author: El Juez Asociado Señob Todd, JR.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Torres, acusado y apelante.
    Núm. 12473.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Noviembre 24, 1947.

      Francisco González, Jr., abogado del apelante; Ilon. Procurador General Luis Negrón Fernández y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Au-xiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Todd, JR.,

emitió la opinión del tribunal.

En la denuncia radicada en la Corte Municipal de San Lorenzo se acusó a “Sellés y Pablos”: Juan A. Sellés, Manuel Pablos y Antonio Torres, de una infracción a la Ley núm. 31 de 1943 (pág. 83), porque el 12 de agosto de 1946 y en el establecimiento de Sellés y Pablos, en San Lorenzo, dichos acusados vendieron tres cuartos de libra de bacalao a Aniceto Lozado Rosa por la cantidad de veintidós centavos, o sea a razón de treinta centavos la libra, el cual excede el precio de veintitrés centavos la libra de bacalao establecido por el Reglamento 183 expedido por el Administrador de Pre-cios. En dicha corte se absolvió a Manuel Pablos y se con-denó a Sellés y a Torres, quienes apelaron para ante la Corte de Distrito de Humacao y celebrado el juicio de nuevo dicha corte absolvió a Sellés y condenó a Torres a sufrir un mes ele cárcel y a pagar una multa de $200. En el presente re-curso el apelante señala cuatro errores, los cuales resolvere-mos en el mismo orden en que han sido alegados.

Sostiene el apelante que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la excepción perentoria do falta de hechos constitutivos de delito interpuesta contra la denuncia. Arguye que como la denuncia se formuló contra “Sellés y Pablos”, Juan A. Sellés, Manuel Pablos y Antonio Torres, sin que se especificara “qué es ni quién es ‘Sellés y Pablos’ aunque se dice que los hechos ocurrieron en el establecimiento de Sellés y Pablos,” la denuncia no aduce hechos suficientes, ya que si dicha firma era una sociedad debió especificarse que los demás acusados eran socios gestores, empleados o agentes de la misma pues de lo contrario no podía seguirse el proceso contra los acusados individualmente. Cita el apelante los casos de Pueblo v. Cacho, 46 D.P.R. 199 y Pueblo v. Barquet, 19 D.P.R. 792 en apoyo de su contención.

No tiene razón, a nuestro juicio,, el apelante. Precisa-mente en el caso de Pueblo v. Parquet, supra, resolvimos que “En cuanto a los apelantes, como éstos eran los acusados y no la sociedad mercantil Barquet Hermanos, aquéllos como presuntos culpables estaban sujetos a la jurisdicción de dicha corte de distrito.” Y en el de Pueblo v. Cacho, supra, resolvimos que el uso por una persona de un nombre social para sus negocios, no es prueba concluyente de que tal so-ciedad exista.

En el caso de autos, en la denuncia no se hace alegación alguna contra “Sellés y Pablos” como sociedad y más bien resulta una redundancia (surplusage) haber incluido dicho nombre, ya que a quien se denuncia individualmente es a los acusados Sellés, Pablos y Torres de haber realizado los he-chos especificados en un establecimiento que tiene el nombre-de “Sellés y Pablos”, o sea, aparentemente, el nombre co-mercial con que los acusados hacen negocios en San Lorenzo. Bajo estas circunstancias, no era necesario alegar que el apelante era socio ni la vinculación que tenía con dicha firma^) No se cometió el primer error señalado.

Como segundo alega el apelante que la corte inferior erró al declarar sin lugar la excepción de falta de jurisdicción por ser la Ley núm. 31 de 1943 inconstitucional.

Admite el apelante que muchos de sus argumentos fueron ya resueltos en su contra en el caso de Irizarry v. Corte, 64 D.P.R,. 94, pero alega que existe uno que no ha sido resuelto por este Tribunal, o sea, que la Ley núm. 31 de 1943 es anti-constitucional por cuanto en su título no se expresan todos los asuntos comprendidos en la ley. Para sostener este se-ñalamiento el apelante en su alegato se limita a copiar el título de la Ley núm. 31 de 1943 y a decir que “Una simple lectura del título de esta Ley a la luz de lo dispuesto en el artículo 34 del Acta Orgánica y a la luz de la Jurisprudencia de este Hon. Tribunal en, el caso de Rodríguez v. Corte, 60 D.P.R. 919, nos parece suficiente para sostener el error apun-tado.”

El apelante no lia disentido, como era su deber, () este señalamiento. Decir, sin más argumentación, que el título de una ley está en conflicto con la Carta Orgánica y con nues-tra jurisprudencia, es una mera conclusión. Esto no obs-tante, liemos examinado de nuevo las disposiciones conteni-das en dicha ley y nada encontramos en ella que pueda consi-derarse incongruente con el título — como sucedió en el caso de Rodrigues v. Corte, supra — o que no sean germanas con los propósitos expuestos en el título de la misma.

El tercer error señalado es al efecto de que la sentencia no está sostenida por la prueba. Ésta fue contradictoria y la de cargo, creída por la corte, suficiente para establecer el hecho imputado. No se alega que la corte inferior actuó movida por pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación de la prueba y, por tanto, no debemos variar la conclusión a que llegó. Pueblo v. Cardona, 63 D.P.R. 279 y Pueblo v. Santiago, 64 D.P.R. 586.

Por último, sostiene el apelante que la pena impuéstale de un mes de cárcel y $200 de multa es excesiva, y cita el caso de Pueblo v. Ramos, 67 D.P.R. 71.

En dicho caso hicimos constar que tomando en considera-ción las circunstancias especiales envueltas, la pena de dos meses de prisión era excesiva y la modificamos por multa de $50. El de autos no presenta tales circunstancias especiales que justifiquen la modificación solicitada. Por el contrario, se trata de la .venta de un artículo de primera necesidad para el pueblo, a un precio mayor del fijado por la Oficina de Ad-ministración de Precios, y no creemos que la corte abusara de su discreción al fijar la pena.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

      (1)Ea el juicio se probó que era un dependiente de la tienda.

      (s) Regla 11 de nuestro Reglamento.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Otero Castro y Ceferino Rivera Cajigas, acusados y apelantes.
    Núm. 12485.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Noviembre 24, 1947.

      Santiago Polanco Abréu y Ernesto J. Fonfrías, abogados de los ape-lantes; TIon. Procurador General Luis Negrón Fernández y J. Rivera Barreras y Alberto Picó Santiago, Fiscal y Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, respectivamente, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Otero Castro, como dueño, y Ceferino Rivera Ca-jigas, como dependiente, de un puesto de carne, fueron acu-sados y convictos por la Corte de Distrito de San Juan de una infracción a la Orden Administrativa núm. 124 aprobada por el Administrador de Suministros de acuerdo con la Ley núm. 228 de 12 de mayo de 1942, por baber vendido a Inés Rodríguez Colón dos libras de carne de res para sopa al precio de veinticinco centavos la libra, siendo el precio má-ximo fijado en la referida orden el de dieciséis centavos la libra. Fueron sentenciados a cumplir tres meses de cárcel y a pagar una multa de $100 cada uno, y en' este recurso alegan como único error que la sentencia dictada es contraria a la prueba y no se ajusta a derecho.

Hemos examinado cuidadosamente toda la prueba presen-tada en este caso y somos de opinión que no existe conflicto alguno en la misma, y que la de cargo es insuficiente para sos-tener la sentencia., ya que de ella surge duda razonable de la culpabilidad de los acusados.

Dos fueron los testigos de cargo: Inés Rodríguez Colón y Gilberto Muñiz Fantauzzi. La primera declaró que el 13 de diciembre de 1946 compró dos libras de carne en el_ esta-blecimiento de Rafael Otero Castro y se las despachó el otro acusado, Ceferino Rivera Cajigas, y le cobraron cincuenta centavos; que pidió “dos libras de carne de sopa de costillas, de res” y que le despacharon “carne de sopa de costillas.” En la repregunta declaró:

“P. ¿Ud. no pidió carne de costillas de pecho, que le vendiera carne de pecho?
R. Bueno, fué la equivocación mía o fué de él.
P. ¿Luego entonces Ud. le dice al Señor Juez y al fiscal que hubo una equivocación allí!
R. Bueno.
P. ¿Hubo o no hubo una equivocación, es o no cierto que a usted le dieron carne de pecho que es a veinticinco centavos, a veintiocho centavos, que usted cogió la carne porque le gustó más?
R. Yo fui y le dije ‘píqueme dos libras de carne de costillas, de esa’.
P. ¿De costillas?
R. Sí, señor.
P. ¿Es o no cierto que le dieron carne de costilla?
R. Sí, señor.
P. ¿Carne de costilla?
R. Sí, señor.” (Pág. 8, T. de E.)
A pregunta del Fiscal contestó:
“P. .¿Qué clase de carne le despacharon?
R. Eso, carne de costillas.” (Pág. 9, T. de E.)

■ El otro testigo de cargo, Muñiz, declaró que vió salir a Inés Rodríguez de la carnicería y él examinó la carne y era de res, de sopa; unos pedazos de hueso de costillas, pero casi no tenían carne ninguna y otro pedazo de carne aparte; que “Como setenta y cinco por ciento de hueso” y que eso era carne de sopa y que además el acnsado Rivera le dijo qné había vendido dos libras de carne de sopa. A repregunta de la defensa declaró que la carne tenía parte de costillas y que “en casi todos los casos se le echan costillas en la carne de sopa”; admitió que la carne de costillas tiene otro precio para luego decir que la carne de costillas “no tiene precio.”

Los testigos de la defensa, Domingo García y Julio Iri-zarry, declararon, en síntesis, que ellos estaban comprando carne de pecho y de costillas para guisar y cuando llegó Inés Rodríguez le pidió al dependiente le vendiera dos libras de esa misma carne y así lo hizo éste, cobrándola a veinticinco centavos la libra.

La Orden Administrativa núm. 124 de la Administración General de Suministros dispone que el precio máximo para la venta de carne al detall será, entre otros, el siguiente:

“Carne de guisar (stew meat) — 30^ Ib.
Carne de sopa (soup meat) — 16^ lb.”

Y define estas carnes así:

“Carne de guisar: significa faldilla, costillar, pecho, eubrepecho, pescuezo, espalda y sobrelomo.
Carne de sopa: significa garrón, patas y huesos con un 25 por ciento o más de carne.”

Si bien es cierto que en alguna ocasión los testigos de cargo dijeron que la carne vendida por los acusados era carne de sopa, el conjunto de sus declaraciones tendió a demostrar que dicha carne era de costillas. Si el precio máximo fijado a la carne de costillas es de treinta centavos la libra, ya que el costillar se considera carne de guisar en la Orden Administra-tiva núm. 124, dicha prueba, a nuestro juicio, es insuficiente para sostener la sentencia condenatoria o, por lo menos, por su naturaleza hace surgir una duda razonable que la corte inferior debió resolver a favor de los acusados. Si bien somos remisos a intervenir con la apreciación que de la prueba hace una. corte inferior, especialmente cuando es contradictoria, creemos que en este caso se cometió el error imputado. Pueblo v. Viana, 41 D.P.R. 413.

Procede la revocación de la sentencia y la absolución de los acusados.


author: El Juez Asociado SeñoR Snydee

text:
    Municipio de Ponce, recurrente, v. Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, recurrida.
    Núm. 9.
    Sometido: Noviembre 24, 1947.

      Resuelto: Noviembre 24, 1947.

      F. M. Susoni, Jr. y Pallo Defendini, abogados del recurrente; Rafael R. Fuertes, Félix Bello y A. Bandín del Manzano, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado SeñoR Snydee

emitió la opinión del tribunal.

El 24 de febrero de. 1947 el Municipio de Ponce sometió a la Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación un pro-yecto para la segregación y arrendamiento a Ochoa Fertilizer Corp., para establecer una fábrica de abono, de una parcela de terreno que alegaba le pertenecía. Por motivos que es in-necesario exponer aquí, el 23 de abril de 1947, la Junta desa-probó el proyecto y el 30 de julio de 1947 declaró sin lugar una moción de reconsideración, sin perjuicio del derecho del Municipio a proseguir este caso o someter el mismo como un caso nuevo cuando desaparezcan los motivos aducidos por la Junta.

El Municipio radicó una solicitud de revisión ante este Tribunal. La Junta solicita la desestimación por el funda-mento de falta de jurisdicción, radicando un memorándum en apoyo de su moción. El Municipio no ha radicado oposición alguna a la moción o réplica al memorándum.

La solicitud de revisión se radicó a tenor con el artículo 26 de la Ley núm. 213, Leyes de Puerto Eico, 1942 ((1) pág. 1107), según fué enmendada por la Ley núm. 429, Leyes de Puerto Eico, 1946 ( (1) pág. 1219). El último párrafo del artículo 26 provee lo siguiente:

“Cualquier parte directamente interesada en las actuaciones, acuerdos, aprobaciones, denegaciones y desaprobaciones de la Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico sobre casos o planos de lotificación, contra la cual una petición de recon-sideración haya sido solicitada dentro de un término de quince (15) días a la Junta de Planificación y sobre la misma haya rendido o to-mado acuerdo y resolución la Junta de Planificación, podrá presen-tar, dentro del término de quince (15) días a partir de la fecha de la notificación de tal resolución o acuerdo de la Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, para su revisión ante la Corte Suprema de Puerto Rico; Disponiéndose, que dicha revisión ante la Corte Suprema, la que tiene jurisdicción exclusiva para re-visar tales actuaciones o decisiones, podrá concederse y se limitará exclusivamente a cuestiones de derecho.”

La dificultad es que aquí no tenemos una lotificación que caiga dentro de la definición de lotificación hallada en el ar-tículo 2 de la Ley núm. 213, o en el artículo 10 que autoriza a la Junta a adoptar reglamentos para lotifieaci'ones. Por el contrario, este caso cae bajo el artículo 22 de la Ley núm. 213, según fué enmendada por la núm. 475, Leyes de Puerto Eico, 1947 ((1) pág. 1071), que reza en parte como sigue:

“El Plano Regulador estará a la disposición de la Asamblea Le-gislativa y cada uno de sus miembros individualmente y de todos los funcionarios y organismos oficiales de Puerto Rico y de los funciona-ríos y organismos federales, así como de cualquier persona particular en el ejercicio de sus poderes, derechos y deberes respectivos relativos a los asuntos contenidos en el mismo, y no se autorizará, ayudará o emprenderá, ni en todo ni en parte, ninguna mejora, adquisición, venta o cambio en los usos de terrenos u otras propiedades de El Pueblo de Puerto Eico o cualquiera de sus oficinas, negociados, departa-mentos, comisiones, dependencias, instrumentalidades, corporaciones, <-0 autoridades gubernamentales y sus municipios o de cualquier ser-vicio público, de propiedad pública, por ningún funcionario u organ i sitio ejecutivo de Puerto Eico, a menos que la posición, naturaleza .y extensión propuesta para los mismos, no esté en conflicto con lo indicado en dicho Plano Eegulador, y se hayan sometido a la Junta y hayan sido aprobadas por esta, o, si la junta las hubiera rechazado, hayan sido sometidas a la aprobación y aprobadas por el Consejo Eje-cutivo, o hayan sido o sean autorizadas, en términos específicos y para ubicación definida, por ley. ... De cualquier resolución de la junta, de acuerdo con este artículo, podrá apelarse dentro de un plazo de veinte (20) días para ante el Consejo Ejecutivo, quien podrá enmen-dar, alterar o revocar dicha desaprobación. ...”

El proyecto del Municipio para segregar y arrendar una parcela para establecer una fábrica de abonos constituye ob-viamente una mejora o cambio en el uso de terrenos pertene-cientes a un Municipio. La revisión de la actuación de la Junta, por tanto, cae bajo el artículo 22 más bien que bajo el 26. Si bien el artículo 26 provee la revisión por este tribunal, el 22 no tiene tal disposición. Bajo este último ar-tículo, la revisión la lleva a cabo el Consejo Ejecutivo y no este Tribunal, de conformidad con el Beglamento de Planifi-cación Núm. 2 de la Junta.

La moción de la Junta para que se desestime la solicitud de revisión por falta de jurisdicción, será declarada con lugar.


author: El Juez Asociado Señoh Snyder

text:
    Pedro Rivera Massanet, demandante y apelante, v. Petra Cruz González, demandada y apelada.
    Núm. 9464.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Noviembre 24, 1947.

      B. García Mújica, abogado del apelante; Emilio de Aldrey, Defensor Judicial de la apelada.
   El Juez Asociado Señoh Snyder

emitió la opinión del tribunal:

En 1945 el apelante radicó demanda de divorcio contra su esposa por la causal de separación ininterrumpida por más de tres años. Ley núm. 62, Leyes de Puerto Rico, 1942 ( (1) pág. 583), que enmendó el artículo 96 del Código Civil de Puerto Rico. Durante el juicio en 1946 la prueba del deman-dante demostró que los esposos se separaron en enero de -1942, estando todavía cuerda su esposa; que en marzo de 1942 se volvió loca y fue recluida en el Manicomio Insular, donde ha permanecido desde entonces.

La corte inferior supuso que la esposa estaba cuerda en enero de 1942 cuando la pareja se separó. Sin embargo, resol-vió que el período de separación contemplado por el artículo 96 quedaba interrumpido mientras la esposa estuviera re-cluida en un manicomio. En su consecuencia, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, apelando de ella el deman-dante.

Casi todos los casos que interpretan estatutos similares al nuestro están de acuerdo con la resolución de la corte de dis-trito. La teoría de dichos casos es que una esposa recluida en un manicomio no está viviendo separada de su esposo de-bido a la actuación consciente de cualquiera de las partes, sino que vive separada únicamente con motivo de una disposición de ley proveniente de su condición mental. Anotaciones, 166 A.L.R. 498, 509-10; 111 A.L.R. 867, 872-73; 51 A.L.R. 763, 769-70.

Existe un motivo adicional por el cual llegamos a este re-sultado. En 1933 nuestra Legislatura por primera vez esta-bleció la separación por siete años como la novena causal de divorcio. Ley núm. 46, Leyes. de Puerto Eico, 1932-1933 (pág. 305). En 1938 le adicionó la locura incurable, sobre-venida después del matrimonio, durante más de siete años, como la. décima causal de divorcio. Ley núm. 78, Leyes de Puerto Eico, 1938 (pág. 199). Por la Ley núm. 62 de 1942, el período de separación de la novena causal de divorcio fué reducido de siete a tres años; pero la décima causal de locura permaneció en el estatuto.

En vista de esta historia legislativa, convenimos con el siguiente comentario de la corte de distrito: “No podemos imputar en manera alguna a nuestra Asamblea Legislativa el propósito de realizar cosas fútiles. Si ella hubiera creído que el período de tiempo que una persona está demente debía computarse como parte de los tres años requeridos para la causal de separación, entonces tanto en 1938 como en 1942 realizó algo completamente inútil. ¿Para qué exigir como décima causal la locura incurable por más de siete (7) años si' el término durante el cual una persona está loca podía to-marse en consideración a los fines de la causal especificada en el noveno inciso, que no es otra que la de separación? A nuestro juicio la cuestión resulta clara. El legislador pensó que eran causales completamente distintas e independientes y que no podía computarse el término de la una como parte del tiempo requerido por la otra.”

Los hechos de Núñez v. López, 62 D.P.R. 567 y Simonet v. Sandoval, 63 D.P.R. 523, eran diferentes y por tanto el len-guaje allí empleado no es de aplicación al presente caso.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Asociado Señor Marrero.no intervino.


author: El -Juez Asociado Señor Marrero

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Oscar Vega Vega, acusado y apelante.
    Núm. 12210.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Noviembre 24, 1947.

      William Morales Torres, abogado del apelante; Han. Procurador General Luis Negrón Fernández y J. Rivera Barreras, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El -Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

Luego de celebrar un juicio de novo, la Corte de Distrito de Mayagüez declaró al acusado Oscar Vega Vega culpable del delito de infracción a la Ley de Boli-pool y lo condenó a pagar $100 de multa o un día de cárcel por cada dólar que dejare de pagar, sin costas^)

No conforme con la sentencia dictada en su contra, el acu-sado ha apelado para ante este Tribunal y en su alegato sos-tiene que la corte inferior cometió error: (1) al declararlo culpable y convicto de infracción a la sección tercera de la Ley de 17 de julio de 1935; (2) al admitir evidencia que fué ilegalmente obtenida y (3) al apreciar la prueba y considerar la misma suficiente para justificar la sentencia condenatoria.

Como a nuestro juicio el tercer error señalado lia sido co-metido por la corte a quo, es innecesario que discutamos los dos primeros errores imputádosle. (El fiscal de esta Corte se aviene a la revocación por entender que se lia incurrido en el error que pasamos a discutir.)

En la denuncia se alega sustancialmente que en 17 de febrero de 1946, y en Sabana Grande, Puerto Rico, el acusado Oscar Vega Vega, ilegal, voluntaria y maliciosamente violó lo dispuesto en la sección tercera de la Ley 25 del 17 de julio de 1935, consistente en que en la feelia y ñora antes indicadas fue sorprendido en momentos en que manipulaba boletos de boli-pool, y cotejaba y hacía anotaciones con un pedazo de lápiz; y que “el acusado manipulaba la evidencia como agente-administrador. ’ ’■

La sección 3 de la Ley núm. 25 de 17 de julio de 1935 (Se-gunda Legislatura Extraordinaria, pág. 153) provee que “Cuando la Policía Insular de Puerto Rico, previa orden de allanamiento expedida por magistrado competente, sorpren-diera a una o varias personas en cualquier habitación, casa... que se esté dedicando a la manipulación de los juegos conoci-dos por ‘bolita’, ‘boli-pool’... deberá, después de incautarse de todos los implementos... dar traslado del asunto a la corte municipal, correspondiente y al Fiscal de Distrito, para que se proceda contra dicha persona o personas de conformidad con las disposiciones de esta Ley.” Ella no fija penalidad alguna y es tan sólo en la sección 4 que hallamos lo si-guiente: “y todo dueño, apoderado, agente, encargado, director o administrador de los juegos prohibidos por esta ley, convicto que fuere, podrá ser castigado a pagar una multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de doscientos (200) dó-lares, o a sufrir cárcel por un término no menor de sesenta (60) días ni mayor de cuatro (4) meses.” (Bastardillas nues-tras.)

La prueba de El Pueblo consistió meramente en la decla-ración del policía Vicente Garrastazú, quien fué uno de los oficiales públicos que diligenció la orden de allanamiento li-brada contra Amado Vega Vega, hermano del aquí apelante. Nos dice este testigo en síntesis que allá para el 17 de febrero de 1946, él prestaba servicios en Sabana Grande; que conoce a Oscar Vega Vega; que a las 9 de la-mañana del día indicado y mediante orden de allanamiento procedió a registrar la easa de Amado Vega Vega, sorprendiendo al acusado manipulando con 219,500 quintos de boli-pool y 731 listas, procediendo él entonces al arresto de Osear Vega Vega; que había una caja encima de una mesa y Oscar echaba dentro los boletos, des-pués de hojearlos; que procedió a ocuparlos, luego de entre-gar al acusado la orden de allanamiento, y a arrestarlo y lle-varlo al cuartel; (pe en ese momento el acusado estaba sólo y cuando ellos entraron Osear dijo: “me eogieron”;() y que él sabe cómo se juega ese juego.

La prueba de la defensa, no creída por la corte inferior, tendió a demostrar que en momentos en que se practicó el alla-namiento de la casa de Amado Vega Vega el acusado se ha-llaba en el hospital del pueblo de Sabana Grande, donde llevó a curar a un niñita que se había herido, y que al regresar con ésta a la casa fué arrestado por la policía.

No hubo prueba de clase alguna que tendiera a demostrar que el acusado al momento de ser arrestado manipulara como agente o administrador la evidencia que se le ocupó. La mera posesión o tenencia, dentro de una casa o habitación, de cua-lesquiera artefactos, materiales o enseres utilizados en los juegos prohibidos por la Ley 25, supra, no constituye delito público. Pueblo v. Toro, 66 D.P.R. 723; Pueblo v. Gómez, Per Curiam, 61 D.P.R. 977 y Pueblo v. Estroma, 57 D.P.R. 897. Para que tal posesión o tenencia constituya delito, es indispensable el concurso de otra evidencia tendiente a probar que la habitación, edificio, estructura, etc., se dedica a la manipu-lación de los juegos a que hace referencia la indicada Ley. Pueblo v. Salabarría, 57 D.P.R. 130, 133.

En el presente caso, según se recordará, se imputaba al acusado la manipulación de boletos de boli-pool sobre una mesa y el hacerlo así como agente-administrador. La prueba .aportada no revela en manera alguna que él actuara en uno u <otro carácter. Ni siquiera se hace mención de estas palabras en las declaraciones de los testigos de cargo o de descargo que desfilaron en el caso.() La sección 4 de la Ley, que como antes indicamos es la que fija la penalidad, castiga a “todo dueño, . . . agente, ... o administrador. . No habiendo evidencia alguna demostrativa de que el acusado actuaba en el concepto alegado en la denuncia, se ha dejado de probar uno de los elementos esenciales del delito imputádole. Pueblo v. Salabarría, supra, pág. 134; Pueblo v. Estronza, supra, pág. 899; y Pueblo v. Castro (Per Curiam) 59 D.P.R. 994. Bajo estas circunstancias el acusado no debió ser convicto.

La sentencia apelada, en su consecuencia, será revocada y ábsuelto el acusado.

      O De acuerdo con el artículo 54 del Código de Enjuiciamiento Criminal; se-gún fué enmendado por la Ley núm. 11 de 8 de abril de 191C, pág. 45, la reclusión total por falta de pago de la multa no deberá exceder de 90 días.

        (-)Cf: Pueblo v. Morales, 51 D.P.R. 204 y Pueblo v. Posarlo, 55 D.P.R. 233.

      (3)Uno de los testigos de la defensa'lo íué el policía Ismael Clierena, quien acompañó al policía Garrastazú al allanar la casa de Amado Vega Vega y quien corroboró con su declaración la de Garrastazú.


author: El «Juez Presidente SeñoR Teavieso

text:
    Margarita Romero de Santana, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1215.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Noviembre 25, 1947.

      Harry B. Lienza, abogado de la recurrente; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El «Juez Presidente SeñoR Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

La señora Leonides Laboy, viuda de Silva, y sus seis hijos menores de edad, eran dueños en común proindiviso de una casa y solar ubicados en el Barrio Obrero, de Santurce, en la proporción de 28 por ciento para la madre y 12 por ciento para cada uno de los hijos. En septiembre 20 de 1943, la Corte de Distrito de San Juan dictó una resolución autoriza-zando a la señora Silva para vender dicha propiedad a Margarita Somero de Santana por el convenido precio de $3.000, disponiendo, además, “que la venta de dicha casa y solar se efectúe bajo la condición de que la misma sea aprobada por el Hon. Comisionado del Trabajo de acuerdo con la Ley núm. 53 de 11 de julio de 1921, según fuera enmendada por la Ley núm. 60 aprobada en 30 de abril de 1928 y leyes subsiguientes, creando la División de Hogares Seguros del Departamento del Trabajo.” El 21 de septiembre de 1943, la Sra. Silva, por su propio derecho y como madre con patria potestad sobre sus menores hijos, otorgó escritura de compraventa a favor de la señora Santana-, la recurrente. Presentada la escritura al Registro, acompañada de una certificación expedida por el Oficial Jurídico y Jefe de la División de Hogares Seguros, acreditativa del acuerdo adoptado por la Subdivisión de Re-clamaciones e Interpretación de Contratos, autorizando el traspaso del certificado de posesión, negóse el Registrador a practicar la inscripción solicitada, por el siguiente funda-mento :

“En lo que respecta a los condominios de los menores por no haberse verificado, en relación con los mismos, la subasta que ordena el Código Civil y determina la Ley de Procedimientos Legales Espe-ciales.”

Alega la compradora recurrente que el Registrador incu-rrió en error al aplicar al caso de autos los preceptos legales citados en su nota; y sostiene, que tratándose de una propie-dad ubicada en el Barrio Obrero, el Registrador debió aplicar-las disposiciones de la Ley núm. 53 de 11 de julio de 1921 (pág. 387), según fue enmendada por la Ley núm. 60 de 30 de abril de 1928 (pág. 467), que no exigen el requisito de la subasta en casos como el de autos. Alega, además, que si se exigiera la celebración de la subasta que dispone el Código Civil y la Ley de Procedimientos Legales Especiales, el pro-pósito esencial de las leyes que regulan el Barrio Obrero que-daría destruido.

No nos convence el argumento de la recurrente. Es cierto que las citadas leyes de 11 de julio de 1921 y 30 de abril de 1928 disponen que el solicitante para el arrendamiento con de-recho a propiedad de terrenos en el Barrio Obrero deberá ser ciudadano de los Estados Unidos y persona de buena con-ducta ; que su entrada anual no deberá exceder de $1,500; que el valor de sus otras propiedades no deberá ser mayor de $300; y que el solicitante estará obligado a dar al Comisio-nado del Interior todos los informes que requiera la Comisión de Hogares. Seguros.() Es igualmente cierto que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de la citada Ley de 11 de julio de 1921, “con la aprobación dp la Comisión de Hogares Seguros, las personas que arrienden solares, solares con casas, o pequeñas granjas con derecho a propiedad,... po-drán ceder sus arrendamientos y propiedad a otras personas que estén capacitadas de acuerdo con esta Ley, para arrendar o comprar dichos solares, solares y casas y pequeñas gran-jas.” Todas esas restricciones y condiciones que hemos enu-merado son, a la par que justas y razonables, absolutamente necesarias para evitar que las propiedades cedidas a personas pertenecientes a la clase obrera y de entradas anuales limi-tadas, pasen a manos de personas mejor acomodadas o de es-peculadores, con el resultado final de que el Barrio Obrero de-jaría de serlo.

Por otro lado, el artículo 159 del Código Civil, Ed. 1930, y el apartado 5 del artículo 614 y el párrafo 2 del artículo 616 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. 1933, disponen, para la protección de los menores, (a) que ni el padre ni la madre podrán enajenar o gravar bienes inmuebles del hijo menor, sin la previa autorización de la corte de distrito; y (b) que la venta se hará mediante subasta pública ante el marshal del distrito.

No vemos razón alguna (pie impida o haga imposible el que en una venta de una propiedad ubicada en el Barrio Obrero, perteneciente a menores, se cumplan todos los requi-sitos exigidos por las Leyes de 11 de julio de 1921 y 30 de abril de 1928, para la protección del Barrio Obrero, y se ob-serven al mismo tiempo las prescripciones del Código Civil y de la Ley de Procedimientos Legales, necesarias para la pro-tección de los intereses de los menores dueños del inmueble. No existe conflicto alguno entre las leyes aplicables al Barrio Obrero y las disposiciones del Código Civil y Ley de Procedi-mientos Legales Especiales. Unas y otras pueden ser armo-nizadas fácilmente, con» sólo disponer en la resolución de la corte de distrito aprobando la venta del inmueble, que el már-shal del'distrito ante el cual deba celebrarse la subasta no. admitirá como postor a persona alguna que no reúna las condiciones requeridas por el artículo 9 de la Ley núm. 53 de 11 de julio de 1921, y que el márshal no hará la adjudica-ción de la propiedad al mejor postor, sin la preyia aprobación de la Comisión de Hogares Seguros. En esa forma quedarán debidamente protegidos los intereses de la comunidad deno-minada “Barrio Obrero” y los derechos de los menores.

Por las razones expuestas opinamos que las objeciones del Registrador están bien fundadas y que la nota recurrida debe ser confirmada.

      O Véanse: Resolución. Conjunta núm. 47 de 15 de mayo de 1933 (Leyes de 1932-33, pág. 743); Ley 250 de 1938 (pág. 492) y Ley 144 de 1943 (pág. 445).


author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Enrique López, acusado y apelante.
    Núm. 12621.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Noviembre 25, 1947.

      R. A. Arroyo Ríos, abogado del apelante; JIon. Procurador General Luis Negrón Fernández y J. Rivera Barreras, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Una denuncia radicada en la Corte Municipal de Río Grande el 20 de noviembre de 1945 imputó al apelante un delito de descuido y abandono de menores, consistente en que el 10 de septiembre de 1945 dejó de suministrar alimentos a su hija ilegítima de tres años de edad Nilda Alicia Eivera.

La vista del juicio de novo ante la corte a quo fue seña-lada para el 16 de enero de 1946. En esa fecha el acusado interpuso la defensa de cosa juzgada. Alegó que en otro caso de abandono de menores ante la Corte Municipal de Río Grande, en el cual se le imputó haber dejado de suminis-trar alimentos a la misma niña, fue absuelto por sentencia de 25 de enero de 1943. En apoyo de su defensa de cosa juzgada presentó en evidencia'copia certificada de la denun-cia y de la sentencia absolutoria del caso anterior. La corte a quo se reservó su resolución y suspendió la vista del caso hasta nuevo señalamiento. Algún tiempo después, en opo-sición a la defensa de cosa juzgada, el fiscal presentó una moción alegando que en el referido caso anterior no se cele-bró juicio; que el acusado y la denunciante comparecieron ante el juez municipal en su despacho y puestos de acuerdo en cuanto a la pensión que el acusado se comprometió a pasar a la niña, el juez municipal, sin que se celebrara juicio, dictó una sentencia absolviendo al acusado.

La vista de la moción del fiscal fué señalada para el 15 de marzo de 1946. Ese día, con la oposición de la defensa, el fiscal presentó el testimonio del juez municipal que había dictado la sentencia anterior. El juez municipal declaró que intervino en la cansa criminal en qne dictó la sentencia de 25 de enero de 1943; qne sn intervención consistió en qne después de radicada la denuncia en aquel caso, el acusado lo vió con el propósito de informarle del asunto; que como resultado de la conversación, el juez y el acusado convinie-ron entrevistarse con la denunciante con el fin de llegar a fin acuerdo; que posteriormente vino la denunciante donde el juez y éste le manifestó que había hablado con el acusado y que el mismo se'hallaba en buena disposición; que más tarde, el 25 de enero de 1943, la denunciante y el acusado vol-vieron al despacho del juez y discutieron el asunto, obligán-dose el acusado, sin que se hubiera practicado investigación alguna Sobre la paternidad, a pasar a la niña la suma de $10 mensuales en concepto de alimentos; que inmediatamente, sin que se hubiera celebrado juicio, extendió una nota al dorso de la denuncia declarando absuelto al. acusado. Ba-sándose en esa nota el seeretai’io redactó la sentencia en la forma ordinaria i ) y el juez la firmó.

A la luz de esta evidencia, la corte a quo desestimó la defensa de cosa juzgada y visto el caso en sus méritos el 28 de mayo de 1946, dictó sentencia declarando culpable al acu-sado.

En apoyo de este recurso de apelación el acusado señala como errores, entre otros, el haberse denegado su defensa de cosa juzgada y la admisión del testimonio del juez municipal, contradiciendo el contenido de la sentencia.

Desde nuestra decisión en el caso de Pueblo v. Lugo, 64 D.P.R. 554, quedó establecido en esta jurisdicción que la defensa de cosa juzgada puede ser invocada en casos criminales. Pero para que prospere esa defensa, es requisito indispensable que la sentencia anterior se haya dictado con jurisdicción, pues una sentencia dictada sin jurisdicción no existe ante la ley y no existiendo nna sentencia anterior, no puede haber cosa juzgada.

No hay duda que la Corte Municipal de Río Grande tenía jurisdicción para conocer del delito una vez negada la pater-nidad. También la tenía sobre la persona del acusado, quien se hallaba presente al dictarse la supuesta sentencia, pero no puede haber duda de que ninguna corte tiene el poder de dictar una sentencia como la del caso anterior, sin la celebración del correspondiente juicio. Es un principio bien establecido que una sentencia dictada sin jurisdicción, precisamente por ser inexistente, puede ser atacada colateral-mente en cualquier tiempo y aun con evidencia extraña al récord. Restatement, Judgments (1942) sección 2, comment b. ' Consecuentemente, no erró la corte a quo al recibir en evidencia la declaración del juez municipal, ni tampoco al denegar la defensa de cosa juzgada basándose en esa evi-dencia^) .

Se queja el apelante de que, después de empezado el jiiieio la corte, a petición de la denunciante, citara al padre de ésta, el cual no aparecía como testigo en la denuncia.

El ordenar la citación de un testigo cuyo nombre no apa-rece en la denuncia o acusación descansa en la sana discre-ción del tribunal, y a menos que se demuestre perjuicio al acusado, la resolución de la corte no será alterada en ape-lación'^)

Por último, alega el apelante que la evidencia es insuficiente para sostener la sentencia.

La evidencia del fiscal tendió a probar que el acusado, hombre casado, dueño de un automóvil público, • quien tra-bajaba en la ruta entre San Juan y Fajardo, emprendió re-¡aciones con la denunciante, quien vivía en uno de los pueblos de dicha ruta. Que repetidas veces la llevó a la playa de Isla Verde, donde la desfloró y siguió teniendo con-tacto carnal con ella. Que como resultado de esas relaciones nació la niña Nilda Alicia. .Que el acusado pagó los servi-cios de la comadrona y poco después abandonó a la denun-ciante y a la niña. En relación con esta evidencia la corte a quo tuvo ante sí la prueba de que el acusado, a virtud de la denuncia en el caso anterior, estuvo depositando en la Corte Municipal de Río Grande la cantidad de $10 mensua-les para alimentos de la menor. ()

Es verdad que la prueba de cargo en parte fue contra-dicha, pero habiéndola creído la corte a quo al dirimir el conflicto en contra del acusado, no debemos intervenir con su discreción en la apreciación de la prueba.

Arguye el apelante que en casos como el presente en que la menor es una hija ilegítima, deben probarse dos elementos esenciales: la paternidad y la falta de suministrar alimentos sin excusa legal. En cuanto al primer elemento, alega que la paternidad no se establece con la mera manifestación de una mujer al efecto de que haya tenido relaciones carnales con el acusado y que como resultado de esas relaciones nació un hijo. Insiste en que es preciso probar alguno de los requisitos expuestos en el artículo 125 del Código Civil.()

Al así argumentar olvida el apelante que no estamos ante un caso de filiación en el cual sería de aplicación el artículo 125 del Código Civil. Se trata de un caso de abandono de menores y ya hemos resuelto que aun la sola declaración de la madre, si tiende a probar todos los elementos del delito y es creída por la corte, es suficiente para sostener una sentencia. Pueblo v. Cáceres, 65 D.P.R. 368 y Pueblo v. De Jesús, 57 D.P.R. 708.

Procede la confirmación de la sentencia.

      O La sentencia dice así:
      “En Bío Orando, P. B., a 25 de enero de 1943, ante esta corte compareció el acusado Enrique López personalmente y después de leída la denuncia alegó ser inocente. Vista la prueba la Corte declara a dicho acusado no culpable de abandono do menores y le absuelve. ' ’

      (2)La declaración del juez municipal no fué contradicha. Por el contrario, fuá corroborada por el propio acusado, quien durante el curso del juicio en sus méritos declaró; a preguntas de su abogado, que no se celebró tal juicio.

      (3)E1 juez propuso a la defensa posponer la continuación del juicio para otro día, de modo que tuviera tiempo suficiente para prepararse, si era que la declaración de este testigo podría resultar en una sorpresa para el acusado, pero la posposición del juicio fué rechazada.

      (‘)La evidencia de haber pasado alimentos por sí sola no es suficiente para sostener una convicción, poro puede sor tomada en consideración al apreciar toda la prueba.

      (3)E1 artículo 125 del Código Civil, en lo pertinente-, dice:
      “El padre está obligado a reconocer al hijo natural:

        “1. Cuando exista escrito suyo indubitable en que expresamente reconozca su paternidad.
      "2. Cuando el hijo -se halle en la posesión continua del estado de hijo natural del padre demandado, justificada por actos del mismo padre o de su familia. . .
      "3. Cuando la madre fue conocida viviendo en concubinato con el padre durante el embarazo y al tiempo del nacimiento del lujo.

        “4. Cuando el hijo pueda presentar cualquier prueba auténtica de su paternidad. ’ ’


author: El Juez Asociado Señoh De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Matías Díaz Concepción y Cecilio Mercado Esquilín, acusados y apelantes.
    Núm. 12484.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Noviembre 25, 1947.
    <7. Ramírez Viñas, abogado de los apelantes; Hon. Procurador General Luis Negrón Fernández y J. Rivera Barreras y Alberto Picó Santiago, Fiscal y Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, respec-tivamente, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoh De Jesús

emitió la opinión del tribunal..

Los apelantes fueron sentenciados por infracción a la Or-den Administrativa núm. 92' del Administrador G-eneral de Suministros.

Los Lechos pueden resumirse así: Matías Díaz Concep-ción era dueño de un establecimiento donde, entre otros ar-tículos, se vendía leche de vaca para el consumo humano. ■Cecilio Mercado Esquilín trabajaba con él en dicho estable7 'Cimiento, aparentemente en concepto de dependiente. El 16 ■de agosto de 1946, no encontrándose en el establecimiento Matías Díaz Concepción, dicho dependiente vendió a Juan Lucré un litro de leche cruda a granel por el precio de vein-tidós centavos, en exceso del precio máximo de diez y nueve centavos fijado por la citada Orden Administrativa para dicho artículo.

El apelante Matías Díaz Concepción señala como error el que se le haya convicto no hallándose presente en el establecimiento al celebrarse la transacción ilegal e invoca los casos de El Pueblo v. López et al., por infracción a la Ley Insular de Suministros, ante, página 623. En los referidos casos se resolvió que cuando el dueño del establecimiento no participa personalmente en la transacción ilegal, no es responsable del delito, a menos que exista alguna evidencia, directa o circunstancial, tendente a. demostrar que sus em- • pleados intencional o deliberadamente infringieron la ley por instrucciones suyas o con su aprobación o aquiescencia.

De la prueba testifical que tuvo ante sí la corte senten-ciadora no resulta que el dependiente infringiera la ley si-guiendo instrucciones de su'principal, o con su aprobación o aquiescencia. Pero el fiscal presentó la declaración jurada que había prestado el coacusado Cecilio Mercado Esquilín, en la que decía que al vender la leche al precio que se alega en la acusación, lo hizo siguiendo instrucciones de su principal.

La cuestión ahora a resolver es si esa evidencia es suficiente para sostener la sentencia contra Díaz Concepción. ' No debemos perder de vista que Matías Díaz Concepción y Cecilio Mercado Esquilín, habiendo sido acusados del mismo delito, eran cómplices. Pueblo v. Figueroa, 46 D.P.R. 134; Pueblo v. López, 34 D.P.R. 260; Pueblo v. Robles, 13 D.P.R. 308 (2da. ed., 1921) y People v. Morton, 73 Pac. 609 (Cal. 1903). Siendo Mercado Esquilín un cómplice es de aplicación el artículo 253 del Código de Enjuiciamiento Criminal que prescribe:

“No procede la convicción por declaración de un cómplice, a no ser que ésta sea confirmada [corroborada] () por alguna otra prueba que, por sí misma y sin la ayuda del testimonio del cómplice, tienda a demostrar la relación del acusado con la comisión del delito; no siendo suficiente dicha corroboración si sólo prueba la perpetración del delito o las circtmstancias del mismo.” (Materia entre corchetes nuestra.) (Bastardillas nuestras.)

Si eliminamos la. declaración de Mercado Esquilín, no queda en este caso ninguna prueba que tienda a conectar a Díaz Concepción con la comisión del delito. Consecuente-mente, la prueba es insuficiente para sostener la sentencia dictada contra Díaz Concepción. Pueblo v. Figueroa, supra; Pueblo v. López, supra; Pueblo v. Robles, supra y People v. Morton, supra.

En cuanto al acusado Cecilio Mercado Esquilín la prueba fue contradictoria, pero la del fiscal, a la cual dió crédito la corte, es suficiente para sostener la convicción.

Procede revocar la sentencia en cuanto a Matías Díaz Con-cepción y absolverlo y confirmarla en lo cjue respecta a Ceci-lio Mercado Esquilín.

      O El texto inglés dice ‘ ‘ corroborated. ’ ’


author: El Juez Asociado Señob Snyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Camacho García y Victoriano Marrero Figueroa, acusados y apelantes.
    Núm. 12620.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Noviembre 25, 1947.

      A. Quirós Méndez y Angel Roberto Díaz, abogados de los apelantes; Hon. Procurador General Luis Negrón Fernández y J. Rivera Barreras y Alberto Picó Santiago, Fiscal y Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, respectivamente, abogados de El Pueblo, ape-lado:
   El Juez Asociado Señob Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La Ley núm. 31, Leyes de Puerto Pico, 1943, (pág. 83), provee que será delito misdemeanor la infracción de cualquier reglamento o lista de precios promulgados bajo la autoridad de la Ley de Emergencia de Control de Precios de 1942, según enmendada. A los acusados se les denunció ante la corte municipal por vender el 14 de agosto de 1946 una lata de salsa de tomate en 10^, cuando dicha lata tenía en la lista de precios un precio máximo de 8«i. Fueron convictos en la corte municipal y en apelación en la corte de distrito, donde cada uno fue sentenciado a sufrir tres meses de cárcel y a pagar una multa de $100.

En su primer señalamiento alegan los apelantes que cuando esta venta tuvo lugar el 14 de agosto de 1946, la Ley de Emergencia de Control de Precios de 1942 ya había expirado y que, en su consecuencia, la Ley núm. 31 había- expirado también.

La Ley Federal estuvo en vigor desde el 1942 hasta el 30 de junio de 1947. Se aprobó originalmente por un año, pero fue en varias ocasiones prorrogada por un año más. Historical Note, 50 U.S.C.A. App., see. 901. Sin embargo, con-trario a las prórrogas anteriores, la última de 1946 — que cambió la fecha de expiración de la ley de junio 30 de 1946 a junio 30 de 1947 — no fue hecha antes de que expirara la prórroga anterior el 30 de junio de 1946. Es decir, por pri-mera vez desde que se aprobó originalmente la Ley en 1942, el 30 de junio de 1946, el Congreso permitió que la ley expirara: el estatuto que la prorrogaba desde el 30 de junio de 1946 al 30 de junio de 1947 no fué aprobado hasta el 25 de julio de 1946. La Ley Federal, en su consecuencia, no es-tuvo en vigor desde julio 1ro. a julio 25 de 1946. Latoni v. Corte Municipal, ante pág. 140; Pueblo v. Rivera Irizarry, ante, pág. 190.

Toda vez que la Ley de Emergencia de Control de Pre-cios de 1942 expiró el 30 de junio de 1946,.los apelantes ale-gan que el estatuto federal de 1946 era una nueva ley y no una prórroga de la ya existente; y que, en su consecuencia, la núm. 31 también expiró el 30 de junio de 1946, toda vez que la Ley núm. 31 disponía solamente que sería delito misdemeanor infringir la Ley de Emergencia de Control de Precios de 1942, según enmendada, y no ninguna otra nueva ley.

Esta contención está en pugna con el lenguaje expreso del Congreso. La sección 1 del estatuto federal de- 1946, cono-cido como la Ley de Extensión de Control de Precios, 60 Stat. 664, dispone que “la sección 1(b) de la Ley de Emergencia de Control de Precios de 1942, según enmendada, queda por la presente enmendada eliminándole la frase ‘junio 30 de 1946’ e insertándole ‘junio 30 de 1947’.”

La sección 18, 60 Stat. 664, 678, lee en parte como sigue:

“ (1) Las disposiciones de esta Ley empezarán a regir a partir del 30 de junio de 1946 y (2) todos los reglamentos, órdenes, listas de precios y requisitos bajo la Ley de Emergencia de Control de Precios de 1942, según enmendada ... y la Ley de Estabilización de 1.942, según enmendada, que estaban en vigor el 30 de junio de 1946, continuarán en vigor de igual forma y con el mismo alcance cómo si esta Ley se hubiera aprobado el 30 de junio de 1946 . . . Disponiéndose, además, que ninguna actuación o transacción, u omi-sión o falta de gestión, que ocurra con posterioridad al 30 de junio de 1946, y antes de la fecha de aprobación de esta Ley, será con-siderada como una infracción de la Ley de Emergencia de Control de Precios dé 1942, según enmendada, o a la Ley de Estabilización de 1942, según enmendada, o de cualquier reglamento, orden, lista de precios o requisito bajo cualquiera de tales leyes. . .”

Es evidente que con las secciones 1 y 18 el Congreso no tuvo la intención de aprobar una nueva ley propiamente dicha. Más bien, revivió la Ley de 1942, extendiéndola con algunas enmiendas por un año a partir de junio 30 de 1946, fecha a la cual la ley de. prórroga se hizo retroactiva desde julio 25 de 1946. Tanto este lenguaje como su historia legislativa hacen claro que el Congreso quiso “cerciorarse de que las disposiciones de estas leyes [la Ley de Emergencia de Control de Precios y la Ley de Estabilización] no serán consi-deradas como qne dejaron de estar en vigor el 30 de junio de 1946 . . Committee of Conference, House Report, U. S. Code Congressional Service, 79th Congress, Second Session, (1946), págs. 1296-97 (corchetes nuestros).

Sin embargo, los acusados alegan que el Congreso no tenía poder para calificar a la nueva ley como una enmienda o con-tinuación de la ley anterior. Insisten en que tan pronto una ley expira ésta está muerta y no puede ser revivida, y en que el Congreso no puede caracterizar válidamente la ley posterior como una prórroga de una ley que ya ha expirado. Por tanto, los acusados pretenden que consideremos la ley de 1946 como una.ley nueva no obstante el lenguaje expreso en contrario de las secciones 1 y 18.

Sin embargo, aun cuando estuviéramos dispuestos a re-chazar este contexto del Congreso en su propio estatuto, las cortes federales han resuelto lo contrario. Han sostenido la validez de esta acción congresional y resuelto que no hubo solución de continuidad entre la ley de 1942, según enmen-dada, y el estatuto de 1946. Kersten v. United States, 161 F.2d 337 (C.C.A. 10, 1947); Watts v. United States, 161 F.2d 511 (C.C.A. 5, 1947); Porter v. Shibe, 158 F.2d 68 (C.C.A. 10, 1946); Porter v. Merhar, 160 F.2d 397 (C.C.A. 6, 1947). Véase Fleming v. Rhodes, 331 U. S. 100, 91 L. ed. 998. ( )

Una vez que hemos llegado a la conclusión de que la Ley de Extensión de Control de Precios de 1946 no era un nuevo estatuto sino una ley que prorroga la Ley Federal de 1942, según enmendada, el problema se simplifica en este caso. Los acusados arguyen que la Legislatura tuvo la in-tención de que la Ley núm. 31 cesara a la fecha de expira-ción de la Ley Federal tal cual ésta leía en 1943 cuando se .aprobó la núm. 31. Pero ya hemos rechazado esa contención. Dijimos en Irizarry v. Corte, 64 D.P.R. 94, 101 — 2, que la Ley núm. 31 válidamente incorporó por referencia como legisla-ción vigente un estatuto federal de 1944 que prorrogó la Ley de Emergencia de Control de Precios de 1942, según enmen-dada, hasta junio 30 de 1945. De igual modo, el estatuto federal de 1946, que prorroga una vez más la ley de 1942, también sirvió para mantener vigente la Ley núm. 33. En su consecuencia, una infracción de una lista de precios pro-mulgada a tenor con la Ley de Emergencia de Control de Precios de 1942, según prorrogada y enmendada por la Ley de Extensión de Control de Precios de 1946, que ocurrió, como en este caso, entre el 25 de julio de 1946 y el 30 de junio de 1947, constituía un misdemeanor bajo la Ley núm. 31, que podía ser perseguido en las cortes insulares.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito cometió error al apreciar la prueba. Los acusados son el dueño de una tienda y el dependiente que hizo la venta. El dueño no estaba de hecho presente cuando ésta se efectuó. La evidencia presentada durante el juicio era sustancialmente la misma que la del caso del Pueblo v. Díaz Concepción, et al., ante, pág. 785.

Por los motivos expuestos en dicha opinión, la prueba fue suficiente en cuanto al dependiente, pero no en cuanto al dueño.

La sentencia de la corte de distrito será revocada en cuanto al dueño de la tienda y confirmada en cuanto al de-pendiente.

      (*) Aunque los casos resuelven que el Congreso podía válidamente proveer tal continuidad haciendo retroactiva la Ley do 1946, es obvio que no podía disponer que constituía delito cualquier actuación realizada durante el lapso de 25 días, cuando no estaba en vigor estatuto federal alguno. Sin embargo, ese período de 25 días quedó cubierto en Puerto Bieo por una ley insular distinta y por una orden administrativa insular promulgada a tenor con, la misma. Pueblo v. Rivera Iriaarry, supra, pág. 192.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Pedro Cintrón, demandante y apelado, v. Corte Municipal de San Juan, Sala Primera, Hon. V. M. Fernández, Juez, demandada; Miguel Martínez, interventor y apelante.
    Núm. 9441.
    Sometido: Noviembre 6, 1947.

      Resuelto: Noviembre 26, 1947.

      Benigno Dávila, abogado del apelante; Carlos D. Vázquez y Amoldo Cabrera, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El demandante, arrendatario de nn local destinado a fines comerciales, subarrendó al demandado sobre una base de mes a mes xma parte de dicho local. En la porción subarrendá-dale el demandado explota una joyería. En marzo de 1946 el demandante instituyó pleito de desahucio ante la corte municipal' solicitando el lanzamiento del demandado. Des-pués de haber éste radicado su contestación, el 2 de abril de 1946 las partes estipularon que se dictara sentencia a favor del demandante; que el demandado tendría un término de cinco meses contado a partir del 1ro. de abril de 1946 para desalojar el local; que seguiría pagando la misma cantidad que antes pagaba, y que si dejaba- de pagarla durante dichos cinco meses, entonces se -ordenaría inmediatamente al marshal que lo desahuciara; y cpie las partes “renuncian expre-samente el derecho de apelación y cualquier otro contra la sentencia...”. De conformidad con los términos de la es-tipulación la corte municipal dictó sentencia el 2 de abril de 1946.

El 9 de agosto de 1946 el demandado radicó • en la córte municipal una' moción solicitando la suspensión de los pro-cedimientos en vista de la sección 12 de la Ley núm. 464, Leyes de Puerto Rico, 1946 ((1) pág. 1327). La corte, municipal declaró sin lugar la moció¡n por el fundamento de que el demandado venía obligado por la estipulación. En un recurso de certiorari, la corte de distrito' dejó sin efecto la resolución de la corte municipal. El demandante ha apelado de esta resolución de la corte de distrito.

.E1 apelante alega en primer lugar'que la Ley núm. 464 quedó totalmente suspendida por la Ley Federal de Ex-tensión de Control de Precios de 1946. No hay base para tal contención. El control Federal de -alquileres desde 1942 se ha limitado a viviendas. Por tanto, nuestra resolución en el caso de Latoni v. Corte, 67 D.P.R. 140, no es de apli-cación al presente, en que se trata de un local comercial.

Tampoco' tiene méritos el segundo error del apelante. Arguye que la Ley núm. 464 no ordena la suspensión de los procedimientos de un arrendatario contra su subarrendata-rio. Pero la sección 22 define el término propietario como incluyendo al subarrendador, y el término inquilino como in-cluyendo al subarrendatario.

En el tercer error el demandante impugna la Ley núm. 464 como inconstitucional al ser aplicada a este caso, por los fundamentos (1) que anula una sentencia dándole efecto retroactivo a la Ley núm. 464 y (2) que menoscaba la obligación de los contratos.

Enfionf.T-fl.TnoH la contestación a estos argumentos en el caso de Fleming v. Rhodes, 331 U.S. 100, 91 L.ed. 998. Toda vez que la Ley de Emergencia sobre Control de Precios de 1942, según enmendada, no estuvo en vigor entre julio 1ro. y julio 25 de 1946, algunos propietarios obtuvieron sentencias esta-tales para desahuciar inquilinos durante este corto período, sin los certificados exigidos por los reglamentos Federales. Sin embargo, antes de' que algunos de estos inquilinos fue-ran de hecho lanzados, en 25 de julio de 1946 el Congreso aprobó la Ley de Extensión sobre Control de Precios que disponía en su sección 18 que empezaría a regir desde el 30 de junio de 1946 y que todos los reglamentos expedidos bajo la Ley de Emergencia de Control de Precios de 1942, según enmendada, estarían en vigor en la misma forma como si la Ley de 1946 hubiera sido aprobada el 30 de junio de 1946. Véase Pueblo v. Camacho García et al., ante, pág. 788.

Entonces el Administrador Federal solicitó injunctions ante las cortes de distrito Federales para impedir los lan-zamientos basados en estas sentencias estatales. La dispo-sición de la sección 18 al efecto de que la Ley Federal sería efectiva a partir del 30 de junio de 1946, fué impugnada por los propietarios-demandados en estos casos, por ser in-constitucional de aplicarse la misma a sus sentencias esta-tales (1) porque se ponían estas sentencias estatales retro-activamente bajo la Ley de Extensión y (2) porque los dere-chos adquiridos creados por las sentencias no podían ser-destruidos por legislación posterior.

En el caso de Fleming- la Corte Suprema sostuvo el dere-cho del Administrador a obtener tales injunctions contra estos propietarios. La corte respondió a estos dos argumen-tos constitucionales indicando en cnanto al primero que la restricción sobre desahucios era para el futuro, más bien que retroactiva. En cuanto al segundo punto relacionado con los supuestos derechos adquiridos de los propietarios en sus sentencias, la Corte dijo en 91 L.ed. 1002:

“Es inmaterial el hecho de que las sentencias estatales fueron obtenidas antes o después de la fecha en que entró en vigor la Ley de Extensión. El esfuerzo del apelante es impedir futuros procedi-mientos de lanzamiento, después de que los propietarios apelados hayan adquirido, mediante sentencias válidas, lo' que la corte de distrito caracterizó como ‘derechos adquiridos’. La reglamentación Federal de acción- futura basada en derechos adquiridos anterior-mente por la persona reglamentada no está prohibida por la Cons-titución. Toda vez que la Constitución autoriza la legislación pos-teriormente aprobada, el hecho de que sus disposiciones limiten o interfieran con derechos adquiridos anteriormente, no la proscribe. La inmunidad contra reglamentación Federal no se obtiene mediante contratos celebrados en previsión de la misma. Si fuera de otro modo, los poderes supremos del Congreso podrían ser anulados por el ‘ discernimiento prófético. ’ Los derechos adquiridos en las senten-cias no tienen una base diferente. La protección de facilidades de vivienda en las áreas de defensa mediante las leyes de control de precios, pueden llevarse a cabo por el apelante no obstante estas sentencias anteriores. ...”

Lo mismo que la Ley Federal de 1946, la Ley núm. 464 tiene un carácter prospectivo y no retroactivo, y fué correc-tamente aplicada en este caso para prohibir futuras órdenes de lanzamiento, y no a las sentencias ya dictadas. Y, según lo hace constar claramente el caso de Fleming, una senten-cia — ya sea resultado de un pleito o de un “contrato” — no puede operar en el sentido de impedir legislación que regule actuaciones futuras, v.g., lanzamientos que todavía no se han ejecutado.

En su cuarto señalamiento el apelante alega que el demandado está impedido de solicitar la suspensión de los procedimientos por razón de su estipulación allanándose a la sentencia y renunciando el derecho de apelación y cual-quier otro que pudiera tener contra la sentencia. Pero, bajo estas circunstancias, una sentencia por estipulación o consen-timiento no es diferente a una dictada después de larga liti-gación. El allanamiento a que se dicte sentencia meramente obvia la necesidad de prueba. Y la parte perdidosa está impedida de negar solamente lo que la sentencia tiene por miras, establecer como los hechos y la ley del caso según existían en dicha fecha. Véanse Myers v. Myers, 100 S.W.2d 693 (Ky., 1936); Keach v. Keach, 290 S.W. 708 (Ky., 1927); Snyder v. Schmoyer, 104 P.2d 612 (Colo., 1940); Smith v. Smith, 173 S.W.2d 813 (Ky., 1943); Sidelinker v. York Shore Water Co., 105 A. 122 (Me., 1918); 3 Freeman on Judgments (5ta. ed.) sec. 1350, págs. 2773-74.

No nos detenemos a determinar el efecto de la Ley núm. 464 sobre una sentencia.por consentimiento dictada después de entrar en vigor la Ley. Aquí el subarrendatario consintió en que se dictara sentencia en su contra con anterioridad al día en que la Ley núm. 464 entró en vigor para edificios comerciales. Si dicha sentencia hubiese sido el producto de un caso contencioso, a tenor con las expresas disposiciones de la sección 12 suspendiendo todos los procedimientos de desahucio que no se ajustasen a las condiciones y términos de la Ley núm. 464, no podía expedirse una orden posterior de lanzamiento dirigida al márshal de conformidad con dicha sentencia. Esta sentencia por consentimiento no es mejor que la otra. En ambos casos el procedimiento aún no se ha terminado si el lanzamiento no se ha ordenado y efectuado. Véase Kimmelman v. Tenenbaum, 50 N.Y.S.2d 912, 915 (1944).

La sección 12 no destruye o menoscaba ninguna de las. dos clases de sentencias, las que continúan en vigor. Provee en sustancia que no se tomará paso futuro alguno, incluyendo una orden de lanzamiento, en cualquier procedimiento de desahucio, a no ser que la demanda se ajuste o se haga ajus-tar a las condiciones y términos de la Ley núm. 464. Por tanto, la corte municipal estaba obligada bajo la sección-12 a suspender los procedimientos, no obstante lá sentencia por consentimiento, cuando el demandado lo solicitó el 9 de agosto de 1946, después de entrar en vigor la Ley núm. 464 y antes de-'que se expidiera y ejecutara una orden de lanzamiento.

El demandante alega como parte de su cuarto seña-lamiento que la Legislatura tuvo por miras que la sección 12 fuera aplicable solamente a casos futuros y no a los pen-dientes. El lenguaje de la sección 12 claramente demuestra que fue la intención que se aplicara a procedimientos pen-dientes.

También sostiene el demandante, todavía como parte del' cuarto señalamiento, que la Legislatura no contempló que la sección 12 se aplicaría a casos en que ya se había dictado sentencia. Pero nada hay en la sección 12 que exima tales casos de sus términos. Su lenguaje es más bien absoluto. Los procedimientos en todos.los casos, no importa en qué estado, serán suspendidos. Font v. Echeandía, 67 D.P.R. 244.

El demandante levanta varias cuestiones en su quinto señalamiento de error. El único punto que creemos necesario examinar aquí es- su argumento de que la sección 12 confirió discreción a las cortes para suspender o negarse a suspender este procedimiento, y que la corte de distrito abusó de su discreción al ordenar la suspensión. Nada encontramos en la sección 12 en apoyo de esta contención. Siempre y cuando que un caso caiga dentro de sus términos, dicha sección exige la suspensión de los procedimientos, y nada deja a la discreción de la corte. Véase Font v. Echeandía, supra.

En su sexto error, el demandante renueva su ataque a la constitucionalidad de la Ley núm. 464 al aplicarse ésta a edificios comerciales. Sus argumentos no son ahora, como en el tercer error, que la Ley es nula al aplicársele a él, debido a su alegado efecto retroactivo y debido también al derecho adquirido que obtuvo en la sentencia.' Aquí impugna la ley en su efecto prospectivo. Es difícil desentrañar los argumentos legales del lenguaje insultante que lanza el de-mandado a esta legislación. Pero las contenciones del de-mandante aparentemente son al efecto de que la ley le priva de su propiedad sin el debido procedimiento de ley y que le niega la igual protección de las leyes.

Una considerable porción del alegato del demandante so-bre este punto se emplea en la contención de que la Ley núm. 464 es inconstitucional en tanto en cuanto la sección 12(/) limita el derecho de un propietario a desahuciar a un inqui-lino que no tenga arrendamiento por término lijo de las facilidades de vivienda con el fin' de él ocuparlas o de dejar-las deshabitadas. Cf. Latoni v. Corte, 67 D.P.R. 140, 149, escolio 1. Dicho argumento no es de aplicación a este caso, que envuelve una propiedad comercial.

El demandante también impugna la Ley núm. 464 por inconstitucional porque no provee, según él, que el dueño de un edificio comercial puede recobrar para uso propio la posesión de un inquilino de mes a mes. Tampoco aquí el demandante, quien es un subarrendador, tiene capacidad para levantar esta cuestión contra el demandado, su subarrendatario.

En cuanto al punto de que la Ley núm. 464 priva al demandante de su propiedad sin el debido procedimiento de ley, no se ha citado caso alguno que envuelva un estatuto sobre control de alquileres para edificios comerciales. Sin embargo, no tenemos duda de que la Legislatura puede, bajo condiciones de guerra y postguerra, cuando los precios suben indebidamente y los materiales de construcción escasean, hacer uso del poder de policía para restringir los desahucios tanto de las viviendas como de los edificios comerciales, siempre y cuando que también disponga el pago de cánones razonables y equitativos. Véase Latoni v. Corte, supra, pág. 151-52.

En su “Exposición de Motivos” contenida en la Ley núm. 464 la Legislatura declara que debido a que los edificios que se usan para negocios y propósitos comerciales no están suje-tos a las disposiciones sobre inquilinato de la Ley de Emer-gencia para el Control de Precios de 1942 y “a la gran de-manda de edificios para usos comerciales . . . numerosos pro-pietarios fian estado . . . imponiendo a sus arrendatarios contratos . . . irrazonables; han aumentado las rentas hasta sumas que en algunos casos exceden del doscientos (200) por ciento del canon original y están recurriendo a diversas prác-ticas de especulación y de violento desalojo de negocios e in-dustrias de importancia económica para el país. Estas prác-ticas de agiotaje menoscaban la libertad de contratación, imponen costes injustificados a la_industria y al comercio con el consiguiente perjuicio para el público consumidor, destru-yen el crédito (good will) de las empresas, causan daño a la economía de la Isla y afectan al bienestar, la salud y la seguridad del pueblo.”

Está fuera de toda discusión el hecho de que el control de alquileres en un período de emergencia es válido. Bowles v. Willingham, 321 U.S. 503; Fleming v. Rhodes, supra; Miranda v. Corte, 63 D.P.R. 161. T quizá se podría plausi-blemente argumentar que una reglamentación similar de edi-ficios comerciales es necesaria como un incidente al control sobre viviendas, para evitar se conviertan las propiedades de; viviendas en propiedades para usos comerciales. De cual-quier modo, el control de los alquileres de edificios comerciales, bajo las circunstancias prevalecientes en-Puerto Rico-cuando la Ley núm. 464 se aprobó, es un válido ejercicio del poder de policía independientemente del control de alquileres, do viviendas.

Estamos en medio de una emergencia postguerra. Hay escasez de materiales de construcción, existe una gran nece-sidad de edificios comerciales y la inflación amenaza por todas' partes. Estas condiciones justifican que se apruebe legisla-ción para impedir aumentos irrazonables en los cánones de-edificios comerciales e impedir lanzamientos ilimitados de los mismos. En verdad, si tales prácticas inflacionarias perma-necieran sin fiscalizar, el público consumidor las sentiría más .agudamente que el cobro de un canon excesivo o el lanza-miento de un individuo particular de una sola vivienda. Esto •es así porque los comerciantes, obligados a pagar cánones ■ opresivos, en seguida les pasarían al público el pago de los mismos.

El demandante ataca fuertemente la sabiduría de la Ley núm. 464. Ésta es una cuestión que atañe a la Legisladura y no a los tribunales. Gobierno de la Capital v. Consejo Ejecutivo, 63 D.P.R. 434, 448-49.

La resolución de la corte de distrito será confirmada.


author: El Juez Asociado Señob, Snydek

text:
    Flor Camacho, peticionario, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. Fernando Gallardo Díaz, Juez, demandado.
    Núm. 1700.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Noviembre 26, 1947.

      Benigno Dávila, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señob, Snydek

emitió la opinión del tri- ■ banal.

Flor Camacho radicó una demanda de 'divorcio en la corte de distrito por la causal de separación. Alegó que tiene cinco hijos, tres de los cuales viven con él. También radicó una moción solicitando el beneficio de pobreza en la cual juró que “es pobre en el sentido de que no percibe rentas ni emolu-mentos de clase alguna excepto lo que escasamente gana para vivir.” Dos personas radicaron declaraciones juradas en apoyo de esta moción, en las cuales dicen que el demandante guna “escasamente para vivir y atender las necesidades más perentorias de él y su familia, y carece de recursos para poder atender los gastos de litigios, o de cualquiera otra clase en las cortes.” La corte de distrito denegó la moción.

Camacho solicitó reconsideración, presentando dos decla-raciones juradas adicionales, una del Alcalde de su pueblo, al efecto de que “es un hombre muy pobre, que trabaja a jornal, y que solamente trabaja como dos o tres días a la semana, de manera que lo que gana le da escasamente para vivir y atender las necesidades de él y su familia; que es insolvente y carece de recursos para hacer gastos extraor-dinarios fuera de los de sostenerse él y su familia . . . .”. La corte de distrito declaró sin lugar la moción de reconsi-deración. Expedimos auto de certiorari para revisar la ac-tuación de la corte inferior.

La sección .7 de la Ley núm. 17, Leyes de Puerto Eico, 1915 (pág. 45), según quedó enmendada por la Ley núm. 58, Leyes de Puerto Eico, 1942 ((1) pág. 569), lee en parte como sigue:

“Cualquier vecino de Puerto Rico que desee- entablar una acción civil y no pudiere pagar los derechos requeridos por esta Ley,.podrá presentar al secretario una declaración jurada exponiendo su impo-sibilidad de .pagar dichos derechos, juntamente con una copia de la demanda que se propone deducir, y el secretario someterá dicha de-claración jurada y‘la referida demanda al juez del tribunal; y si dicho juez juzgara suficiente en derecho la demanda, permitirá que se anote dicha demanda, por lo cnal el demandante tendrá derecho a todos los servicios de todos los funcionarios del tribunal y a todos los mandamientos y providencias del mismo, como si los derechos hubiesen sido satisfechos. ...”

La corte de distrito no expuso los motivos que tuvo para denegar la moción de Camacho solicitando permiso para liti-gar in forma pauperis. Sin embargo, como la propuesta de-manda es “suficiente en derecho,” suponemos que la corte inferior creyó que el demandante no demostró debidamente que “no podía pagar los derechos requeridos” por la Ley núm. 17.

No se ha citado caso alguno que interprete la incapacidad de pagar bajo la Ley núm. 17. Pero en una situación similar en casos criminales, hemos indicado que el peticionario no viene obligado a demostrar que es absolutamente insolvente, desamparado, y sin medios de vida. Más bien el requisito es que por razón de pobreza no puede pagar los derechos. Pueblo v. Pagán, 48 D.P.R. 286; Berrios v. Garáu, 44 D.P.R. 775. Véanse Pueblo v. Lawton, 46 D.P.R. 184 y Pueblo v. Ramos, 48 D.P.R. 213. Según indica la corte en Fils v. Iberra, St. M.&E.R. Co., 82 So. 697, 700 (La., 1919): “Para tener dere-cho a demandar in forma pauperis, no es necesario que el litigante potencial esté en tal desamparo que no tenga una cama en qué dormir, o una mesa en qué comer, o una silla en qué sentarse.” (Véase Anotación, 6 A.L.R. 1281.)

Debe entenderse que no es nuestra intención abrir las puertas a un torrente de litigación civil in forma pauperis por aquéllos que, si bien viviendo modestamente, pueden, aún con alguna dificultad, pagar las costas ocasionadas por tales pleitos. La cuestión debe siempre determinarse a la luz de las condiciones locales y a discreción de la corte sentenciadora. Véanse Howard v. Western Auto Supply Co., 192 So. 137 (La., 1939); Alexander v. Superior Court, 84 P.2d 1061 (Calif., 1939); Van Benthuysen v. Gengler, 100 S.W.2d 116 (Tex., 1936). Además, este privilegio debe otorgarse restric-tivamente y la discreción de la corte “debe ejercitarse con el mayor cnidado, a fin de evitar qne personas poco escrupulo-sas, que no son ni indigentes ni poseen derechos sustanciales, disfruten de este privilegio.” Majors v. Superior Court, 184 P. 18, 22 (Calif., 1919).

En este caso la corte inferior puede haber creído que el demandante debió haber expuesto en detalle sus ingresos y egresos, así como declarar afirmativamente, como se hizo aquí, que él no tenía bienes o medios fuera de sus ingresos diarios. En verdad, creemos aconsejable que las cortes sentenciadoras exijan toda esta información. Pero aquí la corte inferior nunca le hizo saber al demandante por qué le había denegado dos veces su moción. El demandante adujo evidencia de que sus únicos medios consistían de sus ingresos como jornalero dos o tres días a la semana. Y toda vez que suscribió su moción con una marca, es de presumirse que es analfabeto e indudablemente sus ingresos muy escasos. Bajo todas estas circunstancias, creemos que la moción debió haber sido declarada con lugar. Sin embargo, volvemos a enfatizar que este privilegio debe interpretarse estrictamente y que la corte de distrito no debe conceder tales mociones con la mera declaración de incapacidad para pagar las costas, pero debe exigir tanto una declaración afirmativa en cuanto a posesión de bienes y una lista expresa y detallada de los ingresos, gastos, activo y otros medios de fortuna, con el fin de que la corte pueda ejercitar su discreción inteligentemente en solicitudes para litigar in forma pauperis. Véase Sears v. Tindall, 15 N.J.L. 399 (1836), según se cita en 6 A.L.R. a la pág. 1286.

La resolución de la corte de distrito será anulada y se devolverá el caso con instrucciones de que se conceda la mo-ción del demandante solicitando permiso para litigar in forma pauperis.


author: El Juee Asociado Señor Marrero

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Onofre Pierantoni, acusado y apelante.
    Núms. 12791-92-93.
    Sometidos: Noviembre 10, 1947.

      Resueltos: Noviembre 26, 1947.

      Ramón R. Cabrera, abogado del apelante; Ilon. Procurador General Luis Negrón Fernández, y J■ Rivera Barreras y Alberto Picó Santiago, Fiscal y Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, respec-tivamente, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juee Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

Onofre Pierantoni fue acusado ante la Corte de Distrito-de Ponce del delito de homicidio voluntario, porque allá para el 16 de octubre de 1941, () y en el barrio Jagua Pasto, de Guayanilla, con ocasión de una súbita pendencia y arrebato de cólera acometió y agredió con una escopeta a Elena Cara-bailo Cedeño, haciéndole un disparo, a consecuencia del cual ésta falleció momentos después. También se le acusó de los delitos de portar armas e infracción a la Ley sobre Registro-de Armas.() Los casos fueron vistos conjuntamente: el de homicidio voluntario ante jurado y los misdemeanors ante-tribunal de derecho, por la prueba sometida para el delito-grave. El jurado rindió veredicto condenatorio en el caso de homicidio y la corte sentenció al acusado a una pena de 5% años de presidio. En cada uno de los misdemeanors le impuso un mes de cárcel.

De las sentencias dictadas en su contra el acusado ha apelado, radicando un solo alegato en apoyo de sus tres recursos. Sostiene en éste que (1) la corte inferior erra al admitir, con la oposición de la defensa, la pistola ocupada por el Jefe Molina 'en la casa del acusado, un día después de cometidos los hechos, sin haber sido identificada debida-mente dicha pistola, ni haber sido ocupada mediante orden de allanamiento al efecto; (2) al admitir los dos cartuchos de escopeta ocupados en la residencia del acusado en este caso, al otro día de cometidos los hechos, sin orden de allana-miento, habiéndose influenciado en esta forma a los señores del jurado; y (3) que el acusado no fué declarado culpable y convicto de portar armas ni de infracción a la Ley de Re-gistro de Armas, habiendo sido sentenciado sin haberse dis-entido ciertas cuestiones de derecho que había pendientes.

Consideraremos conjuntamente los dos primeros errores señalados. De los autos se desprende que los testigos Angel Sáez Sáez y Pedro Ortiz Sánchez declararon que la pistola ofrecida en evidencia se les parecía a la que ellos vieron en manos de Onofre Pierantoni el día 16 de octubre de 1941, minutos antes de cometer éste el delito grave de que se le acusa, y que creían que era la misma. Rafael Molina, Jefe de la Policía Insular, quien practicó el arresto del acusado, de manera enfática manifestó que la pistola que se le mostraba era la que él había ocupado en casa del acusado. Igual manifestación hizo en relación con los dos cartuchos de escopeta. Hubo, por tanto, suficiente identificación de ambas cosas. Pueblo v. Vega, 56 D.P.R. 437.

Si el acusado creyó que tanto la pistola como los cartuchos fueron ocupados ilegalmente, lo procedente hubiera sido que él radicara una moción sobre supresión de evidencia. Mociones de esa naturaleza por lo general deben presentarse con antelación al juicio. Pueblo v. Capriles, 58 D.P.R. 548; y Pueblo v. Acevedo, 59 D.P.R. 114. Hay casos, desde luego, en que la cuestión puede suscitarse en el curso mismo del juicio. Pueblo v. Capriles, supra, pág. 553, y Pueblo v. Nieves Marsán, ante, pág. 305. Empero, en estos casos el acusado no planteó en la corte inferior en ningún momento la cuestión de la ilegalidad del modo en que se obtuvo la evidencia ofrecida en su contra. Meramente sostuvo que no había habido suficiente identificación de la pistola y que los cartuchos no estaban conectados en forma alguna con la demás evidencia presentada en el caso.

De los autos se desprende, asimismo, que tanto la pistola como los cartuchos fueron ocupados en la propia casa del acusado por el Jefe de la Policía Rafael Molina. Estando Pierantoni acusado de un delito grave, la policía no necesitaba orden de allanamiento para arrestarle, ya que de acuerdo con el artículo 116 del Código de Enjuiciamiento Criminal “Un oficial de orden público.puede, sin una Orden de arresto, detener a una persona:. 3.. Cuando en realidad se ha cometido ‘felony’ (delito muy grave),, y él tiene motivos racionales para creer que la persona arres-tada lo ha cometido.” Además, como el delito de que se acu-saba a Pierantoni era un felony, el oficial de orden público, de Ser necesario, podía penetrar en su casa y hasta descerra-jar la puerta de la casa de éste para arrestarle. Artículo 124, Código de Enjuiciamiento Criminal.

En lo que concierne a la ilegalidad de la evidencia obtenida diremos finalmente que el acusado plantea por primera vez la cuestión en apelación y que esto, naturalmente, no puede hacerse. Pueblo v. Figueroa, 59 D.P.R. 918, y casos citados a la página 919. '

Dadas las consideraciones anteriores, creemos que tanto la pistóla como los dos cartuchos fueron debidamente identi-ficados; -que aún aceptando a los fines de esta opinión que dichos objetos fueron ocupados ilegalmente, tal ilegalidad no se planteó en ningún momento; y que la cuestión relativa a la ilegalidad de la ocupación de efectos ofrecidos en eviden-cia no puede suscitarse por primera vez en' apelación. No se han cometido, en su consecuencia, los dos primeros errores señalados.

Pasemos ahora al tercer error. Desde que se le leyó la acusación en el caso de homicidio la defensa expresó su deseo de que los tres casos se vieran conjuntamente y anunció que en relación con los misdemeanors tenía ciertas cuestiones de derecho que plantear. Durante el ’curso del juicio hizo manifestaciones similares. Más tarde y luego de rendirse por el jurado un veredicto condenatorio, reiteró su intención de plantear esas cuestiones de derecho. Sin embargo, en ningún momento se le expuso a la corte en qué consistían dichas cuestiones ni se dió oportunidad a ésta para resolverlas, no obstante el hecho de haber la corte inferior señalado distintas fechas para proceder al acto de dictar sen-tencia. El 20 de marzo de 1946, fecha finalmente señalada por la corte para tal fin, compareció tan sólo el acnsado, mas no así sus ahogados. La corte, velando por los intereses de éste, procedió entonces a designarle un abogado de oficio para que le representara en el acto de dictarse sentencia. El abo-gado aceptó la designación y el juez entonces, dirigiéndose al acusado manifestó: “Usted tenía un caso de asesinato y fué declarado culpable de homicidio voluntario.() Fué de-clarado culpable por el jurado. Por registro de armas y portar armas fué declarado culpable también. ¿Hay alguna razón para que no se dicte sentencia?” Al respondérsele negativamente el juez continuó diciendo: “La corte le va a-imponer, en el caso de homicidio voluntario, cinco años de presidio() y en el caso de portar armas, un mes de cárcel y en el de registro de armas un mes de cárcel.” En ningún momento posterior solicitó el acusado remedio alguno de la corte inferior en relación con los misdemeanors. Pudo ha-cerlo así y nunca lo hizo y plantea ahora por primera vez la cuestión ante este Tribunal. Tampoco creemos que este error existe. Conforme dijimos en Pueblo v. Rosario, 39 D.P.R. 84, en casos de' delitos menos grave el procedimiento seguido por el juez de la corte inferior es una forma lacónica bien entendida, usada por las cortes, para declarar a un acusado culpable y para sentenciarlo.

En adición a los errores específicamente señalados, insiste el apelante en que de toda la evidencia practicada aparece que los hechos ocurrieron dentro de la propia finca del • acusado y su esposa, pudiendo él, en su consecuencia, libre-mente transitar por ella con una escopeta.

De acuerdo con la Ley núm. 14 de 25 de junio de 1924, (Segunda Legislatura Extraordinaria, pág. 115), sus disposiciones no serán aplicables: “5. — A la portación de armas dentro de la propia casa o finca;”. La prueba que desfiló en este caso fué contradictoria. Mientras la de cargo tendió a demostrar que el acusado portaba la referida esco-peta por un “camino real” y que el delito se cometió en una finca de Juana Ramos, la de la defensa tendió a probar que no hubo tal portación por el camino vecinal y que la finca donde ocurrieron los hechos pertenecía a la Sucesión Marini, de la cual la esposa del acusado formaba parte. La corte de distrito al dictar sentencia en la forma que lo hizo induda-blemente dirimió el conflicto en la prueba. No creemos que debemos alterar su conclusión a este respecto. Pueblo v. Santos, ante, págs. 650, 653.

Deben confirmarse las sentencias apeladas.

      O Aunque el delito se cometió el 16 de octubre de 1941, no sabemos por qué causas el juicio no se celebró hasta el 6 de marzo de 1946.

      (a)El delito de portar armas consistió en haber portado ilegalmente la escopeta con que se cometió el homicidio, y el de infracción a la Ley de Registro de Armas en haber tenido en su casa residencia una pistola sin inscribir.

      (3)Tal vez «1 juez se equivocó al expresar que el acusado tenía un caso . do asesinato y fuó declarado culpable, de homicidio voluntario. (Los autos de-muestran que la acusación por la cual se juzgó a Pierantoni imputaba a ésto el delito de homicidio voluntario.) Hemos dicho “tal vez” porque es posible quo la acusación originalmente radicada contra el acusado le imputara el delitó do asesinato.

      (4)En el documento que bajo el título de “Acta de la Sentencia’-’ figura a la página 4 del Legajo de Sentencia aparece que la pena impuesta para el homicidio fué do 5% años de presidio.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Carmen Hilda Piris Rodríguez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    Núm. 1218.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Diciembre 2, 1947.

      Garlos E. Colón, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Guillermo Piris Rivero, mayor de edad, soltero, y la re-currente Carmen Hilda Piris Rodríguez, su bija de trece años de edad, comparecieron ante el notario Carlos E. Colón, con el propósito, el primero de hacer y la segunda de aceptar, una donación puramente graciosa, consistente en un condomi-nio de una cuarta parte de una finca urbana radicada en Ponee. En la escritura se consignó que la menor comparecía al solo efecto de aceptar por escrito la donación. En relación con la aceptación se expuso lo siguiente,en la escritura:

“Aceptación POR la DonataRIA. — La donataria aquí Compare-ciente, de nombre Carmen Hilda Piris Rodríguez, y que como queda antes dicho tiene en la actualidad trece años de edad y sabe leer y escribir a perfección, después de leer la presente escritura y yo el Notario hacerle saber todas las consecuencias legales del presente otorgamiento, Acepta POR la PResente la donación héehale en este mismo instrumento público, a todos los efectos de ley por lo que a continuación estampará su firma en el presente documento en otorgamiento de la presente aceptación.”

El Registrador denegó la inscripción del documento fun-dándose en que no había sido legalmente aceptada la dona-ción porque a su juicio .era necesario que la menor estuviese representada por un defensor.

Tendría razón el Registrador si se tratase de la acepta-ción de cualquier otro contrato, pues la aceptación es un modo del consentimiento, artículo 1214 del Código Civil, y los menores no emancipados no pueden prestar consenti-miento. Artículo 1215 del Código Civil. Pero tratándose, 'como en el presente caso, de una donación puramente gra-ciosa, no es de aplicación el artículo 1215, sino los 567 y 568 del citado Código, que prescriben:

“Artículo 567. — Podrán aceptar las donaciones todos los que no estén especialmente incapacitados por la ley para ello.
“Artículo 568. — Las personas que no pueden contratar no podrán aceptar donaciones condicionales u onerosas sin la intervención de sus legítimos representantes.”

No conocemos ley alguna que especialmente incapacite a un menor no emancipado para aceptar una donación pura-mente graciosa^) Por el contrario, el artículo 568 implíci-tamente capacita a los menores no emancipados para acep-tar donaciones cuando no sean condicionales u onerosas. Y eso es lo racional, porque en la aceptación de una donación puramente graciosa el menor no asume ningún riesgo, y con-secuentemente resulta innecesario el nombramiento de un de-fensor. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, t. 5 (5ta. ed. 1932) pág. 99; Sánchez Román, Derecho Civil Español, Común y Foral, t. 4 (2da. ed. 1899) pág. 704, párrafo 50 y Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, t. 3 (6ta. ed. 1944) pág. 100.

Claro es, que como dice Castán, en el tomo y página cita-dos, siguiendo a Morell, se necesita posibilidad de aplicación. Es decir, que el menor tenga uso de razón, pues si no la tiene no podrá comparecer ante un notario a aceptar una donación, porque, como dice Manresa, “sería reducir la aceptación a un trámite tan inútil como ridículo, y no es ciertamente ése el espíritu que domina en el Código respecto a esta materia. ’ ’ Manresa, tomo y página citados. Pero en el presente caso se trata de una niña de trece años de edad, quien sabe leer y escribir perfectamente, según aseguró el notario bajo su fe, e interpretando racionalmente la ley, no dudamos que la menor recurrente tenía, al otorgarse la escritura, la capaci-dad legal suficiente para aceptar por sí sola la donación.

Estando la recurrente debidamente capacitada para acep-tar en escritura pública la donación que le hiciera su padre erró el Registrador al denegar la inscripción del documento.

Procede revocar la ñola recurrida y ordenar la inscrip-ción.

      (1)Estas incapacidades pueden dividirse en incapacidades propiamente dichas y prohibiciones e incapacidades relativas. Las incapacidades propiamente dichas son. las contenidas en el artículo 676 del Código Civil, en relación con el 562 del mismo cuerpo legal. Y las relativas aquéllas de que tratan los artícu-los 1286 y 1287 del mismo Código.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alfonso Santiago Rosado, acusado y apelante.
    Núm. 12566.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Diciembre 2, 1947.

      G. Concepción de'Gracia y Herminio A. Concepción, abogados del apelante; Hon. Procurador General Luis Negrón Fernández y J. Rivera Barreras, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del . tribunal.

Alfonso Santiago Rosado fné denunciado y convicto ante la Corte Municipal de San Lorenzo de un delito de acometí-miento y agresión con circunstancias agravantes y senten-ciado a cumplir dos años de cárcel. Apeló y celebrado el juicio de nuevo la Corte de Distrito .de Humacao también lo declaró culpable pero lo sentenció a cumplir ocho meses de cárcel. No conforme el acusado, estableció el presente re-curso y en su alegato sostiene que la corte inferior erró al no declarar que el Juez Interino de la Corte Municipal que entendiera en el caso, no tenía nombramiento válido alguno y al no rebajar la calificación del delito a uno de acometi-miento y agresión simple e imponiéndole al acusado la pena excesiva de ocho meses de cárcel.

El primer señalamiento se funda en el hecho de que habiéndose inhibido el juez en propiedad de la Corte Municipal de San Lorenzo en el presente caso (por haber sido él la persona agredida por el acusado), -el Gobernador Inte-rino de Puerto Rico, Hon. Manuel A. Pérez, nombró al Juez Municipal de Humacao para que actuara en la corte de San Lorenzo y sostiene el apelante, que siendo nulo el nombra-miento que ostentaba el Sr. Pérez como Gobernador Interino, por haber sido hecho por el Secretario del Interior, y no por el- Presidente de los Estados Unidos, según dispone nuestra Carta Orgánica, también es nulo el nombramiento recaído en el Juez Municipal de Humacao.

Para sostener su contención el apelante hace referencia en su alegato a cierta prueba documental, consistente en cer-tificaciones expedidas por el Departamento del Interior de los Estados Unidos, que presentó en la corte inferior. Dicha prueba no ha sido elevada en este recurso por el apelante() y no estamos por tanto en condiciones de considerar y resolver el error señalado. La corte inferior al resolver esta cuestión hizo constar que “Examinadas las certificaciones presentadas en evidencia y admitidas por la Corte, el nom-bramiento del Sr. Manuel A. Pérez como Gobernador de. Puerto Eico fué hecho de acuerdo con la ley . . . y como consecuencia tenía poder para nombrar como nombró al juez interino de San Lorenzo. Nada hay en el récord que pueda justificar que variemos la conclusión a que llegó la corte sen-tenciadora.

Para una mejor discusión del segundo señalamientode error precisa que examínenlos la denuncia y la prueba. En la primera se imputó al acusado haber agredido al Lie. José A. Hernández Pérez, Juez Municipal de San Lorenzo, al penetrar éste en la oficina del Secretario de la corte y solicitar ciertos impresos para declaraciones juradas, infiriéndole una bofetada sobre el ojo izquierdo y lesiones sobre el labio y una mordedura en la mano derecha, alegándose que el agravante consistió “en que la agresión fué realizada en la oficina del Secretario de la Corte Municipal en el edificio que ocupa la corte, en el momento en que el agredido llevaba, a cabo funciones de su cargo de juez municipal de este pueblo, de lo cual tenía conocimiento el aquí acusado.”

La prueba de cargo, única presentada en el juicio, pues el acusado no practicó prueba alguna, demostró que el día 8 de abril de 1946 estando el Juez Municipal de San Lorenzo, Sr. José A. Hernández Pérez, por delegación del Fiscal de Distrito, tomando unas declaraciones juradas en su oficina, se trasladó a Secretaría de la corte y solicitó del Secretario ciertos impresos; que en ese momento se le acercó él acu-sado, Alfonso Santiago Eosado, y le dijo quería declararse culpable de un delito por el que estaba denunciado ante dicha corte y el juez le contestó que tan pronto terminara la inves-tigación que estaba practicando podía pasar por su oficina para atenderlo; que en ese momento y de improviso el acu-sado acometió y agredió al juez- con las manos, dándole una bofetada en la cara, sobre el ojo derecho y rompiéndole los cristales de sus espejuelos; y también le mordió en una mano; que el Secretario de la corte, Sr. Eamón Iglesias, agarró al acusado y el Sr. Martín Eivera sujetó al Juez; que el acu-sado sabía que el Sr. Hernández Pérez era el Juez de la Corte Municipal de San Lorenzo porque en varias ocasiones había sido sentenciado por éste en otros casos y sabía que en aquel momento estaba en funciones de su cargo por haberle manifestado el Juez que lo atendería cuando terminara la investigación que estaba practicando.

La sección 6 de la Ley de 10 de mayo de 1904 dispone que “Todo acometimiento y agresión será considerado con cir-cunstancias agravantes,” entre otros, en el siguiente caso: “1. Cuando se cometa en la persona de un funcionario legal en el cumplimiento de sus deberes, en caso de saberse o haberse hecho saber a la persona que cometiere el hecho, qñe la persona agredida era un funcionario en el desempeño de un deber oficial.”

Arguye el apelante que el hecho de haber estado el Juez Municipal solicitando unos impresos en la Secretaría de la corte no constituye estar en el desempeño de un deber oficial como juez y si más bien, “una labor de amanuenses, de mensajeros”, ya que “en el acto de ir a buscar unos papeles no se ejercita función alguna judicial ...” y cita el caso de Curlin v. State, 209 S.W. 666, en el que se resolvió que “Prueba de que el acusado acosó al juez cuando éste iba del correo para su oficina con un papel, antes de salir con otro hombre a enseñarle unas tierras, y lo derribó al recibir-una contestación afirmativa a la pregunta de si el Juez pen-saba expedir ciertos documentos en su capacidad oficial, es-insuficiente para probar un acometimiento y agresión grave-a un funcionario en el desempeño de sus deberes.”

No tiene razón el apelante. Los hechos del caso de autosson distintos a como los expone y a los del caso de Curlin, supra.

Cierto fue que en la denuncia se alegó que la agresión-ocurrió én el momento de solicitar el Juez del Secretario-unos impresos, pero.también se alegó en qué consistió el agra-vante, y la prueba demostró que el acusado tuvo conoci-miento, antes de la agresión, que el Juez estaba practicando una investigación oficial y en relación con ella y para poder proseguir en la misma fue que solicitó los impresos. Y todo esto ocurrió en las oficinas de la corte y durante horas labo-rables.

Los hechos del caso de Gurlin, supra, ocurrieron en la calle cuando el Juez de Paz no estaba realizando función ofi-cial alguna relacionada con su cargo. Al resolver que la prueba era insuficiente la corte dijo a la página 667:

“Para constituir el delito deben probarse tres hechos (1) la agresión; (2) que era un funcionario en el desempeño • de sus deberes; y (3) que la agresión debe ser hecha como ama interrupción de sus deberes oficiales.” ’ .

Y bajo nuestro estatuto se exige un requisito adicional, ;a saber, el conocimiento del agresor de que el agredido era un funcionario en el desempeño de un deber oficial.

En el casó, presente se alegaron'y probaron todos los hechos necesarios constitutivos del delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes y no erró la corte sentenciadora al negarse a rebajar la calificación del delito. Nada encontramos en el récord que pueda justificar que intervengamos con la discreción ejercitada por dicha corte al sentenciar al acusado a cumplir ocho meses de cárcel, rebajando así la de dos años que le había impuesto la corte municipal originalmente. Pueblo v. Velázques, 45 D.P.R. 905. ()

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      (pPor resolución del 31 de julio de 1947 nos negamos a ordenar al secre-tario de la corte inferior que remitiera cierta transcripción de la evidencia, ya que corresponde a todo apelante gestionar y obtener en las cortes inferiores las transcripciones de evidencia que necesite para sostener su recurso.

      (2)Si bien este caso lué revocado en apelación — Velázquez v. People, 77 F.2d 431 — lo íué por un motivo jurisdiccional y no por sus méritos.