author: El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo Jueza Asociada Señora Fiol Matta,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en Interés del Menor ESMR, peticionario.

      Número: CC-2012-115

      Resuelto: 6 de noviembre de 2013

      Zinia I. Acevedo Sánchez, de la Sociedad para la Asistencia Legal, abogada de ESMR, parte peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso nos brinda la oportunidad de interpretar, por primera vez, la figura del “felony murder rule” (asesinato estatutario) conforme a su redacción en el Art. 106 del Código Penal de Puerto Rico de 2004. Particularmente, debemos analizar cuáles son los elementos necesarios para que se configure esta modalidad de asesinato.

Aunque el Código Penal de 2004 fue derogado por la Ley Núm. 146-2012, el análisis que realizamos hoy aplica a casos similares cuyos hechos hayan sido cometidos durante su vigencia. Analizada la controversia, se modifica la de-terminación del foro apelativo intermedio. Veamos por qué.

HH

Los hechos que originan la controversia de epígrafe se remontan al sábado, 26 de junio de 2010, cuando en horas de la mañana, el Sr. Roberto “Cuqui” Rodríguez Mojica rea-lizaba trabajos de mecánica en una guagua Ford 350 esta-cionada en su residencia. Al igual que el señor Rodríguez Mojica, su sobrino, el Sr. Danny Rodríguez Márquez, hacía trabajos de mecánica en una residencia ubicada frente a la de su tío. Mientras trabajaba en su auto, el señor Rodrí-guez Márquez observó en varias ocasiones al menor ESMR transitar en una motora por la calle. Minutos después, el señor Rodríguez Mojica encontró en los predios de su resi-dencia al menor ESMR mientras este intentaba apropiarse ilegalmente de su propiedad. Acto seguido, el señor Rodrí-guez Mojica le propinó un golpe en la parte posterior de la cabeza, que provocó un forcejeo entre ambos. Finalmente, el altercado culminó cuando el menor ESMR huyó del lu-gar y se lanzó por un pastizal aledaño.

Luego, el señor Rodríguez Mojica llamó a su sobrino para que fuera a su residencia. Así lo hizo el señor Rodríguez Márquez, quien al llegar encontró la motora del menor ESMR tirada en el suelo y a su tío recostado de la guagua Ford 350 “sumamente alterado”. A preguntas del sobrino, que no sabía de lo sucedido, el señor Rodríguez Mojica ex-presó, “el cabroncito de [ESMR] se me metió a robar y le di un cantazo con algo por la cabeza, no s[é] con que fue y se me tiró por el monte por ahí pa abajo” [...] vete y búscalo”. En atención a la orden de su tío, el señor Rodríguez Már-quez se dirigió al pastizal por donde huyó el menor ESMR para tratar de encontrarlo. Transcurridos aproximada-mente 25 minutos, el señor Rodríguez Márquez regresó a la residencia de su tío y encontró a este último tirado en el piso “boca abajo, con un golpe en la cabeza y morado”.

Rápidamente, el señor Rodríguez Márquez buscó ayuda de otros familiares, quienes intentaron revivir al señor Ro-dríguez Mojica. Al ver que no respondía, lo llevaron al hospital, donde esa misma tarde se certificó su muerte. Poste-riormente, el Instituto de Ciencias Forenses realizó la autopsia del cuerpo. Del análisis realizado, se determinó que la causa de la muerte fue homicidio por ataque al co-razón (“homicide by heart attack”). En los hallazgos de la autopsia, la patóloga forense detalló que al momento de la muerte, el corazón del señor Rodríguez Mojica tenía un tamaño más grande de lo normal. Además, el señor Rodrí-guez Mojica padecía serias complicaciones de salud, prin-cipalmente del sistema cardiaco. Según los expertos, todos esos padecimientos, sumados a un fuerte estresor emocio-nal, provocaron la muerte del señor Rodríguez Mojica.

Por estos hechos, el 27 de junio de 2010 se sometió una queja contra el menor ESMR. En ella se le imputó la falta de escalamiento agravado. Luego de celebrada la vista, la Sala de Menores del Tribunal de Primera Instancia de-terminó causa probable para la aprehensión del menor. El 1 de julio de 2010 se celebró la vista de causa para la pre-sentación de la querella. Una vez finalizada, se determinó causa probable contra el menor ESMR por la falta de esca-lamiento agravado. Por los mismos hechos, el 15 de julio de 2010 se sometió una queja adicional contra el menor ESMR, en la cual se le imputó la falta de asesinato estatutario. El 16 de agosto de 2010 se celebró la vista de causa para la presentación de la querella y allí se determinó causa probable por la falta de asesinato estatutario.

Posteriormente, el 15 de noviembre de 2010, el 3 y el 17 de diciembre del mismo año se celebraron vistas adjudica-tivas en las que se dilucidaron las faltas imputadas. Tras su culminación, se determinó que el menor ESMR incurrió en las faltas imputadas, por lo que se le impuso una me-dida dispositiva de 18 meses por la de escalamiento agra-vado y 36 meses por la de asesinato estatutario, a cum-plirse concurrentemente.

Inconforme con la determinación de la Sala de Menores del Tribunal de Primera Instancia, el 14 de enero de 2011 el menor ESMR apeló al Tribunal de Apelaciones. Mediante Sentencia de 11 de enero de 2012, el foro apelativo intermedio confirmó, en todos sus extremos, al Tribunal de Primera Instancia. En lo relativo al asesinato estatutario, expresó que al amparo de esta figura “[p]oco importa si la aludida muerte fue ocasionada intencional o incidentalmente”. El 15 de enero de 2012 el menor ESMR presentó una solicitud de reconsideración, que fue declarada “no ha lugar” el 30 de enero de 2012.

Aún inconforme, el 14 de febrero de 2012 el menor ESMR presentó ante nosotros una petición de certiorari, en la cual, entre otros errores, imputó al Tribunal de Apela-ciones haber errado al negarse a reconsiderar su sentencia, para resolver si la prueba presentada establece el elemento de intención requerido por el Art. 106(b) del Código Penal de 2004 (33 LPRA sec. 4734(b)).

El 25 de mayo de 2012 expedimos el auto. Con el bene-ficio de las comparecencias de las partes, estamos en posi-ción de resolver.

II

El delito de asesinato estatutario surge del common law” como consecuencia de una fuerte política pública para disuadir y penalizar con mayor severidad a las personas que durante la comisión de los llamados “delitos base” pro-ducen la muerte a un ser humano. De esta forma, el legis-lador identificó aquellos delitos que entendió debían conlle-var una pena más rigurosa de ocurrir la muerte de una persona en sü consumación o tentativa por estar rodeados de una alta peligrosidad. Originalmente, la incorporación de la doctrina de asesinato estatutario obedeció al pro-blema que confrontaba el Estado para probar el elemento de premeditación requerido en el delito de asesinato en primer grado. Así, al codificar el asesinato estatutario, el Estado solamente estaba obligado a demostrar que se co-metió o intentó cometer el delito base y que como conse-cuencia de ello, se produjo una muerte.

Desde su incorporación al derecho penal en nuestra ju-risdicción hubo cambios en cuanto a los delitos base que el legislador entendió servían para merecer una pena más extrema por toda muerte que ocurriera en la consumación o tentativa de éstos. Sin embargo, los detractores del ase-sinato estatutario proponían su derogación por entender que éste dislocaba el proceso, debido a que atentaba contra la presunción de inocencia al cambiar el peso de la prueba contra el acusado. Esta discusión tuvo lugar al apro-barse el Código Penal del 2004, el cual incorporó un cambio mayor al delito de asesinato estatutario. Ello, debido a que la redacción propuesta cambió el lenguaje utilizado para codificar el asesinato estatutario, con el resultado de eliminar la doctrina clásica de este tipo de delito. Veamos.

A. Historial legislativo del Art. 106 del Código Penal de Puerto Rico de 2004 (33 LPRA sec. 4734)

El Código Penal de 1974 precisaba el asesinato estatutario en el inciso (a) del Art. 83 al disponer como sigue:

(a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura, toda clase de muerte alevosa, deliberada y premedi-tada, o cometida al perpetrarse o intentarse algún incendio agravado, violación, sodomía, robo, escalamiento, secuestro, es-tragos, mutilación o fuga. (Énfasis suplido). 33 LPRA. see. 4002 (ed. 2001).

De lo expuesto, surgía que cuando la muerte era come-tida al perpetrarse o intentarse algún incendio agravado, violación, sodomía, robo, escalamiento, secuestro, estragos, mutilación o fuga, se configuraba la modalidad de asesi-nato en primer grado conocida como asesinato estatutario o felony murder rule. Este sólo requería establecer que la causa próxima de la muerte fue la comisión de uno de estos delitos o su tentativa. Por tal razón, no era necesario traer prueba alguna de que el asesinato fue premeditado, delibe-rado o voluntario, porque se trata de un asesinato en primer grado por imperativo de la ley sin necesidad de probar la deliberación y premeditación. Esto era así porque el elemento de malicia para causar la muerte estaba implí-cito en el acto de la comisión del delito grave.

Por su parte, el Código Penal de 2004 codificó el delito de asesinato estatutario en el Art. 106, supra, de la manera siguiente:

(a) [...]
(b) Todo asesinato que se comete como consecuencia natural de la consumación o tentativa de algún delito de incendio agra-vado, agresión sexual, robo, escalamiento agravado, secuestro, secuestro de un menor, estrago, envenenamiento' de aguas de uso público, agresión grave en su modalidad mutilante, fuga, maltrato intencional o abandono de un menor.
(c) [...]
Toda otra muerte intencional de un ser humano constituye asesinato en segundo grado. (Enfasis suplido).

Con relación a la doctrina clásica de asesinato estatuta-rio vigente en el Código Penal de 1974, desde principios de la década de los noventa, la Prof.a Dora Nevares-Muñiz recomendó redefinir el tipo legal de “asesinato” de la ma-nera siguiente:

Asesinato en primer grado [...]
Asesinato estatutario en primer grado consiste en dar muerte intencional a un ser humano en ocasión de cometer o intentar cometer alguno de los siguientes delitos graves, incendio agra-vado, penetración sexual no consentida, robo, escalamiento agravado, secuestro, estragos, agresión grave o fuga. (Enfasis suplido).

Notemos que la profesora Nevares-Muñiz establece que la muerte tiene que ser intencional aunque, contrario a lo que fue finalmente aprobado, la profesora no incluía la ne-cesidad de un nexo causal entre el delito base y la muerte.

Ahora bien, la inclusión del requisito de un nexo causal entre la muerte y el delito base, en unión a la intención de dar muerte, se hace evidente de los Informes Parte Especial Vol. I y II de Estudios Comparados de Códigos Penales de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico. En esos informes, la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación explicó el texto del Art. 106(b). En particular, expresó lo siguiente:

En la letra (b) se mantiene la figura del asesinato estatuta-rio, pero se incorpora la exigencia de que el asesinato se co-meta como consecuencia natural de los delitos que se mencionan. Sólo entonces [...] el asesinato aparece como reali-zación de la peligrosidad propia de los delitos enumerados y no como consecuencia al azar. Por otra parte, se exige que se trata de un verdadero “asesinato”, subsumible en la definición del Artículo anterior: no cualquier muerte, sino solo la muerte in-tencional por parte del sujeto. Otra cosa contradiría la defini-ción del Artículo [105] anterior y la definición “asesinato en primer grado” del presente artículo. (Énfasis suplido).

Por otra parte, durante las vistas públicas para la apro-bación del Código Penal de 2004, la Sociedad para la Asis-tencia Legal (SAL) se expresó en cuanto al anterior Art. 83 del Código Penal de 1974. Al hacerlo, explicó lo siguiente:

Por muchos años la modalidad del asesinato estatutario (“felony murder rule”) ha estado sujeta a diversos ataques por con-siderarse, “que es un sobreviviente histórico cuya existencia ca-rece de lógica y de base práctica en el Derecho moderno. El continuo ataque de que es objeto responde al señalamiento de que la misma quebranta el principio rector en el Derecho Penal de ‘mens rea’, esto es, que ninguna persona es responsable pe-nalmente por haber producido cierto resultado delictivo, si al momento de producirlo no existía un estado mental capaz de producir dicho resultado, o sea la intención específica de producirlo”.
Entendemos que este puede ser el momento propicio para le-gislar, modificar o en alguna forma cambiar, o modernizar este viejo “vestigio anacrónico” vigente en nuestro Código Penal. Para ello proponemos que en el Artículo 83 se legisle un “tercer grado” de asesinato que recoja la doctrina del asesinato estatu-tario vigente, pero que establezca una pena distinta y menos severa para tal delito. No podemos obviar el hecho de que esta clase de asesinato sólo requiere establecer que la causa próxima de la muerte fue la comisión de uno de los delitos incluidos en el tipo legal o su tentativa. No es necesario que el Ministerio Fiscal presente prueba alguna dirigida a establecer los elementos del delito de asesinato en primer grado; solamente se requiere que el Estado presente prueba sobre el delito base y sobre el hecho de que ocurrió una muerte. Incluir el asesinato estatutario como otro “grado” del delito de asesinato, con penas menos severas, puede ser una alternativa viable para alejarnos de una doctrina que entendemos es injusta e insostenible en el Derecho penal. (Citas omitidas y énfasis suplido).

Igual interpretación hizo la profesora Nevares-Muñiz cuando comentó:

Esta clase de asesinato, denominada en inglés felony murder rule, se interpretó bajo el Código Penal de 1974, como que sólo requiere establecer que la causa próxima de la muerte fue la comisión de uno de los delitos incluidos en el tipo legal o su tentativa. Bajo los Códigos de 1902 y 1974 no era necesario traer prueba alguna de que el asesinato fue premeditado, de-liberado y voluntario. Cuando tal era el caso se trataba de un asesinato en primer grado “por fuerza de ley”. El elemento mental requerido bajo los Códigos de 1902 y 1974 era el del delito base.
Sin embargo, esta interpretación histórica varía en este nuevo Código. Se han introducido dos cambios. Primero, que se trate de un “verdadero asesinato subsumible en la defini-ción del artículo [105] anterior; no cualquier muerte intencio-nal por parte del sujeto”. Esto es, no basta la intención de cometer el delito base, sino que ahora se requiere intención de causar la muerte, ya que “asesinato” [...] se define como “dar muerte a un ser humano con intención de causársela”.
Segundo, ahora el asesinato estatutario requiere que el ase-sinato se cometa como consecuencia natural de uno de los delitos base. No basta que el delito base sea la causa próxima de la muerte, sino que es necesario que la comisión del delito base, o su tentativa constituya un riesgo considerable y típi-camente relevante que se realice en el resultado. La muerte de una persona tiene que ser la consecuencia lógica o natural de la consumación o tentativa del delito base. Como indica el In-forme de la Medida, P. del S. 2302, Comisión de lo Jurídico del Senado: “Solo entonces el asesinato aparece como realización de la peligrosidad propia de los delitos enumerados y no como consecuencia al azar” (p. 44). (Citas omitidas).

Por su parte, el Prof. Luis Ernesto Chiesa Aponte expresó su preocupación con el texto presentado durante el proceso legislativo del Código Penal de 2004, ya que limitaba el de-lito de asesinato estatutario a aquellas situaciones en las que la muerte ocurre como consecuencia natural. A esos fines, el profesor Chiesa expresó lo siguiente:

La primera observación que hay que hacer al delito de ase-sinato es que la redacción propuesta al eliminar la doctrina clásica del asesinato estatutario (“felony murder”), establece en el inciso (b) del artículo 106 que sólo las muertes que ocu-rren como consecuencia natural de alguno de los delitos base subyacentes clasificarán para ser consideradas asesinato en primer grado. Esto tiene poco sentido desde un punto de vista de política criminal; debe bastar para que se considere asesi-nato en primer grado que la muerte se haya producido con dolo eventual (como consecuencia probable del acto y con indi-ferencia a la producción del resultado lesivo).

Finalmente, y contrario a las recomendaciones de la SAL y del profesor Chiesa Aponte, la Asamblea Legislativa aprobó el Código Penal de 2004 con un delito de ase-sinato estatutario, el cual exigía que la muerte haya sido provocada por un asesinato, entiéndase con intención de causarla, y que además sea como consecuencia natural de la consumación o tentativa del delito base.

Sin embargo, el cambio en el lenguaje causó incertidum-bre con relación a si el delito de asesinato estatutario fue erradicado de nuestra normativa. El asunto fue aclarado por este Tribunal en Pueblo v. González Ramos, 165 DPR 675, 709 (2005), donde expresamos que

[...] no hay duda de que el asesinato estatutario se mantiene tipificado en el nuevo Código Penal. En otras palabras, la mo-dalidad de asesinato estatutario no ha sido suprimida por el Código Penal de 2004, meramente hubo un cambio en la ter-minología del delito —Art. 106, ante— de asesinato estatuta-rio, lo cual, de ninguna forma significa que el asesinato esta-tutario no se encuentre codificado en el nuevo Código Penal de 2004. (Énfasis en el original).

Hoy hacemos eco de nuestras pasadas expresiones. No obstante, aclaramos que el delito sufrió un cambio trascen-dental en su redacción, por lo que es nuestra labor inter-pretar dicho estatuto a la luz de su texto y de la intención del legislador cuando enmendó el artículo.

En este sentido, es importante destacar que el estatuto derogado, el Art. 83 del Código Penal de 1974, supra, establecía que el asesinato estatutario aplicaría a “toda muerte”. Sin embargo, el Art. 106 del Código Penal de 2004, supra, sustituyó la palabra “muerte” por “asesinato”. Como podemos observar, la redacción del Art. 106 del Có-digo Penal de 2004, supra, exigía que la muerte fuera pro-ducto de un “asesinato” y, a su vez, que fuera “consecuencia natural” de la consumación o tentativa de algún delito base. A su vez, el legislador definió el término “asesinato” en el Código Penal de 2004 al definirlo en el Art. 105 como “dar muerte a un ser humano con intención de causársela”. (Énfasis suplido). 33 LPRA sec. 4733. Ahora bien, no debemos olvidar que el Código Penal de 2004 considera la “in-tención” como aquella que surge cuando: (1) “el hecho co-rrespondiente ha sido realizado por una conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo” (dolo de primer grado); (2) “el hecho correspondiente es una consecuencia natural de la conducta voluntaria del autor” (dolo de segundo grado); o (3) “el sujeto ha querido su conducta a conciencia de que implicaba un riesgo considerable y no permitido de produ-cir el hecho delictivo realizado” (dolo eventual). 33 LPRA see. 4651.

De acuerdo con ello, y como hemos expresado anteriormente, uno de los fundamentos principales de hermenéutica legal es que siempre “debe describirse y hacerse cumplir la verdadera intención y deseo del poder legislativo”. Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 549 (1999). Así las cosas, no podemos ahora, en el ejercicio de interpretar la ley, ignorar las intenciones que tuvo el legislador al realizar ese cambio transcendental en la redacción del Art. 106(b) en comparación con el Art. 83 del Código Penal del 1974 (33 LPRA sec. 4002 (ed. 2001)).

Lo expuesto deja meridianamente claro que no hay lugar para acusar en situaciones en las cuales ocurre una muerte casual, aunque sobrevenga mientras se comete o se intenta cometer uno de los delitos base. Ello, pues el legislador fue claro e intencionalmente plasmó en el Código Penal de 2004 la palabra “asesinato” en sustitución de “muerte”. Por lo tanto, el asesinato, al requerir intención, tiene que producirse ya sea como consecuencia natural de los actos del sujeto —no por el azar— o cuando su actuación contiene un riesgo conocido y aceptado por el sujeto que decide actuar, es decir, conoce la peligrosidad objetiva de su conducta. Es por ello, que el legislador no realizó cambios al lenguaje utilizado en la parte final del Art. 106 del Código Penal de 2004, en la que hace referencia a “toda otra muerte intencional” para definir el asesinato en segundo grado.

El cambio introducido en el Código Penal de 2004 causó que a tan solo meses de la aprobación del Código Penal de 2004, el 12 de mayo de 2005 la Asamblea Legislativa aten-diera el P. de la C. 1625. Ese proyecto pretendía enmen-dar el inciso (b) del Art. 106 del Código Penal de 2004 para clarificar los elementos del delito de asesinato en primer grado y de la modalidad de asesinato estatutario. En su intento, buscaba introducir la frase “o incidental” y la frase “irrespectivo de la ausencia de premeditación, deliberación o intención de causarla o de que la persona muerta fuese coautora de los hechos” en el inciso (b) del mencionado ar-tículo para que leyera de la manera siguiente:

(b) Todo asesinato que se comete como consecuencia [natural] o incidentalmente en el transcurso de la consuma-ción o tentativa de algún delito de incendio agravado, agresión sexual, robo, escalamiento agravado, secuestro, secuestro de un menor, estrago, envenenamiento de aguas de uso público, agresión grave en su modalidad mutilante, fuga, maltrato in-tencional o abandono de un menor[.], irrespectivo de la ausencia de premeditación, deliberación o intención de causarla o de que la persona muerta fuese coautora de los hechos. (Enfasis en el original).

No obstante, el cambio no fue aprobado por la mayoría. Sin duda alguna, la intención de la Asamblea Legislativa al no aprobar el texto propuesto fue que el delito de asesi-nato estatutario exigiera que la muerte fuera un asesinato como consecuencia natural y no un incidente casual en el transcurso de la consumación o tentativa del delito.

De la misma forma, el P. de la C. 1625 de 12 de mayo de 2005 enfatizó que el Art. 106(b) no se refería a cualquier muerte, sino a un asesinato. Esto es, como hemos mencionado anteriormente, “dar muerte a un ser humano con intención de causársela”. De esta forma, es claro que el delito de asesinato estatutario exige una intención mínima de causar muerte a un ser humano.

Así las cosas, luego de 4 años y con una Asamblea Legislativa diferente, el 4 de febrero de 2009 la representante Jennifer González Colón propuso nuevamente modificar el Art. 106 mediante el P. de la C. 1036. Este proyecto pre-tendía enmendar el inciso (b) del Art. 106 del Código Penal de 2004, supra, para clarificar los elementos del delito de asesinato en primer grado y de la modalidad de asesinato estatutario. El proyecto, el cual copiaba la esencia del P. de la C. 1625 de 2005, recibió el voto mayoritario de la Cámara de Representantes; sin embargo, no recibió el aval de la Comisión de lo Jurídico Penal del Senado de Puerto Rico. El Senado denegó el P. de la C. 1036, porque al momento de su consideración ya se había aprobado el Código Penal de Puerto Rico de 2012, el cual en esencia acogía las enmiendas propuestas.

Del análisis antes esbozado, se desprende que la intención de nuestra Asamblea Legislativa era, previo al Código Penal de 2012, sustancialmente diferente a la interpreta-ción que le da el foro apelativo intermedio actualmente, ya que no tan solo cambió la redacción del estatuto, sino que el historial legislativo expresamente recalca que el asesi-nato estatutario queda reservado para aquellos “asesina-tos”, conforme a la definición de asesinato contenida en el Código Penal. Si bien en un principio se recomendó adop-tar en el Art. 106 del Código Penal de 2004, supra, el tér-mino “muerte” intencional, esa recomendación fue abando-nada oportunamente y sustituida por “asesinato”, con todo el rigor que esto implica.

B. Efecto del Art. 106(b) conforme fue finalmente apro-bado en el Código Penal de 2004

La peculiaridad del inciso (b) del Art. 106 estriba en que la conducta que típicamente sería catalogada como un asesinato en segundo grado o asesinato atenuado, por vía de este inciso (b), ha de considerarse como asesinato en primer grado con pena de 99 años de reclusión si se comete durante la consumación o tentativa de uno de los delito base. Por lo tanto, no tuvo otro efecto que convertir en asesinato en primer grado toda muerte intencional ocurrida “como consecuencia natural” de la comisión de uno de los delitos base incluidos en el propio inciso (b). Por su parte, en casos en los que el imputado sea un menor se exigirán los mismos elementos del delito, pero con las penas establecidas por la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, conocida como la Ley de Menores de Puerto Rico.

Parecería que el propósito fundamental de la figura del asesinato estatutario, según redactado en el Código Penal de 2004, fue persuadir al criminal para que no asesine a sus víctimas mientras comete alguno de los delitos base. Esto, pues, castiga más severamente aquellos asesinatos cometidos mientras se comete o intenta cometer ciertos delitos que son inherentemente peligrosos por la vulnerabilidad en la cual se encuentran sus víctimas, por lo que busca protegerlas. El legislador pretendió castigar de forma más severa al delincuente que mientras comete uno de estos delitos asesine a sus víctimas, en contraste con aquellos que únicamente cometen el delito.

Cabe señalar que la acción tomada por nuestra Asam-blea Legislativa en el Código Penal del 2004 en relación a esta figura ya había sido adoptada en varias jurisdicciones dentro y fuera de la nación americana. Por ejemplo, Inglaterra, cuna de esta figura, derogó el asesinato estatuta-rio en 1957. Posteriormente estados de la nación americana como Hawaii y Kentucky han hecho lo mismo. Otros estados como Alaska Vermont Michigan New Mexico New Hampshire y Arkansas han adoptado una doctrina parecida a la de nuestro Código Penal de 2004, en las cuales requieren que la muerte se trate de un verdadero asesinato, y más bien la doctrina es utilizada como un agravante del delito. Otras jurisdicciones han op-tado por atender el asunto de las muertes intencionales durante la consumación o tentativa de los delitos base como asesinatos estatutarios en primer grado y las que no se cometen con intención atenderlas como un asesinato es-tatutario de segundo grado. El propósito de los cambios en estas jurisdicciones ha sido atemperar el castigo con los actos intencionales del criminal y de esa manera evitar responsabilizar tan severamente a una persona por las muertes ocurridas durante el acto criminal que no surgen como consecuencia natural de sus actos.

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Al revaluar los hechos de este caso, observamos que el señor Rodríguez Mojica, luego de encontrar al menor ESMR en los predios de su residencia mientras intentaba apropiarse ilegalmente de su propiedad, sorprendió al jo-ven con un golpe en la cabeza que dio inicio a un forcejeo entre ambos. Ese evento culminó cuando el menor ESMR logró huir por un pastizal aledaño al lugar. Acto seguido, el señor Rodríguez Mojica llamó a su sobrino, quien por órde-nes de su tío salió en busca de ESMR. Pasados aproxima-damente 25 minutos del incidente, cuando el señor Rodrí-guez Márquez regresó de buscar al menor por el pastizal fue que encontró a su tío tirado en el suelo con un golpe en la cabeza y morado. En conformidad con el derecho rese-ñado, los hechos ocurridos sugieren que el menor ESMR debe cumplir con la sentencia por la falta de escalamiento agravado, mas no por el asesinato estatutario.

Del análisis de los hechos resulta evidente que en el caso del peticionario no se cumple con el elemento de in-tención que requiere el Art. 106(b). La muerte del señor Rodríguez Mojica no fue un asesinato, por carecer de inten-ción de matar como exige la definición de asesinato en el Código Penal. Por ello, descartamos responsabilizar crimi-nalmente al menor ESMR por la muerte del señor Rodrí-guez Mojica, mas no por el acto del escalamiento agravado, de lo cual sí es responsable criminalmente.

IV

Por todo lo anterior, se modifican las determinaciones de los foros “a quo”, a los efectos de revocar la convicción por el asesinato en primer grado y se devuelve el caso a la Sala de Menores del Tribunal de Primera Instancia para los proce-dimientos ulteriores.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió un voto concurrente, al cual se unió el Juez Presidente Señor Her-nández Denton. La Jueza Asociada Señora Pabón Char-neco no intervino.

Voto concurrente emitido por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta,

al cual se une el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

Concurro con la Opinión del Tribunal en el presente caso. Ello porque estoy conforme con el resultado al que llega la mayoría de que el asesinato estatutario tipificado en el Código Penal de Puerto Rico de 2004, bajo el cual se resuelve este caso, requería, como elemento mental del de-lito, la intención de matar. Sin embargo, entiendo que el legislador, al incluir la frase “consecuencia natural” en el Artículo 106(b) de ese Código Penal, 33 LPRA sec. 4734(b), quiso limitar la naturaleza de la intención exigida para que se configure el delito de asesinato estatutario. La opi-nión mayoritaria no hizo esa distinción, dejando a mi jui-cio, un análisis incompleto de los elementos del delito.

I

La figura del asesinato estatutario fue introducida a nuestro ordenamiento jurídico a principios del siglo pasado. En su lugar de origen, Inglaterra y en otras jurisdicciones anglosajonas, la doctrina del asesinato estatutario fue modificada y restringida continuamente hasta finalmente ser derogada. En Puerto Rico, luego de varios mandatos legislativos y de limitaciones impuestas por in-terpretación judicial, el asesinato estatutario se ha mante-nido codificado como delito en el sistema jurídico penal.

En términos generales, mediante la figura del asesinato estatutario se sanciona con una pena más severa a aquella persona que produce la muerte de un ser humano al per-petrar o intentar perpetrar uno de ciertos delitos graves especificados por ley. Según se ha desarrollado la doctrina en Puerto Rico, para que se configure un asesinato en primer grado bajo la modalidad del asesinato estatutario no hay que probar que el acusado actuó con premeditación, deliberación o voluntad de producir la muerte, sino que basta con establecer una relación de causalidad entre el delito grave y la muerte.

Con ello se configura un asesinato en primer grado “por fuerza de ley” al inferirse esa malicia de la mera comisión del delito grave. En el derecho penal moderno, la modalidad, conocida como “causa próxima”, ha sido altamente cuestionada, entre otras cosas, por concebir un delito que “quebranta el principio rector [...] de mens rea”, o en otras palabras, el principio de “que ninguna persona es respon-sable penalmente por haber producido cierto resultado de-lictivo, si al momento de producirlo no existía un estado mental capaz de producir dicho resultado, o la intención específica de producirlo”.

No obstante la crítica, la legislatura puertorriqueña mantuvo la figura de asesinato estatutario en los códigos penales de 1902 y 1974 bajo esa modalidad; esto como un mecanismo severo para atender la alta incidencia criminal del país. Ahora bien, este Tribunal reconoció que aun cuando la malicia se infiere por mandato de ley, el delito también “exige un criterio sobre causalidad”, mediante el cual se entiende que cualquiera de los delitos base genera fácilmente riesgos para la vida de inocentes, que ocurran como consecuencia del mismo. Así pues, se impone res-ponsabilidad al acusado cuando haya puesto en marcha una sucesión de eventos, al cometer uno de los delitos graves, que “previsiblemente conduzcan a la muerte de un ser humano”. (Énfasis suprimido). La modalidad de “causa próxima” del asesinato estatutario fue sustancialmente modificada en el Código Penal de 2004.

III

Mediante la Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico promulgó un nuevo Código Penal. El nuevo estatuto incorporó el principio moderno de responsabilidad subjetiva que concibe que “[n]adie pfuede] ser sancionado por un hecho previsto en una ley penal si no lo ha realizado con intención o negligencia”. Amparado en el derecho a la dignidad del ser humano, el legislador formuló el principio fundamental del derecho penal moderno en el cual “sólo cabe imputar a una persona los hechos que aparecen como obra de su voluntad o que al menos pudo prever y evitar”.

Cónsono con dicho principio, el legislador puertorri-queño reformuló los elementos del delito del asesinato es-tatutario, valorando de distinta manera la conducta puni-ble, con el propósito de disminuir la represión penal. Expresamente, el Artículo 106(b) del Código Penal de 2004 dispuso que

[c]onstituye asesinato en primer grado: Todo asesinato que se comete como consecuencia natural de la consumación o tenta-tiva de algún delito de incendio agravado, agresión sexual, robo, escalamiento agravado, secuestro, secuestro de un me-nor, estrago, envenenamiento de aguas de uso público, agre-sión grave en su modalidad mutilante, fuga, maltrato inten-cional o abandono de un menor.

El Artículo 105 del Código Penal de 2004 definió “asesi-nato” como “dar muerte a un ser humano con intención de causársela”. (Enfasis nuestro). Así, como expresa la Opi-nión del Tribunal, “el asesinato estatutario qued[ó] reser-vado para aquellos ‘asesinatos’, conforme a la definición de asesinato contenida en el Código Penal”. Por lo tanto, la única interpretación que le podemos dar a la voluntad de nuestra Asamblea Legislativa al aprobar el Artículo 106(b) de dicho cuerpo normativo es que, para que se pueda pe-nalizar como asesinato en primer grado una muerte acaecida en la perpetración de uno de los delitos graves o su tentativa, el acusado tiene que haber tenido la intención de causar la muerte. Conforme a ese cambio sustancial, en Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005), se cuestionó la existencia de la figura del asesinato estatutario en el Có-digo Penal de 2004. Allí resolvimos que el asesinato estatutario no fue derogado en ese cuerpo legal, sino que se mantuvo vigente, pero incorporando la exigencia de que el asesinato se cometiese como consecuencia natural de los delitos graves allí identificados.

La frase “consecuencia natural” no es ajena al ordena-miento jurídico penal que estudiamos. Específicamente, el Artículo 23 del Código Penal de 2004 define el elemento subjetivo de intención y en su inciso (b) incluye “consecuen-cia natural” como un modo de intención. El Artículo 23 del Código Penal de 2004 dispuso:

El delito se considera cometido con intención:
(a) Cuando el hecho correspondiente ha sido realizado por una conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo;
(b) el hecho correspondiente es una consecuencia natural de la conducta voluntaria del autor, o
(c) cuando el sujeto ha querido su conducta a conciencia de que implicaba un riesgo considerable y no permitido de produ-cir el hecho delictivo realizado.

Los estudiosos del Derecho han definido la intención criminal como algún tipo de querer, por lo que se entiende que “actúa intencionalmente quien ‘quiere’ realizar el com-portamiento prohibido y, además, ‘conoce’ que junto con su acción concurren las circunstancias concomitantes que es-tablecen la existencia de un delito”. Según hemos reco-nocido, el Artículo 23 divide el elemento subjetivo de inten-ción en tres modalidades: propósito, conocimiento, y temeridad. La intención con propósito del inciso (a), ad-mite que el sujeto tiene como objetivo consciente realizar el acto delictivo, o producir el hecho delictivo.

En cuanto a la naturaleza de la intención que indica el inciso (b), “se entiende que actúa con intención o dolo directo de segundo grado quien ha previsto que la consecuen-cia necesaria o natural de su conducta es la realización del hecho delictivo”. Se conoce también como la modalidad de intención por conocimiento que provee que el sujeto “ac-túa ‘a sabiendas’ de que mediante su conducta segura-mente cometerá los elementos de un tipo penal”. Según lo ha señalado el profesor Chiesa Aponte:

No basta con que el autor esté consciente de que existe al-guna probabilidad de que su acción produzca el hecho delictivo para que se considere que actuó “con conocimiento”. Se re-quiere, además, que el actor haya previsto que existía una alta probabilidad de que se realizara la conducta prohibida. (Énfa-sis en el original).

Cónsono con lo anterior, el modo de intención del inciso (b) del Artículo 23 exige que el sujeto conozca que la pro-ducción del hecho delictivo es prácticamente segura y que el riesgo que crea con su conducta supone una alta proba-bilidad de producir el hecho delictivo. La conducta vo-luntaria del autor "no tiene como objetivo consciente la comisión del delito”, pero admite como seguro que su actuación dará lugar al delito.

En cuanto a la intención definida en el inciso (c) del Artículo 23 o la modalidad de intención por temeridad, el profesor Chiesa Aponte señala que se entiende que el su-jeto actúa intencionalmente porque tiene conciencia de que su conducta “implicaba un riesgo considerable y no permi-tido de producir el hecho delictivo realizado”. Para determinar si el riesgo creado fue injustificado es necesario tomar en consideración la magnitud del riesgo y si las razones que tenía el autor para crear el riesgo son conside-radas no permitidas por la sociedad.

El elemento mental constituye una cuestión de hecho a ser evaluada por el juzgador de los hechos a base de las circunstancias relacionadas con el delito y la conducta del imputado. Por lo general, por ser una cuestión subjetiva, los tribunales deberán inferir el estado anímico que refle-jen las manifestaciones del imputado.

La Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legis-lación, en su ponencia ante el Senado sobre el asesinato estatutario explicó que:

En la letra (B) se mantiene la figura del asesinato esta-tutario, pero se incorpora la exigencia de qne el asesinato se cometa como consecuencia natural de los delitos que se mencionan. Sólo entonces el asesinato aparece como realiza-ción de la peligrosidad propia de los delitos enumerados y no como consecuencia del azar. Por otra parte, se exige que se trata [sic] de un verdadero “asesinato”, subsumible en la defi-nición del art. 82 no cualquier muerte, sino sólo la muerte intencional por parte del sujeto. (Énfasis nuestro).

La Prof.a Dora Nevares-Muñiz, en su análisis de la figura, expuso lo siguiente:

[E]l asesinato estatutario requiere que el asesinato se cometa como consecuencia natural de uno de los delitos base. No basta que el delito base sea la causa próxima de la muerte, sino que es necesario que la comisión del delito base, o su tentativa constituya un riesgo típicamente relevante que se realice en el resultado. La muerte de una persona tiene que ser una consecuencia lógica o natural de la consumación o tentativa del delito base. (Énfasis nuestro).

De todo lo anterior, podemos formular que la intención del legislador al redactar el delito de asesinato estatutario codificado en el Artículo 106(b) del Código Penal de 2004 requería que la muerte acaecida en la comisión de uno de los delitos graves allí mencionados fuera una muerte inten-cional o querida conforme la naturaleza, según concebida en el Artículo 23(b). En otras palabras, ante los hechos impu-tados, el juzgador debía evaluar si en la comisión del delito grave, el sujeto conocía que el resultado final se presentaría como una consecuencia necesaria o segura de su conducta. No bastaría con que se probara que el acusado hubiese que-rido realizar la conducta prohibida con conocimiento de que su conducta conllevaba un riesgo considerable y no permi-tido de producir la muerte conforme el inciso (c), sino que constituyera un “riesgo típicamente relevante”.

A otra interpretación no podríamos llegar. El texto del Artículo 106(b) señala expresamente que el delito de ase-sinato estatutario se configura con que la muerte sea in-tencional como consecuencia natural de la comisión de uno de los delitos graves indicados o que el elemento subjetivo de intención sea como mínimo el correspondiente al dis-puesto en el Artículo 23(b). Recordemos que los tribunales tenemos el deber de interpretar la ley de manera que se le dé sentido lógico a sus disposiciones y el deber de descubrir la función para la cual fue creada la ley. Además, en mate-ria de derecho penal los estatutos tienen que interpretarse restrictivamente y no se permite hacer caso omiso a la evi-dente intención del legislador.

III

Los hechos particulares del presente caso ejemplifican con claridad las circunstancias que tuvo presentes el legis-lador al disminuir la represión penal cuando valoró la con-ducta punible en la figura del asesinato estatutario tipifi-cado en el Artículo 106(b) del Código Penal de 2004. Bajo ese estatuto penal, no se podía sancionar penalmente a un individuo por una muerte acaecida en la perpetración de uno de los delitos graves mencionados, a menos que se pro-bara que tuvo la intención de causar la muerte o sabía con alta probabilidad que la misma era un resultado seguro de sus actos.

El 26 de junio de 2010, el Sr. Danny Rodríguez Márquez (Danny) estaba en los predios de una casa abandonada ha-ciendo labores de mecánica. Frente a ese lugar, vivía su tío el Sr. Roberto Rodríguez Mojica (Don Cuqui), quien ese día también estaba “bregando” con un carro en su casa. Esa mañana, Danny vio al menor ESMR pasar en una motora por la calle existente entre el lugar donde él se encontraba y la casa de su tío. Alrededor de quince minutos después, Danny escuchó a su tío decirle “ven acá ahora”.

Al llegar a casa de su tío, Danny encontró a Don Cuqui agitado “con el pecho bien altera’o, le subía y le bajaba”. Allí también vio la motora del menor ESMR tirada en el piso. Según Danny, su tío le dijo que el menor ESMR “se me me-tió a robar”; “le di un cantazo con algo por la cabeza”; “se me tiró por el monte por ahí pa’ abajo”, y “vete y búscalo”. Danny salió a mirar por un risco aledaño a la casa de Don Cuqui a ver si veía al menor.

Según el testimonio del menor ESMR, entre Don Cuqui y él se desarrolló un forcejeo en el que el señor le dio por la cabeza con un martillo. El menor ESMR alegó que como Don Cuqui lo trató de ahorcar, él empujó al señor y “me tiré por un risco”.

Alrededor de veinticinco minutos más tarde, Danny re-gresó a casa de su tío, a quien encontró “tira’o boca abajo, con un golpe en la cabeza y morado”. Don Cuqui fue trasla-dado a un hospital a donde llegó sin signos vitales. Esa tarde se certificó su muerte. La prueba presentada indica que Don Cuqui murió a causa de un ataque al corazón pro-ducido por un padecimiento de salud severo en el corazón y un fuerte estresor emocional.

Admitidos los hechos según expusimos anteriormente y dando por cierto que el menor ESMR entró a la casa de Don Cuqui con la intención de apropiarse ilegalmente de algo, no podemos concluir que la muerte del señor haya sido una consecuencia natural de las actuaciones del me-nor acusado. Primero, no hay evidencia de que el menor ESMR haya tenido la intención de matar o asesinar a Don Cuqui. Segundo, al hacer un análisis de la conducta exhi-bida por el menor en la comisión del escalamiento, no po-demos inferir que la muerte don Cuqui, por un ataque al corazón, fuera el resultado seguro de las actuaciones del menor o que al actuar de esa forma el menor supiera que había creado un riesgo que condujera a la alta probabilidad de qué Don Cuqui muriera de un ataque al corazón.

Como expusimos anteriormente, para poder imputar al acusado la modalidad de intención por conocimiento, ten-dríamos que inferir que el menor ESMR pudo prever o es-taba consciente de que la muerte de Don Cuqui, por un ata-que al corazón, era una consecuencia necesaria, natural o segura de su conducta al realizar el escalamiento agravado. Ello no se puede deducir de la prueba presentada. Recorde-mos, además, que la modalidad de intención del inciso (b) del Artículo 23 no concibe una mera probabilidad, sino una alta probabilidad del resultado. La muerte de un ser hu-mano por un ataque al corazón no es el resultado necesario o seguro de un escalamiento o un empujón.

A tono con lo anterior, estoy conforme con que revoque-mos al Tribunal de Apelaciones por haber errado al confir-mar la determinación de culpabilidad del menor ESMR en cuanto al delito de asesinato estatutario. Esto, porque no se probó que el menor ESMR tuvo intención de asesinar a Don Cuqui y porque no podemos inferir de la prueba presentada que el menor pudo prever que con sus actos podía causar con seguridad la muerte de Don Cuqui.

IV

En el presente caso, la opinión mayoritaria no define el elemento subjetivo del delito de “consecuencia natural” dispuesto en el Artículo 106(b) del derogado Código Penal de 2004. La Opinión escuetamente dispone que es “asesinato en primer grado toda muerte intencional ocurrida ‘como consecuencia natural’ de la comisión de uno de los delitos base incluidos en el propio inciso (b)”. (Énfasis en el original). Con esto, no se deja claro la naturaleza del elemento mental de intención exigido por el legislador. A mi entender, dicha omisión ameritaba nuestra expresión.

       33 LPRA sec. 4734.

       Alegato del peticionario, pág. 3.

       Transcripción de la prueba oral, pág. 7.

       íd., pág. 8.

       Alegato del peticionario, pág. 5.

       Art. 204 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 4832.

       Art. 106 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 4734.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 118.

       Véase M. Gómez Guerrero, El efecto del cambio en la redacción del asesinato estatutario, 47 Rev. Der Pur. 227, 230-231 (2008).

       Gómez Guerrero, supra.

       Véase Ponencia del Ledo. Luis Ernesto Chiesa Aponte sobre la P. del S. 2302, de 23 de mayo de 2003, pág. 19.

       Véanse: Pueblo v. Robles González, 132 DPR 554 (1993); Pueblo v. Rodríguez Rivera, 84 DPR 299 (1961).

        Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 DPR 716 (1981).

       D. Nevares-Muñiz, Informe de Revisión del Código Penal de Puerto Rico, Vol. II, Capítulos I al X (1991), pág.3.

       Informes Parte Especial Vol. I y II de Estudios Comparados de Códigos Penales de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, http:// www.ramajudicial.pr/CodigoPenal/acrobat/08-Parte-D-Estudios-Comparados-de-Codigos-Penales-Parte% 20E.PDF (última visita, 6 de junio de 2013).

       Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado de 22 de junio de 2003, pág. 44, citando a su vez, con la corrección de los números de los artículos, Informes Parte Especial Vol. I y II de Estudios Comparados de Códigos Penales, supra, pág. 12.

       Ponencia del Ledo. Federico Rentas Rodríguez, director ejecutivo de la So-ciedad para Asistencia Legal sobre la R. del S. 203 de 22 de abril de 2002, págs. 11-13, http://www.ramajudicial.pr/CodigoPenal/acrobat/29-2003_0524- Sociedad-para-Asistencia-Legal.PDF. (última visita, 6 de jimio de 2013).

       D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico: actualizado y comentado, 5ta ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2012, págs. 150-151.

       Ponencia del Ledo. Luis Ernesto Chiesa Aponte sobre la R. del S. 2302, de 23 de mayo de 2003, pág. 19. http://www.ramajudicial.pr/CodigoPenal/acrobat/28-2003_0523- Sr-Luis-Emesto-Chiesa-Aponte.PDF (última visita, 6 de junio de 2013).

       Véase D. Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, Hato Rey, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2005, págs. 31-33.

       Cabe señalar que la composición de la Asamblea Legislativa que atendió el P. de la C. 1625 en el 2005 fue sustancialmente distinta a la que aprobó el Código Penal de 2004. Sin embargo, esa Asamblea Legislativa, como la anterior, permitió que el delito de asesinato estatutario se mantuviera como un asesinato consecuencia natural de los actos del sujeto.

       P. de la C. 1625 (2005), http://www.oslpr.org/files/docs/#FFEF4791-8D16-4D42-A28D-7B0050322540’.doc (última visita, 6 de junio de 2013).

       El Código Penal de 2012, Ley Núm. 146-2012, enmendó sustancialmente la figura del asesinato estatutario en su Art. 93 de la manera siguiente:
      “Constituye asesinato en primer grado:
      “(a) Toda muerte perpetrada por medio de veneno, acecho o tortura, o con premeditación.
      “(b) Toda muerte que ocurra al perpetrarse o intentarse algún delito de incendio agravado, agresión sexual, robo, escalamiento agravado, secuestro, secuestro de un menor, estrago (modalidad intencional), envenenamiento de aguas de uso público (modalidad intencional), agresión grave, fuga, maltrato intencional, abandono de un menor; maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante restricción de la libertad, o agresión sexual conyugal, según contemplados en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la ‘Ley para la Protección e Intervención de la Violencia Doméstica’.
      “Toda otra muerte intencional de un ser humano constituye asesinato en se-gundo grado”. (Énfasis suplido).

       34 LPRA sec. 2201.

       S. Prevezer, The English Homicide Act: A New Attempt to Revise the Law of Murder, 57 Colum. L. Rev. 624, 627 (1957).

       Hawaii, HI Rev Stat Sec. 707-701.

       Kentucky, KRS Sec. 507.020. “The KRS 507.020 does not preclude the type of conduct described above from constituting murder. It does, however, abandon the doctrine of felony murder as an independent basis for establishing an offense of homicide. [...] Thus, if a defendant intentionally commits an act of killing during a felony his guilt is to be determined under KRS 507.020(1)(a). [...] On the other hand, if the jury should determine that his participation constituted wantonness not manifesting extreme indifference to human life, he is guilty only of manslaughter in the second degree, KRS 507.040”. (Énfasis suplido). Kentucky Crime Commission/LRC commentary, KRS Sec. 507.020.

       Alaska, AS Sec. 11.41.100. “ ‘Felony murder’ ” is purposeful killing committed in perpetration of enumerated felonies in first-degree murder statute but, if such purposeful killing is not done in perpetration of one of the enumerated felonies, it may constitute second-degree murder or, if it is done in perpetration of felony but not with specific intent to kill, it may be manslaughter”. AS 11.15.010,11.15.030. Véase, además, Gray v. State, 463 P.2d. 897 (1970).

       Vermont, 13 V.S.A. Sec. 2301.

       Michigan, M.C.L.A. Sec. 750.316.

       New Mexico, N.M.S.A. 1978, Sec. 30-2-1. “[F]elony-murder statute serves to elevate second-degree murder to first degree when the murder occurs during the commission of a dangerous felony”. Campos v. Bravo, 141 N.M. 801, 161 P.3d 846 (2007), rehearing denied.

       New Hampshire, NH Rev Stat Sec. 630:1-a.

       Arkansas, A.C.A. Sec. 5-10-102.

       Para un análisis de la trayectoria de la doctrina del asesinato estatutario, véase Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 DPR 716 (1981).

        Pueblo v. Lucret Quiñones, supra, págs. 726 y 729. Véase, además, la Opinión mayoritaria, págs. 803-804.

       Art. 201 del Código Penal de Puerto Rico de 1 de mayo de 1902; Art. 83 del Código Penal de del 22 de julio de 1974; Art. 106 del Código Penal de 18 de junio de 2004; Art. 93 del Código Penal de Puerto Rico de 30 de julio de 2012.

        Pueblo v. Lucret Quiñones, supra, pág. 721; D. Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, Hato Rey, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2005, págs. 142-143.

        Pueblo v. Rivera Torres, 121 DPR 128, 137-138 (1988). Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 143.

        Pueblo v. Rivera Torres, supra, pág. 136; Pueblo v. Rodríguez Rivera, 84 DPR 299, 304 (1961).

        Pueblo v. Lucret Quiñones, supra, págs. 731-732.

        Pueblo v. Rivera Torres, supra, pág. 137; Pueblo v. Calderón Laureano, 113 DPR 574, 578-579 (1982).

        Pueblo v. Robles González, 132 DPR 554, 563-564 (1993).

       Íd. Véase, además, Pueblo v. Calderón Laureano, supra, págs. 578-579.

        Pueblo v. Torres Ramos, 121 DPR 747, 752 (1988).

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 879 (33 LPRA sec. 4629 et seq.).

       Art. 22 del Código Penal de 2004 (33 LPRA sec. 4660).

       Nevares-Muñiz, op. cit, pág. 31.

         33 LPRA sec. 4733.

       Opinión del Tribunal, pág. 802.

        Pueblo v. González, 165 DPR 675, 709 (2005). En ese caso declinamos definir la frase “consecuencia natural” dispuesta en el Artículo 106(b) del Código Penal de 2004 porque los hechos imputados eran penalizados bajo el delito de asesinato esta-tutario codificado en el Código Penal de 1974.

       33 LPRA sec. 4651.

       L.E. Chiesa Aponte, Derecho penal sustantivo, Estados Unidos, Pubs. JTS, 2007, pág. 143.

        Pueblo v. Sustache Sustache, 176 DPR 250, 312 (2009). Véase, además, Chiesa Aponte, op, cit., pág. 159.

       Chiesa Aponte, op. cit., pág. 144.

        Pueblo v. Sustache Sustache, supra, pág. 312; Chiesa Aponte, op. cit., pág. 146.

       Chiesa Aponte, op. cit., págs. 146 y 160.

       Íd., págs. 146-147.

        Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 712 (2011); Chiesa Aponte, op. cit., pág. 163.

       Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 35; Chiesa Aponte, op. cit., pág. 147.

       Chiesa Aponte, op. cit., pág. 160.

       Íd. Véase, además, D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2012, págs. 45-46.

        Pueblo v. Flores Betancourt, 124 DPR 867, 878 (1989); Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, op. cit, pág. 35.

       Informe hace referencia a un propuesto Artículo 83 en el que se identifi-can los grados del asesinato y su inciso B, que hace referencia al asesinato en primer grado que se cometa como consecuencia natural de la comisión de uno de los delitos graves dispuestos. Posteriormente, ese propuesto Artículo 83 quedó codificado en el Artículo 106 del Código Penal de 2004.

       El Informe hace referencia a un propuesto Artículo 82 en el que se define “asesinato”. Posteriormente ese Artículo 82 quedó codificado en el Artículo 105 del Código Penal de 2004.

       Propuesta del Comité de Derecho Penal de la Academia de Jurisprudencia y Legislación presentado en vista pública el 23 de septiembre de 2002 ante la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, pág. 8, http://www.ramajudicial.pr/ CodigoPenal/acrobat/20-2002-0923-Propuesta-del- Comite-de-Derecho-Penal-de-la.PDP (última visita, 12 de septiembre de 2013).

       Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, ed. 2005, op. cit., pág. 143.

        Pueblo v. Figueroa Pomales, 172 DPR 403, 416-418 (2007); Pueblo v. Ruiz, 159 DPR 194, 210 (2003); Pueblo v. Martínez Yanzanis, 142 DPR 871, 877 (1997).

       Opinión del Tribunal, pág. 802. Véase también la pág. 799 de la Opinión del Tribunal en la que la mayoría dispone, sin mayor explicación, que “el asesinato, al requerir la intención, tiene que producirse ya sea como consecuencia natural de los actos del sujeto —no por el azar— o cuando su actuación contiene un riesgo conocido y aceptado por el sujeto que decide actuar, es decir, conoce la peligrosidad objetiva de su conducta”. Con ello, este Tribunal interrelaciona las modalidades de intención reconocidas en los incisos (b) y (c) del Artículo 23, sin establecer la distinción de que el Artículo 106(b) únicamente concibe la modalidad descrita en el inciso (b) del Artí-culo 23.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Héctor Ayala Vega.

      Número: CP-2011-14

      Resuelto: 8 de noviembre de 2013

      Guillermo Figueroa Prieto y Mario A. Rodríguez Torres, abo-gados de Héctor Ayala Vega; Héctor Ayala Vega, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la solicitud de reconsideración presentada por el Sr. Héctor Ayala Vega, reconsideramos la Opinión per curiam y Sentencia del 10 de octubre de 2013. En vista de las circunstancias atenuantes expuestas en la Urgente Moción de Reconsideración, entre las cuales se encuentran que: (1) el letrado acepta que la forma en que manejó el caso, luego de que recayera sentencia, no fue la más apro-piada; (2) el letrado expresa profundo arrepentimiento por lo ocurrido; (3) el letrado asegura que no repetirá este tipo de conducta, y (4) en 28 años como miembro de la profesión legal no había sido objeto de querella disciplinaria, reduci-mos el término de suspensión del ejercicio de la profesión de dos a un año.

Notifíquese por teléfono, facsímil y por la vía ordinaria. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

text:
      In re Martín González Vázquez, querellado.

      Números: AB-2013-118
    AB-2013-119
    AB-2013-120
    AB-2013-332
    AB-2013-333

      Resueltos: 14 de noviembre de 2013

      Claudia A. Rosa Ramos, procuradora general auxiliar, y Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general; Wilkins Román Samot, querellante.
   RESOLUCIÓN

El Sr. Wilkins Román Samot incoó las quejas AB-2013-118, AB-2013-119, AB-2013-120, AB-2013-332 y AB-2013-333 ante este Tribunal contra el Ledo. Martín González Vázquez.

Quejas AB-2013-118 y AB-2013-120

El 20 de febrero de 2013, el Sr. Wilkins Román Samot presentó las Quejas Núm. AB-2013-118 y AB-2013-120 contra el Ledo. Martín González Vázquez. En la primera se-ñaló que en un escrito de 8 de febrero de 2013, el letrado falsamente y para su perjuicio expresó que el quejoso “po-see estudios doctorales en Derecho [...], la realidad es que este señor solo posee un J.D. de dicha universidad que no es un grado a nivel doctoral (PhD)”. Informe de la Procu-radora General, Apéndice, Anejo 1, pág. 1. En la segunda queja señaló que en otro documento suscrito por el licen-ciado González Vázquez el 25 de enero de 2013 indicó que era un hecho falso que el señor Román Samot “posee un grado de J.D.” que no es “un grado de Derecho a nivel de doctorado de esa universidad [...]”. íd., pág. 5.

Queja AB-2013-119

El 20 de febrero de 2013 el señor Román Samot pre-sentó una tercera queja contra el licenciado González Vázquez. En lo pertinente, el quejoso nos señaló:

6. Que el 8 de febrero de 2013 el aquí denunciado González Vázquez con el ánimo de amenazarme tanto a mi persona con [sic] a dos testigos de sus actos anti-éticos y delictivos (AB2012-456) envió una carta al Fiscal de Distrito de Ponce, Francisco Sánchez Rodríguez [...]
12. Que en su carta al Fiscal de Distrito de Ponce, el denun-ciado González Vázquez aduce que el aquí denunciado no tiene legitimación activa para denunciarlo por derecho propio y cono-cimiento personal de los actos anti-éticos y delictivos denuncia-dos contra el denunciado González Vázquez en el caso AB2012-456, interfiriendo o promoviendo así que terceros intervengan con un caso bajo la consideración de esta Noble Curia.
13. Que en su carta al Fiscal de Distrito de Ponce, el denun-ciado González Vázquez me imputa tener un título de abogado cuando el que sí tengo es de Doctor en Derecho y ejercer la abogacía por denunciarlo por derecho propio y por demandar a terceros por derecho propio o ser el representante autorizado del Instituto de Antropología del Derecho, Inc., de conformidad a In Re: Andréu Ramírez, 1999 T.S.P.R. 188.

Queja AB-2013-332

Posteriormente, el 12 de agosto de 2013 el señor Román Samot presentó otra queja contra el licenciado González Vázquez. Indicó que en un escrito firmado por el letrado el 5 de agosto de 2013, este hizo unas declaraciones falsas en perjuicio del quejoso. En lo pertinente, expresó:

4. Que el denunciado González Vázquez ha indicado en su es-crito, entre otras falsedades, que los Requerimientos de Admi-siones publicados por el Instituto de Antropología del Derecho, Inc., se han hecho “pasar por documentos oficiales de este Tribunal”.
8. Que el aquí denunciado González Vázquez conoce que el Ins-tituto de Antropología del Derecho, Inc., ha de publicar pero no ha publicado los Requerimientos de Admisiones cursados a éste, por el suscribiente, luego de haberle dado la oportunidad de admitir o negar, teniéndose al momento de su publicación por admitidos dado que nunca negó las admisiones requeridas dentro del término dado. Queja Núm. AB-2013-332, Carta de la Subsecretaría del Tribunal Supremo al Ledo. Martín Gonzá-lez Vázquez (TS-4353) de 29 de agosto de 2013, Anejo, pág. 1.

Queja AB-2013-333

El 12 de agosto de 2013, el señor Román Samot presentó otra queja contra el licenciado González Vázquez. Esta vez argüyó que el letrado lo amenazó en un escrito que este presentara ante el Tribunal con relación a la Queja Núm. AB-2012-456. Esto a pesar de que la Queja Núm. AB-2012-456 la presentó el señor Román Samot contra el licenciado González Vázquez y se desestimó el 2 de agosto de 2013. En cada una de las quejas el señor Román Samot solicitó a este Tribunal el desaforo del licenciado González Vázquez y que se “1) ordene su arresto; 2) emita orden de búsqueda y captura; 3) y emita orden cautelar prohibiendo su salida del territorio constitucional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Queja Núm. AB-2013-333, Carta de la Sub-secretaría del Tribunal Supremo al Ledo. Martín González Vázquez (TS-4353) de 28 de agosto de 2013, Anejo, pág. 2.

Por su parte, el licenciado González Vázquez nos expresó que todas las quejas son parte del acoso que el quejoso ha desatado en su contra con el propósito de amedrentarlo desde que asumió la representación de dos clientes. Ade-más, reafirmó lo expresado en los escritos en controversia, pero aclaró que no es correcto que haya amenazado al quejoso. Sostuvo su comunicación al Fiscal de Distrito de Ponce como parte de su deber de denunciar y alertar a las autoridades ante la posible comisión de un delito y del ejer-cicio ilegal de la profesión.

En el Informe de la Procuradora General, con relación a la Queja Núm. AB-2013-333, la Procuradora General recomendó su desestimación y archivo por no existir prueba clara, robusta y convincente para comenzar un procedimiento disciplinario. La Procuradora General reconoció que las expresiones del licenciado González Vázquez se dieron en el contexto de una comunicación de la Subsecretaría del Tribunal Supremo dirigida al licenciado González Vázquez, en la que le informaba que las alegaciones de acoso cibernético y judicial estaban fuera del ámbito disciplinario del Tribunal. Además, expresó su preocupación de que el señor Román Samot abusara de los procedimien-tos cuando, a su vez, existe un procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, aparentando así que presiona indebidamente a las partes y a los funcionarios involu-crados. La Procuradora General advirtió que los actos del señor Román Samot afectan el curso ordinario de los proce-dimientos e inciden en el poder investigativo de su oficina.

Examinado el Informe de la Procuradora General y la Réplica a Informe de la Procuradora General, así como las comunicaciones presentadas por ambas partes en cada queja, se ordena la consolidación de las quejas de epígrafe, así como la desestimación y el archivo de todas ellas.

Se impone al señor Román Samot una sanción de mil dólares ($1,000) por cada una de las cinco (5) quejas frívo-las presentadas contra el licenciado González Vázquez, para un total de cinco mil dólares ($5,000) que deberán pagarse en sellos de rentas internas en la Secretaría de este Tribunal dentro del término de quince (15) días, con-tados a partir de la notificación de esta Resolución. La Regla 49 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XX1-B, autoriza a este Tribunal a imponer sanciones económicas y otras medidas que estime pertinentes y nece-sarias cuando determina que un recurso o una moción ante su consideración es frívolo. La presentación de quejas frívo-las utiliza los recursos de este Tribunal y de la Oficina del Procurador General de manera innecesaria. Además, con-sumen el tiempo y la paz del abogado involucrado. Por lo tanto, este Tribunal no tolera este tipo de conducta.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez emitió un voto particular disidente.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Disiento del curso seguido por una mayoría de este Tribunal por entender que imponer una multa de $1,000 por cada querella desestimada, además de excesivo, equivale a imponer al señor Román Samot una segunda penalidad “por [la] continua presentación ante este Tribunal de que-jas totalmente frívolas”, conducta que precisamente san-cionamos el 16 de septiembre de 2013 mediante Resolución. Resolución del Tribunal Supremo de 16 de sep-tiembre de 2013, pág. 1.

I

El señor Román Samot presentó cinco quejas contra el licenciado González Vázquez. Tres de ellas —las quejas AB-2013-118, AB-2013-119 y AB-2013-120— se presenta-ron el 20 de febrero de 2013. Las otras dos quejas —las quejas AB-2013-332 y AB-2013-333— se presentaron el 12 de agosto de 2013.

El 24 de septiembre de 2013 la Procuradora General de Puerto Rico presentó un informe con relación a la queja AB-2013-333. El informe recomendó el archivo y la deses-timación de la queja por entender que no existía prueba clara, robusta y convincente para iniciar un procedimiento disciplinario contra el licenciado González Vázquez. A su vez, la Procuradora expresó su preocupación ante el patrón de abuso de los procedimientos disciplinarios por parte del señor Román Samot, quien ha presentado cerca de treinta y siete quejas contra abogados y abogadas, la mayoría de ellas por pleitos en los cuales el señor Román Samot no figura como parte. En la mayoría de los informes en los que se han atendido las quejas presentadas por el señor Román Samot, la Oficina de la Procuradora General ha encontrado que el señor Román Samot carece de legitima-ción activa para presentar las quejas. En el informe en que la Procuradora atiende la queja AB-2013-333, reitera que el señor Román Samot ha abusado de los procedimientos disciplinarios, afectando así el curso ordinario de los pro-cedimientos y propiciando el uso innecesario de los escasos recursos de la Oficina de la Procuradora General.

Recientemente atendimos la queja AB-2013-121, pre-sentada el 4 de marzo de 2013 por el señor Román Samot contra el Ledo. James J. Vélez. El 2 de agosto de 2013 recibimos el Informe de la Procuradora que recomendó la desestimación y el archivo de la queja por no contar con prueba clara, robusta y convincente de que se cometieron las faltas alegadas. La Procuradora notificó el Informe al señor Román Samot, quien el 12 de agosto de 2013, antes de que le solicitáramos que se expresara sobre el informe y el mismo día que presentó las quejas AB-2013-332 y AB-2013-333, presentó una réplica al Informe de la Procuradora. El 19 de agosto de 2013 le concedimos veinte días al señor Román Samot para que se expresara. Luego de recibir su respuesta, el 16 de septiembre de 2013 emi-timos una Resolución ordenando la desestimación y el ar-chivo de la queja contra el Ledo. James J. Vélez, por enten-der que el Sr. Wilkins Samot repitió los hechos de una queja que había presentado y sobre la cual ordenamos su desestimación y archivo. En la Resolución del 16 de sep-tiembre de 2013 también le impusimos una sanción de $1,000 “por su continua presentación ante este Tribunal de quejas totalmente frívolas”, a ser cumplida dentro del tér-mino de quince días. Resolución del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2013, pág. 1.

Ante el incumplimiento del señor Román Samot, el 16 de octubre de 2013 le concedimos un término final de diez días para que cumpla con nuestra orden del 16 de septiem-bre de 2013. Además, lo apercibimos que se iniciaría un procedimiento de desacato en su contra si no cumplía con esta Resolución.

II

Según surge del Informe de la Procuradora General y de las propias quejas presentadas por el señor Román Samot, éste ha incurrido en un patrón de abuso de los mecanismos disciplinarios, presentando quejas frívolas en varias ocasiones. Las cinco quejas que se encuentran ante nuestra consideración no son la excepción a dicho comportamiento. Por lo tanto, coincido con una mayoría de este Tribunal en que procede desestimar y ordenar el archivo de estas cinco quejas.

No obstante a la conducta reprochable del señor Román Samot, mediante la Resolución que emitimos el 16 de sep-tiembre de 2013 le impusimos al señor Román Samot una sanción de $1,000 por la continua presentación de quejas frívolas y el abuso de los procedimientos disciplinarios. Para esa fecha, el 16 de septiembre de 2013, el señor Ro-mán Samot ya había presentado las cinco quejas que hoy desestimamos. Es decir, la sanción impuesta en la Resolu-ción contemplaba la conducta desplegada en las cinco que-jas que hoy desestimamos y por la que una mayoría de este Tribunal expone al señor Román Samot a una segunda sanción, esta vez por la suma excesiva de $5,000, quebran-tando así las exigencias mínimas de la justicia.

HH hH HH

Por todo lo anterior, ordenaría la desestimación y el ar-chivo de las cinco quejas ante nuestra consideración y de-jaría correr el trámite que iniciamos con la sanción que le impusimos al señor Román Samot mediante nuestra Reso-lución del 16 de septiembre de 2013.

       El Sr. Wilkins Román Samot presentó ante este Tribunal la Queja Núm. AB-2012-456 contra el Ledo. Martín González Vázquez. Esta queja fue desestimada y archivada mediante Resolución de 2 de agosto de 2013. En esa Resolución aperci-bimos al quejoso de que no debe emitir requerimientos de admisiones ni de informa-ción dentro de procedimientos disciplinarios, pues no está autorizado para ello.

       Las expresiones del licenciado González Vázquez fueron las siguientes:
      “ ‘Habiéndose informado que está fuera del ámbito de este Foro la protección de la honra y reputación del suscribiente ante el acoso ilegal a que nos somete Román Samot, informamos con todo respeto a este Honorable Tribunal que nos vemos forza-dos a defendemos de los mismos y recurrir a la autodefensa’ ”. Queja Núm. AB-2013-333, Informe de la Procuradora General, pág. 6.

       No es la primera ocasión en la que le hemos impuesto una sanción al Sr. Wilkins Román Samot. Mediante Resolución de 16 de septiembre de 2013, este Tribunal unánimemente le impuso una sanción de mil dólares ($1,000) por su continua presentación de quejas totalmente frívolas. En la Queja Núm. AB-2013-121, presentada por el quejoso contra otro letrado, el quejoso había presentado la misma queja que había sido desestimada y archivada previamente.

       Informe Preliminar de la Oficina de la Procuradora General al Honorable Tribunal, 2 de agosto de 2013, pág. 8.

       El 9 de septiembre de 2013.

       La queja AB-2012-486.


text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de la Concesión del Viernes 29 de Noviembre de 2013.

      Número: EM-2013-13

      Resuelto: 21 de noviembre de 2013
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, ha concedido a los empleados y las empleadas, y a los fun-cionarios y las funcionarías de la Rama Judicial el viernes 29 de noviembre de 2013 como día libre con cargo a vacaciones.

A tales efectos, y en virtud de nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplica-bles a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 LPRA sees. 72 y 73) y se considerará el viernes 29 de noviembre de 2013 como si fuera un día feriado completo. Cualquier término que venza ese día se exten-derá hasta el lunes 2 de diciembre de 2013, próximo día laborable.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina.

(Fdo.) Camelia Montilla Alvarado Secretaria del Tribunal Supremo Interina


author: per curiam:

text:
      In re Edgardo Ortiz Delgado, querellado.

      Número: CP-2013-13

      Resuelto: 22 de noviembre de 2013

      Edna Evelyn Rodríguez Benitez, procuradora general auxiliar, y Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general, de la oficina del Procurador General; Edgardo Ortiz Delgado, pro se.

   per curiam:

En esta ocasión, tenemos ante nuestra con-sideración la conducta desplegada por un abogado que co-bró y retuvo $2,000 por representar a un cliente en un procedimiento administrativo, a pesar de que no hizo ges-tión alguna a esos efectos. Evidentemente, su conducta violó los Cánones 18 y 23 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Sin embargo, por mediar atenuantes a su favor, censuramos enérgicamente al Ledo. Edgardo Ortiz Delgado.

I

El licenciado Ortiz Delgado fue admitido al ejercicio de la abogacía el 23 de enero de 2003 y al de la notaría el 14 de febrero de ese mismo año. El Sr. Juan D. Rodríguez Arroyo presentó una queja juramentada ante este Foro contra el licenciado Ortiz Delgado. Alegó que en el 2003 lo contrató para que le representara en un procedimiento ad-ministrativo contra la Unión de Trabajadores de la Indus-tria Eléctrica y Riego (UTIER) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). A esos efectos, le pagó $2,000 por honora-rios de abogado.

Sostuvo el quejoso que el licenciado Ortiz Delgado le indicaba que estaba trabajando en el caso, pero que nunca realizó la labor para la cual fue contratado. Eventual-mente, el señor Rodríguez Arroyo le pidió la devolución de su expediente y de los honorarios pagados. Ante la inacción del abogado, el señor Rodríguez Arroyo presentó por derecho propio una acción en cobro de dinero en su contra. Juan Damián Rodríguez y Eva Vázquez Rodríguez v. Lcdo. Edgardo Ortiz Delgado, Civil Núm. Cm2005-138 (Regla 60). Finalmente, el licenciado Ortiz Delgado pagó la cantidad reclamada y el caso se transigió en el 2005.

En su contestación a la queja, el licenciado Ortiz Delgado alegó que el quejoso no le entregó la evidencia nece-saria para iniciar el procedimiento administrativo y que, debido a una situación familiar difícil, se vio impedido de trabajar sus casos.

Posteriormente, la Oficina de la Procuradora General presentó su informe y señaló que, de los documentos que el abogado presentó junto a su contestación a la queja, surge que este tenía información suficiente para iniciar la labor encomendada, contrario a lo alegado por el letrado durante el procedimiento disciplinario. Además, la Procuradora General sostuvo que, si el abogado entendía lo contrario, debió renunciar a la representación legal y devolver el expediente y los honorarios cobrados. Por consiguiente, entendió que el licenciado Ortiz Delgado pudo haber incurrido en violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. En cuanto a la devolución de los $2,000 pagados por honorarios, señaló que esa cantidad fue devuelta en su totalidad, aun-que tardíamente.

Tras evaluar el informe y las reacciones del quejoso y el licenciado Ortiz Delgado, ordenamos que la Procuradora General presentara la querella correspondiente. Así lo hizo y le imputó el cargo siguiente:

El licenciado Edgardo Ortiz Delgado faltó a los deberes de diligencia y competencia dispuestos en el Canon 18 de Ética Profesional, 4 LPEA Ap. IX, al no realizar la gestión para la cual fue contratado y posteriormente obligar a su cliente a recurrir al tribunal para lograr el reembolso de los honorarios que había cobrado.

El licenciado Ortiz Delgado presentó su contestación a la querella. En vista de que el querellado admitió haber incurrido en la conducta imputada, asumió responsabili-dad y expresó su arrepentimiento, estamos en posición de resolver sin procedimientos ulteriores. Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B.

II

El Código de Ética Profesional recoge unas nor-mas mínimas de conducta que promueven el desempeño personal y profesional de los abogados y las abogadas conforme a los más altos principios de conducta decorosa para el beneficio de la ciudadanía, la profesión y las instituciones de justicia. In re Soto Charraire, 186 DPR 1019, 1027 (2012); In re Mulero Fernández, 174 DPR 18, 28 (2008). En lo pertinente a la querella que hoy atendemos, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, establece lo siguiente:

Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable.

De esta forma, el canon citado impone a los abogados y las abogadas el deber de ser competentes, cuidadosos y diligentes al tramitar los asuntos encomendados y al defender los intereses de sus clientes. In re Soto Charraire, supra; In re Plaud González, 181 DPR 874, 886-887 (2011). Ello supone que el abogado o la abogada se desempeñe con esmero durante todo el desarrollo del caso, ya que la profesión que ejerce no es compatible con la despreocupación y la desidia. In re Vega Quintana, 188 DPR 536 (2013); In re Padilla Pérez, 135 DPR 770, 775 (1994). Consecuentemente, el abogado o la abogada que acepta representar a un cliente para la presentación de una demanda, pero no hace gestión profesional alguna a esos efectos, comete una violación ética. In re Soto Charraire, supra; In re Alonso Santiago, 165 DPR 555, 563 (2005).

Por otro lado, el Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que “[l]a naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen”. Partiendo de esta disposición, hemos reiterado que la dilación en la devolución de fondos pertenecientes al cliente viola el canon mencionado, aunque el abogado o la abogada no tenga intención de apropiárselos. In re Colón Hernández, 189 DPR 275 (2013); In re Reyes Vidal, 184 DPR 781, 785 (2012).

Al momento de determinar si un abogado o una abogada debe ser sancionado o sancionada por conducta antiética, es meritorio recordar que los procesos disciplinarios interfieren con el interés propietario que los abogados y las abogadas tienen en el ejercicio de su profesión, por lo que tienen derecho a las garantías del debido proceso de ley. In re Soto Charraire, supra; In re Ríos Ríos, 175 DPR 57, 75 (2008). Esas garantías incluyen el que se notifique adecuadamente a todo abogado y toda abogada los cargos que pesan en su contra en un proceso disciplinario. In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805, 821 (2011); Salvá Santiago v. Torres Padró, 171 DPR 332, 343 (2007). Por ende, enmendar tácitamente la querella a base de la prueba presentada para añadir violaciones que no fueron imputadas originalmente viola el debido proceso de ley del querellado o la querellada. In re Pérez Riveiro, 180 DPR 193, 200-201 (2010).

No obstante, de entenderlo apropiado, el Tribunal podrá evaluar una conducta antiética identificada luego de ini-ciado el procedimiento disciplinario cuando del expediente surja que se ha salvaguardado al querellado o querellada su debido proceso de ley. In re Martínez Almodóvar, supra, págs. 825-826. Es decir, el Tribunal evaluará si se notificó adecuadamente al abogado o a la abogada la conducta im-propia adicional, si se le brindó oportunidad de presentar prueba a su favor y si se le permitió examinar la prueba presentada en su contra y contrainterrogar los testigos pre-sentados por la parte contraria. Id., pág. 825.

Por último, para determinar qué sanción disciplinaria imponer a un abogado o a una abogada por conducta impropia, debemos considerar su historial profesional. In re Colón Morera, 172 DPR 49, 59 (2007); In re Arroyo Rivera, 148 DPR 354, 361 (1999). Para ello, podemos evaluar: (1) su buena reputación en la comunidad; (2) si se trata de su primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada; (3) la aceptación de su error y su sincero arrepentimiento; (4) si se trata de una conducta aislada; (5) si medió ánimo de lucro en su actuación; (6) si resarció al cliente, y (7) cualesquiera otras consideraciones, atenuantes o agravantes, que medien de acuerdo con los hechos. In re Colón Morera, supra; In re Padilla Rodríguez, 145 DPR 536 (1998). Véase, además, In re Valentín Custodio, 187 DPR 529 (2012).

También es pertinente al caso de marras analizar las sanciones que hemos impuesto anteriormente a abogados y abogadas que han violado los Cánones 18 y 23 del Código de Ética Profesional, supra. En In re Arroyo Ramos, 159 DPR 284 (2003), amonestamos a una abogada por cobrar $500 en honorarios de abogado y no realizar la gestión para la que fue contratada. Además de los Cánones 18 y 23, supra, violó el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra.

Por otra parte, en In re Vega Quintana, supra, censuramos enérgicamente a una abogada por desatender órdenes del Tribunal de Primera Instancia y provocar la desestima-ción sin perjuicio del caso para el que fue contratada. Le ordenamos devolver $150 que recibió en honorarios. Tam-bién se le imputó violar el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra.

Por último, en In re Colón Hernández, supra, suspendimos a un abogado por un año por violar el Canon 23 del Código de Etica Profesional, supra, al cobrar y retener $15,000.

III

El licenciado Ortiz Delgado aceptó haber incurrido en la conducta imputada en la querella presentada en su contra: “no realizar la gestión para la cual fue contratado y poste-riormente obligar a su cliente a recurrir al tribunal para lograr el reembolso de los honorarios que había cobrado”. Cargo I, Querella, pág. 2. Ciertamente, esta conducta viola el deber de diligencia y competencia dispuesto en el Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra.

Por otra parte, a pesar de que el Cargo I de la Querella no menciona el Canon 23 del Código de Etica Profesional, supra, la querella siempre imputó al querellado incurrir en conducta antiética al no rembolsar los honorarios cobrados al señor Rodríguez Arroyo y obligarlo a recurrir al Tribunal para recuperar su dinero. Entendemos que ello constituye una notificación adecuada de la conducta imputada y que se garantizó al licenciado Ortiz Delgado todas las garan-tías del debido proceso de ley. Este tuvo oportunidad de negar lo alegado en su contra y presentar prueba a su favor. Sin embargo, aceptó lo imputado y asumió responsa-bilidad por ello. Como expusimos, la dilación en la devolución de fondos pertenecientes al cliente viola el canon mencionado. Véanse In re Colón Hernández, supra; In re Reyes Vidal, supra. Por lo tanto, entendemos que la con-ducta del querellado también violó el Canon 23 del Código de Etica Profesional, supra.

Concluido lo anterior, solo resta determinar qué sanción imponer al licenciado Ortiz Delgado a la luz de los factores que enumeramos en el acápite anterior. Surge de su expe-diente que existen atenuantes a su favor: se trata de la primera falta del querellado en su carrera jurídica, este aceptó su error y expresó su arrepentimiento y devolvió los honorarios cobrados por servicios no prestados al quejoso, aunque tardíamente. De otro lado, no surge del expediente que la inacción del querellado en el procedimiento adminis-trativo para el cual fue contratado hubiera causado daños al quejoso. De hecho, la única acción que incoó el señor Rodríguez Arroyo en los tribunales fue la acción de cobro de dinero, la cual fue transigida.

Siendo así, tomando en consideración la conducta del licenciado Ortiz Delgado y los atenuantes mencionados, consideramos que este caso se asemeja más a los precedentes de In re Arroyo Ramos, supra, donde impusimos como sanción una amonestación, e In re Vega Quintana, supra, donde censuramos enérgicamente a la abogada querellada.

Por todo lo anterior, censuramos enérgicamente al Lcdo. Edgardo Ortiz Delgado. Le apercibimos que, de incurrir nuevamente en conducta antiética, seremos más severos en nuestra sanción.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco suspendería al licenciado Ortiz Delgado por el término de seis meses. El Juez Asociado Señor Rivera García suspendería al quere-llado por el término de un año.

       En su Contestación a Querella, el licenciado Ortiz Delgado expresó lo si-guiente: “Erré. Lo asumimos con humildad, pero también convencidos de que es lo correcto. Fuera producto de mis circunstancias personales o profesionales durante esos años, soy el único responsable de mis actos. Mirando hacia atrás, debí haber renunciado a la representación legal del Sr. Rodríguez”.


author:
(.Fdo.) Camelia Montilla Alvarado Secretaria del Tribunal Supremo Interina
     Juez Aso-ciado Señor Martínez Torres,

text:
    International Broadcasting Corporation y Aerco Broadcasting Corporation, Ex parte.

      Número: MC-2013-061

      Resuelto: 25 de noviembre de 2013

      Juan H. Saavedra Castro, abogado de International Broadcasting Corporation y Aereo Broadcasting Corporation, parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Por estar el Tribunal igualmente dividido, se deniega la Moción al Amparo de la Sección 7 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Canon 15 de Etica Judicial.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Presidente Señor Hernán-dez Denton, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y los Jue-ces Asociados Señores Martínez Torres y Kolthoff Caraballo denegarían la moción. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió un voto particular de conformidad, al cual se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez disintió porque considera que, como mínimo, una mayoría de este Tribunal debió conceder un término a la parte peticionaria y a la representación legal del Sr. Pablo Casellas para que se expresaran en torno a cómo el derecho de libertad de prensa e información puede afectar o no los derechos cons-titucionales del acusado a un juicio justo e imparcial, pre-vio a denegar la petición para radiodifundir el proceso criminal. Al no adoptarse ese curso de acción y rechazarse de plano la petición, se reafirmé en sus expresiones en el voto particular de conformidad en ASPRO et al., Ex parte I, 189 DPR 769, 784 (2013), y en el voto de conformidad en In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424, 445 (2013). El Juez Asociado Señor Rivera García se unió a las expresiones del Juez Asociado Señor Estrella Martínez únicamente en cuanto a que le concedería un término a las partes para que se expresaran en torno a cómo el derecho de libertad de prensa e información puede incidir en los derechos constitucionales del acusado a un juicio justo. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón se unieron a las expresiones del Juez Asociado Señor Rivera García. La Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez no interviene.

(.Fdo.) Camelia Montilla Alvarado Secretaria del Tribunal Supremo Interina

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Martínez Torres,

al cual se une el Juez Pre-sidente Señor Hernández Denton.

En el voto de conformidad que emití en ASPRO et al., Ex parte I, 189 DPR 769, 774 (2013), me expresé a favor de la nueva política pública de este Foro que busca garantizar la transparencia de los procedimientos judiciales. Para alcanzar ese propósito, esta Curia enmendó el Canon 15 de Ética Judicial en In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424 (2013). A tono con la nueva normativa, se creó en In re C.15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., id., un "Programa experimental para el uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación en los procesos judiciales celebrados en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan”. Asimismo, se creó un Reglamento para regir el programa experimental.

Esta postura ha sido consecuente. Debemos utilizar los adelantos tecnológicos disponibles para cubrir los procedi-mientos judiciales. Sin embargo, la consecución de ese ob-jetivo no puede desembocar en la interrupción del proceso judicial ni el menoscabo de la sana administración de la justicia.

Los peticionarios nos solicitan permiso para radiodifundir el caso Pueblo de Puerto Rico v. Pablo Casellas Toro, y señalan que solo necesitan conectarse con el sistema de micrófonos ya existente que opera en la propia sala del tribunal. Sin embargo, no podemos tomar en consideración únicamente a los medios de radiodifusión. De conceder la solicitud deberíamos poder extenderla también al resto de los medios de comunicación incluyendo los visuales. No obstante, el caso está muy adelantado en términos procesales. Por eso, no podemos acceder a lo solicitado. Adviértase que en ese caso ya culminó el proceso de desinsaculación del Jurado y el juicio está por comenzar. En términos de planificación y logística, la instalación del sistema audiovisual en la sala del Tribunal de Primera Instancia que va a atender ese juicio no se hace de un día para otro. También es necesario que los técnicos que operen el sistema de micrófonos y cámaras ausculten de antemano con el juez encargado del caso cuáles partes del proceso están autorizados a difundir. Por eso, es muy importante que los medios de prensa comprendan que las solicitudes hechas al amparo del Canon XV de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, deben tramitarse con tiempo de forma que se pueda planificar su implementación.

Así pues, acceder a lo que solicita la parte peticionaria en este caso significaría dilatar el comienzo del juicio contra el Sr. Pablo Casellas Toro ya que hay que tomar medidas que pueden tomar tiempo en implementarse. Así pues, es forzoso concluir que, en esta etapa de los procedimientos, la transmisión del juicio del señor Casellas Toro desembocaría en la interrupción indebida de los procesos judiciales.

Como mencioné en ASPRO et al., Ex parte I, supra, pág. 776, estoy comprometido con “abrir las puertas de la Rama Judicial para mantener informado al Pueblo de Puerto Rico sobre los procedimientos que se desarrollan en nues-tros tribunales”. No obstante, el trámite necesario para al-canzar ese fin tiene que realizarse de manera organizada. La transmisión desorganizada de un juicio penal puede in-cidir sobre los derechos del acusado. Por eso, reglamentar su difusión a través de los medios audiovisuales es un asunto más complicado que difundir un acto de lectura de sentencia, como lo autorizamos en ASPRO et al., Ex parte I, supra. Ante el impacto que la difusión mediática puede tener sobre el juicio, lo ideal es que todo esto se reglamente en su día, si este Tribunal lo entiende necesario, mediante un protocolo que haga un balance entre la capacidad de mantener informado al público utilizando los nuevos méto-dos audiovisuales con el derecho del acusado y el interés social en que se conduzca un proceso penal justo e imparcial. Este no es el momento para improvisar.