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      In re Nelson Vélez Lugo, querellado.

      Número: CP-2007-14

      Resuelto: 28 de febrero de 2011

      Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general; Nelson Vélez Lugo, pro se; Ygrí Rivera de Martínez, comisio-nada especial.
   per curiam:

El Ledo. Nelson Vélez Lugo (licenciado Vélez Lugo) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 6 de junio de 1983 y prestó juramento como notario el 23 de junio de 1983. El 27 de junio de 2007, el Procurador General pre-sentó una querella sobre conducta profesional contra el li-cenciado Vélez Lugo por violaciones a los Cánones 24, 25 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Procedemos a relatar los acontecimientos procesales que motivaron la querella, según surgen del expediente.

I

La queja AB-2006-249 contra el licenciado Vélez Lugo fue presentada por la Sra. Áurea Concepción Pérez Mora-les y el Sr. Rafael Ángel Ramírez Toro (los quejosos). Ésta se origina en un contrato de servicios profesionales sus-crito entre los quejosos y el licenciado Vélez Lugo.

Los quejosos alegaron que acordaron pagar al licenciado Vélez Lugo la cantidad de cinco mil (5,000) dólares por honorarios de abogado para que los representara en un caso de daños y perjuicios (Civil Núm. IDP2002-0001) en el cual fueron demandados. Esta cantidad fue satisfecha. Acordaron, a su vez, que de prevalecer los quejosos en la reclamación instada luego del juicio en su fondo, le paga-rían diez mil (10,000) dólares adicionales al letrado.

El caso se resolvió a favor de los quejosos, toda vez que se desistió con peijuicio de éste. Ahora bien, los quejosos plantearon que, a pesar de no haber juicio en su fondo, el licenciado Vélez Lugo insistió en cobrarle los diez mil (10,000) dólares por honorarios de abogado. Éstos se nega-ron a tal pretensión, por lo que el licenciado Vélez Lugo los demandó en una acción en cobro de dinero (Caso Núm. 13C1200500170). Completados los trámites de rigor, el Tribunal de Primera Instancia declaró “sin lugar” la demanda incoada por el licenciado Vélez Lugo contra los quejosos. Esta decisión fue confirmada por los foros apelativos. Ante este escenario, los quejosos alegaron que se habían sentido indignados por las acciones del licenciado Vélez Lugo.

Instada la queja, el licenciado Vélez Lugo presentó su contestación. Alegó que el acuerdo suscrito consistía en el pago de cinco mil (5,000) dólares por tomar el caso y diez mil (10,000) dólares de “ganarse yendo a juicio”. En su comparecencia el licenciado Vélez Lugo acotó que había apelado la determinación del Tribunal de Primera Instan-cia de desestimar su reclamación de honorarios de abogado en el caso de cobro de dinero presentado contra los quejo-sos ante el Tribunal de Apelaciones. Argumentó el le-trado que lo único que hizo fue reclamar lo que procedía en derecho acorde con el contrato suscrito entre las partes.

El 18 de diciembre de 2006, el Procurador General so-metió su informe sobre la queja instada. Señaló que la con-ducta desplegada por el licenciado Vélez Lugo atentaba contra lo dispuesto en los Cánones 24 y 25 del Código de Etica Profesional, supra.

Luego de examinar los documentos, y de ciertos trámi-tes procesales que incluyeron conceder un término al licen-ciado Vélez Lugo para que contestara el informe, el 11 de mayo de 2007 le ordenamos al Procurador General que presentara la querella correspondiente. El 27 de junio de 2007, el Procurador General presentó una querella sobre conducta profesional contra el licenciado Vélez Lugo, en la que le imputó violaciones a los Cánones 24, 25 y 38 del Código de Etica Profesional, supra.

Mediante la orden emitida, peticionamos al licenciado Vélez Lugo a contestar la querella incoada en su contra. El licenciado Vélez Lugo presentó su contestación a las alega-ciones expuestas en la querella presentada.

Luego de los trámites de rigor, el 31 de octubre de 2007 designamos a la Hon. Ygrí Rivera de Martínez como comi-sionada especial para atender el procedimiento de autos. Tras celebrar una vista evidenciaría, la Comisionada Especial rindió su informe. De éste surgen las determinaciones de hecho siguientes:

1. El Ledo. Nelson Vélez Lugo fue admitido al ejercicio de la abogacía el día 6 de febrero de 1983 y a la notaría el 23 de junio de 1983. .
2. Los esposos Rafael Ángel Ramírez Toro y Áurea Concepción Pérez Morales, quienes fueron demandados ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayaguez, [sic] en el caso civil núm. IDP2002-0001, sobre: Incumplimiento de Con-trato y Daños y Perjuicios, acudieron a la oficina del Ledo. Nelson Vélez Lugo para que éste los representara legalmente en dicho caso.
3. Atales efectos, el 28 de enero de 2002, los esposos Ramírez Pérez suscribieron un contrato de servicios profesionales con el licenciado Vélez Lugo.
4. El referido contrato de servicios profesionales disponía tex-tualmente sobre los honorarios de abogado, lo siguiente:
a) ... Cinco mil dólares por tomar el caso, los que se pagarán tres mil dólares (3,000.00) al inicio y dos mil dólares (2,000.00) el 28 de enero de 2003 o cuando se termine el caso, lo que ocurra primero.
b) De ganarse el caso diez mil dólares (10,000.00) de decla-rarse No Ha Lugar la demanda yendo a juicio.
c) Sobre la Demanda contra Tercero se cobrará el 33% de lo que se obtenga.
Una vez hecho cualquier depósito, el mismo no será reembolsable.
5. Los allí demandados y aquí quejosos pagaron al licenciado Vélez Lugo la suma de tres mil (3,000.00) dólares el veinti-cinco de enero de 2002. Luego, pagaron la suma de quinientos (500.00) dólares el 30 de mayo de 2003 y posteriormente pa-garon el remanente hasta cinco mil dólares.
6. El caso fue señalado para vista en su fondo para el 30 de noviembre de 2004.
7. El 4 de octubre de 2004, la parte demandante en el caso presentó una moción solicitando el desistimiento con perjuicio. Esta moción fue notificada al licenciado Vélez Lugo, como abo-gado de los demandados.
8. En la fecha señalada para vista en su fondo, las partes se reunieron en cámara y el querellado informó al tribunal que había aceptado lo propuesto por la parte demandante, dando fin al pleito. Expuso, además, que se había acordado entre las partes que el desistimiento fuese “en cadena”.
9. Solicitó, en adición, el licenciado Vélez Lugo del foro de instancia durante la conversación en cámara, que lo anterior debía verterse para el record para que fuese ratificado por las partes y así evitar reclamaciones futuras, a lo cual el tribunal accedió.
10. El licenciado Vélez Lugo interrogó en sala con tal propó-sito, tanto al señor Ramírez Toro como la señora Pérez Morales. Las preguntas giraron a torno a ratificar lo infor-mado por los abogados en cámara en cuanto al desistimiento del caso.
11. Los demás abogados en el caso se limitaron a vertir [sic] para el record [sic] estar de acuerdo con el desistimiento con perjuicio de sus respectivas causas de acción.
12. No declaró ningún testigo ni hubo presentación de prueba alguna ese día.
13. Posteriormente el foro de instancia dictó la sentencia des-estimando con perjuicio todas y cada [una] de las causas de acción que existían en el pleito, en consideración al hecho de que la parte demandante había desistido con perjuicio y así también había hecho la parte demandada con sus causas de acción.
14. Dicha sentencia fue notificada el 16 de diciembre de 2004. El 13 de enero de 2004, el querellado le escribió a sus clientes una carta dirigida al señor Ramírez Toro aludiendo a la refe-rida sentencia y reclamándoles la suma de diez mil (10,000.00) dólares, expondiéndoles [sic] que ello era así “debido a que conforme a los términos y condiciones de la misma, la cual pueden cotejar, el caso de referencia terminó a su favor”.
15. Con anterioridad a esa carta, ya el querellado le había requerido el pago a los quejosos mediante otra carta de fecha 10 de noviembre de 2004, en la cual les requería la suma de trece mil (13,000.00) dólares de honorarios de abogado. Para la referida fecha aún no se había celebrado la vista en su fondo y no se sabía la disposición final que tendría el caso.
16. En respuesta a la carta del 13 de enero de 2004, el señor Ramírez Soto le contestó al querellado mediante carta de fe-cha 22 de enero de 2005, que la obligación de pagar los diez mil (10,000.00) dólares adicionales era sólo si ganaba el pleito en tm juicio en su fondo, lo cual no había ocurrido en este caso.
17. El señor Ramírez Soto le recordó, además, al querellado que en el caso no hubo juicio en su fondo, ya que previo a la vista final las partes firmaron una estipulación, por lo que la misma sólo sirvió para consignar la aceptación del acuerdo entre todos. Advirtió, que ante ello no se trataba de un juicio plenario donde había que presentar testigos, sino que previa-mente se conocía el resultado del mismo.
18. El querellado presentó una demanda en cobro de dinero en contra de sus clientes en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Germán, Civil Núm. 13C1200500170, el 8 de marzo de 2005.
19. El Tribunal de Primera Instancia celebró el juicio en sus méritos y dictó sentencia el 11 de agosto de 2006, declarando sin lugar dicha demanda, sin costas ni honorarios de abogado.
20. Dicho foro, luego de analizar los hechos y el derecho vi-gente sobre la materia, particularmente el concepto y alcance de lo que es un juicio en los méritos, concluyó que en el caso IDP2002-001 no se celebró un juicio en los méritos.
21. Determinó el referido tribunal, entre otras cosas, que a los únicos efectos que se celebró la vista del día 30 de noviembre de 2004, en el caso IDP2002-001 fue para ratificar para el record la aceptación de la transacción propuesta por la parte demandante.
22. Expuso, además, que en dicha vista no hubo desfile de prueba, ni testigos, ni interrogatorios, ni presentación de evi-dencia testifical o documental en apoyo a las alegaciones de las partes. Por lo tanto, concluyó, que el caso no se ganó, ni se declaró sin lugar la demanda, una vez celebrada la vista en su fondo.
23. Concluyó, en adición, que tampoco el tribunal tuvo que decidir conforme a la prueba presentada, sino que lo que hizo fue aprobar las mociones de desistimiento con perjuicios radi-cadas por todas las partes envueltas en el juicio.
24. Resolvió el tribunal que el licenciado Vélez Lugo cobró la suma de cinco mil (5,000.00) dólares que fue pactada por es-crito y que no habiendo llegado a la etapa de juicio en su fondo, el querellado no podía exigir la aplicación del inciso (b), antes citado, del contrato de servicios profesionales en controversia. Expresó que la sentencia en el caso IDP2002-001 lo que hizo fue recoger los planteamientos de las partes y darle la aprobación al desistimiento de sus mutuas reclamaciones.
25. Determinó, además, que si el licenciado Vélez Lugo quería incluir la desestimación o desistimiento voluntario como parte de sus honorarios de abogado, debió así hacerlo constar en el contrato de servicios profesionales.
26. No conforme con dicha sentencia, el querellado recurrió al Tribunal de Apelaciones, confirmando dicho foro al de instan-cia, mediante sentencia de 31 de octubre de 2006, (KLAN200601172).
27. En su análisis, el Tribunal de Apelaciones expresó que el licenciado Vélez Lugo pretendía que dicho foro catalogara “la simple celebración de una vista para ratificar y vertir [sic] para “record” un desistimiento con perjuicio, como el acto del juicio”.
28. Concluyó el foro apelativo que en principio la mencionada vista fue innecesaria, toda vez que el desistimiento del juicio [de la demanda] fue uno con perjuicio, el cual opera como urna adjudicación en los méritos, por lo que, dentro de este escena-rio, no existe vencedor ni vencido ya que la controversia “mu-rió” por decisión del promovente.
29. Resolvió finalmente que no se podía permitir que la cele-bración de dicha vista fuese utilizada como subterfugio para el cobro de honorarios, bajo los parámetros señalados. Ante ello, confirmó la sentencia del foro de instancia y le impuso las costas del pleito al licenciado Vélez Lugo, así como dos mil (2,000.00) dólares de honorarios de abogado a favor de los es-posos Ramírez Pérez.
30. Inconforme con dicha sentencia, el licenciado Vélez Lugo recurrió al Tribunal Supremo. Este Honorable Tribunal dis-puso mediante Resolución de 9 de febrero de 2007, “a la peti-ción de certiorari, no ha lugar”.
31. Durante el procedimiento disciplinario, ambas partes es-tuvieron de acuerdo en que no existe controversia en cuanto a los hechos, según surge del contenido de los expedientes estipulados.
32. También se estipuló que la controversia real consiste en si hubo o no violaciones éticas que se imputan al querellado a la luz de los hechos procesales estipulados. (Escolios omitidos.) Informe de la Comisionada Especial, págs. 12-17.

Evaluados estos hechos, y conforme reseñado, la Comi-sionada Especial determinó que el licenciado Vélez Lugo incurrió en conducta violatoria a los Cánones 24, 25 y 38 del Código de Etica Profesional, supra.

Sometido el caso ante nuestra consideración, y contando con el beneficio del informe de la Comisionada Especial y del Procurador General, así como la contestación del licen-ciado Vélez Lugo, resolvemos.

II

Reiteradamente hemos señalado que los cánones del Código de Etica Profesional establecen las normas mínimas de conducta que rigen a los miembros de la profesión legal en el desempeño de su delicada e importante labor. In re Acevedo Álvarez, 178 D.P.R. 685 (2010); In re Pujol Thompson, 171 D.P.R. 683 (2007); In re Izquierdo Stella, 154 D.P.R. 732 (2001); In re Matos González, 149 D.P.R. 817 (1999); In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998).

De igual manera, en nuestra jurisdicción, está firmemente establecido que el contrato de servicios legales es sui generis, ya que aunque se trata de un contrato de arrendamiento de servicios al amparo del Art. 1473 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4111, está regido por las consideraciones éticas relativas a la profesión legal. In re Delannoy Solé, 172 D.P.R. 95 (2007); Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989); Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26 (1996).

En particular, hemos sido consecuentes al enfatizar que al iniciar una gestión profesional, todo abogado debe tener presente lo establecido en el Canon 24 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, que contiene todas las nor-mas relativas a la fijación de los honorarios de abogado.

Sobre el particular, ese canon establece expresamente que la fijación de los honorarios profesionales deberá regirse por el principio de que la profesión es una parte integrante de la administración de la justicia y no un mero negocio con fines de lucro. In re Díaz Lamoutte, 106 D.P.R. 450 (1977). Tan es así, que ese canon recomienda que el abogado y el futuro cliente lleguen a un acuerdo sobre los honorarios por servicios profesionales al inicio de la relación profesional y que éste sea reducido a un escrito. Canon 24 del Código de Etica Profesional, supra.

A su vez, el Canon 24 del Código de Ética Profesional, supra, señala los aspectos que se consideran al momento de fijar los honorarios de los abogados. Entre éstos se encuentran la náturaleza de la gestión, la novedad y la dificultad del asunto que se ha de resolver, la habilidad y el conocimiento necesarios para conducir el caso adecuadamente, el tiempo y trabajo requeridos, los honorarios que se acostumbran a cobrar por servicios similares, la cuantía involucrada, la contingencia o certeza de la compensación y la naturaleza de la gestión profesional, entre otros. In re García Ortiz, 176 D.P.R. 123 (2009); In re Ayala Oquendo, 166 D.P.R. 587 (2005).

Por otro lado, el Canon 25 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que el abogado debe evitar controversias con sus clientes, sobre la compensa-ción por su trabajo, en todo lo que sea compatible con el respeto a sí mismo y con el derecho que tenga a recibir una compensación razonable por los servicios prestados. In re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199 (2005). Por otro lado, el abogado tiene derecho a recibir una compensación razona-ble por los servicios que rinde a sus clientes. Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., 131 D.P.R. 545 (1992); Rodríguez v. Ward, 74 D.P.R. 880 (1953). En específico en Nassar Rizek v. Hernández, supra, pág. 373, dijimos entonces que

[l]o expuesto tiene como contraparte el derecho del abogado a recibir como profesional una compensación razonable por sus servicios. ... Como corolario, el abogado está facultado a entablar aquellas reclamaciones judiciales necesarias para el cobro de sus honorarios, aunque cautelarmente, el mismo canon señala que “debe evitarse”, a no ser que se presenten Tíni-camente para impedir injusticias, imposiciones o fraudes. (Ci-tas y escolios omitidos.) Véanse: In re Merced Montañez, 164 D.P.R. 678 (2005); Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., supra.

Por otro lado, hemos resuelto que el Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra, exige a todo abogado conducirse en forma que exalte la dignidad y el honor de su profesión. Ello responde a la confianza depositada en el abogado como miembro de la ilustre profesión legal. In re Sepúlveda, Casiano, 155 D.P.R. 193 (2001). Reiteradamente, al interpretar el referido precepto, hemos expresado que cada abogado es un espejo en el cual se refleja la imagen de la profesión, por lo que debe actuar, tanto en su vida profesional como en su vida privada, con limpieza, lealtad y el más escrupuloso sentido de responsabilidad. In re García Aguirre, 175 D.P.R. 433 (2009); In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313 (1974).

La Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, establece que le corresponde al comisionado especial designado celebrar una vista para recibir la prueba. Por lo tanto, sus determinaciones fácti-cas merecen nuestra mayor deferencia. Ahora bien, de igual manera hemos resuelto que, aunque este Tribunal no está obligado a aceptar el informe del comisionado especial nombrado para atender una querella contra un abogado, pudiendo adoptar, modificar o rechazar tal informe, de or-dinario sostenemos las conclusiones de hecho de un comi-sionado especial salvo que se demuestre prejuicio, parcia-lidad o error manifiesto. In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210 (2007); In re Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78 (1998); In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994); In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994).

Con estos preceptos en mente, atendemos la controver-sia ante nuestra consideración.

III

El primer cargo de la querella le imputa al licenciado Vélez Lugo haber actuado contrario al Canon 24 del Código de Etica Profesional, supra, al desplegar una conducta con-traria a los postulados establecidos que disponen que la profesión legal no es un mero negocio con fines de lucro, dado que es parte integral de la administración de la jus-ticia, por lo que ningún abogado deberá estimar sus servi-cios en más ni menos de lo que realmente valen. La Comi-sionada Especial determinó que del análisis de la totalidad de las circunstancias surgía, de manera clara, que la vista final efectuada en el caso IDP2002-001 fue utilizada inde-bidamente para justificar lo que a todas luces fue un cobro indebido de honorarios de abogados.

En cuanto al segundo cargo, se le imputa al licenciado Vélez Lugo incurrir en conducta violatoria del Canon 25 del Código de Etica Profesional, supra, al entablar una de-manda contra sus clientes por honorarios de abogado cuando ésta no procedía y atentaba directamente contra el deber de lealtad absoluta que le debe todo abogado a sus clientes. Sobre este cargo la Comisionada Especial informa que la prueba desfilada revela la violación de ese canon. La demanda interpuesta por el licenciado Vélez Lugo no tuvo el propósito de evitar una injusticia, una imposición o un fraude, ya que claramente tales honorarios no procedían si el caso IDP2002-001 no era resuelto en los méritos, como en efecto no lo fue. El licenciado Vélez Lugo, conforme de-terminó la Comisionada Especial, no tenía derecho a reci-bir esos honorarios porque las partes en el mencionado caso desistieron con perjuicio de sus mutuas reclamaciones y el caso no se vio en los méritos. En conclusión, la Comi-sionada Especial entiende que siendo ello así, precisa-mente lo injusto fue la demanda del querellado contra los quejosos en cobro de honorarios que evidentemente no procedían.

En el Cargo III se le imputó al licenciado Vélez Lugo conducta violatoria del Canon 38 del Código de Etica Pro-fesional, supra, al tratar de obtener el pago de honorarios de abogado que no procedían, entablando para ello una de-manda contra sus clientes. Esta conducta atenta, a su vez, contra el deber que tiene todo abogado de exaltar el honor y la dignidad de la profesión. La Comisionada Especial apunta que las actuaciones del licenciado Vélez Lugo, sos-tenidas por la prueba, presentan una conducta impropia y poco digna de un abogado.

En su “Réplica a Informe de la Comisionada Especial”, el licenciado Vélez Lugo señala que en raras ocasiones sus-cribe contratos con sus clientes, ya que siempre ha con-fiado en la palabra de éstos. Indica que debido a lo anterior sólo ha instado de cuatro (4) a seis (6) demandas por cobro de dinero durante su práctica y éstas han sido pre-sentadas contra corporaciones. Apunta:

... entendíamos y estábamos convencidos, como lo estamos, de que se nos adeudaban los $10,000.00 .... El contrato en con-troversia se hizo a instancias de la parte querellante y en el mismo se estableció que eran $5,000.00 en adición a $10,000.00 del caso llegar a juicio y resultar la parte quere-llada victoriosa por el resultado del mismo, y eso era lo que entendíamos nosotros, y cuando el caso, que fue ciertamente señalado para juicio llegar a la fecha del juicio y allí las partes desistieron y el Tribunal aprobó eso, eso es un resultado posi-tivo para la parte querellante y se hizo en el día del señala-miento de juicio, entendíamos que nos daba derecho a cobrar los honorarios de abogado pactados y utilizamos los medios que la ley nos provee para la interpretación de un contrato y sus cláusulas, que es asistir al Tribunal y así lo hicimos. Ré-plica a informe de la Comisionada Especial, págs. 3-4.

Plantea que nunca utilizó un método que fuera ilegal para tratar de cobrar los honorarios de abogado. Por úl-timo, solicitó excusas a los querellantes y reiteró que trató de ejercer lo que estaba convencido que era su posición correcta.

No podemos aceptar las alegaciones del licenciado Vélez Lugo. Comencemos señalando que del Contrato de Servi-cios Profesionales se colige que la intención de las partes era establecer que, de ir a juicio y de resultar victoriosos los quejosos, estarían obligados a pagar la cantidad de diez mil (10,000) dólares al licenciado Vélez Lugo.

Se deduce del tracto procesal del caso que el 4 de octu-bre de 2004, la parte demandante en el caso IDP2002-001 presentó una moción para el desistimiento con perjuicio la cual fue notificada al licenciado Vélez Lugo. A estos efectos, el 18 de octubre de 2004 el licenciado Vélez Lugo instó un escrito para peticionar al Tribunal de Primera Instancia que aceptara el desistimiento con perjuicio y dejara en efecto la vista evidenciaría.

El 10 de noviembre de 2004, el licenciado Vélez Lugo remitió una misiva a los querellantes, reclamándoles el pago de trece mil (13,000) dólares por los honorarios de abogado.

El 30 de noviembre de 2004, reunidos en cámara, el Tribunal manifestó que estaba pendiente el disponer sobre la moción presentada por la parte demandante para el desis-timiento con perjuicio y moción presentada por el licen-ciado Vélez Lugo. Durante la reunión, el licenciado Vélez Lugo informó al Tribunal de Primera Instancia que los querellantes habían aceptado la transacción y que las par-tes habían acordado que el desistimiento fuese en cadena, por lo que solicitó la celebración de la vista para que el acuerdo fuese ratificado por las partes y se vertiera para “record” y de esta forma se evitaran reclamaciones futuras. Lo anterior, a pesar de que tenía el conocimiento que la solicitud de desistimiento con perjuicio de la parte deman-dante ponía fin al pleito.

El Tribunal celebró la vista en la cual testificaron úni-camente los esposos Ramírez Pérez quienes fueron interro-gados por el licenciado Vélez Lugo, ningún otro abogado hizo preguntas. Tampoco se presentó prueba alguna.

Así las cosas, el licenciado Vélez Lugo envió nueva-mente una carta a los querellantes en la que reclamaba el pago de los diez mil (10,000) dólares. Los querellantes con-testaron la misiva del licenciado Vélez Lugo, indicándole que los diez mil (10,000) dólares eran exigibles sólo si se ganaba el pleito en un juicio en su fondo.

Ante este escenario el licenciado Vélez Lugo procedió a demandar a los querellantes, acción que no procedía.

De lo reseñado se desprende que el caso de los quere-llantes pudo resolverse sin la celebración de la vista de 30 de noviembre de 2004, dado que la parte demandante en el caso IDP2002-001 había peticionado el desistimiento con perjuicio el 4 de octubre de 2004. El tracto procesal del caso revela de manera meridiana que la vista en el caso IDP2002-001 fue celebrada a petición del licenciado Vélez Lugo. Como abogado el licenciado Vélez Lugo debía cono-cer que en esa vista no se llevarían a cabo procesos que identifican con una vista en su fondo, por lo que era claro que la cláusula contractual relativa a los diez mil (10,000) dólares no aplicaría. Cabe apuntar que el licenciado Vélez Lugo había reclamado a los querellantes la suma de trece mil (13,000) dólares el 10 de noviembre de 2004 sin ha-berse celebrado aún la vista y sin conocerse la disposición final del caso. Ahora bien, surge de autos que desde el 3 de noviembre de 2004, el licenciado Vélez Lugo tenía conoci-miento de la solicitud de desistimiento con perjuicio ins-tada por la parte demandante. Estas actuaciones del licen-ciado Vélez Lugo, prima facie, son preocupantes.

Interesante por demás es comparar estas actuaciones con lo siguiente. Surge de la contestación del licenciado Vélez Lugo a la queja lo siguiente:

Que el caso sobre daños y perjuicios mencionado en el pá-rrafo anterior estuvo en trámite judicial durante el término del 3 de enero del 2002 —que se radicó la demanda-hasta el 30 de noviembre del 2005 — que se celebró el juicio— y fue objeto de descubrimiento de prueba mediante deposiciones e interro-gatorios entre las partes y hubo reconvención y demanda contra tercero.
Días antes de juicio del caso IDP2002-0001, el Ledo. Nelson Vélez Lugo citó a los aquí demandados para prepararse para el juicio y les solicitó que se prepararan para el pago de $10,000.00 ....
El compromiso contraído en la relación contractual de las partes, el querellado, Ledo. Nelson Vélez Lugo los representó, el caso fue a juicio en su fondo y los demandados no pagaron un solo centavo de la reclamación contra ellos. (Enfasis suplido.)

Examinemos las contradicciones. El licenciado Vélez Lugo, en un principio, planteó que días antes de la vista se reunió con los quejosos para prepararlos para el “juicio”, que ha de celebrarse el 30 de noviembre de 2004. Sin embargo, desde el 4 de octubre de 2004, casi dos (2) meses antes de esa vista, el licenciado Vélez Lugo tenía conoci-miento de la moción instada por la parte demandante para peticionar el desistimiento con perjuicio. ¿Qué motivación tuvo el licenciado Vélez Lugo para ese curso de acción? Sus propias alegaciones intiman la respuesta, a saber, que el caso fue “objeto de descubrimiento de prueba mediante de-posiciones e interrogatorios entre las partes y hubo recon-vención y demanda contra tercero”.

Si el licenciado Vélez Lugo quería incluir la desestima-ción o el desistimiento voluntario como parte de sus hono-rarios de abogado, debió hacerlo constar. Hemos resuelto que en aquellos casos en que no sea anticipable de un todo al inicio de la gestión profesional la extensión y el valor de los honorarios, el abogado deberá reducir por escrito el acuerdo con la mayor claridad en sus términos, libre de ambigüedades y haciendo constar las contingencias previ-sibles que pudieran surgir durante el transcurso del pleito o del asunto que se atiende a nombre del cliente. Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., supra.

En resumen, la vista de 30 de noviembre de 2004 no puede invocarse a fin de poder cobrar los diez mil (10,000) dólares de honorarios de abogado que debía recibir de ha-berse resuelto el caso, luego de una vista en su fondo. El licenciado Vélez Lugo sabía y conocía de la moción de de-sistimiento desde casi dos meses antes de la vista cele-brada el 30 de noviembre de 2004. Por ello sus reclamos de honorarios al amparo del contrato de servicios profesiona-les suscrito fueron altamente temerarios y aún más instar una acción indebida en el cobro de dinero contra los quejosos. Sabía que el desenlace del caso no fue resultado de prevalecer tras una vista en su fondo.

Según dispone nuestro reglamento le corresponde al co-misionado especial designado celebrar una vista para reci-bir la prueba. Al desempeñar una función similar al juzga-dor de instancia, el comisionado especial se encuentra en mejor posición para aquilatar la prueba testifical y adjudi-car credibilidad, por lo que sus determinaciones fácticas merecen nuestra mayor deferencia. In re Rivera hozada, 176 D.P.R. 215 (2009).

En el caso de autos no se nos ha demostrado prejuicio, parcialidad o error manifiesto, por lo que no habremos de intervenir.

Conforme hemos apuntado “la transparencia de las relaciones entre abogado cliente, y la naturaleza fiduciaria de dicha relación basada en honestidad absoluta es piedra angular para nuestro sistema jurídico. Por esta razón, reiteradamente hemos establecido que los abogados no deben cobrar indebidamente los honorarios de abo-

gado ...”. In re Bonilla Berlingeri, 175 D.P.R. 897, 903—904 (2009).

Ante los hechos expuestos y la falta de evidencia en el expediente que rebata lo anterior, resolvemos que el licen-ciado Vélez Lugo incurrió en violaciones a los Cánones 24, 25 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

IV

Por los fundamentos expresados, suspendemos por tres (3) meses al licenciado Vélez Lugo del ejercicio de la aboga-cía a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam”.

El licenciado Vélez Lugo tiene el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar repre-sentándoles y les devolverá los expedientes de los casos pen-dientes, así como los honorarios recibidos por trabajos no realizados. Deberá también informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del país. De igual forma, debe certificar a este Tribunal en el término de treinta (30) días el cumplimiento con lo aquí dispuesto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       Es preciso señalar que el licenciado Vélez Lugo tiene pendiente tres (3) que-jas ante este Foro, a saber, AB-2007-229 (CP-2008-021), AB-2010-064yAB-2010-072.

       El Tribunal de Apelaciones emitió Sentencia para confirmar al Tribunal de Primera Instancia el 2 de noviembre de 2006. Este Foro denegó expedir el auto de certiorari solicitado para revisar la Sentencia del Tribunal de Apelaciones (CC-2006-1090).

       Esta conducta hace abstracción total de nuestros pronunciamientos sobre el particular. Reiteradamente hemos sostenido que, al iniciar su gestión profesional, todo abogado debe tomar en consideración lo que el referido canon dispone a los efectos de que es deseable que se llegue a un acuerdo sobre los honorarios que han de ser cobrados por el abogado al inicio de la relación profesional y que ese acuerdo sea reducido a un escrito para evitar que se susciten malentendidos entre el cliente y su abogado. In re García Ortiz, 176 D.P.R. 123 (2009).


author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

text:
    Municipio de Quebradillas, peticionario, v. Corporación de Salud de Lares y otros, recurridos.

      Número: CC-2009-280

      Resuelto: 28 de febrero de 2011

      Fernando L. Torres Ramírez y Aida Liz Murphy Lugo, aboga-dos de la parte peticionaria; Manuel Martínez Umpierre, abogado de la parte recurrida; Irene S. Soroeta Kodesh, procuradora general, y Lizette Mejías Avilés, procuradora general auxiliar, abogadas del Estado Libre Asociado.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

Se nos solicita la revisión de una sentencia emitida el 28 de enero de 2009 por el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Utuado. En esa sentencia, el foro apelativo in-termedio desestimó la acción presentada por el Municipio de Quebradillas en cobro de dinero contra la Corporación de Salud de Lares y la reconvención presentada por la Cor-poración contra el Municipio por la misma causa de acción.

El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del foro primario porque entendió que las disposiciones inclui-das en la Ley de Municipios Autónomos de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 21 L.PR.A. see. 4001 et seq., in-terpretadas en Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 D.P.R. 718 (2007), son claras al sostener que en ausencia de un contrato por escrito que cumpla con las formalidades exi-gidas por la ley, los acuerdos verbales entre las partes son nulos.

Por consiguiente, nos corresponde determinar si en au-sencia de un contrato escrito entre las partes, según dis-pone la Ley de Municipios Autónomos y la jurisprudencia interpretativa al respecto, procede la acción en cobro de dinero incoada por el Municipio contra la Corporación. Evaluada la controversia y por el alto interés público que ostentan los fondos públicos, resolvemos en la afirmativa.

I

En 1994, el municipio de Quebradillas (Municipio) con-vino verbalmente con la Corporación de Salud de Lares para que esta última administrara el Centro de Diagnós-tico y Tratamiento de Quebradillas (CDT de Quebradillas). Según aduce el Municipio, entre los acuerdos verbales con la Corporación para la administración del CDT de Quebra-dillas, el Municipio se comprometió a mantener unos em-pleados municipales trabajando en el CDT de Quebradillas con el compromiso de que la Corporación le reembolsara al Municipio el dinero desembolsado para el pago de la nómina. Sin embargo, según alega el Municipio, la Corpo-ración sólo realizó tres pagos por ese concepto.

Pasados unos años, el 4 de junio de 2002, el Municipio presentó una demanda contra la Corporación. En la de-manda, el Municipio alegó que la Corporación le adeudaba una cantidad ascendente a $1,435,078 correspondiente a nóminas pagadas desde agosto de 1997 hasta el 2001, al mantenimiento y servicio de ambulancias y al pago de fac-turas de energía eléctrica por el uso de las instalaciones del CDT de Quebradillas.

El Municipio presentó una moción de sentencia sumaria. En ésta adujo que la Corporación no negó que era la encargada de la administración del CDT de Quebradi-llas desde 1996. Por lo tanto, al ser la administradora, parte de las obligaciones y los deberes de la Corporación era pagar por esos servicios y salarios. Además, el Munici-pio señaló que la Corporación era una institución o persona jurídica con fines de lucro, por lo que condonarle la deuda permitiría el uso de fondos públicos para fines privados en contravención al mandato constitucional contenido en el Art. VI, Sec. 9 de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1. Por último, apuntó que la Corporación no presentó prueba alguna que acreditara el supuesto acuerdo entre las partes mediante el cual el Municipio se haría cargo de esos pagos.

La Corporación se opuso a la moción de sentencia sumaria. Negó ser una institución con fines de lucro. Por el contrario, afirmó ser una institución sin fines de lucro que fue constituida para dar servicio gratuito a la población. La Corporación adujo también que los fondos que el Municipio aportó para el pago de la nómina de los empleados fueron usados para fines públicos, ya que con ellos se brindaron servicios médicos sin costo alguno al pueblo de Quebra-dillas.

Además, con la moción en oposición a que se dictara sentencia sumaria la Corporación acompañó su certificado de incorporación del Departamento de Estado, así como una declaración jurada suscrita por el Sr. Rigoberto Her-nández Nieves, Director de la Corporación. En esta decla-ración se rebatió la alegación del Municipio de que sería la Corporación quien se haría cargo del pago de las nóminas de los empleados, del servicio de ambulancia y del servicio de energía eléctrica.

El Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución en la que declaró "no ha lugar” la moción de sentencia su-maria presentada por el Municipio. Concluyó que existía controversia sobre si la Corporación era o no una institu-ción con fines de lucro.

Posteriormente, el Municipio enmendó su demanda. Re-pitió prácticamente las mismas alegaciones que en la de-manda original. Sin embargo, incluyó como partes deman-dadas a la Hon. Rosa Pérez Perdomo, la entonces Secretaria de Salud y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Asimismo, sustituyó como parte demandada a la Cor-poración de Salud de Lares para incluir en su lugar a la Corporación Centro de Salud de Lares, Inc. En la demanda enmendada el Municipio señaló que el 2 de agosto de 1995 el entonces alcalde del municipio de Quebradillas le escri-bió al presidente de la Junta de Directores de la Corpora-ción para aclarar y formalizar los acuerdos, compromisos y procedimientos que le permitieran a la Corporación admi-nistrar el CDT de Quebradillas. Como consecuencia de esta comunicación, añadió el Municipio, se hicieron gestiones para la celebración de una reunión entre funcionarios del Municipio y representantes de la Corporación en la que se discutirían aspectos relacionados con el funcionamiento del CDT de Quebradillas. De la minuta que se redactó de la reunión, alegadamente, surge que el Municipio se com-prometió a proveer el servicio de ambulancias con el personal necesario en el Centro de Salud las veinticuatro horas al día, los siete días de la semana; a pagar la factura de luz de la Corporación y del Asilo Municipal en partes igua-les, y a pagar la nómina de los empleados. Sin embargo, todos estos acuerdos estaban sujetos a que la legislatura municipal los aprobara. Esa aprobación nunca se llevó a cabo. Incluso, el Municipio hace alusión a la certificación emitida por la Secretaria Interina de la legislatura municipal de Quebradillas que revela que no existía resolución u ordenanza que autorizara al entonces alcalde, Hon. Juan I. Rivera Vargas, a llegar a acuerdos con la Corporación.

El 24 de octubre de 2008, el Tribunal de Primera Ins-tancia dictó sentencia. En ésta, luego de interpretar la Ley de Municipios Autónomos y su jurisprudencia interpreta-tiva, el foro primario concluyó que la exigencia de que todo contrato municipal sea por escrito tiene un carácter cons-titutivo y por ello, al no haberse cumplido con ese requisito, “no nace a la vida jurídica un contrato válido y exigible entre las partes”. Es decir, el tribunal concluyó que el acuerdo entre las partes era completamente nulo. Por con-siguiente, desestimó la demanda del Municipio. A su vez, el foro primario desestimó la reconvención de la Corporación por los mismos fundamentos. Igualmente, se desestimaron las demandas contra la ex Secretaria Pérez Perdomo y contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El Tribunal de Apelaciones confirmó. Primero, en cuanto al señalamiento del peticionario de que no debía resolverse sumariamente la controversia, el foro apelativo intermedio entendió que no existía controversia real sus-tancial en cuanto a ningún hecho medular y que como cuestión de derecho procedía que se dictara sentencia su-maria contra ambas partes como lo hizo el foro primario.

En cuanto al hecho de que las transacciones realizadas entre el Municipio y la Corporación fueron verbales, el Tribunal de Apelaciones entendió, al igual que el foro prima-rio, que la Ley de Municipios Autónomos de 1991, y el caso Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, son claros al soste-ner que en ausencia de un contrato por escrito que cumpla con las formalidades exigidas por la ley, los acuerdos ver-bales entre las partes son nulos. Por consiguiente, señaló que no procedía hablar de enriquecimiento injusto en su aplicación inversa, ya que al no existir una relación contractual por escrito entre las partes, “toda relación está viciada de nulidad, por lo que no genera derecho alguno a las partes [involucradas]”. Sentencia del Tribunal de Ape-laciones, pág. 10. Por último, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el “foro de instancia ejerció su discreción con corrección y razonabilidad”. Id.

Inconforme nuevamente, el Municipio presentó ante este Tribunal un recurso de certiorari. Entiende que el al-cance de nuestra decisión en Colón Colón v. Mun. de Are-cibo, supra, reafirma la obligación de los tribunales de ser celosos guardianes de los intereses públicos. Añade que el Tribunal de Apelaciones erró también al no resolver las mociones de sentencia sumaria a la luz de la doctrina de enriquecimiento injusto.

El 19 de octubre de 2009 expedimos el auto. Con la com-parecencia de ambas partes procedemos a resolver.

II

Como primer señalamiento de error, el Municipio alega que la interpretación que los foros inferiores han hecho de la Ley de Municipios Autónomos de 1991 y del caso Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, no tiene el alcance dado y, peor aún, que esta interpretación ignora la obligación de los tribunales de ser celosos guardianes de los fondos públicos.

De entrada, es menester señalar que el Art. 2.001(r) de la Ley de Municipios Autónomos de 1991 (21 L.P.R.A. sec. 4051(r)), da el poder a los municipios para

[c]ontratar con cualquier agencia pública y con cualquier persona natural o jurídica, para el desarrollo, administración y operación conjunta, coordinada o delegada de instalaciones para brindar servicios públicos y para la construcción, repara-ción y mantenimiento de instalaciones municipales. Tales ac-tividades incluirán la contratación de proyectos conjuntos con entidades públicas o privadas, con o sin fines de lucro, para la construcción y el desarrollo de viviendas de interés social, el desarrollo y la operación de programas o instalaciones muni-cipales y cualesquiera otras donde el municipio requiera la participación de personas naturales o jurídicas externas para la viabilidad de los proyectos y programas. La formalización de la contratación requerirá la aprobación previa de la legis-latura municipal. (Enfasis suplido.)

Igualmente, el Art. 8.004 (21 L.P.R.A. sec. 4354) señala, en lo pertinente, que “[l]as obligaciones y [los] desembolsos de fondos públicos municipales sólo podrán hacerse para obligar o pagar servicios, suministros de materiales y equipo, reclamaciones o cualesquiera otros conceptos autorizados por ley, ordenanza o resolución aprobada al efecto y por los reglamentos adoptados en virtud de las mismas”.

Cónsono con esto, “[l]as distintas disposiciones estatutarias regulando la realización de obras y contratación de servicios para el Estado y sus agencias e instrumentalidades tienen por meta la protección de los intereses y dineros del pueblo contra el dispendio, la prevaricación, el favoritismo y los riesgos del incumplimiento”. Cancel v. Municipio de San Juan, 101 D.P.R. 296, 300 (1973). Por tan crucial importancia, en reiteradas ocasiones hemos se-ñalado que “la buena administración de un gobierno es tina virtud de democracia, y parte de su buena administración implica llevar a cabo sus funciones como comprador con eficacia, honestidad y corrección ...”. Lugo v. Municipio Guayama, 163 D.P.R. 208, 214 (2004), citando a Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 D.P.R. 864, 871 (1990). Véanse, además: Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 D.P.R. 994 (2009); Ríos v. Municipio Isabela, 159 D.P.R. 839 (2003); Fernández & Gutierrez v. Mun. San Juan, 147 D.P.R. 824, 829 (1999); Hatton v. Mun. de Ponce, 134 D.P.R. 1001, 1005 (1994).

En Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 D.P.R. 237, 249 (2007), fuimos enfáticos cuando señalamos “que los tribunales debemos velar por el cumplimiento con las disposiciones legales dirigidas a proteger los desembolsos públicos, ya que esta normativa tiene como fin proteger el interés público en los dineros del pueblo y no a las partes contratantes”. Por ende, la contratación con un municipio requiere de unos formalismos y procedimientos específicos que persiguen, precisamente, proteger el erario. Por esta razón, “la facultad del municipio de obligar fondos públicos para el pago de una obligación, está supeditada a que se sigan los procedimientos establecidos por ley”. Id., pág. 248.

El Art. 8.016 de la Ley de Municipios Autónomos de 1991 (21 L.P.R.A. see. 4366), también le impone a los municipios la obligación de mantener “un registro de todos los contratos que otorguen, incluyendo las enmiendas a los mismos y enviarán copia de éstos y de las escrituras de adquisición y disposición de bienes a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, conforme a las sees. 97 et seq. del Título 2 y su Reglamento”. Véase el Art. 1 de la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada, 2 L.P.R.A. sec. 97. Es decir, para contratar con un municipio es nece-sario que: (1) el acuerdo se haya hecho constar por escrito; (2) se mantenga un registro fiel con miras a establecer la existencia del contrato; (3) se remita copia de éste a la Oficina del Contralor, y (4) se acredite la certeza de tiempo, esto es, que el contrato se otorgó quince días antes. Véanse: Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, págs. 725-726; Lugo v. Municipio Guayama, supra, págs. 215-216; Las Marías v. Municipio San Juan, 159 D.P.R. 868, 878 (2003); Ríos v. Municipio Isabela, supra, págs. 845-846; Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37, 53-54 (1988). Estos requisitos deben ser observados rigurosamente, ya que su ausencia priva de eficacia y validez el acuerdo con el municipio. Lugo v. Municipio Guayama, supra, pág. 216. Sin embargo, aclaramos que con la aprobación de la Ley Núm. 127 de 31 de mayo de 2004 (2 L.P.R.A. sec. 97), el incumplimiento con el requisito de que todo contrato sea registrado y remitido a la Oficina del Contralor tal como lo exigen el Art. 1 de la Ley Núm. 18, supra, y el Art. 8.016 de la Ley de Municipios Autónomos de 1991, supra, no tiene el efecto de anular el contrato en controversia, aunque im-pide que puedan exigirse las prestaciones hasta tanto el acuerdo se registre y se remita a la Oficina del Contralor. Id. Véase, además, Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, supra.

Cuando se trata de una contratación municipal, debemos tener en mente la clara política pública que impera a favor de la aplicación de una normativa restrictiva. Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, supra, pág. 248; Lugo v. Municipio Guayama, supra, pág. 215. Todo esto responde a que la sana y recta administración pública es un asunto revestido del más alto interés público. Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, supra; Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, supra, pág. 248; Fernández & Gutierrez v. Mun. San Juan, supra. En vista de tan trascendental interés, hemos asegurado que en los casos de una contratación municipal, las partes privadas deben ejercer un rol más activo, toda vez que no están exentos del cumplimiento de la ley. Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, supra; Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, supra, pág. 251; Las Marías v. Municipio San Juan, supra, pág. 880; Lugo v. Municipio Guayama, supra, pág. 215.

Ahora bien, el cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos no corresponde únicamente a las personas privadas. Los tribunales “desalentamos la práctica de incumplir con los procedimientos establecidos en la Ley de Municipios para el otorgamiento de contratos municipales”. Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, supra, pág. 253. Por lo tanto, ningún municipio podrá satisfacer deuda alguna que no surja de un contrato que conste por escrito y que, a su vez, haya sido registrado y remitido a la Oficina del Contralor. La exigencia de que los contratos con los municipios consten por escrito responde a un requisito de carácter constitutivo que el legislador incluyó con el propósito de crear un “mecanismo profiláctico tendiente a evitar pagos y reclamaciones fraudulentas e ilegales”. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, pág. 726.

III

Sin lugar a dudas, cuando el Municipio acordó con la Corporación en 1995 la administración del CDT de Que-bradillas, no hubo más que acuerdos verbales entre las partes. Por ello, el Tribunal de Primera Instancia señaló en su sentencia que, como los requisitos de contratación con los municipios son de carácter constitutivo y no se cumplie-ron, no nació a la vida jurídica un contrato válido y exigible entre las partes. Por ende, el Tribunal de Primera Instan-cia concluyó que según Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, al no existir un contrato escrito, no procedía la ac-ción en cobro de dinero presentada por el Municipio. El Tribunal de Apelaciones erró al confirmar esa conclusión y dictamen.

A través de toda la jurisprudencia en la que he-mos evaluado casos como éstos, hemos recalcado que “exi-gir que los contratos se reduzcan a escrito tiene una insos-layable dimensión de sana administración pública”. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, pág. 727. Véanse, ade-más: Fernández & Gutierrez v. Mun. San Juan, supra, pág. 829; Ríos v. Municipio Isabela, supra, pág. 845. Es decir, nuestra conclusión reiterada responde al principio subya-cente en la contratación con el gobierno: la confianza de nuestro pueblo en la correcta utilización del peculio público. Consiguientemente, cuando nos enfrentamos a controversias que involucren fondos públicos, los tribuna-les debemos vigilar principalmente que no se ponga en tela de juicio la utilización correcta del dinero de nuestro pueblo.

Así, aunque en Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, determinamos que la acción en cobro de dinero incoada por el señor Colón Colón por los servicios brindados al Munici-pio de Arecibo no procedía ante la ausencia de un contrato por escrito entre las partes, nuestra conclusión a esos efec-tos no iba dirigida a favorecer sin razón alguna a los municipios. Más bien nuestro proceder siempre ha sido sal-vaguardar los fondos públicos. De esa forma honramos el valor cardinal que por años les hemos otorgado. En última instancia, de no hacerlo serían los intereses de nuestros ciudadanos los que se verían lesionados.

En los casos sobre contratación que hemos evaluado a la luz de la Ley de Municipios Autónomos, la parte perjudi-cada es un ente privado. En cambio, en la situación de hechos que hoy nos ocupa quien reclama el reembolso de dinero no es una persona privada sino el Municipio. Esa distinción es crucial. La Corporación sostiene que el Muni-cipio “pretende que este ... Tribunal... entienda y resuelva que una actuación nula de un Municipio, no puede enfor-zarse [sic] si es [en] contra de los intereses del Municipio pero, a contrario sensu, puede enforzarse [sic] si beneficia al Municipio”. Alegato de la parte recurrida, pág. 5. Esta conclusión es errada. Aquí no se trata de favorecer a un municipio. Se trata, como hemos dicho, de proteger el diñero del pueblo. Si el Municipio desembolsó dinero público incorrectamente mediante un acuerdo nulo, tiene el dere-cho a recobrarlo. Si concluyéramos lo contrario, estaríamos dejando en manos privadas unos fondos públicos que no le corresponden.

Por esta razón, si el acuerdo entre las partes carece de eficacia, no procede que el Municipio desembolsara dinero alguno mediante un contrato que nunca advino a la vida. Después de todo, la fiscalización adecuada de los usos del erario resulta de vital importancia para mantener la con-fianza del ciudadano en el gobierno y la salud de nuestra democracia. Véase RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836 (1999).

Por otra parte, la Corporación afirma que constituye urna salida “ilegal, antijurídica e inmoral” que el Municipio pretenda que se cree una norma distinta para cuando es un municipio quien reclama, ya que “se estaría dando carta abierta a los municipios para que no cumplieran con la Ley Municipal y de esta manera decidieran ex parte qué contratos quieren cumplir y cuáles no quieren cumplir”. Alegato de la parte recurrida, págs. 10-11. Ese razona-miento no nos convence. No hacer la distinción cuando es un ente público el que reclama permitiría que un funciona-rio inescrupuloso favorezca a ciertos contratistas, pagándo-les de antemano por unos servicios, pero sin un contrato escrito, con la intención de que cuando se inicie el proceso legal de cobro de dinero, se pueda presentar como defensa que el contrato no cumple con los requisitos formales exi-gidos por ley y el contratista no tenga que devolver lo que se le pagó ilegalmente. Eso socavaría la política pública de “protección de los intereses y dineros del pueblo contra el dispendio, la prevaricación, el favoritismo y los riesgos del incumplimiento”. Cancel v. Municipio de San Juan, supra, pág. 300.

Por consiguiente, en Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, en protección del erario, no validamos la acción en cobro de dinero de un individuo contra un municipio. Por esa misma razón procede la acción de cobro a la inversa, de un municipio a un ente privado. Así lo exige el valor apre-miante que nuestro sistema jurídico le otorga a la sana administración de los fondos públicos.

La corrupción y el desembolso indebido o ilegal de fondos públicos —en sus formas múltiples, a veces burdas y otras sofisticadas— son actos incompatibles con el sistema de go-bierno democrático consagrado en nuestra Constitución y apuntalado en el respeto a la dignidad humana y los dineros del pueblo como único soberano. No importa las modalidades que adopten ni la jerarquía del funcionario involucrado, las mismas son intolerables. En última instancia, quien verdade-ramente se perjudica, no sólo en lo económico sino en lo moral, es la ciudadanía en general independientemente de su afilia-ción política. Es, pues, obligación de los tribunales reivindicar esos valores fundamentales. E.L.A. v. Soto Santiago, 131 D.P.R. 304, 322 (1992), citando A.E.E. y A.A.A. v. P.N.P., 128 D.P.R. 294, 294-295 (1991), voto concurrente del Juez Aso-ciado Señor Negrón García, al cual se unieron los Jueces Aso-ciados Señores Rebollo López y Andréu García.

Sin duda, no podemos validar la erogación de fondos públicos indiscriminadamente. Su utilización debe ser cuidadosa. E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 643 (2005). Es nuestro deber y responsabilidad velar por que los fondos públicos respondan directamente a las necesidades de la ciudadanía. Id.

Específicamente, en el contexto de la contratación guberna-mental, hemos dicho que la misma está revestida del más alto interés público en cuanto involucra el uso de bienes o de fon-dos públicos. Por eso deben aplicarse rigurosamente las nor-mas sobre los contratos y el desembolso de esos fondos para proteger los intereses y el dinero del Pueblo. Principalmente, no se puede ignorar que todo organismo gubernamental está obligado a observar cabalmente la esencia de las disposiciones constitucionales porque los fondos públicos sólo pueden gas-tarse para fines públicos legítimos. Art. VI, Sec. 9, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; De Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255 (1999). C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 D.P.R. 443, 452 (2007).

> HH

Nos resta determinar qué remedio ampara al Municipio para obtener el reembolso de los fondos que fueron desem-bolsados ilegalmente. Al respecto, el Municipio indica que el foro intermedio erró al no resolver las mociones de sen-tencia sumaria a la luz de la doctrina de enriquecimiento injusto en su vertiente negativa. Por su parte, la parte re-currida niega la utilización de esta figura pues

[a] través de la jurisprudencia innumerables ciudadanos y personas particulares han brindado servicios a los municipios por cientos de miles de dólares y no han podido cobrar sus servicios por el requisito estatutario de que los contratos tie-nen que ser por escrito. Mal puede ahora el Municipio de Que-bradillas pretender que habiendo incurrido en la misma falla, que privó a todos estos ciudadanos y corporaciones de cobrar por sus servicios, no se aplique la letra de la ley y se permita que el Municipio continúe su reclamación. Alegato de la parte recurrida, pág. 11.

En Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra, pág. 728, señalamos que “conforme al alto interés público involu-crado, no hay cabida en estos casos para los remedios en equidad”. Ahora bien, no podemos perder de perspectiva que ese análisis lo hicimos fundamentándonos en el prin-cipio de que permitir una acción en equidad contra un mu-nicipio para exigir una prestación producto de un contrato nulo violaría la política pública establecida en la ley municipal.

Ahora bien, en E.L.A. v. Soto Santiago, supra, resolvimos que el término prescriptivo para instar una acción para el cobro de dinero con el objetivo de restituir unos fondos públicos obtenidos ilícitamente, es el de quince años dispuesto en el Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5294. Señalamos entonces que, “en su fondo, tratamos aquí con una situación que permite invocar el principio de derecho de que nadie debe enriquecerse injustamente a costa de otro”. E.L.A. v. Soto Santiago, supra, pág. 317.

Procede invocar el mismo principio aquí. Como no existe disposición legislativa expresa en la Ley de Municipios Au-tónomos de 1991 que atienda directamente este tipo de ac-ción legal por parte de los municipios cuando no existe un contrato escrito entre las partes, procede que resolvamos conforme a equidad. Art. 7 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 7.

“La doctrina de enriquecimiento injusto es casi tan antigua como el Derecho mismo.” E.L.A. v. Cole, supra, pág. 632. “Esta figura se encuentra subsumida en la figura de los cuasicontratos.” Id. “Los cuasicontratos generan obligaciones a base del principio de que nadie debe enriquecerse u obtener lucro inequitativamente a costa del perjuicio de otro.” C.J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad civil extracontractual: un estudio basado en las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 6ta ed., 2007, pág. 3. “[E]s un principio general del derecho fundado en la equidad que informa todo el ordenamiento jurídico.” Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R. 817, 822 (1988). “Es un corolario del concepto de equidad, lo cual equivale a decir que es un corolario del concepto de justicia.” E.L.A. v. Cole, supra, pág. 632. Véase, además, Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891 (1965).

Recurrimos a esta figura cuando “la ley no ha previsto una situación en la que se produce un desplazamiento patrimonial que no encuentra una explicación razonable en el ordenamiento vigente”. Ortiz Andújar v. E.L.A., supra. Véanse: Garriga, Hijo, Inc. v. Cond. Marbella, 143 D.P.R. 927, 933 (1997); E.L.A. v. Soto Santiago, supra, pág. 319. Véase, además, J. Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. II, Vol. 3, pág. 44.

Por eso, el enriquecimiento injusto se configura únicamente cuando concurren los requisitos siguientes: (1) la existencia de un enriquecimiento; (2) un empobreci-miento correlativo; (3) una conexión entre el empobreci-miento y el enriquecimiento; (4) falta de causa que justifi-que el enriquecimiento, y (5) inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa. Hatton v. Mun. de Ponce, supra, pág. 1010; Ortiz Andú jar v. E.L.A., supra, pág. 823.

La doctrina ha señalado que el enriquecimiento injusto puede darse en dos modalidades. E.L.A. v. Cole, supra, pág. 634. “[E]l positivo o aumento en el patrimonio 0lucrum, emergens), o el negativo o disminución del patrimonio (damnum cessans).” íd. Cuando hablamos de enriquecimiento injusto negativo (damnun cessans) o a la inversa nos referimos al caso en el que “ ‘un no gasto equivale a un ingreso. En otras palabras, en la medida en que alguien sufre una pérdida que ordinariamente debería padecer otro, el primero le ahorra un gasto al segundo. Esta situación no tiene cabida en un sistema donde impera lo justo y debe ser remediada’ ”. Id., págs. 634-635, citando a Ortiz Andújar v. E.L.A., supra, págs. 826-827.

En el pasado no hemos permitido que personas privadas invoquen remedios en equidad frente a los municipios con los que contratan, porque “es doctrina reiterada que dichos remedios no se aplicarán cuando resulte [n] contrario [s] a una clara política pública plasmada en un estatuto o en la Constitución”. Las Marías v. Municipio San Juan, supra, págs. 875-876. Véanse, además: Hatton v. Mun. de Ponce, supra, pág. 1010; Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682, 684-685 (1987). Del mismo modo, como excep-ción, sí le daremos paso a los remedios en equidad cuando no permitirlos resulte igualmente contrario a una política pública estatuida en una ley o en la Constitución.

Precisamente en el caso particular ante nuestra consi-deración se configura la excepción a la regla general de no permitir los remedios en equidad. No permitir la acción de enriquecimiento injusto sería contrario a la política pública de sana administración de los fondos públicos estatuida en la Ley de Municipios de 1991.

No hemos permitido que personas privadas invoquen remedios en equidad para recuperar sus inversiones por-que eso violaría el objetivo que se persigue con los requisi-tos formales de contratación que impone la Ley de Munici-pios Autónomos de 1991. Es decir, avalarlo iría contra el “gran interés del Estado en promover una sana y recta administración pública, [que prevenga] el despilfarro, la corrupción y el amiguismo en la contratación gubernamental”. Las Marías v. Municipio San Juan, supra, pág. 875. Véanse: Fernández & Gutierrez v. Mun. San Juan, supra, pág. 832; Hatton v. Mun. de Ponce, supra, 1006; Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37, 54 (1988); Morales v. Municipio de Toa Baja, supra, pág. 693. De igual modo, no aplicar esta figura cuando quien reclama es un municipio, estaría opuesta a una sana ad-ministración pública, al dejar en manos privadas los fon-dos pblicos que le fueron desembolsados contra la ley. “[S]u efecto sería violentar principios de suma importancia en-carnados en la Constitución y las leyes del país.” E.L.A. v. Cole, supra, pág. 634. Véanse, Colón Colón v. Mun. de Arecibo, supra; Hatton v. Mun. de Ponce, supra.

Evaluada toda la doctrina reseñada, concluimos que procede la acción por cobro de dinero incoada por el Muni-cipio contra la Corporación, al amparo de la figura de en-riquecimiento injusto. Como hemos señalado en el pasado, “[l]as normas aplicables [a la contratación con los Municipios] persiguen proteger el interés público y no a las partes contratantes”. Morales v. Municipio de Toa Baja, supra, pág. 697. De este modo se logra una mayor transpa-rencia en la administración pública, a la vez que se pro-mueve la estabilidad, certeza y credibilidad en la contrata-ción municipal. El beneficiario mayor es, por consiguiente, el interés público. Las Marías v. Municipio San Juan, supra, pág. 881.

V

Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al foro primario para procedimientos ulteriores que sean acordes con lo resuelto aquí.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Pabón Char-neco no intervino.

       Del informe sobre la conferencia preliminar entre abogados las partes esti-pularon que la Corporación es una persona jurídica sin fines de lucro. Se estipuló, a su vez, la reunión celebrada entre funcionarios del Municipio y la Corporación el 8 de enero de 1998. Por último, se hizo constar entre las estipulaciones la certificación de la Secretaría Municipal que reflejaba que no había ordenanza o resolución por parte de la legislatura municipal que autorizara al alcalde a contratar con la Corporación.

       Dispone que “[c]uando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos”.


text:
      In re Orlando Martínez Sotomayor.

      Número: AB-2008-234

      Resuelto: 3 de marzo de 2011

      Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general; Orlando Martínez Sotomayor, pro se.

   per curiam:

Nos enfrentamos nuevamente con una con-ducta impropia e inaceptable para cualquier miembro de la profesión legal. Se trata de la falta de cumplimiento con las órdenes que este Tribunal dicta a los abogados durante el trámite de un procedimiento disciplinario iniciado en su contra. Por este motivo, nos corresponde actuar en el ejer-cicio de nuestra jurisdicción disciplinaria.

I

El 28 de agosto de 2008 el Sr. Luis A. Reyes Falcón presentó ante este Tribunal mía queja contra el Ledo. Orlando Martínez Sotomayor. Debido a que el licenciado Mar-tínez Sotomayor no contestó la queja en su contra, a pesar de varios requerimientos, el 8 de mayo de 2009 dictamos una sentencia en la que suspendimos inmediata e indefini-damente al querellado del ejercicio de la abogacía.

El 15 de mayo de 2009 el licenciado Martínez Sotomayor presentó una solicitud de reconsideración sobre dicha sen-tencia y acompañó la contestación a la queja en su contra. Mediante Resolución de 22 de mayo de 2009 este Foro dejó sin efecto la suspensión decretada y refirió la queja a la Oficina de la Procuradora General para la investigación correspondiente.

El señor Reyes Falcón solicitó al licenciado Martínez So-tomayor copia del expediente que motivó la querella en su contra. El querellado no entregó el expediente al señor Reyes Falcón. Posteriormente, la oficina de la Procuradora General requirió al querellado copia del mencionado expediente. Para cumplir con dicho requerimiento, se con-cedió al licenciado Martínez Sotomayor un término de 30 días. Sin embargo, el querellado no cumplió con el reque-rimiento de la oficina de la Procuradora General. Por tal motivo, la Procuradora General presentó el 2 de marzo de 2010 ante nuestra Secretaría una Moción Informativa y en Solicitud de Orden, en la que nos solicitó que requiriéra-mos al licenciado Martínez Sotomayor que compareciera a su oficina para cumplir con las órdenes antes mencionadas.

El 17 de marzo de 2010 emitimos una resolución en la que concedimos un término de 10 días para que compare-ciera a responder los requerimientos de la oficina de la Procuradora General. El querellado no cumplió con nues-tra resolución. En cambio, presentó una moción de pró-rroga de 30 días para contestar la querella. El 15 de octu-bre de 2010 accedimos a la solicitud del querellado y le concedimos un plazo final e improrrogable de 30 días para que cumpliera con nuestra Resolución de 17 de marzo de 2010. A pesar de que en nuestras resoluciones apercibimos al licenciado Martínez Sotomayor de las repercusiones de no cumplir con lo ordenado, al día de hoy el querellado no ha cumplido.

II

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que todo abogado deberá observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. Hemos resuelto en reiteradas ocasiones que todo abogado tiene la obligación de responder con diligencia a los requerimientos y órdenes de este Tribunal, sobre todo cuando se trata de asuntos de naturaleza disciplinaria. In re Morales Rodríguez, 179 D.P.R. 766 (2010). Por ello, no cumplir diligentemente con lo ordenado por este Foro y demostrar indiferencia ante nuestros apercibimientos es razón suficiente para suspender a un abogado del ejercicio de la profesión legal. In re Rivera Rosado, 180 D.P.R. 698 (2011); In re Vilanova Alfonso, 159 D.P.R. 167, 169 (2003).

En C. Abo. v. Pizzini Arnott, 157 D.P.R. 182, 184 (2002), mencionamos que

[l]os abogados están obligados a responder de manera dili-gente a los requerimientos de esta Curia, en especial si se trata de un procedimiento disciplinario. Este deber existe y obliga al abogado sin importar los méritos que pueda tener la querella investigada. La conducta obstinada e incomprensible de los miembros de la profesión jurídica al no responder a nuestras órdenes nos ha llevado a imponerle [s] a los querella-dos drásticas sanciones. (Citas y escolios omitidos.)

En otras palabras, desatender las órdenes nuestras aca-rrea la imposición de sanciones disciplinarias severas que incluyen, entre otras, la suspensión del ejercicio de la profesión. Véanse In re Grau Díaz, 167 D.P.R. 397 (2006); In re Zayas Cabán, 162 D.P.R. 839 (2004); In re Arroyo Rivera, 161 D.P.R. 567 (2004); In re Torres Torregrosa, 161 D.P.R. 66 (2004); In re Fernández Pacheco, 152 D.P.R. 531 (2000); In re Rivera Rodríguez, 147 D.P.R. 917 (1999). En suma, se trata de un acto de indisciplina, desobediencia, contumacia y falta de respeto que no habremos de tolerar. Véanse: In re Guemárez Santiago I, 146 D.P.R. 27, 28 (1998); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717, 718 (1992).

III

El licenciado Martínez Sotomayor ha demostrado total y reiterado menosprecio por las órdenes de este Foro. Su ac-titud de displicencia hacia este Tribunal no lo hace digno de desempeñar el ministerio que ostenta como miembro de la profesión legal.

Según surge de los hechos, al licenciado Martínez Soto-mayor se le concedió un término razonable para contestar nuestro requerimiento. Incluso, aceptamos su solicitud de prórroga para contestar. Sin lugar a dudas, la conducta del querellado refleja un patrón de desobediencia a nuestras órdenes que no vamos a tolerar.

Por los fundamentos antes expresados, ordenamos la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abo-gacía del Ledo. Orlando Martínez Sotomayor.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos. Además, tiene que devolverles a los clientes los honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. De igual forma, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta opinión per curiam.

El alguacil de este Tribunal procederá de inmediato a incautarse de la obra y el sello notarial del licenciado Mar-tínez Sotomayor, y entregarlos a la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e in-forme a este Tribunal.

Esta opinión y la sentencia correspondiente se notifica-rán personalmente al abogado de epígrafe a la última dirección que aparece en su expediente personal.

Se dictará sentencia de conformidad.