author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Asociación Industrial Guayamesa, Inc., representada por su Presidente Eliseo Pillot, demandante y apelada, v. Bernardino Ortiz, Cleofe García Badillo y Guillermo Garáu, demandados y apelante el primero.
    No. 6833.

    Sometido: Mayo 9, 1935.

      Resuelto: Junio 3, 1935.

      T. Bernardini de la Muerta, abogado del apelante; A. Porrata Do-ria, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La Asociación Industrial Guayamesa, una corporación del país, demandó a Bernardino Ortiz, Cleofe García y Guillermo Garáu en cobro de $1,260 procedentes de alquileres de cierto inmueble que arrendó al primero de ellos con la garantía solidaria de los últimos.

El arrendamiento consta en escritura pública y para ga-rantizar el 'canon de cada mes se otorgaron pagarés sepa-rados a favor de la corporación firmados por los tres de-mandados todos los cuales decían: “Por el présente auto-rizamos a cualquier abogado para que comparezca en cual-quier corte, en el pleito que establezca el poseedor de esta obligación en cualquier tiempo después de su vencimiento, admitiendo la citación, confesando la deuda y consintiendo la sentencia que se dictare, quedando obligados al pago de costas, gastos de honorarios, del ahogado que el acreedor utilizare ante cualquier corte de justicia, hasta obtener el cobro.”

Contestó el demandado Ortiz reconociendo el contrato y la existencia de siete pagarés en poder de la demandante, pero reclamando a ésta por vía de reconvención $1,800. Pidió una sentencia que condenara a la demandante a entre-garle los siete pagarés y a pagarle ochocientos diez dólares “o lo que justamente pueda resultar en armonía con las ale-gaciones o cualquier otro pronunciamiento armonizado con aquéllas, con más las costas, gastos y desembolsos.”

Basó su recovención substancialmente en que nunca fue-puesto en posesión material del edificio arrendádole desti-nado a panadería; en que dicho edificio estaba ocupado por Secundino Rodríguez que pagaba a la demandante cincuenta dólares al mes, conviniendo la demandante con el deman-dado en que éste continuara como continuó pagando el canon estipulado bajo el compromiso de obtener la deman-dante que Rodríguez desalojara el edificio y de abonar al demandado finalmente los cincuenta dólares mensuales que la corporación venía percibiendo de Rodríguez; que al re-tirarse Rodríguez tampoco se le entregó el edificio, quedando en él Juan Andújar, motivo por el cual, faltando sólo -siete meses para terminarse el contrato, el demandado suspen-dió el pago de los alquileres limitándose a satisfacer sólo el cincuenta por ciento" de los miismos o sea noventa dólares mensuales que entregó durante tres meses a Rafael Villa-lobos sin recoger los pagarés correspondientes que la de-mandante reservó en su poder para cuando llegara la li-quidación final del contrato; que hasta mayo, 1933, el de-mandado había pagado a la demandante por razón del con-trato $5,490, restando hasta su terminación sólo $990 y que a virtud de los nuevos convenios la demandante debía en-tregar al demandado cincuenta dólares mensuales durante treinta y se¡is meses, esto es, $1,800. Y así, compensada su deuda para con la demandante, ésta le debía aún $810.

Fué el pleito a juicio practicándose una larga prueba do-cumental y testifical que apreció la corte sentenciadora como demostrativa de los siguientes hechos:

“ . . . allá para el día 13 de septiembre de 1930, se llevó a cabo un contrato de arrendamiento entre la demandante y el demandado Bernardino Ortiz, del establecimiento dedicado a la industria de pa-nadería a que se hace referencia en la demanda.
“ . . . dicho arrendamiento fué por el canon de ciento ochenta diólaREs mensuales, o sea seis dólares diarios otorgándose para el pago ■de dichos cánones, treintiséis pagarés, los que fueron autorizados por los demandados, cuyos documentos fueron entregados a la corpora-ción demandante.
“ . . . el demandado Bernardino Ortiz abonó veintinueve de dichos pagarés, quedando en la actualidad pendientes siete de ellos, co-rrespondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 1933.
“ . . .no obstante haber sido, arrendado el establecimiento de pa-nadería al demandado Bernardino Ortiz, se quedó trabajando en él, el Sr. Secundino Rodríguez, quien alegó para no desalojar el inmue-ble, que él pagaba a la corporación la cantidad de cincuenta díóla-bes mensuales.
“ . . . más tarde el referido Rodríguez abandonó la panadería, quedando no obstante en ella, el individuo Juan Andújar, quien ale-gaba también que pagaba a la demandante diez dólares mensuales por cánones de arrendamiento, apareciendo de la prueba practicada comprobado este hecho por los recibos expedidos por el Secretario de la corporación demandante al Sr. Andújar, y los cuales montan a la suma de $73.35, habiendo quedado a deber Andújar la cantidad de $60, por concepto de cánones también, y la cual le fué reclamada al fiador del mismo, el Sr. Rafael Villalobos.
. . el demandado Bernardino Ortiz, abonó a la demandante tres plazos de noventa dólares cada uno, cantidad que entregó al Sr. Rafael Villalobos, sin obtener la devolución de pagaré alguno en atención a que Ortiz pretendía que el canon de arrendamiento le fuera reducido a un cincuenta por ciento a lo que no accedió Villalobos, cuya suma no le fué devuelta al Sr. Bernardino Ortiz.”

Continúa la corte razonando así:

“La contención del demandado en este caso es que nunca llegó a tomar posesión del inmueble a que se ha hecho referencia, por en-contrarse éste ocupado por los arrendatarios antes mencionados. . . .
“Nos llama mucho la atención en este caso que el demandado Bernardino Ortiz, quien según él alega, no estuvo nunca en posesión de la panadería en cuestión, estuviera pagando los cánones de arren-damiento, conformándose con que le abonaran a su cuenta lo que pagaban por concepto de cánones de arrendamiento los otros arren-datarios, es decir, que él estuviera pagando seis dólares diarios, o sea, ciento ochenta dólares mensuales, sin tener la posesión de la pa-nadería, y que se conformara con recibir cincuenta dólares, que es lo que los otros pagaban, perdiendo mensualmente la suma de Ciento tebiNta dólares, lo que nos lleva a la conclusión de que ... el con-venio en cuestión tiene otra naturaleza, a la cual no queremos hacer referencia en esta opinión . . .
“Tenemos que aceptar los hechos tal como nos han sido presen-tados y en la forma que aparecen de la prueba aportada por las par-tes en este caso, y es claro y evidente a tenor de la misma, que existe un contrato de arrendamiento entre la demandante y el demandado Bernardino Ortiz, y que éste está obligado a cumplir con el mismo en todas sus partes, siendo uno de los requisitos esenciales ... el pago del precio . . .
“Si Bernardino Ortiz no obtuvo desde el comienzo del contrato la posesión de la cosa arrendada, él debió haber rescindido dicho contrato o tomar las medidas necesarias para librarse del cumpli-miento de las obligaciones que por el mismo había contraído, pero cumplido el contrato en lo que a él se refería y después de largo tiempo de estar en este cumplimiento, negarse al pago, nos parece impropio y contrario a la ley.
“El comentarista Manresa, en el tomo 10 de sus Comentarios al Código Civil, segunda edición, página 530, y al referirse a esta cues-tión se expresa del modo siguiente:
“ ‘ . . . El arrendatario que tolera las faltas del arrendador y calla, y sólo se acuerda de ellas cuando llega la hora de pagar la renta, más parece excusarse en un pretexto que fundarse en una razón. El derecho para ser eficaz requiere ser ejercido en el mo-mento oportuno y por los medios legales.’
“Pero a pesar de esto, siendo hecho cierto que aparece de la' prueba que durante el tiempo del contrato la panadería estuvo pro-duciendo beneficios a la corporación demandante, a virtud de estar trabajando en ella los señores Secundino Rodríguez, Juan Andújar y Juan Rodríguez, y sería en un todo injusto que obligáramos a Bernardino’ Ortiz a pagar los cánones de arrendamiento a la corpora-ción demandante y que ésta a la vez se beneficiara con el pago que hacían estos señores . . .
“ la prueba ... no ha demostrado claramente que Secun-dino Rodríguez pagara a la demandante cantidad alguna por con-cepto de cánones de arrendamiento, pero sí aparece que Juan An-dújar abonó varios cánones de arrendamiento ascendentes a la suma de $73.35, quedando a adeudar la suma de $60 que debe pagar su fiador Rafael Villalobos, y siendo así nos parece que estas cantidades deben ser abonadas y descontadas del crédito que deben pagar los demandados en esta acción, a cuyas sumas debemos agregar además la cantidad de $270, que fué entregada por el demandado Bernar-dino Ortiz al Sr. Villalobos y que no le ha sido abonada a su cuenta ni le fué devuelta en los momentos en que la quiso entregar y no le fué aceptada.”

Concluye, por ultimo, que el caso debe decidirse como sigue:

“En estas condiciones somos de opinión, que procede declarar con lugar la demanda, condenando a los demandados Bernardino Ortiz, Cleofe García Badillo y Guillermo Garáu a que paguen mancomu-nada y solidariamente, a la demandante la suma de $856.65, que re-presenta el total de su reclamación menos la cantidad de $403.35, montante de las sumas abonadas por el demandado Bernardino Ortiz, y de los cánones de arrendamiento cobrados por la demandante al arrendatario ya mencionado, declarándose a la vez con lugar la reconvención, ordenándose que el demandado Bernardino Ortiz, ob-tenga de la demandante la suma de $403.35, por concepto de can-tidades por él pagadas a su crédito y por concepto de arrendamiento de las personas que ocupaban la propiedad, cuya suma le será abo-nada a su crédito y descontada del total de los cánones de arrenda-miento que él adeuda, . . . con las costas a los demandados por apa-recer esta obligación de los pagarés que han sido presentados como prueba, ...”

No conforme el demandado Ortiz, apeló para ante esta Corte Suprema. Señala tres errores. Sostiene que la sen-tencia es contraria a los propios hechos declarados probados por la corte, y que declarada con lugar la reconvención, debió otorgarse al demandado toda la compensación a que tiene derecho y debieron imponerse las costas a la demandante.

Hemos analizado por nosotros mismos la prueba prac-ticada y a nuestro juicio sostiene la sentencia recurrida.

El contrato de arrendamiento consta en documento público. Sus términos son claros. La demandante arrendó al demandado Ortiz nn edificio con ana panadería instalada en el mismo, por tres años y canon de seis dólares al día en pago del cual se entregaron a la demandante treinta y seis pagarés firmados por el demandado Ortiz y los otros demandados arcía y Graráu en la forma que conocemos, cada uno por ciento ochenta dólares a vencer en el mes co-rrespondiente, habiéndose dejado de recoger los siete úl-timos. La panadería se entregó mediante inventario con el que mostró su conformidad el demandado Ortiz.

Es cierto que en la panadería arrendada se continuó tra-bajando por otras personas directamente relacionadas con la demandante de algunas de las cuales recibió pequeñas su-mas, pero lo fué con conocimiento y consentimiento del de-mandado Ortiz porque dichas personas -lo que fabricaban no era pan sino dulces y galletas. Al demandado Ortiz lo que interesaba era la no fábrica de pan.

Surge de manera tan clara de toda la evidencia que el arrendamiento se verificó por el demandado Ortiz para con-trolar la panadería de que se trata en cuanto a la fabrica-ción de su producto básico, pan, que dejar de reconocerlo es como negarse a admitir la realidad en sí misma. De ahí se explica la conducta de ambas partes que en nada afec-taba el pago de los alquileres que fué haciéndose sin difi-cultad por el dicho demandado hasta siete meses antes del vencimiento del arriendo.

¿Qué ocurrió que llevó al demandado Ortiz a variar de actitud? La respuesta se encuentra en la declaración de otro de los demandados, Garáu, que consta a las páginas 244 a 246 de la transcripción. Dijo que requerido para pa-gar por la demandante se entrevistó con Ortiz. “Entonces le dije que por qué no arreglaba eso y entonces él me con-testó que él era el que tenía arrendada la panadería, que él se ocuparía en pagar eso pero que la corporación tenía que bajarle el 50 por ciento.” Y preguntado: “¿Por qué motivo pedía él que se le bajara el 50 por ciento”?, contestó: “Porque se entabló una competencia en el negocio del pan y el negocio se puso malo.”

Seguidamente explicó que en otros contratos de arriendo existente se accedió a la rebaja, pero en éste la demandante no venía obligada a rebajar porque el caso babía sido pre-visto en el contrato, como así era en verdad.

Congruente con lo dicho por el demandado G-aráu es la actitud del demandado Ortiz al abonar en vez de ciento ochenta dólares, noventa por cada mío de los tres primeros meses de los siete últimos de que se trata. Los abonos se hicieron a y fueron retenidos por Villalobos, Presidente que fué de la corporación demandante, acreedor que continuó siendo de ella y persona de gran influencia en los asuntos de la misma, no directamente a la demandante, y cuando Villalobos presentó el caso a la corporación, ésta se negó a aceptar la rebaja.

No tiene motivo alguno de queja el apelante. La corte fué con él todo lo más justa que le fué posible, inspirada seguramente en la clase de transacción envuelta. Sin embargo, al actuar en la forma en que lo hlizo no venía obli-gada a concederle todo lo reclamado en su reconvención sino aquello que se hubiera demostrado que debía concedérsele dentro de su reclamación.

No existe incongruencia entre los hechos declarados pro-bados y el fallo. La corte no declaró probado que la de-mandante recibiera cincuenta dólares mensuales de Rodrí-guez, sino que Rodríguez alegó que él pagaba esa suma a la corporación, y luego agregó que la prueba no demostraba que Rodríguez hubiera pagado cantidad alguna a la corpo-ración por concepto de cánones de arrendamiento, y así es en efecto.

La Corte pudo declarar con lugar la reconvención limi-tándose a reconocer lo que quedó en el juicio establecido. Procedió así de acuerdo con los hechos y la ley y en armo-nía con la propia súplica de la contestación y reconvención del demandado apelante. No trabo error.

Tampoco erró la corte al no condenar en costas a la de-mandante y al imponerlas a los demandados. Para lo pri-mero usó de su discreción en debida forma. Para lo se-gundo tuvo en cuenta lo pactado por escrito por las pro-pias partes contratantes.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor "Wolf,

license: Public Domain

text:
    Rafael Pérez Guerra, demandante y apelante, v. Felipe Matos Bernier y su esposa Juana Santiago Bizo, demandados y apelados.
    No. 6737.

    Sometido: Mayo 21, 1935.

      Resuelto: Junio 7, 1935.

      Fernando Zapater, abogado del apelante; Guillermo S. Pierluisi, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor "Wolf,

emitió la opinión del tribunal..

La acción en este caso fue titulada “Cobro de-dinero.” En la demanda se alegaba la existencia de una segunda hipoteca otorgada por los demandados para garan-tizar la suma de $450; que los demandados dejaron de pa-gar el principal, los intereses, las contribuciones y el seguro, obligaciones que surgían del contrato de hipoteca. Se so-licitaba se dictara sentencia y que esta última fuera ejecu-tada contra los bienes hipotecados y contra cualesquiera otros de los demandados. El inmueble descrito en la de-manda era una parcela de terreno, una casa y un ranchón destinado a dulcería.

La naturaleza de esta acción parecería ser personal. Sin embargo, aún si se considerara como una en ejecución de hipoteca, lo que el márshal de la Corte de Distrito de Ponce trató de hacer específicamente fue trabar sobre determina-dos bienes un embargo para asegurar la efectividad de la sentencia.

En el momento de efectuarse el embargo existía en la propiedad una batidera. Si estaba o no adherida al suelo, y en qué forma, son las cuestiones principales envueltas en este recurso.

La moción sobre señalamiento de bienes le decía al már-shal que embargara una pianola y una batidera. El már-shal al ejecutar la orden de embargo tomó posesión de la pianola y la entregó a un depositario. Notificó a los deman-dados del embargo de la batidera, más no la removió de allí ni la puso en manos de un depositario.

El demandado Felipe Matos Bernier vendió la batidera y cuando el márshal deseó venderla en pública subasta, la batidera no fué hallada en la propiedad. El demandante-solicitó se castigara al demandado Felipe Matos Bernier por desacato.

La Corte de Distrito de Ponce resolvió que en vista de las decisiones de este tribunal en Oronoz v. Alvarez, 23 D.P.R. 536; García v. Humacao Fruit Co., 25 D.P.R. 682; Mead v. Dapena, 32 D.P.R. 402, y Societe Anonyme de Sucreries v. Dávila, 34 D.P.R. 622, la moción debía ser declarada sin lugar ; en efecto que la batidera en cuestión era un bien mué-ble y toda vez que el márshal no tomó posesión de la misma ni nombró a un depositario para ella, su actuación no cons-tituía un embargo.

El apelante no ba radicado un señalamiento de error adecuado, pero entre otras cosas cita de varios comenta-ristas substancjalmente al efecto de que de acuerdo con la Ley Hipotecaria, artículo 111, y el Código Civil, edición de 1930, artículo 263, no era obligatorio trabar un embargo; que estando la batidera adherida al suelo no era necesario ningún procedimjiento especial de embargo; que la batidera formaba parte de la finca hipotecada.

Sin entrar en todas las posibles cuestiones interesantes sugeridas, parecería que el demandante no se fundó en el gravamen hipotecario sino en el gravamen del embargo real-mente trabado. Se admite que el demandado fue acusado de desacato en la moción por haber dejado de respetar el embargo.

En apoyo de la conclusión de la corte, la exposición del caso dice que durante la vista las partes convinieron en que la batidera era un bien mueble; que el apelado negó que la batidera en realidad estaba adherida al suelo. Este declaró que la misma estaba situada en una plataforma levantada del suelo y fácilmente separable.

No es necesario que vayamos mucho más lejos, pero so-mos del criterio de que una batidera eléctrica, como la en-vuelta en este caso, debe generalmente ser considerada como un bien mueble hasta que claramente se desprenda lo con-trario. Conforme indican los comentaristas, la voluntad del dueño de una industria puede desempeñar un papel para de-terminar si cierto objeto específico ha perdido su naturaleza de bien mueble.

La resolución debe ser confirmada.


author:
El Juez Asociado Señor Wolf,
      El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carlos Pacheco (a) Carlos Ponce, acusado y apelante.
    No. 5642.

    Sometido: Mayo 28, 1935.

      Resuelto: Junio 7, 1935.

      M. Rodríguez Ramos, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal y -* Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia que tenemos a la vista imputó al apelante y a otros el delito de motín. Este es el recurso de apelación interpuesto por Carlos Pacheco. La prueba tendió a demostrar que en 27 de diciembre de 1933 había una huelga sobre el precio de la gasolina en Carolina; que se admitió que el acusado Carlos Pacheco era el jefe o director del movimiento; que el testigo principal Arroyo, policía insular, trataba de quitar una tachuela del neumático de un automóvil cuando se presentaron el acusado y otras personas. La corte tenía derecho a creer del testimonio prestado por ■el policía Arroyo y otro testigo, que al referido policía le agarró por detrás Carlos Pacheco; que los huelguistas, allí y entonces, despojaron al policía de la macana y el revólver.

La teoría del acusado fue que sólo intervino para ayu-dar al policía a poner fin a las actuaciones de los huelguis-tas, y que no participó directamente en el ataque contra el policía. La declaración del acusado estuvo sostenida por otra prueba. Esto produjo un conflicto en la prueba que la corte estaba obligada a resolver, y no podemos decir en apelación que ella no tenía derecho a creer fuera de duda razonable que el acusado tomó parte, coadyuvó e intervino en el supuesto motín.

Junio 26, 1935

No importa que los autos demuestren que la corte dictó sentencia inmediatamente sin emitir una opinión. Non constat que el juez expusiera sus'razones verbalmente. El que lo hiciera o no, no podría afectar ante este Tribunal el resultado de sus conclusiones.

En el alegato del apelante se discute algo respecto a si la paz de alguien fue alterada. Toda la prueba demostró que un grupo de hombres trató de impedir que un policía cumpliera con sus deberes, y nos sentimos constreñidos a resolver que esto constituyó un motín. Esta conclusión está sostenida por los casos de El Pueblo v. Ortiz, 17 D.P.R. 1196; El Pueblo v. Ríos, 31 D.P.R. 528; El Pueblo v. Alonso et al., 19 D.P.R. 448.

Podemos agregar que el apelante no estaba equivocado al sostener que hubo discrepancias entre la declaración del testigo principal y la de otros, pero tal estado de hechos está llamado a ocurrir casi en todos los juicios e incumbe al jurado o a la corte inferior resolver tales conflictos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El proceder del apelante en este caso quizá podría considerarse como “tumultuoso”, conforme se usa esta palabra en el artículo 368 del Código Penal, y, por consiguiente, es una alteración de la paz dentro de la definición estatutaria de motín, que'es como sigue:

“Artículo 359, — Todo empleo de fuerza o violencia, que pertur-bare la tranquilidad pública, o amenaza de emplear tal fuerza o vio-lencia, acompañada de la aptitud para realizarla en el acto, por parte de dos o más individuos, obrando juntos y sin autoridad de ley, cons-tituye un motín.”

Sin embargo, las palabras “que perturbare la tranquilidad pública”, usadas para definir un delito, no implican necesariamente ninguno de los artículos definidos en el Título XV del Código Penal. El asesinato es un delito contra la paz pública, no importa cuán quietamente pueda haberse cometido. Otros delitos graves o menos graves, como por ejemplo conspiración, también son delitos contra la paz pública. No podemos dar a las palabras usadas en el artículo 359 del Código Penal ninguna significación especial que no sea la de una alteración de la paz y tranquilidad de un vecindario. Véanse Weakley v. State, 273 S. W. 374, 377; Miles v. State of Oklahoma, 236 Pac. 57; 44 A.L.R. 129; 48 C. J. 774; 8 R.C.L. 284, et seq.; 31 C. J. 613.

El que una sola persona le quite las armas a un policía y le impida que cumpla con sus deberes, aunque sea una agresión, también altera la paz de este funcionario.

Debe declararse sm lugar la moción de reconsideración.


author: El Juez Asociado Señob, Audrey,

text:
    María La O Solís Viuda de Alonso, demandante y apelante, v. Juan Esquilín y Carlos Pacheco, demandados y apelados.
    No. 6354.

    Sometido: Abril 4, 1934.

      Resuelto: Junio 7, 1935.

      L. Muñoz Morales y Pedro G. Quiñones, abogados de la apelante; M. García Cabrera, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señob, Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación fué interpuesta contra sentencia qüe de-claró sin lugar una demanda de injunction para recobrar la posesión de un terreno.

Resulta de la prueba que la demandante María La O Solís Vda. de Alonso estaba en posesión desde diez años antes de presentar su demanda de un solar de 346 metros 65 centímetros cuadrados en la población nueva de Loíza, conocida por Canóvanas, que le había cedido dicho municipio, en cuyo terreno fabricó una casa. Algún tiempo des-pues la demandante compró a dicto municipio el expresado solar, que le fue vendido como agrupación de los solares números 1 y 25 del plano .de urbanización del municipio. Dos años después el demandado Juan Esquilín derribó la cerca de planetas de zinc y de alambre en el sitio correspon-diente al solar núm. 1 y con el otro demandado se posesio-naron de ese terreno con la oposición de la demandante y con la protesta expresa de ella de que fabricaran allí una casa por ser ella dueña y poseedora de ese terreno por compra al municipio, inscrita en el Registro de la Propiedad. Según los demandados el municipio de Loíza acababa de ce-derles el solar núm. 1 para fabricar en él. Entonces fué presentada la demanda de injunction para recobrar la po-sesión del solar núm. 1, cuya descripción tace.

Los motivos que tuvo la corte inferior para la sentencia que dictó fueron que si declaraba con lugar la demanda tendría que ordenar la demolición de la casa construida por los demandados ya que no podía conceder la posesión del solar y dejarlo ocupado por la casa; demolición que no podía ordenarse en esta clase de procedimiento: y que tampoco puede determinarse en este procedimiento si los demandados fabricaron de mala fe a los efectos de que tayan perdido lo edificado por ellos según el artículo 371 del Có-digo Civil. En conclusión, entendió que la demanda de injunction o de interdicto para recobrar la posesión no es el remedio procedente en este caso y que la demandante tiene que reclamar su solar en un juicio ordinario donde pueda resolverse con respecto a la casa.

La ley concede a toda persona que es privada de la posesión material de un bien inmueble el derecho de recobrarlo mediante el procedimiento rápido y especial de una demanda de injunction. Artículo 690 del Código Civil, edición de 1930. Por consiguiente, habiendo sido despojada la demandante de la posesión del solar núm. 1 por actos de los demandados y con la protesta de ella, tiene derecho a que en esa clase de procedimiento se le restituya la posesión que se le quitó, sin necesidad de establecer su reclamación en un juicio ordinario. Esa ley no contiene excepciones. Si los demandados creen tener algún derecho a la casa por ha-berla fabricado de buena fe en terreno de la demandante, o si se creen con derecho al expresado solar, son ellos los que tendrán que acudir a un juicio ordinario en reclamación de los derechos que crean asistirles. Ellos no pueden privar a la demandante del remedio que le concede la ley porque después de despojarla de su propiedad hayan fabricado una casa en el terreno que así ocuparon.

La parte demandante no pide que la casa sea destruida ni tal cosa podría declararse en este procedimiento. Lo mismo ocurre respecto a si los demandados construyeron de buena o de mala fe. Pero es indudable que la demandante tiene derecho a que se le restituya en la posesión del terreno de que le privaron los demandados, sin perjuicio de los derechos que asistan a éstos por la edificación que hicieron en el terreno de que despojaron a la demandante. En el caso de González v. Rivera, 31 D. P. R. 306, la Corte de Distrito de Arecibo tuvo casi los mismos fundamentos que en este caso ha tenido la corte inferior para negar la petición de injunction. Sin embargo, revocamos la sentencia y ordenamos que se restituyera al demandante en la posesión del terreno no ocupado por la casa que fabricó el demandado, porque no se demostró una oposición tal a la fabricación de la casa que diera derecho al peticionario al remedio mediante la devolución del terreno realmente ocupado de tal modo. En el caso presente la demandante se opuso tenazmente a la ocupación del terreno y a la fabricación de la casa.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra ordenando que la demandante recobre la posesión de todo él solar de que fue privada por los demandados, sin perjui-cio de los derechos que puedan asistir a los que fabricaron la casa, con. las costas.


author: El Juez Asociado Seño® Córdova Dávila,

text:
    Avelino González Mena, demandante y apelante, v. Dannermiller Coffee Co., demandada y apelada.
    No. 6685.

    Sometido: Mayo 21, 1935.

      Resuelto: Junio 7, 1935.

      C. del Toro Fernandes, abogado del apelante; José Lopes Ba/ralt, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Seño® Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Bajo el título de rescisión de contrato e indemnización inicia Avelino González Mena un pleito contra la mercantil Dannermiller Coffee Co. en una demanda que a su juicio con-tiene tres causas de acción: una sobre rescisión de con-trato, otra sobre indemnización de daños y perjuicios sufri-dos de parte del actor en virtud de la ganancia que dejó de percibir entre el precio de la compra y el precio de la venta, y otra por indemnización de daños y perjuicios sufridos por-que la demandada por sus actos voluntarios causó injuria y difamación sobre el nombre del demandante en sus rela-ciones mercantiles, originándole pérdida de clientes y an-gustia mental que afecta su salud.

La Corte de Distrito de San Juan, resolviendo cuestio-nes previas planteadas por la parte demandada, declaró sin lugar la demanda con imposición de costas al demandante. Se alega en la demanda que el demandante, Avelino Gonzá-lez Mena, antes del 29 de febrero de 1932, era nn comer-ciante dedicado a la compra y reventa de café, en Puerto Rico, con domicilio en Santurce, y la demandada, una cor-poración privada que venía dedicándose a especulaciones en la importación y exportación del mismo artículo, con su oficina principal en Nueva York, Estados Unidos de América, haciendo negocios en esta isla a través de sus agentes; que en 29 de febrero 1932 la Dannermiller Coffee Co. celebró un contrato de cuenta corriente con el demandante, a quien con-cedió un crédito de $1,000 a condición de que cada orden so-bre los contratos de compraventa de café que en adelante celebrara fuese satisfecha mediante giro aceptado a vein-ticinco días vista, debiendo en caso de concurrir tres órde-nes diferentes, satisfacer al demandante el primer giro, aceptar entonces el tercero y luego, vencido, el segundo pa-saría a ser. el primero y así sucesivamente; que en caso de que la mercadería, una vez en Puerto Eico, no fuese levan-tada por el comprador en un término de quince días, transcurrido este término podría disponer de ella la vendedora, Dannermiller Coffee Co.; que en 24 de marzo de 1932, el de-mandante celebró un contrato con la demandada a través de su representante en dicha fecha, José C. Quintero Castro, comprándole en relación con el indicado crédito 300 sacos de café tostado de a 100 libras cada uno, a razón de once centavos libra, y el día 11 de abril de 1932, amplió dicho con-trato con la demandada a través de su agencia en Puerto Eico, desempeñada entonces por la Nitrate Agencies Co., añadiendo 200 sacos más del mismo café, a igual precio y en idénticas condiciones, y con arreglo al embarque en am-bos casos, debiendo atenerse la demandada a las órdenes que a su conveniencia y de tiempo en tiempo le dirigiera el demandante ; que en 11 de julio de 1932 el demandante ordenó a la demandada la remisión de un remanente de 51 sacos ele café que fue embarcado y consignado a nombre del de-mandante en su domicilio de Santurce, San Juan, según el conocimiento, borderó y giro que cubría el valor de la mer-cancía, estando estos documentos a cargo de The National City Bank of New York, sucursal de San Juan; que dicho café fue embarcado el 24 de agosto en el vapor Borinquen que arribó a San Juan cinco días después; que notificado el demandante por la demandada del embarque de los 51 sa-cos de café, se personó en las oficinas de The National City Bank of New York, sucursal de San Juan, el 3 de septiem-bre de 1932, con la intención y propósito que allí reveló de hacer efectivo en el acto el giro contra él vencido, aceptando el otro en curso, y reclamó la entrega de los papeles corres-pondientes para levantar y llevarse consigo la mercadería ex-presada; que no pudo realizar su propósito, porque el National City Bank of New York, sucursal de San Juan, hízole saber que el día anterior la Nitrate Agencies Co. había so-licitado todos los papeles concernientes al embarque de los 51 sacos de café para vendérselos a Jiménez & Fernández, co-merciantes de esta plaza al tipo de doce centavos y cuarto cada libra, según instrucciones recibidas por dicha agencia de la Dannermiller Coffee Co., confirmádasles por cable, en virtud de lo cual el banco entregó a la Nitrate Agencies Co. todos los documentos de que antes se ha hecho mención; que la Nitrate Agencies Co., actuando por instrucciones y a nombre de la Dannermiller Coffee Co. vendió el 3 de septiembre de 1932 los 51 sacos de café del demandante a la mercantil Jiménez & Fernández al precio de doce centavos cada libra, privando así a aquél de cubrir imperiosos com-promisos que había contraído con sus clientes en Puerto Bico; y que para dicha fecha el demandante se hallaba den-tro del término en que podía levantar su café del muelle de San Juan, sin que tuviera otro giro que pagar que el concerniente a la entrega de la partida de café de que se le privó por la Dannermiller Coffee Co.; que cuando estos hechos ocurrie-ron, se carecía de café en San Juan y el demandante tenía vendidos a clientes suyos, al precio de $30 el quintal, los 51 sacos qne compró a $11 quintal a la demandada, dejando de percibir una ganacia de $204, deducido el importe de dere-chos de aduana, y que por la conducta de la Dannermiller Coffee Co. los clientes del demandante le retiraron su con-fianza y relaciones, causándole pérdida en las ganancias que durante un año devengaría de tales clientes, por una suma no menor de $2,000; que para la fecha del quebrantamiento del contrato la firma comercial del demandante gozaba de buen nombre y fama, y que el proceder de la Dannermiller Coffee Co. instruyendo a la Nitrate Agencies Co. para que recogiera en The National City Bank toda la documentación e impidiendo al demandante que levantara el café que le ha-bía sido consignado, mediante instrucciones cablegráficas al National City Bank, y la venta que del artículo se hizo a otra firma mercantil, han causado injuria y difamación so-bre el buen nombre del demandante en la comunidad; que la conducta de la demandada fué conocida por la Nitrate Agencies Co. y empleados, por el National City Bank y emplea-dos y por los comerciantes Jiménez & Fernández y emplea-dos, y de muchas otras personas relacionadas con ellos, siendo luego del dominio público e interpretándose como un acto moral expresivo de haberle retirado la Dannermiller Coffee Co. el crédito y la confianza en su propiedad al de-mandante, lo que produjo a éste sonrojo y angustia mental intensa, que afectó seriamente su salud, comenzando con per-turbaciones de su sistema nervioso y produciendo una do-lencia hepática que ha necesitado asistencia facultativa.

En el primer motivo se alega que la corte erró al decla-rar con lugar la excepción previa de falta de hechos contra la tercera causa de acción. Las alegaciones contenidas en la demanda no constituyen tres causas de acción. El de-mandante basa su reclamación en el incumplimiento de un contrato, dividiendo los daños que alega se le han ocasio-nado en diferentes partidas, considerando que las ganan-cias dejadas de percibir y los daños a que cree tener dere-cho por las angustias mentales constituyen dos diferentes causas de acción. En realidad la acción que se ejercita es mía, de indemnización de daños y perjuicios por incumpli-miento de contrato. Sin embargo, como la parte actora en su señalamiento de errores estima que estas partidas cons-tituyen causas de acción separadas, las consideraremos así para el propósito de esta decisión.

La tercera causa de acción a que se refiere el apelante en su primer motivo de error es aquélla en que solicita daños y perjuicios originados por la actuación extraña de la demandada, que se fia reflejado de manera injuriosa y difamatoria sobre el buen .nombre del demandante en la comunidad, lo que le lia causado sonrojo y angustia mental intensa que lia afectado seriamente su salud, comenzando con perturbaciones de su sistema nervioso y provocando una dolencia hepática que ha necesitado asistencia facultativa.

La parte apelada alega que el demandante no puede ob-tener compensación por daños que tienen el carácter de re-motos y que no son una consecuencia natural y lógica del aleg’ado incumplimiento del contrato por parte de la deman-dada. Este fue el fundamento que tuvo la corte inferior para resolver las excepciones previas y declarar sin lugar la demanda.

La parte apelada cita un número de decisiones de las cortes americanas para sostener su teoría de que los daños alegados son remotos y no previstos por las partes. La regla general es que en una acción basada en incumplimiento de contrato, el demandado es solamente responsable por las con-secuencias que se originan directamente de dicho incumpli-miento y previstas o podidas prever por los contratantes cuando se llevó a cabo el contrato y que puedan probable-mente derivarse de la falta de su cumplimiento. City of East Grand Forks v. Steele, 45 L.R.A. (N. S.) 205, 121 Minn. 296, 141 N.W. 181.

En el caso de M. M. Stone & Co. v. Postal Telegraph Cable Co., 35 R. I. 498, 87 Atl. 319, la Corte se expresó así:

“La regla con respecto a daños especiales por incumplimiento de contrato seguida por los tribunales ingleses y americanos y aprobada por esta corte en Greene v. Creighton, 7 R.I. 1, fue establecida por el Barón Alderson en Hadley v. Baxendale, 9 Exch. 353, de la manera siguiente: ‘Cuando dos partes han hecho un contrato que una de ellas ha quebrantado, los daños que la otra parte debe recibir con respecto al incumplimiento del contrato serán aquéllos que puedan considerarse naturalmente derivados, conforme al curso ordinario de las cosas, de la ruptura del contrato mismo, o que pueda razonable-mente suponerse que fueron previstos por las partes al tiempo de contraerse la obligación como el resultado probable del incumpli-miento. Ahora bien, si las circunstancias especiales bajo las cuales el contrato fué realmente hecho se comunicaron por los demandantes a los demandados y fueron así conocidas de las partes, los daños re-sultantes del incumplimiento del contrato que dichas partes razona-blemente previeran, sería el montante del perjuicio que ordinaria-mente se derivaría del quebrantamiento del contrato bajo aquellas especiales circunstancias así conocidas y comunicadas. Pero, por el contrario, si estas circunstancias especiales fueron completamente des-conocidas por la parte que violó el contrato, puede solamente supo-nerse que tuvo en mente el montante del perjuicio que se originaría generalmente, en la gran multitud de casos no afectados por circuns-tancias especiales, de la ruptura de tal contrato’.”

Los artículos 1058, 1059 y 1060 del Código Civil que tra-tan de los daños y perjuicios que surg’en del incumplimiento de una obligación, dicen así:

“Art. 1058. — Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que previstos, fueran inevitables.
“Art. 1059. — La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las dis-posiciones contenidas en los artículos siguientes.
“Art. 1060. — Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento.
"En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocida-mente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación.”

El artículo 1059, según el cual la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que se haya sufrido, sino también el de la ganancia que se haya dejado de obtener, aparece condicionado por el artículo 1060, que limita los daños y perjuicios, tratándose del deudor de buena fe, a los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuen-cia necesaria de la falta de cumplimiento de la misma. El último- párrafo del artículo 1060 establece una distinción im-portante, porque de acuerdo con el mismo el deudor doloso no sólo reponde de los daños previstos o que se hayan po-dido prever al tiempo de constituirse la obligación, sino de todos los que conocidamente se deriven de su falta de cum-plimiento.

Estos artículos, aplicables a toda clase de obligaciones, han merecido detenida y juiciosa consideración de los co-mentaristas del derecho civil. Manresa, comentando los artículos 1106 y 1107 del Código Civil Español, equivalentes a los 1059 y 1060 de nuestro Código, dice:

"La evidente generalidad de estos artículos, aplicables a toda clase de obligaciones y en relación con los preceptos especiales de cada uno de éstos, según se ba reconocido, verbigracia, para el arren-damiento (Sentencia del Supremo de 12 de febrero de 1896), y su amplitud de expresión, siquiera se contengan restricciones en el 1,107, hacen y harán que se sean continuamente invocados; pero no logran que dejen de ser restrictivamente interpretados por los Tribunales, cuyo criterio, como ya indicamos al comentar otro artículo, también amplio y concordante con éstos, el 1101, no deja de ser fundado.
(1 * # ■':} & & * 3P
"El art. 1107 refleja, en la distinta extensión que, según los casos, atribuye a la indemnización, las diferencias de gravedad que existen entre los orígenes de aquélla, expresados en los artículos precedentes; diferencias que, dado el carácter, si no de pena, de sanción repara-toria que la indemnización reviste, era natural tener en cuenta.
"Según estos orígenes y este artículo, caben dos hipótesis: el caso del deudor de buena fe y el caso de dolo. En 3a primera de estas hipótesis se necesita que concurran en los perjuicios dos circunstan-cias, y no cualquiera de ellas, sino ambas conjuntamente; que tales perjuicios se pudieran prever al tiempo de constituirse la obligación, no después de constituida, y que sean consecuencia necesaria del in-cumplimiento de la obligación, no una mera contingencia, ni siquiera incidentalmente enlazados con aquel incumplimiento.
“Es indudable que la prueba de que concurren en los perjuicios tales circunstancias, incumbe al que se cree perjudicado, debiendo practicarla tan suficiente como para demostrar la existencia de aqué-llos, puesto que también son tales circunstancias fundamento esencial de la indemnización que reclama.
“Siendo los dos párrafos de este art. 1,107 restrictivos de la am-plitud de la indemnización, se diferencian, en armonía con los res-pectivos supuestos, en que la restricción del primero alcanza a la ex-tensión y a la prueba de aquélla, y la restricción del segundo se re-fiere no más que al último extremo.- Con efecto, por lo que toca al origen de la indemnización, no se exige, caso de dolo, que los perjui-cios sean consecuencia necesaria del incumplimiento, bastando con que de éste se deriven; término o concepto muy distinto, que com-prende mayor extensión, y aserto, corroborado por el empleo de la palabra todos, antepuesta a los perjuicios. En cambio, con relación a la prueba, el empleo del adverbio conocidamente supone la exigencia de que aquélla sea suficiente, puesto que el legislador excluye el en-lace dudoso entre el daño y la causa que se le atribuye. También es indudable en este aspecto de prueba, que corresponde al reclamante justificar- que se está en el segundo de los supuestos de este artículo, y no en el primero, puesto que la buena fe se presume y el dolo no.
“Por lo demás, el Tribunal Supremo, interpretando con algún rigor la doctrina del Código, tiene declarado que de la expresión literal de los artículos 1106 y 1107 'se deduce que las indemnizaciones de daños y perjuicios comprenden, previstos o podidos prever, los que sean consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento de las obli-gaciones en que incurriera el deudor, sin que la ley exija que aquélla sea directa sino que basta con que sea necesaria’ (sentencia de 20 de abril de 1915).” 8 Manresa 94, 96 y 97.

Apunta Scaevola, copiando a Toullier, que hay dolo siem-pre que no se ejecute, o que se ejecute tardíamente, una obli-gación “con deseo de perjudicar al otro contratante”, y añade que de esta definición sólo podemos aprovechar el último período, porque el simple hecho de que no se ejecute una obligación, o el de que se realice fuera de plazo, encaja más en los conceptos, respectivamente, de la morosidad y de la negligencia, que en el del verdadero dolo.

Según el artículo 1055 del Código Civil, la responsabi-lidad procedente del dolo es exigible en todas las obligacio-nes. Comentando este artículo, que corresponde al 1,102 del Código español, dice Scaevola:

“El dolo es realmente un concepto del derecho penal trasladado, en ciertos aspectos particulares, al derecho civil, pero que pertenece esencialmente a la esfera del delito, y se constituye, como éste, por lo que llaman los penalistas la malicia, o sea la intención de causar un mal a la persona o a la propiedad ajena. En esto se diferencia fun-dadamente el dolo de la negligencia y de la morosidad, que compar-ten con él los dominios del cumplimiento irregular de las obligaciones.
"La negligencia y la morosidad producen un perjuicio, no siu faltar un cierto grado de voluntad, de que más adelante trataremos, que forma también como una intención indirecta de producir un mal. Pero esta intención en el dolo es directa, como en el delito, y se con-funde filosóficamente, con él, porque en su esencia nada los separa. Por eso muchos jurisconsultos eminentes pretenden un día y otro, como cortapisa contra la mala fe, llevar expresamente al Código Penal las acciones dolosas que figuran hoy de una manera exclusiva, acaso sin razón, dentro de la legislación civil.
"El dolo es, en resumen, el deseo de perjudicar a otro, y en tanto en cuanto este deseo se exterioriza en un verdadero perjuicio, entra en el precepto del artículo que comentamos. ’ ’ 19 Scaevola, Comenta-rios al Código Civil, 495.

En el presente caso hay que descartar el elemento del dolo, que no aparece en las alegaciones de la demanda. No se alega que la conducta de la demandada sea dolosa, y como la buena fe se presume, si no existe alegación en contrario, no cabe asumir que se baya establecido ningún hecho des-tructivo de esta presunción. Descartado el dolo, los daños a que tiene derecho el demandante son aquéllos previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obli-gación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. No se alega en la demanda que hubiesen da-ños previstos y, por lo tanto, debemos atenernos a los que se pudieron prever cuando se llevó a cabo el contrato. Las angustias mentales sufridas por el demandante no son cier-tamente daños que puedan ser indemnizados en esta acción basada en el incumplimiento de un contrato. No lo son en nuestro derecho civil ni en el derecho americano, salvo ra-ras excepciones, en que el incumplimiento del contrato es de tal carácter que autoriza an action of tort. Young v. Western Union Telegraph Co., 107 N.C. 370; Beaulieu v. Great Northern Ry. Co., 19 L.R.A. (N. S.) 564, 103 Minn. 47. Debe desestimarse el error apuntado.

También en la titulada segunda causa de acción se re-claman ciertos daños que fueron considerados remotos por la corte inferior. Alega el demandante que para la fecha en que el contrato quedó incumplido había vendido a clien-tes suyos, al precio de $30 el quintal, los 51 sacos de café que compró a $11 quintal, dejando de percibir una ganancia de $204, deducido el importe de derechos de aduana. No hay duda de que los hechos que aquí se alegan constituyen una causa de acción-, y así lo reconoce la corte inferior, aun-que se declara sin jurisdicción para conocer de la misma. El demandante reclama con precisión y claridad la diferen-cia entre el precio de venta estipulado en el contrato y el convenido con sus clientes, a lo cual tiene perfecto derecho; pero luego va mucho más allá y alega que con motivo de la conducta de la demandada los clientes del demandante le re-tiraron su confianza y relaciones, causándole pérdidas en las ganancias que durante un año devengaría de tales clientes, por la cantidad de $2,000. Con estas generalidades, vagas e imprecisas, reclama el demandante beneficios que estima pudo percibir, sin que siquiera nos hable de la existencia de algún convenio para venderle café a sus clientes durante el tiempo mencionado. No sabemos en qué se basa el deman-dante para reclamar los beneficios que hubiere podido per-cibir durante un año. Del mismo modo que ha fijado este período de tiempo ha podido ampliarlo o disminuirlo capri-chosamente y hasta establecer su reclamación por un tiempo indefinido. No creemos que estos daños puedan incluirse entre aquéllos que hubieran podido preverse al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria del incumplimiento del contrato.

El segundo motivo se basa en que la corte erró al declarar que sólo existe una causa de acción en la primera y segunda que aparecen alegadas en la demanda. Los motivos tercero y cuarto se basan en que la corte erró al declararse sin jurisdicción para conocer de la demanda, fundándose en que las acciones sostenidas constituían una sola, envolviendo una cuantía de $204. Como ya fiemos dicfio, la acción que se ejercita es una de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. En la primera causa de acción el demandante establece la base para su reclamación. En la segunda se fija la cuantía de la indemnización por las ganancias que el demandante dejó de percibir durante un año, al retirarle sus clientes la confianza. La corte inferior resolvió que las llamadas primera y segunda causas de acción sólo constituyen una, y que, eliminada la partida de $2,000 de que ya fiemos hablado, la reclamación se reduce a $204, de cuya cuantía no puede tomar jurisdicción. La conclusión del tribunal a quo nos parece acertada. Una vez descartados los demás daños alegados en la demanda, la reclamación del demandante se reduce por su cuantía a una suma de la cual no puede tomar jurisdicción la corte de distrito, y por esta razón entendemos que las cuestiones previas planteadas por la demandada fueron resueltas con arreglo a derecho. En el caso de Núñez v. Ruga, 35 D.P.R. 215, 217, se resolvió por esta corte que cuando en una demanda presentada en la corte de distrito se ejercitan dos causas de acción y una de ellas no procede, la corte carece de jurisdicción para dictar sentencia declarando con lugar la otra si la reclamación a que ésta se contrae no ex-cede de $500.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Cipriano Manrique, peticionario, v. La Corte de Distito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, Juez, demandada.
    No. 1037.

    Sometido: Jimio 3, 1935.

      Resuelto: Junio 7, 1935.

      Antonio L. López, abogado del peticionario; la parte contraria no compareció.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Amparo Díaz inició un procedimiento de tercería de bie-nes muebles contra Cipriano Manrique y la sucesión de Ra-món López Alvarado, compuesta de Josefa Alvarado y Consuelo Díaz. Presentó el demandado excepción previa contra la demanda de tercería, que fue declarada con lugar por la corte municipal y que culminó más tarde en una sentón-cia dictada por dicho tribunal desestimando la demanda sin especial condenación de costas. Contra esta sentencia esta-bleció recurso de apelación la tercerista demandante. Esta apelación aparece radicada en la Corte de Distrito de Hu-macao en 13 de septiembre de 1934 y notificada a las partes por medio del correo en la misma fecha.

En 18 de febrero de 1935, radicó el demandado en la corte de distrito nna moción solicitando la desestimación del re-curso, entre otras razones, por no haber solicitado la ape-lante la inclusión de este caso en el calendario general de la corte a partir de la fecha en que fue radicada la apela-ción. La parte apelante, que fue notificada de esta moción, no formuló oposición alguna ni hizo acto de presencia en la vista de la-misma, que tuvo lugar en 22 de abril de 1935. Negóse la corte de distrito a desestimar el recurso y ahora comparece Cipriano Manrique solicitando que se revise la resolución del tribunal inferior, entre otras razones, porque la Ley No. 31 de 1934 (pág\ 293), para reglamentar las ape-laciones contra sentencias de las cortes municipales en plei-tos civiles, impone al apelante la obligación de pedir la in-clusión del pleito en el calendario o lista de señalamientos civiles, en la primera lectura que del mismo haya de cele-brarse subsiguientemente a la radicación del caso, y porque siendo este precepto de carácter mandatorio, constituye un error revisable en un procedimiento de certiorari.

El artículo 3o. de la ley citada dice, en lo perti-nente, así:

“El secretario de la corte de distrito anotará la causa en el regis-tro de acciones civiles, notificándolo a las partes interesadas. El ape-lante deberá solicitar la inclusión del pleito en el calendario o lista de señalamientos civiles, en la primera lectura que del mismo haya de celebrarse subsiguientemente a la radicación del caso ... Si el ape-lante dejase de solicitar la inclusión del pleito en el calendario, el juez de distrito declarará desierto el recurso, imponiéndole las costas; y el secretario remitirá inmediatamente la causa a la corte inferior para la ejecución de la sentencia apelada.”

Las disposiciones que anteceden son idénticas a las con-tenidas en el artículo tercero de la Ley No. 93, promulgada el 31 de marzo de 1919 como apéndice al'tomo II de las Leyes de 1917. Interpretando las referidas disposiciones dijo esta corte en el caso de Marrero Ríos v. Muller, 35 D.P.R. 369, 370:

“Hemos tenido cierta duda respecto a si las prescripciones de esta ley de 1917 eran enteramente mandatorias, y a la vez si no permitían alguna discreción a la corte de distrito, pero en conjunto estamos con-vencidos de que la idea de la Legislatura fué que la inclusión en el calendario era una de las gestiones necesarias por las cuales un ape-lante perfeccionaba su apelación. El apelante no duda de que es el deber de la corte desestimar una apelación si el caso en realidad no ba sido incluido por no baeer el apelante tal solicitud. Por la teoría de tal deber imperativo de parte del apelante él estaba obligado a actuar inmediatamente. Él pudo baber evitado toda cuestión pi-diendo al secretario que incluyera su caso en la primera lectura del calendario, o tomando alguna otra medida adecuada. Sentimos la necesidad que babía para la actuación en este caso, pero parece ser cuestión de lex soripta, una determinación específica de la Legis-latura. ’ ’

Esta doctrina fué ratificada en el caso de Morales v. Corte de Distrito, 35 D.P.R. 909, y en el caso de Guerra v. Carrión, 47 D.P.R. 798, donde se dice que no liay cuestión con res-pecto a lo imperativo de la ley. La Legislatura de Puerto Rico teniendo conocimiento del criterio sostenido por este tribunal, incorporó en nuestra legislación en 1934 la misma ley de 1917, que no fué entonces debidamente aprobada se-gún interpretación judicial.

No bay duda de que cuando el apelante permanece inac-tivo sin solicitar la inclusión del pleito en el calendario o lista de señalamientos, en su primera lectura, la apelación debe ser desestimada. Así lo entiende el peticionario, aun-que llama nuestra atención a la práctica establecida en la Corte de Distrito de Hnmacao donde no bay lectura de ca-lendario civil y los señalamientos para juicio se bacen en el despacho del juez, siendo luego notificados a las partes por ei secretario del tribunal. Alega el peticionario que para armonizar este procedimiento con lo dispuesto en la ley se dictó una regla, aprobada por el Procurador G-eneral, en 17 de octubre de 1934, que literalmente dice así:

“Las apelaciones contra sentencias en asuntos civiles procedentes de las cortes municipales de acuerdo con la ley aprobada en 11 de marzo de 1908 se señalarán dentro del calendario permanente, una vez que la parte apelante haya solicitado el señalamiento, lo que hará dentro del término de diez días después de la notificación que haga el secretario de la radicación del recurso. Si no se solicitare el se-ñalamiento dentro del referido término de diez días, el secretario dará cuenta a la corte, la que declarará desierto el recurso de cuerdo con las disposiciones de la Ley No. 31 de 1934.”

Hemos tenido algunas dudas acerca de la legalidad de esta regla que fija al apelante un término de diez días para solicitar la inclusión del caso en el calendario o lista de señalamientos, a contar de la fecha en que fué notificado de la radicación del recurso. La ley, sin embargo, se hizo para ser aplicada a todas las cortes de distrito y a todos los casos en que se apela de una sentencia dictada por una corte municipal. No es posible establecer excepciones; la letra de la ley expresa claramente el pensamiento del legislador y ninguna corte de distrito puede negarse a desestimar una apelación cuando el mandato del estatuto resulta incumplido. La Corte de Distrito de Humacao no puede quedar excluida de los efectos de este precepto mandatorio por el hecho de que el juez haga los señalamientos en su despacho en vez de hacerlos en audiencia pública. Los abogados y las partes saben que ésta es la práctica del tribunal y tienen el deber de desplegar la mayor diligencia posible en apelaciones procedentes de las cortes municipales, procurando solicitar el señalamiento del caso dentro de un tiempo razonable después que la parte apelante haya sido notificada de la radicación del recurso en la corte de apelación. El plazo fijado por la regia de la Corte de Distrito de Humacao para solicitar la inclusión de un pleito en el calendario o lista de se-ñalamieutos civiles, puede ajustarse o no a los preceptos del estatuto. Lo que no admite duda es la demora excesiva de ía apelante en este caso para solicitar dicha inclusión. El hecho de que no haya lectura de calendario en Hnmacao no es óbice para que se pida la inclusión del pleito en la pri-mera lista de señalamientos civiles subsiguiente a la radi-cación del mismo. Como ya hemos dicho, la apelación fue radicada en la Corte de Distrito de Humacao en 13 de sep-tiembre de 1934 y cuando, en 18 de febrero de 1935, la parte apelada radicó en la referida corte su moción solicitando la desestimación del recurso, la apelante no había pedido aún que el caso fuese incluido en la lista de señalamientos civi-les, a pesar de haber transcurrido más de cinco meses desde la fecha en que fue notificada de la radicación de la apelación.

La resolución de la corte inferior debe ser anulada, y dic-tarse otra en su lugar declarando desestimado el recurso.


text:
    In re Testamentaría de Doña Carmen Nadal Freyre Viuda de Del Moral. Micaela Del Moral de Domíguez, apelante.
    No. 6781.

    Sometido: Mayo 20, 1935.

      Resuelto: Junio 10, 1935.

      Guerra-Mondragón & Soldevila, abogados de la apelante; J. Alemañy Sosa, Pascasio Fajardo Martínez, Migtiel A. García Méndez, Alfredo Arnaldo Sevilla y Oscar Souffront, abogados de las demás partes interesadas, relacionadas en la moción inserta en la opinión.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 2 de junio de 1934, la Corte de Distrito de Mayagüez dictó resolución aprobando las operaciones divisorias de los bienes de la sucesión de doña Carmen Nadal y Freyre Viuda de del Moral. Esta resolución fue apelada por la cohere-dera Micaela del Moral, quien comparece ahora, en unión de los herederos que constituyen la sucesión mencionada, soli-citando de común acuerdo que se revoque por este tribunal la resolución apelada con el fin de llevar a feliz término una transacción que han concertado entre sí.

En la moción de los herederos, que aparece suscrita por sus abogados, se alega:

“Que la nombrada Carmen Nadal y Freyre Vda. de del Moral falleció en la ciudad de Mayagüez, Isla de Puerto Rico, el día 23 de abril del año de 1932, bajo testamento abierto que otorgara en dicha ciudad por escritura pública No. 202 de fecha 17 de diciembre del año 1920 por ante el notario Ledo. Angel A. Vázquez Sánchez, dejando por sus únicos y universales herederos a su hija premuerta, Feliciana del Moral y Nadal, cuya sucesión la integran María Teresa, José Angel Salvador, Carmen Elisa, Margarita, Beatriz Mercedes, Rosalina Feliciana, Raquel Vicenta y Lydia Amada Martínez y del Moral; Francisco del Moral y Nadal; Micaela del Moral y Nadal, María del Carmen del Moral y Nadal, y Damián del Moral y Nadal, quien falleció con posterioridad a su indicada madre, dejando por sus únicos y universales herederos abintestato a sus hijos Rafael, Antonio, Carmen Ana Neveranda, Damián Juan Francisco y Carmen Luisa Emiliana del Moral, todas las cuales personas son los únicos y universales herederos de la nombrada Carmen Nadal y Freyre viuda de del Moral.
“Que ante la Hon. Corte de Distrito de Mayagüez, algún tiempo después del fallecimiento de dicha Carmen Nadal y Freyre Vda. de del Moral, se radicó un procedimiento sobre administración judicial y testamentaría de sus bienes, en virtud del cual se aprobó por dicha. Hon. Corte inferior una. partición de bienes de la herencia, en dos de junio del año de 1934, de la cual orden aprobatoria de par-tición se estableció recurso de apelación para ante este Hon. Tribunal -Supremo por la coheredera Micaela del Moral de Domínguez en 4 de junio del indicado año de 1934, cuyo recurso de apelación se encuentra en los trámites de rigor ante la Corte inferior,4 por no haberse aun aprobado la exposición del caso que se radicara para pro-seguir dicho recurso.
“Que en el presente escrito comparecen todos los interesados en la herencia de Carmen Nadal y Freyre viuda de del Moral y respe-tuosamente hacen constar a esta Hon. Corte:
‘ ‘ Que con el fin de que los interesados en esta testamentaría puedan llevar a feliz término una transación que han concertado entre sí,, respetuosamente se allanan a que se declare nula la relacionada orden que dictara el tribunal inferior, en dos de junio del año de 1934, apro-bando la partición de bienes en el caso de testamentaría de Carmen Nadal y Freyre viuda de del Moral, tramitado ante la Corte inferior bajo el número 17,284, sin especial condena de costas y sin per-juicio de que los procedimientos en dicha testamentaría prosigan sus trámites ante el tribunal inferior.
“13 de mayo de 1935.
“Respetuosamente,
(Fdo.) J. Alemañy Sosa, Abo-gado de Francisco del Moral.
(Fdo.) Pascasio Fajardo Martí-nez, Abogado de José Angel Salvador y María Teresa Mar-tínez y del Moral.
(Fdo.) Miguel A. García Mén-dez, Abogado de la Sucesión de Damián del Moral y Nadal.
(Fdo.) Ismael Soldevila, Aboga-do de Micaela del Moral de Domínguez.
(Fdo.) Alfredo Arnaldo, Abo-gado de Carmen del Moral Vda. de Romero.
(Fdo.) Oscar Souffront, Aboga-do de los Herederos de Feli-ciana del Moral y Nadal.”

Opinan los litigantes que esta corte puede, dentro de sus-facultades, dictar un fallo en la forma consentida y auto-rizada por los herederos a fin de que una vez terminada esta controversia puedan ultimar la transacción acordada. No ne-gamos nosotros el poder de este tribunal para darle efec-tividad a la voluntad de las partes en la forma convenida. Oreemos, sin embargo, que únicamente en casos excepcio-nales, cuando la justicia del caso así lo requiera, estaría esta corte justificada en revocar una sentencia mediante estipu-lación, sin disentir en sns méritos las cuestiones plantea-das. Sabemos qne generalmente los tribunales de apela-ción se inclinan a confirmar o revocar una causa pendiente ante ellos, cuando las partes así lo estipulan, especialmente en aquellos casos en que no surge de los autos razón alguna que impida un fallo conforme a lo convenido por las partes interesadas.

Bancroft establece el principio general de que una corte de apelación puede disponer de una causa pendiente ante ella -conforme a lo estipulado por las partes, sobre todo cuando un examen de los autos no descubre razón alguna que im-pida que la sentencia o decreto apelado se dicte de acuerdo con lo convenido. 9 Bancroft’s Code Practice and Remedies, 9691, 9692, sección 7364. Luego cita el autor, entre otros, algunos ejemplos de casos resueltos por los Tribunales Supremos de California, Oklalioma y Montana, donde estos tribunales se negaron a dictar sentencia en la forma solicitada.

En el primero de dichos casos se negó la revocación de una sentencia solicitada oralmente en audiencia pública por haber llegado las partes a un arreglo de las cuestiones con-trovertidas en relación con la finca Montana. “Esta mo-ción,” dijo la Corte Suprema de California, “así informal-mente hecha, se basa en una transacción la naturaleza de la cual no ha sido descubierta y en la afirmación de que la demandada Willis no fue una parte interesada o afectada por las conclusiones de hecho y sentencia relativa a la finca Montana. Pero en la alegación del demandante se dice que ella es dueña de la finca. La cóntestación de la demandada Willis admite esta propiedad; no hubo discusión sobre esta fase del caso. La cuestión en controversia es que ella tenía esta propiedad en fideicomiso y nosotros no percibimos nin-guna razón que justifique que la moción oralmente presen-tada sea concedida, y por tanto se niega.”

En el segundo caso resuelto por la Corte Suprema de Oklahoma se declara que la corte no puede, en virtud de una estipulación de las partes, descartar el récord y ordenar a la corte inferior que haga ciertas conclusiones de hecho, cuando la corte de apelación no tiene conocimiento de la existencia de ese hecho. En dicho caso se dice, a manera de dictum, que si las partes han llegado a una transacción, la corte, en virtud de moción o mediante estipulación, desestimará la apelación, pero no ordenará a la corte sentencia-dora que dicte una sentencia, cuando no tiene conocimiento de que tal sentencia deha dictarse. El mismo tribunal, en el caso de Smith v. Plains Petroleum Corporation, 25 P. (2d) 323, resuelto en 1933, revocó una sentencia a ruego de los litigantes que llegaron a una transacción. En dicho caso las partes autorizaron una estipulación, que sometieron a la corte, solicitando que la sentencia de la corte de distrito del Condado de Oklahoma fuese revocada y el caso devuelto a la corte inferior con instrucciones de dictar una sentencia de acuerdo con lo estipulado y conforme en forma y sustan-cia a la sentencia por las partes acordada. La Corte Su-prema de Oklahoma, luego de hacer constar que ni en la Constitución ni en la ley existía ninguna disposición que co-hibiese a la corte para dictar una orden ajustándose a lo estipulado, se expresó así:

“Es aparente, por lo tanto, que la aprobación o desaprobación de una estipulación es una materia dirigida solamente a la discre-ción de esta corte. Cuando aparece que la estipulación está dentro de las cuestiones planteadas en la apelación y que esta corte está revestida con jurisdicción sobre las partes y el objeto del litigio y la aprobación de tal estipulación es en bien de la justicia, tal estipula-ción debe ser aprobada.”

En el último caso, resuelto por la Corte Suprema de Nebraska, se dice que después que una causa ha sido amplia-mente argumentada y regularmente sometida en sus méri-tos, la corte de apelación puede, por buenas y suficientes ra-zones, negarse a rendir un decreto en la forma solicitada por las partes en una posterior estipulación, cuando el efecto sería revocar el fallo de la corte sentenciadora. En dicho caso el tribunal se expresó así:

“La estipulación se hizo sin el consentimiento del abogado de los apelados, quien como un amigo de la corte, afirma que el legatario Atie A. Hudson tiene hijos menores para los cuales no se ha nom-brado ningún defensor. Estos menores no son partes de esta de-manda. Si la corte sentenciadora interpretó acertadamente el testa-mento, ellos tienen derecho a una porción de la propiedad inmueble del testador cuando termine el usufructo que en ella tienen durante su vida, su abuela y su padre. Si la corte inferior interpretó debida-mente el testamento, esta porción no sería protegida por el decreto conforme a lo estipulado por las partes.”

Las decisiones citadas por Bancroft demuestran que en cada uno de estos casos las cortes estuvieron justificadas en negarse a dictar sentencia conforme a lo estipulado.

En el caso de San Jacinto Rice Co. v. Hamman, 247 S.W. 500, las partes acordaron una transacción que sometieron a la corte para su aprobación. La Comisión de Apelacio-nes de Tejas opinó que esta estipulación debía aceptarse para facilitar la ejecución de lo convenido por las partes, expresándose en estos términos:

“Por lo tanto, nosotros, sin considerar en modo alguna los méri-tos del caso y teniendo en cuenta únicamente la transacción acordada por las partes, recomendamos que las sentencias de la Corte de Dis-trito y de la Corte de Apelaciones Civiles sean revocadas y la causa devuelta a la primera para que la corte sentenciadora pueda dictar la sentencia, ajustándose a lo estipulado en el convenio aquí trans-crito. ’ ’

Las sentencias de las referidas cortes fueron revocadas y el caso devuelto a la corte de distrito con las instrucciones recomendadas por la Comisión de Apelaciones.

En el caso de Mantle v. Largey, 72 Pac. 303 (28 Mont. 38), se dictó sentencia en favor del demandado. Luego la corte, a petición del demandante, dictó una orden concediendo un nuevo juicio, que fue apelada por el demandado. Las partes transigieron sus diferencias y solicitaron que la re-ferida orden fuese revocada. La Corte Suprema de Montana accedió a lo solicitado, expresándose en los siguientes términos:

“Las partes en este pleito han radicado una estipulación en virtud de la cual alegan que han dirimido sus diferencias y controversias por medio de una transacción de todas las cuestiones envueltas: que de-sean que la orden apelada sea revocada, de modo que la sentencia de la corte de distrito pueda quedar en vigor; que se envíe el man-dato inmediatamente y se pide que se resuelva así la apelación porque está de conformidad con los términos de la transacción lle-vada a cabo por las partes. Se solicita que esta corte dicte una orden de acuerdo con lo estipulado. Cuando la estipulación fué radicada y el abogado solicitó que dictásemos esta orden, nosotros tuvimos dudas con respecto a si podríamos, actuando propiamente, revocar la actua-ción de la corte de distrito en virtud de un convenio de las partes, sin examinar los autos y determinar que la actuación de dicha corte fué en realidad errónea. Sin embargo, habiendo considerado el caso, creemos que es el deber de esta corte, en tanto en cuanto le sea posible, cuando no hay cuestión con respecto a su jurisdicción en el caso particular estimular a las partes para que zanjen sus controversias, remo-viendo cualquier obstrucción que pueda colocarse en el camino de la transacción. ’ ’

En el caso de Kee Co. v. U. S., 13 U.S. Ct. Cust. App 111, el abogado del gobierno se allanó en su alegato a que se re-vocase cierto pronunciamiento comprendido en el recurso de apelación. La Corte de Apelaciones de Aduanas no tuvo a bien acceder a lo solicitado, por las razones que a continua-ción se expresan:

“Ordinariamente, cuando los abogados de las partes en una ape-lación llevan a cabo una estipulación, lo que no se ha hecho en el presente caso, y formalmente la presentan a esta corte para revocar o confirmar, una sentencia de la corte inferior, tal estipulación es aceptada por este tribunal, dictándose sentencia de revocación o con-firmación, según sea el caso, conforme a lo estipulado. Sin embargo, en el caso ante nos, los hechos y la ley aplicables han sido amplia-mente presentados, habiendo la corte llegado a una conclusión con res-pecto a la ley del caso que está en desacuerdo con los puntos de vista expresados por los abogados de las partes, y por lo tanto nos vemos obligados a dictar sentencia de conformidad con nuestro criterio.”

En términos generales, puede decirse que los tribunales de apelación se sienten inclinados a respetar las estipulacio-nes de las partes, cuando no surge de los autos razón alguna que impida que el caso se resuelva conforme a lo convenido, aunque baya que revocar la sentencia apelada. Esta corte, en Manrique de Lara v. Garrosi, 23 D.P.R. 408, se negó a re-vocar la sentencia, a pesar de haberlo solicitado así oral-mente y en audiencia pública la parte apelada. En dicho caso el tribunal estuvo justificado en su negativa por el ca-rácter de la controversia, porque no hubo estipulación y por-que la parte apelante formuló su oposición a que se revo-case el fallo, sin discutirse en sus méritos.

En el presente caso se pide que dejemos sin efecto una orden aprobando las operaciones divisorias de los bienes de la sucesión de doña Carmen Nadal y Freyre Viuda de del Moral, a fin de que los herederos puedan ultimar la transac-ción acordada que deberá ser sometida a la aprobación de la Corte de Distrito de Mayagüez por intervenir menores en dichas operaciones. Los tribunales de justicia han visto siempre con agrado y favorecido la terminación de los liti-gios en virtud de acuerdo y transacción, especialmente cuando se trata de zanjar diferencias entre familia sobre distribu-ción de propiedad, como ocurre en el presente caso con los herederos comparecientes. Nos hallamos, a nuestro juicio, en presencia de un caso excepcional en que esta corte debe ejercitar sus facultades discrecionales, en bien de la justi-cia, facilitando a los referidos herederos los medios de ulti-mar la transacción acordada y zanjar satisfactoriamente las diferencias surgidas, algunas de las cuales han llegado a co-nocimiento de este tribunal.

Debe dejarse sm efecto la resolución apelada en la forma solicitada por los herederos ■comparecientes.


author: El Juez Asociado Seños. Hutchison,

text:
    Sergio Muñoz y Domingo Quintana, demandantes y apelados, v. Eusebio Benítez Carrillo, Santiago Iglesias Silva y Félix Benítez Rexach, demandados y apelante el último.
    No. 6725.

    Sometido: Mayo 8, 1935.

      Resuelto: Junio 10, 1935.

      Rafael Buscaglia, abogado del apelante; G. Cruzado Silva, abogado de Iglesias Silva; González Fagundo & González, Jr., abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Seños. Hutchison,

emitió la opinión del tribnnal.

Félix Benítez Bexach., nno de varios demandados, soli-citó el traslado del caso de la Corte de Distrito de Hnmacao a la Corte de Distrito de San Jnan. Benítez Bexach era vecino de San Jnan. Los otros demandados residían en el distrito de Hnmacao. La corte de distrito declaró sin lngar la moción.

La teoría de la moción fné qne los demandados qne residían en Hnmacao no eran partes necesarias, qne debieron haber comparecido como demandantes en vez de demandados y qne se les hizo partes demandadas con el único fin de impedir nn posible traslado. Benítex Bexach se basó en la demanda misma como prneba suficiente de los hechos necesarios para sostener esa teoría.

Cuando bay un número de demandados y algunos de ellos, al instituirse el litigio, residen en el distrito en que éste se ba iniciado, de ordinario no se concederá el traslado. Artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil; Nieves v. Sucesión Mangual, 31 D.P.R. 551, y Sella Vélez v. Pacheco, 35 D.P.R. 658. La acumulación fraudulenta de un demandado residente contra quien la parte demandante no tiene causa de acción, meramente con el objeto de impedir que el ver-dadero demandado no residente obtenga el traslado, no se permitirá que logre ese resultado. Véase McDonald v. California Timber Co., 151 Cal. 159 y otros casos citados en Bancroft’s Code Practice, Vol. II, 1447, sección 1006. En tal caso no existe desde luego ningún verdadero demandado residente.

Los demandantes Muñoz y Quintana alegaron que en abril de 1928 habían suscrito, como fiadores, y Eusebio Benitez Carrillo, como principal, cierto pagaré que se copia íntegramente en la demanda, a favor del Banco de Yabucoa por la suma de $3,000; que todo este dinero fué entregado por el banco al demandado Benitez Carrillo y utilizado por éste en operaciones agrícolas; que el banco instó demanda en cobro del pagaré contra los demandados (sic) y Benitez Carrillo y embargó ciertos bienes pertenecientes a Benitez Carrillo, y que entonces los demandados Benitez Rexacb e Iglesias Silva suscribieron una fianza para levantar el embargo sobre los referidos bienes, y que éstos fueron entre-gados a Benitez Carrillo, quien dispuso de los mismos en su propio, beneficio; que después que el banco babía obtenido sentencia contra Benitez Carrillo, Muñoz y Quintana, loa demandados Benitez Rexach e Iglesias Silva pagaron dicha sentencia haciendo constar que habían adquirido la misma e iniciaron una acción bajo el número 15,692 en la Corte de Distrito de Humacao contra Muñoz y Quintana, aquí deman-dantes en la cual Benitez Rexacb obtuvo sentencia contra los aquí demandantes por la suma de $3,000 como principal, más intereses al 12 por ciento, la que fué confirmada en apelación por el Tribunal Snpremo; qne Benitez Rexach no pagó solidariamente al banco el importe de la sentencia ob-tenida por éste contra Muñoz, Qnintana y Benitez Carrillo, sino sólo la mitad de la misma, y qne la otra mitad fné pa-gada por Iglesias Silva, qnien, en diciembre 20, 1930, por valor recibido, cedió a Sergio Mnñoz la mitad de la senten-cia, y qne Benitez Rexach, demandante en el pleito número 15,692, trata ahora de recobrar el importe total de dicha sentencia, qne no es ni ha sido nunca propiedad suya; que Quintana y Mnñoz eran fiadores de Benitez Carrillo en el pagaré arriba mencionado y qne por consiguiente nada le debían al banco y, habiéndose levantado el embargo sobre los bienes de Benitez Carrillo, qne eran suficientes para cu-brir la sentencia qne pudiera recaer en favor del banco, Be-nitez Carrillo quedó insolvente; y que Iglesias Silva y Be-nitez Rexach, como fiadores de Benitez Carrillo en el levan-tamiento del embargo, estaban en la obligación de pagar a los demandantes el importe de la sentencia originada por el pagaré suscrito a favor del banco y que no obstante tal obligación Benitez Rexach pretende cobrar de los deman-dantes la cantidad total de dicha sentencia, que no le perte-nece.

Se solicitaba sentencia contra los demandados en el sen-tido de que los demandantes no están obligados a pagar a Benitez Rexach cantidad alguna por virtud de la sentencia dictada en el caso número 15,692, seguido ante la Corte de Distrito de Humacao, y que dicha sentencia es inexistente por no haber sido satisfecho el importe de la sentencia anterior en su totalidad por Benitez Rexach; y que Benitez Rexach e Iglesia Silva como fiadores de Benitez Carrillo, están obligados a pagar el importe de la sentencia dictada en el pleito seguido por el banco contra Benitez Carrillo, Muñoz y Quintana.

Iglesias Silva, al igual que Benitez Rexach, fué respon-sable del levantamiento del embargo y de la pérdida de los bienes embargados del deudor insolvente Benitez Carrillo en el pleito seguido por el banco contra el aludido Benítez Carrillo y sus fiadores, aquí demandantes. Fué Iglesias Silva quien pagó la mitad de la sentencia dictada en favor del banco y quien entonces, en unión de Benítez Kexach., ins-tituyó acción contra los aquí demandantes para recobrar el importe total de dicha sentencia. Fué aparentemente Igle-sias Silva quien así colocó a Benítez Kexach en posición de obtener sentencia contra los aquí demandantes por el im-porte total de la sentencia que se alegaba había sido com-prada por Benítez Kexach e Iglesias Silva del banco. Fué Iglesias Silva quien, como supuesto adquirente y dueño de la mitad de la sentencia dictada a favor del banco, traspasó la misma en diciembre 20, 1930, a Muñoz, uno de los aquí demandantes. Es el importe total de esa sentencia lo que Benítez Kexach trata de recobrar ahora de los aquí deman-dantes.

Benítez Kexach pretende exigir a los demandantes el im-porte de una sentencia obtenida por él en pleito iniciado contra los demandantes, no por él individualmente, sino por él e Iglesias Silva. De los autos no se desprende cómo él, por sí solo, obtuvo sentencia en dicha acción por el importe total reclamado por él e Iglesias Silva. La inferencia es que en el curso del litigio se convirtió en cesionario de Igle-sias Silva o que en alguna otra forma adquirió o parecía haber adquirido la participación de Iglesias Silva. Ésta es la misma participación que Iglesias Silva en diciembre 20, 1930, cedió al demandante Muñoz. Los aquí demandantes tratan de evadir el pago de la suma reclamada por Benítez Kexach, fundados en que Iglesias Silva y Kexach, al lograr el levantamiento del embargo en el pleito instituido por el banco en cobro de pagaré y que dió lugar a que los bienes embargados se perdieran, se hicieron responsables hacia los aquí demandantes como fiadores de Benítez Carrillo en el pagaré suscrito en favor del banco por el importe de la sen-tencia obtenida por éste contra ellos como tales fiadores, que es la suma reclamada ahora por Benítez Rexach. En otras palabras, la teoría de la demanda es que Iglesias Silva es mancomunada o mancomunada y solidariamente respon-sable para con los demandantes del importe total que Beni-tez Rexacb trata de cobrar de los demandantes. El resal-tado en el presente litigio, de ser adverso a los demandados, paede eqaivaler a la determinación de qae Iglesias Silva, como fiador de Benitez Carrillo, estaba y está obligado, en anión de Benitez Rexacb, a pagar el importe de la senten-cia obtenida por el banco en el pleito segaido por éste contra Benitez Carrillo y los aqaí demandantes.

El apelante en sa alegato se limita a decir qae si los demandados Iglesias Silva y Benitez Carrillo tienen algún in-terés en el caso, tal interés está anido al de los demandan-tes y qae estos demandados debieron anirse en el litigio como demandantes. Los becbos alegados en la demanda no sientan base satisfactoria para esta conclnsión. Si los aqaí demandantes, en lagar de Iglesias Silva y Benitez Rexacb, babiesen sido obligados a pagar la sentencia del banco, ellos babieran tenido ana baena cansa de acción contra Iglesias Silva y Benitez Carrillo, así como contra Benitez Rexacb, para recobrar la cantidad por ellos pagada. Eliminando toda caestión de res judicata y asumiendo qae a los deman-dantes les faera posible probar las alegaciones de sa de-manda, no vemos razón algana por la caal la responsabili-dad de los tres demandados entre sí y con los aqaí deman-dantes, no debía determinarse en el presente litigio. No im-porta caán deficiente sea la demanda, ésta adace becbos sa finientes para determinar ana cansa de acción contra Igle sias Silva, de no adacirla tanto contra él y contra Benitez Carrillo.

Cnanto bemos dicbo resaelve la caestión de mala fe o de intención fraadalenta de anticipar e impedir an posible tras-lado. Sin embargo, podemos agregar de paso qae los de-mandantes, al oponerse a la moción de traslado, llamaron la atención del jaez de distrito bacia el becbo de qae Iglesias Silva babía comparecido en el pleito y se babía sometido a la jurisdicción de la corte de Humacao. El escrito de ape-lación fué dirigido al letrado del demandado Iglesias Silva, así como .a los de los demandantes, y fué notificado al abo-gado de Iglesias Silva y a los letrados de los demandantes.

La resolución apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Municipio de Añasco, demandante y apelante, v. José R. Vélez, demandado y apelado.
    No. 6389.

    Sometido: Mayo 2, 1934.

      Resuelto: Junio 10, 1935.

      Ildefonso Freyre, abogado del apelante; M. Figueroa del FosaA'io, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en que el Municipio de Añasco inició un pleito de desahucio alegando que el demandado ocupaba en precario una parcela de terreno situada en la Plaza Principal, perteneciente al demandante, en la que se había cons-truido un Mosco. En realidad, la verdadera cuestión en-vuelta en este caso es el derecho del demandado a plantear un conflicto de títulos con respecto al Mosko de que está en. posesión. De la evidencia presentada no hay duda de que el municipio es el dueño del terreno en que el Mosko está construido, y tampoco puede haberla de que el demandado es el verdadero dueño y poseedor del kiosko.

En los alegatos se discute algo sobre la suficiencia de la descripción del sitio en que el kiosco está ubicado pero no te-nemos duda de que tanto después como antes del juicio, por enmienda o en alguna otra forma, las partes estuvieron de-bidamente informadas del sitio en que se levantaba dicho kiosco.

La prueba tendió fuertemente a demostrar, según halló la corte, que el kiosco fué construido sobre ese terreno hace unos veinticinco años por Vicente Barletta. Cambió de dueño varias veces hasta que llegó a poder del demandado. La prueba tendió igualmente a demostrar que el demandado compró el kiosco del dueño inmediatamente anterior y se admitió que él pagaba por el agua y quizá por otras cosas que adquiría; que ni él, ni ninguno de los anteriores due-ños, pagaban nada al municipio por el uso del kiosco. De los autos consta que el demandado pagó contribuciones por el kiosco mismo, aparentemente al Pneblo de Puerto Rico.

La corte inferior halló o concluyó, según sea el caso, que el demandado ocupaba el kiosco a virtud de una concesión háchale por el municipio. El Secretario Auditor de Añasco trató de negar la concesión, pero admitió que no tenía en su poder constancia alguna anterior a 1920. Admitió, ade-más, que según sus libros, quizá con una excepción, nadie, pagaba por solares en el Municipio de Añasco.

La corte inferior no trató de averiguar exactamente cuál era la naturaleza del derecho de que disfrutaba el deman-dado, sino que se conformó con decir que hubo una conce-sión, que surgió un conflicto de títulos y que el mismo no po-día ser resuelto en un procedimiento de desahucio, citando varios casos de este Tribunal.

Nos sentimos inclinados a convenir con el apelado en que cuando se demuestra, como en el presente caso, que el edificio fué construido hace más de veinte y cinco años y que el demandado y sus causantes han estado usando y dis-frutando el mismo durante todo ese período de tiempo a cien-cia y paciencia del municipio, surge la presunción de que existe un permiso o. concesión del municipio.

No es un absurdo que el apelado sostenga que después que el municipio ha permitido que un hombre y sus causan-tes ocupen un ldosco en la plaza por espacio de más de vein-ticinco años su derecho a estar en el mismo no puede ser atacado o resuelto en un procedimiento de desahucio.

El apelante puede estar enteramente en lo cierto al sos-tener que el demandado no podía adquirir un derecho per-manente al ldosco; que el municipio siempre fendría-de-recho a revocarle la licencia valiéndose del recurso adecuado. Gran parte del alegato del apelante se refiere al derecho claro del municipio y a la ausencia de un derecho en el de-mandado.

El apelado llama nuestra atención hacia el hecho de que en Puerto Rico se han construido Moscos generalmente en las plazas públicas, pero, sin embargo, esta costumbre no podría impedir que determinado municipio pusiera fin a la misma.

Somos del criterio que el remedio adecuado del deman-dante en este caso hubiera sido proceder de conformidad con la sección 70 de la Ley Municipal (Leyes de 1928, pág. 391). Copiamos dos párrafos de dicha sección, a saber:

“La asamblea municipal podrá, a petición, conceder solares a per-petuidad, para la construcción de casas en los mismos, en las condi-ciones que fije aquélla en ordenanza aprobada al efecto; y una vez concedido un solar como queda dicho, tendrá el dueño de la casa cons-truida en él, el uso de dicho solar durante todo el tiempo que man-tuviere allí un edificio en buenas condiciones, de acuerdo con los re-glamentos establecidos en dicha ordenanza. i C * 4js 5* # c£
‘ ‘ Cuando la Asamblea Municipal estimare lleg’ado el caso de tratar de la caducidad de una de estas concesiones, se citará al concesionario, con antelación de treinta (30) días por lo menos, para que comparezca ante la Asamblea y exponga su derecho, en sesión que al efecto se celebrará. Oído que sea el interesado, la Asamblea resolverá de acuerdo con la ley y de conformidad con la prueba justificada; y la resolución que adopte será firme, si el concesionario no acude en el término de treinta (30) días de notificársele la resolución, estable-ciendo la oportuna demanda ante la corte de distrito del distrito a que el municipio pertenezca; y visto de nuevo el caso en dicha corte, la decisión de ésta será definitiva.”

Colegimos de esta ley que es la asamblea municipal la que tiene el derecho administrativo a determinar quién ha de ocupar los sitios públicos, en caso de que alguien deba ocuparlos; y que al demandado debió dársele la oportuni-dad de ser oído ante la asamblea municipal.

Hemos examinado alguna de la jurisprudencia al efecto de que el arrendatario de un puesto en el mercado tiene derechos. State v. Burkett, 119 Md. 609, 87 Atl. 514, citando el de Green v. Western National Bank, 86 Md. 280, 38 Atl. 131, en que se resolvió que tales derechos participan de la naturaleza de una servidumbre. No vamos al extremo de decir que el derecho a un Mosco es de la naturaleza de una servidumbre en Puerto Pico, mas hacemos referen-cia a estos casos en el sentido de que sostienen la conclusión de que el dueño de un Mosco tiene un derecho del que no' puede privársele mediante un procedimiento de desahucio.

Las partes también han discutido el alcance del caso de La Ermita v. Collazo, 41 D.P.R. 596, por un lado, y por el otro los de Schuck v. Verdejo, 43 D.P.R. 955 y Rubert Hnos. v. Hernández, 43 D.P.R. 960, así como el de Saldaña v. Concejo Municipal de San Juan, 15 D.P.R. 37, pero ninguna de estas citas tiene aplicación específica alguna a los hechos del caso que tenemos ante nos. Quedan así resueltos tres de los señalamientos de error.

El apelante no nos convence de que hubo un abuso de discreción al imponerle las costas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no está conforme con la condena en costas al municipio. Tampoco con todos los fundamentos de la opinión.