author: El Juez Asociado Sr. Aldrey, juez asociado se. macleaet.

text:
    El Pueblo, Apelante, v. Ruiz alias Mora, Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 461.
    Resuelto en febrero 10, 1913.
    Derecho Penal — Jurisdicción—Inconstitucionalidad de una Let. — La ineons-titueionalidad de una ley no constituye falta de jurisdicción, sino de que el hecho imputado no es legalmente penable.
    Id. — Desertor de Presidio — Sitio Donde Ocurre. — Jurisdicción—La jurisdic-ción para conocer del delito de deserción de un presidiario prevista en el artículo 152 del Código Penal, corresponde a la corte de distrito del distrito en donde ocurre la fuga y nó a la corte que condenó al desertor.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E.'Foote, Fiscal.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de la Corte de Distrito de Ponce presentó en ella una acusación contra Angel Euiz alias Mora, imputándole que el día 18 de marzo de 1912,- en momentos en que trabajaba como confinado del presidio en los trabajos de la carretera de Bareeloneta en el Distrito Judicial de Arecibo, maliciosa e ilegalmente desertó de dichos trabajos, alegando que al veri-ficar la fuga se hallaba legalmente encarcelado en la Peniten-ciaría de San Juan, P. R., y accidentalmente en la carretera de Bareeloneta, en virtud de sentencia dictada en 31 de octu-bre de 1891 por la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, en causa que se siguiera por robo y por la que fue con-denado a la pena de cuatro años, seis meses y nn día de presidio.

Al presentarse por el Fiscal esa acusación solicitó de‘la corte que se expidiera por el secretario nn mandamiento de arresto contra el acusado para que respondiera del cargo que se le formulaba, y dicha corte por resolución de 2 de julio de 1912 denegó el mandamiento de arresto del acusado y de-cretó el sobreseimiento, de la causa, por estimar que no tiene jurisdicción para conocer del delito que se imputa en la acusa-ción, por los siguientes fundamentos: (a) que el delito, según resulta de la misma acusación, no se cometió dentro de la jurisdicción de la corte; y (5) que no hay precepto alguno legal, que sea válido y eficaz que establezca sanción penal por la comisión de dicho delito. Para explicar su resolución, el juez de la corte escribió una extensa opinión.

Esa resolución fue apelada para ante nosotros por el Honorable Fiscal de la corte inferior y sostenida aquí por el de esta Corte Suprema, quien, tanto en su informe escrito como en el oral trató extensamente la cuestión de constitucionalidad de la ley, y, después de alegar solamente que la Corte de Dis-trito de Ponce tiene jurisdicción para conocer del delito acu-sado, porque ella fué la que dictó la sentencia original contra Angel Buiz alias Mora, concluyó pidiendo la revocación de la resolución apelada.

Aun cuando el juez de la corte inferior sostiene que no tiene jurisdicción para conocer del presente caso, como segunda razón, por la inconstitucionalidad de la ley, este fundamento no es en realidad constitutivo de falta de jurisdicción, sino de que el hecho acusado no es legalmente penable. Por consi-guiente, las dos razones o fundamentos que tiene el juez para sostener que carece de jurisdicción, son dos cuestiones dis-tintas e independientes: una, que el delito no se cometió den-tro de la jurisdicción territorial; y la otra,, que aunque hubiera sido realizado dentro de su demarcación el hecho imputado no es penable.

Aclarado esto, la primera cuestión que surge y que debe resolverse es si en realidad la Corte de Distrito de Ponce tiene jurisdicción para conocer del delito imputado al acusado, cuando la evasión que se pretende castigar fué realizada en Barceloneta, que corresponde al Distrito Judicial de Arecibo.

El artículo 152 del Código Penal que prevee y castiga la fuga de una persona de la prisión donde estuviere cumpliendo condena, dispone que será castigada por orden sumaria del tribunal competente; y en vista d(e los términos de la ley se sostiene por el apelante que tal tribunal es el que dictó la sentencia quebrantada.

Nada encontramos en la ley ni en el alegato del apelante que sostenga esa tesis y por el contrario el artículo 8 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal determina que la jurisdic-ción correspondiente a los delitos radica en la corte de dis-trito del respectivo distrito judicial dentro del cual se come-tieren. El artículo 82 del mismo texto, en sus apartados Io. y 4o. establece que la acusación es suficiente si de ella se deduce que lia sido presentada ante un tribunal que tenga auto-ridad para recibirla y que el delito fué cometido en un lugar comprendido dentro de la jurisdicción del tribunal, excepto cuando el hecho, aunque haya sido realizado fuera del tér-mino jurisdiccional de la corte, puede ser juzgado dentro de él. Así pues, la regia general es que todo delito debe ser juzgado en el distrito en que se cometiere, y la excepción es cuando la ley confiere expresamente jurisdicción a una corte para conocer de delitos cometidos fuera de su territorio; y como el presente caso no figura en ninguno de los de exención taxativamente mencionados por la ley, ha de regirse por la regia general consignada en el artículo 8 citado y por consi-guiente, habiendo sido realizado el acto imputado como delito en la carretera de Barceloneta, que no está dentro de la de-marcación de la Corte de Distrito de Ponce, carece ésta de jurisdicción para conocer del delito imputado a Angel Buiz alias Mora.

No teniendo, pues, jurisdicción la corte ante la cual se. .presentó la acusación, es ocioso qne consideremos el segundo* fundamento en que se apoyó el juez de la corte inferior al dic-tar su resolución apelada., el que hubiera sido procedente tratar en el caso contrario y sin que pueda entenderse que nuestra abstención de considerarlo ahora implique asenti-miento o discordancia con el parecer del juez en ese particular.

Por el fundamento expresado en esta opinión la resolu-ción apelada debe ser confirmada.

G onfirmacla.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary firmó haciendo constar estar conforme con la sentencia solamente.

opinión con CURRE ítte del

juez asociado se. macleaet.

Estando conforme, como lo estoy, con que la resolución dictada por la corte sentenciadora en este caso sea confir-mada, aunque no estoy de acuerdo con la forma en que las cuestiones envueltas en el presente caso han sido consideradas en la opinión de la corte, me veo obligado a formular un voto concurrente para expresar en él mis propias consideraciones.

El día 21 de julio último el juez de distrito de la Corte de Distrito de Ponce dictó en este caso la siguiente resolución:

“Por las razones expresadas en la opinión emitida separadamente en este caso, qne se hace parte de esta resolución, la corte deniega el mandamiento de arresto que se solicita, y decreta el sobreseimiento de esta causa con las costas de oficio'

Contra esta resolución el Fiscal de la corte de distrito interpuso apelación, la cual está ahora sometida a nuestra consideración para su resolución. v.

En la acusación por virtud de la cual se trató de arrestan al acpsado, se alegaron en sustancia los siguientes - hechos: que Angel Ruiz alias Mora, había cometido un delito grave (felony) porque el día 18 de marzo del corriente año, el acu-sado, en momentos en que trabajaba como confinado del pre-sidio en los trabajos de 'la carretera de Barceloneta del Dis-trito Judicial de Arecibo, maliciosa e ilegalmente desertó de dichos trabajos; que dicho acusado al verificar la fuga'se hallaba sufriendo un término legal de prisión en el presidio de San Juan, Puerto Rico, y estaba accidentalmente en la carretera de Barceloneta trabajando en los caminos públicos.

El apelado no compareció ante este Tribunal Supremo ni se presentó alegato alguno a su favor. Probablemente confía en que se confirme la sentencia por virtud de la opinión emi-tida por el juez de distrito y en la que se fundó la resolución que se dictó a su favor. El Fiscal ha presentado un minucioso informe o alegato, habiendo también argumentado el caso oralmente en el acto de la vista que tuvo lugar el día 30 de octubre últipao. La resolución del juoz de distrito, según apa-rece de su opinión, se fundó en dos cuestiones: Primera. Que el delito según resulta de la misma acusación no se cometió •dentro de la jurisdicción territorial de la corte inferior, y [Segunda. Que no hay precepto legal alguno o principio que ¡sea válido y eficaz en la actualidad, que establezca sanción penal por la comisión del delito imputado en la acusación. El ;juez sentenciador hizo un estudio extenso y detenido de estas (los cuestiones en una opinión voluminosa contenida en los autos, resolviendo que ambas favorecían al acusado. El Fiscal de esta corte aunque de paso hace alguna referencia a la primera cuestión, sólo ha argumentado la segunda ante este tribunal, que envuelve la constitucionalidad del artículo 152 del Código Penal que se alega está en conflicto con la enmienda catorce de la Constitución de los Estados Unidos, porque niega al acusado la protección de las leyes que es igual para todos. El Fiscal no hace mucha referencia en su alegato a la cuestión de jurisdicción territorial que fue la primera que se presentó en - la opinión del juez sentenciador.

Se ha dicho que es innecesario en el presente caso consi-derar la cuestión constitucional a la cual lia prestado tanta atención la corte sentenciadora, y que bajo otras circunstan-cias que no aparecen claramente in dicadas, dicha discusión hubiera sido pertinente. Ciertamente que no es mi ánimo em-prender una tarea inútil u ocuparme en una discusión imper-tinente. Pero no considero'que tales sean los deberes de las cortes de apelación. Incumbe a éstas el corregir los errores en que hayan incurrido las cortes inferiores, ya por la prisa en la celebración del juicio o por otras circunstancias. Según mi humilde criterio, es impropio para una corte de último recurso el eludir la consideración y resolución de cualquiera cuestión importante que haya sido debidamente presentada en los autos y que surja propiamente de la ley y los hechos del caso tal como fue juzgado en la corte inferior. Los autos, según se formaron en la corte inferior, han sido presentados a la serena consideración de la córte de apelación; y el abo-gado versado en la ley, después de un estudio cuidadoso, discute las cuestiones envueltas y hace citas de autoridades en apoyo de sus argumentos, solicitando la resolución de cada una de las cuestiones, no solamente con el fin de guiar a la corte inferior en el desenvolvimiento sucesivo del caso que le ha sido sometido, sino también para que la opinión de la corte-superior pueda tenerse presente en la determinación de otros casos semejantes que puedan surgir en lo sucesivo. No sola-mente se deberá prestar debida consideración a las opiniones y discusiones de la corte sentenciadora, sino también las de los abogados que postulan ante ellas, y no deberá prescindirse de ellas por ser consideradas como impertinentes. Las cortes de último recurso son algo más que máquinas automáticas destinadas a producir sentencias con respecto a casos que han sido aglomerados de cualquier modo en el receptáculo de sus calendarios. He creído conveniente discutir las cuestiones planteadas en los autos que han sido presentadas en este caso, ipor el orden de su importancia; si bien la última cuestión que ha sido discutida es aquella en la que se ha fundado la sen7 jtencia. En un caso muy parecido, el Juez Presidente Sr. Marshall, siguió igual plan. En la contienda famosa de Marbury v. Madison, 5 U. S. (1 Cranch), 154, él presenta una discusión en la forma siguiente:

“Según el orden que ha tenido presente la corte con respecto a esta materia, las siguientes cuestiones han sido consideradas y re-sueltas: Primera. ¿Tiene el solicitante el derecho al nombramiento que reclama? Segunda. Si tiene derecho y el mismo ha sido infrin-gido, ¿ le proporcionan algún remedio las leyes de su país ? Tercera. Si le proporcionan un remedio, ¿es éste un mandamus que proceda de este tribunal?”

Se ha visto que el caso envuelve la cuestión de la expedición de un mandamus por la Corte Suprema de los Estados Unidos. La corte resolvió que habiendo sido nombrado Marbury juez de paz del Distrito de Columbia, tenía derecho a un nombramiento como tal, y que, teniendo dicho derecho, las leyes del país le proporcionaban un remedio; y que un auto' de mandamus podía propiamente ser expedido contra el Secre-tario de Estado para obligarle a entregar el nombramiento; pero que la ley del Congreso por la que se trataba de conferir' jurisdicción original a la Corte Suprema en tales casos era. inconstitucional; y finalmente que la Corte Suprema no tenía j'urisdicción del caso. La muy notable discusión sustentada por el más distinguido abogado que jamás ha adornado aquel más alto tribunal podría ser considerada por algunos como “ociosa e impertinente”; pero tal no es el criterio adoptado' por la mayor parte de los abogados americanos y las cente-nares de cortes del Continente, que por los últimos ciento diez años han citado con aprobación esa luminosa opinión adoptándola en cientos y quizás miles de casos. Puede ser que' mi criterio sea incorrecto, pero estoy satisfecho en equivo-carme con el juez Marshall, más bien que estar de acuerdo con aquellos que consideran como anticuada y que no merece con-sideración su modo de tratar las cuestiones legales.

Estas cuestiones serán consideradas según el orden de su importancia: Primera. La relativa a la constitucionalidad del estatuto, y segunda, la cuestión de jurisdicción territorial.

El juez de la corte de distrito declara que el artículo 152 de nuestro Código Penal está en conflicto con la Constitución de los Estados Unidos por no asegurar al acusado la protec-ción de la ley que es igual para todos. Es conveniente que se tenga presente que las cortes, y hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por lo general son muy refractarias a declarar que una disposición legislativa es inconstitucional y por consiguiente nula y sin ningún valor; sin embargo, cuando el caso se presenta en debida forma y surge la cuestión con respecto a la significación de la ley que rige al caso pen-diente, cualquier contradicción o conflicto irreconciliable entre la Constitución de los Estados Unidos o la constitución de un Estado o la ley orgánica de un Territorio, y una ley decretada por la legislatura, deberá resolverse dando efecto a los prin-cipios que establecen que la constitución de un Estado es superior a un estatuto del mismo Estado y que la Constitución de los Estados Unidos y las leyes del Congreso aprobadas de conformidad con la misma constituyen la ley suprema del país, y todos los jueces están obligados por ella, no obstante cualquier disposición contenida en la constitución de un Es-tado o en cualquiera disposición legislativa de un Estado en sentido contrario. Constitución de los Estados Unidos, Art. VI, Sec. 2. Evidentemente que es innecesario expresar que cualquier estatuto de Puerto Pico que esté en conflicto con la constitución americana o la ley orgánica no puede ser decla-rado válido.

Muchos suponen que las cortes por iniciativa propia asu-men la obligación de declarar nulas las leyes de la legislatura, alegando solamente como razón para ello que son inconstitu-cionales. En realidad las cortes no proceden así; pero todas las cortes deben, al resolver cualquier caso pendiente, estar convencidas primeramente de cual es la ley que rige a dicho caso, y todas las cortes y jueces prestan juramento de obede-cer la Constitución de los Estados Unidos y la constitución de los diferentes Estados, debiendo por tanto dar efecto a las leyes según aparecen redactadas, ya hayan sido éstas aproba-das por el pueblo en sn capacidad soberana o por la legislatura debidamente elegida por el mismo. Cuando resulta que dos estatutos o leyes escritas ya sean constitucionales o estatuta-rias, están en conflicto, no pueden ambas a la vez ser la ley y desde luego la superior debe prevalecer a la inferior. Por tanto, cuando la Constitución de los Estados Unidos resulta claramente infringida por una ley de la legislatura de un Es-tado o Territorio, la última es nula ipso facto y de ningún valor. Esto no sucede así porque la corte la declare nula, sino que es simplemente considerada así debido a la incompatibili-dad que existe entre la misma y la ley que es superior y a la cual está subordinada''. Toda esta cuestión ha sido hábilmente considerada y resuelta de una vez en el caso de Marbury v. Madison, a que se ha hecho referencia anteriormente en esta discusión.

Pero generalmente las cortes sentenciadoras deben mos-trarse más refractarias que las otras cortes en declarar una ley incompatible con la Constitución, o como decimos general-mente, inconstitucional. Resulta algo extraño que cualquiera corte en la celebración de un caso que parece estar fuera de su jurisdicción territorial, se extralimite en sus facultades para anular un estatuto en el que se define el delito que se imputa al acusado en el juicio y declararlo en conflicto con la Constitución. ■ Alguna excusa puede presentarse por el hecho de declarar de tal modo válida una ley que ha sido combatida por ser contraria a la ley orgánica de la nación o del territorio. La legislatura tiene la misma obligación que las cortes de obedecer la Constitución, al decretar las leyes, y se presume que tan respetable organismo bajo ningún con-cepto pasará ninguna ley a sabiendas que esté en conflicto con la constitución; y la opinión legislativa sobre la materia me-rece gran importancia y consideración, especialmente por las cortes inferiores que tienen la obligación de interpretar y poner en vigor las disposiciones legislativas.

Aunque las cortes de apelación se muestran refractarias a declarar una ley de la legislatura inconstitucional o en con-flicto con la ley suprema del. país, sin embargo, deben nece-sariamente hacerlo así, cuando la ley que contiene tal defecto ha sido razonable y equitativamente sometida a su considera-ción en un caso que pende ante las mismas. Como general-mente o casi siempre puede interponerse recurso de apelación contra las sentencias dictadas por las cortes inferiores a las cortes superiores, dichas cortes inferiores no tienen necesidad de prestar tanta atención a las cuestiones de esta naturaleza como lo hacen las cortes de apelación, debiendo generalmente interpretar y hacer cumplir los estatutos tal y como los mis-mos aparecen redactados en las leyes aprobadas por la legis-latura, y dejar que las cuestiones constitucionales sean re-sueltas en apelación por las cortes superiores.

En el presente caso el juez sentenciador hace un estudio' comparativo de nuestro estatuto con los de California e Idaho, y si bien no encuentra ninguna sentencia en California que de modo directo trate sobre la materia, halla, sin embargo, un caso de Idaho que según su criterio es completa-mente satisfactorio y exige que nuestro estatuto que ahora consideramos sea declarado inconstitucional. El caso en que se funda es el de Mallon, ex parte, 16 Idaho, 737; 22 L. R. A. N. S., 1123; 102 Pac., 374. La opinión en este caso ha sido citada por la corte sentenciadora extensamente, y se refiere a un caso de Kansas titulado State v. Lewin, 53 Kansas, 679; 37 Pac. Rep., 168, en el que se sostiene la conclusión a que ha llegado, la Corte Suprema de Idaho. Dicha distin-guida corte de justicia citó en su sentencia, entre otras ra-zones y observaciones, las siguientes:

“La segunda y tercera objeciones que han sido formuladas al estatuto serán consideradas en conjunto, las que, a nuestro juicio, presentan la verdadera e importante cuestión envuelta en este caso, o sea, j niega el estatuto igual protección a todas las personas a quienes se imputa una infracción del mismo, y constituye esto una legisla-ción no equitativa y que está a favor de determinada clase? Se verá que el castigo que ha de imponerse con arreglo a su estatuto depende enteramente de la sentencia que el convicto esté sufriendo en la fecba en que verifique la fuga. Si un convicto está sufriendo una condena de un año y se escapa, al ser declarado culpable de dicha fuga debe ser condenado a sufrir un año más a partir de la fecha en que espira la primera sentencia. Si un prisionero está sufriendo condena de veinte años y se escapa, al ser declarado culpable de dicha fuga debe ser condenado a sufrir un término adicional de veinte años desde la fecha en que vence la primera sentencia. Un castigo por el término máximo o mínimo dentro del cual la corte tiene la discreción de fijar dicho castigo según la gravedad del delito no está permitido. El delito no está dividido en grados, a menos que se diga que el grado del delito se fija por la sentencia cuyo cumplimiento el prisionero trata de eludir. El Attorney General sostiene esta alegación y alega que el estatuto gradúa el castigo de conformidad con el delito por el cual el prisionero se encontraba sufriendo condena en la fecha de la fuga y que esto es una clasifi-cación razonable y adecuada. Creemos que puede enunciarse como proposición general de ley, que toda persona tiene derecho a igual protección de la ley y que igual protección de la ley significa que todos en igualidad de circunstancias deberán tener la misma protec-ción y seguridad en su vida, su libertad y su propiedad y en busca de su felicidad, así como a que se le exima de cualesquiera obligación o. deber que sean mayores de aquellos que se imponen a las demás personas en igualdad de circunstancias. 8 Cyc., 1058, 1059; Barbier v. Connolly, 113 U. S., 27, 5 Sup. Ct., 357, 27 L. ed., 924.
“Dos convictos que se fugan de la penitenciaría del Estado en el mismo día, de común acuerdo y precisamente bajo las mismas cir-cunstancias y en igualidad de condiciones recibirían un castigo en-teramente distinto. Si uno de ellos había sido recluido por un término de seis meses, su castigo sería aumentado a seis meses sola-mente, mientras que el otro que pudiera estar confinado por veinte años, sería condenado a un nuevo término de prisión por dicho nú-mero de años, y así sucesivamente, si se han impuesto diferentes sen-tencias por distintos períodos. El defecto de este estatuto consiste ■en que el carácter o naturaleza del delito no constituye la base sobre la cual se fija la duración de dicho castigo.
■“La alegación de que es más perjudicial a la sociedad la persona que ha estado sufriendo una larga condena que la que ha sufrido una condena corta, si se fuga de la penitenciaría, no es una alega-ción a nuestro juicio que está fundada en la razón o en las leyes o condiciones naturales, y no es tampoco una razón natural por la que deba imponerse un castigo mayor a la persona que se fuga de la penitenciaría mientras está sufriendo una larga condena, que la que se impone a otra persona que está recluida por un corto tiempo. Pero el castigo que de tal modo se fija por la fuga es arbitrario, injusto, contrario a la razón natural y no está fundado de modo alguno en la naturaleza, carácter o gravedad del delito. Que a nadie se obli-gará a sufrir mayores castigos que aquellos que se imponen a los demás en igualdad de circunstancias, significa que dieba protección se extenderá a toda persona en todas partes, sin que para nada se tenga en cuenta su posición en la sociedad, o condición de vida, ya viva en el pueblo o en el campo, y cualquiera que fuere la casa en que habite y por humilde o elevada que ésta sea. El decir que la frase 'en igualdad de circunstancias’ debe considerarse como que comprende (aplicándola a los hechos de este caso) a todas las per-sonas que sufren iguales sentencias, sería equivalente a expresar que el delito que cometen al realizar la- fuga está relacionado con cues-tiones que no están comprendidas en la naturaleza o carácter de dicha fuga. La frase 'en igualdad de circunstancias,’ aplicada a una fuga, parece establecer una distinción con respecto a si dicha fuga se verificó pacíficamente y sin oponer resistencia, o por medio de fuerza o violencia, o mediante falsas simulaciones, amenazas, so-borno, o promesa de recibir algún beneficio, o alguna clasificación natural con relación al delito; pero una distinción fundada en la naturaleza de la sentencia que se esté cumpliendo, es a nuestro juicio arbitraria e irracional, y constituye una verdadera infracción de las disposiciones contenidas en la constitución de este Estado y la En-mienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos que garantiza a todas las personas igual protección ante la ley.
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"Nosotros, sin embargo, debemos considerar, este estatuto tal como se encuentra redactado, y al considerarlo así se verá que el castigo se fija arbitrariamente y no queda en manera alguna sometido a la discreción del tribunal sentenciador. Si la legislatura en su sabi-duría — que indudablemente es sabia — desea fijar un castigo por las fugas o tentativas de fuga de la prisión del estado, tal legislación sería simple y no necesita en manera alguna ser complicada para llegar a los fines que se desean. Podría ser aplicable a todas las personas que se fugan o tratan de fugarse de la prisión del estado y el castigo puede fijarse teniendo en cuenta la naturaleza, o carác-ter del delito, o sea, si el esfuerzo empleado fue pacífico, la gravedad del delito sería menor que si fuera violento y con amenazas; y la duración del castigo puede encomendarse a la corte sentenciadora con un término mínimo y máximo que se señale, entre los cuales la corte puede ejercitar su discreción como se dispone ordinariamente para los delitos pfiblicos, y en tal caso las objeciones constitucionales al estatuto no podrían entonces formularse.” Mallon, ex parte, 16 Idaho, 737; 102 Pac., 374; 22 L. R. A., N. S., 1123.

Es cierto que otras consideraciones e ilustraciones se mencionan en la discusión contenida en la opinión' de la Corte Suprema del Estado con respecto a la validez del estatuto de Idaho, pero los párrafos anteriores contienen, al parecer, la esencia del argumento. He hecho citas extensas de esta opi-nión no solamente por la alta consideración que se tiene del Tribunal Supremo de Idaho, sino también porque uno de mis colegas parece entender que-esta sentencia podría ser apli-cable a un caso como el que está sometido a nuestra consi-deración.

Si comparamos el estatuto de Idaho, artículo 6452 de los estatutos revisados de ese Estado con el artículo 152 de nuestro Código Penal, veremos que existe una completa dife-rencia entre ambos. El estatuto de Idaho es como sigue:

“Todo confinado 'en la penitenciaría del Estado por un término menor al de cadena perpetua que se fuga de dicha prisión, será cas-tigado con prisión en la penitenciaría del Estado por un término igual en duración al que se encontraba sufriendo cuando se fugó; dicho segundo término de prisión empezará desde la fecha en que hubiera sido puesto en libertad si no se hubiera fugado.”

El estatuto de Puerto Rico es a saber:

Código Penal. — “Artículo 152. — Toda persona que se fugue de una prisión mientras estuviera cumpliendo condena, será castigada por orden sumaria del tribunal competente, con prisión por un tér-mino adicional mínimo de una vigésima parte, o máximo de una quinta parte de la primitiva sentencia.”

Se verá que el estatuto de Idaho es considerado como arbi-trario, y el Juez Asociado Señor Stewart se refiere a él en su opinión, considerándolo como “irrazonable, contrario a lo natural, y que no está basado en la naturaleza, carácter, o gravedad del delito,” porque no concede a la corte inferior facultad discrecional alguna con respecto al castigo que ña de imponerse por la fuga y su duración, sino que lo considera igual al que se impuso por el delito del cual se encontraba cumpliendo condena el preso. Nuestro estatuto' concede al tribunal sentenciador, por el contrario, discreción para fijar un término de prisión por la fuga que no sea menor de una vigésima parte de aquel que se le impuso en la anterior sen-tencia, ni mayor de la quinta parte de la misma, confiriendo así dicho estatuto una gran amplitud al juez al fijar el cas-tigo y eliminando, por consiguiente, del estatuto el oprobio de ser arbitrario, irrazonable, contrario a la razón natural y por no fundarse en la naturaleza, carácter o gravedad del delito. No toma tampoco la corte.de Idaho en consideración el hecho de que el convicto que realizó la fuga, lé debe al Estado, cuyas leyes ha infringido, el término de prisión al cual ha sido condenado, y que con su fuga defrauda al pueblo de igual manera que si se hubiera apropiado los fondos públi-cos, en cuyo caso su castigo se graduaría en cierto término con arreglo a la suma apropiada. El delito de hurto se divide generalmente en hurto de mayor cuantía y hurto de menor cuantía, según el valor de la propiedad robada. Por consiguiente, me parece que la opinión de la Corte Suprema de Idaho, por correcta que sea, no es aplicable a nuestro estatuto, y, por tanto, no debemos tomarla en consideración.

No es necesario que consideremos las enmiendas que de tiempo en tiempo se ha hecho al Código de California, así como las razones en que supone la corte sentenciadora que las mismas se fundan. Creyendo, como creo, que no existe nada en nuestro código en conflicto con la Enmienda Catorce de la Constitución de los Estados Unidos o con alguna otra ley superior, me veo obligado a sostener que el artículo 152 de nuestro Código Penal es constitucional y está en todo su. fuerza y vigor. ,

Ahora pasaré a considerar la segunda cuestión que ha sido sometida a nuestra consideración y que envuelve la cues-tión relativa a la jurisdicción territorial de la corte de dis-trito, que apenas ha sido discutida por el Fiscal en su informe y que aparece ligeramente considerada en la opinión de la corte sentenciadora. Examinemos en primer término los estatutos. El artículo 8 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil es como sigue: “La jurisdicción correspondiente a los delitos radica en la Corte de Distrito del respectivo dis-trito judicial dentro del cual se cometieron,y los párrafos 1 y 2 del artículo 82 del propio código dicen lo siguiente: 1o. “Que ha sido presentada ante un tribunal que tenga auto-ridad para recibirla, aunque el nombre del tribunal no se •exprese en ella.” 2o. “Que la acusación haya sido suscrita y presentada al tribunal por el Fiscal del distrito en que el tribunal esté actuando.” .

Según estos estatutos, se verá que solamente la corte de distrito del lugar en donde se comete el supuesto delito, tiene jurisdicción para conocer del mismo. Este criterio está sus-tentado por sentencias de las cortes de Pennsylvania y California. Es la jurisdicción del lugar en que se cometió el delito, lo que da derecho a seguir una causa contra el delin-cuente sin que para nada se tenga en cuenta la jurisdicción de la corte, por la cual el prisionero fué sentenciado a su primi-tiva prisión. De modo que un prisionero que se escape de una cárcel de un Estado puede ser acusado por ello en la •corte del Estado, aun cuando esté bajo custodia a virtud de una orden de arresto expedida por las cortes de los Estados Unidos. Com. v. Ramsey, 1 Brew. Pa., 422; People v. Ah Teung, 92 Cal., 421; 28 Pac., 577; 15 L. R. A., 190; 16 Cyc., 543. He considerado cuidadosamente esta cuestión en un •caso fallado recientemente en una causa de seducción que fué resuelta por la Corte de Distrito de Guayama y apelada para ante este tribunal. Véase El Pueblo v. García, 18 D. P. R., 844.

Fundado en los razonamientos de aqnel casó y en las auto-ridades en el mismo citadas, debe declararse qne era la Corte de Distrito de Arecibo y no la de Ponce la qne tenía jurisdic-ción para conocer del delito imputado en el caso que ba sido presentado ante este tribunal. Habiéndose el prisionero escapado de la carretera ae Barceloneta, perteneciente al distrito judicial de Arecibo, la jurisdicción está conferida a dicba corte. Por este fundamento la resolución dictada por la Corte de Distrito de Ponce debe ser considerada como correcta.

Tomando en consideración las cuestiones discutidas en esta opinión así como la ley aplicable a los becbos de este caso, la resolución de la Corte de Distrito de Ponce dictada en el presente caso el día 2 de julio de 1912, debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

license: Public Domain

text:
    Hoffman, Apelado, v. Cuadrado et al., Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 913.
    Resuelto en febrero 10, 1913.
    Sentencia en Rebeldía — Cobro de Dinero — Daños y Perjuicios. — El artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil es aplicable a las acciones en cobro de dinero procedentes de un contrato, o sobre indemnización de daños y perjuicios solamente. Puede ser aplicable también a aquellas acciones que tienen por objeto ambos extremos.
    Id. — Emplazamiento—Cumplimiento Estricto de la Ley. — Para que un deman-dante puede obtener sentencia en rebeldía, deben cumplirse fielmente los pre-ceptos de la ley, y en el emplazamiento deben observarse los preceptos del artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Id. — Cobro de Pagaré — Daños y Perjuicios. — La sentencia en rebeldía dictada en este caso por el importe del pagaré, sin incluir los daños y perjuicios reclamados, está ajustada a derecho.
    Los becbos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante Juan M. Cuadrado: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

    Abogado del apelado: Sr. Jacinto Texidor.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se presentó una demanda sobre cobro de dinero que se debía por virtud de un pagaré, y daños y per-juicios por no hacerse el pago del mismo. Se dictó sentencia en rebeldía en la corte de distrito, la que fué debidamente ano-tada por el secretario de conformidad con las disposiciones del artículo 194, párrafo Io. del Código de Enjuiciamiento Civil.

La demanda se dirigía contra Juan Manuel Cuadrado, Antonio Lorenza y Ventura Lamas, reclamando de ellos y pidiéndolo así en la súplica de dicho documento, que se les con-denara mancomunada y solidariamente a pagar al demandante la suma de quinientos diez y seis dólares con cuarenta centavos ($516.40), como capital e intereses, y doscientos dólares ($200), por indemnización de daños y perjuicios y las costas. Aunque el demandado Cuadrado fué citado y emplazado el día 2 de mayo de 1912, dejó de contestar la demanda, y a petición del abogado del demandante, el secretário anotó en 26 de sep-tiembre del año 1912, la sentencia contra la cual se ha inter-puesto la presente apelación.

El caso ha sido claramente presentado en el alegato de los abogados y la cuestión envuelta es en efecto el determinar si la sentencia en rebeldía fué o nó debidamente anotada, por comprender como comprende solamente la suma especificada en el pagaré incluyendo capital e intereses, con exclusión de los daños y perjuicios que además han sido reclamados.

El apelante sostiene en este recurso que en la demanda se pidió que se condenara a los demandados al pago a los deman-dantes de quinientos diez y seis dólares con cuarenta centavos ($516.40) como capital e intereses, y doscientos dólares ($200) de indemnización. Pero el secretario entendió que debía ano-tar la sentencia solamente por la deuda e intereses, y así lo hizo. De acuerdo con el artículo 194 del Código de Enjuicia-miento Civil, se resolvió que el demandante puede obtener que se anote sentencia en su favor cuando se trata de pago de dinero por consecuencia de un contrato o de obtener perjuicios solamente. Pero cuando se trata de una acción para cobro de dinero el cual se alega que se adeuda, y, además, daños y per-juicios, tal acción no se encuentra comprendida en el artículo 194 del expresado código. El apelado por el contrario sos-tiene que la sentencia pudo haberse anotado debidamente por toda la suma reclamada en la demanda incluyendo los daños y perjuicios, y que por lo menos, habiéndose anotado sentencia solamente por la suma especificada en el contrato escrito, el error, si alguno había, siendo favorable para el apelante, no pudo ser objeto de impugnación ante este tribunal o producir la revocación de la sentencia apelada.

El apelante ha alegado que nuestros estatutos, artículo 194, es exactamente igual a los artículos correspondientes de Idaho y California; pero no se nos ha citado ninguna sen-tencia de esos estados en apoyo de la alegación que se hizo ante este tribunal. Este artículo ha sido interpretado por esta corte en relación con el artículo 89 del propio código en un caso resuelto el día 25 de junio de 1909, Zapater v. Irizarry, 15 D. P. R., 538. En ese caso se sostuvo que para que un demandante tenga derecho a una sentencia en rebeldía, es necesario que se observe el estricto cumplimiento de la ley y que el emplazamiento debe llenar los requisitos del artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Civil. El emplazamiento que se hizo en este caso y que consta en los autos reúne dichos requisitos.

En el presente caso no es necesario expresar la forma en que debió haber procedido la corte sentenciadora o el secre-tario de la misma, con arreglo a la ley y de conformidad con las disposiciones del estatuto citado anteriormente, siendo suficiente, con que resolvamos la cuestión relativa a la propie-dad de la sentencia anotada el día 26 de septiembre último. La expresada sentencia en rebeldía fué ciertamente anotada con arreglo a la ley y no está sujeta a ser impugnada con éxito por las razones que lian sido alegadas por el apelante, así como por ninguna otra que resulte de la faz de los autos. Por consiguiente, no habiendo razón alguna por la que deba revo-carse la expresada sentencia, debe la misma ser confirmada en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Plernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Peesidente Sr. Hernández,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Viñales, Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 530.
    Resuelto en febrero 11, 1913.
    Derecho Penal — Desestimación de Apelación — Jurisdicción—Escrito de Ape-lación. — Carece de jurisdicción este tribunal para conocer de una apelación en cuya transcripción de autos se ha omitido copia del escrito de apelación. No basta que en la exposición del caso aprobada por el juez, el apelante afirme haber interpuesto la apelación. El Pueblo v. Lorenzo, 18 D. P. R., 978.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr: Ramón S. Pesquera.

   El Juez Peesidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente caso está sometido a nuestra consideración a virtud de recurso de apelación que se dice interpuesto contra sentencia que en grado de apelación y mediante celebración de nuevo juicio dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en 25 de octubre del año próximo pasado, condenando al denunciado apelante como culpable del delito de acometi-miento y agresión grave a la pena de dos años de cárcel,y las costas.

Ambas partes han presentado alegatos escritos, asistiendo también al- acto de la vista que se celebró el día 5 de los corrientes, en cuyo acto el Fiscal llamó, la atención de este tribunal sobre el hecho de que en el récord no aparecía escrito alguno de apelación, por lo que esta corte carecía de juris-dicción para decidir el recurso. -.

Hemos examinado la' transcripción de autos y en efecto falta la copia del escrito de apelación que con otros docu-mentos ha debido remitir el secretario de la corte inferior, por precepto imperativo del artículo 356 del Código de Enjuicia-miento Criminal enmendado por ley aprobada en 7 de marzo de 1908. •

Y no basta que en el escrito de exposición del caso se haya afirmado por la parte apelante con la aprobación del juez el hecho de haberse interpuesto la apelación o que de cual-quier otra manera incidental se consigne la interposición de dicho recurso, como ya dijimos al resolver el caso de El Pueblo v. Lorenzo, 18 D. P. R., 978.

Nos referimos a la doctrina legal que en el mencionado caso dejamos establecida y que en el presente ratificamos.

Careciendo de jurisdicción esta corte para resolver el re-curso, procede se desestime.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey. . - •


author: El Juez'Asociado Se. MacLeaey,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Fernández, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 498.
    Resuelto en febrero 13, 1913.
    Derecho Penal — Sentencia Insuficiente — Expresión del Delito. — En una causa criminal la sentencia debe determinar el delito leí cual' s'é declara', óúi'-' pable al.acusado, ya de modo expresp o haciendo referencia, a-los'autos'. . ••

      1 Los 'hechos' están expresados en la opinión. '
    'Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogados dé'los apelantes:. Sres. Bosch y Soto.

   El Juez'Asociado Se. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

'Este caso fue entablado en la Corte Municipal de Baya-món, a virtud de una acusación jurada por Jacob Marks, agente de réntas internas, en la que le imputaba a Saturnino Fernández de la firma de Sucesores de José Fernández, que és el apelante ante este tribunal, el baber infringido las Leyes de Arbitrios de Puerto Bico, porque el día 7 de octubre de 1911, el acusado Saturnino Fernández de la susodicha firma, comerciantes al por mayor de vinos y cervezas-en la ciudad de San Juan, ilegal y fraudulentamente ’ y con intención de de-fraudar al Erario de Puerto Bico, por orden suya y por orden de su empleado José Santos, vendió de su existencia de vinos en el pueblo de Toa Alta, al por mayor al comerciante al detall dé licores, Justo Pérez, con patente para la venta de licores en su tienda en el .barrio de Calateo de Toa Alta de Puerto Bico, sin que. para ello tuviese la firma de Sucesores de José Fer-nández en el pueblo de Toa Alta, la licencia prescrita por las leyes de Arbitrios de Puerto Bico, defraudando de ese modo al Erario de Puerto Bico.

- Él juicio de esta causa tuvo lugar ante la sección segunda de la Corte de Distrito de San Juan, en apelación, el día 19 de julio de 1912, para cuy-a-fecha-estaba señalada la vista de dicho caso, y la corte, después de considerar la prueba, de-claró al acusado culpable del delito que se le imputaba y le condenó a pagar una multa de $100 y las costas, o en defecto cíe la misma, a sufrir un día de prisión por cada $5 de multa y costas que dejara de satisfacer.

Contra esta sentencia el acusado interpuso en 19 de julio de 1912 por medio de su abogado, Francisco Soto Eras, re-curso de apelación para ante este tribunal. Aparece en los autos una exposición del caso y un pliego de excepciones, que han sido debidamente aprobados por lá corte inferior. Él apelante también bá'presentado.sn alegato ante esta córte.'

Uno- de los fundamentos que" se alegan en apoyo'de ésta apelación, es qne la sentencia es insuficiente. El fallo y sentencia de la corte inferior, según aparecen en la página' 2 de los autos, son como sigue:

“Fallo y Sentencia. No. 2821. El Pueblo de Puerto Rico v. Saturnino Fernández. Infracción de la Ley de Arbitrios de Puerto Rico. Siendo hoy, 19 de julio de 1912, el día señalado para la vista de este caso, comparecieron ambas partes, debidamente representadas, y anunciaron estar listas para el acto. La corte, después de vista la prueba practicada en debida forma,# declara al acusado culpable y le impone $100 de multa y las costas y, en defecto de pago, a sufrir un día de cárcel por cada $5 que deje de satisfacer y las costas.”

Esta sentencia es evidentemente insuficiente, porque en ella no se determina el delito por el cual se declaró culpable al acusado. El Pueblo v. Campos, 17 D. P. R., 1190; El Pueblo v. Campos, 17 D. P. R., 1194.

En una causa criminal, la sentencia debe determinar el delito del cual se declaró culpable al acusado, ya de modo es-^ pecífico o de manera-tal que pueda diclio delito aparecer de otras partes de los autos. “Certum est cjiiod certum reddi I potest.” Tanto en-la ley común como 'abora, el estatuto, se exige generalmente que la sentencia especifique de modo con-ciso e inteligible el delito por el- cual se declaró culpable al [acusado. Cuando de la transcripción de autos aparecen los [elementos y la naturaleza del delito que ba de determinarse [de un examen que se baga de la acusación, y dicba transcrip-Ición bace referencia al veredicto emitido contra el acusado, o jexpresa que el referido acusado ba sido .condenado o declarado fculpable por un determinado delito, el cual se menciona de ■nodo específico, la descripción de dicbo delito es suficiente.

I No aparece nada en la sentencia en este caso que baga Beferencia directa.o indirectamente a ninguna otra parte del écord. Véanse los dos casos .citados- anteriormente del tomo 17, D. P. R., y los de Sandy White v. United States, 164 U. S., 102; Pointer v. United States, 151 U. S., 396; People v. Douglass, 87 Cal., 281; y también el tomo 12 de Cyc., p. 786.

El Fiscal, tanto en su alegato escrito como en el informe oral, confiesa francamente el error que aparece en los autos y solicita la revocación de la sentencia. Por las razones expre-sadas debe revocarse' la sentencia y devolverse el caso a la corte sentenciadora para que adopte los demás procedimien-tos que sean compatibles con los principios enunciados en esta opinión.'

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El. Juez Asociado Sr. Wolp,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Vidal, Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de- Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 531.
    Resuelto en febrero 13, 1913.
    Derecho Penal — Infracción de los Reglamentos de Sanidad — Casas a Prueba de Ratas — Acusación Defectuosa. — Para que pueda una persona ser de-clarada culpable de una infracción del Reglamento de Sanidad No. 3, es necesario que la acusación alegue si la casa que ha de ser puesta a prueba de ratas es de vivienda, o a qué uso se destina. El Pueblo v. Planeo, 18 D. P. R., 1020. El Pueblo v. Gestera (pág. 7), y El Pueblo v. Gestera (pág. 18).
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    El- apelante no compareció.
   El. Juez Asociado Sr. Wolp,

emitió la opinión del Tribunal.,

En el presente caso se presentó una acusación contra Teodoro Vidal en la Corte de Distrito de San Juan por in-fracción, del Reglamento de Sanidad,'de-la cual fue de clarado! culpable.- Alega la acusación que dicho-Teodoro Vidal como| gestor de la casa Aboy, Yidal y Cía., dejó de efectuar ciertas reformas en una casa perteneciente a dicha firma, no obstante estar obligado a ello por los Reglamentos de Sanidad, y de habérsele notificado para que hiciera dichas reformas dentro de cierto término. El reglamento en cuestión es el No. 3, y se refiere, a determinadas clases de casas. La acusación es defectuosa porque en ella no se determina cuál es la clase de casa de que ha de responder el apelante. A menos que la acusación alegue si la casa es de. vivienda o se determine en alguna otra forma, es imposible, de acuerdo con la misma, resolver que el acusado estuviera sujeto al Cumplimiento de alguna obligación, y por consiguiente, que no se hubiera cum-plido con la misma. Igual principio ha sido sostenido por este tribunal en los casos de El Pueblo v. Blanco, 18 D. P. R., 1020, El Pueblo v. Gestera, (pág. 7,) y El Pueblo v. Gestera, (pág. 18.)

La sentencia debe ser revocada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Su. MaoLeaby,

text:
    Pellicier, Apelante, v. Fernández, Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 843.
    Resuelto en febrero 14, 1913.
    Validez de Contratos — Polo—Prueba.—La corte sentenciadora no cometió error en el caso de autos al resolver que no había existido engaño alguno en la celebración del contrato en litigio.
    Id. — Prueba Contradictoria — Testigos.—En caso de prueba contradictoria cuando una parte desea que la corte resuelva de mañera concreta si la decla-ración de una parte ha sido o nó estimada por la corte como digna de crédito, debe solicitarlo durante el juicio.
    Id. — Otorgamiento de Escritura — Otorgante que no Sabe . Firmar. — Si una persona celebra un contrato verbal con otra sin que exista entre ellos rela-ción alguna de confianza especial, y esta última lo reduce a escrito, y lo firma la primera sin leerlo, o habiéndole sido leído por otra persona, teniendo ambas partes los mismos, medios para enterarse del contenido del contrato escrito, dicha' parte queda obligada y sujeta a todas las responsabilidades derivadas de dicho contrato, a falta de fraude, aun cuando sus términos difie-ran del contrato verbal celebrado, sin que esta regla sea alterada por no saber escribir dicho contratante.
    Id. — Ratificación del Contrato — Ofrecimiento de- Venta. — Cuando una parte contratante ataca de nulo un contrato, la circunstancia de haber ofrecido en venta la casa objeto de dicho contrato, es admisible como prueba para demos-trar la ejecución de actos tendentes a ratificar el contrato atacado.
    Id — Sentencia■ Ajustada a Derecho — -Razonamientos Erróneos.- — Si una sen-tencia está ajustada a derecho, aun cuando sus razonamientos sean erróneos, no por eso debe ser revocada en apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. T. D. Mott, Jr.

    Ahogados del apelado: ‘Sres. Bosch y Soto.

   El Juez Asociado Su. MaoLeaby,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito tiene por objeto anular una escritura de'com-praventa e hipoteca, cancelar su inscripción en el registro y que se devuelva al demandante la suma de mil ochocientos dólares ($1,800) que fué satisfecha por dicha demandante al demandado como parte del precio de la venta de la finca que se describe en la escritura de traspaso, y sus intereses, así como el pago de las costas, gastos y honorarios de abogado. La demanda fué presentada el día 21 de abril de 1911. Se for-muló una excepción previa general que fué déclarada sin lugar y posteriormente en Io. de mayo, el demandado presentó su contestación que contenía admisiones, negaciones, nueva ma-teria de oposición y la contienda quedó trabada.

La vista de este pleito tuvo lugar el día 23 de octubre, y terminada la prueba que fue presentada, el caso quedó some-tido mediante los alegatos de ambas partes.

En 15 de noviembre de 1911, la corte de distrito dictó una sentencia en la que, después de exponer las cuestiones pre-liminares, terminaba como sigue:

“Y la corte, tomando en consideración las alegaciones, pruebas y .argumentaciones, declara no haber lugar a la demanda, y, en su consecuencia, anular las' escrituras de venta e hipoteca números 27 y 28, otorgadas en 17 de enero de 1911, ante el notario Don Julio César González, ni a las demás peticiones de la demanda; sin especial Condenación de costas. ” .. >

El demandante interpuso a sn debido tiempo recurso de apelación contra esta sentencia, habiéndose elevado la transí cripción de autos a este Tribunal Supremo. Después de nu-merosas demoras, ocasionadas por varios motivos, se celebró la vista del caso ante este tribunal el día 5 de diciembre úlT timo, quedando luego sometido a nuestra consideración, per-mitiéndose a las partes que presentaran alegatos adicionales, orden que fué cumplida por el apelante.

Las cuestiones esenciales pueden deducirse de las propo-siciones contenidas en los respectivos alegatos. El apelante, por conducto de su abogado, señala cinco errores que alega han. sido cometidos por la corte inferior al dictar su sentencia. Estos son sustancialmente los siguientes: • r

“La corte inferior cometió error al no decidir la cuestión de he-chos ; es decir, al no decidir si había o no mediado engaño en la ope-* ración de compraventa de la casa en litigio; en otras palabras, al no decidir si la declaración de la demandante' referente a los hechos referidos por ella y constitutivos del supuesto engaño, era verdad o nó.
“2. La corte inferior cometió error en la apreciación jurídica ó valor legal de la declaración del abogado de la Torre, testigo del de-mandado. :
“3. La corte inferior cometió error al decidir que la demandante nó tenía derecho en ley a confiar en las manifestaciones positivas que le hiciera el vendedor relativas a la extensión del frente de la casa que le fuese ofrecida en yenta y relativas también a la extensión total de la misma. • - /
“4. La corte inferior cometió error al decidir que la escritura; habiéndo sido leída a la demandante y habiéndola oído leer yacep-; tádola y autorizado a otra persona para que la firmara a su ruego por. no saber ella firmar, en tal caso no tiene derecho la demandante para rescindir el contrato y recuperar el precio pagado, aun cuando la descripción de la finca tal como aparece en la escritura fuera dis-tinta a la finca que el vendedor le había enseñado, porque la deman-dante no utilizó los medios que tenía para conocer la verdad. • •
“5. La corte inferior incurrió en error al decidir como materia de derecho, que la demandada quedó obligada por la escritura de compraventa una vez que la firmó o autorizó a una persona para que así lo hiciera, aunque hubiese mediado engaño en la descripción de la finca vendida o aunque por la escritura le hubiesen vendido una finca distinta a la que anteriormente le había enseñado el vendedor y ella creía era la finca que compraba y que se describía en la escri-tura de compraventa.

El apelado, por el contrario, hace referencia a las cues-tiones en discusión sustancialmente como sigue:

“1. ¿lía existido algún dolo o error?
“2. ¿Ha ejecutado la demandante con posterioridad al otorga-miento del contrato de compraventa algún acto que demuestre su con-formidad con el mismo, renunciando tácita o implícitamente o prescin-diendo de su derecho de acción, con conocimiento de las causas que pudieran anular la misma?
“3. ¿Son suficientes los hechos tal como' constan de la demanda para constituir una causa de acción?"

■ ' Los dos primeros puntos presentados por cada una de las partes, envuelven cuestiones de hecho y existen virtualmente distintos modos de revisar dichas cuestiones. La primera de las mismas se refiere al engaño o dolo. El apelante alega ¿que la corte sentenciadora no- resolvió de modo especial la cuestión relativa al engaño. El apelado solamente presenta la proposición de si se probó o no en el juicio la existencia de algún engaño. La corte, en resumen, resolvió que no exis-tió engaño alguno en la transacción, y de modo incidental y necesariamente consideró que la declaración de la deman-dante en sentido contrario no era digna de crédito, en vista de la contradicción que hubo en la prueba. Si la demandante esperaba que la corte resolviera este punto de modo más espe-cifico, debió haberlo solicitado durante el juicio. Examinando la prueba contradictoria acerca de este particular, no podemos afirmar que la corte inferior cometió error al resolver qué no se había demostrado la existencia de dolo alguno de un exa-men que se haga de la prueba en su totalidad.

La segunda cuestión de Lecho hace referencia al ofreci-miento qne hizo la demandante para vender la finca en con-troversia al testigo de la Torre. No hay duda alguna'de qne dicha oferta se hizo, y la apreciación jurídica que se ha dado a la declaración prestada por el testigo de la Torre, no aparece de modo claro en los autos. Pero creemos que la corte inferior estuvo justicada al estimarla como uná circunstancia que había de ser tomada en consideración con las demás de-claraciones, para llegar a la conclusión con respecto a la vera-cidad o falsedad de las alegaciones esenciales contenidas en la demanda. Así fué como procedió la corte en la cuestión de referencia, sin que conste que haya ocurrido otra cosa.

Los demás puntos que han sido presentados envuelven cuestiones de ley, y el tercero, cuarto y quinto de aquellos que han sido alegados por el apelante se encuentran compen-diados en el tercero que fué sugerido por el apelado. No podemos considerar que la forma en que el apelante hace referencia a estas cuestiones, esté enteramente justificada por los autos. La corte sentenciadora no resolvió necesaria-mente que la demandante no estuviera justificada en dar cré-dito a las manifestaciones que se alegan fueron hechas por el demandado, sino que más bien resolvió que dichas mani-festaciones jamás fueron hechas, siendo las declaraciones de las partes precisamente contradictorias en cuanto a ese punto y habiendo la corte dado crédito a la prueba que fué presen-tada por el 'demandado.

La cuarta y quinta proposiciones del apelante pueden ser tomadas en consideración conjuntamente, y las que en efecto impugnan la doctrina enunciada en el caso de Hawkins v. Hawkins, 50 Cal., 558. Esa sentencia es en efecto como sigue:

“Si una persona verifica un contrato con otra sin que exista nin-guna relación de confianza especial y si dicho contrato se reduce a escrito por dicha persona y lo firma sin leerlo, cuando los medios de conocimiento de los términos del escrito pueden ser conocidos igual-mente por ambas partes, y lo firma sin leerlo o habiéndole sido leído por alguna otra, la referida persona no puede evitar la responsabili-dad creada por el contrato escrito, aim cuando los términos difieran del contrato verbal convenido., F¡L beeho de'que una persona no sepa escribir.no.establece diferencia en,la regla.”

A nuestro juicio esta proposición en ausencia de fraude enuncia correctamente la regia de ley aplicable a este caso, y por lo que la corte sentenciadora estuvo justificada en con-siderarla al dictar su sentencia.

Con respecto a la suficiencia de la demanda según esa cuestión ha sido presentada por el apelado, no hay necesidad alguna de que sea resuelta, porque la corte inferior fundó su sentencia en los hechos según aparece de la prueba y en la insu-ficiencia de la misma para sostener las alegaciones hechas en la demanda. Siendo la resolución de la excepción previa favorable a la demandante, ella- desde luego no promueve la cues-tión relativa a su corrección efi esta corte. Pero no se ha mostrado razón alguna por la que pueda resolverse que la demanda es insuficiente.

La prueba que fué presentada durante el juicio es en casi todos sus puntos esenciales, enteramente contradictoria y de todo punto irreconciliable. La declaración de la demandante sostiene en substancia las alegaciones de su demanda, pero ha sido completamente impugnada por la del demandado y otros varios testigos. No pudiendo la corte sentenciadora harmonizar las declaraciones contradictorias de los diferentes testigos, estaba obligada a aceptar las manifestaciones hechas por aquéllos de una parte y rechazar las otras.' T en el ejer-cicio de esta discreción dió crédito a la prueba que fué presen-tada por el demandado.

El juez sentenciador cita en su opinión las siguientes manifestaciones de la prueba que se presentó; a saber: <£La demandante, Luisa Pellicier, declara que el demandado, así como también Juan Díaz, la llevaron a la casa, que es ob-jeto de este pleito, enseñándole el frente de la misma, que se extendía a las calles de San Sebastián-y Tanca, y ofreciéndole toda la casa o sea la que- comprende tres puertas en la primera calle y tres puertas en la segunda calle, manifestando a la vez que la casa producía una renta mensual de cuarenta dólares. T después de haber discutido las cuestiones que fueron pre-sentadas, la corte sentenciadora, teniendo en cuenta la juris-prudencia sentada en el caso de Hawkins v. Hawkins, 50 Cal., 558, resolvió el caso a favor del demandado.

Cualquiera que baya sido la opinión sustentada por la corte sentenciadora en cuanto a la ley y a la prueba que ha sido impugnada por la apelante en su señalamiento de errores, si ■ el resultado alcanzado fué correcto, podemos hacer caso omiso de las razones en que se fundó. La sentencia contra la cual se ha interpuesto apelación es lo que tenemos que considerar y si fué errónea, corregirla, y no podemos regir-nos enteramente por los razonamientos a que ha llegado el juez sentenciador con respecto a la ley y a los hechos que fueron sometidos a su consideración.

Por consiguiente, tomando en consideración las cuestiones según fueron presentadas por el apelado, debemos llegar a la conclusión según los autos:

Primero.' Que los hechos tal como han sido presentados en la demanda eran suficientes para constituir una causa de acción, y si los mismos quedaron probados a satisfacción de la corte sentenciadora, son suficientes para fundar en ellos una sentencia a favor de la demandante.- Pero dichos hechos no quedaron de tal modo probados, o, por lo menos, si.se.estable-cieron prima facie por virtud de la prueba de la propia deman-dante, su efecto quedó destruido por la prueba- presentada a favor del demandado.

Segundo. Debemos también resolver que la demandante después de otorgar la escritura de venta e hipoteca evidente-mente ejecutó ciertos actos que demuestran su conformidad con dicho otorgamiento, tal como el de ofrecerla en venta, etc. Pero esta cuestión no es esencial si la venta se hizo debida-mente y el demandado no había cometido fraude alguno y si no se demostró ninguna equivocación por medio de la prueba.

Tercero. No se demostró la existencia ’de. ningún -dolo o engaño por parte del demandado ni resulta tampoco ningún error por el cual pudiera estar justificada la rescisión de la venta. En vano fiemos examinado los autos en busca de al-guna prueba que pueda ser tomada en consideración con res-pecto a fraude o error.

La corte sentenciadora oyó las declaraciones de todos los testigos, y encontrando que la prueba en todos sus puntos esenciales era contradictoria y no.podía ser armonizada, en el ejercicio de su sana discreción consideró como verdadera aquella que fue presentada por el demandado. No podemos resolver que fuera errónea su decisión en cuanto a este particular.

Por tanto, debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: Ft, Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Ferrer et al., Apelantes, v. Torruella et al., Apelados.
    Apelación procedente de la corte de Distrito de Ponce.
    No. 912.
    Resuelto en febrero 14, 1913.
    Ejecución de Sentencia' — Nulidad de Subasta- — Publicación de Edictos. — Aun admitiendo que en el caso de autos se hubiera cometido error al no publicar los edictos durante el término que exigía la Ley de Enjuiciamiento Civil an-tigua, de acuerdo con dicha ley, la parte perjudicada debió pedir la nulidad de las actuaciones en el mismo pleito original tramitado de acuerdo con dicha ley, y en el cual se cometió dicho error. Vendida la finca a un tercero, y habiendo transcurrido varios años, ya es demasiado tarde liara que la parte perjudicada pueda entablar la acción de nulidad de dichas actuaciones.
    Id. — Venta en Pública Subasta- — Escritura Otorgada por Orden de la Corte. — Cuando en procedimiento sobre ejecución de sentencia tramitado . de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua, se ejecuta la finca del deudor y se le adjudica al acreedor por dos terceras partes de su valuación y la corte ordena que el deudor otorgue la -correspondiente escritura de venta de adjudicación en pago de la sentencia, esta venta, reuniendo los requisitos de todo contrato determinados en el artículo 1228 del Código Civil, es válida, y en ausencia de fraude, intimidación, violencia u otro elemento semejante, no puede ser anulada.

      Los hechos están expresados en la opinión..
    Abogado de los apelantes: Sr. Alfreda Arnaldo.

    Abogado de Doña Asunción Torruella: Sr. José A. Po-venUid. - *
    Abogado de Don Fernando Vendrell: Sr. Francisco Parra.

   Ft, Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del Tribunal.

Don Luis Pérez Valdivieso obtuvo durante su vida una sentencia por la suma de dieciseis mil ($16,000) pesos, moneda mejicana, contra la Sucesión de Don Carlos Pages y„Maris-' tani. Después de la muerte de su esposo, Doña Asunción Torruella Eivera, subrogada en el lugar y derecho, de su refe-rido esposo, procedió a la ejecución de dicha sentencia, y en su ejecución fué embargada la propiedad dedos demandados Doña Obdulia Ferrer y sus hijos Don José, Don Carlos, Don Manuel y Don Juan Pages y Ferrer. El valor de la finca em-bargada alcanzó a la suma de 51,602 pesos, equivalentes a 30,361 dólares y la Corte de Distrito de Ponce, como continua-dora del extinguido juzgado de primera instancia de esa ciu-dad ante el cual el pleito original había sido seguido en el año 1894, dictó una providencia mandando a sacar a remate la dicha finca por término de veinte días, disponiendo que se anunciara en remate por medio de edictos que habrían de publicarse en la “Gaceta de Puerto Rico” y en “La Democra-cia,” y esos edictos fueron así publicados en la “Gaceta” el día-17 de octubre de 1899 y en “La Democracia” el 14 de octu-bre del mismo año. En 26 de octubre de 1899, que era el día señalado para la subasta, se celebró el remate. No concurrió al remate ningún licitador, y entonces ■ la ejecutante Doña Asunción Torruella y Rivera solicitó que la finca le fuera ven-dida por las dos terceras partes de su tasación. En 17 de marzo de 1900, la Corte de Distrito de Ponce adjudicó la expre-sada finca a Doña Asunción Torruella por las dos terceras partes de su tasación, y a solicitud de la adjudicataria se re-quirió a Doña Obdulia Ferrer y sus hijos para que. otorgaran escrituro de venta a Doña Asunción Torruella, de la finca re-matada ; y en cumplimiento de esta providencia judicial; la ex-presada Obdulia Ferrer y. sus hijos otorgaron escritura notarial a favor de Doña Asunción Torruella,- cuyo título fué,-según la demanda,, inscrito' en el Ayuntamiento de Santa Isabel el día 10 de abril de 1900. Don Fernando Vendrell- compró esta finca a Doña Asunción Torruella, teniendo, conocimiento de que entre el remate de ella y la -fecha de la publicación de los edictos anunciándolo, "no había transcurrido el término de veinte, días fijados por la ley para la celebración de dicho remate., ' • ■ .

Estos son los hechos esenciales de este pleito, ■ según se alegan en la demanda presentada por Obdulia Ferrer y otras, contra la cual la demandada Asunción Torruella. formuló una excepción previa. Esta excepción previa • fué declarada con lugar, se dictó, sentencia y - los demandantes interpusieron recurso de apelación.

- Alega el apelado en contestación a la alegación hecha por el apelante de que la venta, era-nula por no haberse publi-cado por el término de veinte días, que un contrato de com-praventa no puede ser declarado nulo excepto en los casos de intimidación, violencia, error o fraude, etc., y se funda en los artículos 1267, 1268 y 1228 del Código Civil. Alegan ade-más que los apelantes debieron en primer lugar haber enta-blado una acción de nulidad de actuaciones antes de solici-tar 1.a nulidad,del contrato1 de compraventa. De igual modo sostiene que la venta no se hizo con arreglo á la ley hipo-tecaria, y por tanto que no era necesario que los edictos fue-sen publicados por veinte días, sino que si transcurrieron yeinte días desde la fecha'en que se dictó la> providencia hasta la venta, con esto se cumplió suficientemente ■ con la ley de enjuiciamiento civil que entonces -regía.. También alegan los apelados.que no procede entablar un-pleito por-separado para anular estos procedimientos, porque-la solicitud inte-resando dicha' nulidad debió haberse presentado en-el pleito anterior. Otra alegación que hicieron los apelados es la de que los- apelantes, al otorgar la escritura a Doña-Asunción Torruella renunciaron a cualquier defecto que hubiera exis-tido en la venta o en la publicación de los edictos. Alegan por último los apelados que la acción había prescrito según resulta de la faz de la demanda.

La parte apelante quizás tenga razón en sostener que era necesario que los edictos se publicaran por veinte días. Sin embargo, aun admitiendo que se hubiera cometido un error al no publicarlos en esa manera, creemos que tal cuestión solamente puede promoverse por virtud de una solicitud para anular las actuaciones habidas en el pleito y dicha solicitud tendría que hacerse en el pleito original. Después que la propiedad ha sido vendida a un tercero y los demandantes han dejado pasar años, es demasiado tarde para entablar dicha acción.

' El fundamento principal para confirmar la sentencia. es que existe un contrato válido otorgado por los apelantes, por virtud del cual traspasaron la finca al causante del actual dueño de la finca. Después que los procedimientos de eje-cución a que se ha hecho referencia tuvieron lugar, la corte ordenó a los apelantes que hicieran el traspaso de la finca a Doña Asunción Torruella. El referido traspaso se verificó y tiene todos los requisitos de un contrato válido, con arreglo al artículo 1228 del Código Civil, puesto que el causante de los apelantes era deudor del anterior dueño de la finca, es-tando todos los apelados capacitados para contratar y pres-taron su consentimiento. Nada implica que existiera una orden de un tribunal ordenando el traspaso.' La negativa no aparejaba castigo personal o perjuicio de ninguna clase. Ha-biéndose hecho el traspaso, existe un contrato enteramente válido, y no habiéndose demostrado la existencia de fraude,-intimidación o violencia, u otro elemento indebido, debe confir-marse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández' y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Sucesión Fuster, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad de Gfuayama. •
    No. 131.
    Resuelto en febrero 14, 1913.
    Posesión — -Conversión en Dominio — Casa en Solar del Municipio. — Inscrita la posesión de una casa a favor de su dueño en virtud de expediente pose-sorio, del cual resulta que el solar pertenece al municipio, no puede el regis-trador de la propiedad negarse a verificar la conversión de la inscripción pose-soria en inscripción de- dominio, por el fundamento de aparecer del registro estar enclavada la casa en solar del municipio.
    Nulidad de Inscripción — Facultades de los Registradores — Recurso Guber-nativo. — Hecha una inscripción en el registro, queda bajo la salvaguardia de las cortes de justicia, únicas que tienen facultades para determinar, en el correspondiente juicio, la validez o nulidad de una inscripción, sin que pueda tal cuestión discutirse en un recurso gubernativo.
    Posesión — Conversión en Dominio. — Si del registro aparece que una casa está enclavada en solar del municipio, es claro que la conversión de la inscripción posesoria de dicha casa en inscripción de dominio, afecta exclusivamente a la casa y nó al solar del municipio, sobre el cual reconoció el promovente del expediente posesorio que estaba radicada la casa.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Domínguez Rubio. ,
    El Registrador compareció en nombre propió.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La Sucesión Fuster, de que son miembros Doña Leonor y Don Rafael Fuster y Blien, presentó el 19 de octubre del año próximo pasado en el Registro de la Propiedad de Grua-yama, certificación de una resolución que con fecba del día anterior babía dictado la corte municipal de aquella ciudad, ordenando se convirtiera en inscripción de dominio la inscrip-ción posesoria de tres fincas radicadas dentro del término municipal de dicba ciudad, una de ellas rústica y dos urbanas.

El registrador llevó a cabo la conversión ordenada en cuanto a la finca rústica y la denegó en cuanto a las dos ur-banas, por medio de nota que transcribimos a continuación:

. “Hecha la conversión que se ordena en el precedente documento en cuanto a la finca rústica, por nota al margen de la inscripción pri-mera de la finca No. 981, al folio 226 del tomo 18 de Guayama, dene-gándose la inscripción en cuanto a las casas, por aparecer del registro, estar enclavadas en solares del municipio de esta ciudad. — Guayama, octubre veinte y nueve de mil novecientos doce.
■ • - • “El registrador, ■
• . “Felipe Cuchí Arnau.”

Esta nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto en la parte relativa a las dos fincas urbanas,

Para mejor conocimiento del caso pedimos al- Begistrador de la Propiedad de Guayama, certificación expresiva de las inscripciones posesorias de las dos fincas, de que se trata; y de la certificación que nos ha sido enviada aparece que Don Baf ael Fuster y Aguiló, causante. de la sucesión recurrente, promovió expediente ante el antiguo Juzgado de Ia. Instancia de Guayama para acreditar la posesión de las dos fincas ur-banas de que se trata, las que adquirió por.haberlas cons-truido con peculio propio en. solares que le concedió el ayun-. tamiento de Gitayama, cuyo expediente fué. aprobado por auto de 26 de septiembre de 1896, habiéndose inscrito en su conse-cuencia la posesión, de ambas fincas, con fecha 15. de octubre siguiente .en el mencionado registro a favor de .Don Baf ael Fuster y Aguiló sin perjuicio de tercero de mejor derecho.

Como en el escrito inicial del expediente posesorio se ex-presó. claramente que las fincas fueron adquiridas. con pe-, culio propio en solar concedido por el ayuntamiento y las pruebas practicadas tendieron a demostrar que eran poseídas a. nombre propio por.Don Bafael Fuster y Aguiló, no cabe duda de que la posesión aprobada por el Juzg-ado de Ia. Ins-tancia de Guayama e inscrita en el registro, se refería a las casas edificadas sobre solares del Municipio de Guayama, pero no a los solares mismos pertenecientes a dicho municipio y [poseídos por tanto a nombre de éste.

Se hizo, pues, la inscripción de posesión de las dos casas a favor de Don Rafael Poster y Aguiló sin que aparezca que la propiedad de los solares en que estaban radicadas estuviera inscrita a favor del Municipio de Guayama, y no cabe discutir en el presente recurso si la inscripción de posesión de las dos casas siin estar inscritos los solares, adolece o no de nulidad, pues siendo un hecho la inscripción posesoria de ambos edifi-cios, ha quedado bajo la salvaguardia de las cortes de justicia y sólo a éstas es dado resolver en el correspondiente juicio acerca de da validez o nulidad de los asientos e inscripciones, según resoluciones de la Dirección General de los Registros de España de 7 de septiembre de 1883, 7 de mayo y 15 de junio de 1884, 19 de noviembre y 17 de diciembre de 1885, 11 de febrero de 1887, Io. de mayo de 1890 y 21 de junio de 1891. Antes de ahora ya hemos ratificado tal doctrina.

■ La inscripción posesoria de las dos casas ha de servirnos de punto de partida para la resolución que habremos de adop-tar on el presente recurso.

v\hora bien, esa inscripción posesoria de las dos casas que no es extensiva á los solares del Municipio de Guayama en que están radicadas, es la q-ue la corte municipal de dicha ciu-dad ordenó en resolución de 18 de octubre último, se convir-tiera en inscripción de dominio, y el registrador debió dar cumplimiento a la expresada resolución por haberla dictado la Porte Municipal de Guayama dentro de los límites de su jurisdicción.

Si del registro aparece que las casas están enclavadas en solares del Municipio de Guayama, es claro que la conversión de la inscripción posesoria de las dos casas en inscripción de dominio, afecta exclusivamente a las casas y no a los solares del Municipio de Guayama sobre los cuales reconoció el cau-sante de los recurrentes, estaban radicadas las casas y no en solares de su propiedad. ■ ,'

Por las razones expuestas, entendemos procede la revoca-ción de la nota recurrida en cuanto deniega la conversión de la inscripción de posesión de las dos casas'en inscripción de dominio, sin que esa conversión bajo concepto- alguno pueda afectar a los dos solares del Municipio de Ghiayama en que están radicadas.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Peesidente Se. Heenández,

text:
    Saldaña, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Begijeso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 132.
    Resuelto en febrero 14, 1913.
    Terceros — Inscripción de Títulos. — El artículo 17 de la Ley Hipotecaria, apar-tado 1, no tiene otro propósito y alcance que la protección de los terceros, y si la persona en cuyo favor está hecha la inscripción no es un tercero, no podrá dársele aplicación.
    Id. — Escritura Declaratoria de Construcción. — La inscripción de una casa en el registro a favor de su dueño, en virtud de escritura declaratoria de cons-trucción, no impide la inscripción de la venta de esa misma casa a favor del comprador, aunque haya sido otorgada con anterioridad a la escritura decla-ratoria de construcción.
    Id. — Inscripción del Título del Vendedor — Título del Comprador.' — De acuerdo con el ar-tíeulo 20 de la Ley Hipotecaria, para inscribir el título del comprador, es necesario inscribir antes el título del vendedor.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: 'Sr. Andrés Mena.

    El Registrador compareció en nombre propio.
   El Juez Peesidente Se. Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

I Por escritura pública otorgada en la ciudad de Oaguas tinte el Notario Don Luis Mendín Sabat, a 24 de'mayo de 1912, Don Arcadio Saldaña Agosto asistido de su esposa Doña Dolores Isabel Polanco Santiago, vendió a Don Pedro Sal-laña Rivera una casa de altos y bajos de concreto que estaba lonstruyendo en la calle de Celis Aguilera de dicha ciudad, squina a la de Padilla, con dinero propio y de su consorte y obre solar de la propiedad del Municipio de Caguas.

Presentada copia de la mencionada escritura al Regis-trador de la Propiedad de Caguas para su inscripción en aquel registro, fué denegada por medio de nota que copiada a la letra dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento, por obser-varse el defecto insubsanable de que según el registro, el vendedor Don Arcadio Saldaña Agosto adquirió la casa que enajena, por cons-trucción, según escritura de fecha 23 de octubre de 1912, otorgada en esta ciudad ante él Notario D. Luis Mendín Sabat, y que la'venta a que se reñere dicho documento se llevó a efecto estando dicha casa en construcción, por escritura otorgada e'n esta ciudad, ante el ex-presado Notario Señor Meridín Sabat, el' 24 de mayo del corriente año, cuya fecha es anterior a la de la escritura de edificación antes citada, por la cual el referido vendedor declaró haber construido con su propio peculio ,1a predicha casa, cuyo defecto impide practicar la inscrip-ción, solicitada, según el artículo 17' de. la Ley Hipotecaria; exten-diéndose en su lugar anotación preventiva por el término legal de ciento veinte días, a favor del comprador Don Pedro Saldaña Rivera, al folio 82 vto. del tomo 37 de esta ciudad, finca número 1752, anota-ción letra 'A.’ Caguas 26 de noviembre de 1912. — Entre líneas-según el-Registro-vale. — Lorenzo Giménez García, registrador sustituto.’-’

Dicha nota está sometida a nuestra consideración, a vir-tud de recurso gubernativo interpuesto contra ella ,por Don Pedro Saldaña Rivera.

Opinamos que el registrador ha incurrido en error por aplicación indebida del artículo 17 de la Ley Hipotecaria, que en su primer apartado dice así:

“Inscrito o anotado preventivamente en el registro cualquier título-traslativo del dominio O'de la posesión de los inmuebles o de los-de-rechos reales impuestos sobre los mismos, no podrá inscribirse o ano-1 tarse ningún otro de igual o anterior fecha por el cual se trasmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real.” I

Ya dijimos al resolver el caso de Roig v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R., 954, que como tal artículo nol tiene otro propósito y alcance que la protección de los terce| ros, si la persona en cuyo favor está'hecha la inscripción no es nn tercero, no podrá dársele aplicación.

En el presente caso la persona a cuyo favor aparece en el registro la inscripción de la casa de que sé trata es Don Arcadio Saldaña Agosto, el mismo que asistido de su esposa la vendió a Don Pedro Saldaña Rivera, a quien le ha sido dene-gada la inscripción del título traslativo del dominio. No es pues, tercero, Don Arcádio Saldaña Agosto. Y ocurre, ade-más, la particularidad de que el título inscrito en el registro a favor de Saldaña Agosto, no es traslativo de dominio sino declarativo, o más bien originario del dominio de la casa por construcción, razón más para que prescindiendo de la consi-deración anterior no sea de aplicación el artículo transcrito.

No se trata de inscribir un título anterior o de igual fecha otorgado por persona distinta de la que aparece con derecho en el registro, sino de un título otorgado precisamente por el que aparece con ese derecho, como así dijimos al decidir el caso de Méndez v. El Registrador de la Propiedad, 18 D, P. R., 805, en el que hubimos de interpretar el mismo artículo invo-cado por el Registrador de Caguas en la nota recurrida.

Previniendo como previene el artículo 20 de la Ley Hipo-tecaria que para inscribir o anotar los títulos en que se trans-fiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen, es obvio que para inscribir Don Pedro Saldaña Rivera la escritura traslativa del dominio de la casa, tenía que inscribirse antes el dominio de la misma a favor de su causante Don Arcadio Saldaña Agosto.

Los artículos 17 y 20 de.la Ley Hipotecaria lejos de con-tradecirse se armonizan.

Por las razones expuestas, la nota del registrador de 26 de noviembre del año próximo pasado debe revocarse, ordenán-dose a dicho funcionario que proceda a verificar la inscrip-ción solicitada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Rivera, Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, “Sección 2a.
    No. 533.
    Resuelto en febrero 17, 1913.
    Derecho Penal — Sentencia de Acuerdo con la Prueba. — Examinada la prueba practicada en este caso, es más que suficiente para sostener la sentencia con-denatoria apelada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    El apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Dionisio Rivera fue acusado ante la Corte Municipal de San Juan de haber acometido y agredido a Pedro Falú, ma-liciosa, ilegal y 'voluntariamente, con el propósito de cansarle grave daño personal. Celebrado el juicio, fue declarado culpable. Apeló para ante la corte de distrito y celebrado el juicio de nuevo, fué también declarado culpable y condenado a pagar cuarenta dólares de multa y las costas y en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar de la multa que de-jare de satisfacer. Contra esa sentencia de la corte ele dis-trito, dictada el 29 de octubre de 1912, apeló para ante este Tribunal Supremo, y el 7 de febrero actual se celebró' la vista del recurso, sin que compareciera la parte'apelante. ¡

En la. transcripción figura una exposición del caso en la que se ha incluido la prueba practicada. La hemos exami-j nado y, a nuestro juicio, es más que suficiente para sostener la sentencia condenatoria apelada que, en tal virtud, debe confirmarse en todas sus partes.

C on firmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.