source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re José Luis Novas Dueño.

      Número: AB-2003-219

      Resuelto: 7 de agosto de 2009

      José L. Novas Dueño, pro se.

    Sala de Verano integrada por el Juez Asociado Señor Rivera Pérez como su Presidente, la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco.
   RESOLUCIÓN

Evaluada la Solicitud de Reinstalación al Ejercicio del Notariado, presentada por la parte promovida por derecho propio, y en vista de que el Ledo. José Luis Novas Dueño ha subsanado los defectos de su obra notarial, se ordena la reinstalación del licenciado Novas Dueño al ejercicio de la notaría.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Rosendo De Jesús Ortiz.

      Número: TS-14831

      Resuelto: 11 de agosto de 2009

      Rosendo De Jesús Ortiz, pro se.

    Sala Especial de Verano integrada por el Juez Asociado señor Rivera Pérez como su Presidente, la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción de Reinstalación presentada por el peticionario de epígrafe, se le reinstala a la práctica de la abogacía y se le concede un término de veinte días a la Oficina de Inspección de Notarías, contados a partir de la notificación de esta Resolución, para que emita un informe sobre su obra notarial.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re José R. Rojas Jiménez.

      Número: TS-6213

      Resuelto: 11 de agosto de 2009

      Felipe Orino Colón, abogado del querellado.
   ’ RESOLUCIÓN

Examinada la Moción en Cumplimiento de Resolución y Orden, se reinstala al Ledo. José Rafael Rojas Jiménez al ejercicio de la abogacía. En cuanto a la reinstalación al ejercicio de la notaría, se provee “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

text:
    Abengoa Puerto Rico, S.E., demandante reconvenida, v. Autoridad Energía Eléctrica, demandada reconveniente, Abengoa, S.A., tercera demandada, reconviniente, demandada coparte y peticionaria, y American International Insurance Company of Puerto Rico, tercera demandada, demandante contra coparte y recurrida; Unipro, S.E., Induchem Environmental Services, Inc. y Passco, Inc., interventores.

      Número: CC-2008-396

      Resuelto: 14 de agosto de 2009

      Pedro Jiménez, Fabián Rodríguez Torres y Katarina Stipec Rubio, abogados de la parte peticionaria; Edward Hill Tollinche y Francisco A. Rosa Silva, abogados de American International Insurance Company of Puerto Rico, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos la ocasión para resolver si la cláusula de selección de un foro pactada por dos entes corporativos —Abengoa S.A. y American International Group, Inc.— en un contrato de indemnidad es inaplicable a la luz de la doctrina de fraccionamiento de causas de acción.

I

En noviembre de 1994, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) celebró una subasta pública para la realización del proyecto “Repotenciación de las Unidades 5 y 6 de la Planta Termoeléctrica de San Juan”. A la referida subasta comparecieron varias entidades, entre ellas, la compañía española Abengoa, S.A. Luego de evaluar las propuestas de los licitadores, la subasta fue adjudicada a favor de Abengoa, S.A. Posteriormente, Abengoa S.A., con la autorización de la AEE, cedió el contrato para la realización del referido proyecto a su subsidiaria, Abengoa de Puerto Rico, S.E. (Abengoa P.R.).

En ese mismo año, Abengoa, S.A. suscribió con American International Group Europe (AIG Europe) el Convenio General de Indemnización para establecer “el régimen general de otorgamiento de fianzas" a favor de Abengoa, S.A. y de todas sus subsidiarias. Es imperativo puntualizar que AIG Europe suscribió dicho contrato a su favor y en representación de “cualquier miembro de American International Group Inc. que pueda disponer o emitir una Fianza dentro o fuera de España ... y/o cualquier otra compañía designada para actuar como Asegurador, Coasegurador y/o Reasegurador.” Además de regular el régimen de expedición de fianzas entre Abengoa, S.A. y los miembros de AIG Europe, el Convenio General de Indemnización de 1994 contiene una cláusula de selección de foro mediante el cual las partes pactaron que litigarían sus disputas con relación al contrato en los tribunales de Sevilla, España.

Así las cosas y luego de varios trámites, la AEE y Abengoa RR. otorgaron un contrato para realizar unos trabajos, consistentes en aumentar la potencia de las Unidades 5 y 6 de la Planta Termoeléctrica de San Juan. Conforme a lo pactado, Abengoa P.R. comenzó la construcción del sofisticado equipo para el proyecto.

El 1 de abril de 1999, Abengoa, S.A. y AIG Europe otorgaron un nuevo contrato de indemnización (Convenio de 1999), esencialmente idéntico al contrato suscrito en 1994. Al igual que en el primer contrato de indemnización, AIG Europe suscribió ese contrato a su favor y en representación de “cualquier miembro de American International Group, Inc. que pueda disponer o emitir una Fianza dentro y fuera de España ... y/o cualquier otra compañía designada para actuar como Asegurador, Coasegurador y/o Reasegurador. ”

Asimismo, el Convenio de 1999 incorporó una cláusula de selección de foro. La referida cláusula dispuso lo siguiente:

13a. Con renuncia al fuero que pudiese corresponderles, ambas partes se someten para todas las cuestiones que pudiesen derivarse del presente documento y del documento de Fianza a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales ... del Ordenante. Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 479.

Conviene señalar que el Convenio de 1999 definió ordenante como “[e]l indemnizador y/o cualquiera de sus filiales y/o cualquiera de sus empresas vinculadas ... que solicitan una Fianza a la Compañía.” Surge con claridad de tal definición que Abengoa, S.A. es el ordenante. A su vez, el Convenio de 1999 definió compañía como “cualquier miembro de American International Group, Inc. que pueda disponer o emitir urna Fianza dentro o fuera de España.” Al año siguiente, Abengoa P.R. instó una demanda contra la AEE por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Abengoa P.R. alegó, inter alia, que no pudo proceder con la realización de la fase final de instalación y construcción del equipo ya que, transcurridos cinco años desde la adjudicación de la subasta, la AEE aún no había obtenido los permisos ambientales necesarios para continuar las obras.

Por su parte, la AEE reconvino y alegó que Abengoa P.R. incumplió el contrato suscrito entre las partes al abandonar el proyecto sin esperar a que se otorgaran los permisos ambientales necesarios, causándole así daños. La AEE, entonces, entabló una demanda contra tercero contra Abengoa, S.A. y American International Insurance Company of Puerto Rico, fiadora del proyecto.

Luego de varios incidentes procesales, el 13 de mayo de 2005 American International Insurance Company (AIICo) presentó una demanda de coparte contra Abengoa, S.A. En dicha demanda, AIICo alegó que Abengoa S.A. suscribió un contrato de indemnidad mediante el cual se obligó a indemnizarla por todos los gastos y las pérdidas en que haya incurrido como resultado de la expedición de fianzas a favor de Abengoa, S.A. En vista de lo anterior, AIICo solicitó que se dictara sentencia, condenando a Abengoa, S.A. a pagarle a la AEE cualquier suma que tuviese que pagar a ésta y, además, solicitó que se le ordenara el reembolso por todo pago o gasto en que haya incurrido como resultado de la emisión de fianzas para el proyecto.

Es menester señalar que la demanda contra coparte instada por AIICo contra Abengoa, S.A. se ampara en un contrato intitulado “General Contract of Indemnity” (GCI). No obstante, el GCI no está fechado, no está notarizado ni tiene el sello corporativo de AIICo. Además, está firmado solamente por el Sr. José Calvo Sebastián, oficial de Abengoa, S.A.

En respuesta a la demanda contra coparte, Abengoa, S.A. presentó una Moción de Desestimación. Alegó que el Convenio de 1999 suscrito con AIG Europe —el cual incluye a AIICo— contiene una cláusula de selección de foro que dispone que todos los asuntos relacionados con la indemnidad por parte de Abengoa S.A., como resultado de las fianzas emitidas por cualquier miembro de American Internacional Group, Inc., se litigarán exclusivamente en los tribunales de Sevilla, España. Por su parte, AIICo se opuso a la solicitud de desestimación y argüyó que la demanda de coparte estaba fundamentada en el GCI, el cual no contiene una cláusula de selección de foro. Por esta razón se podía exigir la indemnidad a Abengoa, S.A. en los tribunales de Puerto Rico.

Luego de ponderar los argumentos esbozados por las partes, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de coparte instada por AIICo contra Abengoa, S.A. El tribunal a quo determinó que según lo pautado en Unisys v. Ramallo Brothers, infra, y en los Convenios de 1994 y 1999, Abengoa, S.A. y AIICo están obligadas a dirimir en los tribunales españoles cualquier controversia relativa a la indemnidad de la primera respecto a las fianzas emitidas por la segunda para la realización del proyecto en la Planta Termoeléctrica de San Juan.

El foro primario resolvió que aun cuando el GCI no está firmado, fechado ni notarizado, no contradice las cláusulas de selección de foro plasmadas en los Convenios de 1994 y 1999, puesto que no contiene una cláusula a esos efectos. Determinó, además, que AIICo admitió la validez y obligatoriedad del Convenio de 1999 mediante una carta suscrita por la Sra. Joann Kerwin —representante de American Internacional Underwriters, filial de AIICo— en donde le notifica a Abengoa, S.A. que tiene la obligación de rembolsar a AIICo los gastos que ésta estuviera obligada a pagar como fiadora de acuerdo con el Convenio de 1999.

Finalmente, el foro primario razonó que la demanda de coparte instada por AIICo contra Abengoa, S.A. complicaría innecesariamente los procedimientos, ya que el caso trataba sobre temas técnicos, estaba bastante adelantado y dicha reclamación no estaba relacionada con las causas y los hechos que serían adjudicados en la controversia original. En vista de lo anterior, el foro de instancia decretó que, en virtud de la amplia discreción que posee para manejar los procedimientos de forma justa, rápida y económica, procedía la desestimación de la demanda contra coparte.

Inconforme con el dictamen, AIICo recurrió al Tribunal de Apelaciones. Adujo que el foro primario erró al fundamentar la desestimación de la demanda contra coparte en los Convenios de 1994 y 1999 suscritos entre Abengoa, S.A. y AIICo, ya que la referida demanda se fundamentaba en el Código Civil y en el GCI.

El foro apelativo intermedio revocó el dictamen del tribunal a quo y resolvió que, independientemente de la existencia y validez de la cláusula de selección de foro, en nuestra jurisdicción impera la doctrina de fraccionamiento de causas de acción. Cónsono con lo anterior, determinó que como la demanda contra coparte incoada por AIICo está relacionada con la demanda interpuesta por Abengoa P.R. contra la AEE, todas las controversias debían ser dilucidadas conjuntamente, para así evitar el fraccionamiento de causas e incurrir en gastos innecesarios y molestias adicionales para los demandados.

Insatisfecho con tal determinación, Abengoa, S.A. presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal y sostiene que el Tribunal de Apelaciones cometió los errores siguientes:

PRIMER ERROR: Erró el TA al negarse a seguir a Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842 (1991) y al utilizar en vez la doctrina sobre el fraccionamiento, cuando media un contrato internacional entre matrices corporativas sofisticadas que selecciona expresamente al foro aplicable, y anticipa contractualmente la posibilidad de un fraccionamiento.
SEGUNDO ERROR: En la alternativa, erró el TA al no deferir al ejercicio de la amplia discreción procesal del TPI al desestimar sin prejuicio una reclamación tardía y meramente permisible, que complicaría innecesariamente el litigio ante el TPI, no afecta a las otras controversias, y por definición no puede adjudicarse de forma simultánea en el mismo pleito. Recurso de certiorari, pág. 7.

Examinada la petición de certiorari, acordamos expedir. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver sin ulterior trámite.

r—H I—I

En nuestra jurisdicción rige el principio de libertad de contratación, el cual le permite a las partes “establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. Según dicho principio y como parte de la voluntad e intención entre las partes, éstas pueden incluir en los contratos que suscriban una cláusula de selección de foro. Como se sabe, las cláusulas de selección de foro tienen el propósito de establecer de antemano la jurisdicción del tribunal que entenderá en el caso. Esto supone, a su vez, una renuncia a la jurisdicción de determinado tribunal.

En Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842 (1991), tuvimos la oportunidad de adjudicar la validez y aplicación de las cláusulas de selección de foro. En esa ocasión, y por no contar con jurisprudencia relativa a las cláusulas de selección de foro, acudimos a la casuística federal.

Las cláusulas de selección de foro “están íntimamente relacionadas con la política pública de no imponer trabas al comercio interestatal e internacional”. A tales efectos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió en The Bremen v. Zapata Off-Shore Co., 407 U.S. 1, 9 (1972) lo siguiente:

The expansion of American business and industry will hardly be encouraged if, notwithstanding solemn contracts, we insist on a parochial concept that all disputes must be resolved under our laws and in our courts. ... We cannot have trade and commerce in world markets and international waters exclusively on our terms, governed by our laws, and resolved in our courts. (Énfasis suplido.)

Para poner en vigor las clausulas de selección de foro, negociadas bajo el palio de la libertad de contratación, los tribunales federales y estatales desterraron paulatinamente la visión provincial que requería que todas las controversias fuesen resueltas en sus tribunales. De esta manera, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio paso a la libertad de contratación entre las partes y, a su vez, fomentó el comercio internacional.

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo en cuanto a las cláusulas de selección de foro: "... are prima facie valid and should be enforced unless enforcement is shown by the resisting party to be ‘unreasonable’ under the circumstances.... Thus, in the light of present-day commercial realities and expanding international trade we conclude that the forum clause should control absent a strong showing that it should be set aside.” (Énfasis suplido.)

Teniendo como norte lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, concluimos en Unisys v. Ramallo Brothers, supra, que las cláusulas contractuales de selección de foro son prima facie válidas y que quien que se opone a su aplicación tiene el peso de la prueba. Sobre este particular, los tribunales federales desarrollaron una serie de criterios en aras de determinar la inaplicabilidad de las clusulas contractuales de seleccin de foro en determinados casos. En Unisys v. Ramallo Brothers, supra, incorporamos tales criterios y resolvimos que las cláusulas de selección de foro no aplicarán en las circunstancias siguientes:

1. Que el foro seleccionado resulta ser irrazonable e injusto.

2. Que, de ventilarse el caso en dicho foro, se incurriría en una clara y patente inequidad, o sería irrazonable o injusto.

3. Que la cláusula no es válida porque fue negociada mediando fraude o engaño.

4. Que la implantación de dicha cláusula derrotaría la política pública del Estado.

Por lo tanto, la parte que se opone a la aplicación de la cláusula de selección de foro tiene que demostrar que a ésta le aplicaría una de las mencionadas circunstancias. Esto es así, puesto que “[l]a validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”.

Ahora bien, si la cláusula de selección de foro fue producto de la negociación entre partes contratantes sofisticadas, es inevitable concluir que éstas consideraron las ventajas y desventajas del foro seleccionado, por lo que no basta alegar que dicho foro es inconveniente para que un tribunal decrete su inaplicabilidad. A esos efectos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos expresó: “the party seeking to escape his contract to show that trial in the contractual forum will be so gravely difficult and inconvenient that he will for all practical purposes be deprived of his day in court. Absent that, there is no basis for concluding that it would be unfair, unjust, or unreasonable to hold that party to his bargain.” (Énfasis suplido.)

Para garantizar la voluntad de las partes contratantes y brindar estabilidad al comercio internacional y a las relaciones económicas, concluimos que la parte que alegue que el foro seleccionado en el contrato es inconveniente, deberá demostrar que tal inconveniencia es tan grave que, para todos los propósitos prácticos, sería privado de su día en corte. De no ser así, no se puede concluir, sin más, que cumplir con la cláusula de selección de foro estipulada en el contrato es injusto e irrazonable.

Con estos preceptos en mente, y a la luz del principio de libertad de contratación y de la voluntad de las partes, debemos resolver si la cláusula de selección de foro pactada por dos entes corporativos sofisticados es inaplicable por razón de la doctrina de fraccionamiento de causas de acción.

I—I HH I—I

En el caso de autos, el Tribunal de Apelaciones determinó que por motivo de la doctrina de fraccionamiento de causa de acción es inaplicable la cláusula de selección de foro pactada por Abengoa, S.A. y AIG Europe, ya que de esa manera AIICo —filial de AIG Europe— evita el inconveniente de litigar las causas de acción bajo el palio del contrato de indemnidad en Sevilla, España.

Amparado en tal razonamiento, AIICo arguye en su ex-tenso alegato que la desestimación de la demanda de coparte entablada contra Abengoa, S.A. causaría una clara y patente inequidad, ya que desembocaría en una multiplicidad de pleitos y fraccionaría las causas de acción. Puntualiza, además, que el GCI no contiene una cláusula de selección de foro, puesto que la intención de las partes era litigar los asuntos de indemnidad en el lugar donde se construyó la obra. No le asiste la razón.

Adviértase, de entrada, que en Unisys v. Ramallo Brothers, supra, pautamos que en nuestra jurisdicción existe una fuerte presunción a favor de la validez de las cláusulas de selección de foro. Por tal razón, la parte que impugna la aplicación de la cláusula de selección de foro tiene que demostrar, al menos, una de las circunstancias siguientes: (1) que el foro seleccionado es irrazonable e injusto; (2) que se incurriría en una clara y patente inequidad si se ventila el caso en dicho foro; (3) que la cláusula no es válida porque fue negociada mediante fraude o engaño, o (4) que la implantación de esta cláusula derrotaría la política pública del Estado.

AIICo centra su análisis en el argumento que la desestimación de la demanda de coparte contra Abengoa, S.A. resultaría en una clara y patente inequidad, puesto que lo obligaría a litigar la causa de acción relativa a la indemnidad en los tribunales españoles. Dicho argumento no es plausible.

En primer lugar, no cabe duda que los contratos de indemnidad otorgados en 1994 y 1999 fueron suscritos por dos entes corporativos sofisticados —Abengoa, S.A. y AIG Europe— que ciertamente consideraron las ventajas y desventajas al momento de seleccionar un foro particular para dilucidar posibles litigios. No empece los posibles inconvenientes que pudiesen surgir al litigar en los tribunales españoles, éstos pactaron voluntariamente que dichos tribunales dilucidarían las controversias que surgieran en virtud del Convenio de 1999. El foro seleccionado por las partes contratantes fue producto su libertad de contratación, por lo que su voluntad debe ser respetada, ya que la cláusula de selección de foro no contraviene las leyes, la moral ni el orden público.

En segundo lugar, AIICo no probó que la desestimación de la demanda de coparte instada contra Abengoa, S.A., como resultado de la cláusula de selección de foro, es una clara y patente inequidad. AIICo se ha limitado a argüir en su alegato que el mero hecho de litigar en España, la controversia sobre la indemnidad de Abengoa, S.A. es una inequidad. Esto no es suficiente. AIICo no ha podido establecer en forma alguna que el litigar en los tribunales españoles es una inequidad.

Es preciso señalar que la desestimación de la demanda de coparte incoada contra Abengoa, S.A. no es una clara y patente inequidad, porque no elimina a ninguna parte o reclamación indispensable para la controversia original. Asimismo, Abengoa, S.A. no niega que AIICo pueda tener derecho a recobrar los gastos procedentes del contrato de indemnidad, sino que lo que argumenta es que tal determinación debe ser adjudicada por los tribunales españoles en Sevilla.

Asimismo, AIICo no demostró que están presentes las restantes circunstancias requeridas para decretar la inaplicabilidad de la cláusula de selección de foro. En primer plano, AIICo no demostró que el foro seleccionado es irrazonable ni injusto. En ápice alguno de su alegato, AIICo logró articular un argumento que demuestre a cabalidad que los tribunales españoles son injustos o irrazonables. De otra parte, AIICo no ha demostrado que la cláusula de selección de foro es inaplicable por ser producto de fraude o engaño. Surge del expediente que AIICo admitió la validez de los Convenios de 1994 y 1999, y de la cláusula de selección de foro estipulada en ellos. Además, AIICo no disputa que es miembro de AIG Europe. Sobre estos extremos, es menester señalar que el Tribunal de Apelaciones y el foro primario acogieron, como una admisión contra interés que obliga a AIICo, una comunicación de una oficial de la filial neoyorquina de American International Group, Inc., que envió una carta a Abengoa, S.A. en la que informa, en representación de AIICo, que en virtud del Convenio de 1999, Abengoa, S.A. tiene la obligación de rembolsar a AIICo cualquier suma adjudicada en su contra y a favor de la AEE, como resultado de las fianzas emitidas por su empresa.

Finalmente, al darle plena validez y reconocimiento a la cláusula de selección de foro, no derrotamos la política pública del Estado. Todo lo contrario. Al imprimir plena validez a la cláusula de selección de foro pactada por Abengoa, S.A. y AIG Europe actuamos conforme a la política pública de no imponer trabas al comercio interestatal e internacional.

En un intento por soslayar la aplicación de la cláusula de selección de foro, AIICo aduce que la doctrina de cosa juzgada, en su modalidad de fraccionamiento de causa de acción, hace inaplicable dicha cláusula. Sabido es que la doctrina de cosa juzgada dispone que la sentencia decretada en un pleito anterior impide que en un pleito posterior se litiguen, entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción previa. Ahora bien, la modalidad del fraccionamiento de causa de acción se aplica a toda reclamación posterior entre las mismas partes sobre el mismo asunto.

En el caso ante nosotros es forzoso colegir que no aplica la doctrina de fraccionamiento de causa de acción porque, de resultar favorecida Abengoa P.R. en la resolución del pleito, AIICo podrá instar, sin problemas, la demanda relativa a la indemnidad en los tribunales españoles. Concluimos, pues, que en el caso de autos la defensa de cosa juzgada, en su modalidad de fraccionamiento de causa de acción, no derrota ni convierte en inaplicable una cláusula de selección de foro legalmente pactada. Resolver lo contrario le imprimiría incertidumbre a las relaciones contractuales entre las compañías multinacionales que hacen negocios en nuestra jurisdicción.

Por lo tanto, erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que la doctrina de fraccionamiento de causa de acción prevalece sobre una cláusula de selección de foro pactada por dos entes corporativos sofisticados.

Finalmente, AIICo aduce en su alegato que el GCI no contiene una cláusula de selección de foro porque la intención de las partes era litigar la controversia sobre la indemnidad en el lugar donde se construyó la obra, o sea, en los tribunales de Puerto Rico. Es un principio de derecho arraigado en nuestro ordenamiento que, en apelación, nos abstendremos de adjudicar cuestiones no planteadas ante el Tribunal de Primera Instancia. Al examinar el expediente de este caso notamos que, en efecto, AIICo no planteó tal argumento en el foro primario. Por esta razón no podemos, en etapa de revisión, pasar juicio sobre tal cuestión, pues no fue presentada ni atendida por los tribunales inferiores.

No obstante, es preciso puntualizar que el GCI de ninguna manera contradice el Convenio de 1999, ya que no contiene una disposición dirigida a esos efectos. Además, resulta curioso que dicho documento no contiene fecha, no está notarizado como el Convenio de 1999 y sólo tiene la firma de un oficial de Abengoa, S.A.

En virtud de lo expuesto anteriormente, resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al desestimar la demanda de coparte instada por AIICo contra Abengoa, S.A.

IV

Por los fundamentos que anteceden, revocamos en su totalidad la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se reinstala la sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.

La Juez Asociada Señora Rodriguez Rodríguez emitió una opinión concurrente. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervino. La JuezaAsociada Señora Pabón Charneco no interviene.

Opinión concurrente emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Estoy de acuerdo con la conclusión a que llega el Tribunal hoy. Concurro por estimar que la doctrina de fraccionamiento de causa es en todo punto inaplicable en este caso. Esto, ya que una vez se desestime una reclamación instada en virtud de la cláusula de selección de foro, no podría invocarse el fraccionamiento de causas, pues la referida cláusula constituyó un impedimento para litigar y adjudicar la reclamación en el pleito precedente. Es decir, que la reclamación no era susceptible de adjudicarse en el pleito anterior. Ahora bien, cabe destacar que el Estado sí tiene un interés en la economía procesal y en que las reclamaciones relacionadas a unos mismos hechos se litiguen conjuntamente. En este caso en particular, no obstante, ese interés no es óbice para que se desestime la demanda de coparte.

En cuanto a Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842 (1991), mencionado en la opinión del Tribunal, considero necesario indicar, por ser éste el caso normativo en nuestra jurisdicción sobre las cláusulas de selección de foro, que este caso es claramente distinguible del de autos. En Unisys, rechazamos aplicar una cláusula de selección de foro pactada entre la parte demandada y la parte tercera demandada, al determinar que esta última era una parte indispensable en la etapa de los procedimientos en que se encontraba el pleito. Así, si se desestimaba la demanda contra tercero en esa etapa procesal, no se hubiese podido adjudicar la demanda original, lo que a su vez hubiese afectado los derechos de la parte demandante, quien no pactó la cláusula de selección de foro. Por el contrario, en el presente caso no se trata de eliminar a una parte indispensable del pleito, sino de desestimar una demanda contra coparte que se relaciona al pleito original, pero cuya adjudicación no es indispensable para disponer de las demás reclamaciones pendientes.

Finalmente, discrepo de la aseveración del Tribunal en nota al calce número 13, puesto que entiendo que lo allí expresado es incompatible con lo resuelto en Unisys, así como con lo indicado en la propia ponencia mayoritaria.

Por los fundamentos que anteceden, concurro con la opinión del Tribunal.

       Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 474.

       íd.

       íd, pág. 478.

       íd.

       íd.

       Es menester señalar que la causa de acción contra Abengoa, S.A. se ampara en un contrato de garantía solidaria que alegadamente suscribió para avalar las obligaciones de su subsidiaria, Abengoa de Puerto Rico S.E. (Abengoa P.R.).

       Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372.

        Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842, 856 (1991).

        The Bremen v. Zapata Off-Shore Co., 407 U.S. 1, 10-15 (1972).

       Véase The Bremen v. Zapata Off-Shore Co., supra; Carnival Cruise Lines, Inc. v. Shute, 499 U.S. 585 (1991).

       Art. 1208 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3373.

       Por no ser necesario para la solución del caso ante nosotros, no nos detendremos a considerar si en otras circunstancias el inconveniente de litigar en el foro estipulado es razón suficiente para decretar la inaplicabilidad de la cláusula de selección de foro.

        The Bremen v. Zapata Off-Shore Co., supra, pág. 18.

       Apéndice del Recurso de certiorari, págs. 420-421.

        P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 D.P.R. 139 (2008).

        Zambrana v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 179, 181 (1971).

        Echandi Otero v. Stewart Title, 174 D.P.R. 355 (2008); Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 340 (1990); Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408 (1998).


text:
    Nancy E. Toro Sotomayor, peticionaria, v. Héctor I. Colón Cruz, recurrido.

      Número: AC-2008-0063

      Resuelto: 21 de agosto de 2009

      Nancy E. Toro Sotomayor, pro se.

   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Hoy debemos resolver si un padre que reclama un crédito por haber satisfecho con sus propios recursos las necesidades de sus hijos en exceso de lo que le correspondía —ante el incumplimiento con el pago de pensiones alimenticias por parte de la madre alimentante— puede compensar dicho crédito con la pensión que ahora le corresponde pagar a favor de su hija menor de edad. Conscientes del alto interés público del que está revestida esta controversia, y luego de examinar tanto las disposiciones legales como la jurisprudencia aplicable, respondemos que no a esta interrogante. En vista de lo anterior, modificamos la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en cuanto permite la compensación antes mencionada.

I

Los hechos que originan la controversia de autos están relacionados con los trámites judiciales posteriores al divorcio del Sr. Héctor Colón Cruz y la Sra. Nancy E. Toro Sotomayor, quienes procrearon dos hijos durante el matrimonio.

En julio de 2006, la Examinadora de Pensiones Alimenticias recomendó imponer al señor Colón Cruz una pensión provisional de $211.81 en beneficio de la hija menor de edad de las partes, quien se encontraba bajo la custodia de la señora Toro Sotomayor en aquel entonces. Además, recomendó que éste sufragara el 43% de los gastos universitarios de la menor. Según la recomendación de la Examinadora de Pensiones Alimenticias, los pagos se harían directamente a la señora Toro Sotomayor a partir del 1 de agosto de 2006. El señor Colón Cruz objetó el pago de los gastos universitarios y la vista del caso quedó señalada para octubre de 2006.

Posteriormente, el señor Colón Cruz presentó una Moción Solicitando Urgente en Solicitud de Determinación de Crédito a Favor del Padre en la Etapa en que Ostentó la Custodia. En la referida moción alegó que cuando su hijo mayor —estando bajo su custodia— cumplió 18 años de edad, la señora Toro Sotomayor dejó de aportar a su manutención, por lo que tuvo que satisfacer todos los gastos de éste. De igual forma, adujo que su ex esposa tampoco aportó al sostenimiento de la hija menor durante el tiempo en que la tuvo bajo su custodia. En vista de lo anterior, reclamó un crédito por los períodos de tiempo durante los que la señora Toro Sotomayor dejó de aportar alimentos a favor de sus hijos y que éste se hizo cargo del sostenimiento total de los menores. Según los cálculos provistos al tribunal por el señor Colón Cruz, dicho crédito ascendía a $5,600. Examinado el asunto, el Tribunal de Primera Instancia acogió la recomendación de la Examinadora de Pensiones Alimenticias y declaró “sin lugar” la moción presentada por el señor Colón Cruz.

Oportunamente, el señor Colón Cruz presentó una moción de reconsideración. En respuesta, el tribunal de instancia celebró una vista en la cual el señor Colón Cruz reiteró su solicitud de crédito. Por su parte, la señora Toro Sotomayor entregó unos documentos relacionados con unos pagos recibidos por sus hijos como parte de sus beneficios del Seguro Social. Finalizada la vista, el foro de instancia concedió a las partes un término para presentar sus respectivas posiciones sobre el crédito solicitado por el señor Colón Cruz. Para cumplir con lo anterior, éste detalló los pagos efectuados en beneficio de los menores durante las etapas en que ostentó su custodia y solicitó que se dejara sin efecto la vista señalada ante la Examinadora de Pensiones Alimenticias hasta que el tribunal resolviera la controversia sobre el crédito solicitado. Por su parte, la señora Toro Sotomayor presentó una moción en la que requirió detalles específicos sobre el estado financiero del señor Colón Cruz para poder replicar a la solicitud de crédito presentada.

El Tribunal de Primera Instancia emitió varias resoluciones en las que le ordenó a la señora Toro Sotomayor que se expresara sobre el crédito solicitado por su ex cónyuge. No obstante, ésta insistió en que necesitaba una información detallada sobre los ingresos del señor Colón Cruz y la forma en que éste realizó el cálculo del crédito solicitado antes de poder cumplir con las órdenes del tribunal. Ante el reiterado incumplimiento de la señora Toro Sotomayor con dichas órdenes, el foro de instancia emitió una resolución en la que concedió el crédito en controversia tal y como lo solicitó el señor Colón Cruz y refirió el caso a la Examinadora de Pensiones Alimenticias para los trámites ulteriores.

Inconforme, la señora Toro Sotomayor acudió al Tribunal de Apelaciones y adujo que el foro primario erró al dictar sentencia a favor del señor Colón Cruz, a pesar de que su acción estaba prescrita por haber excedido el término de 5 años que establece la ley para reclamar deudas de pensiones alimenticias vencidas. Además, sostuvo que el tribunal de instancia erró al compensar la alegada deuda de pensión alimenticia de la señora Toro Sotomayor con la pensión alimenticia futura impuesta al señor Colón Cruz a favor de la hija menor procreada por ambos. No obstante, el foro apelativo confirmó el dictamen del tribunal de instancia tras concluir que la señora Toro Sotomayor nunca respondió a los reclamos de un crédito del señor Colón Cruz. Además, concluyó que a dicho reclamo, por tratarse de una acción de reembolso, le aplicaba el término prescriptivo de 15 años. De esta forma, determinó que la acción instada por el señor Colón Cruz no estaba prescrita y que el crédito reclamado era válido y exigible.

Aún inconforme, la señora Toro Sotomayor acude a nosotros por derecho propio y —en esencia— reproduce los mismos señalamientos de error esbozados ante el Tribunal de Apelaciones. Alega que la acción del señor Colón Cruz está prescrita por tratarse de una reclamación de alimentos a favor de su hijo mayor de edad, presentada luego de los 5 años que dispone la ley para reclamar pensiones de alimentos atrasadas. De igual forma, aduce que los foros inferiores erraron al compensar el crédito del señor Colón Cruz con las pensiones alimenticias futuras de su hija menor.

Acogido el recurso como una petición de certiorari, por ser el recurso apropiado, el pasado 6 de marzo de 2009 concedimos un término al señor Colón Cruz para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar la sentencia recurrida. El señor Colón Cruz no ha comparecido, por lo que procedemos a resolver sin el beneficio de su comparecencia.

II

El derecho a reclamar alimentos, como parte del derecho a la vida, tiene profundas raíces constitucionales. Se trata de un derecho fundamental que se acentúa cuando están involucrados los alimentos de menores y que forma parte del poder de parens patriae del Estado. Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 D.P.R. 565, 572 (1999). En reiteradas ocasiones hemos expresado que los menores tienen un derecho fundamental a reclamar alimentos, que los casos relacionados con los alimentos de los menores están revestidos del más alto interés público y que en éstos el interés no puede ser otro que el bienestar del menor. Id.; Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61 (1987); Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986).

Como se sabe, la obligación del sustento de los hijos menores recae en ambos padres. Sin embargo, una vez disuelto el vínculo matrimonial, se distribuye entre los padres el pago de la pensión alimenticia en una cantidad proporcional a su respectivo caudal. Véanse: Art. 145 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 564; López Martínez v. Yordán, 104 D.P.R. 594 (1976). También hemos reconocido que la labor personal de un cónyuge quien, al administrar la pensión, la convierte y destina a todo lo que es indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la asistencia médica de sus hijos, debe estimarse como el descargo de su propia obligación de alimentar. Mundo v. Cervoni, 115 D.P.R. 422 (1984).

Mientras los hijos sean menores de edad y no hayan sido emancipados por razón de matrimonio o dicta-men judicial, los derechos de la patria potestad facultan al progenitor interesado a reclamar el pago de las pensiones en nombre de los hijos. Art. 1866 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5296; Brea v. Pardo, 113 D.P.R. 217 (1982). No olvidemos que el padre o la madre tienen, respecto de sus hijos no emancipados, el deber de representarlos en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho. Art. 153 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 601.

No obstante, una vez los hijos son emancipados, tienen la capacidad para representar sus propios intereses ante los tribunales, por lo que desde ese momento sus padres no pueden hacerlo. Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261 (1985). En el caso de las pensiones alimenticias vencidas o atrasadas, el progenitor carece de legitimación para representar a su hijo alimentista mayor de edad o para continuar la acción de cobro de las cuantías no satisfechas, aunque haya sido el progenitor quien inició la acción originalmente. Véase Ríos Rosario v. Vidal Ramos, 134 D.P.R. 3, 10-11 (1993).

Además, aunque la acción para reclamar alimentos la haya iniciado el padre o la madre de un menor de edad, la realidad es que la acción le pertenece al menor alimentista, siendo el progenitor demandante su representante para lograr el remedio solicitado. De hecho, en Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, supra, resolvimos que éste es un tercero en cuanto a la obligación alimenticia que el padre alimentante tiene frente al menor. Aunque el alimentante haga el pago de la pensión directamente al padre custodio, ello no altera la naturaleza ni las partes en la obligación. íd.

Ahora bien, en Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 D.P.R. 219 (1984), expresamos que cuando un padre alimentante paga en exceso de lo que le corresponde, tiene un crédito a su favor por ese excedente. El padre que ha pagado en exceso puede reclamar su crédito mediante una acción independiente que no configura una reclamación de alimentos. Así lo resolvimos en Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, supra, al examinar el reclamo de una madre que pedía el reembolso de los gastos en que tuvo que incurrir para alimentar a sus hijos, debido a que el verdadero deudor de la obligación alimenticia —el padre de sus hijos— alegadamente no cumplía con dicha obligación. Allí expresamos que en situaciones como esas aplica la figura del pago por tercero regulada en el Art. 1112 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3162, que establece:

Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor.
El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad.
En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago.

Anteriormente hemos reconocido que dicha norma aplica a reclamaciones pecuniarias, aun en aquellos casos en que la obligación o deuda satisfecha por el tercero es una pensión alimenticia con la cual el verdadero deudor ha incumplido. Véase Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, supra, citando a J.L. Lacruz Berdejo, La gestión de negocios sin mandato, 51 Rev. Crít. Der. Inmob. 254, 270 (1975). Además, en Figueroa Robledo resolvimos que, como al momento del pago por tercero se produce la extinción de la obligación y surge a favor del tercero la acción de reembolso, ésta puede ejercerse dentro del término de 15 años establecido por el Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5294, para las acciones personales que no tienen un término especial de prescripción. El término prescriptivo comienza a transcurrir desde el momento cuando el tercero hace el pago. Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, supra, pág. 579.

En síntesis, el progenitor que retuvo la patria potestad y custodia de los hijos no puede reclamar del otro progenitor el pago de las pensiones alimenticias atrasadas debidas a los hijos cuando éstos ya son mayores de edad. No obstante, éste puede reclamar en el mismo pleito de alimentos —donde estén todas las partes afectadas— la existencia de una deuda por parte del otro progenitor para con su persona, por los pagos que tuvo que hacer ante el incumplimiento de aquél con su obligación alimenticia. Véase Ríos Rosario v. Vidal Ramos, supra. Dicho crédito debe ser satisfecho de los bienes personales del padre deudor. Véase Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, supra, pág. 579.

En el caso de autos, el Tribunal de Apelaciones confirmó una sentencia del Tribunal de Primera de Instancia que había concedido el crédito reclamado por el señor Colón Cruz por los pagos realizados para el sustento de sus hijos en exceso de lo que le correspondía. Esto ante el alegado incumplimiento de la señora Toro Sotomayor con los pagos de alimentos correspondientes mientras sus hijos se encontraban bajo la custodia del señor Colón Cruz. De esta forma, el foro primario accedió a la solicitud del señor Colón Cruz para que el referido crédito fuera compensado con los alimentos reclamados por la señora Toro Sotomayor en nombre de su hija menor de edad, y refirió el caso a la Examinadora de Pensiones Alimenticias para que continuara con los trámites ulteriores.

En vista de lo anterior, debemos resolver si lo solicitado por el señor Colón Cruz se trataba de un reclamo de pensiones alimenticias atrasadas en nombre de su hijo mayor de edad o si, por el contrario, tal y como resolvieron los foros inferiores, se trataba de una acción personal de reembolso, en cuyo caso aplicaría la figura del pago por tercero del Art. 1112 del Código Civil, supra, sujeta al término prescriptivo de 15 años. Además, en caso de que resolvamos que, en efecto, se trata de una acción de reembolso, debemos examinar la corrección de la determinación del foro de instancia al compensar dicho crédito con los alimentos que el señor Colón Cruz debía pagar a favor de su hija menor de edad.

III

Como mencionáramos anteriormente, una vez los hijos advienen a la mayoría de edad, sus padres no pueden reclamar —en nombre de ellos— pensiones atrasadas no pagadas por el padre alimentante. Al emanciparse, los hijos son capaces de representar sus propios intereses ante los tribunales, por lo que sus padres no pueden hacerlo. Key Nieves v. Oyóla Nieves, supra. No obstante, el padre que pagó alimentos en exceso de lo que le correspondía ante el incumplimiento del padre alimentante, puede presentar, en el mismo pleito judicial en que se dilucidan los alimentos en controversia y en el que están presentes todas las partes, una acción de reembolso contra el padre alimentante. Se trata, pues, de una acción personal que puede ser ejercida en un término de 15 años, a partir del momento cuando éste pagó en exceso de lo que le correspondía. Ello es así dado que, en esas circunstancias, aplica la figura del pago por tercero del Art. 1112 del Código Civil, supra. Esto fue, precisamente, lo que ocurrió en el caso de autos.

El señor Colón Cruz impugnó la determinación del Tribunal de Primera Instancia de imponerle una pensión alimenticia de $211.81 mensual a favor de su hija menor de edad. Específicamente, éste alegó que la señora Toro Soto-mayor dejó de pagar alimentos durante el tiempo en que él tuvo sus hijos bajo su custodia. En vista de ello, solicitó que se le acreditara al pago de la pensión ordenada aquello que la señora Toro Sotomayor tendría que pagarle por el tiempo en que tuvo que satisfacer la totalidad de los gastos necesarios para el sustento de sus hijos, todo ante la alegada falta de pago de alimentos de la señora Toro Sotomayor.

De lo anterior se deduce que el señor Colón Cruz no reclamó alimentos en nombre de su hijo mayor de edad, como alega la señora Toro Sotomayor en su alegato. Por el contrario, éste reclamó un reembolso por los gastos en que tuvo que incurrir, en exceso de lo que le correspondía, para cubrir la parte de los alimentos de sus hijos que debía pa-gar la señora Toro Sotomayor. Se trata, en efecto, de un crédito personal por haber pagado lo que le correspondía pagar a su ex cónyuge.

A la luz del derecho discutido previamente y de las circunstancias particulares del caso de autos, concluimos que no erraron los foros recurridos al determinar que el señor Colón Cruz podía reclamar, mediante una acción de reembolso, un crédito contra la señora Toro Sotomayor por los pagos realizados en exceso de lo que le correspondía para el sustento de sus hijos. Ello incluye los pagos realizados a favor del hijo que, al momento de iniciarse la presente controversia, le advino la mayoridad. De igual forma, actuaron correctamente los foros a quo al resolver que el término prescriptivo que aplica a dicha acción era el de 15 años dispuesto en el Art. 1112 del Código Civil, supra, y no el de 5 años que aplica a los reclamos de alimentos.

No obstante, concluimos que incidieron los foros recurridos al permitir que dicho crédito fuera compensado con los alimentos que el señor Colón Cruz debía pagar a favor de su hija menor de edad y que la señora Toro Sotomayor había reclamado en nombre de ésta. En su lugar, conforme a las disposiciones del Código Civil sobre la figura de la compensación y la jurisprudencia de este Tribunal, el referido crédito debe ser satisfecho con los bienes personales de la señora Toro Sotomayor, no con los alimentos correspondientes a su hija menor de edad. Veamos.

IV

La compensación es una de las causas de extinción de las obligaciones, cuyo propósito es simplificar las relaciones jurídicas entre aquellos que están recíprocamente obligados. Walla Corp. v. Banco Com. de Mayagüez, 114 D.P.R. 216, 220 (1983). El Código Civil dispone que la compensación tendrá lugar cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra. Art. 1149 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3221. Por eso, podemos definir la compensación como la extinción de dos obligaciones que existen en sentido in-verso entre las mismas personas, reputándose pagadas totalmente o hasta la concurrencia de la más débil, según que la cifra de la una sea igual o no a la otra. Así, pues, cada uno de los acreedores paga reteniendo lo que debe Ccompensatio est debiti et crediti inter se contributió). Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60, 65 (1985).

Hemos expresado, citando a Castán Tobeñas, que el término “compensación” surge del concepto cum pensare —pesar reunidas dos cosas— que significa, etimológica y muy gráficamente, una operación figurada de pesar simultáneamente dos obligaciones para extinguirlas en la medida en que el importe de la una esté comprendido en el de la otra. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, lima ed., Madrid, Ed. Reus, 1974, T. III, págs. 371-372, según citado en Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., supra, págs. 65-66. Su fundamento es facilitar las cosas, evitando la necesidad de un doble cumplimiento cuando la prestación que uno recibiera debería, a su vez, realizarla a favor del otro. No se trata de un doble pago abreviado, como suele decirse, sino de la supresión de dos pagos. M. Albaladejo, Derecho Civil, 7ma ed., Barcelona, Librería Bosch, 1983, T. II, Vol. I, pág. 309.

Para que ocurra la compensación, tienen que es-tar presentes todos los requisitos dispuestos en el Código Civil. Albaladejo, op. cit., págs. 311-314. A tales efectos, el Art. 1150 del Código Civil dispone que para que proceda la compensación, es preciso lo siguiente:

(1) Que cada uno de los obligados lo esté principalmente, y sea a la vez acreedor principal del otro.

(2) Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero, o siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie y también de la misma calidad, si ésta se hubiese designado.

(3) Que las dos deudas estén vencidas.

(4) Que sean líquidas y exigibles.

(5) Que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovida por terceras personas y notificada oportunamente al deudor. (Énfasis nuestro.) 31 L.P.R.A. see. 3222.

Ahora bien, existen varias circunstancias en las cuales, excepcionalmente, no ocurre la compensación. No hay compensación cuando pesa retención o contienda promovida por terceras personas sobre alguna de las obligaciones, si es oportunamente notificada al deudor. Tampoco la habrá cuando alguna de las deudas provenga de depósito o de las obligaciones del depositario o comodatario. Por último, no puede haber compensación “contra el acreedor por alimentos entre parientes o debidos a título gratuito, salvo que se trate de pensiones alimenticias atrasadas; o en general, aunque calle en ese punto la ley, contra el acreedor cuyo crédito sea inembargable”. (Enfasis suplido.) Albaladejo, op. cit., pág. 314.

En lo concerniente a la controversia de autos, la doctrina aplicable nos señala que lo que no se puede extinguir a título de compensación es la obligación de prestar alimentos. Sobre este punto, aclara Albaladejo que "lo que no compensa (cosa que, por otro lado, no es de extrañar porque no se reúnen los requisitos que la compensación requiere) es la obligación de alimentos globalmente ni los vencimientos correspondientes a períodos futuros”. Albaladejo, op. cit., pág. 315. En términos similares se expresa Puig Brutau al sostener que “no es renunciable ni transmisible a un tercero el derecho a los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista deba al que ha de prestarlos.” (Enfasis suplido.) J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. I, Vol. II, pág. 381.

Lo anterior es cónsono con la prohibición de transigir alimentos futuros dispuesta en nuestro Código Civil y reiterada en nuestra jurisprudencia. Véase Art. 1713 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4825. Véanse, además: Cantellops v. Cautiño Bird, 146 D.P.R. 791, 806 (1998); Rubio Sacarello v. Roig, 84 D.P.R. 344 (1962). En Rubio Sacarello v. Roig, supra, al citar con aprobación un sector de la doctrina española, expresamos que la prohibición de transigir alimentos futuros está justificada “en ‘poderosas razones de moralidad que no pueden ocultarse’, o sea, la razón ya expuesta de que una transacción sobre alimentos ‘equivaldría a renunciar en parte a la vida’ (Escolio omitido.) Rubio Sacarello v. Roig, supra, pág. 357. Se trata de un asunto de interés público. Id., pág. 350. Cualquier transacción en ese sentido sería nula, dado el interés público del que está revestida la institución de alimentos y su carácter variable, así como su trascendencia a la vida. I. Ramos Buonomo, Análisis del Término 1998-99: Procedimiento Civil, 69 (Núm. 2) Rev. Jur. U.RR. 589, 592 (2000).

Sin embargo, la prohibición de transigir alimentos no se extiende a los alimentos devengados o vencidos, pues desde el momento de su vencimiento forman parte del patrimonio del alimentista, o sea, constituyen un crédito que es susceptible de ser transigido. Además, dicha prohibición sólo aplica en el caso de alimentos entre parientes, y no así a los alimentos de ex cónyuges. Véase Rubio Sacarello v. Roig, supra, pág. 357.

En resumen, para que haya una compensación tienen que estar presentes todos los requisitos dispuestos en nuestro Código Civil, incluso el que aquellos que la invocan sean acreedores y deudores el uno del otro. Además, queda claro que, si bien se pueden transigir las deudas de alimentos vencidas, nuestro ordenamiento prohíbe transigir tanto el derecho a recibir alimentos como los alimentos futuros cuando se trate de alimentos entre parientes.

En el caso de autos, no estamos ante una situación en la cual quien invoca la compensación es simultáneamente deudor y acreedor de la misma persona. Si bien el señor Colón Cruz es acreedor de la señora Toro Sotomayor por los pagos que éste realizó para el sustento de sus hijos en ex-ceso de lo que le correspondía, la acreedora del señor Colón Cruz no es la señora Toro Sotomayor, sino la hija menor de edad de las partes. El reclamo de alimentos instado en los tribunales por la señora Toro Sotomayor es, realmente, un reclamo de su hija menor de edad procreada con el señor Colón Cruz, presentado por conducto de la madre custodia. Por lo tanto, no existe la reciprocidad entre partes que permitiría invocar la compensación. El señor Colón Cruz no puede pretender que se compense su obligación de alimentar a su hija menor de edad con el crédito personal que éste tiene contra la señora Toro Sotomayor.

Además, permitir la compensación del crédito del señor Colón Cruz con su obligación de pagar alimentos a favor de su hija sería contrario a la prohibición de transigir el derecho a recibir alimentos globalmente y pensiones de alimentos futuras dispuesta en el Código Civil. Surge del expediente que el reclamo del crédito a favor del señor Colón Cruz ocurrió como respuesta a la imposición de una nueva pensión. Se trata, pues, de pensiones futuras que el señor Colón Cruz debía comenzar a pagar a partir del 1 de agosto de 2006. Aun si se tratara de pensiones atrasadas y vencidas —las cuales sí pueden ser transigidas por el alimentista— éstas no podrían compensarse con el crédito reclamado por el señor Colón Cruz. Esto es así ya que su deudora en virtud de dicho crédito no es la parte alimentista —en este caso la hija menor de edad— sino la señora Toro Sotomayor, ex cónyuge del señor Colón Cruz.

Conforme lo anterior, resolvemos que erraron tanto el Tribunal de Apelaciones como el foro de instancia al compensar el crédito reclamado por el señor Colón Cruz con los alimentos que éste debe pagar a favor de su hija menor de edad. El crédito reclamado por el señor Colón Cruz surge de una acción de reembolso contra la señora Toro Sotomayor, por lo que debe ser satisfecho de los bienes personales de ésta.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de certiorari solicitado y se modifica el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones en cuanto permite compensar el crédito reclamado por el señor Colón Cruz con las pensiones de alimentos que éste debe pagar a su hija me-nor de edad. Se devuelve el caso al foro de instancia para que continúe con los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       Según se desprende de la Minuta correspondiente a la vista celebrada el 14 de junio de 2007, la representación legal del señor Colón Cruz solicitó que el crédito fuera de $100 mensuales por el tiempo que le correspondía a la señora Toro Sotomayor pagar la pensión de su hijo mayor de edad mientras éste se encontraba bajo la custodia de su padre.

       Ello en contraposición a las acciones para reclamar alimentos, que prescriben a los 5 años. Art. 1866 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5296; Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986); Brea v. Pardo, 113 D.P.R. 217 (1982).


author: per curiam:

text:
      In re Edgardo Zapata Torres, querellado.

      Número: CP-2007-19

      Resuelto: 24 de agosto de 2009

      Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, abogadas de la parte querellante; Crisanta González Seda, comisionada especial; José Manual Pérez Fernández, abogado del querellado; Edgardo Zapata Torres, pro se.

   per curiam:

El Ledo. Edgardo Zapata Torres fue admitido al ejercicio de la abogacía el 8 de agosto de 1990 y al de la notaría el 4 de septiembre de 1990.

El 19 de junio de 2006 el Sr. Roberto Ortiz López presentó ante este Tribunal una queja contra el licenciado Zapata Torres. En ésta nos informó que había contratado verbalmente los servicios de Zapata Torres para que lo representara en una demanda de divorcio que iba a instar contra su esposa, la Sra. Nelly L. Lewis. Alegó que el licenciado Zapata no tramitó el caso de divorcio con la diligencia debida, por lo que fue eventualmente archivado sin perjuicio por el Tribunal de Primera Instancia.

Recibida la queja instada, la referimos al Procurador General para su evaluación e informe. Una vez recibimos el informe del Procurador General, donde indicaba que la actuación del licenciado Zapata se configuraba violatoria de los Cánones 12, 18 y 35 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, ordenamos la presentación de la correspondiente querella. A esos efectos, el 13 de noviembre de 2007 el Procurador General presentó una querella contra el licenciado Zapata Torres, en la cual se le imputó tres cargos por violaciones a los referidos cánones del Código de Etica Profesional.

Posteriormente, nombramos a la licenciada Crisanta González Seda como Comisionada Especial para que recibiera la prueba correspondiente y nos rindiera un informe con sus determinaciones y sus recomendaciones. Luego de celebrada la vista en su fondo en dicho caso, en la cual se recibió prueba testifical y documental que incluyó el testimonio del propio querellado, así como el expediente del tribunal de instancia del pleito de divorcio, la licenciada González Seda nos rindió su informe con sus recomendaciones. En el informe presentado, la Comisionada Especial concluyó que el querellado había incurrido en las violaciones éticas imputadas.

Pasemos ahora a reseñar en detalle los hechos que le sirven de trasfondo a la queja instada, según los determinó la Comisionada Especial y según surgen de los autos.

I

La demanda de divorcio para la cual fue contratado el querellado se instó el 15 de abril de 2004. En ese momento, la señora Lewis residía en el estado de Kansas, por lo que se solicitó que se expidieran los emplazamientos correspondientes y que se autorizara a emplazarla mediante edictos. La demanda se acompañó también con una moción para remedios provisionales. El tribunal señaló una vista sobre fijación de pensión para el 4 de mayo de 2004, pero a ésta no compareció ninguna de las partes. El querellado, no obstante, se comunicó en ese momento telefónicamente con la Oficial Examinadora de Pensiones Alimenticias y le advirtió, entre otras cosas, que la señora Lewis residía fuera de Puerto Rico, por lo que había solicitado que se autorizara el emplazamiento mediante edictos, pero que el tribunal nada había dispuesto sobre esto. La Oficial Examinadora sometió su informe al foro primario, en el cual informó que no se había expedido aún el emplazamiento en ese caso y que había una solicitud de emplazar mediante edicto.

El 17 de mayo, el tribunal acogió el informe sometido respecto varios asuntos, pero nada dispuso sobre la solicitud de emplazamiento mediante edicto. Del expediente del Tribunal de Primera Instancia surge una nota en la que se indica que la solicitud de emplazamiento mediante edicto de 15 de abril de 2004 fue traída a la consideración del tribunal el 10 de noviembre de 2004.

Días antes, el 5 de noviembre, el querellado había presentado una segunda moción para la autorización del emplazamiento mediante edicto. Evidentemente, esta segunda moción se presentó siete meses más tarde de que se presentara la solicitud original. En el ínterin, el querellado no realizó gestión alguna para traer a la atención del tribunal que estaba pendiente la solicitud de emplazar mediante edicto y la de su expedición, según se desprende del expediente del caso de divorcio. Finalmente, el 17 de noviembre el tribunal dispuso para que se expidiesen los emplazamientos y se emplazara mediante edicto. El edicto, a su vez, se publicó en un periódico de circulación diaria el 11 de diciembre de 2004.

En enero de 2005, la esposa del quejoso le demandó en Kansas solicitando el divorcio.

El 29 de abril de 2005, transcurrido más de cuatro meses de la publicación del edicto, el señor Ortiz López presentó por derecho propio una moción ante el tribunal de instancia, informando sobre el emplazamiento mediante edictos. El 10 de mayo, notificada el 17 de mayo, el foro de instancia atendió la moción de 29 de abril, dictaminando que se daba por enterado de la moción y que se evidenciara que se había notificado a la demandada el edicto y la demanda adecuadamente. El 11 de mayo, el querellado presentó una moción ante dicho foro informando que el edicto y la demanda se enviaron a la demandada y que ésta no contestó. El 20 de mayo, el tribunal se dio por enterado de esta última moción y ordenó al demandante que cumpliese con la orden de 10 de mayo.

El 13 de junio de 2005, el señor Ortiz López compareció nuevamente por derecho propio ante el foro primario e informó que no podía evidenciar el envío por correo certificado de los documentos, mas sometió una carta del abogado de su esposa en la que se indicaba que ella recibió los documentos.

El 23 de junio, el foro primario archivó el caso sin perjuicio por haber expirado en exceso el término de seis meses sin que se hubiese diligenciado el emplazamiento ni presentado documento adicional alguno en el caso, lo cual demostraba falta de interés de las partes. La sentencia dictada se archivó en autos el 29 de junio de 2005. Dos días más tarde, el quejoso compareció por derecho propio y presentó una moción urgente notificando el emplazamiento mediante edicto y la evidencia de notificación de la demanda por correo certificado. De los documentos presentados surge, sin embargo, que el edicto se publicó el 11 de diciembre de 2004 y la notificación se efectuó el 28 de diciembre, ello en exceso de los diez días desde la publicación del edicto que exige la Regla 4.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Ante este hecho, el 8 de julio el tribunal de instancia dictó una orden en la que hizo constar que la notificación del emplazamiento y de la demanda fue tardía. Indicó que ya se había notificado la sentencia y que lo que correspondía era comenzar el procedimiento nuevamente. El 15 de julio, el licenciado Zapata presentó una moción de reconsideración, indicando que el edicto se publicó el 11 de diciembre y que se envió por correo certificado sin que la demandada hubiese contestado la demanda. No se adujo razón alguna para la dilación en la notificación de la demanda por correo certificado, lo que no le permitió al foro de instancia dictaminar si hubo o no justa causa para la dilación y concluir que tenía jurisdicción el tribunal. El tribunal dispuso un “no ha lugar” a la solicitud de reconsideración el 21 de julio, notificada el 2 de agosto de 2005.

El 17 de agosto de 2005, cuando ya la sentencia dictada por el foro primario era final y firme, el querellado presentó una segunda moción de reconsideración en la cual no se indicó nada nuevo a lo dicho previamente. El foro primario proveyó “no ha lugar” a la segunda solicitud de reconsideración el 30 de agosto, notificada el 8 de septiembre. El 10 de octubre de 2005, el licenciado Zapata presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El 30 de mayo de 2006, el foro apelativo intermedio desestimó, mediante una sentencia, el recurso presentado por falta de jurisdicción. El tribunal consignó en la sentencia dictada que el caso reflejaba un alto grado de desatención de parte del demandante. Valga señalar que el quejoso también presentó por derecho propio unos escritos ante el Tribunal de Apelaciones.

Durante la vista ante la Comisionada Especial designada, el licenciado Zapata informó que él le ofreció al quejoso, en varias ocasiones, renunciar al caso pero que el quejoso no lo aceptó sino hasta junio de 2006, cuando ya el foro apelativo había desestimado la apelación presentada. Este, no obstante, no presentó ninguna moción a esos efectos ante ninguno de los foros judiciales en los cuales se ventilaba el caso del señor Ortiz López. Al momento de cesar la relación abogado-cliente, el pleito de divorcio en Kansas no se había finiquitado. En la vista ante la Comisionada Especial, el querellado informó también que cobró $300 por sus gestiones y que cooperó con el quejoso traduciendo varios documentos para el trámite judicial que se ventilaba en Kansas. Expresó, además, estar arrepentido de su conducta. El quejoso no testificó en la vista ante la Comisionada, por lo que se desconoce si se presentó un nuevo procedimiento ante los tribunales en Puerto Rico.

A base de los hechos aquí relatados, la Comisionada Especial encontró probados las violaciones éticas imputadas. Concurrimos con su criterio.

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En infinidad de ocasiones hemos resaltado que los cánones del Código de Etica Profesional tienen como objetivo propiciar que los abogados se desempeñen, profesional y personalmente, acorde con los más altos principios de conducta decorosa para el beneficio de la profesión, de la ciudadanía en general y de las instituciones de justicia del país. In re Pujol Thompson, 171 D.P.R. 683 (2006). Ese es el norte que nos guía al atender casos como el de autos.

El Canon 18 de Ética Profesional dispone que es deber ineludible del abogado atender y defender los derechos de su cliente diligentemente, desplegando en cada caso sus conocimientos y sus habilidades en aquella forma que la profesión jurídica en general estime adecuada y responsable. Este canon constituye una barrera que impide asumir la representación legal de un cliente cuando se entiende que no se tiene la capacidad para representarlo de forma adecuada, competente e idónea. Por otra parte, la desidia, el desinterés, la inacción y la displicencia como patrón de conducta en la representación del cliente, son claramente violatorias de las disposiciones del Código de Ética Profesional. In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770 (1994).

Hemos sido consistentes en indicar que aquellas actuaciones de un abogado que conlleven o puedan conllevar la desestimación o el archivo de un caso se configuran violatorias al Canon 18. In re Hoffman Mouriño, 171 D.P.R. 567 (2007). Igualmente ocurre con permitir que expire el término prescriptivo o jurisdiccional de una acción, así como desatender o abandonar un caso. Y es que hemos considerado que asumir la representación de un cliente, a sabiendas que no se puede rendir una labor idónea o que el abogado no puede prepararse para el caso sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables para el cliente o para la administración de la justicia, son conductas sancionables. In re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199 (2005); In re Marini Román, 165 D.P.R. 801 (2005).

Cuando el abogado incumple injustificadamente con las órdenes del tribunal, falta a su deber de notificar al cliente sobre las incidencias del caso y por su descuido y negligencia se desestima la reclamación del cliente, incurre en una violación al Canon 18. In re Ortiz Velázquez, 145 D.P.R. 308 (1998).

El Canon 12 del Código de Ética Profesional por su parte, impone al abogado el deber de tramitar las causas de forma responsable, con puntualidad y diligencia. El canon dispone, específicamente, que “[e]s deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 12. Esto implica que el abogado debe desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen dilaciones indebidas en la tramitación de un caso y su eventual solución.

En atención a ello, la incomparecencia injustificada a las vistas señaladas por el tribunal que ocasionaron la suspensión de la vista —que conlleva la dilación injustificada de los procesos y supone que se incurra en gastos innecesarios— se configura como una violación a este canon. Véanse: In re López Montalvo, 173 D.P.R. 193 (2008); In re Rosado Nieves, 159 D.P.R. 746 (2003).

Finalmente, el mencionado Canon 35 del Código de Ética Profesional establece, en lo pertinente, que la conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros, debe ser sincera y honrada. Allí se dispone que no es sincero ni honrado utilizar medios que sean incompatibles con la verdad y que no se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de hechos o de derecho.

Este precepto impone al abogado unas normas mínimas de conducta, indispensables para promover el honor y la dignidad de la profesión. In re López de Victoria I, 163 D.P.R. 1 (2004). Hemos enfatizado que todo miembro de la profesión legal debe cumplir con los deberes de sinceridad, de exaltación del honor y de la dignidad de la profesión. En virtud de ello, el abogado que provee al tribunal información falsa o que no se ajuste a la verdad, o que oculte información que deba ser revelada, incumple con este canon. No es defensa, en estos casos, que no se haya obrado de mala fe o deliberadamente o sin la intención de engañar, como tampoco lo es que no se le haya causado daño a un tercero. In re Astacio Caraballo, 149 D.P.R. 790 (2000).

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A la luz de los hechos antes reseñados y del derecho aplicable en este caso, concurrimos con la Comisionada Especial en que el licenciado Zapata incurrió en una conducta violatoria de los Cánones 12, 18 y 35. Los hechos, según determinados por la Comisionada, demuestran que el querellado no ejerció el cuidado y la diligencia necesarios en la gestión que le fue encomendada. No hay controversia alguna en que no se cumplió con el término que disponen las Reglas de Procedimiento Civil para emplazar, ni se justificó de forma alguna la dilación en el cumplimento con dicho procedimiento. Una vez el abogado presentó la demanda de divorcio y la moción para que se autorizara el emplazamiento mediante edicto, éste se desentendió completamente del caso hasta que transcurrió el término de seis meses para diligenciar el emplazamiento. Véase Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

El querellado informa que compareció en varias ocasiones a la Secretaría del tribunal de instancia para ver si se habían expedido los emplazamientos. Lo cierto es que en el expediente no hay moción alguna dirigida al tribunal que advirtiera de esta situación y de la necesidad de que se actuara prontamente para evitar que transcurriera el término reglamentario para el diligenciamiento. No es aceptable que la primera moción que se presentara sobre este particular, se instara siete meses después de presentada la demanda original.

Tal y como señala la Comisionada, es cierto que del ex-pediente del caso ante el foro de instancia se desprende que la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia no llevó a la atención del juez oportunamente la moción para la expedición del emplazamiento mediante edicto. Ello, sin embargo, no justifica que en el ínterin el querellado no efectuara gestión alguna sobre este asunto. La posible falta de diligencia de la Secretaría no justifica la propia. Adviértase que, tan pronto este asunto fue traído a la atención de la juez de instancia, ésta actuó diligentemente ex-pidiendo los emplazamientos y autorizando el emplazamiento mediante edictos.

Como indicamos, el foro primario finalmente ordenó que se expidiesen los emplazamientos y autorizó el emplazamiento mediante edicto. Sorprendentemente, el querellado vuelve a incumplir con los términos de las Reglas de Procedimiento Civil en esta ocasión, con la Regla 4.5 que regula el término para notificar a un demandado emplazado mediante edicto, la publicación del edicto y la copia de la demanda, como tampoco se adujo justa causa para dicho incumplimiento. Esto provocó que se desestimara, aunque sin perjuicio, la demanda de divorcio. Esta conducta está reñida con los Cánones 12 y 18 de Etica Profesional.

Sobre este asunto, citamos del informe de la Comisionada, pues concurrimos con su apreciación:

El querellado alega que fue el cliente, quien por su formación de militar quiso tener el control del caso, quiso llevar los edictos, pagarlos y realizar las gestiones relacionadas con éstos. Tales justificaciones no son aceptables, ya que las obligaciones éticas son indelegables y ningún abogado puede descansar en que el cliente asuma su responsabilidad de velar por el incumplimiento con los términos y órdenes de los tribunales y organismos ante los que realizan sus funciones de representantes legales. Menos aún, cuando tal actuación puede, como en este caso, ocasionar dilaciones y la desestimación del caso. Informe de la Comisionada Especial de 13 de abril de 2009, pág. 23.

Nada más tenemos que añadir a lo dicho acertadamente por la Comisionada Especial, salvo que nos parece inverosímil que se pretenda justificar un claro incumplimiento con una disposición legal y con las obligaciones éticas del abogado aduciendo que la responsabilidad recaía de facto sobre el cliente y no sobre él.

Por otro lado, el abogado de epígrafe presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del archivo del caso por el foro inferior fuera del término que proveen las reglas, lo que provocó que se desestimara la apelación por falta de jurisdicción. La única explicación del querellado para esta dilación es que el quejoso ya tenía otra abogada y que él se comunicó con ésta, le envió los documentos al quejoso y que no cobró por la apelación.

Como ya apuntamos, es deber de todo abogado salvaguardar el derecho a recurrir en alzada de una determinación adversa para el cliente, por lo que permitir que transcurra el término de apelación entraña, de suyo, una violación al deber de diligencia de todo abogado. Como regla general, y en ausencia de un convenio sobre el particular, un abogado que actúa como tal en la celebración de unos trámites judiciales a nivel de instancia, no tiene la obligación para con su cliente de continuar como abogado en los trámites de apelación una vez se dicte la sentencia. Ello no quiere decir, sin embargo, que no deba proteger el derecho de su cliente a apelar. Esta obligación existe al margen del acuerdo pactado, pues es corolario del deber de diligencia y de ofrecer una labor idónea y responsable para con un cliente. De más está decir que el hecho de que no cobró por su gestión en alzada no lo releva del cumplimiento con sus obligaciones éticas.

La inacción y dilación de parte del querellado en este caso evitó que el tribunal pudiese adquirir jurisdicción sobre la parte demandada, quien no contestó la demanda presentada y que en su lugar presentó la propia en Kansas. Ello, a su vez, obligó al quejoso a contratar una representación legal para que atendiera el caso en Kansas.

Los hechos aquí relatados demuestran que el querellado no pudo rendir una labor idónea ni competente. Obligó a que su cliente tuviese que incurrir en gastos adicionales a los pactados originalmente para tramitar su divorcio, además que provocó que éste perdiera tiempo en la eventual solución de su caso. En la tramitación del caso el querellado incumplió con los términos para el emplazamiento mediante edictos, con la Regla 47 de Procedimiento Civil sobre la reconsideración y el término de apelación de una sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. Su displicencia obligó a su cliente a acudir por derecho propio en más de una ocasión a los tribunales, quien evidentemente no tenía los conocimientos de la ley y de los procesos para hacerlo. Todo esto apunta a violaciones a los Cánones 12 y 18 de Etica Profesional.

Por otra parte, las actuaciones del querellado también se apartan del deber que tiene todo abogado de exaltar el honor y la dignidad de la profesión, conforme lo exige el Canon 35 de Etica Profesional. La información que el querellado le ofreció al tribunal de instancia de que había notificado el edicto y la demanda a la parte demandada sin acreditarlo como lo exige la regla y la no disponibilidad de dicha evidencia cuando el tribunal así lo solicitó, para luego someter evidencia de una notificación tardía, son actuaciones que faltan a los deberes que impone el Canon 35 de Ética Profesional.

Por las razones que hemos mencionado, no albergamos duda alguna que el licenciado Zapata Torres incurrió en violaciones a los Cánones 12, 18 y 35 de Ética Profesional en la tramitación del caso de divorcio del quejoso.

Al determinar la sanción disciplinaria que habrá de imponerse a un abogado que haya incurrido en una conducta reñida con los postulados éticos que guían el desempeño en la profesión legal, podemos tomar en cuenta los factores siguientes: (i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) el historial previo de éste; (iii) si ésta constituye su primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada; (iv) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una conducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (vii) el resarcimiento al cliente, y (viii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien de acuerdo con los hechos. Véanse: In re Montalvo Guzmán, 164 D.P.R. 806 (2005); In re Quiñones Cardona, 164 D.P.R. 217 (2005); In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 310-311 (2000); In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998). Estos criterios nos sirven de guía al determinar la sanción que procede imponer.

Sopesado los criterios anteriores enumerados, consideramos que la conducta desplegada por el licenciado Zapata Torres denota displicencia y falta de atención a los términos provistos en el ordenamiento procesal civil. Ello provocó, primero, que se desestimara la demanda instada originalmente y luego, al acudir al foro apelativo intermedio, la desestimación por falta de jurisdicción, habida cuenta que dejó transcurrir el término apelativo correspondiente. Este proceder obligó al quejoso a contratar una nueva representación legal, tanto en Puerto Rico como en Kansas, habida cuenta que allá la señora Lewis instó un pleito de divorcio en su contra. Por otro lado, del expediente surge que el querellado no le cobró al quejoso ni cobró por la traducción de documentos del caso para que se utilizaran en el procedimiento que se ventilaba en Kansas. La Comisionada no pudo determinar cuál fue el resultado de este proceso, pues el quejoso no testificó durante la vista celebrada.

Considerando lo anterior, ordenamos la separación inmediata del ejercicio de la abogacía del licenciado Edgardo Zapata Torres por el término de dos meses, contados a partir de la notificación de la presente opinión per curiam.

Le imponemos el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándoles, devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajo no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del país. Además deberá certificarnos dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de esta opinión per curiam, el cumplimento de estos deberes.

Se emitirá sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no interviene.