source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Hernández Denton Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

license: Public Domain

text:
    Caribbean Communications Solutions et als., recurridos, v. Policía de Puerto Rico, Junta de Subastas de la Policía de Puerto Rico, Junta de Reconsideración de la Administración de Servicios Generales y Telefónica Larga Distancia, peticionarias.

      Números: CC-2007-1061 CC-2007-1065

      Resueltos: 24 de septiembre de 2009

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Luis José Torres Asencio y Pedro J. Cabán Vales, procuradores generales auxiliares, Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, abogados de la Policía de Puerto Rico, parte peticionaria; Miguel E. Bonilla Sierra, abogado de Telefónica Larga Distancia, parte peticionaria; Miguel J. Rodrí

      Suez Marxuach, abogado de Guardian Electronic Security ervice, Inc., parte recurrida; Brenda L. Cordero Acabá y Maribel G. Rubio Bello, abogadas de Caribbean Communications Solutions, Inc., parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión debemos resolver si es válido un procedimiento de subasta gubernamental híbrido, mediante el cual se cumplen todos los requisitos de una subasta formal establecidos en el reglamento aplicable, pero se incorporan unos mecanismos de aclaración y de participación propios de una subasta informal. Por entender que el procedimiento en controversia no es contrario al interés público y fomenta la transparencia y libre competencia en los procedimientos de subastas gubernamentales, contestamos dicha interrogante en la afirmativa. Asimismo, resolvemos que la adjudicación de la buena pro de la subasta en el caso de autos respondió a un ejercicio razonable de discreción por parte de la agencia. Por lo tanto, revocamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones que determinó lo contrario.

I

Los hechos de este caso no están en controversia. Con el propósito de suscribir un contrato para la implantación de un sistema de vigilancia inteligente en Puerto Rico, la División de Compras de la Policía de Puerto Rico emitió la Invitación a Subasta Formal Núm. 2006-035-026-R-l en agosto de 2006. La Policía de Puerto Rico (Policía) interesaba obtener un sistema de la más alta calidad y tecnología como herramienta para expandir su vigilancia en las áreas de mayor incidencia criminal del país. El sistema consistiría en la colocación de unas cámaras de vídeo en esas zonas, las cuales la Policía monitorearía electrónicamente desde los centros de mando regionales que se ubicarían en cualquiera de sus trece comandancias de área. A su vez, el centro de mando principal se establecería en el Cuartel General de la Policía ubicado en el municipio de San Juan. El sistema incluiría la transferencia y el almacenamiento de las imágenes obtenidas mediante las cámaras, así como mecanismos de seguridad para prevenir intrusiones en la red.

La referida invitación a subasta fue acompañada por un documento preparado por el Negociado de Tecnología y Comunicaciones de la Policía, titulado “Request for Proposal” (RFP), en el cual se detallaron las condiciones y especificaciones requeridas a los participantes. Según el RFP, las ofertas debían incluir la provisión e instalación de equipo (“hardware”), la programación (“software”) y los servicios de líneas de comunicación. El propósito era obtener un sistema de vigilancia digital listo para ser utilizado por la Policía. Cabe señalar que el RFP es un documento extenso que incluyó aproximadamente 296 especificaciones particulares sobre el equipo y 284 sobre la programación.

En lo concerniente al caso de autos, el RFP estableció como único criterio de evaluación de propuestas que el proponente cumpliera con todas las especificaciones contenidas en el documento. Como requisito obligatorio, el RFP incluyó la provisión de los documentos técnicos o la literatura de los productos que formaran parte de cada propuesta pues, de lo contrario, ésta no se evaluaría. Además, se estableció como urna de las condiciones especiales que el Negociado de Tecnología y Comunicaciones podía solicitar discusiones verbales con los proponentes si lo estimaba necesario. Sin embargo, se hizo constar que las propuestas se considerarían finales y no podrían ser alteradas luego de que se recibieran.

Conforme a las Sees. 3 y 15 del RFP, éste incorporó una tabla de precios que incluyó las cantidades de equipo necesario para la configuración de un sistema típico de vigilancia inteligente de 200 cámaras de montura fija y 50 cámaras ajustables por control remoto (denominadas “Pan/Tilt/ Zoom” o PTZ). De igual forma, incluyó cantidades determinadas de otros equipos, programas y líneas de comunicación necesarias para la transmisión de información —incluso la instalación y configuración de todo lo anterior— así como los cargos recurrentes mensuales por la renta de dichas líneas. Es importante destacar que las cantidades incluidas en dicha tabla correspondieron a una configuración típica de un sistema de vigilancia inteligente. En este sentido, como parte de la descripción incluida en la invitación a la subasta, se hizo constar que las cantidades podrían variar conforme a las necesidades de la agencia.

El RFP estableció como requisito compulsorio que se cumplimentara la referida tabla de precios utilizando el precio unitario y extendido de cada artículo. En cuanto a este último aspecto, la Policía emitió un aviso de enmienda en el cual aclaró que en las partidas de cargos recurrentes de la renta de las líneas de transmisión de datos el precio unitario sería el cargo de un mes de renta y el precio ex-tendido sería la cantidad de líneas multiplicada por el precio unitario.

La Policía concedió un término a los posibles licitadores para que sometieran sus dudas sobre las condiciones y especificaciones de la subasta. En conformidad con lo anterior, varias compañías —entre ellas Caribbean Communications Solutions, Inc. (Caribbean Communications), Guardian Electronic Security Services, Inc. (Guardian) y Telefónica Larga Distancia de Puerto Rico, Inc. h/n/c Telefónica Empresas (Telefónica)— sometieron una serie de preguntas sobre los requisitos del RFP. En respuesta a sus inquietudes, la Policía emitió un aviso titulado “Respuestas a Preguntas”, en el cual aclaró de forma específica cada una de las dudas presentadas por todos los posibles postores. Dicho documento refleja que las preguntas formuladas iban dirigidas a que la agencia aclarara qué equipo era aceptable para cumplir con determinados requerimientos técnicos del RFP.

Posteriormente, la Policía emitió otro documento de aclaración similar al anterior, en el cual atendió las inquietudes adicionales sometidas por los posibles licitadores y reiteró el método pautado para incluir los costos de las líneas de comunicación en la tabla de precios. A la luz de las preguntas sometidas por las compañías y las respuestas y aclaraciones provistas por la Policía, la agencia realizó dos enmiendas adicionales al RFP. En una de ellas se aclaró la aceptación de la Policía de ciertas variaciones en algunos de los equipos incluidos en las especificaciones, mientras que la otra consistió en adjuntar una tabla de precios enmendada.

Llegado el día señalado para el acto de apertura de la subasta, comparecieron como licitadoras varias entidades con sus ofertas, a saber: Alfa y Omega, S.E.; Bonneville Construction, S.E.; Caribbean Communications; Caribbean Data Systems, Inc.; Guardian, y Telefónica. Los costos cotizados por cada una de dichas licitadoras fueron los siguientes:

Alfa y Omega, S.E. $5,915,580.42
Bonneville Construction, S.E. $6,923,240.57
Caribbean Communications $6,412,210.00
Caribbean Data Systems, Inc. $6,012,277.00
Guardian $3,959,124.29
Telefónica $4,905,427.18

Recibidas las propuestas, el Director del Negociado de Tecnología constituyó un Equipo Evaluador, organismo que evaluaría las ofertas presentadas en varias etapas y posteriormente rendiría un Informe Técnico en el cual le haría sus recomendaciones a la Junta de Subastas de la Policía. Por otra parte, se concedió a las licitadoras la oportunidad de someter sus comentarios por escrito sobre las ofertas de sus competidoras.

Conforme a lo anterior, la primera fase de consideración de las propuestas por el Equipo Evaluador consistió en hacer una inspección inicial de éstas, con el propósito de determinar si cumplían con las especificaciones técnicas del RFP. En esta etapa, el Equipo Evaluador identificó varios aspectos en las propuestas que debían aclararse, por lo que determinó celebrar reuniones individuales con el equipo de trabajo de cada licitador para así llegar a conclusiones objetivas. Dichas reuniones sólo iban dirigidas a que las licitadoras aclararan unas desviaciones encontradas en las ofertas, mas no generaron modificación alguna en éstas. Es importante destacar que el expediente ante nuestra consideración refleja que el Equipo Evaluador incluyó, como parte del referido Informe Técnico, una relación detallada de los trámites llevados a cabo en cada una de las reuniones.

Durante la segunda fase de evaluación, el Equipo Evaluador analizó las críticas presentadas por las licitadoras sobre las propuestas de sus competidoras. A esos efectos, atendió de forma específica todos los señalamientos, incluyendo los de Caribbean Communications, quien había cursado una comunicación escrita a la Junta de Subastas en la cual expuso que era la única postora que cumplía a cabalidad con el RFP. Mediante la referida comunicación, Caribbean Communications argumentó cuáles, a su juicio, eran las deficiencias de las propuestas formuladas por cada una de las proponentes. Respecto a Telefónica, Caribbean Communications señaló que la programación que dicha compañía incluyó en su propuesta incumplía con lo requerido en el RFP. Sin embargo, el Equipo Evaluador rechazó los argumentos de Caribbean Communications, a la luz de sus propios hallazgos. Según surge del expediente ante nos, el Equipo Evaluador realizó dicha tarea de forma detallada, comparando cada uno de los señalamientos con los resultados de su propio análisis de las propuestas.

Como parte de la etapa de evaluación final, el Equipo Evaluador diseñó una Tabla de Cumplimiento General, donde identificó las propuestas de cada proponente y determinó si cumplían con los requisitos generales del RFP, principalmente con el requisito de someter la documentación técnica de los equipos y programas ofertados. Telefónica y Caribbean Data Systems recibieron la puntuación más alta en dicha tabla. Luego, el Equipo Evaluador rindió su Informe Técnico, en el cual recomendó adjudicar la buena pro de la subasta a Telefónica, por ser ésta quien presentó la oferta más económica que cumplió con las condiciones y los requisitos establecidos.

Según revela dicho informe, el Equipo Evaluador determinó que Caribbean Data Systems y Telefónica fueron las únicas licitadoras que cumplieron con todas las especificaciones. En lo pertinente al caso de autos, el Equipo Evaluador determinó que Caribbean Communications incumplió con siete especificaciones, mientras que Guardian, quien presentó la oferta más económica, incumplió con cuatro. La evaluación reflejó que Guardian y Caribbean Communications ocuparon, respectivamente, el cuarto y quinto lugar en orden de cumplimiento. En cuanto al orden de costos, Guardian ocupó el primer lugar, Telefónica el segundo y Caribbean Communications el quinto. Cabe señalar que esta última licitadora presentó una segunda comunicación escrita en la cual reiteró sus críticas a la programación propuesta en la oferta de Telefónica.

Luego de constituirse durante varios días para evaluar las propuestas y el Informe Técnico, la Junta de Subastas adjudicó la buena pro a Telefónica. La Junta determinó que la oferta de dicha licitadora cumplió con las especificaciones, las condiciones y el precio, y fue la “más conveniente a los intereses de la agencia en cuanto a la tecnología y el equipo propuesto”. Apéndice de la Solicitud de certiorari, pág. 5443. Dado que la subasta involucraba una cantidad sustancial de aspectos muy técnicos, la Junta hizo constar que adoptaba la evaluación de sus asesores, a saber, un Especialista en Sistemas de Información y un Programador de Sistemas, quienes eran miembros del Equipo Evaluador. El acta de adjudicación de la subasta refleja que la Junta de Subastas rechazó las propuestas de Caribbean Communications y de Guardian por entender que ambas incumplieron con varias especificaciones del pliego de subasta.

Inconformes con la determinación de la Junta de Subastas, Caribbean Communications y Guardian presentaron sendas mociones de reconsideración ante la Junta de Reconsideración de la Administración de Servicios Generales (Junta de Reconsideración). En su moción, Caribbean Communications alegó que la Policía erró al adjudicar la subasta de forma contraria a las condiciones y los requisitos estipulados y al determinar que dicha compañía había incumplido con éstos. En apoyo de su moción de reconsideración, Caribbean Communications presentó —por primera vez— un informe preparado por una entidad llamada NetVideo Consulting, Inc., en el cual se detallan alegadas deficiencias de la programación ofrecida por Telefónica. Por su parte, Guardian sostuvo que fue el único licitador que cumplió con todas las especificaciones y cotizó el precio más económico, y que la propuesta de Telefónica no cumplió con el RFP. En la alternativa, alegó que la Junta de Subastas debió emitir una notificación de rechazo global y celebrar una nueva subasta, dado que ninguno de los licitadores cumplió con el RFP. Sin embargo, la Junta de Reconsideración no tomó determinación alguna respecto a las mociones, por lo que éstas se entendieron rechazadas de plano.

Insatisfechas, Caribbean Communications y Guardian acudieron oportunamente al Tribunal de Apelaciones y, en esencia, reprodujeron los mismos señalamientos de error esbozados ante la Junta de Reconsideración. Cabe señalar que Caribbean Communications solicitó al foro apelativo la paralización de los procedimientos ante la Junta de Subastas de la Policía, pero dicho tribunal no accedió a su petición. Por eso, durante la pendencia del recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones, la Policía y la Telefónica procedieron a perfeccionar el contrato para el sistema de vigilancia inteligente, y el desarrollo del proyecto siguió su curso normal.

Luego de los trámites de rigor, los que incluyeron la consolidación de los recursos de revisión, el Tribunal de Apelaciones emitió una extensa Resolución mediante la cual paralizó los procedimientos administrativos y devolvió el asunto a la Junta de Reconsideración para que celebrara una vista evidenciaría, reconsiderara la adjudicación de la subasta y emitiera una resolución fundamentada que incluyera determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. El tribunal retuvo jurisdicción sobre el asunto, por lo que ordenó que la referida resolución en reconsideración le fuera notificada, luego de lo cual las partes tendrían un término de treinta días para someter un escrito ante el foro apelativo.

Ajuicio del foro apelativo, dada la naturaleza altamente técnica y compleja de las especificaciones de la subasta, el mecanismo apropiado para adjudicarla era informal, de requerimiento de propuestas o RFP, el cual el tribunal entendió que había sido utilizado por la Policía. Aunque, como indicamos, el tribunal apelativo devolvió el asunto a la Junta de Reconsideración para que atendiera las mociones de reconsideración de Caribbean Communications y Guardian, y emitiera una resolución fundamentada, dicho foro proveyó al organismo admnistrativo ciertas “sugerencias”, a modo de “apéndice técnico”. En lo pertinente al caso de autos, el Tribunal de Apelaciones determinó que el mecanismo de RFP permite llevar a cabo negociaciones con cada licitador para remediar deficiencias en sus propuestas, factor que la Junta de Reconsideración debía considerar.

Asimismo, el Tribunal de Apelaciones entró en los méritos de la adjudicación de la subasta. En este sentido, el análisis del foro apelativo se centró en dos asuntos principales, a saber, si el método que utilizó la Junta de Subastas para comparar el costo de las ofertas fue racional y si la programación que ofreció Telefónica en su propuesta cumple con las especificaciones del RFR El tribunal contestó que no a ambas interrogantes. Como cuestión preliminar, aclaró que en la propuesta de Caribbean Communications debía subsanarse un error aritmético y que a dicha propuesta, así como a la de Guardian, debían restárseles las partidas relativas al Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), dado que Telefónica no las incluyó en su oferta.

Luego de lo anterior, el tribunal resolvió que la Junta de Subastas erró al sólo considerar como precio unitario de las líneas de transmisión de datos el costo de alquiler de un mes, pues las cifras no representaban de forma racional los recursos financieros que requería el proyecto. Según el foro apelativo, lo correcto era tomar en cuenta un estimado del ciclo de vida útil del proyecto, el cual debía ser determinado por un foro que recibiera evidencia pericial a tales efectos. Sin embargo, el tribunal procedió a hacer un cálculo de los costos totales de las ofertas, a la luz de los ajustes mencionados y tomando veinticuatro meses como la vida útil del proyecto. A raíz de dichos cálculos, el tribunal determinó que la propuesta de Telefónica era la más costosa. Concluyó que la determinación de la Junta de Subastas no le merecía deferencia, pues, a su juicio, la Policía no posee peritaje particular en la evaluación de proyectos de inversión capital.

Por otra parte, en lo concerniente a la programación ofrecida por Telefónica, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que del expediente no surge evidencia que demuestre que la Junta de Subastas realizó una evaluación realista de ésta. Como fundamento para su conclusión, el tribunal utilizó la Tabla de Cumplimiento General preparada por el Equipo Evaluador para inferir que la agencia sólo había evaluado si el licitador incluyó la literatura de los productos ofrecidos. Asimismo, el tribunal concedió credibilidad al informe preparado por NetVideo Consulting Inc. que Caribbean Communications presentó luego de adjudicada la subasta, por entender que tenía un valor persuasivo sustancial, ya que había sido preparado por una parte sin interés que posee peritaje especializado en el área de programación. Tras hacer una analogía con la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, el foro apelativo consideró que la presentación de ese informe no fue tardía, pues éste se publicó luego de la adjudicación de la subasta. Por último, el tribunal se negó a conceder deferencia a las determinaciones de la Policía, puesto que a su entender esta agencia no posee peritaje en la evaluación de este tipo de programación.

Inconformes, Telefónica y la Policía, representada por el Procurador General, acudieron ante nos mediante sus respectivas peticiones de certiorari. Ambas peticionarias alegan que el Tribunal de Apelaciones erró al no otorgar deferencia a la determinación de la Junta de Subastas; al considerar como parte del expediente una evidencia que no fue presentada durante el proceso de la adjudicación de la subasta, y al conceder un remedio incompatible con la naturaleza informal de los procedimientos de adjudicación de subastas. En cuanto al mecanismo de subasta empleado por la Policía, el Procurador General sostiene que se trató de un procedimiento sui generis, que incorporó algunos elementos propios de una subasta informal o RFP, pero que cumplió estrictamente con el proceso formal dispuesto por el Reglamento para la Adquisición y Venta de Bienes y Servicios de la Comisión de Seguridad y Protección Pública, Reglamento Núm. 5850 del Departamento de Estado de 28 de agosto de 1998. Específicamente, argumenta que aunque se siguió el procedimiento establecido en dicho reglamento, se les concedió a las licitadoras más oportunidades de participación que las que se conceden en subastas formales.

Examinadas ambas peticiones, mediante Resolución emitida el 21 de noviembre de 2007, expedimos el auto, consolidamos los recursos y, en auxilio de nuestra jurisdicción, dejamos sin efecto la paralización de los procedimientos administrativos ordenada por el Tribunal de Apelaciones. Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.

H—I HH

A. Como es sabido, en nuestra jurisdicción no existe legislación especial que regule los procedimientos de subasta dirigidos a la adquisición de bienes y servicios para las entidades gubernamentales. De hecho, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.) excluyó expresamente las subastas de los procedimientos adjudicativos formales regulados en dicha ley y dispuso que éstas se considerarán informales no cuasijudiciales. 3 L.P.R.A. sees. 2151 y 2169. Con excepción de las etapas de reconsideración y revisión judicial, que son objeto de regulación particular en la L.P.A.U., las agencias gubernamentales son las llamadas a adoptar las normas a seguir en sus propios procedimientos de adjudicación de subastas. 3 L.P.R.A. secs. 2169 y 2172; Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 D.P.R. 745, 757 (2004).

Ahora bien, dado que la adjudicación de las subastas gubernamentales conlleva el desembolso de fondos del erario, estos procedimientos están revestidos de un gran interés público y aspiran a promover una sana administración pública. Costa Azul v. Comisión, 170 D.P.R. 847 (2007); A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R. 434, 438-439 (2004). Por esto, “la consideración primordial al momento de determinar quién debe resultar favorecido en el proceso de adjudicación de subastas, debe ser el interés público en proteger los fondos del Pueblo de Puerto Rico”. Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 D..P.R. 237, 245 (2007).

En atención a lo anterior, hemos resuelto que la normativa que regula las subastas en nuestra jurisdicción busca proteger los intereses del pueblo, procurando conseguir los precios más económicos; evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la prevaricación, la extravagancia y el descuido al otorgarse los contratos, y minimizar los riesgos de incumplimiento. Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 D.P.R. 771, 778 (2006). Para posibilitar estos objetivos y asegurar que la adquisición de bienes por el Gobierno se lleve a cabo con transparencia, eficiencia y probidad, se fomenta la libre competencia entre el mayor número posible de postores. Id.; Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 D.P.R. 821 (2007); A.E.E. v. Maxon, supra, pág. 439.

La subasta pública formal o mediante ofertas selladas constituye el procedimiento que más comúnmente utilizan las entidades gubernamentales para la adquisición de bienes y servicios. R & B Power v. E.L.A., 170 D.P.R. 607 (2007). La subasta formal comienza cuando la agencia prepara los pliegos de condiciones y las especificaciones y emite una invitación o un aviso de subasta al público. Luego de ello, los interesados someten sus propuestas selladas, las cuales se hacen públicas mediante la celebración del acto de apertura ante todos los postores. Posteriormente, las propuestas pasan a un comité evaluador, el cual las evalúa y emite una recomendación respecto a la adjudicación de la buena pro. Recibida dicha recomendación, el procedimiento concluye con la adjudicación de la buena pro por la agencia y la notificación de ésta a todos los postores. R & B Power v. E.L.A., supra.

La particularidad del procedimiento de subasta formal reside en que las ofertas se presentan selladas. Esto es de suma importancia, pues garantiza la secretividad en la etapa anterior a la apertura de la licitación. Este elemento es indispensable para que exista una competencia leal y honesta, pues impide que un postor enmiende su propuesta para superar la de un competidor. Trans Ad de P.R. v. Junta de Subastas, 174 D.P.R. 56 (2008); RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836, 849 (1999). Una vez se celebra el acto de apertura, todos los licitadores conocen las ofertas de sus competidores, razón por la cual en esta etapa no se admiten modificaciones a las propuestas y sus términos se entienden finales. R & B Power v. E.L.A., supra; Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 334, 340 (1971).

No obstante, la formalidad y secretividad que caracterizan a la subasta tradicional no impide que durante la etapa previa a la entrega de las ofertas la agencia adopte mecanismos para garantizar que la presentación de estas ofertas se haga de forma efectiva, con un adecuado entendimiento por parte de los posibles licitadores sobre las condiciones y los requerimientos establecidos en los pliegos de la subasta y las necesidades de la agencia. En este sentido, además de la información y las instrucciones establecidas en la invitación a la subasta, el procedimiento de subasta formal puede incluir, entre otros: aclaraciones por parte de la agencia sobre cualquier ambigüedad en las especificaciones o dudas que surjan sobre éstas; la celebración de reuniones presubasta; inspecciones en el lugar donde se implantará el producto o material, y el suministro de modelos o muestras que posea la agencia y que pueda asistir al posible licitador a entender las especificaciones. S.W. Feldman, Government Contract Guidebook, 4ta ed., Thomson West, 2008, Sec. 5:10, pág. 115. Medidas como las mencionadas posibilitan la entrega de ofertas responsivas y, por lo tanto, contribuyen a que la agencia obtenga bienes o servicios que se ajusten a sus requerimientos o necesidades.

Por otro lado, aunque la subasta formal es el método tradicional que se utiliza para la adquisición de bienes y servicios en el Gobierno, los reglamentos que regulan estos procedimientos contienen, de ordinario, disposiciones que le permiten a la agencia prescindir del procedimiento formal en casos excepcionales. Ello ocurre, por ejemplo, en situaciones de emergencia que requieren la pronta adquisición de un material o equipo, cuando se trata de adquirir piezas de repuesto para bienes previamente subastados, cuando haya ion solo suplidor para el bien en cuestión, entre otros. R & B Power v. E.L.A., supra; Trans Ad de P.R. v. Junta de Subastas, supra; Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 D.P.R. 864, 876-77 (1990). En tales casos, la agencia puede adquirir el bien o servicio mediante la celebración de un procedimiento informal, si así lo autoriza su ley orgánica o su reglamento. Id.

Recientemente, en R & B Power v. E.L.A., supra, reconocimos la validez del requerimiento de propuestas —o RFP— como mecanismo informal para la adquisición de bienes y servicios por el Gobierno. En comparación con las subastas formales, el requerimiento de propuestas se distingue por ser un procedimiento más flexible, por lo que resulta práctico cuando la subasta persigue la adquisición de bienes o servicios especializados que involucran asuntos técnicos o muy complejos o cuando existen pocos competidores cualificados. Id. Los requisitos a considerar en la adjudicación del contrato se enumeran en el RFP, el cual incluye, entre otros, el valor que se asigne a éstos, el itinerario para recibir y evaluar las propuestas, y adjudicar la buena pro, así como los términos del contrato. Id. Estos asuntos pueden discutirse durante la celebración de reuniones prepropuestas, de forma tal que se logre un mejor entendimiento sobre los requisitos y las condiciones del RFP. Feldman, op. cit, Sec. 6:14, pág. 157.

La característica principal del RFP es que permite entablar negociaciones entre los licitadores y el Gobierno durante la evaluación de las propuestas recibidas. Es decir, que a diferencia del procedimiento formal de subasta —donde no hay cabida para la negociación de los términos de las ofertas— el RFP es un mecanismo que admite la compra negociada y, por lo tanto, confiere a los licitadores la oportunidad de revisar y modificar sus ofertas antes de la adjudicación de la buena pro. Ello suele surgir del propio requerimiento de propuestas. R & B Power v. E.L.A., supra.

El factor central para determinar si en efecto hubo una negociación en un procedimiento de subasta mediante un RFP es si se le concedió al licitador la oportunidad de revisar y modificar su propuesta. J.C. McBride y T.J. Touhey, Government Contracts: Cyclopedic Guide to Law, Administration, Procedure, LexisNexis, 2008, Vol. IB, pág. 9-81. Si dicha oportunidad no fue concedida, se entiende que la comunicación entre la agencia y el licitador constituye una aclaración. Id. Por ello, la conducta de las partes es el factor central para determinar si medió una negociación, no la etiqueta que emplee la agencia para describir dicha comunicación. Feldman, op. cit., Sec. 6:18, pág. 161.

Las aclaraciones se logran mediante explicaciones o corroboraciones realizadas en respuesta a preguntas hechas por la agencia o por el licitador. A diferencia de las negociaciones, las aclaraciones sólo ofrecen a los licitadores la oportunidad de aclarar ciertos aspectos sobre sus propuestas —lo que puede incluir el proveer información adicional a la agencia— por lo que no conllevan modificaciones en éstas. Information Technology & Applications v. U.S., 316 F.3d 1312, 1322-1323 (Fed. Cir. 2003); Feldman, op. cit., Sec. 6:16, pág. 159. También constituyen un mecanismo apropiado para corregir errores menores u oficinescos en las propuestas. Id.

Aunque el procedimiento de subasta formal y el RFP son distintos, no son totalmente incompatibles entre sí. Anteriormente hemos resuelto que el RFP, por ser un mecanismo alterno al procedimiento tradicional, necesariamente participa de alguna de las características de la subasta formal. Específicamente, al igual que la subasta formal, el RFP está sujeto a los requisitos de notificación que establece la L.P.A.U., así como a los procedimientos de reconsideración y revisión judicial contenidos en dicho estatuto. R & B Power v. E.L.A., supra. Más importante aún, las adquisiciones de bienes o servicios que realice el Gobierno mediante un RFP están, como toda subasta gubernamental, revestidas de un gran interés público en la protección del erario y en garantizar que dichas adquisiciones se lleven a cabo con transparencia, eficiencia y probidad.

B. En conformidad con los preceptos de la L.P.A.U. en materia de subastas, la Comisión de Seguridad y Protección Pública promulgó el Reglamento para la Adquisición y Venta de Bienes y Servicios, supra, el cual establece los criterios para seleccionar el método de subasta a emplearse durante la adquisición de bienes y servicios por la Policía. El referido reglamento exime a la Policía de celebrar una subasta formal en aquellos casos en que la adquisición conlleve un costo de $25,000 o menos. Reglamento Núm. 5850, supra, Art. 11(A). De ser así, se puede celebrar una subasta informal mediante una solicitud de cotizaciones que incluyan las especificaciones y condiciones solicitadas, y el término para presentar las ofertas. Recibidas las ofertas, la agencia adjudicará la subasta a favor del licitador cuya propuesta cumpla con las especificaciones, las condiciones y los términos solicitados, siempre que ésta constituya una fuente segura de abastos, y procederá a notificar dicha adjudicación. Id.

Por otra parte, el reglamento dispone que si la transacción excede $25,000 se debe celebrar una subasta formal. Reglamento Núm. 5850, supra, Art. 11(C). En estos casos, el pliego de subasta debe contener el aviso, las instrucciones, las especificaciones y las condiciones establecidas para la subasta. Id. Una vez se prepara el pliego de subasta, la agencia realiza una convocatoria mediante una publicación en un periódico o por invitación. La convocatoria debe informar a los participantes la fecha en que ésta se hace, el número de subasta, las condiciones y los requisitos que deben reunir los licitadores, la fecha, el lugar y la hora para presentar las ofertas y para el acto de apertura, entre otros. Reglamento Núm. 5850, supra, Art. 15.

El reglamento establece como requisito obligatorio que las ofertas se presenten en sobres cerrados, los cuales “no se abrirán bajo ninguna circunstancia” hasta el acto de apertura. Reglamento Núm. 5850, supra, Art. 17(A). Recibidas las ofertas, se permiten modificarlas. Sin embargo, el reglamento dispone expresamente que dichas enmiendas tienen que hacerse antes de la apertura de la subasta. Reglamento Núm. 5850, supra, Art. 17(C). Si se trata de un error en la suma de las partidas, este error no se debe tomar en cuenta, pues se deben considerar por separado las cifras correspondientes a dichas partidas. Id.

Celebrado el acto de apertura, la Junta de Subastas debe constituirse para adjudicar la buena pro. Durante dicha reunión, puede estar presente cualquier perito que haya participado en la evaluación de la subasta o a quien la Junta le haya solicitado asesoramiento. Reglamento Núm. 5850, supra, Art. 19(B). El reglamento establece que la adjudicación se debe hacer a favor del licitador cuya oferta cumpla con las especificaciones, las condiciones y los requisitos en el pliego de la subasta, y que sea la más baja en precio. Id., Art. 19(F). Sin embargo, en cuanto al factor de precio, el reglamento dispone que éste no es determinante si, luego de evaluadas las propuestas, “una de mayor valor resulta más beneficiosa y conveniente a los intereses de [la agencia], por ser el producto más duradero, resistente, de mayor calidad y porque tiene todos los atributos necesarios para el fin [al] que ha de ser destinado”. Id., Art. 13(C).

I i—I j.

En el caso de autos, la Policía emitió una Invitación a Subasta Formal, recibió ofertas selladas, celebró un acto de apertura, llevó a cabo la evaluación y el estudio de las ofertas y, tras la recomendación de un comité evaluador, adjudicó la buena pro y notificó a los licitadores. No cabe duda, por lo tanto, de que el procedimiento de subasta en controversia cumplió con los requisitos establecidos en el referido reglamento para una subasta formal, que era el procedimiento requerido, pues el costo de la subasta era mayor de $25,000. Reglamento Núm. 5850, supra, Art. 11(C).

Por otro lado, en la etapa anterior al acto de apertura, se les concedió a los posibles licitadores la oportunidad de someter sus preguntas sobre los requisitos y las condiciones de la subasta y obtener, respuestas de la agencia. Se trata de un mecanismo que se llevó a cabo para que la agencia realizara aclaraciones sobre las especificaciones contenidas en los pliegos o contestara las dudas sobre éstos. Como hemos indicado, ello es un mecanismo permitido en las subastas formales que garantiza que la presentación de las propuestas sea efectiva y posibilita la entrega de ofertas responsivas. Feldman, op. cit., Sec. 5:10, pág. 115.

En este caso, la Policía emitió un aviso titulado “Respuestas a Preguntas” y otro documento similar mediante los cuales aclaró de manera específica cada una de las preguntas presentadas por los posibles licitadores. Siendo ello así, el mecanismo de preguntas y respuestas colocó a los participantes en igualdad de condiciones para competir en la adjudicación de la buena pro, pues a todos se les divulgó las contestaciones a las preguntas. Ciertamente, ello evitó que alguna licitadora obtuviera ventaja sobre otra, lo que es cónsono con el principio de libre competencia.

De igual forma, un proceso de preguntas y respuestas como el que se llevó a cabo en el caso de autos confiere a la agencia la oportunidad de considerar si acepta variaciones en los equipos o servicios contemplados originalmente por ésta, lo que le ofrece elementos adicionales para decidir qué producto o servicio se ajusta mejor a sus necesidades y si, por lo tanto, procede enmendar lo requerido originalmente en el RFP. Precisamente eso fue lo que ocurrió en este caso, pues la Policía realizó dos enmiendas al RFP en atención a las preguntas sometidas por las licitadoras y las respuestas provistas a éstas.

Ahora bien, el procedimiento de subasta celebrado por la Policía involucró ciertas particularidades que se apartan de una subasta formal en su sentido estricto. En primer lugar, dada la complejidad técnica que supone el diseño y la implantación de un sistema de vigilancia inteligente, las condiciones y especificaciones de la subasta se desglosaron en un documento titulado “Request for Proposal (RFP)” que acompañó la invitación a subasta. En efecto, a tono con dicho mecanismo, la Policía requirió que se sometieran propuestas. Celebrado el acto de apertura, como parte de la evaluación de las propuestas, la agencia sostuvo reuniones individuales con cada uno de los proponentes para aclarar los términos de las ofertas presentadas. Asimismo, permitió que las licitadoras sometieran sus críticas a las ofertas de sus competidoras y ofreció sus propios hallazgos al respecto como parte del Informe Técnico.

A pesar de que estas particularidades guardan cierta similitud con la flexibilidad que caracteriza a las subastas informales, creemos que éstas no convirtieron el procedimiento en un requerimiento de propuesta o una compra negociada. De entrada, aunque la agencia empleó un RFP en sustitución de los pliegos de subasta, lo cierto es que el procedimiento cumplió con todos los requisitos de una subasta formal. La denominación de la subasta como un RFP y el subsiguiente requerimiento de propuestas no es impedimento para que consideremos la subasta como formal, siempre que se haya cumplido con los requisitos de dicho procedimiento. Trans Ad de P.R. v. Junta de Subastas, supra, pág. 65 esc. 4.

Por otro lado, en el RFP en controversia se estableció que aunque la Policía podía solicitar discusiones orales con los licitadores si lo estimaba necesario, las propuestas se considerarían finales y no podrían ser alteradas. Por ello, dado que no se les confirió a las licitadoras la oportunidad de revisar y modificar sus ofertas luego de celebrado el acto de apertura, resulta forzoso concluir que las reuniones celebradas entre la Policía y las postoras no constituyeron negociaciones. Information Technology & Applications v. U.S., supra; McBride y Touhey, op. cit.

Más bien, el procedimiento de subasta ante nuestra consideración constituyó un procedimiento formal híbrido que incorporó —mediante las reuniones individuales con las licitadoras— el mecanismo de aclaraciones propio de un RFP y que confirió —a través de la oportunidad concedida a las licitadoras para comentar las ofertas de sus competidoras— más oportunidades de participación a éstas que las que de ordinario tendrían en un procedimiento formal. Surge, por lo tanto, la interrogante de si dicho procedimiento híbrido es válido a la luz del interés público en la protección del erario y de la sana administración pública que persigue todo procedimiento de subasta. Varias razones nos llevan a concluir afirmativamente.

En primer lugar, las reuniones celebradas con las licitadoras luego del acto de apertura constituyen una herramienta de aclaración beneficiosa para todas las partes durante el proceso de evaluación. En las referidas reuniones, la agencia tiene la oportunidad de aclarar sus dudas sobre las ofertas presentadas o las desviaciones halladas en éstas. En ese sentido, dichas reuniones contribuyen a que la agencia tome una decisión más informada y objetiva, lo que evita que ésta elimine una propuesta por entender, erróneamente, que no es responsiva. Esto garantiza, a su vez, que el proceso de evaluación de las propuestas sea justo y equitativo para todas las licitadoras.

Asimismo, proveer a las licitadoras la oportunidad de someter comentarios escritos sobre las ofertas de sus competidoras hace viable los principios de transparencia y libre competencia que deben regir en toda subasta, pues per-mite a las participantes expresar sus criterios sobre la medida en que los productos o servicios ofertados por sus contrincantes se apartan de los requisitos esbozados por la agencia. El análisis posterior que provee la agencia respecto a dichos comentarios —en unión a sus propios hallazgos— propende a evitar el favoritismo y el fraude en la adjudicación de la buena pro, en tanto refleja que la agencia ha considerado no sólo el criterio propio, sino también el de los participantes, por lo que su decisión ha sido razonada.

Los mecanismos de aclaración y participación como los reseñados cobran mayor importancia cuando se trata de subastas que involucran la adquisición de bienes y servicios sofisticados que, en consecuencia, implican la evaluación de ofertas sumamente complejas o de alto contenido técnico, como ocurre en el caso de autos. De hecho, los referidos mecanismos no sólo benefician a las licitadoras, sino también a la agencia, pues facilitan el proceso de obtención de productos y servicios de calidad que se ajusten a sus necesidades.

Más importante aún, dichos mecanismos no atentan contra el principio de secretividad que caracteriza las eta-pas anteriores a la celebración del acto de apertura. Una vez conocidas las ofertas, las reuniones celebradas por la agencia y los comentarios escritos de las licitadoras no redundan en cambios o modificaciones a las propuestas presentadas. Ello impide que algún postor de mayor capacidad económica logre obtener ventaja sobre otro al efectuar cambios a su propuesta tras conocer lo ofertado por sus competidores. De esta manera, se fomenta la competencia efectiva y honesta que debe permear en todo procedimiento de subasta. Trans Ad de P.R. v. Junta de Subastas, supra.

Recientemente, en Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., supra, tuvimos la oportunidad de evaluar la validez de una “aclaración” realizada por una de las licitadoras luego del acto de apertura, a la luz de los principios de secretividad y de libre competencia. Se trató allí de una llamada telefónica mediante la cual la postora quiso aclarar cuál era el precio cotizado a pesar de que inicialmente su propuesta no había sido responsiva en cuanto a ese aspecto, por no incluir la información requerida en los pliegos. Como dicha aclaración implicó una alteración a la propuesta luego de que la licitadora en cuestión tuviera la ventaja de conocer los precios ofrecidos por cada uno de los licitadores, resolvimos que la propuesta era inadmisible, pues lo contrario hubiera atentado contra la transparencia del proceso y la competencia honesta. Accumail A.A.A. v. Junta Sub. A.A.A., supra.

En sentido contrario, las aclaraciones involucradas en los procedimientos de subasta híbridos, como el de autos, se realizaron por la propia agencia durante la etapa de evaluación de las propuestas para aclarar las desviaciones que el comité evaluador halló en éstas. Es decir, dichos procesos no condujeron a las discusiones o negociaciones propias de una compra negociada. Por consiguiente, resolvemos que el procedimiento de subasta en controversia es válido a la luz de los principios de transparencia, libre competencia y sana administración pública que rigen las subastas gubernamentales. El Tribunal de Apelaciones erró al resolver que la subasta se condujo mediante el proceso informal de un RFP, conclusión que es contraria a los parámetros establecidos en el Reglamento Núm. 5850, supra, para la selección del procedimiento de subasta.

Ahora bien, debe quedar claro que el mecanismo híbrido que aquí avalamos no puede llevarse a cabo de espaldas al reglamento aplicable de la agencia ni, mucho me-nos, servir de subterfugio para soslayar los principios de transparencia y de sana administración que rigen las subastas gubernamentales. Por ello, de emplear el mecanismo de aclaración consistente en celebrar reuniones individuales con los licitadores luego del acto de apertura de la subasta, la agencia deberá —como hizo la Policía en el presente caso— hacer constar por escrito y de forma detallada los procedimientos que se lleven a cabo en dichas reuniones, lo que se hará formar parte del expediente. Sólo así se hace viable una adecuada fiscalización de la utilización de los fondos del erario y una efectiva revisión de estos procedimientos de subasta por parte de los foros judiciales.

Aclarado lo anterior, evaluemos si la Policía erró al adjudicar la buena pro de la subasta a Telefónica.

IV

Como es sabido, los procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas están cobijados por una presunción de regularidad y corrección. Por ello, la revisión judicial de las determinaciones administrativas se limita a examinar si la actuación de la agencia fue razonable, y sólo cede cuando la decisión no está basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley o cuando su actuación es irrazonable o ilegal. Costa Azul v. Comisión, supra; Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 729 (2005).

En el contexto de las subastas gubernamentales, la norma es que las agencias gozan de una amplia discreción en la evaluación de las propuestas sometidas ante su consideración. Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., supra. Ello responde a que, de ordinario, la agencia posee una vasta experiencia y especialización que la colocan en mejor posición que el foro judicial para seleccionar el postor que más convenga al interés público. Perfect Cleaning v. Cardiovascular [II], 172 D.P.R. 139 (2007); Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., supra; Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 783; A.E.E. v. Maxon, supra, pág. 444.

Adjudicada la buena pro, los tribunales no deben sustituir el criterio de la agencia o junta concernida, excepto si se demuestra que la decisión se tomó de forma arbitraria o caprichosa, o mediando fraude o mala fe. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 D.P.R. 886 (2007). En ausencia de estos elementos, “ ‘ningún postor tiene derecho a quejarse cuando otra proposición es elegida como la más ventajosa[”]. La cuestión debe decidirse a la luz del interés público ...’ ”. (Corchetes en el original.) íd., pág. 898, citando a Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de la Capital, 59 D.P.R. 911, 916 (1942). En tales casos, la determinación será sostenida si cumple con el criterio de razonabilidad. Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., supra.

De otra parte, aunque uno de los propósitos de las subastas es lograr que el Gobierno consiga los precios más bajos posibles, hemos resuelto que no existe una regla inflexible que exija adjudicar la subasta al postor más bajo. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra; Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 779. Consideraciones de orden público, como los servicios o productos técnicos, la probabilidad de realizar la obra de manera más eficiente y dentro del tiempo acordado, y los materiales, entre otros, que ofrezca un postor cuya propuesta no es la más económica pueden llevar a la agencia a seleccionarlo si ello corresponde a sus mejores intereses. Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 779. En este sentido, la agencia está facultada para rechazar la oferta más baja siempre que su determinación sea razonable. Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, pág. 779. Esta norma cobra importancia cuando se trata de la adquisición de bienes o servicios de alto contenido técnico y sofisticación, donde la decisión de la agencia no necesariamente descansa en criterios estrictamente matemáticos, sino en una valoración de la tecnología y de los recursos humanos ofrecidos, a la luz de las necesidades de la agencia. A.E.E. v. Maxon, supra, pág. 439.

En el caso de autos, la Policía adjudicó la buena pro de la subasta a favor de Telefónica, por entender que ésta presentó la oferta más económica que cumplió con las condiciones y los requisitos establecidos. El Tribunal de Apelaciones revocó dicha determinación tras concluir que el método que empleó la Policía para evaluar los costos del proyecto, a saber, a base de una configuración típica de un sistema de vigilancia inteligente, no fue racional, pues no representó de forma exacta los recursos financieros que la agencia necesitaría. El foro recurrido sostuvo que no procedía brindar deferencia a la determinación de la agencia, pues, a su juicio, ésta no posee peritaje particular en la evaluación de proyectos de inversión capital. Creemos, sin embargo, que la actuación de la agencia fue razonable.

De entrada, la utilización de una configuración típica para la evaluación de los precios surge de la Sección 15 del RFP. Asimismo, se estableció que las cantidades podrían variar de acuerdo con las necesidades de la agencia y la Policía reiteró en varias ocasiones el uso del costo de un mes de renta como precio unitario para las líneas de transmisión de datos. De esta forma, las licitadoras tenían conocimiento adecuado sobre los términos del método para comparar los costos de las ofertas.

En su alegato, el Procurador General explica que el referido método se empleó porque resultaba imposible para la agencia determinar de forma exacta las cantidades de los productos y los servicios requeridos ya que cada lidiadora ofrecía equipo y programación distintos, lo que implicaba que las cantidades variarían dependiendo de lo ofertado, incluso las líneas de transmisión de datos. Por ello, aduce que el estándar de configuración típica y el parámetro del costo de un mes de renta por las referidas líneas fueron herramientas que se utilizaron para evaluar las ofertas de un modo más objetivo. Según el Procurador General, exigir que la Policía determinara el número exacto de equipo hubiese requerido que la agencia divulgara información confidencial sobre cuáles eran las áreas de alta incidencia criminal y, a su vez, que la agencia acudiera físicamente a dichas áreas con cada uno de los licitadores para determinar la cantidad necesaria de cada producto para implantar el sistema de vigilancia en el lugar involucrado.

En vista de estos argumentos, no vemos cómo el método utilizado por la Policía perjudicó a las licitadoras o las colocó en desventaja respecto a sus competidoras. El análisis en controversia tomó en cuenta que ninguna oferta sería idéntica a otra, por lo que la determinación de la Policía de utilizar criterios objetivos, como lo son la configuración típica y el costo mensual de alquiler de las líneas, fue razonable. Por otra parte, lo contrario hubiera implicado exigirle a la agencia que divulgara información confidencial y que entablara un oneroso proceso para determinar, caso a caso, las cantidades necesarias de equipo respecto a cada licitador. Sin duda, esto es contrario a los intereses de la Policía como agencia encargada de prevenir, investigar y perseguir el delito, y a la informalidad que caracteriza los procedimientos de subasta en nuestra jurisdicción. 25 L.P.R.A. see. 3102; 3 L.P.R.A. secs. 2151 y 2169.

Por otro lado, no debe perderse de vista que la subasta en controversia involucra elementos técnicos sumamente complejos y especializados, por lo que la agencia goza de discreción para basar su decisión sobre la adjudicación de la buena pro en criterios que no sean estrictamente matemáticos. A.E.E. v. Maxon, supra, pág. 439. Véase además Reglamento Núm. 5850, supra, Art. 13(C). Por ello, la determinación del foro apelativo a los efectos de que la oferta de Telefónica debió ser rechazada por ser la más costosa no puede sostenerse.

En primer lugar, considerar que la Policía debió usar un ciclo de vida útil del proyecto, consistente en veinticuatro meses, es una conclusión que no encuentra base alguna en el expediente, máxime cuando el foro judicial no posee la pericia necesaria para definir lo que sería el ciclo de vida útil de un proyecto de gran envergadura y complejidad como lo es un sistema de vigilancia inteligente para todo el país. De otra parte, aun ajustando las propuestas de Caribbean Communications y Guardian para reducir las cantidades incluidas por concepto de IVU y corregir el error aritmético en la propuesta de la primera, la oferta de Telefónica aún sería la más económica que, según la agencia, cumplía con todas las condiciones y los requisitos establecidos.

Asimismo, no estamos en la posición de sustituir el criterio de la Junta de Subastas de la Policía sobre el cumplimiento de Telefónica con los requisitos y las condiciones de la subasta, incluyendo aquellos relacionados con la programación. No existe base en el expediente ante nuestra consideración que nos lleve a concluir que en la adjudicación de la buena pro a favor de Telefónica medió arbitrariedad, fraude o mala fe de parte de la agenda. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra. Debemos tener presente que la Polida constituyó un Equipo Evaluador que, según refleja su Informe Técnico, llevó a cabo un análisis realista y exhaustivo de las propuestas en varias etapas. Por ello, no podemos refrendar la conclusión del foro apelativo de que la evaluación de las referidas propuestas se limitó a determinar si las licitadoras habían presentado la documentación técnica de los equipos ofertados. Ese era uno de los requisitos con los cuales todas las postoras debían cumplir, por lo que, naturalmente, se incluiría como parte de la evaluación de las ofertas.

Por último, tampoco existe indicio ni base alguna en el expediente que pueda llevarnos a concluir que la Policía no posee la pericia adecuada para evaluar la programación requerida para el sistema de vigilancia inteligente. Nótese que el RFP —documento sumamente técnico y detallado— fue preparado por el Negociado de Tecnología y Comunicaciones de la Policía, ente de la agencia especializado en estos asuntos. Además, la evaluación de las propuestas incluyó el asesoramiento de un especialista en sistemas de información y un programador de sistemas, según lo per-mite el propio reglamento de la agencia. Reglamento Núm. 5850, supra, Art. 19(B). Consideramos que tanto lo anterior como la experiencia de la Policía en materia de seguridad y vigilancia, colocan a dicha agencia en mejor posición que el foro judicial para seleccionar al postor que mejor se ajuste al interés público. Véanse: Perfect Cleaning v. Cardiovascular [II], supra; Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., supra; Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra; A.E.E. v. Maxon, supra. Abusó de su discreción el foro apelativo al concluir lo contrario.

Resolvemos, por lo tanto, que erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que la Policía no llevó a cabo una evaluación realista de las ofertas presentadas y que dicha agencia no posee la pericia necesaria para evaluar la programación en controversia. Debido a que esta determinación dispone de la controversia ante nuestra consideración, no es necesario que nos pronunciemos en torno a los señalamientos de error restantes.

V

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos el dictamen del Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, confirmamos la adjudicación de la subasta a favor de Telefónica.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurrió con el resultado sin opinión escrita. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió con opinión escrita.

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Disiento de la decisión que hoy anuncia este Tribunal porque entiendo que el proceso de “subasta gubernamental híbrido” que ha creado la mayoría no encuentra apoyo ni en la reglamentación ni en la legislación aplicable. Tampoco encuentra eco en nuestra jurisprudencia anterior sobre los procesos de subasta gubernamental.

Soy del criterio que el relajamiento de los procesos de subastas que se avala en la opinión es contrario a lo que ha sido siempre nuestro norte a la hora de evaluar estos procedimientos que, como sabemos, son: evitar la corrupción, el favoritismo, el dispendio y la prevaricación, para proteger de esta forma los intereses de los ciudadanos y salvaguardar el erario.

Por no estar conforme con haber legislado un procedimiento híbrido de subasta, al margen de una legislación en tal sentido, disiento del curso mayoritario.

       A tales efectos, la Sec. 1.8 del “Request for Proposal” (RFP) dispone:
      “The Customer, if necessary, can request from the Proposers oral discussions, system presentations, and demonstrations of existing operational systems of solution. The pricing proposal, however, will be considered final and cannot be altered after received.” Apéndice de la Solicitud de certiorari, pág. 5504.

       Así se desprende del Informe Técnico que realizó el Equipo Evaluador, el cual consta en el expediente ante nuestra consideración:
      “[S]e identificaron y documentaron todos aquellos puntos donde existían dudas razonables y/o aquellos asuntos donde había desviaciones a lo pautado en las especificaciones técnicas. Como entendíamos que cada propuesta sería responsiba [sic] tratamos de aclarar estas desviaciones aplicando [un] análisis más exaustivos [sic]. Muchas contestaciones afloraron como parte de esta etapa. Sin embargo, para ser objetivos, entendimos necesario convocar a reunión a cada equipo de trabajo de cada licitador para poder llegar a conclusiones.” Apéndice de la Solicitud de certiorari, pág. 5510.

       Específicamente, la Junta de Subastas de la Policía de Puerto Rico (Junta de Subastas) determinó que la propuesta de Caribbean Communications Solutions, Inc. (Caribbean Communications) adoleció de los defectos siguientes: (1) no se mencionó que el Server Rack Device propuesto tuviera los dos abanicos requeridos; (2) el SAN Storage Volume (SAN) propuesto ofreció 4GB, cuando el RFP requería 8GB; (3) las cámaras Pañi Tilt /Zoom (PTZ) ofrecieron 8 zonas programables de privacidad y el RFP requería 15; (4) la capacidad de la comunicación wireless ofrecida es de 48 Mbps, y se requerían 100Mbps; (5) no se sometió la literatura del producto Flat LCD, y (6) el precio es $1,506,782.82 más alto que el de Telefónica.
      En cuanto a Guardian Electronic Security Services, Inc. (Guardian), la Junta de Subastas rechazó su propuesta bajo los fundamentos siguientes: (1) respecto a los requisitos de seguridad, ofreció un software server based firewall, en vez del hardware based firewall requerido; (2) el software propuesto no cumplió con el Intrusion Prevention and Reporting System; (3) cotizó un modelo de SAN y presentó literatura de otro, y (4) no presentó evidencia de que su subcontratista estuviese registrado en el Registro Único de Licitadores de la Administración de Servicios Generales. Cabe señalar que la Junta de Subastas hizo constar que Guardian envió una comunicación en una fecha posterior al acto de apertura de la subasta, mediante la cual confirmó su intención de ofrecer un modelo de SAN distinto al cotizado. La Junta determinó que ello era “inaceptable y modifica[ba] su oferta”. Apéndice de la Solicitud de certiorari, pág. 5445.

       El error aritmético en la propuesta de Caribbean Communications consistió en que se cotizaron $584,050 en exceso. Respecto a las partidas por concepto de IVU, Caribbean Communications incluyó una cantidad de $419,490 en su propuesta, mientras que Guardian incluyó $245,124.02.

       Cabe señalar que el juez José L. Miranda De Hostos emitió un voto disidente por entender que la Resolución emitida es contraria a la norma que otorga deferencia a las agencias administrativas.

       En el caso de autos no está en controversia la facultad de la Policía para enmendar los pliegos de la subasta. Véase Reglamento para la Adquisición y Venta de Bienes y Servicios de la Comisión de Seguridad y Protección Pública, Reglamento Núm. 5850 del Departamento de Estado de 28 de agosto de 1998, Art. 16(A).

       En Trans Ad de P.R. v. Junta de Subastas, 174 D.P.R. 56 (2008), tuvimos ante nuestra consideración la impugnación de una subasta que la agencia tituló RFP, pero cumplió con todas las características de una subasta formal. Por ello, al atender la controversia en aquel caso, partimos de la premisa de que se trató en realidad de un procedimiento formal. Trans Ad de P.R. v. Junta de Subastas, supra, pág. 65 esc. 4.

       Adviértase que los procedimientos híbridos no son extraños en el campo de las subastas formales. Existe, por ejemplo, el mecanismo híbrido de dos pasos (“Two-Step Sealed Bidding”), que combina elementos del procedimiento de RFP con la subasta formal. Mediante el primer paso, la agencia emite requerimientos de propuestas técnicas, las cuales se evalúan sin tomar en cuenta el factor de precio. Una vez la agencia examina dichas propuestas y determina cuáles licitadoras presentaron propuestas aceptables, se procede al segundo paso, que consiste en invitar a las licitadoras que fueron exitosas en el primer paso a someter propuestas selladas. S.W. Feldman, Government Contract Guidebook, 4ta ed., Thomson West, 2008, Sees. 5:40-5:42, págs. 142-143; J.C. McBride y T.J. Touhey, Government Contracts: Cyclopedic Guide to Law, Administration, Procedure, LexisNexis, 2008, Sec. 10.30, págs. 10-99 a 10-100.

       Al realizar los referidos ajustes, el resultado es el siguiente: Guardian, $3,714,000.27; Telefónica, $4,905,427.18; Caribbean Communications, $5,408,670.


author: per curiam:

text:
      In re David Rosado Cruz, querellado.

      Número: AB-2005-0134

      Resuelto: 2 de octubre de 2009

      Maite D. Oronoz Rodríguez, procuradora general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico; David Rosado Cruz, pro se.

   per curiam:

En el presente recurso disciplinario nos encontramos ante la desatención y el incumplimiento del Ledo. David Rosado Cruz a las órdenes de este Tribunal. Estas órdenes y requerimientos surgen de dos quejas disciplinarias presentadas contra el licenciado Rosado Cruz por su alegada conducta profesional, violatoria de los cánones de ética que regulan la profesión de la abogacía.

i—I

El 23 de octubre de 2008, el Sr. David Jiménez González y su esposa, la Sr. Judith Ortiz Santiago, presentaron una queja contra el licenciado Rosado Cruz. Los quejosos alegaron que el licenciado Rosado Cruz los representó de forma negligente e incompetente. Específicamente, alegaron que la reclamación judicial instada por ellos fue desestimada como consecuencia del pobre desempeño profesional del licenciado Rosado Cruz.

Debido a ello, el señor Jiménez González y su esposa, la señora Ortiz Santiago, acudieron ante el Ledo. Jorge Couto González para que los asesorara sobre los efectos y las consecuencias de la sentencia desestimatoria e intentara contactar al licenciado Rosado Cruz. El licenciado Couto González le envió varias cartas por correo y trató de contactar por teléfono al licenciado Rosado Cruz. Las referidas gestiones resultaron infructuosas. Muestra de ello es que todas las cartas fueron devueltas.

El 6 de noviembre de 2008 este Tribunal emitió una Resolución ordenándole al licenciado Rosado Cruz que contestara la queja disciplinaria presentada en su contra dentro de un término de diez días. El licenciado Rosado Cruz hizo caso omiso a la referida Resolución. El 30 de junio de 2009 emitimos otra Resolución, concediéndole al licenciado Rosado Cruz un término final de cinco días para que contestara la queja disciplinaria y, además, le apercibimos que de continuar con su incumplimiento le impondríamos sanciones disciplinarias. La Resolución fue diligenciada personalmente por dos alguaciles, quienes emitieron un informe de diligenciamiento negativo.

Por su parte, el 1 de diciembre de 2008, el Sr. Luis Rodríguez Maldonado presentó una queja disciplinaria contra el licenciado Rosado Cruz. El señor Rodríguez Maldonado alegó que contrató los servicios del licenciado Rosado Cruz y le entregó $2,300 como adelanto. Luego, supuestamente, el licenciado Rosado Cruz no le contestó las llamadas, los mensajes ni la carta enviada el 1 de septiembre de 2008.

Analizada la queja presentada por el señor Rodríguez Maldonado, el 20 de enero de 2009 emitimos una Resolución en la que concedimos al licenciado Rosado Cruz un término de diez días para que contestara la queja disciplinaria presentada en su contra. El licenciado Rosado Cruz incumplió con nuestra orden y no contestó la referida queja. El 10 de marzo de 2009 concedimos al licenciado Rosado Cruz un término adicional de cinco días para que cumpliera con lo ordenado pero, nuevamente, el licenciado Rosado Cruz demostró su desidia y contumacia, y continuó incumpliendo con nuestras órdenes de forma obstinada.

No obstante, el 30 de junio de 2009 concedimos de nuevo al licenciado Rosado Cruz un término adicional de cinco días para que procediera a contestar la queja presentada en su contra por el señor Rodríguez González. Igualmente, le apercibimos que de continuar incumpliendo con nuestras órdenes le podríamos imponer sanciones severas, incluso una suspensión indefinida de la profesión de la abogacía. Dicha Resolución fue diligenciada personalmente por nuestros alguaciles. Nuevamente, el informe de diligenciamiento resultó negativo.

i—I HH

Hemos sido enfáticos en que la naturaleza pública de la profesión de la abogacía impone a todo abogado la más rigurosa observancia a los requerimientos relacionados con las investigaciones disciplinarias. Es obligación de todo abogado responder diligentemente a los requerimientos relacionados con un procedimiento disciplinario seguido en su contra, no importa si los requerimientos son realizados por el Colegio de Abogados, por el Procurador General o, como en el caso ante nos, por este Tribunal.

El ignorar las órdenes de este Tribunal conlleva la imposición de sanciones disciplinarias severas, ello por tratarse de una conducta que contraviene las normas éticas que regulan la profesión de la abogacía. Además, la desatención a las órdenes de este Tribunal constituye una violación al Canon 9 del Código de Etica Profesional en lo referente a la exigencia de respeto hacia los tribunales.

Este Tribunal es sumamente estricto con los abogados que ignoran nuestras órdenes. La testarudez y contumacia al no contestar nuestros requerimientos no será tolerada. El incumplir con nuestras órdenes dentro de un procedimiento disciplinario constituye una falta ética distinta e independiente de los méritos de la queja o quejas disciplinarias ya presentadas. No responder diligentemente nuestras órdenes o nuestros requerimientos constituye “una falta de respeto hacia los procedimientos de este Tribunal y socava nuestra función reguladora de la profesión” de la abogacía.

HH I M

El reiterado incumplimiento de nuestras órdenes por parte del licenciado Rosado Cruz constituye de por sí causa suficiente para tomar medidas disciplinarias en su contra. La negligencia y desidia demostradas por el licenciado Rosado Cruz es una conducta altamente reprochable e impropia que viola las más elementales normas éticas, además de ser una falta de respeto intolerable por este Tribunal.

El que el licenciado Rosado Cruz no haya contestado nuestras órdenes por no haber notificado ante este Tribunal su cambio de dirección física o postal no lo exime de lo antes expuesto. Esto es así por ser una obligación de todo abogado notificar a este Tribunal cualquier cambio de dirección, ya sea postal o física. La profesión de la abogacía y la confianza pública depositada en ésta, obligan a los abogados a cumplir con el deber de notificar cualquier cambio de dirección. De esta forma, este Tribunal puede ejercer cabal y eficientemente nuestra función disciplinaria. Hemos expresado que la omisión del abogado de mantener informado en todo momento a este Tribunal de su dirección, tanto postal como física, obstruye de forma sustancial la adecuada canalización del ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. Al igual que la falta de no contestar nuestros requerimientos, el incumplimiento en notificar un cambio de dirección es causa suficiente e independiente de los méritos de la queja presentada en su contra para decretar una sanción disciplinaria.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, decretamos la separación inmediata e indefinida del señor Rosado Cruz de la profesión de la abogacía. Le apercibimos su obligación de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para poder seguir representándolos y de informar oportunamente su suspensión indefinida a los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico. Además, tiene la obligación de certificarnos, dentro de un término de treinta días a partir de su notificación, el cumplimiento de estos deberes.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       El licenciado Rosado Cruz fue admitido al ejercicio de la abogacía el 15 de enero de 1991. Este Tribunal tomó conocimiento de que el licenciado Rosado Cruz no ha sido admitido al ejercicio de la notaría. De igual forma, tomamos conocimiento de que el licenciado Rosado Cruz ha sido sancionado por este Tribunal en dos ocasiones.

       Las cartas fueron enviadas por correo a la dirección del licenciado Rosado Cruz que obra en el expediente judicial de la reclamación instada por el señor Jiménez González y la señora Ortiz Santiago.

       La Resolución fue enviada por correo certificado a la dirección del licenciado Rosado Cruz que obra en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Esta carta fue devuelta por el correo.

       Nuevamente, esta Resolución fue enviada a la dirección postal del licenciado Rosado Cruz que obra en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

        In re Ramírez Ferrer, 164 D.P.R. 744 (2005); In re Pérez Brasa, 155 D.P.R. 813 (2001).

        In re Cuevas Vélez, 157 D.P.R. 129 (2002); In re Vázquez Santiago, 155 D.P.R. 926 (2001); In re Izquierdo, 126 D.P.R. 202, 205 (1990).

        In re Ramírez Ferrer, supra; In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55 (1998).

       4 L.P.R.A. Ap. DC; In re Vargas Soto, supra.

        In re Santiago Méndez, 129 D.P.R. 696 (1991).

        In re Ramírez Ferrer, supra; In re Vázquez Santiago, supra; In re Vargas Soto, supra.

        In re Velázquez Quiles, 146 D.P.R. 30, 37 (1998).

        In re Figueroa Carrasquillo, 153 D.P.R. 132 (2001).

        In re Sanabria Ortiz, 156 D.P.R. 346 (2002). La Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal dispone, en lo pertinente, lo siguiente: “Todo(a) abogado(a) tendrá la obligación de notificar al (a la) Secretario(a) cualquier cambio de dirección postal o física.” 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.