text:
    Víctor Cruz González, peticionario, v. Pep Boys, recurrido.

      Número: CC-2005-431

      Resuelto: 11 de enero de 2007

      Ramón A. Pérez González, abogado de la parte peticionaria; Antonio L. García Ramírez y Carlos A. Padilla Vélez, de Fiddler, González & Rodríguez, P.S.C., abogados de la parte recurrida.
   SENTENCIA

El peticionario, Víctor Cruz González, comenzó a trabajar en Pep Boys como técnico automotriz el 18 de mayo de 2000. El 30 de junio de 2003 sufrió un accidente laboral en el que se lastimó su espalda mientras instalaba unas piezas de un vehículo de motor. Al día siguiente, y como resultado del accidente, Cruz González se reportó a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (Fondo). El Fondo le concedió tratamiento en descanso, diagnosticándole trauma lumbar. Poco después, su condición empeoró y fue hospitalizado en el Hospital Industrial. En octubre de 2003 el Fondo le dio de alta definitiva sin fijarle incapacidad. Inconforme con la determinación del Fondo de no fijarle incapacidad, el peticionario acudió en revisión ante la Comisión Industrial. Pendiente el recurso, el señor Cruz González le solicitó a su patrono que le reinstalara en su puesto, pues el Fondo lo había dado de alta. El patrono le solicitó que presentara un certificado médico que especificara con mayor rigor su condición médica. Cruz González acudió en varias ocasiones a su lugar de empleo solicitando su reinstalación, pero en todas las ocasiones se condicionó su reingreso a que sometiera la evidencia médica requerida. El peticionario nunca sometió el documento requerido.

El 12 de abril de 2004 el peticionario presentó una querella contra Pep Boys en el Tribunal de Primera Instancia al amparo del procedimiento sumario de reclamaciones salariales. 32 L.P.R.A. see. 3118 et seq. En la demanda instada se alegó que el patrono había violado la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.), al negarse a reinstalarlo en el empleo. Se adujo, además, que Cruz González fue despedido injustamente. En la querella instada, el peticionario solicitó la reinstalación en su empleo, el pago de los salarios que hubiese devengado de haber sido reinstalado y los daños y perjuicios por las alegadas violaciones de ley. En la alternativa, solicitó el remedio de mesada dispuesto en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. see. 185).

Pep Boys contestó la demanda y solicitó oportunamente que se dictara sentencia sumaria a su favor. El peticionario se opuso. Mientras se dilucidaba el pleito, la Comisión Industrial resolvió la apelación que había instado el señor Cruz González y devolvió el caso al Fondo para que se le ofreciera tratamiento médico al peticionario. Una vez devuelto el caso al Fondo, éste determinó concederle al peticionario un CT. En otras palabras, el Fondo dispuso que el señor Cruz González recibiera tratamiento médico mientras trabajaba.

Así las cosas, el 21 de diciembre de 2004 el foro primario dictó sentencia sumaria a favor de Pep Boys. El señor Cruz González acudió ante el Tribunal de Apelaciones, y este foro apelativo intermedio confirmó la determinación del foro sentenciador. Concluyó que al momento de solicitar reinstalación el peticionario no se encontraba apto para trabajar y así lo reflejaba el récord del caso.

Inconforme, Cruz González acudió ante este Tribunal y señaló como error el siguiente:

“Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, que desestimó sumaria [m] ente la querella presentada por el querellante peticionario.” Petición de certiorari, pág. 4.

Las partes comparecieron posteriormente y presentaron sus respectivos alegatos.

Estudiados los alegatos presentados por las partes, así como el expediente del caso, se dicta sentencia y se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que celebre la vista en su fondo y se determine si en efecto el señor Cruz González se encontraba apto para trabajar al momento de solicitar reinstalación en su empleo.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión de conformidad, a la cual se unieron el Juez Presidente Señor Hernández Den-ton y el Juez Asociado Señor Rebollo López. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez disintió sin opinión escrita.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la cual se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Rebollo López.

La cuestión a resolver en esta ocasión es si la determinación de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (Fondo) de dar de alta a un empleado luego de éste sufrir un accidente ocupacional supone que el empleado está capacitado para desempeñar las funciones de su puesto, por lo que el patrono no puede requerir evidencia adicional del empleado que corrobore su aptitud para el trabajo.

I

El Sr. Víctor Cruz González (Cruz González o el peticionario) comenzó a trabajar en Pep Boys como técnico automotriz el 18 de mayo de 2000. Entre sus funciones estaba hacer diagnósticos de los automóviles, instalar gomas y piezas a los vehículos de motor, y descargar mercancía de furgones, tales como gomas, baterías, aceite y herramientas. Tales funciones requerían realizar un esfuerzo físico continuo, doblar el cuello y la cintura, y estar de pie todo el tiempo.

El 30 de junio de 2003 el peticionario sufrió un accidente laboral en el que se lastimó su espalda mientras instalaba unas piezas a un vehículo de motor. Por tal razón, el peticionario se reportó al día siguiente, 1 de julio de 2003, al Fondo. Ese mismo día, el Fondo le concedió tratamiento en descanso y diagnosticó un trauma lumbar, que luego resultó ser un disco herniado y el nervio ciático pinchado. Pocos días después, mientras recibía tratamiento en descanso, sus padecimientos empeoraron al extremo de no poder caminar. Debido a ello, fue hospitalizado ocho días en el Hospital Industrial. Al cabo de ese tiempo, continuó recibiendo tratamiento médico en descanso hasta el 7 de octubre de 2003, cuando el Fondo le dio de alta definitiva sin fijarle incapacidad.

Oportunamente, el señor Cruz González apeló ante la Comisión Industrial la decisión del Fondo de darle de alta definitiva sin fijarle por ciento de incapacidad. El fundamento de dicha apelación se consignó en los siguientes términos: “solicito tratamiento médico y/o incapacidad. Tengo dolor en la espalda, no puedo caminar bien. En mis condiciones no puedo volver a ejercer mis funciones en el lugar donde trabajo. No me puedo doblar. No puedo dormir por causa de los dolores.” Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 120.

Al mismo tiempo, el señor Cruz González solicitó a su patrono que le reinstalara en su puesto. El peticionario le entregó a su supervisor inmediato la Decisión del Administrador sobre Tratamiento Médico, que indicaba que el Fondo lo había dado de alta el día anterior, sin incapacidad. No obstante, el peticionario le expresó a su supervisor que aún no se sentía bien y que había apelado dicha determinación ante la Comisión Industrial. Inmediatamente, el supervisor le solicitó que presentara un certificado médico adicional que fuera más específico en cuanto a su condición médica. Luego de ello, el señor Cruz González acudió en varias ocasiones al taller de empleo para solicitar su reinstalación, pero en todas las ocasiones se condicionó su reingreso a que sometiera la evidencia médica requerida. El peticionario nunca la produjo.

Ante la negativa a reinstalarlo, el peticionario presentó una querella ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Departamento del Trabajo), Negociado de Nor-mas de Trabajo, por despido injustificado y violación a la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes en el Trabajo. Así las cosas, Pep Boys envió el 4 de enero de 2004 una misiva al peticionario expresándole su disposición de reinstalarlo en su puesto bajo la condición de que éste proveyera un certificado médico que indicara que se encontraba físicamente capacitado para trabajar.

Mediante carta de 24 de enero de 2004, el Departamento del Trabajo determinó que Pep Boys adeudaba al peticionario la suma de $4,064 en concepto de salarios dejados de devengar conforme dispone la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. see. 1 et seq. (Ley Núm. 45). Además, se ordenó la reposición del peticionario en su empleo.

El 17 de abril de 2004 el peticionario presentó una querella contra Pep Boys en el Tribunal de Primera Instancia al amparo del procedimiento sumario de reclamaciones salariales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. see. 3118 et seq. En ésta se alegó que el patrono había violado la Ley Núm. 45, supra, al negarle la reinstalación al peticionario, a pesar de que éste la solicitó dentro de los quince días de haber sido dado de alta por el Fondo y sin que hubiesen pasado doce meses desde que ocurrió el accidente. Se alegó, además, que al momento de solicitar su reinstalación se encontraba física y mentalmente capacitado para ocupar el puesto que desempeñaba al momento de ocurrir el accidente y que dicho puesto aún subsistía. Finalmente, se adujo que fue despedido injustificadamente.

El peticionario solicitó la reinstalación a su empleo, el pago de los salarios que hubiese devengado de haber sido reinstalado, y daños y perjuicios por las presuntas violaciones de ley. En la alternativa, solicitó el remedio de mesada dispuesto en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. see. 185).

Oportunamente, Pep Boys contestó la querella presentada en su contra, negó las alegaciones esenciales del querellante y argumentó varias defensas afirmativas, entre ellas: (1) que el peticionario no se encontraba física y emocionalmente apto para ejercer las funciones de su plaza, y (2) que el peticionario no fue despedido.

Posteriormente, Pep Boys solicitó del Tribunal de Primera Instancia que dictara sentencia sumaria a su favor. Alegó que la única razón por la cual el Fondo concedió el alta al peticionario fue porque éste no estuvo de acuerdo en someterse al tratamiento médico disponible, el cual consistía en una operación quirúrgica, ya que no le garantizaban que luego de la operación pudiese caminar.

En apoyo de lo anterior, Pep Boys incluyó con la moción de sentencia sumaria una transcripción de la deposición tomada al peticionario el 23 de julio de 2004. En la transcripción, éste admitió, además, que en la fecha en que solicitó su reinstalación no podía ejercer las funciones esenciales de su plaza, las cuales requerían, entre otras cosas, levantar objetos pesados de hasta 83 libras y doblar su cuello y su espalda. En consecuencia, Pep Boys adujo que el peticionario no cumplió con todos los requisitos que establece el Art. 5-A de la Ley Núm. 45, supra, 11 L.P.R.A. sec. 7, para ser acreedor a la reinstalación.

El peticionario, por su parte, presentó una oposición a la solicitud de sentencia sumaria. Allí, el señor Cruz González señaló que de la deposición presentada se deduce que estaba capacitado para trabajar. Además, que tenía derecho a ser reinstalado, ya que el Fondo lo había dado de alta, lo cual automáticamente lo cualificaba para ejercer las funciones de su puesto y que su apelación ante la Comisión Industrial obedeció a que éste interesaba que se le diera un CT en lugar de un alta definitiva.

Mientras se ventilaban los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, la Comisión Industrial resolvió la apelación que había instado el señor Cruz González. En su Resolución de 8 de septiembre de 2004, la Comisión decidió devolver el caso al Fondo para que se le ofreciera tratamiento al peticionario. Una vez devuelto el caso, el Fondo determinó concederle al peticionario un CT, es decir, que continuara recibiendo tratamiento médico mientras trabajaba a partir del 4 de octubre de 2004.

Así las cosas, el 21 de diciembre de 2004, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia para declarar “con lugar” la solicitud de sentencia sumaria. En su sentencia, el foro primario expresó que de la deposición tomada al peticionario surgía que al momento de éste solicitar su reinstalación, “no se sentía bien; no podía doblar su cuerpo; sólo con dificultad; que no podía levantar objetos pesados, lo cual según reconoció era un [a] función especial de su puesto; que al no sentirse bien, y no estar de acuerdo con el alta recibida, radicó una apelación ante la Comisión Industrial”. (Énfasis en el original.) Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 157-158.

No conforme, el señor Cruz González acudió ante el Tribunal de Apelaciones. El foro intermedio apelativo confirmó la determinación del foro sentenciador por considerar que la evidencia que constaba en el expediente claramente demostraba que cuando el peticionario solicitó la reposición a su puesto no se encontraba físicamente apto para ejercer las funciones. En consecuencia, dicho foro concluyó que el peticionario no cumplió con todos los requisitos que dispone el Art. 5-A de la Ley Núm. 45, supra.

Insatisfecho todavía, el señor Cruz González acudió ante nosotros mediante un recurso de certiorari y nos planteó, como único señalamiento de error, que:

Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, que desestimó sumaria [m]ente la querella presentada por el querellante peticionario. Petición de certiorari, pág. 4.

Ambas partes han comparecido con sus respectivos alegatos, por lo que estamos en posición de resolver y así procedemos.

h-H

A. La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo es una legislación de protección social que reconoce e instrumenta el derecho constitucional de todos los trabajadores en Puerto Rico a recibir protección contra riesgos a la salud e integridad personal en sus talleres de trabajo, derecho que está garantizado por el Art. II, Sec. 16 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1. Véase Rivera v. Blanco Vélez Stores, 155 D.P.R. 460 (2001).

Esta legislación, de carácter remedial, ofrece ciertas garantías y beneficios al trabajador que sufre un accidente o una enfermedad relacionada con el trabajo que lo inhabilite para realizar sus funciones. Entre las disposiciones que provee la ley a tales fines se encuentra el referido Art. 5-A, el cual le impone al patrono la obligación de reservar por doce meses (360 días) el empleo a aquel trabajador que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. Conjuntamente, el patrono tiene el deber de reinstalar al empleado en su antiguo puesto, siempre que concurran las condiciones que estatuye dicho artículo. Véase discusión infra. En consecuencia, el empleado no podrá ser despedido durante ese periodo de tiempo, salvo que medie justa causa. García v. Darex P.R., Inc., 148 D.P.R. 364 (1999); Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 D.P.R. 763 (1992).

Hemos establecido que el cómputo de los 12 meses de reserva que provee el Art. 5-A es de caducidad y comienza a transcurrir a partir de la fecha en que ocurrió el accidente o la enfermedad laboral. Soc. de Gananciales v. Royal Bank de Puerto Rico, 145 D.P.R. 178, 199 (1998). Por tratarse de un término de caducidad, este periodo de reserva tiene una existencia limitada que se consume por el transcurso del tiempo fijado por ley. No está sujeto a interrupción ni ampliación de clase alguna. Torres v. Star Kist Caribe, Inc., 134 D.P.R. 1024, 1033 (1994); Vélez Rodríguez v. Pueblo Int’l., Inc., 135 D.P.R. 500 (1994). Véanse, además: Opiniones del Fondo del Seguro del Estado, Consulta Núm. C-89-15 de 6 de julio de 1989; Consulta Núm. C-92-17 de 19 de junio de 1992; Consulta Núm. C-96-43 de 30 de septiembre de 1996. Incluso, hemos determinado que el aludido término de doce meses que dispone el Art. 5-A de la Ley Núm. 45, supra, no se interrumpe porque el empleado presente una apelación ante la Comisión Industrial. Alvira v. SK & Laboratories Co., 142 D.P.R. 803, 814 (1997). Véase, además, Opinión del Fondo del Seguro de Estado, Consulta Núm. C-90-30 de 15 de agosto de 1990.

Ciertamente, el referido Art. 5-A constituye una limitación a la discreción del patrono para administrar su negocio porque le prohíbe que durante el término de reserva despida a un empleado que ha sufrido un accidente o contraído una enfermedad durante el desempeño de su trabajo. No obstante, la prohibición de despido y la obligación de reservar y reinstalar al trabajador en el puesto que desempeñaba al momento en que se inhabilitó para trabajar, no es absoluta. Rodríguez v. Méndez & Co., 147 D.P.R. 734, 741 (1999); Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., supra, pág. 770. Esta obligación del patrono está sujeta a que se cumplan los requisitos que el propio artículo establece, a saber:

1. Que el accidente o enfermedad ocupacional inhabilite al empleado para trabajar.

2. Que el empleado se acoja a los beneficios de la Ley Núm. 45, supra.

3. Que dentro de los quince días de haber sido dado de alta o autorizado a trabajar por el Fondo con derecho a tratamiento, el empleado solicite al patrono la reposición en su empleo.

4. Que dicho requerimiento de reposición se haga dentro de los doce meses de haber ocurrido el accidente o enfermedad.

5. Que al solicitar su reposición el empleado esté física y mentalmente capacitado para desempeñarse en las funciones del empleo que ocupaba.

6. Que dicho empleo subsista al momento en que el trabajador solicita su reinstalación. Véanse: Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., supra; Cuevas v. Ethicon Div. J & J Prof. Co., 148 D.P.R. 839 (1999).

Reiteradamente hemos establecido que es necesario que converjan todos los requisitos mencionados para que se configure la protección de reinstalación que consagra el citado Art. 5-A. Rivera v. Blanco Vélez Stores, 155 D.P.R. 460, 468 (2001). El legislador, al imponer estos requisitos, intentó establecer un balance entre los intereses del patrono y la protección social al empleado lesionado. Por un lado, la ley le proporciona al trabajador que sufre un accidente ocupacional gran tranquilidad porque tiene la seguridad de que, cumpliendo ciertos requisitos, su ausencia en el trabajo durante doce meses no le priva su derecho a ser reinstalado en su empleo. García v. Darex P.R., Inc., supra, pág. 377; Vélez Rodríguez v. Pueblo Int’l., Inc., supra, pág. 513. Pero a la vez se imponen restricciones para el reingreso al trabajo y se limita el tiempo en que el patrono tiene que reservar el puesto, para así aliviar la carga que supone para cualquier patrono verse obligado por la ley a congelar un sinnúmero de plazas por un período de tiempo. Soc. de Gananciales v. Royal Bank de Puerto Rico, supra, pág. 199. R.N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la legisla ción protectora del trabajo en el derecho laboral puertorriqueño, San Juan, 2005, pág. 191.

En esta ocasión debemos expresarnos sobre el requisito del Art. 5-A de la Ley Núm. 45, supra, que exige que el empleado se encuentre, al momento de solicitar reinstalación, “mental y físicamente capacitado para ocupar dicho empleo”, y si se cumple con dicho requerimiento meramente presentando ante el patrono la certificación emitida por el Fondo mediante la cual se dio de alta al empleado, sin que éste pueda requerir información adicional sobre la condición del empleado.

B. La Ley Núm. 45, supra, “no establece los requisitos [de forma] que debe cumplir el obrero al solicitar que se le reponga en su empleo”, por lo que cada controversia debe atenderse caso a caso, en función de la naturaleza reparadora de la ley y con particular atención a su propio lenguaje. Delgado Zayas, op. cit., pág. 192.

Anteriormente hemos expresado que una determinación del Fondo que autoriza a un empleado a trabajar mientras recibe tratamiento médico “necesariamente presupone que éste está habilitado para trabajar y puede efectivamente reintegrase a la fuerza laboral”. Rivera v. Blanco Vélez Stores, supra, pág. 472.

Incluso, hemos señalado que “ ‘[e]s de presumirse que un obrero en “CT” cumple con [los requisitos que preceptúa el Aj“t. 5(a)], pues de otro modo no se explica cómo el Fondo le ha dado de alta para trabajar mientras recibe tratamiento’ ”. (Énfasis suprimido.) Rivera v. Blanco Vélez Stores, supra, pág. 473. Hemos basado ese razonamiento, en parte, en el Reglamento sobre Derechos de Obreros y Empleados, Reglamento Núm. 3966 de 9 de agosto de 1989 (Reglamento), que establece en su Sec. 4Q que el CT se concede a un empleado “cuando el programa terapéutico trazado [al] paciente se efectúa mientras éste sigue trabajando, ya que está hábil para hacerlo según el cuadro clínico diagnosticado por el médico”. Por lo tanto, nuestras expresiones encuentran apoyo en el propio Reglamento que rige los procesos ante el Fondo.

En lo que concierne la controversia que hoy nos ocupa, el Reglamento indica en su See. 7 que la determinación de dar de alta a un trabajador ocurre “[c]uando el Administrador, previos los dictámenes médicos rendidos en cualquier caso, llegue a la conclusión de que mayor tratamiento no ha de mejorar la condición del obrero o empleado, le dará de alta y procederá a fijar el grado de incapacidad con que haya quedado, si alguna”. (Énfasis suplido.) Reglamento, supra, pág. 6. La definición que provee el Reglamento sobre la determinación de alta no nos permite concluir que, necesariamente, el empleado está hábil para realizar las funciones de su puesto. Más bien, según el texto del Reglamento, lo único que certifica una determinación de alta es que no existe otro tratamiento que pueda mejorar la condición del obrero o empleado. Por lo tanto, la determinación de alta no conlleva inevitablemente una adjudicación por parte del Fondo en el sentido que el empleado está capacitado para desempeñar las funciones propias de su puesto.

Reiteradamente hemos resuelto que la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo debe interpretarse liberalmente a favor del obrero por ser un estatuto remedial. Ortiz Pérez v. F.S.E., 137 D.P.R. 367 (1994). Sin embargo, esto no significa que si “la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella [deba] ser menospreciada bajo pretexto de cumplir su espíritu”. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14; Rojas v. Méndez & Co., Inc., 115 D.P.R. 50, 53 (1984).

No obstante lo anterior, el objetivo del tratamiento médico que se le ofrece al empleado lesionado o enfermo una vez se acoge a los beneficios del Fondo es “facilitarle su recuperación y el retorno a las labores”. Rivera v. Blanco Vélez Stores, supra, pág. 470. La See. 7 del Reglamento dispone que “[e]l objetivo primordial de[1] tratamiento [médico] es que el obrero o empleado se reintegre a la fuerza trabajadora”. Reglamento, supra, pág. 5. De ahí que se le garantice a todo trabajador recibir todo tratamiento médico que el facultativo del Fondo determine que sea necesario, de suerte que el obrero pueda regresar a sus labores.

Por dicha razón soy del criterio que una determinación de alta por parte del Fondo, en principio, presupone que se ha completado el programa terapéutico y que el empleado se encuentra en condición para regresar a su taller de trabajo. Por lo que, de no mediar alguna otra consideración de la cual se pueda inferir lo contrario, debemos considerar que el documento de alta emitido por el Fondo es una prueba prima facie de que el trabajador se encuentra capacitado para desempeñar las funciones de su antiguo puesto. En otras palabras, crea una presunción rebatible de que el trabajador está hábil para el trabajo. Con esta interpretación adelantamos y hacemos eficaz el objetivo primordial del tratamiento médico que ofrece el Fondo, a saber, que todo empleado regrese y se reincorpore a su trabajo.

Antes bien, como presunción rebatible al fin, admite prueba en contrario. Precisamente de eso trata la controversia ante nuestra consideración, a saber: si existía base suficiente —razonable y objetiva— para que el patrono concluyese que el peticionario no estaba apto para ejercer las funciones de su puesto, no empece haber sido dado de alta por el Fondo y le exigiese prueba médica adicional para corroborar su aptitud para cumplir con las obligaciones y responsabilidades de su empleo.

Recapitulando, la determinación de alta del Fondo constituye evidencia prima facie de que el obrero cumple con el requisito que impone el Art. 5-A de la Ley Núm. 45, supra, de que se encuentre física y mentalmente capacitado para desempeñar sus funciones, que crea una presunción rebatible en tal sentido. Pero ello no impide que, en situaciones excepcionales, se pueda rebatir dicha presunción.

III

Procede entonces analizar los hechos de este caso a la luz de los principios reseñados. La sentencia inicial dictada en este caso fue una sentencia sumaria en la cual se determinó que según la prueba suministrada no existía controversia de hecho en cuanto a que el peticionario no estaba físicamente capacitado para realizar sus funciones, por lo que como cuestión de derecho no cumplía con todos los requisitos que estatuye el referido Art. 5-A para que sea merecedor del derecho a la reinstalación.

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, permite que cualquiera de las partes en un pleito pueda solicitar que el tribunal emita sentencia sumaria a su favor tras demostrar que no existe controversia real sustancial sobre los hechos pertinentes. Hemos resuelto, además, que la sentencia sumaria es un remedio extraordinario discrecional que sólo debe concederse cuando no hay una controversia genuina sobre hechos materiales y el Tribunal se convence que tiene ante sí la verdad de todos los hechos pertinentes. Véanse: Malavé v. Oriental, 167 D.P.R. 593 (2006); Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563 (1997).

La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros, y cualquier duda en cuanto a si hay hechos pertinentes en controversia se debe resolver contra la parte que solicita la sentencia sumaria. Por ende, y conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, el tribunal solamente procederá a emitir una sentencia sumaria si de acuerdo con los documentos sometidos, además de los que contienen los autos, “no hay controversia real en cuanto a ningún hecho material y como cuestión de derecho procede dictarse”. Regla 26.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Véanse: García v. Darex P.R., Inc., supra, pág. 382; Méndez Arocho v. El Vocero de P.R., 130 D.P.R. 867 (1992).

En el caso de autos, de la moción de sentencia sumaria presentada por Pep Boys y de la oposición presentada por el señor Cruz González, surge como hecho incontrovertido que, al momento del peticionario solicitar su reinstalación, éste estaba apelando ante la Comisión Industrial la decisión del Fondo de concederle un alta definitiva sin incapacidad. Es un hecho incontrovertido, además, que en dicha apelación el peticionario expresó su inconformidad con la decisión del Fondo y, a tales efectos, señaló lo siguiente: “en mis condiciones no puedo volver a ejercer mis funciones en el lugar donde trabajo. No me puedo doblar. No puedo dormir por causa de los dolores.” (Enfasis nuestro.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 120. Además, surge de la deposición que se le tomó al peticionario que éste informó a su supervisor tales hechos. Transcripción de la deposición, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 81. Estas expresiones levantan serias dudas acerca de la verdadera rehabilitación del empleado cuando solicitó su reinstalación y sobre su capacidad física para realizar sus funciones, que entre otras cosas incluían doblarse, levantar objetos pesados y estar constantemente en pie. Véase, además, Transcripción de la deposición, Apéndice de la Petición de certiorari,, págs. 75-76.

Por otro lado, surge del expediente que la Comisión Industrial, al resolver la apelación instada por el señor Cruz González, dispuso que el caso le fuera devuelto al Fondo para que se le ofreciera tratamiento médico. Una vez ello ocurrió, el Fondo determinó conferirle al peticionario un CT que, como sabemos, le permitía continuar trabajando mientras recibía tratamiento médico.

Los hechos antes mencionados ponen de manifiesto una incongruencia respecto a un hecho material, a saber: si el peticionario estaba físicamente apto para trabajar. La única forma de dilucidar esta controversia es a través de un juicio plenario. En vista de lo anterior, erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver este caso mediante el procedimiento sumario. Procede entonces revocar dicho dicta-men y devolver a dicho foro tal y como se dispone en la sentencia dictada.

       Posterior a ello, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Departamento del Trabajo) envió una carta al peticionario para que compareciera a sus oficinas el 14 de abril de 2004 para discutir los resultados de la investigación de su caso. No surge del expediente si hubo algún procedimiento ulterior o alguna determinación final del ente administrativo que fuera concluyente para el presente caso.

       Luego se determinó que la querella se tramitaría bajo el procedimiento ordinario.

       Entre las defensas afirmativas, el patrono alegó además que el peticionario, “libre, voluntaria y espontáneamente expresó a los oficiales de la empresa que no estaba ni física ni mentalmente capacitado para desempeñarse en su puesto de Técnico Automotriz”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 8.

       En el alegato que posteriormente nos sometió, el peticionario reformuló su señalamiento de error de la manera siguiente:
      “Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que no había controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y que como cuestión de derecho debía dictarse sentencia sumaria.

        “Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que el peticionario no puede prevalecer bajo ningún supuesto de hecho y que no tiene derecho a la concesión de un remedio, cualquiera que éste sea.” Alegato de la parte peticionaria, pág. 4.

       El Art. 5-A de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. see. 7, dispone de la manera siguiente:
      “En los casos de inhabilitación para el trabajo de acuerdo con las disposiciones de este capítulo, el patrono vendrá obligado a reservar el empleo que desempeñaba el obrero al momento de ocurrir el accidente y a reinstalarlo en el mismo, sujeto a las siguientes condiciones:
      “(1) Que el obrero o empleado requiera al patrono para que lo reponga en su empleo dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha en que el obrero o empleado fuere dado de alta o fuere autorizado a trabajar con derecho a tratamiento, siempre y cuando dicho requerimiento no se haga después de transcurridos doce meses desde la fecha del accidente:

        “(2) que el obrero o empleado esté mental y físicamente capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite del patrono su reposición, y
      “(3) que dicho empleo subsista en el momento en que el obrero o empleado solicite su reposición. (Se entenderá que el empleo subsiste cuando el mismo esté vacante o lo ocupe otro obrero o empleado. Se presumirá que el empleo estaba vacante cuando el mismo fuere cubierto por otro obrero o empleado dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hizo el requerimiento de reposición).
      “Si el patrono no cumpliera con las disposiciones de esta sección vendrá obligado a pagar al obrero o empleado o a sus beneficiarios los salarios que dicho obrero o empleado hubiere devengado de haber sido reinstalado, además le responderá de todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado. El obrero o empleado, o sus beneficiarios, podían instar y tramitar la correspondiente reclamación de reinstalación y/o daños en corte por la acción ordinaria o mediante el procedimiento para reclamación de salarios, establecido en las sees. 3118 a 3132 del Título 32.”

       Hemos interpretado que habrá justa causa para despedir al trabajador que ha sufrido un accidente del trabajo si con anterioridad a sufrir dicho accidente llevó a cabo una conducta que es causa justificada para despedirlo. Véase Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 D.P.R. 763 (1992).

       En dicha opinión se expresó lo siguiente:
      “De igual forma, las apelaciones radicadas ante la Comisión Industrial de Puerto Rico, o las decisiones que ésta emita, no tiene [n] el efecto [d]e interrumpir el término de doce (12) meses por dos razones fundamentales:
      “1) Como se señala anteriormente el referido término es de caducidad, no sujeto a interrupción o ampliación de clase alguna y
      “2) el artículo 10 de la ley, [Ley Núm. 45, supra ] que regula todo lo concerniente a las apelaciones ante la Comisión Industrial, no establece que la radicación de las referidas apelaciones, tengan el efecto de interrumpir o ampliar el referido término.
      “Debe recordarse que las apelaciones ante la Comisión Industrial, son partes intrínsecas del andamiaje administrativo procesal, establecido en la ley para la protección de los derechos de los obreros o empleados que sufren un accidente del trabajo y no tiene el efecto de conceder mayores derechos que aquellos contemplados o reconocidos en el estatuto.
      “Aunque la [L]ey de Compensaciones por accidentes del Trabajo, es una de carácter remedial y exige una interpretación liberal, no puede incluirse en la ley, por vía de interpretación, lo que no está dispuesto en la misma.” (Citas omitidas.)

       Mediante la Ley Núm. 162 de 24 de junio de 2004 se enmendó el Art. 5-A de la Ley Núm. 45, supra, para aclarar que el término de quince días dispuesto para que un empleado lesionado solicite su reinstalación en el empleo comienza a transcurrir, no solamente desde la fecha en que es dado de alta por el Fondo, sino también desde que dicha agencia lo autoriza a trabajar con derecho a tratamiento (CT).

       El Reglamento Núm. 3966 fue promulgado el 9 de agosto de 1989 con el propósito de establecer de forma clara y específica aquellos derechos que confiere la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Reglamento sobre Derechos de Obreros y Empleados, Reglamento Núm. 3966, 9 de agosto de 1989, See. 1.

       Cabe señalar que la certificación que produce el Fondo para declarar que el empleado ha sido dado de alta definitiva no provee un acápite en el que se explique si las razones por las que se dio de alta al empleado obedece a que el empleado se encuentra capacitado para regresar a sus funciones.

       Como nos señala el Ledo. Ruy N. Delgado Zayas, el requerimiento de reinstalación “puede hacerse de varias formas, siempre y cuando se haga en tiempo y ... éste le muestre al patrono al menos el documento que acredita que fue dado de alta y autorizado a trabajar”. R.N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la legislación protectora del trabajo en el derecho laboral puertorriqueño, San Juan, 2005, pág. 192.

       La descripción del puesto de técnico automotriz que fue estipulada por las partes es la siguiente:
      “Productivity
      “(A) Service personnel must be able to perform physical labor including but not limited to: (a) battery installation and charging (b) remove rotors and drums, true and replace, (c) tire changing, matching (d) removing and installing exhaust systems/ torches (e) removing and installing shock absorbers and struts (f) fluid and filter service (g) remove, repair, replace hard parts (h) disc and drum brake repair (i) wheel alignment/ steering/suspension (j) heating and cooling system (k) air conditioning service and repair (j) cruise control/ sounds/security/ phone installation (m) standard fuel systems (n) clutches (FWD and RWD) (o) performance tune-ups.
      “(D) While performing these job duties services personnel are required to lift a wide variety of items, including various hand and air tools. Lifting of weights from a few ounces to twenty-five (25) pounds would be performed a continuous basis. Service personnel occasionally lift twenty-six to fifty (50) pounds during the day. Lifting of fifty (50) to eighty-three (83) pounds will occur one to three times per day ....”


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Heriberto Montalvo Guzmán.

      Número: TS-8273

      Resuelto: 16 de enero de 2007

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Miguel A. Ojeda Martínez, abogado del querellado.
   per curiam:

El Ledo. Heriberto Montalvo Guzmán (licenciado Montalvo) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 10 de enero de 1986 y al ejercicio del notariado el 16 de enero de 1987. Mediante Sentencia de 20 de mayo de 2005 lo suspendimos indefinidamente de la práctica de la notaría. Dicha determinación se fundamentó en que éste infringió el Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, así como el Canon 35 del Código de Ética Profesional. El presente procedimiento disciplinario se origina, en síntesis, por el reiterado incumplimiento del licenciado Montalvo con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Veamos.

El 10 de diciembre de 2004, previo a ser separado de la notaría, emitimos una Resolución en la que ordenamos la incautación preventiva de la obra notarial en poder del licenciado Montalvo. El 21 de abril de 2005 la Directora de ODIN, Leda. Carmen H. Carlos (Directora), presentó ante nos una Moción Informativa sobre Estado de la Inspección de la Obra Notarial Incautada. En dicho escrito la Directora de ODIN señaló, entre otras cosas, que la obra notarial del referido abogado adolecía de varias deficiencias entre las que se destacaban: falta de encuadernación de las escrituras, foliación consecutiva omitida, notas de saca incompletas, notas de apertura y cierre omitidas. Asimismo, la Directora puntualizó que las escrituras se habían recibido sin haberse cancelado los aranceles notariales correspondientes en sellos de rentas internas, sellos de impuesto notarial y sellos de Asistencia Legal. Indicó que el licenciado Montalvo había otorgado testamentos sin dar fe del conocimiento del testador y de los testigos, así como que éste aparecía otorgando testamentos el mismo día y a la misma hora. Señaló que dicho abogado incumplió con los múltiples requerimientos de ODIN para que entregara índices notariales e informes anuales adeudados. Finalmente, señaló que desde el 14 de mayo de 2002, fecha en que se extraviaron los protocolos notariales del licenciado Montalvo debido a un alegado robo y escalamiento en sus oficinas, éste no había hecho nada para reconstruirlos. Así las cosas, el 7 de octubre de 2005 emitimos una Resolución para concederle al licenciado Montalvo un término de veinte días, so pena de desacato, para corregir las deficiencias señaladas por la ODIN. El 17 de febrero de 2006 le concedimos al abogado en cuestión un término de veinte días para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía. El 10 de marzo de 2006 la Directora de ODIN presentó ante este Foro una Moción Informativa y Solicitud de Orden, mediante la cual informó que, a pesar del tiempo transcurrido desde la incautación de la obra notarial del licenciado Montalvo, éste no había corregido las deficiencias señaladas por ODIN. Asimismo, la Directora nos informó que el referido abogado no había realizado gestión alguna en relación con los Protocolos, alegadamente hurtados, correspondientes a 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, 1998, 1999 y 2000. El 7 de abril de 2006 le concedimos al licenciado Montalvo un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía por no subsanar las deficiencias señaladas por ODIN. El 9 de junio de 2006, éste presentó una Moción en Cumplimiento de Orden, en la que informó que las deficiencias señaladas por ODIN habían sido subsanadas y que estaban disponibles para inspección. El 30 de junio de 2006 le concedimos un término de veinte días a ODIN para exponer su posición con respecto a la moción en cumplimiento de orden presentada por el referido abogado. Finalmente, el 9 de agosto de 2006 la Directora de ODIN presentó una Moción Informativa en Cumplimiento de Orden, en la que nos informó que, contrario a lo planteado por el licenciado Montalvo, subsistían varias deficiencias sin subsanar en su obra notarial. Indicó que todavía quedaba pendiente una deuda arancelaria de $441 en sellos de Asistencia Legal, así como que no se había efectuado ninguna gestión para reconstruir los Protocolos, alegadamente hurtados, correspondientes a 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, 1998, 1999 y 2000.

Es obligación ineludible de todo abogado responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal, así como a los de la Oficina de Inspección de Notarías. He-mos determinado que una vez el abogado se aparta de cumplir con las obligaciones y los deberes que le impone la ley y el ordenamiento ético, incurre en conducta que acarrea una sanción disciplinaria, ya que lesiona la confianza y la función pública en él depositada.

El abogado de epígrafe ha incumplido reiteradamente con los requerimientos de ODIN para que corrija varias deficiencias en su obra notarial, incluso la reconstrucción de Protocolos notariales alegadamente hurtados. Dicho abogado no ha sido diligente con su proceder para evitar que lo separen de la práctica de la abogacía. No podemos avalar un curso de acción que no hace otra cosa que ensombrecer y soslayar los postulados fundamentales de la profesión que estamos obligados a proteger y custodiar.

En vista de lo anterior, se decreta la suspensión inmediata e indefinida de Heriberto Montalvo Guzmán del ejercicio de la abogacía.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

        In re Montalvo Guzmán, 164 D.P.R. 806 (2005).

       4 L.P.R.A. see. 2002.

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

       Del expediente surge que el licenciado Montalvo se contradijo en varias ocasiones sobre la fecha en que ocurrieron los hechos alegados. De igual manera, éste notificó sobre el alegado hurto un año y cinco meses después de transcurridos dichos hechos alegados.

        In re Moreno Franco, 166 D.P.R. 787 (2006); In re Rivera Irizarry, 155 D.P.R. 687 (2001).

        In re Charbonier Laureano, 156 D.P.R. 575 (2002).


author: La Jueza Asociaba Señora Fiol Matta

text:
    Roberto Rodríguez Ruiz, Erica Ortiz Cancel, por sí y en representación de su hija menor V.R.O., y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, demandantes y peticionarios, v. Hospital San Jorge, Dr. Vigo y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por éste y su esposa Jane Doe, et als., demandados y recurridos.

      Número: CC-2004-383

      Resuelto: 16 de enero de 2007

      Víctor A. García Rodón, abogado de la parte peticionaria; Ricardo A. Ramírez Lugo, Sigrid López González y Pedro Landrau López, abogados de la Universidad de Puerto Rico, parte recurrida; José E. O’Neill Font y José A. Miranda Daleccio, abogados del Dr. Juan A. Vigo Prieto, parte recurrida.
   La Jueza Asociaba Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

Debemos resolver si los doctores que participan del programa del Plan de Práctica Médica Intramural Universitaria (PPMIU) del Recinto de Ciencias Médicas están protegidos por la inmunidad que otorga el Art. 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 4105, a los médicos que son empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias e instrumentalidades. Por las razones que exponemos a continuación, resolvemos que sí.

r—i

Los peticionarios, el Sr. Roberto Rodríguez Ruiz y la Sra. Erica Ortiz Cancel, presentaron, por sí y en representación de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos y de su hija menor V.R.O., una demanda sobre daños y peijuicios por impericia médica contra el Hospital San Jorge, el Dr. Juan A. Vigo Prieto y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales que éste compone junto a su esposa, el Centro Médico de Puerto Rico, el Hospital Pediátrico Universitario, la Universidad de Puerto Rico y sus respectivas aseguradoras. En la demanda, los peticionarios expusieron que su hija, paciente de hidrocefalia desde su nacimiento, fue atendida y operada en el Hospital San Jorge de apendicitis; que luego de ser dada de alta tuvo que ser llevada nuevamente al hospital, donde se le diagnosticó encefalitis ocasionada por una infección. Alegan que el caso de su hija le fue referido en el Hospital San Jorge al doctor Vigo Prieto para una consulta y que, a instancias de éste, la niña fue trasladada al Hospital Pediátrico Universitario. Según la demanda, la menor tuvo que esperar tres días en el Hospital Pediátrico Universitario para ser atendida adecuadamente. Luego de esos tres días, la menor fue operada por el doctor Vigo Prieto.

Para la fecha de los hechos, el doctor Vigo Prieto era Catedrático Auxiliar de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Ciencias Médicas. Participaba también del programa del PPIU del Recinto a través del grupo de neurocirugía. Además, tenía una oficina en el Hospital San Jorge y privilegios para operar en este hospital. Los peticionarios alegan que la atención tardía del doctor Vigo Prieto y el traslado de la niña al Hospital Pediátrico Universitario, cuando podía atenderse en el Hospital San Jorge, causaron que ésta sufriera daños físicos y cerebrales que no padecía anteriormente y que la afectarán durante toda su vida. Por ello solicitan que el doctor los indemnice. El doctor Vigo Prieto contestó la demanda; negó esencialmente las alegaciones y levantó, en lo pertinente y como defensa afirmativa, que atendió a la menor V.R.O. en el Hospital Pediátrico Universitario como empleado de la Universidad de Puerto Rico, a través del grupo de neurocirugía del PPMIU del Recinto de Ciencias Médicas, y que en ningún momento intervino con la menor cuando ésta visitó el Hospital San Jorge.

Luego de esto, el doctor Vigo Prieto presentó una moción de sentencia sumaria en la que solicitó que se desestimara la demanda instada en su contra, ya que él estaba cobijado por la inmunidad otorgada por el Art. 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, a los médicos que son empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias e instrumentalidades. Los peticionarios se opusieron a la solicitud de sentencia sumaria. Argumentaron, en primer lugar, que las alegaciones de la demanda contra el doctor Vigo Prieto fueron en su carácter como médico del Hospital San Jorge. También expresaron su interés en conocer el tipo de relación contractual que mantenían el doctor y la Universidad de Puerto Rico. Por último, solicitaron que, antes de resolver la moción de sentencia sumaria, se finalizara el descubrimiento de prueba de modo que se pudiera aclarar la relación del doctor Vigo Prieto con el Hospital San Jorge y con la Universidad de Puerto Rico, y cuál fue su intervención con la paciente en el Hospital San Jorge. En esencia, los peticionarios plantearon que existía controversia de hechos y que era necesario ordenar al doctor Vigo y a la Universidad de Puerto Rico a que produjeran ciertos documentos que permitieran evaluar si el doctor estaba protegido por la norma de inmunidad.

En septiembre de 2001, el doctor Vigo Prieto presentó nuevamente una moción de sentencia sumaria. En noviembre de ese año se celebró una vista en la cual se discutió la solicitud de sentencia sumaria. Luego de la vista, el tribunal de instancia le concedió un término adicional a las partes para que finalizaran el descubrimiento de prueba. Las controversias en cuanto al descubrimiento de prueba continuaron hasta que el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia sumaria parcial en septiembre de 2002. En ésta, desestimó la demanda en cuanto al doctor Vigo Prieto, según había resuelto “en corte abierta” el 22 de mayo de 2001.

Inconforme con ese dictamen, los peticionarios acudieron ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. Los peticionarios entendían que se había equivocado el Tribunal de Primera Instancia al resolver que al doctor Vigo Prieto le cobijaba la inmunidad de los médicos empleados por el Estado, porque existía una controversia real de hechos sobre si éste había incurrido en actos u omisiones negligentes como médico del Hospital San Jorge y si el galeno había actuado como contratista independiente o como empleado del Hospital Pediátrico Universitario.

El foro apelativo confirmó la sentencia en cuanto a la inmunidad del doctor Vigo Prieto en su práctica en el Hospital Pediátrico Universitario y la revocó en cuanto a su práctica en el Hospital San Jorge. Entendió que la sentencia de instancia se extendía a las reclamaciones fundamentadas en la relación del doctor Vigo Prieto con ese hospital. Los peticionarios acuden ante nosotros y nos señalan que el tribunal de apelativo erró al confirmar al Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la extensión de la inmunidad del Art. 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, al doctor Vigo Prieto por sus actuaciones en el Hospital Pediátrico Universitario, cuando existe una controversia de hechos sobre si, al atender a la menor a través del PPMIU de neurocirugía, éste lo hizo como contratista independiente o como empleado de dicho hospital.

Por lo tanto, debemos resolver si el doctor Vigo Prieto estaba protegido, mientras atendió a la menor como parte del grupo de neurocirugía del programa del PPMIU del Recinto de Ciencias Médicas, por la inmunidad que otorga el Art. 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, a los médicos que son empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Además, debemos resolver si, en efecto, el Tribunal de Primera Instancia adjudicó la posible responsabilidad del doctor Vigo Prieto en cuanto al tratamiento de la menor en el Hospital San Jorge y su traslado al Hospital Universitario, y de ser así, si procede adjudicar en torno a dicha responsabilidad de manera sumaria en esta etapa del procedimiento.

II

En Puerto Rico hemos reconocido desde hace más de cinco décadas que los médicos que son empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias e instrumentalidades, gozan de inmunidad en pleitos de impericia profesional relacionados con el desempeño de su labor. Véanse: Ley Núm. 74 de 30 de mayo de 1976 (26 L.P.R.A. ant. see. 4101 et seq.); Lind Rodríguez v. E.L.A., 112 D.P.R. 67 (1982); Flores Román v. Ramos González, 127 D.P.R. 601 (1990); Art. 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra. Curiosamente, esta protección se encuentra regulada en el Código de Seguros de Puerto Rico, no en el Código Civil dentro del capítulo sobre las obligaciones que nacen de la culpa o la negligencia. El legislador decidió colocar esta protección en el mismo artículo que pretende garantizar que la población puertorriqueña esté protegida en los casos de impericia médica al exigirle a los médicos que posean un seguro de responsabilidad profesional. Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 4 de 30 de diciembre de 1986 (1986 Leyes de Puerto Rico 730). En la actualidad, este artículo del Código de Seguros de Puerto Rico provee, en parte y en lo pertinente, lo siguiente:

Todo profesional de servicios de salud e institución de cuidado de salud deberá radicar anualmente prueba de su responsabilidad financiera por la cantidad de cien mil dólares (100,000) por incidente o hasta un agregado de trescientos mil dólares (300,000) por año. El Comisionado podrá requerir límites hasta un máximo de quinientos mil dólares (500,000) por incidente médico y un agregado de un millón de dólares (1,000,000) por año, en los casos de instituciones de cuidado de salud y de aquellas clasificaciones tarifarias de profesionales de servicios de salud dedicados a la práctica de especialidades de alto riesgo .... Están exentos de esta obligación aquellos profesionales de servicios de salud que no ejercen privadamente su profesión y trabajan exclusivamente como empleados de instituciones de cuidado de salud privadas, siempre y cuando estuvieren cubiertos por la prueba de responsabilidad financiera de éstas. También están exentos de esta obligación los profesionales de servicios de salud que presten servicios exclusivamente como empleados o contratistas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios y que no ejercen privadamente su profesión. Están exentas, además, las instituciones de cuidado de salud que pertenezcan y sean operadas o administradas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios.
Ningún profesional de servicios de salud podrá incluido como parte demandada en una acción civil de reclamación de daños por culpa o negligencia por impericia profesional (malpractice) que cause en el desempeño de su profesión, mientras dicho profesional de servicios de salud actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, e instrumentalidades, El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y municipios o contratistas de éstos, mientras actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones en las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía general o trauma en una instalación médico-hospitalaria propiedad del Estado Libre Asociado, sus dependencias, instrumentalidades y/o municipios, independientemente de si dicha instalación está siendo administrada u operada por una entidad privada.
En toda acción civil en que se íe reclamen daños y perjuicio^ a la Universidadl de Puerto Rico en todo caso en que recaiga sentencia por actos constitutivos de impericia médica hospitalaria (malpractice) que cometan los empleados, miembros de la facultad, residentes o estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico o médicos que presten servicios por contrato con la Universidad de Puerto Rico en el desempeño de sus tareas institucionales; ... o cuando recaiga sentencia por actos u omisiones constitutivos de culpa o negligencia directamente relacionados con la operación por la Universidad de Puerto Rico de una institución de cuidado de salud, se sujetará a la Universidad de Puerto Rico ... a los límites de responsabilidad y condiciones que las sees. 3077 a 3092a del Título 32, impone para exigirle la responsabilidad al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en similares circunstancias. Art. 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra.

Nuestra última expresión sobre este artículo en cuanto a la inmunidad de los médicos que son empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios, fixe en el caso Flores Román v. Ramos González, supra. En ese caso reiteramos la norma que esbozáramos originalmente en el caso Lind Rodríguez v. E.L.A., supra, de que este artículo del Código de Seguros de Puerto Rico exime de responsabilidad no sólo a los médicos que trabajan exclusivamente para el Estado, sino también a los médicos que al mismo tiempo ejercen la práctica privada mientras actúan en el cumplimiento de su deber como empleados del Estado. Establecimos, entonces, que para ser protegido por la inmunidad estatutaria se debe ser un profesional en el cuidado de la salud y que los daños ocasionados por su impericia deben haber surgido mientras se actúa en cumplimiento de sus deberes y funciones profesionales como empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios. Flores Román v. Ramos González, supra, pág. 606.

Asimismo, determinamos que la inmunidad, además de proteger a los médicos que ocupan puestos de carrera o de confianza en el gobierno del E.L.A., puede cobijar a los médicos que tengan contratos con el Gobierno. En cuanto al personal bajo contrato, establecimos que hay que determinar si al causar el daño el médico cumplía con las funciones de un empleado de la agencia y tenía en realidad las responsabilidades asignadas a un puesto dentro de la estructura organizativa o si el grado de control ejercido por el patrono sobre su trabajo era análogo al de un empleado. Establecimos que estos médicos están cobijados por la inmunidad si luego de analizar ciertos factores se determina que la relación del médico con el Gobierno no es de contratista independiente. Los factores que se han de considerar para saber si alguien es contratista independiente del Gobierno son los siguientes: (1) la forma como los servicios fueron pagados; (2) la inversión en equipo científico y en facilidades o el grado de dependencia en el equipo suministrado por el Gobierno; (3) si se le requiere un seguro de responsabilidad profesional, y (4) el grado de independencia en su juicio profesional. Flores Román v. Ramos González, supra, pág. 609. En cuanto al factor del grado de independencia en su juicio profesional, es incuestionable que, para que los médicos ejerzan su labor adecuadamente, deben tener el mayor grado de independencia. Por lo tanto, este factor no es importante cuando se trata de profesionales de la salud, así que no debe ser considerado al momento de determinar si un médico está protegido por la inmunidad del Art. 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra.

Lo anterior implica que, cuando nos enfrentamos al caso de un médico que esté trabajando para el Gobierno por contrato, es necesario determinar, en primer lugar, la naturaleza del vínculo contractual particular. De ello dependerá si está cobijado por la inmunidad y, por consiguiente, si procede la desestimación de la demanda en su contra. Después de todo, la inmunidad dispuesta por ley no es meramente una defensa; se trata más bien de la inexistencia de una causa de acción. Lind Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 69.

Ahora bien, antes de evaluar la relación del doctor Vigo Prieto con el Recinto de Ciencias Médicas, a la luz de los factores que mencionáramos, debemos considerar si nuestras expresiones en Flores Román v. Ramos González, supra, continúan vigentes luego de las varias enmiendas que desde esa opinión ha sufrido el Art. 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra.

Ill

La inmunidad que se recoge hoy en el Art. 41.050, supra, fue incluida en el Código de Seguros de Puerto Rico por primera vez en 1976, cuando se añadió el Capítulo 41 a este Código. Véase Ley Núm. 74, supra. La norma se encontraba entonces en el Art. 41.080 (26 L.P.R.A. sec. 4108) que proveía, al igual que el referido Art. 41.050 en la actualidad, esencialmente dos cosas. Primero, que los profesionales en el cuidado de la salud que no ejercían privadamente su profesión y prestaban servicios exclusivamente como empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios estaban exentos de mostrar que tenían un seguro de responsabilidad. Art. 41.080 de la Ley Núm. 74, supra. La ley proveía, en segundo lugar, que ningún profesional de servicios de la salud podía ser incluido como parte demandada en una acción civil de reclamación de daños por culpa o negligencia por impericia profesional por actos cometido en el desempeño de su profesión, mientras actuaba en cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios. En otras palabras, estos profesionales no tenían que adquirir un seguro de responsabilidad, precisamente porque la ley eliminaba cualquier causa de acción en su contra.

Esta ley fue enmendada en 1978, pero la inmunidad de los médicos que son empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios no fue alterada. Véase la Ley Núm. 55 de 18 de julio de 1978 (1978 Leyes de Puerto Rico 567). En 1986 se redactó un nuevo Capítulo 41 del Código de Seguros de Puerto Rico y se derogó el anterior. Véase Ley Núm. 4, supra. Este nuevo capítulo también reconoció la inmunidad de los médicos empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al eximirles de la responsabilidad de presentar prueba de tener un seguro de responsabilidad y al disponer expresamente que no podían ser incluidos como parte demandada en una acción civil de reclamación de daños por culpa o negligencia por impericia médica. Además, la ley de 1986 incluyó, entre los que están exentos de presentar evidencia de tener seguro, a las instituciones de cuidado de la salud que pertenezcan y sean operadas o administradas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a los médicos que trabajan exclusivamente con instituciones privadas, si éstas los incluyen dentro de sus seguros de responsabilidad. Sin embargo, aunque se les eximió de presentar prueba sobre el seguro de responsabilidad, no se les eximió de su responsabilidad. Por eso, ninguna de las instituciones, o los médicos añadidos a la exención, gozan de inmunidad al amparo del nuevo esquema del Código Seguros de 1986.

Esto no representaba problema para aquellos médicos en la práctica privada que trabajaran exclusivamente para instituciones privadas, quienes tendrían la cubierta del seguro de responsabilidad para casos de impericia que sus patronos debían obtener a nombre suyo. No obstante, las instituciones de salud operadas o administradas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico seguían sujetas a pagar por los daños que fueran resultado de la impericia de los médicos u otras personas que trabajaran en sus instalaciones.

En 1994 esta situación motivó a los legisladores a enmendar nuevamente la sección de responsabilidad financiera del Capítulo 41 del Código de Seguros de Puerto Rico. Surgió la preocupación de que la Universidad de Puerto Rico, que se entendía no cobijada por los límites que impone la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (32 L.P.R.A. see. 3077 et seq.), tuviera que responder por la totalidad de los daños que pudieran causar los galenos que trabajaban en sus instalaciones, quienes, sin embargo, estaban inmunes a cualquier acción de daños. La Ley Núm. 98 de 24 de agosto de 1994 (1994 Leyes de Puerto Rico 494, 495) sujeta a los límites de responsabilidad de la Ley Núm. 104, supra, toda acción contra la Universidad de Puerto Rico por daños y perjuicios o impericia médico-hospitalaria de los empleados, miembros de la facultad, residentes o estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, o médicos que presten servicios bajo contrato con la Universidad de Puerto Rico, en el desempeño de sus tareas institucionales o por actos de culpa o negligencia relacionados con la operación de una institución de cuidado de la salud la Universidad.

Esta enmienda no cambió la inmunidad de los médicos que trabajan para el Estado Libre Asociado, por lo cual nuestros pronunciamientos en Flores Román v. Ra-mos González, supra, siguieron vigentes. Es más, esta enmienda recogió parte de nuestras expresiones en el caso Flores Román v. Ramos González, supra, pues reconoció, entre las personas que pueden beneficiarse de la inmunidad, es decir, entre aquellos por cuya impericia respondería la Universidad de Puerto Rico, a los médicos bajo contrato con la Universidad dentro del límite que impone la Ley Núm. 104, supra. Se impone esta interpretación de la enmienda, ya que de otra forma habría que considerar a estos médicos como contratistas independientes. En ese caso, para que la Universidad respondiera, sería necesario probar que ésta no le requirió al médico que tomara las medidas de seguridad necesarias para su práctica o que no ejerció la debida diligencia en tomar estas medidas. Véanse: Bonet v. Municipio de Barceloneta, 87 D.P.R. 81 (1963); Barrientos v. Gob. de la Capital, 97 D.P.R. 552 (1969); López v. Gob. Mun. de Cataño, 131 D.P.R. 694 (1992); Pons v. Engebretson, 160 D.P.R. 347 (2003). Esta situación, en la cual la Universidad respondería por las acciones de sus contratistas independientes, está contemplada en el tercer escenario que vislumbra la enmienda de 1994, al establecer que la Universidad estará sujeta a los límites de la Ley Núm. 104, supra, cuando recaiga sentencia por actos constitutivos de culpa o negligencia directamente relacionados con la operación por parte de ésta de una institución de cuidado de la salud.

Al mismo tiempo, la enmienda de 1994 arrojó luz sobre quiénes los legisladores consideran que son los profesionales exentos de cumplir con el deber de evidenciar que poseen un seguro y quiénes están cobijados por la inmunidad por ser empleados del Estado Libre Asociado. Entre estos profesionales se encuentran los empleados, miembros de la facultad, residentes, estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico o médicos que presten servicios bajo contrato con la Universidad de Puerto Rico en el desempeño de sus tareas institucionales.

Aunque la última enmienda que se le hizo al Art. 41.050, supra, no trajo ningún cambio en cuanto al asunto que se nos plantea en este caso, sí introdujo cambios que inciden en las normas que expusiéramos en Flores Román v. Ramos González, supra. En 2004, los legisladores, preocupados por los efectos que trajo la privatización de la mayor parte de las instalaciones de salud del Gobierno y la posterior recuperación de algunas de éstas, enmendaron el artículo de responsabilidad financiera, para otorgarle inmunidad en casos de impericia profesional a los profesionales que prestan ciertos servicios específicos. Según la enmienda, tienen inmunidad los especialistas en obstetricia, ortopedia, cirugía general y trauma que prestan servicios exclusivamente en instalaciones médico hospitalarias propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades o sus municipios, independientemente de si la institución es administrada u operada por alguna empresa privada.

Para lograr esto se hicieron dos cambios al Art. 41.050, supra. El primero fue incluir entre los médicos exentos de presentar prueba de responsabilidad médica a los profesionales de la salud que trabajan como contratistas del Estado Libre Asociado. El segundo fue extender la inmunidad a los contratistas ya mencionados. Estos profesionales son también los contratistas que están exentos de presentar la prueba de responsabilidad; en otras palabras, están exentos de tener un seguro personal. Así lo evidencia la Exposición de Motivos de la ley y su historial legislativo.

Esta enmienda resulta, por lo tanto, en un cambio importante a la norma que adoptamos en Flores Román v. Ramos González, supra. Hoy es posible que un contratista independiente tenga inmunidad bajo el Art. 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, siempre y cuando sea uno de los contratistas incluidos en la ley. En conclusión, la norma vigente para saber si un médico goza de inmunidad contra demandas por impericia es que si luego de analizar los primeros tres factores que explicamos en el caso Flores Román v. Ramos González, supra, se determina que la relación del médico con el Gobierno no es de contratista independiente, éste estará cobijado por la inmunidad establecida en el Art. 41.050, supra. Esta inmunidad también aplicará a aquellos médicos que sean contratistas de una instalación médico-hospitalaria propiedad del Estado Libre Asociado, sus dependencias, instrumentalidades o municipios, sin importar si la instalación es administrada u operada por una entidad privada, exclusivamente en las especialidades de obstetricia, ortopedia, cirugía general o trauma. Así que los médicos que trabajen para el Estado o para una entidad del Estado administrada por una entidad privada en estas cuatro áreas, siempre estarán cubiertos por la inmunidad, sean contratistas independientes o no.

Ya que el trabajo del doctor Vigo Prieto, como parte del PPMIU del Recinto de Ciencias Médicas, a través del grupo de neurocirugía no está dentro de las cuatro áreas de trabajo antes mencionadas, nos toca determinar si su labor bajo el plan equivale a la de un empleado o a la de un contratista independiente. Para esto es necesario estudiar la estructura y el propósito de los PPMIU del Recinto de Ciencias Médicas.

IV

En 1996, los legisladores autorizaron a la Universidad de Puerto Rico a crear en sus unidades los Planes de Práctica Médica Intramural Universitaria. Ley Núm. 174 de 31 de agosto de 1996 (18 L.P.R.A. see. 612). Entre los propósitos de la creación de estos planes en los distintos recintos se encuentra ofrecer a la facultad opciones de retribución acordes con las realidades económicas y profesionales de Puerto Rico, crear recursos económicos adicionales para facilitar el reclutamiento y la retención del personal docente, fortalecer el presupuesto institucional y complementar el ingreso del personal que presta los servicios, así como utilizarlos de taller de práctica para los estudiantes. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 174, supra, 1996 Leyes de Puerto Rico 772. Al amparo de los PPMIU, las unidades de la Universidad pueden contratar con personas e instituciones públicas y privadas, domésticas o extranjeras, para que su personal les preste servicios. Estos servicios son prestados de forma voluntaria por el personal docente y pueden darse durante su horario regular o fuera de éste, sin menoscabo de su carga académica. Los PPMIU deben ser autosuficientes. Los fondos que recauda la Universidad según estos planes son considerados fondos públicos, y son consignados en un fondo especial en las unidades que los generen. Los fondos que generan los PPMIU se utilizan para sufragar los gastos directos del programa y para pagar al personal participante. También se utiliza el dinero para fortalecer otros planes con menor demanda, para atender gastos no recurrentes prioritarios dentro de la misma unidad de la Universidad y para hacer una aportación anual al Fondo General de la Universidad de Puerto Rico. Ley Núm. 174, supra. Los contratos hechos al amparo de los PPMIU son otorgados a nombre de la Universidad de Puerto Rico y son suscritos en representación de ésta por el Rector de la unidad correspondiente. Art. XII, Certificación Núm. 123 1996-97 de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico.

Cada unidad del sistema establece la estructura de sus PPMIU, en conformidad con el reglamento aprobado por la Junta de Síndicos para esto. Por consiguiente, debemos estudiar las Normas y Procedimientos del Plan de Práctica Intramural del Recinto Ciencias Médicas, para analizar si el doctor Vigo Prieto es un médico cobijado por la inmunidad del Art. 41.050, supra, a la luz de los factores de Flores Román v. Ramos González, supra.

Las normas del Recinto de Ciencias Médicas establecen, en cuanto a la utilización y al manejo de fondos, que toda recaudación por servicios prestados bajo los PPMIU se ingresarán a un fondo especial, que a su vez tendrá cuentas para cada PPMIU del Recinto. Una vez se ingresan los recaudos por los servicios, sólo se autorizarán desembolsos cuando las cuentas tengan balance disponible y se hayan cubiertos los gastos de operación del PPMIU. El Departamentó de Recursos Fiscales del Recinto es el encargado de cobrar por los servicios, de identificar los deudores y de hacer las gestiones para el recobro. Luego de que se tienen los ingresos netos, éstos se distribuyen entre el fondo general, el fondo institucional, el fondo del decanato, la facultad y el personal participante. Estos fondos sirven para fortalecer el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, del Recinto de Ciencias Médicas y de los distintos decanatos del Recinto. Los fondos que se distribuyen a los docentes y al otro personal participante se pagan como honorarios profesionales. Véase Normas y Procedimientos del Plan de Práctica Intramural Universitaria del Recinto Ciencias Médicas de 1998, págs. 6-9. Por esta razón, el dinero que paga el PPMIU a los doctores sujeto a retención se informa en el Formulario Núm. 480.6 y los médicos deben cumplir con las leyes fiscales que afectan a los contratistas independientes. Por otra parte, el dinero que reciben los profesores por sus servicios no se puede utilizar para cotizar en el Sistema de Retiro de los Empleados de la Universidad de Puerto Rico. Sec. 100.9.1, Certificación Núm. 124 1996-97 de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico. En otras palabras, los PPMIU del Recinto de Ciencias Médicas funcionan de la manera siguiente. El Recinto presta sus instalaciones y su equipo a los médicos para que rindan servicios a instituciones privadas y públicas. Los médicos sólo prestan sus servicios. El Recinto se encarga de manejar todos los asuntos financieros relacionados con los PPMIU. Una vez se obtienen las ganancias, éstas se distribuyen entre el Recinto y los médicos. De esta manera, la Universidad se asegura de mantener a su facultad y de contar con los recursos para sus funciones.

A la luz de este esquema, queda claro que los servicios no son pagados directamente a los médicos y que éstos no realizan ninguna inversión en equipo científico y en instalaciones, sino que dependen del equipo suministrado por el Gobierno. Por lo tanto, en cuanto a los dos primeros factores que debemos considerar al amparo de la norma de Flores Román v. Ramos González, supra, los médicos serían empleados del Recinto para los efectos del Art. 41.050 del Código de Seguros, supra.

En cuanto a si se les requiere un seguro de responsabilidad profesional a los doctores del PPMIU, las Normas y Procedimientos del Plan de Práctica Intramural Universitario del Recinto Ciencias Médicas nada disponen. Ante esta situación, y considerados el propósito de los PPMIU y su funcionamiento, debemos concluir que los médicos son considerados empleados del Recinto cubiertos, entonces, por la institución. Por lo tanto, para efectos del Art. 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, deberían ser considerados como empleados del Recinto y cobijados por la inmunidad allí establecida.

En este caso, los peticionarios sostienen que el doctor Vigo Prieto tenía un seguro de impericia profesional. Sin embargo, aun si este seguro cubriera al doctor por sus actuaciones en el Recinto y no sólo sus actuaciones en su práctica privada, esto no impide que al doctor Vigo Prieto se le extienda la inmunidad dispuesta por el referido Art. 41.050. Adquirir un seguro no elimina la protección contra demandas que provee la ley..

Al evaluar la organización de los PPMIU a la luz de los tres factores de Flores Román v. Ramos González, supra, debemos colegir que los doctores que prestan servicios bajo los PPMIU son empleados del Recinto de Ciencias Médicas cobijados por la inmunidad del Art. 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra.

V

Por último, al igual que el hoy Tribunal de Apelaciones, entendemos que existe una controversia sustancial en cuanto si el doctor Vigo Prieto tiene alguna relación con el tratamiento de la menor V.R.O. en el Hospital San Jorge. Sin embargo, contrario a ese foro, concluimos que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia no se extendió a esa controversia, sino que sus efectos se limitaron a las acciones realizadas por el doctor en el Hospital Pediátrico Universitario. A eso se contrae la minuta de 22 de mayo de 2001, a la cual nos refiere, a su vez, la sentencia de instancia. Ese asunto no estaba, pues, ante la consideración del foro apelativo, por lo que encontramos que su decisión de revocar la sentencia en cuanto a este aspecto fue innecesaria.

VI

Por todo lo anterior, resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia tuvo razón al resolver que las actuaciones del doctor Vigo Prieto en el Hospital Pediátrico Universitario están cobijadas por la inmunidad del Art. 41.050. Se confirma, por lo tanto, la decisión del Tribunal de Apelaciones en cuanto a este aspecto. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se dilucide si el doctor Vigo Prieto tiene alguna relación con el tratamiento de la menor V.R.O. en el Hospital San Jorge y se determine la responsabilidad, si alguna, que por ello le corresponda.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no interviene y la Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.

       Mediante estos programas, la facultad y el personal administrativo del Recinto de Ciencias Médicas se organiza en grupos para ofrecer servicios médicos, en las instalaciones del recinto. Las ganancias que resultan de este esfuerzo se dividen entre el recinto y el personal docente y administrativo que participa del programa. El propósito primordial es ofrecerle un incentivo económico al personal docente para que no abandone la cátedra por la práctica privada de la Medicina. Para una discusión más profunda sobre el Plan de Práctica Médica Intramural Universitaria (PP-MIU), véase la Parte IV de esta opinión.

       En específico, los peticionarios deseaban que el Tribunal le ordenara a los demandados entregarle una copia de los documentos siguientes: la deposición tomada al doctor Vigo Prieto el 29 de agosto de 2001; el informe de la consulta del Hospital San Jorge de 22 de julio de 1997, en el cual alegadamente hay una anotación que indica que se le dirigió una consulta al doctor Vigo Prieto sobre la menor V.R.O. a las 3:50 pm; el historial de pagos hechos por Triple S por los servicios prestados para el tratamiento de la ruña V.R.O.; las normas y procedimientos del PPMIU; el PPMIU; las Normas Provisionales Complementarias Especiales al Reglamento para la Creación y Administración de Planes de Práctica Intramural para el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico; la Certificación Núm. 124 del período de 1996-1997 aprobada por la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico con el propósito de incluir en el Reglamento General de la Universidad las disposiciones relacionadas con la creación del PPMIU.

       El 17 de enero de 2002, los apelantes solicitaron nuevamente que se le ordenara a la Universidad de Puerto Rico que produjera ciertos documentos. El 17 de abril de 2002, la Universidad de Puerto Rico presentó una moción en la que informó que le había enviado a los apelantes los documentos solicitados. El 26 de junio de 2002, en la conferencia con antelación al juicio, las partes argumentaron sus posiciones. Además, los peticionarios solicitaron que se les permitiera descubrir prueba en tomo a las gestiones del doctor Vigo Prieto en el Hospital San Jorge. Luego de la conferencia con antelación al juicio, el tribunal dispuso que se dejaba sometida la moción del doctor Vigo Prieto, en la cual se solicitaba que se dictara una sentencia sumaria parcial e igualmente el asunto sobre la necesidad de la información que solicitaron los peticionarios.
      El 19 de agosto de 2002, los peticionarios se opusieron nuevamente a que se dictara la sentencia sumaria a favor del doctor Vigo Prieto y solicitaron que no se dictara sentencia hasta tanto se finalizara el descubrimiento de pmeba relacionado con: las operaciones realizadas por el doctor Vigo Prieto en el Hospital San Jorge y todo el expediente de facturación de dicho médico, y el historial de facturación de los planes médicos Triple S y GA Life, correspondiente a la paciente V.R.O. Los peticionarios señalaron, además, que interesaban tomarle una deposición al funcionario de la Universidad de Puerto Rico encargado de todo lo relacionado con el PPMIU.

       De la minuta de 22 de mayo de 2001 se desprende que el Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” la solicitud de sentencia sumaria, en cuanto a la intervención del doctor Vigo Prieto con la menor V.R.O. en el Hospital Pediátrico Universitario.

       Esta fue la determinación del tribunal de apelativo, a pesar de que la sentencia del tribunal de instancia debió entenderse que tenía efectos sólo en cuanto a las acciones realizadas por el doctor en el Hospital Pediátrico Universitario, según se desprende de la minuta de 22 de mayo de 2001. El juez Negroni Cintrón disintió por entender que la responsabilidad o la inmunidad del doctor Vigo Prieto no podía ser adjudicada sumariamente.

       Véanse los escs. 7, 9 y 11.

       El texto conforme a la ley de 1986 está destacado con bastardillas en la cita del Art. 41.050 actual del Código Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 4105, transcrita en esta opinión, págs. 858-859.

       En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 98 de 24 de agosto de 1994 (1994 Leyes de Puerto Rico 494, 495) los legisladores expusieron:
      “La exposición económica ilimitada de la Universidad se torna en extremo onerosa, si consideramos que, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 41.050, ningún profesional de servicios de salud podrá ser incluido como parte demandada en una acción civil de reclamación de daños por impericia profesional, mientras actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios. Tal disposición expone a la Universidad de Puerto Rico a tener que responder en forma ilimitada por los daños que ocasionen sus empleados inmunizados cuando cometen actos de impericia profesional médico-hospitalaria (malpractice) en el descargo de sus funciones. Idéntica responsabilidad y por los mismos motivos se le impone al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, excepto que, en atención a los dispuesto en la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1995, según enmendada, la responsabilidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se limitó hasta la suma de setenta y cinco mil dólares ($75,000.00) por los daños sufridos por una persona o su propiedad y hasta ciento cincuenta mil dólares ($150,000.00) cuando los daños y perjuicios se le causaron a más de una persona, o cuando sean varias las causas de acción a que tenga derecho un solo perjudicado.
      “Es justo y conveniente para el interés público extenderle a la Universidad de Puerto Rico la misma limitación de responsabilidad por daños resultantes de culpa o negligencia que al presente existe para beneficio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuando la Universidad presta servicios mediante acuerdo con el Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en sustitución de dicho Departamento o cuando opera hospitales públicos.”

       El texto de esta enmienda está destacado con bastardillas más subrayado en la cita del actual Art. 41.050 del Código Seguros de Puerto Rico, supra, transcrita en esta opinión, pág. 859.

       En el informe de la Comisión de lo Jurídico para el P. de la C. 3592, que dio paso a la última enmienda que se le hizo al Art. 41.050 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, se señala, en el análisis de la medida, que:
      “Actualmente, entre los médicos participantes de esta inmunidad podemos mencionar los que están contratados por el Hospital Universitario de Distrito (UDH), los empleados, miembros de la facultad, residentes o estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, o médicos que presten servicios bajo contrato con la Universidad de Puerto Rico en el desempeño de sus tareas institucionales, todas las profesiones de salud que se desempeñen en las facilidades médico hospitalarias que estén bajo la tutela y administración del Estado Libre Asociado a través del Departamento de Salud y los profesionales de servicios de salud adscritos a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico.” P. de la C. 3592, 14ta Asamblea Legislativa, 7ma Sesión Ordinaria, 22 de junio de 2004, pág. 16.

       El texto de esta enmienda se encuentra destacado con subrayado sencillo en el Art. 41.050 actual del Código Seguros de Puerto Rico, transcrito en esta opinión, pág. 9.

       La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 228 de 24 de agosto de 2004 deja esto claro al señalar:
      “No obstante, para poder reclutar profesionales de la salud que deseen practicar su profesión en las instalaciones propiedad del Estado Libre Asociado, sus instrumentalidades o municipios, entendemos necesario garantizarles la misma protección que recibirían si fuesen empleados del ELA bajo el esquema previo a la década de los 1990. Por ello, debe extendérsele la inmunidad contenida en el Artículo 41.050 del Código de Seguros.
      “Junto a la presente Ley y mediante legislación separada, se enmendará la Ley Núm. 104, supra, para disponer que el Estado Libre Asociado será responsable por reclamaciones contra profesionales de la salud por impericia médico-hospitalaria por los límites dispuestos en dicha ley cuando estos rindieron sus servicios en las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía general y trauma exclusivamente en instalaciones de salud propiedad del Estado Libre Asociado, sus instrumentalidades o municipios.”
      En el informe de la Comisión de lo Jurídico para el P. de la C. 3592, supra, págs. 16-17, que dio paso a la la Ley Núm. 228, supra, se señala en el análisis de la medida que:
      “Los médicos que son empleados de una administración privada no pueden ser considerados empleados, funcionarios o agentes del Estado Libre Asociado, por lo que no les aplica la inmunidad establecida en el Artículo 41.050. La contratación en este escenario es entre personas particulares: médicos y administración privada. Por esta razón, aún [sic] cuando el Estado Libre Asociado o sus municipios recuperen la posesión de facilidades que en un momento fueron vendidas a entidades privadas, de contratar el ELA o sus municipios con entidades privadas para la administración de las facilidades, los médicos que prestan sus servicios en dichas facilidades vienen obligados a cumplir con la responsabilidad financiera que requiere el Artículo 41.050, y son responsables por los daños y perjuicios causados por impericia médica.
      “La situación descrita en el párrafo anterior ha resultado en que muchos médicos que previo a la Reforma de Salud prestaban sus servicios exclusivamente en facilidades gubernamentales y estaban cobijados por la inmunidad del estado, se han convertido en empleados o contratistas de privatizadores. Ello los ha obligado a obtener pólizas de seguros de impericia médica y estar sujetos a responsabilidad por impericia médica como cualquier otro médico privado. Esto a su vez ha causado que muchos de estos médicos se rehúsen a prestar sus servicios en facilidades recuperadas por el estado o los municipios, ya que los costos de las pólizas de impericia médica y los riesgos asumidos al brindar servicios en facilidades gubernamentales no son razonables ante los salarios que dichas facilidades pueden pagar. Ante esto, hemos visto una reducción significativa en la disponibilidad de servicios médicos en las facilidades del estado y los municipios, particularmente en las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía general y trauma. Esta Asamblea Legislativa considera que las enmiendas propuestas en el P. de la C. 3592 ayudarán a aliviar la situación presente, y proveerán incentivos para que puedan brindarse nuevamente servicios de salud en las áreas antes mencionadas.
      “Es necesario aclarar además que la presente enmienda no tiene el propósito ni el efecto de convertir a los médicos que brindan sus servicios como empleados o contratistas de entidades privadas que contratan la administración de facilidades propiedad de entidades gubernamentales en empleados ni agentes del Estado Libre Asociado ni de sus municipios. Finalmente, se aclara que, en el caso de acuerdos de afiliación entre la Universidad de Puerto Rico e instituciones privadas sin fines de lucro, no se exime de responsabilidad por impericia médica a dichas instituciones privadas cuando el alegado acto de impericia médica es cometido por empleados o agentes que no estén exentos en virtud del Artículo enmendado.”

       Estos son: (1) la forma en que los servicios fueron pagados; (2) la inversión en equipo científico y en facilidades o el grado de dependencia en el equipo suministrado por el Gobierno, y (3) si se le requiere un seguro de responsabilidad profesional.

       Apéndice, pág. 295.

       Antes de que se enmendara la Ley de la Universidad de Puerto Rico para permitir que la Universidad creara los PPMIU y que el Recinto creara las Normas y Procedimientos del Plan de Práctica Intramural del Recinto Ciencias Médicas, el Recinto de Ciencias Médicas tenía un reglamento para regular los Planes Intramurales de Práctica Médica, un sistema muy parecido al de los PPMIU. En conformidad con ese reglamento, el Recinto les proveía a los médicos un seguro médico.