text:
    Díaz et al., Demandantes y Apelantes, v. Barceló, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de dinero.
    Moción del demandado y apelado sobre desestimación de apelación.
    No. 1976.
    Resuelto en abril 24, 1919.
    Apelación — Parte Agraviada por la Sentencia. — Según el artículo 294 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil cualquiera parte agraviada por una resolución judicial podrá apelar en los casos previstos en dicho código. De modo, pues, que para que pueda ser apelada una sentencia deberá agraviar a la parte que recurre de ella. Una parte no puede apelar de un fallo o decreto rendido to-talmente en su favor. Frei/re, Quintero y Nát. Surety Co., 23 D. P. B., 130; Alcaide v. Morales, 26 D. P. R. 238, y 2 R. C. L. 56.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Luis Llorens Torres.

    Abogado del apelado: Sr. Manuel Benítes Flores.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

tino de los motivos que alega el apelado para que deses-timemos el presente recurso de apelación es que ésta es frí-vola toda vez que la sentencia ■ apelada no es adversa ni en forma alguna perjudicial a los apelantes porque se ajusta estrictamente a lo solicitado por ellos en su .demanda.

Según la transcripción de los autos que tenemos ante no-sotros para resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la sentencia que por la rebeldía del demandado registró el Secretario de la corte inferior en cum-plimiento del No. 1o. del artículo 194 del Código de Enjui-ciamiento Civil, en la demanda enmendada reclamaron los demandantes que el demandado les pagase la cantidad de quince mil dólares que les debía según un contrato de prés-tamo, más los intereses de esa .cantidad desde el 12 de agosto de 1916 a razón del ocho por ciento anual y las costas del litigio; y la sentencia condenó al demandado a satisfacer a los demandantes la cantidad de quince mil dólares, los inte-reses desde el 12 de agosto de 1916 ■ a razón del ocho por ciento anual y las costas del litigio.

Como se ve, hay perfecta congruencia entre la sentencia y las reclamaciones de los demandantes pues concedió a éstos exactamente todo lo que pidieron contra el demandado.

Según el artículo 294 del Código de Enjuiciamiento Civil cualquiera parte agraviada por una resolución judicial po-drá apelar en los casos previstos en dicho código, de modo, pues, que para que pueda ser apelada una sentencia deberá agraviar a la parte que recurre de ella. TJna parte no puede apelar de un fallo o decreto rendido totalmente en su favor. Freire v. Quintero y Nat. Surety Co., 23 D. P. R. 130; Alcaide v. Morales, 26 D. P. R. 238 y 2 R. C. L. 56.

Puesto que la sentencia en este caso concedió a los de-mandantes todo cuanto ellos pidieron no vemos qué agravio puede causarles para que puedan apelar de ella y, por tanto, la apelación resulta completamente frívola.

No podemos suponer que los apelantes pretendan qne la sentencia condene a. cantidad distinta de la reclamada por ellos, ni tampoco en cuanto a los intereses y la fecha desde que deben pagarse porque concuerda con sus reclamaciones. Tampoco en cuanto a las costas porque en la misma forma que fueron pedidas aparecen en la sentencia. Ni podríamos nosotros por virtud de este recurso variar los pronunciamien-tos de la sentencia apelada para fijar honorarios de abogado porque siendo un deber ministerial del secretario en los ca-sos de rebeldía registrar sentencia para el pago de la cantidad especificada en la citación, sustituida én este caso por la de-manda enmendada notificada al demandado, con más las cos-tas, cumplió con ese precepto registrando, la sentencia de acuerdo con lo pedido:

Por las razones expuestas no solamente es improcedente la apelación interpuesta por los demandantes sino que además es frívola por lo que debemos desestimar el presente recurso.

Declarada, con lugar la moción y desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Mejía et al., Demandantes y Apelados, v. Suárez et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre injunction para recobrar la posesión.
    No. 1853.
    Resuelto en abril 24, 1919.
    Injunction para recobrar la Posesión. — Para que pueda prosperar el reeurs'o de injunction para recobrar la posesión de una finca rústica, es requisito indispensable que el demandante identifique tan claramente la finca cuya posesión reclama, que el oficial ejecutivo de la corte pueda entregarla sin dificultad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José G. Ramos.

      Abogado de los apelados: iSr. Celestino Domínguez Rubio.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Salnstiano, Jnan y Petronila Mejía presentaron demanda en la Corte de Distrito de Grnayama ejercitando la acción de injunction para recobrar la posesión, dirigida contra Pele-grín, Modesto y Eafael Snárez, y contra Severiano Santiago, alegando ser dueños en común proindiviso, con cnatro meses de anterioridad a la demanda, de nna finca de diez y seis cnerdas de terreno radicada en el barrio de Cnyón del muni-cipio de Aibonito cnya descripción hicieron, que habían ad-quirido por compra en 26 de diciembre de 1916 en cnya fecha entraron en posesión material y civil de ella y la tuvieron hasta el 19 de octubre de 1917 en qne los demandados vio-lentamente, con amenazas y por la fuerza entraron en ella y se posesionaron de nna parcela de dicha finca que se describe en la siguiente forma:

“Parcela con cuatro cuerdas más o menos, parte de la principal, colindante por el norte terrenos de María Mercedes Mejía, por el sur con los de Juan González, por el este eon los de Pelegrín Suárez, Luz María Suárez y Celestino Eolón y por el oeste con el resto de la finca ' principal. ’ ’

Los hechos de la demanda fueron negados por los deman-dados quienes como materia nueva alegaron qne las cuatro cnerdas descritas en la demanda tienen sus colindancias equi-vocadas y que la verdadera descripción de ellas es por el norte, Antonio Eolón; por el sur y oeste, Severiano, Paulina, y María Mercedes Santiago y al este Celestino Eolón; par-cela que pertenece a los hijos menores de María González viuda de Miguel Santiago y a otros quienes la compraron a María Mercedes Mejía, entraron en posesión de ella y tienen la misma por más de un año.

Celebrado el juicio correspondiente recayó sentencia dis-poniendo que los demandantes sean restablecidos en la po-sesión de una parcela de terreno cita en el barrio dicho con cabida de cuatro cuerdas, colindante por el norte con María Mercedes Mejía; por el sur con Juan González Colón; por el este con Luz María y Pelegrín Suárez y Celestino Bolón y por el oeste con Pelegrín Suárez, cuya parcela de terreno está situada en la colindancia contigma a la línea divisoria de la finca de doce cuerdas de los demandados y se dispuso también por la sentencia que éstos fueran requeridos para que en lo sucesivo se abstengan de cometer acto alguno ten-dente a perturbar a los demandantes en la posesión de dicba finca bajo apercibimiento de desacato, exceptuando cualquier remedio que puedan utilizar en ley para determinar el do-minio de dicba finca, con imposición de costas y desembolsos.

Apelada esta sentencia por los demandados fundan prin-cipalmente su recurso en que es contraria a la prueba pre-sentada en el juicio porque el demandante Salustiano Mejía reconoció en su declaración que nunca habían tomado posesión de la finca cuya, posesión se manda restituir a los demandan-tes y porque no ba podido ser identificada la parcela que se ordena restituir, la que se describe en la sentencia con colin-dancias distintas a las que se consignan en la demanda.

Los demandantes presentaron como prueba en el juicio una escritura pública según la cual en 26 de diciembre de 1916,. María Mercedes Mejía, asegurando ser dueña de una finca de 45 cuerdas de terreno y que de la misma babía segre-gado y vendido en la misma fecba trece cuerdas a Juan Gon-zález Colón, segregó diez y seis cuerdas y las vendió a los de-mandantes. También presentaron prueba testifical consis-tente en la declaración del demandante Salustiano Mejía, de Justo Aviles, y de Emérito Rodríguez. Los demandados pre-sentaron también por su parte prueba testifical.

Examinada en conjunto la prueba llegamos a la conclu-sión de que María Mercedes Mejía era dueña de una finca cuya cabida se dice ser de cuarenta y cinco cuerdas de terreno y que habiendo vivido en ella con varios hijos legítimos y sucesiones de éstos, con su concubino Juan González y con varios hijos naturales, vendió de la finca trece cnerdas a Jnan González; diez y seis cnerdas a los hijos legítimos de las cua-les cuatro eran para María González viuda de su hijo Miguel Santiago y vendió también las restantes diez y seis cuerdas a los demandantes, que son sus hijos naturales; que Juan González hizo medir sus trece cuerdas y también los deman-dados las diez y seis cuerdas de ellos y que después de esto no se siguió la mensura porque quedaban solamente unas nue-ve cuerdas en vez.de diez y seis. Las segregaciones de la finca no fueron entregadas por la vendedora bajo puntos determi-nados ni por deslinde.

En vista de esto resulta muy dudoso de la prueba' si los demandantes llegaron a tomar posesión de diez y seis cuer-das como reza la escritura pues el propio demandante Salus-tiano Mejía declara que las diez y seis cuerdas de los deman-dantes no fueron deslindadas, pues a una repregunta del abo-gado de los demandantes en la que se le interrogaba si a ellos no pudieron entregarles el terreno porque los deman-dados ‘ ‘ se habían despachado con la cuchara grande ’ ’ con-testó que seguramente así era. En cuanto a sirs otros dos testigos su conocimiento de la posesión de las diez y seis cuerdas, y en particular de las cuatro cuerdas objeto de la demanda, especialmente el del primer testigo Justo Avilés, se funda en la existencia del título de compraventa. Por consi-guiente existe mucha duda respecto a si en realidad los de-mandantes poseían el 19 de octubre de 1917 las cuatro cuer-das que alegan estaban poseyendo como parte de las diez y seis compradas a María Mercedes Mejía.

Pero la cuestión principal en este pleito es si las cuatro cuerdas de terreno objeto del pleito están identificadas de tal manera que permitan al oficial ejecutivo del tribunal cum-plir la sentencia, que ordena que se restituya a los deman-dantes en la posesión de cuatro cuerdas de terreno.

La demanda describe esa parcela de cuatro cuerdas más o menos por colindancias; la sentencia ordena la restitución de cuatro cuerdas también por colindancias; de las declara-ciones de los testigos de los demandantes no puede saberse si en efecto fueron exactamente cuatro cuerdas las que deten-taron los demandados porque tanto Salustiano Mejía como Justo Aviles y Emérito Rodríguez hablan siempre de cuatro cuerdas más o menos y el primero dice que según su cálculo los demandados ban cogido cuatro cuerdas, más o menos, las describen por colindancias y no encontramos en la prueba dato alguno que determine el sitio preciso en que se bailan esas cuatro cuerdas ni la forma de dicha parcela, pues mientras la demanda dice que por el oeste tiene por colindancia el resto de la finca principal, refiriéndose indudablemente a las diez y seis cuerdas de los demandantes, la finca que la sentencia ordena restituir tiene como colindante por ese rumbo no a dicha finca principal sino a Pelegrín Suáyez, diferencia que los apelados admiten que existe y que puede ser corregida por este tribunal. A más de esto, se observa que el propio demandante Salustiano Mejía dió como colindante al oeste de las cuatro cuerdas a Pelegrín Suárez y Severiano Santiago mientras que por su parte Justo Avilés le fija como colin-dantes por el oeste a Pelegrín, Severiano, don Celestino Bo-lón y Luz María Suárez, y el otro testigo Emérito Rodríguez, después de decir que por el este colinda con Pelegrín Suárez, Luz María Suárez y Celestino Bolón, agrega "y por el oeste con los mismos” pareciendo de este modo que los últimos son también colindantes por el oeste.

Esta confusión en las colindancias de la parcela cuya res-titución se trata de obtener demuestran qué incierto es deter-minar la parcela que ha de ser restituida y que aún admi-tiendo que las colindancias sean las que marca la sentencia y también que está equivocada por el rumbo del oeste y que la colindancia por este lado es el resto de la finca de diez y seis cuerdas de los demandantes, de todos modos entendemos que la parcela de cuatro cuerdas no ha sido identificada de tal modo que permita al oficial ejecutivo de la corte entre-garla a los demandantes. No sabemos cómo procedería dicho funcionario a cumplir la sentencia so pena de que tuviera que hacer una investigación, impropia de él, en cuanto al punto o línea desde donde empiezan y acaban dichas cuatro cuerdas por los distintos puntos cardinales. Esto es sufi-ciente, a nuestro modo de ver, para que la sentencia deba ser revocada por no haber identificado claramente los deman-dantes la finca que están pidiendo que se les entregué otra vez como poseída por ellos.

Tal vez en un nuevo juicio pudieran subsanarse los de-fectos de la prueba.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser revocada sin perjuicio de que pueda pedirse un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada, sin perjuicio de qiie pueda pedirse un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernandez,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Banks, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en causa sobre adulterio.
    No. 1378.
    Resuelto en abril 25, 1919.
    Evidencia que Tiende a Incrimina» al Testigo — Privilegio de un Testigo para no Declarar — Artículo 164 de la Let de Evidencia. — El hecho de que un testigo produzca evidencia que tienda a incriminarle no da derecho a ninguna de las partes para objetar la evidencia así producida, pues el pri-vilegio de abstenerse de producirla no pertenece a los litigantes sino al testigo; y no hace variar la regla el hecho de que el testigo haya dado.la evidencia compulsoria o voluntariamente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel A. Martínez.

    Abogado del apelado: Sr. S. Mestre, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernandez,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Guayama dictó sentencia en junio 10, 1918 declarando al acusado apelante Tomás Banks culpable del delito de adulterio e imponiéndole la pena de un año de. cárcel sin costas a virtud de acusación formulada contra el mismo, en que se le imputa el hecho de que el día 17 de abril del mismo año, dentro del Distrito Judicial de Guayama, ilegal, voluntaria y maliciosamente, había tenido comercio carnal con Mónica Pagán que no era su esposa, siendo dicho Tomás Banks casado con Herminia. Vega.

Contra esa sentencia interpuso el acusado recurso de ape-lación para ante esta Corte Suprema alegando como motivos del recurso los siguientes:

(a) Que la corte cometió error al negar la instrucción so-licitada por la defensa al declarar la testigo Mónica Pagán y en el momento en que el fiscal le hacía la siguiente pregunta: “¿Y qué hacía Ud. allí con Tomás Banks momentos antes de llegar su papá, que habían hecho Uds. allí?”

(b) Que la sentencia es contraria a la prueba.

(c) Que la sentencia es contraria a derecho.

Del escrito de exposición del caso aparece que el abogado del acusado se opuso a que la testigo Mónica Pagán contes-tara la pregunta que se deja transcrita, hecha por el fiscal, porque la corte debía instruirla del derecho de no contestar una pregunta que podía incriminarla, y que el juez la ins-truyó de que si bien tenía derecho a no contestar preguntas que la incriminaran estaba en la obligación de decir la ver-dad como testigo, de modo que debía decir toda la verdad. La defensa excepcionó semejante instrucción por la razón de que la testigo resultaría coautora de un delito declarando sobre hechos que la incriminaban. La testigo no contestó a pesar de haberle ordenado el juez que contestara, y habiendo insistido el fiscal, a nuevas preguntas de éste contestó, con oposición de la defensa, que las puertas del salón de la es-cuela donde ambos se encontraban, estaban cerradas, sin que supiera quién las cerrara y que allí estaba sola con .Banks, ne-gándose a contestar lo que bacía allí, con las palabras de •que no podía declarar ante tanto público, ante cuya actitud el juez le manifestó que contestara la pregunta o la corte la pondría en la cárcel por desacato, a pesar de lo cual y de habérsele preguntado por el fiscal con instrucción del juez de que podía hacer algunas preguntas sugestivas, si tuvieron ambos actos carnales allí, acabó por contestar en sentido afir-mativo.

El artículo 164 de la Ley de Evidencia previene, entre-oirás cosas, que “un testigo no está obligado a dar una con-testación tendente a exponerle a castigo por algún delito.” La testigo Monica Pagán era realmente copartícipe en el adul-terio de que se trata del cual fue acusado únicamente Tomás Banks, y ella pudo reclamar el derecho de no declarar, pero no lo hizo así, y no era fundamento de objeción sostenible por el acusado el que la evidencia inculpara a) testigo, pues tal objeción podía únicamente ser interpuesta por el testigo mismo para su propia protección y en su propio favor, Brown v. State, 20 S. W. Rep. 924.

Esta cuestión fuá objeto de detenido estudio en el caso de Samuel v. People, 45 N. E. Rep. 728, en el cual con apoyo de copiosa jurisprudencia sobre el particular, se sostüvo que cuando un testigo es obligado a contestar aunque él lo haya objetado, ello no es motivo de objeción por parte de cual-quiera de los litigantes, pues el privilegio es del testigo y si lo renuncia es cuestión suya, no habiendo diferencia al-guna en que dé su evidencia voluntariamente o bajo com-pulsión, pues siendo obligado a declarar en un caso donde él está privilegiado ésta es una cuestión exclusivamente entre la corte y el testigo quien puede resistirse y ser condenado por desacato o puede someterse sin que la parte tenga dere-cho alguno a intervenir o quejarse del error.

Como se ve, el error que pudo cometer la corte de G-ua-yama, si es que lo cometió, conminando a Mónica Pagán a. que declarara, bajo apercibimiento de cárcel, no puede ser invocado por el apelante como motivo del recurso.

El testimonio de Mónica Pagán de haber tenido acto carnal con el acusado está corroborado por la declaración del testigo Pedro Pagán.

Pedro Pagán, padre de la Mónica, dice: “Que al entrar a la escuela por la puerta del corral vió que salía su chica de detrás de una puerta, la que empujó, y vió al acusado a quien dió dos o tres gasnatadas; que la escuela estaba com-pletamente cerrada por el frente y sólo había abiertas dos puertas de atrás estando también cerrado el portón; que en el salón no había más nadie y que cuando entró estaban solos el acusado y su hija; que seguidamente dió cuenta a la junta escolar de lo que pasaba y después mandó a buscar al mé-dico Mr. Mehrhof quien la reconoció.”

El acusado admitió que si el Dr. Mehrhof compareciera a declarar declararía que reconoció a Mónica Pagán y no era señorita.

La testigo Inés Vázquez, conserje de la escuela, declara que Mónica Pagán al llegar su padre echó a correr y el padre le cayó a golpes a Tomás Banks y que cuando ella entró Banks le decía a Pagán: “Don Pedro, no me agolpee tanto, acábeme de matar.”

El testimonio de Mónica Pagán, juntamente con el del testigo Pedro Pagán que tiende a demostrar la relación del acusado con la comisión del delito, aún prescindiendo de las demás pruebas aportadas al juicio, son bastantes para sos-tener la sentencia apelada, la que por tanto no puede esti-marse contraria a las pruebas. Y tampoco es contraria a derecho, pues concurren en el caso todos los elementos inte-grantes del delito de adulterio que define y castiga el artí-culo 269 del Código Penal.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y HutcMson.


author: El Juez Peesidente Sr. Hernández,

text:
    Nadal, Demandante y Apelada, v. Miranda, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre daños y perjuicios. .
    No. 1884.
    Resuelto en abril 25, 1919.
    Filiación — Prueba de Filiación — Daños y Perjuicios. — Cuando en una demanda reclamando daños y perjuicios se alega por la demandante la filiación le-gítima de cierto niño y en el juicio declara dicha demandante que tal niño era su hijo, sin que el demandado objeeionara esta evidencia, la filiación así declarada tenía que ser la misma alegada en la demanda, si había de ser congruente la prueba con la alegación.
    Registro Civil — Inscripciones de Nacimiento. — Cuando la declaración presen-tada para la inscripción del nacimiento de un niño en el Registro Civil, carece de fecha y expresa que el niño nació en determinado día “del año próximo pasado,” se presume que ese año es el anterior al de la fecha de la ins-cripción.
    Evidencia — Excepciones—Objeciones que Tomará en Consideración el Tribunal Supremo. — La Corte Suprema al resolver sobre excepciones a la ad-misión de evidencia sólo considerará las objeciones que hayan sido propues-tas en la corte inferior, sin entrar a considerar aquellas objeciones alegadas por primera vez en apelación.
    Prueba Contradictoria — Apreciación de Pruebas — Pasión, Prejuicio, Parcia-lidad o Manifiesto Error. — Cuando hay conflicto en la prueba, el Tribunal Supremo no irá contra la apreciación que de la misma hizo el juez inferior, a menos que se demuestre que obrara influido por pasión, prejuicio o par-cialidad, o con manifiesto error.'
    Responsabilidad de la Madre Respecto de Daños Causados por el I-Iijo — Daños y Perjuicios — Menores de Edad — Sentencia Errónea. — Según el artículo 1804 del Código Civil, el padre es responsable de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su compañía, a menos que se pruebe que empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para pre-venir el daño, cuya prueba incumbe al padre. La responsabilidad de la madre sólo existe en caso de muerte o incapacidad del padre, y por tanto no puede ser condenada conjuntamente con éste, especialmente cuando no ha sido demandada.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogados de la apelada: Sres. Horton SJaner.

   El Juez Peesidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso Eduvigis Nadal, viuda de Bayron, reclama indemnización de daños y perjuicios a Juan Miranda por haber causado la muerte Bafael Miranda Carbó, hijo menor del demandado, a un hijo de la demandante nombrado Bafael B ay ron Nadal, disparando contra éste voluntaria y negligentemente con una escopeta de cazar en el barrio de Sábalos del término municipal de Mayagüez.

El demandado al contestar la demanda, además de una negativa general de los hechos fundamentales de la misma, consignó como materia nueva de defensa que su hijo Bafael Miranda Carbó tenía independientemente de sus padres un establecimiento de pulpería que administraba por sí, y que en 6 de octubre de 1914, habiendo sido invitado por Bafael Bayron para cazar aves llevó una. escopeta cargada de mu-niciones que Bafael Bayron cogió en sus manos apuntando con ella aunque sin malicia hacia una joven, en cuyo momen-to el joven Miranda intentó quitársela de las manos a Bay-ron y en la lucha que ambos ’ sostuvieron, Bayron por no soltar la escopeta y Miranda por quitársela, salió inespera-damente un tiro que hirió a Bayron causándole la muerte.

Celebrado el juicio la corte declaró probados los siguien-tes hechos:

I. Que Manuel Bafael Bayron y Nadal falleció el día 6 de octubre de 1914 en el barrio Sábalos de la ciudad de Ma-yagüez a consecuencia de una herida que le produjo en el ojo derecho Bafael Miranda Carbó con una escopeta de ca-zar, obrando Miranda con negligencia y temeridad.

II. Que la demandante Eduvigis Nadal era madre legíti-ma de Manuel Bafael Bayron Nadal, y Bafael Miranda Car-bó era menor de edad y vivía en compañía y bajo la patria potestad de su padre Juan Miranda el día 6 de octubre de 1914.

III. Que la demandante ha sufrido con la muerte de su hijo daños y perjuicios materiales que pueden computarse en la suma de $700.

Con tales hechos por base y haciendo aplicación del ar-tículo 1804 del Código Civil, la corte dictó sentencia en abril 22, 1918, por la qne ordena qne la demandante obtenga y re-cobre de los demandados Juan Miranda y su esposa Lina Carbó, la suma de $700 más los gastos, costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Contra esa sentencia interpuso la representación del de-mandado recurso de apelación para ante esta Corte Suprema y alega como motivos del recurso tres errores que conside-raremos por el mismo orden en que han sido expuestos.

PRIMER ERROR.

La corte erró al declarar probado que la demandante era madre legítima del fallecido Manuel Eafael Bayron.

La filiación legítima de Eafael Bayron con relación a su madre Eduvigis Nadal está suficientemente justificada en autos, pues Eduvigis Nadal alegó en su demanda jurada que era viuda del finado Mateo Bayron y que durante su matri-monio con Bayron tuvo un hijo llamado Eafael Bayron Na-dal, y en el acto del juicio afirmó que Eafael Bayron Nadal era hijo suyo, cuya afirmación tendía a probar la filiación legítima alegada en la demanda y no fue objetada por la representación del demandado para que la demandante se colocara en condiciones de aducir otra prueba, ni tampoco se le hizo repregunta alguna para contradecir la filiación le-gítima. La filiación declarada por el demandante tenía que ser la misma filiación legítima alegada en su demanda y no otra distinta si había de ser congruente la prueba con la alegación.

SEGUNDO ERROR.

La corte erró al declarar probado qne Eafael Miranda era menor de edad el 6 de octubre de 1914.

La parte demandante alegó en su demanda que el deman-dado en su matrimonio con Paulina Carbó tuvo un hijo legí-timo que era menor de edad y vivía con su padre el ,6 de octubre de 1914, y para demostrar esa minoría de edad. pro-clirjo como prueba la partida de bautismo de Rafael Miranda, que dice así:

“En la ciudad de Mayagüez a las 9 :30 de la mañana del día 9 de enero de 1895, ante don José A. Fernández, juez municipal suplente, y don Rafael Mangual y Delgado, secretario, compareció don Luis Rodríguez * * '* presentando una declaración escrita firmada por don Juan Antonio Rodríguez * * A para la inscripción del na-cimiento de un niño en el registro y al efecto como testigo del parto declara. — Que nació en la casa de don Juan Miranda el día 26 de diciembre del año próximo pasado a las 5 de la tarde. — Hijo legítimo de don Juan Miranda y de doña Paulina Carbó. * * * Y que llevará el nombre de Rafael. — Fueron testigos don Mareos Quintero y don Pedro Montoya. — Leída que fué se estampa en ella el sello del juzgado, lá firma el Sr. Juez, el declarante y testigos, de que certifico: José A. Fernández. — Luis Rodríguez. — Marcos Quintero. — P. Montoya. — Rafael Mangual.”

El demandado se opuso a la admisión de esa evidencia “porque ella no demuestra la fecha del nacimiento del de-mandado, dado que la declaración de Luis Rodríguez ante el juez municipal, que portaba una declaración escrita por Juan Antonio Rodríguez, que es el que en realidad declara sobre el nacimiento de Rafael Miranda, no surte efecto legal alguno para poderse determinar la edad de Rafael Miranda ni la fecha.de su nacimiento.”

El documento fué admitido en evidencia y el demandado tomó excepción.

Como se ve, el demandado no impugnó la autenticidad del documento y sólo lo argüyó de ineficaz para poder deter-minar la fecha del nacimiento de Rafael Miranda y consi-guientemente su edad.

Del texto del documento no aparece ciertamente de un modo expreso cuál fuera la fecha de la declaración escrita firmada por Juan Antonio Rodríguez para venir en conoci-miento de cuál fuera el año próximo pasado en que nació Rafael Miranda. Pero ese año próximo pasado tenía que ser el .año de 1894 anterior al 1895 en que se verificó la inscrip-ción, pues ésta tenía que hacerse a más tardar a los quince días después del nacimiento del niño según el reglamento para la ejecución de la ley del registro civil entonces vigente, debiendo en caso contrario mediar orden de tribunal com-petente para que sé* verificara la inscripción. En el presente caso no medió orden alguna judicial para la inscripción del niño Rafael Miranda y, por tanto, bay la presunción de que se hizo dentro del término prevenido por la ley de registro civil y su reglamento. Carece, pues, de fundamento la opo-sición del demandado, pues el acta de nacimiento de Rafael Miranda demuestra que nació en 26 de diciembre de 1894, quedando así demostrada la alegación fundamental de la de-manda de que Rafael Miranda era menor de edad en 6 de octubre de 1914.

Hemos examinado la excepción a la evidencia por la única razón que la sirve de base sin entrar en otras razones como la de nulidad de dicha acta alegada por primera vez ante esta Corte Suprema, pues ya hemos dicho repetidas ve-ces que sólo consideraremos las excepciones a la admisión de prueba bajo la forma en que han sido propuestas y no en otra distinta, y la nulidad expresada no se alegó como razón de la excepción. Surís v. Quiñones et al., 17 D. P. R. 646; Rodríguez v. P. R. Ry. Light & Power Co., 19 D. P. R. 643; y Del Rosario v. Rosaly, de febrero 28, 1919, (pág. 105).

TEROBR ERROR.

La corte erró al declarar con lugar la demanda, por la razón de no haber suficiente prueba para ello.

La evidencia aportada al juicio por la parte demandante tiende a demostrar que Rafael Miranda, según afirma e] juez en sus conclusiones de hecho, disparó negligente e impruden-temente contra Rafael Bayron.con una escopeta de su pro-piedad, causándole la muerte, y aunque la evidencia del de-mandado consistente únicamente en la declaración de Rafael Miranda tiende a demostrar la materia nueva de defensa ale-gada en la contestación, el juez resolvió el conflicto de' prue-bas' en sentido favorable a la demandante y no iremos contra esa apreciación por no habérsenos demostrado que hu-biera obrado influido por pasión, prejuicio o parcialidad, o eon manifiesto error.

Rafael Miranda, joven menor de edad, causó la muerte a Rafael Bayron haciendo uso de un arma de fuego con negli-gencia y temeridad, y de ese daño es responsable su padre el demandado en cuya compañía vivía, por no haber demos-trado que empleara toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.

Sostienen la anterior conclusión los artículos 1803 y 1804 del Código Civil que en la parte atinente dicen así:

“Art. 1803. — El que por acción u omisión causa daño a otro, in-terviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño cau-sado.
“Art. 1804. — La obligación que impone el artículo anterior es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.
“El padre y, por muerte o incapacidad de éste, la madre, son responsables de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su compañía. * * *
“La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.”

La verdadera razón de la responsabilidad del padre en un caso como el presente estriba en la falta de cuidado sufi-ciente, vigilancia y disciplina de su parte en el ejercicio de la autoridad paterna y por eso el código exime de ella cuando prueba que empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Esa prueba que estaba a •cargo del demandado no existe en el presente caso.

El apelante no ha llamado nuestra atención sobre el he-'cho de que no solamente él sino su esposa Paulina Carbó han sido condenados por la sentencia. El artículo 1804 que •dejamos transcrito por modo expreso estatuye la responsa-bilidad de la- madre por muerte o incapacidad del padre. Paulina Carbó no ha sido demandada. Habiendo error fundamental en la condena impuesta a Paulina Carbó, estamos en el deber de rectificar de oficio semejante error.

Es de confirmarse la sentencia apelada, pero entendién-dose que ésta afecta únicamente al demandado Juan Miranda.

Confirmada la sentencia apelada, pero modi-ficada en el sentido de que la indemnización ordenada por dicha sentencia, afecte única-mente al demandado Juan Miranda.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cordero, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en juicio sobre infracción al artículo 553 del Código Penal.
    No. 1321.
    Resuelto en abril 28, 1919.
    Denuncias — Alegaciones Suficientes — Artículo 72 del Código de Enjuicia-miento Criminal. — Según sus propios términos, el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Criminal se redactó para aplicarse a "acusaciones,” que son las formuladas por el fiscal, y no a "denuncias.” Estas, presentadas en la mayor parte dé los casos por pérsonas que no son expertas en el cono-cimiento de la ley, son juzgadas con criterio menos rígido en cuanto a su forma. Sin embargo, para que la denuncia sea válida debe contener beebos bastantes a informar al denunciado del cargo que se le imputa y constituir tal cargo un delito previsto y castigado por la ley.
    Id. — Artículo 553 del Código Penal — "Voluntariamente” — Intención.— Atendidos los términos del artículo 553' del Código Penal, no es necesario para que se entienda infringido que el hecho constitutivo de la infracción se cometa maliciosamente o con intención criminal. Basta que se realice vo-luntariamente y una denuneia que así lo alega, es bastante.
    Td. — Alegaciones.—No imputándose al acusado la infracción consistente en tener abierto su establecimiento a horas prohibidas por la ley, sino el permitir que sus empleados trabajaran después de una hora de la fijada por la ley para el cierre, no es necesario que la denuncia exprese si el establecimiento estaba o no cerrado cuando se realizaba el acto delictivo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Ramón Freyre.

    Abogado del apelado: Sr. S. Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Policía Insular Fermín Betances, formuló denuncia contra Pedro Cordero porque “en mayo 17, 1918, y en calle Pe-ral, esquina a Sol de Mayagüez, del Distrito Judicial Municipal de Mayagüez, P. B., el citado acusado Pedro Cordero, que es dueño de un establecimiento industrial de ‘zapatería’, voluntariamente tenía trabajando a las nueve de la noche a los empleados Carlos Fernández, maestro cortador, y a Manuel Abrahante, Esperanza Abrabante, Robustiano Constan-tino y Gregorio Fradera, operarios, siendo un día viernes, violando así el acusado el artículo 553 del Código Penal, se-gún se halla enmendado por la Ley No. 26, aprobada el 23 de noviembre de 1917.”

Vista la causa en apelación en la corte de distrito, ésta condenó a Pedro Cordero a pagar una multa de veinte dó-lares y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar dejado de satisfacer.

No conforme Cordero, recurrió para ante esta Corte Su-prema alegando, en primer término, que la denuncia no se ajusta a las prescripciones del artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Criminal y que no aduce hechos suficientes para concluir que el acusado cometió un delito público.

Según sus propios términos, el artículo 72 invocado se redactó para aplicarse a “acusaciones”, que son las formu-ladas por el fiscal, y no a “denuncias”. Estas, presentadas en la mayor parte de los casos por personas qué no son ex-pertas en el conocimiento de la ley, son juzgadas con criterio menos rígido en cuanto a su forma. Ahora bien, para que sean válidas, es necesario que contengan hechos bastantes a informar a los denunciados de los cargos que se les imputan y que tales cargos constituyan delitos previstos y castigados por la ley. Veamos si tal sucede en el.presente caso.

Sostiene el apelante que la denuncia no aduce hechos sufi-cientes-porque se limita a consignar que el acusado “volun-tariamente” ejecutó el hecho que se le atribuye y omite las palabras “ilegalmente”, “con intención criminal”, “malicio-samente”, necesarias a sn juicio para que la infracción pueda castigarse.

El artículo 553 del Código Penal, tal como fue enmendado por la Ley No. 26 de 23 de noviembre de 1917, no emplea las palabras a que se refiere el apelante. Siendo esto así, el uso de la palabra “voluntariamente” es bastante, ya que ella, según la misma ley, (Artículo 559 del Código Penal), “apli-cada a la intención con que se ejecute un acto,- o se incurre en una omisión, implica simplemente propósito o voluntad de cometer el acto, o de incurrir en la omisión a que se re-fiere”, que es todo lo que exige el legislador. No es nece-sario que exista una dañada intención en este caso. Basta que se infrinja voluntariamente la. ley para que se entienda cometida la falta que la misma ley castiga.

Sostiene además el apelante que los becbos de la denun-cia no constituyen delito porque la infracción consiste en tener el establecimiento abierto y esa circunstancia no se consigna en ella. El repetido artículo 553 dispone que “ . * * * todos los días laborables desde las 6 p. m., * * * permanecerán cerrados al público y una hora des-pués de cerrados no se permitirá ninguna clase de trabajo para los empleados en los establecimientos comerciales e in-dustriales, con excepción * * * .” Como se ve, pueden cometerse dos diferentes infracciones, una consistente en te-ner abiertos los establecimientos durante el tiempo en que la ley manda que permanezcan cerrados y otra en permitir que los empleados trabajen después de una bora de cerrados los establecimientos. La segunda de las infracciones es la que se imputa al apelante y en tal virtud no puede soste-nerse que la denuncia sea ineficaz porque no se consigna en ella que el establecimiento se encontraba abierto.

Como segundo error alega el apelante que no se probó debidamente en el juicio que Pedro Cordero fuera' el dueño del establecimiento, ni que tuviera trabajando en él para su beneficio a las personas nombradas en la acusación, ni que éstas fueran los “empleados’’ a que la ley se refiere.

De la prueba del fiscal se deduce que Cordero era la persona responsable de la infracción. Por ejemplo, el 'testigo Estrada declaró, sin objeción por parte del acusado, “el día 17 de mayo, de ocho y media a nueve de la noche, en unión del guardia Betances estuve en el establecimiento de zapa-tería de Pedro Cordero y vi que estaban trabajando en la zapatería varios individuos * * * . ” Lueg’o, si algo fal-taba, lo completó el propio acusado al presentar como prueba la escritura de 13 de mayo de 1915 por la cual se consti-tuyó una sociedad mercantil en comandita bajo la razón de P. Cordero y Cía., siendo socio comanditario J. Martínez Her-nández y gerente y administrador Pedro Cordero, el acusado.

También se deduce de la prueba que los operarios que trabajaban la noche a que se refiere la denuncia eran los ope-rarios regulares del establecimiento, debiendo presumirse que lo hacían con permiso del dueño en ausencia de prueba en contrario. Conviene consignar que la prueba del acusado tendió a establecer el hecho de que si bien los operarios se encontraban en el establecimiento, no trabajaban sino que se dedicaban a la lectura.

Por ríltimo en cuanto a si podían considerarse dichos ope-rarios como empleados, nos limitaremos a citar a Bouvier’s Law Dictionary, Vol. 1, p. 672, que al establecer el signi-ficado de la palabra “employee”, dice que “no se aplica usualmente a los altos oficiales de corporaciones o a los sir-vientes domésticos, sino a los oficinistas, obreros, y labra-dores, colectivamente. ’ ’

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Márquez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda en causa por delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    No. 1385.
    Resuelto en abril 28, 1919.
    Acometimiento y Agresión — Circunstancias Agravantes — Premeditación.—En el delito de acometimiento y agresión no es necesario alegar ni probar el elemento de premeditación, siendo bastante con que se pruebe la intención criminal o mens rea.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José de J. Tisol y Antonio Trujillo.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El único error que ha sido alegado en esta apelación y disentido ante este tribunal es que la sentencia es contraria a la prueba por cnanto la acusación fné por el delito de aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes y la prueba no demostró que hubiera habido premeditación por parte del apelante.

El delito de acometimiento y agresión se define como sigue:

“Sección L — Todo acto ilegal de inferir algún daño violento en la persona de algún semejante con la intención de causarle daño, cualquiera que sean los medios o el grado de violencia que se em-plearen, constituirán un delito de acometimiento y agresión. Toda tentativa para cometer una agresión, o cualquiera señal de amenaza que demuestre en sí o con palabras una intención inmediata acom-pañada de actitud para cometer la agresión, será considerado como un acometimiento.” Ley de 1904, página 41.

El acometimiento y agresión será considerado con circuns-tancias agravantes cuando se cometiere .bajo determinadas circunstancias de las cuales citamos la número 9.

“9. Cuando se cometiere con intención premeditada para el fin calculado de inferir graves heridas corporales.”

Este es el único artículo qne emplea la palabra “preme-ditada,” y parece ser la excepción qne confirma la regla.

En general, el asesinato es el único delito en qne se em-plea violencia en que es necesaria la premeditación. En el homicidio o cualquier delito inferior únicamente deberá pro-barse la intención criminal o mens rea. A veces dicha inten-ción se infiere del principio de que debe presumirse que una persona, intenta las consecuencias naturales y probables de sus actos. El Pueblo v. Blandford, 23 D. P. R. 625; El Pueblo v. Astacio, 23 D. P. R. 842.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    South Porto Rico Sugar Co., Peticionaria, v. Sepúlveda, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 249.
    Resuelto en abril 29, 1919.
    Traslado del Pleito de la Corte de Distrito a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rioo — Jurisdicción—Inciso 8, Artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil. — Cuando un caso puede ser legalmente trasladado de una corte de distrito a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, al radicarse una moción de traslado en tiempo oportuno, acompañada de fianza suficiente, el caso queda trasladado, per-diendo la corte de distrito su jurisdicción para seguir conociendo del mismo. De acuerdo con esta doctrina es nula una orden de la corte de distrito que, fundándose en la facultad que concede a las cortes el número 8 del artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil, deja sin efecto el traslado previamente concedido.
    Los hechos están expresados en la opinión:
    Abogado del peticionario: Sr. O. B. Fraser.

      El demandado no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En 27 de enero de 1919 Jorge Sepulveda, vecino de Ponce, radicó una demanda en la Corte de Distrito de Ponce contra la South Porto Eico Sugar Company, corporación debi-damente organizada bajo las leyes del Estado de New Jersey con autorización para negociar en la Isla de Puerto Eico, re-clamando la suma de $4,900 en concepto de indemnización de daños y perjuicios causados al demandante' por la de-mandada.

En 14 de febrero siguiente la South Porto Eico Sugar Company hizo petición a la Corte de Distrito de Ponce, para que el caso fuera trasladado a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Eico, acompañando al efecto una fianza firmada por la peticionaria y dos fiadores.

Después de oir la petición referida el Juez de la Corte de Distrito de Ponce dictó una orden en 15 de febrero citado disponiendo la traslación solicitada y aprobando la fianza prestada como buena y bastante al fin pretendido.

En 27 de febrero el demandante Jorge Sepúlveda radicó moción para que se tuviera por enmendada la demanda reba-jando a $2,900 la cantidad que en ella reclamaba, alegando que por un error involuntario de máquina cometido por el oficinista al traducirla de la copia taquigráfica se consignó que la cantidad reclamada era de $4,900 cuando esa suma era de $2,900 solamente, y además en la misma fecha presentó otra moción de reconsideración para que se dejara sin efecto la orden de traslado y se permitiera la continuación del plei-to en la corte de Ponce por el fundamento de que la suma reclamada era de $2,900 y no de $4,900 según se había con-signado en la demanda.

La corte de Ponce por orden de 28 de febrero de 1919 dejó sin efecto la orden de traslado de 15 de febrero, can-celando la fianza prestada para el traslado y ordenando que el caso quedara ante la corte como si no se hubiera dictado la orden de traslado.. La corporación demandada, en moción de 13 de marzo de 1919, solicitó que los autos fueran remiti-dos a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puer-to Rico dentro del término marcado por la ley, por el fun-damento de que la corte no tenía jurisdicción en el caso des-pués de haber firmado la orden de traslado a la Corte Federal, y la corte por -orden de la misma fecha, 13 de marzo de 1919, declaró sin lugar la moción por entender que de acuerdo con el número 8 del artículo 7 del Código de Enjui-ciamiento Civil la corte tiene poder para inspeccionar y co-rregir sus providencias y órdenes para ajustarlas a la ley y a la justicia.

Los procedimientos relacionados han dado lugar a que la representación de South Porto Rico Sugar Company acudiera a esta Corte Suprema en 19 de marzo de 1919 en solicitud de auto de certiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de Ponce, Pión. Domingo Sepulveda, con el fin de que fue-ran revisados^ dichos procedimientos y se declare nula y sin efecto alguno la orden por la que se permitió la radicación de la demanda enmendada y se reconsideró y revocó la orden de traslado, revocando además' y declarando nulo todo proce-dimiento seguido por la corte de Ponce después de firmada la orden de traslado del pleito a la Corle Federal, de 15 de fe-brero de 1919.

El auto de certiorari fué expedido y la vista del recurso tuvo lugar con la asistencia iónica de la peticionaria en 31 de marzo próximo pasado.

La única cuestión legal a discutir y resolver es si el Juez de la Corte de Distrito de Ponce tenía o no jurisdicción para seguir actuando en el caso después de haber dispuesto su traslado a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico por orden de 15 de febrero .de 1919.

No hay cuestión alguna acerca de que atendidos los tér-minos de la primitiva demanda cuya cuantía excedía de $3,000 el caso era susceptible de traslado a la Corte de Distrito de los Estados Unidos’ para Puerto Rico y de que la demandada presentó en debido tiempo los documentos necesarios para el traslado ordenado.

En el caso de Crehore v. Ohio Railway Co., 131 U. S. 243, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo:

“El efecto de radicar la solicitud' y fianza exigidas en un caso que puede ser trasladado es como se dijo en el caso de Railroad Company v. Mississippi, 102 U. S. 135, 141, que la corte de estado que-dará desde entonces sin jurisdicción para seguir conociendo del pleito; o en el d& Railroad Company v. Koontz, 104 U. S. 5, 14, que su ju-risdicción legal termina; o en el de Steamship Co. v. Tugman, 106 U. S. 118, 122, que al ser radicada la petición y fianza, siendo el caso remoYible de acuerdo con el estatuto, la jurisdicción d'e la corte' de estado cesó en absoluto, y la de la Corte de Circuito de los Estados. Unidos comenzó inmediatamente.’ ”

En otro caso posterior, Traction Company v. Mining Co., 196 U. S. 244, la misma corte dijo:

“Si un caso pudiese ser trasladado, esto es, si el pleito por su naturaleza es uno del cual la Corte dé Circuito podía legalmente te-ner jurisdicción, entonces al radicarse una solicitud de traslado en tiempo oportuno acompañada de fianza suficiente, el caso de acuerdo con la ley queda trasladado perdiendo su jurisdicción la corte de estado en que dicho caso está pendiente, para seguir conociendo del asunto, y todos los procedimientos subsiguientes en esa corte serán mños.”

Con arreglo a la doctrina expuesta la Corte de Distrito de Ponce carecía de jurisdicción para seguir actuando desde que le fue presentada en debida forma la moción de tras-lado y con mayor motivo después que dicha corte accedió al traslado reconociendo así que el caso era removióle y se habían llenado todas las formalidades necesarias para el tras-lado. Careció, por tanto, de jurisdicción para admitir una enmienda a la demanda rebajando su cuantía a $2,900 y de-jando por ese fundamento sin efecto el traslado ordenado cuando ya la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Eico había adquirido jurisdicción sobre el caso.

T no es aplicable el número 8 del artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil preceptivo de que toda corte tiene poder para inspeccionar y corregir sus providencias y ór-denes con el fin de ajustarlas a la ley y a la justicia, pues para el ejercicio de tal facultad es requisito indispensable que la corte tenga jurisdicción sobre el caso, y la Corte de Distrito de Ponce ya había perdido su jurisdicción para co-nocer de la reclamación de que se trata.

Por el mismo fundamento tampoco puede sostenerse que la orden de traslado era susceptible de apelación .y que el demandante pudo enmendar la demanda y solicitar la recon-sideración de la orden de traslado antes de interponer dicho recurso.

Por las razones expuestas, procede declarar con lugar el presente recurso de certiorari, anular la orden que dictó el Juez de la Corte de Distrito de Ponce en 28 de febrero de 1919, y nulos también los procedimientos subsiguientes.

Declarado con lugar él recurso de certiorari y anulada la orden que dejó sin efecto el traslado anteriormente concedido.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    South Porto Rico Sugar Co., Peticionaria v. Hon. D. Sepúlveda, Juez de Distrito de Ponce, y Jorge Sepúlveda, Demandados.
    Solicitud de -auto inhibitorio contra el Juez de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 20.
    Resuelto en abril 29, 1919.
    Resuelto por los fundamentos del caso No. 249, South Porto Pico Sugar Go. v. Hon. Domingo Sepúlveda, Juez de Distrito, de abril 29, 1919, (pág. 334).
    Abogado del peticionario: Sr. O. B. Frazer.

    Abogado del demandado Jorge Sepúlveda: Sr. R. Martínez Nadal.

      El juez demandado compareció por escrito.
   Ratificado el auto convirtiéndolo en definitivo.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    De Nadal, Demandante y Apelada, v. Mari Hermanos, Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1988.
    Resuelto en mayo 1, 1919.
    Ordenes Inapelables — Nuevo Juicio — Apelaciones Procedentes de Cortes Mu-nicipales. — Las resoluciones denegatorias de nuevo juicio dictadas por las cortes de distrito en casos originados en las cortes municipales, no son en general apelables para ante el Tribunal Supremo y muebo menos cuando la cuantía litigiosa es inferior a trescientos dollars.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Luis Montalvo Ouenard.

    Abogado de la apelada: Sr. A. Nazario Lugo.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Cristina C. de Nadal demandó en la Corte Municipal de Mayagüez a Mariano Mari Hermanos, en cobro de trescien-tos pesos. Resuelto el caso, fué apelado a la corte de dis-trito y ésta lo decidió por sentencia de 29 de mayo de 1918. El 25 de junio siguiente la parte demandada solicitó un nuevo juicio que le fué negado por la corte y entonces apeló para ante este Tribunal Supremo quedando radicada la trans-cripción de los autos el 19 de marzo último.

Así las cosas, la parte demandante y apelada solicitó la desestimación del recurso, alegando que no es apelable la resolución denegatoria del nuevo juicio. Su alegación está sostenida por la jurisprudencia de esta corte establecida en el caso de Rodríguez v. Nogueras, 16 D. P. R. 133, así:

“Las resoluciones denegatorias de nuevo juicio dictadas por las cortes de distrito en casos originados en las cortes municipales no son apelables para ante el Tribunal Supremo, porque no hay pre-cepto legal que autorice dichos recursos.”

Existe además otra razón, que apoya la contención de la parte apelada y es que la cuantía de la reclamación no ex-cede de trescientos pesos y ya dijimos en Mora v. Rosaly, 18 D. P. R. 172, que admitir que pudiera apelarse en tal caso de la resolución relativa al nuevo juicio, cuando la ley no otorga recurso contra la sentencia, sería dejar burlado el precepto del legislador contenido en el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como fue enmendado en 9 de marzo de 1905.

Por virtud de lo expuesto debe desestimarse el recurso establecido.

'Declarada con lugar la moción de la deman-dante de marzo SI, 1919, y desestimado el recurso de apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Ex Parte, Otero et al., Peticionario Apelado, y Striker, Peticionaria-Apelante, v. El Pueblo, Interventor-Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito ele Mayagüez, en autos sobre declaratoria de herederos.
    No. 1719.
    Resuelto en mayo 1, 1919.
    Reconocimiento de Hijos Naturales — Partidas de Bautismo — Prueba de la Filiación en Cuanto a la Madre Natural. — Las partidas de bautismo ex-tendidas con arreglo al dereelio canónigo en los libros parroquiales por los sacerdotes antes de la implantación del registro civil en Puerto Rico, tienen el carácter de documentos públicos y constituyen prueba prima facie en cuanto al parentesco entre el bautizado y la persona que como madre natural se asigna a éste en la inscripción. De acuerdo con esta doctrina en tales casos la filiación natural queda establecida aunque de la partida bautismal no resulte el reconocimiento expreso hecho por la madre tal como se exije cuando se trata de establecer la relación filiar en cuanto al padre natural.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Benet é Souffront.

    Abogados de Julio Otero: Sres. José S abater y Ahrah.(m Peña.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

María Ursula Striker, y Julio Otero Rivera, como apo-derado de Ana y Carlota Arroyo y Grarcía y de Enrique Arroyo y Arroyo, presentaron una petición en la Corte de Distrito de Mayagúez solicitando se declarase únicos y uni-versales herederos abintestato de Dionisio Eleuterio Arroyo y Striker a sus hermanas naturales Ana y Carlota A.rroyo y Grarcía y a sus sobrinos, naturales Nemesio Enrique y María Teresa Benita y Arroyo, por derecho de representa-ción de su padre Hilario Pablo Enrique Arroyo y Grarcía, hermano natural que fue de Dionisio Eleuterio; y a María Ursula Striker, hermana natural de la madre del citado Dio-nisio Eleuterio Arroyo y Striker, en las proporciones que determina la ley y sin perjuicio de tercero.

La corte desestimó la petición por no haberse probado que Demetrio Eleuterio Arroyo y Striker fuera hijo natural reconocido de Isidoro Arroyo- y de Ceferina Striker, y poí-no haberse establecido en consecuencia el parentesco de los peticionarios. Entonces Ursula Striker presentó una moción para que se reconsiderase esta orden de la corte y pidiendo se declarase a dicha Ursula Striker como única y universal heredera de Dionisio Eleuterio Striker, por el fundamento de que las pretensiones de esta peticionaria habían quedado suficientemente establecidas por razón de su parentesco con la madre de Dionisio Eleuterio, cuya filiación, así como la de -esta peticionaria, por parte materna, había quedado indis-putablemente establecida. •

La corte desestimó esta moción por el fundamento de que las partidas de bautismo presentadas por la peticiona-ria no prueban que la misma sea hermana natural de Dio-nisio Eleuterio, porque en las mismas no se afirma por el sacerdote autorizante que a su presencia hayan sido reco-nocidos personalmente por Ceferina Striker como hijos na-turales suyos, ni la peticionaria ni dicho Dionisio Eleuterio, ni se afirma que tal reconocimiento se haya hecho ante tes-tigos ni en ninguna otra forma ante los sacerdotes que les administraron el bautismo y extendieron dichas partidas.

Contra esta orden interpuso Ursula Arroyo y Striker el presente recurso de apelación.

La partida de bautismo en cuestión dice como sigue:

“En el año del Señor de mil novecientos cincuenta y cuatro, día treinta de enero: Yo el presbítero don José Santiago Díaz y Peña, Cura Rector de la Villa de Asua en Santo Domingo Cum licentia paroehi bauticé solemnemente, ungí con el sagrado óleo y Crisma en esta Santa Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Candelaria de la Villa de Mayagüez a una niña que nació el veinte y uno de oc-tubre del año próximo pasado y di por nombre María Ursula bija natural de Dña. Ceferina Striker de este vecindario, abuelos maternos D. Enrique y Dña. Manuela Seguinó: fueron sus padrinos D. Francisco Saturnino Mestre y Dña. Bárbara Cuevas, a quienes advertí el parentesco espiritual y obligs: doy fe. Miguel Arjona. — José Santiago Díaz de Peña.”

Las partidas relativas al bautismo y reconocimiento de Dionisio Eleuterio Arroyo y Striker aparecen en la opinión de esta corte en el caso de Otero y Striker v. El Pueblo, 26 D. P. R. 83.

En el 1854 el registro civil estaba a cargo de los curas párrocos, quienes tenían él carácter de funcionarios públicos. En las partidas bautismales debían hacer constar no sólo el hecho y la fecha del bautismo, sino también, entre otras co-sas, los nombres de los padres, la clase de filiación del niño, los nombres de los abuelos según los casos, y los nombres de los padrinos. Estas constancias se consideraban ser fieles y correctas mientras no se demostrase lo contrario. Consti-tuían prueba prima facie, no sólo en cuanto al parentesco espiritual de los padrinos con relación al niño y a los padres de éste, sino que también en cuanto al parentesco na: tural entre el niño y la persona que como madre se le asig-naba. Se reconocía como excepción a esta regla el caso de quien aparecía como padre natural, a quien no podían per-judicar tales constancias a menos que hubiese comparecido y en debida forma reconocido el niño. Iturrino v. Iturrino, 24 D. P. R. 467. La razón de esa diferencia se funda en el hecho de que por lo general en tales casos la identidad de la madre no puede ponerse en duda, mientras -que el padre' es aquel quem justae nuptiae demonstrant. Se requería a falta de justas nupcias, el reconocimiento formal del padre putativo.

Esta clase de particulares no se dejaban al mero capri-cho del párroco para que pudiera mencionarlos al acaso u omitirlos voluntariamente, sino que las prescripciones del De-recho Canónico le exigían que llenase esos requisitos al extender el acta oficial. Si el párroco, por razón de sus ínti-mas relaciones espirituales y sociales con sus feligreses no tenía conocimiento personal de los hechos, él obtenía los da-tos necesarios, por lo general cerca de los padrinos o fami-liares del bautizado.

El párrafo 6 del artículo 595 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1886 comprendía entre los documentos públicos y solemnes las partidas de bautismo o nacimiento, de matri-monio o de defunción, dadas con arreglo a los libros por los párrocos o por los encargados del registro civil; y la Ley de Enjuiciamiento Civil anterior que regía desde el 1856 contenía igual precepto en su artículo 280.

Como tales documentos públicos, estas partidas hacían prueba de los hechos relacionados en las mismas en todo aquello que no estuviera en abierta oposición con algún pre-cepto de la ley sustantiva. Cuando semejante conflicto ocu-rriese, como por ejemplo, en el caso de que se hubiese con-signado el reconocimiento de la paternidad de un hijo natural cuando éste no había sido formalmente reconocido por sil padre putativo, entonces la regla de evidencia, por su-puesto, no rige. Y el Derecho Canónico prescribía un procedi-miento especial para el debido asentamiento de tales recono-cimientos así como para subsanar los errores cometidos en la redacción de las partidas bautismales, y aun faltando por completo tales asentamientos o partidas habíase señalado un método para suplirlas nunc pro tunc. Véase el Tratado de Procedimientos Eclesiásticos, por Salazar y Lafuente, temo I, y el caso de García et al., v. Garzot, 18 D. P. R. 866, 878. Escriche, Diccionario de Legislación j Jurisprudencia, (nueva edición), páginas 358 y 1235.

‘‘Gomo regla general los asientos hechos en el registro o en la. biblia de una familia son admisibles como prueba en cuestiones re-ferentes a genealogías con el fin de probar el parentesco y la fecha y el hecho del nacimiento, matrimonio o fallecimiento de una persona.” 10 R. C. L. p. 1136, sec. 343.

Y se ha afirmado que el registro de una iglesia—

“* * * sirve para propósitos equivalentes a los que sirven los registros de familia, y en este país pueden muy bien considerarse como equivalentes a los libros registros de una corporación, que por lo general hacen prueba de aquellas materias que se registran en el curso ordinario de sus negocios.” Id., p. 1138, sec. 344.
“Los asientos en libros o registros públicos u oficiales, practica-dos en el desempeño de su cargo por un funcionario público de Puerto Rico, u otra persona en el cumplimiento de, una obligación especialmente encomendádale por la ley, constituyen evidencia prima facie de los hechos consignados por estos asientos. ’ ’ Art. 71 de la Ley de Evidencia.

Aun en el caso de documentos privados, y sin tomar en -cuenta la antigüedad del documento:

“Los asientos y otros escritos de un finado, hechos en los momentos o poco antes de efectuarse la transacción, cuando se hallaba en ap-titud de conocer los hechos consignados en ellos, podrán leerse como evidencia prima facie de los referidos hechos, en los casos siguientes:
"1. * * *
“2. Cuando se hubiere hecho con carácter profesional y en el bjfereicio ordinario de una profesión.
“3. Cuando se hubiere hecho en cumplimiento de un deber im-puesto por una ley, un contrato o un cargo. Art. 93 de la Ley de Evidencia.’’

Y añadiremos, por el valor que tenga, como analogía, que las constancias que aparecen en escrituras antiguas son. ad-misibles para probar la condición de heredero cuando están corroboradas por la posesión en virtud de dichos títulos, o por otras circunstancias. Nota en Dyer v. Marriott, 45 L. R. A. (N. S.) 93-4, y casos citados. Véase también Mist v. Kapiolani Estate, 13 Hawaii 523; Boagni v. Pacific Imp. Co., 111 La. 1063; Maxson v. Jennings, 48 S. W. 781; Webb v. Ritter, 54 S. W. 484; Wigmore on Evidence, volumen II, sección 1573, página 1926 y notas.

En este caso el asiento es de más de sesenta años. Fué extendido con el carácter de asiento oficial por un funciona-rio público en cumplimiento de su deber impuéstole de una manera especial por la ley. Se hizo con carácter profesio-nal y en el curso ordinario de una obligación profesional. No se ha hecho insinuación alguna de que haya habido frau-de. Tres años antes de la fecha del asiento, Isidoro Arroyo había reconocido un hijo natural, Dionisio Eleuterio, que na-ció de la misma madre. Los abuelos naturales mencionados en la partida de bautismo considerada al resolver la apela-ción interpuesta por otros peticionarios en este mismo caso (Otero y Striker v. El Pueblo, supra) y los abuelos natura-les nombrados en la partida que estamos ahora considerando, son idénticos. El derecho de María Ursula Striker para lle-var el apellido de su madre parece no haberse jamás impug-nado por nadie, salvo por la corte inferior y por el gobierno después de haber el juez sentenciador referido este caso, al fiscal al parecer bajo la teoría de retroversion al Estado (es-cheat) por falta de conocidos herederos. Los parientes más cercanos que deberían estar más interesados en derrotar las pretensiones de María Ursula, dada que fueran falsas las constancias que aparecen de la partida de nacimiento, táci-tamente reconocen el parentesco por haberse unido en la peti-ción. y al no protestar ni en esta corte ni en la corte inferior, ann después de haber pedido la apelante en este caso se le declarase única y universal heredera con exclusión de sus eopeticionarios primitivos. Además de todo esto, dos testigos declararon que Dionisio Eleuterio Arroyo y Striker era hijo de Isidoro Arroyo y Budia y de Ceferina Striker y que Ursula era hija de Ceferina Striker.

Es de revocarse la orden recurrida y devolverse el caso.

Revocada la orden recurrida y devuelto el caso.

Jueces concurrentes: Sres Presidente Hernández y Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Laíno, Demandante y Apelante, v. Blondet et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayara a en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios.
    Moción del demandado solicitando el traslado del pleito.
    No. 1984.
    Resuelto en mayo 1, 1919.
    Traslado del Pleito — Prejuicio.—El hecho de que los funcionarios de una corte puedan tener prejuicios contra un litigante no es fundamento bastante para que se le conceda el traslado del pleito, pues se presume que el juez gobierna su casa y que de no tener prejuicio personal hará, que se haga justicia a las partes que están ante él.
    Id. — Id.—Para que el prejuicio justifique el traslado del pleito, debe ser el pre-juicio personal del juez y demostrarse mediante prueba tendente a establecer hostilidad personal o mediante tales decisiones y resoluciones arbitrarias de las cuales se deduzca necesariamente el prejuicio; pero meras resoluciones, por erróneas que sean, no pueden demostrar prejuicio.
    Id. — Discreción de la Corte. — Un fundamento como el de “interés de la justi-cia,” aún suponiendo que esté comprendido en las palabras estatutorias “por cualquier motivo,” no es bastante para la concesión de un traslado a discre ción de la corte, a menos que tal motivo se alegue y se demuestre.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Cayetano Coll Cuchí, Gustavo Crusado Silva y José T. Aponte.

      Abogados de los apelados: Sres. Hugh B. Francis, Angel de Jesús j-Jucm B, Soto.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

No es necesario segnir paso a paso todos los procedimien-tos preliminares de la solicitud de traslado que fneron pre-sentados-a la Corte de Distrito de Guayama. Al hacerse dicha solicitud se encontraba el caso debidamente ante aque-lla corte y sujeto a la facultad de la misma para trasladarlo a otro distrito, mostrándosele hechos que justificaran dicho traslado. Oída una moción de traslado y considerado el he-cho de no haber llegado las partes a un acuerdo respecto a la corte a la cual había de hacerse el traslado, la Corte de Distrito de Guayama ordenó que el caso fuera trasladado a la Corte de Distrito' de Ponce, y contra las dos resoluciones ordenando el traslado de la causa es que se interponen las apelaciones.

La moción de los apelados subsiste en efecto por el fun-damento de que el Juez de Distrito de Guayama tenía pre-juicios contra el premovente y también se alegó en ella que existían prejuicios por parte de los empleados de la corte, Podemos prescindir inmediatamente de la alegación refe-rente a que los empleados de la corte tenían prejuicios contra los apelados. Tal hecho no constituye fundamento legal para un traslado y debe presumirse concluyentemente que el juez gobierna su propia casa y que de no tener prejuicios él mismo, verá que se haga justicia a las partes ante él. No encontramos ni sostenemos que hubiera tal prejuicio por parte de los empleados. En esta apelación solamente existen dos verdaderas cuestiones: la primera es, si se demostró o no que hubiera habido prejuicio por parte del juez, y la se-gunda si no mostrándose tal cosa, se ejercitó la debida dis-creción al trasladar la causa. Estas dos cuestiones pueden ser consideradas conjuntamente.

Si una corte ha desestimado una demanda el día señalado para el juicio y luego restablece la causa, siendo tan amplias y liberales las facultades de la corte, de acuerdo' con el ar-tículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, sería nece-saria una prueba excesivamente poderosa para que pudiera inferirse que hubo prejuicio. Generalmente es una medida superior de justicia restablecer una causa que nunca ha sido oída que obligar a un demandante a empezar el caso de nuevo. Aun cuando el dejar de imponer costas legalmente constituya abuso de discreción, no era ni podía demostrar prejuicio.

Ni al desestimar el juez la denuncia formulada contra el apelado podía considerarse como prejuicio que el juez no hu-biera obligado a volver a declarar a un testigo hostil que ha-bía sido excusado temporalmente; ni tampoco que la corte al resolver a favor del apelado Blonclet impide el esclareci-miento en ese procedimiento particular de la hostilidad de la familia Laíno contra la familia Blondet, ni nada de lo de-más que. ocurrió en aquel caso como no demuestre la hosti-lidad del juez contra el apelado. El apelado cita en su ale-gato el caso de Avila v. Melherin, 69 Cal. 478, con otro ob-jeto, o sea el de demostrar la discreción. Pero en ese caso el fundamento del prejuicio era la gran amistad personal que existía entre la corte y una de las partes. El prejuicio que ha de alegarse tiene que ser personal del juez y debe .demos-trarse, ya mediante prueba tendente a mostrar una hostili-dad personal, o por tales decisiones y órdenes arbitrarias, de las que, se infiera necesariamente el prejuicio; pero no po-dían las meras resoluciones, por erróneas que fueran, demos-trar prejuicio.

No se demostraría prejuicio aun cuando la corte hubiera formado la opinión de que Laíno no tenía un arma en su mano cuando ocurrieron las hostilidades, las que parecen ser el fundamento de la causa de acción sometida a nuestra con-sideración. Tal opinión podía ceder a la prueba, como ocu-rre en el caso de un jurado. Sin embargo, aun cuando de los hechos de un caso que fueron realmente sometidos a un jurado (siendo los procedimientos por acometimiento y agre-sión con intención de cometer homicidio resueltos contra uno de los apelados) hubiera tenido el juez una opinión determi-nada, tal opinión no constituiría prejuicio y se presumiría, todavía, que el juez celebra la causa de acuerdo con la prueba presentada.

A la verdad, que en esta corte las partes no insisten en que se hubiera demostrado el prejuicio del juez. Dichas par-tes más bien sostienen que la corte de distrito tenía discre-ción y que esta corte no puede revocar la sentencia a me-nos que se demuestre que hubo abuso ele discreción. Somos, sin embargo, de opinión, de que la corte de distrito, por los hechos que le fueron sometidos, no existiendo ninguno que tienda a demostrar prejuicio, no estaba obligada a ejercitar sn discreción.

El caso estaba dentro de la jurisdicción de la Corte de Distrito de G-uayama. El derecho de una corte para trasla-dar una causa no es personal en el juez; pero si el pleito se comienza o somete debidamente, las partes adquieren de-rechos a que el caso sea oído en la corte en que la acción está pendiente, a menos que se justifique la razón que existe para invocar la facultad que tiene la corte para trasladar la causa. Los artículos 79 y 81 del Código de Enjuiciamiento Civil establecen este derecho a la celebración del juicio. Si una corte trasladara una causa sin mostrársele hechos que justifiquen dicho traslado, cualquiera de las partes tendría derecho a que se revocara su acción. No podía existir pre-sunción de prejuicio o de cualquier otro hecho que autorice el traslado. De 01 on apparentibus et non existentibus eadem est ratio. No hubo demostración alguna de prejuicio y la fa-cultad de la corte para verificar el traslado nunca fué invo-cada debidamente.

El apelado insiste y cita los artículos 83 y 84 del Código de Enjuiciamiento Civil en que la corte puede, en bien de la justicia, ordenar el trasladó de una causa.

“Art. 83. — La corte podrá, previa moción, cambiar el lugar del juicio en los siguientes casos;
“1. Cuando el distrito designado en la demanda no es el corres-pondiente.
“2. Cuando hubiere motivo para creer que un juicio imparcial no puede celebrarse allí.
“3. Cuando la conveniencia de los testigos y los fines de la jus-ticia se beneficiasen con el cambio.
“4. Cuando, por cualquier motivo, el juez estuviere incapacitado para entender en el asunto.
“Art. 84. — Si un pleito o procedimiento se iniciare o estuviere pendiente ante una corte, y el juez de ésta estuviere incapacitado para actuar, o si por cualquier motivo la corte ordenare un 'cambio en el lugar de la vista, deberá aquél trasladarse a un tribunal con-venido por las partes mediante estipulación por escrito o celebrada ante la corte y consignada en su libro de actas; y si no llegasen a ponerse de acuerdo, entonces se trasladará el asunto a la corte más cercana en que no exista el mismo inconveniente o la causa que ori-ginó el traslado, verificándose éste a otra corte de distrito, como sigue:
“1. Si en la corte de distrito, a otra corte de distrito.”

Un fundamento tal como el de “los intereses de la jus-ticia,” no se menciona en ninguna de las secciones, pero su-poniendo que este fundamento esté comprendido en las pala-bras “por cualquier causa,” aun así debe mostrarse dicha causa. Deberá notificarse a la otra parte respecto a dicha causa y ser oída. Como ya hemos dicho, no puede presu-mirse la causa. No constituye fundamento alguno para los fines de la justicia el que determinado juez hubiera oído al-gunos o a todos los hechos que ahora están envueltos en otro juicio entre las mismas partes, o que tenga alguna idea so-bre los méritos del caso. Sin detenernos a examinar los prin-cipios que regulan la devolución de un caso al juez que pri-meramente conoció del mismo, podemos indicar que dichos segundos juicios son especialmente frecuentes en sitios en que un solo juez constituye la corte. Las partes tienen to-davía el derecho de ser oídos en esa corte.

También sostuvo el apelado que el juez se sintió con pre-juicio como podría inferirse de su actuación ordenando el traslado de la causa. Aun cuando el juez así se sintiera, todavía tenía el apelante derecho a nn inicio ante la Corte de Distrito de Guayama de no mostrarse razón para el tras-lado. Si el juez sintió tal preinicio, su deber era hacerlo cons-tar én autos antes de hacer ineficaz el derecho que tenía el demandante a ser oído en Guayama.

Además, si se examina la opinión de la corte se verá que en ella se niega expresamente tal preiuicio. Los motivos de delicadeza que influyeron en el juez no constituyen funda-mento para el traslado de una causa.

■ Las resoluciones de enero 28. y febrero 10, 1919, deben ser revocadas.

Revocadas las resoluciones dictadas por la Corte de Distrito de Guayama en enero 28 y febrero 10 de 1919.

Jueces concurrentes: Sres. .Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Martínez, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao denegando la inscripción en parte de un dominio.
    No. 409.
    Resuelto en mayo 5, 1919.
    Recurso Gubernativo — Errores—Denegación de Inscripción. — Cuando en un recurso gubernativo el recurrente se limita a manifestar que lo establece por no estar conforme con la calificación del registrador, sin hacer la más ligera alegación tendente a demostrar que el registrador haya incurrido en error al hacer tal calificación, ni presentar prueba que destruya los fun-damentos de la nota, la calificación debe estimarse correcta. Pero tal de-cisión no será obstáculo para que el recurrente presente de nuevo su título acompañado de otras pruebas, ni para que si el registrador se convence de su error verifique la inscripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Lids Pereyó Quiñones.

    El registrador recurrido, Sr. Víctor Burset, no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por resolución de 13 de septiembre de 1915 la Corte de Distrito de Humacao declaró justificado a favor de Donato Martínez del Valle el dominio de dos fincas rústicas, la pri-mera de ellas letra .A compuesta de 200 cuerdas, y la segunda letra B de 172 cuerdas más o menos, radicadas, ambas en el barrio de Montones del pueblo de Las Piedras correspon-diente al expresado distrito judicial.

Presentada copia certificada de la anterior resolución al Registrador de la Propiedad de Iíumacao para su inscrip-ción, ésta se llevó a efecto, según nota de 17 de marzo de 1919, en cuanto a la finca letra B y también en cuanto a las cuerdas restantes de la finca letra A después de rebajarse de su cabida 62 cuerdas, por aparecer inscrita la posesión de dicha porción a favor de don Marcos Escribano y Plores, sin que conste que éste haya prestado su consentimiento para la cancelación de la inscripción a su favor, o se le haya ven-cido en el correspondiente juicio. Hace constar además el registrador en su nota con respecto de la porción de 62 cuer-das que. anteriormente le había sido denegada la inscripción a don Manuel Martínez y Valle de quien adquirió Donato Martínez del Valle, por estar incluidas en un expediente po-sesorio que instruyó el Manuel Martínez Valle y fue apro-bado por el juzgado municipal del pueblo de Las Piedras, para acreditar la posesión de 160 cuerdas de terreno en el barrio Montones de Las Piedras, adquiridas de don Escolás-tico y don Florencio Martínez, don Francisco Santana y Mar-tínez y don Marcos Escribano, cuya finca de 160 cuerdas a juicio del registrador se halla incluida dentro de la super-ficie de la finca letra A cuya inscripción se solicita, no ha-biendo presentado Donato Martínez del Valle, no obstante habérsele pedido, documentos fehacientes que prueben lo contrario.

La nota del registrador ha sido recurrida para ante esta Jorte Suprema, y el recurrente se limita a manifestar que istablece contra el registrador el presente recurso guberna-tivo por no estar conforme con su calificación en cnanto de-niega la inscripción de dominio a su favor de 62 cnerdas de la finca letra A por estar incluidas en otra finca cuya pose-sión aparece inscrita a nombre de otra persona distinta del recurrente, pero no hace la más ligera alegación tendente a demostrar que el registrador haya incurrido en error al ha-?er semejante apreciación.

A falta de prueba que destruya la afirmación hecha por el registrador de que la porción de 62 cuerdas de la finca letra A está inscrita en el registro a favor de persona distinta del recurrente Donato Martínez del Valle, tenemos que llegar a-, la conclusión de que la inscripción del dominio de esa porción: de terreno a favor del recurrente ha sido bien denegada. Ginorio v. El Registrador, 2 S. P. R. 579, y Porto Rican Leaf Tobacco Company v. El Registrador, 17 D. P. R. 228.

Pero si el registrador ha sufrido error en su apreciación, no vemos inconveniente en que la parte interesada presente de nuevo su título al registro acompañado de pruebas plenas ue le justifiquen, y en que el registrador, si se convence del hecho de que las 62 cuerdas no están realmente inscritas a favor de persona distinta de Donato Martínez del Valle, pro-ceda a verificar la inscripción, sin que sea obstáculo para ello la presente negativa. Gómez Méndez & Cía., en liquidación, v. El Registrador, 16 D. P. R. 825.

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida-

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aí-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro, Juez ASOCIADO, SEÑOR WOLF.

text:
    Buitrago, Demandante y Apelante, v. Gilot, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre reclamación de bienes.
    No. 1824.
    Resuelto en mayo 5, 1919.
    Contribuciones — Pago de Contribuciones — Usufructo—Usufructuario—Nuda Propiedad.- — -En el caso de que la nuda propiedad de una finca corresponda a una persona y el usufructo a otra, es el usufructuario el que debe pagar las contribuciones anuales que se impongan sobre diclia finca.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Tous Soto.

    Abogado del apelado: Sr. B. Martines Nadal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Alega la demandante en su demanda que como heredera usufructuaria de D. Carlos Grilot entró en 1907 en la posesión de dos fincas místicas habiendo satisfecho en pago de las con-tribuciones impuestas sobre dichas fincas la suma de $1,692.27, y que el demandado, dueño de la mitad de la nuda propiedad dé las repetidas dos fincas, no ha reintegrado a la deman-dante la mitad de dicha suma a pesar de habérsela, recla-mado varias veces. La demandante pide a la corte que declare qué el demandado le adeuda $846.13 que deberá satisfacer a ésta o a sus herederos al finalizar el usufructo, constituyendo tal deuda un gravamen preferente sobre las fincas usufruc-tuadas.

La acción de la demandante, a solicitud del demandado, fue' desestimada por la corte y la demandante entonces apeló para ante este tribunal, señalando como único error la apli-cación indebida del artículo 504 del Código Civil Revisado “toda vez que las contribuciones satisfechas por la actora fueron impuestas sobre el capital y correspondía su pago al propietario.”

El Código Civil Revisado, al igual que el Código Civil antiguo, dedica todo el Capítulo I del Título VI, del libro segundo, al usufructo, o sea al derecho de disfrutar de una cosa cuya propiedad es ajena, percibiendo todos los produc-tos, utilidades y ventajas que aquélla produzca, con la obli-gación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa. Ar-tículo 469 del Código Civil.

Dispone el legislador que los derechos y obligaciones del usufructuario serán los que determine el título constitutivo del usufructo y que en su defecto o por insuficiencia de dicho título, se observarán las disposiciones contenidas en los artículo 471 al 521 del Código Civil.

La demandante, según dejamos expuesto, entró en da po-sesión de las fincas de que se trata a título de heredera usu-fructuaria de D. Carlos Grilot. No se alegan condiciones es-peciales y en tal virtud el usufructo dehe regularse de acuer-do con las fijadas para tales casos por el propio legislador.

Es, pues, el problema concreto a resolver en este pleito el de determinar, de acuerdo con la ley, si corresponde al usufructuario satisfacer las contribuciones impuestas sobre el valor de los bienes usufructuados (artículos 285 y siguientes del Código Político), o si tales contribuciones deben ser pagadas por el dueño de la nuda propiedad.

El artículo 503 del Código Civil Revisado, igual al 504 del antiguo, dispone que “el pago de las cargas y contribuciones anuales y el de las que se consideran gravámenes de los frutos, será de cuenta del usufructuario todo el tiempo que el usufructo dure.”

La sección 1 de la ley de 12 de marzo de 1908 que de-rogó el artículo 285 del Código Político y tomó su lugar, y por virtud de la cual se cobra la contribución de que se trata en este .caso, comienza así: “Que para el año económico que empieza en primero de julio de 1908 y termina en 30 de ju-nio de 1909, y para cada subsiguiente año económico, * * * y sieil¿0 eii0 así, ia solución del problema es clara: Se trata de una .contribución anual y debe, por tanto, por mandato de la ley, satisfacerla el usufructuario.

Pero el artículo 503 no es el solo precepto que contiene el Código sobre la materia. Existe además el artículo 504, igual al 505 del código antiguo, que dice: “Las contribu-ciones que durante el usufructo se impongan directamente sobre el capital, serán de cargo del propietario. Si éste las hubiese satisfecho deberá el usufructuario abonarle los inte-reses correspondientes a las sumas que en dicho concepto hubiere pagado, y si las anticipare el usufructuario, deberá recibir su importe al fin del usufructo.” Y sostiene la de-mandante y apelante que tratándose de una contribución im-puesta sobre el capital, habiéndola ella anticipado, debe re-conocérsele su derecho a recibir su importe al fin del usu-fructo y condenarse al demandado a constituir hipoteca so-bre sus condominios en garantía de la deuda.

Como hemos dicho, los preceptos del Código Civil Revi-sado son iguales a los del Código Civil antiguo. No se nos ha citado por las partes, ni hemos podido encontrar noso-tros, jurisprudencia del Tribunal Supremo de España inter-pretando dichos preceptos de ley. Manresa, en sus Comen-tarios al Código Civil, tomo 4, pág. 479, tercera edición, dice: “Las contribuciones impuestas directamente sobre el capital son de cargo del propietario. La verdad es que, rechazada por los economistas la contribución sobre el capital, y con-siderada como base más racional de imposición la renta lí-quida, pocas y de naturaleza excepcional son las contribuciones cuyo pago compete al propietario. Fuera de ciertos impues-tos de carácter personal, por títulos, sueldos, etc., que natu-ralmente quedan excluidos del espíritu de estos artículos, sólo encontramos que pueda entenderse que afectan al capital ciertos impuestos extraordinarios por empréstito forzoso, causa de guerra, etc.” - Y Sc.aevola, también en sus Comen-tarios al Código Civil, tomo 9, página 277, se expresa así: “De lo expuesto se deduce, presentes también las mismas consideraciones aducidas, que las contribuciones que se im-pongan (durante el usufructo, claro es), directamente sobre el capital o la propiedad, han de ser de cargo del propietario, aunque como éste tiene la plena propiedad ni, por tanto, la disfruta libremente, sino con la restricción del gravamen usu-fructuario, ha de percibir los intereses correspondientes a las sumas que en dicho concepto hubiere pagado. ’Ejemplo de contribuciones impuestas sobre la propiedad es un impues-to extraordinario de guerra, un empréstito forzoso, los anti-guamente llamados censos por cabezas, es decir, todos aque-llos gravámenes que se establecen en consideración a la persona y a la propiedad, en cuanto en esta no se atiende a las utilidades que puede producir.”

Ambos autores, desde luego, al comentar antes el artículo 504, ponen de relieve la justicia de que sea el usufructua-rio el que pague las contribuciones anuales que, como es sa-bido, se imponían basándose en la renta que los bienes gra-vados producían. “Es natural, como ya se decía en el De-recho Romano”, expresa Scaeyola, tomo 9, página 275 de la citada obra, “que si el usufructuario percibe las utilidades y comodidades de la casa usufructuada, resista también las molestias y gravámenes que a aquélla afecten, en tanto dure el usufructo, pues que tal deber se impone en consideración a la expresada circunstancia y mientras ésta se dé en la persona que ha de cumplir aquél; * * * ”

Examinando, pues, en sus propios términos, el artículo 504 del Código Civil Revisado, la solución del problema re-sulta igualmente clara en el sentido de que es al usufructua-rio al que corresponde pagar la contribución anual de que se trata. Pero existen otros preceptos legales a considerar. Ha habido un cambio de sistema en la imposición de las con-tribuciones en Puerto Rico, y es en ese cambio en que basa toda la fuerza de su argumentación el apelante. Este sos-tiene que a partir del 1 de julio de 1901 las contribuciones impuestas sobre los bienes en Puerto Rico son contribuciones sobre el capital y no sobre los frutos y productos. Y que siendo ello así, el alcance de la palabra “capital” usada en el artículo 504, no es el fijado por los comentaristas españoles.

No estamos conformes con el apelante. Es cierto que hubo el cambio de sistema. Es cierto que la contribución se impone ahora sobre el valor de la cosa. Pero ¿cuál es ese valor? ¿El de la nuda propiedad? ¿El del usufructo? La ley no distingue. La ley tiene en cuenta el valor de la cosa en sí misma y es la cosa la que queda directamente gravada para satisfacer la contribución.

¿Cómo se calcula el valor de la cosa? Es indudable que uno de los elementos para el cálculo ha sido siempre y con-tinúa siendo lo que produce o puede producir la cosa. No vale lo mismo una hectárea de terreno en el llano que una hectárea de tierra en la montaña. El alza del valor en venta de los productos, determina generalmente un alza en el valor en venta de las tierras que los producen, y es el valor en venta de las tierras el que debe tenerse en cuenta para su tasación a los efectos de la imposición de las contribucio-nes. Generalmente las tierras dedicadas, o que puedan de-dicarse al cultivo de la caña, del tabaco, del café, en regiones similares, se tasan a un valor igual. Claro es que no se tiene' en cuenta si producen o no. Pero no puede negarse que el producto efectivo en determinado o determinados casos con-cretos debió servir sin duda como un elemento para calcular la capacidad productiva en los demás casos.

Se dirá que el Código Político habla repetidamente del dueño de la propiedad y que debe considerarse como due-ño en un caso como el presente al nudo propietario y no al usufructuario. Agregaremos que el Código Civil llama pro-pietario al dueño de la nuda propiedad y que, por tanto, no existiendo una regia especial en el Código Político para ca-sos de esta naturaleza, los procedimientos para la imposi-ción y el cobro de las contribuciones deben entenderse con el dueño de la nuda propiedad. Pero esto no quiere de-cir que al fijar las relaciones privadas, existentes entre el nudo propietario y el usufructuario, esta circunstancia in fluya de tal manera que haga variar la interpretación que por tantos años se dió a la palabra capital usada en el ar-tículo 504.

A nuestro Juicio al dejar subsistente el legislador. porto-rriqueño en 1902 el precepto contenido en el artículo 505 del antiguo código, transcribiéndolo en el 504 del revisado, dió a la palabra capital el mismo significado restrictivo que te-nía y no fue nunca su intención variar la regla existente en-tre el nudo propietario y el usufructuario, a los efectos del pago de las contribuciones. Hoy como ayer las contribu-ciones anuales, tómese como base para calcularlas bien el valor de los productos de la cosa, ya el valor de la cosa en sí misma, debe satisfacerlas el usufructuario, y es justo que así sea, ya que como dice Falcón, citado por Scaevola en el tomo 9, página 87 de sus Comentarios, dicho usufructua-rio “tiene facultades activas y dominicales sobre los bienes que usufructúa, como que ejercita un derecho perteneciente al dueño, compartiendo con él el dominio de la cosa” y apro-vechándose de todas sus utilidades.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Alclrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

opinión disidente del

Juez ASOCIADO, SEÑOR WOLF.

La regla en Puerto Pico es que el dueño debe pagar las contribuciones, y, por tanto, cualquier excepción debe demos-trarse claramente. Los frutos puede que no sean otra cosa que un derecho a entrar en el terreno del cual el usufructua-rio intenta valerse algún día. Estoy de acuerdo con el ape-lante en que las contribuciones sobre el terreno son contri-buciones impuestas al capital y no a los frutos. El pago de contribuciones “anuales” a que se refiere el artículo 503, crea alguna confusión pero este artículo fué copiado de un sistema anterior. La intención principal, según expresa el artículo 504, debe prevalecer como alega la apelante, especial-mente cuando se considera el completo sistema introducido por el Código Político.