text:
    Arribas & Associates, Inc., recurrida, v. Santa Clara C. por A., peticionaria.

      Número: CC-2005-255

      Resuelto: 3 de octubre de 2005

      Luis R. Mellado González, abogado de la parte peticionaria; Wilma I. Cadilla Vázquez, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos permite examinar la figura del registro de marcas sin uso previo y determinar si las mar-cas así inscritas están sujetas a un plazo de tiempo en el que deban ser utilizadas.

El 23 de abril de 1998 Arribas & Asociados, Inc. (Arri-bas) solicitó al Departamento de Estado de Puerto Rico que registrara a su favor la marca “Santa Clara” para agua mineral. En su solicitud, Arribas indicó que la marca no había sido utilizada en el comercio en Puerto Rico. Con-forme dispone la Ley de Marcas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991 (10 L.P.R.A. sec. 171 et seq.) (Ley de Marcas), Arribas anejó una copia del diseño de la marca que se utilizaría.

Poco tiempo después, Santa Clara C. por A. (S.C.C.A.) solicitó al Departamento de Estado de Puerto Rico que re-gistrara a su favor la misma marca con esencialmente el mismo diseño, también para agua mineral. Al igual que ocurrió con Arribas, S.C.C.A. indicó en su pedido que la marca no se había utilizado en el comercio en Puerto Rico.

Luego de ciertos trámites procesales, el Departamento de Estado examinó la solicitud de Arribas y determinó que podía proceder el registro, por lo que ordenó que se publi-cara un clisé de la marca Santa Clara en un periódico de circulación general. Arribas así lo efectuó y acreditó al De-partamento de Estado.

Así las cosas, el Departamento de Estado denegó la so-licitud de registro instada por S.C.C.A. Indicó que la Ley de Marcas prohíbe el registro de una marca ya inscrita o conocida que pertenezca a otro y se use en productos de las mismas propiedades descriptivas. Añadió que otra entidad (refiriéndose a Arribas) había solicitado previamente el re-gistro de la misma marca de fábrica.

Oportunamente, S.C.C.A. solicitó la reconsideración de la decisión. Poco después presentó una oposición al registro de la marca Santa Clara a favor de Arribas. Argüyó que era la dueña y creadora de la marca y diseño Santa Clara, por cuanto venía usándola para identificar sus botellas de agua mineral en la República Dominicana, país en el que está constituida como entidad legal hace más de diez años. Indicó que antes de presentar su solicitud de registro, ha-bía llevado su producto, con la marca adherida, a una feria de exposición de alimentos celebrada en Puerto Rico. Teo-rizó que allí Arribas se había enterado de la existencia de la marca y, aun sabiendo que tenía dueño, había intentado registrarla y apropiársela. Agregó que Arribas no había creado la marca y diseño de Santa Clara, y que jamás los había utilizado en lugar alguno.

Arribas replicó y expuso que el hecho de que S.C.C.A. fuese dueña de la marca Santa Clara en la República Do-minicana no constituía un impedimento para que Arribas efectuara el registro de la misma marca en Puerto Rico. Apuntó que a falta de uso o solicitud de registro previo a la solicitud de Arribas, S.C.C.A. carecía de fundamento legal para oponerse al registro de la marca a favor de Arribas.

El Departamento de Estado consolidó las solicitudes y eventualmente citó a una vista de estado de los procedimientos. A partir de ese momento se inició un trá-mite procesal accidentado. Finalmente, en junio de 2003, y sin haber celebrado aún la vista administrativa en su fondo, S.C.C.A. solicitó la adjudicación sumaria del caso. Más tarde, y ante la negativa del Departamento de Estado de adjudicar sumariamente el asunto, S.C.C.A. renunció a su derecho a presentar evidencia en la vista administra-tiva y sometió el caso a base del expediente.

Tanto la solicitud de adjudicación sumaria como la su-misión por el expediente respondían a la contención de S.C.C.A. de que Arribas había perdido su derecho priorita-rio por no haber acreditado que había usado la marca. Alegó que, conforme a la propia Ley de Marcas y al Regla-mento de Procedimientos del Registro de Marcas del De-partamento de Estado de Puerto Rico, Reglamento Núm. 4638, aprobado el 21 de febrero de 1992 (Reglamento Núm. 4638), una marca cuyo registro se ha solicitado bajo la mo-dalidad de intención de uso debía ser utilizada en un pe-riodo de cinco años.

No obstante los argumentos de S.C.C.A., y a recomen-dación del oficial examinador a cargo del caso, el Departa-mento de Estado emitió una resolución en la que declaró “sin lugar” la solicitud de registro y oposición presentadas por S.C.C.A., y ordenó el registro de la marca a favor de Arribas. Cabe notar que el oficial examinador concluyó, en-tre otras cosas, que no existía disposición legal alguna que requiriese que el solicitante de una marca la tuviese que utilizar dentro del término de cinco años. Señaló también que en virtud de la Ley de Marcas, el derecho a una marca se adquiere por el registro válidamente efectuado.

De esa determinación recurrió S.C.C.A. al Tribunal de Apelaciones. Dicho foro confirmó al Departamento de Es-tado y expresó que, en vista de que S.C.C.A. había renun-ciado a presentar evidencia que demostrase que tenía me-jor derecho que Arribas sobre la marca, sus contenciones habían quedado huérfanas de prueba que las apoyara.

Inconforme, S.C.C.A. acudió ante este Tribunal. Exami-nada la petición de certiorari, ordenamos a Arribas a com-parecer y mostrar causa por la cual no debíamos revocar el dictamen recurrido. Le invitamos a expresarse particular-mente sobre el término para utilizar en el comercio una marca cuyo registro se ha solicitado bajo el fundamento de intención de uso y las consecuencias de no usar la marca en ese tiempo. Arribas compareció y expuso que la Ley de Marcas no indica un plazo para utilizar una marca cuyo registro se ha solicitado sin uso previo, y que el Regla-mento Núm. 4638 dispone que en caso de un registro efec-tuado bajo esas circunstancias, la parte registrante cuenta con cinco años, a partir de la fecha de registro, para pre-sentar evidencia de uso “para su archivo”. Arguye Arribas que esa regla es inaplicable por cuanto no ha obtenido el registro de la marca ni la ha utilizado porque S.C.C.A. la ha mantenido ocupada con el litigio. Añade, además, que nada preceptúa esa disposición en torno a las consecuen-cias de no acreditar oportunamente el uso de una marca.

Ante las comparecencias de las partes, procedemos a expedir el auto y resolver.

HH I

Recientemente, en Arribas v. American Home, 165 D.P.R. 598 (2005), atendimos una controversia que también implicaba los derechos que Arribas alegaba tener sobre una marca que no había utilizado previamente. En aquella ocasión Arribas había logrado el registro en el Departamento de Estado de Puerto Rico de una marca que otra compañía ya había usado en Estados Unidos y que posteriormente fue registrada en la Oficina de Patentes y Marcas al amparo de las disposiciones federales sobre el asunto() Para resolver la controversia sobre la titularidad de la marca, acudimos en primer lugar a la Ley de Marcas. Al analizar dicha ley, expresamos que las marcas se ad-quieren por su uso o por su inscripción en el Registro de Marcas del Departamento de Estado. Arribas v. American Home, supra, págs. 604-605; 10 L.P.R.A. sec. 171a. Añadi-mos que, según surge del texto e historial legislativo de la Ley de Marcas, se puede inscribir una marca aun cuando ésta no haya sido usada previamente en el comercio. Arribas v. American Home, supra, pág. 605.

Ahora bien, ya sea para registrar una marca de la que, en virtud de su uso, ya se es dueño, o para inscribir aquella cuya propiedad se espera adquirir mediante el registro, de-ben cumplirse con una serie de requisitos y procedimientos. El proceso se inicia con la presentación de una solicitud a esos efectos al Departamento de Estado. Véase 10 L.P.R.A. sec. 171b. Junto con esa solicitud, se debe presentar una declaración jurada que acredite que, según el mejor conocimiento y la creencia del solicitante, ninguna otra persona tiene derecho a usar la marca en Puerto Rico. íd. Asimismo, deben pagarse los correspon-dientes derechos y presentarse facsímiles de la marca se-gún se usa o se piensa utilizar en el comercio. íd. La marca que se solicite registrar, además, no deberá caer bajo nin-guna de las prohibiciones que contiene el Art. 5 de la Ley de Marcas, 10 L.P.R.A. sec. 171c, en donde se enumeran una serie de características que impiden el registro.

Cumplido el trámite inicial y presentada una solicitud de registro de una marca de forma cónsona con la Ley de Marcas, le corresponde al Secretario de Estado examinarla. 10 L.P.R.A. sec. 171e. Si el Secretario deter-mina que es rechazable el registro de la marca, así se lo notificará al solicitante, con las explicaciones pertinentes, Íd. Por el contrario, si resulta que procede el registro de la marca, se le pedirá al solicitante que publique su nombre y dirección, un clisé de la marca y una identificación de la clase de artículo al que se aplica o aplicará la marca en un periódico de circulación general del país. Íd. El solicitante deberá entonces acreditar al Departamento de Estado que se efectuó la publicación y la fecha en que ocurrió. Íd.

A partir de la publicación del clisé de la marca y demás información, comienza a transcurrir un periodo de treinta días para que cualquier persona que se considere perjudi-cada por el registro prospectivo presente un escrito de opo-sición en el que exprese sus fundamentos. 10 L.P.R.A. sec. 171f. De no presentarse una oposición oportuna, el Secre-tario de Estado inscribirá la marca y expedirá su corres-pondiente certificado de registro. Íd. “Los efectos de la ins-cripción se retrotraerán a la fecha de presentación de la solicitud ” (Enfasis suplido.) 10 L.P.R.A. sec. 171e.

Aun de no existir un escrito de oposición como tal, la inscripción de una marca puede enfrentar problemas si se ha presentado otra solicitud que pretenda registrar una marca muy similar. En ese caso, cuando están pendientes de registro dos marcas cuya inscripción sea incompatible, el Secretario deberá decidir cuál de ellas tiene derecho a registrarse. 10 L.P.R.A. sec. 171g.

Este esquema de registro que provee la Ley de Marcas encuentra su complemento en las provisiones reglamentarias. Según autoriza la propia ley, 10 L.P.R.A. sec. 171u, y de acuerdo con el trámite prescrito por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq., el 21 de febrero de 1992 el Departamento de Estado aprobó el Reglamento Núm. 4638. En él se aclaran y especifican las etapas y los requisitos del trámite necesario para el registro de una marca.

Respecto a los registros de marcas sin uso previo, este Reglamento permite certificar el uso de una marca a través de dos mecanismos diferentes. Así, en primer término, la See. 24 del Reglamento Núm. 4638 autoriza la enmienda de una solicitud para incluir una fecha de uso en el comercio. Dicha sección indica, en parte:

C. En el caso de una solicitud presentada para una marca que no haya sido usada, se podrá enmendar la solicitud para indi-car la fecha del primer uso en el comercio presentando una declaración jurada a esos efectos y la evidencia de uso que le pueda ser requerida al solicitante. Reglamento Núm. 4638, supra, Sec. 24, págs. 6-7.

De no proceder de acuerdo con lo dispuesto en la citada See. 24, se podrá emplear el segundo mecanismo de acreditación de uso de la marca. Así, si se continúa tramitando la solicitud como de una marca sin uso previo, y eventualmente ésta prospera y se logra la inscripción, deberá atenderse a lo dispuesto por la See. 42:

Siempre que se haga uso de una marca en el comercio con posterioridad a la fecha del registro de dicha marca, se presen-tará para su archivo una declaración jurada de uso, 5 facsími-les sueltos de la marca tal y como se usa en el producto o en relación [con] los servicios y la evidencia de uso que le pueda ser requerida por el Secretario. Dicha declaración deberá pre-sentarse dentro de los 5 años siguientes a la fecha del registro. Reglamento Núm. 4638, supra, Sec. 42, pág. 13.

Esta sección ordena que se acredite el uso de la marca que ha sido registrada en un término de cinco años. Se trata de una disposición de carácter forzoso, cuyo lenguaje deja claro que no queda a discreción del titular registral cumplir o no con la obligación preceptuada.

La citada See. 42 del Reglamento Núm. 4638 obliga, pues, a todo titular que haya obtenido el registró de una marca que no había usado previamente, a utilizarla y así acreditarlo. El plazo que concede tanto para hacer uso de la marca como para notificárselo al Departamento de Estado es de cinco años desde la fecha de registro. Nótese, sin embargo, que la Ley de Marcas dispone que los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha de la presentación de la solicitud. 10 L.P.R.A. sec. 171e. Por lo tanto, cuando una marca se registra sin haberse usado, el titular tiene un periodo de hasta cinco años desde que solicitó la inscripción para comenzar a utilizar la marca en el comercio e informarlo al Departamento de Estado.

Por último, cabe destacar que aun cuando la See. 42 del Reglamento Núm. 4638, supra, no especifica qué consecuencias tendrá el incumplimiento de la obliga-ción allí prescrita, y no empece la expresión de que la evi-dencia de uso presentada será “para su archivo”, su texto no puede dejarse sin efecto práctico por esa razón. Debe tenerse en cuenta que el propósito legislativo al facultar el registro de marcas fue ofrecer una protección a las marcas en vías de desarrollo. Véase Informe Conjunto de las Co-misiones de Cooperativismo, Comercio y Fomento Industrial y de lo Jurídico sobre el P. del S. 995 de 19 de junio de 1991. Lo que se contemplaba, pues, era inscribir marcas que al momento del registro todavía no habían sido utili-zadas en el comercio, pero que en definitiva se encamina-ban hacia esa meta. Ello no es equivalente a permitir el registro de marcas que quedarían indefinidamente bajo la categoría de “intención de uso”. De ahí que la See. 42 del Reglamento Núm. 4638, supra, sea un complemento im-prescindible a la figura del registro sin uso previo. Me-diante esta sección se garantiza que las marcas que sub-sistan en el Registro de Marcas del Departamento de Estado respondan a la realidad del comercio puertorri-queño y, al mismo tiempo, se provee un amplio plazo de cinco años, a partir de la presentación de la solicitud, para culminar la etapa de desarrollo que se quiso proteger y comenzar el uso de la marca.()

Ante los propósitos que persigue la Sec. 42, supra, el lenguaje que en ella se utiliza y el historial legislativo de la Ley de Marcas, nos parece forzoso concluir que los beneficios que provee el registro de una marca sin uso previo, empezando por el derecho a apropiarse de la marca a través del registro, se pierden si el titular involucrado no acredita haber usado la marca en el plazo prescrito. El cumplimiento con la citada See. 42 del Reglamento Núm. 4638 es una condición necesaria para la subsistencia de ese tipo de registro.

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Repasemos los hechos pertinentes al caso de autos para entonces aplicar el derecho. El 23 de abril de 1998, Arribas solicitó el registro de la marca Santa Clara para botellas de agua, marca que no había usado. A ese registro se opuso S.C.C.A., que también había solicitado el registro de la marca. Mientras estaba pendiente de dilucidación la opo-sición de S.C.C.A. —y, por consiguiente, el derecho de Arri-bas a inscribir— transcurrieron cinco'años desde la fecha en que Arribas presentó su solicitud de registro de la marca Santa Clara.

Ante el hecho de que en esos cinco años Arribas no había enmendado su solicitud para hacer constar una fecha de uso ni había acreditado de forma alguna que hubiese utili-zado la marca en el comercio, S.C.C.A. adujo que ello era suficiente para que se declarase “sin lugar” la solicitud de Arribas. Por lo tanto, renunció a sus otros planteamientos y a la vista administrativa, y sometió el caso por el expediente. En esencia, lo que estaba solicitando S.C.C.A. era que el Departamento de Estado concluyera, como cues-tión de derecho, que no procede el registro de una marca solicitada sin uso previo cuando luego de cinco años de pre-sentada la solicitud, el solicitante no ha provisto evidencia de su uso de la marca en el comercio. Le asiste la razón.

Como hemos visto, quien registra una marca que no ha usado previamente tiene, necesariamente, que evidenciar el uso de ella en la manera preceptuada dentro del término de cinco años desde la fecha en que solicitó la inscripción. Con ello se asegura el cumplimiento del propósito legislativo de registrar marcas en vías de desarrollo y no meras intenciones difusas o irreales de utilizar una marca en un futuro indefinido. El mecanismo de registro de marcas sin uso previo no puede servir para ofrecer pro-tección legal a aquellos que interesan reservar indefinida-mente un símbolo que no están utilizando y así excluir a cualquier posible usuario del derecho a mercadear la marca. ()

Es necesario reconocer, sin embargo, que aun cuando el plazo de cinco años al que se refiere la Sec. 42 del Reglamento Núm. 4638, supra, se retrotrae a la fecha de presentación de la solicitud, la obligación en sí que ella impone no madura hasta tanto se logre el registro. No obstante, permitir el registro de una marca cuya solicitud de registro está basada en el presupuesto de uso futuro y que tiene más de cinco años de presentada equivaldría a autorizar una inscripción en violación al Reglamento. Recuérdese que en cuanto se conceda el registro, el efecto se retrotraerá a la fecha de presentación de solicitud, por lo que el registrante de una marca en la circunstancia antes descrita estaría automáticamente incumpliendo con su obligación de evidenciar el uso de la marca en los cinco años siguientes a la fecha de su solicitud.

Determinamos, por ende, que luego de cinco años desde la presentación de una solicitud para el registro de una marca sin uso previo, si la marca aún no ha sido inscrita ya no procederá su registro. De este modo no se autorizarán marcas en violación a los requisitos legales, entre los cuales deben contarse los impuestos por el Reglamento Núm. 4638.() En los casos en que el proceso de registro resulte particularmente largo, el solicitante siempre podrá preservar su derecho sin subvertir la naturaleza del regis-tro a través del mecanismo de enmienda que provee la ci-tada See. 24 del Reglamento Núm. 4638. Nótese que el hecho de que esté pendiente un proceso administrativo no le impide al solicitante culminar el desarrollo del producto o servicio cuya marca solicitó inscribir.

En vista de lo anterior, erró el Departamento de Estado al ignorar su propio Reglamento, al determinar que no existía plazo alguno en el que se tuviera que utilizar una marca cuya solicitud se había basado en uso futuro y al conceder el registro de la marca Santa Clara a favor de Arribas. Por consiguiente, erró también el Tribunal de Apelaciones al confirmar la resolución del Departamento de Estado.

IV

Falta por aclarar, únicamente, que el hecho de que no proceda el registro a favor de Arribas no implica que S.C.C.A. tenga derecho a inscribir la marca. En este caso Arribas y, luego, S.C.C.A. solicitaron registrar “Santa Cla-ra” sin haberla usado previamente. Por tratarse de dos so-licitudes sobre la misma marca, el Secretario tenía que de-cidir quién tenía derecho al registro. 10 L.P.R.A. sec. 171g.

El Departamento de Estado entonces citó a una vista en la que las partes debían presentar prueba. S.C.C.A., sin embargo, renunció a la vista y sometió el caso por el expediente. A ello se allanó Arribas, pero indicó que no se debían tomar en consideración los documentos presentados por S.C.C.A. que alegadamente apoyaban su mejor derecho a la marca, por cuanto no habían sido autenticados. De ahí que el Departamento de Estado sólo podía dilucidar si las solicitudes de las partes se habían tornado improcedentes por el transcurso de cinco años desde la presentación de la solicitud sin que se acreditara el uso de la marca.

Aun cuando tenía razón S.C.C.A. en que no procedía el registro a favor de Arribas por esa razón, obvió que tam-poco podía inscribirse la marca a nombre suyo porque le aplicaba la misma disposición. Al momento de S.C.C.A. so-meter el caso por el expediente, habían pasado más de cinco años desde que presentó su solicitud basándose en uso prospectivo. Aunque en el transcurso de ese tiempo había presentado ciertos documentos que sostenían su uso de la marca, al renunciar a la vista perdió la oportunidad de autenticarlos y de probar esa alegación. Por lo tanto, el Departamento de Estado estaba impedido de pasar juicio sobre ese asunto.

Nótese que por tratarse de dos solicitudes presentadas de manera casi simultánea y que se referían a una misma marca, no aplicaba el trámite usual de inscripción. En vez, la situación estaba contemplada específicamente en una sección de la ley que facultaba al Secretario de Estado a decidir cuál de las partes era la verdadera dueña de la marca. Véase 10 L.P.R.A. sec. 171g. Por estar involucrada en un procedimiento adversativo especial, S.C.C.A. no po-día obviarlo, específicamente la vista evidenciaría, sin que ello la dejara desprovista de su oportunidad de probar su mejor derecho al registro.

Lo anterior no es impedimento, sin embargo, para que cualquiera de las partes posteriormente use la marca e ini-cie un nuevo trámite para registrarla. En ese caso, se pro-cederá con el registro de forma cónsona con la Ley de Mar-cas, el Reglamento Núm. 4638 y las órdenes que la agencia tenga a bien emitir.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de “certiorari”. Se revoca aquella parte del dictamen del Tribunal de Apelaciones que confirmó la inscripción del re-gistro Núm. 42,679 de la marca “Santa Clara” a favor de Arribas & Assoc., Inc. Se confirma al referido foro, sin embargo, en cuanto sostuvo la determinación del Departa-mento de Estado de que no procede la solicitud de registro de “Santa Clara” presentada por Santa Clara C. por A.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

      (1) 15 U.S.C.A. sec. 1051 et seq., conocida popularmente como la Ley Lanham.

      (2) Compárese con el esquema provisto en la Ley Lanham, legislación federal aplicable a la materia de marcas y que permite la solicitud mas no el registro de una marca sin su uso previo. Además, para que la solicitud prospere en esas circunstan-cias, el solicitante deberá utilizar la marca en un término de seis meses, permitién-dose una prórroga de otros seis meses y prórrogas adicionales por justa causa por periodos que, en conjunto, no sumen más de veinticuatro meses. Véase 15 U.S.C.A. sec. 1051(d).

      (3) De la misma forma, un titular registral no puede pretender mantener un derecho exclusivo sobre una marca cuyo uso ha abandonado. El abandono constituye una causal de cancelación privilegiada y, contrario a otras razones para la cancela-ción de un registro, puede ser levantada durante toda la vigencia del referido registro. Véase 10 L.P.R.A. sec. 171q.

      (4) Por estar ante un reglamento que contiene reglas legislativas, éste tiene fuerza de ley. Véanse Tosado v. A.E.E., 165 D.P.R. 377 (2005); D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, Sec. 3.3, págs. 124 — 125.


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text:
      In re Asignación de Encomienda y Nombramiento de Nuevos Miembros a la Comisión para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico.

      Número: EN-2005-07

      Resuelto: 3 de octubre de 2005
   RESOLUCIÓN

En consideración al Informe Final, presentado por la Comisión Especial sobre Prácticas del Uso del Notario como Agente de Cierre y Agentes de Título y sobre Gastos y Honorarios Notariales en Casos de Financiamiento de Pro-piedades Inmuebles (Comisión Especial), nombrada por el Tribunal Supremo en virtud de la Resolución de 6 de marzo de 2003 para investigar las prácticas que inciden en el notariado puertorriqueño, es preciso redirigir esfuerzos y ampliar la composición de la Comisión para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico.

El Informe de la Comisión Especial presenta hallazgos que requieren atención inmediata y apremia la implanta-ción de sus recomendaciones. Los conocimientos y la expe-riencia de los miembros de la Comisión para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico harán viable la definición de los medios idóneos para implantar las recomendaciones de la Comisión Especial.

Por la naturaleza de los hallazgos y para asegurar que se atiendan las necesidades de los sectores afectados, se nombran al Comisionado de Instituciones Financieras, Hon. Alfredo Padilla, y al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Ledo. Alejandro García Padilla, para colaborar en esta encomienda, como nuevos miembros de la Comisión para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico.

El Presidente de la Comisión, Ledo. Dennis Martínez Colón, deberá reunir a otros miembros de dicha Comisión, junto con los designados mediante esta Resolución, en un subcomité de trabajo que atienda esta encomienda. Dicho subcomité rendirá un informe, en seis meses, que incluya recomendaciones específicas y mecanismos para lograr la pronta implantación de las recomendaciones del Informe de la Comisión Especial.

La encomienda asignada y el nombramiento de nuevos miembros para la Comisión Especial tienen efectividad inmediata.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Enmienda al Reglamento Notarial.

      Número: ER-2005-11

      Resuelto: 3 de octubre de 2005
   RESOLUCIÓN

La Comisión Especial creada en virtud de la Resolución de 6 de marzo de 2003, In re Práctica Finan. Uso Notario, 158 D.P.R. 921 (2003), para investigar, entre otros asuntos, la actuación de los notarios que intervienen como agentes de cierre, de desembolso o agentes de seguro de título en los casos de financiamiento de propiedades inmuebles, rin-dió su Informe el 18 de agosto de 2005, el cual incluye los hallazgos relacionados con la encomienda y sus recomen-daciones sobre tales prácticas.

Entre los hallazgos pertinentes a la actuación del nota-rio como agente de cierre y de desembolso, el Informe re-veló que aunque no es la norma general, entre algunas instituciones financieras se observa dicha práctica. Se en-contró que ciertos notarios realizan funciones de agentes de cierre o de desembolso por sí o a través de una corpora-ción que pudiera estar o no bajo su control. Conforme a lo anterior, la Comisión Especial recomendó que se declare incompatible con la práctica de la notaría las funciones de agente de cierre o de desembolso, ya que el desempeño de estas funciones es ajeno al quehacer notarial.

La Comisión Especial encontró también que existen bu-fetes de abogados cuyos miembros poseen licencias de agente de seguros, quienes a su vez expiden las pólizas en los casos que autorizan los notarios del mismo bufete. Se concluyó que cuando un notario interviene, además, como agente de seguros, se coloca en un claro conflicto de interés si se genera una reclamación contra la póliza o si reco-mienda la adquisición de un seguro que genera una comi-sión para un agente o una agencia de seguros de la cual forma parte. Respecto a esto último, la Comisión Especial recomendó que se declare incompatible el uso del notario como agente de seguro de título y que se prohíba que el notario que autoriza una transacción recomiende o induzca al prestatario a adquirir una póliza de seguro con el propó-sito de cobrar las comisiones para sí o para la agencia que represente. Además, recomendó la regulación del funciona-miento paralelo, dentro de un bufete legal, del agente o agencia de seguros y la prestación de los servicios notaria-les por ese mismo bufete.

Las recomendaciones antes aludidas se fundan en la norma establecida en la Ley Notarial y su Reglamento, e interpretada por la jurisprudencia, de que el notario, como profesional del Derecho, ejerce una función pública y no representa a ninguna de las partes en el negocio jurídico. El ejercicio de esta función pública le impone al notario la obligación de asesorar a todos los otorgantes por igual, in-dependientemente de que uno de ellos haya requerido su servicio. Su intervención para autorizar el instrumento pú-blico ha de ser imparcial en todo momento, ya que dicha actuación constituye el pilar sobre el cual descansa la fe pública en su ministerio.

Este Tribunal, en el ejercicio de su facultad para regular el ejercicio del notariado y complementar mediante regla-mentación la Ley Notarial, acoge las recomendaciones de la Comisión Especial y dispone que se enmiende el Regla-mento Notarial vigente, para prohibir que el notario que autoriza un instrumento público realice gestiones o funcio-nes incompatibles con la intervención notarial. Con tal pro-pósito, se adopta la Regla 5A del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, para disponer lo si-guiente:

Regla 5A. Incompatibilidad entre la función del notario y otras actuaciones o gestiones ajenas a su función
Hay ciertas actuaciones o gestiones no notariales incompatibles con dicha función que afectan la imparcialidad del nota-rio y menoscaban la fe pública de la que está investido.
El notario que autoriza un instrumento público está impe-dido de actuar como agente de cierre, agente de desembolso o agente de seguro de título, o desempeñar funciones similares en el negocio jurídico o transacción que motiva su intervención.
Los notarios que formen parte de corporaciones o socieda-des, incluso como consejeros, que tengan como fines brindar servicios de agente de cierre o agente de seguro de título o de desembolso, no podrán autorizar escrituras relacionadas con transacciones o negocios en las que dichas entidades intervie-nen para prestar sus servicios. Esta prohibición aplicará al notario a partir de su ingreso como socio o accionista, o de la designación como consejero de dichas entidades.

Esta Resolución entrará en vigor el 17 de octubre de 2005.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: PER CURIAM:

text:
      In re William Marini Román, querellado.

      Número: CP-2000-10

      Resuelto: 6 de octubre de 2005

      Gustavo A. Gelpí y Roberto J. Sánchez Ramos, procuradores generales, querellantes; Juan M. Aponte Castro, Pedro E. Ortiz Alvarez y Monica I. De Jesús Santana, abogados de la parte querellada; Flavio E. Cumpiano e Ygrí Rivera Martínez, comisionados especiales; Manuel Martínez Um-pierre, querellante.
   PER CURIAM:

I

El Ledo. Manuel Martínez Umpierre presentó dos que-jas ante este Tribunal contra el Ledo. William Marini Román.() En éstas se cuestionó la conducta del licenciado Marini Román durante la tramitación judicial de varios casos relacionados con reclamaciones de agricultores por los daños provocados durante el paso del huracán Horten-sia en 1996. En estos casos el licenciado Martínez Umpie-rre representaba a los agricultores y el licenciado Marini Román representaba a la Corporación de Seguros Agrícolas.

Las quejas se refieren a incidencias acaecidas tanto a nivel de instancia como a nivel apelativo en los casos si-guientes: Marrero Rullán v. Corporación de Seguros Agrícolas, Civil Núm. KLAN99-0783, y Correa Rodríguez v. Corporación de Seguros Agrícolas, Civil Núm. KLAN00-0784, casos que fueron consolidados (Marrero Rullán-Correa Rodríguez); Roig Olivieri v. Corporación de Seguros Agrícolas, Civil Núm. JAC98-0014 (Roig Olivieri); Ramos Castillo v. Corporación de Seguros Agrícola, Civil Núm. JAC97-0601 (Ramos Castillo), y Planell v. Corporación de Seguros Agrícolas, Civil Núm. L3C1996-0480 (Planell).

El licenciado Martínez Umpierre esbozó en su escrito que el licenciado Marini Román, en los casos consolidados Morreo Rullán-Correa Rodríguez, presentó como apéndice a un escrito de apelación un documento alterado y distinto al que se había ofrecido y admitido en evidencia ante el Tribunal de Primera Instancia. Alegó, además, que en es-tos casos el licenciado Marini Román hizo unas declaracio-nes ante el tribunal de instancia, tanto orales como escri-tas, alegadamente falsas, relacionadas con el nombramiento del agrónomo Javier Domenech como árbi-tro en los casos.

Por otro lado, en los casos Roig Olivieri y Ramos Castillo se alegó también que el querellado declaró hechos falsos y engañosos en relación con el nombramiento del agrónomo Domenech. El licenciado Martínez Umpierre también le imputó al querellado utilizar tácticas impropias para soli-citar la inhibición del honorable juez Roberto Martínez Po-males (juez Martínez Pomales) en el caso Planell.

Finalmente, en la queja relacionada con la tramitación del caso Ramos Castillo, se planteó que el licenciado Ma-rini Román incurrió en conducta engañosa al someter en el apéndice del recurso de apelación un informe pericial dis-tinto al que había sido sometido ante el foro de instancia.

Le concedimos un término al querellado para replicar a las quejas instadas en su contra. En su defensa, éste adujo que lo ocurrido en el caso Marrero Rullán-Correa Rodríguez no fue intencional ni con el propósito de engañar al tribunal o a sus compañeros, sino para ilustrar al tribunal.() Asimismo, indicó que el asunto del nombra-miento del árbitro en los casos señalados era una contro-versia legítima y que sólo estaba protegiendo los intereses de su cliente. En relación con la inhibición del juez Martí-nez Pomales en el caso Planell, éste negó haber actuado de forma inapropiada. Finalmente, indicó que el problema con el apéndice en el caso Ramos Castillo fue producto de una “inadvertencia” y que no representó peijuicio alguno para las partes. El licenciado Marini Román señaló que es la primera vez en los veinticuatro años que lleva ejerciendo la profesión que se ha visto sometido a un procedimiento disciplinario.

Eventualmente, referimos los escritos presentados al Procurador General para evaluación e informe. Este com-pareció y concluyó en el informe sometido que las actuacio-nes del licenciado Marini Román violaron los cánones del Código de Ética Profesional que rigen la profesión. () Orde-namos la presentación de la correspondiente querella. En la querella presentada se formularon dos cargos, a saber: violación a las disposiciones del Criterio General, que re-gula los deberes del abogado para con los tribunales, y vio-lación al Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

El 11 de mayo de 2001 designamos a la Leda. Ygrí Rivera de Martínez como Comisionada Especial (Comisiona-da) en este caso. Luego de varios trámites procesales, las partes acordaron dividir la querella en cinco controversias, a saber: la primera, relacionada con la alteración de un documento presentado como parte de un apéndice ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones; la segunda y la ter-cera, relacionadas con expresiones tanto orales como escri-tas, alegadamente falsas, respecto al nombramiento de un perito; la cuarta, que se refiere a la unión de un abogado a un determinado caso con el único propósito de provocar la inhibición del magistrado que presidía la vista y el tras-lado a otra sala del pleito, y quinto, sobre la presentación como parte de un apéndice de un recurso ante el Tribunal de Apelaciones, de un documento distinto al que había sido admitido y considerado por el Tribunal de Primera Instancia.

Se celebraron unas vistas los días 4 y 20 de diciembre de 2001, en las cuales ambas partes tuvieron la oportunidad de presentar sus posiciones respecto a la querella presentada. Luego de evaluar la prueba presentada, que incluyó los autos originales de todos los casos así como la transcripción de la vista celebrada el 6 de agosto de 1999 ante el Tribunal de Primera Instancia en los casos Roig Olivieri y Ramos Castillo, la Comisionada sometió su ex-tenso informe.

En el informe, la Comisionada concluyó que la prueba demostró que las acciones del licenciado Marini Román, de someter en los recursos presentados en alzada cierta docu-mentación distinta a la presentada ante el Tribunal de Pri-mera Instancia, reflejaba negligencia, descuido y falta de diligencia en el trámite apelativo, pero no intención de en-gañar al tribunal. Por otro lado, en el informe determinó que no hubo violación ética en los incidentes que se refe-rían al nombramiento de un árbitro. La Comisionada con-cluyó que ésta fue una controversia extensa y objeto de “gran discusión ante el foro judicial” que generó, a su vez, recursos de revisión de laudos. Finalmente, concluyó que la prueba sí demostró que el querellado había violado los cá-nones del Código de Ética Profesional en el caso Planell, relacionado con la inhibición del juez Martínez Pomales.

El 20 de octubre de 2003, el querellado presentó su ré-plica al Informe de la Comisionada. En el escrito presen-tado expresó estar de acuerdo y allanarse a las determina-ciones de hecho expresadas en el informe. En vista de lo cual, se refirió únicamente a la controversia generada en el caso Planell, indicando que la prueba de cargo fue insufi-ciente y de naturaleza conjetural, por lo que no se sostenía el cargo.

El caso quedó sometido en sus méritos para nuestra ad-judicación el 27 de enero de 2005. Estando en posición para resolver, pasamos a así hacerlo.

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La abogacía cumple una función social de notable importancia por su aportación imprescindible a la realización de la Justicia. El abogado, además de defensor de su cliente, es colaborador de la Justicia. Los abogados de ambas partes conforman dentro de un proceso un elemento indispensable en el complejo trámite de impartir justicia. Éstos, junto al juez, comparten el mismo ideal de justicia. Así, pues, la buena marcha del proceso judicial del país es responsabilidad ineludible de todo miembro de la profesión legal. Deberes del abogado para con los tribunales, Criterio General, Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

El abogado contrae un deber de lealtad para con el juez “que se traduce en no engañarlo, es decir actuar con honradez en relación a la exposición de los hechos y al material probatorio que se aporta al proceso”. M. Martínez Crespo, Nosotros los Abogados, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 1995, pág. 126. El Canon 35 del Código Ética Profesional, supra, exige de todo abogado que, en su conducta para con los tribunales, sus representados y sus compañeros, prevalezca la sinceridad y honradez. No es sincero ni honrado utilizar medios que sean incompatibles con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de hechos o del Derecho.

Cómo funcionario del tribunal, todo abogado está obligado a procurar con su conducta la mejor administración de la justicia, observando en su diario quehacer el “juego limpio” y no el subterfugio. Su obligación primordial es impeler el procedimiento con un carácter ético y profesional. Cf. Berríos v. U.P.R., 116 D.P.R. 88, 91 (1985). En In re Sánchez Rodríguez, 123 D.P.R. 876, 881 (1989), expresamos que los abogados deben desempeñar sus funciones con el mayor grado de competencia, responsabilidad e integridad, utilizando al máximo el intelecto, la preparación y la dedicación que exige su ministerio. Las obligacio- nes consagradas en el Canon 35, supra, constituyen nor-mas mínimas de conducta que pretenden preservar el honor y la dignidad de la profesión. In re Martínez, 148 D.P.R. 49 (1999).

Por otro lado, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que no es propio asumir una representación profesional consciente de no poder rendir una labor idónea y efectiva. Exige, además, defender los intereses del cliente adecuada y responsablemente, desplegando la mayor diligencia y cuidado en todo momento. Véanse: In re Pereira Esteves, 147 D.P.R. 147 (1998); In re Verdejo Roque, 145 D.P.R. 83 (1998).

Cabe señalar que en el descargo de nuestra función disciplinaria este Tribunal no está obligado a aceptar el informe del Comisionado Especial, por lo que puede adoptarlo, modificarlo e, inclusive, rechazarlo. In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994); In re López de Victoria Brás, 135 D.P.R. 688 (1994); In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840 (1993). Ahora bien, también hemos resuelto que, en ausencia de demostración de prejuicio, parcialidad o error manifiesto de parte del Comisionado Especial al apreciar la prueba, este Tribunal no alterará las determinaciones de hecho que éste haga. In re Colton Fontán, 128 D.P.R. 1 (1991).

Con esta normativa presente, procede que examinemos la conducta del licenciado Marini Román a la luz de las determinaciones de hecho de la Comisionada.

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A. Documento alterado

La querella presentada en los casos consolidados Ma-rrero Rullán-Correa Rodríguez le imputa al licenciado Ma-rini Román que actuó de forma deshonesta y engañosa al presentar como apéndice a su apelación un documento al-terado, distinto al que se había ofrecido y admitido en evi-dencia ante el tribunal de instancia. Se trata de un docu-mento preparado por la Corporación de Seguros Agrícolas relacionado con el cultivo de café con una serie de colum-nas referentes a los años de cosecha, tipo de café cultivado y otros. El licenciado Marini le añadió al documento in-cluido en el apéndice una “leyenda”. Afirmó que lo hizo con el propósito de explicarles a los jueces del tribunal apela-tivo qué era lo que significaba cada una de las columnas.

Indicó, además, que no tuvo intención alguna de confun-dir al foro apelativo y que su único propósito fue poner a los jueces de ese tribunal en la misma posición que estuvo el tribunal de instancia al resolver el caso. El querellado señaló en sus escritos que nunca alteró documento alguno. El licenciado Marini Román indicó que el Tribunal de Ape-laciones procedió a sancionarlo económicamente por faltar al “Reglamento del Tribunal” y no por haber alterado el documento.

Sobre este particular, la resolución dictada por el tribunal apelativo señala lo siguiente:

3. El abogado de la parte apelante, Corporación de Seguros Agrícolas, ha aceptado que los apéndices de los recursos con-tienen varios documentos que no fueron presentados en el Tribunal de Primera Instancia. Se acompañan para fundamentar las alegaciones de dicha parte, no como prueba ofrecida y no admitida, y tampoco para probar la jurisdicción del tribunal o la ausencia de ella. Eso diferencia este recurso de Ramos v. Condominio Diplomat, 117 DPR 641 (1986), e Ind. Siderúrgica v. Thysseen Steel Caribbean, 114 DPR 548 (1983); decisiones que el abogado de la demandada-apelante invoca como justificación. También se admite haber presentado un docu-mento alterado, al incluirse una fotocopia que luce distinta a la que se admitió en instancia (tiene una columna de números adicional) y se le añadió lo que la parte apelante llama una leyenda. Ante esa alteración indubitada y admitida, no pode-mos considerar los documentos identificados como Exhibits 69 ..., 75 ..., y 76 ..., ni el Exhibit 44 .... Véanse la Regla 54.4(C) de Procedimiento Civil, según enmendada, 32 LPRA AP III (Supl. 1999); y la Regla 74(B) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-A. Los documentos apócrifos no tienen cabida en el litigio justo y honesto.
4. La parte apelante también incidió al no incluir copia com-pleta de la “Moción impugnando alegado informe de árbitro” .... No incluyó los anejos de esa moción.
5. Aunque lo anterior no da base para desestimar el recurso, estas violaciones de nuestro Reglamento no pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo ha adver-tido repetidamente que la práctica de incluir en el apéndice documentos que no se presentan ante el Tribunal de Primera Instancia “es indeseable y debe descontinuarse. Se coloca al tribunal de instancia en una señalada desventaja”. Belmonte v. Mercado Reverón, Admor; 95 DPR 257, 264 (1967). Véase también, P.N.P. v. Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 DPR 1, 36, (1988). Así, pues, se impone al abogado de la parte de-mandada-apelante en ambos recursos, Ledo. William Marini Román, una sanción de $500.00 en cada uno, para un total de $1,000.00. Esta será pagada no más tarde de quince (15) días después de la notificación de esta Resolución en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado, con referencia al expediente LAC96-0135 III. Simultánea-mente nos informará haber cumplido con esta orden.
6. Se apercibe a la parte apelante que cualquier otra violación de las reglas o las órdenes de este Tribunal, incluyendo la falta de pago de la sanción aquí impuesta, propiciará la desestima-ción de los recursos.

El entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones fue claro y enfático al concluir que el licenciado Marini Román había alterado el documento y procedió a sancionarlo por violar el Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelacio-nes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Regla-mentóla) Es evidente que el querellado aceptó ante el foro apelativo haber alterado el documento. Así también lo con-cluyó la Comisionada. Lo cierto es que no fue sino hasta que el licenciado Martínez Umpierre llamó la atención del tribunal sobre esos documentos que el querellado le indicó al foro apelativo que el documento que contenía la leyenda era distinto al presentado en instancia. Además, se inclu-yeron en los apéndices varios documentos que no fueron presentados en el Tribunal de Primera Instancia, también en violación del Reglamento del foro apelativo intermedio.

La Comisionada concluyó sobre este particular que la actuación del licenciado Marini Román no fue con el pro-pósito o la intención de engañar al tribunal, por lo que recomienda que ello se tome como atenuante.

Evaluado el expediente completo del caso, no coincidimos con la conclusión de la Comisionada. Adviértase que no es sino hasta que el licenciado Martínez alerta al tribunal sobre los documentos, que el querellado le informa al foro apelativo intermedio sobre éstos. En reiteradas ocasiones hemos censurado la práctica de alterar los apéndices o incluir documentos distintos ante el Tribunal de Apelaciones. P.N.P. v. Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 D.P.R. 1, 36 (1988); Belmonte v. Mercado Reverón, Admor., 95 D.P.R. 257, 264 (1967). Se espera que un abogado con los años de experiencia del licenciado Marini Román conozca, al menos, los principios elementales de la práctica apelativa que veda la presentación de documentos en alzada que no estuvieron ante la consideración del foro primario, y se atenga a ellos.

No podemos pasar por alto que esa acción tuvo repercusiones perjudiciales para su representado, ya que el documento en cuestión no fue considerado por el tribunal apelativo al atender el recurso que pendía ante sí. Como poco, entonces, lo anterior denota un desconocimiento del querellado de principios fundamentales de la práctica apelativa, lo cual va en contra del deber de todo abogado de rendir una labor competente. Reiteradamente hemos afirmado que todo abogado tiene el deber de aplicar en cada caso sus conocimientos, experiencias y habilidad de manera adecuada, responsable, capaz y efectiva. In re Cardona Ubiñas, 146 D.P.R. 598, 605 (1998); In re Vélez Valentín, 124 D.P.R. 403 (1989). Un patrón de falta de adecuacidad en el trámite judicial y de indiferencia a los requerimientos procesales, constituye una violación al citado Canon 18. El error o la ignorancia del Derecho supone un quebranto del deber fundamental de diligencia de todo abogado.

Concluimos, a base de la prueba presentada ante la Co-misionada, que la conducta en este caso constituyó un que-branto del mandato del referido Canon 18, así como tam-bién del citado Canon 35. In re Roca Rosselli, 164 D.P.R. 380 (2005).

B. Nombramiento del árbitro José Domenech

La querella formulada le imputa al licenciado Marini hacer unas expresiones contradictorias e inciertas respecto a la designación del agrónomo Javier Domenech como ár-bitro en varios casos. Conforme se desprende del informe de la Comisionada, en el caso Roig Olivieri, el licenciado Marini Román manifestó en corte abierta durante una vista que el agrónomo Domenech no había sido designado para ese caso, sino que fue nombrado árbitro para el caso Ramos Castillo. Por otro lado, en la tarde de ese mismo día, cuando se estaba ventilando el caso Ramos Castillo, ante la misma sala expresó que el árbitro Domenech había sido designado para el caso Roig Olivieri y no para el caso Ramos Castillo. Surge de la prueba que esas declaraciones motivaron un comentario de la juez que presidía la sala, en el sentido de que el querellado estaba sosteniendo “posicio-nes contrarias” sobre un mismo asunto.

También se le imputó al querellado haber presentado unas mociones en las que afirmaba que el agrónomo Dome-nech no había sido nombrado en los casos Marrero Rullán-Correa Rodríguez, aun cuando le constaba que había acre-ditado su nombramiento mediante unas cartas enviadas al licenciado Martínez Umpierre.

En su informe, la Comisionada señaló que debido a que el licenciado Marini Román y el licenciado Martínez Um-pierre litigaban varios casos similares —aproximadamente veinte casos— el asunto del árbitro provocó confusión en los procedimientos, lo cual, a su vez, suscitó diversos plan-teamientos ante el tribunal y agrias disputas entre los letrados. A base de lo anterior concluyó que no había prueba suficiente para determinar una violación ética de parte del licenciado Marini Román.

Un examen minucioso de la transcripción de las vista de los casos antes mencionados corrobora la conclusión de la Comisionada. El expediente revela que las partes tuvieron una extensa discusión sobre el nombramiento de los árbi-tros, la cual fue ponderada por el tribunal de instancia, además de varias comunicaciones por escrito sobre este particular. La evidencia no demostró que el licenciado Ma-rini Román hubiera desplegado una conducta de carácter intencional en ánimo de engañar al tribunal y tomar ven-taja indebida.

A base de lo anterior, concurrimos con la conclusión de la Comisionada Rivera de Martínez que la prueba en cuanto a este cargo no permite concluir que, en efecto, se incurrió en una violación ética.

C. Inhibición del juez Martínez Pomales

Del informe de la Comisionada surge que durante el transcurso del caso Planell, el querellado invitó al Ledo. Ángel S. Bonilla a unirse a la representación legal del caso, el cual se ventilaba ante el juez Martínez Pomales. Meses antes el licenciado Bonilla había presentado una demanda contra el juez Martínez Pomales y, a consecuencia de dicha demanda, existía una orden del Juez Administrador Regional que trasladaba los casos del licenciado Bonilla de la Sala de Lares a la Sala de Utuado.

Así las cosas, el 15 de octubre de 1997, en el caso Planell el licenciado Bonilla presentó dos mociones ante el tribunal. En la primera hacía constar que se unía a la re-presentación del licenciado Marini Román, y en la segunda solicitaba la inhibición del juez Martínez Pomales y el tras-lado del caso a Utuado, según proveía la orden del Juez Administrador.

Por otro lado, ese mismo día, 15 de octubre, la Comisión de Evaluación de Jueces le remitió una carta al licenciado Marini en la que le indicaba que se estaba evaluando la renominación del juez Martínez Pomales. En ese momento Marini se percató que el licenciado Martínez Umpierre era miembro de dicha Comisión.

El 20 de octubre de 1997, apenas cinco días después, el licenciado Marini Román presentó una moción de inhibi-ción en este caso bajo el fundamento de conflicto de interés, habida cuenta de que el licenciado Martínez Umpierre era miembro del comité evaluador.

El 21 de octubre de 1997, el licenciado Bonilla presentó una tercera moción —de 20 de octubre— para solicitar su retiro de la representación legal y que se entendiera la moción de inhibición presentada como no presentada, y de-sistió de la solicitud de traslado.

El 22 de octubre de 1997, el licenciado Marini solicitó el desglose de su moción de inhibición. Posteriormente, las partes acordaron, con anuencia del juez, trasladar el caso a Utuado.

El querellado negó que la determinación de unir al li-cenciado Bonilla como abogado en el caso Planell tuviera como propósito procurar la inhibición del juez Martínez Pomales. Argumentó en sus escritos que él tenía un acuerdo de sustitución mutua con Bonilla mediante el cual cada uno sustituía al otro cuando, por “diversas razones”, uno de ellos no podía comparecer a un señalamiento. In-dicó que él “desconocía” la existencia de la orden emitida por el Juez Administrador Regional en relación con el tras-lado de casos en que participara el licenciado Bonilla. Pun-tualizó que la anuencia del juez a la orden del traslado se debió a que el licenciado Martínez Umpierre era para esa fecha miembro del Comité Evaluador de Jueces.

Evaluado detenidamente el informe de la Comisionada, así como los escritos del querellado y del querellante, y la prueba en autos, nos resulta increíble la versión del querellado. Este nos indica que “desconocía” de la orden emitida por el Juez Administrador Regional que disponía él traslado de los casos en que el licenciado Bonilla participaba. Lo cierto es que la orden emitida por el Juez Administrador Regional no era un secreto, sino que era una orden de conocimiento general, conforme concluyó la Comisionada. De otra parte, la experiencia nos indica que en foros judiciales pequeños, como lo es Lares, toda la co-munidad legal se conoce y los abogados conocen las medi-das administrativas que los jueces administradores toman respecto a los asuntos que se ventilan en el foro.

Además, nos resulta inverosímil que ante la relación de amistad existente entre el licenciado Bonilla y el licenciado Marini, este último desconociera que unir al licenciado Bo-nilla al caso provocaría la inhibición del juez Martínez Pomales. ¿Cómo es posible que ese hecho no se lo hubiera informado el licenciado Bonilla cuando Marini Román le solicitó que se uniera como abogado de récord en el caso de Planelll No podemos concluir tampoco que el licenciado Bonilla actuó por su cuenta al solicitar la inhibición del juez Martínez Pomales, pues conforme concluyó la Comi-sionada, hay prueba de que las mociones del licenciado Bo-nilla fueron remitidas al licenciado Martínez Umpierre de las oficinas del licenciado Marini.

En su contestación, el querellado señaló que no era su intención inhibir al juez Martínez Pomales, y sólo la pro-curó cuando se enteró que el juez estaba siendo evaluado por la Comisión de Evaluación de Jueces de la cual el li-cenciado Martínez Umpierre era miembro. Si esa no era su intención, ¿por qué acudir al licenciado Bonilla? No nos resulta creíble la versión ofrecida por Marini en su defensa.

A la luz de lo anterior, concluimos que la conducta del querellado durante el trámite del caso Planell ciertamente violentó el criterio general que exige que los abogados pro-picien la buena marcha del proceso judicial. Además, dichas actuaciones son contrarias a los postulados de since-ridad y honradez hacia los tribunales y los compañeros de profesión, por lo que incurrió también en violación al citado Canon 35.

D. Apéndice distinto

El último incidente imputado al querellado se refiere a que incluyó en el recurso apelativo un informe pericial que no fue incluido en los autos del tribunal de instancia. Al percatarse de esto, el licenciado Martínez Umpierre pidió la desestimación del recurso por violar el Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones. El querellado admitió que no había revisado el apéndice con cuidado y sometió el informe equivocado. El propio querellado reconoció una “cierta falta de diligencia” en su acción. Contestación a la querella, pág. 4.

De las determinaciones de hecho se desprende que luego de haber sido advertido de su error, el querellado discutió lo sucedido con el Director Ejecutivo de la Corporación de Seguros Agrícolas para esa fecha, el Sr. Carlos Rodríguez Cabrera, quien luego de analizar el caso lo autorizó a de-sistir del recurso apelativo.() Finalmente, el Tribunal de Apelaciones aceptó la solicitud de desestimación sin san-cionar al querellado.()

La Comisionada quedó convencida de que no hubo intención de engañar por parte del querellado en relación con este incidente. No obstante, apuntó que la actuación del licenciado Marini implica, al menos, negligencia y descuido en la representación legal de su cliente. Coincidimos con dicha apreciación. A base de los hechos presentados, no se puede concluir que el querellado incluyera el apéndice distinto para inducir a error al tribunal. Más bien, las determinaciones de hecho revelan que el incidente se debió a un descuido por parte del querellado de su obligación de cotejar debidamente todos los documentos que acompañan el apéndice del recurso. No cabe duda que el licenciado Marini Román incurrió en una conducta que denota incompetencia y negligencia en la gestión profesional. Sobre este particular siempre hemos enfatizado que “el ejercicio de la práctica de la profesión de abogado, requiere en todo momento celo, cuidado y prudencia”. Canon 18, supra. In re Aponte Berdecía, 162 D.P.R. 743 (2004).

IV

A la luz de la discusión que antecede, concluimos que el Ledo. William Marini Román violó los Cánones 18 y 35 del Código de Ética Profesional, supra, en las instancias antes mencionadas, según fueron presentadas por el Procurador General, al igual que los deberes del abogado para con los tribunales, dispuestos en el Criterio General del Código de Ética Profesional.

Habida cuenta, sin embargo, que en más de veinticinco años en la práctica de la profesión, ésta ha sido la única instancia en que se ha presentado una querella en contra del Ledo. William Marini Román, nos limitamos en esta ocasión a censurarle enérgicamente por su conducta. Le advertimos que, en lo sucesivo, debe ser más cuidadoso y diligente en el manejo de sus casos y abstenerse de utilizar cualquier táctica litigiosa que vaya en contra de los princi-pios éticos de la profesión. Le apercibimos que en otra oca-sión seremos más severos.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociado Señor Fuster Berlingeri y Señor Rivera Pérez no intervinieron.

      (1) El licenciado Marini Román fue admitido al ejercicio de la abogacía el 20 de abril de 1979 y al ejercicio del notariado el 29 de mayo de 1979.

      (2) Cabe señalar que en su comparecencia el licenciado Marini Román presentó una queja contra el licenciado Martínez Umpierre, la cual se archivó mediante Re-solución de este Tribunal el 17 de marzo de 2000.

      (3) El Procurador General concluyó en el informe sometido que el Ledo. William Marini Román había violado los Cánones 18 y 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y los Deberes del abogado para con los tribunales, Criterio General, Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

      (4) La Regla 74(B) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, dispone:
      “(B) Los apéndices sólo contendrán copias de los documentos que formen parte de los autos del Tribunal de Primera Instancia.”

      (5) Tales acciones también fueron autorizadas por la Junta de Directores de la Corporación de Seguros Agrícolas en una reunión celebrada el 20 de enero de 2000.

      (6) Posteriormente, la Corporación de Seguros Agrícolas desistió de todos los casos que estaban pendientes.


author: per curiam:

text:
      In re Luis G. Saavedra Serrano, querellado.

      Número: AD-2003-3

      Resuelto: 19 de octubre de 2005

      Aida N. Molinary de la Cruz, presidenta de la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones; María C. Marina Durán y Ze-naida Gaud Negrón, asesoras legales de la Oficina de Ad-ministración de los Tribunales; Felipe Benicio Sánchez y José A. Bravo Abreu, abogados del querellado.
   per curiam:

El Ledo. Luis G. Saavedra Serrano fue admi-tido al ejercicio de la abogacía el 1ro de noviembre de 1977. El 24 de febrero de 1978 fue nombrado Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia. Posteriormente, el 24 de julio de 1992 fue nombrado Juez Superior. Desde entonces ejerció su cargo en varias de las regiones judiciales del País hasta el 21 de octubre de 2003, cuando expiró el término para el cual había sido nombrado.

Rafael González Salas presentó una queja juramentada en la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Adminis-tración de los Tribunales (OAT) contra Saavedra Serrano quien, en ese momento, fungía como Juez Superior del Centro Judicial de Carolina. En la referida queja el señor González Salas alegó que el 9 de septiembre de 2002, du-rante una vista de determinación de causa probable por un delito menos grave,() el entonces juez Saavedra Serrano lo trató en forma despectiva y humillante, haciendo comenta-rios que no tenían que ver con el proceso, los cuales cons-tituyeron una falta de respeto hacia su persona. Alegó, además, que el juez Saavedra Serrano le impuso un des-acato sumario de noventa días de cárcel, el cual consideró injusto y desproporcionado.

La OAT evaluó la grabación de los procedimientos y la evidencia contenida en declaraciones juradas y otros docu-mentos, luego de lo cual rindió un informe de investigación. Determinó la referida oficina que, de las de-claraciones juradas tomadas y de la evidencia documental obtenida, existía evidencia suficiente para establecer que el juez Saavedra Serrano había violado los Cánones I, XI, XVTI, XXVI de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, y los Cánones 9 y 15 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Sostuvo la OAT, además, que a base de la investi-gación realizada, la conducta observada por Saavedra Serrano, tanto en lo personal como en lo profesional, ameri-taba su destitución como juez. El informe fue remitido con toda la prueba documental a la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones (Comisión).

Luego de recibir el referido informe, la Comisión fue in-formada que el nombramiento del juez Saavedra Serrano como Juez Superior había expirado el 21 de octubre de 2003, por lo cual solicitó de la OAT que le informara su posición respecto a si los hechos imputados en el informe constituían una posible violación a los Cánones 9, 15 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. La OAT así lo hizo, y el 20 de febrero de 2004 presentó un informe de investigación enmendado ante la Comisión, en el cual indicó que entendía que los hechos alegados en la queja efectivamente constituían una violación a los Cánones 9, 15 y 38 del Código de Ética Profesional, ante.

En virtud del referido informe, la Comisión designó, para la correspondiente determinación de causa, al Ledo. Ramón García Santiago como Comisionado. Éste, luego de la evaluación del informe, determinó causa probable para continuar con el procedimiento disciplinario y para que se presentara la querella contra el Ledo. Luis G. Saavedra Serrano por violación al Código de Ética Profesional.

En vista de ello, el 3 de mayo de 2004 la OAT presentó una querella ante la Comisión en la cual se le imputan al licenciado Saavedra Serrano tres cargos por violaciones a los Cánones 9, 15 y 38 del Código de Ética Profesional, ante.()

En su contestación, el licenciado Saavedra Serrano alegó, en síntesis, que los hechos sobre los que versa la querella no son constitutivos de violación a los cánones de ética profesional imputados y que, ante la conducta agre-siva y desafiante del acusado, en la Vista de 9 de septiem-bre de 2002 se vio en la obligación de hacer valer la digni-dad del tribunal y el respeto que deben tener las personas cuando asisten allí. Sostuvo, además, que actuó de manera caballerosa, justa, firme y sin temor, al no permitir en corte abierta que un desajustado mental lo provocara a él, como juez, a la parte perjudicada y a los testigos. Sobre el desacato impuesto al querellante, alegó que este respondía a la gravedad de la conducta desafiante y amenazante del acusado querellante.

La Comisión celebró vistas evidenciarías los días 26 de enero y 23 de febrero de 2005, en las cuales tanto la OAT como el abogado querellado ofrecieron prueba testifical y documental.() Tras la celebración de la primera vista evi-denciaría, la Comisión estimó pertinente citar al Dr. Rafael Cabrera Aguilar, psiquiatra forense del Estado, quien ha-bía tenido la oportunidad de evaluar la condición psiquiá-trica del querellante González Salas. En su testimonio, el doctor Cabrera Aguilar indicó que González Salas presen-taba un desorden paranoide y que, a su juicio, éste no se encontraba apto para testificar ante la Comisión. Luego de celebradas las vistas, la Comisión emitió su informe con su relación del caso, determinaciones de hecho y recomendación.() Habiendo quedado sometido el caso ante nuestra consideración y contando con el informe de la Co-misión y el alegato del abogado querellado, procedemos a resolver.

I

Los hechos que dieron lugar a la presentación de la que-rella contra el licenciado Saavedra Serrano ocurrieron el 9 de septiembre de 2002 mientras presidía el juicio en su fondo en el caso Pueblo de Puerto Rico v. Rafael González Salas, CR2002-969, en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, en que se ventilaba una infrac-ción al Art. 53 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4194 (amenaza).

De un análisis, tanto de la transcripción de la vista, como del Informe de la Comisión, se deduce que, llamado el caso, el entonces juez Saavedra Serrano preguntó si el nombre del acusado era Don Rafael González Salas, a lo que este contestó “sí señor, eso es así”. Inmediatamente, el juez replicó: “No, a mí no me interesa que eso sea así o no, la pregunta es si es usted”, luego de lo cual, el juez le ad-virtió que siempre se dirigiera a él como “sí señor o no señor”.

El querellado procedió a preguntarle a González Salas si él tenía representación legal. Este último le explicó al querellado que no contaba con suficientes recursos econó-micos para sufragar dicha representación, por lo cual ha-bía realizado varias gestiones para obtener representación legal, pero que los trámites habían resultado infructuosos, ya que en Asistencia Legal no atendían casos menos graves y que en la Clínica Legal de la Universidad de Puerto Rico sólo atendían casos de San Juan, no de Carolina. A esto, el juez Saavedra contestó: “acaba de descubrir lo que el Tribunal sabe hace mucho tiempo.”

Acto seguido, el querellado le indicó a González Salas que tenía que buscar un abogado y traerlo a sala dentro de diez minutos, a lo que el acusado le informó que no podía pagarlo. Entonces, el juez le respondió:

“Yo lo lamento, lo va a tener que hacer, señor, le voy a explicar por qué. Simplemente y llanamente yo no tengo elementos ninguno para juzgar si usted es indigente o no, y porque si usted se para ahí no va a conseguir que yo le asigne un abo-gado, de esa forma no. ¿Me entendió, señor?”() (Énfasis suplido.) Memorando de Derecho, pág. 3.

González Salas respondió con un simple “sí”, a lo que el juez le contestó con un “sí, ¿qué?”. El querellante contestó que había entendido. Seguido, el juez Saavedra Serrano volvió a exigir que el acusado se dirigiera a él como “señor”.

Luego, el querellado procedió a dirigirse al acusado de esta forma:

“... Mire, Don Rafael, perdóneme, usted tiene un delito aquí de amenaza y me está enseñando quizás lo que no debería. Yo le estoy advirtiendo, y se lo estoy diciendo muy claramente, mi deseo es ser justo con usted, ser correcto con usted, pero no son sus normas, son las mías. Segundo, aquí puede entrar por una amenaza y salir preso por un desacato. Le voy a rogar, tenga cuidado como me habla, porque yo meto preso a la menor provocaciónl] puede verificarlo por ahí, no es mi deseo, yo no disfruto ... pero en mi Sala se va a[com]portar con la decencia que corresponde a las buenas o a las malas.” (Enfasis suplido.) Memorando de Derecho, pág. 3.

Luego, el juez Saavedra Serrano expresó que si el acu-sado seguía insistiendo en tratarlo de otra forma que no fuese de “usted”, él iba a entender que se estaba retando su autoridad y específicamente le dijo: “y va a ir preso, yo se lo puedo garantizar, Don Rafael, se lo puedo garantizar.”

El juez procedió a recomendarle nuevamente al acusado que siguiera sus instrucciones y consiguiera un abogado que velara por sus intereses y derechos. Luego de esto ex-presó:

“Pues bien. Don Rafael, tiene 10 minutos, consiga un abo-gado y favor, Rafael, verifique en qué sala está, se lo voy a rogar, porque es la última paciencia que voy a tener con usted, la última. Ya yo le expliqué lo que hay, si usted no lo quiere entender, por favor, lo va a lamentar, se lo digo de corazón. ¿Entendió señor?”

Luego de estos incidentes, el juez Saavedra Serrano asignó el caso para un turno posterior, mientras González Salas conseguía un abogado que lo representase. Cuando el caso fue llamado en segunda ocasión, el acusado le in-formó al juez Saavedra Serrano que había hablado con un abogado para que lo representase, pero que en ese mo-mento no se encontraba en sala.

El juez Saavedra Serrano respondió lo siguiente:

“Pues tiene hasta las 2:00. Pero Don Rafael, va a tener un abogado en el día de hoy, téngalo por seguro, yo le di una orden, consígalo .... Pero aquí en esta sala usted no puede seguir hablando conmigo sin abogado, por qué razón, porque señor aquí se graba, y si usted dice lo que no debe, hace lo que no puede, solito se mete preso, para eso están los abogados y ciertamente usted tiene que tener uno. ¿Me ha entendido, se-ñor?” (Enfasis suplido.) Memorando de Derecho, pág. 3.

El acusado contestó con un “sí, señor” y el Juez prosi-guió, advirtiéndole lo siguiente:

“O sea, aquí, Don Rafael, quizás usted no se da cuenta, están pasando casos de gente acusada de asesinato. O sea, yo veo casos donde la gente se coge 200 años de cárcel, 300. Usted tiene un menos grave, no trate de buscarse un desacato con-migo porque es innecesario, porque yo castigo. Y también soy muy dado a conceder remedios, como la absolución que usted acaba de ver. Pero no se me cuadre porque ninguno se ha levantado, hágame ese favor, porque yo me conozco, y estoy hablando bajito, cualquier abogado sabe lo que eso significa, usted viene sumiso y demuestra deferencia hacia mí, está bien. Pero si cree que va a montar un “show” de la calle aquí con-migo, señor, se equivocó. Se lo digo. Señor, yo llevo casi 25 años, no lo haga. Venga con sumisión, se le garantizan sus derechos, su debido proceso, se le sirve con todo gusto, pero no me traiga su actitud de la calle. Hágase un favor y hágamelo a mí.” (Enfasis suplido.) Memorando de Derecho, págs. 3-4.

En ese momento, el Ledo. Samuel Nieves Rodríguez in-tervino y ofreció representar al acusado. El juez le inquirió que si estaba dispuesto a representar a González Salas, a lo que el licenciado Nieves Rodríguez indicó que sí lo liaría. No obstante, el juez especificó que no se lo estaba asig-nando de oficio, a lo que el licenciado Nieves Rodríguez contestó que no cobraría honorarios por dicha representación. Acto seguido, el juez le indicó al abogado:

“... hable con él porque yo noto que don Rafael está desorien-tado, me parece que él no sabe dónde está y digo esto ... con quién está bregando.” (Enfasis suplido.) Memorando de Dere-cho, pág. 4.

El juez procedió a preguntarle al acusado si aceptaba que el licenciado Nieves Rodríguez asumiera su represen-tación legal. González Salas contestó “sí, señor”. A conti-nuación, las expresiones emitidas por el juez, inmediata-mente después:

“Mire, don Rafael, usted sabe por qué aquí lo tratamos así, porque a pesar de que yo tengo su libertad en mis manos, por-que ese es mi poder y mi autoridad, yo trato a todo el mundo, damas, señor, usted, señora, Don, y usted no puede venir a tratar al tribunal de otra forma porque el tribunal lo está tra-tando así.” (Énfasis suplido.) Memorando de Derecho, págs. 4-5.

Surge de la transcripción de la vista y del propio in-forme de la Comisión que es en este momento, o sea, luego de este comentario del juez Saavedra Serrano, que el acu-sado pierde totalmente el control sobre sus expresiones y comportamiento, alterándose en sala y expresando que se estaba cometiendo un gran abuso e injusticia. Algunas de estas expresiones fueron:

“Okay, espérese, espérese un momento, un momento, no, no, ya me cansé, ya me cansé de esto, no, no, no.
“Claro abusen, abusen, claro, abusen. Pero ya no me voy a someter y a humillar a más abusadores como ustedes ....
“Usted está cometiendo un gran abuso, pero hágalo, pero no me voy a someter más ni a usted ni a ningún juez que venga a humillarme. Puede arrestarme o puede hacer lo que sea ....
“No, no, no, no señor, ni a usted ni a ningún juez me le voy a humillar jamás en la vida, ya me han ‘jodio demasiao’ veces en la vida y usted va a ser el último. No se preocupe, porque yo estoy aquí, me las va a pagar toditas juntas ....
“Repito, repito, a mí me chocaron el carro, se negaron a pa-garme, fui y le caí encima al individuo y lo amenacé, eso es verdad, eso es absolutamente verdad. Entonces el individuo me ha metido aquí, claro, entonces la corte no lo obliga a que me pague los daños de mi carro pero me mete preso. Mire, puede enviarme, puede enviarme años de cárcel, pero jamás me voy a humillar, jamás en la vida, usted fue el último.”

En varias ocasiones, tanto el alguacil de sala como el licenciado Nieves Rodríguez le pidieron a González Salas que se callara. Sin embargo, éste continuó alterado y ma-nifestó que había agredido y amenazado al perjudicado porque éste no le había pagado los daños que sufrió su automóvil durante un accidente; además, continuó ha-ciendo expresiones amenazantes tanto al juez como al perjudicado.

A la luz de dichos incidentes, el juez Saavedra Serrano le impuso un desacato al acusado y ordenó que fuese ingre-sado en la cárcel por un término de noventa días.

HH h-i

En su informe, la Comisión expresó que el querellado había desplegado excesiva severidad e impaciencia durante la vista antes reseñada. Concluyó que una conducta de la índole observada por el licenciado Saavedra Serrano afec-taba adversamente al sistema judicial, creaba una imagen negativa de los tribunales y era impermisible que un juez observara este tipo de comportamiento, aun cuando las ex-presiones verbales o corporales de un individuo se encon-trasen impregnadas de reto o amenaza. Por ello, la Comi-sión determinó que la conducta del entonces juez Saavedra Serrano constituyó una violación a los Cánones I, XVII, y XXVI de Etica Judicial, ante. Sin embargo, la Comisión expresó que conforme lo establecido en la Regla 37 de Dis-ciplina Judicial( ) —y ya que el licenciado Saavedra Serrano había cesado en sus funciones como juez por haber expirado el término de su cargo— sólo le correspondía eva-luar si tal conducta ameritaba la imposición de medidas disciplinarias por violación a los Cánones 9, 15, y 38 del Código de Ética Profesional, ante, según imputados en la querella presentada.

Luego de un examen de la conducta imputada, la Comi-sión determinó que no hubo violación a los referidos cáno-nes de ética profesional. A estos efectos, razonó que los Cá-nones 9 y 15 del Código de Ética Profesional, ante, habían sido diseñados con el fin de regir la conducta de los miem-bros de la profesión legal en los tribunales y que, por lo tanto, no aplicaban a los jueces. Asimismo, determinó que la conducta del entonces juez Saavedra Serrano no fue de tal magnitud que constituyera una violación al Canon 38 del Código de Ética Profesional, ante. Conforme a ello, la Comisión le recomendó a este Tribunal que no se impusie-ran medidas disciplinarias al querellado por su conducta como abogado.

HH I — i h-H

No tenemos duda de que la prueba presentada hubiera sido suficiente para sostener las violaciones originalmente presentadas en cuanto a los cánones de ética judicial, tal y como se expresa en el informe de la Comisión() Verdaderamente la conducta del licenciado Saavedra Serrano, mientras fungió como juez en el caso contra el querellante, fue una excesivamente hostil, impaciente, despectiva y hasta abusiva; está reñida con dichos cánones, los que requieren del juez que actúe con serenidad, imparcialidad, consideración y respeto. In re Scherrer Caillet-Bois, 162 D.P.R. 842 (2004); In re Cruz Aponte, 159 D.P.R. 170 (2003).

Todas las personas involucradas en el proceso judicial —jueces, litigantes, testigos y oficiales del tribunal— tienen un deber de cortesía con los demás participantes. In re Barreto Ríos, 157 D.P.R. 352 (2002). Además, algunas de las expresiones hechas por el entonces juez Saavedra Serrano, en corte abierta, fueron amenazantes y hechas con el propósito de intimidar al querellante, conducta contraria al propósito del esquema de normas que rigen la conducta de los jueces. Estas normas imponen a los jueces el deber de velar por mantener la fe de la ciudadanía en la justicia y promover la confianza del pueblo en nuestro Sistema Judicial. In re González Acevedo, 165 D.P.R. 81 (2005); In re Cruz Aponte, ante.

Sin embargo, el hecho de que el licenciado Saavedra Serrano ya no forma parte de la Judicatura nos impide san-cionarlo de acuerdo con los cánones de ética judicial. Es por ello que corresponde examinar su conducta según lo que establecen los cánones de ética profesional.

Si bien coincidimos con la Comisión en cuanto a que las actuaciones del licenciado Saavedra Serrano no constituye-ron violaciones a los Cánones 9 y 15 del Código de Ética Profesional, ante, por ser éstos dirigidos exclusivamente a la conducta del abogado litigante en corte —razón por la cual no aplican a los jueces— consideramos que su con-ducta sí infringió el citado Canon 38 del Código de Ética Profesional. Veamos.

De entrada, es menester señalar que, como norma general, este Tribunal no alterará las determinaciones de hecho de la Comisión, excepto en aquellos casos en que se demuestre parcialidad, prejuicio o error manifiesto. No obstante, este Tribunal no está obligado a aceptar sus recomendaciones. In re Maldonado Torres, 152 D.P.R. 858 (2000); In re Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78 (1998); In re Soto López, 135 D.P.R. 642, 646 (1994).

Los miembros de la profesión legal tienen la responsabilidad de velar por que los distintos procesos legales de la sociedad consagren de manera efectiva y adecuada el principio de respeto a la inviolable dignidad del ser humano. Preámbulo del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 1 n. “ ‘La práctica de la abogacía, dis-tinto quizás a otras profesiones, conlleva una seria y deli-cada función ciudadana pues la misma representa servicio, ética y ejemplo.’ ”In re Santiago Rodríguez, 160 D.P.R. 245, 254 (2003), citando a Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599, 613 (1993).

Este Tribunal ha expresado que, siendo los abogados el espejo donde se refleja la imagen de la profesión, éstos deben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen. In re Cintrón Colón, 161 D.P.R. 778 (2004); In re Santiago Rodríguez, ante; In re Silvagnoli Collazo, 154 D.P.R. 533 (2001); In re Ortiz Brunet, 152 D.P.R. 542 (2000); In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313, 319 (1974).

En lo pertinente, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, ante, le impone al abogado el deber de esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales, y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. En su conducta como funcionario del Sistema Judicial, el abogado deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. Por la confianza depositada en él como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable.

Surge de la prueba presentada e incontrovertida que la conducta del querellado no fue serena, imparcial y respe-tuosa, tal y como se exige de los jueces y de los abogados, sino todo lo contrario. El licenciado Saavedra Serrano, desde el comienzo de la vista, actuó de forma hostil y des-cortés al dirigirse al querellante, y en varias ocasiones hizo alusión a su poder y autoridad para “meter[lo] preso”. Ade-más, aun cuando el acusado querellante manifestó —en forma serena y respetuosa— ser una persona indigente y que carecía de representación legal, el querellado, de forma severa y abusiva, le advirtió que si no lo hacía “lo iba a lamentar”; le ordenó buscar representación legal sin hacer uso de su facultad para asignarle un abogado de oficio.() Igualmente, el licenciado Saavedra Serrano, aun cuando advirtió alguna condición mental o emocional de González Salas,() no observó sensibilidad alguna y continuó diri-giéndose a éste de forma recia y despectiva, lo que ocasionó que, finalmente, González Salas reaccionara en la forma en que lo hizo.

Aun cuando el comportamiento del querellante Gonzá-lez Salas durante el transcurso de la vista pudo haber sido negativo, a través de sus gestos y actitudes, resulta nece-sario enfatizar que entre el comienzo de la vista y hasta el momento en que González Salas perdió el control, éste no había hecho expresión verbal alguna que denotase falta de respeto hacia el juez ni hacia el procedimiento que se estaba llevando a cabo en su contra. La mayor parte del tiempo el querellante se limitó a contestar las preguntas del quere-llado con un “sí, señor”.

Resulta evidente que, con su proceder, el licenciado Saavedra Serrano lo que hizo fue intimidar innecesaria-mente a un ciudadano humilde y afectado emocional-mente, lo cual denigra la profesión legal, promoviendo y ocasionando que este ciudadano reaccionara de la forma en que lo hizo y perdiera el control sobre su comportamiento.

Somos del criterio que, evidentemente, el licenciado Saavedra Serrano no observó el deber de todo abogado de velar por que se observe el respeto por la dignidad humana. Sus actuaciones también son antagónicas con el principio de servicio que representa el desempeño de la profesión.

En fin, los hechos que dieron lugar a esta querella de-muestran que el licenciado Saavedra Serrano violentó el Canon 38 del Código de Ética Profesional, ante, al dejar de exaltar el honor y la dignidad que reviste la profesión legal. Ciertamente, sus actuaciones como abogado se ale-jan de una cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia.

En vista de que se trata de una primera ofensa, como medida disciplinaria únicamente consideramos procedente censurar al Ledo. Luis G. Saavedra Serrano por la con-ducta incurrida en el presente caso, apercibiéndosele contra futuras infracciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Fiol Matta no intervino.

      (1) Pueblo de Puerto Rico v. Rafael González Salas, CR2002-969, en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina.

      (2) Los cargos imputados, en síntesis y en lo pertinente, son los siguientes:
      “Primer Cargo
      “La conducta del licenciado Saavedra fue contraria a la exigida por el Canon 9 de los de Etica Profesional, en términos de la falta de respeto y del orden que debe prevalecer en los tribunales. El licenciado Saavedra impidió la buen[a] marcha de los procedimientos en el caso que se ventilaba ante su presencia. La actitud del licen-ciado Saavedra abusó de su prerrogativa y su desempeño general durante la celebra-ción de esta vista, no fue propio y violó la actitud cortés y respetuosa que exige este Canon.
      “Segundo Cargo
      “El licenciado Saavedra no honró el respeto y consideración que exige el Camón 15 de los de Ética Profesional. Se advierte al escuchar la vista e incluso al leer la transcripción de la misma cierta animosidad y hasta perjuicio en el trato del licen-ciado Saavedra hacia el querellante. Este trato provocó que el querellante se sintiera hostigado al punto que presentó la queja ante la Oficina de Asuntos Legales. Ade-más, el tono de voz del licenciado Saavedra contiene cierto cinismo, fue exagerado en su insistencia del modo que el querellante debía referirse a él. Estos hechos toman relevancia ante la realidad de que el querellante se encontraba en desventaja, no sólo por la falta de representación profesional!,] sino por su condición emocional.
      “Tercer Cargo
      “Los hechos constitutivos de esta querella demuestran que el licenciado Saave-dra se apartó del contenido del Canon 38 de los de Ética Profesional al dejar de exaltar el honor y la dignidad que reviste la profesión legal. El resultado del inci-dente que provoca esta querella se alej[a] de la ‘cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia’. Al igual que el cargo anterior, el licen-ciado Saavedra se apartó de una conducta digna y honorable que exige la profesión legal.
      “Esta actuación violó el Cano[n] 38 de Ética Profesional.” Informe de la Comi-sión de Disciplina Judicial de 13 de junio de 2005.

      (3) Entre la prueba documental ofrecida y admitida se encuentran la copia de la transcripción de la vista celebrada el 9 de septiembre de 2002 y la minuta del juicio en su fondo celebrado ese mismo día ante el juez Saavedra en Pueblo de Puerto Rico v. Rafael González Salas, CR2002-969, en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. También se admitió en evidencia la minuta de la vista de procesabilidad celebrada el 25 de septiembre de 2002 ante el juez Dimas G. Padilla Bruno, y las evaluaciones siquiátricas de González Salas realizadas por el Dr. Rafael Cabrera Aguilar.

      (4) En dicho informe, la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones (Comisión) determinó, en síntesis, que la conducta en que incu-rrió Saavedra Serrano, actuando como juez, era violatoria de los Cánones I, XVII y XXVI de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A; determinó, sin embargo, que sus con-ducta no violaba los Cánones 9, 15 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, razón por la cual recomendó eximir, como abogado, a Saavedra Serrano.

      (5) Vale la pena destacar que más adelante el juez preguntó a González Salas a qué se dedicaba, a lo que éste contestó que era vendedor de perfumes, sin lugar fijo de trabajo, y que en ese momento no estaba realizando ventas.

      (6) La referida regla dispone que aun cuando un juez haya presentado su renun-cia al cargo o su término haya expirado, esto no impedirá que continúe el procedi-miento disciplinario en su contra, a los efectos de determinar si la conducta imputada amerita la recomendación de que se impongan medidas disciplinarias contra el que-rellado como abogado.

      (7) Así, el Canon I de Ética Judicial le impone a los jueces el deber de “velar por que sus actuaciones respondan a normas de conducta que honren la integridad e independencia de su ministerio y estimulen el respeto y la confianza en la Judicatura”.
      Por su parte, el Canon XVII dispone que “[e]n el curso de los procedimientos judiciales, el Juez o la Jueza mantendrá su actitud general, sus manifestaciones y el tono de su voz dentro de la debida propiedad y circunspección sin mostrar impacien-cia o severidad excesivas. Tampoco hará comentarios ni gestos ajenos al proceso judicial, entendiéndose comprendidos dentro de esta prohibición, aquellos comenta-rios, expresiones o gestos que envuelvan burla o mofa; ni ridiculizará de modo alguno a los abogados o las abogadas, las partes, los o las testigos, funcionarios o funciona-rías del tribunal o a otras personas que a él o ella acudan”.
      Finalmente, el Canon XXVI dispone que “U]os anteriores Cánones de [É]tica Judicial son normas mínimas de comportamiento que todo Juez y toda Jueza debe observar fielmente, tanto en su letra como en su espíritu, por ser consustanciales con el cargo judicial. Estos cánones no excluyen otras normas de conducta que también obligan al Juez y a la Jueza, que están establecidas por ley o que son inherentes al honor tradicional de la judicatura”. Cánones I, XVII y XXVI de Ética Judicial, ante.

      (8) Vale la pena señalar que cuando el licenciado Nieves Rodríguez asumió la representación legal de González Salas, el querellado expresó que no lo estaba asig-nando de oficio.

      (9) Enfatizamos que cuando el licenciado Nieves Rodríguez asumió la represen-tación legal de González Salas, el querellado le informó que notaba que éste se encontraba desorientado y que parecía no saber dónde estaba.