author: El Juez Asociado Señoe Teavieso,

text:
    José Ramón Benítez, demandante y apelante, v. Tabacaleros de Aibonito, Inc., demandada, y Federal Intermediate Credit Bank of Baltimore, interventora y apelada.
    Núm. 6879.

    Sometido: Junio 9, 1936.

      Resuelto: Diciembre 22, 1936.

      Víctor M. Pons, abogado del apelante; Frank Martínez, E. Frank Martínez y M. García del Iíosario, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Teavieso,

emitió la opinión del tribunal.

Se interpuso demanda para cobrar un pagaré por $678.48 otorgado por la corporación demandada a Pedro Rosario y endosado por éste al demandante. En aseguramiento de sentencia el demandante embargó en enero 26, 1934, los cá-nones de arrendamiento que tres distintos arrendatarios de-bían pagar a la demandada. Se dictó sentencia en rebeldía el 21 de febrero, 1934, y tres días más tarde el Federal Intermediate Credit Bank of Baltimore intervino en el pleito para pedir el levantamiento del embargo, alegando que en 19 de octubre de 1933, por escritura pública, la demandada reconoció adeudar al banco interventor la suma de $45,425.75, comprometiéndose a pagarla en junio 30, 1934; y que en garantía de esa obligación, la demandada cedió al interventor los cánones de arrendamiento sobre dos solares de su pertenencia, que estaban hipotecados a favor del interventor. La alegada cesión se hizo en los siguientes términos:

“Estipulan asimismo las partes que si en el futuro Tabacaleros de Aibonito, Inc., arrendaren las propiedades sujetas a esta hipoteca, o cualquiera de ellas, los cánones de arrendamiento desde la misma fecha en que comenzaren a devengarse, se entenderán cedidos al Federal Intermediate Credit Bank of Baltimore para aplicar, a medida que los vaya recibiendo, en abono a la deuda aquí reconocida; obli-gándose Tabacaleros de Aibonito, Ine., a dar las instrucciones proce-dentes a los arrendatarios para que remesen directamente a dicho Banco el montante de dichos cánones de arrendamiento.”

Ordenado el levantamiento del embargo por la corte inferior, el demandante apeló. Se imputan al tribunal senten-ciador los siguientes errores:

1. Al dictar su resolución de mayo 22, 1934, en cuanto desestimó la objeción de que la solicitud de intervención era tardía.
2. Al dictar su resolución de mayo 22, 1934, en cuanto desestimó la objeción de que la solicitud de intervención no había sido no-tificada a la demandada y ordenó su notificación.
3. Al dictar su resolución de mayo 22, 1934, en cuanto desestimó la objeción de que ios hechos alegados en la moción de levanta-miento de embargo no constituyen causa suficiente para el levan-tamiento de embargo solicitado.
4. Al dictar su resolución final de fecha 1 de septiembre de 1934, en cuanto ordenó el levantamiento del embargo de los cánones que pagaba la General Cigar Co.
5. Al dictar su resolución de 1 de septiembre en cuanto ordenó el levantamiento del embargo de los cánones que pagaban don Can-delario Morales y don Anastasio Noriega, por cuanto dichos cá-nones no fueron objeto de la solicitud de levantamiento de embargo radicada por el interventor.

Examinaremos los errores apuntados:

1. El procedimiento para que nna persona extraña pueda intervenir en una acción o procedimiento judicial está regulado por el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil, que lee así:

“Art. 72. — Cualquiera persona antes de la celebración del juicio podrá intervenir en una acción o procedimiento, si tuviere interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes, o algún de-recho en contra de ambas. Esta intervención tiene lugar cuando a un tercero se le permita ser parte en la acción o procedimiento seguido entre otras personas, ya asociándose al demandante para reclamar lo que se pretenda en la demanda, o ya uniéndose al demandado para oponerse a las preteneiones del demandante, o pidiendo algo en sentido adverso a las reclamaciones de demandante y demandado, cuya inter-vención se efectúa por medio de demanda, exponiendo en ella los motivos en que se funde, presentada con permiso de la corte, y no-tificada a las partes que no hubieren comparecido y a los abogados de las comparecidas, quienes podrán contestar o alegar una excep-ción a ella, como si fuese una demanda ordinaria.”

Arguye el demandante que la intervención debió ser de-negada por haberse solicitado muy tarde, o sea después de haberse anotado la rebeldía de Tabacaleros de Aibonito, Inc., y registrado sentencia en su contra.

La jurisprudencia de este tribunal anterior al caso de T. Rodríguez & Hnos., S. en C. v. Corte, 40 D.P.R. 874, dió una interpretación estricta y restrictiva a las disposiciones del artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil, no permi-tiendo la intervención cuando ésta se solicitaba después de haberse celebrado el juicio y dictado sentencia. Véanse: Pillot v. Pittot, 21 D.P.R. 201; Martínez v. Bryan, 24 D.P.R. 384; Fernández v. Obén, 26 D.P.R. 150, y Sabalier v. Iglesias, 33 D.P.R. 492.

En T. Rodríguez & Hnos. v. Corte, supra, un acreedor que había embargado con posterioridad a otros dos embar-gantes, solicitó permiso para intervenir después de haberse vendido los bienes embargados, por orden de la corte, dic-tada de acuerdo con una estipulación celebrada por los dos acreedores que habían embargado antes que el interventor. Y esta Corte Suprema resolvió:

“De todos modos, el interés que tenía el interventor en este caso no era en la validez del arreglo de una reclamación existente entre ]a parte demandante y el demandado, sino en los bienes embargados; y, no habiéndose celebrado un verdadero juicio, o aun si se hubiese ce-lebrado, a un acreedor que tiene un gravamen le asiste el derecho de intervenir y de ser oído, independientemente de las disposiciones técni-cas del artículo 72. Vienen a escena los poderes inherentes y otros ar-tículos del Código de Enjuiciamiento Civil. El derecho-de una corte de permitir a un acreedor que tiene un gravamen ser oído, e im-pugnar los procedimientos cuando se han embargado bienes, no puede estar sujeto a dudas.”

La decisión que acabamos de citar vino a ratificar la dic-tada en el caso de Mari v. Mari y Royal Bank of Canada, 26 D.P.R. 665, 670, por la que se resolvió por vez primera en esta jurisdicción que los tenedores de gravámenes sobre pro-piedades envueltas en un litigio o cuyos derechos puedan ser afectados por la sentencia tienen derecho a intervenir. Véanse los casos allí citados y especialmente 20 R.C.L. 684, sec. 20, y 2 R.C.L. 879 a 883.

Más tarde, en Casanova v. Carballeira, Juez, 41 D.P.R. 850, esta corte sostuvo que el remedio de intervención exis-tente en el derecho civil e incorporado a nuestros estatutos al adoptarse las disposiciones del Código de California so-bre la materia, puede ser utilizado por el que reclame como suya una propiedad embargada como perteneciente a otra persona o por el que reclame cualquier gravamen o derecho sobre la propiedad embargada; y que el hecho de que el interventor pueda hacer uso del remedio de tercería no es óbice para el ejercicio de su derecho de intervención. Véase Murray v. Tabacaleros de Bayamón, 43 D.P.R. 210.

Es indudable que de acuerdo con la jurisprudencia citada, el interventor en el presente caso tenía el derecho a interve-nir en el pleito pendiente desde el momento en que se prac-ticó un embargo sobre bienes que él reclama como suyos a virtud de la cesión que le hiciera la corporación demandada. Lo único que nos falta considerar y resolver ahora es si la intervención es tardía por el hecho, de haberse interpuesto después de dictada la sentencia en rebeldía.

Ya hemos visto que en el caso de T. Rodríguez & Hnos. v. Corte, supra, esta corte resolvió que “no habiéndose celebrado un verdadero juicio, o ■anm si se hubiese celebrado, a un acreedor que tiene un gravamen le asiste el derecho de intervenir y de ser oído, independientemente de las disposi-ciones técnicas del artículo 72.” Aunque la frase o •aim si se hubiese celebrado debe ser considerada como un dictum, toda vez que en el caso a que se refería la opinión no se ha-bía celebrado juicio alguno, creemos que es muy difícil en-contrar diferencia sustancial alguna entre dicho caso y el de autos. En el caso que hemos citado, la propiedad en con-troversia fue vendida mediante estipulación entre las partes originales del litigio, a la que se dió el mismo efecto que una sentencia, antes de la intervención. En el caso de autos el demandado no contestó la demanda y se dictó senten-cia en rebeldía, antes de la intervención. En uno y otro caso la cuestión litigiosa entre demandante y demandado había sido resuelta antes de que la demanda de intervención fuera interpuesta.

La jurisprudencia que hemos examinado parece estable-cer una distinción entre aquellas intervenciones que tienen por objeto la discusión de los méritos de la controversia en-tre demandante y demandado y aquéllas cuyo único objeto es la protección de los derechos del interventor sobre pro-piedad embargada y sobre la cual se trata de hacer efec-tiva la sentencia dictada o que se pueda dictar en el pleito, sosteniendo que la primera clase de intervenciones deben ser interpuestas antes del juicio, de acuerdo con los requisitos técnicos del estatuto, y que las que se refieren simplemente a la determinación de los derechos respectivos sobre propie-dad embargada pueden ser interpuestas en cualquier mo-mento, siempre que el interventor actúe con la debida dili-gencia.

De la obra Ruling Case Law copiamos lo siguiente:

“Prácticamente todos los estatutos sobre la materia y todas las decisiones de las cortes, donde no están controladas por el estatuto, son al efecto de que el interventor debe ser diligente y no culpable de negligencia inexcusable (laches) después de tener conocimiento del pleito, y que él no tiene derecho a retrasar a los litigantes originales ni a retardar la celebración del juicio. A veces se presenta la cues-tión de si una intervención puede efectuarse después de dictada sen-tencia final. Si no está relacionada con los méritos de la controver-sia y no lia de dilatar la acción principal, ni ha de afectar necesa-riamente cualquiera sentencia que se hubiere dictado en el caso, la intervención puede ser permitida lo mismo después que antes de una sentencia final.” 20 R.O.L. 688, Sec. 27.

En la nota qne aparece en 123 A. S. R., páginas 295 y 309, se dice:

“Se presenta algunas veces la cuestión sobre si una intervención puede hacerse después de sentencia final. Si no se refiere a los mé-ritos de la controversia, como cuando se trata de un procedimiento para determinar la validez de un embarg'o o si una propiedad espe-cífica está sujeta al mismo, la intervención no necesita dilatar la ac-ción principal ni tampoco afectar la sentencia que se hubiere dictado. Por lo tanto, en tales casos, no existe razón alguna por la cual una intervención no pueda ser permitida, lo mismo antes que después de sentencia final.” (Citas.)
“Llegamos ahora a la consideración de la tercera clase de casos, o sea de aquéllos en que el peticionario de la intervención solamente reclama la propiedad embargada o algún interés sobre la misma, ba-sándose en que la propiedad no estaba sujeta a ser embargada. En todos los casos de esta clase el peticionario tiene usualmente el reme-dio para recobrar la posesión (replevin) o cualquiera otra acción en ley para recuperar la propiedad o su valor. Sin embargo, en mu-chos estados él no está obligado a recurrir a esos remedios, sino que puede intervenir, y su intervención es tratada como análoga a una acción para recobrar la posesión.” (Citas.)

La petición de intervención en el caso de autos presen-taba a la consideración de la corte inferior una sola cues-tión, o sea si los cánones de arrendamiento eran en la fecha en que se practicó el embargo propiedad de la corporación demandada o si habían pasado ya a ser propiedad del banco interventor, no estando por tanto sujetos a embargo. Esa cuestión en nada podía afectar la controversia principal en-tre demandante y demandado, ni tampoco la sentencia en rebeldía dictada en el caso. Y creemos que el hecho de que esa misma cuestión haya podido resolverse también en una demanda de tercería, no es óbice para que la corte inferior pudiera resolverla por medio de una simple demanda de in-tervención, teniendo como tenía jurisdicción sobre todas las partes interesadas y sobre la propiedad envuelta en la con-troversia. El fin principal que deben perseguir los tribu-nales es el de administrar justicia rápida y evitar litigios innecesarios. La corte inferior usó sabiamente de sn dis-creción al interpretar liberalmente las disposiciones del ar-tículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil, para resolver una cnestión sobre la cual tenía jurisdicción y que en nada afectaba la controversia entre las partes originales.

2. El segundo error carece en absoluto de importancia. Es cierto que la petición de intervención no fue notificada originalmente a la corporación demandada y que el demandante se opuso por ese motivo a que se permitiera la intervención. Pero, aun asumiendo que la demandada fuera parte necesaria en ,el procedimiento de intervención, el defecto de no haberla citado debe ser considerado como subsanable, al igual que lo es en el caso de una excepción previa basada en un defecto de partes necesarias. La corte subsanó el defecto ordenando la citación de la parte demandada. De todos modos el error, si alguno se hubiere cometido, no ha podido perjudicar en nada al apelante, y debe ser desestimado.

3 y 4. Se refieren estos dos errores a la suficiencia de los hechos alegados y probados, como fundamento para el levantamiento de embargo decretado por la corte inferior.

Para sostener las alegaciones de su petición, el interventor presentó en evidencia la escritura pública por la cual Tabacaleros de Aibonito, Inc., cedió al banco interventor, en 19 de octubre de 1933, los cánones de arrendamiento de los edificios hipotecados en garantía de la deuda de la deman-dada a dicho Banco. Dicha escritura no fue impugnada en manera alguna por el demandante, y éste no presentó prueba alguna para sostener sus contenciones.

De acuerdo con los términos de la escritura entre la de-mandada y el banco, tan pronto como las dos propiedades hipotecadas comenzaran a producir cánones de arrenda-miento, éstos pasarían a ser propiedad del interventor, para ser abonados a cuenta de la deuda. La obligación contraída por la demandada era una obligación condicional y el dere-cho del banco a percibir los arrendamientos nació tan pronto como y a medida que éstos se iban venciendo. Los siguien-tes artículos del Código Civil (1930) son aplicables:

“Art. 1067. — En las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerá del acontecimiento que constituya la condición.
“Art. 1073. — Los efectos de la obligación condicional de dar, una vez cumplida la condición, se retrotraen al día de la constitución de aquélla. Esto no obstante, cuando la obligación imponga recíprocas prestaciones a los interesados, se entenderán compensados unos con otros los frutos e intereses del tiempo en que hubiese estado pen-diente la condición. Si la obligación fuere unilateral, el deudor hará suyos los frutos e intereses percibidos, a menos que por la naturaleza y circunstancias de aquélla deba inferirse que fué otra la voluntad del que la constituyó.
“En las obligaciones de hacer y de no hacer, los tribunales de-terminarán, en cada caso, el efecto retroactivo de la condición cum-plida. ’ ’

Sostenemos que la corte inferior no erró al resolver que de acuerdo con las disposiciones del Código Civil, snpra, tan pronto como las propiedades hipotecadas fueron arrendadas los cánones de arrendamiento pasaron a ser propiedad del banco interventor, por virtud de la cesión que le hiciera la corporación demandada, debiendo retrotraerse el efecto de la obligación a la fecha en que ésta fué contraída, o sea el 19 de octubre de 1933. Por consiguiente, cuando se practicó el embargo en 26 de enero de 1934, ya los cánones en cues-tión no pertenecían a la corporación demandada.

5. Opinamos que el quinto error apuntado ha quedado claramente establecido. En su petición el interventor se limitó a pedir que se dejara sin efecto el embargo en cuanto al canon de $80 mensuales que pagaba la General Cigar Company. Nada se alegó y no existe referencia alguna en la prueba en cuanto a cánones de arrendamiento pagados por o que hubieran de pagar a la demandada los señores Candelario Morales y Anastasio Noriega. Y si bien es verdad que en su certificado de diligenciamiento el már-shal hace constar que embargó dichos cánones, también lo es que ni en dicho certificado ni en ninguna parte de los autos se ha hecho constar que tales cánones fueran pagados por el arrendamiento de propiedades cubiertas por la escri-tura de 19 de octubre de 1933.

Por las rosones expuestas se modifica la resolución ape laida para que sea efectiva solamente en cuanto al levanta-miento del embargo trabado sobre los cánones pagados por la General Cigar Company, dejando en vigor dicho embargo en cuanto a los otros cánones embargados. Y asi modificada se confirma.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Cor-dova Dávila no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado SeñOR Travieso,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Joaquín Irizarry Candelaria, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo.
    Núms. 6009 y 6010.

    Sometidos: Diciembre 17, 1936.

      Resueltos: Diciembre 22, 1936.

      Francisco Vizcarrondo, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal j Liois Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SeñOR Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal formuló dos acusaciones separadas contra Joa-quín Irizarry Candelaria por baber infringido el artículo 328 enmendado del Código Penal. En el caso núm. 6009 se im-puta a dicho acusado que mientras manejaba como chcmff-eur un automóvil por la carretera pública de Santurce a Carolina lo hizo en forma tal que por impericia, negligencia crasa y descuido, consistente en correr a una velocidad exagerada, mayor de la permitida por la ley y no reducida al encontrar otro vehículo; en conducir ilegalmente a varias personas de pie en los estribos del vehículo; y en haber ingerido sustan-cia alcohólica embriagante, dejó chocar el automóvil que guiaba con otro que estaba parado en el lado derecho de la carretera y en dirección opuesta, causando la rotura del es-tribo izquierdo de su carro, en el cual iba parado Pedro Reus López de Victoria, quien recibió heridas tan graves que le produjeron la muerte. En el caso núm. 6010 se le imputa haber causado la muerte del individuo Francisco J. Corbella Wolker en la misma forma.

Comenzada la vista de ambos casos ante jurado, el acu-sado retiró su alegación de inocencia y se declaró culpable. El jurado rindió veredicto de culpabilidad en cada uno de los casos y la corte condenó al acusado a la pena de un año de presidio por cada infracción. El acusado apeló de ambas sentencias. Por tratarse de casos idénticos los resolveremos en una sola opinión.

El acusado apelante formula como único error de la corte el siguiente:

“La Corte ele Distrito cometió error al declarar ai acusado culpable de infracción al Artículo 328 del Código Penal, enmendado,, por ser dicha sentencia contraria a derecho.”

La argumentación que se hace en el alegato del apelante puede condensarse así:

Que el acusado había alegado su inocencia; que en el acto de la vista su abogado le aconsejó que se declarase culpable, prometiéndole que si ayudaba a la administración de justi-cia, se le impondría una pena insignificante; que el abogado estaba en un error con respecto al estatuto, artículo 328 del Código Penal; que el acusado, cediendo a la instancia de su abogado se declaró culpable; que el acusado tiene una buena defensa y la firme convicción de que si se hubiera celebrado la vista el jurado le hubiese absuelto; y que la mejor demos-tración de que la sentencia es contraria a derecho se encuen-tra en el siguiente párrafo de las “Consideraciones sobre la Sentencia” hechas por el juez sentenciador:

“En este caso existe la circunstancia especial de que la señora madre de uno de los interfectos, del joven Pedro Reus y López de Victoria, lia escrito a este juez una carta muy conmovedora, pidiendo compasión por este acusado a nombre de su hijo muerto y de los familiares, por entender que ya él lo ha perdonado y reconociendo que él también tuvo su parte de culpa en el hecho, porque sabía el peligro que corría en la forma en que iba agarrado al automóvil.”

Se pide a nombre del apelante que se dejen sin efecto las sentencias impuestas por la corte inferior y que se ordene la celebración de nuevo juicio en cada caso. En apoyo de esta solicitud el letrado que representa al apelante ante esta corte ha presentado un “Affidavit de Méritos” suscrito por el abo-gado “que representó” al acusado en el acto de la vista. En el affidavit hace constar el abogado “que instruyó a su cliente que se declarase culpable, bajo la impresión de que el delito que se le imputaba aparejaba una pena máxima de dos años de cárcel y que la corte en atención a su declaración de cul-pabilidad le impondría uno o dos meses de cárcel; que el acusado se mostró rehacio a la declaración de culpabilidad por considerar que él no tenía responsabilidad criminal en los sucesos que motivaron las acusaciones; que la sentencia im-puesta por la corte fue una sorpresa para el abogado decía-rante, por el desconocimiento qne éste tenía de la enmienda qne se había hecho al artículo 328 del Código Penal; y qne ‘al deponente le consta de bnena fe qne el acusado apelante tenía una bnena cansa de defensa de inocencia, cuyos méri-tos hubieran justificado un veredicto de absolución por el jurado.’ ”

El error señalado carece en absoluto de fundamento y es a todas luces frívolo. Para que una sentencia sea contraria a derecho es preciso que se haya dictado en virtud de una acusación insuficiente en sus alegaciones, o que durante los procedimientos habidos antes de su pronunciamiento o en el acto de pronunciarla, la corte haya cometido algún error perjudicial a los derechos del acusado, o que la corte carezca de jurisdicción para dictarla o se haya excedido en el ejer-cicio de sus facultades.

En el caso de autos, al declararse culpable del delito que se le imputaba, el acusado admitió la suficiencia y la veracidad de las alegaciones de la acusación. No aparece que la corte cometiera error alguno durante la tramitación del proceso. Una vez hecha la declaración de culpabilidad por el acusado y rendido el veredicto por el jurado, era obligación de la corte imponer la pena. De acuerdo con el estatuto infringido por el acusado, la corte pudo haberle condenado a cinco años de presidio en cada caso; pero, teniendo en cuenta la declaración de culpabilidad, los buenos antecedentes del acusado y las súplicas de la madre de una de las víctimas, la corte le impuso solamente un año de reclusión por cada caso. No puede considerarse como excesiva la pena de un año de prisión por una infracción de ley que tuvo como consecuencia fatal la muerte .de un ser humano. Si el abogado defensor no acertó en su especulación sobre la sentencia que la corte impondría si el acusado se declaraba culpable, ése no es un error imputable al tribunal sentenciador, ni puede considerarse como causa de revocación.

El “Affidavit de Méritos” presentado en este caso carece de méritos. La ignorancia de la ley por parte del acusado no es admisible como defensa en ningún caso. Mu-cho menos admisible debe serlo, cuando esa ignorancia se imputa a o se acepta por el abogado defensor. La adminis-tración de justicia quedaría reducida a una simple farsa, si para conseguir la revocación de una sentencia y la celebra-ción de un nuevo juicio bastase alegar que el abogado de-fensor entró a juicio y aconsejó a su cliente que se decla-rase culpable, sin enterarse siquiera de cuáles eran las dis-posiciones del estatuto cuya infracción se imputaba al acu-sado.

Se confirma la sentencia en ■ambos casos.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Cor-dova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Senoe. Hutchison,

text:
    Juan Tomasini, demandante y apelante, v. Municipio de Ponce, demandado y apelado.
    Núm. 6629.

    Sometido: Abril 1, 1936.

      Resuelto: Diciembre 22, 1936.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; Frasto Arjona Siaca, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Senoe. Hutchison,

emitió la opinión dél tribunal.

Tomasini instó la presente acción para recobrar la suma de $2,625.46 que se alegaba constituía el valor de cierto tra-bajo realizado por orden del Alcalde y Comisionado de Obras Públicas Municipales de Ponce. Sostenía que al terminarse el trabajo le había sido entregado al municipio, había sido aceptado por éste y estaba en uso desde diciembre de 1926. También alegaba que la asamblea municipal en enero de 1929 adoptó una resolución por la cual aceptaba el trabajo, reconocía su deuda por la suma de $2,625.46 con intereses a razón del 7 por ciento y ordenaba que se incluyera la misma en el presupuesto de 1929-30. La asignación que te-nía por mira esta resolución no se hizo en el presupuesto de 1929-30 ni en ninguno otro.

El municipio negó la validez de cualquier orden dada por el Alcalde y Comisionado de Obras Públicas Municipales en relación con el trabajo que el demandante alegaba haber hecho y sostuvo que cualquier orden que el Alcalde y Co-misionado de Obras Públicas Municipales pudiera haber dado para la realización de tal trabajo lo fué sin autoridad o facultad para ello, en violación de la ley y sin represen-tar al'hacerlo al Municipio de Ponce o sin tener jurisdicción para así actuar. El municipio negó la existencia de tal con-trato, la obligación de pagar por dicho trabajo a virtud de la supuesta aceptación del mismo, la validez de la reso-lución por la cual se alegaba que el municipio había acep-tado el ameritado trabajo, haber reconocido su deuda y ha-ber ordenado que se asignara la suma correspondiente en el presupuesto de 1929-30. El municipio alegó que la reso-lución en cuestión era ultra vires y nula. En adición a es-tas negativas y alegaciones el municipio adujo varias defen-sas especiales. *

El caso fue sometido a la corte de distrito a base de una estipulación que figura en la relación del caso y que lee así:

“Aceptando la demandada que el demandante realizó las obras que se dicen fueron realizadas en la demanda, y las que se detallan en dicha demanda como hechos; que dicho demandante recibió orden de practicarlas del Hon. Alcalde y del Comisionado de Obras Públicas, según también se alega en la demanda; que no se le ha pagado el importe de las obras realizadas, según se reclama en la demanda, ni tampoco los intereses; que ha habido requerimiento de pago y no se ha pagado; y que el municipio demandado recibió las obras y se be-nefició y está beneficiándose de ellas en beneficio del uso público.
“Alegando la demandada en su defensa lo siguiente:
“Que el Alcalde ¿lió una orden que no tenía autoridad para dar porque no había fondos asignados en el presupuesto ordinario para hacer dicha obra; y que dicha orden, dada por el Alcalde y refren-dada por el Director de Obras Públicas, se hizo en exceso de auto-ridad; que la alegada orden de referencia, tanto como su aprobación por la resolución núm. 7, son nulas de toda nulidad, ineficaces y que no tienen valor ni efecto y que el servicio practicado bajo su amparo no tiene aprobación de pago por el Municipio de Ponce, porque no precedió la orden previa, de acuerdo con el reglamento para el ré-gimen de la contabilidad municipal; porque no se trata tampoco de un caso de fuerza mayor, emergencia o urgente necesidad, en que hubiere podido preseindirse de la orden previa; porque hasta asu-miendo la existencia de fuerza mayor, emergencia o urgente necesi-dad, no existía, en la fecha en que se dió la orden para los trabajos —la orden nominal, supuesta, por el Alcalde, o sea en noviembre o diciembre de 1929 — no existía crédito disponible en el presupuesto, para dichas obras, debiendo entenderse que las mismas se hicieron bajo la responsabilidad personal del Alcalde entonces, don Guillermo Yivas Valdivieso, y no del Municipio de Ponce, porque dentro del año económico de 1926-27, en que se efectuaron las obras, ni la Junta Administrativa ni la Asamblea Municipal de Ponce, transfirieron a la partida correspondiente, crédito suficiente para cubrirla, por lo que resulta inválida; y, porque, además, la Asamblea Municipal, al aprobar en la sesión del 12 de enero de 1929, la resolución que ad-mitimos que se aprobó, carecía dicha Asamblea Municipal de auto-ridad para aceptar obras -no contratadas válidamente por el Muni-cipio y también carecía de autoridad para incluir en el presupuesto' de 1929-30, ese crédito, siendo todos dichos acuerdos ultra vires e.-ineficaces. ’ ’

El único señalamiento es que la corte de distrito come-tió error al desestimar la demanda. Quizá bastaría decir que este señalamiento es demasiado general para que re-quiera un examen ulterior del alegato del apelante, mas no resolveremos el caso por ese motivo solamente.

La sección 9 de la Ley Municipal (núm. 92) de 1925 (leyes de ese año, pág. 689) otorga a los municipios “plenas facultades legislativas y administrativas, en todo asunto que fuere de naturaleza municipal y que se relacione con los ramos de obras”, mas dispone expresamente “que estas facultades se ejercitarán con sujeción a las leyes de Puerto Eico y de los Estados Unidos y a las ordenanzas de la Comisión de Servicio Público que estuvieren en vigor, no pudiéndose adoptar ninguna ordenanza, resolución ni acuerdo incompatibles con dicbas leyes.” Las facultades y deberes del Alcalde figuran en detalle en la sección 29. La sección 10 lee en parte así (bastardillas nuestras) :

“Las facultades conferidas por esta Ley a los municipios, las ejer-citarán con sujeción a las siguientes limitaciones especiales: (1) toda obra pública se verificará y todos los efectos y materiales se adqui-rirán mediante subasta cuando su valor o costo exceda de seiscientos (600) dólares en los municipios de primera clase, . . . .”

La subasta aquí exigida no es una simple formalidad ni un mero modo de procedimiento. Es una limitación cons-titucional a la facultad del municipio para contratar en re-lación con cualquier obra pública cuyo valor exceda de $600. Asumiendo tan sólo para los fines de la argumentación que el Alcalde podía actuar como agente del municipio en un asunto de esta naturaleza, el supuesto contrato sería ultra, vires y nulo por falta de la subasta. La asamblea municipal no podía ratificar semejante contrato. Del mismo no podía surgir una responsabilidad implícita por los benefi-cios recibidos. Véase el inciso III de la nota al caso de Johnson County Savings Bank v. City of Creston, 84 A.L.R. 926, 954.

La sección 26 de la Ley Municipal de 1925 dispone:

“Entre las atribuciones de la asamblea municipal estarán espe-cialmente las "siguientes, con sujeción a las demás disposiciones de esta Ley:
“1.
“2. La venta, permuta, gravamen o arrendamiento de propieda-des inmuebles municipales y la construcción de teatros y edificios pú-blicos, plazas, parques y calles.”

La sección 33 provee:

“El director de obras públicas dirigirá y administrará todas las obras de carácter municipal; tendrá a su cargo todos los edificios, fincas y terrenos municipales, y llenará todos los requisitos y cum-plirá todos los deberes y obligaciones que le impusieren las ordenan-zas municipales, las leyes de la Isla y el Acta Orgánica.”

Para los fines de esta opinión puede admitirse que el Al-calde y el Director de Obras Públicas Municipales podían liaber anunciado la subasta y actuado como una junta de su-basta a tenor de una resolución de la asamblea municipal confiriéndoles tal autorización. Sin actuación por parte de la Asamblea el Alcalde y el Director de Obras Públicas Mu-nicipales no estaban autorizados para anunciar una subasta, y en ausencia de tal autorización no estamos preparados para presumir que sí anunciaron la subasta. Si la demanda no niega el hecho de que el Alcalde y el Director de Obras Públicas Municipales pudieron haber anunciado la subasta, sí niega el hecho de que el municipio pudo haber anunciado tal subasta o pudo haber autorizado al Alcalde y al Director de Obras Públicas Municipales a anunciar tal subasta, puesto que alega que la asamblea municipal varios años des-pués trató de ratificar la actuación del Alcalde y del Director de Obras Públicas Municipales al aceptar el trabajo y reconocer la deuda. Si la asamblea municipal hubiese anun-ciado la subasta o hubiera autorizado que se anunciara la misma y si el contrato le hubiera sido adjudicado a Toma-sini como postor fructuoso, entonces no hubiera habido ne-cesidad de ratificación alguna ni de alegar nada sobre tal ratificación.

En Serra v. Municipio de Ponce, 47 D.P.R. 144, este tribunal citó de 44 Corpus Juris 121, sección 2224, lo siguiente:

“La regla general es que toda presunción legal será aplicada con la mayor lasitud para sostener la validez de un contrato municipal, y la defensa de ultra vires debe sostenerse mediante la correspondiente alegación y prueba, incumbiendo probar tal defensa a la parte que la suscita. Aun cuando las disposiciones del estatuto o de la fran-quicia sean imperativas, la presunción es que las autoridades al cele-brar el contrato acataron el mismo.”

El texto presupone un supuesto contrato con el munici-pio. La presunción de referencia se hace para sostener la validez de un contrato municipal. Ella no significa que un municipio, al ser demandado a base de un contrato que se alega fué celebrado con el alcalde y con un director de obras públicas municipales y ratificado varios años después por una ordenanza de la asamblea municipal, no puede excep-cional-, la demanda por falta de hechos suficientes para de-terminar una causa de acción, por aparecer de la faz de la demanda, al leérsele a la luz de un estatuto que define y limita las facultades del alcalde, del director de obras pú-blicas, de la asamblea municipal y del municipio mismo, que el presunto contrato era ultra vires y nulo ab imtio y no susceptible de ser ratificado por la asamblea municipal. La demanda debe alegar becbos que demuestren responsabili-dad. Véase 44 Corpus Juris 1479, sección 469,8 y casos ci-tados en la nota 33.

En el caso de Serra el demandante alegó la celebración de un contrato con el municipio, no con el alcalde y director de obras públicas. Se babía declarado sin lugar una excepción a la demanda. El contrato mismo, que era un documento escrito, fué ofrecido como prueba. El municipio babía negado las alegaci9n.es esenciales de la demanda y alegado que el contrato, de existir, era ultra vires, mas luego admitió que el demandante, de ocupar la silla testi-fical, declararía sobre los becbos alegados en la demanda, y solicitó sentencia sobre las alegaciones. La sentencia de la corte de distrito fué confirmada debido a que el deman-dado no presentó prueba alguna en apoyo, de las alegacio-nes afirmativas de su contestación para demostrar que el contrato realmente era ultra vires.

El único caso citado por Corpus Juris en apoyo de la aseveración final del extracto, supra, es Harold v. City of Huntington, 82 S. E. 476. Tomamos el siguiente extracta de esa opinión:

“Se sostiene que toda vez que el acta no demuestra que en la resolución concurrieran dos terceras partes de los miembros de la asamblea presentes, la misma es nula. De su faz el contrato parece justo y razonable y es de la clase de contratos que la ciudad está facultada a celebrar, y la regla invariable de las cortes, en tales ca-sos, es hacer toda presunción legal en favor de su validez. 28 Cye. 675. No se presumirá, en ausencia de prueba en contrario, que fal-taba el- voto de dos terceras partes de los asambleístas presentes. Na obstante, aunque la disposición legal puede ser imperativa, la pre-sunción es que la asamblea cumplió con ella. Marklove v. Utica, etc., R. Co., 48 Misc. Rep. 258, 96 N. Y. Supp. 795.”

En el presente caso, conforme hemos demostrado, el de-mandante no alegó que la orden del alcalde y del director de obras públicas fué dada por ellos como agentes de la asamblea municipal o del municipio o que la orden fué dada por la asamblea municipal o por el municipio a través de un agente autorizado. Por el contrario, conforme también hemos demostrado, ni el alcalde, ni el director de obras pú-blicas tenían facultad alguna para representar al munici-pio a menos que estuvieran autorizados por la asamblea municipal, y la teoría de la demanda fué la de un 'acto no autorizado, posteriormente ratificado por la asamblea municipal. A no ser que tengamos que asumir que el acto original no autorizado fué precedido por una subasta pública que el alcalde y el director de obras públicas no tenían fa-cultad para otorgar sin previa autorización por la asam-blea municipal, entonces (repetimos) la asamblea municipal no tenía más autoridad para ratificar los actos ultra vires del alcalde y del director de obras públicas municipales, que la que tenían el alcalde y el director de obras públicas muni-cipales para actuar en primera instancia sin autorización de la asamblea municipal. En ninguno de los casos citados por el apelante ha ido una corte tan lejos como se nos pide que vayamos al interpretar la presunción relativa a la validez de actos o contratos ultra vires.

El apelante en el curso de su argumentación también ha insistido en que la corte de distrito cometió error al desestimar el recurso por motivos en que no se basaba el demandado y que tampoco fueron discutidos por las partes en sus alegatos. Tal vez hubiera sido mejor práctica para la corte de distrito haber dado a las partes la oportunidad de ser oídas sobre la cuestión por ella suscitada, pero no estamos preparados para decir que la corte inferior estuviera obligada a considerar solamente los fundamentos en que se basaba el municipio en su defensa especial o que el declarar sin lugar la demanda por falta de hechos o el establecer durante el juicio hechos suficientes para determi-nar una causa de acción contra el municipio fuera un error que dé lugar a la revocación. El demandante pudo haber solicitado una nueva vista sobre la cuestión realmente re-suelta por la corte de distrito o por lo menos pudo haber solicitado la modificación de la sentencia a fin de enmen-dar la demanda si el supuesto contrato realmente había sido precedido por una subasta pública y por una orden al de-mandante como postor fructuoso.

El error, de haberse cometido, de resolver el caso por los fundamentos no suscitados por ninguna de las defen-sas especiales del demandado, -no se demuestra que haya sido perjudicial.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Cor-dova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison, El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José María Bernabe, acusado y apelante.
    Núm. 6011.

    Sometido: Mayo 5, 1936.

      Resuelto: Diciembre 22, 1936.

      Martínez Nadal c@ Navarro Ortiz, abogados del apelante; B. A. Gó-mez, Fiscal, j Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Bernabé fue convicto del delito de homicidio voluntario a virtud de acusación por el de asesinato.

Uno de los miembros del jurado tenía criterio formado por lo que había leído en los periódicos. Luego de ser examinado por la defensa y repreguntado por el fiscal, el juez de distrito interrogó a este miembro del jurado y se negó a sostener una recusación motivada. Este jurado fue entonces recusado perentoriamente. El primer señalamiento se dirige a la negativa de la corte a sostener una recusación motivada.

En ausencia de una discusión seria por parte del apelante de la cuestión que aquí se trata de plantear, tan sólo necesi-tamos referirnos al inciso 7 del artículo 227 del Código de En-juiciamiento Criminal y a los casos de Pueblo v. Cortés, 42 D.P.R. 923 y Pueblo v. Morales, 45 D.P.R. 192.

El apelante se funda principalmente en el segundo motivo de su apelación, que expone así:

‘ ‘ 2. — El veredicto en este caso es contrario a la 'prueba. En efecto, de toda la evidencia ofrecida por el Fiieblo de Puerto Rico como por la defensa, resulta probado, fuera de toda duda razonable, que el acu-sado José María Bernabé al disparar dos tiros de revólver en su pro-pia barbería donde trabajaba, contra Vicente Vigil, actuó en defensa propia de su vida, bajo el fundado temor, por las reiteradas ame-nazas que le liabían sido hechas por Yigil en tal sentido y las cuales le fueron transmitidas por numerosas personas.”

Podría admitirse que Yigil repetidamente Rizo amenazas que fueron comunicadas a Bernabé y que éste durante algún tiempo tuvo el temor de recibir grave daño corporal. Si es-taba en peligro de daño inmediato o tenía motivo razonable para creer que lo estaba al tiempo en que tuvo lugar la muerte, ello era una cuestión de becbo para el jurado.

La barbería tenía dos puertas, una grande y otra pe-queña. La menor se bailaba a la izquierda de la mayor. A la izquierda de la puerta menor babía una vidriera que for-maba parte de un edificio contiguo conocido por Plaza Store. La prueba de la defensa fué al efecto de que Yigil pasó la puerta mayor de la barbería, se detuvo detrás de la pared que está entre las dos puertas, miró por la puerta pequeña para dentro de la barbería y entonces comenzó a entrar con la mano izquierda en el bolsillo de la ebaqueta y la derecha en o cerca del bolsillo trasero del pantalón, cuando fué he-rido por Bernabé. La prueba de cargo tendió a demostrar que Vigil ya babía pasado la barbería, entrado a un edificio ubicado varias puertas más allá, en busca de un médico y que a su regreso se había detenido y estaba parado frente a la vidriera que está a la izquierda de la barbería mirando lo que se exhibía cuando Bernabé miró por la puerta pequeña de la barbería y entonces abrió fuego. Un número de testi-gos de cargo también declaró que mientras Yigil estaba frente a la vidriera tenía la mano izquierda en el bolsillo de la chaqueta y la derecha en o cerca del bolsillo trasero del pantalón. Algunos de estos testigos también dijeron que Vigil tenía por costumbre llevar las manos en los bolsillos. Uno o más de ellos también declararon que él miraba calle arriba y calle abajo y que la vidriera estaba vacía. Al menos uno de los testigos de cargo declaró que Yigil tenía las ma-nos a los lados, en posición normal. Estaba desarmado. Esta prueba de cargo, de ser creída en su totalidad, o en sus partes esenciales, por el jurado bastaba para justificar un veredicto condenatorio. Véanse Pueblo v. Díaz, 16 D.P.R. 70; Pueblo v. Pacheco, 40 D.P.R. 395; Pueblo v. Milán, 46 D.P.R. 889; Molphus v. State, 87 So. 133, 135; 30 C. J. 64, sec. 235; Id. 60, sec. 230; Mullins v. Commonwealth, 188 S. W. 1079, 1082; State v. Molitz, 122 P. 86; y Andrews v. State, 72 So. 753.

Enero 12, 1937

El tercer señalamiento se refiere a la exclusión de cierta prueba. La posibilidad de que el resultado hubiera sido distinto, de haberse admitido esta prueba, es muy remota. Por tanto, no estamos preparados para decir que el error, de haberlo, al excluirla fué perjudicial.

El cuarto se refiere a la admisión de cierta prueba que a nuestro juicio era claramente admisible. De igual modo difícilmente podría el error, si se hubiera cometido, considerarse como uno que da lugar a la revocación.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Cor-dova Dávila no intervinieron.

BU MOCION DE RECONSIDERIRAClÓN

El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En una moción de reconsideración el apelante dice:

“Este Hon. Tribunal al hacer un análisis de los alegatos y de la transcripción de la evidencia, a los efectos de su resolución en este caso, hace gran hincapié en el análisis de la declaración de un tes-tigo de cargo que no menciona, en el sentido de que dicho testigo declaró que el interfecto ‘tenía las manos a los lados, en posición normal, y que estaba desarmado’ ”.

La transcripción taquigráfica de la declaración de José Laguna, testigo de cargo, cierra con el siguiente incidente:

“Juez: ¿Usted vió en qué posición tenía las manos Vigil cuando usted pasó por el lado de él?
“T. — Sí, señor.
“J. — ¿Cómo tenía las manos?
“T. — Él estaba tranquilo, con las manos bajas, mirando a la vi-driera.
“J. — ¿Usted le vio las manos a él?
“T. — Sí, señor.
“J. — ¿No las tenía en el bolsillo?
“T. — -No, señor.
“Fiscal. — ¿Usted se fijó bien, o no se fijó cómo tenía las manos?
“T. — Sí. Yo lo saludé a él.
“F seal. — Nada más.”

Este testigo no dice que Yigil estaba desarmado. No fué nuestro objeto citarle directamente, como tampoco a nin-gún otro testigo específico, al efecto de que Yigil estuviera desarmado. La aseveración, a nuestro juicio, de que Vigil no tenía arma, fué o intentó ser la aseveración independiente de un lieclio. De todos modos, fué un heclio incontrovertido.

Nuestra manifestación de que “al menos uno de los tes-tigos de cargo declaró que Yigil tenía las manos a los lados, en posición normal”, no fué una cita directa. Fué sólo úna tentativa de expresar en una oración el nervio del testimonio de Laguna, conforme el mismo aparece en el extracto pre-cedente. No fué nuestra intención dar énfasis a ese testimo-nio. Toda referencia al mismo pudo haber sido omitida sin afectar el resultado ante esta corte.

El apelante ahora sostiene que la pena impuesta por la corte de distrito fué excesiva. Bastaría decir que esta cuestión no fué suscitada por el señalamiento de errores y no es suficiente motivo para una reconsideración. No obstante, podemos agregar que no pasamos por alto este punto al considerar la prueba en su totalidad, y no hallamos tal abuso de discreción que justifique la modificación de la sentencia.

Bebe declararse sin lugar la moción de reconsideración.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdpva Dávila no intervinieron.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Sucesores de Huertas González, S. en C., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 983.

    Sometido: Enero 11, 1937.

      Resuelto: Enero 12, 1937.

      José C. Jusin% abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Sucesores de Huertas González, S. en C., una sociedad mercantil de Toa Alta, presentó en el Registro de la Pro-piedad de Caguas copia certificada de una demanda que contra J. González & Co., S. en C. y José Isabel Aponte y sobre tercería de mejor derecho, había radicado en la Corte de Distrito de Humacao, y pidió su anotación con arreglo al artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil.

El registrador devolvió el documento sin practicar anota-ción alguna “por el fundamento de que, ejercitándose en dicho pleito una acción tendiente únicamente a declarar que determinados inmuebles, que se dicen ser de la propiedad del demandado José Isabel Aponte, están afectos con una garantía hipotecaria constituida por aquél a favor del de-mandante y que tal garantía hipotecaria tiene preferencia y prelación sobre un crédito del codemandado J. González y Compañía, S. en C., y no siendo la referida acción una que afecte al título o al derecho de posesión de propiedad inmue-ble, la anotación de dicha demanda pendente litis, no pro-cede de acuerdo con el artículo 91 del Código de Enjuicia-miento Civil, y sí el remedio de la inscripción de la hipoteca o su anotación preventiva por el término legal si las fincas hipotecadas, como sucede en este caso, no se hallan inscritas a nombre del demandado ni de ninguna otra persona, tanto más cnanto que en este mismo asunto, a instancias, del acree-dor, Sucesores de Huertas González, S. en C., de acuerdo con el artículo 42 de la Ley Hipotecaria, se anotó preventiva-mente dicha hipoteca, habiendo caducado el término legal de dicha anotación.”

Contra esa negativa se interpuso por la parte perjudicada el presente recurso gubernativo.

El artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil que tanto el recurrente como el recurrido invocan para sostener sus contrarias posiciones, autoriza la anotación en toda ac-ción “que.afecte al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble.”

¿Afecta, la acción que aquí se ejercita al título o la po-sesión de alguna propiedad inmueble? Contestar la pre-gunta es resolver el recurso.

En la demanda se alega que el demandado Aponte para garantizar cierta deuda que contrajo con la demandante hi-potecó varias propiedades inmuebles, hipoteca que no pudo inscribirse en el registro por no estar inscritas las fincas hi-potecadas.

Se alega además en la demanda que así las cosas la otra demandada J. González & Co., S. en O., demandó a Aponte en la Corte Municipal de Caguas en cobro de dinero y obtuvo sentencia a su favor para ejecutar la cual el márshal de dicha corte embargó y anunció en venta una de las fincas hipotecadas a la demandante,

T se sigue alegando en la demanda, que el crédito de la demandante tiene prelación sobre el embargo de la deman-dada J. González & Co., S. en O., solicitándose una sentencia de conformidad.

Que está envuelta una propiedad inmueble es evidente. El título de esa propiedad corresponde actualmente al de-mandado Aponte. Y es evidente también que si la venta en pública subasta se realiza a los efectos del pago de la sen-tencia de J. González & Co., S. en C., habrá un traspaso de título a favor del comprador pudiendo quedar el derecho de éste afectado por el de Sucesores de Huertas González, S. en C., si su demanda prevalece.

Siendo ello así no creemos que pueda sostenerse qué la acción ejercitada en la demanda cuya anotación se pide deje de afectar en absoluto al título de la propiedad inmueble de que se trata. Parece que debe llegarse en este caso • a la misma conclusión a que llegó este tribunal en el de Schlüter v. Registrador, 36 D.P.R. 517, 518, a saber:

'“Es evidente que una acción para la ejecución de una hipoteca está dentro del espíritu de la disposición estatutaria si esa disposición es interpretada a la luz de su historia y de su fin como una limita-ción y restricción a la doctrina de Us pendens del derecho común. 17 R.C.L. pág. 1016, párrafo 10, y pág. 1019, párrafo 14.”

Véanse además las decisiones de esta corte en los casos de Alvarez et al. v. El Registrador, 24 D.P.R. 427, y Manrique de Lara v. El Registrador, 23 D.P.R. 864, y 38 C. J. 17 y siguientes.

Una duda surge y es la de si puede hablarse de hipo-teca al referirse a la en que funda su mejor derecho la recurrente, ya que el artículo 146 de la Ley Hipotecaria prescribe que para que las.hipotecas voluntarias queden válida-mente constituidas, se requiere que la escritura se haya ins-crito en el registro y sabemos que aquí no pudo serlo por no hallarse previamente inscrita la finca hipotecada.

De todos modos como se trata de un inmueble no inscrito y pudiera surgir algún derecho, creemos que la conclusión a que llegamos se sostiene. Véase Rodríguez v. Solivellas & Co., y Nat. City Bank, int., 49 D.P.R. 633.

No estamos conformes con que el derecho del recurrente esté limitado como sostiene el registrador a inscribir su hipoteca. No hay duda de que éste es el mejor camino. In-tentó seguirlo el recurrente pero encontró un obstáculo para ello: la no inscripción de la finca hipotecada. Y como la inscripción previa de la finca necesaria para la inscripción de la hipoteca es algo que puede dilatarse, creemos que es-tuvo justificado el recurrente en pedir la anotación de su de-manda a los fines de asegurar el derecho que pudiera asistirle no obstante la no inscripción de la garantía que se le otor-gara para el pago de su crédito. Carreras v. Registrador, 42 D.P.R. 910; Zapata v. Registrador, 40 D.P.R. 564.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la anotación solicitada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    José S. Belaval, demandante y apelante, v. Gonzalo Fernós, demandado y apelado.
    Núm. 6988.

    Sometido: Abril 1, 1936.

      Resuelto: Enero 12, 1937.

      .RdgaA• S. Belaval, abogado del apelante; Bubón & Oehoteco, aboga-dos del apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la «pinióki del tribunal.

Se ejercita en este caso la acción nugatoria de servidumbre. El demandante es dueño de un solar en Santurce en el que tiene construida una casa y al demandado pertenece otro solar que colinda por uno de sus lados con el del demandante. -En su solar edificó el demandado una casa y anexa a ella una marquesina que llega a la misma línea divisoria de ambos solares.

Cuando la demanda se interpuso, el lado norte de la mar-quesina correspondiente a la línea divisoria de los solares, estaba formado por un arco abierto de un metro noventa y un centímetros de alto por dos metros y ochenta y seis cen-tímetros de ancho aproximadamente. Días- antes del juicio, dicho arco se tapió por completo con cemento.

En los lados este y oeste existían y existen huecos de tres metros de alto por dos metros ochenta y seis centíme-tros de ancho aproximadamente comenzando a una distancia menor de sesenta centímetros de la línea divisoria de los solares.

El lado este da a una calle, y el oeste, al fondo del solar del propio demandado.

El lado sur lo constituye el lado norte de la casa del de-mandado.

El techo de la marquesina es de cemento, plano, y está rodeado de un pretil de noventa centímetros de alto. Por su lado sur está separado de una terraza que existe en la planta alta del demandado por un muro de noventa centí-metros de alto por cincuenta y tres centímetros de espesor.

Sostuvo y sostiene el demandante que los anteriores he-chos demuestran que la construcción del demandado recibe luz de su fundo y tiene vistas sobre el mismo de una manera contraria a la ley y pidió sentencia ordenando al deman-dado el cierre del hueco del lado sur de la marquesina re-duciendo su tamaño a treinta centímetros cuadrados con re-jas de hierro remetidas en la pared y la reducción de los huecos de los lados este y oeste de manera que quedaran a sesenta centímetros de la línea divisoria de las propiedades. Eso en cuanto a la planta baja. En cuanto al techo, pidió que se ordenara al demandado que elevara a la altura de las carreras del segundo piso de su casa bien el pretil del lado norte y seis centímetros del de los lados este y oeste de la marquesina, ya el muro que la separa de la terraza.

Se avino el demandado en su contestación a que se dic-tara sentencia ordenándosele a que cerrara el hueco exis-tente en el lado norte de la marquesina y se opuso a los de-más pronunciamientos solicitados por el demandante. Cada parte pidió la imposición de las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado a la contraria.

La corte declaró la demanda sin lugar, sin especial con-denación de costas. Razonó su sentencia como sigue:

"La cuestión a determinar en este caso es si la marquesina tal y como existe actualmente crea una servidumbre de luces y vistas sobre la finca del demandante.
"El demandante basa su acción en el artículo 518 del Código Civil (Ed. 1930), que literalmente dice así:
" ‘Art. 518. — No se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes sobre la finca del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad.
" ‘Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad si no hay 60 centímetros de distancia.’
"Como hemos dicho anteriormente, el arco de la marquesina que daba a la finca del demandante, ha sido completamente tapiado, de manera que no hay cuestión alguna con respecto a vistas rectas. Tampoco la puede haber con respecto a vistas de costado u oblicuas, por cuanto los arcos de la marquesina no pueden calificarse de ven-tanas, balcones u otros voladizos semejantes, según se resolvió por nuestro Tribunal Supremo en el caso de Rabell v. Rodríguez, et al., 24 D.P.R. 561, 570, ratificado posteriormente en el caso de Rodríguez v. Colón, 34 D.P.R. 78, en el que se resolvió nuevamente que las puertas no están incluidas en la prohibición del artículo 589 del Código Civil Revisado, idéntico al 518 (Ed. 1930) referente a las Ventanas, balcones u otros voladizos. Los arcos que dan al Este y al Oeste de dicha marquesina están abiertos desde el suelo de tal manera que pueden dar paso a un automóvil, y más bien adolecen de la naturaleza de una puerta que de una ventana.
“Réstanos aRora considerar si el techo de la marquesina puede considerarse como un balcón. No hay duda alguna de que es así por existir la circunstancia de haberse levantado una baranda o pretil de 90 centímetros de alto alrededor del techo de la marquesina, lo que la convierte en un balcón, según Manresa y la sentencia del Tribunal Supremo de España de 6 de junio de 1892:
‘En nuestro' concepto, hay que distinguir si las azoteas y te-rrados tienen balaustre o no; si no lo tienen, no les es aplicable el Art. 582; si lo tienen, sí, pues el referido artículo habla de balco-nes, y una terraza puede hacer oficio de tal. El^ Tribunal Supremo lo ha entendido así en sentencia de 6 de junio de 1892, al afirmar que el precepto del Art. 582 es aplicable al caso de un terrado o azotea que por su extensión y altura equivalga a un balcón. ’ 4 Man-resa, Comentarios al Código Civil (Ed. 1910) 778.
“Siendo como es el techo de la marquesina un balcón a los efec-tos del Art. 518 del Código Civil (Ed. 1930) réstanos ahora deter-minar si el hecho de haberse construido el muro de 90 centímetros de alto por 53 centímetros de ancho que lo incomunica con el resto de la casa, le quita tal carácter de balcón convirtiéndolo en simple azotea y excluyéndolo de la prohibición del artículo 518 del Código Civil.
“Quedando incomunicada la azotea de la marquesina con el bal-cón o terraza propiamente dicho, dicha azotea, por su pequeña ex-tensión, no puede desempeñar las funciones de un balcón. Es ver-dad que podría pasarse sobre el muro y caer en la azotea de la mar-quesina, pero, aparte de que esto sólo podría hacerse con alguna dificultad, no convertiría la azotea en balcón, pues debido a sus re-ducidas dimensiones no podría utilizarse como tal. Se dirá que no obstante las dimensiones de dicha azotea una persona podría aso-marse y ver sobre la finca del demandante, pero esto también podría hacerse desde una azotea cualquiera y no por esto crearía una ser-vidumbre. Entendemos, además, que no siendo por un precepto ex-preso de la ley sino en virtud de interpretación judicial, que las azo-teas rodeadas de balaustres o barandas se consideran balcones, tal doctrina debe ser interpretada en sentido restrictivo, máxime cuando dicha interpretación es rechazada por comentaristas de la talla de Sánchez Román, y por el motivo adicional de constituir una limita-ción al derecho de propiedad.
“Nada decimos de las plantas sembradas en el hueco del muro de 90 centímetros de alto que contribuyen a aumentar su altura, por-que siendo dichas plantas de fácil remoción, no deben ser conside-radas como impedimentos para pasar sobre el muro.”

Tras un estudio detenido del caso creemos que la corte de distrito apreció los hechos y aplicó la ley con ánimo de resolverlo en justicia.

■ No tenemos duda de que los arcos de la marquesina que dejan abierta la comunicación del solar del demandado con la calle, no son ventanas, ni balcones, ni otros voladizos se-'mejantes, ni se destinan a obtener vistas de costado ni obli-cuas sobre el solar colindante. De equipararse a algo, lo deben ser, por el destino que evidentemente tienen, a puer-tas, como lo hizo la corte de distrito, y entonces no les son aplicables las restricciones del artículo 518 del Código Civil.

En el caso de Rodríguez v. Colón, 34 D.P.R. 78, se expresó esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Aldrey, como sigue:

"El artículo 589 del Código Civil dispone que no se pueden abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad. Como este precepto es prohibitivo hay que interpretarlo restrictivamente y, por tanto, como sólo prohíbe las ventanas con vistas rectas y balcones u otros vola-dizos semejantes, no puede hacerse extensivo a las puertas abiertas en la planta baja de la casa, como pretende el apelante.
“Comentando ese precepto, que es el artículo 582 del Código Civil Español, dice el Sr. Manresa lo siguiente:
“ 'Se ha debatido sobre si el precepto es aplicable a la apertura de una puerta, es decir, si el dueño de una edificación está obligado a someterse a los artículos 582 y 583 al abrir en pared propia sobre terreno propio — v. gr., un metro o metro y medio — una puerta. El artículo 582 de ninguna manera se refiere a la apertura de una puerta, que además no tiene el' destino de dar vistas. La jurisprudencia de los tribunales franceses e italianos han resuelto la cuestión en el sen-tido que indicamos.’ (4 Man. 4’ ed. 804.)
“Por nuestra parte hemos declarado en el caso de Rabell v. Rodríguez, 24 D.P.R. 561, que no fué la intención del legislador incluir en el artículo 589 del Código Civil las puertas entre las ventanas, balcones u otros voladizos semejantes que se enumeran en dicho pre-cepto, pues en caso contrario hubiera hecho mención de las mismas, no dejándolas sometidas a deducciones.”

Con respecto al techo de la marquesina, dada su conexión con la terraza de la casa del demandado, reconocemos la fuerza de los argumentos de la parte recurrente y no dejamos de tener dudas en cuanto a la conclusión a que lleg’ara la corte de distrito. Sin embargo, debemos reconocer que el muro levantado por el propio demandado limitando la ex-tensión de su terraza, revela su voluntad de no pasar de abí y bajo las circunstancias peculiares del caso puede y debe aceptarse como la solución del problema más justa y equitativa.

Por lo que se refiere a la no imposición de las costas al demandado, bastará decir que, tras un examen concienzudo de todo lo que los autos revelan, no nos sentimos justificados para concluir que la corte de distrito no hizo buen uso de su discreción.

En tal virtud, debe declararse sin lugar el recurso gibe-dando confirmada en todas sus partes la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    The Federal Land Bank of Baltimore, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    Núm. 984.

    Sometido: Enero 9, 1937.

      Resuelto: Enero 15, 1937.

      Frank Martínez, Sebastián Ga/t'cía Díaz y A. Ba/rceló, Jr., abogados del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Ponce la venta judicial hecba por James M. Johnson, como “Special Master” nombrado por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, y The Federal Land Bank of Baltimore, representado por su “Assistant Manager” Charles Stewart Graham, constante en escritura pública otorgada en noviembre 12, 1936, ante el Abogado-Notario Antonio R. Barceló Jr., causó la siguiente nota:

“Inscrito el presente documento pero limitándose a la cabida que le resulte a la finca, después de deducirse de la que se le atribuye en este documento, dos parcelas de sesenta y nueve céntimos y se-senta y un céntimos, segregadas y vendidas a El Pueblo de Puerto Rico, con respecto a las cuales se deniega la inscripción ... . ., con el defecto subsanable de no acreditarse que Arnaldo Ruiz Morazani, y Teresa y Minica Ruiz Gutiérrez sean los herederos conocidos de Carmen Luisa Gutiérrez González. ...”

No conforme The Federal Land Bank con el defecto sub-sanable apuntado, recurrió para ante este Tribunal pidién-dole que revoque la nota en cuanto al mismo. Notificado el registrador, no ha presentado alegato.

La venta judicial de que se trata se llevó a efecto en la ejecución de una sentencia dictada por la Corte de Dis-trito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en un pleito seguido ante ella por The Federal Land Bank en cobro de cierto crédito garantizado con hipoteca. Ha-biendo fallecido uno de los deudores — Carmen Luisa Gutié-rrez González — , se demandó a “John Doe y Richard Roe” como a sus herederos desconocidos, citándoseles por edictos. Aun más, como el demandante se enterara de la existencia del esposo y de dos hijos de la dicha deudora, los hizo em-plazar personalmente, dejando ellos de comparecer en el pleito.

No se sostiene por el registrador que la citación por edictos no se hiciera conforme a ley. T si se hizo en debida forma era suficiente,, de acuerdo con lo resuelto en el caso de The Federal Land Bank of Baltimore v. Registrador de Mayagüez, 46 D.P.R. 279, 282, a saber:

“El procedimiento no se instó contra la Sucesión de Nicolás Cue-bas Lugo como entidad separada, como persona jurídica distinta, si que siguiendo la regla establecida en el caso de Dapena v. Sucesión Dominicci, 12 D.P.R. 66, citado en el de Arvelo, supra, se expresó que estaba compuesta de determinadas personas que siendo descono-cidas para el actor fueron por él designadas con los nombres de ‘Fu-lano y Zutano de Tal’. Y ello es generalmente bastante.”

El hecho de que habiendo llegado a conocimiento del demandante la existencia de algunas personas que pudieran ser herederos, así lo hiciera constar, y los hiciera emplazar personalmente, no debe empeorar su situación. Conviene no perder de vista que aquí se trata del cobro de una deuda garantizada con hipoteca y que la finca que se vendió ju-dicialmente para satisfacer el crédito fue la expresamente gravada para ello.

Bebe declararse con lugar el recurso y en su consecuen-cia ordenarse la inscripción sin el defecto apuntado.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Peesidente Señor del Toro,

text:
    El Municipio de Manatí, peticionario y apelante, v. E. Garrido Morales, Comisionado de Sanidad, y Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandados y apelados.
    Núm. 6962.

    Sometido: Enero 14, 1937.

      Resuelto: Enero 19, 1937.

      Miguel Guerra Mondragón, abogado del apelante; Son. Procurador General B. Fernández García y Livis Janer, Subprocurador, abo-gados de los apelados.
   El Juez Peesidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Está envuelta en este caso la constitucionalidad de la Ley núm. 56 para ordenar al Tesorero de Puerto Rico a so-licitud del Comisionado de Sanidad, y previo libramiento del Auditor Insular, retenga cierta suma de los fondos ordina-rios de los municipios de Puerto Rico, para entregarla a dicho Comisionado de Sanidad, de modo que sea invertida para ayudar a sostener las unidades de salud pública que hubieren sido establecidas, y las que en el futuro se estable-cieren en los distintos municipios, y para otros fines, apro-' bada el 13 de mayo de 1934 (Leyes de 1934, pag. 405).

El Municipio de Manatí por medio de su Alcalde J. R. Dávila presentó en la Corte de Distrito de San Juan una de-manda de injunction contra el Comisionado de Sanidad y el Tesorero de Puerto Rico, Garrido Morales y Domenech, res-pectivamente, alegando que el primero se disponía a solici-tar del segundo que retuviera y el segundo estaba dispuesto a retener de los fondos ordinarios correspondientes al mu-nicipio demandante, la suma de mil quinientos dólares, anual-mente, para invertirla en ayudar a sostener una Unidad de Salud Pública en el dicho municipio, en la misma forma que se invierten y desembolsan otros fondos pertenecientes al Pueblo de Puerto Rico, alegándose además que tales actos se intentaban realizar so color de la autoridad conferídales por la indicada Ley núxn. 56 de 1934 que no podía otorgarla por ser nula por anticonstitucional.

Y alegándose, por último, daños irreparables, carencia de remedio ordinario rápido y adecuado y grave perjuicio, se solicitó la expedición de un auto de mjv/nction permanente contra los demandados ordenándoles que se abstuvieran de retener los indicados fondos, expidiéndose mientras recayera sentencia definitiva, un auto preliminar.

Se expidió una orden para que los demandados mostra-ran causa a virtud de la cual no debiera librarse el injunction solicitado. Comparecieron dichos demandados pidiendo la eliminación de ciertos particulares de la demanda, interpo-niendo la excepción previa de falta de hechos determinan-tes de causa de acción y contestando la petición en su fondo. Se oyó en una vista' a ambas partes. Estipularon éstas la presentación de alegatos. Archivaron el suyo los demanda-dos. Nada hizo el demandante. Y la corte, el 5 de noviem-bre de 1934, dictó sentencia declarando sin lugar la peti-ción, sin especial condenación de costas.

Apeló el municipio. En su alegato sostiene que la corte sentenciadora erró “al decidir que la Legislatura de Puerto Meo tuvo facultades para aprobar la Ley núm. 56 de 13 de mayo de 1934.”

Argumentándolo' invoca el Capítulo 10 del Título 48 del Código de los Estados Unidos, Sección 1471, en la parte que dispone que:

“Las legislaturas de los Territorios de los Estados Unidos ahora existentes o que se organicen en el futuro, no aprobarán leyes locales o especiales en ninguno de los siguientes casos, a saber:
“Reglamentando los asuntos de un condado o pueblo.
“Sobre la tasación y cobro de contribuciones, para fines territo-riales, del condado, pueblo, o caminos.
“En todos los demás casos, cuando una ley general puede ser de aplicación, no se aprobará ley especial alguna en ninguno de los te-rritorios de los Estados Unidos por las legislaturas territoriales de los mismos. ’ ’

Si ésas fueran las únicas disposiciones legales a conside-rar, tendría quizá razón el apelante, pero con posterioridad a esa ley general sobre territorios, el Congreso aprobó las leyes de 1900 y 1917 organizando el de Puerto Bico, con-firiendo a su Legislatura la facultad necesaria a nuestro jui-cio para decretar la ley que dicbo apelante impugna.

“La prohibición general en la ley de julio 30, 1886, 24 Stat. 170, prohibiendo a las legislaturas territoriales pasar leyes especiales no se aplica cuando se concede una autori-zación especial por el Acta Orgánica de un territorio particular”, resolvió la Corte Suprema de los Estados Unidos en Ponce v. Roman Catholic Church, 210 U. S. 296. Véase también 28 Op. Atty. Gen. 491.

Y la sección 37 del Acta Orgánica de 1917, dice:

“Artículo 37. — La autoridad legislativa estatuida por la presente, se aplicará a todos los asuntos de carácter legislativo que no sean lo-calmente inaplicables, incluyendo la facultad de crear, consolidar y reorganizar los municipios, según fuere necesario, y proveer y dero-gar leyes y ordenanzas para los mismos; y también la facultad de alterar, reformar, modificar o derogar cualquiera o todas las leyes y ordenanzas, de cualquier clase, actualmente vigentes en Puerto Rico o en cualquier municipio o distrito del mismo, hasta donde dicha al-teración, reforma, modificación o derogación fuere compatible con las disposiciones de esta ley.”

La ley impugnada dispone:

“Sección 1.' — -Por la presente el Tesorero queda autorizado y así mismo se le ordena, para que a solicitud del Comisionado de Sanidad de Puerto Rico, y previo libramiento del Auditor Insular retenga de los fondos ordinarios correspondientes a los municipios de Adjuntas, Aguadilla, Aguas Buenas, Areeibo, Arroyo, Barceloneta, Bayamón, Cabo Rojo, Cayey, Guayama, Guaynabo, Hormigueros, Humaeao, Juncos, Manatí, Maricao, Maunabo, Mayagiiez, Moca, Naguabo, Patillas, Río Piedras, Salinas, San Germán, San Lorenzo, Santa Isabel, San Sebastián, Toa Baja, Utuado, Yabucoa y Yauco, respectivamente, las siguientes sumas de dinero: $500, $500, $300, $2,800, $500, $300, $1,860, $1,000, $1,500, $1,000, $300, $300, $1,000, $800, $1,500, $500, $240, $5,000, $250, $500, $300, $5,600, $3,500, $1,500, $300, $3,000, $500, $500, $360, $600, $1,000, todos los años, para ayudar al soste-nimiento de las Unidades de Salud Pública que en dichos municipios se han establecido. Retenidas dichas cantidades o cualesquiera de ellas y recibidas las mismas, o puestas éstas a la disposición del Co-misionado de Sanidad, éste procederá a invertirlas para ayudar al sostenimiento de dichas Unidades de Salud Pública, en la misma forma en que se inviertan y desembolsen otros fondos pertenecientes a El Pueblo de Puerto Rico. El Departamento de Sanidad cumplirá en todo momento con aquellas condiciones establecidas como previas para el establecimiento de la unidad de salud pública y que se demostrare fueran convenidas entre el Departamento de Sanidad y el respectivo municipio.
“Sección 2. — Las sumas así descontadas para los municipios men-cionados en la anterior sección serán utilizadas única y exclusiva-mente como una contribución del respectivo municipio para el soste-nimiento de sus Unidades de Salud Pública, y el Gobierno Insular a través del Departamento de Sanidad continuará contribuyendo para el sostenimiento de dichas Unidades de Salud Pública en la misma forma y con las mismas sumas que hasta el presente lo ha hecho.
“Sección 3. — Cualquier municipio que en el futuro deseare ser incluido en el grupo de municipios con derecho a sostener una Uni-dad de Salud Pública, en virtud de contribución de sus fondos ordi-narios a dicho propósito podrá así declararlo mediante ordenanza al efecto, copia certificada de la cual se enviará al Tesorero y al Auditor de Puerto Rico y dicha ordenanza constituirá una autorización expresa e irrevocable para que dicho Tesorero y Auditor de Puerto Rico procedan a tramitar y verifiquen la retención de la suma con que se comprometieron dichos municipios de sus fondos ordinarios y el Comisionado de Sanidad queda por la presente autorizado a dis-poner e invertir de dichos fondos en la misma forma y para el mismo objeto que han sido retenidos los fondos de los municipios específi-camente reseñados en las anteriores secciones de esta Ley.
“Sección 4. — Recibida la cantidad correspondiente a cada muni-cipio, o puesta ésta a la disposición del Comisionado de Sanidad, éste procederá a invertirla para ayudar al sostenimiento de dichas Unidades de Salud Públicas, en la misma forma en que se invierten y desem-bolsan otros fondos pertenecientes a El Pueblo de Puerto Rico.’-’

Las facultades conferidas por el Congreso a la Legis- ■ latura de Puerto Rico en relación con los municipios fueron desde un principio tan amplias que la jurisprudencia general sobre la materia lia venido aplicándose para resolver todas las cuestiones suscitadas sobre el particular. En términos generales, la relación que existe en esta Isla entre sus mu-nicipios y el territorio, es la misma que la que existe en los diversos Estados de la Unión, entre sus municipios y el estado. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos ha re-suelto que:

“Un municipio es meramente un departamento del estado, y el estado puede retener, conceder, o retirar los poderes y privilegios que crea prudente. Irrespectivamente de lo grande o lo pequeño que sea su campo de acción, el municipio continúa siendo una criatura del estado, ejerciendo y reteniendo poderes y privilegios sujetos a la vo-luntad soberana. Véase Barnes v. District of Columbia, 91 U. S. 540, 544, 545.” Trenton v. New Jersey, 262 U. S. 182, 187.

Bajo el epígrafe “Control Legislativo sobre la propiedad - de las Corporaciones Municipales”, resume Ruling* Case Law ,1a jurisprudencia establecida sobre la materia en gran número de casos. En parte dice:

“Sobré la propiedad que una corporación municipal ha adquirido en su carácter público o gubernamental, y que dedica a fines públicos o gubernamentales, la facultad de la legislatura es completa en ver-dad, de tal suerte que la legislatura puede tomar el control de la .misma de las manos de los funcionarios de la corporación y entre-garla a otros funcionarios bajo una supervisión y dominio más directos del estado, o puede, sin remuneración para el municip:o y sin su consentimiento, ordenar, que la corporación dedique tal propiedad a algún otro fin público o la entregue a alguna otra agencia guber-namental, para algún otro fin público; o puede exigir del municipio que gaste sus fondos en la compra y sostenimiento de tales bienes; o puede aprobar cualquier reglamentación para el uso y administra-ción, que crea prudente, en bien público.” 19 R.C.L. 759.

Pateco propio agregar que si bien la ley impugnada se refiere a determinados municipios, prescribe el procedi-miento a seguir por cualquier otro municipio que desee ser incluido en el grupo con derecho a sostener Unidades de Salud Pública. No se trata, pues, de una ley exclusiva local. Además no debe perderse de vista que la sanidad pública es cuestión que incumbe a la Legislatura y que tal como está redactada la ley ni un solo centavo de los fondos municipales de que se dispone deben gastarse fuera de los límites territoriales del municipio ni para otro propósito que no sea el del sostenimiento de la Unidad de Salud Pú-blica en el propio municipio establecida.

En el caso de Davorck v. Moore, 105 Mich. 120, citado en 19 R.C.L. 765, se resolvió:

“La conservación de la salud pública es una función pública y gubernamental, y un estatuto que provee la designación de la junta de sanidad de una ciudad por el gobernador del estado y que exige de la ciudad que entregue a tal junta sus hospitales y toda la demás propiedad de su departamento de salud, y que levante los fon-dos que la junta determine son necesarios para su uso, es constitu-cional. ’ ’

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse el re-curso sin lugar y confirmarse la sentencia recurrida.

Los Jueces Asóciados Señores Wolf y Córdova Dávila:. no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Travieso,

text:
    Henry Mason, demandante y apelado, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelante.
    Núm. 6836.

    Sometido: Junio 4, 1936.

      Resuelto: Enero 19, 1937.

      Celestino Inarte, F. Fernández Cwyar y Héctor González Blcmes, abo-gados de la apelante; J. Henri Brown, G. E. González, G. Benitez Gcmtier y Sergio G. Gelpí, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante reclamó la suma de $11,929 por concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las lesiones que recibiera al chocar dos de las guaguas pertenecientes a la demandada.

Se alega en la demanda que el demandante abordó la guagua P-16, en Santurce, para trasladarse a San Juan, como pasajero; que en el momento en que caminaba por la Avenida Ponce de León en dirección a San Juan, al llegar a la curva después de pasado el puente ‘‘G-uillermo Este-ves”, dicha guagua se cruzó con la número P-32, pertene-ciente también a la demandada, produciéndose un choque entre ambos vehículos, como consecuencia del cual el deman-dante sufrió una fractura del húmero izquierdo y otras le-siones y contusiones en varias partes del cuerpo; y que dichas lesiones tuvieron como causa única, próxima y directa la negligencia de los empleados de la demandada que con-ducían y operaban uno y otro vehículo.

Negó la demandada que las dos guaguas tuvieran colisión o choque entre sí, al cruzarse o en cualquier otro momento, y negó además que las lesiones del demandante, si alguna sufrió, fueran causadas por la negligencia de los empleados que conducían las dos guaguas. Y como defensas especia-les, alegó:

1. Que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción.

2. Que el accidente tuvo como causa única, próxima y directa la ne-gligencia y descuido del demandante, al llevar su codo y ante-brazo izquierdo fuera de la ventanilla de la guagua, en contra-vención del aviso escrito fijado en el interior del vehículo, por el cual se previene a los pasajeros contra el peligro de esa prác-tica.

3. Que en la noche del accidente, 2 de octubre de 1932, la carretera se hallaba parcialmente obstruida por postes de la luz eléctrica que habían sido derribados por el huracán del 26 de septiembre del mismo año, dejando libre para el tráfico tan sólo una parte de la avenida, pero lo suficiente para que dos vehículos pudie-ran transitar por ella al mismo tiempo; que en el momento- de cruzarse, ambos vehículos marchaban a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes y que se cruzaron una a otra, sin que en ningún momento chocaran entre sí, sin que se rozaran siquiera sus costados y sin que nin-guna de las dos sufriera desperfecto alguno.

Celebrada la vista, durante la cual se practicó una ins-pección ocular del vehículo en que viajaba el demandante, la corte dictó sentencia por la que se condena a la deman-dada a pagar al demandante la suma de $2,429 como indem-nización, más las costas y honorarios de abogado. La de-mandada interpuso el presente recurso.

Los errores señalados por la parte apelante son:

“Primero. — Erró la corte inferior al declarar que los vehículos de la demandada chocaron o rozaron entre sí.
“Segundo. — La corte sentenciadora cometió error manifiesto al sostener que el demandante llevaba su codo y antebrazo dentro del vehículo; al sostener que la teoría del demandante está sostenida por la prueba y se ajusta más a la lógica que la de la demandada; y al no declarar que la conducta del demandante fué negligente, quedando, por tanto, impedido de recobrar indemnización alguna de la deman-dada.
“Tercero. — Erró la corte a quo al establecer que la causa deter-minante de los daños sufridos por el demandante fué el supuesto cho-que o colisión entre los vehículos.
“Cuarto. — Erró la corte sentenciadora, y abusó de su discreción, al condenar a la demandada a pagar al demandante las costas y ho-norarios de abogado del litigio.”

Podemos considerar los alegados errores conjuntamente, toda vez que ellos se refieren a la apreciación de la prueba por la corte sentenciadora. Examinemos la prueba.

Rafael Ríos, Jr., declaró: que él subió a la guagua en el mismo sitio en que la tomaron el demandante Mason y el Sr. Urquhart, sentándose Mason en el lado izquierdo del tercer asiento, de los de la izquierda de la guagua, Urquhart en el mismo asiento, al lado de Mason y el testigo Ríos en el extremo izquierdo del segundo asiento de los de la de-recha, de espalda al frente de la guagua y en conversación con los otros dos; que al llegar a la curva sintió “a scraping noise and a cracking noise, like that of sticks” (un ruido de fricción y un ruido como el crujir de la madera); que en tonces el Sr. Mason se quejó de haberse fracturado el brazo; que sabe que las dos guaguas chocaron porque oyó “the distinct scraping of the two buses and a cracking noise like breaking sticks, something splintered” (la fricción clara de las dos guaguas y un ruido como el crujido de madera que se rompía, de algo que se hacía astillas); que en la guagua no había más que ellos tres y el chauffeur; que no notó en qué parte de la ventanilla llevaba Mr. Mason su brazo o codo izquierdo.

Robert Charles Duff Urquhart corroboró en todas sus partes la declaración de Rafael Ríos, Jr., haciendo cons-tar que sabe que las guaguas se rozaron una con otra porque oyó un ruido que puede describirlo solamente como el de una fricción o raspado (scrape), que tenía algo que ver con el maderamen de' la guagua; y que oyó ese ruido muy dis-tintamente; que a pesar de los obstáculos que había en la parte de la carretera donde ocurrió el accidente, había espa-cio suficiente para que dos guaguas pudieran cruzarse, de-jando un fair space, un espacio como de dos pies entre una y otra.

Henry Mason, el demandante, declaró que después de haber pasado el puente, el chauffeur de su guagua tocó el klaxon y al mirar vió que venía otra guagua, pero que como Rabia espacio siguió Rabiando y que en seguida vió con la orilla de sus ojos que esa mismla guagua en vez de seguir como venía viró y le tocó en el codo; que en ese momento él estaba sentado con el brazo sobre el marco de la venta-nilla; que entre el asiento y el costado de la guagua Ray un espacio para poner el codo; que en el sitio donde estaba él sentado Rabia tres barras de Rierro que estaban a tres pulgadas la primera del borde de la caja donde él tenía el brazo y a 2% pulgadas las otras dos; que el centro de la otra guagua le tocó y que “hubo un cRoque, no exactamente un cRoque, pero un ruido fuerte, un scrape (rozadura)” y en seguida sintió que su brazo fué roto. (En repregunta) Que durante el trayecto iba de frente Racia el frente de la guagua, con el codo izquierdo recostado contra las barras que hay en la ventanilla; que es posible que alguna parte de su brazo saliera fuera de las barras; que las tres barras ocupaban como nueve pulgadas desde la base de la venta-nilla; que no es cierto que él llevara su brazo sobre las tres barras protectoras; que no sabe qué parte de la guagua le tocó, pero que tiene la impresión de que fué el centro; que las barras estaban Racia el lado de afuera y que él tenía el codo recostado en el borde de la ventanilla, contra las barras.

La prueba testifical de la demandada tendió a probar que las dos guaguas envueltas en el accidente sufrido por el demandante Rabian sido examinadas momentos después del suceso y no presentaban desperfecto alguno, sacando como consecuencia que no Rabia Rábido cRoque o contacto alguno entre los dos vehículos.

Antonio Velázquez, el chauffeur de la guagua en que viajaba el demandante, declaró que Mason venía, sentado en el tercer asiento, .a mano izquierda, el brazo derecho sobre el respaldo del asiento y el otro sobre el protector que tiene la guagua; que vió a Mason en esa posición en la parada 44, en la parada 20 y varias veces más; que se fijaba por el espejo y lo veía en esa posición; que Mason llevaba el brazo izquierdo encima del último protector de la ventanilla. Y a repreguntas del demandante contestó que no podía decir la posición en que estaba Mason cuando ocurrió el acci-dente.

Como resultado de la inspección ocular de la guagua núm. P-16, la corte llegó a las siguientes conclusiones de hecho:

“ ... La Corte aprecia que la guagua tiene cinco asientos, y uno en el fondo, con un pasillo en el medio que separa los asientos. La guagua es de marca General Motors Corp. La Corte aprecia que la distancia que hay en la parte interior, del borde interior a las barras es de dos pulgadas y media, y la distancia entre las barras es de dos pulgadas y media, y tomando la distancia desde la parte exterior a la primer barra es de tres pulgadas, y desde el vano de ventana basta la última barra es de nueve pulgadas. Del asiento al borde interior de la ventanilla bay diez pulgadas y media, estando sentado un pa-sajero. De la parte posterior del asiento al borde interior .de la ven-tana son trece y media pulgadas, y tres cuartos de pulgada la pes-taña que está a la parte interior de la ventana, y esta pestaña sobre-sale del borde de la ventanilla media pulgada. Tres y media pulga-das el ancho de la ventanilla incluyendo la pestaña.”

Y en su apreciación de esos hechos, en relación con las declaraciones de los testigos de ambas partes, la corte, en su opinión, lleg’a a la siguiente conclusión:

£í . . . En cuanto a la forma en qne venía sentado Mason y que relata el mismo conductor, también bay que desecharla por absurda. Ensaye quienquiera a poner el codo o el brazo encima de las Amrillas de hierro que cruzan las ventanillas de las guaguas y se verá que por incómoda es insostenible esta posición. Item más, en la inspec-ción ocular el demandante voluntariamente y a petición del abogado de la demandada se sentó en la posición en que estaba cuando el accidente, y así sentado nosotros apreciamos lo que consignamos en el acta de la inspección ocular y que dice así:
“ ‘La corte aprecia que sentados dos pasajeros en el tercer asiento del lado izquierdo de la guagua están juntos los pasajeros, sin dis-tancia entre ellos. El Sr. Mason se sienta y asume la misma posi-ción que manifestó en su declaración tenía cuando el accidente, y la corte aprecia que su brazo izquierdo descansa sobre la pestaña situada en el vano de la ventana y que no sobresale parte alguna de su brazo y codo fuera del interior de la guagua.’ Insistió de nuevo el abo-gado de la demandada en que se sentase de lado y apoyando su brazo-sobre la última barra o protector del lado izquierdo de la guagua y al colocarse así el demandado la corte expuso:
“La corte aprecia que el testigo Sr. Mason asume la posición que-pide la parte y su brazo izquierdo lo coloca por^ encima del protector,, y forma entonces un ángulo de 90 grados. La punta del codo en el exterior del veMeulo.’ Pero ya bemos dicho que tal posición no puede-sostenerse por absurda e incómoda.”

Es indudable que existe un conflicto entre la prueba de-una y otra parte, y entre las teorías desarrolladas por el demandante y por -la demandada para explicar el accidente.. Es a la corte sentenciadora a la que corresponde el deber y la responsabilidad de resolver esos conflictos, por tener ella mejores oportunidades para hacerlo, después de ver y oír declarar a los testigos y de hacer una inspección ocular del sitio en que ocurrió el accidente. Y en este caso, des-pués de oír la prueba testifical y de inspeccionar el sitio del suceso, la corte sentenciadora ha llegado a la conclusión de que la teoría del demandante está sostenida por la prueba y se ajusta más a la lógica. Del récord no aparece prueba alguna, y así lo declara la corte inferior, de que en el mo-mento de recibir el golpe que le causó la lesión el deman-dante llevase el brazo por encima de la última varilla protectora instalada en la ventanilla. El resultado de la inspección ocular llevó a la corte a la conclusión de que la posición que dice la demandada ocupaba el demandante al recibir la lesión es incómoda, absurda e insostenible.

No habiéndose imputado a la corte inferior haber ac-tuado por pasión o prejuicio y no apareciendo, a nuestro juicio, que se haya cometido un error manifiesto en la apre-ciación de la prueba, se confirma la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alfonso León Jiménez, acusado y apelante.
    Núm. 6339.

    Sometido: Enero 13, 1937.

      Resuelto: Enero 20, 1937.

      B. Díaz Gintrón, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Alfonso León Jiménez fué denunciado por haber infrin-gido una orden de la Oomisión de Servicio Público, como sigue:

“Que en 1 de oet., 8 A. M. de 1935, y en la Ave. Ponee de León, Pda. 18% de Santurce, del Distrito Judicial Municipal de San Juan' que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., el refe-rido acusado, Alfonso León Jiménez, allí y entonces, ilegal, maliciosa y voluntariamente, violó lo dispuesto en la Orden Final de la Co-misión de Servicio Público de octubre 15, 1932, la que fué publi-cada por medio de edictos en los periódicos ‘La Correspondencia de Puerto Rico’, en octubre 18, 1932 y ‘La Democracia’ en octubre 19, 1932, enmendada en marzo 19 de 1935 y el artículo 95 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, según quedó enmendada por la Ley núm. 2 de mayo 7, 1927; porque mientras manejaba el automóvil P.1113, de su propiedad por la Ave. Ponce de León, Pda. 18%, que es un camino público, con dirección a Río Piedras, actuaba como com-pañía de servicio público en la ruta de San Juan a Río Piedras, mediante paga de 5 y 10 centavos por asiento, habiendo cogido al pasajero José Mulinelly en San Jnan, quien se quedó en la Pda. 18%, pagando cinco centavos y a Evaristo Cruz a quien cogió en la Pda. 15 y lo llevaba basta Río Piedras, mediante paga de 10 centavos; sin tener para ello un certificado de necesidad y conveniencia u otra autorización válida alguna para servir dicha ruta, no obstante estar ésta servida exclusivamente por la compañía de servicio público, ‘"White Star Bus Line’, que es la única qu'e está autorizada para pres-tar dicho servicio, mediante franquicia concedida por la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico en abril 9 de 1927 y aprobada por el Hon. Gobernador de Puerto Rico el 12 de abril del mismo año.”

Declarado culpable en la Corte Municipal, apeló para ante la de distrito y celebrado ante ella un nuevo juicio fué condenado a pagar una multa de cincuenta dólares y en de-fecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejara de satisfacer.

De esa sentencia apeló para ante este Tribunal Supremo. Señala en su alegato dos errores cometidos a su juicio por la corte sentenciadora al declarar sin lugar cierta excepción perentoria que presentara y al estimar suficiente la prueba aportada por el Pueblo para condenarlo como autor de la infracción que le imputara.

De la transcripción aparece que después de haber declarado los testigos del Pueblo, dijo el abogado defensor del acusado:

“Presento una excepción perentoria por falta de hechos. Aquí de la faz de la denuncia aparece que el Decreto de la Comisión de Servicio Público fué publicado por medio de edictos en La Corres-pondencia y La Democracia en las fechas que se dicen en la denuncia; pero de la faz de la denuncia aparece que ese Decreto fué enmen-dado, sin que aparezca de la faz de la denuncia que esas enmiendas fueran publicadas, y para que surtan efecto deben ser publicadas. Por esas razones solicito la absolución perentoria del acusado.”

La excepción fué declarada sin lugar, con razón a nues-tro juicio, primero por tardía y segundo porque no exi-giendo la ley que las órdenes de la Comisión se publiquen en los periódicos, el hecho de que la orden particular de que se trata prescribiera que debía dársele publicidad en los periódicos que especifica, no implica necesariamente que la enmienda tenía que ser de igual modo publicada.

El artículo 74 de la Ley (núm. 70) de Servicio Público de Puerto Paco, leyes de 1917, Yol. 2, págs. 433, 525, prescribe :

“Artículo 74.- — -Notificación de órdenes finales. — Toda orden final de la Comisión se notificará a cada compañía de servicio público a la cual afectare, en la forma que ahora se dispone por la ley para citaciones de individuos o corporaciones. La devolución de la orden diligenciada, se hará al secretario de la Comisión por la persona que notificare dicha orden, en la forma y manera que ahora se dispone por la ley para el diligeneiamiento de citaciones; y copias certifica-das de dicha orden se enviarán por correo certificado a todas las de-más partes en el procedimiento en el cual se dictare o a sus respec-tivos abogados, pero el hecho de no haberse recibido dichas copias, por cualquiera de estas partes no impedirá que dicha orden sea de-finitiva y que rija en la fecha que en la misma se especifica.”

Y basta donde fiemos sido informados por las partes y conocemos por nosotros ’mismos ésa es la ley que rige la materia, no existiendo ninguna otra, ni regia alguna de la Comisión, que exija para la validez de las órdenes de la misma su publicación en los periódicos.

No cometió, pues, la corte de distrito el primero de los errores que se le atribuyen. Tampoco cometió el segundo. Hemps examinado las declaraciones de Jorge Luis Maído-nado, Evaristo Cruz y Alejandro Castillo y analizadas y pesadas en conjunto son a nuestro juicio suficientes para sostener la sentencia recurrida.

Debe en tal virtud declararse sin lugar el recurso y con-firmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.