text:
    No. 4320.
    Pueblo, apldo., v. Pérez, alpte.
    C. D. Humacao.
    Marzo 17, 1931.
   (For la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Examinados los autos; atendida la conformidad del fiscal con la súplica del alegato del apelante-, por no ser el principal de una escuela un funcionario legal dentro del significado del apartado primero de la sección sexta de la Ley de Acometimiento y Agresión; y no apareciendo ni siquiera que la escuela de la cual se alega ser principal el agredido en el presente caso, fuera una escuela pública, se modifica la sentencia apelada en el sentido, de declarar al acusado culpable de acometimiento y agresión simple, y, así modificada, se confirma.

El Juez Asociado Señor Aldrey- está conforme con el resultado.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    No. 4192.
    Pueblo, apldo., v. Dávila, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 23, 1930.
   Desestimado.


author: Juez Asociado Señor Texidor.)

text:
    No. 4254.
    Pueblo, apldo., v. López, aplte.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 12, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Reconsiderada la resolución que desestimó el recurso, el cual fue reinstalado.


text:
    No. 4215.
    Pueblo, aplte., v. Rivera, apldo.
    C. D. Arecibo.
    Noviembre 24, 1930.
   Desestimado visto el allanamiento del fiscal apelante.


text:
    No. 4214.
    Pueblo, aplte., v. Figueroa et als., apldos.
    C. D. Arecibo.
    Noviembre 24, 1930.
   Desestimado visto el allanamiento del fiscal apelante.


text:
    No. 4213.
    Pueblo, aplte., v. Figueroa, apldo.
    C. D. Arecibo.
    Noviembre 24, 1930.
   Desestimado visto el allanamiento del fiscal apelante.


author: Juez Asociado Señor Wolf.)

text:
    No. 4337.
    Pueblo, apldo., v. Santiago, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 24, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Desestimado el recurso a petición del-fiscal por los fun-damentos del caso No. 4336 El Pueblo v. Joaquín Rivera Pérez (ante, pág. 661.)


author: Juez Presidente Señor del Toro.)

text:
    No. 4352.
    Pueblo, apldo., v. Graciani, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Diciembre 24, 1930.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Desestimado el recurso a petición del fiscal por los fun-damentos del caso de El Pueblo v. Joaquín Rivera Pérez (ante, pág. 661.)


text:
    No. 4295.
    Pueblo, apldo., v. Varela, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Marzo 4, 1931.
   Sin lugar la deses-' limación por los fundamentos consignados en la opinión emitida en el caso No. 4296, El Pueblo v. Varela (ante, pág. 889.)

El Juez Asociado Señor Aldrey disintió. El Juez Aso-ciado Señor Wolf está conforme con el resultado.


text:
    No. 4394.
    Pueblo, apldo., v. Kearney, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Marzo 16, 1931.
   Infracción ordenanza municipal.


text:
    No. 4395.
    Pueblo, apldo., v. Roíg, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Marzo 16, 1931.
   Infracción ordenanza municipal.


text:
    No. 4118.
    Pueblo, apldo., v. Saldaña, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 2, 1930.
   Adulteración de leche.


text:
    No. 4131.
    Pueblo, apldo., v. Ortiz, aplte.
    C. D. Guayama.
    Junio 2, 1930.
   Asesinato en segundo grado.


text:
    No. 4136.
    Pueblo, apldo., v. Valentín, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 2, 1930.
   Infracción Ley de Prohibición.


text:
    No. 4135.
    Pueblo, apldo., v. Padín et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Junio 2, 1930.
   Infracción artículo 299 del Código Penal.


text:
    No. 4108.
    Pueblo, apldo., v. Carrero, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Junio 2, 1930.
   Infracción artículo 291 del Código Penal.


text:
    No. 4134.
    Pueblo, apldo., v. Colón, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 2, 1930.
   Infracción Ley de Pesas y Medidas.


text:
    No. 4133.
    Pueblo, apldo., v. Miranda et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Junio 2, 1930.
   Motín.


text:
    No. 4132.
    Pueblo, apldo., v. Flores et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Junio 4, 1930.
   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4154.
    Pueblo, apldo., v. Marini, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Junio 16, 1930.
   Acometimiento y agresión con agravantes.


text:
    No. 4160.
    Pueblo, apldo., v. Del Valle, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 16, 1930.
   Portar armas.


text:
    No. 4155.
    Pueblo, apldo., v. Marini, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Junio 16, 1930.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4161.
    Pueblo, apldo., v. Rivera, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 16, 1930.
   Acometimiento y agresión.


text:
    No. 4162.
    Pueblo, apldo., v. Gastón, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 16, 1930.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4163.
    Pueblo, apldo., v. Ramos, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 16, 1930.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4168.
    Pueblo, apldo., v. García, aplte.
    C. D. Humacao.
    Junio 16, 1930.
   Homicidio voluntario.


text:
    No. 4169.
    Pueblo, apldo., v. Molina, aplte.
    C. D. Humacao.
    Junio 16, 1930.
   Infracción Ley de Automóviles.


text:
    No. 4170.
    Pueblo, apldo., v. Fontánez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Junio 16, 1930.
   Infracción Ley de Sanidad.


text:
    No. 4181.
    Pueblo, apldo., v. Matías, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Junio 23, 1930.
   Hurto de mayor cuantía.


text:
    No. 4179.
    Pueblo, apldo., v. Segarra, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Junio 23, 1930.
   Infracción Ley Nacional de Prohibición.


text:
    No. 4175.
    Pueblo, apldo., v. Pabón, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Junio 23, 1930.
   Daños maliciosos.


text:
    No. 4174.
    Pueblo, apldo., v. Maisonet, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Junio 23, 1930.
   Infracción Ley de Prohibición Nacional.


text:
    No. 4185.
    Pueblo, apldo., v. Rivera, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 23, 1930.
   Portar armas.


text:
    No. 4193.
    Pueblo, apldo., v. Pérez, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Junio 23, 1930.
   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4194.
    Pueblo, apldo., v. Iriarte, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Junio 23, 1930.
   Delito contra natura.


text:
    No. 4195.
    Pueblo, apldo., v. Rivera, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Junio 23, 1930.
   Incesto.


text:
    No. 4197.
    Pueblo, apldo., v. Santiago et al., apltes.
    C. D. Arecibo.
    Junio 23, 1930.
   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4184.
    Pueblo, apldo., v. Alvarez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 23, 1930.
   Perjurio.


text:
    No. 4183.
    Pueblo, apldo., v. Ríos, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Junio 24, 1930.
   Delito subsiguiente de burto de menor cuantía.


text:
    No. 4178.
    Pueblo, apldo., v. González et al., apltes.
    C. D. Arecibo.
    Junio 24, 1930.
   Violación.


text:
    No. 4200.
    Pueblo, apldo., v. Pimentel, aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 7, 1930.
   Infracción Ley de Automóviles.


text:
    No. 4188.
    Pueblo, apldo., v. Colón, aplte.
    C. D. Ponce.
    Julio 7, 1930.
   Daños maliciosos.


text:
    No. 4189.
    Pueblo, apldo., v. Carrero, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Julio 7, 1930.
   Infracción artículo 291 del Código Penal.


text:
    No. 4191.
    Pueblo, apldo., v. Vélez, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Julio 7, 1930.
   Delito contra la salud.


text:
    No. 4165.
    Pueblo, apldo., v. Ríos, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Julio 14, 1930.
   Abuso de confianza de mayor cuantía.


text:
    No. 4205.
    Pueblo, apldo., v. Colón, aplte.
    C. D. Ponce.
    Julio 14, 1930.
   Acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.


text:
    No. 4212.
    Pueblo, apldo., v. Fernández, aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 21, 1930.
   Infracción Ley de Automóviles.


text:
    No. 4216.
    Pueblo, apldo., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Julio 21, 1930.
   Ataque con intención de cometer homicidio.


text:
    No. 4220.
    Pueblo, apldo., v. Rivera, aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 21, 1930.
   Homicidio voluntario.


text:
    No. 4225.
    Pueblo, apldo., v. Nazario, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Noviembre 3, 1930.
   Seducción.


text:
    No. 4243.
    Pueblo, apldo., v. García, etc., aplte.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 10, 1930.

       Nota: El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.

   Delito subsiguiente de burto menor.


text:
    No. 4242.
    Pueblo, apldo., v. Vázquez, aplte.
    C. D. Guayama.
    Noviembre 10, 1930.*
   Adulteración de leche.


text:
    No. 4241.
    Pueblo, apldo., v. Ocasio, aplte.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 10, 1930.
   Violación.


text:
    No. 4103.
    Pueblo, apldo., v. Quiñones, aplte.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 17, 1930.
   Ataque para cometer asesinato.


text:
    No. 4249.
    Pueblo, apldo., v. Pabón., aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 17, 1930.
   Adulteración de leche.


text:
    No. 4251.
    Pueblo, apldo., v. Bonilla, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Noviembre 17, 1930.
   Seducción.


text:
    No. 4264.
    Pueblo, apldo., v. Mercado et al., apltes.
    Noviembre 17, 1930.
   C. D. Aguadilla.


text:
    No. 4265.
    Pueblo, apldo., v. Ocasio, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Noviembre 17, 1930.
   Infracción artículo 291 del Código Penal.


text:
    No. 4266.
    Pueblo, apldo., v. Charneco, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 17, 1930.
   Hurto menor.


text:
    No. 4267.
    Pueblo, apldo., v. Castro, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 17, 1930.
   Infracción a la sección 1 de la Ley No. 73 dé 1919.


text:
    No. 4272.
    Pueblo, apldo., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 17, 1930.
   Alterar la paz.


text:
    No. 4276.
    Pueblo, apldo., v. Oropesa, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Noviembre 17, 1930.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4285.
    Pueblo, apldo., v. Velázquez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 24, 1930.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4286.
    Pueblo, apldo., v. Arce, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Noviembre 24, 1930.
   Infracción Ley de Rentas Internas.


text:
    No. 4287.
    Pueblo, apldo., v. Cruz, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Noviembre 24, 1930.
   Falsificación.


text:
    No. 4288.
    Pueblo, apldo., v. Henry, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Noviembre 24, 1930.
   Infracción Ley de Rentas Internas.


text:
    No. 4283.
    Pueblo, apldo., v. Alfaro, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 24, 1930.
   Portar armas.


text:
    No. 4280.
    Pueblo, apldo., v. Rivera et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 24, 1930.
   Juegos prohibidos.


text:
    No. 4277.
    Pueblo, apldo., v. Díaz, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 24, 1930.
   Adulteración de lecbe.


text:
    No. 4262.
    Pueblo, apldo., v. Seguinó, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 24, 1930.
   Mutilación.


text:
    No. 4282.
    Pueblo, apldo., v. Alfaro, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 24, 1930.
   Atentado a la vida.


text:
    No. 4254.
    Pueblo, apldo., v. López, aplte.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 26, 1930.
   Daños maliciosos.


text:
    No. 4293.
    Pueblo, apldo., v. Cáceres, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Diciembre 1, 1930.
   Infracción Ley de Rentas Internas.


text:
    No. 4298.
    Pueblo, apldo., v. Rivera, aplte.
    C. D. Guayama.
    Diciembre 1, 1930.
   Abuso de confianza.


text:
    No. 4317.
    Pueblo, apldo., v. García et als., apltes.
    C. D. Bayamón.
    Diciembre 15, 1930.
   Alterar la paz.


text:
    No. 4316.
    Pueblo, apldo., v. Manzano, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 15, 1930.
   Infracción al artículo 4.40 del Código Penal.


text:
    No. 4314.
    Pueblo, apldo., v. Gutiérrez, aplte.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 15, 1930.
   Violación.


text:
    No. 4309.
    Pueblo, apldo., v. Rosario, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Diciembre 15, 1930.
   Portar armas.


text:
    No. 4310.
    Pueblo, apldo., v. González Mena, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Diciembre 15, 1930.
   Infracción artículo 1 Ley No. 24 de 1928.


text:
    No. 4308.
    Pueblo, apldo., v. González, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Diciembre 15, 1930.
   Delito contra la justicia pública (art. 137 C. P.).


text:
    No. 4307.
    Pueblo, apldo., v. González, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Diciembre 15, 1930.
   Acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes.


text:
    No. 4361.
    Pueblo, apldo., v. García, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Febrero 9, 1931.
   Infracción artículo 328 Código Penal.


text:
    No. 4358.
    Pueblo, apldo., v. Torres, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Febrero 9, 1931.
   Hurto de menor cuantía.


text:
    No. 4357.
    Pueblo, apldo., v. Beltrán, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Febrero 9, 1931.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4336.
    Pueblo, apldo., v. Ramírez, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Febrero 9, 1931.
   Incendio ¡malicioso en primer grado.


text:
    No. 4313.
    Pueblo, apldo., v. González, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Febrero 9, 1931.
   Ataque' con intención de cometer homicidio.


text:
    No. 4312.
    Pueblo, apldo., v. González, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Febrero 9, 1931.
   Portar armas.


text:
    No. 4397.
    Pueblo, apldo., v. González, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Marzo 9, 1931.
   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4390.
    Pueblo, apldo., v. Medina, aplte.
    C. D. Humacao.
    Marzo 9, 1931.
   Acometimiento grave.


text:
    No. 4376.
    Pueblo, apldo., v. Jiménez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Marzo 9, 1931.
   Infracción Ley de Automóviles.


text:
    No. 4375.
    Pueblo, apldo., v. Colón, aplte.
    C. D. Humacao.
    Marzo 9, 1931.
   Venta de café adulterado.


text:
    No. 4430.
    Pueblo, apldo., v. Hernández, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 9, 1931.
   Homicidio involuntario.


text:
    No. 4425.
    Pueblo, apldo., v. Plaza, Jr., aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Marzo 9, 1931.
   Delito contra la salud.


text:
    No. 4424.
    Pueblo, apldo., v. Plaza, Jr., aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Marzo 9, 1931.
   Delito contra la salud pública.


text:
    No. 4423.
    Pueblo, apldo., v. Plaza, Jr., aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Marzo 9, 1931.
   Delito contra la salud pública.


text:
    No. 4364.
    Pueblo, apldo., v. Pérez, Jr., aplte.
    C. D. Humacao.
    Marzo 9,1931.
   Acometimiento y agresión simple.


text:
    No. 4363.
    Pueblo, apldo., v. The Manatí Bakery Co., aplte.
    C. D. Arecibo.
    Marzo 9, 1931.
   Infracción Ley de Pesas y Medidas.


text:
    No. 4362.
    Pueblo, apldo., v. The Manatí Bakery Co., aplte.
    C. D. Arecibo.
    Marzo 9, 1931.
   Infracción Ley de Pesas y Medidas.


text:
    No. 4391.
    Pueblo, apldo., v. Serrano, aplte.
    C. D. Humacao.
    Marzo 16, 1931.
   Infracción Ley de Automóviles.


text:
    No. 4426.
    Pueblo, apldo., v. Rodríguez et al., apltes.
    C. D. Mayagüez.
    Marzo 16, 1931.
   Delito contra la salud pública.


text:
    No. 4366.
    Pueblo, apldo., v. Coto et al., apltes.
    C. D. Ponce.
    Enero 12, 1931.
   Aeometimento y agresión grave.


text:
    No. 4382.
    Pueblo, apldo., v. Rosado, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 16, 1931.
   Adulteración de leche.


text:
    No. 4381.
    Pueblo, apldo., v. La Cruz, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 16, 1931.
   Adulteración de leche.


text:
    No. 4380.
    Pueblo, apldo., v. Rosado, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 16, 1931.
   Adulteración de leche.


text:
    No. 4383.
    Pueblo, apldo., v. Santos, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 16, 1931.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4385.
    Pueblo, apldo., v. Rosa, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 16, 1931.
   Atentado a la vida.


text:
    No. 4384.
    Pueblo, apldo., v. Acevedo, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 16, 1931.
   Delito contra natura.


text:
    No. 4386.
    Pueblo, apldo., v. Oquendo, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 16, 1931.
   Delito contra natura.


text:
    No. 4388.
    Pueblo, apldo., v. Báez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 16, 1931.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4389.
    Pueblo, apldo., v. García, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 16, 1931.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4387.
    Pueblo, apldo., v. Figueroa et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Febrero 16, 1931.
   Alterar la paz.


text:
    No. 4403.
    Pueblo, apldo., v. Díaz, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 16, 1931.
   Alterar la paz.


text:
    No. 4404.
    Pueblo, apldo., v. Díaz, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 16, 1931.
   Portar armas.


text:
    No. 4414.
    Pueblo, apldo., v. Ruiz et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Marzo 2, 1931.
   Infracción Ley de Sanidad.


text:
    No. 4412.
    Pueblo, apldo., v. Vives et als., apltes.
    C. D. Ponce.
    Marzo 2, 1931.
   Infracción artículo 137 del Código Penal.


text:
    No. 4413.
    Pueblo, apldo., v. Ruiz et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Marzo 2, 1931.
   Infracción Ley de Sanidad.


text:
    No. 4411.
    Pueblo, apldo., v. Vives (a) Tapalodo, aplte.
    C. D. Ponce.
    Marzo 2, 1931.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4410.
    Pueblo, apldo., v. Rivera, aplte.
    C. D. Ponce.
    Marzo 2, 1931.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4409.
    Pueblo, apldo., v. García, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 2, 1931.
   Infracción sección 1 Ley No. 28 de 1921.


text:
    No. 4408.
    Pueblo, apldo., v. Cosme et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Marzo 2, 1931.
   Adulteración de leche.


text:
    No. 4407.
    Pueblo, apldo., v. Fragoso, apltes.
    C. D. San Juan.
    Marzo 2, 1931.
   Portar armas.


text:
    No. 4406.
    Pueblo, apldo., v. Fragoso, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 2, 1931.
   Acometimiento grave.


text:
    No. 4422.
    Pueblo, apldo., v. Zayas, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 9, 1931.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4421.
    Pueblo, apldo., v. Font, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 9, 1931.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4420.
    Pueblo, apldo., v. Bonilla, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 9, 1931.
   Acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes.


text:
    No. 4419.
    Pueblo, apldo., v. Archilla, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 9, 1931.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4418.
    Pueblo, apldo., v. Oliveras, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 9, 1931.
   Acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes.


text:
    No. 4417.
    Pueblo, apldo., v. Oliveras, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 9, 1931.
   Portar armas prohibidas.


text:
    No. 4415.
    Pueblo, apldo., v. Cuestas, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 9, 1931.
   Abandono de menores.


text:
    No. 4156.
    Pueblo, apldo., v. Cordero, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Junio 25, 1930.
   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4151.
    Pueblo, apldo., v. Neves, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Junio 25, 1930.
   Delito subsiguiente de burto de menor cuantía.


text:
    No. 4207.
    Pueblo, apldo., v. García, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 7, 1930.
   Portar armas.


text:
    No. 4208.
    Pueblo, apldo., v. Cintrón, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Julio 7, 1930.
   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4150.
    Pueblo, apldo., v. Vargas, aplte.
    C. D. Ponce.
    Julio 7, 1930.
   Violación.


text:
    No. 4209.
    Pueblo, apldo., v. Cintrón, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Julio 7, 1930.
   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4153.
    Pueblo, apldo., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Julio 8, 1930.
   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4152.
    Pueblo, apldo., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Julio 8, 1930.
   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4211.
    Pueblo, apldo., v. Santos, aplte.
    C. D. Guayama.
    Julio 8, 1930.
   Asesinato en primer grado.


text:
    No. 4182.
    Pueblo, apldo., v. Natal, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Julio 10, 1930.
   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4229.
    Pueblo, apldo., v. Ortiz, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 14, 1930.
   Portar armas.


text:
    No. 4222.
    Pueblo, apldo., v. Méndez, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Julio 14, 1930.
   Adulteración de leche.


text:
    No. 4228.
    Pueblo, apldo., v. López Hermanos, aplte.

      C. D. San Juan.
    Julio 14, 1930.
   Infracción Ley de Pesas y Medidas.


text:
    No. 4221.
    Pueblo, apldo., v. Pellot, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Julio 14, 1930.
   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4177.
    Pueblo, apldo., v. Marrero, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Julio 14, 1930.
   Eobo.


text:
    No. 4235.
    Pueblo, apldo., v. Rosado, aplte.
    C. D. Ponce.
    Julio 21, 1930.
   Adulteración de leche.


text:
    No. 4180.
    Pueblo, apldo., v. Montalvo, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Julio 21, 1930.
   Delito subsiguiente de hurto.


text:
    No. 4258.
    Pueblo, apldo., v. Alvarez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 3, 1930.

      Nota: El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.

   Adulteración de leche.


text:
    No. 4246.
    Pueblo, apldo., v. Salvá, aplte.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 7, 1930.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4256.
    Pueblo, apldo., v. Sánchez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 7, 1930.*
   Falsa representación.


text:
    No. 4248.
    Pueblo, apldo., v. Colón, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Noviembre 7, 1930.*
   Asesinato en segundo grado.


text:
    No. 4275.
    Pueblo, apldo., v. Delgado, aplte.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 10, 1930.*
   Ataque para cometer asesinato.


text:
    No. 4273.
    Pueblo, apldo., v. López, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 10, 1930.*
   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4263.
    Pueblo, apldo., v. Ríos et al., apltes.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 10, 1930.*
   Adulteración de leche.


text:
    No. 4261.
    Pueblo, apldo., v. Grajales, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 10, 1930.*
   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4259.
    Pueblo, apldo., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 10, 1930.*
   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4245.
    Pueblo, apldo., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 10, 1930.*
   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4244.
    Pueblo, apldo., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 10, 1930.*
   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4274.
    Pueblo, apldo., v. Natal, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 12, 1930.

       Nota: El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.

   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4284.
    Pueblo, apldo., v. Torres, aplte.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 24, 1930.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4290.
    Pueblo, apldo., v. Ramos, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 24, 1930.
   Hurto menor.


text:
    No. 4339.
    Pueblo, apldo., v. Ortiz, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 1, 1930.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4338.
    Pueblo, apldo., v. Gomez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 1, 1930.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4343.
    Pueblo, apldo., v. Pizarro, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 1, 1930.
   Adulteración de leche.


text:
    No. 4342.
    Pueblo, apldo., v. Pizarro, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 1, 1930.
   Adulteración de leche.


text:
    No. 4340.
    Pueblo, apldo., v. Castro, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 8, 1930.
   Perjurio.


text:
    No. 4351.
    Pueblo, apldo., v. González, aplte.
    C. D. San Joan.
    Diciembre 8, 1930.
   Infracción artículo 440 del Código Penal.


text:
    No. 4350.
    Pueblo, apldo., v. Amill, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 8, 1930.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4349.
    Pueblo, apldo., v. Ortiz, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 8, 1930.
   Alterar la paz.


text:
    No. 4348.
    Pueblo, apldo., v. Osorio, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 8, 1930.
   Homicidio involuntario.


text:
    No. 4345.
    Pueblo, apldo., v. Medina, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 8, 1930.
   Perjurio.


text:
    No. 4330.
    Pueblo, apldo., v. López Jr., aplte.
    C. D. Arecibo.
    Diciembre 8, 1930.
   Infracción al artículo 461 del Código Penal.


text:
    No. 4332.
    Pueblo, apldo., v. Peterson, Jr., aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 9, 1930.
   Hurto menor.


text:
    No. 4331.
    Pueblo, apldo., v. Peterson, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 9, 1930.
   Escalamiento en segundo grado.


text:
    No. 4360.
    Pueblo, apldo., v. Nieves, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Enero 12, 1931.
   Infracción artículo 288 C. P.


text:
    No. 4365.
    Pueblo, apldo., v. Rosado, aplte.
    C. D. Ponce.
    Enero 12, 1931.
   Infracción artículo 260 C. P.


text:
    No. 4359.
    Pueblo, apldo., v. Matos, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Enero 12, 1931.
   Mutilación.


text:
    No. 4318.
    Pueblo, apldo., v. Barroso, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Enero 19, 1931.
   Alterar la paz.


text:
    No. 4400.
    Pueblo, apldo., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Febrero 16, 1931.
   Falsificación.


text:
    No. 4401.
    Pueblo, apldo., v. Colón, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Febrero 16, 1931.
   Escalamiento en primer grado.


text:
    No. 4402.
    Pueblo, apldo., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Febrero 16, 1931.
   Asesinato.


text:
    No. 4326.
    Pueblo, apldo., v. Soto et als., apltes.
    C. D. Aguadilla.
    Marzo 2, 1931.
   Portar Armas.


text:
    No. 4435.
    Pueblo, apldo., v. De Jesús, apltes.
    C. D. Gruayama.
    Marzo 16, 1931.
   Asesinato en segundo grado.


text:
    No. 4428.
    Pueblo, apldo., v. Narváez, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Marzo 16, 1931.
   Portar armas.


text:
    No. 4429.
    Pueblo, apldo., v. Narváez, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Marzo 16, 1931.
   Alterar la paz pública.


text:
    No. 4196.
    Pueblo, apldo., v. Cortés, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Mayo 23, 1930.
   Mutilación.


text:
    No. 4204.
    Pueblo, apldo., v. Pérez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 28, 1930.
   Alterar la paz.


text:
    No. 4210.
    Pueblo, apldo., v. Alicea, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 10, 1930.
   Homicidio involuntario.


text:
    No. 4164.
    Pueblo, apldo., v. Mitchell, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 16, 1930.
   Infracción Ley de Automóviles.


text:
    No. 4219.
    Pueblo, apldo., v. Cordero, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 18, 1930.
   Adulteración de leche.


text:
    No. 4230.
    Pueblo, apldo., v. Hernández, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Julio 1, 1930.
   Portar armas.


text:
    No. 4199.
    Pueblo, apldo., v. Peralta, aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 7, 1930.
   Homicidio voluntario.


text:
    No. 4237.
    Pueblo, apldo., v. Miranda, alpte.
    C. D. San Juan.
    Julio 8, 1930.
   Acometimiento y agresión.


text:
    No. 4250.
    Pueblo, apldo., v. Gómez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 23, 1930.
   Acometimiento y ag’resiún grave.


text:
    No. 4269.
    Pueblo, apldo., v. Andrades, aplte.
    C. D. San Juan.
    Agosto 13, 1930.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4268.
    Pueblo, apldo., v. Andrades, aplte.
    C. D. San Juan.
    Agosto 13, 1930.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4255.
    Pueblo, apldo., v. Giráu, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Agosto 15, 1930.
   Violación en grado de tentativa.


text:
    No. 4279.
    Pueblo, apldo., v. Acevedo, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Agosto 25, 1930.
   Homicidio voluntario.


text:
    No. 4253.
    Pueblo, apldo., v. Oliveras, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Septiembre 18, 1930.
   Violación en grado de tentativa.


text:
    No. 4299.
    Pueblo, apldo., v. Santos, aplte.
    C. D. Ponce.
    Octubre 4, 1930.
   Acometimiento y agresión.


text:
    No. 4306.
    Pueblo, apldo. v. Jové, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Octubre 24, 1930.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4319.
    Pueblo, apldo., v. González, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 3, 1930.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4321.
    Pueblo, apldo., v. Serrano, aplte.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 11, 1930.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4328.
    Pueblo, apldo., v. Serrano, aplte.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 17, 1930.
   Acometimiento y agresión grave.


text:
    No. 4329.
    Pueblo, apldo., v. Serrano, aplte.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 17, 1930.
   Acometimiento y agresión.


text:
    No. 4327.
    Pueblo, apldo., v. Ríos, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 17, 1930.
   Portar armas.


text:
    No. 4335.
    Pueblo, apldo., v. Ríos, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 19, 1930.
   Acometimiento y agresión.


text:
    No. 4347.
    Pueblo, apldo. v. Miranda, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 26, 1930.
   Mutilación.


text:
    No. 4206.
    Pueblo, aplte., v. Quiñones, apldo.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 1, 1930.
   Homicidio involuntario (Incidente de nuevo juicio.)


text:
    No. 4341.
    Pueblo, apldo., v. Maymí, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 6, 1930.
   Abandono de menores.


text:
    No. 4368.
    Pueblo, apldo., v. Ramírez, aplte.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 24, 1930.
   Infracción al artículo 291 del Código Penal.


text:
    No. 4369.
    Pueblo, apldo., v. Rosa, aplte.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 24, 1930.
   Infracción al artículo 291 del Código Penal.


text:
    No. 4372.
    Pueblo, apldo., v. Morales, aplte.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 26, 1930.
   Infracción a la Ley de Automóviles.


text:
    No. 4371.
    Pueblo, apldo., v. Morales, aplte.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 26, 1930.
   Infracción a la Ley de Automóviles.


text:
    No. 4379.
    Pueblo, apldo., v. Trinidad, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Enero 14, 1931.
   Homicidio involuntario.


text:
    No. 4398.
    Pueblo, apldo., v. Alvarez, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Enero 20, 1931.
   Portar armas.


text:
    No. 4353.
    Pueblo, apldo., v. Martínez, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Enero 21, 1931.
   Hurto menor.


text:
    No. 4427.
    Pueblo, apldo., v. Santiago, aplte.
    C. D. Guayama.
    Enero 27, 1931.
   Infracción a la Ley Nacional de Prohibición.


text:
    No. 4434.
    Pueblo, apldo., v. Ramírez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 2, 1931.
   Injuria y calumnia.


text:
    No. 4405.
    Pueblo, apldo., v. Quiñones, aplte.
    C. D. Ponce.
    Febrero 6, 1931.
   Infracción artículo 328 del Código Penal.


text:
    No. 4443.
    Pueblo, apldo. v. Negrón, Jr., aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 27, 1931.
   Portar armas.


text:
    No. 4447.
    Pueblo, apldo., v. Rivera, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Marzo 6, 1931.
   Hurto de mayor cuantía.


text:
    No. 4461.
    Pueblo, apldo., v. Santana, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 16, 1931.


text:
    No. 4463.
    Pueblo, apldo., v. Pires, aplte.
    C. D. San Juan.
    Marzo 19, 1931.
   Adulteración de lecbe.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Tomás Rovira Campillo, como cesionario del Banco Masónico de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Dolores Cruz y Manuela P. de Cruz, demandados, e Isabel Agostini, fiadora y apelante.
    No. 5266.

    Sometido: Marzo 11, 1931.

      Resuelto: Marzo 20, 1931.

      José Soto Rivera, abogado de la apelante; E. Campillo, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción instituida por el Banco Masónico de Puerto Rico, los demandados obtuvieron el levantamiento de un embargo mediante la prestación de una fianza con fiadores. Después de obtener sentencia, el banco cedió todos sus de-rechos en el litigio a Tomás Rovira Campillo y solicitó que se substituyera a éste como demandante. Con posterioridad a tal substitución, se libró un mandamiento de ejecución que fué devuelto sin cumplimentar. Los fiadores en la fianza prestada para el levantamiento del embargo fueron entonces notificados de una orden para mostrar causa por la cual no debía decretarse la confiscación de la misma. Uno de los fiadores, Isabel Agostini, compareció y contestó: que el con-trato por ella celebrado era exclusivamente con el banco; que no tenía conocimiento previo de la cesión; que no podía cederse la fianza; que la cesión la había relevado de respon-sabilidad, y que ella no tenía obligación alguna para con el cesionario. Ella levanta ahora las mismas cuestiones en la apelación interpuesta contra una sentencia adversa.

La fianza fué prestada a favor del “aquí demandante, Banco Masónico de Puerto Rico.” Se sujetó a la condición de que el demandante obtuviera sentencia a su favor. Al dictarse tal sentencia la responsabilidad de los aseguradores quedó fijada. Ellos sabían que la sentencia, al obtenerse, podía ser cedida. Sabían que al transferirse la misma el cesionario se subrogaría en “todos los derechos, interés y autoridad del cedente.” 34 C. J. 650, sec. 999; Código Civil sec. 1431.

.A falta de estipulación en sentido contrario no hay motivo por el cual una fianza prestada a favor del demandante, no deba considerarse como que puede cederse. La cesión por el demandante de todos sus derechos en la acción incluyó el derecho de confiscar la fianza prestada para levantar el embargo. La subrogación del cesionario en el derecho de con-fiscación del demandante, no efectuó ningún cambio material en el contrato celebrado por los aseguradores.

Debe confirmarse la sentencia a/pelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Aparicio Rivera y Juan P. Bouillerce, acusados y apelantes.
    No. 3605.

    Sometido: Febrero 6, 1930.

      Resuelto: Marzo 20, 1931.

      R. Martines Nadal, F. Colón Dias, Leopoldo Tormes y 6f. 8. Pier-luissi, abogados de los apelantes; José Ramón Quiñones, fiscal de la Corte de Distrito de Ponce, en comisión ante la Corte Su-prema, abogado de Fl Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación presentada en este caso por un gran jurado lee substancialmente así:

“Los referidos José Aparicio Rivera y Juan P. Bouillerce, allá en o por el día 17 de noviembre, A. D., 1923, y en Adjuntas, Puerto Pico, que forma parte del Distrito Judicial de Ponee, Puerto Rico, siendo José Aparicio Rivera Secretario Auditor y Juan P. Bouillerce Comisionado Municipal de Hacienda del Municipio de Adjuntas, Puerto Rico, y en la fecba arriba mencionada, estando encargados de recibir, guardar, traspasar y desembolsar los fondos públicos per-tenecientes a dicbo Municipio, ilegal, voluntaria y maliciosamente desembolsaron la cantidad de $1,500, moneda de los Estados Eni-dos de curso legal, perteneciente al Erario Público, esto es, al Mu-nicipio de Adjuntas, Puerto Rico, que tenían bajo 'su custodia legal como tales funcionarios públicos, en pago de jornales de trabaja-dores ocupados en las reparaciones de caminos municipales, según ordenanza del empréstito de’ $150,000 de mayo, 1922, y ordenanza del Concejo de Administración de octubre 30 de 1923 del Municipio de Adjuntas, sin haber sido inspeccionadas dichas reparaciones de caminos por el Comisionado del Interior de Puerto Rico, sin que los comprobantes de dichos pagos hubiesen sido aprobados por el Comisionado del Interior de Puerto Rico, en contravención a la orden expresa del Auditor de Puerto Rico después de haber sido dicho Auditor de Puerto Rico consultado por el Auditor Municipal señor Aparicio Rivera, sin que los comprobantes de dichos pa-gos estén debidamente firmados por los trabajadores ni sostengan la totalidad del desembolso y sin que todos los servicios hayan sido rendidos con anterioridad al desembolso; todo lo cual es contrario a la ley para tal caso hecha y prevista y contra la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

La acusación fué presentada bajo el tercer inciso del ar-tículo 372 del Código Penal, pero para un mejor entendi-miento es conveniente copiar todo el artículo, el cual dice así:

“Todo funcionario de Puerto Rico o de cualquier municipio o distrito local y toda persona encargada de recibir, guardar, traspa-sar o desembolsar fondos públicos que (1) sin autoridad legal los apropiare del todo o en parte, para su uso particular o el de otra persona; o (2) los prestare, o cualquiera porción de ellos; o que especulare con ellos o los utilizare para cualquier objeto no auto-rizado por la ley; o (3) no los conservare en su poder hasta desem-bolsarlos, o entregarlos por, autorización de la ley; o (4) deposi-tare ilegalmente, todo o parte de ellos en algún banco, o en poder de algún banquero u otra persona; o (5j canjeare o convirtiere cualquiera porción de ellos, bien papel en metálico o metálico en pa-pel u otra moneda corriente, sin autoridad legal para ello; o (6) a sabiendas llevare alguna cuenta falsa, o hiciere algún asiento falso, o raspadura en alguna cuenta de dichos fondos, o que se relacionare con. los mismos; o (7) fraudulentamente alterare, falsificare, ocul-tare, destruyere o tachare cualquier cuenta o documento que se re-lacione con ellos; o (8) voluntariamente se negare o dejare de pa-gar a su presentación cualquiera letra, orden o libramiento girado por autoridad competente contra los fondos públicos en su poder; o (9) voluntariamente dejare de traspasar los mismos, en los casos que en la ley exige dicho traspaso; o (10) voluntariamente dejare o se negare a entregar a algún funcionario u otra persona autoriza-da por la ley para su recepción, cualquiera cantidad de dinero que por la ley estuviere en la obligación de entregar como queda dicho, incurrirá en pena de presidio por uno a diez años, quedando ade-más incapacitado para ejercer cargo público.”

Los apelantes presentaron una excepción perentoria a la acusación y el haberse declarado sin lugar esta excepción sirve de fundamento al primer señalamiento de error. Bajo este artículo es evidente que debió haberse alegado clara-mente en la acusación la posesión real por parte de los acu-sados. La primera parte de la acusación dice que era el deber de los mismos recibir, guardar, traspasar y desembolsar los fondos públicos pertenecientes al Municipio de Adjuntas y que desembolsaron la cantidad de $1,500 pertenecientes al Erario Público, esto es, al Municipio de Adjuntas, Puerto Bico, que tenían bajo su custodia legal como tales funciona-rios públicos (habiéndose descrito previamente sus carg’os •oficiales). Creemos que es bastante evidente que era impo-sible para estos acusados haber tenido la posesión común de los fondos públicos, y la acusación era defectuosa al no alegar que el funcionario encargado de guardar, desembolsar, etc., los fondos públicos tenía la custodia de los mismos.

Quizá podamos tomar conocimiento judicial en favor de los acusados de que el secretario auditor de un municipio no tiene la custodia ni guarda de los fondos públicos, pero si bajo las circunstancias él en realidad tuvo tal custodia, debió haberse hecho constar tal alegación claramente en la acusación. Somos de opinión que no se imputó delito público alguno a Aparicio Bivefia, Secretario Auditor de Ad-juntas.

El auditor interviene, revisa y en gran parte tiene el control del desembolso de los fondos públicos, pero en realidad no desembolsa, en el sentido en que esa palabra se nsa en el estatuto. Esto se aclara un poco más al compa-rarse los otros delitos especificados en el artículo 372. El caso no es nuevo ante esta corte. En el de El Pueblo v. Falcón, 41 D.P.R. 624, resolvimos definitivamente que el auditor municipal no era la persona encargada de recibir, guardar, traspasar o desembolsar fondos públicos. Según dijimos en dicho caso, la idea de la ley es referirse al fun-cionario que tiene la custodia real y directa de los fondos y quien los paga finalmente, es decir, al tesorero.

Ahora bien, ¿cuál es la posición del otro acusado? En la acusación no hay imputación alguna de que él particularmente tuviera la posesión de los fondos sino que el fiscal pudo erróneamente haber querido alegar una posesión con-junta o la posesión parcial del secretario auditor. Más particularmente, la acusación guarda silencio sobre la cuestión de si Juan P. Bouillerce, el Comisionado Municipal de Hacienda, efectuó sus pagos a los supuestos trabajadores contra una orden suscrita por el auditor. Non constat que Bouillerce pagara bajo la Ley Municipal los fondos que él se supone retuviera hasta que el Comisionado del Interior tomara la debida acción, según se alega en la acusación. Esta idea se fortalece por el hecho de que el gravamen de la acusación parece estar dirigido contra el auditor y no contra el Comisionado de Hacienda, o Tesorero. La acusación no imputa en forma alguna que existiera una conspiración entre Aparicio y Bouillerce. Parte del delito imputado es que Aparicio actuó sin recibir la debida orden del Auditor de Puerto Pico después de haber consultado con ese funcionario. Nada hay en la acusación que demuestre que Bouillerce tuviera conocimiento' de la falta de autoridad del auditor para actuar, v. g\, para expedir el correspondiente libramiento, suponiendo, conforme lo hacemos, que ésta sea nna práctica de dicho municipio de acuerdo con la Ley Municipal. No se desprende con ningún grado de certeza que Bouillerce, a sabiendas o maliciosamente, pagara ningunas sumas de dinero, sino que por el contrario la inferencia es >que el auditor espidió libramientos al aludido comisionado de hacienda. Convenimos con los apelantes en que la acusa-ción no señala claramente los deberes de cada uno de los funcionarios a quienes se imputa la comisión del delito, y la sentencia debe ser revocada y absolverse a los acusados.


author: El Jijez Asociado Smñob AldRey,

text:
    Hortensia Pierluisi Grau, demandante y apelada, v. Manuel Monllor, Ana Gómez y Tomás Monllor, demandados y apelantes.
    No. 4501.

    Sometido: Junio 18, 1929.

      Resuelto: Marzo 20, 1931.

      Tons Soto &' Zapater, abogados de los apelantes; B. Atiles Moren y Guillermo Pierluisi, abogados de la apelada.
   El Jijez Asociado Smñob AldRey,

emitió la opinión del tribunal.

Hortensia Pierluisi Grau presentó demanda jurada en 3a Corte de Distrito de Ponce en enero de 1927 contra Manuel Monllor, Ana Gómez y Tomás Monllor en cobro de dinero, alegando substancialmente que el 30 de junio de 1914 y con anterioridad a esa fecba y después de ella los demandados tenían constituida en Ponce una sociedad mercantil colectiva •que giraba bajo el nombre social de Monllor & Ca., de la que eran socios gestores Manuel Monllor y Ana Grómez, ejer-ciendo la última el comercio con el consentimiento de su esposo Tomás Monllor, que era apoderado de esa sociedad; que en la expresada fecha 14 de junio de 1914 y antes de ella dicha sociedad adeudaba a la demandante la cantidad' de $1,500, valor recibido en calidad de préstamo al interés-del 10 por ciento anual, originada la deuda en virtud de la cesión de una hipoteca propiedad de la aotora en favor y bene-ficio de la mencionada mercantil, por lo que dicha mercantil, por medio de su apoderado Tomás Monllor, suscribió en 30' de junio de 1914 un pagaré que entregó, en el que se obligó-a pagar en Ponce el día 30 de junio de 1917 a la orden de* Hortensia Pierluisi la cantidad de $1,500, valor recibido a su entera satisfacción, y el interés del 10 por ciento anual abonado cada año; que vencida esa obligación no ha sido pagada en todo ni en parte y tampoco sus intereses, los que-hasta la fecha de. la demanda ascendían a $1,875; que la. mercantil Monllor & Ca. liquidó sus negocios, cesando en ellos, no existiendo actualmente como tal sociedad, que no-tiene bienes con los que pagar el capital e intereses debidos, y que la referida deuda fué contraída estando casada Ana Grómez con Tomás Monllor entre los que existía y existe una sociedad legal de gananciales que tiene bienes suficientes para pagar el capital e intereses objeto de la demanda, figurando entre ellos la casa que se describe en la demanda. Por esas alega-ciones se solicitó que por el capital e intereses vencidos y los sucesivos fuesen condenados solidariamente los tres deman-dados. Estos se opusieron a esa reclamación y alegaron ciertas defensas, pero celebrado el juicio recayó sentencia contra los tres demandados condenándolos solidariamente a pagar las cantidades reclamadas. Contra ella interpusieron esta apelación.

El primer motivo del recurso se refiere a la excepción general aducida contra la demanda de no exponer hechos suficientes contra todos los demandados; ,y el segundo y tercero por no aducirlos contra Tomás Monllor y contra su sociedad legal de gananciales con Ana Gómez.

Dicen los apelantes que la demanda no es suficiente porque no alega que se Raya RecRo excusión de los bienes de la sociedad; que no expresa la extensión y término del poder que tenía Tomás Monllor para que la corte juzgase si era suficiente para obligar a la sociedad por quien firmó el pagaré; que si la deuda procede de la cesión de una hipoteca, debió alegarse que la sociedad Rizo efectiva la Ripoteca, y que no se alega que Ana Gómez fuese socia colectiva, no siendo igual socio gestor que colectivo.

Según el artículo 127 del Código de Comercio todos los socios que forman la compañía colectiva, sean o no gestores de la misma, estarán obligados personal y solidariamente con todos sus bienes a’ las resultas de las operaciones que se Ragan a nombre y por cuenta de la compañía bajo la firma de ésta y por persona autorizada para usarla; y aunque el artículo 237 declara que los bienes particulares de los socios colectivos que no se incluyeron en el Raber social al formarse la compañía no podrán ser ejecutados para el pago de las obligaciones contraídas por ella sino después de haberse RecRo excusión del Raber social, sin embargo, tal excusión no es necesaria cuando la sociedad deudora carece de bienes, como declaramos en el caso de M. Lamadrid & Co., Sucrs. v. Martorell, 27 D.P.R. 599, y casos en él citados, por lo que alegando la demanda en este litigio que no existe la sociedad que contrajo la deuda reclamada por haber liquidado sus ne-gocios y que carece de bienes con los que pagar sus deudas, aduce la demanda causa de acción contra los socios indivi-duales de la compañía.

En la demanda se dice que la mercantil suscribió por medio de su apoderado Tomás Monllor el pagaré cuyo pago se reclama; alegación que es suficiente sin que fuera necesario que expresase los términos y la extensión del poder, de acuerdo con el principio de derecho que dice “ qui facit per alium facit per se,” siendo esos extremos materia de prueba.

Tampoco es insuficiente la demanda porque no ex-prese que lia sido cobrada la hipoteca originaria de la deuda reclamada, porque si ese crédito hipotecario no ha podido ser cobrado por causas imputables a quien lo cedió, eso sería materia de defensa, impropia de la demanda.

También se dice por los apelantes que en la demanda no se alega que Ana Grómez fuese socia colectiva, y que no es igual socio gestor que colectivo, pero para este caso no es de importancia si dicha señora era socia gestora o colectiva, porque alegándose que Monllor & Ca. es una sociedad colectiva esto es por sí suficiente para que todos sus socios, sean o no gestores, respondan personal y solidariamente de las resultas de las operaciones comerciales, de acuerdo con el artículo 237 antes citado.

El segundo motivo de error se refiere a no alegarse causa de acción contra Tomás Monllor, esposo de Ana Grómez.

Si bien dicho- señor a nada se obligó personalmente, sin embargo, como su mujer ejercía el comercio con su consen-timiento, puede ser demandado en esta acción por ser el representante legal de la sociedad de gananciales, ya que los bienes de esa sociedad legal son responsables de las deudas de la sociedad mercantil de su esposa, según dispone el ar-tículo 10 del Código de Comercio, y porque el artículo 1323 del Código Civil declara que' serán de cargo de la sociedad de gananciales todas las deudas y obligaciones contraídas por el marido- y también las que contrajere la mujer en los casos en que pueda legalmente obligar a la sociedad; siendo uno de éstos el prescrito en el artículo 10 citado del Código de Comercio.

Expuesto lo que acabamos de decir, resulta insoste-nible el error fundado en que no puede dictarse sentencia •contra Tomás Monllor, porque como hemos dicho los bienes de su sociedad conyugal son responsables de las deudas de ■su esposa como socia de Monllor & Ca. Quizás pudo pres-cindirse de 'él en este pleito y embargarse bienes de su; sociedad de gananciales al ejecutarse la sentencia contra su esposa, como dicen los apelantes, pero no vemos qué perjuicio pudo causársele al demandarlo en este pleito en el que como parte puede discutir si los bienes de su sociedad están sujetos a las deudas de su esposa como comerciante y también la existencia de la deuda reclamada. Sin embargo, como la sen-tencia lo condena a pagar solidariamente las cantidades recla-madas en la demanda y como él no tiene responsabilidad para con la demandante sino en cuanto a los bienes de su sociedad con su esposa, la sentencia debe ser modificada para que su condena sea en cuanto a los bienes conyugales.

El cuarto motivo de error es porque la acción ejercitada por la apelada está prescrita, que fué una de las defensas de los demandados apoyada en el artículo 950 del Código de Comercio que fija en tres años el término para el cobro de pagarés a la orden y en el caso de Barros v. Padial, 35 D.P.R. 258.

La demanda fué presentada mucbo tiempo después de esos tres años contados desde el vencimiento de la obligación consignada en el pagaré, por lo que la cuestión en contro-versia es si a pesar de estar extendido el pagaré a la orden no tiene carácter mercantil por no proceder de operaciones comerciales, teniendo entonces como prescripción el término de quince años, de acuerdo con el artículo 1865 del Código Civil en relación con el 943 del Código de Comercio..

En el caso de Barros v. Padial, supra, declaró este tribunal que en muchas decisiones nuestras que se citan en él, se ña resuelto que un pagaré extendido a la orden tiene presun-tivamente un carácter comercial. Aunque el adverbio pre-suntivamente está en la opinión escrita en inglés por el Juez? Sr. Wolf no figura en su traducción al español, como debió hacerse. También se dice en la opinión'de ese caso que sos-tener otra cosa sería intervenir con la regla de stare decisis o algo así; que la sentencia del Tribunal Supremo de España de 1904 y las decisiones de Filipinas, deban o no ser distin-guidas, no pueden variar la regla firmemente establecida por nosotros y con la cual estamos todavía completamente en armonía; que el carácter presuntivo de ser comercial un pagaré librado a la orden es universal y aplicable a todos los pagarés; que en los círculos del método de Euler, uno de los cuales comprende las operaciones comerciales y el otro los préstamos, bay una zona o territorio en la intersección de ellos que es común a ambas clases de operaciones; que dada la universalidad de una presunción se debe probar que el préstamo cae en aquella parte del círculo de préstamos que no está incluida en la zona común de ambos círculos; que cuando existe una presunción, la persona que trata de destruirla debe excluir toda posibilidad, sin que puedan ser-virle las probabilidades, citando después el artículo 311 del Código de Comercio que reputa mercantil el préstamo en ciertas circunstancias; y que la obligación de probar lo con-trario no desaparece porque se demuestre que los préstamos general o frecuentemente no están dotados de un carácter mercantil. Después de esas expresiones, contiene la opinión las siguientes palabras: “Si se da un pagaré a la orden el .que lo expide puede decirse que ba convertido un simple préstamo en una operación mercantil. En ese caso los pagarés a la orden quedarían comprendidos enteramente en el campo de las operaciones mercantiles. En verdad que dada la tendencia general de los estatutos citados; nos incli-namos al parecer de que en Puerto Rico dar un pagaré expedido a la orden constituye por sí una operación mer-cantil. ’ ’

El conjunto de esa opinión es que los pagarés a la orden son presuntivamente comerciales, salvo prueba en contrario, pero como al final de ella se expresa, sin hacerse una declara-ción categórica, que “si se da un pagaré a la orden el que lo expide puede decirse que ba convertido un simple préstamo en una operación mercantil” y que “nos inclinamos al parecer de que en Puerto Rico dar un pagaré expedido a la orden •constituye por sí una operación mercantil, ’ ’ se hace necesario •cpie resolvamos clara y definitivamente si los pagarés libra-«dos a la orden siguen siendo presuntivamente comerciales o si son en absoluto mercantiles, sin ser admisible, por tanto, .prueba para contradecir ese carácter comercial.

Según el artículo 532 del Código de Comercio los vales o pagarés a la orden que procedan de operaciones de comercio producirán las mismas obligaciones y efectos que las letras •de cambio, excepto en la aceptación, que es privativa de éstas. A contrario sensu, los pagarés a la orden que no procedan de •operaciones de comercio no producirán las obligaciones y •efectos de las letras de cambio, que son mercantiles, y, por tanto, puede probarse que no proceden de esa clase de opera-ciones, quitándoles de ese modo el carácter o presunción de. ser pagarés mercantiles por no producir las obligaciones y. •efectos de las letras de cambio. Por esto el Tribunal Supremo de España en su sentencia de 25 de noviembre de 1898 dijo:

“El carácter mercantil de los pagarés a la orden no se deter-mina por la mera cualidad de ser comerciantes las personas que en ellos se interesan como librador, endosante o tenedor, sino por 1» circunstancia esencial de proceder de operaciones mercantiles. . . ’'

Y más adelante dice que cuando no consta que proceden ■de operaciones mercantiles “es evidente que sólo pueden ser considerados como expresión de la obligación de devolver una •cantidad prestada con el interés pactado, a cuyo préstamo tampoco puede darse el carácter mercantil.” En la de 11 de octubre de 1918 el mismo tribunal declaró que:

“ ■ ■ . para tener el valor jurídico de documento mercantil un pa-.garé, no basta que contenga las condiciones marcadas en el art. 571 del antiguo Código de Comercio, que boy señala el 531 del que ■rige, sino que es preciso además que proceda de operaciones eomer--ciales, según exigía el art. 558 del Código de 1829, y ordena el re-petido 531 en su número 79, requisito que no especifica el pagaré de .-que se trata, pues aun cuando consigna la frase ‘valor recibido’ esto no es lo preceptuado por el art. 532 al objeto de que surta los efec-tos en el mismo señalado. . . ”

El artículo 531 a que se refiere esa sentencia es igual al del mismo número de nuestro código y se refiere a los requi-sitos que debe tener un pagaré a la orden, siendo el séptimo el de contener el origen y especie del valor que represente-El 532 que fiemos citado es reproducción exacta del 532 del Código de Comercio Español. Antes de esas dos sentencias ya fiabía dicho el mismo tribunal en 24 de noviembre de 1894 que los pagarés a la orden no son aquéllos cuyo importe se va a dedicar al comercio sino los que proceden de operaciones comerciales, pues sólo éstos tienen valor jurídico de docu-mentos mercantiles. Y en la de 25 de enero de 1898 deciará el referido tribunal lo siguiente: “La expedición de pagarés a la orden y sus endosos deben reputarse actos mercantiles,, con arreglo al artículo 2o. del Código de Comercio, por sen de los expresamente definidos en este cuerpo legal, y por lo tanto, fiay la presunción de que proceden de operaciones de comercio, salvo prueba en contrario.”

Por consiguiente, según nuestro Código de Comercio, que en este particular es igual al de España, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de dicha nación y la repetida de nuestra Corte Suprema, los pagarés librados a la orden tienen la presunción juris tantum de ser mercantiles a menos que se pruebe que no proceden de operaciones comerciales. En consecuencia., el fieefio de firmarse un pagaré a la orden ne convierte un simple préstamo en mercantil ni constituye por sí una operación de comercio, porque nuestro estatuto dice que son mercantiles los que proceden de operaciones de comercio. También sostienen los comentaristas la misma doctrina. El Sr. Estasen, en su obra “Jurisprudencia Mer-cantil,” tomo 2, página 235, dice, según se cita en el alegato' de la apelada, que “los vales y pagarés a que el artículo 532 del Código de Comercio otorg'a la misma eficacia y efecto que las letras de cambio, no son aquéllos cuyo importe se va a dedicar a operaciones mercantiles, sino los que procedan de operaciones de esta clase”; y en la página 236 agrega: “El. carácter mercantil de los pagarés a la orden no se determina por la mera cualidad de ser comerciantes las personas que en ellos se interesen como librador, endosante, o tenedor, sino por la circunstancia esencial de proceder de operaciones mer-cantiles”.

Sentado lo que precede veamos si se lia probado que el pagaré no procede de operaciones mercantiles.

En la demanda se alegó que el pagaré se originó a virtud de liaber recibido la mercantil Monllor & Ca. los $1,500 en calidad de préstamo por habérsele cedido un crédito hipote-cario de la demandante por esa cantidad, cuya alegación fné admitida en la contestación a la demanda; y en el juicio se probó que uno de los socios de Monllor & Ca. solicitó y obtuvo de la demandante que le cediera dicho crédito hipotecario para traspasarlo a otra persona en pago parcial del precio de una casa, y que por dicha cantidad firmó el pagaré como valor recibido. El caso de Salgado v. Villamil, 14 D.P.R. 457, después de decir que este tribunal ha declarado en otras ocasiones que los pagarés a la orden tienen la presunción de ser mercantiles, salvo prueba en contrario, llega a la con-clusión de que los pagarés librados en ese caso no eran comerciales por proceder de la venta de acciones y derechos hereditarios, que en manera alguna puede reputarse comm análoga a los actos mercantiles mencionados en el Código de Comercio, porque sólo pueden tener ese carácter, ya la compra, ya la venta, cuando las partes tuvieren el propó-sito de obtener lucro. En iguales condiciones se halla el préstamo consignado en el pagaré de este caso hecho para entregar el crédito hipotecario como parte del precio de com-pra de una casa, sin prueba de que fuera para lucro.

Por lo expuesto no son sostenibles los motivos cuarto y quinto del recurso.

Los motivos sexto y séptimo pueden ser considerados y resueltos conjuntamente por referirse a la misma materia. En el primero de ellos se alega que fué error de la corte inferior el no estimar que la obligación reclamada quedó extinguida por el hecho de haber sido declarada en quiebra la sociedad Monllor & Ca. y por la subsiguiente exoneración de todas sus deudas; y el otro por no estimar que la deuda reclamada fué incluida en la relación de acreedo-res que presentó en la quiebra la referida sociedad.

Con respecto al primero de ellos nos bastará decir que la declaración de quiebra fué solicitada y declarada en cuanto a la sociedad Monllor & Ca. y no en cuanto a sus socios individualmente, y que según reciente resolución del Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictada el 20 de febrero de 1928 en el caso de Liberty National Bank v. Bear, 276 U. S. 215, una petición de quiebra involuntaria contra una sociedad, que por sus términos no pretende que los socios sean decla-rados en quiebra, como individuos, ni alega que tales per-sonas son insolventes individualmente o que han cometido algún acto de quiebra, no es en su efecto legal una petición contra ellos individualmente; y que una adjudicación de quiebra de una sociedad en tales condiciones no es legalmente una declaración de quiebra de los socios individualmente. Por consiguiente, no es sostenible la contención de los ape-lantes respecto a que la declaración de quiebra de Monllor & Ca. y su exoneración en cuanto a sus deudas fué la adjudica-ción en quiebra y exoneración de sus socios individualmente y que por esto no están obligados a pagar personalmente la reclamación hecha en este pleito.

Con respecto al otro extremo alegado por los recurrentes diremos que si bien es cierto que en la planilla de acreedores presentada por Monllor & Ca. en su quiebra figuró como acreedor G-uillermo Pierluisi por la cantidad de $1,500, no fué incluida en ella Hortensia Pierluisi que es la acreedora demandante y cuyo apoderado no era Guillermo Pierluisi sino Simón Pierluisi. Además de esto, aunque el

crédito de Hortensia hubiera sido el que figuró a nombre de Guillermo, siempre resulta que no se ba probado que se bizo constar su residencia ni que fuera notificado o tuviera en realidad conocimiento del procedimiento de quiebra como requieren el párrafo 8 de la sección 7 de la Ley de Quiebras y la sección 17, párrafo 3, de la misma ley, que fueron apli-cadas en el caso de Roig v. Barletta, 28 D.P.R. 605. Con la declaración de Enrique Monllor se trató de probar que el crédito de $1,500 incluido en la quiebra de la sociedad a nombre de Guillermo Pierluisi es el crédito de Hortensia Pierluisi y que su apoderado tuvo conocimiento de la quiebra; pero aun siendo cierto todo lo dicbo por el testigo siempre resulta que si la sociedad quedó exonerada de sus deudas para con Hortensia, no sucede lo mismo con sus socios in-dividualmente por no baber sido ellos declarados particular-mente en quiebra. Hay de todos modos un becbo último, y es que la deuda que se reclama en este pleito fué reconocida por la sociedad después de la quiebra, pues en cartas del apoderado de la sociedad, Tomás Monllor, a Simón Pierluisi de fecba 19 de enero de 1915, 22 de mayo de 1915 y 18 de marzo de 1916 se le dice lo siguiente:

‘ ‘ Sr. Don Simón Pierluisi. Apreciado amigo: Recibí su atenta y enterado de todos sus pormenores, paso a contestar nuestro asunto. No le habíamos indicado nada porque estábamos pendientes de ha-cer un arreglo con nuestros acreedores, pero en vista de que no se pudo hacer nada llevamos la casa a la quiebra para que no salieran beneficiados los señores que embargaron. Según lo que usted me dice de la cuenta de su hermana nosotros estamos dispuestos a pa-garle a su vencimiento los vales así no nos quede un centavo por-que nosotros no podemos permitir que usted quede mal desde el mo-mento en que usted nos sirvió gratuitamente en este asunto. Noso-tros seguiremos trabajando en otros negocios. . .”
“Sr. Don Simón Pierluisi. Hacienda Porvenir. Apreciado amigo: En contestación a la suya respecto al dinero de su her-mana, no le puedo decir hoy nada hasta el mes que viene que esta-mos haciendo todo lo posible para darle un pico. . .”
“Sr. Don Simón Pierluisi. Apreciado amigo: Recibí su atenta y en contestación a lo que usted me pregunta debo manifestarle que los intereses de su hermana no han sido pagados por haber tenido una racha bien mala. Ya yo hable con Manolo en este asunto y él me dijo que está esperando desenvolverse de los muchos compro-misos que hizo en estos meses anteriores, pero el negocio va mejo-rando mucho y creo que pronto se envíen dichos intereses.

Ese reconocimiento surtió el efecto de revivir la deuda,, aun en contra de la sociedad deudora, habiendo dicho nos-otros en el caso de Piñeiro v. Pérez, 20 D.P.R. 238, que “la renovación clara y terminante de una deuda por un que-brado después de la declaración de quiebra y antes de haber sido exonerado de su deuda es válida y la deuda es exigible judicialmente.” En ese caso citamos el de Zavelo v. Reeves, 227 U. S. 629, en el que se declaró lo siguiente:

“Se aleg’a en cuanto a ambas réplicas que, aunque una deuda extinguida por la exoneración hecha en la quiebra puede ser reno-vada por una nueva promesa después de tal exoneración, no puede esto verificarse cuando la nueva promesa se hace dentro del período-comprendido entre la declaración de quiebra y la exoneración.
“Sin embargo, es una cuestión que ya ha sido resuelta, que si bien la exoneración exime al quebrado de la responsabilidad legal de tener que pagar una deuda susceptible de ser probada {provable' debí) en la quiebra, la obligación moral en que queda es suficiente para fundar en ella una nueva promesa de pago de dicha deuda. Y de acuerdo con la lógica y la opinión de la mayoría de las autori-dades, la fecha de la nueva promesa no es una cuestión esencial. La-teoría es que la exoneración anula el remedio pero no la obligación; que, hablando en términos generales, la exoneración hace referen-cia al comienzo de los procedimientos, y el traspaso de los bienes del quebrado en beneficio de los acreedores es efectivo como si se hubiera hecho al mismo tiempo; que desde la fecha a que se re-fiere la exoneración queda el quebrado un hombre libre estando tan-capacitado para comprometerse a satisfacer una obligación anterior que de otro modo no podría hacerse efectiva por haber quedado exonerado de sus deudas, como para celebrar cualquier nuevo con-venio. Así pues, de acuerdo con otras leyes de quiebras se ha re-suelto generalmente que la promesa de pagar una deuda susceptible de prueba es tan eficaz, a pesar de la exoneración del que-brado, cuando se hace después de presentada la solicitud y con an-terioridad a dicba exoneración como si se hiciera después de la misma. ’ ’

El motivo de error octavo, referente a que antes de procederse contra los socios debió hacerse excusión de los bienes de la sociedad, lo hemos tratado al principio. En el noveno error se dice que no debió declararse con lugar la demanda contra los socios por un pagaré suscrito por la sociedad, contra la cual debió dirigirse la acción aun después de disuelta, por continuar su personalidad en liquidación. Se funda este alegado error en que es insuficiente la alegación de la demanda de que la sociedad fué disuelta y de •que carece de bienes, porque disuelta la sociedad por vencimiento de su término o conclusión de su empresa, por la pérdida entera del capital o por la quiebra de la compañía (artículo 221 del Código de Comercio) el resultado no sería la pérdida de la personalidad legal de la compañía, sino su disolución y liquidación, siendo necesaria ésta para que se origine la responsabilidad subsidiaria de los socios. Sin embargo, la demanda no se limitó a alegar lo que los apelantes dicen, sino que en su hecho sexto se expuso que la sociedad Monllor & Ca. ha liquidado sus negocios cesando en sus operaciones mercantiles y que actualmente no existe como tal entidad social. Con esas alegaciones, no puede sostenerse que aparezca de la demanda que la mercantil está en liquidación, y son suficientes esos hechos para demandar directamente a los socios.

La última alegación de que es improcedente la condena ■en costas también es insostenible en vista de las conclusiones a que llegó la corte inferior, que confirmamos.

La sentencia recurrida debe ser confirmada, pero modifi-cándola en el sentido de que la condena contra Tomás Monitor sea solamente en cuanto a los bienes conyugales.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Jesús de León Rosa y su esposa María de León Casanova, demandantes y apelantes, v. Eulogia Colón Alvarez, demandada y apelada.
    No. 5050.

    Sometido: Abril 1, 1930.

      Resuelto: Marzo 20, 1931.

      TJlpiano Crespo, Jr., abogado de los apelantes; B. Agrait Aldea,. abogado de la apelada.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión, del tribunal.

La demanda a virtud de la cual se inició este pleito se-titula sobre “reivindicación” y se radicó en la Corte de Dis-trito de Arecibo en agosto, 1928. Se basa en los siguientes-hechos:

‘ ‘ Segundo: Que los demandantes son dueños de la siguiente finca: (Se describe una finca de ciento catorce cuerdas, situada en el barrio de Islote, de Arecibo).
“Tercero: Que los demandantes Jesús de León Rosa y su es-posa María de León Casanova, y la demandada Eulogia Colón Alvarez, en unión de Don Tomás Boneta Bolet, marido de esta última, otorgaron una escritura de cancelación total de hipoteca y compra-venta con pacto de retracto el día 30 de octubre de 1911, ante el Notario Manuel Paz Urdaz, la cual fné inscrita, en cuanto a la venta de retracto al folio. . .
‘ ‘ Cuarto: Que en dicha escritura, se hizo constar como condi-ciones del contrato, las siguientes:
“1. ‘Que el señor de León Rosa, podrá recuperar la finca ven-dida, si en el término de cuatro años, contados desde la fecha de la escritura, que vencía el día treinta de octubre de mil novecientos quince, devolviese a la señora Eulogia Colón Alvarez los $3100, pre-cio de la enajenación, y los gastos necesarios y útiles hechos en la finca; pero que si vencido el término estipulado, el señor Jesús de León no hubiera cumplido esta condición, quedará irrevocablemente consumada la citada compraventa, sin más requisitos que el ha-cerlo constar en el Registro de la Propiedad.
“2. ‘Y que durante el término fijado para el aludido pacto el señor Jesús .de León Rosa, quedaría usufructuando la finca en con-cepto de arrendamiento por un canon de $31.00 mensuales, pagade-ros por mensualidades vencidas, contando desde la fecha; y bien entendido que vencidas tres mensualidades del denominado canon sin ser satisfechas, quedaría rescindido este arrendamiento y consu-mada en absoluto la venta, requisito que así mismo se haría contar en el Registro.’
‘ ‘ Quinto: Que a pesar del contrato referido, los demandantes continuaron como antes de haberlo otorgado, actuando como los ver-daderos dueños de la finca, cultivándola y percibiendo sus frutos, rentas y productos, pagando las contribuciones al Tesorero Insular, y ejerciendo los demás actos de dominio como siempre.
‘ ‘ Sexto: Que los demandantes pagaron puntualmente los cáno-nes de arrendamiento estipulados en dicha escritura, a Don Tomás Boneta Bolet, marido de la demandada Eulogia Colón, quien admi-nistraba los bienes privativos de ella.
“Y al efecto alegan los demandantes, que el día 27 de julio de 1912, pagaron a dicho Tomás Boneta Bolet, $62.00 correspondientes a los cánones de arrendamiento de los meses de junio y julio dfe 1912, firmando al efecto un recibo que copiado literalmente dice así:
“ ‘Pagó Don Jesús de León $62, mete, a cuenta de arrendamiento devengados de la .finca que ocupa en el barrio Islote, de esta juris-dicción. Arecibo, julio 27, 1912. Firmado: T. Boneta. — (Son $62. mete.) ’
“Y en 30 de octubre del mismo año le pagaron al mismo, $93.00 correspondientes a los cánones de agosto, septiembre y octubre de mil novecientos doce.
‘ ‘ Séptimo: Que el día 29 de noviembre de 1912, seis días des- pues de muerto Tomás Boneta Bolet, y tres años antes de vencerse el mencionado contrato, fijado para el 30 de octubre de 1915, la de-mandada Eulogia Colón Alvarez, maliciosa y fraudulentamente so-licitó y obtuvo en el Registro de la Propiedad de Arecibo, la consu-mación de la venta con pacto de retro referida, fundándose para ello solamente en que el demandante Jesús de León debía más de tres mensualidades del denominado canon de arrendamiento, cuya consumación de venta se hizo constar por nota al margen de la ins-cripción quinta. . .
“Octavo: Que al SeR Aáí SoRPRendido el demandante de León compareció a la casa habitación de Eulogia Colón Alvarez acompa-ñado del Abogado Cayetano Coll y Cuchí, y le ofreció allí y enton-ces, pagarle en el acto la suma de $3100.00 de que aparecía ella acreedora por la escritura de 30 de octubre de 1911, a que se ha hecho referencia, más los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la venta y demás gastos en que hubiere incu-rrido, cuya suma se negó ella a recibir, alegando ¡que ya la finca era de su propiedad exclusiva; y reiteran ahora los demandantes su ofrecimiento de cumplir estrictamente su obligación.
“Noveno: Que Utilizando Ilegalmente la mencionada escri-tura de treinta de octubre de 1911, habiendo ya obtenido fraudu-lenta y dolosamente el día 29 de noviembre de 1912, la consuma-ción de la venta en el Registro, según se alega en el hecho séptimo, la demandada Eulogia Colón Alvarez compareció ante la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Arecibo, y presentó una demanda de desahucio el día 4 de febrero de 1914, contra Jesús de León Rosa y su esposa María de León Casanova, como si éstos fue-ran arrendatarios que hubieran faltado al pago de cánones de arren-damiento de la referida propiedad, habiendo obtenido una senten-cia a su favor y en su consecuencia el día 6 de agosto de 1914, ob-tuvo dicha Eulogia Colón Alvarez el lanzamiento de los demandan-tes de la referida finca, entrando de esa manera en la posesión frau-dulenta de la misma.
“Décimo: Que la demandada Eulogia Colón, se encuentra en po-sesión de la finca descrita en el hecho quinto de la demanda, desde el 6 de agosto de 1914, cuyo valor en la tasación oficial del Gobierno es de diez y siete mil cuatrocientos veinte dollars, y ha estado y está disfrutándola ilegalmente, percibiendo sus frutos, rentas y produc-tos hasta la fecha.
“En mérito de los hechos expuestos, los demandantes Suplican a la corte, se sirva dictar una sentencia en contra de la demandada que contenga los siguientes pronunciamientos:
“1. Que se declare que la finca descrita en la demanda es de la exclusiva propiedad de los demandantes, y que deben ser restitui-dos en la tranquila posesión, tenencia y disfrute de la misma; or-denando que se cancele en el Registro de la Propiedad la inscrip-ción de ella a favor de la demandada.
“2. Que se conceda cualquier otro remedio a las partes que sea consistente con las alegaciones de la demanda.”

La demandada en su contestación admite el otorgamiento de la escritura de venta con pacto de retro y sostiene que de acuerdo con sus términos habiendo dejado de pagar los de-mandantes más de tres mensualidades de los arrendamientos, hizo constar la nota de consumación del contrato en el re-gistro, y convertida en dueña, no queriendo los demandantes entregarle la posesión voluntariamente, los desalojó por medio de una acción de desahucio desde el año 1914. Como defensas especiales alegó: 1°., la. cosa juzgada, por haber quedado resuelta la cuestión que ahora se suscita en el pleito número 5117 iniciado por los mismos demandantes contra la demandada; 2°., la prescripción, basada en el artículo 1268 del Código Civil Revisado, y 3°., la de encontrarse los deman-dantes impedidos de reclamar por haber cedido su derecho de retracto a la Plazuela Sugar Co. Parece conveniente decir con respecto a la tercera defensa que a fin de que esta opinión no resulte demasiado larga, prescindiremos de ella, ya que no es necesario entrar en la consideración de sus méritos para la resolución del recurso.

Los demandantes formularon una réplica a la materia nueva contenida en la contestación. En ella niegan la exis-tencia de la cosa juzgada, en parte, así:

‘ ‘ Que ese. pleito era por nulidad de escrituras, en el cual se ale-gaba el fraude y simulación al otorgarse la escritura de venta con' pacto de retro de 23 de septiembre de 1909, ante el Notario Paz Ur-daz, en cuyo acto intervinieron Tomás Boneta Bolet y su señora Eulogia Colón Alvarez; y en el cual también se pedía contra Pla-zuela Sugar Co. que se anulara la escritura de cesión otorgada en 18 de junio de 1912 ante Cayetano Coll y Cuchí; y al comparecer Eulogia Colón Alvarez, opuso a la demanda la excepción de ‘no aducir becbos suficientes que determinen una causa de acción’, la cual el Hon. Juez de esta corte declaró con lugar el día 9 de diciembre de 1919, dictándose el 21 de enero de 1920 la correspon-diente sentencia, de la cual apelaron los demandantes, habiendo sidu desestimada la apelación el 28 de enero de 1921.
"Que dicho pleito de nulidad de escrituras se basaba en una causa distinta a la 'que en éste se establece, siendo las partes dis-tintas en su mayor número y el remedio que se solicitaba en él, según se desprende por la súplica, era completamente distinto al que se alega y pide en la demanda en este caso.
"Que entre el referido pleito y el presente no existe la identidad, de personas, ni de la cosa, ni de la acción, no siendo de aplicación la defensa de cosa juzgada, puesto que el objeto de ambas acciones y fundamentos de derecho en ambos son diametralmente opuestos.”'

Se oponen a la defensa de prescripción, como sigue:

"Que los demandantes cumplieron fielmente los pactos y condi-ciones a que estaban obligados según la escritura de 30 de octubre de 1911 ante el Notario Manuel Paz Urdaz, pagando puntualmente los cánones de arrendamiento a la demandada, y a pesar de ello dicha demandada, amparándose en la cláusula resolutoria transcrita en el hecho cuarto de la demanda enmendada, burló y defraudó a los demandantes en sus bienes y derechos, en virtud de la consu-mación de la venta que se efectuó en el Registro de la Propiedad de Arecibo el día 29 de noviembre de 1912, como se alega en los he-chos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la demanda enmen-dada.
“En consecuencia, los demandantes no tienen interés en pedir, ni piden la nulidad de la escritura de venta con pacto de retro, ni de nmg-una otra escritura, sino que confían en el cumplimiento específico de los pactos contenidos en la escritura mencionada de 30 de octubre de 1911 ante el Notario Paz Urdaz.” (Bastardillas nues-tras.)

Fue el pleito a juicio, practicando prueba ambas partes* y la corte lo falló finalmente declarando la demanda sin lugar, con imposición, de costas a los demandantes. Según la rela-ción del caso y opinión que acompaña a la sentencia, ésta se funda en haber estimado la corte que concurrían en favor de la demandada las defensas de prescripción y de cosa juzgada, motivo por el cual creyó innecesario considerar las otras cuestiones suscitadas.

No conformes los demandantes interpusieron este recurso de apelación, señalando en su alegato la comisión de doce errores.

A nuestro juicio existe la cosa juzgada. El pleito número 5117 se inició en la Corte de Distrito de Arecibo por los mismos demandantes contra la propia demandada, in-cluyéndose además como demandados la Sucesión de Tomás Boneta y la Plazuela Sugar Co.; se tituló sobre “reivindica-ción y nulidad de escrituras; ” se alegó en él que la escritura de venta con pacto de retro no era una venta, sino una ñipo-teca, y se pidió que se dictara sentencia:

“l9 Declarando nula y sin ningún valor ni efecto la escritura de 30 de octubre de 1911 ante el Notario Paz Urdaz, mandando que se cancele su inscripción e inscripciones hechas en el Registro de la Propiedad.
“29 Declarando nula y de ningún valor la escritura de 18 de julio de 1912 ante el Notario Cayetano Coll y Cuchí, mandando a. cancelar su inscripción en el Registro de la Propiedad.
“39 Que se declare que el título de propiedad de la descrita finca permaneció en los demandantes, no obstante las escrituras a que se ha hecho mención, restituyendo a los demandantes en la tran-quila posesión, tenencia, y disfrute de la misma.”

A esa demanda adujo excepciones previas la demandada Eulogia Colón Alvarez, demandada también en este pleito, y la corte las declaró con lugar pronunciando luego, el 21 de .enero de 1920, una sentencia que dice:

“En el presente caso, esta corte, resolviendo las excepciones previas, de indebida acumulación de acciones; falta de hechos su-ficientes para determinar una causa de acción; y prescripción de la acción ejercitada, presentadas por la demandada Eulogia Colón, dictó en 9 de diciembre de 1919, una resolución, por los fundamen-tos de la cual se decide sostener las excepciones propuestas por la demandada Eulogia Colón, con las costas a los demandantes.
“Y habiéndose presentado en 10 de enero de 1920, por la de-mandada Eulogia Colón, moción solicitando se pronuncie senten-cia definitiva, la corte emitió su opinión en este caso, con fecha de hoy, por los fundamentos de la cual: Falla — Que debe declarar como declara sin lugar la demanda, con las costas a cargo de la parte demandante. ’ ’

Los demandantes apelaron para ante esta Corte Suprema, pero su apelación fue desestimada por resolución de 28 de enero de 1921, por no haberse elevado la transcripción de los .autos.

Basta examinar lo expuesto a la luz del artículo 1219 del ■Código Civil y de la jurisprudencia sentada entre otros en ■el caso de Ninlliat v. Suriñach, et al., 27 D.P.R. 78, para con-cluir que entre el caso resuelto por la sentencia firme de 21 ■de enero de 1920 y éste, concurre la más perfecta identidad ■entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.

El becbo de que hubiera además otros demandados en el pleito número 5117, no importa. La demandada principal lo ■era allí y lo es aquí Eulogia Colón Alvarez, la vendedora en la escritura de venta con pacto de retro. La cosa única que .se trata de reivindicar es la misma: la finca de ciento catorce cuerdas situada en el barrio Islote de Arecibo. Las causas, .aunque se les llama de distinto modo, idénticas son en su raíz. Las partes las mismas, litigando en igual calidad.

Si alguna verdadera oportunidad tuvieron los demandan-tes de reivindicar la finca de que se trata, lo fué en el pleito número 5117. Allí ejercitaron, quizá, la verdadera causa de •acción que procedía ejercitar y de haber proseguido su apela-ción, tal vez hubieran obtenido una sentencia favorable. No pueden quejarse. Tuvieron su día en corte, su oportunidad, ¡y no los supieron aprovechar basta el fin.

Pero aceptando, sin resolverlo, que no existiera una verdadera identidad de causas entre el pleito número 5117 y éste, partiendo de la base establecida por los demandantes en ¡su réplica, esto es que “los demandantes no tienen interés on pedir, ni piden la nulidad de la escritura de venta con pacto de retro, ni de ninguna otra escritura, sino que confían en el cumplimiento específico de los pactos contenidos en la escritura mencionada de 30 de octubre de 1911 ante el notario Paz Urdaz;” tendríamos siempre que decidir que procede la confirmación de la sentencia, porque la prueba aportada por los demandantes no es suficiente para demostrar que pagaron los cánones del arrendamiento correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 1912.

Conocemos el recibo transcrito en la demanda. Por sus términos no dice que corresponde a los cánones de junio y julio de 1912. Pero aceptando que lo dijera, lo importante, lo imprescindible para sostener el liecbo séptimo de la de-manda y con él todo este último esfuerzo de los demandantes, era probar el pago de los cánones correspondientes ai agosto, septiembre y octubre. ¿Y qué evidencia aportaron? Testi-monio oral únicamente, así:

El demandante Jesús de León Posa declaró:

“¿A qué meses corresponden esos sesenta y dos pesos!
“A junio y julio.
“¿Después de eso, cómo le pagó a Don Tomás Boneta las de-más rentas?- — El estuvo un día en casa y yo labia recibido un dinero y él se bizo cargo de él.
. “¿Qué día fué?- — El día 30 de septiembre.
“¿Que dinero le entregó ese día a Boneta? — Ese día le entregué ochocientos cincuenta pesos.
“¿En qué año fué? — En 1912.
“¿En qué forma le entregó ese dinero? — En billetes todo.
“Para qué fué el dinero ese? — Para tres mensualidades que le debía a él y el resto para abonarle a los tres mil cien pesos de capital.
‘1 Esplique a la corte cómo ocurrió esa entrega y qué pasó allí.— Le entregué- ese dinero, y en eso se. buscó y no tenía cartera ni nada y yo en casa no acostumbraba a tener tinta ni papel, porque no lo usaba nunca, y se buscó papel y tinta y no se encontró.
“¿En ese momento no le dió recibo él? — Entonces como no se en-contró tinta. Lo esencial era la tinta que no se encontró, y me dijo: te pasas por Arecibo, que te entregaré allá el recibo; y yo estaba acostumbrado por él, que después que me decía cualquier cosa él ■era una escritura lo que me decía, y no me precisé por venir, y cuando vine a la semana o dos semanas a buscar el recibo ya estaba él grave.”

Y luego, contestando a la defensa, dijo:

“D» Eulogia Colón le reconoció ese dinero después de muerto Don Tomás Boneta? — No, señor.
“Que pasó con D;> Eulogia Colón y el Dr. Boneta cuando le hizo saber de ese dinero? — Ellos no sabían de ese dinero. Ese dinero lo recibió Don Tomás Boneta sin nadie saberlo. Ese dinero lo re-cibió Don Tomás Boneta en casa. Apareció ese día en un quitrín que lo arrastraba un caballo bayo, y nos fuimos a voltear la finca y ■a ver el ganado, y cuando andábamos por allá me dijo: ¿no tie-ne dinero ninguno realizado? y le dije: sí, tengo un piquito en casa, y si le conviene llevárselo se lo puede llevar para arreglar los intereses. Y dijo: está bien. Y, anduvimos por allá y volvimos a casa y dijo: antes de irme de aquí quiero almorzar, y mandé a preparar un almuerzo y almorzamos, y después se presentó un gran aguacero, y me dijo: dame el dinero que tienes, que me lo voy a llevar; y dije: se lleva el dinero ese, pero me cubre los intereses que le debo y el resto para que me lo abone, y dijo: sí hombre, como no; y contamos el dinero, y cuando fué a darme el recibo fué a buscar la cartera y dijo: no traje la cartera, qué desgracia; y me pidió tinta y dije: nosotros no tenemos tinta ninguna, y me ■dijo entonces: pasa al pueblo para que se traiga el recibo inmedia-tamente, y me dejé estar en eso dos o tres semanas y cuando vine lo encontré en artículo de muerte y ya no se podía hablar con él.”

La demandante María de León Casanova, depuso:

“¿Qué hizo don Tomás Boneta mientras estuvo en su casa ese día? — Estuvo allí y almorzó y después se le entregó un dinero que .se le iba a entregar.
“¿Cuánto dinero iban a entregar o entregaron? — Ochocientos ■cincuenta pesos.
“j,Quién lo tenía guardado? — Yo en el baúl.
“¿De qué procedía el dinero ese? — De rollos de tabaco y en rama y de reses que se vendían.
‘ ‘ ¿ Cuando entregaron ese dinero a Tomás Boneta qué se convino ? —Que Jesús viniera a buscar el recibo acá a los pocos días.
“¿Por qué no dió el recibo en el acto? — Porque no había pluma ni tinta en casa.
“¿Don Tomás Boneta no tenía encima? — No, señor.
“¿Para qué se entregó el dinero? — Para pagar mensualidades de ■tres meses y el resto añonarlo al capital.
“¿Puede decir qué mensualidades fueron las que pagó? — Agosto, ■septiembre y octubre.”

La cocinera de la casa, Fernanda Fernández, el cuidador del ganado de la finca, Juan Vélez, y Eugenio Natal que estaba de visita en la casa, corroboran lo declarado por los demandantes.

Cuando tocó a la demandada presentar su prueba, intro-dujo el testimonio de Luis C. Boneta, hijo mayor de ella y de Tomás Boneta, que declaró, en lo pertinente a la cuestión que investigamos, así:

“¿Para 1914 y antes, hasta 1911, Ud. se entendía en los asuntos de Eulogia Colón Alvarez? — Me entendía, papá y yo.
“¿Sabe para qué fecha murió Don Tomás Boneta? — En no-viembre 22 del 1912.
“¿Después de ese fallecimiento tuvo que hablar algo con Jesús de León Rosa sobre el cumplimiento de algún contrato hecho por su mamá con él? — Hablé con él.
“Explique. — Jesús de León para fines de noviembre debía los ■cánones de arrendamiento de la finca que se le tenía arrendada, y para esa fecha debía cinco o seis meses, y cuando anoté la consu-mación de la venta en el Registro de la Propiedad me dijo que no tenía interés en la finca, porque se iba con su hermano para Hatillo, . y que había vendido el derecho de retracto a Plazuela Sugar Company.
“Este recibo de arrendamientos. ¿Conoce la firma de su papá? —Sí, señor.
“¿Ese recibo de arrendamiento a qué se refiere? — Este recibo es un abono de mensualidades vencidas y no satisfechas. Cuando se hizo esto en julio 27 de 1912 debía cineo o seis meses y este recibo incluye hasta mayo o junio, y quedó siempre un -mes o dos pen-dientes.
“¿Después de ese recibo él pagó algún otro mes? — Absoluta-mente ninguno. Pasó quince días antes de morir papá y me dijo •que había que inscribir la consumación misma.”

¿Cómo es posible pretender con tal prueba, contradicha en la forma en que lo fué, demostrar un hecho de tanta trascendencia, de tan vital importancia, que es, bien puede decirse, la base única en que descansa este nuevo pleito?

No se trataba de relaciones en las cuales la costumbre era que no mediaran documentos. Cuando los demandantes pa-gaban, se les otorgaba un recibo. El propio demandante dice contestando a su abogado que dada la confianza que tenía en el señor Boneta no se “precisó” por ir a buscar el recibo y cuando fué “a la semana o dos semanas” a buscarlo, ya Boneta estaba grave, y luego contestando a preguntas del abogado de la demandada expuso que Boneta “dijo: no traje la cartera, qué desgracia; y me pidió tinta y dije: nosotros no tenemos tinta ninguna, y me dijo' entonces: pasa al pueblo para que se traiga el recibo inmediatamente, y me dejé estar en eso dos o tres semanas y cuando vine lo encontré en ar-tículo de muerte y ya no se podía hablar con él.”

Si el hecho' ocurrió, fué en verdad una desgracia para los demandantes que perdieran tanto tiempo en ir a buscar la prueba escrita que les hubiera permitido hacer valer su derecho ante los tribunales.

Además si se parte de la base del cumplimiento específico del contrato, ¿dónde y cuándo se cumplió la condición im-puesta para retraer la propiedad, reintegrando a su debido tiempo al comprador el precio que pagara'por la finca?

Los ofrecimientos a que se refiere la demanda y de que hablan luego las pruebas, fueron manifiestamente inadecua-dos. Si la demandada se negó a recibir el precio; los deman-dantes debieron consignarlo, y adoptar las otras medidas necesarias para colocarse dentro de la ley.

Bajo cualquier aspecto, pues, que el caso se .considere, la sentencia debe ser la misma. Se comprende la actitud de los demandantes. Parece que perdieron una finca por virtud de una deuda- que tal vez no alcanzaba a la tercera parte de su valor, pero no basta tener derecho, si es que lo tenían; es necesario saber ejercitarlo. Existen normas que aplicadas quizá en alguna ocasión concreta no resulten enteramente justas, pero que la experiencia de los siglos demuestra que constituyen el mejor medio de garantizar la mayor suma de justicia que la imperfecta naturaleza humana puede aspirar1 a impartir. Además hay que saber perder y no recurrir a medios impropios, a pruebas tan dudosas que dejen en el ánimo del juzgador la impresión de que puedan ser entera-mente fabricadas, para renovar litigios decididos con la plena intervención de las partes interesadas, y en los que la parte que se queja, como en este caso, perdió por sus propios actos su oportunidad de ir hasta el fin.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señob, del Touo,

text:
    Santini Fertilizer Co., demandante y apelada, v. Manuel Jiménez y Jiménez, demandado y apelante.
    No. 5300.

    Sometido: Marzo 5, 1931.

      Resuelto: Marzo 20, 1931.

      González Fagundo & González Jr., abogados del apelante; B. Bns-cagUa, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señob, del Touo,

emitió la opinión del tribunal.

La Santini Fertilizer Co., una corporación organizada bajo las leyes de Puerto Pico, demandó a Manuel Jiménez Jiménez en cobro de $677.67, con intereses, y $200 pactados y pagados como honorarios por la demandante al abogado a quien encomendó la reclamación judicial. Exeepcionó y con-testó la demanda el demandado. Fue el pleito a juicio. T la corte finalmente, basándose en las alegaciones y las prue-bas, dictó sentencia declarando la demanda con lugar.

No conforme el demandado, apeló, señalando! en su alegato la comisión de tres errores, a saber: 1, indebida desestima-ción de excepción previa, 2, sentencia contraria a derecho, y 3, sentencia no sostenida por la prueba.

A nuestro juicio la demanda es suficiente. En ella se consigna que el demandado tomó a crédito a la demandante abono químico para sus plantaciones, suscribiendo y entregándole los cinco pagarés que se relacionan detalladamente y que totalizan la suma de $677.67 reclamada. Se alega el vencimiento de todos los pagarés y su pago por parte del demandado por medio de un cheque que no pudo hacerse efectivo porque el demandado no tenía fondos en el banco contra el cual lo expidió, y el nuevo requerimiento de pago al demandado y su negativa.

¿Qué más se quiere? Se alega el origen de la deuda. Los abonos químicos que vendió la demandante al demandado no quedaron pagados por la simple entrega de los pagarés. Dice, en lo pertinente, el artículo 1138 del Código Civil:

“La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros do-cumentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado.
“Entretanto la acción derivada de la obligación primitiva que-dará en suspenso.”

Tampoco quedó la deuda solventada por la simple entrega ■del cheque. En el caso de Cestero v. Sucesión Cestero, 35 D.P.R. 991, refiriéndose el tribunal concretamente a cheques, dijo: “Una deuda no queda pagada por la mera entrega de un cheque; si el cheque no es pagado la deuda continúa en todo su vigor.” T aquí se alegó expresamente que el cheque entregado por el deudor demandado en pago de su deuda para con el demandante, no fue pagado.

No existe, pues, el primer error. Tampoco los otros dos señalados. Hemos examinado^ la prueba y es terminante a los efectos de demostrar la certeza de la deuda, el pretenso pago por medio de un cheque librado sin fondos, el no pago del cheque, el nuevo requerimiento de pago y el pretexto de la entrega previa de los pagarés para verificarlo. Decimos pretexto, porque la prueba demuestra de modo suficiente a nuestro juicio, que cuando la demandante recibió en su oficina principal el cheque del demandado, confiada en que sería honrado, puso el sello de cancelación por' pago a los pagarés y los remitió por correo al demandado, siendo la fuerte presunción que los pagarés fueron recibidos y se encuentran en poder del propio demandado. Este declara que no, pero su declaración, que es la de un deudor que libró un cheque sin fondos para satisfacer la deuda de que se trata, no mereció crédito a la corte. La circunstancia de que en el recibo otorgado por el empleado de la demandante a quien el demandado en un pueblo distinto de la Isla entregó el cheque, diga que los pagarés se devolverían tan pronto se hiciera efectivo el cheque, no destruye la prueba de la devolución de los pagarés antes del cobro. El hecho de que un acreedor tenga para con su deudor la confianza que tuvo en este caso, no debe costarle la pérdida de su crédito.

El argumento de que los pagarés podían ser en el futuro cobrados, carece de fuerza. La conciencia del juzgador puede fallar tranquila en la seguridad de que los pagarés están en poder del deudor en este caso.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.