author: El Juez Pkesidente SeñoR Tkavieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Ramos Cruz, conocido por “El Congo”, acusado y apelante.
    Núm. 10702.

    Sometido: Enero 17, 1945.

      Resuelto: Enero 19, 1945.

      Lionel Fernández Méndez, Juan A. Faria, Juan G. Soto j F. Her-nández Vargas, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de. El Pueblo, apelado.
   El Juez Pkesidente SeñoR Tkavieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué convicto de nn delito de asesinato en se-gundo grado y condenado a la pena de veinte años de pre-sidio. Los tres señalamientos en qug basa su recurso serán considerados brevemente.

• En el primero se alega que la corte inferior erró •al no decretar la suspensión de la. vista, solicitada por el acusado.

La acusación filé leída al acusado el día 24 de marzo, 1944. Habiendo comparecido el acusado sin abogado, la corte le designó uno para que le asistiera en el acto del arraignment, advirtiéndole de su derecho a designar otro abogado si deseaba hacerlo. Le advirtió, además, que no debía solicitar suspensiones que no estuvieran bien funda-das, pues no le serían concedidas.

En mayo 1 de 1944 se señaló la vista del caso para el 29 del mismo mes, con aviso al acusado, y a su abogado. En mayo 17 el Licenciado Samuel R. Quiñones, abogado del acu-sado, radicó una moción solicitando la suspensión de la vista. Dicha moción fué declarada sin lugar, pero por un error se notificó al abogado que la suspensión había sido concedida. El error fué subsanado el 24 de mayo de 1944 y en esa misma fecha el .Licenciado Quiñones renunció la representación del acusado. Encomendó éste su defensa a los abogados Fer-nández García y Fernández Méndez. El 25 de mayo, el Li-cenciado Faría, miembro de dicho bufete, solicitó la suspen-sión de la vista alegando que uno de los socios estaba en-fermo y el otro ausente y que él, Faría, que era el único disponible, habría de estar en Mayagüez durante los días 26 y 27 de mayo participando como fiscal especial en una vista ante la Comisión de la Policía Insular; y que por esas cir-cunstancias, el tiempo de que podía disponer era insuficiente para preparar la defensa del acusado. El día 29 de mayo al ser llamado el caso, el abogado defensor solicitó de nuevo la suspensión de la vista, negándose la corte a concederla.

Sostiene el apelante que la resolución denegatoria de la suspensión de la vista privó al acusado de su derecho cons-titucional a estar asistido de abogado, toda vez que éste no tuvo tiempo suficiente para preparar su defensa.

Esta Corte Suprema ha sostenido en varias de sus deci-siones el derecho que tiene todo acusado a que después de haberle sido leída la acusación y hecho su alegación de ino-cencia se le conceda un período de tiempo suficiente para preparar su defensa. En el caso de autos, el acusado hizo su alegación el 30 de marzo de 1944 y la vista fue señalada para el día 29 de mayo del mismo año. Tuvo, pues, el acu-sado un período de dos meses para preparar su defensa; y cinco días desde que el Licenciado Quiñones renunció su re-presentación hasta la fecha del juicio.

Opinamos que en el presente caso la corté inferior no abusó de su discreción al declarar sin lugar la moción de suspensión. Más aún, el error, si alguno se hubiere come-tido, en nada pudo perjudicar al acusado. Éste estuvo re-presentado durante todo el juicio por el Licenciado Faria y por dos abogados más, quienes intervinieron en la vista desde su comienzo. La transcripción de la evidencia, que hemos examinado cuidadosamente, nos ha convencido de que el acu-sado estuvo hábil y competentemente defendido.

En el segundo señalamiento se queja el apelante de la resolución de la corte al excusar a un jurado. Veamos lo ocurrido, según consta en el récord.

Durante el sorteo de los jurados que habían de conocer de la causa, el Secretario llamó al jurado Pedro Rodríguez Medina, de Río Piedras, quien ya había visitado al juez en su despacho para pedirle le excusara de servir como jurado ese día, alegando que él era comerciante, que sus dos em-pleados estaban enfermos y que para poder venir a la corte había tenido que dejar en su establecimiento a un hermano suyo que no sabía nada del negocio. Se opuso la defensa y la corte excusó al jurado, después de haber éste insistido en que se le excusara.

El artículo 189 del Código de Enjuiciamiento Criminal confiere a las cortes de distrito la facultad discrecional ne-cesaria para excusar a una persona que ha sido citada para servir como jurado. Esa excusa no debe desde luego ser concedida por un motivo leve o trivial o por evitar al jurado la mera molestia de tener que dejar su negocio. En el caso de autos, la corte inferior hizo buen uso de su discreción al excusar al jurado. La causa alegada por éste era justa y suficiente. Además, el acusado no tiene derecho a ser juz-gado por un jurado determinado.

Al dictar su resolución denegando la moción de suspensión, formulada al ser llamado el caso y antes de que se procediese a sortear el jurado, la corte se expresó así:

"Se radicó otra moción de suspensión y la corte la denegó y ahora deniega la reconsideración solicitada y añade más que el acu-sado tiene la culpa de lo que pueda ocurrirle. en este ca-so, debido a su negligencia y a su apatía.” (Bastardillas nuestras).

Alega el apelante que las palabras que hemos puesto en itálicas tendieron a desacreditar o prejuiciar al acusado con el jurado.

Del récord aparece claramente, que en el momento en que el juez pronunció las palabras transcritas el jurado no ha-bía sido llamado ni se había dado comienzo al sorteo. Con-venimos con el apelante en que no era necesario que el juez expresara su opinión en cuanto a las actuaciones del acu-sado en relación con el nombramiento de abogado defensor, pero, como dijimos en el caso de El Pueblo v. Busigó, 63 D.P.R., 1006, 1010, “ese incidente era tan extraño al juicio por asesinato que iba a ventilarse, que no vemos cómo podía el jurado ser por ello influido en su veredicto.” Nada en-contramos en el récord que demuestre que el jurado no cum-plió con su deber de dar un veredicto de acuerdo con la evi-dencia. Y siendo ésta ampliamente suficiente para justificar el rendido en este caso, la sentencia recurrida debe ser con-firmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Ramón Rivera González, recurrente v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1158

    Sometido: Diciembre 1, 1944.

      Resuelto: Enero 25, 1945.

      José Veray, Jr., abogado del recurrente; Ciro Málatrasi, Jr., Asesor Legal de la Junta de Planificación, Urbanización y Zonificaeión de Puerto Rico, como amicus curiae; el registrador recurrido compa-reció po¡r escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura de 17 de septiembre de 1944 ante el notario José Veray, Jr., Julio Rivera y su esposa declararon ser dueños de una finca rústica radicada en el barrio Camase-yes de Aguadilla que mide once metros de frente por vein-tiuno de fondo. Linda por el norte y el oeste con solar de Julio Rivera,' por el sur con la Carretera núm. 2 que conduce de Isabela a Aguadilla, y por el este con María Eugenia Alvarez antes, boy Arturo Molinary. En el solar encla-van dos casas terreras de madera, una de las cuales mide 16 pies de frente por 16 de fondo, y la otra 16 pies de frente por veinte de fondo. Por la misma escritura Julio Rivera y su esposa segregaron de esa finca una parcela de once metros de frente por once de fondo y la vendieron a Ramón Rivera. La parcela vendida a Ramón Rivera se describe así:

“Rústica, solar radicado en el barrio Camaseyes de Agnadilla, que mide once metros de frente por once metros de fondo, o sea tin área de ciento veintiún metros cuadrados, en lindes al norte y oeste con Julio Rivera; al este con Arturo Mloliaary, y al sur con la Carretera Insular núm. dos de Isabela a Aguadilla. Contiene una casa de madera, terrera y techada de zinc.”

Ramón Rivera presentó la escritura en el Registro de la Propiedad de Agnadilla, pero el registrador denegó su ins-cripción por no acompañarse certificación acreditativa de haberse dispensado la presentación del plano de lotificación requerido por la Ley de Planificación, Urbanización y Zoni-fieación de Puerto Rico y el Reglamento de Lotificación, to-mándose anotación preventiva.

En el recurso gubernativo interpuesto por Ramón Rivera se arguye que no tratándose de una venta de terreno en áreas urbanas o para urbanizaciones, el registrador erró al dene-gar la inscripción.

El artículo 2 de la citada ley prescribe que “ ‘Lotificación’ significa la división o subdivisión de un solar, predio o parcela de terreno en dos o más partes para la venta o para una nueva construcción, e incluye urbanización como hasta ahora se ha usado en la legislación de Puerto Rico.” En el presente caso consta del Registro que con anterioridad a la aprobación de la ley habían sido ya construidas las dos casas de madera que enclavaban en la finca principal, una de las cuales fué la vendida a Ramón Rivera; pero la división de la parcela de terreno — la lotificación — no se llevó a efecto hasta el 22 de septiembre de 1944, cuando ya estaban en vigor tanto la Ley como el Reglamento de Lotificación. Sepúlveda v. Registrador, ante, pág. 449.

Al definir el término “lotificación,” a los efectos de la ley, no se excluyen de su significado las parcelas de terreno donde existan edificaciones. Por consiguiente, cuando el 22 de septiembre de 1944 Julio Rivera y su esposa dividieron su solar de 231 metros cuadrados para vender la parcela a Ramón Rivera, practicaron una lotificación contemplada por la ley.

Se arguye por el recurrente que el Reglamento de Lotificación se aplica a zonas o áreas urbanas y no a las rurales. El artículo 10 de la ley expresamente autoriza a la Junta de Planificación para adoptar reglamentos que rijan la lotificación de terrenos en Puerto Rico. Y el Reglamenta de Lotificación aprobado a virtud de la ley dispone en su artículo 1 que toda lotificación (urbanización) de terrenos “tanto urbanos como rurales” se regirá por las disposiciones del Reglamento de Lotificación. Existiendo esa disposición expresa en el Reglamento de Lotificación, debemos concluir que a menos que- esa disposición esté en conflicto con la ley, existe en la Junta facultad para bacer extensivo a las zonas rurales el Reglamento de Lotificación. Un examen de la ley demostrará que ninguno de sus artículos probibe a la Junta reglamentar urbanizaciones en la zona rural. Por el contrario, el artículo 28 de la ley, refiriéndose al artículo 23 de la misma, que trata de los reglamentos de zonificación, dispone que “quedan específicamente eliminadas de los efectos del artículo 23 de esta ley las zonas rurales y agrícolas de Puerto Rico,” lo que a contrario sensu significa que las zonas rurales y agrícolas de Puerto Rico, en cuanto no se trata de reglamentos de zonificación, están sujetas a los efectos de la ley. Es de conocimiento público la costumbre general en los países civilizados de bacer urbanizaciones a alguna distancia de las ciudades, y la reglamentación de tales urbanizaciones cae dentro del propósito general de la ley,, expresado en su artículo 3, que dice así:

“Los poderes concedidos en esta Ley se ejercerán con el propó-sito general de guiar el desarrollo de Puerto Rico de modo coordi-nado, adecuado y económico, el cual, de acuerdo con las actuales y futuras necesidades y los recursos humanos, físicos y económicos, hubiere de fomentar en la mejor forma la salud, la seguridad, la-moral, el orden, la conveniencia, la prosperidad, la defensa, la cul-tura, la solidez económica y el bienestar general de los actuales y futuros habitantes, y aquella eficiencia y economía en el proceso de desarrollo, en la distribución de población, en el uso de las tierras y en las mejoras públicas que tiendan a crear condiciones favorables a tales fines.”

Y el citado artículo 10 de la ley, tratando del Beglamento de Lotificación, entre otras cosas prescribe:

“Al adoptar reglamentos y considerar subdivisiones de terrenos, la Junta se guiará por la conveniencia de evitar subdivisiones de terrenos en áreas que no estén listas para tales desarrollos debido a la falta de instalaciones, a la distancia de otras áreas construidas, o a otras deficiencias sociales, económicas y físicas, análogas. ’ ’

Es verdad que la casa construida en el solar vendido a Bamón Bivera había sido edificada mucho antes de apro-barse la Ley de Planificación, Urbanización y Zonifieación de Puerto Bico, y a primera vista esta circunstancia parece in-dicar que la transacción objeto de la escritura no debe estar sujeta a la ley ni al Beglamento de Lotificación, ni tampoco al aprobado por el Procurador Greneral de Puerto Bico por la autoridad conferídale por la ley. Pero a poco que refle-xionemos sobre el asunto, nos daremos cuenta de que el Be-glamento de Lotificación, independientemente de la construc-ción del edificio, exige ciertos requisitos en relación con el solar donde el edificio enclava, por ejemplo, el área del solar, su separación del límite de solares contiguos, abasteci-miento de agua para el solar en forma que se ajuste a los requisitos del Departamento de Sanidad, área del patio en frente, al lado o detrás del edificio, etc. Si el solar donde enclava la casa vendida a Bamón Bivera no se ajusta a los requisitos exigidos por la ley, indudablemente que la Junta de Planificación podría requerir que de alguna manera se corrigiese la deficiencia, bien, sea adquiriendo más solar o en alguna otra forma razonable dentro de las circunstancias. A estos efectos, prescribe el artículo 51 del Beglamento de Lotificación, que cuando se demuestre a la Junta qué existen dificultades extraordinarias que impidan el cumplimiento cabal del Reglamento, la Junta podrá modificar la aplicación de cualquier sección del mismo, siempre y cuando no se per-judique el bienestar público. La Ley no concede al registra-dor discreción alguna en cuanto a eximir de las obligaciones impuestas por la ley o los reglamentos. Su deber es recha-zar el documento del cual se solicita inscripción si no se pre-senta el correspondiente plano aprobado por la Junta o la certificación de la correspondiente dispensa otorgada tam-bién por la Junta. Como en este caso no se presentó ni una ni otra cosa, actuó correctamente el registrador al denegar la inscripción del documento.

Se confirma la nota recurrida.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Elías Bou, acusado y apelante.
    Núm. 10608.

    Sometido: Noviembre 16, 1944.

      Resuelto: Enero 25, 1945.

      José E. Bosch Boque, abogado deh apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de el Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue convicto de transportar, con destino al consumo humano, leche de vaca adulterada con agua, y sen-tenciado a pagar veinticinco dólares de multa. Admitió que la leche resultó adulterada y que era destinada al consumo humano, pero alega que los hechos prohados no constituyen delito alguno, invocando el artículo 61 del Reglamento de Sanidad núm. 96, promulgado por el Gobernador el 26 de septiembre de 1937. De conformidad con el citado artículo, la persona que tenga la leche en su poder quedará exenta de responsabilidad si se comprobare que la recibió en el mismo envase en que se encontraba al tomarse la muestra sin que hubiere alterado sus tapas o precintos, si los tuviere. En efecto, la evidencia concluyentemente estableció que los ja-rrones de leche ocupados al apelante mientras los conducía por Cataño para entregarlos al depósito de leche de Eligió de Jesús, venían tapados y las tapas fijas con cadenas y candados, y que una llave de cada candado la tenía la va-quería y la otra el citado dueño del depósito de leche, de suerte que el apelante no podía abrir los jarrones sin des-truir los candados. Es evidente, pues, que el caso del ape-lante está comprendido dentro de los términos del artículo 61 del Reglamento de Sanidad núm. 96.

La Ley núm. 81 Para Reorganizar el Servicio de Sani-dad, aprobada el 14 de marzo de 1912, pág. 126, impone a la Junta Insular de Sanidad el deber de prescribir reglamentos “para regir el transporte de leche y otros productos de va-querías.” La cuestión a determinar es si la Junta. Insular de Sanidad se excedió en los poderes que le delegó la Asam-blea Legislativa a virtud de la Ley núm. 81 de 1912, en vista de lo dispuesto en la sección 1 de la Ley núm. 77 aprobada el 12 de agosto de 1925, pág. 559, que dice:

■‘Toda persona que adulterare o diluyere, leche y toda persona que la vendiere ... o que la transportare . . . con el fin de dedi-carla al consumo humano . . . será culpable de delito menos grave (misdemeanor) y convicta que fuere, castigada en la primera vio-lacióti eon multa no menor de veinticinco (25) dólares, ni mayor de (100) dólares.”

La sección que acabamos de transcribir declara constitntivo de delito la transportación de lecbe adulterada con el fin de dedicarla al consumo humano, sin que la intención criminal sea un elemento del delito. Consecuentemente, el que se dedica a la transportación de leche de vaca para el consumo humano asume el riesgo de incurrir en el delito si la leche resulta adulterada, aunque el porteador ni directa ni indirectamente haya intervenido con el producto ni tenga conocimiento al transportarlo de que estaba adulterado. Pueblo v. Cartagena, 37 D.P.R. 457; Pueblo v. Román, 60 D.P.R. 637, y Pueblo v. González, 63 D.P.R. 144.

Al disponer la Junta Insular de Sanidad por el artículo 61 del Reglamento de Sanidad núm. 96 que el porteador de leche adulterada que cumpla con las disposiciones del ar-tículo 61 no incurre en el delito definido en la sección 1 de la Ley núm. 77 de 1925, está intercalando una excepción y consecuentemente enmendando la citada sección 1, o lo que es lo mismo, está ejercitando la facultad de legislar. Una cosa es delegar el poder para hacer una ley, el cual necesa-riamente envuelve el uso de discreción para determinar cómo debe ser la ley, y otra muy distinta es el conferir autoridad o discreción para aprobar reglamentos en armonía con la ley a los efectos de su ejecución. Lo primero no puede hacerse sin violar el artículo 25 de la Ley Orgánica, que confiere to-dos los poderes legislativos locales en Puerto Rico, con ex-cepción de lo que de otro modo se disponga en la Ley Orgá-nica, a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la cual no puede delegarlos. En cuanto a lo segundo, ninguna obje-ción válida puede oponerse. Field v. Clark, 143 U. S. 649; Caha v. United States, 152 U. S. 211; United States v. Grimaud, 220 U. S. 506; El Pueblo v. Ortiz, 29 D.P.R. 424; y Pueblo v. Carril, 41 D.P.R. 266.

No siendo válido el artículo 61 del Reglamento de Sani-dad núm. 96, en tanto en cnanto exonera de responsabilidad criminal al porteador que transporta la leche dentro de las condiciones expresadas, procede la confirmación de la sen-tencia.

      (1)Oomo dice Burdick en su obia “The Law of the American Constitution," pág. 151, existe una excepción a la regla que prohíbe la delegación de poderes legislativos que es tan generalmente reconocida como la regla misma. Esa ex-cepción es en favor de la concesión del poder de gobierno propio local a los mu-nicipios.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    Pura María Suárez, demandante y apelante, v. Rubén Betancourt, demandado y apelado.
    Núm. 8988.

    Sometido: Noviembre 9, 1944.

      Resuelto: Enero 25, 1945.

      Angel A. Vázquez, abogado de la apelante; Rodrigo Otero Suro, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda de desahucio radicada en este caso el 3 de febrero de 1944 en la Corte de Distrito de San Juan se alegó que el demandado “detenta la posesión y ocupa mate-rialmente, sin pago de canon o merced alguna’’ el inmueble que se describe o sea una casa situada en Santurce. La de-manda contiene además las siguientes alegaciones:

“2.- — La finca descrita la adquirió la demandante el 16 de diciem-bre de 1943 y ese mismo día el demandado fué requerido para que tuviera desocupada dicha finca para el 31 de dicho mes de diciem-bre y, posteriormente, o sea el 13 de enero de 1944, la demandante volvió a requerir al demandado para que tuviera desocupada dicha finca para el día último de enero de 1944; y a pesar de tales reque-rimientos y de que el demandado mostró su conformidad con dejar expedita dicha finca para las fechas indicadás, dicho demandado con-tinúa en la posesión material del aludido inmueble y se niega en absoluto a desocuparlo.
“3.' — La demandante habita una casa que no es de. su propiedad, ni lo ha sido dentro del año anterior a la radicación de esta demanda, y, de buena fe, Lene necesidad la demandante de recobrar la pose-sión material de la finca antes descrita para la inmediata ocupación de ese bien por la demandante, y su familia, como sitio de ¡resi-dencia. ’ ’

El demandado no contestó la demanda sino que el 18 de febrero de 1944, día señalado para la vista del caso, repre-sentado por su abogado, verbalmente se allanó y consintió en que se dictara sentencia en su contra y renunció al de-recho de apelación. La corte por su Juez Sr. Massari, dictó sentencia decretando el desahucio y ordenó que el deman-dado desalojara la finca dentro del término de cincuenta días a contar del 18 de febrero y si así no le hiciere que se librara el correspondiente mandamiento de ejecución. También de-claró firme' la sentencia por la renuncia que hizo el deman-dado.

El 5 de abril de 1944, cuando sólo faltaban cuatro días para vencer los cincuenta concedidos en la sentencia para desalojar la casa, el demandado, representado por otro abo-gado, radicó en la corte inferior una moción solicitando se decretara la nulidad de la sentencia recaída en este caso por el fundamento siguiente: “Que la demanda que dió origen a este pleito fue radicada el día 3 de febrero de 1944, o sea después que empezó la vigencia de las reglas de inquilinato promulgadas por la Oficina de Administración de Precios, en las cuales se establece que el casero debe notificar con diez días de anticipación al inquilino de su intención de ha-cer desalojar la propiedad y notificar dentro de las 24 horas siguientes a la Oficina de Administración de Precios (Divi-sión de Inquilinato), requisito que en este caso no se cum-plió, ya que así se desprende de la demanda pues no se alega debidamente.”

La demandante se opuso a dicha moción alegando que la corte carecía de jurisdicción para revisarla porque dicha sentencia fué dictada a solicitud y se encuentra firme a ins-, tancias del mismo demandado sin que se hubiera pedido en tiempo su reconsideración y porque lo que trata el deman-dado es dilatar la ejecución de la sentencia y su lanzamiento de la finca “no obstante que él no es ni ha sido inquilino de la demandante. ’ ’

En moción separada la demandante solicitó el 10 de abril, ya vencidos los cincuenta días concedidos al demandado para desalojar, su lanzamiento de la finca. La corte inferior dejó sin proveer esta moción y celebró una vista sobre la moción de nulidad de sentencia y el 12 de junio de 1944 por su Juez Sr. Belaval, dictó una resolución declarando con lugar la moción del demandado y anuló la sentencia dictada. Dene-gada una moción de reconsideración lá demandante estable-ció el presente recurso de apelación.

Es elemental en derecho que las partes no pueden por estipulación conceder jurisdicción a una corte que carece de ella para actuar sobre la materia objeto de la acción. Tampoco qneda convalidada nna sentencia dictada sin jurisdicción por el hecho de.qne la misma lo haya sido por consentimiento de las partes. Véase Monografía en 86 A. L.R. 84, 88. A este efecto hemos resuelto qne a virtud de una sentencia por consentimiento el demandado acepta “ex-presamente como ciertos los hechos consignados en la demanda y una sentencia de tal naturaleza, dictada por una corte con jurisdicción sobre la materia y sobre las partes, es válida y no puede ser atacada colateralmente”. Ex parte Morales, 17 D.P.R. 1043. La cuestión primordial a resolver en este recurso es si la corte inferior actuó con jurisdicción al dictar la sentencia por consentimiento, o si por el contrario el no cumplimiento por la demandante con los requisitos exigidos por los reglamentos de inquilinato privó a la corte de jurisdicción en la acción de desahucio.

El Reglamento de Inquilinato para Viviendas puesto en vigor en Puerto Rico por la Oficina de Administración de Precios es el mismo Reglamento Nacional vigente en los Estados Unidos y el cual se hizo extensivo a Puerto Rico para comenzar a regir el 1ro. de febrero de 1944. Así se hace constar en su artículo 1, A, párrafo segundo, en el cual se expone, además, el alcance del mismo, en esta forma:

“El Reglamento Nacional se hizo extensivo a Puerto Rico por la Enmienda del 3 de enero, efectiva el 1ro. de febrero de 1944 y se aplica a tocio ‘edificio, construcción o parte de los mismos, y el terreno a ellos anexo, y a. cualquier otra propiedad, mueble o inmue-ble, alquilada u ofrecida en alquiler para fines de vivienda en Puerto Rico junto con todos los privilegios, servicios, accesorios, muebles, equipos, facilidades y mejoras relacionadas con el uso u ocupación de la propiedad.’ ” (Bastardillas nuestras.)

El artículo 13, A (9) del Reglamento define la palabra “inquilino” en esta forma:

“ ‘Inquilino’, incluye arrendatario, subarrendatario y cualquier ;persona con derecho a la posesión, uso u ocupación de. cualquier vivienda.” (Bastardillas nuestras.)

El artículo 6 del Reglamento que trata en general sobre el “Desalojo del Inquilino”, establece, en su apartado A, ciertas restricciones y en el D, las notificaciones que deben hacerse antes de proceder al desahucio. Copiamos al mar-gen las que consideramos pertinentes a este caso. Por úl-timo, debemos hacer, constar que de acuerdo con el artículo 1, D del Reglamento, sobre Nulidad de Renuncia de Bene-ficios, se dispone que “Será nulo todo convenio hecho por un inquilino para renunciar los beneficios concedídoles por este Reglamento.”

La corte inferior, después de citar algunos de estos ar-tículos del Reglamento fundamentó su resolución anulando la sentencia, diciendo, en parte, lo siguiente:

“No podemos asumir que el demandado en este caso sea un pre-carista, ya que su condición como tal precarista parece que se des-prende únicamente del hecho de que cuando Pura María Suárez adquirió la propiedad que hoy trata de recobrar, dió por terminado el contrato, que le notificó al demandado para que desalojara dicha propiedad en primer término para el 31 de diciembre de 1943 y en segundo término para el 31 de enero de 1944. Nos parece que la alegación de precarista se hizo más bien para darle esta acción en primera instancia a la Corte de Distrito y para no iniciar la acción en la Corté Municipal correspondiente, de acuerda con el montante de la renta.
“El día 6 de marzo de 1944, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante una ilustrada opinión de su Juez Presidente Señor Tra-vieso, resolvió el certiorari Núm. 1542, Américo Miranda versus Corte de Distrito de San Juan, declarando que un anterior inquilino de una propiedad comprada posteriormente no era un precarista y por lo tanto hasta el 30 de junio de .1944 tenemos que considerar al deman-dado en este caso como poseedor de. buena fe, cuya posesión sola-mente puede ser terminada mediante la correspondiente acción de desahucio, en la Corte con jurisdicción competente por la nueva ad-quirente de la propiedad, después de cumplir con las disposiciones terminantes del Reglamento de Inquilinato, artículo 6, letra ‘d’, números 1 y 2.
‘1 Entendemos que. la falta de notificación equivale a una falta de causa de acción y que el demandado está en tiempo hábil para for-mularla ante esta Corte, ya que por tratarse de una acción privile-giada la corte está en la obligación- de considerarla aún en este estado deb procedimiento.” (Bastardillas nuestras.)

Somos de opinión que la corte inferior cometió manifiesto error en todos estos razonamientos y como consecuencia en la conclusión a que llegó.

En primer término nada liay en las alegaciones de la demanda que justifique la conclusión de que la demandante alegara 1ro., que el demandado era un precarista y 2do. que diera por terminado el contrato. La demanda lo que alega es que el demandado detenta la posesión y ocupa material-mente, sin pago de canon o merced alguna” la finca. Tam-poco se alega en parte alguna de la demanda que el deman-dado hubiera sido inquilino del dueño anterior y que al ad-quirir la finca la demandante dió por terminado el contrato de inquilinato. No debemos olvidar que a virtud de la sen-tencia por consentimiento dictada en este caso, el demandado aceptó como ciertos todos los hechos alegados en la demanda. Empero, esto no justifica que se inserten en la demanda, por meras conjeturas o deducciones, hechos que nunca fueron alegados.

Es cierto que en el caso de Miranda v. Corte, 63 D.P.R. 161, citado por la corte inferior, resolvimos que un anterior inquilino de una propiedad comprada posteriormente no era un precarista, pero en dicho caso se alegó y probó que el demandado Jarabo en la acción de desahucio, tenía un con-trato de arrendamiento con el dueño anterior. Y si bien dijimos que el demandado no era un precarista, expresamente resolvimos, después de citar el artículo 1461 del Código Civil y el artículo 621 del Código de Enjuiciamiento Civil, que í£el demandante Miranda tendría el derecho indiscutible de desahuciar a Jarabo como detentador de la posesión del in-mueble”. (Bastardillas nuestras.) Si no prosperó la ac-ción de desahucio objeto de revisión en dicho caso fue por-que el demandante no cumplió con el requisito de alegar, de acuerdo con el artículo 621 del Código de Enjuiciamiento Civil según quedó enmendado por la Ley núm. 14 de 1941 ((2) pág. 45), que deseaba de buena fe recobrar el inmueble para residencia de él o de su familia y que él habitaba una casa que no era de su propiedad ni lo había sido dentro del año anterior al comienzo de la acción. Por el contrario el demandado en dicho caso alegó como defensa especial, y probó, que el demandante vivía en una casa de su propie-dad y que lo había sido dentro del año anterior.

En el caso de autos no sólo se alegó por la demandante que el demandado era un detentador sino que cumplió ex-presamente en el hecho tercero de la 'demanda, supra, con los requisitos exigidos por el artículo 621 del Código de Enjui-ciamiento Civil, supra. Esas alegaciones de la demanda no fueron controvertidas por el demandado. Bajo las circuns-tancias concurrentes, ¿son aplicables las disposiciones con-tenidas en el Reglamento de Inquilinato transcritas anterior-mente a un caso como el de autos? Consideramos que no.

Tanto por su título como por su contenido es obvio que ellas regulan los casos en que existe un contrato de inquili-nato entre el casero y el inquilino y también aquellos casos en que “no obstante que el inquilino no tenga contrato de inquilinato o que de tenerlo el mismo haya expirado o ter-minado por cualquier otra causa, ningún casero podrá des-alojar al inquilino, mientras éste pague el alquiler a que tu-viere derecho el casero ”. Artículo 6A, supra. No habiendo en la demanda alegación alguna en cuanto a que hubiera existido contrato de inquilinato entre la demandante y el demandado, aparentemente la corte inferior basó sn conclu-sión de -que el demandado era nn “poseedor de buena fe” en la última acepción de la definición de la palabra “ inqui-lino” contenida en el artículo 13, A(9), supra, al efecto de que incluye “cualquier persona con derecho a la posesión, uso u ocupación de cualquier vivienda”. Empero, de acuerdo con las alegaciones de la demandada, aceptadas por el demandado, él es un detentador y como tal no puede considerársele como tal poseedor de buena fe pues, como dijo esta Corte en el caso de Pueblo v. Giorgetti & Co., Ltd., 46 D.P.R. 61, a la página 71: “La retención de una cosa que pertenece a otro, injustamente, sin derecho a tenerla es lo que a nuestro jui-cio, constituye detentación dentro del significado de esta pa-labra tal y como ha sido usada en la Ley de Desahucio”.

Si el demandado retiene la casa de la demandante “in-justamente y sin derecho a tenerla”, no puede considerársele un poseedor de buena fe. Habiendo llegado a la conclusión de que el demandado, como detentador que admitió ser, no tenía ni tiene derecho a la posesión del inmueble de la de-mandante forzoso es concluir que la demandante, bajo las circunstancias concurrentes en este caso, no estaba obligada a cumplir con los requisitos de notificación exigidos por el Reglamento de Inquilinato.

Siendo la detentación una de las pausas que dan lugar al desahucio de acuerdo con nuestra ley, actuó con jurisdicción la corte inferior bajo el artículo 6-E del Reglamento, supra, al dictar la sentencia por consentimiento. Es errónea la re-solución apelada que la anuló y en su consecuencia debe ser revocada.

      (1)“ Artículo 6. — Desalojo del Inquilino.

        “A. Restricciones.. No obstante las disposiciones de cualquier obligación, contrato o convenio ya contraído o por contraerse, que permitan que se diete sen-tencia contra el inquilino al admitir éste haber violado las condiciones de dicha obligación, contrato o convenio o que permitan la realización de otros actos con-trarios a lo aquí dispuesto y no obstante que el mquilino no tenga contrato de inquilinato o que de tenerlo el mismo haya expirado o terminado por cualquier otra causa, ningún casero podrá hacer desalojar al inquilino, mientras éste pague el alquiler a que tuviere derecho el casero, ni mediante acción de desahucio, ac-ción para recobrar o excluir al inquilino de la posesión ni mediante acción otra alguna y ninguna persona intentará desalojar o excluir a dicho inquilino de su posesión a menos:
      “1. ...
      ' ‘ 6. Ocupación de la vivienda por el' casero. Que el casero hubiere adquirido un derecho de compra o de posesión sobre la vivienda con anterioridad a febrero 1ro. de 1944 y de buena fé tratare de recobrar la posesión de la vivienda para uso inmediato y ocupación personal de la misma. ...
      “D. Notificaciones requeridas.

        “1.. Notificaciones anteriores al desahucio. En cada notificación hecha a un mquilino para que desocupe una vivienda se especificará en cuál de las razones mencionadas en este artículo se basa el casero para desalojar o desahuciar a dicho inquilino. Dentro de 24 horas después de entregado’ el original al inquilino ■ se radicará, una copia de dicha, notificación en la División de Inquilinato de la Ofi-cina de Administración de Precios.

        “A ningún inquilino se le podrá echar o desahuciar de una vivienda me-diante acción en Corte o de otro modo, a menos que el casero le hubiera entregado al inquilino y a la División de Inquilinato de la Oficina de Administración de Precios, por lo menos con 10 (diez) días de antelación al tiempo fijado para desocupar.o al inicio de cualquier acción, una notificación por escrito al efecto, especificando las razones, de entre las enumeradas en este artículo, en que el ca-sero se fundare para solicitar el desalojo o desahucio y especificando además la fecha en que se le requiere al inquilino que desocupe. Cuando el desahucio se basare en falta de pago de alquileres, el período de notificación será el exigido por la Ley local, pero en ningún caso un período menor de tres días.

        “2. Notificación al Administrador de comienzo de acciones de desahucio. Al comenzar una acción para desalojar o desahuciar a un inquilino, incluyendo Jos casos basados en falta de pago, el casero notificará por escrito a la División de Inquilinato de la Oficina de Administración de Precios el título del caso, el nú-mero asignádole por la Corte, si fuere posible, eí tribunal ante el cual se radicó, el nombre y la dirección del inquilino y en cuál de los fundamentos de los expre-sados en este artículo se basa el casero para solicitar dieho desalojo o desahucio.
      “B. La Ley Loeal. Nada de lo dispuesto por este artículo se interprétala en el sentido de autorizar el desalojo o desahucio de un inquilino a menos que tal desalojo o desahucio estuviere autorizado por la ley local.” (Bastardillas nuestras.)

      (2)Para una amplia discusión en cuanto a los conceptos “precario” y “de-tentación”, véanse los casos de Municipio de Ponce v. Collazo, 56 D.P.R. 509 y Puello v. Giorgetti & Co., Ltd., 46 D.P.R. 61.


author: El' Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Lucas Sánchez, en su carácter de madre con patria potestad de la menor Aida Rosa Sánchez, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Domingo Massari, Juez, demandada.
    Núm. 1581.

    Sometido: Enero 18, 1945.

      Resuelto: Enero 30, 1945.

      Angel Muñoz Igartúa, abogado de la peticionaria; Benicio Sánchez Castaño, abogado del demandado en el pleito principal.
   El' Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria, madre de la niña Aida Rosa Sánchez, radicó una demanda ante la Corte de Distrito de San Juan, contra José Velilla, alegando en la misma dos causas de ac-ción. En la primera se alega que dicha niña es el fruto de relaciones amorosas entre la demandante y el demandado Velilla, mientras ambos vivían maritalmente y en estado de público concubinato; y en la segunda, que el-demandado, no obstante hallarse en una situación económica desahogada, con más de $250 de ingresos mensuales, le ha venido pasando a su hija solamente $5 por cada mes. En la súplica se pide sentencia por la cual se declare que la referida menor es hija natural reconocida de Velilla y que se condene a éste a pasarle a su hija una pensión alimenticia no menor de $50 mensuales y al pago de las costas y honorarios de abogado.

Radicó el demandado dos mociones. En la primera so-licita la desestimación de la demanda por no alegarse en ella hechos suficientes para constituir causa de acción y por ha-berse ejercitado conjuntamente con la de filiación la acción para reclamar alimentos. En la segunda moción se pidió la eliminación de la segunda causa de acción'por ser “inmate-rial, innecesaria e impertinente y por no ser parte de la ac-ción principal sobre filiación que se ejercita”. Vistas am-bas mociones, la primera fue declarada sin lugar, por ser la corte inferior de opinión que los hechos alegados en la pri-mera causa de acción son suficientes. La segunda fue decla-rada con lugar, ordenándose la eliminación de la segunda causa de acción, por los fundamentos siguientes:

“Siendo lógico asumir que paira obligar al demandado a sostener a la demandante debe proceder el decreto de la Corte, declarándola en este caso, bija suya, con todos los deberes y derechos inherentes a tal reconocimiento, no es aventurado decidir que estando pendiente el litigio a ese respecto, parezca prematura la pretensión ide la segunda causa de acción, que en realidad debemos convenir con la parte de-mandada, no constituye un elemento esencial de la acción de filiación que se ejercita.
“Por otra parte, si como se alega en dicha segunda causa de acción, el demandado está atendiendo a las necesidades de la menor, aunque no en la forma ‘'generosa’ como podría hacerlo, se infiejre que se trata de establecer controversia sobre si es o no suficiente, lo que en la actualidad le pasa, cuyos hechos deben ventilarse en otro procedimiento.
“De subsistir tal alegación en esta demanda, haríase menester permitir la práctica de prueba pertinente a los hechos alegados, o sea, si es o no suficiente lo que el demandado suministra a la deman-dante, la capa'cidad económica del demandado, etc., obligando así al demandado a entrar en materia que es extraña a la acción de filia-ción, y la cual quedaría sin valor ni efecto alguno si la Coirte decla-rara sin lugar, en su día, la primera causa de acción.”

En la solicitud radicada ante esta corte, la peticionaria nos pide que revisemos y anulemos la resolución recurrida, alegando que la corte inferior interpretó erróneamente la ley e infringió las disposiciones de la Regla Núm. 18 de las Re-glas de Enjuiciamiento Civil para las Cortes de Puerto Rico, vigentes desde el 1 de septiembre de 1943.

La cuestión a resolver es si es permisible acumular en una misma demanda la acción sobre filiación y la acción en reclamación de una pensión alimenticia.

La Regla núm. 18, invocada por la peticionaria, prescribe en su apartado {a) que “el demandante en su demanda . . . y el demandado en una contestación en que establezca una reconvención, pueden acumular como independientes o como alternativas tantas reclamaciones como tuvieren contra la parte contraria”; y dispone en su apartado (b) que “cuando se tratare de una reclamación que basta la fecha sólo podía establecerse después que otra reclamación hubiere sido pro-seguida hasta su terminación, dichas dos reclamaciones po-drán acumularse en la misma acción; pero la corte conce-derá remedio en esa acción sólo de acuerdo con los derechos sustantivos que relativamente tuvieren las partes. Especial-mente, un demandante puede exponer una reclamación de dinero y una para anular un traspaso fraudulento que le perjudique, sin que sea necesario obtener previamente sen-tencia por la reclamación de dinero.”

La Legislatura de Ruerto Rico, por virtud de la Ley núm. 9, aprobada en 5 de abril de 1941 ((1) pág. 331), auto-rizó a esta Corte Suprema para regular los procedimientos judiciales en todas las cortes insulares, mediante reglas que promulgará y pondrá en vigor de tiempo en tiempo, con el propósito de simplificar los procedimientos y promover una rápida administración de justicia. Teniendo en mente ese propósito fundamental de la ley, esta corte promulgó y puso en vigor la Regla 18, que tiende tal vez más que ninguna de las otras a simplificar los procedimientos y a hacer más rá-pida la administración de la justicia. El lenguaje de dicha regla es tan claro que basta leer sus disposiciones para darse cuenta exacta de sú significado y alcance.

La menor Aida Rosa Sánchez alega tener dps causas de acción contra una misma persona, contra el hombre que dice ella es su progenitor. En una reclama que se le declare hija natural reconocida del demandado, con todos los derechos inherentes a esa condición; y en la segunda, como consecuen-cia de la primera, pide que se obligue al padre a proveer lo necesario para su sostenimiento. Ambas acciones pueden ser, como lo fueron en este caso, acumuladas en una sola de-manda, pero sujetas desde luego a la limitación contenida en el apartado (b) de la misma Eegla 18, o sea que la corte inferior no podría declarar con lugar la segunda causa de acción y condenar al demandado a pagar una pensión ali-menticia, sin haber declarado antes con lugar la primera, re-conociendo a la demandante como hija natural del deman-dado. Si la Eegla 18(b) permite expresamente la acumula-ción de una reclamación de dinero de A contra B y de otra acción de A para anular un traspaso fraudulento de bienes hecho por B a C, en la cual G es parte absolutamente nece-saria, sin serlo en la primera causa de acción, no vemos ra-zón alguna para que dos causas de acción como las alegadas en este caso, las cuales afectan a las mismas partes y una es consecuencia de la otra, no puedan ser acumuladas en la misma demanda. Si resolviéramos que la demandante en este caso está obligada a entablar dos demandas separadas y que no puede ejercitar la acción en reclamación de alimentos hasta que se haya dictado sentencia definitiva y firme decla-rándola hija natural del demandado, estaríamos complicando los procedimientos y retardando la administración de la jus-ticia. Véanse: Atlantic Lumber Corporation v. Southern Pac. Co. et al. (Dec. 23, 1941) Dist. C. of Oregon, 2 Fed. Rules Dec. pág. 313; Bee Mach. Co. Inc. v. Freeman, D. C. of Mass., Nov. 5, 1943, 3 Fed. Rules Dec., pág. 310; Munzer v. Swedish American Line, 30 Fed. Supp. 789.

La resolución recurrida, dictada en 17 de noviembre de 194á es errónea y debe ser anulada, devolviéndose él caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsis-tentes con esta opinión.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    García Hermanos, Inc., peticionaria y apelante, v. R. Jiménez Soto, Colector de Rentas Internas de Bayamón y Hon. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandados y apelados.
    Núm. 8965.

    Sometido: Diciembre 20, 1944.

      Resuelto: Enero 30, 1945.

      Edelmiro Martines Rivera, abogado de la apelante; Son. Procurador General Interino Jesús A. González y M. Yelázquez Flores y A. D. Marehand Paz, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En octubre 14, 1941 el Colector de Rentas Internas de Bayamón embargó a la corporación apelante materiales de construcción valorados en $127,000, para hacer efectivos cier-tos arbitrios, recargos y costas que alegó habían sido deven-gados bajo la Ley núm. 85 de 20 de agosto de 1925 (pág. 585) y que ascendían a la suma de $35,902.66.

En la petición de injunction radicada en la Corte de Dis-trito de Bayamón se alegó que la cantidad que los deman-dados tratan de cobrar a la demandante es por concepto del impuesto de 2 por ciento sobre el total de las ventas de ma-teriales hechas por la peticionaria a distintos departamentos y divisiones del Gobierno Federal, del Gobierno Insular y de ciertos municipios de la Isla con anterioridad al 11 de julio de 1941; que en la fecha en que se realizaron dichas ventas, los propios demandados consideraron que las mismas estaban exentas de pago, de acuerdo con una circular expe-dida por el Departamento de Hacienda; que todos los ma-teriales así vendidos fueron empleados por el Gobierno Federal en obras de construcción en las bases navales aéreas en “Isla Grande”, “Borinquen Field” y “Losey Field” y en los campamentos militares “Buchanan” y “Tortuguero”; que todos dichos materiales fueron vendidos sin que se in-cluyera en el precio de venta el importe de la contribución, por haber resuelto el Departamento de Hacienda que dichas ventas no estaban sujetas a su pago y, además, por haber alegado esa exención las agencias compradoras.

Entre otros fundamentos legales de la petición, se alegó que el embargo de los materiales es ilegal y nulo por ha-berse embargado una cantidad de bienes mayor que la es-trictamente necesaria para cubrir el importe de las contri-buciones reclamadas; y que si se permitiese la subasta de los materiales embargados, la peticionaria sufriría daños irreparables y se vería privada de -su propiedad sin el de-bido proceso de ley.

Solicitó la peticionaria la expedición de nn anto de injunction para impedir la venta en pública subasta de los bienes embargados, alegando qne dicha venta habría de can-sarle daños irreparables y qne la peticionaria carece de otro remedio rápido y eficaz para evitar esos daños.

Expedida nna “orden para mostrar cansas y de entre-dicho”, comparecieron los demandados y solicitaron la disolución del entredicho, alegando qne la petición de injunction no aduce hechos suficientes para determinar nna cansa de acción; que la peticionaria tiene nn recurso rápido y efi-caz en el curso ordinario de la ley; y qne el injunction no procede para impedir el cobro de nna contribución estable-cida por la ley. Radicaron también los demandados una contestación negando específicamente los hechos esenciales de la demanda e interpusieron como defensas especiales la insuficiencia de los hechos alegados para constituir una causa de acción, la existencia de un remedio legal adecuado y la improcedencia del injunction para impedir la imposi-ción y cobro de contribuciones establecidas por las leyes vigentes.

En diciembre 14 de 1942, las partes sometieron a la corte inferior para su decisión las cuestiones legales planteadas en las alegaciones. En abril 14 de 1944 — después de una dilación inexplicable de un año y cuatro meses — la corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la petición y con-denando a la peticionaria al pago de las costas. La peticio-naria apeló.

En el primer señalamiento se alega que la corte sentenciadora erró al considerar la demanda como una dirigida a impedir el cobro de una contribución y al resolver por esa razón que el injunction no procedía.

El error en que incurrió el tribunal recurrido es evidente. Los hechos alegados y especialmente la súplica de la peti-ción, demnestran claramente qne ia peticionaria recurrió al remedio de equidad, no con el propósito de que se prohi-biera al Tesorero de Puerto Rico el coloro de las contribu-ciones por él reclamadas y sí con el propósito de que se pro-tegiese a la peticionaria contra un embargo excesivo e ile-gal, prohibiendo la venta en pública subasta de bienes que tenían un valor tres veces mayor que la suma reclamada por los demandados. La peticionaria alegó — y los demanda-dos al excepcionar la demanda lo admitieron' — que la suma re-clamada por el Tesorero es la de $35,902.66 y que los mate-riales embargados y que habrían de ser vendidos en pública subasta valían $127,000.

Las decisiones de este tribunal y las de las jurisdicciones estatales y federal, citadas por la corte inferior en apoyo de la bien establecida doctrina dé que el injunction no procede cuando su objeto es impedir el cobro de contribuciones, salvo en casos verdaderamente excepcionales y extraordinarios, no son en verdad aplicables al caso de autos, pues no se trata aquí de impedir el cobro de una contribución y sí de prohi-bir que se realice la venta de bienes embargados, en contra-vención de las disposiciones estatutarias que autorizan al Tesorero de Puerto Rico para embargar y vender en pública subasta bienes pertenecientes a contribuyentes morosos.

En la opinión emitida por la corte inferior se dice que “el día 15 de diciembre de 1941 esta corte dictó una orden de entredicho en virtud de la cual fué paralizada la subasta y disuelto el embargo (vacated)”. Empero, en el récord que tenemos a la vista no existe constancia alguna de que tal orden de entredicho fuera expedida. La única orden de en-tredicho que aparece en el récord es la expedida por el Juez E. Ponsa Pares en octubre 31 de 1941, por la cual se'ordenó a los demandados que se abstuviesen de llevar a cabo la su-basta anunciada para el 3 de noviembre de 1941. En dicha orden nada se dice en cuanto a la anulación o disolución del embargo. Nos vemos, pues, obligados a considerar como un hecho admitido por las alegaciones, que aún cuando la su-basta anunciada fué suspendida por virtud de la orden de entredicho, el embargo practicado en 14 de octubre de 1941 está aún en pie. Siendo ello así, si la sentencia recurrida fuere confirmada, los demandados estarían autorizados para proceder a vender en pública subasta los bienes embargados.

El artículo 336 del Código Político autoriza al Tesorero y a los Colectores para embargar bienes muebles de cualquier contribuyente moroso y para venderlos en pública subasta, si el importe de las contribuciones no fuere satisfecho después de haber transcurrido los diez días siguientes al de la notificación- del embargo. El artículo 337 del mismo Código dispone que la venta de los bienes muebles para el pago de contribuciones “se hará en pública subasta, vendiéndose la cantidad de ellos estrictamente necesaria para el pago de todas las contribuciones, penalidades y costas”.

Consideramos como absolutamente irrazonable y contra-rio a la letra y al espíritu de la ley el alegado y admitido propósito de los demandados de ofrecer y vender en pública subasta propiedades muebles que están valoradas en una can-tidad casi cuatro veces mayor que el importe de las contri-buciones reclamadas. Una venta hecha bajo tales condicio-nes seguramente habría de causar serios e irreparables per-juicios a la peticionaria. El Tesorero puede sin duda alguna embargar bienes valorados en una suma razonablemente mayor que la cantidad por él reclamada, pero de esos bienes sólo puede vender la parte que sea estrictamente necesaria ■para el pago de las contribuciones, penalidades y costas. No está autorizado para embargar y vender bienes muebles en la forma en que pretendió hacerlo en el presente caso. Los hechos alegados en la petición y admitidos por la excepción, justificaban plenamente la expedición del injunction, no para prohibir a los demandados el cobro de las contribuciones por el procedimiento -de apremio y sí con el solo propósito de impedir el daño irreparable que babrá de cansarle a la pe-ticionaria la venta de sns bienes en la forma proyectada.

Tratándose de nn embargo de carácter administrativo practicado por el Tesorero con el propósito de cobrar contribuciones por el procedimiento de apremio, sin la intervención de las cortes de justicia, la peticionaria carecía del remedio legal adecuado a qne bnbiera podido recurrir si se tratase de un embargo judicial o sea el de acudir ante el tribunal que hubiere decretado el embargo en solicitud de que el mismo fuese reducido. Esa circunstancia y el peligro inminente de que los bienes fuesen vendidos sumariamente en la subasta que ya había sido anunciada, eran suficientes para justificar la concesión de la orden de injunction pendente lite.

La sentencia recurrida fue dictada teniendo en cuenta solamente las alegaciones de la demanda, admitidas por la excepción previa, pero negadas en la contestación. La Corte, según hemos resuelto, erró al declarar con lugar la excep-ción previa y sin lugar la petición de injunction, pero pu-diendo resultar que al entrar en los méritos del caso la pe-ticionaria no pudiese substanciar sus alegaciones de hecho, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y devolver él caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

        (1)Brenes v. Domenech, Tesorero, 48 D.P.R. 565; Roosevelt v. Corte, 42 D.P.R. 836; West India Oil Co. v. Benítez, 51 D.P.R. 273.


author: El Juez Peesidente Señor Travieso

text:
    Gonzalo Ubiñas González, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1155.

    Sometido: Noviembre 6, 1944.

      Resuelto: Enero 30, 1945.

      José L. Gando, abogado del recurrente; el registrador recurrido- com-pareció por escrito.
   El Juez Peesidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente y su esposa otorgaron un pagaré al porta-dor por la suma de $6,000, y para garantizar su pago cons-tituyeron primera hipoteca sobre una finca urbana de sn propiedad radicada en la municipalidad de Isabela.

Presentada la escritura de hipoteca para su inscripción, el registrador la inscribió consignando al calce de la escri-tura la siguiente nota:

“Inscrito este documento al folio 39 vto. del tomo 65 de Isabela, finca 3837 e inscripción 2 con el defecto subsanable de no expresarse el título de adquisición. .

La resolución de la controversia entre el Registrador y el recurrente depende de la interpretación que deba darse a los artículos 9, inciso 6 y 21 de la Ley Hipotecaria y al ar-tículo 75, inciso 3 del reglamento, los cuales leen así:

“Artículo 9. — Toda inscripción que se haga en el registro expre-sará las circunstancias siguientes:
i í ■=::= * * * # « «
“6. El nombire y apellido de la persona, o el nombre de la cor-poración o persona jurídica de quien procedan inmediatamente los bienes o -derechos que deban inscribirse.
“Artículo 21. — Las escrituras públicas de actos o contratos que deban inscribirse, expresairán por lo menos todas las circunstancias que bajo pena de nulidad debe contener la inscripción y sean rela-tivas a las personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos.
“Artículo 75 (Reglamento). — La inscripción de cualquiera espe-cie se extenderá por el orden siguiente:
“Tercero. — Nombre y título de adquisición del que transfiera el derecho o el nombre de la corporación o persona ■ jurídica de quien proceda inmediatamente.

Sostiene, el recurrente que la nota recurrida es errónea:

1. Porque el derecho que ha de inscribirse es el crédito hipotecario constituido a favor del tenedor del pagaré y en la escritura se expresa el nombre y apellido de las personas que lo constituyeron o sea el recurrente y su esposa, como deudores.

2. Porque el inmueble hipotecado no es objeto de opera-ción alguna de transferencia en el Registro, en el cual apa-rece dicho inmueble inscrito a favor del recurrente y esposa.

3. Porque los preceptos legales citados sólo son de rigu-rosa aplicación en casos de transferencia del dominio y de-más derechos reales sobre los inmuebles y no a casos de constitución de hipotecas.

En defensa de su nota, el Registrador invoca los artícu-los 9, inciso 6 y 21 de la Ley Hipotecaria, supra, y la inter-pretación qué a dichos artículos diera este Tribunal en el caso de Ruiz v. Torres, Registrador, 61 D.P.R. 1; y en opo-sición a la contención del recurrente de que los citados ar-tículos de la Ley Hipotecaria no son aplicables cuando se trata de la constitución de una hipoteca, el Registrador cita el artículo 30 de la Ley Hipotecaria, que dice así:

“Artículo 30.' — Las inscripciones de los títulos expresados en los artículos 2 y 5 serán nulas cuando carezcan de las circunstancias com-prendidas en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 8 del artículo 9, y en el número 1 del artículo 13.”

El artículo 2 a que se refiere el artículo 30 precedente, dispone, en cuanto es pertinente, lo siguiente:

“Artículo 2. — -En los registros expresados en el artículo anterior se inscribirán:
^ ^ _____ ^ if w S
“2. Los títulos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, enfiteusis, hipotecas, censos, servidumbres y otros cualesquiera reales.” (Bastardillas nuestras)

Antes de considerar y resolver la cuestión legal planteada en este recurso, conviene dejar sentado como un hecho indu-bitado que la finca, hipotecada se encuentra inscrita a nom-bre de los hipotecantes, el recurrente y su esposa. De no ser así, el registrador hubiera denegado la inscripción del documento.

No estamos conformes, por considerarla errónea, con la interpretación que da el registrador a las disposiciones le-gales arriba citadas.

Nuestra decisión en Ruiz v. Torres, Registrador, supra, en nada puede ayudarnos para la decisión del presente re-curso. Se trataba en aquel caso de interpretar el artículo 9, incisos 1 y 2 de la Ley Hipotecaria, en relación con el ar-tículo 21 de la misma ley. Resolvimos, que una escritura por la cual se vende el remanente de una finca que ha sufrido varias segregaciones y en la cual no se describe la finca original según aparece del registro, ni se hace constar las se-gregaciones, y sólo se hace constar las colindaneias de la porción remanente, no cumple con las exigencias de los ar-tículos 9, (1) y (2) y 21 de la Ley Hipotecaria a los efectos de su inscripción y no es inscribible. Ahora se trata de la interpretación del inciso 3, artículo 9 en relación con los ar-tículos 2, 21 y 30 de la Ley Hipotecaria y el artículo 75 del reglamento.

Todo lo que exige el artículo 9, inciso 6, es que en la ins-cripción que se haga en el registro deberá hacerse constar él nombre y apellido de la persona de quien procedan inme-diatamente los bienes o derechos que deban inscribirse. El artículo 21, sin duda alguna con el fin de que el Registrador pueda cumplir con los requisitos del artículo 9, exige que en la escritura que ha de presentarse al registro deberá expre-sarse todas las circunstancias que bajo pena de nulidad debe contener la inscripción en relación con las personas de los otorgantes y con los derechos inscritos o sea, en otras pala-bras, qne en la escritura debe hacerse constar el nombre y apellido de la persona de guien procedan inmediatamente los bienes o derechos que deban inscribirse. El artículo 75 del reglamento, qne marca al registrador el orden qne deberá seguir al extender una inscripción, dispone en su inciso 3 qne en la inscripción se hará constar “el nombre y título de adquisición del que transfiera el derecho”.

No cabe dudar que si se trátase de la venta o transmisión del dominio de la finca, el registrador estaría justificado no sólo en consignar el defecto de no expresarse en la escritura el título de adquisición del vendedor, sí que también en dene-gar la inscripción, toda vez que ésta sería nula si se practi-cara sin haberse cumplido con el indicado requisito legal.

No se trata en el presente caso de la inscripción de un título traslativo del dominio y sí de la de una escritura por la cual el dueño de un inmueble — con título de dominio ya inscrito a su favor en el registro y en cuya inscripción consta el nombre y apellido de su vendedor o causante — crea o constituye un derecho de hipoteca a favor de su acreedor. Para sostener el criterio del Registrador, tendríamos que sostener el absurdo principio de que la hipoteca, que es el derecho que debe inscribirse, procede inmediatamente del antecesor en título del hipotecante y no de éste. Tendría razón el registrador si se tratase de la inscripción de la ce-sión o traspaso de un crédito hipotecario, pues en ese caso, tanto en la escritura como en la inscripción deberá hacerse constar el nombre y apellido de la persona de quien procede inmediatamente el derecho de hipoteca que deberá inscribirse a favor del cesionario.

Es cierto, como alega el Registrador, que el artículo 30 de la'Ley Hipotecaria excluye expresamente las inscripcio-nes de hipotecas y que, por consiguiente, la omisión de las circunstancias comprendidas en el número 6 del artículo 9 no produce, de acuerdo con la ley española, la nulidad de la inscripción de nna hipoteca. Y es igualmente cierto que el artículo 30 de nuestra Ley Hipotecaria, supra, no establece excepción alguna en favor de las hipotecas. Es en esta diferencia entre la ley española, y la nuestra que se basa el registrador para sostener que la inscripción del documento presentado por el recurrente, sin el defecto subsanable con-signado en la nota, sería nula.

La cuestión que estamos considerando ha sido resuelta por los tribunales españoles en contra de la contención del Registrador. J. Morell y Terry, en sus Comentarios a la Ley Hipotecaria (Tomo 2, Yol. 20 Biblioteca Jurídica de Autores Españoles, etc., pág. 133), dice:

“En una escritura de hipoteca el transferente es el hipotecante sin qne haya necesidad de expresar en la inscripción la persona de quien ese hipotecante adquirió los bienes, según las Resoluciones de 24 de noviembre de 1882 y 6 de marzo de 1884, no siendo en general necesario, como hemos dicho, ese requisito con arreglo a la de 10 de diciembre de 1908”.

Galindo y Escosura, comentando el inciso 6 del artículo 9 de la Ley'Hipotecaria de 1869 (1 Gr. y E. 589) sostienen, que no ha de considerarse como defecto en la inscripción “el no expresarse en una escritura de hipoteca el nombre y ape-llido de la persona de quien adquirió el inmueble, el que la constituye, ni el título de su adquisición”. Los mismos au-tores, comentando el artículo 30 de la Ley Hipotecaria Es-pañola (Tomo 2, págs. 336 a 338) llegan a la conclusión “que la inscripción hipotecaria, puede y debe contener, con arre-glo al número 6 del artículo 9, el nombre y apellido de la persona de quien procede el derecho de hipoteca”, y añaden: “la persona de quien proceden inmediatamente los bienes o derechos que se han de inscribir, no es el causante del que contrae, sino el mismo que contrae; del causante, la proce-dencia es mediata”.

Constando en la escritura presentada en este caso el nombre y apellido del recurrente y de su esposa, que son las personas de quienes procede inmediatamente el derecho de hipoteca, qne es el qne ha de inscribirse, debemos resolver como resolvemos qne la escritura' cumple con los requisitos del artículo 9, inciso 6 de la Ley Hipotecaria y que el Re-gistrador erró al inscribirla con el defecto consignado en su nota. Ésta debe ser revocada, debiendo el Registrador prac-ticar la inscripción libre de tal defecto y sin costo alguno para el recurrente.


author: •TÜl Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Sucesión de Lucas P. Valdivieso, compuesta por doña Eustoquia Alvarado, Jorge Lucas, Concepción y María Teresa Valdivieso, peticionarios, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Ramón A. Gadea Picó, Juez, demandada.
    Núm. 17.

    Sometido: Noviembre 16, 1944.

      Resuelto: Enero 30, 1945.

      Fernando H. Usara y Leopoldo Tormos García, abogados de los peti- ■ cionarios; Erasio Arjona Siaca, abogado del interventor, deman- . dante en el pleito principal.
   •TÜl Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Genaro Velázquez radicó la querella de este caso en la Corte Municipal de .Ponce el 13 de agosto de 1942. Alegó que desde el 7 de agosto de 1935 hasta el 16 de mayo de 1940 trabajó como celador de la querellada en la Hacienda Dolores del barrio Tallaboa de Peñnelas; que su trabajo consis-tía en vigilar los establecimientos de la querellada y las siembras de caña inmediatas a -los mismos; que empezaba su trabajo a las seis de la tarde y lo terminaba a las seis de la mañana siguiente, y que su salario era de ocho dólares semanales. Alegó además que entre las dos fechas antes in-dicadas trabajó para la querellada 9,760 horas extras, que a razón del doble tipo de salario por hora ordinaria (28 centavos) importan $2,732.80, y que tenía derecho además a 357 días de descanso con salario íntegro, de cuyo descanso no dis-frutó por haber trabajado dichos 357 días, adeudándole la que-rellada por el primer concepto los referidos $2,732.80 y por este último $406.98.

Contestó la querellada admitiendo que el querellante ha-bía trabajado para ella durante el período comprendido en las fechas antes mencionadas, y que su salario era a razón de ocho dólares semanales; pero alegó que la obligación del querellante a virtud del contrato de servicios era trabajar ocho horas diarias, y que nunca trabajó más de ese número de horas, habiendo recibido semanalmente la compensación convenida. .Expuso ciertas defensas que no es necesario con-siderar a los efectos de esta opinión.

La corte municipal dictó sentencia a favor del quere-llante. Apeló la querellada para ante la corte de distrito, la cual declaró probados los siguientes hechos: que el contrato de servicios imponía al querellante la obligación de traba jai-ocho horas diarias solamente por un salario de ocho dólares semanales, o sea a razón de $1.14 por día de ocho horas de trabajo; que durante el período alegado en la querella el querellante trabajó 1591 días de doce horas de labor; que como el salario era a razón de $1.14 por día de ocho horas de trabajo, su salario por hora era a razón de catorce centavos; que habiendo trabajado 1591 días, tenía a su favor 1591 novenas horas, que a tipo doble, o sea a 28 centavos cada nna, hacen nn total de $445.48; que durante el mismo tiempo trabajó tres horas extras, o sea, las siguientes a la novena, las cuales computadas a tipo sencillo totalizan $668.22; y por último que durante el mismo tiempo trabajó 223 domin-gos (que no venía obligado a trabajar, puesto que según la corte debía recibir salario íntegro ese día sin trabajarlo), que a $1.14 cada uno importan $254.22. Las tres partidas suman $1,367.92, por cuya cantidad más las costas la corte de distrito dictó sentencia a favor del querellante. Inter-puso entonces la querellada el presente recurso de certiorari bajo la Ley núm. 32 de 1943 (pág. 85).

Invocando la peticionaria los casos de Cardona v. Corte, 62 D.P.R. 61, y Muñoz v. Corte, 63 D.P.R. 236, alega que la corte de distrito erró: (1) al sostener que el contrato de servicios era a razón de ocho dólares por siete días de ocho horas de labor, cuando en realidad lo convenido entre las partes, según la declaración del propio querellante, era que éste trabajase de seis de la tarde a seis de la mañana durante siete días por el salario semanal antes indicado; (2) al compensar las 4,773 horas extras después de las novenas, puesto que dichas horas estaban incluidas en el salario convenido; y (3) al condenarla a pagar la partida de $254.22 por los alegados 223 domingos a razón de $1.14 cada uno sin considerar que el querellante era un trabajador agrícola.

Si bien es verdad que en su contestación la querellada, alegó que el contrato de servicios era por ocho horas de labor diaria y que el querellante en ningún día trabajó más de ese número de horas, sin embargo de la declaración del propio querellante consta concluyentemente que el salario que él recibía era por trabajar como celador desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. El hecho de que la querellada alegase que el contrato era por ocho horas y •que el querellante en ningún día trabajó más de ese número de "horas, no desvirtúa la alegación de la querella redactada por un abogado de reconocida competencia, de la que resulta que el trabajo del querellante era de seis de la tarde a seis de la mañana siguiente. Tampoco destruye en beneficio del querellante lo que él mismo declaró en el acto del juicio a ese efecto. Siendo ello así, debió computarse la hora de trabajo, como alega la querellada y como se ha resuelto por este tribunal en los casos de Cardona, supra, Muñoz, supra, y otros, a razón de $1.14 dividido entre doce (el número de horas convenido), o sea 9% centavos; pero como el quere-llante recibió el pago de la novena hora a tipo sencillo cuando cada semana percibió el salario estipulado, para completar la doble compensación debe multiplicarse el tipo sencillo por las 1591 novenas horas, lo cual asciende a $151.15, en vez de $445.48 que concedió la corte por ese concepto.

En cuanto a las horas extras siguientes a la novena, apli-cando una vez más los casos de Cardona, supra, y de Muñozr supra, y otros más recientes, tendremos que concluir que dichas horas extras están incluidas dentro del salario de ocho dólares que cada semana recibió el querellante.

Finalmente la partida de $254.22 concedida por la corte por concepto de 223 días de descanso, que erróneamente la corte de distrito llama días domingos, tampoco pro-cede porque el querellante, por la naturaleza de su trabajo, no está incluido entre los que tienen derecho al día de descanso con salario íntegro por cada seis días de trabajo. Parrondo v. L. Rodríguez & Co., ante, pág. 438.

Procede por lo expuesto devolver el caso a' la corte de distrito para que modifique su sentencia anterior, conde-nando a la querellada a pagar al querellante la cantidad de $151.15.

      (1)Lo que en realidad hace la corte es no dar crédito a la declaración del querellante en cuanto le perjudica al sostener que su contrato era por doce horas, y aceptarla en cuanto lo beneficia al sostener que él trabajó doce horas diarias.

      (2)E1 querellante vigorosamente ataca esta fase de las decisiones arriba ci-tadas, pero no estamos convencidos de que debamos variar la doctrina.


text:
    Sucesión J. Serrallés, peticionaria, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Ramón A. Gadea Picó, demandada.
    Núm. 12.

    Sometido: Noviembre 13, 1944.

      Resuelto: Febrero 2, 1945.

      F. Parra Capó y Leopoldo Tornes Garda, abogados de la peticiona-ria,- Erast o Arjona Siaca, abogado de los interventores, deman-dantes en los pleitos principales.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Julián Rodríguez y Francisco Y. Torres, obreros agríco-las, quienes trabajaban como celadores de instalaciones agrí-colas pertenecientes a la Sucesión J. Serrallés, radicaron de-mandas por separado ante la Corte Municipal de Ponce, reclamando compensación por boras extras y días de des-canso.

Alegó Rodríguez, que desde el 26 de enero de 1939 basta junio 8 de 1942 trabajó como celador en las instalaciones de riego de sn patrono, desde las 4:00 de la tarde de cada día hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente, o sea ca-torce boras diarias; que durante 1,228 días trabajó 7,368 boras extras, que a razón de doble tipo de salario por la hora ordinaria, computado a base de $5.95 por semana, arro-jan un total de $1,473.06; que de esos días, él tenía derecho a 175 de descanso con paga y no los disfrutó, adeudándole la querellada por ese concepto la suma adicional de $148.75.

Alegó Torres que “por salario de $5.95 por semana” trabajó como celador de la querellada desde el 2 de agosto de 1935 basta junio 8, 1942, o sea durante 2,514 días, desde las 4: 00 de la tarde basta las 6:00 de la mañana del día si-guiente; que durante ese período trabajó 15,084 boras extras, que a razón de doble tipo de salario por hora ordinaria arroja un total de $3,016.80; que de esos días tenía derecho a 2,514 de descanso con paga, que a razón de $5.95, que era su salario por semana, importa $1,830.90, que la querellada le adeuda.

En sus contestaciones, idénticas en ambos casos, la que-rellada negó los hechos esenciales de las querellas, y como defensa alegó “que dicho querellante trabajó para la que-rellada ocho horas diariamente y por el trabajo realizado por dicho querellante, esta querellada le pagó el salario con-venido todos los sábados” y “que el jornal convenido con el querellante por el trabajo realizado por el mismo para ella se le pagó semana por semana, sin que le adeude ab-solutamente nada por ese concepto ni por ningún otro”. Alegó, además, “que el querellante era un trabajador con-tratado para trabajar por días y su jornal lo devengaba por cada día que trabajaba para esta querellada, por lo que dicho querellante no tiene derecho a los alegados . . .'días de descanso”.

Fallados ambos casos a favor de los reclamantes, la Su-cesión Serrallés apeló para ante la Corte de Distrito de Ponce. Por convenio de las partes, los dos casos fueron vis-tos conjuntamente. La corte inferior declaró probados los siguientes hechos:

1. Que el obrero Julián Rodríguez, durante el período de enero. 26,,. 193,9,, a, junio 8, 1942 trabajó 1161 días y durante siete días,.de cada..semana,’ con .excepción de aquellas en que trabajjp ,se,is míenos» días., ¡|, C o/,," :■

Que durante el indicado período trabajó 149 domingos; y que el total de horas trabajadas en exceso de- la jornada legal de ocho horas asciende a 8127.

Que el obrero empezó a trabajar con un salario de 90 centavos diarios, que percibió desde enero 26 de 1939 a fe-brero 5 de 1942; que de febrero 5 a abril 9 de 1942 su sa-lario era 95 centavos diarios; y que de abril 11, 1942 hasta el fin de su empleo el salario fue aumentado a $1 diario.

En consonancia con las anteriores conclusiones, la corte inferior dictó sentencia condenando a la querellada a pagar a dicho obrero las siguientes cantidades:

“134 domingos a $.90 diarios_$120.60
7 domingos a .95 diarios_ 6. 65
8 domingos a 1.00 diarios_ 8. 00
1161 novenas boras extras trabajadas durante igual número de días en la siguiente forma:
1042 novenas boras a $.225 por bora_ 234.45
58 novenas boras a .2375 por hora_i_ 13. 78
61 novenas boras a .25 por bora_ 15.25
6 boras extras en 1042 días a $.1125_ 703. 35
6 boras extras en 58 días a .11875_ 41. 33
6 horas extras en 61 días a .125_ 45. 75
Total_$1,189.16”.

2. Que el obrero Francisco V. Torres, entre el 2 de agosto de 1935 y junio 8 de 1942, trabajó un total de 2146 días, y durante siete días en cada semana con excepción de algunas en que trabajó menos.

Que dicho obrero trabajó 268 domingos y un total de 8,022 horas en exceso de la jornada legal de ocho horas.

Que el obrero empezó a trabajar con un salario de 85 centavos diarios, desde agosto 2 de 1935 hasta el 20 de enero de 1938; que desde esa fecha hasta febrero 5, 1942 se le pagó a razón de 90 centavos por día; y de esa última fecha hasta el final del empleo a razón de 95 centavos diarios.

La corte inferior dictó sentencia a favor del obrero re-clamante, adjudicándole las cantidades siguientes:'

“73 domingos a $.85 diarios- $62. .05
180 domingos a $.90 diarios- 162. 00
15 domingos a $.95 diarios- 14. 25
2146 novenas horas extras trabajadas durante igual número de días en la siguiente forma:
670 novenas horas a $.2125 por hora- 142. 38
1357 novenas horas a $.225 por hora- 305. 33
119 novenas horas a $.2375 por hora- 28. 26
6 horas extras en 670 días a $.10625- 427. J.3
6 horas extras en 1357 días a $.1125- 915. 98
6 horas extras en 119 días a $.11875- 84. 78.
Total_$2,142.16”.

Amparándose en las disposiciones de la Ley núm. 32 de 3 de mayo de 1943 (pág. 85), la Sucesión J. Serrallés acudió ante esta Corte en solicitud de un auto d.e certiorari, el cual fue expedido en junio 13 de 1944.

En apoyo de su recurso, la peticionaria señala dos erro-res que a su juicio fueron cometidos por la corte inferior al apreciar la prueba y al aplicar la ley a los hechos del caso.

Como primer señalamiento se alega que en contra de lo declarado por los propios querellantes, la corte inferior condenó a la demandada a pagarles tiempo doble por la novena hora, sin tener en cuenta lo que ya habían recibido en pago de su jornal durante el período a que se refiere la querella; y que la corte inferior erró también al condenar a la peticionaria a pagarle a los querellantes, a tipo sencillo, las horas adicionales en exceso de la novena, no teniendo en cuenta que esas horas les habían sido pagadas de acuerdo con el contrato de trabajo.

En la vista ante la corte de distrito declaró el querellante Francisco Vázquez Torres, en la forma siguiente: Desde agosto 2, 1935 ha estado trabajando como celador, cuidando utensilios, gasolina y maquinarias;- que desde junio 8, 1942 para acá ha estado ganando nn dólar diario y anteriormente $0.85 diarios; que entraba al trabajo a las cuatro de la tarde y salía a las siete de la mañana cnando llegaban los demás trabajadores; qne así ocurrió siempre; que durante esas horas tenía que vigilar, sin tener un momento de descanso y sin que nadie viniese a sustituirlo; que trabajó catorce horas diarias hasta junio 8 de 1942, “en que redujeron a ocho horas y pusieron otro salario”; que trabajaba seis horas extra todos los días; que el patrono le pagaba por semanas y le pagó por semanas de ocho horas nada más; que ahora le pagan un peso y le pagaban los sábados; que antes le en-tregaban $5.95 cada semana y trabajaba catorce horas dia-rias y ahora le pagan $7 cada semana y trabaja nada más que ocho horas; que durante ese tiempo trabajó más de 15,000 horas extras, que tienen un valor de $3,016.80, y no tuvo un solo día de descanso, pues trabajaba todos los do-mingos ; que en el 1936 hubo semanas en que no trabajó más que cuatro días, por haberse establecido turnos para darle oportunidad de trabajar a otros obreros; que las horas que reclama son las que él trabajó y no incluyen las de otras personas.

Bepreguntado por el abogado de la peticionaria, el recla-mante Vázquez declaró: que quien le empleó a él para tra-bajar como celador fue el jefe de la obra, Esteban Vidal; que éste le dijo: “Aquí hay este trabajo, si Ud. quiere acep-tarlo”, y él lo aceptó; que Vidal le dijo que había que en-trar a las cuatro de la tarde y salir a las siete de la mañana, ganando ochenta y cinco centavos por día; que ganó 85 centavos durante 1935 y 1936 y después le aumentaron a 90 centavos “por las mismas catorce'horas”; que en marzo o abril de 1941 le aumentaron a 95 centavos y entraba a las cuatro y salía a las siete del otro día; que cobraba los sábados y siempre le pagaron el jornal convenido de acuerdo con el número de días trabajados; y que Vidal nunca le ofreció pagarle algo más por las horas en exceso de las ocho horas de trabajo.

Declaró el querellante Julián Eodríguez en los mismos términos que su compañero Vázquez; y refiriéndose al con-trato de trabajo entre él y su patrono, declaró: que Vidal le dijo que necesitaba un hombre para sereno de noche y “que tenía que estar ahí a las cuatro de la tarde cuando salieran ellos, que yo quedaba ahí hasta que vinieran por la mañana a las siete”, y que le pagaría por eso noventa centavos; que le pagaban los sábados y cuando trabajaba la semana completa, siete días, pagaban $6.30.

Esteban Vidal, empleado de la Sucesión Serrallés y en-cargado de las obras de construcción declaró que fué él quien contrató los servicios de los reclamantes; que habló con ellos para que hicieran las guardias durante la'noche, desde las cuatro de la tarde hasta las siete de la mañana siguiente.

Las declaraciones de los propios querellantes demuestran concluyentemente que los salarios que ellos aceptaron- — y que su patrono les pagó por todos y cada uno de los días en que trabajaron — era por trabajar como celadores desde las cua-tro de la tarde hasta las siete de la mañana del día siguiente, o sea durante catorce horas. Siendo esos los términos del contrato entre las partes, y habiendo admitido los querellan-tes que el patrono les pagó los salarios al tipo estipulado, por todos los días en que ellos trabajaron como celadores, lo único que los querellantes tienen derecho a reclamar es el pago de la novena hora a tipo sencillo, para completarles la doble compensación que les concede la ley por la novena hora, de acuerdo con lo. resuelto por este Tribunal en los casos de Cardona v. Corte, 62 D.P.R. 61, Muñoz v. Corte, 63 D.P.R. 236 y Sucesión de Lucas P. Valdivieso v. Corte, ante, pág. 493.

La hora de trabajo debe computarse diviendo el jornal que recibía cada uno de los obreros querellantes por catorce, que era el número de horas convenido. De acuerdo con esta regla, los querellantes deben recibir:

Julián Rodríguez:
Por 1042 novenas horas a $.625 por hora_$65.12
Por 58 novenas horas a .650 por hora_. . 3. 77
Por 61 novenas horas a .700 por hora_ 4.27
Total_$73.16
Francisco Y. Torres:
Por 670 novenas horas a $.625 por hora_ $41. 88
Por'1357 novenas horas a .650 por hora_ 98.21
Por 119 novenas horas a .700 por hora_ 8. 33
Total_$148. 42

El segundo señalamiento se refiere a la concesión de compensación por días de descanso. Los querellantes, por la naturaleza del trabajo a que se dedicaban, no están in-cluidos entre los obreros que tienen derecho al día de des-canso con salario íntegro por cada seis días de trabajo. Parrondo v. L. Rodriguez & Co., ante, pág. 438; Sucesión de Lucas P. Valdivieso v. Corte, supra; y Compañía Popular de Transporte, Inc. v. Corte, ante, pág. 383.

Procede por lo expuesto devolver el caso a la Corte de Distrito para que modifique su sentencia anterior, conde-nando a la querellada a pagar al querellante Julián Rodri-gues la cantidad de $73.16 y al querellante Francisco V. Torres la cantidad de $146.42, sin costas, por no ser imponibles en esta clase de juicios, de conformidad' con la sección 14, Ley núm. 10 de noviembre 14 de 1917 (II, pág. 217).


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Raúl Maldonado Rodríguez, demandante y apelado, v. Comisión Hípica Insular de Puerto Rico, Etc., demandados y apelantes.
    Núm. 9006.

    Sometido: Noviembre 9, 1944.

      Resuelto: Febrero 2, 1945.

      Diego O. Marrero, abogado de los apelantes; Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Raúl Maldonado Rodríguez fué suspendido por el Jurado^ de los Hipódromos de Puerto Rico como jochea durante tres meses por alegada negligencia en la forma en que corrió un caballo en la primera carrera de las celebradas el día 16 de febrero de 1944 en el Hipódromo Las Monjas. La Corte de Distrito de San Juan, después de celebrada una vista, declaró con lugar una petición de injunction radicada por el jockey Maldonado, prohibiendo a los demandados, la Comisión Hí-pica Insular y el Jurado, poner en efecto la suspensión de-cretada. En este recurso alegan los demandados que la corte inferior erró al resolver que el Jurado no cumplió con las disposiciones del inciso H del artículo 96 del Reglamento de la Comisión Hípica; al resolver que el Presidente del Ju-rado, Dr. Juan Font Suárez, al declarar como testigo en la investigación del caso, no lo hizo bajo juramento porque no lo prestó ante persona autorizada para administrarlo; al resolver que la orden de citación, dirigida al apelado por el Jurado, no exponía un hecho del cual el apelado pudiera de-fenderse y al imponer a los apelantes las costas y el pago de cincuenta dólares por concepto de honorarios de ahogado.

Interpretando el alcance del inciso H del artículo 96 del Reglamento aprobado por la Comisión Hípica Insular dijimos en el caso de Hernández v. Comisión Hípica, et al., 50 D.P.R. 100, 102, lo siguiente:

“Convenimos en que no fué la intención de los redactores de dicho inciso que se observaran todas las solemnidades de un juicio. El Jurado de un hipódromo no está en condiciones de celebrar un juicio completo. Estamos muy convencidos de que se exigían mu-chas menos formalidades. Creemos que bastaría que los testigos y el acusado fuesen citados, juramentados y examinados de manera informal y que se le diera al jockey la oportunidad de llamar a otros testigos, quizá a algunos de los otros jockeys que tomaron parte en la carrera.”

Fué principalmente a base de esta decisión que la corte inferior resolvió que en el caso de autos la prueba demostró que el Jurado no había cumplido con los requisitos del in-ciso H del artículo 96, supra, primero, porque al declarar en la investigación practicada por el Jurado el Dr. Juan Font Suárez, presidente de dicho organismo, no lo hizo bajo ju-ramento; segundo, porque el Dr. Font Suárez, con anterio-ridad al día de la vista le tomó declaración a varias perso-nas las cuales no fueron citadas ni declararon bajo jura-mentó durante la investigación ante el Jurado, privando al apelado del derecho de oír e interrogar a dichas personas y tercero, porque la citación que. se hizo al jockey Maldonado no especificaba ningún hecho del cual pudiera él defenderse.

De la prueba aparece que si bien en la investigación prac-ticada por el Jurado no se cumplió estrictamente con el for-mulismo de que el Dr. Font Suárez levantara la mano y ju-rara decir verdad al declarar ante otro miembro del Jurado, él manifestó expresamente ante dicho jurado que lo que de-claraba lo hacía bajo juramento. Tanto el Dr. Font Suárez como el miembro del Jurado Sr. Luis Bigles, declararon que el primero declaró ante el segundo, bajo juramento, ya que la costumbre seguida por dicho organismo al efectuar sus investigaciones era hacer constar a los testigos que sus de-claraciones eran bajo juramento y que en esta misma forma fue que declaró el propio jockey Maldonado.

Nuestros estatutos no requieren ninguna forma especial para prestar y tomar una declaración bajo juramento. La afirmación del Dr. Font Suárez, de que lo que declaraba lo hacía bajo juramento, hecha ante el Sr. Bigles, quien como miembro del Jurado estaba autorizado para tomar juramen-tos de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Hípica Insular, es suficiente, a nuestro juicio, para establecer el hecho de que el Dr. Font Suárez declaró bajo juramento.

En cuanto a la citación hecha al apelado para comparecer a la investigación ante el Jurado, ninguna forma especial de citación requiere el inciso H del artículo 96, supra, y la que se expidió en este caso al expresar que se le citaba para “celebrar la vista en el caso que contra usted se sigue por infracción al artículo 249 del reglamento, consistente la infracción en la negligencia en que usted incurrió al correr el caballo Caridulce en la primera carrera celebrada el día 16 de febrero de 1944 . . . ” y que él podía comparecer ‘ ‘ con aquella prueba que tenga a bien someter a la consideración del Jurado en su defensa” fué suficiente para informar al apelado del cargo que se le hacía.

Consideramos que la corte inferior erró en cuanto al primero y tercero de los fundamentos apuntados pero no así en cuanto al segundo que es suficiente para sostener la sentencia dictada de acuerdo con lo resuelto, no sólo en el caso de Hernández v. Comisión, supra, sino también en los de Sifre v. Pellón, Juez, 54 D.P.R. 587 y Romany v. Jurado de los Hipódromos, 55 D.P.R. 325. La prueba demuestra que el Dr. Font Suárez, antes del día de la vista oficial celebrada por el Jurado, hizo una investigación privada con distintas personas en cuanto a la forma en que el peticionario se condujo en la primera carrera del día 16 de febrero de 1944. De la declaración del Dr. Font Suárez aparece lo siguiente:

“P. — Fuera del jockey, aparte del jockey ¿a quién más le to-maron declaración?
“R. — Personalmente desde luego yo hice. . . .
“P. — ¿A qué testigos?
“R. — Yo hice investigaciones por fuera de personas hípicas.
“P. — ¿A quién le preguntó usted?
“R. — A distintos hípicos.
“P. — Por ejemplo, ¿a quién?
“R. — Realmente no recuerdo los nombres.
“P. — ¿Una de las personas a quién Ud. le preguntó?
“R. — Yo no le sé el nombre, Maestro Goyo un zapatero de la Parada 17.
“P. — ¿Usted investigó con él respecto a la conducta del jockey?
“R. — Sí señor.
“P. — ¿A quién más investigó?
“R. — Investigué con un señor que trabaja en la Compañía de la Luz que frecuenta mucho las cuadras.
“P. — ¿Cómo se llama él?
“B. — Se llama Victoriano, no sé el apellido.
“P. — ¿Todo eso era en relación al jockey, a si el jockey babía corrido negligentemente el caballo?
“B. — La conducta del jockey, eso fué después.
“P.-^jLa conducta del jockey a ver si babía corrido el caballo negligentemente o no?
“B. — Bueno, desde luego.
“P. — Lo que le pregunto es ¿fué con relación al jockey?
“B. — Bespeeto a la conducta del jockey en la carrera.
“P. — ¿En otras palabras, si lo babía corrido bien o mal?
“B. — La opinión de ellos.
“P. — ¿A quién más le preguntó, con quién más investigó?
“R. — Bueno, yo be citado ya dos individuos.
. “P. — ¿Qué otras personas? B. — Otras personas.”

Aún cuando al principio el Dr. Font Suárez negó que la información que obtuvo privadamente de ciertas personas en cuanto a la forma en que actuó el apelado durante la primera carrera objeto de la investigación influyera en su ánimo al resolver como jurado el caso en contra del apelado, más ade-lante en su declaración admitió que “Desde luego yo quiero Facer la salvedad de que la investigación que yo he hecho •sobre esas personas la he hecho personalmente para solidifi-car o variar el criterio que yo hubiese tenido.” Y al pre-guntársele “¿Su criterio en cuanto a si había corrido negli-gentemente o no el jockey?”, contestó en la afirmativa.

No tenemos duda de que habiendo sido el Dr. Font Suá-rez el único testigo que declaró en contra del apelado en la investigación lo hizo con opinión previamente formada en cuanto a la negligencia del jockey y que no habiendo sido citados para declarar en la investigación ante el Jurado las personas a quienes interrogó privadamente el Dr. Font Suá-rez, se privó al apelado de la oportunidad de conocer sus testimonios, contrainterrogarlos y defenderse adecuadamente. Es obvio que el Jurado no cumplió con los requisitos míni-mos exigidos por el inciso H del artículo 96 del Reglamento, supra, según lo hemos interpretado y aplicado en los casos anteriormente citados y en su consecuencia no erró la corte inferior al así resolverlo.

Por último se señala como error la concesión de costas y honorarios de abogado. Las primeras son mandatorias de acuerdo con el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil según fue enmendado por la Ley núm. 94 de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 239) y los segundos, discrecionales dependiendo su concesión de la temeridad de la parte perdidosa. Dadas las cuestiones envueltas en el caso de autos somos de opinión que los apelantes no fueron temerarios al defenderse de la petición.

Debe modificarse la sentencia■ apelada eliminándose la concesión de cincuenta dólares en concepto de honorarios de abogado y así modificada, se ^confirma.

      (1)Olnciso (h) del artículo 96 del Reglamento, Reglas y Condiciones adop-tados por la Comisión Hípica Insular de Puerto Rico: "Antes de imponer cas-tigo alguno, deberá practicar, hasta donde sea posible, una investigación de los hechos denunciados, tomando todas las declaraciones bajo, juramento y dando la oportunidad al querellado de ser oído en su defensa.”

      (2)Por el contrario el artículo 118 del Código Penal, contenido en el capítulo que trata sobre el delito de perjurio, dispone lo siguiente:
      “§118. — (119 Cal.) Juramento, Definición. La palabra ‘juramento’, em-pleada en el precedente artículo, comprende una afirmación, así eomo toda otra forma de confirmar la verdad de lo que se declara.
      “Horma del Mismo. Podrá adoptarse la forma de prestar el juramento que el testigo tuviere por más obligatoria o solemne. No se exigirá ninguna forma especial de juramento o afirmación.’’ (Bastardillas nuestras.)
      V la sección anterior dispone en parte que “No se admitirá como defensa en ninguna eausa por perjurio la circunstancia de haberse prestado o tomado el juramento en forma irregular.”