracción a una ordenanza municipal.
    No. 1948.
    Resuelto en febrero 23, 1923.
    CONSTITUCIONALIDAD DE UNA ORDENANZA MUNICIPAL; CÓMO PUEDE SER PROMO-VIDA — Excepción Perentoria por lNooNSTiTuoiONALiDAD&wkey;Ujia cuestión cons-titucional puede ser promovida por excepción perentoria.
    Ordenanza Municipal Anticonstitucional — Monopolio para la Venta de Carnes por el Municipio. — Aparte que en la Ley Municipal de 1919 no se reservó a los municipios la facultad de establecer monopolios en la venta de carnes frescas, lo cual entraña la derogación de la Ley núm. 52 de 191T en cuanto les concedía tal facultad, dieha ley es, además, anticonstitucional en cuanto autoriza a los municipios para promulgar ordenanzas prohibiendo la venta de carnes frescas en la municipalidad a cualquier persona que no sea un representante del gobierno municipal. Consecuentemente, una orde-nanza municipal estableciendo tales monopolios y prohibición, es anticons-titucional.

      1». — Police Power — Derecho al Libre Ejercicio de Profesiones u Oficios Lí-citos. — Bajo el mero pretexto de reglamentaciones de policía (police power) ■los derechos personales no pueden ser usurpados, pues el derecho a seguir cualquiera de las ocupaciones comunes a la vida es un derecho inalienable bajo la Constitución americana.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante; Sr. F. Pinero.

    Ahogado del apelado: Sr. José E. Eigueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Cruz. Correa de Jesús fué declarado culpable de un delito menos grave por virtud de una denuncia formulada contra él y que en esencia es como sigue: Que en enero 28, 1922, en una casa dentro del Distrito Judicial Municipal de Caguas el referido Cruz Correa de Jesús sacrificó y puso a la venta carne de res en un puesto situado en dicha casa, vendiéndola al público, violando de este modo la sección Ia. de “Una or-denanza para reglamentar la matanza de ganado' vacuno y la venta de carnes frescas por administración, en el Municipio de Caguas, Puerto Rico.” La ordenanza fué la siguiente:

“Yo, Ramón Santini, Secretario Municipal de Caguas, P. R., Certifico:- — Que la Asamblea Municipal de Caguas, en su sesión del 24 de octubre de 1921, adoptó la siguiente ordenanza, que fué publicada en el periódico ‘La Democracia.,’ en su número corres-pondiente al día veintiocho de octubre de 1921, entrando a regir el 18 de noviembre del mismo:
“Ordenanza reglamentando la matanza de ganado vacuno para la venta de carnes frescas por administración en el Municipio de Caguas, P. R., y fijando penalidades por su infracción.- — Ordénase por la Asamblea Municipal de Caguas:
“Sección 1. — Por la presente se dispone y establece en el Mu-nicipio de Caguas, temporalmente, la matanza de ganado vacuno para la venta de carnes frescas, por administración; Disponiéndose que las carnes serán vendidas a los habitantes del Municipio, al costo con más el diez por ciento de beneficio; y todo lo recaudado por este concepto ingresará en el Tesoro Municipal. Disponiéndose, además, que ninguna persona o personas, fuera de los represen-tantes oficiales del Gobierno Municipal, podrán vender carnes fres-cas en los límites del Municipio de Caguas, durante el tiempo que esta, ordenanza estuviere vigente.
“Sección 2. — Las carnes serán vendidas al público consumidor completamente limpias y desteladas, y en la proporción de % partes de carnes por % de hueso.
“Sección 3. — Los precios de las carnes serán fijados diariamente en una tablilla colocada en sitio visible. Toda persona o personas que alterasen estos incurrirán en las penalidades que señala la sec-ción cuarta sub-siguiente.
“Sección 4. — Toda persona que infringiere cualquiera de las disposiciones de esta ordenanza, convicta que fuere, será castigada por la Corte Municipal o la de Paz, con multa mínima de Diez Dó-lares y máxima de Cincuenta, o con prisión mínima de cinco días y máxima de quince.
“Sección 5. — Por la presente se autoriza al Comisionado de Ser-vicio Público para que disponga de los fondos necesarios de la par-tida de imprevistos para la compra del ganado necesario y demás gastos inherentes a la ejecución de esta ordenanza; Disponiéndose. que el Concejo de Administración redactará los reglamentos ne-cesarios para la ejecución de la misma.
“Sección 6. — Esta ordenanza empezará a regir a los veinte días siguientes a su publicación, y estará en vigor durante el término de noventa días, pudiendo la Asamblea Municipal prorrogarlo cuantas veces lo estime necesario.
“Sección 7. — Toda ordenanza o parte de ordenanza que se oponga a la presente, queda derogada.
“Y para fines oficiales libro la presente en Caguas, Puerto Eico, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos veintidós.”

En la corte inferior, al ser presentada una denuncia con tal fin, el acusado formuló la excepción perentoria de que los hechos denunciados no constituían delito público, porque “los hechos tal y como han sido denunciados no constituyen delito público en Puerto Eico, porque la ordenanza cuya infracción se imputa al acusado, nació en virtud de la Ley número 52 aprobada en diciembre 3, 1917, titulada “para autorizar a los Municipios para reglamentar la venta de carnes frescas” cuya ley fué totalmente derogada por el propio mandato de la Asamblea Legislativa de Puerto Eico, al aprobar, el año 1919, la Ley Municipal que rige en Puerto Eico, no inclu-yendo entre las leyes que debían subsistir en la vida de los municipios, la expresada ley número 52; segundo, porque viola un precepto constitucional amparado por la Constitu-ción de los Estados Unidos de Norte América, y además, por-que viola un precepto comprendido en el Acta Jones, que establece que no se aprobará ninguna legislación que menos-cabe los contratos; tercero, porque dicha ordenanza ha sido aprobada, excediéndose la corporación municipal del radio de acción coneedídole, por el Police Power, de acuerdo con el acta que la creó, y cuarto, porque dicha ordenanza establece un negocio que Constituye un monopolio verdadero, en abierta oposición a las constituciones del Acta Sherman, que es aplicable a Puerto Rico.

Alega el apelante varios errores para atacar la validez de esta ordenanza y entre otros señalamientos hay algunos que afectan a la constitucionalidad de la ley número 52 de 1917, así como a la de la propia ordenanza. El gobierno sos-tiene la validez de la ley en todo sentido menos en lo que res-pecta a la cuestión de la constitucionalidad. En relación con esto dice el gobierno que la cuestión de la constitucionalidad no fué debidamente planteada, pero asumiendo que fué pro-piamente levantada, entonces el gobierno conviene en que la ley es anticonstitucional.

Sostiene el gobierno la teoría de que para atacar la cons-titucionalidad de una ley debe haberse presentado una mo-ción especial en la corte inferior levantando la cuestión. Los autos revelan que el acusado formuló una excepción peren-toria ante la corte, levantando todas las cuestiones. La opi-nión de la corte también demuestra que el acusado levantó debidamente y presentó cuestiones sobre la constitucionali-dad de la ley número 52, supra, y de la anticonstitucionali-dad e irrazonabilidad de la ordenanza, por constituir una violación de los derechos individuales. No solamente fué le-vantada la cuestión en esta forma, sino que la corte en su opinión pasa a discutir la constitucionalidad de la ley y a justificar la misma y al municipio, basada en! la teoría del po-der de policía del Estado. Las citas que hace el fiscal son simplemente al efecto de que una cuestión constitucional debe ser levantada en la corte inferior. Siempre hemos enten-dido que una question constitucional podría, ser promovida por excepción perentoria. Así fué planteada, considerada y resuelta por la corte inferior. No conocemos ninguna au-toridad que prescriba otra forma necesaria de promover la cuestión. Aún más, si hubiera habido alguna deficiencia en la forma en este sentido, sobre ella no se insistió en la corte inferior y de acnerdo con nuestras facultades generales, po-dríamos pasar por alto tina deficiencia de forma. La ley número 52 de 1917 es la siguiente:

“Ley para autorizar a los municipios a reglamentar la venta de carnes frescas.
“Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
“Sección 1. — Los municipios de Puerto Rico quedan autorizados para reglamentar la venta de carnes frescas de acuerdo con las ne-cesidades existentes en cada municipalidad, en cualquiera de las formas siguientes:
“(a) Por medio de subastas.
“(ó) Por administración.
“ (c) Autorizando la matanza libre.
“Sección 2. — Los municipios que deseen regular la venta de car-nes frescas por subastas lo barán mediante ordenanza debidamente decretada, proveyendo lo necesario para la celebración de subastas con el fin de adjudicar el privilegio exclusivo de vender carnes fres-cas en los límites del municipio, a la persona o personas que ofre-cieren vender dichas carnes al público al precio más bajo. Todas las ordenanzas que para el objeto se decretaren fijarán el término de su vigencia y proveerán lo necesario para anuncios de las subas-tas que hayan de celebrarse semanal o quincenalmente en la forma y manera que más adelante se dispone. En dichas ordenanzas podrá ordenarse también que sólo las personas a quienes se haya adju-dicado debidamente el privilegio podrán vender carnes frescas en el municipio, y fijarse penas por la infracción de esta restricción, que no excedan de multa de cincuenta (50) dólares o prisión por treinta (30) días por cada falta; Disponiéndose, que las subastas serán anunciadas por pliegos que se fijarán en el frontis de la casa ayuntamiento.
“Cada semana o quincena se especificará en el anuncio de las subastas la cantidad mínima de cada clase de carne necesaria para el consumo público en cada uno de los días contenidos en el período, y el precio máximo al cual pueden venderse dichas carnes en cada uno de dichos días.
“Toda proposición especificará la cantidad y clase o calidad de cada clase de carne que el postor conviene en ofrecer a la venta, y el precio que se compromete a cargar por ella en cada uno^ de los días comprendidos en sn proposición; Disponiéndose} que cualquiera proposición puede cubrir todos los días comprendidos en la semana o quincena, o cualquier número de dichos días. La junta de su-basta, según está constituida por la sección 96 de la Ley Municipal, adjudicará la buena pro, y el privilegio para la venta de cada clase de carne fresca se adjudicará para cada día del período de la su-basta al postor que ofreciera venderla al precio más bajo en aquel día, consideración habida de la clase o calidad de la carne que se ofreciere.
“Cada proposición vendrá acompañada, de una fianza provisional, en efectivo, y cada mejor postor depositará una fianza definitiva en efectivo bajo condición de cumplir fielmente todas las condiciones de su convenio en todos y cada uno de los días para los cuales le ha sido adjudicado el privilegio. La cantidad de estas fianzas se fi-jará en la ordenanza proveyendo para la concesión del privilegio.
“La junta de subastas tendrá el derecho de rechazar todas las ofertas para cualquier día o días del período semanal o quincenal, en el cual caso, así como en casos de no hacerse ofertas para nin-gún día o días del período, el concejo municipal tendrá el derecho de solicitar nuevas proposiciones para esos días, o disponer lo más conveniente para los intereses del municipio.
A loá que se les adjudicare el privilegio de vender carnes se les permitirá el uso de los mataderos y puestos de carnes pertenecientes al municipio en los días para los cuales se hubiere adjudicado dicho privilegio, mediante el pago de derechos razonables que para ello fijare el concejo municipal, y con sujeción a los reglamentos que dicha corporación estableciere.
“Sección 3.. — Los municipios que deseen establecer la venta de carnes frescas por administración lo harán mediante ordenanza de-bidamente decretada, para proveer temporalmente para lá matanza de ganado y la venta de carnes por el municipio en la forma y ma-nera dispuesta en la sección 104 de la Ley Municipal. Cualquiera ordenanza que con este fin se decretare podrá disponer que ninguna persona o personas, fuera de los representantes del gobierno municipal, representando oficialmente al municipio, podrán vender car-nes frescas en los límites del municipio durante el tiempo que la ordenanza estuviere vigente, y podrá fijar penas que no excedan de multas de cincuenta (50) dólares o prisión por treinta (30) días por cada falta de infracciones de esta restricción.
“Sección 4. — Los municipios que deseen establecer la matanza libre deberán reglamentarla por ordenanza debidamente decretada.
“Sección 5. — La Ley No. 76, de marzo 9 de 1911, y toda otra ley o parte de ley que se oponga a la presente, queda por ésta de-rogada. ’ ’

Uno de los principales fines de esta ley fné permitir a los municipios de Puerto Rico establecer monopolios en la venta de carnes, ya por subastas públicas, o por administración, se-gún los prefiriera cada municipio. Cuando venía a constituir un monopolio por el municipio el único requisito previo era la forma y manera prescritas por el artículo 104 de la Ley Municipal. El artículo 104 suponía previamente la aprobación de la ordenanza por el Consejo Ejecutivo de Puerto Rico. Supo-niendo previamente entonces la aprobación del Consejo Eje-cutivo, la ley número 52 permitiría a cualquier municipio es-tablecer un monopolio en la venta de carnes y podría, de ser general, impedir a todo carnicero en cualquier parte' de Puerto Rico o de cualquier lugar de los Estados Unidos ejer-cer su oficio en Puerto Rico.

El apelante está conforme en que el municipio puede regular, y en último caso fijar, el precio máximo en que po-dría venderse un artículo determinado, y que ésta fué la práctica que se puso en vigor en los otros municipios de la isla, con la aprobación de la comunidad en general. Esto tendería a mostrar las desigualdades que pudieran surgir en Puerto Rico, toda vez que podría permitirse a un carnicero vender carne en una comunidad y no poder ejercer su oficio en otra. Varios municipios de la isla, mediante subastas o por administración, fiarían imposible para un carnicero de cualquier otra parte de los Estados Unidos el ejercer su oficio, en Puerto Rico y como muy bien dice el apelante, si el peticio-nario puede impedir así la venta de carnes por una persona particular, ¿por qué no puede hacerlo también tratándose de harina o de cualquier otro artículo necesario para la vida? En alguna parte de nuestras investigaciones, aunque de momento no tenemos el caso a mano, cuando una legislatura o muni-nicipio había tratado de impedir la venta de un determinado artículo necesario para la vida, el juez que emitió esa opi-nión dijo que si la venta de un determinado artículo podía ser impedida de tal modo, así también podría serlo basta la carne, queriendo significar, desde luego, que la venta de carne, que es un artículo de primera necesidad, estaba abierta a la libre competencia y que cualquiera podría elegir el ejer-cicio de ese negocio. La probibición absoluta de la venta de carne por individuos particulares no era de pensarse.

Cualquier tentativa para estudiar la materia objeto de la reglamentación de oficios, profesiones, o de cuándo es que puede o no ser creado un monopolio, nos retrotraería a los famosos Slaughter House Cases, 16 Wall. 36; y llama bas-tante la atención que la cuestión envuelta era la matanza de animales para el consumo y el derecho de Louisiana a con-ferir a una corporación el exclusivo privilegio por veinti-cinco años de controlar la matanza de dichos animales. Por una corte en que la opinión estaba dividida con fuertes disidencias, el derecho de Louisiana a establecer tal corpora-ción fué mantenido. La opinión de la mayoría emitida por el Juez Sr. Miller, consideró la cuestión de los monopolios bajo la condición de la ley. En los tiempos primitivos los monopolios surgieron por privilegio real, por la actuación de gremios, y en otras formas, basta que Lorh Cohe, en una re-nombrada opinión, sostuvo que los monopolios, con pocas ex-cepciones, eran nulos en la ley. 11 Coke 84, b 77, Reprint 1260. El Juez Sr. Miller llamó la atención, sin embargo, ci-tando del historiador Macauley que la limitación de los mo-nopolios. era una protesta de los Comunes contra la Corona; que al llamarse la atención de Elizabeth a esta práctica ella prometió suprimirla. Si lo hizo o no, es otra cuestión. De todos modos, nadie jamás puso en duda que el Parlamento podía establecer un monopolio. La corte, en los Slaughter House Cases, resolvió que el ejercicio particular del poder de policía por Louisiana no envolvía ninguna cuestión federal; que la reglamentación de la matanza de ganado es-taba, y siempre había estado, dentro del poder de policía; que nadie podía dudar que el Estado podría regular la ma-tanza y establecer mataderos públicos, y que si deseaba re-gularla podría también incorporar una asociación con tal fin. De modo que las enmiendas décimotercera y décimo cuarta a la Constitución de los Estados Unidos no debieron ser invocadas.

A la sugestión de que la incorporación impediría a un carnicero ejercer su oficio, el Juez Sr. Miller dijo: “Pero no es verdad que ella (la ley) priva a los carniceros de su derecho a ejercer su oficio,” y también, “ella (la ley), como se ha afirmado, no impide al carnicero hacer su propia ma-tanza. ’ ’

Se deduce de la opinión de la mayoría que Louisiana no había'hecho nada substancial para impedir a un Carnicero ejercer su oficio. Las opiniones disidentes de los jueces Field y Bradley hicieron más clara la posición de la corte. Ellos afirmaron que Louisiana había infringido las enmiendas dé-cimotercera y décimocuarta. Estas opiniones disidentes han sido citadas extensamente por ser una correcta exposición en general del derecho de una persona a ejercer un oficio o pro-fesión, sujeto únicamente a una reglamentación razonable o de acuerdo con las exigencias que el caso pudiera requerir.

En el caso de Re Aubrey, 104 A. S. R. (Wash.) 952, un estatuto que exigía a los herradores de caballos pasar un exa-men y prescribía un castigo por seguir un oficio sin una li-cencia, fué declarado anticonstitucional. El propósito del es-tatuto no fué levantar fondos. La corte indicó que un esta-tuto podría regular la cirugía dental y la medicina como cues-tiones de sanidad, de acuerdo con el poder de policía, y citó el caso principal de Re Jacobs, 90 N. Y. 108; 50 A. R. 636. “Bajo el mero pretexto de reglamentaciones de policía los de-rechos personales no pueden ser usurpados '* * # ” y la corte de Washington citó con aprobación de la opinión del Juez Field, del Slaughter House Cases, 16 Wall. 87. Asimismo, en el caso de Bessette v. People (Ill.), 56 L. R. A. 558. En 29 Corpus Juris 242, se dijo snbstancialmente que una re-glamentación sanitaria o- cuarentenaria no puede ponerse en vigor de modo que prive a los ciudadanos del ejercicio o goce de sus derechos legales en una forma que no es perjudicial o peligrosa para los demás.

Incidentalmente podemos decir que el poder de policía y el alcance del mismo fue considerado en los Slaughter House Cases. No es susceptible de una definición exacta, como hace mucho tiempo dijo el Juez Presidente Sr. Shaw. La legis-latura puede, prima facie, determinar la necesidad de la re-glamentación de un oficio o negocio, pero siempre pueden las cortes investigar si la cuestión es materia de reglamenta-ción pop el poder de policía.

Allgeyer v. Louisiana, 165 U. S. 578, probablemente es el caso más claro de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el cual’se conserva el derecho del ciudadano a seguir cual-quier ocupación ordinaria. La corte dijo lo siguiente:

Se dijo por el Juez Asociado Sr. Bradley en el caso de Buther’s Union Company v. Crescent City Company, 111 U. S. 746, 762, en el curso de su opinión concurrente en ese caso, que £E1 derecho a seguir cualquiera de las ocupaciones comunes a la vida es- un de-recho inalienable. Se formuló como tal de acuerdo con la frase “prosecución de la felicidad” contenida en la Declaración de In-dependencia, que comenzaba con la proposición fundamental de que “todos los hombres han sido creados iguales, que el Creador les ha otorgado ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la prosecución de la felicidad. Este derecho es un gran elemento en la libertad civil del ciudadano.” ’ Y de nuevo, en la página 764, el ilustrado juez dijo: 'Sostengo que la libertad para ejercer una ocupación — el derecho a seguir cualquiera de las voca-ciones ordinarias de la vida — es uno de los privilegios del ciudadano de los Estados Unidos.’ Y otra vez en la página 765 dice: ‘Pero si no obstaculiza los privilegios e inmunidades de un ciudadano de los Estados Unidos que le prohibe seguir su vocación y da a los demás un derecho exclusivo de seguirla, ciertamente que le priva (hasta cierto punto) de su libertad; pues le quita la libertad de-adoptar y seguir la profesión que prefiera; la cual, como ya se ha sugerido, es parte esencial de la libertad del ciudadano.’ ”

Es verdad que estas observaciones se hicieron respecto a cuestiones de monopolio, pero ellas determinan bipñ los de-rechos comprendidos en la palabra “libertad,” según están contenidos en la enmienda décimoeuarta.

Y también, en el caso de Powell v. Pennsylvania, 127 U. S. 678, 684, el Juez Sr. Harlan, al emitir la opinión del tribunal, se expresó como sigue:

“La principal cuestión que levanta previamente el demandado es que, en términos de igualdad con todos los demás en semejantes circunstancias del disfrute por su parte del privilegio de seguir una profesión o negocio habitual, y de adquirir, tener y vender la pro-júedad, es una parte esencial de sus derechos de libertad y de pro-piedad, como están garantizados por la enmienda decimocuarta. La corte conviene con esta proposición general por encarnar un salu-dable principio de derecho constitucional.”

Se resolvió allí, sin embargo, que la legislación que se considera en ese caso no infringía ningún derecho constitu-cional del demandante en error.

El caso de Smith v. Texas, 233 U. S. 630, fué uno en el cual se exigían requisitos indebidos al conductor de un tren. La corte dijo lo siguiente:

“La vida, libertad, propiedad, y la igual protección de la ley, agrupadas conjuntamente en la Constitución, están tan relacionadas entre sí que la privación de uno de esos derechos puede aminorar o extinguir el valor de los otros tres. En tanto se priva a un hombre del derecho a trabajar, su libertad queda restringida, su capacidad para ganarse la vida- y adquirir propiedad rebajada, y se le niega la protección que la ley proporciona a aquellos a quienes se les per-mite trabajar. Libertad significa más que inmunidad de servidum-bre, y la garantía constitucional es una seguridad de que el ciuda-dano será protegido en su derecho a usar sus facultades mentales y corporales en cualquier ocupación legal.
“Si el servicio es público el Estado puede prescribir restricciones y exigir un examen para probar la capacidad de cualquier persona para dedicarse o permanecer en la ocupación pública. Ex parte Lockwood, 154 U. S. 116; Hawker v. New York, 170 U. S. 189; Watson v. Maryland, 218 U. S. 173. El patrono particular puede a. la vez fijar normas y pruebas, pero si su negocio es uno en el cual está envuelta la salud o seguridad pública, el Estado puede legislar de modo que se excluya de tal ocupación particular a aquellos cuya incompetencia podría ocasionar perjuicios al público. Pero como el interés público es la base de tal legislación, las pruebas y prohi-bición deben ponerse en práctica con referencia a ese objeto y de manera que no ‘intervengan indebidamente con el negocio en particular, o impongan restricciones inusitadas e innecesarias a las ocupaciones legales.’ ” Lawton v. Steel, 152 U. S. 133, 137.

El caso de Abbey Land & Improvement Company et al., v. County of San Mateo et al., 167 Cal. 434 52 L. R. A. (N. S.) 408, es otro ejemplo de hasta qué punto pueden o no lle-gar las autoridades en la reglamentación del negocio. Cual-quier cosa que sea un estorbo público (nuisance,) como lo es un matadero frecuentemente, puede quedar circunscrita a cierta parte de la comunidad o que se sitúe fuera de los lí-mites de la ciudad, etc. En el caso en cuestión se trataba de un crematorio. El Condado de San Mateo pretendió otorgar un derecho exclusivo para un sólo crematorio. Los demandantes habían empezado a hacer otro crematorio en esa parte del Condado de San Mateo donde no había nada más que cementerios. La corte resolvió que el vecindario en el cual el demandante se proponía construir y tener un cre-matorio no era de tal naturaleza que exigía la supresión o prohibición del mismo aún cuando inherentemente fuera tan perjudicial a la salud o conveniencia pública como un cemen-terio. Era claro que el uso de otro crematorio en esa vecin-dad en manera alguna sería perjudicial a la salud pública, comodidad o conveniencia y que no perjudicaría a la propie-dad colindante. La corte se expresó en estos términos:

“El aumento del precio del mercado de tal propiedad puede re-tardarse debido a la aversión que muchas personas muestran a re-sidir cerca de un cementerio, pero esto, como hemos visto no es nna. razón para el ejercicio del poder de policía” (citándose casos).

Se admitió que el crematorio puede funcionar en una forma que pueda causar daño a la salud pública pero cuando se evitaba tal peligro por su situación, no Rabia otra razón para impedir el establecimiento de un crematorio.

Y citando otra vez:

“La ordenanza en cuestión no puede ser sostenida como una me-dida de policía y puesto que prohibe a los demandantes usar su propiedad en un negocio legal y en una forma inofensiva debe ser declarada nula. # * * ”

De acuerdo con un estatuto que permite la reglamenta-ción de agencias funerarias una municipalidad negó una li-cencia a un agente funerario porque no era un embaisamador. La corte de revisión dijo que la Constitución de Massachus-setts como la de los Estados Unidos fijaba derechos a dis-frutar de la vida, la libertad y la propiedad. “Esto incluye el derecho a ejercer cualquier vocación adecuada para obte-ner la subsistencia.,” citándose numerosos casos. La corte resolvió que por virtud del ejercicio del poder de policía los negocios que requieren reglamentación en interés de la salud, seguridad o moral y “quizás en el sentido estricto del bienes-tar público,” podrían ser regulados; que el negocio de agen-cias funerarias, en beneficio de la salud, podría ser regulado pero no de tal modo que establezca un monopolio por parte de los embalsamadores; que el embalsamamiento no era indispensable para el entierro. La corte también incidental-mente dijo que el mero calificativo de que la reglamentación era una medida sanitaria no era suficiente. Wyeth v. Thomas, 23 L. R. A. (N. S.) 147.

En el caso de State Ex rel. Sampson v. Sheridan, 1 A. L. R. 955 contiene una buena exposición del principio, ci-tando el Juez Field en el caso de Butchers’ Union, etc., v. Crescent City, etc., 111 U. S. 757, quien se expresó como si-gue:

“Se ha dicho muy bien que £la propiedad que toda persona tiene en su propio trabajo, puesto que es la base fundamental de toda otra propiedad, es por tanto lo más sagrado e inviolable. El patrimonio del pobre descansa en la fortaleza y destreza de sus manos, y el im-pedir que emplee esta fuerza y destreza en la forma, que lo crea con-veniente sin perjuicio a su vecino, constituye una clara violación do la más sagrada propiedad. Es una usurpación manifiesta a la justa libertad tanto del trabajador como de aquellos que podrían estar dispuestos a emplearlo. Así como impide a uno trabajar en lo que crea conveniente, así también obstaculiza a los demás para emplear a quienes consideran convenientes. Adam Smith, Wealth of Nations, bb. 1, Chap. 10.”

En el caso de Marymont v. Nevada State Banking Bd., 32 L. R. A. (N. S.) 477, se resolvió que el Estado no podía limitar un negocio bancario a una corporación; que.todas las ocupaciones estaban sujetas a reglamentaciones, razonables' pero que no liabía ningún beneficio para el público en esta clase de reglamentaciones, citándose al Juez Bradley en los Slaughter House Gases.

Un estado puede hacer que las reglamentaciones de un matadero tengan aplicación al ganado sacrificado para expor-tación. Board of Health of New Jersey v. Schwarz, 87 Atl. 147. Una ordenanza puede llegar hasta el límite de prohi-bir la venta de carne a menos que sea inspeccionada. Field v. Board, etc., 90 Atl. 672.

Una licencia para poseer, funcionar o administrar una oficina dental, para q.ue pueda ser concedida sin examen que demuestre la capacidad, no puede ser exigida de acuerdo con ol poder de policía del Estado cuando no hay ninguna inten-ción de dedicarse a la verdadera práctica de la cirugía dental. State of Washington v. Brown, 68 L .R. A. 889, donde se dice que un fai-macéutico que prepara recetas debe tener una li-cencia pero que tal no es el caso tratándose del dueño de una farmacia, citando de la obra de Tiedemann sobre li-mitaciones al poder de policía, pero es una cuestión judicial si una ocupación u oficio determinado no puede ser restrin-gido de acuerdo con la limitación constitucional.

Que el oficio es libre y que cualquier hombre tiene el de-recho de seguir una ocupación también se sostiene en el caso de Standard Oil Co. v. United States, 221 U. S. 53; People v. Weiner, Ann. Cases, 1917 C 1065. Y en este último caso se dice que bajo la Constitución Federal y las de Estados la persona puede ocuparse sin estorbo u obstáculo en todos aquellos oficios u ocupaciones que son en sí inofensivos y no. perjudiciales al público.

En el tomo 6 de Ruling Case Law, pág. 217, también se considera la jurisprudencia en donde se sostiene que el dere-cho de reglamentación es una excepción a la regla general de que toda persona tiene el derecho de dedicarse a cualquier, profesión legal; que este derecho de reglamentación depende de la necesidad razonable de su ejercicio en proteger la sa-lud, moral o bienestar general del Estado; y que por tanto si un negocio legal es de naturaleza beneficiosa y no perjudi-cial al público ya directa o indirectamente no puede estar su-jeto a ninguna reglamentación de policía y (página 19) que la conducción de un negocio puede prohibirse enteramente en un caso determinado o en una forma particular; su manejó puede ser restringido a ciertas horas del día, puede permi-tirse que se lleve a cabo solamente en el caso de que se empleen medidas protectoras o puede permitirse en ciertas formas y exigirse una suma de dinero dé los individuos que lo llevan a cabo con el fin de recompensar a aquellos que sufran pérdi-das debido al mismo y en la página 222, que la legislatura no puede prohibir a ninguna persona o clase de personas de ocu-parse en un negncio legal; ni puede tampoco privar a nin-gún ciudadano de su derecho a ejercer una profesión, ocupa-, ción o negocio que no sea necesariamente perjudicial a la comunidad, y que está dispuesto a cumplir con todas las re-glamentaciones razonables que se le impongan.

Que la reglamentación y sostenimiento de casas de vecin-dad para el alojamiento y hospedaje era materia adecuada de reglamentación legislativa fué declarado en el caso de Bonnett v. Vallier, 17 L. R. A. (N. S.) 486, pero la corte sos-tuvo que el grado de reglamentación permisible variaba grandemente de acuerdo con las circunstancias. Hacemos la siguiente cita:

“ ‘Pequeñas limitaciones, ’ se dice,- ‘de anteriores derechos exis-tentes, incidentales a la propiedad, pueden imponerse con el fin de impedir un daño manifiesto,’ mientras que ‘las mayores no podían imponerse excepto por el ejercicio del derecho de expropiación for-zosa.’ Rideout v. Knox, 148 Mass. 368, 372, 2 L. R. A. 81, 12 A. S. R. 560, 19 N. E. 390, 392; Sawyer v. Davis, 136 Mass. 239, 242, 49 Am. Rep. 27. Se llama la atención a las palabras signifi-cativas ‘pequeñas limitaciones.’ Lo que constituye tales limitaciones debe necesariamente determinarse con referencia a las exigencias de las circunstancias especiales. Así pues, la verdadera destrucción de la propiedad privada de acuerdo con el poder de policía en al-gunos casos es procedente, aunque una intervención muy pequeña •en otras podría considerarse como improcedente. State v. Redmon, .supra. No hay ninguna prueba específica por la cual' pueda me-dirse con precisión 'lo que es razonable en un caso determinado. Es una cuestión que descansa en el criterio humano. De modo que la línea que existe entre lo razonable y lo que no lo es, que marca el límite de la autoridad constitucional de la legislatura, es una que a menudo es difícil de precisar y que se hace necesario en todos los casos dudosos que el poder judicial la someta a la sabiduría de la legislatura. Pero cuando claramente se ha pasado del límite, el de-ber de la corte de rechazar la usurpación y sostener de tal modo la Constitución es absoluto. No tiene ninguna discreción en el asunto. Marbury v. Madison, 1 Cranch 137, 2 L. ed. 60.” Otra vez, en la página 496, se dice:
“Debe considerarse que las ‘pequeñas limitaciones’ en cuanto al disfrute de la propiedad, teniendo relación con la naturaleza del caso, miden el alcance de la intervención de policía. Más allá de-eso' está el amplio campo donde el individuo es soberano de modo que no puede penetrarse en él de ningún modo para fines particu-lares y como se dijo en el caso de Rideout v. Knox, 368, 372, 2 L. R. A. 81, 12 Am. St. Rep. 560, 19 N. E. 390, 392, no para fines públicos excepto por el poder de expropiación forzosa.”

T también, citando del caso Ex parte Jentzsch, 112 Cal.. 468, 2 L. R. A. 664, se dice:

"El espíritu de un sistema tal como el nuestro está por tanto en completa variación con aquél que más o menos encubierto se en-cuentra aún bajo el paternalismo de otras naciones. Puede que sea perjudicial a la salud comer pan antes de las 24 boras de su con-fección, y sin embargo causaría sorpresa ver la legislatura declarar como delito la venta de pan fresco. Yernos con desaprobación tal legislación como también lo hacemos con la vigencia de las leyes suntuarias. Ni siquiera castigamos a un hombre por sus vicios a menos que los practique públicamente, de modo tal que tienda a propagar la corrupción o alterar la paz pública y ocasionar escán-dalo público. En resumen, damos al individuo la mayor suma po-sible de libertad personal y garantizado así se le trata como una persona de sano juicio, no como un niño en su minoridad y lo de-jamos en- libertad para buscar su destino según el impulso, edu-cación y enseñanza, herencia y medio ambiente lo dirijan.”

También es pertinente la siguiente cita del caso de State Ex rel. Sampson v. Sheridan, 1 A. L. R. 958:

"El derecho a seguir cualquiera de las ocupaciones comunes a la vida.o a obtener su propia subsistencia en cualquier ocupación inofensiva sin estorbo u obstáculo, es uno de aquellos derechos ina-lienables comprendidos en las cláusulas de la Declaración de Inde-pendencia y garantizado a todos aquellos que viven bajo nuestra forma de gobierno por las cláusulas de la Constitución nacional y las de Estados relativas a la libertad, propiedad y felicidad. 6. R. C. L. página 266 y otros casos.”

El caso de State Ex rel. Lachtman v. Houghton, L. R. A. 1917 F. 1050 es uno que abarca un número de puntos tra-tados en esta opinión. Allí un municipio con aparante au-toridad de la legislatura prohibió la construcción de tiendas en un distrito residencial, o algo parecido a esto. Eefirién-dose al caso de Lawton v, Steel, 152 U. S. 133, la corte, dijo que en el ejercicio de sus poderes de policía un Estado no está limitado a las cuestiones que se refieren estrictamente a la salud, moralidad y paz pública pero, como se ha dicho, puede haber intervención siempre que los intereses públicos lo exijan; y en este particular la legislatura tiene necesaria-mente una gran discreción para determinar no solo lo que exijan los intereses del público sino lo que pueda ser nece-sario para la protección de tales intereses. Si entonces cual-quier negocio llega a tener tal carácter que afecte suficiente-mente al interés público, puede haber una intervención y re-glamentación legislativa en el mismo para obtener el bie-nestar general, salud j prosperidad del Estado con tal que las medidas adoptadas no estén en conflicto con las pres-cripciones constitucionales y tengan alguna relación y cierta tendencia a cumplir el fin deseado. La corte resolvió que prohibir al propietario construir una tienda en terreno com-prendido en el distrito residencial no podía sostenerse como ejercicio legítimo del poder de policía y también que una or-denanza adoptada de acuerdo con la autoridad legislativa se presume que es válida pero sin embargo debe ser declarada nula si claramente perjudica a los derechos garantizados por la Constitución (un caso muy interesante).

Cuando un negocio es ilícito como el negocio de licor, el Estado puede establecer un completo control del mismo. Scott v. Donald, 165 U. S. 108, donde aparece el sistema de distribución de bebidas de Carolina del Sur.

En Puerto Rico es la Ley Joiies, sección 2, párrafo 1, la que prescribe que no se pondrá en vigor ninguna ley que prive- a una persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido procedimiento de ley, y el derecho a dedicarse a un oficio se ha resuelto que es una especie de propiedad. Es la Enmienda Quinta a la Constitución de los Estados Uni-dos la que impide que el Congreso pueda intervenir con el trabajo honrado. Adair v. United States, 208 U. S. 161; Coppage v. Kansas, 236 U. S. 1; Adams v. Tanner, 214 U. S. 590.

En el caso de Coppage v. Kansas se dice que un Estado no podía al designar como “coerción” una conducta que en realidad no lo es, convertir en criminal cualquier ejercicio de libertad personal o de derechos de propiedad que son normales y esencialmente inofensivos. En el mismo sentido se enuncia el caso de Bunting v. Oregon, 243 U. S. 426.

En el caso de People v. Weiner, supra, se resolvió que la venta de ropa de cama de segunda mano podría ser regulada pero no prohibida y se sostuvo que si bien las cortes no resol-verían sobre la sabiduría de ninguna ley relativa al ejerci-cio del poder de policía, ellas resolverían la cuestión de sí tal ley tiene relación substancial al poder de policía, citán-dose numerosos casos (pág. 1067). TJna corte debe ver para sostener que un estatuto u ordenanza cae dentro del poder de policía, que tiende en cierto modo a evitar delitos o la preservación de la salud, moralidad y seguridad pública. Debe aparecer que tal fin es el que realmente se persigue y que hay cierta relación entre las disposiciones de la ley y tal propósito.

Examinada la cuestión por virtud de estos principios nos sentimos obligados a declarar que la Ley No. 52 del año 1917 es anticonstitucional. El fin evidente de la ley fué permi-tir el establecimiento de un monopolio en los municipios de Puerto Rico siempre que así lo creyeran conveniente a lo menos por períodos cortos. En la ley o en la experiencia que tenemos, nada hay que sugiera que sea necesario para un municipio el impedir enteramente a un carnicero que ejerza su oficio. Como frecuentemente se ha dicho la prueba de la ley no es lo que se ha hecho sino lo que puede hacerse por virtud de esa autoridad, pero en este caso particular el municipio de Caguas ha llegado hasta el verdadero límite y ha hecho delictivo el ejercicio del negocio de un carnicero llevado a cabo por una persona particular y fué la legisla-tura de Puerto Rico la que directamente autorizó al munici-pio para poder imponer un castigo en caso de que cualquier persona tratase de vender carne.

Si se examina también la Ley No. 52 a la luz de la citada jurisprudencia podrá verse que su concepto fundamental es erróneo. La ley se funda más o menos en la teoría de que el ejercicio de un oficio en vez de ser derecho natural innato en el pueblo en general es una concesión del Estado o de la Municipal. Las autoridades muestran que si bien puede invocarse el poder de policía para corregir abusos perjudi-ciales a la comunidad, su ejercicio constituye la excepción. El amplio campo del comercio es libre para todo el mundo mientras surja una verdadera necesidad de reglamentación.

La denuncia por su faz revela el hecho sorprendente de que a un hombre se le somete a castigos y penalidades por el sólo hecho de vender carne sin que haya nada que muestre o sugiera que el ganado no ha sido debidamente sacrificado o que la carne en algún modo no es pura o no sirve para la venta, o que el acusado no había cumplido o no estaba dis-puesto a cumplir con ninguna reglamentación razonable apro-bada por el municipio de Caguas para regular el negocio, o sin que nada aparezca en cuanto a que el negocio como se llevaba se había convertido o tenía el carácter de ún estorbo público.

El apelante, sin embargo, levantó otras cuestiones que merecen cierta consideración. Sostiene que la Ley No. 52 ha sido derogada por la legislación de 1919. La antigua ley municipal, incluyendo el artículo 104 de la misma, del cual se hace mención en la Ley 52, fué derogada. Un sistema res-ponsable de gobierno municipal quedó establecido y el cual en lo principal era independiente del control del'Consejo Eje-cutivo de Puerto Eico. Se confirieron facultades generales al municipio y es por virtud de estas facultades generales que el municipio debe actuar. Entre estas facultades en la ley de 1919 no hay ninguna autoridad directa delegada a las municipalidades para establecer monopolios en la venta de carne. La ley es clara de que en la ausencia de tal autori-dad directa un municipio nunca puede establecer un mono-polio. (Anteriores autoridades, 19 R. C. L. página 15 y si-» guientes; Dillon on Municipal Corporations, Passim, f otras).

Debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado. :'

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutcbison y Franco Soto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Se. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Nieves, Demandante y Apelado, v. Sucesión Mangual, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en pleito sobre filiación y entrega de herencia (traslado del caso).
    No. 2866.
    Resuelto en febrero 23, 1923.
    Traslado del Pleito. — Se trata de un pleito sobre filiación y residiendo la parte demandante en el distrito de San Juan, en donde reside también uno de los demandados, de acuerdo con el artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil, es la corte de San Juan la competente, no obstante residir los otros demandados en otro distrito y pedir el traslado del pleito a la corte de su residencia.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. González Fagundo & González, Jr.

    Abogados del apelado: Sres. G. Honoré y E. H. F. Dottin.

   El Juez Presidente Se. del Tobo,

emitió la opinión dei tribunal.

Está envuelta en este caso una cuestión de traslado. Ra-món Nieves Mercado, como defensor judicial de Pilar Mer-cado, entabló demanda en la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, contra la Sucesión de José Sergio Mangual Falero, compuesta de su viuda y de ocho hijos, en solicitud de que se declare a Pilar Mercado bija natural reconocida de José Sergio Mangual Palero y se le entregue su herencia.

Emplazados los demandados, la viuda, por sí y como re-presentante de tres hijos menores de edad, y cuatro de los otros hijos demandados mayores de edad se unieron para solicitar el traslado del pleito a la Corte de Distrito de Hu-macao, basándose únicamente en que residían en dicho dis-trito de Humacao. El restante de los hijos demandados reside en el distrito de San Juan.

La corte negó el traslado porque el affidavit de méritos acompañado no era suficiente y porque no sólo el deman-dante sí que también uno de los demandados residía en el distrito de San Juan.

No conformes los demandados que solicitaron el traslado, establecieron el presente recurso de apelación.

, Hemos examinado el affidavit de méritos y seguramente aplicando la jurisprudencia establecida en el día de hoy en el caso de Balter, Carver & Morrell v. Healy & Siebert, de-cidiríamos que era suficiente, pero no fué ese el único motivo de la negativa. La parte demandante reside en el distrito de San Juan y residiendo también en dicho distrito uno de los demandados, aunque los otros residan en otro distrito la parte demandante tuvo derecho a entablar, y lo tiene a continuar el pleito en el distrito de San Juan. Ese es en realidad el verdadero fundamento de la orden recurrida.

Limitándonos a estudiar y a decidir la cuestión bajo el único aspecto que fué promovida, bastará citar el artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil que, en lo pertinente, dice:

“En todos los demás casos el pleito deberá verse en el distrito en que residieren los demandados, o alguno de ellos, al iniciarse el litigio; * * (Las itálicas son nuestras.)

! Y la jurisprudencia de California, que interpretando un precepto de ley igual se ha pronunciado así:

“El derecho del demandado a que el caso se vea en el condado donde tiene su residencia al tiempo de comenzarse el pleito, está conferido por este artículo (Palmer & Rey v. Barclay, 92 Cal. 199; 28 Pac. 226); y cuando no existe disposición expresa en contrario, el condado donde debe celebrarse el juicio, sujeto ello sin embargo a la facultad de la corte para cambiar el lugar del juicio por razón de conveniencia de los testigos, incapacidad del juez o imposibilidad de obtener un juicio imparcial es el condado en que los demandados, o algunos de ellos, residían al comenzarse la acción. Bonestell v. Curry, 153 Cal. 418; 95 Pac. 887. * * * Si un demandado reside en un condado y un codemandado reside en otro condado dis-tinto, el demandante puede obtener que el caso sea juzgado en uno u otro condado. O’Brien v. O’Brien, 16 Cal. App. 193; 116 Pac. 696; Hellman v. Logan, 148 Cal. 58; 82 Pac. 848. Una acción para obtener indemnización por la pérdida de una propiedad por fuego, causada por la negligencia de los demandados, puede ser estable-cida en el condado donde resida cualquiera de los demandados. Quint v. Dimond, 135 Cal. 572; 67 Pac. 1034. Una acción para cobrar una participación social y para la rendición de cuentas, debe ser vista en el condado en que residen los demandados, o algunos de ellos, al comenzarse la misma; y es sólo cuando ninguno de los demandados es residente del estado que puede el demandante de-, signar en su demanda el lugar del juicio (Banta v. Wink, 119 Cal. 78; 51 Pac. 17); e incumbe a la parte que promueve la cuestión el probar que ninguno de los demandados reside en el condado donde se ha comenzado la acción. Modoc County v. Madden, 136 Cal. 134; 68 Pac. 491. La prueba a que debe someterse la cuestión es: ¿Reside alguna de las partes necesarias en el condado donde se ha comenzado la acción? En caso afirmativo, el caso puede verse allí. Hellman v. Logan 148 Cal. 58; 82 Pac. 848.” Farr all’s Code Civil Proa.’ vol. I, pág. 276.

Debe confirmarse la orden apelada.

Confirmada la orden negatoria de traslado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf,- Audrey, Hutchison y Franco Soto. •


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    González et al., Demandantes y Apelados, v. Fernández, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre cobro de dinero y renun-cia de herencia (memorándum de costas).
    No. 2834.
    Resuelto en febrero 23, 1923.
    Apelaciones Procedentes de Cortes Municipales — -Honorarios de Abosados— Costas Civiles. — En las apelaciones de cortes municipales no procede la concesión de honorarios de abogado por servicios prestados en la corte inferior ni por los prestados en la de distrito con motivo de la apelación.
    Apelaciones — Costas, Desembolsos y Honorarios en la Corte Suprema. — En los recursos interpuestos para ante la Corte Suprema no pueden recobrarse costas, desembolsos ni honorarios de abogado.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. Sarmiento.

    Abogado de los apelados: Sr. A. Marín Marión.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito procedente de una Corte Municipal, la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, dictó sentencia el ‘26 de abril de 1922, condenando al demandado a pagar a los demandantes cuatrocientos cincuenta dólares, intereses y costas. Los demandantes, una vez firme la sentencia pre-sentaron su memorándum compuesto de veinte y tres par-tidas ascendentes a más de cuatrocientos dólares. Entre las partidas hay varias por honorarios de abogado no sólo con motivo de la tramitación del juicio de nuevo en la corte de distrito, si que también a virtud de una apelación estable-cida para ante el Tribunal Supremo.

La parte demandada impugnó el memorándum, y la corte decidió lo que sigue:

“La corte aprueba el memorándum de costas del demandante eli-minando las partidas siguientes:
“A dos fiadores por fianza pedida por S. Fernández-$20.00
“Por nn poder de José González a Ricardo González_ 5.20
Legalización del Poder- 4. 83
“Al Procurador de Luarca, Oviedo, España, declaratoria de herederos de José González y gastos suplidos-$62. 00
“ Notificación de alegatos sobre mociones y excepciones previas- 2.00
“Id. de dos exposiciones del caso-- 2.00
“Id. alegatos sobre el juieio- 2.00
“Id. moeión nueva sentencia y dos alegatos sobre ella- 2.00
“Id. presentando nueva fianza- 1-00
“Preparación declaración jurada de E. González- 5.00.”

No conforme el demandado interpuso el presente recurso de aplicación.

La verdadera cuestión fundamental envuelta es la de si en un caso apelado de una corte municipal, puede la corte de distrito ordenar el pago de los honorarios de abogado, y esa cuestión fué estudiada y resuelta por esta Corte Suprema en el caso de Amy v. Aponte, decidido el 20 de julio ultimo, (pág. 64). El resumen de la opinión emitida en dicho caso, dice:

“En las apelaciones procedentes de cortes municipales no pro-cede la concesión de honorarios de abogado por servicios prestados en la corte inferior ni por los prestados en la de distrito con motivo de la apelación.
“El artículo 333 del Código de Enjuiciamiento Civil.que regula la concesión de costas en apelación subsiste actualmente con el mismo alcance que tenía en 1904 cuando regía en su forma original el ar-tículo 327 del propio código.”

Los argumentos de la parte apelada tendentes a demos-trar que la decisión citada es errónea, no han convencido al Tribunal y aplicándola a este caso caen por su base todas las partidas del memorándum dejadas subsistentes por el juez sentenciador, excepción hecha de las siguientes que deberá satisfacer el demandado: Honorarios del Secretario, $15.00; Indemnización de testigos, $6.00; Affidavit y sello declara-ción jurada Ricardo González, $0.75, y affidavit y sellos de la fianza, $1.50. En junto, $23.25.

Es algo que llama la atención el hecho de que no obstante lo dispuesto por la ley y lo establecido por la jurisprudencia constante de esta Corte Suprema, en el sentido de que no hay derecho a costas, desembolsos ni honorarios causados a vir-tud de los recursos interpuestos para ante la Corte Su-prema, se incluyeran en el memorándum de que se trata re-petidas partidas que evidentemente se refieren al recurso de apelación que se interpuso en el pleito para ante este Tribunal.

Debe modificarse la orden apelada Como se deja indi-cado.

Aprobado el memorándum de'costas en cuanto a ciertas partidas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó: “Conforme con la sentencia.”


author: El Juez Asociado Sb. HutchisoN,

text:
    Baker, Carver & Morrell, Demandante y Apelada, v. Healy & Siebert, Demandada y Apelante.
    AperaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre cobro de dinero (moción de traslado).
    No. 2809.
    Resuelto en febrero 23, 1923.
    Traslado del Pleito — Lugar para la Celebración- del Juicio — Affidavit de Méritos — Suficiencia del Affidavit. — Una moción de traslado en la cual la parte que solicita la celebración del juicio en el distrito correspondiente expresa en lo pertinente que lia expuesto veraz, completa y detalladamente a sus abogados todos los heelios del caso y que sus abogados le han acon-sejado y ella cree de buena fe que tiene una buena causa de defensa, cum-ple con los requisitos exigidos por el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil y no debe concluirse que es insuficiente porque omita expresar que el consejo de los abogados fué el resultado de la exposición de todos los hechos, y que la causa de defensa de la parte demandada en contra de la demandante era una defensa "sobre los méritos.” Los estatutos reparadores deben ser liberahnente’ interpretados en favor del remedio y las reglas de procedi-miento son reparadoras por su naturaleza.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. J. Sabater y B. J. Morton.

    Abogados de la apelada: Sres. L. Jmer y O. M. Wood.

   El Juez Asociado Sb. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior, sin expresar ninguna razón para sos- _ tener su actuación, declaró sin lugar una moción de traslado.

La única cuestión que requiere seria consideración es la que se refiere a la forma y suficiencia de un párrafo con-tenido en el affidavit de méritos, el cual es como sigue:

“Que he expuesto veraz, completa y detalladamente a mis abo-gados Ledos. Benjamín J. Horton y José Sabater, quienes tienen sus oficinas abiertas en esta ciudad, calle de la Libertad, esquina a Once de Agosto, todos los hechos de este caso, y mis dichos abogados me lian aconsejado y yo lo creo d§ buena fe, que tengo una buena causa de defensa en favor de la parte demandada y en contra de la deman-dante; que la residencia legal de mi esposo John Jacob Siebert, que era comerciante, hasta el momento de su muerte, y donde tenía el centro de sus operaciones mercantiles, así como la mercantil Healy & Siebert, donde tenía su único establecimiento ■ mercantil, era y es en esta Ciudad de Mayagíiéz.” •

El abogado de la apelada insiste en que la' omisión en ex-presar la declarante en su affidavit de méritos que el con-sejo de referencia fué el resultado directo y consecuente de la exposición que ella le hizo de todos los hechos y que la causa de defensa “en favor de la parte demandada y en contra de la demandante” era una defensa “sobre los mé-ritos,” es fatal.

Nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, después de de-terminar el lugar para la celebración del juicio de un nú-mero de acciones por varias causas que se enumeran, prescribe específicamente en el artículo 81 que: “En todos los demás casos el pleito deberá verse en el distrito en que re sidieron los demandados, o algunos de ellos, al iniciarse el litigio; * * * . ”

El artículo 82 prescribe que:

“Si el distrito en que se establece la demanda no es el en que deba seguirse el juicio, podrá, sin embargo, continuarse en aquél, a menos que el demandado, al comparecer a contestar o a formular excepciones, presente una declaración jurada y fundada y pida por escrito que el juicio se celebre en el distrito correspondiente.”

El artículo 83 autoriza el cambio del lugar del' juicio: “cuando el distrito designado en la demanda no es el co-rrespondiente. ’ ’

Como se indica en el caso de Smith v. Smith, 86 Cal. 572, pág. 575:

“El espíritu y norma general del estatuto es dar al demandado el derecho de que todas las acciones personales contra él se celebren en el condado, de su residencia. Se prescribe para la celebración de acciones que afecten a la propiedad inmueble en el condado donde los bienes están situados, y para la celebración de ciertas otras de-terminadas acciones en el condado donde surgió la causa de acción; pero la regla general para el lugar del juicio se prescribe en la sección 395, en la declaración de que 'en todos los demás casos’ deberá ce-lebrarse el juicio en el condado donde reside el demandado al ini-ciarse la acción. Esta sección es general y comprensiva en sus tér-minos, y abarca todos los demás casos con excepción de los especifi-cados en las precedentes tres secciones. El objeto es proteger al de-mandado del gasto e inconveniente de tener que verse obligado a ir a un condado distante a defenderse de una acción que podría ini-ciarse allí contra él, y está de acuerdo con los principios existentes donde quiera que prevalece la ley común, de que el demandante que trate de obtener reparación de un demandado debe hacerlo en el con-dado donde dicho demandado reside.”

Y'en el tíaso de Buck v. City of Eureka, 97 Cal. 135, una alegación para que se interpretasen estrictamente las pres-cripciones del código fue resuelta como sigue:

“No conocemos ninguna razón por la cual deban quedar some-tidos a una estricta interpretación. La regla, por el contrario, es que los estatutos reparadores deben ser liberalmente interpretados en favor del remedio, y las reglas de procedimiento son reparadoras por su naturaleza. La ley informa al demandante en cuanto al de-bido condado en el cual debe comenzar la acción, y él debe observar la regla prescrita. Se le permite/ sin embargo, que cuando el con-dado en el cual la acción se inicia no es el debido condado para el juicio, la acción puede, sin embargo, celebrarse allí, a menos que el demandado, al comparecer y contestar a formular excepciones, pre-sente una declaración jurada y fundada y solicite por escrito que el juicio sea celebrado en el debido condado. (Código de Enjuicia-miento Civil, sección 396). Con respecto a la petición que aquí se exige, nada parece haberse considerado esencial excepto que sea hecha por escrito, como las mociones en general, y que se haga pron-tamente antes de que la corte, en la cual la acción fué comenzada, se haya visto requerida a considerar sus méritos. Sujeta a estas condi-ciones razonables, debe darse el mayor reconocimiento al derecho del demandado para que el caso sea trasladado al debido condado. Los casos en los cuales se ha resuelto que además de la notificación es-crita de su intención en solicitar un cambio del lugar del juicio, el demandado debe también notificar y archivar otro documento en la forma literal de una petición para el traslado (un procedimiento que es enteramente superfino), parecen haber llegado hasta aquel grado de rigor que es necesario. Aquí tenemos, además de la notificación de la moción, una petición por escrito, siendo la única objeción que hay en cuanto a ella que los abogados del demandado, titulándose tales abogados, dicen que ellos piden, en vez de decir que el deman-dado pide. Puede ser que ellos no cumplan formalmente con los tér-minos precisos del estatuto pero han satisfecho su razón cumpliendo substancialmente y eso es suficiente.”

En el caso de State Ex rel. Stephens v. District Court et al., Ann. Cas. 1912 C. pág. 343, la Corte Suprema de Montana expresa en substancia la forma esteriotipada prescrita por los anteriores casos resueltos y después de citar de una enciclopedia una declaración al efecto de que “toda parte de esta forma es esencial y cualquier desviación de la misma debe ser evitada,” pasa a decir: “Creemos que el affidavit de méritos exigidos por la sección 6505, Códigos Revisados, es el affidavit formal a que se refiere y cuya forma se ex-presa en las autoridades que acaban precisamente de ci-tarse.”

Pero la corte de Montana fijaba sn mente en la distin-ción que debe establecerse entre los requisitos de una mani-festación jurada “suficiente para justificar a la corte en de-jar sin efecto una sentencia en rebeldía” y aquellos de un affidavit lieclio con él fin de obtener un cambio del lugar del juicio. No hubo cuestión alguna ni lugar para argumentar, de haber sido levantada alguna cuestión referente a la sufi-ciencia del affidavit realmente ante la corte, aun cuando fuera probado por la fraseología de los libros de fórmulas gastados por el tiempo.

También es verdad que en California algunas de las de-cisiones, lo mismo que varias de las nuestras, como por ejem-plo, la del caso de Agenjo v. Santiago, 25 D. P. R. 467, ci-tado por la apelada, no están en completa armonía con él claro precepto de las disposiciones del código y la interpre-tación liberal de las mismas sugeridas por las citas hechas de las opiniones en el caso de Smith v. Smith y de Bank v. City of Eureka, supra.

Por otra parte en el caso de State Ex rel. Allen v. Superior Court, 9 Washington 668, encontramos lo siguiente:

“Al determinar respecto a la suficiencia del affidavit de méritos debe tenerse en consideración el objeto para el cual fue presentado. De acuerdo con nuestro estatuto un residente de cualquier condado tiene derecho, como cuestión legal, a ser demandado en el condado en el cual él o algunos de su codemandados reside, pero con el fin de ('vitar que sentencias dictadas de buena fe queden sujetas a ataque colateral probándose que después de ser definitivas resultaba que ninguno de los demandados eran residentes del condado en el cual dichas sentencias se dictaron, la legislatura ha prescrito sabiamente que a pesar de este derecho absoluto por parte de un demandado a que se le demande en el condado de su residencia, este derecho no le servirá a él de tal modo que prive a la corte de otro condado en e?l cual se ha establecido una acción de jurisdicción, a menos que él com-parezca y levante la cuestión de cuál es el debido condado según dis-pone el estatuto. Se verá que el derecho a que el caso sea juzgado en el condado de sir residencia es absoluto, y está sujeto únicamente a ciertas excepciones. Las cortes, por tanto, están en el deber de ver que estos derechos sean preservados y que las excepciones no sean interpretadas de tal modo que destruyan tales derechos por razón de cualquier ligero error técnico por parte del que pretende negar la excepción. La retención de jurisdicción por la corte que no sea la del condado de la residencia de la parte es en cierto modo ilegal, aun cuando no se haga ninguna moción para el traslado al debido condado, y sólo ha sido sancionado por la legislatura debido a las-necesidades del caso como arriba se sugiere. Se infiere, pues, que los procedimientos por los cuales el derecho a trasladar se convierte en absoluto, y se niega esta excepción, deben ser interpretados con la mayor liberalidad y si resulta de ellos que existe la intención por parte del demandado de valerse de los privilegios del estatuto con el fin de negar la excepción contenida en el que autoriza a la corte a sostener la jurisdicción, debe declararse suficiente aún cuando sólo baya habido un cumplimiento substancial y no técnico con las pres-cripciones del estatuto.
"Sabemos que las decisiones en el Estado de California y quizá en alguna de los otros Estados, parecen haberse basado en una teoría diferente, pero en nuestra opinión estas cortes han pasado por alto' el hecho de que la excepción por la cual a la corte donde se ha esta-blecido la acción se le permite retener jurisdicción es una nece-sidad, y sólo se puso en vigor para hacer efectivo el derecho absoluto del traslado al condado de la residencia en tanto era necesario para proteger la validez de las sentencias dictadas cuando no se había presentado ninguna moción para el traslado. De acuerdo con la in-terpretación liberal de este estatuto, que creemos debe recibir, el affidavit de mérito en el caso de autos era suficiente. Es verdad que en él no se expresa que todo el asunto se ha puesto en conocimiento del abogado, pero se dice que los hechos constitutivos de defensa se les habían hecho saber ampliamente, y puesto que el único objeto en este procedimiento de tal affidavit es demostrar que hay algo que ha de resolverse entre el demandante y los demandados, se cumple enteramente con el fin con esta declaración defectuosa. Aparece su-ficientemente de la misma que los demandados deseaban alegar una defensa y que el caso se celebrara en el debido condado y de ella puede inferirse lógicamente que ellos tendrán derecho a radicar una contestación en donde se levanten las cuestiones litigiosas para el juicio, y de este modo el objeto para el cual la legislatura exigió el affidavit de mérito se ha cumplido debidamente.”

Y otra vez en el caso de State Ex rel. Stewart & Holmes Drug Co. v. Superior Court, 67 Wash. 321, la misma corte, al interpretar la sección 208 del Código de Washington, se ex-presó en estos términos:

"Esta sección debe interpretarse con referencia a las secciones 207 y 209. Cuando así se consideran, creemos que es claro que, aun admitiendo que ciertos casos en los cuales un affidavit de méritos con-siderado en su sentido técnico antiguo, es un requisito esencial previo a la orden de la corte, de aquí no se sigue que lo es así en todos los casos. La sección 209 prescribe que la corte puede cambiar el lugar del juicio cuando aparece del affidavit que £el condado designado en la demanda no es el debido condado,’ o 'para obtener un juicio im-parcial,’ o para la 'conveniencia de los testigos, o a los fines de la justicia.’ Claramente que el affidavit que aquí se menciona no es el affidavit de méritos antiguo. Los méritos del caso son inmateriales cuando el demandado puede cambiar el lugar del juicio al condado de su residencia como cuestión de derecho; o la corte, como cuestión de discreción, puede ordenar un cambio cuando se le demuestra que un juicio imparcial no puede obtenerse, o cuando la conveniencia de los testigos a los fines de la justicia así lo requieren. Un cambio del lugar del juicio se verifica de acuerdo con estas circunstancias cuando los becbos que acreditan cualquiera de estas condiciones quedan demostrados, no porque pueda haber una defensa en la ac-ción que se sostiene por el consejo del abogado, sino por razón del estatuto mismo; y cuando se llama la atención de la corte por medio del affidavit a cualquiera de estas razones, se resolverá que es un ''affidavit de mérito’ dentro del significado de la frase como se empleó en la sección 208, y la palabra ‘affidavit’ según aparece en la sección 269, Rem & Bal. Code. De ■ modo que en este caso, siendo la residencia del demandado el condado de San Juan, y apare-ciendo que la acción principal no será juzgada por sus méritos en el condado de King, no vemos que baya razón para intervenir con la orden de la corte, ya que se funde en el derecho absoluto del de-mandado (4 Ency. Plead. & Prac., pág. 393), o en la facultad dis-crecional de la corte.”

Este claro abandono de los llamados requisitos esenciales, tradicionales y técnicos en nuestro mejor criterio creemos que es una consideración sana, compatible y de acuerdo con el sentido común sobre el particular que tiende no solamente a simplificar y facilitar el juicio y despachar los casos pendien-tes, sino también a llevar a cabo sin la intervención judicial u obstrucción, el claro propósito de la legislatura.

La resolución apelada debe ser revocada.

Revocada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sb. Fbanco Soto,

text:
    Sobrinos de Ezquiaga, Etc., Peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido .a la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, Hon. Charles E. Poote, Juez.
    No. 353.
    Resuelto en febrero 23, 1923.
    Corporaciones Insolventes. •— Cuando el activo de una corporación es insufi-ciente para el pago de sus deudas, y ésta lia dejado de fiaeer negocios o fia tomado o va a tomar alguna medida que prácticamente incapacita para lle-var adelante el fin de la corporación con razonable perspectiva de éxito, o sus inconvenientes son tales que la pronta suspensión o fracaso fia de seguir, entonces tal corporación debe ser declarada insolvente.

      Iv. — rTmst Fund. — De aeuerdo con la teoría del trust fund, en virtud de la cual, se considera el capital emitido en acciones y el activo de una corporación como un fondo de depósito (trust fund), es evidente que una orden de la' corte disponiendo la venta de los bienes de una corporación insolvente, a petición de los principales accionistas y una mayoría de acreedores unidos en un convenio de reorganización, es nula y no puede obligar a un’acreedor' que se opuso al convenio de reorganización.
    Id. — Venta Judicial Nula — Precio.—La venta judicial de bienes de una corpo-ración fieeha a un único lieitador que ofreció pagar por los bienes rematados acciones comunes y bonos hipotecarios, es nula por no cumplir los requisitos que exige el artículo 1348 del Código Civil en cuanto a la forma del precio. ,
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los peticionarios: \Sr. F. R. Dexter.

    Ahogado de la parte contraria: Sr. Juan de Gusmcm Be-nitez.

   El Juez Asociado Sb. Fbanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios Sobrinos de Ezqniaga y la Koppel Industrial Car & Equipment Company presentaron la presente petición de certiorari para que revisemos los procedimientos seguidos por el Banco Comercial de Puerto Pico contra la Central Bayaney y anulemos y dejemos sin efecto la orden de la corte inferior de 3 de marzo de 1922 disponiendo la venta de todos los bienes de la demandada, así como todos los demás procedimientos habidos en dicha corte inferior con posterioridad a dicha orden y en virtud de la misma.

El auto fué expedido y oído el peticionario, y el Banco Territorial y Agrícola, sin que comparecieran los demás in-teresados, el caso lia quedado sometido a nuestra resolución.

La demanda interpuesta por el Banco Comercial de Puerto B-ico alega el otorgamiento de un contrato en noviem-bre 18, 1920, en virtud del cual el Banco hizo un préstamo a la Central Bayaney, Inc., por cierta cantidad de dinero, cuya cantidad debía ser reembolsada en azúcares manufacturados por la Central Bayaney, reservando el banco el derecho de vender tales azúcares por cuenta de la central. El banco alegó que la Central Bayaney dejó de cumplir el contrato y que estaba en un estado parcial de insolvencia, y la súplica de su demanda, dice:

“(1) Que se dicte sentencia obligando a la corporación deman-dada a cumplir con todas y cada una de las condiciones del contrato de noviembre 18, 1920, y especialmente con las clausulas segunda y sexta de dicho convenio.
“(2) Que se nombre un síndico (receiver) de todas las propie-dades muebles e inmuebles de la citada Central Bayaney, la deman-dada, para que dicho síndico tome a su cargo dichas propiedades y las cuide, preserve, y administre en beneficio del demandante y de todos los acreedores de la Central Bayaney, y para que dicho síndico evite que el demandante pierda por motivo de la destrucción de los gravámenes que hoy tiene y para que determine las deudas de la de-mandada y las pague de acuerdo con la categoría de las mismas, y para que en general tome todas aquellas medidas usuales en casos de esta naturaleza.”

Del récord resulta que en el curso de los procedimientos se presentó a la corte un convenio de reorganización entre los principales accionistas de la Central Bayaney y la mayo-ría de los acreedores de la misma por el cual se propuso or-ganizar una nueva corporación con el objeto de que tomase todo el activo de dicha central, continuara sus negocios y pa-gara sus deudas, y la nueva corporación así formada se de-nominó la Arecibo Sugar Company.

El citado convenio de reorganización fué presentado a la corte inferior para sn aprobación, y dicha corte aprobó el mismo y ordenó la venta de los bienes de la Central Baya-ney el 3 de marzo de 1922, y la parte dispositiva de dicha orden, dice lo siguiente:

“Pon TANTO, la corte por la presente imparte su aprobación a dicho convenio tal y como ha sido modificado en todas y cada una de sus partes, quedando las partes signatarias del mismo obligadas a su más estricto cumplimiento, y en tal virtud la corte ordena que por el síndico de la Central Bayaney, Inc., se proceda inmediata-mente y sin dilación de ninguna especie a la venta de los bienes y propiedades de la Central Bayaney, Inc., los cuales constan en su in-ventario unidos a los autos.
“Dicha venta se llevará a cabo en pública subasta que se cele-brará en el edificio de esta Corte adjudicándose dichos bienes y pro-piedades al mejor postor y sujeta dicha venta a la aprobación de esta Corte. El síndico procederá inmediatamente a anunciar esta venta por medio de un edicto que se publicará en un periódico de general circulación, cu atro veces consecutivas durante 15 días.”

El 25 de marzo de 1922 se llevó a efecto la venta en pú-blica subasta y la “Arecibo Sugar Company” compareció por medio de su presidente haciendo a nombre de la misma, la siguiente oferta:

“La corporación Arecibo Sugar Co., Inc., formada de acuerdo y para cumplir el convenio efectuado por los acreedores de la Central Bayaney con dicha Corporación y con sus accionistas aprobado por la Corte de Distrito de San Juan, 1er. Distrito, ofrece en el acto de esta subasta adquirir todos los bienes y hacerse cargo de todas las obligaciones de dicha central por el montante exacto de sus deudas, ofreciendo en pago acciones comunes y bonos hipotecarios en la forma y proporción estipuladas en dicho convenio.”

La Arecibo Sugar Company obtuvo la buena pro en vir-tud de la anterior oferta, sin haber ofrecido dinero alguno Contante o en efectivo para la compra de los bienes de la Central Bayaney y la corte inferior el 30 de marzo de 1922 ordenó al Síndico otorgara escritura de venta y traspaso de todas las propiedades de dicha Central Bayaney a la Are-cibo Sugar Company y ordenándole que rindiese cuenta de su administración.

En el curso del pleito los peticionarios con el consenti-miento de la corte inferior y también del abogado del Síndico, presentaron demanda de intervención para recobrar de la Central Bayaney, o de los fondos y propiedades en posesión del Síndico ciertas .cantidades de dinero que representan el valor de varias ventas de fertilizantes y materiales de ferro-carriles suministrados a la Central Bayaney.

Los' peticionarios siendo entonces parte interesada, en concepto de acreedores, en el pleito iniciado por el banco contra ,1a Central Bayaney, se opusieron al convenio de reor-ganización de la Central Bayaney y solicitaron la nulidad de la orden de venta de 3 de marzo de 1922 y que asimismo la corte inferior no aprobase la venta verificada mediante la subasta que tuvo lugar el 25 de marzo de 1922.

De los becbos alegados en la demanda iniciada por el banco, aparece claro que se ejercita una acción personal so-bre cumplimiento específico de un contrato y que el Síndico fué nombrado con el objeto único y exclusivo de conserva] los bienes de la Central demandada y pagar sus deudas. La orden disponiendo la venta de los bienes de la demandada no obedeció a la ejecución de una sentfencia en cobro de dinero y dicba orden de venta no estuvo justificada ni por el carácter o naturaleza del caso ni por las cuestiones en litigio (issues) sometidas en la demanda.

Además una subasta pública para llevar a efecto una orden judicial de. venta tenía que celebrarse en condiciones de adjudicarse los bienes ofrecidos en venta al mejor postor y ofrecerse por éste un précio cierto, en dinero, ya que por medio de la subasta lo que se verifica es simplemente un con-trato de compraventa, y el comprador ba de pagar por pre-cio de los bienes, dinero contante ó signo que lo represente, se'gún así define' dicbo contrato el artículo 1348 del Código Civil que dice: ’ í • b ’ "■ ' ■

Art. 1348. — Por el contrato de compra y venta uno de los con-tratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella nn precio cierto, en dinero o signo que lo represente.”

La cuestión en este punto sería determinar si la oferta del único licitador, la Arecibo Sugar Company, consistente en pagar por los bienes rematados acciones comunes y bonos hipotecarios cumple con los requisitos que exige el artículo 1348 del Código Civil citado en cuanto a la forma del pre-cio; o en otros términos, si las obligaciones ofrecidas como precio en la subasta, pueden considerarse sino como dinero efectivo como signo qne lo represente. Entendemos que no. La intención de la ley al referirse al signo que represente el dinero, ha sido mencionar los billetes de banco, mandatos de pagos (cheques) o documentos de giro que en todos los ca-sos se traducen en la obligación de entregar dinero:

“El término, pues, de ‘dinero’ debemos referirlo, en su signifi-cación más restringida, al dinero amonedado, o sea al contante y rodante, como vulgarmente se dice, al metálico, en una palabra.
“Viene después el pago en papel moneda, como son los billetes al portador y los efectos de comercio, y que estos representan cré-ditos, que deben en fecha fija convertirse en pago de numerario.” Scaevola. Tomo 23, pág. 296.

Por otra parte, de la demanda y de los procedimientos se-guidos en la corte inferior, que aparentemente terminaron con la orden de venta y la subasta de todas las propiedades-de la Central Bayaney, se desprende que dicha central se en-contraba en un estado de insolvencia.

“Cuando el activo de una corporación es insuficiente para el pago de sus deudas, y ésta ha dejado de hacer negocios o ha tomado, o va a tomar alguna medida que prácticamente incapacita para llevar ade-lante el fin de la corporación con razonable perspectiva de éxito, b sus inconvenientes son tales que la pronta suspensión o fracaso ha de seguir, entonces tal corporación debe ser declarada insolvente.” Fletcher, Encyclopedia of Corporations. Sección 5078, nota 71. •

En este extremo, la cuestión importante que se levanta es, si en. ese caso es de aplicación la doctrina del trust fund en virtud de la cual se considera el capital emitido en ac-ciones y el activo de una corporación como nn fondo en de-pósito (trust fund) para el beneficio de sns acreedores. Bajo esta doctrina, si es aplicable a Pnerto Rico es evidente, dado el concepto de acreedores de los peticionarios de la Central Bayaney y sn oposición al convenio de reorganización de dicta central, que la orden de venta de 3 de marzo de 1922, es nula y carece de todo efecto o valor legal.

“El capital social de una compañía incorporada es un. fondo se-parado para el pago de sus deudas. Es un sustituto de la respon-sabilidad personal qne subsiste en una sociedad particular. Guando se incurre en deudas surge un contrato con los acreedores de que no será retirado o aplicado de otro modo que no sea para sus exigen-cias hasta que tales exigencias sean satisfechas. Los acreedores tienen un gravamen en él en equidad. Si pasa a otras manos puede seguirlo en tanto pueda precisarse y someterlo al pago de sus re-clamaciones salvo en cnanto a los tenedores’ de buena fe que lo hayan recibido mediante causa y sin aviso. Es públicamente una garantía para aquellos que negocian con una corporación.” Sanger v. Upton, 91 U. S. 56.
“El que originó la doctrina del fondo de depósito fué el Juez Story, y la ocasión de sn incorporación en la jurisprudencia de este país o su iniciación fué la resolución en el caso de "Wood v. Dummer, resuelto en el año 1824. Este fué un pleito en equidad establecido por los acreedores de una corporación bancaria para hacer respon-sable a los accionistas de tal corporación, resultando que la mayor parte del capital de la corporación había sido distribuida a los ac-cionistas como dividendos, quedando por ello el banco insolvente y sin pagar a los acreedores. El Juez Story anunció la doctrina en la siguiente forma: ‘Me parece muy claro de acuerdo con los prin-cipios generales, así como con la intención legislativa, que el capital social de los bancos ha de considerarse como una prenda o fondo de depósito para el pago de las deudas contraídas por el banco. El pú-blico, así como la legislatura, siempre han supuesto que éste es un fondo adecuado para tal fin. Los accionistas individuales no son responsables por las deudas del banco en sus capacidades particu-lares. La carta de incorporación los releva de la responsabilidad personal y sustituye en su lugar el capital social. A este fondo se le da crédito umversalmente por el público como único medio de reintegro. Mientras existe la corporación es la única propiedad de la corporación y puede ser aplicado sólo de acuerdo con su carta de incorporación esto es, como fondo para el pago de sus deudas, por virtud de cuya garantía pueda descontar y circular billetes. # * * ” {Fletcher, Ene. of Cor., seo. 5028.)

Como expone el abogado de los peticionarios en sn ale-gato, el caso principal de Northern Pacific R. R. Co. v. Boyd, 228 U. S. 482, sería de entera aplicación al presente y de-cisivo en cuanto a la nulidad de la orden .de venta. En ese caso un acreedor no garantizado de una corporación ferro-viaria atacó como nula bajo la doctrina del trust fund una venta judicial de los bienes de la corporación llevada a efecto de acuerdo con un convenio de reorganización, en virtud del cual acciones y bonos de otra compañía serían emitidos a la corporación deudora en consideración del traspaso por ella de todo el activo a la primera.

La Corte Suprema de los Estados Unidos, en ese caso declaró:

“Las corporaciones insolventes o con dificultades financieras a menudo creen necesario nivelar sus deudas y arreglar la expedición de acciones mediante convenio para seguir el mismo negocio con la misma propiedad de acuerdo con una reorganización. Esto puede hacerse de conformidad con un contrato privado celebrado entre los tenedores de bonos y accionistas. Y aunque la propiedad corpo-rativa se traspasa por ello a una nueva compañía que tiene los mis-mos accionistas la transacción sería obligatoria entre las partes.' Pero, desde luego, que tal traspaso de los accionistas entre sí no puede anular la reclamación de un acreedor que no ba prestado su confor-midad. En cuanto a él dieba venta es nula en equidad prescin-diendo ‘del motivo con que se hizo.
*******
“No existe diferencia alguna en principio si el contrato de reor-ganización en vez de efectuarse mediante venta particular, se con-suma mediante una escritura de un síndico por virtud de una orden en la cual se ha consentido.”

Bajo este punto de vista, la corte inferior quedaba su-jeta a la doctrina mencionada y conforme con las alegacio-nes expuestas en la petición y sostenidas por el return, dicha corte inferior no tuvo autoridad ni actuó con jurisdicción al dictar la orden de 3 de marzo de 1922, disponiendo la venta de los bienes de la demandada, la Central Bayaney.

Además, asumiendo que la orden de venta estaba dentro de las facultades de la corte, los demandados prescindieron de la regla que rige en las ventas judiciales que se hacen al mejor postor, la que exige que debe dársele todas las opor-tunidades al público en general para que tome parte en .tales ventas, y nada debe hacerse para suprimir la competencia e-impedir que se hagan las mejores ofertas en dinero.

Por las razones expuestas se declara nula la orden de venta de 3 de marzo de 1922, así como todos los demás proce-dimientos habidos en la corte inferior con posterioridad a dicha orden y en virtud de la misma.

Se declara nula y se revoca la orden de venta.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-' ciados Wolf, Al drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Hernández, Demandante y Apelado, v. Delgado, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2681.
    Resuelto en febrero 23, 1923.
    Obligaciones — Piador y Piado. — Habiendo suserito el demandante en este caso una obligación solidaria para determinado acreedor, sin recibir beneficio al-guno y solamente por complacer el ruego del demandado que también la sus-cribió solidariamente, es preciso concluir que entre demandante y demandado existió la relación jurídica de fiador y fiado. El artículo 1728 del Código Civil fué promulgado para garantía de personas -a quienes se reclama el pago como fiadores, por lo cual no es aplicable al presente caso.
    Id. — Id.—Causa de Acción — Admisión que Cura Defectos de la, Demanda. — " Una demanda) en la cual el fiador reclama al fiado el importe de la obliga-ción, no aduce hechos suficientes si no alega que el fiador efectuó el pago; pero si el demandado conviene durante el juicio en que efectivamente el de-mandante efectuó el pago al acreedor, el defecto de la demanda queda sub-sanado.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. Aponte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. F. González.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

José J. Hernández, Pedro Delgado y E. Morales & Oo. suscribieron solidariamente a favor del Banco Territorial y Agrícola un pagaré por $700 cuyo pago debía ser hecho el 4 de febrero de 1918. En septiembre de ese año José J. Her-nández demandó a Pedro Delgado para que le pagase el im-porte de esa obligación, alegando que a instancia y requeri-miento de su demandado suscribió como fiador dicho pagaré; que Delgado dispuso de su importe y no lo pagó a su ven-cimiento,- que el Banco acreedor demandó judicialmente a los tres suscribientes del docnmento cobrándoles el capital, intereses convenidos y las costas, gastos y honorarios de abogado; que embargó bienes del demandante y que E. Morales & Co. carece en absoluto de bienes de fortuna.

Dictada sentencia contra el demandado condenándole a pagar $861.54 y las costas, interpuso esta apelación en la que alega como primer motivo de su recurso que el tribunal inferior cometió error al no declarar con lugar la excepción que opuso a la demanda por no aducir hechos determinantes de causa de acción.

Se funda el apelante que si es un fiador, como alega la demanda, el demandante tiene que alegar' en ella que ha pa-gado la obligación para que tenga derecho a ser indemnizado por su fiado, según los artículos 1739 y 1740 del Código Civil; pero alega el apelado que aún sin haber pagado tiene acción contra su fiado de acuerdo con el artículo 1744 del mismo Código, porque la obligación estaba vencida y por-que fúé demandado judicialmente por el acreedor.

De acuerdo con los artículos 1739 y 1740 citados, el pago hecho por el fiador lo subroga en los derechos del acreedor contra el deudor y le da acción para ser indemnizado por éste, y por tanto la demanda en este caso no contiene hechos determinantes de c'ausa de acción porque el fiador no alega haber pagado por su fiado, sin que el hecho de estar vencida la obligación y de haber sido demandado el fiador para que haga efectiva la obligación origine en él acción para reclam'ar el pago, pues los casos a que se refiere el apelado, que son de los comprendidos en el artículo 1744, no dan acción al fiador para el cobro sino para obtener que el fiado le releve de la fianza o le dé garantías que le pongan a cubierto de los pro-cedimientos del acreedor y del peligro de insolvencia en el deudor, según expresamente declara el último párrafo de dicho artículo. Sin embargo no revocaremos por ese motivo la sentencia apelada porque el demandado aceptó espontá-neamente en el juicio, en una estipulación que con el deman-dante presentó al tribunal, que el demandante pagó al Banco Territorial y Agrícola el importe de la obligación consignada en el pagaré, y por esto es de aplicación la máxima de dere-cho “consensus tollit errerem.”

El segundo motivo de error es por haber sido condenado el apelante a pagar la totalidad de la deuda.

No se discute en este pleito la relación jurídica del de-mandante para con el acreedor sino la que surgió entre aquél y el demandado Pedro Delgado por virtud de los hechos que hemos expuesto; y en vista de que el demandante suscribió para con el acreedor una obligación solidaria sin recibir nada por ella y solamente por complacer el ruego de Pedro Delgado, llegamos a la conclusión de que existió entre ambos la relación de fiador y fiado, pues Hernández confió en que Delgado pagaría esa obligación y en que, caso de tener que pa-garla él, Delgado le reintegraría el dinero que por ella satis-ficiera. El art. 1728 del Código Civil, citado por el apelante para impugnar la calidad de fiador suyo del demandante, se-gun el cual la fianza lia de ser expresa y no se presume, no tiene aplicación en este caso porque fué promulgada para ga-rantía de personas a quienes se reclama el pago como fiador.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutcbison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    Marín, Demandante y Apelado, v. American Railroad Company of Porto Rico, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, en pleito sobre daños y perjuicios (me-morándum de costas).
    No. 2788.
    Resuelto en marzo 5, 1923.
    Apelación — Jurisdicción del Tribunal Supremo — Honorarios de Abogado-Memorándum de Costas. — Cuando el Tribunal Supremo carece de jurisdic-ción por razón de la euantía, para revisar una sentencia que concedió cos-tas, también careee de jurisdicción para revisar una resolución fijándolas en el procedimiento de memorándum de costas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. M. Acosta Velarde.

    Abogado del apelado: Sr. A. Marín.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un incidente en apelación sobre aprobación de un memorándum de costas. El caso principal procede de la -Corte Municipal de San Juan. La demanda se estableció por el montante de $200 en reclamación de daños y perjuicios. Se dictó sentencia concediendo lo pedido en dicha demanda y apelada ante la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, fué condenada la compañía demandada a satisfa-cer al demandante la suma de $200 y las costas.

Dictada la última sentencia concediendo costas, el de-mandante radicó en la corte de distrito un memorándum de costas y desembolsos, comprendiendo entre otras partidas, la de $180 en concepto de gastos y honorarios de abogado. La corte inferior, después de presentada la impugnación por la parte demandada y Celebrar la vista del incidente,, dictó resolución aprobando el memorándum de costas, pero redu-ciendo la partida de honorarios de abogado a la suma de $100 en vez de $180 que reclamaba el demandante. Y de esa resolución es que se ha interpuesto la presente apelación ante esta corte.

El apelante señala la imputación de varios errores a la corte inferior, pero en este caso surge como cuestión única y principal si tenemos o no jurisdicción para revisar la re-solución de la corte inferior. La reclamación tuvo su origen en una corte municipal y la cuantía de la demanda alcanzaba a la suma de $200. El artículo 295 de la Ley de Enjuicia-miento Civil, dice:

“Art. 295. — Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguientes:
* * # # # # #
“2. (Enmendado según la ley de 9 de marzo de 1905, pág. 213.) De una sentencia de una corte de distrito dictada en apelación inter-puesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los quince días después de registrada dicha sentencia, si el valor de la cosa re-clamada o cuantía de. la sentencia sin comprender frutos o intereses, excediera de trescientos dollars.”

Se puede ver por el estatuto citado que la materia en disputa o cuantía de la sentencia es la que determina la cues-tión de jurisdicción.

En cuanto a las costas nuestra ley las concede en la sen-tencia, pero su fijación se ventila por un procedimiento especial en donde se dispone en términos generales que contra las resoluciones de la corte resolviendo la impugnación que se hace a un memorándum de costas se podrá apelar por la parte o su abogado. Artículos 327 y 339 del Código de Enjuicia-miento Civil, enmendados según leyes de marzo de 1908 y 1917.

De manera que de acuerdo con el texto y sentido de nues-tras disposiciones legales en materia de costas, éstas vienen a constituir un incidente a la reclamación principal que es la que resuelve la jurisdicción de una corte y de este modo dichas costas no pueden añadirse a la cuantía en contro-versia o valor de la cosa reclamada ni tampoco a la sentencia para fijar la jurisdicción en apelación.

La teoría es que siempre que la jurisdicción se hace de-pender expresamente de la cuantía de la sentencia o valor en controversia con exclusión de las costas, como ocurre en nuestra ley, artículo 295, inciso 2°., del Código de Enjuicia-miento Civil, supra, dichas costas no pueden ser incluidas para dar jurisdicción a la corte de apelación y la consecuen-cia es que no cabe una apelación de un fallo u orden por costas solamente.

“En algunas jurisdicciones se ha resuelto que la materia en cues-tión o controversia se refiere exclusivamente a la materia objeto de la acción, y que siendo las costas u honorarios de abogado meramente incidentales a la acción, no pueden agregarse a la reclamación por la cual se establece la acción para conferir jurisdicción de apelación, aún cuando no estén expresamente excluidas por el estatuto. Y desde luego que cuando se hace depender expresamente la jurisdic-ción de la suma de la sentencia obtenida, o de la cuantía litigiosa con exclusión de costas, las costas no pueden ser incluidas, ni procederá una apelación contra una sentencia por costas solamente.” 3 C. J.. págs. 409, 410.

Se da el caso opuesto en algunas jurisdicciones, y se con-sidera que. las costas constituyen la materia en controver-sia, independiente de la acción principal, pero aún así el mon-tante de las costas cae dentro del límite de la restricción pe-cuniaria que establece el estatuto.

“Cuando una sentencia u orden relativa al pago de costas o con-cesión de honorarios de abogado es revisable, como en algunas juris-dicciones, por virtud de la teoría de que las costas u honorarios de abogado constituyen la suma en controversia, la cuestión por lo menos cae dentro de la restricción pecuniaria del estatuto.” 3. C. J. pág. 409.

La doctrina que actualmente y en términos generales se sostiene en California tiene algo dé carácter ecléctico entre las teorías mencionadas: las Costas no dependen de la sen-tencia final para que por sí solas puedan dar jurisdicción a la corte de apelación, pero lia quedado en aquel Estado una distinción que equivale a lo establecido en nuestros estatutos. De acuerdo con su constitución la Corte Suprema de California tiene jurisdicción en apelación en todos los casos en equi-dad excepto en los casos procedentes de las cortes de paz y en todos los casos de ley en que la reclamación, exclusiva de intereses, o el valor de la propiedad en controversia, exce-diere de trescientos dólares.

“En el caso do Fairbanks v. Lampkin, 99 Cal. 429, 24 P. 101, se resuelve que de acuerdo con el precepto constitucional de que la Corte Suprema tendrá jurisdicción de apelación en todos los casos de equi-dad excepto aquéllos que surjan en los juzgados, y también en todos los casos de ley en los cuales la demanda, excluyendo los intereses, o el valor de la propiedad en controversia, asciendan a la suma de $300, se resuelve que la Corte Suprema tiene jurisdicción de una apelación contra una orden especial dictada después de sentencia final a favor del demandante en un caso de divorcio en que se requiere al de-mandado para que pague honorarios de abogado y costas a fin de que el demandante pueda contestar la moción del demandado sobre nuevo juicio, aún cuando la suma envuelta en tal apelación sea inferior a $300.” 3 C. J. pág. 410, nota 45.

La excepción que se establece en la jurisprudencia que citamos coincide con la interpretación que damos al art. 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, inciso 2°., en el sentido de que no teniendo esta Corte Suprema jurisdicción en ape-lación, por razón de la acción principal, carecemos de la misma para conocer en un incidente sobre costas.

En virtud de lo expuesto se desestima la apelación de este caso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y HutcMson.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

'OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

Naturalmente que a falta de una ley especial y también de una apelación especial que abarque la cuestión relativa a costas, me parece que no podía haber ningún desacuerdo en la proposición respecto a que si el caso principal no podía ser apelado, por no estar comprendido dentro de la cuantía jurisdiccional, tampoco podía serlo el incidente sobre costas, cuando tales costas son inferiores a dicba cuantía jurisdic-cional. Sin embargo, por los estatutos de Puerto Pico existe un procedimiento muy especial para determinar las costas y tengo la idea, salvo error, de que en otras partes no existe ia discreción de la corte para conceder de un modo tan general tales ámplios honorarios de abogado.

La facultad existe en los Estados Unidos en ciertas cla-ses de casos de equidad. Sea cual fuere la facultad en los Estados Unidos, aquí la legislatura ha conferido a la corte una facultad muy general para fijar costas y ámplios hono-rarios de abogado, con una apelación especial a esta corte. La opinión de la mayoría no discute la cuestión de si la corte de distrito tiene esta facultad en apelación de una corte municipal. Esa facultad se asume momentáneamente. Si la corte de distrito tenía tal facultad, entonces como por el es-tatuto se concede en términos generales una apelación contra-ía resolución aprobando un memorándum y no establece ex-cepciones el estatuto, no debemos hacer ninguna. Puedo re-petir que la legislatura ha conferido una apelación especial en materia de costas.

Me parece que debimos haber asumido jurisdicción y considerado la facultad de la corte sentenciadora para conce-der honorarios en- esta clase de casos, como se hizo en el caso de González v. Fernández, (pág. 554).