author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Carlos Mercado, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1221.

    Sometido: Noviembre 5, 1947.

      Resuelto: Febrero 5, 1948.

      Carlos D. Vázquez, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Doña Justina Ortiz Rodríguez y sus hijos Dolores, Manuel, Marcos, Heriberto, Julia y Ramón Encarnación Ortiz eran dueños en común proindiviso del inmueble relacionado con este recurso, el cual se encontraba inscrito en el Regis-tro de la Propiedad. Dicho Manuel Encarnación, por sí y como apoderado de su señora madre Justina Ortiz, de sus hermanos Marcos, ITeriberto, Julia y Ramón, y de las hijas de Dolores Encarnación (fallecida) nombradas Ana María y América García, vendió la finca a Angela Yaello quedando inscrita a favor de la compradora excepto en cuanto a la participación que en la misma correspondía a Doña Dolores, por no hallarse la misma ■ inscrita a nombre de sus ci-tadas hijas o herederas, Ana María y América García. Pos-teriormente, la Sra. Vaello vendió la finca a los esposos Aristides Torres y Helvetia Flores, a cuyo nombre quedó ins-crita la misma, con excepción del mencionado condominio inscrito a favor de Dolores Encarnación Ortiz. Más tarde los esposos Torres Flores vendieron la totalidad de la in-dicada finca a Isolina Collazo, casada con Carlos Mercado, por precio de $566 declarando la compradora que el dinero pagado era privativo de ella por haberlo heredado de su padre, Regino Collazo González. La finca quedó inscrita a favor de Isolina Collazo con carácter privativo, pero con el de-fecto subsanable de no haberse acreditado la procedencia privativa del 'dinero. Se denegó la inscripción en cuanto al condominio que aparecía inscrito a favor de Dolores Encar-nación Ortiz.

A solicitud de Carlos Mercado, en un procedimiento ex parte sobre información de dominio, la Corte de Distrito de San Juan declaró que Carlos Mercado es dueño de la finca objeto del presente recurso; que la adquirió estando casado con Isolina Collazo, por compra que hiciera a los esposos Torres-Flores; éstos de Angela Vaello; ésta de los condo-minos Justina Ortiz y sus hijos Manuel, Marcos, Heriberto, Julia y Ramón Encarnación y Ana María y América Gar-cía, las dos últimas como únicas y universales herederas de Doña Dolores Encarnación. La corte ordenó la cance-lación de la inscripción del condominio de Dolores Encar-nación, y la inscripción total del inmueble a favor de Carlos Mercado.

Presentada para su inscripción la citada resolución, el Registrador denegó la misma expresándose de la manera siguiente:

“Denegada la inscripción de la precedente resolución (informa-ción de dominio), por cuanto ordena inscribir la totalidad de la finca descrita en dicha resolución a favor de Carlos Mercado, tomán-dose en su lugar anotación preventiva por 120 días, de acuerdo con la ley, al folio 54 vto. del tomo 65 de Santuree Sur, finca 2709, anotación letra “A”, por los fundamentos siguientes:

1. Dicha finca, con excepción de un condominio indiviso inscrito a favor de Dolores Encarnación Ortiz, consta inscrita, en cuanto a las demás participaciones indivisas, con carácter privativo, a favor de Isolina Collazo, casada con Carlos Mercado, sin que se haya seguido el procedimiento ■ de ley para convertir o transmutar en ganancial la parte que con el citado carácter privativo adquiriera la supradicha Isolina Collazo.

2. La inscripción de la finca a favor de Carlos Mercado, según lo ordena la Corte, conlleva o entraña la trasmisión o inscripción previa del condominio de doña Dolores Encarnación Ortiz a favor de sus hijas nombradas Ana María y América García a título de herederas, sin haberse acreditado el pago de la contribución de heren-cia.

3. No procede la cancelación de un asiento contradictorio en el Registro en un informativo de dominio, a menos que el dueño o titular lo consienta, o sea oído y vencido en juicio al oponerse a las pretensiones del promovente del informativo en cuestión.”

Contra la nota denegatoria del Registrador el promovente interpuso el presente recurso gubernativo donde señala tres errores, los cuales discutiremos en el orden señalados.

“1. Erró el Registrador al denegar la inscripción amparándose én la teoría de que en un informativo de dominio no puede orde-narse la cancelación de un asiento contradictorio a menos que la persona a cuyo favor consta la inscripción consienta o sea oída y vencida en juicio al oponerse a las pretensiones del promovente.”

La contención del recurrente descansa en la doctrina sentada en el caso de Canino v. Registrador, 31 D.P.R. 434, pero este caso fue expresamente revocado por el de Rodrigues v. Registrador, 65 D.P.R. 653, en el cual esta corte hizo un estudio detallado de los expedientes contradictorios luego de examinar la ley, la jurisprudencia y los tratadis-tas sobre la materia, y dijimos a la página 657:

“Descartado el caso de Canino v. Registrador, supra, por los fun-damentos ya expuestos, tenemos que en Puerto Rico no procede la cancelación de un asiento contradictorio en un expediente de domi-nio a menos que a ello consienta el titular, o a menos que sea oído y vencido en juicio al oponerse a las pretensiones del peticionario.”

El Registrador basó su tercer fundamento para dene-gar la inscripción precisamente en lo resuelto por este Tribunal en el caso de Rodrigues v. Registrador, supra. Empero, el recurrente arguye en su alegato que “las conclusio-nes a que se llegaron en ese caso deben ser abandonadas y procederse a un nuevo'estudio de la cuestión.” Como bien dice el recurrido “Nada nuevo encontramos en el alegato de la parte recurrente que no hubiera sido discutido amplia-mente en el repetido caso.” No se cometió el primer error.

Como segundo error señala el recurrente que:

“2. Erró el Registrador al negarse a inscribir el condominio que pertenecía a Dolores Encarnación Ortiz, a favor del promovente Carlos Mercado, porque las otras participaciones en dicha finca constan inscritas a favor de la esposa del promovente, Isolina Collazo.”

Alega el recurrente que aunque la finca consta inscrita en el Registro a nombre de Isolina Collazo (con excepción del. condominio inscrito a favor de Dolores Encarnación Ortiz), a título privativo, lo cierto es que el Registrador consignó el defecto subsanable de que la procedencia pri-vativa del dinero con que se había adquirido no se había acreditado en el Registro; que todavía no se ha acreditado y que el efecto legal de haberse consignado tal defecto en la inscripción es que los bienes, según el Registro, son bie-nes gananciales de Isolina Collazo y del promovente, Carlos Mercado. Cita los casos de Crehore v. Registrador, 25 D.P.R. 847; Fernández Pérez v. Registrador, 26 D.P.R. 740; Acosta v. Registrador, 27 D.P.R. 250; Sánchez et al. v. Re- gistrador, 28 D.P.R. 669, para sostener sn contención. Bn dichos casos se resolvió ,que cnando el marido o la mujer tratan de inscribir bienes inmuebles, como de la exclusiva propiedad de uno o de la otra, es de rigurosa aplicación el precepto contenido en el artículo 1307 del Código Civil, (ed. 1930) al efecto de que “Se reputan bienes ■ gananciales to-dos los bienes del matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer”, y que para acreditar tal carácter privativo no es bastante la ma-nifestación afirmativa que bagan ambos esposos en una es-critura pública. Arguye el recurrente que tratándose de'un bien ganancial (ya que el carácter privativo no ba sido acre-ditado), era a él, como administrador y representante'legal de la sociedad de gananciales, a quien correspondía promo-ver el expediente de dominio.

Estamos de acuerdo con la contención del recurrente basta ese punto. Es decir, a él era a quien correspondía promover dicbo expediente, si es que procedía, mas en ese caso debió citarse y oírse también a la Sra. Isolina Collazo de Mercado, pues del Registro aparecía que ella tenía un tí-tulo inscrito sobre dicha finca. En otras palabras, y como apunta el Registrador en su alegato, “desde el punto de vista estrictamente hipotecario, Doña Isolina Collazo es ter-cero en lo que respecta á la sociedad de gananciales, ya que tiene un título inscrito y para nada ba intervenido en su carácter individual ó personal en el procedimiento instado por su esposo, Carlos Mercado, como administrador de la sociedad.” Estando inscrita la finca como bien privativo de Doña Isolina, la Corte de Distrito no tenía jurisdicción para ordenar la inscripción del dominio de dicbo inmueble en su totalidad a nombre de Carlos Mercado, sin haberla ci-tado ni oído. La misma regla establecida en el caso de Rodriguez v. Registrador, supra, es aplicable. Hemos resuelto, además, en Delgado v. Registrador de San Juan, 30 D.P.R. 483, copiando del sumario, que “Inscrita una propiedad como ganancial, en tanto esa inscripción permanezca sin cancelar el estado leg*al creado por tal asiento, sea o no ver-dadero, debe considerarse prima facie correcto para los fines de inscripción.”

Y en Lind v. Registrador, 66 D.P.R. 145, resolvimos que “Inscrita nna escritura de compraventa en la cual el com-prador manifestó que era casado pero no expresó el nom-bre de la esposa, si luego dicho comprador contrae matri-monio y fallece, el registrador procede correctamente al ne-garse a inscribir la mitad indivisa de la finca así comprada a favor de sus hijos como herederos de la segunda' esposa por resultar la finca inscrita a favor de una sociedad de ga-nanciales distinta, no liquidada. Los derechos de la cónyuge en dicha sociedad ganancial no liquidada, o de sus herede-ros, no pueden ser perjudicados sin oírseles en la acción ple-naria correspondiente.” Cf. Miguel Alcázar v. Corte de Distrito de Ponce, 67 D.P.R. 727.

No se cometió el segundo error. Como tercero, alega el recurrente que:

“3. Erró el Registrador al exigir que se acreditara el pago de la contribución de herencia por parte de Ana María y América Gar-cía, para proceder a la inscripción del condominio que perteneció a Dolores Encarnación Ortiz, a. favor del promovente.”

El Eegistrador se fundó, en el artículo 12 de la ley núm. 99 de le 1925 (pág. 791), enmendado por la Ley núm. 303 de 1946 ((1) pág. 783) que, en su parte pertinente dice: “ . . .y ningún registrador inscribirá . . . instrumento al-guno ni fallo, sentencia o auto judicial autorizado, dictado o emitido en relación con la división, distribución o entrega de dichos bienes, a menos de haberse presentado el recibo o recibos expedidos por el Tesorero ...”

Alega el recurrente que en este caso no se trata de un documento en relación con la división, distribución o en-trega de los bienes de un fallecido; que la resolución pre-sentada al Eegistrador comprendía, primero, la cancelación de un asiento contradictorio de dominio a nombre de Dolores Encarnación Ortiz; y segundo, la inscripción del domi-nio a nombre de Carlos Mercado. Precisamente, para que el' registrador pudiera inscribir el dominio sobre la finca a favor de Carlos Mercado era imprescindible que existiera la cadena de títulos, desde Doña Justina y sus hijos hasta Don Carlos, y el primer eslabón en dicha cadena en cuanto a la participación de Doña Dolores, sería el título de las herede-ras de aquélla, las cuales tenían que acreditar el pago de la contribución de herencia o demostrar que habían sido re-levadas de dicha obligación impuéstale. por ley.

En el caso de Delgado López v. Registrador, 37 D.P.R. 497, 499, interpretando el artículo 12 de la Ley núm. 99 de 1925, en relación con informativos de dominio, dijimos:

“Los recurrentes dicen también que existe una presunción de regularidad al obtener de una corte una certificación de un título de dominio. Hay ciertas cuestiones de hechos resueltas por una corte al considerar una solicitud sobre expedientes de dominio que serían obligatorias para un registrador de la propiedad. El pago de con-tribuciones no es unal de esas cuestiones. Por virtud del art. 18 de la Ley Hipotecaria el registrador está obligado a calificar si se lian cumplido con los requisitos de ley. De acuerdo con el art. 12 de la Ley núm. 99 del año 1925, se prohibe al registrador que inscriba cualquier documento en que estén envueltos bienes heredados, a me-nos que se haya pagado la contribución por herencia.” (Bastardillas, nuestras.)

Por los motivos expuestos, se confirma la nota recurrida-..


source: Caselaw Access Project

author: El Juez. Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Rexford G. Tugwell, Gobernador de Puerto Rico, sustituído por Jesús T. Piñero, querellante y apelante, v. Manuel A. Barreto, Alcalde de Mayagüez, querellado y apelado.
    Núm. 19.

    Sometido: Enero 13, 1948.

      Resuelto: Febrero 6, 1948.

      Hon. Procurador General Luis Negrón Fernández, José G. Aponte, Fiscal General Especial, y Guillermo A. Gil, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante;- Francisco M. Susoni, Jr., José Rafael Gelpí y Mario Figueroa del Rosario, abogados del ape-lado.
   El Juez. Asociado Señor De Jesús

emitió la opinón del tribunal.

El 11 de octubre de 1945 el Gobernador presentó, ante la Asamblea Municipal de Mayagüez, un pliego de cargos contra el Alcalde. La Asamblea Municipal lo absolvió dos veces: la primera, mediante aplicación indebida de la doctrina de res judicata () la segunda, declarando con lugar la excep-ción previa interpuesta contra' los primeros cuatro cargos y absolviéndolo del quinto y último, luego de oír la prueba que en relación con dicho cargo presentó el Gobernador y antes de que el Alcalde presentase la suya. La apelación que entonces interpuso el Gobernador fué desestimada en cuanto al quinto cargo, por haberse elevado una transcripción de evidencia certificada por el Presidente y no por la Asam-blea Municipal en pleno; pero se revocó la decisión en lo que respecta a los primeros cuatro cargos. En consecuen-cia, fué devuelto el caso a la Asamblea, con instrucciones de proceder inmediatamente a recibir la evidencia de las par-tes, en relación con los referidos cuatro cargos y de resolver el caso en sus méritos. () Viene ahora ante nos la deci - sión de la Asamblea Municipal absolviéndolo por los méri-tos de la prueba. ()

El primer cargo imputa al Alcalde haber arrendado a Francisco P. Cintrón la plaza pública de Mayagüez y calles adyacentes y las de los barrios Balboa y Playa del mismo Municipio, sin la celebración de la subasta que exige la ley, para ser usadas en la instalación de artefactos de diversión durante las fiestas patronales que se celebraron desde el 22 de enero hasta el 2 de febrero de 1945.

El segundo le imputa haber permitido que el precio de dicho arrendamiento, $5,000.04, lo recibieran Matilde Nadal de Ramírez, () y Miguel A. Yáñez, sin ingresarlo en el Te-soro Municipal.

El tercero lo acusa de haber permitido y autorizado que se gastara la referida suma en atenciones ajenas y extrañas a gastos legítimos del municipio de Mayagüez y sin la de-bida autorización de la Asamblea Municipal.

El cuarto hace una relación de algunos desembolsos que se alega hizo ilegalmente el Alcalde.

En su resolución la Asamblea Municipal declaró probado que el Comité de Festejos concedió un permiso a Francisco P. Cintrón para la instalación de picas, caballi-tos y otros artefactos de diversión en las inmediaciones de la Plaza Colón de aquella ciudad y en los barrios Balboa y Playa y calle Salud, por el precio de $5,000.04; que para acreditar el. pago de esa cantidad fué otorg’ado un recibo firmado por la presidenta de las fiestas patronales, Sra. Ma-ría Nadal de Vidal, por el tesorero 'del referido Comité, Sr. Miguel A. Yáñez y por el alcalde Manuel A. Barreto ;() que para la concesión del permiso no se celebró subasta y que su precio fué convenido entre la Sra. Vidal y el Sr. Cintrón; que además del. precio del permiso se obtuvo la suma de 1876.50 por concepto de anuncios que se publicaron - en el programa de las fiestas patronales; que tanto los $5,000.04 como los referidos $876.50, fueron ingresados en el “Fondo de las Fiestas Patronales de Mayagüez” en el banco Cré-dito y Ahorro Ponceño, sucursal de aquella ciudad; que para el pago de los gastos de las fiestas se giraba contra esa cuenta, mediante cheques firmados por el Tesorero del Co-mité de Festejos, Sr. Yáñez, quien a la vez era Colector de Rentas Internas de Mayagüez; que a iniciativa de la Sra. Vidal y sujeto a la condición de que al finalizar las fiestas patronales hubiese un sobrante no menor de $1,000 para el Asilo de Pobres, que era una institución municipal, se acordó hacer un donativo de $500 al Comité del Partido. Popular Democrático para abonar a la deuda contraída con el Banco por concepto de gastos eleccionarios y que dicha suma fuese pagada con cargo al producto de los anuncios publicados en el programa; que es costumbre en el Municipio de Maya-güez y en todos los de la Isla, incluyendo al Gobierno de la Capital, considerar las actividades de las fiestas patro-nales como extrañas al funcionamiento del municipio y sus fondos no se consideran ingresos del Gobierno Municipal; que el querellado no realizó acto alguno que lesionara "los intereses del Municipio, ni se benefició personalmente por el hecho de haber, autorizado al Comité de Festejos para dis-poner de dichos fondos como lo estimase conveniente, en re-lación con dichas fiestas; que el Auditor de Puerto Rico no había promulgado reglamento alguno con referencia a las fiestas patronales, por lo que, a juicio de la Asamblea Municipal, tácitamente había autorizado la práctica de consi-derar estas fiestas como ajenas al funcionamiento del Go-bierno Municipal, e invoca la Asamblea una comunicación del Presidente del Senado, de 6 de diciembe de 1945 ;() que la entrega de los donativos,. premios, etc., incluidos en el programa de las fiestas, fueron repartidos; que las actua-ciones del Alcalde han sido siempre correctas e inspiradas en el mejor deseo de beneficiar al Municipio; que la eviden-cia admitida en apoyo de la querella sólo demuestra meras irregularidades administrativas; y, por último, que la Asam-blea considera que la evidencia presentada en apoyo de los cargos no justifica la separación del Alcalde.

La mayoría de la Asamblea, como fiemos visto, declaró probado que el contrato de arrendamiento o permiso para el uso de sitios públicos, se hizo sin la celebración de subasta; que esos fondos no fueron depositados en las arcas munici-pales y que contra ellos se giró por personas que ninguna in-gerencia tenían con la administración municipal. Pero hay algo más grave que la mayoría de la Asamblea silencia al ex-poner sus conclusiones de hecho y que fue probado con la evidencia incontrovertida del Gobernador, a saber: que con cargo a los fondos de las fiestas patronales se tomaron $500 para abonarlos al Crédito.y Ahorro Ponceño a cuenta de una obligación, de la cual eran responsables el Alcalde, Miguel A. Yáñez y otros, y la cual obligación se contrajo para hacer frente a los gastos del Partido Popular en la campaña electoral de 1944. Se hicieron dos cheques por $250. Uno de ellos a la orden de Miguel A. Yáñez, quien era el tesorero del Comité de Finanzas del Partido Popular. El otro a la orden de Manuel A. Barreto, quien era presidente de dicho Comité. Y resulta significativo que estos cheques, que pu-dieron haber sido endosados al Crédito y Ahorro Ponceño, fueron depositados en las respectivas cuentas particulares de sus tenedores, y después cada uno de ellos expidió un cheque personal por $250 a la orden del Comité de Finan-zas del Partido Popular, el cual, a su vez, expidió el mismo día un cheque por la cantidad de $500, a la orden del Cré-dito y Ahorro Ponceño, para abonar a la obligación antes mencionada.() No obstante esta prueba, la mayoría de la Asamblea resolvió que se trataba de meras irregularidades, las cuales ningún perjuicio habían causado al Municipio de Mayagüez, e insinúa que- dichos $500 se tomaron de los $876.50 producidos por la publicación de los anuncios en el programa de las fiestas patronales.()

La mayoría de la Asamblea busca apoyo, en lo que res-pecta al requisito de la pública subasta, en lo que dice era la costumbre, tanto en Mayagüez como en otros municipios, incluyendo al Gobierno de la Capital, e invoca la carta del Presidente del Senado.() Suponiendo que el desuso, la cos-tumbre, o la práctica en contrario pudiera prevalecer contra la observancia de la ley,() lo cual negamos por prohibirlo expresamente el artículo 5 del Código Civil, tendríamos que resolver que en cuanto a la prueba de la costumbre, la con-clusión de la Asamblea no está sostenida por la evidencia presentada. Evidentemente la existencia de la costumbre no está sostenida por la carta del Sr. Muñoz Marín, en la .qne tanto énfasis pone la Asamblea. Tomamos de dicha ■•carta:4 4 También hablé con el Auditor Cordero sobre el asunto de las fiestas patronales ... le expliqué que eviden-temente un número de alcaldes ño han procedido dentro del •estricto procedimiento legal al hacer arreglos para el uso de las plazas para fiestas patronales.” (Bastardillas nues-tras.) No puede inferirse de esa manifestación que sea cos-tumbre 4 4 en todos los municipios de la isla . . . que las fiestas patronales de los municipios y sus fondos no fueran con-siderados como ingresos del gobierno municipal”. Lo que en realidad indica la carta es la excepción, un número de al-caldes — no sabemos cuántos ni cuándo — que han violado la ley. Pero esto no es todo. El Gobernador ofreció en evi-dencia y fueron admitidos sin oposición, los avisos de su-' basta de las plazas y sitios públicos de la ciudad de Maya-güez para las fiestas patronales de los años 1943 y 1944, pu-blicados en 44La Democracia”, según la declaración jurada •de su Administrador. El aviso de subasta con respecto á las fiestas patronales de 1944 dice así:

“Municipio de Mayagüez. — Oficina del Alcalde. — Aviso de Mu-basta. — La'Junta de Subasta del Municipio de Mayagüez recibirá pro-posiciones hasta el día 3 de enero de 1944, a las 2:45 P. M. para la subasta del arrendamiento de la Plaza de Colón y otros sitios de la ciudad para la instalación de espectáculos y juegos permitidos por la Ley durante la celebración de las Fiestas Patronales de Nues-tra Señora de la Candelaria, que se llevarán a éíecto durante los •días comprendidos entre el 23 de enero de 1944 y el 2 de febrero ■del mismo año.
“Los pliegos de condiciones para la concurrencia a esta subasta deberán obtenerse en la Oficina del Secretario Municipal. — Manuel A. Barreto. — Alcalde.'—Mayagüez, Puerto Rico. — Diciembre 18 de 1943. ”()

No vemos cómo pudo invocarse tal costumbre cuando por lo menos durante los dos años que inmediatamente prece-dieron al 1945, el Alcalde querellado, a través de la Junta de Subasta, cumplió con el requisito legal de la pública su-basta para el arrendamiento de dichos sitios públicos. ¿Qué justificación tiene el Alcalde para no haber adoptado en 1945 el mismo procedimiento que había seguido en los años 1943 y 1944? De los autos no surge explicación alguna para va-riar el procedimiento prescrito por la ley.

El abogado del querellado, en su alegato lo mismo que en su informe oral, trata de restarle importancia a los cargos arguyendo que las plazas y calles de un municipio no pueden ser objeto de arrendamiento. De esa premisa concluye que el dinero producido por tal arrendamiento no constituye un fondo del municipio y que, por consiguiente, no tenía que ser ingresado en el Tesoro Municipal.

Que no hay imposibilidad legal para el arrendamiento de plazas y calles para establecer casetas y artefactos de diversión, resulta del inciso “f” (6) y (7), artículo 46 de la Ley Municipal, según fue enmendado dicho inciso por la Ley núm. 98 de 1931, págs. 595, 617. ()

De cualquier modo, como dijimos en Tugwell, Gobernador, v. Barreto, 67 D.P.R. 546, 555:

“A los efectos de esta opinión, es innecesario resolver si los bienes de uso público pueden ser objeto del contrato de arrendamiento. En la hipótesis de que lo fueran, para arrendarlos tendría que cumplirse con el requisito previo de la subasta; y suponiendo que no pudieran ser objeto de arrendamiento, se alega que fueron arrendados. Bajo una u otra hipótesis, el Alcalde actuó en violación de la ley.”

Procede, por lo expuesto, revocar la decisión de la Asam-blea Municipal de Mayagüee, dictada con fecha 7 de noviem-bre de 1947, y se ordena la destitución del Alcalde.

      (1) Esa resolución fuó revocada en Tugwell, Gobernador v. Barreto, 65 D.P.R. 500.

        (2) Tugwell, Gobernador v. Barreto, 67 D.P.R. 546.

      (3) La decisión fué de ocho a cinco.

      (4) De la prueba resulta que el verdadero nombre de esta señora es Matilde Nadal de Vidal.

      (5)Diclio recibo dice así:

        “ Mayagüez, Puerto Bieo, — Diciembre 12 de 1944. — He recibido do don Francisco P. Cintrón la cantidad de cinco mil dólares ($5,000) por concepto de arrendamiento de la Plaza de Colón y sitios de la ciudad de Mayagüez radicados en Balboa y la Playa para la instalación de espectáculos públicos y juegos lícitos durante la celebración de las fiestas patronales de 1945; que-dando entendido que el Sr. Cintrón tendrá el derecho exclusivo a la explotación del negocio durante la duración de las fiestas.- — Por la Comisión de Festejos de las Fiestas Patronales de 1945. — Matilde Nadal de Vidal. — Presidenta.— (fdo.) Matilde Nadal de Vidal. — Miguel A. Yáñez, Tesorero.— (fdo.) Miguel A. Yáñez. — V.B. (fdo.) M A. Barreto — Manuel A. Barreto, Alcalde de Mayagüez. ”

      (6)La carta del Sr. Luis Muñoz Marín, dirigida al Presidente de la Aso-ciación de Alcaldes, en!-lo pertinente dice:

        . También hablé con el Auditor Cordero sobre el asunto de las fiestas patronales y sobre la legalidad de proveer fondos para la Asociación de Alcal-des. Le expliqué que evidentemente un número de Alcaldes no han procedido dentro del estricto procedimiento legal al hacer arreglos para el uso de las plazas para fiestas patronales. Nadie dice nada sobre esto hasta que algún enemigo del Alcalde tiene interés en crearle dificultades; y entonces, por moti-vación que rara vez es cívica, se crea un conflicto. Lo que le pedí al Auditor sobre esto fué que hiciera las investigaciones en todos los casos que él creyera que debía hacerla, pero que, en todos los casos de fiestas patronales celebradas antes de su circular, busque la evidencia de si hubo o no mala fe en el pro-cedimiento, y que si claramente no hubo mala fe se limite a llamarle la atención al Alcalde concernido e instruirlo sobre el procedimiento que debe seguir. El Auditor estuvo de acuerdo en hacerlo así. Desde luego, los Alcaldes deben tener sumo cuidado en evitar toda violación técnica de la ley en el futuro tanto en este respecto como en otros. .

      (7) Este hecho está sostenido por las declaraciones del Gerente del Crédito y Ahorro Ponceño, por la de Miguel A. Táñez y por los dos cheques números 47 y 48, por $250 cada uno, expedidos a la orden de Miguel A. Yáñez y Manuel A, Barreto, respectivamente, por el' Tesorero del Comité de Posto,-jos Sr. Yáñez. La explicación que para este rodeo da el Sr. Yáñez es que, tanto él como Barreto, creían “que no se veía bien hacer un cheque a nombro dol Comité de un Partido”.

      (8)La prueba revela, sin embargo, que el costo del programa de las fiestas patronales ascendió a $453.40, como resulta de los siguientes cheques firmados por el Tesorero del Comité de Festejos Sr. Yáñez:
      Cheque núm. 1-$100. 00
      Cheque núm. 15_:--- 300. 00
      Cheque núm. 28- 10. 00 _
      Cheque núm. 34_ 5. 00
      Cheque núm. 50_ 38. 40
      Total_$453.40
      Deducidos los 453.40 que costó el programa de los $876.50 que produjeron los anuncios, sólo quedan 423.10, lo cual demuestra que los $500 no se pagaron totalmente con el producto de los anuncios publicados en el programa.

      (9) Véase la nota 6.

      (10) Sobre el requisito indispensable de la pública subasta, el art. 8, inciso 5 de la Ley Municipal (Ley núm. 53 de 28 de abril de 1928, pág. 335), en lo pertinente prescribe:

        “5. No se podrá . . . arrendar ... m en modo algwno disponer, de pro-piedad alguna municipal, sino mediante pública subasta, excepto en los casos en que expresamente se permita por 'esta Ley que se haga de otro modo. ...” (Bastardillas nuestras.)
      Y en lo que respecta al deber de ingresar los fondos en el Tesoro Municipal, la sección 3(a) del Reglamento para el Régimen de la Contabilidad Municipal en vigor desde el 1ro. de julio de 1937, en lo pertinente, dispone:
      “El Tesorero Municipal depositará todos los fondos pertenecientes al muni-cipio o que estén bajo la custodia de éste, en un banco debidamente incorpo-rado (o agencia o sucursal del mismo) que sea designado por la Junta Admi-nistrativa mediante resolución, debiéndose proteger todo depósito como dispone este reglamento. . .”

      (11)E1 aviso de subasta para las fiestas de 1943, también firmado por el Alcalde querellado, es sustancialmente igual al anteriormente transcrito.

      (12) E1 referido inciso reserva a los municipios la facultad de imponer cual-quier arbitrio, licencia o contribución de [cualquier] otra clase que decretare la asamblea municipal correspondiente, sobre:
      “6. Licencia para colocar sillas o casetas en sitios públicos.

        “7. Licencia para diversiones o espectáculos públicos.”


author: El Juez Asociado - Señor Snyder

text:
    Porto Rico Telephone Co., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; R. Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 99.

    Sometido: Junio 5, 1947.

      Resuelto: Febrero 6, 1948.

      Sifre, Franceschi <& Sifre y Rafael Pastor, abogados de la peticio-naria; Pión. Procurador General Luis Negrón Fernández y J. B. Fernández Badillo, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado - Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Entre el 30 de marzo de 1943 y el 30 de marzo de 1944, la peticionaria trajo a Puerto Pico ciertos artículos para usarlos en su negocio telefónico en esta isla. El inciso 20 de la sección 16 de la Ley de Rentas Internas, según fué en-mendada por la Ley núm. 25, Leyes de Puerto Rico, 1942, Segunda y Tercera Sesiones Extraordinarias (pág. 127) y la Ley núm. 116, Leyés de Puerto Rico 1943 (pág. 335), im-pone una contribución pagadera por una sola vez, sobre la venta o uso en Puerto Rico de tales artículos. La contri-bución es del 15 por ciento sobre el precio de venta en Puerto Rico. A los fines de determinarla, el “precio de venta” se define en la sección 4, según fué enmendada por la Ley núm. 25, como el costo de los artículos, más los gastos incurridos en su transportación a la isla, más un beneficio razonable estimado en un 20 por ciento^)

La peticionaria admite que el Tesorero tenía derecho a cobrar aquella parte de la contribución sobre uso ascendente a 15 por ciento sobre estos artículos, calculada obteniendo el 15 por ciento del costo de los artículos más los gastos de su transportación a Puerto Rico. Pero alega "que el adicio-narle un beneficio estimado del 20 por ciento a la base tributable, priva a la peticionaria de su propiedad sin. el de-bido procedimiento de ley, en violación del artículo 2 de la Carta Orgánica, 48 TJ.S.C., see. 737.

La peticionaria pagó toda la contribución pero radicó en-tre otras una reclamación de reinte'gro ascendente a $19,749.91. Esta suma representa aquella porción de la contribución que resulta al incluir, como una de las partidas que forman la base tributable, la partida de un 20 por ciento como benefi-cio estimado. El Tesorero denegó la reclamación de rein-tegro. El caso se encuentra ante nos en certiorari para re-visar la decisión del Tribunal de Contribuciones desesti-mando la querella de la peticionaria para recobrar esta suma.

Al impugnar como nulo el requisito de que la base tributable de la contribución sobre uso incluirá un beneficio estimado del 20 por ciento, la peticionaria descansa en parte en ciertos casos estatales que envuelven contribuciones sobre la propiedad. Por tanto, examinaremos primeramente su contención de que la contribución aquí impuesta es una contribución sobre la propiedad más bien que un arbitrio.

La peticionaria admite que el inciso 20 no impone gene-ralmente una contribución sobre la propiedad. Sin embargo, alega que al aplicarse a estos artículos específicos, la con-tribución es una contribución sobre la propiedad, ya que fueron introducidos en Puerto Rico únicamente para ser usa-dos por la peticionaria en su negocio telefónico, y no tienen aquí valor alguno en el mercado.

Nos parece que el argumento de que el inciso 20 impone una contribución sobre la propiedad a estos artículos carece enteramente de base. En. primer lugar la propia Legisla-tura le da el nombre de arbitrio a esta contribución. Título Segundo, Ley núm. 85, Leyes de Puerto Rico, 1925 (pág. 585); sección 4 de la Ley núm. 85, según fue enmendada por la núm. 25 de 1942.. Si bien el nombre dádole por la Legislatura no es concluyente, sí tiene derecho a que se le conceda gran peso en ausencia de lenguaje en contrario en el estatuto. Lutz v. Arnold, 193 N. E. 840 (Ind., 1935); Ingels v. Riley, 53 P.2d 939 (Calif., 1936); Douglas Aircraft Co. v. Johnson, 90 P.2d 572 (Calif. 1939); Head v. Cigarette Sales Co., 4 S. E.2d 203 (Ga., 1939).

Pero el lenguaje específico del estatuto mediante el cual se impone el arbitrio es más importante que el nombre dádole por la Legislatura a la contribución. La diferencia entre contribuciones sobre la propiedad y arbitrios se ba expuesto claramente en muchas ocasiones. Una contribución sobre lá propiedad se impone a la posesión de propiedad propiamente dicha,, independientemente del derecho o privilegio de ven-derla o usarla; surge anualmente; su pago recae en quien-quiera sea el dueño de la propiedad en determinada fecha; y consta de un por ciento fijo sobre el valor de-la propiedad, según éste se determine mediante tasación. Por otro lado, un arbitrio se impone sobre el ejercicio de un privilegio, tal como venta o uso; surge una sola vez, no anualmente; no está ligado a ningún día contributivo específico; y se im-pone sin tasación alguna. Anotaciones, 103 A.L.R. 18; 129 A.L.R. 222; 153 A.L.R. 609.

Parece claro fuera de toda duda que ,el arbitrio del 15 por ciento impuesto por el inciso 20 sobre el privilegio de usar estos artículos- en Puerto Rico, es un arbitrio más bien que una contribución sobre la propiedad. El peso de las" autoridades caracteriza tal contribución como un arbitrio. Henneford v. Silas Mason Co., 300 U. S. 577, 582, y casos allí citados; Steward Machine Co. v. Davis, 301 U. S. 548, 573; Douglas Aircraft Co. v. Johnson, supra; Head v. Cigarette Sales Co., supra; Banner Laundering Co. v. Gundry, 298 N.W. 73 (Mich., 1941); Vancouver Oil Co. v. Henneford, 49 P.2d 14 (Wash., 1935); National Linen Service Corp. v. State Tax Com’n, 186 So. 478 (Ala., 1939); 24 Calif. L. Rev. 175; Annotations, 103 A.L.R. 18; 129 A.L.R. 222; 153 A.L.R. 609.

En el caso de West India Oil Co. v. Gallardo, 6 F.2d 523 (C.C.A. 1, 1925), al considerar nn estatuto puertorriqueño similar, la Corte de Circuito dijo a las páginas 525-6: “Creemos que claramente éste es un arbitrio sobre venta o uso, y no una contribución sobre importaciones. Analizán-dolo, la única base para el elaborado argumento de la ape-lante se encuentra en el becbo de que la mayoría de los ar-tículos de bienes muebles sujetos a este arbitrio constituye importaciones en Puerto Rico, debido a que dicba isla es principalmente un país agrícola o productor de materia prima con pocas fábricas. Pero este becbo económico no afecta la naturaleza legal del arbitrio. ... De igual ma-nera, es insostenible la contención de que éste es una con-tribución sobre la propiedad, siendo nula por falta de uni-formidad. La contribución se impone sobre automóviles ‘ma-nufacturados, vendidos o usados en Puerto Rico’. No es una contribución sobre posesión según ésta se distingue de la producción, venta o uso.” Al mismo efecto, West India Oil Co. v. Sancho, 108 F.2d 144 (C.C.A. 1, 1939), confirmado en West India Oil Co. v. Domenech, 311 U. S. 20.

De igual manera, bemos reconocido en nuestros casos que nuestra contribución sobre venta o uso es un arbitrio y no una contribución sobre la propiedad, y bemos indicado la distinción entre (1) nuestra contribución general ad valorem sobre bienes muebles impuesta el 15 de enero al dueño en dicba fecba para el próximo año fiscal, de conformidad con el artículo 297 del Código Político, y (2) las contribuciones-sobre venta y uso impuestas por la Ley de Rentas Internas sin tasación y sin referencia a fecba alguna. Ballester v. Buscaglia, 66 D.P.R. 560, 582-83, revocado por otros motivos, 162 F.2d 805 (C.C.A. 1, 1947), certiorari denegado, 332 U. S. 816; Varcárcel v. Sancho, Tes., 61 D.P.R. 213; West India Oil Co. (P. R.) v. Tesorero, 54 D.P.R. 732 confirmado en 108 F.2d 144 y 311 U. S. 20; West India Oil Co. (P. R.) v. Benitez, Admor., 51 D.P.R. 273; Benitez Sugar Co. v. Aboy, Tes., 34 D.P.R. 36, Panzardi et al v. Gallardo, 35 D.P.R. 947; Flores Alvarez & Co. v. Gallardo, 36 D.P.R. 117.

No vemos la pertinencia de los lieclios en que descansa la peticionaria; es decir, que trajo esos artículos a Puerto Rico donde, según alega, no hay valor en el mercado para ellos. Estos hechos no convierten la contribución sobre uso en una contribución sobre la propiedad. La contribución todavía es sobre el privilegio del uso aquí y como tal es un arbitrio.

Pasemos ahora a la contención de la peticionaria de que la contribución impuesta por el inciso 20 es una ad valorem más bien que una específica. Aquí también los casos han hecho patente la diferencia entre estas dos clases de contribuciones. Una contribución ad valorem consiste de una proporción fija del valor de la propiedad; requiere la intervención de tasadores para determinar el valor de la propiedad; y se provee un procedimiento cuasi judicial para litigar la valoración hecha por los tasadores. En contraste, una contribución específica es una suma fija obtenida medíante un cálculo matemático de conformidad con una fórmula provista por el estatuto y no requiere tasación de valor. Pingree v. Auditor General, 78 N. W. 1025 (Mich., 1899); Commonwealth v. A. Overholt & Co., 200 A. 849 (Pa., 1938); Shivel v. Vidro, 294 N.W. 78 (Mich., 1940); Magnolia Petroleum Co. v. Oklahoma Tax Commission, 106 P.2d 829 (Okla., 1940); Powell v. Maxwell, 186 S. E. 326 (N. C., 1936).

El importe de la contribución sobre uso impuesta por el inciso 20 se obtiene por un simple cálculo matemático sin necesidad de tasación del valor de los bienes: la contribu-ción es del 15 por ciento del costo de los artículos más el costo de transportación más un 20 por ciento de beneficio es-timado. Por tanto, parecería obvio que el inciso 20 impone una contribución específica y no' una ad valorem. Sin embargo, la peticionaria descansa en el último párrafo de la sección 4 que dispone que "la frase ‘ad valorem’ para los fines de esta ley y otras leyes vigentes fijadoras de una con-tribución de arbitrios o de venta, se interpretará como sig-niñea ti va del ‘predio de venta’ del artículo o mercancía,, según se define en esta sección.”

Ya liemos visto que si bien' el nombre que se dé a un es-tatuto merece gran peso, éste no es decisivo. El funciona-miento práctico de una contribución predomina sobre su nombre descriptivo. Harvester Co. v. Dept. of Treasury, 322 U. S. 340, 346; Harvester Co. v. Dept. of Taxation, 322 U. S. 435, 441. Debemos abstenernos de \a nomenclatura y penetrar más allá del nombre que se dé a la cosa descrita.

Es innecesario que determinemos por qué la Legislatura optó por designar los arbitrios impuestos por la Ley de Ren-itis Internas sobre la venta y uso de artículos, como contri-buciones ad valorem. Si bien la frase ad valorem es un tér-mino de .arte, aquí la Legislatura la usó sin arte alguno. El nombre empleado por la Legislatura no altera el liecbo de que en efecto impuso una contribución específica y no una ad valorem, ya que esta contribución surge de una simple operación aritmética que no requiere tasación alguna.

La peticionaria fia revuelto una tempestad terminológica en un vaso de agua aferrándose con tenacidad al inadecuado nombre dado por la Legislatura a esta contribución. Pero el lenguaje significa lo que dice, no lo que se le llame. Y los casos antes citados demuestran que siempre se fia entendido con claridad en esta jurisdicción que la contribución general ad valorem sobre bienes muebles, basada en tasación, se impone una vez al año, de conformidad con el artículo 297 del Código Político, mientras que bajo la Ley de Rentas In-ternas los arbitrios se imponen sólo una vez sin tasación, sobre el privilegio de venta o uso y se calculan mediante una simple fórmula matemática.

Toda vez que fiemos llegado a la conclusión de que el ar-bitrio aquí impuesto no es una contribución sobre la propie-dad, es innecesario examinar los numerosos casos estatales citados por la peticionaria que envuelven disposiciones cons-titucionales estatales para contribuciones sobre la propie-dad. De igual manera, como este arbitrio no es una contri-Tjucion ad valorem, no creemos nécesario explorar la conten-ción de la. peticionaria al efecto de que como tal contribu-ción ad valorem, la contribución en este caso fue impuesta I-indebidamente, ya que según se alega se impuso sin tomarse ¡en cuenta el valor. ()

La peticionaria sigue alegando que aun si se considerara esta contribución como un arbitrio, éste es nulo porque priva a la peticionaria de su propiedad sin el debido procedimiento de ley. En su alegato original, el único argumento aducido por la peticionaria en apoyo de esta contención, fue que no babía base razonable para incluir en la misma clasificación a un importador que introduce artículos en Puerto Rico para la reventa y a la peticionaria, que trae -materiales a la isla para usarlos en su negocio telefónico,

ir La Corte Suprema de los Estados Unidos hace tiempo que ba rechazado este argumento. Los casos han tratado principalmente de consideraciones sobre la 'cláusula de comercio que no pueden surgir en esta jurisdicción. Ballester v. Bmcaglia, supra. Pero algunos de ellos también resuelven que para los fines del debido procedimiento, un arbitrio de uso puede ser impuesto constitucionalmente por un estado sobre artículos comprados fuera de dicho estado con el fin de complementar un arbitrio de venta sobre artículos comprados dentro del estado. Tal arbitrio de uso tiene dos objetivos principales: (1) Poner a los vendedores dentro del estado en condiciones de competir en iguales términos con vendedores en otros estados; (2) Impedir que el estado pierda ingresos por arbitrio de venta procedente de aquellos compradores que en ausencia de, un arbitrio de uso se inclinarían a comprar en otro sitio para evitar el arbitrio de venta. Henneford v. Silas Mason Co., supra, y casos allí citados; Southern Pac. Co. v. Gallagher, 306 U. S. 167; Pa cific Tel. Co. v. Gallagher, 306 U. S. 182; Bacon d Sons v. Martin, 305 U. S. 380; General Trading Co. v. Taos Comm’n., 322 U. S. 335, y casos allí citados; Harvester Co. v. Dept. of Treasury, supra; Powell, New Light on Gross Receipts Taxes, 53 Harv. L. Rev. 909, More Ado About Gross Receipts Taxes, 60 Harv. L. Rev. 501, 710; véase Puerto Rico Ilustrado v. Buscaglia, 64 D.P.R. 914, 939-41, 948-50.

La equivalencia económica es el nervio que corre a tra-' vés de un estatuto que impone arbitrios sobre el uso. Tin estado puede imponerle un arbitrio al ejercicio del privile-gio de realizar una transacción de venta; puede imponer un arbitrio al diferente pero similar privilegio de usar un ar-tículo en un estado después de haberlo comprado en otro si-tio. En uno u otro caso, dentro do su demarcación ocurre un incidente o evento tributable. Si bien los competidores pagan sobre diferentes actividades, el arbitrio es el mismo para uno que compra en un estado comparado con uno que compra fuera de dicho estado.

Aquéllos que compran artículos en otro sitio y los usan en Puerto Rico disfrutan de nuestros recursos naturales, del trabajo de nuestro pueblo y de los servicios y protección de nuestro gobierno. Tal mercancía debe pagar su parte proporcional de las contribuciones. Un arbitrio de uso junto a un arbitrio de venta distribuye el peso de este método de levantar ingresos uniformemente entre artículos vendi-dos en Puerto Rico y artículos comprados en otro sitio para usarse aquí. Además, no hay razón constitucional que obli-gue a la Legislatura a poner a los vendedores locales en una desventaja* en la competencia con los vendedores de fuera del estado..

He ser necesario algo más, la Ley Butler por implicación reconoce el derecho de Puerto Rico a no solamente imponer un arbitrio de venta, si que también complementarlo con un arbitrio de uso sobre artículos comprados fuera de Puerto Rico para usarse aquí. Véase Ballester v. Buscaglia, supra.

En su alegato de réplica la peticionaria amplía sn conten-ción de que el arbitrio aquí impuesto es nulo. Ataca como arbitraria y caprichosa la fórmula adoptada por la Legisla-tura para determinar la base tríbutable del arbitrio de uso. Como hemos visto, el importador debe calcular el arbitrio del 15 por ciento sobre una base obtenida sumando tres parti-das: (1) costo de los artículos; (2) costo de la transporta-ción de éstos a Puerto Rico; (3) un beneficio estimado del 20 por ciento. - ' '

La peticionaria arguye que la inclusión en la base tribu - table del beneficio' estimado del 20 por ciento es nula por el fundamento de que no tiene relación con el precio de venta de los artículos en el mercado local. Su argumento es que la Legislatura no puede hacer caso omiso de la cifra .verda-dera envuelta en uno de los elementos del precio de venta y sustituirla mediante fíat legislativo por una cifra arbitra-ria.

.. Empezaremos por indicar que en este razonamiento está implícita la contención de que el beneficio estimado del 20 por ciento es de igual manera arbitrario y nulo para los ar-bitrios de venta sobre ventas en Puerto Rico. Es decir, esta partida existe en la fórmula estatutaria para el arbitrio de uso únicamente para equiparar el primero con el arbitrio de venta. Si resolviéramos que es arbitrario incluirla al calcular la base para el arbitrio de uso por el motivo ex-puesto por la peticionaria, necesariamente' resultaría que el arbitrio de venta, si bien no envuelto en este caso, sufriría del mismo defecto.

Al examinar nuestro arbitrio de venta, encontramos que se le impone por ley al vendedor. Contrario a la situación en algunos estados, al vendedor ni se le prohibe ni se le exige que añada el arbitrio al precio de venta. Se le permite que haga lo que desee. Bajo dichas circunstancias, si bien un vendedor ocasionalmente absorverá parte o todo el arbitrio debido a la competencia o por algún otro motivo, en la ma-yoría do los casos, y forzado por razones económicas, el vendedor le endosa el peso del arbitrio al consumidor. Véanse Puerto Rico Ilustrado v. Buscaglia, supra, págs. 944-45, nota 37; National Linen Service Corp. v. State Tax Commission, supra.

Al buscar una fórmula para imponer un arbitrio de uso que tenga la equivalencia económica de tal arbitrio de venta, la Legislatura no venía obligada a cerrar sus ojos a la rea-lidad de que si bien el arbitrio de venta se impone por ley sobre el vendedor, en la mayoría de los casos su impacto económico recae en el comprador. En su consecuencia la Legislatura tenía poder para crear un arbitrio de uso que iguale para las ventas fuera del estado el impacto econó-mico del arbitrio de venta sobre ventas locales. Es inmate-rial que, como un método práctico de cobro bajo los- artícu-los 37 y 39 de la Ley de Rentas Internas (según fué en-mendada por la Ley núm. 83, Leyes de Puerto Rico, 1931 ;[pág. 505], y Ley núm. 116, Leyes de Puerto Rico, 1943 [pág. 335], respectivamente), el importador-vendedor sea en la mayoría de los casos responsable por el arbitrio de venta después de haber introducido los artículos en Puerto Rico y antes de la venta,-v luego le endose el arbitrio al compra-dor como parte del precio de venta; mientras que bajo el artículo 38, según fué enmendado por la Ley núm. 83, y bajo el artículo 40, el arbitrio de uso se paga directamente, por el comprador después que se introduce la mercancía para usarse.() Lo que importa es que tanto los arbitrios de venta.como de uso son en su impacto final arbitrios sobre el consumidor; y toda vez que estipulan el pago al mismo tipo sobre una base tributable calculada de acuerdo con la misma fórmula, tienen precisamente el mismo resultado eco-nómico.

Con este historial en mente, pasemos a la objeción de la peticionaria al efecto de que la inclusión de la partida de un beneficio estimado del 20 por ciento en la base tributable para determinar el arbitrio de uso, es arbitraria y discriminatoria al aplicarse a los artículos específicos envueltos en este caso. Aquí, el becbo de que el arbitrio de venta se pague por el vendedor inmediatamente después de la introducción y antes de la venta, es importante a los fines de comprender la fórmula establecida por la Legislatura para calcular la base tributable tanto del arbitrio de venta como del de uso. Si la Legislatura hubiera querido posponer el cobro del arbitrio de venta basta que tuviera lugar la venta al comprador, no hubiera habido problema en relación con la base tributable: habría hecho del propio precio de venta la base tributable. Pero como la Legislatura quiso disponer que el arbitrio de venta fuera cobrado antes de la venta, era necesario hacer un estimado del precio de venta que el vendedor en última instancia le pondrá a los artículos introducidos por él para la reventa. Para este propósito, la Legislatura adoptó la fórmula de que el precio de venta será calculado añadiéndole al costo de la mercancía más el costo de la transportación, un beneficio estimado del 20 por ciento. Esto es necesariamente un estimado; la partida exacta no está a la mano porque el arbitrio se cobra antes de que ocurra el evento contributivo — la venta.

La Legislatura caracterizó esta partida del 20 por ciento como un beneficio estimado razonable. Esta es una carac-terización algo imprecisa. Si se interpretara como que sig-nifica ingreso neto, concebiblemente podríamos convenir con la peticionaria en que era arbitraria y caprichosa. Pero el método de calcularla demuestra que hablando estrictamente es un aumento al costo y no un ingreso neto. Pare vender mercancía, un vendedor tiene muchos otros gastos que debe deducir del ingreso que él recibe de la venta de dicha mer-cancía antes de qup pueda determinar su ingreso neto. Toda vez que el 20 por ciento es calculado solamente sobre el costo de la mercancía más la transportación, es obvio que este 20 por ciento sólo representa un aumento y no ingreso neto.

Sin embargo, aun tratando este 20 ciento como un aumento en el precio y no como ingreso neto, debe admitirse que como una partida inflexible, no corresponde a los hechos verdaderos en cada caso. Algunos artículos se vendqn in-dudablemente con un aumento, mayor o menor que el 20 por ciento del costo más la transportación. Pero confrontada con la necesidad de establecer un estimado razonable del aumento que como cuestión de hecho se haría en alguna fe-cha futura con el fin de cobrar el arbitrio antes de la venta, la Legislatura venía obligada a elegir alguna' cifra. En au-sencia de prueba en contrario, debemos presumir que la ele-gida se aproxima al aumento verdadero en la venta prome-dio. Nada ha sido traído ante nuestra atención que demues-tre que el aumento de 20 por ciento carece enteramente de base en la mayoría de los casos.

No estamos insinuando que la Legislatura puede incluir-una cifra arbitraria como uno de los elementos de una base tribuí able. Pero en asuntos contributivos no se exigen suti-lezas. Sánchez Morales & Co. v. Gallardo, 18 F.2d 550 (C.C.A. 1, 1927); Welch v. Henry, 305 U. S. 134, 145; Madden v. Kentucky, 309 U. S. 83, 88. Y como nada hay ante nos que demuestre que el 20 por ciento del costo de los ar-tículos, más la transportación, no es una aproximación ra-zonable del aumento que de hecho se hace en la venta pro-medio, no podemos resolver que la disposición en el esta-tuto para un aumento del 20 por ciento es nula porque en algún caso un contribuyente específico quizás pudo demos-trar que su aumento era un poco menos. En verdad pudiera ser que para otros contribuyentes pueda haber una ligera ventaja porque su aumento sea un poco más del 20 por ciento. Esta podría no ser la mejor fórmula que la Legislatura pu-diera diseñar. Por ejemplo, quizá el aumento debería ser de 18 por ciento a 22 por ciento. Pero bajo las circunstan-cias una cifra promedio aproximada que afecte a los contri-buyentes sustancialmente en la misma forma no es arbitra-ria o discriminatoria.

También debe notarse que la base tributable contenida en la fórmula estatutaria cumple con el propósito adicional de eliminar la necesidad de que los vendedores en Puerto Eico lleven y el Tesorero examine records complicados y detallados demostrativos, a los fines del arbitrio de venta, de los precios de venta verdaderos.

El caso de West India Oil Co. v. Gallardo, supra, no re-solvió lo contrario. Allí el estatuto disponía un aumento similar del 10 por ciento a menos que se probara a satisfac-ción del Tesorero que el aumento actual era menos del 10 por ciento. La .Corte de Circuito dijo a la página 526 que esta disposición contemplaba una vista del Tesorero en una capacidad cuasi-judicial, e indicó que las cortes de distrito tenían poder para revocar la decisión del Tesorero. Pero nada encontramos en diclio caso que resuelva o insinúe que el establecer un aumento promedio, a ser aplicado a todos los casos, sea nulo.

Lo antes expuesto lia sido dirigido más a la cuestión de la validez del aumento del 20 por ciento en relación con el arbitrio de venta que al problema presentado por dicho au-mento al imponer el arbitrio de uso. Pero toda vez que la validez del arbitrio de uso como tal está predicada en su equivalencia económica al arbitrio de venta, un examen pre-liminar del aumento del 20 por ciento segum éste se aplica al arbitrio de venta no podría evitarse, a pesar del hecho de que este caso envuelve el cobro del arbitrio de uso y no el de venta.

Una vez que hemos concluido que el aumento del 20 por ciento es válido a los fines del arbitrio de venta, es aparente que el mismo aumento puede añadirse al costo más la trans-portación con el fin de cumplir los objetivos de un arbitrio de uso. Como hemos visto, la Legislatura puede obligar a los compradores de mercancía fuera del estado para usarla aquí, a asumir su participación en el pago de las contribu-ciones y puede proteger a los vendedores locales de desven-taja en la competencia imponiendo a los primeros arbitrios de uso equivalentes para complementar los arbitrios de ven-tas locales. No constituye contestación al problema afirmar, según dice la peticionaria en este caso, que toda vez que el importador no realiza ganancia alguna en materiales que trae para su propio uso, el incluir en la base tributable un aumento para beneficio estimado es arbitrario tocia vez que no guarda relación con los hechos. Si fuera válido ese argumento, el arbitrio de uso nunca podría equipararse verdaderamente al arbitrio de venta. Pero si la Legislatura puede incluir el aumento al establecer una base tributable para el arbitrio de venta, necesariamente tiene que tenor el poder para igua-lar la situación proveyendo una cosa similar para el arbi-trio de uso. Lá fórmula, como hemos visto, es si el arbi-trio de uso es el mismo en 'su impacto económico para el consumidor, como si los artículos se hubieran vendido aquí y el arbitrio de venta se hubiera pagado. Habiendo llegado a la conclusión de que el incluir un aumento de 20 por ciento en la base tributable es válido al imponerle contribuciones a las ventas aquí, necesariamente tenemos que resolver que es incluido propiamente en la base tributable sobre la cual se calcula el arbitrio de uso.()

De igual forma, el argumento de la peticionaria que el equipo telefónico no tiene valor en el mercado de Puerto Pico no procede. En primer lugar, ni el arbitrio de venta ni el de uso son, estrictamente hablando, arbitrios sobre el valor en el mercado. Este último es lo que un cúm-prador voluntario estaría dispuesto a pagar y un vendedor voluntario estaría dispuesto a recibir, en una fecha especí-fica. Mayagüez Sugar Co. v. Sancho, 64 D.P.R. 734; Baetjer v. Uinted States, 143 F.2d 391 (C.C.A. 1, 1944). Aquí, sin hacer referencia a las fluctuaciones del mercado, un vende-dor debe pagar un arbitrio basado en la fórmula contenida en el artículo 4 el que,- si bien se aproxima al precio en el mercado, no provee para las alzas o bajas del valor en la que se efectúa la venta.

Pero aun si no existiera esta diferencia entre el valor en el mercado y la base tributable estatutaria, no convenimos en que el arbitrio de uso, en tanto en cuanto incluye en su base un aumento del 20 por ciento, es nula porque no exista en Puerto Rico mercado para el equipo telefónico. Una vez más la fórmula es pragmática. Mercancía no vendida en Puerto Rico — ya exista o no aquí un mercado para ella — es tributada por el privilegio de usarse aquí después' de com-prarse en otro sitio al mismo tipo y con la misma base tribu-table . como si se hubiera comprado aquí. - No' vemos discri-men alguno contra la peticionaria al requerírsele que pague contribuciones al mismo tipo calculado sobre la misma base tributable tanto por artículos que compre en Puerto Rico como por artículos que compre fuera de Puerto Rico para usarse en esta isla porque no se puedan obtener aquí.

La peticionaria arguye que si la Legislatura puede arbitrariamente fijar el 20 por ciento como aumento podría en alguna fecha futura fijarlo en 200 por ciento. Esto es reminiscencia del argumento de que si se sostuviera una contribución del 2 por ciento sobre el ingreso neto, la Legislatura podría algún día imponer el ciento por ciento sobre diclio ingreso. El que una ley contributiva sea eonfiscatoria es cuestión de grado. Las cortes no tienen poder para decla-rar nula una contribución actual, cuya arbitrariedad no se haya demostrado, porque un contribuyente tema que algún día la Legislatura puede aprobar la misma contribución con un tipo que sea realmente arbitrario. Ballester v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 61 D.P.R. 474, 506-11, confirmado en 142 F.2d 11 (C.C.A. 1, 1944), certiorari denegado, 323 U. S. 723.

La decisión del Tribunal de Contribuciones será confir-mada.

El Juez Asociado Sr. Marrero no intervino.

      (1)E1 artículo 4 fué enmendado por la Ley núm. 72, Leyes de Puerto Eico, 1945 (pág. 271), pero dicha enmienda no afecta este caso.

      (2)Sin embargo, luego examinamos esta última contención, con respecto al punto de eonstitueionalidad. Gomo veremos, el argumento de la peticionaria es que el beneficio estimado del 20 por ciento es una cifra arbitraria que nada tiene que ver con los hechos actuales.

      (3)Si bien no afectan este caso, véanse también la Ley núm. 78, Leyes de Puerto Eico, 1945 (pág. 289), que enmendó el artículo 39 de la Ley de Eentas Internas, y la Ley núm. 58, Leyes de Puerto Eico, 1945 (pág. 213), que creó una nueva sección, la núm. 69 de la Ley de Eentas Internas.

        (4) Cf. el lenguaje que se emplea en Fitch Co. v. United States, 323 U.S. 582, 580-7: “So arguye que esta conclusión resulta en un discrimen contra el fabricante que lleva a cabo sus propias campañas de anuncios y de ventas y a favor de aquél cuyos productos son anunciados por sus clientes, y que tal discrimen no puede liaber, sido la intención del Congreso. Pero este discrimen, hasta donde puede existir, es una consecuencia inevitable de un arbitrio basado en el precio de venta al por mayor. Tales factores de costo como mano de obra, materiales y anuncios varían naturalmente entre fabricantes eompe-tidores; costos y métodos diferentes de hacer negocios pueden causar en cam-bio el que los precios de venta al por mayor carezcan de uniformidad. Y si estos precios se tributan sin un ajuste para los diferentes factores de costo, iniquidades contributivas y discrímenes resultarían inevitablemente. Pero cuando-, como ocurre en este caso, sé' le impone un arbitrio fijo a los precios de venta al por mayor y no se aprueban disposiciones estatutarias para remediar las naturales iniquidades contributivas que de ello resultan, las cortes no tienen poder para suplirlas imputándole al Congreso una intención no expresada de lograr la uniformidad contributiva entre fabricantes que vendan al por mayor.”


author: El Juez Asociado Señor Marrero

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Muñoz Guzmán, acusado y apelante.
    Núm. 12503.

    Sometido: Diciembre 3, 1947.

      Resuelto: Febrero 10, 1948.

      Samuel B. Quiñones, abogado del apelante; Iíon. Procurador General Luis Negrón Fernández y J. Bivera Barreras y Alberto Picó Santiago, Fiscal y Fiscal Auxiliar, respectivamente, del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

La acusación presentada ante la Corte de Distinto de Ba-.yamón contra el aquí apelante Migtiel Muñoz Guzmán alega en esencia que durante las lloras de la noche de uno de los últimos días del mes de agosto de 1943, y en el barrio Sabana de G-uaynabo, el referido acusado ilegal, voluntaria y crimi-nalmente y por medio de la fuerza y la violencia tuvo con-tacto carnal con Iris Martínez Conde, sin el consentimiento de ésta, la cual allí y entonces no era la propia mujer del acusado, y quien además era menor de catorce años de eda'd. Celebrado el juicio correspondiente, el jurado rindió un veredicto condenatorio. Radicó entonces el acusado mo-ción de nuevo juicio y siendo ésta declarada sin lugar la corte dictó sentencia condenándole a sufrir de 1 a 5. años de presidio con trabajos forzados. Apela el acusado tanto de la sentencia condenatoria como de la resolución que de-claró sin lugar su moción de nuevo juicio y en el alegato ra-dicado en apoyo de su recurso señala cuatro errores, los que serán discutidos por nosotros en el orden en que aparecen en el mismo.

Sostiene en primer lugar que “la córte cometió error con grave perjuicio para el acusado al admitir como parte del res gestae la declaración de la madre de la perjudicada.” De los autos se desprende que para la época .en que ocurrieron los lieclios imputados al apelante, Iris Martínez Conde, la perjudicada, tenía poco más de 13 años dos meses de edad; que ella era cuñada del acusado Miguel Muñoz Guzmán, por estar éste casado con una hermana suya llamada María Eduvigis; que estando enfermo de algún cuidado un hijo pequeño del acusado la madre de Iris una tarde ordenó a ésta que fuese a casa de María Eduvigis, ya que dada la enfermedad del niño ésta hacía varias noches que no dormía; que Iris así lo hizo, yendo a casa de su hermana al anochecer, donde a su llegada planchó cierta ropa; que como a las diez de la noche frió unas chuletas para el acusado y después se acostó en la cama que había en una pequeña habitación contigua a la cocina; que estando Iris dormida, con la ropa puesta, el acusado' se le subió a la cama, en ropas menores, y al despertarse ella éste le tapó la boca con una sábana y le advirtió que como dijera algo la mataría; que ella opuso resistencia, pero que Muñoz venció sus fuerzas, le levantó la falda, let, bajó los panties y tuvo contacto carnal con ella; que a la mañana siguiente Iris se levantó temprano, quemó en el patio la sábana de su cama, que estaba manchada con sangre, y se fué para la casa de su señora madre antes de que su hermana María Eduvigis se levantara; que al llegar a la casa de su madre Iris no dijo nada a ésta por temor a las amenazas héchasle por el acusado y que al ver luego la madre que ‘los panties de Iris estaban manchados con sangre y decir ésta a preguntas de la madre que no sabía a qué se debían esas manchas la ma-dre las atribuyó al comienzo de la menstruación de la niña; que algún tiempo después la madre llevó a la niña a ver al Dr. Biascoechea y éste, sin hacerle un examen vaginal, le recomendó que tomara unas capsulitas para aumentar la hemoglobina y que fuá allá para el 4 de junio de 1944 y en ocasión en que la esposa del acusado visitaba a la madre de Iris y cuando se separó de Muñoz, que Iris le manifestó a la madre lo que el acusado le había hecho.

También surge de la prueba de cargo que con posterio-ridad a la supuesta violación el acusado visitaba casi sema-•nalmente la casa de los padres de Iris y que en todas las ocasiones que la veía le abría los ojos como para amena-zarla y al hablarle le decía que como ella relatara lo ocurrido él la mataría a ella y a sus padres; y que ante el temor de esa amenaza ella guardó silencio hasta que al hacerle lo mismo el acusado a una prima suya, llamada Carmen Delia Reyes, y ver que ésta había “cantado” y el acusado no le había hecho nada, ella optó por relatar lo ocurrido'.

La cuestión a determinarse es, por tanto, si lo relatado por Iris Martínez Conde a su señora madre más de nueve meses después de ocurrida la violación debió ser admitido o no. en evidencia por la corte inferior. A nuestro juicio la corte de distrito actuó acertadamente al permitir el testi-monio de la madre, Enriqueta Conde Martínez, a este res-pecto. Es cierto que a la mañana siguiente a los hechos, y al preguntar ella a su hija a qué se debían las manchas de sangre en los panties, la hij§, guardó silencio y que fué tan sólo después de algunos meses que Iris relató lo que el acu-sado le había hecho. Su silencio, empero, queda explicado por el hecho de que el acusado no solamente la amenazó la noche en que se cometió el delito sino también semanalmente y que la menor, ante el temor de la realización de esas ame-nazas, optó por guardar silencio.

Conforme se lia dicho en innumerables ocasiones, para que las manifestaciones de una perjudicada en un caso de violación sean admisibles en evidencia no es necesario que las mismas hayan sido dichas coetánea o contemporánear mente con los hechos. El factor tiempo no desempeña pa-pel decisivo. Lo que sí es importante es que las manifesta-ciones sean espontáneas. A este respecto, en el caso de Pueblo v. Fuentes, 63 D.P.R. 44, 47, dijimos que la aplica-ción de la regia “con mayor o menor rigidez depende de las (circunstancias especiales de cada caso. Cuando, como en el •caso de autos, la ofendida es una niña de solamente trece años de edad, legalmente incapaz para consentir el acto carnal realizado sobre su persona, y su silencio durante los cinco días siguientes es la consecuencia directa del miedo producido en su ánimo por las amenazas del autor del ul-traje, el relato hecho por ella a la madre al enterarse ésta por el descubrimiento de las manchas de sangre que algo anormal le había- ocurrido a la niña, es legalmente admisi-ble.” En el presente caso el período transcurrido no es tan corto como lo fue en el de Fuentes. Por el contrario, es mucho mayor, pero tomando en consideración que al igual que en aquél, se trataba de una niña de tierna edad y que el acusado la amenazó, no sólo al momento de realizar el acto sí que también semanalmente, y que podría decirse que ella estuvo todo ese tiempo bajo la influencia dominadora del acusado, su prolongado silencio quedó claramente explicado y el tiempo transcurrido bajo esas circunstancias no debe ser óbice para que se aplique en el presente caso la regia que permite que se admitan en evidencia tales manifesta-ciones. Este principio ha sido en verdad discutido amplia-mente por nosotros en tantos casos que nos parece innece-sario hacer comentarios ulteriores sobre el mismo. Bastará con citar algunos de ellos, a saber: Pueblo v. González, 66 D.P.R. 202; Pueblo v. Puentes, supra; Pueblo v. Alvarez, 47 D.P.R. 161; Pueblo v. Blanco, 40 D.P.R. 130 y Pueblo v. Arenas, 39 D.P.R. 16. Véanse también Wigmore on Evidence. Vol. VI, 3a. ed., sección 1750, pág. 142 y 44 Am. Jnr., sec-ción 86, pág. 956. Además la admisión en evidencia de de-claraciones de esa naturaleza descansa en la sana discreción del juez sentenciador y sólo revocaremos cuando se nos con-venza de que ha habido un claro abuso de discreción a ese respecto. Los autos del presente caso no demuestran taL abuso. Pueblo v. Calventy, 34 D.P.R. 390; Pueblo v. González, supra. No se ha cometido, en su consecuencia, el primer error señalado.

En segundo término sostiene el apelante que la corte inferior “cometió error con grave perjuicio para el acusado al no ordenar la disolución del jurado cuando así le fué solicitado por el acusado al tratar el fiscal de introducir prueba ajena al caso y perjudicial al acusado.” Para que se tenga un cuadro claro de la situación, pasamos a copiar los incidentes que dan lugar a este señalamiento. Mientras declaraba la presunta perjudicada Iris Martínez Conde el fiscal preguntó a ésta: “¿En alguna ocasión se lo dijiste tú a tu mamá?” Ella replicó: “Después de los ocho meses se lo dije, porque se supo de otro caso que hizo él con una prima hermana mía.” El juez que presidía el juicio inmediatamente y sin que se le hiciera petición al efecto manifestó: “La corte ordena la eliminación de la contestación de la testigo que se refiere a lo que se supo del otro caso e instruye a los señores del jurado que no deben tomar en consideración para nada la contestación de la testigo en lo que respecta a otro caso; que la única prueba que deben tener en cuenta los señores del jurado es la prueba que se refiere a este caso única y exclusivamente.5 ’ La defensa entonces solicitó de la corte la disolución del jurado, así como que se declarara un mistrial. La corte declaró sin lugar la solicitud y el acusado se anotó una excepción. (Tr. Ev. 69.) Inmediatamente después, y mientras el fiscal continuaba el in-terrogatorio directo de la menor Iris Martínez Conde, sur-gió'el incidente qne pasamos a copiar verbatim:

“P. ¿Te recuerdas tú la fecha en que tú le contaste a tu mama lo que te había sucedido con Miguel Muñoz Guzmán?
“R. Sí, señor. No recuerdo el día que fué, pero fué en junio de 1944.
“P. ¿Entonces niña si lo que te pasó a tí con Miguel Muñoz Guzmán fué en agosto de 1943 tú sabes contar los meses?
“R. Sí, señor.
“P. Vamos a ver si tú puedes contar desde agosto de 1943 hasta junio de 1944. Tú dijiste ocho meses.
“R. Son diez meses. Yo hablaba del otro caso que hacían ocho meses.
“P. ¿Y qué es ese otro caso?
“R. Otra violación que él hizo con una prima mía.
“Defensa: Volvemos a solicitar dé la corte que disuelva el jurado.
“La Corte: La corte ordena la eliminación de la contestación de la testigo e instruye a ■ los señores del jurado que no tendrán en cuenta para nada ninguna manifestación respecto a ningún otro caso; que la prueba que deben ustedes tomar en consideraciión es la prueba que se refiere a este caso, única y exclusivamente la de este caso, en que se le. imputa al acusado haber violado a esta niña que se llama Iris Martínez Conde.
“Defensa: Solicitamos de la corte que dé un ruling sobre el mistrial.
“La Corte: Sin lugar.
“Defensa: Tomamos excepción nuevamente.
“Hon. Fiscal:
“P. Niña no hables de esas cosas que tú has dicho.”
(Tr. Ev. 69, 71).

Más tarde, en el contrainterrogatorio, ocurrió lo si-guiente :

“P. j Y por qué cuando su madre le preguntó al día siguiente de los hechos no se lo dijo, y a los ocho meses fué que se lo dijo?
“R. Porque ya mi hermana se había ido para mi casa y se había separado él de ella.
“P. ¿Ya usted no tenía el mismo temor de antes?
“B. Como él le hizo lo mismo a una prima mía y ella lo dijo, entonces'yo también lo dije.
“P. ¿Y usted entonces se lo dijo a su mamá?
“B. Sí, señor.” (Tr- By. 104, 105.)

La defensa no solicitó nada de la corte, ni se opuso en esta ocasión a las manifestaciones de la perjudicada, a pe-sar de que ésta lo que hacía era repetir lo que en las ocasiones anteriores ya había dicho. ■

Continuó el juicio y luego de desfilar toda la prueba de El Pueblo ocupó el propio acusado la silla de los testigos. En el contrainterrogatorio el fiscal preguntó a éste: “¿ Quién violó a Iris Martínez Conde?” — y el acusado contesta: “Un hermano de ella ... El hermano se llama Expedito Mar-tínez . . . Lo vi yo y mi esposa también lo vió. Al pregun-tar nuevamente el fiscal al acusado “¿y no fué usted quién la violó?”, éste contesta^ — “no fui yo!” Surge de los autos en seguida lo siguiente:

“P. ¿Quién violó a Carmen Delia Beyes?
“B. No contesta.
“DefeNSA: Volvemos Sr. Juez'a la moción de mistrial para que la corte disuelva al jurado; es la tercera vez durante el curso del juicio que el fiscal ha insistido en traer aquí a este caso prueba ajena al caso y perjudicial al acusado.
“La Corte: La corte sostiene la objeción e instruye a los señores del jurado que no deben tener en cuenta para nada esas manifes-taciones, sino única y exclusivamente la prueba que se refiere a este caso. ’ ’

El acusado no se anotó excepción a la anterior resolución de ,1a Corte. El contrainterrogatorio continuó así:

“Hon. Fiscal:
“P. Testigo '¿para el 1943 quién vivía en su casa?
“B. Mi esposa y yo y dos hijitos míos.
“P. ¿Y quién más vivía en su casa en agosto de 1943?
“B. Más nadie.
“P. ¿Nadie más se quedaba a dormir allí en su casa?
“E. Nadie más.
“P. ¿Conoce usted a Carmen Delia Beyes?
"R. Sí señor.
“P. ¿Sabe usted si esa persona que le be nombrado vivía en su casa o fué a vivir a su casa para esa época o para una fecha posterior?
“R. Carmen Delia Reyes vivió en casa veinte y seis días.
“P. ¿Vivía allí?
“R. Ella estuvo en casa viviendo veinte y seis días, Carmen Delia Reyes.” (Tr. Ev. 178-179).

Al anterior contrainterrogatorio, el acusado no hizo ob-jeción.

Más tarde, y cuando ya el juicio estaba en sus postrime-rías ocurrió lo que copiamos a continuación:

"UN JURADO: ¿Nosotros no tenemos que tomar en cuenta para nada al juzgar este caso que estamos juzgando ahora ninguna mani-festación que se haya hecho con relación a otros casos que tenga pendientes el acusado?
‘ ‘La Corte : En absoluto, ya se los dije. Ustedes están juzgando a este acusado por un supuesto delito de violación en la persona de Iris Martínez Conde. Aquí no ha habido prueba, ni se ha inten-tado presentar prueba de que el acusado haya cometido otro delito, y al acusado se le presume inocente hasta que se le pruebe lo con-trario.” (Tr. Ev. 190, 191).

Tampoco en esta ocasión el acusado pidió nada de la corte ni se anotó excepción a la resolución por ésta dictada.

Además, los autos demuestran de manera palpable que fué el acusado mismo quien por primera vez y en presencia del jurado, hizo referencia a dos casos de violación seguidos en su contra. Al ser llamado el presente caso para juicio él insistió en que se suspendiera el mismo por no estar en sala su testigo, Dr. Biascoechea. La corte preguntó entonces qué declararía éste, surgiendo inmediatamente el incidente que pasamos a copiar:

"Defensa: Generalmente, en términos generales, sobre el examen que le hizo el doctor a las perjudicadas en estos casos, y sobre cierto tratamiento de índole gonocóxico, de enfermedad de gonorrea.
"Hon. Fiscal: ¿En cuáles dos casos compañero, si se lo pode-mos preguntar?
“Defensa: En ambos casos. Estamos hablando de'ambos casos qne están señalados para el día de hoy.
“Hon. Fiscal: Con la venia de Vuestro Honor, para llamar la atención qne sobre eso no podría declarar el doctor, porque son comu-nicaciones privilegiadas del paciente.-
“Defensa: Sobre eso es, señor Juez, que giraría el testimonio del doctor Biaseoeehea. Además necesitamos los records clínicos en donde constan las visitas de estas personas a la clínica 3^ el tiempo que ellas estuvieron bajo tratamiento allí. Esto es muy esencial para la defensa.”

La lectura de los incidentes que preceden demostrará que fue el propio acusado quien por primera vez habló ante el jurado de dos casos de violación instados en contra suya; y que inmediatamente que se hizo por la testigo Iris Martí-nez Conde o por el propio acusado referencia a lo ocurrido con Capmen Delia Reyes la corte advirtió al jurado que aquí se estaba procesando al acusado por la supuesta violación de Iris Martínez Conde, que al acusado se le presumía ino-cente hasta que se probara lo contrario, y que en manera al-guna el jurado debía tener en cuenta las manifestaciones que se hubieren hecho respecto a cualquier otro caso. Al actuar en la forma en que lo hizo la corte inferior no come-tió error alguno. Podríamos repetir ahora con toda propie-dad lo que dijimos en el caso de Pueblo v. Carreras, 62 D.P.R. 156, 159, a saber:

“Por todo ello, concluimos, de las circunstancias de este caso específico, que la pronta y saludable actuación de ,1a corte subsanó la conducta impropia del fiscal de distrito, y que el acusado no fue por ella suficientemente perjudicado a tal extremo que exija que revoquemos por esta sola razón la sentencia condenatoria.”

Véase también sobre este particular el caso de Pueblo v. Ojeda, 66 D.P.R. 419, 422.

El tercer error señalado es al efecto- de que.la corte inferior erró “al dictar sentencia sobre la base de un veredicto que no estaba sostenido por la evidencia y no estaba de acuerdo con la ley.” En los casos en que interviene el jurado éste es el juez de los lieehos y no debemos intervenir con la apreciación que de la prueba liizo el mismo, a no ser que se nos convenza de que su conclusión es enteramente errónea o de que actuó movido por pasión, prejuicio o par-cialidad. La prueba de cargo tendió a demostrar que el acusado violó a Iris Martínez Conde, mientras que la de la defensa fue al efecto de que se' trataba de venganza personal de la madre de Iris, debido a que ella consideraba al acusado inferior soeialmente a su bija María Eduvigis, ha-biendo llegado su odio contra él a tal extremo que había lo-grado separarlo de María Eduvigis. El jurado, sin embargo, dirimió el conflicto existente en la prueba y un examen de. la misma nos convence de que su veredicto está sostenido por la que desfiló en el curso del juicio. Véanse Pueblo v. Rivera, 67 D.P.R. 194, 201; Pueblo v. Millán, 66 D.P.R. 243, 258. y casos en éstos citados.

Al discutir el torcer error el acusado también insiste en que la declaración de la perjudicada no fué corroborada tal cual exige el artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal^) No estamos de acuerdo. Aquí tenemos no sólo la declaración de la menor perjudicada, Iris Martínez Conde, sí que también el testimonio de su señora madfe al efecto de que ella envió a Iris a la casa del acusado a cuidar un hijo de éste la noche en que los hechos ocurrieron, la declaración de la madre respecto a haber visto manchados con sangre los panties de Iris a la mañana siguiente y finalmente las manifestaciones de la madre en relación con lo que Iris le dijo nueve meses más tarde. Todo esto a nuestro juicio constituye suficiente corroboración. Pueblo v. Nieves, 48 D.P.R. 353, Pueblo v. Vázquez, 40 D.P.R. 258 y Pueblo v. Muvera, 39 D.P.R. 295.

Sobre el cuarto señalamiento apenas es necesario hacer comentarios. En éste se insiste en que “la corte erró con grave perjuicio para el acusado al denegar la solicitud de nuevo juicio.” Esa moción estuvo predicada en los mis-mos fundamentos que han sido señalados ¡pate nos como errores cometidos por la corte inferior. Al discutir este error, el apelante meramente dice que sus fundamentos para sostener el mismo son los indicados en los errores anterio-res. Como éstos ya han sido plenamente discutidos por nos-otros y resueltos adversamente al acusado, procede igual-mente declarar sin lugar este señalamiento.

No habiéndose cometido por la corte inferior ninguno de los errores anotados, su sentencia debe ser confirmada.

      (1) “Artículo 250. — En juicio por el delito de.violación, el acusado no podrá ser declarado convicto por la declaración de la mujer agraviada, a monos que su declaración se corrobore con otras pruebas."


text:
    Emiliano Ruiz, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1227.

    Sometido: Enero 21, 1948.

      Resuelto: Febrero 12, 1948.

      Buenaventura Esteves, abogado del recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Pretendiendo perpetuar el hecho de que siempre se le ha conocido con el apellido Ruiz, Emiliano Rodríguez instó en la Corte de Distrito de Aguadilla una información “ad per-petuam memoriam”. Por resolución de dicha corte de 21 de abril de 1947 en el caso civil núm. 18,897, y de acuerdo con la prueba testifical y documental practicada y con interven-ción del fiscal, se dispuso “que por el encargado del Regis-tro General Demográfico, Departamento de Salud, se pro-ceda a instancia de parte interesada a hacer constar al mar-gen de la inscripción del nacimiento del peticionario el he-cho de que éste ha venido usando el apellido Ruiz en lugar del de Rodríguez con el cual aparece inscrito, perpetuando así la memoria de este hecho como una condición de la persona del peticionario.” Como consecuencia de dicha reso-lución el Registrador Demográfico de Lares hizo constar al margen de la inscripción de nacimiento del peticionario, el hecho del uso del apellido Ruiz por el recurrente.

Posteriormente, y con el fin de evitar trastornos o difi-cultades futuras en relación con varias fincas que constan inscritas en el Registro a nombre de Emiliano Rodríguez, el recurrente otorgó el 11 de septiembre de 1947, ante el notario Lie. Buenaventura Esteves, la escritura núm. 98 so-bre Acta Aclaratoria, en la cual hizo un recuento detallado de las circunstancias relacionadas con el uso del apellido Ruiz y de la providencia aprobatoria de la información “ad perpotuam memoriam”, y solicitó del Registrador de la Pro-piedad de Aguadilla “que a todos los efectos legales se sirva hacer constar al margen' de las inscripciones de las fincas mencionadas el hecho de que el Emiliano Rodríguez que apa-rece como dueño de dichas fincas es la .misma persona que se conoce generalmente como Emiliano Ruiz, mayor de edad, propietario, casado con Doña Mercedes Vázquez y vecino de Lares, P. R.”

El Registrador devolvió dicho documento con la siguiente nota:

“Devuelto este documento, con vista de otro, sin practicar en el Registro operación alguna por no estar el mismo comprendido entre los documentos inscribibles en el Registro de la Propiedad, de acuerdo eon el artículo 2 de la Ley Hipotecaria.”

Para revisar esta nota interpuso Emiliano Ruiz el pre-sente recurso gubernativo y alega que es errónea e improce-dente, fundamentalmente:

“1. porque el artículo 2 de la Ley Hipotecaria no es aplicable a este caso, por cuanto el aquí recurrente no está solicitando la ins-cripción de ningún título, acto o contrato, etc. de los comprendidos en dicho artículo, sino una simple anotación al margen de las ins-cripciones ya .existentes en el Registro, en virtud de una providencia judicial, con el fin de evitar confusiones en el futuro que pudiera ocasionar el uso del apellido ‘Ruiz’ en lugar del ‘Rodriguez’ que aparece en el Registro.”

Tiene razón el recurrente. En este caso no se solicitó la inscripción do ningún título, acto o contrato de los com-prendidos en el articuló 2 de la Ley Hipotecaria. El recu-rrente únicamente solicitó que al margen de las inscripcio-nes de aquellas fincas que aparecen en el Registro a nom-bre de Emiliano Rodríguez se anotara la circunstancia re-lacionada con el uso del apellido Ruiz por dicho Emiliano Rodríguez, hecho que ya había sido perpetuado en el Regis-tro Demográfico a virtud de orden judicial. No vemos ra-zón alguna por la cual el Registrador no pueda hacer esto por medio de una nota marginal. Por su naturaleza, las no-tas marginales pueden considerarse como “asientos acceso-rios o de referencia en relación» con el asiento principal de inscripción o anotación, a cuyo margen figuran”. Lecciones de Derecho Hipotecario por Luis'Muñoz Morales, Tomo I, pág. 300. Cita, además Muñoz Morales, al profesor, Dr. M. Dorta Duque al efecto de que “son las advertencias que se hacen al margen de los asientos de los libros del Registro para relacionar unos asientos con otros, o hacer constar el cumplimiento de una obligación, o llamar la atención res-pecto ele algtma peculiaridad del asiento principal, que determine su vigencia o su cancelación, a fin de determinar con seguridad y certeza la verdadera actuación y situación de cada asiento.” (Bastardillas nuestras.) — Curso de Legis-lación Hipotecaria, Tomo 2, pág. 227.

Precisamente lo que pretende el recurrente en este caso es que las notas marginales que solicita, llamen la atención hacia la peculiaridad existente en los asientos principales de las fincas que tiene inscritas, al efecto de que el Emiliano Rodríguez en ellas mencionado es la misma persona cono-cida por Emiliano Ruiz, según determinación judicial.

La interpretación que pretende dar el Registrador recu-rrido al caso de Ex Parte Pérez, 65 D.P.R. 938, el cual cita en su alegato, no es correcta. Es verdad que allí dijimos que “ . . . en Puerto Rico no existe estatuto que autorice el cambio de nombres o apellidos”, pero no es menos cierto que resolvimos que dentro de los estrechos límites de la in-formación “ad perpetuara”, cabe una providencia que dis-ponga se perpetúe el testimonio y ordenamos que en la ins-cripción del nacimiento de la peticionaria se hiciera constar que a Romana Pérez siempre se le había conocido por Ro-mana Torres. Lo mismo se hizo en el presente caso.

La Corte de Distrito de Aguadilla en la resolución dic-tada en la información “ad perpetuam memoriam”, instada por “Emiliano Rodríguez conocido por Emiliano Ruiz”, no ordenó, como cree el recurrido, que en el Registro Demográ-fico se cambiara el apellido del recurrente. Tampoco pre-tende el recurrente, ni podría pretenderlo con éxito, que se varíen las inscripciones existentes en el registro con dicho fin.

Concretándonos a los hechos del presente caso, creemos que perpetuado ya el hecho de que el recurrente, quien tiene inscritas varias fincas en el Registro de la Propiedad de Aguadilla con el nombre de Emiliano Rodríguez, es la misma persona que se conoce por el nombre de Emiliano Ruiz, mayor de edad, propietario, casado con Doña Mercedes Váz-quez y vecino de Lares, circunstancias personales idénticas a las del Emiliano Rodríguez a cuyo nombre figuran inscri-tas las fincas en d Registro, nada hay en la ley ni se perju-dican terceras personas en que, por medio de notas mar-ginales en las inscripciones de las referidas fincas que apa-recen a nombre del recurrente en el Registro, se baga constar que, por orden judicial se ba perpetuado dicho he-cho.

Procede la revocación de la nota recurrida y ordenarse al registrador que efectúe las anotaciones solicitadas.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José A. Rodríguez y Jacinto Dávila, acusados y apelantes.
    Núm. 13019.

    Sometido: Enero 28, 1948.

      Resuelto: Febrero 12, 1948.

      José L. Feliú Pesquera, .abogado del apelante; Ilon. Procurador General Luis Negrón Fernández, y J. Rivera Barreras, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de. El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Bayamón formuló acusación contra José A. Rodríguez y Jacinto Dávila por el delito de transportar leche adulterada, contra el primero como dueño del producto y contra el segundo como conductor del vehículo en que ésta se transportaba. Celebrado el juicio de 'rigor, la corte declaró culpables a ambos acusados y les condenó a pagar $40 de multa o en su defecto a sufrir un día de cár-cel por cada dólar dejado de satisfacer. Ambos acusados apelaron, mas el recurso de Jacinto Dávila fué desestimado por nosotros con fecha 28 de enero de 1948 debido a que éste no radicó alegato alguno en apoyo del mismo. En su virtud está ante nos tan sólo la apelación interpuesta por José A. Rodríguez.

En primer lugar sostiene este apelante que “la corte sen-tenciadora cometió error manifiesto en la apreciación de la prueba ’ ’.

El primer testigo en declarar lo fué Ignacio Rivera Berrios. Este manifestó en síntesis que es Inspector de Sanidad ; que allá para el 25 de junio de 1946 mientras tomaba muestras de leche frente a la planta de envase que hay en el barrio Hato Tejas, de Bayamón, llegó una guagua que conducía leche; que ordenó al chófer de ésta que se detuviera y procedió entonces a tomar muestras de todos y cada uno de los porrones que había en la guagua; que al tomar las muestras llenaba tres botellitas de cada una de las personas a nombre de quienes venía la leche; que tapaba esas botellitas y las lacraba; que la muestra de Rodríguez la marcó I.R.B. 24;. que esa leche' era para consumo humano; que el conductor de la guagua era Jacinto Dávila y que si bien la misma pertenecía a un tal Espasas, la leche que resultó adulterada estaba dentro de un porrón precintado y rotulado “José A. Rodríguez”; y que más tarde al hablar personalmente con Rodríguez éste le admitió que la leche era de él, aunque alegó que él meramente sacaba la leche y la ponía en la carretera, pero que no la precintaba; y que si bien Rodríguez no estaba autorizado para dedicarse a la venta de leche, tenía, sin embargo, un permiso especial del Jefe de la Unidad para, así hacerlo.

Rafael Del Valle Zárraga, quien fué el segundo testigo en declarar, manifestó que es Jefe del Negociado de Quími-cos del Departamento de Salud; que la muestra de leche marcada I.R.B. 24 fué analizada bajo su inmediata super-visión y dirección por la química Srta. Gloria A. Circuns; que él vió hacer el análisis; que el mismo fué hecho en el laboratorio químico para determinar si dicha leche tenía agua añadida artificialmente; y que el examen reveló que ésta estaba adulterada con 35.38 ppr ciento de agua; que la Srta. Circuns es química graduada, trabaja en el Departa-mento de Salud bajo su dirección y él era Jefe de ella.

Gloria A. Circuns testificó que es química-farmacéutica graduada en la Universidad de Puerto Rico, donde tuvo que cursar cuatro años de estudios para obtener su título; que aún no ha tomado el examen de reválida ante la Junta de Químicos; y que examinó la muestra de leche en cuestión y halló que ésta estaba adulterada con 15.38 por ciento de agua añadida artificialmente.

La defensa no adujo prueba de clase alguna. En la apor-tada por El Pueblo no hubo conflicto y ella es a nuestro jui-cio suficiente para sostener la actuación de la corte inferior. Véanse Pueblo v. Bou, 64 D.P.R. 466; Pueblo v. González, 63 D.P.R. 144; Pueblo v. Rodríguez, 61 D.P.R. 732; Pueblo v. Rubio, 53 D.P.R. 562; y Pueblo v. Morales, 47 D.P.R. 762. En lo que a apreciación de prueba concierne, es principio establecido por nosotros que no alteraremos la conclusión a que llega la corte a quo a no ser que se nos demuestre que ésta al así hacerlo cometió manifiesto error o actuó movida por pasión, prejuicio o parcialidad. Pueblo v. Santos, 67 D.P.R. 650, 653.

Alega además el acusado que “la corte sentenciadora cometió grave error de derecho al declarar culpable al acusado-apelante José A. Rodríguez, por no haberse pre-sentado prueba en el sentido de que la leche supuestamente adulterada estuviera destinada para el consumo -humano.” Al discutir este señalamiento insiste el apelante en que no se probó el objeto para el cual so usaría la leche. Sin embargo, el Inspector de Sanidad declaró que ésta era para el consumo humano y a tal manifestación -suya no hubo obje-ción por la defensa. Además manifestó, según hemos visto, que la muestra de la leche perteneciente a Rodríguez fue tomada de una guagua que traía otros porrones de ese pro-ducto para la planta de envase de Espasas, quien se dedica a la venta de leche; que al momento de tomarse la muestra la guagua se hallaba frente a la referida planta y que la misma según se le indicó era transportada para entregarla allí. Bajo estas circunstancias resulta incuestionable que quedó probado que la leche era transportada para el con-sumo humano. Pueblo v. Cotis, 50 D.P.R. 484; y Pueblo v. Nieves, 44 D.P.R. 417.

Finalmente insiste el acusado en que la corte inferior erró al permitir que la testigo Gloria A. Circuns declarara como perito, por no tener ella al momento de examinar la muestra de leche la licencia correspondiente expedida por la Junta de Químicos de Puerto Rico. Un examen de la reseña que hemos hecho de la prueba demostrará que el testigo Del Valle Zárraga manifestó que él es Jefe del Negociado de Químicos del Departamento de Salud; que la Srta. Circuns es química graduada y trabaja como empleada de su Negociado; y que ésta verificó el examen de la muestra de leche en presencia suya y bajo su supervisión. Ante esas circunstancias la corte inferior no cometió error al admitir su testimonio. Cf. Pueblo v. Zapata, 54 D.P.R. 145; Pueblo v. Velázques, 35 D.P.R. 599; y Pueblo v. Toro, 32 D.P.R. 800.

En lo que al coacusado José A. Rodríguez concierne, la sentencia apelada será confirmada.