author: El Juez Asociado Seño®. Hutchison,

text:
    Sucesión Salas, Demandante y Apelada, v. Quintero, Demandado y Apelante.

      No. 2813.

    Visto: Febrero 9, 3923.

      Resuelto: Junio 16, 1924.
    Ratificación de Arrendamiento — Compra-venta de Finca Arrendada. — Un com-prador que tenía conocimiento del arrendamiento y, actuando dentro de él, aceptó del primitivo arrendatario y de sus eausahabientes el pago de cánones mensuales, de acuerdo con dielio contrato, no puede negarse a otorgar con éstos una escritura de confirmación del contrato simplemente porque como comprador no estaba obligado por el contrato de su vendedor, o porque no existía ninguna consideración independiente, nueva o adicional, o porque en el caso de tal compensación adicional entonces un nuevo contrato surge y el viejo deja de existir.
    Sentencia ele Luis Campillo, J. (San Juan, Primer Distrito), declarando con lugar demanda sobre ratificación de contrato, con costas.

      Confirmada.

      Guerra Mondragón ct Soldevila, abogados del apelante; E. Acima, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Seño®. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes y apelados establecieron una acción para obligar al demandado, comprador de cierta propiedad arrendada, a otorgar una escritura pública, con el fin de que los demandantes como herederos y causahabientes del arren-datario fallecido pudieran hacer constar la prueba de sus derechos de acuerdo con el contrato de arrendamiento que existía anteriormente.

Alega la demanda, entre otros particulares, lo siguiente (itálicas nuestras) :

“Que en 15 de septiembre de 1916 Zoila Dolores Salas Castro era dueña y poseedora en común proindiviso con sus hermanos Francisco Javier, Catalina y Juana Inés Salas Castro, en la propor-ción de una cuarta parte cada uno de la finca siguiente: (descri-biéndola) :
“3. Que en dicho día 15 de septiembre de 1916 la referida Zoila Dolores Salas Castro celebró un contrato de arrendamiento con Francisco J. Salas Castro, causante de los aquí demandantes, por virtud del cual le cedió en tal concepto, término de diez años, ven-cederos en 15 de septiembre de 1926 y canon de $360.00 el primer año y $420.00 por cada uno de los nueve restantes, su participación indivisa en la finca antes descrita, conviniéndose que si durante la vigencia de dicho contrato, la finca descrita fuese objeto de división material entre los condueños, la parte que se adjudicara a la arren-dadora continuaría sujeta a los efectos del mismo, y conviniéndose asimismo que el arrendatario quedaba facultado para la inscripción del arrendamiento en el Registro de la Propiedad.
“4. Que Zoila Dolores Salas Castro falleció en 6 de noviembre de 1919 bajo testamento abierto que otorgó en 22 de agosto del mismo año, en el cual instituyó por.su único heredero a Juan Francisco Crespo y Salas, quien, con tal carácter, y cumpliendo instruc-ciones expresas de la testadora, en escritura de 30 de julio de 1920 en concurrencia con el arrendatario Francisco J. Salas Castro, con-firmó y ratificó el contrato de arrendamiento alegado en el hecho tercero precedente.
“5. Que posteriormente o sea en 14 de julio de 1920 el dicho Juan Francisco Crespo y Salas vendió y traspasó al demandado Demetrio Quintero- y Salas su condominio indiviso de una cuarta parte de la finca descrita en el hecho primero de esta demanda.
“6. Que en 3 de octubre de 1920 el demandado Demetrio Quin-tero Salas en unión de los demás co-partícipes en dicha finca que -entonces lo eran Catalina y Francisco Javier Salas Castro, Rafael Arrieta, Juan Francisco Salas y el propio demandado Demetrio Quintero Salas, procedieron a la división material del referido in-mueble de 144 cuerdas, adjudicándose al demandado en pago de su •condominio de una cuarta parte, una parcela de terreno que se describe así (describiéndola) :
“7. Que a partir del referido día 3 de octubre de 1920, el cau-sante de los demandantes Francisco J. Salas Castro con el consenti- ' miento del adjudicatario de la parcela arriba descrita el demandado Demetrio Quintero Salas, continuó en el uso y disfrute de la '¡inca ■arrendada, satisfaciendo al mismo los cánones convenidos de confor-midad .con el contrato original a que se .refiere el hecho 3 de esta demanda.
“8. Alegan los demandantes que como herederos y sucesores del arrendatario D. Francisco J. Salas Castro y con el consentimiento del demandado Demetrio Quintero Salas han continuado sin inte-rrupción y continúan actualmente en él uso y disfnote de la finca arrendada, satisfaciendo al propietario dicho Demetrio Quintero y éste recibiendo de conformidad los cánones correspondientes de dicho arrendamiento.
“9. Que ni Francisco J. Salas Castro ni sus herederos y suceso-res aquí demandantes, han podido conseguir que se practique en él Registro de la Propiedad la inscripción del referido contrato de arrendamiento, pues el demandado después de verificada la división material de la finca se ha negado a otorgarles la correspondiente es-critura pública de ratificación de dicho contrato; y alegan los de-mandantes que tal ratificación es necesaria para que pueda verifi-carse dicha inscripción en el Registro de la Propiedad, en cuanto se refiere a la parcela de 37 cuerdas 843 y media milésima de otra, descrita en el hecho 6 anterior que fué adjudicada al demandado y objeto del alegado contrato de arrendamiento.”

El demandado establece apelación de una sentencia contra él dictada y alega lo siguiente:

“1. Erró la Corte de Distrito al declarar sin lugar la excepción previa aducida por el. demandado.
*‘2. Cometió error la Corte de Distrito al declarar que por el hecho de haber recibido el demandado unos cánones de arrenda-miento se avino a respetar el arrendamiento previamente constituid© por los anteriores dueños del condominio que adquirió el demandad©.
“3. La sentencia es contraria a la evidencia, y, por ende, erró-la Corte de Distrito por no haber desestimado la demanda.

La teoría del primer señalamiento es que la demanda no-determina una causa de acción, pues no alega el conoci-miento y ratificación por parte del demandado del contrato-de arrendamiento que existía anteriormente, no demuestra, ningún “pacto expreso para dejar vigente el arrendamiento/'5' o que el comprador adquirente se hubiera “avenido y obli-gado a respetarlo.” Expresiones semejantes a estas que aparecen en el alegato del apelante, así como en el tercer señalamiento, supra, -indican que el demandado no entendió-mal la teoría de la demanda en el sentido de que ésta en-vuelve una renuncia implícita por parte del demandado de su derecho de acuerdo con la ley a que termine el primitivo-arrendamiento.

El artículo 1474 del Código Civil prescribe lo siguiente ~

“E1 comprador de una finca arrendada tiene derecho a que ter-mine el arriendo vigente al verificarse la venta, salvo pacto en con-trario ■ y lo dispuesto en la ley hipotecaria.
“Si el comprador usare de este derecho el arrendatario podrá exigir que se le deje recoger los frutos de la cosecha que eox’res-ponde al año agrícola corriente y que el vendedor le indemnice Ios-daños y perjuicios que se le causen.”

Es razonablemente lógico suponer que los abogados del’ apelante están bien familiarizados con la doctrina de rati-ficación en su sentido estricto y técnico según se entiende en la ley relativa al mandato y que igualmente conocen bien las autoridades inglesas y americanas sobre la materia de arrendamientos nulos y anulables, las distinciones estableci-das en relación con esto y en el caso de un contrato de arren-damiento anulable, con referencia a la mera aceptación del canon de arrendamiento a diferencia de tal aceptación unida a otras circunstancias concurrentes equivalentes a una con-firmación de tal arrendamiento incluyendo también la teoría de nn nuevo arrendamiento con .un nuevo término por en-tenderlo así la ley en ciertas circunstancias de acuerdo con el estatuto de fraudes. Pero el alegato del apelante no trata de ninguna de estas cuestiones, y la inferencia lógica es que los abogados entienden que el artículo del Código Civil, supra, en tanto esté aquí envuelto, es un precepto legal que debe ser interpretado a la luz de su origen en vez de desde el punto de vista adoptado en los precedentes in-gleses y americanos al interpretar la relación de mandante y mandatario y la materia relativa a contratos de arrenda-mientos nulos y anulables.

Examinando la fuente de nuestra propia ley, vemos que la idea de una. terminación ipso facto del arrendamiento por virtud de la venta de la propiedad no es nueva.

La Ley XIX, Título VIII, de la Quinta Partida es como sigue:

“Auiendo arrendado algund orne, o alogado a otro, casa, o he-redamiento, a tiempo cierto, si el señor della la vendiere ante que el plazo sea cumplido, aquel que la del comprare, bien puede echar della al que la tiene alogada; mas el vendedor que gela logo, te-nudo es, de tornarle tanta parte del loguero, quanto tiempo fincaba que se deuia della aprouechar. Pero dos casos son, en que el arren-dador de la cosa arrendada, non podría ser echado della, maguer se vendiesse. El primero es, si fizo pleyto con el vendedor quando gela vendió, que non le pudiesse echar della al que la touiesse logada, fasta que el tiempo fuesse cumplido, a que la logo. El segundo es, quando el vendedor la ouiesse logada, para en toda su vida de aquel a.quien la logara, para siempre también del, como de sus herederos. Ca por qualquier destos casos non la podría enagenar, para poderle echar della al que la tenía logada, o arrendada; ante dezimos, que deue ser guardada la postura.”

En un caso resuelto por la Corte Suprema de España en julio 8, 1885, precisamente antes de la adopción del Có-digo Civil español, tomo 58 de la Jurisprudencia Civil, pá-gina 287, ciertos subarrendatarios fueron lanzados de la propiedad por su arrendador, el primitivo arrendatario, por falta del pago del canon de arrendamiento, después de una venta de la propiedad en subasta pública. La defensa, per-fectamente admisible, y al parecer, suficiente, de ser cierta, parece haber sido que el derecho de arrendamiento del de-mandante había quedado extinguido por la venta de la pro-piedad, y los apelantes alegaron haberse cometido las si-guientes infracciones do ley:

“l5 La Ley 19, tít. 89, Partida 5* y la doctrina legal, que esta-blece que el arrandamiento concluye, entre otros modos, por extin-guirse el derecho que. sobre la cosa arrendada tiene el ai-r endador; que en dicha ley se dice que el comprador de una finca arrendada a otro podrá echar de ella al arrendatario; que éste tiene derecho a que el vendedor le indemnice, mas no dice que si el comprador calla es que aprueba el contrato y queda ligado a él; que además en el caso de autos no se trata de una venta, sino de una sentencia en que se declara a favor de ciertas personas la propiedad de los bienes pertenecientes a una capellanía, y po£ consiguiente, creado en un nuevo estado de cosas para aquellos bienes, vinieron a cadu-car todas las relaciones jurídicas nacidas antes de aquella sentencia, relaciones que para continuar era necesario que se crearan de nuevo, según las regias normales de la contratación; que aquí lo que su-cedía es que el Taleus dejó de ser arrendatario, y por consiguiente, concluyó el contrato de subarriendo celebrado con los recurrentes; que éstos continuaron de hecho ocupando el molino, los únicos que podían negarlos eran los nuevos dueños, ellos sólo quienes podían desahuciarlos, pero Taleus no tenía ya absolutamente nada que ver con el escrito:
“2* La Ley 22, tít. 29, Partida 39, y el art. 1564 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que apoyada en estas citas dice la sentencia que Taleus como arrendatario posee las fincas a nombre del que se las arrendó y que es parte legítima para promover el desahucio, pero es inadmisible la aplicación que de dichos preceptos legales hace dicho fallo tratándose del caso presente; que no podía atri-buirse a Taleus el carácter de poseedor, puesto que ello significaba infringir la autoridad de la cosa juzgada, y no debió admitírsele como parte legítima para promover el desahucio, con arreglo al art. 1564 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
39 La doctrina legal, de que es procedente el desahucio, cuando el arrendatario no cumple las disposiciones estipuladas referentes al pago de las rentas; que los recurrentes siempre pagaron religio-sámente al Taleus el precio del arriendo en los términos estipula-dos, pero al interponerse entre el arrendatario la ejecutoria y la toma de posesión referente al molino y secadero, no podían ya re-conocer los recurrentes para el pago del arriendo otros dueños que los representados por D. Juan Bautista G-rau, puesto que a ello se les requirió por el Alguacil y por ante el Escribano de aquellos autos. ’ ’

Al resolver las cuestiones de tal modo planteadas la corte se expresó en estos términos:

“Y que al declarar la sentencia recurrida haber lugar al desa-hucio solicitado por el arrendatario Taleus contra los subarrenda-tarios Insa y Mompó no infringe la ley 19, tít. 89 de la Partida 5*, que se invoca en el primer motivo del recurso, porque esta ley, que sirve a la vez de fundamento al fallo, sólo concede al comprador de una finca arrendada la facultad de lanzar o de sostener al arrenda-tario, de manera que aun cuando el precepto de la ley constituyera una regla general para todos los casos traslativos del dominio y no una excepción del principio tan conocido, de que el contrato lo hace para sí y para sus sucesores, todavía subsistiría en todo su vigor el contrato de arrendamiento mientras no se hiciera uso de dicha facultad discrecional, y en el presente caso no sólo no se ha utili-zado ese derecho, sino que los adjudicatarios de las fincas arrenda-das han percibido del demandante Taleus el precio estipulado en el contrato, reconociendo así la subsistencia del celebrado con los mis-mos, aun que bajo el concepto entonces de administradores de las capellanías declaradas hoy de su propiedad:
“Y que tampoco infringe la sentencia la ley 22, tít. 29 de la Partida 3* ni el art. 1564 de la ley procesal, porque subsistiendo, se-gún queda expuesto, el contrato anterior, base del subarriendo, y la recíproca relación jurídica entre el dueño y el colono, y por preci-sión entre éste y los subarrendatarios, es incuestionable el derecho de Taleus para demandar de desahucio a Insa y Mompó desde el momento que dejaron de pagar a aquél como su único acreedor el trimestre anticipado, incurriendo en la pena de rescisión y lanza-miento a que se sometieron en su contrato particular de subarriendo, sin que obste la sentencia de adjudicación de las fincas ni la pose-sión conferida a los nuevos dueños, ni el reconocimiento para que se les reconociera como tales, porque todos estos actos y diligencias son independientes del arriendo y del subarriendo, y en nada alte-ran lo que las leyes tienen establecido para la constitución y desen-volvimiento de esos contratos, siendo por lo tanto inaplicables al caso los fundamentos de impugnación contenidos en los motivos 29 y 3?, y -por consecuencia precisa, los del 4°”

El artículo 1474, lo mismo que su original, confiere al comprador una opción con una doble disposición, aunque las dos condiciones prescritas no son idénticas a las especifica-das en la ley anterior. En ambos casos el Código toma algo más en consideración los derechos de los arrendatarios. Un arrendamiento inscrito por un término de tres años es tan legal como lo era una cesión por vida o a perpetuidad en tiempo de las Partidas. En vez de un convenio con el vendedor al verificarse la venta todo lo que la ley ahora requiere es. una estipulación, ya sea contemporánea a la venta o posterior a ella, expresa o tácita, ya haya sido he-cha con el vendedor o el arrendatario, y ya con o sin causa o consideración, independiente, nueva o adicional. Ese fué el espíritu de la antigua ley como fué interpretada por la Corte Suprema de España, y el texto del Código al adoptar la interpretación dada a las Partidas hace desaparecer cual-quier limitación que pudiera encontrarse en la letra del anterior precepto.

Por tanto Manresa; en la página 640, tomo 10 (‘¿r ed.) de sus Comentarios, dice:

“Posible es también el caso de que, no habiendo convenido el comprador con el vendedor en la renuncia de su derecho, lo estipule así por acto posterior con el arrendatario, a cambio, por ejemplo, de cualquier compensación económica. En ambos supuestos se apli-cará la salvedad que establece el párrafo primero del art. 1571, pues habiendo consentido el adquirente en no hacer cesar el arren-damiento, ya el consentimiento lo haya prestado en concurrencia con el arrendador, ya con el arrendatario, siempre existe el pacto en contra que dice el precepto.”

Aun en los casos en los cuales el comprador adquiere y no ha perdido su derecho de exención, ningún privilegio re-cíproco de repudiación se confiere al arrendatario. El está obligado por su contrato, a menos y hasta que sea rele-vado del mismo por algún acto indicativo de la intención por parte del comprador de liacer nao de su. opción. Sólo en el caso de tal ejercicio es que procede la acción por daños y perjuicios. Mientras tanto el contrato de arrendamiento, sa el comprador tiene conocimiento del mismo, real o inter-pretativo, continúa subsistente. Lo más que puede decirse ■en favor, del comprador es que no necesita establecer una acción ordinaria para terminar el arrendamiento, sino que puede acudir directamente al procedimiento sumario de desa-hucio.

A falta de alguna necesidad de novación del contrato original, no es de aplicación el caso de Lamboglia v. La Junta Escolar de Guayama, 13 D.P.R. 52, en el cual insiste rancho el apelante.

En el presente caso no se pretende bien en la demanda o. en el alegato de los apelados, descansar de algún modo en ninguna de las prescripciones de la Ley Hipotecaria en el sentido de anular el derecho ele los demandados a dar por terminado el contrato de arrendamiento. La teoría de la demanda es una renuncia de ese derecho y una aceptación y adopción implícita del contrato de arrendamiento preexis-tente, debido a la aceptación de varios plazos del canon de arrendamiento de conformidad con el mismo y con conoci-miento de él, una estipulación implícita con los demandan-tes y su causante, por virtud de la cual el demandado está impedido de alegar su derecho de exención que tiene por la ley, de la obligación asumida por su vendedor, causaha-Uiente- del primitivo arrendador.

Un arrendatario tiene ciertos derechos aun en contra de un comprador de la propiedad arrendada. Al arrendatario no puede exigírsele que espere de mes a mes y de año en .año pendiente de que el nuevo propietario ejercite o nó su ■derecho de opción. Aun a falta de cualquier estipulación •o acto positivo que indique la intención de seguir con el arrendamiento, y admitiendo en pro del argumento que la mera demora por parte del comprador por un término in-definiólo e irrazonable no levanta la presunción de conformi-dad en un contrato de arrendamiento preexistente del cnal él tiene conocimiento real, entonces al menos procedería nna acción para obligar al propietario a elegir el camino qne ha de seguir y ya para eximir al arrendatario de sn contrato, o de otro modo ratificarlo en todas sus partes. Y nn com-prador que, teniendo conocimiento de un contrato de arren-damiento existente, ha aceptado el pago de cánones de arren-damiento con arreglo al mismo sin limitación, reserva o error de alguna clase, no puede luego ser oído para decir que él no consignará por escrito la obligación implícita que nace de tal conducta, simplemente porque como comprador no estaba obligado por el contrato de su vendedor, o porque no existía ninguna consideración independiente, nueva o adicio-nal, o porque en el caso de tal compensación adicional en-tonces un nuevo contrato surge y el viejo deja de existir.

En el fondo, y en tanto se trata de resultados prácticos hay más analogía que la que a primera vista aparece entre el precepto estatutorio que ahora se considera y el artículo 2733 del Código de Louisiana, el cual es como sigue:

“Si el arrendador vende la cosa arrendada, el comprador no puede desalojar de la propiedad al arrendatario antes de haber ex-pirado el contrato de arrendamiento a no ser qne se haya estipu-lado lo contrario en el contrato.”

Hay una diferencia, por supuesto, pero es más o menos superficial y más aparente que real.

Allí el comprador está obligado a menos que reserve su derecho. Aquí como en otras partes el comprador si tiene conocimiento del arrendamiento existente, sustituye a su ven-dedor, a menos y hasta que (y aquí estriba la diferencia) elija ejercitar su derecho legal de opción en casos en que esa opción surge.

Manresa, en la página 646, tomo 10 (2* ed.), supra, tam-bién cita como concordantes los artículos 1503, 4, 5, 6 de la propuesta recopilación de 1851; 1741 a 1751 del Código francés; 1597 a 1602 del italiano, y los artículos de los có-digos de algunos otros países, ninguno de los cuales, sin embargo, liemos examinado.

T en la misma página concluye el comentario con el pá-rrafo siguiente:

“No cerraremos el comentario de este artículo, sin exponer en pocas palabras el juicio crítico que nos merece su doctrina, que no es peculiar ciertamente de nuestro Código, puesto que es aun hoy la generalmente admitida. La doctrina nos parece injusta; se trata de un propietario que tiene cedido temporalmente el uso o disfrute de sus fincas al arrendatario, y que- durante el período en que ese uso o disfrute no es suyo, lo cede, con beneplácito de la ley, a un tercero que se supone ser, no obstante, el legítimo adquirente. Se trata de un contratante en cuyas manos y a cuya voluntad se deja el cumplimiento o incumplimiento de un contrato, que puede elu-dir sin más que vender o simular que vende a un tercero la finca que arrendó. Se trata, en fin, de una especie de privilegio conce-dido al capital sobre el trabajo, ya que el cambio de dueño, faculta a éste para dar por terminado el arriendo; pero no faculta al arren-datario para adoptar una análoga resolución. El tiempo ha de ir poniendo cada vez más de relieve doctrina tan anómala, dando a cada interesado al fin, los derechos que legítimamente a cada uno de ellos corresponden.”

En esta Isla, sin embargo, donde no se permite a las corporaciones poseer más de 500 cuerdas de terreno y el arrendamiento de plantaciones de azúcar y tabaco en gran escala es más o menos común, la ley puede actuar a veces como una espada de dos filos. Esto ba sido bien ilustrado en el caso de López v. Central Eureka, Inc., 27 D.P.R. 291, en el cual los vendedores parece que no tuvieron para nada en cuenta cualquier responsabilidad por daños y perjuicios, y la desventaja en que se encuentra un arrendatario debe haber sido muy clara y penosa para el demandado.

En ese caso también es conveniente notar no sólo que no bubo ninguna estipulación en el documento sino que la re-ferencia a un contrato de arrendamiento preexistente revela y no pretende de modo alguno ocultar una intención delibe-rada ya formada en la mente del comprador de lanzar al arrendatario, si en verdad no fué ese el objeto principal del traspaso de la propiedad.

Otro detalle característico interesante de la cláusula men-cionada últimamente es que podría' también considerarse como un cumplimiento sustancial con los requisitos del estatuto de Louisiana, si el precepto ya citado estuviera vigente en esta jurisdicción.

Además, debe notarse, lo mismo aquí que en otra parte, que la mención que liace nuestra ley de una estipulación es lo que da a esta corte el derecho a expresar en el caso de Eureka que: “Las palabras de la ley demuestran que el le-gislador tenía en mente el caso en que el comprador estaba «enterado de la existencia del contrato.” T esa declaración «es la clave de la conclusión a que llegó esta corte en ese caso.

Teniendo presente el doble aspecto del artículo 1474, y él hecho de que cuando se descansa en una estipulación, el particular del estatuto referente al registro, no está envuelto, no existe nada en las anteriores decisiones de esta corte que necesariamente milite en contra del criterio expresado aquí.

En el caso de Sosa v. Río Grande Agrícola Co., 17 D.P.R. 1149, esta corte, después de citar el artículo 1474 se expresó en estos términos:

“En virtud de este artículo el comprador, salvo en los casos ex-cepcionados en el mismo, tiene derecho a dar por terminado un con-trato de arrendamiento existente. Salvo dichas excepciones, el con-trato de arrendamiento entre el arrendatario y el primitivo dueño es de carácter personal, y en tales casos el objeto del artículo 1474 es otorgar al comprador un dominio sin trabas sobre la finca com-prada. ' * # “ La ley hace entrega de la finca al comprador, si éste así lo quiere, libre de toda traba, y desde el momento en que al arrendatario se le notifica por el comprador su deseo de dar por terminado el arrendamiento, como lo fué en el caso presente, si con-tinúa en la posesión de la finca lo hace a beneplácito del dueño. . . . La intención del artículo 1474 del Código Civil es eAÚdente que es eximir al comprador de la obligación de reconocer un arrenda-miento existente, excepto en los casos especialmente marcados en dicho artículo.”

Y del caso de Lopes y. Central Eureka, Inc., supra, en la página 293, citamos lo siguiente:

“En ninguna parte de la escritura, que fué debidamente ins-crita en el registro, se hizo constar que el comprador se obligaba a respetar el contrato de arrendamiento celebrado por doña Margarita.
“Si el contrato de arrendamiento no se inscribe, entonces, de no existir pacto en contrario, queda en toda su fuerza el precepto del artículo 1474 relativo al derecho del comprador a que termine el arrendamiento vigente al verificarse la venta.”

Pero aun cuando los apelados estuvieran obligados a ad-mitir que el contrato de arrendamiento por virtud del cual están ellos en posesión es “anulable”, según se emplea ese término ordinariamente para describir un contrato que no es absolutamente “nulo”, y estuvieran obligados a acudir a las fuentes inglesas y americanas en busca de la ley que regula el presente caso, todavía podrían encontrar alguna pequeña conformidad por vía de inferencia o de otro modo en varios precedentes en los cuales no estaba- envuelta nin-guna relación de mandante y mandatario, ya en los hechos o en la preponderancia de opinión (ratio decidendi), o de haberse sugerido remotamente en la primera se habría eli-, minado expresamente de la segunda. Sin penetrar en este aspecto de la cuestión ahora, podemos hacer referencia de paso al caso de Jenkins ex rem Yate v. Church, 98 English Reports Reprint, 1199; Dos v. Butcher, 99 id. 36; y Anderson v. Connor, 43 Misc. 384.

Claramente que en el presente caso la demanda pudo ha-ber sido más específica y el demandado mediante moción hu-biera tenido derecho a que así se hubiera ordenado antes de contestar. Quizás una excepción previa por ser dudosa y ambigua la demanda hubiera sido suficiente. Pero el con-sentimiento a la posesión continuada no solamente del pri-mitivo arrendatario sino también de sus herederos y causa-habientes en unión del pago y aceptación del canon en am-bos casos y de acuerdo con los términos y disposiciones del contrato original de arrendamiento, implica claramente tanto el conocimiento como la aceptación, adopción o confirmación de ese contrato; y la demanda, por defectuosa que pueda ser, apenas si puede decirse que no determina hechos sufi-cientes para constituir una causa de acción si hemos de ob-servar la regla de interpretación liberal que prevalece bajo nuestro sistema de alegaciones en nuestro código.

La corte inferior no declaró, como se dice en el segundo señalamiento, que la mera aceptación del canon equivalía a una confirmación del primitivo contrato de arrendamiento. El juez sentenciador declaró probado como cuestión de he-cho que el demandado “conocía el contrato” y “actuó den-tro de él;” también que los pagos mencionados en los reci-bos suscritos por el demandado representaban pagos de cá-nones de acuerdo con dicho contrato. El objeto y esfuerzo hecho por el apelante según ha sido expresado por el abo-gado en el alegato, es demostrar que los cánones de arren-damiento recibidos por el demandado “eran muy otros y no, como equivocadaménte juzgó el tribunal inferior, los estipu-lados en el contrato de los primitivos dueños.”

El demandado es el sobrino de uno de los demandantes y primo hermano dos veces de los otros. El vive en la pro-piedad. A la fecha de la partición él y su madre eran los dueños de las dos casas situadas en la finca, con derecho a un condominio de una cuarta parte y, sujetos solamente a aquellos derechos que podrían tener los arrendatarios de otro condominio de dos cuartas partes, quedando pendiente a nombre de otras personas sólo un condominio de una cuarta parte y el usufructo de otra cuarta parte, ninguno de los cuales está envuelto en esta acción.

El demandado recibió un pequeño legado bajo el mismo testamento por virtud del cual su vendedor adquirió el con-dominio de una cuarta parte objeto de este pleito. En el testamento se hace mención del contrato de arrendamiento de modo tal que no puede escaparse a la atención de cual-quiera que lo lea. Tanto el testamento como la escritura de partición fueron redactados por el mismo notario, quien como abogado del demandado, fue consultado por él en cuanto al efecto legal de la presunción del contrato de arren-damiento en el registro de la propiedad, en vista de la ne-gativa del registrador a inscribirlo, y de hacerse las usua-les anotaciones preventivas.

Este' mismo abogado dirigió dos cartas a los demandan-tes en los siguientes términos:

“Enero 28 de 1921. — La Sucesión de Don Francisco J. Salas, re-presentada por Don Vicente Salas. — Toa Baja, P. R. — Señores: Por encargo de mi cliente Don Demetrio Quintero les notifico formal-mente que una vez terminada la zafra del corriente año de 1921 deben desocupar y dejar a la libre disposición de- su dueño Sr. Quintero, la parte de la finca 'Rincón Grande’ que vienen ocu-pando y dedicando a la siembra de caña, por virtud de un arren-damiento que le- hiciera la difunta Doña Zoila Dolores Salas a Don Francisco Salas, causante de Vds., con anterioridad a división material de la citada finca ‘Rincón Grande.’ — Está demás recordarles, puesto que ya se les ha hecho saber, que el Sr. Quintero compró estos terrenos para trabajarlos él y no arrendarlos, y aunque aguarda que Vds. piquen la caña que tienen sembrada nunca ha pensado arrendárselos y mucho menos reconocer el arrendamiento que en cuanto a él carece de toda fuerza o validez legal. — Valga, pues esta notificación para los fines indicados. — -Atentamente, * * * Abo-gado del Sr. Quintero.
“Abril 5 de 1921. — -La Sucesión de Don Francisco J. Salas, re-presentada por Don Vicente Salas, Toa Baja, P. R. — Señores: Por encargo de mi cliente Don Demetrio Quintero llamo a Vds. la aten-ción sobre el contenido de mi anterior de fecha 28 de enero pasado, lá cual no se han dignado Vds. contestar. — El Sr. Quintero tiene noticias que están preparando para seguir sembrando cañas' para la cosecha del año de 1922 en la parte de la finca de ‘Rincón Grande,’ de su propiedad, que actualmente ocupan por virtud de su toleran-cia a fin de que cosechen la caña de este año que tienen allí sem-brada. — Permita que reitere el aviso formal que en mi anterior le diera de que de ningún modo ha de permitir el Sr. Quintero que sigan ocupando dichos terrenos después de terminado el pique de caña de este año. Teniendo en cuenta este aviso ño deben de nin-guna manera preparar terreno para siembra nueva y prepararse al contrario para desalojar la finca.- — El Señor Quintero desea que se arregle este asunto amigablemente por tratar de parientes y abriga la seguridad de que dándose Vds. cuenta de la verdadera situación de las cosas le eviten la necesidad de recurrir a otros medios para que le dejen en el libre goce de una propiedad sobre la cual no tie-nen Vds. derecho alguno. — Atentamente, í:' * * Abogado y No-tario. ’ ’

Los demandantes dicen que nunca recibieron ninguna de estas cartas. Si las recibieron o nó es cosa que importa poco toda vez que el demandado admite haber firmado dos recibos que dicen así:

“He recibido de Don Francisco J. Salas la suma de ochenta dó-lares, intereses correspondientes a los meses de 'Sept, y Oct. por el arrendamiento de un lote terreno que pertenecía anteriormente a Doña Zoila D. Salas. — Demetrio Quintero. — Sept. 17 de 1920.”•
“líe recibido de Doña Vicenta Quintero la suma de ciento veinte dólares (120.00) intereses correspondientes a los meses de noviem-bre, diciembre y enero de 1921, por arrendamiento de un lote de terreno de mi propiedad. — Fdo. Demetrio Quintero. — Marzo 4, 1921.”

No consta que el demandado tomara la precaución de co-nocer la opinión de su abogado sobre el efecto legal de estos dos documentos antes de firmarlos.

El abogado del apelante recalca el hecho de que el canon mensual mencionado en los dos recibos es mucho más del tipo especificado en el contrato de arrendamiento. Pero los demandantes explicaron, que esto se debía al alza en el pre-cio -del azúcar.

La explicación dada por el demandado era que él había convenido permitir al demandante recoger la cosecha de azúcar pendiente y al principio se negó a aceptar cualquier canon por los pocos meses que faltaban con tal fin, pero finalmente cedió a la insistencia del demandante. Pero esto no explica por qué los demandantes insistieron tan asidua-mente en el pago no sólo del canon estipulado por virtud del contrato original, sino también en el pago de una su-ma adicional de $5 mensuales, a pesar de su privilegio de acuerdo con la ley de cosechar la caña sin la necesidad de hacer tal pago. Por otra parte, la actitud del deman-dado, o al menos de su padre con relación a la amenazada repudiación del contrato de arrendamiento era* un aliciente particularmente persuasivo por el ligero aumento en el tipo si como alegan los demandantes fué entendido que era una mera modificación de los plazos prescritos en el primitivo contrato.

El aumento en el precio del azúcar no sólo hizo factible esta modificación sino que también quizás es la explicación más lógica de toda la controversia.

Los recibos se refieren al arrendamiento y el primero de los dos documentos menciona los nombres, no de los deman-dados causantes inmediatos sino el del primitivo arrenda-dor como anterior dueño.

La vaga y evasiva declaración del demandado evidente-mente que no satisfizo a la corte inferior ni tampoco a nos-otros en cuanto a la existencia de cualquier nuevo contrato de arrendamiento. A falta de algún otro semejante con-trato la inferencia natural es que el canon pagado y acep-tado era el vencido con arreglo al anterior contrato, des-pués de una ligera modificación del mismo en cuanto al im-porte.

El conocimiento del demandado de-que existía el anterior contrato de arrendamiento excluye prácticamente la posibi-lidad de cualquiera otra conclusión. No solamente dejan poco o ningún motivo de duda sobre este punto las cartas y declaración del anterior consejero legal del demandado, por no hablar de las demás circunstancias arriba citadas, sum que el padre del demandado que primeramente notificó a los demandantes la intención de repudiar el contrato de arrendamiento, admite tal conocimiento.

Del interrogatorio de repreguntas de este testigo trans-cribimos lo siguiente:

“Á. De modo que cuando Yd. le dijo eso el Sr. Quintero sabía que ellos tenían la finca poseída, estaban poseyendo la finca?
“T: Si, Señor.
“A. ¿Y en concepto de arrendamiento?
“T.. De eso.no se yo.
“A. ¿Antes de eso Yd. no sabía que la finca liacía tiempo que venía poseída por la sucesión Salas?
“T. La habían arrendado.
“A. ¿De modo que cuando Yds. la compraron sabían que estaba arrendada a la sucesión Salas?
“T. El decía que la tenía arrendada. Yo no se si era arren-dada o en qué forma la tenía, porque él antes la poseía sin arrenda-miento y después fué que la arrendó.
“A. ¿Cuánto tiempo hace que la viene poseyendo en ese con-cepto de arrendamiento?
“T. Yo me supongo, no tengo dato ninguno de fecha, pero más o menos calculo que habrán de 7 a 8 años.
“A. ¿Todo ese tiempo la ha venido poseyendo la sucesión Salas?
“T. Si, señor.”

Cualquier notificación que este testigo hubiera hecho fué recibida después del pago y aceptación del canon. .Pero aun siendo de otro modo no existe ninguna prueba de estar au-torizado el padre a hablar a nombre del hijo.

El propio demandado declaró respecto a una notificación verbal que él hizo al causante de los demandantes en su le-cho de muerte. Pero toda referencia acerca de este inci-dente fué omitida por el demandado en su primera compa-recencia como testigo, y la conversación parece que tuvo lu-gar, si la hubo, después o casi al mismo tiempo de firmarse el recibo de fecha septiembre 17 de 1920.

Por tanto, estas tentativas de repudiación así como las cartas del abogado del demandado llegaron demasiado tarde.

Para los fines de esta opinión puede admitirse sin resol-verse, que el comprador de una propiedad inmueble con co-nocimiento real de que existe un contrato de arrendamiento por diez años, acreditado esto por documento público en que consta una cláusula expresa de seguir con el mismo en el caso de una partición y debidamente ratificado o confirmado por su vendedor, aunque en la escritura de venta no se men-cione ni en el subsiguiente documento de partición, no está •obligado por los términos de tal contrato anterior, pero tiene que informarse de su contenido, por lo menos en lo que respecta al ejercicio de su privilegio legal de repudia-ción; y no puede permitírsele que baga primero una cosa y después otra aceptando el canon con arreglo al mismo sin ninguna limitación o reserva y después hacer una noti-ficación perentoria para que se desaloje la propiedad. El no puede desprenderse de una cosa y seguirla reteniendo.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey disintieron.


source: Caselaw Access Project

author: El.Juez Asociado Señor Franco Soto,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez et al., Acusados y Apelantes.
    No. 2148.

    Visto: Diciembre 14, 1923.

      Resuelto: Junio 17, 1924.
    Ley Nacional de Prohibición — Jurisdicción.—Al conceder el Congreso juris-dicción concurrente a las cortes insulares para conocer de las violaciones a la Ley Federal sobre prohibición, actuó con carácter de legislatura local a la que ciertas limitaciones constitucionales no son aplicables; por lo que tal jurisdicción debe ejercitarse con arreglo al procedimiento insular de enjuiciar.
    Id. — Id.—Denuncia Suficiente. — Una denuncia por infracción a la Ley Federal de ‘Prohibición presentada ante la corte municipal, en la cual se establece la acción a nombre de los Estados Unidos incluyendo además El Pueblo de Puerto Rico, cumple con los requisitos exigidos por la sección 10 del Acta Jones.
    Sentencia de Pablo Barga, J. (Humacao), en causa por infracción a la Ley de Prohibición nacional, condenando' a los acusados a $50 de multa cada uno y las costas.

      Confirmada.

      L. Pereyó Quiñones, abogado de los apelantes; José E. Figueras, Fiscal, abogado' del apelado.
   El.Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso se originó en la Corte Municipal de Hnmacao.. El acusado fué denunciado y sentenciado por haber violado-la Ley Nacional sobre Prohibición y después de apelar a la corte de distrito, donde también fué condenado, estableció esta segunda apelación ante esta Corte Suprema.

El error de seria trascendencia que se alega por el ape-lante, es la falta de jurisdicción de las cortes inferiores por haber iniciado la acción criminal a nombre y por au-toridad de “El Pueblo de Puerto Rico’’ en vez de instruirse a nombre y por autoridad de los Estados Unidos por tra-tarse de la violación de una ley nacional. En otros térmi-nos, la proposición del apelante equivale' a sostener que no siendo la infracción cometida una ofensa contra la paz y dignidad de “El Pueblo de Puerto Rico,” y sí contra la au-toridad de los Estados Unidos, los tribunales inferiores ca-recen de jurisdicción para instituir el proceso a nombré de “El Pueblo de Puerto Rico.”

La denuncia en su encabezamiento lee como sigue:

“Corte Municipal ele Humacao, P. R. Estados Unidos de Amé-rica, El Presidente de los Estados Unidos, SS. El Pueblo de Puerto' Rico vs. Ramón Rodríguez, José Cápele, Santos Rodríguez, Isidoro Cardona, Narciso Rodríguez. — Yo, Rafael Alarcón, Cabo, P. I., ve-cino de Las Piedras, P. R., calle Principal, de mayor edad, formulo denuncia contra los acosados arriba expresados por delito de in-fracción a la Ley de Prohibición Nacional, cometido de la manera siguiente: * * * ”

La Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto-Rico tuvo jurisdicción exclusiva para conocer de las viola-ciones de la Ley Nacional de Prohibición basta que el Con-greso aprobó en septiembre 21 de 1922 una ley dando ju-risdicción concurrente para conocer de dichas violaciones a las cortes insulares. (Leyes de P. R., 1923 p. 97, Fed. StaL Ann. 1922 p. 273.) Las palabras de esta ley son las si-guientes :

“Ley confiriendo a las cortes territoriales de Puerto Rico juris-dicción concurrente con las cortes de los Estados Unidos en aquel distrito en los casos de infracción de la Ley de Prohibición Nacio-nal y de cualquier ley enmendatoria o supletoria de la misma.
“Decrétase por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América en Congreso retenidos, que se confiera como por la presente se confiere, a los jueces y cortes territoriales de Puerto Rico, jurisdicción concurrente con los comisionados y cor-tes de los Estados Unidos en aquel distrito, sobre toda infracción de la ley de octubre 28 de 1919, conocida por el nombre de Ley de Prohibición Nacional, y de cualquier ley enmendatoria y supletoria de la misma, siendo la jurisdicción de los referidos jueces y cortes territoriales en los casos de dichas infracciones la misma que en la actualidad tienen sobre otros delitos de su jurisdicción.’’

Para conocer el verdadero alcance de esta ley y la auto-ridad que tuvo el Congreso para decretarla, parece, necesa-rio decir que el Congreso de los'Estados Unidos en relación con los territorios ocupa una dual posición, la una como Congreso de los Estados Unidos limitado en sus poderes por la Constitución, y la otra con el carácter de una legis-latura local a la que muchas de las limitaciones constitucio-nales no le son aplicables. 26 R.C.L. 669.

En el último sentido es que el Congreso ha legislado para Puerto Rico al extender la jurisdicción a las cortes insulares para conocer de las violaciones de la Ley Nacio-nal de Prohibición y no ha iegislado como Congreso de la nación limitado en sus poderes por la Constitución. Par-tiendo de esta base, las cortes insulares al darle fuerza a sus preceptos castigando sus infracciones, no hacen otra cosa sino actuar solamente por delegación del Congreso, quien no sujeto a la cláusula judicial de la Constitución, que no es aplicable a los territorios, ha podido y pudo extender la referida jurisdicción a dichas cortes sin llevar consigo tal jurisdicción los procedimientos existentes en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, y sí más bien para que se actuara por las cortes insulares en la misma forma de enjuiciar para los demás delitos locales de su exclusiva competencia.

“La distinción entre las jurisdicciones federal y de estado,, bajo la Constitución de los Estados Unidos, no tiene ningún fundamento en gobiernos territoriales; y por consiguiente tal distinción no existe, ya en cuanto a la jurisdicción de sus cortes o las materias sometidas a su conocimiento. No hay sino un solo sistema de gobierno o de leyes que funcione dentro de sus límites, pues ninguno está sujeto" a las disposiciones constitucionales relativas a la jurisdicción de es-tado y federal. Y la cláusula judicial de la Constitución no tiene aplicación a las cortes establecidas en los territorios, y con respecto a las cuales el Congreso tiene una facultad enteramente ilimitada por ella. Debe asumirse como inferencia lógica que los demás po-deres conferidos a,l Congreso por la Constitución no tienen aplica-ción alguna a estos territorios, o que la cláusula judicial es excep-cional en ese particular.” 26 R.C.L. p. 674 y nota: Benner v. Porter, 9 How. 235, 13 U. S. (L. ed.) 119; Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244.

Si se dudara dél poder que tiene el Congreso para dar la jurisdicción a las cortes insulares prescindiendo del pro-cedimiento que prevalece en las cortes de los Estados Uni-dos, y esto levantara dudas en cuanto a la constitucionalidad de la ley, sería cuestión de volver a revisar los casos lla-mados insulares y establecer principios y teorías opuestos a los mismos. "

“Si bien el Congreso puede decretar leyes para el gobierno de los territorio» sin estar sujeto a todas las restricciones que se impo-nen a ese cuerpo al aprobar leyes para los Estados Unidos, conside-rado como un cuerpo político de estados en línión, el ejercicio del poder expresamente conferido para gobernar los territorios no es sin limitaciones. Sin duda que el Congreso al legislar para los te-rritorios quedaría sujeto a aquellas limitaciones fundamentales en favor de los derechos personales que están formulados en la Cons-titución y sus enmiendas, pero esas limitaciones existirían más bien por inferencia y el espíritu general de la Constitución, de la cual el Congreso deriva todos sus poderes, que no por ninguna aplica-ción expresa y directa de sus disposiciones.” 26 R.C.L. p. 672, y citas: Dorr v. United States, 195 U. S. 138, 24 S. Ct. 808, 49 U.S. (L. ed.) 128, 1 Ann. Cas. 697; Church of Jesus Christ, etc., v. United States, 136 U.S. 1, 10 S. Ct. 792, 34 U. S. (L. ed.) 478; Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 21 S. Ct. 770, 45 U.S. (L. ed.) 1088; Hawaii v. Mankichi, 190 U.S. 197, 23 S. Ct. 787, 47 U.S. (L. ed.) 1016.
“Aunque un territorio que ba sido cedido deja de ser extran-jero en carácter y para todos los fines se convierte en doméstico, o sea, un territorio sobre el cual la soberanía de los Estados Unidos se extiende, es un territorio doméstico dependiente y no una parte integral de los Estados Unidos, de modo que el Congreso en su ad-ministración no tiene restricción por muchas de las prescripciones de la Constitución. De conformidad con esto la regla es que en cuanto a un territorio que no ha sido hecho parte integral de los Estados Unidos, la Constitución sin que exista legislación y por su propia fuerza, no lleva las garantías de la Enmienda Sexta que ga-rantiza el juicio po.r jurado. El derecho a un juicio por jurado y a la presentación de una acusación por un gran jurado no están entre aquellos derechos fundamentales que el Congreso al legislar para un territorio que no ha sido incorporado a los Estados Unidos debe garantizar a sus habitantes. De esto se infiere necesariamente que hasta que el Congreso actúe haciendo extensivo el derecho al juicio por jurado a un territorio que ha sido nuevamente adqui-rido, el sistema que prevalece de procedimiento judicial es aplicable y regulador. Hasta que el Congreso crea conveniente incorporar a los Estados Unidos un territorio cedido por virtud de tratado, el territorio ha de gobernarse de acuerdo con el poder que tiene el Congreso por virtud del artículo 4, sección 3, de la Constitución para decretar leyes para tales territorios, y con sujeción a aquellas restricciones constitucionales a los poderes de ese cuerpo que son aplicables a la situación.” 26 R.C.L. p. 675 y notas: Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 21 S. Ct. 770, 45 U.S. (L. ed.) 1088; Fourteen Diamond Rings v. U.S., 183 U.S. 176, 22 S. Ct. 59, 46 U.S. (L. ed.) 138; Hawaii v. Mankichi, 190 U.S. 197, 23 S. Ct. 787, 47 U.S. (L. ed.) 1016; Dorr v. United States, 195 U.S. 138, 24 S. Ct. 808, 49 U.S. (L. ed.) 128, 1 Ann. Cas. 697; Rassmussen v. United States, 197 U.S. 516, 25 S. Ct. 514, 49 U.S. (L. ed.) 862.

Los casos comprendidos en las precedentes notas se citan en su mayor parte en el de Balzac v. Porto Rico, 258 U. S. 298, el más reciente de los casos resueltos por la Corte Su-prema de los Estados Unidos en relación con el status constitucional de Puerto Rico y al que refiriéndose esta Corte Suprema en el caso de Morales v. Junta de Inscripciones, se dice lo siguiente:

“Si la enmienda es aplicable, el caso debe resolverse a favor de los peticionarios. De eso no bay duda. La cuestión queda así re-ducida a decidir si rige o nó 1a. enmienda constitucional en Puerto Rico y ello levanta uno de los problemas más serios que se vió obli-gado a afrontar el Tribunal Supremo de los Estados Unidos inme-diatamente después de- la guerra hispanoamericana y que durante más de veinte años de vez en cuando lia seguido ocupando las men-tes de los jueces hasta que fue, al parecer, definitivamente resuelto en el caso de Balzac v. People of Porto Rico, 258 U.S. 298.”

En la opinión de esta corte se alude también al impor-tante comentario que de los casos insular.es hace Charles Warren en el volumen 3, página 429, de su obra “The Supreme Court in United States History,” y luego en rela-ción con el estudio de esta obra y el caso Balzac, supra, esta corte sigue diciendo:

“Cuando la obra que acabamos de citar fué editada, aún no ha-bía sido resuelto el caso de Balzac, supra. En el caso de Tapia como en el de Murati, 245 U.S. 639, la Corte -Suprema no emitió opinión dejando así un vacío en aquellos que firmemente creyeron y expusieron su criterio con toda amplitud, (Murati v. Foote, 25 D.P.R. 568), que al otorgarse la ciudadanía americana en forma colectiva a los puertorriqueños, todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema se habían. cumplido y Puerto Rico debía considerarse como un territorio incorporado al seno de la Unión. Parece que el Tribunal se dió cuenta de ello y cuando 'William Howard Taft, ex Presidente de los Estados Unidos, ex Se-cretario de la Guerra y ex Gobernador'de Filipinas, entró a formar parte de él como Chief Justice, en la primera oportunidad que se le presentó estableció el criterio de la corte de modo inequívoco como sigue: * * * ”

Y sin que sea necesario repetir nuevamente todo lo que hasta el presente se ha declarado judicialmente por la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto a la actual condi-ción política de Puerto Eico en su aspecto constitucional tal como quedó establecido por el Acta Jones, es importante, sin embargo, citar del caso de Balzac, supra, como perti-nente en relación directa con la cuestión debatida' en este caso, los párrafos siguientes:

“En Puerto Rico, sin embargo, el portorriqueño■ no puede insis-tir en el derecho a juicio por jurado, salvo que sus propios repre-sentantes en su legislatura se sirvan concedérselo. El ciudadano de los Estados Unidos que vive en Puerto Rico no puede allí disfrutar del derecho a juicio por jurado en virtud de la Constitución Federal, más de lo que puede un portorriqueño. Es la localidad lo que determina la aplicación de la Constitución en materias tales como procedimiento judicial, y no el status de sus habitantes.
“La Corte de Distrito de los Estados Unidos no es una verda-dera corte de los Estados Unidos establecida bajo el Artículo III de la Constitución para administrar el poder judicial de los Estados Unidos que por dicho artículo se establece. Fué creada por virtud de la soberana autoridad congresional, conferida por el Artículo IV, see. 3, de dicho documento, para hacer todas las reglas y reglamen-tos necesarios para los territorios pertenecientes a los Estados Uni-dos. 'La semejanza de su jurisdicción a la de una verdadera corte de los Estados Unidos en cuanto ofrece oportunidad a los no resi-dentes para acudir a un tribunal libre de influencias locales, no al-tera su naturaleza de una mera corte territorial.”

Asumida la constitucionalidad de la ley, el mero hecho de que el Congreso extendiera la jurisdicción a las cortes insulares consignándose expresamente “siendo la jurisdic-ción de los referidos jueces y cortes territoriales en los ca-sos de dichas infracciones la misma que en la actualidad tienen sobre otros delitos de su jurisdicción,” indica clara-mente la intención del Congreso en el sentido de que si por nuestra Ley Orgánica (Acta Jones) ya quedaba regulada la organización y procedimientos de las cortes insulares, dando este poder a la Legislatura de Puerto Rico, la persecución y castigo de los delitos de prohibición debía realizarse me-diante el sistema local de procedimiento establecido por nuestras leyes locales. Inferir una intención contraria de modo que los procedimientos que debían seguirse eran los estatuídos en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico y como corolario que los fiscales de dicha corte promovieran y sostuvieran los procesos ante las cor-tes insulares, todo ello nos conduciría indudablemente a consecuencias muy absurdas. Una interpretación semejante destruiría el propósito mismo de la ley. Parece que la in-tención primordial del Congreso fné descongestionar el tra-bajo do la Corte de los Estados Unidos y hacer más fácil el acceso a los tribunales en los delitos de prohibición. La mayor parte de los casos son resueltos por las cortes muni-cipales que se extienden por toda la Isla y el efecto de aplicar los procedimientos federales sería de que por pri-mera vez y sin precepto local que lo autorice tendríamos juicios por jurados ante las cortes municipales y ante cual-quier corte los procedimientos tendrían que llevarse en el idioma inglés para quizá ser consecuentes y darle toda la eficacia constitucional a la ley.

Pero esta no ha sido por ahora la intención del Con-greso ni hay nada que justifique su propósito de llevar a las cortes insulares un malestar mayor del que quería re-mediar al restarle a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, una parte de su jurisdicción en casos de prohibición y extenderla a las cortes insulares para-la aplicación de una ley federal.

Por el solo hecho de que las violaciones de la Ley Na-cional de Prohibición son ofensas a la autoridad de los Es-tados Unidos, no es inconsistente que digamos que la ley del Congreso concediendo jurisdicción concurrente a las cor-tes insulares, para conocer de tales ofensas, se .pueda con-siderar como ley local en sus medios para hacerla efectiva tal como si hubiera sido decretada por la legislatura de Puerto Rico, la que después de todo no es otra cosa sino una agencia del Congreso de los Estados Unidos. En uno y otro sentido o vista la cuestión bajo este doble aspecto, se puede concluir que la denuncia instituyendo la acción criminal a nombre de los Estados Unidos, incluyendo además “El Pueblo de Puerto Rico,” cumple con lo que determina la sección 10 de nuestra Ley Orgánica (Acta Jones) que dice:

“Art. 10. — Todas las diligencias judiciales se liarán a nombre de ‘Estados Unidos de América, SS el Presidente de los Estados Uni-dos/ y todas las acciones criminales o penales en los tribunales locales se instruirán a nombre y por autoridad de ‘El Pueblo de Puerto Rico/ y todos los funcionarios deberán ser ciudadanos de los Estados Unidos, y, antes de entrar en el desempeño de sus res-pectivas funciones, prestarán juramento de sostener la Constitución-de los Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico.”

La razón de esta disposición de nuestra Ley Orgánica es: porque aún los delitos locales son ofensas contra la paz y dignidad de los Estados Unidos, pues estrictamente Pa-blando no existe más soberanía en un territorio de los Es-tados Unidos que la de los Estados Unidos misma. Snow v. United States, 18 Wall. 317. Esta conclusión no Pace viable la objeción de que considerada la ley del Congreso una ley local, necesariamente una persona pueda ser con-victa dos veces por el mismo delito por las cortes insulares y también por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico. La jurisdicción de esta última corte dejó de ser exclusiva en virtud de la ley de 21 de septiembre de 1922, supra. Una y otra jurisdicción procede de la misma fuente de autoridad que es el Congreso y por ser concu-rrente, si llegara a sobrevenir un conflicto de jurisdicción entre las diferentes cortes, Pabría de aplicarse para su so-lución la regla general de que la corte que primero adquiere jurisdicción és la que puede retenerla" para la decisión del caso.

‘‘La regla general de que debe prevalecer la autoridad de la corte que primero adquiere jurisdicción, siendo las mismas las par-tes, es aplicable al caso de cortes federales y de estado de jurisdic-ción concurrente, de modo que cualquier corte que adquiere pri-mero jurisdicción puede retenerla con el ñn de resolver cualquier cuestión en el pleito. De manera que el poder judicial federal no tiene control sobre cuestiones una vez que las cortes de estado ban adquirido jurisdicción basta que el estado haya agotado finalmente su poder judicial sobre dichas cuestiones mediante una decisión final en su tribunal más alto.” 27 B.C.L. p. 39.

Pero aún después de la decisión final por las cortes in-sulares, la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico no podía empezar o tomar de nuevo jurisdic-ción en el mismo caso y por igual delito porque su jurisdic-ción dejó de ser exclusiva en virtud de haberla conferido y extendido el Congreso expresamente a dichas cortes insula-res por la ley de septiembre 21 de 1922, supra.

En virtud de todo lo expuesto, la sentencia de la corte inferior debe confirmarse.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DED JUEZ ASOCIADO SR. WODE.

A Ramón Rodríguez e Isidoro Cardona se les acusó de haber infringido la Ley Nacional de Prohibición (sic). La denuncia fué presentada en la Corte Municipal de Humacao contra ellos y fueron declarados culpables. En apelación un juicio semejante y condena tuvo lugar en la Corte de Distrito de Humacao. El título o principio de la denuncia en este caso lee como sigue:

'“Corte Municipal de Humacao, P. E. — Estados Unidos de Amé-rica, El Presidente de los Estados Unidos, ss. El Pueblo de Puerto Bico vs. Ramón Rodríguez, José Cápele, Santos Rodríguez, Isidoro Cardona, Narciso Rodríguez. — Yo, Rafael Alarcón, Cabo, P. I., ve-cino de Las Piedras, P. R., calle Principal, de'mayor edad, formulo denuncia contra los acusados anfiba expresados por delito de infrac-ción a la Ley de Prohibición Nacional, cometido de la manera si-guiente : * ■ * ”

El resto de la denuncia es una descripción del delito en particular cometido. Los acusados presentaron una excep-ción perentoria general a la denuncia, que fué declarada sin lugar. La alegada falta de jurisdicción de la Corte de Dis-trito de Humacao no fué levantada en esa corte. Sin embargo, las cuestiones jurisdiccionales pueden ser promovidas generalmente en apelación y quizá considerarse que están inclnídas en el alcance de la excepción previa general. La cuestión presentada es si las cortes de Puerto Rico, actuando por virtud de su autoridad local o como cortes territoriales, tienen jurisdicción para condenar por un delito bajo la Ley Nacional de Prohibición. Debe notarse que la denuncia en este caso representa ser un proceso por virtud de la sobera-nía de El Pueblo de Puerto Rico y no directamente por vir-tud de los Estados Unidos de América. El delito imputado en la denuncia no es penable bajo el Código Penal de Puerto Rico o algún estatuto aprobado-por su legislatura. El de-lito de fabricar licor, el cual fué imputado a los acusados, no es distintamente castigable por las leyes penales aproba-das por la Legislatura de Puerto Rico. En otras palabras, si no había ninguna jurisdicción territorial no existía ningún delito imputado contra El Pueblo de Puerto Rico.

La Enmienda Decimoctava a la Constitución de los Es-tados Unidos prescribe lo siguiente:

“1. — Un año después de lá ratificación de este artículo la manu-factura, venta, o transportación de licores embriagantes, su impor-tación en, o la exportación de los Estados Unidos y todo territorio sujeto a su jurisdicción para fines de bebida, queda por la presente prohibida.
“2. — El Congreso y los diferentes Estados tendrán jurisdicción concurrente para poner en vigor este artículo mediante legislación adecuada.
“3. — Este artículo será ineficaz a menos que haya sido ratificado como una enmienda a la Constitución por las legislaturas de los va-rios Estados, como prescribe la Constitución, dentro de siete años a partir de la fecha de su sumisión a los Estados por el Congreso.”

La Ley Nacional de Prohibición fué aprobada en 28 de octubre de 1919, y el día 23 de noviembre de 1921 el Con-greso de los Estados Unidos aprobó una ley suplementaria a la Ley Nacional de Prohibición, la cual en su sección 3 prescribe lo siguiente:

"Art. 3. — Que esta Ley y la de Prohibición Nacionál serán apli-cables no sólo a los Estados Unidos, sino a todo aquel territorio que esté bajo su jurisdicción, incluyendo el Territorio de Hawaii y las Islas Vírgenes, a las cortes del Territorio de Hawaii y de las Islas Vírgenes se confiere jurisdicción para obligar al cumplimiento de esta Ley y de la Ley de Prohibición Nacional en dichos territorios e islas.”

En septiembre 21, 1922, el Congreso de los Estados Uni-dos aprobó la siguiente ley:

“ley
Confiriendo a las cortes territoriales de Puerto Rico jurisdicción con-currente con las cortes de los Estados Unidos en aquel distrito en los casos de infracción de la Ley de Prohibición Nacional y de . cualquier ley enmendatoria o supletoria de la misma.
Decrétase por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, en Congreso reunidos, que se confiera como por la presente se confiere, a los jueces y cortes territoriales de Puerto Rico, jurisdicción concurrente con los comisionados y cor-tes de los Estados Unidos en aquel" territorio, sobre toda infracción de la ley de octubre 28 de 1919, conocida por el nombre de Ley de Prohibición Nacional, y de cualquier ley enmendatoria y supletoria de la misma, siendo la jurisdicción de los referidos jueces y cortes territoriales en los casos de dichas infracciones la misma que en la actualidad tienen sobre otros delitos de su jurisdicción.”

Con arreglo a la sección 3 -de la ley de 1921, supra, es evidente que la Ley Nacional de Prohibición fue extendida a Puerto Rico como ley federal, y la ley de 1922 no trata por sus términos de convertir en una ley local a la Ley Na-cional de Prohibición, como ha sido sostenido, sino mera mente conferir a las cortes locales jurisdicción sobre los de-litos enumerados en la Ley Nacional de Prohibición. Sin embargo, se ha sostenido fuertemente que la intención del Congreso por la ley de 1922 fue hacer la Ley Nacional de Prohibición una ley local. Como hemos visto, la referida ley no habla de la Ley Nacional de Prohibición sino solamente de los delitos por virtud de la misma. La Ley Nacional de Prohibición confiere a las cortes cierta otra jurisdicción civil y de equidad que en manera alguna lia sido conferida a las cortes locales de Puerto Rico.

De la facultad del Congreso de hacer distintamente la Ley Nacional una ley local, no tengo, por supuesto, duda al-guna. La cuestión es si el Congreso así lo hizo o trató de hacerlo. Si mi memoria no me es infiel, el Congreso una vez hizo el Código Penal del Estado de Kansas, o algún otro estado, un Código Penal para el Territorio Indio, y desde luego que el Congreso tenía esta facultad y lo manifestó en lenguaje inequívoco. En la ley de septiembre 21 de 1922, supra, no hay manifestación de la intención de hacer una ley local de la Ley Nacional de Prohibición. Que toda la ley no tuvo por objeto ser una ley local, es un pensamiento eliminado por el hecho de que sólo los delitos mencionados en la Ley Nacional de Prohibición deben caer dentro de la jurisdicción de las cortes locales.

La intención del Congreso según la ley de 1922 parece ser suficientemente clara de una mera lectura de la misma. A los magistrados y cortes de Puerto Rico se les confiere ju-risdicción concurrente con los comisionados y cortes de los Estados Unidos para dicho territorio, etc. La jurisdicción concurrente debe significar que es la misma jurisdicción que tiene la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, la cual, hasta la aprobación de la ley de 1922, era la única corte en Puerto Rico con jurisdicción sobre los delitos contra la Ley Nacional de Prohibición. Se ha hecho cierta insistencia en cuanto al fin de la ley donde aparecen las si-guientes palabras: “siendo la jurisdicción de los referidos jueces y cortes territoriales en los casos de dichas infraccio-.nes la misma que en la actualidad tienen sobre otros deli-tos de su jurisdicción.” Este último párrafo es uno en que meramente se autoriza en términos generales y confiere a las cortes locales jurisdicción sobre las mismas personas y la misma clase de delitos, por ejemplo, más graves (felony), ménos graves (misdemeanor), como están ahora bajo sus respectivas jurisdicciones. Las palabras “de su jurisdic-ción” significan qne el Congreso no está extendiendo la fa-cultad de las cortes locales a ningún grado de casos o per-sonas sobre las cuales no tenían ya ellas jurisdicción.

La historia de la legislación del Congreso y los prece-dentes históricos en cuanto a ella demuestran que ha sido la práctica uniforme del Congreso conferir a las cortes te-rritoriales jurisdicción para conocer de procesos por viola-ción de los estatutos de los Estados Unidos. Las secciones 1907 a 1910 de los Estatutos Revisados muestran cómo fue que se confirió la jurisdicción.

En el caso Ex parte Crow Dog, 109 U. S. 556-560, la Corte Suprema de los Estados Unidos se expresó así:

“La corte de distrito (territorial) tiene dos jurisdicciones. Como corte territorial administra la ley local del gobierno territorial; como lia sido investida por la Ley de Congreso con jurisdicción para administrar las leyes de los Estados Unidos, tiene toda la autoridad de las cortes de circuito. ’ ’

Decisiones semejantes fueron dictadas en los casos de Pickett v. United States, 216 U. S., 456-459, 54 L. Ed. 566-568; Brown v. United States, 146 Fed. 975; United States v. Averill, 4 Utah 416, 7 Pac. 527, y United States v. Pridgeon, 153 U. S. 58.

Y, citando del caso Ex parte Crow Dog, la Corte Su-prema de los Estados Unidos en el de Gon-Shay-ee, 130 U. S. 343-348 et seq. confirma la idea de la dualidad de juris-dicción de una corte territorial. De la historia de los Esta-dos Unidos en las anteriores decisiones resulta evidente que el Congreso estaba perfectamente familiarizado con la dua-lidad de jurisdicción en las cortes territoriales. Es verdad que en Puerto Rico las cortes locales territoriales tenían ex-clusivamente una jurisdicción local hasta la aprobación de la ley de 1922 y que la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico podía conocer de todos los deli-tos contra los Estados Unidos. Aquella ley, sin embargo, daba a las cortes locales jurisdicción por virtud de la Ley Nacional de Prohibición y les obligaba a tomar conocimiento de los delitos bajo dicha ley de Prohibición Nacional. Todo el poder substancial que tienen las cortes locales es por vir-tud de la Ley Nacional de Prohibición.

Aunque no discuto el poder del Congreso para hacer una ley local la Ley Nacional de Prohibición, dudo seriamente del poder del Congreso para hacer extensiva la Ley Nacio-nal de Prohibición a Puerto Rico y no extender todas sus disposiciones substantivas y adjetivas. Como ya se ha in-dicado, no fue la ley de 1922 la que hizo .extensiva prime-ramente la Ley Nacional de Prohibición a Puerto Rico; fue la ley de 1921. Por tanto, estando ya en vigor la ley en Puerto Rico como Ley Nacional de Prohibición, las cortes a las cuales se dió jurisdicción para castigar delitos contra dicha Ley Nacional de Prohibición deben ser, por así de-cirlo, cortes subsidiarias de los Estados Unidos o Federales, en el mismo sentido que las cortes territoriales de los Es-tados Unidos han tenido desde tiempo inmemorial una ju-risdicción federal para la prosecución de delitos contra los. Estados Unidos que no eran delitos contra el territorio.

Gran parte del argumento que sostiene la teoría de que la ley de 1922 es una ley local procede de las inconvenien-cias que resultaron y especialmente de que la práctica y el procedimiento en las cortes de Puerto Rico es muy distinta de la práctica y procedimiento seguido en la Corte de Dis-trito de los Estados Unidos para Puerto Rico. Esta dificul-tad me parece queda resuelta inmediatamente manifestando-que el procedimiento en las cortes de Puerto Rico cuando-están ellas ejercitando jurisdicción federal puede ser compatible y congruente con las prácticas ya en vigor en la Corte-de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, aún hasta la citación de . un jurado con los mismos requisitos que los jurados de esa corte. Si las cortes de Puerto Rico están poniendo en vigor un estatuto federal, tienen ellas las mismas facultades que las cortes de los Estados Unidos, de conformidad con las propias palabras de la ley de 1922. Todos los medios necesarios fueron conferidos necesaria-mente para llevar a efecto la jurisdicción. Estoy citando las palabras qne el Juez Presidente, Sr. Marshall, dijo en varias ocasiones con respecto a la facultad de los Estados Unidos.

Se alegó qne el resultado de pretender conferir a las cortes locales jurisdicción federal no sería debido proceso de ley por los supuestos inconvenientes. Esto no ha sido demostrado. Sin embargo, si la intención del Congreso como indican las palabras de la ley y los precedentes históricos y legales tienen por objeto conferir tal jurisdicción, el peligro de que la ley de 1922 pueda ser ineficaz no es razón para darle una interpretación que en manera alguna está dentro de la intención de la Legislatura. Si las inconveniencias conducen a resultados inconstitucionales vemos dificultades enormes en tratar de interpretar la ley como una ley local.

Posiblemente es cierto que fué la intención del Congreso librar a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Pico de un trabajo excesivo de acuerdo con la Ley Nacional de Prohibición. No consta de esa ley que la idea era relevar al fiscal de la Corte de Distrito de los Estados Unidos y sus auxiliares de formular acusaciones en la Corte ■de Distrito de Puerto Rico. De la misma faz de la Ley ■nada aparece que demuestre que el Congreso en el año 1922 estaba confiriendo una clase de jurisdicción diferente a las •cortes territoriales que la que se confería por las secciones 1907-10 de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos.

La Ley Nacional de Prohibición es un Estatuto Federal hecho aplicable igualmente en todos los Estados Unidos y a todos los territorios sujetos a su jurisdicción. Debe nece-sariamente ser aplicado igualmente. Una persona a quien se imputa un delito bajo la Ley Nacional de Prohibición debe tener las mismas oportunidades de defenderse que las que tendría en cualesquiera otra parte de los Estados Unidos. Ella debe tener las mismas oportunidades para un juicio por jurado. Si el procedimiento en las dos cortes es dis-tinto a como aliora se practica la jurisdicción de las cortes locales debe ser hecha armónica con la jurisdicción de las cortes de los Estados Unidos. De otro modo tienen qne sur-gir desigualdades. La .Ley Nacional de Prohibición no puede ser una ley local y federal al mismo tiempo dependiendo de qué corte asume jurisdicción.

Por tanto, creo que la sentencia apelada debe ser revo-cada y absuelto el acusado.


author: El Juez Asociado Señob Franco Soto, El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Blondet, Demandante y Apelada, v. Benítez et al., Demandado y Apelantes.
    No. 3152.

    Visto: Pedrero 18, 1924.

      Resuelto: Julio 17, 1924

      Resuelto en reconsideración,: Julio 29, 1924.
    •Procedimiento Ejecutivo Hipotecario Nulo — Jurisdicción de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito — Venta Judicial Nula.' — Es nula por falta de jmisdicción la venta judicial que de una finca radicada en Río Piedras ordenó la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Primer Distrito, en procedimiento ejecutivo hipotecario radicado ante dicha corte en julio 22, 1921.
    Id. — ■ Desahucio— Jurisdicción— Procedimiento Ejecutivo Hipotecario. — Ha-biendo probado el demandado en el juicio del pleito ordinario de desahucio que estableció la demandante, que el titulo de ésta es nulo porque proviene de la venta judicial ordenada en procedimiento ejecutivo hipotecario por una corte sin jurisdicción, se revocó la sentencia qne ordenaba el lanza-miento.
    Sentencia de M. Rodríguez Berra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Revocada, y declarada sin lugar la demanda.

      M. Tous Soto, abogado de los apelantes; R. H. Blondet y J. Vall-dejuli, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio de desahucio qne la demandante siguió por el procedimiento ordinario la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, dictó sentencia declarando con lugar la demanda interpuesta por Margarita Blondet contra Isidro Benitez y Gertrudis Santos, ordenando el lanzamiento de los demandados de la finca objeto del litigio.

La demandante funda su derecho de desahucio en habér-sele adjudicado la finca en procedimiento especial hipoteca-rio que siguió contra los demandados ante la Corte de Dis-trito de San Juan, Distrito Primero.

Los demandados alegan que el título de la demandante' tiene la condición de inexistente y que la subasta que le dió' origen se llevó a efecto ilegalmente y en procedimientos se-guidos ante una corte de justicia sin jurisdicción para auto-rizarlos. Como consecuencia de esta defensa, la apelación interpuesta contra la sentencia descansa en dos motivos de-error, a saber:

“1. Que la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan.,. Primer Distrito, carecía de jurisdicción para conocer de juicio eje-cutivo en cobro de hipoteca constituida sobre finca radicada en el Distrito Judicial de San Juan, Segundo Distrito.
“2. Que el Marshal del Primer Distrito Judicial de San Juan carecía de- facultades para vender en pública subasta una finca ra-dicada en el Segundo Distrito Judicial de San Juan.”

La parte apelada, aunque asistió a la vista de este caso,, no tuvo el cuidado de presentar alegato sosteniendo sus. puntos de vista en contrario al de los apelantes.

Para obtener posesión de la finca objeto del litigio y des-alojar de la misma a los apelantes, la apelada no acudió al procedimiento sumario de desahucio que establece la ley. de-9 de marzo de 1905, sino que interpuso la demanda y siguió' el procedimiento ordinario que prescribe el Código de En-juiciamiento Civil vigente. ' Establecida la contienda dentro' del amplio campo del juicio ordinario, y a iniciativa de la apelada, no cabe duda ni de ello puede quejarse la misma apelada, que los apelantes hayan podido ejercitar amplia-mente su defensa fuera del estrecho trámite a que les hu-biera circunscrito el juicio especial de desahucio.

Entrando en el examen de los errores señalados, éstos, pueden considerarse conjuntamente.

En julio 22, .1921, la apelada archivó en la Corte de Dis-trito de San Juan, Distrito Primero, la demanda para la ejecución de una hipoteca contra los apelantes. Aparece al mismo tiempo que la finca hipotecada radica en el munici-pio de Ilío Piedras, que corresponde al Distrito Judicial de San Juan, Distrito Segundo. El mandamiento para hacer efectiva, la cantidad reclamada mediante venta de la finca hipotecada se dirigió al marshal del distrito judicial donde no radicaba la finca y fue quien procedió a la venta y ad-judicación de la misma.

En el caso de Toro y Lippitt v. Corte de Distrito de San Juan, 30 D.P.R. 542, esta Corte Suprema tuvo ocasión de interpretar la ley núm. 41, aprobada en junio 30, 1921, (p. 287), y declaró que dicha ley dejó subsistente el Distrito Judicial de San Juan y dentro de él se crearon dos cortes de distrito independientes, encontrándose entre si en la misma relación, respecto a jurisdicción y competencia, que las demás cortes de la Isla. Y siendo ésta la interpretación que se ha dado a aquella ley, y no admitiéndose en la ejecu-ción de hipotecas sumisión en contrario, sino que el juez competente será el del lugar en que radiquen los bienes (art. 170 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipo-tecaria), claro es que comprendiéndose el municipio de Río Piedras en el Distrito Segundo de la Corte Judicial de San Juan, no podía conocer de la ejecución en el procedimiento hipotecario la corte del Primer Distrito de San Juan por ca-recer de jurisdicción en el caso. Se hace, por tanto, inne-cesario añadir que todos los procedimientos en dicho ejecu-tivo adolecen del vicio de nulidad y el título de la apelada en que descansa su acción de desahucio tiene el carácter de inexistente. Véanse los casos de Benet v. Hernández, 22 D.P.R. 348; Maldonado v. Preston, 22 D.P.R. 659; Frías et al. v. Rossy, 27 D.P.R. 38, y Solá v. Castro, 32 D.P.R. 804.

Por lo expuesto, la sentencia debe revocarse y dictarse otra declarando sin lugar la demanda, sin costas.

RESOLUCIÓN SOBRE RECONSIDERACIÓN DE JULIO 29, 1924.

El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Se pide por la demandante-apelada qne reconsideremos la sentencia qne dictamos con fecha 17 de junio de 1924 re-vocando la qne había dictado la corte inferior declarando con lugar la demanda de desahucio.

Nuestra decisión se fundó en que tratándose de la ejecu-ción de una hipoteca en la qne se adjudicó la finca hipote-cada a la demandante, los procedimientos se siguieron ante la corte del Primer Distrito Judicial de San Juan estando no obstante radicada la finca en el Segundo Distrito Judicial de San Juan. ' »

La ley núm. 41, aprobada en junio 30, 1921, (p. 287) reor-ganizando el distrito judicial de San Juan y dividiéndolo en dos distritos independientes, empezó a regir el 30 de junio de 1921 y la fecha en este caso resulta de esencial impor-tancia.

Se dice en nuestra opinión, por aparecer así de los autos, que la demanda ejecutiva fué presentada el 22 de julio de 1921, pero la apelada sostiene que se trata de una equi-vocación cometida en la transcripción del récord y que si bien presentó en el caso No. 3285 que se acumuló al pre-sente para los efectos de la vista una moción tendente a que se hiciera la corrección de fechas, ella desistió por haber ofrecido el apelante allanarse a tal corrección en la vista del presente pleito e insiste que así fue admitido por el ape-lante en el acto de la vista. No obstante, la apelada no tuvo el cuidado de hacer constar en acta tal admisión, si la hubo, y nos falta la base para decidir sobre los méritos en que funda su reconsideración la parte apelada.

Por otra parte, aunque asumiéramos que la demanda se hubiera radicado antes de empezar a regir la ley núm. 41, supra, siempre aparece que el juez del Primer Distrito no actuó ordenando el requerimiento de pago al deudor hasta después de entrar en vigor dicha ley. El mero hecho de la radicación de la demanda no sería bastante por sí solo para considerar qne el caso había entrado en el período de prneha y qne el juez inferior del Primer Distrito retuviera la ju-risdicción de acuerdo con la disposición transitoria de la citada ley.

Por lo expuesto, la moción del apelado dehe declararse sin lugar.


author: El Juez Asociado Señoe Franco Soto,

text:
    Blondet, Demandante y Apelada, v. Benítez et al., Demandados y Apelantes.
    No. 3285.

    Visto: Mayo 20, 1924.

      Resuelto: Junio 17, 1924.
    Procedimiento Ejecutivo Hipotecario — Suspensión del Procedimiento Eje-cutivo — Resolución no Apelable. — Aunque por falta de jurisdicción sea nulo 'prima facie un procedimiento ejecutivo hipotecario, el ataque de nuli-dad no puede hacerse en el mismo procedimiento, y si se hace y la moción se deniega, la resolución negatoria no es apelable.
    Resolución de Charles E. Eoote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando sin lugar moción solicitando nulidad de procedimiento hipotecario.

      Desestimada la apelación.

      Campillo & Campillo j M. Tous Soto, abogados de los apelantes; Ii. H. Blondet, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

A los efectos solamente de la vista, este caso ha sido acumulado al No. 3152, resuelto en el día de hoy. Las cues-tiones fundamentales son idénticas. La única variación con-siste en que las mismas defensas del apelante, de que ha hecho mérito en el pleito anterior, han sido presentadas en el mismo procedimiento hipotecario mediante moción pi-diendo la nulidad de los procedimientos.

A priori parecería que pudiera aplicarse el principio general de que tratándose de las mismas partes y en el mismo pleito se podía solicitar directamente por la parte perjudi-cada la nulidad de los vicios de procedimiento en que se hu-biese incurrido. Pero estos principios no tienen aplicación a un procedimiento tan especial y sumario como el hipote-cario. La Ley Hipotecaria y su Reglamento no permiten la interrupción ni entorpecimiento de dicho procedimiento sino en casos ya especificados. En los demás casos se ha de acudir al juicio ordinario. De manera que únicamente se permite el ataque directo dentro del mismo procedimiento, conforme a la regia general, por los motivos que taxativa-mente señala el artículo 175 del Reglamento para la ejecu-ción de la Ley Hipotecaria, a saber i

"l9 Si se justificare documentalmente la existencia de un pro-cedimiento criminal por falsedad del título hipotecario en cuya vir-tud se proceda, en que se haya admitido querella o dictado auto de procesamiento.
29 Si se interpusiere una tercería de dominio, acompañando in-excusablemente con ella título de propiedad de la finca de que se trate, inscrito a favor del tercerista con fecha anterior a la inscrip-ción del crédito del ejecutante y no cancelado en el registro.
39 Si se presentare certificado del registrador, expresivo de que-’ dar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se proceda, o copia auténtica de la escritura pública de cancelación de la misma, con la nota de presentación en alguno de los registros en donde se haya de tomar razón de ella, otorgada por el actor o por sus causantes o causahabientes, acreditándose también documentalmente el título de transmisión en su caso.

Pero no ocurre lo mismo con las demás reclamaciones que después señala dicho artículo y que pueden ventilarse por ataque colateral en juicio plenario.

Por otra parte, en vista del resultado a que hemos lle-gado en el caso No. 3285 a que se hizo referencia al princi-pio de esta opinión, la apelación no tendría ninguna finali-dad práctica, y, en cualquier caso, la orden de la corte inferior no es apelable.

La apelación debe desestimarse.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Angy, Demandante y Apelante, v. Selosse, Demandado y Apelado.
    No. 3279.

    Visto: Abril 29, 1924.

      Resuelto: Junio 17, 1924.
    Alegaciones — Excepción Previa a la Contestación — S. ñalamiento Prema-turo. — Constituye error que motiva la revocación el celebrar conjuntamente con el juicio la vista de una moción radicada el día anterior para eliminar la excepción previa a la contestación, cuando además de ser el señalamiento del caso prematuro, el de la moción para eliminar la excepción previa uo fué notificado al demandante.
    SENTENCIA de M. Rodríguez Serva, J. (Segundo Distrito, San Juan), desestimando la demanda, con costas.

      Revocada y devuelto el caso.,

      R. H. Blondet, abogado de la apelante; J. de Guzmán Benitez, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La acción establecida en este caso fué.para el reconoci-miento de una sociedad civil industrial y partición de bienes inmuebles. La contestación del demandado fué radicada el día ll.de diciembre de 1923. Por tanto, de acuerdo con el artículo 116 del Código de Enjuiciamiento Civil, la deman-dante tenía diez días dentro de los cuales podía formular una excepción previa a la contestación. Durante estos diez días, sin embargo, el día-15 de diciembre de 1923, hubo una lectura de calendario general y la corte señaló el juicio del caso para el día 10 de enero ele 1924. Dentro de los diez días a partir de la radicación de la contestación, la deman-dante presentó una moción para eliminar ciertas partes de la misma. Esta moción fué declarada sin lugar y el día 8 de enero de 1924 la demandante formuló una excepción pre-via a la contestación. En 9 • de enero el demandado pre-sentó una moción para eliminar la excepción previa por ser frívola, siendo señalada la vista de dicha moción para el día diez de enero, o sea el día previamente señalado por la corte para el juicio. El señalamiento de esta moción no fué no-tificado a la demandante aunque la moción misma sí lo fué. A pesar de la protesta hecha por la demandante al rápido señalamiento de la moción para eliminar, la corte, no obs-tante, oyó la moción y declaró sin lugar la excepción previa,, e insistió en seguir adelante con el juicio del caso. El abo-gado de la demandante, en oposición a esto, dijo que tenía dos casos para juicio en otra fcorte y solicitó la suspensión del juicio, lo que aparentemente fué negado por la corte, habiéndose retirado entonces del salón de sesiones la de-mandante. Algunos de estos hechos o todos ellos fueron sometidos a la corte de distrito en una moción de reconsi-deración. La corte de distrito negó la moción de reconsi-deración manifestando que la demandante había sido debi-damente notificada del señalamiento del caso y no formuló ninguna protesta hasta el mismo día del juicio. La corte manifestó que estaba convencida, debido a la actitud -del abogado de la demandante, de que él no deseaba celebrar el juicio del caso y que mediante fútiles pretextos procu-raba demorar la resolución final del caso.

Una cosa es cierta, al menos técnicamente. La corte no tenía derecho a señalar el caso para juicio dentro de los diez días inmediatamente siguientes al archivo de la contes-tación. Ese es un término en el cual la demandante tiene el derecho de excepcional’ una contestación. Hasta que no venza este período no existe ninguna cuestión planteada en-tre las partes. La apelante alega este señalamiento como su primera asignación de error. La única cuestión sería si la demandante no renunció a este error al no oponerse al señalamiento, o tomar alguna medida para que se dejara sin efecto. Aun el día 10 de enero cuando el abogado de la demandante compareció no consta- que hiciera ninguna obje-ción al señalamiento del caso prematuramente. El sola-mente se opuso al señalamiento sumario de la excepción previa y alegó también tener pendiente otros casos en otra corte.

Nos inclinamos a convenir con el apelado y la corte inferior en que cuando el abogado está realmente ante la corte el día de la celebración del juicio, la pendencia de pleitos en otras cortes no es nna excusa válida para no proseguir con el juicio. Sería nn abuso de discreción lla-mar nn caso si el abogado se encontraba a mitad de un juicio en otra corte.

Estamos convencidos, sin embargo, de que la demandante tenía el derecho a oponerse al señalamiento prematuro de la excepción previa, aun cuando ella no estaba haciendo nin-guna objeción específica en la corte inferior al señalamiento prematuro del caso mismo.

El caso fué señalado prematuramente para juicio y es-tamos de acuerdo con el abogado de la apelante en que él pudo haberse abstenido de comparecer a dicho juicio y en-tonces solicitar que se dejara sin efecto la sentencia resul-tante. La apelante en ningún momento levantó esta cues-tión en la corte inferior sino que vigorosamente se opuso a que el caso fuera celebrado antes de que su excepción previa hubiera sido debidamente señalada y resuelto. De modo que por lo menos el abogado se estaba oponiendo a la celebración del juicio antes de que se resolviese previamente su excepción.

El apelado insiste en que por el hecho de no oponerse al señalamiento la demandante quedaba obligada a estar preparada para discutir cualquier cuestión de alegaciones en el día del juicio, pero esto envuelve una especie de petitio principii. La demandante se estuvo oponiendo a la celebra-ción del juicio mientras no se resolviera la excepción previa en el orden prescrito por la ley. El caso no estuvo listo para juicio hasta que las alegaciones originales fueran re-sueltas.

El artículo 123 del Código de Enjuiciamiento Civil, como fué enmendado en 1911 (p. 238), prescribe lo siguiente:

“Artículo 123. — A moción de la parte contraria se eliminará por la corte toda materia impertinente y redundante contenida en una alegación, y hasta que tal moción sea resuelta por la corte la parte promovente no estará obligada a hacer nueva alegación:”

De modo que después que la moción para eliminar la contestación fue negada, la demandante por la ley de la Legislatura aprobada especialmente en el año 1911 tenía de-recho a excepeionar y a que su excepción previa fuera oída antes de la celebración del juicio. Asimismo tenía ella de-recho a que la excepción previa fuera señalada para vista con anterioridad al día del juicio. La moción para eliminar-la excepción previa era pertinente pero la apelante tenía derecho a una notificación previa de su señalamiento. De igual modo la apelante tuvo derecho al término usual para la vista de la moción para eliminar como cuando se trata de cualquier otra moción que requiere una notificación a la parte contraria.

Debe revocarse y dejarse sin efecto la sentencia, deján-dose pendiente la moción para eliminar la contestación, de-volviéndose el caso a la corte inferior para ulteriores pro-cedimientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Presidente SeñoR del Tono,

text:
    Roig Commercial Bank Demandante y Apelante, v. Sucesión Lugo, Demandada y Apelada.
    No. 3208.

    Visto: Marzo 27, 1924.

      Resuelto: Junio 18, 1924.
    Traslado — Jurisdicción'—Sumisión de las Partes. — La obligación do pagar en el domicilio del acreedor, no implica por sí sola la sumisión a la corte del territorio' donde éste reside.
    Td. — Affidavit de Mérito Prestado por el Abogado. — El affidavit de mérito en apoyo del traslado de un pleito puede ser prestado por el abogado del de-mandado cuando éste se hallare ausente del distrito donde reside el abogado. El juramento puedo prestarse por información y creencia; y si el abogado expresa que creo que su parte tiene una buena defensa, no cabe rechazar el affidavit como insuficiente porque no especifique en detalle cuáles son los méritos de la misma.
    Id. — Residencia de los Demandados — Acciones Personales. — Cuando son varios los demandados y ninguno reside en el distrito donde se inicia la acción, ni ■ consta que se hubieran sometido a la corte donde se entabla la demanda, el traslado a la corte de distrito de la residencia del que lo pide debe decre-tarse aunque no todos los demandados residan en tal distrito.

      Resolución de Pablo Berga, J. (Humacao), declarando con lugar moción de traslado.

      Confirmada.

      González Fagundo & González, Jr., abogados de la apelante; M. F. Bossy, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente SeñoR del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de traslado. Presentada la demanda en la Corte de Distrito de Humacao, se solicitó el traslado a la de San Juan, Primer Distrito. La corte lo .decretó y no conforme el demandante apeló para ante este tribunal alegando que la corte erró al declarar con lugar la moción de traslado y al estimar suficiente el affidavit de méritos en que se basó la moción.

Hemos estudiado cuidadosamente el asunto y estamos en-teramente conformes con la conclusión a que llegara la Corte de Distrito de Humacao y con los razonamientos contenidos en la opinión que emitiera para fundarla.

El Juez de Distrito Sr. Berga se expresó así:

“La demanda en este caso tiene por objeto el cobro de un pa-garé, por la suma de dos mil quinientos dollars ($2,500), que se alega suscrito por la Sucesión de E. Lugo Yiña, compuesta de Lu-cía R. Viuda de Lugo Viña, y Eduardo, Aurora, Lucía y Andrés Lugo Viña, cuya suma se obligaron a satisfacer a su vencimiento en la oficina bancaria de la demandante, Roig Commercial Bank, en Humacao. Establecida la demanda en esta Corte de Distrito, la demandada Lucía Rossy Vda. de Lugo Viña, ha solicitado el tras-lado del pleito a la corte de distrito de San Juan, Primer Distrito, y se consigna en la declaración jurada sobre los méritos del caso prestada por el abogado de dicha demandada, que ella reside por ahora en el pueblo de Lajas, habiendo permanecido unos dos meses en San Juan, otros dos meses en Guayama, y siendo su intención la de residir definitivamente en San Juan; y que los otros deman-dados Andrés y Eduardo, son vecinos de San Juan, Aurora, de Lajas, y Luz Eugenia, de Nueva York. Y en la moción dp traslado de la referida demandada Lucía Rossy Vda. de Lugo Viña, se ex-presa, además, que si bien es cierto que conserva aún su domicilio en Nueva York, de donde era vecina, es su intención vivir en San Juan.
“En 12 de noviembre de 1923, se celebró, con asistencia de am-bas partes, la vista de la referida moción de traslado.
' “Se alega por la parte demandante, en primer término, para resistir al traslado, que los demandados, al obligarse a satisfacer el pagaré a su vencimiento en la oficina bancada del demandante en Humacao, quedaron sometidos a la competencia de este tribunal. Pero esta alegación es insostenible, pues para que exista la sumisión, era necesario un convenio escrito de las partes donde los demanda-dos se sometieran expresamente a la competencia de este tribunal, no pudiendo la corte inferirlo por el hecho de que se obligaran a verificar el pago en Humacao. Artículo 77, Código de Enjuiciamiento Civil; Kórber Co., Inc., v. Colón et al., 30 D.P.R. 773.
“Alega también la parte demandante que el affidavit de mérito carece de valor alguno porque no está suscrito y jurado por la pro-pia demandada Lucía Rossy Yda. de Lugo Viña, no pudiendo pres-tarlo su abogado por información de ella, y porque en él no se ex-presa cuáles son los méritos de defensa que tiene la demandada.
“El artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que, al pedirse un traslado, el demandado deberá presentar una declara-ción jurada y fundada (affidavit of merits). Esta declaración, con-forme el' artículo 118 del propio código, puede hacerse por el abo-gado del demandado, entre otros casos, cuando éste se hallare au-sente del. distrito en que residiere el abogado, pudiendo prestarse el juramento por información si se cree cierta. A este respecto el affidavit cumple sustancialmente con los requisitos de la ley. Nazario v. Atlas Assurance Co., 24 D.P.R. 358.
“El abogado don Manuel F. Rossy, residente de San Juan, ex-presa en el affidavit de mérito que ‘ha examinado este caso con los antecedentes aquí expuestos, y es de opinión que la demandada tiene una buena causa de acción, y tiene derecho a defenderse para proteger sus derechos sustanciales.’ Y en el juramento consigna dicho letrado que ‘es el abogado en este pleito de doña Lucía Rossy Vda. de Lugo Viña, y ha redactado esta declaración de mérito con arreglo a sus instrucciones, y las manifestaciones y hechos en eRa consignados los cree ciertos, constándole, su certeza por su informa-ción y en tal sentido las jura, no haciéndolo doña Lucía por encon-trarse hoy en el pueblo de Lajas, sin facilidad de trasladarse aquí para jurar personalmente.’ En el caso de Bithorn v. Ball, 17 D.P.R. 584, se ha resuelto que ‘una declaración que expresa que el demandado ha expuesto fielmente a su abogado los hechos del caso y que según su opinión tiene una buena defensa en los méritos contra la demanda, es una que cumple con los requisitos del estatuto sobre la materia.’ Este caso aparece citado en el de Cintrón v. El Zenit, 26 D.P.R. 297. Y se lia resuelto también en el caso de Padró v. Pérez, 28 D.P.R. 401, que en una moción de traslado en donde se alega bajo juramento que ‘los demandados han expresado entera y razonablemente el caso a su abogado y éste les ba infor-mado que tienen una buena y sustancial defensa sobre los méritos y estos demandados efectivamente así lo creen,’ es así mismo sufi-ciente. Y, en el presente caso, aunque una refinada exigencia en-contrase en el affidavit algún defecto de forma, él es bastante a cumplir los fines de la justicia.
“Y alega por último el demandante, que no procede el traslado, porque no todos los demandados residen en el distrito de San Juan. Ciertamente que en la moción y affidavit de mérito sólo se expresa que los demandados Andrés y Eduardo Lugo Viña residen en el dis-trito de San Juan, parte Norte de la ciudad de San Juan, y que la demandada Lucía Rossy Vda. de Lugo Viña tiene el propósito de vivir en San Juan, Santurce Norte, lo que no sería esto último bastante si ella fuera la única demandada para conceder el tras-lado, pero como ninguno de los demandados reside en el Distrito de Humaeao según se expresa en el referido affidavit, únicamente podría adquirir este tribunal jurisdicción por la sumisión de las partes, y habiendo sólo comparecido la referida demandada no se han sometido los demás y la ley requiere que se sometan todos. Artículo 77, Código de Enjuiciamiento Civil; Royal Bank of Canada v. A McCormick & Co., 25 D.P.R. 123.”,

Bebe, confirmarse la resolución apelada.