source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. del Tobo,'

license: Public Domain

text:
    Matson v. Goyco.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 769.
    Resuelto en junio 26, 1912.
    INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS-INTENCIÓN DE LAS PARTES — CIRCUNSTANCIAS Relacionadas con el Convenio — Prueba Oral. — Interpretando literalmente las disposiciones contenidas en los artículos 25 y 28 de la Ley de Evidencia, no comete error el juez que después de celebrada la vista, señala un día para la presentación de prueba adicional con objeto de ampliar y aclarar la prueba ya presentada relativa a la intención de las partes al hacer el convenio en litigio, pero dicha prueba adicional debe versar únicamente sobre las circunstancias relacionadas con el convenio, y si se ha presentado prueba más allá del límite permitido por la ley la parte de la prueba que se haya ex-cedido de dicho límite no debe ser tomada es consideración por el juez sen-tenciador, ni debe ser apreciada por este tribunal en apelación.
    I». — Servidumbre de Paso — Derecho de Uso Personal. — La cláusula del con-trato cuya interpretación es la cuestión fundamental de este pleito dice asi: “O. Es condición de este contrato que el comprador tiene derecho a usar el callejón expresado en el antecedente segundo, pero ni él ni los posteriores compradores podrán edificar ranchones ni casa de vecindad y sí solo de familia.” Examinada la prueba presentada en este easo y sobretodo el contenido de la escritura de venta otorgada por la demandada al primer adquiriente del solar en litigio, el tribunal resolvió que la cláusula consignada anteriormente constituye una servidumbre de paso y no un dereeho de uso personal del callejón en cuestión a favor de determinada persona únicamente.
    Id. — Derechos Adquiridos por el Comprador — Trasmisión de Derechos a Ulteriores Compradores. — Los derechos que se trasmiten por el vendedor al eompredor de una finca, puede el comprador trasmitirlos a su vez a otra persona y ésta a otra y así sucesivamente, a menos que se trate de derechos de naturaleza exclusivamente personal o que la limitación quede claramente expresada en la escritura como la voluntad real y positiva de los contratantes.
    Id. — Interpretación de la Palabra “ Comprador ” — Trasmisión de Derechos a Ulteriores Compradores. — De acuerdo con la doctrina expuesta en el párrafo anterior el tribunal resolvió que la palabra “comprador" empleada en la cláusula “O” del contrato objeto de este pleito, comprende también a los ulteriores compradores, porque el derecho constituido en dicha cláusula no es de una naturaleza exclusivamente personal, ni' tampoco quedó la limita-ción claramente expresada en la escritura como la voluntad real y positiva de los contratantes.
    Id. — Interpretación Extensiva — Constitución de Servidumbres. — La doctrina establecida en la sentencia del Tribunal Supremo de España de noviembre 4, 1897, en el sentido de que ‘1 en los contratos en que se constituye servi-dumbre o se establece algún gravamen que afecte a la libertad de las fincas, ha de estar bien expresada la voluntad de las partes sobre estos extremos, sin que sea lícito interpretarla extensivamente” es aceptada por este tribunal, pero aplicada a este caso no produce el efecto de tener que resolver que en la cláusula en litigio no se constituyó una servidumbre de paso y sí únicamente un derecho de uso de carácter personal.
    Los lie dios están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Muñoz y Brown.

    Abogados del apelado: Sres. Francis E. Dexier y Gay. Ooll Cuchí.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,'

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión fundamental envuelta en este pleito consiste en la interpretación do cierta cláusula de un contrato de com-praventa. Si dicha cláusula se interpreta en el sentido de que la demandada constituyó por ella una servidumbre de paso a favor del solar que en la actuahdad pertenece al demandante, la reclamación del demandante es justa y procedente. T si se interpreta en el sentido de que la demandada sólo reconoció por ella un derecho de uso a favor únicamente de la persona a quien vendió la finca, entonces la demanda debe ser declarada sin lugar.

La demandada, Doña Clemencia Goico, dueña de un terreno radicado en el sitio denominado ‘ ‘ Condado, ’ ’ sección norte del barrio de Santurce, de esta ciudad de San Juan, lo dividió en cinco solares, haciendo levantar al efecto el plano que figura en la transcripción. En 6 de enero de 1909, vendió por escri-tura pública a Pablo Sierra Alvarez, el solar No. 4, bajo la siguiente descripción, según aparece del antecedente segundo de dicha escritura:

“Solar número 4 del plano que de sus terrenos hizo levantar Doña Clemencia Goieo, por los ingenieros civiles Rodríguez y Solomon com-puesto de quinientos setenta y dos metros cincuenta y cuatro centí-metros cuadrados, con veinte y dos metros sesenta centímetros, frente al camiuo do Loíza, a la izquierda entrando por dicho frente, treinta y un metros cincuenta y cinco centímetros, y colindando por ese lado con los solares números uno, dos y tres do la vendedora; por sus fondos veinte metros d;ez y ocho centímetros, colindando con el solar número cinco, que b> vendedora adquirió de Don Hernand y Don Sosthenes Boira, según escritora de dos de septiembre de rail novecientos ocho, ante el no):: rio Don Julio César González, y por la derecha entrando, con veinte v dos metros noventa y cinco centímetros, que colindan con el soler do. Don Bernardo Hidalgo.
“De (Helios quinientos setenta y dos metros, cincuenta y cuatro centímetros, Doña Clemencia Coico, se reserva ciento un metros cin-cuenta y cu .tro centímetros de un callejón, que como camino i i ene tres metros de morbo frente al camino de Loíza y parte hasta el fondo con el solar muñere cinco y en eolindaneia por esa parte con los solares números uno. Jos y tres, de la finca- principal, propiedad de la vende-dora. eredn'dc por lo tanto cuatrocientos setenta y un metros cua-drados, que son los que se enajenan.”

De la expresada escritura se hizo constar además lo si-guiente : . .' l

“ (c) Es condición de este contrato que el comprador tiene derecho a usar el callejón expresado en el antecedente segundó, pero ni él ni los posteriores compradores podrán' edificar ranchones ni casas de vecindad, y sí sólo de familia.”

La repetida escritura .fué inscrita en el registro de la pro-piedad “con el defecto subsanable de no describirse en: el documento la parcela enajenada deducidos los tres metros del callejón que se reservó la demandada.” En el registro se hizo constar la descripción general del solar número 4 y la- cir-cunstancia de haber quedado reducida su superficie por la segregación de ios ciento un metros cincuenta y cuatro cent-ir metros del callejón, y además, “que el contrato se celebró con condición de que el comprador tiene derecho a usar del callejón expresado, pero ni él ni los posteriores compradores podrán edificar ranchones ni casas de vecindad y sí sólo de familia.”

Dueño Sierra del solar, fabricó en él una casa y vendió la casa y el solar a José Benito Sobrino. La escritura de venta no aparece en la transcripción, pero sí consta de la certifica-ción expedida por el registrador de la propiedad, que fué ins-crita debidamente en el registro.

Sobrino, en 15 de mayo de 1909, vendió la finca a Antoniq Laloma, por escritura pública que también se inscribió debida-mente en el registro, y Laloma, finalmente, en 5 de julio de 1910, la vendió al demandante Matson, también por escritura pública que fué inscrita debidamente en el registro de la proT piedad.

En las escrituras de Sobrino a Laloma y de Laloma a Mat-son, no se hace constar expresamente la cláusula que transcríT binaos al referirnos a la escritura de Doña Clemencia Groico a Sierra, designada por la letra (c) pero en la primera de ellas o sea en la de Sobrino a Laloma, al describirse la finca se con-signa : “De la cabida de este solar se encuentra reservada por Doña Clemencia Goico una porción de ciento y un metros cin-cuenta y cuatro ■ centímetros cuadrados, en la cual no podrá hacerse construcción, y en esta porción un callejón o camino de tres metros de ancho” etc., y luego, entre las estipulacio-nes, la siguiente: “Salvo la reserva respecto a construcción ,ep el callejón o camino que se ha expresado en la descripción de la finca, ésta se vende como libre de cargas” etc. T en la segunda o sea en la de Laloma a Matson, se consigna también el hecho de la reserva de los cien metros y de la existencia del •callejón o camino'y, al describirse la finca, se expresa: “por la izquierda,, por un callejón o camino, reservado por Doña Cle-mencia Coico.”

• Desde que Sierra fabricó la casa, la alquiló al demandante Matson, y desde entonces Matson vino usando del callejón para el servicio de su casa, hasta que la demandada colocó una <cerca, casi en la mitad del mismo, que impidió al demandante -entrar por una puerta que existía en su cerca al fondo de su solar y que abría al callejón.

Sobre los hechos a que nos hemos referido no existe con-troversia. La controversia existe sobre el significado y al-cance de la cláusula designada con la letra (o) en la escritura -de la demandada a Sierra y hecha constar en el registro de la propiedad.

Después de celebrada la vista, el juez sentenciador mani-festó a los abogados su deseo de que la prueba fuera amplia-da y aclarada en cuanto a la intención de las partes al hacer el •contrato referente al uso del callejón y que con ese fin había .•señalado un día para la práctica de dicha prueba adicional. La parte demandante se opuso y luego se opuso también al •declarar los testigos de la parte demandada, fundándose en ■que la prueba oral sobre la intención de las partes en un con-trato escrito y sobre el significado de tal contrato', era inadmi-sible e impertinente. La corte desestimó las objeciones del de-mandante y éste consignó su excepción en cada caso.

Una interpretación liberal de las disposiciones contenidas <en los artículos 25 y 28 de la Ley de Evidencia (Leyes de 1905, págs. 108 y 109), sostiene el procedimiento adoptado por la corte de distrito.

Ahora bien, dicha prueba debió versar únicamente sobre las circunstancias sobre las cuales fué hecho el convenio o con las cuales se relacionare, ya que, al interpretar el documento, no pudo el juez de distrito, ni podemos nosotros “insertar lo que se hubiere omitido, ni omitir lo que se hubiere insertado, ’ ’ de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la propia Ley de Evidencia. Si alguna parte de la prueba practicada fuera más allá del límite permitido por la ley, dicha parte no debió tomarse en consideración por e] juez de distrito al dictar la sentencia en este caso, ni debe apreciarse por nosotros ahora al resolver el recurso.

En la primera comparecencia declararon por el deman-dante, el propio demandante Matson, y el testigo Sierra, uno de los dueños que. fué de la finca, y por la demandada el testigo Castro y el mismo testigo del demandante, Sierra. Matson testificó sobré la existencia del callejón, sobre el uso del mismo y sobre la construcción actual, y Sierra sobreda fabricación de la casa, sobre el arriendo a Matson, sobre la existencia de ■“un callejón colindante con el solar,” sobre las palizadas que se levantaron a lado y lado del callejón, y sobre el hecho de haber intentado comprar todo el solar y haberle manifestado la demandada “que no quería venderlo porque iba a hacer allí un callejón.” Castro, declaró “que el callejón de tres metros que hay allí marcado (se refiere al plano) por dos pali-zadas, está situado a la parte oeste del solar núm. 4, y los so-lares 1, 2 y 3 colindan con el callejón.” T Sierra confirmó su ■declaración de que la demandada le había dicho que no podía verderle todo el solar, porque quería reservarse un pedazo para el callejón; “que lo único que podía hacer era dejarle el paso por el callejón.”

Toda esta prueba se practicó sin objeción. En la segunda comparecencia declararon por la demandada, la propia de-mandada Clemencia G-oico y el testigo Sierra. La primera manifestó que no incluyeron en la primera parte de la cláu-sula (c) de la escritura las palabras “posteriores compra-dores,” porque el uso del callejón era personal al Sr. Sierra. Y Sierra que la demandada le dijo que no podía venderle todo el solar “pero que me podía conceder a mí el paso por allí.” Que no- vendió a Sqferino el callejo# porque no le pertenecía, que el callejón no era suyo.

En esta segunda comparecencia también presentó el de-mandante prueba consistente en su propia declaración y en las declaraciones de Eugenio Benitez Castaño y Juan Morera Martínez. El demandante depuso que babía usado constante-mente el callejón, que su vendedor Laloma le dijo “que él creía que el testigo tenía derecho a usar el callejón” y que cuando la demandada le impidió el uso fué a ver a Sierra y éste le dijo refiriéndose a la Sra. G-oico: “es upa temeraria.” Benitez Castaño, el notario que autorizó la escritura de la demandada a Sierra, declaró que no podía decir si era la intención de las partes establecer una servidumbre de paso por el callejón per-teneciente al solar vendido o una servidumbre personal.”' Que la minuta fué tomada por Morera Martínez, y éste, final-mente, declaró que preparó en efecto la minuta y que al redac-tar la escritura “fueron las instrucciones de las partes y la la intención del notario, el conceder un derecho de uso y no una servidumbre de paso.”

Tal es el resumen de los hechos y de la prueba practicada en este caso. Prescindiendo de aquella parte de la prueba que esté fuera de lo permitido por la ley y juzgando el con-venio por las circunstancias bajo las cuales fué hecho y con las cuales está relacionado, y sobre todo por lo consignado en la escritura de venta de la Sra. Goico a Sierra, opinamos que debe revocarse la sentencia apelada.

Tal vez la señora demandada en realidad de verdad no pensó que su deseo de convertir en un callejón una parte del solar que vendiera, la obligara para siempre.' Pero es lo cierto que la existencia del callejón se consignó en la escritura de venta y tuvo desde el primer momento realidad práctica; que el callejón se deslindó levantando palizadas a ambos lados; que se usó por los vecinos; que el solar vendido y la casa fabricada en el mismo lian pasado a poder de otras personas y que su descripción consignada en las escrituras y en el registro es “por la izquierda con un callejón o camino, reser-vado por Doña Clemencia G-oico.”

Matson alquiló la casa fabricada por Sierra y la vivió como inquilino mientras Sierra fué dueño y luego mientras lo fue Sobrino y más tarde mientras lo fué Laloma, y durante todo ese tiempo usó del callejón como de algo a que se tiene perfecto derecho. Y es natural que al resolver comprarla finalmente a Laloma, la existencia del callejón fué tenida en cuenta como una circunstancia favorable. No podría con-cluirse que el callejón sea absolutamente necesario para la finca de Matson, pero no es posible negar que le es beneficioso y que aumenta su valor al proporcionarle una salida a todo lo largo del lado izquierdo de su solar y al asegurarle por dicho lado una faja de tres metros de ancho en la cual, como des-tinada a camino, no se levantarán construcciones y no se pon-drán obstáculos por tanto al aire ni a la luz.

NI juez sentenciador basó su decisión en contra del deman-dante, especialmente en la doctrina establecida por el Tribunal Supremo de España acerca de que “en los contratos en que que se constituye servidumbre o se establece algún gravamen que afecte a la libertad de las fincas, ha de estar bien expresada la voluntad de las partes sobre estos extremos, sin que sea lícito interpretarla extensivamente.” (Sent, de 4 de noviembre de 1897.)

Estamos enteramente conformes con dicha doctrina, pero no lo estamos en que aplicada a este caso, produzca el efecto de resolverlo a favor de la parte demandada.

La cláusula pertinente de la escritura otorgada por la demandada y que hemos transcrito anteriormente, expresa que es condición del contrato que el comprador tiene de-recho a usar del callejón, pero que ni él ni los posteriores compradores podrán edificar ranchones ■ ni casas de vecin-dad y sí solo de familia.

Se alega que no puede extenderse el significado de la pa-lalabra comprador a los ulteriores compradores, debiendo quedar circunscrito solamente al primero, porque cuando la vendedora quiso referirse a los ulteriores compradores, lo hizo expresamente, como se comprueba por la simple lectura de la segunda parte de la condición.

Los derechos que se trasmiten por el vendedor al com-prador de una finca, puede el comprador trasmitirlos a su vez a otra persona y ésta a otra y así sucesivamente, a me-nos que se trate de derechos de naturaleza exclusivamente personal, o que la limitación quede claramente expresada en la escritura como la voluntad real y positiva de los contra-tantes. Y la segunda parte de la condición no admite la interpretación que le da la parte demandada. Al contrario, confirma claramente el significado de la palabra comprador usado en la primera parte como abarcando a todos los compra-dores, ya que como una consecuencia de la existencia del calle-jón y como una posibilidad de que el solar vendido al quedar colindando en todo su fondo con una calle estrecha o callejón pudiera utilizarse para construir casas de vecindad y no de-seando la vendedora que esto suceda porque podía perjudicar, como perjudicaría seguramente, a sus otros solares, impuso al comprador la obligación de no fabricar dicha clase de casa sino un hogar para familia. En la primera parte la vende-dora concede un derecho y en la segunda impone una obliga-ción en relación con el derecho concedido.

Pudiera decirse que la servidumbre debió haberse estable-cido con mayor claridad y que en vez de personas debió ha-blarse de solares, pero es lo cierto que tal como se consignó, atendidas todas las circunstancias del caso y los actos mismos de la demandada, es suficiente para poder concluir, sin dar al contrato una interpretación extensiva, que quedó constituida una verdadera servidumbre a favor del solar enajenado.

Por las razones expuestas debe revocarse la sentencia ape-lada y dictarse en su lugar otra por esta Corte Suprema, con-cediendo lo pedido en la demanda.

Revocada.

Jneces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,,

text:
      Blanco v. Hernández et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez.
    No. 791.
    Resuelto en junio 26, 1912
    Injunction Preliminar — Apelación—Injunction Perpetuo. — Cuando un injunction preliminar se convierte en perpetuo en virtud de una orden posterior,, esta ultima orden pone término al injunction preliminar, el cuál queda com-prendido dentro del perpetuo, y habiendo sido apeladas ambas órdenes, es; innecesario considerar aisladamente la apelación contra la orden decretando, el injunction preliminar.
    Terceros — Venta de Hinca en Pago de Contribuciones — Embargo de la. Misma Hinca por un Tercero — Título Primeramente Inscrito en el Re-gistro. — La finca objeto de este pleito pertenecía en proindiviso según el registro de la propiedad a “A,” “B,’’ y “G.” Habiendo sido vendida Jai totalidad de la finca en pública subasta en pago de contribuciones, la de-mandante “D” adquirió en pública subasta la totalidad de la finca, degando pasar unos tres años sin inscribir en el registro el certificado de compra que le expidió el colector de rentas internas. Antes de que presentara dieho. certificado de venta en el registro, el demandado “E” anotó en el registro, un embargo, sobre el condominio de “O,” para- asegurar la efectividad de-la sentencia en un pleito que había promovido contra ‘ ‘ C. ’ ’ Dictada sen-tencia en este pleito "E” remató en pública subasta dicho condominio j presentó en el registro para su inscripción, la escritura de adjudicación que-le íué otorgada por el marshal de una corte municipal, cuya escritura fue; anotada preventivamente y dicha anotación se convirtió más tarde en la-, inscripción definitiva. No consta claramente que “E” tuviera conocimiento-de que “D” había adquirido la finca en litigio en la subasta celebrada e^i-pago de contribuciones. Se resolvió que el demandado “ E ’ ’ es un tercero de buena fe con respecto al condominio de “0” que adquirió sin tener conoci-miento del remate efectuado en pago de contribuciones, y que inscribió su derecho en el registro antes de que la demandante “D” inscribiera, el certifi-cado de venta que obtuvo en virtud del remate en pago de. contribuciones.
    Id. — Hinca Vendida en Pago de Contribuciones. — Con respecto a los otros dos condominios de la finca en litigio correspondientes a “A” y “B” y adqui-ridos, según se ha expresado en el párrafo anterior, por “D, ” al adquirirla totalidad de la finca en el remate celebrado en pago de contribuciones, se¡

      resolvió que dichos dos condominios corresponden a la demandante “D” y que el demandado “H” no puede invocar el carácter de tercero con respecto a ellos, porque el título de la demandante fué anotado en el registro de la ■'propiedad óon anterioridad a la anotación de la compra hecha por el deman-dado, y porque éste sabía además que dichos bienes no pertenecían a su deudor, pues para esa fecha había sido emplazado en un pleito sobre tercería promovido por el demandante y tenía conocimiento expreso del hecho de la venta en pública subasta para el cobro de contribuciones.
    Id. — Interpretación de la Ley Hipotecaria. — No deben interpretarse los pre-ceptos de la ley hipotecaria de tal modo que garanticen supuestos derechos, adquiridos a sabiendas de que en realidad de verdad no existían y sólo figura-ban en los libros del registro. La ley favorece y garantiza al tercero inocente, porp no puede favorecer y garantizar al que adquiere a sabiendas, sin lugar a dudas de ningún género, de que aquel de quien deriva su derecho, no es el dueño, como sucede en el presente caso.
    Id. — Conocimiento de la Enajenación de un Inmueble — Intervención en el Contrato. — Con arreglo a la Ley 1-Iipotoearia no puedo considerarse como tercero al que si bien no intervino en el acto o contrato, tuvo perfecto cono-■cimiento de él y de acuerdo con esta doctrina no tiene el carácter de tercero el que contrata un préstamo con hipoteca sobre un inmueble, a sabiendas de que ha sido anteriormente enajenado por el mismo que con él contrató, aún cuando esto no aparezca del registro, siempre que dicho conocimiento se haya revelado en actos propios del adquiriente, o en hechos que demuestren claramente tal conocimiento.
    ib. — Conocimiento de las Cargas de una Finca. — La persona que invoca el carácter de tercero si se prueba que sabe las cargas que pesan sobre una finca, pierde el privilegio de tercero.
    Id. — Hipoteca Preferente — Contribuciones—Extinción de Hipotecas. — La hi-poteca del Pueblo de Puerto Pico para el cobro de las contribuciones es pre-ferente, y vendida una finca que está afecta o otras hipotecas en pública su-basta para ¿1 cobro de contribuciones, y transcurrido el término fijado por la ley para la redención sin que el acreedor hipotecario ejercitara su derecho, quedan las demás hipotecas extinguidas.
    Costas — Facultad Discrecional del Tribunal Sentenciador. — No demostrán-dose que el tribunal sentenciador ha cometido abuso de su facultad discre-cional al imponer las costas, debe confirmarse su resolución sobre este particular.
    Id. — Impugnación del Memorandum de Costas — Contestación Escrita a la Impugnación. — Se resolvió en el caso de autos que el hecho de que el deman-dante, no contestara por escrito la impugnación del demandado al memorandum de costas, atendidas las circunstancias del caso, no es suficiente por sí solo para concluir que el demandante aceptó como bien fundado el dicho memorandum del demandado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    .Abogado del demandante: Sr. José Benet.

    , ■ El demandado y apelante Agustín Hernández Mena, compareció en nombre' propio.

       La resolución dictada en este caso en octubre 14, 1912, sobre reconsideraeiún,-se inserta a continuación de la presente. Página 724. ■ ;

   El Juez Asociado Se. del Tobo,,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso se ban establecido cinco apelaciones, teniendo todas por base la misma transcripción y habiéndose celebrado la vista de todas en un solo acto. El demandado Hernández Mena apeló: 1°., de la orden de la corte de 11 de noviembre de 1910 negándose a dejar sin efecto cierta orden de entredicho previamente dictada; 2°., de la orden de 15 de diciembre de 1910 decretando un injunction preliminar; 3°., de parte de la sentencia de 25 de febrero de 1911, y 4°., de la or-den de marzo 16, 1911, aprobando el memorándum de costas. Y la demandante Alejandrina Blanco apeló de parte de la sentencia de 25 de febrero de 1911.

No es .necesario que consideremos aisladamente las apela-ciones relativas al injunction preliminar, ya que por uno de los pronunciamientos de la sentencia apelada el injunction pre-liminar se hizo perpetuo, y, según la jurisprudencia estable-cida en el caso de Gage v. Parker, 178 Ill., 455, una orden ha-ciendo perpetuo un injunction temporal pone término a éste, que queda comprendido dentro del perpetuo. Al considerar las apelaciones de ambas partes interpuestas contra la sen-tencia, estudiaremos y resolveremos las cuestiones esenciales envueltas en el litigio, y, por último, decidiremos lo que pro-ceda con respecto al memorándum de costas.

La sentencia dictada en este caso se basa en los siguientes hechos probados declarados por el juez sentenciador y que se han incluido en la transcripción de los autos:

I. Con anterioridad al año 1907, Manuel Arán, Clotilde Arán, conocida también por Agripina o Crispina, e Inocencia Cuascú, eran dueños de la siguiente finca: “Estancia dedicada a café, guineos y pasto con casa habitación, molino, glacis, casa almacén, etc., radicada en el barrio de Indiera Baja de la municipalidad de Maricao, compuesta de 130 cuerdas de terreno, dividida por el río Guaba, y .lindando al norte con el camino que conduce a las ludieras; sud con Damiani Her-manos, antes Remigio Puigmirong e Hijos; este con terrenos de Don Antonio A mili Oramas, antes Don Bernardo Collado; y por el oeste con otros de Flora y Margarita Simonetti y Antonio Amill. ’ ’ Dicha finca estaba inscrita en el registro de la propiedad, siendo valorada la finca en la suma de diez mil trescientos pesos y siendo los condominios de los dneños, se-gún aparecía del registro, los siguientes: Manuel Arán, un condominio por la suma de 4,695.75 pesos; Clotilde Arán, un condominio por la suma de 1,776.50 pesos; e Inocencia Cuascú,. un condominio por la suma de 3,827.75 pesos.

II. Por escritura pública de once de diciembre de 1902, el copartícipe Manuel Arán, hipotecó su condominio citado, a favor de la otra copartícipe Inocencia Cuascú, para respon-derle de la suma de $2,817.45, y esa hipoteca sobre el condo-minio de la finca perteneciente a Manuel Arán, fué inscrita en el registro, a favor de Inocencia Cuascú.

III. Asimismo, por escritura de 11 de diciembre de 1902,, la otra copartícipe Clotilde o Agripina Arán, hipotecó su con-dominio junto con otra finca a favor de la otra copartícipe Inocencia Cuascú, para asegurar un crédito de 2,200 pesos, y esa hipoteca fué inscrita en el registro de la propiedad a favor de Inocencia Cuascú. Esta hipoteca fué pagada por la deu-dora y en 3 de junio de 1906, Doña Inocencia Cuascú, le en-tregó un recibo en documento privado, de la suma total, pero la hipoteca nunca fué cancelada ante notario, ni se inscribió' nunca la cancelación en el registro de la propiedad.

IV. Para los efectos del pago de contribuciones, la finca aparecía en el registro de la Tesorería, bajo el nombre de Manuel Arán. Por falta de pago de contribuciones, la finca fué vendida por El Pueblo de Puerto Rico y comprada en pú-blica subasta, en 14 de octubre de 1907, ante el colector de ren-tas internas de Maricao, Don Francisco Rivera, por la deman-dante Alejandrina Blanco, esposa del demandado Emilio Arán, por la suma de 600 dollars. Dicho colector entregó a la compradora, un certificado haciendo constar dicha venta, la descripción de la finca, que el nombre del contribuyente moroso era Manuel Arán, que la propiedad aparece registrada en el registro de la propiedad a nombre de Manuel Arán, Clo-tilde Arán e Inocencia Cuaseú y Montaz, y que este certificado una vez inscrito en el registro de la propiedad del distrito donde radica dicha propiedad, constituirá título absoluto de dicha propiedad a favor del comprador, libre de todo gravamen, exceptuando las contribuciones de los años económicos 2o. semestre 1906-7 y 1907-8; haciendo constar sin embargo, que el dueño de la propiedad vendida, sus herederos o cesiona-rios, agente debidamente autorizado o acreedores hipotecarios, tienen derecho a redimir la propiedad vendida dentro de 180 días contados desde la fecha, mediante pago al comprador, sus herederos o cesionarios, del montante, al tipo de doce por ciento anual, más todas las costas y contribuciones adeudadas. Dicha venta fué notificada a Manuel Arán, Clotilde Arán e Inocencia Cuaseú, pero no fué redimida la finca. La deman-dante Alejandrina Blanco, dejó de inscribir el referido certifi-cado hasta el 28 de octubre de 1910, en que fué inscrito, en cuanto al condominio de $4,695.75 que al deudor moroso Manuel Arán y Cuaseú correspondía, según el registro, en el valor de $10,300 asignados a la finca, siendo denegada la ins-cripción, tomando en su lugar anotación por 120 días, en cuanto a los dos condominios restantes de dicha finca por hallarse en' esa fecha inscritos a favor de personas distintas de dicho Manuel Arán, o sea a favor de Agustín Hernández Mena y de Clotilde Arán. Desde 14 de octubre de 1907, la de-mandante ha pagado las contribuciones de la finca, y la ha poseído y está poseyendo, excepto en cuanto a los condominios que como se dirá más adelante, fueron entregados por manda-miento judicial, al demandado Agustín Hernández Mena.

Y. No aparece claramente que el demandado Agustín Her-nández Mena, antes del día doce de marzo de 1910, tuviera conocimiento de los hechos expuestos en el número cuarto de esta relación de hechos probados.

VI. Doña- Inocencia Cuaseú, murió en el año 1908. En litigio con sus herederos Manuel, Francisco, Agripina, Clo-tilde y Emilio Arán y Cuaseú, Agustín Hernández Mena en 17 de febrero de 1910, hizo que se embargara el condominio de $3,827.75, en la finca arriba mencionada, el cual condominio ya estaba embargado para asegurar la efectividad de la senten-cia. Dicho embargo fué notificado a los demandados en el referido pleito y publicado en edictos por término de veinte días. Dicho condominio fué vendido por el márshal de la corte municipal en subasta pública, el día once de marzo de 1910, siendo adquirido por Agustín Hernández Mena, por la suma de cincuenta dollars. En doce de marzo de 1910, el már-shal de la corte municipal, le otorgó la escritura, fué presen-tada en el registro de la propiedad en 29 de marzo de 1910, siendo anotada preventivamente y convirtiéndose más tarde la anotación en inscripción definitiva. En siete de noviembre de 1910, el márshal de la corte municipal de Mayagüez, dió posesión a Agustín Hernández Mena de este condominio de $3,827.75.

VII. En vista del embargo practicado por Agustín Her-nández Mena, según se ha expuesto en el hecho anterior, Ale-jandrina Blanco, en nueve de marzo de 1910, presentó demanda de tercería en la corte de distrito (causa civil No. 2657) ha-ciéndo constar la compra por contribuciones de 14 de octubre de 1907 y haciendo constar también, que la finca no fué resca-tada por ninguna de las personas que habían tenido derecho a la misma, que pertenecía únicamente a la demandante Alejan-drina Blanco y pidió que así fuera declarada por ésta y que se ordenará la cancelación del embargo practicado. De esta demanda fué emplazado el demandado Agustín Hernández Mena, en doce de marzo de 1910. El demandado opuso excep-ciones previas y siendo desestimadas éstas, contestó la de-manda. Celebrado el juicio, la corte de distrito, con fecha primero de septiembre de 1910, dictó sentencia fundada, de-clarando que toda vez que el inmueble embargado había sido adjudicado a Agustín Hernández Mena, por escritura inscrita en el Begistro de la Propiedad de San Germán, y se había presentado copia de dicha escritura con la contestación del demandado Agustín Hernández Méná, la acción de tercería de dominio no era la procedente, diciendo la corte: “desde ese momento, entendemos qne la tercería de dominio no era la ac-ción apropiada, pndiendo no obstante liaberse ejercitado por la. demandante otra acción distinta de la tercería de dominio, o sea la. qne mejor conviniere a su dereclio. Por las razones expuestas, se declara sin lugar la demanda de tercería de dominio, reservando a la demandante, todos sns derechos para interponer cualquier otra acción qne pudiera convenirle, sin especial condenación de costas.”

VIII. A pesar de tener conocimiento expreso por medio del emplazamiento referido en el número anterior, de la com-pra hecha por la demandante Alejandrina Blanco, en la su-basta por contribuciones, en el año 1907, Agustín Hernández Mena hizo poner en pública subasta, también en ejecución de sentencia en la corte municipal, contra la Sucesión de Ino-cencia Ouascú, la hipoteca de. $2,200 que todavía aparecía en vigor, según el registro, a favor de Doña Inocencia Cuaseú y que pesaba sobre el condominio de $1,776.50 perteneciente a Doña Clotilde Arán y sobre otra finca, No aparece cuándo se haya hecho el embargo, ni que haya sido inscrito. Celebrada la subasta, en 16 de junio de-1910, compró dicha hipoteca el mis-mo Hernández e inscribió su compra en el registro de la pro-piedad en 22 de julio de 1910. Pocos días después, Hernández inició en la corte de distrito, un procedimiento hipotecario sumarísimo (causa civil No. 2863),-en ejecución de la referida hipoteca; fué sacado el condominio de $1,776.50 a pública subasta, y fué adjudicada a Agustín Hernández Mena, por la suma de doscientos dollars ($200) en 22 de octubre de 1910. El mismo día fué otorgada escritura por el ínárshal de la corte de distrito. Presentado el documento en el registro de la propiedad, el registrador, con fecha 19 de noviembre de 1910, resolvió no admitir la inscripción del mismo, por el de-fecto de que este condominio de $1,776.50 aparecía anotado a favor de Alejandrina Blanco, según se ha expuesto en el nú-mero cuarto de estos hechos probados, tomándose en su lugar anotación por 120 días. En siete de noviembre de 3910, el márshal de la corte de distrito, dió posesión a Agustín Her-nández Mena de dicho condominio de $1,776.50.

IX. A pesar de constarle a Agustín Hernández Mena, por efecto del emplazamiento en el pleito que se ha referido en el numero siete, dicho Hernández Mena, en la ejecución de su sentencia, en la corte municipal de Mayagüez, también compró por cincuenta dollars ($50), en 15 de junio de 1910, la otra hipoteca de $2,817.45 de Manuel Arán. El embargo de este crédito se hizo en 20 de marzo de 1910, pero no aparece que haya sido inscrito en el registro. En 16 de junio le fué otor-gado al comprador, por el márshal de la corte municipal, el documento notarial correspondiente, y en 22 de julio de 1910, fué inscrito dicho documento en el registro de la propiedad. Poco después, Agustín Hernández Mena, inició un procedi-miento sumarísimo (causa civil No. 2864) en esta corte de distrito, en ejecución de dicha hipoteca y en consecuencia de esta acción, los bienes hipotecados, o sea el condominio de $4,695.75, fué anunciado para subasta pública, la cual subasta se suspendió en virtud del injunction librado en la causa actual.

X. Durante la argumentación del caso por los letrados que representan a las partes en el juicio, la distinguida represen-tación del demandado Agustín Hernández Mena, admitió que éste no tiene derecho sobre el condominio de $4,695.75 que correspondía a Manuel Arán y que la hipoteca de $2,817.45 que pesa sobre dicho condominio está extinguida por efecto de la venta en pública subasta del año 1907, por falta de pago de contribuciones.

Hemos estudiado cuidadosamente las alegaciones y las pruebas y a nuestro juicio, los hechos expuestos anterior-mente constituyen un resumen fiel de todos los que se alegaron y probaron en este pleito. Con ellos como base y después de establecer sus conclusiones de derecho, la corte de distrito dictó su sentencia que dice así:

“Sentencia inscrita en 25 de febrero de 1911. Título. Sentencia. Esta causa fué llamada para juicio el día. 16 de febrero de 1911, com-pareciendo la demandante asistida de sn abogado, Ledo. José Benet, y el demandado Agustín Mernández Mena, con el suyo, Ledo. Alfredo Arnaldo, sin que comparecieran los demás demandados. Oídos los ale-gatos, la prueba practicada y los argumentos de ambas partes, la corte reservó su decisión hasta el día de hoy en que hace una exposición de hechos probados y conclusiones legales y de acuerdo con la misma, dicta sentencia en la forma siguiente:
“ (a) Declarando que los condominios de $4,695.75 y $1,776.50, en la finca descrita en la demanda, son de la exclusiva propiedad de la demandante Alejandrina Blanco, ordenando su inscripción en el registro de la propiedad a nombre de Alejandrina Blanco y orde-nando la cancelación de cualquier inscripción o anotación a favor de Agustín Hernández Mena, de Clotilde Arán o Manuel Arán, sobre dichos condominios.
“ (6) Declarando que el condominio de $3,827.75 es de'la exclusiva propiedad del demandado Agustín Hernández y ordenando la can-celación de cualquier anotación a favor de Alejandrina Blanco sobre dicho condominio.
“ (c) Declarando que las dos hipotecas de 11 de diciembre de 1902 de $2,817.45, sobre el condominio de $4,695.75, y la de $2,200, en cuanto a la misma afecta al condominio de $1,776.50, están extin-guidas y ordenando su cancelación en el registro de la propiedad.
(el) Haciendo permanente y perpetuo el injunction preliminar, librado en esta causa.
(e) Imponiendo al demando Agustín Hernández el pago de sus propias costas y el pago de la mitad de las costas de la demandante, estando la otra mitad a cargo de la demandante.
“Regístrese esta sentencia en el libro-correspondiente de esta corte y líbrese al Registrador de la Propiedad de San Germán y al márshal de esta corte los mandamientos necesarios para su ejecución.
“Mayagüez, P. R., febrero 25 de 1911. (Firmado) Otto Schoen-rich, Juez del Distrito. Testifico. (Firmado) José Basora Mestre, Secretario. ’ ’

Los particulares (a), (ó), (d) y (e) fueron apelados por el demandado Hernández Mena. Los otros demandados fueron declarados en rebeldía y no ban establecido recurso alguno. El particular (b) fue apelado por la demandante Alejandrina Blanco.

Examinaremos en primer término la apelación de la de-mandante.

Agustín Hernández Mena siguió un procedimiento en la corte municipal de Mayagüez contra Inocencia Cuascú, des-pués sus herederos, y obtuvo una sentencia a su favor por la suma de $402.13. Entre otras propiedades, hizo embargar el condominio de $3,827.75 que dicha Inocencia tenía en la finca de referencia y que figuraba inscrito a su nombre en el regis-tro de la propiedad, y se lo adjudicó finalmente en 11 de marzo de 1910, cuando, según consigna el juez sentenciador en sus hechos probados, no aparecía claramente, que tuviera cono-cimiento de la adquisición de la finca por parte de la deman-dante en la subasta para el cobro de las contribuciones. Her-nández Mena obtuvo su escritura de adjudicación, la presentó el 29 marzo de 1910 en el registro de la propiedad en donde fué anotada,, convirtiéndose luego la anotación en inscripción definitiva. La demandante no anotó su derecho en el registro de la propiedad sobre el condominio indicado hasta el 28 de. octubre de 1910.

Habiendo en consideración los hechos expuestos, es nece-sario concluir con la corte de distrito que el expresado condo-minio de $3,827.75 pertenece al demandado Hernández Mena, porque hay que considerarlo como tercero de buena fe al tiempo de adquirir dicho condominio y porque habiendo ad-quirido como tercero de buena fe, inscribió su derecho en el registro antes de inscribir el suyo la demandante.

Estudiaremos ahora las apelaciones del demandado Her-nández Mena.

A nuestro juicio el pronunciamiento (a) de la sentencia apelada, es enteramente correcto. El condominio de $4,695.75 pertenece a la demandante por haberlo adquirido al comprar la totalidad de la finca en 14 de octubre de 1907 e inscrito luego, el 28 de octubre de 1910, a su favor, en el registro de la propiedad, y porque el mismo representante del demandado Hernández Mena lo reconoció así en el acto de la vista. Y el condominio de $1,776.50 también pertenece a la demandante por haberlo adquirido de igual modo y anotado en el registro de la propiedad con anterioridad a la anotación de la compra hecha por Hernández Mena.

Hernández Mena no tiene, con relación a estos condomi-nios, la condición de tercero de buena fe que le reconocimos con respecto al condominio de $3,827.75. Cuando adquirió la hipoteca sobre el condominio de $1,776.50 y luego el condomi-nio mismo, y la hipoteca sobre el condominio de $4,695.75, él sabía que dichos bienes no pertenecían a su deudor. Para esas fechas había sido emplazado en el pleito sobre tercería y conocía expresamente el hecho de la venta de la finca en pú-blica subasta para el cobro de contribuciones, hecho cuya exis-tencia podía además comprobar fácilmente, acudiendo a las oficinas públicas del colector de contribuciones o del Tesorero de Puerto Eieo.

No pueden interpretarse los preceptos de la ley hipoteca-ria de tal modo que garanticen supuestos derechos, adquiridos a sabiendas de que en realidad de verdad no existían y sólo-figuraban en los libros del registro. La ley favorece y garan-tiza al tercero inocente, pero no puede favorecer ni garantizar al que adquiere a sabiendas, sin lugar a dudas de ningún género, de que aquel de quien deriva su derecho, no es el dueño, como sucede en el presente caso.

El Tribunal Supremo de España, en su sentencia de 13 de mayo de 1903, ha dicho: ‘ ‘ Que el sentido y espíritu del artículo 34 de la Ley Hipotecaria no es tan absoluto, según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, que otorgue la consi-deración de tercero al que contrata un préstamo con hipoteca, sobre un inmueble, a sabiendas de que ha sido anteriormente enajenado por el mismo que con él contrató, aún cuando esto no aparezca del registro, siempre que dicho conocimiento se haya revelado en actos propios del adquirente, o en hechos cuya significación no pueda desconocerse, demostrativos de su asentimiento, porque en tal supuesto falta el fundamento y razón de la ley para que a este conocimiento se le pueda atri-buir dicha trascendencia legal, sin desvirtuar el precepto ter-minante de 'a Ley Hipotecaria, pues siendo uno de sus princi--pales objetos el de la publicidad de las cargas, gravámenes y demás vicisitudes qne afecten a la propiedad inmueble para que nadie sea responsable de las que ignore, es indudable que, con arreglo a dicha ley, no puede considerarse como tercero al que si bien no intervino en el acto o contrato, tuvo perfecto conocimiento de él; doctrina que está de acuerdo con los prin-cipios de derecho, según los cuales no cabe impugnar aquello que se aceptó sin protesta, o que expresa o tácitamente se con-sintió.” (95 Jurisprudencia Civil, 777.)

La anterior doctrina ha sido confirmada por el expresado Tribunal Supremo en sus sentencias de 11 de enero de 1895, 77 Jurisprudencia civil, 69; de 7 de febrero de 1896, 79 Juris-prudencia civil, 260,' y de 24 de marzo de 1905, 100 Jurispru-dencia civil, 679. Esta última, en sus considerandos, establece que lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria en favor del tercer adquirente, exige para su aplicación, que las causas de nulidad o de resolución que puedan afectar al con-trato no consten en el registro de la propiedad o sean por él ignoradas en el acto de contratar.

Y esta misma Corte Suprema de Puerto Eico desde los comienzos de su labor, se inspiró en las mismas consideracio-nes que el Tribunal Supremo de España. En el caso de Valdés v. Valle y Noble, 1 S. T. S. P. R., 75, se establece la doc-trina de que si el llamado tercero “es sabedor de las cagas que .sobre la finca pesan y se le prueba, pierde ese privilegio.”

El pronunciamiento (c) es también correcto a nuestro jui-cio. La hipoteca de El Pueblo de Puerto Rico para el cobro de las contribuciones es preferente, y vendida la finca y trans-currido el término fijado por la ley para la redención sin que el acreedor hipotecario ejercitara su derecho, quedaron las hipotecas extinguidas. Las adquisiciones de las hipotecas so-bre los repetidos condominios de $4,695.75 y $1,776.50, por el demandado Hernández Mena, se llevaron a efecto después que el dicho demandado tenía conocimiento expreso de su extin-ción por razón de la venta de la finca en pública subasta, y por tanto, él no tiene la condición de tercero inocente, de acuerdo con la jurisprudencia que hemos invocado y aceptado anteriormente.

En cuanto al pronunciamiento (d) diremos que no estima-mos necesario entrar a discutir si pudo o nó librarse un auto de injunction en este caso atendidas las circunstancias del mismo, ya que se resolvió definitivamente por la sentencia que la hi-poteca cuya ejecución se mandó paralizar había quedado extin-guida por razón de la venta para el cobro de las contribucio-nes, y nosotros acabamos de mostrar nuestra conformidad con tal pronunciamiento.

Y en cuanto al pronunciamiento (e), no habiéndose demos-trado por el apelado Hernández Mena que la corte abusara de su discreción al imponerle el pago de la mitad de las costas, opinamos que debe confirmarse.

Hemos estudiado la apelación relativa al memorándum de costas y a nuestro juicio el hecho de que la demandante no contestara por escrito la impugnación del demandado, aten-didas las circunstancias del caso, no es suficiente por sí solo para concluir que la demandante aceptó como bien fundada la dicha impugnación del demandado. La transcripción demues-tra que el memorándum y el escrito impugnando sus partidas fueron sometidos al juez sentenciador para que decidiera final-mente, y que dicho juez, que tenía a la vista todos los autos del pleito, resolvió aprobarlo fijando la cantidad que debe satis-facer el demandado en la suma de $120.

A virtud de todo lo expuesto opinamos:

Io. Que deben desestimarse por innecesarios los recursos establecidos por el demandado Hernández Mena contra las órdenes de 11 de noviembre y 15 de diciembre de 1910;

2o. Que debe declararse no haber lugar a los recursos de apelación establecidos por la demandante contra el pronuncia-miento (b) de la sentencia apelada y por el demandado Her-nández Mena contra los pronunciamientos (a), (c), (d) y (e) de la expresada sentencia, y en su consecuencia confirmarse la repetida sentencia dictada por la Corte de Distrito de Maya-gíiez el 25 de febrero de 1911,. y

3o. Que debe declararse sin lugar la apelación contra la orden relativa a la fijación de las costas que debe satisfacer el demandado Hernández Mena.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary y Wolf.

El Juez Presidente Sr. Hernández y el Juez Asociado Sr. Aldrey firmaron haciendo constar estar conformes con algunos de los pronunciamientos de la sentencia y no con otros, habiendo emitido una opinión disidente que se inserta al final del tomo.

PETICIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE SENTENCIA.

Resuelto octubre 14, 1912.

Reconsideración de Sentencia — Costas—Cuestiones Planteadas por Primera Vez en la Moción de Reconsideración.' — No procede la reconsideración de una sentencia por motivos alegados por primera vez en la moción de re-consideración y que no fueron alegados en términos precisos y claros en la designación de errores que el apelante, de acuerdo con los artículos 42 y 43 del reglamento de este tribunal, estaba en el deber de alegar para que este tribunal pudiera discutirlos y resolverlos.

Los hechos están expresados en la resolución del tribunal.. El promovente compareció en nombre propio.

resolución.

Esta Corte Suprema dictó sentencia en 26 de junio último, por la que entre otros pronunciamientos confirmó la orden de la corte inferior de 16 de marzo de 1911, que fijaba las costas que debía satisfacer el demandado Hernández Mena, y de esa parte de dicha sentencia pide Hernández Mena recon-sideración por el fundamento de que, habiendo sido conde-nado por la corte inferior al pago de sus propias costas y al de la mitad de las costas de la demandante, se incluyen en la orden confirmada partidas que no pueden comprenderse en el concepto de costas, invocando en su defensa la sentencia que pronunció esta corte el 29 de junio citado, en el caso de Santiago Veve v. El Municipio de Fajardo.

El motivo legal en que Hernández Mena basa la recon-sideración solicitada no fué alegado oportunamente ante esta Corte Suprema en términos precisos y claros, como debió hacerlo, exponiendo los errores en que fundaba su re-curso, según previenen los artículos 42 y 43 demuestro regla-mento, y por esa razón nos abstuvimos de discutirlo y resol-verlo en la forma en que boy se nos presenta. La alegación de Hernández Mena es nueva y tardía, y no habiendo sido sometida antes a nuestra consideración, hoy no puede ser reconsiderada.

Se deniega la moción de reconsideración.

Denegada la reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Martinez v. Porto Rico Railway Light and Power Company.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 827.
    Resuelto en junio 26, 1912.
    Injunction — Ataques a la Propiedad, (Trespass) — Remedio Adecuado en Ley. — En los casos de injunction que tienen por objeto evitar la continuación repetida de ataques a la propiedad, (trespass) lo mismo que en todos los demás easos, cuando el peticionario tiene un remedio adecuado en ley para obtener indemnización pecuniaria por tales ataques a la propiedad, no debe expedirse el auto de injunction.

    Id. — Perjuicios Irreparables — Indemnización Pecuniaria — Imposibilidad de Apreciar los Daños en Dinero. — Para que pueda concederse el remedio ex-traordinario de injunction es necesario que exista un perjuicio irreparable que surja de la misma naturaleza del daño o de la falta de responsabilidad de la persona que lo comete. IJn daño es irreparable cuando es de tal naturaleza que la parte que lo sufre no puede ser adecuadamente compensada de él por medio de indemnización, o cuando los daños que surjan no puedan ser debida-mente apreciados en una cantidad de dinero.
    Id. — Perjuicios Irreparables — Remedio Adecuado en Ley — Compensación en Dinero. — Por regla general cuando el perjudicado tiene un remedio eficaz, completo y adecuado en ley, no puede decirse que existe un perjuicio irreparable, ni tampoco cuando por medio de una acción en ley puede obtener com-pensación en dinero por los daños sufridos.
    Id. — Perjuicios Irreparables — Demanda Insuficiente — Hechos Determinan-tes del Perjuicio Irreparable. — Es insuficiente una demanda de injunction ■en la que sólo se alega que el demandante sufre perjuicios irreparables con los aetos del demandado, sin exponer hechos constitutivos de dichos perjuicios irreparables, para que la corte pueda venir en conocimiento de que efectiva-mente esos perjuicios son irreparables.

      Id. — Dilación Injustificada en Pedir el Injunction — Gastos de Grandes Sumas de Dinero por el Demandado. — El derecho a un injunction puede ser perdido por dilación injustificada del peticionario, durante cuyo tiempo el demandado ha gastado grandes sumas de dinero y el público ha llegado a tener algún interés en el asunto. De acuerdo con esta doctrina el dueño de un solar que entra en negociaciones con un municipio para cederle una franja de terreno de dicho solar para la construcción de una calle,' y permite que se abra y construya la calle, y se coloque una vía férrea para tranvías eléctricos y se utilice dicha vía por algunos meses, sin impedir la ejecución de esos actos y sin acudir a un tribunal para que se respetara su propiedad, no puede después que la compañía de carros eléctricos ha gastado una gran cantidad de dinero en la instalación de su vía, impedir el servicio público por medio de un injunction.

    Id. — Entrada en una Finca de Buena Fe — Consentimiento del Supuesto Dueño. — Cuando se entra en una finca de buena fe con el consentimiento de una persona que representa ser el dueño, o bajo la creencia equivocada en cuanto al dominio, y un injunction sería de poco valor para el dueño y de gran perjuicio para el demandando, no debe concederse el injunction.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogado del apelado: Sr. J. Henri Brown.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En 9 de octubre de 1911 Manuel Martínez y Casanova pre-sentó en la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2°., una petición de injunction dirigida contra The Porto Rico Railway, Light and Power Co., en la que alegó sustancialmente ser dueño y poseedor de dos fincas situadas en el sitio llamado Rayóla del Barrio de Santurce, de la municipalidad de San Juan, en Puerto Rico, las que la corporación demandada atra-viesa frecuente y regularmente de día y noche con sus carros eléctricos llevando a efecto su negocio de portador público de pasajeros, mediante un ferrocarril colocado sobre dichas fin-cas ; que la expresada vía fue colocada sin el consentimiento y contra la voluntad del peticionario, sin autorización legal y sin que el peticionario jamás haya consentido en dichas invasio-nes de la demandada ni en el establecimiento o continuación de presunta servidumbre, ni tampoco ha sido autorizada ni sancionada por ninguna autoridad legal para el expresado uso en esas fincas, como tampoco ha indemnizado cantidad al-guna al peticionario; qne el uso de esos, terrenos en la forma indicada constituye una invasión continua (trespass) y con-tinuará indefinidamente, puesto que dichos actos ilegales son para llevar a efecto el negocio de portador público de pasa-jeros; alegó también, que por haber sido privado en parte del uso de esas dos fincas, ha sufrido daños y perjuicios y continuará sufriéndolos si dichos actos continúan, así como que por la repetición de ellos obtendrá la demandada una ser-vidumbre por prescripción sobre dichos terrenos; y después de alegar asimismo que la violación de sus derechos por la' demandada le causa daños irreparables y que no tiene remedio adecuado contra ellos, excepto por injunction, concluyó pi-diendo a la corte ordenara a la demandada que desistiese en el uso de los mencionados terrenos del peticionario, que re-mueva de ellos el ferrocarril, y que le indemnice por los daños; y perjuicios que ha sufrido, concediéndole también cualquiera, otra reparación como la equidad pueda dar.

La contestación de la corporación demandada fué en re-sumen, que su vía está tendida sobre una calle que pasa a través del sitio llamado Bayola en el Barrio de Santurce, tran-sitada frecuentemente por sus carros; que no ha pedido con-sentimiento ni autorización al peticionario para colocar su vía en ese sitio de Bayola,' porque las vías de la demandada están tendidas sobre una calle pública, abierta por el municipio' de San Juan, y no sobre propiedad privada del peticionario, y la franquicia de la demandada la autoriza para tender sus vías por las calles y caminos públicos; que la demandada es una corporación de servicio público y ha estado operando sus lí-neas como tal sobre dicha vía por algunos meses; que el auto de injunction no es el remedio, adecuado del demandante, por-que ya está colocada dicha vía, la que ha sido usada por varios meses en la misma forma que se hace al contestar la demanda; que si alguno ha desposeído de sus terrenos al demandante, ha sido la ciudad de San Juan y no la demandada; que antes de' colocar su vía por el sitio denominado Bayola, la ciudad de San Juan dirigió a la demandada una carta pidiendo la cesión de una parcela de terreno a dicha ciudad para abrir una calle en el sitio denominado Parque Borinquen, conviniendo en ello la demandada siempre que la ciudad de San Juan extendiese la calle de las Nereidas hasta el Parque Borinquen y cediese a la demandada una servidumbre para colocar su vía de tran-vías eléctricos sobre ella; y que habiendo la ciudad de San Juan comenzado a extender y afirmar dicha calle, la deman-dada de buena fé colocó su vía en ella, suponiendo que la ciu-dad había obtenido el permiso de los dueños de las fincas sobre las que dicha calle se extendió; y después de exponer también que la demandante no ha alegado en su demanda en qué forma sería perjudicada en el valor de su terreno y que los hechos por él expresados, no consignan ningunos daños irreparables^ <o tales daños que le permitieran solicitar un auto de injunction, concluye con la súplica de que se dictara sentencia a su favor con las costas al demandante, desestimando la solicitud de injunction.

Celebrado el juicio correspondiente, la corte de distrito dictó sentencia en 31 de octubre de 1911 desestimando la peti-ción con las costas, y contra ella se ha interpuesto el presente recurso de apelación por Manuel Martínez Casanovas.

De la prueba aportada al juicio resulta que entre la calle de las Nereidas, en los límites de'la finca el Condado de los hermanos Behn en San Juan, y el Parque Borinquen, existe una porción de terreno en la que hay fabricadas algunas casas con espacio entre ellas para calle, y formando parte de esa porción de terrenos hay dos parcelas pertenecientes a Manuel Martínez Casanovas, por las cuales, así como por el espacio entre las casas, se transita públicamente a pie y en vehículos; que en el mes de noviembre o diciembre de 1910 la corpora-ción demandada comenzó los trabajos de tender su vía desde la calle de las Nereidas en la finca el Condado, hasta el Parque Borinquen, atravesando con ella los. mencionados terrenos de Martínez Casanovas, aun cuando al empezar los trabajos en ellas el peticionario puso una cerca en sus terrenos, y queda-ron paralizadas las obras hasta que cuatro días después apa-reció derribada y construida la vía en esas porciones, que-dando colocada desde entonces y siendo por ella transportados todos los materiales para la construcción de lo que restaba; que en 6 de febrero de 1911 la corporación demandada escribió una carta al alcalde de la ciudad'de San Juan, recordándole que en 27 de junio de 1910 había escrito al anterior alcalde, Sr. del Valle, diciéndole que estaba dispuesta a cederle una faja de sus terrenos del Parque Borinquen para que abriera y afirmara una calle, reservándose el derecho de colocar en ella su vía si lo creía conveniente, con tal que la ciudad diera los pasos necesarios para abrir la proyectada calle nueva entre los límites del Parque Borinquen y la propiedad' de los her-manos Behn, o sea la prolongación de la avenida de las Ne-reidas, permitiéndole colocar en ella su vía para carros eléc-tricos; que no había recibido contestación a esa carta, pero como la ciudad de San Juan construyó la calle en los terrenos del Parque Borinquen de la corporación demandada, entendía ésta que había aceptado la oferta suya y en consecuencia había procedido a construir su vía en la calle existente entre el Par-que Borinquen y la propiedad de los hermanos Behn. Tam-bién resulta que en 30 de junio de 1911, víspera del día en que la corporación iba a inaugurar el servicio público de conduc-ción de pasajeros por esa vía, fué requerida notarialmente por Martínez Casanovas para que se abstuviera de utilizar los te-rrenos de esas parcelas pasando por ellas su tranvía, o de hacerlo en cualquier otra forma; para que levantara la vía que tenía tendida en ellos y para que no destruyera las cercas que pusiera en los mismos. Por la época en que fué tendida la vía, la ciudad de San Juan afirmó como calle ese trozo de terreno entre la calle de las Nereidas y el Parque Borinquen.

De la prueba testifical resulta que el peticionario sabía que la ciudad tenía en proyecto abrir una calle por sus terrenos; que por su acuerdo, su apoderado escribió una carta al alcalde de la ciudad de San Juan respecto a la ocupación de tales terrenos para calle, pendiente de que el declarante diera su consentimiento una vez que aceptara los precios que pudieran haber entre unos y otros; que la ciudad afirmó la calle que atreviesa sus fincas casi por la mitad; que nadie le ha indem-nizado por tal ocupación y que desde noviembre de 1910 tal vía ha sido utilizada primero, para conducir materiales y luego para el transporte de pasajeros.

Como resumen de toda la evidencia podemos decir que aun cuando el peticionario puso una cerca en sus terrenos, no ha demostrado quien la derribó; que hasta el 30 de junio de 1911 no dió aviso a la corporación demandada para que no-utilizara la vía, cuando ya hacía algunos meses que estaba en uso; que no ha justificado daños especiales y que la vía está tendida en una calle afirmada por el ayuntamiento de esta ciu-dad y bajo la creencia de la demandada de que tal calle perte-necía a la ciudad.

Los seis primeros motivos de error alegados por el ape-lante en apoyo de que la sentencia sea revocada, descansan en el principio de derecho de que nadie puede ser privado de su propiedad sino por autoridad competente, por causa de utili-dad pública y mediante la correspondiente indemnización.

El séptimo y último motivo alega la infracción de la Ley de Injunction.

El principio en que descansan los seis primeros motivos-de error es cierto, porque nadie puede ser privado de su pro-piedad sino con los requisitos que antes se consignan, pero el que esto sea así, no es bastante para que una solicitud de injunction haya de prosperar necesariamente.

La demanda en este caso claramente dice que la petición de injunction tiene por objeto evitar la continuación repetida de ataques a la propiedad descrita en ella (trespass). Pero-de todos modos cuando el peticionario tiene un remedio ade-cuado en ley para obtener indemnización pecuniaria no debe expedirse el auto de injunction. No serán concedidos pleitos en equidad en ningún caso en que un claro, adecuado y com-pleto remedio pueda obtenerse por la ley.

Para que puede concederse el remedio extraordinario de injunction debe existir un perjuicio irreparable que surja de la misma naturaleza del daño o de la falta de responsabilidad de la persona que lo comete; y por tanto nn daño es irreparable cuando es de tal naturaleza que la parte que lo sufre no pueda ser adecuadamente compensada de él por medio de in-demnización, o cuando los daños que surjan no puedan ser debidamente apreciados en una cantidad de dinero. Pero en general, cuando bay un eficaz, completo y adecuado remedio en ley no es irreparable el daño, ni tampoco cuando una com-pleta compensación en dinero puede ser obtenida por medio de una acción en ley. (Dudley v. Hurst, 1 Am. St. Reports y casos citados en la nota, página 377; Martínez v. Moreno, 10 D. P. R., 84; Lothrop, Luce & co. v. Rosner, 10 D. P. R.,90.)

En este caso por la demanda y por la prueba aparece clara-mente que el demandante puede obtener una compensación pecuniaria, toda vez que en aquélla pide que se condene a in-demnizar los perjuicios sufridos y que sufra, y por la segunda se viene en conocimiento de que el demandante estaba en rela-ciones con el ayuntamiento de esta ciudad para cederle parte de sus terrenos para la construcción de una calle mediante una compensación pecuniaria.

Pero a más de esto la demanda es en sí deficiente porque se limita a exponer que con los actos del demandado sufre per-juicios irreparables, pero no expone becbos de donde la corte pueda venir en conocimiento de que efectivamente esos daños son irreparables; y la mera alegación de que se ba sufrido daño irreparable, sin exponer en qué consisten, no es sufi-ciente. (Abbott’s Trial Brief, Yol. 1, p. 537, y casos en él citados.)

Además, el demandante no fué diligente en conservar su propiedad y en impedir la colocación de la vía férrea, y sa-biendo que se proyectaba la construcción por sus terrenos de una calle en la que se colocaría una vía para carros eléctricos, permitió que el ayuntamiento de esta ciudad afirmara como calle parte de sus terrenos y que la corporación demandada tendiera por ella su vía, sin avisarle oportunamente de su opo-sición ni acudir enseguida al tribunal para que se sostuviera su derecho, sino que antes al contrario dejó que la demandada la construyera, empleando como es consiguiente una fuerte suma de dinero, y solamente cuando después de algunos meses de utilizar la vía va a comenzar el servicio público de conducir pasajeros, es cuando intenta poner obstáculos a tal vía férrea mediante una notificación en tal sentido y posterior presenta-ción de la dc-manda de injunction tres meses después.

Estas circunstancias parecen demostrar que el peticionario demoró su acción, para poder obtener bajo ellas un mayor precio por sus terrenos.

El derecho a un injunction puede ser perdido por dilación de la parte durante la cual el demandado ha gastado grandes sumas de dinero y el público ha llegado a tener algún interés. (Lewis on Eminent Domain, p. 1615.)

Un injunction no es una. cuestión de derecho y no será li-brado cuando después de una amplia consideración de la situa-ción de las partes, no se demuestra que sé ha obrado de buena fe. Una dilación injustificada independientemente de cual-quier estatuto de prescripción constituye una defensa en una corte de equidad. Así un injunction será rehusado cuando el peticionario intencionalmente dilató su petición hasta que ob-tuvo ventaja sobre el demandado. La regla de que el derecho de una persona a un injunction puede ser destruida por su abandono, incluye aquellos casos en que el demandante ha detenido su acción y ha permitido que el demandado gaste grandes cantidades de dinero en el ejercicio de su supuesto derecho, y en tal easo no sería justo conceder el injunction y la petición carece de ese remedio legal. (Joyce on Injunctions, Yol. 1, pp. 86 y 87.)

A más de esto, la demandada tendió su vía en la creencia, de buena fe, de que la colocaba en una calle del ayuntamiento, toda vez que éste había tomado los terrenos que él le cedió con la condición de que abriera tal calle. Cuando se entra en una finca de buena fe, con el consentimiento de una persona que representa ser la dueña o bajo la creencia equivocada en cuanto al dominio, y un injunction sería de poco valor para el dueño y de gran perjuicio para el demandado, no debe con-cederse. (Lewis on Eminent Domain, sec. 904; Pickert v. Ridgefield Park R. R. Co., 25 N. J. Eq., 316; Erie R. R. Co. v. Delaware & R. Co., 21 N. J. Eq., 283.)

Este demandante pudo al principio de los trabajos haber obtenido que no se realizaran en sus fincas, pero él no utilizó entonces sus recursos legales para poner obstáculo a la obra y no puede en estos momentos después de algunos meses de realizadas, tratar de impedir el uso de la vía y por tanto.el servicio de conducción de pasajeros, que traería como conse-cuencia más perjuicio para el público en general y especial-mente para los vecinos de aquellos contornos que para la cor-poración demandada, cuando tiene acción en ley para recobrar de quien proceda los perjuicios que se le hayan originado.

Por estas razones la sentencia debe ser confirmada.

C onfirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Martínez, Cesionario de Fajardo, v. García et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez.
    No. 750.
    Resuelto en junio 26, 1912.
    Cobro de Pagaré Otorgado por un Apoderado — Relaciones Entre el Apode-rado y el Poderdante que no Perjudican a Tercero — Responsabilidad del Mandante. — De la prueba practicada en este caso resulta que el de-mandante reclama el importe de un pagaré suscrito por un apoderado de las demandadas, cuyo poder no liabía sido revocado cuando firmó el pagaré, y el documento está redactado de tal modo que a pesar de ser dos las personas obligadas por dicho documento, se emplea el nombre singular, como si fuera uno solo el deudor del pagaré. Este tribunal resolvió que con tales hechos probados es indudable que el tenedor del pagaré tiene acción contra las de-mandadas para cobrar su importe, aun en el supuesto de que el que suscribió el pagaré como apoderado de las demandadas recibiera e invertiera el importe del mismo para fines personales, sin entregarle el montante a sus repre-sentadas.
    Id. — Autenticidad de la Firma de un Pagaré — Otorgamiento de un Pagaré.— No negándose en la contestación a la demanda la autenticidad de la firma ni el otorgamiento del pagaré, ambos se consideran admitidos en virtud de las disposiciones del artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil.

      Id. — Cesión de un Pagaré — Defensas contra el Cesionario. — Los preceptos del artículo 52 del Código de Enjuiciamiento Civil son aplicables al pagaré en litigio, pero puesto que éste fué cedido después de su vencimiento, pueden alegarse contra el cesionario todas las defensas válidas que pudieran ser ale-gadas ¿ontra el eedente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Pascasio Fajardo.

    Abogado del apelado: Sr. José de Diego.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El presente caso es un pleito sobre cobro de un pagaré. Con fecha 18 de mayo, 1910, Don Mateo Fajardo estableció demanda ante la Corte de Distrito de Mayagíiez contra Doña Rosa y Doña Dolores García Sanjurjo, pidiendo fueran éstas condenadas a pagar a éste la suma de $5,000, intereses con-venidos, costas y honorarios de abogados, estimados pruden-cialmente en $500.

Se alegó en la' demanda que Don Isidro F. Sanjurjo sus-cribió como apoderado general de Doña Rosa y Doña Dolores García Sanjurjo, en 20 de septiembre de 1908 un pagaré a la orden de Don Mateo Fajardo por la suma de $5,000 a vencer en 31 de diciembre de 1909, cuyo' pago no había po-dido obtener el acreedor a pesar del vencimiento de la obli-gación y haber reconocido Sanjurjo su firma en el expre-sado concepto de apoderado, ante un notario, en 16 de mayo de 1910.

En 28 de junio de 1910, Don Rogelio Martínez presentó . una moción a la corte para que se le tuviera por subrogado en los derechos de Don Mateo Fajardo a virtud de escritura pública otorgada a su favor, y por orden de 5 de junio si-guiente, la corte accedió a lo solicitado por el cesionario.

Las demandadas contestaron la demanda bajo juramento de Dolores García Sanjurjo, en 19 de septiembre de 1910, negando que se hubiera verificado realmente por Fajardo a Sanjurjo como apoderado de las demandadas, el préstamo de $5,000, y que ellas hubieran recibido tal cantidad en forma alguna; y como materia nueva alegaron que aun cuando Sanjurjo tenía por mera fórmula nn poder de las demanda-das, jamás desempeñó el mandato; que el pagaré cuyo cobro se persigue es un documento fingido por Fajardo y Sanjurjo •en confabulación maliciosa con el único objeto de perjudicar .a las demandadas, y que el poder invocado por Sanjurjo le babía sido revocado en 22 de enero de 1910, antes del reco-nocimiento de su firma ante notario.

La corte dictó sentencia a favor de las demandadas, contra cuya sentencia los demandantes interpusieron recurso •de apelación.

De un estudio de los alegatos presentados por el ape-lante puede deducirse que invoca como motivos del recurso los siguiente: .

Io. Que el pagaré cuyo cobro se gestiona es auténtico, ver-dadero y eficaz.

2o. Que Don Rogelio Martínez Castro, cesionario del pa-garé, a quien bajo concepto alguno se atribuye complicidad en la supuesta confabulación alegada y no probada por las demandadas, no puede ser despbsesionado de un derecho legí-timamente adquirido con buena fe mediante un documento público.

3o. Que las demandadas están en el deber de cumplir la 'obligación que su mandatario contrajo dentro de los límites ■de su mandato.

El pagaré inserto en la demanda y que fué presentado como prueba en el juicio dice así:

“Debo y pagaré en virtud del presente y a la orden de Don Mateo Fajardo la cantidad de cinco mil dollars oro americano, valor recibido ■de dicho señor a mi entera satisfacción y contento, la que pagaré en 31 de diciembre de 1909; y al ñel y exacto cumplimiento de esta obliga-ción obligo y afecto todos mis bienes habidos y por haber, los cuales no podré enajenar sin el pago íntegro de dicha cantidad, obligándome en caso de demora a satisfacer el interés convenido del uno por ciento mensual, renunciando todas las leyes a mi favor y la general en forma, así como la de la non numerata pecunia, prueba y término de derecho ■de domicilio, fuero y vecindad, y acepto para la práctica de diligencias .judiciales para su cobro el tribunal a voluntad del acreedor o aeree-dores. Mayagüez, P. R., septiembre 20 de 1908. Firmado. Rosa y Dolores García Sanjurjo. Por poder: Isidro F. Sanjurjo.”

Debe notarse qne en la redacción del documento trans-crito no se expresa que el otorgante obraba en nombre y representación de Doña Rosa y Doña Dolores G-arcía San-jurjo, y que se babla en singular como si realmente fuera una sola persona obligada. Sin embargo, el documento lo firmó él y la cuestión principal que debemos considerar a falta de fraude es si realmente obró en representación de las referidas señoras.

Resulta de la declaración de Mateo Fajardo que a él se le preguntó si Sanjurjo babía tomado algún dinero prestado de él, contestando en los términos siguientes:

“En septiembre de 1908, Don Isidro F. Sanjurjo se presentó en mi casa y me dijo: ‘cuando tú eras pobre yo te presté; ahora tú eres rico y yo soy pobre y estoy en una situación muy difícil; estoy fabricando o he fabricado una casa en una finca que nombran de Siberón y nece-sito 5,000 pesos de absoluta necesidad’; y convine en darle los 5,000 pesos, deducir lo que representaba el descuento de los 5,000 pesos al plazo a que se le daba la cantidad, y él me dio un pagaré de 5,000 para diciembre de 1909, descontándole el 10 por ciento de los quince meses; yo le redacté la obligación porque a causa de sus años no quería que fuese la firma sola (así dice el récord), esa obligación está escrita de puño y letra de Sanjurjo, y al firmar, él firmó como apoderado de Doña Rosa y Doña Dolores García; yo le hice la objeción enton-ces de que por qué era eso, y me dijo: ‘porque son mis sobrinas a nom-bre de las que yo tengo todos mis bienes, pero esos bienes son míos y esa cantidad es para la misma finca donde está la casa; y le di 4,275 pesos, recogiendo su obligación de 5,000 pesos.”

No se lia demostrado que las sobrinas de Sanjurjo hayan recibido ninguna parte del dinero qne Fajardo le pagó a aquél. Se alegó que la prueba demuestra que Sanjurjo con-trató con Fajardo a nombre propio y no como apoderado de sus sobrinas. La narración hecha por el testigo Fajardo no justifica esta interpretación. Dicho relato tal vez puede demostrar que Fajardo estuvo conforme en contratar con Sanjurjo personalmente, pero que a petición de este último, el pagaré se extendió en realidad a nombre de sns sobrinas, las demandadas. No interesa conocer las razones qne tin viera Sanjnrjo para proceder así, si estaba autorizado para celebrar el contrato, y la cuestión vital es si fné ésta nna obligación personal de Sanjnrjo, o de las sobrinas, las de-mandadas. En lo que respecta a la declaración de Fajardo, la obligación fné claramente contraída por Sanjnrjo qne ac-tuaba a nombre de sns sobrinas. Si Sanjnrjo estaba- cons-truyendo una casa, resulta que realizaba ese trabajo en unai propiedad que pertenecía a las demandadas o que él poseía a nombre de ellas. De todos modos la declaración de Fa-jardo demuestra que éste consideraba a Sanjurjo y a sus sobrinas prácticamente como la misma persona, pero que él finalmente consintió en recibir un pagaré de Sanjurjo, no como una obligación personal sino como en su .carácter dé apoderado. O en el pagaré se impone la obligación a las demandadas o no se le impone a nadie. Este no parece obli-gar a Sanjurjo y de no obligar a sns sobrinas no obliga tam-poco a ninguna persona, aunque es cierto que si Sanjurjo tomó dinero de Fajardo valiéndose de falsas simulaciones, él es per-sonalmente responsable de la devolución de dicho dinero-pero no por concepto del pagaré. Convenimos con la corte-inferior en que la declaración de Sanjurjo no merece mucho-crédito por las distintas manifestaciones que ha hecho éste-testigo en un caso análogo. Pero la corte al parecer dió-'crédito a la declaración de Fajardo y bajo tales circunstam cias no existe diferencia alguna-entre el hecho de que San-jurjo procediera fraudulentamente con respecto a sus so-brinas o de que les diera alguna parte del dinero que -recibió-de Fajardo. Si Sanjurjo obraba fraudulentamente para con sus sobrinas, no se probó la participación que- tuviera Fajardoen tal fraude. Parece que un estado de cosas distinto se de-mostró, por lo que la corte dió crédito a la declaración de Fajardo. No habiéndose probado fraude alguno y puesto-que se admitió que Sanjurjo tenía un poder que no había sido-revocado en la fecha en que otorgó el pagaré, sus mandan-tes quedaron obligadas por los actos de su mandatario y apoderado. De igual modo convenimos con el apelante en que no habiéndose negado en la contestación la autenticidad de la firma, éste y el otorgamiento de dicho pagaré se consi-deraron como admitidos por virtud del artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Además, estamos conformes con el apelado en que el artí-culo 52 del Código de Enjuiciamiento Civil es aplicable a las partes en el presente caso; pero puesto que el pagaré fué cedido después de su vencimiento, cualquier defensa que se alegara en contra de Fajardo sería igualmente aplicable a Martínez. Sin embargo, como creemos que no se presentó una buena defensa que hubiera podido alegarse contra Fa-jardo, entendemos que su cesionario tenía un derecho prima facie para recuperar la suma.

Bajo estas circunstancias debe revocarse la sentencia, re-mitiéndose a la corte inferior con instrucciones de que pro-ceda a celebrar un nuevo juicio.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
       Falco v. Sucesión Suau.
    ÁpblaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 793.
    Resuelto en junio 26, 1912.
    Pago Indebido — Interpretación de Ley — Prueba del Error en el Pago. — El , artículo 1801 del Código Civil debe ser interpretado en relación con el 1796 del mismo Código, y de acuerdo con aquel artículo el demandante en una acción para cobrar lo que pagó indebidamente, está relevado de la necesidad de probar el error con que realizó el pago indebido solamente cuando el demandado eñ su contestación ha negado haber recibido cantidad alguna, pero cuando la contestación a la demanda, como en el caso de autos, no niega haber recibido cantidad alguna, sino que alega que cualquier cantidad que haya recibido el demandado era una deuda justa y debida, en este caso el demandante no queda relevado de la obligación de probar el error con que realizó el pago.
    Id. — Prueba del Error Bajo el Cual se Bealiza un Pago — Becibo de la Can-tidad Consignado en Escritura Pública. — Examinada la prueba en el caso de autos este tribunal resolvió que no habiéndose justificado la existencia del fraude en el otorgamiento de la escritura presentada por el demandante en la cual consta que el causante del demandante confesó haber recibido del causante de la sucesión demandada la cantidad de dinero que es objeto de este qileito, es necesario concluir que dicha escritura demuestra que la cantidad reclamada en este pleito era realmente debida al causante de la sucesión demandada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Fernando Vázquez y Rafael López Landrón.

    Abogado del apelado: Sr. José de Diego.

       La resolución dictada en este caso en diciembre 4, 1912, sobre reconsideración, se inserta a continuación de la presente, página 744.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda frió presentada en este caso por Kosa Falcó a nombre y en representación de sn hijo menor, Manuel Adoaldo Tiberio Catinchi y Falcó, en la que se alega que Adoaldo Tiberio Catinchi falleció en Sabana G-rande el día 11 de abril de 1909, sin otorgar disposición testamentaria-; que la Corte de Distrito de Mayagüez declaró a Manuel Adoaldo Catinchi como único y universal heredero de su padre; que los demandados son los únicos y universales here-deros de Don Salvador Suau y Mulet; que por escritura de fecha 23 de enero de 1886, Don Salvador Suau y Mulet com-pró a Don Jorge Alemany y Juan, por el precio de 6,700 pesos, una finca situada en San Germán que se describe de-bidamente en la demanda; que en la segunda cláusula de dicha escritura se convino que si el vendedor Sr. Alemany, quisiera recuperar la finca vendida y entregara al comprador Sr. Suau, o a sus representantes el precio de la venta, o sea, los 6,700 pesos, había de serle restituida dicha finca; que fue convenido en la cláusula primera de la misma escritura que el vendedor continuaría en posesión de la finca vendida, en concepto de arrendatario, pagando como canon de arren-damiento anual, la suma de cien pesos; y terminando dicho arrendamiento al ejercitarse el derecho de retroventa. Que Don Jorge Alemany y Juan, por escritura de 18 de marzo, 1887, cedió, vendió y traspasó a favor de Don Adoaldo Ti-berio Catinclii todos los derechos y acciones que dicho Ale-many tenía sobre la finca vendida por él al Sr. Snan en 23 de enero de 1886; que dicha venta y cesión fué hecha con la expresa conformidad y asentimiento del Sr. Snau, quien con-currió al acto del otorgamiento de dicha escritura de cesión. Q.ue vencido el término para retraer la finca el referido Catinchi no hizo uso de su derecho de retracto, y el Sr. Snan, en 8 de junio de 1893, presentó en el registro de la propiedad copia de dicha escritura, para que se le pusiera la nota de consumación del contrato.

Que en 12 de julio de 1893, el Sr. Catinchi vendió mediante escritura a los hermanos Pablo, Andrés y Emilio Pietri, una finca radicada en el término municipal de Tauco, cuya venta se realizó por la suma de 6,000 pesos. (Tanto la suma de 6,000 pesos como la de 6,700 pesos mencionados en esta opi-nión son de moneda provincial.) Que fué consignado en dicha escritura de 12 de julio de 1893, que el vendedor se ha-llaba adeudando al Sr. Suau la cantidad de 6,000 pesos, por lo que fué convenido y pactado en la referida escritura que los compradores, Sres. Pietri, pagarían al Sr. Suau por cuen-ta y a nombre del vendedor Sr. Catinchi la dicha suma de 6,000 pesos e intereses convenidos; que para garantizar tal pago fué también pactado y convenido en la repetida escri-tura, constituir hipoteca voluntaria a favor del Sr. Suau sobre la finca vendida, tomándose razón de la venta en el Registro de la Propiedad de San Germán. Que' dicho Salvador Suau después de cobrar los intereses cedió sus derechos a Luis María Cuyard, y que al morir éste último su viuda otorgó carta de pago a los hermanos Pietri por el capital de los 6,000 pesos.

Que Don Adoaldo Tiberio Catinchi después de vencido el contrato de arrendamiento o sea en 1892, continuó viviendo y habitando en la finca hasta el año de 1907, en cuya fecha abandonó la finca mediante nna transacción por la qne renun-ció los derechos qne como tal poseedor a precario le corres-pondían, y percibiendo además la- suma de 200 pesos en con-cepto de mejoras realizadas en la finca.

Alega entonces el demandante según su mejor información y creencia qne dicho Catinchi no debía antes del 12 de julio de 1893 o después de esa fecha suma alguna ni cantidad de dinero a dicho Salvador Suau; que nunca fué deudor del referido Suau en ningún concepto; y alega además según su mejor información y creencia, que 'el pago de los 6,000 pesos y los intereses de dicha suma montantes a 1920 pesos, hecho por el dicho Sr. Adoaldo Tiberio Catinchi al referido Sr. Suau en julio 12 de 1893, en la forma y modo expresados en la demanda, fué verificado por error de dicho Sr. Catinchi, cuyo error consistió en creer el Sr. Catinchi que adeudaba al Sr. Suau la expresada suma por virtud del contrato cele-brado en 18 de mayo de 1887, entre Catinchi, Alemany y Suau, cuando en realidad nada le adeudaba ni por éste ni por ningún motivo, pues ni en esa fecha ni antes de ella, ni en 12 de julio de 1893, ni en ninguna fecha posterior a ésta, traspasó Suau a Catinchi la propiedad y dominio de la finca de San Germán; ni jamás hizo uso Catinchi del derecho de retracto consignado en la cláusula 2a. de la escritura de 22 de enero de 1886. Que dicho Suau cobró de los hermanos Pietri en junto la suma de 7,920 pesos incluyendo capital e intereses. T alega el demandante que según su mejor in-formación y creencia Don Salvador Suau sabía, que al cons-tituirse la hipoteca para garantizar su crédito .y al ceder ésta a Catinchi, que Don Adoaldo Tiberio Catinchi no le de-bía nada por ninguna razón ni concepto.

Estos fueron los hechos sustanciales expresados en la de-manda. Los demandados formularon excepción previa a la demanda, la que fué declarada sin lugar por la corte, presen-tando entonces su contestación en la que admitieron algunos de los hechos contenidos en la demanda y negaron otros, ha-biendo negado específicamente que Don Salvador Suau cau-sante de los demandados hubiera jamás hedió cobro alguno indebido según se alegó en la demanda y que ni el Sr. Ca - tinchi ni ninguna otra persona hubiera pagado al Sr. Suau lo que no adeudaba, y como hechos positivos alega la con-testación que cualesquiera cantidades pagadas por Catinchi o por cualquiera de sus sucesores o cesionarios, constituían deudas legítimas y los pagos fueron bien y "justamente veri-ficados.

La Corte de Distrito de Mayagüez, después de relacionar los hechos o algunos de ellos, expresa que la demanda en este caso se funda en los artículos 1796 y 1797 del Código Civil, en los que se dispone lo siguiente:

“Artículo 1796. — Cuando se recibe alguna cosa que no había de- . recho a cobrar, y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla.
“Artículo 1797. — El que acepta un pago indebido, si hubiera pro-cedido de mala fe, deberá abonar el interés legal cuando se trate de capitales, o los frutos percibidos o debidos percibir cuando la cosa reci-bida los produjera.
“Además responderá de los menoscabos que la cosa haya sufrido por cualquier causa, y de los perjuicios que se irrogaren al que la en-tregó, hasta que la recobre. No se prestará el caso fortuito cuando hubiese podido afectar del mismo modo a las cosas hallándose en poder del que las entregó.”

La corte sentenciadora es de opinión que para qne pneda ejercitarse la acción de cobro de lo indebido con arreglo a estos artículos, son requisitos indispensables que deben con-currir en el ejercicio de la misma, primero, que el demandante pagó indebidamente y que el pago se hizo por error o equi-vocación y no por mera liberalidad o por cualquier otro con-cepto, y cita dicha corte, la doctrina contenida en varias sen-tencias del Tribunal Supremo de España, a saber, las de 14 de enero, 1883; 28 de marzo, 1871; y 18 de noviembre, 1868. Que la demandante en sus argumentos orales y escritos funda como su más poderosa razón para la acción que ejercita, en el artículo 1801 del Código Civil, que lee como sigue:

“Artículo 1801. — La prueba del pago incumbe al que pretende ha-berlo hecho. También corre a su cargo la del error con que lo realizó, a menos que el demandado negare haber recibido la cosa que se le reclame. En este caso, justificada por el demandante la entrega, queda relevado de toda otra prueba. Esto no limita el derecho del deman-dado para acreditar que le era debido lo que se supone recibió. ’ ’

Que esta alegación, continúa la corte, estaba fundada en el beebo de que habiendo negado la demandada en su con-testación que Salvador Suau hubiese efectuado cobro alguno indebido, y que la demandante según su manera de interpre-tar el artículo 1801 quedaba relevada de la necesidad de probar el error con que realizó el Sr. Catinchi el pago al Sr. Suau. La corte, sin embargo, declara, con lo que estamos conformes, que el artículo 1801 debe interpretarse en rela-ción con el 1796, si bien tenemos una forma algo distinta de considerar estos dos artículos de la que adoptó dicha corte. Creemos que según la verdadera interpretación del artículo 1801, el demandante está relevado de la necesidad de probar el error solamente cuando el demandado ha negado haber re-cibido nada en absoluto. La contestación en este caso se limitó a negar que no se había cobrado nada que no fuera lo debido.

En el alegato del apelante se hace objeción a la contes-tación y tal vez ésta pudo haber sido más específica, pero nó se formuló objeción contra la misma en la corte inferior y creemos de todo el contexto de la misma, que resultó claró que los demandados no negaban que su causante hubiera re-cibido alguna suma de los demandantes, su derecho habientes o cesionarios, sino que negaban que lo que él recibió no se le debía y alegaban que cualesquiera sumas que se le hubie-ran pagado eran justas deudas.

La corte inferior declaró en su opinión que la misma prueba de los demandantes o sea la escritura de 12 de julio de 1883, era bastante para demostrar la legalidad de la deuda que tenía Catinchi con Suau, y que la confesión que hizo de haber recibido el dinero era obligatoria para él. Es cierto que los demandantes presentaron dos testigos que declara-ron con respecto a conversaciones que tuvieron con Catinchi, én las que éste le manifestó que no debía estas cantidades, pero estas manifestaciones fueron remotas, vagas, indeter-minadas, e insuficientes para refutar lo que resultaba clara-mente en la escritura de 1893, y especialmente en un juicio que tuvo lugar en 1911.

Reconsideración — Demora Injustificada en Pedir la Reconsideración. — Este caso fué resuelto en junio 26, 1912. En noviembre 27, 1912, la parte ape- . lante pidió la reconsideración de la sentencia dictada por este Tribunal en dicha fecha. Se resolvió: que habiendo transcurrido próximamente cinco meses desde que se dictó la sentencia hasta que se pidió su reconsideración, sin que se haya justificado dicha -demora, ese motivo sería bastante para • desestimar de plano la petición. Sin embargo, examinadas las razones ale-gadas en la petición de reconsideración, se resolvió que ellas no desvirtúan los fundamentos de la sentencia dictada en junio 26, 3912.

Convenimos con los apelantes .que Catinchi jamás ejer-citó su derecho de retracto que le fué cedido por Alemany; pero como dejó de ejercitar su derecho, resulta que por el hecho de que éste en otra escritura exprese que debe 6,000 pesos a Suau, no ha quedado probado en manera alguna que los 6,000 pesos a que se hace referencia en el contrato, con respecto a la finca de Tauco, tengan relación alguna con los 6,700 pesos de que habla el contrato en cuanto a la finca de San Germán.

No apareciendo que haya mediado fraude, debe resolverse que la escritura presentada por los demandantes mostró debidamente que Catinchi era deudor de Suau, (Cruz v. López et al., 17 D. P. R., 42), y que no se presentó prueba satis-factoria de haber cobrado Suau nada que no fuera lo que justamente se le debía.

■ Como no encontramos razones para impugnar la correc-ción de la consideración que la corte inferior hizo de la prueba que le fué sometida en el juicio, debe confirmarse la senten-cia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.

PETICIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE SENTENCIA.

Resuelto en diciembre 4, 1912.

Los hechos están expresados en la resolución.

Abogado del peticionario: Sr. Fernando Vázquez.

El presente recurso de apelación fue decidido por esta Corte Suprema mediante sentencia dictada en 26 de junio del corriente año, la que se comunicó a la corte inferior en Io. de julio siguiente, y en 27 de noviembre próximo pasado la parte apelante ha presentado escrito solicitando la recon-sideración de dicha sentencia, habiendo transcurrido próxi-mamente unos cinco meses desde el pronunciamiento de dicha sentencia hasta la presentación del escrito de reconsideración.

No se alega razón alguna que justifique la demora para la reconsideración solicitada y ese motivo sería bastante para que desestimáramos de plano la reconsideración; pero hemos examinado las razones alegadas por la parte apelante y ellas no desvirtúan los fundamentos en que descansa nuestra sentencia.

Se desestima la reconsideración pretendida.

Denegada la reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.