author: El Juez PbesideNte Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Sánchez, acusado y apelante.
    Núm. 8096.

    Sometido: Noviembre 26, 1940.

      Resuelto: Diciembre 10, 1940.

      Adolfo García Veve, abogado del apelante;

      Eon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Lilis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez PbesideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Sánchez fué acusado por el Fiscal del Distrito de San Juan como autor de un delito subsiguiente de muti-lación por haber, en marzo de 1938 y en Loíza, “ilegal; voluntariamente y con intención criminal” acometido y agre-dido a Santiago Gruzmán con un instrumento cortante, infiriéndole una herida de carácter grave que sajó su oreja derecha y lo dejó desfigurado permanentemente, habiendo sido el acusado sentenciado en veinte de septiembre de 1933 como autor de otro delito de mutilación y cumplido la con-dena.

El Jurado al rendir su veredicto después de recibir las debidas instrucciones, declaró culpable al acusado de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes. El convicto pidió un nuevo juicio. La corte negó su petición y dictó sentencia imponiéndole diez meses de cárcel. Apeló, y celebrada la vista del recurso esta Corte Suprema por sentencia per curiam de j'ulio 19, 1940, confirmó la de la corte inferior.

Insistió el acusado en su criterio y pidió reconsideración, señalándose el 20 de noviembre último para oír a las partes sobre la moción. Ambas concurrieron y expusieron sus argumentos en pro y en contra de lo pedido.

Tres errores señaló en su alegato original el apelante para pedir la revocación de la sentencia, a saber: que la acusación no imputaba un delito público “por cuanto en ella no se alega que el acusado actuara ‘maliciosamente’, elemento esencialísimo del delito de mutilación”, porque la corte erró al declarar sin lugar la moción de nuevo juicio y porque erró también al permitir al fiscal qne impugnara con la de-claración de Santiago Guzmán la de su propio testigo Mateo Pérez.

Sobre los dos últimos errores nada hay que agregar a lo consignado en la sentencia de julio 19, 1940, para negarse a reconsiderarla. El énfasis para solicitar la reconsideración se ha puesto en el primero.

Ya dijimos que se imputó al acusado apelante un delito de mutilación. Se sostiene que para que una acusación por ese delito sea válida debe contener la palabra “maliciosa-mente” y como la aquí formulada no la contiene, no puede servir de base al proceso.

Como fundamento de su contención cita el apelante el artículo 212 del Código Penal que define el delito así:

“Toda persona que ilegal y maliciosamente privare a algún ser humano de un miembro de su cuerpo, o lo mutilare, desfigurare o inutilizare, o le cortare o mutilare la lengua, sacare un ojo, sajare la nariz, oreja o labio, será reo del delito de mutilación.”

También las decisiones de esta corte en los casos de El Pueblo v. Dumas, 14 D.P.R. 397 y El Pueblo v. Llauger, 14 D.P.R. 548, en los cuales se expresó esta corte, en lo perti-nente, como sigue:

“La diferencia entre uno y otro delito consiste en que la muerte en el delito de asesinato se causa con malicia premeditada o con ma-licia y premeditación, y en el delito de homicidio, sin malicia. No consiste la diferencia en que en el asesinato haya intención preme-ditada y en el homicidio falta de intención. Los conceptos malicia e intención son enteramente distintos. Puede un delito cometerse sin malicia, pero nunca sin intención. Si faltara la intención falta-ría uno de los elementos integrantes y esenciales de todo delito, pues donde falta la intención, no puede haber delincuencia.
“No define nuestro Código lo que se entiende por intención, sin duda porque al definirlo hubiera obscurecido el concepto claro que envuelve esa palabra, tanto en la lengua inglesa como en la española. Pero sí definió el concepto que entrañan las palabras ‘malicia,’ ‘ma-liciosamente,’ en su artículo 559, número 4:
“ ‘Las palabras “malicia,” “maliciosamente,” denotan la comi-sión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa. La esciente infracción de la ley en perjuicio de otro.’
“De esa definición no se deduce que las palabras malicia, mali-ciosamente, sean sinónimas de las de intención o intencionalmente, sino que, además, entrañan el concepto de obrar conscientemente, sin justa causa o excusa.
“La misma Corte Suprema de California establece la doctrina que dejamos expuesta, en el caso The People v. Bartlett, 48 Cal. 437.
“ ‘Si la muerte causada a una persona por otra, constituye ase-sinato o simplemente homicidio, no depende de la existencia o falta, de la intención de matar. En cualquiera de estos casos, puede exis-tir la intención de matar en el momento de cometerse el hecho. Pero; cuando el golpe mortal es inferido al calor de la cólera excitada por una disputa repentina, y de suficiente carácter para constituir una provocación adecuada, la ley, en su clemencia motivada por la debi-lidad de la naturaleza humana, hará caso omiso de la verdadera intención, y reducirá el delito a homicidio. En semejante caso, aun-que la intención de matar existe, no es aquella intención deliberada y maliciosa que es elemento esencial del delito de asesinato/ ” El Pueblo v. Dumas, 14 D.P.R. 397, 402, 403.
“La diferencia entre el delito de asesinato y el de homicidio, está, bien definida, tanto en los libros de texto y las decisiones de los tribunales, como en nuestros estatutos.
“Ambos delitos consisten en dar muerte ilegal a un ser humano; el delito de asesinato se comete ‘con malicia y premeditación/ y el de homicidio, ‘sin que medie malicia/ La intención de realizar el acto prohibido, debe existir en ambos casos; porque sin la intención criminal no puede haber delito. Código Penal, artículo 11. Es la existencia de malicia, por una parte, y la ausencia de ella, por otra, en el acto de matar, la que coloca el delito en una u otra de dichas, categorías.” El Pueblo v. Llauger, 14 D.P.R. 548, 556, 557.

La acusación en este caso en efecto no contiene la palabra “maliciosamente” que usa el estatuto. Alega que el acto se realizó “ilegal, voluntariamente y con intención criminal” y la cuestión a considerar es si esta corte estuvo o no acertada al fundar su sentencia de julio 19, 1940, en lo que respecta a ese extremo esencial, en el siguiente

“Poe. CUANTO las palabras empleadas en la acusación ‘con. inten-ción criminar, equivalen sustancialmente a las palabras ‘con mali-cia’ o a la palabra ‘maliciosamente’; y en todo caso, el acusado-no fue convicto del delito de mutilación imputádole en la acusación, sino del delito de acometimiento y agresión grave definido en las secciones 1 y 6 de la Ley de marzo 10, 1904, ‘. . . para determinar y casti-gar . . . acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes . . .’ (Código Penal, ed. 1937, pág. 155).”

La buena práctica por parte del fiscal hubiera sido usar las palabras del estatuto. Se supone que estos funcionarios no sólo tienen el conocimiento general de la ley que implica su condición de abogados, si que deben ser expertos en su rama criminal, y siendo ello así ¿a qué sustituir la palabra ‘“maliciosamente” “por voluntariamente y con intención ■criminal”, creando con ello una indebida complicación? La .falta de cuidado en los comienzos de un proceso pone en peligro resoluciones ulteriores perfectamente justas y a ve-ces hace que los tribunales de apelación por sostener la justicia de dichas resoluciones, sienten jurisprudencia vaga o confusa, contradictoria.

En su informe el fiscal de esta Corte Suprema sostiene “que la frase ‘con intención criminal’ es equivalente a ‘ma-liciosamente’ ”, citando en apoyo de su contención el caso de State v. Benson, 5 P. (2d) 1045.

La opinión en dicho caso emitida por el Juez Ford de la Corte Suprema de Montana comienza:

“Se imputó al acusado el haber maliciosamente dañado propie-dad mueble que no era de su pertenencia, valorada en $20 — un delito menos grave (misdemeanor).”

Luego dice:

“Toda persona que maliciosamente dañare o destruyere bienes muebles o inmuebles ajenos de un valor menor de $50 incurrirá en ‘misdemeanor.’ Artículo 11474, Códigos Revisados de 1921. ‘Las palabras “malicia” y “maliciosamente” envuelven un deseo de ve-jar, molestar o dañar a otra persona, o una intención de cometer un acto ilegal, establecido por medio de prueba o por presunción de ley.’ Artículo 10713, inciso 4, id. En su más amplio sentido, la pa-labra ‘maliciosamente’ ha sido interpretada como sinónima de ‘con intención criminal y se aplica al estado mental de la persona que co-mete un acto ilegal intencional o voluntariamente y sin justificación o excusa legal.’ 16 C. J. 79. Determinar si un acto se ha cometido maliciosamente presenta una cuestión que frecuentemente resulta difícil de resolver, ya que pocas veces existe evidencia directa de malicia. La existencia o no existencia de malicia es una conclusión a la cual puede llegarse por medio de inferencias a ser deducidas de todos los hechos y circunstancias del caso. El estado mental — el pro-ceso de razonamiento — se halla, para cualquier persona que no sea el individuo mismo, manifiesto en los actos cometidos. En este caso el jurado tenía derecho a inferir cuál era la intención del acusado del estudio de todos los hechos y circunstancias que, rodeaban los actos realizados y a determinar por los mismos si él actuó con ma-licia. Después de un estudio cuidadoso de los autos no podemos decir que el jurado no estuviera justificado en la conclusión a que llegó.”

Como puede verse en la acusación qne sirvió de base al proceso en el caso de Montana, el fiscal siguió la ley y usó la palabra maliciosamente empleada en el estatuto para definir el delito.

Yendo al texto de Corpus Juris, encontramos que dice:

‘‘La expresión ‘malicia’, según se usa con referencia a ciertos delitos, tiene un significado peculiar, como en el caso de incendio ma-licioso, asesinato, daños maliciosos, etc. Aun en este respecto, sin embargo, la expresión no se emplea en su acepción popular u ordina-ria en el sentido de demostrar perversidad o mala voluntad hacia determinado individuo. En su más amplio sentido legal, el concepto es sinónimo de intención criminal y se aplica al estado mental de una persona que realiza un acto ilegal intencional o voluntariamente y sin justificación o excusa legal. El concepto ‘malicia’ es más general en su significado que ‘voluntariamente’ (willfulness) pero implica ‘voluntariamente.’ ” 16 C. J. 79.

Muchos casos se anotan al pie del texto. Hemos exami-nado algunos y en ellos la imputación se hizo como perpe-trada con malicia o maliciosamente.

Al fijar la propia obra — Corpus Juris — la naturaleza y los elementos integrantes del delito de mutilación — mayhém— refiriéndose a la intención, la malicia y la premeditación en general, dice:

“En el derecho común el acto, para constituir mutilación debe haber sido realizado con malicia, y bajo el Coventry Act el hecho debe haberse realizado con malicia premeditada y con una intención deliberada y premeditada de causar daños de la índole descrita; pero no se requiere que la intención maliciosa haya sido dirigida contra ninguna persona específica, y aunque el estatuto proveía contra de-terminados actos ‘con intención de mutilar o desfigurar’, sin embargo si la intención era más grave como por ejemplo de dar muerte, y en el atentado el ofensor no mataba pero mutilaba, entonces era un de-lito comprendido en el estatuto. Se han aprobado estatutos en este país dirigidos contra actos cometidos ilegalmente, maliciosamente, vo-luntariamente, intencionalmente, a propósito y con malicia premedi-tada; y estos elementos deben estar presentes para que el acto im-putado pueda constituir el delito; pero esto es generalmente todo lo que es necesario, y a menos que así se provea específicamente, ni la intención específica de cometer el acto ilegal imputado ni la inten-ción específica de dañar determinada parte del cuerpo es necesaria. Así, cuando el delito lo constituye simplemente el ilegalmente privar de un miembro, etc., la intención específica de mutilar no es nece-saria y una regla similar se aplica bajo un estatuto que provee un castigo por mutilación infligida bajo tales circunstancias que habrían trocado el delito en asesinato u homicidio de haber ocurrido la muerte. Pero bajo el estatuto en algunas jurisdicciones, una intención espe-cífica de mutilar, desfigurar o inutilizar es un elemento esencial del delito. Cuando la malicia es un elemento del delito, se ha sostenido que ésta puede surgir bien con anterioridad a o al tiempo de reali-zarse el acto.” 40 C. J. 3, 4.

Conocemos nuestro estatuto. No exige la intención es-pecífica de mutilar (El Pueblo v. Pizarro, 21 D.P.R. 17), pero sí la malicia.

Esa malicia no es necesario que sea la que conlleva siempre el odio, la venganza, la mala voluntad, si que la legal que nuestra ley define como sigue:

“Las palabras ‘malicia’, ‘maliciosamente’, denotan la comisión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa — la esciente infracción de la ley en perjuicio de otro.” Art. 559, múm. 4, del Código Penal.

La cuestión levantada resulta, pues, de dudosa solución y como no precisa decidirla finalmente, a los efectos de no complicar la jurisprudencia preferimos dejarla meramente apuntada. Eso no obstante nos parece oportuno expresar que interpretada la ley y la jurisprudencia estrictamente y dándose énfasis a la pureza del procedimiento, sería nece-sario resolver que no se imputa debidamente el delito cuando se deja de usar la palabra “maliciosamente”, debiendo se-guir los fiscales la interpretación estricta que es la más sencilla y la que constituye el camino más corto y más seguro.

Dijimos que no precisa resolver la cuestión y en efecto es así porque en todo caso nuestra sentencia de 19 de julio último se sostiene por el segundo de los fundamentos expresados en su por cuanto transcrito.

El apelante fué acusado de mutilación. La cuestión que ahora levanta no la suscitó en la corte inferior. Lo hizo en esta Corte Suprema después que la acusación no tuvo más alcance que el de imputarle la comisión del delito de acome-timiento y agresión por el cual fué condenado con el bene-ficio de haberle proporcionado un juicio por jurado que de otro modo no hubiera estado a su alcance.

Por ese fundamento debe declararse no haber lugar a la reconsideración solicitada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Rosita Silva, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Ricardo la Costa, Juez, y Tomás Monteserín y Manuela Barbosa de Monteserín, demandados.
    Núm. 1223.

    Sometido: Noviembre 25, 1940.

      Resuelto: Diciembre 10, 1940.

      Estrella García Capella, abogado de la peticionaria;

      Yillamil <& Santana Becerra, abogados de los interventores, demandados en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria, mujer casada, tenía establecido a su nombre, en la casa núm. 49 de la calle “Alien,” de San Juan, un salón de belleza, negocio al que ha venido dedicándose durante los últimos siete años. Con el propósito de reducir el costo del arrendamiento, la peticionaria dió en subarren-damiento a los esposos Monteserín una habitación y el za-guán de dicha casa, por un canon de $28 mensuales.

En 7 de junio de 1939, la peticionaria Rosita Silva radicó demanda ante la Corte Municipal de San Juan contra los esposos Monteserín, en cobro de los cánones de subarrenda-miento correspondientes a los meses de abril y mayo del mismo año. Desestimada la demanda y apelado el caso para ante la Corte de Distrito de San Jnan, la demandante en-mendó su demanda, la cual fue exeepcionada por los deman-dados, por no aducir, a su juicio, hechos suficientes para determinar una causa de acción a favor de la demandante. Se fundó dicha excepción previa en que siendo Eosita Silva, la demandante y aquí peticionaria, una mujer casada, es al esposo de ella a quien incumbe ejercitar la acción en cobro de los cánones de subarrendamiento no satisfechos por los esposos demandados.

Por la sentencia cuya revisión se pide, la corte inferior declaró sin lugar la demanda e impuso las costas a la de-mandante. Los fundamentos de dicha sentencia son:

1. Que el presente no es uno de aquellos casos en que una mujer casada puede demandar sin el concurso del marido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Enjuiciamiento Civil, pues no se trata de una acción entre marido y mujer, ni de una eh que esté envuelto el derecho de homestead o que se relacione con bienes propios de la demandante, ni hay prueba de que los cónyuges estén separados.
2. Que los cánones de subarrendamiento que se reclaman no son bienes propios de la esposa demandante, a tenor de lo dispuesto por el artículo 1299 del Código Civil, ed. 1930.
3. Que no es de aplicación el artículo 6 del Código de Comercio, ed. 1932, ni el 93 del Código Civil, porque no hay prueba de que la esposa demandante se dedique al comercio o a la industria; porque un negocio de salón de belleza no es una industria, ni tampoco puede decirse que la persona que al mismo se dedica sea comerciante o esté dedicada al comercio; y porque el subarrendamiento de un local no convierte al subarrendador en comerciante.
4. Que la acción que se ejercita es para beneficio de la sociedad de gananciales y debe, por lo tanto, ser ejercitada por el marido y no por la esposa.

Sostiene la peticionaria que las decisiones de esta Corte Suprema en Vázquez v. Valdés, 28 D.P.R. 467, Vázquez v. P. R. Railway, Light & Power Co., 35 D.P.R. 62, Irizarry v. Díaz Ojea, 35 D.P.R. 144, Dávila v. P. R. Railway, Light & Power Co., 44 D.P.R. 950, y Flit v. White Star Bus Line, Inc., 49 D.P.R. 144 y 50 D.P.R. 98, en las cuales se basa la sentencia recurrida, no son de aplicación al caso de autos; y que éste debe regirse por las disposiciones del artículo 6 del Código de Comercio y del artículo 93 del Código Civil. Los citados artículos leen como sigue:

“Artículo 6. — La mujer casada podrá dedicarse libremente al co-mercio o a la industria sin otras formalidades que las requeridas para los comerciantes varones. Sólo estarán obligados a las resultas del comercio o industria a que se dedicare la mujer, sus bienes privativos, los frutos, rentas e intereses de dichos bienes, los beneficios que se ob-tengan como consecuencia inmediata y directa de la industria o trá-fico a que se dedicare, y los bienes que adquiriere con dichos benefi-cios, pudiendo enajenar todos esos bienes sin consentimiento del marido. Los demás bienes gananciales quedarán obligados a las re-sultas del ejercicio del comercio o industria por la mujer, cuando mediare el consentimiento expreso o tácito del marido. Si el marido quisiere expresar su voluntad de que dichos gananciales no queden obligados, lo notificará por escrito, debidamente identificado, a su mujer y al registro mercantil, en donde se hará constar por nota al margen de la inscripción del comerciante.
“Artículo 93. — El marido es el representante legal de la sociedad conyugal.
“La mujer puede por sí contratar y comparecer en juicio para lo que se refiera a la defensa de sus derechos o de sus bienes propios, al desempeño de la patria potestad, a la tutela o administración que le confiera la ley y al ejercicio de una profesión, cargo u ocupación.”

La primera cuestión que debemos resolver es ésta: ¿Es el mantenimiento y explotación de un salón de belleza la clase de comercio o industria a que una mujer casada puede dedicarse libremente, sin que sea requisito legal necesario el consentimiento expreso o tácito del marido?

El “salón de belleza” o “beauty parlor” es un estable-cimiento al que acuden las damas a peinarse, a rizarse el cabello, a cortarse y pulirse las uñas y a recibir masajes y toda clase de tratamientos tendientes a embellecer su cara y su cuerpo. Es de público conocimiento que, además de esos servicios, los clientes de esos establecimientos obtienen allí por compra, perfumería, cosméticos y otros efectos ma-nufacturados en el mismo establecimiento o comprados por éste para ser revendidos a sus clientes. Son, pnes, dichos establecimientos centros de comercio y de industria a la vez. También puede decirse qne la persona que se dedica a rea-lizar los trabajos y á prestar los servicios propios de nn salón de belleza, ya lo haga personalmente o por medio de sns empleados, está dedicada al ejercicio de nna ocupación.

Cuando la demandante tomó en arrendamiento una casa, para establecer en ella nn salón de belleza, realizó un acto necesario para la instalación y explotación de los negocios inherentes a dicha clase de establecimientos. Y cuando sub-arrendó parte del local, con la idea de reducir los gastos generales del negocio emprendido, realizó también otro acto de comercio relacionado con el mismo negocio.

El canon de subarrendamiento que los demandados debían pagar a la demandante, no puede en manera alguna ser considerado como un fruto o beneficio líquido del negocio de la demandante. Ésta estaba obligada a pagar el canon de arrendamiento por la totalidad de la casa. Si los demandados pagan por el subarriendo, la demandante reduce pro tanto los gastos generales de su negocio; y si, por el contrario, no pagan, entonces la demandante se verá obligada a pagar el canon completo.

Para poder determinar si el subarrendamiento de parte de la casa dejó beneficios o pérdidas, sería necesario practicar una liquidación de todo el negocio de la demandante. Es in-dudable que los beneficios líquidos obtenidos por una mujer casada en el ejercicio del comercio o de una industria corres-ponden a la sociedad de gananciales. Pero esos beneficios lí-quidos no pueden tener existencia legal mientras no se practi-que una liquidación del negocio que los produjo. Mientras no se paguen las deudas contraídas en el negocio o industria de una mujer casada, los bienes privativos de ésta, los frutos, rentas e intereses de dichos bienes, los beneficios que obtenga como consecuencia de la industria o tráfico a que se dedicare y los bienes que adquiriere con dichos beneficios, permane-cerán afectos al pago de dichas deudas. Si sostuviéramos lo contrario, tendríamos que sostener también que cada vez que una mujer casada, dedicada al comercio, realiza una venta de un artículo por-un precio mayor que su costo, la diferencia entre el precio de venta y el costo se convierte instantáneamente en un bien ganancial; y en ese caso, si la venta se hubiese hecho a crédito y el comprador no pagase la cuenta, el esposo de la mujer comerciante tendría que instituir la demanda en cobro de la cuenta. Todo lo cual equivaldría a dejar sin efecto los estatutos, ahora vigentes, que reconocen el derecho de la mujer casada a ejercer libre-mente el comercio, la industria y las ocupaciones y a com-parecer en juicio sin la asistencia del esposo en todo lo relacionado con tales actividades.

Por las razones expuestas debe anularse la sentencia re-currida y devolverse el caso a la corte de su procedencia para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    Pedro, Carmen Luz y Carmen Elena Maldonado, representados por su padre con patria potestad Luciano Maldonado, recurrentes, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. Manuel León Parra, Presidente, Juan M. Herrero y F. Paz Gránela, Comisionados Asociados, demandada, y Pondo del Seguro del Estado, asegurador e interventor.
    Núm. 207.

    Sometido: Diciembre 2, 1940.

      Resuelto: Diciembre 10, 1940.

      Ismael Soldevila, abogado de los recurrentes;

      Hon. Procurador General George A. Malcolm, E. de Aldrey, Procurador General Au-xiliar y Víctor J. Vidal González y G. Atiles Morón, abogados los dos últimos del Fondo del Seguro del Estado, abogados del in-terventor.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En el recurso de revisión que para ante este tribunal interpusieron los beneficiarios del fenecido obrero Agapito Rodríguez, se hizo parte a la Comisión Industrial de Puerto Rico y además al Pondo del Seguro del Estado, en su ca-rácter de asegurador e interventor. El 4 del mes pasado, se dictó resolución por este tribunal ordenando que por el Secretario se requiriese de la Comisión Industrial el expe-diente del caso C. I. 7313, y se señaló la sesión del lunes 2 del actual para la vista del recurso de revisión. El 25 de noviembre los peticionarios radicaron su alegato, notificán-dolo el mismo día a la Comisión Industrial de Puerto Rico y al abogado del Administrador del Fondo del Seguro del Es-tado, quien como asegurador del patrono del obrero, repre-sentaría la parte perjudicada en caso de que este tribunal revocara la decisión de la Comisión Industrial que exoneró de responsabilidad al Fondo del Seguro del Estado. Un día después de radicarse el alegato de los peticionarios, el Administrador del Pondo del Seguro del Estado radicó un escrito solicitando que se desestimara el recurso de revisión alegando falta de jurisdicción en este tribunal para conocer del asunto, por no habérsele notificado con copia de la petición, siendo él como es una parte adversa que sería perjudicada ■en caso de revocarse la resolución de la Comisión Industrial. El 27 del mismo mes de noviembre, a las 10:42¡ de la mañana, o sea el día siguiente a aquél en que se radicó la moción de desestimación, presentaron los peticionarios en la Secreta-ría de este Tribunal constancia escrita de haber notificado al Administrador del Fondo del Estado con copia de la petición. En la misma fecha los peticionarios radicaron un escrito oponiéndose a la moción del Administrador del Fondo del Seguro del Estado en que se solicitaba la desestimación del recurso. Se celebró la vista de la moción de desestima-ción el 2 del actual. Para esa fecha, como hemos visto, hacía cinco días que el Administrador del Fondo del Seguro del Estado había recibido la copia de la petición del recurso de revisión. Insiste, no obstante, el Administrador en la desestimación del recurso por falta de jurisdicción.

Como muy acertadamente dijera en su informe oral el abogado de los peticionarios, no se trata en este caso de un recurso de apelación cuya tramitación está reglamentada por el Código de Enjuiciamiento Civil, de acuerdo con el cual es indispensable dentro de determinado plazo a partir de la notificación de la sentencia, radicar el escrito de apelación con notificación a la parte contraria dentro del mismo plazo fijado para la interposición del recurso. La Ley núm. 45 de 1935 (Legislatura Ordinaria, pág. 251), creadora de este remedio, todo lo que dice con respecto al procedimiento a seguir para la interposición del recurso ante este tribunal es lo siguiente:

“Artículo 11.' — -Cualquier parte interesada podrá presentar copias certificadas de una orden o decisión de la Comisión Industrial de acuerdo con esta Ley, contra la cual se haya radicado petición de revisión y haya recaído resolución de ésta, de la que podrá solicitarse revisión ante la Corte Suprema de Puerto Eico dentro del término de quince días después de su notificación; . . .”

No exige la ley que antes de radicarse en el Tribunal Supremo la solicitud de un recurso de revisión deban noti-ficarse las partes. Al presentarse la solicitud de revisión el tribunal la estudia y si entiende que el caso es prima facie revisable expide la orden correspondiente para que la Co-misión Industrial- eleve los autos del caso. El recurso, por su naturaleza, se asemeja más al de certiorari que al ordi-nario de apelación. Por consiguiente, debe aplicarse por analogía el procedimiento que seguimos en los casos de certiorari radicados originalmente en este tribunal. Al expedirse la orden para que la Comisión Industrial remita el expediente, se ordenará al peticionario que notifique a las partes, que lo serán la Comisión Industrial y las que lo hu-bieren sido ante dicha Comisión, que pudieren ser afectadas por la resolución que dicte este tribunal. En otras palabras, aplicaremos hasta donde sea posible la sección 69 de nuestro Reglamento.

El caso de Montaner v. Comisión Industrial de P. R., ante, pág. 685, no es autoridad para desestimar el recurso en este caso, puesto que en aquél una parte interesada no fue hecha parte en la petición, ni se le notificó la misma en ningún momento, mientras que en el caso de autos el perjudicado se hizo parte en la petición y se le notificó la misma con cinco días de antelación al señalado para la vista de la moción para desestimar.

Por lo expuesto, y apareciendo que en este caso los peti-cionarios han cumplido sustancialmente con la dicha regla, procede denegar la moción de desestimación y señalar un día para la vista del recurso en su fondo.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eusebio Gómez Moreno, acusado y apelante.
    Núm. 8339.

    Sometido: Diciembre 6, 1940.

      Resuelto: Diciembre 12, 1940.

      Juan Lastra, abogado del apelante;

      Son. Procurador General George A. Malcolm y B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, aboga-dos de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Ensebio Gómez Moreno fue denunciado ante la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, porque en enero 8, 1939, ilegal, voluntaria y maliciosamente desde el vapor “Coloradan” atracado al muelle número 6 de la Bull Insular Line en el puerto de San Juan, P. R., hizo varios disparos de revólver con el propósito de berir a E. Fernández Be-tancourt, Rafael Collazo Moraza, Félix Duelos y José Rodrí-guez Jiménez, que se encontraban en una yola. También se le acusó de portar armas prohibidas.

Sentenciado por la corte municipal, apeló para ante la del distrito y celebrado en ésta un nuevo juicio conjunto para ambos casos según estipulación de las partes apro-bada por la corte, fué condenado a pagar cincuenta dólares de multa por el acometimiento y a sufrir un mes de cárcel por la portación. Recurrió entonces para ante este tribunal imputando a la corte sentenciadora error en la práctica de la prueba y en su apreciación.

La evidencia del fiscal consistió en las declaraciones de tres de las alegadas personas acometidas — Duelos, Fernández Betancourt y Collazo Moraza — de Iluminado Torres, Policía Insular, y de Ricardo Cátala, y la de la defensa en los testimonios de Luis Beyes, Bafael Monge y el acusado Gómez Moreno.

Argumentando los dos errores qne señala en relación con la apreciación de la prneba, sostiene el apelante qne la evi-dencia de cargo no demuestra con la claridad y certeza nece-sarias qne fuera él el qne disparara y en todo caso qne lo hiciera con la intención de cansar daño a persona alguna. Tampoco qne portara un revólver.

Examinada dicha evidencia encontramos qne los testigos Duelos, Fernández Betancourt y Collazo Moraza declararon qne estando en un bote, al pasar cerca del vapor “Coloradan” sintieron disparos de arma de fuego y vieron qne el acusado disparaba su revólver contra ellos desde el vapor, motivo por el cual se lanzaron unos al agua y otro se acostó en el fondo del bote.

Para usar sus propias palabras, transcribiremos las de uno: “. . . sentimos una detonación y me fijé a donde era la detonación y vi a este señor (el acusado) con un revólver en la mano haciéndonos disparos ... y tuvimos qne lanzar-nos al agua para evadirnos de una bala . . . hacía los dis-paros desde la popa del vapor ‘Coloradan’ . . . por una claraboya ... y lo vi cuando corrió con el revólver por en-cima de la cubierta.”

Y encontramos también qne el policía Torres manifestó:

“En ese día yo estaba en la esquina del muelle número 6; está-bamos pendientes de ese muelle porque era tiempo de huelga de la ‘U.T.M.’ y otra Asociación de Trabajadores que dirigía el Sr. Euse-bio G-. Moreno. El Sr. Bamón Boria y yo estábamos en la esquina del vapor ‘Coloradan’ que estaba cargando y nosotros estábamos de espalda hacia la popa del barco y sentimos dos disparos y cuando salieron los primeros dos disparos dimos el frente porque creíamos que eran para nosotros y miramos alante y vimos que salieron tres disparos más y vimos que la bala salpicaba una yola y venían unos individuos dentro de la yola; entonces ellos se tiraron de la yola y nosotros nos dirigimos al barco arriba y cuando estábamos arriba el Sr. Eusebio Moreno bajaba muy nervioso por la escalera que subía al barco, y ahí lo cogí y lo arresté. Entonces todos gritaron: ‘ Euse-' bio Moreno fué’. Entonces al arrestarlo .... él dice: ‘Déjeme bajar’ y le dije: ‘No señor, usted está arrestado, y entonces lo tra-jimos a San Juan a huellas digitales.”

Creída esa prueba como lo fué por el juez sentenciador, nos parece suficiente. No es inverosímil y revela' el aco-metimiento por parte del acusado con arma de fuego y con intención de inferir daño violento en la persona de semejan-tes suyos, acompañada de la aptitud para realizarla al tiempo de intentarla, que es lo que exige la ley (artículo 232 del Código Penal, ed. 1937) para que se entienda cometido el delito que se le imputara — acometimiento. También lo es con respecto a la portación del arma prohibida, que consti-tuye otro delito independiente de acuerdo con la ley y la repetida jurisprudencia de este Tribunal.

En cuanto al segundo error que se imputa a la corte en relación con la apreciación de la prueba, bastará decir que la admisión por parte del fiscal sobre la circunstancia de no llevar arma el acusado al subir al vapor, no tiene el alcance que le atribuye el apelante, como veremos en seguida.

Según el récord ocurrió lo que sigue: Declaraba el acu-sado y se le preguntó por su abogado si fué registrado al subir al vapor. Contestó que sí, que lo fué por el watchman del barco Marcial Torres. La defensa pidió que se le,diera una oportunidad para citar al watchman y la corte ordenó al marshal que lo citara. Entonces la defensa manifestó: “El Sr. Fiscal me propone admitir . . . que se hacían esos re-gistros ... y que Marcial Torres registró al acusado.” Y dijo el fiscal: “Yo admito eso, pero Marcial Torres no puede garantizar que dentro del barco no hubiera armas.”

Y es de esa admisión que deduce el apelante que el fiscal quedó obligado a probar la procedencia del revólver cuya portación se le imputa y que como no lo hizo caen por su base tanto el delito de acometimiento como el de portación de arma prohibida.

Por el tercero y último de los errores señalados se sostiene que se .privó -de un derecho fundamental al acusado al impedírsele preguntar sobre los motivos que tuvieron los testigos de cargo para declarar en forma hostil en contra suya.

Volviendo al récord encontramos que la defensa repre-guntó- extensamente al testigo del Fiscal Ricardo Cátala sobre si las personas que iban en el bote pertenecían a alguna Unión de Trabajadores distinta y adversa a la del acusadoy obtuvo por respuestas que el testigo era el Secretario de-la Unión a la que pertenecían Fernández Betancourt, Collazo Moraza y Duelos, quienes estaban el día del suceso “haciendo una línea de piquete”; que el acusado no era miembro de su Unión, si que de la “I.L.A.” y que en el vapor “Colo-, radan” se estaba trabajando no obstante la protesta que contra ello había formulado su Unión.

A ese estado había llegado el contrainterrogatorio cuando» ocurrió lo que sigue:

“P. — ¿Y TJcl. como Secretario está informado si eso le era grato-a la Unión suya que se trabajara allí?— P. — No, señor.— Fiscal. — Me. opongo.— Juez. — Se sostiene la objeción de El Pueblo. — Defensa.— Fíjese S. S. que esas personas que lian venido a declarar como testi-gos son miembros de una Unión que estaba en huelga en aquel en-tonces; él es el Secretario; él dice que estaba en contacto con ellos, los estaba llamando; sabe lo que ellos estaban haciendo; sabe tam-bién que el acusado en esa época estaba en el ‘Coloradan” y en el ‘Coloradan' se estaba trabajando; que el fin de un piquete es suspender esos trabajos, y era la misión de ellos interrumpir ese trabajo que está en contra de la huelga de ellos; ... y eremos que es pertinente la pregunta de si estos trabajadores estaban afectados por el hecho de estar dentro del barco ese día en unión de otras personas que estaban trabajando en el barco. En ninguna otra forma podría probarse el interés de esos testigos o el interés de un testigo en de-clarar en determinado caso en un hecho material para apreciar la cre-dibilidad de la prueba.— Juez. — La corte sostiene la objeción del Fiscal.— .... —Defensa.—Tomamos excepción.”

Prosiguió la prueba de cargo y se insistió en preguntas de la misma índole que fueron contestadas sin oposición. Se. practicó la prueba de descargo. Declaró extensamente el propio acusado en la misma línea y su testigo Rafael Monge, se expresó así:

“Resulta que ese día estábamos en movimiento huelgario en los muelles, las dos organizaciones estaban en desacuerdo, la “I.L.A.” y la “American Federation of Labor”, y ese día la compañía llamó al señor Moreno, don Carlos Ball, para que suministrara un personal para la descarga del vapor “Coloradan’ el día 8 de enero del 39, y pl señor Moreno vino a bordo a hablar con el ingeniero y el capi-tán . . . .Yo subí a bordo a conferenciar con Moreno, porque de él y de mí dependía el movimiento de la descarga del barco . . . y hablé con él de nuevo para suplir más personal y bajé a tierra otra vez .... cuando en eso el señor Moreno que bajaba la escala y el guardia Iluminado Torres lo cogió en la escalera.”

Puede verse, pues, de lo que dejamos transcrito y con mayores detalles de la totalidad de la transcripción, que no obstante la negativa del juez, os lo cierto que el acusado logró introducir toda la evidencia que deseaba sobre el particular de que los testigos de cargo Duelos, Fernández Betancourt y Collazo Moraza pertenecían a una Unión de Trabajadores contraria a la suya, estando ambas en des-acuerdo sobre si se debía o no descargar el vapor “Coloradan” y por lo tanto que el acusado no sufrió perjuicio alguno.

Además la pregunta cuando fué objetada por el fiscal ya había sido contestada por el testigo, resultando sin base todo lo que después se dijo y resolvió. Sin embargo, dando -a la excepción tomada toda su fuerza y aceptando al existencia de una lucha abierta entre obreros de diferentes uniones y de testigos hostiles por tal motivo, dicha hostilidad podría servir para que la corte tomara con cautela sus testimonios, pero no para que tuviera necesariamente que rechazarlos por increíbles. Les dió crédito y no se nos ha demostrado que su conclusión sea errónea. Al contrario, la misma hos-tilidad que se invoca da fuerza de verdad a la imputación.

Deben declararse los recursos sin lugar y confirmarse las sentencias apeladas.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Ramona Ríos, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1080.

    Sometido: Diciembre 10, 1940.

      Resuelto: Diciembre 13, 1940.

      José Sabater, abogado de la recurrente;
    el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En el Registro de la Propiedad de Mayagüez se presentó para su inscripción la escritura de testamento otorgada ante el notario Amadeo Nazario Lugo el 21 de septiembre de 1922 por Eusebio de la Rosa y Ramona Ríos y Méndez con-tentiva entre otras de las siguientes cláusulas:

“Tercero: Que se encuentran ambos en sus plenas facultades mentales, y yo, el Notario hago constar que antes de proceder a efec-tuar este testamento examino a los testadores y están con su mente despejada, su imaginación clara y en todas sus facultades mentales no estando impedidos por ningunas de las prevenciones que determina la lev.
“Cuarto: Que es la voluntad de los testadores que cualquiera que fallezca primero sea heredero de todos los bienes que pudieran tener a su fallecimiento el cónyuge superviviente, para que como tal here-dero legal del fallecido se apodere del caudal del fenecido, y actúe y obre como dueño inmediato al fallecimiento de cualquiera de ellos, y que es la voluntad ele los testadores que el heredero que resultara ser esté exento de fianzas e intervenciones judiciales, concediendo amplias facultades al heredero superviviente para 'que una vez falle-cido cualquiera de ellos, se incaute de todo sin intervenciones particu-lares. de nadie, y que cualquiera que sea el superviviente, continúe el disfrute del caudal dejado como dueño subsiguiente y que se dis-frute de todo con la bendición de Dios, y el cariño del fenecido.”

S’e acompañaron- a la escritura un recibo- del pago de la contribución sobre la herencia de Ensebio- de la Rosa fallecido ■en Mayagüez en febrero de 1937, el acta de su defunción y otra escritura titulada “Ratificación de Testamento” otor-gada ante el notario José Sabater en octubre 16, 1940, píor Juan Mari, Arturo González y Augusto Ortiz testigos que fueron del testamento de septiembre 21, 1922, por virtud de la cual trataron de suplir ciertos datos que se estimaron necesarios para la validez de dicho testamento.

El registrador se negó a practicar la inscripción solici-tada por medio de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción de este testamento con vista de, otros documentos complementarios y tomada en su lugar la correspondiente anotación preventiva por el término legal al folio 120 vuelto del tomo 171 de Mayagüez, finca número 4926, anotación letra A, por observarse que en el referido documento no se expresa la hora del otorgamiento del mismo ni que por lo menos dos de los testigos co-nocieran al testador sin que tampoco se exprese que al juicio del notario y testigos el testador tenía capacidad legal para testar, de-fectos insubsanables éstos que pretenden subsanarse mediante la es-critura número ciento ochenta y cinco otorgada en Mayagüez, a diez y seis de octubre actual, ante, el notario José Sabater y García, lo cual no procede toda vez que el testamento debe ser otorgado en un solo acto, todo según lo determina nuestro Código Civil vigente, y por observarse además que el referido testamento es mancomunado y por tanto nulo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 618 del citado cuerpo legal.”

No conforme la señora Ríos interpuso, por su ahogado el presente reenrso gubernativo.

Consideraremos primero la cuestión de nulidad que es la fundamental envuelta en el reenrso.

El artículo 618 de nuestro Código Civil, ed. 1930, es ter-minante. Dice:

“No podrán'testar dos o más personas maneomnnadamente, o en un mismo instrumento, ya lo hagan en provecho recíproco, ya en beneficio de un tercero.”

Es igual al 669 del viejo Código — Código Civil Español — ■ comentando el cual dice Manresa:

“En la reseña histórica que hicimos en la introducción con que encabezamos el estudio del tratado de sucesiones, quedó expuesta ya la doctrina mantenida por nuestro antiguo derecho acerca de los tes-tamentos mutuos, de mancomún o de hermandad, a que se refiere el precepto de este artículo, y no es necesaria mayor exposición, toda vez que se trata de una forma de testar que con plausible acierto y con razón sobrada ha desaparecido, a partir de la publicación del Código.
“Admitida por el Fuero Real (Ley 9a., tit. VI, libro III), pero sólo entre marido y mujer que no tuvieren sucesión, las Partidas de-claráronla nula y sin valor ninguno, para que ninguno de los otor-gantes non aya ocasión de trabajar de muerte del otro por razón de heredarle lo suyo (Ley 35, tit. XI de la partida 5a.) reservándola, sin embargo, en favor de los que fueren caballeros y hubieran de en-trar en batalla o en alguna hazienda; pero el uso extendió y autorizó tan profusamente su empleo, que el abuso hizo conocer bien pronto los inconvenientes que en la práctica ofrecía, por las cuestiones y li-tigios que frecuentemente originaba.
“Estos testamentos, mezcla informe de disposición mortis causa y de contrato, como en ocasión solemne le llamara un profesor dis-tinguido, eran incompatibles con el principio de la revocabilidad esencial en materia de sucesión testada, y escasísimas ventajas podían ofrecer a cambia de los muchos inconvenientes que producían, por la confusión posible c[e los patrimonios, por la falta de espontaneidad de alguno de los otorgantes y por los peligros de fáciles sugestiones, y aun de evidentes captaciones, especialmente en los otorgados entre marido y mujer, en que a menudo solía haber una víctima de la se-ducción y del engaño.
“La ciencia condena el procedimiento, y no faltaron Notarios en-tendidos que se negaron a autorizar tales actos, instruidos por la ex-periencia de que el cónyuge más enérgico imponía de ordinario su voluntad o su capricho al más débil, faltando así en alguno de los otorgantes la necesaria libertad para disponer de sus bienes por el predominio que el otro ejerciera en su ánimo.” 5 Manresa, Comen-tarios al Código Civil Español, 392, 393, Quinta edición.

Y es también esencialmente igual al 3618 del Código Civil Argentino, respecto del cual dice el comentarista Antokoletz en el tomo segundo, página 911 de su obra “Código Civil,” lo que sigue:

“Art. 3618. — Cód. Francés, art. 968. — De Luisiana, 1566. — Napo-litano, 893. — Holandés, 977. — En contra, L. 9, Tít. 6, Lib. 3, Fuero Real.' — Véase Coin Delisle, sobre el artículo del Cód. Francés. El tes-tamento esencialmente libre, esencialmente dependiente de la volun-tad ambulatoria de su autor, no puede ser hecho en el mismo acto por muchas personas. Un acto formado por el concurso de muchas voluntades no puede en general ser cambiado o modificado sino por el concurso de todas sus voluntades; y, por otra parte, la disposición testamentaria libre e independiente en su principio, debe permanecer esencialmente revocable a voluntad de su autor. De aquí han nacido numerosas dificultades y la divergencia de la jurisprudencia sobre la aplicación que se debía hacer del principio de revocabilidad, du-rante la vida de los testadores, o después de la muerte de uno de ellos.
“La prohibición comprende únicamente el testamento hecho por varias personas en el mismo acto. Ningún impedimento hay para que dos o más personas convengan en disponer, cada una por su parte, a favor de un tercero o a favor del uno y del otro; pero cada uno queda entonces legalmente dueño de revocar su testamento cuando le parezca conveniente.
“Se ha objetado a favor de los testamentos recíprocos las dispo-siciones sobre las donaciones mutuas. Pero puede decirse que el le-gislador debe exigir una voluntad más plena y más libre de parte del testador, que la que exige del donante. El temor de una sorpresa es menos grande cuando se trata de despojarse actual o irrevocable-mente de una parte de los bienes, que cuando se. dispone de ellos para un tiempo en que la vida haya acabado.
“El testador es más accesible a las seducciones que no tienen un efecto actual, que el donante que siempre será contenido de despren-derse de lo suyo sin poderse arrepentir. El primero es más fácil en sus liberalidades, porque no debe ver sus consecuencias; el segundo es más reservado por el sentimiento que inspira la desapropiación de los bienes. Véase Demante, torn. 4 n9 113 bis. — Marcadé, Troplong y Coin Delisle, sobre el art. 968.”

Véanse además “Concordancias y Comentarios del Código Civil Argentino” por el Dr. Baldomero Llerena, Bnenos Aires, 1931, tomo noveno, página 586, y “El Código Civil de la República Argentina con sn explicación y crítica bajo la forma de notas hechas por el Dr. Lisandro Segovia”, Bnenos Aires, 1933, página 590.

Nada precisa añadir. Apareciendo de la faz de la escri-tura la nulidad del testamento por haberse otorgado en contra de precepto imperativo de la ley, estuvo justificado el regis-trador al negarse a inscribirlo en los libros a su cargo.

El caso de Vázquez v. Vázquez, 34 D.P.R. 241 que invoca la recurrente, no tiene aplicación. Lo que en él se resolvió fué que: “Revisten el carácter de testamento ológrafo pala-bras que, contenidas en una carta familiar que reúne los requisitos todos del artículo 696 del Código Civil, indican la intención deliberada que tuvo su autor de disponer por ellas de sus bienes para después de su muerte.” No se tra-taba de un testamento mancomunado.

En cuanto a si existían o no los defectos apuntados por el registrador y a si se pudieron o no subsanar en la forma en que se trató de hacerlo por la escritura de octubre 16, 1940, nada es necesario resolver, porque el testamento, siendo nulo en su origen por haber sus otorgantes actuado en contra de la ley, no podía ser convalidado por los testigos. La escritura suplementaria carece de fuerza decisiva alguna.

No procede el recurso. Debe confirmarse la nota re-currida.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis González Villapol, acusado y apelante.
    Núm. 8348.

    Sometido: Diciembre 6, 1940.

      Resuelto: Diciembre 16, 1940.

      "■Frank Torres, abogado del apelante;

      lion. Procurador General George A. Malcolm y B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado y convicto ante la Corte de Dis-trito de Ponce del delito de incendio malicioso (artículo 407 del Código Penal), consistente en que “voluntaria y mali-ciosamente prendió fuego y quemó una plantación de caña de azúcar por cosechar, propiedad de Mario. Mercado e Hijos ...”

El presente recurso se basa en cuatro alegados errores que se imputan al tribunal y que discutiremos en el mismo orden en que se señalan en el alegato del apelante.

1. Denegación de la moción del acusado para que se retirara el jurado mientras se impugnaba por la defensa la admisibilidad de la prueba de otros delitos extraños y ajenos a la acusación.
2. Admisión de prueba de otros delitos distintos al imputado en la acusación.

Estos dos señalamientos deben ser considerados conjun-tamente.

El incidente que ba motivado estos señalamientos ocurrió de la manera siguiente. El fiscal había ofrecido el testimonio de Benjamín Tirado, quien declaró que el día de autos, cuando él venía de su casa en dirección hacia el pueblo, se encontró al acusado en la orilla de la pieza de cañas, yendo hacia adentro; que cuando el acusado le vió se sorprendió y se recostó de los alambres y dijo que tenía un dolor producido por un ron que había tomado; que él se puso en vela y vió cuando el acusado sacó el fósforo y prendió el fuego y siguió en dirección hacia los Sitios; que entonces el salió de donde estaba escondido y fué a dar cuenta al jefe de cultivo, Etanislao Pebre; que conoce al acusado; que le vió pegar fuego; que está seguro y jura que era el acusado. Siguió declarando como testigo de cargo Etanislao Pebre, jefe de cultivo de la Central “Rufina” y dijo que conoce al acusado; que el 14 de mayo de 1937, durante un recorrido a eso de las doce del día por la pieza de cañas llamada “Matadero,” en compañía de Antonio Rullán, mayordomo de la central, notó que salía humo, que empezaba un fuego en dicha pieza, y en ese momento salía Luis Clonzález Yillapol, el acusado, corriendo de dicha pieza de cañas ; que al momento notó más -adelante a Benjamín Tirado, que venía a informarle quién era el individuo que había pegado el fuego; que él le dijo a Tirado que no tenía que decírselo porque él ya lo había visto; que está seguro de que fue el acusado a quien él vió salir corriendo de las cañas. Al lle-gar a este punto, el fiscal continuó el interrogatorio del tes-tigo Febre, así:

Testigo, este hombre trabajaba en la central anteriormente a eso?
“■Sí, señor.
‘ ‘ i Sabe usted si él había sido suspendido ?
“No fué suspendido. Don Mario Mercado Montalvo después de enfermarse él, le pasaba una pensión, pero en una ocasión faltaron unos bronces en la central ....
“Defensor: Nos oponemos a esta clase de testimonio.
“Juez :
“No diga lo que faltaba. La cuestión de los bronces eso se eli-mina. No diga nada de eso.
“Fiscal Pierluissi:
“Nosotros vamos a sostener la admisibilidad de eso, porque ello tiende a establecer el móvil, señor juez. Nosotros creemos que cuando se tiende a probar el móvil del crimen es admisible esta clase de prueba.
‘ ‘ Juez:
“La corte creía que lo único que iba a probar era que él había defraudado.
“Fiscal Pierluissi:
“Es para probar el móvil, aunque surja instantáneamente prueba de otros delitos. La teoría, el principio es, que la teoría de otros delitos no es admisible como principio general, a menos que sea para establecer el móvil. El Tribunal Supremo lo ha resuelto en el caso de El Pueblo v. Pérez, reportado en el volumen 47 D.P.R. 767.
“Lie. Frank Torres:
“Vamos a solicitar que se retire el Jurado, porque ésta es una cuestión de derecho que puede prejuieiar al Jurado en una u otra forma. Para no perder tiempo, para que el Jurado no se entere del incidente.
“Juez:
“Si todas las objeciones que se hacen, a menos que sea en cues-tiones fundamentales, y cada vez 'que se objeta una pregunta hay que retirarse el Jurado, no se terminaría nunca . . .
"Fiscal Pierluissi:
"El principio es que la prueba de otros delitos no es admisible, a menos que sea para establecer el móvil o la transacción, o para el designio o plan.
"Juez:
"Esa es la teoría del caso.
"Fiscal Pierluissi:
"Yo expliqué al compañero qué es lo que' perseguía, para que el compañero sepa en qué descansa mi opinión; lo que intentamos con esa pregunta al testigo es traer el móvil del crimen.
‘ ‘ Juez:
"La otra parte.
"Lie. Frank Torres:
"Yo no quisiera realmente disentir esto delante del Jurado, y por eso hice la moción. Como ya la corte dijo que para toda cuestión habría que retirar el Jurado . . .
‘ ‘ Juez:
"La corte no puede retirar al Jurado cada vez que lo pida una de las partes, porque' ésta es una cuestión de derecho que la corte cree que no debe de retirar al Jurado para discutirla.
"Lie. Frank Torres:
"Nosotros tomamos excepción al ruling de su ilustre señoría.”

Después de una extensa discusión sobre la admisibilidad de la pregunta objetada por la defensa, la corte inferior desestimó la objeción, tomó excepción la defensa, y continuó el interrogatorio:

"Taquígrafo leyendo:
‘ ‘ Fiscal:
"¿Sabe usted si él había sido suspendido?
! ‘ Testigo:
"No fué suspendido. Don Mario Mercado Montalvo después de enfermarse él, le pasaba una pensión, pero en una ocasión faltaron unos bronces en la central . . .
“Juez:
"Siga.
Testigo:
"Al faltar los bronces y hacerse la investigación, se llegó a la conclusión de que habían sido cogidos por este señor, y entonces don Mario mandó a suspender la pensión.
“Lie. Frank Torres:
“Que se entienda objetada la parte de esta declaración.
“Juez:
“Se tiene excepcionada, sí.
“Fiscal Pierluissi:
“¿De manera que a él entonees se le suspendió una pensión?
‘ ‘ Testigo:
“Sí, señor.
“P. — ¿Testigo, y está Ud. seguro que era él y no otra persona la persona que UcLvió salir corriendo del sitio donde se estaba' pren-diendo el cañaveral!
“R. — -El mismo.”

Las declaraciones de los testigos Tirado y Febre fueron corroboradas en todas sus partes por la de Antonio Rullán, mayordomo de la Central Rufina, a cargo del cultivo de ca-ñas, quien identificó al acusado como la persona que él y los dos otros testigos vieron salir corriendo del cañaveral incendiado.

La cuestión que tenemos que resolver es, si el hecho de que al acusado se le suspendiera la pensión que le pasaba la central, al averiguarse que él había sustraído propiedades de aquélla, es admisible en evidencia para probar el motivo que tuvo el acusado para cometer el delito que se le imputa. Si resolviéramos en favor de la admisibilidad de esa eviden-cia, en ese caso el error que pudiera haberse cometido al no excluir al jurado mientras se discutía la cuestión legal no sería perjudicial al acusado.

Opinamos que la práctica más aconsejable es la de hacer retirar el jurado mientras se discuten cuestiones sobre la admisibilidad de evidencia, pues bien pudiera suceder que en muchos casos, aun cuando el punto legal envuelto fuese resuelto en favor del acusado y la evidencia ofrecida en su contra rechazada, la discusión crease en la mente del jurado una impresión desfavorable o un prejuicio en contra del acusado. Desde luego, si la evidencia es legalmente admi-sible, en nada puede perjudicarse al acusado por el hecho de que el jurado haya estado presente mientras se disentía su admisibilidad.

La regia general firmemente establecida es la de que prueba de la comisión por el acusado de otro delito ajeno y distinto al que se investiga en el juicio no es admisible en su contra. El sabio y justo propósito de dicha regia es evitar el peligro de que un acusado pueda ser convicto, cuando la prueba ofrecida contra él en el acto de la vista es insuficiente. Dicha regla general está, sin embargo, sujeta a excepciones, como veremos por la jurisprudencia que pasaremos a citar.

En El Pueblo v. Juarbe, 43 D.P.R. 448, se trataba de una acusación de escalamiento en primer grado. El fiscal ofre-ció en evidencia el expediente histórico penal del acusado, del cual aparecía que el acusado había sido condenado ante-riormente por varios delitos de falsificación, escalamiento y hurto, ninguno de los cuales tenía conexión alguna con el delito objeto de la acusación por la que se le juzgaba. La prueba fué admitida por la corte inferior única y exclusiva-mente para adicionar a la evidencia aportada el comple-mento de la intención. Y esta Corte Suprema, aceptando como una excepción a la regla general que “prueba de un delito independiente del que es objeto de la acusación puede presentarse en casos excepcionales para probar conocimiento, intención, designio o plan,” revocó la sentencia y ordenó un nuevo juicio, por considerar que había sido un error perjudicial la admisión del expediente histórico penal del acusado, toda vez que la prueba presentada hasta el mo-mento en que el expediente fué ofrecido por el fiscal no era suficiente para demostrar la conexión del acusado con el hecho delictivo que se le imputaba.

En el caso de El Pueblo v. Pérez, 47 D.P.R. 765, se tra-taba de una acusación por un delito de abuso de confianza, consistente en haberse apropiado el acusado un cheque del Gobierno expedido a favor de otra persona. El fiscal pre-sentó en evidencia otros cheques qne habían sido apropia-dos por el acusado en la misma forma que el que servía de base a la acusación, con el propósito de demostrar su inten-ción fraudulenta, y la corte los admitió, con la oposición de la defensa. Al resolver, desestimándolo, el señalamiento de error que sobre ese punto formulara el acusado apelante, esta corte se expresó así:

“La regia es que no puede presentarse prueba de otros delitos. La evidencia debe circunscribirse al que se persigue. Pero existe la excepción de que cuando lo que se trata de demostrar con la prueba de esos otros delitos es la intención fraudulenta con que actuó el acusado en el que se persigue, dicha prueba es admisible. Yéase lo que dice sobre el particular la Corte Suprema de California en el caso de People v. Gray, 66 Cal. 271.
“La cuestión no es nueva en esta jurisdicción. Fué estudiada en el caso de El Pueblo v. Juarbe, 43 D.P.R. 448. En él se decidió que como excepción a la regla general, ‘prueba de delitos anteriores es admisible para demostrar conocimiento, intención, designio y plan.’ ”

La siguiente cita, de Underhill’s■ Criminal Evidence, 4th Edition, contiene la regla que consideramos de aplicación al presente caso:

“See. 184. — Evidencia pertinente no es inadmisible porque indi-rectamente pruebe o tienda a probar otro delito. Delitos no simila-res unidos por sus motivos. Toda evidencia es pertinente si arroja o tiende a arrojar alguna luz sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Y evidencia pertinente que es presentada para probar al-gún hecho material no debe ser rechazada simplemente porque prueba, o tiende a probar, que en cualquier otro momento o al mismo tiempo, el acusado ha sido culpable de algún otro delito, separado, indepen-diente y no similar. La regla general bien sentada es la de que toda la evidencia debe ser pertinente {relevant). Si la evidencia es per-tinente a la cuestión general de culpabilidad o inocencia, no existe ra-zón válida para que sea rechazada simplemente porque puede probar o puede tender a probar, que el acusado cometió algún otro crimen, o pueda establecer algún hecho colateral y desconectado. Para que sea aceptable, la evidencia de otros hechos debe tener alguna cone-xión lógica y constituir prueba de conocimiento, designio, plan, pro-yecto, o conspiración del delito imputado; o evidencia circunstan-eial de la identidad de la persona acusada del delito; o tender a co-rroborar la evidencia directa ya admitida. Así, él hecho de qne la evidencia introducida para probar el motivo del crimen por el que se juzga al acusado lo señale a él como culpable de un delito inde-pendiente y totalmente diferente, no es bastante para justificar su exclusión, si en cuanto a lo demás es competente. Por vía de ilus-tración, en un caso en que era necesario que el fiscal probara la au-sencia del acusado del Estado para obviar la prescripción, se le permitió probar que el acusado había pasado varios años en un pre-sidio en otro estado, aun cuando la evidencia tendía a probar que el acusado había cometido un delito grave. De acuerdo con esta ex-cepción a la regla general, cuando los hechos y circunstancias equi-valen a la prueba de otro delito distinto al imputado en la acusación, y aparece como probable que él delito así imputado es resultante del otro delito, o fue en algún modo motivado por él, los hechos y cir-cunstancias del otro delito pueden ser probados para establecer el motivo del acusado . . . Así, puede probarse que la víctima de un homicidio, por el cual se está juzgando al acusado, era un oficial de la policía, quien, en el momento de ser matado, estaba investigando las circunstancias de otro delito anterior e independiente del cual se sospechaba del acusado.” (Bastardillas nuestras.)

Véanse: Moore v. United States, 150 U. S. 57, 37 L. Ed. 996; People y. Nakis, 184 Cal. 105; Gore v. State, 162 Ga. 267, 134 S. E. 36; People y. Dietz, 214 N.Y.S. 517; Johnson v. State, 249 P. 971; State v. Pittman, 134 S. E. 514.

En People v. Nakis, snpra, se trataba de nna acusación por asesinato cometido con nna pistola. La corte permitió qne nn testigo declarase qne él había sido dneño de la pistola en cuestión por más de treinta años y que se la habían sus-traído como nn mes antes de la fecha del asesinato, cuando a él y a otras personas le habían hecho nn robo nn grupo de hombres entre los cuales figuraba el acusado. Se pre-sentó objeción a la admisión de tal testimonio porque tendía a perjudicar al acusado demostrando la comisión de otro delito. Al resolver en contra del apelante el error señalado, la corte se expresó así:

“Siempre que la prueba de un delito tienda a probar cualesquiera hechos materiales, en el juicio por otro delito, dicha prueba es admi-sible, y el liecho de que pueda perjudicar al acusado en. la mente de los jurados induciéndoles a. creer que él ha sido autor de otro delito no es motivo, para su exclusión.” (Citas.)

En People v. Thompson, 212 N. Y. 249, 106 N. E. 78, en la vista de una cansa por violación (statutory rape) se admitió prueba de actos carnales realizados entre el acusado y la menor en fechas anteriores a la del acto imputado en. la acusación. La División de Apelaciones revocó la senten-cia, y apelado el- caso por el Pueblo la Corte de Apelaciones revocó a la División de Apelaciones y confirmó la sentencia condenatoria, diciendo:

“La regla general es que constituye error recibir evidencia, como prueba del delito imputado, d'e que un acusado ha cometido una ofensa criminal distinta de la que se le imputa en la acusación. Evi-dencia que tiende solamente a probar hechos colaterales, y que no tiene una tendencia natural a establecer el hecho en controversia, debe ser excluida porque: (a) tendería a distraer y a desviar la aten-ción y deliberación del jurado de la verdadera cuestión que se in-vestiga; y (ó) expondría al acusado a cargos desconectados de la cuestión principal y contra los cuales él no tenía razones para pre-parar una defensa. (Citas.) Esta regla tiene sin embargo excep-ciones en aquellos casos en que la evidencia ofrecida tiene una ten-dencia natural a corroborar o suplemental’ evidencia directa ya ad-mitida.” (Citas.)

El apelante en el presente caso basa toda su argumenta-ción en contra de la admisibilidad y pertinencia de las pre-guntas hechas al testigo Pebre, en el famoso caso de People v. Molineux, 168, N. Y. 264, 61 N. E. 286. Examinaremos dicho caso.

Molineux fué acusado de asesinato en primer grado. Se le imputó haber enviado por correo a un señor Cornish, un frasco rotulado “Bromo Seltzer,” que en realidad contenía cianuro de mercurio mezclado con los ingredientes del Bromo Seltzer. La señora Adams, en cuya casa vivía Cornish, pidió a éste algo que le aliviase un dolor de cabeza y Cornish le dió el frasco que había recibido por correo. Poco tiempo des-pues de tomar una dosis, la Sra. Adams falleció víctima del veneno.

En la vista del caso, después de presentar evidencia de la enemistad que existía entre el acusado y Cornish, con el fin de establecer el motivo del crimen, el' fiscal ofreció y la corte sentenciadora admitió evidencia para demostrar que el acusado Molineux era responsable de la muerte de un tal Barnet, ocurrida dos o tres meses antes que la de la señora Adams y bajo circunstancias similares a las que concurrieron al fallecimiento de dicha señora. Se admitió además evi-dencia del motivo que había tenido el acusado para envenenar a Barnet.

La sentencia dictada en contra de Molineux fue revocada y se ordenó un nuevo juicio, por haber llegado la corte de apelaciones a la conclusión de que se había infringido la re-gla general que prohibe la admisión de evidencia de la co-misión de un delito anterior distinto del que se imputa en la acusación; y por entender que el caso no estaba compren-dido dentro de la reconocida excepción a dicha regla que permite la presentación de evidencia de otro delito para establecer el motivo que tuvo el acusado para cometer el delito que se le imputa. Sobre este punto la Corte de Ape-laciones de New York se expresó así:

“Primera en orden, si no en importancia, es la cuestión sobre si alguna evidencia era admisible con referencia a la alegada muerte de Barnet. . . .
‘Según se desprende de la relación de hechos que antecede, se re-cibió evidencia durante el juicio tendiente a conectar al acusado con la muerte ilegal de Barnet, con el propósito de probar su culpabili-dad del delito de envenenamiento de Mrs. Adams, que era el delito que se le imputaba en la acusación. La regla general de evidencia aplicable a juicios criminales es que el Estado no puede probar contra un acusado ningún delito que no haya sido alegado en la acusa-ción, ya sea como base para un castigo separado, o para reforzar las pruebas de que él es culpable del delito imputado. Esta regla, tan universalmente reconocida y tan firmemente establecida en todas las tierras de habla inglesa, tiene sus raíces en esa celosa consideración por la libertad del individuo que ha distinguido nuestra jurispruden-cia de todas las otras, por lo menos desde el nacimiento de la Magna Carta. Es el producto de ese mismo liumano y esclarecido espíritu público que, hablando a través de nuestro derecho común, ha decre-tado que toda persona acusada de la comisión de un delito estará protegida por la presunción de inocencia hasta que se haya probado su culpabilidad fuera de toda duda razonable. Esta regla, y las ra-zones sobre las cuales descansa, son tan familiares para los estudiantes de nuestro derecho que no necesitamos referirnos a ella para ningún otro propósito que no sea el de señalar las excepciones a la misma.”

Después de citar numerosos casos en que la regla general fné aplicada, continuó diciendo la Corte de Apelaciones de Nueva York:

'‘Tratemos ahora de aplicar al caso de autos cada una de estas excepciones a la regla general:
‘‘Primero. En cuanto al motivo: Es obvio que en todo juicio criminal, cuando prueba del motivo es un ingrediente esencial de la evidencia contra un acusado, el motivo que ha de establecerse es aquel que indujo a la comisión del delito imputado. Esto es demasiado simple para ser discutido. Sostener lo contrario sería sancionar la violación de la regla general bajo el pretexto de una excepción a la misma. ¿Cuál fué el motivo señalado para la alegada tentativa del acusado para matar a Cornish? El odio motivado por disgustos entre ellos, en los cuales Barnet no tomó parte alguna, y de los cuales, en cuanto aparece del récord, él no tenía conocimiento. ¿Cuál fué el motivo que se dice impulsara al acusado a matar a Barnet? Los ce-los causados por la intervención de éste en los asuntos amorosos del primero. La mera alegación de estos dos motivos basta para de-mostrar que no existe relación alguna entre uno y otro, y que la evidencia que tiende a probar la muerte de Barnet no arroja luz al-guna sobre el motivo que impulsó la tentativa en contra de la vida de Cornish. Es tan aparente en verdad esta diversidad de motivos en los dos casos, que la distinguida representación de El Pueblo en la argumentación ante esta corte abandonó la contención de que haya algo en común entre los dos casos, e ingeniosamente trató de crear un motivo único como resultado de las alegadas falsificaciones por el demandado de los nombres de Barnet y de Cornish. Desde luego, no puede inferirse nada de estas alegadas falsificaciones sin asumir que las cartas de Barnet y Cornish fueron todas debidamente admi-tidas en evidencia, y que se probó que habían sido escritas por el acusado . . .
“Lo que se ha dicho acerca de las cartas de Barnet es cierto de toda la evidencia relativa a la alegada muerte de Barnet. Aun cuando se admita que esa evidencia prueba la comisión de un delito independiente, con un motivo adecuado detrás de él, no contribuye en nada al establecimiento del motivo en el caso que está ante la corte. ’ ’

Y después de citar numerosos casos en los que se admitió evidencia de la comisión de otros delitos, siguió diciendo dicha corte:

“Casos de esta naturaleza podrían multiplicarse indefinidamente, pero hemos citado lo bastante para demostrar que cuando se ha sos-tenido la competencia de evidencia de otros delitos para demostrar la existencia de un motivo, ha sido el motivo específico que explicaba el delito específicamente imputado o un motivo común a todos los crímenes que se trataba de probar.”

La evidencia en el caso de autos fué ofrecida con el pro-pósito específico de probar el motivo que tuvo el acusado para causar daño a los dueños de la Central Rufina. De acuerdo con la jurisprudencia, la pregunta objetada fué formulada a su debido tiempo, o sea después de la admisión de evidencia directa de dos testigos que vieron e identificaron al acusado en el momento de pegar fuego a las cañas y cuando corría después de haber realizado el hecho. Esa evidencia directa, de ser como fué creída por el jurado, hubiera sido a nuestro juicio ampliamente suficiente por sí sola para justificar la convicción del acusado. No estaba obligado el fiscal a probar la existencia de un motivo. Pero tenía derecho a reforzar y complementar la evidencia directa, probando que el acusado causó el daño que se le imputa, no por mero capricho, si que movido por un deseo de venganza contra aquellos que le habían retirado la pensión de que antes disfrutaba. La conexión entre el hecho de haberse retirado al acusado la pensión, como castigo por la alegada sustrac-ción de efectos de la central, y el hecho establecido por la prueba directa de cargo, existe.

No erró la corte inferior al admitir la evidencia demos- . trativa del motivo que tuvo el acusado para cometer el delito que se le imputó en la acusación. Siendo dicha evidencia legalmente admisible, el error que pudiera haberse cometido al no excluir al jurado, no es perjudicial.

3. Que la corte inferior erró al declarar sin lugar la moción de nuevo juicio.

Fueron fundamentos de dicha moción la alegada comisión por la corte inferior de los dos supuestos errores que ya hemos discutido y desestimado, y el alegado descubrimiento de nuevas pruebas que el acusado “no pudo aportar en juicio a pesar de haber empleado la mayor actividad y diligencia para aducirlas en la vista de la causa.”

Examinadas las dos declaraciones juradas que se ofre-cieron en apoyo de la moción de nuevo juicio, opinamos que ellas constituyen evidencia acumulativa. Con ellas se trata de probar que en el momento de ocurrir el incendio el acu-sado se encontraba en otro sitio distinto de aquel en donde fué visto por todos los testigos de cargo. Fué esa misma defensa la que el acusado trató de probar en el acto del juicio, ofreciendo otros dos testigos, quienes no fueron creí-dos por el jurado. Además, el récord no demuestra de un modo suficiente que el acusado no pudo haber descubierto la nueva prueba mediante razonable diligencia. La corte inferior usó debidamente su discreción. El Pueblo v. Lebrón, 23 D.P.R. 658; State v. Pittman, 134 S. E. 514; Baird v. U. S., 279 F. 509; Smith v. U. S., 231 F. 696.

El cuarto señalamiento no ha sido discutido en los ale-gatos y debemos considerarlo como abandonado.

Por las razones expuestas debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Martín Acosta, acusado y apelante.
    Núm. 8430.

    Sometido: Diciembre 13, 1940.

      Resuelto: Diciembre 16, 1940.

      José Veray, Jr., abogado del apelante;

      Hon. Procurador General George A. Malcolm j R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné sentenciado por un delito de acometi-miento y agresión grave consistente en que allá por el 7 de septiembre del año pasado en el barrio Caimital Bajo, de Aguadilla, “ilegal, voluntaria y maliciosamente, y con la in-tención criminal de causar grave daño,” acometió y agredió con una pistola al niño de once años William Román Seda, haciéndole un disparo que le produjo una herida en el brazo izquierdo. Las circunstancias agravantes consisten, según se expresa en la denuncia, en la naturaleza del arma y en ser el acusado un varón adulto y de fuerzas corporales, y ser un niño el agredido.

Solicita el apelante la revocación de la sentencia por ha-ber la corte admitido en evidencia la confesión del acusado, sin que antes se hubiese establecido el corpus delicti, y por el motivo adicional de ser insuficiente la prueba presentada.

Para considerar uno y otro error, precisa que bagamos una reseña de la evidencia que ante sí tuvo la corte sentenciadora. De ella resulta que el día de autos el niño agredido y su compañero, Alfredo Abril, salieron de la escuela y penetraron en una finca que luego resultó ser del acusado; que cuando trataban de coger unas guayabas en dicba finca, Román vió entre unas ramas una mano con un revólver o pistola e inmediatamente oyó un disparo; que huyeron del sitio, pero al momento se dió cuenta que estaba herido en un brazo. Se admitió por la defensa que el niño Alfredo Abril, en caso de declarar, corroboraría la declaración del testigo William Román, y que el Dr. Néstor de Cardona declararía “que el día 9 de septiembre del año pasado vió al joven William Román, quien presentaba dos heridas de bala, de entrada y de salida, en el antebrazo izquierdo; que el proyectil aparentemente le atravesó el brazo sin producirle fractura alguna de los huesos; que esa lesión era comparativamente leve y había de curar, sin que le restara (sic) complicación alguna.”

Luego de recibir esta prueba, declaró el policía José R. Alvarez que el 8 de septiembre de 1939 fué a investigar este caso y con ese motivo buscó al acusado en su casa, y éste, voluntariamente, sin que el testig’o le hiciera amenaza u oferta alguna, mientras iban por el camino, le dijo que supo-nía que había venido a buscarle en relación con una herida de bala que había recibido un muchacho en un brazo; que hacía mucho tiempo que le estaban robando los aguacates y frutas de su finca y que la tarde del suceso salió él a dar una vuelta y vió a unos muchachos trepados en un árbol; que llevaba un arma de fuego y disparó al aire, enterándose más tarde que el muchacho William Román había resultado herido.

La declaración de los testigos Román, Abril y Car-dona, que declararon antes que el policía, dejaron estable-cido el corpus delicti en este caso, pues de dicha prueba re-sulta que una persona disparó un arma de fuego contra Ro-mán, causándole la herida que ya conocemos. Esto consti-tuye el corpus delicti en el presente caso. Establecido así el corpus delicti, era entonces perfectamente admisible la de-claración del policía Alvarez, que consistía principalmente en la confesión que de una manera voluntaria y sin ofertas ni amenazas de clase alguna le hiciera el acusado, prueba ésta tendente a conectar al acusado con la comisión del de-lito. Véase el caso de Pueblo v. Matos, 26 D.P.R. 586, y Underhill on Criminal Evidence, 4a. ed., sec. 35, pág. 41, citados por el Fiscal.

La prueba de cargo, pues no hubo de descargo en este caso, es suficiente para probar la comisión del delito. La intención criminal raras veces puede probarse con evidencia directa y es por esa razón que se aplica el principio fundamental de derecho de que toda persona es responsable de las consecuencias naturales de sus actos. Si el acusado hizo uso de un arma capaz de causar daño corporal y al dispararla hirió al niño William Román, la intención de causar el daño se infiere del acto realizado por él.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.


text:
    María Josefa Iparraguirre, demandante y apelada, v. Salvador R., Dolores, José, Milagros y Aurora Nin Ruiz, y Juana Nin Martínez, demandados, y María de los Ángeles Nin Ruiz, demandada y apelante.
    Núm. 7973.

    Sometido: Diciembre 13, 1940.

      Resuelto: Diciembre 16, 1940.

      H. Soldevila, abogado de la apelante;

      Bubón & Ochoteco y Otero Suro <& Otero Suro, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En- garantía de una deuda de los demandados Nin Ruiz por la cantidad de $6,500, sus intereses a razón del 10 por ciento anual y un crédito adicional de $650 para costas y honorarios de abogado, dichos demandados y la codeman-dada Juana Nin Martínez constituyeron hipoteca a favor de la demandante sobre una finca de los primeros y un crédito hipotecario de la segunda, respectivamente. Dicha hipoteca se constituyó por escritura número 19, de 19 de diciembre de 1931, ante el notario Juan de G-uzmán Benitez, y entre otras condiciones contiene la de que la cantidad adeudada deberá pagarse en el término de tres años a partir del primero de octubre de 1931.

El 12 de enero de 1938, vencido ya el préstamo por haber expirado con exceso el plazo de tres años en el cual debía pagarse, la acreedora interpuso la demanda de este caso, que tituló “en cobro de hipoteca.” Se alegó en la demanda el origen y existencia de la deuda, el montante de los intereses adeudados, la circunstancia de haberse constituido hipoteca en garantía de la deuda y las infructuosas gestiones de cobro practicadas por la demandante a través de su apoderado, terminando con súplica que literalmente dice así:

“Por lo que, suplicamos a la corte que previo los trámites legales se sirva dictar sentencia condenando a los demandados Salvador R., Dolores, José, María de los Angeles, Milagros y Aurora Nin Ruiz y Juana Nin Martínez, solidariamente, a pagar a la demandante la suma de $6,500 de capital, $425.20 de intereses vencidos y no pagados a razón del 10 por ciento anual desde 30 de mayo de 1937 a diciembre 31, 1937, y $650 convenidos y estipulados para atender al pago de las costas, gastos y honorarios de abogado.”

María de los Ángeles Nin Ruiz contestó la demanda. Negó generalmente los hechos, y por vía de defensa inter-puso excepción previa de falta de hechos constitutivos de causa de acción. No comparecieron los otros demandados, anotándose oportunamente su rebeldía.

Señalada la vista del caso en calendario general, no asis-tieron los demandados al acto del juicio. Procedióse a su celebración,, siendo llamado por la demandante el testigo Anselmo Zoroeta, quien declaró sobre la certeza, existencia y falta de pago del crédito reclamado, y de las gestiones de cobro por él practicadas. Se presentó además, como prueba documental, la escritura de hipoteca. Por los méritos de esta prueba, la corte inferior dictó sentencia condenando a todos los demandados a pagar solidariamente a la deman-dante las cantidades de $6,500 de principal, $1,128.35 de inte-reses devengados desde el 30 de mayo de 1937 hasta el 31 de enero de 1939, los que se devengaren a partir de esa fe-cha a razón del 10 por ciento anual, más $650 estipulados para costas y honorarios de abogado.

Pe la ameritada sentencia sólo apeló la demandada Ma-ría de los Ángeles Nin Ruiz. Sus codemandados la consin-tieron.

Como la demandante apelada lia solicitado la desestimación del recurso por falta de jurisdicción, alegando que el escrito de apelación no fué notificado a los demandados, y esta moción nos fné sometida juntamente con el recurso en sus méritos, procederemos a considerarla en primer término.

El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que el escrito de apelación debe ser notificado a la parte contraria (adverse party) o a su abogado. ¿Son los code-mandados no notificados del recurso partes contrarias o adversas a la apelante? Indudablemente que no, pues el, interés de una y otros es idéntico. Si la sentencia fuera revocada, serían ellos beneficiados, y en caso de ser confir-mada, su situación sería la que existía antes de interponerse el recurso. Cualquiera que fuese la suerte de esta apelación, los codemandados no podrían ser perjudicados en forma al-guna. Su interés no es adverso al de la apelante. Por lo lanto, no pueden ellos ser considerados partes contrarias (adverse parties) con derecho a ser notificados del escrito de apelación. Véanse Olivera v. Sucn. González, 52 D.P.R. 884, donde se resume la jurisprudencia sobre la materia, y por vía de ilustración, el caso más reciente de Montero v. Sucn. Santoni, 55 D.P.R. 713, 718.

Procede, por lo expuesto, denegar la moción de desesti-mación.

Pasemos abora a los méritos del recurso.

Tres de los cinco errores señalados por la apelante están basados en un equivocado concepto de la naturaleza de la acción en este caso ejercitada. Cree el abogado de la ape-lante que la ejercitada es la acción real en cobro de hipoteca, y de abí que sostenga que la sentencia es errónea por no ordenar que se vendan en pública subasta los bienes hipote-cados, no dividir la responsabilidad hipotecaria de cada in-mueble, no señalar el tipo mínimo de la subasta y no alegarse que los demandados son los actuales dueños de los bienes hi-potecados. Hemos hecho una síntesis de la demanda y co-piado literalmente su súplica, y ni en una ni en otra se soli-cita la venta de los bienes hipotecados para aplicarlos al pago de la sentencia. Faltando este requisito sine qua non para qne la acción ejercitada pneda ser considerada como real hi-potecaria, claro es qne se trata sencillamente de nna acción personal en cobro de dinero. Trueba v. Rosales & Cía., 33 D.P.R. 1027, 1030. No afecta, la naturaleza de la acción el hecho de qne en el encabezamiento de la demanda se le haya llamado “acción en cobro de hipoteca”, pues no es el título de la demanda, sino sus alegaciones, las qne determinan la naturaleza de la acción qne se ejercita. Tampoco la afecta el hecho de que al terminar su prueba, el abogado de la de-mandante apelada, dirigiéndose a la corte, solicitara senten-cia disponiendo la venta en publica subasta de la finca objeto del crédito, pues tal manifestación no tuvo el efecto de en-mendar la demanda, tanto más cuanto que la corte no accedió a la súplica del abogado.

Se queja la apelante de que la sentencia condena a la codemandada Juana Nin Martínez a pagar solidariamente con los demás codemandados, el importe total de la sentencia, cuando en efecto ella no se constituyó en fiadora solidaria. Ya hemos expresado que doña Juana Nin Martínez no apeló de esta sentencia. Por lo tanto, concediendo que el error exista, el mismo no puede ser motivo de revocación, puesto que en manera alguna perjudica los intereses de la apelante. Artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Finalmente se queja la apelante de que la cantidad concedida por concepto de honorarios de abogado es excesiva. La sentencia concedió por ese concepto precisamente la suma que los contratantes, entre ellos la apelante, expresamente convinieron en la escritura de 19 de diciembre de 1931 de que hemos hecho mérito, y ese convenio obliga a la apelante, ya que el contrato es ley entre las partes.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.


text:
    Ramón Pérez Cortés, peticionario, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Francisco Navarro Ortiz, Juez, demandada.
    Núm. 1218.

    Sometido: Noviembre 12, 1940.

      Resuelto: Diciembre 17, 1940.

      José Martín Betancourt, abogado del peticionario;

      Garlos García Méndez, abogado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Versa este recurso sobre consignación de cánones de arrendamiento y prestación de fianza en casos en que se apela de sentencias de desahucio.

Emiliano Ortiz inició en la Corte Municipal de San Ger-mán nn pleito titulado “desahucio y cobro de cánones de arrendamiento”, contra Ramón Pérez. La demanda con-tiene tres causas de acción.

Se alega en la primera que el demandante es dueño de un solar y casa situados en la calle de la Luna esquina Prín-cipe Alfonso de la ciudad de San Germán, que el demandado ocupa la planta baja de la casa como arrendatario mediante canon mensual de veintidós dólares pagadero por mensuali-dades vencidas y que vencida la mensualidad de ese mes en junio -30, 1939, no la satisfizo.

Por la segunda se sostiene que cuando el demandante ad-quirió la finca ya el demandado ocupaba la planta baja de la casa a virtud de convenio verbal con el dueño anterior y continuó ocupándola en igual forma, habiéndole notificado el demandado que deseaba terminar el contrato el treinta de junio, sin que el demandado llegada esa fecha desocupara el inmueble, negándose por el contrario a dejarlo a su libre disposición.

Y por la tercera que el demandado le adeuda el canon de veintidós dólares correspondiente a junio, 1939, y se niega a pagarlo.

Se emplazó al demandado en la forma ordinaria en rela-ción con la tercera causa de acción o sea la que se refiere al cobro de los veintidós dólares por el arrendamiento vencido en junio 30, 1939, y por documento separado se le citó en la forma que prescribe la ley especial de desahucio en relación con las causas de acción primera y segunda.

El demandado excepción ó la demanda por falta de he-chos suficientes y la contestó aceptando los de la primera causa de acción, menos el relativo a la falta del pago, acep-tando los de la segunda menos el de que el demandante le notificara su deseo de dar por terminado el contrato, y ne-gando los de la tercera.

No consta la forma en que el juicio fué celebrado. Sólo aparece una larga “sentencia” de la corte municipal que termina así:

“Por las razones expuestas anteriormente, la corte resuelve de-clarar como declara con lugar la demanda, decretando el desahucio del demandado, sus familiares, subarrendatarios y cualesquiera otras personas que estén bajo su mando y custodia de la finca a que se hace referencia en la demanda dentro de 20 días a partir de que esta sentencia sea firme y lo condena al pago de la suma de $22, importe de la mensualidad vencida y no pagada, correspondiente al mes de junio de 1939, los intereses legales sobre dicha suma desde el día lo de julio de 1939, fecha en que fué radicada esta demanda, más las costas.”

Apeló el demandado para ante la corte del distrito y la corte municipal admitió el recurso en los siguientes términos:

. . que por el demandado se consigne el importe del pre-cio adeudado hasta la fecha de la sentencia, así como que preste una fianza de $240 para responder de los daños y perjuicios que pudieran irrogársele al demandante y para cubrir las costas de la apelación.
“San Germán, Puerto Eico, a 24 de noviembre de 1939.— (fdo.) Luis Angel Limeres, Juez Municipal.
‘ ‘ 5 meses a $22-$110. 00
“Costas_ 7.25
“Int. de $22 hasta Nov. 21_ 1.00
“Fianza_ 240.00
$358. 25”

La suma de $358.25 fué en efecto consignada y los autos se elevaron a la Corte de Distrito de Mayagüez. Señalada la vista para abril 11, 1940, fué suspendida a petición de am-bas partes.

Así las cosas, en mayo primero siguiente el apelado pre-sentó una moción para que el recurso se desestimara porque el demandado apelante babía dejado de consignar la men-sualidad vencida el día anterior o sea el treinta de abril. Se opuso el apelante porque no venía obligado a la consigna-ción por no tratarse de un desahucio por falta de pago y sí por notificación de terminación de arrendamiento y porque al decretarse el desahucio por terminación del contrato y al apelar radicó la fianza exigídale por la corte para responder de los daños y perjuicios que pudiera irrogar el recurso al demandante, quedando así cumplidos los fines de la ley.

Oídas las partes sobre la moción la corte de distrito la declaró con lugar. Pedídale reconsideración, la negó.

Fué entonces que el demandado apelante Pérez acudió en certiorari ante este tribunal. Expedido el auto, fueron las partes oídas el doce de noviembre último, quedando el caso sometido finalmente a nuestra consideración y resolución.

Aunque la cuestión de indebida acumulación de acciones o más concretamente sobre si dentro de un juicio especial de desahucio se pueden cobrar los arrendamientos dejados de satisfacer, no ha sido tratada por las partes, nos parece oportuno llamar la atención hacia lo resuelto por esta Corte- en el caso de Finlay v. R. Fabián & Cía., 24 D.P.R. 152, 159, a saber:

“El juicio de desahucio es un procedimiento especial de natura-leza sumaria que tiene por fin recuperar la posesión material de al-guna finca lanzando de ella al que la detenta sin pagar canon o merced, o a la persona que se le ha dado en arrendamiento cuando falta a alguna de sus condiciones. García v. Brignoni, 22 D.P.R. 356, 366, y casos que cita. La única declaración que puede contener la sen-tencia de desahucio es si procede o no declararlo con lugar y en caso afirmativo ordenar el desalojo de la finca. No se estableció ese pro-cedimiento para obtener el cobro de cantidades debidas por arrenda-mientos, pues sus defensas son limitadas, aunque la falta de pago de ellos es uno de los casos que dan lugar al desahucio. El caso de Cordero v. The Porto Rico Publishing Co., 9 D.P.R. 315 que admitió la acumulación de acciones de cobro de alquileres y de desalojo era un juicio ordinario y no el especial de desahucio.”

Véanse además los casos de Coira v. Ortiz, 18 D.P.R. 213 y Rourke v. Pacheco, 18 D.P.R. 981, 985.

Y yendo ahora a la cuestión de consignación dire-mos que es en verdad confuso el caso.

Examinemos la ley. Prescribe:

“No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no con-signa en secretaría el importe del precio adeudado basta la fecha de la sentencia, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas.
“En cualquier otro caso será requisito indispensable para ejerci-tar el recurso de apelación por parte del demandado, que éste otorgue fianza, a satisfacción del tribunal, para responder de los daños y per-juicios que puedan irrogarse al demandante, y de las costas de la apelación.
“Tanto la consignación como la fianza de que habla la presente sección deberán quedar formalizadas dentro del término concedido para la apelación.” Art. 12 de la Ley especial sobre desahucio que es el 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1937.

Para admitir la apelación sabemos que el juez municipal exigió que se consignara no ya el importe de los cinco meses de arrendamiento que se debían a la fecha de la admisión, si que las costas del pleito y los intereses sobre la mensuali-dad dejada de satisfacer y por sobre todo eso doscientos cua-renta dólares más para daños y perjuicios. Quiere decir que el juez municipal actuó de modo tan favorable al deman-dante que garantizó sus derechos en las dos formas que para situaciones distintas determina el estatuto.

A todo se avino el apelante. E hizo más. La fianza fue prestada — consignándose su importe — en noviembre 24, 1939, y radicados los autos en la corte del distrito, continuó con-signando en ella los cánones de arrendamiento. Fue en mayo primero de 1940 que se pidió la desestimación por haberse dejado de consignar el día anterior — abril 30, 1940 — el ven-cido en esa fecha y por esa falta, fue que la desestimación de decretó.

Ese día primero de mayo de 1940 sólo había dejado de consignar expresamente el demandado apelante el canon co-rrespondiente a abril anterior, veintidós dólares, y tenía de-positados doscientos cuarenta dólares para responder al dicho demandante apelado de cualquier daño o perjuicio que pudiera irrogarle con motivo del recurso, incluyendo, por su-puesto, la falta de pago de los cánones de arrendamiento. '

Sostiene el apelado que su acción se basó en falta de pago' del canon de arrendamiento y que la ley — párrafo primero del artículo transcrito — es terminante.

La ley en su apartado primero es clara en efecto, pdró ' no lo es la base de que se parte para pedir su aplicación ex-clusiva como reguladora de este caso. La confusión en cuanto a la base la creó el propio demandante apelado al ejercitar dos causas de acción para pedir el desabucio y al reclamar el cobro de la mensualidad dejada de satisfacer. Si la corte municipal hubiera partido exclusivamente de la falta de pago como fundamento del desabucio, no hubiera exigido la fianza de doscientos cuarenta dólares yendo al campo del segundo párrafo del precepto legal. Además, de hecho lo que hizo el demandado apelante al consignar el im-porte de la fianza, fue consignar por adelantado cánones de-arrendamiento correspondientes a diez meses por lo menos,, siendo el de abril de 1940 el primero de ellos.

En el caso de Petition of Zeno, 14 F. (2d) 418, 420, se dijo:

“Aunque la cuestión no parece haber sido tratada por los letra-dos en sus alegatos, somos del criterio que, cuando la acción de de-sahucio en la cual se entabla apelación, no sólo se funda en la falta de pago de los cánones de arrendamiento si que también en otros fun-damentos, la misma cae dentro de la clase de casos a que se refiere el artículo 12 del estatuto como “en cualquier otro caso”, y que se cumple con los requisitos del artículo y la apelación se perfecciona si el peticionario presta una fianza satisfactoria a la corte de distrito para responder de los daños y costas de la apelación; que en tal caso no se requiere de un apelante para perfeccionar y sostener su apela-ción que deposite en corte los arrendamientos vencidos y no pagados y todos los otros que puedan haberse acumulado con anterioridad a su apelación, ya que la fianza se exige como garantía para cubrir los cánones al igual que cualesquiera otros daños que pueda sufrir el apelado por la demora ocasionada por la apelación; que es sólo cuando el incumplimiento que es la base de la acción lo constituye exclusivamente la falta de pago del canon de arrendamiento cuando se. requiere al apelante que consigne en corte los cánones adeudados y los que vayan venciendo, a fin de perfeccionar y sostener su apelación; y como la presente acción se basó en otros incumplimientos (defaults) al igual que en la falta de pago de los arrendamientos, la apelación fué debidamente perfeccionada y puede ser sostenida, habiendo el apelante prestado una fianza aprobada por la corte de distrito, para garantizar el pago de todos los daños y costas de la apelación; . . . ”

Siendo los expuestos los hechos del caso, estando perfec-tamente garantizados los intereses de la parte apelada, no ■debió decretarse por la corte de distrito la desestimación de la apelación por falta de garantía, si que el recurso debió ■continuar para ser resuelto por sus méritos. Lo que deci-mos no empece a que si la fianza llegare a ser insuficiente y mo se ampliare a tiempo, no pueda él apelado solicitar de nuevo la desestimación del recurso.

Procede en tal virtud declarar nula la desestimación y devolver el caso a la corte de su origen para ulteriores pro-cedimientos no inconsistentes con esta opinión.