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    Arnaldo Rosado Molina, recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Secretario de Justicia y otros, peticionarios.

      Número: CC-2015-92

      Resuelto: 18 de mayo de 2016

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Carmen A. Riera Ontrón y Celia M. Molano Flores, procuradoras generales auxiliares, abogadas de la parte peticionaria; Armando Rosado Molina y Yarisa Rullán Alcover, aboga-dos de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso nos exige analizar los postulados de la Ley de Aranceles del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970 (Ley Núm. 91), según enmendada, 30 LPRA sec. 1767a et seq., en aras de pautar la existencia o inexistencia de un término prescriptivo o de caducidad para incoar una reclamación de reintegro de comprobantes de pago no utilizados al amparo del Art. 3 de la referida ley. 30 LPRA sec. 1767c.

Examinemos la relación fáctica y el trámite procesal que originó la controversia de autos.

I

El 26 de diciembre de 2013, el Sr. Arnaldo Rosado Molina (señor Rosado Molina o recurrido) presentó una de-manda sobre reclamación de reintegro ante el Tribunal de Primera Instancia. En ésta adujo que suscribió una Escri-tura de Compraventa e Hipoteca para presentarla ante el Registro de la Propiedad (Registro) y que, a tales fines, el 11 de junio de 2009 adquirió el comprobante de pago de derechos de inscripción Núm. 5111, por la cantidad de $4,750. Alegó que la escritura no se presentó para inscrip-ción ante el Registro. En vista de ello, el 21 de noviembre de 2013 presentó una solicitud de reintegro ante el Nego-ciado de Recaudaciones del Departamento de Hacienda (Negociado) para reclamar la devolución del importe del comprobante de pago que no utilizó. El 2 de diciembre de 2013, el Negociado denegó la solicitud, fundamentándose en que el comprobante no utilizado caducó. Ante esa dene-gatoria, el señor Rosado Molina acudió al foro primario y solicitó que se le ordenara al Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), por conducto del Departamento de Hacienda (Hacienda), el reembolso de la cuantía pagada por el comprobante de rentas internas que no utilizó.

En respuesta, el ELA presentó una moción de desesti-mación en la que argumentó que la demanda deja de expo-ner una reclamación que justifique la concesión de un remedio. En su moción, reconoció que la citada Ley Núm. 91 dispone para que el contribuyente solicite el reintegro del importe de un comprobante no utilizado, mediante so-licitud escrita al Secretario de Hacienda (Secretario). Empero, adujo que la Ley de 12 de febrero de 1904 (Ley de 1904) es la disposición legal que establece el término para ejercer el derecho a reclamar el reintegro. 13 LPRA secs. 101-102. En específico, sostuvo que la Ley de 1904 dispone el término de caducidad de cuatro años, contados desde la fecha del pago de la cuantía o del ajuste del comprobante, y que es en ese plazo que el contribuyente puede solicitar el reintegro. De esa forma, concluyó que el señor Rosado Molina perdió su derecho a exigir el reembolso del importe del comprobante, por no ejercerlo en el término de cuatro años. Por lo tanto, razonó que no procede ordenarle al ELA la devolución de la cuantía pagada.

En oposición, el señor Rosado Molina argüyó que el caso amerita la concesión de un remedio a su favor, toda vez que pagó a Hacienda unos derechos regístrales que no utilizó. Alegó que el Art. 3 de la Ley Núm. 91, supra, es la disposición legal que atiende la devolución de aranceles, sellos y derechos de inscripción no utilizados, y que cumplió con los requisitos allí dispuestos. Adujo que, contrario a lo argumentado por el ELA, el término de caducidad de cuatro años que establece la Ley de 1904 no aplica a su solicitud de reembolso. En apoyo a lo anterior, sostuvo que su reclamación no se trata de un cobro ilegal o indebido, o en exceso, y mucho menos de la corrección de un error. En ese sentido, expresó que:

No se puede “por inferencia” aplicar esta disposición legal al caso de autos puesto que la transacción jurídica ejercitada es diferente y no [está] contemplada en [esta ley]. Se trata de un comprobante no utilizado, la transacción jurídica o negocio jurídico que provocó la compra de dicho comprobante no se perfeccionó, dicho evento no está contemplado en las disposi-ciones legales citadas por el [ELA], por tanto es forzoso con-cluir que existe una ambigüedad en la [l]ey, en cuyo caso no puede interpretarse en contra de la parte más débil quien es el contribuyente frente al Estado. (Énfasis en el original).

Por último, solicitó al foro primario que declarara “no ha lugar” la moción de desestimación y le ordenara a Hacienda devolverle el importe de $4,750, por no existir controversia sustancial sobre los hechos materiales en cuanto a la adquisición del comprobante, la no utilización de éste y la cuantía.

En réplica a la oposición presentada por el señor Rosado Molina, el ELA reiteró su petición de desestimación de la demanda por incumplimiento con el término de caducidad dispuesto en la Ley de 1904. En particular, argumentó que, en este caso, procede la desestimación por no existir controversia en torno a los asuntos siguientes: (1) el 11 de junio de 2009, el señor Rosado Molina adquirió el comprobante por la cantidad de $4,750 y no lo utilizó; (2) solicitó el reintegro a Hacienda el 21 de noviembre de 2013, conforme a lo dispuesto en el Art. 3 de la Ley Núm. 91; (3) el 2 de diciembre de 2013 Hacienda denegó la reclamación, porque el comprobante estaba caduco, y (4) que transcurrieron más de cuatro años desde la fecha en que el señor Rosado Molina compró el comprobante hasta la fecha cuando solicitó la devolución del importe. Para fundamentar su postura en cuanto a la aplicabilidad del referido término de caducidad, argüyó que aun cuando el Art. 3 de la Ley Núm. 91 no haga referencia a un término para presentar la reclamación de reintegro ante el Secretario, ello no debe interpretarse como que no existe tal término.

Según el ELA, es un principio de hermenéutica legal que en materias que se rijan por leyes especiales, la deficiencia de éstas se suplirá con las disposiciones del Código Civil o de otras leyes que regulan el mismo asunto. En consecuencia, el ELA razonó que la deficiencia que presenta la Ley Núm. 91, en cuanto al término para reclamar el reintegro de los comprobantes expedidos y no utilizados, quedó suplida por las disposiciones de la Ley de 1904. Aclaró que lo argumentado por el señor Rosado Molina, con relación a la no aplicabilidad de la Ley de 1904 por no tratarse de un caso de cobro ilegal, indebido, en exceso, ni de la corrección de un error, no es cónsono con lo establecido en esa ley. Destacó que el término estatuido en la Ley de 1904 es lo que al día de hoy existe con relación al término para reclamar reintegros, por lo que se utiliza lo allí dispuesto para atender este tipo de reclamaciones. Sostuvo que la Ley de 1904 aplica al caso de autos, pues un comprobante de pago que no se utilizó es una cantidad cobrada para otros fines. En ese sentido, enfatizó que se desprende del historial legislativo de la Ley de 1904 que su título se enmendó en dos ocasiones, mediante la Ley Núm. 388 de 13 de mayo de 1947 y, luego, mediante la Ley Núm. 231 de 10 de mayo de 1949, y que en ambas enmiendas se dispuso para que éste se extendiera al reintegro de ingresos cobra-dos para otros fines. Por lo tanto, insistió en que la recla-mación del señor Rosado Molina está sujeta al término de caducidad de cuatro años que se establece en la Ley de 1904.

Evaluados los escritos de las partes, el 28 de mayo de 2014, el foro primario dictó una sentencia en la cual declaró “no ha lugar” la moción de desestimación presentada por el ELA. En esencia, acogió todos los argumentos esgri-midos por el señor Rosado Molina y ordenó la devolución del importe de $4,750, por entender que no existía controversia sustancial sobre los hechos materiales respecto a la adquisición del comprobante, la cuantía y la no utilización de éste. Posteriormente, denegó una moción de reconsideración presentada oportunamente por el ELA.

Inconforme con tal determinación, el 17 de julio de 2014, el ELA presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, en el que reiteró los argumentos pre-sentados ante el foro primario. En términos generales, se-ñaló que erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que procede el pago del importe del comprobante no utili-zado, a pesar de que el contribuyente sometió su solicitud de reintegro ante Hacienda, luego de transcurrido el tér-mino de caducidad de cuatro años para presentar su reclamo. En apoyo a ese señalamiento de error, añadió que la Ley Núm. 91 es un estatuto tributario, por lo cual los aranceles del Registro tienen el carácter de contribución. A juicio del ELA, cuando un contribuyente adquiere un com-probante de rentas internas como requisito previo a la re-alización de una transacción registral, está pagando una contribución que equivale al valor del derecho que pretende inscribir. Por ende, adujo que, de no materializarse la operación registral para la cual se adquirió el comprobante, como ocurrió en el caso de epígrafe, el importe pagado por el comprobante será una contribución no exigible. En consecuencia, razonó que cuando el erario recibe el pago de esa contribución no exigible se trata de un cobro indebido sujeto a las disposiciones de la Ley de 1904. Por su parte, el 19 de agosto de 2014, el señor Rosado Molina presentó un escrito en oposición al recurso de apelación, en el que esencialmente reiteró todos sus argumentos.

El 29 de septiembre de 2014, el foro apelativo intermedio emitió una sentencia, mediante la cual confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Dictaminó que el Art. 3 de la Ley Núm. 91, supra, es la disposición legal que gobierna el presente caso, por tratarse de una reclamación de reintegro de los derechos pagados por un comprobante que no se utilizó, y no un pleito sobre reintegro de contribuciones pagadas en forma ilegal, indebida o en exceso. Por lo tanto, resolvió que en ausencia de un término prescriptivo que impida que el contribuyente ejerza los derechos provistos en el Art. 3 de la Ley Núm. 91, procede el reintegro del importe del comprobante. Oportunamente, el ELA solicitó la reconsideración de la sentencia dictada, la cual fue denegada.

En desacuerdo con ese dictamen, el 28 de enero de 2015, el ELA acude ante este Tribunal mediante una petición de certiorari, en la que solicita la revocación de la sentencia emitida por el foro recurrido. Señala que éste erró al no decretar la desestimación de la demanda presentada por el señor Rosado Molina y al concluir que procede la devolu-ción del importe pagado por un comprobante de rentas in-ternas no utilizado.

Así las cosas, el 28 de abril de 2015, expedimos el re-curso ante nuestra consideración. Con el beneficio de la comparecencia de las partes en el caso de epígrafe, proce-demos a resolver conforme a derecho.

II

En el descargo del deber de pautar el Derecho y de nuestra función adjudicativa, nos corresponde dirimir las controversias y adjudicar los derechos de las partes en este litigio, en atención a los preceptos de la Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, según enmendada, también conocida como Ley de Aranceles del Registro de la Propiedad, supra. En lo que atañe al asunto ante nos, es de particular impor-tancia analizar e interpretar lo dispuesto en el Art. 3 de la citada ley, con miras a determinar si existe un término prescriptivo o de caducidad para presentar una reclama-ción de reintegro de un comprobante de pago no utilizado. En esa tarea, es nuestro deber considerar los principios de hermenéutica jurídica.

A. En nuestro ordenamiento jurídico se han es-tablecido determinadas normas de hermenéutica legal que, en mayor o menor medida, se imponen como principios rectores del ejercicio de nuestra función adjudicativa. San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, 189 DPR 849, 868 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 126 (2012). Como es sabido, es un principio cardinal de hermenéutica que cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, su letra no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu. Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 14. Véanse, también: San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, supra, pág. 866; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 126; IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 739 (2012); Sánchez Díaz et al. v. E.L.A., 181 DPR 810, 821 (2011); Bomberos Unidos v. Cuerpo de Bomberos et al., 180 DPR 723, 750 (2011); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 938 (2010); Alonso García v. S.L.G., 155 DPR 91, 98 (2001); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 538 (1999). Amparándonos en este axioma de interpretación judicial, hemos establecido que “el primer paso al interpretar un estatuto es remitirnos al propio texto de la ley, puesto que cuando el legislador se ha expresado en un lenguaje claro e inequívoco, el propio texto de la ley es la expresión por excelencia de la intención legislativa”. Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 456 (2012). Es decir, no hay necesidad de recurrir al subterfugio de indagar más allá de la ley para cumplir con su propósito legislativo cuando su texto es claro. San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, supra, pág. 866; Cordero et al. v. ARPe, supra, pág. 456; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 938. En ese sentido, hemos sido diáfanos en establecer que un tribunal no está autorizado a adicionar limitaciones o restricciones que no aparecen en el texto de una ley, ni a suplir omisiones al interpretarla, con el pretexto de buscar la intención legislativa. Román v. Superintendente de la Policía, 93 DPR 685, 690 (1966); Meléndez v. Tribunal Superior, 90 DPR 656, 662 (1964). Además, hemos expresado que, de ordinario, debe descubrirse y hacerse cumplir la verdadera intención y deseo del Poder Legislativo, según expresada en la propia letra del estatuto. Cordero v. ARPe, supra, pág. 456.

En esos menesteres, debemos interpretar la ley en su conjunto, y no por secciones separadas. Véanse: Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 127; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, págs. 939-940. Por lo anterior, estamos obligados a armonizar, en la medida de lo posible, todas las disposiciones de la ley, en aras de obtener un resultado más sensato, lógico y razonable. Orraca López v. ELA, 192 DPR 31 (2014); San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, supra, pág. 869; IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, pág. 741; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940. Véase, además: R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. JTS, 1987, pág. 245.

Ahora bien, cuando exista alguna ambigüedad en el texto de la ley debemos procurar que ésta se interprete de tal forma que no se produzca un resultado absurdo o contrario a la verdadera intención o propósito del legislador. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 DPR 231, 245 (2010). En circunstancias en las que existan tales riesgos, los tribunales podrán recurrir a fuentes extrínsecas al texto de la ley. Id. Véase, también: Pérez v. Mun. de Lares, 155 DPR 697, 706 (2001). Así, por ejemplo, será preciso consultar el historial legislativo del estatuto en cuestión para indagar cuál ha sido la voluntad legislativa. Pueblo v. Zayas Rodríguez, supra, pág. 539. Otras fuentes que serán de gran utilidad en la tarea de determinar el significado de un acto legislativo son los informes de comisiones y los debates en el hemiciclo. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 127; Pueblo v. Zayas Rodríguez, supra, pág. 539. Véase, también, Bernier y Cuevas Segarra, op. cit, pág. 243.

Ala luz del marco doctrinal expuesto, procedemos a examinar las disposiciones de la Ley Núm. 91 que resultan pertinentes a la controversia de epígrafe. Veamos.

B. La Ley Núm. 91 estableció el arancel de los derechos que se pagarán por las operaciones en el Registro y, a su vez, dispuso la forma de pago de estos derechos. Cónsono con esos propósitos, el Art. 3 de la Ley Núm. 91 establece que:

Los derechos que se devenguen por las operaciones regístrales, según lo dispuesto en las secs. 1767a a 1767e de este título, se pagarán en las Colecturías de Rentas Internas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o con los sellos, valores o documentos que el Secretario de Hacienda autorizare para estos propósitos y expidiere manual o electrónicamente por sí o por medio de agentes de sellos de rentas internas.
Se expedirá un comprobante de pago. La copia del compro-bante comprado en [la] Colecturía o el original del comprobante comprado electrónicamente (ya sea por medio de un agente para la venta de sellos de rentas internas o del Departamento de Hacienda), será entregado al presentarse el documento o los documentos en la sección correspondiente del Registro de la Propiedad de Puerto Rico. El Registrador conservará los com-probantes y formará legajo de los mismos por años fiscales, pro-cediendo a destruir los que pertenezcan a todos los documentos despachados con anterioridad a la fecha en que terminó la úl-tima intervención de la Oficina del Contralor, procediendo de igual manera en las intervenciones futuras. El contribuyente solicitará por separado un comprobante de diez dólares ($10) para el asiento de presentación hasta un máximo de tres (3) comprobantes por el total de los derechos de inscripción.
El Registrador anotará el número, la cantidad y fecha de los comprobantes de pago en el libro de presentación o de registro, según sea el caso, y en las copias certificadas de los documentos.
En aquellos casos en que los comprobantes de pago expedi-dos para estos propósitos no fueren utilizados por el contribu-yente, éste podrá solicitar el reintegro de los derechos así paga-dos mediante solicitud por escrito al Secretario de Hacienda, acompañando el original y la copia del comprobante de pago originalmente expedido por la Colecturía o el original del com-probante de pago expedido electrónicamente.
Cuando el importe de los comprobantes de pago exceda de los derechos registrales determinados por el Registrador para la inscripción de cualquier documento, el contribuyente podrá ob-tener el reintegro de lo pagado en exceso, siempre que así lo solicite por escrito al Secretario de Hacienda. El contribuyente que haya adquirido el comprobante en la Colecturía, acompañará su solicitud con el original del comprobante de pago y una certificación bajo la firma del Registrador donde se haga cons-tar el monto de los derechos reintegrables al contribuyente. El contribuyente que haya adquirido el comprobante electrónicamente acompañará a su solicitud de reintegro la certificación del Registrador y una copia del comprobante certificada por éste. (Enfasis suplido). 30 LPRA sec. 1767c (ed. 2005).

A través del citado artículo, se modificó la forma como originalmente se realizaba el pago de aranceles por operaciones en el Registro. Así, se eliminó el pago de derechos registrales mediante la cancelación de sellos de rentas inter-nas por la emisión de comprobantes de pago en las Colectu-rías de Rentas Internas. Además, este articulado le confirió la facultad al Secretario de Hacienda para reintegrar los derechos pagados por un comprobante de pago que el con-tribuyente no utilizó, siempre que se presente una solicitud escrita al Secretario a esos efectos y se acompañe el original y copia del comprobante de pago expedido originalmente por la Colecturía o el original del comprobante expedido electró-nicamente, según sea el caso. No obstante, nada se dispuso en cuanto al término para solicitar tal reintegro.

Por otro lado, cabe señalar que luego de la aprobación de la Ley Núm. 91, el Art. 3 ha sido enmendado en múltiples ocasiones. Sin embargo, ninguna de las enmiendas introdujo cambios o modificó significativamente la disposición que faculta al Secretario a reintegrar el importe de un comprobante de pago no utilizado. Mucho menos se incorporó un límite de tiempo que una persona tendría para solicitar el reintegro.

Como corolario, las disposiciones estatutarias contenidas en la Ley Núm. 91 son claras a los efectos de establecer el proceso mediante el cual se solicita el reintegro de un com-probante de pago que se adquiere para realizar operaciones regístrales y no se utiliza. Para ello, el adquirente solicita el reintegro del comprobante no utilizado mediante solicitud escrita al Secretario, acompañada del original y copia del comprobante originalmente expedido por la Colecturía o el original del comprobante expedido electrónicamente.

Empero, para atender el planteamiento presentado por el ELA con relación a la aplicabilidad del plazo de caduci-dad de cuatro años que se dispone en la Ley de 1904, re-sulta necesario que evaluemos los preceptos enunciados en ese estatuto. Procedemos.

C. La Ley de 12 de febrero de 1904 (13 LPRA secs. 101-102) regula, primordialmente, lo concerniente al reintegro de cantidades cobradas ilegal o indebidamente o en exceso. El ELA esgrime su argumentación basado en la Sec. 2 de esta ley, la cual dispone lo siguiente:

Siempre que resultare, a satisfacción del Secretario de Hacienda de Puerto Rico, bien a solicitud de cualquier parte in-teresada, o bien por investigación practicada por el Secretario de Hacienda de Puerto Rico, al hacer la revisión o corrección de los recibos de ingresos de cualquier fuente, que ilegal o indebidamente o en exceso se han cobrado cantidades de di ñero por el Secretario de Hacienda de Puerto Rico o por sus agentes o por cualquier otro funcionario u oficial capacitado legalmente para recaudar y depositar fondos públicos, o que se han ingresado cantidades indebidamente por medio de ajustes o de transferencias, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico o el jefe de departamento o agencia en que se hubieren origi-nado las reclamaciones, quedan por la presente autorizados, con la aprobación del Secretario de Hacienda de Puerto Rico, para librar una orden de pago a favor de la parte interesada reclamante por la cantidad que corresponda o para tramitar el correspondiente comprobante de ajuste para corregir el error; Disponiéndose, que no se concederá la devolución de cantidades pagadas ilegal o indebidamente o en exceso de la cantidad debida después de transcurridos cuatro (4) años desde la fecha del pago de dichas cantidades o del ajuste de dichos comprobantes, a menos que antes de vencidos dichos cuatro (4) años la parte interesada solicitare del Secretario de Hacienda, por escrito, su devolución-, y Disponiéndose, además, que las sees. 101 y 102 de este título no serán interpretadas en el sentido de autorizar el reintegro de contribuciones de clase alguna cobradas ilegal o indebidamente o en exceso. (Énfasis suplido). 13 LPRA sec. 101.

Según se desprende de la citada disposición, solo se impuso un término de caducidad de cuatro años para solicitar la devolución de aquellas cantidades cobradas ilegal o indebidamente o en exceso.

Además, surge de sus antecedentes legislativos que este estatuto se ha enmendado en varias ocasiones. No obs-tante, nos limitamos a exponer aquellas enmiendas que resultan relevantes al caso. Mediante la Ley Núm. 388 de 13 de mayo de 1947 (1947 Leyes de Puerto Rico 745) se enmendó la Ley de 1904 para sustituir su título, que para aquel entonces leía: “Ley disponiendo el reintegro de can-tidades cobradas indebidamente por concepto de contribu-ciones”, para que leyera: “Ley disponiendo el reintegro de contribuciones y de ingresos por otros conceptos indebida-mente cobrados y para otros fines”. Transcurrido algún tiempo, se aprobó la Ley Núm. 231 de 10 de mayo de 1949 (1949 Leyes de Puerto Rico 719), mediante la cual se mo-dificó nuevamente el título de la Ley de 1904 para adoptar el lenguaje del actual título, a saber: “Ley disponiendo el reintegro de cantidades cobradas ilegal o indebidamente o en exceso y para otros fines”.

Salvo las enmiendas concernientes al título del es-tatuto, no se ha encontrado nada en el texto o el trámite legislativo de la Ley de 1904 que arroje luz en torno a la aplicabilidad del término de caducidad de cuatro años a los supuestos en que no se utiliza un comprobante de pago que se expidió para los propósitos enunciados en la Ley Núm. 91. En fin, no se ha aprobado ninguna enmienda a la Ley de 1904 que incluya los comprobantes de pago no utiliza-dos que se contemplan en la Ley Núm. 91, para que les aplique el término de cuatro años para reclamar el reintegro de esos comprobantes. Ello, pues la Ley de 1904 se promulgó expresamente con el objetivo de atender el asunto del reintegro de cantidades cobradas ilegal o indebidamente o en exceso. Como vimos, la Ley Núm. 91 tampoco hizo referencia alguna a un plazo para que procediera la devolución del importe de un comprobante de pago no utilizado para una operación registra! Por lo tanto, pro-cede aplicar el texto claro de ambas legislaciones.

De acuerdo con la normativa jurídica expuesta, procede-mos a resolver la controversia de epígrafe.

III

Como hemos reseñado, tras la denegatoria del Nego-ciado a su solicitud de reintegro, el señor Rosado Molina instó una demanda ante el foro primario para reclamar la devolución del importe pagado por un comprobante de pago que no utilizó. En apoyo a su reclamación, el recu-rrido adujo que la disposición legal que gobierna la contro-versia de autos es el Art. 3 de Ley Núm. 91, supra, y acre-ditó haber cumplido con lo allí dispuesto. En consideración a la ausencia de un término expreso en la citada ley para ejercer una reclamación de reintegro, el Tribunal de Pri-mera Instancia determinó que no procedía desestimar la demanda incoada por el señor Rosado Molina y ordenó la devolución del importe pagado por el comprobante de pago.

Inconforme con tal proceder, el ELA recurrió al Tribunal de Apelaciones. El referido foro confirmó el dictamen del foro primario y decretó que, ante la ausencia de un término específico en la Ley Núm. 91 que limite el derecho del re-currido a solicitar el reintegro, procede ordenar el pago del importe del comprobante no utilizado. Razonó que el caso de epígrafe está gobernado por lo dispuesto en la Ley Núm. 91, pues no se está ante un pleito sobre reintegro de con-tribuciones cobradas ilegal o indebidamente, o en exceso. En vista de ello, el ELA comparece ante este Tribunal con la pretensión de que revoquemos el dictamen recurrido.

El ELA plantea que lo resuelto por el foro apelativo intermedio es errado, toda vez que alega que existe un término para ejercer los derechos reconocidos en el Art. 3. Específicamente, aduce que el artículo tiene una deficiencia que ha quedado suplida con el término de cuatro años dispuesto en la Sec. 2 de la Ley de 1904, supra. Para sostener su postura, el ELA señala que ese plazo de caducidad contenido en la Ley de 1904 es “lo que al día de hoy existe en relación a términos para reclamar reintegros”. No podemos estar contestes con tal raciocinio.

El ELA nos solicita que, en nuestro ejercicio de interpre-tación, apliquemos el plazo de caducidad de cuatro años que se dispuso en la Ley de 1904. Sin embargo, tomar el curso de acción propuesto por el ELA implica desvirtuar el claro lenguaje de ambas legislaciones y soslayar la reali-dad que motivó su aprobación. Nos explicamos.

La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 91 reitera el fin que persiguió el legislador al aprobarla, a saber: refor-mar el sistema de pago de aranceles por operaciones regís-trales para acelerar la tramitación y despacho de los docu-mentos que se presentan ante el Registro. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970 (1970 Leyes de Puerto Rico 251). De igual modo, recalca que su aprobación respondió a la necesidad de conciliar las inter-pretaciones conflictivas que los usuarios del Registro hacían con relación al arancel vigente en aquel momento. íd. Esos objetivos también se reiteraron durante todo el trámite le-gislativo para la aprobación de la ley. Así surge de los infor-mes presentados por las comisiones que evaluaron la me-dida y de la discusión en los procedimientos celebrados por ambos cuerpos legislativos. Véanse: 24 (Parte III) Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara de Represen-tantes) 1182-1184 (1970); 24 (Parte II) Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado) 825-828 (1970). Es de-cir, las disposiciones de la Ley Núm. 91 se pensaron en el contexto particular de las operaciones que se llevan a cabo en el Registro.

Por otro lado, según concluyeron correctamente los foros recurridos, la reclamación presentada por el señor Rosado Molina no se encuentra enmarcada en los tres supuestos contemplados en el texto de la Ley de 1904. El término de caducidad de cuatro años limita la devolución de cantida-des pagadas de forma ilegal, indebida o en exceso de la cantidad correspondida. Aquí el señor Rosado Molina pagó una contribución cuya procedencia está decretada por ley. La cuantía monetaria que sufragó para obtener su compro-bante fue realizada correctamente en un marco legal tributario. Por lo tanto, la cantidad que contribuyó no fue pagada ilegal o indebidamente.

Por otra parte, tampoco estamos ante el supuesto de una cantidad pagada en exceso de lo correspondiente por ley. La contención del señor Rosado Molina es que pagó por un comprobante que nunca utilizó. Por consiguiente, esta no es una situación en la que se reclama la devolución porque se pagó una suma mayor a la que correspondía, sino una donde se reclama la devolución total del importe pagado y no utilizado. El lenguaje de la Ley de 1904 no nos permite concluir que el término de caducidad sea extensivo a la devolución de las cantidades de un comprobante paga-das correctamente, pero no utilizadas.

Por lo tanto, no sería lógico, razonable ni sensato aplicar las disposiciones de la Ley de 1904 al caso particular de los comprobantes de pago que se adquieren para efectuar ope-raciones regístrales y no son utilizados. Ello, toda vez que la Ley Núm. 91 y la Ley de 1904 se promulgaron para fines distintos. Conforme a los materiales legislativos consultados, la voluntad legislativa al aprobar cada uno de estos estatutos respondió a exigencias propias del momento histórico en el que se adoptaron. En ese sentido, no dudamos que la intención del legislador no fue aplicar a los compro-bantes de pago no utilizados el término de caducidad de cuatro años, el cual solo se contempló para cantidades co-bradas ilegal o indebidamente o en exceso.

Más aún, como ya hemos mencionado, luego de la apro-bación de la Ley Núm. 91, el Art. 3 ha sido enmendado en múltiples ocasiones, sin que se haya modificado lo relativo a los comprobantes de pago no utilizados. Tampoco la Ley de 1904 ha sido enmendada a tales efectos. En consecuencia, no podemos acoger la postura del ELA sin que ello conlleve incurrir en la práctica no autorizada ni deseable de dar a la Ley Núm. 91 una redacción judicial distinta a la utilizada por el legislador, intercalando en ella un término que no se contempló. Nótese que validar, por fiat judicial, la postura del ELA conduciría al resultado absurdo de equiparar la solicitud del peticionario con los conceptos pago indebido, ilegal o en exceso de contribuciones, a pesar de que su reclamo no es germano a estos y, por el contrario, es materia expresamente regulada por la Ley Núm. 91. Ello, pues como hemos expuesto, el comprobante de pago en controversia no está contemplado como una contribución ilegal, indebida o en exceso. Cónsono con lo anterior, hemos manifestado que, en el ejercicio de disipar los vacíos estatutarios, debemos ser cautelosos, ya que no podemos adoptar un término prescriptivo, por más analogía que guarde, que frustre la intención que emana de la ley en cuestión o de la política pública que la inspira. Orraca López v. ELA, supra, pág. 45.

Por último, en su comparecencia, el ELA también argumenta que la Ley Núm. 91 es un estatuto tributario, cuyos aranceles tienen carácter de contribución, por lo que resulta forzoso recurrir a la Ley de 1904 para determinar cuál es el término aplicable a los comprobantes de pago no utilizados. Para intentar dar sostén a su contención, insiste en que la Ley de 1904 trata sobre la misma materia que la Ley Núm. 91, por lo cual suple las lagunas o los vacíos estatutarios de ésta última. No le asiste la razón.

Esa argumentación contrasta con lo resuelto en reiteradas ocasiones por este Tribunal, en el sentido de que las leyes en materia contributiva no pueden interpretarse extensivamente, sino de forma justa, y según sus propios términos, para que toda ambigüedad se interprete restricti-vamente contra el Estado y a favor del ciudadano. San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, supra, pág. 861; IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, págs. 741-742; Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522, 537 (2009). Véase, también, B.B.C. Realty v. Secretario Hacienda, 166 DPR 498, 511 (2005). Así pues, no podemos avalar una interpretación de la ley que atenta contra la intención que emana de ella y los más elementales principios de justicia. No existen bases, ni en la letra ni el espíritu de la Ley Núm. 91, que justifiquen imponer un término prescriptivo o de caducidad en estos casos. Resolver de otra manera resultaría en una injusticia, pues siendo el contribuyente la parte más débil quedaría privado de ejercer su derecho a exigir la devolución de la cantidad que pagó para realizar una operación registral que no se efec-tuó, aun cuando la Asamblea Legislativa no facultó al Secretario de Hacienda a retener esa cuantía. Más impor-tante aún, la imposición de un término para instar una reclamación de reintegro, en virtud de lo preceptuado en el Art. 3 de la Ley Núm. 91, constituiría una usurpación del Poder Legislativo, quien tiene la potestad de legislar un término y ha optado por no hacerlo.

Con la convicción de que no ha sido la voluntad legislativa imponer un plazo para ejercitar la causa de acción que nos ocupa al amparo del Art. 3 de la Ley Núm. 91, resolvemos que no existe un término para interponer una reclamación de reintegro del importe de un comprobante de pago adquirido para efectuar una operación registral, pero no utilizado. Por lo tanto, en el caso ante nos, el Secretario de Hacienda estaba obligado a reintegrarle al señor Rosado Molina los $4,750 que pagó por el comprobante que no utilizó. Ello, toda vez que éste acreditó haber adquirido un comprobante de pago por esa cuantía, que no utilizó el comprobante y que reclamó el reintegro del importe pagado mediante solicitud escrita al Secretario.

IV

Por los fundamentos que anteceden, procede confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.

       Moción en oposición a solicitud de desestimación, Apéndice, pág. 36.

       El Sr. Amaldo Rosado Molina también invocó la doctrina del enriquecimiento injusto por parte del Estado Libre Asociado (ELA). No obstante, nos abstendremos de discutir los argumentos de enriquecimiento injusto por no ser necesario para dispo-ner del presente caso.

       Para fundamentar esta premisa, el ELA hizo referencia al Diccionario de la Real Academia Española, que define el término “indebido” como: “Que no es obliga-torio ni exigible”. http://dle.rae.es/?id=LLpJHWV

       Antes de la Ley Núm. 91 estaba en vigor la Ley Núm. 67 de 20 de junio de 1963 (1963 Leyes de Puerto Rico 258), que establecía el arancel del Registro de la Propiedad.

       En 1977, lo enmendó la Ley Núm. 54 de 7 de junio de 1977 (1977 Leyes
        de Puerto Rico 123) para incluir la disposición sobre la destrucción de las copias de comprobantes de pago. En 1982 se enmendó nuevamente a los fines de aumentar el valor del comprobante de pago de la cantidad de $1 a $2. Ley Núm. 3 de 12 de agosto de 1982 (1982 Leyes de Puerto Rico 222). Luego, se enmendó mediante la Ley Núm. 163 de 10 de agosto de 1988 (1988 Leyes de Puerto Rico 760) para sustituir la aseve-ración “y otro comprobante por el total de los derechos de inscripción” por “hasta un máximo de tres (3) comprobantes por el total de los derechos de inscripción”. Por último, el referido artículo se enmendó en términos generales mediante la Ley Núm. 364 de 28 de diciembre de 1999 (1999 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1715).


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Anabely Baretty Torres.

      Número: TS-12920

      Resuelto: 19 de mayo de 2016

      Manuel E. Avila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Anabely Baretty Torres, pro se.

   per curiam:

Una vez más nos vemos precisados a ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un integrante de la clase togada por incumplir con los requisitos y requeri-mientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y por desatender las Órdenes de este Tribunal. Por los fun-damentos que enunciamos a continuación, se ordena la suspensión inmediata e indefinida de la Leda. Anabely Ba-retty Torres (licenciada Baretty Torres) del ejercicio de la abogacía. Veamos los antecedentes fácticos que sostienen nuestro dictamen.

HH

La licenciada Baretty Torres fue admitida al ejercicio de la abogacía el 25 de enero de 2000. Asimismo, el 2 de marzo de 2000 prestó juramento para ejercer el notariado en nuestra jurisdicción.

El 12 de mayo de 2015, el Director de la ODIN, Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, nos remitió un Informe Especial. En este nos informó que el 10 de diciembre de 2014, y reenviada el 9 de enero de 2015, le remitió una comunicación a la licenciada Baretty Torres expresándole que adeudaba a la ODIN un total de (16) dieciséis Indices de Actividad Notarial correspondientes a los meses si-guientes: diciembre de 2012; enero a marzo, junio a agosto, noviembre y diciembre de 2013; abril a octubre de 2014. A su vez, se le indicó que no había presentado los Informes Estadísticos de Actividad Notarial Anual para 2012 y 2013.

De la misiva se desprende los esfuerzos realizados por la ODIN para que la licenciada Baretty Torres cumpliera con sus responsabilidades. Así el 24 de marzo de 2015, la Unidad de Informes Notariales de la ODIN le cursó una comunicación vía correo electrónico a la licenciada Baretty Torres. En esta se le señaló a la licenciada Baretty Torres que se había tratado de conseguir mediante llamada tele-fónica sin resultados positivos. Se le señaló su incumpli-miento con la presentación de índices de Actividad Notarial Mensual y se le notificó que adeudaba, además, aquellos que debieron haberse presentado en noviembre y diciembre de 2014, así como en enero y febrero de 2015. Se le informó, además, que debía el Informe de Actividad Notarial Anual para 2014. La licenciada Baretty Torres no contestó este requerimiento.

Por su parte, la Unidad de Asuntos No Contenciosos de la ODIN le informó al Director de la ODIN que no surgía de los archivos que la licenciada Baretty Torres tuviera vigente la Fianza Notarial requerida por ley. La última confirmación de pago de la letrada con esa obligación se relaciona a la Fianza Notarial prestada para el periodo de 7 de febrero de 2013 a 7 de febrero de 2014, la cual había sido cancelada por la compañía Universal Insurance, Co., conforme surgía de una comunicación de 7 de febrero de 2014.

En la misiva cursada a la licenciada Baretty Torres se desprende que la ODIN la orientó sobre la gravedad de la conducta desplegada así como las consecuencias disciplina-rias que acarreaba tal incumplimiento. La ODIN le conce-dió un último término a la licenciada Baretty Torres para rendir los documentos adeudados. La carta finalizaba con la advertencia de que la ODIN podría acudir a este Tribunal en caso de incumplimiento. La correspondencia fue re-cibida por la licenciada Baretty Torres el 13 de enero de 2015 en Tampa, Florida.

Así las cosas, y referido el asunto a nuestra atención, el 29 de mayo de 2015 emitimos una Resolución en la cual le concedimos un término de veinte (20) días a la licenciada Baretty Torres para que se expresara sobre el Informe Especial. En esta le apercibimos a la licenciada Baretty Torres de que su incumplimiento con los términos de la Resolución conllevaría sanciones severas, incluyendo su suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía. Ese tér-mino venció sin que la letrada compareciera. Así las cosas, el 28 de julio de 2015 compareció nuevamente el Director de la ODIN, esta vez para notificar el incumplimiento de la notaría con nuestra Resolución de 29 de mayo de 2015. Por ello, le concedimos a la licenciada Baretty Torres un término de veinte (20) días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendida del ejercicio de la abogacía. No obs-tante, la licenciada Baretty Torres no ha comparecido.

Pasemos a exponer la normativa aplicable a esta rela-ción de hechos.

II

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, dispone que todo abogado deberá observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la función de abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. In re Bello Rivera, 192 DPR 812 (2015); In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553 (2015).

Además, reiteradamente hemos señalado que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9, supra. In re Bello Rivera, supra; In re De Jesús Román, 192 DPR 799 (2015). Asimismo, hemos advertido que procede la sus-pensión del ejercicio de la profesión cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias. “Idéntica consecuencia supone el incumplir con los requerimientos de entidades a las cuales le hemos delegado alguna función en las tareas de regular el ejercicio de la profesión, como lo son la Oficina de la Procuradora General, la Oficina de Inspección de Notarías y la Junta del [Programa de Educación Jurídica Continua]”. In re Ezratty Samo et al., 2016 TSPR 19, pags. 8—9, 194 DPR 960. (2016). Por ello, ignorar los reque-rimientos de estas entidades constituye por sí mismo una falta ética que conlleva la imposición de sanciones discipli-narias severas. íd.

Asimismo, la práctica de la notaría requiere el mayor celo en el cumplimiento de los deberes que le im-pone la ley y el ordenamiento ético. Por lo tanto, un notario no puede cruzarse de brazos ante los señalamientos y re-querimientos de la ODIN.

Por otra parte, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, dispone que todos los abogados tienen “la obligación de mantener actualizados sus datos y realizar cualquier cambio en la información que consta en el Registro Único [de Abogados y Abogadas (RUA)]”. Entre otras cosas, el incumplimiento con este deber obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. Por lo tanto, el mero incumplimiento de lo anterior también podrá conllevar la imposición de sanciones disciplinarias. In re Ezratty Samo et als., supra; In re Sitiriche Torres, 192 DPR 777 (2015).

III

Según relatáramos, la licenciada Baretty Torres no ha cumplido con los requisitos del ejercicio de la notaría ni con nuestros requerimientos. Aun cuando se le apercibió a la licenciada Baretty Torres de que podrían imponérsele san-ciones disciplinarias severas, de no responder oportunamente a nuestros requerimientos, esta ha hecho caso omiso. Tampoco ha actualizado su dirección postal y física en la base de datos del RUA, conforme lo exige la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, supra.

La actitud de indiferencia y despreocupación de la licenciada Baretty Torres ante sus obligaciones y más aún ante los requerimientos de la ODIN y de este Tribunal es totalmente inaceptable. Su proceder es de dejadez y menospreció hada la autoridad de esta Curia y esa conducta es incompatible con el ejercicio de la profesión.

Así, en vista del craso incumplimiento de la letrada con los requisitos que impone la Ley Notarial de Puerto Rico y las Órdenes de este Tribunal, decretamos su suspensión in-mediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. En conse-cuencia, se le impone el deber de notificar a todos sus clien-tes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Asimismo, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del tér-mino de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión ’’per curiam” y Sentencia.

Por último, el Alguacil de este Tribunal deberá gestionar la incautación de la obra y el sello notarial de la licenciada Baretty Torres y entregarla a la Oficina del Director de Ins-pección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera García no intervino.

       Nos indica el Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús que la carta fue notificada originalmente a una dirección que obraba en el Registro Único de Abogados y Abo-gadas (RUA). No obstante, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) confirmó que la dirección oficial de la notaría es en Tampa, Florida, por lo que renvió la comuni-cación nuevamente. La primera comunicación enviada fue devuelta por el Sistema Federal de Correo Postal como “No Reclamada” (“Unclaimed”).


text:
      In re José O. Sepúlveda Padilla.

      Número: TS-15,338

      Resuelto: 25 de mayo de 2016

      Geisa M. Marrero Martínez, directora del Programa de Edu-cación Jurídica Continua, en informe; Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Juan O. Sepúlveda Padilla, pro se.

   per curiam:

Por su reiterada indiferencia ante los reque-rimientos del Programa de Educación Jurídica Continua (Programa o PEJC) y de la Oficina de Inspección de Nota-rías (ODIN), así como su desidia ante las órdenes emitidas por este Tribunal, decretamos la separación inmediata e in-definida del Ledo. José O. Sepúlveda Padilla (licenciado Se-púlveda Padilla) de la práctica de la abogacía y la notaría.

i—H

A. Programa de Educación Jurídica Continua

La anterior Directora del Programa de Educación Jurídica Continua, la Hon. Geisa M. Marrero Martínez (Directora del Programa), nos presentó un Informe sobre Incumplimiento con [Zos] Requisito[s] de Educación Jurídica Continua. Detalló el serio patrón de inobservancia desplegado por el licenciado Sepúlveda Padilla con las horas créditos de educación jurídica continua. Describió, además, las múltiples gestiones y esfuerzos realizados, dirigi-dos a que el letrado cumpliese con los cursos correspondientes al periodo de 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2009, el primer periodo de cumplimiento una vez concluida la exención provista para los primeros dos años, luego de haber sido admitido a la profesión legal. El letrado tampoco pagó la cuota por cumplimiento tardío que exige la Regla 30 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua (Reglamento del Programa), 4 LPRA Ap. XVII-E.

El 3 de septiembre de 2009 se le envió un Aviso de Incumplimiento, mediante el cual, entre otras opciones, se le confirió al letrado un periodo de sesenta días adicionales para tomar el total de créditos requeridos. Ante su inacción, el 1 de septiembre de 2011 se le citó a una vista informal para celebrarse el 22 de septiembre de ese mismo año.

Llegado el día, el licenciado Sepúlveda Padilla compare-ció a la vista informal y solicitó una prórroga en la cual se comprometió a completar los requisitos reglamentarios del Programa. Ahora bien, transcurrido un tiempo sustancial de casi tres años desde la vista informal, el 1 de agosto de 2014 se le notificó al letrado la Determinación de la Directora Ejecutiva del Programa en relación a la vista en cuestión. A esos efectos, la funcionaria le otorgó veinte días para verificar su cumplimiento con los aludidos requisitos. Le apercibió de que, de lo contrario, referiría el asunto a la consideración de la Junta del Programa de Educación Jurídica Continua (Junta). Se le informó, además, que su Historial de Cursos Acreditados reflejaba una deficiencia en los periodos subsiguientes, es decir del año 2009 al 2011 y del 2011 al 2013. Considerada la inacción del letrado en el plazo concedido, la Directora presentó el caso ante la Junta y le recomendó rendir un informe a este Tribunal sobre ese incumplimiento. Ese organismo acogió la recomendación de su Directora, quien nos sometió el Informe aludido.

Así las cosas, el 20 de octubre de 2014 tomamos conocimiento del Informe y le concedimos veinte días al licenciado Sepúlveda Padilla para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la profesión por incumplir con los requisitos reglamentarios de educación jurídica continua y por no comparecer ante el PEJC cuando le fue requerido. Luego de examinar una solicitud de prórroga presentada ante esta Curia por el abogado de epígrafe, el 20 de noviembre de 2014 le otorgamos un término adicional de veinte días para cumplir con nuestra Resolución anterior. Al presente, el licenciado Sepúlveda Padilla ha incumplido con lo ordenado por este Tribunal.

B. Oficina de Inspección de Notarías

El 18 de mayo de 2015, el Lcdo. Manuel E. Ávila de Jesús, Director de la Oficina de Inspección de Notarías (Director de la ODIN), presentó un documento titulado Informe sobre Incumplimiento de la Ley Notarial [de] Puerto Rico y su Reglamento y en Solicitud de Remedios, mediante el cual nos alertó de la desatención del licenciado Sepúlveda Padilla con sus deberes notariales. El referido funcionario indicó que el 23 de diciembre de 2014 le dirigió una carta certificada con acuse al abogado de epígrafe para informarle que adeudaba treinta y seis índices de Actividad Notarial Mensual, así como cinco Informes Estadísticos de Actividad Notarial Anual. Por tal razón, le concedió un término de diez días naturales para que sometiera los documentos adeudados y justificara por escrito las razones de su dilación. El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) devolvió esa comunicación a la ODIN el 29 de enero de 2015 debido a que no fue reclamada (“Unclaimed”).

Por tal razón, el 11 de febrero de 2015, el Director de la ODIN le dirigió una segunda misiva al letrado, esta vez por correo ordinario y correo electrónico, para requerirle cumplir con su obligación de presentar los índices mensuales e informes anuales concernidos, y para ello le concedió hasta el 25 de febrero de 2015, término final e improrrogable. La notificación en cuestión fue igualmente devuelta por el USPS por la razón siguiente: “Return to Sender, Attempted —Not Known, Unable To Forward”.

Es pertinente destacar que, el 13 de marzo de 2015, el licenciado Sepúlveda Padilla dirigió un correo electrónico al Director de la ODIN. En esencia, el letrado informó que no había podido dar cumplimiento a los requerimientos debido a que había estado dos semanas encamado por motivo de enfermedad y a que, posteriormente, sufrió una caída que requirió de asistencia médica y hospitalaria. El abogado solicitó hasta el 18 de marzo de 2015 para hacer entrega de los documentos requeridos.

Posteriormente, el 16 de marzo de 2015, el Director de la ODIN remitió una tercera comunicación, vía correo ordinario y correo electrónico, en la cual le reiteró su requerimiento. Le otorgó para ello hasta el 19 de marzo de 2015, término final e improrrogable. Ante la inacción del licenciado Sepúlveda Padilla, el Director de la ODIN some-tió el asunto a nuestra consideración.

Examinado el Informe presentado por el Director de la ODIN, el 19 de junio de 2015 ordenamos la incautación preventiva e inmediata de la obra y sello notarial del licenciado Sepúlveda Padilla. Asimismo, le concedimos un término de diez días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido indefinidamente de la abogacía y de la notaría por contravenir la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2001 et seq., y su Reglamento, 4 LPRA Ap. XXIV, y por no atender las órdenes de este Tribunal, así como los requerimientos de la ODIN. Esta Resolución fue diligenciada personalmente a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal el 29 de junio de 2015. Hasta el presente el letrado no ha dado cumplimiento a nuestras órdenes.

1—l HH

A. Canon 2 del Código de Ética Profesional

Los abogados admitidos a este Foro poseen la responsabilidad de velar por la calidad y excelencia de los servicios legales que ofrecen a la ciudadanía. 4 LPRA Ap. IX, C. 2. Este deber del abogado para con la sociedad apa-rece consagrado en el Canon 2 de Etica Profesional. También, aparece consignado en el Reglamento del PEJC, dependencia encargada de la encomienda de contribuir al mejoramiento académico y profesional de la clase togada de Puerto Rico, así como de asegurar que sus servicios sean brindados en el más alto nivel de competencia, calidad y ética. 4 LPRA Ap. XVII-E, R. 3. Véase, además, In re Pérez Menéndez, 194 DPR Ap. (2015).

Cónsono a lo anterior, todo abogado activo debe cumplir con las horas crédito de educación jurídica continua que exigen las disposiciones reglamentarias aplicables. Reglamento de Educación Jurídica Continua (1998), según enmendado, 4 LPRA Ap. XVII-D, y Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, según enmendado, 4 LPRA Ap. XVII-E. Véase, además, In re Enmdas. R. Educ. Jur. Cont., 193 DPR 233 (2015). Un abogado que omite tomar la cantidad de cursos requeridos, no tan solo transgrede las disposiciones reglamentarias, sino que además menoscaba su obligación de respetar el Canon 2 del Código de Ética Profesional, supra.

B. Canon 9 del Código de Ética Profesional

Los abogados, como funcionarios de este Tribunal, ostentan la imperiosa responsabilidad de respetar, acatar y responder oportuna y diligentemente nuestras órdenes. In re Rodríguez Zayas, 194 DPR 337 (2015). Esta obligación inherente al ejercicio de la abogacía aparece consagrada en el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX (Canon 9). Cada vez que un letrado asume una actitud indiferente y pasiva frente a nuestros requerimientos, particularmente aquellos concernientes al trámite disciplinario, le falta el respeto a este Foro e infringe la concernida disposición ética. In re Crespo Peña, 195 DPR 318 (2016); In re Nieves Vázquez et al., 194 DPR Ap. (2016); In re Ezratty Samo et al., 194 DPR Ap. (2016); In re Rodríguez Zayas, supra.

Esta obligación de la clase togada se extiende a las en-tidades públicas a las cuales le hemos delegado alguna función en la faena de regular el ejercicio de la profesión legal en nuestra jurisdicción, como la Oficina de la Procu-radora General, la Oficina de Inspección de Notarías y la Junta del Programa de Educación Jurídica Continua. In re Ezratty Samo et al., supra. Cuando un abogado despliega una conducta de indiferencia respecto a los requerimientos de cualquiera de esas dependencias públicas, equivale a un agravio directo a la autoridad de este Tribunal. In re Troche Mercado, 194 DPR 743 (2016); In re Rodríguez Zayas, supra. Por lo tanto, ante tal actuación, procede, sin ambages, su suspensión inmediata e indefinida de la profesión legal. In re Ortiz Walter, 194 DPR 683 (2016); In re Ezratty Samo et al., supra.

III

En este caso, los escritos sometidos por los Directores del PEJC y de la ODIN, respectivamente, detallan cada una de las gestiones realizadas por éstos para lograr el cumplimiento del licenciado Sepúlveda Padilla con los requerimientos de estas dependencias. A pesar del tiempo transcurrido y de las múltiples oportunidades que le fueran concedidas para que observara sus deberes notariales, así como los requisitos del PEJC, el letrado optó por cruzarse de brazos. Idéntico menosprecio ha asumido frente a las órdenes de esta Curia. El comportamiento desplegado por el licenciado Sepúlveda Padilla demuestra un patrón de conducta irrespetuosa contrario a sus obligaciones, tanto ministeriales como ético-profesionales, que no estamos dispuestos a tolerar.

IV

En consideración a los fundamentos reseñados, decreta-mos la separación inmediata e indefinida del Ledo. José O. Sepulveda Padilla del ejercicio de la abogacía y la notaría a partir de la notificación de la presente Opinión “per cu-riam” y Sentencia.

Por tal razón, le ordenamos notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos. Asi-mismo, se le ordena que devuelva a sus clientes tanto los expedientes de los casos pendientes, como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Se le impone, además, la obligación de informar inmediatamente de su suspen-sión a los distintos foros judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto pendiente. Por último, deberá acre-ditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia. Notifíquese perso-nalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia al Ledo. José O. Sepulveda Padilla a través de la Oficina del Algua-cil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       El Informe en cuestión fue presentado el 10 de octubre de 2014.

       La Regla 6(a) del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, vigente al momento de los hechos, exigía a todo abogado admitido al ejercicio de la abogacía tomar veinticuatro horas crédito de educación jurídica continua cada bienio. 4 LPRA Ap. XVII-D. Véase, además, la anterior Regla 28(A) del Programa de Educación Jurídica Continua, 4 LPRAAp. XVII-E. De esa cantidad de horas, al igual que la disposición vigente, el abogado estaba obligado a tomar cuatro de éstas en el tema de ética profesional y, quienes ejercen la notaría, estaban obligados a tomar seis horas en cursos vinculados a esa materia. Regla 6(a), supra.

       En el expediente personal del Ledo. José O. Sepúlveda Padilla consta que fue admitido al ejercicio de la abogacía el 16 de febrero de 2005 y que prestó juramento como notario el 30 de marzo de 2005.

       Del Informe preparado por el Oficial Examinador surge que el letrado, según hizo constar, estaba pasando por una crisis económica personal, puesto que al sepa-rarse del bufete para el cual trabajaba en 2007 y comenzar a laborar por cuenta propia, sus ingresos habían menguado drásticamente. El Oficial Examinador plasmó en su escrito que el abogado ostentaba una deficiencia de 8.25 créditos y adeudaba los cincuenta dólares ($50) por cumplimiento tardío.

       El letrado había incumplido con los tres periodos comprendidos entre el 2007 hasta el 2013.

       El bcenciado Sepúlveda Padilla tampoco ha cumphdo con las horas crédito concernientes al segundo y tercer periodo, respectivamente. El segundo periodo incum-plido comprende desde el 1 de agosto de 2009 hasta el 31 de julio de 2011 y el tercer periodo desde el 1 de agosto de 2011 hasta el 31 de julio de 2013. A pesar de haber pagado la cuota por cumplimiento tardío del segundo y tercer periodo, todavía adeuda la multa relativa al primer periodo. De una Certificación emitida el 6 de mayo de 2016 por el actual Director del Programa de Educación Jurídica Continua, el Ledo. José Ignacio Campos Pérez, surge que el licenciado Sepúlveda Padilla no ha tomado acción alguna para subsanar la deficiencia atinente a los periodos en incumplimiento.

       Consta en el escrito presentado por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús (Director de la ODIN), que el licenciado Sepúlveda Padilla no presentó los índices de actividad mensual correspondientes a los meses siguientes: diciembre 2011; enero a diciembre de 2012; enero a diciembre de 2013; enero a noviembre de 2014. Consta, además, que el abogado de epígrafe tampoco sometió los informes de actividad notarial anual desde 2009 a 2013. Al momento que el Director de la ODIN nos rindiera su Informe, ya el abogado debía cuarenta índices mensuales y seis informes anuales, puesto que incumplió con presentar los índices mensuales de diciembre de 2014 a marzo de 2015, así como el informe anual del 2014.
      El Art. 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2023, impone a todo abogado el deber de remitir a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) un índice mensual sobre su actividad notarial. Véase Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV, R. 12 (2012). Por otra parte, el Art. 13-A del mismo estatuto ordena a todo abogado remitir a la misma dependencia un informe estadístico anual. 4 LPRA sec. 2031a. Véase la Regla 13 del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV.

       Cabe mencionar que esta notificación le fue remitida al abogado a la misma dirección a la cual, tanto este Tribunal como el Programa de Educación Jurídica Continua, le habían dirigido sus comunicaciones. Incluso, esa es la dirección que él colocó en la moción de prórroga de 12 de noviembre de 2014, presentada apenas un mes antes.

       Esta carta le fue remitida a una dirección postal distinta.

       Es importante mencionar que esa no fue la única ocasión en que el letrado se comprometió a dar cumplimiento a los requerimientos de la ODIN. De un docu-mento en autos titulado Registro de Solicitud de Moción en índices Adeudados surge una nota de la Sra. Elby Fuentes Flores, integrante de la Unidad de Informes Notariales de esa misma dependencia, donde indica que el 8 de octubre de 2014 se comunicó por teléfono con el licenciado Sepúlveda Padilla y que éste se había comprome-tido a atender el asunto relacionado a los documentos adeudados.

       Entre otras cosas, el Canon 2 del Código de Ética Profesional dispone lo siguiente:
      “A fin de viabilizar el objetivo de representación legal adecuada para toda persona, el abogado [...] debe realizar esfuerzos para lograr y mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas educativos [...]”. 4 LPRA Ap. IX.

       En aras de facilitar el cumplimiento con este precepto, el Tribunal creó un programa de educación jurídica continua compulsoria mediante la aprobación del Reglamento de Educación Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII-D. In re Nieves Vázquez et al., 194 DPR Ap. (2016). Se le delegó a la Junta de Educación Jurídica Continua la tarea de velar por el cumplimiento de los requisitos dispuestos en este. íd.; In re Ezratty Samo et als., 194 DPR Ap. (2016). Por su parte, el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII-E, dispone un andamiaje procesal que facilita a la Junta lograr su cometido, en la medida en que provee a los abogados una guía para que puedan observar los requisitos de educación jurídica, a la vez que proporciona un proceso para atender los casos de incumplimiento. íd.


text:
    Guillermo García Colón, peticionario, v. Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, recurrida.

      Número: CC-2015-0933

      Resuelto: 25 de mayo de 2016

      Guillermo García Colón, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción en solicitud de certificaciones y traducciones in forma pauperis presentada por el peticio-nario, se provee “no ha lugar”.

Notifíquese inmediatamente por teléfono, vía facsímil o correo electrónico y, posteriormente, por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disintió. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular disidente.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

Hoy tuvimos la oportunidad de dar un paso adicional para fortalecer el reconocimiento del derecho de acceso a la justicia como un derecho fundamental. Esa garantía de igualdad tan solo le costaba a este Tribunal certificar y traducir tres resoluciones y una Sentencia para que un litigante in forma pauperis pudiera ejercer su derecho a solicitar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América nos revisara. A fin de cuentas, lo poco que este solicitaba a este Tribunal era que reconociéramos lo si-guiente:

There can be no equal justice where the kind of trial a man gets depends on the amount of money he has.

En el caso ante nos, el Sr. Guillermo García Colón (señor García Colón o peticionario) presentó por derecho propio una petición de certiorari en la que cuestionó su despido de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos e invocó, entre otros derechos, la protección constitucional que le garantiza un debido proceso de ley.

Mediante la Resolución emitida el 22 de enero de 2016, la Sala de Despacho III de este Tribunal declaró “no ha lugar” la petición instada. Posteriormente, el señor García Colón presentó, sin éxito, su Primera Solicitud de Reconsideración y la Segunda Solicitud de Reconsideración, configurándose una denegatoria final del recurso discrecional presentado por este.

Así las cosas, amparado en la Regla 47 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRAAp. XXI-B, recurrió ante nos para solicitar que, por su estado de indi-gencia, se le provean las certificaciones y traducciones necesarias para comparecer ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América. Sin embargo, este Tribunal declaró “no ha lugar” la solicitud del peticionario. Discrepo de tal proceder.

I

Como es sabido, para cubrir los gastos asociados a los trámites judiciales se requiere el pago de los aranceles correspondientes. Conforme a ello, de ordinario, toda persona que presente un reclamo judicial o petición de algún tipo debe pagar los aranceles correspondientes y adherir los sellos correspondientes a su recurso. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, 170 DPR 174, 188 (2007).

Ahora bien, existen circunstancias en las cuales la persona que interesa acudir ante los tribunales está impedida de sufragar los costos asociados con el litigio en razón de insolvencia económica. En aras de evitar que la situación de indigencia sea un obstáculo para que una persona litigue y reivindique sus derechos, nuestro ordenamiento permite la llamada litigación in forma pauperis. En síntesis, ello tiene la finalidad de abrir las puertas de los tribunales a todos los ciudadanos, no empece la incapacidad económica de algunos para sufragar los costos asociados a un litigio. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra, pág. 191. De esta forma, el litigante que obtiene un permiso para tramitar su caso in forma pauperis, está exento de pagar los aranceles o derechos de presentación requeridos por ley. Id.

Con relación a lo anterior, este Tribunal ha afirmado que para litigar in forma pauperis, tanto en causas de na-turaleza criminal como civil, el solicitante no está obligado a demostrar que es absolutamente insolvente, que vive en desamparo y sin medios de vida. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra. Más bien, lo que se le requiere es probar que por motivo de pobreza no puede pagar los derechos. Íd.; Camacho v. Corte, 67 DPR 802, 804 (1947). Todo lo anterior pone de manifiesto que las personas indigentes tienen la oportunidad de recibir el acceso necesario a los foros judiciales para exponer sus reclamos o reivindicar sus derechos. En ese sentido, la insolvencia económica no debe representar una traba para la consecución de tal fin.

II

Independientemente del criterio que tengamos los jue-ces de los tribunales recurridos en torno a los méritos o no de un caso, las partes poseen el derecho de tocar las puer-tas al Tribunal Supremo de Estados Unidos de América para intentar revisar nuestros dictámenes finales.

Específicamente, el recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América contempla la revisión de la manera siguiente:

(a) Final judgments or decrees rendered by the highest court of a State in which a decision could be had, may be reviewed by the Supreme Court by writ of certiorari where the validity of a treaty or statute of the United States is drawn in question or where the validity of a statute of any State is drawn in question on the ground of its being repugnant to the Constitution, treaties, or laws of the United States, or where any title, right, privilege, or immunity is specially set up or claimed under the Constitution or the treaties or statutes of, or any commission held or authority exercised under, the United States. (Énfasis suplido). 28 USCA sec. 1257(a).

Asimismo, la Regla 13(1) del Reglamento del Tribunal Supremo de Estados Unidos de América dispone el término para acudir ante ese Foro y considera lo siguiente:

[...] a writ of certiorari seeking review of a judgment of a lower state court that is subject to discretionary review by the state court of last resort is timely when it is filed with the Clerk within 90 days after entry of the order denying discretionary review. (Énfasis suplido). U.S. Sup. Ct. Rule 13(1), 28 USCA.

Por consiguiente, no existe duda de que la denegación de atender el asunto discrecional puede ser revisada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Así pues, el procedimiento para que un litigante acuda ante ese Foro in forma pauperis está regido por la Regla 39 del Reglamento del Tribunal Supremo de Estados Unidos de América. U.S. Sup. Ct. Rule 39 (28 USCA). A su vez, las Reglas 12.2 y 14(1)(i) facilitan al litigante in forma pauperis —que no sea confinado—, la presentación del recurso de certiorari, al requerirle meramente acompañar el original y diez copias de: (1) la petición para litigar como tal, y (2) la petición de certiorari, además de presentar como parte de su apéndice únicamente las opiniones, órdenes, conclusiones y el decreto a revisar.

Por su parte, el Guide for prospective indigent petitioners for writs of certiorari orienta que este tipo de litigante solo presentará el original y diez copias en que solicite li-tigar in forma pauperis, y un original y diez copias de la petición de certiorari que incluya un “apéndice que consista de una copia de la decisión o decreto” {“with an appendix consisting of a copy of the judgement or decree”) del cual se solicita revisión. (Traducción y énfasis suplidos). Part IV-What to File, en Guide for prospective indigent petitioners for writs of certiorari. Estas guías precisan lo siguiente:

[...] if the highest state court denied discretionary review, and the state court of appeals affirmed the decision of the trial court, the state court of appeals should be listed. (Enfasis suplido). Instructions for Completing Forms, Section III —Cover Page— Rule 34, en Guide for prospective indigent petitioners for writs of certiorari, disponible en http://www.supreme court.gov/casehand/guideforIFPcases2015.pdf. Véanse: Reglas 12.2 y 14(1)(i), 28 USCA.

De esta forma, se propicia un trámite menos oneroso para que el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América pueda considerar si procede a expedir o no el recurso presentado por un litigante indigente.

De las disposiciones anteriores, surge con claridad que la jurisdicción del Tribunal Supremo de Estados Unidos de América no está limitada a los casos en los que este Tribunal dicte sentencia. También, se pueden revisar aquellos ca-sos en los que se deniegue atender un asunto, siempre y cuando se cumpla con los criterios para expedir el auto. En esos casos, el litigante in forma pauperis deberá acompañar una copia de la resolución de este Tribunal en la que se deniega atender el asunto y del dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones que subsistió como consecuencia de nuestra discreción para no atender el asunto presentado.

Ante ese cuadro, procede cuestionarse lo siguiente: ¿debe el Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico considerar las normas expuestas, en aras de no ignorar el procedimiento dispuesto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América referente a los litigantes in forma pauperis? En caso de que exista una laguna que no cubra los dictámenes finales de denegatorias, ¿cómo procedería atender la solicitud del peticionario? Veamos.

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La Regla 47 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, supra, establece el procedimiento para solicitar traducciones in forma pauperis para aquellos litigantes que su estado económico podría afectar ese curso de acción. En lo pertinente, dispone como sigue:

(a) A solicitud de cualquier litigante que sea indigente o de su abogado o abogada, y para la revisión por el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América de una sentencia dic-tada por el Tribunal Supremo de Puerto rico en un caso civil o criminal, este tribunal, por conducto de su Secretario o Secre-taria, expedirá, libres de costo alguno, unas copias certificadas traducidas al inglés de las partes del expediente que hayan sido designadas por la parte apelante conforme al Reglamento del Tribunal Supremo de Estados Unidos de América, así como cualquier contradesignación que haga la parte apelada con-forme a dicho Reglamento. También expedirá, en todo caso, copia certificada de la opinión y sentencia de este tribunal y del escrito de apelación presentado. Cuando se trate de un recurso de certiorari presentado al Tribunal Supremo de Estados Unidos de América, se expedirá copia certificada del expe-diente del caso traducido al inglés. 4 LPRA Ap. XXI-B.

De esta forma, la citada regla no establece consideración alguna con relación a si el recurso que se pretende presentar carece de todo mérito y la probabilidad de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América acceda a expedir o no cualquier recurso presentado por el peticionario.

Empero, la citada disposición contiene un lenguaje en el cual se limita a hacer referencia a la expedición de la traducción de aquellos recursos en los que se solicita revisión de una “sentencia” emitida por este Tribunal, y nada contempla en aquellos casos en que, en el ejercicio de nuestra discreción, se deniegue la expedición de un recurso de certiorari. Ante ello, y conforme a la Regla 50 del Regla-mento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, este Tribunal posee la facultad para, en situaciones no previstas por el reglamento, “[encauzar] el trámite en la forma que a su juicio sirva los mejores intereses de todas las partes”. Íd.

En consecuencia, la interpretación armoniosa de la totalidad del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en la solicitud que nos ocupa, debiera ser el reconocimiento de que “sentencia” no puede excluir “Opiniones” ni “dictámenes finales” que emitamos, como ciertamente son las denegaciones de recursos discrecionales. De este modo, realizaríamos también una interpretación que se ajuste al estado de derecho vigente en nuestra relación colonial. Además, la propia Regla 47 de nuestro Reglamento, supra, en reconocimiento de la jurisdicción del Tribunal Supremo de Estados Unidos de América, nos remite a los procesos ante ese Foro, que, como ya explicamos, contiene unas garantías expresas para los litigantes in forma pauperis.

Ante ese cuadro, una lectura formalista y autómata de la Regla 47 nos conduce a un choque innecesario con el Tribunal Supremo federal, y tiene el efecto real de limitar que una parte pueda ejercer su derecho a solicitar revisión ante ese Foro. Por el contrario, bastaba con suplirle al ciudadano una traducción al inglés de la Resolución en la que se denegó la expedición del recurso de certiorari, las resoluciones que atendieron las reconsideraciones presentadas ante este Tribunal y del dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones.

De esta forma, no le privamos al litigante indigente de ejercer su derecho a instar un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América ni pasamos juicio en torno a los méritos que este pueda o no tener para que se expida su petición ante ese Foro, en esta etapa apelativa de los procedimientos.

IV

En consecuencia, hubiese ordenado la certificación y traducción al inglés, libre de costo, de la Resolución en la que este Tribunal deniega atender lo solicitado, emitida el 22 de enero de 2016, la Resolución en que se declaró “no ha lugar” la Primera Solicitud de Reconsideración, emitida el 4 de marzo de 2016, la Resolución en que se declaró “no ha lugar” la Segunda Solicitud de Reconsideración, emitida el 15 de abril de 2016, y la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 30 de septiembre de 2015. Ante un curso de acción contrario de este Tribunal, respetuosamente disiento.

        Griffin v. Illinois, 351 US 12, 19 (1956). Véanse, además: Bounds v. Smith, 430 US 817 (1977); Arts. 1, 2, 6, 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, A.G. Res. 217(111) A, N.U. Doc. A/RES/217 (III) (10 de diciembre de 1948), que enmarcan el reconocimiento del acceso a la justicia como un derecho fundamentai independiente. Para una discusión del derecho de acceso a la justicia como un derecho humano fundamental, véase, también, L. Estrella Martínez, El derecho internacional como pilar del acceso a la justicia, Revista Digital AdRem de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho (Octubre 2015), disponible en: http:// aned Dr.org/adrem/el_derecho_internacional_como_pilar_del_acceso_a_ la justicia/.