author: El Juez Asociado Señob Aldbey,

text:
    Leopoldo Monclova Martínez, demandante y apelante, v. José María Blanco, demandado y apelado.
    No. 4210.

    Sometido: Diciembre 6, 1928.

      Resuelto: Diciembre 16, 1929.

      Luis Freyre Barí)osa, abogado del apelante; Acuña & Janer, aboga-dos del apelado.
   El Juez Asociado Señob Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Leopoldo Monclova, dneño de la casa de nna planta mar-cada con el número 21 en la calle de San Sebastián, de esta ciudad, demandó a José María Blanco, dueño de la casa con-tigua por el este, número 19, también de una planta hasta hace poco, alegando que entre ambas existe una pared me-dianera y qne el demandado ba levantado nn piso en su casa y sin el consentimiento del demandante lia construido otra pared sobre la medianería, no en la parte que a él le corres-pondía sino en el centro de la medianería, hacia el límite de la parte de medianería que corresponde al demandante, que-dando en forma tal que los contrafuertes o columnas de la casa del demandado invaden cielo y centro de la casa del de-mandante, sobresaliendo del paramento este del demandante, y colocando un tubo de ventilación que fué sacado por el lí-mite de la pared que da a la casa del demandante, de tal ma-niera que si tratase el demandante de poner otro piso a su casa dicho tubo quedaría en el interior de la pared que haga ■en dicho sitio. Por estas alegaciones solicitó que se ordene al demandado que proceda a la demolición de la pared que ha levantado sobre la parte de la medianería que corresponde al demandante y que retire el tubo de ventilación mencionado.

Contestó el demandado, se celebró el juicio y dictada sen-tencia declarando sin lugar la demanda se interpuso este re-curso de apelación en el que como primer motivo para sos-tenerlo se alega que la corte inferior cometió error en la apreciación de la prueba.

Como se ve por las alegaciones de la demanda su teoría es que una mitad de la pared medianera es propiedad del demandante y la otra mitad del demandado; que éste no construyó la nueva pared ‘ ‘ en la parte que a él correspondía, sino que la levantó del centro de la medianería hacia el límite de la parte de medianería que corresponde a este demandante”. En otras palabras, que construyó sobre la mi-tad correspondiente al demandante contigua a su casa, y que las columnas y el tubo de ventilación sobresalen del límite de la pared medianera por la parte del demandante e invaden cielo y centro de su casa.

Los peritos de las partes están acordes en que el muro medianero entre esas dos casas tiene 45 centímetros de es-pesor pero discreparon en cuanto a si la pared construida sobre él rebasa o no la línea del paramento del muro media-nero en la parte que está del lado de Monclova, pues mien-tras el perito del demandante manifestó en su declaración que los cinco o seis estribos o columnas de la pared nueva sobresalen uno o dos centímetros por la parte de Monclova de los cuarenta y cinco que tiene la medianería y que tam-bién sobresale de ese paramento un tubo de ventilación que está adosado a la pared nueva, no a las columnas, el perito del demandado, que fué el ingeniero que construyó el nuevo piso para la casa de Blanco, declaró por el contrario que la cara interior de la pared nueva está a doce centímetros del paramento del muro medianero contiguo a Blanco quedando así un retallo o proyección sin construir de doce centímetros y que la pared nueva tiene diez centímetros de’ grueso por lo que su fachada externa se baila a veintitrés centímetros del paramento del muro medianero por la parte que da a Monclova y que como la mitad de cuarenta y cinco son vein-tidós y medio, resulta construida a menos de la mitad del eje de la pared medianera. También declaró que para ga-rantizar la estabilidad de la pared nueva le puso varias co-lumnas o estribos que sobresalen de dicha pared nueva siete centímetros por la parte de Monclova por lo que desde las columnas al paramento de Monclova quedan sin fabricar en los sitios de las columnas diez y seis centímetros del muro medianero; y que el tubo de ventilación adosado a la pared nueva tiene catorce centímetros de ancho, que sumados al grueso de la pared nueva y al retallo hacen treinta y seis centímetros por lo que en ese lugar quedan nueve centí-metros libres de construcción por el lado de Monclova y por tanto ni las columnas ni el tubo sobrepasan el límite del muro medianero por la parte de la casa de Monclova. El juez del tribunal inferior hizo una inspección ocular que de-muestra ser exacto lo que dijo el perito del demandado, pues encontró que la pared nueva tiene diez centímetros de grueso habiendo sido empezada su construcción a doce centímetros del paramento por la parte de la casa de Blanco; que la parte más saliente de la pared nueva (que entendemos es la de las columnas) rebasa en seis centímetros la línea del eje de la pared medianera y que el tubo se destaca catorce cen-tímetros de la pared construida por Blanco.

En vista de la prueba expuesta no podemos declarar que la corte inferior cometiera el error que se le atribuye al es-timar probado por su sentencia que el demandado construyó a sus expensas la nueva pared quedando entre ella y el pa-ramento de la pared medianera por el lado de Monclova veintitrés centímetros sin construir, diez y seis centímetros desde las columnas a dicho paramento y nueve desde el tubo de ventilación. Así pues no fué probada la alegación de la demanda respecto a que las columnas y el tubo de ventila-ción sobresalgan del límite de la pared medianera ocupando cielo y centro de la casa del demandante.

El segundo motivo del recurso es por no haber sido aplicado a este caso el artículo 586 del Código Civil.

Antes de considerar la aplicación del artículo citado por el apelante es necesario hacer un estudio del concepto'jurí-dico de la medianería.

No hay controversia alguna en este caso en cuanto a que es medianera la pared que separa las casas de los litigantes, sin que se diga por qué lo es, por lo que podemos considerar los derechos que en ella tienen los dueños de los predios co-lindantes.

La pared medianera no ha sido ni puede ser considerada nunca como propiedad dividida y determinada de cada uno de los colindantes de modo que cada uno de ellos puede atri-buirse la propiedad y dominio exclusivo de la mitad conti-gua a su finca. Por el contrario, la pared medianera ha sido considerada siempre como propiedad común, como una co-munidad de bienes de naturaleza indivisible en la que cada condueño adquiere el dominio en todas y en cada una de sus partes en la proporción de sus respectivas participaciones, y así lo lia declarado el Tribunal Supremo de España en su sentencia de 16 de marzo de 1888 en la que dijo: “La pared, medianera divisoria de dos fincas urbanas es del dominio co-mún de los propietarios colindantes, cada uno de los cuales-tiene, por consiguiente, el derecho de que sirva de cerra-miento a la finca en toda la altura que le convenga darle,, mientras lo permitan las ordenanzas municipales.” El Sr. Manresa en el tomo 4, pág. 738, de sus Comentarios al Código-Civil Español, estudiando los derechos que surgen de una medianería dice lo siguiente: “La medianería, ¿es una ser-vidumbref — En rigor, la medianería es una comunidad de-bienes,. una copropiedad, pero de carácter especial. Laurent la define: ‘la copropiedad, por proporciones indivisas, de un muro, de un foso o de un seto, que sirve de separación y de-limite a dos heredades contiguas . . .; la medianería cons-tituye una comunidad con indivisión forzosa.’ La comuni-dad del muro, en efecto, no se entiende en el sentido de que-pertenezca por mitad a cada uno de los copropietarios con-tiguos, de suerte que la línea media que lo divida en su an-cho señale el límite de las dos propiedades. El muro común es el que, proindiviso en toda su extensión y espesor, perte-nece igualmente a dos propietarios contiguos. Si no fuera, más que esto, la medianería no pasaría de ser copropiedad; pero en la copropiedad indivisa de una cosa, ninguno de loS' copropietarios puede hacer nada en la misma en su exclu-sivo interés, pues si de tal manera obrase, invadiría la esfera del derecho de los otros, y en la medianería no hay tal limi-tación de la actividad jurídica de los copropietarios. Cuando-la ley concede a los copropietarios de un muro común el de-recho de hacer en él alguna obra en interés exclusivo de-quien la hace, y no en el de los demás copropietarios, seme-jante concesión no puede hacerse a mero título de copropie-dad, sino y al propio tiempo en virtud de un derecho de ser-vidumbre. Para explicarse jurídicamente el aspecto por el cual la medianería tiene algo de servidumbre — gravamen en- cosa ajena en beneficio de un fundo — nada mejor que anali-zar concretamente la relación que supone. El muro media-nero no es mió por entero, es de otro y mío — copropiedad;— pero ni el uno ni el otro podemos servirnos de él, para cier-tos usos sobre todo, sino de un modo completo; todo el muro en su integridad física sirve a los usos de los copropietarios —copropiedad indivisa — ; abora bien: La indivisión del muro y el uso de todo él por cada propietario, determinan el beneficio de quien lo usa, beneficio que se traduce en un gravamen que carga al otro propietario del muro; bay ciertos usos constantes en que esta relación no parece tan clara-; pero bay otros que, por su carácter determinado y específico, entrañan sepiejante relación perfectamente definida, ofre-ciendo bien a las claras motivos que justifican el proceder del legislador español. ’ ’

No es requisito esencial para la existencia de una pared medianera que baya sido construida en terrenos de ambos dueños colindantes, pues puede baber sido levantada en la propiedad de uno solo de ellos y, sin embargo, adquirirse por el dueño de la otra finca los derechos de medianería. Solamente cuando cada dueño construye su pared adosada a la pared del vecino es que cada una de esas paredes pertenece a quien la fabricó, y no existe medianería. El concepto jurídico de la medianería no fué conocido de los romanos por la manera que tenían de construir sus casas aisladas unas de las otras y vino al Código Civil español y al nuestro como consecuencia de ordenanzas municipales que lo regularon al ser construidas las casas contiguamente; y de acuerdo con tal concepto jurídico de la medianería el muro medianero que cierra dos propiedades contiguas es de ambos condueños indivisamente, y por eso el artículo 582 del Código Civil dis-pone que las reparaciones de las paredes medianeras se costearán por todos los condueños. Así, pues, es equivocada la teoría en que se basó la demanda respecto a que cada uno de los propietarios de las casas es dueño de la mitad de la pared medianera contigua a su fundo y que el otro no puede levantar pared alguna en la otra mitad, pues lo contrario dispone el artículo 584 del mismo cuerpo legal al autorizar que todo propietario puede alzar la pared medianera, ha-ciéndolo a sus expensas e indemnizando los perjuicios que se ocasionen con la obra, aunque sean temporales; y al de-clarar el artículo 585 que los demás propietarios que no ha-yan contribuido a dar más elevación a la pared, podrán, sin embargo, adquirir en ella los derechos de medianería pa-gando proporcionalmente el importe de la obra; precepto que holgaría si uno de los condueños no pudiera alzar toda la pared medianera sino una mitad de su espesor; tanto más cuanto que la ley dice que todo propietario podrá alzar la pared medianera, sin limitar ese derecho a la mitad de la pared contigua a él, por lo que puede levantarla en todo su espesor si le conviniere. Así se deduce de la sentencia del Tribunal Supremo de España de 16 de marzo de 1888, Juris-prudencia Civil, tomo 63, pág. 428, en un caso en que uno de los condueños de una pared medianera la derribó y la cons-truyó de nuevo pero dándole más elevación de la que antes tenía; y habiéndose ordenado que derribase la pared en la parte que excedía de la anterior medianera dicho tribunal anuló la sentencia que tal cosa dispuso, declarando que la pared medianera es del dominio común de los propietarios colindantes y que mientras no exista servidumbre establecida en favor del predio colindante puede ser elevada dicha pared.

Consecuencia de lo dicho es que cuando uno de los propietarios eleva la pared la comunidad persiste como antes en cuanto a la parte en que aquélla era y sigue siendo medianera, y que la conservación de la pared en lo que se hubiese levantado es del que la haya hecho, no siendo común sino propiedad exclusiva del que la fabricó. Véase 4 Manresa 764. Por eso el artículo 585 dice que los propietarios que no hayan contribuido a dar más elevación a la pared podrán, sin embargo, adquirir en ella los derechos de medianería pagando proporcionalmente el importé de la obra.

El artículo que cita el apelante como dejado de aplicar en este caso dice así:

“Art. 586. — Cada propietario de una pared medianera podrá, usar de ella en proporción al derecho que tenga en la mancomunidad: podrá por lo tanto, edificar apoyando su obra en la pared medianera, introduciendo vigas basta la mitad de su espesor, pero sin impedir el uso común y respectivo de los demás medianeros.
“Para usar el medianero de este derecho ha de obtener previa-mente el consentimiento de los demá's interesados en la medianería; y si no lo obtuviere, se fijarán por peritos las condiciones necesarias para que la nueva obra no perjudique a los derechos de aquéllos. ’ ’

Este artículo se refiere a la manera de usar los copro-pietarios las paredes medianeras y al derecho de edificar apoyando su obra en dicha pared medianera, o sea, haciendo descansar en ellas tirantes, maderos o carreras en todo el grueso de aquéllas o introduciendo vigas en ellas, y no tiene aplicación al caso presente en que no se trata de apoyo en la medianería sino de alzamiento de pared nueva sobre el muro medianero, lo que permite el artículo 584, supra, a todo pro-pietario haciéndolo a sus expensas. Que esos dos artículos se refieren a' estado de hechos distintos lo ha resuelto, aun- ' que incidentalmente, el Tribunal Supremo de España en su sentencia de 12 de diciembre de 1908, Jurisprudencia Civil, tomo 112, pág. 938, pues habiendo sido levantada una pared sobre el muro medianero y habiéndose alegado la infracción de los artículos 577 y 579 del Código Civil español, que son iguales al 584 y 586 del nuestro, el último de los cuales re-quiere el consentimiento de los demás copropietarios en la medianería, lo que no exige el artículo 584, dijo lo siguiente: “La Sala sentenciadora para absolver de la demanda, en cuanto solicita el actor la demolición de la pared levantada sobre la medianería y la reconstitución de esta última, estima probado que la pared medianera puede resistir la mayor ele-vación que le ha dado D. Julio Cafranga, hecho que es per-fectamente contrario al supuesto. establecido por D. Pedro Cabal en el primer motivo de su recurso, para citar como infringidos los artículos 577 y 579 del Código civil, y porque aparte la diversidad de casos a que se refieren dichos dos ar-tículos, y de qne no se trata del segundo en el actual pleito* etc.” (itálicas nuestras.)

Cuanto llevamos dicho no se refiere al tubo de ventilación contiguo a la finca del demandante que el demandado colocó en la parte exterior de la nueva pared levantada sobre la medianera y cuyo tubo no puede subsistir allí porque el artículo 584 citado autoriza solamente a alzar la pared medianera y ese tubo ni es pared ni es parte integrante o necesaria de ella.

En vista de lo expuesto el demandante no debe ser con-denado en las costas de la parte contraria.

La sentencia apelada debe ser confirmada con la modifi-cación de que el tubo de ventilación expresado debe ser qui-tado del sitio en que está dentro del término de doá meses, y también con la de que cada parte pague sus costas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrby,

license: Public Domain

text:
    Benigno Díaz Pérez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 741.

    Sometido: Febrero 13, 1929.

      Resuelto: Diciembre 16, 1929.

      Antonio L. López y Andrés Mena, abogados del recurrente; el regis-trador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrby,

emitió la opinión del tribunal.

Resolvimos este recurso gubernativo el 18 de enero de este año confirmando la resolución recurrida del registrador en la parte en que lo fue, pero se nos pidió la reconsideración de nuestra resolución, entre otros motivos, porque tenía un error en el nombre del ejecutante. Esa equivocación existió y accedimos a la reconsideración, que ba estado sin decidir basta abora porque en ese tiempo se planteó una de las cues-tiones de este recurso en otro asunto al que luego haremos referencia.

Pedro Orcasitas Muñoz siguió juicio ejecutivo hipotecario contra Miguel A. Martín Noya y vendida en pública subasta la finca gravada fué adjudicada a Benigno Díaz Pérez, quien presentó su título para inscripción en el registro. El regis-trador se negó a inscribir ese documento porque la finca apa-rece inscrita a nombre de Juan Rodríguez Naranjo, persona distinta del demandado, que no ba sido parte en el procedi-miento ni ba sido requerida de pago. Contra esa negativa in-terpuso Benigno Díaz Pérez este recurso gubernativo.

Como al presentarse para inscripción el título del recu-rrente se bailaba inscrita en el registro la finca a nombre de Juan Rodríguez Naranjo, persona distinta del demandado, procedió correctamente el registrador al negar la inscripción, porque el artículo 20 de la Ley Hipotecaria dispone que para inscribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se baga la transmi-sión o gravamen; y ordena que en caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, los registradores denegarán la inscripción solicitada.

El otro particular referente a lo que debe hacerse cuando la finca hipotecada es vendida por el deudor a tercera persona mientras se substancia el juicio ejecutivo contra él, ba sido considerado y resuelto el día 11 de este mes y año en el caso de Arroyo v. Zavala (pág. 269), cuya doctrina es aplicable al presente, por no constar en este caso que la persona que com-pró en esas circunstancias fué requerida de pago.

La nota recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor. HuteMson está conforme con la resolución.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Villar & Co., Inc., demandante y apelada, v. Elof Hansson, demandado y apelante.
    No. 4773.

    Sometido: Mayo 23, 1929.

      Resuelto: Diciembre 16, 1929.

      Carlos J. Torres y Rafael Buscaglia, abogados del apelante; R. Cue-vas Zequevra, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Villar & Co., Inc., de esta Isla, estableció una demanda en la Corte de Distrito de San Juan contra Elof Hansson, co-merciante de Suecia, en reclamación de treinta mil dólares en concepto de daños y perjuicios por quebrantamiento de un contrato por virtud del cual el demandado se obligó a vender a la demandante dos mil toneladas de abonos a treinta y tres dólares la tonelada, debiendo los abonos contener 12 por ciento de amoníaco, 6 por ciento de ácido fosfórico y 5 por ciento de potasa y conteniendo sólo los entregados 6.80 por ciento de nitrógeno amoniacal, 4.36 por ciento de ácido fos-fórico y 5.36 por ciento de potasa, lo que los hacía ineficaces para el nso a que estaban destinados.

Presentada la demanda, la demandante pidió el asegura-miento de la sentencia que pudiera dictarse, de acuerdo con la. ley de 1902, enmendada por la No. 27 de 1906, sobre la ma-teria. Accedió la corte, mediante quince mil dólares de fianza. Prestada ésta, la demandante señaló al márshal como bienes-embargables y el márshal embargó como de la propiedad del demandado la “documentación de embarque (conocimientos,, giros, facturas, etc.), giro No. 1789 por la suma de seis mil quinientos setenta y ocho dólares con veintiún centavos, otro-giro por la suma de seis mil novecientos setenta dólares con treinta y cinco centavos, y otros giros que se encuentran en poder del Boyal Bank of Canada de esta ciudad; mil sacos-de abono, marca ‘San Miguel Brand’ llegados a esta ciudad, en el S. S. Vesta, estando dichos sacos marcados con la si-guiente inscripción: (abono marca San Miguel Brand, made-in Holland) que se encuentran depositados en la Aduana.’’

La copia de la orden de embargo remitida al Colector de-la Aduana de San Juan fuá devuelta por dicho funcionario-alegando que no podía cumplirla porque de acuerdo con la ley “all property taken or detained by any officer or other-person, under authority of any revenue law of the United. States, shall be irrepleviable and that all such property so-taken or detained shall be deemed to be in the custody of the law and subject only to the orders and decrees of the courts-of the United States having jurisdiction thereof.”

Con respecto al embargo de los documentos que se encon-traron en poder del banco no hubo objeción por parte de éste..

Así las cosas, el 25 de junio de 1928 compareció el de-mandado y presentó una moción solicitando la nulidad del. embargo practicado. El propio día compareció la deman-dante y solicitó que la Corte dictara una orden que compren-diera los siguientes extremos:

“1. — Que el Márshal de la Corte de Distrito proceda a entregar* al Colector de Aduanas de San Juan la documentación de embarque-relativa a las seiscientas toneladas de abono que fueron consignadas por Elof Hansson a 'Villar & Co., Inc., a los efectos de impedir que dicho Colector de Aduanas confisque la fianza prestada por Villar & Oo., Inc., ya que de otro modo resultaría ilusoria la sentencia que en el litigio pudiera dictar e'sta Corte y sin finalidad práctica ninguna la orden de embargo obtenida por la demandante mediante la presta-ción de una fianza.
“2. — -Que el Marshal de la Corte de Distrito, mediante la entrega al Colector de Aduana en San Juan de la documentación de embarque referente a los mil sacos de abono facturados por Elof Hansson a San Miguel Hermanos de Bayamón, P. R., se incaute de dicha mercadería.
“3. — Que por razón de la merma y deterioro a que están expues-tos los expresados mil sacos de abono, se proceda por el Márshal de la Corte de Distrito a su venta en pública subasta, consignándose el importe de tal venta en la Secretaría de esta Corte en espera de las resultancias del litigio.”

El demandado se opuso a la moción de la demandante, y la corte señaló la vista de ambas mociones para el día 13 de julio de 1928, en cuyo día ambas partes fueron oídas y se practicó prueba con la oposición de la demandante, constando del récord lo que sigue:

“Ddo. — Señor Juez, las partes en este caso estipulan lo siguiente: Que todos los abonos a que se refiere este litigio y especialmente las mociones de la parte demandante y demandada discutidas en el día de hoy, fueron retirados por Villar & Compañía, Inc., de la Aduana de Puerto Rico con anterioridad a la práctica del embargo mediante una fianza provisional para producir conocimiento de embarque; ex-ceptuándose los mil sacos de abono facturados a San Miguel Herma-nos, de que se habla en la moción de la parte demandante.
“Y con relación a dichos mil sacos de abono facturados a San Miguel Hermanos, las partes admiten que en la actualidad, como hecho físico, están en la Aduana.”

La Corte resolvió las cuestiones planteadas así:

‘ ‘ Considerada la moción del demandado Elof Hansson, de junio 25 de 1928, sobre nulidad de embargo, y la prueba practicada, la Corte la declara 'sin lugar, por entender que los conocimientos de embarque y facturas consulares, que son símbolos representativos de la propie-dad, son bienes que están en el comercio de los hombres y por tanto ■sujetos a embargo; y
‘‘Considerada además la moción de la demandante Yillar & Co., Inc., de 25 de junio de 1928, la Corte la declara con lugar en cuanto por ella se solicita, y así se ordena, que el marshal, mediante entrega de la documentación de embarque, referente a los mil sacos de abono facturados por Elof Hans'son a Sucessores de San Miguel Hermanos, de Bayamón, Puerto Rico, y que se encuentran en la Aduana de San Juan, se incaute de dicha mercadería y la retenga bajo su cus-todia.,- nombrando un depositario, hasta ulterior disposición de la Corte, y se declara sin lugar dicha moción en cuanto se pide la entrega al Colector de Aduana de la documentación de las seiscien-tas (600) tonelada^ de abono que fueron retiradas por Villar & Co., Inc., mientras el Marshal no se apodere de esa mercancía mediante entrega por la demandante.”

No conforme el demandado interpuso el presente recurso de apelación señalando en su alegato la comisión de tres errores, como sigue:

“La Corte erró al sostener que el embargo trabado sobre los cono-cimientos de embarque y facturas consulares por el marshal de la corte inferior, e's válido,
“La Corte erró al considerar válido el embargo trabado sobre los conocimientos de embarque o símbolos representativos de la propie-dad, relacionados con las 600 toneladas de abono de que había dis-puesto la demandante-apelada, porque en el momento de efecturse el mismo ya no representaban propiedad embargable.
“La Corte erró al ordenar al marshal que se incautara de 1,000 sacos de abono que están bajo la custodia del colector de aduana me-diante la entrega, de un conocimiento de embarque por él embargado ilegalmente. ’ ’

En su alegato la parte apelada impugna, agrupándolos, los tres errores señalados así:

“Los bienes embargados en este caso constituyen propiedad susceptible de embargo, por tener la categoría de ‘bienes’ de acuerdo con la definición del Código Civil. El Art. 324 de dicho cuerpo legal dice que la palabra bienes es aplicable en general a cualquiera cosa que pueda constituir riqueza o fortuna, haciendo relación dicho vocablo a la palabra cosas; que constituye uno de los objetos de la jurisprudencia.
“Las cosas incorporales, que consisten solamente en un derecho, se consideran también como bienes, muebles o inmuebles, a tenor del Art. 331 del Código Civil. Y de acuerdo con el Art. 341 tienen la consideración de cosas muebles, entre otras, los contratos sobre servi-cios públicos y las cédulas y títulos representativos de préstamos hi-potecarios; disponiéndose por el Art. 343 que todas las cosas corpo-rales o incorporales que no tengan el carácter de inmuebles por su naturaleza o por disposición de la ley, deben ser consideradas como-muebles.
“A la luz de tales preceptos, loh conocimientos de embarque y facturas consulares, que son símbolos representativos de la propie-dad, de igual modo que las cédulas y títulos hipotecarios, son bienes-muebles, que están en el comercio de los hombres, sujetos a ser em-bargados, ya que la ley sobre aseguramiento de ’sentencias, al deter-minar en el inciso ‘b’ de la Sección Segunda, que el aseguramiento-consistirá en el embargo de tienes tastccntes del deudor, no ha dis-tinguido, siendo de aplicación las disposiciones del Código Civil que-se refieren a la clasificación de bienes.
"El Art. 708 del Código de Comercio dice así:
“ ‘Los conocimientos al portador destinados al consignatario se-rán transferible's por la entrega material del documento; y en virtud de endosos los espedidos a la orden.
“ ‘En ambos casos, aquel a quien se transfiera el conocimiento ad-quirirá sobre las mercaderías expresadas en él todo's los derechos y acciones del cedente o endosante.’
“Además, de acuerdo con la jurisprudencia resulta claro que los-conocimientos de embarque constituyen una propiedad sujeta a. una orden de embargo.
“ ‘Por el derecho mercantil y los u'sos del comercio un conoci-miento de embarque es un símbolo que constituye y representa los bienes en dicho conocimiento descritos, y la posesión de tal conoci-miento de embarque equivale a la posesión real de los bienes. 10’ Corpu's Juris 193. St. Louis Merchants Bank v. Shaw, 101 U. S. 557, 25 L. ed. 892.’
“En el caso de autos los conocimientos de embarque y demás do-cumentos embargados por el Márshal tienen el carácter de órdenes-de pago, ya que a virtud de su entrega al Colector de Aduanas, dicho funcionario deja de tener autoridad para hacer efectiva la fianza prestada por el consignatario al retirar los bienes de’spechados-por Elof Hansson.
“La cuestión legal planteada se resuelve con toda claridad con la-sola aplicación de los principios legales vigentes en Puerto Rico en-el Código Civil, en el Código de Comercio y en la Ley de Asegura-miento de Sentencias, que es una ley de equidad y que tiene el al-cance de impedir que queden burlados los derechos de una parte que reclama en juicio el cumplimiento de una obligación y que para obtener el remedio consignó la fianza que le exigiera la Corte. Ambas partes se sometieron a la jurisdicción de la Corte de Distrito de San Juan. El demandado está protegido por la fianza y por el carácter doméstico de la corporación que demanda; en tanto que si la Corte inferior no hubiera amparado en su derecho al deman-dante, habría resultado de todo ineficaz la orden de a'segurmiento de sentencia.”

El razonamiento de la parte apelada es lógico y sería enteramente aceptable de no concurrir las .circunstancias que en este caso concurren.

No bay duda alguna que los bienes a que se refieren los documentos embargados se encuentran unos actualmente en la aduana y otros fueron sacados de la aduana por la propia demandante a quien venían consignados mediante una fianza con la obligación de presentar después los documentos- nece-sarios que son parte de los embargados.

No era posible embargar los abonos que estaban en la aduana. La parte apelante invoca a este respecto la si-guiente jurisprudencia que nos parece terminante. Es así:

“(a) Los bienes que se encuentran bajo custodia de la Ley no pueden ser embargados. 12 L.R.A. 508; 48 Cal. App. 329; 88 Cal. 522; 49 Cal. App. 570.
“(b) Todos los bienes de que se apoderare o incautare cualquier peticionario u otra persona de conformidad con cualquier ley sobre rentas de lo's Estados Unidos de América serán irredimibles y serán considerados como que están abjo custodia de la ley y sujetas a las órdenes y decretos de las cortes de los Estados Unido's solamente. See. 934 de los Estatutos Revisados de los Estados Unido's.
“(c) Las mercancías que se hallaren en almacenes de aduana (bonded warehouse) estarán sujeta's solamente a las órdenes y de-cretos de las cortes de los Estados Unidos. No estarán sujetos a embargo o a cualesquiera otros proeedimiento's de las cortes estaduales. Artículo 850 del Reglamento de Aduanas de los Estados Unidos proclamado para que sirva de instrucción y guía a los funcionarios de Aduana. Decisione's de Tesorería número 16,693-16, 896-17, 188-17, 720-1934.
“(d) Hawaii y Puerto Rico son distritos doi.de se efectúan co-bros de aduana y están sujetos a todas las disposiciones de las leye's de Aduana de los Estados Unidos. Ley de 30 de abril, 1900, sec. 88, •Ley de 12 de abril, 1900, See. 4. Decisiones de Tesorería 19,668-24, 198-24, 692-37,341.
“ (e) Se ha expuesto claramente la regla de que bienes que se hallen bajo custodia de la ley no están sujetos a embargo. 1 Cal. Jurisprudence, par. 20, Aynes vs. Willis, 3 Cal. 363, 56 Cal. App. 234-205.”

No pudiend o practicarse el embargo de modo directo ¿puede recurrirse al medio indirecto a que recurrió la de-mandante en este caso y de hecho llevar a cabo lo que la ley y la jurisprudencia prohíben?

Sobre esta situación especial hubiéramos deseado tener la ayuda del ilustrado defensor de lá parte apelada. Mien-tras no se nos demuestre lo contrario, creeremos que en buena práctica no es posible recurrir a medios indirectos para lograr lo que no puede lograrse por la vía directa cuando ello envuelve la realización de algo prohibido por la ley.

Lo dicho es suficiente para sostener que se cometieron el primero y el tercero de los errores señalados.

También se cometió el segundo.

La propia demandante por su propio acuerdo levantó de la Aduana los bienes que el demandado envió a ella consig-nados, mediante una fianza, comprometiéndose a entregar más tarde la documentación necesaria, como ya hemos dicho, llegando así a su posesión los bienes y privando de tal modo de su disposición al demandado, y se ha resuelto que “el embargo de propiedad en posesión del demandante, no puede practicarse”, Bissener v. Billon, 71 Cal. App. 779, habiendo citado con aprobación la Corte Suprema de dicho estado, en el caso de Howell v. Foster, 65 Cal. 169-173, al tratadista Drake, así:

“ ‘Es un principio fundamental/ dice Drake en su Tratado sobre Embargos, artículo 245, ‘que un acreedor que efectúa un embargo no puede adquirir mayore's derechos sobre los bienes embargados que ios que tenía el demandado sobre ellos en el momento de trabarse el embargo. Por tanto, si los bienes se bailan en tal situación que el demandado ha. perdido el dominio que tenía sobre ellos, o aún no ha adquirido tal interés o dominio sobre los mismo's que le permita disponer de ellos en oposición a otros, tales bienes no pueden ser embargados para responder de una deuda suya.”

Por virtud'de todo lo expuesto, debe revocarse la orden recurrida y en su lugar dictarse otra anulando el embargo practicado.


text:
    Rafael Conde, representado por su padre Julio Conde, demandante y apelado, v. María Garratón, Viuda de Barnés, demandada y apelante.
    No. 4797

    Sometido: Mayo 28, 1929.

      Resuelto: Diciembre 16, 1929.

      Hdrtzell, Kelley & Hartzell, y B. O. Fernández,, abogados de la ape-lante; A. J2. Font y J. Valldejuly, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Conde, representado por su padre Julio Conde, demandó a María Garratón, viuda de Barnés, en reclama-ción de tres mil dólares por daños y perjuicios y obtuvo una sentencia por mil.

No conforme la demandada apeló para ante esta Corte-Suprema señalando en su alegato la comisión de tres erro-res, así:

“1. La Corte de Distrito cometió error al dictar sentencia contra la demandada sin haberse probado que el automóvil ‘Chevrolet’ No. 8536 era usado como parte de una empresa o en relación con la misma, que la demandada era dueña o directora de tal empresa, y que su empleado estaba actuando en funciones de su cargo al ocurrir el accidente.
“2. La Corte de Distrito cometió error al dictar sentencia contra la demandada sin haberse probado que el automóvil ‘Chevrolet’ No. 8536 era propiedad de la demandada, ni haberse alegado ni pro-bado que ella estaba en dicho vehículo al ocurrir el accidente.
“3. La Corte de Distrito cometió error al dictar contra la de-mandada en este caso una sentencia que no está sostenida por Ios-hechos que dicha Corte consideró probados.”

Para sostener el recurso elevó la apelante una transcripción compuesta de la demanda, la contestación, la opinión de la corte, la sentencia y el escrito de apelación, y basándose en la naturaleza de los errores señalados y en no haberse incluido en la transcripción la evidencia practicada, el apelado, en el acto de la vista, solicitó la desestimación del recurso.

Ello dió lugar a una interesante discusión oral, seguida de un bien elaborado alegato adicional de la apelante que no ha sido contestado por el apelado. La vieja cuestión que se-discutió extensamente en el seno del tribunal y que quedó-decidida en el caso de Paganacci v. Lebrón, 24 D.P.R. 796, se levanta de nuevo, apoyada ahora en la enmienda del ar-tículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil, a saber: queen esta jurisdicción existe el mismo sistema de conclusiones de hecho y de derecho de California, llevado en este caso-concreto hasta el límite, ya que la apelante sostiene que en esta apelación que se basa en que no se probaron ciertos he-chos alegados en la demanda y sin cuya existencia carecería de fundamento la sentencia, puede prescindirse de traer la evidencia practicada, bastando para revocar el fallo la omi-sión en la opinión de hacer declaración alguna con respecto a dichos hechos, todo sin gestión de ninguna especie por parte del apelante en la corte a quo.

Parece conveniente establecer primero los hechos del caso. En la demanda se alegó que la demandada se dedica al ne-gocio de alcoholado, producto que distribuye en la Isla por medio de sus empleados que usan para ello de automóviles de la demandada, y que el 23 de junio, 1926, su empleado Guillermo Garratón, con su consentimiento y conocimiento y como tal empleado suyo, guiando el automóvil Chevrolet No. 8536, propiedad de la demandada y usado en su negocio, ocasionó los daños y perjuicios que se. especifican, de la manera des-cuidada y negligente que se expresa. Contestó la demandada negando todas y cada una de las alegaciones de la demanda y alegando como materia nueva que el accidente se debió a la negligencia de la persona que manejaba el automóvil en que viajaba el demandante.

Fue el pleito a juicio, dictando la corte finalmente su sen-tencia, así:

“Sentencia. — Por cuanto-: la vista de este caso, se celebró ante esta Corte, durante los días 7 de marzo, 11 de abril y 6 de agosto del corriente año, habiendo comparecido la parte demandante asis-tida de su abogado, Agustín E. Pont y la demandada representada por su abogado, Rafael Fernández, de la firma profesional, Hartzell, Kelley & Hartzell.
“Por cuanto: Ambas partes practicaron evidencia testifical y do-cumental que fué admitida.
“Por tanto: La Corte, como resultado de la evidencia practi-cada, y por lo's fundamentos de su opinión dada y unida a los autos, y la que se hace formar parte de esta sentencia, declara con lugar la demanda, y condena a la demandada, María Garratón Yiuda de Bar-nés, a pagar al demandante Rafael Conde, representado por su padre Julio Conde, la. suma de $1,000.00, con más las costas, desembolsos y honorarios de abogado.
“Ponce, P. R., 24 -de 'septiembre de 1928. — (Pdo.) Angel Acosta, Juez del Distrito.”

En la opinión de qne habla la sentencia, el juez comienza por referirse a los hechos alegados por el demandante en sil demanda entre los cuales están los que dejamos ya extrac-tados, narra los varios trámites del pleito, y luego dice:

“De la apreciación de la evidencia por la corte, estima probado que el accidente ocurrió en el Kilómetro 7, Hectómetro 1 de la ca-rretera de Jayuya a Ponce, que el automóvil marca Chevrolet No. 8536, manejado por el hermano y empleado de la demandada, su chauffeur Guillermo Garratón, marchaba a gran velocidad, sin tocar bocina o klaxon y al llegar a una curva, cerca de la tienda de Rosendo Torres, chocó con un carro Ford, manejado por un hermano del demandante y en que viajaba, el Rafael Conde; que en esa curva el carro de la demandada vino a ocupar la posición de la derecha, que traía el carro en que venía el demandante Rafael Conde; que ese sitio es estrecho y peligroso, que como consecuencia del choque sufrió le'siones el demandante Rafael Conde, que fué recluido en el Hospital de San Lucas de esta ciudad de Ponce, P. R. en donde fué asistido por el Dr. Costa, reconociéndole asimismo la vista el Dr. Guillermo Vives, que por prescripciones le ha recomendado el uso de espejuelos, y estuvo recluido en dicho Hospital desde el día 23 de junio al 21 de julio siguiente, corriente año.”

Sigue una referencia a la ley y en varias partes se insiste en que el accidente se debió a la negligencia del chauffeur Garratón, empleado de la demandada, pero es lo cierto que en ninguna parte se dice en términos expresos y precisos que el empleado de la demandada usaba el automóvil en el mo-mento del accidente en negocios de la empresa de la deman-dada.

También se estudia detalladamente en la opinión la prueba en relación con los daños sufridos por el demandante y se termina por apreciar éstos en mil dólares.

Convenimos en que la corte no debió haberse limitado a decir en su opinión que Garratón, el chauffeur de la deman-dada, era su empleado, sino que, dado el estado actual de la ley y la jurisprudencia en Puerto Rico, debió haber dicho además como se alega en la demanda que el automóvil era guiado por el empleado en negocios de la empresa de la de-mandada en el momento del accidente, pero ¿implica ello que tales lieclios no se probaron en el juicio, debiendo en tal virtud revocarse nna sentencia que se basó “en el resultado de la evidencia practicada”, sin mostrarse a esta corte cnál fue esa evidencia?

Hasta ahora este tribunal ha decidido de manera invariable que las sentencias que dictan las cortes de justicia se presumen justas y que serán confirmadas aunque se demues-tre que sus fundamentos son erróneos si las alegaciones y las pruebas tales como surgen de los autos las sostienen.

La apelante invocando los artículos 1 y 2 de la Ley de Evidencia, el caso de Schloss v. Creditors, 31 Cal. 201, 203 y 22 Corpus Juris 67, sec. 21, C., alega que existe una marcada diferencia entre evidencia y prueba y que en Puerto Rico una vez que un caso se decide no bay más prueba- que los he-chos declarados probados por la corte sentenciadora. Para' ser más correctos transcribiremos sus propias palabras. Son así:

“De las citas que anteceden se desprende con absoluta claridad que evidencia (evidence) es todo aquello que con fines probatorios se presenta ante la Corte durante el juicio por cada una de las par-tes, mientras que prueba (proof) e's el resultado o efecto de todo eso después de haber pasado por el tamiz de 1a. mente juzgadora dé la Corte y vaciado en la opinión que de acuerdo con el Artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil, según quedó enmendado por la Ley No. 25 de junio 12, 1925, se une a la sentencia, pasando así a formar parte del récord.
“Deseamos dejar consignado con el mayor énfasis que en el pre-sente recurso de apelación no nos quejamos de las conclusiones de hecho a que llegó el juez sentenciador después de haber conside-rado y apreciado la evidencia présentada en el juicio, y como no atacamos dichas conclusiones, en modo alguno necesitamos traer la evidencia a este Iíon Tribunal para ver si dichas conclusiones están bien fundadas o no. Nuestra, contención es que la prueba, e's decir) los hechos considerados probados por la Corte inferior, como efecto y resultado de su apreciación de la evidencia, no son suficientes para sostener la 'sentencia.”

Para que las estrictas conclusiones de la apelante tuvie-ran alguna base, tendría que demostrarse que en esta Isla rige el sistema de conclusiones de becho y de ley que está en vigor en California y en los estados de cuyas cortes procedan las citas que siguen a las conclusiones de la apelante. En-tiéndase bien que decimos solamente tuvieren alguna base, porque aun rigiendo tal sistema dudamos mucho que pudiera prevalecer el criterio de la apelante en un caso como éste. Pero no tenemos que ahondar en la cuestión. Bastará decir que en Puerto Pico no existe el sistema en que se funda la apelante.

En el citado caso de Paganacci v. Lebrón, esta corte de-cidió :

“Las cortes de distrito en Puerto Rico no están en el deber de hacer conclusiones de hecho y de derecho como han sido entendi-das y practicadas en California. Existía una obligación semejante bajo el sistema español, pero desde la adopción del vigente Código de Enjuiciamiento Civil en el año 1904, que contiene un precepto amplio sobre exposiciones del caso y pliegos de excepciones que han de 'ser preparadas por el apelante y aprobados por la corte, se ha entendido necesariamente que los antiguos restiltandos y con-siderandos quedaron abolidos. Nuestro código fue tomado virtual-mente del de California y al copiarse fueron omitidos los artícu-los que hacían referencia a las conclusiones de hecho y de derecho.
“La enmienda hecha al Código de Enjuiciamiento Civil en el año 1911 (artículo 227), prescribe que en el juicio definitivo de cualquier caso el juez de distrito hará y archivará una relación breve del caso, exponiendo los hechos según éstos resulten ante él y dando las razones en qué funde su decisión, pero dicho pre-cepto ha sido interpretado en el sentido de que únicamente exige que el juez de distrito archive una opinión razonada exponiendo los hechos. El uso de las palabras ‘según éstos re'sulten ante él’ (as found by him), no da a dicho precepto un significado más amplio, pues cualquier fallo o decisión de la corte sobre los hecho's necesariamente es una conclusión y el decir que la corte debe hacer conclusiones, es muy distinto a expresar que la Legislatura deseaba establecer un 'sistema de conclusiones de hecho y de derecho tal como existe en California.” 24 D.P.R. 796.

¿Qué efecto produjo en esa jurisprudencia la enmienda a •que se refiere la apelante? A virtud de dicta enmienda, el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil, quedó redac-tado como sigue:

“Artículo 227. — En el juicio definitivo de cualquier caso en una •corte de distrito, el juez de la misma, deberá baeer y archivar al mismo tiempo que dicte su sentencia, una opinión escrita, que se unirá a aquélla, en la que expondrá separadamente y de una ma-nera breve, los beebos que considere probados y late razones jurídi-cas en que funde su decisión. Cuando las resultancias de hecho se basaren en un conflicto de la evidencia, el juez expondrá los mo-tivos que haya tenido para dirimir el conflicto en la forma en que lo hiciere; y en caso de apelación, el Tribunal Supremo deberá analizar dicha evidencia y determinar 'si las resultancias estuvieron justificadas o no.”

Si nos fijamos en que el mismo legislador tabla de opinión y no de conclusiones de tecto y de derecto se concluirá fá-cilmente que si bien quiso ser más preciso y persuasivo que antes induciendo a los jueces a tacer cada día un trabajo más completo y perfecto, en manera alguna estableció el rígido sistema que pretende la apelante.

La atención de la Legislatura estuvo fija en que los con-flictos de prueba no se resolvieron sin un análisis verdadero y en que el juez no fallara como muctas veces lo tacía ma-nifestando sólo que los tectos y la ley estaban a favor o en ■contra de determinada parte.

Debe la corte a virtud de la enmienda emitir una opinión, ■debe exponer en ella los tectos que considera probados y las razones jurídicas en que funde su decisión y debe expre-sar los motivos que tenga para dirimir el conflicto en casos de evidencia contradictoria, pero nada de ello autoriza a concluir que a virtud de la enmienda la opinión sustituya la evidencia practicada y sea considerada como la única prueba en el litigio. Además de la opinión siguen teniendo existen-cia legal y eficacia en Puerto Pico los pliegos de excepciones, las exposiciones del caso y transcripciones de evidencia en que descansan las sentencias que se apelan y una parte a cuyo favor se dicte una sentencia en un caso como éste no-está obligada a escudriñar la opinión para ver si se declaran en ella probados todos los hechos necesarios, como pretende la apelante. En todo caso sería a la parte apelante a la que correspondería pedir a la corte sentenciadora una de-claración concreta. De otro modo aprovechando una omi-sión y ocultando la evidencia practicada, — la verdadera prueba en que se basó la conclusión final del juez contenida en su sentencia — , podría obtenerse de la corte de apelación la revocación de un fallo enteramente justo.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tendía apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.


author: El Juez Presidente Señor del Toro, JUEZ ASOCIADO SEÑOR TEXIDOR

text:
    Bartolomé Colón, demandante y apelante, v. Royal Insurance Co., Ltd., demandada y apelada; Bartolomé Colón, demandante y apelante, v. Western Assurance Co.,. demandada y apelada.
    Nos. 4831-4843.

    Sometidos: Junio 4, 1929.

      Resueltos: Diciembre 17, 1929.

      López de Tord ■& Zayas Pizarro, abogados del apelante; J. PL Broiun, G. Rtiiz Nasario y G. E. 'González, abogados de la ape-lada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Bartolomé Colón inició dos pleitos en la Corte de Dis-trito de Ponce, uno contra The Boyal Insurance Co., Ltd., de Liverpool, Inglaterra, en cobro de $5,386.19 garantizados por una póliza de seguro contra incendio expedida por la demandada a favor del demandante, y otro contra The Western Assurance Co., de Toronto, Canadá, en cobro de $5,386.19 garantizados por una póliza de seguro contra in-cendio expedida por la demandada a favor del demandante. Ambas reclamaciones tienen su origen en un siniestro ocu-rrido en Aibonito el 6 de enero de 1928 que, según el deman-dante, destruyó bienes de su propiedad por valor de $10,772.39.

En los dos casos comparecieron las demandadas y al ar-chivar en cada uno una moción para eliminar y un escrito de excepciones previas, pidieron el traslado del pleito a la Corte de Distrito de San Juan. La Corte de Distrito de Ponce de-cretó el traslado y es contra su resolución que se establecie-ron estas apelaciones que se tramitaron conjuntamente y que serán estudiadas en una sola opinión.

Las resoluciones apeladas son sustancialmente iguales. Copiada a la letra una de ellas, dice:

“La Corte proveyendo a la Moción de Tra'slado de la deman-dada, para la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, P. R., visto los Arts. 77 (3), 81, 82 y 93 del Código de Enj. Civil, y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo en todos los casos en que como en éste el demandado, al comparecer o al for-mular excepciones solicita la traslación del ca'so, en Moción jurada y fundada, ordena el traslado de este caso civil, en cobro de póliza para ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan.”

El señalamiento de errores en los dos recursos es como sigue:

“PRIMER error. — La Corte de Distrito de Ponce cometió error al interpretar los artículos 77, apartado 3°., 81, 82, y 83 del Código de Enjuiciamiento Civil, y resolver el caso como si 'se tratara' de una acción personal contra una persona o corporación doméstica, sin tener en cuenta que en estos casos se trataba, de dos corpora-ciones extranjeras que están ausentes de Puerto Rico, y que de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil pueden ser deman-dadas en cualquier distrito, sin que 1a. residencia o domicilio de los agentes determine la competencia o jurisdicción de un tribunal.
“SegüNDO ERROR. — -La Corte de Distrito de Ponce cometió error al no aplicar o ignorar las disposiciones del Art. 79 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, apartado primero, 'según fué enmendado por la Ley No-. 34, aprobada en abril 21 de 1928, que citamos tanto los abogados de las demandadas en su moción de tras-lado como nosotros en nuestra oposición, y que determina que en casos como el presente, la corte con jurisdicción es la del lugar o sitio donde ocurrió el accidente. Y, por tanto, habiendo ocurrido tal accidente en el municipio de Aibonito, la Corte con derecho a ver estos casos es la Corte de Distrito de Guayama, si la parte de-mandada solicita tal traslado.”

De acuerdo con la jurisprudencia que vino aplicándose en esta corte hasta su decisión en el caso de Arcelay v. American Railroad Co., 38 D.P.R. 807, hubiéramos tenido que resolver que se había cometido el primero de los errores señalados, pues aquí se trata de dos corporaciones extranjeras autorizadas para negociar en la Isla, y hasta entonces se había decidido que

“Una corporación extranjera carece de residencia en Puerto Rico y el mero hecho de que tenga su oficina principal en San Juan no le da derecho a 'solicitar por razón de residencia el traslado de un pleito ... en el cual dicha corporación es una de las partes deman-dadas. ” Del Río v. Sucesión Cancel, 33 D.P.R. 9, y casos en él citados.

Pero en el dicho caso de Arcelay, supra, se revisó la ju-risprudencia y basándose esta Corte en la decisión de la Corte Suprema nacional en el caso de Power Co. v. Saunders, 274 U. S. 490, por tratarse de una cuestión constitucional, re-solvió que

“Una corporación extranjera haciendo negocios en esta Isla que sea demandada en un distrito distinto del en que tiene el sitio principal de 'sus negocios tiene derecho a que la acción sea trasla-dada al distrito en que radica su dicha oficina principal.” Arcelay v. American Railroad Co., 38 D.P.R. 807.

Y como de las mociones de traslado y affidavits de mé-ritos acompañados a las mismas, consta que el agente general de las demandadas tiene su oficina principal y domici-lio en San Juan y basándose en ello y en tratarse de accio-nes personales fué que se solicitó y decretó el traslado, bay que concluir que no se cometió el primero de los errores se-ñalados.

Por el segundo error se levanta la verdadera cuestión nueva envuelta en el recurso.

El 21 de abril de 1928 quedó aprobada la Ley No. 34 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico por virtud de la cual el artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil quedó en-mendado así:

“Artículo 79. — Deberán verse en el distrito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella, tuvo su origen, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, los pleitos por los siguientes motivos:
“1. Para obtener el importe de una indemnización contra una compañía de seguros proveniente de un contrato de póliza de seguro o para recobrar daños y perjuicios de acuerdo con el Artículo 1803' del Código Civil, o para obtener el importe de una confiscación, ex-cepto cuando se decreta por un delito cometido en una extensión de agua colindante con dos o más distritos, en cuyo caso la demanda T)odrá entablarse en cualquier distrito contiguo a dicha extensión de agua y frente al sitio en que 'se cometió el delito.”

Sabemos que el método seguido por nuestro Código de Enjuiciamiento Civil es el de fijar determinados sitios para la tramitación de determinadas acciones, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, exis-tiendo casos especiales, como el de la ejecución de una hipo-teca de acuerdo con la Ley Hipotecaria y su Reglamento, en los que el sitio no puede ser cambiado.

Así el artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que deberán substanciarse en el distrito en que ra-dique el objeto de la acción, o parte del mismo, los pleitos para recobrar la posesión de bienes raíces o de una propie-dad o interés en la misma, o para determinar en cualquier forma dicbo derecho o interés y por daños cansados a pro-piedad inmueble; para la partición de propiedad inmueble, y para la ejecución de una hipoteca, y el 79 disponía antes de la enmienda que deberán verse en el distrito en que la causa del litigio o alguna parte de ella tuvo su origen, sin perjuicio de la facultad de la córte para cambiar el lugar de la vista, los pleitos para obtener el importe de una indem-nización o confiscación, excepto cuando se decreta por un de-lito cometido en una extensión de agua colindante con dos o más distritos, en cuyo caso podrá entablarse en cualquier distrito contiguo a dicha extensión de agua y frente al sitio en que se cometió el delito, y los pleitos contra un empleado público, o persona especialmente nombrada para cumplir los deberes de aquél, por cualquier acto que hubiere cometido por razón de su empleo, o contra una persona que por orden suya o como su auxiliar, hiciere algo relacionado con los de-beres de dicho empleo.

Es en los “demás casos” que de acuerdo con el artículo 81 del propio cuerpo legal predomina la residencia de los de-mandados o de alguno de ellos al iniciarse el litigio para de-terminar el sitio en que deba tramitarse el pleito.

Lo que hizo la enmienda de 1928 fué agregar dos clases de casos más a los comprendidos entre los que deben verse en el distrito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella, tuvieren su origen, a saber: los seguidos contra compa-ñías de seguros a virtud de un contrato de póliza y los enta-blados para recobrar daños y perjuicios de acuerdo con el artículo 1803 del Código Civil.

Siendo ello así, iniciados estos pleitos cuando regía ya la enmienda, el distrito fijado por la ley para tramitarlos era el de Guayama porque a él pertenece el municipio de Aibo-nito en que ocurrió el incendio causa de los litigios seguidos •contra las compañías demandadas, basados en contratos de pólizas de segnro.

La propia parte apelada lo reconoce así, pero alega qne «1 demandante no ejercitó sn derecho cuando' tuvo la oportu-nidad y no pudo después invocarlo, y va aún más lejos: sostiene que en el caso de que esta corte decida que no debió •decretarse el traslado, debe devolver los casos a la Corte de Distrito de Ponce con instrucciones de que dicte sentencias desestimando las demandas por carecer dicha corte de ju-risdicción sobre la materia.

Creemos que el propio Código de Enjuiciamiento Civil •contiene disposiciones expresas que resuelven la cuestión. No sólo fijó las reglas a que nos hemos referido, sino que, •en general, prescribió en su artículo 76 que “con arreglo a su jurisdicción, una corte conocerá de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las ácciones de todas clases, cuando las partes hubieren convenido en someter dicho pleito a la de-cisión de tal corte.”

Ese convenio, según el artículo 77, puede ser expreso o tácito. Se entiende que el demandante queda tácitamente so-metido por el mero hecho de acudir a la corte interponiendo la demanda, y el demandado por el de hacer, después de per-sonado en juicio, cualquier gestión que no sea la de pedir que el juicio se celebre en la corte correspondiente.

No hay duda alguna que la Corte de Distrito de Ponce tiene jurisdicción para conocer de acciones de la naturaleza de las ejercitadas en estos pleitos. Tampoco la hay de que el demandante se sometió a su jurisdicción al radicar en ella sus demandas. ¿Se sometieron también las demandadas?

A nuestro juicio se sometieron porque si bien pidieron el traslado no lo hicieron para la corte correspondiente, como exige la ley. La corte correspondiente era Gruayama y no San Juan, y en tal virtud la petición de traslado es como si no existiera, quedando en pie las comparecencias para ar-chivar la moción eliminatoria y formular excepciones previas.

Concretando aun más el legislador su pensamiento, dice en el artículo 82 del Código:

“Art. 82. — Si el distrito en que se establece la demanda no es el en que deba seguirse el juicio, podrá, sin embargo, continuarse en aquél, a menos que el demandado, al comparecer a contestar o a formular excepciones, presente una declaración jurada y fundada y pida por escrito que el juicio se celebre en el distrito correspon-diente. ’ ’

Esta conclusión a que liemos llegado no es contraria ni desvirtúa en modo alguno el principio fundamental en que se inspira la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el citado caso de Power Co. v. Saunders, supra, y que esta Corte Suprema de Puerto Rico adoptó y aplicó en el de Arcelay v. American Railroad Co., supra. Ahora no existe diferencia alguna entre corporaciones domésticas y extranjeras. El precepto legislativo fijando el lugar del jui-cio es aplicable por igual a todos. Resolver lo contrario sería ir al extremo opuesto, esto es,' establecer un privilegio en favor de las corporaciones extranjeras.

Tampoco consideramos meritoria la contención de las apeladas con respecto a que se trate aquí de una cuestión jurisdiccional exclusiva. La regla fijada es flexible. No sólo está sujeta a la facultad de la corte para cambiar el lugar del juicio, si que también a la voluntad de las propias partes interesadas. La sumisión de una parte no puede conferir a una corte la jurisdicción que la ley no le baya previamente conferido, pero cuando la corte tiene jurisdicción general sobre la materia previamente concedídale por la ley, la sumisión le da la competencia que pudiera faltarle con arreglo a otros preceptos legales que sólo tienden a normalizar y encauzar mejor los procedimientos y que son de observancia obligatoria cuando se invocan debidamente, pero que puede prescindirse de ellos cuando a ellos se renuncia expresa o tácitamente, de acuerdo con la propia disposición legislativa.

Podríamos citar muchos casos resueltos por esta corte en apoyo de las anteriores conclusiones. Sin embargo, nos referiremos solamente a dos.

En el de Antonetti et al v. Foote et al., 16 D.P.R. 591 esta corte por medio de sn Juez Presidente Señor Hernández; resolvió que:

“Las cortes de distrito, como cortes de jurisdicción general, tienen jurisdicción para conocer de nn pleito de expropiación forzosa, aun cuando los bienes que se tratan de expropiar radiquen en un dis-trito distinto de aquél en donde se ejercita la acción, y aun cuando los demandados residan en otro distrito.
“Por el mero hecho de comparecer voluntariamente los demanda-dos en un tribunal de distrito distinto de aquel en el cual residen, sin haber 'solicitado el traslado del pleito, se someten a dicho tribunal, y no pueden alegar excepción previa de falta de jurisdic-ción. ’ ’

Y en el de Hernaiz, Targa & Co., v. Vivas, 20 D.P.R. 106, 107, decidió tomando del resumen, que:

“El establecimiento de una acción en un distrito que no sea el propio, no constituye un defecto jurisdiccional cuando la corte tiene jurisdicción general sobre la materia, y los estatutos que determi-nan el lugar de la celebración del juicio meramente confieren un privilegio personal que puede ser renunciado.”.

Por virtud de todo lo expuesto, deben revocarse las reso-luciones apeladas y devolverse ambos pleitos a la Corte de Distrito de Ponce para que continúe conociendo de ellos de acuerdo con la ley.

VOTO EN DISENSO DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR TEXIDOR

Disiento de la opinión de la mayoría en este caso.

A mi juicio la moción de eliminación y la excepción pre-via que se unen a la petición de traslado, no son demostra-ción de la voluntad de someterse a la corte cuya competencia se ataca; son obra de una disposición de la ley, que ex-presamente previene que a la petición de traslado se una alguna de esas alegaciones. No estoy convencido de que si la moción de traslado cae, deba subsistir la alegación que la acompaña, en el sentido de crear en la corte raía compe-tencia qne quizá no tiene.

El artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil, como .quedó enmendado por la Ley No. 34, de abril de 1928, esta-blece que los pleitos para obtener el importe de una indem-nización contra una compañía de seguros, proveniente de un contrato de póliza de seguro, debe verse en el distrito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella tuvo su origen. En el cumplimiento de un contrato, pueden ocurrir dos co-sas : que el contrato se cumpla normalmente; y que sea ne-cesario hacerle cumplir forzosamente. En un contrato de seguro, hay los elementos del convenio; la obligación del asegurado en cuanto al pago de prima, y las creadas por la convención; la del asegurador en cuanto a pagar, o indem-nizar, al asegurado las pérdidas que pueda sufrir en ciertos casos; el riesgo previsto primero, y el suceso o caso ocu-rrido. Y es innegable que ocurrido el suceso (incendio, por ejemplo) y habiéndose hasta entonces cumplido las condi-ciones del contrato, el asegurado tiene el derecho a percibir el importe, total o parcial, del seguro, o a exigir la repara-ción o reconstrucción convenida. Reconocido este derecho por el asegurador, éste paga el seguro, o hace lo convenido; el caso es de cumplimiento normal; y el incendio, la pérdida, 'etc., no son “causa de litigioPero si el asegurador des-conociendo o violando el derecho del asegurado, rehúsa cum-plir pagando o haciendo, entonces sí hay “causa de litigio Estas palabras tienen un sentido procesal; no se habla por la ley de derecho a obtener pagos o cantidades, sino de li-tigio, esto es, de ejercicio de una acción ante los tribunales; y esa acción nace allí donde el que es luego demandado, des-conoce o viola el derecho preexistente del que ha de ser de-mandante. Me inclino fuertemente a creer que el hecho que da origen al litigio en el caso de autos es la negativa del ase-gurador a cumplir su contrato. Y en ese caso, me parece que la Corte de Distrito de San Juan, estaba bien designada como la competente para conocer.

Por esas razones, disiento de la opinión en cnanto de-vuelve los casos a la Corte de Distrito de Ponce,- para que conozca de ellos.


author: El Juez Asociado Señoe Texidoe,

text:
    Sucs. de José Fernández, S. en C., demandante y apelada, v. Diego Zalduondo, demandado y apelante.
    No. 5045

    Sometido: Noviembre 12, 1929.

      Resuelto: Diciembre 18, 1929.

      A. Aponte y Francisco González, abogados del apelante; F. Martí-nez Rivera, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Texidoe,

emitió la opinión del Tribunal.

Sucesores de José Fernández, Sociedad en Comandita, presentó ante la Corte de Distrito de San Juan una demanda contra Diego Zalduondo, vecino de Fajardo. En la demanda se alegan dos causas de acción: una para pago de $1,501.88, montante de un giro a favor de la demandante, y contra el demandado; y otra para pago de $700, importe de un pagaré a la orden de Don Francisco González Matta, trasmitido, se-gún la alegación, por endoso, a la demandante.

El demandado presentó una moción de traslado para que del caso conociera la Corte de Distrito de Humacao. A la moción se acompañan una excepción previa, y una declara-ción jurada acerca de méritos. El demandado pidió a la Corte de Distrito de San Juan, señalamiento para audiencia de la moción de traslado; y oída ésta, la corte resolvió dene-gar el traslado. La resolución, que es la aquí apelada, es-como sigue:

“La vista se celebró en junio- 17 de 1929 apareciendo del pagaré que se copia literalmente en el .hecho 3o. de la demanda, que el' demandado Diego Zalduondo se sometió expresamente a la compe-tencia de la Corte de San Juan, P. R.
“La corte, por la presente, declara sin lugar en todas sus partes la moción de traslado presentada por el demandado.”

Para los fines de esta opinión, debe especificarse que en la primera causa de acción que en la demanda se establece,, no se copia documento alguno, ni se alega sumisión por el demandado. En la segunda causa de acción se copia el si-guiente documento:

“Montante $700.00. — -Valor al 3 de abril de 1929. Pagaré solida-riamente a Don Francisco González Matta, o a s-u orden la suma de setecientos dólares, por valor recibido, que pagaré en moneda dé-los Estados Unidos de América, el día tres de abril del año mil' novecientos veintinueve. Me obligo solidariamente a pagar intere-ses al doce por ciento anual en caso de demora y las costas y gastos-que ocasionare el cobro y honorarios de abogado en caso de recla-mación judicial. Al fiel cumplimiento de esta obligación compro-meto mis bienes y me someto a la competencia de las Cortes de San Juan, Puerto Rico. Fajardo, enero 3, 1929. (fdo.) Diego Zal-duondo Veve. Endosado a favor de los Sres. Sues, de José Fer-nández. Febrero 20/29. (fdo.) Francisco González Matta. Pá-gue'se a la orden del Banco Comercial de Puerto Rico. San Juan, marzo 8, 1929. (fdo.) Sues, de José Fernández.”

El apelante alega como error en la corte la negativa del traslado.

La parte apelada llama nuestra atención acerca de un punto sobre el que queremos resolver preferentemente. Nos dice que el demandado acudió a la Corte de San Juan para pedir que se señalara la audiencia de la moción de traslado; y que por ese Lecho se ha sometido a la jurisdicción-

La situación del pleito era ésta: una demanda presen-tada, y una moción de traslado presentada también en forma. ¿Podría sostenerse que el que presenta tal moción debe que-dar, desde ese momento, inactivo y privado del derecho a que se le oiga acerca de lo que pidió? ¿Se lian cerrado para él las puertas de la corte en cuanto al traslado se refiere? La .afirmativa en este caso sería absurda, e iría contra la base de todo procedimiento judicial, o sea lá administración y •obtención de justicia.

La ley (artículo 77 del Código de Enjuiciamiento Civil) •es esta:

“Art. 77. — Se entenderá hecha la sumisión:
“1._ * # »::• *
“2._ * 4 ® * # *
“3. — Por el demandado en el hecho de hacer, después de perso-nado en el juicio, cualquiera gestión que no sea la de pedir que el .juicio se celebre en la corte correspondiente.”

No puede entenderse por gestión que esté comprendida •en esas palabras del texto legal, la que el demandado hace precisamente en pro del traslado. Una petición de esa clase no puede ser confundida con la gestión en el pleito, entre ■otras razones porque no se solicita de la corte que realice .acto alguno jurisdiccional. • Hay, además, una seria diferen-cia entre la comparecencia especial, y la general. De ella se fia tratado en la decisión en el caso United States Casually Co. v. Méndez, 38 D.P.R. 995, en donde con toda precisión se establece la idea de una comparecencia general. De esa •decisión debe citarse el siguiente párrafo:

“Ahora bien, el demandado no podía atacar la jurisdicción de la Corte de Distrito de Mayagüez por el hecho de residir en cual-quiera otra parte de la isla. Debió 'solicitar el traslado del pleito. Su moción, sin embargo, no atacaba ni la jurisdicción ni la compe-tencia de la corte. No era. una comparecencia especial según la •definición dada en esta jurisdicción.”

No bay, en realidad, comparecencia en el pleito, por pedir que se oiga la moción de traslado.

De más importancia e interés es el problema planteado por el apelante en estos o parecidos términos: Hay aquí dos cansas de acción: en cnanto a la cantidad reclamada como importe de nn giro, el demandado no ha hecho manifestación algnna de snmisión a tribunal determinado; en cnanto al pagaré el demandado ha nsado la fórmula “me someto a la competencia de las cortes de San Juan.” El apelante propone como primera cuestión la de la vaguedad de esa fórmula.

Citadas por las partes las decisiones de este tribunal en los casos Gómez v. Toro, 23 D.P.R. 642, y Font v. Castro, 33 D.P.R. 784, es preciso decir aquí no es dable aplicar a este caso la doctrina Font v. Castro, en cuyo caso no apa-recía el documento en que se alegó haberse hecho la sumisión,, y la corte no podía hacer declaración alguna en cuanto a sus términos. En Gómez v. Toro, se copió el documento, y la fórmula usada fué:

“Sometiéndose expresamente a la competencia de los Tribunales insulares de San Juan ...”

Análoga la forma a la del documento de que aquí se trata, que es suficiente para designar con claridad y precisión el tribunal a que se somete el deudor.

Más importante es el otro punto tratado por el apelante. Cita el caso Fong v. Sternes, 79 Cal. 30 en donde se dijo:

“Si una demanda aduce dos causa's de acción, respecto a una de1 las cuales la parte demandada tiene derecho al traslado del pleito, mas no en cuanto a la. otra, el caso debe ser trasladado.”

La parte apelada invoca a su vez la doctrina del casa Shafer v. Brashear, 274 S.W. 229, en donde se dijo:

“En vista de la regla para evitar multiplicidad de procedimien-tos, la corte sentenciadora resolvió que tenía jurisdicción del litigio' en el condado de Live Oak, que no era el de la residencia del de-mandado, habiéndose basado el litigio parcialmente en un contrato-escrito sobre pago de mano de obra y materiales en el condado de Live Oak, y en parte sobre un contrato verbal para pago de ciertos-materiales adicionales suministrados, a pesar de que la suma recla-mada a virtud del contrato verbal era casi nueve veces mayor que el importe adeudado del contrato.”

La cita hedía por el apelante (Ah Fong v. Sternes, 79 Cal. 30) puede ser reforzada con la doctrina en el caso Brady v. Times Mirror Co., 106 Cal. 56, 39 Pac. 2091. En este último caso se dijo por la corte.

“El derecho de un demandante a que ‘su caso sea visto en un condado distinto al de la. residencia del demandado es excepcional, y si el demandante reclama tal derecho debe colocarse a sí mismo dentro de los términos de la excepción.”

No se ha suscitado la cuestión de si podían o no acumu-larse las dos causas de acción en este caso deducidas; y no hay para qué resolver acerca de ella.

El demandado tiene el derecho de que la acción en que no se ha sometido a la Corte de San Juan, se siga y decida en la de su residencia. En este sentido la resolución de que se apela fué errónea.

Debe revocarse la resolución apelada, y dictarse otra de-clarando con lugar el traslado.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Banco Comercial de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección 1, recurrido.
    No. 786.

    Sometido: Noviembre 4, 1929.

      Resuelto: Diciembre 19, 1929.

      Oscar Souffront y Gabriel de la Haba, abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Mayagiiez ordenó la confiscación de una fianza prestada por ciertos fiadores con el fin de le-vantar el embargo de bienes de los demandados en una ac-ción entablada por El Banco Comercial de Puerto Rico. El demandante entonces solicitó y obtuvo una orden para em-bargar bienes pertenecientes a uno de los fiadores. El man-damiento expedido por el secretario contenía copia de esa orden, y fué endosado por el marshal de la Corte de Distrito de Mayagiiez al de la Corte de Distrito de San Juan, quien lo presentó al registrador para que lo anotara en el registro. El registrador se negó a efectuar la anotación fundándose en que no se había demostrado qué la Corte de Distrito de Mayagiiez hubiera adquirido jurisdicción sobre la persona del fiador. 1

La sección primera, y la segunda, de la “Ley para en-mendar la ‘ Ley para asegurar la efectividad de sentencias, ’ ’ ’ Leyes de 1916, página 79, leen como sigue:

“Sección 1. — Qne la Sección 3 de la‘Ley para asegurar la efec-tividad de sentencias,” según fué aprobada en marzo 1 de 1902, se-gún fué enmendada por la Ley de marzo 12 de 1903, quedará en-mendada por la présente de manera que lea como sigue:
“Ningún aseguramiento de sentencia podrá decretarse sin la pre-sentación de la correspondiente demanda y de la solicitud de ase-guramiento. La solicitud de aseguramiento podrá presentarse con la demanda o luego de interpuesta, en cualquier período del juicio, antes o después de la sentencia. Si el aseguramiento se solicitare después de pronunciada sentencia no se exigirá fianza.
“Sección 2. — Que la Sección 16 de la referida Ley (5248 de la Compilación) quede derogada y en su lugar se insertará lo siguiente:
“Una vez firme la sentencia pronunciada a favor del litigante que hubiere obtenido un mandamiento de embargo para asegurar la efectividad de dicha, sentencia, si el expresado mandamiento de embargo se hubiese suspendido o dejado sin efecto a virtud de fianza o consignación, se dispondrá la confiscación de la fianza a favor .de dicho litigante, y se expedirá orden de ejecución contra la parte con-denada por la sentencia. Si la orden de .ejecución fuere devuelta sin cumplimentar en todo o en parte, se expedirá nueva orden de ejecución contra los fiadores por el remanente que no haya sido sa-tisfecho, siguiéndose contra los fiadores el procedimiento establecido en los Artículos 307 a 312, ambos inclusive, del Código de Enjuicia-miento Civil.”

La sección 14 de la Ley de 1902 (para asegurar la efec-tividad de sentencias), sección 5246 de los Estatutos Revi-sados, dispone que:

“Todas las pretensiones que se dedujeren por cualquiera, de lás partes en el curso del juicio con relación al aseguramiento de sen-tencia, se sustanciarán en pieza separada, dándose traslado a la parte contraria, con citación para una comparecencia ante cualquiera de los jueces, en la cual se propondrán y practicarán las pruebas que cada una de las -partes propusiere y fueren pertinentes, resol-viéndose acto seguido por el tribunal la cuestión propuesta, sin que en ningún caso tales cuestiones sean obstáculos para la continuación del pleito principal. Entre la citación, y la comparecencia de estos juicios verbales no mediará un término mayor de cinco ‘días, y no se suspenderá la celebración de los mismo's por ningún motivo. Toda resolución del tribunal será ejecutoria desde luego, pudiendo consig-narse por la parte perjudicada la oportunaf protesta, a los efectos del recurso que la Ley de Procedimientos le conceda contra la ’sen-tencia, definitiva.”

El artículo 96 del Código de Enjuiciamiento Civil dice que:

“Cuando la acción es contra dos o más demandados responsables solidaria o maneomunadamente en un contrato, y se hiciere la cita-ción a uno o más de aquéllos, pero no a todos, el demandante puede proceder contra los demandado's citados, tal como si fuesen los únicos demandados.”

El artículo 307 está concebido en los siguientes términos:

“Cuando se obtiene una sentencia contra uno o más entre varios deudores solidariamente responsables de una obligación, mediante el procedimiento prescrito en el artículo 96, los cuales no habiendo sido citados oportunamente no se personaron en el pleito, jiodrán ser citados para que demuestren por qué causa no han de estar obli-gados por la ’sentencia de igual modo que si hubieren sido citados desde un principio.”

El artículo 308 dispone lo que deberá contener la citación, y cómo se diligenciará. También dice que no será necesario entablar nueva demanda. El artículo 309 exige que la ci-tación vaya acompañada de una declaración jurada, y prescribe los términos de tal declaración. El artículo 310 espe-cifica las defensas que un demandado podrá alegar en su contestación. El artículo 311 define lo que constituirá las alegaciones en los procedimientos, de acuerdo con circuns-tancias determinadas por la naturaleza de la defensa inter-puesta en la contestación. El 312 indica la forma en que se substanciarán las cuestiones planteadas, y limita la cantidad de la sentencia que pueda dictarse bajo ciertas circunstan-cias.

El procedimiento bosquejado en los artículos 307 al 312, supra, es puramente estatutorio. Substancialmente, es una nueva acción, bien de la naturaleza de una acción sobre la sentencia ya dictada, o como una respecto a una obligación original no del todo confundida (merged) en la sentencia, y sí exenta de tal confusión por el estatuto, con sujeción a las limitaciones d,el remedio estatutorio.

La jurisdicción sobre una parte demandada nunca fia sido considerada como un requisito previo indispensable para que se pueda expedir una orden de embargo en esta jurisdicción, ni en ninguna otra, que nosotros sepamos. La sección 16 de la ley para asegurar la efectividad de sentencias, y el artículo 307 del Código de Enjuiciamiento Civil deben ser interpretados en relación con otras secciones de la ley para asegurar la efectividad de las sentencias y espe-cialmente con la tercera, según fue enmendada en 1916. El único requisito de esta sección (en lo que ahora nos concierne) es que se haya “presentado” la correspondiente demanda.

En el presente caso, la demanda fué “presentada” al ra-dicarse la moción solicitando la confiscación de la fianza. El procedimiento en este caso, aunque sumario en la forma, es en realidad una acción sobre la fianza. Puede admitirse, sin que lo resolvamos, que, a tenor de las disposiciones del ar-iículo 307, mutatis mutandis, los fiadores tenían derecho a una orden para mostrar causa por la cual no debía librarse el decreto sobre confiscación de fianza. No se desprende que los fiadores tenían derecho a que se librara una orden para mostrar causa por la cual la orden de embargo no debía ex-pedirse, bien antes o después de haberse dictado el decreto sobre confiscación.

La sección 9 de la ley para asegurar la efectividad de las sentencias ordena que:

“El embargo y prohibición de enajenar inmuebles se efectuarán anotándolos en el registro de la propiedad y notificándolos al de-mandado, con la prevención de que no podrá enajenar los bienes embargados sino en pública, subasta, con citación del deman-dante ...”

Este tribunal ha resuelto hasta ahora que la notificación y prevención prescritas en esta sección no tienen que prece-der a la anotación en el registro de la propiedad. M. Michelin & Cía. v. El Registrador, 37 D.P.R. 630. Ninguna otra notificación o prevención es necesaria. La moción solicitando embargo es el paso inicial en el procedimiento. Ella no es una de las “pretensiones que se dedujeren .por cualquiera de las partes en el curso del juicio con relación al aseguramiento de sentencia”, dentro del alcance de la sección 14.

Debe revocarse la nota recurrida y devolverse el caso con instrucciones de que se anote el embargo.


text:
    José Colón, demandante y apelado, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., demandada y apelante.
    No. 4833.

    Sometido: Mayo 22, 1929.

      Resuelto: Diciembre 19, 1929.

      J. H. Brown, H. E. González ¶ G. Ruiz Nazario, abogados de la apelante; Celestino Iriarte, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

José Colón obtuvo sentencia en la corte de distrito por dos mil dólares como daños y perjuicios con motivo de la muerte de un hijo, ocasionada, según se alega, por la negli-gencia de la demandada.

De la “relación del caso y opinión” emitida por el juez de distrito tomamos el, siguiente extracto:

“La prueba lia demostrado que la demandada tiene en explota-ción un servicio de carros eléctricos entre Río Piedras y San Juan,, por la Carretera Central o Avenida Ponce de León; que el día 3 de mayo, 1925, el carro eléctrico No. 8, propiedad de la deman-dada, al llegar a un sitio frente a la casa residencia de Ramón N. Delgado, que está 'situado entre las paradas 21 y 22 de la línea dé-los carros eléctricos, Avenida Ponce de León, arrolló al niño Manuel Colón y le causó las lesiones graves que causaron su muerte allí y entonces.
La prueba ha demostrado, además, que el niño Manuel Colón, cruzaba la Avenida Ponce de León, por -el referido sitio, con una's--piezas de ropa en un brazo; que en ese momento se dirigían dos vehículos de motor o guaguas en direeiones contrarias, o sea, uno-para Río Piedras y el otro para San Juan, estando el niño como a metro y medio o dos metros de la vía de los carro's eléctricos, cuando un viejo vendedor de carbón gritó al niño ‘mira que te coge una guagua’; que entonces el niño cruzó la vía hasta la verja de la casa de Ramón PI. Delgado, que está inmediata a la vía, sin aceras; que en el espacio entre la vía. y la verja no puede permanecer una persona cuando pasa un tranvía, por no haber sitio suficiente, por lo que el niño, al acercarse el carro eléctrico No-. 8 en e'se momento, retrocedió inmediatamente y fué arrollado por dicho carro, que le-pasó por encima, mutilándolo completamente.
“La prueba ha demostrado también que en el sitio del accidente, la vía de los carros eléctricos está en línea recta- y plana, a nivel con 1a. carretera; que el carro eléctrico iba a velocidad regular, moderada, y que antes de arrollar al niño el motorista hizo diligen-cias o movimientos con el manubrio para parar, tocaba el timbre,, pero no paró, ni dió contramarcha, hasta unos cuatro metros del sitio del accidente desptiés de haber arrollado al niño. El testigo Juan Francisco Román, pasajero en el carro, calificó la actuación-del motorista como de estar ‘equivocado’ al hacer movimientos y no-parar; esto es, turbado-, lo que demuestra que él había visto el niño cruzar la vía. El policía insular Otilio Encamación también-declaró que el motorista sostuvo- una lucha para detener el carro, hizo diligencias para parar y no pudo, después de coger el niño con la hamaca. El niño fué sacado- de debajo del carro co-n las tripas-por fuera, muerto, después de haberle pasado por encima'dos de las-ruedas delanteras del lado derecho-, en dirección de Santurce a- San Juan.
“Al tiempo del accidente el niño tenía 16 años cumplidos de-edad, iba a la escuela en Maunabo, donde re'sidía con su padre y se encontraba accidentalmente en San Juan en casa de una tía suya nombrada Micaela, donde había venido para estar quince días.
“La demandada en este caso no presentó prueba alguna. Des-cansó en una acción de nonsuit que fué declarada sin lugar. En dicha moción sostuvo la demandada que no hubo prueba de negli-gencia de parte de la demandada o 'sus empleados, ni tampoco que hubiera podido evitar el accidente, y que no se demostraron daños pecuniarios o materiales sufridos por el demandante.
“En contestación alegó la demandada que en el supuesto de pro-barse el accidente y* los daños y perjuicios, dicho accidente y su’s consecuencias se debieron única y exclusivamente a la negligencia de Manuel Colón y de su padre el demandante, cuya negligencia fué la causa próxima e inmediata del accidente y sus consecuencias; y que el 'supuesto también de que mediara negligencia alguna por' parte de la demandada o de sus empleados, también medió como causa próxima e inmediata del mismo, la negligencia contributoria de Manuel Colón y del demandante.
“Manuel Colón no fué negligente. Él cruzó la vía cuando se le gritó que lo alcanzaba una guagua y prontamente retrocedió, des-pués de llegar hasta la verja porque allí podía ser atrapado por el carro eléctrico, y el motorista que vió estos movimientos pudo dete-ner la marcha del carro y evitar el accidente, pero no lo hizo así. La última oportunidad para evitar el accidente la tuvo la deman-dada y la conducta de ’su motorista al no detener el carro, no im-porta que se turbara o equivocara, fué la causa próxima del acci-dente. Bird v. P. R. Railway Light Power & Co., 33 D.P.R. 168; Rodríguez v. P. R. Ry., Light & Power Co., 32 D.P.R. 416.

Manuel Colón no estaba cruzando la avenida cuando re-cibió el aviso del vendedor de carbón. Ipl y el carro eléctrico iban caminando en la misma dirección de Santurce hacia San Juan por el lado izquierdo de la avenida. Al oír el grito del vendedor de carbón, el muchacho saltó o corrió por sobre la vía hacia la verja y volvió sobre sus pasos hacia la por-ción de la carretera que ya había recorrido. Para entonces, ya el carro eléctrico se hallaba a cuatro o cinco metros del sitio. El muchacho no cayó sobre la hamaca del carro, sino debajo de ella. No fué llevado o arrastrado a una distancia apreciable. El ya estaba debajo de la hamaca cuando el po-licía vió que el motorista trataba de parar el carro. Sólo pasó sobre el cuerpo la primera de las dos ruedas delanteras del lado derecho del carro.

Al tiempo del accidente, la vía no estaba tendida sobre la parte de la avenida regularmente transitada. El riel que es-taba más próximo a esa parte se proyectaba de una pulgada o pulgada y media a dos o tres pulgadas sobre la superficie de la tierra. Entre los carriles había una depresión igual en profundidad a la altura de los railes. Un viandante que caminara entre los rieles tendría que andar por sobre las traviesas.

No necesitamos volver a exponer los hechos bosquejados en Bird v. P. R. Ry., Light & Power Co., 33 D.P.R. 168, con el fin de hacer una distinción de aquel caso.

Acudiendo al caso de Rodríguez v. P. R. Ry., Light & Power Co., 32 D.P.R. 416, hallamos en la página 421, lo si-guiente :

“ • . . El demandante que se encontraba ‘ñangotado’ estaba sacando agua que se había acumulado durante su ausencia a medio día. Él estaba a unos dos pies de la vía del tren con su espalda hacia San Juan, de cuya dirección venía el carro. Había estado trabajando por varia's horas al parecer en esta posición encorvada con una pierna un poco más arriba que la otra. Se había reti-rado sin dificultad alguna, según su propia declaración, de su po-sición varias veces para evitar los anteriores carros que habían pa-sado. El motorista manifestó que él lo vió así y en la po'sición de peligro en que estaba a unos cuatro o cinco metros pero entonces no pudo parar su carro a tiempo. No consta que el motorista tuvo oportunidad de verle antes. Hubo prueba tendente a probar que había una pequeña curva y una calle frecuentada antes de llegar al sitio de peligro en donde también existía un montón de tierra al borde del hoyo donde trabajaba el demandante. La negligencia contributoria del demandante e's evidente y no existe razón alguna para la aplicación de la doctrina de la ‘última oportunidad posible’ (last olear chance), doctrina que no parece se levantó en la corte inferior. El demandante dejó de probar que la demandada pudo haber evitado el accidente mediante el ejercicio del'debido cuidado. El demandante no tuvo cuidado de la aproximación del carro, y, ocupado enteramente en sacar el agua acumulada, puede haberse in-diñado sobre un riel demasiado, pero él no estaba en el riel y dentro de la previa experiencia del motorista no había nada al acercarse a este lugar que le hiciera pensar en que la posición de peligro del demandante continuaría; por lo menos dicho motorista no tuvo tal idea ha'sta encontrarse a cuatro o cinco metros del lugar del acci-dente, cuando ya era demasiado tarde para parar el carro.”

En ese caso, el tribunal se dividió, pero el disentimiento no se basó en ninguna teoría de negligencia de parte del mo-torista por no haber detenido la marcha dentro de una dis-tancia de cuatro o cinco metros.

En el caso de autos, tanto Eomán como el policía declararon respecto al esfuerzo supremo que hizo el motorista para detener el carro. Eomán dice que el carro no se movió más de cuatro o cinco metros después que el motorista empezó a aplicar el freno. Este testigo ocupaba el cuarto asiento de la parte delantera del carro. De la transcripción taquigráfica de su testimonio citamos lo siguiente:

“iUsted vió si el motorista dió contramarcha a ese carro?
“No, señor, yo noté que el motorista tocaba el timbre del carro y al mismo tiempo hacía movimientos como para parar el carro con el manubrio.
“¿Con el freno quiere decir?
“Sí, señor, pero parece que se equivocó, porque notaba que to-caba el timbre y hacía así, pero siguió el carro caminando.”

No hay ninguna otra base en los autos para la conclusión de que el motorista pudo haber1 parado el carro después que el niño había llegado a la vía, y a tiempo para evitar el accidente.

En la repregunta Eomán admitió que nada sabía acerca de carros eléctricos o de su mecanismo. El hecho de que no vió que el motorista diera contramarcha no establece nin-guna inobservancia u omisión de deber alguno por parte del motorista. Nada hay que demuestre que fuera deber del motorista darle contramarcha al carro mientras iba cami-nando hacia adelante a velocidad ordinaria, o que esa actua-ción hubiese evitado el accidente. Nada hay que demuestre que el freno aplicado por el motorista no fuera uno de emer-gencia, o que fuera el adminículo usado ordinariamente al hacer una parada regular. La única razón para la conclu-sión de Román al efecto de que el motorista se había equivo-cado, fué que el carro no hizo una parada completa inme-diatamente. No podemos asumir con la corte inferior que una tentativa de dar contramarcha al carro mientras éste permaneciera en movimiento hubiera sido más juiciosa o efectiva que el medio seguido por el motorista en la emer-gencia con que se confrontaba.

Tal vez podría decirse algo más acerca de la selección por parte de un motorista de un método o manera de domi-nar un carro eléctrico en una emergencia, pero no creemos necesario discutir este aspecto del caso.

De todos modos, la revocación de la sentencia apelada hubiese sido inevitable, por la falta de relación causal entre el accidente y la demandada. No hay el menor asomo de evidencia en apoyo de la conclusión de la corte de distrito al efecto de que la demandada era dueña del carro eléctrico en cuestión, o de sistema alguno de carros eléctricos.

Nuestra única duda ha sido la de si debe devolverse el caso para nuevo juicio. En cuanto a este extremo, no podemos escaparnos de la conclusión de que la muerte de Manuel Co-lón se debió a un accidente inevitable, de que no hubo prueba satisfactoria alguna sobre negligencia punible de parte del motorista, y de que el juez de distrito erró al declarar sin lugar la moción de nonsuit.

Debe revocarse la sentencia apelada y desestimarse la acción.


author: El Juez Asociado Señor Texidoe,

text:
    Rafael Vidal, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, P. R., recurrido.
    No. 789.

    Sometido: Noviembre 9, 1929.

      Resuelto: Diciembre 19, 1929.

      P. Fajardo Martínez, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Texidoe,

emitió la opinión del tribunal.

En un expediente de apremio por falta de pago de con-tribuciones la colecturía de rentas internas de Mayagüez, em-bargó primero, y vendió en subasta después una finca urbana en la calle Eugenio M. de Hostos, de Mayagüez. La subasta tuvo lugar el 14 de septiembre de 1928; se cumplieron las formalidades legales, antes de la subasta y en ella; y se adjudicó la finca a Rafael Vidal. El colector expidió, en 5 de abril de 1929, el certificado de compra, que se inscribió en el registro de la propiedad en 16 de septiembre de 1929. En 16 de octubre de 1929, Rafael Vidal y su esposa acudieron ai registrador de la propiedad, acompañando la certificación ex-pedida por el colector con referencia a la compra, y pidiendo que en el registro se hiciera constar la consumación de la venta. El registrador denegó tal petición en la forma que sigue:

“Denegada la consumación de la venta que comprende el pre-cedente documento, que es un certificado de compra de bienes in-muebles expedido por M. G-arcía Salgado, Colector de Rentas In-ternas de esta ciudad, el cinco de abril último, en el caso de embargo número 5158-3853, por no haber transcurido un año desde la fecha de dicho certificado de compra y disponer el artículo 348 del Código Político, 'según, fué enmendado por la Ley de marzo 10 de 1910, que el derecho de redención únicamente podrá verificarse dentro del término de un año contado desde la fecha del certificado de compra, cuya provisión de ley aparece conspicuamente en dicho certificado de compra; y tomada en su lugar anotación preventiva por término legal a favor de Rafael Vidal, con vista: de un es-crito, ...”

Contra esa nota se interpuso el presente recurso.

El artículo 348 del Código Político de Puerto Eico, es como sigue:

“Art. 348. — El dueño de cualesquiera biene's inmuebles, que en lo sucesivo se vendieren para el pago de contribuciones, sus here-deros o cesionarios, o cualquiera persona que tuviere algún derecho o interés en los mismo’s, podrá redimirlos dentro del término de un año contado desde la fecha del certificado de compra, ...”

Esa es la ley, por la que se establece la redención de la propiedad embargada, y el término para ejercitar tal derecho.

La cita que el recurrente hace del artículo 351 del mismo código, no es atendible. El contexto del artículo es éste:

“Art. 351. — Después de vencido el término de noventa días, a contar de la fecha de la venta de cualquier propiedad inmueble para el pago de contribuciones, el Registrador de la Propiedad del Distrito dentro del cual se haya verificado la venta, y mediante el pago de do's dollars por derecho u honorarios extenderá, registrará y entregará a la persona a quien el certificado de compra haya sido expedido o cedido, una escritura, etc.”

Como se ve del mismo texto aparecen estas palabras “en-tregará a la persona a quien el certificado de compra baya sido expedido o cedido”; lo que demuestra que la ley no tiene por hecha la venta hasta que se expide el certificado.

Se confirma la nota recurrida.