author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    García, Demandante y Apelado, v. Brignoni et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en cansa sobre desabncio.
    No. 1178.
    Resuelto en abril 17, 1915.
    Emplazamiento — Diligenciamiento — Comparecencia del Demandado — Juris- • dicción. — Cuando no se hace constar en la copia de la citación, a su dorso y por quien la baga, una copia literal del diligenciamiento y feeba de éste consignado en el original, la citación es defectuosa. Pero si el demandado comparece y no obstante alegar tal defecto, presenta su contestación y su prueba, queda sometido a la jurisdicción de la corte.
    Desahucio — Moción Solicitando se Declare sin Lugar la Demanda — Notifica-ción a la Parte Contraria. — Una moción escrita solicitando que se declare sin lugar una demanda de desahucio, basándose en que habían transcurrido-más de diez días entre la fecha de la primera comparecencia y la señalada para el juicio, puede presentarse en corte abierta al comenzar la vista del pleito, sin que sea necesario notificarla previamente por escrito a la parta contraria.
    Id. — Prórroga para Practicar las Pruebas — Poder Judicial. — Si bien es cierto-que la sección 6 de la Ley de Desahucio dispone que las pruebas propues-tas en la primera comparecencia "se practicarán dentro de un plazo que no podrá en ningún caso exceder de diez días,” este término no es fatal y puede ser prorrogado por la corte bajo la autoridad que es inherente a sus funciones judiciales.
    Discreción Judicial — Revocación de la Sentencia Apelada. — Una corte de ape-lación no revocará la sentencia recurrida, cuando de ejercitarse la discre-ción ésta resultara necesariamente contraria a lo solicitado.
    Desahucio en Precario — Alegaciones Esenciales de la Demanda.- — Todo lo-que es necesario alegar en una demanda de desahucio en precario es que el demandante es el dueño de determinada finca, o usufructuario, o con dere-cho a disfrutarla, o que es causahabiente de tales personas, o que el deman-dado detenta su posesión material o la disfruta precariamente sin pagar canon o merced alguno. Yéase Coira v. Ortie et al, 18 D. P. R., 213, y la sección segunda de la Ley de Desahucio de 1905.
    Desahucio — Derechos de Propiedad Sobre Bienes Inmuebles. — El juicio de desahucio es un procedimiento especial de naturaleza sumaria cuyo fin es recuperar la posesión material de alguna finca lanzando .de ella al que la detenta o disfruta precariamente sin pagar canon o merced, y no es el ade-cuado para resolver controversias sobre el derecho a la propiedad de inmue-bles.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Reichard é> Reichard.

    Abogados del apelado: Sres. Enrique González Mena y Juan R. Soto.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de Aguadilla decla-rando con lugar cierta demanda de desahucio.

En la demanda se alegó, en resumen, que el demandante era dueño con su derecho inscrito en el registro de la pro-piedad de cierta finca rústica, situada en el barrio de Hato-Arriba, de San Sebastián, ‘ ‘ compuesta de cuatro cuerdas, más o menos, y lindando al norte con terrenos de Don León An-giada; por el este, con los de Don Candelario Márquez; por el oeste, la Plata Agricultural Company, y por el sud, el citado León Anglada,” hallándose dividida por ££la carretera que conduce a San Sebastián, a cuyo lado derecho hay tres cuer-das más o menos y una más o menos al lado izquierdo,” y que los demandados ocupaban dicha finca contra la voluntad del demandante y sin pagar por ello canon ni merced alguna.

Archivada la demanda, la corte, por orden de 9 de mayo de 1914, mandó convocar a las partes a una comparecencia . preliminar que debería celebrarse el 18 del mismo mes, de-biendo apercibirse a la parte demandada, al hacérsele la cita-ción, de que de no comparecer por sí o por un legítimo apo-derado, se decretaría el desahucio sin más citarla ni oirla.

En él día señalado compareció uno de los demandados, ■G-il Ruiz viuda de Pont, por medio de sus abogados Reíchard y Reichard, y solicitó de la corte que declarara nulo el empla-zamiento porque en la copia, del mismo que le fue entregada no aparecía la diligencia que ordena la ley haciendo constar la fecha del diligeneiamiento con la firma del que lo practica. La corte tomó en consideración la solicitud y la dicha deman-dada entonces, consignando que lo hacía sin perjuicio de la resolución de la cuestión previa que había suscitado, pre-sentó su contestación y propuso su prueba, haciendo', además, la manifestación que .sigue: £ídeseo llamar la atención que sólo represento a uno de los demandados y que el otro deman-dado está en el salón y no está representado por el abogado que habla. ’ ’

En su contestación la demandada Gil Buiz viuda de Font, negó las alegaciones de la demanda yasu vez, como materia nueva, alegó, en resumen, que posee una finca rústica de tres cuerdas en el barrio de Hato-Arriba, de San Sebastián, que pertenece a Joaquín Oronoz Bodón, por haberla éste adqui-rido por adjudicación en pago en un pleito que siguiera contra la Sucesión de Juan E. Hernández.

El 4 de junio de 1914 la corte dictó una resolución decla-rando sin lugar la solicitud de la demandada Gil Buiz viuda de Font, relativa a la nulidad del emplazamiento, “por enten-der que la omisión de la circunstancia expresada no afecta a la diligencia del emplazamiento en el cual se han cumplido todos los requisitos esenciales para su validez,” y señalando el día 10 de junio para la celebración del juicio. En dicha resolución se dice que al acto de la comparecencia preliminar “comparecieron las partes por sus respectivos abogados.”

El día 10 de junio de 1914 la demandada Gil Buiz viuda de Font solicitó que se declarara sin lugar la demanda basán-dose en que habían transcurrido más de diez días entre la fecha de la primera comparecencia y la señalada para el jui-cio. Dicha solicitud se hizo en forma de moción escrita y la corte se negó, a considerarla por entender, según se con-signa en la ¿xposición del caso, “que no puede por sorpresa presentarse así una moción, la que debe notificarse al con-trario para que tenga conocimiento de ella, pues una parte no puede tomar ventaja sobre otra.”

En la exposición del caso también se consigna que el día 10 de junio de 1914, o sea en la fecha señalada para el jui-cio, “comparecieron el demandante y la demandada Gil Buiz viuda de Font, en persona y por medio de sus abogados, no compareciendo el otro demandado Engracio Brignoni.” No forma parte de la transcripción el emplazamiento del deman-dado Brignoni.

Así las cosas, comenzó la práctica de la prueba del deman-dante consistente en:

1. Un testimonio de escritura pública con nota de inscrip-ción en el registro de la propiedad, creditivo de que León Anglada y su esposa vendieron a Juan Bautista Barcia Figueroa, el demandante, “una finca rústica sita en el barrio de Hato-Arriba, de San Sebastián, compuesta de cuatro cuer-das más o menos, en lindes al norte con José y León Anglada, al este con Ramón Font y Candelario Márquez, al sud con Candelario Márquez, León Anglada y Ramón Font, y al oeste con Font y León Anglada, dividida por la carretera que conduce a San Sebastián, a cuyo lado derecho hay tres cuerdas más o menos y una cuerda más o menos al izquierdo, conte-niendo dos casas.”

2. En la declaración del demandante Barcia, quien ase-guró, en resumen, haber comprado la finca a que se refiere la demanda, que está usufructuada en la actualidad por los demandados, a quienes no la ha arrendado y quienes nada le pagan; que la adquirió hace próximamente un año; que no sabe el tiempo que hace que la poseen los demandados; que cuando compró la finca le dijeron que estaba ocupada; que requirió personalmente a los demandados para que desa-lojaran la finca y le contestaron que estaban en terrenos de su propiedad y que no los reconocían como del testigo.

3. En la declaración de León Anglada, que manifestó, en resumen, que vendió a Barcia la finca de cuatro cuerdas que está poseída en la actualidad por los demandados, quienes' nada le pagan a Barcia; que cuando el testigo vendió a Bar-cia estaban también los demandados en posesión de la finca; “que no tuvo posesión de la finca; que estuvo en posesión antes de un juicio de desahucio,” y

4. En la declaración de Víctor Montalvo, quien dijo, en resumen, que le consta que Barcia es dueño de la finca de cuatro cuerdas que poseen los demandados.

La prueba de la demandada Gil Ruiz viuda de Font, con-sistió en

1. Una certificación expedida en San Sebastián a 19 de junio de 1907 por Ernesto Esteve, marshal de la Corte Municipal de Añasco, P. R., de .haber sacado a pública subasta por orden de dicho tribunal una finca rústica de tres cuer-das, sita en el barrio de Hato-Arriba, de San Sebastián, en lindes al norte con la carretera, al sud con Ramón Font, al ■este con José Castañer y Candelario de Jesús Márquez — hóy '.León Angiada — y al oeste con el Castañer — hoy León An-clada, — con dos casas, habiendo adjudicado la buena pro al .mejor postor, que lo fue Joaquín Oronoz Rodón.

2. Un testimonio de la escritura No. 250 de 21 de junio de 1907 otorgada en San Sebastián ante el notario Don Juan Mercader Rodríguez por la que Ernesto Esteve, márshal de la Corte Municipal de Añasco, P. R., por orden de ésta y en .representación de la sucesión de Juan E. Hernández, vende & Joaquín Oronoz Rodón una finca rústica de 3. cuerdas de terreno, sita en el barrio de Hato-Arriba, de San Sebastián, en lindes al norte con la carretera, al este y oeste con León Angiada y al sud con Ramón Font — hoy Acisclo Hernández— con dos casas, habiéndose efectuado tal venta de acuerdo con la subasta que se menciona en el documento extractado en el párrafo - anterior. Dicho testimonio tiene nota de haber sido inscrito en el registro de la propiedad de este distrito al folio 172 vuelto del tomo 14 de San Sebastián.

3. La declaración de la demandada Gil, quien manifestó, en resumen, que administra una finca de tres cuerdas de Joa-quín Oronoz que radica en Hato-Arriba y colinda con Oro-noz, Echeandía, la carretera y Angiada, que dicha finca era antes de Acisclo Hernández y antes de Ramón Font.

4. La de Joaquín Oronoz, que, en resumen, dijo: que tiene una finca .grande y otra pequeña en Hato-Arriba; que la pequeña tiene tres cuerdas y linda al norte con la carretera, al sud. con la otra finca del testigo y al este y oeste con An-giada; que adquirió la finca de tres cuerdas que. está en la actualidad poseída por la demandada Gril Ruiz, en remate, otorgándosele escritura que está registrada; que la finca de tres cnerdas era de cnatro, y nna cuerda, que está a mano izquierda de la carretera de Aguadilla para San Sebastián, la compró Engracio Brignoni, y

5. La de José Méndez Cardona, quien manifestó, en resu-men, que sabe que Oronoz es dueño de la finca de tres cuer-das que posee la demandada Gril Ruiz en el barrio de Hato-Arriba de San Sebastián.

Terminada la prueba, el caso quedó definitivamente some-tido a la resolución de la corte y fué decidido por la misma por sentencia dictada el 15 de junio de 1914, declarando con lugar el desahucio, con los demás pronunciamientos de ley. El desahucio se decretó contra los dos demandados y en la sentencia se dice lo que sigue: “La corte después de haber oído el escrito de demanda, el de contestación hecho por la demandada Gril Ruiz viuda de Font; las pruebas que se prac-ticaron en el acto del juicio, los informes de los abogados representantes de las partes comparecientes, declaró el jui-cio concluso para sentencia.” Nada se hizo constar expre-samente con respecto a la comparecencia o falta de compa-recencia del demandado Brignoni.

En el alegato presentado por los abogados de la deman-dada Gil Ruiz viuda de Font, única que apeló de la senten-cia, se consigna que la corte de distrito' erró:

1. Al no decretar la nulidad de la citación de la deman-dada Gil Ruiz viuda de Font .

2. Al no permitir que se presentara, una moción en el acto del juicio y antes de que se entrara en la 'práctica de la prueba’ pidiendo que se declarara sin lugar la demanda por haberse infringido la ley de desahucio.

3. Al no declarar sin lugar la demanda por el motivo indi-cado en la moción a que se refiere el número anterior, y

4. Al no desestimar la demanda, (a) porque no aducía hechos bastantes para determinar una causa de acción; (5) porque el demandante no identificó la finca de que alegó ser dueño; (c) porque el juicio de desahucio uo es el adecuado para ventilar la cuestión de propiedad envuelta en este pleito, y (d) porque la sentencia dictada contra Gil Ruiz viuda de Font, carece de finalidad práctica.

1. Examinemos el primer error. El artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como fué aprobado en 1904, no contenía el precepto cuya omisión fué motivo de la cuestión suscitada por la apelante. Tal precepto le fué adicionado por la Ley No. 70 de 1911 y dice, textualmente, así: “Al servirse la copia de la citación se hará constar en aquélla a su dorso y por quien la haga una copia literal del diligen-ciamiento y fecha de éste consignado en el original.” Véase, además, la Ley No. 8, de 1915, enmendatoria del indicado' artículo 92.

Al Suscitar la cuestión la demandada presentó la copia de la citación que le fué entregada y de su examen resulta que no se cumplió con el requisito exigido por la ley. friendo ello así, el- defecto alegado era patente. La infracción de la ley manifiesta. Mas como la dicha demandada asistió’ a la comparecencia para la cual fué citada y como a jjesar de haber aleg’ado el defecto indicado, presentó su contesta-ción y su prueba, estimamos que, no obstante la reserva con que -lo hizo, quedó sometida válidamente a la jurisdicción de la corte.

2. A nuestro juicio la corte cometió el segundo de Ios-errores alegados. No comprendemos porqué prohibió a la parte demandada que presentara su moción. Dicha moción fué introducida al comenzarse el juicio, en corte abierta, y hallándose presente la otra parte, y en tal virtud, de acuerdo con el artículo 317 del Código de Enjuiciamiento Civil, no requería la notificación previa por escrito a la parte con-traria.

El efecto que pueda tener con respecto a la revocación de la sentencia apelada el error cometido, depende de la con-elusion, a que lleguemos al analizar el tercero de los errores señalados.

3. A nuestro juicio, resolviendo por sus méritos la moción de la demandada/ debe ser declarada sin lugar.

Es cierto que' la sección 6 de la ley de desahucio, leyes de 1905, página 288, dispone que las pruebas propuestas en la primera comparecencia ‘£ se practicarán dentro de un plazo que no podrá en ningún caso exceder de diez días,’7 pero tam-bién lo es que dicha disposición debe interpretarse de un modo tal que permita conformarla a las circunstancias que puedan concurrir en las transacciones humanas. Se com-prende- que ciertos términos, como por ejemplo, el señalado-por la ley para apelar, sean fatales y no pueda prorrogarse, pero existen otros cuya misma naturaleza indica que .deben ser y que son en realidad de verdad prorrogables aunque la ley guarde silencio sobre tal extremo. En el caso de una apelación, la persona que ejercita el derecho puede hacerlo-todo por sí misma. Basta que entregare al secretario de la corte un escrito manifestando que apela y. que presente idén-tica manifestación a la parte contraria o a su abogado. Pero tratándose de práctica de pruebas, no es lo mismo. La corte tiene necesariamente que intervenir y puede encontrarse ocu-pada en asuntos que requieran su atención constante y continua, o puede el juez enfermar súbitamente o el tribunal entrar en su período regular de vacaciones. En tales casos y en otros muchos que pudieran imaginarse, sería imposible cumplir con el precepto invocado. Además el propósito de la prescripción legal de que se trata es indudablemente el de garantizar la rapidez del juicio de desahucio en beneficio del dueño de la finca y resultaría absurdo interpretar la ley de tal manera que por razón de ella misma, no sólo se dilatara el ejercicio del derecho del propietario sino que quedara a veces destruido.

Ya esta Corte Suprema en el caso de Más et al. v. Borinquen Sugar Co., 18 D. P. R., 304, 309, interpretando un pre-cepto análogo de la ley de desálmelo contenido en la sección 4 de la misma, se expresó así:

“Ahora bien, aunque el estatuto dispone que el señalamiento de la primera comparecencia se hará dentro de diez días, la corte no está privada de ejercitar su discreción para prorrogar el señala-miento. La facultad de suspender un señalamiento es inherente en las cortes, y el poder judicial reside en las cortes de Puerto Rico, con arreglo a la sección 33 de la Ley Orgánica. ’ ’

Si aplicamos la anterior doctrina a las circunstancias de este caso, veremos que habiéndose sometido por uno de los demandados a la consideración judicial cierta cuestión de derecho el día 18 de mayo de 1914 en que se celebró la pri-mera comparecencia, no fué resuelta hasta el día 4 de junio, en cuyo día fué que señaló el juez la fecha de la segunda com-parecencia. Es bien cierto que desde el 18 de mayo hasta el 10 de junio en que se celebró la segunda comparecencia, o sea el juicio, transcurrieron más de los diez días fijados por la ley, pero también lo es que de los 23 días transcurri-dos, 17 los empleó el juez en el estudio de la cuestión pro-puesta por la misma parte que quiso luego tomar ventaja del transcurso del tiempo para destruir la acción ejercitada por el demandante. Este no tuvo culpa alguna en la tardanza y resultaría contrario a la equidad y a la justicia el resolver la cuestión suscitada en contra suya.

Opinamos, en resumen que la acción del juez al tomar bajo su consideración la cuestión previa de derecho planteada por la apelante y al no fijar la fecha del juicio hasta que resol-vió dicha cuestión, envuelve una prórroga implícita del tér-mino de diez días fijado por la sección 6 de la ley de desahu-cio, para acordar lo cual tenía autoridad inherente a su cargo judicial.

Siendo ésta la conclusión a que hemos llegado al consi-derar en sus méritos el tercero de los errores señalados, el hecho de haberse cometido el segundo no lleva consigo la revocación de la sentencia. En el caso de Polhemus v. Ann Arbor Savings Bank, 27 Mich., 44, citado en el de Más et al. v. Borinquen Sugar Co., supra, se dijo: “Se ha resuelto en algunos casos que si de ejercitarse la discreción ésta resul-tara necesariamente contraria a lo solicitado, la corte de ape-lación no revocará la sentencia.”

Examinemos el cuarto error que comprende cuatro sub-divisiones.

4a. A nuestro juicio la demanda aduce hechos suficien-tes para determinar una causa de acción. Basta para llegar a esa conclusión el examen de la demanda a la luz de la siguiente doctrina establecida por esta Corte Suprema en el caso de Coira v. Ortiz et al., 18 D. P. R., 213: “Todo lo que es necesario alegar en una demanda de desahucio en preca-rio es, que el demandante es el dueño de determinada finca, o usufructuario, o con derecho a disfrutarla, o que es causa-habiente ,de tales personas, y que el demandado detenta su posesión material o la disfruta precariamente sin pagar canon o merced alguna.” Véanse también las secciones 1 y 2 de la ley de desahucio de 1905.

4b. Aunque existe alguna discrepancia entre la descrip-ción de la finca consignada en la .demanda y la que resulta de la escritura por virtud de la cual aparece adquiriendo su propiedad el demandante, opinamos que, apreciando la prueba en conjunto, la finca quedó suficientemente identifi-cada.

. 4, c y d. Hemos llegado en nuestro estudio al punto deci-sivo de este recurso.

Los demandados en este caso sostuvieron siempre, según la declaración del propio demandante, qué ocupaban las por-ciones de terreno de que se trata como dueños de las mis-mas. Y si bien el demandante presentó un título de dominio inscrito en el registro de la propiedad, es lo cierto que la demandada y apelante presentó otro también inscrito en el registro de la propiedad a favor de la persona a nombre de la cual se encontraba en posesión de la finca, constando, de la declaración del testigo Joaquín Oronoz, con respecto al otro .demandado Brignoni, que la porción poseída por él la adquirió a título de compra.

Siendo ese el caso, el error cometido por la corte al resol-verlo dentro de los trámites de un juicio de desahucio, es manifiesto y lleva consigo la revocación de la sentencia dic-tada. Esta corte lia establecido y aplicado en varias oca-siones la doctrina de que el juicio de desahucio no es el ade-cuado para resolver controversias sobre el derecho a la pro-piedad de inmuebles, sino un procedimiento especial de natu-raleza sumaria cuyo fin es recuperar la posesión material de alguna finca lanzando de ella al que la detenta o disfruta pre-cariamente, sin pagar canon o merced alguna. Gonce v. Méndez, 7 D. P. R., 545; Pesquera v. Díaz, 8 D. P. R., 114; del Valle v. Andreu, 11 D. P. R., 418; Mehrhof v. Rodríguez et al., 14 D. P. R., 59; Elzaburu v. Chaves, 15 D. P. R., 17; Torres et al. v. Pérez, 18 D. P. R., 573, y Miranda v. Camerón et al., 19 D. P. R., 488.

Algo más deseamos consignar y es con respecto al deman-dado Brignoni. En los autos no aparece su emplazamiento. Tampoco consta que concurriera a la primera comparecencia, a no ser que se estime como constancia suficiente lo dicho por los abogados de la demandada Gril Buiz. De la trans-cripción no aparece, pues, con toda claridad, que la Corte adquiriera jurisdicción sobre la persona del dicho deman-dado Brignoni.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe revo-carse la sentencia apelada, y declararse no haber lugar a decretar el desahucio solicitado.

Revocada la. sentencia apelada y declarando no'haber hogar a decretar él desahucio, sin .especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Servera, Peticionario y Apelante, v. Otero, Secretario Municipal, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un recurso sobre mandamus.

    No. 1220.
    Resuelto en abril 21, 1915.
    Hijos Naturales — Su Reconocimiento en Testamento — Registro Civil — Apro-bación Judicial. — El reconocimiento de hijo natural hecho en testamento ante notario puede anotarse en el registro civil aunque' no haya muerto el testador, y no necesita la aprobación judicial que se exige cuando se haca en otra clase de documento público que no sea el testamento o el acta de nacimiento.
    Id. — Anotación Marginal, del Reconocimiento en el Registro Civil — Partes Interesadas. — Son personas interesadas en la anotación marginal en el registro civil del reconocimiento de hijos naturales, no solamente los meno-res reconocidos sino también el padre o madre que los reconoce a tenor del artículo 19, párrafo Io. de la Ley de Registro Civil.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. Juan Llaneras.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En el testamento que Enrique Guillermo Servera otorgó ante notario público el 15 de septiembre de 1914 reconoció como hijos naturales s(uyos a los niños Luis-Vicente, Aurelio y Bosalía, inscritos en el Eegistro Civil de San Germán como hijos naturales de Monserrate Giménez y habiendo solici-tado el testador, por medio de abogado, de Francisco Otero Eivera, encargado de dicho registro, que -anotase esa reco-nocimiento al margen de tales inscripciones, se negó a ello. Entonces Enrique Guillermo Servera acudió al Tribunal de Distrito de Mayagüez exponiendo esos-, hechos .y pidiéndole que mediante un auto de mandamus ordenase al encargado del registro civil que hiciese tales anotaciones marginales.

El Tribunal de Distrito de Mayagüez; se negó a expedir el auto solicitado fundándose- en que no: habiendo1 fallecido el otorgante del testamento,'no-'tenía'-'este 'documeiíto -más fuerza y valor que cualquiera otra escritura pública de reco-nocimiento de hijo natural y necesitaba, por tanto, la apro-bación judicial para que surta efectos legales, y además por-que la persona que presentó el testamento al demandado no era persona interesada en la inscripción o anotación ni repre-sentaba a los interesados según dispone el artículo 19, párrafo Io. de la ley vigente del registro civil. Contra esta resolu-ción interpuso el peticionario el presente recurso de apela-ción.

La naturaleza jurídica del testamento es la disposición de los bienes para después de la muerte del testador, por lo que en cuanto a ellos no produce efecto legal basta después que ocurre el fallecimiento; pero como el legislador ba per-mitido por el artículo 193 del Código Civil Revisado, según fue enmendado en el año 1911, que en él pueda hacerse el reconocimiento de bij os .naturales y en ese caso lo exime de la aprobación judicial que exige para cuando se bace en cual-quier otro documento público que no sea el acta de nacimiento, no puede sostenerse que mientras ocurre la muerte del tes-tador el reconocimiento que bizo de bijos naturales necesita la aprobación judicial como si estuviera becbo en documento público que no sea testamento.

El reconocimiento está' becbo en testamento y por tanto surte el efecto de no necesitar la aprobación judicial. El legislador eximió de ese requisito el reconocimiento becbo en testamento a pesar de que sabía que tal clase de documento no produce efectos en cuanto a la disposición de bienes basta después de la muerte del testador y nosotros. debemos res-petar su voluntad, basada sin duda en las mayores solem-nidades requeridas para esa clase de documentos y en la meditación y deliberación que generalmente concurren en íos testamentos. Además, según el artículo 731 del propio có-digo, quiso que el reconocimiento no perdiera su fuerza legal aunque se revocara el testamento, lo que demuestra que no es necesario que el testamento llegue a producir efectos como tal para que el reconocimiento conserve su fuerza legal, que en esos casos es la de Imber sido' hecho en testamento y la de estar exento de la aprobación judicial.

En cuanto al segundo fundamento de la resolución ape-lada, entendemos que según el artículo 19, párrafo Io. de la Ley del Registro Civil son personas interesadas en la ano-tación marginal de que se trata no solamente los menores reconocidos, sino también el padre o madre que los reconoce y por tanto que Enrique Guillermo Servera tiene derecho para solicitar personalmente o por medio de su abogado la anotación marginal del reconocimiento que hizo de sus hijos.

Por las razones expuestas somos de parecer que debe revocarse la resolución apelada con instrucciones al juez del tribunal inferior para que expida el auto de mandamus en la forma que crea conveniente de acuerdo con la ley.

Revocada la orden apelada, ordenándose a la corle inferior proceda a expedir ■el auto de mandamus en la forma que lo crea conve-niente de acuerdo con la ley.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Hutchison,

text:
    Colón et al., Recurrentes, v. El Registrador de Aguadilla, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Aguadilla denegando la inscripción de una escri-tura de cancelación de.hipoteca.
    No. 214.
    Resuelto en abril 21, 1915.
    Derecho Internacional Privado — Reglas .Establecidas por las Cortes Ame-ricanas. — -Las cortes insulares, hasta donde estén en libertad de elegir las reglas para evitar conflictos de leyes entre sí, deben considerar los derechos sustanciales e intereses y conveniencias de los ciudadanos, a la luz de la condición política y de las relaciones comerciales de la isla, antes que los méritos relativos de teorías opuestas; y, en cuanto sea compatible con nuestro sistema especial de leyes locales, deben tratar de ajustar sus reglas a lo decidido por las eortes federales y de estado.

      Lex Reí Sims — Capacidad de las- Partes — Código Civil — Estatutos Real y Personal — Efectos de Leyes Extranjeras. — La adopción y aplicación de la regla lex rei süa¡ en la forma en que lo han hecho las cortes americanas, incluyendo y regulando la capacidad de las partes, no quebranta ni la letra ni el espíritu de nuestro Código Civil, ni ninguno de sus principios funda-mentales y establece, de una vez para siempre, una regla fija, simple y nacional, conducente a evitar la inconsistencia y confusión de nuestras deci-siones referentes a los estatutos real y personal y al efecto de leyes extran-jeras.
    ¿Cancelación de Hipoteca — Tutor Español de Menores Españoles Residen-tes todos en España — Autorización Judicial — Interpretación de Ley.— Interpretando los artículos 9, 10, 11, .282 y 284 del Código Civil vigente, en relación unos con otros, y todos a la luz de los cambios y enmiendas intro-•ducidas por la Legislatura en 1902 y Legislaturas subsiguientes, así como .«de la intención manifiesta y objeto de los mismos, el tutor español do menores españoles residentes todos en España autorizado por el Consejo de UTamília, conforme lo exige el Código Civil Español, o el apoderado o man-datario designado al efecto por dicho tutor, necesitan la autorización pre-via de la corte de distrito del lugar en donde radiquen los bienes para pro-ceder a la cancelación de una hipoteca sobre bienes inmuebles radicados en Puerto Rico.
    Los hechos están expresados en la opinión. Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por falsa representación.

      Ahogados de los recurrentes: Sres. Reichard &'Reichard.

    El Registrador recurrido Sr. Rafael Tirado' Verrier com-pareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Una sola cuestión ofrece este caso para ser resuelta por ■este tribunal tal como ha sido, presentado. Esta es si el tutor •español de menores españoles, con residencia en España tanto •el tutor como los menores, que ha sido debidamente auto-rizado por- el Consejo de Familia como lo exige el Código .Español para proceder a la cancelación de una hipoteca sobre bienes inmuebles radicados en Puerto’ Rico, o el apoderado •debidamente nombrado de dicho tutor antes de poder otor-.gar dicha escritura de cancelación eg esta isla, debe o nó obte-.ner una orden de una corte de distrito insular que lo autorice para ello de conformidad con los preceptos de la ley local.

El Registrador de la Propiedad de Aguadilla se negó :a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca otor-gada en Aguadilla por el mandatario y apoderado de un tutor español en las circunstancias que acabamos de expresar, por el único fundamento de no haberse obtenido previamente para ello la autorización judicial requerida por el párrafo 5o. del artículo 282 de nuestro Código Civil revisado al cual se hace referencia en la nota como “la única legislación aplicable al caso, por radicar en Puerto Pico el derecho que se trata de cancelar, considerado por la ley como un inmueble.”

Los artículos 9, 10 y 11 del Código Civil, y el 282 de dicho Código en lo que es pertinenté a la cuestión que se discute, se expresan como sigue:

■ “Artículo 9. — Las leyes relativas a los derechos'y deberes de fami-lia, o al estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan a los ciudadanos de Puerto Rico, aunque residan en países extran-jeros.
“Artículo 10. — Los bienes muebles están sujetos a la ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles, a las leyes del país en que están sitos.
“Artículo 11.. — -Las formas y solemnidades de los contratos, tes-tamentos y demás instrumentos públicos, se rigen por las leyes del país en que se otorguen.
“Cuando los actos referidos sean autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de los Estados Unidos en el extranjero, se observarán en su otorgamiento las solemnidades establecidas por las leyes de los Estados Unidos.
“No obstante lo dispuesto en este artículo y en el anterior, las leyes prohibitivas concernientes a las personas, sus actos o sus bienes, y las que tienen por objeto el orden público y las buenas costumbres, no quedarán sin efecto por leyes o sentencias dictadas ni por dispo-siciones o convenciones acordadas en países extranjeros.”
“Artículo 282. — El tutor necesita autorización de la corte de dis-trito competente:
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“5. Para enajenar o gravar bienes inmuebles que constituyan el capital de los menores o incapaces,- o hacer contratos o actos sujetos a inscripción, así como para enajenar bienes muebles cuyo valor pase de doscientos dólares y para otorgar contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un término mayor de seis años, sin que en nin-gún-caso el arrendamiento pueda efectuarse • ni la autorización con-cederse por un período de tiempo que exceda.al que falte al menor para cumplir su mayoridad.
“Las limitaciones contenidas en el apartado anterior, sobre arren-damiento de bienes inmuebles, serán aplicables a los contratos de refacción agrícola y molienda de cañas, autorizados por la ley apro-bada en marzo 10 de 1910.
“La prohibición de enajenar bienes muebles, por valor excedente de doscientos dólares, sin autorización judicial no comprende la ena-jenación de los frutos de una finca rústica, en su última cosecha.”
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Los- artículos 9 y 11, supra, son súbstancialmente idén-ticos a sus concordantes del código español. Los artículos 10 y 269 de este último código correspondientes a los artícu-los 10 y 282, supra, prescriben lo siguiente:

“Artículo 10. — Los bienes muebles están sujetos a la ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles a las leyes del país en que están sitos.
“Sin embargo, las sucesiones legítimas y las testamentarias, así respecto al orden de suceder como a la cuantía de los derechos 'suce-sorios y a la validez intrínseca de sus disposiciones, se regularán por la ley nacional de la persona de cuya sucesión se trate, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país en que se encuentren. ’ ’
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“Artículo 269. — El tutor necesita autorización del Consejo de Fa-milia :
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“5.- — Para enajenar o gravar bienes que constituyan el capital de los menores o incapaces, o hacer contratos o actos sujetos a ins-cripción.
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En el Informe de la Comisión Codificadora Insular del año 1902, encontramos la siguiente expresiva y luminosa ex-plicación acerca de las innovaciones introducidas en el Título Preliminar, incluyendo la omisión que se lia lieclio de la última parte del artículo 10 del Código Español, a saber:

“La reforma más importante hecha en el Título Preliminar del Código ha sido la relativa a restringir la doctrina de los estatutos personal y real, tomando en cuenta y aplicando el principio general del derecho civil americano de que los derechos respecto de los bienes inmuebles han de regularse totalmente, así en cuanto a la con-tratación como en cnanto a los derechos hereditarios, por la ley. del país en que están sitos.”

No es necesario disentir ni siquiera reproducir las bien conocidas reglas de lex loci celebrationis y lex rei sites según ban sido interpretadas y aplicadas por las cortes america-nas para regular la capacidad de las partes contratantes. Véase 5 E. C. L., 925, 949, 952, y 32 Cyc., 674.

Con brevedad y discernimiento de suyo característicos, el Profesor Raleigh C. Minor, en la página 28 de su excelente e ingenioso tratado sobre el Conflicto de las Leyes, expresa hábilmente cual es la verdadera razón de la regia a que aca-bamos de hacer referencia tal como ha sido aplicada en todos los Estados Unidos:

“Aunque este principio es generalmente reconocido el motivo que lo informa no siempre ha sido tenido claramente en cuenta. Verda-deramente que sólo constituye una sub-división de la primera excep-ción que ya ha sido discutida, y lo que se conoce por lex situs, no es otra cosa según la última consideración que se ha hecho que la lex fori. Puesto que la propiedad inmueble radica para siempre en el Estado en. que se encuentra y como ningún otro Estado puede tener jurisdicción sobre la misma se deduce necesariamente que no puede adquirirse en definitiva ningún derecho, título o interés sobre ella a no ser que -sea consentido por las cortes de ese Estado de acuerdo con sus leyes. Las cortes de ningún otro Estado pueden resolver en definitiva tales cuestiones de modo que confieran o priven a un litigante de un derecho a la propiedad. Por otra parte, las cortes del lugar donde radica la propiedad deberán ser estrictamente rigu-rosas en exigir que se cumpla eon la ley del sitio en que se encuen-tra dicha propiedad en lo que respecta al traspaso del título a esa clase de propiedad. Las prácticas (polici&s) de cada Estado con respecto a traspasos de bienes inmuebles comprendidos en sus lími-tes están consideradas justamente entre las más importantes de todas sus prácticas con respecto a las cuales no-se tolerará ninguna intro-misión extraña. Cada Estado hace lo que está a su alcance con el fin de que sus leyes que afectan a la entrega, traspaso -y gravamen de bienes inmuebles situados dentro de sus límites sean lo más ter-minantes y precisas posibles. Se exigen formalidades especiales qué no se requieren en otras cuestiones. Y es sumamente importante que las inscripciones legales de dichas transacciones 'las cuales cónsti-tuyen series de títulos a los bienes inmuebles, se conserven libres de toda censura, irregularidad o confusión con los requisitos de otros Estados.
“Por tanto, viene a ser especialmente parte de la política de todo Estado el no permitir que se verifique ninguna transacción relativa al traspaso de cualquier derecho o título a la propiedad inmueble que radica en diebo .Estado si con ello se infringe su propia ley ya sea o nó valida de acuerdo con las leyes de Estados extranjeros. Estas razones son enteramente suficientes para que las cortes del lugar en que radica la propiedad sean inducidas (cuando el sitio es el de la corte) a dar preferencia a sus mismas leyes sobre la materia a las de cualquier otro Estado.
“Ni pretenderán las cortes de otros Estados bacer valer sus pro-pias leyes relativas a los bienes inmuebles situados en otras partes, no solamente por espíritu de cortesía y su repugnancia a observar una conducta bacía otros Estados que no permitirán que estos últimos la observaran con ellos mismos, sino también y tal vez principalmente por la absoluta imposibilidad en que se encuentran para dictar cual-quier sentencia o. decreto que sea definitivo y eficaz para traspasar cualquier derecho sobre el inmueble. Por tanto, en vez de ’ dictar sentencias que son ociosas de conformidad con su misma ley, al con-siderar el título de los bienes inmuebles radicados en países extran-jeros, las cortes tratarán de fijar las reglas establecidas por la lex siius de dichos bienes,-y resolverán de acuerdo con esa ley, pues a ella deben acudir las partes en definitiva en todo caso.
“Viene, pues, a ser un principio bien establecido de derecho inter-nacional privado, sostenido por un fuerte núcleo de autoridades, que todas las cuestiones relativas a traspasos de títulos sobre bienes inmue-bles donde quiera que surjan se regirán por la lex situs, o sea por la ley del tribunal en que finalmente deban ser resueltas en definitiva todas esas cuestiones.”

La resolución de este caso no nos obliga necesariamente a oponernos a la sabiduría de Story y Wharton o a combatir-la lógica persuasiva de Fiore y la tendencia moderna del pensamiento europeo. Mientras podamos elegir la regia pol-la que debemos resolver si un caso determinado está com-prendido ó no . en el estatuto personal o real, debemos con-siderar los derechos sustanciales, intereses y conveniencia de nuestros propios ciudadanos, a la luz de nuestra actual con-dición política y relaciones comerciales futuras de acuerdo con el nuevo estado de cosas creado por virtud del reciente cambio de soberanía, mas bien que por los méritos intrín-secos de tal o cual teoría considerada en abstrato.

Puede que sea conveniente que bagamos una diferencia entre aquellas cuestiones que sur jen directamente de un ver-dadero conflicto de las leyes y las que proceden de reglas contradictorias de las decisiones en cuanto al particular, o dicbo tal vez con más propiedad, de opiniones que están en conflicto respecto a si una regla que ba sido reconocida um-versalmente debe o no aplicarse, y cómo y basta qué punto* para regular un caso determinado.

“Las leyes del Estado que realmente son aplicadas dentro del! territorio de otro Estado son leyes nacionales; las reglas por virtud, de las cuales se aplican son reglas internacionales. Al describir di abas reglas Sir Henry Maine ha hecho referencia a ellas en el sen-tido de que ‘prescriben las condiciones por las cuales una comunidad1 reconocerá y aplicará una parte de la jurisdicción de otra.’ Si aña-dimos el fin manifiesto con que se hicieron dichas reglas, la frase sb completa por sí — ‘Reglas Internacionales para Evitar el Conflicto de las Leyes.’ Cuando la frase más corta ‘Conflicto de las Leyes,’ se usa simplemente como abreviación no existe ningún inconveniente.” Taylor, Ciencia de la Jurisprudencia, página 627.

Hace ya más de medio siglo que un abogado de Louisiana de clara penetración bizo referencia a esta distinción:

“Puede que no sea improcedente llamar aquí la atención hacia el hecho de que los principios con arreglo a los cuales han sido resuel tas las cuestiones que sur jen del conflicto de las leyes en las cortes que actúan de conformidad con la ley civil o la común parecen ser-enteramente independientes de una u otra como sistema. Es verdad que el conflicto puede surgir de la diferencia que hay entre los prin. cipios de la ley común y la civil, como ha sucedido frecuentemente en este Estado en materia de ventas.- 4 Mart., 20; 5 Mart., 23; 7 Mart., 24; 2 Mart. N. S., 93. Pero es claro que los principios por los cuales ha de resolverse este conflicto son completamente distintos de los principios qué establecen los mismos derechos en conflicto. Es cierto que con frecuencia se hace alusión en las Pandectas a la diver- • sidad de leyes entre diferentes Estados, y los jurisconsultos Roma-nos ‘han establecido principios que han servido de norma para diri-gir las operaciones de sus sucesores.’ Disertaciones de Livermore, párrafos 2 y 8. Pero ellos solamente ban resuelto pocos casos y no existe nada ya en la materia misma o en las autoridades extran-jeras que han tratado de ella que sea más adecuado al genio de la ley civil que de la común. Y por tanto aunque la primera sea la base de nuestra propia jurisprudencia, en cuanto a esta materia no vemos, sin embargo, razón alguna por la que la corte al considerar esta cuestión deba mirar menos favorablemente la regla establecida por las cortes inglesas y americanas, simple y compatible como es, que las especulaciones y teorías de escritores que han establecido -sistemas que están siempre en pugna unos con otros, y frecuente-mente con ellas mismas.” 3 La. Ann., 420.

Corno ejemplo de la bien reconocida y loable tendencia de la Corte Suprema de Louisiana a ajustarse a los prin-cipios de la ley común y a poner en línea las réglas que rigen sus decisiones con las de los demás Estados y de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en todo aquello en que sean compatibles con los principios fundamentales del sistema especial y fundamental de leyes locales que están allí en vigor y que en muchos particulares son substancialmente idénti-cas a las nuestras, podemos llamar la atención sin hacer citas o comentarios, al prefacio del Código Civil de Louisiana por Saunders, 1909, y a los procedimientos de. la Celebración del Centenario publicados en el tomo 133 ele las Decisiones de Louisiana, haciendo referencia especialmente a la hábil dis-cusión acerca de la Jurisprudencia de Louisiana por Charles Payne Fenner, Profesor de Derecho Civil de la Escuela de Leyes de la Universidad dé Tulane, y al elocuente tributo del Juez T. C. W. Ellis a la Asociación de Abogados de Louisiana, 1813-1913. Véase también la obra El derecho, su origen, -desarrollo y funciones por Carter, página 304, y el prólogo del tratado La Ciencia de la Jurisprudencia por Taylor, y capítulo sobre la Ley Eomana e Inglesa combinadas, pági-nas 465-497.

No existen términos medios. Debemos francamente y sin reserva mental alguna aceptar o rechazar rotundamente la aplicación de la regla americana de lex rei sites, como la ver-¿Ladera norma que Lia de seguirse al determinar la capacidad legal de. las partes en transacciones sobre bienes inmuebles. Puede, por tanto, sernos de utilidad la experiencia de la Corte Suprema de Louisiana, y adoptando abora de una vez para siempre una regla simple, fija, amplia y racional, evitar en nuestras mismas decisiones relativas al estatuto real y personal y al efecto de leyes extranjeras las contradicciones y confusión de la ley de Louisiana en cuanto a la materia en los primeros períodos de su difícil y lastimosamente fluetuante desarrollo.

Es procedente también al establecer un precedente de ésta clase que tengamos presente el punto de vista desde el cual podrían ser consideradas clicbas cuestiones en apelación contra una resolución de este tribunal y teniendo debidamente en cuenta las distinciones que puedan hacerse en los casos que se originen en otras cortes que no sean las Federales, podemos hacer referencia a la nota excelente y amplia que se hace en el caso de Snare & Triest Co. v. Friedman, 40 L. R. A., Nueva Serie, página 380, que trata de “Cuestiones relativas a la ley de Estado respecto a cuál de las decisio-nes de las más altas cortes de Estado deberá seguirse en las .acciones que se originan o que son trasladadas a las Cortes Federales,” y especialmente a los párrafos TV h, conflicto de las leyes, (página 426), y III, cuestiones constitucionales y estatutarias; e., el efecto a diferencia dé la interpretación; decisiones fundadas en razonamientos generales; alcance de la decisión, (página 399).

Ya este tribunal ha declarado en el caso de Cruz v. Dominguez, 8 D. P. R., 580, haciendo referencia expresa al status o condición política de la isla “que los principios de. derecho internacional privado que hayan de aplicar sus tribunales, deben ser los mismos que se han desarrollado en los Estados Unidos, por lo menos en materia de divorcio;” y el interpretar la regla universal de león rei sites en el sentido de que comprende y regula la capacidad de las partes que directamente intervienen con bienes inmuebles radicados en Puerto' Rico de modo alguno quebranta la letra o espíritu de nuestro código civil o ningún principio fundamental en que descanse.

Además, ya este tribunal lia dado esa interpretación a la regla en cuestión por lo menos en un caso. En el recurso gubernativo seguido por Amúdeo contra El Registrador, 3 D. P. R., 141 (2a. ed.), un ciudadano francés traspasó deter-minados bienes inmuebles por medio de una escritura de venta en la que se bacía constar, en vista del artículo 159 rela-tivo a la enajenación de bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad conyugal, que de conformidad con' los preceptos del Código Francés, el cuál alegó el vendedor que regulaba la transacción, éste tenía la administración de todos los bie-nes de la sociedad conyugal sin restricción de ninguna clase.

El Registrador de la Propiedad de Ponce se negó a veri-ficar la inscripción de la escritura porque “resultaba de la misma que Don Felipe Pietri y Moretti es de estado casado, la enajenación se lia otorgado sin consentimiento de su mujer, que previene el artículo 1308 del Código Civil.”

Este tribunal por conducto del Juez Presidente Sr. Qui-ñones se expresó como sigue:

“Con arreglo al artículo del nuevo código civil que cita el regis-trador en su nota y que corresponde al 1328 de la edición oficial del mismo código, no obstante las facultades que tiene el marido como administrador de la sociedad de gananciales, no podrá donar, ena-jenar ni obligar a título oneroso los bienes inmuebles de la expresada sociedad, sin el consentimiento expreso de la mujer; y que toda enajenación o convenio que sobre dichos bienes haga el marido en contravención a dicho artículo, será nulo y no perjudicará a ésta,, ni a sus herederos; precepto que es aplicable ál contrato de enaje-nación de bienes inmuebles de que sej trata en el presente recurso, por haber sido otorgado por Don Felipe Pietri y Moretti en 22 de diciembre último, o sea en fecha muy posterior a la en que comenzó' a regir en esta isla el expresado código civil.
‘ ‘ Que no se opone a la aplicación de dicho precepto, en el presente caso, la manifestación consignada por los interesados en la cláusula cuarta de la expresada escritura, relativa a la capacidad del vendedor Don Felipe Pietri para otorgar el contrato de referencia con arreglo' a las leyes de su nación, como ciudadano francés, toda vez que según los principios del derecho internacional privado, admitidos umver-salmente para la resolución de esta clase de conflictos, las cuestiones relativas a la eficacia o nulidad de los actos o contratos que afecten directamente la propiedad inmueble se regulan por las leyes del esta-tuto real, o sea por las leyes del lugar donde radiquen dichos bienes inmuebles; principio reconocido y sancionado por el nuevo código civil en sus artículos 10 y 1292, al establecer el primero que los bienes inmuebles están sujetos a las-leyes del país en que están sitos, y el segundo que si el matrimonio se contrajere en país extranjero entre puertorriqueño y extranjera, o vice-versa, entre extranjera y puer-torriqueño, y náda declarasen o estipulasen los contratantes relati-vamente a sus bienes, se entenderá cuando sea puertorriqueño el cónyuge varón, que se casa bajo el régimen de la sociedad de ganan-ciales; y cuando fuere puertorriqueña la esposa, que se casa bajo el régimen del derecho común en el país del varón; “pero todo sin perjuicio de lo establecido en el mismo código respecto de los bienes inmuebles.” 3 D. P. R., Í43, 144, 2a. ed.

Es cierto que la Dirección G-eneral de los Registros de España en el año 1894 y en un caso algo semejante al que ahora consideramos declaró, basada en la teoría de una reci-procidad tácita de las prescripciones del artículo 9 del Código Civil Español y en los principios generales de derecho inter-nacional privado, que “la institución -de la tutela se rige por la ley nacional del menor aunque sus bienes radiquen en país extranjero, siendo la razón de ello, la de que, confiada a la ley nacional la protección de los ciudadanos, no fuera justo arrebatarla uno de sus' más altos y delicados fines, que es el que preside a la organización de la tutela;” “que las leyes relativas a la capacidad legal de las personas, y por tanto a la manera de completarla cuando es deficiente, obli-gan a los españoles aunque residan en país extranjero; cri-terio jurídico lógicamente aplicable cuando se trata de apre-ciar la capacidad de un extranjero en España, ya que la fuerza extraterritorial de nuestras leyes demanda, a virtud del principio de reciprocidad, igual eficacia en las leyes de otros países;” y por tanto el apoderado del tutor inglés de un menor inglés con residencia éstos últimos en Londres, no tenía que obtener la autorización del Consejo de Familia en España para poder aceptar el traspaso de nn crédito hipotecario constituido por documento notarial a favor de dicho menor.

Si nuestra Legislatura en el año 1902 hubiera, revalidado meramente el Código Español en su totalidad sin hacer nin-gún cambio o modificación en los artículos que han sido inter-pretados por la “Dirección General,” o en otros artículos correlativos y no hubiera habido enmiendas subsiguientes, entonces quizás no tendríamos inconveniente alguno en acep-tar con el Código la interpretación que se 'le dió. Pero no es ese el caso.

En perfecta harmonía con el espirito de la revisión reco-mendada por la Comisión Codificadora con el propósito deli-berado de “aplicar el principió general del derecho ameri-cano de que todos los derechos respecto de los bienes inmue-bles han de regularse, así en cuanto a la contratación como en cuanto a los derechos, hereditarios, por la ley del país en que están sitos,” nuestra Legislatura no solamente ha eli- . minado del artículo 10 del Código Español el precepto de que las “sucesiones legítimas y las testamentarias así res-pecto al orden de suceder como a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de sus disposiciones, se regularán por la ley nacional de la persona de cuya sucesión se trate, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país en que se encuentren,” y todo el contenido del Título I, Libro Primero de dicho Código, incluyendo el artículo 27 del mismo que dispone que “los extranjeros gozan en España de los derechos que las leyes civiles conceden a los españo-les,” etc., sino que al revalidar el artículo 269, equivalente al 282 de nuestro código, establece una clara distinción entre bienes inmuebles y muebles; .y como para desvanecer cual-quier duda posible respecto a la intención de substituir la lex rei sitce y la lex fori por la ley del lugar en que se encuen-tra la persona en tales casos, ha dispuesto además expresa-mente en el artículo 284, lo siguiente:

“La autorización judicial para enajenar, gravar o arrendar bie--nes de un menor o incapaz, o transigir o comprometer en árbitros las cuestiones privadas o judiciales que afecten los derechos del menor o incapaz, será resuelta por la corte de distrito en que los bienes radi-quen, o ante la que se siga o haya de seguirse la cuestión litigiosa, previa comprobación de los motivos de necesidad o utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley y la referente a procedimientos legales especiales. ’ ’

No es necesario que éxpresemos en toda su extensión los particulares de la ley que regúla los procedimientos especia-les en cuestión. Debe admitirse que en la práctica algunos de los requisitos exigidos por los artículos 80 y 81 de la ley podrían propiamente ser ' considerados como no aplicables al caso de un tutor extranjero. Aun en lo que respecta a los bienes inmuebles ciertos detalles que tienden principal-mente a proteger a los menores y sus intereses tal vez podrían ser considerados como inaplicables al tutor extranjero o por lo menos la regla pudiera ser mucho más liberal en cuanto a la prueba que haya de exigirse; pero no procede decir que la Legislatura no ha hecho otra cosa que sustituir la auto-rización de la corte de distrito por la del consejo de familia si esa proposición tiene por objeto establecer como corolario la conclusión consiguiente de que la corte de distrito está, meramente en el lugar del consejo de familia y que dicha sus-titución no produce efecto o cambio legal alguno en el al-cance, naturaleza, condición, facultades, punto de vista y ob-jeto de la autoridad supervisora.

Si no puede la Corte de Distrito de San Juan en el ejer-cicio de su intervención en una tutela que por otra parte está enteramente bajo su poder, autorizar la venta de una pro-piedad en Ponce, y si el tutor de San Juan no obstante ese poder si tratase de realizar la venta tendría que acudir al Juez de Distrito de Ponce, ¿cómo es posible que pueda con-siderarse que el Consejo de Familia que reside en España' tiene tal facultad para conceder el permiso, y con arreglo a qué sano principio puede considerarse al tutor español superior a la ley que es obligatoria para el tutor de Sau Juan? Si la ley que alrora rige en Puerto Eico lo mismo que el Código Español, tuvo en cuenta principalmente la protec-ción de los menores y sus intereses con preferencia a la de otras personas interesadas en los 'bienes inmuebles y en asun-tos que constan del registro de la propiedad o que «stán pen-dientes en la corte de distrito del'lugar donde elidios bienes están situados, entonces, sin duda alguna, la corte que ejer-cita sus facultades sobre la tutela jamás hubiera sido arbi-trariamente privada de una parte 'tal de su jurisdicción que naturalmente resulta de su subrogación en los derechos, facul-tades y deberes del extinguido consejo de familia. La única razón, justificación o excusa posible para hacer la distinción que establece el párrafo 5o. del artículo 282 y de la disposi-ción terminante del artículo 284, parece ser la misma en que se funda la aplicación que hacen las cortes americanas de la lex rei sitce en tales casos. La ley no establece diferencia alguna entre el tutor del país y el extranjero, ni crea exen-ción en favor de este último; e interpretando el artículo 9 del Código én relación, con los demás preceptos de la ley arriba citada y a la luz de los cambios y enmiendas a que se ha hecho referencia así como de la intención manifiesta y objeto' de los mismos, nos vemos obligados a declarar que al intervenir un tutor 'extranjero con bienes inmuebles situa-dos en Puerto Rico en las condiciones expresadas deberá obtener previamente la autorización de la corte de distrito del distrito del lugar en que estén sitos dichos bienes de con-formidad con las prescripciones de los artículos 282 y 284 de nuestro Código Civil.

Debe confirmarse la nota del registrador de la propiedad.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey,


author: El Juez' Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Muñoz, Acusado y Apelante.
    No. 730.
    Resuelto en abril 22, 1915.
    Falsa Representación e Impostura — Denuncia Suficiente. — La denuncia en este caso alega que el acusado valiéndose de falsas y fraudulentas simula-ciones obtuvo del denunciante la cantidad de $35, los que se apropió pira su uso particular, y se resolvió que era suficiente de acuerdo con el artículo 470 del Código Penal.
    Denuncia — Suficiencia de la Denuncia. — Generalmente una denuncia es sufi-ciente cuando sigue sustancialmente las palabras del estatuto.
    Id. — Redacción de la Denuncia — -Acusación.—En la redacción de la denuncia no se exige tan estricto cumplimiento de la ley como en las acusaciones formuladas por los Fiscales, siendo bastante si ella informa al acusado del cargo que se le hace.
    Falsa Representación e Impostura — Examen de las Pruebas. — Examinada la prueba en este caso se deeidió que era suficiente para condenar al acu-sado apelante del delito de falsa representación de que se le denuneia.
    Los hechos están. expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Feliú & Ramírez.

    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez' Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Herminio Muñoz fué denunciado ante la Corte Municipal de Mayagüez por el delito de falsa representación, porque valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones ob-tuvo de José Monserrate Ramírez la cantidad de treinticinco -dólares que se apropió para su uso particular. . Conociendo la Corte de Distrito de Mayagüez de esa denuncia en grado •de apelación, al comenzar el juicio solicitó el denunciado el .archivo de la denuncia por haber habido una transacción con -el perjudicado, moción que denegó la corte; y en la apela-ción que se ha interpuesto contra la sentencia condenatoria se alega como primer motivo del recurso que el tribunal erró al .desestimar esa moción. ,

Al argumentar el apelante este motivo de error reco-•noce que de acuerdo con el artículo 446 del Código de Enjui-ciamiento Criminal es discrecional en el tribunal el conce-der o no el archivo de la causa y absolución que le pidió fun-dado en haber sido indemnizado el. per judicado, y también reconoce que hemos declarado en muchas ocasiones que no intervendremos con la discreción de los tribunales inferio-res, a menos que se nos demuestre que han procedido en sus resoluciones abusando de la. facultad discrecional que en cier-tos casos les confiere la ley, por lo que limitando a este punto su argumentación somete a nuestra consideración el que la acción del tribunal a quo fué errónea. Sin embargo, no aporta el apelante dato ni argumentación alguna para demos-trarnos por qué hubo abuso de discreción, ni por qué fué errónea la resolución negativa de su petición, pues se con-creta a exponer que con la moción acompañó un escrito fir-mado por el perjudicado en el que éste reconoció haber reci-bido una completa satisfacción .del acusado e hizo constar que no tenía interés en perjudicarle y que además el apelante 'estaba dispuesto a pagar las costas y a cumplir con los requi-sitos prescritos en el artículo 446 citado.

Esos fueron los hechos sometidos al tribunal para que los considerara y resolviera discrecionalmente, como lo hizo negando la petición; pero como el apelante no aporta dato •alguno de donde podamos inferir que el tribunal abusó- de su discreción o que erró en la resolución, haciendo aplica-ción de nuestra constante jurisprudencia sobre este párticu-lar no intervendremos con esa resolución, la respetaremos y no' sostendremos que se cometió error alguno ni abuso de discreción.

Además, no consta en el récord el escrito que firmara el perjudicado pero sí su declaración en que dice que si bien firmó un escrito en que dice haber recibido una satisfacción completa del acusado y que ha sido reintegrado totalmente de la suma de que fué defraudado, él no ha recibido nada de eso y lo firmó únicamente teniendo en cuenta que es un padre de familia. Esto confirma aún más la justicia de la resolución ya que en verdad el denunciante no fue resarcido de sus perjuicios.

El segundo motivo de error que se alega sostiene que la denuncia es insuficiente por no alegar hechos constitutivos de delito y que el juez debió declarar con lugar la excejjción que por ese fundamento formuló contra ella.

La denuncia impugnada dice así:

“Corte Municipal de Mayagüez, P. R. Estados Unidos de Amé rica. El Presidente de los EE. UU. El Pueblo de Puerto Rico contra Herminio Muñoz, ss. Yo, Monserrate Ramírez, vecino de Maya-güez, de 46 años, formulo denuncia contra Herminio Muñoz por delito de falsa representación, cometido de la manera siguiente: Que en 11 de julio a las 8 p. m. y en la calle de la Salud del Distrito. Judicial Municipal de Mayagüez, el referido acusado valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones, obtuvo del exponente la suma de 35 dollars los que se apropió para su uso particular defraudándome en el importe de la expresada cantidad, siendo testigos: Natalio Muñoz, Martín Arce, Esteban Flores, José Ortega y José Cordero. Firmado. José Mte. Ramírez, denunciante. Jurada ante mí boy 11 de julio de 1914. Firmado: Tomás Bryan, Juez, de la Corte Municipal de Mayagüez.”

El artículo del código en el cual se halla comprendida la denuncia, dice así en lo necesario:

“Artículo 470. — Toda persona que a sabiendas e inteneionalmente, valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones defraudare dinero o bienes a otra persona * * * incurrirá en la pena señalada para el hurto de la cantidad de dinero o bienes así obtenidos.”

Comparando este precepto legal con los términos en que está redactada la denuncia vemos qué ésta sigue sustancial-mente las palabras del estatuto y ya hemos dicho en más de una ocasión que esto generalmente es suficiente y que cuando se trata de denuncias y no ele acusaciones formu-ladas por los Fiscales no se exige un tan escrito cumplimiento de la ley en la manera de redactarlas, siendo bastante si in-forma al- acusado del cargo que se le hace. El Pueblo v. Birrier et al, 18 D. P. R., 270; El Pueblo v. Ortiz, 17 D. P. R., 898; El Pueblo v. Fontana, 16 D. P. R., 658; El Pueblo v. Aranda, 12 D. P. R., 315; El Pueblo v. Bonilla, 13 D. P. R., 43..

Aun cuando el apelante echa de menos en la denuncia las palabras “a sabiendas e intencionalmente” y la relación de la manera cómo la falsa representación se cometió, sin embargo teniendo en cuenta que se trata de una denuncia entendemos que no era necesario que estuviera tan perfec-tamente redactada como lo hubiera hecho un Fiscal, y que informó suficientemente al acusado del delito que se le im-putaba.

* El tercer y último motivo del recurso es que la acusación no probó que el apelante cometiera el delito por el que fué condenado. La prueba consistió en tres declaraciones y el conjunto de ellas es que el perjudicado José Monserrate Ba-mírez acostumbraba entregar dinero a Martín Arce para gas-tos electorales; que el' día a que se refiere la denuncia una persona pidió al perjudicado por teléfono la cantidad de treinticinco pesos que mandaría a buscar diciéndole que era Martín Arce; que poco después fué a buscarlos en nombre de Arce un muchacho a quien llaman Macario, hermano del acusado; que Arce no pidió por teléfono ningún dinero ni tampoco lo recibió y que Macario fué a buscarlo porque su hermano, el acusado, le dijo casi delante de Martín Arce que fuera a buscar un encargo de éste en casa de Bamírez, y así lo hizo, entregando el dinero a su hermano para que se lo diera a Arce, porque éste ya no estaba allí cuando regresó. El acusado era entonces secretario de Arce.

Este breve resumen que hemos hecho de la prueba demues-tra por sí solo que fué suficiente para condenar al apelante por el delito de que se le acusó.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada

Jueces concurrentes: .Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey;

text:
    Hernández, Demandante y Apelante, v. Rosado et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Agnadilla en cansa sobre desahucio.
    No. 1168.
    Resuelto en abril 22, 1915.
    Affidavit — Jueces Municipales — Jueces de Paz — Interés Público.' — -Tanto los jueces municipales como los de paz están facultados para autorizar decla-raciones juradas (affidavits) de acuerdo con la seceión 4 de la ley de 1908 para establecer un registro de affidavits o declaraciones juradas, dejada en vigor por la Ley No. 13 de marzo 9, 1910, euando tales declaraciones son de interés público. ,
    Id. — Procedimiento Judicial — Interés Público. — Cuando la declaración jurada (affidavit) es para surtir efecto en un procedimiento judicial, es de interés público.
    Id. — Objeto Principal bel Affidavit. — El objeto principal de una deelaraeión jurada (affidavit) es para fines del tribunal. ■
    Emplazamiento o Citación —- Diligenciamiento Defectuoso — Jurisdicción • — - Sentencia Nula. — Si el diligenciamiento de una citación es a tal extremo defectuoso que no puede el tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona del demandado, por no contener a ese fin cuanto es necesario de acuerdo con la ley, entonces es nula la sentencia dictada sin jurisdicción, siendo inma-terial los hechos que después de ella se aduzcan para subsanar el diligen-eiamiento.
    Desahucio — Emplazamiento o Citación — Requisitos del Diligenciamiento Cuando se Hace a un Encargado — Jurisdicción—Inferencias.—Según la sección 5". de la Ley de Desahucio, euando el emplazamiento no se hace personalmente al demandado, debe hacerse constar que se practica en bi persona encargada en su nombre del cuidado de la finca y la forma en que está encargada de ella, extremos necesarios para que el tribunal pueda adqui-rir jurisdicción, sin que sea bastante que se consigne que el encargado vivía en el mismo domicilio del demandado, pues ese hecho no es por sí solo sufi-ciente para inferir que estaba encargado de la finca en nombre de él.
    Id. — Cuestiones sobre el Mejor Título. — No es procedente declarar con lugar un desahucio cuando surge una cuestión sobre el mejor título a la propiedad.
    Id. — Orden Dejando sin Efecto una Sentencia de Desahucio en Rebeldía.— Abuso de Discreción. — No comete abuso de discreción una corte que, de acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, deja sin efecto una sentencia de desahucio dictada en rebeldía para facilitar a un demandado la oportunidad de demostrar que tiene algún título que hace improcedente la acción, con mayor motivo euando la sentencia es nula res-pecto de otro demandado.
    Id. — Sentencia Nula por Falta de Jurisdicción. — Si bien la sentencia de desa-hucio no impide que en otro juicio se discuta la propiedad de la finca de que ha sido objeto, no por ello debe subsistir una sentencia que es nula por falta de jurisdicción sobre la persona del demandado, cuando además la sentencia de desahucio cambia la posesión de la finca.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: SV. José de Diego.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Se. Aldeey;

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Hernández Villanueva demandó en juicio de desa-hucio por precario a Pablo Posado Várgas y a Rufina Gon-zález Vélez ante el Tribunal de Distrito de Aguadilla para que fueran desalojados de una finca de ocho cuerdas radi-cada en el barrio de “Goto” de Isabela de la que es propie-tario, y no habiendo comparecido los demandados a la com-parecencia preliminar que ordena la ley para esta clase de juicios, el tribunal dictó sentencia declarando con lugar el desahucio y ordenando el lanzamiento de los demandados.

Dos meses después de haber sido cumplida la sentencia en cuanto a Rufina González solamente por no haber sido hallado Pablo Rosado en la finca, presentaron ambos deman-dados moción al tribunal con súplica de que anulase la sen-tencia que había dictado en el juicio. La moción de Pablo Rosado alegó como fundamento de su solicitud que el tribunal no había adquirido jurisdicción sobre su persona por-que en la diligencia que el márshal suscribió relativa a su citación no se hizo constar que Rufina González a quien por no haberlo encontrado se hizo la citación sea la persona en-cargada del cuidado de la finca; y además porque se había dictado la sentencia sin que el demandante presentara el tí-tulo que justificara ser dueño de la finca y solamente por la prevención que contiene el emplazamiento. En cuanto a Ru-fina González, pidió al tribunal que en atención a los hechos consignados en una declaración jurada que acompañaba, hi-ciese uso de la facultad discrecional que le concede el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil y dejase sin efecto la sentencia dictada así como su cumplimiento. La mencio-nada declaración fné jurada por Rufina González ante Au-gusto Suárez, Juez de Paz de Isabela, y en ella hizo constar: que es soltera y desde hace más de trece años vive en con-cubinato con Pablo Rosado con quien ha procreado varios hijos; que contra ambos se ha establecido una demanda de desahucio para que desalojen una finca en la que vive con sus hijos; que no sabe leer ni escribir por lo que no pudo enterarse de los papeles que le dejaron en su casa cuando la emplazaron ni le fue dado entregarlos a Pablo Rosado hasta seis días después pues éste trabaja fuera de la finca y acostumbra verla a ella y a sus hijos cada seis u ocho días; que la finca objeto del juicio le pertenece por haber comprado siete cuerdas con la ayuda de Pablo Rosado y Ja cuerda res-tante por herencia de su madre; que no ha transcurrido un año desde que se dictó la sentencia y que tiene una buena defensa.

En vista de esas mociones, y después de haber sido oídas las partes, el tribunal dictó resolución declarando nula la dili-gencia de citación hecha al demandado Pablo Rosado y demás diligencias, inclusa la del lanzamiento de los demandados, y especialmente la sentencia en rebeldía declarando con lugar el desahucio, la que dejó sin valor ni efecto alguno y dispuso que se convocara al actor y a los demandados a una compa-recencia, cuya fecha fijó, y que los demandados fueran repues-tos en la posesión de la finca objeto del desahucio, ínterin se sustancia el procedimiento y se dicta la sentencia que fuere procedente.

Contra esta resolución interpuso la parte demandante el presente recurso de apelación en el que no han comparecido los apelados.

El primer motivo de error que por el apelante se atri-buye al tribunal a quo es el de haber tenido en cuenta para su resolución la declaración jurada que presentó Rufina Gon-zález, que es nula por haber sido jurada ante el Juez de Paz de Isabela, quien no tenía autoridad para recibir y adminis-trar tal juramento, con arreglo a la ley estableciendo un registro de declaraciones juradas (affidavits) ante notario y otros funcionarios, aprobada en 12 de marzo de 1908.

Ya liemos resuelto en el caso de Esteban López Cruz con--tra Serafín Meléndez, decidido el 9 de marzo de este año, que los jueces municipales están facultados para autorizar declaraciones juradas (affidavits) de acuerdo con la sección 4a. de la ley de 1908 para establecer un registro de affidavits o declaraciones juradas, dejada en vigor por la ley No. 13 de marzo 9 de 1910, cuando tal declaración es de interés público y no privado. En igual caso se bailan las que se prestan ante los jueces de paz, y como la declaración que ante el Juez, de Paz de Isabela juró Rufina G-onzalez no era de interés pri-vado, en cuyo caso solo pueden recibirlas los notarios, pues era para surtir efecto en un procedimiento judicial, no podemos declarar que sea nula dicha declaración jurada (affidavit). El objeto principal de una declaración jurada (affidavit) es para fines del tribunal. Delgado v. El Registrador de Caguas, resuelto por nosotros en febrero 19, 1915.

El segundo motivo de error se basa en que las alegaciones de Pablo Rosado son insuficientes para sostener la resolu-ción apelada porque constando en la declaración jurada de Rufina González que Pablo Rosado vive con ella en concubi-nato en la finca objeto del desahucio, era la encargada del cuidado de la misma finca.

Sin embargo, si el diligenciamiento de la citación es a tal extremo defectuoso que no pudo el tribunal adquirir juris-dicción sobre la persona del demandado Pablo Rosado por no contener a ese fin cuanto es necesario de acuerdo con la ley, entonces es nula la sentencia dictada sin jurisdicción e importan poco los hechos que después de ella se aduzcan para subsanar el diligenciamiento.

En el diligenciamiento de citación de Pablo Rosado cer-tificó el márshal que lo notificó personalmente “a Rufina González por no hallarse en su domicilio Pablo Rosado Vargas, que es el mismo de la referida Rufina González, entre-gando a dicha Rufina González y dejando en su poder per-sonalmente en sn domicilio nna copia de dicho emplazamiento y en poder de la emplazada nna copia fiel y exacta de la de-manda en el pleito mencionado en dicho emplazamiento.”

Según la sección 5a de la Ley de Desahucio cuando no se encontrare al demandado en el lugar del juicio, o no tuviese en él su domicilio se entenderá la citación con la persona que en cualquier forma estuviese encargada en su nombre del' ■cuidado de la finca en dicho lugar. Por no haber sido encon-trado Pablo Rosado la citación fué hecha en este caso a Rufina González, pero no se hizo constar que se practicó en ella porque estaba encargada en su nombre del cuidado d.e la finca, ni en qué forma estaba encargada; extremos que eran necesarios que constasen en el diligenciamíento de la citación para que el tribunal pudiera conocer que por haberse hecho de acuerdo con los requisitos exigidos por la ley para esos casos, había adquirido jurisdicción sobre la persona de dicho demandado, sin que sea bastante a subsanar ese defecto que se consignara que vivía en el mismo domicilio de Pablo Rosado, pues este hecho no es bastante para inferir que estaba encargada de la finca en nombre de él.

En vista de estas consideraciones no podemos declarar que el tribunal inferior incurriera en el segundo motivo de error que se alega.

El tercer motivo de error se basa en que se cometió error al tomar en consideración y resolver la moción de Rosado porque es frívola ya que siendo Rufina González, la’ única propietaria de la finca, según su declaración jurada, no tiene interés alguno Pablo Rosado. Aparte de que Rufina Gon-zález no ha declarado que sea la única propietaria, pues por el contrario depuso que siete cuerdas las compró con la ayuda de Pablo Rosado, de todos modos, habiendo sido démandado y dictádose una sentencia contra él tiene derecho a que la sentencia se anule, habiendo sido dictada sin jurisdicción y no podemos sostener que su moción en tal sentido sea frívola.

El cuarto error alegado tampoco es sostenible' porque no siendo procedente declarar con lugar el desahucio cuando surge cuestión sobre el mejor título a la propiedad según repetidas sentencias de este Tribunal Supremo, desde el mo-mento en que jura Rufina González que la finca objeto del desahucio le pertenece por haberla heredado en parte y en otra parte por compra hecha con. Pablo Rosado, no vemos que el tribunal inferior haya abusado de la facultad discre-cional que le concede el artículo 140 del Código de Enjui-ciamiento Civil para dejar sin efecto una sentencia dictada en rebeldía, facilitando a la demandada la oportunidad que ■ solicita de demostrar que tiene algún título que haga impro-cedente la acción de desahucio, con tanto más motivo en este caso cuanto qpe la sentencia es claramente nula respecto del otro demandado.

En vista de las conclusiones a que hemos llegado en los anteriores motivos del recurso y toda vez que son nulas las diligencias posteriores a la citación y la sentencia, no se hace necesario que consideremos el quinto motivo de error, por referirse a si hubo o no error en el juicio que se anula.

El sexto error que se alega se basa principalmente en que no presentaron los demandados con sus mociones declara-ción jurada de que tenían buen fundamento de defensa (affidavit of merits) para que el juez pudiera hacer uso de la facultad discrecional que le concede el artículo 140 para dejar sin efecto una sentencia.

Pablo Rosado no basó su petición en ese artículo, y en cuanto a la otra demandada, si es que tal declaración es nece-saria, presentó una declaración jurada que entendemos era suficiente a ese fin.

El séptimo y último error alegado es que hubo error al dejar sin efecto nna sentencia que no produce excepción de cosa juzgada.

Es cierto que las sentencias de desahucio no impiden que en otro juicio se discuta la propiedad de las fincas de que han sido objeto, pero a pesar de ésto no debe subsistir una sentencia que es nula por falta de jurisdicción sobre la persona del demandado, por el solo hecho de que pueda discu-tirse después la cuestión de propiedad.’ Además la senten-cia de desahucio cambia la posesión de la finca.

No encontrando pues, razón para revocar la resolución apelada, debemos confirmarla.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Síes. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Aldeey,

text:
    Ferraioli, Recurrente, v. El Registrador de Ponce, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Ponce denegando la inscripción de una escri-tura de Agenta.
    No. 218.
    Resuelto en abril 23, 1915.
    Inscripción de Títulos — Adquisición Durante la Sociedad de Gananciales— Inscripción a Favor de Uno Solo de los Cónyuges — Enajenación o Gravamen. — Para que pueda ser inscrita la enajenación o gravamen de una inca' inscrita en el registro a favor de uno solo de los cónyuges, y adquirida .du-rante la sociedad de gananciales, es preciso que se otorgue el documento por los dos consortes, porque ambos son los dueños según el registro.
    Id. — Inscripción a Favor de Uno Solo de los Cónyuges — Enajenación por el Otro — Inscripción Previa a Favor del Vendedor. — Aun cuando uno de los cónyuges sea el único dueño de la finca por haber sido adquirida para él con dinero privativo suyo, es necesario que así resulte del registro antes de que el registrador pueda inscribir la enajenación que de ella haga, según el artículo 20 de la Ley Hipotecaria.
    Id. • — • Inscripción Previa — Escritura Aclaratoria Acompañada a la de la Venta — Infracción del Artículo 2o. de la Ley Hipotecaria. — La ins-cripción previa a favor de un vendedor no puede ser suplida haciéndose referencia en la inscripción a una escritura aclaratoria que a la dq venta ,se acompaña, porque con ello se infringirla el precepto del artículo 2o. de la Ley Hipotecaria que exige la previa inscripción de los títulos tras-lativos o declarativos del dominio de los inmuebles o derechos reales.
    Los hechos están- expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: <JSr. Vicente Zayas Pizarra.

    El Registrador Sr. José Miguel Márquez compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sb. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Según el Registro de la Propiedad de Ponee Don Agueda Bosch es dueño de una casa con su solar, que compró estanda casado con Doña Catalina Porrata.

Algún tiempo después, por escritura de 19 de diciembre-de 1914 la Doña Catalina Porrata Massó, subsistente el ma-trimonio, vendió esa finca con pacto de retro a Don Blás. Ferraioli y. Florenzano, haciendo constar en el documenta que aun cuando estaba inscrita en el registro como para la sociedad de gananciales, resulta de otra escritura aclarato-ria que corresponde a la vendedora como bienes propios su-yos, por haberla adquirido su esposo con dinero perteneciente a ella exclusivamente, procedente de su herencia paterna.

Presentada en el registro de la propiedad la escritura de venta con pacto de retro por ella otorgada para su inscrip-ción, acompañada de la escritura aclaratoria últimamente re-lacionada, el registrador de la propiedad se negó a inscri-bir dicha venta por los motivos que aparecen en la nota puesta al pié de la escritura y que dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento, al cual se-acompaña como comprobante la escritura aclaratoria en él citada,, por los defectos insubsanables de que la ñnca vendida se baila ins-crita a favor de Don Aguedo Bosch, persona distinta a la trasmátente,, y que la escritura aclaratoria en que ésta funda su derecho es nula, puesto que en realidad no es más que una trasmisión de dominio entre-esposos, y en el caso de no ser nula, es necesario inscribirla previa-mente, y no como ahora — que se ha presentado como comprobante— para simple nota de referencia; habiéndose tomado anotación pre-ventiva por 120 días al folio 211 vuelto del tomo 155 de Ponee, finca número 6928, anotación letra A. Ponee, enero 15 de 1915. El Regis-trador, José Miguel Marqués.”

Contra esa negativa de inscripción interpuso Don Blas Ferraioli el presente recurso gubernativo con súplica de que ■la revoquemos y ordenemos la inscripción del documento.

El registrador recurrido procedió correctamente al negar la inscripción de la venta con pacto de retro.

La finca en cnestión se halla inscrita en el registro a favor de Don Aguedo Bosch, como adquirida durante la sociedad de gananciales con sn esposa, y para que pueda ser inscrita la enajenación o gravamen que de la misma se haga es pre-ciso que se otorgue el documento por los dos consortes por-que según el registro son los dueños de ella.

Si Doña Catalina Porrata es la única dueña de la finca porque su esposo la adquirió para ella con dinero privativo suyo, es necesario que así resulte del registro antes de que el registrador pueda inscribir la enajenación que ella haga, ya que según el artículo 20 de la Ley Hipotecaria para ins-cribir y anotar los documentos en virtud de los cuales se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmue-bles o derechos reales, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o -en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen.

Esa inscripción previa a favor de la vendedora Doña Catalina Porrata no. puede ser suplida, como pretende el recu-rrente, haciéndose referencia en la inscripción a la escritura aclaratoria que a ella se acompañó porque se faltaría al precepto del artículo 2o de la ley que exige la previa inscrip-ción de los títulos traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles o derechos reales. En verdad, tal escritura no es aclaratoria de ninguna cláusula de la escritura de venta, sino que por .ella se reconoce la propiedad exclusiva de la finca a favor de Doña Catalina Porrata y ha de ser inscrita antes de que pueda inscribirse la enajenación que hizo la esposa.

Aun cuando uno de los motivos en que el registrador se funda para negar la inscripción es que la mencionada escri-tura aclaratoria es nula, como quiera que estimamos que no cabe considerarla como aclaratoria de la de venta y como ahora no está en discusión su validez a los efectos de por ella inscribir la finca como propiedad exclusiva de D.oña Catalina Porrata, no era pertinente ese motivo de la negativa y no es necesario que resolvamos esa cuestión en este recurso.

Por los fundamentos que dejamos consignados debe ser confirmada la nota recurrida. .

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    S. Ramírez & Co., Demandantes y Apelados, v. Quintana et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa sobre cobro de dinero.
    No. 1264.
    Resuelto en abril 23, 1915.
    Pagarés — Cobro Antes del Vencimiento — Demanda Enmendada — Cuestión Académica. — Cuando se alega en una demanda enmendada como causa de acción para el cobro de un pagaré, que éste está vencido, aun cuando se baya alegado en la demanda primitiva que no lo. estaba, resultaría enton-ces una cuestión meramente académica el decidir si podía o nó cobrarse antes de su vencimiento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Francisco González.

    Abogados de los apelados: Sres. Aponte & Apante.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El 8 de julio de 1913 la corporación S. Ramírez & Co. presentó demanda en el Tribunal de Distrito de Huma-cao contra Domingo Quintana j contra Carlos Benitez Santana reclamándoles, al primero como deudor principal y al segundo como fiador y principal pagador, que les pagasen el importe de dos pagarés por $480.35 cada uno, de los cuales el primero estaba vencido en la fecha de la demanda más no así el segundo cuyo vencimiento estaba señalado para el 30 de noviembre de 1913, pero cuya garantía había dismi-, nnído por haber abandonado la isla el fiador.

Excepcionada esa demanda presentó la demandante una demanda enmendada en 18 de febrero de' 1914 reclamando el pago de ambas obligaciones y alegando en cuanto a la segunda, que a pesar de haber vencido no había sido tam-poco pagada y también que cuando antes de vencer esta obligación se pidieron nuevas garantías al deudor por la in-solvencia del fiador, no las prestó.

Contestada la demanda por Domingo Quintana y cele-brado el juicio correspondiente el tribunal dictó sentencia condenatoria contra ambos demandados por el montante de los dos pagarés y contra ella interpuso Domingo Quintana el presente recurso de apelación.

El único motivo alegado por la parte apelante en soli-citud de que revoquemos en parte la, sentencia apelada es que no tenía el deber de presentar nueva garantía respecto del segundo pagaré y por tanto no había perdido su derecho a utilizar el plazo que se le concedió de pagarlo en 30 de noviembre de 1913, cuya materia alegó como defensa en la contestación a la demanda enmendada.

Cuando en 18 de febrero de 1914 se presentó la demanda enmendada ya estaba vencido ese pagaré desde el 30 de no-viembre del año anterior y así se alegó en ella como causa de acción para su cobro y por lo tanto resultaría ahora una cuestión meramente académica el decidir si pudo o no co-brarse antes de su vencimiento.

La sentencia apelada debe ser confirmada. ■

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado . Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. París, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en cansa por seducción.
    No. 775.
    Resuelto en abril 26, 1915.
    ¡Seducción — Pruebas—Carta Escrita por Orden del Acusado — Su Admisión como Prueba. — Es este caso, introducida como prueba cierta carta del acusado a la perjudicada, ésta deelaró que la había recibido y contestado, siguiendo la costumbre establecida entre ellos y que, aunque el acusado no sabía escri-bir, le constaba que la carta era suya, declaración que fué además corro-borada imr ja un testigo' que dijo haber escrito la carta por orden del acusado; y se resolvió: que la corte no cometió error alguno al admitir la dicha carta como prueba.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    El apelante no compareció.
   El Juez Asociado . Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., por virtud de la cual Juan París, el apelante, fué condenado a un año de presidio como autor de un delito de seducción.

Forma parte de los autos una exposición del caso y pliego de excepciones. La acusación es correcta. Imputa al acu-sado, siguiendo las palabras del estatuto, con toda claridad, el delito de seducción. La prueba del Fiscal abarcó todos los elementos constitutivos del crimen perseguido, esto es, que la perjudicada era una joven soltera, que estaba repu-tada por pura y que realizó actos carnales con el acusado por virtud de la promesa de matrimonio que éste le hiciera. Diclia prueba fué contradicha por la de la defensa, y el jurado decidió el conflicto optando por dar crédito a la prueba del Fiscal.

Se tomaron dos excepciones durante el juicio, ambas refe-rentes a la introducción como prueba de cierta carta del acu-sado. La perjudicada declaró que había recibido dicha carta y la había contestado, siguiendo la costumbre establecida en-tre el acusado y ella, y que aunque el acusado no sabía escri-bir, le constaba que la carta era suya. La declaración de la perjudicada fué corroborada por la de Pedro Alvarez quien declaró que había escrito la carta en cuestión por orden del acusado. Siendo esos los hechos, opinamos que la corte no cometió finalmente error alguno al admitir la carta.

Procede la confirmación de la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.