author: Juez Asociado Señor Travieso.

text:
    El Pueblo de Pueblo Rico, querellante, v. Juan Valldejuli Rodríguez, querellado.
    Núm. 8.

    Sometido: Julio 10, 1941.

      Resuelto: Julio 29, 1941.

      R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del querellante; R. Cuevas Zequeira y Román Díaz Collazo, abogados del querellado.

       Vista del caso en su fondo.

   Juez Asociado Señor Travieso.

Los hechos que dieron lugar a la formulación de una que-rella por desacato contra el ahogado Juan Valldejuli Rodrí-guez, son los siguientes:

El día 17 de enero de 1940, se celebró ante esta Corte Suprema la vista del recurso de certiorari interpuesto por el Dr. Carlos M. de Castro contra la Junta de Comisionados del Gobierno de la Capital, para la revisión de la resolución de dicha Junta destituyéndole del cargo de Administrador de la Capital. La representación de la Junta estuvo a cargo del querellado.

En la mañana del día siguiente al de la vista, el quere-llado compareció personalmente ante el Juez Asociado de esta corte, Sr. De Jesús, en su despacho en el edificio del Capitolio Insular, donde tiene su asiento la Corte Suprema de Puerto Rico, en momentos en que dicho juez se encon-traba allí en el desempeño de funciones de su cargo, y le manifestó: que en la tarde anterior, al salir el querellado de la oficina del márshal, después de terminada la vista del mencionado caso de certiorari, mientras caminaba por la rotunda del Capitolio, una persona medio oculta detrás de una de las columnas le apuntó con un revólver, dándose a la fuga cuando el querellado sacó el que portaba; que él no pudo .reconocer a dicha persona, pero observó que usaba espejue-los de color ámbar; que esa misma tarde, un amigo suyo le informó que ese mismo día había visto a la persona que le apuntó con el revólver, en una mesa en un café, en la pa-rada 15 en Santurce, en compañía del Dr. De Castro y de su esposa, quienes habían asistido a la vista del caso.

Después de oír el relato que le hiciera el querellado, el Juez Sr. De Jesús le preguntó si era su deseo que él presen-tase el asunto ante el tribunal, a lo que el querellado res-pondió: “Como usted quiera.” Considerando que el Sr. Valldejuli había venido a verle con ese propósito, e interpre-tando que su deseo era que él sometiese el asunto a la con-sideración del tribunal, esa misma tarde, estando reunidos todos los jueces en la sala de conferencias para disentir y resolver asuntos ya sometidos, el Juez De Jesús dió cuenta al tribunal de lo que le babía informado el querellado, para que el tribunal tomase las medidas que creyese oportunas y justas.

Considerando que el querellado es un abogado en ejerci-cio y como tal un funcionario de la corte, a quien la corte está obligada a proteger contra cualquier agresión u otro acto de violencia que se intente cometer o se cometa contra su persona por motivo de palabras pronunciadas o actos rea-lizados en la defensa de un asunto pendiente ante la corte, ésta creyó que los hechos denunciados por el Sr. Valldejuli al Juez De Jesús y por encargo de aquél sometidos al tribunal, revestían tal gravedad, que de ser ciertos podrían constituir un desacato al tribunal, de acuerdo con lo resuelto en In re. Castro, 52 D.P.R. 139, 140, en el que el mismo abogado aquí querellado fué agredido bajo circunstancias muy parecidas a las descritas por él en su relato al Juez Sr. De Jesús; y en cumplimiento de su deber de proteger al funcionario que alegaba haber sido víctima de un atentado y de velar por su propio prestigio y dignidad, la corte asumió jurisdicción so-bre los hechos denunciados por el querellado y ordenó se practicara una investigación preliminar, con miras a casti-gar por desacato a la persona que resultare culpable del su-puesto atentado y a los que pudiesen resultar culpables de complicidad en el mismo.

Practicada dicha investigación, el resultado de la misma hizo dudar a la corte de que los hechos denunciados por el Sr. Valldejuli fueran ciertos y la indujo a creer que sus ma-nifestaciones pudieran haber sido hechas con el propósito de influir indebidamente a la corte en contra de la parte opuesta a la defendida por él en el mencionado recurso de certiorari. En 24 de enero de 1940, la corte pasó el asunto al fiscal, con instrucciones de practicar una investigación completa de los hechos y someter el resultado de la misma, con sus recomen-daciones al tribunal.

En julio 13, 1940, el fiscal auxiliar de esta Corte Su-prema, en cumplimiento de la orden dictada por el tribunal el día primero del mismo mes, radicó una querella en la que después de relatar los becbos que ya bemos expuesto, se ha-cen al querellado las imputaciones específicas siguientes:

“Quinto: Que los hechos relatados en la mañana del día 18 de enero- de 1940 por el querellado Juan Valldejuli Rodríguez al Hon. Angel R. de Jesús, como ocurridos a dicho abogado en la tarde del día anterior, y en el sitio a que se refirió en sus manifestaciones a dicho juez, según se exponen en el párrafo segundo de esta querella, eran falsos, constándole a dicho querellado allí y entonces la falsedad de los mismos, toda vez que el referido abogado Juan Valldejuli Rodríguez, una vez terminada la vista del caso 8070 mencionado en el párrafo primero anterior, salió del edificio del Capitolio donde está instalada esta • Corte Suprema, acompañado del señor Rafael Cestero, habiéndose verificado su salida y retiro del edificio desde el salón de sesiones de esta Corte hasta la oficina del márshal de la misma, y de ésta hasta el portal de salida de dicho edificio, sin que ocurriera durante dicha salida incidente alguno entre el abogado Valldejuli Rodríguez y persona otra alguna, ni persona otra alguna interviniera con él ni le amenazara ni apuntara con armas o de cual-quier otro modo en el trayecto seguido por el querellado al retirarse y salir de esta Hon. Corte, y sin que dicho abogado sacara en momento alguno su revólver.
“Sexto: Que al hacer el querellado Juan Valldejuli Rodríguez, al Hon. Juez Angel R. de Jesús el relato de los hechos expuestos en el párrafo segundo de esta querella, como ocurridos a dicho quere-llado, con la súplica a dicho magistrado de que trasmitiera los mismos a esta Hon. Corte, lo hizo ilegal y voluntariamente y a sabiendas de que tales hechos relatados eran falsos y de que los relataba con el propósito de tender a influir indebidamente a los jueces de esta Hon. Corte en contra de la parte opuesta a la defendida por él en el indicado litigio, o sea al apelante Dr. Carlos M. de Castro.”

En julio 10 de 1941 desestimamos la moción de archivo y sobreseimiento radicada por el querellado, porque opinamos (ante, pág. 119) que “La querella expone becbos que, a núes-tro juicio, de ser probados, serían suficientes para constituir desacato.” En la misma fecha se celebró la vista del caso. El fiscal, después de ofrecer en evidencia el acta de la vista, en enero 17, 1940, del caso núm. 8070, sobre certiorari, y la sentencia dictada en el mismo caso en junio 28, 1940, ofreció el testimonio de varios testigos, los que declararon, en sín-tesis, como sigue:

Angel R. de Jesús, Juez Asociado de esta Corte Suprema, después de repetir el relato que del supuesto atentado le hizo el Sr. Valldejuli, substancialmente en la forma en que ya lo hemos expuesto, declaró: que el querellado no especificó el carácter en que le hacía las manifestaciones; que él, el tes-tigo, entendió que se lo hacía en su carácter de juez y que vino a su oficina con ese solo propósito; que él, como persona particular, no hubiera podido hacer nada, y que por eso le dijo que tratándose de un tribunal colegiado fuera a ver al Juez Presidente; que al preguntarle al querellado si quería que él informara al tribunal del asunto, le respondió: “Como usted quiera”; que como el querellado había venido expre-samente a su oficina con ese objeto, él interpretó que su in-tención era decírselo al tribunal y por eso lo hizo así, y ade-más, porque se trataba de un caso en que el tribunal tenía interés, pues la persona que hacía eso merecía un castigo, y con ese objeto creyó conveniente que el caso fuese presen-tado al tribunal. A preguntas del abogado defensor, con-testó : que hace muchos años conoce al querellado y siempre ha tenido con él, como con cualquier otro abogado, relaciones cordiales; que el interés que él se tomó en el asunto no fué para averiguar si era cierto o no lo del incidente; que el in-terés que él supuso que el tribunal tendría era investigar el hecho denunciado por Valldejuli y castigar al culpable, “por-que entiendo que un abogado que viene a ejercer su profe-sión y es agredido al salir de la corte, merece que sea pro-tegido por ésta”; que él hubiera procedido en la forma en que lo hizo si se hubiese tratado de cualquier otro abogado; que .la relación qne había entre el incidente relatado por Valldejuli y el debate ante la corte el día anterior es, qne habiéndose hablado durante el debate de la muerte del auditor municipal, Sr. Bamírez Nadal, quien presentó los car-gos contra el Dr. De Castro, él entendió que las intenciones del Lie. Valide]uli eran que se castigara al culpable del aten-tado contra él; que el testigo lo aceptó todo como cierto; que al oír el relato de los hechos, el tribunal creyó que eso podía influir en la mente del tribunal en cnanto a la resolución del caso, en contra del Dr. De Castro, ya que según lo relatado por Valldejuli el individuo había sido visto tomando en un cafó con el Dr. De Castro y su esposa; que ésa fué la rela-ción de causa y efecto que el tribunal vió en el caso, y en-tendió que si lo dicho por el querellado era falso, eso cons-tituiría desacato, y procedió a ordenar una investigación más amplia por el fiscal.

William Gr. Látimer, Márshal de la Corte Suprema, de-claró : que estuvo en el salón de sesiones durante toda la vista del caso entre De Castro y la Junta de Comisionados y entre las personas que vió allí recuerda al Dr. De Castro,, su esposa, el Lie. Tirado Gréigel, un guardián del Capitolio de apellido Cristian y dos o tres personas más que no pudo identificar; que al terminar la vista salió hacia su oficina por la puerta que da a la rotunda, siguiendo por el pasillo del elevador y atravesó hasta la rotunda; que estando allí alcanzó a ver al guardián Cristian que caminaba en direc-ción sur, o sea hacia el vestíbulo que da a la Avenida Ponce de León; que fué a su oficina para ver si estaban allí los abogados del Sr. De Castro, para informárselo a éste, y que después de informarle que no estaban allí, regresó a su ofi-cina; que vió al querellado antes, durante y después de la vista; que Valldejuli llegó acompañado del Sr. Cestero, y después de la vista lo vió ir a la Secretaría; que después' lo volvió a ver cuando regresó a su oficina, donde estuvo unos minutos, y de allí salió acompañado de Cestero hacia el pa-sillo de Secretaría; que no volvió a ver a Valldejuli hasta el día siguiente a las 11 a. m. cuando vino a su oficina a in-formarle lo que le había ocurrido el día anterior y a rogarle que pasara al sitio de los hechos relatados por él, llevándole al frente de las columnas hacia la salida del vestíbulo sur; que allí el querellado le relató el caso dieiéndole: que cuando él salía, bajó por la escalera dél pasillo de la Secretaría, si-guió y en el primer hueco entre columnas que dan al vestí-bulo sur, al virar, el Sr. Cestero le dijo “Cuidado” o “Mira” y al virar la cara alcanzó a ver un brazo que sobresalía y parte de una cara con un lente de concha, y al ver eso él se acordó de que iba armado y sacó su revolver y se le cayeron los libros, y al sacar él el revólver el brazo de la persona que estaba detrás de la columna desapareció, no pudiendo él ver la persona; que al terminar el Sr. Valldejuli su relato, el declarante le dijo: “¿Qué desea hacer?”, y le respondió: “Yo he venido a ver a alguno de los jueces”; que él le pre-guntó: “.¿Al Presidente o alguno de los otros jueces?” y él le contestó: “A cualquiera, al que esté desocupado, al que me pueda ver”; que siendo el Juez Sr. De Jesús el único que estaba en condiciones de poder recibirlo, él lo pasó a su despacho; que volvió a ver a Valldejuli media hora más tarde y estuvo presente cuando él le hizo la misma relación de he-chos al Subsecretario Marrero y al taquígrafo Vallecillo, y que lo único que añadió con respecto al supuesto asaltante fué: “Me parece que si yo lo viera lo reconocería.”

El Lie. Borinquen Marrero, Secretario Auxiliar de la Corte Suprema, declaró: que actuó como Secretario en la vista del caso de certiorari y recuerda haber visto en la sala de sesiones al Dr. De Castro, a una señora que supo después era su esposa, al Lie. Tirado Gréigel, al Sr. Cestero, al Sr. Marcos Morales, y a la derecha el Sr. Cristian, “watchman” del Capitolio. Después de relatar lo que le contó Valldejuli, substancialmente en la misma forma en que lo hiciera el márshal Látimer, continuó declarando el testigo, que el Lie. Valldejuli no le dijo que supiera el motivo por el cual tra-taban de atacarle, pero le dijo que había tenido conocimiento de que la tarde antes el Dr. De Castro, su esposa y un señor estaban tomando en un café en Santurce; que dijo también que había visto a la persona que huía, que era alta, más bien delgada, de tipo trigueño y usaba gafas oscuras.

Jesús Aviles Román, conserje auxiliar de la Corte Su-prema, declaró: que el día de la vista del caso del Dr. De Castro vió al Lie. Valldejuli como de 1.30 a 2.00 p.m. cuando llegó, a la corte acompañado del Sr. Cestero, y lo volvió a ver después de la vista cuando salía de la secretaría hacia la calle por el pasillo largo; que el declarante estaba sen-tado en el banco junto al portón de hierro, donde acostumbra estar pendiente a las llamadas de las oficinas, y estando allí vió salir a Valldejuli con Cestero, para afuera, por el mismo pasillo que hay de Secretaría para la parte sur del Capitolio, hacia la Avenida Ponce de León; que mientras vió salir a dichos dos señores no ocurrió nada que le llamara la aten-ción; que no vió que ocurriera nada; que los dos salieron juntos y pasaron la antepuerta para salir a la Avenida, en forma normal, andando; que no vió a nadie correr y no notó nada extraño; que no recuerda haber oído ruido alguno, ni-cosas que cayeron al suelo, ni gritos; que conoce a Juan Cristian y lo vió por aquellos alrededores.

Juan Cristian, declaró: que en la fecha de los sucesos que se investigan, él era empleado de la Cámara de Repre-sentantes, como guardián vigilante; que estuvo presente en la vista relacionada con el Municipio de San Juan, porque él acostumbraba bajar todas las tardes a presenciar los jui-cios ante la Corte Suprema, como espectador, y estuvo en dicha vista hasta su terminación; que después de terminarse la vista vió al Lie. Valldejuli cuando salía de la Secretaría; que el declarante estaba en la segunda puerta que da frente a la salida que va a la Avenida Ponce de León, y desde allí vió a Valldejuli y a otras personas salir de la Secretaría con unos papeles, y bajó la .escalinata de la Secretaría y pasó la primera puerta baeia afuera del Capitolio, “lo vi desde que bajó la escalinata basta qne salió fuera del Capitolio”; que no vió que ocurriera nada en ese trayecto, ni nada que lla-mara su atención; que en esos momentos babía alguna gente en la rotonda y un empleado de la corte sentado en un banco, en la parte adentro de la Secretaría; que durante todo el trayecto en que vió a Valldejuli y a su acompañante, los vió en actitud pasiva, basta que bajaron y se fueron, hablando, por la segunda puerta de la Avenida Ponce de León; que no se detuvieron en ninguna parte y que no ocurrió nada ex-traordinario; que los vió desde que salieron de Secretaría basta que salieron del edificio; que conoce de vista al men-sajero de la corte que aquella tarde estaba sentado a la en-trada del pasillo que conduce a la Secretaría e identifica a Jesús Aviles Eomán como el mensajero a quien se ha refe-rido. Repreguntado, contestó, que su debér era vigilar el edificio; que acostumbraba bajar al salón de la corte a pre-senciar los casos, porque le gustan los debates judiciales; que ese día, al terminar la vista como a las 4.30 p. m., se fue a la rotonda a ver salir la gente; que no sabe si alguna persona apuntó al Lie. Valldejuli, pero que él no vió nada y que nada ocurrió, “pues yo lo observé basta que salió afuera.”

El Lie. Gabriel de la Haba, abogado del Dr. De Castro en el caso, declaró: que tan pronto como se terminó la vista, salió de la corte acompañado del Lie. Rivera Zayas y se dirigió a su bufete; que no volvió a ver al Lie. Valldejuli basta el día siguiente, cuando éste fué a verle a su oficina, visible-mente excitado y le informó que venía a verle porque le ba-bía ocurrido un suceso muy serio el día anterior en la corte. Después de relatar, como bécbale por Valldejuli, la misma historia que ya conocemos, el testigo continuó declarando: que el querellado le dijo que venía a avisarle eso, porque como él era abogado del Dr. De Castro, “que alguien lo vió bebiendo con nna persona de gafas en San tur ce,” y qne ve-nía a rogarle qne hablara con De Castro para qne dejara eso-porqne era nn hombre con hijos, mny respetuoso de la ley,, y no quería verse obligado a usar medidas drásticas en de-fensa propia; qne él le prometió qne hablaría con De Castro y qne tomaría cierta determinación en caso de qne lo qne' él le había dicho resultara cierto.

El Lie. Eafael Eivera Zayas, también abogado del Sr. De Castro, declaró solamente qne al terminarse la vista del caso' salió de la corte acompañado del Lie. De la Haba; qne co-noce á Jesús Avilés Eomán, mensajero de la Corte Suprema,, quien estaba, al salir el testigo de la corte, en el portón de hierro del pasillo de la Secretaría.

El Dr. Carlos M. de Castro, después de explicar detalla-damente cuáles fueron sus actividades durante la mañana del 17 de enero de 1940, declaró que ese día como a las 2.10 de la tarde llegó a la Corte Suprema cuando ya había co-menzado la vista de su caso contra la Junta de Comisiona-dos de San Juan; que al terminarse la vista salió de la corte con su esposa y el Sr. José Marcos Morales, no estando seguro de si también iba con ellos el Lie. Tirado; que después de to-mar su automóvil se dirigieron a San Juan, donde se encon-traron con el Sr. Eafael Eivera Santiago, quien les invitó a tomar un refresco, haciendo constar que ya había dejado a su esposa con la del Lie. Tirado en la oficina de éste; que hora y media más tarde regresaron a Santurce, donde estu-vieron reunidos el Lie. Tirado, José Marcos Morales, Eafael Eivera Santiago y el declarante; que de allí volvieron a la oficina del Lie. Tirado a buscar a sus respectivas esposas, dirigiéndose él a la casa del Sr. Tirado, en Isla Verde; que-allí se quedaron los esposos Tirado, regresando el declarantey su esposa a su casa.

La prueba testifical ofrecida por el querellado fué la si-guiente :

El Lie. Hernán Franco, ex-Fiscal del Distrito de San-Juan, declaró que a fines del año 1939 en el muelle núm. 1 -de la Porto Rico Line fné herido mortalmente nn señor ame-ricano de apellido Irizarry, quien falleció más tarde en el Hospital Municipal, siendo acusado de dicha muerte Enrique Yalldejuli, sobrino del licenciado del mismo apellido; que ■encontrándose el declarante en el hospital se le acercó un individuo a quien no conocía, quien dijo llamarse Irizarry, hermano del herido; que dicho individuo se expresó en tér-minos violentos diciendo que si su hermano moría él tomaría la justicia en sus manos, refiriéndose específicamente a los Yalldejuli; que el declarante le aconsejó diciéndole que un •crimen no curaba otro, que para eso estaban las cortes de .justicia; que poco tiempo después, habiéndose ya radicado .acusación por haber muerto el herido y estando el caso se-ñalado para juicio se le presentó otra vez el mismo hermano •del interfecto, en su oficina, y le repitió lo que le había dicho anteriormente, diciéndole que si Valldejuli salía absuelto, en-tonces él tomaría la justicia en sus manos; que dicho indi-viduo estaba muy violento, como desesperado; que en una conversación que el declarante tuvo más tarde con el Lie. Yalldejuli le comunicó él estos hechos; que el citado Irizarry •era una persona bajita, calva, de nariz como de pico de águila, para abajo, que no recuerda si los ojos eran claros o no y que su aspecto era como de judío; que tenía entre cinco pies seis pulgadas y cinco pies ocho pulgadas de estatura.

El Lie. Benigno Fernández García) ex-Procurador General de Puerto Rico, declaró que conoce desde hace muchos •años al querellado; que siendo el declarante Procurador General, al vacar el cargo de Fiscal de Distrito de San Juan, -el Gobernador Winship y el declarante convinieron en ofre-cerle el puesto vacante al Lie. Yalldejuli, quien lo declinó por ■el motivo de que sus intereses particulares y su clientela le impedían abandonar su bufete.

El Lie. Fernando J. Géigel, quien en el momento de la vista ocupaba el cargo de Administrador de la Capital, de-claró que el día de la vista del recurso de certiorari él se encontraba como a las cinco de la tarde en sn oficina; que más o menos a esa bora llegó a sn despacho el Lie. Vallde-juli, muy nervioso, muy agitado, pudiendo apenas hablar y estando muy impresionado y como que temblaba; que el de-clarante le dijo, “¿Qué te pasa?” y él respondió “Chico, mira lo que me pasó, a lo que se expone uno ejerciendo la profesión. Se juega la vida.” El testigo repite lo que le relató el Lie. Valldejuli, substancialmente en la forma en que lo han declarado los demás testigos. Preguntado por el fiscal si el querellado le había indicado algo que pudiera tender a explicar la razón del atentado, el testigo respondió, “Naturalmente me pareció a mí que su impresión en aquel momento era que se debía al asunto que se ventilaba.”

'El testigo Eafael Cestero declaró que estuvo acompa-ñando al Lie. Valldejuli el día de la vista del caso del Dr. De Castro, desde que comenzó la vista hasta su terminación y salió junto con el Sr. Valldejuli; que al salir con Vallde-juli, detrás de la columna en la primera rotunda vió a un hombre detrás de una columna, una mano con un revólver apuntando; que él le llamó la atención y le gritó al hombre; que entonces Valldejuli soltó los libros, caminó y sacó su re-vólver y el hombre cogió hacia donde había unas maderas que estaban en reparación o algo así; que el declarante re-cogió los libros, se los entregó a Valldejuli y se fueron jun-tos hacia el Teatro Municipal, donde estaban las oficinas del municipio, entrando Valldejuli a hablar con el “City Manager” y-quedándose el declarante en la salita de espera, y de allí salieron juntos hasta la casa de Valldejuli; que el ■individuo que apuntó con el revólver era de mediana edad, blanco, bastante bien parecido y con unas gafas grandes puestas, y que la impresión del declarante es que dondequiera que lo vea lo conocerá, porque lo vió cara a cara, frente a frente; que el declarante le pidió el revólver al Lie. Vallde-juli para ver si podía alcanzar a dicho individuo pero el que-rellado le dijo que podía estar detrás de una columna y ma-tarlo. A preguntas del fiscal declaró que él fné el primero que se dió cuenta de lo que ocurría y al ver al individuo le gritó: “Criminal”; que dicho individuo apuntaba hacia donde caminaba Valldejuli, quien iba uno o dos pasos de-lante del declarante; que cuando Valldejuli soltó los libros y sacó el revólver, el declarante trató de avanzar hacia donde. estaba el hombre porque lo protegía la columna, pero el hombre corrió para adentro, ligero, mientras se metía el revólver en el bolsillo derecho de su chaqueta; que no sabe dónde se metió el hombre porque había muchos cuartones y estaba obscuro y que no podía ver si el individuo salió o no; que desde que ocurrió ese suceso no ha vuelto a ver a ese indi-viduo, quien era de mediana estatura, o sea la estatura co-rriente entre puertorriqueños. Y describiendo al citado indi-viduo dijo, “Una estatura como, vamos a suponer, más bien bajito, de un hombre muy bien parecido; y sin que quiera yo, porque yo oí la declaración del Lie. Hernán Franco, apun-tar el hombre, coinciden las facciones del tipo que yo vi”; que los ojos eran claros, tal y como los pintó el fiscal, color melado; que pudo darse cuenta de que los ojos eran de ese color, a pesar de que usaba lentes oscuros, porque lo pri-mero que hizo el individuo fue quitarse los espejuelos; que no estuvo allí mucho tiempo, porque para quitarse las gafas no se toma tiempo.

Declaró el querellado en su propia defensa y después de relatar el incidente ocurrido entre él y el Sr. Enrique Castro Martínez, continuó diciendo: que el fiscal Franco lo llamó a su oficina y le dijo que tuviese cuidado porque el hermano del interfecto Irizarry le hacía responsable de la muerte de su hermano; que la única intervención que él tuvo en el asunto de Irizarry fué llevarse la familia de su hermano para el campo; que todo eso había ocurrido antes de la fecha de la vista del caso del Dr. De Castro contra la Junta de Comisionados; que el declarante estaba sobresaltado, temía por su seguridad y claro es se disponía a defenderse; que cuando terminó la vista del caso del Dr. De Castro, adrede se quedó en el salón de sesiones, esperando que todo el mundo se fuera, porque tenía su cabeza llena de presentimientos, por lo que le había dicho el fiscal Franco “y porque también hay-personas que actúan no por voluntad propia sino mandadas por la voluntad de otros”; que 15 ó 20 minutos después sa-lió hacia afuera; que afirma solemnemente que al bajar por el pasillo de Secretaría no había nadie en. todo el corredor ni en el banco; que se dirigía hacia afuera en compañía de Cestero, no recuerda si Cestero iba delante o detrás de él; que cuando pasaron la primera arcada de la izquierda, iban hacia la segunda arcada amplia del Capitolio, frente a la segunda arcada de la izquierda que equivale a la primera de la rotonda, sintió la voz de Cestero que. gritó “Criminal”; que “entonces se me cayeron los libros o algunos libros y automáticamente, por acción posiblemente refleja, yo creo que saqué mi revólver para defenderme, y al mirar así de cos-tado vi un brazo con una cosa que brillaba, como un revól-ver, que me apuntaba”; que la. persona tenía espejuelos color ámbar, vestía traje claro y era un hombre que daba la impresión de ser un hombre de mediana estatura; que dés-pués de pasarle la impresión, cuando inició su segunda mar-cha hacia afuera, vió a un empleado del Capitolio que salía de la rotonda, pero eso fué cuando volvieron a reanudar la marcha; que cuando salieron afuera y bajaron la escalinata que está en la Avenida Ponce de León, no había ninguna persona en la escalinata; que la única persona que apareció después fué el guardián del Capitolio; que el hombre que le apuntó salió corriendo por la parte norte del edificio, donde hay un andamio de maderas; que al salir del edificio se dirigió a la oficina del alcalde, a quejarse de que le hubieran dejado solo, sin que nadie le ayudara en un caso como ése; que por la mañana fué a ver a los abogados del Dr. De Castro para que investigaran, pues a él le parecía que era muy posible que hubiera algún partidario del Dr. De Castro inte-resado en hacerle daño, sin qne De Castro lo supiera; qne le encargó al Lie. De la Haba qne hablara con De Castro, qne le dijera qne eso ya no tenía importancia, qne lo apreciaba mucho y qne lo único qne hacía era cumplir con su deber; qne vino al tribunal, no con el propósito de traer una que-rella ni de influir en su- ánimo, sino más bien a cambiar im-presiones y tal vez a obtener un poco de apoyo en su situa-ción; qne al llegar habló con el secretario y con el márshal, quienes le dijeron qne habían notado cosas muy raras en la sala, pues había un individuo qne se reía de vez en .cuando con el Dr. De Castro y la señora; qne con esas palabras vino a ser más grande su inquietud espiritual; que el márshal le preguntó si tenía algún amigo entre los jueces del tribunal y él le contestó que todos eran sus amigos y el márshal en-tonces le invitó a ver al Juez De Jesús; que él le contó todo al Juez De Jesús y cuando éste le preguntó si quería que transmitiera al tribunal todo lo que él le había dicho, le con-testó “Como usted quiera,” y el juez creyó que su intención era ésa; que jura solemnemente que nunca estuvo en'su mente tratar de influir en la mente del tribunal en su reso-lución del caso del Dr. De Castro; que algunos meses des-pués de esos sucesos, el día 20 de noviembre de 1940, a la 1.30 de la tarde, encontrándose el declarante en el restaurante “Estrella de Italia” vió allí al Senador Felipe Colón Díaz y se acercó a la mesa para saludarle; que en ese momento un individuo que estaba en la mesa se levantó violentamente y le dijo “Su hermano y su sobrino son unos criminales, yo debería asesinarlo a usted ahora mismo”; que eso sucedió inmediatamente después de habérsele preguntado al decla-rante si conocía al Sr. Irizarry, y que entonces el declarante se dió cuenta inmediatamente de la situación, retrocedió ha-cia una ventanilla, se acercó a la pared, cogió su revólver y le contestó: “Tírese a ver si sale bien”; que entonces inter-vino el Senador Colón; que además del Senador Colón pre-senciaron el incidente el Alcalde de Vega Alta y un empleado de la “Estrella de Italia.”

La evidencia, considerada en conjunto, es a nuestro juicio ampliamente suficiente para justificar las alegaciones de la querella. Los testigos Aviles y Cristian, presentes a la Lora y en el sitio del supuesto atentado y en condiciones para darse cuenta del suceso, de haber éste ocurrido, declaran en-fáticamente que allí y entonces nada ocurrió que les llamara la atención y que por el contrario vieron al Sr. Valldejuli y a su acompañante Sr. Cestero bajar por la escalera del pa-sillo de Secretaría, cruzar el vestíbulo y salir a la calle por las puertas de la fachada sur del Capitolio, frente a la Ave-nida Ponee de León, sin que nada inesperado les ocurriera, caminando y hablando en perfecta paz y tranquilidad. A las declaraciones de estos testigos, cuya presencia en el lugar donde el querellado alega ocurrió el atentado ha sido esta-blecida fuera de toda duda por los testimonios del márshal Látimer y del Lie. Rivera Zayas, el tribunal da entero cré-dito.

Ha llamado poderosamente la atención del tribunal el hecho de que, no obstante haber dicho a todas las personas a quienes relató el supuesto atentado, que una persona amiga le informó que antes de la vista del caso había visto al que le apuntó con un revólver, en un café en la parada 15 en Santurce, bebiendo en compañía del Dr. de Castro y de su señora, y no obstante haber declarado bajo juramento en la investigación preliminar practicada por orden de esta corte, que cuando él se encontraba informando al “City Manager” de lo sucedido en el Capitolio “allí mismo se informó por persona que puede identificar, que antes de la vista del caso ante esta Hon. Corte Suprema, había visto a una persona con traje claro y espejuelos ámbar, parecida a la descrita por mí, en la Parada 15, tomando con el Dr. De Castro,” el que-rellado, al declarar ante esta corte, se abstuvo en absoluto de hacer referencia a ese hecho tan esencial para su defensa y no hizo el menor esfuerzo para traer a presencia de la corte a su informante, a quien él dijo podía identificar, para que repitiera ante la corte los informes que el querellado utilizó para tratar de conectar no solamente al Dr. De Castro, si que también a su esposa, con la comisión del supuesto atentado contra su vida. La supresión de esa evidencia nos autoriza a presumir o que la misma no existe o que de ser presentada hubiera sido adversa al querellado.

La prueba ofrecida por el querellado, en un esfuerzo tar-dío para retirar su falsa acusación contra los esposos De Castro y dirigirla contra el hermano del interfecto Irizarry, no es merecedora de crédito alguno, pues de acuerdo con las declaraciones de Avilés y de Cristian, a las que hemos dado crédito, no es cierto que el querellado fuera acometido con un revólver por persona alguna.

La declaración del testigo Cestero no es merecedora de crédito alguno. Este testigo, al ser invitado el 23 de enero de 1940 por el márshal Látimer, para que le señalase el sitio exacto en donde él vió apostado al hombre con el revólver, le señaló la segunda columna a mano izquierda del pasillo, después de bajar la escalera que está junto a la oficina del márshal; y más tarde, ese mismo día, llamó al márshal, rec-tificó el primer informe que le había dado y trasladó el lugar del suceso a la cuarta columna frente a la escalinata para salir del Capitolio, diciéndole: “Látimer, yo me equivoqué esta tarde cuando le señalé donde había ocurrido el caso; eso fué aquí,” señalándole una columna junto a las puertas exteriores del Capitolio. Además, su manera de declarar, la rapidez con que supo aprovecharse de la descripción que del Sr. Irizarry había hecho el Lie. Franco, para aceptarla como la exacta descripción del hombre que había atentado contra el Sr. Valldejuli, sin tener en cuenta que en las des-cripciones anteriores que de dicha persona hiciera, solamente había podido decir que era un hombre blanco,: vestido de “palm beach,” que usaba gafas color ámbar, más grandes que las llamadas “gríngolas,” que le cubrían todo el ojo; y lo inverosímil de su declaración de que el hombre de las ga-fas — quien seguramente se las puso para evitar ser recono-cido — se las quitó inmediatamente después del atentado, en presencia de Cestero, para que éste pudiese declarar sobre el color exacto de sus ojos, son circunstancias que nos llevan a la conclusión de que su testimonio no merece crédito.

Examinemos las cuestiones levantadas por el querellado en su alegato.

Se ba llamado nuestra atención bacia una evidente incon-gruencia entre la alegación que se bace en la querella de que el Lie. Valldejuli pidió al Juez Sr. De Jesús que transmitiera sus manifestaciones a la corte, y la prueba que sólo demues-tra que el querellado “autorizó a diebo Juez para que así lo hiciera, al decirle ‘Como usted quiera.’ ” La incongruencia carece a nuestro juicio de importancia. Informado un juez de esta corte, por un abogado, de que ha sido agredido, junto al salón de sesiones, al salir de la vista de un caso y por razón de y en relación con ese mismo caso, es el deber del juez que recibe tales informes transmitirlos al tribunal, para que éste pueda cumplir su obligación de dar la debida pro-tección al abogado agredido y hacer respetar su propia dig-nidad castigando al agresor. No es necesaria ni la petición ni la autorización del abogado para que la corte conozca del caso. En el de autos, el abogado, al autorizar al juez ante el cual acudió en demanda de protección para que transmi-tiera sus informes al tribunal, se colocó desde ese momento bajo la jurisdicción de la corte y se expuso a ser castigado por desacato si de la investigación que necesariamente debía practicarse resultaba que los hechos por él denunciados eran falsos.

Alega el querellado, que en la querella se le imputa que las manifestaciones hechas por él al Juez De Jesús son falsas y que las hizo con la “intención específica” de influir indebidamente a la Corte Suprema en contra del Dr. De Castro; y que esa intención específica no ha sido probada “como un elemento independiente y distinto en la comisión del delito.”

Lo que se imputa en la querella es que al hacer el relato (leí supuesto atentado, el querellado “lo hizo ilegal y volun-tariamente y a sabiendas de que tales hechos relatados eran falsos y de que los relataba con el propósito de tender a in-fluenciar indebidamente a los jueces” en contra del Dr. De Castro.

Es cierto que cuando la intención específica {specific intent) es un elemento esencial de un determinado delito, esa intención específica debe ser probada para que pueda soste-nerse la convicción. Por eso en el caso de El Pueblo v. Pérez, 48 D.P.R. 725, citado por el querellado, en el que el acu-sado fue convicto del delito de escalamiento en primer grado, cometido, según se alegó en la acusación, al penetrar en una casa durante las horas de la noche con la intención dé come-ter violación, se revocó la sentencia porque los hechos pro-bados tendían a negar más bien que a establecer la intención de cometer el delito de violación, y, en ausencia de esa in-tención, no existía, en consecuencia, el delito de escalamiento. La prueba demostró que Pérez penetró en la casa para verse allí con su novia, quien había convenido abandonar la casa y fugarse con él. De esos hechos no podía inferirse la inten-ción específica de cometer el delito de violación. Si la prueba hubiese demostrado que Pérez había violado a su novia o la había atacado con esa intención, seguramente la sentencia hubiera sido confirmada, pues bastaba el hecho realizado para que del mismo se infiriese la intención con que el acusado había penetrado en la casa. La única manera de probar la malicia, que es la intención de hacer daño a otro, es infirién-dola de. las circunstancias del caso. El medio de prueba no es la demostración y sí lá inferencia. Véanse: Wharton Criminal Evidence, sec 7, 735-9, y Wharton Criminal Law, sec. 113 y casos citados en la nota 2.

Establecido fuera de toda duda razonable que los hechos relatados por el querellado al Juez De Jesús y transmitidos por éste a la corte son falsos y que al querellado le constaba que dichos hechos eran falsos, tenemos qne concluir qne el propósito qne tnvo el querellado al hacer tal falso re-lato fué el de llevar a la mente del tribunal la idea de qne el Dr. De Castro y su esposa eran personas capaces de entrar en una conspiración con un criminal e inducir a éste a aten-tar contra la' vida del querellado, por el solo hecho de que éste había llevado la representación de la parte contraria en el caso pendiente ante la corte. No podía ser, como se pre-tende, el propósito del querellado buscar protección y segu-ridad para su persona, pues la prueba ha demostrado que nada absolutamente le ocurrió. Los hechos y circunstancias del caso nos llevan a la ineludible conclusión de que el fin que el querellado se propuso alcanzar con su conducta des-deñosa e irrespetuosa fué el de influir al tribunal en contra del Dr. De Castro. Al querellado no le interesaba que se investigase el supuesto atentado. Lo que sí le interesaba era destilar la gota de veneno en la mente del juzgador, en la esperanza de que su efecto sería prejuiciarle en contra de su adversario.

Los abogados, como funcionarios que son de las cortes de justicia, están más obligados que cualquier otro ciudadano a guardar a las cortes y a sus jueces el debido respeto y con-sideración. La misión de las cortes y la de los abogados es una sola: llegar al conocimiento de la verdad. El abogado que en vez de cooperar al esclarecimiento de los hechos se empeña en obscurecerlos, y recurre a prácticas engañosas para sorprender al tribunal a inducirle a cometer una injus-ticia, se hace culpable de conducta desdeñosa e insolente y por tanto de desacato.

En tal virtud, se declara a Juan Valldejuli Rodríguez culpable de desacato al tribunal y se le condena a sufrir quince días de prisión en la Cárcel del Distrito de San Juan, situada en esta ciudad de San Juan y a pagar $50 de multa y las costas.

Así lo pronunció y manda el tribunal y firma el Sr. Juez Presidente.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    In re Armando A. Miranda, querellado.
    Núm. 40.

    Sometido: Julio 21, 1941.

      Resuelto: Julio 29, 1941.

      Armando A. Miranda, pro se y B. Díaz Collazo, abogado del quere-llado; li. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El Procurador General de Puerto Rico, representado por el Fiscal de este tribunal, instó este procedimiento de disbarment contra el abogado Armando A. Miranda, imputándole la realización de ciertos actos constitutivos de depravación y conducta inmoral en el ejercicio de su profesión, y como consecuencia de dichos actos solicitó que el referido abogado fuera separado del ejercicio de la abogacía y del notariado y la eliminación de su nombre en el Registro de Abogados.

La prueba del fiscal podemos resumirla así:

Rufino Alicea Erazo era dueño de una finca rústica, de -veintidós cuerdas de superficie, radicada en el barrio Cerro Gordo del término municipal de Bayamón, finca que fue ven-dida por Alicea Erazo a Francisco Nazario, quedando un precio aplazado a pagarse en distintos plazos garantizados todos con hipoteca sobre el inmueble vendido, estipulándose en la escritura un crédito adicional de $200 para costas y honorarios de abogado en caso de ejecución. No habiendo satisfecho Nazario a su vencimiento el segundo de los pla-zos, Alicea Erazo, acompañado de su hijo Eusebio Alicea, requirió los servicios del abogado Miranda para que esta-"bleciese procedimientos judiciales a fin de hacer efectivo el crédito hipotecario. Para gastos judiciales adelantó Alicea Erazo a Miranda en esa ocasión la cantidad de $24. Poste-riormente volvió Alicea Erazo, entonces acompañado de su concubina Eosa Vázquez, donde Miranda, ungiéndole la más rápida solución del pleito. En una tercera ocasión volvió a visitarlo Eosa Vázquez* siempre con el mismo objeto, y ade-más para llevarle una cantidad adicional que les había pe-dido para gastos del litigio.

Así las cosas, falleció Alicea Erazo el 6 de enero de 1932 y seis días después Eosa Vázquez y sus cuatro hijos Euse-bio, Miguel, Eomualdo y Hermenegilda Alicea Vázquez tu-vieron una entrevista con Miranda en su residencia en Ba-yamón, notificándole el fallecimiento de Alicea Erazo e insis-tiendo una vez más en la necesidad de que activase el asunto. Les impuso el abogado de la necesidad de tramitar una de-claratoria de herederos para poder continuar los procedi-mientos,, a nombre de ellos y que ese nuevo trabajo les cos-taría $75, replicando ellos que no disponían de dinero, pero que él podía adelantar los gastos y ellos le satisfarían todo, una vez que hiciesen efectivo el crédito hipotecario, contes-tando Miranda que él no tenía dinero. Algún tiempo des-pués volvió Eusebio Alicea donde el abogado, inquiriendo si se había tramitado la declaratoria de herederos. En esa oca-sión, según declaró dicho testigo, Miranda le indicó que él no conocía tales herederos.

Veamos qué gestiones había practicado el Sr. Miranda durante todo ese tiempo en relación con el pleito que se le encomendara. Allá para el 22 de octubre de 1931, radicó en la Corte de Distrito de Bayamón el pleito núm. 430, a nom-bre de Bufino Alicea Erazo contra Francisco Nazario y su esposa Eafaela Cardona, en cobro de dinero, por la cantidad de $700 de principal a que había quedado reducido el crédito hipotecario, más $200 estipulados para costas y honorarios de abogado. La parte demandada presentó una moción eli-minatoria que fue declarada con lugar, enmendándose la de-manda el 7 de enero de 1932. No habiendo interpuesto los demandados alegación alguna contra la demanda enmendada, el 19 de enero de 1932, solicitó y obtuvo la anotación de re-beldía.

Enterado para esa fecha del fallecimiento de su cliente, suspendió Miranda sus gestiones en el caso núm. 430 de la corte de distrito, pero unos cinco meses después instó en la Corte Municipal de Bayamón el pleito núm. 6601 seguido por él como demandante, contra John Doe y Bichard Boe, o sea la sucesión desconocida de su cliente Entino Alicea Erazo, teniendo por objeto dicha acción el cobro de sus honorarios en el pleito 430, los cuales estimó en la cantidad de $310.

En el nuevo pleito y para asegurar la efectividad de la sentencia, embargó el crédito hipotecario objeto del caso núm. 430, seguido en la Corte de Distrito de Bayamón. Se expi-dió el emplazamiento y para diligenciarlo se valió de Jorge Salas, que hasta poco antes de esa fecha había trabajado en la oficina del querellado, preparando Miranda, de su puño y letra, el diligenciamiento que debería jurar Salas, en los si-guientes términos:

"Yo, Jorge Salas, juro solemnemente: que soy de veinte años de edad y que no tengo interés ni soy parte en este asunto; que recibí el presente emplazamiento a las diez de la mañana del día 11 de junio de 1932, y que no notifiqué el mismo personalmente a John Doe y Bichard Roe, o sea a la sucesión desconocida de Rufino Alicea Erazo, por ser personas desconocidas.”

Es muy significativo que este diligenciamiento preparado por un abogado inteligente nada diga con respecto a las ges-tiones que practicara el diligenciante, quien declaró que en ningún momento salió de la oficina del Sr. Miranda para ha-cer tales gestiones, firmándolo allí mismo.

A base de un emplazamiento así diligenciado, la Córte Municipal de Bayamón ordenó que se publicasen edictos para-notificar a los demandados, y no compareciendo éstos dentro del término legal, se anotó su rebeldía, dictándose sentencia contra ellos el 4 de octubre de 1932, condenándoles a pagar al demandante la cantidad de $310 de honorarios, más las costas, por concepto de las cuales reclamó el Sr. Miranda la cantidad de $27.89.

En ejecución de esta sentencia, el 28 de enero de 1933 fue sacado a subasta el crédito hipotecario de $700, y adjudicado al propio Sr. Miranda por la suma de $75 como abono a la misma.

En ese estado se hallaban ambos pleitos cuando, entera-dos los hijos de Rufino Alicea Brazo por el deudor Nazario de que el crédito pertenecía entonces al Sr. Miranda, requi-rieron los servicios profesionales del Lie. José S. Alegría, quien, el 16 de marzo de 1933, radicó en la Corte Municipal de Bayamón, en representación de la sucesión Alicea, un es-crito que tituló “Moción para dejar sin efecto la rebeldía y sentencia y abrir el caso para continuar los procedimientos”. A esta moción acompañó el Sr. Alegría escritos de excepcio-nes previas y contestación, y ,1o que es más importante, una copia certificada de la resolución de 9 de marzo de 1933 dic-tada por la Corte de Distrito de San Juan, por la cual fue-ron declarados únicos y universales herederos de Rufino Ali-cea sus hijos naturales reconocidos anteriormente nombrados.

Lejos de allanarse a las pretensiones de los herederos de Alicea a que se les diese una oportunidad de ser oídos y de-fenderse, y a pesar de conocer la copia certificada de la re-solución declarándoles herederos de su padre, se opuso Miranda a la indicada moción, por escrito de 25 de marzo de 1933.

La corte municipal, en vista de la oposición del Sr. Miranda, declaró sin lugar la moción de los demandados y dejó subsistente la sentencia dictada contra ellos.

Nada más se hizo en el caso núm. 6601 de la corte municipal, hasta que el 18 de noviembre de 1933 los abogados Sres. Félix Ochoteco Jr. y José S. Alegría, en representa-ción de la sucesión Alicea, radicaron una “Moción sobre nu-lidad de sentencia”, cuya vista fué señalada para el 24 del mismo mes. En vez de aprovechar el Sr. Miranda esta nueva oportunidad que se le presentaba para rectificar, si posible fuere, sus actuaciones anteriores, se opuso a dicha moción, alegando que la cuestión levantada en la misma había sido resuelta por la corte el 23 de mayo de 1933, al declarar sin lugar la moción sobre apertura de rebeldía, etc. El 2 de fe-brero de 1934, la corte municipal declaró también sin lugar esta segunda tentativa de los demandados para que se les diese una oportunidad de ser oídos.

Para revisar esta resolución de la corte municipal los abogados de la sucesión Alicea presentaron una solicitud de certiorari en la Corte de Distrito de Bayamón y finalmente dicha corte de distrito, por sentencia de 28 de abril de 1934, anuló la que había dictado la corte municipal contra la su-cesión Alicea en el pleito núm. 6601. No satisfecho todavía el Sr. Miranda apeló de la sentencia de la Corte de Distrito de Bayamón en el caso de certiorari, para ante este Tribunal Supremo, siendo aquí confirmado en 10 de noviembre de 1937. 52 D.P.R. 257.

Hemos hecho una exposición de la prueba en apoyo de la solicitud de disbarment. Expongamos ahora la que en opo-sición a la misma adujo el querellado.

Sostuvo el Sr. Miranda que Rufino Alicea Erazo, en las distintas ocasiones que se entrevistó con él, vino solo; que no sabía que Alicea tuviera tales hijos; que al enterarse de su fallecimiento trató de descubrir si había dejado herederos y al efecto preguntó a distintas personas del pueblo de Ba-yamón, entre ellas a su hermano Francisco Miranda, que por los cargos que ha ocupado y por haber vivido siempre en Bayamón conoce un gran número de sus habitantes, y nadie pudo informarle que Alicea tuviera herederos; que todos lo conocían como un mendigo y no sabían que tuviese fami-lia; que no continuó el pleito que le fué encomendado por-que al fallecer Alicea cesaban sus facultades para repre-sentarlo ; que los hechos que han dado lugar a este proce-dimiento de disbarment fueron ante^ investigados por un comité del Colegio de Abogados, presidido por el Lie. Martín Travieso, hoy Juez Asociado de este tribunal, y que ese eo-mité rindió un extenso informe adverso al querellado, impo-poniéndosele como castigo una reprimenda en presencia de otros compañeros; que con motivo de estos hechos, ciertos periódicos y revistas locales por algún tiempo estuvieron atacándolo, y que fue tal el sufrimiento que la reprimenda y estas publicaciones le produjeron, que se sintió enfermo y salió de Puerto Rico por algún tiempo, para lo cual tuvo que enajenar la única propiedad que poseía; que en su ausencia su esposa e hijos pasaron hambre, porque sólo dependían de las cuentas que su taquígrafa pudiese cobrar; que esta si-tuación trajo por consecuencia que su esposa tuviera que re-fugiarse con sus hijos en la casa de sus padres y finalmente solicitase el divorcio, destruyéndose así el hogar conyugal; que recientemente su nombre estaba siendo considerado para un importante cargo público y hubo de pedir que no lo con-siderasen por haberse promovido este procedimiento.

La prueba del Fiscal nos ha merecido entero crédito; pero a los efectos del argumento solamente, asumamos que el Sr. Miranda no supiera que Rufino Alicea tuviera herede-ros; asumamos también que los testimonios de éstos sobre sus distintas entrevistas con él fueran falsos; pasemos por alto su actuación al preparar el diligenciamiento del empla-zamiento que juró Salas, donde se omitió el hecho esencial de exponer que se practicaran gestiones para localizar a los demandados, omisión ésta que entrañaba una sorpresa al tribunal; hagamos caso omiso de lo irrazonable que resulta cobrar a esta sucesión la cantidad de $310 por honorarios de un pleito en cobro de $700, que seguramente constituía el' único patrimonio de los demandados; concedamos además que no se le ocurriera al Sr. Miranda investigar la existen-cia de estos herederos en el barrio Cerro Gordo, que según la prueba dista de siete a diez kilómetros del pueblo de Ba-yamón, y donde fácilmente hubiera obtenido la necesaria información; ¿qué explicación racional puede dar el Sr. Miranda de su conducta al insistir en dichas dos ocasiones en que prevaleciese su sentencia contra la sucesión Alicea Erazo después de presentársele la copia certificada de la resolución por la que se declaró a los hermanos Alicea Vázquez únicos y universales herederos de su padre Rufino Alicea Erazo?

Conociendo ya por prueba indubitada la existencia de es-tos herederos, practicó gestiones para inscribir a su favor el crédito hipotecario de $700 que le había sido adjudicado por $75, no en saldo de su reclamación, sino como abono a la sentencia de $810 que contra ellos había obtenido, lo que sig-nificaba que todavía estos herederos, a pesar de perder todo cuanto tenían a cambio de recibir nada, quedarían adeudán-dole la cantidad de $235.

Parece conveniente consignar aquí que aunque no resulta expresamente de los autos que estos herederos finalmente re-cobraran su propiedad, sin embargo puede inferirse que han debido lograrlo, puesto que conforme declaró el Lie. Ocho-teco, recibió $150 a cuenta de sus honorarios.

A nuestro juicio, las alegaciones de la querella han sido probadas más allá de duda razonable y siendo los actos rea-lizados por el abogado Armando A. Miranda constitutivos de conducta inmoral en el desempeño de sus deberes profesio-nales, procede separarlo del ejercicio de la abogacía y del notariado y eliminar sib nombre del Registro de Abogados por el término de un año a partir de la fecha de la sentencia que en este caso se dictará.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Rosa Ortiz Ríos, demandante y apelada, v. Leonardo Viera, conocido también por Manuel Viera, demandado y apelante.
    Núm. 8260.

    Sometido: Junio 5, 1941.

      Resuelto: Julio 29, 1941.

      F. García Veve, abogado del apelante; José Soto Rivera, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción de daños y perjuicios por incum-plimiento de promesa matrimonial y- por seducción en la que la demandante Rosa Ortiz Ríos alegó en su demanda radicada en la Corte de Distrito de San Juan el 29 de noviembre de 1938 que en noviembre 4 de 1937 y antes de dicha fecha era nna mujer soltera, mayor de 21 años de edad, virgen, residente en Santurce y de excelente buen nombre, reputada por pura y de intachable carácter casto, siendo el demandado Leonardo Viera conocido por Manuel Viera, reputado como hombre de buena conducta moral, trabajador, honrado y muy cumplidor de sus compromisos y de desahogada posición económica; que el demandado llevó relaciones amorosas con la demandante durante más de un año habiéndole ofrecido contraer matrimo-nio con ella tan pronto obtuviera el divorcio de su esposa, de quien vivía separado; que el demandado visitaba a la de-mandante en su casa, la sacaba a pasear frecuentemente y la presentaba a sus amigos y relacionados como su novia y futura esposa; que la demandante confiada en las promesas del demandado de casarse con ella, en su buena reputación como hombre sano, formal y cumplidor de sus compromisos, salía sola con él a paseos, y el 4 de noviembre de 1937 el demandado la requirió para que le entregara su persona, le ofreció de nuevo casarse con ella tan pronto se divorciara y comprarle y amueblarle una casa y atender a todas sus ne-cesidades y ayudar a su madre que era viuda; que debido a esas promesas engañosas y al mismo tiempo que con sus caricias fué el demandado venciendo la resistencia de la de-mandante y creando en ella el deseo impropio que él quería realizar y que realizó gozando entonces de su virginidad; que la demandante y el demandado vivieron juntos como marido y mujer durante dos meses en casa que pagaba el demandado y por discordias la demandante se marchó para su hogar donde residió cinco o seis meses habiendo vuelto el deman-dado a visitarla y haciéndole nuevas promesas de cumplirle todo lo que le había prometido antes y consiguió que ella volviera a vivir con él como marido y mujer; que como con-secuencia de estas relaciones la demandante está embarazada 31 abandonada por el demandado desde hace dos meses ne-gándose desde esa fecha a pagarle la habitación y a sumi-nistrarle la pensión alimenticia qne le tenía asignada; qne el demandado lia dejado de cumplir todas las promesas qne hizo a la demandante, incluso la de casarse con ella, no obs-tante estar en condiciones legales de poderlo efectuar por haberse divorciado de su esposa. La demandante alega ade-más haber perdido su reputación, no poder contraer matri-monio con otro hombre, haber perdido su salud y como con-secuencia ha sufrido daños y perjuicios que estima en la suma de $5,000.

El demandado en su contestación negó todos los hechos alegados en la demanda y como materia nueva alegó lo si-guiente :

“1. Que la demandante en las fechas que se alegan en la demanda, según información y creencia del demandado, la que cree ciertas de buena fe, recibía visitas de hombres en su casa tanto de día como a altas horas de la noche y que salía en unión de éstos tanto de día como de noche regresando siempre a su casa a altas horas de la noche.
“2. Que la demandante además para la fecha o fechas que se alegan en la demanda tenía un novio nombrado Jorge, empleado del Colmado Vela de Santurce, con el que salía a todas partes tanto de día como de noche y quien la visitaba en su casa, saliendo de ella a altas horas de la noche.”

Y como defensas especiales alegó que:

“1. La demanda de epígrafe no aduce hechos suficientes consti-tutivos de una causa de acción.
”2. Que la acción para el resarcimiento de daños y perjuicios entablada por la demandante en este caso está prescrita a tenor de lo dispuesto en los artículos 1868, inciso 2, y 102 del Código Civil vigente de Puerto Rico, edición do 1930.”

Por haber fallecido el juez ante quien se celebró el juicio el caso fué sometido a otro juez de la corte inferior, para ser resuelto, como lo fué, por la prueba presentaba por las par-tes según aparecía de la transcripción de la evidencia. La corte inferior dictó sentencia por la que declaró con lugar la demanda y condenó al demandado a pagar a la deman-cLante $2,000, más las costas y $300 como honorarios de abo-gado, en concepto de daños y perjuicios, y de ella apela el demandado imputando a dicha corte cinco errores, a saber: primero, al resolver que era un error clerical el cambiar en la demanda la fecha de 4 de noviembre de 1936 por la de 4 de noviembre de 1937 como la fecha en que se cometió la seducción, especialmente por haberse solicitado esta enmienda en el momento del juicio; segundo, al declarar que la causa de acción ejercitada no está prescrita a tenor de las dispo-siciones de los artículos 1802 y 1868, inciso 2, del Código Civil (ed. 1930); tercero, al apreciar la prueba, actuó mo-vida por pasión, prejuicio y párcialidad; cuarto, al declarar .sin lugar, tres meses después de presentada, la moción de reconsideración de sentencia radicada por el apelante; y quinto al imponer las costas al apelante.

El primer señalamiento carece de méritos. La facultad de las cortes de distrito para permitir enmiendas a las alegaciones es amplia y a menos que se demuestre que al ejercitar su discreción lo han hecho perjudicando los derechos de la parte contraria no será motivo de revocación. En el caso de autos la demandante notificó antes del juicio al demandado que había un error clerical en la demanda y que donde decía 1936 debía entenderse que era 1937. Antes de empezar el desfile de la prueba el día del juicio la demandante solicitó de la corte se tuviera por enmendada dicha fecha y aunque el demandado se opuso no solicitó la suspensión del juicio ni tiempo para alegar contra la demanda así enmendada. Además, el demandado en su contestación negó todos los hechos de la demanda, es decir, negó que tanto en 1936 como en cualquiera otra fecha tuviera relaciones de clase alguna con la demandante.

El segundo señalamiento levanta una cuestión legal nueva en esta jurisdicción, es decir, si, aceptando como debemos de acuerdo con nuestra propia jurisprudencia sentada en los casos de Román v. Vázquez, 29 D.P.R. 791 y Torres v. Sucn. Cordova, 31 D.P.R. 897 que esta clase de acciones surgen del artículo 1802 del Código Civil y que de acuerdo-con el inciso 2 del artículo 1868 del mismo Código prescri-ben al año, ese término prescriptivo debe empezarse a con-tar desde que ocurrió el primer acto carnal entre las partes o desde que terminaron las relaciones entre ellos.

En el caso de autos se probó que el primer acto carnal' ocurrió el 4 de noviembre de 1937 y la demanda se radicó el 29 de noviembre de 1938 o sea veinticinco días después de expirado el año. La corte inferior al resolver que la acción, no babía prescrito se expresó así en su opinión:

“Pero aunque sostenemos que el término de prescripción es el de un año, sin embargo, creemos que la acción en este caso no había prescrito al presentarse la demanda. Aunque el primer acto carnal ocurrió en noviembre 4, 1937, sin embargo, es lo cierto que la deman-dante continuó viviendo con el demandado por espacio de dos meses repitiendo los actos carnales durante todo ese tiempo y estando bajo la influencia del demandado y de sus halagos, artificios, maquina-ciones y de sus falsas promesas; y sostenemos, que cuando talbs el caso, el término de prescripción no comienza a correr sino desde la. ocurrencia del último acto carnal. Y no puede menos de ser así. Sostener lo contrario sería prácticamente poner en manos del mal-hechor el tremendo poder de abolir la acción de daños y perjuicios por seducción. Todo lo que tendría que hacer el seductor es con-tinuar sus halagos, sus falsas promesas, sus artimañas y maquina-ciones, fácil de hacer pues tiene a la víctima bajo su control, mante-nerles por el período de prescripción, y transcurrido éste, salir triunfante, cínicamente orgulloso de su obra, a sabiendas que la infeliz mujer no ha de tener ningún recurso contra él.

Es cierto que existe dicta en contrario de nuestra proposición, pero podemos afirmar, que en nuestra intensa búsqueda, en todos los. casos con los cuales nos hemos tropezado, los tribunales, al confron-tarse con el problema, han resuelto uniformemente que cuando de actos carnales continuos se trata realizados bajo las mismas falsas, promesas y halagos la prescripción no comienza a correr sino desde la realizacióñ del último acto carnal. El caso de Franklin v. McCorkle, (Tenn.) (1886), 57 Am. Rep. 244, citado por el demandado, y que -sostiene su contención fué revoeado posteriormente por la Corte-Suprema de Tennessee en los casos de Davis v. Young, 16 S. W. 473 y Ferguson v. Moore, (1897) 39 S. W. 341 y Heggie v. Hayes, (1919) 208 S. W. 605, en los cuales se sostuvo terminantemente que la pres-cripción no comenzaba a correr sino desde la fecha del último con-tacto carnal. Es cierto que en la nota a este último caso en 3 A.L.B. 150, el comentarista sienta la regla general que la prescripción corre desde el primer acto carnal pero es lo cierto que los tres casos que cita, Davis v. Boyett, (La.) 66 L.R.A. 258, Wilboit v. Hancock, 5 Bush (Ky.) 567 y Dunlap v. Linton, (Pa.) 22 A. 819 no sostienen su proposición. Hemos leído a Davis v. Boyett y Dunlap v. Linton y en ambos se trataba de una demanda donde se alegaba un solo acto carnal, no de actos continuos y repetidos, y desde la fecha en que aquél ocurriera hasta la demanda había transcurrido con exceso el término de prescripción. Es claro que en ambos casos la corte no tuvo ante sí el problema que ahora resolvemos. No hemos leído el otro caso allí citado de Wilboit v. Hancock, pero el mismo comen-tarista se encarga de expresar que lo dicho fué obiter.

“El otro caso comentado, Rockwell v. Day, (Wash.) (1918), 172 P. 754, la corte expresamente al principio de la opinión dijo que se abstenía de sentar ninguna regla que sirviera de guía para todos los litigios; allí alegó la demandante que el primer acto carnal ocurrió en abril 9, 1909 y las relaciones ilícitas continuaron hasta diciembre 20, 1913; la demanda fué presentada el 5 de diciembre de 1916. El término de prescripción era de tres años. La corte sostuvo en aquel caso lo que nos parece una regla saludable. Esta-bleció la premisa que la demandante tenía una causa de acción desde la fecha del primer acto carnal, abril 9, 1909, y concedió que ella continuaba hasta el rompimiento de sus. relaciones y por tres años con posterioridad a esa fecha; pero que esa regla requería que el contacto fuese continuo y bajo la influencia de la promesa original; pero que la demandante se separó del demandado en mayo, junio julio de 1912 yéndose a Portland; y que en septiembre 1912, cuando reanudó su vida marital lo hizo voluntariamente, y sin exigir una nueva promesa, sosteniendo entonces que desde esa fecha comenzó a correr la prescripción.”

En el caso de Gunder v. Tibbitts, (Ind.) 55 N. E. 762,. también citado por la corte inferior, se resolvió lo siguiente:

“Los apelantes citan los casos de Franklin v. McCorkle, 16 Lea, 609; Dunlap v. Linton, 144 Pa. St. 335, 22 A. 819; Safford v. People, 1 Parker, Cr. R. 474; Cook v. People, 2 Thomp. & C. 404; People v. Nelson, 153 N. Y. 90, 46 N. E. 1040; People v. Clark, 33 Mich. 112. Los últimos cuatro casos sostienen la regla de que en casos criminales el estatuto empieza a correr desde que tuvo lugar el primer acto sexual. El caso de Franklin v. McCorkle, supra, fué revocado en Davis v. Young, 90 Tenn. 303, 16 S. W. 473, donde se dijo: ‘La seducción se compone de los varios actos carnales entre las partes, y no se le permitirá al demandado que limite el remedio de la mujer al primer acto ilícito, como el único constitutivo de la seducción, y que se releve de responsabilidad, una vez demandado, al probar que el primer acto carnal ocurrió más de doce meses antes de radicarse la demanda. Tal limitación confiere al hombre inmoral el poder para causar la ruina de una mujer cándida y entonces, ganándose la con-fianza e inspirando esperanzas en su víctima, seguir gozando de ella a su voluntad, y al fin olvidarse de todas sus decepciones crueles, e insultar la desgracia ocasionada por él, alegando que el estatuto de un año empieza a correr desde el primero de sus actos villanos. No debe permitirse que una persona que confiese su infamia pueda, multiplicando las evidencias de esa infamia, relevarse de toda respon-sabilidad por sus consecuencias. El sostener que, en un caso de una promesa de matrimonio hecha maliciosamente para los fines de seducir a una mujer, con el primer acto ilícito se consuma el delito, y el estatuto entonces empieza a correr, es ofrecer un premio a las personas sin escrúpulos y tentarlas a cometer muchos actos delictivos para así evadir las consecuencias de sits actuaciones, haciéndolas saber que cuanto más tiempo engañen a una cándida mujer, tanto más seguras estarán de evadir la justicia. Franklin v. McCorkle, 16, Lea, 609, queda revocado.’ Y en Ferguson v. Moore, 98 Tenn. 342, 39 S. W. 341, la misma regla fué aplicada en una acción traída por una muchacha por su seducción. En People v. Millspaugh, 11 Mich. 277, y Norton v. State, 72 Miss. 128, 16 So. 264, y 18 So. 916, se resolvió que en casos criminales el estatuto no empieza a correr sino desde que tuvo lugar el último acto carnal, bajo promesa de matri-monio. Las citas anteriormente dadas de Haymond v. Saucer, 84 Ind. 3, y McCoy v. Trucks, 121 Ind. 292, 23 N. E. 93, parecen estar en armonía con la doctrina de que dichos actos sucesivos constituyen solamente una ofensa, consumada en el último acto. ¿Y por qué no debe ser esto así? Si se comete un acto bajo cualquier clase de com-pulsión, la justicia exige que el demandado no pueda contar el tiempo que sostuvo la demandante bajo su control, como parte del término de prescripción. Al resolver que esta acción civil no está prescrita, parece innecesario decir que no estamos decidiendo lo que sería la regla en procesos bajo el Código Penal.”

Hemos citado, en extenso, tanto los razonamientos' ex-puestos por la corte inferior, como los del caso de Gunder v. Tibbitts, supra, porque en ellos se condensa toda la juris-prudencia de las cortes americanas sobre la cuestión legal envuelta. Como dijimos antes, la cuestión es nueva en esta jurisdicción, pero el apelante sostiene que es una de lex scripta y que, por tanto, no importa cómo la hayan resuelto en otras jurisdicciones aquí debemos hacerlo aplicando el in-ciso 2 del artículo 1868 del Código Civil (ed. 1930) que dis-pone :

“Artículo 1868. — Prescriben por el transcurso de un año:
“1. ........
“2. La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1802 desda que lo supo el agraviado (Itálicas nuestras.)

En la interpretación de este precepto debe tenerse pre-sente lo que dispone el artículo 1869, a saber:

“Artículo 1869. — El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no baya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.” (Itálicas nuestras.)

Consistentemente este tribunal ha resuelto que en las ac-ciones por daños y perjuicios el término pr-escriptivo de un año comienza desde que supo del daño la persona agraviada. Busó v. Martínez, 18 D.P.R. 1035; Blanco v. Hernández, 19 D.P.R. 808; Silva v. Luce & Co., 44 D.P.R. 318 y González v. Pérez, 57 D.P.R. 860. Pero, la cuestión a resolver en el caso de autos es .¿cuándo puede considerarse que la deman-dante agraviada supo del daño que le había ocasionado el demandado? No debemos olvidar la naturaleza especial de la causa de acción ejercitada. Es una de daños y perjuicios por seducción y por incumplimiento de promesa matrimonial. Ta este Tribunal Supremo ha resuelto que en esta clase de acciones la promesa de matrimonio puede ser solamente “una •circunstancia concomitante para hacer precisa la seducción”, Román v. Vázquez, 29 D.P.R. 791, 795, pero, en el más reciente de Aponte v. Alonso, 46 D.P.R. 549 se expresó más ampliamente la doctrina aplicable así:

“Los tribunales ban resuelto que la promesa de matrimonio es uno de 'los medios a que acude con frecuencia el seductor para realizar su propósito; pero que esta promesa no es en modo alguno un ele-mento necesario e imprescindible para que se cometa la seducción. Es decir, el acto carnal puede perpetrarse y cometerse la seducción sin que exista promesa de matrimonio. En el caso de Bradshaw v. Jones, 103 Tenn. 331, 76 Am. St. Rep. 655, la corte dijo:
“ ‘Cualquier acto, ruego o manifestación que venza la resistencia de la mujer y culmine en su rendición, es suficiente.’
“De acuerdo con la doctrina expuesta, la perjudicada no está necesariamente limitada a probar la promesa de matrimonio. Su esfera de acción es más amplia, ya que puede probar, aunque no exista la referida promesa, que fué inducida al acto carnal mediante artificios, engaños o maquinaciones del seductor. Sin embargo, la promesa de matrimonio, cuando existe y se ha realizado el acto carnal bajo su exclusiva influencia, es suficiente para constituir una causa de acción. El comercio carnal por sí solo no es bastante, pero sí lo es, cuando es la consecuencia de la promesa de matrimonio.”

En el caso de autos la prueba demostró, según las con-clusiones que de ella hace la corte inferior en su opinión y que, por el examen que hemos hecho de la transcripción de evidencia, consideramos correctas, que la demandante se en-tregó al demandado porque éste la enamoró y llevó relacio-nes públicas como novio con ella durante un año y le ofreció casarse con ella tan pronto se divorciara de su esposa, de quien estaba separado, y que le compraría una casa y ayu-daría a su madre viuda. Ella se entregó al demandado el 4 de noviembre de 1937 y vivió con él dos meses, separándose de éste en enero de 1938 al ver que no le cumplía. Ella se fué entonces a vivir a casa de una tía en Cayey. A los tres meses la demandante volvió a Santurce a casa de su madre y el demandado de nuevo insistió en sus ofrecimientos y promesas y ella, creyendo en ellas, volvió a vivir con él allá para el mes de mayo de 1938, y al mes siguiente o sea el 10 de junio de 1938 la esposa del demandado obtuvo sentencia de divorcio a su favor en la Corte de Distrito de San Juan por la causal de abandono, lo que tiende a demostrar que efec-tivamente el demandado estaba separado de su esposa. Para esa fecha ya la demandante estaba encinta del demandado y aHnsistir en que él le cumpliera su promesa de matrimonio, él la abandonó definitivamente, teniendo ella que ingresar en el Hospital Municipal donde dió a luz una niña.

Esta prueba demuestra el engaño de que fué víctima la demandante. El hecho de que ella llevara relaciones amoro-sas honestas con el demandante durante un año a pesar de ser un hombre casado, demuestra que ella creyó en sus hala-gos y en la promesa de matrimonio que le había hecho. La demandante al entregarse al demandado el 4 de noviembre de 1937 y también al volver y continuar viviendo con él lo hizo confiando en que le cumpliría dicha promesa. ¿Debe sostenerse e interpretarse la ley en el sentido de que fué en la fecha precisa de haber realizado el primer acto carnal que surgió su causa de acción? No podría así resolverse en un caso en que los hechos demuestran que la demandante se en-tregó al demandado y siempre continuó sus relaciones con él confiando en que le cumpliría su promesa de.matrimonio. No fué hasta transcurridos varios meses después del primer acto carnal que el demandado la abandonó, a pesar de estar ella encinta y no cumplió su promesa. Besolvemos que la seduc-ción de la demandante por parte del demandado fué un acto continuo que comenzó el 4 de noviembre de 1937 y terminó ■cuando el demandado abandonó a la demandante. Fué en el momento del abandono que surgió la causa de acción pues fué entonces que la demandante supo del daño que había su-frido.

En el caso que resolvemos la promesa de matrimonio no puede considerarse como una circunstancia concomitante para hacer precisa la seducción, como se dijo en el caso de Bo- mán v. Vázquez, supra, sino qne, los actos carnales continuos entre demandante y demandado se realizaron bajo la exclu-siva influencia y como consecuencia de dicha promesa. La acción no había prescrito.

Por el tercer -error se alega que la corte inferior al apreciar la prueba actuó movida por pasión, prejuicio y parcialidad. Hemos leído cuidadosamente las declaraciones-de los testigos de una y otra parte según aparecen de la transcripción de la evidencia y somos de opinión que no existe el error imputado. Estamos en las mismas condiciones que-el juez sentenciador en lo que a la apreciación de la prueba respecta, ya que el caso le fue sometido por la transcripción de las alegaciones y de la evidencia y él no vió ni oyó decla-rar a los testigos. López v. Rexach, 58 D.P.R. 143. Pode-mos decir, por lo tanto, que el resumen que de la prueba hace la corte inferior en su opinión, aunque no incluye todos los pormenores de lo declarado por todos los testigos, es correcta en cuanto a la conclusión a que llegó en su apreciación. Hice así:

“.. .De la declaración de la demandante, y a la cual le damos-, entero crédito, aparece que ella, una muchacha soltera, virgen, pobre, conoció al demandado que era dueño de un colmado que llevaba su nombre establecido en la carretera de Quintana en Hato Rey allá por el año 1936. La demandante vivía al lado del colmado y el deman-dado comenzó a enamorarla, ofreciéndole que se iba a divorciar de su esposa para casarse con ella, que le iba a comprar una casa y amueblarla; que estaba divorciándose porque su esposa no tenía hijosy que él quería tener un hijo en ella, porque él, teniendo un hijo, la atendería debidamente y la haría su esposa. Le ofreció hablar con la madre; ésta no aceptó porque él era casado; pero él continuó insistiendo; la madre no quería ni la demandante tampoco; pero él continuó persiguiéndola y la iba a buscar al sitio donde ella tra-bajaba en una fábrica de tabaco en la parada 8 siendo su jefe Rafael Ramos. A pesar de que la demandante le decía que no podía aten-derlo porque era casado él continuó ‘andándole detrás' y haciéndole promesas de que se iba a casar con ella; él iba a menudo a la casa de ella hasta que por fin la madre consintió en que pasearan juntos y él la llevaba y la presentaba como su novia; ella no atendió seguido sus requerimientos; por el contrario trataba de evitarlos y en ese sentido pensó en un muchacho que estaba enamorado de ella, Jorge Medina, creyendo ella que quizás atendiendo a Medina, el demandado desistiría de sus ideas; pero éste continuó; y cuando ya hacía como un año que llevaban relaciones y que paseaban juntos en el automóvil del demandado llevándola muchas veces del sitio donde trabajaba a su casa y vice versa se entregó en noviembre de 1937; ella se lo comunicó a la madre y entonces como él estaba casado ella no sabía qué hacer y entonces ella le dijo que tenía que ponerle casa porque su mamá la estaba 'abacorando mucho’ y entonces él le pidió que fueran a buscar una habitación lo que hicieron y se mudaron a una que había en la casa de Juana Estrella en la calle Palacios donde vivieron por espacio de dos meses; que el demandado pagó un mes pero no el otro y no le llevó 'diarios’ ni nada y la demandante no encontraba qué hacerse por la vergüenza que tenía; no sabía dónde irse; no tenía qué comer y con qué pagar la habitación estando también fuera del lado de la familia. Por fin mandó a buscar a la madre y se mudó con ella otra vez. La madre la admitió porque no tenía dónde ir; aunque no lo hizo con mucho gusto por lo que había ocurrido. De allí se fué a vivir a Cayey donde una tía porque la madre siempre la estaba regañando; allí estuvo dos meses y después regresó a casa de la madre. Entonces el demandado al saber que ella había regresado volvió nuevamente con sus promesas de que se iba a portar mejor, que le iba a poner una casa y casarse; la demandante no aceptaba pero él siempre insistía persiguiéndola a la salida del cine y al llegar a su casa, hasta que, dice la demandante, ‘ya, como yo me había ido con él’, pues pensaba y decía que en mi casa no me trataban igual que antes, y como él me perseguía tanto, y yo decía que ya que me había perdido por él que quizás sería verdad las promesas que me hacía él y entonces decidí volverme a ir con él nuevamente.’ Esta reconciliación ocurrió como tres meses después de la primitiva separación y se fueron a vivir a la Calle Martinó núm. 73 en casa de Gregoria Feliciano; esta habitación fué hablada por los dos y entonces él volvió nuevamente a pagarla y atender los gastos de ella, ‘portándose divinamente’; más tarde sólo le daba un peso semanal, después medio peso, hasta que ella no encon-traba qué hacerse y por fin salió de la casa para dar a luz al hospital el 23 de febrero de 1939, donde ingresó como insolvente pues el deman-dado nada hizo para auxiliar a la demandante.
“La declaración de la demandante fué ampliamente corroborada en todos sus extremos, aunque ello no era necesario (Tous Soto v. Chevremont, 31 D.P.R. 381), por los testimonios de la madre Ambrosia Ríos, Juana Estrella, dueña de la casa donde fueron a vivir demandante y demandado, Modesto Flores, vecino de Juana Estrella, Gregoria Feliciano, en cuya casa vivieron después de la reconciliación, su tío el policía insular Jenaro Alicea y Rafael Ramos que declararon sobre la buena reputación que en cuanto a su castidad gozaba la demandante. También presentó la demandante dos casos civiles de divorcio seguidos contra el demandado por su espos°a.
“Contra la prueba fuerte y convincente de la demandante, la parte demandada presentó a Jorge Medina, Félix Rivera Vega, empleado del demandado, Juan Bautista Iglesias, Ramón Rodríguez, otro empleado del colmado, y el demandado Leonardo Viera. No vamos a discutirla detalladamente. En conjunto podemos decir que estuvo muy lejos de destruir la presunción y la prueba de castidad presentada por la demandante. La declaración del demandado no nos merece crédito; negó en absoluto que hubiera tenido contacto carnal con la demandante y que le hubiera ofrecido matrimonio; ni siquiera admitió que la hubiera visitado y que conociera a Modesto Flores y Gregoria Feliciano y que todas sus relaciones con la deman-dante fueron únicamente despacharle provisiones cuando iba al colmado a comprar. Creer la declaración del demandado sería con-ceptuar a la demandante como un monstruo de osadía sin límites al imputar a un hombre que simplemente le ha despachado provi-siones y que jamás se ha dirigido a ella, los hechos relatados por ella y corroborados por los demás testigos.... ”

Lo que hace insostenible la posición del demandado es la actitud asumida por él al negar en absoluto toda clase de relaciones con la demandante. La prueba demostró, sin que pueda quedar duda en la mente de un juzgador imparcial, que el demandado se llevó a la demandante a vivir con él primero a una habitación en la casa de Juana Estrella y luego a otra en la casa de Gregoria Feliciano, las que él mismo fue a ha-blar con la demandante y las pagaba. La declaración del demandado negando esos hechos hace increíble el resto de su testimonio y fortalece la de la demandante y la de sus tes-tigos en cuanto a los hechos primordiales del caso. En cuanto a la declaración de los otros testigos del demandado, y espe-cialmente la de Jorge Medina, en que hace hincapié el de-mandado en su alegato, somos de opinión que la corte inferior no actuó movida por pasión, prejuicio o parcialidad al no dar crédito a sns testimonios. Sns declaraciones fueron manifiestamente exageradas y la forma enérgica en que la demandante declaró rebatiendo esa prueba, justifica la con-clusión de la corte inferior al no darle crédito.

El cuarto señalamiento se refiere al becbo de baber la corte inferior declarado sin lugar, tres meses después de presentada, la moción de reconsideración de sentencia radicada por el apelante. Los autos del caso demuestran que la sentencia se dictó el 23 de mayo de 1940 y que la moción del demandado solicitando su reconsideración se radicó el 29 de mayo del mismo año y que no fué basta el día 28 de agosto de 1940 que la corte inferior dictó un “no ha lugar” sobre la misma.

El artículo 292 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal y como quedó enmendado por la ley núm. 67 de mayo 8 de 1937- (Leyes de 1937, pág. 199) dispone en lo pertinente que las cortes de distrito deberán resolver las mociones de recon-sideración de sentencia dentro de los cinco días después de haberse radicado. El error imputado no hay duda alguna de que fué cometido, pero, somos de opinión, sin embargo, de que tomando en consideración todos los hechos concurren-tes no perjudicó los derechos del apelante y no conlleva, por tanto, la revocación de la sentencia.

El último señalamiento se refiere a la imposición de las costas y $300 como honorarios de abogado al demandado apelante. La temeridad del demandado al negar los hechos del caso es manifiesta y, por tanto, no debemos intervenir ■con la discreción de la corte inferior ál imponer la condena ■de honorarios de abogado.

.Se confirma la sentencia apelada.