author: Bu Juez Asociado Senos. Aldbey, En Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Santos Rosa, acusado y apelante.
    No. 2861.

    Visto: Noviembre 23, 1926.

      Resuelto: Julio 30, 1927.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Conclusiones y Veredictos — Veredicto Sobre Prueba Contradictoria. — Cuando el jurado deeidc el conflicto en la prueba, su decisión debe acatarse en apelación, si en ella no existo error.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Errores no Perjudiciales — Resoluciones Dictadas Sobre la Evidencia Presentada— Resoluciones Sobre Mociones para Eliminar Evidencia. — La negativa a eliminar una pregunta, aún cuando ésta sea sugestiva, no es perjudicial, cuando por dicha pregunta se insiste en lo que ya había dicho el testigo con anterioridad.
    3. Derecho Penal — Evidencia—Cuestiones Litigiosas (Issues), y Pertinentes a los Issues y Prueba de Circunstancias Constitutivas del Delito (Bes G-estae) — Relación de la Prueba con el Delito que se Investiga. — Decla-raciones quo se refieren a hechos ocurridos inmediatamente después de un suceso y quo guardan relación con el asunto do la responsabilidad del acu-sado son partes del res gestae y admisibles en evidencia.
    4. Testigos — Credibilidad, Impugnación, Contradicción y Corroboración — Ma-nifestaciones Inconsistentes de Testigos — Testigos que Están Sujetos a Impugnación — Testigos Propios. — Uno puedo repreguntar sus propios tes-tigos sobro una cuestión dada acerca de lo que ellos han manifestado sobre dicha cuestión en ocasiones anteriores, si declaran contrario a lo que uno tenía el derecho a esperar.
    5. Testigos — Del Examen — Modo de Tomar el Testimonio — Memoria del Tes-tigo — Refrescar la Memoria. — memorándums o Escritos que Pueden Uti-lizarse para Ello — Declaraciones Prestadas en el Examen o Investiga-ción Preliminar. — Cuando un testigo declara contrario a lo que él había testificado en la investigación preliminar del caso, el fiscal puede leerle parte do su declaración anterior con el fin de refrescarle la memoria.
    9. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Récord y Procedimien-tos que no Están en Récord — Cuestiones Presentadas para Revisión— Revisión Limitada por el Propio Récord — Omisiones que Impiden Consi-derar las Cuestiones Levantadas. — Levantado como error el haberse admi-tido on evidencia una declaración escrita prestada por un testigo en la in-vestigación. preliminar, cuando el apelante no hace referencia sobre el particular a la exposición del caso ni nada so encuentra en ella sobre dicho particular, no hay base para considerar dicha cuestión en apelación.

      Resuelto en reconsideración: Noviembre 30, 1927.
    Testigos — Credibilidad, Impugnación, Contradicción y Corroboración — Ma-nifestaciones Inconsistentes dh Testigos — Evidencia para Sostener al Testigo Tachado — Prueba de Manifestaciones Consistentes con la De-claración Impugnada. — Cuando se ha tachado la veracidad do un testigo por declaraciones contradictorias no puedo ser rehabilitado demostrando con una declaración suya anterior que en otras ocasiones el testigo hizo manifes-taciones consistentes con la declaración impugnada; pero como no hubo ma-infestaciones contradictorias del testigo sino el haber dejado de deelarar acerca de hechos sobre los cuales no fué preguntado y sobre los cuales no se demostró que tuviera el deber o la oportunidad de hablar, la admisión de su declaración anterior al juicio no es motivo para revocar la sentencia ape-lada.
    SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), declarando culpable al acusado de Homicidio Voluntario, con costas.

      Confirmada.

      Buenaveniiora Estoves, abogado del apelante; •/osé E. Figueras, abo-gado de El Ptiehlo, apelado.
   Bu Juez Asociado Senos. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Santos Rosa fné acusado del delito de asesinato en se-gundo grado por haber dado muerte a Manuel Torres y habiendo sido convicto en el juicio por un jurado del delito de homicidio voluntario, solicitó la celebración de un nuevo juicio y habiéndole negado la corte esa pretensión dictó sentencia condenándolo a la pena de tres años de presidio, interponiendo entonces apelación contra la negativa de nuevo juicio y contra la sentencia.

Para sostener el apelante sus recursos alega seis moti-vos de error refiriéndose los cinco primeros a errores que dice haber’ sido cometidos por la corte en la admisión de ciertas pruebas en el juicio y el sexto a que el veredicto del jurado y la sentencia son contrarios a las pruebas y a la ley. Comenzaremos por el último porque conociendo los hechos desde luego será más fácil decidir los otros motivos de error.

Aparece de la prueba de cargo que en la mañana del 2 de septiembre de 1924 estaban en una calle del pueblo de San Sebastián sentados en unos barriles y conversando, Manuel Torres, ahora interfecto, Tomás Montalván, cono-cido por Villa y Santiago López, cuando llegó allí Alejandro Rosa, conocido por Pito Rosa, hermano del acusado y le pegó una bofetada a Manuel Torres, quien entonces se le fué encima con algo que sacó del seno, que algunos testigos dicen ser un puñalito o un cuchillo envuelto en un papel, corriendo entonces Pito Rosa hacia la tienda que su her-mano Santos Eosa tenía muy cerca de aquel sitio, pidiendo auxilio a su dicho hermano, diciendo que lo mataban: que Manuel Torres se quedó en el sitio en que estaba con los otros dos y que habiendo salido Santos Eosa de su tienda con un revólver en la mano se dirigió hacia Manuel Torres al que hizo un disparo, como a cuatro o cinco metros de dis-tancia sin herirlo, después del cual Manuel Torres se fue para encima del acusado con un puñalito en la mano en cuyo momento Santos lo buscó más bajo con su revólver haciéndole dos disparos más, hiriéndole con el segundo de ellos, que le produjo la muerte pocos momentos después, volviéndose a la tienda, en la que según algunos testigos infirió con un cuchillo una herida en un brazo a su hermano Pito para hacer creer que lo hirió Manuel Torres.

La defensa del acusado aceptó en el juicio que Santos Eosa disparó contra Manuel Torres y lo mató, pero trató de probar que lo hizo en defensa de su hermano Pito, a cuyo efecto presentó prueba de que cuando Pito Eosa gritaba pi-diéndole auxilio y cuando salió con el revólver y disparó a Manuel Torres éste iba con un cuchillo persiguiendo a su hermano, y que Manuel Torres era un hombre peligroso y pendenciero que había sufrido condenas por escalamiento, hechos que eran conocidos por el acusado, según éste declaró.

Si los hechos ocurrieron como los expone la prueba de la defensa el acusado había obrado en defensa de su her-mano y estaría exento de responsabilidad criminal de acuerdo con los artículos 52 y 54 del Código Penal, pero de la prueba de cargo no resulta justificada la muerte causada por el apelante porque según ella Manuel Torres no estaba persiguiendo ni tratando de herir a Pito Eosa cuando el apelante le disparó y lo mató; y como el veredicto de cul-pabilidad del jurado demuestra que decidió el conflicto de esa evidencia dando crédito a la prueba del fiscal, debemos acatar su decisión ya que en ella no existe error.

Ahora estamos en condiciones de decidir los otros moti-vos de la apelación.

Se funda el primero en haber declarado la corte sin lugar la petición de la defensa para que fuese eliminada la siguiente pregunta del fiscal al testigo de cargo Santiago López: “¿Entonces Manuel Torres no lq siguió?”

Ese testigo declaró que estando sentado en unos barri-les con Villa y con Manuel Torres llegó Pito Eosa y le pegó una bofetada a Torres quien se le fue para encima con una cosa que sacó del seno, habiendo corrido entonces Pito Eosa llamando a su hermano, diciendo, “¡Ay, Santos, que me matan!” y que el declarante, Villa y Manuel Torres se •quedaron allí parados, preguntándole el fiscal “¿Entonces Manuel Torres no lo siguió?” contestando el testigo, “No, señor.” Después de esa respuesta la defensa solicitó que fuese eliminada la pregunta por ser sugestiva pero la corte negó esa petición.

Como el testigo había declarado antes de hacerle esa pregunta que Manuel Torres se había quedado en el sitio que estaba, no vemos en qué pueda perjudicarle, aun siendo sugestiva, pues no tenía otro objeto que insistir en lo que ya había dicho el testigo.

El segundo y tercer motivo de error los trata conjuntamente el apelante y lo mismo haremos nosotros. Son ellos por haber permitido la corte al testigo Juan Pérez que declarase sobre lo que hiciera Santos Eosa a su hermano Pito después del suceso; y por haber permitido al fiscal examinar a dos de sus testigos sobre hechos ocurridos después de la muerte de Manuel Torres, independientes del asunto en controversia y que no formaba parte del res gestae. Dichas preguntas se referían a la herida que al regresar a la tienda dió Santos Eosa a su hermano Pito en un brazo.

Esas declaraciones son partes del res gestae porque se refieren a un hecho ocurrido inmediatamente después de los tiros disparados a Manuel Torres y guardan relación con el asunto de la responsabilidad del acusado.

El cuarto y quinto motivo los trata también con-juntamente el apelante en su alegato. Uno de ellos es por haber resuelto la corte inferior que el fiscal podía exami-nar a su testigo Juan Cubero sobre lo que babía declarado antes del juicio al fiscal y al Juez Municipal de San Sebas-tián; el otro es por haber permitido que el fiscal leyera a sus testigos las declaraciones prestadas por ellos ante el Juez Municipal en la investigación preliminar que practicó’ en este caso, y al admitir como evidencia una de dichas declaraciones.

Ocurrió en el juicio de este caso, como sucede en muchos?, que algunos testigos del fiscal declararon alguna cosa dis-tinta de la que habían testificado en la investigación preli-minar del caso y el fiscal les leyó parte de sus anteriores declaraciones para refrescarles la memoria.

El" artículo 243 del Código de Enjuiciamiento Criminal permite a la parte que presenta un testigo contradecirlo demostrando que en ocasiones anteriores ha hecho mani-festaciones que no coneuerdan con su actual declaración y eso fué lo que hizo el fiscal en este caso. En el caso de El Pueblo v. Jacobs, 49 Cal. 384, se dijo lo siguiente:

“Existe indudablemente alguna confusión en las decisiones res-pecto a ésta y a cuestiones similares sobre el extremo a que una-parte puede llegar al contradecir las declaraciones de- sus propios testigos si inesperadamente declaran en su contra. La regla que más de acuerdo está con la razón, opino, es la sentada en Greenleaf, tomo 1, sec. 444-2; Redfield’s edition; . . . Uno puede repregun-tar sus propios testigos si éstos declararen contrario a lo que uno tenía el derecho a esperar, acerca de lo que el testigo había mani-festado sobre dicha cuestión en ocasiones anteriores, ya fuere en la corte o en cualquier amplia oportunidad de exponer la cuestión clara-mente ante el jurado. Pero uno no puede hacer esto con el único fin de desacreditar la veracidad del testigo; ni puede permitírsele que pruebe las manifestaciones contradictorias del testigo en otras ocasiones, sino que está limitado a probar los hechos mediante otra prueba. ’ ’

En este caso el fiscal leyó sus declaraciones anteriores a esos testigos para que explicasen sus contradicciones y ellos aceptaron que era verdad lo que constaba en las de-claraciones escritas que se leyeron. En cnanto a qne se ad-mitiera como evidencia del fiscal una de esas declaraciones escritas, ni el apelante hace referencia en este particular a .la exposición del caso ni nosotros encontramos en ella tal cosa.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino.

EN RECONSIDERACIÓN

No. 2861. — Resuelto-: Noviembre 30, 1927. o

En Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la opinión escrita al confirmar nosotros la sentencia apelada en este caso dijimos lo siguiente: “En cuanto a que se admitiera como evidencia del fiscal una de esas declara-ciones escritas, ni el apelante hace referencia en este particular a la exposición del caso ni nosotros encontramos en ella tal cosa.”

Por esa manifestación se nos pide la reconsideración de nuestra sentencia alegándose que en la exposición del caso consta lo siguiente: “Pise. — Presento la declaración dada por Juan Pérez ante el juez municipal de San Sebastián,, puesto que fia sido impugnada por la defensa, deseo pre-sentarla como prueba para probar que la misma declara-ción que dió aquí boy, la dió ante el Juez Municipal de San Sebastián el mismo día que ocurrieron los becbos. Lla-mando la atención que esta palabra y esto que dice ‘ojo’' con lápiz, son puestos por mí.”

El no baber hecho referencia concretamente el apelante en su alegato a este incidente ocurrido en la declaración de Juan Pérez y el no baber citado la página de la exposición del caso en que se hallaba, como hemos dicho varias veces que debe hacerse para no tener que estar nosotros buscando un particular entre los muchos que suelen ocurrir en el jui-ció, ha motivado nuestro error de decir que no constaba-nada en la exposición del caso, pero, como diremos, no es motivo para dejar sin efecto la sentencia dictada.

Declarando Juan Pérez como testigo del fiscal dijo, en-tre otras cosas, que después de haber disparado Santos Rosa contra Manuel Torres se fue para su tienda- y allí le dio una herida con un cuchillo a su hermano Pito para que dijeran que fue el muerto. A preguntas de la defensa del acusado declaró que las anteriores manifestaciones las ha-bía hecho también al fiscal en su oficina y ante el jurado. Entonces la defensa del acusado manifestó que impugnaba la' declaración* de ese testigo con otra declaración prestada por él en un juicio anterior, en la que no aparece que el tes-tigo declaró sobre la herida hecha por Santos Rosa a su hermano Pito, pero tenemos que hacer constar que sobre ■ese extremo no se le hizo pregunta alguna en el interroga-torio del fiscal ni en el de la defensa.

' Para rebatir esta prueba de la defensa ofreció el fiscal ]a declaración dada por Juan Pérez ante el Juez Municipal de San Sebastián para demostrar que la misma declaración que dió en el juicio la había dado ante dicho juez el día que ocurrieron los hechos y fué admitida con la oposición de la defensa.

Aunque esa declaración prestada por el testigo ante el Juez Municipal de San. Sebastián no ha sido incluida en la transcripción que tenemos ante nosotros, sin embargo, po-demos decir que su admisión no es motivo para revocar la sentencia apelada. La regla general o la mejor regla es que cuando se ha tachado la veracidad de un testigo por declaraciones contradictorias, no puede ser rehabilitado de-mostrando que en otras ocasiones el testigo hizo manifes-taciones consistentes con la declaración impugnada. People v. Doyell, 48 Cal. 85, 40 Cyc. 2760. Según se indica en dicho caso, el mero hecho de hacerse las manifestaciones in--consistentes tendería a impugnar al testigo. Agregarle un poco de peso a una u otra de las manifestaciones inconsis-tentes, al igual que otras materias colaterales, es impropio en un juicio.

No obstante, en este caso no bubo manifestaciones ver-daderamente inconsistentes, sino meramente el becbo de de-jar un testigo de declarar con respecto a liecbos acerca de los cuales nunca fue preguntado y sobre los que no se de-mostró que tuviera el deber o la oportunidad de hablar.

Hecba la aclaración consignada al principio tenemos que declarar que no bay motivo para dejar sin efecto nuestra sentencia en este caso por lo que debe ser negada la moción de reconsideración solicitada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Pacheco Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 3284.

    Visto: Noviembre 9, 1927.

      Resuelto: Noviembre 23, 1927.
    1. Bobo — Acusación Fiscal — Ataque con Intención de Cometer Bobo — Des-cripción de la Propiedad. — En tma acusación por el delito de ataque con intención do cometer robo, no es necesario describir la propiedad que el acu-sado intentaba sustraer.
    2. Indictment t Acusación — Acumulación de Partes, Delitos, Cargos (Counts), Duplicidad y Elección — Duplicidad en General — Delitos Va-rios Parte de Una Misma Transacción. — Cuando un delito es un elemento esencial de otro mayor, la acusación no incurre en duplicidad al imputar ambos delitos; al contrario, se ba resuelto que sería fatalmente defectuosa si así no lo hiciera.
    SENTENCIA de Angel Acosta, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de ataque con intención de cometer robo, con costas.

      Con-firmada.

      Leopoldo Tomes, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo.

   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue convicto de un delito de ataque con in-tención de cometer robo y alega que la acusación no contiene una descripción suficiente de la propiedad en cuestión, a la que se bace referencia solamente como “dinero que llevaba y pertenecía al perjudicado,” — y que la acusación imputa dos delitos porque le acusa no solamente de ataque con in-tención de cometer robo, sino también de acometimiento y agresión.

En el alegato del apelante se cita la Carta Orgánica, el Código de Enjuiciamiento Criminal, el caso de El Pueblo v. Lima, 23 D.P.R. 761, el artículo 222 de nuestro Código Penal, el 220 del Código Penal de California, y los casos de People v. Jones, 53 Cal. 58; People v. Crowley, 100 Cal. 478; People v. Hicks, 66 Cal. 103; People v. Aummerman, 118 Cal. 25-27; El Pueblo v. Piris, 32 D.P.R. 941; El Pueblo v. Castro, 32 D.P.R. 946, y People v. Ball, 14 Cal. 101.

Después de discutir y de establecer la diferencia exis-tente entre los casos mencionados por el apelante, el fiscal cita de la opinión dictada por la Corte Suprema de Indiana en el caso de Hamilton v. The State, 10 Am. Rep. 22, en el que, según se dice en el sumario, “la acusación imputaba al acusado el delito de ataque con intención de sustraer de G. H. J. un billete de $5,” y “se resolvió, que procedía de-clarar al acusado culpable, no obstante el liecbo de que G. H. J. no tenía sobre su persona un billete de $5 en el mo-mento del ataque.”

Sobre este punto se menciona también el caso de People v. Woody, 48 Cal. 80, como que resolvió que—

“Cuando en el juicio se demuestra que un acusado a quien se imputa el delito de ataque con intención de cometer robo se enfrentó con un viandante en la carretera y le apuntó con una pistola y le dijo ‘párese o le disparo,’ es de la incumbencia del jurado determi-nar de los actos del propio acusado, así como de las circunstancias que rodean el caso, si la intención del acusado era cometer el delito-de robo o si fué movido por algún otro fin.”

Finalmente se nos dice que en el caso de State v. Beal, 41 Am. Rep. 490, la Corte Suprema de Obio resolvió que “uno que entra en un edificio con intención de sustraer dinero de una caja de seguridad, es culpable de escalamiento, aunque no baya dinero en dicba caja,” y se nos llama la atención a las notas que aparecen citadas en dicbo caso.

Otro caso más reciente que también viene algo más al pnnto es el de People v. Holden, 13 Cal. App. 354. Pero boy en día es casi innecesario llegar a conclusiones con re-ferencia a cuestiones elementales de procedimiento por me-dio de paridad de razonamientos o por inferencias a for-tiori de situaciones más o menos análogas, o por la regla o precedentes establecidos en relación con las mismas. Y •cuando no estamos dispuestos a dudar de la corrección de decisiones dadas en otras jurisdicciones, no necesitamos an-dar a tientas en busca de razonamientos más satisfactorios para aplicar el mismo principio o regla cuando se presenta a esta corte para su resolución la misma cuestión que ya ba sido resuelta. Tampoco es tarea difícil boy en día de-terminar el estado actual de la ley en relación con cuestio-nes que ocurren frecuentemente en la práctica y acerca de las cuales bay muy poca diferencia de criterio entre los abo-gados.

Así, en el presente caso parece razonablemente claro que—

“Cuando un delito es un elemento esencial de otro mayor, la acusación no incurre en duplicidad al imputar ambos delitos; al contrario, se ha resuelto que sería fatalmente defectuosa si así no lo hiciera.” 14 E.C.L. 195, párrafo 40.

Véase también 23 R.C.L. 1151, párrafo 17:

“Y en una acusación por el delito de ataque con intención de cometer robo, no es necesario describir la propiedad que el acusado intentaba sustraer.” Id. 1163, párrafo 31.

Siguiendo la pauta del texto que acabamos de citar, en el tomo correspondiente del suplemento de dicba obra se nos refiere a una nota sobre el caso de State v. Lewis, Ann. Cas. 1918 A 403, donde bailamos en la página 412, lo si-guiente :

“No se exige la misma particularidad al imputar un delito de ataque con intención de cometer robo como la que se exige al impu-tar el delito completo.”

Y en la misma nota, en la página 414, se dice lo' que sigue:

■ “Las cortes ban establecido como regla general que no es nece-sario, en una acusación por el delito de ataque con intención de co-meter robo, describir específicamente la propiedad que el acusado intentaba sustraer de la persona contra quien dirigió el ataque.”

Hemos examinado un número suficiente de los casos ci-tados en apoyo de la regla establecida por los editores y hemos quedado satisfechos de la corrección de esa regla.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Doña Antonia Bruno Carlot, Vda. de Don Edgardo Vázquez Aguilar y sus hijos Rafael, Enriqueta Ramona, Edgardo Antonio José, Antonio Andrés y Eduardo Enrique Vázquez Bruno, quienes constituyen la actual sucesión de Don Rafael Vázquez, recurrentes, v. Registrador de Guayama, recurrido.
    No. 687.

    Sometido: Agosto 30, 1927.

      Resuelto: Noviembre 23, 1927.
    Terrenos Públicos — Disposición (Disposal) de los Terrenos del Estado — - Puerto Rico — Concesiones de Terrenos — Inscripción.—Para poder inscri-bir en el registro una concesión de terrenos baldíos, debe presentarse el título otorgado a favor del concesionario o copia auténtica del acuerdo de la concesión contentiva de todos los particulares de la misma. La simple nota; dejada en un expediente de que la concesión se bizo y el título fué expedido, no e¡> bastante.
    Nota de B. Pérez Mercado, B. (Guayama), denegando inscripción de certificación sobre concesión de terrenos.

      Confirmada.

      F. Soto Gras y B. Díaz Collazo, abogados' de los recurrentes; el re-gistrador recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada en el Registro de la Propiedad de Guayama. nna certificación expedida por el Comisionado del Interior de Pnerto Rico, basada en el expediente No. 93 titulados “Salinas. — Don Rafael Vázqnez, vecino de Gnayama pi-diendo cien cuerdas en el barrio de Aguirre de dicho partido de Salinas”, a los efectos de inscribir las dichas cien cner-das a favor de los sucesores de Vázquez, el registrador se negó a ello

“por observarse que de esa certificación no aparece transcripción al-guna del acuerdo otorgando la concesión, ni el título expedido a tenor de la misma.”

v No conforme la parte interesada, recurrió para ante esta Corte Suprema.

A nuestro juicio las citas que hacen los recurrentes no son aplicables. El registrador no ha negado autenticidad a la certificación expedida por el Comisionado del Interior. Lo que ha sostenido es que no contiene todo lo que es necesario para verificar la inscripción. Y así es en efecto.

Después de transcribirse en la certificación los varios es-critos del peticionario y los varios acuerdos relativos a dos mismos y a las mensuras, termina así:

“Junio 21 de 1867. Se acordó la concesión del terreno y que se le expida el título. — En 26 de junio se libró el título. — En 27 de junio se remitió el título por conducto del Alcalde de Salinas.”

¿Cómo es posible verificar una inscripción dominical sin conocer los términos en que la concesión se hizo finalmente! Todo lo más que puede demostrar la certificación presentada en el registro es que en junio 21 de 1867 se acordó la conce-sión y que cinco días después se expidió el título que fué remitido al día siguiente al interesado por conducto del Al-calde de Salinas. ¿Pero dónde constan los exactos términos de la concesión! ¿Cómo puede juzgarse si contenía o no todos los requisitos exigidos por las leyes y reglamentos vigentes sobre la materia!

Si existe el acuerdo de la concesión, nada más sencillo que presentar una copia certificada del mismo. Si el título está en poder de los recurrentes, ¿por qué no presentarlo en el registro! Si ambos han desaparecido, medios otorga la ley para acreditar la desaparición y restablecer los hechos, pero con una simple constancia en un expediente de que una concesión se hizo y un título fué expedido y remitido, no hay base para una inscripción de la trascendencia de la que solicitan los recurrentes.

Debe confirmarse la nota recurrida.


text:
    Marcial Suárez Suárez y Atilano Lanzo, demandantes y apelantes, v. Telesforo Hernández et al., demandados y apelados.
    No. 4333.

    Visto: Noviembre 9, 1927.

      Resuelto: Noviembre 23, 1927.
    1. Desahucio — Desahucio en Precario — Procedencia del Mismo — Oonelictos de Títulos. — Cuando ía prueba de los demandados tiende a demostrar que ellos han vivido en la finca como dueños por espaeio de treinta años, aso-ciándose para pagar las contribuciones y permaneciendo la finca indivisa, y que son herederos o sucesores de los primitivos dueños, no procede el de-sahucio.
    2. Desahucio — Desahucio en Precario — Sentencia—En General. — La resolu-ción que declare la no procedencia del desahucio por existir un conflicto de títulos, nada prejuzga; las cortes están abiertas para que, en el pleito ordi-nario qua corresponda, las partos puedan dirimir dicho conflicto.
    SENTENCIA de Pablo Porga, J. (San Juan), declarando con lugar demanda de desahucio, con costas.

      Confirmada.

      C. Coll y Cuchí y Soto Rivera, abogados de los apelantes; Luis A. Castro, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de desahucio dirigido contra cuarenta y dos demandados. La corte de distrito declaró la demanda sin lugar porque entendió que demostrando las alegaciones y las pruebas un verdadero conflicto de títulos, no era el procedimiento de desahucio el apropiado para dirimirlo.

No conformes los demandantes apelaron. liemos estu-diado cuidadosamente los autos y los alegatos presentados por los dichos demandantes y a nuestro juicio la sentencia recurrida debe confirmarse.

La prueba de los demandados tiene más alcance del que le atribuyen los apelantes. Tiende a demostrar que los de-mandados vivían en la finca como dueños desde hace más de treinta años, asociándose todos para pagar las contribu-ciones y permaneciendo la finca en estado indiviso. Fueron dos los primitivos dueños según un testigo y los demás son herederos o sucesores de ellos.

Bajo esas circunstancias era claramente aplicable la re-petida jurisprudencia de este tribunal que dice que cuando surge un conflicto de títulos, no es procedente el juicio de ■desahucio.

En cuanto a que al menos debió declararse con lugar la demanda en relación con algunos demandados diremos que si se estudian bien los testimonios de los que declararon, bay que concluir que se extienden a todos. No existe una prueba ■detallada referente a la condición de cada uno. Pero ello no era necesario. No se trata aquí de resolver en defini-tiva el caso. Parece que todos los demandados están más •o menos ligados por lazos de parentesco y que se entienden entre sí en cuanto al disfrute de la finca. Cada vez que se penetra más en los autos, en la situación que revelan, surge más clara la necesidad y la justicia de la resolución dictada por la corte de distrito.

Dicha resolución nada prejuzga. Las puertas de la corte quedan enteramente abiertas para los demandantes. Pero ■ellos deben acudir a un pleito ordinario en el que lo mismo que ellos tendrán los demandados la oportunidad de escla-recer los hechos en forma tal que pueda dictarse una sen-tencia justa.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Anselmo Ortiz León, demandante y apelante, v. The Porto Rican & American Insurance Co., demandada y apelada.
    No. 4152.

    Resuelto en reconsideración: Noviembre 29, 1927.
    I. Seguros — Acciones Sobre Pólizas — Evidencia—Su Suficiencia — Cuantía de los Daños Sufridos.- — En el caso de autos — acción para recobrar el importe do daños causados por colisión — el Supremo revocó la sentencia a favor de la compañía aseguradora dictando otra a favor del demandante. Solicitada reconsideración fundada en que la corte no tenía base para caleujar el mon-tante de los daños sufridos se resolvió que había prueba, no impugnada, del valor del automóvil al momento del accidente y de su destrucción total para fijar el montante do dichos daños.'
    2. Següeios — Acciones Sobee Pólizas- — Defensas en General — Pago Total d® la Propiedad Asegurada. — El mero hecho do que un padro haya hecho un anticipo a-1 hijo al pasarlo un carro asegurado contra accidentes no empeco para que ésto pueda ejercitar sus derechos bajo póliza quo exija el pago total del vehículo cuando el título de la propiedad ha pasado totalmente a él.
    Mooión sobre reconsideración de sentencia.

      Sin lugar.

      O’Neill & O’Neill, abogados del apelante; F. Soto Oras, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una moción de reconsideración basada en dos fundamentos que se alega no fueron tomados en considera-ción por esta corte. (Véase ante, p. 324.)

Que al revocar la sentencia existente a favor de la demandada, esta corte no tenía una base adecuada para calcular el montante de los daños sufridos por el demandante.. En otras palabras, que no bubo prueba suficiente de los daños causados al automóvil.

La corte inferior en su opinión dijo que el demandante pudo separar los daños causados por la colisión de aqué-llos ocasionados por el incendio, pero que el demandante no babía beebo otra cosa que probar la destrucción total del vehículo. La prueba incontrovertida fue que el automóvil quedó destruido totalmente. También bubo prueba tendente a demostrar que el vehículo al tiempo del accidente valía de $1,200 a $1,300; que el padre del demandante • le regaló parcialmente el automóvil y le cargó $600 para ser descon-tados finalmente de su herencia. El accidente ocurrió dos o tres meses después del traspaso al demandante. En el jui-cio no se trató de atacar el valor del automóvil, según fue declarado por el demandante y sus testigos.

No hallamos que el otro fundamento por el cual se solicita la reconsideración sea en absoluto correcto. La demandada alegaba que el demandante no había pagado el valor total del automóvil, según lo exigía la póliza. La prueba demostró que el título de la propiedad babía pasado totalmente al demandante y que su padre meramente le ba-bía becbo un anticipo de $600.

Se declara sin lugar la moción de reconsideración.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Justino Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 3205.

    Visto: Noviembre 22, 1927.

      Resuelto: Noviembre 30, 1927.
    Derecho Penal — Evidencia—Peso y Suficiencia de la Prueba rara Sostener Convicción. — Una mera sospecha de culpabilidad, por fuerte y bien fundada quo sea, no es suficiente para sostener una convicción en un caso criminal y cuando una corte fundándose en prueba de la cual en su conjunto no se des-prende más que tal sospecha condena a un acusado, ésta comete error mani-fiesto en la apreciación de la prueba.
    SenteNCia de Gabriel Gastejón, J. (Humacao), condenando al acu-sado por delito de abuso de confianza.

      Bevocada, absolviéndose al acusado.

      F. Gervoni Gely, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, quien era un agente y empleado de la Universal Commercial Company a cargo del establecimiento y del negocio de la referida compañía en el municipio de Juncos, fué convicto de un delito de abuso de confianza en diez casos en virtud de otras tantas denuncias radicadas por Félix Bodríguez, otro agente y empleado de la dieba com-pañía, residente en Caguas. Las varias sumas de las que se alega se apropió el acusado ascendían en total a algo más de cien dólares, siendo la partida cubierta por la acusación en este caso una de quince dólares. Al terminar el juicio del presente caso, los nueve casos restantes fueron someti-dos por estipulación por la prueba ya aducida y que se ad-mitió ser la misma sobre la cual se basaron las otras acu-saciones.

Fernando Barreras, la persona a qnien se le habían co-brado los quince dólares, y Félix Rodríguez fueron los úni-cos testigos del fiscal.

Aparte de la identificación de un contrato que se dice haber sido hecho entre el acusado y la Universal Commercial Company, a la que nos referiremos de aquí en adelante como la compañía, de la prueba documental tendente a pro-bar la existencia de dicha compañía y de dos recibos expe-didos por el acusado a favor de Fernando Barreras, de fe-cha 28 de febrero, 1926, la declaración del testigo denun-ciante, Félix Rodríguez, fue en substancia, que él estaba a cargo de otros empleados de la compañía en cierto distrito, quienes trabajaban a sus órdenes, así como de las ventas y cobros; que conoce a Justino Rodríguez, quien era empleado de la compañía en Juncos; que el 2 de marzo el'testigo fué a la oficina de la compañía én que trabajaba Rodríguez y halló que le había cobrado quince dólares a un tal Barreras de los cuales no había dado cuenta a la compañía; que el testigo le preguntó a Rodríguez con respecto al dinero per-teneciente a la compañía y Rodríguez contestó que no lo te-nía y que por esta razón no podía entregarlo; que Rodrí-guez le dijo al testigo que le había cobrado quince dólares a Barreras; que Rodríguez, como empleado de la compañía, tenía el deber de efectuar cobros; que el testigo fué a Juncos con el propósito de inspeccionar la oficina y que los cobros se hacían semanalmente; que el cobro que le hizo Rodríguez a Barreras correspondía al informe del tres de marzo, el cual Rodríguez no hizo; que Rodríguez nunca dió cuenta del cobro que le hiciera a Barreras, el cual debió ha-ber sido incluido en el informe de la primera semana de marzo; (en la repregunta) que el tres de marzo fué miér-coles y que Rodríguez debía rendir su informe semanal el día seis de lo que había cobrado desde el 28 de febrero al dos de marzo; que el testigo radicó la denuncia en este caso el 3 de marzo porque en la opasión en que visitó al acu-sado, éste no tenía el dinero en su poder, y el acusado no podía rendir el informe sin el dinero; que el acusado le manifestó al testigo: “Yo no tengo dinero, métame a la cárcel”; que el testigo no sabe si Rodríguez telefoneó en la mañana del día l9 de marzo informando sobre un escala-miento que se dice baber sido cometido la noche anterior; que el l9 de marzo el testigo fué a Juncos, y Justino le in-formó del robo de la noche anterior; que Justino trabajó durante todo aquel día y el siguiente, y cuando el testigo volvió a Juncos el acusado había cobrado unos cincuenta dólares que deseaba pagarle a un empleado; que Justino no le pagó al testigo en aquella ocasión $37.50 sin entre-garle recibo por los mismos; que no es cierto que la com-pañía jamás le permitiera a Justino que depositara dinero en el banco de Juncos; que lo que prohibió la compañía fué que sus empleados abrieran cuentas personales y expidie-ran cheques personales; que el testigo no tiene conocimiento de un número de otros escalamientos que se habían come-tido en Juncos durante la misma semana; que el testigo no recordaba si Justino le enseñó la puerta por la cual se su-pone que entró el ladrón y si le explicó cómo la misma ha-bía sido abierta; y que Justino había sido empleado de la compañía por siete u ocho meses.

Barreras declaró acerca de la compra que le hizo al acu-sado de un chiffonier y en cuanto al pago de quince dólares por los que se extendieron los recibos ya mencionados.

Juan Amalbert, un policía, ocupó la silla testifical como testigo de la defensa, y dijo que la tienda del acusado fué escalada en la'noche del 28 de febrero y que el acusado dió parte inmediata del escalamiento; que alrededor de esos días se había cometido un número de otros escalamientos en Juncos; que el testigo conoce el sitio en que el acusado tenía su tienda, el cual había sido desocupado anteriormente por la oficina postal por el hecho de que el edificio no ofre-cía garantía alguna para el debido resguardo de su conte-nido. Otro policía, Juan R. Alejandro, declaró que el lu-nes, día l9 de marzo a las seis de la mañana, Justino Rodrí-guez dió parte al cuartel de la policía del escalamiento de su mueblería, la cual fué visitada por el testigo, quien bailó algunas marcas beabas con un instrumento de hierro en la tranca de la puerta que daba acceso a un callejón y la cual estaba abierta, así como un ropero conteniendo ciertos ar-chivos o documentos saturados de aceite; que el testigo vió ciertas pisadas y unas gotas de esperma donde se había guardado el dinero; que el testigo abrió una de las puer-tas que daban a la calle desde afuera metiendo una libreta y levantando la tranca; y que hubo cuatro escalamientos casi al mismo tiempo, uno de los cuales fué perpetrado en el establecimiento de don Alejandro Silva que queda frente al establecimiento del acusado.

Enrique Eeyes, el telegrafista a cargo de la oficina del teléfono de Juncos, dice que Justino Rodríguez fué a la oficina el l9 de marzo a las ocho y cinco de la mañana y pi-dió que lo comunicara con la Universal Commercial Company de Caguas; que Justino se comunicó con la compañía, pero que el testigo no sabe sobre qué versó la conversación.

La declaración de Manuel Julbes, cajero del Eoig Commercial Bank, de Juncos, es al efecto de que conoce muy poco al acusado, que el acusado fué al banco por dos ocasio-nes, una solo y la otra acompañado por otro empleado de la Universal Commercial Company; que Justino quería de-positar un dinero perteneciente a la compañía, manifestando que como agente recibía semanalmente una suma de dinero que tenía que ser enviada a la oficina principal, que la com-pañía no había autorizado la compra de giros postales, e inquirió con respecto al método por el cual podría obtenerse el resultado deseado sin que él o la compañía incurrieran en gastos; que el testigo informó a Justino y al otro agente de la compañía que si deseaban depositar tendrían que pa-gar una pequeña comisión, a lo que respondió el agente úl-timamente mencionado que no se podía pagar nada como co-misión; y que la razón por la cual no se depositó dinero al-guno fue que ellos no querían pagar comisión por concepto de depósitos.

Julio Rosa, un agente y empleado anterior de la compa-ñía en Juncos, declara sobre una experiencia algo similar con respecto al dinero manejado por él y en relación con sus esfuerzos para gestionar los depósitos.

La historia del acusado es que el día l9 de marzo, como a las seis de la mañana, abrió la “Universal” a cargo de la cual estaba y halló una puerta abierta; que su primera im-presión fué la de que su ayudante hubiera podido dejar la puerta abierta a causa de un olvido, pero que al ir en se-guida a ver el dinero y los papeles que el acusado conser-vaba en el ropero, lo halló todo en desorden, el ropero abierto y unas gotas de esperma esparcidas por allí, en adición' al hecho de que había desaparecido el dinero; que el acusado procedió inmediatamente a dar cuenta del caso al cuartel de la policía; que el dinero robado ascendía a la cantidad de ciento sesenta dólares, incluyendo quince dólares que le había cobrado a Fernando Barreras; que más tarde el acu-sado cobró $37.50 que le entregó a Félix Rodríguez, agente de la compañía en la oficina del acusado, donde Rodríguez exigió que se le entregaran para él a su vez ingresarlos en la compañía; que en tres o cuatro ocasiones el acusado hizo gestiones para efectuar los depósitos en el banco, pero la compañía se opuso a ello para evitar así el pago de la comisión que cobraba el banco, y el acusado no podía pa-garla de su bolsillo; que el día 1° de marzo, como a las ocho y media de la mañana, el acusado informó de este escala-miento a la compañía, por teléfono, solicitando que se en-viara alguien allí, llegando poco después Félix Rodríguez a Juncos; que Félix Rodríguez manifestó su creencia de que el dinero había sido robado debido a la negligencia del acu-sado, pero le dijo al acusado que no se apurara, que él, Félix Rodríguez, creía que el acusado no iba a perder su colocación por ciento cincuenta dólares; que la zafra estaba próxima a comenzar y el acusado estaría en condiciones de ganar más que suficiente para reembolsar los ciento sesenta dólares, sugestión que el acusado no aceptó por creer que ello perjudicaría su conducta, porque eso equivaldría a la admisión de un acto del cual el acusado no era culpable j .que Rodríguez no le dió recibo alguno por los $37.50 que el acusado le entregó, y que Rodríguez nunca le daba recibos cuando venía a cobrar; que la transacción con Fernando Barreras ocurrió en febrero 28 y el acusado tenía la costum-bre de enviar los informes a la compañía los lunes, y el B de marzo era miércoles; (en la repregunta) que el acusado sólo tenía en su oficina dinero y muebles, y que el dinero fué lo único que desapareció; que el acusado solía llegar a su oficina a las seis, seis y media o siete, y que la conversa-ción telefónica la había tenido con Félix Rodríguez, infor-mándole de lo que había ocurrido; que el acusado no le exigió a Félix Rodríguez recibo por los $37.50 debido a la confianza que el acusado tenía en dicho Rodríguez; que el acusado nunca sospechó que Félix Rodríguez haría una cosa semejante.

Andrés Agosto, trabajaba con el acusado y dijo que el lunes, el día siguiente al escalamiento, Félix Rodríguez llegó’ a Juncos y Justino le pagó en presencia del testigo $37.50, y que Félix volvió el martes.

Francisco Rivera, quien, había comprado una nevera a plazos, fué otro testigo ocular de la entrega de los $37.50,. y fija las dos de la tarde del martes como la hora de esta entrega.

Carlos García de la Noceda, un abogado en ejercicio, nos dice que Félix Rodríguez, en la oficina del testigo en Juncos y en presencia suya, le dijo al acusado: “Yo no te-quiero hacer daño, y te ayudo con cuarenta o cincuenta dó-lares a arreglar eso. Ayúdame a liquidar las cuentas y si-gue trabajando con la compañía”; que Justino se negó a aceptar esta proposición porque tal aceptación equivaldría a admitir su culpabilidad.

Félix Rodríguez, en la prueba de refutación (rebuttal)r niega que Justino Rodríguez lo llamara por teléfono. In-siste en que la conversación a que se refiere García de la Noceda no tuvo lugar en la oficina de dicho ahogado y dijo que mientras el testigo estaba con otro abogado, Villam.iL, García de la Noceda llamó al testigo y le propuso un arre-glo en la oficina del juzgado de paz; que lo que querían era tapar el asunto.

De acuerdo con sus propias manifestaciones, Félix Ro-dríguez estaba a cargo de los agentes y empleados, así como de los cobros hechos en su distrito. También él parece ha-ber sido más o menos responsable de la selección y empleo de Justino Rodríguez. El puede o no ser responsable del hecho de que la compañía se negara a permitir que su re-presentante legal en Juncos depositara en el Roig Commercial Bank el dinero cobrado por él. De todos modos, Félix Rodríguez comparece a nombre de la compañía en el con-trato sobre arrendamiento de servicios efectuado entre dicha compañía y Justino Rodríguez, y la manifestación de Félix Rodríguez mientras declaraba como testigo al efecto de que la compañía no se oponía a que se hiciera tal depó-sito, está directamente controvertida no sólo por la decla-ración del acusado, sino también por el agente anterior y representante local de la compañía en Juncos, y por el ca-jero del Roig Commercial Bank. Es más, Félix Rodríguez no niega que él requiriera del acusado que continuase pres-tando servicios como empleado de la compañía y que de lo que ganara en lo futuro cubriera el déficit en su cuenta, o que más tarde él, dicho Félix Rodríguez, en presencia de García de la Noceda, pidiera al acusado que le ayudara, al referido Félix Rodríguez, a arreglar la cuenta, y ofreciera contribuir con cuarenta o cincuenta dólares para este fin. Félix Rodríguez niega la conversación telefónica que se dice haber tenido lugar el primero de marzo, pero en este punto es contradicho, no sólo por el propio acusado sino por el telegrafista a cargo del servicio del teléfono público en Juncos. Félix Rodríguez niega que Justino Rodríguez le entregara $37.50 durante una de las varias entrevistas que ocurrieron poco después del supuesto robo, pero aquí, ade-más, esa negativa no sólo está en desacuerdo con la decla-ración del acusado, sino que también con la de otros testigos. En ausencia de alguna otra explicación, la conversación te-lefónica parece ser la razón más obvia para la visita hecha por Félix Rodríguez el día primero de marzo, pocas lloras después del supuesto robo. Félix Rodríguez dice también que dentro de las veinticuatro ñoras de la referida visita, Justino Rodríguez cobró unos cincuenta dólares que él de-seaba pagarle a otro empleado, pero no aparece que se le permitiera hacerlo así. Ni se ña probado que el dinero que-dara en su poder. Bajo estas circunstancias, a menos que se considere el alegado pago de $37.50 como una admisión de que Justino retuvo $12.50 de los $50 mencionados por Fé-lix Rodríguez, y fuera de alguna cuestión en cuanto al pago real de la referida suma de $37.50, parecería ser una infe-rencia razonable que los $50 que Félix Rodríguez dice de-seaba Justino para pagárselos a su empleado o a un ayu-dante que no se ña demostrado fuera un empleado de la compañía fueron en realidad entregados a dicño Félix Ro-dríguez.

El ñeeño de que Justino Rodríguez, como agente de la compañía, cobró un dinero que dejó de entregarle a la com-pañía al ser requerido a ello, es indisputable. Para los fines de esta opinión puede admitirse que no se hizo pago alguno, y que la falta no explicada de pago al principal en el momento de exigirlo éste o después, del dinero cobrado por un agente, es bastante para sostener una condena por el delito de abuso de confianza. Queda la cuestión de la su-ficiencia de la explicación expuesta en el presente caso. El fiecho de que el denunciante sea contradicho a cada paso es por demás significativo en cuanto a la relación de esa de-claración con este punto.

Play poco o ningún lugar a dudas de que el acusado dió cuenta de un escalamiento, muy de mañana el Io de marzo, de que había fuerte evidencia circunstancial tendente a pro-bar que se había cometido un escalamiento y es un hecho que se había dado cuenta de otros delitos de esa índole per-petrados casi al mismo tiempo, uno de los cuales fué come-tido en un edificio situado al frente del establecimiento del acusado. La teoría de la culpabilidad del acusado necesa-riamente envuelve la hipótesis de que él no sólo era culpable de abuso de confianza sino también de una tentativa de-liberada para ocultar su delito y conjurar las sospechas. Asume que el acusado dejó una puerta lateral abierta, rasgó la tranca o cerrojo para indicar el uso de un instrumento de un escalador desde afuera, forzó el ropero en que se guardaban sus papeles y documentos, redujo el contenido de su llamada caja de seguridad al desorden, salpicó el piso con gotas de esperma, y entonces dió cuenta de un escala-miento. Así es que la controversia se reduce a una investi-gación en cuanto a si el acusado está o no diciendo la ver-dad sobre lo que encontró a su llegada a las seis de la ma-ñana del 1° de marzo, o si él mismo preparó el escenario para la inspección ocular de la policía que sobrevino al re-cibirse la noticia en el cuartel.

La manifestación del acusado en cuanto al estado de la casa al llegar él allí en la mañana del i9 de marzo no ha sido ni corroborada ni contradicha. Félix Rodríguez es el único testigo que contradice al acusado en cuanto a cualquier extremo. Dondequiera que la declaración de uno de estos dos testigos viene en contacto con la de cualquiera de los otros testigos, la declaración del acusado es corroborada uniformemente, y la de Félix Rodríguez es contradicha con igual uniformidad, bien de plano o indirectamente, usual-mente por más de uno de los otros testigos.

Esto no quiere decir, desde luego, como una conclusión inevitable, que sea cierto el relato que nos ha hecho el acu-sado en la silla testifical, o que la declaración del denun-ciante sea falsa. No incumbía al acusado establecer su inocencia con preponderancia de la prueba. Nos basta de-cir que la prueba en conjunto no puede decirse, desde un punto de vista racional, que establece su culpabilidad fuera, de una duda razonable.

Tomando en consideración la forma en que los respec-tivos testigos puedan haberse conducido en la silla testifical, lo más que puede decirse en favor de la acusación es que el juez sentenciador tenía, quizás, amplio fundamento sobre el cual basar una fuerte sospecha de que las manifes-taciones del acusado acerca de este punto eran falsas y que lo que la policía encontró al inspeccionar el sitio fue una mera pantomima. Pero una sospecha de culpabilidad, por fuerte y bien fundada que sea, no es suficiente para sostener una convicción en un caso criminal. Si la prueba en con-junto no dió lugar a que surgiera una duda razonable en la mente de la corte inferior, entonces la corte inferior co-metió error manifiesto al apreciar la prueba.

Debe revocarse la sentencia apelada.


text:
    Zoa Rodríguez Mattei, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 693.

    Sometido: Noviembre 8, 1927.

      Resuelto: Noviembre 30, 1927.
    Recursos Gubernativos — Revisión—Desestimación.—Cuando el registrador, en cumplimiento de la sección 2 do la ley do 1 de marzo do 1902 (Comp. 218), envía los doeumontos por correo al Supremo y el apelante no radica aloga.to alguno dentro del término prescrito por la Regla 92-A del Supremo, procede desestimar el recurso.
    Nota de Luis Capó Ma.tres, R. (San Germán), denegando anotación de demanda en el registro.

      Confirmada.

    Ni el recurrente ni el registrador recurrido comparecieron.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La sección 2 de la ley de primero de marzo de 1902, 2181 de la Compilación de 1911, dispone qne—

“Si éste, dentro del segundo día no recogiere el documento, el registrador lo enviará por el correo más próximo al Tribunal Supremo,' quien, dentro de diez días decidirá si aprueba o revoca la ne-gativa del registrador, y al día siguiente se lo devolverá por correo al registrador para que cumpla la resolución dictada, acompañado de una copia de dicha resolución.
“Durante esos diez días el registrador, el interesado o su abo-gado, harán por escrito al tribunal las alegaciones pertinentes a su derecho.7 ’

De conformidad con esta sección el registrador ha re-mitido algunos documentos, pero el apelante no ha radicado su alegato.

La regla 92A de este tribunal dice así:

“Recursos gubernativos. — -Archivado que sea un recurso guber-nativo en la oficina del secretario, éste dará inmediato aviso al re-gistrador de la propiedad contra cuya calificación se haya recurrido, así como a la parte recurrente o a su abogado, participándoles la. fecha y número de radicación del recurso, a fin de que, dentro de los diez días siguientes, hagan por escrito al tribunal las alegaciones pertinentes en apoyo de sus respectivas pretensiones. De estas ale-gaciones se presentarán seis copias, con constancia en la original de haber sido la misma notificada a la parte contraria. Deberá acom-pañarse asimismo una copia simple en maquinilla del documento o documentos objeto del recurso.”

Un apelante no debe descansar en esta corte para que examine los documentos y encuentre los errores.

Debe desestimarse la apelación y confirmarse la nota del registrador.


author: El Juez Asociado Señoii Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Santos Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 3285.

    Visto: Noviembre 7, 1927.

      Resuelto: Noviembre 30, 1927.
    1. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Falta de Dili-gencia. — Para que el Supremo ejercite la discreción coníerídale por la Regla 59 do dicho tribuna] no obstante las prórrogas concedidas al apelante en ex-ceso del término prescrito por dicha Regla, debe presentarse razón alguna de ■ la demora o demostrarso la importancia de las cuestiones legales envueltas en la apelación.
    2. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Falta de Dili-gencia. — No obstante la autoridad de las cortes do distrito para prorrogar el tiempo para la radicación de exposiciones del caso a los efectos de las apelaciones one se establezcan, el Supremo tieno el derecho inherente de desestimar dichas apelaciones por falta do diligencia.
    3. APELACIÓN Y EBHiOP-DESESTIMACIÓN, BETIRIO Y ABANDONO — PALTA DE DILI-GENCIA. — Cuando ol apelante so limita sólo a solicitar prórrogas sin prac-ticar gestión alguna cerca del taquígrafo para obtener la transcripción do sus notas y transcurro con exceso el término prescrito por 1a. Eegla 59 del Tribunal Supremo, dicho tribunal tieno facultades para, no obstante estar pendiente la última do dichas prórrogas, desestimar la apelación por falta do diligencia según dicha Eegla 59.
    MooiÓN sobre desestimación de apelación interpuesta ésta contra sem tencia de Gabriel Oastejón, J. (Humacao), condenando al acu-sado por delito de asesinato en segundo grado.

      Desestimada la apelación.

      Francisco Cervoni Gely, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Piteólo, apelado.
   El Juez Asociado Señoii Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia ante nos fué dictada con fecha 21 de diciembre de 1926 y se apeló el mismo día en el cual también el apelante obtuvo una prórroga de 30 días para presentar una exposición del caso. El apelante sucesivamente obtuvo entonces unas seis prórrogas de 30 días cada una. El 17 de junio de 1927 se concedió la última de dichas prórrogas y, pendiente la misma, el apelado solicitó de esta corte que desestimase la apelación.

El Pueblo demuestra que el apelante se limitó a solici-tar las prórrogas sin practicar gestión alguna cerca del ta-quígrafo para obtener la transcripción de sus notas, y que no existe presentada exposición alguna.

La moción de desestimación se notificó al apelante el 15 de julio de 1927. Se señaló su vista para el 26 de julio y fué suspendida a petición del apelante. Transcurrieron los tres meses de vacaciones y señalada de nuevo la vista para el 7 de noviembre actual, fué celebrada con la comparecen-cia de ambas partes, limitándose el apelante a sostener que esta Corte Suprema no tenía jurisdicción para conocer y. resolver la cuestión planteada.

La regla 59 de esta corte dispone:

“Espirado el término de noventa días desde la fecha en que se presentare el escrito de apelación, y no obstante las prórrogas conce-didas por la corte inferior, el Tribunal a discreción podrá desesti-mar una apelación que no haya sido anteriormente registrada en este Tribunal, mediante moción presentada al efecto, si se probare sa-tisfactoriamente que el apelante no ha proseguido su apelación con la diligencia debida o de buena fe, o que tal apelación es frívola.”

El apelante cae de lleno dentro de esta regla.

Quizás estaríamos dispuestos a ejercer nuestra discre-ción en favor del apelante si se hubiera presentado alguna razón para esta larga demora, especialmente si el referido apelante hubiera demostrado la importancia de las cuestio-nes legales envueltas. Nada tenemos ante nosotros excepto una negativa de nuestra jurisdicción para intervenir en el caso.

Tan pronto se apela, la jurisdicción se transfiere a esta corte. De acuerdo con la ley y nuestras reglas, a las cor-tes de distrito se les da autoridad para prorrogar el tiempo para la radicación de exposiciones del caso; pero nosotros poseemos el derecho inherente de desestimarlas por falta de diligencia tal como lo manifiesta la Begia 59, supra. Nada encontramos en el caso de Saras v. Sucesión de Saras, 31 D.P.R. 966, en conflicto con nuestra autoridad.

Debe desestimarse la apelación.


author: El Juez Asociado Señor Wolp,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Clemente Díaz acusado y apelante.
    No. 3173.

    Visto: Noviembre 17, 1927.

      Resuelto: Noviembre 30, 1927.
    1. Armas — Portas Armas Prohibidas — Del Delito en General. — La portación ilegal y no el uso ilegal de un arma es lo que está prohibido por la ley.
    2. Asmas — Piortar Armas Prohibidas — Del Delito en General — Proceso y Castigo — Us-o del Arma — Portación Permitida por Ley. — El que un cela-dor de una finca haga uso ilegal de un arma — machete—dentro de dicha finca y en camino de la misma no lo hace culpable del delito de portar ar-mas en ausencia de prueba al efeeto de que dicho camino era de uso público.

      3, Abmas — Portae Ab-jas Prohibidas — Proceso y Castigo — Evidencia—So Str ficibncia — Portación en Caminos Públicos. — La manifestación do un tes-tigo de que un earuino dentro de una finca — en el quo se usó ilegalmento «n arma — es un camino público porque los trabajadores pasaban por él no 03 en sí suliciento para sostener tal conclusión, especialmente en ausencia de prueba de que los dueños de la finca se hubieran desprendido de su dominio sobra dicho camino.
    SENTENCIA de Gabriel Castejón, J. (Humacao), condenando al acu-sado por delito de portar armas.

      Revocada y absuelto el acusado.

      Vicente Orliz León y R. Arroyo Ríos,' abogados del apelante; José E. Fignems, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado y convicto de acuerdo con la Ley No. 14 de junio 25, 1924, “prohibiendo portar armas.” Entre otras excepciones la sección 5* de dicha ley dispone que:

“Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables:
“5. A la portación de armas dentro de la propia casa o finca.” El acusado sostiene que él cae dentro de las disposicio-nes de esta excepción.

La prueba indisputable presentada tanto por el Pueblo como por la defensa demostraba que el supuesto delito tuvo lugar dentro de la finca “Australia,” propiedad de los Su-cesores de José María Ortiz, y que el acusado vivía en dicha finca; igualmente que el mayordomo de la citada finca ha-bía nombrado al acusado celador de la misma durante parte del día en que el supuesto delito fue cometido.

Sin embargo, el fiscal alega que, si bien el delito fué co-metido dentro de dicha finca, lo fué en un camino público dentro de la misma. El acusado portaba un machete y la prueba .tendió a demostrar que él le pegó a un hombre con el mismo y que el supuesto delito fué cometido a las 8 de la noche.

De la prueba aducida por las partes no quedaba lugar a dudas de que el acusado estaba empleado como celador de la finca. Si él estaba empleado como celador tenía dere-cho a portar armas de acuerdo con otras excepciones de la ley. No haría diferencia algnna el hecho de qne él usara el arma ilegalmente. El Pueblo v. Segarra, 36 D.P.R. 116. No obstante, no es necesario que basemos nuestra decisión en. esta defensa.

La prueba era clara de que el supuesto uso ilegal ocu-rrió dentro de la finca “Australia.” Por tanto, era el de-ber del fiscal probar claramente qué parte de esa finca o al-gún camino dentro de la misma eran de uso público. Uno de los testigos dijo que era un camino público porque los trabajadores pasaban por él. Esta era una conclusión de derecho o una mera opinión del testigo. No tendía a de-mostrar que Sucesores de José María Ortiz se hubiesen des-prendido de parte de su dominio sobre la finca “Australia.” En lo que a un dueño privado se refiere, el público o cualquiera persona deben probar un uso adverso.

Non constant que sucesores de José María Ortiz pudie-ran. cerrar el camino en cualquier momento.

Gomo esta finca pertenecía a dichos Sucesores, cualquiera de sus agentes o empleados también estaba dentro de su propia finca, según indica el apelante en el memorándum de autoridades.

Bebe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. María Cartagena y Francisco Santini, acusados y apelantes.
    No. 3336.

    Visto: Noviembre 23, 1927.

      Resuelto: Noviembre 30, 1927.
    1, Debecho Penal — Jtjicio—Renuncia (Waiver) y Corrección de Irregulari-dades y Errores — Resoluciones que Van a la Suficiencia de las Pruebas —Resolución Denegando Moción de “Non Suit”. — Cuando se desestima moción de non suit y el acusado presenta su prueba,, éste renuncia tácitamente a dicha moción como tal y debo considerarse toda la prueba.

      % .Alimentos (Food) — Leche—Leche Adulterada — Responsabilidad Criminal. ■ — Cuando un agente vende leche adulterada, tanto el agente como el principal son individual, y aún conjuntamente, culpables del delito.

      3.. Alimentos (Food) — Leche—Leche Adulterada — Responsabilidad Criminal • — -Proceso y Castigo — Evidencia—Conocimiento Judicial — Grado Legal (Standard) de la Leche. — En procesos por adulteración do loche, de ser necesario, según la ley, tanto la corte inferior como la de apelación tomarán conocimiento judicial del grado legal fijado por el Departamento de Sanidad,
    4. Alimentos (Food) — Leche—Leciib Adulterada — Responsabilidad Criminal —Apelacón—Revisión.—-El que la corto inferior no haya tenido ante sí un grado loga] (standard) para decidir si la leche estaba adulterada no es motivo para atacar la suficiencia do la prueba espeeialmento cuando la pre-sentada y no objetada demuestra que la leche era inferior al grado legal.
    5. Alimentos (Food) — Leciib—Leche Adulterada — Responsabilidad Criminal - — Defensa—Ignorancia de la Adulteración. — La ignorancia de que la lecho' llevada a, y vendida en un deiiósito, esté adulterada no exime do responsa-bilidad criminal al dueño dol depósito o a sus agentes.
    SENTENCIA de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), condenando a los acusados por delito de adulteración de lecbe.

      Confirmada.

      Dámaso C. Rivera, abogado de los apelantes, José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Cuando se presenta una moción de nonsuit que íes de-clarada sin lugar y posteriormente el acusado presenta su prueba, por lo menos renuncia técnicamente a dicha mo-ción y debe considerarse toda la prueba, lo que haremos al resolver el tercer señalamiento de error. El Pueblo v. González, 24 D.P.R. 713; El Pueblo v. Ojeda, 26 D.P.R. 438.

Cuando nn agente vende leche adulterada, tanto el agente como el principal son individualmente, y aún conjuntamente, culpables del delito. Artículos 36 y 47 del Código Penal; El Pueblo v. Quiñones, 30 D.P.R. 590.

Lo antes dicho resuelve el primero y segundo señala-mientos de error. Sin embargo, los apelantes incidental-mente levantan la cuestión de que la corte no tenía ante sí un grado legal (standard) suficiente para decidir si la leche estaba adulterada, lo que corresponde más propiamente al tercer señalamiento de error, o sea, que la prueba es insu-ficiente. La teoría es que la ley de 1913 estableció un grado legal, según admiten los apelantes, pero sostienen que el mismo derapareció al ser derogada dicha ley. De ser ne-cecario, según la ley tanto la corte inferior como ésta to-marán conocimiento judicial del grado legal fijado por el Departamento de Sanidad. Además, la prueba presentada en este caso sin objeción alguna y aceptada aún por la de-fensa, fué que la leche era inferior al grado legal. Bajo las circunstancias no vemos que se haya cometido perjui-cio ni error. El caso de El Pueblo v. Velázquez, 35 D.P.R. 599, es aplicable.

Los apelantes también insisten en que la leche les fué traída adulterada y en efecto que no tenían conocimiento dé que había sido adulterada. De acuerdo con la ley es el deber de los vendedores de leche cerciorarse de que no ven-den leche adulterada. Hemos examinado la prueba y ha-llamos que es suficiente.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eloy Rivera, acusado y apelante.
    No. 3267.

    Visto: Noviembre 28, 1927.

      Resuelto: Noviembre 30, 1927.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Desestimación, Vista y Nueva Vista — Desestimación del Recurso en General — Restableci-miento del Mismo — Causa Insuficiente. — Cuando como causa para dejar sin efecto la desestimación de una apelación por falta de alegato se sostiene que tal falta se debió a que siendo dos los abogados del acusado, recibió la notificación de la radicación de los autos uno que no era ©1 encargado de prepararlo, y apareco que dichos abogados forman parte de una firma social a la cual se dirigió dieha notificación, la causa no es bastante.
    2. Bebidas Embriagantes — Procesos Criminales — De la Denuncia — Alegación de la Naturaleza Intoxicante del Licor. — Tina denuncia por infracción a la Ley Nacional de Prohibición que imputa al acusado el tener en su pose-sión como dueño un alambique para la fabricación clandestina de ron con el que fué sorprendido en momentos en que lo manipulaba y había destilado como tres litros, es suficiente aún cuando no aleg’uo la naturaleza intoxicante del ron ya que la corte tiene conocimiento judicial do la misma.
    MOCIÓN sobre reconsideración de sentencia.

      Sin lugar.

      Bubón & Ochoteoo, abogados del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Eloy Rivera fuá condenado por la Corte de Distrito de San Juan el 3 de mayo último a pagar cincuenta dólares de multa como autor de una infracción a la sección 25 del título segundo de la Ley Nacional de Prohibición. No con-forme, apeló. La transcripción de los autos, que no incluye la prueba practicada, quedó radicada en esta Corte Su-prema el 13 de junio siguiente. Se señaló la vista del re-curso para el 26 de julio y no habiendo el apelante archi-vado su alegato ni comparecido el día de la vista, el recurso fué desestimado quedando firme la sentencia apelada.

Así las cosas, el primero de agosto último el apelante pidió a esta corte que dejara sin efecto la desestimación y oyera y resolviera el caso en su fondo porque su falta de gestión se debió a que siendo dos los abogados que lo re-presentaban y habiendo recibido la notificación de la radi-cación de los autos el abogado que en realidad de verdad no era el encargado de preparar el alegato, el que tenía a su cargo la gestión no lo hizo en tiempo. Se expresa ade-más en la moción que está envuelto en el recurso un error fundamental, haciéndose referencia al alegato archivado también después de desestimado el recurso.

La causa aducida no es bastante. El escrito de apela-ción aparece firmado por “Dubón & Ochoteco,” o sea, una. firma de letrados, y a esa firma se dirigió la notificación. Es el deber de los abogados del apelante enterarse por ellos mismos de la radicación y tramitación de los recursos que interponen a nombre de sus clientes. La práctica de no-tificar todos los trámites en esta Corte Suprema se ha se-guido en beneficio de los abogados pero no es algo que esté impuesto por la ley.

Sin embargo, siguiendo la norma establecida de hacer todo lo posible por conocer en su fondo los recursos inter-puestos en causas criminales, nos inclinaríamos a declarar con lugar la moción si estuviéramos convencidos de que al-gún derecho substancial del acusado había sido violado cla-ramente.

La única cuestión que se levanta en el alegato es que la acusación no imputa un hecho constitutivo del delito por el cual fué castigado el acusado porque no expresa que las bebidas fabricadas y poseídas por él eran intoxicantes y propias para beber, citando la obra de McFadden on Prohibition, página 526, y el caso del Pueblo v. Muñoz, 35 D.P.R. 36.

No se trata de una acusación formulada por un fiscal, sino de una denuncia presentada por un guardia de la Po-licía Insular. En ella se dice que el acusado “. . . tenía en su posesión, como dueño, un aparato o alambique, que se usa y se estaba usando, allí y entonces, para la fabricación de ron, clandestinamente, siendo sorprendido en los momen-tos en que manipulaba dicho aparato, el cual ya había des-tilado como tres litros de ron. ...” Y ello es, dadas las circunstancias, a nuestro juicio, suficiente.

Es cierto que en la obra de McFadden invocada se cita él caso de U. S. v. Boasberg, 283 Fed. 305, en el que se re-solvió que una acusación bajo la Ley Nacional de Prohibi-ción por imputar el poseer ciertos licores que se describían en la misma pero en la que no se alegaba que dichos licores eran intoxicantes, no imputaba un delito, pero también lo es que la jurisprudencia ha resuelto que “Cuando en la acusación se menciona la clase determinada de licores que se ha vendido, poseído o fabricado, debe alegarse además que esta bebida era intoxicante, espirituosa o en alguna otra forma de acuerdo con el estatuto, a menos que la be-bida mencionada sea un licor intoxicante de cuyas propie-dades el tribunal toma conocimiento judicial.” 33 C. J. pág. 721, y casos citados. “Se ha establecido como regla general de derecho que no es necesario alegar la naturaleza intoxicante de un licor que se dice ha sido vendido ilegal-mente, cuando se trata de una bebida de cuya naturaleza intoxicante el tribunal toma conocimiento judicial, y que, por otra parte, si no se toma conocimiento judicial de tal becbo, debe hacerse tal alegación, a menos que la bebida que se supone ha sido vendida cae dentro de la clasificación estatutoria de bebidas, o si el estatuto la menciona especí-ficamente, ya sea al declarar cuáles son los licores intoxi-cantes o qué bebidas determinadas no pueden ser vendidas, correspondiendo esta regla con el punto de vista general-mente sustentado en relación con la necesidad de probar la naturaleza intoxicante del licor.” 15 R.C.L. pág. 386, y ca-sos citados.

Y como lo que en la denuncia se alega que el acusado fabricaba y poseía era ron y se ha resuelto que las cortes tomarán conocimiento judicial de que el ron es un licor in-toxicante (35 C. J. 497 y casos citados en la nota 81), no era necesario alegar la 'condición de intoxicante del licor fabricado y poseído por el acusado.

En cuanto a la jurisprudencia sentada por esta corte en el caso de El Pueblo v. Miñoz, supra, en nada favorece al acusado. Al contrario. El párrafo citado de dicha opinión por el propio acusado en su alegato es el siguiente:

“En el caso de U. S. vs. Dowling, la corte dijo que la enmienda no autorizaba al Congreso a legislar de tal modo que prohíba la simple posesión intraestado de licores embriagantes, y que las palabras ‘para fines de bebida’ eran tan claras e importantes como cuales-quiera otras de la enmienda, pero que el Congreso tenía efectiva-mente la facultad de prohibir la posesión para los fines denunciados. La corte dijo: ‘La posesión es legal a menos que esté acompañada de la “fabricación,” “venta,” o “transportación” o “importación” o “exportación” ilegal.’ ”

Y aquí el elemento de fabricación acompaña al de po-sesión.

Por virtud de iodo lo expuesto debe declararse sin lugar la moción del acusado.


author: El Jujee Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Juarbe, conocido por Pucho Juarbe, acusado y apelante.
    No. 2940.

    Visto: Abril 5, 1927.

      Resuelto: Noviembre 30, 1927.
    1. Desecho Penal — Juicio—Argumentación y Conducta de los Abogados — Dis-cusso de Apertura del Caso — Alcance del Mismo — Ministerio Público.— El fiscal del distrito tiene derecho, en el discurso do apertura del caso, a aludir a los hechos que necesariamente rodearon el supuesto delito, aunque algunos no integren el delito.
    2. Violación — Proceso y Castigo — Evidencia—Su Admisibilidad en General — ■ Edad de la Perjudicada. — El hecho de que se dejara de informar el naci-miento do una persona al registro civil dentro del período estatutorio no haeo que la inscripción sea absolutamente nula e inadmisible.
    3. Violación — Proceso y Castigo — Evidencia—Su Admisibilidad en General— En General — Actos del Acusado para Llevar a Cabo su Propósito. — En proceso por violación, el permitir a la perjudicada declarar sobro el uso de violencia y drogas por el acusado para llevar a cabo su propósito no consti-tuye error; ta-les actos forman parte del res gestae, son admisibles y el acu-sado puedo protegerse por las instrucciones.
    4. Testigos — Del Examen — Modo de Tomar el Testimonio en General — Pre-guntas Capciosas o Sujestivas — Discreción Judicial. — Cuando en caso do violación la supuesta ofendida, por pudor u otro motivo semejante, deja de expresarse plenamente, la corte no abusa de su discreción al permitir pregun-tas capciosas o sujestivas.
    8. Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Revisión—Errores no Perjudiciales — Instrucciones al Jurado — En General.' — Pequeñas equi-vocaciones en las instrucciones no serán revisadas en apelación cuando no producen perjuicio al apelante y especialmente cuando las instrucciones da-das, en su totalidad, demuestran su corrección,
    fi. Violación — Proceso y Castigo — Apelación—Revisión.—Cuando la prueba de corroboración no es muy fuerte — presencia del acusado en la escena del delito acompañada de otras circunstancias de poco peso — y, terminada la prueba del Pueblo no so solicita un veredicto y el acusado con su prueba aumenta el peso do la de corroboración, ésto no puedo quejarse en apelación do la insu-ficiencia do la prueba do cargo en cuanto a ese extremo.
    7. Violación — Proceso y Castigo — Evidencia—Suficiencia de la Prueba — Co-rroboración de la Declaración de la Ofendida — En General. — La prueba de corroboración no tiene que ser muy fuerte. En este caso la corte examina loa hechos para encontrar la corroboración bastante.
    8. Derecho Penal — Solicitud de Instrucciones — Negativa de la Corte a Ins-truir — Instrucción Muy Amplia. — En proceso por violación — perjudicada menor do catorce años — en quo se ha hecho uso de violencia y drogas, la ne-gativa do la corte a instruir al efecto de que él jurado debía prescindir de los hechos relativos al uso de tal violencia o drogas, no es error, por ser de-masiado amplia, ya quo el jurado tiene derecho a considerar todas las cir-cunstancias concurrentes y especialmente cuando se ha instruido sobre el he-cho de que la culpabilidad del acusado no surgía en el caso del uso do vio-lencia o narcótico.
    9. Registro Civil — Certificaciones—Ataque en Juicios. — Si un registro parro-quial puedo propiamento ser ofrecido para contradecir una certificación del registro civil con relación a la fecha del nacimiento, qiiaere.

      10. Derecho Penal — Solicitud de Instrucciones — Negativa de la Oortu a Tns-truie — En General. — En proceso por violación técnica, la corte denegó ins-trucción, sobre el peso probatorio do una certificación del Registro Civil y el que ésta podía sor impugnado por otra del Registro parroquial. Bajo las circunstancias concurrentes, se resolvió: que no hubo erro:' ni perjuic’o en la-negativa.
    SENTENCIA de- Tomás Bryan, J.' (Aguadilla), condenando al acusado’ por delito de violación.

      Confirmada.

      E. González Mena, J. B. Garda Méndez j J. Valdejulli, abogados del apelante; José E. Figueroas, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Jujee Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso, tomando en consideración el informe dei juicio por sí mismo, hubo suficiente prueba tendente a de-mostrar que el acusado tuvo comercio carnal con una niña menor de catorce años de edad. Por tanto, si no bubo error en la admisión o exclusión de la prueba, el acusado era culpable de violación de acuerdo con el estatuto. Con una re-serva similar, hubo suficiente corroboración de la declara-ción de la perjudicada. El acusado, sin embargo, tomó va-rias excepciones a la admisión o exclusión de prueba, así como a las instrucciones. Se señalan trece errores en ape-lación.

Se hizo objeción al discurso del fiscal al abrir su caso. El le manifestó al jurado, entre otras cosas, que esperaba probar ciertos actos de violencia de parte del acusado cometidos al tiempo de la supuesta violación de la niña, incluyendo administración forzosa de un narcótico. Necesariamente, cualquier cosa que el acusado hiciera para llevar a cabo su alegado propósito formaba parte del res gestae, inseparable de los otros hechos del caso excepto por instrucciones adecuadas. Aunque el acusado sería culpable bien se hiciera uso de la violencia o no, el fiscal de distrito tiene derecho a aludir a los hechos que necesariamente rodearon el supuesto delito. La .prueba podría ser necesaria para, imprimir verosimilitud a las manifestaciones de la ofendida o de alguno de los otros testigos. El acusado puede siempre protegerse solicitando una instrucción de la corte si los actos de violencia alegados no forman en reali-dad parte del delito. En verdad, la corte instruyó al jurado a este respecto y se atacan las instrucciones bajo otro se-ñalamiento de error. Esto resuelve el primer señalamiento de error.

Era indispensable probar que la perjudicada tenía menos de catorce años de edad. Para cumplir con este requisito el Gobierno ofreció en evidencia un certificado del registro civil. El acusado formuló varias objeciones, las cuales son objeto del segundo señalamiento de error. En primer lugar, la ley requiere.que después de un nacimiento debe rendirse informe sobre el mismo al registro dentro, de sesenta días. La inscripción en este caso fué hecha sesenta y dos días después del nacimiento. Sin embargo, el asiento existía. Aunque abrigamos algunas dudas, el apelante no nos convence de que el hecho de que se dejara de informar sobre el nacimiento dentro del período estatutorio hace que la inscripción sea absolutamente nula. El dejar de inscribir a tiempo puede condonarse bajo ciertas circunstancias. Creemos que incumbía al acusado probar que los padres no caían dentro del privilegio que la ley confiere a las personas que incurren en dilación. Más particularmente, no estamos convencidos de que un asiento del registro civil pueda ser atacado de este modo en un juicio. El dejarse de inscribir a tiempo no puede ocasionarle nada más que una demora a la parte interesada y posiblemente someterla a alguna clase de multa o a un pago adicional o a alguna prueba sobre el nacimiento. Parecería que el ataque al registro debe hacerse directamente. De todos modos, la manifestación del registro solo constituye prueba prima facie.

Asimismo se opuso el acusado a la admisión del certifi-cado porque sostenía que en realidad no era prueba sobre el nacimiento de la perjudicada sino de algún otro niño, toda vez que el apellido inscrito era Arce y Sostrén, mien-tras que el nombre de la perjudicada era Arce y ligarte. El apellido de la perjudicada era, aparentemente, Arce y ligarte, y a él se refirió en esa forma la defensa misma en alguna parte del juicio. El certificado era prueba prima facie, y según lo indicó la corte inferior, el acusado tendría amplia oportunidad para presentar otra evidencia para de-mostrar que el certificado que se liabía introducido por el Gobierno no era un reflejo cierto de la edad de la perjudi-cada. Tampoco estaba obligada la corte a aceptar como un beclio lo que aparecía de un asiento bautismal presen-tado en evidencia por el acusado.

El tercer supuesto error consistió en permitir la corte que la perjudicada declarara sobre el uso de violencia o de drogas. Esta objeción cae dentro del mismo razonamiento considerado al resolver el primer señalamiento de error.

La corte permitió que el fiscal de distrito interrogara a la perjudicada así: “¿El le introdujo alguna parte de su cuerpo de él en alguna parte de su cuerpo?” Indudablemente que ésta era una pregunta sugestiva y, bajo casi todas las circunstancias sería error admitirla. La testigo, bien debido a pudor o ignorancia parcial liabía dejado de exponer los liecbos físicos a pesar de los varios esfuerzos del fiscal de distrito para dilucidar la verdad. La testigo había manifestado que el acusado había abusado de su honor.' La corte entonces, después de alguna discusión, permitió la pregunta directa. El permitir una pregunta sugestiva o capciosa cae, de acuerdo con el artículo 153 de la Ley de Evidencia, dentro de la sana discreción de la corte, y el apelante no nos convence de que se abusara de tal discreción.

La corte, en sus instrucciones al jurado, hizo refe-rencia, de paso, a la perjudicada como “la joven que se presumía violada.” Lo que- la corte posible o probable-mente quiso decir fué: “la joven que se suponía haber sido .violada.” La corte no estaba instruyendo al jurado que había alguna presunción de que la niña fué violada, y el resto de las instrucciones tiende a demostrar lo contrario. Sin embargo, la ley es que una niña menor de catorce años que tiene relaciones sexuales con un hombre ha sido violada. Hubo la declaración indisputable de un médico de que la niña había tenido relaciones sexuales con un hombre que necesariamente, desde luego, no tenía que ser el acusado. No hubo error ni perjuicio.

Era una cuestión para ser resuelta por la corte si hubo o no alguna prueba para corroborar la declaración de la perjudicada. Hubo las declaraciones de dos testigos tendentes a demostrar que ellos oyeron un alboroto en la casa de la perjudicada, que oyeron los gritos de “Ay, papá! Ay, mamá!” y que posteriormente vieron al acusado salir de la referida casa. Las autoridades demuestran que la mera presencia del acusado en, la escena del delito no es generalmente suficiente corroboración. Claramente, aquí hubo algo más, y el requisito de la corroboración jamás necesita ser muy fuerte, porque tal requisito sería generalmente imposible. Además, ésta era una casa de campo en que el demandante no tenía que efectuar ningún negocio particular ni vivía en el vecindario.

Esto resolvería el sexto señalamiento de error. Pero hay otra consideración que quizás es aplicable. No se pi-dió a la corte que ordenara al jurado traer un veredicto al terminar la prueba del fiscal. Una de las defensas, ade-más de la negativa general, fué alegar una coartada. El acusado, al ocupar la silla testifical, negó que estuviera pre-sente en la casa, y negó que en realidad conociera a la per-judicada. Bajo esas circunstancias, se aumentó el peso de la prueba de corroboración.

Creemos que la corte estuvo justificada al negarse a dar la siguiente instrucción: “La corte os instruye que al considerar la prueba presentada en este caso debéis prescindir por completo de los hechos relativos a violencia o al uso de cualquier droga o narcótico, pues tales hechos ni tienen ni pueden tener relación con el delito que se imputa al acusado.” La instrucción solicitada era demasiado am-plia. Para ciertos fines, y especialmente el de la veraci-dad y otros parecidos, el jurado tiene derecho a tomar en consideración todas las circunstancias. La instrucción de-bió haber sido que la culpabilidad del acusado no surgía del uso de violencia o de narcóticos, y tal instrucción fue dada por la corte; quizás se extendió algo más.

La corte se negó a dar la siguiente instrucción: “La corte os instruye que el acta de nacimiento del Registro Civil es prueba prima facie de tal nacimiento, pero la misma puede ser impugnada con la certificación del bautismo expedida por un funcionario de la iglesia, o por cualquier. otra prueba.”

El apelante admite que según el documento del registro parroquial que él ofreció como prueba la niña no había cumplido aún catorce años a la fecha en que el delito se dice cometido en la acusación. Alega, no obstante, que el acto de que se le acusa, según la declaración del médico, pudo haberse cometido en agosto del 1925, cuando de conformi-dad con el certificado bautismal la niña tenía más de ca-torce años. Toda la prueba tendió a demostrar que la su-puesta violación, de haberse cometido, tuvo lugar en el mes de junio. De suerte que el acta de bautismo en forma al-guna tendía a contradecir el hecho que se trataba de pro-bar con la certificación del registro civil de que la niña en realidad era menor de catorce años. Bajo estas circuns-tancias no vemos que se cometiera error y ciertamente no hallamos perjuicio alguno al negarse a dar la instrucción solicitada. Tenemos algunas dudas de si el registro pa-rroquial puede propiamente ser ofrecido para contradecir una certificación del registro civil con relación a la fecha de un nacimiento, pero no es necesario que resolvamos esa cuestión en el presente caso.

Sin embargo, bajo los señalamientos de error décimo y undécimo el apelante se queja de la instrucción dada por la corte respecto al efecto del artículo 320 del Código Civil. Este artículo dice así:

“Artículo 320. — Las actas del registro serán la prueba del estado civil, la cual sólo podrá ser suplida por otras en el caso de que no hayan existido aquéllas o hubiesen desaparecido los libros del regis-tro, o cuando ante los tribunales se suscite una contienda.”

La corte admitió el certificado bautismal y meramente dijo al jurado que el artículo 320 no babía sido derogado y que una inscripción en el registro civil era prueba prima facie del nacimiento de una persona. La corte dijo expre-samente que una inscripción del registro civil podía ser contradicha. Tampoco hallamos que se cometiera error.

Hallamos que las instrucciones en cnanto a la corrobora-ción son suficientes.

No vemos que se cometiera error, ni perjuicio alguno en verdad, al negarse la corte a dar instrucciones sobre aco-metimiento y agresión. El delito imputado era la violación de una niña menor de catorce años de edad. El delito de acometimiento y agresión no entra en realidad en esta clase de delitos.

La declaración de la perjudicada fué clara. Eú cuanto a la desfloración misma, ella fué corroborada fuertemente por el médico, y el jurado tenía derecho' a declarar culpable al acusado fundado en la declaración de la perjudicada como corroborada. Por estas razones no importa que los efectos de la supuesta droga fueran dudosos o de que la perjudicada fuera tardía, y esperara seis meses para darle cuenta a su mamá de lo ocurrido. La testigo explicó que no dijo nada por temor a las amenazas del acusado. Al jurado incumbía resolver éstas y otras supuestas contradic-ciones.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Críspulo Oliveras Mercado, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 690.

    Sometido: Noviembre 7, 1927.

      Resuelto: Diciembre 6, 1927.
    1. Donación — Inter Vivos — Inscripción—Denegatoria de Inscripción — Palta de Inscripción Previa a Pavor del Donatario. — Para poder inscribir una casa que, construida en suelo ajeno, es adquirida por otros a título de dona-ción, es necesaria la inscripción previa de la edificación a favor del o los donantes.
    2. Recursos Gubernativos — Revisión—Cuestiones a Considerar v Resolver— En General. — Aceptado uno de los motivos del registrador para negar una inscripción solicitada, huelga dictar pronunciamiento alguno sobro los demás.
    Nota de Luis Capó Matres, B>. (San Germán), denegando inscrip-ción a favor de unos cesionarios, de una edificación en suelo ajeno.

      Confirmada.

      F. Otero Rivera, abogado del recurrente; El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En el Registro de la Propiedad de San Germán fné pre-sentada para su inscripción una escritura pública en la que comparecieron el alcalde de Yauco y don Críspulo Oliveras Mercado por sí y como mandatario de Blas, Fundador, Mi-caela, Ramón, Angelina y Carmen, todos de apellidos Olive-ras Mercado, y también de Justa Beatriz Orea Mercado. En ese documento se inserta una ordenanza del municipio de Yauco concediendo a don Críspulo Oliveras Mercado y a las otras personas por él representadas en la escritura el usufructo de un solar de diebo municipio, sujeto a ciertas condiciones, y el alcalde les transmite en ella el expresado usufructo. En la misma declara don Críspulo Oliveras Mercado por sí y por sus mandatarios que son dueños en la proporción de una octava parte de la casa que enclava en el mencionado solar y que esa octava parte les pertenece a cada uno pro indiviso por donación que les hicieron don Ambrosio Oliveras Delgado y doña Juana Ramona Mercado.

El registrador de la propiedad inscribió la cesión de uso y aprovechamiento del solar a favor de todos los interesa-dos pero negó la inscripción de la casa por no aparecer ins-crita a nombre de los donantes ni de ninguna otra persona, citando el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, y porque Cris-pulo Oliveras Mercado no puede hacer declaraciones adqui-sitivas de propiedad en nombre de los otros interesados por no estar debidamente autorizado para ello por el correspon-diente poder, y tomó anotación preventiva de esa negativa haciendo constar el defecto subsanable de no haberse acre-ditado el estado civil que tenían los adquirentes cuando les donaron la casa y el de no haber sido aceptado en forma legal el contrato por todos los interesados con excepción de Críspalo Oliveras Mercado.. Contra esa negativa interpuso don Críspalo Oliveras Mercado este recurso gubernativo.

Hemos declarado en el caso de Martín v. Registrador, 22 D.P.R. 150, que el edificio construido en suelo propio pertenece al dueño del suelo y no es necesaria su inscripción con arreglo al principio de que lo accesorio sigue a lo principal, . pero que cuando es construido en suelo ajeno tanto el terreno como el edificio son cosas principales para los efectos de la Ley Hipotecaria y requieren inscripción separada a favor de cada dueño, así como que el hecho de que el dueño del suelo preste su consentimiento para la edificación no da a ésta el carácter de cosa accesoria, ni destruye el precepto del artículo 20 de la Ley Hipotecaria que requiere la inscripción previa del derecho a nombre del transmútente para poder ser inscrito a nombre del comprador; doctrina que es aplicable al presente caso porque el suelo pertenece al municipio de Tauco y la edificación a otra persona; y manifestando el recurrente por sí y por sus representados que adquirieron la casa de don Ambrosio Oliveras y de doña Juana Ramona Mercado por-donación que éstos les hicieron, es necesario para la inscripción a favor de los donatarios que previamente esté inscrita la edificación a favor de los donantes, de acuerdo con el artículo citado.

Aceptado uno de los motivos que tuvo el registrador para negar la inscripción, linelga dictar pronunciamiento al-guno sobre los demás. Vidal v. Registrador, 12 D.P.R. 158.

Por el motivo expresado la negativa, de inscripción debe ser confirmada.