author: El Juez Asociado Señor Wole, DEL JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO.

text:
    María Dragoni y Dragoni, demandante y apelada, v. The United States Fire Insurance Co., demandada y apelante; María Dragoni y Dragoni, demandante y apelante, v. The United States Fire Insurance Co., demandada y apelada; María Dragoni y Dragoni, demandante y apelada, v. The London Assurance Corporation, demandada y apelante; María Dragoni y Dragoni, demandante y apelante v. The London Assurance Corporation, demandada y apelada.
    Nos. 3685, 3686, 3687 y 3688.
    Vistos: Mayo 27, 1926.

      Resuelto: Marzo 24, 1927.
    1. Evidencia — Prueba Documental — Escritos y Publicaciones Privados — Fo-tografías — Condición en Cierto Tiempo de Una Escena. — Cuando se pre-senta prueba para demostrar que en cierto momento después de un fuego había varios montones de materia aseguráda — café—ardiendo, fotografías de la escena del suceso ofrecidas para demostrar que en dicho momento no ha-bían tales montones ni ninguno, son pertinentes.
    2. Evidencia — Prueba Primaria y Secundaria — De la Mejor Prueba en General — Admisibilidad de la Mejor Prueba — Fotografías. — Fotografías tomadas para demostrar una condición en cierto tiempo son prueba primaria y la mejor prueba objetiva que puede presentarse de una escena.
    3. Evidencia — Prueba de Opinión — Materias Objeto de Testimonio Pericial— Cuestiones ' Objeto de Observación. — La cuestión de los efectos de un in-cendio en café o granos de café puede ser objeto de la experiencia de cual-quier persona que haya observado un número de fuegos en que se haya .quemado tal producto,
    4. Apelación y Error — Revisión—Errores no Perjudiciales — Resoluciones Sobre Preguntas Hechas a los Testigos en el Examen de Estos — Pre-guntas Hipotéticas. — Cuando una pregunta hipotética relativa a la des-trucción de una substancia — café—por fuego que se presume duró dos horas, se objeta porque la prueba no demostraba que el fuego duró sólo ese tiempo, y aquella se admite, si el testigo manifiesta posteriormente que aún si el siniestro hubiera durado diez horas o más se hubieran encontrado señales de la existencia de tal substancia, el error en la admisión de la pregunta, de existir, no es perjudicial.
    5. Seguros — Acciones Fundadas en Pólizas — Apelación—Revisión—Admisión de Pruebas — Fotografías Tomadas Días Después del Fuego. — La objeción a la admisión de fotografías tomadas días después de un siniestro por razón del- tiempo transcurrido no beneficia a la parte que objeta cuando su prueba es al efeeto de que en la época en que se tomaron aún humeaba el fuego, y menos aún cuando la situación de los objetos quemados no ha cambiado en dicho tiempo. *
    6. Evidencia — Prueba de Opinión — Competencia de los Peritos — De las Cau-sas y de los Efectos — Efectos de un Incendio en Una Substancia Dada. —La declaración de uno que califica debidamente como químico sobre los efectos de un incendio en un café no está sujeta a objeción porque el perito no exprese conocimiento del grado de calor necesario para el fuego destruir el café en su totalidad.
    7. Seguros — Acciones Fundadas en Pólizas — De la Sentencia — En General. —En acción en cobro de póliza que cubre un riesgo — café almacenado— cuando la prueba es fuerte y convincente de que no quedó indicia alguno de café después del fuego, ella es prueba circunstancial poderosa para jus-tificar sentencia al efecto de que el incendio no destruyó ningún café.
    8. Seguros — Acciones Fundadas en Pólizas — De la Evidencia en General— Prueba del Origen Incendiario del Siniestro. — Cuando el asegurado hace una reclamación fraudulenta del valor de una cosa asegurada que nunca se ba quemado, y cuando la prueba demuestra que un incendio comienza rápida e inexplicablemente, que en el momento del incendio las.personas que acos-tumbraban vivir en la casa están ausentes y el agente del asegurado está solo en ella, levantado y parcialmente vestido, que éste aparentemente no hace esfuerzo por evitar el fuego o salvar los muebles asegurados; que algunos de éstos, así como materias objeto de otro riesgo, son vistos en otros sitios posteriormente, todo ello demuestra que tal incendio no fué casual, pudiendo considerarse, en relación con dicha cuestión, el hecho de,que los libros del asegurado se alteraren después del fuego, y las falsas mani-festaciones de los agentes del asegurado en la silla testifical.
    9. Seguros — Acciones Fundadas en Pólizas — Cumplimiento de las Condicio-nes Obligatorias Precedentes — Aviso y Prueba de Pérdidas. — La condi-ción impuesta al asegurado por la cláusula sobre presentación de prueba de pérdidas, siendo obligatoria para aquél, en ausencia dé renuncia u otra con-dición similar, su incumplimiento impide que el asegurado obtenga indem-nización.
    10. Seguros — Del Contrato en General — Naturaleza, Requisitos y Validez— Validez del Contrato — Cláusulas que no Impiden el Derecho de Recla-mar Ante los Tribunales — Cláusula Relativa a la Prueba de Pérdidas. —Da sección 175 de la Ley de Seguros de 1921 (p. 649) no impide que una compañía de seguros insista en que se le presente la prueba de pérdidas, y una cláusula en la póliza exigiendo tal prueba no es una limitación al reme-dio sino al derecho de demandar.
    11. Seguros — Aviso y Prueba de Pérdidas — Renuncia de la Prueba de Pér-didas — En General. — El hecho de que los agentes de una compañía o el ajustador concurran al sitio, del siniestro casi inmediatamente o días después y practiquen toda dase de investigaciones, hagan preguntas y se lleven libros del asegurado no constituye una renuncia de la condición en la póliza que exige presentación de prueba de pérdidas dentro del término estipulado.
    12. Seguros' — Acciones Fundadas en Pólizas — Peso de la Prueba — Renuncia de Esttpulaciones en las Pólizas. — En acción en cobro de póliza, el peso de la prueba recae sobre el demandante para demostrar que la compañía renunció a cualquiera estipulación de la póliza.
    SENTENCIA de R. Días Ontrón, J. (Ponce), declarando con lugar las demandas en los casos 3685 y 3687, sin costas, y sin lugar las demandas en los Nos. 3686 y 3688, sin costas. Revocadas las dictadas en los dos primeros casos y confirmadas las dictadas en los dos últimos.

      J. H. Brown y Clemente Ruiz Nazario, abogados de la apelante en los casos Nos. 3685 y 3687 y Jacinto Texidor, abogado de la ape-lada en dichos casos; Jacinto Texidor, abogado de la apelante en los casos Nos. 3686 y 3688 y J. M. Brown y Clemente Buiz Nazario, abogados de la apelada en dichos casos.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

María Dragoni entabló onatro demandas contra distintas compañías de seguros para indemnizarse de las pérdidas qne alega le fueron ocasionadas por un incendio ocurrido en la noche del 25 de enero de 1924. Dos de los pleitos eran contra la United States Pire Insurance Company, y los otros dos contra la London Assurance Corporation. Se ale-gaba qne estas dos compañías eran solidariamente respon-sables de las pérdidas ocasionadas por incendio, cada una bajo dos riesgos distintos, siendo uno de ellos la casa y los muebles de la demandante y el otro un café que se suponía estar almacenado en el sótano de la misma casa, que era un edificio de dos plantas, de madera, y techado de zinc.

Los pleitos fueron entablados en la Corte de Distrito de Ponce, y, por estipulación de las partes, el juicio de las cuatro acciones se celebró conjuntamente en una sola vista. La corte dictó sentencia a favor de la demandante por la casa y su contenido, y declaró sin lugar las demandas en cuanto a la reclamación por el café que la demandante ale-gaba' haber sido destruido por el siniestro. Ambas partes apelaron, y han radicado una estipulación para presentar una sola transcripción de la evidencia.

La demandante introdujo prueba testifical tendente a de-mostrar que en la noche que precedió al fuego estaban al-macenados en dicha casa de quinientos a seiscientos sacos de café. Por otra parte, las demandadas presentaron prueba muy fuerte tendente a demostrar que no se había quemado en absoluto café alguno. Un número de testigos, algunos de los cuales fueron ofrecidos como peritos, declaró que no se había encontrado indicio alguno de café en la propie-dad destruida por las llamas, y que los escombros no eran otra cosa que cenizas de madera; que donde se quemaba café invariablemente tenía qne haber algunas señales del mismo. Tenemos poca duda de que si la corte tenía derecho a considerar toda la prueba sometida por las demandadas, sus conclusiones respecto a que no había ningún café alma-cenado estuvieron enteramente justificadas. Sin embargo la demandante se opuso a gran parte de esta prueba, y ha señalado debidamente las excepciones tomadas, las cuales consideraremos oportunamente. Para mayor conveniencia, nos referiremos a las partes tal como fueron designadas en la corte inferior.

El primer señalamiento de error se refiere a cinco fotografías que fueron ofrecidas por las demandadas y admitidas por la corte. Los autos demuestran que estas fotografías fueron tomadas por o bajo la dirección de William D. López, quien era sub-agente de las compañías demandadas, y quien fué a la escena del suceso dentro de las veinticuatro horas en que el mismo ocurrió. La demandante había presentado prueba tendente a demostrar que en la mañana siguiente al día del siniestro había varios montones de café ardiendo, y el objeto de estas fotografías era demostrar que en dicha mañana no había tales montones' ni en realidad había ningún montón. La demandante se opuso a su admisión porque no hubo prueba de cuándo fueron tomadas, o que la demandante hubiera tenido participación alguna al tomarlas; que tal evidencia era impertinente y que no podía representar los efectos destruidos, porque la misma era en beneficio propio (self-serving) y de referencia. En el caso de Vidal v. Porto Rico Ry., Light & Power Co., 32 D.P.R 779, dijimos lo siguiente:

“Se formuló objeción a la admisión de estas fotografías por no haber sido identificadas por el fotógrafo; pero lo mismo que las fir-mas y otros particulares, las personas que demuestran un verdadero conocimiento pueden identificarlas.”

La idea era más o menos que, una vez debidamente iden-tificadas, las fotografías eran admisibles al igual que otra prueba, y sujetas a la pertinencia que tuvieran con los he-chos en controversia. La pertinencia de las fotografías ofrecidas en este caso era muy evidente. Trataban de des-truir las manifestaciones de los testigos de la demandante de que había montones de café ardiendo en la mañana del día siguiente al fuego. Una fotografía tomada para demos-trar una condición en cierto tiempo es la mejor prueba ob-jetiva que puede presentarse, presumiendo, desde luego, que el fotógrafo fuera exacto al tomarla. Las fotografías ofre-cidas en evidencia están sujetas a las objeciones que co-rresponden al arte fotográfico, o sea, que pueden estar fuera de foco o que la luz, la sombra, y otros detalles, no estén debidamente representados; pero eliminando éstas y otras excepciones posibles, las fotografías de determinada escena en determinado tiempo tienen cierto peso que la corte debe apreciar. Merrill v. Marietta Torpedo Co., 79 W. Va. 669, 92 S. E. 112, L.R.A. 1917-F, 1043-1048; 10 R.C.L. 992; 10 R.C.L. 1153, 1156. Diller v. Northern Cal. Power Co., 162 Cal. 538.

Las fotografías no son prueba en beneficio propio (self-serving evidence), ni tampoco son de referencia. La ausen-cia de la demandante no tiene mayor importancia que la que tendría su presencia al declarar un testigo ocular; tanto la una como la otra es evidencia primaria. En rea-lidad de verdad, las fotografías fueron tomadas estando en la escena del suceso varios agentes y representantes de la demandante, quienes no protestaron al ser tomadas. Natu-ralmente, la parte contraria no puede repreguntar a una fotografía que muestra la condición física de un edificio, como tampoco puede hacerlo cuando el jurado hace una inspección ocular o cuando los testigos hablan de las condi-ciones de tal edificio, pero puede siempre repreguntar a .un testigo respecto a su habilidad o destreza para tomar foto-grafías, y, desde luego, puede demostrar que los hechos son distintos, argumentando a la corte qne las fotografías no son una verdadera representación de los hechos materiales.

El segundo señalamiento es qne la corte cometió error al permitir a las demandadas preguntar al testigo J. Otilio Vega acerca de otros incendios en qne se había quemado café. Besultó qne las demandadas trataban de demostrar, por la experiencia del testigo en otros incendios, qne cuando se quemaba café era prácticamente imposible qne desaparecieran todas señales del mismo dentro del tiempo en qne se desarrolló este incendio. Las objeciones que la demandante formuló fueron dos: Primera, qne el testigo no había sido debidamente cualificado como perito y no tenía suficientes conocimientos químicos que le permitieran exponer los resultados de un incendio ni la cantidad de calor que se requería para consumir el café; y segunda, que no hubo demostración alguna de que las circunstancias en otros incendios fueran iguales o parecidas a las del que la corte tenía ante sí.

Bajo el tercero y sexto señalamiento de error la deman-dante levantó objeciones similares a la admisión de las de-claraciones de Pedro S chuck y Pedro Vivas Valdivieso, res-pectivamente. Estos dos testigos, al igual que el testigo Vega, supra, aunque no tenían preparación especial en quí-mica, satisficieron a la corte, y nos satisfacen a nosotros, de que en general estaban calificados para exponer su opi-nión sobre los efectos del incendio en el café o en granos de café. Cada uno de estos testigos había tenido experien-cia y había hecho observaciones en un sinnúmero de fuegos en que se había quemado café. No era necesario que al-guno de ellos demostrara especial preparación química al-guna, porque cualquier persona puede ser un perito en mu-chas materias sin haber tenido preparación en un colegio o universidad o sin haber hecho un estudio especial de los elementos de química. La cuestión de los efectos de un incendio en el café o en los granos de café muy bien puede ser objeto de la experiencia de cualquier persona que baya visto un número de fuegos en que se baya quemado café. Además, uno o más de los testigos habían tenido experien-cia en tostar café, por haberse dedicado al cultivo de este grano. Era innecesario poder hablar de la cantidad de ca-lor que se necesitaría para destruir todo indicio de que se había quemado café, estado de cosas que ninguno de los testigos jamás había presenciado.

Bajo el cuarto señalamiento de error, la demandante se opone a cierta pregunta hipotética hecha al testigo Pedro Schuck. Dicha pregunta era extensa y trataba de hacer un resumen de ciertos hechos previos referentes a la destrucción de café por el fuego, y si era posible que todo el café se hubiese quemado en las condiciones indicadas. Se presuponía que el incendio sólo había durado dos horas. La objeción específica de la demandante era que la prueba no demostraba que el incendio hubiera durado sólo dos horas. La tendencia general de la prueba de la demandante era que el fuego había durado muy poco tiempo, pero al continuarse el interrogatorio del testigo, éste manifestó que aún si el siniestro hubiera durado diez horas, o aún mucho más tiempo, se hubieran encontrado señales de que allí había café. De suerte que, aún suponiendo que hubiese habido un ligero error, no hubo perjuicio.

Bajo el quinto señalamiento de error, se hizo objeción a la admisión de ciertas fotografías tomadas unos ocho días después de ocurrido el incendio. La prueba de la demandante fué al efecto de que el fuego aún humeaba en dicha época, y por consiguiente, la objeción de que este período de tiempo era demasiado tarde no puede beneficiar a la demandante. La situación de los objetos quemados no había cambiado en los ocho días; e igualmente, en cuanto a la admisión de las otras fotografías, la cuestión ante la corte era la apreciación de las declaraciones.

Se señaló también como el error número 7 el ad-mitir la declaración de Angel N. Pesquera como perito. La objeción específica era que él no tenía conocimiento del grado de calor necesario para destruir el café en su totali-dad. La respuesta a esta contención es que el testigo fué debidamente calificado como químico y no era necesario que ninguno de los testigos tuviera exacto conocimiento del grado de calor requerido.

Convenimos con las demandadas, según fiemos indicado al principio, en que la prueba era fuerte y convincente de que no quedó indicio alguno de café, siendo ésta una prueba circunstancial poderosa para justificar la sentencia de la corte inferior de que el incendio no destruyó ningún café; y esto resuelve los señalamientos octavo, noveno y décimo.

Tenemos afiora que considerar la apelación de las de-mandadas y nos referiremos primeramente al señalamiento de error número 4 que alega que el incendio no fué casual.

En primer lugar, existe el fiecfio predominante, según lo resolvió la corte inferior y según nosotros lo confirmamos, de que la demandante o sus agentes trataron de recobrar el valor de un café que en realidad nunca se quemó. El tratar de fiacer esto es uno de los indicios imaginables de fraude más poderosos, y por sí mismo indica el origen incendiario del siniestro. Las principales dudas que fiemos tenido a favor de la demandante son que la corte inferior, muy erróneamente, no prestó atención en sus resoluciones a la cuestión del origen incendiario; y a que no fiubo bastante prueba física de que el incendio fuese premeditado. En el caso de J. Llamas & Co. v. Great American Insurance Corporation, 33 D.P.R. 818, citado por las demandadas, la corte falló a favor de las compañías de seguros y la prueba de que el incendio fué premeditado, por haberse puesto materiales inflamables, era bastante poderosa. Por otra parte, en este caso la prueba demostró que el incendio comenzó rápida e inexplicablemente; que Lorenzo Dragoni, el agente y mayordomo de la demandante, estaba solo en la casa, levantado y parcialmente véstido, y que aparentemente no hizo serio esfuerzo por evitar el fuego o aún por sal-var los muebles. Algunos de éstos, especialmente un telé-fono, según uno de los testigos, fueron vistos posterior-mente en otro sitio. Otra circunstancia poderosa contra la demandante fué que en el momento del incendio la familia de Lorenzo Dragoni, que acostumbraba vivir en la casa, es-taba ausente, así como una maestra que también vivía allí. La prueba no nos satisface, según lo alegan las demanda-das, de que el valor de la casa y su contenido fuera gran-demente exagerado. La conclusión a que llegó la corte inferior fué contraria a esto. Existen además los hechos adi-cionales de que la demandante alegó que se quemó todo el cafó y de que una investigación posterior demostró que parte de éste estaba almacenado en otro sitio. Además, hubo la declaración de un testigo, a quien la corte dió cré-dito en cuanto a los otros extremos de su declaración, al efecto de que un libro o varios libros de la demandante fue-ron alterados después del siniestro. Dadas las falsas ma-nifestaciones de los agentes de la demandante en la silla testifical y la reclamación fraudulenta del café que nunca se quemó, las otras circunstancias del caso son tan podero-sas que nos inducen a llegar a la conclusión de que el incen-dio no fué casual, sino que fué comenzado por un agente o por agentes de la demandante.

Antes de comenzar a discutir los otros señalamientos do error de las demandadas, es conveniente exponer algu-nos hechos más. En esta parte del caso, aparece que la demandante entabló demanda contra distintas compañías para recobrar $4,000 por la casa y $500 por los muebles. En dicha casa estaba almacenado el café. La demandante alegó, y la corte estuvo de acuerdo con ella, que la casa va-lía $4,000. La demandante alegaba que los muebles valían $1,000. Las demandadas alegaron que los muebles no va-Kan $500, que no pertenecían a la demandante, y que gran parte de los mismos fué salvada del siniestro. La corte dictó sentencia a favor de la demandante por la suma de $500 cubierta por las pólizas.

El primer señalamiento de error, en efecto, ataca la acción de la corte al no resolver que la demandante no tenía derecho a recobrar porque no presentó su prueba de las pérdidas dentro de los quince días de ocurrido el incendio. La condición impuesta por la póliza era la siguiente:

“Artículo 10. Inmediatamente que se declare un siniestro que cause daños o pérdidas en los objetos asegurados por la presente póliza, el asegurado tiene obligación de participarlo a la Compañía por escrito, y de entregarle, a más tardar dentro de los quince días siguientes al del siniestro, o en cualquier otro plazo que la compañía le hubiera especialmente concedido por escrito, los documentos si-guientes :
(a) Un estado de las pérdidas o daños causados por el sinies-tro, indicando del modo más detallado y exacto que sea posible, los varios objetos destruidos o averiados y el importe de la pérdida co-rrespondiente, teniendo en cuenta el valor de dichos objetos en el momento del siniestro, sin comprender ganancia alguna.
“(i) Una relación detallada de todos los demás seguros que pudieran existir sobre los mismos objetos.
“El Asegurado viene igualmente obligaclo, en cualquier tiempo, a procurarse a su costa y a entregar o poner de manifiesto a la Compañía todos los detalles, planos, proyectos, libros, recibos, fac-turas, copias o duplicados de facturas, documentos justificativos, ac-tas y cualesquiera informes que la compañía, directamente o por mediación de sus respresentantes esté equitativamente en derecho de exigirle con referencia a la reclamación, al origen y a la causa del incendio y las circunstancias bajo las cuales las pérdidas o daños se han producido, o relacionados con la responsabilidad de L' Com-pañía o con el importe de la indemnización debida por ésta.
“Asimismo, el asegurado viene obligado a certificar la exactitud de su reclamación y de cuantos extremos estén consignados en la misma, mediante una declaración hecha, sea bajo juramento o en cualquier otra forma legal.
“Si el Asegurado no cumpiere lo dispuesto en el presente ar-tículo, quedará privado de todo derecho a indemnización en virtud de la presente póliza.”

Como regia general, no tenemos duda de que tal condi-ción en una póliza es obligatoria para el asegurado, y en ausencia de renuncia u otra condición similar, impedirá que el asegurado obtenga indemnización. Quiñones v. “L’Union,” 34 D.P.R. 405 y casos citados; J. Casablanca, S. en C. v. The Palatine Insurance Co., 32 D.P.R. 678; Missouri Pacific Railway Co. v. Western Union Assurance Co., 129 Fed. 610; White v. Home Mutual Insurance Co., 128 Cal. 131; Joyce on Insurance, sección 3280.

La sección 175 de la Ley de Seguros de 1921, (Leyes de 1921, pág 649), lee como sigue:

“Sección 175. — Será ilegal toda cláusula en un contrato de se-guro que impida al asegtrrado el derecho de reclamar en los tribu-nales de justicia, en cualquier momento después de ocurrido el ac-cidente contra el cual se hizo el seguro, el importe de cualquier pér-dida sufrida y que hubiera sido objeto de dicho seguro. El tribunal determinará no sólo la responsabilidad de la compañía, sino también el alcance de la pérdida.”

Esta disposición, según se ha resuelto, no impide que una compañía de seguros insista en que se le presente la prueba de las pérdidas. Hicks v. British America Assurance Co., 162 N. Y. 284, 48 L.R.A. 424; McNully y. Phoenix Insurance Co., 137 N. Y. 389; North British & M. Insurance Co. v. Luchy Strike Oil Co., 173 Pac. 845, 22 L.R.A. 398; y Miguel Ríos Rivera v. The Niagara Insurance Co., 33 D. P.R. 809. El Artículo 10 no es una limitación al remedio, sino al derecho a demandar.

Lo anteriormente expuesto, a nuestro entender, no ha sido negado seriamente por la demandante. La idea es que las compañías demandadas, por sus actos, han renunciado a la necesidad de que se les suministrara prueba de las pér-didas. La demandante no presentó su prueba de pérdidas a tiempo, sino que la envió al ajustador varios meses des-pués de transcurridos los quince días fijados por dicha pó-liza.

No hubo ninguna dificultad respecto a las supuestas pér-didas en este caso. Fueron totales. Es cierto que dos de los agentes de las compañías fueron casi inmediatamente al sitio del siniestro, que practicaron toda clase de investi-gaciones, hicieron toda clase de preguntas y aún se lleva-ron consigo un libro o varios libros de la demandante; pero según aparece de la declaración de la propia demandante, dichos agentes le dijeron claramente que no tenían autori-dad, ni se la tomarían, para arreglar la reclamación, mani-festando que tal función correspondía al ajustador. Según parece, los dos agentes a que hemos hecho referencia fue-ron al lugar del fuego a instancias de un amigo o agente de la demandante. Dichos agentes fueron en compañía de un detective. No es posible que la mera presencia e investi-gación por parte de los agentes de las compañías consti-tuya una renuncia, y que deban abstenerse, so pena de que ello equivalga a una renuncia, de hacer una investigación oportuna. Entonces el pegar fuego se haría más fácil y sencillo. En realidad de verdad, la póliza provee el con-sentimiento y cooperación del asegurado para suministrar, los datos necesarios a los agentes de las compañías.

En su alegato, el abogado de la demandante nos líanm la atención hacia lo que él caracteriza como la curiosa per-sonalidad del llamado “ajustador.” El abogado pinta a este funcionario como que es un hipócrita y de dos caras;’ que se presenta en la escena del suceso e investiga varios detalles sin la intervención del asegurado, adquiere toda clase de documentos y libros de él, y entonces, cuando llega el supuesto momento de hacer un arreglo o transacción, dice que no puede dar un paso más sin consultar con su compañía. Parece que el abogado desea hacerle compren-der a la corte que el propósito del ajustador es engañar al asegurado para evadir el pago de las pérdidas.

El ajustador de una compañía de seguros contra incen-dio ha sido una personalidad bien reconocida en materia de seguros contra incendio por más de medio siglo. El ajustador frecuentemente tiene plena facultad legal para arreglar una reclamación, pero no siempre. Al igual que otros agentes, aun cuando tenga plena facultad para hacer un arreglo, sus instrucciones o su experiencia muy bien pueden aconsejarle que someta el asunto a su principal antes de efectuar el ajuste. En esto no se diferencia en nada del abogado que hace un arreglo en corte, o un agente de negocios, u otros muchos agentes, que, teniendo autoridad legal para ello, creen impropio hacer ciertos arreglos sin obtener el consejo o consentimiento de sus principales.

En lo que al ajustador en este caso se refiere, no encon-tramos ningún acto de renuncia por su parte. Cuando hizo que la asegurada o su agente firmara una renuncia de de-rechos, tal documento no tiene nada de particular, y en el presente caso se firmó, en efecto, mucho después que había expirado el tiempo para presentar prueba de las pérdidas. Si realizó algunos actos con anterioridad al momento de fir-marse dicho documento, lo que por sí solo o en conexión con los actos de otros agentes podría constituir una renun-cia, es cuestión diferente. La cuestión a resolver por nos-otros no es la de fraude por parte de las compañías, como sugiere la demandante, j sí una cuestión de hecho, a saber, si los actos en total de las compañías en este caso, o sus agentes, constituyen una renuncia de la necesidad fijada por la póliza de que se sometiera prueba de las pérdidas dentro de los quince días de ocurrido el siniestro.

Las compañías demandadas alegan que cuando el asegu-rado se funda en la renuncia por parte de las compañías de la necesidad de presentar prueba de las pérdidas, el ase-gurado debe alegar tal renuncia al radicar demanda en co-bró de pólizas. Quizás si la corte inferior hubiere fallado el caso a favor de las compañías demandadas por este mo-tivo-,' y - la demandante no se hubiera propuesto enmendar su demanda, probablemente habríamos sostenido la sentem cia de la corte inferior. Donde, como ocurre aquí, la con-tienda librada en la corte inferior giró aparentemente so-bre la cuestión de renuncia por los actos de los distintos agentes de las compañías, debemos estar dispuestos a con-siderar la demanda como si se hubiera enmendado para cubrir la alegada renuncia por parte de las demandadas, de presentar la demandante .prueba sobre las pérdidas, o como una incongruencia insubstancial. El Pueblo v. Valdés, 31 D.P.R. 223.

El peso de la prueba recae sobre la demandante para demostrar que las compañías renunciaron a cualquiera estipulación de la póliza, y vemos que éstas no hicieron tal renuncia, bien con respecto a los agentes generales, o en lo que respecta a los actos del ajustador, considerados separadamente, o con respecto a los actos de todos ellos, considerados conjuntamente. El hecho de que el ajustador, dentro de algunos días de ocurrido el incendio, hiciera numerosas preguntas y se llevara libros pertenecientes a la asegurada no constituye una renuncia.

Las compañías alegaron otros errores, como por ejem-plo, que la casa y su contenido nunca tuvieron el valor por el cual fueron asegurados. Sin embargo, como hemos lle-gado a la conclusión de que el siniestro fué de origen-in-cendiario, y que las compañías no renunciaron a la condi-ción de la póliza que exige que la prueba de pérdidas fuera presentada dentro de los quince días, lo cual no se hizo, debe revocarse la sentencia de la Corte de Distrito de Ponce.

Por tanto, debe dictarse sentencias confirmando la sen-tencia de la corte de distrito en lo que concierne a haberse negado a conceder las reclamaciones presentadas por el café incendiado, y revocando la sentencia en lo que se refiere a haber concedido la reclamación de la demandante por la casa y su contenido.

El Juez Presidente Sr. del Toro firmó conforme con la sentencia.

OPINIÓN CONCURRENTE

DEL JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO.

Estoy conforme con las sentencias dictadas - porque se probó el incendio intencional por parte del asegurado. No creo, por tanto, necesario entrar en el examen de los actos del ajustador y prefiero abstenerme de mostrar mi confor-midad con la opinión de la mayoría sobre este extremo, ya que tengo dudas de los principios que establece a la luz de las circunstancias que concurren en el caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

license: Public Domain

text:
    Francisco Cintrón López, demandante y apelado, v. Providencia Román, demandada y apelante.
    No. 3979.
    Visto: Diciembre 21, 1926.

      Resuelto: Marzo 25, 1927.
    Matrimonios — Acción de Nulidad — Fundamentos de Nulidad — Incapacidad Df. las Partes Contrayentes — -Matrimonio Contraído Dentro de los 301 Días Estatutorios. — Cuando una mujer contrae matrimonio dentro de los 301 días siguientes a aquél en que disuelve su matrimonio, y como fruto de la unión nace un hijo cuya g-estación empieza en el claustro materno al transcurrir dos años do casada, no -cabe sostener la nulidad de dicho ma-trimonio.
    Sentencia de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), declarando con lugar la demanda en cuanto a la primera de sus causas de acción y sin lugar la contra-demanda, sin costas.

      Revocada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

      B. F. Pacheco, abogado de la apelante; Enrique Campillo, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito se inició solicitando el demandante el divor-cio fundando su cansa de acción en trato cruel e injurias graves. Más luego el demandante enmendó su demanda e incluyó otra cansa de acción basándose en el artículo 131 del Código Civil Revisado, inciso 69, pidiendo, por tanto, la declaración de nulidad del matrimonio que contrajo con la demandada. En esta cansa de acción el demandante alega que la demandada era divorciada de su primer marido Armando Gautier por sentencia que quedó firme en septiem-bre 14, 1919, y qne en noviembre 26, 1919, fue celebrado su segundo matrimonio con el demandante, o sea, antes de los trescientos un días a contar desde la fecha de aquella sen-tencia. Alegó también el demandante que al transcurrir dos años de casados, “la demandada quedó en estado de preñez, naciendo la única hija que han tenido y procreado llamada Iris Hipólita. ’ ’

La demandada contestó admitiendo estas últimas alega-ciones y contrademandó, solicitando a su vez el divorcio, por abandono, trato cruel y adulterio del marido. En la contrademanda, entre otras cosas, la demandada alega: “Que la causa de, haber abandonado el demandante a la demandada es la de haberse enamorado de una señora lla-mada María Luisa Melendez,' viuda de Santana, con la cual vive maritalmente en Santurce, calle de Loíza No. 207, telé-fono 16- negro, haciéndose aparecer como dependiente o so-cio de una tienda que ésta tiene.”

La corte inferior en la opinión emitida, a pesar de de-clarar probada la contrademanda en el extremo que hemos señalado, decretó la nulidad del matrimonio fundándose en el inciso 6 del artículo 131 del Código Civil Revisado y en el caso de Cabassa v. Nadal, 23 D.P.R. 744. El juez inferior parece que hacía con cierta repugnancia tal declaración porque mediaba la circunstancia de existir una hija que ha-bían procreado demandante y demandada durante su unión conyugal y más allá del período de trescientos un días de celebrado el matrimonio. La corte inferior dijo:

“Se hace constar que en el acto de la vista, el demandante de-sistió de su segunda causa de acción, o sea, de la acción de divorcio fundada en la causa de trato cruel e injurias graves; de modo que quedó únicamente en la demanda a considerar, la primera causa de acción, o sea la ejercitada sobre nulidad de matrimonio.
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“La Corte declara que se han probado, fuera de toda duda razo-nable, todos los hechos alegados en la primera causa de acción de la demanda. También declara que se ban probado satisfactoriamente todos los hechos alegados en la contrademanda de divorcio fundada en las causas de abandono y adulterio.
“La Corte ha estudiado detenidamente este caso porque no ha podido perder de vista que del matrimonio del demandante y la de-mandada existe una niña llamada Iris Hipólita, de dos años y me-dio de edad, la cual vive en compañía de la demandada, y la cual niña pagará todas las consecuencias de la violación de la Ley llevada cabo por sus padres; pero la Corte no tiene facultades para enmen-dar las leyes para proteger a personas inocentes que no han tenido ninguna culpa de su violación. Y de acuerdo con la Ley y los he-chos probados, resulta que el matrimonio entre demandante y de-mandada fue contraído durante los 301 días siguientes a la fecha de la disolución del matrimonio anterior de la demandada (No. 6o., artículo 131 del Código Civil).
“Por todo lo anteriormente expuesto y vistos los artículos 4, 129, 131, 178 y 179 del Código Civil, y el caso de Cabassa vs. Nadal, 23 D.P.R. 744, la Corte se ve obligada, en cumplimiento estricto de la Ley, a declarar sin lugar la contrademanda y por el contrario, a declarar como declara con lugar en todas sus partes, la' primera causa de acción de la demanda y en consecuencia . . . .”

El artículo 131 del Código Civil Bevisado, en lo perti-nente, dice:

“Art. 131. — Son incapaces para contraer matrimonio:
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“6. La viuda durante los trescientos un días siguientes a la muerte de su marido, o antes de su alumbramiento si hubiere que-dado en cinta, y la mujer cuyo matrimonio hubiere sido declarado nulo o disuelto en los mismos casos y términos, a contar desde la fe-cha de la nulidad o disolución.”

El artículo 45 del Código Civil español en ese particular dice :

“Art. 45. Está prohibido el matrimonio:
“2. A la viuda durante los trescientos un días siguientes a la muerte de su marido, o antes de su alumbramiento si hubiese quedado en cinta, y a la mujer cuyo matrimonio hubiera sido declarado nulo, en los mismos casos y téi’minos, a contar desde su separación legal.”

Se notará que el artículo 131 supra lia seguido literal-mente al Código antiguo español con la sola diferencia de que en el nuevo código, después de referirse a la mujer cuyo matrimonio hubiere sido declarado nulo, se añaden las pa-labras “o disuelto” para así conformarlo a la modiñcación fundamental de que fue objeto en materia de divorcio como resultado del cambio de soberanía. La reforma autorizando el divorcio ad vinculum ya había sido realizada por una orden judicial, aprobada por el gobierno militar en marzo 11, 1899, y la que más luego se incorporó, en lo sustancial, al Código Civil Revisado, aprobado en 1902.

En cuanto a los hechos en que descansa la acción de nulidad, no hay controversia entre las partes. La deman-dada se divorció de su primer marido por decreto judicial que quedó firme en septiembre 14, 1919, y a contar de esta fecha, cuarenta y dos días después, contrajo matrimonio con el demandante. Tampoco hay discusión respecto al na-cimiento como fruto de la unión del demandante y la de-mandada, de una hija, a quien se le puso el nombre de Iris Hipólita, y cuya gestación empezó en el claustro materno al transcurrir dos años de casado, según así alega el mismo demandante en su demanda. Queda fuera de toda duda toda confusión en relación con la paternidad de la niña, porque ella nació más allá de los 301 días a que- se refiere la prohibición del artículo 131 supra. Aun toda .discusión de una preñez y parto tardío que se ha discutido en las es-cuelas, en casos excepcionales, no cabría ni siquiera consi-derarlos en este caso. Si esto es así, ¿qué efecto legal puede tener el artículo 131 bajo tales circunstancias1? Esta dis-posición legal tiene sus precedentes desde la legislación ro-mana, y el motivo que representa parece haberse seguido en toda nación civilizada. En roma era prohibido a la viuda casarse dentro del año de luto. En este punto dice Manresa: “Es de advertir que el año de luto de que ha-blan las leyes era de diez meses, según Cicerón y Séneca, citados por Escriclie en su Diccionario, y esto denota y viene en apoyo de lo que venimos diciendo: que lia influido más para la expresión del precepto el evitar turbationen sanguinis . . . generations aut seminis incertitudinem, que el que la mujer guarde la consideración y reverencia debi-das a la memoria de su difunto cónyuge.” Tomo 1 pág. 253.

Las antiguas leyes españolas contenían igual prohibición para las viudas, señalándose, sin embargo, una excepción en la Novísima Recopilación que autorizaba a las viudas a casarse libremente dentro ■ del año subsiguiente a la muerte del marido. La excepción pareció justificarse para aumen-tar la población, tal vez diezmada por la guerra, pero ella dió ocasión a las grandes discusiones que se suscitaron en-tre jurisconsultos y médicos para determinar la paternidad en los casos dudosos que se presentaban. Las regias que se trataron de establecer fueron siempre arbitrarias y su-jetas a presunciones. El parecido de los padres, tanto en lo físico como en lo moral, era un dato que se ofrecía como base para resolver las dificultades y así se acudía a otros detalles tendentes al mismo fin. Hubo quien sostuviera que el hijo pertenecería a los dos maridos o que no pertenecería a ninguno, y de este modo se cortaba el nudo gordiano. Para poner término a este estado de cosas, el Código Penal de 1850 (art. 400j castigaba a la viuda que se casara antes de los 301 días desde la muerte de su marido, etc. Igual disposición pasó al Código Penal Español de 1870. Y el artículo 495 del Código Penal que en mayo 23, 1879, se decretó para Puerto Rico, dice lo siguiente:

“La viuda que se casare antes de los trescientos un días desde la muerte de su marido o antes de su alumbramiento, si liubiere que-dado en cinta, incurrirá en las penas de arresto mayor y multa de 125 a 1,250 pesetas.
“En la misma pena incurrirá la mujer cuyo matrimonio se hu-biere declarado nulo, si se casare antes de su alumbramiento o de haberse cumplido trescientos un días después -Re su separación legal. ’ ’

Groizard, ilustre comentarista del Código Penal Español, refiriéndose al artículo 490, equivalente al 495 supra, dice:

"También contiene este artículo la sanción de un precepto civil.
"Nuestra legislación no ba sido constante, respecto al tiempo de permitir el matrimonio de las viudas. En el Fuero Juzgo, en el Fuero Viejo y en las Partidas, se las prohibía casarse antes del trans-curso de un año, contado desde el día de la muerte del primer ma-rido. No está en lo cierto el ilustre jurisconsulto Pacheco, al con-signar que las razones de esta prohibición fue el respeto a la memo-ria del marido difunto. El Código visigodo terminantemente con-signó que la razón de su precepto era que la mujer ‘non mate el parto ante que sea nazido. ’ El Código de Alfonso el Sabio expresó que ‘defendían las leyes a las mugeres que non casen ante de este tiempo por dos razones: la una porque non dubden los ornes, si avi-niere que ascaesce ellá en ese mismo año, de qual de los maridos,' del muerto o del vivo, es el fijo o la fija que nasciere della. La otra es porque el marido segundo non haya mala sospecha contra ella, por-que tan ayna quiso casar.’
"La Novísima Recopilación consideró de poca valía estos dos motivos para imponer esa prohibición a las viudas contrariando sus sentimientos y estímulos naturales. Hizo bien respecto del segundo; pero no en cuanto al primero, pues la importancia moral y legal de evitar la confusión de la prole, es razón suficiente para tener en suspenso por algún tiempo el derecho que a la mujer no por eso se negaba en absoluto de contraer las segundas nupcias. ’ ’ Tomo 5,' pág. 510.

La ley sobre el matrimonio civil primero, y el Código Civil de 1885 por último, derogaron la ley recopilada y res-tablecieron el espíritu del antiguo derecho, y así sobre esos precedentes y principios se prescribió el artículo 45 supra del antiguo Código Civil, y así pasó en su letra y en su es-píritu al Código Civil Revisado.

No podía encontrarse nada que fuese tan evidente en sentido que por el origen histórico del precepto en él no ha tenido más objeto que el fijar únicamente un término den-tro del cual le sea prohibido a una mujer viuda o cuyo ma-trimonio se ha declarado nulo, contraer un segundo matri-monio para evitar la confusión de prole. En buena lógica y como más sano a la razón y al mismo status del matri-monio, bajo las circunstancias de este caso, en qne todo pe-ligro de confusión de prole ba pasado por haber transcu-rrido más del doble del tiempo señalado por el artículo 131, desde que empezó el estado grávido de la demandada, no es posible sostener la nulidad del matrimonio celebrado entre demandante y demandada. Si era imposible que las con-secuencias que trata de evitar el legislador no podían darse en este caso mientras se procreaba y nacía la niña Iris Hi-pólita, el matrimonio de los contrayentes debe subsistir. Si no existía ya la causa, ¿cómo podían darse los efectos? El matrimonio participa de un doble carácter: de un con-trato y de un status. Bajo este último, aspecto el estado tiene un alto interés y el poder de controlar la relación personal que de él se deriva. En este sentido es que él inter-viene estableciendo las reglas por las que han de regirse los contrayentes. Los artículos 130, 131, 132, 133, 134 y 135 de nuestro Código Civil prescriben diferentes reglas en tal sentido. En ellos se establecen los diversos casos de incapacidad para contraer matrimonio. Pero no todos los casos producen el mismo efecto si en contra de la preven-ción de la ley las partes contrayeren matrimonio. Mien-tras en unos el matrimonio así contraído es nulo ab initio, en otros es solamente anulable. Esta teoría había sido sos-tenida en el caso de Just v. Just et al., 32 D.P.R. 248 al considerar los artículos 130 et seq. del Código Civil en pleito que fué establecido sobre nulidad del matrimonio en virtud de que el esposo no sólo era impotente sino de insu-ficiente capacidad mental, y en el que, entre otras cosas, se dijo por esta Corte Suprema lo siguiente:

“. . . Resultaría, por tanto, que la impotencia no es una falta de capacidad legal, sino únicamente una incapacidad especial, como la menor edad, u otras incapacidades tratadas en el artículo 131 y siguientes. La capacidad legal debe, por tanto, significar la capa-cidad cuya ausencia haría nulo el matrimonio ab initio. . .
“Nos inclinamos a resolver, sin otra consideración, que un con-trato de matrimonio que es meramente anulable puede continuar o ser ratificado por los actos de las partes con tal que sean sui juris, como se indica en nuestra opinión original. . .
“Volviendo a examinar los artículos 130 y siguientes se verá que la incapacidad a que los mismos se refieren a veces liará nulo un matrimonio ab initio y otras meramente anulable. Por preceptos específicos de los mismos las partes en ciertos casos pueden ratificar el matrimonio o renunciar sus derechos. Un menor que contrae ma-trimonio sin el consentimiento de sus padres puede convalidar el matrimonio al llegar a su mayor edad. El pupilo que contrae ma-trimonio con su tutor antes de que se aprueben definitivamente las cuentas de la tutela, etc., puede asimismo ratificar el matrimonio al llegar a su mayor edad. En el caso de Ledesma v. Agrait, 19 D.P.R. 566, resolvimos asimismo que las disposiciones del artículo 1362 permitían la ratificación de contratos en los que se observaban las formalidades externas del artículo 1228. . .”

Se verá, pues, 'que tratándose de un matrimonio nulo ab initio, el matrimonio es inexistente, nunca lia existido y no produce efectos civiles. Un ejemplo claro de estos su-puestos matrimonios es el contraído por los ascendientes y descendientes por consanguinidad. En los anulables el ma-trimonio es válido mientras no se declara judicialmente su nulidad. En 38 O. J. 1280-81, en relación con el efecto de uno y otro matrimonio, se dice lo siguiente:

“Cuando falta un requisito esencial exigido por la ley para que el matrimonio sea válido, el supuesto matrimonio es nulo o anula-ble, es decir, es nulo ab initio o potencialmente nulo ab initio. Cuando un supuesto matrimonio es nulo ab initio, no se pueden ad-quirir derechos civiles mediante el mismo, y puede ser investigado en cualquier corte en que se alegue que se han adquirido derechos por virtud del mismo, aun después de la muerte de uno o de ambos de los contrayentes. Sin embargo, cuando el matrimonio es mera-mente anulable, es válido para todos los fines civiles hasta que su nulidad haya sido declarada por una corte de jurisdicción compe-tente, lo que puede hacerse únicamente en vida de los contrayentes, siendo el matrimonio válido ab initio, para todos los fines, tan pronto muere cualquiera de los cónyuges. Según el derecho civil codificado, se dispone que cuando de buena fe se contrae un matrimonio nulo, el contrayente o los contrayentes que han actuado de buena fe y su prole adquieren derechos civiles.
“El llamado matrimonio nulo no puede ser convalidado por una ratificación de los contrayentes; la regla es distinta cuando se trata de matrimonios anulables. ”

La tendencia que se ve en la jurisprudencia americana es sostener la integridad del matrimonio en todos aquellos casos de incapacidad en que el efecto es de hacer solamente anulable el matrimonio. Si el tiempo o las circunstancias posteriores subsanan la incapacidad o la hacen desaparecer, el matrimonio se mantiene válido. Los matrimonios con-traídos por menores de edad pueden luego convalidarse. Estos, que no tuvieron el pleno ejercicio de su razón al tiempo de contraer matrimonio, algunas autoridades admi-ten que recobrándose la razón pueden ratificarse. Aun den-tro de la prohibición, como penalidad, subsiguiente al divor-cio para contraer un segundo matrimonio, las autoridades, como cuestión ilustrativa, han declarado:

“Pero aun cuando el matrimonio se considera completamente nu],o, por haberse contraído dentro del tiempo prohibido por la ley, que sigue al divorcio de una de las partes, si hubo un matrimonio formal y los contrayentes continuaron viviendo juntos después de haber desaparecido el impedimento, el matrimonio puede ser consi-derado como válido, fundándose esta conclusión en la teoría de que se ha consumado un matrimonio conforme al derecho común, o en que existe una presunción incontrovertible de matrimonio.” L.R. A. 1916 C, p. 752.

El mismo Código Civil Español en el artículo 50 pres-cribía que a pesar de la prohibición del artículo 45, supra, si se casaren las personas comprendidas en él, el matrimo-nio era válido y sólo establecía, como consecuencia de la in-fracción, ciertas regias que establecían la absoluta separa-ción de bienes entre los contrayentes y ninguno de los con-sortes podía recibir del otro cosa alguna por donación o testamento. Es verdad que esta disposición fue omitida en el nuevo Código, el que declara por el artículo 178 que “Es nulo el matrimonio en el que no se Rayan observado todos los requisitos exigidos por este Código.” En el artículo 130 es donde se habla en general de esos requisitos, y prescribe así:

“Los requisitos necesarios para contraer matrimonio son:
“1. Capacidad legal de los contratantes.
“2. Consentimiento de las partes contratantes.
“3. Autorización y celebración de un contrato matrimonial me-diante las formas y solemnidades prescritas por la ley.”

En los artículos 131, 132, 'y 133 citados más antes, se es-pecifican ciertas incapacidades para contraer matrimonio, incluyéndose entre ellas la que es objeto de esta acción. Se verá de su examen, como habíamos dicho, que no todas ellas causan la nulidad ab initio del matrimonio. Sería violen-tar el tenor del artículo 178 si se dijera que la prohibición que se.impone a la viuda o a la mujer divorciada o cuyo matrimonio se hubiere declarado disuelto durante el tér-mino que fija la ley, es un requisito esencial para contraer matrimonio. En nuestro concepto solamente se trata de un impedimento sujeto a un hecho contingente que como tal, por la naturaleza del mismo, sería imposible sostener bajo las circunstancias concurrentes en este caso y sin perder de vista los principios generales del derecho o de equidad, que produjera la nulidad ab imtio del matrimonio. En el caso de Cabassa v. Nadal, 23 D.P.R. 744, el hecho contin-gente del impedimento estaba latente al tiempo de solici-tarse la nulidad del divorcio. La demanda se interpuso durante los 301 días subsiguientes a la sentencia de divor-cio de la demandante; el peligro que deseaba prevenir la ley existía y ni la acción del tiempo acompañada de otras circunstancias, habían convalidado la unión de los contra-yentes. El caso es distinto y no es aplicable.

Es conveniente advertir que como el juez inferior de-claró probada la contrademanda, fundada en el abandono y en el adulterio del demandante y no se ha elevado una ex-posición del caso ni transcripción de la evidencia, si bien por los fundamentos expuestos debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra que declare sin lugar la demanda, por otro lado, en relación con la contrademanda debe de-volverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Piris, acusado y apelante.
    No. 3090.
    Visto: Marzo 18, 1927.

      Resuelto: Marzo 25, 1927.
    1. Armas — Estatuto Prohibiendo Portar Armas — Oonstitucionalidad del Mismo. — Atacada como inconstitucional la Ley No. 14 de 1924 (p. 115) por el fundamento de ser vaga e incierta la definición del delito en ella conte-nido, se resolvió que dicha ley es constitucional.
    2. Armas — Portar Armas Prohibidas — Proceso t Castigo — Acusación o De-nuncia — Naturaleza del Arma.- — En acusación en que se alegue que se por-taba un arma de fuego “que es un instrumento con el cual puede causarse daño corporal” la ausencia de una indicación más definida respecto a la naturaleza del arma en cuestión, no es un defecto fatal.
    3. “Indictment” y Acusación — Renuncia de Defectos y Objeciones, y Sub-sanación por Veredicto — Renuncia de Defectos y Objeciones al “Indictment”, Acusación o Denuncia — En General. — Cuando después de la lectura de la acusación (arraignment) el acusado hace alegación de inocente y posteriormente, en la vista del caso, y ya llamado éste para juicio, el acusado presenta excepción perentoria contra la acusación por un alegado defecto que no es fatal a aquélla, la corte inferior está justificada en deses-timar dicha excepción.
    SenteNCIA de Roberto M. Todd, Jr., J. (Ponce), condenando al acu-sado por delito de Portar Armas Prohibidas.

      Confirmada.

      Felipe Colón, R. V. Pérez Marehand, M. Bahamonde, L. Tornes, R. Martínez Nadal, abogados del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue convicto del delito de portar armas y alega: primero, que la corte inferior cometió error al des-estimar la moción del acusado interesando el sobreseimiento de la acusación; segundo, que la corte cometió error al des-estimar la excepción perentoria formulada; tercero, que la sentencia es contraria a las pruebas; cuarto, que la sen-tencia es contraria a derecho.

La moción solicitando el sobreseimiento del caso atacaba la constitucionalidad de la ley por ser vaga e incierta, y la primera cuestión levantada por el apelante fué resuelta adversamente a la teoría envuelta por él en esta apelación, en el caso de El Pueblo v. Vadi, 34 D.P.R. 462.

La excepción perentoria fué presentada después de haberse llamado el caso para juicio, por el fundamento de que la acusación no imputaba delito alguno. En la acusación se alegaba que el acusado portaba un arma de fuego, que es “un instrumento con el cual puede causarse daño corporal.” La contención era que en ausencia de una indicación más definida respecto a la naturaleza del arma en cuestión, no se informaba suficientemente al acusado si el arma de fuego mencionada era o no una de las prohibidas y dentro del espíritu de la ley, según ha sido interpretada por esta corte. El fiscal manifestó que ésta era cuestión de prueba y manifestó que la prueba demostraría si el arma portada por el acusado era o no una “pistola o un revólver.” Que el arma portada por el acusado, si es que en realidad portaba un arma, era una pistola o un revólver, es un hecho incontrovertido. El acusado presentó la defensa de coartada.

El acusado estaba representado por abogado al tiempo de leérsele la acusación, y por tres abogados el día de la vista del caso. Al leérsele la acusación y después de declararse sin lugar la moción de sobreseimiento, el acusado hizo la alegación de inocente. Transcurrieron tres semanas entre el día de la lectura de la acusación y la vista del caso. La omisión de que se queja el apelante no era un defecto fatal y tomando todo esto en consideración, la corte inferior estuvo justificada al desestimar la excepción perentoria por haber sido presentada demasiado tarde. Véanse los casos de El Pueblo v. Velasco, ante, p. 273, y El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111.

Un examen cuidadoso de toda la prueba no demuestra suficiente fundamento para una revocación, por lo que la sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    John M. Kohn, demandante y apelado, v. Francisco Martínez Marrero, demandado y apelante.
    No. 4121.
    Visto: Marzo 18, 1927.

      Resuelto: Marzo 25, 1927.
    1. Apelación y Error — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión — “Issues” y Cuestiones en la Corte Inferior — Cuestiones que no Aparecen se Levantaban en la Corte Inferior. • — Cuando nada hay en los autos en que fundar la conclusión de un apelante de que en la corte inferior él llamara la atención respecto a la suficiencia de notificación liéehale de una petición de deslinde presentada, la corte de apelación no considerará la cuestión que en tal forana trata de levantar dicho apelante.
    2. Reivindicación — Jurisdicción, Partes, Diligencias (Process) y Procedimien-tos Incidentales — Deslinde—Señalamiento para Vista de la Moción— Notificación a la Parte Contraria. — En las peticiones de deslinde el re-quisito jurisdiccional es la notificación a la parte contraída tres días antes de la vista y cualquier irregularidad en -la forma en que la moción de des-linde sea señalada para vista queda renunciada por la parte al allanarse a que dicha moción se somete sin discusión.
    Resolución de Domingo Sepúlveda, J. (San -Juan), en incidente so-bre deslinde, ordenando el deslinde de la finca en controversia.

      Confirmada.

      Enrique Campillo, abogado del apelante; Luis Muñoz Morales, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en nna acción reivindicatoría solicitó de la corte qne ordenara el deslinde de la finca en controver-sia. El 12 de octubre, 1926, el abogado del demandado re-cibió una notificación acompañada de copia de una “mo-ción” dirigida al secretario de la corte, en la qne se pedía qne la moción solicitando el deslinde fuese incluida en ca-lendario especial para ser disentida al siguiente lunes, 18 de octubre. Un extracto de las minutas indica que en la fecha últimamente mencionada se sometieron seis mociones a la consideración de la corte. La orden apelada fechada octubre 27 dice' que la moción solicitando el deslinde fué sometida por las partes sin ser discutida.

El demandado cita ahora el caso de Marrero v. Ortega, 33 D.P.R. 1009, en apoyo de la proposición de que:

“La Corte de Distrito de San Juan cometió error de derecho al estimar y resolver que el demandado apelante había sido debida-mente notificado de la petición de deslinde del demandante apelado, procediendo por esa razón a tomar en consideración dicha moción, la cual fué sometida por el demandante apelado, sin haber compare-cido dicho demandado apelante y decretando en su consecuencia el examen, mensura y deslinde de la fracción de siete cuerdas.”

En los autos no hay nada en que fundar la conclusión de que se llamara la atención de la corte inferior respecto a la suficiencia de la notificación, y la sugestión de que la soli-citud para que se hiciera un deslinde fué sometida por el demandante en ausencia del demandado está directamente controvertida por la imputación positiva contenida en la or-den de la corte.

El artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Civil entre otras cosas dispone:

“La corte o el juez señalará fecha y lugar para la vista, lo que se notificará con copia de la solicitud a la parte contraria, tres días antes de la vista ...”

El requisito jurisdiccional es la notificación “a la parte contraria tres días antes de la vista.” El demandado en este caso fué notificado de la intención del demandante de someter su moción en 18 de octubre, cinco días antes de la fecha señalada para la vista. Cualquiera irregularidad en la forma en que la moción fué señalada para la vista en la fecha indicada fué renunciada por el demandado por ha-berse allanado a que la moción fuese sometida sin discu-tirse. El caso de Marrero v. Ortega no es aplicable.

La resolución apelada debe ser confirmada.


author: JEl Juez Asociado Señor Wole,

text:
    José Cabrera, en representación de su menor hijo Pedro Juan Cabrera, demandante y apelado, v. Juan Luis Boscio, demandado y apelante.
    No. 4134.
    Visto: Marzo 14, 1927.

      Resuelto: Marzo 25, 1927.
    Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord — De-fectos, Omisiones, Enmiendas y Correcciones — Defectos u Omisiones en el Récord — Materias Defectuosas en el Mismo — Certificación de Aque-llas.- — Cuando el apelante procede de buena fe, si sobre las cuestiones le-vantadas como motivos de desestimación existe en los autos lo suficiente que permita a aquél certifica! materias defectuosas o demostrar que el Supremo tiene jurisdicción, este tribunal generalmente no desestimará y dará una oportunidad para que se certifiquen las materias defectuosas.
    Mooión sobre desestimación de apelación presentada por el apelado.

      Sin lugar.

      B. V. Pérez Marehancl, abogado del apelante; B. Arjona Siaca, abo-gado del apelado.
   JEl Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

¡Se trata de una moción para desestimar la apelación in-terpuesta en este caso (1) porque no hay certificación al-guna del escrito de apelación, (2) porque la certificación del secretario de la corte de distrito al enviar la trans-cripción no demuestra que certificara el legajo de la sen-tencia, y porque el caso apelado no fué suficientemente identificado, haciéndose referencia meramente a su número, o sea, al No. 323.

Sobre estas cuestiones existe lo suficiente en los autos que permita al apelante certificar materias defectuosas o demostrar que esta corte en realidad tenía jurisdicción por haberse hecho la debida notificación y por haberse apelado. La corte hará esto generalmente cuando la parte procede de buena fe.

Sin embargo, los autos demuestran más particularmente que' el apelado fué en realidad notificado de la apelación, ya que él admite que se le hizo tal notificación. Para es-tar seguro de ello, el apelante debe presentar a esta corte xm certificado del escrito de apelación.

Por otra parte, los autos claramente demuestran que fué en el caso No. 323 que el apelante intervino ante la Corte de Distrito de Ponce; que el secretario está elevando los documentos que forman el legajo de la sentencia sin nombrarlos específicamente. Certum est quod certum reddi potest.

La moción debe ser declarada sin lugar y permitirse al apelante que eleve a esta corte una copia certificada del escrito de apelación original.


author: El Juez Asociado SeñoR Wolf,

text:
    Joaquín Ramos de Anaya, Jr. y Mercedes Oller, demandantes y apelados, v. Heraclio López, demandado y apelante.
    No. 3962.
    Visto: Noviembre 23, 1926.

      Resuelto: Marzo 25, 1927.
    1. Patbonio y Empleado — Responsabilidad por Da$os a Terceras Personas— Acciones — De la Evidencia — Presunciones—Actuación de un Empleado Dentro de los Límites de sus Atribuciones. — Si bien en acción de daños y perjuicios por el acto negligente de un empleado es necesario demostrar que él actuaba dentro de las atribuciones de su empleo, cuando uno que guía un camión choca con otro carro en la carretera, debe presumirse que la persona que lo manejaba actuaba dentro de los límites de sus atribuciones.
    2. Patrono t Empleado — Responsabilidad por DaSios a Terceras Personas— Acciones — De la Evidencia — Presunciones—En General. — Cuando en ac-ción de daños y perjuicios por la negligencia de una persona al guiar un camión, la prueba demuestra que éste pertenecía al demandado y que era guiado por uno de sus empleados, la eorte tiene derecho a deducir, presun-tivamente, que el peón fué autorizado a guiarlo por el patrono o por alguna persona de autoridad similar, y en ambos casos el patrono es igualmente responsable.
    3. Apelación y Error — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión — Objeciones y Mociones, y Resoluciones Sobre las Mismas — Objeciones a las Pruebas — -Admisión de Prueba Incompe-tente. — Si bien las declaraciones de un agente no son, generalmente, la forma de probar la agencia, cuando la prueba es admitida sin objeción por no estar el demandado en el juicio, éste no puede derivar de ello ventaja alguna en apelación.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. ('San Juan), declarando con lugar la demanda de daños y perjuicios, con costas.

      Confirmada.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; Luis Muñoz Morales, j Enrique Rincón, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado SeñoR Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción para recobrar daños y perjuicios que se alega fueron causados por un choque entre el ca-mión del demandado y el automóvil de los demandantes. En la demanda se alegaba que el camión del demandado era conducido negligentemente por una persona empleada del demandado y que la obligación del demandado hacia los demandantes surgió con motivo de tal negligencia. La Corte de Distrito de San Juan, dictó sentencia a favor de los demandantes. El apelante señala varios errores, pero el fundamento que el demandado tiene para oponerse a la reclamación de los demandantes es que éstos no demostra-ron que la persona a cargo del camión era agente o em-pleado del demandado, ni que estuviera actuando dentro de las atribuciones de su empleo.

Después de presentada toda la prueba, aunque antes de que la corte resolviera el caso, el demandado tuvo conoci-miento del juicio y obtuvo permiso de la corte para radi-car una moción de non suit. El declarar sin lugar esta moción se señala como error.

Convenimos enteramente con el apelante que era necesario que los demandantes demostraran generalmente que la persona a cargo del camión actuaba dentro de las atribuciones de su cargo, pero también estamos enteramente satisfechos de que cuando un camión choca con otro carro en la carretera debe presumirse que la persona a cargo del camión actuaba dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, el principal fundamento por el cual el apelante solicita la revocación de la sentencia es que la prueba no demostró realmente que la persona a cargo del camión fuera empleado o agente del demandado.

Hubo alguna prueba directa y prueba circunstancial más fuerte de que la persona a cargo del camión era agente del demandado. Un testigo dijo que el camión era condu-ciclo por Antonio Quiñones, qne era un peón en la casa de Heraelio López, el demandado, y que el testigo lo Labia visto allí. Otros testigos declararon sobre las admisiones de dicho peón de que él estaba guiando el camión; y bubo también la manifestación becba por el demandado mismo, según declaró uno de los demandantes, de que él, el deman-dado, si se le probaba que el peón estaba guiando el ca-mión, estaría dispuesto a pagarle los gastos a los deman-dantes.

El apelante dice que si los demandantes confiaron en esta manifestación suya, la acción debió fundarse en ún contrato. No vemos contrato alguno en la manifestación de Heraelio López. Los demandantes usaban esta manifesta-ción como tendente a demostrar que el camión era guiado por un peón y que tal peón era empleado del demandado. Nunca se dudó seriamente de que el camión era conducido negligentemente.

De esta manifestación la corte tenía derecho a inferir que Quiñones en realidad era peón del demandado y que guiaba el camión negligentemente. Si bien el demandado quizás pudo demostrar durante la vista del caso que Quiño-nes nunca estuvo autorizado para guiar el camión y que si lo bizo fué por su propio riesgo, sin embargo, cuando se demuestra claramente como en el presente caso que el ca-mión pertenecía al demandado y que era guiado por un peón de la casa del demandado, la corte tenía derecho a de-ducir, por lo menos presuntivamente, que el peón había sido autorizado para guiar el camión por el patrono direc-tamente o por alguien que tenía autoridad similar. En este caso había un chófer regular y. si tal chófer permitió que dicha persona hiciera su trabajo negligentemente, el patrono sería igualmente responsable.

Estamos dispuestos a convenir con el demandado y apelante que en la relación anterior hubo mucha prueba de referencia; igualmente, sabemos que se trató de probar la la existencia de la agencia con la declaración del agente mismo. Las declaraciones de nn agente no son general-mente la forma de probar nna agencia. Sin embargo, toda esta prneba fné admitida sin objeción algnna, necesaria-mente porque el demandado no estaba presente.

El caso qne tenemos a la vista, annqne similar al de Cestero v. Cestero, 35 D.P.R. 991, es más fnerte qne éste, ya qne antes de someterse el presente caso definitivamente para sn resolnción el demandado radicó nna moción de non suit. Tal moción admite los techos según tan sido pre-sentados. El demandado aparentemente no tizo esfuerzo alguno por obtener permiso para presentar prneba contra-dictoria, y es enteramente claro qne no presentó nna mo-ción de nuevo juicio.

La sentencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto firmó conforme con la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Seño® Wole,

text:
    Nemesio Babá, querellante y apelante, v. Cristina Rodríguez de Cantre, querellada y apelada.
    No. 3991.
    Visto: Diciembre 14, 1926.

      Resuelto: Marzo 25, 1927.
    1. Habeas Corpus — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — Cuestiones a Considerar y Resolver — Custodia de un Menor — En General — Bienes-tar del Menor. — El bienestar de un niño puede ser investigado en un pro-cedimiento de habeas corpus.

    2. Habeas Corpus — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — Cuestiones a Considerar y Resolver — Custodia de un Menor — En General. — Cuando una niña, casi una mujer, voluntariamente abandona la casa de su padre para refugiarse en la de su abuela, ésta no puede ser competida, mediante habeas corpus, para que la restituya y entregue a su padre, no estando la niña privada de su libertad en el concepto de la ley.
    Sentencia de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), declarando sin lugar petición de habeas corpus, con costas.

      Confirmada.

      Dubón & Ochoteco, abogados del apelante; Carmelo Honoré y B. A. Martínez, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Seño® Wole,

emitió la opinión del tíi-bnnal.

Se trata de nn procedimiento de habeas corpus enta-blado por Nemesio Babá para recobrar la posesión de su hija legítima. En oposición a sus pretensiones, la prueba tendió fuertemente a demostrar que su hija, de 16 años de edad, voluntariamente abandonó la casa de su padre para refugiarse en la de su abuela materna; que el comporta-miento general y la conducta del padre hacia su hija eran dé naturaleza tan corrupta que no debía tener la custodia de su hija. La corte así lo declaró y resolvió que el bien-estar de la niña requería que se le dejara al lado de su abuela.

El peticionario y apelante por ahora no ataca los hechos según fueron apreciados por la corte inferior. Ya mucho más lejos. Aún admite que si los hechos fueran ciertos, se le debería privar de la patria potestad, pero insiste en que no se le puede privar del derecho de tener la custodia de su hija sin que antes se le prive de tal derecho de patria potestad; que tan sólo se le puede privar de este derecho mediante un procedimiento entablado con tal fin, y que tal derecho no puede ser determinado o examinado en un pro-cedimiento de habeas corpus. Esto necesariamente envuelve la contención de que el peticionario tiene un derecho per-manente a la custodia de su hija; que el recurso de habeas corpus debe servirle para obtener dicha custodia, y que no puede levantarse otra cuestión en este caso que la referente a la existencia del derecho de patria potestad.

El artículo 236 del Código Civil dispone como sigue:

“Los tribunales podrán privar a los padres de la patria potes-tad, o suspender el ejercicio de ésta, si trataren a sus hijos con du-reza excesiva, o si les dieren órdenes, consejos o ejemplos corrupto-res, nombrando en su lugar un tutor, con arreglo a la ley, para las personas de los hijos. En estos casos, deberán también privar a los padres de la administración y usufructo de los bienes del hijo, y adoptar las providencias que estimen convenientes a los intereses de éste.1 ’

Admitiendo que este artículo sea aplicable solamente en un procedimiento directo en que el padre es el demandado, de ningún modo se desprende que la custodia de un hijo deba concederse inevitablemente al radicarse un recurso de habeas corpus. En este caso se trata de una niña de 16 años que prefiere permanecer al lado de su abuela, quien está en condiciones de poder sostenerla, y con quien la niña estará decididamente mejor. Se ha demostrado que el padre no es la persona propia para tener la custodia de la niña. El bienestar de la niña exigiría que se le dejara al lado de su abuela.

El apelante mismo entabló este recurso. Si bien el juez que suscribe, en el caso Ex-parte Chabert, 30 D.P.R. 765, expresó algunas dudas, éste es el caso llamado a disipar dudas, y ha llegado a la conclusión de que en Puerto Rico Rico el bienestar de un niño puede ser investigado en un procedimiento de habeas corpus entablado por el padre. No hay nada en ningún código en Puerto Rico que impida tal determinación. Un tribunal es el parens patriae y puede cuidar de los intereses de un niño y protegerlo. Resultaría penoso hacer que esta niña volviera al lado de su padre, aunque fuese temporalmente.

La acción de la corte inferior fué desestimar el recurso. Aún si tuviéramos dudas de si el bienestar esencial de un niño pudiera o rio investigarse en un procedimiento de habeas corpus, sin embargo, no revocaríamos la sentencia de la corte inferior. El Título XII, en sus artículos -469 et seq. del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe el procedimiento de habeas corpus. El artículo 469 lee como sigue:

“Cualquiera persona que por cualquier pretexto sea encarcelada o ilegalmente privada de su libertad, puede solicitar un auto- de habeas corpus a fin de que se investigue la causa dé dicba prisión.”

La niña no está encarcelada o privada de su libertad dentro del espíritu de este artículo. Siendo una mujer o casi una mujer, voluntariamente buscó su actual albergue. El artículo 480 dispone lo siguiente:

‘‘En la vista del auto diligenciado, podrá la persona traída ante el tribunal o juez, negar o contradecir cualquiera de los becbos o acusaciones mencionados en las diligencias del auto, impugnando la suficiencia de los mismos, o alegar cualquier becbo para demostrar que su prisión o detención es ilegal, y que tiene derecho a su excar-celación. El tribunal o juez procederá sumariamente a oir las prue-bas que se aduzcan contra la prisión o detención, o en favor de la misma, y decidirá sobre el asunto como lo exija la justicia del caso, teniendo amplios poderes y autoridad bastante para obligar a los testigos a comparecer ante el tribunal, o arrestarlos en el caso con-trario y para ejecutar todos los demás actos y diligencias necesa-rios a fin de resolver con arreglo a derecho. ”

No se puede hacer uso del recurso para cometer una injusticia. Los casos de Yon v. Gómez, 14 D.P.R. 698, y Le Hardy v. Acosta, 18 D.P.R. 450 son aplicables a las consi-deraciones que anteceden. En el primero de dichos casos dijimos lo siguiente:

“. . . no' es el recurso de habeas corpus medio establecido por la ley para castigar la rebeldía de la hija obligándola a volver a la casa de sus padres. El demandado Lorenzo Gómez no puede ser compelido a que restituya y entregue dicba joven a su padre de-mandante, pues de las pruebas no resulta que la tenga bajo su cus-todia, ni que la obligue a vivir en su compañía restringiendo su li-bertad.
“La joven cuenta de 18 años, y no cabe presumir o suponer que cual niña de corta edad obre inconscientemente y pueda haber en sus actos privación o limitación de libertad.”

Si bien la abuela tiene la custodia de la niña, ella no le está privando de su libertad u obligándole a vivir a su lado.

“La justicia del caso” exige que la niña se deje al lado de su abuela, y la sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Aldrey disintió.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 3130.
    Visto: Marzo 16, 1927.

      Resuelto: Marzo 25, 1927.
    1. Amias — Portar Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Acusación o De-nuncia — Su Suficiencia — Portación del Arma en Reunión Lícita. — üna acusación por portar armas que alegue que el acusado portaba dicha arma cu una reunión licita es suficiente aún cuando nada en ella demuestre el carácter de dicha reunión y que las personas estuviesen en realidad reunidas con un fin lícito.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión. — Objeciones al "Indictment”, Acusación o Denuncia — Suficiencia de Estas. — Siendo los defectos en una acusación susceptibles de ser subsanados por las pruebas, cuando en apelación sólo se levanta la insuficiencia de la acusación, en au-sencia de la debida objeeción y de la prueba aducida durante el juicio, aquélla sirve, especialmente cuando ella informa suficientemente al acusado del de-lito imputádole.
    SENTENCIA de- Roberto H. Todd, Jr., J. (Ponce), condenando al acu-sado por delito de Portar Armas Prohibidas.

      Confirmada.

      Miguel Bahamonde, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia presentada en este caso dice así:

# # -» * * ■ # #
“El referido Ramón Rodríguez, allá por el día 22 de agosto, 1926, y en el barrio Pulguillas de Coamo, Puerto Rico, que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, Puerto Rico, ilegal y volunta-riamente portaba y conducía una navaja barbera (en una reunión lícita), siendo dicha navaja, un arma o instrumento, con la cual puede causarse daño corporal.

Después de celebrada la vista del caso la corte declaró al acusado culpable del delito de portar armas y le impuso seis meses de cárcel. La prueba no ba sido elevada a esta ■norte y el único error señalado es que la acusación es insu-ficiente.

Según el apelante esta era una acusación fundada en el artículo 2 de la Ley de junio 25, 1924, el que dice así:

i£Art. 2. Toda persona que tomare parte o se introdujere en cualquier reunión congregada con un fin lícito, portando ilegalmente armas de las prohibidas en esta Ley, incurrirá en pena de prisión mínima de tres meses y máxima de un año.”

La contención es que las palabras “en una reunión lí-cita” son meramente una conclusión de. derecho y que la acusación no contiene nada que demostrara el carácter de dicha reunión, que las personas estuviesen en realidad reu-nidas o con mi fin lícito.

Hasta cierto punto la acusación sigue el estatuto. El apelante alega que las palabras “en una reunión lícita” son meramente una conclusión de derecho. Si estas palabras tan sólo describían un sitio como un “salón de baile” tal vez estaríamos de acuerdo con el apelante, pero la palabra “reunión” indica una congregación de personas.

El apelante dice que presentó una objeción a la acusación pero los autos no lo demuestran. Cualquier defecto en la acusación pudo haber sido subsanado por la prueba. Creemos que el acusado fué informado suficientemente de la naturaleza del delito imputádole y en ausencia de la debida objeción y de la prueba aducida durante el juicio no hallamos motivo para revocar la sentencia.

Además la sentencia declara al acusado culpable de por-tar un arma prohibida, lo que es consistente con una impu-tación general de portar un arma prohibida.

De todos modos la pena impuesta estaba dentro del lí-mite fijado por la ley y la sentencia apelada debe ser con-firmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Manuel Seoane y San Martín, demandante y apelante, v. Fernando J. Cortés, demandado y apelado.
    No. 3930.
    Visto: Noviembre 9, 1926.

      Resuelto: Marzo 25, 1927.
    Sentencia — En Rebeldía — Requisitos y Validez — Registro de la Sentencia— Registro Posterior a la Presentación de la Contestación. — Es nula una sentencia en rebeldía registrada por un secretario después de presentada la contestación del demandado aún cuando dicha contestación se haya presen-tado después del demandante haber solicitado la anotación de rebeldía y el registro de dicha sentencia.
    Resolución de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), anulando senten-cia en rebeldía registrada por el secretario después de presen-tada la contestación.

      Confirmada.

      Francisco Soto Oras, abogado del apelante; O. B. Frazer y B. Castro Fernández, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal. ’

En el presente caso se trata de cobrar la cantidad de $4,000 de una obligación y sus intereses y habiendo sido desestimada una excepción opuesta por el demandado contra la demanda no fue presentada en tiempo la contestación y el demandante solicitó por escrito del secretario de la corte que anotase la rebeldía del demandado y registrase sentencia condenatoria por las cantidades reclamadas. Dos días después, sin estar anotada la rebeldía ni registrada la sentencia interesada por el demandante, el demandado ra-dicó su contestación y algún tiempo después el secretario registró sentencia condenatoria por la rebeldía del deman-dado. Este entonces solicitó de la corte que anulase esa sentencia y habiendo sido declarada la nulidad el deman-dante apeló de esa resolución.

No hay discusión entre las partes respecto a que en este pleito puede el secretario registrar sentencia en rebeldía del demandado de acuerdo con el artículo 194, No. 1, del Código de Enjuiciamiento Civil, pues la controversia entre ellos es sobre si es nula la sentencia en rebeldía registrada por el secretario después de haber sido presentada la con-testación del demandado y cnando el demandante había so-licitado la sentencia en rebeldía.

Para que el secretario pneda registrar sentencia en re-beldía de acnerdo con el artículo antes citado es requisito indispensable que no exista una contestación del deman-dado; y como éste la había presentado cuando el secreta-rio registró la sentencia en rebeldía hay que llegar a la con-clusión de que dicha sentencia es nula, aunque la contesta-ción fué presentada después que el demandante había soli-citado la anotación de rebeldía y el registro de sentencia condenatoria, pues lo importante y decisivo no es, como alega el apelante, la presentación por el demandante del es-crito solicitando la anotación de rebeldía y el registro de la sentencia sino el acto del secretario de hacer tal anota-ción y registro.

El caso de Acock v. Halsey, 90 Cal. 218, tiene bastante analogía con el presente, pues habiendo anotado el secreta-rio en los autos que el demandante desistía de su acción fué presentada después la contestación del demandado y más tarde fué registrada por el secretario la sentencia de desis-timiento de la acción; y habiendo anulado la corte el fallo de desistimiento y siendo apelada esa resolución fué confir-mada, porque una acción no está desistida hasta que se re-gistra el fallo en tal sentido y porque la acción fué desis-tida después de haber sido presentada dicha contestación que solicitaba un remedio afirmativo, la que, aunque pre-sentada después del tiempo concedido por la ley, no podía ser considerada como una nulidad mientras permaneciera en los autos, por lo cual el demandante debió solicitar de la corte que la eliminase, pues aunque tal vez no era estric-tamente regular su .presentación después de vencido el tér-mino pára radicaría sin permiso, como la rebeldía del de-mandado no había sido registrada, la radicación de la con-testación no era una nulidad.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado ■ Sr. Wolf firmó conforme con la sen-tencia.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Oliveros y Vigente García Román, acusados y apelante el primero.
    No. 2823.
    Visto: Enero 21, 1927.

      Resuelto: Marzo 25, 1927.
    1. Escalamiento — -Proceso t Castigo — ‘ ‘ Indictment ’ > y Acusación — Descrip-ción del Sitio en que se Penetra — Tienda o Almacén como Estableci-miento Comercial. — Las palabras establecimiento mercantil usadas en una acusación por delito de escalamiento puede concluirse que equivalen a los conceptos de tienda o almacén contenidas en la ley, aunque la mejor práctica consiste en usar las propias palabras del estatuto.
    2. Escalamiento — Delitos y Responsabilidad por los Mismos — Penetración— Penetración sin Eractura (Breaking). — El artículo 408 del Código Penal dispone que toda persona que penetre (entre) en una casa, habitación o tienda con intención de cometer hurto, es culpable de escalamiento. Se re-solvió que el delito queda consumado cuando la penetración se hace con la intención de cometer hurto, aún cuando tal penetración se haga en una tienda por las entradas abiertas al público durante las horas de negocio.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), condenando al acusado por delito de Escalamiento en Primer Grado.

      Confirmada.

      Leopoldo Feliú, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Olivero fue juzgado por el delito de escala-miento en primer grado y condenado a sufrir la pena de un año de presidio.

La acusación, base del proceso, copiada a la letra, en lo pertinente, dice:

“Los referidos Vicente García Román y Francisco Olivero Díaz el día 7 de enero de 1925 y en el Bo. de Santurce, Sección Norte, de la municipalidad de San Juan, que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, distrito primero, ilegal, voluntaria y ma-liciosamente y con intención criminal de cometer hurto, penetraron durante las horas de la noche en el establecimiento comercial de Ramón Rodríguez, todo lo cual es contrario a la ley para tal caso hecha y prevista y a la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico.”

Apeló y por vez primera en el Tribunal Supremo sos-tiene que la acusación no es suficiente. No se discute la prueba. Se impugna simplemente la acusación así:

“Nuestra contención es la de que la designación del sitio en que se alega que penetraron los acusados no es bastante para colocar el caso dentro del precepto del código penal que estatuye lo siguiente:
“ ‘Toda persona que entrare en una casa, aposento, habitación, casa de vecindad, taller, almacén, tienda, granero, establo, dependen-cia, u otro edificio, pabellón, embarcación, carro o vagón, con el propósito de cometer hurto o ratería, o cualquier delito grave (felony) será culpable de escalamiento.” Código Penal, art. 408.
“Nos parece bien claro que ‘almacén’ o ‘tienda’ no puede con-siderarse como sinónimo de ‘establecimiento comercial’, que se em-plea en la acusación.
“Las palabras que emplea este artículo del código tienen una significación bien clara y definida. Todos sabemos lo que es un ‘al-macén’ o una ‘tienda’; pero no podemos decir a qué se refiere es-pecíficamente la designación ‘establecimiento comercial.’ Parece que esta útlima designación puede comprender una ‘tienda’, un ‘alma-cén’, un ‘taller’ o cualquier otro establecimiento en que se realicen operaciones mercantiles.
“Por otra parte, no se alega en la acusación cómo se realizó la penetración de los acusados en el establecimiento así mencionado, requisito que parece esencial en estos casos.
“Véase 4 R.C.L., p. 415, see. 1;
“Id. Id. p. 416, sec. 3;
“Id. Id. p. 419, see. 7.
' ‘ En la resolución de estos dos puntos, como se verá, está envuelta una cuestión de suma importancia. Nos parece bien claro, que, de prosperar la contención del gobierno, si una persona entrare al es-tablecimiento, por ejemplo, de “González Padín,” con la intención de robar, algo, cometería el delito de escalamiento; pero no podemos aceptar que tal sea la sana interpretación y aplicación del artículo citado del código penal. Creemos que la acusación debe imputar algo más que la mera penetración con la intención de cometer hurto, pues una penetración pública, abierta, en tal establecimiento como el mencionado, no será nunca ilegal, pues todo ciudadano tiene de-recho a entrar en él libremente, por su naturaleza semi-pública. Por las razones expuestas sometemos respetuosamente que por insu-ficiencia de la acusación, debe revocarse la sentencia dictada, absol-viendo al apelante, o en su defecto, ordenando un nuevo juicio.”

Aunque en verdad parece imposible que tratándose de una acusación preparada por un perito en la ley se aban-done el uso de las palabras escogidas por el mismo legisla-dor y se empleen otras, corriendo así el riesgo de que caiga al suelo todo el edificio construido, creemos que estableci-miento mercantil, como sostiene el Fiscal del Tribunal Supremo, es equivalente a todas luces a tienda o, en su caso, a almacén y que el acusado no pudo ser inducido a error para preparar su defensa. Que una tienda y un almacén son establecimientos mercantiles es evidente. Sin embargo, recomendamos el uso de las palabras exactas de la ley:

La segunda proposición levanta una cuestión interesante. Pero la jurisprudencia la ba resuelto en contra del acusado, así:

“El apelante sostiene que una tienda de comestibles, durante las horas de negocio, es un sitio público, y que el acusado, como parte del público, tenía un derecho legal a encontrarse allí, o más bien a entrar en ella; que los propietarios estaban haciendo negocios con el público en general; que el público era invitado a entrar; que por tanto el acusado entró en virtud de una invitación de los due-ños, y por consiguiente su entrada fué legal, y no puede existir es calamiento cuando la entrada es legal. A esta serie de razonamien-tos sólo podemos contestar que una persona que entra con la inten-ción de cometer un delito grave entra sin ser invitada. Tal persona no es parte del público invitado, ni tiene derecho a entrar. A tal persona podría negársele la entrada en el mismo umbral, o po-dría echársele del local después de haber efectuado su entrada. Sí la presencia de tal persona en la tienda es legal, el hécho de que en-trara abierta y públicamente por la puerta principal y no por una claraboya o por el sótano carecería de importancia, y el resultado sería que no podría cometerse escalamiento en una tienda durante las horas de negocio, cualquiera que fuera la forma de entrar.”

People v. Barry, 94 Cal. 481, 483.

‘ ‘ Sería poner en tela de juicio el sentido común de la humanidad el decir que un ladrón que entra a una tienda con la intención de robar lo hace con el consentimiento del dueño o a su invitación. Es cierto que el ladrón necesita vestido y alimento y puede entrar a una tienda con el fin de adquirirlos. Y si después de estar adentro cambia de idea y decide hurtar y no comprar lo que desea, entonces comete un hurto. Pero si se prueba que entró con la intención de robar, la ley no podrá, en vista de tal prueba, protegerlo de ser cas-tigado por escalamiento bajo la presunción de qu.e tiene el consen-timiento y la invitación del propietario para entrar. Nuestro esta-tuto ha descartado muchos de los requisitos técnicos del escalamiento bajo el derecho común.”

People v. Brittain, 142 Cal. 8, 10.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Peesidente Seños. del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Pagán, acusado y apelante.
    No. 2812.
    Visto: Diciembre 15, 1926.

      Resuelto: Marzo 25, 1927.
    1. Pesas y Medidas — Denuncia—Requisitos v Suficiencia — Alegación de la Tolerancia por Defecto de Peso. — Bajo las circunstancias concurrentes se resolvió que la denuncia, en proceso por violación a la Ley de Pesas y Me-didas era suficiente aunque no alegara la tolerancia por defecto de peso per-mitida por la ley ya que consignaba que la diferencia era mayor que la tolerancia reglamentaria; y que podía luego permitirse en el juicio declarar a un inspector del ramo sobre ese particular.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Récord y Procedimien-tos que no Están* en Récord — Cuestiones que no Aparecen del Récord— Cuestiones Omitidas 'en el Mismo. — Si la admisión en evidencia de nn Re-glamento de Pesas y Medidas objetada por no estar debidamente certificado por el Secretario Ejecutivo ni aparecer del mismo certificación alguna es o no error es cuestión que no puede resolverse en apelación cuando dicho Re-glamento, ni la parte necesaria del mismo, se incluyen en la transcripción.
    3. Pesas y Medidas — Evidencia—Credibilidad de Testigos — Uso de Peso In-completo por iol Acusado. — La circunstancia de si la pesa incompleta era. usada o no como tal en el establecimiento mercantil del acusado es cuestión sujeta a la credibilidad que merezcan los testigos al tribunal sentenciador.
    Sentencia de B. López Antongiorgi, J. (Guayama), condenando al acusado por delito de Infracción a la Ley de Pesas y Medidas.

      Confirmada.

      A. Porrata Doria, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Peesidente Seños. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

De la presente cansa conoció en apelación la Corte de Distrito de G-nayama y de la sentencia de dicba corte de distrito es qne se recurre para ante este Tribunal Supremo.

La denuncia, base del proceso, dice, en lo pertinente, así:

“Que en dos de febrero de 1926 y en la calle de A. Calimano de la ciudad de Guayama, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Guayama, que forma parte del distrito judicial del mismo nom-bre, el referido acusado Pedro Pagán, que en el sitio arriba expre-sado explota un negocio de pulpería, usaba una pesa de dos libras, que comprobada que fue por el suscribiente resultó pesar ochocientos noventa y un gramos (891 Gfe.) Teniendo la libra ‘standard’ cua-trocientos cincuenta y tres gramos (453 Gs.) a la referida pesa le falta quince gramos para pesar dos libras, lo que es mayor que la tolerancia establecida por el Secretario Ejecutivo de P. R., a pesas de la clase y peso de la que es objeto esta denuncia.”

La prueba consistió en la declaración de testigos, en el reglamento infringido y en la pesa ocupada. Por la senten-cia se impuso al acusado el pago de una multa de quince dólares.

En su alegato señala el apelante la comisión de los si-guientes errores:

“Primer error: Al declarar sin lugar nuestra excepción peren-toria contra la denuncia de que la misma no aduce hechos bastantes para constituir un delito público. “Segundo error: Al permitir que el denunciante Tulio D. Rivera, Inspector Insular de Pesas y Medidas, declarara sobre la tolerancia permitida por el reglamento de Pesas y Medidas cuando esto no se alegaba en la denuncia.
1 ‘ Tercer error: Al admitir como evidencia un libro que dice con-tener un reglamento promulgado por el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico sin que se dijera a qué reglamento se refiere y sin que este libro o el reglamento en él estuviere debidamente certificado y autenticado por persona competente.
“Cuarto error: Haber apreciado erróneamente la prueba.

.[1] Cita el apelante en apoyo de su primer error lo re-suelto por esta corte en el caso de El Pueblo v. Mulero, 32 D.P.R. 900, en el que se decidió que:

“No aduce hechos suficientes una denuncia por vender pan falto de peso (ley 25 de 1921) si no se alega la tolerancia por defecto per-mitida por la ley, pues sin tal alegación no puede saber la corte si el pan tenía menos peso del permitido por la tolerancia, la cual no es de conocimiento judicial según se resolvió en el caso de El Pueblo v. Gran, 29 D.P.R. 1038.”

Lo decidido en el caso de El Pueblo v. G. Garau y Cía., fue :

“Ni la Corte de Distrito, ni el Tribunal Supremo pueden tomar conocimiento judicial de los reglamentos promulgados por el Jefe del Negociado de Pesas y Medidas en virtud de la facultad que le confirió la Legislatura en la Ley No. 13 de 1917.”

La denuncia en el caso de Mulero sólo alegaba que al pan faltaban 45 gramos y la corte en el curso de la opinión se expresó así:

“Más fundamento encontramos en la alegación de que permi-tiendo la ley que haya ciertas tolerancias por defecto en el peso del pan no es bastante alegar que el pan pesaba o le faltaba determi-nado número de gramos, porque si la falta está comprendida dentro de la tolerancia no existirá el delito.”

En este caso si bien no se alegó en la denuncia cuál era la tolerancia, se consignó en ella que la diferencia era mayor que la tolerancia establecida por el Secretario Ejecutivo, y de este modo, aunque imperfectamente, se cumplió con la ley y la jurisprudencia.

Si se tiene en cuenta que se trata de una denuncia y que la causa fuá primeramente juzgada en una corte municipal, creemos que el error no es de tal naturaleza que lleve con-sigo la revocación de la sentencia. No puede sostenerse bajo las circunstancias que el acusado careciera de la nece-saria información cuando fuá a juicio ni que la denuncia dejara de imputar la comisión de un delito público.

Con respecto al segundo error bastará decir que se cum-plió en el juicio con lo exigido por el caso de El Pueblo v. G. Garau y Cía., supra, demostrándose cuál era la toleran-cia y que la diferencia era mayor. Se alegó bastante en la denuncia para poder admitir la prueba.

No estamos en condiciones de resolver si se cometió o no el tercer error. Todo lo que consta en los autos en relación con el mismo es lo que sigue:

“El Fiscal presenta a la Corte el referido libro manifestando: ‘Ofrecemos a la Corte como prueba el Reglamento promulgado por el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico que es el Encargado del De-partamento de Pesas y Medidas con el objeto de probar que esa pesa que le fué ocupada al acusado tenía una diferencia de peso mayor que la tolerancia permitida o sea de quince gramos.
“La Defensa se opone manifestando: — ‘Nos oponemos porque no está debidamente certificado el libro ese.’
“I-Ion. Juez: — ¿El Reglamento? — Ledo. Porrata: — Sí, señor.'—
“lion. Fiscal: — Hay una certificación ahí, como se certifican to-dos los libros del Supremo.
“Hon. Juez: — La Corte declara sin lugar la oposición. — Ledo. Porrata: — Tomo excepción, por el fundamento de que el Reglamento que trata de introducirse en evidencia no está debidamente certifi-cado por el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, ni aparece certifi-cación alguna.”

El reglamento no lia sido incluido en la transcripción. No conocemos la forma en que estaba la certificación.

Hemos estudiado la prueba y a nuestro juicio es bastante. Demuestra que la pesa fué ocupada en el establecimiento mercantil del acusado y que contrastada resultó tener quince gramos de menos, siendo la tolerancia admitida la de 750 miligramos o sea las dos terceras partes de un gramo para una pesa de dos libras como la ocupada. La declaración del Hijo y dependiente del acusado de que la pesa ocupada no se usaba, no fué creída por la corte y nada hay que demuestre que cometiera error al actuar de tal modo.

Debe confirmarse la sentencia.