text:
    American Colonial Bank of Porto Rico, demandante y apeante, v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, sustituído por Manuel V. Domenech, demandado y apelado.
    No. 5377.

    Sometido: Diciembre 11, 1931.

      Resuelto: Julio 26, 1932.

      Frazer & Castro Fernández, abogados del apelante; Hon. Attorney ‘ General, James B. Beverley, M. Bodríguez Serva, Procurador General Auxiliar y B. Cordones Arana, Subprocurador, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso que por sus be dios envuelve la misma cuestión que fué planteada en Gallardo al United Porto Rican Sugar Co., 42 D.P.R. 646, y el apelado no ba discutido los mé-ritos. En vez de eso, impugna la suficiencia de la demanda o de la causa de acción.

De acuerdo con la Ley No. 8 de abril 19, 1927 (Leyes de ese año, página 123) un contribuyente que baya pagado contribuciones bajo protesta puede entablar pleito dentro de un año de baber efectuado el pago. El apelante bizo el pagobajo protesta en julio 19, 1927. La acción fué iniciada el 19 de julio de 1928. El apelado sostiene que la acción fué en-tablada fuera de tiempo por un día. Bajo el artículo 388 del Código Político, el tiempo debe computarse excluyendo el primer día. Así, pues, el año no expiró basta el final del día 19 de julio de 1928. Si prevaleciera la contención del ape-lado, con igual razón podría sostenerse que si a una persona se le da un día para hacer algo, debe hacerlo el día en que se le da el permiso. Treinta días a partir del primero de junio vencen el primero de julio. Descartando los años bisiestos, 365 días, o un año, desde determinada fecha vencen en la misma fecha del año siguiente.

La sección 3 de la Ley No. 8 proveyó una forma de pago y un derecho de acción que eran prospectivos y excluían los medios anteriores. De suerte que una ley anterior disponiendo la radicación de la demanda dentro de treinta días de haber actuado la Junta de Revisión e Igualamiento, fué necesariamente derogada.

La ley de 1927 disponía que los pagos bajo protesta se harían “a requerimiento del colector de rentas internas de su distrito (del contribuyente) o del funcionario encargado de la racaudación. ” El apelado mantiene que la demanda deja de alegar que se hiciera tal requerimiento. Si el colector acepta un pago bajo protesta, eso constituye una renuncia del requerimiento. La ley no exige cosas vanas e inútiles, y un contribuyente no necesita, a tenor de esta ley, esperar que haya, un requerimiento o amenaza verdad.

También estamos inclinados a convenir con el apelante en que al expresar la demanda que “en julio 19, 1927, la de-mudante pagó bajo protesta .... de acuerdo con la ley,” eso constituía, bajo las circunstancias, la alegación de un hecho último.

También estamos de acuerdo con el apelante en que, si después de acudir a la Junta de Revisión e Igualamiento, un contribuyente paga bajo protesta, no es necesario, luego de efectuado el pago, recurrir a dicha junta. La intención ■de la legislatura fue conceder causa de acción después del pago bajo protesta.

Debe confirmarse la sentencia apelada en cuanto ordenó la devolución de $302.64, y revocarse en tanto se negó a conceder las demás ca/ntidades objeto del pleito; y la sentencia de esta ■corte deberá declarar con lugar la demanda, con intereses desde la fecha de la interposición de la misma.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    Loíza Sugar Co., demandante y apelante, v. Manuel v. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 5383.

    Sometido: Mayo 20, 1931.

      Resuelto: Julio 26, 1932.

      Jaime Sifre, Jr. y Horacio Pranceschi, abogados de la apelante; Attorney General James B. Beverley y M. Rodrigues Serra, Pro-curador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un oaso en que la demandante trató de recobrar contribuciones pagadas bajo protesta que le habían sido cobradas como “contribuciones sobre beneficios excesivos.” En enero de 1919, la demandante tenía cierta caña en estadode crecimiento en sus terrenos o en los pertenecientes a sus. colonos, que, según cada cual admite, no estaba sujeta a contribución sobre la propiedad. Para julio de 1919 esta cosecha se había convertido en mieles y azúcar, valorados en $856,924.50. La compañía azucarera había presentado una planilla al Tesorero en que incluía esta miel y azúcar como parte del capital de la firma. Esta contribución sobre beneficios excesivos, bajo la sección 17 de la Ley No. 43 de 1921 (Leyes de ese año, pág. 331) se graduaba según la relación del ingreso con el capital. Para cualquier cantidad de beneficios, tal como se admitió en la vista, mientras mayor fuera el capital, menor sería la contribución sobre ingresos. A tenor de la sección 18 de la ameritada ley, las palabras “Capital invertido,” para los fines de la contribución sobre beneficios excesivos, fueron definidas así:

“(a) En el caso de corporaciones el valor tasado a los efectos-de la contribución de toda la propiedad mueble e inmueble pertene-ciente a dicha corporación más el valor' de cualquier pro-piedad ra-dicada o invertida en Puerto Rico no sujeta a contribución pero-perteneciente a la corporación y dedicada al negocio ’o- negocios que producen el ingreso y que existían al comenzar el año contributivo-a que el ingreso corresponde.
“(b) *******
“ (e) * * * * * * *”

La corte inferior resolvió que estos azúcares y mieles no-podían ser considerados como capital invertido.

En su alegato original en este caso la apelante trató de-demostrar que esos azúcares y mieles debían considerarse como invertidos en el negocio. Desde nuestro punto de vista, la contención más importante era la de si azúcar y mieles listos para ser vendidos, pero demorados por falta de facili-dades de transportación o por otras cansas, podrían conside-rarse como capital. Aparece que la propiedad fue vendida posteriormente por $956,267.58, se dedujo el costo, y se in-cluyó en la planilla de la compañía una ganancia de $106,303.08.

Con posterioridad a la radicación del alegato de la ape-lante, la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito resolvió que la sección 17 de la ley, que fijaba la cantidad de la contribución sobre bene-ficios excesivos, era inconstitucional por no ser uniforme. La corte, en Domenech v. Havemeyer, 49 F(2d) 849, 852, dijo:

“Las contribuciones que abora se tratan de recobrar en l'os tres pleitos son en gran parte contribuciones sobre beneficios excesivos. Las creemos prohibidas por la sección 2 de la Carta Orgánica (39 Stat. 952. . .), que exige que la. Legislatura de Puerto Rico imponga Contribuciones uniformes.
“Pero esta ley No. 43 de 1921, en su sección 17 (3), intitulada ‘Contribución, sobre beneficios excesivos’, dispone que: ‘Además de la contribución n’ormal, se impondrá. . . . sobre el ingreso neto que exceda de diez mil (10,000) dólares. . . . una contribución por con-cepto de beneficios excesivos, como sigue: Cuando la proporción entre el ingreso neto y el capital invertido sea menos del 15 por ciento, 5 por ciento sobre el ingreso neto que exceda del 10 por ciento del capital invertido en el año contributivo.’ A-esto siguen, baj'o la sec-ción 17 (3), diez párrafos que tratan de los beneficios que excedan del diez por ciento del capital invertido, en cada caso- disponiendo con-tribuciones a un tipo mayor sobre todo el exceso superior al 10 por ciento. Se sigue que un contribuyente cuyo ingreso neto fuera li-geramente menor — digamos 20 por ciento del capital invertido — ten-dría que pagar una contribución por todo su ingreso net'o superior &1 10 por ciento a razón del 5% por ciento solamente; mientras que un contribuyente cuyo ingreso fuera ligeramente en exceso del 20 por ciento, tendría que pagar una contribución del 6 p'or ciento sobre todo su ingreso neto superior al 10 por ciento del capital invertido. En otras palabras, una diferencia muy pequeña en el ingreso neto del contribuyente resultaría en un aumento substancial del tipo de la Contribución a que estaría sujeto el volumen de sus ingresos. El tipo más alto (impuesto adicional o surtax) no queda limitado, cuando lo haya, a la cantidad en exceso del tanto por ciento a razón del cual ■empieza el tipo más alto, como sucede en la ley de contribuciones federal. Compárense la ley de octubre 3, 1917, see. 2 (40 Stat. 300, 301), y la Ley de Rentas de 1918, see. 211 (a), 40 Stat. 1062. Esto no puede sostenerse.”

La apelante obtuvo permiso de este tribunal para radicar un alegato adicional. El alegato se radicó y. el gobierno no lo lia contestado. El razonamiento de la Corte de Circuito no nos deja duda alguna de que la ley de contribuciones so-lire beneficios excesivos era en verdad anticonstitucional.

La apelante dedicó una parte considerable de su alegato para tratar de demostrar que este tribunal podía investigar la eonstitucionalidad de la ley a pesar de que se dejara de alegar la anticonstitucionalidad de la misma en el alegato original. La cuestión del señalamiento de errores cae claramente dentro de la discreción de la corte. La jurisprudencia citada por la apelante es también clara en el sentido de que no debe darse paso alguno que sostenga derechos alegados al amparo de un estatuto anticonstitucional. La cuestión asimismo queda abarcada por nuestro propio estatuto especial que lee así:

“Sección 1. — Que el Tribunal Supremo de Puerto Rico constituirá de aquí en adelante un Tribunal de Apelación y no un Tribunal de Casación. En sus deliberaciones y fallos en todos los asuntos, tanto en lo civil como en lo criminal, dicho Tribunal no se limitará sola-mente a infracciones de ley o quebrantamientos de forma, según fue-ren señalados, alegados o salvados por los litigantes, o según se hi-ciera constar en sus exposiciones y excepciones sino que con el más alto fin de justicia, el Tribunal puede también entender en todos los hechos y tramitaciones en la causa tal como aparecieren en aut’os, con-siderando en igual forma sus méritos para la mejor administración de justicia y del derecho, y evitar injusticias y demoras. ’ ’

Bebe confirmarse la sentencia apelada en cuanto ordenó la devolución de $245.04, y revocarse en tanto se negó a conceder las demás cantidades redamadas; y la sentencia de este Tribunal deberá declarar con lugar la demanda.

El Juéz Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Antonio Fernández Méndez, demandante y apelado, v. Higinio Pastoriza y María Cruz, demandados y apelantes.
    No. 5689.

    Sometido: Enero 14, 1932.

      Resuelto: Julio 26, 1932.

      José Soto Rivera, abogado de los apelantes; Bolívar Pagan, abogado del apelad'o.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los esposos demandados en este pleito interpusieron apelación contra la sentencia que los condena a pagar al demandante la cantidad de $6,000 con intereses y costas. Esa sentencia tiene la presunción de ser correcta mientras no se nos demuestre lo contrario.

De los doce motivos que alegan los apelantes para sostener su recurso y para pedirnos que revoquemos la sentencia apelada sólo podemos resolver los dos primeros que se refieren a excepciones previas que alegaron contra la demanda, pues los diez restantes se fundan en la prueba practicada en el juicio, que no conocemos por no haber sido traída a estos autos la transcripción taquigráfica de la evidencia que aprobó la corte inferior para esta apelación. El apelado no presentó alegato ni asistió a la vista del recurso el día que fué señalado para ella.

El primer motivo alegado por los apelantes para sostener el recurso es que la corte erró al declarar que la demanda aduce hechos determinantes de causa de acción. Para resolverlo tendremos que hacer un resumen de las alegaciones de la demanda.

La demanda fué radicada el 17 de septiembre de 1930 ejercitando la acción personal de cobro de dinero y en ella se alega que el demandante entregó el 26 de julio de 1928 a los esposos demandados la cantidad de $6,000 en calidad de prés-tamo comprometiéndose los demandados a devolvérselos en el término de dos años, a pagarle intereses del 1 por ciento mensual por meses vencidos y la cantidad de $500 para in-tereses, costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial; y que el 26 de julio de 1930 venció el término fijado para el pago del capital adeu-dado sin que le haya sido satisfecho ni tampoco los intereses. Por esas alegaciones se solicitó sentencia que condenara a los demandados a pagarle $6,000 más las costas con los demás pronunciamientos legales correspondientes.

Aunque toda excepción previa a una demanda ha,de fun-darse necesariamente en los hechos que en ella se alegan, los que para tal fin hay que considerar como ciertos, sin embargo, la argumentación de ese motivo de error por los ape-lantes se hace tomando por base hechos no alegados en la de-manda sino en la contestación a ella o que fueron probados en el juicio. No obstante eso diremos que tomando como ciertos los hechos de la demanda tenemos que concluir que no existe el error alegado porque expone que el demandante en-tregó en préstamo a los demandados la mencionada cantidad para serle devuelta a los dos años y que esa fecha ha vencido sin que haya sido pagada la deuda.

El segundo motivo del recurso fundado en que no se lia hecho parte demandante a Josefina Santa González, esposa del apelado, tampoco es sostenible, pues de la demanda no aparece que el demandante sea casado.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Elvira Juana Manuela Joaquina García, demandante y apelada, v. Josefa Aguayo Casals y Graciela Casals, demandadas y apelantes.
    No. 5788.

    Sometido: Junio 17, 1932.

      Resuelto: Julio 26, 1932.

      Tons Soto <& Zapater, abogados de las apelantes; Guerra Mondragón & Sold&vila, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Allá por el 27 de enero de 1926, y en un pleito civil pro-movido por Elvira Juana Manuela Joaquina García contra Josefa Aguayo Casals y Graciela Casals, la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia declarando a la demandante hija legítima del Sr. Juan García Yillarraza y doña Manuela Fer-nández, y nula la declaratoria de herederos hecha a favor de las demandadas, así como también las inscripciones llevadas a cabo en el Registro de la Propiedad de Ponce, como conse-quencia de dicha declaratoria y en relación con la finca pro-piedad del causante 'Sr. Villarraza, debiendo procederse a uña nueva partición de los bienes relictos al fallecimiento de dicho señor.

Bn Io. de diciembre de 1930, la corte, a solicitud de la de-mandante, ordenó la cancelación de las inscripciones declara-das nulas en dicba sentencia, expidiéndose el correspondiente mandamiento de cancelación al Registrador de la Propiedad de Ponce.

En virtud de esta orden de la corte el registrador proce ■ dió a cancelar la inscripción, haciendo constar lo siguiente:

“Hecha la cancelación de la inscripción 9 extendida a favor- de doña Josefa Aguayo Casals y de su hija doña María Graciela García en virtud de la declaratoria de herederos que se ha declarado nula y del escrito que se acompañó.”

Se trata de una finca que fué inscrita a favor de doña Josefa Aguayo y Casals, quien según el registro adquirió una mitad por sus gananciales al ocurrir el fallecimiento dé don Juan García Villarraza. “A solicitud de la viuda,” con-tinúa diciendo el registrador, “la corte dictó sentencia de-clarando únicos herederos de dicho causante a su hija legí-tima doña María Graciela García Aguayo- y a su esposa doña Josefa Aguayo Casals, y se inscribió en su consecuencia la finca de por mitad a favor de las- citadas doña Graciela o María Graciela García y Aguayo y de doña Josefa Aguaya y Casals.” La otra mitad de la finca la adquirió la deman-dada por compra a don Roque Pérez Suárez, quien a su vez la adquirió de doña María Graciela García Aguayo.

La demandada, representada por su abogado Sr. Tons Soto, presentó moción a la corte solicitando que la orden y mandamiento dirigidos al Registrador de Ponce fuesen en-mendados. Comparecieron ambas partes a discutir dicha moción y la corte la declaró sin lugar, pero al mismo tiempo aclaró la orden expedida en Io. de diciembre de 1930, orde-nando que por el secretario se expidiese un nuevo manda-miento al Registrador de la Propiedad de Ponce para, que procediese a cancelar las inscripciones hechas a favor de las demandadas sobre la finca que se describe en la demanda, llevadas a cabo como consecuencia de la declaratoria de he-rederos cuya nulidad fué declarada en la sentencia dictada en este caso.

En 13 de febrero de 1931 la demandada Josefa Aguayo Casals presentó de nuevo moción a la corte solicitando la restitución de la inscripción de dominio de la mitad de la finca a favor de Josefa Aguayo Casals. La, corte declaró siu lugar esta moción y la demandada interpuso el presente re-curso de apelación, alegando que la Corte de Distrito de Ponce cometió error al no ordenar al Registrador de la Pro-piedad de Ponce que restituyera la inscripción de dominio a favor de Josefa Aguayo y Casals, cancelada indebidamente por dicbo registrador, interpretando erróneamente el manda-miento de dicha corte de distrito, que le ordenó cancelar la inscripción a favor de las demandadas practicada en el regis • tro como consecuencia de la declaratoria de herederos de don Juan (Jarcia Villarraza'a favor de las mismas.

Arguye la demandada apelante que la inscripción efec-tuada a su favor por su mitad de gananciales no lo fué a título de herencia de su consorte, sino independientemente de la declaratoria de herederos, no pudiendo afectarle la nuli-dad de dicha declaratoria. No carece de fundamento la con-tención de la apelante, aunque parece prematura la inscrip-ción de la mitad de la finca a favor de la viuda, si se hizo sin haberse practicado previamente la liquidación de ía so-ciedad de gananciales; pero nosotros no podemos entrar a considerar este recurso en sus méritos por las razones que pasamos a exponer.

La corte, en su sentencia de 27 de enero de 1926, declaró' nulas las inscripciones llevadas a cabo en el Registro de la Propiedad de Ponce, como consecuencia de la declaratoria de herederos y en relación con la finca propiedad del causante Sr. Villarraza. Esta sentencia fué confirmada por esta Corte Suprema y por la Corte de Circuito de Boston. Alega la demandada apelante que presentó moción a la corte para que se enmendaran su orden y mandamiento anteriores, ex-eluyendo de la misma la inscripción a favor de Josefa Aguayo de su mitad de gananciales. La corte, en 15 de diciembre de 1930, declaró sin lugar esta moción, pero aclaró su orden del Io. de diciembre de 1930, ajustándose a la letra de la sen-tencia dictada en 27 de enero de 1926. Es decir, ordenó la la cancelación de las inscripciones llevadas a cabo como con-secuencia de la declaratoria de herederos que fué delarada nula. La demandada no interpuso recurso de apelación contra esta orden declarando sin lugar la moción en que se pedía se excluyera de la orden de cancelación la inscripción hecha a favor de la demandada apelante sobre la mitad de la finca como bien ganancial. Más tarde, en 13 de febrero de 1931, o sea sesenta días después de dictada dicha orden, la deman-dada presentó nuevamente moción, a la corte solicitando la restitución de la inscripción del dominio de la mitad del in-mueble a favor de la demandada, por entender que el regis-trador interpretó erróneamente la orden de la corte al pro-ceder a la cancelación de dicha inscripción. Volvió la corte a negar la moción, y la demandada interpuso recurso de ape-lación contra esta resolución de la corte. La demandante apelada alega que esta resolución es inapelable, por haber recaído en virtud de una moción en que prácticamente se so-licita la reconsideración de la orden resuelta en 15 de diciem-bre de 1930. Nosotros así lo entendemos. En la primera moción se pidió que se excluyera de la orden la cancelación de la inscripción a favor de la demandada sobre la mitad de la finca; ahora se pide a la corte que restituya la inscripción. El resultado que se persigue es idéntico. La demandada apelante desea mantener en vigor la inscripción de la mitad del inmueble hecha a su favor, y trata, de realizar este pro-pósito ora obteniendo que se elimine de la orden de cancela-ción la mencionada inscripción, o consiguiendo que se dicte una orden decretando su restitución. Se trata, pues, de una moción que no tiene otro alcance que pedir la reconsideración de una resolución anterior, luego de transcurrido el plazo que fija la ley para apelar de las resoluciones dictadas des-pués de sentencia. De acuerdo con la jurisprudencia dic-tada por este tribunal, no es apelable la orden objeto de este recurso. Díaz v. Pastor, 29 D.P.R. 95; A. Hartman v. Cividanes, 28 D.P.R. 32; Ex Parte Boerman, 28 D.P.R. 83; Molfulleda v. Ramos, 16 D.P.R. 805. La Corte Suprema de California, en el caso de Title Ins. & Trust Co. v. California Development Co., 114 Pac. 839, cita varios casos sosteniendo esta doctrina y dice: “Los casos últimamente mencionados se basan en el principio de que una orden negando una mo-ción para dejar sin efecto una orden anterior no es otra cosa que una negativa de la corte a reconsiderar una acción ya tomada, por lo cual el recurso de apelación debe interponerse contra la orden original.

No siendo apelable la orden recurrida, debe desestimarse la apelación interpuesta por la demandada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Juan Perales, peticionario, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, Juez, demandada.

      No. 848.

    Sometido: Julio 11, 1932.

      Resuelto: Julio 26, 1932.

      Andrés Mena, abogado del peticionario.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión envuelta en este caso es la de si en un pro-cedimiento ejecutivo hipotecario al requerirse de pago al deu-dor es necesario entregarle copia del escrito inicial y de todos los documentos que ordena el artículo 128 de la Ley Hipotecaria y el 168 de su Reglamento que se acompañen al mismo.

El caso se desarrolló como sigue: Juan Perales, por me-dio de su abogado, inició en la Corte de Distrito de Humaeao un procedimiento para el cobro de cierta deuda garantizada con hipoteca. Acompañó a su escrito la escritura de hipo-teca inscrita en el registro de la propiedad y la certificación expedida por el registrador declarando que el gravamen no estaba cancelado ni se hallaba pendiente de cancelación.

Examinó el juez los documentos y pareciéndoles suficien-tes ordenó que se requiriera personalmente a los deudores, nombrándolos, para que pagaran al demandante las cantida.-des reclamadas, especificándose éstas.

El mandamiento de requerimiento ordenado fue, expedido por el secretario bajo el sello de la corte y fue cumplimen-tado por el márshal de la misma. Del diligeneiamiento trans-cribimos lo que sigue:

“Yo, Augusto Veve, Márshal.Certifico: Que en cumpli-miento de la presente orden requerí de pago a.entregando a cada uno de dichos demandados en el acto de requerimiento copia del escrito inicial 'o demanda, copia de la orden de la Corte y copia del mandamiento de requerimiento de pago, apercibiendo.”

Vencido el plazo concedido a los deudores para satisfacer su deuda, sin que lo hicieran, volvió a comparecer el acreedor pidiendo a la corte que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Hipotecaria y su Reglamento y en la Ley relativa a la.s sentencias y a la manera de satisfacerlas de 1905, ordenara que el demandante recuperara su crédito mediante venta en pública subasta de la finca hipotecada.

■Fué entonces que el juez de distrito por los fundamentos expresados en una cuidadosa opinión declaró sin lugar la mo-ción del acreedor entendiendo que el requerimiento no tenía validez por no haberse entregado a los deudores copia de la escritura de hipoteca que era también uno de los documentos acompañados por mandato de la ley al escrito inicial del pro-cedimiento.

El acreedor pidió al juez que reconsiderara su resolución y el juez se negó a ello. Entonces se dirigió a esta Corte Suprema por medio de este recurso extraordinario de cer-tiorari. El auto fué expedido y todos los documentos están ante nosotros.

En el caso de Petterson v. Contreras, 42 D.P.R. 491, se resolvió de modo terminante que ni la Ley Hipotecaria ni su Reglamento exigían la entrega al deudor de la copia de la escritura de hipoteca al verificarse el requerimiento.

Pero se dice que en un caso posterior, Pontón v. Sucesores de Huertas González, 42 D.P.R. 529, 537, decidimos que la entrega era necesaria.

Es cierto que en este último caso el juez de distrito como argumento adicional para sostener su conclusión dijo :■

“Amén de que en el caso de autos, no se ha hecho requerimiento alguno, puesto que no basta con decir que se le entregó a la parte ejecutada una copia de la demanda y una copia de la citación, sin que se diga que se le han entregado también c'opias de los demás do-cumentos que se acompañaron con el escrito inicial.” .

Y es cierto que la opinión del juez de distrito se transcribió con aprobación, pero leyendo todo lo transcrito y lo dicho por esta Corte Suprema se verá que no fué ésa la cuestión en que estuvo, fija la mente de la corte, sino aquélla que luego se resumió como jurisprudencia establecida, a saber: “En los ejecutivos sumarios hipotecarios, la orden de requeri-miento de pago debe ser cumplimentada por los funcionarios auxiliares de las cortes y no por una persona particular.” Véase lo que a continuación de la referencia a la transcrip-ción, hablando por sí niisma, dijo esta corte invocando su propio caso de González Martínez v. Registrador, 39 D.P.R. 835:

"En los ejecutivos sumarios hipotecarios, siendo la orden de re-querimiento de pago un acto judicial que emana directamente del juez & la Corte, a los funcionarios auxiliares de ésta es a quienes compete cumplimentarla. ’ ’

Se citó por el juez de distrito el caso de Torres v. Lothrop, Luce & Co., 16 D.P.R. 180. Copia el juez del resumen lo que sigue:

“Si bien es cierto que el requerimiento al deudor es necesario al iniciar un procedimiento hipotecario, no era requisito previo notifi-carle la demanda antes de empezar a regir el nuevo Código de Enjui-ciamiento Civil.”

E infiere que después de empezar a regir el Código, la no-tificación del escrito es un requisito previo imprescindible.

Examinado el texto de la opinión se encuentra como base 'del resumen, lo que sigue:

“La cuarta objeción que se ha formulado consiste en que a Torres Zayas no le fué entregada una copia de la demanda. Los procedi-mientos dieron principio antes de que empezara a regir el Código de Enjuiciamiento Civil, y no se nos ha indicado nada que justifique ■que el requerimiento no se hubiera practicado en la forma exigida p’or la ley hipotecaria.”

De ello nada puede deducirse que se resolviera claramente en definitiva, en un sentido o en otro, para cuando estuviera ■en vigor el Código.

también se cita por el juez de distrito el caso de Mestre v. Michelena, 30 D.P.R. 148, 154, citado en el de Pontón, supra. La parte que se invoca aparece al final del segundo párrafo de la página 154, y dice:

“Asimismo, si como dicen los apelantes, el requerimiento es seme-jante al emplazamiento en un pleito ordinario, entonces sus defectos .podían quedar subsanados probándose que realmente se hizo la no-tificaeión a l'os deudores como se indica en los autos al discutirse la excepción de cosa juzgada.”

Es verdad que el requerimiento es semejante al emplaza-miento, ya que por él se pone en conocimiento del deudor la existencia del procedimiento judicial iniciado contra él, pero ello no quiere decir que ambos actos sean enteramente igua-les y deban verificarse con las mismas formalidades.

Lo que dice la Ley Hipotecaria en cuanto al requerimiento está contenido en su artículo 128, así:

1 < &
“Se requerirá al deudor de pago si residiere en el. lugar en que radica la finca y se supiere su domicilio; bastará en otro caso que se requiera al que se halle al frente de la finca en cualquier concepto legal, a fin de que ponga en conocimiento del dueño la reclamación-”

Ni la Ley ni su Reglamento explican la forma en que el requerimiento debe practicarse. El último en su artículo 176, segundo párrafo, prescribe:

“Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigentes en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, serán aplicables a estos procedimientos como supletorias, en cuanto no se opongan a lo prescrito en la Hipo-tecaria y en el presente reglamento. ’ ’

Refiriéndose a requerimientos, dice el artículo 275 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, igual al del mismo número de la de Cuba y Puerto Rico:

“Los requerimientos se harán notificando al requerido, en la forma prevenida, la providencia en que se mande, expresando el actuario en la diligencia haberle hecho el requerimiento en aquélla ordenado.

Y en cuanto a la notificación dispone la misma ley, ar-tículo 262, igual al de la de Cuba y Puerto Rico, que: .

“Las notificaciones se practicarán por el escribano, secretario u oficial de Sala autorizado para ello, leyendo íntegramente la provi-dencia a la persona a quien se hagan, y dándole en el acto copia literal de ella, firmada por el actuario, aunque no la pida, expresando el negocio a que se refiera.
“De lo uno y de lo otro deberá hacerse expresión en la diligencia.”

Signen otras disposiciones importantes, pero tampoco en ellas se ordena la entrega de copia de otros documentos que no sean la providencia que se ordena notificar.

Dice Manresa comentando los artículos 262 y 263 de la Ley de Enjuiciamiento, en parte así:

“La ley de 4 de junio de 1837, sobre notificaciones, dictó las re-glas convenientes para ejecutarlas, corrigiendo l’os abusos y corrup-telas de la práctica antigua. Eran tan prudentes y acertadas sus disposiciones, que se creía baber llegado a la perfección en esta ma-teria, y se reprodujeron sustaneialmente en los artículos 21 al 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855. Pero la experiencia ha hecho ver que aún había algo que corregir no por defecto de la ley, sino por la malicia o negligencia de los encargados de cumplirla, y a este fin se dirigen las modificaciones introducidas en lo que se hallaba dispuesto sobre el plazo, modo y forma de hacer las notificaciones, y la responsabilidad del oficial público, encargado de ejecutarlas. Es de tal importancia una notificación para la defensa de los derechos litigiosos, que cualquier abuso puede acarrear perjuicios irreparables.
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‘1 Se previene en el 262, que la e’opia de la providencia, auto o sen-tencia, que autorizada con su firma debe entregar el actuario o la persona notificada, aunque no la pida, debe ser literal, como se ordenó en la primera de dichas leyes, aunque se omitió esta circunstancia en la segunda, y por consiguiente debe contener al pie de la letra toda la resolución judicial, sin limitarla a la parte dispositiva. Y se añade que en la misma copia se expresará el negocio a que se refiera, con el objeto de evitar el inconveniente que resultaba de no hacer dicha expresión, pues como, por regla general, en las providencias no se hace mención de los nombres de los litigantes ni del asunto a que se refieren, y suelen ser iguales las de mera tramitación, si no se expresan dichas circunstancias en las copias, no puede saberse con certeza cuál sea el asunto en que haya recaído la providencia. ’ ’

Y comentando luego el artículo que se refiere al reque-rimiento, expresa:

“Después de haberse determinado en los artículos anteriores la* forma en que han de hacerse las notificaciones, citaciones y emplaza-mientos, se trata en el presente de los requerimientos, siguiendo el orden establecido en el epígrafe de esta sección. Conforme a la práctica establecida, se dispone que l’os requerimientos se hagan en la misma forma que las notificaciones, esto es, leyendo íntegramente el actuario la providencia al requerido y dándole copia literal de ella, pero expresando además en la diligencia haberle hecho el requeri-miento en aquélla ordenado y la respuesta que diere, si fuese habid'o a la primera diligencia en busca. Cuando no se le encuentre en su casa o habitación, o no sea conocido su domicilio, se practicará lo que para cada uno de estos casos se previene en los arts. 266 al 269.”

Estas cuestiones son de tal importancia que los abogados en quienes confían los litigantes la gestión o defensa de sus casos deben redoblar sus esfuerzos a fin de que todo se cum-pla en debida forma.

Abora bien, atendido lo complejo1 que resultan, no deben los tribunales por errores leves que no afecten los derechos substanciales de las partes, anular procedimientos que de hecho y de derecho son en verdad enteramente válidos.

Refiriéndose Manresa en sus Comentarios a la Ley de En-juiciamiento Civil a la reforma introducida en las Islas de Cuba y Puerto Rico en el procedimiento ejecutivo al pro-mulgarse la Ley Hipotecaria y su Reglamento, con su ex-traordinario dominio de todas las cuestiones legales y su acostumbrada claridad, penetra en la esencia de la reforma y dice:

“La Ley de Enjuiciamiento Civil para Cuba y Puerto Rico aceptó el procedimiento establecido en la de la Península para el juicio eje-cutivo, sin otra modificación que la exigida por la diferencia de valor en la moneda. El mismo procedimiento regía en las Islas Filipinas desde que por Real decreto de 3 de febrero de 1888 se hizo extensiva a aquellas islas la ley de la Península. Pero ese procedimiento, en cuanto se relaciona con los créditos hipotecarios, ha sido modificado esencialmente por la nueva Ley Hipotecaria para las provincias de Ultramar, que reformando las que regían en Cuba, Puerto Rico y Fi-lipinas, ha sido sancionada y publicada en 14 de julio del presente año 1893, y por el reglamento para la ejecución de dicha ley, apro-bado por Real decreto de 18 del mismo mes de julio, mandando a la vez que, tanto aquélla como éste, empezarán a regir en cada una de dichas islas a los veinte días de terminarse la publicación de la, ley en las Gacetas oficiales respectivas.
“Esa reforma tiene por objeto dar mayores garantías y facilidades al crédito territorial en nuestras provincias ultramarinas, cohibido en parte por el procedimiento largo, costoso e inseguro para hacer efec-tivos los créditos hipotecarios. Por ella, se suprime el primer período del juicio ejecutivo, ordenado en la sección Ia del presente título, y se comienza el procedimiento judicial por la vía de apremio, simpli-ficándola cuanto es posible.”

Y luego, como explicación al apéndice en que transcribe los preceptos relativos a la reforma, vuelve a expresar:

“En la introducción del presente título (páginas 442 y 443 de este tomo) se llamó la atención sobre la importante y radical reforma que por la nueva Ley Hipotecaria para las provincias de 'Ultramar, de 14 de julio de 1893 y su reglamento de 18 del mismo mes, se h;abía introducido en el procedimiento del juicio ejecutivo, que en aquellas provincias era igual al de la Península, pero sólo con relación a los créditos hipotecarios; reforma que consiste en suprimir el procedi-miento ejecutivo, ordenado en la sección Ia. de este título, comenzando las actuaciones judiciales por la vía de apremio, simplificada en cuanto es p’osible. ’ ’

La vía de apremio comienza después de dictada y consen-tida la sentencia de remate. De suerte que al requerirse al deudor lo que en verdad se le notifica es una sentencia, dán-dosele treinta días para satisfacerla. Además, el documento en que consta la deuda garantizada con hipoteca que se or-dena satisfacer es un documento público, perfectamente cono-cido del deudor, ya que fué otorgado por él mismo. La en-trega de una copia no es, pues, un requisito imprescindible.

Resolver que debe aplicarse al requerimiento todo lo dis-puesto en el vigente Código de Enjuiciamiento Civil para el emplazamiento, sería introducir en la Ley Hipotecaria dis-posiciones que no contiene, quedando virtualmente anula-dos cientos de procedimientos seguidos al amparo de dicha ley y de acuerdo con la práctica en vigor por muchos años.

Parece conveniente transcribir lo que sigue de la petición de certiorari. Es así:

“Desde 1906, vigente ya el actual Código de Enjuiciamiento Civil, esa Hon. Corte Suprema en el caso de Giménez vs. Brenes, 10 D.P.R. 128, dijo que el Código de Enjuiciamiento Civil regula en el orden común y ordinario las acciones civiles, y que el procedimiento sumario para el cobr'o de hipotecas es el resultado de un contrato entre partes?, en el que se han convenido las prestaciones y se ha pactado también el medio de hacer efectivo' el crédito en caso de incumplimiento. De modo que el Código de Enjuiciamiento Civil, requiere acción en ejer-cicio, partes contendientes, demandante y demandada, juicio y sen-tencia final que p'onga término al debate, y el procedimiento sumario nada de eso exige porque las partes así lo han querido.
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“Durante veinte y seis años consecutivos esa Hon. Corte Suprema ha venido sosteniendo que los procedimientos sumarios hipotecarios son especiales y ex parte, que al deudor se le requiere únicamente para que pague y finalmente que no constituyen cosa juzgada. Anaud vs. Martínez, 40' D.P.R. 669.
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“El letrado que suscribe hace veinte años que postula ante la Corte de Distrito de Humaeao, y durante dicho tiempo ha tramitado centenares de procedimientos sumarios hipotecarios. El presente es el primero en el cual se le exige que se notifique a la parte demandada las aludidas copias. Su allanamiento incondicional a esta disposición implicaría el reconocimiento tácito de que todos los procedimientos anteriores que él tramitó, son nulos. Y este letrado en buena ética profesional está obligado a sostener su validez y a invocar en su apoyo además de las autoridades enumeradas, la regla de stare decisis, 'o sea que no es lícito cambiar la interpretación de la Ley Hipotecaria se-guida durante veinte y seis años consecutivos, sin que haya un motivo muy poderoso para ello’, que en el presente caso entendemos que no existe. ’ ’

En tal virtud, no siendo necesaria la entrega de la copia de la escritura de hipoteca al practicarse el requerimiento por no exigirlo la ley, erró la corte de distrito al anular por tal motivo el requerimiento practicado en este caso y su re-solución debe dejarse sin efecto, devolviéndose el procedi-miento para que contiime tramitándose de acuerdo con la ley.


text:
    Las Monjas Racing Corporation, demandantes, v. John Doe y Richard Roe, et als. demandados, y Francisco Fontanals, interventor y apelante. Las Monjas Racing Corporation, demandante y apelada, v. John Doe, Richard Roe, et als., demandados y apelantes.
    Nos. 6054 y 6055.

    Sometidos: Julio 11, 1932.

      Resueltos: Julio 26, 1932.

      Julio Reguero, abogado del apelante Raimundo Faura en el caso No. 6055 y Molioia, Dubón & Ochoieco, abogados del apelante Francisco Fontanals en el caso No. 6054; Feliú & La Costa, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Los recursos números 6054 y 6055 se interpusieron contra una misma sentencia. Se lia solicitado su desestimación por frívolos. Consideraremos la cuestión levantada, que es la misma en ambos casos, en esta sola opinión.

El 28 de junio de 1931 se celebraron carreras de caballos en el Hipódromo de “Las Monjas Racing Corporation.” Funcionaron los juegos de pool y bancas. Se efectuaron siete carreras. De acuerdo con la ley y los reglamentos todas las sumas de dinero jugadas, después de descontarse las can-tidades que determina la ley, deberán pagarse a la persona o personas que acierten los siete caballos ganadores. Cuando nadie acierta los siete, o cuando se declara nula alguna ca-rrera, la suma se reparte entre los que aciertan seis o el mayor número de caballos ganadores.

Sucedió que una de las carreras fué anulada. Corres-pondía entonces la distribución entre los que acertaron los caballos ganadores en las seis restantes, pero como hub© personas que además de acertar en las seis carreras dejadas subsistentes acertaron también en la declarada nula y recla-maron a la Corporación que celebró las carreras para ellas exclusivamente toda la suma a distribuir, la Corporación se dirigió a la corte de distrito y depositó en ella dicha suma ascendente a $15,991.50 para ser pagada a quien de acuerdo con la ley correspondiera.

Francisco Fontanals, uno de los que acertó los siete ca-ballos, pidió intervenir y se le concedió permiso para for-mular como formuló su demanda. También Raimundo Faura., otro de los que acertó los siete caballos en las siete carre-ras, presentó su reclamación. Los que acertaron seis recla-maron sus derechos. Y después de haberse acordado entre-gar a los que acertaron siete la parte proporcional de lo que les correspondería distribuyendo la suma entre todos los que acertaron siete y seis y después de haberse citado a todos los interesados, fué el pleito a juicio.

■ Los interventores trataron de presentar prueba sobre lo erróneo de la resolución del Jurado declarando nula la se-gunda carrera. Se opusieron los que acertaron seis. Y la corte resolvió que la prueba era inadmisible y que carecía de jurisdicción para revisar la decisión del Jurado, dictando sen-tencia de conformidad.

Contra esa sentencia fué que apelaron separadamente Fontanals y Faura.

Los artículos 18 y 19 de la Ley Hípica Insular de 1927 tales como, fueron enmendados por la Ley No. 44 de 1929, Leyes de 1929, páginas 245 y 247, dicen:

“Artículo 18. — El jurado es el encargado de Telar por el cumpli-miento de las reglas que dictare la Comisión Hípica Insular para el funcionamiento de las carreras. Las decisiones del jurado serán firmes e inapelables, excepto en los casos en que su decisión imponga un correctivo mayor de seis meses, en los cuales podrá apelarse para ante la Comisión Hípica Insular, la cual tendrá obligación de resolver dicha apelación dentro del término improrrogable de diez (10) días y cuyo fallo será definitivo e inapelable, salvo lo que dispone el ar-tículo 6 de esta Ley.”
“Artículo 19. — En todas las cuestiones que tuviere que resolver dicho jurado como cuerpo, la decisión de la mayoría será concluyente; Entendiéndose, que tanto las corporaciones y personas que especu-len con el negocio de hipódromo’, así como los dueños de caballos, jockeys, cuadreros, trainers, o cualesquiera, otros interesados, queda-rán supeditados a dichas decisiones; Disponiéndose, que en todo caso que el jurado considere que en alguna carrera han ocurrido irregula-ridades, deficiencias o maniobras que prima facie hagan apreciar que la carrera ha sido verificada y conducida de un modo ilegal o ma-licioso, deberá suspender sus efectos para el pago del pool y bancas, pero dando cuenta inmediatamente a la Comisión Hípica Insular, de su acuerdo y de sus fundamentos, y dicha Comisión Hípica Insular, dentro de un término que no podrá exceder de cuarenta y ocho horas a contar desde la celebración de. la carrera, y previa audiencia pública de las partes interesadas, resolverá la validez o nulidad de dicha carrera, y la resolución que dictare será firme, ejecutoria e ina-pelable, y contra ella los jueces y tribunales no admitirán demanda ni recurso judicial alguno ordinario ni extraordinario.
“Cuando el jurado por cualquier circunstancia descualifiease al-gún caballo, el dinero que a éste se haya apostado en las bancas les será devuelto a los interesados.”

Si se aplica el artículo 18 debe resolverse que las decisio-nes del Jurado serán firmes e inapelables, excepto en los casos que expresa, en los que claramente no está compren-dida la resolución de que se trata en éste.

Si se aplica el artículo 19 que fué el interpretado por esta Corte Suprema en el caso de Ortiz v. Comisión Hípica Insular, 39 D.P.R. 771, como parece que es lo procedente, debe concluirse que tuvo razón la corte sentenciadora al negarse a admitir prueba sobre los hechos que sirvieron de base al Jurado para dictar su resolución.

Todo lo que la ley ^requiere es que cuando el Jurado con-sidere que en alguna carrera han ocurrido irregularidades, deficiencias o maniobras que prima facie hagan apreciar que la misma fué verificada y conducida de un modo ilegal o ma-licioso y suspenda sus efectos para el pago de pool y bancas, dé cuenta inmediatamente a la Comisión Hípica Insular de su acuerdo y de sus fundamentos, y dicha Comisión Hípica Insular, dentro de un término que no podrá exceder de cua-renta, y ocho horas a contar desde la celebración de la ca-rrera, y previa audiencia pública de las partes interesadas, resuelva sobre la validez o nulidad de la carrera.. Su reso-lución será firme, ejecutoria e inapelable y contra ella los jueces y tribunales no admitirán demanda ni recurso judicial alguno ordinario ni extraordinario.

A juzgar por los documentos que obran en los autos, el Jurado informó a la Comisión con respecto a las carreras ce-lebradas el 28 de junio, conteniendo su informe un párrafo que dice:

. “La segunda carrera fué anulada para los efectos del pool y 'con el voto disidente del Jurado Marrero, por haber transcurrido los diez minutos reglamentarios para las salidas.”

Y aparece además que la Comisión aprobó el informe ál día siguiente, 29 de junio, según se deduce de la siguiente nota:

“En relación con este informe el Comisionado Sr. Barbosa, mani-fiesta que tiene conocimiento de que ‘Las Monjas Bacing Corporation’ ha consignado en la Corte de Distrito el importe del pool de las carre-ras celebradas el día 28 de junio, 1931, y propone que la Comisión autorice para el público la siguiente declaración:
“ ‘La Comisión Hípica Insular ha recibido el informe del Jurado en el cual se hace constar que la segunda de las carreras celebradas el día 28 de junio, 1931 en el hipódromo Las Monjas fué declarada nula para el pool de conformidad con el artículo 239’ del reglamento, .por decisión de la mayoría de dicho cuerpo.
“ ‘En virtud de las disposiciones del artículo 19 de la Ley Hí-pica que dispone que en todos los casos que tuviere que resolver dicho Jurado como cuerpo, ia decisión de la mayoría será concluyente; entendiéndose, que tanto la corporación o persona que especule con el negocio de hipódromos así eom'o los dueños de caballos, joclceys, cuadreros o trainers, o cualesquiera otros interesados quedarán supe-ditados a dichas decisiones, la función de la Comisión en este caso se limita a aprobar dicho informe contra el cual no cabe recurso de reconsideración alguno ni ante la Comisión ni ante los tribunales de justicia de acuerdo con la jurisprudencia establecida por el Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico, al resolver el caso de Ortiz vs. Comisión Hípica Insular, 39 D.P.R. 771-774.
“ ‘Consecuentemente, el montante del pool del referido día deberá ser repartido p'or el administrador del pool del hipódromo Las Mon-jas entre las personas que acertaron los seis (6) caballos ganadores.
“ ‘Puesta a votación esta moción, fué aprobada por unanimi-dad.’ ”

Siendo eso así, parece que la ley se ha cumplido y que de acuerdo con la misma para nada tienen que intervenir los tribunales. Sin embargo, leyendo la nota preparada para el público del acuerdo de la Comisión Hípica Insular, que es lo único que se llevó a los autos, se advierte que no se con-signa expresamente que se celebrara la previa audiencia pú.-blica de las partes interesadas a que se refiere la ley. Esto no aparece alegado como motivo de nulidad en las demandas o peticiones de los interventores. Se señala como error en el alegato de Faura. Ante ese señalamiento que levanta no una cuestión referente a los motivos que tuviera el Jurado para actuar, sino al procedimiento seguido ante la Comisión ¿puede sostenerse que el recurso sea frívolo? En el caso en que se fundó la corte, en que se fundan los peticionarios y en que se fundó la misma Comisión, esto es, en el de Ortiz v. Comisión Hípica Insular, 39 D.P.R. 771, 773, esta corte dijo:

“Así, pues, la decisión del jurado se hace girar sobre la opinión for-mada por dicho cuerpo, y no sobre la existencia de ‘irregularidades, deficiencias y maniobras, graves, que prima facie hagan apreciar que la earerra ha sido verificada y conducida de un modo ilegal y mali-cioso.’ No se dispone un juicio de novo ante la Comisión Hípica. Tampoco se dispone la formalidad de un juicio, ni siquiera de una investigación en primera instancia. El jurado puede actuar inme-diatamente por la impresión derivada de 1.a observación personal. La comisión puede proceder sobre la decisión del jurado y sus funda-mentos, como punto de partida y base para la audiencia pública qúe baya de concedérseles a las partes interesadas. Una audiencia pú-blica de las partes interesadas es todo lo que la ley exige. La peti-ción en el presente caso alega expresamente que la decisión de la comisión fue dictada después de tal audiencia. ’ ’

¿Hay base en los autos para sostener que no se celebró la audiencia? Hemos dicho que no consta expresamente de la nota dada al público del acuerdo de la Comisión que se celebrara, pero en verdad no existe prueba de que la Comi-sión no actuara después de haber oído o dado una oportuni-dad para oír a las partes interesadas. T el récord está com-pleto ante nos. La corrección de los procedimientos se presume.

'Ya dijimos que la cuestión no se levantó en las demandas o peticiones. Tampoco se ofreció prueba sobre ella en el acto de la vista.

Bajo esas circumstancias nos inclinamos a resolver que no pudiendo sostenerse que la Comisión no celebrara la audien-cia que ordena la ley, los recursos resultan enteramente frí-volos, debiendo en tal virtud desestimarse.


text:
    Ex parte Eduardo Urrutia Martorell, peticionario. Ex parte Antonio Escalera, peticionario.
    Nos. 33A y 66.

    Sometidos: Marzo 31, 1932.

      Resueltos: Julio 29, 1932.

      El peticionario TJrrutia Martorell compareció por su propio derecho; Juan Lastra, abogado del peticionario señor Escalera; Juan B. Soto, C. del Toro Fernández e I. Soldevila, abogados del Colegio de Abogados de Puerto Rico, opositor.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Eduardo Urrutia y Antonio Escalera obtuvieron de la Le-gislatura de Puerto Pico dos Resoluciones Conjuntas — las núms. 58 y 69, Leyes de 1931, págs. 1015 y 1051 — , por virtud, de las cuales se les facultó para sufrir examen de reválida ante este Tribunal Supremo. Ambos presentaron sus soli-citudes y a ellas se opusieron varios abogados por estimar que las Resoluciones eran inconstitucionales porque equiva-lían a negar la igual protección de las leyes a futuros can-didatos.

Oídos todos los interesados la corte desestimó la objeción a la constitucionalidad de la actuación legislativa, y a los efectos de cumplir mejor su cometido, señaló otra vista para que los peticionarios pudieran aportar nuevas pruebas, dán-dose a los opositores la • oportunidad de repreguntar a los testigos que presentaren. La resolución de esta corte se basó en la opinión que aparece publicada en este mismo vo-lumen a las páginas 168 y siguientes. La vista fué celebrada y los casos están otra vez ante nosotros para su resolución definitiva.

Las Resoluciones Conjuntas de que se trata hablan de exámenes de reválida. Reválida- es la acción y efecto de revalidarse, y revalidarse es recibirse o aprobarse en una fa-cultad por tribunal superior.

Dentro del plan de estudios de las universidades españo-las la carrera de Derecho estaba dividida en cursos, compren-diendo cada curso varias asignaturas, algunas de las cuales se extendían a dos. .Cuando el estudiante aprobaba todas las asignaturas mediante examen, bien asistiendo personal-mente a las aulas de la universidad, ya estudiando libremente y compareciendo sólo a la Universidad de cuando en cuando en las fechas señaladas para los exámenes, tenía aún, para obtener su título, que sufrir otro examen general que se lla-maba de reválida. Cuando ocurrió el cambio de soberanía, se autorizó el estudio libre de la carrera de abogado fijándose por la ley expresamente las materias que debían estudiarse. La suficiencia se demostraba mediante exámenes ante un tribunal formado de jueces y abogados bajo el control del Tribunal Supremo. Hoy esos exámenes se verifican de acuerdo con las reglas prescritas por la Universidad de Puerto Rico, que es una institución creada y sostenida por el Estado.

■También se autorizó a aquellos que obtenían sus diplomas en Universidades acreditadas de los Estadqs Unidos a sufrir un examen general oral ante el tribunal primeramente in-dicado. Si el examen era satisfactorio, se les autorizaba a ejercer ante las cortes de la Isla. Esta práctica continúa y el examen que se toma se ba llamado y se llama de reválida.

¿Han cumplido los peticionarios en este caso presentando algún diploma de algún centro docente? Urrutia presentó un diploma expedido por la “Chicago School of Law” credi-tivo de haber tomado y aprobado el curso de Leyes de ese Colegio. Escalera presentó un diploma expedido por el “Hamilton College of Law.” Ninguno de esos diplomas hu-biera permitido a los peticionarios pedir el examen de revá-lida que la ley general autoriza, porque fueron obtenidos a virtud de estudios por correspondencia. De ahí que acudie-ran a la Legislatura en solicitud de leyes especiales.

Tal práctica no es recomendable. Las leyes de privilegio levantan siempre en la conciencia un movimiento de protesta. Sólo están justificadas en casos verdaderamente extraordi-narios.

En Puerto Pico la obtención de una licencia para ejercer la abogacía está abierta a todos sus ciudadanos. Limitándo-nos a los que en la Isla residen, tienen dos medios a su al-cance, a saber, 1, el de la asistencia personal a las- aulas uni-versitarias donde pneden seguir sus estudios bajo la direc-ción de profesores competentes e ir aprobando las asignatu-ras por cursos y mediante exámenes de acuerdo con el plan de estudios y las reglas de la Universidad, y 2, el de esos mismos exámenes tomados periódicamente estudiando uno mismo o bajo la dirección de profesores o personas compe-tentes por uno mismo escogidos.

Un examen de las leyes que ban regido y rigen en la Isla sobre la materia, demuestra la firme tendencia de exigir más cada día no sólo en cnanto a los estudios de derecho en sí mis-mos, sino especialmente en cuanto a conocimientos previos. Ningún requisito se fijó al principio, luego se exigió el diplomá de octavo grado, más tarde el de escuela superior, y abora se requieren algunas asignaturas del Bachillerato en Artes y existe el pensamiento de que los estudios legales se comien-cen después de haberse terminado los del dicho Bachillerato, como sucede en España y en otras naciones europeas y como gradualmente se va estableciendo en las más reputadas uni-versidades americanas.

T es que si hay alguna carrera que necesite de los estu-dios previos para poderse ejercer debidamente, es en verdad la de derecho. La vida es cada vez más intensa y compli-cada, las leyes se multiplican y abarcan todo género de re-laciones jurídicas, nuevas por completo algunas de ellas, y el abogado es el llamado a solucionar los problemas que crea esa vida de relación. Las leyes son fórmulas, preceptos que no basta conocer literalmente. Tras esas' fórmulas y precep-tos están la experiencia de los siglos, las conquistas de la civilización, el eterno esfuerzo de la humanidad hacia una vida más justa y mejor que en ellos cristalizaron. De ahí que para penetrar en su espíritu y poderlas aplicar debida-mente, sea necesario el previo conocimiento' de la naturaleza humana, del hombre y de la sociedad, y del avance de sus conocimientos por lo menos en sus principios fundamentales. La escuela gramatical, la escuela superior y el colegio pre-paran admirablemente el cerebro que ha de dedicarse luego al especial estudio de la ley.

La Legislatura de Puerto Pico ha sido justa. Legisló de acuerdo con las condiciones prevalecientes en cada época. Las facilidades que concedió al principio están justificadas. Á medida que el sistema escolar por ella misma implantado ha ido produciendo sus frutos, ha ido exigiendo más hasta llegar como llegará sin duda a ponerse a tono con los mayo-res avances realizados. Ta no son diez, ni cien los jóvenes que anualmente se gradúan en las escuelas superiores. Ya existe una juventud bien preparada tan numerosa que puede proporcionar toda la materia prima que es necesario desarro-llar para las más exaltadas profesiones. Y si la Legislatura preserva como ha preservado y debe siempre preservar la enseñanza libre y si la Universidad del Estado, reconociendo la gran función social y el fuerte espíritu de justicia que en-traña esa enseñanza libre, no hace imposible su existencia, existirá menos justificación cada día para las leyes especia-les o de privilegio en cuanto a la admisión de candidatos al ejercicio de la abogacía.

Examinemos a la luz de esos principios y del estado actual de la ley, las circunstancias que concurren en estos casos.

Ya hemos dicho que ambos candidatos poseen diplomas de Bachiller ■ en Leyes obtenidos por correspondencia. Urru-tia es además graduado de escuela superior y desempeñó por muchos años el cargo de márshal de la Corte de Distrito de San Juan, demostrando en él su competencia en cuestiones legales importantes en varias ocasiones. Varios miembros notables del foro declararon en términos encomiásticos en re-lación con su inteligencia, conocimientos generales y habili-dad. Citaremos parte de ana sola de esas declaraciones, la del letrado Lais Llorens Torres. Dice:

“Lo he tratado bastante. Lo he visto durante ocho o diez años ac-tuando de márshal de la Corte de Distrito de San Juan. Me consta que mientras estaba actuando de márshal en la corte estudiaba la profesión de abogado. Estudiaba derecho civil, hipotecario . . . Por las conversaciones que he tenido con él y las discusiones, he visto, no de ahora sino de tres o cuatro años atrás, que es un hombre culto, además de ser graduado de ‘higii school,’ culto en materia de his-toria, filosofía, derecho constitucional. A mi oficina ha ido muchas veces durante ese tiempo, cuando márshal de la corte de distrito y después a tratarme cuestiones de derecho y a discutir conmigo. He visto que es una persona culta y tengo la idea que un hombre que es inteligente, graduado de ‘high school,’ de una cultura general, si ese hombre ha sido márshal durante ocho años y ha estado estu-diando derecho, oyendo a los grandes abogados en la corte,- creo que tiene mejor universidad que cualquier otro alumno de Puerto Rico.”

La prueba en cuanto a Escalera fué muy deficiente. En el primer por cuanto de la Resolución Conjunta No. 69 se ex-presa lo que movió a la Legislatura a actuar en la forma en que lo hizo. Dice: “Por cuanto, el señor-Antonio Escalera desde el expresado año 1909 basta la fecba, se ba dedicado a la práctica de leyes en diversos bufetes de abogados autori-zados para ejercer su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ya estudiando asuntos, redactando alegaciones en toda dase'de pleitos, peticiones en cuestiones ex parte, re-medios extraordinarios y alegatos en pleitos en apelación ante la Corte Suprema de Puerto Rico, ya interviniendo en con-sultas, ya resolviendo importantes cuestiones administrativas y contenciosas, a satisfacción de los abogados con quienes' ba trabajado;” y ello en verdad no quedó demostrado de modo satisfactorio por la prueba que el peticionario ofreciera a la corte y que consta unida a este expediente.

Además, la corte tuvo una amplia oportunidad de juzgar por sí misma a los peticionarios. En la manera de conducir su caso, Urrutia demostró su competencia. Escalera en sus manifestaciones pareció ajeno a la práctica judicial y al co-nocimiento de la ley.

No hemos dudado un solo momento después de practi-cada la prueba en cuanto a la resolución única que procedía dictar en el caso de Escalera. No es posible acceder a su solicitud. Hemos dudado en cuanto a Urrutia en lo que res-pecta a si su caso es el verdaderamente extraordinario que justificaría el privilegio que implica la Resolución Conjunta No. 58 de 1931 y hemos decidido finalmente resolver la duda en su favor.

En su consecuencia debe declararse con lugar la solicitud de Orrutia admitiéndole a examen en él próximo noviembre, comunicándose al tribu/nal examinador las circunstancias de su caso a fin de que el examen sea todo lo amplio que las mis-mas exigen, y debe declararse sin lugar la solicitud de Es-calera.

El Juez .Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Perfecto Rivera, acusado y apelante.
    No. 4664.

    Sometido: Febrero 3, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de San Jnan formnLó nna acusa-ción contra Francisco Echavarry y Perfecto Bivera, en los siguientes términos:

“El fiscal formula acusación contra Francisco Echavarry y Per-fecto Rivera, por un delito de Adulteración de Leche (misdemeanor) cometido de la manera siguiente: Los referidos acusados Francisco Echavarry y Perfecto Rivera, allá por el día 21 de agosto de 1930, y en San Juan, P'. R., que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, ilegal, voluntaria y maliciosamente, vendían, ofrecían y te-nían en venta, y transportaban como buena, con el fin de dedicarla al consumo humano, leche de vaca, adulterada con agua.
“El referido acusado Perfecto Rivera antes de cometer el delito de Adulteración de Leche, del cual se le acusa en esta acusación, fué condenado por la Corte de Distrito de San Juan, P. R., a pagar-una multa de $100.00 en 25 de septiembre de 1928, por un delito de adulteración de leche, y cuya multa pagó. ’ ’

Llamada la causa para juicio ambos acusados' alegaron ser inocentes. Practicadas las pruebas, la corte absolvió a Echavarry. Con respecto a Bivera su sentencia fué:

“.y declara culpable a Perfecto Rivera, del delito de adul-teración de leche y lo condena a sufrir la pena de seis meses de cár-cel, al pago de $500.00, y la cancelación de cualquier certificado o licencia que tenga para la venta de leche; sin costas, por ser insol-vente.”

No conforme Bivera, apeló. Señala en su alegato dos errores así:

“1. La sentencia es contraria a la ley y a la las pruebas, ya que no hay evidencia suficiente para condenar al acusado, ni del standard o grado legal que la leche debe contener para ser ven-dida de acuerdo con la ley.
“2. La sentencia es nula.

Examinemos el primero.

De la transcripción de la evidencia resulta que al comen-zar el juicio dijo la defensa:

“Nosotros admitimos el informe del perito en cuanto a que la leche salió adulterada y queremos admitir que este acusado no es un reincidente sino que fue condenado anteriormente por un delito de adulteración de leche; el acusado admite que eso es cierto.
“Fiscal: — En otras palabras hace alegaciones de culpabilidad sobre reincidencia.
“Defensa: — Nosotros admitimos que él fue condenado, para los efectos del récord.”

El fiscal no introdujo prueba sobre reincidencia ni sobre el resultado del análisis químico de la leche ocupada. Pre-sentó dos testigos, Víctor M. Morales y José Fonfría. La declaración del primero, que es un inspector de sanidad, fué, en parte, como sigue:

“Q. — Qué sabe en este caso?. R. — En 21 de agosto de 1930, en Puerta de Tierra, municipalidad de San Juan y en la calle de Pe-^o, en un puesto de leche propiedad de Francisco Eehavarry, nos presentamos el inspector José Fonfría y yo a tomar una muestra de leche. Tomamos la muestra en tres botellas, le echamos cinco gotas de formol, las lacramos, sellamos, y rotulamos 'Perfecto Rivera’; las llevamos una al laboratorio, una a la oficina local de sanidad y otra que le dejamos al acusado. — P.—Para qué era ese puesto de leche?— R. — Para la venta. — P.—Cuántas puertas tenía ese puesto ? — R.—Una puerta. — P.—Había gente comprando leche? — R.-—Sí, señor. — P.— De dónde tomaron la muestra? — R.—De una lata de gas que tenía aproximadamente diez litros de leche.- — P.-—Quién despachaba la le-che? — R.—Perfecto Rivera. — P.—De quién era ese puesto? — R.—De Francisco Eehavarry. — P.—La licencia del puesto a nombre de quién estaba ? — R. Francisco Eehavarry. — Fiscal: Nada más.- — -Defensa: P. —Quién comproba allí? — R.—-Una señora y dos o tres'niños. — P.— Cómo se llamaba la señora? — R.—No sé, no le tomé el nombre. — P. Sabe qué cantidad de leche compraba? — R.—No recuerdo. — P.—Y los niños los vió comprando? — R.—Tampoco recuerdo. — P.—No sabe el nombre de los niños? — R.—No, señor. — P.—De dónde tomó usted la muestra? — R.—De una lata ele gas. — P.—Es un recipiente? — R.—Sí, señor.- — Defensa: Nada más.”

Fonfría, otro inspector de sanidad, corroboró a Morales sobre el hecho de haber estado en el puesto y tomado las tres muestras de leche. Nada dijo sobre la venta de leche por parte del acusado. Nada se le preguntó sobre el particular.

La prueba de la defensa consistió en la declaración del acusado Rivera y en la de otros testigos que la corroboran. En parte dijo el acusado:

“P. — Esplique al señor Jaez lo que ocurrió ese día con los ins-• peetores de sanidad y la leche. — R.—Ese día 21 de agosto, jueves por la mañana, como a las ocho de la mañana, estábamos en espera de la leche, que no había llegado y a la hora de la llegada de la leche llegó el señor Morales y el señor Fonfría y de la misma leche que se estaba midiendo al recibirla tomaron una nuestra. — P.— En ese momento en que se estaba recibiendo la leche se estaba ven-diendo? — R.—No, señor. — P.—Se estaba ofreciendo en venta? R.— No, señor, estábamos midiéndola para ponerle el lactómetro para saber si estaba a buena prueba para ponerla a la venta.”

Al pronunciar su sentencia, el juez de distrito se expresó así:

“Se ha demostrado en este caso por la prueba de cargo que el depósito estaba abierto al público estando frente de él el acusado Perfecto Rivera y que él vendió leche de una lata de gas, que resultó adulterada con agua.
“En el caso Ríos, 28 D.P.R. 770, el acusado fué absuelto porque allí la leche se tomó de unos porrones y hubo prueba tendente a de-mostrar que esos porrones estaban fuera del establecimiento y el acu-sado no quería que los transportaran dentro y que un policía mismo declaró -que el acusado tenía en la acera de su depósito de leche unos porrones que obstruían el tránsito y que no quería trasladarlos al depósito hasta que fueran inspeccionados por la sanidad.
“Y también hubo prueba en cuanto se refiere a la declaración de la persona a quien el inspector dijo que se había vendido la leche y el propio inspector a repreguntas de la defensa dijo que él- no sabía de dónde se había sacado la leche que se vendía a aquella persona. En esas circunstancias desde luego, que no había prueba para con-denar pero en este caso se ha dicho que la leche se sacaba de la lata y que de allí se vendía y que era un establecimiento abierto al pú-blico para la venta de leche.”

Creemos que en cnanto a la adulteración, la prueba es su-ficiente. La admisión del acusado fué Lecha sin eualifica-eiones.

Eh cuanto a la transportación, no hay prueba. 'Sí la hay y resultó contradictoria en cuanto a las modalidades del de-lito: vender, ofrecer y tener en venta. ¿Fué el conflicto bien resuelto? Creemos que sí. Nada revela pasión, pre-juicio o parcialidad, ni error manifiesto. ¿Es la prueba que queda suficiente? Habiendo creído la corte sentenciadora la del fiscal, no puede decirse que deje de demostrar que se tra-taba de un puesto para la venta de leche a cuyo cargo estaba el acusado, en el que existía leche adulterada para la venta y donde había gente comprando, siendo el acusado el que la despachaba, es decir, el que la vendía, de cuyos hechos se in-fiere el de que la venta lo era para el consumo humano.

Vemos el segundo error. Todo lo que sobre él dice el apelante en su alegato es:

“La nulidad de la sentencia en este caso la funda el acusado ape-lante, en lo siguiente:
“A él se le imputó el delito de vender, ofrecer, tener y transpor-tar como buena leche de vaca adulterada con agua, con el fin de dedicarla al consumo humano, (pág. 1 transcript), pero la senten-cia le declara culpable de adulteración de leche, pág. 3 transcript, que es cosa distinta. Este último delito no le fue imputado en la acusación a Perfecto Rivera y, por tanto, él ha sido condenado de un delito del cual no fué informado.
“En tales condiciones, el acusado estima que la sentencia es nula.”

En el caso de El Pueblo v. Bermúdez, 35 D.P.R. 596, 597, esta corte dijo:

“Tampoco tiene razón el apelante en decir que la sentencia no expresa el delito por el cual ha sido condenado pues bien si es cierto que al terminarse el juipio la corte declaró culpable al acusado sin decir por cuál delito, en la sentencia obrante en el libro de mi-nutas de la corte aparece que se le declaró culpable del delito de adulteración de la leche. Es cierto que tal declaración de culpabili-dad es bastante general pero nosotros podemos corregir la sentencia para hacerla más específica y que declare al acusado culpable de tener para la venta leche de vaca adulterada. El Pueblo v. Álvarez, 21 D. P. R. 86; El Pueblo v. Trinidad, 24 D. P. R. 886, y El Pueblo v. Bauzá, 34 D. P. R. 440.”

Bastaría esa cita para, aplicándola, concluir que no se trata de nna sentencia nnla, sino errónea, susceptible de ser corregida en apelación. Pero bay más.

Al adoptarse en 1902 el nuevo Código Penal, formando parte de su título XIV que trata de los “Delitos contra la salud y seguridad pública,” existía el artículo 337 que de-claraba constitutivo de delito menos grave el becbo de adul-terar o diluir cualquier comestible .... con el fraudulento propósito de ofrecerlo* o bacer o permitir que se ofreciera en venta como puro o no diluido, o fraudulentamente vender, tener u ofrecer en venta dicbo artículo como no adulterado.

Habiendo en consideración las repetidas adulteraciones de lecbe que tanto daño causaban a la salud de todas las personas en general y en particular a la de los niños, en 1909 la Legislatura enmendó el artículo 337 prescribiendo que en todos los casos en que la bebida adulterada fuere lecbe, se impusiera al culpable de la adulteración, tenencia para la venta o venta de dicba bebida penas de arresto de dos a seis meses, castigando fuertemente la reincidencia. La jurisdicción se confirió exclusivamente a las cortes de distrito.

No fue bastante la reforma para detener las infracciones. La prueba del propósito fraudulento dificultaba el castigo, y al año siguiente la Legislatura pasó una “Ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de lecbe, ofrecerla o tenerla para la venta” en la que el adulterare.con el fraudulento propósito de ofrecerla,.y el frauóki-lentamente vendiere,.quedaron sustituidos por adul-terare .con la intendón de ofrecerla y por toda persona que la vendiere. Se bajó a un mes el mínimum de las primeras infracciones, pero se mantuvo la pena fijada para los reincidentes. Se mantuvo también la jurisdicción -exclusiva en las cortes de distrito, y se fijó el medio de pro-bar la adulteración o dilución.

En 1925 qu.edó derogada la ley de 1911, siendo sustituida por la No. 77, titulada “Ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leche y para otros fines,” que es la que rige en la actualidad. Su sección 1 comienza: “'Toda persona que adulterare o diluyere leche y toda persona que la vendiere, ofreciere o tuviere en venta, o que la transpor-tare o almacenare con el fin de dedicarla al consumo hu-mano, .”

Se rebajó aun más la pena fijada para las primeras in-fracciones, pero se conservó la señalada para los reinciden-tes, y se agregó el transporte o almacenaje con el fin de de-dicarla al consumo humano. En el título de la ley se con-servó únicamente la palabra adulteración.

¿Se trata de diferentes delitos, o de uno solo que puede cometerse de varios modos? Si lo primero, habría que co-rregir la sentencia; si lo segundo, ni siquiera sería ello ne-cesario.

Abriendo el volumen segundo de Corpus Juris, lo pri-mero que en su texto encontramos es un trabajo del Pro-fesor Throckmorton de la Universidad de Indiana, sobre “Adulteration.” Se define primero. Luego se trata de las reglas estatutarias y seguidamente de la naturaleza y ele-mentos del delito. De esta parte transcribimos lo que sigue:

“Es un cielito del derecho común vender o suministrar en alguna otra forma efectos alimenticios adulterados que puedan ser nocivos a la salud, o mezclar ingredientes malsanos o nocivos con alimentos o bebidas destinados a alguna persona, ora fueran tales actos come-tidos con malicia o por el mero deseo de lucro.
“La ley que rige los delitos de adulteración o de vender alimen-tos adulterados, en su mayor parte procede de estatutos que definen estos delitos. ■ En muchos casos los estatutos prescriben una manera o modo de determinar si un artículo está adulterado, y si el artículo no llega al límite legal prescrito, deberá considerarse adulterado, aun-que de hecho pueda ser agradable al paladar e inofensivo y quizá no contenga ingredientes extraños.
“Los estatutos se dirigen generalmente contra las ventas de ar-tículos adulterados o contra su posesión con fines de venta, y de con-formidad con algunos de los estatutos el uso a que lia de dedicarse el artículo es un elemento pertinente para determinar ■ si la venta es ilegal.” 2 0. J. 3, 4,5.

La parte final del trabajo se titula: “Procesos Crimina-les” y de ella transcribimos:

“Las acusaciones criminales por adulterar alimentos como delito del derecho común se rigen por las reglas relativas a acusaciones por delitos en general del derecho común.
“Las acusaciones o denuncias por vender o poseer substancias adulteradas estando basadas en estatutos que definen el delito, serán consideradas como suficientes si siguen substancialmente las palabras del estatuto bajo el cual son redactadas y alegan todos los hechos y circunstancias necesarios para hacer que el acusado caiga dentro de los términos del estatuto que crea y define el delito.” 2 C. J. 8, 9.

Las citas nos llevan a los tomos 12, 19 y 22 de Oye. Pe ellos nos limitaremos a transcribir las dos que siguen:

“El acto de vender o de ofrecer a la venta es considerado en de-recho como un solo delito y el mero hecho de que se alegue el delito en esa forma en la acusación no hará que ésta sea defectuosa o causa, de duplicidad.” 19 Oye. 1100.
“Es una regla bien establecida de procedimiento criminal que cuando un delito puede ser cometido de varias maneras, la acusación puede en una sola narración imputar su comisión en una o más de las formas especificadas en el estatuto. De tal suerte, cuando el es-tatuto penal menciona varios actos disyuntivamente y prescribe que cualquiera de ellos constituirá el mismo delito y estará sujeto al mismo castigo, una acusación puede imputar uno de dichos actos o todos en forma conjuntiva como que constituyen un solo delito. O, como frecuentemente se expone la misma regla, cuando un estatuto hace que cualquiera de los distintos actos relacionados con el mismo delito general, que estén sujetos a la misma medida y clase de cas-tigo, sean procesables separadamente como distintos delitos, cuando cada uno de ellos haya sido cometido por persona distinta y en dife-rentes ocasiones, ellos pueden, al ser cometidos por la misma persona en el mismo momento, ser alegádos en una sola narración como cons-titutivos de un solo delito; y esto es así aunque no se use una partí-cula disyuntiva en el estatuto, sino una conjunción que tenga signifi-cado disyuntivo.” 22 Oye. 380, 381, 382.

Vese, pues, que bajo el título general de “adulteración” se tratan todas las modalidades del delito, habiéndolo hecho así la Legislatura de Puerto Pico en la ley que hoy rige la materia. La adulteración es la base. Por sí- misma sería quizá tiempo y dinero malamente perdidos y nada más. Cuando hecha se introduce la substancia adulterada en el co-mercio de los hombres, realizándose el engaño y el daño a la salud, es que surge en verdad el acto delictivo. Y siendo ello así, no vemos que constituya error el imputar en general el delito de “Adulteración de Leche” como hizo el fiscal en esta causa, aunque en el cuerpo de la denuncia lo que se diga es que se vendió.por el acusado leche de vaca adul-terada, y el declararse al acusado culpable “del delito de adulteración de leche” bajo tal acusación.

En cuanto a la reincidencia, nada dice el apelante en su alegato, y habiéndose admitido que existía la anterior con-dena también por adulteración de leche, existe claramente.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Ana María Matos, menor de edad representada por su madre con patria potestad Teresa Matos, demandante y apelada, v. Sucn. de Joaquín Gómez de Agüero, compuesta de sus hermanos Antonio, Ana y Pilar. Gómez de Agüero y sus sobrinos Manuel Benigno y Virginia Gómez de Agüero y Aldea, demandados y apelantes.
    No. 5880.

    Sometido: Junio 20, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      H. Torres Sola, abogado de los apelantes Antonio, Ana y Pilar Gómez ■ de Agüero; L. Mercader, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de filiación. Se solicita la desestimación del recurso interpuesto en el mismo por frívolo.

Presentada la demanda, se alegó por varios demandados que no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. La excepción se declaró sin lugar. Fué el. pleito a juicio y practicada la prueba, la corte dictó sentencia con-cediendo lo pedido en la demanda. La sentencia se basa en una relación del caso y opinión que en parte dice:

"Por el resultado de la evidencia, la corte estima demostrado que allá en el año 1916, siendo Teresa Matos una señorita, entabló rela-ciones amorosas con Joaquín Gómez de Agüero, con quien vivió en concubinato bajo un mismo techo, como marido y mujer, y como re-sultado de dichas relaciones nació la demandante Ana María Matos, en el pueblo de Utuado, el 18 de mayo de 1917; que Joaquín Gómez de Agüero y Teresa Matos eran al tiempo de la concepción y del nacimiento de la niña, viudo él, y soltera ella, no siendo parientes, y no existiendo impedimento alguno para contraer matrimonio; que desde el nacimiento de la niña, hasta la muerte de Joaquín Gómez de Agüero, éste se ocupó de la alimentación, vestido y educación de aquélla, la presentaba en público y en privado como su hija, llamán-dose padre y manifestó siempre su propósito o intención de recono-cerla legalmente.
‘1 La evidencia en el presente caso es clara y convincente de que la madre fué conocida viviendo en concubinato con el padre, durante el embarazo y al tiempo del nacimiento de la liija, así como de que ésta se bailaba en la posesión continua del estado de hija natural del padre, 'justificado por actos de éste.
“Existen también documentos que si bien expresamente no reco-nocen la paternidad, fortalecen, sin embargo, el caso de la deman-dante. Estos documentos son los siguientes: una tarjeta postal, de fecha mayo 11, 1924, dirigida por Joaquín Gómez de Agüero, desde Río Piedras, a Luiz Gómez, del barrio Arena, de Utuado, donde le dice que se había operado hacía poco, que se embarcaba para Barcelona, y que le llevara la niñita para verla; carta de julio 12, 1924, dirigida desde Barcelona al propio Luis Gómez, donde le comunica Joaquín Gómez de Agüero que en la semana próxima le enviará un recuerdito para Ana María, o sea un pañuelito y un agarre de pelo, y carta .de 21 de enero de 1925, dirigida por el mismo Joaquín Gó-mez de Agüero al Sr. Luis Gómez, desde Barcelona, donde le anun-cia el envío por correo de dos muñequitos para que los mande a Ana María.
“Joaquín Gómez de Agüero contrajo segundas nupcias en el año 1921, siendo ello la causa, del rompimiento de las relaciones con Teresa Matos, y de los documentos presentados se desprende que aun después de dicho matrimonio él quedó ocupándose de la niña Ana María, fruto de sus relaciones con Teresa Matos.
“El demandado Antonio Gómez de Agüero declaró además que si bien nunca tuvo conocimiento que su hermano tuviera una hija natural, él escribió una carta antes de su muerte haciendo la reco-mendación de qrie se le asignara una cantidad, o que se le hiciera un regalo a Ana María.
“Con respecto a la segunda causa de acción, sobre entrega de bienes hereditarios y sus frutos, no se presentó evidencia alguna por la demandante para sostenerla.
“Los demandados Antonio, Ana y Pilar Gómez de Agüero, quie-nes han contestado la demanda, han alegado respecto a esta causa, que el finado Joaquín Gómez de Agüero otorgó disposición testa-mentaria a favor de dichos codemandados, en una carta escrita en Barcelona, España, el 10 de octubre de 1929, en forma epistolar, cuya declaración de testamento se ha solicitado en demanda radi-cada en esta corte bajo el número 11422, de 25' de enero de 1930, contra Manuel Benigno y Virginia Gómez de Agüero y Aldea; que Joaquín Gómez de Agüero falleció sin dejar descendencia legítima, ni tampoco ascendencia, siendo sus parientes más próximos los aquí demandados; que Antonio, Ana y Pilar Gómez de Agüero, han acep-tado la herencia, pero a beneficio de inventario; que parte de los bienes de la herencia están constituidos por los que se describen en la demanda, y proceden de la partición de bienes de Concepción Berrocal y Gómez de Agüero, donde se ha adjudicado mayor cantidad de la de $598.26% que en la demanda se reseña bajo la letra E, proce-dente de dicha herencia y sus frutos; que Joaquín Gómez de Agüero dejó a su fallecimiento otros bienes consistentes en dinero en bancos, valores y efectos cuya cuantía aun se desconoce, dejando también deudas con cargo al caudal, y habiéndose incurrido en gastos con motivo de la enfermedad, entierro y funerales.
“Dichos demandados también alegan que ellos no han entrado en posesión de los bienes del finado en cuestión.
“Si el alegado testamento en forma epistolar tiene validez legal, no es materia envuelta en este pleito, y no existe base para resolver, que en oposición a las pretensiones de los demandados y a falta de ascendientes y descendientes legítimos, la demandante (no) es la única y universal heredera de Joaquín Gómez de Agüero y que todos los bienes le corresponden, vista la sección 26 de la ley de 9 de marzo, 1905, para modificar y derogar ciertos artículos del Código Civil.
“El hecho declarado de ser un hijo natural reconocido lo hacé un heredero de su padre, sin ulterior declaración. Méndez v. Martínez, 26 D.P.R. 96.
“Por las razones expuestas, se declara con lugar la demanda en su primera causa de acción, v en su consecuencia, que Ana María Matos, que nació el 18 de mayo, 1917, es hija natural reconocida de Joaquín Gómez de Agüero, tenida con Teresa Matos, y con derecho a llevar su apellido y a heredarle conforime a ley, ordenándose se tome razón del reconocimiento, mediante nota marginal, en el acta de nacimiento de la demandante al folio 217 del libro 13, inscrip-ción 429, del Registro Civil de Utuado; y se declara sin lugar la de-manda respecto a la segunda causa de acción, sobre entrega de bienes hereditarios y sus frutos, sin perjiúcio del derecho que tiene la de-mandante de reclamar y percibir la herencia que le corresponda de acuerdo con la ley; sin especial condenación de costas. ’ ’

El pleito fue iniciado en abril de 1930. La sentencia se dictó en mayo'de 1931. La transcripción no se radicó en esta corte basta el 23 de marzo de 1932. El alegato que debió presentarse diez días después no se archivó hasta mayo 26, 1932, a virtud de prórrogas concedidas. La moción de desestimación se presentó el 30 de mayo. Los apelantes se limitan a oponerse por escrito, alegando que los argumentos de la moción se dirigían a rebatir los errores por ellos seña-lados, lo que es entrar en el fondo del recurso. No compare-cieron a la vista de la moción.

En una moción de frivolidad puede entrarse en el estudio y consideración de los errores señalados y en el fondo del asunto cuando aparentemente fondo y errores resultan frí-volos. En tal caso el recurso debe ser desestimado a fin de no dilatar innecesariamente la obra reparadora de la justicia.

Un estudio de la moción y del alegato nos lleva a concluir que asiste la razón a la apelada. !Tres errores se señalan por los apelantes. Por el primero se alega que erró ]a corte al declarar sin lugar su excepción de falta de becbos y al discutirlo todo lo que se sostiene es que la demanda no es suficiente porque al demandarse a la Sucesión de Joaquín Gómez, especificando quiénes la componían, no se incluyó a la viuda del causante ni se alegó que no existiera. Esa cuestión no fué levantada propiamente ante la corte sentenciadora. Debió serlo, a virtud de una excepción de falta de partes demandadas.

El segundo error se refiere al cometido por la corte al admitir una certificación del registro civil por no ser una copia literal del asiento. Así se formuló la excepción. La corte de distrito examinó el documento y resolvió que era una copia en forma. Lo hemos examinado por nosotros mismos y encontramos que puede sostenerse la conclusión de la corte. Además, el hecho del nacimiento de la niña que reclama su filiación se probó independientemente.

El tercero y último error se formuló así:

“La corte erró al declarar con lugar la demanda, por ser la sen-tencia contraria a derecho.”

Al argumentarlo todo lo que se hace es referirse a las dos cuestiones que se discutieron en los dos primeros errores.

No se impugna la apreciación de la prueba por parte del tribunal sentenciador. Se trata claramente de un recurso frívolo.

Bebe declararse con lugar la moción y en su consecuencia desestimarse la apelación interpuesta.


text:
    El Pueblo de Pueblo Rico, demandante y apelante, v. Sociedad Civil Borda & Calaf, demandada y apelada.
    No. 6119.

    Sometido: Julio 19, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      Hon. Attorney General Charles E. Winter y M. Bocbrígtie'z Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; B. Castro Fernández, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal..

El día 5 de julio de 1932 la parte apelada solicitó la de-sestimación del recurso por no haberse archivado en tiempo la transcripción de los autos. Al día siguiente la transcrip-ción fué radicada. La vista de la moción se celebró el .19 de julio actual.

De los autos aparece que la sentencia apelada se dictó el 30 de abril de 1932, notificándose el 4 de mayo siguiente. La apelación se interpuso el 28 de mayo.

La sentencia se dictó sobre las alegaciones. En tal virtud estamos enteramente conformes con la parte apelada en que no era necesaria la preparación de ninguna, exposición del caso para tramitar el recurso, debiendo haberse radicado la transcripción del legajo de la sentencia treinta días des-pués de interpuesta la apelación. La parte apelante insiste en que podía prepararse una exposición, en que la preparó en efecto y la sometió a la corte de distrito y en que debido a ello fué que no archivó- anteriormente los autos en esta Corte Suprema. La cuestión ha sido decidida varias veces por esta corte en contra de la contención del apelante y no se ha presentado ninguna razón de peso para'variar la juris-prudencia.

Ahora bien, como la moción de desestimación no se presentó hasta el 5 de julio actual, como la transcripción quedó archivada el 6 y como no se trata de un término jurisdiccional, nos parece que debemos ejercitar nuestra discreción permitiendo que los autos queden y el recurso continúe tramitándose de acuerdo con la ley, y así lo haremos.

En su consecuencia debe declararse no haber lugar a la moción de la parte apelada solicitando la desestimación del recurso.


text:
    Maryland Casualty Co., peticionaria, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Domingo Sepúlveda, Juez, demandada.
    No. 830.

    Sometido: Julio 11, 1932.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      Juan B. Soto, abogado de la peticionaria; B. Pérez Marchmid, Fiscal del Distrito de Ponce, abogado de la Comisión Industrial y F. Parra Toro, abogado del obrer'o lesionado, interventor.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Ponce se declaró sin jurisdicción para oír un procedimiento incoado por la peticionaria, para anular riña compensación concedida por la Comisión Industrial. La actuación de la corte de distrito se basaba en el artículo 10 de la Ley No. 78 de 1931 (Leyes de ese año, pág. 489), que provee:

“Que la sección 15 de la 'Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo,’ aprobada el 14 de mayo de 1928, queda por la presente enmendada de manera que lea como sigue:
“ ‘Sección 15. — Cualquiera parte interesada podrá presentar co-pias certificadas de. una orden o decisión de la Comisión Industrial, o de una decisión de un comisionado, de acuerdo con la sección 14, eontra la cual no se haya radicado petición de revisión ante la comi-sión en tiempo hábil, o del memorándum del acuerdo entre las par-tes, aprobado por la Comisión Industrial, ante la corte de distrito -del distrito en que ocurrió el accidente solicitando la revisión de éste en el término de quince días después de la notificación. La corte ordenará a la Comisión Industrial la remisión del récord del caso, ■oirá a las partes en controversia, dictará la decisión pertinente y notificará a las partes. Las decisiones de la corte tendrán el mismo efecto que una sentencia dictada en juicio, pero no se dará apelación contra dicha sentencia.’ ”

La peticionaria en este recurso ba presentado ar-gumentos al efecto de que la jurisdicción así conferida es territorial y que en su consecuencia la acción puede ser in-coada en cualquier corte que pudiera tener jurisdicción de este asunto o de uno similar. Empero somos claramente de .opinión de que de acuerdo con la ley de nuestra legislatura solamente la corte del distrito en que ocurrió el accidente tiene jurisdicción del asunto (subject matter). Es una ju-risdicción exclusiva conferida sobre la materia (subject matter) en litigio de acuerdo con una ley especial. No son de-aplicación las consideraciones referentes a la sumisión de las partes, o las disposiciones generales del Código de En-juiciamiento Civil relativas a sumisión.

Debe anularse el auto expedido.


text:
    B. Vasaldúa & Co., promovente y apelante, v. Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, Hon Manuel Gaetán Barbosa, demandada; Plaza Provision Co., interventora y apelada.
    No. 5653.

    Sometido: Diciembre 8, 1931.

      Resuelto: Julio 29, 1932.

      Largó & Acevedo, abogados de la apelante; Carlos J. Torres, abogado-de la interventora apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal*.

La dificultad fundamental en este caso fué que la Plaza Provision Co. en vez de demandar a un supuesto deudor por su verdadero nombre, instituyó el procedimiento en la corte-municipal contra el Colmado Santa Teresita. Se embarga-ron bienes y B. Vasaldúa & Co. intervino para recobrar los-mismos. La corte municipal resolvió que había habido una comparecencia y en su consecuencia una renuncia de falta de* jurisdicción, o una sumisión. No se desprendía claramente que B. Yasaldúa & Co. fuera la persona jurídica que hacía negocios bajo el nombre’de Colmado Santa ¡Teresita. La cuantía envuelta era unos $100.

B. Yasaldúa & Co. obtuvo un auto de certiorari de la corte de distrito. Ésta posteriormente anuló el auto expedido sustancialmente por los mismos motivos que lo había hecho la corte municipal. Entonces se apeló para ante este tribunal.

No trataremos de decidir si la corte municipal adquirió . jurisdicción. Es evidente que con habérsele hecho parte en la demanda incoada por la Plaza Provision Co., B. Yasaldúa & Co. pudo haber apelado. En su consecuencia, aunque es-taba envuelta la cuestión de jurisdicción, el auto de certiorari en el ejercicio de una sana discreción debió haberse denegado o anularse el auto expedido, toda vez que procedía una ape-lación.

Debe confirmarse la sentencia.