text:
    Bernardo Gautier González, demandante y apelante, v. Paulino Rodríguez, demandado y apelado.
    Núm. 8136.

    Sometido: Marzo 21, 1941.

    Resuelto: Marzo 24, 1941.

      Pedro E. Anglade, abogado del apelante; Adolfo Porrata Doria, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante alega qne en septiembre 28 de 1936 pagó al demandado, por error y bajo la creencia de qne el deman-dado era abogado en ejercicio y le había prestado servicios profesionales, la snma de $1,200; qne el demandado le hizo creer qne él era abogado y qne el demandante le adeudaba la expresada snma por gestiones profesionales realizadas en sn nombre; qne no es cierto qne el demandado sea abogado ni tampoco qne haya realizado gestión alguna a nombre del demandante; qne éste ha tratado de conseguir del deman-dado qne le devuelva la snma cobrada indebidamente, pero el demandado se ha negado a ello; y pide sentencia contra el demandado por $1,200, costas y honorarios.

El demandado admite haber recibido la snma qne se le reclama, niega las falsas representaciones qne se le imputan, y alega qne el pago le fné hecho previo convenio verbal entre él y el demandante, y para compensar al demandado por gastos hechos y gestiones practicadas a través de nn período de 16 años en litigios entre los miembros de la Sucesión de Alberto G-autier y C. y J. Fantauzzi; que la suma recibida por el demandado fué la que le correspondía pagar al deman-dante como su parte en dichos gastos.

El presente recurso ha sido interpuesto por el deman-dante contra la sentencia de la Corte de Distrito de Guayama, por la que se desestimó su demanda y se le condenó al pago de costas y honorarios.

Alega el apelante que la sentencia recurrida es con-traria a la prueba y contraria a derecho.

Hemos estudiado cuidadosamente la transcripción de la evidencia, que consta de 292 páginas. Esta opinión se haría innecesariamente larga si hiciéramos una síntesis de las declaraciones de todos y cada uno de los testigos presentados por ambas partes. Los hechos esenciales que resultan de toda la prueba, son como sigue:

El demandante Bernardo Gautier es hermano de Adela Gautier, esposa del demandado. Estos dos hermanos, y otros dos llamados Margarita y Luis eran hijos naturales, reconocidos por sentencias judiciales, de Alberto Gautier, quien falleció en Francia, dejando allí la mayor parte de sus bienes y una hija legítima llamada Sofía. Creyendo que su esposa y los otros hijos naturales de Gautier tenían derecho a participar de la herencia, el demandado inició en nombre de su esposa gestiones para reclamar la herencia correspondiente a los hijos naturales reconocidos. El deman-dante fué invitado a tomar parte en el litigio y a contribuir para los gastos, pero se negó a ello, según sus propias palabras, “porque yo siempre creí que no se ganaba, que lo perdíamos, y por eso yo no estaba dispuesto a dar mi dinero.” El demandante no hizo gestión alguna para conseguir su participación en la herencia.

Después de gestiones y negociaciones que duraron desde 1920 hasta 1936, los herederos residentes en Francia comi-sionaron al abogado don Tomás Bernardini para que tratase de llegar a una transacción con los herederos residentes en Puerto Bico. Intervino dicho letrado, y después de varias conversaciones se llegó a una transacción, como resultado de la cual el demandante debía recibir y recibió la suma de $6,000. He aquí cómo relata el Sr. Bernardini lo ocurrido

“R. Bueno, yo procuré hacer una transacción y en efecto, va-liéndome de doña Sofía, por medio de su apoderado que era don Antonio Fantauzzi, llegamos en medio de diversas conversaciones y negociaciones a una transacción. Entonces, como esta cuestión se refería a .todos y yo había tratado con los hermanos que residíaa aquí, yo no iba a aconsejar que entraran en una transacción con los tres porque estaba don Bernardo fuera y entonces yo le dije a don Paulino que era el que había gestionado todo ese largo pleito y el que, según me consta, había sufrido y remitido gastos a Francia a los abogados, entonces yo le dije que era justo lo mismo para doña Sofía que para ellos, el que todos entraran en la transacción y que yo no me atrevía a recomendarla si no entraba también don Bernardo. Con ese motivo don Bernardo vino a mi bufete, le enteramos de la transacción, de la finca y de la cuantía de la transacción, y él vino acompañado de don Paulino y entonces llegamos a un acuerdo y tuvimos que aumentar una suma porque nosotros no habíamos con-tado con don Bernardo.
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“R. Entonces don Bernardo estuvo conforme en la transacción, en que se hiciera la transacción por todos y yo, naturalmente, tenía que reservarme el derecho de transmitirla a doña Sofía Gautier, la hermana de ellos que actuaba representada por don Antonio Fan-tauzzi como apoderado aquí en Puerto Rico. Hubo que aumentar entonces la suma para favorecer a doña Sofía y para favorecer a don Bernardo y dejar el asunto terminado. La transacción versaba so-bre ceder ellos, todos, ellos cuatro, ceder sus derechos hereditarios como herederos de su señor padre, don Alberto Gautier, cederlos a doña Sofía y así se terminaba la controversia legal en Francia. Cuando don Bernardo estuvo conforme con ello, entonces el Sr. Rodríguez le d jo: ‘Bueno, es preciso que Ud. sepa que ahí se han hecho numerosos gastos y que los hemos hecho nosotros tres y que Ud. tiene .que contribuir, como los demás, a afrontar esos gastos porque hay que hacer frente a ellos y también retribuir las gestiones que se han hecho.’ Don Bernardo estuvo conforme con eso y dijo a don Paulino: ‘Estoy conforme.’ Entonces se habló de que don Bernardo pagaría 1,500 dólares. El al principio dijo que él le daba los 1,500 dólares pero que don Paulino tendría que pagarle a un hermano, qne regalarle, que darle 300 dólares a un hermano que ellos tienen que no se ocupó de pedir su filiación y que no tenía nada y presumiendo que los demás le darían también algo porque es her-mano de ellos aunque no está reconocido. Entonces los 1,500 pesos los redujeron a 1,200 dólares y don Bernardo convino en pagarle los 1,200 pesos a don ... y él ocuparse de la retribución a su her-mano entre todos los hermanos. Así se terminó la transacción y en-tonces don Paulino siguió actuando aquí conmigo que era el inter-mediarlo, era el que les facilitó la transacción, el que hizo las gestio-nes, el que convenció a doña Sofía, etc. Y mientras se preparaban las escrituras ... y entonces se extendieron dos escrituras porque don Bernardo no vino, don Bernardo no v'no a tiempo y entonces se hizo una escritura, como yo tenía la manifestación firme de don .Bernardo y yo sabía que él es un caballero que no falta a su palabra, •yo entonces procedí a otorgar una escritura por los tres y después •otorgamos otra escritura por don Bernardo que se firmó el mismo -día. El mismo día don Bernardo vino tarde, se le llamó por teléfono, •don Paulino lo llamó y él vino entonces, vino tarde y yo tuve que «extender otra escritura. Tenía la firmeza de eso y él vino en efecto ;y firmó la escritura. El día ese también en las conversaciones con don Paulino en que él se comprometió a darle 1,200 dólares separando los 300 pesos para el hermano que no tenía reconocimiento. Ese mismo día el Sr. Gautier espontáneamente . . .
“P. .¿Cuál Gautier, cómo se llamaba?
' “R. Don Bernardo; el Sr. Gautier espontáneamente me dijo a mí que él me iba a dar 500 dólares por mi intervención y, en efecto, me trajo luego de firmada la escritura, no sé si fué el mismo día o el otro, me trajo un cheque de 500 dólares, cheque que yo guardé y que quise devolver a Fantauzzi por entender que yo no tenía, que luego él tuviera conocimiento de ese cheque, y entonces Fantauzzi me dijo: ‘No no, si ese cheque se lo ha dado él espontáneamente.’
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“P. ¿Entonces ese día en que el demandado Bernardo Gautier convino en entregarle o darle al demandante Paulino Rodríguez los 1,200 dólares esos, se especificó allí por qué motivo había sido eso?
“R. Sí, don Paulino le dijo: ‘Ud. tiene que contribuir como los demás. Nosotros hemos tenido un largo pleito, hemos mandado tan-tos miles de francos’ yo no recuerdo ese detalle y le habló de los gastos que realmente había tenido. Yo he visto cartas que me mostró don Paulino sobre eso de sus abogados allá en Francia. Y para contribuir a eso igual que los demás, a los gastos de ese largo pleito que sostenían y que fué que se celebró la transacción por interven-ción y consejo mío, para eso fué que le dió los 1,200 dólares.
“P. ¿De suerte que la entrega de ese dinero que bizo don Bernardo, la hizo voluntariamente?
“R. Seguro.
“P. ¿A conocimiento de lo que estaba haciendo?
“R. Y en consideración a la transacción que se hacía a la* cual había entrado él condicionalmente con don Paulino de pagar esa suma y la pagó.
“P. Dígame una cosa, ¿en algún momento Paulino, el deman-dado, dijo allí que él era abogado o actuó como abogado?
"R. No, hombre, no; don Paulino ni era abogado, ni habló como abogado, ni podía hablar como abogado."

Las declaraciones del demandado y del Lie. Bernardini fueron corroboradas por las de Adela y Margarita Gautier, hermanas del demandante.

El demandante basó su alegado derecho a que el deman-dado le devolviese la suma reclamada, en la supuesta falsa representación que le hiciera el demandado, al efecto de que él era abogado autorizado para ejercer la profesión y que la suma que le cobraba era por servicios prestados al deman-dante como su abogado en los procedimientos seguidos para la reclamación de la herencia de Gautier. Para sostener dicha alegación, el demandante ofreció el testimonio de dos individuos que trabajaban en el garage y en la casa del demandante, lavando automóviles y desyerbando el patio. Ambos declararon lo mismo: que un día de septiembre de 1936 salieron en automóvil con el demandante, desde Martín Peña hacia Patillas; que al llegar a Patillas el demandante entró a la casa del demandado, permaneciendo allí como 15 minutos; que después de ir a,la oficina del demandado, regre-saron ambos con unos papeles, montaron en el automóvil y salieron para Guayama; que el demandado iba guiando y a su lado iba el demandante, yendo detrás los dos testigos; que en el camino el demandante y demandado hablaron sobre algo que el primero tenía qne pagarle al segundo, por su trabajo como abogado; que don Paulino le decía que tenía que pagarle por su trabajo de abogado por lo menos $1,500 y por fin convinieron en $1,200.

La corte inferior no dio crédito a las declaraciones del demandante y de sus dos empleados en cuanto a la alegada falsa representación de que el demandado era abogado en ejercicio y que lo que cobraba era por servicios profesionales. Es en verdad difícil creer que el demandante pudiera ser engañado tan fácilmente por el demandado, quien llevaba más de veinte años de casado con su hermana y a quien visi-taba frecuentemente, y que el demandante no supiese que el demandado nunca ha sido abogado y nunca ha estado autori-zado para ejercer la abogacía.

Las conclusiones de la corte sentenciadora, con las cuales estamos enteramente conformes, son como sigue:

•‘Ésta es una acción ejercitada de acuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos 1796 y siguientes del Código Civil, ed. 1911, y por consiguiente, el demandante tenía que probar que el de-mandado había recibido de él una suma de dinero que no tenía de-recho a cobrar y que la entrega de dicho dinero la había efectuado por error de hecho. Sucn. Marín v. Municipio, 28 D.P.R. 515; Dávila v. Martíez, 37 D.P.R. 846, y Silva v. Sucn. Caratini, 51 D.P.R. 778.
“La contención del demandado, por el contrario, fué que el de-mandante le satisfizo voluntariamente y con conocimiento de los he-chos del caso la suma de $1,200 para compensarle por sus gestiones y gastos en que incurriera en relación con la reclamación entablada por sus otros tres hermanos contra la sucesión legítima de Alberto Gautier en reclamación de sus porciones hereditarias, habiendo co-rrespondido al demandante, al transigirse la reclamación, la suma de $6,000.
“Hemos estudiado toda la evidencia practicada por ambas partes y es nuestra opinión que la preponderancia de la misma está a favor de la contención del demandado y por tanto que se probó a satisfacción de la corte que el pago por el demandante al demandado de la suma de $1,200 fué hecho por aquél voluntariamente y con conocimiento de todos los hechos del caso y para compensar al demandado por sus gestiones y gastos incurridos en la tramitación de la referida reda-mación. American Railroad Co. of P. R. y. Wolkers, 22 D.P.R. 283; Pérez y. Nogueras, 31 D.P.R. 261, y Rubio Salinas y. Salvador R. Nin, Inc., 48 D.P.R. 977.”

Opinamos que las conclusiones que preceden están amplia-mente sostenidas por la evidencia y que la sentencia recurrida debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Salvador de la Rosa y Félix Cortés, haciendo negocios bajo el nombre de De la Rosa & Cortés, y conocidos con el nombre de Ponce Motors, demandantes y apelados, v. Puerto Rico Motors, demandada y apelante.
    Núm. 7948.

    Sometido: Febrero 11, 1941.

      Resuelto: Marzo 25, 1941.

      Bubón <& Ochoteco, abogados de la apelante; R. Hernández Matos, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de traslado en el que está envuelta la interpretación del artículo 78 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó enmendado por la ley núm. 69 de 1934, pág. 475.

Después de un examen de los antos y de los alegatos, nos parece que la forma más breve de conocer lo ocurrido en la corte sentenciadora y los puntos salientes a estudiar y a resolver, es la de transcribir íntegra la resolución apelada. Dice:

“En este caso se presentó demanda en cobro de dinero por Salvador de la Rosa y Félix Cortés, haciendo negocios bajo el nombre de ‘De la Rosa & Cortés’, y conocidos también como ‘Ponce Motors’, contra la Puerto Rico Motors, que se alega es una corporación orga-nizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, e inscrita en la Se-cretaría Ejecutiva de esta Isla.
“Emplazada la demandada, Puerto Rico Motors, ésta compareció solicitando el traslado del caso para la Corte de Distrito de San Juan, Puerto Rico, alegando ser ése el lugar de su domicilio. Se acompañó affidavit de méritos, excepción previa, requerimiento o demanda, mo-ción para eliminar, moción solicitando especificación de particulares y la correspondiente notificación.
“Se radicó una contestación a la moción solicitando especifica-ción de particulares, y se señaló día para oír la moción de traslado, la que tuvo lugar en 5 de diciembre de 1938.
“En este día compareció la parte demandante, presentando una oposición a la moción de traslado y evidencia documental en apoyo de su contención, consistente en una carta de fecha 3 de noviembre de 1938, firmada por la demandada y dirigida a los demandantes, que en su primer párrafo lee como sigue:
“ ‘Por la presente confirmamos lo dicho verbalmente a su señor De la Rosa por nuestro señor Francis, o sea que hemos resuelto ter-minar, y se ha terminado nuestro arreglo con ustedes mediante el cual ustedes eran agentes vendedores nuestros en Ponce para los ve-hículos de motor Packard, de Soto, Fargo, Reo y Hudson.’ (Itálicas nuestras.)
“La demandada solicitó de la corte, y ésta lo admitió, presentar un contra-affidavit firmado por el Sr. Hugh R. Francis, alegando que la demandada no tenía en la fecha de la radicación de la demanda, ni en ninguna fecha a que se refiere la demanda, establecimiento mercant'l alguno a su cargo en el distrito judicial de Ponce, y ex-poniendo además que según resulta de la demanda y del pliego de. particulares, los demandantes actuaban exclusivamente por su propia cuenta como simples agentes vendedores de la demandada, a base de comisión.
“El artículo 78 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, ed. 1933, pág. 28, fué enmendado por la ley núm. 69, aprobada el 13 de mayo de 1934 (Leyes de 1934, pág. 475), y lee como sigue:
“ ‘Artículo 78. — La residencia legal de los comerciantes, socieda-des, corporaciones y asociaciones a todos los fines legales será el pueblo donde tuvieren su centro de operaciones u oficina principal. Los comerciantes, sociedades, corporaciones y asociaciones que tuvieren oficina o agente en diferentes distritos judiciales, podrán ser deman-dados en cualquiera de dichos distritos, o en el que se hubieren obli-gado a elección del demandante.’ (Itálicas nuestras.)
“No hay duda alguna, a juicio de la Corte, que de acuerdo con la prueba presentada, los demandantes eran agentes vendedores de la corporae’ón demandada. Si ello es así, tenemos que llegar a la conclusión de que teniendo la demandada agentes en este distrito de Ponce, puede ser demandada en dicho distrito a elección de la parte demandante.
“Por las razones expuestas, se deniega la solicitud de traslado en este caso.”

Si la. conclusión a que llegó la corte de distrito en cnanto a la existencia de la agencia de la demandada en Ponce está justificada, el recurso deberá declararse sin lugar porque en tal caso la ley aplicable no admite otra interpretación que la que le diera la dicha corte de distrito.

La ley — artículo 78 del Código de Enjuiciamiento Civil — es de origen español. (Ojeda v. Gavilán, 46 D.P.R. 399, 404.) Rigió sin alteración desde 1904 en que se aprobó el Código hasta 1934 en que fué enmendada. Leía como sigue:

“Artículos 78. — La residencia legal de los comerciantes en todo lo que concierna a actos y contratos mercantiles, y sus consecuencias, será el pueblo donde tuvieren el centro de sus operaciones comercia-les. Los que tuvieren establecimientos mercantiles a su cargo en diferentes distritos judiciales, podrán ser demandados por acciones personales en aquél en que tuvieren el principal establecimiento, o en el que se hubieren obligado, a elección del demandante.”

T ahora lee:

“Artículo 78. — La residencia legal de los comerciantes, sociedades, corporaciones y asociaciones a todos los fines legales será el pueblo donde tuvieren su centro de operaciones u oficina principal. Los co-merciantes, sociedades, corporac’ones y asociaciones que tuvieren ofi-cina o agente en diferentes distritos judiciales, podrán ser deman-dados en cualquiera de dichos distritos, o en el que se hubieren obli-gado, a elección del demandante.” Leyes de 1934, pág. 475.

Como puede verse, a virtud de la enmienda se incluyeron expresamente en la regla además de los comerciantes, las sociedades, las corporaciones y las asociaciones sustituyén-dose las palabras “en todo lo que concierna a actos y con-tratos mercantiles, y sus consecuencias” por “a todos los fines legales”, dejando las “operaciones” sin calificar y agregando “u oficina principal”.

Eso en cuanto a la primera parte. En cuanto a la segunda se sustituyó “establecimientos mercantiles” por “oficina o agente”, sin darse preferencia a ningún sitio, pudiendo de-mandarse al comerciante, a la sociedad, a la corporación o a la asociación en cualquier distrito judicial en que tuviere oficina o agente.

La enmienda amplía y completa la voluntad legislativa de excluir de la regla general contenida en el artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil a los comerciantes, inclu-yendo en la exclusión las personas jurídicas que expresa y fiaciendo a los unos y a las otras responsables ante las cor-tes de distrito no sólo de su oficina principal si que del sitio donde tuvieren su oficina o agente.

Parecióle al legislador más justo que si un comerciante, una sociedad, una corporación o una asociación extendían a su conveniencia sus negocios por medio de oficinas o agentes por los varios distritos judiciales en que está dividida la isla, el someterlos a la jurisdicción de las cortes de cada distrito en casos de reclamaciones personales, a elección del deman-dante, que obligar a éste a tramitar su pleito en el distrito de la residencia del comerciante, sociedad, corporación o asociación a voluntad de los mismos.

T así es en efecto porque generalmente comerciantes, sociedades, corporaciones y asociaciones cuentan con mayores y mejores medios para defender sus asuntos ante cortes leja-nas que las personas particulares, sobre todo cuando se trata de reclamaciones de menor cuantía. Los hechos del caso de Fort o Rican Express Co. v. Igartúa, Juez Municipal, 33 D.P.R. 983, ilustran nuestra conclusión.

Veamos ahora si se demostró la existencia de la agencia en Ponce.

La parte apelante sostiene que las relaciones existentes entre demandantes y demandada no eran las de agencia, haciendo énfasis en que de las propias alegaciones surge que los demandantes actuaban en su negocio independientemente, bajo su propio nombre, satisfaciendo sus gastos de oficina y empleados, recibiendo sólo una comisión de un cincuenta por ciento entre el precio fijado a los automóviles y el de su venta, y aceptando a consignación las piezas y accesorios, reteniendo como beneficio la diferencia entre el precio fijado y el de su venta.

Pero esa misma parte llamó a los demandantes en la carta que el juez sentenciador transcribe en su resolución sus “agentes vendedores”, ello aparte de que surge de la trans-cripción el hecho de que cuando cesaron los demandantes la agencia continuó establecida en Ponce, en la calle de la Con-cordia, estando al frente de ella Fernando de la Vega.

“Un agente”, se dice en 2 C. J. S. 1024, “es aquél que autorizado por otro, se compromete a llevar a cabo algún negocio o a administrar algún asunto pQr cuenta de esa otra persona y a rendir cuentas del mismo.”

Y agrega, a la página 1025:

“La palabra ‘agente’ es un término muy amplio e incluye muchas clases de personas a quienes se conoce por distintos títulos, tales como agentes comisionados (factors), corredores, apoderados, cajeros de bancos, escribientes, consignatarios, etc., y en un sentido general.se aplica a todas las personas al servicio de o que llevan a efecto alguna gestión para otro, y quienes en el sentido legal, no serían agentes de esa otra persona.”

Y a la 1031:

“El si la relación es una de agencia o de comprador y Tendedor depende de la intención de las partes. Uno que compra mercaderías (goods) para otro o a quien se le entrega mercadería para que la venda en beneficio de otro, es un agente, pero uno que compra por su propia cuenta para vender a otro, no lo es.
ti * « # » « * Sí
“Si un contrato es uno de compraventa o si constituye uno de agencia depende de la intención de las partes según se desprende de la extensión y efecto total del lenguaje empleado, y en los casos du-dosos, todo lo que pasó entre las partes antes de y contemporánea-mente eon las transacciones bajo consideración, debe ser revisado. La cuestión es generalmente una a determinarse por el jurado, salvo cuando la evidencia es clara y está incontrovertida. ’ ’

Encontrándose en una de las notas al texto, la siguiente cita:

‘ ‘ Cuando una persona es empleada para determinado fin, debiendo recibir un por ciento de las gananc'as como compensación, tal persona es un agente y no un socio. Meehan v. Valentine, (Pa.) 12 S. Ct. 972, 145, U. S. 611, 36 L. Ed. 835—Blackerby v. Oder, 257, S. W. 43, 201 Ky. 403.”

Insiste la apelante en que tratándose de una excepción a la regla general, esto es, en que siendo la regla que en accio-nes personales prevalezca el fuero del domicilio del deman-dado, la excepción debe interpretarse estrictamente y en su consecuencia resolverse que la agencia que aquí pueda haberse demostrado no es la plena que contempla el estatuto para que el fuero se pierda.

Quizá puede que baya algún mérito en la contención de la apelante, pero la verdad es que dadas las condiciones en que se encuentra el récord que ella misma presentara y radi-cara para basar su apelación, toda presunción con respecto a las circunstancias peculiares que pudieran concurrir en las relaciones entre demandantes y demandada debe apreciarse como que sostendría la conclusión de la corte sentenciadora, esto es, como demostrativa de un verdadero y completo caso de agencia.

Tanto en el alegato de la apelante como en el de los apela-dos se hace referencia a prueba testifical practicada y esa prueba no figura en la transcripción. Si no figura, debe con-cluirse que la parte que debió hacerlo no nos ha colocado en la misma situación en que se encontraba la corte sentenciadora y en su consecuencia que no puede pedirnos que revoquemos su resolución contentiva de una conclusión fundada en la prueba que quiere decir toda 3a prueba y no una parte de la misma.

Procede, en tal virtud, que el recurso sea desestimado y< la resolución confirmada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Edelmiro Brugueras, acusado y apelante.
    Núms. 8630 y 8631.

    Sometidos: Marzo 25, 1941.

      Resueltos: Marzo 28, 1941.

      F. González Fagundo, abogado del apelante; Son. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Lilis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Estos dos recursos serán estudiados en una sola opinión. El Fiscal del Distrito de Humacao formuló dos acusaciones contra Edelmiro Brugueras, una por portar sobre su persona un arma prohibida y otra por no tener dicha arma inscrita de acuerdo con la ley.

Al llamarse para la vista la causa sobre la portación del arma, el acusado por su abogado hizo referencia a la otra causa y pidió que se vieran conjuntamente. Se avino el fiscal y lo acordó la corte.

Seis testigos declararon por el Pueblo y dos por la defensa, Al terminar, dijo al corte:

“Póngase de pie el acusado. La corte cree que Ud., víctima de los celos, enamorado de esa muchacha, fué a esa casa con ese re-vólver sobre su persona y tal vez, si no hubiera sido por la pronta intervención de sus amig’os, hubiese culminado la visita suya ese día a ese hogar en un caso más grave. Parece que Ud. es una persona que goza de simpatías en esa comunidad, según puede desprenderse por la forma en que han declarado los testigos de El Pueblo, que han tratado en todo sentido de aminorar la gravedad del caso, pero la corte no tiene duda alguna de que Ud. portaba esa arma, como no tiene duda alguna de- que Ud. no la tenía inscrita o registrada.
“La corte lo declara culpable de una infracción a la sección pri-mera de la Ley Prohibiendo Portar Armas, y lo condena a sufrir la pena de tres meses de cárcel; como asimismo lo declara culpable del delito de infracción al artículo 7 de la Ley núm. 14 de 1936, y lo condena a sufrir la pena de seis meses de cárcel.”

Apeló el acusado. Imputa a la corte sentenciadora error en la apreciación de la prueba, alegando que actuó con pasión y parcialidad al resolver el conflicto en su contra por la única declaración del testigo Roldan que debió presumir que era su enemigo por “haberle quitado la novia.”

El primer testigo de cargo, Emilio Buitrago Vergara, dijo:

“. . . . estando nosotros acabando de almorzar ... en el campo, barrio Cerro Gordo, . . . llegó el joven Edelmiro Brugueras y se sentó en un sillón y al sentarse en el sillón estuvo un ratito callado, se llevó las manos al estómago y entonces un muchacho de apellido Koldán, que está aquí como testigo, se abalanzó sobre él y le di jo: ‘Qué aguaje es ése?’ y ... se agarraron los dos y estuvieron lu-chando así . . . intervinimos y los separamos y después hubo una pelea abajo y lo hirieron a este muchacho y . . . vino un mucha-cho . . . con un machete y yo le dijo : vete que te matan.”

A la pregunta ele si vió algún revólver contestó: “Bueno, el1 os luchaban con algo en las ruanos pero como con lo que luchaban estaba envuelto en una frisa o algo, yo no vi arma.”

Llamado Roldán, declaró:

“Pues estando yo sentado en la sala de la casa de la señora doña María Vallejo Vda. de Calderón en compañía del Lie. Buitrago que vino ese día y estaba también allí Juan Buxó, Enrique González y José Machín, llegó el Sr. Edelmiro Brugueras y sin saludar a nadie, llegó en estado nervioso, entró a la casa y tomó asiento en una butaca sin pedir permiso y entonces al entrar, nadie le habló ni una palabra, todo el mundo se quedó algo obsesado al ver la forma y la actitud de él y entonces siguió algo disimulado y se fué metiendo algo disi-mulado la mano, que él fué en cuerpo de camisa, siguió metiéndose la mano en el seno y se desabrochó un botón y yo ... al ver que él trataba de sacar un revólver . . . motivo a que era bastante grande se le quedó enredado en la correa, me le abalancé encima ...”

Describe el arma como “de un cañón bastante grande, cabo de nácar, empaquetado en una baqueta de piel de cabro, con seis (6) balas.”

Se 'le muestra el revólver ocupado y lo reconoce como el que portaba el acusado en la indicada ocasión.

Al abogado del acusado respondió que para esa época llevaba relaciones con la bija de la señora de la casa, casán-dose con ella luego; que el acusado también llevó relaciones con la señorita, pero antes, y que supo que al acusado le dieron unos palos allí, sin que le conste quién.

José Machín presenció lo ocurrido pero no vió quién tenía el revólver.

Ramón Calderón, Jr., policía insular, dijo que fué a inves-tigar los sucesos al día siguiente y en su casa la viuda de Calderón le entregó el revólver, calibre 38, número de serie 112540 que ocupó y reconoce, y llevó al cuartel.

El Jefe Santiago, P.I., de San Lorenzo, declaró que el revólver de que se trata no estaba inscrito a nombre del acusado.

Por último J. Buxó Villafañe presenció el suceso. Parte del interrogatorio referente al revólver es así:

“Fiscal: P. — ¿Quién lo cogió? R. — El Sr. Roldán. P. — ¿Ud. lo vió en manos del Sr. Roldán? R. — Bueno, yo vi que en la misma lucha lo cogió Roldán . . . P. — ¿Con quién luchaba Roldán? R.— Con el señor (señalando al acusado) y el Lie. Buitrago, el Sr. José Machín y yo intervinimos para que no pasara nada. — P. ¿Ahora, antes de esa lucha, Ud. vió el revólver en poder de alguna persona ?— R. No. señor, de ninguna de las dos.”

El arma ocupada fue ofrecida y admitida en evidencia.

Los testigos de la defensa fueron Juan Alverio y Mercedes Calderón. Dijo el primero que dejó al acusado en casa de la viuda de Calderón sin que le viera armas. “Si le hubiera visto se la hubiera quitado”, manifestó. El segundo declaró que el día de los sucesos pasó por frente a la casa y se encontró con un motín y escuchó que el Lie. Buitrago decía al acusado que se fuera, que allí lo podían matar.

A nuestro juicio esa prueba es bastante para sostener las sentencias apeladas, sin que haya trazas en los autos de qué fuera apreciada con pasión o parcialidad. Al contrario, creemos que las breves palabras pronunciadas por el juez en el momento mismo que terminó de practicarse, revelan que penetró en su examen con ánimo sereno y perspicaz a la vez, sin prejuicios, y que llegó a la conclusión que la verdad deman-daba. La declaración de Roldán fue firme y clara, termi-nante, sin que la circunstancia de que el acusado hubiera sostenido relaciones anteriormente con la que era en el mo-mento de los sucesos, su novia, y en el del juicio, su esposa, vicie su testimonio por causa de enemistad. Ésta no es con-secuencia inevitable de aquélla.

Además, no obstante el manifiesto empeño que se advierte en los otros testigos de cargo de decir lo menos posible en contra del acusado, sus declaraciones, especialmente la del tíltimo, están más en armonía con la teoría del fiscal que con la de la defensa.

No hubo error. Ambas sentencias deben confirmarse.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    R. R. Rivera Correa, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, demandada.
    Núm. 1236.

    Sometido: Febrero 24, 1941.

      Resuelto: Marzo 28, 1941,

      B. B. Bivera Correa, pro se; la demandada no compareció.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a decidir en este caso es la de si en Puerto Eico puede celebrarse un matrimonio ante un notario. Pué planteada ante la Corte de Distrito de San Juan y resuelta en la negativa. Se acudió entonces en certiorari ante esta Corte Suprema. No se expidió el auto, pero el peticionario fue oído ampliamente sobre la procedencia del recurso y sobre sus méritos.

Aceptando sin resolverlo que el recurso interpuesto sea adecuado para traer el asunto al tribunal, creemos que no erró la corte de distrito al decidir que los notarios no están autorizados por ley para celebrar matrimonios.

La cuestión se originó como sigue. En diciembre 10,1940, el peticionario, un abogado y notario, por escritura pública, autorizó la celebración ante él como notario de un matrimonio y presentó copia de la escritura, acompañada de la declaración jurada de los contrayentes que requiere la ley, al Eegistrador Demográfico de Loíza para su inscripción en el registro civil a su cargo. Se negó el registrador. El peticionario pidió contra él en la corte de distrito un auto de mandamus. La corte negó su expedición.

Sostiene el peticionario que siendo el matrimonio un con-trato (art. 68 Código Civil, ed. 1930) y siendo el notario el único funcionario autorizado para dar autenticidad a los contratos y demás actos extrajndiciales que ante sn presencia se realicen (sec. 1, Ley Notarial, Leyes 1906, pág. 141), el notario, al igual que las otras personas que menciona la ley, está autorizado para la celebración de matrimonios que los encargados del registro civil están obligados a inscribir.

Del matrimonio trata el título tercero del libro primero del Código Civil. Dice el artículo 68, ed. 1930, que forma por sí solo el capítulo primero del título:

“Artículo 68. — El matrimonio es una institución civil que pro-cede de un contrato civil en virtud del cual un hombre y una mujer, se obligan mutuamente a ser esposo y esposa, y a cumplir el uno para con el otro los deberes que la ley les impone. Será válido sola-mente cuando se celebre y solemnice con arreglo a las prescripciones de aquélla, y sólo podrá disolverse antes de la muerte de cualquiera de los dos cónyuges, en los casos expresamente previstos en este có-digo. ’ ’

Seguidamente se establecen los requisitos necesarios para contraerlo, a saber: 1, la capacidad legal de los contratantes; 2, el consentimiento de las partes contratantes; y 3, la auto-rización y celebración de un contrato matrimonial mediante las formas y solemnidades previstas por la ley.

Y al regular el requisito tercero, el artículo 75 ordena que:

“Artículo 75. — Todos los sacerdotes u otros ministros del evan-gelio, debidamente autorizados u ordenados, rabinos hebreos, y los jueces del tribunal supremo, jueces de distrito o municipales, el juez de la corte de distrito de los Estados Un'dos para Puerto Kico y los jueces de paz, pueden celebrar los ritos de matrimonio entre todas las personas legalmente autorizadas para contraerlo.”

Comenzando el siguiente artículo por prescribir que “toda persona, deseosa de contraer matrimonio, acudirá a cual-quiera de las personas autorizadas para celebrarlo en el artículo anterior.”

No es, pues, el matrimonio un simple contrato civil si que una institución civil que procede de un contrato civil, siendo válido solamente cuando se celebra y solemniza con arreglo a las prescripciones de ley, una de las cuales consiste en que el que desee contraerlo acuda ante alguna de las personas expresamente autorizadas para celebrar sus ritos, entre cuya$. personas no se encuentra el notario.

La cuestión nos parece tan clara y se halla resuelta de' modo tan terminante por la ley, que no ofrece dudas de nin-gún género. Si hemos decidido resolverla argumentándola es para despejar la nube que parece haber surgido a virtud del caso del peticionario que podría inducir a actuaciones semejantes en perjuicio de los ciudadanos en general.

Tiene sí su campo de acción el notario — y bien amplio por cierto — en relación con el matrimonio. La institución pro-cede de un contrato y al regular el legislador éstos, en el libro cuarto del Código Civil dedica al “Contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio” todo el título tercero que com-prende cinco capítulos — artículos 1267 al 1333 — el primero de los cuales comienza conectándose y requiriendo los servicios del notario aun antes de la celebración al prescribir que “los que se unan en matrimonio podrán otorgar sus capitulaciones antes de celebrarlo, estipulando las condiciones de la sociedad conyugal relativamente a los bienes presentes y futuros, sin otras limitaciones que las señaladas en este código.” Y así en muchos otros.

Pero la celebración de los ritos del matrimonio, su solem-nidad, no fué encomendada por el legislador al notario, si que a otras personas que expresamente nombra: a los sacer-dotes u otros ministros del evangelio y a los rabinos hebreos, siguiendo la tradición y la realidad actual religiosa, y a los jueces del tribunal supremo, de distrito, municipales y de paz y al juez de distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, siguiendo la tendencia moderna, tomando en considera-ción la realidad de que no todos los ciudadanos consideran el matrimonio conectado con la religión.

Debe declararse no haber lugar a expedir el cmto. que se solicita.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Ernesto y Rosa Franquis Piñero, representados por su madre con patria potestad Ana Piñero, demandantes y apelados, v. Jesús González García, demandado y apelante.
    Núm. 8086.

    Sometido: Marzo 24, 1941.

      Resuelto: Marzo 28, 1941.

      J. C. Rivera, abogado del demandado apelante; F. González Fagundo, abogado de los demandantes apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandado apelante solicita la reconsideración de la sentencia dictada en julio 26 de 1940, 57 D.P.R. 504, y nos pide que la modifiquemos en el sentido de que se le impon-gan a los demandantes las costas del pleito, incluyendo una suma razonable como honorarios de abogado. El caso fué abierto de nuevo para oír a las partes solamente en cuanto a la petición del demandado apelante, celebrándose la vista con comparecencia de ambas partes el día 24 del mes en curso.

Los demandantes reclamaron indebidamente al demandado la suma de $500, más $37.50 de intereses y $200 fijados para costas y honorarios. El demandado alegó y probó que él solamente adeudaba a los demandantes $36.50 como remanente de un crédito refaccionario que fué garantizado por la hipoteca de $500 que trataron de cobrar los demandantes; y en su contestación a la demanda, dió su consentimiento expreso para que se dictase sentencia en su contra por la suma de $36.50, que es la suma que en definitiva se le condenó a pagar por la sentencia de esta Corte Suprema.

No habiendo obtenido los demandantes una sentencia más favorable que la proposición que les hiciera el demandado, procede de acuerdo con las disposiciones del artículo 313 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, que se condene a los demandantes al pago de las costas causadas por el deman-dado desde la fecha en que éste hizo la proposición de con-sentir que se dictara sentencia en su contra.

La temeridad de los demandantes es manifiesta. No solamente trataron de cobrar al demandado una suma que éste no les adeudaba, si que también se opusieron infundadamente a que se modificase la sentencia por la cual se condenó al demandado a pagar $200 de costas y honorarios, no obstante haberse probado a satisfacción de la corte sentenciadora que la hipoteca que se trató de cobrar había sido otorgada como garantía colateral de un préstamo refaccionario y que éste había sido pagado con excepción de la suma de $36.50, que el demandado ofreció pagar. Procede por tanto que se imponga a los demandantes la obligación de pagar los honorarios del abogado del demandado, los que deben fijarse en $100 por los servicios prestados ante la Corte de Distrito de Humacao y en $50 por los prestados ante esta Corte Suprema.

La sentencia que dictamos en julio 26 de 1940 debe dejarse sin efecto y en su lugar dictarse otra de acuerdo con los tér-minos de esta opinión.


text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada, y Eduardo M. Pérez, peticionario ante la Comisión Industrial.
    Núm. 218.

    Sometido: Marzo 24, 1941.

      Resuelto: Marzo 28, 1941.

      Son. Procurador Q&n&ral George A. Malcolm, B. de Aldrey, Procu-rador General Auxiliar y Víctor J. Vidal González y G. Atiles Moréu, abogados los dos últimos del Fondo del Estado, abogados del recurrente; Virgilio Brunet y José L. Novas, abogados del pe-ticionario ante la Comisión.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El Administrador del Fondo del Seguro del Estado soli-cita la revocación de la resolución dictada por la Comisión Industrial en enero 3 de 1941, por la cual se ordenó al recurrente que pagase los gastos incurridos por el empleado Eduardo M. Pérez en el arreglo de dos dientes que se le fracturaron en un accidente del trabajo.

Pérez es un empleado del Departamento del Interior. El accidente en que sufrió la fractura de dos dientes ocurrió el 28 de septiembre de 1939. El día 10 de octubre del mismo año se le dió de alta, como curado y' sin incapa-cidad. El 3 de noviembre de 1939 Pérez apeló para ante la Comisión Industrial, alegando no estar conforme con la decisión del Administrador del Fondo, por haberse negado éste a pagarle el arreglo de los dos dientes fracturados. Nada hizo la comisión, ni tampoco el recurrente, basta octubre 11 de 1940, en cuya fecha la comisión dictó una resolución requiriendo al administrador para que dentro de un término de cinco días informase “si en realidad se ha negado a pagar el arreglo de los dientes.” El 21 de octubre informó el administrador “que no ha procedido al pago de compensa-ción alguna por la pérdida de los dientes de este empleado por entender que dicha pérdida no constituye una incapaci-dad industrial compensable de acuerdo con la ley.” Yisto el informe del administrador, la comisión fijó el 18 de noviem-bre de 1940 para oír a las partes en cuanto a “si el arreglo de los dientes que se partió el lesionado como resultado del accidente que sufriera debe considerarse como parte del tra-tamiento.

En la vista celebrada ante la comisión, declaró solamente el Sr. Pérez, y dijo: que estaba trabajando en un “test pile” y tenía un andamio puesto y se zafó un cuartón, cayéndole encima del cráneo y causándolo la rotura de dos dientes; que 1a. lesión del cráneo no fué nada, pero que parece que al cerrar la boca fué que vino la fractura de los dientes; que estuvo tratándose con el Dr. Pedro Gr. del Valle por un período de dos meses aproximadamente, yendo todos los días, y que el dentista le cobró $64, según recibo que presenta; que cuando acudió al Fondo del Estado para que viesen la frac-tura que recibió, fué atendido por los doctores Coll Cuchí y Curbelo, quienes le manifestaron que “ellos me mandaban a sacar los dientes”; que él no estuvo de acuerdo con que le sacaran sus dientes y apeló entonces a la comisión para que le pagasen lo que le había costado la reparación de ambos dientes; que no solicitó compensación por las lesiones recibidas en la cabeza, ni por pérdida de sueldos; que los dientes fracturados eran dientes naturales u originales; que el médico del Fondo le dijo que la única solución era sacarle los dos dientes; que él creyó que ésa era la decisión del administrador.

Durante la vista del caso, el administrador aquí recu-rrente fundó su oposición en que de acuerdo con la ley, la pérdida de dientes no constituye la “desfiguración” que da derecho al lesionado a reclamar compensación, porque esa desfiguración no afecta el poder adquisitivo del obrero. No levantó allí la cuestión sobre si el lesionado tiene derecho a reclamar el costo del tratamiento recibido de su dentista particular, después de haberle rehusado ese tratamiento el Fondo del Seguro del Estado. Esa cuestión fué levantada por primera vez por el Administrador del Fondo al solicitar la reconsideración del fallo de la comisión.

Del récord aparece que cuando el reclamante Pérez apeló a la Comisión Industrial, ya el trabajo de reparación de sus dientes había sido realizado.

La única cuestión que tenemos que considerar y resolver es la de si un obrero lesionado, que no está de acuerdo con el tratamiento que para sus lesiones le ofrece el Adminis-trador del Fondo, puede sin intervención o permiso previo de la comisión, recurrir a un médico o dentista para su cura-ción y acudir después de curado a la comisión en reclamación del pago de la cuenta del médico o dentista.

El legislador, pensando sin duda alguna en que en la prác-tica habrían de ocurrir desavenencias entre el administrador y los lesionados, dispuso por el artículo 5 de la Ley de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo, aprobada en 18 de abril de 1935 (Ley núm. 45 de 1935, (1) pág. 251), lo siguiente:

“Artículo 5. — Durante el período de inhabilitación, el obrero o empleado lesionado o enfermo, bajo las circunstancias que cubre esta ley, se dejará tratar y examinar a horas y en sitios oportunos por un médico competente designado por el Administrador; Disponiéndose, que si el Administrador no proveyera as:stencia adecuada al obrero o empleado, éste podrá acudir ante la Comisión Industrial y ésta, pre-via investigación por nn médico designado al efecto ordenará la asis-tencia qne convenga al caso y el Administrador cumplirá con la orden de la Comisión; . . .

En el caso de autos, el lesionado actuó dentro de su dere-cho al negarse a permitir que le extrajesen los dientes y al insistir en que el Fondo del Seguro del Estado le proveyere la asistencia profesional necesaria para salvarle las piezas fracturadas y dejárselas de ser posible en el mismo estado en que estaban antes de ocurrir el accidente. Empero, al sur-gir la controversia entre él y los médicos del Fondo, el lesio-nado hizo caso omiso del estatuto y procedió a hacerse arre-glar los dientes por un dentista de su elección, sin contar para nada con la comisión y sin dar intervención al admi-nistrador, que es el responsable de la buena inversión de los fondos bajo su custodia.

La práctica seguida por el lesionado en este caso no puede ser aceptada. Si la aprobásemos, sentaríamos un precedente que podría poner en serio peligro la solvencia del Pondo del Seguro del Estado. Sería muy difícil, después de la asisten-cia y curación de un obrero lesionado sin el consentimiento y autorización de la comisión, que ésta pudiese comprobar el verdadero valor de los servicios prestados al obrero. En el caso de autos no aparece que durante la vista del caso se hiciera el menor esfuerzo para comprobar si la cantidad cobrada por el dentista representaba el valor justo y razo-nable de los servicios prestados al Sr. Pérez.

Debemos hacer constar que nos ha llamado la atención que una apelación que por su naturaleza requiere una pronta decisión haya permanecido por más de un año — de noviembre 3, 1939, a noviembre 18, 1940 — en el calendario de la comi-sión, sin que ésta tomase acción alguna para resolver si el obrero debía aceptar el tratamiento que le ofrecía el Fondo del Estado o si tenía derecho a recibir un tratamiento distinto ordenado por la comisión después de practicada la corres-pondiente investigación. En el caso de autos no se ha cau-sado perjuicio alguno al lesionado, pues éste acudió a la comisión después de haber sido curado; pero, ¿cuál sería la situación de un obrero lesionado, que habiendo recurrido a la comisión de acuerdo con el estatuto, se viese obligado a esperar más de un año para que la comisión dirimiese la controversia entre él y el administrador? Opinamos que la Comisión Industrial debe disponer que las apelaciones de esta naturaleza, que envuelven el tratamiento y curación de una persona lesionada en el trabajo, sean vistas y resueltas con .preferencia a otras apelaciones que no sean de carácter urgente.

Por las razones expuestas opinamos que la Comisión Industrial erró al decretar el pago en este caso y que la resolución recurrida debe ser revocada.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Angel Sosa, demandante y apelado, v. Sucesión de Juan Morales Díaz, etc., demandados y apelantes.
    Núm. 8114.

    Sometido: Marzo 4, 1941.

      Resuelto: Marzo 28, 1941.

      Mario Báez García, abogado de los apelantes; Pascasio Fajardo Mar-tínez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Angel Sosa era dueño de un colmado en Mayagüez en el cual Alejandro Rodríguez trabajaba como dependiente. Rodríguez adeudaba a Juan Morales Díaz la cantidad de $74.74 por concepto de provisiones que le vendió para un colmado que tuvo Eodríguez antes de ser empleado por Sosa. Para hacer efectivo su crédito, Morales Díaz demandó a Sosa y a Eodríguez en la Corte Municipal de Mayagüez, bajo la teoría de que éstos eran socios. En aseguramiento de la efectividad de la sentencia que pudiera obtener, el 17 de sep-tiembre de 1934 embargó el establecimiento de Sosa, y como consecuencia del embargo, las existencias todas fueron entre-gadas a Morales Díaz en concepto de depositario, cerrándose también el colmado. La corte municipal dictó sentencia contra Eodríguez y absolvió de la demanda a su codemandado Sosa. Apeló Morales Díaz para ante la corte de distrito y ésta, con fecha 11 de marzo de 1935, dictó igual sentencia que la municipal, por el fundamento de no existir “nexo contractual” entre Morales Díaz y Sosa. Devuelto el caso a la corte municipal, se entregaron a Sosa las mercaderías embargadas.

En reclamación de los daños y perjuicios que alegó habér-sele irrogado con motivo del embargo, el 11 de julio de 1935 radicó Sosa este pleito en la corte inferior contra la sucesión de Juan Morales Díaz, compuesta de su viuda e hijos legí-timos que se nombran en la demanda. Después de enmen-darla dos veces, fué el caso a juicio, dictándose una sentencia a favor del demandante que condenó a los demandados a pagarle mancomunada y solidariamente la cantidad de $774.70 y las costas, sin incluir honorarios de abogado.

Arguyen los apelantes que la demanda no aduce hechos constitutivos de causa de acción. Sostienen que es insufi-ciente por no ser recobrables por remotos y especulativos, los daños reclamados, toda vez que de acuerdo con la opinión de la corte sentenciadora, a.1 solicitar y obtener Morales Díaz el embargo, no procedió con malicia ni intención de perjudicar a los entonces demandados, y que de acuerdo con el caso de Lowande v. Otero & Co., 15 D.P.R. 194, en estos casos sólo pueden reclamarse daños reales y no los especulativos.

La corte inferior, al dictar la sentencia apelada, se limitó a considerar los daños realmente causados y descartó por completo aquellos que calificó de remotos o especulativos, con-forme resulta del siguiente párrafo de la opinión:

“Por virtud de esta conclusión a que ba llegado la corte entiende que no procede condenar a los demandados a pagar daños especu-lativos, tales como la suma que alega el demandante que pagó por el punto de tienda embargado, cuentas a su favor que dejó de cobrar al ser embargado el establecimiento, pérdida del crédito que tenía el demandado, bonorarios de abogado pagados en aquel procedimiento, pago de luz y agua y dependiente por el tiempo que estuvo el es-tablecimiento cerrado, debiéndose concretar la sentencia a los daños reales sufridos por el abora demandante con la pérdida de las pro-visiones y efectos embargados, beneficio dejado de obtener con su negocio, como causa inmediata y directa del embargo en los 6 meses que transcurrieron basta la sentencia final del pleito en que se de-cretó el embargo, e intereses legales de dichas sumas.” (T. de A., pág. 46.)

Las partidas de daños que la corte calificó como reales ascienden, según la demanda enmendada, a la cantidad de $1,350.90, sin incluir intereses, cantidad que excede de la nece-saria para conferir jurisdicción a una corte de distrito.

Aunque bajo otros apartados del alegato, sostienen los apelantes que el demandante no tiene causa de acción contra los demandados, porque la acción ejercitada es de carácter personal, y habiendo fallecido el causante del daño, la causa de acción murió con su persona, de acuerdo con la máxima actio personalis moritur cum persona. La citada máxima es exclusivamente de la ley común, y aunque este tribunal siempre ba tenido la tendencia de reconocer al ciudadano el pleno beneficio de los dos sistemas jurídicos — la Ley Común y el Derecho Civil- — hasta llegar a formar uno que integre lo mejor y lo más justo de ambos, como se dijo en el caso de P. R. Ry. L. & P. Co. v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 340, 345-46, sin embargo, es preciso sostener que el principio encarnado en la máxima — que dicho sea de paso, está completamente desacreditada en las jurisdicciones donde impera la Ley Común — no ha prevalecido nunca en el Derecho Civil, ni puede prevalecer, por ser incompatible con el principio fundamental que sostiene que el heredero es el continuador de la persona jurídica del finado. La acción personal que surgió a favor de Sosa contra Juan Morales Díaz no murió con la muerte de éste, quien por una ficción legal sigue viviendo, en lo que respecta a sus derechos y obligaciones, en la persona de sus herederos. A este efecto prescriben los artículos 610 y 603 del Código Civil:

“Art. 610. — Los herederos suceden al difunto por el hecho solo de su muerte, en todos sus derechos y obligaciones.
“Art. 603. — Los derechos a la sucesión de una persona se trans-miten desde el momento de su muerte.”

Véanse además del caso do P. R. Ry. L. & P. Co. v. Corte de Distrito, supra, los de Pérez v. Sucrs. de M. Pérez & Co., 41 D.P.R. 852, y Gastón v. Herederos de Franceschi, 43 D.P.R. 300. Concedemos que hay ciertos derechos personalísimos que mueren con la persona, tales como el usufructo, el uso y la habitación, y la renta vitalicia que estuviera disfrutando el finado, la patria potestad, la tutela, etc., pero estos derechos personalísimos mueren con la persona, no porque sea de apli-cación la indicada máxima, sino por la limitación contenida en la naturaleza misma de esos derechos.

Se quejan los apelantes de que la corte sentenciadora denegó su moción oral en la que solicitaban que se declarase prescrita la acción. Sin que se entienda que sancionamos la mala práctica de alegar defensas oralmente en procedimientos seguidos en cortes de récord, como lo son las de distrito, debemos declarar que la corte inferior aplicó correctamente la ley al resolver que el término de prescripción de esta clase de acciones empieza a correr desde que es firme la sentencia que resuelva el caso a favor del demandado o anule el embargo trabado. Desde ese momento y no antes, surge la causa de acción. Véase el reciente caso de Martí v. Hernández, 57 D.P.R. 819. Desde el 11 de marzo de 1935, en que se dictó la sentencia que puso fin al litigio a favor del demandado, ahora demandante, hasta el 11 de julio del mismo año, en que se radicó la demanda original de este pleito, no había transcurrido el período de nn año que para el ejercicio de las acciones de daños y perjuicios establece la ley.

Sostienen los apelantes que la corte inferior carecía de facultad para permitir enmendar la demanda a fin de incluir nuevos demandados que no aparecían en la demanda original y para corregir el error en que se había incurrido al alegar que Randolfo Morales, demandado como heredero, era también el administrador judicial de la herencia, cuando en realidad de verdad la administradora lo era la viuda Alejandrina Asencio, que desde un principio figuraba también como demandada como miembro de la sucesión. No erró la corte inferior al permitir tales enmiendas, ya que conforme dispone el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, “puede la corte, en bien de la justicia y en los términos que fuesen justos, permitir a una de las partes enmendar cualquier alegación o procedimiento, bien añadiendo o eliminando el nombre de alguna parte, o corrigiendo un error en el nombre de la misma, o en cualquier otro particular.” (Bastardillas nuestras.)

El caso de Melón Hnos. & Co., S. en C., v. Muñiz de León, 47 D.P.R. 91, invocado por los apelantes, no es aplicable. Allí se trataba de sustituir el nombre de la única parte deman-dada por otra completamente distinta, lo que equivalía a per-mitir el establecimiento de un pleito distinto al instado bajo la demanda original.

Con el fin de demostrar que no existía sociedad alguna entre Sosa y Rodríguez, se presentó por el demandante en este caso la patente industrial que a su nombre había expedido- el Municipio de Mayagüez, en la que aparecía que e} establecimiento de Sosa radicaba en una calle distinta de aquella en que realmente se hallaba; pero habiéndose demostrado con prueba testifical no controvertida, que el único establecimiento que había tenido Sosa en Mayagüez era el embargado, no erró la corte sentenciadora al admitir en evidencia la patente en cuestión.

No resolvió la corte inferior, como le imputan los apelantes, que los fiadores en la fianza para la expedición de la orden de embargo no tenían responsabilidad por los daños causados. Lo que muy acertadamente resolvió sobre este extremo, fue lo siguiente:

“Los demandados alegaron también, como cuestión de derecho, que en el presente caso la acción que se ejercita debió establecerse contra los fiadores de Juan Morales Díaz ante la Corte Municipal de Mayagüez para obtener la orden de embargo contra el ahora de-mandante, Angel Sosa, pero siendo responsables de un fianza para aseguramiento de sentencia, tanto los fiadores como el principal, si solidariamente tienen la misma responsabilidad, es, a juicio de la corte, opcional del perjudicado escoger para recobrar daños lo mismo a los fiadores que al principal, especialmente cuando estima el recla-mante que el principal tiene solvencia suficiente para indemnizar los perjuicios causados, sin necesidad de recurrir a sus fiadores.”

Intentaron probar los apelantes que Juan Morales Díaz constituía una sociedad de la cual era socio único y que a su fallecimiento esa sociedad continuó sus negocios bajo el nombre de Juan Morales Díaz, Suers., S. en C., sociedad esta última constituida por tres de los hijos de Juan Morales Díaz. Alegan los apelantes que esta sociedad como continuadora de la primera, y no los herederos de Juan Morales Díaz, es la que debió ser demandada.

En verdad no vemos cómo pueda alegarse seriamente, sin incurrir en el más grave de los absurdos, que existe una sociedad, ya sea civil o mercantil, con un solo socio. La palabra “sociedad” presupone la existencia de dos - o más socios, y así resulta del artículo 1556 del Código Civil que la define así:

“La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común, dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias.” (Bastardillas nuestras.)

Véase al mismo efecto el artículo 95 del Código de Comer-cio.

Donde sí incurrió en error la corte sentenciadora fue al declarar que las mercaderías embargadas tenían en la fecha del embargo un valor de $300 y que valorando las devueltas al disolverse el embargo, en la cantidad de $25, sufrió el demandante una pérdida material de $275. Esta conclusión es claramente errónea, pues tanto en la demanda original como en las dos enmendadas que sucesivamente se presentaron, el demandante alegó que las mercancías embargadas tenían un valor de $170.90 y que cuando se le devolvieron tenían un valor de $20, reclamando por ese concepto la cantidad de $150.90. Siendo ello así, la corte no podía conceder al demandante una cantidad mayor de la por él reclamada en la demanda, a pesar de que en el acto del juicio declaró que su mercadería, en la fecha del embargo, valía de $300 a $400. Por consiguiente, la sentencia debió dictarse por la cantidad de $510.90, o sea $150.90 por concepto de daños a la mercadería, más $360 por beneficio dejado de obtener durante las veinticuatro semanas que estuvo cerrado el establecimiento, aceptando la conclusión de la corte inferior de que el demandante vendía $100 semanales y que calculando un 20 por ciento de beneficio, luego de deducir los gastos, le producía un ingreso neto de $15 semanales.

No procede la condena' de intereses desde la fecha del embargo, toda vez que no se trata de la reclamación de una suma líquida, como se resolvió en el caso de Frías v. Berrios, ante, pág. 137.

También incurrió en error la corte sentenciadora al condenar a las demandadas Georgina y Rosalina Morales Asencio como partes de la sucesión, toda vez que de acuerdo con la declaratoria de herederos que presentó el demandante en evidencia, estas dos personas no fueron declaradas herederas de Juan Morales Díaz.

Por lo expuesto, procede modificar la sentencia apelada, de modo que su parte dispositiva lea así: Be declara con lugar la demanda en este caso interpuesta y se condena a todos los demandados, con excepción de Georgina y Rosalina Morales Asencio, a pagar mancomunada y solidariamente al demandante la cantidad de $510,90, con intereses legales desde el 16 de marso de 1939, fecha en que se dictó la sentencia apelada, más las costas, sin incluir honorarios de abogado, y así modificada, se confirma.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Arturo Castro Lund y su esposa Aida Franceschi Antongiorgi, demandantes y apelados, v. Félix González Rivera y U. S. Fidelity & Guaranty Co., demandados y apelantes.
    Núm. 8178.

    Sometido: Febrero 12, 1941.

      Resuelto: Marzo 28, 1941.

      Llosa Luz Silva, Federico Tilén, Leopoldo Formes García y J. Alemañy Sosa, abogados de los apelantes; Agustín E. Font, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Instituyóse este pleito a tenor de las disposiciones del artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil en relación con los 1802 y 1803 del Código Civil (edición de 1930), en recla-mación de los daños y perjuicios que alegan haber sufrido los demandantes con motivo de la muerte de su legítima hija de ocho años de edad Yilma Castro Franceschi, acaecida en Ponce el 4 de junio de 1938 al ser arrollada por el automó-vil guagua P914, que forma parte de la empresa de trans-porte de pasajeros de que es dueño el demandado Félix González Rivera, asegurado por su codemandada U. S. Fidelity & Guaranty Co.

La demanda original fue establecida a nombre de Arturo Castro, padre de la niña, exponiendo dos causas de acción: una, contra el dueño de la empresa, y la otra, contra la compañía aseguradora. La primera tendía a establecer la responsabilidad del demandado F. González Rivera como dueño de la empresa, alegaba que la causa del accidente babía sido la negligencia de Carlos Vázquez, conductor del vehículo, especificando los actos que la constituyeron, y terminaba ale-gando que la muerte de su citada bija le causó sufrimientos mentales y morales extraordinarios, y gastos, que calcula en la suma de $25,000. La segunda, reproducía las alegaciones de la primera, bacía referencia al contrato de seguro exis-tente entre los codemandados, y terminaba con súplica de una sentencia contra la compañía por la suma indicada, para el caso de no poder hacerse efectiva la que pudiera dictarse contra su codemandado.

Declarada con lugar en parte la moción interesando eli-minaciones y especificaciones que radicaron los demandados, se concedió a los demandantes un plazo de diez días para la presentación de una demanda enmendada y especificación de los particulares solicitados.

Enmendóse la demanda, pero al así hacerse fué unida como demandante la madre de la niña, Aida Francescbi Anton-giorgi; se expuso una sola causa de acción contra los deman-dados, y como en la demanda original, se pidió sentencia por $25,000, suma que se compone de las siguientes partidas: gastos de funerales, $350; importe de un panteón o mausoleo erigido en el cementerio católico de Ponce, dedicado a la niña, $2,000; tratamiento médico de la codemandante moti-vado por los efectos que en su. salud produjera la trágica muerte de su bija, $250; sufrimientos morales del codeman-dante, $11,200, e igual suma por los de su esposa demandante.

Solicitaron los demandados la eliminación de toda la demanda enmendada, y separadamente y sólo para el caso de no prosperar la primera, en una segunda moción solicita-ron se eliminasen ciertas alegaciones de dicha demanda y que se le suministraran las especificaciones que según ellos eran necesarias para preparar la contestación.

Denegadas ambas mociones y luego de consignar en autos la consiguiente excepción, contestaron los demandados. Ad-mitieron que sucedió el accidente, pero negaron que su causa próxima fuese la culpa o negligencia del conductor del ve-hículo, alegando en contrario que fue motivado por la negli-gencia contribuyente de la niña al cruzar la calle en la forma en que lo hizo y por la de sus padres, al permitirle, no obstante su tierna edad y lo avanzado de la hora de la noche, caminar sola por las calles de la ciudad de Ponce. Negando siempre la negligencia del conductor, alegó el demandado González Rivera que ejercitó toda la diligencia y cuidado de un buen padre de familia al emplear a dicho conductor, espe-cificando detalles de la investigación realizada por él antes de emplearlo y sus observaciones posteriores, alegando ade-más dicho demandado que siempre ha mantenido todas las guaguas de su empresa en perfecto estado de conservación y debidamente equipadas, de suerte que puedan manejarse sin riesgo o peligro alguno proveniente de cualquier defecto, insuficiencia o estado de abandono de dichos vehículos.

La demandada aseguradora alegó por su parte que los términos de la póliza limitan su responsabilidad en casos de muerte por culpa o negligencia imputable al asegurado, a una suma que no excederá de $3,000.

Tras la práctica de una prueba larga y laboriosa que se extendió por varios días, se dictó sentencia en los siguientes términos: se condenó al demandado Félix González Rivera a pagar a los demandantes en concepto de indemnización de daños y perjuicios, la cantidad total de $12,000, en la pro-porción de $6,000 para cada uno de los esposos demandantes; la demandada U. S. Fidelity & Guaranty Co., considerando los términos de la póliza, fué condenada a pagar la cantidad de $3,000 “como parte de dicha suma de $12,000,” imponién-dose además a los demandados, mancomunada y solidaria-mente, el pago de las costas- y de la cantidad de $500 por concepto de honorarios de abogado.

Apelaron los demandados y en su alegato señalan 24 erro-res, muchos de los cuales se relacionan con las alegaciones y otros con la apreciación de la prueba. Para facilitar su discusión, así como para puntualizar las cuestiones en con-troversia, hemos hecho una breve exposición de los proce-dimientos anteriores al juicio y con igual objeto procederemos ahora al estudio de la prueba.

La evidencia es contradictoria en los detalles esenciales que pueden determinar la responsabilidad de los demanda-dos. La de los demandantes tiende a probar que como a las 10:30 de la noche, la interfecta, su padre, y otro niño sobrino de éste, salían del cine y se dirigían a la residencia del Sr. Castro. Que la niña quiso que su padre le com-prase dulces y al rehusar complacerla, se enojó y no quiso caminar de la mano de aquél, quedándose detrás de ellos. Que la niña caminaba por la acera de la calle Salud, frente al Liceo, y que al llegar junto a una boca de incendio que allí existe, cruzó la -calle corriendo, siendo alcanzada y arro-llada por la guagua cuando sólo le faltaban tres o cuatro pies para ganar la acera opuesta. Hasta aquí no existe conflicto alguno en la evidencia. Discrepan demandantes y demanda-dos en que la prueba de los primeros asegura que la guagua, en los momentos del accidente, manchaba a una velocidad excesiva, sin tocar aparato de alarma, no prestando el chófer la debida atención y cuidado, puesto que en los precisos momentos del accidente venía entretenido en una conversa-ción con los pasajeros, que dió motivo a que volviera su cara a la derecha para prestarles atención, y que fué ésa la causa por la cual no advirtió la presencia de la niña hasta después de haber sido arrollada por el vehículo.

La de los demandados tiende a negar la negligencia del chófer. Sostienen algunos de sus testigos que la niña venía corriendo por la acera indicada, y súbitamente, al llegar a la boca de incendio, se lanzó a la calle corriendo velozmente, con la cabeza baja, basta enfrentarse al vehículo, de tal manera que fué imposible evitar el accidente a pesar de las diligencias practicadas por el chófer. Asegura este último que él vio que se aproximaba a la guagua por el costado izquierdo un celaje que se movía rápidamente, y que aun-que al advertirlo aplicó los frenos de emergencia y de pie, no fué posible detener el vehículo hasta después de haber arrollado lo que luego resultó ser la niña de los demandan-tes. Aseguran el chófer y algunos testigos de los deman-dados que el vehículo marchaba como a 10 kilómetros por hora y que al aproximarse a la esquina de la calle Cristina redujo a 8 kilómetros y tocó klaxon fuertemente; que no es cierto que él viniese conversando con los pasajeros, y que venía mirando hacia adelante.

Además de los testigos oculares, declaró el Jefe de la Policía Rafael Molina que la misma noche que ocurrió el accidente se dirigió al sitio del suceso en compañía del Fiscal Sr. Rodríguez Serra y del Cabo Rafael Torres, e hicieron ciertas observaciones, entre ellas que existían en el pavi-mento ciertas manchas de sangre, quedando la última de ellas a unos seis n ocho pies de la primera, y que entre ésta y el sitio en que paró la guagua — lo que pudieron deter-minar por la huella dejada en el pavimento — , había una distancia de 27% pies. Se practicó también una inspección ocular que permitió a la corte ver los sitios y constatar las distancias a que en el curso de sus declaraciones se refirieron los testigos.

En su alegato los apelantes señalan veinticuatro errores, muchos de los cuales aparecen repetidos. De considerar cada uno de ellos separadamente, incurriríamos en inútiles repe-ticiones y extenderíamos innecesariamente esta opinión. Por consiguiente, en una discusión general procuraremos abarcar todas las cuestiones planteadas por los apelantes.

Como hemos visto al reseñar las alegaciones, en la demanda original de este caso aparecía como único demandante el Sr. Castro, padre de la menor interfecta. Al decía-rarse con lugar la moción eliminatoria y sobre especificacio-nes radicada por los demandados, la corte concedió al demandante un plazo de diez días para enmendar su demanda, La demanda enmendada no alteró el montante de la suma reclamada por concepto de daños y perjuicios, pero incluyó como parte demandante a la madre de la interfecta. Sostie-nen los apelantes que no podía presentarse esta demanda enmendada sin previo permiso de la corte. Parecen olvidar que se había concedido a la parte demandante un plazo de diez días para radicar una demanda enmendada y que si bien como cuestión de hecho se agregó una parte que no aparecía como demandante en la demanda original, como cuestión de derecho la situación legal permaneció inalterada, pues el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil expre-samente autoriza al padre y a la madre, solos o conjunta-mente, a establecer acciones de esta índole, y prescribe ade-más que la madre natural o legítima será siempre partícipe en la acción, en proporción igual al padre legítimo o natural reconocido. Por lo tanto, no erró la corte inferior al negarse a eliminar la demanda enmendada.

En dicha demanda enmendada no se especifica el sitio preciso donde ocurrió el accidente, y se reclaman, entre otras, dos partidas de daños: una por $2,000, importe del mausoleo a que hemos hecho referencia, y otra por $250, gastados en asistencia médica prestada a la Sra. Franceschi. No tenemos duda de que debió especificarse el sitio donde ocurrió el accidente, sobre todo cuando lo pidieron los demandados, pero por el resultado de sus alegaciones y de la prueba por ellos presentada, fácilmente se comprende que ningún perjuicio se les causó al negarse la corte a conceder la especificación solicitada. Lo mismo puede decirse respecto a la negativa de eliminar la partida de $2,000 antes mencionada, pues la corte sentenciadora, al resolver finalmente el caso, descartó esta partida por no ser recobrable. Siendo ello así, es de aplicación el artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil, preceptivo de que en cualquier estado del pleito la corte no debe considerar o tomar en cuenta ningún error qne no afecte los derechos sustanciales de las partes y que no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o defecto.

Asumiendo que la partida de $250 reclamada por hono-rarios médicos por los servicios prestados con motivo de la enfermedad de la madre de la menor, causada por la muerte de su hija, no fuera recobrable, el error, de haber existido, al permitir que la alegación de esa partida perma-neciese en la demanda enmendada, no causa la revocación de la sentencia, toda vez que se reclaman otras partidas de daños, y a lo sumo la cuestión se reduciría a no considerarla al fijar el montante de los daños que en definitiva deberán concederse a los demandantes.

Se quejan los apelantes y señalan como error de la corte el haberse usado la investigación practicada por el fiscal en el caso criminal seguido contra el chófer Vázquez, para impugnar testigos de los demandados, alegando que las investigaciones fiscales son de carácter privado y que en todo caso dichas declaraciones no aparecen firmadas por ellos ni resulta de la declaración del taquígrafo del fiscal que fueran leídas a los testigos.

Es cierto que la investigación practicada por el fiscal es de carácter privado y que generalmente no puede obligársele a mostrarla, pero ése es un privilegio del fiscal al cual puede renunciar; y si como en este caso él voluntariamente pone la investigación a la disposición de las partes, depositándola con el secretario de la corte para que pueda utilizarse en el juicio, no hay razón legal alguna que impida su uso por cualquiera de las partes. No es indispensable para la validez de tales declaraciones que el taquígrafo del fiscal las lea al testigo tan pronto termina de declarar, ni tampoco es nece-sario transcribir las notas taquigráficas inmediatamente, para que el testigo pueda firmar su declaración, pues el taquígrafo del fiscal es un empleado público y se presume, de acuerdo con el artículo 102 de la Ley de Evidencia (art. 464, Cód. Enj. Civ., ed. 1933), que los deberes de nn cargo lian sido cumplidos con regularidad. Por consiguiente, no erró la corte inferior al permitir el uso de esas declaraciones y que se presentasen en evidencia para impugnar la declaración de Genaro Toro Rodríguez, ya que este testigo, en el acto del juicio, declaró con lujo de detalles la manera en que ocurrió el accidente, mientras que en la investigación practicada por el fiscal la misma noche del suceso, el mismo testigo mani-festó: “Yo, con la misma nerviosidad, no me di cuenta de nada. La guagua ya había pasado de la Cristina, cuando la niña va corriendo; fué todo lo que yo pude ver. ’’

El testigo de los demandados Joaquín Maldonado, en el acto del juicio declaró que el chófer tocó bocina, y en la investigación practicada por el fiscal se le preguntó: “¿Allí no se tocó klaxon ni bocina al llegar a la esquina?”, con-testando: “No oí”. Habiéndose sentado las bases para la impugnación de este testigo, no erró la corte al admitir en evidencia la declaración prestada ante el fiscal.

Para evitar que se dé a esta opinión un alcance que no tiene, queremos consignar que al decir nosotros que las decla-raciones tomadas por el fiscal a que nos hemos referido son admisibles en evidencia, debe entenderse que lo son única y exclusivamente para demostrar que el testigo ha hecho en ocasión anterior manifestaciones inconsistentes con las que hizo en el juicio; pero que tales declaraciones no son admi-sibles para probar en el juicio que se celebra lo que en ellas expresó el testigo, entre otros por el fundamento de que se privaría a la parte perjudicada por tal declaración del dere-cho de repreguntar.

José Manuel Laboy, también testigo de los demandados, describió detalladamente el accidente y en el curso de su declaración, repreguntado por el abogado de los demandantes, declaró que ese día no había trabajado en la Central Merceditas donde regularmente trabaja durante la zafra, en los tachos, porque para esa fecha se hallaban en el invernazo y no había trabajo en la Central. Para impugnar su declaración admitió la corte la del testigo Pedro Jerónimo Goyco, listero de la factoría de la Central Merceditas, quien declaró que la factoría estuvo trabajando ese año basta el 12 de junio y que conforme aparecía del pay roll que tenía en sus manos, José Manuel Laboy trabajó el 4 de junio de 1938. '

A nuestro juicio no erró la corte al admitir el testimonio de Goyco, pues por lo menos tendía a demostrar la flaqueza de la memoria de Laboy y basta cierto punto bacía dudar de la declaración en que con tanta exactitud daba los detalles del accidente, ya que resulta raro que recordase esos detalles con tanta certeza y sin embargo no pudiese recordar alg’o que le atañía personalmente, o sea que babía trabajado el día en cuestión.

Mientras declaraba por los demandantes el testigo Federico Tarrats, manifestó que al sentir el chófer el golpe dado a la niña, se volvió hacia los pasajeros y les dijo: “¿Se han fijado cómo esa chiquita se me metió debajo de la guagua?’" Interrogado por el abogado de los demandantes si dijo algo más, contestó el testigo: “Que yo recuerde . . . eso es lo que recuerdo. ” Se le preguntó nuevamente: “¿Lijo si babía visto a la niña?” Se opuso el abogado de los demandados, sosteniendo la corte la oposición, indicando entonces el abogado de los demandantes al testigo que dijera todo lo que dijo el chófer, replicando el testigo: “Cuando se viró, dijo: ‘¿Se han fijado cómo esa chiquita se ha metido debajo de la guagua ? ’ Si dijo algo más no me acuerdo de momento. ’ ’

Le mostró entonces el abogado de los demandantes la declaración que el testigo había prestado ante el fiscal, de la cual resultaba que contestando una pregunta similar dijo: “¿Se han fijado cómo esa chiquita se me metió debajo? No la he visto, se me metió debajo,” aceptándola el testigo como correcta.

Es verdad que la Ley de Evidencia sólo permite refrescar la memoria de un testigo mediante la presentación de un memorándum que hubiere sido escrito por él en fecha tan próxima al acaecimiento de los hechos relatados que éstos estuvieren todavía frescos en su memoria, y en el presente caso la declaración del fiscal no puede considerarse como el memorándum a que se refiere la Ley de Evidencia. Pero dadas las circunstancias del presente caso, no apareciendo claramente que ese error, aunque cometido, haya perjudi-cado los derechos sustanciales de los demandados, opinamos que no justifica la revocación de la sentencia. Artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil.

También señalan los apelantes como error el que la corte permitiera contestar al testigo de los demandantes Flor Echevarría en su examen directo que él había venido a declarar por haber recibido a ese efecto una carta del abogado de los demandantes, Sr. Font. Tanto la pregunta como la contestación eran claramente inmateriales y por consiguiente el error de la corte al admitirlas, no pudo afectar en manera alguna los derechos sustanciales de los demandados.

Tampoco tiene importancia alguna el que se le preguntara al chófer mientras declaraba si se encontraba bajo el peso de una acusación por homicidio involuntario, si se tiene en cuenta que no se trataba de un juicio por jurado, sino ante un juez de larga experiencia que en manera alguna podría ser influido por la pendencia de tal acusación.

Alegan los apelantes que erró la corte al admitir evidencia sobre la solvencia económica e ingresos de la parte demandante. La justificación de esta prueba la encontraremos inmediatamente al considerar que una de las partidas reclamadas es la cantidad de $350 gastada por los demandantes en el entierro de su hija. Para juzgar sobre la razonabilidad de este gasto, precisaba tener en cuenta la posición social y económica de los padres de la niña, pues lo que podría ser un gasto razonable en una persona de los medios económicos de los demandantes, podría considerarse exagerado en una persona de escasos medios económicos.

El perito de los demandados, Sr. Mayoral, declaró que una guagua como la de los demandados, que venía a la velo-cidad que declararon sus testigos, o sea como a 8 kilómetros por hora, y llevaba quince o veinte pasajeros, podía parar a 8 ó 10 pies más o menos del sitio en que se aplican los fre-nos, y el juez en su opinión dijo:

“De cualquier manera, es un hecho probado que desde el sitio de la primera mancha de sangre hasta donde paró la guagua, había una distancia tres veces mayor a la de 8 pies que señaló en su de-claración el perito de la demandada Carmelo Mayoral.”

No podemos convenir con los apelantes en que la corte inferior errara “en la apreciación y efecto” de la referida declaración del perito al hacer tal manifestación.

Es cierto que el demandado Gronzález presentó evidencia no controvertida por los demandantes tendente a sostener la defensa de que ejercitó todo el cuidado de un buen padre de familia al seleccionar al chófer Vázquez y al mantener las guaguas en buen estado de funcionamiento. Admitimos que el último párrafo del artículo 1803 del Código Civil (ed. 1930) dispone que la responsabilidad de que trata dicho artículo “cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen 'padre de familia para prevenir el daño”; pero como se dijo por este tribunal en el caso de Maldonado v. The P. R. Drug Co., 31 D.P.R. 747, 764, si se diese a ese precepto la interpretación que pretenden los apelantes, sería muy fácil hacer ilusoria cualquier reclamación establecida al amparo de dicho artículo. No basta probar que se eligieron empleados competentes y cuidadosos; es preciso probar además que se ejercitó el cuidado y diligencia necesarios para evitar el daño. Véanse también Rodríguez v. The National Cash Register Co., 35 D.P.R. 663, y autoridades citadas, entre las cuales se halla Panama Railroad Co. v. Toppin, 252 U.S. 308. Pero en el presente caso, la corte inferior llegó a la conclusión de que la única causa próxima del accidente fué la negligencia del chófer que conducía la guagua. Siendo ello así, la sen-tencia apelada no infringe las disposiciones del citado artículo 1803.

A nuestro juicio, no erró la corte sentenciadora en la apreciación de la prueba. Como hemos dicho anteriormente, la evidencia es contradictoria, y aunque el caso está en la línea fronteriza y pudo haberse resuelto en uno u otro sentido — según se diese crédito a la prueba de una u otra parte — , el juez de la corte inferior, que tuvo la oportunidad de ver y oír declarar los testigos, así como la de practicar la inspección ocular a que hemos hecho referencia, llegó a la conclusión que debía dirimir el conflicto de la prueba a favor de los demandantes, y estando él en mejores condiciones que nosotros para apreciarla y no habiéndose demostrado que actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad, no podemos alterar la conclusión a que llegara al efecto de que la causa próxima del accidente fué únicamente la negligencia del chófer Carlos Vázquez.

Se alegó también por los demandados apelantes la defensa de negligencia contribuyente por parte de la niña y de sus padres. Es regla general bien establecida que un niño, por lo menos mientras no haya llegado a la edad más avanzada de la infancia, no está obligado a ejercitar el mismo grado de cuidado exigido de un adulto, y que el criterio para juzgar su conducta en lo que respecta a la defensa de negligencia contribuyente consiste en determinar si ejercitó el cuidado y circunspección que ordinariamente ejercitan otros niños de su misma edad, capacidad, discreción, conocimiento y experiencia dentro de las mismas circunstancias. 107 A.L.R. 7. “Si el cuidado y diligencia exigidos de los niños debe determinarse por su capacidad, discreción, conocimiento y apreciación de la probabilidad y grado de peligro, necesariamente debe existir, por supuesto, una edad en la cual ningún grado de cuidado debe exigirse del niño, es decir, una edad en la cual la doctrina de negligencia contribuyente no es de aplicación. En muchos casos de daños causados a niños cuyas edades fluctúan desde algunos meses hasta siete años, las cortes han resuelto que como cuestión de derecho no podrá imputárseles negligencia contribuyente, no porque no pueda inferirse negligencia de las circunstancias especiales del caso, sino porque la edad del niño crea una presunción conclu-yente de ser incapaz de incurrir en negligencia.” Oh. cit., pág. 71. Esta presunción concluyente, por lo general, no se aplica a niños que han alcanzado la edad de ocho años. Ob. cit., pág. 127.

En el caso de autos, la niña sólo contaba ocho años el día del accidente y asumiendo que hubiera visto la guagua antes de lanzarse a cruzar la calle, bien pudo excusarse su error al calcular que podría pasar sin ser alcanzada por el vehículo, pues indudablemente — si como concluyó la corte, la guagua marchaba a una velocidad excesiva — debió el vehículo hallarse a bastante distancia del sitio en que se hallaba la niña cuando trató ésta de cruzar la calle. Quizá una persona adulta hubiese tenido capacidad suficiente para determinar el tiempo que tardaría en cruzar la calle y el que necesitaría el vehículo para cubrir la distancia que debía recorrer para alcanzarla. Considerada la edad de la menor, no podemos exigirle ese grado de capacidad para calcular correctamente tiempo, distancia y velocidad. No estuvo ella tan desacer-tada en sus cálculos, cuando a pesar de la excesiva velocidad a que se dice venía la guagua, ésta pudo alcanzarla cuando sólo faltaban 3 ó 4 pies para que la niña llegase a la acera opuesta.

Tampoco podemos convenir con los apelantes en que los padres de la menor fueron culpables de negligencia contribuyente. La menor no se hallaba sola por las calles de Ponce, como alegan los apelantes. Es cierto que no caminaba de la mano de su padre, pero de la prueba resulta que éste, aunque iba delante de ella, estaba pendiente de sus pasos y que momentos antes, al cruzar ella otra calle, le advirtió que tuviera cuidado al pasar. Además, la niña asistía a una escuela precisamente en el sitio del accidente y muchas veces iba sola. De suerte que el padre, considerada la esperiencia de la niña al asistir sola a la escuela y su edad, pudo confiar en su capacidad para caminar por aquel sitio sin necesidad de ser llevada de la mano.

Réstanos ahora considerar la cuantía que por concepto de daños y perjuicios fué concedida a los demandantes, así como el pronunciamiento de honorarios de abogado. Sabemos que ninguna cantidad, por fuerte que sea, es suficiente para compensar a eabalidad por la muerte de un hijo; pero habida cuenta de la práctica seguida en esta jurisdicción y de las circunstancias de este caso, opinamos que una sentencia por $12,000 sobrepasa los límites establecidos. Considerando las circunstancias todas de este caso, somos de opinión que la cantidad de $5,000 es razonable.

No acostumbramos intervenir con la discreción del juez sentenciador en la concesión de honorarios de abogado, a menos que de la prueba y circunstancias del caso resulte que dicho juez se ha excedido en el uso de la discreción que le concede la ley. En el presente caso la prueba, como hemos dicho, fué muy laboriosa y se extendió por varios días. Dada la cuantía envuelta y el montante de la sentencia, entendemos que no abusó de su discreción la corte sentenciadora al con-ceder a los demandantes la cantidad de $500 por concepto de honorarios de abogado.

Procede, por lo expuesto, modificar la sentencia apelada, reduciendo el montante de la misma de $12,000 a $5,000, y dictar entonces la que debió haber dictado la corte inferior condenando al demandado Félix Gonsáles Rivera a pagar a los demandantes, por partes iguales, la cantidad de $5,000, más las costas y $500 para honorarios de abogado, y a su codemandada U. 8. Fidelity & Guaranty Go. a pagar solida-riamente con dicho demandado, como parte del montante de. la referida suma, la cantidad de $3,000, y así modificada, se confirma dicha sentencia.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.