source: Caselaw Access Project

author:
El Juez Presidente Señor Travieso
      Per curiam:

license: Public Domain

text:
    Fernando A. Lucchetti, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Ricardo La Costa, Jr., Juez, e Ismael González, demandados.
    Núm. 1622.

    Sometido: Febrero 18, 1946.

      Resuelto: Mayo 9, 1946.

      F. J. Pérez Almiroty, abogado del peticionario; Enrique Díaz Viera j José Luis Purcell, abogados del Departamento del Tra-bajo, abogados a sn vez de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En acción incoada de conformidad con la Ley núm. 10 de 1917 ((2) pág. 217), enmendada por Ley núm. 17 de 11 de abril de 1945 (pág. 45), la Corte Municipal de San Juan por sentencia dictada en 6 de septiembre de 1945 condenó al de-mandado a pagar al demandante la suma de $173.91 por concepto de salarios devengados por 341 “novenas horas”.

La sentencia fue notificada al demandado por conducto de su abogado, por correo, el día primero de noviembre de 1945, archivándose el mismo día en los autos la copia de la notificación. El día 7 de noviembre de 1945 el demandado Lucehetti radicó su escrito de apelación.

El día señalado para la vista la corte de distrito, a mo-ción del demandante apelado, dictó sentencia desestimando la apelación por haber sido interpuesta fuera del término estatutario de cinco días. Solicitó el demandado apelante la reconsideración de la sentencia, alegando que el escrito de apelación había sido radicado oportunamente: (a) porque la Regla 6, inciso (a) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil dispone que “cuando el término prescrito o concedido es menos de siete días, los domingos y días de fiesta que haya de por medio se excluirán del cómputo”; y (b) porque ha-biéndose archivado la notificación el día primero de noviem-bre, que era un jueves, siendo el sábado 3 un día en que las cortes no trabajan y domingo el día 4, si se excluyen del cómputo dichos dos días, sábado y domingo, el apelante ten-dría hasta el día 8 de noviembre para radicar su apelación; y habiéndola radicado el 7, la corte debió resolver que el recurso fue interpuesto oportunamente.

Denegada la reconsideración, el demandado apelante instó ■el presente recurso de certiorari en, el qne solicita la revi-sión de la sentencia dictada por la corte inferior, alegando que el tribunal a quo erró al no computar el término para la apelación de acuerdo con lo dispuesto por la citada Re-gla 6, inciso (a).

No erró la corte inferior al desestimar por tardía la apelación. De conformidad con lo dispuesto por la Regla 81 (a) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil, éstas son aplicables “a todas las acciones civiles ordinarias y a todos los casos de mandamus, -injunctions, interdictos para retener o recobrar la posesión, tercerías, reclamaciones del derecho de hogar seguro”. No son aplicables por tanto a las acciones civiles de carácter especial o extraordinario, tales como las que establece la Ley núxn. 10 de 14 de noviembre de 1917, titulada “Ley para determinar el procedimiento en casos de reclamación de trabajadores agrícolas contra sus patro-nos por salarios”. No es posible aplicar la Regla 6(a) a un caso como el de autos y no aplicar al mismo todas las de-más reglas, que sólo son aplicables a las acciones civiles or-dinarias.

La sentencia recurrida será confirmada.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Mayo 9, 1946

Per curiam:

En su moción de reconsideración el peticio-nario llama nuestra -atención al caso de Bages & Cía. Inc. v. Corte, 65 D.P.R. 218, en el que citamos la Begla 41(6) de las Regias de Enjuiciamiento Civil en un caso de salarios radicado de acuerdo con la ley ■ especial allí envuelta. La cita que Meiinos en el caso de Bages de la Begla 41(5) se hizo por inadvertencia, por no ser las Beglas de aplicación a tal caso. El resultado de Bages & Cía. Inc. v. Corte, supra, no fué afectado por esta cita ya que el principio legal en él establecido existía en el Código de Enjuiciamiento Civil.

La moción- de reconsideración será declarada sin lugar.


author: El Juez Presidente Señob TRAvieso

text:
    West India Oil Company (P. R.), demandante y apelada, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 9288.

    Sometido: Abril 3, 1946.

      Resuelto: Mayo 20, 1946.

      Hon. Procurador General E. Campos del Toro y Carlos Santana Be-cerra, Subprocurador General Auxiliar, abogados del apelante; José Carbia Miranda y Juan Orlando Herrero, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señob TRAvieso

emitió la opinión del tribunal.

Durante los años 1936, 1937 y 1938, la West India Oil Company (P. R.) celebró contratos con el Gobierno de Puerto Rico para vender a éste ciertas cantidades de gasolina, aceite, kerosina y otros productos de petróleo. Con anterioridad a la celebración de dichos contratos, la Compañía pagó los ar-bitrios de rentas internas sobre los productos vendidos y ■entregados al Gobierno, habiéndose verificado el pago al ser introducidos los productos en Puerto Rico. En marzo 16, 1943, el Tesorero de Puerto Rico notificó a la Compañía que adeudaba al Gobierno la suma de $664.32 por concepto de un arbitrio de 1 por ciento sobre el montante de ciertos con-tratos, de acuerdo con el inciso 5 de la sección 16 bajo el título “Otros Arbitrios” de la Le;/ núm. 85 de 1825 (pág. 585); y de un arbitrio de 2 por ciento sobre otros de dichos contratos, de acuerdo' con la misma Ley, según fué enmen-dada por la Ley núm. 2 de 31 de agosto de 1938 (Leyes de 1938 (2) pág. 3). El Tesorero impuso además multas ad-ministrativas por valor de $65, haciendo ascender el total de la reclamación a $729.32. La Compañía pagó bajo pro-testa y radicó la demanda ante la Corte de Distrito de San Juan, solicitando la devolución de la suma pagada bajo pro-testa,- más intereses y gastos.

El fundamento de la demanda es que la imposición y co-bro del arbitrio sobre los contratos para venta y suministro de gasolina, materiales y productos al Gobierno Instilar, pro-visto por el inciso 5, “Otros Arbitrios”, de la sección 16 de la Ley de Rentas Internas de Puerto Bico, en adición a los arbitrios anteriormente impuestos y cobrados por el Go-bierno, de acuerdo con la misma Ley de Bentas Internas, por la venta, traspaso, uso, consumo o introducción en Puerto Bico do osos mismos materiales y productos, constituye una doble tributación (double taxation) no autorizada por el es-tatuto.

El caso fue sometido a la corte inferior mediante, una estipulación suscrita en noviembre 12 de 1943. En noviem-bre 8 de 1945 la corte inferior dictó sentencia declarando con lugar la demanda y ordenando el reintegro de la suma re-clamada, más intereses legales desde la fecha de radicación de la demanda y las costas. El Tesorero interpuso el pre-sente recurso, alegando como único fundamento del mismo que la Corte de Distrito de San Juan en 8 de noviembre de 1945 no tenía jurisdicción ni facultad para dictar la senten-cia apelada.

La cuestión jurisdiccional aquí planteada no lo fué ante la corte inferior. Debemos considerarla y resolverla antes de entrar a examinar el caso en sus méritos.

El procedimiento autorizando el cobro y devolución de contribuciones pagadas bajo protesta es en realidad una acción contra El Pueblo de Puerto Rico. Éste ha dado su consentimiento para ser demandado, disponiendo que la de--manda deberá- ser dirigida contra el Tesorero de Puerto Rico como parte demandada. Méndez v. Buscaglia, 64 D.P.R. 743.

La ley vigente en abril 15 de 1943, fecha en que fné ra-dicada la demanda en este caso, era la Ley núm. 8 de 19 de abril de 1927 (Leyes de 1927, pág. 123), enmendada por la núm. 17, aprobada en 21 de noviembre- de 1941, Sesión Extraordinaria (pág. 55). La sección 3 de dicha ley, según quedó enmendada, disponía que “El contribuyente que haya pagado el todo o parte de cualquier contribución bajo pro-testa .... podrá, dentro del plazo de treinta (30) días, a partir de la fecha del pago, presentar demanda jurada contra el Tesorero de Puerto Rico en la corte de distrito co-rrespondiente para obtener la devolución de la cantidad pro-testada;”.

No cabe duda- — y el Tesorero así lo admite — que en la fecha en que se radicó la demanda la Corte de Distrito de San Juan tenía jurisdicción para conocer del caso. Serrallés v. Sancho Bonet, Tesorero, 53 D.P.R. 650.

En mayo 13’ de 1941 la Legislatura aprobó la Ley núm. 172 para crear el Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico (Leyes de 1941, (1) pág. 1039). La sección 4 de dicha Ley, enmendada por la núm. 32 de 21 de noviem-bre de 1941, Sesión Extraordinaria (pág. 115), disponía que: “El Tribunal tendrá jurisdicción para revisar la tasación y retasación de la propiedad mueble e inmueble y conocerá de todas las reclamaciones que pudieran formularse ante él por personas interesadas, contra las resoluciones del Tesorero do Puerto Rico que afecten al impuesto y pago de coniribu-bución sobre la propiedad, de la contribución sobre ingresos, y de la contribución sobre trasmisión de bienes por hereiv-cia(Bastardillas nuestras). Como se ve, la disposición' estatutaria que acabamos de transcribir no afectó en modo alguno la jurisdicción especial conferida a las cortes de dis-trito para conocer de casos sobre devolución de arbitrios de rentas internas pagados bajo protesta.

En mayo 15 de 1943, la Legislatura aprobó la Ley núm. 169 (pág. 601) para enmendar la Ley núm. 172 .de mayo 13 de 1941, por la cual se creó el Tribunal de Apelación de Contribuciones'de Puerto Rico. Por virtud de la nueva ley se creó el Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico y se dispuso:

“Sección 4. — El Tribunal de Contribuciones tendrá jurisdicción, de carácter exclusivo, para conocer de todos los casos sobre revisión de la tasación o retasación de la propiedad ... y de todas las ac-.ciones ... y reclamaciones de cualquier índole, relacionadas con, o que afecten, la imposición, cobro, pago, devolución o reembolso de toda clase de contribuciones, incluyendo arbitrios, contribución so-bre ingresos, impuesto de la victoria, sobre herencia, licencias, y cualesquiera otras contribuciones o impuestos, así como para conocer de las reclamaciones de contribuciones pagadas indebidamente o en exceso o cobradas ilegalmente, cuyo reembolso se haya rehusado por el Tesorero”. . . . (Bastardillas nuestras).

El nuevo estatuto empezó a regir el día 14 de agosto de 1943, dos meses y medio después de radicada la contestación del Tesorero. ' ,

La sección 3 de la citada Ley 169 de 1943 dispone que toda ley, resolución, o parte de las mismas que estuvieren en conflicto con dicha ley quedarán derogadas por ésta.

La contención del Tesorero apelante es que desde el mo-mento en que comenzó a regir la Ley núm. 169 de 1943, la cual no contiene ninguna “cláusula de reserva” en cuanto a casos pendientes, la Corte de Distrito de San Juan per-dió la jurisdicción especial exclusiva que para poder conocer de este pleito le había sido conferida por la Ley núm. 17 de 21 de noviembre de 1941, enmendatoria de la núm. 8 de 1927.

La Compañía demandante sostiene en contrario, que ha-biendo radicado su demanda cuando la corte de distrito te-nía jurisdicción para conocer del caso, la demandante ad-quirió el derecho (vested right) al remedio- que le concedía el estatuto para reclamar ante la Corte de Distrito la devo-lución de la suma pagada bajo protesta; que la jurisdicción de la corte de distrito no ha podido ser afectada por .la Ley nfim. 169 de 1943 en cuanto a los casos ante ella pendientes al ser aprobada dicha Ley, toda vez que ésta no deroga ex-presamente el estatuto que confería jurisdicción a las cortes de distrito; y por último, que las derogaciones implícitas no deben ser favorecidas por los tribunales.

El remedio concedido por la Legislatura al contri-buyente para reclamar la devolución de contribuciones pa-gadas bajo protesta, puede ser alterado o modificado o en-' teramento suprimido a voluntad del legislador. Brainard, Collector v. Hubbard, 12 Wall. (79 U. S.) pág. 1, 14, 20 L. Ed. 272; The Assessor v. Osborne, 9 Wall. (76 U. S.) 567, 19 L. Ed. 748.

La regla general establecida por la jurisprudencia federal que liemos examinado.es que “cuando una ley de la Le-gislatura es derogada, debe' ser considerada, excepto en cuanto a transacciones pasadas y cerradas, como si nunca hubiese existido” y que las cortes carecen de jurisdicción para dictar sentencia en un pleito después de la derogación de la ley bajo la cual fué iniciado y tramitado, cuando la ley derogatoria no contiene una cláusula -reservando la ju-risdicción sobre los casos pendientes

En Smallwood v. Gallardo, 275 U. S. 56, la acción fué ini-ciada en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para impedir mediante injunction el cobro de contribuciones. La sentencia denegando el injunction fué confirmada por la Corte de Circuito y el caso elevado a la Corte Suprema Federal en procedimiento de Certiorari. En marzo 4, 1927, después de dictada la sentencia de la Corte de Circuito, el Congreso enmendó la sección 48 de la Ley Orgánica de Puerto Eico para disponer: “No podrá sostenerse en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Eico pleito alguno con el fin de restringir la tasación o cobro de contribución alguna impuesta por las leyes de Puerto Eico”.

La cuestión debatida ante la Corte Suprema fué la de si el caso se había convertido en académico por virtud de la enmienda a la Carta Orgánica. De la opinión de la Corte Suprema, emitida por el Juez Holmes, copiamos lo siguiente:

• ‘Aplicar el estatuto a los casos presentes no es darle efecto retro-activo y sí aceptarlo literalmente y efectuar la política envuelta en el mismo de proteger a la Isla impidiendo la paralización del cobro de sus contribuciones mediante injunction; una política no menos aplicable a estos pleitos que a aquellos comenzados en fecha posterior, y una política general de nuestro derecho. Eev. Stat. Sección 3224. Así interpretado, el estatuto interfiere tan poco con los dere-chos existentes de los peticionarios como con los de futuros litigantes. No existe ningún derecho adquirido a un injunction contra el cobro ilegal de contribuciones y la radicación de estas demandas no creó ese derecho. Hallowell v. Commons, 239 U.S. 506, 509. Este es-tatuto no es igual a una disposición de que no sé iniciará una acción sobre un contrato anteriormente válido, que en substancia anularía un derecho adquirido (vested right) si- se aplicase a contratos en-tonces en vigor. Ni siquiera trata de hacer válidas contribuciones que antes eran ilegales. Simplemente hace claro que estos casos no están exceptuados de la bien conocida regla general contra los injunctions. No deja al contribuyente sin poder para resistir una con-tribución ilegal, sean cuales fueren las dificultades en el procedi-miento para su resistencia.
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“Desde luego, no importa que estos casos hayan sido elevados a-una corte más alta. Cuando se corta la raíz, las ramas caen. Ha-biendo sido desestimadas las demandas por sus méritos, las sentencias deben ser revocadas y los casos devueltos con instrucciones para que sean desestimados por falta de jurisdicción.” (Bastardillas nues-tras).

Son numerosas'las decisiones de los diversos estados de la IJnión en las cuales se ha aplicado la regla de qno “Cuando un estatuto del cual una corte deriva su jurisdicción en de-terminados casos es derogado, la corte no puedo proceder bajo el estatuto derogado, aun en los pleitos pendientes en la fecha de la derogación, a menos que los mismos sean ex-ceptuados por una cláusula en la ley derogatoria”.

La demandante apelada ha citado jurisprudencia de esta Corte Suprema en la que se sostiene que las revocaciones implícitas no son favorecidas por la ley; y decisiones fe-derales y del estado de California en los cuales se sostiene que ningún estatuto, por muy positivos que sean sus térmi-nos, debe ser interpretado en el sentido de interferir, con contratos existentes, derechos de acción, o derechos adquiri-dos, a menos que la intención de que ése deberá ser su efecto sea expresamente declarada; y que de acuerdo con esa re-gla, “Aun. cuando las palabras en un estatuto sean bastante amplias en su extensión literal para comprender los casos pendientes, todavía deben ser interpretados como aplicables solamente a casos que puedan presentarse en el futuro, a menos que el lenguaje usado exprese una intención contra-ria en términos inequívocos”.

Los hechos en el caso de Duke Power Co. v. South Carolina Tax Commission, 81 F.2d 513, citado por la apelada, son casi idénticos a los del presente caso. Veamos.

La Duke Power Co. radicó una demanda para recobrar contribuciones pagadas bajo protesta de acuerdo con la ley del Estado de South Carolina titulada “Power Tax Act'’, Después de dictada la decisión de la corte inferior decla-rando con lugar la excepción previa, aquella parte de la ley que autorizaba el pago de contribuciones bajo protesta y la acción para reclamar su devolución fué derogada por la Le-gislatura de South Carolina. El Procurador General soli-citó la desestimación de la apelación ante la Corte de Cir-cuito- de Apelaciones para el Cuarto Circuito, alegando que el consentimiento del Estado para ser demandado había sido retirado por la ley derogatoria y que la Corte carecía de-jurisdicción para continuar conociendo del caso.

La Ley de South Carolina prohibía la expedición de autos de injunction. para impedir el cobro de contribue! ones, pero disponía que el contribuyente que no estuviere conforme podía hacer el pago bajo protesta y demandar para obtener el reintegro de la suma pagada. La nueva ley de 1935 de-rogó la disposición de la ley anterior que prohibía el injunction y autorizaba el pago bajo protesta. La Corte de Cir-cuito resolvió que la Compañía demandante tenía derecho a continuar la tramitación del pleito incoado bajo la ley anterior, expresándose así:

“La regla general es, desde luego, que la derogación de un esta-tuto tiene el • efecto de borrarlo tan completamente como si nunca hubiese existido y de poner fin a todos los procedimientos instituidos bajo el mismo. 59 C. J. 1189, 1190, y casos allí citados. Pero está igualmente establecido que una ley derogatoria no debe ser interpre-tada, si otra interpretación es posible, como -aprobada con la inten-ción de afectar derechos que han sido adquiridos bajo la ley dero-gada o para requerir la desestimación ■ de acciones instituidas para hacer valer tales derechos. - (Citas).
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“No puede haber duda en cuanto a que la apelante tenía un de-recho adquirido (vested right) con respecto a las cantidades de dinero pagadas bajo protesta de acuerdo con las disposiciones del estatuto. El estado recibió y conservó esas cantidades sujetas al cumplimiento de su deber de devolverlas, si la corte resolviese que no habían sido debidamente cobradas; y, en el caso que así se re-solviese, a las reclamaciones para la devolución de los fondos se les daba preferencia sobro otras reclamaciones contra el Tesoro del es-tado. Era algo así como si el dinero estuviese en depósito con las autoridades del estado para aguardar la determinación del pleito instituido para su reintegro. La derogación del estatuto que auto-rizaba el pago bajo tales condiciones y la demanda para recobrar las cantidades así pagadas, no debe ser interpretada, de acuerdo con las autoridades arriba citadas, para destruir derechos con respecto a pagos ya hechos bajo tal estatuto, ni para desestimar pleitos insti-tuidos para recobrar el dinero, sino en el sentido de aplicar el esta-tuto prospectivamente, si tal interpretación es razonablemente posible, como creemos que lo es. Y que la intención de la legislatura fué que la ley derogatoria debería ser interpretada para aplicarse pros-pectivamente, sin afectar derechos adquiridos y acciones comenzadas bajo el estatuto derogado, se desprende del hecho de que la sección del estatuto derogado incluye una prohibición contra las concesiones de injunctions para impedir el cobro de contribuciones, así como la disposición que permite el pago bajo protesta y la demanda sobre reintegro. -La intención de la ley derogatoria fué evidentemente restablecer el derecho al remedio de injunction para el futuro, y para ■el futuro retirar el derecho al pago- con demanda para recobrar lo pagado.
“Esta interpretación del estatuto es necesaria si la violación por la legislatura de los más elementales principios de razón y justicia ha de ser evitada. La Ley de 1931 había suprimido el derecho a im-pedir mediante injunction el cobro de contribuciones consideradas como ilegales o injustas y en lugar de ese derecho había concedido, como un remedio legal adecuado, el derecho a pagar bajo protesta y a demandar para recobrar lo pagado. La supresión del derecho del contribuyente a continuar con su pleito, después de haber sido privado del derecho a proceder en equidad bajo la promesa del estado de que él tendría ese derecho, y después que el estado ha cobrado las contribuciones en controversia por virtud de tal promesa, sería tan irrazonable e injusta, que no deberíamos ni siquiera presumir que un cuerpo público, honorable como, la legislatura del estado, haya tenido la intención de que sus leyes pueden tener tai efecto. Como dijo la Corte Suprema en U.S. v. Kirby, 7 Wall. 482, 19 L. ed. 278, y citado con aprobación en Sorrells v. United States, 287 U.S. 435, 77 L. ed. 413:
‘Todas las leyes deben ser interpretadas razonablemente. Los términos generales deben ser limitados en su aplicación de manera que no conduzcan a la injusticia, la opresión o a una consecuencia absurda. Se presumirá siempre, por lo tanto, que la legislatura tuvo en mente excepciones a su lenguaje, para evitar resultados de esa naturaleza. La razón de la ley en tales casos debe prevalecer sobre su letra.’
“Ciertamente la interpretación razonable de la ley derogatoria que estamos considerando es que fue aprobada con la intención de que se aplicase prospectivamente y no a casos en que se han adqui-rido derechos con respecto a pagos hechos bajo el estatuto derogado.
“El estado puede, desde luego, retirar en cualquier momento su consentimiento para ser demandado; y el derecho a retirarlo no está afectado por la cláusula de contratos de la Constitución (Artículo 1, párr. 10), o por las limitaciones de la Enmienda 14. (Citas.) Pero la 'ey derogatoria en este caso, si fuera interpretada como pretende la parte apelada, haría más que retirar el consentimiento del estado para ser demandado. Eliminaría por completo todos los derechos de los apelantes con respecto a las sumas pagadas bajo protesta; por-que nadie pretendería, en ausencia de un estatuto, que un contribu-yente tendría derecho alguno con respecto a contribuciones ya pa-gadas. Y no habiendo ninguna disposición separada en el estatuto derogatorio que trate del remedio, el estatuto entero tendría que ser declarado inválido en cuanto a su aplicación a transacciones ocurri-das con anterioridad a su aprobación. La cuestión en cuanto a este particular ha sido claramente resuelta por la reciente decisión de la Corte Suprema en Lynch v. U.S., supra, 292 U.S. 571. 78 L. ed., 1434. Un estatuto que trata por la misma disposición do destruir al mismo tiempo un derecho y un remedio, no consigue destruir ni lo uno ni lo otro.
“Y, si el estatuto tratase meramente de abolir el remedio- de !á acción contra el estado, ello levantaría una grave cuestión constitu-cional bajo las circunstancias del presente casó. La acción contra el estado fue concedida, en lugar de un procedimiento de injunction, como medio para dar al contribuyente un debido procedimiento de ley. . Si el estado, después de obviar un procedimiento de injunction contra sus funcionarios, por haber consentido ser demandado, pudiera i’etirar ese consentimiento sin negar al contribuyente el debido pro-ceso en violación de la Enmienda Catorce, es una grave cuestión que no creemos necesario decidir en este caso.”

Llevado el caso ante la Corte Suprema Federal en soli-citud de un auto de certiorari, éste fue denegado. Véase: 298 U.S. 869, 80 L. ed. 1392.

Es imposible distinguir el caso de Duke Power Co., supra, del de autos.

La Legislatura Insular, por Ley de marzo 8 de 190G, ti-tulada “Ley para definir los injunctions y para determinar cuándo pueden librarse, etc.”, dispuso:

“No podrá otorgarse un injuntion:
“7. Para impedir la imposición o cobro de cualquier contribución establecida por las leyes de los Estados Unidos o de Puerto Rico.”

(Art. 4 de la Ley y 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. 1933).

En marzo 9 de 1911 (pág. 132) la Legislatura aprobó la ley disponiendo el pago de contribuciones bajo protesta y estableciendo el procedimiento para exigir la devolución de las mismas mediante demanda contra el Tesorero de Puerto Rico ante una corte de jurisdicción competente. Dicha ley disponía que en el caso de que la sentencia fuese en favor del contribuyente, “el Tesorero procederá a su reintegro, dando preferencia a esc pago sobre cualquier otra reclama-ción que se haya hecho al Tesorero”. La ley disponía, ade-más, que no se daría ningún otro recurso en casos de re-caudación .ilegal de contribuciones o rentas; y que en nin-gún caso- se expidiría auto alguno para impedir la recauda-ción de contribuciones o rentas* devengadas, siendo el pago bajo ’protesta y ia demanda ante los tribunales el único re-curso que podía utilizar el contribuyente. La Legislatura abolió el. remedio de equidad, el injunction, pero tuvo el cui-dado de conceder al contribuyente un remedio legal ade-cuado, como lo es el del pago bajo- protesta y la reclamación judicial, evitando así que el contribuyente pudiera alegar que se le había privado de su propiedad sin un debido pro-ceso de ley.

La Legislatura ha mantenido en vigor hasta el presente la prohibición del uso del injunction para impedir el cobro de contribuciones o arbitrios ilegalmente impuesto:'.. Y hasta agosto 14 de 1943, fecha en que comenzó a regir la Ley núm. 169 de 1943, mantuvo en todo su vigor la -jurisdicción de las cortes do distrito para conocer de las demandas interpues-tas para obtener la devolución de arbitrios pagados bajo pro-testa. Fue bajo el amparo dé esa Ley (núm. 8 de 19 de abril de 1927, enmendada por la* núm. 17 de 1941) que la West India Oil Co., P. K., acudió ante la Córte de Distrito de San Juan, después de haber pagado al Tesoro de Puerto Rico la suma que ahora reclama.

Es cierto que la Ley núm. 169 de 1943 por su sección 4 confiere jurisdicción exclusiva al Tribunal de Contribuciones para conocer de todas las acciones relacionadas con la de-volución o reembolso de toda clase de arbitrios; y que dicha ley no contiene cláusula alguna por' la cual se reserve a las cortes de distrito la jurisdicción sobre casos ante ellas pen-dientes, incoados de acuerdo con la ley anterior. Pero tam-bién es cierto que la' nueva Ley no contiene disposición al-guna, expresa o implícita, para privar a las cortes de dis-trito de jurisdicción sobre los casos ante ellas pendientes, ni para transferir la jurisdicción al Tribunal de Contribuciones. Tampoco se provee en la nueva ley otro remedio legal ade-cuado para que los demandantes en los 'casos pendientes pue-dan obtener una adjudicación de su derecho a la devolución de la suma pagada bajo protesta.

Nos encontramos, pues, ante una situación tan desfavo-rable para el contribuyente como la del caso de Duke Power Company.

La interpretación de la Ley núm. 169 de 1943 sugerida por el Tesorero apelante no sería, ni justa ni razonable. Si la aceptáramos, estaríamos privando a la corporación deman-dante de un derecho adquirido al amparo de la ley vigente en la fecha en que se hizo el pago bajo protesta, basado en la promesa del Gobierno de que en el caso de que la senten-cia fuere en su contra devolvería la suma pagada bajo pro-testa más intereses a razón del 6 por ciento anual desde la fe'éha de radicación de la demanda.

Siendo dicha Ley susceptible de una interpretación justa y razonable, ^debemos presumir, por respeto al legislador, que el estatuto no fue aprobado para ser aplicado retroac-tivamente y si tomarnos en consideración el sentir general de la humanidad en cuanto al tema de las leyes retroactivas, tendremos la mejor razón para concluir que la legislatura no tuvo la intención en este caso de establecer un precedente tan pernicioso”. Véase: Dash v. Van Kleeck, 7 Johns. (N. Y.) 477, 5 Am. Dec. 291.

Opinamos que la única interpretación justa y razonable que puede darse al estatuto es que la intención del legisla-dor fué que la sección 4 del mismo, supra, se aplicara pros-pectivamente o sea a casos originados con posterioridad a la fecha en que el estatuto comenzó a regir; y que las cor-tes de distrito conservaran su jurisdicción para conocer de y decidir los casos de reclamaciones de arbitrios pagados bajo protesta, que ante ellas estuvieren pendientes al entrar en vigor la nueva ley.

La Corte de Distrito de San Juan actuó dentro de su jurisdicción al dictar la sentencia recurrida.

El Tesorero apelante no ha impugnado la sentencia dictada por la corte inferior sobre los méritos del caso. Dicha sentencia se ajusta a lo resuelto por este Tribunal en West India Oil. Co. v. Domenech, Tesorero, 49 D.P.R. 801, John B. Harris, Inc. v. Sancho Bonet, Tesorero, 49 D.P.R. 969 y Casal v. Sancho Bonet, Tesorero, 53 D.P.R. 407.

La sentencia recurrida será confirmada.

         Ex Parte McCardle, 7 Wall. (74 U.S.) 506, 511; Railroad Co. v. Grant, 98 U.S. 398; In Re Hall, 167 U.S. 38; Birdseye v. Shaeffer et al., 37 Fed. 821; Fairchild v. United States, 91 Fed. 297; Bird v. United States, 187 U.S. 118, 120; Parr v. Colfax, 197 Fed. 302; Hallowell v. Commons, 239 U.S. 506; West ern Union Telegraph Co. v. Louisville & Nashville Railroad Co., 258 U.S. 13; Kline v. Burke Construction Co., 260 U.S. 226; U.S. v. Chambers, 291 U.S. 217, 223; Van Horne v. Hines, 122 F. 2d 207, certiorari denied 86 L. ed. 552.

         Hunt v. Jennings, 5 Blackford 195, 33 Am. Dec. 465; Zintsmaster v. Aikin, 90 N. E. 82; Schoepflin v. Calkins, 25 N. Y. S. 696; McClain v. Williams, 73 N. W. 72; Texas Mexican Ry. Co. v. Jarvis, 15 S. W. 1089; Terry v. McClung, 52 S. E. 355; Vail v. Denver, 115 P. 2d 389; Lemon v. Los Angeles Ter minal Ry. Co., 102 P.2d 387; Ex Parte Cavitt, 118 P.2d 846; People v. Lind-heimer, Collector, 21 N.E. 2d 318.

        Guerra v. Hernández Mena, 37 D.P.R. 102; Cortés et al v. Crehore et al, 24 D.P.R. 430; Pueblo v. Garzot, Jr., 24 D.P.R. 231; Portela v. Registrador, 22 D.P.R. 86; Pueblo v. Concepción, 21 D.P.R. 311.

        Twenty Per Cent Cases, 87 U. S. 179, 22 L. ed. 339; Berg v. Traeger, 210 Cal. 323; Hopkins v. Anderson, 218 Cal. 62.


author: El Juez Presidente Señob Travieso

text:
    Eliseo Berríos, sustituído por Carlos Torres, Jr., demandante y apelado, v. Moisés Colón, demandado y apelante.
    Núm. 9286.

    Sometido: Enero 24, 1946.

      Resuelto: Mayo 20, 1946.

      L. Santiago Carmona, abogado del apelante; Brown, Newsom & Córdova, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señob Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso, con fecha 12 de enero de 1945, se dictó sentencia declarando con lugar la demanda de reivin-dicación interpuesta por el demandante contra el demandado. Luego, el demandado solicitó un nuevo juicio y siéndole de-negado, con fecha 31 de' enero de 1945 interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada.

En 16 de enero de 1946 el apelado solicitó la desestima-ción de la apelación interpuesta contra la sentencia recurrida en este caso, alegando haberse infringido la Eegla núm. 59 del Eeglamento de este Tribunal, por haber transcurrido más de noventa días desde la fecha en que se radicara el escrito de apelación, sin que el apelante hubiese perfeccionado la misma con la debida diligencia.

Aparece de los autos una relación de los hechos ocurri-dos después de interpuesto el recurso de apelación, que en .síntesis, pasamos a transcribir: (1) En l9 de febrero de 1945 a petición del demandado y apelante la corte inferior ordenó se preparase la transcripción de la evidencia. (2) En 8 de febrero de 1945 el demandado y apelante solicitó mediante moción, permiso de la corte inferior para prepa-rar una exposición del caso por encontrarse ausente el ta-quígrafo Salas que tomó parte do la prueba testifical en el caso. La corte declaró sin lugar esta moción sin perjuicio que fuera reproducida de nuevo cumpliéndose con los requi-sitos exigidos por la Ley núm. Ill de 1939 (pág. 575). (3) En 27 de febrero de 1945 el demandado y apelante solicitó una prórroga de 60 días para preparar -una exposición del caso en cuanto a la prueba tomada por el taquígrafo ausente y la transcripción de la evidencia en cnanto- al otro taquí-grafo. La moción fue declarada sin lugar en 7 de marzo de 1945, pero se le concedió al demandado y apelante 60 días de prórroga a contar desde el 25 de febrero de 1945 para radicar la transcripción de la evidencia. (4) En 23 de abril de 1945, el demandado y apelante solicitó y la corte le con-cedió en 2 de mayo del mismo año, otra prórroga de -60 días más para la presentación de la transcripción de la evidencia del taquígrafo ausente. (5) Que vencida en 25 de junio de 1945 la última prórroga concedida' al demandado y apelante para la preparación de la transcripción de la evidencia, éste solicitó y la corte le concedió en igual fecha, otra prórroga adicional de 60 días para la preparación de la transcripción ■de la evidencia del taquígrafo ausente Salas. (6) Que ven-cido el término de la última prórroga para la radicación de la transcripción de la evidencia en 21 de septiembre de 1945, el demandado y apelante en 4 de octubre del mismo año ra-dicó una segunda moción de nuevo juicio ¿logando no sería posible conseguir la transcripción de la evidencia del taquí-grafo ausente Salas, contra la cual interpuso oposición el demandante y apelado. Celebrada la vista déla referida mo-ción de nuevo juicio a la cual no compareció el demandado y apelante y sí el demandante y apelado, la corte, con fecha 24 de octubre de 1945, la declaró sin Ingar. (7) En 25 de octubre de 1945 el demandado y apelante radicó otra moción de prórroga do 60 días más para radicar una exposición del caso o de ser posible una transcripción de la evidencia, la cual le filé concedida por la corte inferior en 29 de octubre del mismo año. (8) En 18 de diciembre de 1945 el deman-dado y apelante solicitó y obtuvo de la corte inferior el 19 de diciembre del mismo año una nueva prórroga de 60 días para preparar la transcripción de. la evidencia del caso, ex-poniendo que el taquígrafo Salas tomaría posesión de su cargo nuevamente dentro de breve tiempo.

A pesar de esta última prórroga que venciera el día 18 de febrero del año en curso, aún el demandado y apelante no ha perfeccionado su apelación según consta de los autos ante nuestra consideración.

Contra esta moción de desestimación, el apelante inter-puso otra, de oposición alegando, en esencia, que el expe-diente del caso elevado’ ante este Tribunal certificado por el secretario de la corte a quo y en el que so apoya el apelado para sostener su moción, no contiene todos los incidentes del caso desde que se dictó sentencia hasta el presente; que el taquígrafo Jorge Salas, ausente y prestando servicios en el Ejército de los Estados Unidos no puede o se ha negado a hacer la transcripción de la evidencia del caso; luego hace un relato do los méritos que tiene su apelación y acaba ale-gando “que necesita corregir los autos de este incidente so-bre desestimación, a los efectos de que aparezcan íntegra-mente expuestos ante el Tribunal todas las gestiones reali-zadas por este demandado para perfeccionar su derocho de apelación, y obtener el remedio correspondiente a lo que él considera erróneo y por tanto injusto’", para lo cual soli-cita que se ordene al apelado servirle copia de la certifica-ción expedida por-el secretario' antes aludido dentro del tér-mino de diez días.

Previendo una situación análoga a la presente, el legislador, al enmendar el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil por la Ley núm. 111 ele 5 de mayo de 1939, en lo pertinente al presente caso, dispuso:

“En caso de que el taquígrafo que hubiere tomado las notas du-rante el juicio falleciere, se incapacitare o se ausentare, hechos éstos que deben probarse a satisfacción del tribunal, y no fuere posible radicar la transcripción de la evidencia, el apelante, dentro de un término razonable que a esos efectos le conceda la corte, preparará una exposición en forma narrativa de la evidencia que se hubiere presentado y pliego de excepciones que deberá ser aprobada y certi-ficada por el juez que conoció y resolvió el asunto, y se enviará en forma original junto con el legajo de la sentencia, al Tribunal Supremo por el Secretario de la Corte de Distrito dentro del término de treinta (30) días a contar desde que el juez imparta su aproba-ción a dicha exposición y pliego de excepciones.”

No vemos razón alguna por la cual el apelante no haya dado cumplimiento a las disposiciones del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil según fuere enmendado por la Ley núm. Ill, supra, y especialmente después de haberle concedido la corte inferior, a petición suya, un término ra-zonable de 60 días, con fecha 29 de octubre de 1945, para que dejase perfeccionada su apelación preparando una expo-sición del caso y pliego de excepciones, o, a serle posible, la transcripción de la evidencia. El apelante hace caso omiso de esta última concesión que le hace la corte y, con fecha 18 de diciembre de 1945, vuelve a insistir en una nueva pró-rroga de 60 días más, que le es concedida, para hacer una transcripción de la evidencia. No obstante, hasta el presente no se ha perfeccionado la apelación ni existe constancia al-guna de las diligencias practicadas por el apelante para de-jarla perfeccionada. En otras palabras, el caso se encuentra en las mismas condiciones en que lo estaba en la fecha que se dictara sentencia hace más de un año.

Consideremos los fundamentos que tiene el apelante contra la desestimación de su recurso. El apelado para sostener su moción de desestimación une, como parte de la misma, aquella prueba que sostiene sus alegaciones, o sea, la prueba documental debidamente certificada y elevada ante este Tribunal por el secretario de la corte inferior para su consideración. Si fuera de esta prueba documental existe otra que la desvirtúe y sobre la cual habrá do descansar el apelante su oposición, a él incumbe, para sostener sus ale-gaciones, hacerla llegar hasta este Tribunal' para ser consi-derada en refutación a la presentada por el apelado y no esperar y pretender que éste sea quien la supla. Además, no puede llamarse a sorpresa el apelante cuando él debe te-ner en sus archivos copias de todas y cada una de las mo-ciones den prórrogas y nuevo juicio que él mismo radicara en la corte a quo, copias de todas y cada una de las oposi-ciones que se interpusieran en contra de sus pretensiones y copias de todas y cada una de las resoluciones que recaye-ran contra las mismas, pues damos por sentado que fué de-bidamente notificado de éstas. Si fuera de las constancias de los autos existen otras acreditativas de lo diligente que ha sido el apelante en la tramitación de su recurso, no ve-mos qué impedimento legal haya podido tener para no ha-cerlas llegar hasta nos, pues para ello tenía el camino expe-dito de conformidad con la ley.

No podemos entrar a considerar los méritos que tenga la apelación en este caso, ya que no se ha solicitado su desestimación por ser frívola. La única cuestión a eon-derar y resolver es si el apelante ha sido diligente en la tramitación de su recurso, independientemente de lo meri-toria que sea su apelación y de los errores en que hubiere incurrido la corte inferior al denegarle sus mociones de nuevo juicio. Un estudio detenido de todas las incidencias en este caso, según aparecen relacionadas anteriormente, nos llevan a la conclusión de que el demandado y apelante no ha sido lo debidamente diligente en la tramitación del re-curso. No existe causa que justifique su tardanza en los trámites de su apelación.

Con vista del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil según fuera enmendado por la Ley núm. Ill, supra, de la Regla núm. 59 del Reglamento de este Tribunal, y por los fundamentos antes expuestos, procede desestimar y por la presente desestimamos el recurso de apelación interpuesto en este caso.

El Juez Asociado Sr. Córdova se inhibió.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Bernabela Cruz como madre con patria potestad sobre sus hijos menores, Yenis, Oscar Emilio Cruz; y Luis, Américo, Herminio, Angel Manuel y Reinaldo Cruz, demandantes y apelantes, v. Américo Andrini, demandado y apelado.
    Núm. 9313.

    Sometido: Mayo 2, 1946.

      Resuelto: Mayo 20, 1946.

      Oscar R. Briszie, abogado de los apelantes; E. Martínez Rivera y • Luis Blanco Lugo, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los lieelios alegados en la demanda y admitidos por la moción para desestimarla por no aducir hechos constituti-vos de causa de acción, son como sigue;

El demandado Américo Andrini y Bernabela Cruz vivie-ron públicamente en concubinato durante los años 1910 a 1934, naciendo como fruto de esas relaciones los siete de-mandantes, los cuales fueron inscritos en el registro civil como hijos naturales de Bernabela. El demandado los ha tratado siempre como hijos, proveyendo para-su sosteni-miento y educación y sosteniendo relaciones de padre e hi-jos desdo su nacimiento hasta el presente, pero se ha negado a reconocerlos' como hijos naturales apara los efectos de po-der llevar además del apellido do la madre, el apellido del padre”. Piden sentencia por la que se declare que todos los demandantes son hijos naturales reconocidos de Américo Andrini y de Bernabela Cruz y se ordene la anotación del reconocimiento al margen de la inscripción del nacimiento de cada uno de los demandantes.

La alegada insuficiencia de la demanda se basa en que en la misma no se alega afirmativamente que los padres de los demandantes pudieron haber contraído matrimonio al tiempo de la concepción y nacimiento de cada uno de ellos. Sos-tiene el demandado que esa alegación es necesaria para de-terminar una causa de acción, tanto más cuanto que en la súplica de la demanda los demandantes piden qne se les declare hijos naturales reconocidos de Américo Andrini, pero sin limitar ese reconocimiento “al solo efecto de llevar el apellido de sus padres”.

La corte inferior dictó su resolución desestimando la de-manda y concediendo a los demandantes diez días para en-mendarla. Denegada la reconsideración, solicitaron los de-mandantes que se dictase sentencia sobre las alegaciones y habiendo sido dictada, los demandantes apelaron.

Como primer señalamiento se alega que la corte inferior erró al interpretar la Ley núm. 243 de mayo 12 de 1945 (pág. 815) en el sentido de que la misma es de ca-rácter prospectivo solamente.

La Ley núm. 229, aprobada en 12 de mayo de 1942-((I) pág. 1297), dispone: (1) que todos los hijos nacidos fuera de matrimonio con posterioridad a la vigencia de dicha ley serán hijos naturales, independientemente de que sus padres hubieren podido o no contraer matrimonio al tiempo en que dichos hijos fueron concebidos; y (2) que los nacidos fuera de matrimonio antes de comenzar a regir la mencionada ley “y qne no tenían la condición de hijos naturales según la legislación anterior”, podrán ser reconocidos por acción vo-luntaria de sus padres, y en defecto de éstos, por la de los herederos

Interpretando la disposición de la sección 1 de dicha Ley, en mayo 9 de 1945 resolvimos en Correa v. Sucesión Pizá, 64 D.P.R. 987, quo la misma “de.su. propia faz opera pros-pectivamente”, o sea que el único hijo adulterino que ad-quiere al nacer la condición de hijo natural es el nacido con posterioridad a la fecha en que entró en vigor la nueya ley; que de acuerdo con la sección 2 de la misma ley, el hijo adul-terino nacido antes del 12 de mayo de 1942, puede ser reco-nocido, a todos los efectos legales, por la £ s acción' volunta-ria” del padre o por la de las personas con derecho a su herencia; y que.las actuaciones de un padre, con posterio-ridad a 1942, manteniendo a un hijo- adulterino y admitiendo su paternidad, no constituyen la “acción voluntaria” del padre que requiere el estatuto para el reconocimiento del hijo adulterino, pues esa acción voluntaria dehe hacerse constar en una inscripción, en un testamento o en cualquier docu-mento público otorgado por el padre.

Tres días después de dictada nuestra decisión en Correa v. Sucesión Pizá, supra, la Legislatura aprobó, para regir in-mediatamente, la Ley número 243 de 12 de mayo de 1945, para enmendar la sección 2 de la Ley número 229 de 12 de mayo de 1942, supra, mediante la adición a la misma de un nuevo párrafo que dice así:

“En caso de que los hijos a que se refiere esta Sección no fueren reconocidos por la acción voluntaria de sus padres, y en defecto de éstos, por la de las personas con derecho a su herencia, dichos hijos se considerarán hijos naturales al solo efecto de llevar el apellido de sus padres. La acción para este reconocimiento se tramitará de acuerdo con el procedimiento que fija el Código Civil de Puerto Kico para el reconocimiento de hijos naturales;, entendiéndose, sin embargo, que tal reconocimiento solo tendrá el alcance que aquí se ex-presa. ’ (Bastardillas nuestras.)

La corte inferior resolvió que la precedente disposición es también de carácter prospectivo, “pues la enmienda sola-mente se refiere para (sie) el caso de que no siendo los hi-jos reconocidos voluntariamente por sus padres y en defecto de éstos por las personas con derecho a su herencia, enton-ces los hijos se considerarán hijos naturales al solo efecto de llevar el apellido de sus padres y no hay nada en la ley que le dé carácter retroactivo”. Resolvió, además, que la ley que regula los derechos de las partes es la que regía al momento del nacimiento de los demandantes; y que para que la demanda aduzca hechos suficientes dehe alegarse en ella la aptitud de los padres para poder contraer matrimo-nio al tiempo de la concepción como del nacimiento.

La interpretación del estatuto por la corte sentenciadora es claramente errónea. Los hijos a que se refiere la sección 2 dé la Ley, según.quedó enmendada por la Ley de 12 de mayo de 1945, son los mencionados en el primer párrafo de dicha sección 2 enmendada, o sean “los hijos nacidos fuera de matrimonio con anterioridad a .la fecha. de vigencia de esta Ley y que no tenían la condición de hijos naturales se-gún la legislación anterior”. De acuerdo, pues, con la sec-ción 2 enmendada, el hijo adulterino nacido antes del 12 de mayo de 1945 tiene derecho (1) a ser reconocido por acción voluntaria de sus padres o de los herederos de éstos; y (2) en ausencia de la acción voluntaria, a ser considerado como hijo natúral “al solo efecto de llevar el apellido de sus padres”. Las disposiciones de la sección 2 enmendada no pue-den referirse en modo alguno ni ser aplicables al hijo adul-terino nacido con posterioridad a la fecha de vigencia de la Ley de 12 de mayo de 1942, pues éste, de conformidad con lo dispuesto en la sección 1 de la misma ley, tiene desde el momento de su nacimiento la condición de hijo natural a todos los efectos legales, independientemente de que sus padres hubieren podido contraer matrimonio al tiempo de su concepción.

¿Erró la corte inferior al'resolver que la demanda es maldiciente porque en ella no se alega que el demandado y Bernahela- Cruz pudieran haberse casado en la fecha de la concepción de los demandantes?

Las fechas en que nacieron cada uno de los demandantes, según ce alegan en la demanda, son todas anteriores a la fecha en qne comenzó a regir la Ley de 12 de mayo de 1942, Se alega en la demanda qne los padres de los demandantes vivieron en concubinato desde 1910 a 1934, naciendo el primer hijo en el año 1912 y el séptimo en 1928; que el padre siempre los ha tratado y considerado como hijos; y que el padre, habiendo sido requerido para que extienda a los de-mandantes el reconocimiento de hijos naturales “para los efectos de poder llevar además del apellido de la madre el apellido del padre”, se ha negado a ello.

La demanda, a nuestro juicio, aduce hechos suficientes, Los demandantes, concebidos mientras sus padres vivían en público concubinato, no pueden tener más que una u otra de estas dos condiciones: (a) la de hijos naturales, con todos; los derechos que a éstos concede el Código Civil, ci en la fecha de su concepción sus padres eran solteros y podían haberse casado; o (b) la de hijos adulterinos, con los dere-chos que a éstos reconoce la Ley número 229 de 12 de mayo de 1942, enmendada por la número 243 de 12 de’ mayo de 1945, o sea (1) el de ser considerados como hijos naturales.», a todos los efectos legales, si nacieron después del 12 de mayo- de 1942; o (2) en defecto de un reconocimiento por acción voluntaria del padre o de sus herederos, el derecho a ser considerados como hijos naturales “al sólo efecto de llevar el apellido de sus padres”, si hubieren nacido con an-terioridad a la vigencia de la Ley de 12 de mayo do 1945.

Para reclamar el derecho a llevar el apellido del padre no es necesario alegar el estado de soltería de los padres a la fecha de la concepción. El hecho de que en la súplica de la demanda no se limite el reconocimiento que se pide al uso del apellido del padre, en nada puede afectar la cuestión sobre la suficiencia o insuficiencia de los hechos alegados en la demanda. La súplica no forma parte ds la demanda; y la corte no está obligada a dictar sentencia de acuerdo con la súplica. La Eegla 54(c) de las Eeglas de Enjuiciamiento Civil dispone qne “toda sentencia definitiva concederá el remedio a que tenga derecho la parte en cuyo, favor se dicte, aun cuando ésta no haya solicitado tal reme-dio en sus alegaciones5’. Los hechos alegados en la demanda, de ser prohados, son suficientes a nuestro juicio para justi-ficar una sentencia de reconocimiento de los demandantes como hijos naturales al solo efecto de llevar el apellido del demandado. En ausencia de una alegación y de prueba del estado de soltería de los padres al tiempo de la concepción de los hijos demandantes, una sentencia de reconocimiento como hijos naturales a todos los efectos legales no estaría justificada.

La corte inferior erró al desestimar la demanda. La <sen-tencia recurrida debe ser revocada y el caso devuelto para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

      “ Sección 1. — Serán hijos naturales todos los nacidos fuera de matrimo-nio con posterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley, independientemente de que sus padres hubieren podido o no contraer matrimonio al tiempo de la concepción de dichos hijos. Estos hijos quedarán legitimados por el subsiguiente matrimonio de sus padres entre sí.
      “Sección 2. — Los hijos nacidos fuera de matrimonio con anterioridad a la fecha de vigencia de etsa Ley y que no tenían la condición de hijos naturales según. la legislación anterior, podrán ser reconocidos por acción voluntaria de sus padres, y en defect® de éstos, por la de las personas con derecho a su he-rencia, a todos los efectos legales. Estos hijos quedarán legitimados por el sub-siguiente matrimonio de sus padres entre sí.


text:
    Regalado Miranda, demandante y apelado, v. Dalila Padró, demandada y apelante.
    Núm. 9273.

      Sometido: Abril 24, 1946.

      Resuelto: Mayo 20, 1946.

      Francisco Colón Gordiany, abogado de la apelante; Henri G. Molina, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda radicada el 17 de noviembre de 1944 se alega qne el demandante'contrajo matrimonio con la deman-dada el 5 de noviembre de 1941; qne al día siguiente, 6 de noviembre de 1941, se separó de la demandada; y qne desde •esa fecha “jamás ha vuelto a vivir con ella habiendo exis-tido desde dicha fecha y sin interrupción una separación completa de ambos cónyuges ’ \ La. demandada- contestó ne-gando que la separación entre ella y su esposo haya sido ininterrumpida y alegando en contrario que ellos siguieron “continuamente en íntimas relaciones y sosteniendo intimi-dades propias de esposos”.

La demandada apela de la sentencia declarando con lu-gar la demanda y disuelto el vínculo matrimonial. Alega, en apoyo de su recurso que la corte sentenciadora erró al apre-ciar la prueba.

La evidencia ofrecida por el demandante, a la cual dió crédito la corte inferior, es suficiente para establecer el hecho esencial de la demanda o sea-la separación de los cónyuges por un período no interrumpido do más de tres años. La ofrecida por la demandada, tendiente a sostener su alegación de que la separación había sido interrumpida, no le mereció crédito al Juez sentenciador. Era a éste a quien incumbía resolver el conflicto resultante de la evidencia, y lo resolvió haciendo constar expresamente en su relación del caso y opinión que dosde el 31 de marzo de 1941 hasta la fecha de la radicación de la demanda el demandante y la demandada no tuvieron relaciones conyugales.

Probado a satisfacción del juzgador qne los cónyuges han vivido separados jjor más de tres años, la corte a quo estaba obligada a decretar el divorcio. Artículo 96, inciso 9 del Código Civil, enmendado por la Ley núm. 62 de 1942 ((1) pág. 583). Pérez Valdivieso v. León, 52 D.P.R. 512; Núñez v. López, 62 D.P.R. 567.

La sentencia debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Betancourt, acusado y apelante.
    Núm. 11126.

    Sometido: Marzo 7, 1946.

      Resuelto: Mayo 20, 1946.

      Santos P. Amadeo j Gilberto Concepción de Gracia, abogados del apelante; IIon. Procurador General E. Campos del 2’oro, Luis Negrón Fernández, Primer Procurador General Auxiliar y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados do El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Luis Betancourt, Víctor Miranda y Vicente Salamán fue-ron acusados del delito de robo, porque “ilegal, voluntaria y maliciosamente se apoderaron criminalmente de una car-tera conteniendo la suma de $10 y otros documentos de valor, perteneciente a y de la propiedad de Nicolás Pedrosa Montañez, sustrayendo dicha cartera de la persona del re-ferido Nicolás Pedrosa, en su inmediata presencia, contra la voluntad del mismo, y por medio' dé la violencia e inti-midación”. Betancourt fnó juzgado por. separado y apela de la sentencia de seis años de presidio que le fue impuesta.

Como primer señalamiento se alega que el veredicto es contrario a derecho: (a) porque el fiscal no alegó ni probó que entre el acusado apelante y los otros dos coacusados hubiera comunidad de un propósito ilegal (community of unlawful purpose.) cuando se cometió el delito; y- (b) porque el fiscal no alegó ni probó que el uso de la fuerza por el apelante fue con el propósito de robar.

El artículo 233 del Código Penal define el delito de robo como ÍSel acto de apoderarse criminalmente de bienes mue-bles pertenecientes a otro, ya sustrayéndolos de su persona, ya en su inmediata presencia y contra su voluntad, por me_ dio de la violencia o de la intimidación”. La acusación en el presente caso se ajusta al lenguaje del estatuto y alega todos los elementos necesarios para constituir el delito de robo. El fiscal no estaba obligado a alegar ni a probar la existencia de un plan preconcebido y premeditado por y en-tre los tres acusados para cometer el robo. Lo único que estaba obligado a probar era la participación que tomara el acusado Betancourt en el acto criminal de apoderarse de la cartera y dinero de Pedrosa, sustrayéndolo de la persona de éste, en contra de su voluntad y por medio de la violencia. People v. Thomas, 113 P.2d 706, 709.

Probado el acto ilegal cometido en contra de la persona y la propiedad de Pedrosa, y conectado el acusado con la comisión del mismo, la ley presume que el acto fué realizado con intención criminal y era. al acusado a quien incumbía presentar evidencia de la cual pudiera surgir una duda razonable en cnanto a la existencia de esa intención o propósito criminal. 22 C.J.S., sección 34, pág. 92; People v. Harris, 29 Cal. 679; People v. Bushton, 80 Cal. 160, 162; People v. Boling, 83 Cal. 380, 382; People v. Ah Gee Yung, 86 Cal. 144, 147; People v. Johnson, 106 Cal. 289; People v. McGlade, 139 Cal. 66; artículo 12, Código Penal de Puerto Rico; Pueblo v. Giraud, 23 D.P.R. 531; Pueblo v. Juliá et al., 25 D.P.R. 284; Pueblo v. Brau, 27 D.P.R. 779.

Cuando, como en el caso de robo, la intención específica no. es un elemento del delito, no es necesario alegar ni probar intención específica alguna. State v. Howard, 111 So. 72, 162 La. 719.

En el segundo señalamiento se alega que el veredicto es contrario a la prueba.

La evidencia considerada en conjunto es contradictoria. Declaró Pedrosa que la noche de autos, cuando él se dirigía a su trabajo en los muelles,' al bajarse de la guagua se en-contró con los tres acusados parados en la Parada 4; que los tres acusados se le fueron detrás y uno de ellos le dió y lo achocaron; que conoce a los acusados de vista y no de nombre; que el que le dió el golpe fué Betancourt, a quien reconoce; que al recibir el golpe no supo más del mundo; que cuando despertó en los almacenes de la A.D.A. los acu-sados lo tenían en el suelo, dos sujetándolo y el otro, sacán-dole el dinero de la cartera; que cuando los otros dos lo re-gistraban, Betancourt, el acusado, lo sujetaba; que la caf-tera contenía $10 y la tarjeta de inscripción; que entre él y Betancourt no se cruzaron ningunas palabras antes de que éste le diera el golpe.

Angel Manuel Betancourt, hermano del acusado, admitió que fué el acusado el que dió el golpe a Pedrosa; y declaró que los otros dos acusados arrastraron a Pedrosa hasta un zaguán; pero, que el acusado no entró al zaguán. AI ser confrontado con su declaración anterior el testigo admitió que su hermano también había cargado a Pedrosa hasta lle-varlo al zaguán y que allí los otros dos lo registraron.

El testigo Isidro Lligas Torres declaró cjue fue el acusado el que le dió el golpe a Pedrosa; que Pedrosa cayó en la carretera; que entonces el acusado Miranda, conocido por “Contentito” le dió en el suelo “y entre los tres lo metie-ron en el ranchón”, llevándolo cargado porque estaba acho-cado; que los tres eran el “Indio” Vicente Salamán, “Con-tentito” y Olivo; que entre ésos no, estaba Betancourt.

Julio Olivo declaró que vió cuando Betancourt le dió con el puño, a Pedrosa; que éste cayó y vino “Contentito” y le cayó a patadas en el piso; que entre el acusado Betancourt y los otros dos cargaron a Pedrosa hasta el zaguán; que el acusado salió para afuera y los otros dos se quedaron regis-trándolo y entonces oyó la voz de “Contentito” que decía: “Yo tengo la cartera pero está vacía”; que Betancourt no intervino en el registro.

La declaración del acusado tendía a demostrar que él le pegó a Pedrosa porque éste le habló mal de su madre; que después que Pedrosa cayó, los otros dos acusados fueron quienes lo cargaron, lo condujeron al zaguán y allí lo regis-traron; que él no ayudó a cargar a Pedrosa ni tampoco a registrarlo.

El -jurado resolvió el conflicto dando crédito a la decla-ración de Pedrosa, corroborada por la de los demás testigos en cuanto a que el acusado tomó parte en cargar a Pedrosa hasta el sitio en donde sus dos compañeros le registraron y le quitaron el dinero. Siendo la prueba creída por el jurado suficiente para sostener la acusación, es nuestro deber res-' petar el veredicto y la sentencia.

Al contrainterrogar al acusado, el fiscal le hizo la si-guiente pregunta: “¿Aquí se usa ese sistema de pedir un cigarrillo o candela para atracar?” Se opuso la defensa, sin exponer fundamento alguno para su oposición. La corte permitió la pregunta y el acusado la contestó diciendo: “Yo 210 pedí cigarrillos.” La defensa no anotó nna excepción, no pidió la eliminación de la pregunta, ni tampoco solicitó de la corte que instruyera al jurado que no debía tomarla en «consideración. Evidentemente el abogado defensor no le dio al incidente la importancia que ahora pretende dársele en apelación.

La pregunta formulada por el fiscal estaba justificada por la prueba. El hermano del acusado declaró que cuando llegaron al sitio del suceso su hermano, el'acusado, “se dirigió donde Pedrosa y le pidió un cigarrillo y él le habló malo y mi hermano le dió un puño y el hombre se cayó”. El propio acusado declaró que le pidió candela a Pedrosa. No creemos que la pregunta pudiera causar perjuicio alguno a los derechps del acusado. El caso de El Pueblo v. Marchand Paz, 53 D.P.R. 671, presentaba una situación entera-mente distinta a la del presente. Allí el perjuicio a los de-rechos sustanciales del acusado era tan evidente, que no du-damos un momento en revocar la sentencia y ordenar un nuevo juicio.

No podemos decir que la corte sentenciadora al imponer una pena de seis años de presidio abusara de su discreción, toda vez que el delito de robo es penable con reclu-, sión en presidio por un término mínimo de nn año y máximo de veinte. Art. 240, Código Penal.

La sentencia recurrida debe ser '•confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel de Jesús Ortiz, acusado y apelante.
    Núm. 11413.

    Sometido: Mayo 9, 1946.

      Resuelto: Mayo 20, 1946.

      Rafael A. González, abogado del apelante; Hon. Procurador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Procurador General Auxiliar, y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de la Corte de Distrito de Bayamón formuló dos acusaciones contra el aquí apelante, nna por homicidio' voluntario y la otra por el delito -de portar armas, siendo' radicadas ambas el día 8 de junio de 1944. Al serle leídas ambas acusaciones en julio 24 de 1944, el acusado solicitó que se vieran conjuntamente. En septiembre 11 de 1944 el acusado dirigió a la corte una carta en la que solicitaba se ordenase la celebración del juicio de homicidio voluntario. La corte no tomó acción alguna en cnanto a dicha solicitud.

La vista de ambos casos fué señalada para el día 13 de febrero de 1948. Con anterioridad a esa fecha el acusado radicó mociones solicitando el archivo y sobreseimiento de uno y -otro caso. La corte declaró sin lugar la moción en cuanto al caso de portar armas, procediendo on seguida la celebración del juicio condenando al acusado a la pena de tres meses de cárcel. No estuvo conforme el acusado y apeló para ante esta Corte Suprema.

En el primer señalamiento el apelante alega que la corte inferior cometió error al no ordenar el archivo y sobreseí-miento después de haber transcurrido cerca de dos años desde la fecha de la lectura de la acusación hasta la cele-bración del juicio.

De las minutas de la corte, correspondientes al día en que fueron leídas ambas acusaciones, apareee lo siguiente:

“En el homicidio voluntario solicitó juicio por jurado y en el de portar armas solicitó que se viera conjuntamente con el felony renun-ciando a la prescripción y al juicio rápido.”

La corte inferior, al declarar sin lugar la moción de ar-chivo y sobreseimiento del caso de portar armas, se expresó así:

“La Corte: La Corte entiende, oída esa minuta, que un acusado no puede mover la discreción de ningún tribunal para,la obtención de un privilegio, para después venir a alegar ante ese' mismo tribunal que ese privilegio tenía ciertas limitaciones. La Corte tenía derecho a ver el juicio inmediatamente, el misdemeanor, y el acusado no lo quiso así: quiso que se viera conjuntamente con el caso felony. La Corte comprende cuál es la situación de los acusados en todos estos casos en que tienen pendientes un caso felony y uno misdemeanor; a ellos les conviene ver el caso misdemeanor, o sea el caso de portar armas y el caso felony conjuntamente, de manera que el jurado que se sienta allí no pueda saber nunca que un juez lo declaró al acusado culpable de portar armas. Y de ese modo, mueve a la corte el acusado pidiéndole que se vean conjuntamente ambos casos, o sea no ver el caso de portar armas hasta tanto no se vea el juicio del caso felony. A cambio de eso, el acusado le dice al tribunal £yo voy a renunciar juicio rápido1, y la Corte accede a su petición. Ahora bien, pasa el tiempo, y el acusado pide que se vea como en este caso el juicio del felony, pero no se ve el caso felony hasta transcurrido algún tiempo. ¿Desde junio de 1944 hasta ese momento, hasta hoy, cuánto tiempo ha transcurrido? Un año, siete meses, cerca de dos años. ¿Entonces, qué pasa? Que a petición del acusado, por no ha-berse visto dentro de los 120 días el caso felony, se archiva. Y ahora el acusado pide que se archive también el misdemeanor porque no se vió dentro de los 120 días.
“La corte entiende que la renuncia que hizo el acusado es una renuncia que no tiene límites: es una renuncia que ha hecho a juicio rápido, que lo obliga a él en cualquier momento; que la corte descan-sando en esa renuncia que lia liecho el acusado no le ha señalado el caso.”

No estamos de acuerdo con el razonamiento de la corte inferior. La renuncia que hizo el acusado a un juicio rápido en el caso de portar armas llevaba implícita la condición de que la vista de dicho caso se celebraría conjuntamente con la del caso principal. El acusado tenía derecho a esperar y presumir que la vista del caso de felony se celebraría den-tro del término estatutario' de 120 días o tan pronto como fuere posible, en caso de que hubiese causa justificada para la dilación. El acusado convino en que la causa por portar armas esperase hasta que El Pueblo estuviese en condicio-nes de .celebrar la vista del caso de felony; pero no se com-prometió a esperar, sin limitación alguna de tiempo, a que el caso de portar armas se viese cuando mejor conviniera al fiscal. El acusado no solamente no retardó u obstaculizó en modo alguno la celebración del juicio en el caso de felony, si que hizo gestiones para acelerar la vista del caso. El fiscal no ofreció excusa o razón alguna por la cual no fuera posible celebrar el juicio en el caso de felony dentro del tér-mino de 120 días.

La corte inferior erró al declarar sin lugar la moción de archivo y sobreseimiento y al condenar al acusado.

La sentencia debe ser revocada y absuelto el acusado.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Sánchez Morales, acusado y apelante.
    Núm. 11350.

    Sometido: Mayo 1, 1946.

      Resuelto: Mayo 20, 1946.

      Santos P. Amadeo y Gilberto Concepción de Gracia,, abogados del apelante; ílon. Procurador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Procurador GeU:ral Auxiliar, y J. Co-rrea Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado en unión de Celestino Santiago, de un delito de falsificación, consistente en que ilegal, volun-taria, maliciosa y criminalmente, y con intención de defrau-dar a los señores Frank Rodríguez y Ramón N. Alicea, imi-taron y falsificaron un cheque que lee así: “No. 85, San Juan, P. R. Oct. 14, 1944 — Banco Popular de Puerto Rico, San Juan, P. B. — Páguese a la orden de Celestino Santiago, $25.00 — Ramón N. Alicea”. Se alega, además, en la acusa-ción que la firma de Alicea no es auténtica y sí imitada y falsificada por los acusados, quienes pasaron el cheque como genuino en la tienda de Prank Rodríguez, recibiendo a cam-bio del mismo dinero en efectivo y mercancías por valor de $25. El apelante fué juzgado separadamente, declarado culpable por el jurado y condenado a la pena de un año de presidio.

Como único señalamiento se alega que la corte senten-ciadora erró al declarar sin lugar la moción para la abso-lución perentoria del acusado, la cual se basó en la alega-ción de que la declaración del cómplice Celestino Santiago, testigo principal del fiscal, no había sido suficientemente co-rroborada, según lo requiere el artículo 253 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que dispone lo siguiente:

"Artículo 253. — No procede la convicción por declaración de un cómplice, a no ¡sor quo ésta sea confirmada por alguna otra prueba que, por sí misma y sin la ayuda dol testimonio del cómplice, tienda a demostrar la relación del acusado con la comisión del delito; no siendo suficiente dicha corroboración si sólo prueba la perpetración del delito o las circunstancias del mismo.”

El coacusado Celestino Santiago declaró, en sín-tesis, que para, esos días 61 estaba empezando a conocer al acusado Sánchez; que al encontrarse con Sánchez en la calle, éste lo dijo que tenía una hoja de cheque en blanco y le pidió que llenara el cheque; que 61 lo llenó escribiendo lo •que Sánchez le dictó y por orden de Sánchez lo endosó con su nombre; que entonces Sánchez cogió el cheque y lo dijo: “Vente” y entraron juntos a una tienda en la calle Alien, esquina San Justo, y allí Sánchez le entregó el cheque a un dependiente;' que Sánchez compró allí dos camisas y le dió una de ellas y 9 en billetes do los que le dieron de vuelta cuando pagó con el cheque; que Sánchez le dió.la camisa y el dinero a la salida de la tienda.

Veamos ahora ¡.i la corte inferior estuvo justificada al negarse a absolver perentoriamente al acusado, dejando a la determinación del jurado la suficiencia de la evidencia co-rroborativa aducida por el fiscal.

Declaró Ramón Font, dependiente de la tienda de Frank Rodríguez: Recuerda haber visto al acusado acompañado de Celestino Santiago, en la tienda, el día de autos; que com-praron dos camisas y pagaron con un cheque por $25 fir-mado por Ramón N. Alicea, que es el mismo que se le ex-hibe; que Sánchez fue quien le hizo la compra, llevó el che-que y lo entregó al declarante; que él le preguntó a Sánchez por la firma y “me dijo que era de Ramón N. Alicea y lo llevé donde Frank Rodríguez y allí le dijo que era una tran-sacción que había hecho con Alicea, una compra que había hecho”; que después de cobrar las camisas le dió la dife-rencia al acusado Sánchez y éste en su presencia le dió una .cantidad a Santiago.

Frank Rodríguez, dueño del establecimiento, después , de identificar el cheque, declaró: que después que Sánchez y Santiago compraron las camisas, el dependiente le trajo el cheque y le dijo que el cheque era de una transacción de carne con Nieves Alicea; que él le dijo al dependiente, que estaba -bien; que en ese momento Sánchez y Santiago,' a quienes reconoce, estaban al lado de la caja; que el cheque no pudo ser cobrado.

Ramón Nieves Alicea, después de examinar el cheque, de-claró : que la firma que aparece en el cheque no es la suya; que nunca ha expedido cheque alguno a favor de Celestino Santiago; que tuvo- conocimiento de este cheque cuando fué llamado por el Banco y él negó haberlo expedido; que hace como ocho años él acostumbraba firmar Ramón N. Alicea, pero que con motivo de otro inconveniente como éste cambió a Ramón Nieves Alicea completo; que no conoce a ninguno de los dos acusados.

No encontramos razón alguna que pueda justificar nues-tra' intervención con el veredicto del jurado. La participa-ción activa que tomó el acusado Sánchez en la negociación del cheque preparado por su cómplice, de acuerdo con sus instrucciones; la distribución' hecha por él de la mercancía que se vió obligado a. comprar para poder cambiar el che-que y de los fondos sobrantes; y, especialmente, el falso in-forme dado por él al dependiente, de que el cheque procedía de una transacción que había hecho con Alicea, quien declaró no le conocía, son a nuestro juicio, hechos más que suficien-tes para llevar al ánimo del jurado la convicción, fuera de toda duda razonable, de que el cómplice Celestino Santiago declaró la verdad y de que su testimonio fue plenamente co-rroborado. Véanse: El Pueblo v. Márquez, 64 D.P.R. 371, 378; El Pueblo v. Rigual, 52 D.P.R. 92; Pueblo v. Marrero (a) Moncho, 41 D.P.R. 951, 965; People v. King, 104 P.2d 521; People v. Wilson, 153 P.2d 721.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Enrique Guadalupe Guadalupe, por sí, y Pedro, Rosendo, Juana, Emiliano, Gregorio y Román Guadalupe Guadalupe, menores representados por su Defensor Judicial, Cirilo Guadalupe, demandantes y apelantes, v. Joaquín L. Rodríguez y su esposa Sofía Bermúdez, demandados y apelados.
    Núm. 9281.

    Sometido: Marzo 6, 1946.

      Resuelto: Mayo 20, 1946.

      R. Arjona Siaca, abogado de los apelantes; Rafael A. Arroyo Ríos, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes instaron esta acción reivindieatoria contra los apelados para.recobrar la propiedad y posesión de cierta finca rústica que describen en la demanda. Alegaron que eran dueños de esta finca a título de herencia de sus padres y que ni éstos ni los apelantes jamás la habían enajenado. Declamaron, además, los frutos producidos o debidos pro-ducir. No consta la fecha en que se presentó la demanda original, pero la enmendada lo fué el 24 de mayo de 1941.

La evidencia de los apelantes tendió a probar su título sobre la finca y que la habían iCoseído los apelados hasta el mes de marzo o abril de 1942, en que fue expropiada por el Gobierno de los Estados Unidos, el cual la posee desde esa fecha.

La corte inferior declaró con lugar la moción de nonsuit presentada por los apelados y dictó sentencia desestimando la demanda por el único fundamento de que los apelados no se hallaban entonces en posesión de la finca. La cuestión a resolver en este recurso es si erró la corte inferior al de-clarar con lugar la moción de nonsuit y desestimar la de-manda.

Aceptando como cierta la evidencia de los apelantes a los efectos de la moción de nonsuit, precisa concluir que los apelados perjudicaron los derechos de los apelantes al apropiarse de su finca y de los frutos por ella producidos hasta que fué expropiada. Es verdad que la acción reivindicatoría propiamente dicha no puede prosperar cuando el demandante no prueba que el inmueble objeto del pleito se halla en posesión del demandado. ¿ Pero acaso están los apelantes desprovistos de un remedio por el hecho de que la finca hubiere salido de la posesión de los apelados durante la pendencia del pleito? El art. 284 del Código de Enjuiciamiento Civil invocado por los apelantes es decisivo. Dicho precepto legal dispone:

“En un pleito para reivindicar propiedad real, si el demandante prueba que tenía derecho a la reivindicación al tiempo de interponer su demanda, pero resultare luego que su derecho se extinguió durante el curso del pleito, el veredicto y la sentencia deben ser acordes cora los hechos y el demandante podrá obtener indemnización de perjui-cios por la retención de la propiedad.”

La evidencia de los apelantes no deja duda de que aS tiempo de radicar el pleito, tenían ellos derecho • a la reivin-dicación y que este derecho expiró cuando con motivo de la expropiación, ipso facto la acción reivindicatoría dejó de-subsistir. Siendo ello así, surgió desde ere instante, a tenor del citado precepto legal, el derecho de los apelantes a ob-tener indemnización de los perjuicios por la retención de la propiedad, o sea el valor de la finca más el de los frutos que produjo o debió producir, si es que se probaron, desde que se incautaron de ella los apelados hasta que cesaron en su posesión. Concedemos que los apelantes no-solicitaron ese remedio, pero conformo prescribe la Niím. 54(c) de las Re~ glas de Enjuiciamiento Civil, “toda sentencia definitiva [que no haya sido dictada en rebeldía] concederá el remedio a que tenga derecho la parte en cuyo favor se dicte, aun cuando ésta no haya solicitado tal remedio de sus alegaciones”.

Procede, por lo expuesto, revocar.la sentencia apelada y conforme solicitan los apelantes devolver el oaso a la corte inferior para la continuación del juicio:


text:
    Julián Agapito, Martín conocido por Juan, Cesáreo, Natalio, Carmelo, Alfonsa María, Pablo y Marina Lind y Antuna, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 1186.

    Sometido: Mayo 1, 1946.

      Resuelto: Mayo 20, 1946.

      Domínguez & Domínguez, abogados de los recurrentes; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura de 11 de agosto de 1902 Dionisio Lind, ma-nifestando ser casado, pero sin que se expresase el nombre de su cónyuge, adquirió cierta finca rústica por compra a Nepomuceno Ortiz. El 23 de septiembre de 1904 Lind con-trajo matrimonio con Juana Antuna y habiendo fallecido ambos cónyuges, la Corte de Distrito de Guayama, por re-solución de -28 de enero de 1946, declaró a los ocho hijos del matrimonio únicos y universales herederos de sus padres. Presentada la declaratoria de herederos al Registro de la Propiedad de Gnayama interesando que se inscribiese una mitad indivisa de la citada finca a favor de los hijos por he-reacia de su padre y la otra mitad a favor de los mismos por herencia de su madre Juana Antuna, el Registrador de-negó la inscripción por los fundamentos expuestos en la si-guiente nota que en 1o- pertinente dice:

“Denegada la inscripción del documento que precede .... en cuanto a una finca rústica de 5 cuerdas en el barrio Matón de Patillas que en dicho escrito se describe, por observarse, que la finca en este caso la adquirió el causante Dionisio Lind en estado de casado, sin expresarse el nombre de la esposa, el once de agosto de mil nove-cientos dos, por lo que dicha finca resulta inscrita a favor de una sociedad de gananciales no liquidada, distinta a la que formalizara el referido Dionisio Lind con Juana Antuna el veinte y tres de sep-tiembi’e de 1904 en que contrajeron matrimonio ...”

Los recurrentes solicitan la revocación de la nota fun-dándose en que en el auto de declaratoria de herederos la corte hizo constar-que Dionisio Lind y Juana Antuna, con anterioridad al 23 de septiembre de 1904 fecha en que con-trajeron matrimonio, vivieron en concubinato y procrearon cinco de los ocho hijos que fueron declarados herederos de sus padres

Si en efecto Lind era soltero cuando adquirió la finca, ésta le pertenecía privativamente en su totalidad, pues de conformidad con el art. 1296 del Código Civil, la sociedad de gananciales empieza precisamente el día de la celebración del matrimonio. Siendo ello así, la señora Antuna no tenía participación alguna en la finca y consecuentemente no podía ser inscrita la mitad proindivisa de la misma a favor de sus hijos como herederos de ella.

El abogado de los recurrentes insiste en que la . nota del Registrador es errónea en cuanto asegura que la finca resulta inscrita a nombre de una sociedad de ganan-ciales distinta de la formalizada por Dionisio Lind con Juana Antuna. A nuestro juicio el Registrador está acertado. [2] El hecho de que Juana Antuna viviera en concubinato con Lind en la fecha en que éste adquirió la finca, no es incompatible con la hipótesis de que estuviese casado con otra mujer. Es verdad que la corte declaró en el auto de decla-ratoria de herederos que los primeros cinco hijos de Lind y Juana Antuna nacidos durante el concubinato quedaron le-gitimados por el subsiguiente matrimonio celebrado el 23 de septiembre de 1904. Esta circunstancia podría dar lugar a la inferencia de que cuando nacieron dichos cinco hijos Lind era soltero. Pero, aparte de que [3] la seguridad del llegistro de la Propiedad requiere que sus operaciones no estén basadas en meras especulaciones o inferencias, [4] no era dentro del procedimiento ex parte do la declaratoria de herederos donde podía determinarse si Dionisio Lind era o no soltero cuando adquirió la finca, habida cuenta que del Registro constaba que para esa fecha era casado. Si en efecto era casado- en esa fecha los derechos de su entonces cónyuge, o de los herederos de ésta, no pueden ser perju-dicados sin darles una oportunidad de ser oídos. Slientras una providencia judicial válida no declare taxativamente que Lind era soltero en 1902, tenemos que convenir con 'el Re-gistrador que la finca resulta inscrita a nombre de una so-ciedad de gananciales que no ha sido liquidada.

Procede confirmar la nota recurrida.

       Do conformidad con la legislación vigente hasta 1940 los hijos adulterinos no quedaban legitimados por el subsiguiente matrimonio do sus padres, art. 119 del Código Civil.