author: El Juez Asociadío Señor Sutder

text:
    Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico, peticionaria, v. Corte de Distrito de Guayama, Hon. Pedro Pérez Pimentel, Juez, recurrida.
    Núm. 1604.

    Sometido: Noviembre 26, 1945.

      Resuelto: Diciembre 10, 1945.

      G. Domínguez Rubio y Gabriel Guerra, abogados de la peticionaria; F. Prieto Amar, abogado del interventor, codemandado en ei pleito principal.
   El Juez Asociadío Señor Sutder

emitió la opinión del tribunal.

Como resultado de nn choque entre el automóvil guiado por Oscar B. Irizarry Cardel y otro automóvil propiedad de la Autoridad de Fuentes Fluviales, ésta demandó a Irizarry por daños y perjuicios ascendentes a $1,000. La Autoridad incluyó también como demandada a la Maryland Casualty Company, alegando que una póliza de seguros expedida por la compañía a nombre de Irizarry cubría dicho accidente.

Al no poderse emplazar personalmente a Irizarry en Puerto Rico, la Autoridad lo emplazó por edictos, de con-formidad con una resolución de la corte. Además, la Auto-ridad emplazó personalmente a Irizarry en Oklahoma, donde residía a la fecha del emplazamiento. Antes de emplazársele por edictos, no se embargaron bienes de Irizarry radica-dos en Puerto Rico. A moción de Irizarry, quien compare-ció especialmente a dicho fin, la corte de distrito anuló su resolución para que se le emplazara por edictos y resolvió que no había adquirido jurisdicción sobre la persona de Iri-zarry. Expedimos el auto de certiorari a solicitud de la Autoridad.

El caso de Pennoyer v. Neff, 95 U. S. 714, resuelve que en un pleito in personam no puede adquirirse jurisdicción sobre un demandado no domiciliado mediante emplazamiento por edictos; bajo tales circunstancias, el único remedio era embargar bienes propiedad del demandado radicados en el Estado, lo que convertía el caso en una acción. quasi in rem. El caso de Pewnoyer en sus hechos envolvía un demandado no residente que fué emplazado por edictos. Pero algunas cortes, incluso ésta, en virtud del amplio dicta bailado en el caso emplearon similarmente amplio len-guaje al efecto de que en un pleito in personam un deman-dado que reside fuera de la jurisdicción, ya esté o no allí domiciliado, no puede ser emplazado por edictos a menos que se embarguen primeramente bienes del demandado radicados dentro del Estado, Huete v. Teillard, 17 D.P.R. 49, 53-4; Cosme v. Santi, 37 D.P.R. 763, 765-66; Wenonah Military Academy v. Antonsanti, 40 D.P.R. 263, 266; Arrarás v. Arzuaga, 53 D.P.R., 713, 720-21; De la Montanya v. De la Montonya, 44 Pac. 345 (Calif. 1896).

En 1940 el caso de Milliken v. Meyer, 311 U. S. 457, aclaró la situación -al resolver que una ley que disponía el emplazamiento sustituto en una acción personal sobre un do-miciliado de Wyoming fuera de dicho Estado, no infringiría la cláusula del debido procedimiento. La Autoridad trata aquí de aplicar dicha decisión, alegando que Irizarry estaba domiciliado en Puerto Rico y que, a tenor con la Regla 4(e) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil y el caso de Millihen, Irizarry fue emplazado por edictos debidamente, no obstante la ausencia de un embargo anterior. Al considerar este pro-blema, asumiremos, sin decidirlo, que Irizarry babía retenido su domicilio en Puerto Rico, si bien estaba residiendo en Oklahoma cuando se le emplazó.

Si el artículo 93, inciso 6, y el artículo 94 del Código de Enjuiciamiento Civil, no se hubieran cambiado, quizás podría argüirse que eran lo suficientemente amplios para autorizar el emplazamiento, sin efectuar embargo alguno, sobre una persona domiciliada aquí pero ausente de Puerto Rico cuando se le quiso emplazar. Pero en vista de las insinuaciones del caso de P ennoy er v. Neff al efecto de que no era posible admitir el emplazamiento sustituto, aún sobre domiciliados, sin un embargo anterior de sus bienes, esta Corte, lo mismo que otras, con anterioridad al caso de Millihen, le había dado a los artículos 93 y 94 una interpretación que algunos cre-yeron entonces que era necesaria para que fueran constitu-cionales dichos artículos; vg. que el emplazamiento sustituto tenía que ensamblarse con un embargo de bienes en todos los pleitos in personam.

Finalmente el caso de Millihen aclaró el punto de que como cuestión de debido procedimiento no hay requisito al-guno que exija que el emplazamiento personal debe hacerse dentro de un Estado en una acción personal contra ■domici-liados del Estado. Los artículos 93 y 94, por tanto, no de-ben ya interpretarse limitadamente en el sentido de que sólo se aplican a casos donde se haya efectuado previamente un embargo, con miras a protegerlos contra ataques a su cons-titucionalidad. Y, echando a un lado la anticuada objeción constitucional, estaríamos obligados a determinar si el ad-mitido amplio lenguaje de los artículos 93 y 94 de hecho es-tablecieron un plan estatutario de emplazamiento sustituto en acciones personales contra nuestros domiciliados sin re-quisito alguno de embargo previo de bienes de haber perma-necido inalterados estos artículos. Sin embargo, nunca lle-gamos a esta cuestión, toda vez que este Tribunal, al pro-mulgar la Regla 4(d) y (e) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil, si bien adoptó sustancialmente las disposiciones de los artículos 93 y 94, añadió lo siguiente, que pasaría a ver el último párrafo del inciso 4(e):

“En los casos en qne de acuerdo con la ley se requiera un embargo de bienes del demandado para que la corte adquiera juris-dicción, no se ordenará la publicación mientras no se hubiere trabado dicho embargo y se una a los autos constancia de ello, debiendo notificarse el embargo trabado al demando en el mismo edicto en el que se publique la citación, y por correo, cuando de acuerdo con esta regla se le envíe copia del emplazamiento y de la demanda presentada.” •

Al insertar este inciso, con su cláusula introductora “En los casos en que de acuerdo con la ley se requiera un embargo de bienes del demandado para que la corte adquiera jurisdicción . . . ”, al final de la Regla 4(e), le dimos fuerza de ley estatutaria al lenguaje de nuestros casos anteriores, al efecto de que un embargo de bienes en Puerto Rico era en todos los casos condición precedente al emplazamiento sus-tituto en una acción personal. Claro es que, bajo el caso de Milliken, tal resultado no es constitucionalmente necesario en cuanto a nuestros domiciliados. Pero habiendo incorporado nuestra jurisprudencia anterior y su lenguaje en una regla de enjuiciamiento que, sustituyendo los artículos 93 y 94, tiene fuerza de ley estatutaria (Ley núm. 9, Leyes de P. B., 194- í, (1) pág. 331), el único método disponible actualmente para aprovechar la doctrina establecida en el caso de Mil-liken sería cambiar nuestras Begias. Sería quizás aconse-jable enmendar la Begia 4(e) y adoptar una regla similar al estatuto de Wyoming. Pero para tomar tal acción ten-dríamos que atenernos al procedimiento provisto para ello en la Ley núm. 9. En el caso ante nos, estamos constreñidos por la Begia 4(e), tal cual lee hoy: el emplazamiento por edictos, aún para nuestros domiciliados, exige todavía un anterior embargo de bienes en Puerto Bico en una acción in personam.

La Autoridad también alega que se adquirió jurisdicción sobre Irizarry en virtud del emplazamiento personal en Oklahoma, lo que demuestra su conocimiento efectivo del pleito. Pero el conocimiento efectivo de un pleito no confiere jurisdicción sobre la persona de una de las partes del pleito; es necesario que se haga el emplazamiento de conformidad con los términos específicos de un estatuto válido. Matos v. Agraít, Juez, 59 D.P.R. 291, 294-5; Piggly-Wiggly Georgia Co. v. May Investing Corp., 6 S. E.2d 579, 580 (Gra., 1939); McCoy v. Hickman, 15 A.2d 427 (Del., 1940).

De la misma manera, no hubo renuncia del emplazamiento, o sometimiento a la jurisdicción, según alega la Autoridad, al Irizarry simplemente firmar un acuse de recibo del emplazamiento personal en Oklahoma. Lawton v. Porto Rico Fruit Exchange, 42 D.P.R. 291, 297-8, citado por la peticionaria, resuelve únicamente que bajo el artículo 97, inciso 4, Código de Enjuiciamiento Civil, puede establecerse prueba del emplazamiento por “la aceptación por escrito de un demandado”. Pero aquí no bay problema sobre prueba del emplazamiento — indudablemente Irizarry fue emplazado personalmente en Oklahoma. La dificultad estriba en que no tenemos estatuto que disponga que bajo las circunstancias de este caso el emplazamiento personal en Oklahoma confirió a nuestras cortes de jurisdicción personal sobre Irizarry. Y nada hay en el acuse de recibo del emplazamiento en Oklahoma firmado por Irizarry que pueda interpretarse razona-blemente como una renuncia del requisito de que se haga un emplazamiento válido.

La Autoridad también sostiene que ésta es una ac-ción quasi in rem más bien que una acción personal. Su teoría es que, en vista de la sección 175 de la Ley de Se-guros la inclusión de la compañía aseguradora, sin más, opera como un embargo en efecto legal del interés de Iri-zarry en la póliza. No ganaríamos gran cosa examinando las ramificaciones de los casos citados por la peticionaria procedentes de otros estados y que surgieron bajo disposi-ciones estatutarias específicas. Nuestros estatutos son cla-ros : Para que exista un embargo, deben darse los pasos for-males exigidos por la ley, Ley Para Asegurar la Efectividad de Sentencias, Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, 1941, págs. 775-8 ; y subsiguientemente, debe hacerse el emplazamiento por edictos conteniendo éste notificación expresa de que se fia efectuado el embargo, Regla 4(e). Toda vez que ninguno de estos hecfios ocurrió en este caso, no po-demos convenir con la peticionaria que -la mera inclusión de la demandada bajo la sección 175 resulta en efecto legal en un embargo de la póliza de Irizarry y convierte el caso en una acción quasi in rem, justificando con ello se emplazara a Irizarry por edictos.

En el récord también hay una moción de la Autoridad para que se traiga a Irizarry a este caso mediante embargo formal de su interés en la póliza de seguros que tiene con la Maryland Casualty Company. Las partes fian argumentado considerablemente (1) si el interés que tiene Irizarry en la póliza está sujeto a embargo bajo nuestras leyes; y (2) si una orden posterior para que se emplace por edictos con el fin de traer a Irizarry al caso podría válidamente basarse en tal embargo. La corte de distrito nunca resolvió dicha moción; y en su consecuencia, no se ha dictado tal orden posterior de emplazamiento por edictos. Por tanto, la cuestión no está todavía ante nos. Cuando devolvamos el caso la corte inferior tendrá que examinar y considerar dicho punto.

El auto de certiorari será anulado.

       Véanse 95 U.S. a las páginas 722, 726; McDonald v. Mabee, 243 U.S. 90, 92; Milliken v. Meyer, 311 U.S. 457, 463; XLI Col. L. Rev. 724, 725.

      En el caso de Suete, este Tribunal, por voz de su Juez Asociado Sr. MaeLeary, dijo a la pág. 53: “. . . de acuerdo con la doctrina enunciada en el caso de Pennoyer v. Neff, que ha sido bien establecida, no puede hacerse emplazamiento alguno fuera de la isla, en el cual pueda fundarse una senten-cia dictada en una acción personal ...”

      Algunos estados, prediciendo la repudiación por la Corte Suprema de su dieta en el caso de Pennoyer en relación con los domiciliados, han permitido emplazamiento sustituto sobre éstos. (Véanse los casos citados en el escolio 6, 14 So. Calif. L. Rev. 488; escolio 26, Dodd, Jurisdiction in Personal Actions, 23 Ill. L. Bev. 427, 435; Burdock, Service As a Pegwrement of Due Process in Actions In Personam, 20 Mich. L. Bev. 422, 429-31). En Puerto Bico nunca ha habido una resolución escueta, tal como se distingue del lenguaje, en una forma u otra; esta Corte nunca ha determinado si el domicilio aquí varía la regla. En los casos de Arrarás y de Cosme aparentemente los hechos eran que los demandados estaban domiciliados en España; en los casos de Suete y de Wenonah las opiniones simplemente dicen que loe demandados esta-ban fuera de la isla. Pero ninguno de nuestros casos discute la distinción entre domiciliados y no residentes a los fines de emplazamiento sustituto, si bien su lenguaje, como hemos visto, es lo suficientemente amplio para prohibir en acciones personales el emplazamiento sustituto sobre personas en ambas cate-gorías.

      En reconsideración, la corte de distrito resolvió que Irizarry estaba domiciliado en Oklahoma. Pero sobre esta cuestión de hecho, no se celebró vista alguna, y por tanto la corte de distrito no estaba autorizada para llegar a esta conclusión. Sin embargo, sería fútil devolver el caso para que se resuelva la cuestión del domicilio en caso de que concluyamos que el domicilio de Irizarry no cambiarla la regla aquí.

      Esta contención en verdad se presenta con bastante acierto en un comen-tario al caso de Millihen en 14 So. Calif. L. Kev. 488, en relación con la ley de California que, en cuanto al punto ante nos, todavía contiene algunas dis-posiciones sustaneialmente similares a los artículos 93 y 94.

      Debe notarse que esta regla restrictiva no se ha aplicado a casos no estrictamente m ■personam — por ejemplo, una acción de divorcio la cual envuelve la determinación del status de las partes. Véase Anotación en 147 A.L.R. 673.

      La Regla 4(d) dispone que "el diligeneiamiento se hará ... A un indi-viduo . . . entregándole personalmente copia del emplazamiento y de la de-manda.- . La Regla 4(e) dispone que "Cuando la persona que deba ser emplazada resida fuera de la Isla, o se hubiere ausentado de ella, o si después de la debida diligencia no pudiere ser encontrada en la Isla, o se ocultare para que no pudiera ser emplazada, o cuando se ignorare su domicilio ... la corte . . . puede dictar una orden disponiendo que el emplazamiento se haga por medio de edictos.”

      La sección 175 (Ley núm. 66, Leyes de Puerto Bico, 1921 (pág. 523), según fué enmendada por la Ley núm. 19, Leyes de Puerto Eico, 1929 (pág. 161)), dice como sigue: “Será ilegal toda cláusula en un contrato de seguro que impida al asegurado el derecho de reclamar en los tribunales de justicia, en cualquier momento después de ocurrido el accidente contra el cual se hizo el seguro, el importe de cualquier pérdida sufrida y que hubiere sido objeto de dicho seguro. Cuando el causante de los daños estuviere asegurado contra el accidente que produjo la pérdida o los daños y en el caso en que una póliza de seguro se hubiere expedido para beneficiar a un tercero, la acción para reclamar la indemnización que proceda, podrá presentarse conjuntamente contra el asegurado y la compañía aseguradora. El tribunal determinará no sólo la responsabilidad de la compañía, sino también el alcance de la pérdida.”

       Véase también el artículo 246, Código: de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, cuyas disposiciones hemos resuelto son también “aplicables a los embargos para asegurar la efectividad de una sentencia”. Sierra v. Vieta, 56 D.P.R. 224, 232.

      Cf. Sabater v. The Union Central Life Insurance Co., 41 D.P.R. 241, 245. Pennington v. Fourth National Bank of Cincinnati, Ohio, 243 U.S. 269, citado por la Autoridad, no es aplicable.- Allí se resolvió que un injunction obtenido por el demandante impidiendo que el deudor pagara cierto dinero que se le debía al acreedor demandado, era “un embargo tan efectivo como el embargo corriente. . ’ (pág. 272). Asumiendo, sin decidirlo, que bajo nues-tros estatutos de embargo así lo resolviéramos, aquí un injunction o un reme-dio similar ni se solicitó ni se concedió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Estados Unidos de América, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 1174.

    Sometido: Noviembre 20, 1945.

      Resuelto: Diciembre 11, 1945.

      Philip F. Herriclc, Fiscal Federal y A. Castro Fernández, Fiscal Auxi-liar, abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Los Estados Unidos de América representados por el Administrador Auxiliar de la P. R. Eeeonstruction Adminis-tratiori vendieron a Secnndino Cora Cintrón una parcela de terrenos radicada en Patillas. La escritura fue inscrita en el Registro de la Propiedad. Posteriormente el Gobierno cons-truyó una casa en dicha parcela y se la vendió al Sr. Cora, conviniéndose en la escritura en ampliar y hacer 'extensiva la hipoteca constituida por la escritura original de adquisi-ción del terreno al pagaré por precio aplazado de la venta de la casa. Presentada esta ulterior escritura en el Registro de la Propiedad de Guayama, el registrador hizo constar en su nota lo siguiente:

“INSCRITO el documento que precede, que es una copia de la escri-tura Núm. 29, otorgada en Arroyo el 20 de Junio de 1945, ante el Notario Tomás Bernardini Palés, en cuanto a la edifioaCíón de la casa de cemento que la misma comprende, al folio 4 del tomo 46 de Patillas, finca Núm. 3344, inscripción 2a. y en lo que respecta a la Ampliación de la Hipoteca sobre la finca, o sea el terreno, al folio, tomo e inscripción anteriormente citados; suspendiéndose la inscrip-ción de venta de dicha casa, por el motivo de no haberse consignado la cantidad de dos dollars ($2.00) en sellos de Rentas Internas para la inscripción de dicho derecho, apesar de haberse requerido para ello a la parte interesada en la citada inscripción; y consecuen-temente se deniega la inscripción del derecho de ampliación de hi-poteca en cuanto a dicha casa o mejora se refiere, por haberse sus-pendido la inscripción de venta de dicho inmueble, ...”

Los Estados Unidos de América lian recurrido ante este Tribunal y solicitan se ordene al Registrador la inscripción de la venta de la casa sin tener que pagar los derechos de inscripción. Basan sn recurso en el artículo 1 de la Ley núm. 78 de 10 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 218) que dispone:

“Los Estados Unidos de América, la Puerto Rico Reconstruction Administration y el Administrador de esta Agencia Federal, quedan por la presente exentos del pago de toda clase de derechos prescritos por las leyes vigentes para la tramitación de procedimientos judi-ciales, la expedición de certificaciones en todos los centros del Go-bierno Insular, y para el otorgamiento de documentos públicos, y su inscripción en cualquier registro público de Puerto Rico.”

El Registrador arguye que dicha sección no exime a un comprador del deber de pagar los derechos de inscripción y cita, entre otros, el caso de Irizarry v. Registrador, 61 D.P.R. 74.

Creemos que el Registrador tiene razón. Nada encontra-mos en el artículo 1 de la Ley núm. 78, supra, que indique que la intención legislativa fue eximir del pago de los dere-chos de inscripción a cualquier otra entidad o persona que las tres allí especificadas, es decir: a los Estados Unidos de América, a la Puerto Rico Reconstruction Administration y al Administrador de esta Agencia Federal.

El caso cae de lleno dentro de lo resuelto en el de Irizarry v. Registrador, supra, y a lo allí expuesto nos remitimos.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je,.,

text:
    José Benet Colón, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1172.

    Sometido: Noviembre 5, 1945.

      Resuelto: Diciembre 14, 1945.

      José Benet Colón, pro se; el registrador recurrido compareció por escrito. .
   El Juez Asociado Señor Todd, Je,.,

emitió la opinión del tribunal.

José Benet Colón, dueño de. un solar en Hato Rey, com-pró una parte de otro solar colindante a don Ignacio Hel-gado y lo agrupó para formar una sola finca. Con el fin de inscribir la segregación y agrupación los Sres. Delgado y Benet acudieron a la Junta de Planificación solicitando el permiso correspondiente para poder inscribir. ■ La Junta aprobó el Informe L-55 titulado “Aprobación de mera se-gregación en la Carretera Militar entre Hato Rey y Río Piedras” de febrero 23 del año 1945 y que, en lo pertinente, dice así:

“Tratándose de el mejoramiento de la conformación de un solar, sin perjudicar el área ni la conformación del solar de que se hace la segregación, le es aplicable a este caso las disposiciones del artículo 13 del Reglamento de Lotiñcación, según enmendado.
“Esta Junta no quiere dejar de informar que el Plano Regula-dor de Vías Públicas Principales para el Area Metropolitana de San Juan ya adoptado por esta Junta, incluye una vía llamada en dicho documento, Carretera Express, Ramal Sur, y que se proyecta por la sección en que radican los solares objeto de esta lotiñcación. Aun cuando hasta esta fecha no se ha levantado el plano que localiza en forma precisa la servidumbre de paso que será necesaria para dicha vía, esta Junta recomienda que antes de levantarse construcción al-guna en los primeros 26 metros de estos solares, o sea entre la actual carretera militar y el fondo de dichos predios, se consulten los estu-dios o planos sobre el particular.
“A virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Lotiñcación, según enmendado, por la presente la Junta de Planifi-cación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico apeubba la antes referida lotiñcación, Dispensándose la misma de la presentación de un Plano de Inscripción.
“Copia de esta resolución deberá ser presentada por la parte interesada al Registrador de la Propiedad correspondiente, para que dicho funcionario pueda inscribir esta loiificación sin que sea necesa-ria la presentación de un Plano de Inscripción.” (Bastardillas nues-tras.)

Presentada al Registrador de la Propiedad para su ins-cripción la escritura de segregación, compraventa y agrupa-ción, el Registrador la inscribió pero hizo constar que con vista de la certificación de la Junta de Planificación “queda dicha finca sujeta a . . . mención de ‘proyectos de servidum-bre de paso para una carretera pública uún en estudio por la Junta de Planificación de Puerto Rico.” (Bastardillas nuestras.)

Solicitada por el Sr. Benet la cancelación de la mención de servidumbre, el Registrador la denegó haciendo constar que el informe aprobado por la Junta de Planificación “surte él efecto de una mención de servidumbre ya que dicha Junta está debidamente autorizada para ello de acuerdo con la Ley núm. 155 aprobada el 14 de mayo de 1943 (pág. 489) y el Reglamento aprobado el 5 de septiembre de 1944.” (Bas-tardillas nuestras.)

El Sr. Benet estableció el presente recurso y solicita se ordene la cancelación de la mención de servidumbre y arguye que tal gravamen no ha sido nunca constituido ya que el in-forme aprobado por la Junta de Planificación no tuvo el efecto de constituir tal gravamen y si ésa fué su intención, el mismo sería ilegal.

El Registrador recurrido, por su parte, arguye que, de acuerdo con los artículos 8 y 9 de la Ley de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, según quedaron enmendados por la Ley núm. 155 aprobada el 14 de mayo de 1943, la Junta de Planificación tiene poder para “su-bordinar la aprobación de una lotificación a que la propiedad quede presuntivamente sujeta, en parte, al paso, de un ramal de carretera” y que el Registrador está obligado a hacer constar en la inscripción esa condición de acuerdo con los artículos 9 y 15 de la Ley Hipotecaria y su Reglamento, res-pectivamente. (Bastardillas nuestras.)

La cuestión a resolver .nos parece sencilla. ¿Tiene la mera recomendación incluida en el informe aprobado por la Junta de Planificación el efecto de autorizar al Registrador a hacer constar en la inscripción recurrida una mención de servidumbre sobre la propiedad del recurrente? En nuestra opinión la pregunta debe contestarse en la negativa.

Si bien los artículos 8 y 9 de la Ley de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, supra, conceden a la Junta de Planificación poder para adoptar un “Plano Regulador” y “Planos de Urbanización, de Zonificación y de Uso de Terrenos,” no son dichos artículos los aplicables, por sí solos, a la situación que confrontamos, sino que también es aplicable el artículo 11 de dicha Ley, el cual dispone lo siguiente:

“Plano o Mapa de Carreteras y Calles Futuras. — Preparación de un Mapa Oficial. — La junta podrá hacer, o solicitar que el Departa-mento del Interior haga, con fondos de su propia asignación debida-mente transferidos para este fin, trazados para establecer con exac-titud las líneas de carreteras y calles nuevas, ampliadas, o ensancha-das, de Puerto Rico, y recomendar al Consejo Ejecutivo, para su adop-ción, un plano o planos indicando la posición exacta de los trazados de futuras carreteras y calles. Para conveniencia e información general, la junta podrá establecer de la misma manera un mapa oficial de la Isla. En el mapa oficial se indicará:
“ (a) Todas las carreteras y calles existentes y declaradas por ley como carreteras o calles públicas en la fecha de adopción del mapa oficial,
“(6) Posición de toda carretera o calle que figure en los mapas de subdivisiones registrados, aprobados por la junta de acuerdo con las disposiciones de los artículos 10 y 24 de esta Ley;
“ (c) Todo mapa del trazado de carreteras y calles aprobado por el Consejo Ejecutivo de acuerdo con las disposiciones de este artículo y del artículo 19 de esta Ley. La preparación o adopción de uno cualquiera de tales mapas, o la adopción de un mapa oficial, no deter-minará de por si la construcción de ninguna carretera o calle, ni la expropiación o aceptación de terrenos para tales fines de carreteras o calles. (Bastardillas nuestras.)

Esta disposición legal exige el cumplimiento de dos re-quisitos para el caso en que la Junta de Planificación re-suelva establecer líneas de carreteras y calles nuevas, am-pliadas o ensanchadas, a saber: 1ro., debe hacer o solicitar que el Departamento del Interior haga “trazados para es-tablecer con exactitud” dichas líneas y 2do., recomendar al Consejo Ejecutivo, para su adopción, un plano o planos in-dicando la posición exaxta de los trazados de futuras ca-rreteras y calles. Y establece, además, que aun cuando el Consejo Ejecutivo apruebe cualquier mapa del trazado de carreteras y calles, ese hecho no determinará de por sí la .construcción de ninguna carretera o calle, ni la expropia-ción o aceptación de terrenos para tales fines. (Bastar-dillas nuestras.)

Es más, de acnerdo con el .artículo 23 de la misma ley, se dispone, en lo pertinente, que:

“Tampoco se expedirá ningún permiso de construcción, sanitario o de uso para ningún edificio o estructura, ni para ninguna parte de los mismos, en ningún terreno situado dentro de las líneas de una carretera o calle que figure en un plan de líneas de carretera o calle, aprobado por Consejo Ejecutivo, según se dispone en el artículo di de esta Ley. . . (Bastardillas nuestras.)

Tenemos, por lo tanto, que la Ley de Planificación, Ur-banización y Zonificaeión de Puerto Rico no confirió poder a la Junta por sí sola para establecer el trazado para nue-vas carreteras o calles y que de acuerdo con los Lechos de este caso no ha pretendido hacer tal cosa. Solamente se ha limitado a informar que existe en el Plan Regulador que ha aprobado, de acuerdo con el artículo 8, supra, el proyecto de construir la Carretera Express, Ramal Sur, por la sec-ción en que radica el solar del recurrente pero que no se ha levantado el plano que localiza en forma precisa la servi-dumbre de paso que será necesaria para dicha vía. Todo el procedimiento está aún en mero proyecto, impreciso, sin haberse cumplido con los demás requisitos exigidos por las disposiciones legales anteriormente expuestas. Dicha carre-tera podrá o no en el futuro afectar parte del solar del re-currente: 1ro., si la Junta o el Comisionado del Interior hacen el trazado exacto de la carretera en proyecto; 2do., si el Consejo Ejecutivo aprueba el plano indicando la posición exacta de dicha carretera. Y cuando llegue el momento en que se cumplan estos requisitos previos aún entonces debe-rán cumplirse los demás requisitos legales para expropiar el terreno del.recurrente necesario para establecer la servi-dumbre de paso correspondiente. Bajo estas circunstancias no puede sostenerse, en forma alguna, que dicho solar deba quedar gravado en el Registro de la Propiedad con una mención de servidumbre inexistente.

El artículo 475 del Código Civil (Ed. 1930) dispone que “Las servidumbres continuas no aparentes y las disconti-nuas, sean o no aparentes, sólo podrán adquirirse en virtud de título,” e interpretándolo en el caso de Nadal v. Muratti, 34 D.P.R. 251, resolvimos que: “A partir del año 1890 en que empezó a regir el Código Civil, la servidumbre de paso sólo puede adquirirse a virtud de título.” Al mismo efecto, véanse Trujillo v. López, 45 D.P.R. 815; Colón v. Plazuela Sugar Co., 47 D.P.R. 871 y Miner v. Irizarry, 52 D.P.R. 206.

El informe aprobado por la Junta de Planificación no constituye título alguno de servidumbre de {taso ni tiene el efecto de crear un derecho de servidumbre que pueda ser objeto de mención en el registro, ya que, según el artículo 4:76 del Código Civil “La falta de título constitutivo de las servidumbres que no pueden adquirirse por prescripción, únicamente se pueden suplir por la escritura de reconoci-miento del dueño del predio sirviente, o por una sentencia firme.” (Bastardillas nuestras.)

Aquí el recurrente no ha reconocido la servidumbre ni existe sentencia firme reconociéndola o expropiando parte del solar para fines de utilidad pública. Tampoco constituye dicho informe una de las “condiciones” a que se refiere el artículo 9 de la la Ley Hipotecaria al disponer que “Toda inscripción que se haga en el Registro expresará las circunstancias siguientes: 1.— . . . 2. — La naturaleza, extensión, condiciones y cargas de cualquier especie del derecho que se inscriba y su valor si constase del título,” pues en el título del recurrente no se hace constar que se haya constituido ningún derecho de servidumbre sobre la finca y ya hemos resuelto que una mención “es una mera noticia que hace el registrador de la existencia de un derecho no inscrito.’* (Bastardillas nuestras.) Miranda v. Registrador, 45 D.P.R. 396-7.

Dehe revocarse la nota recurrida y ordenarse• la inscrip-ción del titulo del recurrente libre de cargas.

       Estos artículos leen así:
      “Artículo 8. — Plano Regulador. — La Junta preparará y adoptará un Plano Regulador, el cual indicará, con eualesquier mapas, cartas y material explicativo que le acompañen, las recomendaciones de la Junta para el desarrollo de Puerto Bieo y podrá incluir la ubicación, naturaleza y extensión generales de los terre-nos, minerales, aguas, vegetación y vida animal, su utilización actual y su posi-ble utilización futura para minas, fuerza, riego, control de inundaciones, nave-gación, avenamiento, usos industriales y domésticos del agua, pesquería, recreo y bienestar general; y de las instalaciones y operaciones de utilidad pública, residenciales, comerciales, recreativas, manufactureras, de transporte, de comu-nicación, institucionales, gubernamentales y por cualesquiera categorías conve-nientes, y su posible futura utilización y desarrollo para estos u otros fines y para el bienestar general.
      “La Junta incluirá en su Plano Regulador las áreas urbanas, suburbanas y rurales de la Isla, pero el Plano Regulador de Puerto Rico no será necesario que incluya recursos, usos o instalaciones menores que sean de naturaleza estric-tamente local. La Junta podrá adoptar el Plano Regulador - en su totalidad o por partes y podrá enmendarlo, extenderlo, o precisarlo en total, o cualquier parte del mismo. La Junta podrá preparar a su discreción, un Plano Regulador separado para posible y aconsejable desarrollo de cualquier municipio o su área urbana, el que podrá incluir los recursos, usos o instalaciones que no están incluidos en el Plano Regulador de la Isla, a menos que de otro modo se dis-ponga en el artículo 27.
      “Artículo 9. — Reglamentos de Zonificación. — Basándose en la totalidad o en parte del plano regulador, hasta donde haya sido adoptado por la Junta, la Junta adoptará reglamentos estableciendo por distritos o zonas el uso y desarrollo de los terrenos y edificios públicos y privados, para tales fines como: industria, comercio, transporte, residencia, actividades cívicas y públicas o semi-públicas, y recreo; y para edificios, incluyendo la altura y extensión de los edificios; den-sidad de la población; rótulos comerciales y de anuncios, en relación con los cuales podrán adoptarse restricciones sobre factores tales como el tamaño y la proyección hacia la calle; proporción del solar en que podrá construirse; y los tamaños de los solares, patios y demás espacios abiertos; Disponiéndose, sin embargo, que los reglamentos de zonificación adoptados según se dispone por la presente, serán aplicables a las áreas urbanas solamente." (Bastardillas nuestras.)

      E1 artículo 19, según enmendado por la Ley núm. 155, supra, dispone que:
      ‘ ‘Aprobación del Consejo Ejecutivo. — El Consejo Ejecutivo de Puerto Rico considerará y adoptará por mayoría de votos, con aquellas modificaciones que considere convenientes, los planos y mapas que la Junta está autorizada a reco-mendarle de acuerdo con el artículo 11 y podrá además revocar, en apelación, las decisiones de la Junta sobre mejoras públicas y carreteras, según se auto-riza en el artículo 22; Disponiéndose, que el Consejo dará aviso a la Junta con veinte (20) días de anticipación de cada cambio que haga en los mismos, y una oportunidad pai'a presentar sus puntos de vista en el caso. A menos que dentro de los cuarenta (40) días el Consejo Ejecutivo rinda su decisión en cuanto a la recomendación o apelación, se considerará que ha aprobado la reco-mendación de la Junta o que ha confirmado la decisión de la Junta, respecti-vamente.” (Bastardillas nuestras.)

      Aun cuando en la loy no so hubiera dicho esto, así sería, pues siempre habría que cumplirse con la Carta Orgánica y leyes locales sobre expropiación.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Víctor Fernández Piñán, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo.
    Núms. 10,871, 10,872.

    Sometidos: Diciembre 5, 1945.

      Resueltos: Diciembre 13, 1945.

      M. García González, abogado dol apelante; IIon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández j J. Rivera Barreras, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

En estos dos casos el apelante fue acusado de portar un arma prohibida y de no haber registrado la misma ante el Jefe de la Policía del Distrito de Caguas. El acnsado ha. apelado de sentencias condenatorias en ambos casos.

No hay discrepancia alguna en cuanto a la prueba pertinente. El acusado era teniente de la Policía Auxiliar, -que fué organizada para actuar durante la guerra a tenor «on la Ley núm. 11, Leyes de P. R., 1942 ((1) pág. 307). El Comandante de la Policía Auxiliar en Caguas declaró que durante el mes de octubre de 1942, a petición de la Policía Insular, los policías auxiliares estaban cooperando con la última en el arresto de las prostitutas que estaban transmitiendo enfermedades venéreas a los soldados, y que él designó al acusado, a Ramón Torres y a Pablo García para realizar esta labor.

En octubre 20 de 1942 el acusado se encontraba en el cuartel de la policía con Ramón Torres cuando llegó un sol-dado continental solicitando que lo ayudaran a buscar una prostituta que le había infectado. Al acusado y a Torres se Íes encomendó este trabajo y salieron con el soldado. Un individuo de nombre Pablo Merced, amigo del acusado, se unió al grupo para enseñarles donde vivía la mujer.

Mientras buscaban a la mujer, Merced se detuvo en va-rios sitios inquiriendo sobre su residencia. En uno de esos sitios, una tienda, Dámaso González y otro hombre pasaron corriendo por donde estaban los tres hombres. Cuando ellos entraron, el tendero les informó que González corría porque había estado tratando de empeñarle una pistola que se en-contraba sobre el mostrador en una bolsa de papel. El acu-sado recogió la pistola y le dijo al tendero que cerrara la tienda y lo acompañara hasta el cuartel de policía para que informara las razones por las cuales estaba en posesión de la pistola.

El grupo salió hasta la estación de policía. En su camino pasaron por el sitio donde vivía la hermana de la prostituta en cuestión. Mientras se encontraban frente a la casa, el acusado hizo alusiones en cuanto a las virtudes de la her-mana. Dámaso González, ofendido por esta acusación, salió de la casa y entabló un altercado con el acusado, a eonse-cuencia del cual González hirió al acusado en la espalda con un cuchillo y el acusado hirió de bala a González y a una circunstante con la pistola de referencia. El acusado en-tregó. entonces la pistola a Tomás Ramos Requena, subal-terno suyo de la Policía Auxiliar que había acudido al sitio de los hechos. Llegó un policía insular y Ramos le entregó a él la pistola.

La sección 4 de la Ley núm. 11 de 1942 dispone que “Du-rante la existencia de un estado de guerra entre nuestra na-ción y cualquier país o nación extranjera, el Gobernador de Puerto Rico podrá nombrar por término específico tantos policías especiales, sin remuneración, como él crea necesario. Durante el término de servicio dichos policías especiales ten-drán todos los poderes, facultades y deberes de miembros de la policía insular y como tales policías especiales, usarán una insignia que les suministrará el Gobierno Insular.” Y bajo la Ley núm. 14, Leyes de P. R., 1924 (pág. 115), los miembros de la Policía Insular pueden legalmente portar armas. El acusado sostiene "que a tenor con estas disposi-ciones legales él no ha cometido los delitos que se le im-putan.

Sin embargo, no es necesario que nosotros determinemos si los miembros de la Policía Auxiliar estaban, como propo-sición general, autorizados por ley a portar armas. En este caso el acusado estaba cumpliendo con un deber asignádole como oíicial de la Policía Insular. Es verdad que el objeto primordial de la Ley núm. 11 fué establecer una Policía Au-xiliar para servicio durante oscurecimientos y alarmas. Pero la sección 4 no impide a los policías auxiliares así nom-brados realizar otras labores que les son debidamente en-comendadas en cooperación con el esfuerzo de guerra. Y no hay duda que la misión que se encontraba realizando el acu-' sacio cao dentro detesta categoría.

Por tanto, nos hallamos frente a una situación en la cual el acusado, mientras legalmente cumplía un deber de policía, vino en conocimiento de que se estaba cometiendo otro delito. Creemos que bajo tales circunstancias él estaba facultado para incautarse de la pistola y de requerir al tendero a que lo acompañara al cuartel para que explicara so-bre su posesión de la pistola. Si bien no se lia citado nin-gún caso exactamente aplicable, creemos que a tenor de los hechos aquí expuestos la posesión de la pistola por el acu-sado fue accidental y por lo tanto sus convicciones en los delitos que se le imputan no deben subsistir. Cf. Pueblo v. Borges, 28 D.P.R. 524; Pueblo v. Suazo, 65 D.P.R. 28. El hecho de que el acusado pueda o no haber sido culpable de otro delito por haber herido do líala a González y a la cir-cunstante nada tiene que ver con los casos ante nos.

Las sentencias serán■ revocadas y se dictarán nuevas sen-tencias absolviendo al acusado.


text:
    Rexford G. Tugwell, Gobernador de Puerto Rico, querellante y apelante, v. Manuel A. Barreto, Alcalde, querellado y apelado.
    Núm. 14.

    Sometido: Diciembre 4, 1945.

      Resuelto: Diciembre 13, 1945.

      Eon. Procurador General E. Campos del Toro, Guillermo Gil Rivera y Luis F. Camacho, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del apelante; José Rafael Gelpí, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió- la opinión del tribunal.

De conformidad con la sección 29 de la Ley Municipal ol Gobernador formuló ante la Asamblea Municipal de Ma-yagüez cinco cargos contra Manuel A. Barreto, Alcalde" de Mayagüez, solicitando sn destitución. La Asamblea deses-timó el procedimiento por el fundamento de que los cargos eran res judicata, apelando el Gobernador de dicha resolu-ción.

lili Alcalde ha solicitado la desestimación de la apelación por varios motivos. Alega primeramente que el escrito de apelación debió dirigirse al Alcalde y a la Asamblea y no a este Tribunal. Nos heñios negado a interpretar el estatuto pertinente de manera tan restrictiva aun en casos que envuelven apelaciones de las cortes de distrito. Véase Roig Commercial Bank v. Sucn. Lugo, 34 D.P.R. 155. Aquí el procedimiento debe ser lo más liberal posible. Este caso lo gobierna la sección 29 de la Ley Municipal que simplemente dispone que se radique un escrito de apelación. Nada hay en ella que exija que como cuestión de forma el escrito deba dirigirse a alguna persona. El dirigir el escrito en este caso — a la Hon. Corte Suprema de Puerto Rico — está por tanto de más; y la forma del escrito, que es la usual en cuanto al resto, es suficiente.

El Alcalde también alega que la Asamblea Municipal no ha sido notificada debidamente del escrito de apelación como cuerpo o entidad. Las notificaciones fueron enviadas por correo a todos los miembros de la Asamblea; pero lo im])ortante es que -una de ellas fue enviada a Eduardo A.. Ruiz, Presidente, una a Marcel Courtier, Vicepresidente y una al Dr. J. E. Arrarás, Secretario Municipal Interino. Además, por la misma vía se le envió también una notifica-ción al abogado del Alcalde. Con esto se cumplió con la sec-ción 29. Claramente no os de aplicación el' caso de Ramírez v. Beverley, 44 D.P.R. 329, en el cual descansa el Alcalde, y que resuelve que una Asamblea Municipal debe actuar como un cuerpo, y no a través de los actos individuales de sus miembros. Aquí el Gobernador so tomó la precaución de notificar la apelación a todos los miembros individuales de la Asamblea. Pero eso no anula el hedió de quo también notificó a Ruiz, a Courtier y a Arrarás, como Presidente, Vicepresidente y Secretario, respectivamente. Al así ha-cerlo claramente notificó a la Asamblea como cuerpo.

Pasemos al próximo motivo. El artículo 322, del -Código de Enjuiciamiento Civil, dispone que “En los casos de remisión por correo, la notificación o documentos deberán depositarse en la administración de correos, dirigidos a la persona a quien hubiere de intimarse, o hacerse la entrega, a su oficina o residencia pagándose el franqueo. La notificación o la entrega de documentos queda cumplida al tiempo de hacerse el depósito ....”. (Bastardillas nuestras). Véase también la Regla 3(6) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil. Aquí el apelante notificó a la Asamblea por correo •certificado. Pero el Alcalde alega que la notificación fue defectuosa a tenor con ol artículo 322 toda vez que el Presidente de la Asamblea y otras personas tuvieron que pagar al correo 7 centavos cada una como franque.o insuficiente antes de que pudieran obtener la entrega de las cartas que •contenían sus notificaciones.

Debe haber un cumplimiento estricto de la disposición •estatutaria en cuanto a la notificación sustituía por correo, especialmente cuando como aquí la notificación se considera cumplida cuando se deposita el sobre en el correo. Gascón v. Alvarez, 28 D.P.R. 362; Roig Commercial Bank v. Sucn. Buxó, 34 D.P.R. 155; Fontánez v. Sucn. Buxó, 34 D.P.R. 709; véase Autoridad de Fuentes Fluviales v. Corte, ante, pág. 480. Pero en oslo caso el apelante envió las notifica-ciones por correo certificado aun cuando el estatuto no con-tiene tal requisito. Y le adhirió 50 centavos en estampillas a cada sobre después de haberle informado el empleado del co-rreo, quien posó las cartas, que éste era el franqueo correcto. En una declaración jurada radicada en este caso, el Adminis-trador de Correos de San Juan culpa a dicho empleado de la deficiencia de 7 centavos. No nos detenemos a investigar cuál sería el resultado si los destinatarios se hubieran negado a pa-gar la deficiencia de 7 centavos o a aceptar la entrega. Tam-poco nos confrontamos con la situación en que se exigía a los destinatarios pagar una gran parte del franqueo. Aquí se usó el correo certificado, no exigido por la Ley; se pagaron 50 centavos de los 57 centavos; un empleado del correo le ase-guró al apelante que el franqueo necesario ascendía a 50 centavos; y los funcionarios postales, quienes frecuente-mente le devuelven al remitente aquellas cartas que sola-mente tienen una pequeña porción de las estampillas nece-sarias, aparentemente fueron de opinión que sustaneial-mente se había pagado el franqueo, ya que ele hecho entre-garon las cartas a los destinatarios quienes acusaron recibo de las mismas. Bajo todas estas circunstancias, no podemos resolver que el apelante no remitiera las notificaciones por correo con el franqueo pagado.

Alega también el apelante que, de cualquier modo, el escrito de apelación exigido por la sección 29 no puede nunca notificarse por correo. Si bien hasta el presente no hemos considerado este punto, casos análogos nos convencen de que el notificar el escrito por correo os suficiente bajo los términos de la sección 29. Cf. Vando v. Corte Municipal, 65 D.P.R. 6; Pueblo v. Rubio, 44 D.P.R. 889; Pueblo v. Mercado, 45 D.P.R. 750.

Otro motivo para la desestimación es que si bien el apelado fné notificado del escrito de apelación dentro de diez días de la resolución de la Asamblea, no se le notificó dentro de dicho término con el pliego conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho en apoyo del recurso de apelación según lo exige la sección 29. El querellado indica correctamente que este documento es sustancialmente equivalente a un señalamiento de errores. Tomándolo como tal, no hay razón alguna por la cual la Legislatura hubiera dispuesto como requisito jurisdiccional que el señalamiento de errores, lo mismo que el escrito de apelación, debiera ser notificado dentro del término concedido para apelar. Para las apelaciones en los casos civiles corrientes no hay tal requisito en esta jurisdicción. En tales casos se confiere jurisdicción a esta Corte por la radicación, sin más, del escrito de apelación. Artículo 296, Código de Enjuiciamiento Civil; Campos v. Central Cambalache, 64 D.P.R. 58; Guilhon & Barthelemy v. Corte, 64 D.P.R. 303. El señalamiento de errores aparece por primera vez en el alegato-del apelante ante esta Corte. Regla 42 de nuestro Reglamento. Una interpretación razonable de la sección 29 es por tanto que el apelado debe ser notificado con copia de dicho señalamiento de errores con tiempo razonablemente anterior a la vista en apelación con el fin de que pueda prepararse para la .miraría. Habiendo sido el Alcalde y la Asamblea notificados con copia del señalamiento el 26 de noviembre y celebrándose la vista el 4 de diciembre, no procede la moción de desestima-ción por este motivo.

El próximo fundamento de desestimación merece poca discusión. El apelado afirma que la decisión de la Asamblea declarando con lugar la moción que levantó la defensa especial de. res judicata no es una resolución negándose a destituir al Alcalde y por tanto no es apelable bajo la sección 29. Su argumento es que esta decisión goza de la naturaleza de una resolución de la corto de distrito declarando con lugar una excepción previa; que solamente podría apelarse de una “sentencia” posterior dictada sobre la resolución; y que toda vez que el apelante nunca solicitó se dictara tal “sentencia”, no.hay sentencia definitiva contra la cual apelar. Basta decir que una contención similar se trajo y se rechazó en Ballester v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 768, 779-80; cf. Winship, Gobernador v. Asamblea Municipal, 53 D.P.R. 138.

La sección 29 provee la apelación solamente por el Gobernador o el Alcalde; en un caso que surja de cargos formulados por un miembro de la Asamblea o por un ciudadano, la decisión negándose a destituir al Alcalde no es apelable. Por tanto, el apelado arguye que no procede la -apelación on este caso porque estos cargos fueron formula-dos por un ciudadano particular de nombre R. G. Tugwell y no por el Gobernador. Afirma que para 'que el Gobernador sea quien formule los cargos deben éstos tener la cláusula introductora, “Yo, R. G. Tugwell, Gobernador de Puerto Rico, formulo los siguientes cargos”. Pero estos cargos fueron formalmente firmados por R. G. Tugwell, Gobernador, listo es suficiente para hacer dichos cargos la actuación oficial del Gobernador.

El apelado también alega que la sección 29, en tanto en cuanto concede algún derecho de apelación, es inconstitucional y nula toda vez que discrimina contra los asambleístas individuales y los ciudadanos particulares quienes, con-trario al Gobernador, no jraeden apelar do una decisión ad-versa en cargos formulados por ellos. La mejor contesta-ción a esta contención es que “la constitución alidad de una ley no puede ser .impugnada a menos que el que la ataque demuestre que dicha ley le priva de derechos protegidos por la Constitución.” Colegio de Farmacéuticos v. Junta de Farmacia, 60 D.P.R. 811-816; Gobierno de la Capital v. Consejo Ejecutivo, 63 D.P.R. 434, 464-67. Aquí el Alcalde no es ol que apela; por tanto no puede quejarse de alegados' defectos constitucionales en una le}7 (pie gobierna tales ape-laciones.

Pasando a los méritos de la apelación, el apelante alega primeramente que la Asamblea cometió eiuor al desestimar la moción para que se inhibieran tres Asambleístas, y al no permitirle al ajielante presentar prueba en apoyo ele la misma. La moción alegaba que los Asambleístas Fernando del Toro y Félix Castillo estaban descualificados para intervenir en este procedimiento de residencia, toda vez que estaban “interesados directa o indirectamente en contratos celebrados con” el Municipio, en violación de la sección 10 de la Ley Municipal que autorizaba su destitución del cargo mediante el procedimiento de quo warranto, a tenor con la doctrina establecida en Pueblo ex rel. Pérez v. Mawescau, 33 D.P.R. 739; que Pedro Barbosa no sabe leer ni escribir, en violación de la sección 18 de la Ley Municipal, que contiene el sabor leer y escribir como uno de los requisitos para ser miembro de la Asamblea; que en la Corte de Distrito de Mayagüez se habían radicado contra dichas personas procedimientos de quo warranto alegando estos fundamentos y que- la prueba de estos cargos está on manos del Gobernador.

La Asamblea permitió al Gobernador que introdujera en evidencia en apoyo de la moción de inhibición las querellas radicadas en los procedimientos de quo warranto, pero se negó a oír evidencia para establecer los hechos alegados en los recursos de quo warranto. No croemos que esta actúa-ción de la Asamblea sea errónea. Dentro del procedimiento de residencia no procede ventilar recursos de quo warranto. Eso debe hacerse en la corte de distrito y no aquí mediante ataque colateral. Si el querellante resulta victorioso en la corte de distrito, las tres personas envueltas dejarán de ser miembros de la Asamblea. Poro hasta que se les separe me-diante sentencia firme en el procedimiento adecuado, tienen todos los deberes y prerrogativas de los Asambleístas, in-cluyendo la intervención en procedimientos de residencia, a menos que los cargos en los casos de quo warranto estén re-lacionados <;on los cargos envueltos en el procedimiento de residencia, o a menos que estén deseualificados para inter-venir por otros motivos. La Asamblea no cometió error al negarse a oír pjrueba sobre los cargos envueltos en los pro-cedimientos de quo warranto que no estaban relacionados con los de este procedimiento.

Habiéndose rehusado correctamente la admisión de la evidencia {jara probar las alegaciones en los procedimientos de quo warranto, la única evidencia ante la Asamblea en cuanto a la moción do inhibición fué el hecho de que se ha-bían radicado los tres procedimientos de quo warranto. Pero el mero hecho de que estuvieran pendientes los proce-dimientos de quo warranto, que el apelante ni alegó ni probó tuvieran alguna relación con los (‘argos aquí envueltos, no podía tener el efecto de dcscualifiear a los asambleístas en esto caso. De otro modo, cualquier persona interesada en impedir que un asambleísta desempeñara sus deberes en tales casos podría realizar su propósito meramente haciendo cpie se radicara un procedimiento de quo warranto contra él en relación con un asunto enteramente diferente,.

El apelante también alega que la Asamblea cometió error al declarar sin lugar la moción de inhibición por el fundamento de que la Asamblea le impidió ofrecer prueba de prejuicio por parte de estos tres asambleístas. Si bien las mismas consideraciones no siempre prevalecen al deter-minar la inhibición por prejuicio en esta clase de casos al compararse con la inhibición de jueces, el apelante tenía de-recho a los fines de la inhibición a alegar y a probar el prejuicio. La Asamblea Municipal v. González, Alcalde, 55 D.P.R. 542; Mangual, Alcalde v. Poventud, Juez, 60 D.P.R. 824; véase Junta Insular de Elecciones v. Corte, 63 D.P.R. 819. Pero la dificultad está en que los abogados del Gober-nador no levantaron este punto en la vista de la residencia: el récord guarda silencio en cuanto a cualquier sugestión, ya fuera por vía de alegación, prueba u oferta de prueba, en relación con el prejuicio. Por el contrario, la moción de in-hibición y la prueba ofrecida en apoyo de la misma se limi-taron a la descripción de los procedimientos de quo warranto. No podemos examinar la cuestión de prejuicio cuando' el Go-bernador nunca la levantó ni ofreció probarla ante la Asam-blea. La Asamblea no cometió error al declarar sin lugar la moción de inhibición.

Finalmente llegamos a la única cuestión sustancial en el caso — el supuesto error de la Asamblea al resolver que los cargos presentados por el Gobernador eran res judicata. Los cargos son en sustancia que el Alcalde había usado impropiamente ciertos fondos municipales. El 4 de octubre de 1945, una semana antes de que se radicaran los cargos del Gobernador, R. Arcelay, un ciudadano particular, presentó contra el Alcalde de acuerdo con la sección 29 cargos sustancialmente similares envolviendo los mismos fondos; los días 8 y 9 de octubre se celebró una vista sobre los mismos, a pesar del hecho de que la sección 29 requiere que el Alcalde sea notificado con copia de los cargos cinco días antes de'la focha de la vista; y la Asamblea se negó a destituir al Alcalde. La sección 29 no le confiere al ciudadano querellante derecho de apelación alguno ante este Tribunal bajo dichas circunstancias, y Arcelay no intentó apelar ni obtener de algún otro modo la revisión de la decisión. Basada en estos hechos, la Asamblea, con votación de 7 a 6, deses-timó los cargos en este caso por ser res judicata.

La cuestión de si es aplicable y basta qué extremo la res judicata a las órdenes de agencias administrativas, lia susci-tado considerable disensión. A diferentes agencias con fun-ciones diversas bay quo aplicarles reglas distintas; en aná: lisis final, la contestación depende del carácter del Tribunal, la naturaleza del caso y, sobre todo, las disposiciones especí-ficas del estatuto envuelto. Pero el presente caso puede decidirse sin considerar extensamente estos problemas.

Podría admitirse que una Asamblea Municipal está en libertad de corregir sus propias determinaciones anteriores cuando ejercita sus funciones legislativas; esto es así en cuanto a agencias administrativas cuando ejercitan una fun-ción quasi legislativa, como la de fijar tarifas. (Véanse Prentis v. Atlantic Coast Line, 211 U. S. 210; State Comm’n v. Wichita Gas Co., 290 U. S. 561; Atlantic Coast Line v. Florida, 295 U. S. 301; Arizona Grocery v. Atchison Ry., 284 U. S. 370; Tagg Bros. v. U. S., 280 U. S. 420; Oklahoma Packing Co. v. Gas Co., 309 U. S. 4). Pero liemos resuelto que una Asam-blea Municipal ejerce poderes quasi judiciales cuando ventila un procedimiento de residencia contra un Alcalde. Asamblea Municipal v. González, Alcalde, 55 D.P.R. 542, 560.

Tal procedimiento es de naturaleza contencioso; está cla-sificado correctamente como quasi judicial; y el interés pú-blico en impedir la relitigación bajo dichas circunstancias de los mismos puntos entre las mismas partes, se cumple apli-cando el principio -'e res judicata (véanse Mayagüez Light and Power Co. v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 30, 36, escolio 2; Southern Pac. Co. v. Van Hoosear, 72 F.2d 903 (C.C.A.9th, 1934); Farm Investment Co. v. Carpenter, 61 P. 258 (Wyo. 1900); Cardinal Bus Lines v. Consolidated Coach Corp., 72 S.W.2d 7 (Ky. 1934); Pelham Hall Co. v. Hasset, 147 F.2d 63 (C.C.A. 1st, 1945); Beley v. Naphtaly, 169 U. S. 353; 150 A.L.R. 1198; 140 A.L.R. 801; 122 A.L.R. 550; 1 Freeman on Judgments, 5th ed., sección 393, pág. 855. Pero cf. Mulcahy v. Public Service Commission, 117 P.2d 298 (Utah 1941); Del Maso v. Board of County Commissioners, 34 A.2d 464 (Md. 1943)). Por consiguiente, si el Gobernador hubiera formulado tanto los primeros cargos como los segundos, se podría alegar que no debe permitírsele molestar a un Alcalde con cargos formulados por él anteriormente y por los que el Alcalde ha sido exonerado.

Pero cuando examinamos los hechos del presente caso, encontramos que el Gobernador no presentó los primeros cargos. Un ciudadano, carente de las iacilidades investiga-doras del Gobernador, presentó cargos que, después de cele-brarse una vista antes de lo que disponía el estatuto, fue-ron' desestimados mediante decisión contra la cual no se per-mite apelación. Si la intención de la Legislatura hubiera sido que bajo dicha circunstancia' el Gobernador estaría im-pedido de formular dos días después, cargos basados en los mismos hechos, en tal caso la Legislatura ha establecido un procedimiento inútil que haría de la justicia una farsa. No podemos imputarle tal intención a la Legislatura. Tampoco la exige el artículo 1204 del Código Civil o las autoridades aquí citadas.

Pasando por alto la contención del apelado en cuanto a la identidad y conexión entre las partes, el dejar de aplicar la res judicata en el presente caso emana dc-1 hecho do que los cargos del ciudadano y aquéllos del Gobernador son en efecto legal diferentes cansas de acción. Contrario a la situación en casos criminales o en otros casos, donde el procedimiento no se afecta en sustancia por la identidad del querellante, aquí el ciudadano querellante gobierna su caso sin interven-ción del Gobernador o de cualquier otro funcionario guber-nativo. Y, lo que es más importante, en caso de una deci-sión negándose a destituir al Alcalde, el ciudadano no tiene derecho de apelación. El resultado práctico por tanto es que la Legislatura ha establecido dos clases diferentes de acciones quasi judiciales. En la primera, el ciudadano debe estar satisfecho con la exoneración dada al Alcalde por la Asamblea. Pero en la segunda la Legislatura dispuso un procedimiento diferente cuando el cargo era tan serio y sus-tancial que el Gobernador creyó conveniente formularlo. El derecho de apelación a este Tribunal por el'Gobernador en el caso de una decisión negándose a destituir al Alcalde es la llave para esta situación. Al disponer que el Gobernador, pero no el ciudadano, puede apelar la Legislatura reconoció que los cargos del Gobernador están en un plano diferente y deben tramitarse diferentemente; vg. que una diferente causa de acción está envuelta. En su consecuencia, la Asam-blea Municipal cometió error al declarar con lugar la mo-ción levantando la defensa especial de res judicata. Véase Laloma v. Fernández, 61 D.P.R. 569; Restatement, Judgments, secciones 45-48, 61-63; Avellanet v. Porto Rican Express Co., escolio 11, 64 D.P.R. 693, 703.

La decisión de la Asamblea Municipal será revocada y el caso devuelto con instrucciones de que se celebre una vista en cuanto a los cargos formulados por el Gobernador.

       Rpy núm. 53, Leyes do P. R., 1928 (pág. 335), según fué enmendada por la sección 9 do la Ley núm. 98, Leyes de Puerto Rico, 1931 (pág. 595).

         I,a sección 29, en parte, lee como sigue:
      "Contra la resolución que clic-tace la asamblea municipal destituyendo al alcalde, o negándose a destituirlo, según fuere el caso, podrá el alcalde, o el Gobernador do Puerto Rico, en su caso, recurrir para ante la Corte Suprema de Puerto Rico dentro de un término de diez días después de notificada la parte perjudicada de la resolución recurrida. Asimismo y en los mismos términos podrá el alcalde apelar para ante el Tribunal Supremo en caso de haber sido el Gobernador de Puerto Rico el que lo destituyere.
      "MI recurso de apelación se tramitará mediante escrito radicado ante el Tribunal Supremo y notificado a la Asamblea Municipal o al Gobernador de Puerto Rico en su caso, y deberá, acompañarse de un pliego conteniendo los fundamentos de liec-ho y de derecho en que se apoya . .

       La notificación por corroo queda cumplida al tiompo de hacerse el depó-sito, aun cuando la carta sea recibida de hecho una vez expirado ol período esta-tutario para hacer la notificación. Ex parte Bithorn Vda. Benitez, 53 D.P.R. 584, y casos allí citados; Carrión v. Lawton, 43 D.P.R. 53, 311. Véase Próspero Fruit Co. v. Tribunal de Contribuciones, 64 D.P.R. 661.

         Esto es de conformidad con la tendencia moderna. Bajo la Regla 73 (a) de las Reglas Federales de Enjuiciamiento Civil el escrito confiere, jurisdicción a la corte de apelaciones; después do radicado, el dejar de realizar cualquiera de los pasos posteriores exigidos en apelación no afecta la validez de la apela-ción, si bien puedo proporcionar un fundamento para su desestimación. Aun bajo la antigua práctica Federal, es dudoso en extremo si el apelado está co-i-recto en su afirmación de que la radicación de un señalamiento de errores dentro del período concedido para apelar ora un requisito jurisdiccional. 3 Moore’s Federal Practico, sección 73.01, págs. 3389-00. Do cualquier modo, cualquiera que pueda haber sido la antigua Regla Federal, ya no constituye un requisito jurisdiccional en casos federales. Y nunca ha sido la regla de esta jurisdicción.

       Parker, Administrative Res Judicata, XL Ill.L.Bev. 56; Res Judicata in Admiivisirative Law, 49 Yale L.J. 1250; Gregory, Administrative Law. Administrative Decisions as Res Judicata,. 29 Calif.L.Kev. 741.

       El apelado descansa en la Regla 23 (a) (3), Reglas de Enjuiciamiento Oivil, y en casos tales como los que so encuentran en la Anotación en 64 A.L.R. 1262, al argüir que la decisión en un caso radicado por un ciudadano en el interés público os obligatoria sobre todos los otros ciudadanos, incluyendo al Gobernador en su capacidad oficial. En- vista de nuestra conclusión de. que la identidad de causas de acción no está presente cuando el Gobernador formula cargos similares á aquéllos previamente formulados por un ciudadano, es innecesario examinar esta teoría del apelado en relación con la identidad de partes. Do igual manera no tenemos que determinar, ya que no está envuella aquí, la cuestión de si un ciu-dadano está impedido de formular el mismo cargo que. ya se lia deteiminado en una querella radicada por otro ciudadano.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Autoridad de Tierras de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1177.

    Sometido: Noviembre 29, 1945.

      Resuelto: Diciembre 19, 1945.

      Antonio Riera, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

omitió la opinión del tribunal.’

Por escrito número 20 de 4 de abril de 1944, ante el notario Francisco A. Arrillaga, la Autoridad de Tierras compró a la mercantil Rodríguez Hevia & Co. tres fincas radicadas en el barrio “Juan Asencio” de Aguas Buenas, las cuales- se describen en la escritura bajo las letras “a”, “b” y “c”, respectivamente. Hallándose la finca descrita bajo la letra “a” afecta a una hipoteca por la cantidad de $700 de capital y $100 para intereses, a favor de la mercantil Sucesores de San Miguel Hermanos, compareció en la escri-tura dicha Mercantil, representada por su socio gestor don Manuel San Miguel, y expresando que la deudora Rodríguez Hevia &¡ Co. le había satisfecho- el principal e intereses de dicha hipoteca, otorgó a la deudora carta de pago y con-signó su consentimiento para .que dicha hipoteca fuese can-celada en el Registro de la propiedad.

Siendo colindantes .entre sí las tres fincas objeto de la compraventa, la compradora, la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, las agrupó por la misma escritura. Y habiendo presentado la Autoridad de Tierras una certificación de mensura expedida por los ingenieros, que con citación de los colindantes midieron la finca agrupada, resultando ésta con un exceso de superficie ascendente a 4.731 cuerdas, solicitó la rectificación de su cabida. Resultando que la finca des-crita bajo la letra “b” se había formado por agrupación de otras y que una de éstas se hallaba inscrita solamente en cuanto a su posesión, se solicitó en la misma escritura la conversión do la posesión en dominio por haberse inscrito la posesión desde el 22 de septiembre de 1882. Finalmente so-licitó la Autoridad de Tierras que una vez inscritas a su nombre las fincas así agrupadas, se procediese a practicar de oficio dos cancelaciones de embargo anotadas, la primera el 2 de abril de 1900 y la segunda el 29 de abril de 1913, sin que jamás dichas anotaciones de embargo hubiesen sido pro-rrogadas por orden de algún tribunal de justicia.

A los efectos de inscribir la referida escritura número 20 ante el notario Francisco A. Arrillaga, la Autoridad de Tie-rras acompañó los siguientes documentos complementarios:

3. Escritura número 20 de Cancelaciones, Compraventa, Agrupa-ción, Conversión y Subsan ación de Defectos otorgada el 4 de abril de 1944 ante el notario Francisco A. Arrillaga.
2. Certificación de Mensura expedida por el ingeniero Juan R. DáviJa de la firma Dávila & Lienza, autenticada según affidavit nú-mero 2810 de 25 de abril de. 1944 ante el notario Francisco A. Arri-llaga.
3. Acta Aclaratoria número 9 otorgada el 3 de agosto de 1945 ante el Notario Antonio Riera.
4. Sentencia dictada el 21 de enero de 1944 por la Corte de Distinto de Caguas en el procedimiento Civil Núm. R-127 sobre solicitud para que se subsanen defectos.
5. Certificación expedida el 19 de junio de 1945 por el Registra-dor de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, en relación con el nombre correcto con que aparece inscrita en el Registro Mer-cantil la sociedad “Rodríguez Hevia & Compañía en Comandita”.
6. Escritura número 70 sobre Aclaración de Escritura, otorgada el 25 de abril 'de 1945 ante el Notario Enrique Márquez Huertas.
7. Escritura número 104 sobre Prórroga de la Sociedad Mercantil “Rodríguez Ilevia & Compañía en Comandita” otorgada el 30 de junio de 3932 ante el Notario Enrique Márquez Huertas.
8. Escritura número 70 sobre Aclaración de Actos y Contratos de la sociedad “Rodríguez Hevia & Compañía en Comandita” otor-gada el 12 de julio de 1933 ante el notario Enrique Márquez Huertas.
9. Escritura número 81 de Prórroga de la Sociedad Mercantil “Rodríguez Hevia & Compañía en Comandita” otorgada el 29 de junio de 1936 ante el Notario Enrique Márquez Huertas.
30. Certificación expedida el 8 de junio de 1944 por el Registra-dor de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, en relación con los datos de inscripción de la mercantil “Sucesores de San Miguel Hermanos en Comandita”, su término, número de sus actuales socios y poderes y facultades de éstos.
11. Certificación expedida el 16 de junio de 1944 por el Notario Enrique Márquez Huertas en relación con los poderes y facultades de la sociedad mercantil “Sucesores de San Miguel Hermanos en Comandita” y de sus gestores.
12. Certificación expedida el 2 de febrero de 1945 por el No-tario Enrique Márquez Huertas en relación con los poderes y facul-tades de la sociedad mercantil “Sucesores de San Miguel Hermanos en Comandita” y de sus gestores.

Presentada la escritura número 20 en el Registro ■ de la Propiedad de Caguas, el Registrador denegó su inscripción en cuanto a las distintas operaciones solicitadas en la misma, tomando anotación preventiva, por los fundamentos que ex-presa en las siguientes notas:

“Denegada la inscripción de cancelación de Mpoteea a favor de Rodríguez Hevia y Compañía, que le hace la Mercantil Sucesores de San Miguel Hermanos, comprendida en este documento al mar-gen de la inscripción la, de la finca número 1478 al folio 228 del tomo 41 de Aguas Buenas, por resultar de los documentos presen-tados que la Mercantil Sucrs. de San Miguel Hnos. en Comandita constituida por escritura número 80 de fecba 16 de junio de 1917, ante el Notario Enrique Márquez Huertas, ba sido objeto de distin-tas prórrogas, traspasos y modificaciones por los socios basta quedar constituida por término indefinido, sin que las correspondientes es-crituras de tales traspasos bayan sido presentadas al Registrador para su debida calificación, a fin de poder determinar éste la validez de tales contratos y la capacidad de sus otorgantes, según lo dis-puesto en el art. 18 de la Ley Hipotecaria, tomándose en su lugar anotación preventiva durante el término legal a favor de la Mer-cantil Rodríguez Hevia & Co.; .... Y
“DeNegada la YeNta en cuanto a las fincas (A), (B) y (C) a favor de La Autoridad de Tierras de Puerto Rico, a los folios 229 vto., 77 y 19.1 vto., de los Tomos 41, 23 y 51 de Aguas Buenas, fincas números 1478, 1046 y 1859, Anotaciones (A), (A) y (A), y tomada en su lugar anotación preventiva por el término legal de 120 días, por resultar que dichas fincas aparecen inscritas a favor de la Mercantil Rodríguez Hevia y Co., cuya Mercantil, de acuerdo con lo estipulado en la escritura número 70 otorgada en Bayamón el 25 de abril del presente año ante el Notario Enrique Márquez Huertas, y la certificación expedida por el Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección 2a, no ha sido inscrita en dicho Registro bajo tal razón y sí otra Mercantil denominada Rodríguez ITevia y Co. en Comandita, a favor de la cual han de ser inscritas dichas fincas de acuerdo con lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Hipotecaria; y resultando además, que la Mercantil Rodríguez Hevia y Compañía en Comandita, constituida por la escritura número 93, de fecha 28 de junio do 1917, otorgada ante el propio Notario, fué constituida por término de 4 años, que vencieron en 28 de junio de 1921, y cons-tando que esta Sociedad ha sido objeto de distintas prórrogas, mo-dificaciones y cesión de derechos mercantiles, hasta quedar consti-tuida por término indefinido, sin que las correspondientes escrituras de tales operaciones hayan sido presentadas al Registrador, para su debida calificación, a fin de poder determinar éste la validez de tales contratos y la capacidad de sus otorgantes, según lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Hipotecaria. ... Y
“Denegada la Insceipción en cuanto a la Agrupación, con-versión de posesión en Dominio y Cancelación de Embargo de Agustín Nusa, al folio 2 del Tomo 53 de Aguas Buenas finca nú-mero 1894, anotación (A), y nota al margen de dicha anotación, to-mándose en su lugar Anotaoion preventiva durante el término legal a favor de la Autoridad de Tierras de. Puerto Rico, por resultar que las fincas que se agrupan figuran inscritas a favor de la Mercantil ¡Rodríguez Hevia y Co., y anotadas preventivamente a favor de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico; la primera nota denegatoria de cancelación de hipoteca se practica con el Defeoto subsaNAbub de no acreditarse el carácter y facultades que se atribuye don Ramón Co-bián Rodríguez, para comparecer en la escritura número 80, rela-cionada en representación y como mandatario de José Manuel Cobián, don Genaro San Miguel y Sierra y su esposa María de los Remedios Cobián y Rodríguez, don Evaristo San Miguel y Sierra y su esposa Milagros Cobián Rodríguez, y de doña Josefa Sánchez Ortiz; la se-gunda nota Denegatoiíia, sobre compraventa de fincas, se practica con los defectos subsaNAbles de no haberse acreditado con docu-mento auténtico el nombramiento del señor José Acosta Velarde como Director Ejecutivo de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, de no haberse acreditado el carácter de mandatorio con que comparece en la escritura número 81 de fecha 29 de Junio de 1936, del. Notario En-rique Márquez Huertas, don Marcelino San Miguel para representar a don Valentín Rodríguez de la Granda; y. . . La tercera Nota De-NEGatoria, de AgrupaCIÓN de FinCAs, conversión de posesión en do-minio y cancelación de embargó se practican con el defecto subsana-ble de no acreditarse con documento auténtico el nombramiento del señor Acosta Velarde como Director Ejecutivo de dicha Autoridad. Gaguas, a 24 de septiembre de 1945. (Fdo.) R. Cintrón Lastra.— Registrador Interino ’

La Autoridad de Tierras de Puerto Eieo fue- notificada de estas notas el 29 de septiembre de 1945 y el 11 de octubre último volvió a presentar los documentos antes relacionados acompañando, además, los siguientes documentos complemen-tarios :

a. Certificación expedida el 9 de octubre de 1945 por el Secretario do la Autoridad de Tierras de Puerto Rico acreditativa de las fechas en que don José Acosta Velarde ocupa el cargo de Director Ejecutivo de dielia agencia gubernamental.
b. Escritura número 93 sobre Constitución do la sociedad mer-cantil “Rodríguez Ilevia & Compañía en Comandita” otorgada el 28 de Junio de 1917 ante el Notario Enrique. Márquez Huertas.
c. Certificación expedida el 9 de octubre de 1945 por el Regis-trador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, en relación con los datos de inscripción de la sociedad mercantil “Rodríguez Ilevia & Compañía en Comandita”, particulares relativos a su cons-titución y término, nombres de sus actuales socios, y poderes y facul-tades de éstos.
(I. Escritura número 80 sobre Constitución de la sociedad mer-■-cantil “Sucesores de San Miguel Hermanos en Comandita” otorgada el 16 de junio de 1917 ante el Notario Enrique Márquez Huertas.
e. Certificación literal de las inscripciones primera y décimosexta j última de la sociedad mercantil "Sucesores de San Miguel Herma-nos en Comandita” expedida el 9 ele octubre de 1945 por el Regis-trador de la Propiedad do San Juan, Sección Segunda.
/. Certificación en relación del contenido de las inscripciones se-gunda a décimoquinta, ambas ‘ inclusive, de la sociedad mercantil “Sucesores de San Miguel Hermanos en Comandita” expedida el 11 ■de octubre de 1945 por el Begistrador de la Propidad de San Juan, Sección Segunda.

El 13 de noviembre último el Registrador devolvió la es--critura número 20 y documentos complementarios con una nota que dice así:

“Devuelto el precedente documento, que es una copia certificada ■de la escritura número veinte, otorgada en San Juan de Puerto Bico, el día cuatro de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro, por ante ■el notario Francisco A. Arrillaga, con vista de otros documentos com-plementarios, SiN HaoeR OPERACIÓN Alguna, porque a juicio del Be-gistrador de la Propiedad que suscribe estando vigente los efectos de la anotación preventiva tomada sobre las fincas comprendidas en el mismo con fecha 24 de septiembre del presente año, según refiere la anterior nota, dentro de cuyo término Se Pueden Subsanar los de-fectos consignados en la misma, No Prooede en Este Caso practicar una nueva anotación, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Barreras v. El Registrador de la Propiedad, tomo 15 D.P.R. página 556”.

La primera cuestión que suscita el Registrador y que consideraremos previamente por ser jurisdiccional, es la de que este Tribunal carece de jurisdicción para conocer del presente recurso porque al devolverse la escritura el 13 de noviembre último, el Registrador no practicó operación alguna en el Registro. Invoca en su apoyo los casos de Moll- fulleda v. El Registrador, 19 D.P.R. 1001 y González v. El Registrador, 19 D.P.R. 1067.

Examinemos los casos citados por el Registrador. En el de González v. El Registrador, supra, la escritura fné pre-sentada en el Registro el 14 de agosto de 1913 y el 20 del mismo mes el Registrador la devolvió al interesado con una nota que dice:

“Devuelto este documento con devolución de sellos sin extender en él operación alguna por no aparecer que se baile cancelado en su original el sello de Rentas Internas de un dollar que exige la Ley.”

Resolvió el Tribunal que el recurrente debió acudir nue-vamente al Registrador, a fin de que calificase propiamente el documento o extendiese en él una resolución que fuera íevisable.

En el ele Mollfulleda v. Registrador, supra, la situación de Pedios fue sustancialmente idéntica a la del caso de Gon-zález. En el primero, se presentó en el Registro de la Pro-piedad, el 19 de mayo de 1910, un escrito pidiendo la can-celación de cierta anotación preventiva, y el Registrador sé limitó a devolverlo al interesado con fecha 8 de julio de 1913, sin extender operación alguna.

El razonamiento del Registrador, de ser aceptado, en muchos casos daría por resultado impedir que los interesa-dos en la inscripción tratasen de subsanar los defectos apun-tados, pues correrían el riesgo de que de no estar el Regis-trador satisfecho de que los defectos habían quedado subsa-nados, con la mera devolución del documento al interesado sin extender operación alguna, impediría a esta Corte revi-sar su actuación.

A este efecto dijimos en el caso de El Pueblo v. Registrador, 64 D.P.R. 130, 134:

“La circunstancia de que el Registrador no exprese en su nota que denegó la inscripción de la cancelación de los gravámenes, cuando como cuestión de hecho la denegó, no priva al recurrente del derecho a que la actuación del Registrador sea revisada me-diante i'ecui’so gubernativo. De sostener la tesis del recurrido, el derecho a acudir al recurso gubernativo contra la actuación del registrador estaría a merced del propio registrador.”

Arguye el Registrador que la Autoridad de Tierras consintió las notas de 24 de septiembre al no establecer recurso contra ellas y que por consiguiente esas notas no deben ser objeto de este recurso.

■ La circunstancia de que la recurrente tratase de subsa-nar los defectos señalados por el Registrador para lo cual, como hemos visto, acompañó nuevos documentos complemen-tarios adicionales, no implica que la .recurrente renunciase a su derecho de recurrir para ante este Tribunal al negarse el Registrador a subsanar los defectos no obstante los docu-mentos adicionales que presentó.

En el caso que nos ocupa, la recurrente, como hemos visto, presentó al Registro la escritura número 20 antes citada y el Registrador denegó la inscripción de las operaciones a que se contraía la escritura, extendió tros notas denegatorias y tomó anotaciones preventivas por 120 días. Esas notas fueron notificadás a la recurrente el 29 de septiembre de 1945, y el 11 de octubre siguiente, o sea diez días después, la recurrente presentó de nuevo la escritura acompañada de documentos adicionales, con el fin de subsanar los defectos apuntados. El Registrador devolvió entonces los documen-tos con una nota haciendo constar que, a su juicio, no pro-cedía tornar anotación preventiva porque ya se había tomado previamente el 24 de septiembre último. La escritura y do-cumentos adicionales fueron presentados por segunda vez antes de expirar el término para recurrir para ante el Tribunal-Supremo contra la nota anterior. Por consiguiente debe considerarse suspendido el término desde que se pre-sentó por segunda vez la escritura y documentos adicionales, empezando a correr el plazo para recurrir ante el Tribunal Supremo desde que se notificó la segunda nota el 16 de no-viembre de 1945. Como la Autoridad de Tierras recurrió para ante este Tribunal el 20 de noviembre, es decir, cuatro días después de notificada la segunda nota, el recurso se in-terpuso dentro del término de veinte días fijado por la ley.

Pasemos ahora a considerar los méritos del recurso.

El defecto primordial del cual se derivan otros de menor importancia, consiste en haberse omitido las palabras “en Comandita” al final de la razón social de la vendedora. La cuestión se reduce a lo siguiente:

Por escritura número 93 de 28 de junio de 1917 ante el notario Enrique Márquez Huertas, se constituyó la mercan-til Rodríguez Hevia & Co. en Comandita y con esa razón social figura en el Registro Mercantil. Más tarde esa mer-cantil compró, entre otras, las tres fincas que vende ahora a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, y al’ otorgarse la escritura de compraventa ante el notario Enrique Márquez Huertas (escritura número 112 de 31 de julio de 1936) el notario incurrió en el error de omitir las palabras “en Co-mandita” que forman parte de la razón social de la mer-cantil entonces compradora. Presentada en el Registro la escritura número 112 continuó el error, pues las fincas fue-ron inscritas a favor de Rodríguez HeVia & Co. en vez de Rodríguez Hevia & Co. en Comandita Hallándose inscri-tas las fincas a nombre de “Rodríguez Hevia & Co.” al com-prarlas la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, el notario Francisco A. Arrillaga, guiado por lo que aparecía del Re-gistro, al otorgar la escritura de compraventa número 20 de 4 de abril de 1944, incurrió en el mismo error de expresar la razón social de la vendedora omitiendo las palabras “en Comandita”.

Demuestran además los documentos complementarios pre-sentados al Registrador, que no existe ninguna otra mercan-til con la razón social de “Rodríguez Hevia & Co.”

Aclarado el error del título por el Acta Aclaratoria nú-mero 70 antes mencionada otorgada por los interesados, o sea el que vendió las fincas a Rodríguez Hevia & Co. en Co-mandita y ésta representada por su gestor Valentín Rodrí-guez Granda, no existe impedimento legal alguno para que el Registrador subsane dicho error proveniente del título. A este efecto dice Morell:

“La base para ]a extensión de los asientos en el Registro es el título o documento presentado para inscribir o anotar. El título puede estar equivocado en alguna circunstancia de más o menos interés o en algún concepto, y es claro que en tal caso esa equivo-cación pasará también al Registro y éste no reflejará la realidad. Sin embargo, mientras la inscripción esté conforme con el título, se hallará fielmente extendida. El Registrador en tal caso no comete error alguno y no puede exigírsele rectificación. Así se reconoce en la Resolución de 10 de Enero de 1900 y en la sentencia de 7 de Junio de 1881. Los interesados con independencia del Registrador, pueden otorgar un nuevo documento en el que expongan la verdad de los hecjios, la equivocación padecida por ellos o por el Notario o funcionario que intervino, o el verdadero alcance de lo convenido o la verdadera extensión del derecho que se concedió. Y si los intere-sados no se ponen de acuerdo, puedo cualquiera de ellos acudir a la Autoridad Judicial, para que por ésta se decida lo procedente sobre la pretendida rectificación del título”. 4 Morell, Legislación Hipo-tecaria, pág. 662. (Bastardillas nuestras.)

Resulta también de los documentos complementarios, especialmente los marcados en esta opinión con las letras t(d” y “í”, el primero de los cuales es la escritura de constitución de la mercantil Sucrs. de San Miguel Hermanos en Comandita y el segundo que es una certificación del Registro Mercantil donde aparecen todas las vicisitudes de dicha So-ciedad, que el socio gestor don Manuel San Miguel, quien compareció en la escritura en representación de dicha Mer-cantil, tenía facultades bastantes para otorgar a nombre de ella la cancelación de la hipoteca. No debió, pues, el Regis-trador, denegar la cancelación por los fundamentos indica-dos en su nota.

Aclarado el error en que incurrió el Registrador al ne-garse a inscribir las fincas a nombre de la Autoridad de Tie-rras — con vista de los documentos complementarios adicio-nales — no estuvo él acertado al negarse a convertir en ins-cripción la anotación preventiva de la compraventa tomada con fecha 24 de septiembre de 1945.

El defecto de no haber acreditado el Sr. José Acosta Velarde su cargo como Director Ejecutivo de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico quedó subsanado por la certificación jurada expedida por el Secretario de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, presentada como documento complementario.

Dueña la Autoridad de Tierras de Puerto Rico de las fincas vendidas por la escritura número 20 de 4 de abril de 1944 ante el notario Francisco A. Arrillaga y colindando entre sí las tres fincas, tenía derecho a su 'agrupación, y siendo el excoso de cabida menor de un 20 por ciento de la superficie de la finca agrupada, procede, también que se practique la agrupación con la rectificación de cabida. Autoridad de Tierras v. Registrador, 62 D.P.R. 506.

Apareciendo que una de las fincas que se había formado por agrupación, o sea la finca descrita bajo la letra “b” se hallaba inscrita solamente en cuanto a su posesión, cuya inscripción de posesión se verificó el 22 de septiembre de 1882, y habiendo solicitado la Autoridad de Tierras de Puerto Rico que se hiciese la conversión de posesión en do-minio, debió el Registrador hacer la conversión de conformi-dad eon el art. 395A de la Ley Hipotecaria.

Lo mismo sncede respecto a la cancelación de los embargos trabados en 2 de abril de 1900 y en 29 de abril de 1913, toda vez que no consta del Registro que el término de dichos embargos haya sido prorrogado por Autoridad judicial

Por lo expuesto procede revocar las notas recurridas de M de septiembre y 13 de noviembre de 1945 y ordenar que por el Registrador se subsanen los defectos apuntados, ins-cribiéndose las tres fincas “a”, “b” y “.c” y su< agrupación ■a favor de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, todo de acuerdo con los principios enunciados en esta opinión.

       Esto error del notario fué subsanado por Acta Aclaratoria número 70, otorgada ante el notario Enrique Márquez Huertas el 25 de abril de 1945.

       Subsanado el error do dicha escritura por Acta Aclaratoria núm. 9 de 3 de agosto do 1945 ante el notario Antonio Riera.

       Si bien aparece del certificado dol Registro Mercantil que al prorrogarse la escritura de sociedad de Rodríguez Hevia & Co. en Comandita en junio 29 de 1936 el término de la Sociedad había ya expirado, esa circunstancia no obs-tante el art. 223 del Código de Comercio, no perjudica el titulo de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, pues como se resolvió por la Sentencda del Tribunal Supremo de Pspaña do 6 do diciembre de 1887 (62 J.C. 620) "aun cuando una Sociedad mercantil no haya tenido existencia legal, los actos y contratos que con tal carácter realicen los socios son eficaces contra los mismos on favor do los terceros con quienes han contratado". Véase al mismo efecto la Senleneiai del mismo Tribunal de 10 de enero de 188$ (48 J.C. 32). Cf. Sucrs. de C. Díaz v. Cianchini, ante, pág. 327.

         Ley Hipotecaria, art. 388A(b).


author: El Juez Asociado Señou De Jesús

text:
    Dolores García, demandante y apelante, v. Sofía Rexach Viuda de Rexach, demandada y apelada.
    Núm. 9142.

    Sometido: Noviembre 7, 1945.

      Resuelto: Diciembre 19, 1945.

      Harry M. Besosa y J. Pérez Almiroty, abogados de la apelante; Héctor González Blanes, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señou De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

José E. Rexach, estando casado con la demandada Sofía Rexach, llevó relaciones ilícitas con la demandante. En el curso de esas relaciones allá para el año 1932, Rexach en-tregó a la demandante nn sobre lacrado el cnal contenía nn documento aparentemente suscrito y firmado por él, qne dice así:

“En la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Hoy fecha agosto catorce de mil novecientos treinta y dos escribo de mi puño y letra esta disposición testamentaria que deposito bajo la custodia del abogado notario Luis Sánchez Vahamonde para ser abierto después de mi muerte.
“Por esta voluntad declaro que lego a Dolores García Añé la cantidad de diez mil pesos oro americano cuya suma le será satis-fecha con el importe de una póliza de seguro por la cantidad de diez mil pesos que tengo en la Jefferson Standard Life no afecta a responsabilidad alguna.
“Y es mi voluntad que mis legítimos herederos cumplan esta obligación que les dejo sin examinar los motivos que la ocasionan.
“Agosto catorce de mil novecientos treinta y dos.
“Firmado
“José A. Rexach
“fechado 14 agosto 1932
“enmendado catorce vale.”

Al entregar a la demandante el sobre lacrado Rexach le dijo que lo entregase a un abogado quince o veinte días des-pués de su muerte y que tendrían que darle a ella lo que decía el documento. Posteriormente, el 3Q de enero de 1943, Rexach otorgó un testamento abierto el cual, entre otras disposiciones, contenía la siguiente:

"QuiNTO: Por el presente revoco todo testamento anterior, es-pecialmente el otorgado ante el Notario don Rafael Palacios Rodrí-guez en diez y siete de julio de mil novecientos veinte y ocho y el de fecha primero de julio del año mil 'novecientos cuarenta otorgado ante el notario, Luis Sánchez Vahamonde.”

Rexach falleció el 10 de febrero de 1944 bajo el testa-mento de 30 de enero' de 1943 y la demandante, quien había conservado el sobre, siguiendo las instrucciones de Rexach, Lo entregó al abogado Hipólito Marcano, quien lo abrió y extrajo el alegado testamento el cual no ha sido' protocoli-zado.

Basándose en el referido documento la demandante instó este pleito contra la demandada, la viuda de Rexach, la cual había cobrado dos pólizas por $10,000 cada una expedidas por la Jefferson Standard Life sobre la vida de José R. Rexach, en las cuales figuraba la demandada como beneficia-rla. Bajo la teoría de que el documento de 14 de agosto de 1932 es un testamento ológrafo y que la disposición que el mismo contiene a favor de la demandante es un fideicomiso, en el cual la demandante es la fideicomisaria y la demandada la fiduciaria, la demandante instó este pleito en cobro de la cantidad de $10,000 importe de la póliza mencionada en el documento, con intereses y daños.

La corte inferior considerando el caso en sus méritos, llegó a la conclusión de que no existe el alegado fideicomiso y que aunque hubiera existido, quedó sin efecto por haberse constituido en un testamento que fue expresamente revocado, el cual, por no haber sido protocolizado, no era válido. Be conformidad con esa conclusión dictó sentencia declarando sin lugar la demanda.

Con arreglo al art. 835 del Código Civil, en un testamento puede constituirse un fideicomiso para tener efecto después de la muerte del fideieomitente.

Aparentemente el documento de 14 de agosto de 1932 cumple con todos los requisitos exigidos por el art. 637 del Código Civil para la validez del testamento ológrafo, su-jeto desde luego, a que oportunamente se cumpla con el re-quisito de la protocolización requerido por el art. 639 del Código Civil.

Pero suponiendo la situación más favorable a la deman-dante, es decir, que la disposición contenida en el alegado-testamento ológrafo constituya un fideicomiso y que la re-vocación dol testamento no afecte la existencia del fideico-miso, aún así, nos confrontaremos con el escollo de que dicho testamento no es válido por no haber sido protocolizado. Código Civil, art. 639, No existiendo testamento válido no puede éste servir de vehículo para la constitución de un fidei-comiso válido. Código Civil, art. 835. Restatement, Trusts, (1935) sección 53.

No podemos convenir con ¿a apelante en que los hechos de esto caso justifiquen la creación de un fideicomiso como hicimos en el caso de Ruis v. Ruis, 61 D.P.R. 823. En aquel caso un padre, confiando en la relación fiduciaria que existía entre él y su hija mayor, hizo figurar a nombre de ésta una finca que él había comprado para todos sus hijos,, encargándole que al llegar-sus hermanos a la mayoridad les diese la participación que les correspondía como si la finca figurase a nombre de todos por partes iguales. La hija aceptó el encargo de su padre, pero fallecido éste, al llegar sus hermanos a la mayoridad y reclamar sus respectivas participaciones, rehusó ella dárselas, alegando que la finca era de su exclusiva propiedad.

Como se verá, en el caso do Ruiz v. Ruiz, supra, el padre,'confiado en la promesa que le hiciera su hija de cum-plir la encomienda a que hemos hecho referencia, hizo figu-rar la finca a nombre de ella. Permitirle luego que abusando de la confianza en ella depositada la hija defraudase a sus hermanos, equivaldría a permitirle que se enriqueciera in-justamente a costa de ellos y para evitar ese injusto enri-quecimiento fue necesario crear el fideicomiso.

En el caso que nos ocupa, por el contrario, Bexach, al designar a la demandada beneficiaría de las pólizas, no lo hizo confiado en promesa alguna por parte de ella de entre-gar a la demandante el producto de una de las pólizas. En otras palabras, la demandada, al retener el importe de las dos pólizas, no actuó engañosamente, y por consiguiente no surge en este caso el enriquecimiento injusto para evitar lo cual se crea el fideicomiso.

Procede, por lo expuesto, confirmar la sentencia apelada.

       Decimos “aparentemente” porque no habiendo sido protocolizado el supuesto testamento, no tenemos base legal para concluir quo on realidad fué suscrito en su totalidad y firmado por Rexach.

       El artículo 637 del Código Civil dice así:
      “El testamento ológrafo sólo podrá otorgarse por personas mayores de edad.

        “Para que sea válido este testamento, deberá estar escrito todo y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en que se otorgue.
      '' Si contuviere palabras tacliadas, enmendadas o entre renglones, las salvará i el testador bajo su firma.”


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cástulo Rodríguez Padró, acusado y apelante.
    Núm. 10918.

    Sometido: Diciembre 7, 1945.

      Resuelto: Enero 14, 1946.

      Francisco García Quiñones, abogado del apelante; Hon. Procurador General E. Campos Del Toro, Lxds Negrón Fernández, Procura-dor General Auxiliar y J. Rivera Barreras, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné procesado por los delitos de atentado a la vida, portación ilegal de nn revólver e infracción a la ley sobre venta y registro de armas de fuego. Ene convicto' de ataque para cometer homicidio, declarado culpable de los otros dos delitos y condenado a sufrir la pena de nn año de presidio por el primer delito y las de nn mes de cárcel por cada uno de los otros dos. No estuvo conforme y apeló.

En los dos primeros señalamientos se alega que la corte sentenciadora erró al permitir que el Policía Insular Francisco Ghizmán declarase sobre ciertas manifestaciones que a preguntas suyas le hiciera el acusado, después de haber sido arrestado, sin que el testigo le hiciera previamente las advertencias de ley.

De la transcripción de la evidencia aparece que el Poli-cía Ghizmán declaró que en la noche de autos él se encon-traba vestido de paisano cerca del Colmado Los Muchachos ; que sintió unos disparos y corrió hacia el lugar del suceso, encontrando allí gente reunida y una mujer herida de bala; que fue a arrestar al acusado Cástulo Rodríguez, lo encontró en su casa y le dijo que lo acompañara al cuartel; que en el camino hacia el cuartel, el acusado le dijo- “que esa se-ñora lo estaba persiguiendo mucho a él, que lo perseguía y que él se iba a tener que embarcar”; que dijo además “que se había visto obligado a hacer lo que hizo”, y no dijo nada más.

Las manifestaciones hechas por el acusado no fueron ofrecidas por el fiscal como una confesión y sí como una admisión hecha voluntariamente por el acusado al policía. El fiscal no- estaba obligado como una condición precedente, a probar la voluntariedad de dicha admisión. Pueblo v. Dones, 56 D.P.R. 211; Pueblo v. Montes, 64 D.P.R. 321; Pueblo v. Lebrón, 61 D.P.R. 657. Tampoco era necesario para su admisibilidad que el policía hiciera al acusado ad-vertencia legal-alguna. Pueblo v. Kent, 10 D.P.R. 343; Pueblo v. Morales (a) Yare Yare, 14 D.P.R. 234; Pueblo v. Flores, 17 D.P.R. 178; Pueblo v. Alméstico, 18 D.P.R. 320; Pueblo v. Martínez, 23 D.P.R. 228; Pueblo v. Rodríguez, 28 D.P.R. 501; Pueblo v. Valle, 29 D.P.R. 555. Que el acusado no tenía derecho a estar asistido de abogado en el momento en que hizo las citadas manifestaciones al policía, es cuestión resuelta por este Tribunal en Pueblo v. Travieso, 60 D.P.R. 530 y Pueblo v. Montes, 64 D.P.R. 321.

'En el tercer señalamiento se queja el apelante de que la Corte inferior permitiese al Fiscal interrogar al acu-sado sobre supuestos requerimientos de amor por parte del acusado a la hija de Sixta Peña Rosario.

Del récord aparece, que después de haber declarado am-pliamente el acusado sobre sus relaciones amorosas durante dos años con Sixta Peña, el Fiscal- repreguntó al acusado en cuanto a si era o no cierto que él había tratado de enamorar a la hijita de Sixta Peña y que esa había sido la causa del disgusto habido entre el acusado y su amante. Después de haber sido hechas y contestadas las preguntas, se opuso la defensa, limitándose a decir: “Inmaterial, Sr. Juez”. La Corte desestimó la objeción y la defensa anotó su excepción.

La objeción, además de ser tardía y de no haberse ex-puesto los fundamentos de la misma, fue correctamente de-sestimada. El fiscal tenía el derecho de repreguntar al acu-sado, no solamente con el propósito de poner a prueba su credibilidad y la exactitud de su declaración, si que también eon el fin do establecer el motivo que tuyo para cometer el delito imputádole. Pueblo v. Román, 18 D.P.R. 219; Pueblo v. Muñoz, 29 D.P.R. 529; Sosa v. Cardona, 30 D.P.R. 274; Pueblo v. Torres, 33 D.P.R. 185.

Los dos señalamientos restantes carecen de méritos. El hecho de que el Juez hiciera una serie de preguntas al acusado no es por sí solo suficiente para inferir que actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad contra el acusado. Las preguntas hechas por el Juez en este caso tendían a aclarar ciertos hechos a los cuales se había referido el acusado en el examen directo; y esas preguntas en nada podían perjudicar al acusado.

La prueba presentada por el fiscal y creída por el jurado es más que suficiente para justificar el veredicto. También lo era para sostener un veredicto de atentado a la vida.

Las sentencias recurridas, las cuales son por demás be-nignas, deben ser confirmadas.

El Juez Asociado Sr. Córdova no intervino.