text:
    Rosa Julia Miranda, también conocida con el nombre de Lila Miranda, demandante y apelante, v. The Porto Rico Railway, Light & Power Co., demandada y apelada. La Misma, demandante y apelada, v. La Misma, demandada y apelante.
    Núms. 7103 y 6893.

    Sometidos: Mayo 28, 1936.

      Resueltos: Julio 16, 1936.

      Ismael Soldevila, abogado de la demandante; J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario, G. E. González y G. Benitez Gautier, abogados de la demandada.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito seguido por Rosa Julia Miranda contra The Porto Rico Railway, Light & Power Co. sobre daños y per-juicios se dictó sentencia en favor de la demandante con im-posición de las costas a la demandada.

El 13 de mayo de 1934 radicó la demandante su memo-rándum por una suma total de $4,058 de la cual $4,000 so reclamaban por honorarios de abogado. Impugnó el memo-rándum la demandada. Se practicó evidencia y la corte final-mente en abril 2, 1934, ordenó el pago de $2,053.75. ■

No conformes ambas partes, apelaron. Sus apelaciones se tramitaron separadamente, pero se vieron el mismo día. Serán estudiadas en esta sola opinión.

Señala la demandada en su alegato cinco errores, come-tidos a su juicio por la corte- de distrito al conceder los cua-renta dólares reclamados por. honorarios del taquígrafo, al resolver que la demandante tenía derecho al cobro de hono-rarios, de .abogado,, al .fijar el.valqr de .dichos honorarios en dos mil dólares, al no .tomar en consideración el contrato existente, entre.la demandante y sus abogados por virtud del cuql correspondía el cincuenta, por ciento de ,1a reclamación a los abogados y al no dar aplicación al artículo 327 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil y a la jurisprudencia de esta corte interpretativa del mismo. A su vez la parte deman-dante sostiene que la corte erró al no admitir cierta prueba y al no fijar los honorarios de abogado en cuatro mil dólares.

El pleito original dentro del cual se presentó el memo-rándum fué fallado por la Corte de Distrito de San Juan en agosto 9, 1920 declarando la demanda con lugar. Ape-lada la sentencia, fué revocada por esta Corte Suprema en abril 17, 1923, concediéndose al demandante permiso para .en-mendar su demanda, devolviéndose el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con la opinión. 31 D.P.R. 778, 788. Enmendada la demanda y seguido el litigio de acuerdo con la ley volvió la corte de distrito a dictar senten-cia favorable a la demandante en febrero 20, 1928. Apelada dicha sentencia, fué confirmada por esta Corte Suprema en julio 24, 1931. 42 D.P.R. 719, 751.

Expuestos esos antecedentes, procederemos a considerar en sus méritos las cuestiones levantadas.

Sostiene la demandada apelante que habiéndose expedido a los efectos de la primera apelación la transcripción taquigráfica por la cual pagó la demandante los cuarenta dólares que reclama, no tiene derecho a pedir que se le reintegre el gasto en que incurriera. Y alega la demandante que si bien ello es así, es lo cierto también que dicha transcripción fué usada para el segundo juicio.

La corte de distrito concedió la partida basándose en la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en los casos de López v. American R. R. Co. of P. R., 28 D.P.R. 266; Cortés & Segura v. Cortés, 43 D.P.R. 475; Gandía v. Stubbe, 37 D.P.R. 767; y Finlay v. Fabián, 25 D.P.R. 48, y actuó con razón a nuestro juicio.

Los otros errores guardan todos relación con los honorarios de abogado. Los honorarios se concedieron por la sentencia y la sentencia fué íntegramente confirmada por esta Corte Suprema. Dentro del procedimiento sobre fijación de las costas concedidas, puede la corte ejercitar su discre-ción para juzgar la mayor o menor temeridad de la parte a los efectos de determinar la cuantía, pero no tiene facultad para alterar el pronunciamiento de la sentencia firme. Las cuestiones fundamentales que la demandada apelante ahora levanta debió suscitarlas en la apelación contra la sentencia.

El pleito'fué importante y el trabajo de los abogados largo y serio. Una mera ojeada a las decisiones de esta corte que lo estudian y a la transcripción de los autos, así lo demuestra. No creemos que la corte, bajo las circunstancias concurrentes, abusara de su discreción al fijar la suma que fijara.

Lo dicho dispone del recurso de apelción interpuesto por la demandada., Debe declararse sin lugar. También debe ser declarado sin lugar el establecido por la demandante.

La no admisión de la evidencia a que se refiere el primer señalamiento — declaración de uno de sus abogados sobre trabajos en el primer juicio — no le ocasionó perjuicio alguno porque la corte finalmente tomó en consideración dicho trabajo basándose en lo resuelto en el caso de Senior v. Anderson, 130 Cal. 290, 299, a saber:

“En cuanto a la responsabilidad de la parte finalmente vencida por las costas de juicios anteriores, hasta donde las mismas sean legítimas y propiamente fijadas, puede decirse,. para gobierno de la corte al celebrarse un nuevo juicio, que la parte perdidosa es la res-ponsable. Sobre este punto véase Stoddard v. Treadwell, 29 Cal. 281, y los casos allí citados. En Shreve v. Cheesman, 69 Fed. Rep. 789, se dijo que el estatuto de Colorado que dispone que fia parte victoriosa recobrará sus costas que serán fijadas,’ la autoriza a re-cobrar todas sus costas en la acción, incluyendo aquéllas de un ‘mistrial’ anterior, así como también las del último juicio. (Citando numerosos casos de otros estados.)”

De la cuantía de los honorarios de abogado fijada por la corte, atendidas todas las circunstancias concurrentes,, no creemos que pueda quejarse en justicia la demandante.

Dehe confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

license: Public Domain

text:
    Ramón Castillo, Carmelo Díaz y Santiago Ruiz, demandantes y apelantes, v. Municipio de Ciales, demandado y apelado.
    Núm. 6700.

    Sometido: Marzo 19, 1936.

      Resuelto: Julio 16, 1936.

      Susoni & Defendini, abogados de los apelantes; A. Reyes Delgado, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes, vecinos y propietarios de Ciales, pre-sentaron una solicitud de injunction en la Corte de Distrito de Areeibo sobre nulidad de cierta ordenanza del-, municipio de su vecindad.

La corte, previa prestación de una fianza de quinientos dólares por parte de los demandantes, puso al demandado en entredicho y le ordenó que compareciera a mostrar causa por virtud de la cual no debería expedirse el auto solicitado.

Excepcionó el municipio demandado la demanda. Pidió El Pueblo de Puerto Rico por medio del fiscal del distrito que se le permitiera intervenir y se accedió a su petición. Formuló excepción previa y contestó la solicitud.

En octubre 13, 1933, se celebró la comparecencia quedando el caso pendiente de alegatos. En marzo 3, 1934, negó la corte la solicitud, apelando los demandantes de su resolución para ante este tribunal. La vista del recurso no se celebró basta marzo 19, 1936.

Hemos examinado la solicitud y a nuestro juicio no aduce becbos suficientes para sostener la causa de acción ejerci-tada.

Se trata de una ordenanza por virtud de la cual se dispone que “El servicio que los propietarios y administradores de casas bagan del alcantarillado, será pagado por éstos, y co-brado por el municipio, mensualmente, a razón de un dólar mensual por cada acometida cuando la casa fuere de una sola planta, y a razón de dos dólares mensuales cuando la casa fuere de dos plantas.”

Se sostiene por los peticionarios que esa ordenanza es nula y anticonstitutional porque habiendo, sido aprobada por el voto de cinco miembros de la asamblea no lo fué por las dos terceras partes del número total de miembros que la ley exige; porque al establecer una cantidad fija para todas las casas sin atención a su tamaño, valor y uso, discrimina en favor de las casas de mayor tamaño, valor y uso y en contra de las de menor tamaño, valor y uso; porque el municipio emitió bonos por ciento treinta mil dólares para realizar entre otras obras públicas, el alcantarillado, para el pago de cuyos bonos impuso una contribución especial de cuarenta centésimas del uno por ciento sobre toda la propiedad mueble e inmueble situada dentro de-su jurisdicción, motivo por el cual lo exigido por la ordenanza constituye una doble con-tribución, y porque dada la situación- precaria ;de ílos- con-tribuyentes, el impuesto que se les pretende cobrar por el uso del alcantarillado es irrazonable.

Veamos si bubo o no quorum para -la aprobación de la Ordenanza impugnada. El artículo ,26 -de la Ley -Municipal, según qnedó enmendado por la Ley. núm. 98 de 1931, leyes de 1931, págs. 595, 603, en lo pertinente, dice:

"Artículo 26. — Entre las atribuciones de la asamblea municipal estarán especialmente las siguientes, con sujeción a las demás dis-posiciones de esta Ley:
“1. ...
"2. .......
"3.
"4. La imposición de contribuciones y arbitrios razonables dentro de los límites jurisdiccionales del municipio; Disponiéndose, que las ordenanzas imponiendo tales contribuciones y arbitrios, deberán ser adoptadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros de que se componga la asamblea municipal.”

Y el 27 de la propia ley tal como qnedó enmendado tam-bién por la Ley núm. 98 de 1931, leyes de 1931, págs. 595 y 605 dispone, en lo pertinente, que:

"... entendiéndose que en todos los casos en que se mencione en esta Ley las dos terceras partes del número total de miembros de una asamblea municipal, estas dos terceras partes estarán constituidas por siete votos en los municipios de primera clase, por cinco votos en los municipios de segunda, y por cuatro en los de tercera.”

Y como el municipio de Ciales, lo es de tercera clase (leyes de 1931, p. 599), es claro que no ya cinco sino cuatro votos hubieran sido suficientes.

Véase el caso de El Pueblo ex rel. Rosario v. Ferrer, 46 D.P.R. 578, 580, en el cual esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf, se expresó así:

"Igualmente estamos inclinados a convenir en que dado el estado de la ley en Puerto Rico, los cuatro miembros que se reunieron hubiesen constituido un quorum, aunque la asamblea se compusiera dé nueve miembros, si la sesión fué debidamente convocada.”

El servicio de alcantarillado de las zonas urbanas es algo que por su naturaleza debe estar y está generalmente a cargo de los municipios, pudiendo éstos fijar y cobrar dere-chos por el uso del mismo. Sobre ello no hay duda alguna. La cuestión se encuentra ampliamente tratada en el volumen 44 de Corpus Juris, páginas 1083 a 1090, que puede consul-tarse.

La que sí queda abierta siempre a la consideración de las cortes es la cuestión de la razonabilidad de lo que se cobre por el uso.

En el caso de City of Wichita Falls v. Landers, de Texas, reportado en 291 S.W. 696, se resolvió que: “La corte tiene jurisdicción para determinar la razonabilidad del impuesto fijado por la ciudad por el uso del sistema de alcantarillado; por lo menos basta el punto de determinar si las tarifas son confiscatorias o privan a la compañía de la propiedad sin el debido proceso de ley.” Y además que: “Cuando los im-puestos fijados por la ciudad para el uso del sistema de al-cantarillado son razonables, los ciudadanos no pueden negarse a pagar aunque la ciudad posteriormente apropiara en parte dicho pago a la extensión del sistema sin' autoriazción de la carta constitutiva. ’ ’

En el caso de Harter v. Barkley, 158 Cal. 742 se resolvió que un derecho de cinco dólares exigido por la municipalidad por cada conexión con su alcantarillado, no era irrazonable. Y en el de Kilcullen v. Webster, et al., 260 Pa. 263, 103 A. 592, se decidió que: “Una ordenanza de la ciudad de Fila-delfia que dispone que no se otorgará ningún permiso para el alcantarillado de propiedades por cloacas construidas por la ciudad hasta que el impuesto de $1.50 por pie frontal haya sido pagado, es razonable y constitutional, y no atacable como discriminatorio o por ser una clasificación indebida.”

Ni se nos ha citado por las partes ni hemos encontrado un caso enteramente igual al presente. Pór lo general la práctica es cobrar de una sola vez por la acometida. Aquí se cobra una cantidad mensual por el uso. Un dólar no parece irrazonable cuando se trata de casas de valor regular, pero quizá pudiera serlo en cuanto a casas .de ínfimo valor como las muchas que existen en los municipios de la isla. No se alega en la solicitud que los peticionarios se encuentren en esas últimas condiciones.

El cobro de un dólar por casas de una sola planta y de dos 'por casas de dos plantas, no parece irrazonable ya que ge-neralmente las casas de altos y bajos en los municipios de la isla surten el efecto de dos, aunque existen en verdad casos en que pequeñas casas de dos plantas construidas exclusiva-mente para una familia valen menos que otras terreras en la misma municipalidad.

Pero tales diferencias surgirán siempre en mayor o menor grado bajo cualquier regia que se adopte, y las de este caso no constituyen a nuestro juicio un discrimen de tal naturaleza que permita concluir que la ordenanza de que se trata es anticonstitucional.

El hecho de que el alcantarillado se construyera a virtud de un empréstito que vienen obligados a pagar todos los propietarios del municipio, no es obstáculo a la exigencia del derecho por el uso de la alcantarilla en cada caso.

En la ya citada decisión de Wichita Falls v. Landers, 291 S. W. 696, 701, en el curso de la opinión se dice:

. “Los impuestos fijados para el uso de un sistema de alcantarillado no pueden ser considerados como una contribución general. Eran impuestos razonables por beneficios especiales recibidos, pero no disfrutados, por ciertas personas residentes en la ciudad. El sostener la nulidad de la ordenanza número 426 resultaría en un discrimen en favor del apelado y otras personas en situación similar, quienes - en tal caso serían suplidas de un servicio de alcantarillado libre de cargo alguno, en contraposición con aquellos ciudadanos que están obligados por la ordenanza a construir y mantener secos inodoros sanitarios, todo por su propia cuenta y sin el uso del alcantarillado. ’ ’

Y, por último, la alegación en cuanto a la situación pre-caria de los propietarios del municipio, es demasiado 'general para que pueda servir de base a la declaración de inconstitu-cionalidad que se solicita. ...

A virtud de todo -lo- expuesto -y aun cuando tenemos, al-gunas dudas con respecto a la sabiduría del método adoptado y a si-la- cantidad exigida por el uso del-alcantarillado no podría llegar a ser irrazonablemente.subida-en algunos casos, .creemos que debe confirmarse la sentencia recurrida excepto en cuanto a su pronunciamiento imponiendo las costas a los demandantes que debe revocarse.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


text:
    Ramón Valcourt, demandante, apelante y apelado, v. Marcelino Dávila, demandado, apelado y apelante. El Mismo, demandante y apelante, v. El Mismo, demandado y apelado.
    Núms. 6979 y 6721.

    Sometidos: Marzo 11, 1936.

      Resueltos: Julio 16, 1936.

      E. Martínez Rivera, abogado del demandante; O. Cruzado Silva, • abogado del demandado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Contra la sentencia dictada en este pleito apelaron ambas partes, tramitándose por separado sus recursos. Archivada la transcripción en el núm. 6979, se estipuló por las partes que dicha transcripción sirviera también para el núm. 6721. Esta corté aprobó la estipulación y los- recursos se vieron en un mismo día y serán considerados en esta sola opinión.

. Se trata de una acción sobre cumplimiento específico de-contrato. Resueltas varias cuestiones previas suscitadas fue el pleito a juicio. En su relación del caso y opinión la corte sentenciadora resume las alegaciones y la evidencia aportada por ambas partes y dice y resuelve entonces lo que sigue:

“La prueba es realmente contradictoria, y examinada en con-junto da la impresión de que en ningún momento hubo el concurso de voluntades (meeting of the minds) entre las partes contratantes. Primero, cuando el demandante creyó que estaba vendiendo el edificio de la panadería y él creía que compraba la casa donde estaba esta-blecida la farmacia. Luego el comprador examina el edificio de la panadería y rehúsa la proposición al encontrar que faltan accesorios importantes del negocio. En esto está corroborado el demandado por el propio testigo Rodena, testigo del demandante, que declaró que cuando él fué a ver la panadería no estaba allí el cilindro. También lo corrobora el testigo del demandado, Pedro Venegas, que fué empleado del demandante, quien declaró que la maquinaria dé lá panadería había sido prestada al demandante por Juan Barbosa, y lo corrobora también el propio Sr. Valcourt, quien declaró en rebuttal que había regalado a Juan Barbosa una amasadora y la artesa.
“Aparece de la prueba que el demandado no había visto el edi-ficio de la panadería hasta que por indicación del notario fué a verlo y rehusó el negocio. Rodena vió la panadería, pero no podemos aceptar que Rodena fuese agente del demandado. El mismo Rodena confesó que no lo conocía antes de la transacción, viéndolo por pri-mera vez cuando se inició el negocio. En estas circunstancias no es lógico presumir que el demandante de tal modo confiase sus intereses a un desconocido, y que ni siquiera se ocupase de examinar el in-mueble por el cual iba a pagar $5,000. No podemos creer que Rodena fuese una parte completamente desinteresada en este negocio. Fué él quien lo inició. Fué él quien persuadió al demandado (según la prueba del demandante) a volver a las negociaciones, cuando la mala inteligencia con respecto al inmueble que iba- a ser objeto del contrato. Y este testigo tan interesado en el negocio no estuvo pre-sente, sin que sepamos la causa, cuando Dávila rehusó firmar la escritura, según dice la prueba del demandante, y fué más tarde cuándo se enteró de ello el testigo Rodena, no sabiendo siquiera en la actualidad qué razón alegó el demandado para rehusar el negocio. Estas circunstancias en relación con toda la prueba nos llevan a lá conclusión de que en ningún momento llegó a perfeccionarse el con-trato,- por no haber existido el concurso de voluntades (meeting óf the minds), faltando, por consiguiente, el primer requisito pata lá validez y existencia de todo contrato, o sea, el consentimiento de los contratantes.
“Entendemos, además, que en casos de esta naturaleza debe la prueba ser clara y robusta, de modo tal que el juzgador esté satisfecho de que no está imponiendo a una pdrté un contrato que no fué cele-brado por ellos.
“Por las razones expuestas, procede en este caso una sentencia declarando sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas, por no aparecer de la prueba que haya habido temeridad por parte del demandante en la prosecución de este pleito. ’ ’

El demandante apela de la sentencia en cnanto declaró su demanda sin lugar y el demandado en cuanto no impuso al demandante las costas del litigio.

Tres errores señala en su alegato el demandante apelante que pueden reducirse a uno, a saber: error en la apreciación de la prueba. Estudiada ésta, sostiene a nuestro juicio la sentencia. No se advierte manifiesto error, ni menos pasión, prejuicio o parcialidad. El recurso debe declararse sin lugar.

Argumenta extensamente el demandado apelante su posición en el sentido de que debieron imponerse las costas al demandante y fiemos vacilado en la resolución que debemos dictar. Sin embargo, no puede negarse que existió una verdadera controversia entre las partes y que la corte sentenciadora estaba en mejores condiciones que nosotros para apreciar la falta de temeridad del demandante. No se fia demostrado abuso de discreción y en su consecuencia también la apelación del demandado debe, ser declarada sin lugar.

Procede la confirmación de la sentencia recurrida en todas sus partes.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Félix Mauro Ginorio, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    Núm. 976.

    Sometido: Junio 22, 1936.

      Resuelto: Julio 16, 1936.

      José R. Aponte, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente inició un procedimiento ejecutivo sumario contra los herederos de Osvaldo Alfonzo Bauzá y de su es-posa Inés María Soler. El escrito inicial en el procedimiento ejecutivo designaba específicamente los herederos. La finca fué vendida y adjudicada al aquí recurrente. Al presentarse la -escritura de adjudicación al registrador de la propiedad, éste la inscribió con el siguiente defecto subsanable.

“Inscrito el presente documento que es copia de la- escritura nú-mero 13 otorgada en Arecibo, el 8 de abril de 1936, ante el notario Aníbal E. Boneta Colón, a los folios 238 vuelto y 247 del tomo 132 de Utuado, fincas números 5997 y 6000, inscripciones cuarta y ter-cera, con el defecto subsanable de no aparecer del documento, ni acreditarse con certificación alguna sobre declaratoria de herederos, que Osvaldo, Gabriel, José, Alfonso, Luis, Margarita, Inés María y Celeste Alfonzo Soler, sean los únicos y universales herederos de los causantes Osvaldo Alfonzo Bauza e Inés María Soler; dichas fincas se hallan afectas a una hipoteca a favor del tenedor de pagaré por la suma de $1,000 cada una, de acuerdo con la Ley núm. 22 de 1923 y de acuerdo también con resolución del Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico, 44 D.P.R. 452.”

Es enteramente claro que lio se obtuvo una declaración formal de herederos con anterioridad a la institución del procedimiento ejecutivo ni se trató en el mismo de demostrar tal calidad de herederos.

Ahora el apelante aparentemente tiene la teoría de que la mera alegación de herederos en la petición es suficiente, o de lo contrario quizá no entendemos claramente su posición. Desde luego, la alegación en una petición o demanda no es prueba de la misma, a menos que se le admita. El recu-rrente cita varios casos al efecto de que la declaración de here-deros es innecesaria cuando el hecho puede ser probado y se prueba en el curso del juicio.

Años ha, en Morales v. Landrau, 15 D.P.R. 782, sustuvi-mos que los .herederos podían ser probados en el juicio y consideramos innecesario que se presentara una declaratoria formal de herederos, mas dijimos:

“Habiendo fundado los demandantes su acción entre otros hechos en su calidad de herederos de Angel Oquendo sin que tal hecho hubiera sido admitido por los demandados, aquéllos han podido jus-tificar esa calidad en el presente juicio sin necesidad de acudir para ello a la Ley de Procedimientos Legales Especiales, si bien esa justifi-cación sólo puede tener alcance y eficacia con relación a los deman-dados en el caso concreto de que se trata, pues para fines generales, o cuando se trate de obtener declaratoria de herederos, que en este juicio no ha sido solicitada, debe acudirse al Capítulo 3, del Título 1, de la Ley de Procedimientos Legales Especiales que establece el modo y forma de obtener aquella declaratoria.

Fundamentalmente, la idea siempre es que la condición de herederos debe ser probada y esto es imposible, según creemos, en un procedimiento ejecutivo hipotecario -ex parte. El caso de Fortis v. Fortis, 25 D.P.R. 69, citado por el recu-rrente sigue el de Morales v. Landrau, supra.

Es evidente que en un procedimiento contencioso los de-mandados o quizá aún los demandantes, según sea el caso, pueden tener interés en oponerse o no oponerse a las alega-ciones de ciertas personas que sostienen ser los herederos de cierto supuesto predecesor. Un juicio de esta índole, sobre la cuestión de la condición de herederos, sería uno de los me-jores modos de determinar tal hecho.

Aun una determinación en ese caso sólo obligaría a las partes que intervinieron en el mismo. Otros supuestos here-deros podrían aun combatirla.

Los casos de Zayas v. Registrador, 36 D.P.R. 785 y Schlüter v. Registrador, 37 D.P.R. 702, tienden a sostener las consideraciones de esta opinión. En el último de ellos dijimos :

“Observamos que el registrador recurrido, en su alegato de fecha 17 de noviembre de 1927, trata el segundo extremo de su nota como defecto subsanable, lo que nos parece más justo que lo que de la nota resultaba, esto es, que la falta de acreditar que los menores demandados sean los herederos legítimos de Fermín Micheo, fuera causa de denegación. Es indudable que este extremo debió acredi-tarse en forma suficiente, y no lo fué. Ha de aparecer en la demanda tal calidad de legítimos herederos de Fermín Micheo, máxime cuando se trata de una demanda o escrito inicial de un procedimiento ejecu-tivo hipotecario, en el que no hay un período de prueba, durante el que pudiera acreditarse el referido extremo.”

Esto significa que ha de hacerse no una mera alegación del status, sino una exposición de los hechos últimos que tienden a probar tal status.

Tenemos presente la decisión emitida en el caso de Federal Land Bank v. Registrador, 49 D.P.R. 149. Este tribunal resolvió allí que una inscripción anterior a nombre de los he-rederos de un deudor hipotecario no era necesaria para ins-cribir la escritura de venta otorgada por el márshal al aeree-dor hipotecario en la subasta. No resolvió que no era nece-sario identificar los herederos.

Debe confirmarse la nota del registrador.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila, no intervino.


text:
    Andrea Reyes, demandante y apelante, v. Enrique Umpierre, demandado y apelado. Manuel Rodríguez, demandante y apelante, v. Enrique Umpierre, demandado y apelado.
    Núms. 6912 y 6913.

    Sometidos: Marzo 5, 1936.

      Resueltos: Julio 20, 1936.

      Angel A. Vázquez, abogado de los apelantes; J. Henri Brown, G. E. González, G. Benitez Gautier j Sergio S. Gelpí, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de dos reclamaciones separadas motivadas por un solo accidente. A los efectos de la presentación de alega-tos y vista ante esta Corte Suprema, se acumularon los re-cursos interpuestos contra las sentencias que declararon las demandas sin lugar. En tal virtud consideraremos todas las cuestiones envueltas en una sola opinión.

Son hechos admitidos que en la noche del 16 de diciembre de 1931 el automóvil público en que viajaban los demandan-tes chocó con el truch del demandado que se encontraba parado en la carretera de Río Piedras al barrio de Monaci-llos resultando heridos los demandantes.

Toda la controversia gira alrededor de quién fué el culpable del choque. Los demandantes sostienen que el truch no sólo estaba parado si que abrió súbitamente sus focos al sentir que venía el carro público, deslumbrando a su chauffeur que perdió el control del guía yendo el carro a chocar con el truck. El demandado sostiene que tratándose de una carre-tera estrecha y yendo a entrar en una curva, cuando sintió el carro que venía paró el truck, que permaneció con sus luces encendidas, bien a su derecha, a fin de dejar libre el paso, habiéndose debido el choque a la exclusiva negligencia del chauffeur que guiaba el carro en que viajaban los deman-dantes en el manejo del mismo:, velocidad excesiva, carre-tera mojada, curva tomada impropiamente por la izquierda.

La corte sentenciadora en su opinión se refiere a las ale-gaciones, extracta la evidencia y concluye que :

“No bay duda alguna por esta prueba, que el truck estaba parado a su derecha; que tenía las luces encendidas antes de ocurrir el accidente, y que detrás venía un automóvil con las luces prendidas que se detuvo detrás y que reflejaban sobre el truck, lo que permitía que éste fuera visto desde alguna distancia. No están contradichas tampoco las manifestaciones de los testigos en cuanto a que el choque fué de frente y así se aprecia en una de las fotografías ofrecidas como prueba y admitidas por la corte. ....
“No podemos decir que el truck estuviese parado a la misma entrada del puente o alcantarilla. Los testigos difieren en cuanto a la distancia. Pero la inspección ocular nos permite afirmar que no era a la entrada. Y aún dando todo crédito a los testigos que colocan el truck en el árbol de bucayo, la situación en que quedaron los vehículos después del choque, es evidencia clara de que el Ford al tomar la curva lo hizo sin la debida precaución y sin acercarse a su derecha lo más que le fuera posible, tal como lo dispone el inciso d del artículo 12 de la ley reglamentando el uso de vehículos de motor en Puerto Rico, que es la Ley núm. 75 de 1916.”

En el curso de su opinión la corte de distrito hace alg’unas manifestaciones y cita decisiones de esta Corte Suprema que dan motivo a una larga discusión especialmente en el aleg’ato de los apelantes.

No nos detendremos a dilucidar esas cuestiones. Tras un estudio cuidadoso de los autos, estamos convencidos de que en el fondo lo único que existe en este caso es un conflicto en la prueba de ambas partes que fue resuelto por la corte de distrito en favor del demandado sin que el examen que bemos hecho de esa prueba nos permita concluir que fuera apreciada con manifiesto error por la dicha corte de distrito. Y como no hay la más leve demostración de que ésta actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, deben declararse sin lugar ambas apelaciones y confirmarse las sentencias recurridas.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


text:
    Porto Rico Fertilizer, Co., demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 6690.

    Sometido: Febrero 18, 1936.

      Resuelto: Julio 23, 1936.

      J. Ilenri Brown, G. Ruiz Nazario, G. E. González, G. Benitez Gautier, j W. L. Butte, abogados de la apelante; Hon. Procurador General B. Fernández Garda y R. Gordovés Arana, Procurador General Aumliar, abogados del apelado; M. Acosta Velarde, como amicus curiae de la apelante.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso sobre reintegro de contribuciones. La demandante, una corporación organizada de acuerdo con las leyes de esta isla, alega que durante los años 1924 a 1931 tomó a préstamo ciertas cantidades de dinero a la Virginia-Carolina Chemical Corporation, una corporación de Virginia que no tiene agente en esta isla; que los préstamos fueron acordados y bechos efectivos en Richmond, Virginia, y em-pleados fuera de Puerto Rico en la compra de materiales usados por la demandante en su negocio, y que tanto el principal como los intereses de dichos préstamos fueron pagados en Richmond por medio de giros sobre fondos depositados en Nueva York.

Expone entonces ocho causas separadas de acción. La primera, copiada a la letra, dice:

“6. — Que con fecha 20 de mayo de 1926 la demandante fué noti-ficada por el Tesorero de Puerto Rico que dicho funcionario había fijado en la cantidad de $786.29 el montante de la contribución sobre ingresos pagadera por la Virginia-Carolina Chemical Corporation por concepto de los intereses pagados a ella por la demandante durante el período de julio a diciembre de 1924, por virtud de los préstamos des-critos en el párrafo segundo de esta demanda; notificando a esta de-mandante al mismo tiempo que debía pagar dicha cantidad como agente retenedor de la mencionada Virginia-Carolina Chemical Corporation, y alega la demandante que con fecha 19 de junio de 1926 pagó dicha suma de $786.29 al Tesorero de Puerto Rico por el concepto arriba expresado.”

Las restantes se refieren a los años 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 y 1931, habiéndose verificado los pagos respecti-vamente en 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931 y 1932.

Signe alegando que como ni la Virginia-Carolina Chemical Corporation ni los préstamos de que se trata tuvieron- jamás nn situs en Puerto Rico, el cobro de la contribución sobre ingresos ganados y recibidos fuera de Puerto Rico que se hizo fue ilegal; que de acuerdo con la sección 75 de la Ley núm. 74 de 1925 el Tesorero de Puerto Rico queda autorizado para devolver dichas contribuciones, y que en octubre 3, 1933, la demandante solicitó del Tesorero, la devolución de las mismas y el Tesorero al día siguiente denegó la solicitud en cuanto a los pagos a que se refieren la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta causas de acción fundándose én el inciso (ú) de la sección 64 de dicha Ley núm. 74 de 1925, y el 30 del propio octubre de 1933 la denegó también con respecto a los pagos a que se refieren la sexta, séptima y octava causas de acción.

Solicitó sentencia ordenando el reintegro de las expre-sadas contribuciones con intereses a partir de la fecha en que fueron pagadas.

Excepcionó la demanda el demandado por falta de hechos suficientes para constituir una causa de acción, y la corte declaró con lugar la excepción con permiso a la demandante para enmendar su demanda.

Pidió reconsideración la demandante y sentencia sobre las alegaciones en el caso de que la reconsideración le fuera denegada. Sostuvo su criterio la corte de distrito y dictó sentencia declarando la demanda sin lugar. T es contra esa sentencia que se interpuso el presente recurso de apelación. El señalamiento de errores, copiado a la letra, es como sigue:

‘ ‘ 1. — Que la Corte de Distrito erró al resolver que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción.
“2. — Que la Corte de Distrito de San Juan erró al resolver que la demandante ha debido apelar ante la Junta de Revisión e. Iguala-miento antes de hacer el pago de las sumas reclamadas, y/o que dicha demandante debió de haber pagado dichas contribuciones bajo pro-testa, y al resolver que no habiéndolo hecho así dicha demandante no tiene causa de acción.
"3. — Que la Corte de Distrito de San Juan erró al resolver que la demandante ba debido apelar ante la Junta de Revisión e Iguala-miento contra las negativas del Tesorero de fechas octubre 4 y 30 de 1933, con relación a las reclamaciones de reintegro radicadas por la demandante con dicho funcionario, y al resolver que por no haberse tramitado tales apelaciones la demandante no tiene causa de acción.”

En su alegato la demandante apelante admite que sus cinco primeras causas de acción lian prescrito y se limita a argumentar su caso en cuanto a las causas sexta, séptima y octava. Presentó su alegato de' oposición el Tesorero y celebrada la vista, el recurso fué resuelto por esta corte en noviembre 13, 1935, confirmando la sentencia apelada.

E'n la opinión emitida para fundar la sentencia, se expresó esta corte, en parte, como sigue:

“La Ley núm. 74 de 1925, que es de contribuciones sobre in-gresos, vigente cuando los pagos objeto de esta apelación fueron hechos, faculta en su sección 75 al Tesorero para remitir, reintegrar y devolver toda contribución que aparezca injustamente impuesta o en cantidad excesiva o de cualquier manera erróneamente cobrada, imponiéndole el deber de informar a la Legislatura al empezar cada sesión ordinaria de todas las transacciones a que en esa sección se le autoriza.
“La misma ley en su sección 76 y bajo el epígrafe 'Limitación de pleitos y procedimientos entablados por el contribuyente’ dispone en su apartado (a) que las resoluciones de la Junta de Revisión e Igualamiento serán finales sin perjuicio de su reconsideración con arreglo a la ley, y que el contribuyente deberá satisfacer bajo pro-testa toda la contribución que le haya sido impuesta dentro del plazo fijado, pudiendo interponer dentro de los treinta días siguientes al pago bajo protesta demanda contra el Tesorero de Puerto Rico ante la Corte de Distrito correspondiente. Ese plazo de treinta días fué ampliado por la Ley núm. 8 de 1927 a un año. El apartado (i) de dicha sección 76 dispone que ningún pleito o procedimiento será declarado con lugar por ningún tribunal, cuando fuere entablado para recuperar una contribución sobre ingresos o beneficios excesivos que se alegare fué impuesta o cobrada errónea o ilegalmente, o para recuperar cualquier penalidad pecuniaria que se alegare fué cobrada sin autoridad, o para recuperar cualquier suma que se considerare excesiva o erróneamente cobrada por cualquier motivo, hasta que debidamente se baya presentado al Tesorero y en apelación ante la Junta de Revisión e Igualamiento una reclamación de reintegro o •crédito, según lo establecido por la ley en ese sentido, y por los regla-mentos dictados de acuerdo con dicha ley. El alcance de dichos apartados es que la contribución sobre ingresos debe ser pagada bajo protesta para poder reclamar su devolución, y el pleito contra el Tesorero establecido dentro de un año, pero que dicho procedi-miento no será declarado con lugar por el tribunal a menos que habiéndose efectuado el pago bajo protesta se haya presentado al Tesorero y en apelación ante la Junta de Revisión e Igualamiento, antes o después de dicho año, una reclamación de reintegro. Ya hemos dicho antes que en el presente caso no se hizo el pago bajo protesta, como debió haberlo sido.
“Por otra parte, era necesaria la apelación por la apelante ante la Junta de Revisión e Igualamiento de la resolución del Tesorero •que negó la devolución que se le pidió. Las palabras de la ley sobre apelación ante la Junta de Revisión e Igualamiento son bastante ex-plícitas para concluir que concedieron una apelación ante la Junta. Tal apelación no fué hecha.
“Por no haberse hecho el pago bajo protesta y por no haber sido interpuesta apelación ante la Junta de Revisión e Igualamiento, la sentencia apelada debe ser confirmada.”

Por las razones que expuso pidió la demandante a esta «corte que modificara “la opinión dictada en este caso sos-teniendo que la doctrina sentada en los casos de American Colonial Bank of P. R. v. Gallardo y Soto Gras v. Domenech no ha sido modificada en forma alguna; conformando la opi-mión y sentencia en este caso con la doctrina establecida en los mencionados casos, o haciendo la distinción correspon-diente, si ello fuere posible, entre la doctrina establecida en •este caso y la doctrina establecida en dichos otros casos, con •el fin de evitar graves confusiones en cuanto a la interpretación •de la ley y la jurisprudencia aplicables y para evitar graves perjuicios a contribuyentes que de buena fe hasta esta fecha han actuado y procedido en protección y defensa de sus de-xechos de acuerdo con lo resuelto por esta corte en los casos anteriormente citados.”

Por resolución de 'enero 14 último la corte reconsideró-su sentencia de noviembre 13, 1935, y señaló- una nueva vista-para febrero 18, 1936. Ambas partes sostuvieron sus res-pectivas posiciones e intervino en el caso como amicus mriae-el abogado Mariano Acosta Velarde, quien sostuvo, en resu-men, que en Puerto Eico “el contribuyente por ingresos tiene-el derecho nacido al amparo de la Ley núm. 74 de 1925 y de su reglamento, a obtener el reintegro de lo indebidamente-pagado, dentro de los cuatro años de pagada erróneamente-una contribución de ingresos, mediante una petición de rein-tegro y la acción judicial correspondiente, aunque el paga-no hubiere sido hecho bajo protesta.”

Los hechos últimos a considerar para la resolución del recurso, son, pues, que la demandante en octubre 3, 1933y radicó ante el Tesorero- demandado tres reclamaciones de-reintegro de contribuciones sobre rentas que había pagado-sin protesta en 1930, 1931 y 1932; que el Tesorero negó dichas reclamaciones en octubre 30, 1933, y en noviembre 3P 1933, la demandante recurrió de su negativa para ante la Corte de Distrito de San Juan.

Siendo- ello así, como las contribuciones pagadas corres-ponden y los pagos de las mismas se hicieron con posterio-ridad al año 1925, el caso debe regularse por la Ley núm. 74 de 1925 (pág. 401).

La sección 75 de dicha ley autoriza al Tesorero para remitir, reintegrar y devolver todas las contribuciones erró-nea o ilegalmente impuestas o cobradas y las penalidades cobradas sin autoridad, y toda contribución que aparezca injustamente impuesta o en cantidad excesiva o de cualquier manera erróneamente cobrada.

La autorización no puede en verdad ser más amplia. El tesorero actúa por sí mismo. Es el llamado a juzgar los méritos de cada reclamación. Sólo se le impone por la propia sección 75 de la ley el deber de presentar un informe a la Legislatura de Puerto Eico al empezar cada sesión ordina-ria de todas las transacciones que Raya realizado en el ejer-cicio de la autorización.

Es el propio contribuyente el llamado a rendir su declara-ción sobre ingresos y, tan pronto como sea factible después de haberse radicado la declaración, el Tesorero de Puerto Rico la examinará y determinará el importe exacto de la contri-bución.

Si el contribuyente no incluye cantidad alguna que de-' vengue contribución, o si no rinde declaración, la deficiencia será el montante por el cual la contribución excediere de las cantidades previamente tasadas. Al determinarla, el Teso-rero deberá notificar al contribuyente y éste dentro de treinta días contados a partir de la fecha en que la notificación fuere depositada en el correo, podrá radicar una apelación ante la Junta de Revisión e Igualamiento alegando por escrito y bajo juramento los hechos y fundamentos legales en que se basa.

Si la junta resuelve en favor del contribuyente, no se le impondrá parte alguna de la deficiencia determinada por el Tesorero y desestimada por la junta, pudiendo el Tesorero dentro del término de un año entablar una acción en una corte de distrito de jurisdicción competente, sin tasación, para el cobro de cualquier parte de la cantidad así desesti-mada. Claro está que en dicho pleito tendrá el contribu-yente oportunidad de defenderse, dictándose la resolución que proceda de acuerdo con los hechos y la ley.

Lo expuesto lo prescriben con mayores detalles las sec-ciones 54, 56 y 57 de la ley. Véanse además las secciones 62 y 64.

Las resoluciones de la junta serán finales, prescribe la sección 76(a), debiendo el contribuyente satisfacer la contri-bución bajo protesta si quiere llevar su caso ante los tribu-nales de justicia.

Sigue disponiendo la sección 76 que los pleitos que así inicien los contribuyentes tendrán preferencia en los calen-darios de las cortes, debiendo el demandado oponer a la vez y en un solo escrito todas sus defensas y el caso señalarse rápidamente y resolverse en nna sola vista.

Habla luego de la reconsideración ante la propia Junta y entonces ordena que:

“(6) Ningún pleito o procedimiento será declarado con lugar por ningún tribunal, cuando fuere entablado para recuperar una contribución sobre ingresos o beneficios excesivos que se alegaré fué impuesta o cobrada errónea o ilegalmente, o para recuperar cualquier penalidad pecuniaria que se alegare fué cobrada sin autoridad, o para recuperar cualquier suma que se considerare excesiva o erró-neamente cobrada por cualquier motivo, basta que debidamente se baya presentado al Tesorero y en apelación ante la Junta de Revi-sión e Igualamiento una reclamación de reintegro o crédito, según lo establecido por la ley en ese sentido, y por los reglamentos dictados de acuerdo con dicba ley.”

¿Quiere decir este apartado (ó) que después de haber negado la reclamación el Tesorero y de haber confirmado la Junta su negativa hay que presentar una reclamación de re-integro y si el Tesorero la niega ir otra vez en apelación a la Junta para poder recurrir ante los tribunales de justicia?

Eso es lo que se desprende a primera vista de los tér-minos mismos de la ley y eso fué lo que dijimos que procedía en la opinión que emitiéramos para fundar la sentencia que se dejó sin efecto por resolución de enero 14 último.

Sin embargo, una más detenida consideración del asunto nos lleva a concluir que no es posible que ésa fuera la in-tención del legislador. ¿A qué esa duplicidad? Si el Teso-rero negó y la junta confirmó su negativa y el contribuyente pagó bajo protesta ¿para qué acudir nuevamente al Tesorero y sobre todo para qué apelar otra vez a la Junta?

Ya esta propia corte había dicho en el caso de Am. Col. Bank of P. R. v. Domenech, Tesorero, 43 D.P.R. 889, 891: “También estamos de acuerdo con el apelante en que, si des-pués de acudir a la Junta de Revisión e Igualamiento, un contribuyente paga bajo protesta, no es necesario, luego de efectuado el pago, recurrir a dicha junta. La intención de la legislatura fué conceder causa de acción después del pago bajo protesta.” Sin embargo, al redactar la repetida opi-nión en este caso, pasó desapercibido lo que ya habíamos re-suelto y fné al llamársenos la atención sobre ello que la recon-sideración fuá decretada y abierto el recurso para una nueva discusión y decisión de las cuestiones envueltas en el mismo.

Queda, pues, esclarecido que cuando el contribuyente no conforme con la contribución sobre rentas que le impone el Tesorero establece su reclamación ante dicho funcionario y obtiene una resolución contraria y apela- para ante la junta que también resuelve su caso adversamente y paga bajo pro-, testa, puede recurrir dentro del término de treinta días fijá-dole por la Ley núm. 74 de 1925, sección 76, párrafo primero, para ante los tribunales de justicia sin más trámites, esto es, sin tener que presentar petición de reintegro ante el Tesorero y acudir de nuevo a la Junta de Revisión e Igualamiento. '

Bajo el estado actual de la ley, no encontramos que pueda el contribuyente sobre ingresos acudir a los tribunales de justicia sin pagar bajo protesta. Si dicho contribuyente no está conforme con la contribución, puede, dentro del término de treinta días de notificado, apelar a la Junta y obtener de ella que desestime en todo o en parte la deficiencia determinada por el Tesorero, tal como se prescribe en la sección 57 de dicha ley, y puede, si la resolución de la Junta le es adversa, pagar bajo protesta y acudir, dentro de los treinta días siguientes al pago, a los tribunales de justicia, ejercitando el derecho que le reconoce la sección 76 de la repetida ley de 1925. Puede además, aunque no hubiere pagado bajo protesta, si estima que la contribución se le impuso o cobró errónea o ilegalmente, y es injusta o excesiva, acudir al Tesorero y pedirle que usando de la autoridad que le concede el artículo 75 de la ley, le remita dicha contribución reintegrándole lo que hubiere'pagado por ella, pero si la resolución del Tesorero le fuere adversa, no puede apelar de la misma para ante los tribunales de justicia.

La no existencia del recurso para ante los tribunales cuando no se paga bajo protesta, es cuestión que ya resolvió este propio tribunal en el caso de Compañía Agrícola de Cayey v. Domenech, Tesorero, 47 D.P.R. 535, 539, como sigue:

"Es enteramente claro que desde 1921 hasta 1925 el Tesorero no estaba directamente autorizado a devolver contribuciones sobre ingresos, como lo había estado bajo la ley de 1919. El remedio substantivo otorgado por la última ley fué abrogado. Por tanto, puede decirse que el remedio mediante litigio también desapareció. Desde 1921 en adelante el pago bajo protesta era expresamente una condición precedente a la iniciación de un litigio. Si bien la ley de 1921 por sus propios términos no suprimió el derecho a demandar, ella estableció la forma en que podía obtenerse la devolución de las contribuciones. T éste era el entendido general. Tenemos a la vista un cuadro demostrativo (chart) preparado por la Comisión Econó-mica de la Legislatura que contiene las leyes que ahora están en vigor y en el mismo se omite la ley de 1919. En general, si bien el período transcurrido no es muy grande, considerada la interpretación contemporánea, la ley de 1919 ya no está en vigor. De suerte que aunque la ley de 1925 concedió el derecho substantivo de apelar para ante el Tesorero, aun si las contribuciones no eran pagadas bajo protesta, ella no continuó en vigor ni revivió el remedio otorgado por la ley de 1919.”

Las decisiones de Serrallés v. Tesorero, 30 D.P.R. 237 y McCormick v. Bonner, 44 D.P.R. 432 que invoca el amicus cwriae, no tienen aplicación porque se basan en la ley de-rogada de 1919.

Bajo cualquier aspecto, pues, que el caso se considere, debe confirmarse la sentencia recurrida.

Aquí daríamos por terminada esta opinión a no haberse levantado y discutido ampliamente la influencia que puede y debe tener en la decisión de este caso lo resuelto por esta corte en los de American Colonial Bank v. Domench, Tesorero, 43 D.P.R. 889 y Soto Gras v. Domenech, Tesorero, 45 D.P.R. 940.

El primero de dichos casos fué ya citado y aplicado con aprobación sobre él extremo de no estar obligado el contri-buyente que ya ha reclamado ante el Tesorero, apelado ante la junta y pagado bajo protesta, a presentar una reclamación ele reintegro al Tesorero y apelar a la junta nuevamente para poder llevar su caso'ante los tribunales de justicia. Pero no .es ése el extremo que debemos abora considerar, sino el si-guiente :

No obstante tratarse de un caso de contribución sobre ingresos resolvió esta corte que de acuerdo con la Ley núm. ■8 de 1927 (pág. 123) disponiendo el pago de contribuciones bajo protesta, el término que tenía el contribuyente para en-tablar su pleito era el de un año y agregó:

"La sección 3 de la Ley núm. 8 proveyó una forma de pago y un derecho de acción que eran prospectivos y excluían los medios anteriores. De suerte que una ley anterior disponiendo la radicación de la demanda dentro de treinta días de haber actuado la Junta de Revisión e Igualamiento, fué necesariamente derogada.” Am. Col. Bank v. Domenech, 43 D.P.R. 890, 891.

No bay duda de que el tribunal se estaba refiriendo al apartado (>a) de la sección 76 de la Ley núm. 74 de 1925.

En el segundo caso, o sea en el de Soto G-ras, supra, esta corte se expresó en parte, como sigue:

"Después de emitida nuestra opinión en el caso de epígrafe, el apelante, El Pueblo de Puerto Rico, presentó una moción de reconsi-deración. Esta moción fué oída debidamente y está ahora ante nos. Toda vez que otras cuestiones han sido discutidas suficientemente o resueltas en nuestra opinión original o en otra jurisprudencia de esta corte, la única cuestión que debe considerarse es si la Corte de Distrito de San Juan carecía de jurisdicción por ser la cuantía que el demandante trataba de recobrar menor de $500 y porque el pleito debió haberse radicado en una corte municipal. El gobierno basa su contención en el hecho de que la sección 76 de la Ley núm. 74 de 1925 (pág. 401), de acuerdo con nuestra opinión en el caso de American Colonial Bank v. Tesorero, 43 D.P.R. 889, ha sido dero-gada por la Ley núm. 8 de 1927 (pág. 123) en lo que al procedi-miento de pagos bajo protesta se refiere. De conformidad con la ley de 1925 era claro que el contribuyente tenía que radicar su demanda en una corte de distrito. Sin embargo, si esa ley fué derogada, las disposiciones generales del derecho eran aplicables. Asumiremos por él momento que hasta 1925 un contribuyente tenía que radicar re-clamación sobre devolución de contribuciones que ascendieran a menos de $500 en una corte municipal. Lo qne resolvimos en el caso de American Colonial Bank v. Tesorero, supra, fué que las cuestiones de procedimiento prescritas en la ley de 1925 habían side-abrogadas por la ley de 1927. No estábamos tratando de la cuestión de jurisdicción. Por consiguiente, estamos inclinados a convenir con la contención del apelado y con la sugestión del apelante de que ambas leyes podían coexistir con respecto a la cuestión do jurisdic-ción si la ley más reciente no demostraba la intención de otorgar jurisdicción a la corte municipal. Si ambas leyes pueden subsistir,, entonces la intención de la Legislatura de exigir a un contribuyente que acuda a una corte de distrito era enteramente clara en la ley de 1925.”

Se insistió en que la corte de distrito tenía jurisdicción.

Ambas decisiones fueron aceptadas y aplicadas por la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito como resolutorias de que la sección 76 de la Ley núm. 74 de 1925 había sido derogada por la Ley núm. 8 de 1927, expresándose dicha corte en el caso de Domenech v. Verges, 69 F. (2d) 714, 716, así:

“Los letrados del apelante sostienen que la ley núm. 8 de 1927., para recobrar contribuciones pagadas bajo protesta, no es aplicable a la devolución de contribuciones sobre ingresos pagadas bajo pro-testa; que ella sustituyó una ley general aprobada con anterioridad a la fecha en que se fijaron las contribuciones sobre ingresos; y que,, si bien dicha ley derogó expresamente la Ley núm. 9, de junio 23, 1924, así como la • Ley núm. 84, de agosto 20, 1925, que proveen generalmente la forma de recobrar contribuciones pagadas bajo pro-testa, toda vez que la misma no se refirió expresamente a la ley de contribuciones sobre ingresos de 1924, aprobada el 6 de agosto de 1925, en su sección derogatoria, ella no debe ser interpretada en el sentido de que deroga o modifica el artículo 76 (a) ó (5) de dicha ley relativa a la devolución de contribuciones sobre ingresos pagadas-bajo protesta, aunque la misma derogó toda ley o parte de ley que a ella se opusiera.
“Sin embargo, la Corte Suprema de Puerto Rico en el caso de American Colonial Bank of Porto Rico v. Juan G. Gallardo, 43 D.P.R. 889, resolvió en julio 26, 1932, y en el caso de F. Soto Gras v. Domenech, Tesorero, en una opinión emitida el 20 de diciembre de 1933, en reconsideración, que la forma de procedimiento fijada para la devolución por el artículo 76 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1924, de contribuciones sobre ingresos pagadas bajo protesta, fué derogada por la Ley núm. 8 de 1927.
“La interpretación dada a las leyes locales por la Corte Suprema de Puerto Rico, a no ser claramente errónea, es seguida por este tribunal. La corte insular está en mejor posición que nosotros para interpretar la intención de la legislatura local, y nos inclinamos a seguir su interpretación en este caso. D. Villanueva v. Villa, 239 U. S. 293, 298, 299, 36 S. Ct. 109, 60 L. Ed. 293; Cardona v. Quiñones, 240 U. S. 83, 88, 36 S. Ct. 346, 60 L. Ed. 538; aunque creemos que la Ley núm. 8 de 1927 puede estar sujeta a otra inter-pretación razonable.”

Si esa interpretación subsiste, todo cuanto dejarnos dichoy resuelto en esta opinión aplicando la sección 76 de la Ley núm. 74 de 1925, caería por su base.

Nos damos .cuenta de la dificultad de la situación, pero un estudio detenido y concienzudo del problema nos obliga a resolverlo en sentido contrario a como fué resuelto en el re-petido caso de Apencan Colonial Bank, supra, confirmado, pero en verdad no seguido con todas sus consecuencias en el de Soto G-ras, supra, ya que se terminó por aplicar la regla de jurisdicción fijada en la ley especial y m> en la general.

Los motivos que tenemos para llegar a la conclusión ex-puesta son que la Ley núm. 74 de 1925 es una ley especial, completa, sobre una determinada contribución, la de ingresos, perfectamente articulada, que debe prevalecer sobre la ley general sobre pleitos en casos de contribuciones pagadas bajo protesta, especialmente cuando esa ley general contiene una cláusula derogatoria que dice :•

“Sección 6. — Queda derogada la Ley No. 9, de junio 23, 1924, y la Ley No. 84 de 20 de agosto de 1925, así como también toda ley o parte de ley que se oponga a la presente; Disponiéndose, que toda acción, procedimiento o derecho nacido al amparo de las leyes que por la presente se derogan, se continuarán protegidos por los pre-ceptos de las mismas, hasta su terminación. ’ ’ Leyes de 1927, p. 125.

Las leyes expresamente derogadas, o sean, la núm. 9 de 1924, y la núm. 84 de 1925, eran también leyes de carácter general como lo eran la núm. 17 de 1920 derogada por la mim. 9 de 1924 y la núm. 35 de 1911 — la primera sobre la materia— que fué derogada por la núm. 17 de 1920.

Vigente el sistema general sobre autorización de pleitos en casos de contribuciones pagadas bajo protesta, comenzaron a aprobarse las leyes especiales de contribución sobre ingresos completas en sí mismas siendo el claro prepósito del legis-lador el que ambas subsistieran dentro de su propia esfera de acción. Si alguna duda pudiera quedar, desaparecería por el acto de la propia legislatura en este mismo año de 1936 enmendando la repetida sección 76 de la Ley núm. 74 de 1925 para agregarle el siguiente disponiéndose: Disponién-dose, que una vez resuelto el caso en primera reconsideración, no se admitirá ningún otro recurso ante la junta, con excep-ción de lo dispuesto en el apartado (b) de esta misma sec-ción”, lo que implica que tuvo por vigente dicha sección, no obstante la ley general que enactó en 1927 sobre pago de contribuciones bajo protesta. Véanse los casos de Kessler v. Domenech, Tesorero, 49 D.P.R. 196 y Sucesión Puente v. El Pueblo, 19 D.P.R. 557.

Por virtud de todo lo expuesto, debe el recurso declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señok Hutchison,

text:
    Eduardo Acevedo Vázquez, demandante y apelante, v. Eleanor Matheossian, conocida por Eleanor Acevedo, demandada y apelante.
    Núm. 6924.

    Sometido: Febrero 19, 1936.

      Resuelto: Julio 23, 1936.

      La Costa <& La Costa, abogados de la apelante; José Veray, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señok Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Eduardo Acevedo Vázquez radicó este pleito de divorcio un octubre, 1931. Alegó que su esposa había abandonado voluntariamente el hogar el 18 de diciembre de 1929. La demandada negó la alegación relativa al abandono voluntario y sostuvo, como defensa afirmativa, que en febrero, 1930, Acevedo la había abandonado sin causa ni motivo justificado, negándose a satisfacer sus necesidades; que en mayo, 1930, ella había iniciado una acción en Nueva York solicitando la separación legal, fundándose en abandono, trato cruel e in-jurias graves y por haber dejado de satisfacer sus necesida-des; que Acevedo compareció en dicho pleito, contestó la demanda, y entre otras defensas, interpuso una acusación a esta demandada de infidelidad, controversia que, de acuerdo con el procedimiento del estado de Nueva York, fue sometida a la consideración de un jurado, y éste resolvió el issue a favor de esta demandada y en contra de Acevedo y en su conse-cuencia se dictó la correspondiente orden y la corte condenó además a Acevedo a pagar a la demandada la cantidad de $11 semanales en concepto de pensión alimenticia más $100 para litis expensas; que Acevedo no ha cumplido con la orden de la corte de Nueva York, y en su virtud dicha corte dicta-minó que el demandante había cometido un desacato y ordenó su arresto, orden que no ha podido cumplirse porque él salió del Estado de Nueva York.

En el juicio celebrado en la corte de Aguadilla, Acevedo declaró: Que él y su esposa no vivían juntos porque ella había abandonado el hogar conyugal en diciembre 18, 1929; que al surgir el abandono ellos residían en 236 Bergen Street, Brooklyn; que el abandono fué enteramente voluntario; que la conducta de él hacia ella era buena; que había comisionado a varios amigos para que la convencieran de que debía re-gresar y que personalmente había tratado de persuadirla; que los amigos a que se refería lo eran Augusto Font, Ismael Calderón, Salvador Grajales y Cruz Vaz Pérez; que el resul-tado de estos esfuerzos fué negativo; que estos amigos visitaron al testigo el día de Navidad y le invitaron a una fiesta en la casa de Calderón.

El testigo entonces identificó, y su abog*ado ofreció como prueba, una carta fechada julio 8, 1929, escrita por un letrado perteneciente a una sociedad cooperativa legal, que dice así:

"Sra. Eleanor Acevedo,
Calle Bergen 236,
Brooklyn.
Estimada señora:
"Hace poco escribí a usted en relación con los disgustos existentes entre usted y su esposo, Don Eduardo Acevedo, mas hasta el pre-sente no he recibido respuesta suya. Usted no puede eludir sus res-ponsabilidades permaneciendo ' callada, y si es necesario llevar este asunto a los tribunales, ello redundará en su perjuicio. La razón que tengo para solicitar de usted que .venga a verme es que a mi juicio puede llegarse en esta forma a un arreglo satisfactorio. ¿Tendría usted la bondad de pasar por mi oficina a su más pronta conveniencia?
Atentamente,
Leonard McGee,
Abogado de la Sociedad
Cooperativa Legal.”

Esta carta fué admitida en evidencia con la objeción del letrado de la demandada. Era claramente inadmisible. Ella no podía considerarse como prueba de los esfuerzos del ma-rido para inducir a su esposa a regresar al hogar luego del supuesto abandono del hogar por parte de ella, ya que, aunque redactada en presencia del marido y a su instancia,. fué escrita varios meses antes .de surgir la alegada deserción y estaba dirigida a la esposa al lugar en que marido y mujer entonces residían.

De la relación del caso y opinión emitida por el juez de distrito, tomamos el siguiente extracto (bastardillas nues-tras) :

“De las admisiones hechas por la demandada en su contestación y de la prueba practicada, resultan probados, a entera satisfacción del tribunal, los siguientes hechos: que el demandante residía en esta Isla un año inmediatamente antes de radicar la demanda del presente pleito; que demandante y demandada contrajeron matri-monio el día 26 de junio de 1926 en el Condado de Kings, Estado de Nueva York; que la demandada voluntariamente, sin motivo ni causa justificada, abandonó al demandante desde el día 18 de diciembre de 1929, Ti&gándose a volver a vivir con él a pesar de las frecuentes gestiones que por conducto de amigos, mediante cartas y por medio de una institución llamada ‘Legal Aid Society’ hizo el demandante cerca de la demandada para que ésta cesase en el aban-dono y volviese a reanudar las relaciones conyugales y que de dicho matrimonio nació una hija nombrada Ana Luisa que en la actualidad tiene siete años de edad más o menos, quien vive con el demandante en Puerto Rico.”'

En la repregunta el demandante voluntariamente informó que con anterioridad a la fecha del supuesto abandono por parte de su esposa, ella había llegado ebria a su casa después de las doce de la noche. Del examen redirecto tomamos las dos siguientes pregunta y respuestas:

“P. — Y a preguntas del compañero usted le dijo que con ante-rioridad al abandono ella llegaba borracha a su casa?
“R. — Sí, señor; después de las doce de la noche.
“P. — i Y ése fué el motivo que lo obligó a usted a ir a la Legal Aid Society?
“R. — Sí, señor; y ahí está la carta de ellos dirigida a ella.”

La única carta adicional que podría tener alguna relación con los esfuerzos personales realizados por el demandante para persuadir a su esposa de que debía regresar al hogar marital, fué una comunicación fechada el 31 de diciembre de 1930, que lee así:

“Sra. Eleanor Acevedo,
Calle Wyckoff 183,
Brooklyn, Nneva York.
“He establecido mi residencia definitivamente en Puerto Rico y jamás regresaré a Nueva York. Ana Luisa sigue perfectamente. Usted sabe muy bien cuán inmoral fué su conducta, y el hecho de que me abandonó está fuera de toda discusión. Sin embargo, si regresa a Puerto Rico, podrían considerarse los términos de una reconciliación.
Respetuosamente,
(Firmado) Eduardo Acevedo.”

Salvador Grajales e Ismael Calderón declararon en parte como sigue:

Grasóles.
“P. — |Quién abandonó a quién?
“R. — Pues según informes que recibí el día 25 de diciembre en que fuimos un grupo de amigos. . .
“P. — ¿De qué año?
“R. — Del 1929; fuimos un grupo de amigos para invitarlo. . .
“P. — ¿A dónde fueron?
‘ ‘ R. — -Al 236 de Bergen Street.
“P. — ¿Quiénes fueron a invitarlo?
“R. — -Fuimos Rafael Calderón, Ismael Calderón, Augusto Font, Cruz Yaz Pérez y un servidor.
“P. — -¿Cuándo fueron a invitarlo ustedes?
“R. — El día 25 de diciembre de 1929, de cuatro a cinco de la tarde.
“P. — -¿Y cómo encontraron ustedes a Eduardo Acevedo?
“R. — Cuando nosotros llegamos a la casa de él nos causó sorpresa encontrarlo triste y solo en la casa y le preguntamos el por qué de su estado y entonces él nos contestó que su esposa hacía una semana o sea desde el día 18 de diciembre que había abandonado el hogar y que él no se encontraba en estado de ir a fiestas por esa causa.
“P. — ¿Eran ustedes muy amigos?
“R. — Siempre hemos sido amigos desde muchachos.
“P. — ¿El en. alguna ocasión lo comisionó a usted para que se-viera con ella para ver si conseguía que ella volviera al bogar?
“B. — Ese día permanecimos como media hora allí y en la con-versación él nos rogó que le hiciéramos el favor y procuráramos ir donde ella a la casa de la suegra de él.
“P.- — ¿Dónde era eso?
“B.- — En el 183 de la calle Wyckoff, y él nos pidió que si.la veíamos allí que la rogáramos para que se fuera a vivir otra vez con él.
“P. — ¿Tuvo usted oportunidad de entrevistarse con ella?
“B. — Ese día cuando salimos del hogar de Eduardo Acevedo nos marchamos para en casa de la suegra de él, pero no la encontramos a ella allí; estaba sola la viejita; entonces en otra ocasión en Harlem, en el Eoseland Palace, un dancing que hay allí; tuve ocasión de verla acompañada de un hombre; allí hablé con ella y le dije lo que él me había dicho; y tenía esa facilidad de hablar con ella en confianza porque la conocía, y entonces ella me contestó que ella estaba joven y.que quería gozar de la vida y no estaba dispuesta a volver a vivir con él.”
Calderón.
‘‘P. — Por qué no viven juntos? ¿Quién abandonó a quién?
“B. — Según yo me enteré ella lo abandonó a él.
“P. — ¿En qué forma se enteró usted y cuándo fué que la esposa de Eduardo Acevedo lo abandonó?
irR. — Pues Eduardo Acevedo y yo siempre hemos sido íntimos amigos y yo daba fiestas en mi casa allá en Nueva York; yo soy casado y cuando tenía mi residencia en Nueva York daba fiestas en mi casa y recuerdo. . .
“P. — ¿Usted es de aquí mismo de Aguadilla?
”B. — Sí, señor.
“P. — ¿Y Eduardo Acevedo también?
”B. — Sí, señor; y cada vez que daba un baile en mi casa iba a invitarlo a él y a su señora, y en, diciembre 25 de 1929 yo fui con un grupo de amigos a invitarlo a él para un baile bueno que íbamos a tener.
“P. — ¿Fueron ustedes a su misma casa?
“B. — Sí, señor; y entonces fuimos el grupo de amigos a su casa y lo encontramos solo en su casa y él nos dijo que le era imposible ir a la fiesta por las condiciones en que estaba, que estaba muy triste, y entonces me dijo que la esposa lo había abandonado.
“P. — ¿Le dijo qué tiempo hacía que estaba solo abandonado por su esposa?
“R. — Me dijo que ella lo había abandonado como seis o siete días antes de eso.
“P. — ¿Y usted en su calidad de amigo hizo gestiones a solicitud de él por conseguir que ella volviera al hogar? .
‘ “R. — Sí, señor; él nos aconsejó a nosotros o nos suplicó que hiciéramos todo lo posible para ver si ella quería regresar al hogar.
“P. — ¿Usted se vió con ella?
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿En dónde se vió usted con ella?
“R. — Bueno, ese mismo día no me vi con ella; ese día nosotros fuimos a la casa donde vivía la mamá de ella.
“P. — ¿Dónde era eso?
“R. — En el 183 "Wyckoff Street; pero ella no estaba allí presente; solamente estaba la mamá, y entonces resolvimos volvernos para Nueva York; más luego la vi en el Parque Central corriendo en un bote en el lago de la 110; allí la vi que estaba con un joven.
“P. — ¿Habló usted con ella?
‘‘R. — Sí, señor; esperé que ella terminara de correr y la llamé aparte pidiéndole permiso al joven, y entonces yo la aconsejé y le dije que por qué había abandonado a Eduardo y le sugerí que vol-viese a su hogar porque ya ellos tenían una hija y no debían vivir separados, pero ella me dió a entender que no amaba a Eduardo; que a Eduardo no le gustaba la fiesta pero que ella era una muchacha que le gustaba bailar mucho y gozar de la vida.
“P. — ¿Cuando ellos vivían juntos usted los visitaba?
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿Cómo era el comportamiento de Eduardo Acevedo para con su esposa?
“R. — Un joven de su casa; él se portaba muy bien con ella.”

El demandante mismo declaró que su esposa había instado el recurso solicitando la separación legal anticipando una demanda de divorcio por parte de él, con que la había amena-zado por la causal de adulterio. También dijo que luego del alegado abandono del hogar por parte de ella, él se había gastado unos $500 con la Greater New York Detective Agency en un esfuerzo fútil de obtener prueba substancial del adul-terio.

El hecho de haber acudido el marido al la sociedad coope-rativa legal y el espíritu en que está concebida la carta de esa sociedad a da esposa, tienden a probar una situación do-méstica que milita fuertemente contra la aseveración del ma-rido de que el abandono del hogar por parte, de su mujer fué enteramente voluntario. La tendencia natural de la ame-naza del marido de radicar un pleito de divorcio fundado en adulterio que precipitó la acción de la mujer solicitando la separación legal, fué estimular y fortalecer cualquier idea que la esposa hubiera tenido de hacer que la separación fuese permanente. La carta del marido de 31 de diciembre de 1930, reiteró el cargo no probado y aparentemente infundado •de adulterio al referirse a la “naturaleza inmoral” de la conducta de la esposa. Entonces, la aseveración de que si la •esposa- regresaba a Puerto Pico, se podrían considerar los términos de una posible reconciliación, no fué una invitación cordial ni incondicional de que viniera a Puerto Pico para reanudar las relaciones conyugales. No se le ofreció el pago de los gastos de viaje, ni se le aseguró que tendría lugar una reconciliación en determinadas condiciones, ni tampoco que había un hogar esperándola en caso de que se llegara a tal reconciliación. El dejar la esposa de responder en seguida & las sugestiones de Grajales y Calderón no fué prueba su-ficiente de una determinación fija de hacer que la separación fuese permanente. Echando a un lado por el momento el pleito en que se solicitaba la separación legal, muy bien po-dría sostenerse que si se hubiera presentado una moción de ■nonsuit cuando el demandante terminó su prueba, la misma habría sido declarada coii lugar. Sea ello como fuere, la sentencia debe ser revocada por otros motivos.

La demandada declaró en una deposición tomada en Nueva York: que vivió con Acevedo hasta febrero, 1930; que desde ■entonces ha estado separada de su marido, no porque ella lo haya abandonado, sino porque él la abandonó a ella; que su marido la abandonó en febrero, 1930, en Nueva York; que en mayo, 1930, ella inició pleito en Nueva York contra Acevedo en solicitud de la separación legal, fundada en aban-dono, trato cruel y porque éste se negaba, a satisfacerle sus-necesidades; que la Corte Suprema, en febrero 29, 1932,, dictó sentencia a favor de ella, incluyendo alimentos por la suma de $11 semanales, más $674 por alimentos atrasados, y concediendo a ella la custodia de la menor; que Acevedo no ba pagado parte alguna de la sentencia, y que cuando salió» de Nueva York se llevó la niña consigo.

De copia certificada de la sentencia ofrecida como prueba en el presente caso, aparece; que en un pleito solicitando la separación de mesa y tálamo instruido por la esposa en eí Condado de Kings, estado de Nueva York, se habían noti-ficado personalmente a Acevedo un emplazamiento y una de-manda jurada; que él compareció en dicho pleito por sus abogados y contestó la demanda negando, algunas de las ale-gaciones en ella contenidas, sosteniendo por vía de contra-demanda que la demandante había cometido ciertos actos de-adulterio y solicitando se dictara un decreto a su favor decla-rando roto y disuelto- el vínculo matrimonial; que la cuestión de adulterio fue sometida a un jurado y éste resolvió las-cuestiones sometídasle en favor de la esposa, y declaró que la demandante no había cometido los actos de adulterio im-putados en la contrademanda; que la corte confirmó las con-clusiones del jurado y habiéndose llamado para juicio el case de separación legal de la esposa, uno de los jueces de la Corte Suprema, después de haber oído la prueba aducida por ella, halló que Acevedo la había abandonado allá para el 26 de-diciembre de 1929; que desde entonces éste no había contri-buido en absoluto al sostenimiento de ella y que había come-tido los actos de crueldad alegados en la demanda; que el decreto de separación de mesa y tálamo fue dictado por el abandono, falta de proveer alimentos, y por el trato cruel e-injurias graves de parte de Acevedo.

Los artículos 421 y 422'del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) leen como sigue:

“Artículo 421. — El efecto de una sentencia o decreto definitivo en una acción, o un procedimiento especial, ante un tribunal o juez de Puerto Eico o de los Estados Unidos, con jurisdicción para pro-nunciar sentencia o decreto es como sigue:
“2. — En los demás casos, el fallo o decreto, en cuanto a la materia directamente juzgada, será concluyente entre las partes y sus suce-sores en interés por título adquirido posteriormente al comienzo de la acción, o del procedimiento especial, las cuales estuvieren litigando por la misma cosa, bajo el mismo título, y en el mismo carácter, siempre que tuvieren noticia expresa o tácita de estarse substanciando la acción o procedimiento.
“Artículo 422. — Otros decretos judiciales de un tribunal o juez de Puerto Eico, o de los Estados Unidos,.-, crean una presunción controvertible, según la materia determinada, directamente, entre las mismas partes y sus representantes y sucesores en interés por título adquirido con posterioridad al comienzo de la acción o del procedi-miento especial, las cuales estuvieren litigando por la misma cosa, bajo el mismo título y el mismo carácter.”

Si la sentencia dictada en Nueva Tort no era un impedi-mento absoluto al pleito iniciado por el marido en Puerto Rico, ella creó, por lo menos, una fuerte presunción en favor de la esposa sobre la cuestión de abandono (ya resuelta en favor de ella como demandante en el recurso solicitando la separación) y esa presunción (de no ser algo más que una presunción) no fué destruida por la prueba aducida por el aquí demandante.

Véanse a este respecto las siguientes autoridades: Thompson v. Thompson 226, U. S. 551; Harding v. Harding, 198 U. S. 317; Barber v. Barber, 21 How. 582; Miller v. Miller, 150 Mass. 111; Kelly v. Kelly, 87 S. E. 567; Zavaglia v. Notarbartolo, 137 La. 722, 69 So. 152; Scheper v. Scheper, (S. C.) 118 S.E. 178; 4 A.L.R. 858.

Iia¡ sentencia apelada debe ser revocada y sobreseerse el recurso.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Travieso,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Zaragoza Figueroa Matías, acusada y apelante.
    Núm. 6162.

    Sometido: Junio 12, 1935.

      Resuelto: Julio 23, 1936.

      José Ver ay, Jr., abogado de la acusada; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó a la apelante de baber ilegal, voluntaria y mali-ciosamente portado en su manos, a sabiendas que los estaba utilizando para fines de venta en conexión con los juegos ile-gales de “Boli-Pool,” 46 tickets o números de la banca de boli-pool llamada “T” y otros tickets o números de la banca de boli-pool llamada “Gallo de Oro”, todos los cuales le fue-ron ocupados además de $3.75, producto de la venta efectuada de tickets o números de boli-pool. Y se alegó en la denuncia que los hechos expuestos constituyen una contravención de las disposiciones de la Sección 4 de la.Ley núm. 25 de julio 17. de 1935 ((2) pág. 153).

Sentenciada a pagar una multa de $25 o a prisión subsi-diaria, la acusada interpuso el presente recurso.

Los errores señalados por la apelante son:

1. No haber declarado nula la Ley núm. 25 de 17 de julio de 1935, por el hecho de haber sido aprobada en un día de fiesta legal, o sea el día del Natalicio de Luis Muñoz Rivera.

2. Haber declarado a la acusada culpable de portar billetes de boli-pool., no estando tal delito claramente definido en la ley que se dice haber sido infringida.

3. Que la sentencia es contraria a la prueba aportada.

Examinaremos los alegados errores en el mismo orden en que han sido presentados.

La cuestión legal que se levanta por el primer error señalado, fue considerada y resuelta por la corte sentenciadora en el sentido de que no siendo el día 17 de julio de 1935, fecha en que el Gobernador firmó la Ley núm. 25, un domingo, dicha ley es válida y constitutional, no obstante haber sido firmada en el “Día de Muñoz Rivera”, que es un día de fiesta legal por disposición legislativa:

Estamos de acuerdo con el razonamiento del juez senten-ciador. El artículo 34 de la Ley Orgánica fija un término de diez días, del que se exceptúan expresa y únicamente los domingos, para que el Gobernador devuelva a la Legislatura sin su firma aquellos proyectos de ley que le fueren presen-tados y que no merezcan su aprobación o para que los con-vierta en ley, firmándolos dentro del indicado término; en-tendiéndose que si el Gobernador no devolviere o firmare un proyecto dentro del término legal, el proyecto pasará a ser ley del mismo modo que si lo hubiera firmado. En! condicio-nes normales el Gobernador tiene derecho a diez días hábiles completos, contados desde el día en que le es presentado un proyecto de ley, para estudiar el mismo y firmarlo o devol-verlo sin su firma a la Legislatura. Ni el Gobernador ni la Legislatura están facultados para prorrogar ese término me-diante la exclusión de días feriados creados por la misma Legislatura, pues eso equivaldría a una concesión de facul-tades para enmendar la Ley Orgánica. Debemos resolver que el Gobernador puede firmar cualquier proyecto de ley, dentro de los diez días (exceptuando los domingos) después de haberle sido presentado, y que lo puede firmar en cual-quiera de dichos días, aún cuando sea un día feriado.

Debe desestimarse el primer error.

La Sección 4 de la Ley núm. 25 de 1935, en lo pertinente, lee así:

"Sección 4. — Toda persona que fuere sorprendida portando o conduciendo cualquier papeleta, billete, ticket, libreta, lista de nú-meros o implementos, a sabiendas de que se utilizan o están utili-zando para los juegos ilegales de' la 'bolita,’ ‘boli-pool,’ combina-ciones clandestinas relacionadas con los ‘pools’ de los hipódromos de Puerto Rico, y loterías clandestinas, y toda persona que vendiere éstos o cualesquiera otros análogos que se probare representar algún billete, suerte, acción o interés en dichos juegos ilícitos o conectados con la práctica de los mismos, será arrestada inmediatamente, formu-lándose la correspondiente denuncia ante la corte municipal con jurisdicción, y convicta que fuere, será castigada al pago de una multa no menor de veinte y cinco (25) dólares ni mayor de cin-cuenta (50) dólares, o a sufrir cárcel por un término no menor de veinte (20) días ni nmyor de noventa (90) días; ...”

Alega la apelante que dicha sección 4 no describe clara-mente el delito que trata de establecer, toda vez que no define qué es lo que se entiende por el juego de la "bolita” o el de “boli-pool”; y que es requisito indispensable que la misma ley defina o explique en alguna forma qué es lo que se entiende por cada uno de dichos juegos, como lo hace el artículo 291 del Código Penal, que define lo que se entiende por “lotería.”

En la obra Corpus Juris encontramos el párrafo que sigue:

‘ ‘ Cuando el juego está específicamente denunciado por el estatuto, sólo es necesario especificarlo en la acusación por el nombre que se le ba dado en la ley. No es necesario, a menos que así lo exija el lenguaje del estatuto, alegar que el juego que se jugaba era uno de •azar o de suerte. Ni es tampoco necesario alegar en qué consiste la manera de jugar el juego.” 27 C. J. 1022, párr. 199; People v. Beatty, 14 Cal. 567.

Y más adelante en el mismo volumen leemos:

“Sección 200. — Descripción o Plan. — Cuando el plan (device) bajo el cual se efectuó o se permitió el juego se menciona en el esta-tuto y se prohíbe en términos expresos, es suficiente mencionar dicho plan por su nombre, sin otra descripción. ” 27 C. J. 1022, párr. 200.

Es cierto que nuestro Código Penal (art. 291) describe lo que se entiende por lotería. Pero esa descripción era abso-lutamente necesaria, para poder comprender dentro de un solo artículo la inmensa variedad de planes que puede con-cebir el ingenio humano para distribuir dinero o bienes por suerte, sea cual fuere el nombre que se le dé al plan.

Cuando el juego que prohíbe el estatuto es vulgarmente conocido por un nombre determinado, basta que el estatuto lo prohíba designándolo por ese nombre, sin que sea necesa-rio hacer una descripción del plan o sistema que se siga para jugarlo. Por eso vemos que el artículo 299 del Código Penal declara “reo de misdemeanor” a toda persona que jugare, como banquero o como apunte, cualquier juego de “faro”, ■“monte”, “ruleta”, “tan fan-tan”, “stud-horse pocker”, ■“siete y media” y otros juegos de banca o interés, sin hacer la más somera descripción del plan que se sigue para jugar cada uno de dichos juegos.

Esta corte ha considerado e interpretado las varias dispo-siciones del Código Penal en materia de juegos prohibidos y ha establecido la regla a la que deben ajustarse las denuncias por esta clase de delitos.

En el caso de El Pueblo v. Sáez, 19 D.P.R. 1141, se acusó a Sáez de haber permitido que se jugara en su casa al juego prohibido “monte”, en violación del artículo 300 del Código Penal. La corte inferior declaró sin lugar la excepción pe-rentoria, y esta corte confirmó la sentencia, sosteniendo que la corte inferior actuó correctamente, pues la denuncia seguía el lenguaje del estatuto y el juego de “monte” está prohibid» expresamente por el artículo 299 del mismo código. Véanse Pueblo v. Ortiz, 19 D.P.R. 1136; Pueblo v. Rivera, 19 D.P.R. 1144.

El error alegado carece de méritos.

La apreciación de la evidencia, la credibilidad de los testigos y el peso que deba darse a sus declaraciones y la resolución de los conflictos que surjan de la evidencia, son de la incumbencia de la corte sentenciadora. Y no apareciendo del récord que el tribunal sentenciador baya incurrido en error manifiesto; y no habiéndosele imputado que actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad, es nuestro deber respetar su fallo.

Se confirma la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.