author: El Juez Peesidente Sb. del Tobo,

text:
    Pérez, Demandante y Apelado, v. Compañía del Cable Francés, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre indemnización (moción de reconsideración.)
    No. 2819.
    Resuelto eu reconsideración en mayo 11, 1923.
    Daños y Perjuicios — -Mora—Dolo.-—Rechazada por la demandada cierta carne fresca que había convenido en comprar a] demandante y negándose a pagar el precio de la misma bajo el pretexto de que estaba dañada; probado que la carne estaba en buenas condiciones, no sólo viene la demandada obligada a satisface^ el precio, sí que también los daños y perjuicios ocasionados al de-mandante, cuyo montante no está regulado por el artículo 1075 del Código Civil, sino por el 1073 en relación con el 1068 del propio cuerpo legal, ■ ya que la demandada incurrió en dolo al negarse a cumplir su obligación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Chas. Hartgell y D. F. Kelly.

    Abogado del apelado: Sr. M. Tous Soto.

   El Juez Peesidente Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Solicita la parte demandada por medio de nuevos abo-gados la reconsideración de la sentencia dictada en este caso el 23 de abril último. Alega que, como cuestión de derecho, lo único que podía reclamar el demandante en concepto de daños y perjuicios era el interés del valor de la carne de-jada de pagar y que siendo dicho valor el de $313,45 sola-mente, los intereses no podrían nunca, dado el tiempo trans-currido, ascender a la suma necesaria para conferir juris-dicción original a la corte de distrito.

Ni en la contestación a la demanda, ni en la moción so-licitando que la corte de distrito dejara sin efecto su sen-tencia, ni en el alegato presentado para sostener el recurso de apelación interpuesto, levantó la demandada esa cuesr tión. La hemos estudiado sin embargo, por estar envuelta la jurisdicción de la corte, pero a nuestro juicio no tiene mérito alguno.

Es cierto que el artículo 1075 del Código Civil, que' pa-rece que es el que tienen en mente los nuevos abogados de la demandada, dispone que: “Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no ha-biendo pacto en Contrario, consistirá en el pago de los inte-reses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal.” Pero ese no es aquí el caso. El demandante se avino a proveer de cierta cantidad de carne a la demandada y la de-mandada a pagar de contado sn precio. La demandada no sólo incnrrió en mora ya qne dejó de pagar el precio en el día convenido, si qne también en dolo al neg’arse a recibir la carne bajo el pretexto de qne estaba dañada. Con ello obligó al demandante a llevar al vapor de la demandada las autoridades sanitarias y un perito para qne reconocieran el artículo y luego a hacerlo examinar en un laboratorio, incu-rriendo en los gastos consiguientes y además perdiendo el demandante su crédito y desorganizando su pequeño nego-cio al dejar de cumplir con las personas que le proporciona-ron los animales vivos para beneficiarlos y al abandonar por .varios días su trabajo y sus intereses.

Siendo esos los hechos, no es el artículo 1075 el precepto de ley aplicable, sino los artículos 1068 y 1073 del propio Có-digo Civil que dicen, el primero, que: “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo con-travinieren al tenor de aquéllas,” y el segundo, que: “La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.”

Debe declararse no haber lugar a la reconsideración so-licitada.

Denegada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Monserrate, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Eecurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Gruayama denegando la inscripción de una es-critura de hipoteca.
    No. 567.
    Resuelto en abril 24, 1923.
    Mención — Inscripción de Gravámenes Mencionados. — Mencionada en la ins-cripción de la venta de una finca la bipoteea constituida con anterioridad por su dueño el vendedor, expresándose además que el comprador reserva en su poder laj cantidad necesaria para pagar en su día la hipoteca, es ésta inscribible en el registro no obstante lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Hipotecaria, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 29 del mismo cuerpo legal.
    Testigos Instrumentales — Requisitos de los Testigos Instrumentales. — No constituye defecto el no expresarse en una escritura que los testigos instru-mentales no están comprendidos dentro de las causas de incapacidad que determina el inciso 2o. de la seceión 20 de la Ley Notarial.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. M. M. Morales.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el registro de la pro-piedad de Gruayama cierta escritura de hipoteca, la negó el registrador, por medio de una nota que, copiada en lo perti-nente, dice:

"Primero: porque la finca hipotecada se halla inscrita a nom-bre de Diego Torres González, persona distinta de la del deudor e hipotecante: segundo: porque si bien en la inscripción de venta a favor de Diego Torres González se menciona un crédito hipoteca-rio por trescientos cincuenta dollars ($350), a favor de Don Hipó-lito Monserrate, no resulta que ese sea el mismo crédito que se pre-tende inscribir, por cuanto no está claramente identificado; y, ter-cero: porque aun en el caso de que se hubiera identificado, no procede la inscripción aún aplicándole la jurisprudencia sentada en el caso de Bello v. Registrador de Arecibo, resuelto en julio 28, 1922, hoja suelta Nos. 207-208, porque esta se refiere a hipoteca por precio aplazado de la venta, y el caso que nos ocupa se refiere a una hi-poteea constituida por deuda confesada antes de vender la finca a un tercero; y tomada en su lugar anotación preventiva * * * en la que se consigna el defeclo subsanable de no hacerse constar si los testigos instrumentales no están comprendidos dentro de las cau-sas de incapacidad que determina el inciso 2o. de la sección 20 de la Ley Notarial.”

No Conforme el acreedor hipotecario, apeló para ante este tribunal, presentando un escrito que contiene los seña-lamientos de error y un alegato exponiendo las razones en que cada error se basa. La actuación del letrado del recu-rrente en este caso constituye una ilustración de la eficaz ayuda que pueden prestar los abogados a la corte para el más rápido despacho de los asuntos a ella sometidos.

En 5 de noviembre de 1921 Eudosio Torres, dueño de cierta finca urbana situada en Cayey, la hipotecó a favor de Hipólito Monserrate para responder de la suma de $350.

El 30 de marzo de 1922 el dicho Eudosio Torres vendió su finca a Diego Torres, y en la escritura de venta se hizo constar que “esta finca se halla afecta a una hipoteca por la suma de trescientos cincuenta dollars a favor de don Hipólito Monserrate,” y, además que el precio de esta venta es un mil quinientos dollars de los cuales el compra-dor se reserva trescientos cincuenta para el pago de la hi-poteca a favor de Hipólito Monserrate, antes expresada.”

El contrato de compraventa otorgado en la forma indi-cada quedó inscrito en el registro- de la propiedad de G-ua-yama el 13 de junio de 1922 y presentado el 11 de septiem-bre de 1922 el de hipoteca, el registrador negó la inscripción por los motivos que ya conocemos.

Consta, pues, con suficiente claridad a nuestro juicio, que se trataba de la misma hipoteca y siendo ello así opinamos que es erróneo el criterio sustentado por el registrador.

Es cierto que el artículo 17 de la Ley Hipotecaria dice que “Inscrito o anotado preventivamente en el Registro cual-quier título traslativo de dominio o de posesión de los in-muebles o de los derechos reales impuestos sobre los mis mos, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha por el cual se transmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real”, pero también lo es que la propia ley dispone en su artículo 29 que “El dominio o cualquier otro derecho real que se mencione expresamente en las inscripciones o anotaciones preventivas, aunque no esté consignado en el Begistro por medio de una inscripción separada y especial, surtirá efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presentación. Lo dispuesto en el pá-rrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la obligación de inscribir especialmente los referidos derechos. •* * '*

Y comentando esos preceptos de ley, dicen G-alindo y de la Escosura:

“También, atendida la materialidad de las palabras del art. 17 puede considerarse excepción, la inscripción de hipotecas o censos constituidos y no inscritos antes de inscribirse en el Registro el tí-tulo traslativo de dominio de la finca a que afecten, si en él se hizo mención de esas cargas.
Si hubiera- de entenderse literalmente el art. 17, no se podrían inscribir tales hipotecas o censos, no obstante haberse mencionado en la inscripción del título traslativo de dominio; pero teniendo en cuenta que el vendedor, obrando con la debida buena fé, hizo constar la existencia de la hipoteca o del censo, y que el Registrador, cum-pliendo con lo preceptuado en el art. 29 de la Ley, hizo mención de tales cargas, incluyéndolas en el párrafo correspondiente de la ins-cripción, creemos que si después de extendida ésta solicitara el acree-dor hipotecario o el censualista que se inscribiese su título, se ha-bría de acceder a ello, no obstante ser de fecha anterior al título inscrito. El objeto del art. 17 es impedir que se perjudique al que oportunamente inscribió, y como en el caso propuesto no hay per-juicio, porque con arreglo al art. 29 de la Ley, el dominio o cual-quier otro derecho real mencionado expresamente en una inscripción, surte su efecto contra tercero, y con más razón contra el que fué parte en el acto .o contrato inscrito, sin que se exima por ello de la obligación de inscribir especialmente el referido derecho, no debe impedirse al acreedor que lo_ inscriba cuando quiera. (V. Res. de 27 Jul. 1899) “1 Galindo, Legislación Hipotecaria, 652.

Esta misma Corte Suprema en el caso de Fajardo Sugar Growers’ Association v. Registrador, 25 D. P. R. 366, resolvió que “El artículo 17 de la Ley Hipotecaria que pro-híbe la inscripción de títulos traslativos de dominio o que contenga gravamen, cuando existe una inscripción posterior a favor de otra persona, no es aplicable si la persona en cuyo favor está hecha la inscripción, no es un tercero.” Y en el de Bello y Feo v. Registrador, 31 D. P. R. 118, decidió que “Mencionada en la inscripción de la venta de una finca la hipoteca que por precio aplazado constituyeron los com-pradores a favor de los vendedores, procede inscribir dicha hipoteca aunque la finca hubiere sido traspasada de nuevo y aparezca ya inscrita a favor del adquirente.”

Tampoco existe el defecto subsanable apuntado por el re-gistrador. La ley no exige que se haga constar lo que el re-gistrador pretende. La cuestión levantada está resuelta pol-la Corte desde 1916, así:

“En cuanto al defecto subsanable de no expresarse en el docu-mento la edad de los testigos, si bien la sección 13 de la ley notarial dispone que ninguna escritura pública, salvo lo que dispone para casos especiales, o sea en la sección 22 para los testamentos y demás disposiciones mortis causa, podrá ser autorizada sin la presencia de dos testigos y que no podrán ser.tales los que no sepan firmar, los parientes, escribientes o criados del notario autorizante ni los pa-rientes de las partes interesadas, dentro del cuarto grado civil o segundo de afinidad, la sección 10 sólo exige respecto de ellos que se consignen sus nombres y vecindad y no existe precepto alguno que disponga se baga constar la idoneidad 'de los testigos por lo que la falta de esta circunstancia no constituye defecto alguno. Resolu-ciones de la Dirección de los Registros de España de 23 de octubre y 5 de diciembre de 1903, 5 de febrero y 20 de julio de 1904.” M. Grau, e Hijos v. El Registrador, 23 D. P. R. 380, 384.

Por virtud de todo lo expuesto, debe revocarse la nota re-currida.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Román, Demandante y Apelado, v. Pérez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre desahucio en precario.
    No. 3013.
    Resuelto en mayo 4, 1923.
    Desahucio — Comparecencia Preliminar — Prueba Documental. — El objeto de la comparecencia preliminar en una acción de desahucio es que las partes ten-gan conocimiento de la prueba documental que ha de ofrecerse en el juicio eon el fin de acelerar el procedimiento sumario y de que ambas partes ten-gan oportunidad de prepararse para el debate de la cuestión litigiosa plan- - teada.
    Id. — Identidad de la Einca — Conflicto de Títulos. — Si el demandado no prueba enteramente el punto relativo a que la propiedad en litigio realmente for-maba parte de la finca de mayor cabida reseñada en su escritura, esa es una cuestión preliminar de hecho, que de ser resuelta a favor del deman-dante, eliminaría la controversia en cuanto al título. Por otra parte, si la propiedad en disputa está dentro de la superficie comprendida por la escri-tura del demandado, la cuestión del efecto de la sentencia en la acción reivindicatoría, de acuerdo con la cual alegó el demandante su derecho de propiedad sobre la validez del título, adquirido por el demandado es cosa que no puede resolverse en una acción de desahucio. No habiendo sido considerada de modo directo la cuestión preliminar por la corte inferior se ordenó la devolución del caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Mercader.

    Abogado del apelado: Sr. L. Goballes.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en una acción de desahucio en su carác-ter de condueño en común proindiviso y como arrendatario de otros copartícipes de una finca de quince cuerdas de te rreno, alegó que habiendo dejado encargado temporalmente de la finca a nn tal Ruperto Ríos, el demandante halló luego al demandado en posesión de ella sin su permiso y contra la voluntad del demandante sin pagar canon o merced alguna y negándose a entregar la posesión.

El demandado contestó la demanda alegando como de-fensas afirmativas lo siguiente:

“1. Que la finca de 15 cuerdas descrita en el lieelio segundo de la demanda, tal como allí aparece, nunca fia sido del demandante ni de ninguna otra persona que del propio demandado que es único dueño en propiedad y dominio, y la cual parcela es parte íntegra y está comprendida en el inmueble del cual es dueño en plena pro-piedad, dominio y posesión el demandado y que se describe así: Rús-tica de 36 cuerdas más o menos en el barrio Buena Vista de Hatillo, linda al Norte, antes Jacobina Castro, fioy Sinforoso Pérez; Sud, antes José Félix Ruiz y Vicente Sierra Tur, fioy Jaime Torres; Este, Jacinto de Arce, María Valentín y Francisco Terrón, antes, fioy Sinforoso Pérez; Oeste, Carlina Galán y Juan Román Tanamá, antes, hoy Alfredo Matfieu y Antonio Torrado.
“2. Que las 36 cuerdas referidas, de la cual forma parte la de 15 descrita en el hecho segundo de la demanda, la compró el demandado a Juan Ríos Irizarry por escritura de Io. de julio, 1920, ante el notario Manuel O. Figueroa, inscrita al tomo 29 de Hatillo, folio 76 vuelto; y que Irizarry la compró de la Sucesión de José Domingo Vélez del Rosario; que esta Sucesión la hubo por herencia de dicho José Domingo Vélez del Rosario, quien la compró para el 1891; y tanto éste desde entonces, después su sucesión, luego Irizarry, y posteriormente hasta la fecha el demandado, la poseyeron aquellos y viene poseyendo éste xíltimo quieta, públicamente sin interrupción alguna, a título de dueño, de buena fe y justo título, por lo que aún si el demandante pudiera tener algún derecho a tal parcela, estaría ya prescrita a virtud del artículo 1858 del Código Civil, ha-biendo estado siempre el demandante y los que él indica son dueños de las 15 cuerdas residiendo en esta Isla.”

En la vista preliminar el demandante presentó una cer-tificación del Registrador de la Propiedad creditiva de la inscripción de las quince cuerdas a nombre del demandante y de otras personas y un documento sobre arrendamiento.

El demandado, después de leer s.u contestación, ofreció una escritura de Juan Eíos y una certificación del Regis trador de la Propiedad.

Ambas partes anunciaron su intención de presentar prueba testificial en el juicio pero el demandante no Rizo in-dicación alguna respecto a cualquier propósito de presentar prueba documental adicional.

En el juicio, en el que luego fué dictada sentencia a favor del demandante, se admitió prueba con la oposición del demandado tendente a acreditar que con anterioridad al tras-paso en que se funda el demandado y como consecuencia de una acción reivindicatoría, el vendedor del demandado estaba privado de todo derecho, título o interés que pudiera haber alegado tener en las quince cuerdas.

El éfecto de esta prueba en la mente del juez senten-ciador es el que consta de la siguiente cita que hacemos de los hechos declarados probados, a saber:

“Si bien en su escrito de contestación, alega como cuestión de •derecho ser dueño de la misma finca de 15 cuerdas objeto de este litigio, la que dice estar comprendida en otra de 36 cuerdas que ad-quirió de Juan Ríos, por compra en escritura de fecha Io. de julio de 1920; es lo cierto que contra Juan Ríos, el vendedor de las quince cuerdas al demandado, presentaron los demandantes en trece de enero de .1919, una demanda de reivindicación de la propia finca de 15 cuerdas, en cuyo litigio recayó sentencia dictada en 10 de fe-brero de 1919, por lo que se declaró con lugar la demanda conde-nando a Juan Ríos a que desalojase y entregase la finca de quince cuerdas propiedad de los demandantes y objeto de reclamación en el pleito; cuya finca, por virtud de orden de ejecución cumpli-mentada por el marshal fué restituida a los demandantes ponién-doles en posesión de la misma, y de la cual, posteriormente fueron desalojados clandestinamente de su posesión por el demandado Siu-foroso Pérez, cuando el demandante y condueño y arrendatario de los demás condueños, Juan Román Rivera, se encontraba enfermo, y ausente y sin poder ocuparse de la finca.
“La alegación por tanto del demandado de título adverso, ca-rece de fundamento legal, toda vez que su vendedor Juan Ríos no tenía la propiedad, ni la posesión de la finca de 15 cuerdas, cuando se otorgó la escritura de venta de primero de julio de 1920.
:‘Una mera alegación de título no puede destruir la acción po-sesoria de los demandantes.”

Los hechos aquí declarados probados, de ser ciertos, po-drían servir de base a una sentencia a favor del demandante en una acción para recobrar la posesión mediante injunction; pero no podemos convenir con la conclusión de que ellos son suficientes para eliminar la cuestión de título.

El objeto de la vista preliminar es apercibir a las partes respecto a lá prueba documental que ha de ser ofrecida en el juicio, con el fin de acelerar el procedimiento sumario y dar una oportunidad a las partes para prepararse a de-batir las cuestiones litigiosas de tal modo planteadas.

En este caso el demandado reclamaba su derecho de pro-piedad por virtud de un título inscrito. No hay nada que demuestre que la sentencia en la acción reivindicatoria ha-bía sido anotada o que se hubiera hecho alguna anotación de lis pendens. Debe presumirse que el demandante ha tenido Conocimiento del resultado en la anterior acción y de la exis-tencia de la prueba documental aducida en el juicio; y si la misma había sido presentada en la vista preliminar, o anunciada la intención de ofrecerla en el juicio, puede ser que el demandado hubiera podido establecer una situación legal como comprador de buena fe sin conocimiento directo, o en otra forma. De todos modos, la prueba en cuestión no pudo haber tenido otro objeto que destruir la apariencia prima facie del dominio del demandado. Y según aparece de las contenciones contradictorias de los abogados, la de-terminación del efecto de la alegada sentencia final ¿n la ac-ción anterior en cuanto a que confiere un título al deman-dante envuelve otras determinadas cuestiones legales cuya exposición apenas parece ser necesaria. En cuanto a esto, por supuesto asumimos, como el juez sentenciador parece haberlo hecho y según sugeriría la prueba de la anterior adquisición del vendedor del demandado, que las 15 cuerdas estaban incluidas dentro de la superficie descrita en la es-critura por virtud de la cual reclama el demandado.

Pero el apelado insiste en que el demandado dejó ente-ramente de establecer la proposición de que las quince cuer-das formaban ciertamente parte de la finca de mayor cabida descrita en su escritura.

Esa, por supuesto, es una cuestión preliminar de hecho que de resolverse en favor del demandante eliminaría la controversia en lo que respecta al título. Y por otra parte, si las quince cuerdas están incluidas dentro d.e la superficie comprendida en la escritura de los demandados, entonces la cuestión del efecto de la sentencia en la acción reivindica-toría sobre la validez del título adquirido por el demandado es una cuestión que no puede ser resuelta en un procedi-miento como este.

Toda vez que esta cuestión preliminar no parece haber sido resuelta directamente por la corte inferior, preferimos devolver el caso dejando a la discreción del juez sentencia-dor la alternativa de desestimar la acción si está satisfecho de que las quince cuerdas estaban incluidas en la finca de mayor cabida comprada por la demandada, o dictar cual-quier resolución que no sea incompatible con esta opinión en el caso de llegar a una conclusión contraria.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada, la sentencia y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Rosa, Demandante, Apelante y Apelado, v. Hernández, Demandado, Apelado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre cumplimiento de contrato.
    No. 2877.
    Resuelto en mayo 7, 1923.
    Hipoteca en Horma de Préstamo — Compraventa—Presunción Disputable. — - No existe principio legal que obligue a una corte de justicia a atenerse es-trictamente al texto de ningún documento por absoluto que sea de acuerdo con su faz cuando todas las partes interesadas están conformes en que sim-plemente sea una forma conveniente de hipoteca, o a lo sumo una venta con pacto de retracto otorgado con ningún otro fin que no fuera el de asegurar el pago del dinero prestado.
    Id. — Id.—Prueba de Simulación de Contrato — Sentencia Anulando Escri-tura Simulada. — Analizando la evidencia en la opinión de este caso, se resolvió: que existe prueba suficiente de que no era de venta real sino en garantía de un préstamo, la escritura de traspaso de su finca que hiciera el demandado al demandante; y existiendo también prueba de que la totali-dad del préstamo fué pagada, el demandante fué condenado a retrovender la finca al demandado.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante apelado: Sr. L. Mercader.

    Abogado del apelado apelante: Sr. A. Brusi.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Lucas Rosa en una acción en cierto modo ambiguamente titulada “cumplimiento de contrato” alegó en substancia que en el año 1905 Manuel Hernández y su esposa apare-cían vendiendo al demandante por el precio de $500 treinta cuerdas del terreno descrito en la demanda; que aunque en la escritura se bizo constar una compraventa absoluta el de-mandado ciertamente' se quedó con la finca con la condición de que si en el término de 10 años devolvía al demandante la referida suma y sus intereses al 12% anual, el deman-dante le otorgaría escritura de venta; que el demandado continuó en la posesión y disfrute de la finca y luego acudió al demandante para que le ayudara con dinero para lim-piar e impulsar dichas tierras', abriendo entonces el deman-dante una cuenta corriente y suministrándole dinero con in-terés del 12 por ciento anual, abonando el demandado du-rante los años subsiguientes varias partidas de café; que el demandante, después de notificar al demandado y con su conformidad, liquidó en 22 de enero de 1922 la cuenta corriente de la que aparecía un saldo a favor del deman-dante por la suma de $934.66, la cual el demandado no Ra-bia pagado en todo ni en parte, a pesar de haber sido re-querido para ello y sin dar alguna excusa legal.

En la súplica se pedía que se dictara sentencia contra el demandado condenándole al pago de $934.66, intereses y costas, o en caso de no satisfacer dicha cantidad que se de-clarara por la corte que no habiéndose cumplido la condi-ción del primitivo convenio de la finca el demandado carecía de derecho sobre ella condenándole al pago “de la diferen-cia de $434.66,” intereses y costas.

El demandado en su contestación negó el haberse fijado un plazo de 10 años, la liquidación de la cuenta, la falta de pago, así como los préstamos agrícolas, y admitió la entrega del café, “a cuenta de los $500 y sus intereses, única deuda con dicho demandante contraída.” Sigue luego una contra demanda en la que se alega lo siguiente:

“Que el demandante contrajo de manera formal con el contra-demandante, la obligación de pasarle la escritura de venta a que se refiere en el hecho 2 de la demanda, una vez le fuese pagada la ^ suma de $500 y sus intereses.
“Que no obstante de haber pagado el contrademandante al con-trademandado Sr. Rosa los $500 y sus intereses al tipo fijado del uno por ciento mensual, única ascendencia debitoria con él' con-traída, y a pesar de haberle requerido varias veces al otorgamiento escrituario que le debe, siempre se ha negado, ■ sin duda con la es-peranza dado su interés de adquirir la finca de 30 cuerdas por un bajo precio.
“Por lo que de la corte solicito, declare sin lugar la demanda y con lugar la contrademanda, ordenando al demandante Sr. Rosa en la sentencia que se dicte, traspase al contrademandante la es-critura de dicha finca, por carecer dicho contrademandado de de-récbo alguno sobre la misma, y venir obligado a ello, todo con con-dena de costas.”

Tanto el demandante como el demandado establecen ape-lación contra una sentencia que declara sin lugar la contra-demanda, así como la demanda original, por las siguientes razones:

“La corte oída la prueba documental y testifical practicada y la deposición asimismo producida en el acto del juicio, considera que no se ha probado ,por la parte demandante la falta de cumplí; miento por el demandado en el contrato de compraventa celebrado el 9 de noviembre de 1905, y por virtud del cual el demandado Manuel Hernández Pérez otorgó en escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad, venta de una finca que se describe en 1?. demanda y que no ha sido identificada en la prueba practicada^, toda vez que en razón al título inscrito de la venta de la finca dé que se trata, aparece la posesión real de la misma a favor del de-mandante y por tanto cumplida la obligación principal del vende-dor de entrega de la cosa vendida; no alegándose en la demanda determinadamente en que haya consistido el incumplimiento del vendedor demandado, por lo que declara sin lugar la demanda; y se declara asimismo sin lugar la contradémanda, toda vez que en la misma se aduce una acción que, bajo ningún concepto legal puede considerarse relacionada ni derivada ni en punto alguno referente al contrato de compraventa otorgada en 9 de noviembre de 1905 y sobre el cual se establece en la demanda. Todo sin especial con-denación de costas.”

No existe ninguna controversia planteada en las alega-,, ciones ni conflicto en la prueba en cuanto a la verdadera na-turaleza de la llamada “Venta” hecha en el año 1905. La teoría del juez sentenciador como indica no solamente la re-solución transcrita, sino también el examen de los testigos, parece ser que ambas, las partes y la corte, están obligadas, por los términos literales del documento notarial, no obs-... tante las alegaciones, la estipulación en cuanto a los hechos convenidos y toda la prueba que de modo concluyente indica una simple transacción de dinero prestado por virtud del otorgamiento de una escritura que en su forma es absoluta, pero que nunca fué la intención o la idea de ninguna de las partes en la misma que no fuera otra cosa que una mera ga-rantía para el pago de la deuda. Pero no conocemos ningún principio legal que obligue a una corte de justicia a atenerse estrictamente al texto de ningún documento por absoluto que sea de acuerdo con su faz cuando todas las partes inte-resadas están conformes en que simplemente sea una forma conveniente de hipoteca, o a lo sumo con pacto de retracto otorgado con ningún otro fin que no fuera el de asegurar el ¡pago del dinero prestado.

No existe absolutamente nada en la prueba que sugiera eb becbo de que la escritura fuera otorgada en garantía de alguna obligación que no sea la promesa de pago de la suma de $500 con intereses sobre ella, o de que algún gravamen se constituyó sobre la finca en cuestión para garantizar alguna otra Obligación.

No hay nada que indique de modo concluyente que exista ninguna otra obligación. Ciertamente que no hay ninguna base satisfactoria o concreta en la que pueda descansar una sentencia por una suma cualquiera en favor del demandante.

Enrique Rosa, hijo del demandante, declaró en forma vaga y general que algunos meses después de la primitiva negociación Hernández .vino a casa de su padre y dijo que -necesitaba dinero y su padre le dió más dinero en varias oca-siones y en distintas sumas; que el documento presentado al testigo era un extracto de cuenta corriente sacada por el testigo y su padre de las libretas y libros y firmados por •su padre; que la cuenta, incluyendo los $500 en intereses y las demás sumas adelantadas ascendían a $936 y algunos centavos; que en el año 1920 cuando la suma ascendía a un jpoco más de $700 el testigo llamó al demandado, le explicó toda la situación y exigió el pago; que Hernández dijo que iba a tratar de vender la finca y pidió que le enviara un es-tado de la cuenta; que le dejara la cuenta a Ramón Mora, comerciante de Hatillo; y que la misma se entregó a Mora para que se la diera a Hernández.

La cuenta presentada a este testigo no fué admitida como prueba y la resolución de la corte inferior en este sentido no lia sido alegada como error ni comentada en el alegato del demandante. La actuación de la corte al excluir el docu-mento puede, por tanto, para los fines de esta opinión, pre-sumirse que fué correcta.

El demandante declaró que algunos días después de ha-berse otorgado la escritura Hernández acudió a él para que le diera más dinero y el demandante convino en suminis-trarle ciertas sumas de dinero de tiempo en tiempo y así

10 efectuó; que el saldo que debe Hernández es la cantidad que aparece de la cuenta que se le suministró en el último año de elecciones y no ha sido satisfecha; que se hicieron algunos pagos en dinero y otros en cafó; que el testigo no puede decir la cantidad más o menos debido a que su hijo Enrique estaba atendiendo a eso; que el testigo no recuerda si se le dió o no en ciertas ocasiones recibos por los pagos así hechos; que el testigo no recuerda qué cantidad se pagó en efectivo; que Enrique puede decir la cantidad; que el testigo no recuerda el precio del café en el año 1906 ni en los años subsiguientes.

El demandado fué a la silla de testigos y manifestó que nunca había recibido del demandante un centavo en con-cepto de refacción, ni por contribuciones ni ningún otro fin; que desde 1906 a 1916 el demandado hizo entregas anuales de café y pagó $400 en efectivo y en muchas ocasiones no se dió ningún recibo; el demandado presentó como prueba recibos creditivos de los siguientes abonos: en el año 1906, 85 almudes, 13 litros de café en cáscara para ser abonados cuando efectuemos su arreglo; en el año 1907, 48 almudes, 11 litros de café para abonarse cuando efectuemos su justo valor; en 1908, 18 almudes, 2 litros de café en cáscara para ser abonados en la forma en que acaba de expresarse, 12 al-mudes 2 litros para ser abonados al hacerse el arreglo como se ha indicado, dos fanegas, 5 almudes 11 litros de café; en 1909, 122 almudes de café en cáscara para ser abonados al hacerse el arreglo; en 1910, 18 almudes 6 litros de café en cáscara para ser abonados al efectuarse el arreglo; en 1911, $100; en 1912, $100; en 1914, 484 libras de café en cáscara para ser abonados al hacerse el arreglo, y en 1916, $50.00

Aún cuando la reclamación relativa a la obligación adi-cional por refacciones hubiera quedado establecida más cla-ramente, sin embargo, no habiendo nada que indique en qué forma había aplicado el demandante estas sumas de dinero,, el demandado tendría derecho a insistir en que fueran abo-nadas a la obligación original. Y si estas sumas no fueren suficientes para acreditar prima facie el haber quedado ex-tinguida la primitiva obligación, entonces, atendidas todas las circunstancias, nos inclinamos a dar al demandado el be-neficio de cualquier duda respecto a la veracidad de su mani-festación que no ha sido contradicha en cuanto al pago de otras sumas de dinero por las cuales no se le dió ningún re-cibo.

Debe revocarse la sentencia apelada en cuanto por ella se declara sin lugar la contrademanda, y en su lugar dic-tarse sentencia por esta corte ordenando al demandante que otorgue escritura de retro venta a favor del demandado de la finca en cuestión dentro del término de diez días; dispo-niéndose además, que en caso de incumplimiento por parte del demandante, el márshal de la corté de distrito procederá al otorgamiento de dicha escritura y cancelación del asiento en el registro de la propiedad; y confirmada además dicha sentencia en cuanto declara sin lugar la demanda, y en sus demás particulares.

Confirmada, en parte y en parte revocada la sentencia■ apelada.

Jueces- concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Martínez, Demandante y Apelada, v. López, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre indemnización por daños y perjuicios. Moción sobre desestimación de la apelación.
    No. 3044.
    Resuelto en mayo 7, 1923.
    Apelación — Transcripción de la Evidencia — Tardanza del Taquígrafo. — La tardanza del taquígrafo que no perjudica al apelante, a que se refiere la sec-ción 3 de la Ley 27 de 1917, enmendada por la Ley 81 de 1919, es aquella que ocurre después de vencido el término para preparar la transcripción de la evidencia, pero dentro de la prórroga o prórrogas que la corte pueda con-ceder. Si se deja fenecer el término sin gestión alguna, el dereelio se pierde, a menos que se solicite y conceda de acuerdo eon la ley, no una prórroga sino un nuevo término.
    Los hechos estáin expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. S. Sumo.

    Abogado de la apelada: Sr. J. Vendrell.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión dei. tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso basándose en que la transcripción no se ha archivado den-tro del término de ley. Se opuso el apelante. De los autos resulta que dictada sentencia el 26 de febrero de 1923 se apeló de ella el 26 de marzo siguiente. Optó el apelante por que el taquígrafo preparara la transcripción de la evi-dencia. Se concedió a dicho funcionario un término de veinte días, y, después de vencido, el 18 de abril último, re-querido por el apelante, manifestó a la corte que no le había sido posible preparar la transcripción y solicitó que se le concediera una prórroga. La corte negó la solicitud. Ar-Chivó el apelante nn escrito de reconsideración y la corte in-sistió en su resolución citando los casos de Mercado et al. v. Suc. Ferreiro, 26 D. P. R. 492, y Vieira & Co. v. Reyes, 28 D. P. R. 80.

Siendo ello así, liabiendo transcurrido con exceso el tér-mino de treinta días fijado por la ley para archivar la trans-cripción de los autos en la secretaría de este tribunal, tér-mino que se cuenta a partir de la fecha de la interposición del recurso cuando no existe, como no existe aquí, exposición del caso, se impone la desestimación del recurso.

Pero el apelante insiste en que lo único que demuestran los autos es una demora por parte del taquígrafo y que tal demora de acuerdo con la Ley núm. 81 de 1919 no puede per-judicarle.

No sólo la ley anterior sobre la materia, o sea, la 27 de 1917, sí que también la No. 81 de 1919 que invoca el ape-lante han sido interpretadas por este tribunal en sentido ad-verso al apelante: casos de Sucesión Ferreiro y de Vieira, supra, citados por el juez sentenciador.

Es cierto que la sección 3 de la Ley núm. 27 de 1917, tal como quedó enmendada por el artículo 1 de la Ley núkn. 81 de 1919, contiene estas palabras: “y en ningún caso la de-mora del taquígrafo en preparar dicha transcripción cons-tituirá motivo legal para desestimar una apelación” y que también lo es que “demora,” según Escriche, significa “la tardanza o el tiempo que corre después del término o plazo señalado para el pago o la restitución de una cosa,” siendo necesario para que exista demora por parte del taquígrafo, aplicando igual razonamiento, que haya vencido el término fijado por la ley para la entrega de la transcripción, pero habiendo en consideración las palabras del estatuto que preceden a las transcritas, a saber: “Los términos señala-dos en esta ley podrán prorrogarse por la corte como en los demás casos, a instancia del taquígrafo o del apelante, el se-ñalado para preparar la transcripción, y a instancia de este último los demás:”, esta corte ha resuelto que la tardanza del taquígrafo que nó perjudica en ningún caso al apelante es aquella que ocurre después de vencido el término de ley-pero dentro de la prórroga o prórrogas que la corte pueda con-ceder. Si se deja fenecer el término sin gestión alguna, el derecho se pierde, a menos que se solicite y conceda de acuerdo con la ley no una prórroga, sino un nuevo término. Aquí se solicitó una prórroga y fué propiamente denegada-

Careciendo de mérito la contención del apelante, debe de-sestimarse la apelación por el motivo alegado por la parte apelada.

Desestimado el recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison. c

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldret,

text:
    Sucesión Rivera, Demandante, Apelante y Apelada, v. Hernández et al., Demandados Apelados y Apelantes.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Humaeao en pleito sobre reivindicación.
    Nos. 2664 y 2662.
    Resueltos en mayo 7, 1923.
    Contratos Celebrados por Menores — Contratos Anulables — Prescripción de la Acción de Nulidad. — Dos menores que tenían 39 y 20 años enajenaron su derecho hereditario expresando en la escritura de cesión que eran mayores de edad. Se resolvió: que los contratos celebrados por menores en que fin-gen ser mayores de edad cuando están próximos a alcanzar dieha mayoría, no son inexistentes sino anulables: y que no habiendo ejercitados dentro de los cuatro años después de ser mayores de edad la acción de nulidad recono-cida por el artículo 126S del Código Civil, las cesiones quedaron convalidadas.
    Ley del Caso — Sentencia Anterior. — Se resuelve que la sentencia anterior dic-tada en este pleito es la ley del caso para los herederos cuyas cesiones .le derechos hereditarios fueron declaradas válidas, y que por esto no pueden atacar ahora la validez de sus cesiones ni puede ser resuelta nuevamente tal cuestión.
    Reivindicación — Parte Demandante — Derechos Reservados por Sentencia.-— En el presente pleito de reivindicación se resolvió: que en cuanto al heredero fallecido a los 13 años de edad y antes de presentarse la demanda, por lo que indebidamente fué incluido como parte demandante, y cuyos herederos no han reclamado en este pleito, y en cuanto al heredero postumo, con rela-ción a los cuales no se alegó ni probó que hayan traspasado en forma alguna su parte hereditaria, por tanto, son los únicos que resultan condueños en !a finca con la persona en cuyo poder está actualmente, por lo que deben re-servárseles sus derechos para ejercitar las acciones procedentes contra dicha persona.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los demandados apelantes: Sres. B. Arce y M. Tous Soto.

    Abogado de la demandante apelante: Sr. L. Mendín.

   El Juez Asociado Sr. Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito viene por segunda vez a este tribunal en ape-lación interpuesta por ambas partes contra la sentencia últi-mamente dictada por el tribunal inferior, y aunque dichos re-cursos se han tramitado separadamente creemos que debemos considerarlos conjuntamente, no sólo por la íntima relación que guardan entre sí sino también para la más fácil inteligen-cia del asunto.

Jacinto Rivera .García falleció el 27 de febrero de 1895 con testamento que otorgó el día antes de morir en el que instituyó como herederos suyos a los ocho hijos de su primer matrimonio con Ricarda Delgado, nombrados Josefa, Graciano, Abad, Eduarda, Cristina, Prudencia, Agustín y Re-galada, y también al hijo que naciera de su segunda esposa encinta Eduvigis López. Este hijo postumo es Alberto Rivera López.

Casi veintiún años después, el 5 de enero de'1916, cinco de esos hijos mayores de edad, o sean, Graciano, Abad, Cristina, Prudencia y Regalada, el hijo postumo menor de edad Alberto Rivera López y otros cinco menores de edad, dos de ellos, Pedro y Jacinto, como hijos de la heredera fallecida Josefa Rivera Delgado, y los otros tres, Rafael, Andrés y Ramona Vázquez, como hijos también de la heredera fallecida Eduarda Rivera, demandaron a Gregorio Hernández y a Francisca Martínez en reivindicación de cierta, finca de veinticinco cuer-das de terreno, descrita en la demanda, alegando que perte-neció a su causante Jacinto Rivera García, que pertenece a los demandantes por herencia suya y que está poseída por los demandados de mala fe.

Contestaron los demandados que antes de morir Jacinto Rivera García le compró Gregorio Hernández catorce cuerdas de dicha finca; que posteriormente el mismo Hernández, por cesiones que le hicieron los demandantes, con excepción del hijo postumo Alberto Rivera López, adquirió todos los dere-chos hereditarios que aquéllos tenían en esa sucesión y que posteriormente Hernández ha vendido la finca a la demandada Francisca Martínez quien la posee con ese título de compra.

Al comenzar el juicio en este caso fue substituido Gra-ciano Rivera Delgado, muerto después de radicada la de-manda, por su viuda María Dávila y por sus hijos Francisco, Pedro y María; y fué incluido como demandante otro hijo de Jacinto Rivera, nombrado Agustín. Después de practicadas las pruebas, la Corte de Distrito de Humacao dictó senten-cia contra los demandados por el fundamento de que si bien era cierto que algunos de los demandantes cedieron sus dere-chos hereditarios a Gregorio Hernández, carecían de título bastante para esas enajenaciones mientras no se practicase la partición de la herencia.

En apelación contra esa sentencia declaramos (26 D. P. R. 800) que esa teoría de la corté inferior era errónea porque semejantes cesiones, verificadas aun antes de la liquidación y adjudicación a determinado heredero, son válidas para trans-ferir el título de dicho heredero; relacionamos los documentos públicos en los cuales Josefa, Graciano, Abad, Eduarda, Cristina, Prudencia y Regalada cedían sus derechos en la heren-cia de su padre a favor de Gregorio Plemández, manifestando todos ser mayores de edad, y dijimos que las cesiones de las dos últimas fueron impugnadas porque eran menores de edad cuando otorgaron esas escrituras, aunque no resolvimos sobre la validez de las mismas; expresamos que nada aparecía ' con respecto al hijo postumo y que el heredero Agustín falleció cuando sólo contaba trece años de edad, en 1899, esto es, antes de ser interpuesta la demanda, y dijimos también que puesto que Gregorio Hernández necesariamente recibió todos los derechos de los herederos adultos por lo menos era condueño con los menores, por lo que una. acción de reivindicación en su contra era improcedente; que no encontrábamos justifi-cación alguna para este pleito, especialmente por parte de los herederos adultos y que como los demandantes no reu-nían en sí todo el título a la finca en cuestión, y puesto que los adultos carecen de todo derecho a hacer reclamación al-guna, desestimábamos la demanda.

Apelada nuestra sentencia para ante la Corte de Distrito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Cir-cuito ésta sostuvo nuestras conclusiones de derecho en cuanto a que los herederos podían transferir sus derechos hereditarios aun sin haberse hecho la partición de los bienes y en cuanto a que no procedía una acción de reivindicación, pero estando en duda dicha corte sobre si habíamos decla-rado que los herederos habían hecho cesiones válidas de los derechos en la herencia de su padre a Hernández, aunque posiblemente podía ser declarado que habíamos determinado los derechos de los herederos adultos, si no también los de los herederos menores, devolvió el caso para posteriores pro-cedimientos a fin de que pudiera ser desestimada la de-manda sin perjuicio o, si era posible enmendarse, para pre-sentar la verdadera cuestión en controversia.

Comunicada esa sentencia a la Corte de Distrito de Hu-inacao las partes no presentaron enmienda alguna limitán-dose a pedirle que dictara sentencia por las alegaciones y pruebas que habían sido presentadas antes y la corte dictó sentencia declarando sin lugar la demanda sin especial con-dena de costas, pero reservando a los herederos de Jacinto Rivera García, mayores y menores de edad, los derechos que pudieran corresponderles sobre la finca en litigio para esta-bleeer la reclamación correspondiente. Esta sentencia se fundó, según la opinión escrita por el juez de la corte, en qne algunos de los demandantes no probaron ser herederos de los hijos fallecidos de Jacinto Rivera. Tal es la senten-cia que motiva estos recursos, establecido el de los deman-. dados por la reserva de derecho que contiene para todos los causahabientes de Jacinto Rivera García, y el de los deman-dantes por haber desestimado su demanda.

Los demandados han solicitado en su alegato ante noso-tros que desestimemos la apelación de los demandantes fun-dándose en que la sentencia que antes dictamos en este pleito es la ley del caso, pero este no es motivo para la de-sestimación de la apelación aunque puede serlo para confir-mar la sentencia, por lo menos en cuanto desestima la de-manda.

Los demandantes alegan en apoyo de su recurso que la corte inferior cometió error al estimar que varios de los de-mandantes no probaron su carácter de causahabientes de Jacinto Rivera y también al estimar que la indeterminación de quiénes son algunos de los actuales causahabientes es fatal para el éxito de la acción reivindicatoria que se' ejer-cita en este pleito, pero podemos prescindir de estas cues-tiones dado el juicio que hemos formado de este caso y ad-mitir, aunque sin resolverlo, que todos los demandantes pro-baron ser los causahabientes de Jacinto Rivera García, ya que aun así no puede prosperar la demanda. Los otros dos motivos se fundan en que la corte erró al estimar que Gregorio Hernández tiene sobre la finca el derecho de posesión y, por tanto, que es improcedente la acción reivindicatoria en contra del mismo por los demandantes, y también al estimar que los herederos Josefa, Graciano, Abad, Eduarda, Cristina, Prudencia y Regalada Rivera Delgado cedieron a Gregorio Hernández sus derechos en la herencia de su padre.

Como la Corte de Apelaciones aprobó las conclusiones de derecho de nuestra anterior sentencia y solamente anuló ñiiestra sentencia y devolvió el caso para ulteriores proce-dimientos por estar en duda de si habíamos resuelto sobre la validez de las cesiones de los herederos, para permitir que se desestimara la demanda sin perjuicio, o si era posi-ble, para que presentara la verdadera cuestión en controver-sia, y como los demandantes no han presentado enmienda al-guna después de la sentencia de la Corte de Apelaciones y pidieron sentencia por las alegaciones y pruebas anteriores;y como nosotros resolvimos entonces que los herederos adul-tos Josefa, Graciano, Abad, Cristina y Eduarda cedieron vá-lidamente sus derechos hereditarios en la herencia de su padre a favor de Gregorio Hernández, pues dijimos que éste necesariamente recibió los derechos de los herederos adul-tos, dejando de resolver solamente en cuanto a las cesiones hechas por Prudencia y por Regalada, ya que en cuanto a los menores Agustín y Alberto dijimos que no aparecía que hubieran cedido sus derechos hereditarios, nuestra anterior sentencia resulta ser la ley del caso para las cuestiones en ella resueltas entre las partes y por tanto Josefa, Graciano, Abad, Cristina y Eduarda, o sus causahabientes, no pue-den atacar ahora la validez de sus cesiones ni podemos resolver nuevamente tal cuestión.

. En cuanto a las cesiones hechas por Prudencia y por Re-galada en 1905 y 1908 cuando tenían 20 y 19 años de edad respectivamente, según resulta de las certificaciones de sus nacimientos, aunque entonces no resolvimos sobre la validez de sus cesiones, será conveniente que digamos ahora que ha-biendo manifestado ellas dos en las escrituras de cesión á Hernández que eran mayores de edad, estando próximas a los 21. años fijados por la ley para la mayoridad, y no ha-biendo ejercitado dentro de los cuatro años siguientes a haber alcanzado su mayoría de edad la acción de nulidad reconocida por el artículo 1268 del Código Civil, dichas ce-siones quedaron convalidadas y, por tanto, Hernández ad-quirió los derechos que ellas tenían. Los contratos cele-brados por menores en que fingen ser mayores de edad cuando están próximos' a alcanzar dicha mayoría, no son inexistentes sino anulables. En el caso de García v. Garzot, 19 D. P. R. 866, apoyándonos en una sentencia del Tribunal Supremo de España citada en él, declaramos válido un con-trato semejante al presente, celebrado también por un menor y no impugnado en el término de cuatro años. También Manresa en sus Comentarios al Código Civil, tomo 6, pág. 726, considera meramente anulables los contratos Celebra-dos en esas condiciones.

Por lo que respecta al heredero Agustín, muerto a los 13 años de edad y antes de presentarse la demanda, por lo que indebidamente fué incluido como parte demandante, y cuyos herederos no han reclamado en este pleito, y en cuanto al postumo Alberto Eivera López, no se alegó ni probó que hayan traspasado en forma alguna su parte hereditaria y, por tanto, son los únicos que resultan condueños en la finca con Francisca Martínez quien la compró a Hernández, por lo que deben reservárseles sus derechos para ejercitar las acciones procedentes Contra su condueña Francisca Martí-nez.

En cuanto a la compra alegada por Hernández de catorce cuerdas de la finca en litigio a Jacinto. Eivera no se probó suficientemente, pero esto no es de importancia en vista de las cesiones hechas por los herederos, excepción hecha de Agustín y de Alberto.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada en cuanto declara sin lugar la demanda sin especial condena de costas y reserva a los herederos menores, que son Agustín Eivera Delgado y Alberto Eivera López, los derechos que puedan tener, y debe ser revocada en cuanto a la misma reserva que contiene para los otros herederos.

Confirmadas en parte y en parte revocadas las sentencias apeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Muñoz et al., Peticionarios, v. La Corte de Distrito de Ponce, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de Ponce, Hon. Rafael Díaz Cin- ' trón, Juez.
    No. 411.
    Resuelto en mayo 7, 1923.

      Certiorari — Facultad Discrecional del Tribunal Supremo. — Cuando está dentro de la facultad de un peticionario el obtener sentencia y una revisión mediante apelación, esta corte no debe ejercitar su poder discrecional para revisar por certiorari a menos que esté convencida de que algún verdadero perjuicio ocu-rrirá al peticionario.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los peticionarios: Sr. L. Muñoz Morales.

    La parte contraria no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La lectura de la petición en este caso en la cual no se ha oído a la otra parte, nos inclinaría a la idea de que existe razón en la posición asumida por los peticionarios de que la estipulación de someter los hechos concernientes a la línea divisoria entre las fincas de una y otra parte a tres peritos, o era el arbitraje mencionado en los artículos 204 y siguien-tes del Código de Enjuiciamiento Civil, o fuá por lo menos un convenio arbitral obligatorio para las partes en cuanto a los hechos sometidos.

Sin embargo, estamos convencidos de que el auto de certiorari no debe expedirse en este caso, primero, porque el convenio arbitral aparentemente no resolvió todas las cuestiones planteadas en el caso, y segundo, porque los pe-ticionarios no carecen de un remedio.

Consideraremos primero la segunda onestión por ser de mayor interés. Cuando nn demandado presenta nna ex-cepción previa la cual se declara sin lugar, él puede ob-tener una revisión de su caso permitiendo que se dicte sentencia contra él. Asimismo si los peticionarios hubieran estado seguros de su contención al ser llamado el caso a jui-cio, o lo estuvieran cuando vuelva a llamarse para juicio el día 9 de mayo, ellos pudieron haberse negado, o pueden aún negarse a presentar prueba y permitir que se dicte sen-tencia contra ellos con el consiguiente derecho de apelación. Lo que la corte inferior ha hecho es negarse a dictar sen-tencia sobre el informe arbitral e incumbe a los peticiona-rios el resolver si han de presentar o no alguna otra prueba. Además, la corte inferior puede llegar a convencerse de que los peticionarios tienen razón, ya por virtud del informe arbitral o por cualquier prueba adicional que puedan ellos someter. De todos modos, cuando está dentro de la facultad de un peticionario el obtener sentencia y una revisión me-diante apelación, esta corte no debe ejercitar su poder dis-crecional para revisar por certiorari a menos que esté con-vencida de que algún verdadero perjuicio ocurrirá al peti-cionario.

Sea como esto fuere, la petición muestra que fué levan-tada una alegación de prescripción y no encontramos que la estipulación abarcara esta cuestión. Mientras no se resuelva la corte inferior no podía dictar ninguna sentencia.

El auto de certiorari debe ser denegado.

Denegado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Central Pasto Viejo, Inc., Tercerista y Apelada, v. Barnés, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmaeao en pleito sobre tercería de bienes muebles.
    No. 2836.
    Resuelto en mayo 11, 1923.
    Bienes no Bmbargables — Tercería de Bienes Muebles — Sociedad Civil — Embargo de Bienes de la Sociedad en Pleitos contra el Socio. — Tanto en las sociedades mercantiles como en las civiles el acreedor de uno de los so-cios no pnede embargar bienes de la soeiedad para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse en pleito contra el socio para cobrar el crédito; por lo que proeede dictar sentencia sobre las alegaciones cuando reclamada por la soeiedad en pleito de tercería la propiedad embargada ale-gando perteneeerle, no resulta de la contestación que sea exelusivamente del socio sino que efectivamente pertenece a la sociedad.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. Cervoni Gely.

    Abogados de la apelada: Sres. F. González y H. G. Molina.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Para asegurar el apelante Francisco Bamés la efecti-' vidad de la sentencia en pleito que signe contra José Fron-tera bizo que el marshal embargara como de la propiedad de su demandado cierto número de sac'os de azúcar que es-taban en los almacenes de la Central Pasto Viejo, Inc., la que mediante fianza los recuperó y presentó sn reclamación de tercería alegando ser ella la única dueña de dichos sacos de azúcar.

Contestó Barnés que Frlontera tiene una sociedad con Central Pasto Viejo, Inc., para explotar las cañas sembra-das en cierta finca nombrada “Quintana,” cañas que, según sn saber, han producido más de 2,000 sacos de azúcar de los cuales “corresponden a Frontera una parte más que suficiente para cubrir los $3,000 de sn capital social y completar el im-porte de los 950 sacos de azúcar objeto de la tercería.”

A instancia del tercerista, la corte dictó sentencia por esas alegaciones y declaró con lugar la tercería, sin especial condena de Costas, contra cnyo fallo interpuso Barnés este recurso de apelación.

No cometió error la corte inferior al dictar sentencia por las alegaciones, como' alega el apelante, porque admitiendo como cierto qne Frontera tenía esa sociedad con Central Pasto Viejo, Inc., qne son producto de ella los sacos de azú-car qne fueron embargados y qne a Frontera correspondería por su capital un numero de sacos de azúcar mayor qne el embargado, no resulta de la contestación qne Frontera sea dueño exclusivo de dichos sacos de azúcar sino que perte-necen a la sociedad alegada y por esto no podían ser em-bargados, según resolvimos en el caso de Quintana Hermanos & Co. v. Ramírez & Co., 22 D. P. R. 761, aplicable a todo.con-trato de sociedad, ya sea civil o mercantil, quedando así con-testado el segundo motivo del recurso.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada. '

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    Municipio de Fajardo et al., Demandantes y Apelados v. Axtmayer et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en pleito sobre cobro de pesos contra principal y fiadores.
    No. 2725.
    Resuelto en mayo 11, 1923.
    Fianzas — Causa de Acción — Alegaciones—Indebida Auumulación de Partes.— Un contratista de obras celebró un contrato con el Comisionado del Interior para la construcción de un edificio para un municipio de la isla, y para- ga-rantir su fiel cumplimiento el contratista y dos fiadores suscribieron una fianza en la cual se estipulaba, entre otras cosas, que la misma quedaría ei» vigor en caso de qne el principal no pagara prontamente a los proveedores por el material suministrado. Uno de.éstos, juntamente con el municipio, estableció acción sobre la fianza contra principal y fiadores, fundada en dicha cláusula. Se resolvió: 1°., que no bastaba transcribir en la demanda la fianza, pues era necesario también transcribir el contrato mismo para infor-mar a los fiadores de la naturaleza do la obligación; 2°., que hubo indebida acumulación de partes pues no aparecía qué interés tuviera el municipio en la acción, y que si alguna causa de acción tenía no podía acumularse a la que pudiera tener el proveedor; 3°., que no existía relación alguna contractual entre el proveedor y los fiadores, siendo aquél un extraño al contrato y a la fianza.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. J. S. Alegría.

    Abogado de los apelados: Sr. H. G. Molina.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción por virtud de una fianza, para que se determine esta causa de acción, si no para conferir jurisdicción a la corte, es absolutamente necesario que la condición de la obligación se alegue de algún modo en la demanda. En este .caso no vemos que se haya hecho esto, aunque algo se acerca a esta finalidad.

Este es un caso cuyo objeto es obtener el pago de una suma de dinero de los fiadores y en el cual la corte inferior dictó sentencia contra ellos. En el cuerpo principal de la demanda se hac'e constar, en substancia, que Henry Axtma-yer, firmó un contrato sobre la construcción de un edificio público; que para garantizar el fiel cumplimiento del con-trato en todas sus partes y, entre otras cosas, el pago pun-tual por el contratista Henry Axtmayer a todos sus acreedo-res por materiales suplidos para dicha construcción, el refe-rido Henry Axtmayer, en unión de sus fiadores, suscribieron el contrato. La fianza se hace formar parte de la demanda y en ella se dice que “La condición de la anterior obligación es tal, que por cuanto el susodicho Henry Axtmayer ha cele-brado cierto contrato que aquí se acompaña con Guillermo Esteves, Comisionado del Interior para la isla de Puerto Rico. Por tanto, si dicho Hónry Axtmayer cumple bien y verdaderamente con todas las cláusulas y condiciones de dicho contrato y lleva a efecto todas las estipulaciones por él con-venidas y qne han de ser llevadas a cabo, y realiza toda la obra y proporciona todo el trabajo y material qne se re-quiera, así como cualquiera y todos los cambios, adiciones, n omisiones en el mismo, que puedan hacerse aquí más ade-lante dentro del término especificado para su terminación, o dentro del término especificado en cualquier prórroga con-cedida para la terminación de dicho contrato, y verifica pron-tamente los pagos a todas las personas que le suministren ayuda o material en la prosecución de la obra que se trata de llevar a efecto por virtud de dicho contrato, entonces esta obligación será nula, de otro modo permanecerá en toda su fuerza y vigor.” El contrato en cuestión no se acom-paña a la fianza. Las palabras que se aproximan a la teo-ría de esta demanda son “y verifica prontamente los pagos a todas las personas que le suministren ayuda o material en la prosecución de la obra que se trata de llevar a efecto por virtud de dicho contrato.” La “obra que se trata de llevar a efecto” no se describe en el cuerpo principal de la fianza, ni el propio contrato se nos transcribe. El alegado contrato se supone que está anexo a la fianza, pero ni la demanda ni su exhibit, la fianza, transcriben esta condición esencial de la fianza. Conocemos solamente por posibles in-ferencias o probabilidades la naturaleza de la obligación principal en este caso. Este no es un mero aspecto técnico del caso. Por la fianza transcrita, en la cual descansa la demanda, no se informa a los fiadores de la naturaleza de la obligación. Tal vez si el Comisionado del Interior o el Municipio de Fajardo, que es la persona nombrada y en favor de quien la obligación se contrajo fuera la única actora, algo más podría decirse en favor de los demandantes, pero la teoría por virtud de la cual esta acción ha sido establecida y juzgada y se ha insistido en ella en esta corte, es que un proveedor de materiales, J. Ochoa & Hermano, tiene dere-clio a recobrar de los fiadores en este caso. Por tanto, re-sulta mucho más evidente qne dichos fiadores debieron haber sido informados ampliamente en cnanto a sn supuesta relación con una persona qne se admite, no comparece en el contrato o en la fianza pero que trata de aprovecharse de la condición especificada en la fianza.

El contrato se copia en las nptas taquigráficas. Con-tiene esta cláusula, ‘ ‘ Todos los gastos, tales como la compra de materiales, empleo o trabajo, viajes y cualesquiera otros gastos que se ocasionen, al municipio de Fajardo o al Comi-sionado del Interior; los cuales, en la opinión del Comisio-nado del Interior son cargos razonables y justificables en este contrato, serán deducidos de cualquier dinero debido o que pueda deberse al contratista, parte que comparece en tercer lugar.” “¿Fué retenido algún dinero?” los fiado-res podrían preguntar y “¿Cuándo es que surge realmente nuestra obligación?” Esta es solamente una de las varias clausulas del contrato, que los fiadores demandados tenían derecho a tener ante si cuando se alega un incumplimiento del Contrato. La excepción previa formulada a la demanda debió haber sido declarada con lugar.

Los apelados podrían tal vez alegar ahora que no han ve-nido los autos íntegros pero esto es algo acerca de lo cual debió haberse llamado la atención de esta corte antes de la vista.

Creemos asimismo que hubo una indebida acumulación de partes demandantes o de causas de acción que dependen del punto de vista desde el cual se considere el caso. Si la parte en favor de quien la obligación se contrajo, el munici-pio de Fajardo, tiene una causa de acción, entonces no es la misma causa de acción que Ochoa y Hermano podría o puede tener. La excepción previa de indebida acumulación de par-tes debió haber sido declarada con lugar. La razón para hacer al municipio parte demandante se verá luego.

Pasando ahora a los alegados fundamentos del Caso como se desarrollaron en el juicio y en la vista, no podemos ver que el municipio de Fajardo baya probado ninguna causa de acción. El no tenía ningún contrato con Ocboa y Hno. Esta última no suministró material alguno al municipio. Los alegados materiales de estos proveedores eran para Henry Axtmayer. El contrato que Henry Axtmayer celebró fue con el Comisionado del Interior. Está muy lejos de po-derse alegar que si Henry Axtmayer no pagó, Ocboa & Hno. podría recurrir al Municipio.

Una vez eliminado el municipio, el caso queda- práctica-mente comprendido en todos sus puntos en el de Uy Tam & Uy Yet v. Leonard, 30 Jurisprudencia de Filipinas pág. 492, citado con aprobación, en una opinión emitida por el Attorney G-eneral de Puerto Bico, la cual es como sigue:

“Tengo el honor de acusar recibo de su comunicación de agosto 19, 1919, relativa a la reclamación de los Sres. Korber & Co., por materiales suministrados al Sr. Henry Axtmayer en su contrato so-bre construcción de un hospital para el municipio de Fajardo. He leído la carta del abogado de Korber & Co. en la que hace la peti-ción formal de que requiera usted a los fiadores en la fianza del contratista para que verifique los pagos de las reclamaciones de los proveedores de materiales que no han sido satisfechas. .
“Soy algo excéptico en cuanto al derecho de los proveedores de materiales por virtud de la fianza en cuestión; pero aceptando que estén cubiertas sus reclamaciones, es dudoso si el Comisionado del Interior en vez del Municipio de Fajardo debe hacer la recla-mación de los fiadores. El Comisionado del Interior no es parte en la fianza.
“El caso idéntico presentado por el Sr. Molina ha sido consi-derado en el de Uy Tam and uy Yet v. Leonard, 30 Jurispruden-cia Filipina, página 492, en una clara y acabada opinión emitida por el Juez Sr. Trent. Estemos o no conforme con la opinión, po-demos decir, en vista de las autoridades citadas en ella, que existe una fuerte posibilidad de las cdrtes de Puerto Rico en observar las conclusiones de la Corte Suprema de las Islas Filipinas, toda vez que descansa en un sistema de leyes que es más semejante al de esta jurisdicción que cualquiera otro dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Los hechos de ese caso son brevemente los si-guientes :
“Los demandantes habían facilitado a los contratistas de la eiudad de Manila, piedra triturada por la cual no recibieron nin-gún pago. Los contratistas habían otorgado una fianza en la cual consta una cláusula idéntica a aquella por virtud de la cual se hace la reclamación en este caso.
“Se trató por los proveedores del material hacer que la ciudad de Manila figurara con ellos como demandante en una acción contra los fiadores y habiéndose negado a ello la ciudad, • se le hizo parte demandada. La corte resolvió, con solo un voto disidente, que si bien los proveedores del material antes de facilitar la piedra al contratista habían manifestado su aceptación de la cláusula la que se alegaba estaba a su favor, por un escrito dirigido a la ciu-dad de Manila, sin embargo, ellos no estaban cubiertos por la fianza. La cláusula en cuestión fue interpretada como que meramente era una obligación en favor de la ciudad de Manila por cualesquiera daños que se causasen a dicha ciudad y que pudieran resultar del incumplimiento en pagar a los proveedores del material.” Citada de una opinión del Attorney General de P. R. de agosto 14, 1919, emitida a solicitud del Hon. Comisionado del Interior de Puerto Rico y en relación con estos casos.

El apelado pretende diferenciar este caso de Filipinas diciendo que allí la persona a favor de quien la obligación se contrajo se negó a prestar su consentimiento al requeri-miento hecho a los fiadores, pero la esencia de la decisión no depende de este consentimiento. No había relación contractual entre los fiadores y Ochoa & Hno. No existe pre-cepto alguno en el Código Civil ni ninguna práctica a la cual se nos haya llamado la atención que diera derecho a Ochoa & Uno. a substituirse por la parte a favor de quien la obligación se contrajo, el municipio.

Como indica el juez señor Trent, el artículo 1257 del Có-digo Civil 1224 de nuestro Código, supone previamente que fué la intención de las partes conferir a un tercero un dere-cho de acción.

Estas consideraciones pueden explicar la presencia del municipio en este caso. Está tratando de ayudar a los pro-veedores de materiales. Pero antes de qne el municipio tu-viera derecho a hacer responsable a los fiadores, dehe probar algún incumplimiento de una obligación que Henry Axtma-yer tenía contraída con dicho municipio.

El contrato de Axtmayer era con el Comisionado del Interior. El municipio trató por virtud de la fianza de hacer cumplir a Axtmayer su obligación. Ahora no sólo es un tercero sino una cuarta persona quien trata de beneficiarse por razón de la fianza. No vemos ninguna justificación para esta extensión de la obligación de un fiador.

Hemos considerado las cuestiones fundamentales en este caso, pero volvemos a llamar la atención del abogado de que no fué archivado ningún señalamiento de error, como exige la regla 42. Con la aglomeración de casos en nuestro ca-lendario serán más frecuentes las desestimaciones a no ser que los apelantes cumplan con las reglas.

Debe revocarse la sentencia y desestimarse la demanda.

Revocada la sentencia apelada y desestimada la demanda, sin costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Municipio de Fajardo et al., Demandantes y Apelantes, v. Axtmayer et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito.
    No. 2726.
    Resuelto en mayo 11, 1923,

      por los fundamentos del caso No. 2725, Municipio de Fajardo v. Axtmayer et al., de mayo 11, 1923.
    Abogado de los apelantes: Sr. J. S. Alegría.

      Abogado de los apelados: Sr. H. G. Molina.

   Revocada la sentencia y desestimada la demanda.

Jueces concurrentes: Sres, Presidente del Toro y Aso ciado Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    Pérez, Peticionario y Apelante, v. Rivera, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito de dominio.
    No. 2891.
    Resuelto en mayo 11, 1923.
    Expediente de Dominio — Substitución de Partes — Parte Agraviada por da Sentencia- — -Apelación.—Tiene derecho a intervenir en un expediente de do-minio en substitución del promovente, y a apelar de la sentencia dietada contra el mismo, una persona que mientras el expediente se tramita, obtiene que se le adjudique la finca en cuestión en pago de cierta sentencia dietada a su favor y en contra del promovente.
    Id. — Prueba del Dominio. — Una persona que se opone a que se declare justificado el dominio de una finca a favor de otra, puede presentar como prueba un acta notarial en que esa otra persona reconoce que sólo poseía dicha finca en usufructo. Aun prescindiendo del acta, se estudió la prueba practicada por el promovente y se concluyó que no era suficiente, especialmente existiendo como existía una oposición planteada.
    Los hechos estún expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. R. B. Pérez Mercado.

    Abogado del apelado: Sr. G. Rodríguez.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En julio de 1920 Baltazar Pérez inició un expediente para acreditar a su favor el dominio de una finca rústica. Se ad-mitió la información, se expidieron los edictos y dentro del término de ley, en septiembre de 1920, Sandalio Rivera ar-chivó un escrito oponiéndose a la declaratoria solicitada, ale-gando que la finca de que se trataba era suya, poseyéndola Pérez sólo en concepto de usufructuario, ■ •

El caso quedó así pendiente basta que en junio de 1922 fué llamado para juicio compareciendo el peticionario por su abogado y el opositor por el suyo. Se practicó la prueba y una vez terminada, el mismo abogado del peticionario, alegando serlo de Yirgilio Feliciano, presentó, a nombre de éste, una moción para que se le sustituyera en lugar del pro-movente, por demostrar la prueba que babía adquirido la finca en litigio siendo el dueño actual de la misma.

En agosto siguiente la corte dictó sentencia favorable al opositor. No existe pronunciamiento expreso en la senten-cia con respecto a la sustitución, pero en la relación del caso y opinión en que la sentencia se basa se consigna la resolu-ción de la corte declarando la sustitución sin lugar.

Así las cosas, Virgilio Feliciano “por sí y como subrogado en los derechos que en esta acción pudiera tener el promo-vente Baltazar Pérez” apeló de la sentencia para ante este tribunal, señalando en su alegato tres errores, cometidos: 1, al admitir como prueba cierta acta notarial; 2, al negar la sustitución, y 3, al desestimar la información de dominio.

El opositor' apelado solicita en primer término la deses-timación del recurso basándose en que el apelante no es parte y luego impugna los errores señalados.

El artículo 294 del Código de Enjuiciamiento Civil otorga el derecho de apelar a “cualquier parte agraviada por una resolución judicial.” ¿Es parte agraviada el apelante en este caso? Los. autos demuestran que mientras estuvo pen-diente en la corte el expediente de dominio de que se trata y la oposición hecha al mismo, el apelante inició una acción en contra del promovente del expediente y embargó la finca cuyo dominio trató éste de acreditar y una vez que obtuvo sentencia favorable, le fué satisfecha adjudicándosele en pú-blica subasta la finca en cuestión, quedando así convertido en dueño de la misma, sujeto desde luego su derecho al dere-cho que pudiera tener el promovente.

Siendo ello así, es necesario reconocer que el apelante es la verdadera parte ag'raviada por la sentencia recurrida, ya que en el caso de que el promovente fuera el dueño de la finca, todo el derecho que tuviera habría pasado a virtud de la adjudicación al apelante.

“Parte perjudicada,, quién es? — Cualquier persona que tiene un interés reconocido por la ley en la materia objeto de la sentencia y cuyo interés queda afectado perjudicialmente por la sentencia, es una parte perjudicada, y tiene derecho a ser oída en apelación. Estate of Colton, 164 Cal. 1; 127 Pac. 643. El derecho de apelación es reparador por su naturaleza, y en casos dudosos debe siempre con-cederse el derecho; y una apelación será sostenida cuando hay en la sentencia una reserva por la cual el apelante es necesariamente perjudicado y la cual, en efecto, hace que la sentencia a su favor sea nula. Quint v. McMullen, 103 Cal. 381; 37 Pac. 381.” Fair-all’s Code Civ. Pro., Part I, p. 1024.

A virtud de lo expuesto se concluye que no cabe deses-timar la apelación y que la corte debió admitir la sustitución solicitada. Ahora bien, dadas las circunstancias concurren-tes, el error de la corte no lleva consigo la revocación de la sentencia. La sustitución se solicitó después de terminada la prueba. Nada pidió el apelante que se le concediera en la corte inferior excepto la sustitución y de hecho la esta-mos aceptando al reconocer al apelante la personalidad ne-cesaria para interponer el recurso, que juzgaremos y deci-diremos por sus méritos.

La prueba practicada por el promovente para justificar el dominio, consistió en las declaraciones de tres testigos. Tienden esas declaraciones a demostrar que el promovente desde hacía muchos años estaba en posesión de la finca como dueño, a juicio de los testigos. Dijeron también los testigos que el promovente compró la finca a Manuel Medina, pero el hecho de la compra sólo les constaba por referencia. Ninguna evidencia directa del contrato fué aportada. La prueba del opositor consistió en un acta notarial otorgada el 7 de junio de 1922 en la cual el promovente manifiesta que si bien está en posesión de la finca, sólo tiene el usufructo de la misma a virtud de habérselo concedido Sandalio Bivera, el opositor. Terminada la prueba del opositor, el promovente introdujo aquella a que nos referimos anteriormente o sea la documental en que consta que la finca fué adjudicada, pendiente el litigio, al apelante.

A nuestro juicio la corte no erró al admitir el acta notarial otorgada por el mismo promovente. Este era en aquel momento la parte interesada que aparecía por medio de su abogado gestionando la declaración de dominio y el acta constituía una admisión de dicha parte. Aceptando como cierto lo dicho por el promovente en el acta, cae por su base el expediente.

Pero aún prescindiendo de ella, juzgado el caso por la sola evidencia aportada por el promovente, estaría siempre a nuestro juicio justificada la sentencia. Las declaraciones indicadas si bien es necesario reconocer que constituyen un principio de prueba, son demasiado vagas para que pueda una corte de justicia fallar que el dominio en absoluto co-rresponde al promovente, tanto más cuanto que se trata de un caso en que existe oposición.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    A. Gelabert & Cía., Demandante y Apelante, v. Hernández, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre constitución de fiador solidario.
    No. 2763.
    Resuelto en mayo 11, 1923.
    Contratos Mercantiles — Fianza Mercantil — Prueba Testifical. — Aparte que la fianza mercantil debe constar siempre por escrito, la existencia de una óblL- , _ gaeión consistente en afianzar pagarés mercantiles cuyo importe excede de $300 no puede acreditarse con evidencia testifical solamente. El artículo 51 del Código de Comercio no ha sido derogado por la Ley de Evidencia.
    Id, — Evidencia.—Tratándose de compeler a un supuesto fiador para que cumpla la obligación que se alega contrajo, verbalmente de garantizar pagarés mer-cantiles cuyo valor excede de $300, la presentación en evidencia de los paga-rés suscritos por el deudor no excluye el caso de las disposiciones del ar-tículo 51 del Código de Comercio. No habiendo intervenido el demandado en el otorgamiento de los pagarés, cada uno de ellos era claramente res inter alios acta.

    Id. — Causa en los Contratos — Formalidades de los Contratos. — Cuando un contrato no ha sido reducido a forma y la demanda deja de expresar una causa, si la presunción del artículo 1244 del Código Civil es aplicable, quaere, • pero de todos modos pareee que la letra y el espíritu del artículo 51 del Código de Comercio exigen, para reducir un contrato a forma, algo más que la prueba testifical.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. López de Tord & Zayas y Pizarro.

    Abogado del apelado: Sr. D. Sepulveda.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Alegan los demandantes en su demanda como causa de acción, y la prueba testifical tendió a establecer, que Ino-cencio Ortiz era deudor de los demandantes y deseaba obte-ner un préstamo adicional; que dicbo Inocencio Ortiz para obtener este préstamo adicional ofreció una fianza consti-tuida por Eliezer Hernández, el demandado; que dicbo de-mandado expresó su conformidad verbalmente de hacerse responsable por determinada subía de dinero y convino en suscribir ciertos pagarés tan pronto como fueran firmados por Inocencio Ortiz; que dichos pagarés fueron suscritos por Ortiz y, según la demanda, sn “consideración o cansa tuvo lugar en consideración asimismo de la obligación que tabla asumido Eliezer Hernández para firmar los referidos pagarés,” y subsiguientemente que Eliezer Hernández dejó de firmarlos y se negó a pagar uno de dietos pagarés que venció en febrero 14, 1921.

A pesar del tecto de que en la demanda se consigna la omisión del demandado en pagar uno de la serie de los pa-garés, esta no es una acción de cobro de dinero, sino única y exclusivamente para obligar a Eliezer Hernández a sus-cribir dietos pagarés y que se resuelva que él es responsable de su pago. Ortiz no fué tecto parte y no tay ninguna re-clamación de pago.

Al terminar la prueba de los demandantes el demandado solicitó que se dictara sentencia de sobreseimiento (nonsuit), alegando también que la demanda no determinaba una caxisa de acción. La corte dictó sentencia de sobreseimiento. Si una obligación ya existe, el declarar que tal obligación en realidad existe, sería al parecer, puramente una cuestión académica. Los demandantes, si están en poder de una obli-gación, deben proceder a obligar al demandado a cumplir la obligación. Veremos algo más sobre esto cuando pasemos a discutir la moción de nonsuit.

Dudamos si existe alguna acción en Puerto Rico para obligar a que se suscriban pagarés. Los apelantes basan su causa de acción en este sentido en el siguiente artículo del Código Civil:

“Art. 3246. — Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura a otra forma especial para liaeer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consenti-miento y demás requisitos necesarios para su validez.”

' Este ai-tículo. presupone claramente una obligación vá-' lida existente. Si subsiste una obligación de pagar una suma de dinero, generalmente no es necesaria ninguna forma particular para haceiia. efectiva, a menos que el artículo 51 del Código de Comercio suponga previamente' la existencia de una obligación y se infiera meramente' a su forma. Exa-minaremos ese artículo al discutir la referida moción de nonsuit.

Cuando la acción es para obtener la prueba formal ex-terna del contrato, como por ejemplo una escritura, o como es en este caso, un contrato de fianza, se infiere que la prueba de la existencia de tal contrato debe ser clara y puede dudarse si alegándose un contrato ejecutorio no escrito existe una pre-sunción de un contrato. En otras palabras, cuando bay un contrato formal o cuando existe una entrega de terreno o efectos por virtud de contrato lia de presumirse una Causa pero puede dudarse seriamente si el artículo 1244 del Código Civil es aplicable a contratos ejecutorios no escritos. Ese artículo prescribe lo siguiente:

“Art. 1244. — Aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario.”

“Se exprese en el contrato” bace referencia a algo que es formal, o que está reducido a forma. Las palabras que hemos citado de la demanda, o sean, “su consideración o causa tuvo lugar, en consideración asimismo de la obliga-ción que había asumido Eliezer Hernández para firmar los referidos pagarés,” expresan una conclusión de derecho más bien que los hechos que muestran una consideración.

Pasamos ahora a la moción de nonsuit. La cantidad por la cual el fiador había de ser responsable era $1,106.24. La corte expresó que la ley aplicable al caso era el artículo 51 del Código de Comercio, el cual es como sigue:

“Art. 51.- — Serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, la clase a que correspondan y la can-tidad que tengan por objeto, con tal que conste su existencia por alguno de los medios que el derecho civil tenga establecidos. Sin embargo, la declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato, cuya cuantía exceda de 1,500 pesetas, a no concurrir con alguna otra prueba.”

Y como la cantidad excedía de 1,500 pesetas ($300) y los demandantes sólo habían presentado prueba testifical, la corte declaró qne la misma era insuficiente y dictó sentencia a favor del demandado.

Alegan los apelantes qne el artículo 52 del Código de Comercio varía la regla, y hacen citas de Manresa para sos-tener su alegación. El artículo 52 es como sigue:

“Art. 52. — Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que precede:
“1. Los contratos que con arreglo a este Código o a las leyes especiales, deban reducirse a escritura o requieran formas o solem-nidades necesarias para su eficacia.
“2. Los contratos celebrados en país extranjero en que la ley exija escrituras, formas o solemnidades determinadas, para su va-lidez, aunque no las exija la ley española.
“En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circuns-tancias respectivamente requeridas, no producirán obligación ni ac-ción en juicio.”

Entendemos que las materias exceptuadas en el artículo 52 son excepciones a la regla expuesta en la primera parte del artículo 51, o sea, que serán válidos cualquiera que sea la forma, menos cuando se requieran formas especiales y ciertamente se exije una forma especial cuando la cuantía excede de 1,500 pesetas. Manresa sostiene la contención del apelado, pues se expresa en estos términos:

“Expresado así de modo tan terminante que autoriza la efica-cia del consentimiento presunto, el secular sistema espiritualista de la contratación castellana vióse combatido por las dificultades de prueba a que la amplitud de la ley citada daba lugar, y el Có-digo de Comercio de 1829 representó una reacción completa res-pecto de aquel criterio, y exigiendo en sus artículos forma escrita o mayor solemnidad aún para casi todos los contratos, sancionó esta exigencia con la nulidad en el artículo 236, y añadió en el 238, que los de cuantía superior a mil o a tres mil reales, según los casos, se reducirán necesariamente a escritura pública o pri-vada, sin lo cual no tendrán fuerza obligatoria civil.
“Siguió, no obstante, rigiendo para la contratación civil el sis-tema espiritualista, en el que tampoco causó ningún cambio el que en la mercantil produjo el Código especial de 1885, un tanto ecléc-tico, en este punto, pues mientras su artículo 51 comienza formu-lando el mismo principio espiritualista de la ley recopilada, limita el uso de la forma telegráfica, y si bien colocándose más bien el problema de la prueba en el de la forma (con aquella relacionada, aunque distinta), prohíbe que por el solo dicho de los testigos se acredite la existencia de contratos superiores a 1,500 pesetas. Pero lo más importante y lo que en realidad anula casi el principio del artículo 51, es el 52, que sanciona la observancia de las 'formas o solemnidades especiales prescritas por la ley española, y en su caso por la extranjera, con la consecuencia de que, olvidándose aquellas,-los contratos no producirán obligación ni acción en juicio.”

El comentarista dijo que el principio general primera-mente alegado en el artículo §1 se estaba anulando por el artículo 52. Los dos artículos pueden ser considerados con-juntamente. Aun cuando se requiere que los pagarés a la orden sean por escrito y los apelantes están solicitando que se suscriban tales pagarés, estas consideraciones no exclu-yen a un contrato de fianza de la regla expuesta en la úl-tima parte del artículo 51 de que los contratos por una canti-dad mayor de $300 no pueden ser probados mediante prueba testifical.

Los apelantes, sin embargo, insisten en que al tratar de dársele forma a un contrato el artículo 51 no es aplicable, sino que lo es el 1246, supra, del Código Civil. Ya fiemos considerado ese artículo en parte y nos parece ilógico ex-presar que no obstante las prescripciones del artículo 51 cuando un contrato es verbal las partes pueden fiacer que se reduzca a escrito, meramente porque un pagaré debe ser por escrito. Obligar a darle esa forma, según fiemos indicado, supone previamente un contrato existente, pero para pro-barle está prohibida la prueba testifical. El caso se robus-tece cuando se trata de un contrato de fianza que siempre debe ser por escrito. Artículo 440 del Código de Comercia. En demostración de la aplicación del artículo 51 del Código de Comercio los siguientes casos son aplicables. Loiza Sugar Co. v. Baquero, 29 D. P. R. 863; Morales v. Blanco, 15 D. P. R. 226; Cintrón v. Fernández, 22 D. P. R. 483.

Sostienen los apelantes que el artículo 51 del Código de Comercio ba sido derogado por la Ley de Evidencia. La Ley de Evidencia fué tomada de California y bay una gran probabilidad de que el Estatuto de fraudes prevalece allí el cual requiere que ciertos Contratos se bagan por escrito y especialmente cuando en una venta la suma envuelta es mayor de L 50 o $250. Los artículos 103 y 104 de la Ley de Evidencia comprenden el caso. Estos son los siguientes:

“Art. 103.- — La ley hace necesaria cierta evidencia para la va-lidez de determinados actos, o prueba, de determinados hechos.
“Art. 104. — La evidencia necesaria para la validez y prueba de testamentos y de ciertos contratos, es la prescrita en el Código Civil, y la necesaria para la prueba de ciertos delitos graves' es la prescrita en las leyes penales.”

El Código Civil en varios artículos reconoce la existen-cia del Código de Comercio. El artículo 1076 al tratar de los intereses expresa que en los negocios comerciales se es-tará a lo que dispone el Código de Comercio y el 1504 y el 1602 reconocen su existencia. El artículo 1212 prescribe lo siguiente: “La prueba de testigos será admisible en todos los casos en que no se baile expresamente prohibida. ” Las derogaciones tácitas no son favorecidas y no vemos que baya ninguna intención en derogar el artículo 51 en las pres-cripciones de la Ley de Evidencia que permite a un solo tes-tigo probar un becbo, artículo 18; ni en el artículo 9 ■ que expresa qué es evidencia directa, ni siquiera en el artículo que define quién es un testigo, artículo 37, citados todos por el apelante.

Resulta casi innecesario el discutir la presentación de los pagarés suscritos por Ortiz como prueba adicional con el fin de excluir el caso de las disposiciones del artículo 51. Cada nno de estos pagarés era claramente res inter alios acta.

Ni tenemos tampoco ninguna duda de que 1,500 pesetas quiere decir $300. Así lo liemos entendido frecuentemente.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces coíicurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Plutcbison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: ' El Juez Asociado Se. "Wíole,

text:
    Sampol, Demandante y Apelante, v. Sucesión Colón, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2692.
    Resuelto en mayo 11, 1923.
    Pagaré — Extinción—Obligación—Prueba—Peso de la Prueba. — En una ac-ción en cobro de dinero fundada en un pagaré que fué presentado y probado por el demandante, los demandados alegaron que el pagaré había sido satis-fecho presentando al efecto un cheque cancelado por una suma mayor y ex-plicando la diferencia. El demandante entonces trató de acreditar por uu misma declaración y la de otros testigos que el pago hecho fué por otro ■ pagaré, pero la corte resolvió qué la prueba de la extinción había sido satis-factoriamente presentada por los demandados. Se resolvió: que por virtud de los hechos el peso de la prueba cambió y dicha' prueba es convincente de que él demandante no cumplió con el deber que tenía de probar la obligación.
    Los becbos estáiu expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. H. B. Francis.

    Abogados de la apelada: Sres. F. González, Jr., y A. 'Aponte, Jr.

   ' El Juez Asociado Se. "Wíole,

emitió la opinión del tribunal.

En un juicio en cobro de la suma de $1,270, por virtud de un pagaré que se encuentra en poder de los demandantes y después de su debida prueba, los demandados presenta-ron evidencia tendente a establecer que dicbo pagaré babía sido satisfecho, introduciendo con tal fin un cheque cance-lado por la suma de $1,440 y explicando la diferencia de $170. El demandante pasó luego a declarar y con otros testigos pretendió probar que el pago hecho de la suma de $1,440 fué por otro pagaré. La corte dictó sentencia a favor de los demandados.

En apelación el apelante señala tres errores, pero los discute conjuntamente en su alegato con infracción de la re-gla 42 de esta corte y a la vez deja de presentar una breve exposición de los hechos. También la exposición del caso, en gran parte, no se hace en forma narrativa. Se insertan largos e innecesarios argumentos de los abogados y se per-mite que quede en la exposición materia redundante e inne-cesaria en oposición a los artículos 216 y 223 del Código de Enjuiciamiento Civil. López v. American R. R. Co., 11 D. P. R. 154. La apelación, tal vez, debiera ser desestimada, pero consideraremos el único punto que realmente ha sido levantado por el apelante.

Alega él substancialmente que si las manifestaciones no concluyentes de algunos testigos pueden destruir el efecto de un pagaré sin cancelar, los negocios en Puerto Rico en este sentido estarían en una situación caótica. El admite, sin embargo, que el pago puede acreditarse mediante prueba robusta. De acuerdo con el artículo 1182 del Código Civil incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cum-plimiento, y la de su extinción al que la opone. La corte inferior declaró que la prueba de la extinción había sido pre-sentada satisfactoriamente por los demandados. En verdad que la prueba creditiva del pago comprensivo de la suma de $1,270 y más en un cheque librado en fecha más o menos contemporánea era muy fuerte, y tan es así que el deman-dante se sintió obligado a ir a la silla de testigos en refu-tación para demostrar que dicho-cheque era por otro pagaré. La dificultad fué que la corte inferior no creyó su declara-ción, en parte porque el pagaré no Labia sido presentado para su pago durante la vida del otorgante. No encontra-mos que la corte inferior cometiera error al llegar a su con-clusión. Por razón de los becbos el peso de la prueba cam-bió, y un examen de ésta nos convence de que el demandante no cumplió satisfactoriamente la obligación que tenía.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.