author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Elvira Juana Manuela Joaquina García Fernández, demandante y apelada, v. Josefa Aguayo y Graciela García, demandadas y apelantes.
    No. 3898.

    Sometido: Abril 9, 1928.

      Resuelto: Febrero 4, 1929.

      José Tons Soto, abogado de las apelantes; R. Sancho Bonet, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Este es uno de los litigios más antiguos en Puerto Pico. Pudiéramos empezar esta decisión con palabras parecidas a las que se emplean en la dictada por este Tribunal en el caso García et al. v. Aguayo et al., 32 D.P.R. 422, que es realmente este mismo litigio. Pícese allí:

“Desde hace cerca de veinte años la demandante en este pleito está luchando porque se le reconozcan sus derechos como hija legítima de Don Juan García Villarraza y de su esposa Doña Manuela Fernández y Rodríguez. Aguayo et al. v. García, 11 D.P.R. 274; García v. Aguayo et al., 29 D.P.R. 1022.”

Salvo la diferencia en las fechas, o- sea, el haber trans-currido cinco años después de que se dijo esto, en los demás particulares conviene repetir ese párrafo para iniciar esta opinión.

La demandante, alegando que don Juan García Villarraza falleció en 27 de abril de 1899, casado entonces con doña Josefa Aguayo, y siendo sus únicos herederos la demandante, la otra hija Graciela García y la viuda doña Josefa Aguayo; y habiendo muerto intestado el padre, sostuvo en sus alegacio-nes que tenía la condición de hija legítima de don Juan Gar-cía Villarraza y de doña Manuela Fernández, unidos en matri-monio anterior al celebrado con doña Josefa Aguayo, ha-biendo fallecido la madre de la demandante en la época in-dicada en la demanda. Pidió la demandante que se declarara su condición de hija legítima y de heredera de don Juan Gar-cía Villarraza, y que se anulara la declaratoria de herederos hecha por la Corte de Distrito de Ponce a favor de Graciela García y doña Josefa Aguayo, como únicas herederas de don Juan García, así como sus consecuencias legales en cuanto a los bienes de la herencia y transmisión de los mismos y en cuanto a la percepción de frutos, rentas y utilidades, y asi-mismo en cuanto a la compra de determinados bienes adqui-ridos por la demandada Josefa Aguayo con renta producida por el caudal hereditario.

Las demandadas contestaron negando la calidad- de -hija legítima de la demandante y negando los demás hechos esen-ciales y los daños y perjuicios; y alegando asimismo la pres-cripción, la pendencia de otro pleito, y otras defensas.

Visto el pleito ante la Cor-te de Distrito de Pónce, dictó ésta sentencia en fecha enero 27 de 1926, declarando con lugar la demanda en cuanto a la condición de hija legítima d.e la demandante Elvira Juana Manuela Joaquina García Fernández, y nula la declaratoria de herederos hecha a favor de las demandadas y las inscripciones llevadas a cabo en el registro de la propiedad en cuanto a las fincas de la herencia del causante Sr. García Villarraza, ordenando uña nueva par-tición de bienes con colación del importe de frutos y rentas, para cuya determinación se daban quince días, y condenando también a las demandadas al pago de intereses sobre el im-porte de los frutos.

Contra esta sentencia se entabló la presente apelación.

La parte apelante, o sea, doña Josefa Aguayo y doña Graciela García, ha presentado un alegato cuidadoso y mi-nucioso, producto de serio estudio de la materia.

De los quince señalamientos de error, que por la parte apelante se presentan, pueden hacerse grupos diversos, tra-yendo a cada uno de ellos los que pertenecen a una sola clase.

Así, encontramos que pueden hacerse objeto de un solo grupo, los siguientes señalamientos:

“1. La Corte erró al admitir en evidencia la certificación del asiento reconstruido por el cura de Güira de Melena (Cuba) del su-puesto matrimonio de los padres de la demandante, como evidencia de dicho matrimonio.
“6. La prueba del matrimonio presentada no se ajusta a lo dis-puesto en el Código Civil y por ende se ha infringido por la Corte el artículo 53 del Código Civil al admitirse en evidencia de un 'su-puesto matrimonio canónico celebrado antes de regir el Código Civil la certificación de un acta reconstruida de dicho matrimonio.
“7. La Corte erró al no exigir previamente a la admisión de la certificación de un asiento reconstruido de un supuesto matrimonio, como prueba supletoria, del asiento original por destrucción del libro en que constaba, evidencia de la pre-existencia de dicho a'siento en el libro destruido o establecimiento de una presunción de que dicho asiento debía existir en dicho libro destruido.” v

Estos tres señalamientos se refieren a la admisi-bilidad del documento partida de matrimonio canónico de Juan García Villarraza y Manuela Fernández. Este docu-mento es el mismo que se presentó en el juicio anterior en este mismo pleito, y que no fué admitido por la corte de distrito. Este Tribunal Supremo, en la decisión, por ma-yoría, en el caso García et al. v. Aguayo, 32 D.P.R. 422, citó las objeciones que ante el inferior se hicieron a la admisión del documento, en esta forma:

“ ‘Tenemos que hacer una larga objeción a este documento y va-mos a dictársela al taquígrafo.' Realmente ésta es la cue'stión más importante del juicio. Nos oponemos a la admisión de este docu-mento : — Primero: Porque no es una transcripción del asiento original de la celebración del matrimonio obrante en el archivo parroquial correspondiente, extendida por el ministro celebrante conjuntamente con la celebración del matrimonio en cumplimiento de su cargo, en el curso de su empleo o ministerio. — Segundo: Porque dicho asiento original (entry) del matrimonio en el libro correspondiente al expedirse la certificación, no existía y sin justificarse que hu-biera existido alguna vez, que después desapareció o fué destruida, ■caso único en que sería admisible prueba supletoria o secundaria, de acuerdo con el artículo 154 y 350 del Código Civil y artículo 24 número 1 de la Ley de Evidencia no puede ser admisible.— Tercero: Porque la supuesta reconstrucción del asiento en el libro de matrimonio no ha sido hecha por autoridad competente, que en este caso lo sería el obispo, en adecuado procedimiento, sino que es un nuevo asiento extendido en un libro provisional de matrimonio el dos de octubre de 1938 después de fallado el pleito anterior entre las mismas partes y sobre los mismos issues que el présente, que lo fué en 25 de abril de 1908 y pocos días antes de comenzarse el pre-sente pleito en 7 de noviembre de 1918, habiéndose confeccionado dicho documento en el extranjero por un sacerdote que no celebró ni asistió al supuesto matrimonio de que se trata, ni era párroco de Güira de Melena a la sazón, sin que firme ningún testigo de dicho matrimonio o per’sona que lo presenciara, ni se diga la fuente de in-formación del sacerdote reconstructor, o confeccionador, ni se haya oído o dado oportunidad de ser oídas las partes interesadas, ni apa-rece la autoridad de dicho sacerdote para extender el nuevo asiento.— CuartoPorque dicho documento no es sólo hearsay de la peor cla'se, sino un self-serving evidence, confeccionada después de este litigio entre las partes sobre el hecho preciso que trata de probarse con e'sta evidencia de reciente confección o sea de dos de octubre de 1918, ha-biéndose expedido certificación al día siguiente de confeccionada, o sea el tres de octubre. — Quinto: Porque la certificación de dicho do-cumento no se ajusta en su forma al artículo 69, número 8 de la Ley de Evidencia. — Sexto: Porque en la fecha que 'se dice celebrado el matrimonio, estaba vigente en Cuba la Ley de Registro Civil y desde esa fecha no era admisible para probar el matrimonio, otra prueba que la certificación del Registro Civil y aún cuando se hubiera cele-brado antes el matrimonio de regir dicha ley, de acuerdo con las dis-posiciones vigentes entonces, lo's asientos de los libros parroquiales debieron transcribirse a los libros del Registro Civil.’ ”

T este Tribunal Supremo, dijo:

“A nuestro juicio la corte de distrito erró al negar la admisión del documento y su error aparece aún más claro cuando ’se considera el testimonio de Florencio García, un sacerdote, conocedor del Dere-cho Canónico, a quien no la demandante sino la propia demandada Bra. Aguayo encomendó que averiguara personalmente si la recons-trucción de la partida del matrimonio de los padres de la demandante se había hecho conforme a las leyes canónicas. Declaró que conocía personalmente al párraco Luciano García y vió la partida original asentada en el libro supletorio formado a virtud del incendio del ar-chivo en tiempos de la última guerra de Cuba con España. No se permitió al testigo que expresara su opinión, ni que describiera el expediente del cual había emanado la partida reconstruida, pero a pesar de la tenaz oposición de la parte demandada y de- la actitud de la corte, de su declaración aparece la existencia del expediente visto por él.”

Y luego, en la misma página que se acaba de citar, dijo el tribunal:

“Se ha insistido en que sólo al Obispo de la Diócesis a que per-tenecía la parroquia, correspondía la reconstrucción de la partida. Estamos enteramente conformes en que es el Obi'spo la primera auto-ridad de la Diócesis y la única que puede ordenar la reconstrucción de archivos parroquiales destruidos, y así resulta del documento de que se trata en este caso. En él se dice: ‘Y en cumplimiento del decreto del Exmo. Sr. Obispo Diocesano de fecha 23 de junio de 1896, por haberse quemado el archivo de esta iglesia el día cinco de énero de este año noventa y seis, yo, presbítero Luciano García y González, Cura Párroco interino de la misma, lo firmo a dos de oc-tubre de 1918.’ Y la certificación expedida por el párraco fué al Obispado y en el Obispado se legalizó su firma por el funcionario con autoridad para ello.”

Y en la página 429, tomo y decisión citados, encontra-mos:

“No se ha citado por ninguna de las partes ni hemos podido en-contrar nosotros el texto exacto de la ley canónica que fija la norma que debe seguirse para reconstruir los archivos parroquiales destrui-dos por incendio o cualquier otra cau'sa, y siendo ello así debe presu-mirse que la orden del Obispo se dictó de. acuerdo con la ley y de conformidad con ella fué cumplida. Una vez que el libro supletorio fué formado y las partidas destruidas quedaron nuevamente inscritas en él, sus asiento's tienen la condición de originales y el funcionario que los custodia puede expedir certificaciones válidas. Toca a la parte demandada demostrar la ineficacia del documento, si' es real-mente ineficaz de acuerdo con los hechos y la ley. Prima facie, re-petimos, es válido y debió admitirse y reconocérsele todo el valor que las leyes y la jurisprudencia reconocen a los documentos de igual naturaleza. ’ ’

En realidad, con lo dicho en aquella decisión, García et al. v. Aguayo et al., se encuentran resueltos los tres señalamien-tos de error de que aquí se habla, y la resolución contiene estas declaraciones:

1. El asiento certificado en el documento de que se trata, tiene las condiciones de un asiento original.

2. La certificación está expedida por un funcionario que tiene bajo su custodia los libros en que se hallan esos asientos y que pudo expedirla válidamente.

3. La reconstrucción del archivo parroquial de que se trata fué hecha por decreto eclesiástico del Obispo de la Diócesis correspondiente.

■ 4. La presunción legal es de que en la reconstrucción y en la expedición del certificado se siguió la ley.

Las objeciones que en aquel caso se hicieron, con res-pecto a la admisibilidad del documento, fueron en realidad desestimadas, al declararse el documento admisible como evi-dencia.

Cotejando y comparando los puntos de objeción en aquel •y en este caso, encontramos que son substaneialmente iguales, siquiera varíe la forma de presentarlos, y de exponerlos. Anotamos que algunos de los supuestos defectos que se se-ñalan a la certificación de matrimonio, se encuentran también en certificaciones que presentaron las -añora apelantes, como el documento número dos, páginas 69, 70 y 71, transcripción, referida a unos autos 'sobre nulidad de asiento de matrimo-nio, y en la que se certifica en la misma forma que en el antes citado documento, tanto por la autoridad eclesiástica como por el funcionario consular; y lo mismo en la certifi-cación que aparece de las páginas 74 a 78, transcripción.

Los tres señalamientos de error de que se trata, deben ser resueltos negativamente, de acuerdo con la antes citada decisión.

El segundo señalamiento de error, se baila redactado como signe:

“2. La sentencia *es errónea por ser contraria a la ley del caso, contenida en la doctrina sentada por esta Hon. Corte en pleito entre las mismas partes sobre el mismo asunto que originó el presente (Aguayo v. García, 11 D.P.R. 274) porque la certificación del asiento de un supuesto matrimonio canónico reconstruido por el párroco de Güira de Melena (Cuba) en procedimiento es-parte, no constituye prueba del matrimonio de los padres de la aetora.”

Cierto que en el caso Aguayo et al. v. García se dictó por este tribunal la sentencia que aparece en el tomo 11, D.P.B. páginas 274 a 287. De los documentos que en prueba fueron presentados por la demandada doña Elvira García Fernández, da cuenta la decisión, y ellos aparecen ser los que siguen:

“Las pruebas traídas al juicio a instancia de la demandada Doña Elvira fueron las siguientes:
“1. Certificación de la partida bautismal de Doña Elvira, idén-tica en sus contestos a la unida a la demanda, y adicionada con la legalización del Consulado General de los Estados Unidos en la Ha-bana, cuya legalización, que tiene fecha 14 de julio de 1905, expresa que el padre' Gumersindo Rodríguez tiene a su cargo lo’s archivos de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de la Ha-bana.
“2. Certificación de la partida de matrimonio canónico de Don Juan García Villarraza y Doña Josefa Aguayo y Cásals, celebrado en la ciudad de Ponce en 28 de noviembre de 1891, en cuya partida se hizo constar que Don Juan García Villarraza era viudo de Doña Manuela Fernández.’ ’

En la decisión en ese caso no se trata de la certificación de la partida de matrimonio de don Juan García Villarraza con doña Manuela Fernández, que no fué presentada: basta ver la fecha de tal certificación, 2 de octubre de 1918, para comprender que no pudo ser presentada en aquel pleito, re-suelto en apelación en 30 de junio de 1906.

En esa decisión se trata de la fuerza probatoria de algu-nas manifestaciones contenidas en las partidas de bautizo de doña Elvira, y de matrimonio de don Juan García Villarraza y doña Joseña Aguayo, y se dice lo que sigue:

“Las partidas de bautismo de Doña Elvira' y de matrimonio de Don Juan García Villarraza con Doña Josefa Aguayo, como en general, todos los documentos, hacen fe del hecho que motiva su otorga-miento y de la fecha de éste o sea de la administración del bautismo y de la celebración del matrimonio en las fechas que expresan; pero no de la veracidad de las manifestaciones que en ellas se inserten respecto de la filiación o estado del bautizado o casado. Esa es la doctrina legal derivada de sentencias del Tribunal Supremo de Es-paña de 28 de junio de-1864, 18 de marzo de 1873, 24 de junio de 1897 y 13 de julio de 1899, doctrina conforme con el precepto del artículo 1186 del Código Civil vigente. La verdadera prueba de la filiación legítima de Doña Elvira en caso como en el pre-sente en que se ha traído a judicial debate esa filiación, debe ser la justificación del matrimonio de sus padres en forma admisible en derecho, y en términos que no dejan duda racional de ella. La de-claración de Doña Elvira y el testimonio de Don Esteban Vidal Ríos sobre manifestaciones que le hiciera Villarraza no demuestran legal-mente la filiación legítima de aquélla.” 11 D.P.R. 274, 287.

Pero, en la decisión en García v. Aguayo, 32 D.P.R. 422, se completaron los conceptos, y se citó el caso Ex parte Otero et al. y Striker v. El Pueblo, 27 D.P.R. 340, el caso Tardi v. Tardi, 30 D.P.R. 225-231, y el caso Sison v. Ambalada, 30 Jur. Fil. 131, en los que se tratan los efectos de ciertas declaraciones en esos documentos, y los de la corro-boración por otros medios de prueba. En el caso Tardi v. Tardi, supra, encontramos que al tratarse de varias partidas bautismales, de matrimonio y de defunción, que fueron admi-tidas, este tribunal dice:

“Basta la enunciación de los anteriores documentos para deducir su pertinencia en un caso de esa naturaleza. Es claro que cada uno de por sí no prueba todo lo que era necesario probar, pero analizados en conjunto, y en armonía con las declaraciones de los testigos esta-blecieron el caso de las promoventes. ”

Conviene recordar que en el mismo caso Tardi v. Tardi, que venimos citando, bay, en la opinión, dos párrafos que se hallan redactados así:

“El matrimonio de Juan Tardi con María Antonia Ramírez de Arellano debió de haberse celebrado hace más de ochenta años y el de Juan Adolfo Tardi con María Dolore's Muñiz hace más de cuarenta. En la partida de bautismo de Tomasia extendida en el año 1840 se hace constar que es ‘hija legítima de don Juan Francisco Tardi y de doña María Antonia Ramírez de Arellano, cónyuge de esta feligresía.’ En la de defunción de Juan Tardi, 1889, se hizo constar que era viudo, casado en primeras nupcias con doña María Antonia Ramí-rez de Arellano y que dejó como sucesores a sus hijos legítimos ‘Ro-salía, Adela y Adolfo Tardi y Ramírez.’ En las partidas de de-función de Rosalía, y de bautismo, 1845, y defunción, 1898, de Adolfo, existen las mismas referencias a su condición de hijos le-gítimos del Sr. Tardi y la 'Sra. Ramírez. En su testamento, otor-gado en 1888, Tardi dice que fué ‘casado y velado conforme a los ritos de nuestra santa madre iglesia católica, en primeras nupcias con doña María Antonia Ramírez de Arellano, con la que tuvo y procreó tres hijos que existen y se llaman Rosalía, casada con don Pedro Martínez, Adela, casada con don Antonio Franecioni, y Adolfo, que es viudo.’ Y en la división de la herencia de don Juan, en la que intervino el opositor como hijo natural del mismo, se partió de la base de dicho matrimonio. En cuanto al enlace legí-timo de Adolfo Tardi con María Dolores Muñiz a él se hace refe-rencia en las partidas de bautismo de María Edelmira, 1878, y Eugenia Amelia, 1882, y en la de nacimiento de María Ernestina, las tres promoventes. En esos documentos no sólo se consigna quié-nes son los padres, si que también los abuelos siendo éstos el Sr. Tardi y la Sra Ramírez. Además dos testigos declaran sin objeción con respecto a la condición de las promoventes como hijas legítimas de Adolfo Tardi y Ramírez.
“A la luz de los principios establecidos en el caso de Ex parte Otero et al y Striker v. El Pueblo, 27 D.P.R. 340, es necesario re-conocer que la prueba aportada es suficiente para demostrar que Tomasia, conocida por Adela Tardi y Ramírez y Adolfo Tardi y Ramírez eran hermanos y que las promoventes son hijas legítimas de Adolfo y en tal virtud legítimas sobrinas de Tomasia, sin que sean obstáculo para ello las decisiones de esta Corte Suprema in-vocadas por el apelante y dictadas en los casos de Aguayo et al. v. García, 11 D.P.R. 275; Sucesión Díaz v. Sucesión Díaz, 17 D.P. R. 57, y Dupont v. Aybar, 25 D.P.R. 317. Las circunstancias con-currentes eran distintas.”

Márcase así la doctrina de este tribunal. Y en la deci-sión en García v. Aguayo, 32 D.P.R. 422, queda más fija tal doctrina, o cuando menos, sus consecuencias prácticas, al afirmarse que

“Repetidamente se ha establecido que los documentos de tal na-turaleza sólo constituyen prueba plena del acto que motiva su otor-gamiento, pero no puede negarse que en casos apropiados las mani-festaciones en dichos documentos consignadas tienen también su fuerza probatoria.”

Distínguese así entre la prueba plena con relación al hecho que motiva el otorgamiento, y la Galidad de elemento probatorio parcial y concurrente, en cuanto a ciertas mani-festaciones y con respecto a ciertos hechos, relacionados con ellas, o de ellas dependientes. La primera, suficiente por sí para determinar ciertos extremos; y la segunda, insuficiente en sus elementos aislados, pero bastante, en unión de otras pruebas, para fundar un juicio relativo a hechos determina-dos, o para servir de base a deducciones lógicas que puedan servir a determinar una creencia.

No creemos que pueda llamarse “ley.del caso/’ con rela-ción al presente, lo decidido en Aguayo v. Garcia, 11 D.P.R. 274; entre otras razones, porque los elementos de juicio en aquel caso no fueron los mismos del presente. Allí no se pre-sentó el certificado de matrimonio de Don Juan García Villa-rraza y doña Manuela Fernández; allí se trató de la aprecia-ción de las manifestaciones contenidas en ciertas partidas de bautismo y de matrimonio, de las inferencias que de esas manifestaciones se pudieran extraer, y de la esfera y las li-mitaciones de tales inferencias. Pero, de todos modos, en la opinión en el caso de Tardi v. Tardi, supra, y en la en el caso Garda v. Aguayo, 32 D.P.R. 422, la manera de ver este problema, fia sido claramente expuesta; y esta última deci-sión citada, es la que podría tener la condición de “ley del caso.” Se ba declarado en mucbos casos por la Corte Su-prema de los Estados Unidos, y por las Cortes de Circuito, y Cortes Supremas de los Estados, que la decisión en apela-ción o en error, es la ley del caso en un juicio subsiguiente cuando los hechos o la evidencia son substancialmente los mismos. (Véase American Digest, 1907 to 1916, 2nd Dec. Ed. Volume 2, Key Number 1195, 1.)

Como una cuestión de derecho, se decidió por este tribur nal, en el caso Garda v. Aguayo, 32 D.P.R. 422, que, una vez formado por reconstrucción el libro supletorio, e inscritos de nuevo en él las partidas destruidas, los asientos tienen la condición de originales, y el funcionario que los custodia tiene facultad legal para expedir certificación válida, siendo tal certificación admisible, y debiéndosele reconocer la efi-cacia que la ley y la jurisprudencia dan a las de su clase. Consecuencia lógica y jurídica de esta declaración, es la de que la certificación de que se trata, es admisible como prueba. La cuestión del peso de tal evidencia es distinta. Y eso debe estimarse “ley del caso”, en cuanto a si es, o no, prueba la referida certificación. A este propósito, es de recordar aquí, lo declarado por este tribunal en la decisión en el caso Rosado v. Ponce Ry. and Light Co., 20 D.P.R. 564, en que se cita el caso Wallace v. Sisson, 114 Cal. 43.

No existe el segundo error señalado por la parte ape-lante.

En otro grupo pueden resumirse y estudiarse los señalamientos de error que aparecen bajo los.números 4, 5 y 6, del alegato de las apelantes. Su texto es como sigue:

“4. La Corte infringió la Ley de Evidencia no sólo al admitir, sino al dar efecto probatorio alguno a la referida certificación.
“5. La Corte erró, en la hipótesis de que tal certificación fuera admisible en evidencia y tuviera algún efecto probatorio, al admi-tirla y darle efecto eontra tercero que no fué parte en el expediente de reconstrucción.
“6. La prueba del matrimonio presentada no se ajusta a lo dis-puesto en el Código Civil y por ende se ba infringido por la Corte el artículo 53 del Código Civil al admitirse en evidencia de un su-puesto matrimonio canónico celebrado antes de regir el Código Civil la certificación de un acta reconstruida de dicho matrimonio/’

Si el documento de que se trata es admisible como evi-dencia, y dehe dársele la misma eficacia y valor que a todos los de su clase, según se decidió por este tribunal en el caso antes citado, García v. Aguayo, no hay que hacer un largo estudio del argumento en este particular. Está ya decidido: y no hay tal error. Y en cuanto a que tuviera o no efecto contra tercero, sería preciso crear esta calidad de tercero en cuanto a los herederos de Don Juan García Villarraza, que la sucedieron en derechos, acciones y obligaciones, para sostener el supuesto error.

En la argumentación con respecto a este extremo, se parte de supuestos que no pueden admitirse como fundamentos para resolver. Se habla de la suposición de que el expediente de reconstrucción se hubiera tramitado en forma, y que exis-tiera el decreto del Obispo, aprobando y ordenando la trans-cripción. No puede sostenerse la argumentación en esa forma. Mientras otra cosa no se pruebe, la presunción es que la ley fué observada, y sus mandatos cumplidos: la pre-sunción es que el expediente se tramitó en forma. Aunque no es base de nuestra decisión, hay un documento que aparece en este expediente, aunque no en la exposición del caso, que es una certificación expedida por el Notario Mayor del Arzobis-pado de la Habana en 18 de diciembre de 1926, en donde aparece que por el Arzobispo de la Habana, se dictó en 4 febrero de 1926 sentencia en un expediente incoado por doña Josefa Aguayo y Carols sobre nulidad de asiento matrimonial de Don Juan Q-arcía Villarraza y Doña Manuela Fer-nández Perdigan, verificado en la Parroquia de Gruirá de Me-lena en dos de octubre de 1918, declarando que la partida matrimonial de los citados es auténtica conforme a derecho, y goza de toda fe que corresponde a los documentos de su clase. Esta certificación aparece unida a los autos de esta apelación, aunque no en la transcripción, por lo que no se le da el carácter de fundamento de esta opinión. Es induda-ble que el procedimiento que debió seguirse por doña Josefa Aguayo, o por cualquier persona que creyera que la certifi-cación, la partida o su reconstrucción son nulas, es el de ata-car ante el tribunal competente tal documento, y obtener su declaración de nulidad y no el de declarar la nulidad, como argumento para el litigio.

No encontramos que la sentencia del Tribunal Supremo de España, de 6 de diciembre de 1901, tenga aplicación a.1 caso. Desde luego la sentencia no tiene autoridad obligatoria para los tribunales de Puerto Rico; pero como cdnsulta o ilustra-ción tendría peso si hubiera paridad entre el caso allí re-suelto y el que tenemos ante nosotros. En el caso allí re-suelto hay un matrimonio que consta únicamente por decreto del Vicario' Eclesiástico,

No existe, como tal, el error señalado bajo el número 5; como por las mismas razones expuestas al tratar de éste, y de otros señalamientos, no convenimos con la existencia del señalado bajo el número 6.

Parece que, al argumentar la parte apelante el séptimo señalamiento de error, hay alguna confusión. Trátase de la necesidad de demostrar la previa existencia del asiento des-truido, para poder presentar la certificación que se refiere al libro supletorio; así aparece del señalamiento de error. Pero, en la argumentación, se separa la apelante del enun-ciado del error, y trata de la posibilidad de que Juan G-arcía Villarraza y Manuela Fernández contrajeran matrimonio en Güira dó Melena, y de si este matrimonio hubiera sido írrito y nulo, citándose el artículo 75 del Código Civil Español, y un comentario de Scaévola con relación a cánones del Concilio de Trento, con referencia a la intervención, en el matrimo-nio, del párroco propio, y al .impedimento constituido por el previo estado de adulterio; y a la nulidad de los matrimonios canónicos contraídos bajo uno de esos impedimentos, de los llamados dirimentes.

Pero nos confrontamos con esta situación: En primer lugar, el régimen del artículo 75 del Código Civil Español, no puede aplicarse a este matrimonio de Juan García Villarraza y Manuela Fernández, que, según la certificación, se contrajo en 1883, antes de la vigencia del Código Civil Español, que se hizo extensiva a Cuba y Puerto Rico, por Real Decreto de 31 de julio de 1889, fijándose en él el plazo para que empezara a regir.

En cuanto a la existencia de impedimentos dirimentes, y consiguiente nulidad del matrimonio, creemos que para declarar tal nulidad debe ejercitarse una acción; y en la contestación no encontramos otra cosa que la negación de que García Villarraza fuera casado con Manuela Fernández, y la afirmación de que al tiempo de la concepción y del nacimiento de Rodulfo Manuel Abraham, era García Villarraza. casado con Oármen Beltrán. Esto no basta. La alegación de la nulidad de un matrimonio debe hacerse en forma explícita y clara, y expresarse los hechos fundamentales de tal nulidad, dando a la otra parte la oportunidad de defenderse y probar.

La acción de nulidad de matrimonio no se ha ejercitado en este caso. Y mal podría ejercitarse por razón del previo estado de adulterio de los qne luego contrajeron el matrimonio, porque a sn ejercicio serían obstáculo dos mo-tivos principales: Io. Que, si se tomara como régimen el del Código Civil, de acuerdo con el apartado 7o. del artículo 84 del Español, copiado en el apartado 5o. del artículo 132 del de Puerto Rico, están incapacitados para contraer matrimo-nio entre sí los adúlteros que hubieran sido condenados por sentencia firme. (Itálicas nuestras.) Y sin esa declaración judicial, y esa sanción penal, no existía la incapacidad, Aparte de esto, si se sigue el Código Civil Español, y si lo que en este caso bubo fue un matrimonio canónico, el pleito de nulidad, mientras rigió el citado código, estaba, por virtud de lo dispuesto en sus artículos 80 y 103 fuera de la jurisdic-ción de los tribunales civiles. 2o. Que en cuanto a la au-torización del matrimonio por un párroco que no fuera el propio de los contrayentes, tenía que haberse alegado y pro-bado tal hecho. No fue tampoco la interpretación de la ley canónica, tan rígida como parece suponerse, y así lo demues-tra el decreto sobre esponsales y matrimonio publicado por la Sacra Congregación del Concilio, de 2 de agosto de 1907. al tratar de la intervención del párroco dice:

“V — Asisten lícitamente:
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“2. Constándoles, además, el domicilio, o cuando menos, la re-sidencia, durante un mes, de cualquiera de los contrayentes en el lugar del matrimonio.”

De forma que la simple residencia, por un mes, en el lugar del matrimonio, era bastante para dar al párroco ju-risdicción como tal y como propio. Esta disposición, aun-que posterior a la época del matrimonio canónico de que se trata, revela el espíritu de la interpretación canónica.

De todas maneras, se ofrecería el problema de si aquel matrimonio, en el caso de que en un procedimiento propio, se hubiera declarado nulo, y de mala fe en su contracción, no produciría efecto civil en cuanto a los hijos habidos en él. Si nos atenemos al Código Civil Español, qne aqní se ña citado por la parte apelante, sn artículo 69 sostiene qne el matrimonio contraído de bnena fe, produce efectos civiles, aunque sea declarado nulo; si ñuño buena fe de parte de uno de los cónyuges, produce efectos civiles con relación a él y a los hijos; y si hubo mala fe por los dos cónyuges, produce efectos civiles con respecto a los hijos. El Código Es-pañol, en parte siguió, y en parte amplió la doctrina en que estaba informada la Ley de Matrimonio Civil de 1870. De acuerdo con los artículos 94 y 95 de ésta, el matrimonio nulo contraído de buena fe produce los efectos civiles mientras subsiste, y la legitimidad de los hijos; y en el caso de buena fe de parte de uno de los cónyuges, los produce con res-pecto a él, y a los hijos. El código, fué más allá que la Ley de Matrimonio Civil, y en el artículo 69, más ajustado a invariables principios de justicia que a preceptos de nece-sidad legislativa, declaró que en los casos en que en la con-tracción del matrimonio con vicio de nulidad, hubiera mala fe por parte de ambos cónyuges, el matrimonio surtiría efec-tos civiles respecto a los hijos.

Comentando este artículo 69 del Código Civil Español, ha dicho Scaévola:

“Siendo la buena fe el requisito determinante de los efectos ci-viles del matrimonio que se declara nulo, la ley tenía que estable-cer una regla sobre la existencia o no existencia de esa cualidad, y al efecto, fija el principio de que la buena fe se presume mientras no conste lo contrario. Hay que probar que ha existido mala fe: en tanto que esto no se demuestre, se considera contraído el ma-trimonio de buena fe. Por ésta se entiende en el caso actual la ig-norancia o el desconocimiento de la causa que motiva la nulidad. % De qué efectos habla el artículo? De todos los que produce un matrimonio válido, pero solamente mientras subsista el matrimonio nulo, pues declarada la nulidad, los efectos de ésta son los expues-tos en los artículos 70, 71 y 72. Más claro era el artículo 94 de la Ley de Matrimonio Civil, que decía: ‘Producirá todos sus efectos civiles mientras subsista.’
“Estos efectos, que se refieren, ya a la persona, ya a los bienes, varían según los casos que comprende el artículo.
“Cuando la buena fe existe en ambos cónyuges, los bijos son legítimos y los padres poseen la patria potestad. . . .
“■Si la buena fe no existe más que en uno de ellos, los bijos ten-drán también la condición de legítimos, pero la patria potestad será facultad exclusiva del inocente. . . .
“Si la mala fe es de ambos cónyuges, el matrimonio sólo surtirá efectos civiles respecto de los bijos: esto es, serán legítimos, y go-zarán de todos los derechos que la ley reconoce a esta clase de bijos.”

Según afirma la parte apelante, de la partida no consta la vecindad de Don Juan García, y sí qne Doña Manuela Fer-nández es de “esta feligresía.” Pero afirma la apelante, qne no aparece probado ese extremo. No creemos qne en la partida matrimonial deba aparecer la prueba de la vecindad o la residencia de los contrayentes; ése es un hecho qne en la partida sienta el párroco, qne se ha cerciorado previa-mente de ello; pero no tiene que probar el mismo.

Este señalamiento de error se argumenta fuera de su enunciación, es. decir, incluyéndose causas y razones dis-tintas.

Oreemos innecesario estudiar aquí los que se refieren a la posesión de estado, y cuando ello puede ser prueba del matrimonio, una vez que hemos declarado en cuanto a la partida matrimonial y sus efectos; y lo mismo en lo que atañe a la presunción juris 'tantum establecida por la Ley de Evidencia de que dos personas que se conducen como casados lo son en realidad.

En cuanto al error noveno, se'enuncia así:

“La Corte erró al no dar por probada la buena fe con que han poseído las demandadas la casa en cuestión, basta el momento de ser presentada la demanda en este caso.”

Dado el testimonio en este caso, especialmente las decla-raciones de las demandadas, y recordando que en la certifica-ción del matrimonio de Don Juan García con Doña Josefa Aguayo, se expresó que el Sr. García era viudo de Doña Manuela Fernández, fallecida en 24 de mayo de 1891, nos parece muy difícil sostener que las demandadas ignoraran la posibilidad de los derechos de la demandante, y poseyeran en la creencia de que no existía derecho alguno adverso al de su total posesión de los bienes de la herencia de Don Juan García Villarraza. Notamos, sobre todo, la contesta-ción de Graciela García (página 54, transcripción) en la que, refiriéndose a la demandante, dice que la testigo la tenía como hermana, y que ahora la tiene como su hermana de padre, lo mismo que a él (Rodolfo) lo tiene como hermano de padre.

No existe el error señalado bajo el número noveno.

No fué tampoco error de la corte inferior la desestima-ción de la defensa de litis-pendencia. Cuanto se refiere a esta defensa se halla resuelto en la decisión de este tribunal en el caso García et al. v. Aguayo et al., 32 D.P.R. 422, donde se dijo:

“Y con el mismo fin consignaremos que, a nuestro juicio, carece de mérito la defensa de litis-pendencia, y las cuestiones de tercero y prescripción.” Pág. 425, tomo citado.

El siguiente señalamiento de error se formula así:

“La Corte erró al no resolver (asumiendo la posesión de mala fe de las demandadas) sobre los frutos y rentas devengadas por la casa, los gastos abonables a las demandadas y el balance correspon-diente a la demandante, y al condenar a las demandadas a pagar a la demandante, en concepto de daños y perjuicios, el interés de los frutos que deban reintegrar.”

De la parte de la opinión de la corte, que se copia en las páginas 53 y 54 del alegato de la parte apelante, se ve claramente la situación. Dice:

“En cuanto a los frutos que se reclaman, no tenemos una base segura para poder determinar el importe y cuantía de los mismos, tanto porque ellos dependen de la cuota hereditaria que pueda asig-nársele a la demandante en la partición, cuanto porque de la prueba practicada en este juicio no tenemos una base segura para poder determinar el importe total de tales frutos o rentas. La deman-dante alega que la casa citada en la demanda ha producido unas ve-ces de 75 a 100 pesos y actualmente 200 y pico de pesos. La de-mandada nos ha presentado tina cuenta creditiva de los ingresos y egresos de la administración de dicha finca, cuenta que no ha sido aceptada por la demandante en su fondo, y si bien se ha ofrecido por la representación de las demandadas el traer los recibos y com-probantes de dicha cuenta y testigos para sostener la misma, esa prueba no ha venido ante nosotros, y de ahí que no podemos llegar a una conclusión final en el asunto, y creemos procedente en bien de la justicia que se haga una liquidación completa de dichos fru-tos para determinar la cuantía de los mismos, adjudicándose a la demandante la parte que de ellos pueda corresponderle de acuerdo con su participación hereditaria. Cuya liquidación deberá llevarse a cabo dentro de los 15 días de ser firme esta sentencia, en cuyo acto deberán presentarse por la demandada los correspondientes comprobantes y prueba pertinente, al objeto de determinar con la mayor certeza el importe total de tales frutos. (Véase el caso de Cintrón et al v. Banco Territorial y Agrícola, 15 D.P.R. 536.) — En cuanto a los daños y perjuicios, tampoco tenemos prueba para fijar su montante, si bien entendemos que la demandante debe obtener de las demandadas el interés legal de la suma que la corresponda en concepto de frutos, a contar desde el fallecimiento del señor Gar-cía Villarraza hasta su definitivo pago.”

No tiene la corte elementos suficientes para establecer una liquidación que no sea expuesta a error, y ordena que se practique. Ése es el derecho perfecto de la corte. Y en lo que afecta al pago de intereses de la cantidad que a la de-mandante pueda corresponder, es cierto que la reclamación de la demandante fue por $22,800 en concepto de daños y perjuicios, y la corte le concede los frutos y sobre su mon-tante, intereses al 6 por ciento anual.

Realmente, aún mirada a la luz del artículo 1075 del Có-digo Civil, esta parte de la sentencia es de imposible justi-ficación. El pago de las cantidades, que de la liquidación resulten, es lo único que puede concederse. No cabe dar el interés de sumas que no se habían pedido en su tiempo, y que aún no se conocen. Conviene recordar a este propósito lo dispuesto en el artículo 1067 del Código Civil de Puerto Rico, en cuanto a la mora.

Convenimos en la existencia de error en cnanto al ex-tremo concreto de la condena en intereses de los frutos.

Con relación al señalamiento de error número 12, entendemos que no hay tal error.

El señalamiento es éste:

“La Corte erró al dejar de resolver expresamente la acción de la demandante reclamando ciertas casas construidas por la deman-dada con frutos de la casa hereditaria y al imponer las costas a las demandadas. ’'

Refiriéndose a la falta de resolución en cuanto a la ac-ción de la demandante reclamando ciertas casas construidas por la demandada con frutos de la herencia, es a primera vista, algo que llama la atención el que no sea la demandante la que se queja de esta falta de resolución, y sí las demanda-das. En verdad, si éstas lo hacen, parece ser porque desean despejar definitivamente las situaciones próximas y futuras. Pero, una vez que la corte ha concedido los frutos, la conce-sión de la otra petición de la demandante, sería de evidente injusticia.

De las citas que en el alegato se hacen al argumentar este error, se viene a un exacto conocimiento de la posición del juez de la corte inferior, quien al resolver acerca de la petición de declarar de modo expreso sin lugar la tercera causa de acción, con respecto a bienes adquiridos por Doña Josefa Aguayo con rentas de la herencia, dijó:

“En relación a la segunda cuestión, entendemos que el hecho de que la Corte no haya hecho pronunciamiento alguno en su sentencia con respecto a dichos extremos, da por supuesto el que la misma ha sido declarada sin lugar sobre tales particulares.”

Hay en este señalamiento un segundo extremo: el de la imposición de costas. Se funda la parte apelante en varios motivos. El primero de ellos es que se desestimó la tercera causa de acción: o sea la misma de que se viene hablando en este señalamiento, y que parece admitirse que fue* resuelta. Como otros argumentos se aduce que las deman-dadas descansan en sentencias de este tribunal; qne ellas lian procedido de buena fe; y que las cuestiones que en este li-tigio se presentan son nuevas y de difícil solución.

No vemos que las sentencias de este tribunal, si se re-fieren las apelantes a los pleitos entre ellas, ni el auto de declaratoria de herederos, alienten, o autoricen a sostener litigios, ni excusen la tenacidad de éstos o de cualesquiera otros litigantes; ni encontramos fundamento para sostener que la buena fe de las demandadas sea evidente. Y en lo que toca a las cuestiones legales nuevas y de difícil solu-ción, la experiencia autoriza a creer que, en cada litigio la misma ley y el mismo precepto legal puede, a la luz de los. hechos y de las circunstancias, aparecer susceptible de ofre-cer facetas y luces distintas; pero, en la realidad, el prin-cipio legal, en su esencia, es el mismo siempre, y es siempre invariable.

No vemos que se ataque de abuso de discreción judicial, o de manifiesto error, parcialidad, prejuicio, o resultado de influencia o de pasión, la. decisión del tribunal. inferior en cuanto a las costas.

Declaramos que no existe el error que bajo este número se señala.

No encontramos el argumento respecto al señalamiento déeimotercero, que se enuncia así:

“La Corte erró al rechazar como evidencia la certificación del Provisor del Obispado de la Habana para probar la costumbre en dicho Obispado de decretarse la reconstrucción del asiento de una partida matrimonial sin perjuicio de tercero y la certificación del nacimiento de la supuesta hija de Juan Garcia'Yillarraza y Carmen Beltrán llamada Sara.”

Dos errores más se señalan, bajo los números décimo cuarto y décimo quinto, argumentados como uno solo. Dicen así:

“14. — La Corte erró al admitir la certificación de defunción de Don Juan García Villarra,za para probar que era casado. • .
“15. — La Corte erró al admitir que el testigo Piña declarara so-bre el concepto público de las relaciones de los padres de la actora. ’ ’

Entendemos que la resolución de este caso no se lia fun-dado en el hedió relacionado en la partida de defunción de que se. trata ;■ y en cuanto a la declaración del testigo Sr. Piña, que se relaciona en la exposición del caso, en las pági-nas 48 a 53, en la que hubo 'el interrogatorio directo, y el contrainterrogatorio por la parte demandada, no hemos en-contrado allí las objeciones al testimonio, y las excepciones necesarias, y sí en cambió el contrainterrogatorio amplio y detallado. Aparece de' un pliego de excepciones lo que si-gue:

“8. — El demandado formuló una moción para que se eliminara la declaración del testigo José C. Piña a lo que se negó la Corte, y el demandado tomó excepción.”

Entendemos que la objeción debe formularse y la excep-ción, tomarse, con expresión de los fundamentos, de ese modo la corte tiene una oportunidad de evitar un error, y las partes la de argumentar, y sostener o retirar la prueba. No aparece la base de la objeción y de la excepción; y no pode-mos declarar que se formularan y tomaran correctamente.

No existen los errores señalados bajo estos números.

Por las razones que quedan expuestas, la smtencia dic-tada en este caso debe confirmarse, menos en cuanto se re-fiere a la condena por intereses de los frutos, parte únictí que s’e revoca.

Los Jueces Asociados' Señores Wolf y Aldrey disintieron en .cuanto a la confirmación. (Véase el prefacio.)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    Casiano Díaz Mediavilla, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, recurrido.
    No. 745.

    Sometido: Diciembre 22, 1928.

      Resuelto: Febrero 4, 1929.

      Fulgencio Pinero, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Casiano Díaz Mediavilla era el dueño de un crédito garantizado con hipoteca. En la ejecución de una sentencia en un procedimiento sumario, él adquirió la finca. El registrador denegó la inscripción según se desprende de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción de este documento porque la finca ad-judicada se halla inscrita a favor de Juan M. Tellado, persona dis-tinta de la demandada Eulalia Ferrer, y porque sobre dicho in-mueble existe anotado un embargo a favor de Sucesores de A. Mayor & Compañía, según, la anotación letra B, posterior a la inscripción del crédito hipotecario que se ejecuta, cuyos dueño y acreedor pos-teriores no aparecen notificados del procedimiento ejecutivo.”

Juan M. Tellado adquirió de la deudora Eulalia Ferrer Y errén. El embargo se hizo por una deuda contra-dicho Juan M. Tellado. Tanto la venta a Tellado como la anotación del embargo fueron efectuados con posterioridad al asiento en el registro de una anotación preventiva o aviso de estar pen-diente el pleito en ejecución de hipoteca.

De la faz de los procedimientos, si tan sólo estos hechos estuvieran ante nos en un procedimiento contehcioso ordi-nario, se infiere que no había duda de la prioridad del de-recho de Casiano Díaz Mediavilla como acreedor hipotecario. Esto se desprende del caso Banco de Puerto Rico v. Solá, 26 D.P.R. 63. En dicho caso tanto una hipoteca como la venta que se trataba de efectuar de conformidad con la misma, fueron realizadas después que un acreedor ordinario había obtenido el embargo de la finca y después de haberse anotado el mismo en el registro, pero en dicho caso, al igual que en el presente, la cuestión giró o debe girar' sobre quién tiene preferencia con motivo de la anotación.

El registrador de San Juan no ataca estos principios. Tampoco ataca la posibilidad de que el acreedor hipotecario pudiera tener originalmente un derecho preferente a la pro-piedad y que las anotaciones posteriores no destruyeron su derecho preferente. Él combate la validez de la venta y sos-tiene que sus deberes a este respecto, de acuerdo con la Ley Hipotecaria, son imperativos, y también que las cuestiones entre las partes relativas a su prioridad deben ser resueltas en una corte de justicia. El registrador cita los artículos 171 del Reglamento de la Ley Hiptecaria, 129 de dicha ley, y entre otras nuestras decisiones en los casos de Manrique v. Registrador de Guayama, 33 D.P.R. 544, y Nazario Figueroa v. Registrador de San Germán, 36 D.P.R. 773.

Este último caso sienta la doctrina de que de conformi-dad con el artículo 171 del Reglamento de la Ley Hipoteca-ria, los acreedores subsiguientes tienen derecho a ser noti-ficados de cualquier venta que se efectúe de acuerdo con dicha Ley Hipotecaria. Este principio es aplicable a todas aquellas personas que estén interesadas en la propiedad que Se trata de vender, y puede ser invocado por ellas, siempre que sus reclamaciones o derechos hayan sido inscritos debi-mente en el registro. Sin embargo, según los casos citados demuestran, el artículo 171 se refiere a las anotaciones de derechos inscritos con posterioridad a la inscripción del cré-dito hipotecario mismo. Este artículo impone el deber a un acreedor hipotecario que ejecuta su crédito, de notificar a todas .las personas cuyos derechos aparecen del certificado inicial expedido por el registrador, siendo tal certificado una de las condiciones precedentes al procedimiento ejecutivo su-mario. De conformidad con sus términos el artículo 171 no tiene aplicación alguna a personas cuyos derechos surgen en el registro con posterioridad a la expedición del certificado. Esto es especialmente cierto, de no ser exclusivamente cierto, cuando el acreedor que ejecuta su derecho ha anotado, como en el presente caso, su demanda de ejecución en el registro.

Esto se hace tal vez un poco más claro por el artículo 71 de la Ley Hipotecaria.

Los tres primeros párrafos de ese artículo leen como si-gue:

“Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán ser enajenados o gravados; pero sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación.
“Si los bienes inmuebles o derechos reales anotados preventiva-mente, a tenor del artículo 42, números 2" y 3°, fuesen adjudicados al demandante en virtud de sentencia recaída en el pleito, o llegase el caso de anunciarlos en pública subasta, se notificará la adjudica-ción o el anuncio al que durante el litigio hubiese adquirido tales bienes o derechos.
“Dicha notificación deberá practicarse a instancia del actor, dic-tada que sea la sentencia firme de adjudicación o antes de verifi-carse el remate en el procedimiento de apremio, debiendo observarse lo que prescriben los artículos 260 al 269 de la Ley de Enjuicia-miento Civil vigente en las Antillas, 244 al 253 de la que rige en Filipinas. ’ ’

El primer párrafo dispone que los derechos anotados no pueden ser perjudicados por una inscripción posterior. En el presente caso el acreedor ejecutante hizo una anotación de haber instituido el. procedimiento sumario. Al hacerlo así, notificó a todo el mundo de su derecho anterior y cual-quier persona que tratara de obtener una inscripción posterior lo bacía corriendo el riesgo de que la propiedad se ven-diera. Tal comprador o acreedor posterior no era en forma alguna un tercero y estaba en el deber de regirse por el re-sultado del procedimiento ejecutivo hipotecario. No hay duda alguna en este caso que tanto la venta a Tellado como el embargo fueron inscritos con posterioridad a la fecha en que se instituyó el procedimiento ejecutivo y en que fue ano-tado en el registro.

Debe revocarse la nota recurrida y hacerse la inscripción.


author: El Juez Asociado SeñoR Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tomás Colón, acusado y apelante.
    No. 3631.

    Sometido: Diciembre 11, 1928.

      Resuelto: Febrero 8, 1929.

      José Q. Torres ñallabery, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Audrey,

. emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué denunciado en una corte municipal por el delito de acometimiento y agresión con la circunstancia ag’ravante de ser el agresor un varón adulto y la agredida una mujer. Fué condenado en esa corte y habiendo apelado de la sentencia fué celebrado el juicio de nuevo en la corte de distrito y condenado otra vez, contra cuyo fallo interpuso este recurso de apelación.

No ha presentado el apelante para sostener su recursa una especificación de errores como requieren las reglas de esta corte, pero examinaremos su alegato para considerar su apelación.

Con respecto al acto de acometimiento y agresión declaró como única testigo la mujer agredida y por esto alega el apelante que debe ser revocada la sentencia dictada contra él.

La declaración de un testigo, si es creída, es suficiente prueba de un hecho de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Evidencia, a menos que la ley haya exigido expresamente que sea corroborada como en los delitos de seducción y viola-ción, por lo que no existe el error señalado, sin que el hecho de que la agredida, que dijo ser la esposa del apelante, ju-rase en su denuncia ante la corte municipal que el acusado le había dado varias bofetadas cuasándole golpes en el ojo izquierdo, en la espalda y en el pecho y que en el juicio declarase que sólo le dió una bofetada y que no le hizo daño alguno en el ojo izquierdo, sea obstáculo para que la corte diera crédito a su declaración.

Se funda otro motivo de la apelación en haber ordenado la corte de distrito que el acusado estuviese presente en el juicio a pesar de tratarse de un delito menos grave.

Al comenzar la vista del juicio de nuevo ante la corte de distrito y no habiéndose presentado el acusado expuso su abogado que no tenía obligación de estar presente por tra-tarse de un delito menos grave y habiendo ordenado la corte que el acusado compareciera en el juicio así lo hizo.

El artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que es aplicable a las Cortes Municipales según hemos declarado en el caso Ex parte Colón, 29 D.P.R. 117, exige que los acusados ante ellas por delitos menos grave, que son de los que pueden conocer, estén presentes en el juicio y al dictarse sentencia. Posteriormente fué enmendado dicho artículo por la Ley No. 95 de 1925, página 765 de las leyes de ese año en el sentido de ser dispensadas de ese requisito en de-litos que no impliquen una mente perversa o depravación moral, cuando fueren representados por abogado y éste se hallare presente en ambos momentos.

También hemos declarado en el caso citado que el ar-tículo 179 del mismo código rige para los procedimientos en las cortes de distrito; y como las apelaciones de las cortes municipales tienen lugar ante las cortes de distrito cele-brándose el juicio de nuevo, son aplicables a estos casos las reglas que gobiernan el juicio en las cortes de distrito, porque actúan como cortes de distrito y no como municipales.

Dispone el artículo 179 citado que en los juicios por de-litos menos graves podrá celebrarse el juicio sin hallarse presente el acusado, pero que siempre que la presencia de éste fuere necesaria para su identificación, podrá el tribunal, a instancia del fiscal, dictar un mandamiento ordenando la asistencia personal del reo.

Es regla general que todo acusado debe estar presente en el juicio y en el acto de ser pronunciada la sentencia pero la ley, para beneficio de los intereses del pueblo, permite que un juicio en las cortes de distrito se celebre sin estar presente el acusado en delitos menos graves, dejando esta cuestión a la discreción de la corte pues dice que podrá ce-lebrarse el juicio sin hallarse presente el acusado; sin per-juicio del derecho que reconoce al fiscal para solicitar que esté presente el acusado para su identificación, por lo que no cometió error la corte inferior al ordenar que el acusado estuviera, presente en el juicio. Los casos de People v. Budd, 57 Cal. 349 y Warren v. State, 68 Am. Dec. 214, tienen ana-logía con esa cuestión.

También sostiene el apelante que no debió ser usado el mársbal de la corte para declarar respecto a que el apelante tiene más de veintiún años de edad. El cargo de mársbal no incapacita a una persona para declarar; y en el caso de El Pueblo v. Benitez, 36 D.P.R. 905, en el que un secretario de la corte testificó sobre lo mismo que el mársbal en este caso, declaramos que su testimonio no era inadmisible.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor 'Wole,

text:
    Aminta Marina Martínez, asistida de su esposo, José M. Romaguera, demandantes y apelantes, v. Central Coloso, Inc., demandada y apelada.
    No. 4799.

    Sometido: Febrero 4, 1929.

    Resuelto: Febrero 12, 1929.

      López de Tord j Zayas Bizarro, abogados de los apelantes; García Méndez & García Méndez, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor 'Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta moción presenta una situación bastante complicada. Se solicita de nosotros que corrijamos los autos ante esta corte en el sentido de incluir cierto documento que la apelada dice fué debidamente presentado, fuera o no considerado por la Corte de Distrito de Aguadilla. En su esencia esta moción es una solicitud para corregir la transcripción taquigráfica, debidamente aprobada por la corte. Solamente tenemos ante nos la copia de nna resolución firmada por el juez de distrito en 23 de julio de 1928 ordenando que el documento en cuestión se uniera a los autos a los efectos procedentes-No tenemos a la vista certificado alguno al efecto de que la corte inferior tuviera ante sí o considerara el documento en cuestión al hacer la apreciación de la prueba. La transcrip-ción taquigráfica fue aprobada por el juez sentenciador el-16 de octubre de 1928. Por tanto, cualquier prueba, según se admite que este documento es, por insignificante que sea, no puede ser considerada por nosotros hasta tanto que el juez de la corte de distrito actúe sobre la misma. Por tanto, técni-camente la moción sobre corrección de autos no puede pre-valecer.

Ésta es, sin embargo, la segunda tentativa de la apelada para ponernos en la misma situación en que estaba la corte inferior y creemos conveniente acelerar su causa. Los he-chos fueron más o menos como siguen. La demandada tra-taba de probar los deberes de uno de sus funcionarios me-diante prueba testifical. Aparentemente la idea fué demos-trar que los deberes de este funcionario eran limitados. Los anteriores demandantes y aquí apelantes, entonces ale-garon que si los deberes de este funcionario eran limitados, tal hecho debía probarse mediante la presentación de los estatutos de la corporación demandada y que los deman-dantes correrían el riesgo de que tales estatutos les fuesen adversos. Entonces, después de asegurar el testigo que sus deberes estaban en realidad limitados, los demandantes so-licitaron de la corte que ordenara a la demandada que ra-dicara ante la corte una copia de sus estatutos. La corte así lo hizo.

Bajo estas circunstancias, la demandada podía creer que tenía derecho, si no el deber, de remitir copia de sus esta-tutos a la corte en cualquier momento antes de resolverse el pleito. La moción de la apelada está jurada y de ella se desprende que cierto documento fue radicado y nos envía una supuesta copia. Según hemos dicho, no sabemos si el documento fué en realidad considerado por la corte inferior, pero existe una probabilidad razonable de que lo fuera.

Los apelantes dicen en su oposición que' completaron debidamente la transcripción de la evidencia y que nunca fueron notificados de la radicación de dicho documento. Ellos insisten en su oposición razonada en que tienen de-recho a aceptar los autos según realmente existen y a pre-sumir que se suprimió prueba que debió haber sido presen-tada.

Si el documento era el que se ordenó a la demandada qué presentara, la proposición de los apelantes conduciría a un estado de hechos artificial o ficticio. Quizá estaría-mos considerando el caso sobre una teoría, mientras que la corte lo resolvió sobre otra teoría. Cuando los indicios son que la corte inferior consideró cierta prueba que no está ante nosotros, a esta corte le quedan dos caminos a seguir. Uno es permitir la corrección de los autos. El otro, muy dis-tinto a lo sostenido por los apelantes, sería confirmar la sentencia por el fundamento de que toda la prueba no fué elevada a esta corte.

Los apelantes también dicen que el documento se extra-vió y que mediante moción ante la Corte de Distrito de Aguadilla se trataba de restablecerlo. Existe algún peso en esta contención, a pesar de que no se llama nuestra aten-ción a ello bajo juramento.. La apelada debió aclarar esta situación. Nos sentimos impelidos a ir un poco más lejos.

Si esta moción sobre corrección de autos hubiese llegado a esta corte acompañada de una certificación al efecto de que la corte inferior había en realidad considerado el docu-mento ofrecido, no trataríamos de excluirlo por las razones aducidas por los apelantes. Las objeciones presentadas se dirigen a la admisibilidad e identificación del documento, y el error cometido por la corte, suponiendo que lo hubiera, puede levantarse en un señalamiento de errores adicional.

Por las razones primeramente sentadas se declara sin lugar la moción sobre corrección de aiitos, sin perjuicio del derecho de la apelada a radicar ana nueva moción. De to-dos modos se dará a los apelantes oportunidad para insis-tir en su indebida admisión por la corte inferior, una vez que el documento baya sido finalmente elevado a este tribunal.


author: El Juez Psesidente Senos, del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Martínez, acusado y apelante.
    No. 3549.

    Sometido: Noviembre 22, 1928.

      Resuelto: Febrero 12, 1929.

      Pedro Baigés Gomes, abogado del apelante,- José F. Figueras, abo-gado de Fl Pueblo, apelado.
   El Juez Psesidente Senos, del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia, base de esta causa, dice, en lo pertinente, así:

“Yo, L. Sevillano, Capitán del Puerto, vecino de Mayagüez, P. R., Calle de Aduana, número 25, de 48 años, formulo denuncia contra Juan Martínez, por delito de infracción al artículo 329 del Có-digo Penal, cometido de la manera siguiente: Qne en 18 de octubre de 1927, y en el Barrio Algarrobo, sitio La Playita, en la jurisdic-ción del Distrito Judicial Municipal de Mayagüez, P. R., que es parte de la del Distrito Judicial de Mayagüez, P. R., el acusado Juan Martínez, dueño de una casa situada en terrenos pertenecientes a El Pueblo de Puerto Rico, en el sitio La Playita, Barrio Algarrobo de Mayagüez, P. R., ilegal y maliciosamente, con el fin de estoi’bar el bienestar del vecindario y el libre uso de terrenos de dominio pú-blico, mantiene una cerca distante algunos metros de su casa, con portones que se cierran con candados, cuyas llaves tiene el denun-ciante o sus inquilinos o encargados, cuya cerca encierra terrenos de dominio público ocasionados por accesiones y aterramientos ocasiona-dos por el mar pertenecientes a El Pueblo de Puerto Rico.
“Que la referida cerca se compone de estacones clavados en el te-rreno, unidos entre sí por alambre de púas y con los dos portones antes mencionados.”

El artículo 329, tal como fué enmendado por la Ley No. 60 de 1912, lee como sigue:

“Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecoroso u ofensivo a lo’s sentidos, o que obstruyere el libre goce de alguna propiedad de modo que estorbare el bienestar de toda una sociedad o vecindario, o un gran número de personas, o que ilegalmente obstruyere el libre tránsito, en la forma acostumbrada, por cualquier lago, río, bahía, corriente, canal o cuenca navegable, o por cualquier parque, plaza, calle o carretera pública, constituye un estorbo público (nuisance) ; ”

La sentencia expresa:

“Dada lectura de la denuncia, el acusado 'se declaró no culpable, y practicada la prueba del Pueblo se entró en la de la defensa, siendo ésta suspendida a petición del Ministerio Fiscal, para practi-car una inspección ocular en el sitio de los sucesos que motivaron e'sta denuncia. Hecha ésta, se llamó el caso nuevamente para la con-tinuación del juicio el día 27 de enero de 1928. Terminada la prueba, el abogado de la defensa solicitó la absolución del acusado por entender que éste no era culpable del delito que se le imputaba. La Corte después de oír los argumentos orales de ambos letrados se reservó 'su resolución hasta el día 30 del mismo mes de enero de 1928, en el cual día hubo de ser pospuesto tal acto de pronuncia-miento de sentencia, hasta el día de hoy, 6 de febrero de 1928 en que la Corte declara sin lugar dicha moción, y en consecuencia, es-tando presentes El Pueblo de Puerto Rico por su fiscal Hon. José R. Gelpí y el acusado Juan Martínez asistido de su abogado Ledo. Pedro Baigés Gómez, dieta sentencia declarando al acusado culpable de mantener un estorbo público (misdemeanor) consistente en hacer co-locar una cerca obstruyendo el libre uso de terrenos de El Pueblo de Puerto Rico, delito definido en el artículo 329 del Código Penal y castigado por el artículo 330 del mismo Código, y condena al acu-sado Juan Martínez por dicho delito, a pagar Cinco Dólares de multa y las costas, o en su defecto, a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer.”

No conforme el acusado apeló. Sostiene en su alegato que la denuncia no imputa la comisión del delito prescrito y castigado en el citado artículo 329 del Código Penal porque no alega que se obstruía el libre goce de la propiedad en forma tal que estorbara el bienestar de toda una sociedad o vecindario, o un gran número de personas.

Aunque la denuncia pudo redactarse en términos más po-sitivos, creemos que imputándose como se imputa en ella al acusado el beebo de mantener una cerca con el fin de es-torbar el bienestar del vecindario y el libre uso de terrenos de dominio público, es suficiente. No debe perderse de vista que se trata de una denuncia y no de una acusación.

La prueba fue contradictoria. El propio denunciante declaró en parte así:

“R. — Sí, señor: allá por el mes de agosto o septiembre de este año, este señor, (señalando al acusado) que es dueño de una ca¡sa enclavada en terrenos de El Pueblo de Puerto Rico en el sitio La Playita, Boca Morena, Barrio Algarrobo, de_ Mayagüez, y cuyo te-rreno es de dominio público, le puso a un lado y otro de esá casa una cerca con dos portones con candados, obstruyendo a'sí terrenos que son del dominio público, y con eso intercepta el libre paso. Las llaves de los candados las tienen los vecinos, o ellos. Aunque en la denuncia yo pu'se “denunciante,” es “denunciado” lo que yo quise decir . . . Yo el 20 de septiembre le escribí una carta a él para que quitase la cerca esa, yo, como vigilante que soy de allí; y en octubre, como tenía la cerca, y todavía también está ahí la cerca, que es de alambre, lo denuncié . . . Hay dos callejones, uno a la parte norte y otro a la parte sur, pero para atravesar de un lado y otro, como las casas que dan al mar bajan su cerca allí dejando un espa-cio de alrededor de quince o veinte metros, dejando la casa que es del señor (del acusado) por la de doña Luisa Geyleger, por allí se pasa de un extremo a otro ... El vecindario pasa según al sitio que tenga que ir, bien del norte, bien del sur, y por e'sta casa del acu-sado, que no se puede pasar ... Yo acostumbraba pasar, y el po-licía Candelario también pasaba. Aquello estaba completamente abierto al público, todo aquello ahí hay unas cuantas casas, dos de •doña Luisa Delgado de Geyleger, y también tiene el paso de una se-ñora, doña Minnie de Lange, que tiene su garage allá, y tiene que .pasar de su casa al garage. Esta señora era testigo, y por estar en San Juan no lia podido venir.”

Y el otro testigo del fiscal, Rafael Fernández, inspector ■de sanidad, depuso:

“R. — Pues yo estaba inspeccionando las construeeione's que había •en ese barrio, y entonces me llamó el señor Sevillano y me enseñó una cerca de la casa del señor que está aquí (señalando al acusado). Unicamente vi cercado el patio, y él me dijo: “vea usted ésto, que lo voy a poner de testigo.
“P. — ¿Para pasar usted en esa misma dirección si iba de norte ■a sur, usted podía pasar?
“R- — No señor, la cerca tiene dos portones con candados, uno ■liaeia el norte y otro hacia el sur.”

La prueba de la defensa, consistente en las declaraciones •de Juan E. Silva, José Martínez y el abogado Baigés, tendió •a demostrar que la cerca, que estaba colocada hacía años,' fue sólo reconstruida por el acusado y no entorpecía el tránsito público.

La corte, que practicó una inspección ocular cuyo resul-tado no se hizo constar en el récord y que para su mayor ilustración tuvo a la vista un plano que no conocemos, diri-mió el conflicto en contra del acusado, sin que se haya de-mostrado que actuara movida por pasión, prejuicio o par-cialidad.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eugenio Bonilla, acusado y apelante.
    No. 3613.

    Sometido: Noviembre 20, 1928.

      Resuelto: Febrero 12, 1929.

      José Veray Jr., abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Eugenio Bonilla fue acusado de portar ilegal y volunta-riamente un cuchillo, arma con la cual puede causarse daño corporal. Celebrado el juicio ante la corte de distrito, ésta lo declaró culpable y le impuso cuatro meses de cárcel. Bonilla apeló para, ante esto tribunal, señalando en su alegato dos errores que pueden reducirse a uno: la sentencia no está sostenida por la prueba.

No estamos conformes. El apelante invoca los casos de El Pueblo v. Scott, 36 D.P.R. 802 y El Pueblo v. Cartagena, 37 D.P.R. 281, en los cuales se sostuvo que cuando no se ocupa ni se presenta como prueba el arma, la prueba de su existencia debe ser clara y convincente.

Así es en efecto, pero analizada la practicada en este caso se encuentra que cumple con lo que la jurisprudencia exige. No demuestra que se ocupara el arma, ni el arma fue presentada como prueba, pero es clara y convincente.

El testigo Reguío Bonilla a quien el acusado hirió con el cuchillo, entre otras cosas declaró, refiriéndose al acusador “Yo vi que cuando llegó a la casa de Pablo Carrero tenía un cuchillo grande que tenía unas tachuelas de cobre: de esos cuchillos americanos grandes;.lo tenía aquí, en la pretina, así al lado;.yo lo vi, y fui y cogí a Eugenio-Bonilla por un brazo y le dije: ‘considera a este muchacho, que ustedes siempre se han tratado como hermanos; está demás que vayan a pelear,’ y entonces me dijo: ‘no te me-tas tú,’ y haló por el cuchillo y me tiró a mí;.que la hoja era blanca; era un cuchillo nuevo.” Otro testigo,. Felipe Méndez, declaró que el acusado le tiró a Regino con un cuchillo; que vió el cuchillo; que era “un cuchillo largo él;” que no le vió el cabo, y a las siguientes preguntas del. abogado del acusado, contestó: “P. — 4Y la Roja era mo-hosa o cómo? R. — Mohosa. P. — ¿Era un cuchillo nuevo o viejo? R. — Viejo.” Y Ramón González, un tercer testigo declaró que vió al acusado que tenía un cuchillo.

La contradicción que se advierte entre las declaraciones de Regino Bonilla y Felipe Méndez en cuanto a si el cuchillo era viejo o nuevo, no es de importancia. Ambos afirmaron sin vacilación que el acusado portaba un cuchillo y el portar el cuchillo, sea nuevo o viejo, es lo que constituye el delito.

También se invocan por el apelante los casos de El Pueblo v. Moll, 28 D.P.R. 783 y El Pueblo v. Correa, 36 D.P.R. 440. El primero no es aplicable. Aquí hay prueba directa de que el acusado portaba realmente el cuchillo y no que lo to-mara incidentalmente en sus manos con un propósito sano como en el caso de Moll. Tampoco es aplicable el segundo. Allí la única prueba aportada consistió “en la declaración del testigo Jaime González, policía insular, Jefe de Distrito, manifestando que el acusado se le presentó en su casa, con otros amigos, dieiéndole que Juan de la Cruz le perseguía, y que había tenido que matarlo.” Y esta corte al revocar,, por falta de prueba, la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito de portar un arma prohibida, por medio de su Juez Asociado Sr. Franco Soto, se expresó así:

“En el presente easo, aunque se admita que el acusado ha dado muerte al interfecto con un revólver, no consta el sitio ni la forma y modo en que se realizó el suceso. El hecho de matar a una persona con un revólver no e'stableee una presunción concluyente de que el matador portaba el arma ilegalmente. lía podido ocurrir con la. misma arma que estuviera en poder del interfecto. Ha podido lle-gar accidentalmente a manos del acusado o hacer uso de ella dentro de su propio domicilio. Son, pues, todas éstas probabilidades que envuelven materia de defensa en este caso, pero que el acusado no e'stá obligado a sostenerlas si él no cree necesario hacerlo. El peso de la evidencia recae sobre el gobierno y a él corresponde establecer, más-allá de toda duda razonable las circunstancias del delito.”

Aquí la prueba de que el acusado hirió a otra persona, no es la única. De la herida se habló incidentalmente y ella en verdad pone de manifiesto lo que sirvió de base al legis-lador puertorriqueño al aprobar una ley severa prohibiendo la portación de armas, porque al hecho de llevarlas consigo se debe la mayor parte de los delitos de sangre que surgen como consecuencia de una pendencia súbita, que se cometen en esta Isla. Pero la prueba directa y detallada versó sobre la comisión del delito imputado, a saber, que el acusado por-taba un cuchillo, arma con la cual puede causarse daño corporal.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Pbesidente Señor del Tobo, JUEZ ASOCIADO SB. WOLE.

text:
    Consuelo Pérez, peticionaria, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Carlos Llauger, Juez, demandada.
    No. 606.

    Sometido: Marzo 26, 1928.

      Resuelto: Febrero 12, 1929.

      Juan B. Soto, abogado de la peticionaria; Salvador Suau, abogado dé la demandada en el pleito principal.
   El Juez Pbesidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

■ Consuelo Pérez, £íensu carácter de administradora judicial de los bienes correspondientes a la Sucesión de Bose B. Wilkinson,” interpuso demanda en la Corte de Distrito de San Juan contra la mercantil Sucesores de Manuel Pérez y Co., reclamando la suma de veinte mil dólares por concepto de daños y perjuicios. Se alega en ella, en resumen, que Eose B. Wilkinson murió a consecuencia de los golpes que recibiera a virtud de un choque con un truck de la demandada guiado negligentemente y que su Sucesión se compone de las siguientes personas, todas mayores de edad: Erma Bo-maine Shellenberger, Wenona Wilkinson, Buth Hawthorne y Margary Beans.

La parte demandada formuló varias mociones y luego un escrito de excepciones previas. Entre las excepciones ale-gadas está la de que “la demandante carece de capacidad legal para demandar,” que fue discutida ampliamente y de-clarada con lugar por la corte de distrito, concediéndose a la demandante el término de diez días para enmendar la demanda, por resolución de 22 de octubre de 1927.

Así las cosas, el 7 de noviembre siguiente la demandada presentó una moción pidiendo a la corte que dictara senten-cia teniendo a la demandante por desistida de su acción, yá que no había hecho uso del derecho que se le concediera para enmendar su demanda. Nada proveyó la corte inmediata-mente.

El 22 del propio noviembre de 1927 compareció la de-mandante y pidió a la corte que habiendo sido declarada con lugar la excepción previa de falta de capacidad, se sir-viera dictar la sentencia que fuere procedente a los fines de establecer apelación contra ella.

El 6 de diciembre siguiente volvió a comparecer la de-mandada y repitió su moción de 7 de noviembre pidiendo que se dictara sentencia por abandono y se archivara el pleito.

El 8 de diciembre, 1927, la corte de distrito dictó una sentencia que copiada en lo pertinente, dice:

“Fob cuanto: el día 22 de: octubre de 1927 resolvió esta Corte la excepción previa de falta de capacidad legal de la demandante para demandar, concediéndole un término de diez día's para enmendar su demanda en debida forma;
“PoR cuanto : dicha resolución fué notificada a la demandante con fecha 25 de octubre de 1927, y en este día no ha radicado su demanda enmendada ;
‘ ‘ Poe tanto : vista la moción de la parte demandada, radicada en noviembre 8, 1927, y considerando que ha vencido el término con-cedido a la demandante para enmendar su demanda, sin que lo haya hecho ni pedido prórroga para hacerlo, la Corte declara con lugar la moción de la demandada y dieta sentencia declarando a la deman-dante por desistida y abandonada de su acción y ordenando el ar-chivo de este caso con imposición de costas a la demandante”

El 4 de enero de 1928 la demandante ’ apeló de la anterior sentencia para ante este Tribunal Supremo, y el 14 del propio mes pidió a la corte de distrito que reconsiderara su sentencia de 8 de diciembre, 1927. Parece conveniente transcribir los fundamentos de su moción. Son así:

“Que con fecha 29 de octubre de 1927, se dictó por esta Hon. Corte, una Resolución declarando con lugar la excepción previa de falta de capacidad legal para demandar, interpuesta por la deman-dada.
“Que posteriormente, o sea el 23 de noviembre de 1927, la de-mandante solicitó de esta Hon. Corte se sirviera dictar sentencia so-bre los méritos del caso a los fines de la apelación.
‘ ‘ Que con fecha 8 de diciembre de 1927 esta Hon. Corte, sin haber resuelto la moción de la demandante, decretó a petición de la deman-dada, el archivo de e'ste caso.
“Por tanto, a esta Hon. Corte suplica ahora la demandante, se sirva reconsiderar su sentencia de 8 de diciembre de 1927, decretando ol archivo de este caso, y, a su vez, resolver la moción de la deman-dante, dictando sentencia sobre los méritos del ca'so a fin de que la demandante pueda formular la apelación correspondiente.”

El 10 de febrero de 1928 lq corte de distrito resolvió la moción de reconsideración en el sentido de que habiendo transcurrido el término en que su sentencia fué dictada, no tenía ya facultades para alterarla en la forma solicitada por la demandante.

Pué entonces que la demandante inició ante esta Corte Suprema el presente recurso de certiorari, en el que tam-bién lia comparecido la parte demandada en el pleito sobre daños y perjuicios oponiéndose a las pretensiones de la de-mandante.

En su alegato la peticionaria discute con empeño la cuestión de fondo envuelta, a saber: si la administradora tiene o no capacidad para iniciar el litigio. Por el con-trario la parte demandada en el pleito sostiene con insis-tencia que la peticionaria no puede discutir esa cuestión porque sería sustituir la apelación que voluntariamente abandonó por el recurso de certiorari que sólo se da para investigar cuestiones de jurisdicción o procedimiento.

Hemos expuesto los bechos tales como constan de los autos originales elevados a esta corte a virtud del auto de cer-tiorari expedido.

El motivo que tuvo la corte de distrito para negarse a reconsiderar su sentencia declarando a la demandante “de-sistida y abandonada de su acción” fué el creer que babía perdido su jurisdicción por baber transcurrido el término en que la sentencia fué dictada.

No estamos conformes. Aunque la petición de la de-mandante se titula de reconsideración y aunque en ella no se cita el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, es lo cierto que de ella se deduce que el poder que tal ar-tículo confiere fué el que se pidió a la corte que ejercitara. La misma corte de distrito expresa en su resolución negando la reconsideración que cuando dictó su sentencia' por aban-dono no conocía la existencia de la moción de la demandante pidiéndole que resuelta la excepción previa en su contra dic-tara sentencia para poder apelar. ¿Se quiere un caso más claro de inadvertencia?

Limitándonos dentro de este recurso de certiorari a en-cauzar el procedimiento a fin de garantir la defensa de todos los derechos envueltos, nos parece que la resolución apro-piada que debemos dictar es la de anular la resolución de la corte de distrito de 10 de febrero de 1928 por virtud de la cuál negó la reconsideración que le pidiera la demandante y devolver el caso a la dicha corte para que decidiendo dicha moción reconsidere y anule su sentencia por abandono de 8 de diciembre de 1927 y dicte la que solicitó la demandante por su moción de 22 de noviembre de 1927.

El Juez Asociado señor Wolf disintió.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SB. WOLE.

El demandado solicitó que se dictara una sentencia por abandono, cuando aún estaba pendiente una moción para, que se dictara una sentencia permitiendo a. la demandante revisar la actuación de la corte al sostener una excepción previa a la demanda. La corte pasó por alto, o hizo caso omiso, do la moción de la demandante y dictó sentencia a favor del demandado, fundándose en el abandono. En lo que a la demandante se refería, esto equivalía a una sen-tencia final. Entonces la demandante tenía derecho a ape-lar y a demostrar a esta corte que la sentencia por abandono fue dictada impropia o prematuramente. No apeló y el ha-ber dejado de hacerlo así es un obstáculo para esta corte poder tomar cualquier acción en un recurso de certiorari.

Quizá la demandante hizo bien y estaba acertadamente dentro de sus derechos, al solicitar de la corte que recon-siderara o dejara sin efecto su sentencia. La moción tal vez pudo considerarse, según sugiere la opinión de la mayo-ría, como un procedimiento de conformidad con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, siempre discrecio-nal, pero la moción debe ser considerada más correctamente como un derecho de la demandante que la corte debió haber concedido para no insistir en su ‘ error. La corte declaró sin lugar la moción por un fundamento totalmente erróneo. Ahora bien, como la sentencia no respondía a la moción pre-sentada por la demandante, la moción para reconsiderar o para dejar sin efecto fue cuestión no incluida directamente o no considerada por la corte al dictar su sentencia. Por tanto, la resolución fué dictada después de sentencia. Li-teralmente cualquier resolución que lleve fecha posterior a la sentencia es una providencia dictada después de senten-cia. La exclusión o excepción es aplicable a cuestiones in-cluidas directamente en la sentencia, como la apreciación de la, prueba o la resolución de una excepción previa. Como la corte no consideró en forma alguna la moción de la de-mandante, la sentencia dictada no cayó dentro de la excep-ción de que las cuestiones consideradas por una sentencia solamente pueden ser revocadas mediante la apelación de dicha sentencia. La demandante tuvo dos oportunidades para apelar y no se aprovechó de ninguna de ellas.

Por tanto, la peticionaria no tenía derecho a recurrir a un remedio extraordinario, a menos que hubiera alguna razón especial para distinguir su caso de cualquier otro en que se haya dejado de apelar.

De lo contrario equivaldría a la regla universal de que una parte que deja de valerse de su derecho de apelación puede, sin demostrar nada extraordinario, invocar nuestras facultades extraordinarias. La jurisprudencia es clara al efecto de que el auto de certiorari no puede utilizarse como un substituto del recurso de apelación. Viejo v. Corte de Distrito, 34 D.P.R. 832; Miranda v. Corte Municipal, 36 D.P.R. 865, y Guevara v. Corte de Distrito, 37 D.P.R. 956.

El auto debió haber sido anulado.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Ramos, acusado y apelante.
    No. 3596.

    Sometido: Febrero 5, 1929.

      Resuelto: Febrero 13, 1929.

      Bubón é Ochoteco, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La sección 2 de la Ley No. 25 de junio 10, 1921, leyes de ese año, página 167, dispone lo siguiente:

"Sección. 2. — Todo pan que se venda o se ofrezca o exhiba para la venta en Puerto Rico deberá ser envuelto en una bolsa de papel y llevar sobre la ini'sma un rótulo claro e inteligible, en castellano, con el peso correcto y el nombre del fabricante; Disponiéndose, que el Jefe del Negociado de Pesas y Medidas establecerá al empezar a regir esta ley aquellas variaciones o tolerancias razonables que tanto por exceso como por defecto pueden ser aplicables al peso indicado de los bollos.”

La denuncia que tenemos a la vista lee como sigue:

"Yo, José Rojas Plores, Insp. Ins. P. vecino de San Juan, calle Allen No.-5, de 29 años, formulo denuncia contra Jesús Ramos por delito inf. see. 2 Ley No. 25, aprobada en junio 11, 1921, cometido de la manera siguiente: Que en 29 de febrero de 1928, y en la calle Martí del Distrito Judicial de Bayamón, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, el acusado arriba mencionado, que es dueño de un establecimiento dedicado a la elaboración y venta de pan, vo-luntaria e ilegalmente exhibía para fines de venta bollos de pan faltos de peso. Se tomaron al azar doce bollos de pan, que, según su rótulo, dicen pesar una libra cada uno; se pesaron en una balanza standard del Negociado de Pesa's y Medidas uno a uno y dieron el siguiente resultado en gramos, de 431, 406, 387, 386, 435, 431, 423, 383, 423 431, 423 y 381 gramos, respectivamente. Teniendo en cuenta que la libra standard tiene 453 gramos; estos bollos tienen las siguientes defi-ciencias en su peso de 22, 47, 66, 67, 18, 22, 30, 70, 30, 22, 30 y 72 gramos, respectivamente, que dan un promedio por defecto de 41.3 gramos, que es mayor que la tolerancia concedida por el Jefe del Ne-gociado de Pésas y Medidas en el promedio por defecto para los bo-llo's de una libra, pues la tolerancia que se concede es de 15 gramos Solamente.
“Se presentan doce bollos de pan y una copia de la Circular No. 80, debidamente certificada por el Jefe del Negociado de Pesas y Medidas, como prueba.
“Hecbo contrario a la ley.”

La sección 2, supra, no solamente exige que la envoltura esté marcada en castellano inteligible, sino también que el peso correcto aparezca sobre la misma. No tenemos dudas de que los techos imputados en la denuncia caen dentro del delito penado por el estatuto, y el caso de El Pueblo v. Mayagüez Sugar Co., 37 D.P.R. 112, no es aplicable.

El segundo y cuarto señalamiento pueden ser tratados conjuntamente. Éstos leen como sigue:

“Segundo error: Que la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, P. R., cometió error manifiesto al declarar sin lugar la moción de non suit formulada por el acusado en el presente caso.
£ ‘ Cuarto error: Y por último la corte inferior cometió error ma-nifiesto al declarar al acusado culpable de una infracción a la Ley de Pesas y Medidas del 11 de 1921, aprobada por nuestra Asamblea Legislativa. ’1

Como el acusado sometió su prueba, solamente tenemos que considerar si ella en su totalidad es suficiente para sos-tener una sentencia condenatoria.

El acusado en la silla testifical expresó su sorpresa res-pecto a la forma en que se estaba tomando la prueba, pero no podemos resolver que tuviera derecho a expresar tal sor-presa. La denuncia imputaba suficientemente el delito, y además hay otras indicaciones en los autos de que el acusado sabía lo que el inspector hacía al pesar el pan y el deber que se le imputaba haber infringido, o sea, marcar su pan falsamente. Compareció a juicio ofreciendo pesar el pan.

El tercer señalamiento de error dice así:

“La corte inferior cometió error manifiesto al negarle al acusado la oportunidad de repesar en una balanza standard- del Gobierno de Puerto Rico el pan que se ofreció en evidencia, con el fin de mostrar que el peso del mismo correspondía al del rótulo que ostentaba en la parte exterior dicho pan.”

Como durante el juicio el acusado no tenía balanzas ni los medios necesarios a la mano para pesar el pan, la corte estuvo en lo cierto al resolver discrecionalmente que la oferta hecha después de El Pueblo haber terminado su caso era demasiado tardía. El acusado debió haber estado prepa-rado para presentar su prueba.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Senos, del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Tirado, acusado y apelante.
    No. 3612.

    Sometido: Febrero 1, 1929.

      Resuelto: Febrero 13, 1929.

      B. Estoves y J. García Ducós, abogados del apelante; José E. Fi-goneras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Senos, del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se imputó al acusado el hecho constitutivo de delito de portar y conducir en Aguada, el 16 de febrero de 1927, una pistola, arma con la cual puede causarse daño corporal.

La sentencia en parte dice:

“Se dió lectura a la acusación presentada y el acu'sado, por con-ducto de sus referidos abogados, se declaró culpable del delito de in-fracción al Art.-1 de la Ley Prohibiendo Portar Armas, de Junio 25, 1924, haciendo constar en récord, para los efectos legales consiguien-tes, ‘la circunstancia de que el día 16 de febrero de 1927, a que 'se re-fiere e'sta denuncia, el acusado Pedro Tirado con la pistola a que se hace mención en la acusación, dió muerte al ser humano que res-pondía al nombre de Claudio Rodríguez; que por ese hecho Pedro Tirado fué acusado ante esta Corte por el Sr. Fiscal predecesor del compañero Francisco R. Flores por un delito de Asesinato en primer grado: que se vió el juicio correspondiente ante un jurado y el acu'sado fué exonerado de responsabilidad criminal y declarado no culpable, por lo que esta Corte lo absolvió libremente; que los hechos que motivaron la acusación por el delito de Asesinato en primer grado ocurrieron en la estación del ferrocarril del pueblo de Aguada, donde el interfecto, Claudio Rodríguez, tenía su oficina, desempeñaba el cargo de Jefe de dicha estación y tenía, además, constituido su hogar. ’
“En vista de la confesión de culpabilidad hecha por el acusado Pedro Tirado del delito de Infracción al Art. 1 de la Ley Prohibiendo Portar Armas, de Junio 25 de 1924, la Corte, en cumplimiento de la ley, lo declara convicto de dicho delito, y estimando las circunstan-cias de que el arma fue portada por el acusado en ocasión en que con ella dió muerte al ’ser humano Claudio Rodríguez en la estación del ferrocarril de la American Railroad Company of Porto Rico, en Aguada, donde tenía su oficina y domicilio el interfecto, la Corte le impone al referido acusado, Pedro Tirado, una pena de seis meses de cárcel, condenándolo, además, al pago de las costas de este proceso.”

■ El acusado apeló señalando como errores haber actuado la corte con pasión, prejuicio y parcialidad al imponer el máximo de la pena y ser su sentencia contraria a la doctrina del caso de El Pueblo v. Liceaga, 36 D.P.R. 443.

No estamos conformes. El caso invocado de El Pueblo v. Liceaga, se basó en el de El Pueblo v. Laureano, 34, D.P.R. 209, en el que se estableció la siguiente regia: “Cuando una. acusación imputa un hecho corriente y de ella no surge cir-cunstancia alguna que tienda a agravar el delito cometido y el acusado se declara culpable y no se practica prueba, no está justificada la imposición del máximo de la pena”, y en él se dijo:

“Dicha regla no es contraria al principio de la discreción que tie-nen los juece’s para fijar la pena dentro de los límites marcados por la ley. .Tal discreción existe, pero no es arbitraria. El legislador fijó un límite mínimo y otro máximo porque en su sabiduría conoce que un mismo acto criminal puede cometerse bajo circunstancias que mitiguen o agraven la responsabilidad de su autor. Cuando ninguna circunstancia existe, la sana razón nos lleva a decidir que la adopción de un temperamento medio es lo justo y apropiado.”

Conocemos la sentencia dictada en este caso. En ella el juez sentenciador hizo constar las circunstancias que lo lle-vaban a imponer el máximo de la pena, y examinadas esas circunstancias no encontramos motivo alguno para concluir que dicho juez actuara movido por pasión, prejuicio o par-cialidad o que cometiera un manifiesto error.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey sólo están conformes con la sentencia. Véase el prefacio.