author: El Juez Asociado Sk. Hutchison,

text:
    Figueroa, Demandante y Apelado, v. Pierluisi, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre divorcio.
    No. 1605.
    Resuelto en julio 2, 1917.
    Divorcio — Falta de Hechos para una Causa de Acción. — En vista del interés público y de la política general en cuestiones de divorcio, no expone hechos bastantes para una causa de acción, una demanda en que se alega que tuvo ■necesidad el demandante de asilarse en un hospital con motivo de una ope-ración quirúrgica a que tuvo que someterse y que durante el tiempo que estuvo allí, su consorte, la demandada, lejos de ocuparse en su asistencia y cuidado, sin consideración' a su estado de salud, le abandonó completamente^ dedicándose a paseos, visitas y fiestas, y que al recibir las quejas del deman-dante por tal conducta le contestó despectivamente que ella no podía consu-mir su juventud al lado de un miserable, estando arrepentida de haberse casado con él y cansada de la vida matrimonial, que le odiaba y despreciaba y estaba dispuesta a romper para siempre el lazo matrimonial, abandonando marido y hogar.
    Id. — Trato Cruel. — El hecho de que los cónyuges vivan juntos sin ser felices debido a sus caracteres irrefrenables o a desavenencias y la mera severidad del temperamento, mal genio, rudeza en el lenguaje, o hasta arranques impe- . tuosos, sin amenazar daño corporal o causar perjuicios a la salud, no equi-valen, por regla general, a trato cruel. El status del matrimonio es uno en que la ley funciona sobre la debilidad lo mismo que sobre la fortaleza de la naturaleza humana, y no se disolverá a menos que existan causas graves sustanciales.
    Abogado de la apelante: Sr. Alberto 8. Poventud.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El apelado no compareció.

El Juez Asociado Sk. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el demandante y apelado estableció una ac-ción de divorcio contra su esposa, alegando en su demanda los hechos siguientes:

“Primero: que el demandante Florencio Figueroa y Reyes y Paula Pierluisi y Grau, contrajeron matrimonio en Barcelona, Es-paña, en 14 de octubre de 1899, y ambos son. mayores de edad, resi-dentes en Villalba, Juana Díaz, Puerto Rico, y han residido en esta Isla de donde son naturales, desde 1900 hasta ahora.
“Segundo: que en dicho matrimonio se han procreado los hijos siguientes; todos menores de edad: Gloria, Carmen, Guillermo, Margarita, Angélica, Florencio, Elsa y Ramón.
“Tercero: que existen bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio.
‘ ‘ Cuarto: que el demandante tuvo necesidad de asilarse en el Hospital de Damas con motivo de una operación quirúrgica a que tuvo que someterse y durante el tiempo que estuvo allí, su consorte, la demandada, lejos de ocuparse en su asistencia y cuidado, sin con-sideración al estado de salud del demandante, abandonó a éste com-pletamente, dedicando su tiempo a paseos, visitas y fiestas, y al reci-bir. las quejas del demandante por tal conducta, le contestó despec-tivamente que ella no podía consumir su juventud al lado de un miserable; que estaba arrepentida de haberse casado con él y cansada de la vida matrimonial; que le odiaba y despreciaba; y que estaba dispuesta a romper para siempre el lazo matrimonial, abandonando marido y hogar.
“Quinto: que este hecho ocurrió en presencia de varias personas y fué motivo de escándalo y de humillación para el demandante.”

Acusada la rebeldía de la demandada, la corte de distrito después de oir la prueba qpe fué presentada por el demandante, declaró con lugar la demanda de divorcio, y ordenó que los hijos menores de edad quedaran bajo lá custodia de su padre, el demandante, ordenando además que se practicara la opor-tuna liquidación de la sociedad conyugal.

La apelante insiste en que la corte inferior cometió error al no desestimar ]a demanda del actor por no haberse alegado hechos bastantes para determinar una causa de acción.

El apelado no ha formulado alegato y no compareció en la vista del recurso.

La proposición sometida por la apelante parece estar bien fundada por razón de sus méritos, y en vista del interés pú-blico y de la política general en cuestiones de esta índole, no nos sentimos dispuestos a interponer de motu propio ninguna objeción técnica.

De la demanda no aparece- la naturaleza de la operación quirúrgica a que en ella se hace referencia ni el tiempo que per-maneció el demandante en el hospital. El pudo haber per-manecido allí un día, o una tarde. La operación puede haber consistido en operar un carbunclo en su cuello o sacarle una nigua de uno de los dedos de los pies. Además, la teoría re-lativa al deber por parte de la esposa de ocuparse de la asis-tencia y cuidado de un esposo que voluntariamente ha aban-donado su hogar y se ha sometido al cuidado dé los expertos profesionales de un hospital, parece algo dudosa si no ente-ramente incompatible con las necesarias restricciones y ver-daderas condiciones que prevalecen en cualquiera institución bien dirigida.

Según parece, la demandada es madre de ocho hijos, el mayor de los cuales apenas si tiene más de diez y seis años, pero no consta que ninguno de ellos haya sufrido por abandono. Y si bien el lenguaje despectivo que se alega en la demanda fué dirigido al demandante en presencia de otros, lo era, sin embargo, en contestación al cargo que le hacía el esposo res-pecto ala supuesta mala conducta de'la demandada, cargo que evidentemente se le hizo ante los mismos testigos, y que por tanto tendió a excitar resentimientos y provocar recrimina-ciones más bien que a hacer que se le diera una'explicación o excusa. Dentro de esas circunstancias el hecho de que la es-posa recurra a la única arma eficaz que se le presenta en tal situación se convierte en cuestión de defensa propia, dejando a un lado toda cuestión relativa al ejercicio independiente de nn derecho inalienable innato en todas las mujeres por razón de su sexo.

Desde luego que la prueba presentada puede haber sub-sanado en cierto modo los defectos de la demanda, pero no po-demos suponer que así haya siicedido faltando en absoluto una exposición del caso y en vista, de la única conclusión a que llegó la corte sentenciadora, o sea, que ‘‘todos y cada uno, de los hechos alegados en la demanda y esenciales para consti-tuir la causa de acción que se ejercita se han probado satis-factoriamente. ’ ’

Admitiendo, para los fines del argumento, que el lenguaje que se imputa a la demandada, usado en una sola ocasión ais-lada y que fué provocado por la protesta hecha por el marido en presencia de varias personas, acusando a la esposa, de su-puesta indebida conducta, en unión con la especie de aban-dono a que se refiere la demanda, sea bastante para indicar que existe cierto grado de incompatibilidad de caracteres entre los esposos, aun así, no conocemos ningún caso en que se haya llegado a declarar que semejante trato puesto en práctica con un esposo de condiciones normales por una esposa excitable sea constitutivo del trato cruel que la ley determina. No existe nada que indique la disposición de sensibilidad en sumo grado o una susceptibilidad excepcional por parte del demandante, o cualquier otra circunstancia especial que pudiera tender a agravar el efecto producido por los. actos imputados a la de-mandada en la mente del demandante, ni ninguna alegación de ese “grave sufrimiento mental” que se ha resuelto en al-gunas de las decisiones más recientes, tales como la del caso de McDonald v. McDonald, 155 Cal. 665, que constituye cruel-dad extrema.

“Ha sido reconocido universalmente, por lo menos teóricamente, que las partes no pueden ser divorciadas por el fundamento de cruel-dad simplemente por el hecho de vivir juntos sin ser felices debido a sus caracteres irrefrenables o a sus desavenencias. Las personas casadas deben someterse a las consecuencias ordinarias de las debi-lidades humanas y de la unión imprudente, y la mala conducta que habrá de servir de base para obtener un divorcio para constituir crueldad debe ser grave. Y la mera severidad del temperamento, mal genio, rudeza en el lenguaje, o hasta los arranques impetuosos, si no amenazan daño corporal o causan perjuicio a la salud, por regla general no equivalen a crueldad. Como ya bien se ha dicho el esposo y la esposa están obligados a hacer mayores esfuerzos porque desapa-rezca cualquier error, tratar de arreglar las cuestiones que entre ellos se susciten, suavizando el camino para la concordia, y de conseguir su Reconciliación, que las personas en otras relaciones de la vida. El status del matrimonio no es meramente contractual de modo que cada uno tenga derecho a exigir del otro que cúmpla estrictamente con el vínculo. Es un status en que la ley funciona sobre la debi-lidad lo mismo que sobre la fortaleza’de la naturaleza humana, y no se disolverá a menos que existan causas graves y sustanciales. ” 9 E. C. L. 336, pár. 116.

La sentencia apelada debe ser revocada y la demanda de-clarada sin lugar.

Revocada la sentencia apelada y declarada sin lugar la demanda sin especial condena, de costas, desembolsos y honorarios de abo-gado.

Jueces concurrentes': Sres. Presidente Hernández y-Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Hutchisoe,

license: Public Domain

text:
    Jiménez, Recurrente, v. El Registrador de Aguadilla, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Aguadilla denegando la inscripción de una es-critura de compraventa.
    No. 319.
    Resuelto en julio 3, 1917.
    Compraventa — Palta de Pirmar el Comprador — Defecto Subsanable. — Es de-fecto subsanadle en escritura otorgada en 1899, sobre compraventa, la falta de haber firmado por el comprador, a su nombre y ruego y por no saber hacerlo, una persona que no era testigo instrumental, pues tal defeeto no produce necesariamente la nulidad de la escritura y puede subsanarse, exten-diendo una nueva en que conste que el comprador ratifica y acepta el con-trato en la misma forma que si no hubiera comparecido a su otorgamiento.
    Ahogado de la recurrente: Sr. Víctor P. Martínez.

      ■ El registrador recurrido, Sr. Joaquín Martínez Cintrón, compareció en nombre propio.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Hutchisoe,

emitió la opinión del tribunal.

En noviembre 11 de 1899 Pedro Antonio Echeandía y Medina vendió varias parcelas de terreno a Doña Clandina Ji-ménez y G-onzález, por escritura cuyo párrafo final es como sigue:

"En su testimonio así lo dicen y otorgan habiéndoles hecho lec-tura de este instrumento por ante los testigos Don Lorenzo Orilla y Don Severiano Cabrero, mayores de edad, y de esta vecindad, que-dando advertidos del derecho que tienen a leerlo por sí y firma el comprador digo vendedor y por la compradora expresar no saber, lo verifica a sus ruegos Do.n Pedro Río y Soper, también vecino que se halla presente a este acto junto con los testigos dichos que asegu-raron no tener tacha legal para serlo, de todo lo cual y dé- conocer a ios expresados testigos yo el Notario doy fe. Pedro Anto. Echeandía. A ruego de Doña Claudina Jiménez, Pedro Ríos. L. Orfila. S. Ca-brero. Signado, Juan Mercader.”

En agosto 21 de 1915 doña Clandina Jiménez compareció ante notario y otorgó escritura pública haciendo una ratifi-'cación formal del contrato de compraventa antes expresado y aceptando el mismo.

Ambos documentos fueron presentados al registrador de la propiedad, quien se negó a inscribir la escritura por las razones consignadas en su nota, como sigue:

"Denegada la inscripción de este documento, porque no sabiendo firmar la compradora Doña Claudina Jiménez y González, firma en su nombre y a sus ruegos Don Pedro Ríos y López que no es testigo instrumental, lo que produce la nulidad de este instrumento de acuerdo con el Reglamento Notarial de octubre veinte y nueve de mil ochocientos setenta y tres y la Real Orden de veinte y cinco de julio de mil ochocientos sesenta y ocho, y las Decisiones del Tribunal Supremo, en los casos de El Banco Territorial v. El Registrador, Villanueva y. El Registrador y Rodríguez v. El Registrador. Y siendo éste un defecto que produce la nulidad de la escritura, no es posible subsanarlo por una escritura de ratificación ni de ningún otro modo; tomo anotación preventiva que ordena la ley por ciento veinte días a favor de la compradora Doña Claudina Jiménez y González, al folio 212 del tomo 39 del Ayuntamiento de San Sebastián, finca número 2052, anotación letra ‘A.’ Aguadilla, 29 de mayo de 1917. El re-gistrador, J. Martínez Cintrón.”

“Es defecto subsanable, conforme al párrafo Io. del artí-culo 65 de la ley, la falta de no baber comparecido el compra-dor al otorgamiento de una escritura, pues que no produce ne-cesariamente la nulidad de la obligación, faltando sólo que el comprador manifieste expresa y legalmente la aceptación, lo cual se subsana extendiendo nueva escritura en que conste ésta.” Resolución de la Dirección General de los Registros de junio 19, 1863.

Véanse también otros casos citados por Odriozola, Juris-prudencia Hipotecaria, página 273.

Los casos resueltos por esta Corte Suprema, que cita el registrador, no son similares al presente, y la nota recurrida debe ser revocada.

Revocada Id nota recurrida y ordenada la ins-cripción del documento presentado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y.Aso-ciad os Wolf, del Toro y Aldrey.


author: Ml Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

text:
    Romero, Peticionario y Apelado, v. Irizarry, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre deslinde y examen de fincas.
    No. 1668.
    Resuelto en julio 6, 1917.
    Deslinde — Petición Ambigua y Dudosa — Pruebas—Sentencia sobre las Ale-gaciones. — No puede calificarse de ambigua y dudosa una instancia jurada para que se ordene el examen y deslinde de una finca del demandante y dos del demandado, cuando el primero alega que la finca de su propiedad está comprendida dentro de las del demandado y trata de averiguar el sitio en que se encuentra, pues esas alegaciones contienen todos los lieelios necesarios para justificar la pretensión, conforme el artículo 286 del Código de Enjui-ciamiento Civil; y si bien diebo artículo en su apartado 3o. dispone que las pruebas se producirán en la forma dispuesta para la vista de injunctions, tal precepto ba de aplicarse cuando las partes interesadas propongan pruebas y no cuando el caso ba sido resuelto por los méritos de las alegaciones.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. Frank Martínez.

   Los lieclios están expresados en la opinión.

Ml Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Mn abril del corriente año 1917 José Romero presentó a la Corte de Distrito de Mayagiiez instancia, jurada en que alega como hechos fundamentales de su acción los siguientes: Que' es dueño de una finca denominada Peñón radicada en el barrio de Rosario Peñón del Municipio de San Germán, con cabida de 12 cuerdas bajo las colindancias que expresa; que Francisco Irizarry está poseyendo dos fincas rústicas, una de 34 cuerdas y otra de 20, situadas ambas en el mencionado barrio de Rosario Peñón, del Municipio de San Germán, bajo las colindan-cias que define; que cree de buena fe que tiene derecho a re-clamar la posesión y el disfrute de' la finca de su propiedad, la que posee Irizarry y está comprendida dentro de las dos fincas de éste; que para determinar la situación de su finca poseída por Irizarry necesita que se practique un examen y deslinde de ella y de las dos de Irizarry; y que en 23 de febrero último solicitó autorización de Irizarry para el examen y deslinde de las fincas de que se trata, mediante escrito que le dirigió, ei cual acompaña con la constancia de su notificación, sin que Irizarry le concediera la autorización pedida.

La instancia concluye con la súplica de que se dicte una orden disponiendo el examen y deslinde de las tres fincas de que se deja hecho mérito, practicándose esas operaciones por el agrimensor o agrimensores y auxiliares que el peticionario quiera designar.'

Señalado día para la yista de la solicitud Francisco Iri-zarry se opuso a ella alegando que es insuficiente para deter-minar la acción ejercitada por el demandante, y que la de-manda es ambigua y dudosa. Alega también que las dos fincas ■de la propiedad del demandado que se describen en la demanda no son limítrofes sino que están en distintos sitios del barrio Rosario Peñón de San Germán, separadas por fincas de la propiedad de terceras personas, y que las citadas fincas no colindan por ninguno de sus rumbos cardinales con finca que sea de la propiedad del demandante. Y niega que esté en po-sesión de la finca de José Romero.

Agrega como defensa especial que el demandante fia pro-movido el asunto por la vía contenciosa contra el demandado, sin que entre ambos exista pendiente pleito alguno relacionado con la posesión o propiedad de las fincas descritas en la de-manda.

La corte de Mayagüez dictó resolución en 13 de abril, por la que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 286 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, declara que la,ley y los fiecfios están a favor del promovente y ordena que se baga el examen y deslinde de su finca y de las dos de Francisco Irizarry, va-, liándose para ello del agrimensor y auxiliares que pueda ne-cesitar, todo por cuenta del mismo, de cuya orden se libraría copia certificada que servirá de mandamiento en forma para la práctica de las operaciones indicadas.

Congruente con la anterior orden, a moción oral de la re-presentación de José Romero, la misma corte dictó sentencia en 16 de abril por la que decreta y ordena nuevamente el examen y deslinde a que se refiere la orden antedicha, contra cuya sentencia, inscrita en 16 de abril, interpuso el opositor Francisco Irizarry recurso de apelación para ante esta Corte Suprema. ‘

Alega la parte apelante que la corte cometió error al de-clarar sin lugar la excepción previa de que la solicitud de des-linde es insuficiente para determinar la causa de acción ejer-citada y al desestimar la otra excepción de que la demanda es ambigua y dudosa, habiendo cometido también error al dictar la orden de deslinde sin haberse practicado prueba alguna.

El artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Civil que regula el presente caso ordena en su primer apartado que cualquier persona que se creyere de buena fe con derecho a reclamar la posesión, el dominio o una participación en pro-piedad real o en pertenencia minera que otra persona esté po-seyendo puede reclamar de ésta privadamente el permiso para practicar un examen o deslinde de su propiedad, si fuere ne-cesario para determinar, obligar a reconocer o proteger los derechos de que se creyere asistido, y a falta de autorización para el examen o deslinde, después de requerimiento por es-crito, transcurrido el término de tres días, puede solicitar de la corte una orden para la práctica del examen y deslinde, haya o no pendiente ante ella algún litigio sobre el derecho discu-tido.

El apartado 2o. de dicho artículo indica las formalidades que ha de llenar la solicitud'para la expedición de la orden de examen o deslinde, siendo esas formalidades que la soli-citud sea jurada, haciéndose constar en ella la descripción de la propiedad e interés que la parte tenga en ella; que la pro-piedad en cuestión esté en posesión de otra persona que se nombrará, que se exprese la razón por la cual se solicita el examen o deslinde, y que conste formalmente el requerimiento hecho a la otra parte y la negativa de ésta.

El apartado 3o. señala la tramitación que ha de seguirse para la vista de la solicitud del examen o deslinde y ordena que las pruebas se producirán en la forma dispuesta para la vista de injunctions.

Examinados los anteriores preceptos legales en relación con la solicitud del promovente José Eomero, encontramos que en la instancia se alegan todos los hechos necesarios para justi-ficar la pretensión de José Romero y que además llena todos los requisitos prevenidos por la ley. No puede calificarse de ambigua o dudosa.

José Romero se cree con derecho a reclamar la posesión y disfrute de una finca de su propiedad que estima compren-dida en dos fincas que está poseyendo Francisco Irizarry, y para averiguar precisamente el sitio en que se encuentra es que solicita el examen y deslinde.

Ciertamente que el artículo 286 del Código de Enjuicia-miento Civil dispone que las pruebas se producirán en la forma dispuesta para la vista de injunctions, pero ese precepto ba de entenderse en el sentido de que las partes interesadas pro-pongan pruebas, lo que no aparece baya ocurrido en el pre-sente caso. Este ba sido resuelto por los .méritos de las ale-gaciones y en la resolución no se ban cometido los errores en que el apelante funda su recurso.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    González, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas, denegando la inscripción de un expe-diente posesorio.
    No. 322.
    Resuelto en julio 6, 1917.
    Expediente Posesorio — Estado Civil del Promovente. — Cuando consta que el promovente de una información posesoria era viudo en el momento de iniciar la misma, pero no en el de la adquisición del derecho, no puede verificarse la' inscripción a su favor, ya que .pudo ser casado al adquirir el derecho y entonces podría tratarse de un bien ganancial y no de un bien privativo.
    Id. — Presentación en el Registro del Expediente Original — Resoluciones Originales — -Certificación de las Mismas. — Para cumplir con el artículo 392, párrafo 2 de la Ley Hipotecaria que exige que para solicitar la inscrip-ción de un expediente posesorio se presente este original en el registro, no es necesario que las resoluciones de la corte consten originales en el expediente presentado, siendo suficiente que aparezcan en él copias certificadas de ellas, si dichas resoluciones se registraron originalmente en los libros oficiales de la corte.
    Id. — Posesión sin Perjuicio de Tercero de Mejor Derecho. — Aunque la buena práctica es consignarlo, sin embargo la omisión por parte del juez de expresar en su resolución final en un expediente posesorio que deelara justificada la posesión "sin perjuicio de tercero de mejor derecho," no constituye defeeto alguno, dentro de las prescripciones de la Ley Hipotecaria, ya que aunque así no se exprese la posesión se entiende siempre acreditada con esa limitación impuesta por la misma ley.
    Id. — Apreciación de la Prueba por el Juez — Deber del Registrador. — Guando los testigos deelaran bajo juramento que son propietarios y vecinos del lugar en que radica la finca y el juez estima suficientemente comprobados tales extremos de tal modo, el registrador debe estar y pasar por la apreciación del juez.
    Ahogado del recurrente: Sr. V. Polanco de Jesús.

    El registrador recurrido, Sr. Francisco Socorro, no com-pareció.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte Municipal de Barros se tramitó un expediente para acreditar la posesión de ocho cuerdas de terreno. En el escrito inicial la promo vente dijo: “comparece ahora Simona González Pagán, conocida también por Susana, mayor de edad, viuda, de ocupación doméstica,_” y luego: “cuya finca hubo por compra a don Pedro Dolores Arroyo, hace más dé un año_’ ’ En ninguna parte del escrito inicial, ni del expediente, consta el estado de la compradora al hacer ■la adquisición. Tanto la orden mandando tramitar el expe-diente como la resolución final del mismo, no se incluyeron ori-ginales en él. Constan por medio de copias certificadas por el secretario. Ambas certificaciones son iguales. Copiaremos por tanto solamente una, la que aparece al pie de la resolu-ción final. Dice así: £ ‘ Certifico: que lo que antecede es copia fiel y exacta del original de su contenido que se halla en el libro de sentencias civiles de esta corte, y para unir a los autos, libro la presente en Barros a 25 de abril de 19.17. Pablo Berrios. Secretario Corte Municipal.”

El expediente en esas condiciones se presentó en el Regis-tro ele la Propiedad de Caguas, y el registrador se negó a ins-cribirlo por medio de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del precedente documento por no ex-presarse el estado civil que tenía la promovente cuando compró la finca, cuya posesión justifica hallándose en estado de viudedad, y por no resultar que, tanto la orden admitiendo la información, como la resolución aprobándola, son copias de sus respectivos originales, y que las diligencias originales que debieron ser entregadas a la interesada, son las que han debido presentarse en esta oficina, se-gún lo exige el artículo 392 de la Ley Hipotecaria; habiéndose to-mado en su lugar anotación preventiva por término de 120 días, al folio 100 del tomo 24, de Barros finca número 1409, anotación A, en la que se consignaron, además, los defectos subsanables de que en la resolución final se ordena la inscripción de esta finca, sin determi-narse, como lo previene el mencionado artículo 392, que se practique sin perjuicio de tercero y de no haberse justificado por los testigos Bartolo Vargas y Juan Francisco Fontanez, su cualidad de vecinos propietarios de Barros, en la forma que exige la regla 2a. del artículo 391 de la expresada Ley Hipotecaria. ’ ’

Contra la nota que antecede, se ha interpuesto el presente recurso gubernativo.

1. El primer defecto existe. Consta que la promovente era viuda en el momento de iniciar la información posesoria, pero no en el de la adquisición del derecho cuya inscripción pretende. Pudo ser casada en ese último momento y entonces podría tratarse de un bien ganancial y no de un bien privativo. Esta cuestión ha sido ya resuelta por esta Corte Suprema en los casos de Ramos v. El Registrador, 18 D. P. R. 16, y Delgado v. El Registrador (pág. 486).

2. El segundo defecto no existe. El artículo 392, párrafo 2, exige' que se presente el expediente original en el registro. Para cumplir tal precepto no es necesario a nuestro juicio que las resoluciones de la corte consten originales en él, siendo suficiente que a él se lleven copias certificadas de ellas, si como en este caso dichas resoluciones se registraron origi-nalmente en los libros oficiales de la corte. Un expediente que contiene como el que estamos examinando, la petición ini-cial, acompañada de la certificación relativa al pago de las contribuciones, copia certificada de la orden mandando tra-mitarlo, la citación de los colindantes diligenciada, las decla-raciones de los testigos, el dictamen del fiscal y copia certifi-cada de la resolución final de la corte, y que así se presente en .el registro, es suficiente.

3. La omisión por parte del juez de expresar en su reso-lución final que declaraba justificada la posesión ‘ ‘ sin perjui-cio de tercero de mejor derecho,” estima el tribunal que no constituye defecto alguno. Desde luego que es mejor prác-tica seguir.las exactas palabras de la ley; pero aunque el juez no lo exprese, el derecho posesorio se entenderá siempre acre-ditado “sin perjuicio de tercero de mejor derecho,” por ser ésa una limitación impuesta por la misma ley. Artículo 392, párrafo 1°., de la Ley Hipotecaria.

4. No se ha cometido tampoco el segundo de los defectos subsanables. Los testigos declararon bajo juramento que eran propietarios y Vecinos de Barros; el juez estimó suficien--temente comprobados tales extremos de tal modo, y el regis-trador debe estar y pasar por la apreciación del juez, según ha sido resuelto por la Dirección General de los Begistros de España en 8 de marzo de 1892 y por esta Corte Suprema en los casos de Bamos y Delgado, supra.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que debe confir-marse la nota recurrida en cuanto al primero de los defectos insubsanables y revocarse en cuanto al segundo de los defectos insubsanables y al primero y segundo de los subsanables.

Confirmada la nota recurrida, en manto al primero de los defectos insubsanables, y revocada la misma en cuanto al segundo de los defectos insubsanables, y en cuanto al primero y segundo de los subsanables.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Wole, JUEZ' ASOCIADO SU. DEL TORO.

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Wys, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en cansa por infracción de la Ley del Servicio Civil.
    No. 1084.
    Resuelto en julio 9, 1917.
    Acusación — Requisitos de la Acusación — Palabras del Estatuto. — En una acusación basada en un estatuto no es suficiente con expresar el delito en las palabras del estatuto, a menos que esas palabras por sí mismas, completa, direeta y expresamente y sin incertidumbre o ambigüedad expresen todos los elementos necesarios para constituir el delito que pretende castigarse. El delito público debe aparecer en la acusación.
    Id. — Hechos que Constituyen el Delito — Exposición Detallada de los Mis-mos. — Si en un estatuto que establece un delito no se expresan los beebos que lo constituyen de un modo suficiente para que el acusado tenga conocimiento de la naturaleza precisa del cargo que se le formula contra él, será necesario que en la acusación se haga una exposición más detallada de los hechos.
    Servicio Civil — Empleados Públicos — Contribución para Eines Políticos.— El pedir a los miembros de un partido político que contribuyan con dinero para el éxito de una campaña o la’ continuación de una organización, es una proposición perfectamente lícita. Si la solicitación es uniforme, no hay nada malo en ineluir a miembros de un partido que se encuentran por casualidad en el servicio civil. Pero no debe .ponerse al empleado “en la obligación de contribuir. ’ ’

    Id. — Id.—Contribución Voluntaria — Amenaza o ’Temor de Separación o Per-juicio. — Las contribuciones voluntarias por parte de un empleado no están prohibidas en ningún sentido. El daño que se trató de suprimir es aquella clase de solicitación que tiende a crear en la mente de una persona que está en el servicio civil el temor de que su negativa pueda dar lugar a su separación o perjudicarle en otro sentido.
    Id. — Acusación Insuficiente. — En este caso se imputó al acusado que en cierta fecha anterior a la presentación de la acusación, en determinada ciudad y distrito judicial, ilegal y voluntariamente solicitó de cierto empleado público, profesor graduado de instrucción pública en ejercicio, uña cuota o contribu-ción que se menciona para fines políticos. Se resolvió: Que en la acusación no se imputó ningún delito público por cuanto ni siquiera se’ intentó alegar que se trató de hacer una petición bajo las circunstancias expresadas por la ley.
    Id. — Profesores de Instrucción Pública. — Un profesor de instrucción pública es un empleado dentro del servicio civil, esté o no clasificado.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael R. Rivera Zayas.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los becbos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una causa seguida de acuerdo con la sección 14 de la Ley del Servicio Civil, que prescribe lo siguiente:

Sección 14. — Ninguna persona perteneciente al Servicio Civil de Puerto Rico tendrá obligación de contribuir con cuota alguna a fon-dos que se recaudaren con fines políticos,-ni prestar servicios políticos; no pudiendo ser destituida ni de otro modo perjudicada, por negarse a ello. Cualquiera persona que solicitare de los funcionarios o em-pleados públicos contribuciones de carácter político, incurrirá en pena de multa máxima de quinientos dollars, o en cárcel por un término que no exceda de seis meses, o en ambas penas. ’ ’

Se alega eu la acusación que en cierta fecha anterior a su presentación, o sea allá en uno de los días del mes de enero de 1916, en la ciudad de Ponce, que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, el acusado Eduardo Wys ilegal y volun-tariamente solicitó de J. Federico Maura, que. era entonces un empleado público, profesor graduado de instrucción pú-blica, con ejercicio en una de las escuelas de Ponce, una cuota o contribución de $30, para fines políticos.

La cuestión principal que ba sido sometida a nuestra con-sideración y que es igual a la que surge en un número de otras apelaciones que están pendientes fundadas en la misma sección, es si la acusación alega un delito público. El apelante sostiene en efecto, entre otras cosas, que las palabras de la sección 14, supra, deben ser interpretadas, conjuntamente y que el delito público es una solicitación por la cual una persona en el servicio civil contribuye bajo indebida presión po-lítica o por temor de ser separado, o perjudicado en alguna otra forma.

Sin embargo, en este caso, la supuesta- sanción de la ley está contenida en el último párrafo de la sección 14, el cual es como sigue:

“Cualquier persona que solicitare de los funcionarios o empleados públicos contribuciones de carácter político, incurrirá en pena de multa máxima de quinientos dollars, o en cárcel por un término que no excederá de seis meses, o en ambas penas.”

T como en la acusación se siguen estas palabras, la cuestión que surge es si era suficiente o no seguir las pálabras del estatuto. En el caso de United States v. Carll, 105 U. S. 612, la corte dijo lo siguiente:

“En una acusación basada en un estatuto no es suficiente con expresar el delito en las palabras del estatuto, a menos que esas pala-bras por sí mismas, completa, directa y expresamente y sin incerti-dumbre o ambigüedad expresen todos los elementos necesarios para constituir el delito que pretende castigarse; y el hecho de que el estatuto en cuestión, examinado a la luz de la ley común y de otros estatutos sobre la misma cuestión, pone a la corte en condiciones de inferir la intención de la legislatura, no exime de la necesidad de alegar en la acusación todos los hechos necesarios para que el caso quede comprendido dentro de esa intención. United States v. Cruikshank, 92 U. S. 542; United States v. Simmons, 96 id. 360; Commonwealth v. Clifford, 8 Cus. (Mass.) 215; Commonwealth v. Bean, 11 Id. 414; Commonwealth v. Bean, 14 Gray (Mass.) 52; Commonwealth v. Filburn, 119 Mass. 297.”

Al discutir la materia en general de cuándo es bastante con seguir al estatuto, Wharton en su obra sobre “Criminal Pleading and Practice, ’ ’ dice lo siguiente:

“Los términos de un estatuto pueden ser más amplios que lo que en ellos se intenta, en. cuyo caso la acusación deb'e establecer así la diferencia (aunque esto pueda hacer que no se describa como en el estatuto) de modo que pueda efectuarse la intención de la legisla-tura. ”

Clark en su tratado de Enjuiciamiento Criminal, página 286, expresa la regia y su excepción del modo siguiente:

“De acuerdo con un estatuto que castiga a cualquier persona ‘que actúe como agente de cualquier otra persona o personas para la venta de licores intoxicantes’ no es suficiente con que se siga mera-mente el lenguaje del estatuto, pues' esto haría que la acusación fuera dudosa. La acusación debe ir más lejos y nombrar a la persona por quien actuó el acusado, o alegar que su nombre es desconocido. De igual modo en una acusación formulada de acuerdo con el esta-tuto por molestar a una familia con conducta ofensiva debe alegarse qué fué lo que constituyó la conducta ofensiva y no seguir meramente el lenguaje de la ley; y las acusaciones basadas en estatutos que cas-tigan el obtener dinero por medios falsos o falsas simulaciones deben siempre expresar los medios falsos en particular o simulaciones em-pleados. Y de acuerdo con un estatuto que castiga como delito el descerrajar cualquier cárcel o sitio de reclusión, o aconsejar, ayudar o auxiliar para que se descerraje cualquier cárcel o sitio de reclusión, ciertamente que no sería bastante con sólo seguir las palabras del estatuto sin especificar de qué modo ayudó o .auxilió el acusado, o cuál fué el consejo que le dió. Y una acusación en que se alega con las palabras del estatuto que el acusado ayudó a sabiendas a una persona que se menciona en solicitar licor intoxicante, o disponer del mismo para otros fines que no son los reconocidos como legales por las leyes del Estado, es insuficiente por no exponer los hechos y por no alegar que el acusado sabía que iba a disponer del licor para un fin ilegal, y por no alegar cuál era ese propósito.
“No es suficiente con imputar un delito-en el lenguaje del estatuto solamente cuando debido a su generalidad puede coiaprender actos que el estatuto no tuvo la intención del castigo.” 22 Cyc. 343.

En el caso de State v. Bierce, 27 Conn. 319, se dijo lo si-guiente :

“La principal excepción a esta regla general relativa a delitos estatutorios es cuando las palabras del estatuto por su generalidad pueden comprender casos que caen dentro de sus preceptos literales que no están comprendidos en su significado y espíritu; como por ejemplo, el estatuto que castiga el obtener bienes por falsas simula-ciones, el cual se considera que no incluye, a pesar de la generalidad de la frase empleada ‘por cualquier falsa simulación,’ a cada una de semejantes simulaciones en el lenguaje vulgar, sino solamente, determinadas clases de falsas simulaciones, y cuando por consiguiente la alegación general que la propiedad fué obtenida mediante falsa simulación, sin alegar en qué consistía la simulación, no demostraría lo que es necesario que se demuestre en toda acusación que el acto que se trata de prohibir debió haberse cometido; y por tanto, y para que el acusado pueda estar en condiciones de afrontar el,cargo de-berá alegarse particularmente la simulación. ’ ’

De conformidad con estos principios se resolvió que la destrucción maliciosa de cristales en un edificio debe inter-pretarse y describirse como la destrucción de una parte del edificio, y que las palabras tomadas de todo el contexto del estatuto pueden tener cierta significación que no se la da la mera transcripción literal. Commonwealth v. Bean, 11 Cush, 414. En el caso de Commonwealth v. Bean, 14 Gray, 52 el estatuto enumeraba primero animales que pastaban y luego declaró como delito el permitir o tolerar que se detuviera a los mismos, para alimentarlos en las calles públicas, y la corte limitó la palabra alimentar a pastar, puesto que la in-tención del estatuto era castigar el acto de pastar' y no el de alimentar directamente con un cubo o balde. Los anteriores casos ambos fueron citados con aprobación en United States v. Carll, supra. State v. Carroll, 73 Atlantic, 780, fue un caso en que la acusación seguía el lenguaje del estatuto e impu-taba la perturbación voluntaria e ilegal de una junta de con-cejales que se encontraba reunida para un fin legal. La corte ■resolvió que la interrupción puede causarse de infinidad de modos, algunos de los cuales están comprendidos y otros no <en la prohibición del estatuto y que podrían surgir de la conducta observada dentro o fuera de la reunión; que po-drían ocasionarse por el trabajo ordinario y legal de una sierra mecánica o de otro modo, lo mismo que por el delibe-rado y voluntario disparo de pistolas o de un cañón; este estatuto no podía tener la intención de castigar la gestión legal del negocio de un hombre, aunque dicho negocio pudiera interrumpir o molestar a asambleas cercanas. La regla de que deben seguirse los estatutos no es aplicable en casos como el que se presentó a la corte de Connecticut cuando el lenguaje comprende un caso que no está en la intención del estatuto, y se citan los casos de State v. Bierce, 27 Conn. 319, 320; State v. Castello, 62 Conn. 128, 131. 25 Atl. 477.

Debe notarse de paso aunque no se hace ningún comen-tario en la opinión, que las palabras “ilegal y voluntaria-mente” contenidas en la acusación no suministran ninguna ayuda.

En el caso de Sellers v. State, 61 So. 486, el estatuto de-claraba como delito el “disparar una pistola a, hacia, dentro o contra una casa de vivienda” etc. La corte resolvió que para que la acusación imputara un delito no debió haberse alegado en ella que se había disparado en defensa propia.

“Cualquiera que con la intención de cometer un delito grave (felony) rompa y penetre dentro, de * * * un coche de ferrocarril de cualquiera clase, o edificio en donde se guardan cosas de valor,” sufrirá la pena que allí se espe-cifica, fueron las palabras discutidas en el caso de State v. Durán, 105 A. S. R. 278, y se resolvió que el delito grave (felony) debe describirse. También la corte dijo lo siguiente:

‘ ‘ Cuando, el estatuto establece el delito y los hechos que lo cons-tituyen se expresan completamente es indudablemente suficiente con que se impute el delito en el lenguaje del estatuto sin más descrip-ción: 1. Bishop’s Criminal Procedure, sec. 611. Pero ‘en todas las causas criminales el acusado tendrá derecho * * * a exigir que se le informe de la naturaleza y origen de la acusación’: Me. Const, art. 1, sec. 6. Tiene derecho a insistir que los hechos que se alegan que constituyen un delito se especifiquen en la acusación que contra él se formula con aquel grado razonable de claridad, certeza y pre cisión necesaria que le ponga en condiciones de poder contestar al verdadero cargo que se le hace y solicitar cualquier sentencia que pueda dictarse por virtud del mismo en defensa de cualquier pro-ceso subsiguiente por el mismo delito. Por tanto, si en un estatuto que establece un delito no se expresan los hechos que lo constituyen de un modo suficiente para que el acusado tenga conocimiento de la naturaleza precisa del cargo que se formula contra él, será nece-sario que en la acusación se haga una exposición más detallada de los hechos. ‘Y cuando se usa un mero término genérico, o cuando las palabras del estatuto por su generalidad pueden comprender casos que caen dentro de los términos pero no dentro del espíritu o signi-ficación del iijásmo, deberán alegarse los hechos específicos para que el acusado quede comprendido precisamente en la prohibición de la ley;’ 10 Eney. of Pl. & Pr., p. 487; Wharton’s Criminal Pleading & Practice, see.- 220. Es en verdad una regla elemental de las alega-ciones criminales que todo hecho o circunstancia que es un elemento necesario en un caso prima facie de culpabilidad deberá expresarse en la acusación.”'

Iguales pronunciamientos existen en California, People v. Terril, 127 Cal. 59, People v. Schmitz, 7 Cal. App. 330; People v. Mildes, 9 Cal. 312. El último de los casos citados fué más propiamente un caso en que se niega una excepción es-pecífica en un estatuto y lo citamos con aprobación en el caso de People v. Cortés, 24 D. P. R. 208, en el que los jueces disidentes de este tribunal no difieren de los principios discuti-dos sino que sostienen que la excepción quedó desaprobada por las palabras de la acusación sometida a nuestra consideración. La razón es la misma en ambos casos. El delito público debe aparecer en la acusación y como demuestra el caso de People v. Mildes, una acusación en que se imputa un beclio que de ser. cierto puede aún ser inocente, no imputa ningún delito. Ca-sos pertinentes a la primera proposición son los de The Abby Dodge, 223 U. S. 177; State v. Dodd, 147 Pac. 9; Bates v. State, 31 Ind. 72; Moulton v. Scully, 89 Atlantic 944; Sarah v. State, 61 A. D. 544.

La’ regla que fia de deducirse de los casos citados y de los libros de texto es la de que si bay casos que fácilmente caen fuera de la definición del estatuto dichos casos tienen que ser negados en la acusación del mismo modo que si la excep-ción estuviera contenida en el estatuto que hemos discutido extensamente en el caso de El Pueblo v. Cortés, supra.

¿Cuál fue la intención de la Legislatura en este caso? ¿Castigar todo caso en que se solicita de un empleado una contribución para fines políticos? Es una regla conocida de interpretación estatutoria que deben tenerse en cuenta otras partes del mismo estatuto y hasta otros estatutos in pari materia para determinar la intención y espíritu de una ley. En esta causa no es necesario ir más allá de los límites de artículo 14 mismo. Las contribuciones voluntarias por parte de un empleado no están prohibidas en ningún sentido. Si la legislatura deséaba prohibir toda clase de solicitación política, ¿por qué puso el innecesario preámbulo? En ese preámbulo la intención de la legislatura 'e;s la de que ninguna persona podrá ser separada o perjudicada por dejar de con-tribuir para fines políticos. Ya contra la idea de que la le-gislatura deseaba castigar en aquellas circunstancias en que no se ejercitaba indebida presión sobre la voluntad del em-pleado como sucede en multitud de casos en que se piden contribuciones políticas. Los partidos políticos no pueden funcionar sin fondos y aunque frecuentemente existen pro-cedimientos indebidos no existe presunción de que los fondos serán mal empleados. El pedir a todos los miembros de un partido que contribuyan con dinero para el éxito de una cam-paña o la continuación de una organización es una proposi-ción perfectamente lícita. Si la solicitación es uniforme ciertamente que no bay nada malo en incluir a miembros de un partido que se encuentren por casualidad en el servicio civil. El daño que se trata de 'Suprimir es aquella clase de solicitación que tiende a crear en la mente de una persona que está en el servicio civil el temor de que su neg’ativa puede dar lugar a su separación o perjudicarle' en otro sentido. No debe ponerse al empleado “en la obligación de contribuir.” La obligación no debe ser una que dé el temor de ser separado o por la que se cause cualquier otro perjuicio. Tales casos de contribución obligada pueden ser muchos y variados pero son susceptibles de ser -expresados por el que la alega.

Cualquier duda que podamos tener acerca de esta inter-pretación del estatuto tiene que desaparecer ante otras con-sideraciones, o sea, la libertad de palabra y libertad de ac-ción de cada individuo, garantizada por las instituciones bajo las cuales vivimos y por la Constitución de los Estados Unidos. Tenemos fuertes dudas debido a estas limitaciones constitucionales, de si la legislatura de Puerto Rico podría prohibir absolutamente el solicitar contribuciones de los em-pleados públicos para fines políticos. Los casos que han sido publicados sobre la materia no son muchos, pero estamos seguros de que ninguna otra legislatura ha tratado de pro-hibir todas las solicitaciones que se hacen a los empleados públicos para fines políticos y la razón descansa en la liber-tad fundamental del individuo.

La legislatura nacional se limitó a dos clases de casos, a saber, la solicitación hecha por funcionarios a funcionarios y las hechas dentro de edificios públicos, secciones 11 y 12 de la Ley de enero 16, 1883. Cada una de estas secciones ha sido sostenida por la Corte Suprema de los Estados Uni-dos. United States v. Curtis, 106 U. S. 371; United States v. Thayer, 209 U. S. 39. En este caso la corte, por conducto del Juez Holmes, p, 42, dijo: “Los límites de la ley probable-mente se debieron a lo que se consideraba la razonable y, posiblemente, la constitncional libertad de los ciudadanos, fueren éstos empleados públicos o no, en su vida privada, y puede presumirse que fué sobre esta base que se rechazó una enmienda de más amplios alcances.”

Por otra parte, a pesar de que la cuestión de si el Congreso podía prohibir radicalmente las peticiones a empleados no estaba sometida a la consideración de la corte, las palabras usadas por el Sr. Juez Holmes son suficientes, para indicar que la corte conjeturó que el motivo por el cual el Congreso no fué más lejos fué el temor de excederse en sus poderes constitucionales. La sección 12, considerada en el caso de Thayer, es como sigue:

“Sec. 12. — Que ninguna persona deberá, en cualquier habitación o edificio destinado al cumplimiento de deberes oficiales por cualquier funcionario o empleado de los Estados Unidos de los que se mencionan en esta ley, o en cualquier estación naval, fortaleza, arsenal, solicitar en ninguna forma o recibir cualquier contribución de dinero ó al-guna otra cosa de valor con cualquier fin político. ”

Como .se ve, el estatuto prohibe en términos generales las peticiones hechas dentro de un edificio, sin especificar la clase de personas a las cuales no debe hacerse peticiones. Sin embargo, estamos convencidos de que si un ciudadano que no es un funcionario encuentra a otro como él en el edificio de correos y le pide que se .suscriba a un fondo para fines políticos, tal ciudadano no es culpable de ningún de-lito de acuerdo con dicha sección. La corte estimaría que son las personas dentro del servicio civil las que intenta proteger el estatuto. Ese fué .manifiestamente el punto de vista del abogado en el caso de Thayer, supra, pues, la opinión demues-tra que la acusación constaba de once cargos, todos ellos im-putando el envío de cartas a los empleados. El abogado no' creyó que era suficiente el seguir las palabras del estatuto. También, la idea de que se trataba de la legítima protección de los empleados dentro del edificio se trasluce por la cita-ción del anterior caso Ex parte Curtis, 106 U. S. 371. Todo el alcance de ese caso era el poder disciplinario del gobierno sobre sus funcionarios. Por la lectura de ese caso se ve también que existe una seria duda en cuanto al límite basta el cual puede llegar la legislatura, duda que está acentuada en la opinión disidente del Sr. Juez Bradley.

En McAuliffe v. Mayor etc. of City of Bedford, 29 N. E. 517, se sostuvo una ordenanza que prohibía a los policías solicitar dinero o ayuda para fines políticos, y la corte, por medio del Juez Holmes, manifestó que el peticionario podría tener un derecho constitucional para tomar parte en la po-lítica pero que no tenía un derecho constitucional para ser un policía.

En Louthan v. Commonwealth, 52 A. R. 626, se declaró in-constitucional una ley que tendía a impedir a un funcionario el inducir directa o indirectamente a un elector capacitado a ■votar, o procurar que votase, en favor de un partido deter-minado, etc., y la corte consideró la ley como una infracción de los derechos personales y, según nuestro modo de enten-der la opinión, de la libertad de palabra.

En State v. Pierce, 158 N. W. 697, una ley de la legislatura prohibía a las personas que no eran candidatos salir fuera de su propio condado y gastar dinero allí con fines políticos, siendo la intención de la ley, opinamos nosotros, el impedir la introducción de dinero en distritos remotos.

La Corte Suprema de Wisconsin declaró la ley incons-titucional por infringir la libertad de palabra. Los siguien-tes son casos y autoridades sobre este punto: In Re Sid Anderson et al., 5 A. & E. Annotated Cases, 421; People v. Armstrong, 73 Mich. 288; 6 R. C. L. 255; Nota 32 L. R. A. 829.

Si se ha de considerar este estatuto en su sentido abso-luto podría ser declarado inconstitucional. En apoyo de su constitucionalidad, el Attorney General nos ha citado varios casos en qne nn estatuto determinado fné sostenido dándole cierta limitación dentro del espíritu de la ley. Woodward v. Fruitvale Sanitary District, 34 Pac. 239; 41 N. H. 553, State v. Smiley, 67 L. R. A. 903, Smiley v. Kansas, 196 U. S. 447, The Abby Dodge, 223 U. S. 166, Fox v. Washington, 237 U. S. 273. El acepta que podrían suscitarse casos en que el acto de solicitar podría ser enteramente inocente y fuera del espíritu de la ley. La legislatura al aprobar esta ley, probablemente tuvo en cuenta la historia de la legislación en cuestiones de servicio civil y las decisiones de las cortes y deseó ir lo más lejos posible en la protección de los empleados públicos. Es el deber de la corte dar tal interpretación a una ley que salve su constitucionalidad. El Pueblo de Puerto Rico v. Central Fortuna, 22 D. P. R. 106 y casos citados; también los casos citados en esta opinión. Se ha sostenido-además por la Corte Suprema de los Estados Unidos que* sin declarar una ley inconstitucional, la corte debería darle tal interpretación que la librara de serias dudas en cuanto a su constitucionalidad. U. S. v. Delaware & Hudson Co., 213 U. S. 366, Lewis Publishing Co. v. Morgan, 299 U. S. 290, The Abby Dodge, 223 U. S. 175.

Dada la interpretación que nos creemos obligados a dar a la ley, resulta que no se imputó ningún delito público, por cuanto ni siquiera se intentó imputar que se trató de bacer una petición bajo las circunstancias expresadas por la ley* No hemos considerado aquí el asunto, pero, sin embargo, se-ría una buena alegación por parte del fiscal la de que el acusado hizo una petición sabiendo que la persona solicitada era un empleado público. United States v. Carll, 105 U. S. 612, supra.

Otro de los errores alegados fué que un maestro de es-cuela no está dentro del servicio civil. El podrá o no estar dentro del servicio civil clasificado, pero nos inclinamos a creer que no está en ningún otro ramo del servicio público que no sea el servicio civil..

La sentencia apelada debe ser revocada y absnelto el acusado.

Revocada la sentencia apelada, y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutcbison disin-tieron.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ' ASOCIADO SU. DEL TORO.

El presente es un caso sobre infracción a la ley para re-glamentar y mejorar el'Servicio Civil de Puerto Eico. La acusación, en lo pertinente, dice así: “ Que en fecha anterior a la presentación de esta acusación o sea allá en uno de los días del mes de enero de 1916 y en la ciudad de Ponce, que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, P. E.,el acusado, Eduardo Wys, ilegal y voluntariamente solicitó de J. Federico Maura, que era entonces un empleado público, profesor gra-duado de instrucción pública, con el ejercicio en una de las escuelas de Ponce, una cuota o contribución de $30 para fines políticos.” T la ley infringida es como sigue: “Ninguna persona perteneciente al Servicio Civil de Puerto Eico tendrá obligación de contribuir con cuota alguna a fondos que se re-caudaren con fines políticos, ni prestar servicios políticos; no pudiendo ser destituida, ni de otro modo perjudicada, por ne-garse a ello. Cualquiera persona que solicitare de los funcio-narios públicos contribuciones de carácter político, incurrirá en pena de multa máxima de quinientos dólares, o en cárcel por un término que no excederá de seis meses, o ambas penas.” Sección 14 de la ley para reglamentar y mejorar el Servicio Civil de Puerto Eico, aprobada en 1907.

El acusado alegó que era inocente, y celebrada la vista de la causa fué declarado culpable y condenado a pagar una multa de cien pesos y en defecto de pago a- sufrir un día de cárcel por cada peso dejado de satisfacer, no excediendo la prisión de noventa días. No conforme con la sentencia, in-terpuso, por medio de su abogado Eafael E. Eivera Zayas, el presente recurso de apelación. Existe exposición del caso y pliego de excepciones.

La ilustrada representación del acusado alega la comisión por parte de la corte sentenciadora, de los siguientes errores:

“1. La corte inferior erró al declarar sin lugar la moción presen-tada por el acusado (p. 3) antes del juicio, solicitando la devolución de ciertos papeles privados, libros y otros bienes que habían sido obtenidos por medio de una orden de allanamiento ilegal y algunos de los cuales fueron presentados por el .Fiscal, y admitidos por la corte, como prueba en contra del acusado.
“2. La corté cometió error al declarar sin lugar la moción presen-tada por el Presidente de la Junta Local del Partido Unión de Puerto Rico, con el mismo objeto que la anterior.
“3. La corte cometió error al declarar convicto al acusado en virtud de una acusación que no contiene hechos bastantes para cons-tituir delito público; mediante prueba insuficiente' por completo, y en virtud de una errónea interpretación y aplicación de la sección 14 de la Ley de Servicio Civil.
“4. La corte erró al declarar sin lugar la moción presentada por el acusado (p. 24) para que fuera eliminada la declaración del testigo Maura, por ser impertinente, así como toda la prueba obte-nida ilegalmente y que fué presentada contra el .acusado.”

1 y 2. Con respecto a los dos primeros errores señalados, me limitaré a 'consignar que no figurando en los autos la or-den de allanamiento que se alega que es ilegal, no hay base para llegar a conclusión alguna.

3. La argumentación del tercero de los errores señalados,, se divide en tres partes, (a) insuficiencia de la acusación; (b) insuficiencia de la prueba, y (c) errónea interpretación y aplicación de la sección 14 de la Ley del Servicio Civil.

(a) Se sostiene que la acusación es insuficiente porque nose establece en olla que el profesor Maura era en el momento alegado en la acusación un empleado público adscrito al Ser-vicio Civil de Puerto Pico, y porque tampoco se consigna en ella que el acusado supiera en el momento de la comisión del delito, que el profesor Maura era un empleado público.

Como hemos visto, en la acusación se alegó que Maura “era entonces un empleado público, profesor graduado de instruc-ción pública, con ejercicio en nna de .las escuelas de Ponce,” y esto es bastante a mi juicio.

La sección 14 en sn última parte no habla de “funciona-rios o empleados públicos adscritos al servicio civil,” sino de funcionarios y empleados públicos en general, y se comprende perfectamente que no sea necesaria tal especificación, porque en verdad todos los funcionarios o empleados públicos del Pueblo de Puerto Eico pertenecen al Servicio Civil, bien al clasificado, ya al no clasificado.

Con respecto al caso concreto de los profesores de ins-trucción pública, la sección 52 de la Ley Escolar Compilada, dice que: “Todos los maestros en servicio activo o los que po-sean un certificado que les dé derecho para enseñar serán con-siderados, durante el período de tiempo por el cual sea válido dicho certificado, como funcionarios o empleados del Gobierno Insular * * * ” T la misma Ley del Servicio Civil, en su sección 4, último párrafo, prescribe que:

“El Servicio Civil Clasificado abarcará todas las plazas no com-prendidás en el servicio no clasificado; Disponiéndose, no obstante, que el nombramiento y separación de los registradores de la propiedad, los miembros del cuerpo de la Policía Insular y los maestros y pro-fesores de instrucción pública, seguirán rigiéndose por las leyes es-peciales vigentes en la materia; Y disponiéndose, que los maestros y profesores de instrucción pública serán considerados miembros del Servicio Civil Clasificado al efecto de ascensos en él Departamento de Instrucción. ’1

Quiere decir -que los profesores de instrucción pública en Puerto Eico en activo ejercicio o que posean un certificado vá-lido para ejercer, son funcionarios públicos pertenecientes al Servicio Civil, clasificado al efecto de ascensos en el Departa-mento de Instrucción y no clasificado en los demás casos, apli-cándose para su nombramiento y separación las leyes espe-ciales dól ramo a que dedican sus actividades.

Y en cuanto a que sea necesario alegar expresamente en la acusación que el acusado sabía en el momento de la comisión del delito que Maura era un empleado público, diremos que tal alegación expresa sólo es necesaria cuando la ley también expresamente la exige. Atendida la redacción de la ley infrin-gida en este caso, basta la fórmula general de haberse actuado ilegal y voluntariamente y la especificación de los elementos integrantes del delito que se imputa.

(b) La prueba fue completa, a mi juicio. Si bien no de-muestra que en enero de 1916 el acusado por vez primera exi-giera la suma de dinero que le entregó el profesor Maura, es lo cierto que acredita que con anterioridad Maura había sido insistentemente requerido para ello por el acusado. El acto delictivo no se cometió en verdad en un solo momento. Tuvo su período preparatorio y su período de consumación, pero puede sostenerse que el último reasumió y condensó en una sola transacción completa, perfecta, todas las gestiones ante-riormente realizadas. Al presentarse el profesor Maura en la fecha especificada en la acusación en las oficinas de la junta local del partido político dominante en la administración municipal de Ponce, a satisfacer al acusado la cantidad ante-riormente exigida repetidas veces por éste, el acusado con su actitud, con su aceptación, ratificó sus exigencias anteriores y de hecho solicitó actualmente la contribución prohibida por la ley.

(c) Sostiene el apelante que de acuerdo con la sección 14 de la Ley del Servicio Civil “no puede cometer el delito pre-visto por dicha sección ninguna persona que no sea miembro de una junta escolar, con facultades para nombrar y desti-tuir maestros. ’ ’

El apelante razona su contención así:

“Esta disposición legal gramaticalmente es una cláusula con dos proposiciones que entrelazadas nos dan la unidad de pensamiento uno y dominante de la cláusula.
“Este pensamiento dominante es el objetivo fundamental a que se dirige el interpretador legal para acertar y descubrir la intención del legislador que es la regla suprema en hermenéutica legal.
# # * * * *
“De acuerdo con estas reglas, la solicitación de que habla la sec-ción 14 hay que interpretarla relacionándola con la parte anterior de la sección en que habla de la no obligación en que está un empleado del Servicio Civil de contribuir para fines políticos y de que no puede ser destituido por su negativa. El empleado público no tiene la obligación de contribuir; luego puede hacerlo voluntariamente y así ha sido resuelto por este Hon. Tribunal en el caso del Pueblo v. Torres, 17 D. P. R. 87. Si el acto voluntario de contribuir no es un delito, no puede serlo tampoco el mero acto, desnudo de vio-lencia o autoridad, de solicitar la voluntad del empleado para que realice un acto voluntario que la ley le permite realizar. La soli-citación pues, tiene que ser de tal carácter que produzca en el ánimo del empleado la obligación de contribuir, borrando por completo la libre y espontánea manifestación de la voluntad. Y para que la obligación tenga un carácter coercitivo, debe hacerse por persona que tenga autoridad para nombrar o destituir al empleado, o que tenga tal intervención en el nombramiento y destitución del empleado, que si éste se negare, pudiera sufrir algún perjuicio o ser destituido. ’ ’ # * • * # « *

No estamos conformes con la contención del apelante. Á nuestro juicio la sección 14 contiene varias prescripciones que pueden y deben subsistir e interpretarse independientemente.

Comienza el legislador por consignar que ninguna persona perteneciente al servicio civil tendrá obligación de contribuir con cuota alguna a fondos que se recaudaren con fines polí-ticos, ni prestar servicios políticos, haciendo así posible que el cuerpo de empleados públicos pueda aislarse de toda acti vidad u obligación política y dedicarse por completo al cum-plimiento de sus deberes para bien de la comunidad en que presta sus servicios. Y consigna algo más el legislador: Para garantizar esa actitud independiente por parte de los funcionarios, prescribe que si éstos se negaren a prestar ser-vicios políticos o a contribuir a fondos que se recauden con fines políticos, no podrán ser destituidos. Esta disposición legal, como puede verse sin esfuerzo alguno, tiene vida por sí sola. Puede subsistir y aplicarse independientemente.

Pero el legislador fué más lejos. Penetrando en el campo de la realidad de los hechos, comprendió que para garantizar un servicio público independiente, no bastaba la prescripción anterior que hacía referencia a los funcionarios mismos. Era necesario prohibir y castigar a los que se acercaran a ellos eri solicitud de contribuciones para fines políticos, y así lo hizo por medio de una disposición que tiene también vida por sí sola. Si se suprimiera la primera parte de la sección 14, la segunda podría subsistir sin dificultad. Ella contiene un pen-samiento completo.

Se ba dicho que si se diera la anterior interpretación a la sección 14, la segunda parte de la misma sería inconstitucional. No opinamos de ese modo. En su sabiduría la legislatura consideró perniciosa la práctica de solicitar contribuciones para fines políticos de los funcionarios públicos, y la prohibió. Actuó dentro de sus facultades. La generalidad del precepto prohibitivo no lo convierte por sí solo en inconstitucional. En la misma opinión de la mayoría se cita el caso de United States v. Thayer, 209 U. S. 39, en el cual se aplicó una ley que dis-pone, “que ninguna persona deberá, en cualquier habitación o edificio destinado al cumplimiento de deberes oficiales por cualquier funcionario o empleado de los Estados Unidos y de los que se mencionan en esta Ley, o en cualquier estación naval, fortaleza, arsenal, solicitar en ninguna forma o recibir cualquier contribución de dinero o alguna otra cosa de valor con cualquier fin político.” T si esa ley es constitucional, no vemos por qué no pueda serlo la disposición segunda de la sección 14 de la Ley del Servicio Civil de Puerto Eieo, inter-pretada como lo hemos hecho independientemente.

Pero es más, aun reconociendo que la primera parte de la sección 14, muestre el espíritu a la luz del cual deba inter-pretarse y.aplicarse su segunda parte, no creemos que sea este caso en que surge de todas las páginas del proceso que en las solicitaciones del acusado, empleado del comité local del partido que había elegido la Junta de Instrucción que debía nombrar al profesor Maura, iba envuelta la condición, suges-tión o amenaza de que para continuar en su puesto sin dificul-tades, era necesario satisfacer la contribución que se solici-taba, el apropiado para resolver con respecto a la constitncio-n'alidad de la ley. Si alguna vez llegara a esta corte una cansa en la cnal se hubiere acusado a una persona que hubiera ac-tuado sin malicia de ninguna especie, entonces deberíamos en-trar a estudiar y a resolver si tal caso podía considerarse com-prendido dentro del estatuto o si éste era o no constitucional.

En el caso de Woodward v. Fruitvale Sanitary District et al., la Corte Suprema de California dijo:

“* * * Al decidir sobre la constitucionalidad del estatuto, no se requiere de nosotros que imaginemos alguna eventualidad posible en la cual sus disposiciones puedan estar en conflicto con la constitución o con otro estatuto, sino que determinemos si es que, en su alcance general y en la forma dispuesta para hacerlo cumplir, se encuentra dentro de las facultades del poder legislativo. La Ley de marzo 7 de 1887 disponiendo la organización y régimen de distritos de re-gadío, repetidas veces se ha declarado constitucional (Irr. Dist. v. Williams, 76 Cal. 360, 18 Pac. 379; Irr. Dist. v. De Lappe, 79 Cal. 351, 21 Pac. 825; In re Madera Irr. Dist., 92 Cal. 296, 28 Pac. 272) ; no obstante podemos concebir la formación de un distrito de regadío en virtud de aquel estatuto, con sus colindaneias limitadas a las de una ciudad incorporada o a las de un distrito de terrenos pantanosos, en donde el riego produciría perjuicios y ningún beneficio. Si sur-giera ese caso, podría muy bien suceder que se declarara que los he-chos demostraban que el caso no entraba en la razón de la ley y que por consiguiente no estaba sujeto a las disposiciones de la misma. Sin embargo no querría decir esto que la ley fuese anticonstitucional. * * *” 99 Cal. 554, 562.

T en el de State v. Smiley, la Corte Suprema de Kansas manifestó:

“No es cuestión que incumba a nosotros la de que la fraseología general de la ley en cuestión pueda aplicarse a personas que no de-bieran estar comprendidas en el mismo, y que pudieran tener derecho ante la corte para alegar que están exentas de sus disposiciones. Los casos de esas personas pueden ser atendidos cuando se presenten en ■debida forma. ” 67 L. R. A. 903, 908.

Al confirmar la anterior decisión de la Corte Suprema de Kansas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por-medio del Juez Brewer, se expresó así:

“Puede concederse a los efectos de este caso que los términos en que está redactada la sección primera son lo suficientemente amplios para incluir actos que están fuera del alcance del poder de pblicía del Estado y el castigo de los cuales infringiría indebidamente la libertad de contratación. De todos modos no necesitamos entrar en la consideración de tal cuestión. La Corte Suprema del Estado de-cidió que los actos que se imputaran o probaran al acusado estaban claramente dentro de los términos de la ley, así como dentro del poder de policía del Estado; y que la ley podía sostenerse como una prohibición de aquellos actos irrespectivamente de la cuestión de si sus palabras eran lo suficientemente amplias para incluir actos y conducta que la legislatura no tendría el pleno derecho de restringir. ’ ’ 196 U. S. 447, 454.

4. No podemos convenir con el acusado en que la declara-ción del profesor de instrucción pública a quien se hizo la soli-citud debió haber sido eliminada por la corte. Dicha declara-ción es la prueba más completa que presentó el Fiscal y si bien refiere muchos hechos anteriores a la comisión del delito, todos son de la misma naturaleza y están directa o indirecta-mente con él relacionados. •

En cuanto a la admisión de los documentos que fueron ocupados en las oficinas del comité del partido político a que pertenece el acusado, basta repetir lo que dijimos al consi-derar los dos primeros errores señalados. Además, cuando la objeción se' hizo, era ya demasiado tarde para que la corte pu-diera indagar la forma en que habían llegado a la posesión del Fiscal los dichos documentos. Yéase el caso de El Pueblo v. Cerecedo, 21 D. P. R. 62 y los citados en el mismo.

Por virtud de todo lo expuesto, procede la confirmación de la sentencia apelada.

Estoy autorizado para consignar que el Juez Sr. Hutchison ha leído esta opinión y está conforme con el tenor general de la misma.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante, y Apelado, v. Padilla, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en en causa por infracción a la Ley del Servicio Civil.
    No. 1099.
    Resuelto en julio 9, 1917.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 1084, SI Pueblo y. Wys, p. 5Í0.
    Abogado del apelante: Sr. Antonio Trujillo Güil.

    Abogado del apelado: Sr: Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se presentó una excepción perentoria a la acusación y en el acto del juicio, el apelante insistió en que no se le había imputado ni probado ningún delito. Por las ra-zones consignadas en la opinión del caso de El Pueblo v. Wys, que acabamos de decidir, la sentencia apelada debe ser revo-cada y absuelto el acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.-

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey. •

Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutchison, disin-tieron.


author: El Juez Asociado SR. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Edwards, Acusado y Apelante.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Arecibo en causas por delitos de Infracción a' la Ley del Servicio Civil.
    Nos. 1135 y 1136.
    Resueltos en julio 9, 1917.
    Resueltos por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No; 1084, SI Ptie-blo y. Wys, p. 510. ... • • .
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Rossy.

   Los hechos están expresados en la opinión.

Abogados del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal, y Miguel A. Muñoz, Oficial jurídico.

El Juez Asociado SR. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Las acusaciones de estos dos casos, que son esencialmente idénticas a la del caso de El Pueblo v. Wys, que acabamos de decidir, no expresan un delito público, y, por tanto, por las ra-zones consignadas en la opinión en dicho caso de El Pueblo v. Wys, las sentencias deben ser revocadas.

Revocadas las sentencias apeladas y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Jueces disidentes: Sres. del Toro y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado v. Colón, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce, en causa por delito de infracción a la Ley del Servicio Civil.
    No. 1116.
    Resuelto en julio 9, 1917.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 1084, MI Pueblo v. Wys, p. 510.
    El apelante no compareció.
    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal

La acusación en- este caso no difiere materialmente de la del caso de El Pueblo v. Wys que acabamos de decidir. El acu-sado se confesó culpable pero apeló de la sentencia; pero, sin embargo, como la acusación no establece un delito público, la sentencia, a pesar de la confesión de' culpabilidad, debe ser revocada de conformidad con los principios establecidos en el caso de El Pueblo v. García, 23 D. P. R. 730.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. del Toro y HutcMson, disin-tieron.


author: El Juez Asociado Sb. Aldrey, JUEZ ASOCIADO SR. DEL TORO.

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Berríos, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Pon.ee, en causa por delito de infracción a la Ley del Servicio Civil..'/,
    No. 1118.
    Resuelto en julio 9, 1917.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 1084, MI Púe-T)lo y. Wys, p. 510.
    Abogados del apelante: 8res. Rafael Martines Nadal, Manuel F. Rossy y Juan Bautista Roto.

    Abogados del apelado: Sres. Howard L. Kern y Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están-expresados en la- opinión';

El Juez Asociado Sb. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Aun cuando el apelante no opuso excepción alguna a la acu-sación ante el tribunal inferior, sin embargo al sostener su re-curso de apelación alega en primer término que la acusación es insuficiente para sostener la- sentencia condenatoria dictada contra él porque no expone becbos constitutivos de delito.

En el caso de El Pueblo v. Wys, resuelto en el día, dé hoy, hemos estudiado detenidamente una acusación similar a la que motivó la conclena del apelante, y de acuerdo con las ra-zones consignadas en la opinión, emitida para resolver ese caso, tenemos que llegar a la conclusión de que la acusación contra Aniceto Berrios no le imputó delito alguno.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el- ‘ acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Wolf.

.. Los Jueces Asociados Sres.. del Toro y Hutchison, disin-tieron. . . .

“OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. DEL TORO.

El acusado fué condenado por la Corte de Distrito de Ponce por infracción de la sección 14 de la Ley del Servicio Civil (see. 313 de.los Estatutos Revisados de Puerto Rico, Compi-lación de 1911). Apeló, y la mayoría de los jueces de esta Corte Suprema decidió que. debía revocarse la sentencia ape-lada, siguiendo los principios establecidos en la opinión emi-tida en el caso de El Pueblo v. Wys, decidido el 9 de julio de 1917 (pág. 510). Nó puedo'estar conforme.’ He expresado con alguna amplitud las rabones que tengo para .ello en ¿Si opinión disidente emitida en el caso de El Pueblo v. Wys, y basta referirme s¿ ellas' para fundar mi disentimiento.


author: El Juez Asociado Srí Áldrey,.

text:
    Fernández, Demandante y Apelante, v. López, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobfp daños y perjuicios.-
    No. 1555.
    Resuelto en julio 9, 1917.
    Apreciación de las Pruebas — Prueba Contradictoria. — Siendo la prueba con-tradictoria y no existiendo en el juzgador pasión, prejuicio o manifiesto error en‘su apreciación, no irá este tribunal contra la resolución decidiendo el con-flicto' de la evidencia.
    Pruebas — Preponderancia de la Prueba. — La preponderancia de la evidencia nó consiste en que sea mayor el número de testigos que sostienen- determinados hechos que los- que sostienen lo contrario, sino que depende del efecto de dichas" pruebas para inducir al juzgador -a,:darle crédito.
    Abogados del apelante: Sres. Isidoro Soto Nussa y Francisco Soto Gras.

    Abogados del apelado: Sres. Montserrat & Monserrat.

   Los-hechos están.expresados en. la. opinión.

El Juez Asociado Srí Áldrey,.

emitió la opinión del tribunal.

En los primeros días del mes de febrero de 1915 ocurrió un incendio en el barrio de Puerta de.Tierra de esta ciudad que destruyó un gran número de casas y entre ellas una de manipostería y dos de maderas que Juan Fernández Quinta tenía fabricadas en un solar de su propiedad, bienes que te-nía hipotecados a favor de José Pérez Martínez desde el año de 1913 para responderle de un préstamo que le había hecho por la cantidad de $3,000 pagaderos en 26 de. abril de 1916 que debía estar garantizado además colateralmente por la obligación que aceptó el deudor de -mantener'las casas'asegu-radas de incendio, pagando los premios del seguro mientras se hallasen vigentes los efectos del contrato.

Después del incendio y destrucción de esas casas Juan Fer-nández Quinta presentó demanda jurada contra José López Pérez alegando sustancialmente que dicho préstamo lo contrato por mediación del apoderado José López Pérez; que la póliza de seguro garantizadora del préstamo que fué expedida por la compañía Guardian Assurance Company, Limited, por $3,200, fué endosada al acreedor y se renovaba cada año en 29 de noviembre, habiéndola guardado siempre en su poder y también sus recibos de prórroga; que en los primeros días de noviembre de 1914, antes del vencimiento de la póliza men-cionada, el demandado José López Pérez pidió al demandante la póliza de seguro y el último recibo del pago del premio co-rrespondiente hasta el 29 de noviembre de 1914 con el fin dé encargarse el demandado de obtener la prórroga y vigencia de dicho aseguro por un año más a contar desde el 29 de noviem-bre de 1914, en lo que consintió el demandante entregándole la póliza, y por su parte el demandado aceptó el encargo de reno-varla y se obligó a su cumplimiento: que no tuvo otro cono-cimiento del asunto hasta el día del incendio en el que el de-mandado le dijo que se le había olvidado renovar la expre-sada póliza. La demanda concluye con la súplica de que se condene' al demandado a pagarle 1.a cantidad de $3,200 en con-cepto de daños y perjuicios y las costas.

El demandado negó, entre otras cosas, que concertara ese préstamo' cómo apoderado de José Martínez Pérez, pues lo había llevado a efecto el apoderado Félix. Suárez: qne haya esjado alguna, vez en sn poder la póliza a qne se refiere el de-mandante/-, que debiera mantenerla en vigor por cuenta y ges-tión del demandante y qne contrajera obligación alguna para con él: afirmó que sólo tiene, conocimiento propio de otra pó-liza de la misma compañía por $3,000 vencedera en 4 de enero de 1914 asegurando el riesgo de incendio en una casa de dos pir sos del demandante, póliza que no es a la que se refiere éste y que aquélla fué la que entregó el 9 de diciembre de 1914,. fecha en que era ineficaz por haber vencido en 4 de enero de 1914 sin haber sido.renovada, la que aceptó en la creencia de que ha-bía sido prorrogada mediante el pago del premio correspon-diente, según expresó el propio demandante: negó que en los primeros días de noviembre de 1914. ni en otra fecha anterior, o posterior al vencimiento de la póliza mencionada por el -de--mandante, ni de. la que hace mérito en su contestación, pidiera, al demandante póliza alguna ni recibo de pago de premio hasta el 29 de noviembre de 1914, ni de ninguna otra fecha, creditivo, de prórroga de póliza alguna con el fin de encargarse de obte-ner la prórroga y vigencia del seguro ameritado a nombre del demandante por un año más a contar desde el 29 de noviembre de 1914 y también negó que aceptara llevar-a .cabo-la prórroga, de dicha póliza; asimismo negó que en la.conversación que -tuve cqh el demandante el día del-incendio le-manifestara que se le había olvidado renovar la póliza a que se refiere la demanda. .

. Celebrado, el juicio la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción- Primera, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda con las-costas al.demandante porque según su opinión la parte demandante no probó suficientemente los hechos esenciales de sú--. demanda. , En ■ la opinión se limitó la corte a hacer una relación de las alegaciones de las partes después de lo cual formuló la conclusión antes expuesta.

.La sentencia-fué apelada por el demandante, quien señala en su alegato varios errores para solicitar su revocación, su-bordinados a que exista el error que alega en -octavo lugar, que el apelante trata en primer término y qne también noso-tros consideraremos preferentemente porque si tal error no existe será innecesario tratar los otros motivos del recurso.

El octavo error alegado dice así:

“Octavo: Finalmente la corte erró al declarar en su sentencia que la prueba es insuficiente para sostener las alegaciones de la demanda; o en otras palabras, que la parte demandante no probó suficiente-mente los hechos esenciales de la demanda. ’ ’

Como puede verse por lo que Remos reseñado de las ale-gaciones de las partes las cuestiones de hedió en este pleito son si el demandado pidió al demandante en los primeros días de noviembre de 1914 la póliza de seguro por $3,200 que vencía el 29 del mismo mes y año con objeto de renovarla antes de su vencimiento, si le fué entregada y si aceptó tal obligación, así como si el día del incendio manifestó al demandante que se le había olvidado renovarla. Estas cuestiones de hecho fue-ron resueltas en contra del demandante por el juez del tribunal a quo por su sentencia y por su opinión de que el demandante no había probado las alegaciones esenciales de la demanda, que son las cuestiones de hecho resueltas.

La alegación jurada de que el préstamo se hizo con el de-mandado como apoderado de José Martínez Pérez aparece con-tradicha por la escritura pública de constitución de hipoteca de la que resulta que se llevó a efecto con el apoderado Félix Suárez. En cuanto a los demás particulares, hemos leído con detenimiento la prueba que se presentó por ambas partes y llegamos a la conclusión de que resultó contradictoria, pues mientras la esposa del demandante declaró que en los primeros días de noviembre de 1914 el demandado José López Pérez le pidió por teléfono que su marido le mandara la póliza para renovarla, el demandado negó en su declaración que hiciera tal petición, habiendo declarado el testigo Félix Suárez, apode-rado también de José Pérez Martínez y socio de la razón co-mercial “Sues, de Pérez Hermanos,” de la que forma parte el demandado, que fué él y nó el demandado el que liabló por te-léfono requiriendo la entrega de la póliza en vista de los fre-cuentes incendios que estaban ocurriendo en Puerta de Tierra y de que nunca se le había entregado póliza alguna. Tam-bién fué contradictoria en cuanto el demandante declaró que desde el principio del préstamo había entregado una póliza de $3,000 vencedera en los meses de enero, y que en noviembre entregó también la otra póliza de $3,200, vencedera el 29 de no-viembre de 1914, al demandado según se dice en la demanda, y a Félix Suárez según su declaración, mientras que este tes-tigo dijo que nunca había recibido póliza alguna hasta el 9 de diciembre de 1914 en que el demandante le entregó por primera yez una póliza de $3,000 vencedera en enero y no de $3,200 co-rrespondiente al 29 de noviembre, y que la metió en la caja sin examinarla por haberle manifestado el demandante, empleado que fué por muchos años de su casa, que estaba vigente, aunque luego resultó al verla el día del incendio que estaba caducada desde el 24 de enero de 1914. Esta póliza fué presentada en el juicio. Hubo contradicción asimismo en cuanto a las pa-labras que se cruzaron entre el demandante y el demandado el día del incendio, pues mientras aquél y sus testigos manifes-taron que el demandado reconoció que se le había olvidado re-novar la póliza de aseguro, éste y sus testigos negaron este extremo y manifestaron que lo único que dijo el demandado sobre el particular al demandante fué “por qué no había ase-gurado sus casas por mayor cantidad. ’ ’

Esos conflictos en la evidencia fueron resueltos por el juez sentenciador sin que se haya alegado por el apelante que procediera con pasión o prejuicio, y sin que nosotros poda-mos llegar a la conclusión que lo hizo con manifiesto error pues hubo prueba para sostener su conclusión de que el demandado no pidió a.1 demandante la póliza de $3,200 para renovarla, que aceptara esa obligación ni que reconociera que se le había ol-vidado renovarla. La preponderancia de la evidencia no con-siste en que sea mayor el número de testigos que sostienen determinados hechos que los que sostienen lo contrario, sino que depende del efecto de dichas pruebas para inducir al juz-gador a darle crédito. Lausell v. American Railroad Co., 17 D. P. R. 1067,

No existiendo en el juzgador pasión, prejuicio o mani-fiesto error en la apreciación de las pruebas, no iremos contra su resolución decidiendo el conflicto de. la evidencia, según hemos declarado en muchas sentencias.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado.Sr. del Toro,

text:
    Bayron, Recurrente, v. El Registrador de Mayagüez, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Mayagüez inscribiendo con defecto subsanable una escritura de segregación y venta.
    No. 317.
    Resuelto en julio 9, 1917.
    Segregación y Venta — Identidad de la Finca — Polios, Tomo y Número de la Inscripción — Defecto Subsanable. — El hecho de que se exprese en el documento presentado al registrador para, su inscripción que la finca principal de donde se segrega el solar vendido se halla inscrita a nombre del vendedor en determinados folios, tomo y número, cuando dicha finca se encuentra registrada a favor del vendedor pero en folio, tomo y número dis-tintos, no es un error que afecte a la validez.del título, ni constituye defecto subsanable. Dicho error quedó aclarado por los demás datos constantes en la escritura y en el registro que permitieron identificar la finca sin dificultad.
    Abogado del recurrente: Sr. José Sabater.

    El registrador recurrido, Sr. Rafael Tirado Verrier, com-pareció en nombre propio.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado.Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal:

•Elena Trabal, asistida de sn esposo, vendió a Maimel de Ja-.Cruz.-Bayron, por escritura pública, un solar que se des^ cribe debidamente. Presentada la escritura' en el registro, el registrador la inscribió pero con el “defecto subsanable de expresarse en el documento que la finca principal dé donde se segregaba el solar vendido, se baila inscrita a nombre de la vendedora, al folio 56-del tomo 121°. de-esta ciudad, finca nú-mero 4723, inscripción Ia., no siendo así, pues dicba finca principal se baila registrada al folio 166 del tomo 122°. de este Ayuntamiento, finca número 4756, inscripción Ia.”

' Conviene el comprador, que es el que ba interpuesto el presente recurso gubernativo, en que en la escritura de que se trata se cometió el error que señala el' registrador, pero alega que tal error no constituye defecto subsanable alguno.

Del expediente aparece que existía una finca inscrita en el registro de la cual se segregó una porción de cuatro cuerdas que se vendió a Elena Trabal; que la venta de las cuatro cuer-das también se inscribió en el registro; que Elena Trabal se-gregó después de su finca de cuatro cuerdas un solar que ven-dió a Bayron; que al hacerse la referencia en la escritura de la venta del solar a la inscripción de la finca de la cual se se-gregaba, se consignaron los números correspondientes a la finca, de la cual se .segregó la de cuatro cuerdas y no los que se referían a ésta; que al presentarse para su inscripción en el registro la escritura, de venta del .solar, se advirtip.el error indicado; pero como la- finca vendida- estaba -perf ectamente ide.ntifica.da por los .otros datos consignados en la escritura, el registrador se decidió a-inscribirla en la forma- de que se deja hecho mérito.

El artículo 65 de la Ley Hipotecaria expresa que “serán faltas subsanables las que afecten a la validez del mismo tí-tulo, sin-producir necesariamente la nulidad de la obligación en él constituida. ”

' ¿Afecta el error cometido en este caso a la validez del tí-tulo? En manera alguna a nuestro juicio. Se trata de un simple error que quedó de hecho corregido por la misma'ins-cripción. Nada falta para que la finca vendida se entienda transmitida totalmente por la vendedora al comprador. Nin-gún perjuicio podrá sobrevenir a un comprador subsiguiente.

. El registrador debió aclarar el error de algún modo, pero hecho esto no pudo consignar la existencia de un defecto sub-sanable,, porque si algún defecto existió' quedó subsanado por la acción misma del registrador recurrido.

.Se revoca la nota en cuanto al defecto subsanable apuntado.

Revocada la nota 'recurrida en cuánto al de- ' ’ fecto-subsanable'apuntado. ■ ■ ‘

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolp,

text:
    Nazario, Demandante y Apelada, v. Atlas Assurance Company, Ltd., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayaguez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1618.
    Resuelto en julio 9, 1917.
    Segubos Sobre Incendio — Términos de la Póliza — Interpretación de Contra-tos. — Cuando existe conflicto en los términos de una póliza de seguro en cuanto . a la fecha en que comienzan y terminan los riesgos,, el convenio debe ser interpretado en contra del asegurador, por ser él y no el asegurado quien . extiende la póliza.
    Id. — Pólizas de Seguro — Contratos por Anualidades. — En este caso se expidió una póliza de seguro contra incendio sobre una casa de la demandante, fechada el 6 de .abril de 19_14, expresándole en ella que el contrato, era .por un año, ’ y que-el'riesgo comenzaba en abril 3, 1914, Na'vencer en abril 3,' 1915. '• feñ abril 5, 1915, la 'easa -fué destruida por un incendio. Se resolvió: Que la póliza fué un contrato por un año a vencer en abril 6, 1915.
    Id. — Renovación.—Cuando se extiende una nueva póliza, con distinto número, pagadera a la entrega, y por mayor cantidad que otra anterior existente, no ^>uede decirse., que se trata de una renovación, sino de un nuevo contrato.
    ■Abogado'•'del Apelantes Sr. Franje Martines.

   Los hechos están expresados en la opinión.

Abogado de la apelada: Sr. Angel A. Vázquez.

El Juez Asociado Se. Wolp,

emitió la opinión del tribunal. '

Una póliza de seguro por dos mil dólares, fechada el 6 de abril de 1914, fue expedida a Catalina Nazario allá por el 6 de abril de 1914- La póliza expresó que el contrato era por uñ año y también dijo que el riesgo comenzaba en abril 3, 1914, y venció en abril 3, 1915. En abril 5, 1915, se quemó en Ma~ yagüez toda una manzana de casas, siendo la casa de Catalina Nazario, asegurada bajo la póliza, una de las destruidas. La acción se funda en la teoría de que, a pesar del error al men-cionar la fecha del vencimiento, la corte podía resolver cuál era el verdadero convenio entre las partes, y si la demandante tenía razón dictar sentencia a su favor.

Como ambas partes convienen en que la casa de la deman-dante no estaba, asegurada en los días comprendidos entre el 3 de abril de 1914 y el 6 de abril de 1914, y en que nada hu-biera podido recobrarse por un fuego ocurrido entre estas fechas, es claro que existe un conflicto en los términos de la póliza. Si fuera un contrato por un año, no podría expirar en abril 3,1915, y si expiró en abril 3,1915, no podía ser un con-trato por un año. Este es, en pocas palabras, el caso en su totalidad, habiendo las cortes resuelto que cuando existe tal conflicto en los términos de una póliza, el contrato debe ser in-terpretado en contra del asegurador, porque él y no el asegu-rado es quien extiende la póliza. Thomson v. Phoenix Ins. Co., 136 U. S. 297; McMaster v. New York Life Ins. Co., 182 U. S. 40; Prudential Ins. Co. of America, 237 Fed. Rep. 72; Stinchcombe v. New York Life Ins. Co., 80 Pac. 215.

Pero el caso fué a juicio y allí se traslució que el agente de la compañía en Mayagüez tenía un libro de notas con un asiento expresivo de que la póliza vencía el 6 de abril, 1915. De la misma manera, la demandante declaró, y a ello la corte dió entero crédito, que ella había entendido que los riesgos comenzaban a correr desde'abril 6, 1914; que aceptó la póliza del agente allá por el‘7 de abril de 1914, pagó, él'premio, y la guardó sin leerla. ' El agente confirmó sm declaración, como la confirmaron también otros hechos. No se ha levantado cuestión alguna acerca de que se haya tratado de. variar los .términos ‘ de un ‘contrato' escrito mediante prueba 'testifical, aun-cuando tal contención pjido haber sido,--provechosa. No existe; verdadero conflicto en la prueba, y la corte;.resolvió en favor de la demandante.

La apelante cita un número de casbs al efecto'de que cuando, las.'partes.convienen en que una póliza de seguro-ha de co-menzar en cierta fecha, ésta puede retrotraerse, pero estos casos'descansan generalmente en-la teoría de que las partes •intentaron que el contrato comenzara antes, y frecuentemente dé • que los riesgos estaban cubiertos o habrían • de ser cu-biertos' por- el período retrospectivo. Uña situación de esta naturaleza frecuentemente suíge cuando'un agente conviene en asegurar, y la póliza no puede s,er entregada: inmediata-mente. La intención de las partes es clara en todos estos ca-sos de cláusulas retrospectivas'. ■

La apelante insiste en que el contrato' era para comenzar en abril 6,- 1914,-y vencer en abril 3/1915, y en que la com-pañía nunca convino en asegurar más allá de esta fecha. Pero el término de un año expresado en la póliza entonces no ten-dría significado alguno. La solución propuesta por la ape-lante, de que la demandante recobrara esa parte .del premio por los tres días que no estaban cubiertos por la póliza, cons-tituye una admisión de que la demandante pagó por un año de aseguro. Este hecho fue admitido, si no probado.

El error en este caso arrancó del hecho de que la deman-dante tenía una póliza de seguro sobre la misma casa por mil trescientos dólares,, que.comenzó en abril 3, 1913, y yendo en abril 3; 1914. _ ,En -esta última fecha-el agente de-.la .compañía, quien no tenía poder para obligar a esta,;fué"a ver a lá'-cteinan-dante para tratar de renovarla. Ella dijo - que -dpseabaj una póliza por dos mil dólares, y después de una inspección., la póliza en litigio fué extendida. No existe prueba alguna de que se extendiera u ofreciera una renovación de' una póliza por mil trescientos dólares, como es frecuentemente la práctica. La apelante está en un error al decir que el contrato fué una renovación. El montante aumentado por si sólo niega esto, ■.y. la póliza fué en su forma un nuevo contrato con un nuevo número. Las partes negociaron sobre un nuevo contrate pa-gadero a la entrega. El agente no concedió crédito de nin-guna clase a la asegurada. La práctica de cobrar un dólar sobre nuevas pólizas, que no tuvo lugar aquí, fué probable-mente una omisión o una renuncia por parte del agente.

La explicación del error en la póliza probablemente des-cansa en el hecho de que los libros de las compañías asegura- • doras dan mayor importancia a la fecha deb vencimiento, y la persona que extendió la póliza la consideró como una reno-vación. Eesolvemos con la corte inferior que la póliza fué un contrato por un año, desde abril 6, 1914, y la sentencia debe, ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.