text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Benítez Castaño, acusado y apelante.
    Núm. 7457.

    Sometido: Marzo 14, 1939.

      Resuelto: Julio 13, 1939.

      Jorge Benítez Gautier y G. Benítez Gautier, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.

         Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

G-abriel Hernández, policía insular, denunció a Jesús Benítez Castaño por una infracción de la Ley de Automó-viles, cometida como sigue:

"Que en 13 de abril 10:15 A. M. ele 1938 y en la calle Loíza, esquina San Jorge de Santurce, del Distrito Judicial Municipal de San Juan, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., el referido acusado Jesús Benitez Castaño, allí y entonces, ilegal, voluntaria y maliciosamente violó lo dispuesto en el Artículo 5, letra (J) de la Ley de Automóviles vigente, aprobada el día 13 de abril de 1916, tal y como fué enmendada, para reglamentar el uso de vehículos de motor por los caminos públicos de Puerto Rico, por-que en ocasión en que guiaba el automóvil núm. 10674, de su propie-dad por el referido sitio, que es un camino público, no llevaba consigo su placa o licencia que lo autorizara a manejar vehículos de motor por los caminos públicos de Puerto Rico, al serle solicitada por el denunciante. ’ ’ OTí'"1

De la sentencia condenatoria dictada en sn contra por la corte municipal, apeló Benitez para ante la corte del distrito. Celebrado el juicio de nuevo, la corte de distrito lo declaró culpable de la infracción imputádale y lo condenó a pagar una multa de un dólar y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel, con más las costas.

Apeló Benitez para ante este tribunal y en su alegato señala dos errores, a saber: que la denuncia no aduce hechos constitutivos de delito público y que el inciso (j) del artículo 5 de la Ley de Automóviles es nulo porque infringe la Cons-titución de los Estados Unidos de América.

Argumentando el primer error cita el apelante el artículo 2, inciso (a), de la Ley de Automóviles, que dispone:

"Artículo 2. — (a) Será ilegal el manejar cualquier vehículo de motor en un camino- -público de Puerto Rico sin tener licencia para ello, expedida por el Comisionado del Interior. Para obtener dicha licencia, el dueño del vehículo de motor presentará una solicitud al efecto, en el modelo prescrito y suministrado por el Comisionado del Interior, la cual contendrá su nombre y dirección, una breve descrip-ción del vehículo' para el cual se solicita la licencia, incluyendo el número de fábrica, estilo, número de caballos de fuerza, si es para uso particular o público, y los demás informes que el Comisionado del Interior requiera con el fin de llevar a cabo las disposiciones de esta Ley.” '

Luego el artículo 5, inciso (a), de la misma que ordena:

“Artículo 5.' — (a) Ninguna persona podrá manejar un vehículo de motor en Puerto Rico sin que se le haya expedido licencia al efecto por el Comisionado del Interior. Dichas licencias serán expedidas a virtud de solicitud extendida al efecto en el modelo prescrito por el Comisionado del Interior, y suministrarán los informes, referentes al solicitante, que el Comisionado estimare necesarios a los fines de esta Ley.”

Y por último el inciso j, de la propia sección 5, y la sección 6 de la ley que prescriben:

“Artículo 5. — (j) Cada licencia tendrá un número correlativo y se suministrará además a la persona a quien ésta se le expidiere una chapa de metal con igual número; Disponiéndose, que la persona que estuviere manejando un vehículo de motor deberá llevar consigo la chapa o licencia y mostrarla a cualquier oficial de la policía, cami-nero uniformado, o agente de autoridad cuyos deberes se relacionen con el tráfico, siempre que éste lo solicitare.” Leyes de 1925, pág. 759 (Ley núm. 93).
“Artículo 6. — Las personas no residentes en Puerto Rico, que ten-gan licencia para manejar automóviles de cualquier Estado o Terri-torio de los Estados Unidos, quedan exentos del requisito de licencia del artículo precedente, pero deberán obtener del Comisionado del Interior, una certificación al efecto, que llevarán consigo, cuando estén manejando automóviles. Esta certificación podrá ser suspen-dida o revocada de la manera prescrita para la suspensión o revoca-ción de licencias para manejar un vehículo de motor en el artículo anterior; y no podrán expedirse por un período -de. tiempo,,mayor, de cuatro meses, en cualquier año económico.” Leyes de 1925, pág. 761 (Ley núm. 93).

Entonces expresa:

“Comparando lo dispuesto por el inciso (j) del artículo 5 con el artículo 6, aparece claramente que ambas disposiciones tienen por objeto regular el mismo acto, o sea, el de que el conductor de un vehículo lleve consigo su placa o licencia en- el momento de mane-jarlo. Es claro asimismo que si un residente de Puerto Rico come-tiera un delito al no llevar consigo su placa o licencia, igualmente lo cometería una persona no residente al no llevar consigo la certi--fieación de que habla la ley, ya que es un principio de ley general en nuestro país, que no puede existir discrimen en sus leyes en favor ni en contra de ninguna clase de ciudadanos. Siendo esto así, para que se pueda castigar al apelante en este caso, sería necesario que esta Iíon. Corte decidiera que la frase: ‘ que llevarán consigo cuando esté manejando automóviles’ contiene en sí todos los elementos ne-cesarios para la creación y definición de un delito público estatutario. ’ ’

A nuestro juicio en ambos casos, en el de la persona resi-dente y en el de la no residente, se infringe la ley si dichas personas no llevan consigo la licencia en el primer caso y la certificación en el segundo. Más específica la ley en el primero, es lo suficientemente clara en el segundo para que ningún ciudadano pueda llamarse a engaño. No nos parece en verdad que el argumento guarde mucha relación con el error señalado.

La otra razón que se aduce para sostener dicho error es la de que la Legislatura no fijó castigo para la infracción imputada.

La Ley núm. 75 de 1916, pág. 144, para reglamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico y para otros fines, tal como quedó enmendada por la núm. 55 de 1921, pág. 423, por la núm, 93 de 1925, pág. 757 y por la núm. 9 de julio 15, 1926, pág. 23, regula por completo la materia. Su sección 18 es como sigue:

"Artículo 18. — Toda persona, firma, sociedad o corporación que por sí misma o por medio de sus agentes, transportare en los vehículos pesados de motor, o en los vehículos comerciales más carga que la autorizada por esta Ley, será multada con cincuenta (50) dólares por la primera infracción; cien (100) dólares por la segunda, y por la tercera infracción le será revocada la licencia del vehículo. A los chauffeurs que condujeren por caminos públicos un vehículo pesado de motor o un automóvil comercial con más carga que la autorizada en esta Ley, o a mayor velocidad que la en esta Ley establecida, o desprovisto del aparato para limitar la velocidad, que se dispone en el apartado (o) del artículo 13 de esta Ley, le será suspendida la licencia por el término de un mes por la primera infracción; seis meses por la segunda, y por la tercera infracción le será revocada la licencia definitivamente. Las infracciones a las otras disposiciones de esta Ley, serán consideradas como delitos menos grave.”

Nos parece clara, terminante. El hecho de qne al enmen-darse en 1926 se comenzara por establecer las penalidades en relación con los vehículos pesados de motor, esto es, los destinados a carga, no quita fijeza o claridad a la otra dispo-sición relativa a la penalidad de las demás infracciones, entre las cuales se encuentra la imputada al apelante. No existe, pues, el primero de los errores señalados.

Tampoco el segundo que se discute con gran empeño en el alegato. La médula del argumento está contenida en el siguiente párrafo del mismo:

“De acuerdo con dicha d'sposición, inciso (j) del artículo 5 de la Ley núm. 75 de 1916, cualquier pol'.eía insular de Puerto Rico, puede en cualquier momento que a su voluntad le plazca, detener a a una persona que esté manejando un vehículo de motor por las ca-rreteras insulares, sin tener en cuenta las circunstancias y sin más reglas para guiar su conducta que su capricho para exigirle a dicha persona que le muestre su placa o licencia. Al aprobar esta parte de la ley, el legislador dejó al arbitrio de la policía el perjudicar o favorecer a los ciudadanos, dependiendo del humor, o del grado de simpatía o antipatía que el oficial de tráfico pueda sentir por deter-mina la persona; violándose así los más sagrados principios consti-tucionales, tales como el derecho a la libertad, y el derécho al pleno goce de la vida, enunciados tanto en nuestra Carta Orgánica como en la Constitución de los Estados Unidos. ’ ’

Cita la sección 329, pág. 1135, de 11 American Jurisprudence, que dice:

“La libertad personal consiste en gran parte del derecho a loco-moción — ir a donde y cuando uno quiera — restringido tan sólo en tanto lo reqrderan los derechos ajenos para beneficio de la comuni-dad en general. El derecho de un ciudadano a viajar por las ca-rreteras públicas, y a transportar su propiedad, en coche de caballos, en carromato o automóvil, no es un mero privilegio que pueda permi-tirse o prohibirse a plena voluntad, sino un derecho que tiene bajo el derecho a la vida, a la libertad, y a la consecución de la felicidad. Por tanto, bajo esta garantía constitucional uno puede, en condi-ciones normales, viajar libremente por las carreteras o sitios públi-cos, mientras se conduzca de manera ordenada y decorosa, sin inter-ferir ni violar los derechos ajenos, y será protegida, no sólo su persona, sino también la seguridad de su viaje.”

Y luego invoca varias decisiones de los tribunales entre las cuales se destaca la del caso de City of St. Louis v. Alien de la Corte Suprema de Missouri, reportada en 204 S. W. 1083, por virtud de la cual se anuló por inconstitucional cierta ordenanza de la ciudad de St. Louis, Missouri, que contenía las siguientes disposiciones:

“See. 1351.— ... — Los chóferes deben siempre cumplir cual-quier orden dada verbalmente o con la mano por cualquier miembro de la fuerza policíaca, en cuanto a parar, arrancar, acercarse a o alejarse de cualquier sitio; la manera de tomar o dejar pasajeros o cargar o descargar mercancías en cualquier punto.”
“See. 1357.— ... — Cualquier persona que violase alguna de las anteriores disposiciones, reglas y reglamentos se la considerará culpable de un delito menos grave, y una vez convicta del mismo, se cas-tigará con una multa que no excederá de cien dólares.”

Como la opinión contiene un estudio de la cuestión en-vuelta y de la jurisprudencia y arroja luz sobre el alcance del principio constitucional invocado, nos parece propio transcribirla en su mayor parte. Dice: •

“Sin importar cuán meritorios puedan ser los derechos de la ciu-dad si fuesen debidamente expuestos, la ordenanza en que basa su denuncia es nula.
“En el caso de Mayor, etc., of Baltimore v. Radecke, 49 Md. 217, 33 Am. Rep. 239, la ordenanza municipal disponía que ninguna persona debía instalar una máquina de vapor sin haber previamente obtenido para ello permiso del alcalde y del consejo, y que cualquier máquina que así fuese instalada debería removerse dentro de los seis meses siguientes a la revocación del permiso y notificación del alcalde. Se resolvió en ese caso que la ciudad podía prescribir por medio de una ordenanza reglas para el uso de máquinas de vapor, pero que no podía dejar al libre criterio de un solo funcionario el poder arbi-trario de favorecer a un individuo e imponerle su voluntad a otro. Se dijo allí:
“ ‘De hecho, una ordenanza que revista a un individuo con tal poder, difícilmente cae dentro del dominio de la ley, y nos vemos obligados a declararla sin fuerza y nula.’
“Ese caso se cita con aprobación en 1 Dillon on Man. Cor. (4ta.‘ ed.) see. 321.
“En el caso ele Richmond v. Dudley, 129 Ind. 112, 28 N. E. 312, 13 L.R.A. 587, 28 Am. St. Rep. 180, se resolvió que las ordenanzas municipales deben establecer reglas y condiciones a observarse en los negocios, y deben conceder a todos los ciudadanos los mismos pri-vilegios bajo tales reglas, pero que no debe dársele poder a un fun-cionario para discriminar entre individuos. Se cita el caso con aprobación en City of Elkhart v. Murray, 165 Ind. 304, 75 N. E. 593, 1 L.R.A. (N. S.) 940, 112 Am. St. Rep. 228, 6 Ann. Cas. 748. Esa regla se confirma en Cicero Lumber Co. v. Town of Cicero, 176 Ill. 9, 51 N. E. 758, 42 L.R.A. 696, 68 Am. St. Rep. 155, y la larga lista de casos que allí se citan.
“En Hays v. Poplar Bluff, 263 Mo. 516, 173 S. W. 676, L.R.A. 1915D, 595, se decidió por un tribunal colegiado que, aún cuando una ciudad puede prescribir ‘límites de fuego’ (’fire limits) sin embargo, no tiene facultad para ordenar que no se construya edificio alguno con los materiales prescritos sin previamente haber obtenido la autorización del alcalde y el consejo, y que no se concederá tal autorización, sin el consentimiento escrito de todas las personas due-ñas de alguna propiedad en la manzana. Se dijo que en tales casos la ordenanza debe dictar reglas que apliquen a todos por igual, y que ello no debe dejarse al arbitrario criterio de persona alguna. Ese caso cita con aprobación los casos de Indiana arriba mencionados.
“La odenanza de que aquí se trata pone al ciudadano bajo el po-der arbitrario del funcionario, sin importar las circunstancias del caso. Su nulidad es tan patente que el demandado no cita autori-dad alguna para sostenerla. En Bessonies v. City of Indianapolis, 71 Ind. 189, y en City of Elkhart v. Murray, 165 Ind. 304, 75 N. E. 593, 1 L.R.A. (N. S.) 940, 112 Am. St. Rep. 228, 6 Ann. Cas. 748, supra, se resolvió que tales ordenanzas violan la constitución en cuanto ésta garantiza la igual protección de las leyes. Se dijo allí que lo que la Legislatura no podía hacer era autorizar a una corporación municipal para que hiciese lo que ella (la legislatura) no podía hacer.
“En nuestra opinión, la ordenanza de que se trata está sujeta a la objeción de que tiende a privar a las personas de la igual protec-ción de las'leyes, y que, aún cuando la ciudad tuviese el caso más meritorio, no puede basarlo en esa ordenanza nula.”

A nuestro juicio la ley aquí aplicada no infringe precepto constitucional alguno. Está dentro del poder de la Legisla-tura y lia sido impuesta por las necesidades de los tiempos. Al actuar a virtud de ella, la policía puede cometer arbitra-piedades como puede cometerlas al perseguir cualquiera de ios delitos previstos y castigados en el Código Penal, pero no lleva en sí la esencia del discrimen. Se dictó con ánimo de que se aplicara a todos por igual y para beneficio último de todos. No deja nada al acaso. Contiene una regla clara, precisa.

En la propia obra citada por el apelante, American Jurisprudence, se encuentra a la página 526 del tomo 5, lo que sigue:

“El privilegio de usar las carreteras públicas no es un derecho absoluto y sin restricciones, sino que está sujeto a reglamentación por el estado a través de su poder policíaco como autoridad soberana. Este poder para regular se ha extendido para hacer frente al nuevo estado de cosas. Con la introducción y el desarrollo de los automó-viles como medio de transportación, ha aumentado y se ha conferido amplia autoridad para reglamentar su uso. Por lo tanto, la legisla-tura de cada Estado tiene poder para exigir que todos los automóviles que transiten dentro de sus límites territoriales obtengan una licen-cia, y para dictar reglamentos detallados y razonables en cuanto a su uso en las carreteras públicas. La velocidad a que puede transitarse en las carreteras, y las carreteras y localidades en que pueden ope-rarse, caen dentro del poder legislativo. El estado puede disponer por estatuto que la falta de cumplimiento con cualquiera de las dis-posiciones legislativas constituirá delito menos grave, o que serán res-ponsables en daños y perjuicios las personas que operen un automóvil violando cualquier disposición estatutaria. Se ha resuelto que la enmienda constitutional que protege a las personas de que se las obli-gue a dar testimonio en su contra no es aplicable a la legislación que regula el uso de vehículos de motor, y que requiere, so pena, que se exhiban las tablillas; ni violan tales leyes la prohibición constitu-cional contra allanamientos y secuestros.
“Tales reglas pueden ser aplicables a carreteras y calles que no sean caminos públicos si se usan para el tránsito del público.”

Estamos conformes en que el cumplimiento de la ley de que se trata requiere un gran tacto por parte de la Policía y también lo estamos en que lo fundamental es que se tenga la licencia. Pero el Legislador creyó que para la mayor seguridad e igualdad para todos la licencia debería llevarse consigo por el que la tuviere cuando manejara el automóvil y la regla debe cumplirse, dejándose al juzgador que aprecie las circunstancias que puedan concurrir al imponer la pena. Si se trata de un verdadero olvido, ésta puede ser la mínima. Aquí la corte sólo impuso al apelante la multa de un dólar seguramente porque creyó que no tuvo la intención delibe-rada de infringir la ley, intención que no es absolutamente necesaria en faltas de esta clase para que la infracción se entienda cometida.

Parece oportuno terminar repitiendo lo que esta corte dijo y resolvió por medio de su Juez Asociado Sr. Hutcbison hace diez y siete años interpretando el mismo precepto de ley — inciso (j) del artículo 5 de la ley para reglamentar el uso de los vehículos de motor, de 1916 — aquí envuelto, en el caso de El Pueblo v. Velásquez, 30 D.P.R. 359, 360, a saber:

“En el momento del arresto acababa de llegar a un hotel el ape-lante y estaba sentado en su automóvil. En la oficina del hotel te-nía su maleta donde se encontraba la placa. Había dejado de ma-nejar el automóvil y no se alega, ni se probó en el juicio, que se hu-biera sacado algún equipaje de dicho automóvil antes de llegar al térm'no del v'aje, o que la maleta que contenía la placa no estuvo todo el t'empo en el vehículo durante tal viaje. 1
“La mayor parte de la prueba se refiere a los pormenores de cierto incidente que culminó en el arresto del apelante. Este preludio, sin embargo, nada tiene que ver con la verdadera cuestión envuelta y no es necesario que se discuta.
“La ley no cl:ce que la chapa de metal deberá portarse por el dueño s’empre que esté sentado en su carro, sin tenerse en cuenta las circunstancias, sñio siempre que estuviere manejando el vehículo. Ni expresa tampoco que deberá mostrarse la placa en todos los casos en que la pida la policía, sino solamente cuando el oficial de policía ‘solicita verla mientras el tenedor de la licencia estuviere manejando un vehículo de motor.’
“Con un poco más de cortesía y consideración por parte de la policía, y también de tacto y prudencia por los chauffeurs, al proce-der en una cuestión algo delicada, como ésta, a veces se evitarían molestias a las cortes y a.1 Gobierno el gasto de tener que resolver casos en los que el único delito cometido es una mutua falta de eti-queta con circunstancias atenuantes.”

Debe confirmarse la■ sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pkesidente Señoe Del ToRO

license: Public Domain

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los señores Manuel León Parra, Presidente, Francisco Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida; y Ramón Ortiz Alejandro, peticionario ante la Comisión.
    Núm. 166.

    Sometido: Abril 24, 1939.

      Resuelto: Julio 14, 1939.

      Hon. Procurador General B. Fernández García, F. de Aldrey, Procu-rador General Auxiliar, y Víctor J. Vidal González y Guillermo Atiles Moréu, abogados estos últimos del Fondo del Estado, abo-gados del recurrente; M. León Parra, abogado de la recurrida; Virgilio Brunet y Miguel A. Casiano, abogados del peticionario ante la Comisión.
   El Juez Pkesidente Señoe Del ToRO

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de revisión interpuesto por el Administrador del Pondo del Estado contra una resolución de la Comisión Industrial de Puerto Rico de 15 de febrero, 1939, en el caso del obrero Ramón Ortiz Alejandro.

Comunicó el obrero baber sufrido un accidente del tra-bajo el 26 de marzo, 1938. Se le trató médicamente y en 15 de agosto, 1938, se le dió de alta como definitivamente curado y sin incapacidad.

No conforme el obrero con la resolución del Adminis-trador, en agosto 31, 1938, apeló para ante la Comisión Industrial. Ésta ordenó a su asesor médico que lo exami-nara y recibido su informe señaló el 16 de septiembre, 1938, para la vista oral y pública del caso que fué en efecto cele-brada en dicha fecha con asistencia del Administrador del Fondo y del obrero por medio de sus representantes legales, practicándose prueba.

El. obrero fué hospitalizado de ■ nuevo por orden de la Comisión y en septiembre 30 ésta, resolviendo una moción del mismo por su abogado y una súplica verbal de una bija suya, permitió que el obrero fuera trasladado a su bogar donde falleció al día siguiente, o sea el primero de octubre, 1938.

Así las cosas y sin que la Comisión hubiera aun resuelto la apelación para ante ella interpuesta por el obrero, el Administrador le pidió que archivara el caso por tratarse de una acción personal que murió con el obrero, de acuerdo con la jurisprudencia sentada por esta Corte Suprema en Sucesión Bachier v. Com. de Indem., 33 D.P.R. 1016. A esa soli-citud se opusieron Brunet y Casiano como “abogados de los beneficiarios” sin que en su escrito se mencione quiénes son dichos beneficiarios. Pasó algún tiempo y en 15 de febrero, 1939, dictó la Comisión la resolución final indicada.

En ella hace historia del caso, analiza la prueba y resuelve:

“Que el accidente que sufriera el obrero Ramón Ortiz Alejandro el día 23 de marzo de 1938, mientras trabajaba bajo el patronazgo de la Central Yannina, Inc., lo dejó totalmente incapacitado de ma-nera permanente para trabajar.”

Sigue entonces considerando la cuestión del archivo, analiza el caso de Sucesión Bachier, supra, invocado, y con-cluye que la doctrina sentada en el mismo fue rectificada por esta propia corte en el caso de Quiñones v. South P. R. Sugar Co., 48 D.P.R. 351, si con anterioridad no lo hubiera sido en los casos de P. R. By. Lt. & Power Co. v. Corte de Distrito de San Juan, 38 D.P.R. 340, y Consuelo Pérez v. Sucrs. de M. Pérez & Co., 41 D.P.R. 852. Termina resolviendo :

“Que los herederos de Ramón Ortiz Alejandro tienen derecho a reclamar del Fondo del Seguro del Estado se les pague la cantidad que hubiese tenido derecho a percibir el referido obrero como com-pensación por la incapacidad total con que quedara, consecuencia del accidente del trabajo que motivara los presentes autos.”

Cuatro errores imputa el Administrador del Fondo a la Comisión' Industrial.

El primero envuelve una cuestión de hecho que no puede ser considerada en este recurso de revisión. Nos referimos a la declaración de incapacidad que hizo la Comisión a virtud de los antecedentes del caso y de la apreciación de la prueba practicada ante ella. Los otros tres presentan la cuestión de si la acción del obrero se extinguió con su muerte y la de si pudo la Comisión en todo caso ordenar el pago de la compensación que correspondía al obrero a “los herederos” del- mismo, irrespectivamente “de los derechos de las personas que pudieran resultar sus beneficiarios.”

El caso de Sucesión Bachier v. Comisión Indemnizaciones, 33 D.P.R. 1016, se decidió en febrero 26, 1925, cuando regía la Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo, tal como fue enmendada por la Ley núm. 61 de 1921 (pág. 473), y en él, siguiendo el caso In re Burns, 218 Mass. 8, 105 N. E. 601, se resolvió que:

“Siendo independientes la acción que tiene el obrero por lesiones', recibidas y la que tienen sus herederos por su fallecimiento bajo el. artículo 3 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros, según fué enmen-dado por la Ley núm. 61 de 1921, no cabe substituir a los herederos-, en el lugar de su causante en una acción establecida por éste y que se extinguió con su muerte.”

Pasaron algunos años, regía ya la Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo Núm. 85 de 1928 (pág. 631) y esta corte en abril 10, 1935, en el caso de Quiñones v. South P. R. Sugar Co. of P. R., 48 D.P.R. 351, tras un amplio estudio de la cuestión declaró que:

“Si bien el derecho a compensación nat yet accrued termina con la muerte del obrero lesionado, sin embargo, aquella porción de la compensación already accrued a la muerte del obrero constituye un derecho adquirido que puede ser reclamado por los herederos o los representantes de la herencia y fijado por la .Comisión Industrial.”

Algún tiempo transcurrió y la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo ahora vigente lo es la Núm. 45 de 1935 ((1) pág. 251) aplicable a este caso y esa ley contiene la siguiente disposición expresa que hace innece-saña la consideración de la cnestión de si el derecho a la compensación otorgada o pendiente de otorgarse al propio obrero se extingue o no con su muerte, pnes lo resuelve en sentido afirmativo cuando el obrero o empleado mueren dejando personas que de ellos dependían:

“En todos los casos en que ocurriere la muerte a un obrero o empleado por cualquier causa independiente a la lesión recibida en el accidente, por la cual se hubiere otorgado una compensación o esté pendiente de otorgarse, el Administrador deberá, previa la prueba justificada al efecto, conceder y ordenar que se pague el balance no pagado de cualquier compensación perteneciente o que se adeude al obrero o empleado lesionado al tiempo de su muerte, a aquellos que dependieran para su subsistencia del obrero o empleado fallecido, en cuyos derechos quedan, expresamente subrogados. ’ ’ Art. 3, núm. 4, párrafo 3 (pág. 265).

Si se lee el número 5 del dicho artículo 3 de la ley de 1935 se verá que si como resultado de las lesiones o enfer-medad, sufrida en las condiciones especificadas en el artículo 2 de la ley, ocurriere la muerte del obrero o empleado dentro ■de dos años del accidente, y como consecuencia de éste, ■cuando no dejare personas que de él dependan para su ¡subsistencia, se pagará una suma no mayor de $100 para el funeral en adición a aquellos otros gastos de asistencia mé-dica en que se hubiere incurrido por orden del Administrador, y cuando dejare las personas especificadas- que de él depen-dían total o parcialmente para su subsistencia, se acordará una compensación de mil .a tres mil dólares que se graduará como la ley dispone.

Prevé, pues, la propia ley los dos casos, aquél en que el ■•obrero lesionado muere por causa independiente a la lesión recibida en el accidente y aquél en que fallece como resultado ■de la lesión, y para ambos dicta reglas'. •••

¿Cuál de los casos es éste? En realidad no se'sabe. Nada resolvió en-concreto la Comisión sobre el punto. Y ello-era -absolutamente necesario, porque sólo cuando el obrero no muere como consecuencia de .la lesión recibida en ,el accidente del trabajo es que puede aplicarse el párrafo transcrito del número 4 del artículo 3 de la ley de que se trata.

En su alegato de impugnación Brunet y Casiano que siguen titulándose “abogados de los beneficiarios” sin que expresen quiénes son éstos — circunstancia que debe esclare-cerse ya que examinando los autos se encuentra una carta presentada directamente por una hija del obrero que no se sabe si era dependiente o no — al referirse al cuarto señala-miento de error dicen:

“Estamos de acuerdo con el recurrente en la question planteada en el cuarto error. El derecho a la compensación no es de los herederos del obrero fenecido, sino de los beneficiarios. Téngase por entendido que cuando la Comisión Industrial dijo herederos quiso decir bene-ficiarios del obrero fallecido. De acuerdo con el estatuto, párrafo antes transcrito, son los beneficiarios los que tienen derecho a la com-pensación, ya que nuestra ley es una de dependencia y no de he-rencia. 1 ’

No es tan fácil la cuestión ni hay base para variar la resolución de la Comisión Industrial sustituyendo el término herederos por el de beneficiarios, especialmente cuando nos encontramos frente al hecho indicado de la existencia de una hija heredera que pudo o no hallarse dependiendo para su subsistencia de lo que su padre ganaba y cuando quizá fue ella la que tuvo en mente la Comisión al referirse a here-deros habiendo hecho antes el estudio que la llevó a concluir que el derecho a la reclamación no era uno que murió con la persona. Esta consideración nos lleva al punto de que no obstante lo amplio de la ley actual es lo cierto' que dejó algo por determinar expresamente, a saber, el caso en que ocurriendo la muerte del obrero por • causas independientes del accidente del trabajo se le deba algo por la compensación qiie lé correspondía y no existan .personasque de él depen-dían y sí haya herederos independientes. '

Creemos, pues, que la resolución de 15 ele febrero., 1939, debe revocarse.en cuanto a su disposición final,'o -sea, en cucmto declara que “los herederos de Ramón 'Ortiz Alejandro

. tienen derecho a reclamar del Fondo del Seguro del Estado la cantidad que hubiese tenido derecho a 'percibir el obrero como compensación por la incapacidad total con que que-dara’% devolviéndose el asunto a la Comisión para que se determine la causa de la muerte de Ramón Ortis Alejandro y en el caso de que se concluya que no fué el resultado del accidente, se investigue si el obrero dejó o no personas que de él dependían y si dejó se ordene que se les pague el balance no pagado de cualquier compensación perteneciente o que se adeude al indicado obrero, y para que se adopte cualquiera otra medida que una ves esclarecidos los hechos se estime procedente de acuerdo con la ley.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Sergio de Jesús López, acusado y apelante.
    Núm. 7709.

    Sometido: Julio 3, 1939.

      Resuelto: Julio 14, 1939.

      Juan Lastra, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Jaimer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia, base de esta cansa, imputaba al acusado una infracción a la Orden Final de la Comisión de Servicio Público de enero 4, 1938, aprobada por el Gobernador en enero 7, 1938, y publicada de acuerdo con la ley, consistente en haber actuado el chófer acusado “como porteador público transportando pasajeros por asiento en dicho vehículo en la ruta San Juan a Sunoco.”

Se permitió una enmienda a la denuncia y celebrado el nuevo juicio que ordena la ley en la corte de distrito, el acusado fué condenado a pagar una multa de cincuenta dó-lares. No conforme apeló señalando en su alegato la comi-sión de los siguientes errores: 1, al permitir que la denuncia se enmendara; 2, al no admitir como evidencia el permiso expedido por la Comisión de Servicio Público al acusado para transportar pasajeros en la ruta de Humacao a San Juan; y 3, al apreciar la prueba.

Lo ocurrido con respecto a la excepción perentoria y a la enmienda según los autos fué así:

“Leída la denuncia la defensa exeepeionó la misma por el funda-mento de que no dice de dónde a dónde cogió el pasajero, sino que dice ‘en la ruta de San Juan a Sunoco.’
“Juez: Aquí se dice que transportaba pasajeros por asiento en la ruta de San Juan a Sunoco, y la Corte toma conocimiento judicial de que Sunoco está dentro del municipio de San Juan. Habría que añadirle ‘en el municipio de San Juan.’ La Corte va a declarar con lugar la excepción perentoria, pero permite al Fiscal que enmiende la denuncia en el sentido de que añada después de ‘en la ruta de San Juan a Sunoco,’ ‘en el municipio de San Juan, P. R.’ Que el Se-cretario le tome juramento al Policía para que jure la denuncia en la forma enmendada.
‘ ‘ Defensa : Nosotros hacemos constar que en este momento el Fiscal no puede enmendar la denuncia, puesto que ésta es una denuncia que se originó en la Corte Municipal.
"Juez: La Corte cree que se puede enmendar la denuncia.
"Defensa: Tomamos excepción.
"Juez: Haga constar que el Policía denunciante jura la denuncia en la forma enmendada.”

Impugnando el señalamiento se expresa el fiscal en su alegato, con razón a nuestro juicio, como sigue:

"Como verá este Hon. Tribunal, en este caso, a diferencia del de Pablo Matos Correa, Núm. 7787, resuelto en junio 24 corriente, la denuncia originaria que sirvió de base al proceso en la corte muni-' cipal es, a nuestro juicio, bastante para establecer hechos suficientes para determinar la infracción a la orden de la Comisión de Servicio Público que en la misma se alega infringida. Y siendo esto así, la enmienda permitida por la corte inferior, consistente en la adición de la frase ‘en el municip:o de San Juan, Puerto Rico’ después de ‘la ruta de San Juan a Sunoco’, no es una enmienda de fondo o subs-tancial. Más aún, creemos que dicha enmienda era absolutamente innecesaria, toda vez que en nada alteraba, cambiaba o modificaba la denuncia básica haciéndola en alguna forma mejor, por la sencilla razón ele que tanto la corte municipal en donde se vió originariamente el caso, como la corte inferior que conoció del mismo en grado de apelación, tenían conocimiento judicial de que la ruta de San Juan a Sunoco está comprendida dentro del mmrcipio de San Juan . . .
"Por tanto, entendemos que al resolver el juez de la corte inferior con lugar la llamada por él ‘excepción perentoria’ y continuar el juicio con la denuncia enmendada en la forma en que él lo ordenó, no hizo prácticamente sino continuar con el juicio con la misma de-nunca que sirvió de base al proceso en la corte municipal, toda vez que, como antes decimos, la enmienda no introdujo cambios ni alte-raciones en la misma que pudieran convertir en una nueva o mejorar la que había venido de la corte municipal a la corte de distrito.”

No hubo error. El incidente que sirvió de base al segundo señalamiento consta de los autos como sigue:

"Defensa: Presentamos un permiso de la Comisión de Servicio Público creditivo de que el acusado tiene permiso para transportar pasajeros.
"Fiscal: Me opongo por ser inmaterial ese certificado.
‘ ‘ Juez : Es inmaterial. Este permiso dice que el acusado puede traficar en la ruta de Humaeao a San Juan, pero no dentro del muni-cipio de San Juan, que es lo que investigamos aquí.”

En primer lugar no aparece que el acusado tomara ex-cepción, y en segundo lugar aunque la hubiera tomado el fundamento expuesto por el juez sería suficiente para sos-tener su resolución. No importa que el acusado estuviera autorizado para transportar pasajeros por otras rutas. Lo que hubiera importado era una autorización para transpor-tarlos en la ruta San Juan-Sunoco. La evidencia carecía, pues, de materialidad. No hubo error.

Tampoco fue cometido el tercero y último de los errores señalados, o sea el que se refiere a la apreciación de la prueba.

La evidencia de una y otra parte fue contradictoria. Creída la de la defensa que tendió a demostrar que se trataba de un transporte de pasajeros entre San Juan y Gfuaynabo, procedería la absolución del acusado, pero creída la del Pueblo que consistió en la declaración no excepcionada del Policía Abad González, hay base suficiente para la sen-tencia condenatoria dictada ya que según el policía los dos pasajeros que tomó en el auto que guiaba el acusado en una de las esquinas de una de las calles de San Juan le mani-festaron uno que iba para Santuree y el otro para Sunoco, o sea dentro de la ruta por la cual le estaba prohibido al acusado operar como porteador público de pasajeros, y la corte dirimió el conflicto en favor de la prueba de cargo, sin que sé haya demostrado que actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiera error manifiesto alguno.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Turo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Martínez Marichal, acusado y apelante.
    Núm. 7755.

    Sometido: Julio 3, 1939.

      Resuelto: Julio 14, 1939.

      Raúl Colón, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Litis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Turo

emitió la opinión del tribunal.

Esta causa se inició por denuncia presentada en la Corte Municipal de San Juan, Sección Primera. A virtud de ape-lación pasó a la corté de distrito. Al llamarse en ella para la celebración del nuevo juicio que ordena la ley, el acusado se declaró culpable y la corte lo condenó por la infracción a la orden final de la Comisión de Servicio Público que se le imputaba a pagar una multa de cincuenta dólares.

No conforme, apeló el acusado para ante esta Corte Suprema y elevados los autos se señaló la vista del recurso para julio 3, 1939. El apelante no presentó alegato ni com-pareció a la vista. Eso no obstante el fiscal, basándose en que la denuncia era fatalmente defectuosa, pidió a la corte que revocara la sentencia apelada y absolviera al acusado.

Tiene razón el fiscal. Hemos examinado la denuncia— única base en que descansa la sentencia recurrida pues ya liemos dicho que del hecho en ella imputádole se declaró culpable el acusado dictando inmediatamente su fallo el tribunal — y no imputa la infracción por virtud de la cual se denunció y se condenó al apelante.

Está redactada en los mismos términos qne la del caso de El Pueblo v. Matos, ante, pág. 184, en qne la sentencia condenatoria apelada fné revocada, esto es, no impnta al acnsado qne actnara como porteador público entre los muni-cipios de Río Piedras y San Jnan o dentro de dichos munici-pios y entre partes intermedias, qne son las rntas de la White Star Bns Line. Lo en ella alegado es compatible con que los pasajeros que menciona se tomaran en San Jnan para conducirlos a Carolina, Bayamón n otros pueblos, hecho que no infringe la orden, pues lo que ésta prohibe es que se “opere como porteador en el transporte de pasajeros por asiento, brindando, ofreciendo, prestando o rindiendo su servicio al público en general entre los municipios de San Juan y Río Piedras o dentro de los municipios de San Juan y Río Piedras, o entre puntos intermedios.”

Debe, en tal virtud, revocarse la sentencia apelada y dictarse otra absolviendo al acusado.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Ex parte Juan Oropesa Rolón, peticionario.
    Núm. 117.

    Sometido: Julio 11, 1939.

      Resuelto: Julio 14, 1939.

      Víctor Rivera Colón, abogado del peticionario; R. A. Gómez. Fiscal, y Luis Jancr, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Jnan Oropesa Bolón, por conducto de su abogado, pre-sentó en esta corte una solicitud de habeas corpus. Expedido el auto, compareció el Jefe Interino de la Penitenciaría Insular Félix Bodulfo Bivera con el cuerpo del peticionario y entregó su diligenciado del auto del cual resulta que Juan Oropesa Bolón se encuentra bajo su custodia a virtud de dos sentencias dictadas por la Corte de Distrito de Arecibo, la primera por asesinato imponiéndole once años de presidio y la segunda por atentado a la vida condenándolo a un año y seis meses de presidio, hallándose al presente cumpliendo la primera.

El motivo fundamental de la excarcelación solicitada es el de haberse dictado dichas sentencias por la confesión del acusado sin que tuviera ni la corte le proporcionara en verdad el auxilio de un abogado, hecho que quedó compro-bado por la prueba practicada ante este tribunal. Presente el fiscal, se allanó a la solicitud.

A partir de la decisión de esta corte en Ex parte Hernández Laureano, 54 D.P.R. 416, por la cual dentro de un procedimiento de hábeas corpus se decretó la libertad del peticionario por habérsele condenado sin estar representado por abogado y sin que renunciara inteligentemente a su derecho constitucional a estarlo, han sido muchos los casos iniciados no sólo ante la corte en pleno si que ante los jueces individualmente, habiéndose resuelto casi en su totalidad en favor de los peticionarios.

La situación que se ha puesto de relieve es seria. Parece que las cortes se han olvidado poco a poco del pleno cum-plimiento de sus deberes ante el aparente abandono de los propios acusados que en ellas comparecían y confesábanse autores de los delitos que se les imputaban.

Prueba plena es la confesión y a virtud de ella pueden dictarse en la mayoría de. los casos sentencias en verdad correctas, más para que la confesión se haga a conciencia y para que la ley se aplique en su propio espíritu y en su ex-tensión debida, es necesario que el acusado reciba antes e! auxilio de un abogado, que es el experto capaz de penetrar en la entraña de los hechos y de las circunstancias concu-rrentes a la luz de la ley y la jurisprudencia, a los fines de aconsejarlo de una manera acertada.

No hay duda alguna que el trabajo que pesa sobre las cortes es grande y que las obligaciones de los abogados son muchas, pero ello no puede admitirse como causa justa para desviarse del cumplimiento de la ley en un extremo de tanta trascendencia para la causa del respeto a la personalidad humana que es básica en la práctica de las instituciones de un pueblo libre.

Si las cortes de justicia proceden con la calma, persisten-cia, organización y devoción apropiadas, llevando un registro de abogados y de turnos para la defensa de acusados pobres, aquello que .parece complicado y acaso imposible, se tornaría en simple y relativamente fácil. Y si los abogados en ejer-cicio cooperan noble y decididamente, el problema quedaría resuelto.

Quizá sea conveniente recordar que pocas oportunidades pueden presentarse a los abogados jóvenes competentes y conscientes, trabajadores, tan propias para triunfar dando a conocer sus facultades, la extensión de sus conocimientos, su talento y su lealtad, como la de hacerse cargo de la de-fensa no ya en lo criminal si que también en lo civil de aquellas personas desvalidas, carentes de medios de fortuna, ignorantes de sus derechos, que se ven envueltas en procesos y pleitos en las cortes de justicia a virtud de sus propios actos o de los actos de los demás o de complejas situaciones en que la responsabilidad se encuentra dividida.

No sólo encontrarán en ello el medio de fijar en la prác-tica sus conocimientos teóricos si que el de acercarse al corazón humano en sus momentos de pasión, observando sus acciones y reacciones y adquiriendo aquel conocimiento directo de su naturaleza que tan útil habrá de serles luego para entender y esclarecer los conflictos entre los hombres cuya solución se encomiende a su sabiduría.

Volviendo a los hechos concretos del caso, diremos que estudiados a la luz de la ley y de las repetidas recientes resoluciones de esta corte, se impone el decreto de la libertad del peticionario sin perjuicio de cualquier resolución que dentro de la ley pueda adoptar el fiscal a los fines de que los delitos que se le imputan, si es que realmente fueron cometidos y es de ellos responsable, no queden sin castigo.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resul-tado.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Barceló, Marques & Co., S. en C., demandante y apelada, v. R. Sancho Bonet, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, y Francisco Ramírez Vega, en su carácter de Tesorero Interino de Puerto Rico y Pedro Piquer, Agente de Rentas Internas del Distrito de Arecibo, demandados y apelantes.
    Núm. 7732.

    Sometido: Abril 18, 1939.

      Resuelto: Julio 14, 1939.

      Ron. Procurador General B. Fernández García y P. Defendini, Sub-¡procurador General Auxiliar, abogados de los apelantes; Dubón & Ochoteco, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En nn pleito de injunction Barceló, Marques & Co. obtuvo un auto preliminar ordenando a los querellados — si se pagaba una contribución sobre ciertos espíritus alcohólicos por me-dida antes de su remoción de un almacén de adeudo — que se abstuvieran de intervenir con tal remoción exigiendo el pago sobre cualquier cantidad en exceso de la revelada por dicha medida, a menos que la merma excediera de nueve galones prueba por cada envase de más de cuarenta galones.

Los artículos 9, 10 y 27 de la “Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas” (Tercera Legislatura Extraordinaria de 1936, págs. 45, 61 y 69) leen así:

“Artículo 9. — El impuesto pesará sobre los- espíritus destilados, espíritus y alcoholes tan pronto sean separados, en estado de pureza o impureza, mediante destilación u otro procedimiento de evaporación, de cualquier substancia, ya sea fermentada o no, aunque en cualquier momento subsiguiente fueren transformados en cualquier otra subs-tancia, bien en el proceso original de destilación o evaporación o bien utilizando cualquier otro proceso subsiguiente.
“Artículo 10. — Los impuestos que por esta Ley se establecen y fijan serán pagados por el destilador de los espíritus antes de que los mismos sean retirados de la destilería, excepto en aquellos casos en que el retiro de tales espíritus de la destilería, sin pagar los impues-tos, esté autorizado por esta Ley. En aquellos casos en que. el Te-sorero lo autorizare, podrán ser retirados espíritus de una destilería para ser depositados en un almacén de adeudo o retirados de un almacén de adeudo sin pagar los impuestos, sujeto a las reglas que al efecto dictare el Tesorero. El impuesto sobre espíritus legalmente depositados en cualquier almacén de adeudo privado, o almacén de adeudo público, establecido de acuerdo con esta Ley, se pagará dentro de los cuatro años a contar desde la fecha en que tales espíritus fue-ren originalmente almacenados en los mismos, a menos que fueren retirados antes de vencer diclio período, en cuyo caso el impuesto será pagado antes de su retiro.
“Artículo 27. — Al transcurrir cuatro años contados desde la fecha de haber sido depositados originalmente en un almacén de adeudo espíritus destilados, o en cualquier momento antes de dicha fecha en que dichos espíritus destilados hayan de ser retirados definitivamente del almacén de adeudo, de acuerdo con las disposiciones que al efecto prescribiere el Tesorero, a petición del dueño de dichos espíritus des-tilados, se volverá a aforar los mismos y si resultare haber habido alguna merma en la cual no hubiere intervenido culpa o negligencia del dueño de tales espíritus, se cobrarán impuestos por la cantidad resultante del aforo; Disponiéndose, sin embargo, que en ningún caso se concederá merma que exceda de ‘un galón prueba’ por cada envase que contenga no menos de cuarenta ‘galones medida’, en los primeros sesenta (60) días de haber sido almacenado el producto, ni excederá de nueve (9) ‘galones prueba’ por cada envase teniendo no menos de cuarenta ‘galones medida’ por un período de euatro años.”

El artículo 678 del Código de Enjuiciamiento Civil (edi-ción de 1933) dispone que no podrá otorgarse un injunction “para impedir la imposición o cobro de cualquier contribu-ción establecida por las leyes de los Estados Unidos o de Puerto Rico.”

El Tesorero de Puerto Rico — en ejercicio de lo que él consideraba la discreción conferídale por el artículo 27, supra, y por otros artículos de la ley — incluyó en sus reglamentos una lista en que se especificaban como mermas aceptadas para barriles de una cantidad de cuarenta galones, las siguientes:

Hasta 2 meses- — -1 Gal. Praeba
Más de 2 meses hasta 4 meses-2 Gal. Praeba
Más de 4 meses hasta 6 mes,es___2% Gal. Praeba
.Más de 6 meses hasta 8 meses_._3 Gal. Prueba
Más de 8 meses hasta 10 meses_3% Gal. Praeba
Más de 10 meses hasta 12 meses_4 Gal. Praeba
Más-de 12.meses hasta 15 meses-4% Gal. Praeba
Más de 15 meses hasta 18 meses__5 • Gal. Praeba
Más de 18 -meses hasta 21 meses — --_•__5% Gal. Prueba
Más de 21 meses -hasta 24 -meses.___6 -Gal. Prueba
,Más de, 24 meses-: hasta 27 meses — _^,-6% Gal., Prueba
Más de 27 meses basta Su meses-7 Gal. Prueba
Más de 30 meses hasta 33 meses_:-7y% Gal. Prueba
Más de 33 meses hasta 38 meses_8 Gal. Prueba
Más de 38 meses hasta 43 meses_8% Gal. Prueba
Más de 43 meses hasta 48 meses_9 Gal. Prueba

Por otra parte, el artículo 27, según fné interpretado por la apelada y por la corte de distrito, no concedería al Teso-rero otra discreción ni alternativa qne el aceptar del desti-lador — al tratarse de envases de cuarenta galones removidos de nn almacén de adeudo en cualquier momento después de los sesenta días y dentro del período de cuatro años — el pago de la cantidad que la medida revelara, independiente-mente de la pérdida, ya fuere ésta grande o pequeña, por merma.

En apoyo de la sentencia la apelada insiste en que no se trata de un pleito para impedir el cobro de una contribución y en que, sea ello como fuere, el presente caso no cae dentro de la prohibición estatutaria.

La demandante obtuvo del Tesorero de Puerto Rico un permiso para retirar de su almacén de adeudo cuarenta pipas conteniendo más de cuarenta galones medida cada una de espíritus destilados. El agente de rentas internas a cargo del distrito donde había estado almacenado el alcohol por más de sesenta días y por menos de cuatro años— en respuesta a una comunicación dirigídale por la demandante —contestó que el retiro podía efectuarse tan sólo si se cum-plía eon la ley y los reglamentos que gobiernan la materia. Dijo que autorizaría el despacho si la demandante estaba dispuesta a pagar los impuestos por adelantado sobre las mermas en exceso que pudieran ocurrir, de acuerdó con las instrucciones del Tesorero de Puerto Rico. La demandante había ofrecido pagar los impuestos sobre la base' de la can-tidad de espíritus destilados que resultara del nuevo aforo que-se hiciera al tiempo del retiro. El Tesorero-se ñegó a •aceptar .una merma mayor -que la especificada' en la- tabla ,es-tq.blecida ■ por sus' reglamentos, auncuandola-:;.cantidad exacta que dichos barriles contengan como resultado def nuevo aforo resulte menor que aquélla.

El artículo 4 de la ley dispone que se impondrá, cobrará y pagará un impuesto de rentas internas sobre todo product-. > destilado, rectificado, producido, fabricado, importado o in-troducido en Puerto Rico que se tenga en depósito. De con-formidad con el artículo 9 el impuesto pesará sobre los espíritus destilados y alcoholes tan pronto sean separados de cualquier substancia. Esta contribución deberá ser pa-gada. por el destilador antes de retirar el espíritu de la destilería, a excepción de en ciertos casos especificados en el artículo 10. El artículo 27 meramente fija ciertas rebajas o concesiones por merma, que serán hechas al tiempo de efectuar el pago, luego de volver a aforar los mismos, al retirarse los espíritus destilados de un almacén de adeudo dentro del período de cuatro años.

El objeto del presente litigio es impedir el cobro de parte de la contribución fijada por el artículo 4.

Para los fines de esta opinión podría admitirse, sin resol-verlo, que la interpretación dada por la apelada al artículo 27 es correcta. No podemos concurrir con el criterio de que el lenguaje de ese artículo es demasiado claro para que per-mita una interpretación. Si estamos correctos en nuestra conclusión de que ésta es una cuestión debatible, de ello se desprende, a nuestro juicio, que el proceder del Tesorero no fué arbitrario ni caprichoso ni sin color de autoridad. No importa cuán errónea su interpretación del artículo 27 pueda haber sido, a él no puede impedírsele mediante injunction que cobre la contribución, a menos que el rehusar conceder tal remedio, bajo las circunstancias del presente caso, resulte en una gran injusticia y ocasione ■ daños irreparables a la demandante.

La demandante alegó que si no se expedía un injunction contra los demandados, ella sufriría daños considerables e irreparables, en una cantidad difícil de precisar, mucho más cuando la demandante se proponía continuar retirando de su almacén de adeudo otros espíritus destilados, como única forma en que podría continuar operando y funcio-nando su industria o negocio de rectificación de espíritus destilados; y que su negocio sería destruido.

Los' cuarenta barriles habían estado en el almacén de adeudo durante más de sesenta días. El período de cuatro años no había transcurrido. Fuera de esto nada había que demostrara cuánto tiempo habían permanecido en el almacén. Nada había que demostrara que la merma normal debida a absarción, filtración o evaporación o a otras causas naturales, excedería de las sumas especificadas en la tabla de mermas preparada por el Tesorero. Nada había que demostrara que la depandante hubiera sufrido alguna pérdida al pagar la contribución en la forma indicada por la referida tabla. La pérdida potencial era puramente especulativa e hipotética. Mucho menos había nada que demostrara que la posible pér-dida en exceso de las mermas especificadas en la tabla del Tesbrero sería substancial. No importa cuál hubiera sido, la diferencia, el pago de la misma bajo protesta y la inicia-ción de un recurso para recobrar, la suma así pagada, na habría sido una inmensa carga. Bajo las circunstancias, la. mera aseveración de que si no se expedía un auto de injunction contra los demandados, el negocio de la demandante sería destruido, no es una alegación suficiente de daños, irreparables.

Una alegación algo similar respecto a la inexistencia de un remedio adecuado en derecho resulta igualmente poco satisfactoria.

La resolución apelada debe ser revocada y el caso devuelto para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: JEl Juez Asociado Señoe De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Negrón Colón, acusado y apelante.
    Núm. 7780.

    Sometido: Julio 10, 1939,

      Resuelto: Julio 14, 1939.

      H. Miranda y B. Bafols Estrada, abogados del apelante; R. A. Gó-mez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   JEl Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Negrón Colón fué acusado de asesinato en segundo grado y declarado culpable de homicidio voluntario. Contra la sentencia de tres años y nueve meses que se le impuso, apeló para ante este tribunal. De la prueba del fiscal resulta ■que el acusado era policía insular y prestaba servicios en el barrio Quebrada, de Camuy, donde ocurrió el crimen. La noche del dos de enero del año pasado se celebraba un baile ■en la casa de Juan González, en el indicado barrio. Entre los presentes se hallaba el acusado. El interfecto, Fidel Hernández, era dueño de un cuatro, que prestó a uno .de.los músicos con la condición de que se lo devolvieran a media-noche. El baile se celebró en perfecto orden. El acusado -.se hallaba sentado en el comedor, y el interfecto, que parece llegó alrededor de las once de la noche, se encontraba reeos-tado de la baranda del balcón, hablando con otras personas. Alrededor de las once y media o doce de la noche, el músico qne tocaba el cuatro lo tenía sobre sn falda mientras comía unos dulces que le habían servido y el interfecto tomó el cuatro y se marchó. Poco después de haber salido, varias personas se enteraron que se habían llevado el cuatro y bajaron de la casa en busca de Fidel para quitárselo, pero como ya iba algo lejos, tres de los que participaban del baile y el policía acusado tomaron una guagua que había allí y salieron en su busca. Cuando sólo habían marchado como unos 500 metros le dieron alcance. La guagua con-tinuó su marcha como veinte metros más después de dar alcance al interfecto y entonces se detuvo a esperarlo, pues caminaba a pie y llevaba el cuatro debajo del brazo. Los acompañantes del policía bajaron de la guagua para diri-girse al interfecto pero el policía les dijo que lo dejasen a él con el interfecto y que él le quitaría el cuatro. Al pasar el interfecto, el acusado le pidió el cuatro, pero aquél no hizo caso y siguió su camino. Después de pedirle el instrumento una o dos veces más, el interfecto se detuvo y según uno de los testigos del fiscal hizo un cierto movimiento que el testigo denominó “aguaje”, consistente en mover los brazos. Entonces el acusado le propinó un macanazo que lo derribó. Una vez en el suelo el acusado, le registró los bolsillos y uno de los testigos de cargo declaró que le vió sacarle algo pero que no sabe lo que fué. Después de registrarle los bolsillos, el interfecto se incorporó y levantándose se dirigió al acu-sado pidiéndole que le devolviese lo que le había cogido. Se negaba el acusado, insistía el interfecto, acercándosele, mien-tras el acusado retrocedía para apartarse del interfecto, hasta que finalmente le propinó dos macanazos más. Luego lo obligó a montar en la guagua para llevarlo al hospital de Arecibo. Mientras iba en la guagua volvió a darle otro macanazo. Era tal el estado en que se hallaba el interfecto que tuvieron que llevarlo a la clínica en una camilla, porque ño podía sostenerse sobre sus- pies. ■ En la clínica una nurse lo curó. No obstante presentar el interfecto seis distintas fracturas en el cráneo, como se comprobó luego por la autop-sia, y advertirle la nurse que su estado era de gravedad y que debía dejarlo en la clínica, insistió el acusado en llevarlo a la cárcel, y entre dos y tres de la mañana llegó con el a la Cárcel Municipal de Camuy. El preso que en aquellos momentos se hallaba al cuidado dél depósito municipal, nos describe la llegada del acusado en la siguiente forma:

“P. ¿En la noche del dos al tres de enero de 1938 llegó por allí algún preso, alguna persona arrestada?
“R. El único que llegó allí fue el señor ese que golpeó el guardia. El único.
“P. Cuénteme eso.
“R. Resulta que yo estaba fuera haciéndole servicios a los presos, de agua.
“P. ¿Fuera?
“R. Dentro. Y yo dormía en una hamaca fuera. Como a las dos o tres de la mañana sentí que me tocaron la puerta y dije: ‘Un momento, ’ y me puse la ropa y zapatos y abrí la puerta y como tiene un rastrillo que es donde tienen ruedas aparte, en lo que me dilaté, ya el guardia había metido unos macetazos al restrillo y lo había abierto y vi el señor que se murió.
“P. ¿Dónde estaba?
“R. Abajo, acostado en el suelo.
“P. Siga.
“R. Entonces llegó el guardia y me dijo: ‘Coja ese hombre’, y lo arrastré a un calabozo y lo acosté en un camastro. Estuvo allí como hasta las cinco y media de la mañana en que llegaron sus fami-liares.
“P. ¿Durmió en un camastro?
“R. Sí, señor.” (T. de E., pág. 49.)
# * # * # ■» ' *
“P. ¿A qué hora llegó el policía con él?
“R. De dos y media a tres de la mañana.
“P. ¿En algún momento recobró el sentido?
“R. No, señor.
“P. ¿Hablaba?
“R. No, señor.
“P. ¿Se sentaba, se paraba?
“R. No, señor.
“P. ¿Abría los ojos?
‘‘R. No, señor. .
“A preguntas del abogado Sr. Miranda, declaró:
“P. Dígame, usted recuerda si con el policía fué un tal Rufino Pérez acompañándolo ?
”R. Llegó uno solo con él.
“P. ¿Recuerda si es verdad que el policía le dijo a usted que le briscaran algo, una manta, para que se la pusieran debajo?
“R. Me dijo que lo acostaran. Le recosté la cabeza sobre unos libros.” (T. de E., pág.- 30.)

El acusado trató de probar que al dar muerte al inter-fecto lo hizo en defensa propia. Su prueba consistió en su declaración, la del Jefe de Distrito de la Policía Insular en Camuy, la del Jefe de Distrito de Arecibo, las armas que dijo haber ocupado al interfecto y la declaración del padre de este último, que fué llamado por el Jefe de la Policía de Camuy para investigar sobre la procedencia de las armas presentadas por el acusado. El siguiente pasaje de la decla-ración del acusado nos presenta la descripción que él hace de lo sucedido con el interfecto al producirle los golpes que le causaron la muerte:

“P. ¿Lo había visto realizar algún delito público 'en el baile?
“R. Nunca.
“P. ¿Le vió a él alguna arma visible én su cuerpo?
“R. No, señor.
“P. ¿Iba tranquilamente? : ■ ■
“R. Sí, señor.
“P. ¿Oon qué autoridad le pidió el cuatro?
■ ”R. En investigar el asunto del .cuatro.
“P. ¿Necesitaba que le diera el cuatro?
“R. Yo le pedía el cuatro, ‘Fidel, deme el cuatro, tenga la bondad’, y cuando cambió se me tiró encima y no dió lugar.
‘‘P. ¿Se le tiró para encima, y tenía algo en la mano?'
“R. El cuatro.
“P. ¿Le tiró?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Tenía el cuatro en qué maño?
“R. El llevaba el cuatro aquí y lo cambió aquí-debajo.
“P. ¿No acaba ele decir que le tiró con el cuatro?
“R. Lo metió aquí y cuando hizo el aguaje tiró el cuatro y pasó por encima de mí.
“P. ¿Le tiró?
“R. Hizo el aguaje.
“P. ¿No dice que le pasó?
“R. Después, que me pasó el cuatro.
"P. ¿Cómo podía este señor cambiarse el cuatro, tirárselo y me-terse la mano?
“R. No es así. Trató de sacar un arma del bolsillo.
“P. ¿La vió el arma?
“R. No, señor.
“P. ¿Por qué lo sabe?
“R. Hizo el aguaje.
“P. ¿Con qué mano?
“R. Con la derecha.
“P. ¿Con qué mano le tiró con el cuatro?
“R. Entonces haló el cuatro y tiró.
“P. ¿Entonces le dió el macanazo?
“R. Sí, señor.
“P. ¿ Cuando se tiró de la guagua aquellas personas iban a ata-carlo, les dijo que se estuvieran quietos, entonces uste'd lo llamó, 'Fidel, párate ahí; Fidel, dame el cuatro.’ Entonces el cuatro se lo metió debajo, aquí, y fué a sacar un arma y le tiró con el cuatro. ¿Esa es la verdad?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Al bolsillo de atrás?
“R. Hizo aguaje de sacar un arma.
"P. Cogió el cuatro y tiró?
“R. Yo lo vi de momento, cuando hizo el aguaje así y ahí mismo él me tiró.
“P. ¿Con el cuatro, agarrando el cuatro con la mano derecha? “R. Sí, señor.
“P. ¿ Las armas las tenía encima ?
“R. De momento, la mano fué tan rápida, no sé si las llevaba en la mano.
“P. ¿Le tiró el cuatro con la mano derecha?
"R. Le di entonces el macanazo.
“P. Cuando le dió el macanazo ¿cayó al suelo?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Entonces lo registró?
“R. Sí, señor.
“P. jY le sacó . . .?
“R. Una manopla y una cuchilla.
“P. ¿En el mismo bolsillo de atrás?
“R. Sí, señor, derecho.
“P. ¿Las cogió y se las metió en el bolsillo?
“R. Al poquito rato.
“P. ¿En ese momento se las enseñó?
“R. No, estaba luchando.
“P. Cuando lo registró, ¿estaba en el suelo?
“R. Sí, señor, pero él se levantó en seguida. Le metí la mano y se las saqué.
“P. ¿El cuatro estaba tirado por allí?
“R. Y él voló y se me vino encima tratando de agarrarme.
“P. ¿Con el rotén en la mano?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Ya usted sabía que no tenía armas?
“R. Se las había quitado.
“P. ¿El no tenía el cuatro y entonces usted le dió otro macanazo?
“R. El hombre insistía siempre, no podía competir a la fuerza con él.
“P. Entonces, ¿era más fuerte?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Ese segundo macanazo se lo dió sabiendo que no tenía armas, porque se las había quitado?
“R. No muy fuerte. i
“P. ¿Blandito?
“R. Sí, señor.’’ (T. de E., 61-64.)

Negó el acusado que la nurse le hubiese dicho que el estado del interfecto fuera de gravedad y aceptó que el in-terfecto no estaba ebrio ni olía a licor.

El Jefe de la Policía de Camuy se limitó a declarar que el 3 de enero, fecha en que falleció el interfecto, el acusado le presentó una cuchilla cuya hoja medía cuatro pulgadas y una manopla, informándole que dichas armas habían sido ocupadas por él al acusado. Que el Jefe llamó al padre de este último al cuartel y le mostró las armas, y que dicho señor negó que la manopla fuera de sn hijo, pero aceptó que la cuchilla sí lo era. El Jefe de la Policía de Arecibo declaró sobre la buena conducta que había observado el acusado mientras trabajó a. sus órdenes, y el padre del inter-fecto, que fué llamado por la defensa, negó enfáticamente haber dicho al Jefe de la Policía que aquellas armas fuesen de su hijo y que por el contrario él manifestó que no eran de él, porque su hijo en ningún momento portó armas.

El alegato del acusado es sumamente breve, pues sólo consiste de tres páginas a maquinilla. Imputa a la corte Sentenciadora dos errores al negarse a transmitir dos instruc-ciones especiales propuestas por la defensa, a saber:

“l.,'La -Corte'erró, al negar la siguiente instrucción:
“ ‘Admitiéndo que el policía al hacer el arresto del hoy inter-fecto no tenía orden de ningún magistrado, y que se trataba dé un misdemeanor, en otras palabras,!-que el arresto fuese ilegal, el hoy interfecto no tenía derecho a agredir al.'acusado, "y al‘hacerlo el'po-licía acusado cumplía con su deber al. repeler la agresión por' los medios más efectivos, que -tuviera a su alcance en aquellos momentos, considerando las circunstancias que motivaron que el acusado tuviera que hacer uso de su rotén para defendérsfe- de la agresión .del inter-fecto. Pueblo v. Rodríguez, 48 D.P.R. 395.
■ "í‘2:. También' erró la' Corte ál. denegar la siguiente-instrucción:
‘ ‘ ‘ Comparecen en este caso los abogados que' suscriben y resper tuosamente solicitan de esta Hon. Corte que transmita’ al jurado la siguiente instrucción:
“ ‘Si los señores del jurado tienen duda en cuanto a si-el acusado áctuó o no en'legítima-defensa, deben darle el beneficio de esa duda y .absolverlo-libremente.’ - . - .

Al calce de las instruceionés' denegadas la’ corte expresó que las denegaba por- estar cúbiérta's por las instrucciones generales. La ■ defensa no discute los errores planteados-, limitándose a alegar -que al negarse la corte a transmitirlas, actuó con ■ prejuicio y manifiesto error.

La corte sentenciadora instruyó ampliamente sobre tehdéfensa propia. - La-'instrucción especial.'a .que se refiere el primer señalamiento de error está sustancialmente cubierta por las siguientes, transmitidas por la corte:

‘ ‘ Si ustedes creen que es verdad que ese interfecto prestó ese cua-tro basta las doce de la noche y que a esa hora fué al baile o antes de esa hora fué al baile y cogió el cuatro de su propiedad y se fué con él, ninguna persona, ningún policía, podía requerirlo legalmente para que entregara ese instrumento, y si la persona que llevaba el cuatro de su propiedad se resistiera entregarlo en cualquier forma que no fuera yendo más allá de lo necesario para defender su pro-piedad, estaba justificado, aun cuando un policía debe merecer el mayor respeto, porque los policías son agentes del orden.
“Un policía debe siempre pensar cuando realice un acto, si él está actuando dentro de ley, porque si el policía se sale del margen de la ley e invade el derecho ciudadano, entonces las consecuencias no pueden atribuirse únicamente a la culpa del ciudadano, si se ha ini-ciado por la propia autoridad un acto que está fuera de la ley.
“También debo instruiros que un policía puede estar justificado cuando se ve obligado a matar venciendo resistencia en funciones le-gítimas o cuando procura legalmente mantener el orden; esto se llama homicidio justificado. Puede también usar de su 'macana cuando cualquier ciudadano ejerce alguna violencia contra él, sin motivo legal, pero en el uso de la macana, como de cualquier instrumento que pueda causar daño corporal o la muerte, los funcionarios públicos deben tener sumo cuidado. Deben ejercer aquella violencia que sea necesaria para dominar a la persona rebelde, para obligarla al cum-plimiento de su deber, o para tranquilizarla, pero un policía nunca puede estar justificado en ir más allá de la autoridad que la ley le confiere, porque si bien la policía es una institución hermosa y bri-llante, en un pueblo civilizado, es también o puede ser también, en caso de abuso, una institución que provoque el odio del pueblo, y cuando el pueblo le falta el respeto a la policía o a los tribunales, entonces, señores del jurado, la revolución social está muy cerca.” (T. de E., pág. 80.)
“La Corte da la siguiente instrucción:
“ ‘El derecho de una persona para resistir un arresto ilegal no es ilimitado. Aunque si bien una persona a quien se intenta arrestar puede usar fuerza proporcionada para resistir el arresto, sin embargo, si los medios que usa son desproporcionados, tal resistencia resulta ilegal.’ ” (T. de E., pág. 86.)

También instruyó la corte ampliamente sobre duda razo-nable. Aunque específicamente no instruyó a los señores del jurado que si abrigaban duda de que el acusado al matar al interfecto lo había hecho en defensa propia, debían absol-verlo, sin embargo, del contexto de todas las instrucciones en relación con la duda razonable fácilmente se infiere que si bien hubiera sido mejor transmitir la instrucción especial solicitada, sin embargo, ningún perjuicio pudo causarse al acusado al denegarla.

En el caso de El Pueblo v. Cartagena, 54 D.P.R. 870, dijimos:

. “La corrección o suficiencia de las instrucciones al jurado no se resuelve considerando y analizando determinada instrucción aislada-mente de las demás, sino considerándolas como un todo, pues lo que se dice en una puede explicar, aclarar o rectificar lo que incorrecta-mente se baya dicho u omitido en otra.”

La instrucción denegada, motivo del segundo señalamiento de error, virtualmente se halla comprendida en la siguiente, que fue transmitida por la corte:

“Si los Señores del Jurado entienden, después de apreciar toda la prueba en conjunto, que Pedro Negrón dió muerte justificada; o en legítima defensa propia en la forma como la Corte ha explicado, o si los Señores del Jurado entienden que el fiscal no ha probado su caso, o si los .Señores del Jurado tienen duda razonable de si el acusado es culpable, en cualquiera de esos casos, debéis traer un veredicto de no culpable.” (T. de E., pág. 84.)

A nuestro juicio no se han cometido los errores señalados ni ningún otro que-lesione los derechos sustanciales del acu-sado.

Procede, por consiguiente, desestimar el recurso y con-firmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: ' El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    Evarista Viera, menor representada por su madre con patria potestad Elena Viera, demandante y apelante, v. Sucesión de Pedro Goitía Martínez, representada por su viuda Silveria Serrano Calderón, Cirilo Rodríquez Fragozo y su esposa María Delgado, Herminio Brugueras y su esposa Dolores Colón, demandados y apelados.
    Núm. 7871.

    Sometido: Junio 14, 1939.

      Resuelto: Julio 14, 1939.

      B. A. Arroyo Bíos, abogado de la apelante; Francisco González Fa-gundo, abogado de los apelados.
   ' El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La demanda de este caso expone tres cansas de acción. La primera, qne podríamos llamar la principal, puesto que de su existencia dependen las otras dos, aunque titulada “cobro de dinero” no es otra cosa que una acción en- cobro de pensiones alimenticias. En ella se alega que la menor demandante, en este pleito representada por su madre con patria potestad Elena Viera, nació el 5 de” noviembre de 1921 y que desde dicha. fecha hasta el año 1922 Pedro Groitía Martínez satisfizo todos los gastos de su manutención a razón de $25 mensuales, obligándose con la madre de la demandante a satisfacer igual suma durante todos los meses mientras él viviera o hasta, que la menor alcanzase la mayo-ridad, obligación que cumplió hasta el año 1922. Que desdé' esta última fecha hasta el año 1936, en que., falleció Groitía Martínez, dejó éste de satisfacer las referidas mensualidades, todas las cuales ascienden a la cantidad de $4,200, suma que reconoció. adeudar y ofreció pagar antes de su muerte, - lo que no hizo ni en todo ni en parte.

Se alega además.en esta primera causa de acción que el 4 de agosto de 1933 la demandante estableció en la corte inferior un pleito de filiación contra G-oitía Martínez que ter-minó con sentencia declarando a la demandante hija ilegítima del demandado, con los derechos inherentes a ese estado.'-' 'Sé alega también en esta primera causa de acción .que la suce-sión demandada ■ está compuesta de la viuda de. Groitía Mar-tínez, lá demandada Silveria Serrano Calderón.

En la segunda cansa de acción se alega que Goitía y sn esposa, para evadir la obligación' que aqnél pudiera tener para con la demandante con motivo del pleito de filiación, traspasaron ciertas fincas a los demandados, esposos Cirilo Rodríguez Fragozo y María Delgado, transacción simulada en la que no medió precio o consideración, y que el referido Goitía quedó completamente insolvente con motivo de dicho traspaso. Que la única dueña de dichos bienes es la deman-dada Silveria Serrano Calderón, quien es la única heredera de los bienes de Pedro Goitía Martínez según testamento que otorgó el 18 de diciembre de 1915 ante el Notario Andrés Mena Latorre.

La tercera causa de acción expone un traspaso de otras fincas en idénticas condiciones, verificado el mismo día que el que se menciona en la segunda causa de acción, este último a favor de los esposos demandados, Herminio Brugeras y Dolores Colón.

Resulta de los autos que la demanda original fué excep-cionada por los demandados por indebida acumulación de partes demandadas y por insuficiencia de hechos constitu-tivos de causas de acción. Prosperaron las excepciones y se concedió permiso a la demandante para enmendar su de-manda, quedando esta última redactada en la forma que acabamos de exponer.

Solicitaron entonces los demandados que se dictara sen-tencia porque la demanda enmendada era sustancialmente igual a la original y se hallaba sujeta a las mismas excep-ciones que prosperaron contra aquélla. Se dictó la sentencia solicitada. Contra ella se interpuso el presente recurso.

Cómo único error se señala el de haberse declarado sin lugar la demanda por los méritos de las alegaciones.

Examinaremos en primer término la primera causa de acción. De ella surge claramente que no se trata de una reclamación de alimentos entre parientes y sí de pensiones alimenticias a virtud de un contrato, pues de sus alegaciones se infiere que Goitía Martínez, reconociendo la obligación' moral en qne estaba de mantener a sn bija la demandante, espontáneamente se obligó a pasarle $25 mensuales basta sn mayoridad o basta la muerte de Goitía. También resulta que más tarde la propia corte sentenciadora, bajo la solemnidad de una sentencia, declaró a la demandante bija ilegítima de Goitía Martínez. Se arguye por los demandados que la pri-mera causa de acción es insuficiente porque de acuerdo con el artículo 147 del Código Civil (ed. 1930) los alimentos “no se abonarán sino desde la fecba en que se interponga la demanda”, y como de su faz no resulta que en vida de Goitía se hiciera tal reclamación judicial, carece la demandante de causa de acción para reclamarlos, ya que conforme al artículo 149 del mismo Código “la obligación de suministrar alimentos cesa con la muerte del obligado.”

Tendrían razón los demandados si en la primera causa de acción no apareciese la alegación de que Goitía, antes de su muerte, reconoció adeudar los $4,200 reclamados y que se obligó a pagar dicba cantidad, aunque nunca lo hizo ni en todo ni en parte. Procede entonces aplicar el artículo 151 del citado cuerpo legal, que literalmente dice así:

“Artículo 151. Las disposiciones que preceden son aplicables a los demás casos en que por este código, por testamento o por pacto, se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado, lo ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley para el caso especial de que se trate.”

Ni la ley ni la moral ni el orden público impiden que el alimentante renuncie al derecho de no pagar pensiones ali-menticias hasta que le sean judicialmente reclamadas. No se trata de un pacto esencial como lo sería, por ejemplo, la renuncia a recibir alimentos, pacto que sería ineficaz por ser contrario al orden público.

Comentando Scaevola el artículo 153 del Código Civil •español, igual al 151 del nuestro, dice sobre este particular:

“¿Qué consecuencias se derivan de todo lo dicho? Las que a con-'■"tinuación .se expresan, claras y concluyentes: Ia., que tratándose de irlas .personas que tienen derecho a alimentos, según el artículo 143, podrán establecerse los pactos que se estimen convenientes sobre lo accidental de dicho derecho (modo y lugar del cumplimiento de la prestación y aun la cuantía de ésta); pero no sobre lo esencial del mismo (proporcionalidad entre la pensión y el capital, renuncia y transmisión), puesto que entonces quedaría destruido el objeto de la ley y se infringiría además la doctrina del art. 1,255, que prohibe consignar los pactos contrarios a las leyes que se tendrían como no puestos, a tenor del párrafo primero del art. 4o.; 2a., que respecto de cualquiera otra persona de las no comprendidas en el citado art. 143, pueden convenirse con entera libertad cuantas condiciones deseen los interesados, siempre que no sean contrarias a la moral y buenas costumbres, ya que las prohibiciones del art. 151 atañen única y ex-clusivamente al derecho de alimentos por ministerio de la ley.”

Es verdad que la primera causa de acción va dirigida contra la sucesión de Pedro G-oitía Martínez y que este tribunal reiteradamente ha sostenido que la sucesión no tiene personalidad jurídica en nuestro derecho; pero en el párrafo segundo de dicha causa de acción expresamente se alega que la sucesión está compuesta de Silveria Serrano Calderón, lo que excluye a otras personas, y siendo así, la alegación es suficiente. Arvelo et al. v. Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, 25 D.P.R. 728. Véase Sucesión Rodríguez v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 825, 835. A nuestro juicio la primera causa de acción contiene los elementos esenciales que requiere la ley.

La segunda y tercera causas de acción son también suficientes. En cada una de ellas se alega que la demandante es acreedora de Pedro G-oitía Martínez, que con el fin de evadir el pago de dicho crédito, transmitió éste parte de sus bienes a ciertos demandados y los restantes a los otros; que con motivo de estos traspasos quedó insolvente, y que tales traspasos fueron simulados, es decir, que no medió precio o consideración alguna, agregando que la única heredera de Pedro Goitía Martínez lo es su viuda la demandada Silveria Serrano.

El caso de Roig Commercial Bank v. Portela, 52 D.P.R. 647, citado por los apelados, más bien sostiene la suficiencia de la segunda y tercera causas de acción, pues de la demanda resulta que el crédito de la demandante existió con anterio-ridad y existía al tiempo de los traspasos hechos a los deman-dados, que al G-oitía hacer tales traspasos quedó insolvente 7/ que la demandada Silveria Serrano rehúsa- pagar dicho-crédito, alegando hallarse insolvente.

La demanda adolece de indebida acumulación de acciones, pues de acuerdo con el inciso 9 del artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil, las acciones acumuladas en una demanda deben afectar a todas las partes en el pleito, y en este caso la sentencia que pudiera dictarse anulando los traspasos a favor de Cirilo Rodríguez y su esposa, a que se contrae la segunda causa de acción, no afectaría en manera alguna la que pueda dictarse sobre la tercera causa de acción, que se refiere a los traspasos hechos a favor de Herminio Brugueras y esposa, y viceversa. Pero esta excepción no fué presentada por los demandados, y por consiguiente se entiende renunciada. Maurer v. Sucrs. de Hernáiz et al., 11 D.P.R. 127. Siendo así, no habiendo objetado a la indebida acumulación de acciones, no puede tampoco excepcional' la demanda por indebida acumulación de partes demandadas, pues la acumulación de partes demandadas en este caso es una consecuencia necesaria de la acumulación de acciones.

A nuestro juicio cometió error la corte inferior al deses-timar la demanda, y en su consecuencia procede declarar con lugar el recurso, revocar la sentencia y devolver el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Los Jueces Asociados Sres. Hutchison y Travieso no in-tervinieron.


author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Pou Orozco, acusado y apelante.
    Núm. 7634.

    Sometido: Junio 20, 1939.

      Resuelto: Julio 14, 1939.

      Francisco González Fagnndo, abogado del apelante; B. A. Gómez,. Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné convicto de nn delito de asesinato en segundo grado y sentenciado a doce años de presidio. La prueba del fiscal tiende a demostrar que el 12 de octubre de 1936 el interfecto Domingo Rosa se hallaba frente a una carnicería en Humacao. Pedía al testigo Severo Fonseca, empleado de dicho establecimiento, quien a la sazón hablaba con el testigo Aguedo Romero, que le diera dos centavos para comprar ron. Que en esos momento llegó el acusado y sin que mediaran palabras de clase alguna hirió con un cuchillo por la espalda a Rosa, atravesándole la aurícula y el dia-fragma, a consecuencia de lo cual falleció momentos después en una clínica de aquella ciudad. Que al sentirse herido el interfecto, se volvió hacia el acusado y le dijo: “Paco, me has herido;” a lo que éste contestó: “Para que me pagues la que me hiciste anoche.” Que el interfecto, que en aquellos momentos andaba con una maleta vieja, corrió con ella hacia la carnicería, cayó al suelo y el acusado se dirigió al Cuartel de la Policía. En su camino encontró un carrito de chinas del que cogió una, la mondó con el arma homicida y siguió, comiéndosela, hacia el cuartel. De la prueba del fiscal surge que el interfecto era una persona dedicada a la bebida, pen-denciera, de muy mala reputación, que no trabajaba y se dedicaba a pedir centavos para tomar ron, acostumbrando .a veces agredir al que le negaba dinero.

El acusado trató de probar que mató a Domingo Rosa en defensa propia. Que cinco o seis años antes el interfecto le había inferido ciertas heridas, que la noche antes del crimen trató de matar al acusado, y que aquella mañana lo buscaba .armado de un machete para matarlo, yendo hasta la casa del acusado e invitándole que saliera de la casa, a lo que ■éste se negó, cerrando sus puertas. Que aquel mismo día ■se enteró el acusado que el interfecto había dicho que iba ■a matarlo. Que trató de conseguir al Cabo Soto para infor-marle lo que le pasaba con el interfecto y no lo encontró en ■su casa, dirigiéndose entonces al cuartel en busca de dicho funcionario. En su camino se encontró con un carrito de ■chinas. Compró una y tomó el cuchillo del carrito y siguió ■caminando, mondando la china, cuando como a los diez pasos •súbitamente se encontró con Domingo Rosa. Que éste inme-diatamente le tiró una bofetada y al mismo tiempo trató de ■sacar un arma, sin que pueda precisar el acusado si trataba de sacarla de la maleta o del traje que llevaba. Que en ese momento fué que el acusado, con el cuchillo que había tomado del carrito de chinas, hirió al interfecto.

El jurado no dió crédito a la prueba que para establecer la defensa propia presentó el acusado y una lectura de la transcripción de evidencia demuestra claramente que al así hacerlo el jurado dirimió correctamente el conflicto de la prueba.

En apoyo de este recurso el acusado señala nueve errores que iremos exponiendo al considerarlos.

El primer error dice así:

“Io. La Corte cometió error al no permitir que al testigo Aguedo Romero López se le preguntara, después de decir que era soltero, si no tenía una mujereita, (página 26 de la transcripción de la evi-dencia) porque con esa pregunta se trataba de aquilatar la veracidad del testigo y probar a qué se dedicaba y tratar de investigar si él no tenía relaciones con una mujer de vida airada.”

Este alegado error se refiere a cierto incidente acaecido mientras la defensa examinaba a Aguedo Bomero, primer testigo del fiscal. Le preguntó la defensa si el testigo era soltero o casado. Contestó que era soltero. Inmediatamente después de esta pregunta volvió a interrogarle: “¿No tiene una mujereita?” Antes de que el testigo contestase se opuso el fiscal y el juez lo sostuvo. Tomó entonces la defensa la siguiente excepción:

“Tomamos excepción de la resolución de la Corte, porque estamos tratando de aquilatar la veracidad del testigo y probar a qué se dedica él.”

La pregunta objetada era evidentemente impertinente. El hecho de que el testigo, siendo soltero, viviera con una mujer ilícitamente, en nada podía afectar su veracidad, y asumiendo que él hubiese contestado negativamente, la de-fensa no hubiera podido presentar evidencia para impug-narlo, porque no puede interrogarse a un testigo sobre una cuestión inmaterial o colateral a las cuestiones en contro-versia para luego impugnarlo. Véase Underhill’s Criminal Evidence, 4a. ed., sec. 429, pág. 876; Hardy v. State, 8 A.L.R. 1357, 1359; Johnson v. Palomba Co., 80 A.L.R. 441; Barlow Brothers Co. v. Parsons, 49 A. 205

Además, este tribunal lia resuelto que no es permisible atacar la veracidad de nn testigo con prueba de determi-nados actos más o menos reprochables. Pueblo v. Alméstico, 18 D.P.R. 320. Y en el caso de Camacho v. Balasquide, 19 D.P.R. 590, se dijo que para impugnar la reputación y vera-cidad de un testigo no puede presentarse prueba tendente a demostrar actos específicos de su prostitución o inmora-lidad. Finalmente, en el caso de Pueblo v. Ramírez de Arellano, 25 D.P.R. 263, se resolvió que en el examen de repreguntas un testigo no puede ser examinado, so pretexto de que va a impugnarse su veracidad o a prepararse para ello, sobre cuestiones que no afectan a su crédito y que la parte que repregunta no tiene derecho a ponerlas de mani-fiesto para otros fines. Por lo expuesto tenemos que con-cluir que no existe el primero de los errores señalados.

Los señalamientos de error enumerados 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 se refieren a la conducta del interfecto. Los agru-paremos y discutiremos conjuntamente. Dicen así:

“2. La Corte cometió error en no permitir que al testigo Severo Fonseca se le hiciera por la defensa la siguiente pregunta: ‘¿En al-gunas ocasiones, además de darle una bofetada a la persona que no le complacía dándole dinero, no le daba un puñalada?’
“3. La Corte cometió error al ordenar que se eliminara de los autos la declaración de] acusado diciendo que una cicatriz que tenía en la cara se la había hecho el interfecto Domingo Rosa como cinco o seis años (sic). (Páginas 86 y 87 de la transcripción.)
“4. La Corte cometió error al no permitir al acusado declarar sobre la conducta del interfecto y sobre actos específicos realizados por él en relación con el acusado, y al ordenar la eliminación de todos los detalles declarados por el referido acusado. (Páginas 95 y 96 de la transcripción.)
“6. La Corte cometió error al no permitir que el testigo -Benigno Soto declarara sobre las denuncias que había presentado contra el interfecto Domingo Rosa por delito de acometimiento y agresión graves. (Pág. 115.)
“7. La Corte cometió error al no permitir que el testigo Félix Cal-zada declarara sobre la reputación del interfecto Domingo Rosa, por haberlo tenido veinte y ocho veces en la cárcel.
“8. La Corte cometió error .al no permitir presentar en evidencia la hoja bistórieo-penal de Domingo Eosa por delito de portar armas prohibidas. (Pág. 134.)
"9. La Corte cometió error al no permitir que al testigo Francisco Cruz se le preguntara si tuvo que hacerle algo a Domingo Eosa por-que le quiso quitar un dinero a la brava o a la mala, y si al referido interfecto le faltaba algo en su cuerpo.” (Páginas 145 y 146.)

Tanto la prueba del fiscal como la de la defensa están perfectamente de acuerdo en que el interfecto no era persona de buena reputación. Ya fiemos visto lo que con respecto a su conducta declararon los testigos del fiscal. En iguales o parecidos términos se expresaron los de la defensa. Esta cuestión, pues, estaba fuera de controversia y hubiera sido de vital importancia para el acusado si el jurado, por la prueba que se le presentó, hubiera podido considerar seria-mente la contención del acusado en lo que a defensa propia respecta. Pero la prueba del acusado a ese respecto es tan débil que el jurado no le dió crédito alguno y ni siquiera redujo la calificación del delito a homicidio voluntario, indi-cando con ello que no creyó que en los momentos del crimen hubiese existido alguna agresión por parte del interfecto contra el acusado. Dió crédito a la del fiscal en el sentido de que sin que mediase provocación o palabras algunas e] acusado hirió por la espalda al interfecto. Es de suponer que si el jurado hubiera creído que no siendo un caso de defensa propia el interfecto en alguna forma había atacado al acusado en el momento del crimen, en tal caso su veredicto, de acuerdo con las instrucciones que le transmitió la corte, hubiera sido el de homicidio voluntario y no el de asesinato que trajo. No estimando el jurado que se trataba de un caso de homicidio, estuviese o no justificado, la conclusión inevitable es que no dió crédito alguno a la prueba de la defensa en relación con la bofetada que alega el acusado haber reci-bido del interfecto. Por consiguiente la omisión de cualquier prueba acumulativa de mala conducta por parte del inter-fecto en adición a la que. ya había recibido el jurado tanto por parte del fiscal como de la defensa, en nada podía per-judicar los derechos sustanciales del acusado, pues asumiendo qne el interfecto fuese todo lo malo que pudiera imaginarse, aun así ni el acusado ni ninguna otra persona hubieran estado justificados por esa sola razón para privarle de la vida. El hecho de que el interfecto cinco o seis años antes y aún la noche anterior al día de los sucesos hubiera agre-dido al acusado es prueba muy remota y consecuentemente inadmisible para establecer la defensa propia. A nuestro juicio no se cometieron los errores aquí discutidos y de haberse cometido, tendríamos que concluir que no perjudi-caron los derechos sustanciales del acusado y que por lo tanto no justificarían la revocación de la sentencia. People v. Forte, 119 A.L.R. 1198; Pueblo v. Ibern, 31 D.P.R. 917; Pueblo v. Cruz, 33 D.P.R. 201.

Consideremos ahora el quinto y último de los errores señalados por el apelante. El señalamiento de error dice así:

“5. La Corte cometió error al permitir que el Fiscal hiciera pre-guntas al acusado sobre actos específicos cometidos por él según así aparece en las páginas 107 y 109 de la transcripción.”

En la página 106 de la transcripción de evidencia aparece el siguiente contrainterrogatorio hecho por el fiscal al acu-sado :

“P. La primera pregunta que le hizo su abogado a Ud. fué la siguiente; con esto voy a terminar con Ud. . . . que si Ud. había estado procesado antes de este acto. ¿Se recuerda de esa pregunta? Y Ud. contestó que no.
“R. Sí, señor, yo he estado cosa de diez (10) días . . .
“P. Ahora, yo voy a ayudarle a refrescar su memoria para ver si Ud. recuerda si allá para diciembre 23 de 1930, no cumplió Ud. una sentencia de treinta (30) días en la Cárcel de Distrito por aco-metimiento y agresión grave.
“DefeNSA: Nos oponemos, Sr. Juez.
“Sr. Juez: Fundamento . . .
“Defensa: Por el mismo fundamento de que el Fiscal se ha opuesto a que se traigan actos específicos.
“SR. Juez: Propósito del Fiscal . . .
“Fisgajü: El propósto de la pregunta es impugnar la credibili-dad del testigo.
“.Sr. Juez: Con lugar la pregunta . . .
“DeeeNSA: Tomamos excepción.
“Sr. Juez: Si es con el propósito de impugnar la credibilidad del testigo.
“DEFENSA: Tomamos excepción.
“Fisoal: Y dígame también si en octubre 17 . . .
“Defensa: 'Nos oponemos a la pregunta.
“Sr. Juez: Sin lugar la oposición.
“Defensa: Tomamos excepción de la resolución de la Corte, en primer lugar, porque se trata de una pregunta que tiene la contesta-ción asegurada el Fiscal y él no puede tratar de traer prueba en contra de lo que él mismo le saca a un testigo; y en segundo lugar,, porque se quieren traer actos específicos que el Fiscal no fia per-mitido ni la Corte tampoco en cuanto a la reputación del interfecto,, y solamente en el caso de que se hubiera permitido traer actos especí-ficos del interfecto se podría traer actos específicos del acusado. Y a pesar de que se trata de un misdemeanor, no es motivo para atacar la credibilidad del testigo.
“Fisoal: Me voy a permitir bacer una aclaración, Sr. Juez.
“Sr. Juez: Puede hacerla.
“Fisoal: Y es que, cuando una parte pone en issue la reputación, entonces en el turno de la repregunta de la otra parte se puede destruir esa cuestión mediante prueba de actos específicos.
“Sr. Juez: La Corte quiere que el taquígrafo busque en el inte-rrogatorio directo del testimonio del testigo si él delaró o no declaró que él nunca había estado en la cárcel o había estado preso.
“Defensa: El declaró que no había sido procesado.
“Sr. Juez: Si declaró que no había sido procesado, la Corte ad-mite toda la prueba para impugnar la credibilidad del testigo en cuanto a ese extremo.
“Defensa: Anotamos muy respetuosamente una excepción a la resolución de la Corte.”

La defensa, al preguntar al acusado si había sido proce-sado alguna vez — contestando éste en la negativa — , abrió la puerta al fiscal para en el campo de la repregunta examinarlo en la forma en que lo hizo. No existió error alguno al per-mitirse al fiscal repreguntar al testigo sobre una materia que había sido objeto del examen directo.

No existiendo, a nuestro juicio, ninguno de los nueve errores señalados por el apelante, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.