author: per curiam: r-t ! — I hH

text:
      In re Michaelangelo Rosario Vázquez, querellado.

      Número: CP-2014-11

      Resuelto: 19 de enero de 2017

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general, Guillermo A. Mangual Amador, Minnie H. Rodríguez López, procurado-res generales auxiliares, y Gisela Rivera Matos, subprocu-radora general auxiliar, de la Oficina del Procurador General; Michaelangelo Rosario Vázquez, pro se; Crisanta González Seda, comisionada especial, en informe.
   per curiam:

En virtud de nuestro poder inherente de regular la profesión jurídica en Puerto Rico y, con ello, la im-portante encomienda de procurar que los abogados admiti-dos a este Foro ejerzan su labor de forma responsable, competente y diligente, en esta ocasión examinamos la con-ducta de un abogado a quien se le imputa haber infringido los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional. Por los fundamentos que abordaremos más adelante, conclui-mos que el Ledo. Michaelangelo Rosario Vázquez (quere-llado o licenciado Rosario Vázquez) se apartó de los mencio-nados cánones, por lo que procede la imposición de sanciones disciplinarias.

HH

El caso de epígrafe se originó el 18 de agosto de 2011 cuando el Sr. Juan Torres Vázquez (quejoso o señor Torres Vázquez) presentó una queja contra el licenciado Rosario Vázquez. En ésta, el quejoso —residente de Orlando, Florida— expuso que contrató al querellado en noviembre de 2009 para que lo representara legalmente ante la Junta Apelativa de Inmigración, conocida como el Board of Immigration Appeals, ya que había obtenido una decisión ad-versa el 14 de octubre de 2009. En particular, el licenciado Rosario Vázquez se encargaría de notificar un recurso de apelación ante ese foro administrativo y, posteriormente, presentaría un escrito legal para sustentar las alegaciones. Según el señor Torres Vázquez, las partes pactaron —me-diante un acuerdo verbal— que los honorarios serían $1,500 y se dividirían en pagos de $500.

De acuerdo con el expediente, el 31 de octubre de 2009 el querellado presentó un escrito titulado Notice of Entry of Appearance as Attorney or Representative Before the Board of Immigration Appeals (Formulario Núm. EOIR-27). Más adelante, el 10 de noviembre de 2009, el licen-ciado Rosario Vázquez presentó un escrito conocido como Notice of Appeal a Decision of an Immigration Judge (For-mulario Núm. EOIR-26). En éste adelantó que el propósito era apelar una determinación emitida por la Junta Apela-tiva de Inmigración el 14 de octubre de 2009, ello por en-tender que dicho ente administrativo erró como cuestión de hecho y de derecho al denegar una petición presentada por el quejoso titulada Application for Cancellation of Removal for Certain Non-Permanent Residents (Formulario Núm. EOIR-42B). Asimismo, el querellado indicó que necesitaba revisar el expediente de los procedimientos ante la Junta Apelativa de Inmigración, por lo que se proponía a presen-tar un escrito legal por separado en apoyo de la apelación una vez recibiera y examinara dicho expediente. Así las cosas, el 8 de enero de 2010 la Junta Apelativa de Inmigra-ción le informó al licenciado Rosario Vázquez que tendría hasta el 29 de enero de 2010 para sustentar la apelación del señor Torres Vázquez, mientras que la parte contraria ten-dría hasta 19 de febrero de 2010 para presentar su escrito.

Según expuso el quejoso, el licenciado Rosario Vázquez no presentó el escrito legal requerido por la Junta Apela-tiva de Inmigración ni solicitó una prórroga para cumplir con ello. Ante ese cuadro, y ajeno a la omisión del licen-ciado Rosario Vázquez, el quejoso acudió a la oficina de éste y allí entregó un cheque personal por $400 como pago parcial de los honorarios acordados; se le entregó un recibo de pago, pero nadie le informó que el escrito no había sido presentado ante la Junta Apelativa de Inmigración. El 6 de enero de 2011 ese foro administrativo desestimó sumaria-mente la petición del señor Torres Vázquez fundamentado en que no se presentaron las bases legales o de hechos para sustentar la solicitud. En su determinación, la Junta Apela-tiva señaló que el licenciado Rosario Vázquez no presentó el escrito legal en apoyo de la apelación en o antes del 29 de enero de 2010 (fecha límite dispuesta por la Junta Apelativa de Inmigración), ello a pesar de que el 10 de noviembre de 2009 informó que así lo haría por considerarlo necesario.

Además, el quejoso expresó que la Junta Apelativa de Inmigración le envió una copia de cortesía de la determina-ción y así fue que se enteró de que su petición fue desestimada.

Así las cosas, el señor Torres Vázquez se comunicó con el licenciado Rosario Vázquez y éste le admitió que no ha-bía presentado el escrito legal en apoyo de la apelación y que desconocía cómo había ocurrido eso. A pesar de que el querellado le expresó que se encargaría del asunto, el que-joso señaló que ya no confiaba en él como representante legal, por lo que decidió consultar a otros abogados, quie-nes le alertaron que la decisión de la Junta Apelativa de Inmigración era final y firme, y que la única alternativa era intentar reabrir el caso.

El 11 de junio de 2012, el licenciado Rosario Vázquez presentó su contestación a la Queja. En resumen, allí reco-noció que cobró la cantidad pactada ($1,500), pero negó la alegación del quejoso de que el acuerdo no se redujo a escrito. Sobre esto, el querellado presentó como anejo un Contrato de servicios profesionales firmado el 31 de octu-bre de 2009 por el quejoso. Asimismo, el licenciado Rosario Vázquez admitió que no había cumplido con el término concedido por la Junta Apelativa de Inmigración para pre-sentar el escrito legal y adujo que “[d]icha omisión fue con-secuencia de que no se calendariz[ó] adecuadamente en el sistema de [la oficina]”. Expuso también que sí había in-formado sobre la situación al quejoso y que le había pedido permiso para presentar una moción a la Junta Apelativa de Inmigración, en la cual explicaría lo ocurrido y solicita-ría que dicho foro le autorizara presentar el escrito legal en cuestión. No obstante, el licenciado Rosario Vázquez plan-teó que el señor Torres Vázquez le indicó que lo pensaría y que luego le pidió copia del expediente legal, el cual se le entregó de inmediato.

El 15 de junio de 2012 referimos la queja a la Oficina del Procurador General para evaluación y presentación del In-forme correspondiente. En cumplimiento con ello, el 28 de diciembre de 2012 el Procurador General presentó un In-forme en el que expuso que el querellado pudo haber incu-rrido en una violación a los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra.

El 30 de enero de 2013 emitimos una Resolución en la que concedimos al licenciado Rosario Vázquez un término de 20 días para que se expresara en torno al Informe del Procurador General, pero el querellado no presentó su es-crito en ese término. Más adelante, el 27 de enero de 2014, le concedimos un nuevo término de 20 días para que se expresara y actualizara su dirección postal en el Regis-tro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). No obstante, el 6 de febrero de 2014 el licenciado Rosario Vázquez alegó que no había recibido el Informe del Procurador General, por lo que solicitó una prórroga para expresarse sobre éste. El 28 de febrero de 2014 concedimos la prórroga solicitada

El querellado presentó su escrito en cumplimiento de la orden el 17 de marzo de 2014 y reconoció que el Informe del Procurador General refleja con “bastante certeza” la rela-ción de hechos del caso. Sin embargo, nos planteó que “dis-crepa de la severidad perseguida por el [P]rocurador”. En la moción añadió lo siguiente:

5. El informe del [Procurador concluye que no fue hasta que la Junta de Apelaciones le notifica de la decisión directamente al querellante que este se entera de lo sucedido. El que sus-cribe tiene la obligación de aclarar que dicha notificación a él y a nuestras oficinas se hace simultáneamente. No queremos que este Tribunal se lleve la impresión de que nuestras ofici-nas recibieron la decisión y esta no fue comunicada al cliente.
6. Es importante aclarar además que la única omisión, aunque reconocemos significativa en este caso, fue la calendarización errónea por la oficina del recibo de la transcripción de la prueba la cual llega simultáneamente con la fecha límite para presentar argumentos. Esta aclaración es importante puesto que el informe sugiere que el querellante fue mantenido en la obscuridad durante todo el procedimiento. El que suscribe ha-bla e informa en persona a todos los clientes incluyendo al querellante del caso de epígrafe.
7. Es importante además destacar que el que suscribe, inme-diatamente le inform [ó] al querellante lo que había sucedido una vez percatado de ello. Nunca hubo un interés ni intento de ocultarlo. El que suscribe incluso le informó al querellante su intención de presentar una moción a la corte de apelación ex-plicando lo sucedido y solicitando la re-apertura del caso para atender lo sucedido. Lo que es permitido por el reglamento de dicha corte.
9. Por último [,] el que suscribe también se ve obligado en acla-rar que nunca se discutieron los m[é]ritos de la apelación por las razones ya explicadas y relacionadas en el informe del [P]rocurador. Dichos m[é]ritos ser[í]an atendidos una vez revi-sada la transcripción de la prueba. Esto solo se aclara, puesto que luego de recibida la misma, se pudo verificar que la decisión de instancia fue bastante acertada. Esto se dice no con la inten-ción de excusar lo sucedido pero no queremos que este Honorable foro se quede con la impresión de que hubo la p[é]rdida incuestionable de un derecho a causa de lo sucedido.

El 27 de junio de 2014 este Foro instruyó a la Procura-dora General a presentar la querella correspondiente conforme a la conducta del abogado. Así, el 2 de septiem-bre de 2014 la Oficina del Procurador General presentó una querella en la que imputó al licenciado Rosario Váz-quez la infracción de los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra. El querellado presentó su Contes-tación a Querella el 22 de septiembre de 2014 y reiteró los mismos argumentos que expuso en marzo de 2014 como reacción al informe del Procurador General.

Ante esto, el 25 de junio de 2015 nombramos a la Hon. Crisanta González Seda, exjueza del Tribunal de Primera Instancia, como Comisionada Especial para que recibiera prueba y nos rindiera un Informe con las determinaciones de hechos y recomendaciones que estimara pertinentes. En el descargo de su encomienda, la Comisionada Especial rea-lizó una conferencia con antelación a vista el 21 de septiem-bre de 2015. Luego de urna posposición, la Comisionada Especial señaló una vista en su fondo para el 17 de diciembre de 2015.

Llegado el día de la vista, la Comisionada Especial in-dicó a las partes que el licenciado Rosario Vázquez se ha-bía comunicado el día antes para informar que no compa-recería debido a un problema con sus hijos. Añadió que se le requirió al querellado que fundamentara por escrito la razón por la cual, a menos de 24 horas de la vista, había informado que no podría comparecer. Así, el mismo día del señalamiento de vista, el licenciado Rosario Vázquez envió un mensaje por correo electrónico en el que relató los pro-blemas personales que había confrontado en las últimas 2 semanas antes de la vista. Ante esa situación, no se pudo celebrar la vista pautada, por lo que la Comisionada Especial señaló una vista para mostrar causa y vista en su fondo para el 16 de febrero de 2016. Ese día se celebró la vista en su fondo y el caso quedó sometido.

Así las cosas, luego de evaluar la evidencia testifical y documental, la Comisionada Especial presentó un Informe el 2 de mayo de 2016 con sus recomendaciones respecto a los dos cargos imputados por la Procuradora General. En particular, concluyó que la evidencia presentada sostiene que el licenciado Rosario Vázquez infringió los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra. El caso quedó sometido ante esta Curia el 13 de junio de 2016.

Expuesto el trasfondo fáctico y procesal del caso, proce-demos a abordar la controversia enmarcada en el Derecho aplicable.

HH HH

Conforme al poder inherente de este Tribunal para regular la profesión de la abogacía, tenemos la labor indele-gable de procurar que los abogados admitidos a este Foro ejerzan la profesión de forma responsable, competente y diligente. Así, el Código de Ética Profesional establece las normas mínimas de conducta que deben regir la prác-tica de la profesión jurídica en Puerto Rico y, a la vez, pro-mueve un comportamiento ejemplar en beneficio de la ciu-dadanía, la profesión y las instituciones de justicia. Por tal razón, aquellos que tienen el privilegio de ser admitidos a este foro, tienen la obligación ineludible de dirigirse en todo momento conforme a los más rigurosos principios éticos.

A. Canon 18: Competencia del abogado y consejo al cliente

De acuerdo con el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, todo abogado debe “defender los intere-ses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. Esto significa que el abogado tiene el deber de actuar con diligencia, competencia y responsabilidad para defender los derechos e intereses de sus clientes. Por lo tanto, como establece el mencionado canon, es im-propio que un abogado asuma la representación legal de un cliente cuando conoce que no puede realizar una labor de forma competente y que no puede prepararse de manera adecuada sin que ello conlleve gastos o demoras irrazona-bles a su cliente o a la administración de la justicia.

En múltiples ocasiones este Tribunal ha expre-sado que el deber de diligencia constituye una obligación básica y elemental del abogado hacia su cliente. Por lo tanto, un abogado falta a su deber de diligencia cuando no realiza las gestiones que se le encomendaron en el tiempo oportuno, de la manera adecuada y sin dilaciones. Cla-ramente, en el ejercicio de la profesión legal no hay espacio para que sus integrantes se conduzcan con displicencia, dejadez y desidia en el trámite de los asuntos que le han sido encomendados.

A modo de ejemplo, este Foro ha manifestado que ciertas prácticas constituyen una infracción al deber de diligencia dispuesto en el Canon 18 del Código de Ética Pro-fesional, supra: (1) no comparecer a los señalamientos del tribunal; (2) no contestar los interrogatorios presentados; (3) no informar a las partes respecto a la presentación de un perito; (4) desatender o abandonar el caso; (5) permitir que expire el término prescriptivo o jurisdiccional de una causa de acción, y (6) incurrir en cualquier tipo de actua-ción negligente que pueda desencadenar, o en efecto desen-cadene, en la desestimación o el archivo del caso. En cuanto a esto último y en lo que respecta al caso de epí-grafe, hemos señalado que infringe el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, el abogado que muestra una conducta negligente que pueda desencadenar, o en efecto desencadene, la desestimación o el archivo de un caso o la pérdida de la causa de acción de su cliente.

B. Canon 19: Información al cliente

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, establece —en lo pertinente— que “[e]l abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que suija en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. Es decir, este canon exige que el repre-sentante legal mantenga en todo momento una comunica-ción efectiva con su cliente. Ello se traduce en que el letrado informará directamente a su representado las ges-tiones realizadas y su desarrollo, le consultará sobre los asuntos que estén fuera del ámbito discrecional del abo-gado y cumplirá las directrices del cliente siempre y cuando éstas se encuentren dentro del marco ético.

Es importante subrayar que la obligación de man-tener informado al cliente constituye un elemento impres-cindible en la relación de fiducia que caracteriza el vínculo abogado-cliente y se configura como una obligación ética independiente del deber de diligencia consagrado en el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra.

En el pasado hemos manifestado que un abogado infringe el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, cuando “no se atienden los reclamos de información que el cliente solicita; no se le informa del resultado ad-verso de la gestión encargada; la acción se desestima o se archiva; no se mantiene al cliente al tanto del estado o la situación procesal del caso o, simplemente, se le niega in-formación del caso”. Ante esto, conviene enfatizar que el hecho de no informar al cliente sobre su caso no solo cons-tituye una violación al Canon 19 del Código de Ética Pro-fesional, supra, sino que claramente entorpece el proceso de impartir justicia

Por último, debemos recalcar que los casos perte-necen a los clientes y éstos tienen derecho a mantenerse informados de todos los asuntos y las gestiones importan-tes que se susciten en la tramitación de su caso.

Expuesto el marco legal, pasemos a discutir si el licen-ciado Rosario Vázquez infringió los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra.

r-t ! — I hH

En la querella presentada ante este Tribunal, la Pro-curadora General planteó que el licenciado Rosario Váz-quez faltó a su deber de ser capaz y diligente en la de-fensa de los intereses de su representado, el señor Torres Vázquez, ello en violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. En particular, el querellado asumió la representación legal del quejoso y presentó una Notifica-ción de Apelación ante la Junta Apelativa de Inmigración, e indicó que más adelante presentaría un escrito legal para sustentar la apelación. Para ello, el ente administra-tivo concedió un término, mas el licenciado Rosario Váz-quez no presentó el mencionado escrito ni solicitó una prórroga para cumplir con ello, por lo que la apelación fue desestimada sumariamente.

En sus comparecencias ante este Foro, el querellado ad-mitió que no había presentado el escrito legal en el término concedido. Explicó que la omisión se debió a que no se ca-lendarizó adecuadamente en el sistema de su oficina y, además, a que le había indicado al cliente que no podía discutir los méritos del caso hasta tanto recibiera el expe-diente de los procedimientos ante el Juez de Inmigración.

La evidencia presentada en el caso de epígrafe y exami-nada por la Comisionada Especial demostró que el licen-ciado Rosario Vázquez no actuó diligentemente en la de-fensa de su cliente, pues la transcripción a la que alude se recibió con tiempo suficiente para examinarla y discutirla con su representado. Increíblemente, el querellado dejó transcurrir casi 1 año y no realizó gestión alguna entre la fecha límite para entregar el escrito legal ante la Junta Apelativa de Inmigración (29 de enero de 2010) y la fecha de la desestimación sumaria (6 de enero de 2011). La con-ducta del licenciado Rosario Vázquez demuestra desidia y ello provocó que, ante la falta de confianza en el quere-llado, el señor Torres Vázquez incurriera en gastos adicio-nales para contratar una nueva representación legal.

Claramente, en relación con el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, el querellado no desplegó su más profundo saber y habilidad en la representación de su cliente ni actuó en la forma adecuada y responsable como estima la profesión jurídica.

De igual forma, la Procuradora General imputó al licen-ciado Rosario Vázquez la infracción del Canon 19 del Có-digo de Ética Profesional, supra, fundamentándose en que éste no mantuvo informado de manera adecuada a su re-presentado acerca de que la Junta Apelativa de Inmigra-ción desestimó sumariamente el caso. En específico, el se-ñor Torres Vázquez adujo que se enteró de la decisión adversa en su caso por la notificación que recibió del men-cionado ente administrativo y no a través de su abogado. Además, el licenciado Rosario Vázquez no citó al señor Torres Vázquez para discutir lo relacionado a la desestima-ción sumaria, sino que fue el mismo cliente quien buscó al abogado para conversar sobre el asunto. Ante esto, en sus comparecencias ante esta Curia, el querellado se limitó a plantear que la notificación de la desestimación fue en-viada de forma simultánea tanto a él como al quejoso, por lo que este último no se perjudicó.

Según surge de la evidencia examinada por la Comisio-nada Especial, y que no fue controvertida por el quere-llado, el señor Torres Vázquez no había visto ni había te-nido comunicación con el licenciado Rosario Vázquez desde que firmaron el contrato de servicios legales, esto a pesar de que el quejoso iba a la oficina del licenciado a pagar los plazos de los honorarios acordados y a solicitar informa-ción sobre el caso; solo le indicaban que se comunicarían con él, pero ello nunca ocurrió.

Como hemos mencionado, el hecho de no informar al cliente sobre asuntos importantes que surjan en el trámite del caso constituye una violación al Canon 19 del Código de Etica Profesional, supra. En relación con este canon, surge del expediente que el licenciado Rosario Vázquez actuó con indiferencia en el manejo del caso del señor Torres Vázquez al no mantenerlo informado sobre los procedimientos ante la Junta Apelativa de Inmigración. Es claro que el licen-ciado Rosario Vázquez no cumplió con su deber continuo de mantener al cliente informado sobre los desarrollos del caso y más cuando este último visitó la oficina legal de su abogado y allí no se le informó que se había recibido la transcripción del expediente ni la determinación apelada, y así poder discutir entonces los méritos del caso.

En el curso de este procedimiento disciplinario, el licen-ciado Rosario Vázquez no ha presentado prueba de ate-nuantes, a excepción de haber aceptado los hechos imputa-dos en violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra; no lo hizo en relación con los hechos que se le imputan bajo el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra. Debemos considerar el hecho indubi-tado de que la actuación negligente del querellado provocó la desestimación sumaria del caso del señor Torres Váz-quez, quien claramente resultó perjudicado por el pobre desempeño de su abogado en la tramitación del caso.

En cuanto a los honorarios, el licenciado Rosario Váz-quez cobró toda la cantidad acordada ($1,500), pero no rea-lizó toda la labor encomendada por su cliente. Según surge de la determinación de la Junta Apelativa de Inmigración, la desestimación sumaria del caso se debió a que el abo-gado no presentó el documento legal que se comprometió a entregar. Asimismo, del expediente no surge que el quere-llado hubiese devuelto alguna cantidad al quejoso, quien además tuvo que incurrir en gastos adicionales al acudir a otro representante legal.

Por todo lo anterior, concluimos que no hay razón para intervenir con las conclusiones esbozadas en el Informe de la Comisionada Especial. En vista de que ésta es la pri-mera ocasión en que se toma una medida disciplinaria en contra del licenciado Rosario Vázquez, procedemos a sus-penderle del ejercicio de la abogacía por el término de 3 meses.

IV

Por las razones expuestas, se ordena la suspensión in-mediata del licenciado Rosario Vázquez por el término de 3 meses y, además, se le ordena que devuelva al señor Torres Vázquez $1,500 que recibió por honorarios.

El licenciado Rosario Vázquez deberá notificar de forma inmediata a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consultoría ni represen-tación legal, y deberá devolverles los expedientes de cual-quier caso ya atendido o pendiente de resolución y los ho-norarios que haya percibido por cualquier trabajo no realizado. De igual forma, tendrá la responsabilidad de in-formar inmediatamente de su suspensión a todos los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Asimismo, deberá acreditar y certificar a este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior dentro del término de 30 días, contados a partir de la notificación de la presente Opinión “per curiam” y Sentencia. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       4 LPRAAp. IX.

       El Ledo. Michaelangelo Rosario Vázquez fue admitido al ejercicio de la pro-fesión legal en Puerto Rico el 18 de enero de 1995.

       Véase Expediente de la Queja AB-2011-256, Declaración de Juan Torres, Anejo 1 del Formulario de Quejas, pág. 1.

       En el escrito titulado Notice of Appeal from a Decision of an Immigration Judge ante la Junta Apelativa de Inmigración, el licenciado Rosario Vázquez hizo constar lo siguiente:
      “The Honorable Immigration Judge (hereinafter referred to as TJ’) erred as a matter of law and as a matter of fact in denying respondent’s Application for Cancellation of Removal for Certain Non-Permanent Residents (Form EOIR-42B). The respondent met all statutory requirements under Section 240A(b)(l). The respondent had more than 10 yearB in this county before the issuance of the NTA, he is a person of Good Moral Character that has one (1) United States citizen child and a United States citizen wife. Respondent’s testimony, together with the documentary evidence filed in support of respondent’s application, established that respondent’s United States citizen child and wife would suffer extreme and exceptional hardship if the respondent were to be removed. The IJ erred in the application of the law and the precedent decisions of this Honorable Board by concluding that respondent’s did not meet the requirements of Section 240A(b)(l).
      “In order to amount to an effective appeal on these issues of facts and law, the undersigned attorney needs to thoroughly review the record of proceedings. Upon receipt of a complete and accurate copy of the record of proceedings, counsel will provide a thorough brief on the issues of this case”. Expediente de la Queja AB-2011-256, Anejo 5 del Formulario de Quejas, Notice of Appeal from a Decision of an Immigration Judge, pág. 2.

       Expediente de la Queja AB-2011-256, Anejo 7 del Formulario de Quejas.

       Véase Contrato de Servicios Profesionales, Anejo D de la Moción en cumpli-miento de orden contestación, Expediente de la Queja AB-2011-256.

       Véase Moción en cumplimiento de orden contestación, Expediente de la Queja AB-2011-256, póg. 2. Valga aclarar que la Queja AB-2011-256 fue la que ori-ginó el caso CP-2014-11 que aquí atendemos.

       íd.

       Una copia de la notificación de la Resolución se archivó en autos el 1 de febrero de 2013.

       Una copia de la notificación de la Resolución se archivó en autos el 31 de enero de 2014.

       Una copia de la notificación de la Resolución se archivó en autos el 5 de marzo 7de 2014.

       Expediente de la Queja AB-2011-256, Moción en cumplimiento de orden, pág. 1.

       Id., págs. 1-2.

       Debido a la designación de la Leda. Margarita Mercado Echegaray como Procuradora General, en adelante haremos referencia a su persona como “Procura-dora General”.

       Una copia de la notificación de dicha Resolución se archivó en autos el 2 de julio de 2014.

       El 28 de enero de 2016, la Comisionada Especial emitió una Orden para Mostrar Causa, en la que expresó que el licenciado Rosario Vázquez “deberá MOS-TRAR CAUSA, el 16 de febrero de 2016, fecha señalada para la vista final, por la cual no debemos, independientemente de la determinación final sobre los méritos de la presente querella, solicitar al Honorable Tribunal Supremo, la imposición de san-ciones por su actuación, incluyendo el pago de los gastos incurridos por el querellante para estar presente en la vista de la cual el querellado se ausentó”, Expediente CP-2014-11, Orden para mostrar causa, pág. 2.

       Véanse: In re Nazario Díaz, 196 DPR 623 (2016); In re Del Castillo Del Valle,
        191 DPR 633, 639 (2014); In re Rodríguez Amaro, 189 DPR 307, 312 (2013).

        In re Armenteros Chervoni, 195 DPR 693 (2016); In re Miranda Daleccio, 193 DPR 753, 760 (2015); In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014).

       Véanse: In re Rivera Nazario, 193 DPR 573, 582 (2015); In re Mulero Fernández, 174 DPR 18, 28 (2008).

        In re Armenteros Chervoni, supra; In re Rivera Nazario, supra.

        In re Miranda Daleccio, supra, pág, 762. Véanse, además: In re Pietri Torres, 191 DPR 482, 488 (2014); In re Dávila Toro, 179 DPR 833, 842 (2010).

        In re Pietri Torres, supra; In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 750-751 (2014).

       Véanse: In re Nazario Díaz, supra; In re Reyes Coreano, supra; In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000, 1012 (2013).

        In re Miranda Daleccio, supra, págs. 762-763; In re Santos Cruz, 193 DPR 224 (2015); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 38 (2011); In re Vilches López, 170 DPR 793, 798 (2007).

        In re Nazario Díaz, supra; In re Pietri Torres, supra; In re Díaz Nieves et als., supra, págs. 1011-1012.

        In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 200 (2012).

        In re Nazario Díaz, supra; In re Cuevas Borrero, supra.

        In re Santos Cruz, supra; In re Pietri Castellón, 185 DPR 982, 992 (2012); In re Muñoz, Morell, 182 DPR 738, 752 (2011).

        In re Santos Cruz, supra; In re Cuevas Borrero, supra; In re Mulero Fernández, supra, pág. 30.

        In re Reyes Coreano, supra, págs. 752-753. Véase, además, In re Nazario Díaz, supra.

        In re Nazario Díaz, supra.

        In re Muñoz Morell, supra, pág. 753.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re Federico Ducoudray Acevedo.

      Número: TS-11,576

      Resuelto: 20 de enero de 2017

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   PER CURIAM:

i — I

El Ledo. Federico Ducoudray Acevedo (licenciado Du-coudray Acevedo) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1996 y prestó juramento como notario el 14 de agosto de 1996. Esencialmente, el asunto de epígrafe surge a raíz de que el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico declaró culpable al licenciado Ducoudray Acevedo de un cargo por intervenir con un testigo, víctima o informante. y dos cargos por obstrucción a la debida ad-ministración de la justicia Particularmente, fue senten-ciado a dieciocho meses de prisión por cada uno de los tres cargos por los que fue encontrado culpable, para cumplirlos de forma concurrente. Véase "Judgment in a Criminal Case”, United States of America v. Federico Ducoudray-Acevedo, CR. 15-0166-01(ADC).

Una vez conocimos de la convicción del licenciado Du-coudray Acevedo en el foro federal, el 31 de octubre de 2016 emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos un término perentorio de diez días para que mostrara causa por la cual no debíamos suspenderlo del ejercicio de la abogacía por las sentencias penales dictadas en su contra. Asimismo, ordenamos la incautación preventiva de su obra y su sello notarial, y referimos el asunto a la Ofi-cina de Inspección de Notarías (ODIN) para el informe correspondiente. A pesar de ello, el licenciado Ducoudray Acevedo incumplió con nuestra orden y no compareció.

1-1 HH

A. Sabido es que este Tribunal tiene la facultad inherente de regular el ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción. Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 802-803 (2014). Véanse, además: In re Doitteau Cruz, 190 DPR 979, 981 (2014); In re Colón Ledée, 190 DPR 51, 54 (2014); In re García Suárez, 189 DPR 995, 998 (2013). En virtud de ese poder, tenemos la autoridad para desaforar o suspender a los miembros de la profesión jurí-dica que no estén aptos para ejercer tan delicado ministerio. In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re Morell Corrada, 171 DPR 327, 330 (2007); In re González Díaz, 163 DPR 648, 650 (2005). La facultad inherente de reglamentar el ejercicio de la abogacía es propia de este Tribunal y no está restringida a estatuto alguno, siempre que se le conceda la oportuni-dad al letrado de ser escuchado en su defensa. In re González Blanes, 65 DPR 381, 391 (1945).

Por tal razón, en repetidas ocasiones hemos ex-presado que los motivos para ejercer nuestra facultad dis-ciplinaria no se limitan a los que son específicamente dis-puestos en alguna ley. In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re González Díaz, supra, pág. 650. Por el contrario, abarcan toda conducta desplegada por el abogado que afecte su condición moral y, de esa forma, lo haga indigno de ser miembro de este foro. In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re González Díaz, supra, págs. 650-651; In re Morell Corrada, supra, págs. 330-331. En consecuen-cia, este Tribunal ha afirmado que toda conducta delictiva de un abogado que refleje su quebrantamiento moral, aun cuando no sea producto o en conexión con el ejercicio de su profesión, es motivo para desaforarlo o suspenderlo In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re González Díaz, supra, pág. 651.

B. Nuestro Código de Ética Profesional establece las normas mínimas de conducta que deben regir a los miembros de la ilustre profesión de la abogacía en el des-empeño de sus funciones. In re De Jesús Román, 192 DPR 799, 802 (2015); Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX. Particularmente, el Canon 9 del Código de Ética Profesional dispone que los abogados y abogadas de-ben “observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. IX. Como corolario de ese deber, las personas que ejercen la profesión de la abogacía tienen que cumplir pronta y diligentemente las órdenes de todos los tribunales, al igual que con todas las entidades públicas que intervienen en los procesos dis-ciplinarios contra un letrado. In re Maldonado Nieves, 192 DPR 973, 981 (2015); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 34 (2011). Por lo tanto, “[a]sumir una actitud de menosprecio e indiferencia ante nuestras órdenes, denota falta de res-peto hacia nuestra autoridad, por lo que viola dicho canon”. In re Dávila Toro, 193 DPR 159, 163 (2015).

Consecuentemente, nos hemos visto obligados a disciplinar a los abogados y las abogadas que incumplen con su deber de contestar con diligencia los requerimientos de este Tribunal y acatar nuestras órdenes. In re Rivera Trani, 188 DPR 454, 460 (2013); In re Guzmán Rodríguez, 187 DPR 826, 829 (2013). Desatender nuestros requeri-mientos es incompatible con la práctica de la profesión, pues constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, y menoscaba nuestra función re-guladora de la profesión jurídica. In re Colón Collazo, 196 DPR 239 (2016); In re Rivera Trani, supra, pág. 461; In re Guzmán Rodríguez, supra, pág. 829. Por lo tanto, tal con-ducta conlleva la separación inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. Véanse: In re Montalvo Delgado, 196 DPR 542 (2016); In re Colón Collazo, supra, pág. 6; In re Rivera Trani, supra, págs. 461-462; In re Guzmán Rodríguez, supra, pág. 829.

Examinada la normativa jurídica aplicable, procedemos a disponer del asunto ante nos.

HH 1 — I \ — i

No cabe duda que la gravedad de los delitos por los cua-les el licenciado Ducoudray Acevedo resultó convicto refle-jan falta de respeto, honradez, sinceridad y principios en su estado ético. A ello se añade que el abogado no informó a este Tribunal de su convicción, sino que advinimos en co-nocimiento de las sentencias emitidas en su contra por la prensa del País. El licenciado Ducoudray incurrió en tal omisión en claro menosprecio a nuestra facultad de regular la profesión jurídica.

Destacamos además que este Tribunal le concedió la oportunidad al letrado para que compareciera ante nos y se expresara en torno a ello. No obstante, en clara inobser-vancia a nuestra orden, éste no compareció. Así, el licen-ciado Ducoudray Acevedo ha incumplido y asumido una actitud despreocupada en cuanto a este asunto, tomando livianamente nuestros requerimientos. La falta de diligen-cia de este abogado en atender nuestra orden muestra su dejadez y desidia, lo que nos lleva a concluir que ha rele-gado su deber de respeto hacia este Tribunal.

Ante ese cuadro, resolvemos que el licenciado Ducou-dray Acevedo no se encuentra apto para ejercer la abogacía en nuestra jurisdicción. Por consiguiente, procede que ejer-zamos nuestro poder inherente de regular la profesión y suspendamos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al licenciado Ducoudray Acevedo.

IV

En virtud de lo antes expuesto, suspendemos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al Ledo. Federico Ducoudray Acevedo. En consecuencia, se le impone al señor Ducoudray Acevedo el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar repre-sentándolos y que les devuelva cualesquiera honorarios reci-bidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar inmediatamente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Advertimos al señor Ducoudray Acevedo que el presente dictamen no le exime de atender las deficiencias señaladas por la ODIN a su obra notarial. Por lo tanto, se le ordena que en un término de sesenta días, contados a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia, sub-sane las deficiencias señaladas por la ODIN a sus expensas y, además, entregue aquellos instrumentos públicos adeu-dados o realice el correspondiente trámite para su recons-trucción, so pena de desacato.

Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia al Sr. Federico Ducoudray Acevedo a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       Específicamente, el estatuto federal dispone lo siguiente:
      “(b) Whoever knowingly uses intimidation, threatens, or corruptly persuades another person, or attempts to do so, or engages in misleading conduct toward another person, with intent to—
      “(1) influence, delay, or prevent the testimony of any person in an official proceeding 18 USCAsec. 1512(b)(1).

       La disposición federal establece lo siguiente:
      “(a) Whoever corruptly, or by threats or force, or by any threatening letter or communication, endeavors to influence, intimidate, or impede any grand or petit juror, or officer in or of any court of the United States, or officer who may be serving at any examination or other proceeding before any United States magistrate judge or other committing magistrate, in the discharge of his duty, or injures any such grand or petit juror in his person or property on account of any verdict or indictment assented to by him, or on account of his being or having been such juror, or injures any such officer, magistrate judge, or other committing magistrate in his person or property on account of the performance of his official duties, or corruptly or by threats or force, or by any threatening letter or communication, influences, obstructs, or impedes, or endeavors to influence, obstruct, or impede, the due administration of justice, shall be punished as provided in subsection (b), If the offense under this section occurs in connection with a trial of a criminal case, and the act in violation of this section involves the threat of physical force or physical force, the maximum term of imprisonment which may be imposed for the offense shall be the higher of that otherwise provided by law or the maximum term that could have been imposed for any offense charged in such case.
      “(b) The punishment for an offense under this section is—
      “(1) in the case of a killing, the punishment provided in sections 1111 and 1112;
      “(2) in the case of an attempted killing, or a case in which the offense was committed against a petit juror and in which a class A or B felony was charged, imprisonment for not more than 20 years, a fine under this title, or both; and
      “(3) in any other case, imprisonment for not more than 10 years, a fine under this title, or both”. 18 USCA sec. 1603.

       Según surge del expediente, la Resolución se le notificó personalmente al licenciado Ducoudray Acevedo el 17 de noviembre de 2016. Ese día se le incautaron varios instrumentos públicos y su sello notarial por conducto de la Oficina del Algua-cil de este Tribunal. Con relación a la incautación de la obra notarial, el 16 de diciembre de 2016 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) pre-sentó a este Tribunal un Informe sobre Estado de Obra Incautada. Particularmente, informó que de la inspección efectuada surgen varias deficiencias, entre las que se destacan las siguientes: (1) la omisión de cancelar los sellos a favor de la Sociedad para Asistencia Legal en 427 asientos del Libro de Registro de Testimonios, para una deuda de $1,268; (2) la falta de la firma del notario en 684 asientos; (3) la falta del sello notarial en 426 asientos; (4) la omisión de describir el asunto autenticado en 30 asientos; (6) la omisión de dar fe de conocimiento o de indicar el medio de identifica-ción del firmante en 463 asientos; (6) la falta de encuadernación, índice, numeración de páginas, notas de apertura y cierre en todos los Protocolos que comprenden la obra notarial, y (7) la omisión de cancelar los sellos de rentas internas, impuesto notarial y sellos a favor de la Sociedad para Asistencia Legal en los instrumentos públicos autorizados, para una deuda arancelaria que asciende a $3,812. En conse-cuencia, el director de la ODIN solicita que se le ordene al notario la subsanación de las deficiencias en un término de cuarenta y cinco días calendario y que, en ese mismo término, entregue a la ODIN los instrumentos públicos adeudados o que encamine el proceso de reconstrucción.

       Nótese que, en lo pertinente, de la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 se infiere que un abogado hallado culpable de engaño, conducta inmoral, delito grave o delito menos grave —en conexión con el ejercicio de su profesión— o culpable de cualquier delito que implique depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de la profesión. Véase 4 LPRA see. 735.

       En múltiples ocasiones, este Tribunal ha suspendido inmediatamente de la profesión jurídica a abogados que resulten convictos por actos que implican depra-vación moral. In re Colón Ledée, 190 DPR 51, 54-55 (2014); In re García Suárez, 189 DPR 995, 998-990 (2013); In re Morell Corrada, 171 DPR 327, 330-331 (2007).


author:
(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

text:
    José Lorenzo Hernández y Carmen L. Lorenzo Nieves, por sí y en representación de su Sociedad de Gananciales, peticionarios, v. Kelvin Morales Nieves, John Doe y su esposa Jane Doe, y Sociedad de Gananciales compuesta por los últimos, recurridos.

      Número: CC-2014-0122

      Resuelto: 20 de enero de 2017

      José Lorenzo Hernández y Carmen Luz Lorenzo Nieves, por derecho propio, parte peticionaria; Ramón Edwin Colón Pratts, abogado de Kelvin Morales Nieves, parte recurrida.
   SENTENCIA

El 27 de jimio de 2014 expedimos el auto de certiorari presentado por el Sr. José Lorenzo Hernández, la Sra. Carmen Luz Lorenzo Nieves y la Sociedad Legal de Ganancia-les compuesta por ambos (en conjunto, los peticionarios). Tras examinar los alegatos presentados por las partes y al estar en posición de resolver, se revocan las sentencias de los foros recurridos mediante las cuales se desestimó la causa de acción de retracto instada por los peticionarios. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continua-ción de los procedimientos relacionados con la acción de retracto.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez emitió una opinión de conformidad, a la que se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, el Juez Asociado Se-ñor Feliberti Cintrón y el Juez Asociado Señor Colón Pérez. El Juez Asociado Señor Martínez Torres hizo constar la si-guiente expresión, a la que se unió el Juez Asociado Señor Estrella Martínez:

Estoy conforme con la sentencia, pues la controversia se re-suelve por los fundamentos expuestos en Vega Montoya v. Registrador, 179 DPR 80, 87-90 (2010), y en Kogan v. Registrador, 125 DPR 636, 652-653 (1990).

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por la

Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

a la que se unen la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón y el Juez Asociado Señor Colón Pérez.

En esta ocasión nos corresponde determinar si, mediante un acuerdo entre algunos integrantes de urna comunidad he-reditaria y la subsiguiente toma de posesión por parte de uno de ellos de un bien inmueble que es parte del caudal relicto, se configura una división de los bienes del caudal que convierte a ese integrante en extraño a la comunidad y, por lo tanto, impide el ejercicio de su derecho de retracto. Particularmente, nos compete dirimir si tal convenio tuvo efectos particionales respecto al bien inmueble en cuestión. Aunque consideramos que la decisión que hoy emite este Tribunal es la correcta, estimamos necesario consignar los fundamentos jurídicos aplicables a la controversia.

I

La controversia ante nuestra consideración se origina con la presentación de una acción de retracto ante el Tribunal de Primera Instancia por el Sr. José Lorenzo Hernán-dez, la Sra. Carmen Luz Lorenzo Nieves y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (peticionarios). En esencia, argüyeron que la propiedad que poseían pertenecía a una comunidad hereditaria indivisa, de la cual se habían convertido en cesionarios luego de adquirir una parte de la finca de una de las herederas de la Sra. Dolores Hernández Pérez.

La señora Hernández Pérez falleció intestada el 7 de fe-brero de 1985, dejando varias fincas sitas en el barrio Cu-chillas de Moca. Durante los años 1985 a 1987, los herede-ros expresaron interés en unos solares particulares de las fincas que formaban parte del caudal hereditario y llegaron a un acuerdo con relación a los solares que se les adjudicarían. Luego de contratar a un ingeniero y a una abogada, comenzaron los trámites conducentes a segregar las parcelas de la finca y tramitar la declaratoria de herederos. Los trámites de segregación contenidos en el acuerdo, empero, nunca se concretaron, puesto que no se obtuvieron los permisos necesarios para ello. Por otra parte, el 19 de diciembre de 1988 el Tribunal de Primera Instancia decretó la declaratoria de herederos, en la cual se estableció que la comunidad hereditaria estaría compuesta de nueve hijos y seis nietos, representantes de un hijo premuerto.

El 15 de abril de 2004 una de las herederas, la Sra. Ve-nancia Hernández Hernández, vendió su participación en la comunidad hereditaria a los peticionarios, mediante una Es-critura de cesión de derechos y acciones hereditarias, la cual fue elevada a escritura pública. De esta manera, los peticio-narios ingresaron a la comunidad hereditaria en calidad de cesionarios o copartícipes. En la escritura de compraventa, específicamente se incluyeron las advertencias siguientes:

—(3) Que no podrá segregar, lotificar, marcar o de algún modo identificar su participación sobre dicho terreno sin el corres-pondiente permiso de la Junta de Planificación, Administra-ción de Reglamentos y Permisos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la agencia correspondiente.-
—(4) Que la participación adquirida por los Cesionarios es abstracta e indefinida y que cualquier arreglo, convenio o pacto para segregar, lotificar, marcar, o de algún modo identi-ficar será nulo e ineficaz y podrá constituir delito grave, si no existe el correspondiente permiso de las agencias reguladoras. Apéndice, pág. 83.

Luego de adquirir la referida participación en el caudal relicto, en el 2005, el peticionario, señor Lorenzo Hernán-dez, reinició los trámites correspondientes para la segrega-ción de los terrenos que habían quedado inconclusos casi dos décadas antes. A esos efectos, convocó a los herederos y cesionarios a varias reuniones y elaboró un plan enmen-dado de segregación de solares, identificando los predios que en su día se le adjudicarían a cada uno de ellos.

Luego de la celebración de varias reuniones, los herede-ros y representantes que asistieron a las reuniones acor-daron los linderos y las cabidas de los terrenos que se les adjudicarían. Asimismo, suscribieron un Contrato de mensura con un ingeniero, quien estaría a cargo de trami-tar la segregación de las fincas ante las agencias guberna-mentales pertinentes. Es preciso destacar, sin embargo, que no todos los herederos tomaron parte en estos acuer-dos, puesto que, para la fecha en que se pactaron, se des-conocía del paradero del Sr. Ismael Hernández Hernández, hijo de la causante, quien no suscribió el Contrato de men- sura antes mencionado y no participó de ninguna de las reuniones convocadas por el peticionario.

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2010, el peticio-nario, señor Lorenzo Hernández, supo que otra heredera también había vendido su participación en la comunidad hereditaria al Sr. Kelvin Morales Nieves (recurrido). Tras enterarse de la compraventa, y dentro del término dis-puesto para ello, el 17 de diciembre de 2010 los peticiona-rios presentaron la acción de retracto correspondiente. En ésta alegaron que la comunidad hereditaria permane-cía indivisa, por lo que, ante la venta de la participación de una de las herederas a un extraño, procedía que se le per-mitiera, como cesionario y copartícipe de la comunidad, ejercer su derecho a retraer dicha participación.

Luego de la celebración del juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción de retracto instada por los peticionarios al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. En esencia, el foro primario concluyó que no procedía el retracto de comune-ros, puesto que “los herederos hicieron una división material de la finca con la toma de posesión de los bienes [...] ”. (Énfasis suprimido). Relación de los procedimientos, deter-minaciones de hechos, conclusiones de derecho y sentencia (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia), Apéndice, pág. 56. Específicamente, determinó lo siguiente:

El contrato o pacto de división entre los herederos quedó per-feccionado con la firma de los herederos del Contrato de Men-sura y la carta de permiso al ingeniero Méndez, luego de lle-garse al acuerdo en cuanto a las cabidas y linderos de los predios, quedando únicamente postergado [sic] la consuma-ción del contrato con el otorgamiento de escritura formal luego de que se obtuvieran los correspondientes permisos de segregación. (Énfasis suprimido). Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 56.

En cuanto a la ausencia del heredero Ismael Hernández Hernández, el foro primario se limitó a expresar que el hecho de que éste no hubiese firmado el Contrato de men-sura no era óbice para concluir que se había concretado la división material. Explicó que, dado que el señor Hernán-dez Hernández había sido parte del pacto inicial de divi-sión, y puesto que el solar que le había sido adjudicado en ese primer acuerdo fue el mismo que se le adjudicó en el segundo, se entendía que éste había accedido a ese último. Además, determinó que, ante la imposibilidad de dar con su paradero, los demás herederos consultaron con su hija y ésta autorizó expresamente al peticionario, señor Lorenzo Hernández, a continuar con los trámites de segregación que resultaron del segundo acuerdo. Véase Id.

Por último, el foro primario destacó, tanto en la senten-cia como en una resolución aclaratoria posterior, que la comunidad sólo quedaba disuelta en cuanto a los peticionarios. Razonó, pues, que éstos, al haber tomado la posesión física de un solar, se habían convertido en extra-ños a la comunidad. Por ello, estaban impedidos de ejercer el derecho de retracto. El foro primario aclaró, empero, que su determinación no implicaba que se había concretado la división o partición de la herencia o que la finca se había segregado. Más bien, indicó que se había dado una adjudi-cación material en cuanto al peticionario pero que no había mediado una escritura pública, por lo que no se podían reclamar títulos o segregaciones. Véase Resolución de 6 de junio de 2003, Apéndice, pág. 77.

Inconformes con ese dictamen, los peticionarios acudie-ron al Tribunal de Apelaciones. Ese foro, por su parte, con-firmó la sentencia apelada. En extrema síntesis, concluyó que la ocupación de facto de un solar que por acuerdo de todos le fue asignado a los peticionarios —es decir, extra-judicialmente— impedía el ejercicio del derecho de retracto de comuneros.

Así las cosas, los peticionarios acudieron ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari, el cual fue expedido el 17 de junio de 2014. En éste plantearon que los foros recu-rridos erraron al concluir que se concretó una división material de la finca y que eso, a su vez, los convirtió en extra-ños a la comunidad. El recurrido, por otra parte, insiste en que la finca fue dividida luego de que todos los herederos acordaran la adjudicación de los solares que serían segrega-dos y que tal división material se dio precisamente a instan-cia de los peticionarios. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

HH \ — I

En aras de dirimir la controversia planteada, es preciso repasar las características de la comunidad hereditaria y los requisitos que exige nuestro ordenamiento para su extinción.

A

La comunidad hereditaria surge al momento en que dos o más herederos concurren en una sucesión. Véase E. Gonzá-lez Tejera, Derecho de sucesiones, Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2001, T. I, págs. 399-400. Esta comunidad comprende todos los activos y pasivos del causante y subsiste hasta tanto se produzca su partición. Véase Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, 120 DPR 39, 48 (1987).

En cuanto a las características distintivas de la comu-nidad hereditaria, hemos señalado que ésta es: (1) universal, porque recae sobre la unidad patrimonial de la heren-cia; (2) forzosa, “en cuanto surge con independencia absoluta de la voluntad de los titulares”, y (3) transitoria, “pues se constituye por la ley para disolverse por la partición”. Kogan v. Registrador, 125 DPR 636, 651 (1990) (citando a J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y floral, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1978, T. VI, Vol. 1, págs. 289-299). Son precisamente la universalidad y la transi-toriedad las características determinantes en la disposi-ción de la controversia que nos ocupa.

La universalidad, de una parte, presupone que, mien-tras subsista la comunidad, cada uno de los herederos po-see un derecho sobre la totalidad del caudal relicto y no un derecho concreto sobre los bienes que lo integran. Véase Cintrón Vélez, supra, pág. 48. Por lo tanto, el derecho de los herederos sobre el caudal relicto recae sobre una cuota abstracta y no sobre un bien particular perteneciente a éste. En atención a ello, mientras subsista la comunidad hereditaria, un heredero puede enajenar sus derechos y acciones sobre su participación abstracta en el caudal, pero no puede enajenar o gravar un bien determinado que forme parte de la herencia. Esta limitación al derecho de los herederos se fundamenta en que

[...] mientras persista el estado de indivisión en la comunidad hereditaria, aun cuando sea fácilmente determinable la cuota individual, [...] el dominio de cada heredero estará difuso o diluido por tod[o el patrimonio que el causante transmitió,] en espera de que el efecto distributivo de la partición se concrete y precise lo que a cada cual corresponde. (Énfasis suprimido). Osorio v. Registrador, 113 DPR 36, 37-38 (1982).

De ahí que, hasta que no se realice la partición, ninguno de los herederos podrá ejercer un derecho sobre un bien particular de la comunidad.

Por otra parte, la transitoriedad implica que “[n]ingún coheredero podrá ser obligado a permanecer en la indivi-sión de la herencia, a menos que el testador prohíba expre-samente la división”. Art. 1005 del Código Civil, 31 LPRA see. 2871. La partición es un mecanismo mediante el cual se extingue esa indivisión, puesto que, mediante ella, se le “confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bie-nes que le hayan sido adjudicados”. Art. 1021 del Código Civil, 31 LPRA see. 2901. La acción de partición, por lo tanto, representa el “momento de la liquidación de la uni-versalidad patrimonial y la adjudicación de bienes cuando se le confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes hereditarios que le corresponden y, por lo tanto, deja de existir la comunidad hereditaria”. Cintrón Vélez, supra, págs. 48-49.

El Código Civil contempla varias maneras para efectuar la partición. De una parte, el propio testador puede, me-diante testamento o por acto ínter vivos, disponer cómo de-sea que se adjudiquen los bienes que integran su caudal. Véase Art. 1009 del Código Civil, 31 LPRA see. 2875. En la alternativa, el testador también puede “encomendar por acto inter vivos o mortis causa para después de su muerte la simple facultad de hacer la partición a cualquiera [sic] persona que no sea uno de los coherederos”. Art. 1010 del Código Civil, 31 LPRA see. 2876.

En ausencia de estos dos supuestos, el Artículo 1011 del Código Civil contempla la partición convencional, me-diante la cual, “si los herederos fueren mayores y tuvieren la libre administración de sus bienes, podrán distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente”. Art. 1011 del Código Civil, 31 LPRA see. 2877.

Hemos establecido que, para que la partición convencio-nal surta efecto, “se requiere el consentimiento de todos los herederos en la partición que se realice”. (Énfasis suprimido). Colón Gutiérrez v. Registrador, 114 DPR 850, 857 (1983). Véase, además, J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1991, T. V, Vol. 3, pág. 441 (“No cabe [...] dar validez a la partición extrajudicial por acuerdo de la mayoría de los interesados, sino que es preciso que todos intervengan y coincidan en la aprobación”). Así, la ausencia del consentimiento de tan solo uno de los herederos, independientemente de cuán exi-gua sea su participación en el caudal, anulará la partición realizada. Véase González Tejera, op. cit, págs. 439-440.

Precisamente en atención a la imperiosidad del consen-timiento unánime de todos los herederos para la concreción de la partición convencional, nuestro ordenamiento con-templa que se recurra a la partición judicial. A esos efectos, el Artículo 1012 del Código Civil establece que “[c]uando los herederos mayores de edad no se entendieren sobre el modo de hacer la partición, quedará a salvo su derecho para que lo ejerciten en la forma prevenida en los precep-tos sobre procedimientos legales especiales”. Art. 1012 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2878.

Por último, cabe señalar que la universalidad y la tran-sitoriedad —características propias de la comunidad here-ditaria— están íntimamente relacionadas. Ello, puesto que hasta que la partición no se realice, el dominio de cada heredero permanecerá difuso o diluido sobre la masa hereditaria. Ese derecho difuso sobre la universalidad del caudal persistirá al margen de cuán fácilmente se pueda determinar la cuota individual que en su día le correspon-derá a cada uno, una vez se realice la partición. Osorio supra, págs. 37-38.

I — i HH J — 1

En este caso, los foros recurridos determinaron que, a pesar de que no todos los herederos prestaron su consenti-miento a los acuerdos conducentes a adjudicar los inmue-bles que formaban parte del caudal relicto, se había con-cretado una “división material” de la finca que había convertido a los peticionarios en extraños a la comunidad hereditaria. Esto, porque una vez tomaron posesión del solar que les correspondería en concepto de su participación, dejaron de ser parte de la misma.

Como cuestión de umbral, resulta preciso distinguir la división material de una finca de la partición convencional que preceptúa el Artículo 1011 del Código Civil. Como in-dicamos, es únicamente mediante la partición legalmente hecha que un miembro de la comunidad hereditaria podrá reclamar un derecho propietario exclusivo sobre los bienes que le hayan sido adjudicados. Véase Art. 1021 del Código Civil, 31 LPRAsec. 2901. De las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho del Tribunal de Primera Instan-cia surge, manifiestamente, que no se concretó una parti-ción, por lo que resulta imposible que un copartícipe de la comunidad hereditaria ostentara la “propiedad exclusiva” de un bien que era parte de ésta.

Como discutimos, hasta tanto no se realice la partición, los integrantes de la comunidad hereditaria sólo poseen un derecho sobre una cuota abstracta de la masa hereditaria. Nuestra jurisprudencia ha sido clara al establecer que la única manera en la que se puede disponer de un bien de-terminado del caudal relicto es con la anuencia de todos los integrantes de la comunidad hereditaria, lo que en este caso no ocurrió. Véase Colón Gutiérrez, supra. De hecho, no podía ocurrir, puesto que los trámites de segregación, al día de hoy, no se han completado.

Resulta preciso reiterar que, en el caso de la partición convencional, figura como un requisito imprescindible que exista unanimidad entre todos los herederos en torno a la adjudicación que ha de realizarse de los bienes que compo-nen el caudal relicto. Ello conforme a la participación de cada uno de los integrantes de la comunidad hereditaria sobre la totalidad de la masa que la compone, De los hechos reseñados por el Tribunal de Primera Instancia se desprende que, al momento de la presentación de la acción de retracto por parte de los demandantes, los herederos aún no habían logrado cumplir con este requisito. Ante este hecho, poco importa que los peticionarios hayan reali-zado actos de posesión y dominio sobre determinado inmueble. Ello, según el Derecho aplicable y tal y como lo reconoce el foro primario, no constituye una partición y, consiguientemente, no tiene el efecto de extinguir la comu-nidad hereditaria o convertirlos en extraños a ésta.

Aim si el señor Hernández Hernández consintió a los acuerdos iniciales concertados en 1987, el propio Tribunal de Primera Instancia reconoció que, luego de esos acuer-dos, se prepararon múltiples planos adicionales enmenda-dos que cambiaron la cabida y las colindancias de los sola-res objetos de la segregación. Incluso, de los planos preparados en el 2005 surgió un predio adicional cuya ad-judicación generó una disputa entre algunos de los herederos. Ante las exigencias de que el predio se le adju-dicara a uno de ellos, los herederos y copartícipes “no tu-vieron mas [sic] remedio que ceder y aceptar para evitar más dilaciones, dar movimiento y acelerar el trámite de los planos y permisos de segregación”. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 46.

Igualmente, otro plano de segregación preparado con posterioridad —en diciembre de 2010— varió la colindancia adjudicada mediante los acuerdos de 1987 al señor Hernán-dez Hernández y redujo su cabida por 1,400 metros cuadrados. Es insostenible inferir que el consentimiento ini-cial del señor Hernández Hernández se extiende a acuerdos posteriores que afectaron su derecho sobre los bienes que le corresponderían una vez se celebrara la partición.

En este caso, y conforme a las particularidades que ca-racterizan la comunidad hereditaria, lo que adquirió el pe-ticionario fue una participación en la totalidad del caudal relicto, esto es, una cuota abstracta y no un bien específico perteneciente a éste. Como señalamos, incluso de las adver-tencias contenidas en la Escritura de cesión de derechos y acciones hereditarias antes citadas también se desprende que los peticionarios obtenían una participación abstracta e indefinida.

Acuerdos concertados entre algunos de los herederos y copartícipes en tomo a cómo pretenden adjudicar los bie-nes que componen una comunidad hereditaria o el mero ejercicio de actos de dominio por parte de éstos sobre un bien particular del caudal relicto no tienen el efecto de ex-tinguir la comunidad en torno a algunos de ellos. Consi-guientemente, erraron los foros recurridos al desestimar la causa de acción de retracto instada por los peticionarios.

Al ser únicamente mediante el acto formal de la parti-ción que los integrantes de una comunidad hereditaria ob-tienen derechos propietarios sobre bienes determinados, y dado que en este caso no se ha realizado la partición, el caudal relicto continúa en estado de indivisión en cuanto a todos los que ostentan una participación abstracta sobre éste, incluyendo a los peticionarios. Así, en vista de que la comunidad hereditaria permanece indivisa, los peticiona-rios continúan siendo integrantes de ésta. Por lo tanto, los peticionarios pueden ejercer su derecho de retracto ante la venta de una participación abstracta sobre la totalidad de los bienes que conforman la comunidad hereditaria por parte de uno de sus integrantes.

       Es importante notar que el presunto acuerdo al que llegaron los herederos no formó parte del apéndice en el expediente. Sólo se incluyó el contrato de mensura que refleja cuáles terrenos le corresponderían a cada heredero una vez se segregaran las fincas que formaban parte del caudal.

       Además de los peticionarios, un sobrino de la causante también adquirió, en la misma fecha y mediante una escritura pública, una participación en la comunidad por parte de otra de las herederas, convirtiéndose también en cesionario y copartí-cipe de la comunidad hereditaria.

       Algunos de los herederos comparecieron a estas reuniones representados por sus hijos o cónyuges. No surge del expediente, sin embargo, que estos representantes estuviesen autorizados debidamente mediante una escritura de poder.

       El acuerdo de división que resultó de estas reuniones no se elevó a escritura pública, dado que no se habían completado los trámites de segregación.

       Contra este heredero ausente se habían instado dos acciones de división de herencia que fueron desestimadas por falta de emplazamiento. La primera fue pre-sentada por el peticionario y otro integrante de la comunidad hereditaria el 12 de febrero de 2009, con el propósito de “poder llevar a cabo el trámite para obtener los permisos que permitiera otorgar escrituras Relación de los procedimientos, determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y sentencia, Apéndice, pág. 44. La segunda acción de división de herencia se presentó el 4 de marzo de 2011 y fue desestimada el 19 de septiembre de 2011. Según lo reconoció el Tribunal de Primera Instancia, esta segunda demanda de división de comunidad se presentó luego del inicio del pleito ante nuestra consideración.

       Nótese que los peticionaros presentaron una demanda de retracto de here-deros al amparo del Artículo 1020 del Código Civil, 31 LPRA see. 2886. En la alter-nativa, los peticionarios plantearon que se les permitiera ejercer el derecho de re-tracto de comuneros dispuesto en el Artículo 1412 de este Código, 31 LPRA see. 3922. El Tribunal de Primera Instancia, al desestimar la acción, recurrió a la figura de retracto de comuneros. Dado que tal determinación no se cuestionó ante el foro ape-lativo intermedio ni ante este Foro, entendemos que no nos compete, en este caso en particular, dirimir su corrección.

       El Tribunal de Primera Instancia fundamentó su dictamen en lo decidido por este Tribunal en Quiñones Quiñones v. Quiñones Irizarry, 91 DPR 225 (1964). Sin embargo, el foro primario pasó por alto el hecho de que, en ese caso, sí se otorgó una escritura de división de la comunidad, por lo que era plausible liquidar la participa-ción de uno de sus integrantes con una porción de terreno sobre la cual se realizó, mediante un contrato privado, una “división material”.

       El Tribunal de Apelaciones subrayó que no contó con la transcripción de la prueba, por lo que no podía considerar la apreciación de ésta realizada por el foro primario. Cabe señalar, sin embargo, que la controversia en este caso versa estricta-mente sobre un asunto de Derecho, por lo que no era necesaria la presentación de una transcripción de la prueba.

       Si bien lo resuelto en Kogan v. Registrador, 126 DPR 636 (1990), y en Vega Montoya v. Registrador, 179 DPR 80 (2010), puede incidir sobre este caso, precisa aclarar que los foros recurridos decidieron que la partición convencional podía darse en virtud de una división material de una finca inmueble, Para llegar a esa conclu-sión, estimaron que el consentimiento de uno de los herederos para adjudicar las parcelas contenidas en tal finca, se extendía a acuerdos posteriores de los que éste no fue partícipe.
      Ante esta sutileza conceptual, consideramos que las controversias relacionadas con la inscripción de un inmueble que forma parte de una comunidad hereditaria que aún no ha sido adjudicada, son distintas a la que presenta este caso. Ello, porque aquí se determinó que la posesión física de una parcela por parte de un comunero heredi-tario convertía a este último en un extraño a la comunidad, impedido de ejercer el derecho de retracto. Para concluir así equipararon la división material de una finca que es parte de una comunidad ordinaria, con la partición convencional que ha de realizarse para extinguir una comunidad hereditaria. Estimamos que ese razona-miento desacertado, adoptado por ambos foros recurridos, ameritaba una opinión de este Foro.

       Como norma general, la validez del acuerdo de partición no está condicio-nada a que éste asuma determinada forma. No obstante, cuando la operación parti-cional implica la adjudicación de derechos reales sobre un bien inmueble, es impe-rativo que el acuerdo se haga constar en escritura pública. Véase Art. 1232 del Código Civil, 31 LPRA see. 3453.

       Véase, además, R.M. Roca Sastre, L. Roca-Sastre Muncunill y J. Berná i Xirgo, Derecho hipotecario, Barcelona, Ed. Bosch, 2009, T. VI, pág. 496 (“El principio de unanimidad en la partición por los herederos es básico en nuestro sistema positivo. En cuanto falte voluntad de uno solo de ellos [...] deberá acudirse a la partición judicial

       Como mencionamos, en este caso tampoco se cumplió con el requisito dis-puesto en al Artículo 1232 del Código Civil de elevar el acuerdo a escritura pública. Asimismo, tampoco se han obtenido los permisos para la segregación de los terrenos de las agencias gubernamentales pertinentes.


text:
      In re Osvaldo Ortiz Medina.

      Número: AB-2002-0232

      Resuelto: 27 de enero de 2017

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, en in-forme; Osvaldo Ortiz Medina, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinado el Informe de la Procuradora General y la Contestación al Informe del Procurador, se instruye al Pro-curador General a que presente la querella correspondiente.

Se ordena, como medida cautelar, la suspensión inme-diata del Ledo. Osvaldo Ortiz Medina del ejercicio de la notaría. El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notariales del licenciado Ortiz Medina y los entre-gará al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el examen e informe correspondientes a este Tribunal.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo,

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


text:
      In re Rogelio Canales Pacheco.

      Número: AB-2014-0407

      Resuelto: 27 de enero de 2017

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Yaiza-marie Lugo Fontánez, procuradora general auxiliar; Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Rogelio Canales Pacheco, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinados el Informe presentado por el Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, el Escrito de Reacción a Informe de ODIN pre-sentado por el Ledo. Rogelio Canales Pacheco y el Informe de la Procuradora General, y al no haber cumplido el licen-ciado Canales Pacheco con nuestra Resolución de 5 de fe-brero de 2016, se ordena a la Procuradora General que pre-sente la correspondiente querella.

Se suspende preventivamente al licenciado Canales Pacheco del ejercicio de la notaría hasta que este Tribunal tome una determinación final sobre este asunto. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Edwin Montañez Melecio.

      Número: TS-11,288

      Resuelto: 31 de enero de 2017

      Geisa M. Marrero Martínez, ex directora ejecutiva del Pro-grama de Educación Jurídica Continua, en informe; Manuel E. Avila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en moción informativa; Edwin Montañez Melecio, pro se.

   per curiam:

Por los fundamentos que relatamos a conti-nuación, hoy suspendemos al Ledo. Edwin Montañez Mele-ció (licenciado Montañez) de manera inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y de la práctica de la notaría.

I

Trasfondo procesal

El licenciado Montañez juramentó al ejercicio de la abo-gacía el 11 de agosto de 1995 y a la práctica de la notaría el 30 de enero de 1996. El 1 de octubre de 2015, la entonces Directora del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) nos sometió un Informe sobre Incumplimiento con Requisito de Educación Jurídica Continua. En síntesis, in-dicó que, a pesar de las múltiples notificaciones cursadas, las oportunidades brindadas para completar los cursos de educación continua requeridos y las debidas advertencias sobre las consecuencias de su inobservancia, el letrado no acudió a la vista informal programada ante la Directora del PEJC e incumplió con todos los requisitos de educación continua correspondientes a los periodos comprendidos en-tre septiembre de 2007 y agosto de 2013. Tampoco pagó la cuota por cumplimiento tardío. Según el informe, du-rante el curso del trámite administrativo, el licenciado Montañez se limitó a enviar un correo electrónico infor-mando que se había visto forzado a cerrar su oficina debido a la situación económica por la que atravesaba.

En atención a lo anterior, mediante Resolución de 13 de octubre de 2015, le concedimos al licenciado Montañez un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía de ser suspendido del ejercicio de la abogacía por incumplir con los requisitos reglamentarios de educación jurídica continua y por no comparecer a la vista ante el PEJC según se le requirió. Nuestra Resolución se envió a su dirección postal en Bayamón, Puerto Rico, según cons-taba en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA) para esa fecha, y no fue devuelta. El letrado no respondió a nuestro requerimiento.

Por otra parte, el 1 de marzo de 2016, el Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de No-tarías (ODIN), sometió un Informe Especial, en el cual de-talló la demora sistemática desplegada por el letrado en la presentación de sus índices de Actividad Notarial Mensual, así como sus Informes Estadísticos de Actividad Anual. Indicó que, a pesar de habérsele advertido que cualquier retraso subsiguiente en remitir los informes requeridos por la Ley Notarial de Puerto Rico y su Reglamento provocaría que se refiriera el asunto automáticamente a este Foro, el licenciado Montañez hizo caso omiso a lo señalado.

Igualmente, se nos informó el incumplimiento del licen-ciado Montañez con los requerimientos de la ODIN: (1) que remitiese prueba acreditativa del pago de la fianza notarial para los periodos de 2011 a 2015; (2) que certificase que la presentación tardía de los índices e informes antes mencio-nados no provocaron alguna reclamación por parte de terce-ras personas ni causaron daños a tercero, y (3) que infor-mase si interesaba continuar ejerciendo la profesión de la notaría.

En vista de lo anterior, el 21 de marzo de 2016 concedi-mos al letrado un plazo de diez días para que expusiera las razones por las cuales no debía ser suspendido del ejercicio de la notaría a base de los señalamientos consignados por el Director de la ODIN. Igualmente, se le ordenó que mostrara causa por la cual no debía imponérsele una sanción econó-mica de $500 al amparo del Art. 62 de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), 4 LPRA see. 2102. Como medida preventiva, se ordenó la incautación del sello y de la obra notarial del licenciado Montañez.

Debido a que el licenciado Montañez no respondió a nuestra Resolución de 13 de octubre de 2015 relativa al PEJC, se le ordenó que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía por desatender nuestras órdenes.

Luego de expirado el término concedido de diez días, el 19 de abril de 2016, el licenciado Montañez compareció ante nos. Indicó que no había recibido la Resolución del 13 de octubre de 2015 y que, por lo tanto, no había podido reaccionar a ésta. Señaló, sin embargo, que estaba dis-puesto a responder si se le hacía llegar una copia. Además, explicó que hacía alrededor de veinte años que se había mudado de Bayamón y que al presente residía en Gurabo. También indicó que había anunciado los cambios de direc-ción al Colegio de Abogados de Puerto Rico y a la ODIN. Por último, aseveró que el 2 de febrero de 2016 había no-tificado a la ODIN, mediante un correo electrónico, que tenía al día el pago de la fianza notarial y había cumplido con el envío de los índices e informes notariales adeudados.

El 21 de abril de 2016 nuevamente emitimos una Reso-lución en la que señalamos que la dirección oficial del li-cenciado Montañez, según constaba en el RUA, era un apartado postal en Bayamón. Le recordamos al letrado que, conforme a la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRAAp. XXI-B, le corresponde a cada abogado mantener actualizados sus datos personales en dicho Registro. Indicamos que, según las constancias del RUA, habíamos notificado la Resolución de 13 de octubre de 2015 a su dirección oficial y que ésta no había sido devuelta. Igualmente, le informamos que, de necesitar una copia de dicha Resolución, debía procurarla directamente en la Se-cretaría del Tribunal y cancelar el arancel correspondiente. Por último, le concedimos un término final e improrrogable de cinco días para actualizar, de ser necesario, sus datos personales en el RUA y cumplir con nuestra Resolución de 21 de marzo de 2016.

Expirado el término de cinco días concedido, el 5 de mayo de 2016, el licenciado Montañez compareció nueva-mente ante nos y explicó que durante los últimos diez años ha atravesado una situación económica sumamente difícil. A causa de ello, incumplió con múltiples responsabilidades económicas, lo que le llevó, inclusive, a entregar su vehí-culo de motor y residencia, cambiar a sus hijos de escuela y cerrar su despacho legal. Trató infructuosamente de gene-rar ingresos por otros medios, por lo cual le tomó mucho tiempo conseguir el dinero para finalmente pagar las fian-zas notariales que tenía al descubierto. Indicó que este panorama financiero trajo como consecuencia el haber descui-dado su práctica legal. Sin embargo, certificó que ningún tercero se vio afectado por esto. Reconoció haber dejado al descubierto la fianza notarial, así como el retraso en el envío de los índices notariales e informes anuales, pero solicitó una oportunidad para retomar el ejercicio de la práctica legal y notarial. Por último, indicó que, en esa fecha, había actualizado su información en el RUA.

r*H I — I

Derecho aplicable

A. Programa de Educación Jurídica Continua

El Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX (Código de Ética), reconoce que, para poder brindar una adecuada representación legal a sus clientes, los abogados deben mantenerse capacitados mediante cursos y talleres de mejoramiento profesional. Con el fin de cumplir con este objetivo, aprobamos el Reglamento de Educación Jurídica Continua de 1998 (4 LPRA Ap. XII-D), el cual inicialmente requería a los abogados que tomaran al menos veinticuatro horas créditos en cursos de educa-ción jurídica continua cada dos años. Posteriormente, se extendió el término de cumplimiento a tres años. Véase In re Enmdas. R. Educ. Jur. Cont., 193 DPR 233 (2015). Así pues, el incumplimiento con los requisitos de educación continua, según fijado en la reglamentación del PEJC, im-plica una contravención al Canon 2 del Código de Ética, supra. In re Sepúlveda Padilla, 195 DPR 606 (2016).

Además, se pautó para el pago de una cuota de $50 por cumplimiento tardío. Véase la Regla 30 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua de 2005 (4 LPRA Ap. XVII-E), según enmendado.

Cuando los abogados no cumplan con las exigen-cias reglamentarias, el Director del PEJC los citará a una vista informal con el propósito de brindarles una oportuni-dad para ofrecer sus razones para ello. Véase la Regla 31 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua de 2005 (4 LPRAAp. XVII-E), según enmendado. En caso de incomparecencia, la Junta de Educación Jurídica Continua remitirá el asunto a este Foro. Véase la Regla 32 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua de 2005 (4 LPRA Ap. XVII-E), según enmendado.

En ocasiones anteriores hemos suspendido indefinida-mente del ejercicio de la profesión a abogados por haber desatendido los requerimientos del PEJC y apartarse de las exigencias concernientes a la educación jurídica continua. In re Marrero Irizarry et al., 195 DPR Ap. (2016); In re González Borgos, 192 DPR 926 (2015); In re Martínez Rodríguez, 192 DPR 539 (2015).

B. Ley Notarial de Puerto Rico y su reglamento

La naturaleza particular del ejercicio de la nota-ría exige que los notarios sean meticulosos en el desem-peño de todas sus funciones y observen rigurosamente las disposiciones de la ley y del reglamento notariales de Puerto Rico, así como del Código de Ética, In re Zequeira Brinsfield, 195 DPR 663 (2016); In re Salas González, 193 DPR 387 (2015); In re Santiago Ortiz, 191 DPR 950 (2014).

El Art, 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), 4 LPRA see, 2023, y la Regla 12 del Regla-mento Notarial de Puerto Rico (Reglamento Notarial), 4 LPRA Ap. XXIV, exigen a los notarios que remitan men-sualmente a la ODIN los índices de sus actividades nota-riales no más tarde del décimo día calendario del mes si-guiente al mes informado. Asimismo, el Art, 13-A de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2031a, y la Regla 13 del Reglamento Notarial, 4 LPRAAp, XXIV, disponen que todo notario de-berá remitir a la ODIN los informes estadísticos anuales de su actividad notarial no más tarde del último día de febrero del año siguiente al que se informa.

Por otra parte, los notarios están obligados a pres-tar una fianza no menor de $15,000 como requisito para ejercer la notaría en nuestra jurisdicción. Art. 7 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2011. Esta fianza debe renovarse anualmente. íd.

Anteriormente, hemos advertido que el incumpli-miento con las disposiciones de la Ley Notarial o de su reglamento expone al notario a sanciones disciplinarias graves por las implicaciones que su inobservancia tiene so-bre la fe pública notarial. In re Cabrera Acosta, 193 DPR 461 (2015); In re Salas González, supra; In re Santiago Ortiz, supra.

C. Canon 9 de Ética Profesional

Conforme al Canon 9 del Código de Ética, 4 LPRA Ap. IX, compete a los abogados, como funcionarios del tribunal, el deber de “respetar, acatar y responder oportuna y diligentemente” las órdenes judiciales. In re Sepúlveda Padilla, supra, pág. 613. Véase, también, In re González Bor-gos, supra. Ignorar nuestras órdenes denota menosprecio a nuestra autoridad e infringe esta disposición ética. In re Marrero Irizarry, supra; In re Sepúlveda Padilla, supra; In re González Borgos, supra.

Un abogado que incumple con nuestras órdenes y no justifica su proceder está sujeto a ser sancionado con su suspensión indefinida al ejercicio de la abogacía. In re Marrero Irizarry, supra; In re González Borgos, supra.

Las obligaciones impuestas por el Canon 9, supra, se extienden a los requerimientos de aquellas entida-des a las cuales se les han delegado funciones que inciden en la fiscalización de la profesión legal. Esto incluye la Ofi-cina de la Procuradora General, la ODIN y la Junta del PEJC. In re Sepúlveda Padilla, supra.

Consecuentemente, la indiferencia a los avisos de cual-quiera de estas dependencias se equipara a una afrenta a las órdenes del propio tribunal e igualmente supone la sus-pensión inmediata e indefinida de la profesión legal. In re Sepúlveda Padilla, supra. Así pues, ignorar los requeri-mientos de la ODIN y las órdenes de este Tribunal, además del reiterado incumplimiento con la ley y el reglamento notariales, representa una infracción al referido Canon 9. In re Zequeira Brinsfield, supra.

El hecho de que responda eventualmente a los requeri-mientos de la ODIN no subsana sus múltiples desatencio-nes previas. Un patrón de desidia es incompatible con la conducta que demanda el Canon 9 del Código de Ética. In re Colón Collazo, 196 DPR 239 (2016).

D. Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo

Por último, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, impone a los abogados la obligación de mantener sus datos actualizados en el RUA, especialmente la dirección a donde deben dirigirse las notificaciones. Ignorar esta obligación interfiere con el trá-mite disciplinario y es causa suficiente para ordenar la sus-pensión inmediata e indefinida de la abogacía. In re Marrero Irizarry, supra; In re Gonzalez Borgos, supra.

I — I Í HH

Discusión

Analizamos la conducta del licenciado Montañez a la luz de la normativa antes descrita.

Primeramente, éste desatendió las comunicaciones en-viadas por la oficina del PJEC, no asistió a la vista informal pautada ni pagó la cuota por incumplimiento tardío. Asi-mismo, todas las horas crédito adeudadas desde el 2007 quedaron al descubierto. Tampoco respondió a nuestras ór-denes que le brindaban una oportunidad para ofrecer sus explicaciones sobre los señalamientos antes indicados. Por lo tanto, su comportamiento fue contrario a los Cánones 2 y 9 del Código de Etica, supra, así como a las exigencias del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua.

En lo concerniente a sus responsabilidades como nota-rio, resulta indiscutible el retraso persistente en remitir sus Indices de Actividad Notarial Mensual, así como sus Informes Estadísticos de Actividad Anual. Ello a pesar de las advertencias de la ODIN sobre las consecuencias disci-plinarias que enfrentaría si continuaba con ese patrón de conducta. Igualmente, el licenciado Montañez faltó a su obligación de mantener una fianza al día entre los años 2011 y 2015. Tampoco acató los requerimientos de la ODIN. Las violaciones a la ley y al reglamento notariales antes reseñadas ameritan sanciones severas, además de haber infringido el Canon 9 del Código de Ética al desaten-der las indicaciones de la ODIN.

Por último, el letrado no solo ignoró nuestras órdenes contraviniendo así el Canon 9, supra, sino que falló al no actualizar oportunamente su dirección en el RUA según prescrito en la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, supra. No fue hasta mayo del 2016 que éste finalmente no-tificó el cambio de dirección, a pesar de que reconoció ha-berse mudado de Bayamón hacía dos décadas. El hecho de haberle provisto esta información a la ODIN y al Colegio de Abogados de Puerto Rico no le excusa de su obligación para con este Poro. Su incumplimiento sobre este particular obs-taculizó la notificación de nuestras Resoluciones, impidió que respondiera a cabalidad nuestros requerimientos y, como resultado, interfirió innecesariamente con el proceso disciplinario.

iy

Conclusión

Ante los múltiples y repetidos incumplimientos a los postulados del PEJC, a la Ley Notarial y al Reglamento Notarial, al Código de Ética y al Reglamento de este Tribunal, nos vemos obligados a separar al Ledo. Edwin Mon-tañez Melecio inmediata e indefinidamente de la práctica de la abogacía y la notaría. No somos indiferentes a las vicisitudes económicas por las que presuntamente ha atra-vesado el licenciado Montañez. Sin embargo, para poder realizar las funciones de alto interés público que represen-tan el ejercicio de la abogacía y la notaría en nuestra so-ciedad, es indispensable cumplir oportunamente y a caba-lidad con los preceptos que rigen la profesión legal y la práctica de la notaría.

Se ordena al señor Montañez que notifique a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándo-los y que les devuelva cualesquiera honorarios recibidos por servicios profesionales no realizados. De igual forma, deberá informar inmediatamente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún trámite pendiente. Deberá acreditar y certi-ficar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior den-tro del término de treinta días, contados a partir de la noti-ficación de la presente Opinión “per curiam” y Sentencia.

Además, se le ordena al Director de la ODIN que nos presente un informe respecto al estado de la obra notarial del señor Montañez. Notifíquese esta Opinión “per curiam” y Sentencia al señor Montañez a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       Los periodos se desglosan de la forma siguiente: 1 de septiembre de 2007 a 31 de agosto de 2009,1 de septiembre de 2009 a 31 de agosto de 2011 y 1 de septiembre de 2011 a 31 de agosto de 2013.

       A la fecha del informe, el abogado adeudaba los índices de Actividad Notarial Mensual correspondientes a los meses de abril a diciembre de 2015 y enero de 2016, así como el Informe Estadístico de Actividad Notarial Anual correspondiente al año natural 2015, el cual venció el 29 de febrero de 2016. El 21 de diciembre de 2016, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) presentó una Moción Infor-mativa, en la cual reiteró que el Ledo. Edwin Montañez Melecio aún no está al día con la obligación de presentar los índices de Actividad Notarial Mensual y el Informe Estadístico de Actividad Notarial Anual de 2015.

       Mediante Resoluciones de 29 de septiembre de 2010 y de 3 de abril de 2012, respectivamente, ordenamos el archivo de dos querellas presentadas contra el licen-ciado Montañez por haber incumplido con el pago de la prima de la fianza notarial. En dichas ocasiones se le apercibió de la necesidad de observar estrictamente las disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico.

       Esta Resolución se notificó personalmente al abogado el 5 de abril de 2016.

       Se adelantó una copia de la Resolución de 21 de abril de 2016 por correo electrónico. También se notificó por correo a la dirección que constaba para esa fecha en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA), pero ésta fue devuelta por el servicio postal.

       El licenciado Montañez únicamente respondió a la Resolución de 21 de marzo de 2016, la cual se notificó personalmente, y la Resolución del 21 de abril de 2016, que se envió, además, por correo electrónico. En su respuesta de 19 de abril de 2016 indicó no haber recibido la Resolución inicial de 13 de octubre de 2015 sobre los asuntos concernientes al Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). Sin embargo, no hizo gestión alguna para procurarla directamente de la Secretaría de este Foro. Igualmente, al presente no se ha puesto al día con el PEJC.


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      In re Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal.

      Número: EC-2017-01

      Resuelto: 2 de febrero de 2017
   RESOLUCIÓN

El 8 de septiembre de 2005 este Tribunal emitió la Re-solución EC-2005-2, mediante la cual se reactivó el Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal (Comité Asesor), constituido y adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial (Secretariado) en virtud de la Resolución emitida el 30 de junio de 1987. Véanse: In re Comité Asesor II, 165 DPR 537 (2005); In re Conferencia Judicial, 119 DPR 449 (1987). En aquel entonces se delegó al Comité Asesor la encomienda de evaluar las Reglas de Procedimiento Criminal a la luz de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA see. 24 et seq.). Se le instruyó, además, a desarrollar un proyecto moderno de Reglas de Procedimiento Criminal dirigido principalmente a agilizar los procedimientos judiciales. In re Comité Asesor II, supra.

El primer proyecto de Reglas que presentó el Comité Ase-sor fue objeto de discusión y análisis en la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Conferencia Judicial de Puerto Rico (Conferencia Judicial), coordinada con la colaboración del Secretariado y celebrada los días 14 y 15 de febrero de 2008. In re Conferencia Judicial II, 173 DPR 60 (2008).

Con el beneficio de los comentarios del funcionariado de la Rama Judicial, el Departamento de Justicia, la Sociedad para la Asistencia Legal y otras partes interesadas, el Co-mité Asesor presentó su Informe de Reglas de Procedi-miento Penal en diciembre de 2008 (Informe de Reglas).

Las múltiples enmiendas incorporadas a las Reglas de Procedimiento Criminal, así como el desarrollo jurispru-dencial en torno a dichos preceptos, hacen indispensable una revisión actualizada del Informe de Reglas. Con el pro-pósito de realizar esta labor y presentar un proyecto de reglas para la consideración de este Tribunal, en virtud de esta resolución se reconstituye el Comité Asesor, el cual se compondrá de las personas siguientes:

1. Leda. Jocelyn López Vilanova, presidenta
2. Hon. Ana Paulina Cruz Vélez
3. Hon. Gustavo A. Gelpí
4. Ledo. Ernesto L. Chiesa Aponte
5. Ledo. Harry N. Padilla Martínez
6. Ledo. Luis Rivera Román
7. Ledo. Carlos Cabán García
8. Ledo. Luis Santiago González
9. La Fiscal General del Departamento de Justicia o la persona quien esta designe como su representante
10. El Director Ejecutivo de la Sociedad para Asistencia Legal o la persona quien este designe como su representante

El proyecto de Reglas actualizado propenderá a agilizar los procedimientos judiciales. Deberá, además, considerar la normativa jurisprudencial aplicable al ejercicio de los derechos constitucionales que albergan a las personas su-jetas a responder por la comisión de un delito. El Comité Asesor contará con el apoyo jurídico y técnico del Secreta-riado para cumplir con esta encomienda en un plazo no mayor de un año. Se faculta al Comité Asesor a crear sub-comités de trabajo para garantizar que la tarea de comple-tar un proyecto de reglas se culmine en dicho término.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo