text:
    No. 121.
    Ex parte José C. Rodríguez Cebollero, Notario Público.
   Aviso de la National Surety Company para que se dé por terminada la fianza notarial No. 433 otorgada por dicha compañía en marzo . 23, 1910. Resuelto en julio 11, 1913, por resolución del Sr. Presidente sin la intervención de los demás jueces, de acuerdo con la ley. Se da por termi-nada dicha fianza para tener efecto en septiembre 9, 1913.


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license: Public Domain

text:
    No. 927.
    De Jesús, Demandante y Apelada, v. Sucesión Pérez Villamil, Demandada y Apelante.
    Abogado de la apelada: Sr. José G. Torres. Abogados de la apelante: Sres. Bosch y Soto.

   Apelación proce-dentedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia. Moción para que se apruebe la fianza de apelación a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Resuelto en agosto 12, 1913, por medio de opinión emitida por el Juez Asociado de turno Sr. del Toro. Denegada la aprobación de la fianza.


text:
    No. 878.
    Pérez Villamil et al., Demandantes y Apelados, v. Romano et al., Demandados y Apelantes.
    Abogados de los apelados: Sres. José de Guzmán Benitez, José Martínez Dávila y Francisco de la Torre. Abogados de los apelantes: 8res. Bosch y Soto.

   Apelación pro-dente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia. Mo-ción para que se apruebe la fianza de apelación a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Resuelto én agosto 12, 1913, por medio de opinión emitida por el Juez Asociado de turno Sr. del Toro. Denegada la aprobación de la fianza.


text:
    No. 263.
    Ex parte Antonio J. Amadeo, Notario Público.
   Aviso de la National Surety Company para que se dé por terminada la fianza notarial No. 459, otorgada por dicha com-pañía en abril 11, 1910. Resuelto en agosto 21, 1913, por medio de resolución del .Sr. Presidente sin la intervención de los demás jueces, de acuerdu con la ley. Se da por termi-nada dicha fianza para tener, efecto en octubre 21, 1913.


text:
    No. 79.
    Ex parte Enriqueta Alquier Vda. de Camuñas, Peticionaria.
    La peticionaria compareció en nombre propio.
   Solicitud para que se cancele una fianza notarial hipotecaria otorgada por el abogado Frederick Cornwell en marzo 20, 1901. Resuelto en agosto 22, 1913, por medio de resolución del Sr. Presidente sin la intervención de los demás jueces, de acuerdo con la ley. Denegada la cancelación de dicha fianza.


text:
    No. 16.
    Ex parte Clementina Lugo, Peticionaria.
   Petición para que se cancele la fianza notarial hipotecaria otor-gada por la peticionaria. Resuelto en agosto 27, 1913, por medio de resolución del Sr. Presidente sin la intervención de los demás jueces, de acuerdo con la ley. Denegada la cance-lación de dicha fianza.


text:
    No. 61.
    Ex parte Sucesión Amill, Peticionaria.
    La parte peticionaria com-pareció en nombre propio.
   Petición para que se 'cancele la fianza notarial hipotecaria otorgada por Antonio Amill Oramas en marzo 15, 1902. Resuelto en septiembre 4, 1913, por medio de resolución del Sr. Presi-dente sin la intervención de los demás jueces, de acuerdo con la ley. Denegada la cancelación.


text:
    No. 47.
    No. 48.
    Ex parte Benito Zalduondo, Peticionario. Ex parte Reinaldo Paniagua, Peticionario.
    Abogados de los peticionarios: Sres. Alvares Nava y Domínguez y Jacinto Texidor. Abo-gado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   Solicitudes de habeas corpus presentadas al Juez Asociado Sr. Aldrey. Resueltas en septiembre 6, 1913, por medio de .Opinión emitida por el Juez Asociado de turno Sr. Aldrey. Se decreta la excarcelación de los peticionarios por falta de jurisdicción en el juez de paz para conocer del delito impu-tado a los peticionarios.


text:
    No. 189.
    Ex parte Miguel Guerra, Notario Público.
   Aviso de la National Surety Company para que se dé por terminada la fianza notarial No. 465 otorgada por dicha com-pañía en abril 24, 1910. Resuelto en septiembre 16, 1913, por medio de resolución del Sr. Presidente sin la interven: ción de los demás jueces, de acuerdo con la ley. Se da por terminada dicha fianza para teher efecto en noviembre 15, 1913.


text:
    No. 289.
    Ex parte Juan López de Goenaga, Notario Público.
   Aviso de la National Surety Company para que se dé por terminada la fianza notarial No. 415 otorgada por dicha compañía en marzo 16, 1910. Resuelto en septiembre 17, 1913, por resolución del Sr. Presidente sin intervención de los demás jueces, de acuerdo con la ley. Se da por ter-minada dicha fianza para tener efecto en noviembre 16, 1913.


text:
    No. 292.
    Ex parte Francisco Jiménez, Notario Público.
   Aviso de la National Surety Company para que se dé por terminada la fianza No. 436 otorgada por dicha compañía en marzo 24, 1910. Resuelto en septiembre 17, 1913, por reso-lución del Sr. Presidente sin intervención de los demás jueces, de acuerdo con la ley, para tener efecto en noviembre 16,1913.


text:
    No. 40.
    Ex parte Pedro de Aldrey, Peticionario.
    Abogado del peticionario: Sr. Antonio de Aldrey.

   Peti-ción para que se cancele la fianza notarial personal otorgada por José Toro Ríos y Luis Celis Alquier en marzo 21, 1902. Resuelto en septiembre 29, 1913, por resolución del Sr. Presi-dente sin intervención de los demás jueces, de acuerdo con la ley. Cancelada dicha fianza.


text:
    No. 363.
    Ex parte Pedro Santana, Notario Público.
   Aviso de la National Surety Company para que se dé por ter-minada la fianza notarial No. 2334 otorgada por dicha compa-ñía en mayo 26, 1913. Resuelto en octubre 3, 1913, por reso-lución del Sr. Presidente sin intervención de los demás jueces, de acuerdo con la ley. Se" da por terminada dicha fianza para tener efecto en diciembre 2, 1913.


text:
    No. 1031.
    Guánica Centrale, Demandante y Apelada, v. Rivera et al., Demandados y Apelante el Primero.
    Resuelto en octubre 6, 1913.
    Abogado del apelado: Sr. Benito Forés. La parte apelante no compareció.
   Apela • ción procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez. Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por in-cumplimiento de los artículos 296 y 299 del Código de Enjui-ciamiento Civil • enmendado este último por ley No. 70 de marzo 9, 1911.


text:
    No. 1032.
    Nony, Demandante y Apelada, v. Nony, Demandado y Apelante.
    Resuelto en octubre 6, 1913.
    Abogado de la apelada: Sr. Joseph, Anderson, Jr. Abogado del apelante: Sr. J. de Jesús Tizol.

   Apelación procedente de la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección Ia. Moción de la parte apelada para que. se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por incumplimiento del artí-culo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por la ley No. 70 de marzo 9, 1911.


text:
    No. 1033.
    Pizá, Demandante y Apelante, v. El Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Resuelto en octubre 6, 1913.
    Abogados del apelante: Sres. Alvarez Nava y Dominguez. Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   Apelación proce-dente de la Corte de Distrito de .San Juan, Sección Ia. Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación y mo-ción de la parte apelante desistiendo de la apelación.

Se tiene por desistido al apelante de la apelación que ha interpuesto en este caso, siendo por tanto innecesario resolver la moción de la parte apelada.


text:
    No. 1034.
    Fernández et al., Demandantes y Apelados, v. Olivencia et al., Demandados y Apelante el Ultimo.
   Ape-laci-ón procedente de la .Corte de Distrito de Mayagüez. Mo - ción de la parte apelada para desestimar la apelación.

Resuelto en octubre 6, 1913.

Abo-gado dé los apelados: Sr. José 8abater. Abogado del ape-lante: Sr. Angel A. Vasques.

Desestimada la apelación por in cumplimiento del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por la ley No. 70 de marzo 9, 1911.


text:
    No. 1035.
    Torres, Demandante y Apelada, v. Pérez, Demandada y Apelante.
    Resuelto en octubre 6, 1913.
    Abogado de la apelada:_ Sr. Pedro Gomes Lasserre. La apelante no compareció.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo. Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.

Desesti-mada la apelación por incumplimiento de los preceptos del ar-tículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por la ley No. 70 de marzo 9, 1911.


text:
    No.-.
    Mas et al., Demandantes y Apelantes, v. Borinquen Sugar Co., Demandada y Apelada.
    Resuelto en octubre 6, 1913.
    Abogado de los apelantes: Sres. Aponte y Aponte. Abogados de la apelada: Sres. Alvares Nava y Domínguez.

   Apelación pro • cedente de la Corte de Distrito de Humacao. Moción de lu parte apelante desistiendo de la apelación.

Denegada la moción por no constar en forma alguna la fecha de la sentencia apelada ni de la interposi-ción del recurso.


text:
    No. 615.
    El Pueblo, Apelado, v. González, Apelante.
    Resuelto en octubre 10, 1913.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal. Abogado del ape-lante: Sr. Pedro Manzano Aviñó.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla. Moción del Fiscal para que se eliminen ciertos documentos.

Con lugar la moción.


text:
    No. 619.
    El Pueblo, Apelado, v. Rivera Apelante.
    Resuelto en octubre 10, 1913.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal. El ape lante no compareció.
   Ape-lación procedente de la Corte de Distrito de Guayama.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1036.
    The Fajardo Sugar Co., Demandante y Apelante, v. Santiago et al., Demandados y Apelados.
    Resuelto en octubre 10, 1913.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Muñoz Morales. Abogados de los apelados-: Sres. José E. Benedicto y Celestino Triarte, Jr.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección. Ia. Moción de la parte apelada para que se desestime la ape-lación.

Desestimada la apela-ción por no haberse radicado la transcripción del récord den-tro de los 30.días que marca la ley, no siendo suficiente la excusa alegada de bailarse pendiente una apelación contra la negativa del juez de la corte inferior a admitir la exposi-ción del caso.


text:
    No. 1027.
    Sucesión Texera, Demandante y Apelante v. Aguayo, Demandado y Apelado.
    Resuelto en octubre 15, 1913.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael Pa-lacios Rodriguez. Abogado del apelado: -Sr. José A. Poven-tud.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce. Moción de la parte apelante desistiendo de la apelación.

Con lugar la moción.


text:
    No. 618.
    No. 632.
    No. 633.
    No. 630.
    El Pueblo v. González. El Pueblo v. Arrufat et al. El Pueblo v. Nazario. El Pueblo v. Verdejo.
   Apelaciones procedentes de las Cortes de Distrito de Ma-yagüez, San Juan, Sección 2\, Ponce y San Juan, Sección 2°., respectivamente.

Resueltas en octubre 16, 1913.

Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal. Los apelantes no comparecieron.

Confirma-das las sentencias apeladas.


text:
    No. 622.
    El Pueblo, Apelado, v. Díaz, Apelante.
    Resuelto en octubre 17, 1913.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Fooie, Fiscal. El ape-lante no compareció.
   Apela-ción procedente de la Corte de Distrito de Humacao.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    No. 1039.
    Geigel, Demandante y Apelante, v. Sucesión Juarbe, Demandada y Apelada.
    Resuelto en octubre 20, 1913.
    'Abogado de la apelada: Sr. Juan B. Soto. El apelante no compareció.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla. Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por no haberse radicado la transcripción de autos.


text:
    No. 1040.
    Cautiño et al., Demandantes y Apelados, v. Muñoz Vázquez et al., Demandados y Apelantes.
    Resuelto en octubre 22, 1913.
    Abogado de los apelantes: Sr. José C. Ramos. La parte apelada no com-pareció.
   Apela-ción procedente de la Corte de Distrito de Guayama. Moción de la parte apelante desistiendo de la apelación.

Con lugar la moción.


text:
    No. 105.
    Oyanguren, Peticionaria, v. Córdova Dávila, Juez de Distrito, Demandado.
    Resuelto en octubre 24, 1913.
   Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.

De-sestimada la solicitud y anulado el mandamiento expedido por aparecer qne el demandante, en la corte inferior desistió de su acción.

Abogado del peticionario: Sr. Antonio Sar-miento. El demandado no compareció.


text:
    No. 183.
    Ex parte Fernando Vázquez, Peticionario.
    El peticionario compareció en nombre propio.
   Pe-tición para que se cancele la fianza notarial hipotecaria otor-gada por el peticionario en junio 14, 1909. Resuelto en no-viembre 4, 1913, por resolución del Sr. Presidente sin inter-vención de los demás jueces, de acuerdo con la ley. Decre-tada la cancelación de la fianza.


text:
    No. 18.
    Mollfulleda et al., Demandantes v. Rossy, Demandado.
    Resuelto en noviembre 5, 1913.
    El peticionario compareció en nombre propio. El demandado no compareció.
   Petición para que este tribunal apruebe la expo-sición del caso.

Denegada la petición por no reunir los requisitos que exigen el artí-culo 218 del Código de Enjuiciamiento Civil y la regia 64 de este tribunal.


text:
    No. 631.
    El Pueblo, Apelado, v. Dávila, Apelante.
    Resuelto en noviembre 6, 1913.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal. El apelante no compareció.
   Ape-lación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción 2a.

Confirmada la sen-tencia apelada.


text:
    No. 1047.
    Serra, Demandante y Apelada, v. Serra, Demandada y Apelante.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce. Moción de la parte apelante desistiendo de la apelación.

Resuelto en noviembre 7, 1913.

Abogado de la apelada: Sr.- José Tons Soto. Abo-gado de la apelante: Sr. Francisco Parra.

Con lugar la moción.


text:
    No. 636.
    El Pueblo, Apelado, v. Padilla, Apelante.
    Resuelto en noviembre 7, 1913.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal. El apelante no compareció.'
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.

Confirmada la sentencia ape-lada.


text:
    No. 638.
    El Pueblo, Apelado, v. Acevedo, Apelante.
    Resuelto en noviembre 7, 1913.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal. El apelante no compareció.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.

Confirmada la sentencia ape-lada.


text:
    No. 49.
    Ex parte Alfaro et al., Peticionarios.
    Abogado.de los peticionarios: Sr. Antonio Trujillo. Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   Solicitud de habeas corpus presentado al Juez Asociado Sr. del Toro. Resuelto en noviembre 11, 1913, por medio de opinión emi-tida‘por el Juez Asociado Sr. del Toro. Denegada la soli-citud.


text:
    No. 1051.
    The Central San Cristóbal, Inc., Demandante y Apelante v. Claudio, Demandado y Apelado.
    Resuelto en noviembre 12, 1913.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Iiumacao. Moción del apelado para que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por no ba-berse radicado la transcripción de antos.

Abogados del ape lado: Sr. Francisco González y Juan de Guzmán Benitez. El apelante no compareció.


text:
    No. 635.
    El Pueblo, Apelado, v. Bravo, Apelante.
    Resuelto en noviembre 12, 1913.
    Abogado' del Pueblo: Sr. -Charles E. Foote, Fiscal. El apelante no compareció.
   Ape-lación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.

Confirmada la sentencia ape-lada.


text:
    No. 109.
    Hernández, Peticionario v. Hutchison, Juez de Distrito, Demandado.
    Resuelto en noviembre 13, 1913.
    El peticionario compareció en nombre propio. El demandado no compareció.
   Solicitud para que se expida manda-miento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Maya-güez.

Denegada la expe-dición del mandamiento de certiorari por no aparecer que se baya infringido regla alguna de procedimiento por la corte inferior.


text:
    No. 641.
    No. 642.
    El Pueblo, Apelado, v. Díaz et al., Apelantes. El Pueblo, Apelado, v. Malabé, Apelante.
    Resueltas en noviembre 18, 1913.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles F. Foote, Fiscal. La parte apelante no compareció.
   Apelaciones- procedentes de la Corte de Distrito de Gua-yama.

Confirmadas las sentencias apeladas.


text:
    No. 1055.
    Robledo, Demandante y Apelado, v. Solá, Demandado y Apelante.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao. Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.

Resuelto en noviembre 18, 1913.

Abogado del apelado: Sr, Carlos Travecier. El apelante no compareció.

Desestimada la apelación por no haberse radicado la transcrip-ción de autos.


text:
    No. 1056.
    Dávila, Demandante y Apelante, v. Berríos, Demandado y Apelado.
    Resuelto en noviembre 18, 1913.
    Abogado del apelado: Sr. Francisco Gon-zález. La apelante no compareció.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao. Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por no haberse radicado la trans-cripción de autos.


text:
    No. 68.
    Ex parte Luis L. Yordán Dávila, Peticionario.
    Resuelto en noviembre 21, 1913.
    El peticionario compareció en nombre propio.
   Moción para sustituir un fiador de una fianza notarial personal.

Se da por terminada la fianza en cnanto al fiador sustituido para tener efecto en octubre 9, 1913, y se aprueba la nueva fianza notarial.


text:
    No. 84.
    Ex parte Carlos F. Chardón y León, Peticionario.
    Abogado del peticionario: Sr. Luis L. Yordán Dávila.

   Moción para sustituir un fiador de una fianza notarial personal. Se da por terminada la fianza en cuanto al fiador sustituido para tener efecto en octubre 9, 1913, y se aprueba la nueva fianza notarial.


text:
    Nos. 50 y 51.
    Ex parte Eusebio Sánchez e Inocencio Arduén, Peticionario.
   Solicitudes de habeas corpus presenta-das al Juez Asociado Sr. Aldrey. Acumuladas y resueltas en diciembre 1, 1913, por medio de opinión. Se declara qne existe cansa probable para qne los peticionarios queden bajo la custodia del alcaide de la cárcel de San Juan y se rebajan las fianzas a $1,000 y $4,000 respectivamente.

Abogados del Pueblo: Sres. Charles E. Foote, Fiscal de este tribunal y Litis Campillo y Jaime Cifre, Fiscales del Distrito de San Juan. Abogados de los peticionarios: Sres. Manuel F. Bossy y Rafael Guillermety.


text:
    No. 292.
    Ex parte Francisco Jiménez, Peticionario.
    Resuelto en diciembre 1, 1913.
    El peticionario compareció en nombre propio.
   So-licitud para qne se apruebe la fianza notarial No. 2632 otor-gada por la National Surety Company el 24 de noviembre de 1913 y vigente desde el 16 del mismo mes.

Aprobada dicha fianza.


text:
    No. 363.
    Ex parte Pedro Santana Navedo, Peticionario.
    Resuelto en diciembre 3, 1913.
    El peticionario compareció en nombre propio.
   Solicitud para qne se apruebe la fianza notarial No. 2645 otorgada por la National Surety Company en diciembre 1, 1913.

Aprobada dicha fianza


text:
    No. 140.
    Aboy, Giorgetti & Co., Ltd., Peticionarios., v. Cabán, Secretario de la Corte de Distrito de Aguadilla, Demandado.
    Resuelto en diciembre 8, 1913.
    Abogado de los peticionarios: Sr. Herminio Días Navarro.

   Solicitud de mandamus presentada al Juez Aso-ciado Sr. Aldrey. Moción de los peticionarios desistiendo de la solicitud.

Se tiene a los peticionarios por desistidos de sn solicitud.


text:
    No. 414.
    Ex parte Sergio León Lugo, Peticionario.
   So-licitud para qne se apruebe la fianza notarial No. 2025 otor-gada por Ir National Surety Company en diciembre 1, 1913.

Resuelto en diciembre 8, 1913.

El peticionario compareció en nombre propio.

Aprobada dicha fianza.


text:
    No. 649.
    No. 650.
    Ex parte Eusebio Sánchez. Ex parte Inocencio Arduén.
    Resueltas en diciembre 8, 1913.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal. Abogados de los peticionarios: Sres. Manuel F. Bossy y Rafael Guillermety.

   Apelaciones interpuestas por el Fiscal contra resolución del Juez Asociado Sr. Alclrey. Mociones del Fiscal desistiendo de dichas apelaciones.

Con-cedidas las mociones.


text:
    No. 413.
    Ex parte Alfonso Quintana Cajas, Peticionario.
    Resuelto en diciembre 9, 1913.
    El peticionario compareció en nombre propio.
   Solicitud para que se apruebe la fianza notarial otor-gada por la National Surety Company en diciembre 8, 1913.

Aprobada dicha fianza.'


text:
    No. 1042.
    Martínez et al., Demandantes y Apelados, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., Demandada y Apelante.
    Resuelto en diciembre 11, 1913.
    Abo-gado de los apelados: Sr. H. B. Francis. Abogado de la ape-lante : Sr. J. Henri Brown.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San 'Juan, Sección Ia. Moción de la parte apelada presentada en el acto de la vista para corregir la exposición del caso.

Denegada la moción.


text:
    No. 189.
    Ex parte Miguel Guerra, Peticionario.
   Solici-tud para que se apruebe la fianza notarial personal otorgada por Don Arturo y Don G-abriel Guerra por escritura No. 151 ele diciembre 10, 1913, ante el notario Francisco de la Torre.

Resuelto en diciembre 11, 1913.

El peticionario compareció en nombre propio.

Denegada la aprobación de dicha fianza por los motivos consignados en la resolución.


text:
    No. 645.
    El Pueblo, Apelado, v. Rodríguez, Apelante.
    Resuelto en diciembre 12, 1913.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. .Foote, Fiscal. El apelante no compareció. .
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Sección 2a.

Confirmada la sentencia apelada de mayo 28, 1913.


text:
    No. 1048.
    Blanco et al., Demandantes y Apelantes, v. Hernández et al., Demandados y Apelados.
    Resuelto en diciembre 16, 1913.
    Abogado de los apelantes: Sr. José Benet. El promovente compareció por escrito en nombre propio.
   Apelación pro-cedente de la Corte de Distrito de. Mayagüez. Moción para que se desestime la apelación por no haberse radicado el ale-gato de la parte apelante.

Denegada la moción por haber sido radicado dicho alegato antes de haber sido notificada la moción.


text:
    No. 1049.
    Blanco, Demandante y Apelante, v. Hernández et al., Demandados y Apelados.
    Resuelto en diciembre 16, 1913.
    Abogado de la apelante: Sr José Benet. El promovente compareció por escrito en nombre propio.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez. Moción del apelado Agustín Hernández Mena para que se desestime la apela-ción por no haberse radicado el alegato de la parte apelante.

Denegada la moción por los fundamentos consignados en la resolución.


text:
    No. 417.
    Ex parte Antonio Rodríguez, Peticionario
    Resuelto en diciembre 16, 1913.
    El peticio-nario compareció en nombre propio.
   Solicitud para que se apruebe la fianza notarial otorgada por la National Surety Company en diciembre 16, 1913.

Aprobada dicha fianza.


text:
    No. 420.
    Ex parte José D. Rodríguez, Peticionario.
    Resuelto en diciembre 22, 1913.
   So-licitud para que se apruebe la fianza notarial otorgada por la National Surety Company en diciembre 20, 1913.

Aprobada dicha fianza.


text:
    No. 422.
    Ex parte Rosendo Cordero Rodríguez, Peticionario.
    Resuelto en diciembre 23, 1913.
    El peticionario compareció en nombre propio.
   "Solicitud para que se apruebe la fianza notarial No. 2684 otorgada por la National Surety Company en diciem-bre 22, 1913.

Aprobada dicha fianza.


text:
    No. 189.
    Ex parte Miguel Guerra, Peticionario.
    Resuelto en diciembre 23, 1913.
    El peticionario compareció en nombre propio.
   Solici-tud para que se apruebe la fianza notarial personal otorgada por Don Arturo y Don Gabriel Guerra por escritura de. 15 de diciembre de 1913 ante el Notario Don Francisco de la Torre.

Aprobada dicha fianza.


text:
    No. 1086.
    Monge, Demandante y Apelado, v. Central Vannina, Demandada y Apelante.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia. Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación por no ha-berse presentado la exposición del caso ni pliego de excep-ciones.

Resuelto en diciembre 23, 1913.

Abogados del apelado: Sr. Hugh B. Francis. Abo-gados de la apelante: Sres.-Hartzel y Rodríguez Scr"~c.

Denegada la moción por no haber transcurrido el término de 30 días desde que la apelación fué interpuesta para radicar la transcripción de autos.


text:
    No. 1078.
    Sánchez, Demandante y Apelado, v. Silvestre et al., Demandados y Apelantes.
    Resuelto en diciembre 23, 1913.
    Abogado del' apelado. Sr. José G. Torres. Abogado de los apelantes: Sr. Francisco Figueroa Maestre.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia. Moción del apelado para que se desestime la apelación por no exceder la cuantía litigiosa de $300.

Concedida la moción.


author: per curiam:

text:
      In re Francisco J. Luis Paisán, querellado.

      Número: TS-13,424

      Resuelto: 7 de enero de 2014

      Yanis Blanco Santiago y Geisha M. Marrero Martínez, direc-toras ejecutivas del Programa de Educación Jurídica Continua; Francisco Luis Paisán, pro se.

   per curiam:

En esta ocasión nos vemos precisados a ejer-cer nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión por incumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC o Programa). Por los fundamentos que a continuación enunciamos, ordenamos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Francisco J. Luis Paisán (el licenciado Luis Paisán o el querellado) del ejercicio de la abogacía. Veamos los antecedentes fácticos que dieron origen a la querella de autos.

I

El licenciado Luis Paisán fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de enero de 2001 y a la notaría el 16 de marzo del mismo año. El 12 de diciembre de 2012, la Directora del Programa de Educación Jurídica Continua nos informó que el querellado había incumplido con los re-quisitos reglamentarios establecidos en el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, en In re Aprobación Regl. Prog. Educ. Jur., 164 DPR 555 (2005) (Reglamento de 2005), durante el periodo del 1 de febrero de 2007 al 31 de enero de 2009.

Según surge del Informe sobre Incumplimiento con Re-quisitos de Educación Jurídica Continua, el 25 de febrero de 2009 se envió un aviso de incumplimiento al letrado otorgándole, entre otras alternativas, 60 días adicionales para que tomara los cursos. Ante ese requerimiento, el li-cenciado Luis Paisán no pagó la cuota por incumplimiento tardío establecido en la Regla 30 del Reglamento de 2005, supra, pág. 588.

Transcurrido el periodo para completar los requisitos reglamentarios sin haber cumplido con estos, el 18 de no-viembre de 2010 el PEJC citó al abogado a una vista informal para el 10 de diciembre de 2010. En la referida cita-ción se le indicó que, de no poder acudir a la vista, podía comparecer por escrito expresando las razones, si alguna, que acreditaran justa causa al incumplimiento y que la acompañara de prueba que sustentara sus planteamientos. Además, se le advirtió que presentara su escrito al Pro-grama dentro de los 10 días siguientes al envío de la notificación. El querellado no compareció a la vista informal y tampoco por escrito, por lo que el Oficial Examinador recomendó que el asunto fuera remitido a nuestra atención conforme a lo dispuesto en la Regla 32(C) del Reglamento de 2005, supra, pág. 589.

Así las cosas, luego de examinar el Informe presentado por el PEJC, el 26 de diciembre de 2012 emitimos una Resolución donde le concedimos al querellado un término de 20 días para que compareciera. También, le requerimos que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la profesión de la abogacía por incumplir con los requisitos de educación jurídica continua y por no com-parecer ante el PEJC cuando se le requirió.

En ese escenario, el 22 de enero de 2013 el licenciado Luis Paisán presentó una Moción en Cumplimiento de Re-solución en la que expresó que su incomparecencia a la vista formal no se debió a su falta de interés o de respeto, sino a un descuido involuntario por una serie de problemas personales que le estaban afectando. Además, informó que estaba recopilando toda la documentación relacionada con los seminarios y cursos tomados durante los periodos de los años 2007-2009, 2009-2011 y el de 2011-2013. Asimismo, nos solicitó que le concediéramos un término de 60 días para someter toda la evidencia y para corregir cualquier deficiencia encontrada. Examinada la petición del quere-llado, el 30 de enero de 2013 emitimos una resolución en la que concedimos un término adicional de 30 días para cumplir con los requerimientos del Programa.

Ante esta situación, el 25 de junio de 2013 el querellado presentó otra Moción en Cumplimiento de Resolución, donde expresó que sometió los informes de créditos necesa-rios para cumplir con los requisitos del PEJC. Examinada esa moción, el 27 de junio de 2013 emitimos una resolución en la que concedimos a la Directora del Programa de Edu-cación Jurídica Continua del Tribunal Supremo un tér-mino de 30 días para expresarse sobre la misma.

Consecuentemente, el 18 de julio de 2013, por conducto de su directora ejecutiva, la Leda. Geisa Marrero Martínez, el Programa compareció y expresó que, luego de evaluar las alegaciones del letrado y de verificar la totalidad de su expediente, éste presentó una comunicación con el fin de demostrar su cumplimiento con los requisitos exigidos por el Programa y acompañó una lista de los cursos tomados. De la información disponible se desprende que la mayoría de los cursos fueron tomados en el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Sin embargo, no surge del expediente que el querellado haya realizado trá-mite alguno para la acreditación de tales cursos en confor-midad con la Regla 11(B) del Reglamento de 2005, supra, pág. 571.

Cónsono con lo anterior, el PEJC coligió que el licen-ciado Luis Paisán no ha cumplido con los requisitos del Programa para los periodos de 2007-2009, 2009-2011 y 2011-2013. El querellado tampoco ha realizado el pago de la cuota por el cumplimiento tardío de cada uno de los mencionados periodos, según lo requiere la Regla 30 del Reglamento del 2005, supra.

II

El Canon 2 del Código de Ética Profesional dis-pone que,

[a] fin de viabilizar el objetivo de representación legal ade-cuada para toda persona, el abogado también debe realizar esfuerzos para lograr y mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la partici-pación en programas educativos de mejoramiento profesional [...] 4 LPRAAp. IX.

En virtud de lo anterior, el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua del Tribunal Supremo estableció los mecanismos para cumplir con la obligación de tomar 24 créditos cada 2 años en cursos acreditables de educación jurídica continua que ofrezca alguna institución acreditada a esos propósitos. Los abogados tienen el deber de presentar ante la Junta del PEJC un informe que acredite el cumplimiento con el mínimo de horas crédito a más tardar a los 30 días subsiguientes de finalizado cada periodo de cumplimiento.

Todo abogado que tome cursos debe presentar una soli-citud de aprobación o de acreditación para asegurar que cumple con los requisitos necesarios. La Regla 11(B) del Reglamento de 2005, supra, establece que

(1) [u]n profesional del Derecho podrá presentar una solici-tud para la aprobación o acreditación de un curso, indepen-dientemente de si éste lo ofrece o lo ofreció un proveedor cer-tificado o una proveedora certificada, o cualquier otro proveedor o proveedora.
(2) La solicitud se presentará en el formulario provisto por la Junta [...]

En el caso de que un abogado cumpla tardíamente con los requisitos de la educación jurídica continua, deberá presentar un informe explicando las razones que justifi-quen su tardanza y pagar una cuota.

No obstante, si el abogado incumple las obligaciones previamente mencionadas, el Director de la Junta del PEJC le citará a una vista informal en la que podrá pre-sentar prueba que justifique las razones de su proceder. Si el abogado no comparece a esa vista, el asunto se remi-tirá a este Tribunal. En ocasiones anteriores, hemos dis-ciplinado profesionalmente a los letrados que han incum-plido el requisito de cumplir con las horas de crédito de la educación jurídica continua. Véanse: In re Villamil Higuera, 188 DPR 507 (2013); In re Guzmán Rodríguez, 187 DPR 826 (2013).

I — I hH h — I

En el caso de autos, el licenciado Luis Paisán no cum-plió con los requisitos reglamentarios del PEJC. Exami-nado el expediente, vemos que no surge evidencia alguna que acredite el cumplimiento con las excepciones que le permitirían obviar estos requisitos.

Podemos colegir de los hechos ante nuestra considera-ción que al querellado se le dio la oportunidad de ser oído. Empero, no compareció a la vista señalada. El letrado tuvo suficientes oportunidades para cumplir los requerimientos de este Tribunal. A pesar de haber presentado evidencia sobre los cursos que ha tomado, no surge del expediente que el licenciado Luis Paisán haya hecho las gestiones requeri-das por la Regla 11(B) del Reglamento de 2005, supra, para asegurar la acreditación de los cursos presentados. Es por esto que el PEJC sostiene que el querellado incumplió con los requisitos establecidos de educación jurídica continua para los términos en cuestión.

La actitud pasiva demostrada por el querellado ante los requerimientos del PEJC es motivo de seria preocupación. Su tardanza en cumplir no solamente ha generado costos de recursos administrativos para el Programa, sino que también incide en el compromiso de todo abogado de man-tener un alto grado de excelencia y competencia estable-cido en el Canon 2 del Código de Ética Profesional, supra.

La falta de atención demostrada por el Ledo. Francisco J. Luis Paisán ante los requerimientos de la Junta del PEJC y de este Tribunal no nos deja otra opción que sus-penderle indefinidamente del ejercicio de la abogacía. No podemos avalar este comportamiento, pues entendemos que afecta adversamente el compromiso ineludible que tiene todo abogado de mantener un grado de excelencia y competencia de la más alta calidad.

Ahora bien, la readmisión de un abogado posterior a una suspensión indefinida por motivo de su incumplimiento con las disposiciones del Reglamento del PEJC, quedará condicionada a que, dentro del término de un año, éste subsane el incumplimiento por el cual fue suspendido y tome los cursos correspondientes al término de su suspensión. In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77 (2013). El letrado suspendido deberá hacer constar en su moción de reinstalación la forma como cumplió con el requisito de educación jurídica continua pendiente por subsanar. íd., págs. 90-91.

IV

Por los fundamentos que anteceden, decretamos la sus-pensión indefinida e inmediata del ejercicio de la abogacía del Ledo. Francisco J. Luis Faisán, según le fuera apercibido. Le imponemos el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos e in-formar oportunamente de su suspensión indefinida a los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico. Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta opinión “per cu-riam” y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

         Luego de examinar una comunicación hecha por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, en la cual se apercibía que, según el expediente personal del querellado, éste nunca juró como notario, dimos por terminada su fianza notarial el 7 de mayo de 2002.

       La resolución se notificó mediante diligenciamiento personal el 30 de mayo de 2013.

       La resolución se notificó el 3 de julio de 2013.

       El 16 de diciembre de 2013, a requerimiento nuestro, la Oficina del Pro-grama de Educación Jurídica Continua (PEJC) nos emitió una Certificación donde acreditó que el Ledo. Francisco J. Luis Paisán incumplió con los requisitos del Pro-grama durante los periodos de 2007-2009, 2009-2011 y 2011-2013. El querellado no ha presentado evidencia alguna ni ha hecho gestión ulterior en respuesta a la Moción en Cumplimiento de Resolución, presentada por el PEJC el 18 de julio de 2013.

      6) Regla 28 del Reglamento de 2005, en In re Aprobación Regl. Prog. Educ. Jur., 164 DPR 555, 587 (2005). Véase, también, In re Grau Collazo, 185 DPR 938 (2012).

       Regla 30 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, supra, pág. 588.

       Regla 31, íd., pág. 589.

       Regla 32, íd.


author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Aso-ciado Señor Kolthoff Caraballo. Juez Aso-ciado Señor Estrella Martínez,

text:
    Solicitud de la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico et al., Ex parte.

      Número: MC-2014-001

      Resuelto: 8 de enero de 2014

      Carlos E. Díaz Olivo, abogado de los peticionarios.
   RESOLUCIÓN

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Taller de Fotoperiodismo, Inc., la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club (Asociación de Perio-distas y otros) comparecieron ante nos mediante Petición especial de autorización para el uso de cámaras fotográfi-cas y equipo audiovisual en vista oral ante el Tribunal Supremo al amparo de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del poder inherente y cons-titucional de la Rama Judicial para regular sus procedimientos. Solicitaron que autoricemos la grabación y transmisión por cámaras fotográficas y equipo audiovisual de la vista oral pautada para el 15 de enero de 2014 sobre la reforma al Sistema de Retiro de la Judicatura, CT-2013-021.

Su petición fundamentada señala que, luego de la en-mienda al Canon 15 de Ética Judicial, 4 LPRAAp. IV-B, la Rama Judicial ha tomado medidas afirmativas para hacer viable el acceso de los ciudadanos a los desarrollos de los procesos judiciales mediante una cobertura más amplia de estos. Reseña, como logros de esta iniciativa, la autoriza-ción del uso de cámaras fotográficas y equipo audiovisual en la Sala de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan, así como la transmisión en vivo del acto de lectura de sentencia en Pueblo v. Malavé, desde el Centro Judicial de Caguas. Véase ASPRO et al., Ex parte I, 189 DPR 769 (2013). Según los peticionarios,

[l]a participación de los medios de comunicación de naturaleza audiovisual hizo realidad tangible la democracia vibrante que se desarrolla en Puerto Rico para el ciudadano ordinario [...]
De esta format,] el verdadero soberano en un régimen demo-crático, el Pueblo, pudo hacer su evaluación y juicio propio de la naturaleza de tan importante proceso gubernamental, sin los filtros y crisoles que únicamente pueden alcanzarse y ga-rantizarse, cuando ese Pueblo puede oír, ver y apreciar en vivo y de forma directa tales procedimientos.
Los medios de comunicación sirvieron también de instru-mento efectivo para que la Rama Judicial divulgara con plena confianza y orgullo la pulcritud y transparencia de sus procesos. Petición, pág. 4.

Por ello, nos solicitan que permitamos la grabación y transmisión de la vista oral señalada para el caso de refe-rencia, el cual, a su juicio, es de gran trascendencia e inte-rés público. Por último, aducen que podemos, al amparo de nuestro poder inherente para regular los procesos judicia-les, prescribir cualquier directriz especial que entendamos pertinente y necesaria para garantizar los derechos sus-tantivos de las partes y el buen desarrollo de la vista.

Por otro lado, el Sr. José Cancela, Presidente y Gerente General de Telemundo de Puerto Rico, compareció me-diante una misiva en la cual solicita que “se permita el acceso de nuestras cámaras y equipo para hacer transmi-siones en vivo a tan crucial proceso con el propósito de dar acceso al pueblo a la totalidad del debate”. Fundamenta su petición en la importancia del caso y en la apertura que hemos demostrado desde la enmienda al Canon 15 de Etica Judicial, supra, para permitir la cobertura mediática de los procesos judiciales.

Examinadas ambas peticiones, se autoriza, a modo de excepción, la cobertura y transmisión de la referida vista oral según el procedimiento dispuesto a continuación. Pesa en nuestra decisión el hecho de que, debido a la etapa pro-cesal temprana en que certificamos el recurso, esta será la única vista argumentativa previo a la disposición final de esta controversia de estricto derecho.

La transmisión y cobertura de la vista oral se regirá, de forma excepcional, por las disposiciones del Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Foto-gráficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Me-dios de Comunicación en los Procesos Judiciales (Regla-mentó), siempre y cuando no sean contrarias o incompatibles con lo aquí dispuesto.

Debido a las limitaciones de espacio en el Salón de Se-siones, y para asegurar la solemnidad y el decoro del pro-ceso judicial, se permitirá únicamente:

1. Una cámara de televisión o de grabación de imagen portátil que se ubicará en la parte lateral izquierda de la Sala de Sesiones del Tribunal y otra en la parte posterior del salón. Ambas cámaras serán operadas por un medio de televisión que será seleccionado mediante sorteo. Este me-dio solo podrá realizar tomas panorámicas durante la co-bertura del proceso judicial.

2. Una cámara de fotografía que se ubicará en la parte lateral izquierda de la Sala de Sesiones del Tribunal y otra en la parte posterior del salón. Ambas cámaras serán ope-radas por un representante u operador de un medio de prensa escrita o digital (Internet) que también será selec-cionado mediante sorteo.

No se permitirá grabar imágenes o tomar fotografías mediante el uso de equipo electrónico adicional. Por otro lado, se permitirá lo siguiente, sujeto a las restricciones impuestas en el Canon 15 de Ética Judicial, supra, y en el Reglamento:

1. El uso de grabadoras de audio portátiles sujeto a que se utilicen discreta y silenciosamente.

2. El uso de computadoras portátiles, teléfonos celula-res, tabletas, entre otros dispositivos electrónicos o equipo similar para recopilar y transmitir información escrita a través del Internet, siempre que no interfiera con el pro-ceso judicial, se usen silenciosa y discretamente, y no se utilicen para fotografiar, grabar imágenes o audio, radiodi-fundir ni televisar.

Se designa al Director de la Oficina de Prensa y Rela-ciones con la Comunidad de la Oficina de Administración de los Tribunales, el Sr. Daniel Rodríguez León, como el funcionario enlace entre el Tribunal y los medios de comunicación. Este seleccionará, mediante sorteo, a los medios que podrán fotografiar y transmitir imágenes y audio de la vista oral.

Respecto a la petición particular de Telemundo de Puerto Rico para transmitir utilizando sus cámaras y equipo, podrá participar del sorteo establecido en esta Resolución.

Recordamos a los medios de comunicación que, por la solemnidad del proceso judicial, se deben ceñir estricta-mente a las disposiciones aplicables del Reglamento y a lo aquí dispuesto.

Publíquese y notifíquese por teléfono, electrónicamente, facsímil y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo emitió un voto particular de conformidad. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular de con-formidad, al cual se unió la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Kolthoff Caraballo.

Estoy muy complacido con la decisión que hemos to-mado de abrir a los medios de comunicación la transmisión en vivo de la vista oral del próximo 15 de enero de 2014. Ante la posición tan delicada en la cual las ramas políticas han puesto a la Rama Judicial, es de suma importancia que la transparencia en el proceso alcance su máxima expresión.

Es menester que los jueces y las juezas que se desempe-ñan en nuestra Rama Judicial tengan la oportunidad, como obreros del Derecho y si sus obligaciones en sala no se lo impiden, de ver y escuchar en vivo cada argumento a favor y en contra de los que son sus derechos e intereses. Pero, más importante aún, es imprescindible que el País tenga la oportunidad de evaluar en vivo y en directo cada argumentación, de manera que pueda discernir los confines reales de esta controversia.

Por todo lo anterior, mi voto es de conformidad.

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Estrella Martínez,

al que se une la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco.

Consecuentemente, he favorecido que este Tribunal atienda, en jurisdicción original, los reclamos de los traba-jadores y las trabajadoras afectados por la reforma a los sistemas de retiro por la importancia y el interés público que revisten las controversias de esta naturaleza. Con el convencimiento de que es lo verdaderamente conveniente para Puerto Rico, nuevamente estoy conforme con la certi-ficación de la controversia que nos traen los servidores pú-blicos de la Judicatura.

Desde mi perspectiva, todos los servidores públicos, desde el conserje, el alguacil, la secretaria de sala y el juez que preside una sala, deben tener acceso a la justicia en el momento oportuno para cuestionar el menoscabo de su de-recho a la pensión.

Ante ese cuadro, solo me resta ser consecuente y expre-sar mi conformidad a la celebración de la vista oral pau-tada, la cual será difundida por los medios de comunica-ción.

Por las razones expresadas, estoy conforme con la Resolución emitida por este Tribunal.