text:
      In re Norman Pietri Castellón, querellado.

      Número: CP-2011-03

      Resuelto: 20 de junio de 2012

      Edna Evelyn Rodríguez Benitez, procuradora general auxi-liar; Norma Roche Rahell, por derecho propio, querellante; Genoveva Valentín Soto, abogada del querellado; Crisanta González Seda, comisionada especial.
   per curiam:

Nos corresponde atender una querella contra un abogado-notario a quien se le imputa haber incurrido en violaciones a los Cánones 6, 12, 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Por entender que las actuaciones del querellado se apartaron de las normas éti-cas que rigen el ejercicio de la profesión, censuramos enér-gicamente al Ledo. Norman Pietri Castellón por su conducta.

I

El licenciado Pietri Castellón fue admitido al ejercicio de la abogacía el 9 de abril de 1964 y a la práctica de la notaría el 9 de junio del mismo año.

El 2 de julio de 2003, la Sra. Norma Roche Rabell pre-sentó una queja ante la Oficina del Procurador General contra el licenciado Pietri Castellón. En síntesis, la señora Roche Rabell relató que era miembro de la Hermandad de Empleados de la Rama Judicial (Hermandad) y solicitó a esa entidad los servicios de representación legal para con-tinuar el trámite de varias querellas sobre asuntos de personal contra la Oficina de Administración de los Tribunales (O.A.T.) ante la Junta de Personal de la Rama Judicial (Junta). A tenor de esa solicitud, el licenciado Pietri Caste-llón asumió la representación legal de la señora Roche Rabell. La señora Roche Rabell adujo que durante el trá-mite de los casos ante la Junta, dos de tres querellas pre-sentadas por ella fueron desestimadas por falta de interés debido al incumplimiento de órdenes para replicar una so-licitud de desestimación, contestar interrogatorios y notifi-car si el caso se sometería por el expediente o seguiría el trámite ordinario. Las querellas Q-01-20 y Q-01-41 versan sobre la impugnación del descuento de un día de salario y la puntuación otorgada en un examen. En lo atinente a la querella Q-01-58, sobre reclutamiento y selección, señaló que el licenciado Pietri Castellón no la asesoró en torno a su derecho a solicitar revisión judicial de la determinación adversa.

En consecuencia, la Oficina del Procurador General pre-sentó una querella contra el licenciado Pietri Castellón por entender que no cumplió con varias órdenes emitidas por la Junta, lo cual motivó la desestimación con perjuicio por falta de interés; no desplegó todas las diligencias necesa-rias para asegurar que no se causaran dilaciones indebidas en la tramitación y solución de los casos; no defendió ade-cuadamente los intereses de su dienta y no cumplió con el deber personalísimo de mantenerla informada del resul-tado de sus gestiones profesionales y de su derecho a revi-sar las determinaciones administrativas que le resultaron adversas.

El licenciado Pietri Castellón respondió la querella de forma oportuna. De entrada, reconoció que no cumplió con la orden de replicar a las mociones de desestimación en los casos relacionados con las querellas Q-01-20 y Q-01-41, si-tuación que intentó remediar sin éxito presentando poste-riormente una moción de reconsideración. En tomo a la querella Q-01-58, admitió que no le informó directamente a la quejosa de la determinación adversa ni de su derecho a solicitar la revisión judicial. Precisó que las notificaciones de órdenes y comunicaciones relacionadas con casos ante la Junta se notificaban a la Presidenta de la Hermandad, por tener su oficina contigua a la de esa entidad y por entender que los unionistas mantenían comunicación con la funcionaría. Finalmente, reconoció que tales acciones no excusan sus omisiones y su deber de notificar y mantener informada directamente a su dienta, pero que esa realidad refleja que no tuvo interés en ocultar el desenlace de los casos administrativos que desembocaron en la querella que nos ocupa.

Vista la Querella presentada por la Oficina de la Procu-radora General y la contestación a ésta, designamos me-diante Resolución de 20 de octubre de 2011 a la Hon. Cri-santa González Seda, exjueza del Tribunal de Primera Instancia, como Comisionada Especial para que recibiera la prueba necesaria y rindiera un informe con sus determi-naciones de hechos y recomendaciones.

Luego de celebradas las vistas en su fondo ante la Co-misionada Especial, ésta sometió su informe ante este Foro. En éste la Comisionada Especial concluyó que el li-cenciado Pietri Castellón violó los Cánones 6, 12, 18 y 19 del Código de Etica Profesional, supra. La Comisionada Especial determinó que el licenciado Pietri Castellón no justificó sino que, por el contrario, admitió que incumplió con las órdenes emitidas por la Junta, por lo que violó el Canon 6 del Código de Etica Profesional, supra. Al evaluar la prueba sobre la violación al Canon 12 del Código de Etica Profesional, supra, la Comisionada Especial estimó que el licenciado Pietri Castellón incumplió con el deber de puntualidad y con su obligación de desplegar las diligen-cias necesarias para asegurar la debida tramitación de los casos administrativos referidos. De igual forma, determinó que la falta de diligencia que conllevó la desestimación con perjuicio de dos querellas por falta de interés e inactividad, constituyó una violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. Finalmente, la Comisionada Especial destacó que la relación entre la señora Roche Rabell y el licenciado Pietri Castellón era de naturaleza personal, no a través de la Hermandad, por lo que su comunicación tenía que ser directa y efectiva con su cliente. Ante la prueba y la admisión del licenciado Pietri Castellón de que no mantuvo informada directamente a la señora Roche Rabell de los asuntos relevantes de los casos administrativos en cues-tión, la Comisionada Especial también concluyó que violó el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra.

A pesar de lo anterior, la Comisionada Especial precisó que existían atenuantes, por lo que recomendó que el licen-ciado Pietri Castellón fuera amonestado o censurado por la conducta desplegada. Los atenuantes a los que aludió con-sisten en que el letrado aceptó las faltas cometidas, nunca ha sido objeto de otras querellas durante los cuarenta y ocho años en el ejercicio de la abogacía, no surge evidencia de perjuicio económico sufrido por la quejosa y tampoco quedó establecido que el ánimo de lucro fuera el motivo de su conducta.

Examinemos en detalle los hechos que conllevan ejercer nuestra facultad disciplinaria contra el letrado Pietri Castellón.

II

La señora Roche Rabell se desempeña como secretaria del Tribunal de Primera Instancia y está afiliada a la Her-mandad, entidad que se constituyó como un capítulo del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (Sindicato). La señora Roche Rabell solicitó a la Hermandad los servicios de representación legal ante la Junta en varias querellas sobre asuntos de personal, instadas por ésta contra la O.A.T.

En consecuencia, la Hermandad refirió al licenciado Pietri Castellón las siguientes querellas, presentadas pre-viamente por la señora Roche Rabell: Q-01-18 (consolidada con la Q-01-17), motivada por no haberse concedido a la quejosa ni a otros empleados un aumento de sueldo de cien dólares establecido mediante la Ley Núm. 410-2000, según enmendada; Q-01-20, relacionada con una ausencia de la quejosa, que fue catalogada por la O.A.T. como “no autori-zada”; Q-01-41, motivada por la insatisfacción de la señora Roche Rabell por la puntuación que se le adjudicó en un examen; Q-01-58 (consolidada con la Q-01-43), relacionada con el cuestionamiento al proceso de reclutamiento y selec-ción del puesto de Secretaria de Tribunal II. () Examine-mos el tracto procesal de cada una de las querellas.

La querella Q-01-18 (consolidada con la querella Q-01-17) fue resuelta en los méritos por la Junta a favor de la O.A.T y la querella Q-01-58 se resolvió por sentencia su-maria a favor de la O.A.T. El licenciado Pietri Castellón admitió que no notificó directamente el fallo adverso a su dienta ni su derecho a solicitar la revisión. El letrado se limitó a notificar las órdenes y resoluciones de las quere-llas referidas a la Presidenta de la Hermandad.

En torno a la querella Q-01-20, el licenciado Pietri Cas-tellón no cumplió con una orden de la Oficial Examinadora de la Junta, mediante la cual le concedió treinta días para replicar la solicitud de desestimación de la O.A.T. Ante dicho incumplimiento, la Oficial Examinadora concedió un nuevo término de diez días para que mostrara causa por la cual no debía desestimarse la querella por falta de interés. Nuevamente, el licenciado Pietri Castellón incumplió. En consecuencia, la Junta desestimó la querella Q-01-20 con perjuicio. Aunque el licenciado Pietri Castellón presentó oportunamente una moción de reconsideración, la cual no resultó exitosa, la realidad es que no expuso justificaciones ni solicitó indulgencias por sus incumplimientos.

En lo atinente a la querella Q-01-41, el licenciado Pietri Castellón incumplió una orden para contestar los interro-gatorios cursados por la O.A.T. Además, incumplió una or-den dirigida a informar si el caso administrativo se some-tería por el expediente o si se continuaría con el procedi-miento ordinario.

Ante el incumplimiento con esas órdenes, la Junta des-estimó la querella Q-01-41 por falta de interés de la parte promovente. De igual forma, el licenciado Pietri Castellón tampoco mantuvo informada directamente a su dienta en torno a las fases relevantes del caso administrativo, la de-terminación adversa y su derecho a solicitar revisión.

III

El Canon 6 del Código de Ética Profesional, supra, dispone:

Al prestar sus servicios profesionales ante organismos legis-lativos o administrativos el abogado debe observar los mismos principios de ética profesional que exige su comportamiento ante los tribunales. Es impropio de un abogado ocultar su ges-tión profesional ante dichas agencias gubernamentales me-diante el empleo de terceros o de medios indirectos para pro-mover determinada acción gubernamental en interés de su cliente. Un abogado que ejerza su profesión y que además ocupe un cargo legislativo o gubernamental debe anteponer el interés público al de su cliente cuando ambos vengan en con-flicto e inmediatamente renunciar la representación del cliente.

El Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, es-tablece:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protec-ción de los derechos sustanciales de su cliente.

De otra parte, el Canon 18 del Código de Ética Profesio-nal, supra, dispone, en lo pertinente:

Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable.

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, dis-pone, además:

El abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado.
Siempre que la controversia sea susceptible de un arreglo o transacción razonable debe aconsejar al cliente el evitar o ter-minar el litigio, y es deber del abogado notificar a su cliente de cualquier oferta de transacción hecha por la otra parte.
El abogado que representa varios clientes con intereses co-munes o relacionados entre sí no debe transigir ninguno de los casos envueltos sin que cada cliente esté enterado de dicha transacción y sus posibles consecuencias.

Sabido es que el abogado que rinde servicios profesiona-les ante organismos administrativos debe observar los mis-mos principios de ética profesional que exige su comporta-miento ante los tribunales. Es por ello que debemos analizar las actuaciones y omisiones del licenciado Pietri Castellón a la luz de los deberes impuestos por los Cánones 12, 18 y 19, supra. Veamos.

El Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, impone a todo letrado el deber de tramitar las causas de forma responsable, con puntualidad y diligencia. In re Vélez Báez, 176 D.P.R. 201 (2009). La función de un abogado requiere desempeñarse con la mayor diligencia, responsabilidad e integridad. In re Rosado Nieves, 159 D.P.R. 746 (2003).

Como corolario del deber plasmado en el mencionado Canon 12 de Ética Profesional, la conducta de un abogado no debe obstaculizar la resolución de un caso. In re Vélez Báez, supra. Las actuaciones y omisiones que pongan en riesgo la acción de su cliente son violaciones patentes a dicho postulado ético. In re Cuevas Velázquez, 174 D.P.R. 433 (2008). La falta de diligencia en la tramitación de los casos y el incumplimiento con las órdenes constituyen un patrón de conducta sumamente irresponsable. íd. Véanse, además: In re Rosado Nieves, supra; In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70 (2001).

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, dispone, por su parte, que un abogado tiene que defender los derechos de su cliente de forma diligente, desplegando en cada caso su más profundo saber y actuando con responsabilidad. In re Cuevas Velázquez, supra. Cuando un abogado incumple con las órdenes de un organismo admi-nistrativo, falta al deber de mantener notificado a su cliente y, por su descuido o negligencia, expone a este úl-timo a la pérdida de sus derechos, incurre en una violación del Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra.

Cuando se acepta la representación de un cliente y no se realizan posteriormente las gestiones profesionales adecuadas, se incumple irremediablemente con los postulados más básicos del Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra. In re Aguila López, 152 D.P.R. 49 (2000). Sabido es que la representación legal adecuada requiere que se ejerza la profesión con celo, cuidado y prudencia. In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987). Una vez el abogado acepta representar a un cliente, tiene la responsabilidad de descargar su labor con rapidez y eficiencia. Id.

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, exige que el abogado mantenga una comunicación efectiva con su cliente. Consecuentemente, hemos afirmado que esta obligación es separada e independiente de su deber de diligencia y eficiencia. In re Cuevas Velázquez, supra. El citado canon requiere que el abogado mantenga informado a su cliente de las gestiones realizadas y del desarrollo del asunto a su cargo, consultándole cualquier duda sobre asuntos que no caigan en el ámbito discrecional del abogado. In re Acosta Grubb, supra.

El abogado debe desplegar sus funciones de forma diligente, de forma tal que evite dilaciones indebidas y mantenga a su cliente informado. El deber de comunicación efectiva es imprescindible en la relación fiduciaria que caracteriza el vínculo abogado-cliente. In re Criado Vázquez, 155 D.P.R. 436 (2001). Se incumple con el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, cuando no se atienden los reclamos de información del cliente, no se le informa del resultado adverso, no se mantiene al cliente informado del estado o situación procesal del pleito, o se le niega al cliente información de su caso. In re Acevedo Al varez, 143 D.P.R. 293 (1997); In re Vélez Valentín, 124 D.P.R. 403 (1989).

IV

En el caso que nos ocupa, el querellado Pietri Castellón violó los Cánones 6, 12, 18 y 20 del Código de Ética Profe-sional, supra. Un examen del expediente y de la evidencia presentada revela que el licenciado Pietri Castellón incum-plió con varias órdenes de la Junta, cuya omisión provocó la desestimación con perjuicio de dos de las querellas en las que figuraba como representante legal de la señora Roche Rabell.

A pesar de ejercer el derecho laboral desde hace más de cuatro décadas en agencias administrativas, el licenciado Pietri Castellón no defendió los intereses de su dienta diligentemente ante la Junta ni desplegó su más profundo saber y habilidad; tampoco se desempeñó al máximo de su capacidad. Todo lo contrario. La desatención de las órdenes de la Junta, no ofrecer la información requerida y no opo-nerse a una moción de desestimación presentada por la O.A.T. constituyeron ciertamente violaciones al Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. No nos convence el argumento del letrado Pietri Castellón dirigido a minimizar su inacción ante las órdenes de la Junta en la querella relacionada con el descuento de un día de sueldo. El que-rellado planteó que, a su juicio, el descuento nunca se rea-lizó, por lo que, si ello ocurriera en el futuro, la quejosa podría presentar eventualmente una nueva querella. Si bien es cierto que el licenciado Pietri Castellón asumió la representación legal una vez las querellas fueron incoadas, no es menos cierto que, de entender que el planteamiento no tenía mérito, debió notificarlo a su dienta y renunciar formalmente a la representación legal en caso de persistir el interés de la quejosa en continuar con la reclamación. In re Flores Ayffán I, 170 D.P.R. 126 (2007).

El propio licenciado Pietri Castellón admitió que omitió notificar directamente a su dienta de los asuntos importantes de los casos administrativos que nos ocupan. Además, no le informó a su dienta el resultado de éstos y sobre su derecho de revisar las determinaciones adversas. Como circunstancia atenuante, el letrado nos plantea que todas las órdenes y resoluciones fueron notificadas a la Presidenta de la Hermandad. Tal acción no lo exonera de cumplir cabalmente con el Canon 19 del Código de Etica Profesional, supra. La relación abogado-cliente entre la Hermandad y el licenciado Pietri Castellón no aminora, menoscaba o precluye la existente entre éste y la señora Roche Rabell. Es decir, la relación abogado-cliente entre la quejosa y el querellado opera ex proprio vigore y la inobservancia de los deberes que emanan de los cánones del Código de Etica Profesional no se desvanecen ante la satisfacción que pueda tener la Hermandad con los servicios prestados por el licenciado Pietri Castellón.

Las actuaciones y omisiones antes relatadas reflejan in-discutiblemente que el licenciado Pietri Castellón violó los Cánones 6, 12, 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra, al no actuar diligentemente, incumplir con las órde-nes de la Junta y no mantener informada directamente a su dienta, lo cual culminó en la desestimación con perjui-cio de dos querellas y la imposiblidad de solicitar revisión judicial en las restantes, las cuales también resultaron ad-versas a la señora Roche Rabell. Todas estas situaciones son atribuidas exclusivamente al abogado y no a su representada. Tampoco responden a los méritos de la causa de acción.

V

Una vez determinado que el querellado incurrió en una conducta prohibida por el Código de Ética Profesional, nos corresponde imponer la sanción adecuada.

Al momento de estimar la sanción disciplinaria a un abogado por conducta impropia debemos considerar el historial previo del abogado; si goza de buena reputación; la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; si la falta fue realizada con ánimo de lucro, y cualquier otro factor pertinente a los hechos. In re Amill Acosta, 181 D.P.R. 934 (2011); In re Rodríguez Lugo, 175 D.P.R. 1023 (2009).

Para ello, recordamos que este Tribunal no está obli-gado a aceptar la recomendación del informe de la Comi-sionada Especial, ya que podemos adoptarlo, modificarlo o rechazarlo. De ordinario, sostenemos sus conclusiones de hecho, salvo que se demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210, 217 (2007).

Del expediente del licenciado Pietri Castellón surge que esta es la primera querella presentada en su contra en casi cincuenta años en la práctica de la abogacía. Asimismo, el abogado goza de una buena reputación. Aunque cierta-mente el togado no fue el primer representante legal de la señora Roche Rabell y, en consecuencia, no fue quien pre-paró las querellas originales, no podemos ignorar que los hechos que dan lugar a las violaciones éticas son atribui-dos exclusivamente a las actuaciones del letrado. El abo-gado no presentó justificación a sus incumplimientos y omisiones en el foro administrativo.

No obstante, coincidimos y le brindamos deferencia a la recomendación brindada por la honorable Comisionada Especial, toda vez que del expediente y de la prueba desfilada surgen atenuantes adicionales a los previamente señalados. En primer lugar, el licenciado Pietri Castellón ha aceptado las omisiones señaladas y ello constituye ciertamente un atenuante a considerar al momento de sancionar a un abogado. In re Vilches López, 170 D.P.R. 793, 801 (2007). En segundo lugar, no nos encontramos ante una conducta impropia producto del ánimo de lucro. Final-mente, no surge prueba de perjuicio económico alguno su-frido por la quejosa.

Este Tribunal ha sido consecuente en limitarse a amo-nestar o censurar a los abogados que incurren por primera vez en faltas similares a las imputadas al licenciado Pietri Castellón, al tomar en cuenta que han gozado de buena reputación en cuanto a sus funciones como abogados y de que se trata de un primer hecho aislado. In re Delannoy Solé, 172 D.P.R. 95 (2007); In re Alonso Santiago, 165 D.P.R. 555 (2005); In re Criado Vázquez, 155 D.P.R. 436 (2001).

Por tratarse de un incidente que, aunque involucra a una sola dienta, está relacionado con varios casos adminis-trativos, consideramos insuficiente una mera amones-tación. En vista de lo anterior, censuramos enérgicamente la conducta del Ledo. Norman Pietri Castellón y le aperci-bimos de que, si incurre nuevamente en una conducta con-traria a los cánones del Código de Etica Profesional que rigen la profesión de la abogacía, será sancionado rigurosamente. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” al Ledo. Norman Pietri Castellón por la Ofi-cina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton no intervino.

      (1) En su querella, la señora Roche Rabell también adujo que el licenciado Pietri Castellón la representó en la querella Q-02-22. No obstante, según consta en una certificación de la Hermandad de Empleados de la Rama Judicial (Hermandad), dicha querella no se referió al letrado.


source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
      Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Rivera García.

license: Public Domain

text:
    Junta de Directores de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su presidente, Juan J. Lebrón Concepción, en su capacidad oficial, por sí, en representación y para beneficio de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, peticionarios, v. Pablo Crespo Claudio, Asamblea de Delegados de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, su presidente, Nery Cruz Reyes, su vicepresidenta Lissette Rodríguez Casado, su secretaria, Wanda I. Falú Villegas, y su macero, Jorge Rodríguez Pérez, recurridos.

      Número: CC-2010-376

      Resuelto: 21 de junio de 2012

      Frank Zorrilla Maldonado, abogado de la parte peticionaria.
   SENTENCIA

En esta ocasión, tenemos ante nuestra consideración un asunto que no presenta una controversia viva y latente que requiera nuestra atención. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). Los hechos y el derecho cambiaron durante el trá-mite apelativo. Por los fundamentos que expresamos a con-tinuación, desestimamos el pleito por académico.

I

El 5 de marzo de 2009 el Sr. Pablo Crespo Claudio, director ejecutivo de la entonces Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA), remitió una carta a la Junta de Directores de esa entidad. El señor Crespo Claudio comunicó en esa carta su decisión de acogerse al retiro a finales de junio de 2009. A esos efectos, la carta esboza lo siguiente:

En agosto de 1997, fui honrado con el nombramiento de Director Ejecutivo.
He tratado de ofrecer lo mejor de mi ser en todas las posi-ciones que he ocupado. Después del tiempo transcurrido ha-ciendo lo que entiendo ha sido lo más correcto, me acogeré a los beneficios de jubilación; efectivo el 30 de junio.
Confío en haber prestado mis servicios con la mayor diligen-cia y en defensa de los intereses colectivos de los empleados y ex-empleados públicos. Apéndice, pág. 243.

Con posterioridad a esa carta, el señor Crespo Claudio envió otra comunicación escrita a la Junta de Directores en que indicó que deseaba continuar en el puesto de Director Ejecutivo, pero bajo un contrato de servicios profesionales. Por eso, unió a su carta una propuesta en que detalló todo lo relacionado al término, la compensación y la termina-ción de la relación contractual. Apéndice, págs. 244-250.

El 29 de abril de 2009, la Junta de Directores se reunió y evaluó ambas comunicaciones. Decidió aceptar la renun-cia del señor Crespo Claudio a la posición de Director Eje-cutivo y denegar su oferta para continuar en el cargo por contrato de servicios. Sin embargo, en reconocimiento a su experiencia, determinó ofrecerle un contrato de consultoría. Cónsono con lo anterior, la Junta de Directores envió al señor Crespo Claudio una propuesta de contrato junto con un memorando en que aceptaba su renuncia.

La Junta, a su vez, emitió el Acta Núm. 2241, 6-15, en que informó a todos los delegados la renuncia del señor Crespo Claudio por motivo de su jubilación, efectiva el 30 de junio de 2009. Apéndice, pág. 262. Asimismo, para infor-mar lo acontecido circuló un memorando a la Asamblea en que informó lo mismo. Debido a lo anterior, el Presidente de la Asamblea, el Sr. Nery Cruz Reyes, le solicitó una reunión al Comité Ejecutivo de la Junta de Directores para discutir la dimisión del Director Ejecutivo. Apéndice, págs. 279-280.

Así las cosas, el 13 de mayo de 2009 el señor Crespo Claudio sometió una segunda propuesta de contrato de ser-vicios con la intención de modificar su primera oferta. Mientras tanto, ese mismo día la Comisión para Asuntos de la Junta y la Asamblea, adscrita a la Asamblea de De-legados, cursó una comunicación a la Junta de Directores para informarle los acuerdos alcanzados por la Comisión en relación con la renuncia del Director Ejecutivo. En sín-tesis, acordaron solicitarle al señor Crespo Claudio que “retir[ara] la renuncia”, a cambio de mantenerse en el cargo de Director Ejecutivo por un periodo de dos años o hasta que culminara el término de la Junta de Directores en funciones. Apéndice, pág. 297.

Al día siguiente, el señor Crespo Claudio le notificó por escrito a la Comisión su determinación de “posponer mis planes de jubilación y, por lo tanto, retirar mi renuncia”. Apéndice, pág. 298. Esa decisión se anunció a la Junta de Directores de forma simultánea. La Junta de Directores respondió que, como ya había aceptado la renuncia y el puesto en controversia se declaró vacante mediante las Ac-tas 6-15 y 8-15 de 29 de abril de 2009, atendería la solici-tud en su próxima reunión. El 1 de junio de 2009 se celebró la reunión. La Junta de Directores determinó ordenar al señor Crespo Claudio que “com [enzara] el período de vaca-ciones regulares al recibo de este Acuerdo, hasta la fecha de efectividad de [la] renuncia”. Apéndice, pág. 301.

Inconformes con el acuerdo de la Junta de Directores, la Asamblea de Delegados convocó una reunión extraordina-ria para discutir el asunto. Posteriormente, la Asamblea de Delegados ordenó a la Junta de Directores que, de forma inmediata,

... [a]cept[ara] el retiro de la renuncia del Director Ejecutivo y mantenga al Sr. Pablo Crespo Claudio como Director Ejecu-tivo, bajo las mismas condiciones de trabajo existentes previo a su renuncia por un término de dos años o hasta que culmine el término de la presente Junta de Directores. Apéndice, pág. 302.

Sin embargo, la Junta de Directores mantuvo su pos-tura de no aceptar el retiro de la renuncia del señor Crespo Claudio y nombró a un Director Ejecutivo Interino. A raíz de ello, la Asamblea de Delegados le notificó a la Junta de Directores el inicio de una acción disciplinaria en res-puesta al desacuerdo.

La Junta de Directores, en atención a lo anterior, pre-sentó una demanda de interdicto preliminar, permanente y sentencia declaratoria contra la Asamblea de Delegados, su Presidente, el señor Cruz Reyes y el señor Crespo Claudio. En ella, solicitó que se ordenara al señor Crespo Claudio cumplir con la determinación de la Junta de Direc-tores para que se acogiera a una licencia de vacaciones hasta el 30 de junio de 2009 y que se abstuviera de destruir o remover de las instalaciones de la AEELA cualquier do-cumento o propiedad de la Asociación. Además, pidió que se determinara que el poder de nominar al Director Ejecu-tivo residía en la Junta de Directores, por lo que la Asam-blea de Delegados no podía intervenir en ese proceso. De igual forma, solicitó que se ordenara a la Asamblea de De-legados, su Directiva y componentes a que se abstuvieran de intervenir con los poderes y las prerrogativas de la Junta de Directores. Por último, pidió la paralización de todo procedimiento disciplinario iniciado por la Asamblea de Delegados en contra de los miembros de la Junta de Directores por hechos relacionados a este caso.

Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de Pri-mera Instancia celebró la vista de interdicto permanente. En ese momento, la controversia se limitó a establecer si hubo una renuncia válida por parte del señor Crespo Claudio. Luego de sopesar la prueba documental y testifical, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia en la que declaró “con lugar” el interdicto permanente que se solicitó. Cimentó su decisión en que el poder de nominar al Director Ejecutivo se delegó mediante legislación a la Junta de Directores. Por consiguiente, la Asamblea de De-legados no podía intervenir con cualquier determinación sobre ese asunto ni podía disciplinar a los miembros de la Junta de Directores por ello.

De igual forma, el foro primario resolvió que la carta suscrita por el señor Crespo Claudio, en la que recoge su decisión de acogerse a la jubilación, constituyó una notifi-cación de renuncia. El Tribunal de Primera Instancia pun-tualizó que concluir que la misiva en cuestión era un simple aviso de su intención de jubilarse carecía de mérito porque el lenguaje utilizado era determinante e inequívoco al indicar que “me acogeré a los beneficios de la jubilación efectivo el 30 de junio”.

En desacuerdo con el dictamen del foro primario, el se-ñor Crespo Claudio apeló ante el Tribunal de Apelaciones. En su escrito, indicó que el foro primario erró al declarar “con lugar” el injunction permanente. También, señaló que el foro primario erró al no reconocer que la Asamblea de Delegados tenía la facultad de gobernar y supervisar las actuaciones de la Junta de Directores.

Luego de evaluar los argumentos de las partes, el foro apelativo intermedio dictó una sentencia que modificó y confirmó el dictamen del foro primario. En esencia, el Tribunal de Apelaciones determinó que el señor Crespo Claudio renunció a su puesto como Director Ejecutivo, por lo que no procedía hablar de una violación al debido proceso de ley. Además, ese tribunal confirmó la emisión del inter-dicto permanente contra la Asamblea de Delegados. Sin embargo, sostuvo que la Asamblea de Delegados ostentaba el poder de disciplinar y destituir a los miembros de la Junta de Directores, conforme a la norma establecida en Domenech, Tesorero v. Corte, 48 D.P.R. 542, 547 (1935), según la cual, quien está facultado para nombrar, también lo está para destituir. Ahora bien, el foro apelativo interme-dio indicó que el motivo de disciplinar a la Junta de Direc-tores no podía estar relacionado con el ejercicio de las pre-rrogativas que fueron delegadas exclusivamente por ley a ese cuerpo directivo.

Inconforme con ese dictamen, la Junta de Directores re-currió ante este Foro mediante una petición de certiorari. La Asamblea de Delegados no recurrió de la sentencia del Tribunal de Apelaciones. En su escrito, la Junta de Direc-tores aduce que el Tribunal de Apelaciones erró al concluir que la Asamblea de Delegados podía disciplinarla conforme lo resuelto en Domenech, Tesorero v. Corte, id. En oposición, la Asamblea de Delegados presentó su alegato y sostuvo que la determinación del Tribunal de Apelaciones era correcta en todos sus aspectos.

El 13 de mayo de 2010 expedimos el auto de certiorari. El 22 de julio de 2011 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 144-2011. Esa ley enmendó significativamente la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, conocida como Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 862 et seq.

Con posterioridad a esos sucesos, el 12 de agosto de 2011 la Junta de Directores presentó ante este Tribunal una “Moción sobre academicidad por enmiendas a la ley orgánica de la Asociación de Empleados y otros extremos”. En esa moción, a la cual no se opuso la parte recurrida, la parte peticionaria afirmó que el caso se convirtió en acadé-mico por dos fundamentos.

En primer lugar, la parte peticionaria señala que la con-figuración de la Junta de Directores y de la Asamblea de Delegados que existía cuando el Tribunal de Primera Ins-tancia emitió el injunction permanente, la sentencia del Tribunal de Apelaciones y la solicitud de certiorari ante este Foro no es igual. Es decir, indica que la situación tác-tica no es la misma que existía cuando expedimos el auto de certiorari el 13 de mayo de 2010. Así pues, concluye que no existe adversidad real entre las partes que requiera nuestra atención.

En segundo lugar, la parte peticionaria aduce que me-diante la Ley Núm. 144-2011 se enmendó extensamente la Ley Núm. 133, supra. En particular, el Art. 3 de la Ley Núm. 144, supra, establece en lo que nos concierne:

Los directores servirán hasta la expiración de sus respecti-vos términos y hasta que se elijan sus sustitutos. Sin embargo, los directores quedarán automáticamente separados del cargo que ocupan por alguna de las siguientes razones:
(1) Cesar por cualquier razón como empleado en la agencia gubernamental cuyos empleados representa ante la Asamblea de Delegados.
(2) Renuncia.
(3) Haber sido declarado culpable por un tribunal compe-tente de cualquier delito grave.
(4) Haber sido declarado incapacitado para regir sus bienes o persona.
Los directores podrán ser separados de los puestos a los que fueron electos en la Junta de Directores solo por justa causa, entendiendo que será justa causa una o más de las siguientes causales:
(1) Utilizar las facultades propias del cargo de Director en beneficio propio o de algún familiar dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
(2) Defraudar o ayudar a defraudar a la Asociación.
(3) Revelar información confidencial sobre los negocios o asuntos internos de la Asociación para favorecer a otras per-sonas naturales o jurídicas.
No constituirá justa causa para la separación de los cargos las meras discrepancias entre los cuerpos directivos en cuanto al ejercicio de las facultades, prerrogativas y responsabilida-des que le han sido conferidos por [esta Ley] a sus miembros. La Asamblea de Delegados no podrá intervenir, revocar ni in-terferir de forma alguna con las acciones que en ejercicio de las facultades y poderes lleve a cabo la Junta de Directores. La Asamblea de Delegados, ni la Junta de Directores tendrán per-sonalidad ni capacidad jurídica separada a la de la Asociación. Tanto los miembros de la Asamblea de Delegados, así como los de la Junta de Directores no podrán iniciar accio-nes derivativas contra la Asociación ni un cuerpo rector contra otro a menos que sean indebidamente privados de ejercer sus facultades, derechos u obligaciones.
El miembro a ser destituido deberá garantizársele un de-bido proceso de Ley por sus pares que lo eligieron. Estos serán los que en primera instancia determinen sobre cualquier que-rella de destitución de su cargo como miembros de la Junta de Directores. Una decisión sobre destitución deberá ser presen-tada ante la Asamblea de Delegados convocada en asamblea extraordinaria la cual tendrá que ser aprobada por dos terce-ras partes de los miembros delegados en Asamblea Extraordinaria. Este miembro delegado quedará fuera de la Asamblea de Delegados una vez sea aprobada su destitución de la Junta de Directores y continuará el suplente. La Junta de Directores establecerá un procedimiento mediante Regla-mento para atender dicha destitución. (Enfasis nuestro). 3 L.P.R.A. sec. 862d.

II

A. Mencionamos recientemente en Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 933 (2011), que “un caso se convierte en académico cuando con el paso del tiempo su condición de controversia viva y presente se ha perdido”. Como es conocido, un pleito resulta académico si “se trata de obtener un fallo sobre una controversia disfra-zada, que en realidad no existe ...”. San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 D.P.R. 640, 652 (2008). Véanse, además, Moreno v. Pres. U.PR. II, 178 D.P.R. 969, 973 (2010); hozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 D.P.R. 893, 908 (2010).

Asimismo, puntualizamos en Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra, pág. 973, que una “controversia abstracta, ausente un perjuicio o amenaza real y vigente a los derechos de la parte que los reclama, no presenta el caso y controversia que la Constitución exige para que los tribunales puedan intervenir”.

Ahora bien, existen varias excepciones a la doctrina de academicidad. Estas operan cuando se plantea ante el tribunal (1) una cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir; (2) cuando el demandado ha cambiado la situación de hechos, pero no tiene visos de permanencia o (3) cuando subsisten consecuencias colaterales que tienen vigencia y actualidad. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 983 (2011).

De esa forma, cuando “se determina que un pleito es académico y que no está presente ninguna de las excepciones que evadirían su academicidad, es deber de los tribunales desestimarlo”. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 936. El poder judicial no tiene discreción para hacer lo contrario. Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra, pág. 975. Véase, además, Alvarez v. Smith, 558 U.S. 87 (2009).

B. En este caso, es correcta la postura de la peticiona-ria Junta de Directores. El recurso se tornó académico. Ad-viértase que la composición de la Junta de Directores y de la Asamblea de Delegados de la Asociación ya no es la misma. Ese cambio en los hechos del caso ha desembocado en que no exista posibilidad de una acción disciplinaria por parte de la Asamblea de Delegados hacia la Junta de Directores, al punto que tenemos ante nos una moción por academicidad de la propia Junta de Directores, a la cual se allanó la Asamblea. Cualquier expresión nuestra acerca de esa controversia —que ya no está viva— sería emitir una opinión consultiva. E.L.A. v. Aguayo, supra. Dicho de otro modo, ya no se encuentran presentes ni la asamblea que quería destituir ni la junta que no quiso aceptar la renun-cia del Sr. Pablo Crespo Claudio. Además, la Asamblea Le-gislativa clarificó palmariamente la resolución de futuras controversias similares. Con ello, se disipa la posibilidad de que este caso sea susceptible de repetirse. Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, pág. 983.

En específico, con la aprobación de la Ley Núm. 144, supra, es claro que los miembros de la Junta de Directores servirán hasta la expiración de su término y hasta que se elijan sus sustitutos. Incluso, se indica que las meras dis-crepancias entre la Asamblea de Delegados y la Junta de Directores en cuanto al ejercicio de sus facultades, prerro-gativas y responsabilidades no constituirán justa causa para que la Asamblea de Delegados discipline a la Junta de Directores. Art. 3 de la Ley Núm. 144, id.

Asimismo, el extenso Art. 3, id., indica que la Asamblea de Delegados no podrá intervenir con las acciones que la Junta de Directores lleve a cabo en el ejercicio de sus fa-cultades y deberes. De igual forma, el artículo en cuestión esboza que la Asamblea de Delegados y la Junta de Direc-tores no tendrán personalidad ni capacidad jurídica sepa-rada a la de la Asociación de Empleados. Id. Además, la Ley Núm. 144, id., prohíbe la presentación de acciones de-rivativas de la Asamblea de Delegados contra la Junta de Directores, a menos que se les prive indebidamente de ejer-cer sus facultades, derechos u obligaciones.

Recordemos que en los foros inferiores la controversia se limitó a determinar si procedía una acción disciplinaria en contra de la Junta de Directores por no acatar el criterio de la Asamblea de Delegados. Así las cosas, el alcance de nuestro pronunciamiento sobre academicidad se limita a eso. No tenemos que resolver si proceden otras acciones legales en contra de la Junta de Directores. Entrar en esa discusión constituiría obiter dictum.

Valga recalcar que la parte recurrida no se opuso a la moción de academicidad que presentó la parte peticionaria. Así pues, resulta forzoso concluir que el cam-bio en la composición de los cuerpos rectores de la AEELA y la nueva legislación transforman este caso en académico. “La Constitución no nos faculta para embarcarnos ahora en un análisis abstracto de estos asuntos”. Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra, pág. 977.

III

Por los fundamentos que preceden, se deja sin efecto el “injunction”permanente que emitió el Tribunal de Primera Instancia y que confirmó el Tribunal de Apelaciones. Ade-más, se desestima la demanda por haberse tornado acadé-mica la controversia.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintieron sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera García emi-tió un voto de inhibición.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Voto de inhibición emitido por el

Juez Asociado Señor Rivera García.

El Juez suscribiente fungió como Juez del Tribunal de Apelaciones durante el periodo de abril de 2009 a septiem-bre de 2010. Allí participamos directamente en el recurso de referencia, emitiendo la sentencia que hoy se revisa. La controversia giraba en torno a las facultades de la Asam-blea de Delegados de la Asociación de Empleados del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico() (la Asamblea) y la Junta de Directores de dicha entidad. Resolvimos en aquel entonces que el foro de instancia no erró al declarar “ha lugar” una solicitud de interdicto permanente que se pre-sentó en contra de la Asamblea. Por otra parte, modifica-mos el dictamen apelado a los fines de establecer que, en virtud de su facultad de nombramiento, esa parte tenía la autoridad de disciplinar y destituir a los miembros de la Junta de Directores. Lo anterior siempre y cuando el ejer-cicio de dicha facultad no interfiera con las prerrogativas que se le hubiesen delegado mediante ley a esta última.

Es por todos conocido que tanto la Regla 63 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, así como los Cánones de Ética Judicial, exigen que el juez no incurra en conductas que denoten o arrojen dudas en cuanto su parcialidad para adjudicar o que tiendan a minar la confianza pública en el sistema de justicia. Este criterio de imparcialidad es de gran transcendencia en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que reafirma la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema adjudicativo y, además, ayuda a mantener bases democráticas sólidas.

En vista de lo antes señalado, y atendiendo a los man-damientos éticos que rigen nuestro quehacer jurídico, nos inhibimos de pasar juicio sobre los méritos del presente caso.

      (1) Hoy Asociación de Empleados de Gobierno de Puerto Rico.


author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

text:
    Danosa Caribbean, Inc., peticionaria, v. Negociado de Asistencia Contributiva y Consultas Especializadas, recurrido.

      Número: CC-2011-526

      Resuelto: 22 de junio de 2012

      Margarita Carrillo Iturrino, abogada de la parte peticionaria; Luis R. Román Negrón, procurador general, y Amir Cristina Nieves Villegas, procuradora general auxiliar, parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si un producto para la im-permeabilización de techos compuesto mayormente por una sustancia derivada del petróleo está exento del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) establecido por la Ley Núm. 117 del 4 de julio de 2006, conocida como la Ley de Justicia Contributiva. Como veremos, la solución ade-cuada de esta controversia requiere un ejercicio integral de interpretación estatutaria que no puede limitarse al exa-men aislado de las diversas secciones de las leyes y regla-mentos aplicables.

I

La peticionaria Dañosa Caribbean, Inc. (Dañosa) se de-dica a la manufactura de productos derivados del petróleo, particularmente, pero no exclusivamente, el asfalto. Los productos principales manufacturados por la peticionaria son impermeabilizantes de techo. El 27 de febrero de 2007, Dañosa solicitó al Departamento de Hacienda una exen-ción del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), ale-gando que la Ley Núm. 117 excluía los productos derivados del petróleo del concepto de propiedad mueble tangible su-jeto al IVU. Dado que la sustancia principal empleada en sus productos terminados es el asfalto, un derivado del pe-tróleo, Dañosa sostiene que ello le exime automáticamente del pago del IVU. Por su parte, el Negociado de Asistencia Contributiva y Consultas Especiales del Departamento de Hacienda denegó la petición de Dañosa, expresando que los productos manufacturados por la peticionaria “no se identificaban como productos derivados del petróleo”.!) La agencia basó su determinación en una lectura complemen-taria de la Sección 2005 del Código de Rentas Internas de 1994, vigente al momento, y el Reglamento Núm. 7249 del Departamento de Hacienda. Acto seguido, Dañosa apeló a la Secretaría de Procedimiento Adjudicativo de dicha agencia. Por su parte, el organismo apelativo administra-tivo concluyó que “no e[s] ostensible que los productos ma-nufacturados por Dañosa fueran identificados en el comer-cio como productos de petróleo; que se mercadeaban como producto de impermeabilización; que ninguno de los nom-bres comerciales de los productos se identificaban como productos de petróleo”, por lo que no estaban incluidos en-tre las exenciones al IVU.()

Inconforme con la determinación de la agencia, Dañosa recurrió al Tribunal de Apelaciones, que confirmó la deci-sión recurrida. Según el foro intermedio, la regla general en cuanto al IVU es que éste aplicará a todas las transac-ciones comerciales, a menos que caiga dentro de una de las excepciones establecidas. De igual forma, el tribunal enfa-tizó que los artículos derivados del petróleo excluidos del IVU estatutariamente tenían en común la característica de ser combustibles. En particular, el foro apelativo observó que el esquema estatutario contributivo vigente se basaba en la regla general que los productos que pagaran arbitrios estarían excluidos del IVU, y viceversa. Por lo tanto, recu-rrió a la parte del Código de Rentas Internas que gobierna el cobro de arbitrios, según quedó enmendado por la Ley Núm. 117. El Tribunal de Apelaciones se percató que esas secciones del Código sobre arbitrios incluían la gasolina, el combustible de aviación, el “gas oil” o “diesel oil” y otros productos derivados del petróleo. Es decir, que para evitar la doble tributación, el legislador excluyó del IVU aquellos productos que pagaban arbitrios, mientras que excluyó del pago de arbitrios aquellos productos susceptibles del IVU. Dado que los productos de Dañosa estaban excluidos del pago de arbitrios, el Tribunal de Apelaciones resolvió que éstos estaban incluidos en el concepto de propiedad mueble tangible sujeto al IVU.

En cuanto a la alegación de Dañosa de que el Regla-mento aprobado por el Departamento de Hacienda añadió de manera ultra vires el requisito de que los productos exi-midos del IVU tenían que ser comúnmente identificados como derivados del petróleo, en aparente contradicción con la Ley Núm. 117, el Tribunal de Apelaciones resolvió que la agencia no incorporó requisito adicional alguno, sino que recurrió a la sección vigente del Código de Rentas Internas sobre el cobro de arbitrios que expresamente excluía como productos sujetos al pago de arbitrios aquellos derivados del petróleo “que luego de terminados no se identifican como productos de petróleo gravados por este Subtítulo”Xa( ) Es decir, que el Reglamento de la agencia adoptó el len-guaje inclusivo de la sección sobre el pago de arbitrios para que correspondiera con los requisitos de la exención al pago del IVU. De esa forma, como el Reglamento era compatible con la totalidad del Código de Rentas Internas se-gún quedó enmendado por la Ley Núm. 117, el Tribunal de Apelaciones resolvió que el Reglamento era válido y, por lo tanto, los productos de Dañosa estaban sujetos al pago del IVU.

Dañosa recurrió ante este Tribunal y presentó varios argumentos. En primer lugar, sostiene que la Ley Núm. 117 únicamente establece como requisito para quedar exi-mido del pago del IVU que el producto manufacturado sea un derivado del petróleo u otra mezcla de hidrocarburos. Por lo tanto, entiende que una vez se determina que la composición química de un producto lo clasifica como ma-yormente derivado del petróleo, ello es suficiente para que-dar excluido de la definición de propiedad mueble tangible sujeta al IVU.() Como la ley del IVU no impone otro requi-sito, Dañosa alega que el Departamento de Hacienda actuó ultra vires al requerir, además de la composición química, que el producto se identifique comúnmente como derivado del petróleo. Insiste en que ante esa contradicción, el Re-glamento debe ceder a la voluntad legislativa. En la alter-nativa, Dañosa argumenta que el criterio reglamentario es vago y arbitrario y que las etiquetas comerciales de sus productos evidencian que éstos son derivados del petróleo, cumpliendo así el requisito reglamentario.()

El 21 de octubre de 2011 expedimos el auto de certiorari y solicitamos al Procurador General que, en su alegato, diera particular atención a lo planteado por la peticionaria en cuanto a la validez de la sección del Reglamento que incorporó el requisito previamente aludido, a la luz de la Ley Núm. 117. En su comparecencia, el Procurador General adelanta varios argumentos que son altamente ilustradores. En primer lugar, cuestiona el estándar de re-visión de “evidencia sustancial” propuesto por Dañosa, pues dicho estándar aplica en los procesos adjudicativos, mientras que el ataque de la peticionaria a la validez del reglamento requiere un estándar que mida el ejercicio de la facultad legislativa de la agencia. Lo que procede, por lo tanto, es determinar si el reglamento es arbitrario o capri-choso, o si se excede de lo autorizado por la legislatura.

De igual forma, el Procurador General nos invita a que analicemos el esquema contributivo del IVU en su totali-dad, haciendo referencia constante tanto a la política pú-blica que lo apoya como a las demás secciones del Código de Rentas Internas que lo complementan. Es decir, que no estudiemos únicamente las secciones del Código relaciona-das con el IVU, sino que hagamos una lectura integral del Código en su totalidad, particularmente la parte referente a los arbitrios. De esa lectura integrada, el Procurador de-riva varias conclusiones: (1) que el elemento común para la exención del pago del IVU a productos derivados del petró-leo es que sirvan como combustibles; (2) que el diseño le-gislativo de incluir ciertos productos en el pago de arbitrios mientras se excluyen del IVU es evitar la doble tributa-ción, y (3) que el requisito de que el producto eximido se identifique comúnmente como derivado del petróleo se in-cluyó en el Reglamento del Departamento de Hacienda precisamente porque estos productos así identificados es-tán sujetos al pago de arbitrios.

II

Antes de aprobarse la Ley Núm. 117 del 4 de agosto de 2006, la mayoría de los productos vendidos en Puerto Rico estaban sujetos al pago de arbitrios generales, entre estos la gasolina y otros combustibles derivados del petróleo. El tema del pago de contribuciones producto de la venta de estos productos derivados del petróleo ha sido una constante en nuestro ordenamiento tributario. Mediante la Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1956,() se estableció un impuesto sobre artículos de uso y consumo en Puerto Rico que incluyó la gasolina y otros combustibles como el gas oil y el diesel o¿Z.() Igualmente presente han estado las exenciones al pago de contribuciones de algunos de estos productos.() En 1987, se aprobó la Ley de Arbitrios de Puerto Rico que derogó la Ley Núm. 2 y estableció un es-quema tributario integral.() La Sección 2.001 de esa Ley establecía:

Se impondrá, cobrará y pagará, a los tipos prescritos en las secciones 2.002 a 2.010, inclusive, de este Capítulo, un arbitrio sobre el azúcar, el cemento fabricado localmente o introducido en Puerto Rico, los cigarrillos, la gasolina, el combustible de aviación, el “gas oil” o “diesel oil”, el petróleo crudo, los produc-tos parcialmente elaborados y terminados derivados del petró-leo, así como sobre cualquier otra mezcla de hidrocarbu-ros ....()

Por otra parte, la Ley de Arbitrios de 1987 distinguía entre aquellos productos identificados específicamente como combustibles —gasolina, combustible de aviación, “gas oil” y “diesel oil” — () y otros derivados del petróleo.) De igual forma, por razones de política pública la ley ex-cluyó algunos de estos productos del pago de arbitrios.() Otros productos, como el asfalto, el etano y butano, entre otros, también fueron excluidos del pago de arbitrios, aun-que con efectos distintos de los que correspondían a los productos mencionados en la Sección 2.006.) Es decir, no se trató de igual forma a todos los derivados del petróleo, pues la exclusión total respondía más a cuestiones de polí-tica pública que a la mera composición química de los productos.

El esquema contributivo cambió en 1994 con la aprobación del Código de Rentas Internas, vigente al momento de la controversia de autos/) Este Código derogó la Ley de Arbitrios de 1987 e incluyó un subtítulo dedicado exclusivamente al tema de los arbitrios/) De esta forma, el cobro de arbitrios pasó a ser una parte de un esquema contributivo más amplio cuyos diferentes componentes se complementarían entre sí.

La Sección 2005 del Código de Rentas Internas de 1994 estableció un arbitrio general sobre artículos vendidos en Puerto Rico:

Se impondrá, cobrará y pagará a los tipos prescritos en la[s] sees. 9006 a 9015, inclusive, de esta Parte un arbitrio sobre el azúcar, las bebidas carbonatadas, el cemento fabricado local-mente o introducido en Puerto Rico, los cigarrillos, la gasolina, el combustible de aviación, el “gas oil” o “diesel oil”, el petróleo crudo, los productos parcialmente elaborados y terminados de-rivados del petróleo, así como sobre cualquier otra mezcla de hidrocarburo, los vehículos de motor .... La aplicación de este impuesto estará sujeta a las exenciones establecidas en el Ca-pítulo 866 de esta Parte/)

Como se puede notar de lo anterior, el texto estatutario original, en cuanto a los arbitrios sobre la gasolina y demás derivados del petróleo, ha perdurado a través del tiempo. Igualmente constantes han sido las excepciones de todo tipo de tributación concedidas a algunos productos de pe-tróleo utilizados para ciertos fines específicos, como la ge-neración de electricidad por la Autoridad de Energía Eléc-trica y la exportación/)

Al igual que la Ley de Arbitrios de 1987, el Código de Rentas Internas de 1994 dividió en dos secciones separadas, pero secuenciales, el trato contributivo correspondiente a la gasolina y demás combustibles, y la de los otros productos derivados del petróleo/) Ahora bien, desde 1994 están excluidos del pago de arbitrios aquellos derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos “que luego de terminados no se identifican como productos de petróleo gravados por esta Parte”.() Es decir, fueron excluidos del pago de arbitrios algunos productos que, a pesar de ser derivados del petróleo por razones de su composición química, no eran identificados como tal, por lo cual serían tratados de manera distinta. Finalmente, cabe destacar que tras varias enmiendas a las Secciones 2005, 2010 y 2011 del Código de Rentas Internas, el mandato legislativo se mantuvo igual/) Posteriormente, las Secciones 2010 y 2011 del Código de 1994 pasaron a ser las Secciones 2009 y 2010, respectivamente.

La Ley Núm. 117 de 4 de julio de 2006, conocida como la Ley de la Justicia Contributiva, enmendó varias disposiciones del Código de Rentas Internas de 1994 para, entre otras cosas, crear un Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). Por eso, las secciones relativas al IVU deben anali-zarse e interpretarse como parte del Código de Rentas In-ternas, según quedó enmendado, y no como un esquema tributario aislado e independiente. Veamos ahora más de cerca la Ley Núm. 117.

La Exposición de Motivos de la ley, en lo pertinente, lee como sigue:

El arbitrio general se sustituye por un IVTJ. Los productos que antes estaban sujetos al arbitrio general estarán sujetos al IVU. Se mantienen arbitrios sobre ciertos artículos que, por sus peculiaridades, requieren disposiciones separadas, estos son: los cigarrillos, la gasolina y otros combustibles, los vehí-culos y las bebidas alcohólicas.
Las exenciones al IVU se limitan a medicamentos recetados y otras exenciones vinculadas con el desarrollo económico de Puerto Rico o inherentes a ion sistema de IVU, entre ellas la materia prima para la manufactura, productos exportados y los combustibles comprados por la Autoridad de Energía Eléc-trica para la producción de energía eléctrica.
Por otra parte, la asignación de los impuestos de venta sobre gasolina y otros combustibles ...se mantienen.()

Según se deduce claramente de la Exposición de Moti-vos, el objetivo perseguido por la Ley Núm. 117 era crear un esquema contributivo que combinara el cobro de arbi-trios con el pago del IVU. De esa manera, la mayoría de los productos vendidos en Puerto Rico, salvo algunos que que-daron excluidos totalmente por razones de política pública, estaría sujeto a una de estas contribuciones. Para ello, la Asamblea Legislativa atemperó el Subtítulo de arbitrios (B) con el nuevo subtítulo del IVU(BB).

El Artículo 16 de la Ley Núm. 117 enmendó varias sec-ciones del Subtítulo B del Código de Rentas Internas, rela-tivo al cobro de arbitrios. Entre las secciones que tratan sobre los productos derivados del petróleo, la Sección 2005 del Código de Rentas Internas, supra, quedó modificada de la manera siguiente:

Se impondrá, cobrará y pagará, a los tipos establecidos en las secciones 2006 a 2010, inclusive, de este Subtítulo un ar-bitrio sobre el cemento fabricado localmente o introducido en Puerto Rico, productos plásticos, la introducción o fabricación de cigarrillos, la gasolina, el combustible de aviación, el “gas oil” o “diesel oil”, el petróleo crudo, los productos elaborados y terminados derivados de petróleo, así como sobre cualquier otra mezcla de hidrocarburos, y los vehículos de motor. El ar-bitrio fijado regirá si el artículo ha sido introducido, vendido, consumido, usado, traspasado o adquirido en Puerto Rico, y se pagará una sola vez, en el tiempo y en la forma especificados en el Capítulo 6 de este Subtítulo. La aplicación del impuesto estará sujeto a las exenciones concedidas en el Capítulo 3 de este Subtítulo. 13 L.P.R.A. see. 9010 (ed. 2007).

Por otra parte, la Ley Núm. 117 también enmendó las Secciones 2009 y 2010 (antes 2010 y 2011), las que atien-den, respectivamente y de manera más específica, el cobro de arbitrios para la gasolina y otros combustibles, así como el petróleo crudo y otros derivados del petróleo. La nueva Sección 2009 del Código de Rentas Internas atendió espe-cíficamente el caso de los “combustibles”, tales como la ga-solina, el combustible de aviación y el “gas oil” o “diesel oil”.( ) En particular, la Sección 2009 enmendada definió detalladamente qué constituía un combustible y excluyó varios gases licuados como el propano, butano, etano, eti-leno, butileno y cualquier mezcla de los mismos.( ) Ahora bien, el Artículo 16 de la Ley Núm. 117 añadió una parte importante a la Sección 2009: “Los artículos, incluyendo la gasolina, el combustible de aviación y el ‘gas oil’ o ‘diesel oil’ o cualquier otro combustible, sujeto a las disposiciones de esta sección estarán exentos de los impuestos de venta y uso establecidos en la Parte TV-A de este subtítulo”.( ) De esa manera, a la gasolina y demás combustibles se les apli-caría un arbitrio pero estarían excluidos del IVU para evi-tar la doble tributación.

Por su parte, la Sección 2010 enmendada atendió el co-bro de arbitrios al petróleo crudo y otros derivados de pe-tróleo que no cayeran bajo la clasificación de combustibles de la Sección 2009:()

Además de cualquier arbitrio fijado en esta parte, se impon-drá, cobrará y pagará un impuesto por el uso en Puerto Rico de petróleo crudo, de productos parcialmente elaborados o de productos terminados derivados del petróleo y de cualquier otra mezcla de hidrocarburos a los tipos filados en la siguiente tabla .,..()

Esta regla general de tributación a los productos deri-vados del petróleo tendría ciertas exenciones:

(c) Exclusiones del gravamen — El impuesto fijado en esta sección no será aplicable al:
(1) Petróleo crudo, productos parcialmente elaborados, los productos terminados derivados del petróleo, ni a cualquier otra mezcla de hidrocarburos utilizado por la Autoridad de Energía Eléctrica para generación de electricidad.
(5) Petróleo crudo, productos parcialmente elaborados, productos terminados derivados del petróleo o cualquier otra mezcla de hidrocarburos utilizada en la elaboración de artícu-los que luego de terminados no se identifican como productos de petróleo gravados por esta parte. Toda persona cubierta por esta exención deberá tener el reconocimiento y autorización previa del Secretario [de Hacienda].
(9) Los artículos, incluyendo el petróleo crudo, los produc-tos parcialmente elaborados o los productos terminados deri-vados del petróleo y de cualquier otra mezcla de hidrocarbu-ros, sujetos a las disposiciones de esta sección estarán exentos de los impuestos de venta y uso establecidos en la Parte TV-A de este subtítuloj( )

De lo anterior surgen con meridiana claridad dos asuntos fundamentales. Primero, que la exclusión del pago de arbitrios de los productos derivados del petróleo se li-mitó a aquellos que no se identificaran como tal. Es decir, que si el artículo en cuestión, a pesar de tener una compo-sición química que lo clasifica como un producto derivado del petróleo, no se identifica como tal, estará excluido del pago de arbitrios. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, surge que los artículos que luego de termi-nados no se identifican como productos derivados del pe-tróleo no estarán excluidos del pago del IVU. De esta ma-nera, un artículo manufacturado con productos derivados del petróleo que no se identifica como tal estará excluido del arbitrio pero estaría incluido en el IVU.

Tras modificar el esquema del cobro de arbitrios dispuesto en el Subtítulo B, la Ley Núm. 117 introdujo un nuevo Subtítulo BB para estructurar el cobro del impuesto sobre ventas y uso. Por su importancia, reproducimos las secciones relevantes a la controversia de autos:

(dd) — Partida Tributable
Propiedad mueble tangible, servicios tributables, derechos de admisión y transacciones combinadas.!()
(jj) — Propiedad mueble tangible Incluye artículos o propiedad mueble que puede ser vista, pesada, medida o palpable, o es de cualquier forma perceptible a los sentidos, o que es susceptible de apropiación, incluyendo programas de computadoras y tarjetas prepagadas de llama-das, entre otros. El término “propiedad mueble tangible” ex-cluye el dinero o el equivalente de dinero, acciones, bonos, no-tas, pagarés, hipotecas, seguros, valores u otras obligaciones; automóviles, propulsores, omnibuses y camiones; los intangibles; la gasolina, combustible de aviación, el “gas oil” o “diesel oil”, el petróleo crudo, los productos parcialmente elaborados y terminados derivados del petróleo, y cualquier otra mezcla de hidrocarburos; la electricidad generada por la Autoridad de Energía Eléctrica o cualquier otra entidad generadora de elec-tricidad; y el agua suplida por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.()

Como puede notarse, al enmendar el Subtítulo B y aña-dir el Subtítulo BB del Código de Rentas Internas de 1994, la Asamblea Legislativa diseñó un sistema contributivo ba-sado, en parte, en una combinación de arbitrios y del IVU. Por eso la legislatura utilizó un texto virtualmente idéntico para la Secciones 2005, 2010(a) y 2010(c) (Subtítulo B - Arbitrios) y la Sección 2301(jj) (Subtítulo BB - IVU). Por un lado, la Sección 2010(c) incluyó en el pago de arbitrios los productos derivados del petróleo, excluyendo los que no se identifican como tal. Por otro lado, esta sección excluyó del pago del IVU a los productos que sí se identifican como derivados del petróleo. En esa misma dirección, la Sección 2301(jj) excluyó del pago del IVU los productos incluidos en la Sección 2005 y no excluidos por la Sección 2010(c). De esa manera se intentó precisar la combinación arbitrios-IVU incluyendo en uno lo que se excluía del otro.

Por su parte, en el uso de sus amplios poderes de reglamentación,!) el Secretario de Hacienda aprobó el Reglamento Núm. 7249 de 14 de noviembre de 2006.() Según el preámbulo, “[e] ste Reglamento recoge las disposiciones del Subtítulo BB del Código y otras disposiciones complementarias del Código y provee, en el mayor grado de detalle posible, explicaciones prácticas y ejemplos de transacciones con el fin de dar certeza en cuanto a la aplicación del IVU”.() Es decir, que al adoptar el Reglamento, se tomó en consideración tanto el Subtítulo BB (IVU) como el Subtítulo B (Arbitrios), de manera que el Reglamento canalizara la totalidad del esquema contributivo establecido por el Código de Rentas Internas, según enmendado por la Ley Núm. 117.

El Artículo 2301 — l(jj)(2) del Reglamento Núm. 7249 excluye del pago del IVU:

[L]a gasolina, el combustible de aviación, el “gas oil” o “diesel oil”, el petróleo crudo, los productos parcialmente elabora-dos y terminados derivados del petróleo, y cualquier otra mez-cla de hidrocarburos, tales como propano, butano, etano, propileno, butileno y cualquier mezcla de los mismos. Sin embargo, los productos parcialmente elaborados y productos ter-minados derivados del petróleo que luego de terminados co-múnmente no se identifiquen como productos de petróleo, se considerarán propiedad mueble tangible!()

Según la peticionaria Dañosa, esta última oración de la Sección 2301-l(jj)(2) del Reglamento es ultra vires, pues incorpora un elemento que no fue establecido por la legis-latura; entiéndase, que el producto derivado del petróleo no se identifique comúnmente como tal. Si bien es cierto que la Sección 2301(jj) del Subtítulo BB del Código de Ren-tas Internas no incluye ese elemento, no podemos olvidar que la Sección 2010(c)(5) del Subtítulo B sí lo menciona. De esa forma, el Reglamento tomó en consideración la totali-dad del Código de Rentas Internas y logró establecer con mayor precisión lo que la Asamblea Legislativa quiso ha-cer: excluir del IVU únicamente aquellos productos deriva-dos del petróleo que pagan arbitrios y aquellos cuya exclu-sión estuviese basada en consideraciones de política pública. No podemos olvidar que el Reglamento Núm. 7249 se fundamentó en la totalidad del Código de Rentas Inter-nas de 1994 y no únicamente en el Subtítulo BB. En ese sentido, el Secretario podía incorporar a la Sección 2301-l(jj)(2) el texto estatutario utilizado en la Sección 2010(c)(5) del Subtítulo B. De esta manera, además de evi-tar la doble tributación, se impide que un producto quede incorrectamente libre de toda contribución, salvo los casos expresamente excluidos tanto del arbitrio como del IVU. Por último, cabe destacar que el Código de Rentas Internas de 2011 mantuvo el esquema contributivo previamente explicado.()

En cuanto al Reglamento Núm. 7249, no podemos per-der de perspectiva que éste debe conformarse a la totali-dad del Código de Rentas Internas, según quedó enmen-dado por la Ley Núm. 117, y no únicamente al Subtítulo BB. Por eso, el Reglamento incorporó el texto estatutario empleado en otras partes del Código, de manera que se pudiese aplicar adecuadamente el esquema contributivo adoptado por la Legislatura. Por lo tanto, es forzoso con-cluir que el Reglamento no es ultra vires. De igual forma, no podemos olvidar que en nuestro ordenamiento tributa-rio, si bien se aplicará una interpretación restrictiva en contra del Estado y a favor del ciudadano cuando haya duda sobre el cobro de una contribución, en el caso especí-fico de exenciones, excepciones y alivios contributivos, la norma interpretativa es que "toda duda debe resolverse en contra de la existencia de la exención”.!()

En resumen, mediante las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 117, se adoptó un esquema contribu-tivo que combinó arbitrios con el Impuesto sobre Ventas y Uso. En particular, se diseñó un sistema basado, primera-mente, en la exclusión de ciertos productos de toda carga contributiva y, en segundo lugar, en evitar la doble tribu-tación del resto de los productos. Así, todo producto in-cluido en el pago de arbitrios estaría excitado del IVU. En sentido contrario, los productos excluidos del cobro de ar-bitrios estarán sujetos al IVU.

En virtud de lo anterior, resolvemos que los productos cuya composición química los clasifica como derivados del petróleo pero que comúnmente no se identifican como tal, estarán sujetos al pago del Impuesto sobre Ventas y Uso establecido en el Código de Rentas Internas.

III

En el caso de autos, los productos manufacturados por Dañosa son, en términos de su composición química, deri-vados del petróleo. No obstante, a juicio del Departamento de Hacienda, estos productos terminados —utilizados ma-yormente para sellar techos— no se identifican común-mente como tal. De ser así, no estarían excluidos del pago del IVU por disposición de las Secciones 2010(c)(5) y 2301(jj) del Código de Rentas Internas y el Artículo 2301-l(jj)(2) del Reglamento Núm. 7249. En cuanto a ello, la peticionaria adelanta dos argumentos.

Expone, en primer lugar, que el criterio de “que luego de terminados comúnmente no se identifiquen como produc-tos del petróleo” es vago y carece de parámetros/) Por lo tanto, se presta para una interpretación y aplicación arbi-traria y caprichosa. En la alternativa, sostiene que el que las etiquetas de sus productos identifiquen a los mismos como derivados del petróleo cumple la exigencia reglamentaria.

En cuanto al primer planteamiento, hay que hacer un señalamiento de entrada. No podemos olvidar que el crite-rio impugnado de “que luego de terminados no se identifi-quen como productos del petróleo” existe tanto estatutaria-mente en la Sección 2010(c)(5) del Código de Rentas Internas de 1994 —Sección 3020.07(i)(5) del Código de 2011— como reglamentariamente en el Artículo 2301-l(jj)(2) del Reglamento Núm. 7249. Por lo tanto, no pode-mos abordar el asunto exclusivamente desde la óptica de impugnación de reglamentos, pues se está cuestionando igualmente el diseño legislativo.

En el contexto estatutario, “una ley es nula por vaguedad si sus prohibiciones no están claramente definidas”.() Hemos resuelto que una ley adolece de vaguedad si “(1) una persona de inteligencia promedio no queda debidamente advertida del acto u omisión que el estatuto pretende prohibir o penalizar, (2) se presta a la aplicación arbitraria y discriminatoria, y (3) interfiere con el ejercicio de derechos fundamentales garantizados por la Constitución”. (Enfasis suplido).() Ahora bien, la doctrina de vaguedad aplica a estatutos de carácter punitivo que prohíben o penalizan. Ese no es el caso ante nuestra consideración. La peticionaria Dañosa, al alegar que el criterio escogido por la Asamblea Legislativa y, por consiguiente, por el Secretario de Hacienda, es arbitrario, caprichoso y potencialmente discriminatorio, está haciendo un planteamiento de debido proceso de ley e igual protección de las leyes. En nuestro ordenamiento, este tipo de impugnación de reglamentación socioeconómica está sujeta a un análisis de racionalidad mínima. ()

Al precisar si una agencia ha excedido su autori-dad en el ámbito reglamentario, corresponde al tribunal evaluar: (1) si a la agencia se le delegó poder de reglamen-tación; (2) si la actuación administrativa está autorizada por ley; (3) si la reglamentación promulgada está dentro de los poderes delegados; (4) si al aprobarse el reglamento se cumplió con las normas procesales de la ley habilitadora de la agencia y la L.P.A.U., y (5) si la reglamentación es arbi-traria o caprichosa.() Es decir, en cuanto a la validez de la reglamentación, aplicaremos un análisis de razonabilidad. Ahora bien, en el contexto de un proceso de revisión admi-nistrativa, el estándar aplicable es el de evidencia sustan-cial en el marco de una amplia deferencia al peritaje de la agencia. Evidentemente, el Departamento de Hacienda es la agencia con el peritaje adecuado para atender este tipo de controversia, por lo que los tribunales nos abstendremos de interferir con sus determinaciones de hecho salvo que éstas no tengan apoyo en la evidencia sustancial.

En el caso de autos, el Departamento de Hacienda determinó que los productos de impermeabilización de techos de Dañosa no se identifican comúnmente como productos derivados del petróleo. Además, al repasar el desarrollo estatutario de las contribuciones impuestas sobre productos derivados del petróleo, notamos un denominador común entre los productos mencionados: todos son combustible o sustancias relacionadas. Evidentemente, el producto manufacturado por la peticionaria queda fuera de esa definición. Pero lo que es más, ante el amplio grado de deferencia que los tribunales debemos a las determinaciones de las agencias administrativas en estos asuntos, no podemos concluir que la decisión de la agencia sea irrazonable, arbitraria, caprichosa o discriminatoria. Por el contrario, es perfectamente razonable que el Departamento de Hacienda concluya que un sellador de techo compuesto mayormente por asfalto no es un producto comúnmente iden-tificado como derivado del petróleo, para propósitos de una ley que, al identificar los productos derivados de petróleo, se refiere en todo caso a productos que comparten la carac-terística de ser combustibles u otros relacionados. Se trata de una definición con un alto contenido de política pública contributiva que debemos respetar. Dañosa no nos ha puesto en posición de desviarnos de esa conclusión. El que las etiquetas de algunos de los productos de Dañosa se auto identifiquen como derivados del petróleo no derrota la determinación de hecho en contrario de la agencia.

En virtud de lo anterior, concluimos que el Tribunal de Apelaciones no erró al confirmar la decisión de la agencia de denegar la solicitud de Dañosa de que se le eximiese del pago del TVU. Por lo tanto, procede confirmar la decisión del foro apelativo.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

      (1) Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág. 125.

      (2) íd., pág. 126.

      (3) (Énfasis suplido). Id., pág. 129, citando la Sección 2010 del Código de Rentas Internas de 1994.

      (4) En su petición de certiorari, Dañosa explica con detalle el proceso de manu-factura de sus productos, así como la naturaleza física y química de éstos. En particular, nos ofrece como ejemplo varios de sus productos cuya composición química oscila entre 49.3% y 79.7% de asfalto (bitumen) y otros productos derivado del petró-leo como el polímero EBE (SBS), nafta, butadieno, poliéster, entre otros. Petición de certiorari, pág. 4. Por eso nos solicita que ignoremos el ejemplo utilizado en el Re-glamento del Departamento de Hacienda en cuanto al asfalto utilizado en la cons-trucción de carretera, pues dicho producto solamente tiene un 7% de asfalto. Id., esc. 20.

      (5) Apéndice, pág. 28.

      (6) Ley de Impuesto Sobre Artículos de Uso y Consumo de Puerto Rico, 13 L.P.R.A. see. 4001 et seq. (ed. 1976).

      (7) íd., sees. 4030 y 4031, Artículos 30 y 37, respectivamente.

      (8) Véase, por ejemplo, el Artículo 30(b) de la Ley Núm. 2, supra, sec. 4030(b), que eximía del pago de este impuesto a gasolina que era utilizada por la Guardia Nacional o el gobierno federal, se exportaba fuera de la isla o se catalogaba como contaminada.

      (9) Ley Núm. 5 del 8 de octubre de 1987, Leyes de Puerto Rico 921.

      (10) (Énfasis suplido). íd., Sección 2.001, págs. 927-928.

      (11) íd., Sección 2.005, pág. 929.

      (12) “Petróleo crudo, Productos Parcialmente Elaborados y Productos Termina-dos Derivados del Petróleo y Cualquier Otra Mezcla de Hidrocarburos”, íd., Sección 2.006. Ahora bien, como veremos más adelante, el elemento común entre todos estos productos es que pueden ser utilizados como combustibles.

      (13) Véase íd., Sección 2.006(b), págs. 930-931: productos utilizados por la Au-toridad de Energía Eléctrica o el gobierno federal, productos para la exportación y productos a ser utilizados en refinerías o petroquímicas, entre otros. Como veremos, estas excepciones aplicarán a todo tipo de contribución, por lo que no les aplica la regla de que el producto que no paga arbitrios pagará el TVU, y viceversa.

        (14) íd., Sección 2.008, págs. 933-934.

      (15) Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994 (Código de Rentas Internas).

      (16) Subtítulo B. Como veremos, la Ley Núm. 117 enmendaría el Código de Rentas Internas e incorporaría las secciones relativas al IVU como Subtítulo BB, denotando así un vínculo inexorable entre el cobro de arbitrios y el pago del IVU.

      (17) (Énfasis suplido). Sección 2005 del Código de Rentas Internas de 1994, 13 L.P.R.A. see. 9005 (ed. 1996).

      () Sección 2011(b), 13 L.P.R.A. sec. 9011(c) (ed. 1996). La Asamblea Legislativa también ha sido consecuente en excluir de esta lista de productos del petróleo algu-nas sustancias como el propano, butano, butileno, entre otros. Sección 2010(b), 13 L.P.R.A sec. 9010(b) (ed. 1996). Estas secciones responden a la numeración original del estatuto.

      () Secciones 2010 y 2011 del Código de Rentas Internas de 1994, 13 L.P.R.A. sees. 9010 y 9011 (ed. 1996).

      () (Enfasis suplido). Sección 2011(b)(5) de la numeración original, ahora Sec-ción 2010(c)(5), 13 L.P.R.A. sec. 9010(c)(5) (ed. 1996). Además, dicha sección dispone que “[t]oda persona cubierta por esta exención deberá tener el reconocimiento y autorización previa del Secretario [de Hacienda]”. (Enfasis suplido). Id.

      (21) Véanse las Leyes Núm. 78 de 31 de mayo de 1998 y Núm. 200 de 30 de julio de 1999 que incorporaron otros productos eximidos del pago de arbitrios. Ninguno afectó el tipo de producto manufacturado por la peticionaria Dañosa.

      (22) (Énfasis suplido). Exposición de Motivos de la Ley Núm. 117, págs. 2-3.

      (23) 13 L.P.R.A. see. 9010 (ed. 2007).

      (24) íd., sec. 9010(b).

      (25) (Énfasis suplido). íd., see. 9010(d).

      (26) Los productos de la peticionaria coinciden más con los productos identifica-dos en esta sección.

      (27) 13 L.P.R.A. sec. 9011(a) (ed. 2007).

      (28) (Énfasis suplido). íd., sec. 9011(c).

      (29) íd., sec. 9091(dd).

      (30) (Énfasis suplido). íd., sec. 9091(jj).

      () Este poder de reglamentación ha sido delegado consecuentemente por la Asamblea Legislativa. Véase, por ejemplo, el Artículo 78 de la Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1956. En la Ley Núm. 117, ese poder está recogido en 13 L.P.R.A. sees. 9091b y 9093(a) (ed. 2007), entre otros.

      () Reglamento para Implantar las Disposiciones del Subtítulo BB - Impuesto sobre Ventas y Uso de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico”.

      () (Énfasis suplido). íd., pág. 1.

      () (Énfasis suplido). íd., Artículo 2301(jj)(2), pág. 33. Acto seguido, el Regla-mento ofrece como ejemplo de las exclusiones provistas por esta sección el asfalto utilizado en las carreteras: “El asfalto, aunque es un producto derivado del petróleo, se considerará propiedad mueble tangible, ya que éste luego de terminado no se identifica como producto de petróleo”. Id.

      (35) Mediante la Ley Núm. 1 de 31 de enero de 2011, la Asamblea Legislativa aprobó un nuevo Código de Rentas Internas. El cobro de arbitrios está establecido por el Subtítulo C, mientras que el IVU se codifica en el Subtítulo D. En primer lugar, la Sección 3020.01 del Código de 2011 mantiene el arbitrio a la gasolina, ciertos combustibles y los productos derivados del petróleo, manteniendo, para evitar la doble tributación, la exclusión de estos productos en cuanto el IVU. De igual forma, la Sección 3020.07(i)(5) excluye del arbitrio los productos derivados del petróleo “que luego de terminados no se identifiquen como productos de petróleo gravados por este subtítulo. Toda persona cubierta por esta exención deberá tener el reconocimiento y autorización previa del Secretario”. De esa forma, al excluir estos productos del ar-bitrio general, se permite su tributación bajo el IVU.

      (36) Lever Bros. Export Corp. v. Alcalde S.J., 140 D.RR. 152, 161-162 (1996). Véanse, además, Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., 177 D.P.R. 230, 250-251 (2009) y B.B.C. Realty v. Secretario Hacienda, 166 D.P.R. 498, 508-512 (2005).

      (37) (Énfasis suprimido). Petición de certiorari, pág. 7.

      (38) Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122 D.P.R. 229, 239 (1988).

      (39) (Énfasis suplido). íd., págs. 239-240.

      (40) Pueblo Int’l., Inc. v. Srio. de Justicia, 122 D.P.R. 703, 721-722 (1988), Op. concurrente del Juez Asociado Negrón García.

        (41) Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Pub., 158 D.P.R. 180, 187 (2002).