author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Sucesion Puente, Apelante, v. El Pueblo et al., Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 898.
    Resuelto en mayo 23, 1913.
    Contribución Sobre Herencias — Recurso Contra la Valoración y el Cóm-puto. — El procedimiento vigente para impugnar la valoración de los bienes-y el cómputo de la contribución sobre herencias, es el señalado en el artículo 374 del Código Político, no derogado expresa ni tácitamente por la ley No. 35 de marzo 9, 1911.
    Id. — Tiempo para Interponerlo. — El recurso de apelación que autoriza el artículo 374 del Código Político, en favor de la persona o beneficiario a quien pueda afeetar la valoración y cómputo de la contribución sobre herencias, deberá interponerse precisamente dentro de los 30 días de haber quedado ultimado por tesorería la referida valoración y cómputo. Transcurrido dieho término, se entenderá caducado el derecho que la ley concede.
    Contribuciones — Pago Bajo Protesta — Recurso.—Para ejercitar el recurso que autoriza la ley No. 35, de marzo 9, 1911, es necesario que se inicie el cobro de la contribución por el funcionario con autoridad para ello, que se pague, la contribución bajo- protesta y que se acuda al tribunal bajo la base de que el cobro de la contribución pagada bajo protesta es injusto, ilegal o héeho contra las disposiciones de cualquier estatuto.
    Id. — Tasación Excesiva — Pago de Contribuciones Bajo Protesta. — El recurso que establece la ley No. 35 de marzo 9, 1911, no es aplicable a los casos en que se impugna el pago de la contribución, no por ser ilegal, sino por ser exce-siva la tasación de los bienes.
    Id. — Junta de .Revisión b Igualamiento — Injunction.—La función de la ley No. 35 de marzo 9, 1911, no fué la de sustituir y derogar las disposiciones de los artículos 308 y 374 del Código Político relativas respectivamente a la junta de revisión e igualmente y al recurso para ante la corte de distrito .competente contra la valuación de los bienes de la herencia y cómputo de la contribución que deben satisfacer los herederos, sino la de sustituir y derogar como sustituyó y derogó expresamente el recurso que concedían las leyes sobre injunction de 1902 y 1906 contra el cobro de contribuciones ilegales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José Tous Soto y López de Tord y Canales.

    Ahogado de los apelados: Sr. Wolcott H. Piilcm, Jr., Attorney General.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La Sucesión de Lázaro Puente, compuesta de hermanos y sobrinos del finado, estableció demanda en la Corte de Distrito de Ponce el 17 de abril de 1912 contra El Pueblo de Puerto Eico y el Tesorero de Puerto Rico, sobre devolución de impuesto de herencia indebidamente cobrado, alegando, en resumen, los .los siguientes hechos:

Que su causante falleció en Ponce el 23 de’ febrero de 1908 y al poco tiempo de su fallecimiento ciertos individuos de apellido Amsterdam iniciaron un pleito alegando que eran hijos naturales reconocidos de Puente y pidiendo que la corte así lo declarara y reconociera además su derecho a la heren-cia de su padre natural. El pleito iniciado terminó por transacción celebrada el 27 de febrero de 1912, habiendo los Amsterdam renunciado los derechos que pudieran tener a la herencia de Puente y reconociendo a los hermanos y sobri-nos del mismo, demandantes en el presente pleito, como a sus únicos herederos.

Que dentro del término legal, Eamón Valdecilla, admi-nistrador judicial de los bienes relictos por Puente, hizo la declaración dedos que estaban en su poder al Tesorero de Puerto Eico, de conformidad con lo estatuido en la ley sobre 'contribución sobre herencias.

Que no se pudo liquidar la contribución que debía satis-facer la herencia de Puente, por tener distintos grados de parentesco las personas que la reclamaban, y que tan pronto como las reclamaciones terminaron, el administrador judicial gestionó con el Tesorero sn liquidación a fin de satis-facer sn importe.

Qne a virtncl de las gestiones del Administrador, el Tesorero de Puerto Eico, el 15 de marzo de 1912, “remitió para sn cobro nn estado o relación de diclias contribuciones” en el cual aparecen justipreciados los bienes de la herencia en $118,939.49, y fijada la cantidad de $5,201.37 como contri-bución, con más $1,603.76 por intereses.

Que la contribución fué pagada bajo protesta por el ad-ministrador, siendo la suma reclamada excesiva: (a), porque se funda en una tasación injusta y equivocada de los bienes de la herencia cuyo valor asciende únicamente a la suma de $81,550.80, y (b), porque se cobran intereses por la demora en el pago, y esta demora se debió al hecho de no haberse podido determinar desde el principio las personas con derecho a la herencia y su grado de parentesco con el finado.

La demanda termina suplicando que se condene a los demandados a devolver a los demandantes la cantidad de $3,510.63 a que ascienden las contribuciones cobradas ilegal-mente y a pagar los intereses de dicha suma y las costas del procedimiento.

El 14 de mayo de 1912 los demandados contestaron la demanda, y el 19 de julio de 1912, el demandado Allan H. Richardson, Tesorero de Puerto Rico, por medio del Attorney General de esta Isla, presentó una titulada “moción de so-breseimiento” basada: 1°., en que de la faz de la demanda ;se deducía que dicha demanda no se había presentado dentro del período que marca la ley; 2°., en que había defecto de partes demandadas, y 3°., en que la corte carecía de jurisdiction en cuanto al Tesorero de Puerto Eico.

La Corte de Distrito de Ponce estimó que dicha “moción de sobreseimiento” no estaba autorizada por nuestra ley pro-cesal civil, pero como en ella se suscitaba'una cuestión que podía considerarse y resolverse por la corte aun en el caso de no haber sido suscitada por ninguna de las partes, la estudió y decidió, desestimando finalmente la'demanda por sentencia de 5 de agosto de 1912, contra la cual interpusieron los demandantes el presente recurso de apelación.

Los apelantes alegan que <£la corte erró al desestimar la demanda, porque la ley número 35 de 1911, provee un re-medio aplicable al cobro o tentativa de cobro de todas las contribuciones'o rentas incluso la de herencia.” Y los ape-lados sostienen que la ley número 35 de 1911 no es aplicable al pago de contribuciones sobre herencia y que no habiendo cumplido los apelantes con los términos del artículo 374 del Código Político, por su propia negligencia carecen hoy de remedio alguno.

En Puerto Rico existe una Ley completa de rentas públicas que está incluida en el Código Político. El Capítulo I del Título IX de dicho código, trata de la “ tasación de la propiedad.” Comprende desde el artículo 285. hasta el 355 y contiene amplias y minuciosas disposiciones sobre la forma de tasar los bienes sujetos a contribución, el tipo de ésta, la manera de recaudarla, etc. Por el artículo 308 se crea una junta permanente de revisión e igualamiento, con el propó-sito de revisar la tasación y retasación de la propiedad in-mueble y mueble, a cuya junta puede acudir en queja, dentro del término de quince días contado a partir del de la notifi-cación, toda persona perjudicada por la resolución del tasa-dor con respecto a la valuación de su propiedad. Según se estableció por esta Corte Suprema en el caso de Guitián v. El Gobierno de Puerto Rico, 12 D. P. R., 252, las disposiciones del artículo 310 del Código Político, al establecer que las decisiones de la junta de revisión e igualamiento, en todos los asuntos que le sean sometidos a su consideración, serán definitivas, impiden que tales decisiones puedan ser revisadas ante los tribunales ordinarios por medio de apelación, certio-rari u otros recursos, ya que a dichos tribunales, no se les había conferido jurisdicción alguna sobre la materia.-

El Capítulo II del dicho Título IX del Código Político comprende desde el artículo 356 hasta el 367 y trata de los “arbitrios,” y el III y último capítulo del repetido título, comprende desde el artículo 368 al 383 y trata de la “Contri-bución sobre herencias, ’ ’ impuesto conocido desde los tiempos1' más antiguos y aplicado en la actualidad en casi todas, las naciones civilizadas. Véase la obra de C. F. Bastable sobre Hacienda Pública, páginas 590-608.

Las prescripciones del Código Político sobre la contri-bución sobre herencias, son completas y especiales. En re-sumen, disponen que todos los bienes inmuebles en Puerto Eico y cualquier participación en ellos pertenecientes o nó a habitantes de Puerto Eico, y todos los bienes muebles pertenecientes a habitantes de Puerto Eico que por testa-mento o abintestato, o por donación cualquiera efectuada con intención de otorgar la posesión o el usufructo después del fallecimiento del donante, se trasmitieren a cualquier persona, institución o corporación, en fideicomiso o de otro modo, que no sea su esposa, hijo, nieto o persona legalmente reconocida como hijo adoptivo del fallecido, ni para el uso de uno o más de ellos,' están sujetos al pago de una contribución que se fija en la ley tomando en consideración el parentesco’ y la cuantía de la herencia; imponen a todo administrador, al-bacea o fideicomisario la obligación de dar cuenta al Tesorero en la forma que establecen y de los particulares que • espe-cifican ; determinan el modo de tasar los bienes que constitu-yan la herencia; conceden un recurso de apelación para ante la corte de distrito contra la valuación de los bienes y cómputo de la contribución; castigan como delictivo el hecho de la percepción por parte del tasador de honorarios o gratifi-caciones; fijan el método para el ingreso de .la contribución y la responsabilidad de los albaceas, administradores y fidei-comisarios y establecen que ningún tribunal aprobará la divi-sión de bienes del fallecido sin que se compruebe el pago del impuesto.

Nos hemos referido .a la Ley de Eentas públicas de Puerto Rico de tal modo, para fijar bien la.idea de que; el legislador! puertorriqueño al resolverse a imponer la contribución sobre1 herencias, adoptó nn sistema completo y especial distinto en muchos particulares al adoptado para la imposición y co-branza de la otras contribuciones.

Por ejemplo, para recurrir contra la tasación de los agentes del Pueblo, en el caso de contribuciones sobre la propiedad en general, se acude a la junta de revisión e igualamiento, que resolverá el caso en definitiva. Y para recurrir contra la valoración de los bienes de la herencia y cómputo de la contribución, se acude no a la junta de revisión e igualamiento, sino a la corte de distrito competente.

El método fijado por la ley también es distinto para el cobro de la contribución sobre la propiedad en general y del impuesto sobre herencias. Cuando la contribución sobre la propiedad no se satisface a su debido tiempo, la misma Administración embarga y vende la propiedad y cobra lo que se le debe. Cuando la contribución sobre herencias no se satisface dentro del término fijado por la ley, el Fiscal del distrito es el llamado a instituir los procedimientos nece-sarios para su cobro, al recibir el oportuno aviso del Te-sorero.

En tal estado la Legislación de Puerto Eico sobre la materia, se aprobó en el año de 1911 la ley número 35 ya citada. Por su sección primera se dispone que cuando se cobre al-guna contribución, si la persona que aparezca como deudor creyere que el cobro es injusto o ilegal, podrá pagar la con-tribución bajo protesta. Por la segunda, que el ingreso en tal caso se hará con expresión de que el pago fué bajo pro-testa. . Por la tercera, que la persona que protestó podrá acudir dentro de treinta días a la corte competente, debiendo ésta resolver el caso y certificar si fuere procedente, que la contribución se pagó sin existir razón para ello y debe reintegrarse por el Tesorero, que así lo hará inmediatamente. La resolución de la corte es apelable. Por la cuarta, “que no se dará ningún otro recurso en casos de recaudación ilegal de contribuciones o rentas, o en casos de tentativas para recaudar ilegalmente contribuciones o rentas.” Por la quinta, que no se expedirá auto alguno para impedir la recaudación de contribuciones y que “en todos los casos en que, por cual-quier motivo, una persona alegue que la contribución que se le lia cobrado fué recaudada injusta o ilegalmente, el recurso que lia de utilizar dicha persona es el que queda determi-nado antes y ningún otro.” Por la sexta, se deroga expre-samente la sección 12 de la ley sobre injunctions de 1906. T por la séptima, se prescribe que la ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, o sea del 9 de marzo de 1911.

Como puede verse del resumen que hemos hecho de dicha ley número 35, por ninguna de sus disposiciones se deroga expresamente el artículo 374 del Código Político, que, como he-mos visto, forma parté de las disposiciones del código relativas a la contribución sobre herencias, y que, copiado a la letra dice así:

“Artículo 374. Dentro de los treinta días después de haberse ulti-mado la valoración y cómputo de la contribución, podrá cualquier persona, o beneficiario, a quien ésta afecte, apelar contra dicha valuación y cómputo al tribunal de distrito del distrito donde los bienes radiquen, a condición de que haya pagado todas las costas, o dado fianza para el pago de ellas, y además cualquiera contribución que hubiera sido im-puesta sobre la manda, legado donación y herencia; y dicho tribunal de distrito procederá a resolver el asunto tan pronto como sea posible.”

Los apelantes sostienen que si bien es cierto que no existe una derogación expresa del artículo 374, es indudable que dicho artículo fué derogado tácitamente por la ley número 35 que establece el único recurso vigente en la actualidad para impedir el cobro definitivo de contribuciones ilegales.

Si estudiamos cuidadosamente el artículo 374, veremos que establece un recurso de apelación para ante una corte de justicia, contra la valuación de los bienes de la herencia y el cómputo de la contribución. Y si estudiamos también cuidadosamente la ley número 35, veremos que establece un sis-tema de pago de contribuciones bajo protesta cuando se inicie cualquier procedimiento o se lleve a cabo alguna dili-gencia para su recaudación, y nn procedimiento subsiguiente para ventilar la ilegalidad del cobro ante tura corte de justicia.

El propósito de ambas leyes, es distinto, y en tal virtud, a nuestro juicio, la ley número 35 de 1911 no deroga implícitamente el artículo 374 del Código Político. Ambas leyes pueden y deben subsistir en toda su integridad. La jurisprudencia citada en el caso de El Pueblo v. Axtmayer, (pág. 399), y la teoría en que se basó en su totalidad la resolución de dicho caso, se invocan y se aplican a la decisión del presente.

Para ejercitar el recurso que autoriza el artículo 374 del Código Político, no es necesario satisfacer con anterioridad la contribución computada. Se puede acudir, bien pagándola o ya afianzando su pago, ante la corte de distrito dentro de los treinta días después de haberse ultimado la valoración y el cómputo y obtener que la valoración y el cómputo se alteren y modifiquen, si los méritos del caso así lo requieren, de acuerdo con las pretensiones de la parte interesada.

Para ejercitar el recurso que autoriza la ley número 35, es necesario que se inicie el cobro de la contribución por el funcionario con autoridad para ello, que se pague la contri-bución bajo protesta y que se acuda al tribunal bajo la base de que el cobro de la contribución pagada bajo protesta es injusto, ilegal o hecho contra las disposiciones de cualquier estatuto.

Si examinamos los hechos alegados en la demanda, vere-mos que cuando el administrador judicial en este caso recibió la nota del Tesorero conteniendo la valuación de los bienes de la herencia de Puente y el cómputo de la contribución que debían satisfacer los herederos, dicho administrador no estaba obligado a conformarse con dicha valuación y cómputo y a satisfacer inmediatamente la contribución asignada, sino que, si estimaba que la primera era excesiva y el segundo inade-cuado, podía acudir a la corte de distrito de acuerdo con la ley y obtener el pleno reconocimiento ,de sus derechos,

El no lo hizo, así;, él no utilizó el amplio y seguro recurso que la ley le concedía, y él debe sufrir las consecuencias de sus propios actos.

Si se analiza cuidadosamente la demanda, se verá que no se basa en la teoría de que la contribución sobre la herencia de Puente sea ilegal, sino meramente excesiva. .Se admite en principio que debía satisfacerse la contribución. Es más, se alega expresamente que el mismo administrador gestionó el pago de ella. Lo que se impugna es precisamente la valua-ción de los bienes, el correlativo cómputo de la contribución y el cobro de intereses, todo lo cual pudo y debió, si no se estaba conforme con ello, impugnarse y aquilatarse dentro del procedimiento marcado en el artículo 374 del Código Político.

En el caso de Basanta v. El Pueblo, 7 D. P. R., 494, esta Corte Suprema estableció la siguiente doctrina: “El recurso de apelación que autoriza el artículo 374 del Código Político, en favor de la persona o beneficiario a quien pueda afectar la valoración y cómputo de la contribución a que el mismo se refiere, deberá interponerse precisamente dentro de los treinta días de haber quedado ultimada por Tesorería la referida valoración y cómputo, y si transcurriere * dicho tér- / mino, se entenderá caducado el derecho de la parte para re-currir contra la misma. ’ ’

De los hechos alegados en la demanda resulta que los de-mandantes dejaron de ejercitar el derecho que les concedía el artículo 374 tantas veces citado y que tal derecho se había ya extinguido al tiempo de iniciarse el pleito. Y como también resulta de los mismos hechos que el caso de los demandantes no está comprendido dentro de las prescripciones de la ley número 35 de 1911, el recurso interpuesto debe declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.

La función de la ley número 35 de 1911 no fué en verdad la de sustituir y derogar las disposiciones de los artículos 308 y 374 del Código Político, relativas respectivamente a la junta de revisión e igualamiento y al recurso para ante la corte de distrito competente contra la valuación de los bienes de la herencia y cómputo de la contribución que deban satis--facer los herederos, sino la de sustituir y derogar como sus-tituyó y derogó expresamente el recurso qne concedían las leyes sobre injunctions de 1902 y 1906 contra el cobro de contribuciones ilegales. En el presente caso, como hemos dicho, la demanda no se basa en realidad de verdad en que la contribución cobrada sea ilegal, sino en que los bienes se tasaron en cantidad mayor que su justo precio y como conse-cuencia que la contribución cobrada era mayor que la que debía satisfacerse, y para resolver acerca de esas cuestiones la ley fija un procedimiento que está en todo su vigor y que si se abandona trae como consecuencia la pérdida del derecho en él reconocido.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sb. Wole,

license: Public Domain

text:
    Ledesma et al., Apelados, v. Agrait et al., Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 851.
    Resuelto en mayo 26, 1913.
    Mandato — Venta Otorgada por Una Persona con el Doble Carácter de Man-datario del Vendedor y del Comprador — Ratificación de los Actos del Mandatario.' — En el año. 1892, Silvestre Iglesias como mandatario de Salvador Ledesma, causante de los demandantes, y como mandatario de su esposa, ' otorgó una escritura de venta de la participación que su mandante tenía en determinada casa. Diclia casa fué adquirida en su.totalidad por la esposa de Iglesias, pero una tercera paTte le fué traspasada a Ledesma, porque él aportó la tercera parte del precio, según era convenido. Con posterio-ridad a la venta Ledesma escribió a Iglesias aprobando dicha operación y alegrándose de que hubiera pasado a poder de su esposa. Iglesias era mandatario de Ledesma para otros asuntos y entre ambos existían relaciones íntimas de amistad y de negocio. Esta venta fué atacada de nula, porque, según el artículo 1362 del Código Civil revisado equivalente al 1459 del Código Civil Español vigente enando se hizo la venta, nn mandatario no podia adquirir bienes de su mandante. Se resolvió:
    1. Que el hecho en sí de que en el otorgamento de la escritura de venta com-pareciera Iglesias como apoderado del vendedor y del comprador es una circunstancia de importancia subsidiaria, subordinada al hecho de si como mandatario del comprador adquiría para sí.
    2. Que aun en el supuesto de que se hubiera probado que el dinero con que la esposa de Iglesia adquiría dicha participación no era de ella, sino dinero ganado por el marido durante el matrimonio, la alegación de cuyo hecho no aparece de la demanda, tal hecho demostraría que la linea fué adqui-rida a nombre de la esposa para la sociedad de gananciales, pero nó para el marido individualmente, y la ocultación de la procedencia del dinero por Iglesias a su poderdante no constituye una ocultación de un elemento esencial del contrato que pudiera viciar de nulidad la ratificación hecha del mismo por el mandante.
    3. .Que dicha venta fué ratificada por el mandante con conocimiento de todos los elementos esenciales del contrato y que en virtud de dicha ratificación tal venta fué convalidada, pues se trataba de un contrato ratifieable.
    4. Que para determinar si. algunos de los contratos prohibidos en el artículo 1362 del Código Civil Revisado es o no confirmable, debe atenderse a la naturaleza especial de cada uno, pues no todos se rigen por el mismo principio, siendo la tendencia moderna en la interpretación de estos contratos favorable a la libertad de enajenación.
    5. Que el Código Civil no establece distinción alguna entre contratos nulos y anulables y por tanto si un contrato reúne todos los requisitos del artículo 1228 de acuerdo con el 1277, puede ser ratificado, a menos que adolezca de • uno de los vieios definidos en el artículo 1242.
    6. Que la sentencia del Tribunal Supremo de España de abril 11, 1894, no es aplicable a este caso, porque el fundamento primordial de la misma fué la prescripción y no se discutió si el contrato en -cuestión era o no ratifieable.
    7. Que las ventas entre condueños son favorecidas por la ley y el hecho de que la esposa de Iglesias fuera condueña en la casa cuyo condominio le vendió Ledesma, es una circunstancia a tener en cuenta en favor de la posibilidad de la ratificación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Juan de Gusmán Benítes.

    Abogados de los apelados: Sres. Eugenio Benítes Castaño y Francisco Socorro.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la Corte de Distrito de San Jnan dictó sen-tencia a favor de los demandantes en pleito sobre reivindi-cación.

Los demandantes son los herederos testamentarios de Salvador Ledesma Nutó quien falleció en Málaga, España, el día 28 de febrero de 1904. El demandado Silvestre Iglesias y Font, fué hasta el veinte y ocho de febrero de 1904, el adminis-trador o agente en esta Isla de los bienes de .Salvador Ledesma Nutó, estando comprendida entre estos bienes una tercera parte proindivisa en una casa y solar de la calle de la Luna de esta ciudad.

En dos de enero de 1892, Ledesma y Nutó otorgó un poder a favor de Iglesias y Font, por virtud del cual este último quedó autorizado, entre otras cosas, para vender dicha parti-cipación a la persona que tuviera por conveniente por el precio que considerase más ventajoso. De conformidad con el poder el referido Silvestre Iglesias compareció ante un notario en 23 de enero de .1892, otorgando escritura de venta de dicha participación proindivisa a favor de su esposa, compareciendo ■él expresado Iglesias al otorgamiento de esta escritura no sólo en'su carácter de mandatario del vendedor, sino también .de su esposa, la.compradora, de acuerdo con el poder que le había sido otorgado por ella. También se hizo constar en la escritura que'el dinero de la compra pertenecía a los bienes propios de la compradora qué había adquirido de su padre.

No es una cuestión muy esencial,para la resolución de este .caso que Iglesias hubiera también prestado su consentimiento como esposo para la aceptación de la1 escritura por su esposa. El hecho de que solamente compareciera una persona en repre-sentación de todas las partes en el contrato, es un asunto de orden secundario, consistiendo la; verdadera cuestión en deter-minar si puede o nó un mandatario comprar para sí o para su esposa según 'sea el caso, una finca o participación en la misma de cuya venta se le había encárgado, alegando los ape-lados' que la venta hecha en tales condiciones es enteramente nula e ineficaz, sin ningún valor legal, y que dicha venta tal cómo se efectuó1 en este caso no puede -ser ratificada. Los apelantes sostienen que una venta que se lleva a cabo en tal forma es anulable prima facie, y se .fundan principalmente en los actos de Ledesma Nutó, según los cuales alegan que la venta hecha a los apelantes O' a cualquiera de' los mismos fué confirmada o ratificada. Alegan, además, que la acción lia prescrito por ser nna sobre nulidad de mi contrato.

Los apelados fian pnesto en duda la cuestión de si real-mente Iglesias fiizo la venta que se discute a su esposa. In-sisten en que el dinero satisfecho por la adquisición de la participación proindivisa del tercio no procedía de los bie-nes propios de la esposa según aparece de la escritura, sino que fué adquirido por el esposo después del matrimonio, y por tanto que el traspaso se fiizo a él.

Prescindiendo de la cuestión de si se probó eficazmente en el juicio a quién pertenecía realmente el dinero de la compra, creemos, si ésta tiene alguna importancia, que los apelados tenían que limitarse a las alegaciones contenidas en su de-manda. En cuanto a este particular, en dicfia demanda no se fiizo sino una descripción de la escritura de enero 23 de 1892, alegándose además que Silvestre Iglesias fiabía comparecido en dicfia escritura con el triple carácter de mandatario del vende-dor, y administrador y esposo de la compradora. La demanda alega que la esposa fué la compradora. Los demandados no tuvieron conocimiento por la demanda que presentaron los de-mandantes acerca del fiecfio de que se proponían demostrar, que el dinero que en la escritura constaba como precio de la venta perteneciera, al marido o a la sociedad de gananciales. Convenimos además con los apelantes en que la prueba pro-ducida en -el juicio, que tiende meramente a mostrar que la finca fué adquirida durante el matrimonio, muestra solamente una venta a dicfia sociedad y no que la misma’se hiciera al esposo.

Es un principio general de ley que antes de que pueda alegarse que el principal fia ratificado un acto ejecutado por su mandatario para el cual'no estaba autorizado, deberá dicho principal quedar informado de • todos los hechos esenciales. Acerca de este particular no existe diferencia alguna entre la ley civil y la americana. Nace este principio de la necesi-dad en que están las partes contratantes de prestar su con-sentimiento. No puede alegarse que el mandante fia prestado su consentimiento si ratifica o aprueba el acto ejecutado por su mandatario consigo mismo habiendo mediado falsedad en la información.

No puede decirse que el principal está impedido o imposibi-litado para negar una venta realizada por su mandatario, para lo cual no estaba facultado por el hecho de haber escrito una carta a dicho mandatario aprobando la expresada venta, si re-sulta que el mandatario no informó en primer término a su principal de algún hecho que fuera esencial para su ejecución. Pero el hecho que se oculta debe ser esencial. Por consiguien-te, la cuestión de que quizás el precio de la venta de referencia no perteneciera a los bienes privativos de la esposa no podía considerarse como un hecho esencial que había sido ocultado. Era indiferente para Ledesma Nutó cuál fuera la procedencia del precio de la venta o que la participación venada pertene-ciera más bien a la sociedad conyugal que no a la esposa. Esto era un asunto de la incumbencia de los esposos o tal vez luego, de alguno de los mismos y los herederos del otro. Ledesma Nutó no podía solicitar la nulidad del supuesto contrato por el fundamento de haberse hecho constar una falsedad en la escritura' en, cuanto al origen o procedencia del precio de la venta. Por tanto, si la supuesta venta pudo ser ratificada o confirmada, no había necesidad de ratificarla con respecto a este particular. Además, podemos decir de pasada, que no creemos que sea necesario determinar si se probó o no satis-factoriamente que el precio de la venta procedía o no de los bienes privativos de la esposa.

Y pasemos ahora a considerar, suponiendo que la venta pudo haber sido ratificada, si se hizo tal ratificación. Los autos y la opinión de la corte inferior ofrecen muy poca duda en cuanto a este punto. Los hechos fueron sustancialmente los siguientes: Iglesias no era solamente el mandatario de Ledesma con instrucciones de vender la participación indi-visa del tercio que tenía dicho Ledesma en la casa de la calle de la Luna, sino que también era a la vez su representante en otros asuntos. Iglesias y su esposa estaban íntimamente relacionados en amistad y negocios con Ledesma desde Lacia mucho tiempo. La referida casa de la calle de la Lnna fné primeramente comprada en el año 1880 a nombre de la esposa de Iglesias, aportando a dicha venta Ledesma nn tercio del } (recio de la referida venta, cnyo tercio de participación se le traspasó a Ledesma por los esposos. De modo, qne en la fecha dé la venta qne se dice era nnla según los antos y el en-tendimiento qne al parecer existía entre las partes, Ledesma tenía nna participación de nn tercio y la Sra. Irene Agrait y Font de Iglesias dos tercios de participación en la misma propiedad. Los demandados presentaron pruebas qne no fue-ron contradichas tendentes a demostrar qne Ledesma había convenido en dar nna oportunidad a la Sra. Iglesias de poder comprar el tercio de participación al mismo precio qne se lo hubiera vendido a otra persona, estando esta prueba justifi-cada por la carta qne Ledesma escribió después de la venta, la qne transcribiremos más adelante. Además de las manifesta-ciones hechas por Iglesias, existen algunas indicaciones en la correspondencia, de las que resulta qne con anterioridad a la fecha de la venta había ciertas negociaciones pendientes para vender toda la casa al Sr. Pinznela por $9,000, pero qne se desistió de dichas negociaciones por no haber querido Igle-sias rebajar el precio. Entonces fné qne se otorgó la escritura de enero 23 de 1892. Subsiguientemente, en 8 de marzo de 1892, Ledesma escribió a Iglesias la siguiente carta:

“Su apreciada del 15 del ppdo. tengo a la vista por la cual quedo impuesto en todos s/ contenidos.
“Me impongo del obstáculo que expuso el comprador en la reali-zación de la venta de la casa Luna 52; por lo cual Y. no quiso acceder en hacerle alguna bonificación en el precio, y con respecto a mi tercera parte le hizo venta a su señora por la cantidad de $3,000, igual que le había ofrecido dicho señor. Me alegraré que la disfruten por muchos años, pues siempre vale más una renta segura aunque limitada que la eventualidad y riesgo del capital movible.
“He visto la cuenta corriente que me acompaña con nn saldo a mi favor de $2,587, hasta el 10 del ppdo. que soy de conformidad en un todo; para cubrir la expresada suma he retirado de s/ seno un giro a m/ orden del Banco de Emisión y Descuento, por £228 a/e de Fred. Hortz de Londres a 8 d/v y otro también a m/o s/ París por francos 5,613.50 a/c de André Nenflise & Ca. que a los respectivos cambios de $5.95 £ y 18% por ciento francos forman la expresada suma de $2,687, igual al saldo de la cuenta que con la fecba indicada me remite, quedando saldo y de conformidad.
“Me he alegrado que haya entrado en su cálculo la compra de la tercera parte de la casa, pues aunque me cuesta una pérdida de consi-deración queda V. con más independencia y yo cumplo con Y. la palabra empeñada; por lo demás creo no obstante que Y. coloca bien el dinero libre de contingencias.”

Los autos muestran claramente que la suma de $2,587 a que se refiere la carta era un saldo de cuentas entre Iglesias y Ledesma del cual los $3,000, o sea el precio de la venta de la participación del tercio se había cargado a Iglesias. Estos $3,000 formaban precisamente la tercera parte del precio que esperaban los propietarios recibir del Sr. Pinzuela por la venta de toda la casa. El signo de $ que aparece en los autos se refiere a pesos españoles. En vista de estos hechos no dudamos que Ledesma tuvo todo el conocimiento esencial que tenía su mandatario y que. el primero ratificó la venta si era necesario que lo hiciera dada la naturaleza prohibida de la transacción. Creemos que tal ha sido también el criterio de la corte inferior. La prohibición a que nos referimos está contenida en el artículo 1362 del Código Civil y es idéntica en sustancia al artículo 1459 del Código Civil' Español. Dicho artículo es como sigue:

“Artículo 1362. No podrán adquirir por compra, aunque sea '• en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia:
“1. El tutor, los bienes de la persona o personas que estén bajo su tutela.
“2. Los mandatarios, los bienes de cuya administración o enaje-nación estuviesen encargados.
“3. Los albaceas, los bienes confiados a su cargo.'
“4. Los empleados públicos, los bienes del Pueblo de Puerto Bico, de lós municipios, de los pueblos y de los establecimientos también públicos, de cuya administración estuviesen encargados.
“Esta disposición regirá para los jueces y peritos que de cual-quier modo intervinieren en la venta.
“5. Los jueces, individuos del Ministerio Fiscal, secretarios de tribunales y juzgados y oficiales de justicia, los bienes y derechos que estuviesen en litigio ante el tribunal, en cuya jurisdicción o terri-torio ejercieran sus respectivas funciones, extendiéndose esta pro-hibición al acto de adquirir por cesión.
“Se exceptuará de esta regla el caso en que se trate de acciones hereditarias entre coherederos, o de cesión en pago de créditos, o de garantía de los bienes que posean.
“La prohibición contenida en este número 5 comprenderá a ios abogados respecto a los bienes y derechos que fueren objeto de un liti-gio en que intervengan por su profesión y oficio. ’ ’

Es un hecho que ha sido admitido que si los actos aquí pro-hibidos son meramente anulahles, pueden ser ratificados o confirmados, pero no de otro modo. Artículos 4 y 1276 al 1280 del Código Civil. Del artículo 4 se deduce que la Legislatura empleó la par abra “nulo” en el sentido de significar “nulo” o ‘ ‘ anulable. ’ ’ Ese artículo es como sigue:

“Artículo 4. Son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordene su validez.
“Los derechos concedidos por las leyes son renunciables, a no ser esta renuncia contra la ley, el interés o el orden público, o en per-juicio de tercero.”

Si he examina el predicho artículo 1362 del Código Civil se verá que no son de igual naturaleza todos los actos que en-el mismo se prohíben pues algunas de las personas a que se refiere son funcionarios públicos, otros cuasi-publicos, así como los tutores, albaceas y administradores, y otras personas privadas. Aunque todos los actos están prohibidos clara-mente, sin embargo, la cuestión referente a si determinado acto debe o nó ratificarse, depende de la naturaleza esencial del mismo. El interés' público' puede no'ser el mismo con. res-pecto a funcionarios públicos que a personas privadas. .

El Estado puede estimar oportuno expresar que un fun-cionario público no tiene capacidad o facultad para hacer un traspaso a favor de sí mismo y por el mero hecho de estar comprendidos los funcionarios públicos en esta prohibición, la infracción de la misma puede ser de orden público. Hace-mos esta distinción en primer lugar, porque si la venta en cuestión pudo ser ratificada no queremos que se entienda que sostenemos el critero de que puede ser ratificada toda venta que se efectúa, no obstante las disposiciones del artículo 1362. Puede ser que algunas de ellas no lo sean, pero si existe duda acerca de si todos los actos prohibidos deben ser considera-dos' como que no pueden ser ratificados, diremos que la ten-decia moderna consiste en interpretar el estatuto en el sen-tido de que el mismo tiende a favorecer la libertad de las enajenaciones.

Los civilistas Manresa, Martínez Euiz y los apelados sos-tienen que todos los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto en el artículo 1362 son inexistentes. ¿Existe algo en las palabras mismas contenidas en el artículo 1362 de donde pueda deducirse que los actos ejecutados con infrac-ción de dicho artículo son inexistentes? “Las siguientes per-sonas no pueden adquirir,” dice dicho artículo, pero lenguaje igualmente imperativo se emplea en los artículos 178, 1226, 1328, 1451, 1460 y 1617 y sin embargo, todos los actos que en ellos se prohiben pueden ser ratificados. El artículo 178 expresa que son nulos los matrimonios en los cuales no se hayan observado todos los requisitos exigidos por el Código, pero el 179 declara, que solamente pueden jpedir la nulidad del matrimonio ciertas personas. En muchos casos los hijos nacidos con anterioridad a la declaración de nulidad pueden ser legítimos y adquirir derechos de propiedad. Según el artículo 1328 el marido no podrá enajenar los bienes inmuebles de la sociedad de gananciales sin el consentimiento expreso de la mujer, pero la venta que efectúe de tal manera puede ser ratificada. No es necesario continuar citando todos los artí-culos o la jurisprudencia que se relaciona con los mismos. Creemos que se ha demostrado de modo suficiente, tanto ahora corno en otras partes de la opinión, que no puede deter-minarse si un acto es susceptible de ser ratificado por la mera forma de las palabras empleadas por la ley.

Examinemos las disposiciones del Código Civil que se re-fieren a este caso. Haremos mención del actual Código Civil pues no existe incompatibilidad alguna esencial en cuanto a los artículos de referencia entre el Código Civil Español y nuestro propio código. El artículo 4o. según liemos visto, dis-pone que los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo en los casos en que la'misma ley ordene su validez, son nulos, y que los derechos concedidos por las leyes son renun-ciables, a no ser esta renuncia contra la ley, el interés o el orden público o en perjuicio de tercero. El artículo 1228 prescribe que no bay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1. 'Consentimiento de los contratantes; 2. Objeto cierto que sea materia del contrato; 3. Causa de la obligación que se establece. El artículo 1267 dispone que los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1228 pueden ser anulados aunque no baya lesión para los contra-tantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley. El artículo 1277 prescribe que sólo son confirmables los contratos que reúnan los requisitos expresados en el artículo 1228. El artículo 1242 expresa que los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.

Examinados estos artículos resulta evidente -que la ley no establece división alguna entre aquellos contratos que son nulos y los que meramente son anulables. El artículo 1280 determina que la confirmación purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración. Por consiguiente, si un contrato reúne todos los requisitos exigidos por el artículo 1228, puede de acuerdo con el 1277 ser confirmado a menos que adolezca de uno de los vicios especificados en el artículo 1242. Un contrato que tenga por causa un delito o un acto que la humanidad necesariamente lo considere inmoral puede constituir un ejemplo claró de los actos que de tal modo se prohíben. El contrato sometido a nuestra consideración reunía todos los requisitos del artículo 1228, pero fue otorgado con infracción del artículo 1362. Pero no todo acto especificado en el artículo 1362 es necesariamente inmoral. La determinación de ese hecho depende principal-mente de la naturaleza íntima y esencial de la determinada transacción a que el mismo se refiera y en el presente caso según indican los autos en su totalidad, Iglesias procedía con entero conocimiento de Ledesma y entre ellos no existía in-moralidad o falta de honradez en sus negociaciones. Ledesma prontamente ratificó el acto de su mandatario. ■ •

Creemos que estos principios resultan claros de un mero examen que hagamos del Código Civil. Sin embargo, hay casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que dan alguna luz sobre la cuestión. El caso de Michoud v. Girod et al., 4 How., 554, surgió en Louisiana, en cuyo Estado los precedentes legales han sido tomados del Código de Napoleón. En dicho caso el tribunal se expresó en los términos siguientes:

“La regla general sostiene la gran obligación moral que tenemos de abstenernos de tomar parte en relaciones que por lo general crean un conflicto entre el interés propio y la hon-radez. Dicha regla establece una restricción para todos los mandatarios o agentes, ya sean públicos o particulares. Y donde mejor puede comprenderse el valor de la prohibición así como donde su aplicación es más frecuente es en las rela-ciones particulares o privadas que pueden establecerse entre el vendedor y el comprador. La incapacidad para comprar es una consecuencia de esa relación entre los mismos, que obliga a uno de ellos a proteger los intereses del otro y de cuyo cum-plimiento fiel de ese deber, su propio interés puede desviarlo. En este antagonismo de intereses es que la ley interviene sa-biamente. Esta intervención tiene lugar no porque pueda ocu-rrir en algunos casos que de la interpretación de esa obligación puedan resultar perjudicados los propios intereses de la persona encargada de cumplirla sino por la probabilidad en mu-dios casos y el peligro que hay en todos, de que los dictados del interés propio puedan ejercer nna influencia predominante anulando al que está envuelto en la obligación. La ley por consiguiente prohíbe a nna parte que compre o adquiera a su nombre aquello que según su deber o la confianza que en él se deposita le obliga a vender por cuenta de otro, y le pro-híbe que compre a nombre de otro aquello que vende por su propia cuenta. Por consiguiente no se le permite que ejerza las dos funciones de comprador y vendedor que son opuestas, porque su interés cuando es el vendedor o comprador por su propia cuenta, está directamente en conflicto o en pugna con aquel de la persona a cuyo nombre compra o vende.
“Y no establece diferencia alguna en la aplicación de esta regla, el hecho de que la venta haya tenido lugar en pública subasta, bona fide, y se haya vendido mediante el pago de un precio razonable, no habiendo el albacea comprado para sí, sino que por convenio previo con dicho albacea, resultó ser el comprador una tercera persona a quien se le confió la propie-dad para el exclusivo uso y beneficio de la esposa del albacea, que era uno de los fideicomisarios, (cestuis que trust), y que por tanto tenía intereses en la propiedad según el testamento otorgado por el testador. En tal caso no hay que investigar si existió o nó fraude en realidad. La compra es nula y se anulará a solicitud del fideicomisario, y se ordenará su re-troventa por el fundamento de existir una tentación de come-ter un abuso así como por el peligro de que pueda ocurrir algún engaño o fraude que esté fuera del alcance de la corte.'” En el caso de Hoyt v. Latham, 143 U. S., 553, la corte no obstante, permitió que un contrato que adolecía de un defecto parecido al del contrato a que este pleito se- refiere fuera confirmado, aprobando y explicando el caso de Michoud v. Girod citado anteriormente. Las autoridades americanas sostienen el principio de la posibilidad de que un contrato como el otorgado por Iglesias y Ledesma puede ser confirmado. Hammond v. Hopkins, 143 U. S., 224; Scottish-American Mortgage Company v. Clowney, 49 S. E., 569; U. S. Ewell v. Daggs, 108 U. S., 143; Obert v. Obert, 12 N. J. Eq., 423; Porter v. Woodruff, 36 N. J. Eq., 174; Masch v. Whitmore, 21 Wall., 178; Bell v. McConnell, 41 Am. Rep., 528; Pridgen v. Adkins, 25 Tex., 388.

El principio de ley existe independientemente de la morali-dad en la determinada transacción y la prohibición contenida en el artículo 1362 no está comprendida por razón de su na-turaleza esencial en una clase distinta de las demás reglas de ley a que hemos hecho referencia.

Los apelados confían grandemente en la opinión de Man-resa y Martínez Ruiz. Pero aparece que cada uno de estos comentaristas se funda en una opinión del Tribunal Supremo de España que no sostiene su criterio. En ese caso se pre-sentó la demanda ante el Juzgado de Palset en 19 de mayo de 1890, con la solicitud de que sedeclarase nula y de ningún valor ni efecto la escritura de 30 de agosto de 1852 otorgada •por Don Juan Sabaté y Bargalló, y por la que éste, para el ■■caso de morir sin dejar hijos legítimos y naturales, retro-donaba a favor de su padre, Don, Juan Sabaté y March, y de sus sucesores, ciertos bienes que de él había recibido. Dic-tada sentencia en apelación por la Audiencia de Barcelona ab-solviendo de la demanda al demandado, se interpuso recurso de casación que se, fundó en que la fecha de prescripción de la acción de nulidad no debía contarse desde el 30 dé agosto de 1852 en que la escritura se otorgó, sino desde la fecha de la muerte de Sabaté Bargalló ocurrida en 15 de diciembre de 1882, toda vez que había sido otorgada la retrodonación para él caso de fallecer sin dejar hijos legítimos y naturales, y porque de acuerdo con el usatge Omnes causae del Recogno-verunt proceres, el tiempo fijado para la prescripción de todas las acciones y causas de cualquiera naturaleza es el de 30 años, que no había transcurrido a contar desde el falleci-miento de Sabaté Bargalló. Pero el Tribunal Supremo de España por su sentencia de 11 de abril de 1894, partiendo de la base de que la escritura era nula por haberlo así re-suelto la sala sentenciadora, sin que las partes hubieran acu-dido contra dicha calificación, declaró sin lngar el recurso fun-dándose en “que todo contrato otorgado contra precepto expreso de una ley prohibitiva engendra la acción necesaria para restablecer la virtualidad de la prohibición, infringida acción que teniendo este origen y alcances, no puede menos de ser eficaz desde el momento mismo de la celebración del referido contrato, en cuyo concepto es claro que pudo ejerci-tarse dicha acción de nulidad contra el donatario Don Juan Sabaté y March, a partir del día en que se otorgó la escritura antes mencionada, y lo es también que por no haberlo hecho hasta 1890 en que produjeron la demanda los causahabientes por título universal del retrodonante, han transcurrido con exceso los 30 años que para prescribir toda clase de acciones tiene señalado el usatge Omnes causae, título 2°., libro 7o. volúmenes Io. de las Constituciones de Cataluña, capítulo 44 del Recognovenmt procerespor lo que la “sentencia recu-rrida se ajusta a la mencionada constitución y no ha podido infringir las doctrinas que juntamente con aquélla se invocan por el recurrente.”

Se verá por tanto qu.e el verdadero fundamento de la sen-tencia del Tribunal Supremo de España fué que la acción había prescrito. Además la cuestión de si era o nó anulable (vel non) no fué planteada.

Manresa en el tomo 10, página 102, llega a afirmar que el acto prohibido por el artículo 1362 es de tal modo nulo, que aun cuando el principal lo apruebe, sus herederos pueden aún anularlo o hacer caso, omiso del mismo. Creemos que el gran jurisconsulto no tuvo en cuenta algunos de los otros princi-pios de la ley Civil Española, según los cuales nadie puede ir en contra de sus propios actos ni enriquecerse en perjuicio de otro, o el principio de estoppel.

El artículo 1794 dispone lo siguiente:

“Aunque no hubjese ratificado expresamente la gestión ajena, e] dueño de bienes o negocios que aproveche las ventajas de la misma será responsable de las obligaciones' contraídas en su interés, e indem-nizará al gestor los gastos necesarios y útiles que hubiese hecho y los perjuicios que hubiese suMdo en el desémpeño de su cargo.
“La misma obligación le incumbirá cuando la gestión hubiera te-nido por objeto evitar algún perjuicio inminente y manifiesto, aun-que de ella no resultare provecho alguno.”

La analogía es clara. .Si..el principal o mandante puede beneficiarse de los actos de cualquiera que le ofrezca sus ser-vicios, puede ciertamente aprovecharse de los actos de un man-datario y ratificar actos sin autoridad pero que sean venta-josos para el principal.

. Alguna importancia se fia dado al fiecfio de fiaber compare-cido solamente una persona ante el notario. En lo sucesivo-tales casos pueden ocurrir con más frecuencia, como cuando-una corporación vende a otra y las mismas personas son los. funcionarios que están al frente de cada una de las corpora-ciones.

No es necesario que se discuta la cuestión relativa a la. prescripción con gran extensión. Si el acto de Iglesias pudo-ser confirmado, como así lo creemos, ninguna causa de ac-ción surgió para Ledesma o sus herederos.

Otro aspecto general de la cuestión se presenta con arreglo-a los artículos 411 y 413 del Código Civil. El último de: estos artículos dispone que las reglas concernientes a la divi-sión de la herencia serán aplicables a la división entre los. partícipes, y él artículo 1362 exceptúa expresamente de sus disposiciones las acciones entre coherederos. De todos modos,, el hecho de haber sido comprada la propiedad originalmente por la Señora de Iglesias y de poseerla én comunidad con Le-desma, es otro motivo que está en favor de que fúé posible la ratificación. La ley favórece las ventas realizadas entre con-dueños. ' ' . . . ■

Debe revocarse la sentencia. ' '

• • ■ Revocada,.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey. ...

Juez disidente: Sr. MacLeary.


text:
    Corominas et al., Peticionarios, v. Alfaro, Juez Municipal, Demandado.
    Solicitud- para que se expida mandamiento de certiorari al - Juez Municipal de Coamo.
    No. 102.
    Resuelto en mayo 27, 1913.
    Certiorari Contra Una Corte Municipal — Consideración por la Corte Su-prema. — Para que esta corte considere originalmente una solicitud de certiorari contra una corte municipal, es indispensable que el peticionario alegue las razones para ello, de acuerdo con el artículo 69 del reglamento de este tribunal.
    Abogado de los peticionarios :• Sr. Manuel A. Rivera.

   .'RESOLUCIÓN.

Solicitándose el auto de certiorari contra una corte municipal y no cumpliendo los peticionarios con lo dispuesto en la regla 69 de las de esta corte, respecto a expresar las razo-nes que bagan indispensable que la solicitud sea considerada originalmente por este tribunal, no ba lugar a resolver.

No ha lugar a resolver la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó, parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Martínez, Apelado, v. Padilla, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagñez.
    No. 918.
    Resuelto en mayo 27, 1913.
    Costas — Materia Litigiosa — Honorarios de Abogados. — De acuerdo con el artí-culo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por ley de marzo 12, 1908, la imposición de una condena de pagar honorarios de abogados como costas, depende de que la cantidad reclamada en la demanda exceda de $500 y no de la determinada por la sentencia, a' cuyo importe se refieren las pala-bras materia litigiosa empleadas en dicho estatuto.
    Id. — Culpabilidad—Mala Ee — Temeridad.—La palabra culpabilidad, usada en el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por ley de marzo 12, 1908, es sinónima de temeridad o mala fe a los efeetos de la imposición de costas, y en tal sentido una persona es culpable, temeraria o de mala fe en un litigio, cuando no existe algo que justifique su acción o sus defensas.
    Id. — Culpabilidad—Demanda Injusta. — No puede reputarse temerario, ni ser condenado en costas el demandado, cuando fuere denegada alguna parte de la demanda, ni cuando su oposición a ella se estima justa, siquiera sea tan solo en parte. ¡

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José de Diego.

    Abogado del apelado: Sr. Leopoldo Feliú.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La. demanda origen de este recurso tiene por objeto re-clamar del demandado daños y perjuicios cuyo importe apre-ció el demandante en la cantidad de $5,070, cuantía impug-nada por el demandado como excesiva y además como no de-bida, por lo que interesó que se le absolviera de la demanda.

Celebrado el juicio correspondiente ante la Corte de Dis-trito de Mayagñez, dictó ésta su sentencia por la que con-denó al . demandado a pagar al demandante la cantidad de 300 pesos, las costas, desembolsos y los honorarios de abo-gado.

Interpuesto recurso de apelación por el demandado contra ese fallo, el único motivo de error alegado contra él es el de infringir el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fné enmendado por nna ley aprobada en 12 de marzo de 1908.

Tal como ha sido planteado el recurso, el apelante acepta la condena, en cnanto al montante de la cantidad debida como indemnización, pero estima ilegal la otra condena de pagar honorarios de abogado qne contiene el fallo, por lo qne a esta última parte limitaremos nuestra consideración.

El precepto que se cita como infringido dice así:

"Artículo 327. Las partes en acciones o procedimientos tendrán derecho a las costas y desembolsos que en ellos se les hayan irrogado, con sujeción a las reglas que más adelante se establecen. En todos los casos en que en un pleito o procedimiento se concedan las costas .a nna parte, si la materia litigiosa excede de quinientos dollars, tendrá ésta el derecho de que se le abone por la parte condenada el importe de los honorarios qne haya devengado el abogado de la primera por sus servicios. Disponiéndose, que nada de lo contenido en esta sec-ción podrá entenderse en el sentido de permitir que los honorarios de abogados se incluyan en las costas impuestas contra un demandado que no hubiere comparecido en el pleito o procedimiento, y disponién-dose además que los honorarios y costas serán concedidos disereeional-mente por el juez que entienda en el pleito o procedimiento teniendo en cuenta el grado de culpabilidad si la hubiere, de la parte conde-nada por la sentencia. ’ ’ - *

Según el-artículo transcrito, cuando la materia litigiosa excede de quinientos pesos, la corte sentenciadora' puede con-denar a la parte contra quien dicte sentencia a que pague a sn contrario los honorarios de abogado.

El apelante sostiene qne la materia litigiosa a qne se refiere la ley a los efectos de poder imponer el pago de hono-rarios de abogado es la cantidad determinada por la senten-cia como debida y no la reclamada en la demanda.

Las palabras materia litigiosa (subject matter) usadas por la ley, siempre han significado la cuantía de la reclamación, la controversia planteada por la demanda. Según Bonvierls Law Dictionary, vol. 2, pág. 1052, significan la cansa, el objeto, la cosa en disputa. Igual definición encontramos en 27 Cyc., 342, aunque con la adición de qne también es, la materia ,o cuestión propuesta como base de discusión en alguna afirma-ción o controversia. En 7 Words and Phrases Judicially Defined, p. 6711, se dice que son el derecho que una parte reclama contra otra y por el cual pide fallo a la corte y que son sinóni-mos de causa de acción. En English Law Dict., 752, se de-finen como el fundamendo de una acción. Así pues materia litigiosa o cuantía en litigio (subject matter) significan siem-pre la cuestión en controversia, o sea la que se somete a discusión y resolución por una demanda.

' Por consiguiente, de acuerdo con nuestro estatuto, la im-posición de una condena de pagar honorarios de abogado depende de que la. cantidad reclamada en la demanda exceda de quinientos pesos y no de la determinada por la sentencia. Es cierto que en' algunos Estados de la Unión las costas y los honorarios dépenden de la cantidad determinada por la sen-tencia y no de la reclamada en la demanda, pero en esos Estados claramente lo han dicho así sus estatutos. Así vemos, por ejemplo, que la sección 1025 del. Código de Procedimientos de California dice "que no se concederán costas en acción en que se reclame dinero o daños cuando el demandante recobre menos de trescientos pesos.” En otras jurisdicciones, como en Indiana, cuando .el demandante recobra menos de cincuenta pesos no tiene derecho a costas y debe pagar las del deman-dado ; en New Jersey, si no recobra más de doscientos pesos en acciones comenzadas ante la Corte Suprema, no tiene derecho a costas.; y en Oregon, también depende de lo que se recobre por la, sentencia. 11 Cyc., 41. En tales Estados, no esila cuantía litigiosa sino la cantidad determinada por la sentencia la que da derecho a las costas y con razón puede decirse en ellos, que mientras el montante reclamado en la demanda determina la jurisdicción, el recobrado por la sen-tencia sirve' de base para el derecho a las costas. No sucede así en nuestro estatuto.

El otro requisito que exige la ley para que pueda-conde-narse a pagar costas y honorarios de abogado es que, a juicio discrecional de la corte, Raya habido culpabilidad en la parte condenada por la sentencia.

La culpabilidad a que se refiere la ley equivale a la temeri-dad o mala fe que exigían nuestras leyes anteriores para la imposición de costas. Todas ellas son sinónimas y, como ellas mismas expresan, significan la falta de razón en el de-mandante para establecer y sostener su acción y en el deman-dado para sus defensas. Así pues, en tal sentido una persona es culpable, temeraria o de mala fe en un litigio, cuando no existe algo que justifique su acción o sus defensas. En conse-cuencia, según la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, no puede reputarse temerario, ni ser con-denado en costas el demandado, cuando fuere denegada alguna parte de la demanda, ni cuando su oposición a ella se estima justa, siquiera sea tan sólo en parte. Sentencias de 14 de marzo y 4 de mayo de 1893.

Bajo tales antecedentes ia cuestión en este caso es si hubo culpabilidad, temeridad o mala fe en el demandado, que es el condenado por la sentencia, al defenderse de la demanda contra él establecida.

El demandante reclamó 5,070 pesos por daños recibidos a consecuencia de lesiones que voluntariamente le' infirió el demandado. Entre las partidas que formaban ese total, exis-tía la de 3,000 pesos por tres meses que estuvo impedido de atender a su finca. El demandado había alegado que la canti-dad total reclamada era excesiva, que los daños y perjuicios ño importarían más de quince o veinte pesos; que había obrado en defensa propia y negó, entre otras cosas, que pasara el de-mandante tres meses sin poder atender a su finca. La sen-tencia de la corte dió la razón al demandado en estos extremos al declarar que sólo un mes estuvo impedido el demandante de atender a su finca, que no probó la pérdida de la cosecha de ella y que la cantidad debida no era sino de trescientos pesos.

Atendidas, pues, todas las circunstancias de este caso, no podemos decir que hubo temeridad o culpabilidad al defen-derse de la reclamación que se le hizo y, por tanto, la corte inferior infringió la ley al declarar qne hubo culpabilidad en su defensa. Tan no la bubo, que si no se hubiera defendido, sin celebración de juicio, hubiera sido condenado a pagar los. 5,070 pesos reclamados, en cuya cantidad figuraban tres mil por abandono de la finca durante tres meses, con pérdida de la cosecha, lo que, como hemos visto, no era exacto.

Por estas razones la sentencia apelada debe ser revocada, en el extremo que condena al apelante a pagar honorarios de-abogado.

Revocada la sentencia en cuanto al pronunciamiento sobre pago de honorarios y confirmada en lo demás.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y. Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Pbesidente Sb. ILeenández,

text:
    Puente, Apelante, v. El Pueblo et al., Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce. -
    No. 897.
    Resuelto en mayo 27, 1913.

      Confirmada la sentencia apelada por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 898, Sucesión Puente v. El Pueblo et al., de mayo 33, 1913, {pág. 557.)

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José Tons Soto y López de Tord y Canales.

    Abogado de los apelados: Sr. Wolcott H. Pitkin, Jr., Attorney General.

   El Juez Pbesidente Sb. ILeenández,

emitió la opinión del tribunal.

En 13 de mayo del año 1912 Maximino Puente y Compostizo presentó demanda ante la Corte de Distrito de Ponce contra El Pueblo y el Tesorero de Puerto Rico, sobre devolución de impuesto de herencia indebidamente cobrado, alegando en sustancia como hechos fundamentales de su acción, los siguien-tes :

Primero. Que el demandante es único y universal heredero de Juliana Puente y Compostizo, la que a su vez formó parte de la Sucesión de Lázaro Puente y Compostizo, en cuya heren-cia le correspondió en concepto de hermana del finado, una quinta parte del total de la misma.

Segundo. Que Lázaro Puente y Compostizo falleció en Ponce el 23 de febrero de 1908 y poco tiempo después de su fallecimiento ciertos individuos de apellido Amsterdam ini-ciaron un pleito alegando que eran hijos naturales recono-cidos de Puente y pidiendo que la corte así lo declarara y les reconociera además el derecho a la herencia de su padre natural, cuyo pleito terminó por transacción celebrada el 27 de febrero de 1912, habiendo los Amsterdam renunciado los derechos que pudieran tener a la herencia de Puente y reco-nocido a los hermanos y sobrinos del mismo como sus únicos herederos.

Tercero. Que dentro del término legal Eamón Valdecilla, administrador judicial de los bienes relictos por Puente hizo la declaración de los que estaban en su poder al Tesorero de Puerto Eico, de conformidad con lo estatuido en la ley sobre contribuciones por herencias.

Cuarto. Que no se pudo liquidar la contribución que debía satisfacer la herencia de Puente por aparecer con distintos grados de parentesco las personas que la reclamaban y que tan pronto como las reclamaciones terminaron el administra-dor judicial gestionó su liquidación con el Tesorero a fin de satisfacer su importe.

Quinto. Que a virtud de las gestiones del administrador el Tesorero de Puerto Rico con fecha 15 de marzo de 1912 remitió para su cobro un estado o relación de las contribu-ciones (bill No. 1285) en el cual aparecen justipreciados los bienes de la herencia en $118,939.49 y fijada la cantidad de $5,201.37 como contribución, con más $1,603.76 por intereses.

Sexto. Que posteriormente el Tesorero de Puerto Rico re-mitió también para sn cobro otro estado (bill No. 1296) en el cual, tomando por base la distribución becba en el bill nú-mero 1285, reclamaba al demandante por contribución de he-rencia sobre los bienes de Juliana Puente y Compóstizo de que aquél era heredero, la suma de $1,361.02 que fúé pagada bajo protesta por el administrador, siendo la verdadera suma adeudada de $69.

Séptimo. Que la diferencia existente entre la suma de $1,361.02 pagada bajo protesta y la de $69 que legalmente se debía procede de cobrarse $320.75 como intereses de recargo que no se debían por haberse hecho efectivas las contribu-ciones tan pronto como fueron exigibles y de que al hacer el cálculo de los bienes de Juliana Puente se incluyeron en la-valor ación practicada no sólo los bienes inmuebles sino los muebles, no obstante estar éstos exentos por la ley de’ la con-tribución de herencias por no haber residido ni permanente ni temporalmente en Puerto Rico la Juliana Puente.

Octavo. Que los únicos bienes inmuebles que dejó al morir Lázaro Puente y Compostizo, tenían según la tasación oficial un valor de $11,500 de los cuales sólo la quinta parte corres-pondió a Doña Juliana o sea la suma de $2,300 y siendo ello así sólo ha podido cobrarse a la demandante por impuesto de herencia el 3 por ciento de la cantidad expresada, o sean $69, habiéndosele cobrado en su consecuencia, en'exceso de la verdadera contribución adeudada la suma de $1,292.02.

En virtud de los hechos expuestos el demandante..termina suplicando que se condene a los demandados a devolverle la suma de $1,292.02 de que se deja hecho mérito y a pagar los intereses de esa suma y las costas incluyendo honorarios de abogados.

Los demandados contestaron la demanda én 3' de junio siguiente y al hacerlo alegaron como primera defensa, que aquélla no contiene hechos suficientes para determinar nna cansa de acción siendo además ambigua, ininteligible y du-dosa y como segunda defensa, que las causas de acción estable-cidas en dicha demanda están en abierta oposición con las disposiciones del artículo 374 del Código Político de Puerto Eico.

Oídas y discutidas las excepciones previas alegadas, la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia en 5 de agosto del año próximo pasado por la que declaró con lugar la excep-ción previa general alegada como primera defensa en la con-testación y en su consecuencia desestimó la demanda con las costas al demandante, por aparecer de la demanda que la ac-ción en ella ejercitada no es la apelación que en favor de los contribuyentes por concepto de herencia otorga el artículo 374 del Código Político, según la opinión emitida en el caso nú-mero 2692 de la Sucesión de Lázaro Puente y Compostizo contra El Pueblo de Puerto Eico y el Tesorero.

Esa sentencia está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso de apelación contra ella interpuesto por la representación de la parte demandante, la que como único fundamento del recurso alega que la corte erró al desestimar la demanda, por que la ley número 35 de 1911 provee un reme-dio aplicable al cobro o tentativa de cobro de todas las con-tribuciones o rentas incluso las de herencia; mientras que los apelados sostienen que la referida ley no es aplicable a contribuciones sobre herencia y que no habiendo cumplido los apelantes con los términos del artículo 374 del Código Político, por su propia negligencia carecen hoy de remedio alguno.

Al considerar el caso de Sucesión Puente v. El Pueblo et al., decidido en 23 de los corrientes, (página 557), hemos examinado el Código Político de Puerto Rico aprobado en Io. de marzo de 1902 en su título 9o. bajo el epígrafe “Rentas,” que contiene tres capítulos' bajo los epígrafes respec-tivamente de “Tasación de la Propiedad,” “Arbitrio,” y “Contribución sobre Herencias,” teniendo en cuenta las en-miendas hechas por leyes posteriores a secciones de dicho tí-tulo. Entonces estudiamos detenidamente el artículo 374 que figura en el tercer capítulo que trata de ‘ ‘ Contribución sobre Herencias” en relación con la Ley No. 35 aprobada en el año de 1911, habiendo llegado a la conclusión de que ésa ley no ha derogado expresa ni tácita o implícitamente aquel artículo, el cual por tanto es de aplicación al presente caso.

Reproducimos los fundamentos legales consignados en la opinión que sirvió de base a la decisión del otro caso de que dejamos hecho mérito.

Como el demandante no ha ejercitado el recurso de ape-lación que le otorga el artículo 374 no derogado del Código Político, para obtener la reparación del agravio o agravios que alega haber sufrido con motivo de la valuación y cómputo de la contribución por herencia de Juliana Puente y Compostizo, sino que ha ejercitado una acción que no es la apropiada al caso, es de confirmarse la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en 5 de agosto del año próximo pasado.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.