text:
    Administración de Servicios Generales, recurrida, v. Municipio de San Juan, peticionario.

      Número: CC-2003-837

      Resuelto: 30 de junio de 2006

      Rosa Campos Silva y Simone Cataldi Malpica, abogados de la parte peticionaria; Teresa García Dávila, abogado de la parte recurrida; Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, y Héctor Clemente Delgado, procurador general auxiliar, parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El caso del epígrafe nos permite aclarar el alcance de la jurisdicción de la Comisión para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias Gubernamentales (Comisión). Esto, en consideración al argumento del Municipio de San Juan (Municipio) de que la Comisión no tiene autoridad para dilucidar la existencia de una deuda que, según aduce la Administración de Servicios Generales, posee el referido Municipio con dicha agencia gubernamental. Veamos.

I

En febrero de 2003, la Administración de Servicios Generales (Administración) presentó ante la Comisión una querella contra el Municipio. Adujo que el Municipio le adeudaba $311,766.57 por servicios de transporte y mantenimiento de vehículos, almacén, imprenta y otros servicios administrativos provistos por la Administración entre 1999 y 2002. Igualmente, sostuvo que había facturado mensualmente por estos servicios y que había realizado varias gestiones de cobro, pero que el Municipio no respondió. Alegó, además, que esta falta de pago lesionaba su solvencia económica y, por lo tanto, sus operaciones, ya que tenía que generar sus propios fondos para mantenerse laborando.

Luego de ciertos trámites, el Municipio, sin someterse a la jurisdicción de la Comisión, presentó una moción en la cual solicitó la paralización de los procesos. Informó que había impugnado ante el tribunal de instancia la constitucionalidad de la ley habilitadora de la Comisión y que había solicitado un injunction para paralizar el procedimiento administrativo. La oficial examinadora de la Comisión declaró “no ha lugar” la petición de paralización, concedió un término para contestar la querella y estableció el itinerario procesal del caso.

Ante este hecho, el Municipio solicitó la desestimación de la querella por falta de jurisdicción sobre la materia. Argumentó que, de acuerdo con la ley habilitadora de la Comisión, su facultad se limitaba a investigar y resolver las controversias entre agencias gubernamentales relativas al monto adeudado o sobre el modo, la forma o la manera como debía realizarse un pago, mas no sobre la existencia o legalidad de una deuda. Según razonó, la Comisión sólo cuenta con el conocimiento técnico especializado para realizar un cómputo matemático a base de los datos que las partes presenten sobre la deuda. Sin embargo, la existencia de una deuda es una cuestión estrictamente de derecho que le corresponde dirimir a los tribunales. Por último, sostuvo que existía una controversia real y genuina sobre la existencia de la deuda, pues la Administración había facturado al Municipio por servicios que fueron cancelados o no provistos por dicha agencia.

La oficial examinadora denegó la solicitud de desestimación y reiteró el itinerario procesal previamente ordenado. A consecuencia de ello, el Municipio solicitó al antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones la paralización de los procedimientos administrativos y la revisión judicial del referido dictamen. No obstante, el foro apelativo intermedio declaró “no ha lugar” la solicitud de paralización y confirmó la decisión de la oficial examinadora. Concluyó que el poder que posee la Comisión para investigar pagos y deudas entre agencias se extiende también a investigar la existencia de la deuda.

Oportunamente, el Municipio presentó ante nos una petición de certiorari. En ésta imputó al foro apelativo haber errado al confirmar la decisión de la Comisión. Esto a base de los mismos argumentos presentados en su moción de desestimación por falta de jurisdicción. Vista su petición, expedimos el auto solicitado. Estando el caso sometido con la comparecencia de ambas partes, resolvemos.

II

A. El término “jurisdicción” significa el poder o la autoridad que posee un tribunal o un organismo administrativo para considerar y decidir casos o controversias. Roberts v. U.S.O. Council of P.R., 145 D.P.R. 58 (1998); Gear-heart v. Haskell, 87 D.P.R. 57 (1963). Conforme nuestro ordenamiento jurídico, una agencia administrativa únicamente tiene los poderes otorgados expresamente por su ley habilitadora y aquellos que sean indispensables para llevar a cabo sus deberes y responsabilidades. Raimundi v. Productora, 162 D.P.R. 215 (2004).

La ley habilitadora es el mecanismo legal mediante el cual se autoriza y se delega a la agencia administrativa los poderes necesarios para que actúe conforme al propósito perseguido por el legislador al crearla. Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 D.P.R. 203 (2002). O sea, esta ley define y delimita la extensión de la jurisdicción del organismo administrativo. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 D.P.R. 745 (2004). Por esta razón, una agencia no puede asumir jurisdicción sobre una actividad, materia o conducta cuando no esté claramente autorizada por ley para ello. P.R. Lighterage Co. v. Caribe Tugboat Corp., 111 D.P.R. 686 (1981). Es decir, ni la necesidad, ni la utilidad, ni la conveniencia pueden sustituir al estatuto en cuanto a la fuente de poder de una agencia administrativa. Martínez v. Rosado, 165 D.P.R. 582 (2005); Raimundi v. Productora, supra.

Ahora bien, al interpretar el alcance de los poderes delegados a una agencia administrativa, no debemos limitar el análisis a una interpretación restrictiva de su estatuto habilitados Lebrón v. El Comandante Oper. Co., Inc., 148 D.P.R. 298 (1999). La ley orgánica de la agencia, así como toda otra ley, debe ser interpretada tomando siempre en cuenta la intención legislativa, atribuyéndole un sentido que asegure el resultado pretendido por el legislador. Vázquez v. A.R.Pe., 128 D.P.R. 513 (1991). En este ejercicio, los tribunales debemos evitar interpretaciones que puedan conducir a resultados irrazonables o absurdos. Departamento de Hacienda v. Telefónica, 164 D.P.R. 195 (2005). Esto debido a que las leyes deben ser interpretadas con miras a lograr resultados sensatos, lógicos y razonables, que representen y salvaguarden la efectividad de la intención legislativa. Id.

En este sentido, nuestro análisis debe centralizarse en identificar si la autoridad ejercida por la agencia cumple con el fin de su ley habilitadora y se encuentra dentro de los poderes que le fueron conferidos. Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., supra. En otras palabras, debemos determinar si la función desempeñada por el organismo administrativo le fue encomendada legislativamente de manera expresa o implícita, o si surge de su actividad o encomienda primordial. íd.

Con este trasfondo en mente, analicemos la ley a través de la cual se creó la Comisión para determinar el alcance de su jurisdicción.

B. Mediante la Ley Núm. 80 de 3 de junio de 1980 (3 L.P.R.A. see. 1751 et seq.), la Asamblea Legislativa instituyó a la Comisión, la cual está compuesta por el Secretario del Departamento de Justicia, el Secretario del Departamento de Hacienda y el Director del Negociado de Presupuesto, o sus representantes designados. 3 L.P.R.A. see. 1751.

La creación de esta entidad respondió a la necesidad de establecer un organismo con personal técnico, especializado y capacitado para atender controversias sobre las cantidades que una agencia adeuda a otra por concepto de servicios prestados. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80, supra, 1980 Leyes de Puerto Rico 242. Su encomienda primordial va dirigida a investigar controversias sobre los pagos y las deudas entre dichas agencias y determinar el modo en que deberá pagarse la cantidad adeudada y el monto de dicha cantidad, si estuviera en controversia. 3 L.P.R.A. see. 1752(1). Cabe señalar que la Comisión tiene jurisdicción sobre “[c]ualquier departamento, junta, comisión, negociado, división o cualquier otro organismo gubernamental, incluyendo a las corporaciones públicas y a los municipios”, conforme lo expresa su ley habilitadora en su definición del concepto “agencia”. 3 L.P.R.A. see. 1751. Véase Municipio Arecibo v. Municipio Quebradillos, 163 D.P.R. 308 (2004).

Según surge del historial legislativo de su ley orgánica, “[e]l objetivo principal de la medida [fue] establecer un mecanismo legal y administrativo para resolver, de manera aceptable para las partes, las controversias que [surgieran] entre Agencias del Gobierno por concepto de pagos y deudas entre éstas”. (Énfasis suplido.) Informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1289 de 24 de abril de 1980, 8va Asamblea Legislativa, 4ta Sesión Ordinaria, pág. 2. Sin embargo, la preocupación predominante del legislador fue la siguiente:

Las agencias mayormente involucradas en la prestación por pago de algunos servicios a las demás agencias gubernamentales lo son: la Autoridad de Teléfonos, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Comunicaciones, la Autoridad de Edificios Públicos, y la Administración de Servicios Generales. Es natural que surjan discrepancias en cuanto al monto o cuantía de las facturas por servicios{,] como por detalles específicos en dichas facturas, pero el retraso de los pagos en controversia afecta las operaciones y liquidez de las agencias de tipo corporativo así como las operaciones fiscales de las agencias concernientes. (Énfasis suplido.) Informe de la Comisión de Gobierno del Senado sobre el P. de la C. 1289 de 5 de mayo de 1980, págs. 1-2.

Como vemos, la Comisión fue concebida como un foro administrativo especializado para adjudicar de manera rápida cualquier controversia sobre pagos y deudas entre las agencias, las corporaciones públicas o los municipios involucrados en la prestación de servicios a otras agencias, para proteger las operaciones y la autonomía fiscal de éstas. Véase Municipio Arecibo v. Municipio Quebradillos, supra. Es decir, se creó un foro especializado con la flexibilidad, agilidad y economía que revisten los procedimientos administrativos, para así evitar que estas agencias, corporaciones públicas o municipios se vean involucrados en un extenso y costoso trámite judicial. íd.

Para cumplir con este propósito, la Asamblea Legislativa dotó a la Comisión con el poder de requerir la presentación de libros, documentos o cualquier otra evidencia necesaria; requerir la presencia de testigos con el objetivo de interrogarlos bajo juramento; solicitar al tribunal de instancia cualquier orden judicial a esos efectos bajo apercibimiento de desacato; utilizar como recurso el personal diestro de cada una de las agencias que dirigen sus miembros, y formular y adoptar reglamentos destinados a dirigir sus procedimientos, con la aprobación del Gobernador. 3 L.P.R.A. see. 1752.

Asimismo, la Asamblea Legislativa diseñó a grandes rasgos un esquema procesal para orientar el funcionamiento de la Comisión. 3 L.P.R.A. see. 1753. Dispuso, de este modo, que el procedimiento investigativo fuera iniciado cuando una parte lo solicitara o motu proprio, cuando la Comisión considerara que se estaba lesionando la solvencia económica o los servicios esenciales prestados por las agencias concernidas. íd. Además, requirió que la evidencia pertinente a la controversia fuera presentada en una vista presidida por un examinador. íd. Este examinador sería responsable de preparar el expediente del caso y, luego de haber escuchado a todas las partes y haber recibido la evidencia necesaria, de someter a la Comisión un informe con sus recomendaciones. íd. Por último, la Comisión tendría la responsabilidad final de determinar el modo de pago y el monto de la cantidad, si éste fuera uno de los asuntos en controversia. íd.

Vista la política pública que inspiró la creación de la Comisión, así como las facultades, los deberes y los poderes que le fueron encomendados, nos resta por determinar si dicha entidad administrativa posee jurisdicción para dilucidar sobre el caso ante nuestra consideración.

III

De entrada, es menester señalar que el Municipio no cuestiona que la Comisión posea jurisdicción sobre los municipios, las corporaciones públicas u otras agencias gubernamentales. Su argumento se circunscribe a que, según la ley habilitadora de la Comisión, dicha entidad posee jurisdicción únicamente para resolver controversias entre agencias, corporaciones públicas o municipios sobre el modo de pago y el monto de la cantidad adeudada por servicios prestados. Según razona, el ejercicio de esta jurisdicción requiere como base que exista realmente una deuda entre agencias, corporaciones públicas o municipios. Sin embargo, aduce que cuando la existencia de la deuda está en controversia, le corresponde al foro judicial resolverla. No coincidimos con el razonamiento del Municipio.

La interpretación que el Municipio ha hecho de la ley orgánica de la Comisión ha dejado trunca la intención legislativa hasta el punto de convertir el estatuto en irracional. De ser cierta su posición respecto a la Comisión, sólo bastaría con que la agencia promovida alegue la inexistencia de la deuda para privar de jurisdicción a dicho organismo, impulsando de este modo la controversia al foro judicial. Así, quedaría inoperante, por exclusiva voluntad de una de las partes, todo el esquema diseñado por el legislador precisamente para evitar que este tipo de asunto sea sometido al trámite extenso y a los costos que conlleva el litigio ordinario.

Por si esto fuera poco, la Comisión únicamente tendría jurisdicción para entender sobre las controversias relativas a las cantidades en determinadas facturas, mas no sobre las demás facturas relativas a los alegados servicios no prestados. De esta forma, se bifurcaría la causa de acción de la agencia proveedora, la cual tendría que someter las primeras al proceso administrativo de la Comisión y las segundas al proceso judicial. Entonces nos preguntamos ¿cómo se adelanta la intención del legislador de promover un foro rápido, especializado y conveniente para evitar que la falta de pago incida sobre las operaciones fiscales de la agencia, el municipio o la corporación pública, si al fin de cuentas estos últimos tienen que someterse al trámite judicial?

Recordemos que no podemos atribuirle a la Asamblea Legislativa actos fútiles o absurdos. Talcott Inter-Amer. Corp. v. Registrador, 104 D.P.R. 254 (1975). La Comisión no fue creada como un adorno administrativo que pueda ser utilizado a conveniencia. Su jurisdicción fue redactada en términos bastante amplios: “[i]nvestigar controversias entre agencias gubernamentales sobre pagos y deudas entre dichas agencias.” (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 1752. Sus facultades le revisten con el mismo poder de cualquier otro foro cuasijudicial. Sus recursos son igualmente amplios como para atender más que un mero cálculo matemático.

La existencia o ausencia de la deuda entre agencias gubernamentales, municipios o corporaciones públicas no es más que otro incidente que puede ser investigado y adjudicado por la Comisión, como parte de sus encomiendas y propósitos. Precisamente este asunto está catalogado como una controversia entre agencias respecto a deudas. Además, como ya hemos mencionamos, el Municipio y la Administración son “agencias” dentro del significado de la ley orgánica de la Comisión. Por ende, resulta forzoso concluir que la Comisión tiene jurisdicción para determinar, en primer lugar, si existe la deuda entre el Municipio y la Administración, y de resolver afirmativamente, para determinar el monto de la cantidad que se adeuda y el método de pago.

En vista de que la Comisión estaba facultada, en primera instancia, para dirimir un planteamiento sobre su propia jurisdicción —Colón v. Méndez, Depto. Recursos Naturales, 130 D.P.R. 433 (1992)— y dado que debemos deferencia a la interpretación que ésta haga sobre su ley habilitadora —Martínez v. Rosado, supra— confirmamos su determinación respecto a su jurisdicción sobre el caso. A su vez, sostenemos la sentencia aquí recurrida.

I—I <J

Por los fundamentos que preceden, se confirma la sentencia del antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones. Se devuelve el caso a la Comisión para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias Gubernamentales para la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Fuster Berlingeri y Rivera Pérez no intervinieron.

       Ley Núm. 80 de 3 de junio de 1980 (3 L.P.R.A. see. 1751 et seq.).

       De entrada, debemos aclarar que procede nuestra revisión como excepción a la doctrina de que únicamente son revisables las determinaciones finales de las agencias, en vista de que aquí se impugna la jurisdicción de la Comisión para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias Gubernamentales (Comisión) para resolver esta controversia. Véase J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483 (1997).

       Nótese que en Municipio Arecibo v. Municipio Quebradillos, 163 D.P.R. 308 (2004), resolvimos que la Comisión tiene jurisdicción primaria para atender los asuntos que le fueron encomendados.

       En Municipio Arecibo v. Municipio Quebradillos, supra, la existencia de la deuda entre ambos municipios, en efecto, estaba en controversia, por lo que confirmamos al foro apelativo intermedio en cuanto a que este asunto fuera sometido en primera instancia ante la Comisión.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Javier Sustache Torres, recurrido.

      Número: CC-2005-984

      Resuelto: 30 de junio de 2006

      Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, y Zaira Z. Girón Anadón, procuradora general auxiliar, abogados de la parte peticionaria; James Reyes Figueroa, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso nos permite determinar si el Estado puede constitucionalmente obligar a un sospechoso de cometer el delito de falsificación de documentos a someterse a unas pruebas caligráficas.

I

El Sr. Javier Sustache Torres (Sustache Torres) está siendo investigado por la posible comisión de los delitos de apropiación ilegal y falsificación de documentos. Como parte de dicha investigación, el Ministerio Público le solicitó al Tribunal de Primera Instancia que emitiera una or-den para obligar a Sustache Torres a someterse a un análisis de huellas dactilares y a unas pruebas caligráficas. El foro de instancia accedió a lo solicitado y le ordenó a Sustache Torres a comparecer ante el Instituto de Ciencias Forenses para que le realizaran dichas pruebas.

Invocando el privilegio contra la autoincriminación y lo resuelto por nosotros en Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 397 (1968), Sustache Torres, a instancia de su abo gado, rehusó someterse a los referidos exámenes. Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio Público compareció ante el foro de instancia y solicitó que se hallara a Sustache Torres incurso en desacato por haber incumplido con la orden del tribunal.

Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución en la que concluyó que Sustache Torres debía someterse al análisis de huellas dactilares, mas no a las pruebas caligráficas. Ello en vista de que obligarlo a tomar dichas pruebas contravendría su derecho constitucional a no incriminarse. Inconforme con esta decisión, el Ministerio Público acudió ante el Tribunal de Apelaciones.

El foro apelativo confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Concluyó que, conforme a lo resuelto en Pueblo v. Tribunal Superior, supra, el Estado no puede obligar a un sospechoso de cometer el delito de falsificación de documentos a someterse a unas pruebas caligráficas. Todavía insatisfecho, el Ministerio Público acudió ante nos para solicitar la revocación del dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones.

Le concedimos a Sustache Torres un término para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la decisión del foro apelativo. Con el beneficio de su comparecencia, procedemos a resolver.

II

A. En el Art. II, Sec. 11, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Tomo 1, ed. 1999, pág. 327, se reconoce el privilegio a no incriminarse. Allí se establece, en lo pertinente, que “[n]adie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio”. Indudablemente, este derecho está inspirado en los principios más trascendentales y fundamentales que subyacen en una democracia como la nuestra. Pueblo en interés menor J.A.B.C., 123 D.P.R. 551 (1989).

La protección concedida en virtud de este derecho tiene el propósito de evitar que se someta a un individuo al cruel “trilema” de tener que escoger entre decir la verdad y acusarse a sí mismo, mentir y ser hallado incurso en perjurio, o rehusarse a declarar y ser hallado incurso en desacato. Murphy v. Waterfront Comission of New York, 378 U.S. 52, 55 (1964). Además, mediante el privilegio se promueve que el Gobierno realice sus investigaciones criminales civilizadamente y que el sistema judicial no se contamine con métodos de procurar la verdad que lesionen la dignidad humana. Véase E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. 1, pág. 118.

Según la referida cláusula, el derecho a no incriminarse se activa cuando concurren los tres requisitos siguientes: (1) el Estado obliga a alguien, (2) a incriminarse, (3) mediante su propio testimonio.

En cuanto al primer requisito, es doctrina firmemente establecida que esta protección constitucional se ex-tiende solamente a declaraciones compelidas. A estos efectos, hemos expresado que se admiten en evidencia las confesiones ofrecidas voluntariamente por el sospechoso. Pueblo en interés menor J.A.B.C., supra. Por ende, para que exista una violación al derecho contra la autoincriminación es necesario, como cuestión de umbral, que la declaración del individuo haya sido obtenida mediante coerción. United States v. Washington, 431 U.S. 181 (1977).

De otra parte, el privilegio contra la autoincriminación solamente aplica cuando existe una probabilidad real de que las contestaciones del sujeto a las preguntas del Estado sean utilizadas en su contra en un proceso criminal. Véase a C.H. Whitebread y C. Slobogin, Criminal Procedure: An Analisys of Cases and Concepts, 4ta ed., Nueva York, Ed. Fundation Press, 2003, pág. 377. Esto implica que un individuo tiene el derecho de rehusarse a “contestar preguntas oficiales que se le hacen en cualquier tipo de proceso, sea civil o criminal, formal o informal, en donde las contestaciones pueden incriminarlo en futuros procesos penales”. (Traducción y énfasis nuestros.) Lefkowitz v. Turley, 414 U.S. 70 (1973).

Por último, para que pueda invocarse el derecho a la no autoincriminación, es necesario que se obligue a la persona a ser un testigo contra sí mismo. Conforme con ello, el privilegio solamente se activa cuando la evidencia que las autoridades gubernamentales pretenden obtener es de naturaleza testimonial. Meléndez, F.E.I., 135 D.P.R. 610 (1994).

B. Como consecuencia de que el derecho contra la autoincriminación solamente se extiende al testimonio en sentido estricto, desde hace más de seis décadas hemos reconocido que el privilegio no aplica cuando lo que el Estado pretende obtener mediante coerción es evidencia física o real. íd.

A estos efectos, en Pueblo v. Aspurúa, 61 D.P.R. 252 (1943), resolvimos que no viola la cláusula constitucional contra la autoincriminación que se obligue a un acusado a quitarse la camisa para examinar si en su cuerpo había huellas de golpes. De modo similar, en Pueblo v. Adorno Quiñones, 101 D.P.R. 429 (1973), concluimos que no contraviene la referida cláusula que se someta a un acusado a un experimento de comparación de voces. Fundamentamos nuestra decisión en que constituye un principio generalmente aceptado de derecho criminal que el privilegio a no incriminarse no protege contra la compulsión de someterse a la toma de huellas digitales, fotografías, muestras de escritura, entre otras cosas. Id. Ello por que la obtención de este tipo de evidencia no requiere nada del acusado como testigo.

Posteriormente, en Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986), rechazamos un planteamiento de que ordenarle a un individuo a someterse a una prueba de sangre viola su derecho a no incriminarse. Razonamos que se podía compeler a un sujeto a someterse a dichas pruebas, pues lo que se pretende obtener mediante ello es evidencia de carácter no testimonial. Bajo fundamentos parecidos, en Pueblo en interés menor R.H.M., 126 D.P.R. 404 (1990), resolvimos que no se viola el privilegio cuando se somete a un menor a evaluaciones psiquiátricas con el objetivo de determinar si debe ser juzgado como adulto.

Por último, en Meléndez, F.E.I., supra, determinamos que la obtención de una muestra caligráfica compelida no está reñida con el derecho contra la autoincriminación, ya que obligar a un sospechoso a tomar dicho examen equivale a someterle a una inspección de características físicas del tipo permitido constitucionalmente.

En fin, conforme a nuestros pasados pronunciamientos, resulta claro que en nuestra jurisdicción no se contraviene el privilegio a la no autoincriminación cuando se obliga a un sujeto a producir evidencia física o real, o a someterse a pruebas que revelan características sobre su persona. Esto se debe a que el privilegio solamente veda la obtención compelida de testimonio.

C. Por otro lado, en Pueblo v. Tribunal Superior, supra, suprimimos ciertas muestras caligráficas obtenidas por el Estado como parte de su investigación contra un sospechoso de cometer el delito de falsificación de documentos. En esa ocasión precisamos que “el rechazo de la evidencia ofrecida [se justifica] no por el fundamento de que se viola el derecho contra la autoincriminación, sino por la falta de asistencia de abogado en una etapa crítica ... de un proceso por falsificación”. íd., pág. 402. Ello es cónsono con el entendido general que se tiene en nuestra jurisdicción acerca de que el privilegio contra la autoincriminación solamente se extiende a la evidencia de carácter testimonial.

Como consecuencia de esto, la obtención de una muestra caligráfica, como la que se obtuvo en Pueblo v. Tribunal Superior, supra, no constituye un testimonio compelido a los fines de esta cláusula constitucional. Meléndez, F.E.I., supra. Por ende, no cabe hablar de que en ese caso se le privó al sospechoso de su derecho a no incriminarse.

Examinado el derecho aplicable al caso de autos, analicemos los hechos que generaron esta controversia.

III

Sustache Torres sostiene que el Estado no le podía obligar a someterse a unas pruebas caligráficas, pues ello sería contrario a su derecho a no incriminarse. No estamos de acuerdo.

El privilegio contra la autoincriminación solamente se extiende a la evidencia de naturaleza testimonial. Sin embargo, las muestras caligráficas que el Ministerio Público pretende conseguir en el caso de epígrafe no constituyen declaraciones testimoniales que activen la protección concedida en virtud de dicho privilegio. Meléndez, F.E.I., supra. Por lo tanto, es forzoso concluir que la evidencia objeto de controversia meramente constituye prueba de características físicas de identificación que están fuera del alcance del derecho contra la autoincriminación.

De otra parte, Sustache Torres aduce que no se le podía someter a una toma de muestra caligráfica contra su voluntad en virtud de nuestra jurisprudencia y, particularmente, de lo resuelto por nosotros en Pueblo v. Tribunal Superior, supra. Tampoco nos persuade.

En Pueblo v. Tribunal Superior, supra, suprimimos las muestras caligráficas que se le tomaron al sospechoso porque no estuvo asistido por un abogado en el momento cuando fue sometido a las pruebas. Esta no es la situación en el caso de epígrafe. Sustache Torres está asistido por un abogado. Tan es así, que fue su propio abogado quien le recomendó que no asistiera al Instituto de Ciencias Forenses a realizarse la prueba. Por lo tanto, la norma que allí esbozamos no aplica al caso.

En fin, opinamos que es permisible constitucionalmente que se obligue a Sustache Torres a someterse unas muestras caligráficas con el propósito de determinar si cometió el delito de falsificación de documentos. Claro está, en caso de que eventualmente se le procese por la comisión de dicho delito, Sustache Torres tendrá la oportunidad de disputar los resultados que arrojen las pruebas caligráficas, de contrainterrogar y de carearse con los expertos a cargo de su realización. Precisamente esto es lo que se exige en virtud de la garantía constitucional a un debido proceso de ley y del derecho a confrontación. Lo que Sustache Torres no puede reclamar, sin embargo, es ser acreedor de la protección que se concede en virtud del privilegio contra la autoincriminación, a pesar de que la evidencia que el Estado le solicita no es de naturaleza testimonial.

IV

En consideración a los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de “certiorari”, revocamos la determinación del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que ordene a Sustache Torres que se someta a las pruebas caligráficas solicitadas por el Ministerio Público en el caso de epígrafe.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Fuster Berlingeri y Rivera Pérez no intervinieron.