author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Coll, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por infracción al artículo 2 de la Ley Reglamen-tando el Peso de Pan, de 1917.
    No. 1275.
    Resuelto en junio 28, 1918.
    Pan — Pan Dulce — Pesas y Medidas. — Los preceptos de la sección 2 de la Ley No. 13 de 1917, relativos a que el pan qne se venda u ofrezca en venta deberá llevar su rótulo claro con el peso correcto y el nombre del fabricante, son generales, y comprenden al pan denominado dulce.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José D. Rodrigues.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Miguel Coll Mayol fue acusado por “ofrecer y tener para la venta en un cafetín pan sin estar rotulado, indicando el peso de cada bollo ni el nombre del fabricante,” en octubre 17 de 1917. Fue condenado por la corte municipal.- Apeló, y condenado también por la de distrito, recurrió para ante este Tribunal Supremo.

En el acto del juicio el acusado introdujo como prueba una carta fechada el 27 de octubre de 1917, firmada por Manuel G-orbea, Jefe del Negociado de Pesas y Medidas, que dice: ‘ ‘ En contestación a su carta fecha 25 del mes corriente, tengo» el honor de informarles que los panecillos de fantasía dulces, y cuyo peso sea menor de cien gramos, no están sujetos al requisito de la rotulación. En opinión de este negociado esos panecillos deben considerarse como dulces, al igual que los bizcochos, panes de mallorca, panes suizos, etc.” El fiscal se opuso, y - la corte se negó a aceptar la carta como prueba. Alega el acusado que la corte erró al proceder de tal modo. La carta es de fecha posterior a la comisión del delito y con-tiene una opinión de un funcionario público y nada más. En cuanto a la aplicación -del artículo 27 del reglamento de pesas y medidas, no se necesitaba la carta para invocarla. No se ha cometido el error señalado. Véase la decisión de esta corte de 25 de junio actual en el caso No. 1274, El Pueblo v. Coll, (pág. 444).

La prueba practicada demuestra que el pan que se vendióen este caso era pan dulce cuyo peso no llegaba a cien gramos. Y el apelante sostiene que tal hecho no constituye infracción alguna penada por la ley.

Se imputa directamente al acusado la violación de la sec-ción 2 de la Ley No. 13 de 1917, que dispone que todo pan que se venda o se ofrezca para la venta en Puerto Eico y cuyo peso sea mayor o menor que el que se establece para la unidad tipo (4.53 gramos), deberá llevar su rótulo claro con el peso correcto y el nombre del fabricante. La ley no dis-tingue, se refiere a pan en general, y en cnanto al peso sólo excluye de la necesidad del rótulo a la unidad típica.

El Negociado de Pesas y Medidas dirigió, el 23 de abril de 1917, la circular No. 55, a los fabricantes y vendedores de pan de la Isla, en la cual se dan reglas para el mejor cumpli-miento de la ley. Nada existe en dicha circular que pueda favorecer la contención del apelante.

El apelante se basa en el artículo XXVII de las Eeglas y Reglamentos de 3 de diciembre de 1913, para poner en vigor la Ley de Pesas y Medidas de 18 de agosto de 1913, que termina así: “Las disposiciones de este artículo no se in-terpretarán como aplicables a bizcochos, etc., que pesen menos de 100 gramos (o % ele libra).” Y, además, en la circular No. 6, de mayo 3, 1914, del Negociado de Pesas y Medidas, en cuyo párrafo segundo, se dice: “Los bizcochos, etc., y los panes dulces y de fantasía que pesen menos de un cuarto de libra o de 100 gramos, son los únicos que se eximen de los requisitos de este artículo.”

Como puede verse, tanto la regla como la circular invo-cadas son anteriores a la Ley No. 13 de 12 de abril de 1917.

La regla no está en conflicto con la ley nueva, ya que habla solamente de bizcochos, pero sí la circular en el particular indicado.

El único medio de excluir el “pan dulce” de los efectos de la Ley No. 13 de 1917, sería llegando a la conclusión de que aunque se le llama pan no es tal pan dentro del significado y de la intención de la ley. No se ha demostrado que ese sea el caso y entre tanto debe aplicarse la ley en toda su extensión.

Debe confirmarse la sentencia recurrida por virtud de la cual se condenó al acusado a pagar un peso de multa y en su defecto a sufrir un día de cárcel.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Mercado et al., Demandantes y Apelantes, v. Sucesión de Ferreiro, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre nulidad de venta e inscripcio-nes.
    Moción de la apelada para que se desestime la apelación.
    No. 1881.
    Resuelto en junio 28, 1918.
    Interpretación de la Ley No. 27 de Noviembre 27, 1917 — Negligencia o Des-cuido del Taquígrafo. — Así como cuando el pliego de exposición del caso o de excepciones se redacta por el mismo apelante de acuerdo con la ley de 1911, él sufre las consecuencias do su propio descuido, negligencia u olvido en su preparación, cuando él prefiere que ese trabajo lo haga el taquígrafo . de la corte, debe sufrir también las consecuencias de la conducta de dicho empleado que por su voluntad lo sustituye en ese trabajo, y por tanto, si el taquígrafo no presenta la transcripción de la evidencia dentro del tiempo que se le fijó por la corte, es lo mismo que si el apelante no lo presentara cuando se hizo cargo de redactarlo, y no existiendo ningún pliego de expo-sición del caso o de excepciones, los treinta días que tiene el apelante para presentar la transcripción ante el tribunal de apelación no han de contarse desde la aprobación de la exposición del caso sino desde que radicó su es-crito de apelación.
    Los heclios están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José G. Torres.

    Abogado de la apelada: Sr. Eduardo López Tizol.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 disponía. la manera de presentar una apelación en este Tribunal Supremo contra sentencias de las cortes de distrito. A este artículo se le dió nueva redacción por la Ley No. 70 del año 1911, según la cual la parte apelante debía preparar un pliego de excepciones o exposición de heclios en forma narrativa y presentarlo al juez para su aprobación, para que luego formara parte del legajo de la sentencia. En el caso de Martínez v. Soto Nussa, 22 D. P. R. 141 resolvimos que podían redactarse esos pliegos sin necesidad de las notas taquigráficas. Posteriormente la Ley No. 27 de- noviembre 27, 1917, autorizó a la parte apelante para substituir dicho pliego de excepciones o de exposición del caso por una trans-cripción de la evidencia preparada por el taquígrafo, presen-tada por éste al secretario de la corte y aprobada por el juez con citación de las partes, formando entonces parte del legajo de la sentencia.

En el caso presente la parte apelante hizo uso del derecho de elección concedido por esa ley y dentro del término que ella fija presentó escrito al secretario de la corte inferior haciéndolo constar así y entonces el juez concedió 20 días al taquígrafo para que presentara al secretario la transcrip-ción de la evidencia. El taquígrafo no entregó al secretario la transcripción dentro del término que se le había fijado y entonces la parte apelada nos presentó la moción que resol-vemos, solicitando que desestimáramos el recurso de apelación porque no habiendo presentado el taquígrafo la transcripción de la evidencia dentro del término que se le fijó, los 30 días que el apelante tiene para presentar en este tribunal la trans-cripción de la apelación deben contarse desde que radicó su apelación, los que están vencidos con exceso. La parte ape-lante nos presentó un escrito oponiéndose a la moción, ale-gando como fundamento que habiéndose acogido al beneficio de dicha ley, los demás trámites eran ministeriales. En otras palabras, que no debía desestimarse la apelación porque la exposición del caso no estaba ultimada.

La parte que apela de una sentencia de la corte de dis-trito tiene ahora dos maneras de hacer que conozcamos las excepciones que se tomaron en el juicio y las pruebas que se practicaron: una, preparando la misma parte apelante los pliegos que las contengan y sometiéndolos al juez para su aprobación; otra, poniendo ese trabajo en las manos de la corte para que el taquígrafo las haga.

Si interpretamos la ley como pretende la parte apelante en el sentido de que no le perjudica la falta de presentación por el taquígrafo de la transcripción de la evidencia dentro del término qne se le fijó por la corte, equivaldría esto a declarar qne el taquígrafo es el árbitro de la tramitación de una apelación, ya demorando la preparación de la transcrip-ción de la evidencia, ya dejando de hacerla, pndiendo por tanto a su voluntad paralizar indefinidamente la apelación, impidiendo de ese modo que la sentencia pueda cumplirse. La ley no fia podido pretender esto.

Pueden ocurrir muchos motivos para que el taquígrafo no presente su trabajo dentro del término que se le fije; por descuido; por enfermedad más o menos prolongada; porque se le paguen tardíamente, o nunca se le paguen, los derechos cuyo cobro le autoriza la ley por la transcripción de sus notas taquigráficas; por cesación en el empleo o por su muerte. En algunos de estos casos jamás haría la transcripción.

La única interpretación que puede darse a dicha ley es que así como cuando el pliego de exposición del caso o de excepciones se redacta por el mismo apelante de acuerdo con la ley de 1911 él sufre las consecuencias de su propio descuido, negligencia u olvido en su preparación, cuando él prefiere que ese trabajo lo haga el taquígrafo de la corte debe sufrir tam-bién las consecuencias de la conducta de dicho empleado que por su voluntad lo substituye en ese trabajo, y por tanto que si el taquígrafo no presenta la transcripción de la evidencia dentro del tiempo que se le fijó por la corte es lo mismo que si el apelante no lo presentara cuando se hizo cargo de redac-tarlo : que no existe entonces ningún pliego de exposición del caso o de excepciones y por lo tanto que los 30 días que tiene el apelante para presentar la transcripción ante nosotros no han de contarse desde la aprobación de la exposición del caso sino desde que radicó su escrito de apelación; y como en este caso ese término ha transcurrido sin haberse presentado la transcripción de la apelación, debe desestimarse el recurso.

Declarada con lugar la moción y desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, ¿el Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Aldbey,

text:
    Franceschi et al., Demandantes y Apelados v. Trujillo & Mercado, Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre nulidad de ejecución y reivindicación de finca rústica con sus rentas y utilidades.
    No. 1521.
    Resuelto en junio 28, 1918.
    Quiebra — Ley de Enjuiciamiento Civil Antigua — Caducidad de los Juicios en la Primera Instancia. — De acuerdo eon la Ley de Enjuiciamiento Civil que empezó a regir en Puerto Rico en 1886, con el Real Decreto de octubre 27 de 1885 y con el artículo 1044 del Código de Comercio de 1829, no po-dían considerarse caducados los autos de una quiebra por el hecho de que quedaran paralizados, si la causa de la paralización era independiente de la voluntad de las partes, como sucede en el presente caso.
    Bienes in Custodia Legis — Capacidad para Ejercitar Actos de Dominio So-bre los Mismos — Derechos de los Causahabientes de los que Fueron Dueños de los Mismos. — Cuando por la declaración de quiebra de una persona, corporación o sociedad mercantil eran ocupados sus bienes por un de-positario judicial, que de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1886 tenía que nombrar como nombró en este caso con tal fin el juez hasta que en la primera junta de acreedores fuera nombrado el síndico de la quie-bra, dichos bienes desde la fecha de su ocupación por el depositario judicial, quedaban in custodia legis. Y así quedó en el presente caso la Hacienda Rufina, hasta que diez años más tarde dicha hacienda fué ocupada y rema-tada para el pago de los acreedores hipotecarios de los quebrados, quienes no podían reclamar esa finca, por estar inhabilitados para ejercer actos de dominio y por estar ocupada por el juzgado. T no pueden en su conse-cuencia sus herederos o causahabientes pedir hoy lo que sus causantes no podían reclamar entonces.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Antonio F. Castro.

    Ahogados de los apelados: Sres. José Tons Soto y Franlc Antonsanti.

   El Juez Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad mercantil Antonsanti & Franceschi, compuesta por los socios don Francisco Antonsanti y don J. Angel Fran-ceschi, que giraba en el pueblo de G-uayanilla hipotecó en ei año 1884 su “Hacienda Rufina” a favor de don Dionisio Torres Figueroa para garantizarle que le pagaría la cantidad de $28,000 de la moneda comercial entonces corriente, cuyo último plazo de pago vencería en el año 1888.

Un año después dicha mercantil se presentó en quiebra y fué declarada en tal estado por el Juzgado de Ia. Instancia de Ponce por auto de 12 de junio de 1885, en el que además se decretó la ocupación judicial de todas las pertenencias, bienes, libros, documentos y papeles de los quebrados, se nom-bró depositario a Félix Tristani y fué señalado día para la junta de acreedores, en la que según la ley debía hacerse el nombramiento de los síndicos de la quiebra. El comisario y el depositario nombrados tomaron posesión de sus cargos y el último se incautó de los bienes de la sociedad quebrada, entre los que se encontró la hacienda “Rufina.”

En' el año 1895 los herederos de don Dionisio Torres Figueroa reclamaron judicialmente el pago del crédito hipote-cario debido por Antonsanti & Franceschi y tramitaron el juicio ejecutivo con citación del depositario de la quiebra Sr. Tristani, en cuyas manos continuaba la finca como depositario de la quiebra. Vendida en ese procedimiento la hacienda Ru-fina para pagar a dichos herederos, fué adjudicada en subasta pública judicial a don Mario Mercado, como apoderado de don José Trujillo Pizá; posteriormente la finca llegó a ser propiedad de la sociedad Trujillo. & Mercado y hoy es de la sociedad Mario Mercado e Hijos.

Veinte años después, los herederos de los dos socios que constituían la mercantil quebrada reclamaron judicialmente-la entrega de dicha hacienda con los frutos producidos desde su venta en subasta pública, ascendentes según ellos a unos $400,000 fundándose en que el ejecutivo que culminó en esa venta se siguió con el depositario de la quiebra Sr. Tristani que no tenía la representación en juicio de la sociedad deman-dada. Este pleito terminó por sentencia de la Corte de Dis-trito de Pon.ce que declaró nulo el juicio ejecutivo seguido por los herederos de don Dionisio Torres Figueroa; nulas la venta de la hacienda “Rufina” y su inscripción en el registro de la propiedad, así como las posteriores que se han hecho; ordenó que la finca fuera restituida a los demandantes y negó la devolución de los frutos producidos por ella. La apelación que Mario Mercado e Hijos establecieron contra esta sentencia es la que motiva el presente recurso;

El primer fundamento que los apelantes alegan para pe-dirnos que revoquemos la sentencia recurrida es que la corte inferior cometió error al estimar que los demandantes tienen capacidad legal para demandar.

Aunque los apelantes tratan extensamente la cuestión de que declarada en quiebra la sociedad Antonsanti y Fran-cesehi quedaron sus socios inhabilitados para administrar los. bienes de la sociedad y para ejecutar actos de dominio, &éí como que no llegaron nunca a ser habilitados, ni podían ha-berlo sido, sin embargo la verdadera cuestión a resolver en este caso no es esa, ya que los demandantes no alegan ni sos-tienen que sus padres fueron rehabilitados en los autos de quiebra sino que por haber quedado sin tramitación dichos autos desde 1888 caducó la instancia y en consecuencia quedó sin efecto la inhabilitación de sus padres, por lo que pueden reclamar como herederos suyos la “Hacienda Rufina.” En oposición a esas afirmaciones de los apelados, sostienen los apelantes:

(a) Que no se ha probado que los autos de la quiebra que-daran paralizados y sin curso desde noviembre de 1888, o desde cualquiera otra fecha anterior a la iniciación del juicio, ejecutivo;

(b) Que se ha demostrado que los autos estaban en curso-el día en que se inició el procedimiento ejecutivo;

(c) Que era necesaria una declaración especial de cadu-cidad, y que tal declaración nunca se hizo por el tribunal, y que tal declaración tenía qne hacerse en los antos mismos de la quiebra;

(d) Que la declaración de caducidad no procedía; y

(e) Que la caducidad no es motivo de rehabilitación.

Para poder resolver estas cuestiones es necesario que pre-viámente establezcamos algunos hechos que resultan de las admisiones y pruebas en este pleito.

La junta de acreedores convocada por el juez, en la que debían ser nombrados los síndicos de la quiebra, no llegó a celebrarse, por distintos motivos, en los tres señalamientos que se hicieron, siendo el último para el día Io. de mayo de 1886. En tal estado las cosas y habiendo sido vendidos cier-tos bienes de la- quiebra para atender a los gastos de ella, solicitaron los quebrados que se anulasen esas ventas y en 18 de febrero de 1888 acordó el juzgado que se tramitase ese incidente de nulidad, pero que una vez resuelto se convocase a los quebrados y a los acreedores a una comparecencia para ponerse de acuerdo sobre la elección del procedimiento a que debiera ajustarse la quiebra en adelante. En Io. de enero de 1886 había comenzado a regir una nueva ley de procedimien-tos y el Eeal Decreto de 27 de octubre de 1885 ordenaba a los jueces que convocaran a las partes a una comparecencia para acordar por unanimidad en los casos que estaban en tramitación si querían que se rigieran por la nueva ley. El incidente de nulidad fué resuelto en 3 de marzo de 1888 sos-teniendo las ventas hechas, pero el día para la comparecencia dicha no fué fijado. En 20 de febrero de 1886 había resuelto el juzgado a la petición de los quebrados de que se señalara nuevo día para la junta, que cuando se celebrara la compa-recencia para elegir el procedimiento se proveería a lo que se pedía.

Para esa época algunos de los bienes muebles habían sido vendidos, como hemos dicho, las haciendas “Faro” y “Colom-bano” habían salido de la masa de la quiebra desde 1885 por ejecuciones seguidas contra ellas, y lá hacienda “Rufina” única que quedaba entonces estaba hipotecada. En verdad los acreedores hipotecarios que no tenían primera hipoteca y los acreedores comunes no pudieron cobrar sus créditos luego que todos los inmuebles salieron de la masa de la quiebra, como 'reconocieron los demandantes en la alegación 14 de la primera demanda que redactaron en este pleito.

Después de 1888 no volvió a practicarse actuación alguna en la quiebra, aunque la hacienda Rufina siguió en poder del depositario Sr. Tristani hasta que en 1895 fué embargada y ocupada en el ejecutivo' de los herederos de don Dionisio Tories.

Mucho se discute entre las partes respecto a si se presen-taron en el juicio todas las actuaciones de la quiebra por cuanto el secretario del tribunal en que se hallan' archivados esos autos declaró que había también un montón de autos o legajos que no estaban en los índices y que aunque son de asuntos cri-minales no puede afirmar que entre ellos no haya algún asunto civil. También respecto a si por haber seguido la “Hacienda Rufina” en poder del depositario de la quiebra hasta 1895 ha de entenderse que por este motivo estaba en curso la tramitación de los autos de quiebra y que por consiguiente .ha de considerarse probado que estaban .en curso dichos autos cuando el ejecutivo contra la “Rufina” comenzó. Sin embargo entendemos que las cuestiones fundamentales no son éstas sino si partiendo del hecho de que la última actuación probada es del año 1888 puede llegarse en este pleito a la con-clusión de que la instancia caducó en los autos de quiebra cuatro años después, y también que por tal caducidad desa-parece la inhabilitación de los socios de la mercantil que fué declarada en quiebra. . .

Según el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que comenzó a regir en 1886 la-caducidad de los juicios cuando se hallaban en la primera instancia tenía lugar a los cuatro años de no instarse sn curso, a menos que (artículo 411) fuera consecuencia de fuerza mayor o de cualquiera otra causa independiente de la voluntad de las partes, y los escribanos (artículos 412) debían dar cuenta para que se decretase de oficio la providencia correspondiente. Si los juicios se halla-ban en la escribanía, como se encontraban los de quiebra, ya que no se ha probado que estaban archivados, era nece-saria una declaración especial de caducidad de acuerdo con los artículos 412 y 419, declaración que tenía que hacerse indispensablemente en el mismo juicio y no en pleito distinto, porque podía pedirse su reposición (artículo 415); porque afectaba a las partes del mismo y porque producía el efecto de dar por terminado el juicio. 2 Manresa, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, pp. 274, 275. Sentencias del Tribunal Supremo de España de 3 de abril de 1903, 95 J. C. 572 y 22 de octubre de 1912, 125 J. C. 152.

Pero aunque los demandantes apelados tuvieran razón en el extremo de que en este pleito, en el que no han sido partes los acreedores de la quiebra, puede declararse la caducidad de los autos de quiebra, aún así, no podrían declararse caducados esos autos porque quedaron sin curso por causa independiente de la voluntad de los partes toda vez que el Real Decreto de 27 de octubre de 1885 impuso a los jueces el deber .de con-vocar a las partes a la comparecencia para la elección de pro-cedimiento, y el tribunal que conocía de la quiebra nunca llegó a señalar ese día, siendo esto causa de la paralización de los autos, como lo demuestra el hecho de que se negara a señalar nuevo día para la junta de acreedores hasta tanto se hubiera verificado la expresada comparecencia. Además el juez que conocía de dichos autos tenía el deber por el artículo 1044 del Código de Comercio de 1829 vigente entonces, cuando declaraba la quiebra de decretar también la ocupación de los bienes de los quebrados, de sus libros, papeles y documentos de giros, de nombrar depositario de la quiebra y comisario de la misma, y' señalar día para la junta de los acreedores; providencia que según el artículo 1028 se cumplía a pesar de que los quebrados pidieran su reposición. Son estas diligen-cias de tal naturaleza que por estar encomendadas por la ley al juez no producen la caducidad de la instancia si los autos quedaban paralizados. Por esto en un caso de quiebra en el que, como el que resolvemos, estaba pendiente de celebrarse la primera junta de acreedores en la que habían de ser nom-brados los síndicos, se declaró por el Tribunal Supremo de España que conforme el texto y recto sentido del artículo 412 del Código de Enjuiciamiento Civil “es preciso que la causa de la paralización sea imputable a la negligencia de las mismas partes litigantes por lo cual, como también ha declarado este Tribunal Supremo, y se alega en apoyo del recurso no corren ios términos establecidos para la caducidad de la instancia en los bienes universales que se hallen pendientes de las actua-ciones que por ministerio de la ley han de practicarse de oficio en interés colectivo de las partes a quienes puedan corres-ponder los bienes de la herencia, quiebra o concurso, siendo en consecuencia de ello manifiesto en caso de quiebra que estando confiada exclusivamente la acción judicial, aunque su ejercicio no sea requerido por parte alguna, la adopción de las medidas adecuadas para asegurar los bienes del quebrado y convocación de los acreedores hasta que celebrada la pri-mera junta, se constituya la sindicatura que ha de repre-sentar .a la colectividad, no hay términos hábiles para que la paralización se impute a quienes derechamente pueden esperar esa convocatoria ni, por tanto, para declarar caducada la instancia en su perjuicio.” 96 J. C. 822.

No es contestación a lo expuesto que el juez cumplió con-vocando a la junta por tres veces y que la ley sólo prevé dos casos en que no se reúna la junta y nada dispone para una tercera o posterior convocatoria porque siendo la vo-luntad de la ley que la junta de acreedores se celebre lo antes posible y encomendando esa función al juzgado que conoce de < la quiebra, bay que suponer que si por cualquier circuns-tancia la junta no se celebra, continúa el deber del juez de señalar nuevo día basta que se- verifique.

También se discute si la caducidad de la instancia produce o no la rehabilitación de los quebrados pero no es nece-sario que resolvamos esa cuestión en este caso ya que no existiendo la caducidad no tenemos que determinar si pro-dujo la rebabilitaeión. j

Por la declaración de quiebra de Franceschi y Antonsanti! sus bienes fueron ocupados por el depositario judicial' que de acuerdo con la ley tenía que nombrar y nombró con tal fin el juez basta que en la primera junta de acreedores fuera nombrado el síndico de la quiebra, y desde esa ocupación los bienes de los quebrados quedaron en custodia legis, en cuya situación legal fueron tenidos por todos y así perma-neció la “Hacienda Bufina” basta que diez años después fué ocupada y rematada para pagar a sus acreedores hipote-carios. Además, no podían los señores Franceschi y Anton-santi reclamar esa finca por estar inhabilitados para ejercer actos de dominio y por estar ocupada por el juzgado, y no pueden hoy sus herederos pedir como tales lo que sus cau-santes no podían reclamar. La excepción propuesta por los demandados de falta de personalidad legal en los deman-dantes para demandar debió ser declarada con lugar.

En vista de esta conclusión no es necesario considerar las otras cuestiones propuestas y por dicho motivo debe ser revocada la sentencia apelada y absolverse a los demandados.

Revocada la sentencia apelada y declarada sin lugar la demanda.

Jueces concurrentes: Sr. Presidente Hernández y Aso-/ ciado Sr. Wolf.

Los Jueces Asociados Sres del Toro y Hutchison disin-tieron en la resolución de este caso.


text:
    Olivari y Mattei, Demandante y Apelado, v. Barletta & Co., Demandada y Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre acción en cobro de dinero por contribu-ción.
    No. 1765.
    Resuelto en junio 28, 1918.
    Excepción Previa- — -Hechos Suficientes para Determinar una Causa de Ac-ción. — Es frívola la alegación del demandado de que la demanda en este caso no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, toda vez que la demanda contiene todas las alegaciones necesarias para poder obtener de la corte que condenara al demandado a pagar el importe recla-mado en la misma.
    Alegaciones de la Demanda- — Suficiencia de las Mismas. — Si bien la alega-e'ón tercera de la demanda pudo haber sido más específica en cuanto a que la mercantil R. B. Barletta & Co. estuvo en quiebra y convino con sus acreedores un pago del veinte por ciento de sus créditos, sin embargo, es bastante para alegar tales extremos.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Francis & Soto.

    Abogados del apelado: Sres. Benet & Souffront.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en este caso alegó en su demanda que en unión de la demandada Vicente Barletta y Co., de la mer-cantil B. B. Barletta y Compañía y de don José Olivari sus-cribieron solidariamente a favor de un banco una obligación por la cantidad de $1,200, transcribiendo el documento en la demanda:

2o. Que a solicitud de dicbo banco el demandante le satis-fizo a éste en diversos plazos la obligación y sus intereses ascendentes todo a $1,325.47;

3o. Que el demandante recibió de B. B. Barletta y Com-pañía la cantidad de $240 equivalente al veinte por ciento ofrecido y aceptado como arreglo por sus acreedores en la quiebra de dicba mercantil;

4o. Que José Olivari, uno de los firmantes del documento, es insolvente y contra él no ba podido bacer efectiva la parte proporcional de dicba obligación;

5o. Que ha requerido a la mercantil demandada Vicente Barletta y Compañía para qne satisfaga $542.73 qne es la parte proporcional qne como dendor solidario le corresponde pagar despnés de dedncir los $240, abonados por B. B. Bar-letta y Compañía; más $50 qne es la mitad de los intereses legales de las cantidades por él pagadas desde sns respec-tivos pagos, habiéndose negado la demandada a satisfacer tales cantidades qne asciende a $592.73.

La parte demandada excepcionó esa demanda alegando qne no adnce hechos suficientes para determinar nna cansa de acción; y cuando la corte resolvió esa excepción la consi-deró frívola y dictó sentencia declarando con lugar la de-manda en todas sns partes, contra la qne la demandada inter-puso el presente recurso de apelación.

Realmente la alegación del demandado fué frívola porque la demanda contiene todas las alegaciones necesarias para poder obtener de la corte qne condenara al demandado a pagar los $592.73 qne le reclaman porque apareciendo de la alegación y del documento transcrito qne la obligación era solidaria por $1,200, es indudable qne los cuatro firmantes de ella se hallaban igualmente obligados a satisfacer el im-porte a su vencimiento y qne habiéndolo hecho efectivo el demandante en su totalidad tiene derecho a reclamar de sns codeudores la parte proporcional de la deuda; y como la mercantil R. B. Barletta y Compañía hallándose en estado de quiebra satisfizo solamente el 20 por ciento en virtud de arreglo hecho con sns acreedores, siendo insolvente el otro dendor José Olivari, tiene derecho el demandante, nna vez deducidos los $240 satisfechos por R. B. Barleta y Com-pañía, a qne le pague la demandada la mitad de la cantidad restante y sns intereses legales.

Aunque insiste el apelante en qne la demanda no contiene hechos suficientes determinantes de acción porque la alega-ción tercera no expone qne hubiera nna adjudicación en quie-bra ni que hubiera un arreglo con los acreedores, si bien esa alegación pudo haber sido más específica en esos extre-mos, sin embargo es bastante para alegar qne dicha mercantil estuvo en quiebra y que convino con sus acreedores en un pago del veinte por ciento de sus créditos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso ciados Wolf, del Toro y Plutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    South Porto Rico Sugar Company, Demandante y Apelante, v. José E. Benedicto, Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente -de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en una acción sobre devolución de contribu-ciones pagadas bajo protesta.
    No. 1827.
    Resuelto en junio 29, 1918.
    Contribuciones Pagadas Bajo Protesta — -Pago Voluntario — Prevención de Confiscación.- — Es una regla. Wen establecida de que contribuciones paga-das voluntariamente no pueden ser recobradas y los pagos hechos con cono-cimiento y libres de compulsión son voluntarios, pero cuando se requiere a una corporación que presente un informe completo de sus ingresos y se le previene la confiscación de su propiedad mediante un sistema inequívoco y completo de cobro de contribuciones, es dudoso que el pago hecho en estas condiciones sea voluntario.
    Id. — Id.—Cobro de Contribuciones — Diligencias para el Cobro. — La disyun-tiva usada en la sección Ia. de la ley de 1911 milita contra la teoría de que al decir “inieie cualquier procedimiento o lleve a cabo cualquier dili-gencia-'’ la legislatura estaba relacionando una forma algo diferente de la misma - idea. Cobrar significa frecuentemente una diligencia fuera de la corte. Llevar a cabo alguna diligencia es una forma más general de ex-presar cualquier acción para cobrar. “To take step” significa tomar acción o dar algún paso en el asunto.
    Id. — Id. — Tentativa de Cobro de Contribuciones Ilegalmente — Reparación o Remedio. — Por la ley de 1911, han sido abolidos todos los remedios en casos de cobro o tentativa de cobro de contribuciones ilegalmente, exeepto; los que dispone la misma ley, y una prevención de embargo de propiedad si las contribuciones no son pagadas es una tentativa do cobro y por tanto si la persona prevenida eree que la contribución exigida es injusta o ilegal, su único recurso es pagar la cantidad bajo protesta y demandar al Tesorero para obtener su devolución.
    Id. — Id.—Partes—Cesionarios.—Se impusieron contribuciones a otras dos cor-poraciones y los apelantes, los actuales dueños de las propiedades tasadas, pagaron las contribuciones como cesionarios de aquellas. Se alegó por el demandado que el apelante no era la verdadera parte para demandar la de-volución de estas contribuciones y se resolvió por la corte que la objeceión carecía de mérito alguno.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. O. B. Fraser.

    Abogado del apelado: Hon. Howard L. Kern.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso por contribuciones en grado de apelación interpuesta contra sentencia dictada en virtud de excepción previa general a favor del Gobierno, demandado en la corte inferior.

La apelante es una corporación a que la ley le exige el deber de suministrar al Tesorero los detalles de su activo y negocios de donde el Tesorero o sus agentes hacen la tasa-ción, detalles que en este caso suministró la apelante.

Las contribuciones así impuestas, bajo el supuesto de que sean legales, llegaron a vencer y ser exigibles en virtud de varios artículos del Código Político, entre los cuales se halla el artículo 331, que le impone al contribuyente el deber, sin previo requerimiento, de ir a la oficina del colector y pagar sus contribuciones. Después de vencidas y no satisfechas las contribuciones y dentro de un período de tiempo inmedia-tamente próximo a la fecha en que la propiedad de la ape-lante estaría sujeta a embargo, el Tesorero de Puerto Rico, apelado nominal en este caso, le escribió una carta en agosto 25 de 1917, a la apelante, por la que le requería para el pago de las contribuciones y le amenazó con embargar sus propie-dades de no pagarse las mismas para el 30 de agosto de 1917. En virtud de dicha carta la apelante pagó sus contribuciones bajo protesta dentro del período de tiempo en que sus bienes no estaban sujetos a embargo e invoca los beneficios que le concede la ley de 9 de marzo de 1911.. El Gobierno sostiene que el pago verificado bajo estas condiciones es puramente voluntario y que la apelante no tiene derecho a la devolución que solicita.

El Juez Presidente Sr. Fuller en el caso de Cheseborough v. U. S., 92 U. S. 259, dice: “Está firmemente establecida la regla de que las contribuciones que voluntariamente se pa-garen no podrán recobrarse y aquellos pagos verificados con conocimiento y sin que medie compulsión son voluntarios.” En el caso de Guerra v. El Tesorero, 8 D. P. R. 292 (1905), esta corte sostuvo que todo pago de contribuciones verificado sin coacción alguna impide su restitución. En la página 318 de la opinión se dan las reglas citándolas de la obra de Cooley sobre Contribuciones. La teoría era, siguiendo la regla del derecho común (common law) que un error de derecho al verificar el pago dejaría a la persona que lo verificara sin recurso legal alguno. La decisión del caso de Guerra se dió bajo el supuesto, sin que se discutiese, que la regla del de-recho común de Inglaterra era de aplicación en Puerto Eico, y sin que se examinara el artículo 1796 del Código Civil, cuestión que revisamos en el caso de Arandes v. Báes, 20 D. P. R., 388. También en el caso de la American R. R. Co. v. Wolkers, 22 D. P. R. 283, estudiamos con alguna exten-sión la naturaleza del cuasi-contrato de solutio indebiti.

Sin embargo, suponiendo que por razón de haberse adop-tado el estatuto americano relativo a contribuciones ha lle-gado a tener en este respecto fuerza de ley el derecho común de Inglaterra en Puerto Eico, aún así ponemos en duda la cuestión de si el pago que se ha verificado en el presente caso se verificó o no voluntariamente. El primer caso y el más autorizado (leading) en que se apoya el Fiscal General y que cita el Juez Presidente de la Corte Suprema de los Es-tados Unidos, Sr. Puller, supra, es el de Railroad Company v. Commissioners, 98 U. S. 541, en que dice la corte:

“La verdadera cuestión envuelta en este caso es la de si había o no la inmediata y urgente necesidad para el pago de las contri-buciones que implica que el pago se verificase bajo coacción. El tesorero tenía en sus manos un mandamiento que le habría autori-zado para secuestrar los bienes de la compañía y bacer efectivo el cobro del impuesto. Este mandamiento tenía el carácter de una eje-cución trabada contra los bienes de las partes obligadas al pago de las contribuciones según las listas que se le acompañaban, y no se le-dió a las partes ninguna oportunidad para obtener una decisión judicial sobre la cuestión de su responsabilidad. En cuanto a esta clase de casos el Juez Presidente Sr. Shaw expone la regla aplicable en el caso de Preston v. Boston, 12 Pick. (Mass.) 14, del modo siguiente: ‘Por tanto, cuando a una parte que no sea responsable por las contri-buciones se le llama perentoriamente para el pago por razón de diebo mandamiento (warrant), y no puede salvar su persona o bienes de ninguna otra manera que mediante el pago de la exacción ilegal, puede entonces dicba persona bacer constar que verifica el pago por razón de la coacción y no voluntariamente, y si demostrare que no es responsable por el pago del impuesto puede asimismo recobrarlo por concepto de pago de lo indebido.’ Esta, creemos, que es la ver-dadera doctrina. Pero este caso ni por mucho cae dentro de esta doctrina. El tesorero ni siquiera trató de servirle al contribuyente el mandamiento (warrant) que tenía en su poder. Ni siquiera re-quirió personalmente a la compañía para el pago de las contribu-ciones, y ciertamente nada se ba becbo de donde pueda deducirse su intención de emplear el mandato legal que teñía en poder para hacer efectiva la recaudación, si es que la supuesta ilegalidad de la exacción se le llegó a poner en su conocimiento. Todo lo que aparece es que en las listas de contribuyentes se le cargó a la com-pañía el pago de las contribuciones impuestas sobre sus bienes reales y personales radicados en el condado. Después de todo las contri-buciones quedaron vencidas y no satisfechas, pero antes de que se practicase alguna diligencia {step) activa para bacer efectiva la re-caudación del impuesto, la compañía se presentó a la oficina del tesorero, y en el curso ordinario de los negocios pagó por completo todo lo que se le había cargado, acompañando al pago, si bien es cierto, de una protesta en general contra la legalidad de los impuestos y de un aviso de que incoaría un pleito para reintegrarse de la tota-lidad de la suma de dinero -satisfecha. No se hizo especificación alguna de alegada ilegalidad, ni designación alguna de determinada propiedad como indebidamente comprendida en el reparto de las contribuciones. ”

Cuando a una corporación se le obliga a presentar un estado completo de su activo y se le amenaza en el día de mañana con nn embargo con arreglo a nñ completo e ine-quívoco sistema de recaudación de las contribuciones, tene-mos que dudar de si un pago así verificado se ba becbo volun-tariamente. La laboriosidad y penas que ba tenido el Teso-rero para preparar sus estados de cuentas (schedules) son lo suficiente para convencer a cualquier persona que la ame-naza de embargo habría de seguir casi inevitablemente y que la única manera de evitar tener que pagar costas y recargos y complicaciones y aún quizás una interrupción de los nego-cios de la compañía era pagando las contribuciones. El ape-lante en el caso presente pagó sus contribuciones preci-samente el último día posible antes de que el derecho del Gobierno para embargar empezara a correr. No podemos sostener que le era preciso al apelante empeñarse en carreras de diligencia con el Tesorero precisamente el mismo día en que podrían embargarse sus propiedades.

En el alegato del Fiscal General más bien se sugiere, que afirmarse claramente, que la Corte Suprema de Tennesee ba decidido que el pago de las contribuciones bajo .las condi-ciones de este caso no caería dentro del estatuto de Tennessee aprobado en 1873, habiéndose tomado nuestros- estatutos o algunas de sus partes principales del Estado de Tennessee.

No hemos encontrado ninguna decisión de Tennessee que considere algún estatuto parecido al que tenemos ante noso-tros ; en otras palabras, si caería o no el pago que se hiciera en tales circunstancias fuera de las prescripciones del esta-tuto de aquel Estado aprobado en 1873. El caso de Power Co. v. Goodloe, 131 Tenn. 490, es el que quizás más se acerca al presente caso. En aquél se le exigió el pago de unos $1,500 a una corporación como contribución por el privilegio dé hacer negocios en el Estado. Está forma de exacción, en el supuesto de que lo sea, aparentemente no era un pago por el que podía recurrir se a la ley de 1873, puesto que esa ley no se ha mencionado en la decisión. La corte decidió que el pago no fué voluntario, pero basándose en principios establecidos en la ley común. La compañía en ese caso no trató de colocarse dentro del alcance del estatuto, ya porque no tuviese ese derecho o por otras razones. El caso es auto-ridad solamente para establecer el principio de la ley común en materia de pagos voluntarios.

Los demás casos de Tennessee citados por el Gobierno versaron sobre la recaudación de contribuciones impuestas por los condados y que, respecto de los cuales, dijo la Corte Suprema de Tennessee que no caían dentro del alcance de la ley de 1873.

También hemos examinado un número de casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y no encontramos que afecten en nada la cuestión debatida.

La mayor parte de nuestra ley ha sido tomada del Estado de Tennessee, pero de una inspección de la misma se hace evidente que toda la ley no ha podido tomarse de ese Estado puesto que nuestra propia ley cambia la ley de injunction la que, en sí misma, le da un aspecto un poco diferente a la ley relativa a contribuciones. Además nosotros no debe-mos seguir las decisiones de otro Estado ciegamente cuando estamos considerando condiciones locales. En el caso de Guerra, supra, se indicó por esta corte que nuestra legisla-tura había establecido un sistema completamente nuevo en materia de contribuciones, aboliendo el antiguo procedi-miento de lo contencioso-administrativo y haciendo necesaria la apelación a la Junta de Revisión e Igualamiento. La opi-nión insiste en que los demandantes en aquel caso pudieron haber ejercitado el recurso de injunction. La ley de 1911 derogó por completo ese derecho, abolió todos los demás reme-dios salvo el recurso que el propio estatuto prescribe. Por lo tanto, no ha lugar a la insinuación que se ha hecho de que sus términos han de interpretarse estrictamente en contra del contribuyente.

La principal consideración que debe guiarnos, sin embargo, es la interpretación que deba dársele al propio esta-tuto, que reza como sigue:

"Sección 1. — En todo caso en que un funcionario, encargado por la ley de recaudar las contribuciones o rentas que se adeuden al Gobierno de Puerto Rico, inicie cualquier procedimiento o lleve a cabo algunas diligencias (take any steps) para la recaudación de contribuciones o rentas, bajo la alegación o reclamación hecha por dicho funcionario de que las adeuda alguna persona, la parte contra quien se lleve a efecto el procedimiento, o las diligencias si cree que el cobro es injusto o ilegal, o que se hace contra las disposiciones de cualquier estatuto, pagará dichas contribuciones o rentas bajo protesta.
"Sección 2. — -Después que se haya hecho ese pago, el funcionario o recaudador ingresará la cantidad recaudada en el Tesoro de Puerto Rico, dando conocimiento al Tesorero, en el momento del ingreso, de que dicha cantidad se ha pagado bajo protesta.
"Sección 3. — La parte que pague esa contribución bajo protesta podrá, en cualquier momento dentro del plazo improrrogable de treinta días después de haber hecho el pago demandar al mencionado Tesorero ante la corte de jurisdicción competente para ello para obtener la devolución de la citada suma; y si se decidiere, teniendo en cuenta los méritos del caso, que la cantidad fué recaudada injustamente, puesto que el demandante no la adeudaba al Gobierno, el tribunal que conozca del asunto podrá certificar, de acuerdo con las constan-cias -del mismo, que las contribuciones de referencia fueron pagadas sin existir razón para ello, y que deben ser reintegradas, e inmediata-mente el Tesorero procederá a su reintegro, dando preferencia a ese pago sobre cualquier otra reclamación que se haya hecho al Tesorero. Oada una de las partes en dicho pleito tendrá el derecho de apelación para ante el Tribunal Supremo.
"Sección 4. — No se dará ningún otro recurso en casos de recau-dación ilegal de contribuciones o rentas, o en casos de tentativas para recaudar ilegalmente contribuciones o rentas.
"Sección 5. — En ningún caso se expedirá auto alguno para im-pedir la recaudación de contribuciones ó rentas devengadas, o para obstaculizar y demorar esa recaudación, ya se trate de un supersedeas, un auto prohibitorio, o cualquier otro auto o procedimiento; y en todos los casos en que, por cualquier motivo, una persona alegue que la contribución que se le ha cobrado fué recaudada injusta o ilegal-'mente, el recurso que ha de utilizar dicha persona es el que queda determinado antes, y ningún otro.
"Sección 6.- — La sección 12 de la ley de 8 de marzo de 1906 titu-lada ‘Ley para definir los injunctions, aprobada en 1 de marzo de 1902, y todas las demás que se opongan a la presente,’ queda modi-ficada en la forma siguiente:
“ ‘Sección 12. — Podrá concederse un injunction a petición de El Pueblo de Puerto Rico, para prohibir y suprimir la conservación y mantenimiento de un perjuicio común (common nuisance). La peti-ción será jurada por el fiscal del distrito en que el perjuicio común (common nuisance) exista, o por el Attorney General, según su leal saber y entender, y no será necesaria ninguna fianza..’
“Sección 7. — Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.”

Ante nosotros tuvimos el estatuto en el caso de Ensenada Estates v. Hill, 24 D. P. R. 491. En las páginas 513 y si-guientes consideramos la limitación de la máxima nositur a sociis. Se puede conocer la significación de un término por los de su contexto cuando no la revelan sus propios términos. La disyuntiva del primer párrafo de la ley milita en contra de la teoría de que la legislatura al decir “inicie cualquier procedimiento” o “lleve a cabo algunas diligencias” (take any steps) asociaba una forma un poco diferente del mismo concepto.

El recaudar o cobrar significa frecuentemente un cobro extrajudicial. People v. Reis, 18 Pac. 313; 11 C. J. 967. “To talce any steps” es el modo más corriente de expresar cualquier clase de gestión o cobro. “To talce any steps” equi-vale a hacer gestiones, moverse en el asunto. Webster’s New International Dictionary, Century Dictionary, p. .6164, No. 35; y es bastante curioso, pues esa frase casi necesaria-mente se ha definido en la cita que hemos hecho del caso de Railroad Company v. Commissioners, 98 U. S. 545, supra. Dice la Corte por conducto del Juez Waite: “Después que todas las contribuciones lleguen a vencer y no sean satisfechas con arreglo a la ley, pero antes de que se den algunos pasos de-cualquier naturaleza para hacer efectiva la recaudación. La palabra “steps” se emplea evidentemente del modo más corriente como significativa de gestiones (action).

La sección 4 de la Ley No. 35 de 1911 es un precepto de fecha reciente aprobado por la legislatura de que no habrá. otro recurso en casos de recaudación o de tentativas, para recaudar rentas ilegalmente. Si lo que en este caso se hizo no fué una tentativa de recaudación no fué nada en absoluto.

La sección 5 vuelve a prohibir todo recurso legal que no sea el que el estatuto prescribe y dice que en todos los casos el recurso que se dará es el que anteriormente se dispone. Si alguna duda quedase respecto a la definición original en la sección Ia., aquellos casos para los cuales anteriormente se hayan obtenido acciones por la presente caen dentro del al-cance del precepto legislativo. La primera impresión del estatuto, su significación de ordinario sentido común, estuvo ante nosotros en el caso de Ensenada Estates v. Hill, supra.. Esta corte dijo y aparece de la página 514 lo siguiente:

“Las palabras de la ley son completamente claras y sencillas y y de dárseles la significación que ordinariamente se les da no dejan lugar a dudas respecto al fin que tuvo presente el legislador. Cual-quier tentativa que se haga para dar una explicación mejor al claro-lenguaje del texto sin extenderse en la misma, puede resultar en. una restricción tal de su significado evidente a todas luces que equi-valga a una eliminación.
“La sección Ia. se refiere a todos los casos en que el Gobierno trata de recaudar contribuciones que se alegan o reclaman como de-bidas, y exige que si el supuesto deudor cree que el cobro es injusto-o ilegal, o que se hace contra las disposiciones de cualquier estatuto,, pagará dichas contribuciones bajo protesta. Luego el contribuyente puede establecer una acción para obtener la devolución de la suma así pagada, y si se decidiere, teniendo en cuenta los méritos del caso que la cantidad fué injustamente recaudada, porque no se adeudaba, el tribunal sentenciador puede certificar que dichas contribuciones fueron pagadas sin ■ existir razón para ello y que deben ser reinte-gradas e inmediatamente el Tesorero procederá a su reintegro. Y finalmente, en todos los casos en que por cualquier motivo una persona, alegue que la contribución que se le ha cobrado fué recaudada in-justa e ilegalmente, el recurso que ha de utilizar dicha persona es el que queda determinado antes, y ningún otro. La legislatura le dice, por tanto, al contribuyente: en adelante usted no impedirá, detendrá o demorará el. cobro de ninguna renta que se alegue o reclame como-'debida al Gobierno por injusta o ilegal que pueda ser, sino que usted da pagará ya que se deba o no sin tener en cuenta alguna o toda cuestión de derecho y de justicia; y como compensación por la pér-dida de sus remedios en equidad y por la molestia que lleva consigo ese pago obligatorio, entonces puede usted probar, si puede hacerlo, que teniendo en cuenta los méritos del caso dicha cantidad fué recau-dada injusta o ilegalmente puesto que no se debía, y debe ser reinte-'grada, en cuyo caso la corte así lo certificará y el Tesorero procederá a hacer su reintegro.”

Aunque exactamente la misma cuestión ahora sometida a nuestra consideración no fué levantada en aquel caso no -encontramos razón alguna para cambiar nuestra primitiva "impresión respecto de lo que es una ley clara.

Si la ley fuese dudosa en alguna sentido, su interpreta-ción quedaría asistida por los términos de su título, que son como sigue: “Ley disponiendo el pago de contribuciones bajo protesta, estableciendo un procedimiento para exigir la .devolución de las mismas, y para otros fines.”

En otras palabras, esta ley, muy al contrario de lo que sos-tiene el G-obierno, es una ley para el pago de contribuciones bajo protesta y para la devolución de las mismas.

Por lo tanto, es inecesario considerar el. hecho de que el pago se hizo antes de que la propiedad pudiera en efecto ■embargarse. La contribución, de ser legal, ya había vencido.

También sostiene el Gobierno que la apelante no es la ' persona competente para exigir judicialmente el reintegro .de-estas contribuciones. Aparece que éstas se impusieron contra dos corporaciones distintas a la que las reclama, pero también aparece que la apelante pagó las contribuciones como •■cesionaria de estas dos corporaciones y que es la actual dueña de los bienes sobre los que se pretende imponer la contribución. Por tanto, no puede prevalecer la objección ’.presentada.

, Es de revocarse la sentencia recurrida y devolverse el caso para 'alteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Revocada la sentencia recurrida y devuelto el caso para ulteriores procedimientos no in-consistentes con esta opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y HutcMson.

El Juez Asociado Sr. del Toro firmó conforme con la sen-tencia.


text:
    Fortuna Estates, Demandante-Apelante, v. Benedicto, Tesorero de Puerto Rico, Demandado-apelado. Fortuna Estates, Demandante-Apelante, v. Hill, en su Carácter de Tesorero Interino de Puerto Pico, Demandado-Apelado.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleitos sobre devolución de contri-buciones pagadas bajo protesta.
    Nos. 1828, 1849, 1864 y 1876.
    Resueltos en junio 29, 1918.
    Resueltos por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 1827, South Porto Pico Sugar Co. y. benedicto, Tesorero de Puerto Rico, p. 505.
    Abogado de las apelantes: Sr. O. B. Fraser.

    Abogados de los apelados: Sres. Howard L. Kern, Attorney General y Jaime Sifre, Jr., Fiscal Especial.

   Revocadas las, sentencias.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y HutcMson.


text:
    The Ensenada Estates, Inc., Demandante-Apelante, v. Richardson, en su Carácter de Tesorero de Puerto Rico, y Hill, en su Carácter de Tesorero Interino de Puerto Rico, Demandados-Apelados. The Ensenada Estates, Inc., Demante-Apelante, v. Hill, en su Carácter de Tesorero Interino de Puerto Rico, Demandado-Apelado. The Ensenada Estates, Inc., Demandante-Apelante, v. Benedicto, Tesorero de Puerto Rico, Demandado-Apelado.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleitos sobre devolución de contri-buciones pagadas bajo protesta.
    Nos. 1829, 1836, 1857 y 1877.
    Resueltos en junio 29, 1918.
    Resueltos por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 1827, South Porto Pico Sugar Co. y. Benedicto, Tesorero de Puerto Pico, p. 505.
    Abogado de las apelantes: Sr. O. B. Fraser.

    Abogados de los apelados: Sres. Howard L. Kern, Attorney General y Jaime Sifre, Jr., Fiscal Especial.

   Revocadas las sentencias.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Crehore, Demandante y Apelante, v. Benedicto, Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre devolución de contribuciones.
    No. 1841.
    Resuelto en junio 29, 1918.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 1827, South Porto Pico Sugar Co. v. Benedicto, Tesorero de Puerto Pico, p. 505.
    Abogados del apelante: Sres. Charles Hartsell y Franco. Ramíres de Arellano.

      Abogados del apelado: Sres. Hoioard L. Kern, Attorney General y Jaime Sifre, Jr., Fiscal Especial.

   Revocada la sentencia. .

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutcbison.


text:
    Central Aguirre Company, Demandante y Apelante, v. Benedicto, Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre devolución de contribuciones.
    No. 1842,
    Resuelto en junio 29, 1918.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 1827, South Torio Tico Sugar Co. v. Benedicto, Tesorero de Tuerto Meo, p. 505.
    Abogados de la apelante: Sres. Charles Hartzell y Franco. Ramírez de Arellano.

    Abogados del apelado: Sres. Hoioard L. Kern, Attorney General y Jaime Sifre, Jr., Fiscal Especial.

   Revocada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutcbison.


text:
    Russell & Compañía, S. en C., Demandantes-Apelantes, v. Benedicto, Tesorero de Puerto Rico, Demandado-Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre devolución de contribuciones.
    No. 1870.
    Resuelto en junio 29, 1918.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 1827, South Torio Meo Sugar Co. v. Benedicto, Tesorero de Tuerto Tico, p. 505.
    Abogado de los apelantes: Sr. O. B. Frazer.

      Abogado del apelado: Sr. Howard L. Kern, Attorney General.

   Revocada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    West India Oil Co., Demandante-Apelante, v. Benedicto, Tesorero de Puerto Rico, Demandado-Apelado.
    ApelaoiÓN procedente de lá Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre devolución de contribuciones. '
    No. 1871.
    Resuelto en junio 29, 1918.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 1827, South Porto Pico Sugar Co. v. Benedicto, Tesorero de Puerto Meo, p. 505.
    Abogado de la apelante: Sr. O. B. Fraser.

    Abogado del apelado: Sr. Howard L. Kern, Attorney General.

   Revocada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente SR. Hernández,

text:
    Franco Oins et al., Demandantes, y Jones, Obispo de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, Interventor y Apelado, v. Caneja, Demandado-Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre cobro de réditos.
    No. 1630.
    Resuelto en junio 29, 1918.
    Censos — Cuándo Corresponde al Censualista el Pago de Impuestos — Inter-pretación del Artículo 298 del Código Político. — Si bien el artículo 1525 del Código Civil impone al censatario la obligación de pagar las contribu-ciones y demás impuestos que afecten a la finca acensuada, pudiendo, al ve-rificar el pago de las pensiones, descontár de ellas la parfe de los impuestos que corresponde al censualista, este precepto no es absoluto sino que depende de que le corresponda al censualista el pago de algún impuesto.

      El artículo 298 del Código Político, atendidos los términos en que. está redactado, como última expresión de la voluntad del poder legislativo, no imputa contribución alguna al censualista, pues al ordenar que al verificar' la tasación no se baga deducción alguna por semejante concepto al dueño de un inmueble, claramente sólo exceptúa los censos y demás gravámenes a que se refiere, otorgados con posteridad al 31 de enero de 1901, y anterior-mente a la fecha de 10 de marro de 1904, en que fué aprobada la enmienda,, para cuyo caso de excepción se impone la obligación de satisfacer las con-tribuciones al censualista. No aparece que la legislatura tuviera la inten-ción de que en los demás casos no exceptuados, entre los cuales están com-prendidos los censos de que se trata en el presente pleito, también las con-tribuciones pagadas por el dueño de la propiedad constituyeran un abono, a su favor en la parte proporcional del capital de los censos.
    El artículo 1057 del Código Civil ordena que las obligaciones deriva-das de la ley no se presumen y sólo son exigibles las expresamente deter-minadas en dicho código o en leyes especiales, debiendo regirse por los pre-ceptos de la ley que las hubiere establecido y en -lo que ésta no hubiere pre--visto por las disposiciones del Libro IV del mismo código. Donde el código dice expresamente ha querido decir claramente, determinadamente, concre-tamente, manifiestamente.

    La intención de la legislatura de que el censualista pague contribucio-nes, sobre censos que no han sido constituidos dentro del período de tiempo comprendido entre el 31 de enero de 1901, y el 10 de marzo de 1904, no es clara, determinada, concreta, manifiesta, y las obligaciones derivadas de la ley no se presumen, esto es, no han de deducirse, por meras conjeturas y por las relaciones lógicas de unos preceptos con otros.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José de Quemón Bemtez.

    Abogados del interventor: Sres. Antonio J. Amadeo y Eduardo Acuña Aybar.

   El Juez Presidente SR. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 26 de abril de 1915 la Sucesión de José Gumer-sindo Znazo y Yaldés representada por María del Mar, María de las Mercedes, María de los Remedios, María de la Con-cepción y Salvador Franco Oins, presentó demanda ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., contra Marcos T. Caneja con súplica de que se dictara sentencia condenando al demandado a pagar a los demandantes la suma de $1,875 que adeudaba en concepto de dueño de la casa No. 10 de la calle de San Sebastián de esta ciudad, de cuyos alquileres por disposición del testamento otorgado en 28 de julio de 1854 por Zuazo y Valdés, entonces dueño de dicha casa, ha-bían de destinarse $200 para misas por el bien de su alma y $100 con igual objeto por las almas de sus padres.

Contestó Marcos T. Caneja la anterior demanda obje¡-tando la personalidad de ios demandantes para hacer la' re-clamación antedicha y entonces el Obispo de la Iglesia Cató-lica, Apostólica, Romana de Puerto Rico, Monseñor William A. Jones, hizo una moción solicitando intervenir en el pleito, lo que le fué concedido, presentando en su consecuencia de-manda como interventor en 29 de octubre de 1915 con sú-plica de que se dictara sentencia condenando al demandado a pagarle la súma de $1,280.53 por réditos vencidos hasta “él año de 1914 de censos impuestos sobre la expresada casa número 10 de la calle de San Sebastián, más los que se hayan «devengado durante el año de 1915 hasta su pago final, con costas, gastos y honorarios de abogado que ocasionara la demanda.

Alega el interventor que la casa número 10 de la calle de San Sebastián está gravada con los siguientes censos: uno por la suma de 6,000 pesos, moneda macuquina, a favor de Obras Pías; otro de 2,000 pesos españoles a favor de las Reverendas Madres Carmelitas; otra de 200 pesos espa-ñoles a favor de Capellanías Vacantes; y otro de 313 pesos provinciales a favor de la Cofradía de Santa Rosa, cuyos censos todos devengan réditos del 5 por ciento anual. Que por escritura otorgada ante el notario don Francisco de' la Torre en 16 de noviembre de 1907 el demandado adquirió de la Sucesión Hidalgo la mencionada finca y reconoció todos los censos expresados, consignándose en la escritura que el comprador se reservaba del precio de la finca $6,817 a que ascendían los censos que la gravaban, después de hecha la oportuna reducción al cambio existente en la fecha indicada. Y que el demandado adeuda al demandante la suma de $1,280.53 por réditos vencidos hasta el año de 1914, los que ■se ha negado y se niega a pagar en su totalidad.

El demandado al contestar la demanda admitió la exis-tencia de los censos de qne se trata sobre la casa No. 10 de la calle de San Sebastián de qne actualmente es dueño y alega que el verdadero importe de los réditos que debe pagar incluyendo los del año 1915 es de $839.35 deduciendo los abonos qne tenía hechos en efectivo y los descuentos corres-pondientes de contribuciones, cuya suma había consignado en el espediente unido al efecto negándose el demandante a aceptar la cantidad consignada al serle notificada la con-signación, por no ser esa la suma debida por réditos sino la de $1,280.53 hasta el año de 1914 inclusive, por lo que pide se declare bien hecha la, consignación, adjudicando al deman-dante en pago de los réditos de 1914-y de 1915 los $839.35 consignados para el pago y condenando al demandante inter-ventor al pago -de las costas del pleito y del expediente de consignación, con inclusión de la cantidad de $400 para hono-rarios del abogado del demandado.

Al procederse a la ce^bración del juicio,' antes de comen-zarse la práctica de las pruebas, la representación de la su-cesión José Gumersindo Zuazo y Yaldés desistió de su de-manda, dejando al Sr. Obispo interventor qne continuara su demanda de intervención, y la corte admitió tal desistimiento.

Celebrado el juicio fué pronunciada sentencia en 11 de mayo de 1916 declarando con lugar la demanda y condenando al demandado a pagar al interventor demandante A suma de $1,280.53 por réditos vencidos hasta el año 1914, de los censos a que se refiere la demanda de intervención, quedando en libertad el demandante de reclamar los réditos vencidos con posterioridad a la interposición de la demanda en la forma que fuere procedente, con las costas a cargo del de-mandado, cuya sentencia fué apelada para ante esta Corte Suprema por la representación del demandado.

Según consigna en su alegato la parte apelante, no existe en este pleito diferencia en materia de. cantidades entre lo reclamado por el demandante y lo- alegado por el demandado siendo la diferencia solamente de una pequeña suma de $12.14, debida sin duda a las diferencias del cambio de la moneda española en distintas fechas, y la única cuestión que en realidad se debate en el pleito es la de si Mareos T. Ca-neja tiene-el derecho de descontar de los réditos de los censos de autos la parte de contribuciones que al capital de dichos censos corresponde, o lo que es lo mismo, si pesa sobre el censualista el deber de pagar las contribuciones por el capital de los censos y tiene por tanto derecho el censatario a que el importe de aquéllas se deduzca de los réditos de los censos.

Estamos conformes con la apreciación hecha en su opi-nión por la corte inferior de que ni de la prueba documental ni de la testifical resulta la obligación del censualista de pagar las contribuciones de los censos.

Tampoco la ley le impone semejante obligación. Cierta-mente que según el artículo 1525 del Código Civil el censa-tario está obligado a pagar las contribuciones y demás im-puestos que afecten a la finca acensuada pudiendo al veri-ficar el pago de la pensión descontar de ella la parte de los impuestos que correspondan al censualista. Ese precepto no es absoluto sino que depende de que le corresponda al censualista el pago de algún impuesto. Al censualista inter-ventor no se le impone en el- presente caso el pago de con-tribución o impuesto alguno y por tanto nada está obligado a pagar ni en su consecuencia puede el censatario hacer el descuento a que se refiere el artículo 1525 del Código Civil.

La sección 3a. de la Ley de Eentas internas aprobada en 31 de enero de 1901 que vino a ser el artículo 291 del Código Político aprobado en 1902 declara exentos de tasación para la imposición de contribuciones los gravámenes y censos que no devenguen más de, 5 por ciento de interés anual, siempre que expresamente se dediquen al cumplimiento de voluntad testamentaria, por la cual se destinen a fines de beneficencia o educación. Esa exención no afecta a los censos de que trata el presente pleito pues no aparece que estén destinados a fines de beneficencia o educación.

El artículo 298 del Código Político de 1902 textualmente dice así:

“Toda hipoteca, censo, hipoteca con cláusula de venta, contrato, u otra obligación dada en .garantía de una deuda, se considerará y apreciará, para los fines de tasarla y de imponerle contribuciones como una participación en la propiedad que afecte. En caso de deudas garantizadas de este modo, el valor de la propiedad afectada por dicha hipoteca, censo, hipoteca con cláusula de venta, contrato, u obligación, menos el valor de la expresada garantía, se tasará y se le impondrá contribución a nombre del propietario, en el distrito municipal u otra división local <en que radique la propiedad. Pero no pagará contribución el acreedor hipotecario sobre ninguna deuda así garantizada, si por cláusula clara é inequivoca contenida en el convenio, ha de ser satisfecha por el deudor; pero en tal caso se impondrá y recaudará la contribución a dicho deudor hipotecario. Las contribuciones así impuestas constituirán un gravamen sobre la propiedad y sobre la garantía del crédito, gravamen que podrá ser cancelado por cualquiera de las partes, pero si el dueño de la propie-dad verifica el pago de dichas contribuciones, será esto un abono a la deuda garantizada y por completo redimirá tanto de ella cuanto la cantidad satisfecha alcance a cubrir.”

El artículo que dejamos transcrito quedó enmendado por la ley de 10 de marzo de 1904 en la forma siguiente:

“Que todos los bienes raíces le serán tasados en el municipio en que estuvieren ubicados para imponerles contribución, a la persona que fuere dueño de los mismos o que estuviere en posesión de ellos el día primero de abril (1904); y la persona que en dicha fecha apareciere ocupándola será tenida por dueño legítimo de dichos bienes. No se hará deducción por concepto de ninguna hipoteca, censo, venta con pacto de retro, contrato u otra obligación con que estuviere gravada dicha propiedad inmueble; excepto en el caso de que la referida hipoteca, censo, venta con pacto de retro, contrato u otra obligación dada en garantía de alguna deuda contra la propiedad, hubieran sido otorgadas con posterioridad al 31 de enero de 1901, y anterioridad -a la aprobación de esta Ley, correspondiendo la obliga-ción de satisfacer las contribuciones sobre los mismos al acreedor hipotecario o tenedor de dicha hipoteca, censo, venta con pacto de retro, contrato u otra obligación los cuales en tal caso, se seguirán considerando y tratando como un interés en la propiedad afectada por ellos, quedando el tenedor o censualista sujeto al pago de las contribuciones correspondientes a los mismos, y el valor de la pro-piedad afectada por dichos gravámenes, deducido el de éstos, será lo que se tomará en cuenta para la imposición de contribuciones al dueño de la misma en el distrito municipal u otra división local en que estuviere radicada la propiedad; y las contribuciones así im-puestas constituirán un gravamen sobre la propiedad y la garantía, pudiendo ser satisfechas por cualquiera de las partes en dicha ga-rantía; pero si el dueño de la propiedad las pagare, dichas contri-buciones constituirán un abono a cuenta de la deuda, y en la cuantía de las mismas, una carta de pago por tal concepto.”

El artículo 298 del Código Político tal como quedó enmen-dado por la ley de 10 de marzo de 1904, fué enmendado por ley posterior de 3 de septiembre de 1910, pero esa enmienda no introduce más. variante que la de disponer “que todos los bienes raíces serán tasados en el municipio en que estuvieren ubicados para imponerles contribución a nombre de la persona que fuere dueño de los mismos o que estuviere en pose-sión de ellos el día 15 de enero, y la persona en cuyo nombre apacieren inscritos en dicha fecha será tenida por dueño legí-timo de dichos bienes.” En todo lo demás fué reproducido el artículo 298 del Código Poético en la forma en que fué enmendado por la ley de marzo 10, 1904.

El artículo 298, atendidos los términos en que está redac-tado, como última expresión de la voluntad del poder legisla-tivo no impone contribución alguna al censualista, pues al or-denar que al verificar la tasación no se haga deducción alguna por semejante concepto al dueño de un inmueble, claramente sólo exceptúa los censos y demás gravámenes a que se refiere, otorgados con posterioridad al 31 de enero de 1901 y anterior-mente a la fecha de 10 de marzo de 1904 en que fué aprobada la enmienda, para cuyo caso de excepción se impone la obligación de satisfacer las contribuciones al censualista. Dicha excep-ción no afecta a los censos cuyos réditos se cobran por el interventor apelado, pues éstos no fueron constituidos, con posterioridad al 31 de enero de 1901 y con anterioridad al 10 de marzo de 1904 en que fué aprobada la enmienda al artículo 298 del Código Político. Para esos casos de excep-ción ordena la ley que si el dueño de la propiedad pagare las contribuciones éstas constituirán un abono a cuenta ele la deuda y en la cuantía de las mismas una carta de pago por tal concepto. No aparece que la legislatura tuviera la inten-ción de que en los demás casos no exceptuados, entre los cuales están comprendidos los censos de que se trata en el presente pleito, también las contribuciones pagadas por el dueño de la propiedad constituyeran un abono a su favor en la parte proporcional del capital de los censos.

La obligación que el apelante trata de exigir al censua-lista no se deriva ni del Código Civil ni del Código Político.

El artículo 1057 del Código Civil ordena que las obliga-ciones derivadas de la ley no se presumen y sólo son exigi-bles las expresamente determinadas en diebo código o en leyes especiales, debiendo regirse. por los preceptos de la ley que las hubiere establecido y en lo que ésta no hubiere previsto por las disposiciones del Libro IY del mismo código. Donde el código dice expresamente ha querido decir claramente, determinadamente, concretamente, manifiesta-mente, según Q. Mucius Scaevola al comentar el artículo 1090 del Código Civil Español del que es una reproducción el 1057 del Código Revisado.

La intención de la legislatura de que el censualista pague contribuciones, sobre censos que no han sido constituidos dentro del período de tiempo comprendido entre el 31 de enero de 1901 y el 10 de marzo de 1904, no es clara, deter-minada, concreta y manifiesta, y las obligaciones derivadas de la ley no se presumen, esto es, no han de deducirse, según Scaevola, por meras conjeturas y por las relaciones lógicas de unos preceptos con otros.

Opinamos, pues, que el demandado estaba en el deber de pagar al representante de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana de Puerto Rico, sin el descuento que alega por razón de contribuciones, la suma que se le reclama en la demanda, o sea la de $1,280.53 por los réditos vencidos hasta el año de 1914, y como no consignó el total de dicha suma es claro que la consignación fné ineficaz en derecho a los fines de quedar extinguida su obligación.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutchison disin-tieron de la opinión en este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

text:
    Puerto Rico Distilling Co., Demandada y Apelante, v. Hill, Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre devolución o reintegro de contribuciones pagadas bajo protesta.
    No. 1670.
    Resuelto en junio 29, 1918.
    Arbitrios Sobre Alcoholes — Término Dentro del Cual Deberá Pagarse el Impuesto — Almacenes Generales de Depósito. — Todos los lieores espirituo-sos fabricados o importados en Puerto Bico, en los cuales, con exclusión del agua, los principales componentes sean líquidos espirituosos destilados, están sujetos al pago de la contribución que especifica la ley. El impuesto deberá pagarse antes de salir el alcohol de la fábrica, excepción hecha del caso en que el alcohol se conduce a un almacén general de depósito establecido de acuerdo con la ley.
    Verdadera Significación de las Palabras “Espíritus Destilados, Espíritus Alcohólicos” — Agua Agregada al Alcohol — Ron..—El legislador, al fijar la verdadera significación de las palabras espíritus destilados, espíritus al-cohólicos, incluyó en la sustancia conocida por alcohol etílico, óxido hidratado de etilo o espíritu de vino, cualquier, dilución de la misma. En tal virtud el alcohol puro al cual se agrega agua, o sea el alcohol diluido, que se convierte en ron al cabo de cierto tiempo es un espíritu destilado o alcohólico, sujeto como artículo independiente al pago del arbitrio que exige el estatuto'.
    Exención del Pago del Impuesto — Alcohol Perdido. — Fijando la ley expresa-mente los casos en que se exime del pago del impuesto al alcohol que se pierda o se destine a ciertos usos, no estando comprendido el de autos, o sea el de alcohol diluido, ron, guardado en un depósito general en envases de madera, dentro.de ellos, no cabe sostener que la parte del mismo que se per-dió esté exenta del pago del impuesto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: <Sr. Félix Santom.

      Abogados del apelado: ¡Sres. Howard L. Kern> Attorney General, y E. T. Fiddler, Assistant Attorney General.

   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn caso sobre devolución de cierto arbitrio pagado bajo protesta. La demandante, Porto Eico Distilling Company, es una corporación organizada y existente de acuerdo con las leyes de Puerto Eico, dedicada a la fabrica-ción de alcohol, su compraventa, y las explotaciones indus-triales y comerciales que conciernen a ese producto. En la ciudad de Arecibo tiene establecida una destilería denomi-nada “Miramar” y, además, un almacén general de depósito. El almacén se dedica a la guarda y fabricación de artículos sujetos a impuesto destinados a la exportación. Del 16 al 28 de marzo de 1914 la demandante trasladó desde su des-tilería a su almacén 16,000 litros de alcohol. En el almacén, con intervención del agente de rentas internas, se adicionó al alcohol 13,158 litros de agua, formándose así un total de 29,158 litros de alcohol rebajado de grado que se redujeron a 29,155 litros al ponerse en los receptáculos. De ese alcohol rebajado se extrajeron en enero 18, 1915, 539 litros para Ca-narias, España; en octubre 8, 1915,' 1,841 litros para St. Thomas, Dinamarca; en febrero 24, 1916,' 182 litros parala isla, previo pago del impuesto de cincuenta- centavos por cada litro; en junio 12,. 1916, 9,793 litros para el Havre, Francia, y en 13 de junio, 1916, 13,014 litros también para el Havre, Francia, o sea, en junto, 25,369 litros. La diferencia éntre lo extraído'y lo depositado, esto es, 3,786 litros se evaporó, mermó o perdió en el almacén. El alcohol rebajado se depositó en barriles de madera, algunos de los cuales se encontraron por los agentes de rentas internas al intervenir en el último des-pacho, en mal estado. El Tesorero de Puerto Eico requirió a'la demandante al pago del impuesto sobre los 3,786 litros perdidos y la demandante así lo hizo, bajo protesta, el 6 de •julio de 1916, estableciendo luego el Io. de agosto de 1916, este pleito en solicitud de que se le devuelva la suma que se le cobró a su juicio ilegal e injustamente.

Cuando en 1914 la demandante trasladó de su destilería a su depósito general los 16,000 litros de alcohol, prestó una fianza por la suma de $12,500, en la cual se hizo constar que las rentas internas se pagarían sobre todos los espíritus des-tilados que no fuesen exportados dentro de dos años contados a partir de la fecha de su depósito en el almacén. Dichos dos años expiraron en marzo de 1916, pero la demandante obtuvo que el plazo para la exportación sin pagar el impuesto le fuera prorrogado por el Tesorero, prestando al efecto una nueva fianza por la misma suma. Entre otras condiciones se hicieron constar en la fianza las que signen:

* * e and shall also pay, promptly on demand of the Treasurer of Porto Rico, the corresponding taxes, at the rate of fifty cents per liter, or at such other rate as may be due by law, upon all distilled spirits, whether in the■ form of spirits or beverages, or otherwise, that may be lost in said general bonded warehouse from any cause whatsoever, and shall also pay, promptly on demand of the Treasurer of Porto Rico, the corresponding taxes, at the rate of fifty cents per liter, or all such other rates as may be due by law, upon all distilled spirits, whether in the form of spirits or beverages, or otherwise, that is not exported from Porto Rico, on or before June 30, 1916, there being included within the terms of this bond the 26,592 liters of rum stored in said general bonded warehouse No. 4, upon the date of the execution of this bond. * * * ”

Tales son los hechos que resultan de las alegaciones y de las pruebas. • Basándose en ellos la corte de distrito, el 21 de febrero de 1917, dictó sentencia declarando sin lugar la' demanda, con las costas a cargo de la demandante. Esta interpuso entonces el presente recurso de apelación.

1. Alega la apelante que la corte de distrito erró al con-siderar sujeto a impuesto el alcohol perdido en el depósito.

De acuerdo con la ley (No. 112 de 1913), se impondrá cobrará y pagará sobre todo líquido espirituoso destilado, fabricado en Puerto Rico, o importado o introducido en la isla, un impuesto de cincuenta centavos por cada litro o frac-ción de litro. Para los fines de dicha ley serán considerados como tales líquidos espirituosos destilados, salvo lo que en con-trario disponga la misma, todos los licores espirituosos fabri-cados o introducidos en Puerto Pico, en los cuales, con exclu-sión del agua, los principales componentes sean líquidos espi-rituosos destilados. Cuando los espíritus destilados conteni-dos en dichos licores espirituosos, no constituyen, excluyendo, el agua, los principales componentes, se pagará la contribu-ción al tipo de veinte y ocho centavos por litro o fracción de litro sobre la cantidad en volumen de los licores espirituosos destilados que tales licores espirituosos contengan, y sobre los cuales no se haya pagado contribución con arreglo a al-guna de las disposiciones de la ley. Para los fines de ésta se considerará como “principal componente” la sustancia, que determine el uso general del artículo.

También de acuerdo con la ley (3026, Comp. 1911), los; espíritus destilados, espíritus alcohólicos, dentro de la ver-dadera significación de la. palabra, lo constituye la sustancia conocida por alcohol etílico, óxido hidratado de etilo, o espí-ritu de vino, que comunmente se produce por la fermentación de granos, almidón, melazas o azúcar, incluyendo todas las diluciones de dicha sustancia.

En tal virtud, es necesario concluir que el alcohol de que se trata en este caso, estaba sujeto al pago del impuesto de cincuenta centavos por litro o fracción de litro establecido por el estatuto.

¿Cuándo debía pagarse dicho arbitrio? Dispone la ley, (3028, Comp. 1911), que el impuesto pesará sobre los espí-, ritus alcohólicos tan pronto como sean separados, en estado-de pureza o impureza, mediante destilación u otro procedi-miento de evaporación, de cualquier sustancia, ya sea fer-mentada o no, debiendo efectuarse el pago antes de que dichos espíritus alcohólicos salgan de la fábrica, salvo lo que en contrario disponga la ley.

La regia general es, pues, que debe pagarse el impuesto-antes de salir el alcohol de la fábrica. Pero esa regla tiene,-excepciones. La ley misma (3047, Comp. 1911), autoriza al Tesorero de Puerto Eico para permitir el establecimiento de almacenes generales de depósito, previa la prestación de la fianza que el Tesorero exija. Dichos almacenes se dedicarán exclusivamente para la guarda de artículos sujetos a im-puesto, o para la fabricación de dichos artículos cuando se destinen para la exportación.

Así sucedió en este caso. La demandante tenía una des-tilería y, además, fue autorizada para establecer un almacén general de depósito. La demandante debió, de acuerdo con la regla general, haber pagado allá por el mes de mayo de 1914 el arbitrio sobre los diez y seis mil litros de alcohol que fabricó, antes dé sacarlos de su destilería, mas, como los ex-trajo de ella para llevarlos a su almacén general de depósito, le bastó prestar una fianza para garantizar el pago del im-puesto en el caso de que dichos artículos no fueran exportados de la isla, dentro del término de dos años, que fué luego ex-tendido a algunos meses más, mediante prestación de nueva fianza.

El impuesto quedó pesando siempre, garantizado su pago por la fianza, sobre el alcohol, mientras no se dispusiera de él para enviarlo al extranjero, llevándose una contabilidad minuciosa e interviniendo en todos los despachos los agentes de rentas internas.

La última partida se despachó el 13 de junio de 1916, o sea más de dos años después de depositado el alcohol, y entonces se encontró que se había mermado, evaporado o perdido cierta cantidad.

¿Debe la demandante pagar por ella o está exenta de pago?

El legislador (3028, Comp. 1911), ha dispuesto que en caso de que la pérdida fuese causada por fuerza mayor, el alcohol perdido será eximido totalmente de contribución por consecuencia de tal accidente. T también ha dispuesto que se eximirán del pago del arbitrio los alcoholes destinados para combustibles u otros usos industriales o para el uso de esta-blecimientos de beneficencia, pndiendo el Tesorero permitir que se destruya el alcohol que salga de un alambique en es-tado nocivo para el consumo y eximirlo del pago del impuesto y pudiendo también rebajar,, a su discreción, la cantidad del impuesto de rentas internas correspondiente a alcoholes que se perdieren en cualquier tanque de metal bajo el control del Gobierno, antes de que se pagare dicho impuesto, si resul-tare de la presentación de pruebas satisfactorias ante él, que dicha pérdida se debe a causas naturales que el refinador no ha podido evitar.

Expressio unius est exclusio álterius. El caso de la de-mandante no está incluido en ninguna de las exenciones y en tal virtud debe considerársele excluido de ellas. Además, que la demandante sabía que esa era la ley, lo revelan los términos de la fianza que prestó para garantir el pago del impuesto.

La cuestión no es nueva. Ha sido resuelta repetidas veces por los tribunales. En el caso de Louisville Public Warehouse Co. v. Collector of Customs, 49 Fed. 561, 569, la Corte de Circuito de apelaciones del sexto circuito, por medio del Juez Jackson, se expresó así:

“Las leyes de tarifas de 1883 y 1890 no proveen para alguna con-cesión por merma o evaporación mientras los espíritus importados estén en un almacén general de depósito, tal como lo hacía la sección 17 de la ley de mayo 28, 1880 (21 St. at Large, p. 149). Las con-cesiones para tales pérdidas por merma o evaporación descansan en las disposiciones expresas de los estatutos, y cuando no están pro-vistas en ellos, las cortes no pueden hacerlas, no importa la equidad que hubiere.”

Y en el de Farrell v. United States, 99 U. S. 221, 224, la Corte Suprema de los Estados Unidos, por medio del Juez Strong, dijo:

“La fianza estaba fechada en 13 de junio de 1870. Por ella se obligaban los fiadores al pago de una suma de dinero para garantir el pago del impuesto de los espíritus depositados en el almacén antes de ser retirados del mismo, y dentro de un año a contar de la fecha en' que se otorgó. La obligación era incondicional, y era exactamente lo qne tanto al destilador como a sus fiadores exigía la ley del Con-greso. Ley de 20 de julio de 1868, sección 23; 16 Stat. 135, 136. El depositar los espíritus destilados en el almacén del gobierno no los convertía en propiedad del gobierno, ni bacía al depositario res-ponsable por los riesgos de los mismos. El destilador seguía siendo dueño de los espíritus, y el riesgo por pérdidas por fuego o por cual-quier otra causa, era en su consecuencia suyo. El y sus fiadores se comprometieron a pagar al gobierno el impuesto sobre los espíritus que estaban en el almacén dentro de un año, sin excepción alguna por cualquier posible contingencia. La sentencia de la Corte de Circuito era, por tanto, correcta. El caso del destilador puede que sea duro; pero de su mala fortuna no tiene la culpa el gobierno.”

2. Sostiene además la apelante qne aun cuando se llegara a la conclusión de que era necesario pagar el impuesto por la merma, para calcular ésta debe prescindirse del agua que se agregó al alcohol, esto es, que en vez de pagar sobre 3,786 litros de alcohol rebajado, sólo está obligado, a hacerlo por los 2,078 litros de alcohol puro contenidos en ellos, debiendo devolvérsele en tal caso la suma de $854 que se le cobró ilegal e injustamente.

Ya hemos visto que al fijar el propio legislador (3026, Comp. 1911), la verdadera significación de las palabras espí-ritus destilados, espíritus alcohólicos, incluyó en la sustancia conocida por alcohol etílico, óxido hidratado de etilo, o espí-ritu de vino, cualquier dilución de la misma. En tal virtud el alcohol puro al cual se agrega agua, o sea el alcohol diluido, es un espíritu destilado o alcohólico, sujeto como ar-tículo independiente al pago del arbitrio que exige el estatuto.

También hemos visto que el almacén general de depósito no se dedicaba simplemente a la guarda de alcoholes extra-ídos de la destilería, sí que también a la fabricación de ar-tículos destinados a la exportación.

Transformado el alcohol puro en otro artículo, éste y no el alcohol primitivo constituía la sustancia sobre la cual pe-saba el impuesto cuyo cobro estaba suspendido bajo la ga-rantía de la fianza prestada a los efectos de que su dueño dentro del plazo especificado pudiera exportarlo de la isla. La diferencia entre el alcohol diluido depositado y el expor-tado, tiene que considerarse como alcohol consumido en la isla y por tanto satisfacerse por ella el impuesto de ley.

Como una demostración de que al agregarse el agua al alcohol la misma parte apelante entendía que se formaba un artículo nuevo, independiente, sujeto al pago del arbitrio, citaremos las declaraciones de Juan Pizá, presidente de la corporación demandante, y Lorenzo Oliver, secretario de la misma, que admiten que el alcohol al- cual se agrega agua se convierte al cabo de cierto tiempo, unos dos años, en ron; las pa1 abras expresas de la segunda fianza incluyendo dentro de sus términos el ron depositado en el almacén, y el acto de la propia demandante pagando voluntariamente el- im-puesto de cincuenta centavos por litro sobre los ciento ochenta y dos litros de ron extraídos de su depósito para muestras.

La intención de la demandante al trasladar el alcohol de su destilería a su depósito, fué la de transformarlo en ron mediante la adición de agua y la acción del tiempo. Para agregarle el agua se requirió la intervención del agente de rentas internas. Ante él se llevó a efecto la operación y el alcohol diluido fué medido y depositado como un artículo independiente para ser exportado dentro de un determinado plazo, debiendo pagarse de otro modo el impuesto exigido por la ley.

Invoca la parte apelante la jurisprudencia que sostiene que “el depósito es solamente para beneficio del destilador y para habilitarlo a dar una fianza por el impuesto en vez de pagarlo en seguida” (22 Cyc. 1637). Estamos conformes con esa jurisprudencia, pero no en que deba aplicarse sólo al momento de la extracción del alcohol puro de la destilería.

En este caso hay dos momentos a considerar: el en que se extrajo el alcohol puro de la destilería y el en que, ya diluido dicho alcohol en el almacén, se depositó en los barriles para ser exportado como ron al cabo de cierto tiempo. El beneficio de la parte apelante estuvo en que por virtud de poseer su almacén y en consideración a su fianza pudo rea-lizar esta transformación y disponer de más de dos años para vender su alcohol como ron, natural y lógicamente ob-teniendo mejores resultados.

Por los motivos expuestos, debe confirmarse la sentencia recurrida, sin necesidad de estudiar y resolver los otras cues-tiones suscitadas por la parte apelada en su alegato.

Confirmada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este caso.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.