text:
      In re José F. Irizarry Pérez y Manuel Reyes Dávila, querellados.

      Número: CP-2001-9

      Resuelto: 7 de marzo de 2008

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, Héctor Cle-mente Delgado y Vanessa Lugo Flores, subprocuradores ge-nerales; Eli B. Arroyo, comisionado especial; David Noriega Rodríguez, abogado del querellado Manuel Reyes Dávila; Harry Anduze Montaño, Guillermo Ramos Luiña y Efráin Guzmán Mollet, abogados del querellado José F. Iri-zarry Pérez.
   per curiam:

El Tribunal de Apelaciones dictó sentencia el 13 de septiembre de 2000 en el caso Banco Popular de Puerto Rico v. Sucn. Rita Talavera y otros, KLAN9800245, y refirió a este Tribunal, para la acción que entendiéramos procedente, las actuaciones de los Ledos. José F. Irizarry Pérez y Manuel Reyes Dávila.

Mediante resolución a esos efectos, instruimos al Procu-rador General para que presentara la correspondiente que-rella contra los abogados antes mencionados. En la quere-lla se les imputó faltar al deber de sinceridad y honradez que tiene cualquier miembro de la profesión legal para con los tribunales, las partes y sus pares, recogido en las dis-posiciones del Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Además, se les imputó haber quebrantado el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por participar de una conducta profesional con aparien-cia impropia y por haber atentado contra el honor y la dig-nidad de la profesión de abogado.

Designamos como Comisionado Especial al Ledo. Eli B. Arroyo, ex Juez Superior del Tribunal de Primera Instan-cia, para que recibiera la prueba pertinente y nos rindiera un informe con sus determinaciones de hecho y recomen-daciones de derecho. Ambas partes comparecieron a las vistas celebradas representados por abogados y sometieron el caso por una estipulación, la cual incluyó prueba documental. El Comisionado rindió un informe en el cual hizo una relación de los hechos probados, determinando que los querellados violaron el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Los abogados querellados contestaron el informe ale-gando que la referida determinación era errónea por no encontrar apoyo en la prueba. Además, argüyeron que el Comisionado Especial se equivocó al no analizar las actua-ciones del licenciado Irizarry Pérez al amparo de la Regla 65.3(d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Final-mente, adujeron que el Informe del Comisionado era con-trario al debido proceso de ley, al exigirles defenderse de unas imputaciones que no eran parte de la querella original, de las cuales no habían tenido oportunidad de defenderse.

Puesto que el Comisionado Especial no recibió prueba oral alguna y que toda la evidencia en autos fue estipu-lada, este Tribunal se encuentra en igual posición para aquilatarla. In re Maldonado, 133 D.P.R. 346, 352 (1993). Resolvemos.

I-H

El Banco Popular de Puerto Rico (el Banco) presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, una demanda sobre cumplimiento específico de contrato contra los ocho miembros de la Sucesión de Rita Talayera Taylor. Entre los demandados se encontraba el querellado, licenciado Irizarry Pérez, a quien le fue ano-tada la rebeldía, al igual que a la Sra. Sonia Irizarry Tala-vera (señora Irizarry Talayera). El querellado,. licenciado Reyes Dávila, compareció en autos como abogado de seis de los causahabientes.

El 26 de enero de 1998, el tribunal de instancia dictó sentencia sumaria parcial negando al Banco el remedio de cumplimiento específico de contrato y concediendo un plazo a las partes para llevar a cabo negociaciones dirigi-das a llegar a un acuerdo en cuanto al valor del inmueble, luego de lo cual señalaría una vista de no llegarse a tal acuerdo. Del volante de la notificación de la sentencia surge que ésta fue notificada únicamente a los abogados de las partes que comparecieron en autos, a saber, al licen-ciado Escudero Frau, abogado del Banco, y al licenciado Reyes Dávila, abogado de los demandados que no están en rebeldía. Por consiguiente, los codemandados en rebeldía no fueron notificados por el tribunal de la sentencia

Inconforme con la referida sentencia, el Banco apeló ante el Tribunal de Apelaciones. El escrito de apelación fue notificado a la representación legal de los demandados que habían comparecido, pero no a los codemandados en rebeldía. Posteriormente, el licenciado Reyes Dávila pre-sentó ante el tribunal apelativo intermedio una moción de desestimación por falta de jurisdicción, basada en que el escrito de apelación no se había notificado al licenciado Irizarry Pérez ni a la señora Irizarry Talayera.

El Banco replicó alegando que procedía la desestimación por el fundamento de que el recurso era prematuro, al no haber sido notificada la sentencia a los codemandados en rebeldía. La Sucesión compareció sosteniendo que la sen-tencia había advenido final y firme, porque el licenciado Irizarry Pérez y la señora Irizarry Talavera se habían dado por notificados el 29 de enero de 1998, al suscribir una nota en el original de la sentencia y hoja de notificación, acorde con la Regla 65.3(d) de Procedimiento Civil, ante.

Ante la situación planteada, el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución requiriendo del tribunal de instancia que llevara a cabo una vista evidenciaría para aclarar el asunto de la notificación. La vista evidenciaría se celebró el 5 de mayo de 2000. En ésta, el licenciado Irizarry Pérez alegó que desde el 30 de diciembre de 1998 hasta finales de enero de 1999 estuvo enfermo de gravedad. Luego de recu-perarse, compareció ante la Secretaria General del Tribunal de San Juan, Carmen L. López Cruz, para solicitar información del procedimiento para darse por enterado de una sentencia por la Regla 65.3(d) de Procedimiento Civil, ante. La señora López Cruz nunca se había enfrentado a una solicitud al amparo del referido inciso de la Regla 65.3. Tampoco existía un procedimiento administrativo para instrumentarlo. Por lo tanto, ese día la señora López Cruz le indicó que tenía que localizar el expediente del caso en el archivo terminado y estudiar el asunto.

Según el testimonio de la Sra. Eduvina Calderón, super-visora de archivo terminado desde enero de 1999, en algún momento (¡turante ese año, posiblemente entre los meses de febrero y septiembre, el licenciado Irizarry Pérez compare-ció al Tribunal de Primera Instancia y escribió, de su puño y letra, en el volante de la notificación de sentencia lo si-guiente:

Yo, José Fdo. Irizarry Pérez he sido notificado de la presente sentencia y hago constar haber sido notificado desde el día 29 de enero de 1998 dándome por notificado de la presente desde el 29 de enero de 1998.

(Fdo) José F. Irizarry

Igual anotación hizo el licenciado Irizarry Pérez en el volante de la notificación de sentencia por edicto y al calce de la última página de la sentencia. Luego, la codeman-dada Irizarry Talavera realizó similares anotaciones en los mismos documentos. Según ésta última, el licenciado Iri-zarry Pérez la llamó un día para reunirse e ir al tribunal para hacer constar que ellos habían sido notificados de la sentencia. Ninguna de las anotaciones realizadas tiene la fecha en que se hicieron. No obstante, la señora Irizarry Talavera testificó que fue en 1999, y el licenciado Irizarry Pérez insinuó la posibilidad de que hubiese ocurrido luego de estar recuperado de la enfermedad, es decir, en febrero de 1999.

El licenciado Reyes Dávila no estuvo presente cuando los codemandados antes mencionados hicieron las referi-das anotaciones. El hecho de que se hicieron esas anotacio-nes tampoco fue objeto de notificación a los abogados del caso. Es el licenciado Irizarry Pérez quien le mencionó al licenciado Reyes Dávila que él se había dado por notificado de la sentencia emitida. Luego, el licenciado Reyes Dávila fue a la Secretaría y examinó el expediente de instancia. Ello es lo que da base al escrito de la Sucesión mediante el cual se opusieron a la solicitud de desestimación hecha por el Banco. Sin embargo, el licenciado Irizarry Pérez declaró que no estaba de acuerdo con la estrategia del licenciado Reyes Dávila y que fue del Informe del Procurador General que se enteró del recurso de apelación presentado por el Banco.

A la luz de la relación de hechos que le remitiera el tribunal de instancia, de lo acontecido en la vista eviden-ciaría, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia desesti-mando, por prematuro, el recurso presentado. Decidió que el término para recurrir de la determinación del tribunal de instancia comenzaría a transcurrir una vez la Secreta-ría notificara a todas las partes en el pleito que los code-mandados a los que se les anotó la rebeldía se dieron por notificados conforme a la citada Regla 65.3(d) de Procedi-minto Civil, y fuera archivada en autos dicha notificación.

I — I

A. El Canon 35 del Código de Ética Profesional, ante, requiere del abogado un deber general de sinceridad y honradez ante los tribunales, hacia sus representados y hacia los demás abogados. El abogado no puede proveer al tribunal información falsa o que no se ajuste a la verdad ni puede ocultarle información certera que deba ser revelada. In re Busó Aboy, 166 D.P.R. 49 (2005).

Para incurrir en esta falta no se requiere que se haya faltado a la verdad deliberadamente o de mala fe, con la intención de defraudar o de engañar. In re Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006). Tampoco es necesario que se produzca un perjuicio a tercero. Id. No obstante, estas cir-cunstancias podrían, junto con otras, ser pertinentes a la hora de determinar la sanción disciplinaria que ha de im-ponerse al abogado. In re López de Victoria Brás, 135 D.P.R. 688 (1994).

B. Por otro lado, el Canon 38, ante, impone el deber de exaltar el honor y la dignidad de la profesión. Todo miembro de la clase togada es un espejo en el cual se refleja la imagen de la profesión. In re Colberg Trigo, 169 D.P.R. 117 (2006). Sus actos forman la concepción que la comunidad tiene, no solamente, del abogado en particular que actúa, sino de toda la clase profesional, la cual debe representar con limpieza, lealtad y el más alto sentido de responsabilidad. Id. En repetidas ocasiones hemos afirmado que la apariencia de conducta impropia puede resultar muy perniciosa al respeto de la ciudadanía por sus instituciones de justicia y por la confianza que los clientes depositán en sus ahogarlos. In re Vega Morales, 167 D.P.R. 331 (2006). En consecuencia, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe evitar la apariencia de conducta impropia. In re Barreto Ríos, 157 D.P.R. 352 (2002).

Los cánones del Código de Ética Profesional establecen las pautas mínimas que deben guiar a los miembros de la clase togada en el desempeño de su delicada labor. In re Pagán Pagán, 171 D.P.R. 975 (2007). Por consiguiente, todos los abogados deben actuar a un nivel superior y no al margen de lo establecido por dichos cánones. In re Nogueras Cartagena, 150 D.P.R. 667 (2000).

Estas normas de conducta deben ser observadas por los abogados no sólo en su dimensión profesional, sino en to-das las demás facetas de su vida privada. In re Astacio Caraballo, 149 D.P.R. 790 (1999). Estos deberes tienen que ser cumplidos aunque, el así hacerlo conlleve sacrificios personales. In re Belk, Serapión, 148 D.P.R. 685 (1999). No puede un abogado acudir al sistema de administración de la justicia si, al así hacerlo, y con el fin de adelantar sus propios intereses, falta a la verdad. In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998).

Por último, debemos señalar que este Tribunal ha resuelto que el criterio a utilizarse en los casos disciplinarios es el de “prueba clara, robusta y convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a base de conjeturas”. In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575, 585 (2001). Esto porque los casos disciplinarios contra miembros del foro involucra el derecho de éstos a ganarse el sustento como abogados. In re Pérez Rodríguez, 172 D.P.R. 665 (2007).

I — I 1 — ! i — i

El Procurador General concluyó que los abogados que-rellados violaron los Cánones 35 y 38 del Código de Etica Profesional, ante. Tal determinación la basó en la alega-ción de que los abogados intentaron inducir a error al tribunal al insistir en que la apelación del Banco debía des-estimarse, por el fundamento de que, al momento de presentarse la apelación en marzo de 1998, constaba que las dos partes en rebeldía habían sido notificadas de la sentencia de enero de 1998. Además, afirmó que se podía colegir de los hechos que los abogados querellados intenta-ron obtener la desestimación del recurso de apelación del Banco mediante mecanismos incompatibles con la verdad y con el deber de sinceridad. No coincidimos con éste al respecto.

La Regla 65.3(d) de Procedimiento Civil, ante, exige que la parte que intente darse por notificada de cualquier or-den, resolución o sentencia debe firmar en el original del documento, haciendo constar la fecha en que se ha dado por notificada. Como correctamente alegan los querellados, la referida disposición no exige que la parte que intente darse por notificada anote la fecha en que firmó, sino que meramente debe escribir cuando se dio por notificada. Ade-más, no existe interpretación o guía alguna que informe sobre el procedimiento en estos casos. Menos aún existe jurisprudencia u otra norma que indique cuál información debe incluirse en la moción que informe al tribunal sobre el hecho de la notificación, según la referida Regla 65.3(d).

Los codemandados en rebeldía testificaron en la vista evidenciaría del 5 de mayo del 2000 que ellos habían sido notificados de la sentencia del tribunal de instancia el 29 de enero de 1998 por el Sr. Hiram Negrón. Posteriormente, el licenciado Irizarry Pérez se presentó en la Secretaría del tribunal y preguntó cómo proceder para darse por notifi-cado de la sentencia del tribunal de instancia. Luego de leer la regla antes mencionada, la Secretaria lo envió al archivo terminado y se comunicó telefónicamente con la directora. Al llegar el licenciado al archivo, la directora le entregó el expediente para que hiciera la correspondiente anotación.

Por su parte, cuando el Banco replicó la moción de des-estimación de la sucesión, el licenciado Reyes Dávila se comunicó con el licenciado Irizarry Pérez para preguntarle si había sido notificado de la sentencia. Éste último le con-testó que se había dado por notificado según permite la citada Regla 65.3(d) de Procedimiento Civil. En ese mo-mento, el licenciado Reyes Dávila acudió al tribunal de ins-tancia y verificó en el expediente las anotaciones realizadas. Luego de ello, presentó la réplica a la solicitud de desestimación del Banco.

De estos hechos no se puede concluir que los referidos abogados intentaron inducir a error al tribunal mediante mecanismos incompatibles con la verdad. Incluso, el Comi-sionado Especial concluyó que no se indujo a error a nadie y que la moción de desestimación que presentó el licen-ciado Reyes Dávila no contenía hechos incorrectos, a pesar de hacer conclusiones de derecho erróneas. Por todo lo antes expuesto, consideramos que los abogados querellados no incurrieron en violación de los Cánones 35 y 38 del Có-digo de Etica Profesional, ante.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       El Ledo. José Femando Irizarry Pérez fue admitido al ejercicio de la abogacía el 17 de enero de 1987. Por otro lado, el Ledo. Manuel Reyes Dávila fue admitido al ejercicio de la abogacía el 14 de enero de 1970 y al ejercicio del notariado el 3 de septiembre de 1970.

       Como veremos más adelante, el licenciado Irizarry' Pérez argumentó que su tío, Sr. Hiram Negrón, mantenía informados a los demás miembros de la sucesión de los trámites del caso. Alegó, además, que como de costumbre, el señor Negrón in-formó y entregó copia de la sentencia emitida por el tribunal de instancia al licen-ciado Irizarry Pérez y a la señora Irizarry Talavera. Por lo tanto, afirmaron que los codemandados en rebeldía se enteraron de la sentencia dictada el 29 de enero de 1998.

       La Regla 65.3(d) de Procedimiento Civil dispone:
      “(d) Cualquier parte podrá darse por notificada de cualquier orden, resolución o sentencia firmando en el original del documento y haciendo constar la fecha en que se ha dado por notificado.” 32 L.P.R.A. Ap. III.

       Luego de esto, el tribunal no notificó a las demás partes que los codemanda-dos en rebeldía habían hecho constar el haberse dado por enterados de la sentencia de acuerdo con la Regla 65.3(d) de Procedimiento Civil, ante.

       La regla sólo exige que se anote la fecha en que la persona se da por notificado. Además, por ser un referido directo de la Secretaria del Tribunal a la directora del archivo terminado, no se hizo constar en el registro de visitas del ar-chivo terminado la fecha de la comparecencia del licenciado Irizarry Pérez ante la directora del archivo, cuando suscribió la nota.


source: Caselaw Access Project

author: per. curiam:

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Luis R. Rodríguez Vicente, recurrido.

      Número: CC-2006-864

      Resuelto: 10 de marzo de 2008

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Alex Ornar Rosa Ambert y Javier E. Rosario Pérez, procuradores ge-nerales auxiliares, y Mariana D. Negrón Vargas, subpro-curadora general, abogados de la parte peticionaria; Luis F. Camacho y Luis A. Santiago Burgos, abogados de la parte recurrida.
   per. curiam:

Nos enfrentamos, nuevamente, a una pre-ocupante y recurrente situación a la cual no deberíamos confrontamos con tanta frecuencia, esto es, una actuación del Tribunal de Apelaciones que no solamente es errónea, sino que es claramente contraria a la reiterada jurispru-dencia de este Tribunal.

HH

El Jurado que intervino, como juzgador de los hechos, en el presente caso rindió un veredicto unánime de culpa-bilidad contra Luis Rodríguez Vicente por el delito de ase-sinato en primer grado (Art. 83 del Código Penal de Puerto Rico de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 4002)), y por el delito de posesión y uso ilegal de un arma de fuego (Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 458c). Con-forme a los veredictos rendidos, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, sentenció a Luis Ro-dríguez Vicente a 99 años de reclusión por asesinato en primer grado y a 20 años de reclusión por violación a la Ley de Armas de Puerto Rico, a ser cumplidos de manera consecutiva.

Previo a que el Jurado se retirara a deliberar, el juez que presidió los procedimientos discutió con la defensa y con el Ministerio Público las instrucciones particulares que habría de impartirles a los miembros del Jurado. La de-fensa solicitó que se impartiera, entre otras, la instrucción sobre el delito de homicidio voluntario. El Ministerio Pú-blico se opuso y el juez determinó que no era procedente la referida instrucción.

Tras rendirse los veredictos de culpabilidad en su contra, Luis Rodríguez Vicente acudió ante el Tribunal de Ape-laciones aduciendo, de manera principal, que el tribunal de instancia había errado al negarse a transmitirle al Jurado una instrucción sobre el delito de homicidio voluntario. El tribunal apelativo intermedio acogió dicho planteamiento y, en consecuencia, revocó la sentencia emitida por el tribunal de instancia y ordenó la celebración de un nuevo juicio.

Inconforme, el Procurador General de Puerto Rico acu-dió —mediante un recurso de certiorari— ante este Tribunal, imputándole al foro apelativo haber incidido

... al concluir que era indispensable que se instruyera al ju-rado sobre los elementos del delito de homicidio previo a la deliberación y revocar el veredicto de culpabilidad. Petición de certiorari, pág. 7.

Expedimos el recurso. Revocamos', veamos por qué.

h-H i — I

Conforme a la prueba desfilada ante el Tribunal de Primera Instancia, el domingo 18 de enero de 2004, poco después de las 2:00 p.m., Alberto Alexis Rivera Meléndez, su esposa Johana Ramos Vega y el hijo de ambos de un año y medio de edad, llegaron a su residencia sita en la ba-rriada San Cristóbal del municipio de Cayey, luego de ha-ber comprado en una tienda cercana un “kit” para brillar gomas de carro, una cerveza y unas papitas para el niño. Previo a llegar a la residencia y al pasar por un badén cercano a ésta, Alberto, quien conducía un Honda Prelude, “chilló” gomas. En la acera al otro lado de la calle, justo frente al badén, se encontraba Luis Rodríguez Vicente —también conocido como Taiwán— con unos amigos.

Al bajarse del automóvil, Taiwán increpó a Rivera Me-léndez sobre lo ocurrido. Se inició una discusión entre Taiwán y Rivera Meléndez, en la cual, posteriormente, am-bos intercambiaron golpes. Terminado el intercambio de golpes, y mientras Taiwán se dirigió a su carro, los demás individuos que acompañaban a éste se quedaron discu-tiendo con Rivera Meléndez, éxpresándole que el problema era que se pasaba chillando gomas alrededor de niños, lo cual éste negó rotundamente.

Aproximadamente tres minutos después, Taiwán regresó en su carro y se bajó de éste con un bate en la mano. Taiwán entonces se acercó a Rivera Meléndez, preguntán-dole a éste “que si él le iba a tirar”. Rivera Meléndez alzó las manos y le contestó “si tú me tiraste pues yo te iba a tirar”. En ese momento, Taiwán se levantó la camisa y sacó un arma de fuego de su cintura. Rivera Meléndez comenzó a correr, alejándose del lugar y, ya de espaldas, Taiwán le hirió con tres disparos. Como consecuencia de los disparos, Rivera Meléndez cayó de pecho al suelo y, ya en el suelo, Taiwán se acercó y le hizo tres disparos más en la cabeza a Rivera Meléndez, ocasionándole la muerte.

Según surge del testimonio del médico forense, una he-rida fue en el costado izquierdo; la bala penetró la cavidad abdominal por la parte posterior y alcanzó el mesenterio, el intestino y el hígado antes de salir del cuerpo. Otra herida fue en el muslo izquierdo; la bala atravesó el muslo y al salir del cuerpo rozó el dorso del pene. Una tercera herida fue en la palma de la mano y la bala salió por la base del dedo índice. Los últimos tres impactos de bala entraron por la parte izquierda trasera de la cabeza y salieron cerca una de la otra, destrozando la parte posterior del cerebro donde se controlan funciones vitales como la respiración y los la-tidos del corazón.

HH I — I hH

Es harto conocido en nuestra jurisdicción que las instrucciones al Jurado constituyen el mecanismo procesal mediante el cual los miembros del Jurado toman conocimiento del derecho aplicable al caso. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 330. En vista de que el Jurado, de ordinario, está compuesto de personas desco-nocedoras de las normas jurídicas vigentes en nuestro or-denamiento jurídico, el magistrado que preside el proceso tiene el deber ineludible de instruir a los miembros del Jurado sobre el derecho aplicable al caso y de velar que las instrucciones impartidas sean correctas, precisas y lógicas. Pueblo v. Negrón Ayala, 171 D.P.R. 406 (2007); Pueblo v. Rosario, 160 D.P.R. 592 (2003); Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139 (1985).

“En términos generales, el acusado tiene el derecho a que se informe al Jurado de todos los aspectos del Derecho que, según cualquier teoría razonable, pudieran ser pertinentes en las deliberaciones, aunque la prueba de defensa sea débil, [incongruente] o de dudosa credibilidad.” Pueblo v. Negrón Ayala, ante, pág. 414. Lo indispensable es que, al momento de aquilatar la prueba, el Jurado tenga a su disposición las instrucciones apropiadas, pues “[s]ólo así el veredicto será, cualquiera que fuese, uno justo”. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 95 (2000).

Entre los distintos aspectos que deben incluirse en las instrucciones al Jurado se encuentran los elementos de los delitos inferiores al imputado o comprendidos dentro de éste. Al respecto, reiteradamente hemos resuelto que sólo procederá impartir instrucciones al Jurado sobre dichos elementos cuando la prueba así lo justifique. “Esto es, una instrucción sobre delitos inferiores no le será transmitida al Jurado de forma automática, sino que es necesario que exista evidencia de la cual el Jurado pueda razonablemente inferir que el acusado es culpable del delito inferior.” Pueblo v. Rosario, ante, pág. 605. Por ser así, no incurre en error un juez que deniega una instrucción sobre un delito menor incluido cuando estima que “la evidencia, aun pudiendo ser creída por el Jurado, resulta insuficiente en derecho para establecer la comisión del referido delito”. Pueblo v. Rosario, ante, pág. 606.

En el caso específico de instrucciones sobre el delito de homicidio voluntario, en un proceso por el delito de asesinato, hemos resuelto reiteradamente que procede impartir instrucciones sobre el delito de homicidio únicamente si de la prueba surge alguna evidencia que justifique un veredicto de homicidio, aun cuando ésta sea débil o escasa. Pueblo v. Negrón Ayala, ante; Pueblo v. Rosario, ante; Pueblo v. Moreno Morales I, 132 D.P.R. 261 (1992); Pueblo v. Serbiá, 75 D.P.R. 394 (1953); El Pueblo v. Alméstico, 18 D.P.R. 320 (1912). “[M]ientras haya alguna prueba pertinente a la cuestión de homicidio, la credibilidad y peso de la misma es cuestión a ser determinada por el jurado, y no una de derecho a ser resuelta por el tribunal.” Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812, 816 (1981).

No obstante, esto no implica que los tribunales estén obligados a impartir instrucciones sobre el delito de homi-cidio voluntario cuando no hay nada en la evidencia que pueda justificar tal veredicto. “A fin de cuentas, permitir que subsista la práctica de transmitir instrucciones de ho-micidio cuando los autos están huérfanos de toda evidencia que justifique tal veredicto, equivaldría a autorizar que el [j]urado imponga un castigo diferente al prescrito para el delito que de hecho se cometió.” Pueblo v. Moreno Morales I, ante, pág. 283. Véase, además, Pueblo v. Serbiá, ante.

IV

El Art. 85 del Código Penal de Puerto Rico de 1974, vigente al momento de los hechos, disponía, en lo pertinente, que comete el delito de homicidio “toda persona que matare a otra en ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera”. 32 L.P.R.A. see. 4004. Según se deduce del texto citado, los elementos del delito son: (1) dar muerte a un ser humano; (2) como consecuencia de una súbita pendencia o arrebato de cólera, y (3) causado por una provoca-ción adecuada de parte de la víctima. Pueblo v. Cruz Correa, 121 D.P.R. 270 (1988).

Al respecto, hemos expuesto que

[e]l homicidio presupone que el autor de la muerte actuó movido por una provocación adecuada de tal naturaleza que lleve a una persona ordinaria a perder su dominio y actuar bajo impulsos mentales causados por cólera, pendencia o emo-ción violenta. ...
[S]i no existe esa provocación o si habiendo existido no es lo suficientemente grave y la actuación del matador está fuera de toda proporción con el grado de provocación, el acto de dar muerte constituye asesinato aunque el acusado no hubiese pre-concebido la idea.
De lo anterior se desprende que para determinar la posible comisión del delito de homicidio hay que identificar, al menos, tres factores. Estos son: (i) que la muerte haya ocurrido mien-tras el actor se encontraba en un arrebato de cólera o penden-cia súbita (“heat of passion”); (ii) que la muerte estuviere pre-cedida de una provocación adecuada, y (iii) que la muerte haya ocurrido antes de que el arrebato o pendencia sufrida por el actor razonablemente se hubiere enfriado (“cooling off period”). (Citas y énfasis suprimidos y énfasis nuestro.) Pueblo v. Rosario, ante, pág. 608. Véase, además, Pueblo v. Negrón Ayala, ante.

Por otro lado, el Art. 82 del Código Penal de Puerto Rico de 1974 disponía que el delito de asesinato es “dar muerte a un ser humano con malicia premeditada”. 32 L.P.R.A. see. 4001. Como es sabido, dicho delito se divide en primer y segundo grado, dependiendo de la perversidad demostrada por el acusado al momento de cometer el acto. El asesinato en primer grado requiere, aparte de la malicia premeditada, el elemento de deliberación; mientras que en el asesinato en segundo grado la muerte es maliciosa y premeditada, pero la deliberación está ausente. Pueblo v. Rosario, ante. Véase, además, Pueblo v. Negrón Ayala, ante.

Conforme con esto, hemos expresado que

[l]a malicia premeditada, que es el elemento mental reque-rido en el delito genérico de asesinato, implica la ausencia de justa causa o excusa y conciencia al ocasionar la muerte de un semejante. Por otro lado, la deliberación es la resolución o de-cisión de matar, después de darle alguna consideración.
Ello no obstante, cualquier periodo de tiempo, por corto que sea, será suficiente para que pueda tener lugar la deliberación. Incluso, hemos sostenido que ese lapso puede ser tan rápido como el pensamiento. Esto es, tanto la deliberación como la malicia premeditada no requieren necesariamente un plan previo ni que se conciban con mucho tiempo de antelación a los hechos. No tiene que transcurrir determinado periodo de tiempo entre la intención de matar y la muerte misma ya que ambos elementos pueden concebirse en el momento mismo del ataque. ... [L\a premeditación y la deliberación pueden for-marse en un instante antes del acto, y pueden existir ... no obstante la rapidez con que el acto se haya realizado. (Citas omitidas, énfasis en el original y énfasis nuestro.) Pueblo v. Rosario, ante, pág. 610. Véase, además, Pueblo v. Negrón Ayala, ante.

Como es de notar, tanto la deliberación como la malicia son elementos subjetivos cuya existencia, en la mayoría de los casos, sólo podrá ser determinada mediante una inferencia razonable de los hechos. A esos efectos, este Tribunal ha reconocido varias instancias de las que fácilmente puede inferirse la existencia de malicia premeditada, deliberación, o ambas. Entre éstas: (1) el atacar a una persona con un arma mortífera; (2) atacar con un arma a una persona desarmada; (3) dispararle a la víctima en más de una ocasión a corta distancia y alcanzándola en la cara, y (4) dispararle a la víctima dos tiros con un arma de fuego y luego acercársele para dispararle tres veces más mientras le dice “para acabar contigo”. Pueblo v. Rosario, ante. Véase, además, Pueblo v. Negrón Ayala, ante.

V

Tomando en consideración el trasfondo fáctico y doctrinal antes expuesto, procedemos a resolver si procedía im-partir al Jurado una instrucción sobre el delito de homici-dio voluntario. Respondemos en la negativa. Luego de un análisis objetivo y sereno de la evidencia que desfiló ante el Jurado, entendemos que el expediente se encuentra huér-fano de evidencia que justifique una instrucción sobre el delito de homicidio voluntario.

Los hechos ocurridos en el presente caso descartan por completo la posibilidad de que el Jurado hubiera podido razonablemente inferir que el acusado actuó movido por una provocación adecuada o lo suficientemente grave como para catalogar el acto de dar muerte como homicidio. Se-gún se desprende de los hechos previamente expuestos, el orden en que ocurrieron los eventos es razón suficiente para descartar la necesidad de que el juez impartiera ins-trucciones sobre el delito de homicidio. Como recordare-mos, luego de darse la discusión entre la víctima y el acu-sado y de éstos haber intercambiado unos golpes, este último se dirigió a su automóvil y no fue hasta tres minu-tos después que regresó a la escena de los hechos con un bate en la mano y el revólver en su cintura. Una vez allí, volvió a increpar a la víctima y cuando ésta comenzó a alejarse tras ser amenazada con el arma, el acusado hirió de tres balazos a la víctima. La víctima cayó al suelo, y ya en el suelo, el acusado se le acercó nuevamente y le disparó tres veces en la cabeza, ocasionándole la muerte.

Ciertamente, de estos hechos se desprende claramente que el acusado dio muerte a la víctima con la malicia pre-meditada y deliberación que tipifican el delito de asesinato en primer grado. Entre el momento en que el acusado se marchó del lugar donde ocurrió la discusión y el momento en que éste atacó a la víctima con el arma de fuego, trans-currió suficiente tiempo para que el acusado se “enfriara” de lo ocurrido en la discusión y deliberara sobre el acto de dar muerte a la víctima.

Coincidimos con el Procurador General respecto a que

el hecho de que [el acusado] pudiera alejarse de la escena de la pelea por varios minutos, para luego regresar con un arma de fuego, derrota su contención de que cometió un homicidio. In-dependientemente de la súbita pendencia o arrebato de cólera que pudo haber sentido contra [la víctima], no es menos cierto que tuvo la claridad de mente [para] (1) retirarse del lugar, (2) buscar un arma, (3) retornar al lugar de la reyerta, (4) dispa-rar en contra de [la víctima], [y] (5) rematarl[a] mientras es-taba en el suelo ....
Más aún, [el acusado] no dio muerte a [la víctima] tan pronto obtuvo el arma, sino que se detuvo frente a él, le hizo una pregunta y luego de escuchar su contestación, le disparó.
[Estos] eventos antes citados requieren un análisis inteli-gente y presencia mental, derrotando cualquier reclamo de que actuó reflexivamente, motivado por sus pasiones coléricas. Alegato del Ministerio Público de 9 de mayo de 2007, págs. 26 y 28.

Dicho de otra manera, de los hechos del presente caso surgen varias instancias de las cuales —según hemos re-suelto en el pasado— puede inferirse la existencia de ma-licia premeditada, de deliberación o de ambas en la persona del acusado, lo cual fortalece nuestra conclusión de que no existe evidencia alguna de la cual el Jurado haya podido razonablemente inferir que se cometió el delito de homicidio. El acusado atacó a la víctima con un arma mor-tífera, con conocimiento de que esta última se encontraba desarmada, y le disparó un total de seis veces, los últimos tres a corta distancia, en el área de la cabeza y luego de la víctima haber caído al suelo. No se necesita más evidencia que ésta para concluir que el acusado cometió el delito de asesinato en primer grado, como, en efecto, concluyó uná-nimemente el Jurado en este caso.

En fin, consideramos que los hechos hoy ante nuestra consideración no son indicativos de una persona que actuó bajo los efectos de una súbita pendencia o arrebato de cólera. En consecuencia, actuó correctamente el juez de instancia al negarse a impartir al Jurado una instrucción sobre el delito de homicidio. Resolver lo contrario "equival-dría a autorizar que el jurado imponga un castigo diferente al prescrito para el delito que de hecho se cometió”. Pueblo v. Moreno Morales I, ante, pág. 283. Véase, además, Pueblo v. Serbiá,. ante.

VI

En mérito de lo antes expuesto, procede la revocación de la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Se reinstala la emitida por el Tribunal de Primera Instancia, mediante la cual se le impuso al acusado una pena de re-clusión por la comisión del delito de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas de Puerto Rico.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton “disintió por entender que la sentencia del Tribunal de Apelaciones es esencialmente correcta. A la luz de la prueba presen-tada, el Tribunal de Primera Instancia debió impartir la instrucción al Jurado sobre los elementos del delito de ho-micidio voluntario”. La Juez Asociada Señora Fiol Matta concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       Ante el Tribunal de Primera Instancia se presentó el testimonio de: (1) agente Omayra Laboy Lind; (2) Nereida Meléndez, madre del occiso; (3) agente Luis A. Roque Rodríguez; (4) Johana Ramos Vega, esposa del occiso y testigo ocular de los hechos; (5) agente Alberto Giraud Vega; (6) Dr. Francisco Cortes, perito patólogo forense, y (7) Edward Pérez Benitez, examinador de armas de fuego del Instituto de Ciencias Forenses. Forman parte del expediente la exposición narrativa estipulada de la prueba y la transcripción del testimonio del agente Luis A. Roque Rodríguez.