author: El Juez Preside:nte Señor del Toro,

text:
    José Garayalde y Juan Martinó, demandantes y apelados, v. Central Juanita, Inc., demandada y apelante.
    No. 4572.

    Sometido: Mayo 7, 1929.

      Resuelto: Julio 16, 1929.

      Hugh R. Francis, abogado de la apelante; Pellón é Ayuso, aboga-dos de los apelados.
   El Juez Preside:nte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José G-arayalde y Juan Martilló demandaron a la Central Juanita, Ine.., exigiéndole el cumplimiento específico de un contrato según ellos celebrado en agosto 26, 1911, entre Valentín Monfroig, en representación de la Sucesión Mon-rroig, antecesora de la demandada, y Sebastián Bauzá Mon-rroig, antecesor de los demandantes, por virtud del cual la demandada venía obligada a entregar a los demandantes cuatro mil galones de miel todos los años, en atención a cierta servidumbre de vía concedida a 1a, Central sobre una finca perteneciente a Bauzá y a otras personas.

Negó la Central, en resumen, que estuviera obligada al cumplimiento de tal contrato en el caso de que se hubiera celebrado, y trabada así la contienda fué el pleito a juicio practicando ambas partes su prueba consistente en docu-mentos y testigos.

El 25 de octubre de 1927 la Corte de Distrito falló el pleito en contra de la demandada. No conforme ésta apeló, señalando en su alegato la comisión de siete errores que argumenta, conjuntamente.

Basándose en ello la parte apelada solicita la desestima-ción del recurso, y en verdad podría declararse con lugar su petición porque la apelante no ha cumplido en tal extremo con las reglas de esta corte, pero es tan claro que debe revocarse la sentencia recurrida, que en bien de la justicia oreemos que debemos penetrar en el fondo del asunto y resol-verlo de acuerdo con los becbos y la ley.

La. constitución de' la servidumbre a que se refiere la demanda no sólo lo fué finalmente por documento público, si que para otorgarlo hubo necesidad de acudir a la' corte de justicia del distrito porque el predio sirviente peteneeía en X arte a unos menores, y tanto en la solicitud de autorización se expresó como en el documento público se pactó lo que sigue:

.“Dicha servidumbre tendrá el carácter de perpetua, y el precio de la misma, será un canon de setecientos veinte dollars anuales, que la Central ‘Juanita Incorporated’ pagará a Don Sebastián, Doña Belén Candelaria y Doña Belén Carmen Bauzá y Obrador por igua-les partes, o sea doscientos cuarenta dollars a cada uno de ellos; y cuyo canon será satisfecho por meses vencidos, a razón de sesenta dollars en cada mes, y distribuidos en la proporción de veinte dollars a cada uno de dichos condominos, Don Sebastián, Doña Belén Candelaria y Doña Belén Carmen Bauzá y Obrador..
“Cuarta. — Son estipulaciones de tal convenio sobre constitución de tal servidumbre:
“a. Que son de cuenta de la Central Juanita Incorporated los gastos de todas clases para la instalación de la vía, así como los de conservación de la misma, durante todo el tiempo de duración del contrato.
“Z>. Que la faja de terreno objeto de esta servidumbre, permane-cerá sin cerca en toda su extensión, a fin de. que el ganado pueda atravesar libremente de un lado a otro de la vía.
“o. Que todo ganado, vacuno o caballar que la Central Juanita Incorporated propietaria del predio dominante sacrificare o inutili-zare, con su servicio de trenes será indemnizado por dicha Central al propietario de dicho ganado, en la cantidad que se fije por tasa-ción.
“d. Que si la Central Juanita Incorporated, dejare de satisfacer el canon convenido en este instrumento, en las fechas estipuladas, podrán los propietarios del predio sirviente, declarar la ineficacia de este contrato, y recuperar todos los derechos qne transmiten por el husmo.
“e. Que los efectos de este contrato se retrotraen al día primero de agosto de mil novecientos once, desde cuya fecha es que empieza a devengarse el canon estipulado.
Que los gastos que se ocasionen tanto en las diligencias para obtener la autorización judicial correspondiente por el Don Sebas-tián Bauzá y Monrroig, en su carácter de padre con patria potestad sobre sus menores hijas Belén Candelaria y Belén Carmen Bauzá y Obrador, como el otorgamiento de esta escritura, su' copia e inscrip-ción en el Registro de la Propiedad serán de cuenta de la Central Juanita Incorporated.
“Quinta.- — Es convenido entre Don Sebastián Bauzá y Obrador y Don Antonio Monrroig, este último en el carácter con que compa-rece, que si en algún tiempo llegaren a convenir los dueños del pre-dio sirviente con el del dominante, en la transformación de este con-trato sobre constitución de servidumbre, por otro sobre venta de la tira de terreno descrita; sustituyendo el canon aquí estipulado por una cantidad fija pagadera por una sola vez, queda desde ahora convenido que el valor total en venta de dicha tira de terreno se fija desde ahora en la -cantidad de seis mil dollars, y con arreglo a ese precio percibirá el Don Sebastián Bauzá Obrador la parte co-rrespondiente al condominio de la tercera parte que le pertenece, o sea un montante de dos mil dollars.
“Sexta. — Don Antonio Monrroig en su carácter de Presidente de la ‘Cental Juanita Incorporated,’ acepta esta escritura en los términos en que viene redactada,
* # & # * « # ”

No obstante lo detallado de las estipulaciones, en ninguna parte aparece la obligación que se pretende hacer cumplir a virtud de este pleito.

Sostienen los demandantes que además del pacto hecho constar en el documento público, se otorgó en 1911 un contrato privado entre Sebastián Bauzá y Monrroig y la Sucesión Monrroig por el cual la Sucesión, antecesora de la Central, se comprometió a entregarla miel a Bauzá, contrato que se cumplió debidamente hasta el año 1925' primero por la Sucesión Monrroig y luego por la Central Juanita, y que la Central se negó sin motivo justificado a seguir cumpliendo a favor de los demandantes que son los legítimos sucesores de Sebastián Bauzá Monrroig.

Toda la prueba aportada por los demandantes' en relación con el diebo contrato privado fué admitida con la insistente objeción de la demandada.

Creemos que la demandada tuvo razón al oponerse, pero aun reconociendo toda su fuerza al contrato privado, creemos que a lo más que puede llegarse a concluir es a que se esta-bleció una obligación personal entre la Sucesión Monrroig y Sebastián Bauzá y Monrroig que la Central Juanita Inc., no viene obligada a cumplir para con los demandantes. Dice el contrato privado:

“TERCERA. — Que además de las estipulaciones constantes en aquel convenio, fué también pacto entre dichos Don Sebastián Bauzá y Monrroig’ y la Sucesión de Don Antonio Monrroig, en hacer dona-ción esta Sucesión a aquél una cantidad de ochenta barriles o sean cuatro mil galones de miel, anualmente.
“Cuarta. — Que en cumplimiento de tal convenio Don "Valentín Monrroig, a nombre de la Sucesión de Don Antonio Monrroig, se obliga solemnemente a entregar anualmente el expresado Don Se-bastián Bauzá Monrroig — sin mediar precio alguno, los ochenta ba-rriles o sean cuatro mil galones de miel, a que se refiere el apartado precedente, siendo expresamente convenido que tal obligación sólo durará en todo el tiempo que viva el señor Bauzá y Monrroig y no después de su fallecimiento.”

No se explica en verdad el motivo que existiera para otorgar dos documentos en 1911, uno de los cuales fué elevado a escritura pública cuando se obtuvo la autorización y el otro no. Pero sea el motivo el que fuere, por la forma en que está redactado el documento referente a las mieles se deduce que se trata de una bonificación personal calificada de donación a Sebastián Bauzá y Monrroig de la cual no participaron los dueños" de la finca sobre la que se impuso la servidumbre.

• Por más crédito que se dé a la declaración del Sr. Bauzá Monrroig prestada en el acto del juicio, habrá que concluir que él siempre se refirió a la Sucesión Monrroig y no a la Central. La Central demandada es una entidad distinta que sólo intervino cuando se elevó a escritura pública el docu-mento constitutivo de la servidumbre con todas las condi-ciones que conocem'os. Esas condiciones y no otras son las únicas a las cuales se le puede obligar a cumplir. Con respecto a mieles nada pactó la Central’y cuando los deman-dantes reclamaron como sucesores de Bauza, la Central se negó a reconocerles derecho alguno.

Debe agregarse que los demandantes adquirieron de sus dueños las tierras sobre que pesa 1a. servidumbre de que tantas veces se ha hablado y que nada absolutamente se hizo ■constar en la escritura pública otorgada al efecto sobre el derecho a las mieles. La trasmisión de dicho derecho consta solamente por prueba testifical objetada y por una nota, también objetada, puesta al pie del documento privado que dice:

“Por valor recibido cedo y traspaso a don Juan Martinó y a Don José Garayalde de por mitad entre ellos, todos mis derechos y acciones en este contrato.
“San Juan, P. R. a 14 de octubre de 1924. (Fdo.) Sebastián Bauza. ’ ’

Bajo< esas circunstancias, no demostrando la prueba nexo alguno jurídico entre los demandantes y la demandada en relación con el contrato de que se trata, cae la acción ejerci-tada por su base.

Debe revocarse la sentencia apelada, sin especial condena de costas.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Jtjez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Concepción Lebrón, demandante y apelante, v. Singer Sewing Machine Company, demandada y apelada.
    No. 4586.

    Sometido: Mayo 21, 1929.

      Resuelto: Julio 16, 1929.

      O’Neill é O’Neill, abogados de la apelante; O. B. Frazer y B. Castro Fernández, abogados de la apelada.
   El Jtjez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda se alegó negligencia por haber los alegados empleados de la demandada dejado caer descuidadamente una caja desde el segundo piso de un edificio perteneciente a la demandada, lesionando a la demandante. La corte halló o resolvió que en el momento del accidente dichos empleados actuaban a iniciativa propia y no en cumplimiento de algún deber para con la demandada. En otras palabras, que dichos empleados no actuaron en el curso ordinario de su empleo.

Una de las teorías del recurso de apelación es que la de-mandada estaba en la obligación de ver que no se lanzara fuera del edificio caja u objeto algunos. Sin embargo, nada hay en los autos que demuestre que esta acción por parte de los alegados empleados pudiera ser prevista por la deman-dada. No podemos convenir con la apelante en que surgió un deber por parte de la demandada de mantener un guar-dián en el edificio desocupado a fin de impedir que se lanzaran objetos por la ventana.

La- doctrina de res ipsa loquitur podría aplicarse para demostrar que alguien fué negligente, pero no bajo los hechos de este caso para imputar tal negligencia a la demandada* especialmente cuando los alegados empleados no estaban cumpliendo deber alguno para con la demandada.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Seños Wolf,

text:
    Ferrocarriles del Este, demandante y apelada, v. José Toro Ríos y Lucía Guzmán, sustituídos por The Fajardo Sugar Growers’ Assn. y Central Pasto Viejo Inc., demandados y apelantes.
    No. 4801.

    Sometido: Febrero 7, 1929.

      Resuelto: Julio 16, 1929.

      B. Cuevas Zequeira, abogado de la apelante Fajardo Sugar Growers’ Assn.; González Fagundo ds González, Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Seños Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Después de baber sostenido un criterio contrario, la Corte de Distrito de Humacao, a virtud de una moción de reconsi-deración, declaró sin lugar una excepción previa a una de-manda de expropiación forzosa. Al tomar esta acción la corte de distrito, los demandados mantuvieron su excepción previa, y se dictó sentencia a favor de la demandante. En apelación se señalan y discuten conjuntamente dos errores.

La demandante obtuvo una declaración de utilidad pública del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico. Los apelantes sostienen que si bien el Consejo Ejecutivo anterior tenía facultad para librar tal declaración, la Carta Orgánica lo privó de ella y la transfirió o confirió a la Comisión de Servicio Público.

Con o sin las autoridades citadas por los apelantes, estamos del todo convencidos de que en la expropiación for-zosa de una propiedad para fines de utilidad pública, la ley que autoriza tal expropiación debe seguirse estrictamente, aunque no tan estrictamente que se destruya el propósito evidente del legislador. 20 C. J. 533, el seq.

Los procedimientos de expropiación forzosa fueron auto-rizados por leyes aprobadas en 1903 y 1908. De acuerdo con las mismas, el Consejo Ejecutivo, tal como estaba constituido en aquel entonces, bacía las declaraciones de utilidad pública. Por la Carta Orgánica de 1917, los poderes legislativos de dicho Consejo Ejecutivo fueron transferidos al Senado de Puerto Rico. Ciertos poderes, y especialmente la concesión de franquicias, fueron conferidos a la Comisión de Servicio Público. Otros que hasta aquella fecha habían sido expre-t* ámente otorgados por la, Legislatura de Puerto Rico a dicho Consejo Ejecutivo, no fueron mencionados para nada en la aludida Carta Orgánica.

En la nueva Carta Orgánica se hace mención de un Con-sejo Ejecutivo, pero las personas o funcionarios que lo componen son diferentes, y los poderes conferídosle son en verdad tan distintos que no puede haber duda alguna de que el Consejo Ejecutivo creado por la Ley Foraker en 1900 dejó de existir en absoluto.

La, Corte de Distrito de Humacao, al considerar primera-mente las dos leyes orgánicas, muy propiamente resolvió que el poder de conceder franquicias había sido transferido del antiguo Consejo Ejecutivo a la Comisión de Servicio Público. La corte dedujo de este hecho que la declaración de utilidad pública en este caso debía hacerse por la Comisión de Ser-vicio Público. Cuando al presentarse una moción de recon-sideración, se llamó la atención de la corte hacia la ley local tie noviembre 17, 1917, la corte varió' su decisión. Esa ley confirió al nuevo Consejo Ejecutivo todos los poderes no legislativos que habían sido previamente otorgados al antiguo Consejo Ejecutivo, salvo, necesariamente, cualesquier poderes conferidos a la Comisión de Servicio Público por la nueva Ley Orgánica.

En ausencia, ele una disposición específica en sentido con-trario en la. Carta Orgánica, la reglamentación que ha de hacerse en procedimientos de expropiación forzosa corres-ponde a la Legislatura de Puerto Rico. La facultad de hacer declaraciones de utilidad pública fue conferida al antiguo Consejo Ejecutivo no por la Ley Foraker, sino por la Legislatura.

En forma similar, el derecho conferido al nuevo Consejo Ejecutivo de hacer declaraciones de utilidad pública, procede de la Legislatura. El punto sobre el cual debe hacerse hincapié es que el derecho de expropiación forzosa es un derecho legislativo general. Ambas leyes orgánicas guardan silencio respecto a esta rama del poder gubernamental, pero el derecho a ejercerlo emana de los poderes legislativos g-enerales. Ponce Lighter Co. v. Municipio de Ponce, 19 D. P.R. 760; El Pueblo v. Neagle, 21 D.P.R. 356. Por consi-guiente, el actual Consejo Ejecutivo tiene todas las facultades que tenía el antiguo, a excepción de aquéllas expresamente derogadas por la Carta Orgánica otorgada por el Congreso.

Como en este caso se trata de una franquicia pública, ¿podría tal vez decirse que todos los aspectos de la franquicia deben ser considerados por la Comisión de Servicio- Público? Es evidente a nuestro criterio que la concesión de una franquicia pública es una cosa y la expropiación de terrenos privados para fines públicos es otra. Una franquicia puede incluir, y generalmente incluye, el derecho a expropiar terrenos, pero el procedimiento a seguir al incautarse de bienes privados debe ser determinado por la Legislatura. Nada descubrimos en la Carta Orgánica que confiera a la Comisión de Servicio Público el derecho a determinar el procedimiento a seguir en casos de expropiación forzosa, y la dicha Comisión, por lo menos en este caso, no ha tratado de ejercer esa facultad. Según indica la apelada, una cosa es hacer una declaración general de utilidad pública, y otra os decir que determinado terreno debe ser expropiado para uso público. Sería absurdo suponer que la Comisión de Servicio Público, tal como está constituida, deba intervenir en la expropiación forzosa de tierras privadas de ciudadanos particulares. Su derecho está limitado a concesiones generales.

Los apelantes insisten entonces en que la declaración del Consé jo Ejecutivo era insuficiente. Admiten que los bienes a ser expropiados fueron suficientemente descritos en la declaración hecha por el Consejo Ejecutivo, pero insisten en que. dicho- Consejo debió haber hecho una declaración general. Esta declaración general quizá pudo haber estado envuelta indirectamente en la concesión de la franquicia, pero fue directamente hecha por la franquicia, a la, que el Consejo Ejecutivo hizo referencia específica. Evidentemente, la teo-ría de los apelantes es que todo el procedimiento debe efectuarse bien en la Comisión de. Servicio Público o en el Consejo Ejecutivo, pero la labor es claramente susceptible de división. La declaración de utilidad pública respecto a los terrenos expropiados estaba contenida en la resolución aprobada por el Consejo Ejecutivo, y no era un mero preám-bulo de ella, como mantienen los apelantes.

Convenimos con¡ la apelada en que de acuerdo con la ley o leyes existentes, una persona particular en este caso podría obtener el derecho de expropiación forzosa, y que ose derecho no pertenecía exclusivamente al Comisionado del Interior, aunque el mismo le fue conferido anteriormente.

Antonio Roig obtuvo originalmente la franquicia, y la transfirió a la “Corporación Ferrocarriles del Este,” demandante en este caso. La parte apelante sostiene que el derecho de expropiación forzosa no puede ser transferido, y está en lo cierto. Sin embargo, una transferencia de la franquicia puede efectuarse, y se efectuó, y cuando esta transferencia, según se alega en la demanda, fue aprobada por la Comisión de Servicio Público, el derecho a expropiar acompañó la aprobación. Era equivalente a una nueva autoridad.

Igualmente, estamos de acuerdo con la apelada en que la oferta de pago hecha por el concesionario original de la franquicia recaería- sobre su concesionario.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    Juan Santos Cabrera, demandante y apelante, v. Carmen Matos, demandada y apelada.
    No. 4905.

    Sometido: Mayo 23, 1929.

      Resuelto: Julio 16, 1929.

      J. Pedro Miranda, abogado del apelante; Pedro G. Quiñones, abogada de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Ares y Fernández: vendió nna finca a Juan Santos Cabrera, y la venta fue debidamente inscrita en el registro de la propiedad. Santos instituyó un procedimiento, de desahucio contra Carmen Matos, alegando que ella poseía la finca en precario, en otras palabras, sin derecho o título alguno contra el demandante. La prueba tendió a sostener las alegue-iones de la demanda.

Después de oír la evidencia, la corte falló a favor . de la demandada, fundándose en que ésta- había presentado tal prueba respecto a su título que la cuestión no podía ser resuelta en un procedimiento de desahucio. Para destruir la teoría de que el demandante era un tercero, la corte resolvió que él compró la finca ocupándola la demandada y no debía desconocer el carácter con que poseía.”

Nada hallamos en los autos que destruya el derecho de tercero del demandante. A lo sumo, la prueba tendió a demostrar que el demandante sabía que la demandada estaba en posesión de la casa, pero no hay el menor átomo de prueba que demuestre que él sabía que ella estaba en posesión fun-dándose en un título. Sólo por este motivo, debe revocarse la sentencia.

Los hechos creídos por la corte tienden a demostrar que Francisco Ares y Fernández y la demandada vivieron en concubinato durante un gran número de años ; que según la corte inferior surgió una sociedad civil entre ellos, y que la finca en cuestión era poseída por ellos en común; que dicho Francisco Ares y Fernández convino en transferir todo el título de la finca a la demandada. Una sociedad sobre bienes inmuebles no puede constituirse de este modo, o sin que se otorgue la correspondiente escritura.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra a favor del demandante.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 3782.

    Sometido: Junio 5, 1929.

      Resuelto: Julio 16, 1929.

      F. M. Susomi, Jr., abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Fueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

De los autos se desprende que Juan Rodríguez recibió alguna provocación antes de dar muerte a Gregorio Albarrán. Este último le dio una bofetada al acusado mientras estaban en un baile. El acusado salió de la casa, buscó un pedazo de madera y al hallarlo subió y le pegó con él a Gregorio Albarrán. Este murió poco después. Celebrada ia vista del caso el jurado declaró al acusado culpable de homicidio voluntario, aunque se le imputaba el delito de asesinato, y a pesar de que los hechos tal vez podían haber justificado una convicción por el delito* de asesinato en segundo grado. En apelación se nos llama, la atención hacia el hecho de que el interfecto tal vez no hubiese muerto de haber recibido la debida atención médica. En otras palabras, se insiste en que Albarrán no hubiese muerto si hubiera recibido el tratamiento médico adecuado. Podría surgir la duda de si un golpe como el inferido en el presente caso ordinariamente hubiera producido la muerte. Sin embargo, la muerte fue la consecuencia natural del golpe inferido en este caso. Ninguna otra causa intervino. El dejar de obtener tratamiento médico adecuado no es tal causa inter-mediaria.

La jurisprudencia es clara y ha sido durante siglos que si se infiere un golpe que no es necesariamente mortal y sin embargo la víctima muere, el agresor, siempre que concurran los otros elementos necesarios del delito, puede ser condenado por la muerte de tal persona. El caso de Rew, J. Kelying, 26 English Reprint, tomo 84, p. 1066, El Pueblo v. Lewis, 124 Cal. 551, 13 R.C.L. 751, párrafo 57, y casos citados; rota 22, L.R.A. (N. S.) 841 y otras citas contenidas en el •alegato del fiscal.

Por tanto, el veredicto del jurado estuvo justificado y la corte no cometió error alguno al no permitir que el acusado presentara prueba para demostrar que la muerte pudo haber sido evitada de haber habido la debida atención médica.

No hallamos que una'sentencia de cinco años sea excesiva, y debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Confesor Méndez, acusado y apelante.
    No. 3619.

    Sometido: Febrero 19, 1929.

      Resuelto: Julio 16, 1929.

      L. Muñoz Morales, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación contra el apelante originalmente comprendía también a Martín Alvira y a Manuel Martínez. Este último no sólo confesó el delito, sino que ocupó la silla testifical para inculpar a Confesor Méndez como el autor principal, del escalamiento en este caso. En otras palabras, Martínez prestó declaración tendente a demostrar que mientras él vigilaba, Alvira penetró en un garage, tomó de allí tres gomas para automóvil, y las entregó a Confesor Méndez. Según Martínez, Confesor Méndez dió instrucciones a los otros dos hombres para que hicieran otras cosas en el garage, pero lo que se hizo fué penetrar en el garage y llevarse las tres gomas. Esas gomas fueron halladas en poder de Con-fesor Méndez. El no trató de ocultar la posesión de ellas, pero alegó que simplemente se las había comprado a uno de los otros acusados. Confesor Méndez ocupó la silla testifical, para hacer estas manifestaciones, y la explicación que hizo relativa a la posesión de las gomas no fné atacada seriamente durante la repregunta.

Se alega en apelación que la declaración de Martínez, el supuesto cómplice, no fue suficientemente corroborada. Cuando se comete un escalamiento, prueba de la posesión de los efectos sustraídos constituye alguna evidencia que tiende a relacionar al poseedor con el delito. Hubo piueba tendente a demostrar, además, que Méndez tuvo ciertas negociaciones con el, dueño del automóvil con miras de comprar el automóvil, y que estaba familiarizado con el sitio.

La posesión por sí sola no es suficiente para una convic-ción. La posesión en este caso estaba acompañada, para los fines de la acusación, por la declaración del cómplice.

Igualmente, la declaración del cómplice estaba corrobo-rada por la posesión. El artículo 253 del Código de Enjui-ciamiento Criminal lee como sigue:

“No procede la convicción por declaración de un cómplice, a no ser que ésta sea confirmada por alguna otra prueba que, por sí misma y sin la ayuda, del testimonio del cómplice, tienda a demostrar la relación del acusado con la comisión del delito; no siendo suficiente diclia corroboración si sólo prueba la perpetración del delito o las circunstancias del mismo.”

La posesión de objetos sustraídos por los escaladores tendía a relacionar al acusado con la comisión del delito, y, por tanto, era legalmente suficiente para someter el caso al veredicto de un jurado. El jurado en este caso declaró culpable a Confesor Méndez.

Por consiguiente, no hallamos error alguno ni al someter ol caso al jurado ni al denegar la concesión de un nuevo juicio por fundamentos similares.

Tampoco importa que Confesor Méndez no estuviera presente y que no penetrara en el garage, si según la prueba demostró, él urdió o aconsejó la entrada al garage por los otros. Artículo 36 del Código Penal. El Pueblo v. Vélez Posada, 36 D.P.R. 580, y El Pueblo v. Vélez, 32 D.P.R. 382.

Otro fundamento para la moción de nuevo juicio era el descubrimiento de nueva prueba. Alguna de esta prueba tendía a demostrar que Alvira — el otro cómplice — bizo declaraciones a los detectives bajo compulsión. Los detectives declararon durante el juicio en relación con las manifestaciones de Alvira. El juez que vió las declaraciones juradas en apoyo del nuevo juicio fue el mismo que presidió la vista del caso. Era su privilegio o deber apreciar la supuesta nueva prueba descubierta para determinar si según ella debía ordenarse un nuevo juicio. No bailamos que cometiera abuso de discreción en su negativa.

Al terminar la prueba de cargo, el apelante presentó una moción de non suit. Al ser declarada sin lugar, presentó su propia prueba, y no bailamos que se cometiera error al declarar sin lugar su moción.

El cuarto señalamiento de error ba sido cubierto por las consideraciones generales de esta opinión.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Peña Ramos, acusado y apelante.
    No. 3606.

    Sometido: Enero 30, 1929.

      Resuelto: Julio 16, 1929.

      C. Iriarte j M. A. Martínez Cavila, abogados del apelante; José E. Pignoras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal,

Los tres primeros fundamentos de la presente apelación son, en síntesis, que la corte inferior erró al instruir al jurado respecto al significado de la frase “fondos públicos,” según se usa en el artículo 372 del Código Penal, al instruir al jurado sobre los elementos del delito en cuestión, y aJ instruir al jurado sobre la duda razonable.

El juez de distrito manifestó al jurado que la frase “fondos públicos” babía sido definida por- el estatuto, y citó en su totalidad el artículo 375 del Código Penal. La objeción abora levantada por el apelante es que la definición dada por el estatuto no es suficientemente clara, y que el juez sentenciador debió haber explicado al jurado el alcance y significado de la misma.

El apelante admite que lo que la corte inferior dijo acerca de los elementos constitutivos del delito era correcto.

La ciítica que se hace es que el juez, a fin de evitar inducir a error al jurado, debió haber establecido líneas de demarcación definidas entre el delito de fraude al erario y otros delitos similares, como los de hurto, hurto de uso, y abuso de confianza.

La definición de lo que constituye duda razonable en las instrucciones al jurado es atacada sólo por el fundamento de que es incompleta. La teoría del apelante es que el juez sentenciador debió haber dicho al jurado que podía absolver al acusado si tenía cualquier duda razonable compatible con la prueba y con la inocencia del acusado. Esto, desde luego, equivale a invocar la regia familiar en los casos de evidencia circunstancial al efecto de que los hechos no sólo serán con-sistentes con la teoría de culpabilidad del acusado, sino que deberán excluir toda otra hipótesis razonable.

Al juez sentenciador no se le llamó la atención respecto a ninguna de estas cuestiones. No se anotó excepción alguna a las instrucciones tal como fueron dadas, ni se solicitaron instrucciones adicionales, no obstante una pregunta directa del juez respecto a si se deseaba algo más. Es dudoso, para decir lo menos, que se pudiera considerar como un error qüe diera lugar a la revocación de la sentencia, la negativa de exponer la regia sobre evidencia circunstancial, aun si la instrucción se hubiese solicitado.

No habiéndose anotado excepción durante el juicio, ni habiéndose solicitado instrucciones adicionales o especiales, las omisiones de'menor importancia y defectos de las instruc-ciones según fueron dadas no pueden alegarse con éxito en apelación como -motivo para revocar. El Pueblo v. Boria, 12 D.P.R. 170; El Pueblo v. Llauger, 14 D.P.R. 548; El Pueblo v. Concepción, 30 D.P.R. 479; y El Pueblo v. Valentín, 36 D.P.R. 425.

La cuarta y última contención del apelante es que la corte inferior erró al no ordenar al jurado que rindiera un veredicto absolutorio. No se le ocurrió al abogado que representó al acusado durante el juicio solicitar que se ordenara se trajera tal veredicto, y después de considerar cuidadosamente la argumentación contenida en el alegato del apelante, no podemos estar de acuerdo con la; conclusión que de la evidencia en conjunto deriva el abogado respecto al deber del juez de distrito de ordenar que se rindiera un veredicto de inculpabilidad.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolb,

text:
    Ex Parte Vicente y Antón Alvarez, peticionarios.
    No. 94.

    Sometido: Abril 15, 1929.

      Resuelto: Julio 16, 1929.

      J. Valide juli, abogado de los peticionarios; José E. Figueras, abo-gado de Fl Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolb,

emitió la opinión del tribunal.

De los autos de este caso aparece que el 8 de abril de 1929 la Corte de Distrito de San Juan dictó la siguiente sentencia:

“Se llamó este caso a juicio,.y comparecieron el Fiscal Romaní y los acusados. Leída la acusación, los acusados hicieron la alega-ción de no culpables. Practicada la prueba, la Corte declara a los acusados culpables de un delito de acometimiento y agresión grave y les impone $500 o un día de cárcel por cada dólar que dejaren de satisfacer, no excediendo la pena a más de 90 días, y la mitad de las costas a cada, acusado. ”

Si bien estamos de acuerdo con que dicha sentencia no es tan clara como podría serlo, sin embargo, de las palabras finales “a cada acusado” se desprende que la intención de la corte fué, no imponer una pena en conjunto, sino una multa de $500 a cada uno de los acusados. Sería absurdo suponer que* una- sentencia de noventa días debería ser cum-plida conjuntamente por los dos acusados, o que la corte estuviera imponiendo una multa que debería ser pagada indistintamente por los acusados, especialmente si uno hubiese satisfecho la multa y el otro no; de forma que los peticio-narios no tienen derecho a ser puestos en libertad mediante el recurso de habeas corpus con motivo de la supuesta sen-tencia defectuosa.

Por tanto, es evidente que el secretario de la corte de distrito no estaba, dictando una sentencia para la corte, sino ¡meramente cumpliendo su deber ministerial al registrar sen-tencia contra cada uno de los acusados por la suma de $500.

La Corte de Distrito de San Juan ha sido reorganizada varias veces. Su más reciente reorganización tuvo lugar el 16 de septiembre de 1925. Con arreglo a la ley .de esa fecha, los jueces de distrito hacen ciertas cosas, pero a cada uno se le señala, un término especial y actúa como si fuera nn solo juez el que presidiera la corte. Leyes de 1925, página 969. Nada nos han citado los peticionarios, ni nada hallamos en la ley que exija que todos los jueces tomen parte en el procedimiento de la sentencia en una causa criminal.

Por otra parte, hemos llegado al convencimiento de que la orden de encarcelación en este caso era defectuosa y no seguía los términos de la ley. El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que:

“Cuando se haya dictado sentencia que no sea de muerte, se entregará en seguida una copia certificada del original al oficial que tenga la obligación de ejecutarla, y no será necesaria ninguna otra orden ni autorización para justificar o pedir la ejecución.”

La interpretación razonable de este artículo es que el deber del secretario de la corte es entregar al marshal o al alcaide, según sea el caso, copia certificada de la sentencia. Tal copia certificada es la autoridad a tenor de la cual el alcaide de la cárcel pone' al acusado bajo su custodia.. El diligeneiamiento (return) del alcaide de la cárcel en este caso no muestra tal copia certificada de la sentencia. En cada caso el alcaide fia presentado una certificación que, mutatis mutandis, lee así:

“EP Pueblo de Puerto Rico, al Alcaide de la Cárcel de Distrito de San Juan, P. R.: Se ordena a usted admita en ese penal a Vicente Alvarez por haber sido declarado culpable poren cuanto a la causa No. 735 seguídale por el. Pueblo de Puerto Rico, por un delito de acometimiento y agresión grave, y haberse dictado sentencia en dicho caso, en esta fecha por la Hon. Corte condenando al expresado acusado a la pena de quinientos dollars de multa o un día de cárcel por cada dollar que dejare de satisfacer, no excediendo la prisión de noventa días de cárcel.”

Si bien el contenido de la sentencia consta claramente en esa certificación, sin embargo, tal como está escrita, no equivale a un cumplimiento del estatuto. Los peticionarios no están, por tanto, confinados por virtud de una orden expedida en debida forma y entregada al alcaide de la cárcel.

Bebe declararse con lugar la petición y ponerse en libertad a los presos, sin perjuicio de que se entregue una copia certificada, del original de la sentencia dictada al oficial que tenga la obligación de ejecutarla, y se cancela la fianza.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    Luis Izquierdo, demandante-apelante, v. Celestino Andrade, demandado-apelado.
    No. 4788.

    Sometido: Enero 30, 1929.

      Resuelto: Julio 16, 1929.

      E. Martines Rivera, abogado del apelante; Adrián Agosto, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior sostuvo una excepción previa a la de-manda en una acción por daños y perjuicios con motivo de un accidente de automóvil ocasionado por la negligencia del chauffeur empleado por el demandado, un comodatario. El demandante declinó enmendar su demanda, y apela de una sentencia desestimándola.

La excepción previa era por falta de liecbos suficientes para determinar una causa de acción. Los únicos defectos mencionados por el juez de distrito son los de no hacerse parte demandada al dueño del vehículo, ni alegarse que estuviera en él al ocurrir el accidente; que el demandado no era el dueño del carro ni se alegaba que iba en él; y que no se alegó que el automóvil fuera público.

El dueño no era una parte necesaria, y sn presencia en el carro al ocurrir el accidente no era un factor esencial en la causa de acción del demandante. El que se dejara de alegar que el demandado era el dueño del carro, o que estaba presente al tiempo del suceso, no es un defecto fatal. L<? propiedad de una “empresa” en relación con la cual se utiliza un vehículo, y no la propiedad del carro, es lo que determina la responsabilidad del demandado por los daños y perjuicios ocasionados por la negligencia de un empleado, de acuerdo con el artículo 1804 del Código Civil, según fué interpretado por la mayoría de este Tribunal en Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 684, y casos posteriores. La responsabilidad de un demandado, ya sea dueño o comodatario, no siempre depende del carácter público del carro. La cuestión puede ser la de si se usa o no para fines de negocios, o en relación con una empresa. Truyol & Co. v. West India Company, 26 D.P.R. 361; Candal v. Sociedad Auxilio Mutuo, 37 D.P.R. 874.

En el presente caso el demandante alega que el demandado lo tomó prestado el carro en cuestión al dueño, y lo había puesto a cargo del empleado del demandado, Reye Ríos Cabán, un chauffeur autorizado, para que llevara a la esposa del demandado y un pariente de él de San Juan a Areeibo y de Areeibo a San Juan, a fin de que la esposa del demandado pudiera llevar a cabo ciertas gestiones en beneficio y provecho del demandado; que el agente del demandado efectuó el viaje como su chauffeur y en cumplimiento de sus órdenes e instruc-ciones, llevando en el carro a la esposa del demandado tal y como éste le instruyó y autorizó; que la esposa fué a Areeibo a cumplir con las órdenes recibidas por ella de su esposo, el demandado, — órdenes que redundarían en beneficio y provecho del demandado, al ser debidamente cumplidas,; que al ocurrir el accidente, el automóvil estaba bajo el control y dirección del demandado, quien lo había tomado prestado a su dueño, y estaba siendo guiado en aquellos momentos por el agente del demandado, Reye Ríos Cabán, a quien el de-mandado le había encomendado transportar a sn esposa a Arecibo y desde esa cindad, y que la esposa del demandado regresaba de Arecibo después de haber hecho las gestiones para las cuales el demandado la envió a la cindad de Arecibo.

La mayoría de este tribunal es claramente de opinión que los hechos alegados no indican, que el demandado fuera el dueño de “un establecimiento o empresa,” dentro del signi-ficado del artículo 1804 del Código Civil, tal como fue inter-pretado en el caso de Truyol v. West India Company, y Candal v. Sociedad Auxilio Mutuo, supra. El Juez que suscribe se adhiere a la conclusión a que llegó en su memo-rándum original, como sigue-:

“Es una inferencia lógica ele los hechos bosquejados en el párrafo anterior que el demandado se dedicaba a un negocio, que envió su esposa y chauffeur en gestiones de negocios, y que el carro fué usado en relación con el negocio del demandado y en llevar a cabo un asunto mercantil o una empresa al ocurrir el accidente. La palabra empresa es un término elástico, y debe ser interpretado liberalmente, en bien de la justicia substancial. Si una persona envía su agente por la isla en relación con su negocio, y para fines de beneficio y provecho propios, ella está empeñada en una aventura de negocios o en una empresa, y es el empresario o dueño de esa empresa.”

En lo que concierne al resultado del presente caso, esta diferencia de criterio no es muy importante. Los funda-mentos sobre los cuales la corte inferior mantuvo la excepción previa son insostenibles, pero desde el punto de vista adop-tado, por la mayoría de este tribunal la resolución en sí era correcta. Dentro de las circunstancias estamos todos de acuerdo en que debe dársele al demandante la oportunidad de enmendar.

Debe revocarse la sentencia apelada y debe enmendarse la resolución declarando con lugar la excepción previa en el sentido de permitir una enmienda a la demanda dentro de dies días de radicado el mandato en la corte inferior; y así modificada 's'e confirma.

En Moción de RecoNsideRación

Julio 23, 1929.

El apelante solicita la reconsideración por el fundamento de que el presente caso debe regirse por el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil y no par el 1804 del Código Civil. Hubo alguna argumentación respecto a este extremo en el alegato' y durante la vista, pero tal como se presentó la cuestión no se precisó una discusión seria. Los tínicos casos en que se descansaba fueron y son Román v. Vázquez, 29 D.P.R. 791, y Orta v. P. R. Railway, Light & Power Co., 36 D.P.R. 743. No estamos preparados por el momento para resolver que el • artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil establece una nueva regla de respondeat superior. La opinión en el caso de Orta v. P. R. Railway, Light & Power Co. tiende a sostener el criterio contrario y no está en conflicto con nada de lo dicho en el caso de Román.

Debe'declararse sin lugar la moción.


author: El Juez Asociado SeñoR Wolf,

text:
    E. Lessesne, Síndico, Etc., demandante y apelante, v. Porto Rico Drug Co. Retail y José de Jesús, Etc., demandados y apelados.
    No. 4390.

    Sometido: Junio 10, 1929.

      Resuelto: Julio 16, 1929.

      J. II. Brown, O. Ruiz Nazario y G. E. González, abogados del ape-lante; Feliú & La Costa y Monserrat & Monserrat, abogados de las interventoras Serra Qarabís & Co., Inc. e Iglesias & Co. Ine., respectivamente.
   El Juez Asociado SeñoR Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un recurso de apelación interpuesto contra una orden concediendo permiso a ciertos acreedores para interveuir en un pleito pendiente ante la Corte de Distrito de San Juan y también anulando un embargo. La demanda necesaria- para dar a la corte jurisdicción sobre las partes y sobre el asunto en controversia, fue omitida en los autos. De la orden de la corte aparece que se trabó un embargo para asegurar la efectividad de la sentencia. La transcripción de autos no revela, a, no ser por deducción, la naturaleza de dicbo embargo. Es cierto que las mociones de intervención, tienden a demostrar que se embargó cierto crédito, pero la naturaleza exacta de este crédito o el carácter exacto del gravamen adquirido no aparece del verdadero récord. Teniendo ciertas dudas respecto a si teníamos ante nosotros un récord suficiente, ordenamos una vista sobre ceta cuestión. El apelante insistió entonces en que la corte tenía ante sí un récord suficiente. A indicación del juez que suscribe, el letrado del apelante dijo que traería las corres-pondientes copias de aquellas partes de los autos que se suponía faltaban si la corte le ordenaba o lo solicitaba. La corte en pleno es de opinión que en un pleito civil el tribunal uo debe ordenar o solicitar del apelante que eleve documentos adicionales.

Aunque la mayoría de esta corte cree lo contrario, el Juez Asociado Sr. Texidor y el que suscribe son de opinión que el caso debe ser desestimado por no tener un récord! suficiente. En general, dichos jueces disidentes creen que las cuestiones que deben demostrar la jurisdicción de la corte inferior deben aparecer positivamente del leg’ajo de la sentencia. Igualmente, que en él debe aparecer que la corte adquirió jurisdicción sobre la cosa objeto del embargo, o sea el supuesto crédito. Fué mientras el juez que suscribe investigaba la naturaleza del gravamen que se alegaba había sido adquirido, cuando trató de ver dpnde estaban los documentos relativos al embargo y nada halló. De igual modo, posteriormente surgió la cuestión relativa a si el demandante era un simple acreedor por concepto de un contrato o qué. Todos los procedimientos principales podrían demostrar algo que justificara la actuación de la corte al anular el embargo. Es cierto que en su alegato el apelante dice que es un simple acreedor por concepto de un contrato, pero ese hecho esencial no aparece de los propios autos. El apelante en su alegato repetidamente sostiene que los alegados interventores no tienen derecho alguno en el pleito por él instituido contra la demandada, excepto quizás si se adquiere un gravamen sobre los fondos. En otras palabras, que el apelante tiene una controversia particular con la demandada, y sin embargo, a no ser por una inferencia general, no se demuestra cuál es el caso entre las partes originales. Ni siquiera aparece claramente la identidad del demandante. Los autos en su totalidad podrían revelar la falta de jurisdicción o la falta de una causa de acción en el demandante. Es innecesario entrar más a fondo en las razones para esta regla, toda vez que tenemos lo que dichos jueces disidentes creen es un estatuto imperativo sobre la materia. El artículo 299 del Código de Enjuicia-miento Civil, según fue enmendado por la Ley No. 81 de 1919, exige que el legajo de la sentencia sea elevado en todos los casos. Si hay transcripción de la evidencia, tal transcripción puede acompañarse al legajo de la sentencia. En todos los demás casos, así dice el artículo, el legajo de la sentencia debe elevarse, desde luego, con la evidencia incorporada al mismo. El artículo 233 del Código de Enjuiciamiento Civil define qué es el legajo de la sentencia, y necesariamente incluye las alegaciones o procedimientos que faltan. Todas estas consideraciones tal vez se hubieran podido evitar, si, como sugirió el juez que suscribe durante la vista, el apelante, aunque mantuviera su posición, hubiese solicitado permiso para radicar una copia de la .demanda y una copia de la orden de embargo.

. La mayoría del tribunal cree que la jurisdicción de la corte inferior1 puede asumirse, y que de conformidad con los-hechos y circunstancias que se desarrollarán en el curso de esta opinión tenemos un récord suficiente ante nos. No obstante, como el caso puede ser apelado, la corte concederá al demandante y apelante permiso para unir a los autos el legajo de la sentencia, según fué preparado en la corte inferior, si así lo cree prudente.

Habiendo la corte aceptado la jurisdicción, los citados jueces disidentes, al igual que en otros casos (véase Domínguez v. Fabián, 35 D.P.R. 314 y 36 D.P.R. 32) tomarán parte on la resolución final de este caso.

El apelante insiste principalmente en que los apelados ro tenían derecho a intervenir. Los hechos que se desprenden de los autos (y con tal objeto hemos seguido mayormente el alegato del apelante) son como signe: Que a instancias del demandante-apelante, la Corte de Distrito de San Juan ordenó se practicara un embargo para asegurar la efectividad de la sentencia; qne el embargo fné librado contra nn crédito perteneciente a la demandada, qne es una corporación, y qne dicbo crédito estaba en manos de la citada demandada. Los-apelados mediante moción solicitaron permiso para inter-vtnir, y a la vez pidieron qne el embargo fuese anulado. La teoría de las mociones de intervención era que la corpo-ración demandada estaba en liquidación, y que de conformidad con la ley de corporaciones vigentes en Puerto Rico, todos los bienes de dicha corporación constituían un fondo a favor de los acreedores. La Corte resolvió ambas cuestiones a favor de los apelados y anuló el embargo. El apelante había radicado una oposición en que niega la mayoría de las alega-ciones importantes de las mociones. Los hechos, presentados como prueba de las mociones ante la corte inferior lo fueron mediante estipulación que fué aprobada por la corte, siendo expresamente la intención que ésta ocupara el lugar de una -exposición del caso.

Los apelados probaron que ellos eran acreedores comunes de la demandada. La prueba más importante; desde el punto de vista de los apelados, fué una certificación expedida, por el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, demostrativa del con-sentimiento unánime de los accionistas para que se disolviera la corporación demandada. Los liquidadores enviaron el aviso correspondiente a todos los acreedores pidiéndole que presentaran sus reclamaciones. Por otra parte, se demostró que nunca se instituyó procedimiento judicial alguno ten-dente a disolver la corporación.

Convenimos con el apelante en que los apelados no demos-traron derecho alguno a intervenir en este litigio privado* entre el demandante y la demandada. Mediante el embargo, según io aceptó la Corte de Distrito y según lo acepta esta Corte, el demandante ordinariamente hubiera adquirido un gravamen sobre la propiedad de la demandada. Los apela-dos, sin demostrar que tienen algún gravamen o derecho, tra-tan de intervenir en este litigio privado por medio de una simple moción. No demuestran que tengan alguna sentencia o algún gravamen adquirido a virtud de un procedimiento judicial o aún que mediante contrato o en alguna otra forma tengan un derecho preferente al supuesto fondo en cuestión. Según el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil, para que una persona pueda intervenir en un pleito debe tener al-gún interés en el asunto en litigio. Esto generalmente sig-nifica, interés en el asunto del litigio mismo. El juez que suscribe llama la atención a la importancia de las palabras “asunto en litigio” para los fines de su disentimiento anterior. El embargo no es el asunto en litigio. Otros pro-cedimientos como “tercerías” son concedidos por la ley a los acreedores si desean alegar un derecho preferente sobre bienes embargados. Citas pertinentes son: Brown v. Saul, 4 Mart. N. S. 434, 16 A. D. 175; Lee et al v. Bradlee, 8 Mart. 55; California Jurisprudence, Vol. 3 p. 549; 20 idem 517 &520; First National Bank v. Clark, L. R. A. 1016 C 633; 20 R. C. L. 685 et seq.; Wightman v. Evanston Yaryan Co., 217 Ill. 371, 75 N. E. 502, 108 A. S. R. 258, 3 Ann. Cas. 1089 y otros casos citados en el alegato del apelante. Se copia una cita del caso de Smith v. Gale de la Corte Suprema de los Es-tados Unidos, 36 L. ed. 521, pero no se hizo referencia a la edición oficial. Debe darse énfasis al hecho de que los ape-lados trataron de establecer su reclamación valiéndose de una simple moción. Los apelados no demostraron tener su-ficiente interés.

El juez que suscribe cree que debe atribuirse mayor im-portancia al hecho de que los interventores no tienen derecho alguno sobre la propiedad a virtud de la Ley de Corporacio-nes. En una lucha de diligencia, el demandante logró em-bargar primero. Eliminando la Ley de Quiebras, la alegada Ley de Corporaciones, o alguna similar, este embargo confi-lió a dicho acreedor un gravamen y todas las ventajas confe-ridas por la ley. Los interventores meramente eran simples acreedores por concepto de contrato, no habiendo adquirido ningún gravamen o derecho a su favor salvo de acuerdo eon la Ley de Corporaciones. Examinémosla.

El artículo 26 de la Ley “para poner en vigor una Ley de Corporaciones Privadas,” aprobada el 9 de marzo do 1911, Estatutos Revisados de 1911, página 103, dispone des-pués de la celebración de determinadas reuniones de la junta de directores y los accionistas de la corporación, y de la pu-blicación de ciertas notificaciones, que:

“. . . Si en alguna de estas sesiones, dos terceras partes en interés, de todos los accionistas, acordaren que la disolución se lleve a efecto y significaren su consentimiento por escrito, dicho consenti-miento, junto con una lista de los nombres y residencias de los directores y oficiales, certificados por el presidente y el secretario o tesorero, se archivará en la oficina, del Secretario ele Puerto Rico, quien en vista de las pruebas justificativas de haberse llenado los requisitos, otorgará un certificado haciendo constar la presentación y archivo de dicho consentimiento, y la junta directiva hará que el referido certificado se inserte durante cuatro semanas consecutivas, por lo menos una vez cada semana, en un periódico publicado en la Isla de Puerto Rico, y cuando se haya archivado en la oficina del Secretario de Puerto Rico una declaración jurada que acredite ha-berse publicado el certificado de referencia, quedará disuelta la cor-poración, procediendo la junta directiva a liquidar los negocios y asuntos de dicha corporación. Si todos los accionistas consintieren por escrito en la disolución, no habrá necesidad de reunión, ni con-vocatoria, y el Secretario de Puerto Rico otorgará un certificado de disolución a la presentación de dicho consentimiento en su oficina el cual certificado se publicará, según lo anteriormente dispuesto.”

Los artículos 27 al 31, inclusive, rezan así:

“Artículo 27. — Personalidad Jurídica Mientras se Pro'cede a la Disolución. — Todas las corporaciones, ora cesen en virtud de la limi-tación fijada en las cláusulas de incorporación, ora queden anuladas por disposición legislativa, o se disuelvan de otro modo, subsistirán como personas jurídicas' con capacidad para demandar y ser deman dadas y a fin de que puedan liquidar y terminar sus negocios, ena jenar y traspasar sus bienes y distribuir su capital; pero no lo serán por lo que i’especta a la continuación de los negocios para los cuales fueren establecidas.
“Artículo 28. — Los Directores Actuarán Gomo Sind'cos Durante la Disolución. — Mientras se procede a la disolución de una corporación en cualquiera forma acordada, los directores actuarán como síndicos liquidadores con amplios poderes para liquidar sus negocios, cobrar’ los déb'tos pendientes, enajenar y traspasar los valores y demás pro-piedades entre los accionistas, después de satisfacer sus deudas, hasta donde alcanzaren dichos valores y bienes. Tendrán poder para reu-nirse y resolver de acuerdo con los estatutos de la corporación y del reglamento que acordare una mayoría de dichos síndicos al objeto de establecer plazos y condiciones para la venta de dichos bienes: podrán vender todos o cualquiera parte de ellos por dinero contante o en parte a plazos; o admitir hipotecas por parte del precio di' compra de la totalidad o de cualquiera porción de dichos bienes.
“Artículo 29. — Facultades y Responsabilidades de los Síndicos Liquidadores.- — Los directores constituidos en síndicos, como queda dicho, tendrán poder para entablar demandas en cobro de dichas deudas y caudales, a nombre de la corporación; y podrán ser deman-dados en juicio a nombre de la misma, o en sus respectivos nombres como particulares, por las deudas de dicha corporación; y serán mancomunada y separadamente responsables de dichas deudas hasta la cuantía de los fondos y bienes de la corporación que llegaren a su poder como tales síndicos.
“Artículo 30. — Nombramiento Judicial de Liquidadores. — Cuando una corporación por cualquier motivo se disolviere, la corte de dis-trito con jurisdicción sobre el lugar en que radicare su oficina principal en la Isla de Puerto Rico, a solicitud de cualquier acreedor o accionista, podrá en cualquier época, bien disponer que continúen los directores como síndicos, como queda dicho, o nombrar a tina o más personas para actuar como liquidadores de dicha corporación y hacerse cargo del activo de la misma, cobrar las deudas y caudales pertenecientes a la corporación, e investirlas de poder para demandar y ser demandadas a nombre de la corporación, o de otro modo pro-mover las acciones necesarias o convenientes al objeto; designar agente o agentes bajo sus órdenes, o ejecutar otros actos que pudiera ejecutar dicha corporación, si existiere, y que fueren necesarios para la liquidación definitiva de sus negocios no terminados; y los po-deres de dichos síndicos o depositarios podrán continuar todo el tiempo que, a juicio de los tribunales, fuere necesario para dicho objeto.
“Artículo 31. — Distribución del Activo por los Síndicos o Liqui-dadores. — Dichos síndicos o liquidadores pagarán a prorrata, hasta. donde alcanzare el activo, a todos los acreedores de la corporación que justificaren sus créditos en la forma prescrita por el tribunal o por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si, después de cubiertas dichas deudas y los gastos indispensables, quedare algún sobrante, éste se distribuirá entre los accionistas.”

Nada hallamos en estas secciones que conceda, a los acre-edores generales de una corporación disnelta un gravamen o derecho sobre el activo de una corporación sobre el gravamen adquirido a instancias de un acreedor particular. Nada hay en. la ley que tienda a destruir el derecho de un acreedor general a embargar los bienes o propiedades de una corpo-ración demandada, a no ser la fraseología del artículo 31 que presupone un procedimiento judicial. Está fuera de disputa que ningún procedimiento judicial tuvo lugar en este caso.

Según la Ley de Quiebras el título de los bienes se pone en manos de un síndico, y el título de éste se retrotrae a una fecha relacionada con la iniciación del procedimiento o algo por el estilo. La cuestión es que el título de los bienes se le quita al quebrado. Igualmente en litigios instituidos por acreedores ante los tribunales de los Estados Unidos en que un acreedor particular pretende obtener ciertos bienes en equidad (equitable assets), las cortes insisten en una distri-bución equitativa o a prorrata entre los acreedores que inter-vienen.

En una adjudicación para beneficio de los acreedores se efectúa una transferencia similar de título.

Si la Ley de Corporaciones demostró en alguna forma la intención de crear un fondo para beneficio de los acreedores no deberíamos considerar que era necesario un procedimiento judicial para una distribución a prorrata. Por otra parte cuando nada hay en la ley que cree tal fondo para beneficio de los acreedores, la única manera de crearlo es mediante un procedimiento judicial en la forma sugerida por el artículo 31.

El artículo 28 de la ley no crea tal fondo. Meramente hace que los liquidadores continúen en lugar de la corpora-ción. Siempre debe tenerse presente que no existe la pre-sunción de insolvencia. El deber de los liquidadores es pagar las deudas. Es cierto que las palabras del estatuto son: “basta donde alcanzaren dichos valores y bienes.” Sin embargo, estas palabras son enteramente consistentes con los pagos parciales según se vaya cobrando el activo, y no excluyen el derecho de pagar a un acreedor determinado con preferencia a otro. Debe también recordarse que puede negarse la existencia de determinada reclamación, y hacer que un acreedor pesente pleito.

Tenemos la idea de que bajo tales circunstancias un acree-dor tiene derecho a demandar la corporación más bien que a sus liquidadores. De todos modos, ¿debe un acreedor que tiene una reclamación que hacer estar obligado a cerciorarse de si se ha efectuado una disolución voluntaria? Creemos que no, y bajo las circunstancias, el único medio adecuado es la intervención de una corte.

Según hemos indicado anteriormente, cuando el deudor es una corporación nada hallamos que someta a un acreedor general a un derecho o procedimiento distinto al que pudiera adoptar en caso de que se tratara de cualquier otro deudor.

La resolución apelada debe ser revocada dejando por lo presente intacto el embargo, y debe devolverse el caso a la Corte de Distrito de San Juan para ulteriores procedimientoé no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.


author: El Juez Asociado Señor Texidor

text:
    El Banco de Ponce, Inc., demandante y apelante, v. Municipio de Toa Alta, demandado y apelado; Auditor de Puerto Rico, interventor.
    No. 4819.

    Sometido: Marzo 15, 1929.

      Resuelto: Julio 23, 1929.

      López de Tord <& Zayas Bizarro, abogados del apelante; Son. Attorney General James B. Beverley, B. A. Gómez y Felipe Janer, 'Sub-Procuradores, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor

emitió la opinión del tribunal.

El abogado Fulgencio Piñeiro Rodríguez demandó ante la Corte de Distrito de San Juan al Municipio de Toa Alta sobre cobro de dos mil dollars, como honorarios por su inter-vención en un empréstito realizado por el demandado; con-testó el municipio; y la corte dictó sentencia en favor del demandante, por $2,000, y las costas. Firme la sentencia, se pidió su ejecución, se libró el mandamiento para ella; y el Mársbal de la Corte de Distrito de Ponce requirió al Banco de Ponce, depositario de fondos del municipio demandado para el pago de los $2,000 de principal y $510 para costas; pagó el Banco esa suma; y entonces el Municipio de Toa Alta protestó de que se hubiera hecho el pago, por no ser embargables los fondo de los municipios. Entonces el Banco de Ponce, previa consulta legal, restituyó al Municipio de Toa Alta los $2,510, a que había ascendido el pago, con $76.35 de intereses, que se abonaron a la cuenta del Municipio, pero haciendo constar el Banco que se subrogaba en lugar del acreedor en el pleito, y acudiendo a^la Corte de Distrito de San Juan con moción para que se declarase la subrogación, como se declaró por la corte en resolución de 6 de Octubre de 1927, después de oír a las partes, y sin que el Municipio se opusiera a la moción de subrogación.

El Banco de Ponce gestionó del Municipio de Toa Alta el pago de las citadas sumas, y su abogado escribió algunas cartas al Municipio de Toa Alta, reclamando la inclusión del débito en el presupuesto próximo; una de ellas de 22 de noviembre de 1927, al Municipio, notificándole la subrogación, y pidiendo información acerca de si el Municipio convendría en incluir fondos para el pago en el nuevo presupuesto; otra, de 15 de mayo de 1928, al Auditor en que se bace la misma reclamación ; otra de 8 de junio de 1928, al Auditor Municipal, en el mismo sentido, y solicitando información con respecto al nuevo presupuesto y a inclusión del débito. Parece que el Municipio o sus funcionarios, dejaron sin contestar esas cartas. El hecho es que en el presupuesto de 1928-29, que se aprobó por el Alcalde de Toa Alta el 7 de Junio, 1928, no figuró asignación ninguna a favor del Banco de Ponce como subrogado en los derechos del Sr. Piñeiro.

En 30 de Junio de 1928, el Banco de Ponce radicó, ante la Corte de Distrito de San Juan una petición para que se expidiera un auto condicional alternativo de mandamus contra Secundino Díaz Morales, Alcalde de Toa! Alta, y José Miranda González, Julio Romero Negrón, Mariano Hernán-dez, Federico López del Valle, Marcelino Nieves, Jacinto Burgos y Eugenio Medina, miembros de la Asamblea Municipal de Toa Alta, para que procedan a incluir en el presu-puesto que debe entrar a regir el 1 de julio de 1928 una suma suficiente, a favor del peticionario para cubrir los $2,510 importe de la sentencia, y una suma adicional para intereses, y otra para costas y gastos y honorarios de abogado, y para que en la forma legal correspondiente, paguen al peticionario tales sumas; y de no hacerlo, comparezcan a mostrar causa.

La corte resolvió ordenando se citara, a los demandados para expresar causa por la que no se debiera librar el auto de mandamus.

En 13 de Julio de 1928, el Auditor de Puerto Rico compa-reció pidiendo qne se le admitiese como interventor en el caso. La corte, con la oposición del promovente, admitió como interventor al Auditor de Puerto Rico. Este presentó moción para que se anulara el auto, y se desestimara la petición; y presenta, conjuntamente con los demandados, una contestación a la petición; en ésta, como defensas especiales se ofrecieron: (a) falta de jurisdicción en la corte que dictó la sentencia original; (ó) que el pago de la suma reclamada fué denegado por el Auditor de Puerto Rico, y se estableció pleito ante la corte sin haberse apelado la resolución del Auditor, de acuerdo con el Acta Orgánica; (o) que la recla-mación que se establece pertenece a un fondo de empréstito, y si tenía que incluirse la sentencia en algún presupuesto, tenía que ser en el del empréstito, y no en el ordinario del municipio; (d) que los demandados no tienen deber ruinis-1 erial que cumplir, ya que el presupuesto estaba aprobado antes de presentarse la solicitud; y que no tienen que incluir en presupuesto ordinario partidas que son de presupuestos de fondos especiales para empréstitos.

Se practicó la prueba; y la corte dictó resolución, decla-rando sin lugar la petición de mandamus. Y contra esta resolución se- ha interpuesto la apelación que aquí decidi-mos.

Una de las razones principales en que se funda la reso-lución apelada aparece de los párrafos de la opinión que a continuación se copia:

“De la prueba practicada en este caso aparece que en 30 de junio de 1928, o sea, el mismo día de la presentación de la solicitud de mandamus, el balance de todos los fondos del Municipio de Toa Alta era de $23,252.03, de los cuales correspondían al empréstito de $80,000 la suma de $14,675.99; que de esta suma y con cargo a la partida de imprevistos había un saldo de $2,623.72; y que, hasta el momento de la vista de este recurso, o sea, el 13 de julio de 1928, no había pendiente de pago ningún libramiento con cargo a esa par-tida, ni aparecía que se hubiera aprobado ordenanza alguna dispo-niendo de ese saldo de imprevistos del empréstito para ninguna atención de la municipalidad.
“La suma envuelta en la sentencia que se trata de cobrar, inclu-yendo el memorándum de costas, asciende a $2,510, y siendo esta cantidad menor que el balance arrojado para pago de imprevistos del empréstito, parece claro 'que no procede disponer de los fondos ordinarios del Municipio para satisfacer servicios cuya remuneración está específicamente incluida en los fondos especiales de un empréstito, y menos aún ordenar a un municipio, por medio de mandamus, para que incluya en un presupuesto ordinario, que fué aprobado y está vigente, cantidades que ya figuran en otro presupuesto.”

Tres son los señalamientos de error que presenta la apelante. El primero es así:

“Primer error. — La Corte de Distrito de San Juan cometió error al permitir al Auditor de Puerto Rico intervenir en este procedi-miento. ’ ’

Podemos seguir, en forma de declaraciones, las palabras del apelante. El Auditor, o Contador, de Puerto Rico, no es parte necesaria, ni siquiera formal, en este procedimiento. Creemos que el apelante tiene razón al sostener en rechazar la idea) de que el Contador pueda convertirse en, o adquirir, un poder omnímodo, superior a las cortes de justicia. En el caso Laborde v. Municipio de Isabela, 38 D.P.R. 65, hemos determinado con precisión cuál es la esfera de autoridad del Contador, y hasta dónde puede él llegar en sus atribuciones. Su deber, y su derecho, en lo que toca a examen, intervención y liquidación de las cuentas relativas a rentas e ingresos, y el sentido legal de las palabras “examinar,” “liquidar” e “intervenir,” no pueden ser dudosas, después de esta decisión, y de la jurisprudencia que en ella se cita, especialmente los casos State v. Claussen, 44 Wash. 427, 87 Pac. 498, en que se definió el sentido de las palabras “revisar (audit),” “ajustar” y “liquidar”; y el de St Lous Brownsville & Mexico Ry. Co. v. United States, 268 U. S. 170-174, en el que se dijo por la Corte: “Ninguna actuación de estos funcionarios podría obstaculizar el derecho de un reclamante a que la Corte de JReclamaoion.es determine si él tiene derecho a recobrar lo que reclama por virtud de un contrato' celebrado con el G-obierno.’’ Y en nuestro caso citado, Laborde v. Municipio, dijimos:

"Con estos antecedentes, no podemos llegar a la conclusión de que fuera la intención del Congreso crear un tribunal especial o indepen-diente en la persona del contador de Puerto Bieo.
( ( «X» V.' V.' 'X*
"Pero no vemos disposición alguna en tales palabras de privar a un ciudadano que efectúa un contrato con un municipio, de su derecho a demandar o de su derecho a demandar sin acudir primera-mente al Contador.”

Por la decisión en el caso Laborde se rigió la en el caso Pérez Soto v. Corte de Distrito de Arecibo, 38 D.P.R. 80, en cuyo Syllabus se lee:

"En procedimiento de mandamus contra un Auditor Municipal para compelerle a la expedición de libramientos de pago de sueldos no es necesario que intervenga como parte- el Contador de Puerto Bieo.”

No era precisa la intervención del Contador en este caso, ni aceptable siquiera. El primer error está bien señalado.

El segundo señalamiento de error es como sigue:

"La Corte de Distrito de San Juan cometió error al resolver que toda vez que de los ochenta mil dólares ($80,000.00) del emprés-tito, con cargo a la Partida de Imprevistos, del Municipio de Toa Alta existía un saldo de dos mil seiscientos veintitrés dólares con setenta y dos centavos, ($2,623.72), y que hasta el momento de la vista del recurso, o sea el 13 de julio de 1928, no- había pendiente ningún libramiento contra el mismo, cuyo saldo era' mayor que el importe aquí reclamado por el peticionario de dos mil quinientos diez dollars, y no procedía disponer de fondos ordinarios de dicho Municipio para satisfacer servicios cuya remuneración estaba es-pecíficamente incluida en fondos especiales.”

No estamos conformes con la teoría del apelante. Es verdad que la actuación del Municipio y da sus funcionarios frente a las reclamaciones del Banco de Ponce, no es la correcta, ni la recomendable. Pero ella no eximía al recla-mante de investigar, si tratándose de un empréstito, había en ios fondos especiales del mismo sumas destinadas o desti-nables a cubrir la reclamación que él hacía, y que no pertenece a la clase de ordinarias y corrientes en el presupuesto de los municipios. Por la prueba se vió que tales fondos existían, y que era claro y determinado su destino.

No creemos que, en este caso, quepa la estricta aplicación del artículo 50 de la Ley Municipal, en cuanto prohíbe a los municipios asignar cantidades para el pago de sus empleados, sin que preceda la consignación de las sumas para pagar otras deudas y déficits. El artículo es así:

"Art. 50. — Los municipios no podrán asignar en sus presupues-tos cantidad alguna para el pago de sueldos, sin que antes se hayan consignado por su orden, los créditos necesarios para las siguientes atenciones:
"(a) Deudas por capital e intereses vencidos o que hubieren dn vencerse dentro del año económico para el cual se forma el presu-puesto, que no tenga fondos especialmente asignados para su amorti-zación, mediante contribución especial;
“(b) Cualquier déficit que resultare en las operaciones de años anteriores, o gastos a que estuviere legalmente obligado el municipio por contratos ya celebrados o por otras causas, y todos los pagos o reembolsos por concepto de sentencias firmes dictadas contra el mu-nicipio por cualquier tribunal competente;
“ (c) Beneficencia pública;
“ (d) Instrucción pública;
(e) Obras públicas;
“ (f) Servicio de incendios, policía y cárcel;
“ (g) Conservación do obras y edificios municipales;
“ {h) Dietas de los miembros de la asambleas municipal.”

Ese precepto legal, no quiere, ni puede, significar, como pretenden los apelados, que el municipio tenga la facultad de calificar la competencia de los tribunales que dictaron las sentencias. Ni ése es el propósito del legislador, ni se con-cibe que ningún legislador pudiera tenerlo.

Lo que sí ocurre en este caso es que la cantidad para el pago de los gastos judiciales que el empréstito ocasionara, está señalada, y separada, y cubre el importe reclamado; y si es así, no bay motivo que justifique la expedición del auto de mandamus como se solicitó.

El tercer señalamiento de error es como sigue:

“La Corte de Distrito de San Juan cometió error al resolver que la petición de mandamus fué tardía, ya que un día después de radi-carse la misma, 30 de junio de 1928, empezó a regir el presupuesto que había sido adoptado previamente en las fechas del 5 y del 6 de junio de 1928, y que habiéndose asignado las diferentes partidas en presupuesto para el sostenimiento de necesidades de la comunidad, acarrearía perjuicios a los intereses públicos y entorpecimientos a la municipalidad el declarar con lugar dicho mandamus.”

Resuelto el segundo señalamiento en la forma en que lo ha sido, no tiene importancia práctica, en el caso, la resolución de este tercero. Realmente,, no cabe decir que se presenta muy a tiempo una petición de mandamus para inclusión de partidas en un presupuesto que va a empezar a regir el 1 de julio, si la petición viene ante la corte el día inmediato pre-cedente a tal vigencia. Las condiciones naturales, tiempo1, término, no son las más apropiadas, para sostener que se puede hacer la inclusión antes de la vigencia.

El único error cometido, o sea el de permitir la interven-ción del Contador, no es bastante, dadas las circunstancias, para una revocación.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor del Toro está conforme con el resultado.


author: El Juez Asociado Señor Texidob

text:
    Rafael García Soriano, demandante y apelado, v. La Sucn. de Harry A. McCormick, compuesta de María, Adela, Catalina, Eduardo Otto y Edith McCormick ; y los albaceas de la herencia Dolores y Simón A. Alcaide y Baiz, Carlos J. Torres y William A. McKinley, demandados y apelantes.
    No. 4820.

    Sometido: Junio 5, 1929.

      Resuelto: Julio 23, 1929.

      Carlos J. Torres y T. Bernardini de la Huerta, abogados de la ape-lante; Blondet & Campillo, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidob

emitió la opinión del tribunal.

Rafael García Soriano demandó a la sucesión de Harry A. McCormick y a los albaeeas testamentarios del mismo, alegando que Harry A. McCormick falleció en San Juan, P. R., el 27 de octubre de 1927, bajo testamento otorgado ante el Notario don Juan Yalldejuli, en el que instituyó como sus herederos a los aquí como tales demandados, y como albaeeas a los que aparecen como demandados en ese concepto; que estos albaeeas se hallan en posesión de los bienes de la herencia de McCormick; que en el citado testamento McCormick dejó al aquí demandante un legado de tres mil dollars; que los bienes de la herencia tienen un valor considerable, y los albaeeas están, y han estado desde que tomaron posesión de tales bienes, en condiciones de pagar al deman-dante- su legado, sin perjudicar a los herederos y legatarios, contando con recursos suficientes para hacerlo; que el deman-dantp ha reclamado a los albaeeas el importe del legado, y ellos se niegan a satisfacerlo, y que el importe del legado está vencido y es líquido y exigible.

Los demandados Dolores Alcaide, Antonio S. Alcaide, ¡Simón A. Alcaide, Carlos J. Torres y William A. McKinley, formularon una excepción previa por falta de hechos sufi-cientes para determinar causa de acción, fundándose en que los bienes relictos están pendientes de liquidación, que el pago del leg’ado se baila sujeto a las condiciones impuestas por el testador, y en que bay un pleito de filiación pendiente de trámite. Por lo que en una moción de reconsideración se afirma, y por la admisión que de ese becbo aparece en el alegato de la parte apelada, en la vista de la excepción previa ¡-e sustituyeron los motivos alegados, evidentemente insos-tenibles como excepción previa, por el de ser prematura la demanda. La corte en fecha 4 de junio de 1928, declaró sin lugar la excepción previa. Pidió la parte reconsideración, y fué denegada.. T entonces la misma parte, los demandados comparecidos, pidió sentencia que la corte dictó en fecha 24 de octubre de 1928, contra la que se ha interpuesto la pre-sente apelación.

Tres errores señalan los apelantes. El primero se formula así:

“Erró la corte inferior al desestimar la excepción previa de falta de causa de acción y al estimar que la obligación reclamada en la demanda está vencida y es exigible, y dictar sentencia condenando a los albaceas demandados al pago del legado que se reclama, porque la sentencia así proferida es contraria a los hechos y al derecho.”

Argumentando este señalamiento presenta la parte ape-lante cuestiones diversas, de las que posiblemente hay que ■excluir de estudio y resolución algunas, porque salen de la propia esfera de la excepción previa, y se formulan como si en los autos hubiera una contestación por la que se hubieran levantado cuestiones de becbo.

La apelante entiende que la demanda en sus alegaciones sólo presenta la cuestión de adquisición de derecho a. un legado; pero no la acción para reclamarlo. Y alega que según el artículo 859 del Código Civil el legatario debe pedir la entrega del legado al heredero, y al albacea cuando éste se halla autorizado para darla.

El artículo del Código que se cita es como sigue;

“El legatario no puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada, sino que debe pedir su entrega y posesión al heredero o al albacea cuando éste se halle autorizado para darla.”

Si se relaciona este precepto con la teoría general de la herencia, y aun más, con la general de la propiedad que no permite ni al mismo dueño utilizar su propia y personal autoridad para recobrar, por sí y por la fuerza, la posesión o el dominio detentado por otro, se ve que no bay en él otra cosa que la protección al estado de los bienes hereditarios contra una invasión violenta, Pero no tiene el precepto el sentido que se le quiere adjudicar por la parte apelante. Por lo que se alega parece que el albacea no puede hacer nada en cuanto a los legados sin que se le autorice- previa-mente. ¿De quién ha de venir esa autorización? ¿De los herederos? Sería preciso olvidar que hay casos en que la herencia entera se distribuye en legados (Art. 865 Código Civil) y entonces esa autorización no vendría nunca, por no haber quien la diera.

Nos parece que se ha quitado toda importancia a otros preceptos legales, que la tienen, y en grado sumo, en este caso. Nos referimos a los artículos 876 y 877 del mismo Código Civil. Su texto es como sigue:

“Art. 876. — No habiendo el testador determinado especialmente las facultades de los albaceas, tendrán las siguientes:
“1. Disponer y pagar los sufragios y el funeral del testador con arreglo a lo dispuesto por él en el testamento; y en su defecto, según la costumbre del pueblo.
“2, Satisfacer los legados que consistan en metálico, con el eono-cinrento y beneplácito del heredero.
“■8. Vigilar sobre la ejecución de todo lo demás ordenado en el testamento, y sostener, siendo justo, su validez en juicio y fuera de él.
“4. Tomar las precauciones necesarias para la conservación y cus-tudia de los bienes, con intervención de los herederos presentes.
“Art. 877. — Si no hubiere en la herencia dinero bastante para el pago de funerales y legados, y los herederos no lo aprontaren de lo suyo, promoverán los albaceas la venta de los bienes muebles; y no-alcanzando éstos, la de los inmuebles, con intervención de los here-deros.
“Si estuviere interesado en la herencia algún menor, ausente, corporación o estableciminto público, la venta de los bienes se hará con las formalidades prevenidas por las leyes para tales casos.”

No es dudoso que, en lo que se refiere al pago de. legados en metálico, la autoridad del Albaeea es más extensa que en otros particulares; pero es indudable que sin el conocimiento y beneplácito de los herederos, no pueda, eficazmente, pagar tales legados. Y en la demanda en el caso- presente, no hay alegación alguna con respecto a ese extremo. Es cierto que ios herederos también fueron demandados; pero no encon-tramos en la demanda alegación directa contra ellos, ni sugestión de que se hayan negado a prestar su beneplácito -ai pago del legado. Y, a nuestro entender, ésa es la alegación que en la demanda falta. Las demás que allí aparecen son propias de la acción que se ejercita.

Se ha argumentado por la apelante acerca de que los albaceas tienen un término legal, el de un año y en su caso la prórroga, para cumplir su cometido. Pero conviene no olvidar que ese cometido no es sólo el pago de los legados en metálico, sino que tienen otros deberes, y que a todos ellos se refiere la ley. Y en este caso la parte apelada argumenta que la ley ha impuesto al albaeea el deber de cumplir su encargo dentro del año, lo que no quiere decir que forzosamente se haya de dejar transcurrir el año.

No entendemos que la obligación del albaeea sea una a plazo, o condicionada por el término. La obligación de pagar el legado, en un caso como el que presenta la demanda de que se trata, no es condicional ni a. plazo. Es una obligación -que nace de la ley, y en la que es un poco difícil encajar las palabras “para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto ’ ’ del artículo 1092 del Código Civil, que parecen escritas para las obligaciones que nacen de convención o contrato.

Faltando la alegación esencial de conocimiento y bene-plácito de los herederos, o de su negativa a que el legado se pague, debió declararse con lugar la excepción.

Bastaría con la resolución en este particular, si no fuera conveniente decir algo con respecto a la condena en intereses. Entendemos que ella, se refiere a los legales desde la inter-posición de la demanda. En ese particular la sentencia se ajusta a la ley y a la jurisprudencia (véase la decisión en Cívico v. Rodríguez, 4 D.P.R. 314, y la en Aboy Vidal & Co. v. Garófalo et al., No. 4349, resuelto en 19 de junio de 1929.)

Debe revocarse la sentencia y devolverse él caso a la corte sentenciadora para ulteriores procedimientos no inconsisten-tes con esta opinión.


text:
    Antonio R. Matos, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 760.

    Sometido: Abril 25, 1929.

      Resuelto: Julio 23, 1929.

      Nazario & Carda Méndez, abogados del recurrente; El Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El documento notarial que tenemos ante nos expresa que los arrendadores en él designados son dueños de 414 cuerdas de terreno, colindantes por el norte con terrenos que fueron de la sociedad P. Vivoni & Compañía, boy pertenecientes a la Sucesión de Pedro S. Vivoni; por el este con otros terrenos de la misma sucesión y con tierras de Fidel Irizarry, Vidal Rosado, Ruperto Avilés y Braulio' Ayala'; por el sur con el mar ; - y por oeste con terrenos pertenecientes en la actualidad a Ulises López Díaz. A esto signe 1a. indicación de que, de acuerdo con una mensura practicada por H. Bardury, con citación de todos los propietarios colindantes, Ja finca contiene 435.50 cuerdas.

El arrendamiento fué inscrito en lo tocante a la exten-sión original, pero se denegó la inscripción en cuanto al exceso de 21.50 cuerdas, por no acreditarse satisfactoriamente que la diferencia en área resultara dentro de las colindancias señaladas por la descripción de la finca.

El presente caso puede distinguirse del de Burgos v. El Registrador de Caguas, 36 D.P.R. 644, en el que la escritura acusaba cambios radicales en las colindancias. Aquí, la alteración de los linderos no es un hecho establecido, sino una mera posibilidad. La diferencia en área puede o no resultar dentro de los límites indicados en la descripción de la finca. El defecto, a lo sumo, es uno subsanable. Que lo es, parece ser admitido por el ratio decidendi de la opinión en el caso de Delgado v. El Registrador, 29 D.P.R. 869, si bien allí no se decide ni discute este punto. Sostiene la misma conclusión el razonamiento de la opinión emitida por ol Juez Presidente Sr. Del Toro en el caso de Burgos-, así como la opinión disidente en el caso de Figueroa v. El Registrador, 22 D.P.R. 657, aunque, de igual modo, no se planteó-cuestión alguna sobre la existencia de un defecto subsanable en ninguno de estos dos casos.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscripción del arrendamiento en cuanto a toda la extensión de la fincaf sujeta al defecto subsanable de no acreditarse satisfactoria-mente en el documento que el exceso de 21.50 cuerdas cae dentro de las colindancias especificadas en la descripción dé-la propiedad.

El Juez Asociado Sr. Aldrey está conforme con. la revoca-ción y la orden de inscripción pero no respecto al defecto subsanable de que se hace mérito.