author: El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carlos Rivera, acusado y apelante.
    No. 3263.

    Visto: Noviembre 15, 1927.

      Resuelto: Abril 28, 1928.

      B. Martínez Nadal y Arcilia Alvarado, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de Fl Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión dél tribunal.

El acusado fué declarado culpable del delito de violación. Como apelante, admite que de acuerdo con la jurispruden-cia de California un hombre que tiene comercio carnal con una mujer que no puede prestar su consentimiento para dicho acto, es culpable de violación. Según la prueba pre-sentada en este caso, no hay duda alguna que el jurado te-nía derecho a creer que la joven en cuestión estaba loca a un extremo tal que no podía consentir al acto carnal. El apelante solicita de esta corte que no siga la jurispruden-cia de California, sino que determine por sí misma la ley. Insiste en que la ley debe ser en el sentido de que un hombre no debe ser declarado' culpable del delito de violación cuando la mujer aparentemente da su consentimiento y el acusado no tiene motivo alguno para creer que ella está loca. El error señalado a este respecto se dirige a las instrucciones de la corte que fueron dadas en sentido contrario.

La idea, según ha sido presentada en el alegato y durante la vista, es que la ciencia moderna ha reconocido varias clases de demencia, y que una mujer puede ser loca y sin embargo parecer lo contrario. En el curso de su alegato el apelante sostiene que en tal caso no puede haber acto criminal alguno, toda vez que no ha mediado la intención criminal. No hallamos motivo alguno para discutir la cuestión de intención criminal, ya que el caso debe ser resuelto por otros fundamentos.

Nuestra decisión se basa en las palabras del estatuto mismo.

"Se comete violación, yaciendo con una mujer que no fuere la propia, en cualquiera de los casos siguientes:
"1. Si la mujer fuere menor de catorce años.
“2. Si por demencia u otro defecto mental, temporal o perma-nente, estuviere incapacitada para consentir legalmente.
"3. Si estuviere impedida de oponer resistencia a causa de amena-zas de grave e inmediato daño corporal, acompañadas de la aparente aptitud para ejecutarlas, o por efecto de cualquier narcótico o anesté-sico, administrado por el reo, o con conocimiento de éste.
“á. Si opusiere resistencia, pero ésta fuere vencida por fuerza o violencia.
“5. Si al tiempo de cometerse el acto, no tuviere ella conciencia de su naturaleza, y esta circunstancia fuere conocida por el acusado.
“6. Si se sometiere en la creencia de que el acusado era su marido, debido a alguna treta, simulación u ocultación puesta en práctica por el acusado para inducirla en tal creencia.” Artículo 255 del Código Penal, página 952 de los Estatutos Revisados.

California tiene un estatuto similar, y en el caso de People v. Griffin, 117 Cal. 583, la corte dijo:

"Cuando la mujer con quien se realizó el acto carnal estaba en realidad mentalmente enferma a un grado tal que no podía dar su consentimiento legal, la persona que comete ese acto lo hace a su propio riesgo, y, estando pr'esente un designio ilegal, ese designio ilegal se convierte en una intención criminal cuando se demuestra que exis-ten los hechos a cuyo riesgo él actúa, y no es excusa alguna del delito que el acusado no supiera o tuviera motivos para creer que la mujer estaba incapacitada para prestar legalmente su consentimiento.”

Sin embargo, la decisión de la corte sigue el estatuto, el cual señala como un delito específico el hecho de que un hombre tenga comercio carnal con una mujer demente. El conocimiento de que la mujer está loca no desempeña papel alguno. La Legislatura, al igual que en otros delitos estatu-torios, como por ejemplo, en los casos de adulteración de leche, ha dejado a un lado la cuestión del conocimiento. El estado de Minnesota tiene un estatuto similar. En el caso de State v. Dombroski, 176 N. W. 985, la corte asume la misma posición que la adoptada por la corte de California. Después de exponer que la Legislatura había omitido inten-cionalmente el elemento-del conocimiento, dijo :

". . . . El resultado expresado parece claro, y concuerda con la regla de-interpretación seguida en cuanto a otros delitos estatutorios. Es consistente y está en armonía con la regla aplicada en los pro-cesos que envuelven la edad de la querellante, siguiendo la cual prácticamente casi todas las cortes han resuelto que la creencia hon-rada del acusado de que la mujer había llegado a la edad en que podía prestar1 consentimiento, cuando en realidad' no había llegado a ella, no constituye defensa alguna. (Citas.) También está en armonía con las autoridades que se ciñen a la regla de que, en au-sencia de un estatuto que disponga lo contrario, la venta de bebidas embriagantes a las personas a quienes está prohibido hacérsela— menores, ébrios habituales y personas intemperantes — constituye una infracción de la ley, independientemente del conocimiento de parte de la persona que vende respecto a la edad y costumbres del que compra. En tales casos el vendedor está obligado a saber, a su pro-pio riesgo, si legalmente puede venderle a determinada persona. (Citas.) No nos detendremos a investigar si la diferencia respecto a los puntos de vista tomados por las cortes debe hallarse en las disposiciones estatutorias o en la aplicación y alcance de las reglas del derecho común. Nuestra decisión se basa en los estatutos de éste estado, los que a nuestr'o juicio claramente eliminan el elemento del conocimiento e intención en cuanto al delito determinado. Sos-tenemos, por tanto, las instrucciones de la corte sentenciadora.”

En el estado de Missouri, donde aparentemente no existe tm estatuto como el nuestro, las cortes están enteramente en armonía con la posición del apelante. State v. Warren, 232 Mo. 185, 134 S. W. 522, Ann. cas. 1912-B 1042; State v. Schlichter, 173 S. W. 1072, 263 Mo. 561.

En una nota que- aparece en Annotated Cases, supra, si-guiendo el caso de State v. Warren, puede verse que bay otras cortes que probablemente decidirían lo mismo que el Estado de Missouri. Esto resuelve el primer señalamiento de error.

El apelante está enteramente en lo cierto al sostener que la locura debe ser de tal naturaleza que impida que una mujer preste legalmente su consentimiento. En este caso, a juzgar por la declaración del Dr. Goenaga y de otras personas, la perjudicada carecía de capacidad para dar su consentimiento en forma legal. El tercer señalamiento de error es que el veredicto es contrario a la prueba, pero bailamos que ésta es suficiente.

El segundo señalamiento de error se refiere a la actitud de la corte al negarse a admitir una carta escrita por la perjudicada. El negarse a admitir la carta se debió a' que la letra de la perjudicada no había sido identificada debidamente. Una testigo, la esposa del acusado, trató de identificar la letra, pero en ningún momento dijo algo que sentara una base adecuada para la admisión del documento. Hubo otro testigo que dijo que conocía la letra de la per-judicada, que la había visto escribir tres o cuatro años antes, cuando ella era su condiscípula. "En otras palabras, admitió que su conocimiento se basaba en la experiencia tenida por él desde hacía muchos años. Sin embargo, el testigo dijo también que Epigménea Pagán (la perjudicada) siempre estaba escribiendo canciones, que la había visto trabajando, y había visto algunos de sus escritos cuando él visitaba la casa del acusado, de quien era amigo. La corte no halló que tal base fuera suficiente para admitir la carta, proba-blemente en parte porque no creyó que el testigo en realidad conociera la letra de la perjudicada.

No trataremos de decidir definitivamente en un caso en que la cuestión ha sido discutida tan someramente, si una corte tiene derecho a negarse a admitir como prueba una carta, por no creer la declaración del testigo que trata de identi-ficar la letra. No haremos esto por varios motivos. En primer lugar, convenimos con el Fiscal en que una carta aislada demostrativa de algunos indicios de inteligencia no hubiera tendido a demostrar que la perjudicada tenía sufi-ciente inteligencia para prestar su consentimiento en este caso. Nos inclinamos a creer que la prueba era impertinente, pero, de todos modos, el negarse a admitir la carta fué un error inofensivo. Además, no hallamos que la caída fuera copiada en los autos, y tampoco se nos muestra en forma alguna su contenido.

Por regla general, cuando una parte desea que este tribunal revise la actuación de la corte inferior al negarse a admitir determinada prueba documental, el conitenido de esa prueba debe ser traído a esta corte en alguna forma, a fin de que podamos resolver acerca, de su importancia o ■pertinencia. Nos inclinamos a creer que no se cometió error alguno, y no Rallamos que Rubiera perjuicio.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor, Wolf,

license: Public Domain

text:
    Juan Martínez Dominguez, demandante y apelante, v. Manuel Sánchez Extremera, demandado y apelado.
    No. 4199.

    Visto: Abril 8, 1927.

      Resuelto: Abril 30, 1928.

      Arjona (& Arjona, abogados del apelante; George O. Butte, Attorney General y Arturo Ortis Toro, Sub-Procurador, abogados de El Pueblo de Ptierto Rico, interventor.
   El Juez Asociado Señor, Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Hace muelios años, o sea, el 39 de junio de 1916, El (Pueblo de Puerto Rico entabló en la Corte de Distrito de 'Ponee una acción para anular el título inscrito a favor de Juan Martínez Domínguez en el Registro de la Propiedad del citado distrito. El demandado contestó y presentó a la vez una contrademanda contra El Pueblo de Puerto Rico. La Corte de Distrito de Ponce, con fecha 30 de diciembre de 1919, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda interpuesta por El Pueblo de Puerto Rico y con lugar la ■contrademanda. La sentencia de la Corte de Distrito de-claró que el título de El Pueblo de Puerto Rico era entera-mente nulo y sin valor legal alguno, y ordenó que El Pueblo de Puerto Ráco entregara la propiedad a Juan Martínez Domínguez.

Be apeló de esta sentencia. En 28 de junio de 1920 este tribunal dictó la siguiente sentencia:

“Celebrada la vista de este caso con la sola asistencia del ape-lante en junio 25, 1920, este Tribunal ha considerado la transcrip-ción y el alegato del Fiscal, único que ha comparecido; y, por las razones consignadas en la anterior opinión, resuelve revocar, como revoca, la sentencia apelada que dictó la corte de distrito de Ponce en diciembre 30 de 1919 solamente en cuanto al particular que declara con lugar la contrademanda y nulo el título del Pueblo de Puerto Rico ordenando la entrega/ de la finca a Juan Martínez Do-mínguez; y confirmarla, como la confirma, en cuanto a los demás particulares. ’ ’

La opinión (El Pueblo v. Martínez, 28 D.P.R. 680) de-muestra que el fínico fundamento por el cual fué revocada la sentencia de la Corte de Distrito de Ponce era que El Pueblo de Puerto Rico no podía ser demandado sin su propio consentimiento, ni en virtud de una demanda directa ni mediante una contrademanda.

Tal vez en aquellos casos en que El Pueblo de Puerto Rico entabla el pleito y se radica una contrademanda, la doctrina de ese caso ha sido modificada por nuestra decisión en el de El Pueblo de Puerto Rico v. Rabell, 36 D.P.R. 130. No obstante, el caso anterior es la ley para todas aquellas partes^ que intervinieron, en. el mismo. En el presente caso es necesario determinar cuál fué el efecto de nuestra revó-cación y en qué estado quedó el pleito ante la Corte de Dis-trito de Ponce.

El presente caso es una acción de desahucio contra Manuel Sánchez Extremera, quien como arrendatario de El Pueblo de Puerto Pico se admite que está en posesión de la finca que Juan Martínez Domínguez trata de reivindicar. La Corte de Distrito de Ponce, con fecha 20 de febrero de 1924, después de anotarse la rebeldía, dictó sentencia contra el demandado- y ordenó que fuese desahuciado de la finca. No se copia esa sentencia en los autos, pero por las numerosas referencias que se hacen no hay duda alguna de que tal sen-tencia fue dictada. El Pueblo de Puerto Pico pidió que se lé permitiera intervenir y solicitó que se dejara sin efecto la sentencia. La Corte de Distrito de Ponce, el día 8 de marzo de 1924, fundándose en que la petición se había hecho demasiado tarde, se negó a permitir que El Pueblo de Puerto Pico interviniera. Posteriormente, el demandado Manuel Sánchez Extremera solicitó que se dejara sin efecto la sen-tencia, evidentemente para permitir que El Pueblo de Puerto Pico interviniera. Esta moción fue declarada con lugar y se dejó sin efecto la sentencia, de 20 de febrero de 1924. Como veremos, también se apeló de esta resolución. Poste-riormente, la corte, habiendo el demandante opuesto objeción y tomado la correspondiente excepción, no permitió que El Pueblo de Puerto Pico interviniera sino hasta el momento en que el caso estaba siendo juzgado sobre sus méritos.

Tanto el demandado como el interventor contestaron ale-gando varias cuestiones. El demandante alegó, en efecto, que la sentencia anterior de la Corte de Distrito de Ponce, o sea, la fechada 30 de diciembre de 1919, era res adjudicata para las partes en este caso. Llegamos a los méritos del caso.

El demandado Manuel Sánchez Extremera no es otra cosa que un arrendatario de El Pueblo de Puerto Pico y es enteramente claro que él no puede alegar ningún derecho que El Pueblo de Puerto Rico no podía alegar. En tanto en cuanto El Pueblo de Puerto Rico esté impedido- por el pleito anterior, así lo está Manuel Sánchez Extremera. La Corte de Distrito de Ponce al dictar sentencia a favor del deman-dado en el presente caso, dijo que las partes eran distintas. En tanto respecta a que la presencia de Manuel Sánchez Extremera hacía que hubiese diferencia, dicha corte estaba equivocada. Artículo 1219 del Código Civil.

La Corte de Distrito de Ponce también resolvió que había un conflicto de títulos y que tal cuestión no podía propiamente ser resuelta en un procedimiento de desahucio. Sin embargo, si un conflicto de título ha sido resuelto previamente entre las mismas partes, la parte vencida en juicio no puede, alegando su titulo nuevamente, poner fin a un pleito de desahucio. Nuestra jurisprudencia anterior, amén de cualquier otra cosa que pueda indicar, se funda toda sobre la base de que el título en cuestión nunca había sido adjudicado entre las partes.

La Corte, sin embargo, también resolvió que por nuestra sentencia, la declaración hecha anteriormente por la Corte de Distrito de Ponce de que el título de El Pueblo de Puerto Rico era nulo y sin valor legal alguno, había sido revocada. El Attorney General de Puerto Rico sostiene que la sentencia de la Corte de Distrito de Ponce de diciembre 30, 1919, simplemente declaró sin lugar la demanda de El Pueblo de Puerto Rico; que al declararse sin lugar la contrademanda por la sentencia anterior de esta corte, las p-artes quedaron en statu quo; que toda la cuestión permanece tal como si nunca se hubiese entablado el pleito, y que el litigio anterior dejó el supuesto título de cada parte en la misma condición como si' nunca se hubiese comenzado el pleito en cuestión. No estamos de acuerdo, pero examinaremos los hechos del litigio anterior un poco más íntimamente.

La opinión de este tribunal en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Martínez, supra, fué admitida como prueba y de ella reproducimos la relación de hechos siguientes:

“El Pueblo de Puerto Rico adquirió en subasta pública en el año 1906 la propiedad de cierta finca por adjudicación que se le hizo en un procedimiento que siguió contra Juan Giráldez para el cobro de una fianza que había prestado a favor de Francisco Girál-dez, finca radicada en el barrio de- Pellejas y Vegas Abajo del tér-mino municipal de Adjuntas y desde entonces está en posesión de ella. Esa misma finca fué adjudicada posteriormente en1 el año 1908 a Juan Martínez Domínguez en la subasta celebrada en el pleito que siguió en cobro de pesos contra la Sucesión de Francisco Giráldez Gividanes. Desde 1882 se hallaba la finca inscrita en el registro de la propiedad a nombre de Francisco Giráldez Gividanes por1 compra que había hecho en el .año 1879 e inscrita luego a favor de su sucesión y posteriormente a nombre de Juan Martínez Do-mínguez. El Pueblo de Puerto Rico no ha inscrito su título.
"En 19 de junio de 1916 El Pueblo de Puerto Rico presentó demanda en la Corte de Distrito de Ponce contra Juan Martínez Domínguez por la que solicitaba que se ordenase la cancelación en el registro de la propiedad de la inscripción de esa finca a favor del demandado y que se anulase el título de éste. El demandado contestó esa demanda en seis de enero de 1917 alegándose que Juan Girández, de quien adquirió El Pueblo de Puerto Rico, no fué dueño de la finca la que pertenecía a Francisco Giráldez Gividanes y la tenía inscrita a su nombre en el registro de la propiedad, después a su sucesión y últimamente al demandado quien también la tiene inscrita y que aunque no tiene la posesión material d'e ella ha pa-gado sus contribuciones a El Pueblo de Puerto Rico. Más tarde, en 25 de noviembre de 1919 el demandado presentó en el mismo pleito contrademanda contra El Pueblo de Puerto Rico para que se declarase la nulidad del título que éste tiene, que la finca es de la propiedad exclusiva del contrademandante y que por la corte se or-dene que se la entregue. El Pueblo de Puerto Rico por su fiscal en Ponce contestó esa contrademanda haciendo una negación general de ella y pidiendo que fuera declarada sin lugar. La sentencia dic-tada en el pleito declaró sin lugar en todas sus partes la demanda y con lugar la contrademanda y declaró nulo el título de El Pueblo de Puerto Rico a esa finca, que era de la exclusiva propiedad de Martínez y ordenó además que le fuera entregada por El Pueblo de-Puerto Rico.”

Es evidente de esta relación de hechos que Juan Martínez Domínguez tenía un buen título inscrito en el registro de la propiedad. El Pueblo de Puerto Rico trató de anular este título inscrito y fracasó. En el mismo procedimiento el de-mandado obtuvo la declaración de que el título de El Pueblo de Puerto Rico era nulo y sin valor legal alguno. Esta declaración como tal fue dejada sin efecto por el mero tecni-cismo de que El Pueblo de Puerto Rico no podía ser deman-dado sin su propio consentimiento. No obstante, hubo un juicio ordinario en el caso anterior y se rehusó anular el título de Juan Martínez Domínguez. No sólo es esto cierto, si que también se demostró que El Pueblo de Puerto Rico trató de inscribir su título y no tuvo éxito. Ora tratara de inscribir tal título o no, el hecho sobresaliente era que el apelante tenía un título de la propiedad inscrito, que El Pueblo de Puerto Rico trató infructuosamente de destruir en un juicio ordinario. En lo que al apelante se refiere, es de presumirse que él era un tercero. Nada hay en los autos que destruya esta presunción y permanece como un hecho. El np quedaba obligado por ningún procedimiento instado por El Pueblo de Puerto Rico contra Juan Giráldez. Hubo su título directamente de la sucesión de Francisco Giráldez y trae causa indirectamente del mismo Francisco Giráldez. Ya fuere un tercero o no, él tenía un buen título inscrito y El Pueblo de Puerto Rico fue derrotado al tratar de destruirlo. Fué un hecho que estuvo envuelto enteramente en el litigio. La disposición que rige este caso puede verse en el artículo 1219 del Código Civil. En este caso hubo la más absoluta identidad de personas porque el demandado' originalmente es un causahabiente de El Pueblo de Puerto Rico, siendo el primero el arrendatario del último.

En este caso se dictó sentencia a favor del demandante en 20 de febrero de 1924. Se dejó sin efecto esa sentencia. Puede decirse que en apelación confirmamos la orden que dejaba sin efecto tal sentencia en virtud de la oferta o pro-mesa do El Pueblo do Puerto Tiico de que presentaría una buena causa. Martínez v. Sánchez, 33 D.P.R. 840. La moción para que se dejara sin efecto la sentencia no contenía hechos suficientes, y se basaba, puede decirse, en la oferta de que El Pueblo de Puerto Rico presentaría una buena defensa. Además, en el presente caso hubo una vista completa durante la cual las partes presentaron toda su prueba. Es innece-sario considerar los otros errores levantados. Bebe déjarse sin efecto la sentencia y dictarse otra a favor del demandante, sin especial condena de costas.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Pedro Casasnovas Arbona, como padre con patria potestad sobre su menor hijo legítimo Pedro J. Casasnovas Diaz, demandante y apelado, v. The Ponce Electric Company, demandada y apelante.
    No. 4181.

    Visto: Junio 15, 1927.

      Resuelto: Abril 30, 1928.

      Harisell, Kelly & Hart sell y B. F. Fernandes, abogados de la ape-lante; Arjona & Arjona, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Casasnovas, como padre con patria potestad sobre su hijo Pedro Antonio Casasnovas Díaz, entabló demanda contra The Ponce Electric Co., una corporación organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, que se dedica al negocio de transporte de pasajeros por vehículos de motor, en reclamación de treinta mil dólares por daños y perjuicios.

Después de resolverse algunas cuestiones previas, fue el pleito a juicio. La corte dictó sentencia favorable al deman-dante condenando a la demandada a pagarle dos mil dólares, con máís las costas y honorarios de abogado. No conforme la demandada, apeló, señalando en su alegato la comisión de seis errores.

El primer señalamiento se formula así: “La corte de distrito cometió error al declarar sin lugar, en algunos extremos, la moción eliminatoria interpuesta contra la demanda original.”

En efecto, se presentó una moción eliminatoria por virtud de la cual se pidió a la corte que excluyera de la demanda las siguientes alegaciones: “teniendo ambas partes la nece-saria capacidad legal para demandar y ser demandadas” y “por ser menor de edad,” por tratarse de conclusiones lega-les, y, además, la llamada segunda causa de acción, por ser contraria a la regla que dice que todos los daños que pueda sufrir una persona a consecuencia de un solo acto culpable, darán lugar a una sola causa, de acción. La corte negó la petición.

En su alegato la parte apelada se limita a contestar que, como aparece del mifemo señalamiento de error, la moción eliminatoria de qne se trata se presentó en relación con la demanda original y que habiéndose presentado una demanda enmendada y no habiéndose renovado la petición, no hay de-recho para disentir la cuestión en este tribunal.

Es bien sabido que una demanda enmendada toma el lugar de la original, y una vez que es archivada, la original cesa de cumplir ulterior función alguna como tal alegación. Existen excepciones a la regla, que no comprenden el caso de la apelante. Véase Vellón v. Central Pasto Viejo, 37 D.P.R. 569, 572.

De todos modos, aún reconociendo que la parte deman-dada tuviera razón y que debieron haberse decretado las eliminaciones por ella pedidas, el error cometido por la corte al negarlas no se ha demostrado que fuera perjudicial y por tanto que pudiera servir de base a la revocación de la sen-tencia. Lo que a continuación diremos, hará aún más clara esta conclusión.

Sostiene la parte apelante que la corte sentenciadora erró-ai declarar que la demandada no probó negligencia por parte de Pedro A. Casasnovas Díaz.

Cita el siguiente párrafo de la opinión que sirvió de base a la sentencia recurrida:

“Se ha insistido, por la demandada en qne el hijo del demandante fue culpable de negligencia y que a ésta se 'debió el accidente por haber tratado de montar en la guagua mientras estaba en movimiento. La obligación de probar la negligencia eontributoria del demandante incumbía a la demandada (Maldonado vs. Hamilton, 32 D.P.R. 232; González vs. Malgor, Luiña & Cía., 29 D.P.R. 106) y la corte consi-dera que la demandada no ha probado tal negligencia por parte del demandante.”

Y argumenta que no acierta a comprender cómo pudo la corte llegar a esa conclusión cuando presentó cinco testigos presenciales cuyas declaraciones demuestran que la negli-gencia por parte de Casasnovas existió.

La corte no dice que no se presentara prueba sobre la negligencia de Casasnovas sino que “la demandada no ha probado tal negligencia.” El error no existe.

En el tercer señalamiento se sostiene que la corte resolvió erróneamente el conflicto de la prueba.

En su opinión la corte sentenciadora considera probados los siguientes hechos:

“Que el 31 de octubre de 1925 el hijo del demandante, Pedro Antonio Casasnovas Díaz, de veinte años de edad, como a las 9 de la noche, se encontraba en la calle de la Villa, cerca de la esquina de la calle del Progreso, de esta ciudad, en compañía de Pastor Medina, con quien había salido del cine poco antes; que estaban para-dos con otras personas mirando un baile que se celebraba en la casa de la familia Salinas; que en esos momentos venía por dicha calle de la Villa y en dirección hacia el Hipódromo de Ponce, una guagua de la compañía demandada, guiada por el chofer Pedro Sierra, y en la cual viajaban muchos pasajeros, y entre ellos, el po-licía insular Segundo Pacheco, que estaba parado al lado del chofer;, que el hijo del demandante, saliendo del grupo en que se encontraba, hizo señal con la mano al chofer de la guagua para que parara y éste, obedeciendo dicha señal, redujo la velocidad y parló: el vehículo, y entonces el hijo del demandante trató de montar en la guagua, po-niendo un pie en el estribo de la única puerta que tiene dicho ve-hículo y que está situada en la parte delantera derecha; pero que en ese mismo momento la guagua arrancó súbitamente, lo que ocasionó que el mencionado Pedro A. Casasnovas Díaz perdiera el equilibrio y cayera al suelo, siendo cogida o atrapada su pierna derecha por la rueda trasera derecha de la guagua; que la rueda del mencionado, vehículo no le pasó por encima al hijo del demandante, sino que. únicamente lo arrastró; que el hijo del demandante se levantó del suelo subiendo, con ayuda de otras personas, a la misma guagua, la cual continuó su viaje hasta el hipódromo, y a su regreso al pueblo, fué llevado el hijo del demandante al hospital San Lucas, donde fué asistido por el doctor Costas, quien encontró que el mencionado jo-ven no había sufrido fractura alguna en la pierna, pero sí había recibido un golpe o magullamiento, o, según declaró el doctor Costas, una contusión severa, la cual produjo una hinchazón en la pierna, con derrame interno de sangre y paralización de la circulación, lo' cual ocasionó una falta de nutrición en dicho sitio, el cual se ence-; falo; que después de las primeras curaciones el hijo del deman-dante continuó en dicho hospital cinco días, cuando fue trasladado a su casa, donde siguió asistiéndolo el doctor Costas en unión del doctor Osvaldo Goyco; que hubo necesidad de cortar los tejidos muerto^ en el sitio donde recibió la contusión en la pierna (cuya con-tusión puede verse gráficamente en las fotografías presentadas y admitidas en evidencia por la corte); que dichos tejidos fueron sus-tituidos por tejido cicatricial, pues según la declaración de los médi-cos mencionados, hubo el peligro para el hijo del demandante de una emboglia y de que sobreviniera la gangrena; que aún cuando la contusión recibida por el hijo del demandante no le fracturó la pierna, es un hecho que la corte considera probado, que ha sufrido intensos dolores físicos y se ha tenido que someter a extensos trata-mientos médicos, teniendo en la fecha del juicio, y según declararon todos los peritos médicos, tanto del demandante como de la deman-dada, disminuida su capacidad de flexión y extensión en la pierna lesionada en un veinte o veinticinco por ciento.”

Se refiere luego la corte a una nueva prueba pericial prac-ticada y dice:

'“Toda esta nueva prueba pericial reafirma y ratifica la conclu-sión a que ha llegado la corte, de que aún cuando Pedro A. Casas-novas Díaz no sufriera fractura alguna en su pierna, no hay duda alguna de que recibió una contusión de carácter grave que aún al año de ocurrir el accidente le obliga a guardar cama, sufriendo agu-dos dolores y teniendo que someterse .a tratamiento médico, y que cuando puede levantarse y salir, se ve obligado a usar muletas, te-niendo sus facultades de extensión y flexión de la pierna lesionada disminuidas en un veinte por ciento, si no de una manera permanente, sí por tiempo que según los peritos, se considera indefinido.”

Viene entonces el párrafo que se copió al disentir el segundo señalamiento de error y continúa la corte diciendo:

“La corte ha resuelto el conflicto de la evidencia que existe en este caso a favor de lo que han declarado los testigos del deman-dante, por considerar que éstos estaban en mejores condiciones de apreciar la forma en que ocurrieron los hechos por haber' estado situados en la calle y frente al sitio del accidente, mientras que to-dos los testigos de .la demandada, con excepción de uno, eran pasa-jeros que viajaban dentro de la guagua y no podían estar en iguales condiciones para ver los detalles del caso. Es más, la declaración de los testigos de la propia demandada, Pedro Sierra, el chofer, y el policía insular Pacheco, que viajaba en la guagua, parado al lado del chofer, ratifican la prueba del demandante y la corroboran en parte. Declaró el chofer Sierra que al acercarse al sitio del acci-dente ‘salió un joven a coger la guagua pero que no le vió hacer señal alguna.’ ¿Si no le vió hacer señal alguna, por qué dice que salió a coger' la guagua, y que fué el policía quien le llamó la aten-ción del accidente, como declaró poco después? Y declaró el policía Pacheco: ‘que él observó que Casasnovas Díaz le hizo señal de pa-rada al chofer y que éste entonces redujo la velocidad;’ y que fué entonces que el hijo del demandante trató de coger la guagua y se cayó. Si el policía, que iba precisamente al lado del chofer, vió cuando el hijo del demandante hizo la señal de parada al chofer, ¿es de'aceptarse como cierto que dicho chofer no lo viera cuando el policía dice que el chofer redujo la velocidad de la guagua? Esti-mamos que no. Tampoco ha merecido crédito a la corte la asevera-ción del chofer y del policía de que la única puerta de la guagua estaba cerrada, pues es increíble que ninguna persona tírate de subir a un vehículo, bien esté parado, y menos si está en movimiento, si la única puerta por1 donde ha de subir está cerrada.”

El abogado de la parte apelante en su alegato analiza la prueba practicada en relación con la declaración de hechos probados y las razones expuestas en su opinión por el juez sentenciador, de modo realmente admirable. Sin embargo, después de un cuidadoso estudio de los autos y de una amplia discusión en el seno del tribunal, no nos sentimos autorizados para decidir que la corte sentenciadora abusara de su dis-creción al resolver el conflicto de la prueba a favor del de-mandante. La dicha corte expresó en su opinión con claridad el proceso mental que siguiera, y puede que esté equivocada en alguna de sus consideraciones, pero en el fondo lo1 que existe es una cuestión de credibilidad de los testigos, de convicción por parte del juzgador, y repetidamente hemos dicho que el tribunal que juzga directamente el caso está en mejores condiciones que nosotros para formar esa convic-ción.

Por el cuarto error se levanta una interesante cues-tión de evidencia. Sostiene la apelante que la. corte erró al no admitir la declaración del testigo Julio Arce presentado por la demandada para probar la costumbre del demandante de abordar las guaguas de la demandada mientras iban en movimiento.

Toda la fuerza del argumento de la apelante descansa en el razonamiento de la Corte Suprema de California en el caso de Craven v. Central Pacific R. R. Co., 72 Cal. 345.

La parte esencial de dicho razonamiento es así:

“No existe duda alguna respecto a la regla general aplicable a casos criminales de que al juzgarse a un acusado por determinado delito no puede presentarse prueba de la comisión por parte de él de otros delitos. La misma regla parece ser aplicable a casos civiles cuando se trata de demostrar que algún acto específico fué cometido maliciosamente o que se realizó intencionalmente con algún fin defi-nido, y no negligentemente y siguiendo una costumbre. Pero en au-sencia de cualquier cuestión de intención criminal, o de intención al-guna, el hecho a determinar es si una persona realizó o no cierto acto, o lo hizo en determinada forma; y si la prueba directa respecto a tal hecho es contradictoria, entonces puede admitirse prueba para demostrar que esa persona acostumbraba realizar el acto en cuestión, o que estaba acostumbrada a hacerlo en determinada forma. Si fuera de la corte se llamara a un hombre sensible para que determine si cierta persona en cierta ocasión había saltado negligente-mente de un tren en movimiento, y si se encontrara que la prueba directa sobre ese punto es contradictoria, su declaración daría, na-turalmente, algún peso al hecho de que la persona tenía la costum-bre de descender de los carros en esa forma. Y la consideración de tal hecho en casos semejantes al presente frecuentemente ha sido san-cionada por los tribunales. La prueba, por lo menos tendía en algo a demostrar que la conducta de la demandante al tiempo de recibir el daño fué la que le imputó la demandada.”

Parece conveniente referirnos a como ocurrió el incidente en este caso. Segrín consta del record la parte demandada presentó al testigo Arce y después de algunas preguntas pre-liminares continuó el interrogatorio así:

“P. — ¿Usted conoce a este joven, testigo? — R.—Sí, señor. — P.— ¿ Cómo se llama él ? — R.—De apellido Casasnovas, ,de nombre no sé.— P. — ¿Usted lo ba visto antes? — R.—Sí, señor, — P.—¿Usted conocía a este joven antes de octubre de 1925? — R.'—Cómo no, bace tiempo que lo conozco. — P.—¿El acostumbraba correr en las guaguas de la compañía, usar1 esas guaguas? — R.—Bastante, con frecuencia. — P.— ¿Estando usted de servicio en esas guaguas ba montado él? — Bastan-tes veces montó conmigo? — P.—Dígale a la corte en qué forma acos-tumbraba este joven coger esas guaguas. — R.—Pues en las veces que yo estaba de servicio, babía veces que se paraba y mandaba parar la guagua.”

So opuso el, demandante a que el interrogatorio siguiera. Se suscitó una discusión entre los abogados sobre la cuestión legal envuelta y la corte decidió a favor del demandante. Se retiró el testigo y la parte demandada anotó su excepción.

La jurisprudencia sobre la materia es abundantísima. La cuestión se lia suscitado bajo circunstancias varias y ba ocu-pado la atención de los tribunales muchas veces. Como todas aquellas que están en la línea divisoria, su decisión ba sido motivo de dudas, influyendo siempre en cada caso las circunstancias concurrentes. No puede negarse que lo hecho en ocasiones anteriores, puede arrojar mucha luz sobre lo ocurrido en el caso actual que se investigue, pero la expe-riencia demuestra que es muy arriesgado medir por el patrón del pasado1 la ocurrencia del presente. No puede aceptarse la regla como infalible, y darle entrada en la práctica de las pruebas como una cuestión de derecho, quizá produciría más mal que bien. A lo sumo la admisión o no admisión debe dejarse a la discreción de la corte ejercitada de acuerdo con las circunstancias peculiares de cada caso.

Analizadas las que en éste concurren a la luz de ese cri-terio y de la jurisprudencia sobre la materia cuyo resumen tomamos de Corpus Juris no puede concluirse que la corte de distrito errara al actuar en la forma en que lo hizo.

Dice la jurisprudencia así:

“Aunque está complicada por el ejercicio de la voluntad, es aún una cuestión de experiencia, demostrada por la creación de una eos-tumbre, y, en su consecuencia, del carácter, que una persona es me-nos propensa a bacer1 que a no bacer bajo- circunstancias similares, To que ha hecho antes. Puede igualmente deducirse de la experien-cia que a medida que se elimina la. voluntad, idéntica conducta re-sulta de estímulos similares, pues al igual que en otras partes del mundo natural, causas similares producen efectos similares, la comi-sión de actos parecidos o la ocurrencia de acontecimientos similares son hasta ese punto probatorios en una controversia sobre si deter-minado acto fue realizado por la misma persona o si ocurrió algo en cualquier otro tiempo. Pero la experiencia también demuestra que la inferencia carece de fuerza de por sí; que los hombres inva-riablemente o aún en la gran mayoría de los casos no hacen lo mismo que han hecho antes, cuando las circunstancias son aparente-mente similares; y que aún con más frecuencia la ausencia de un elemento anterior o la presencia de un nuevo factor en una combi-nación de causas psicológicas o físicas son suficientes para producir un resultado muy distinto. Las cortes han creído que en tales casos no podría permitirse que el jurado tome en consideración para nada esa inferencia sin darle importancia indebida; que mientr'as tuviera algún peso la consideración de actos u ocurrencias similares, el mismo sería apreciado excesivamente. También se han dado cuenta del in-conveniente práctico de juzgar un número de cuestiones colaterales a la vez y del daño de dilatar los juicios, sorprendiendo, y tal vez perjudicando, a los litigantes, permitiendo que se presente prueba con la intención de aturdir al jurado y de inducirlo a error. De ahí que exista la regla de que cae dentro de la discreción de la corte, excepto bajo circunstancias especiales, rechazar prueba de actos u ocurrencias anteriores para demostrar que se realizó determinado acto o que ocurrió cierto acontecimiento. Sin embargo, las razones que existen paña esta regla administrativa limitan el alcance de la regla misma. Cuando la prueba es pertinente, no existe una pro-hibición tan absoluta contra su admisión, como la que existe cuando se ofrece una declaración no jurada como prueba de los hechos ale-gados. La admisibilidad de la prueba en lo que a su pertinencia se refiere, varía según su grado de peligro o de utilidad, aumentando de conformidad con su pertinencia y con la probabilidad! de que pueda obtenerse otra prueba mejor o de que se induzca a error al jurado, a medida que la prueba ofrecida sea más floja, y disminuyendo en ¿cambio según disminuya su pertinencia o aumente la probabilidad de obtener mejor prueba o la posibilidad de que el jurado sea in-ducido a error. Por ejemplo,' la dificultad relativa a levantarle cuestiones colaterales es una puramente de práctica. No hay regla alguna de derecho que prohíba juzgar tales cuestiones, y cae dentro de la discreción de la corte permitir que se haga en determinado caso, estando tal discreción sujeta a revisión si se abusare de ella.
“La regla general es que la ley no tomará en consideración prueba de que una persona ha realizado determinado acto en un mo-mento dado para probar la contención de que ella ha cometido un acto similar en otro momento. Por consiguiente, no puede probarse, para demostrar que ha habido negligencia en determinada ocasión, que la persona cuya conducta está envuelta ha tenido un número de accidentes similares o que ha sido culpable de negligencia en otras ocasiones, especialmente cuando esos acontecimientos han sido muy remotos; y, a la inversa, uno no puede demostrar que fue cuidadoso fen determinada ocasión mediante prueba de haber sido cuidadoso y prudente en otras ocasiones.” 22 Corpus Juris 743.

Por el quinto error se sostiene que la corte al fijar la indemnización tuvo en cuenta gastos que no fueron alegados ni probados por el demandante, lo que es contrario a la juris-prudencia que establece que

“Como regla general, gastos pagados o incurridos por razón del acto negligente se consideran como daños especiales que deben ale-garse para que puedan ser probados.” 17 C. J. 1017.

Después de analizar cuidadosamente el caso y de estudiar varias de las decisiones sobre la materia, la corte sentencia-dora dijo en su opinión:

“. ... los daños sufridos por el hijo del demandante en su pierna en la forma que se ha descrito anteriormente en esta opinión, unido a lo que ha dejado de ganarse y gastos que ha tenido, tiene derecho a una compensación de $1,000, y asimismo que por los dolo-res físicos sufridos en su larga curación y su angustia mental, así como por el estado en que aún se encuentra el lesionado, que tam-bién son elementos que deben ser considerados por la corte (Carrero vs. Morales, 34 D.P.R. 336), tiene derecho a una compensación adicional de $1,000.00.”

Las palabras que dejamos subrayadas son las que dan origen al señalamiento de error.

Aparte de que aún prescindiendo del elemento “gastos,” sería siempre razonable la indemnización concedida, es lo cierto que en la demanda se alega que el demandante tuvo que asilarse en el Hospital de San Lucas y someterse a inter-venciones médico-quirúrgicas para las cuales bubo necesidad de obtener radiografías, que usa muletas y tuvo que comprar drogas para su curación, y ello es bastante.

En cuanto a la prueba, aunque pudo en verdad ser más específica, demuestra la existencia de los becbos alegados y aporta por lo menos la base necesaria para apreciar que bubo gastos.

El caso de Carrero v. Morales, 34 D.P.R. 336, citado por la corte sentenciadora como autoridad para la segunda parte de la indemnización, puede también invocarse para sostener la primera. Pero repetimos que la cuestión carece de impor-tancia porque la sentencia se sostiene aunque se eliminara el elemento “gastos” por no baber sido debidamente alegado y probado.

Por último, en el sexto error se impugna la concesión de costas. Toda la cuidadosa consideración del caso que fiemos becbo nos lleva a concluir que tampoco estamos en condiciones de decidir que la corte sentenciadora abusara de su poder discrecional al imponer a la demandada el pago de las costas del litigio.

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Texidoe,

text:
    Fidel Benero Rivera, demandante y apelado, v. Enrique Alvarado, Alejandro Laborde y M. Benítez Rexach, demandados y apelantes.
    No. 4548.

    Visto: Abril 23, 1928.

      Resuelto: Mayo 1, 1928.

      'Tons Soto & Quiñones, abogados de los apelantes; José E. Días, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Texidoe,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandados en este caso Enrique Alvarado, Alejandro Laborde y Manuel Benitez Rexach, contra los qne se •dictó por la Corte de Distrito de San Jnan nna sentencia en 24 de enero último, apelaron de dicha sentencia en 27 de febrero según aparece de certificación librada por el Secre-tario de la Corte de Distrito de San Juan de la qne resulta .asimismo qne no consta que los demandados hayan presen-tado moción alguna interesando prórroga para presentar la transcripción- o exposición del caso. Dichos demandados han presentado ante este tribunal en 18 de marzo del corriente año moción interesando prórroga para presentar y 'radicar el récord de la apelación, siéndoles concedida tal prórroga hasta el 6 de abril de 1928. Y luego otra moción de pró-rroga presentada en 7 de abril y concedida la prórroga hasta •el 6 de mayo.

Ahora la paite demandante nos pide que desestimemos •el recurso por haber sido presentada la apelación fuera del término concedido por la ley. 1

La parte demandada y apelante admite que su apelación fue presentada el 27 de febrero de 1928, pero alega •que ni los demandados ni sus abogados que firman el escrito, 'Tous Soto So Quiñones, han sido notificados de la sentencia, ni en la fecha, en que se dictó, ni en ninguna otra posterior, y que la única notificación que se hizo fué al Ledo. Antonio J. Amadeo, quien en la fecha de la. notificación no era ya abogado de los demandados por haber presentado moción en 10 de noviembre manifestando que se había encargado de la representación de los 'demandados el Ledo, Manuel Tous Soto' y que dicha moción fué presentada coxi anterioridad a la sentencia en el caso; que el Secretario no cumplió con la ley al notificar al abogado Antonio Amadeo; y que los ahora abogados de los apelantes comparecieron ante la corte de distrito dándose por notificados de la sentencia, con fecha 27 de febrero de 1928. A esta oposición se acompaña una copia de la moción renunciando a su representación, el abo-gado A. J. Amadeo; aunque no1 aparece tal moción notificada por el abogado de la parte demandada ni! al abogado del demandante. Se acompaña asimismo una copia certificada de la notificación hecha por el secretario de la corte de-distrito al Ledo. José E. Díaz y Antonio J. Amadeo de-haberse dictado sentencia en este caso en 24 de enero dé-1928.

La parte apelada presentó asimismo copia certificada de-una moción presentada por los demandados en este caso ante-la Corte de Distrito de San Juan en 7 de febrero de 1928-firmada por los abogados Tous Soto & Quiñones, suplicándo-se dicte orden dejando sin efecto la sentencia registrada en este caso.

La apelación se ha presentado fuera del término marcadoen la ley.

De las constancias presentadas en este caso no aparece-que el abogado Sr. Tous Soto, u otro- cualquiera, haya com-parecido en el pleito antes del 7 de febrero dé 1928, a nombre de los demandados. No resulta tampoco probado que la renuncia del abogado Sr. Amadeo fuera notificada a ninguna de las partes en el caso. Una sustitución de abogado en un-pleito no está completa y perfecta sin la notificación a la parte contraria, y la orden del Juez. Véase Corpus Juris, vol. 6, pág. 678, párrafo 195; Reglas 25 y 26 de las Cortes de Distrito; Sucesión Lluveras v. Sepúlveda, Juez, 20 D.P.R. 293, y Olivar v. Andino, 21 D.P.R. 530.

En esas condiciones el secretario hace la notificación al abogado que parece de récord; y no ba procedido fuera de su deber.

La moción de desestimación se declara con lugar, y se desestima la apelación.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Saturnina Quevedo y Estrada, demandante y apelada, v. Rafael Segarra y Ramírez, demandado y apelante.
    No. 4561.

    Visto: Abril 23, 1928.

      Resuelto: Mayo 1, 1928.

      R. Ramírez Pabón y José E. Segarra, abogados del apelante; García Méndez é García Méndez, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso, la Corte de Distrito de Aguadilla dictó en 15 de noviembre de 1927, sentencia declarando con lugar la demanda de divorcio de Saturnina Quevedo Estrada contra Bafael Segarra y Eamírez, por causa de abandono. En 22 de diciembre de 1927 el demandado presentó su apelación para ante este Tribunal Supremo; en 23 de enero de 1928, según aparece de certificación del Secretario de la Corte de Distrito de Aguadilla, venció el término para presentar la transcripción de la evidencia, y el taquígrafo de la corte pidió una prórroga de diez días para presentarla. El 3 de febrero de 1928 presentó el taquígrafo la transcripción. Con res-pecto a la aprobación de la misma, aparece del record que el apelante presentó moción, en 14 de febrero de este año, mani-festando que su abogado Sr. Rodolfo Ramírez Pabón estaría de regreso en esta isla el 29 de febrero de 1928 y que se pedía que no se señalara la aprobación de la transcripción de la evidencia basta después de dicba fecha; y la corte accedió señalando el día 16 de marzo del mismo año. Con-viene hacer constar aquí que como abogados del record por parte del demandado aparecen don Rodolfo Ramírez Pabón y don José E. Segarra.

Asimismo conviene hacer constar que el demandado, aunque presentó primero una moción de traslado, alegando su residencia en Fajardo, después, en 3 de mayo de 1927 desistió de tal solicitud de traslado, y contestó la demanda contra-demandando al mismo tiempo y alegando el abandono por parte de la demandante. Señalado el día para la vista del caso compareció ante la corte la demandante, pero no el demandado y contra-demandante; y en estas condiciones se vió el juicio y se dictó la sentencia.

Ahora, la demandante solicita de nosotros desestimemos la apelación, por haber sido presentada la transcripción de la evidencia cuando: ya estaba vencida la prórroga concedida por la corte, y porque además la apelación es frívola porque no se ha suscitado ninguna cuestión de derecho que pueda ser objeto de ella y porque el apelante no compareció al juicio.

El demandado presentó impugnación acompañando dos certificaciones, una del secretario de la corte con relación a la moción pidiendo que se hiciera el señalamiento para apro-bar la transcripción con fecha posterior al 29 de febrero, y la resolución de la corte señalando el 16 de marzo; y otra del taquígrafo de la Corte de Distrito de Aguadilla haciendo constar que al computar la prórroga de los diez días sufrió un error en no haber tomado en cuenta que el mes de enero tenía 31 días.

Evidentemente la transcripción ha sido presentada fuera de término. No nos convence la alegación de un error como el que dice sufrió el taquígrafo porque el olvidar el número de días que tiene un mes no tiene excusa posible.

No creemos que en un caso como el presente en el que el demandado desistió de su moción de traslado sometiéndose a la Corte de Distrito de Aguadilla, y en el que los hechos simplemente se refieren al abandono por parte de uno de los cónyuges, quepa levantar en apelación cuestiones de derecho que han podido y debido ser levantadas ante la Corte de Distrito de Aguaclilla.

De acuerdo con la ley, con el reglamento de este tribunal y la jurisprudencia del mismo procede desestimar este re-curso de apelación.

Se desestima el recurso en el presente caso:


text:
    Hilario Ayende y Bartola Santos, demandantes y apelantes, v. Francisco Crespo, demandado y apelado.
    No. 4284.

    Visto: Marzo 29, 1928.

      Resuelto: Mayo 3, 1928.

      L. H. Tirado, abogado de los apelantes; V. Polanco, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Areeibo se presentó por Hilario Ayende y Bartola Santos una demaínda contra Francisco Crespo, reclamando dos mil doscientos dólares como indem-nización de daños y perjuicios por incumplimiento- de con-trato.

La parte demandante alegó que en 26 de septiembre de 1917, los demandantes y el demandado habían celebrado un contrato de sociedad para la explotación del negocio de crea-ción y sostenimiento de un apiario, y venta de miel y cera, aportando los demandantes veinticinco colmenas, y el deman-dado veinticinco dólares, obligándose este último a comprar cuando fuere necesario, y facilitar a la sociedad, los enseres y útiles que fueren precisos para la buena marcha de los negocios de la misma: que en el primer año se aumentó el número de colmenas, y en el segundo también, llegando á tener 99 de las mismas, y que en esos dos años el producto del apiario en miel fué de diez y siete barriles, que fueron ■entregados al demandado, y dos barriles más que fueron vendidos por Ayende, uno de los demandantes: que en 1920 ■el demandado Crespo, comenzó a dejar de cumplir la obli-gación del contrato, especialmente lo de facilitar los enseres .y útiles, y desde entonces se lia negado a seguir cumpliendo, a pesar de los requerimientos que se le ban becbo, y tal negativa y negligencia ban ocasionado el decaimiento y para-lización de la empresa, y lesionado los intereses de los de-mandantes en cantidad de $2,200; y que los demandantes no desean continuar la sociedad; y pidieron a la corte conde-nara al demandado a pagar a los demandantes los $2,200,'y ordenara la disolución de la sociedad, con costas al deman-dado. Este contestó la demanda, después de baber solici-tado eliminación y presentado excepciones previas, que fueron declaradas sin lugar. En la contestación el demandado alegó la cosa juzgada, basándose en que los mismos demandantes habían seguido ante la Corte Municipal de Ciales un pleito contra el mismo demandado Crespo, sobre daños y perjuicios por los mismos becbos en que se funda la demanda en este oaso, y siendo la causa de acción la misma, y los mismos remedios, y en ese pleito la referida corte municipal en 24 de noviembre de 1922 dictó sentencia, sin que los deman-dantes apelaran de ella, archivándose el caso; que siempre el demandado suministró a los demandantes los útiles y enseres necesarios, pero el demandante Ayende no atendía el apiario, y dejaba echar a perder los útiles; que los deman-dantes entregaron miel al demandado, la que, liquidada, pro-dujo $334.78, que se abonaron a la cuenta de gastos, sin que sobrara nada; que Ayende, faltando al contrato, y sin cono-cimiento del demandado, vendía miel de las colmenas de la sociedad, sin rendir cuenta de la venta, y dedicaba su tiempo y su trabajo a otros apiarios, y prestaba a terceros los útiles y enseres de la sociedad.

Se celebró el juicio, y se trajo ante la corte la prueba y la corte, en 30 de diciembre de 1926, dictó sentencia contra los demandantes. A la sentencia se nne nna relación del casoy opinión en la que la corte presenta sn apreciación de los hechos y la ley en cuanto a este caso. Es de conveniencia copiarla aquí:

“El 26 de septiembre de 1927 Hilario Ayende y Bartola Santos,, de nna parte, y Francisco Crespo, de otra, convinieron y estipula-ron, en Ciales, lo siguiente:
“Que doña Bartola y el Sr. Ayende son dueños de veinticinco col-menas que han sido tasadas en cincuenta dollars por los contratan-tes el Sr. Crespo entrega en este acto a la Sra. Bartola y su hijo veinticinco dollars mitad del valor de dichas colmenas para que que-den en sociedad bajo la dirección del señor Ayende y la inspección del Sr. Crespo en una fíncai de este último Sr'. quienes se encargarán de mejorar y atender debidamente a este negocio.
. “ ‘El Sr. Crespo se obliga a comprar cada vez que sea necesario y facilitar a la sociedad todos los enseres que se necesiten para la buena marcha del negocio.
“ ‘La sociedad pagará al Sr. Crespo este dinero con sus intere-ses cuando este negocio empiece a producir.
“ ‘Los contratantes se comprometen no vender su participación en este negocio a ninguna persona particular a menos que sea de acuerdo entre ambas partes y mancomunadamente. ’
“En el año 1918 el apiario contó con cincuenta y ocho colmenas. Ese año, se obtuvieron siete barriles y medio de miel, de cincuenta galones cada uno. En 1919 el apiario contó con noventa y nueve colmenas. Ese año, se obtuvieron nueve barriles y medio de miel, de cincuenta galones cada uno. Los barriles de miel obtenidos en am-bos años, o sean diez y siete en total, fueron entregados al soeid Crespo, aquí demandado, quien los vendió por conducto de un em-pleado suyo.
“Después de la segunda extracción de miel, o sea en 1920, Crespo dejó de facilitar a la sociedad los enseres que se necesitaban para la buena marcha de los negocios.
“En estas circunstancias, surgió este pleito. Los demandantes alegan que han sufrido lesión' en sus intereses dentro de la sociedad y "daños y perjuicios en concepto de ganancias dejadas de derivar por consecuencia del incumplimiento del contrato por parte del de-mandado, daños que estiman en la suma de dos mil dólares. Basan su acción en el artículo 1588 del Código Civil. El demandado, al contestar, negó los hechos y estableció varias defensas especiales.
“La vista de este caso tuvo lugar el día 17 de noviembre de 1926, con asistencia de las partes y sus abogados, presentándose prueba documental y testifical.
“¿Por qué dejó Crespo de facilitar a la sociedad los enseres que ésta necesitaba para la buena mai*cha de los negocios, obligación por él contraída en el contrato?
“Crespo mismo va a decírnoslo. En su declaración manifestó que el negocio no existe boy porque al hacerse la segunda extracción de miel notó que Ayende mandaba a vender miel en cuadros al pueblo con un niño, y porque se dedicó a prestar los enseres del apiario, y que en vista de estas ventas y préstamos dió por terminado el contrato.
“Estas manifestaciones de Crespo sobre venta de mieles y uso de los enseres del apiario por Ayende, no están corroboradas. No se trajeron a declarar las persones que se dice habían comprado miel a Ayende; tampoco se trajo al niño que se dice vendía la miel por orden de Ayende; ni se trajeron las personas a quienes se dice que Ayende prestó los enseres de la sociedad. Estos hechos fueron ne-gados por los demandantes en sus declaraciones. Existe una prepon-derancia de prueba en contra de la certeza de esos actos imputados o uno de los demandantes.
“Pero es que aun admitiendo que esos fueran los hechos, nadá hay en el contrato que impidiera o prohibiera a Ayende ni a la otra demandante vender miel ni prestar los enseres de la sociedad. Ese contrato rige entre las partes, y nada que no esté en el mismo con-tenido puede ser incluido e interpretado, a falta de una modificación de las cláusulas del contrato. Es precepto de ley que cuando no se haya estipulado el modo^ de administrar, todos los socios se consi-derarán apoderados, y lo que cualquiera de ellos hiciere por sí solo obligará a la sociedad, y que cada socio puede servirse de las cosas que componen el fondo social con tal de que no lo haga en contra del interés de la sociedad o de tal modo que impida el uso a que tienen derecho sus compañeros. Art. 1598, Código Civil; 11 Man-resa 371.
“Las razones expuestas por Crespo no son suficientes para con-vencer' a¡ esta Corte de que dicho demandado estuvo justificado al res-cindir el contrato, en la forma en que lo hizo. Para todo daño, la ley tiene un remedio; y la ley no puede ser menospreciada.
“Es a todas luces manifiesto que fué el demandado el que dió per terminado el contrato, dejando de cumplir aquello a que se obligó. La falta de cumplimiento del contrato por su parte trajo como con-secuencia la paralización total de la empresa de producción y nego-cio de Arenta de miel de la sociedad constituida por las partes.
“El demandado alega que la- demanda no aduce hechos suficien-tes para determinar una causa de acción. Entendemos que sí. En la demanda claramente se alega la existencia de un contrato y el incumplimiento del mismo por parte del demandado. Pescay vs. Fernández, 27 D.P.R. 509.
“Alega en su contestación el demandado que en la Corte Municipal de Cíales se radicó y resolvió un pleito civil entre las mismas partes y por la misma causa, por lo que se trata de cosa, juzgada. Pero esta alegación no fué probada por el demandado.
“Alega asimismo Crespo que Ayende no atendía debidamente el apiario, llegando a tal grado su negligencia que dejaba perder y da-ñar los útiles por no guardarlos debidamente. Tampoco este ex-tremo de la contestación fué probado.
“Alega el demandado que liquidada y apreciada en $334.78 la miel entregada por los demandantes, se utilizói la misma para abonar a la cuenta de gastos de montura, extensión y conservación del apia-rio. Esta alegación no fné probada por el demandado.
“Y alega, por último, el demandado, que el demandante Ayende, faltando al contrato de sociedad y al acuerdo habido entre ambas partes de que no podría disponer de ninguna de la miel que produ-jera el apiario, vendió miel sin rendir cuenta de ella al demandado. Ya hemos dicho que el contrato nada dice sobre este extremo; y en cuanto al acuerdo que se alega, no se ha establecido su existencia.
“Los demandantes han demostrado que en el año 1918 se obtu-vieron 375 galones de miel que a esa fecha tenía un precio de $2 por galón, lo que hace un valor de $750; que en el año 1919 se obtuvieron 475 galones de miel que a esa fecha tenían un precio de $1.50 galón, lo que hace un4 valor de $712.50. El valor de las mieles, en total, ob-tenidas, monta, por tauto, a la suma de $1,562.50.
“Pero es que los demandantes no han probado los gastos que oca-sionan la extensión, conservación y desarrollo del apiario, con sus indispensables equipos de manipulación, ni los gastos de producción, etc. La prueba solamente de lo obtenido en la producción, no es bastante. Ni aun de lo obtenido en la venta de las mieles.
“ ‘La prueba solamente de lo obtenido en la venta de los frutos no es el valor de éstos porque hay gastos necesarios para obtenerlos, y esos gastos deben ser deducidos del precio obtenido en la venta; incumbiendo la prueba de ambas partidas a] que demanda su pago porque es quien tiene que justificar que la finca (o negocio) ha dado beneficios.’ Arvelo vs. Banco Territorial, 29 D.P.R. 1075; Roig vs. Pérez, 27 D.P.R. 302; Sánchez vs. Hartzell, 26 D.P.R. 688; Morales vs. Landrau, 15 D.P.R. 797.
“Para que una persona pueda ser condenada a pagar determi-nada cantidad por daños y perjuicios por incumplimiento de un con-trato es necesario que la parte que los reclama ponga al tribunal sentenciador en condiciones de poder determinar cuál es la cantidad que realmente deba ser pagada. Roig vs. Pérez, supra.
“Por las razones expuestas, la Corte es de opinión que debe de-clarar como declara, sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas. El Secretario registrará sentencia de conformidad.”

Dos errores señala la parte apelante. El primero de errónea apreciación de la naturaleza de la acción ejercitada] y en cuanto a él 1a. apelante mantiene que viene ejercitando una acción de daños y perjuicios, en la que cabe determinar con respecto a otros diversos elementos, y que la corte, sin duda, no lia considerado otro aspecto que el de la cuantía que los apelantes dejaron de percibir en el producto de las mieles vendidas, y no los demás extremos como el incumplimiento de contrato por parte del demandado, y los daños y perjuicios que de tal incumplimiento surgieron.

No puede decididamente imputarse a la corte por com-pleto tal error. La acción en este caso, tal como' debió ejer-citarse, sería la que nace del artículo 1091 del Códig’o Civil,-como precepto general, y del artículo 1583 del mismo código, como especial del contrato de sociedad. Estos artículos dicen así:

“Artículo 1091. La facultad de resolver las obligaciones se en-tiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
“El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiénto o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultar'e imposible.
“El tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.
“Esto se entiende sin per juicio de los der'echos de terceros ad-quirentes, con arreglo a los artículos 1262 y 1265 y las disposiciones de la Ley Hipotecaria.”
“Artículo 1583. Cada uno es deudor a la sociedad de lo que ha prometido aportar a ella.
“Queda también sujeto a la evieeión en cuanto a lasi cosas ciertas y determinadas que haya aportado a la sociedad, en los mismos casos y de igual modo que lo está el vendedor respecto del compra-dor.”

Es indudable que el contrato celebrado entre los demandantes y el demandado es uno de sociedad civil, de carácter bilateral o plurilateral, y en el que obligaciones y derechos de las partes tienen la nota de mutualidad y reciprocidad, que pone a las primeras .bajo el régimen del artículo 1091 del Código Civil de Puerto Rico. De ese precepto legal se deriva una facultad, la de resolución de obligaciones, y dos remedios procesales: la misma resolución, y la exigencia del cumpli-miento de la obligación; y en los dos casos, el remedio accesorio de indemnización de perjuicios, y pago de daños.

La acción en estos casos no es solamente la de indemniza-ción, que es aquí accesoria, sino la de resolución o la de cumplimiento de contrato. Lo que es evidente es que una de las partes no puede, por su propia autoridad, resolver o rescindir el contrato, ya que eso equivaldría, en la práctica, a dejar la subsistencia y validez del mismo a la voluntad de uno de los contratantes, violando así la prohibición que esta-blece el artículo 1223 de] Código Civil ya citado.

En el artículo 1583 'del mismo código, se establece la obligación de un socio y el derecho correlativo de la sociedad, en lo que se refiere a lo que se prometió aportar, y no se aportó; y con ello queda, establecida la base de una acción que ha de ejercitarse en nombre de la sociedad misma, y node uno o varios de los socios.

Hilario- Ayende y Bartola Santos, tenían su acción con arreglo al artículo 1091 del código; y quizá debieron ejerci-tarla con más precisión y de una forma más concreta. Ellos han tendido principalmente a la indemnización, y luego (véase la súplica de la demanda) a la disolución de la socie-dad, que no es otra cosa que la misma resolución de obliga-ciones de que habla el artículo 1091 del código. Es decir, que en la súplica de la demanda se han invertido los términos. Pero ello no es de un defecto fatal, máxime cuando la corte, en su discreción, puede no tomar en cuenta ese error.

Es indudable que en el caso presente hay causa suficiente para la disolución de la sociedad. Crespo, sin que justifiqúe motivo alguno razonable para tal actitud, deja de facilitar a la sociedad los enseres y útiles que viene obligado a suministrar; y actuando así, deja incumplidas las obligaciones que por el contrato tenía que cumplir. Si los otros socios lo piden, el contrato de sociedad se resuelve y rompe, o rescinde. Y, lógicamente, sobreviene la liquidación de tal sociedad, y con ella la fijación de haberes y responsabilidades.

En la sentencia apelada, no se hace un claro y concreto pronunciamiento en cuanto se refiere a la disolución de la sociedad; y en la opinión, que se hace parte de aquélla, no se trata de la disolución, sino de los daños y perjuicios. Pero, como la sentencia declara sin lugar la demanda, queda declarada sin lugar la petición de disolución de la sociedad.

Es error en la sentencia apelada la declaración de sin lugar en cuanto a la petición de disolución afecta. La diso-lución de la sociedad, y su liquidación como lógica secuela, han debido ser declaradas en dicha sentencia.

Es verdad que en el alegato de apelación no se asigna este error, cuando menos de una manera directa y clara. Parece que la parte apelante ve solamente la acción de daños y perjuicios, que estima como principal, y no le da su verda-dero carácter. Ello no obstante, el error en la sentencia es de importancia que podríamos llamar fundamental; y por eso se trata en esta opinión.

En cuanto al segundo error señalado quizá podríamos dejar de estudiarlo, dado que se ha resuelto la existencia del primero. Pero conviene decir algo acerca de este punto. La corte sentenciadora lia creído que se. probó por la parte demandante que ‘ se había obtenido, por valor de la miel, una suma de $1,562.50. Es verdad que no se han probado los gastos; y la corte sentenciadora sostiene qne de acuerdo con las decisiones en los casos Arvelo v. Banco Territorial, 29 D.P.R. 1075; Roig v. Pérez, 27 D.P.R. 302; Sánchez v. Hartzell, 26 D.P.R. 688; y Morales v. Landrau, 15 D.P.R. 797, la prueba de las gastos corresponde al que demanda. No estamos del todo conformes con la cita. En el caso Sánchez v. Hartzell, se dijo por este tribunal:

“. . . . por virtud de los actos de los demandados el demandante ha sido privado por años de la posesión de una finca que legítima-mente le pertenece. En esa finca tenía cultivos al tiempo del des-pojo, cultivos que no pudo recoger. Sin hacer cálculos sobr’e lo que la finca pudo producir, limitándonos a lo perdido en las siembras, y de esto tomando una cantidad que esté necesariamente compren-dida dentro de la prueba, creemos que lo menos que la justicia re-quiere que se ordene reintegrar por los demandados al demandante es la suma de quinientos pesos.”

En el cuso Roig v. Pérez hubo una grave indeterminación de los daños, y la prueba fué vaga, y este tribunal entendió que el reclamante debe poner a la corte en condiciones de poder determinar cuál es la cantidad a pagar.

Parece sostener mejor la teoría de la corte a quo la decisión en el caso Arvelo v. Banco Territorial. Pero no es absoluta la regia, ni puede como tal invocarse, ya que hay que tener en cuenta las condiciones especiales de cada caso. Y cuando la prueba de los gastos se halla en poder del de-mandado, y no puede la demandante producirla por sí, entendemos que no se le impone esa carga, para no anular su derecho, por razón de circunstancias que él no puede cambiar.

Aparte do que la corte entendió probada la cantidad importe de la miel, hay otros hechos que también fueron satisfactoriamente probados, y que son base de una prudente liquidación. La corte declaró que en 1918 el apiario tenía cincuenta y oclio colmenas, y que el número de éstas ascendió en 1919 a noventa y ocho. Se probó que después que Crespo dejó de facilitar los enseres necesarios para la producción, el número de colmenas descendió, y que la falta de cumplimiento de las obligaciones del demandado ocasionó la paralización total del negocio. Y se probó el valor de cada, colmena. Como elementos suficientes para determinar los daños y per-juicios en este caso, encontramos en la opinión que se une a la sentencia la declaración de que el valor de las mieles obte-nidas es de $1,462.50 (dice $1,562.50, por error de suma); y del récord aparece que cada colmena valía $20; que el número de colmenas en el año en que el demandado dejó de cumplir con, el contrato era de noventa y nueve; y después de tal incumplimiento se redujo a cincuenta y nueve, esta-bleciéndose así una pérdida de cuarenta colmenas, que im-portan $800. De una simple operación aritmética resultaría el producto de $1,462.50 a cuya suma habría que añadir el valor de las colmenas que se perdieron, o sean $800. Ten-dríamos un total de $2,262.50, en el que corresponde a cada parte en la sociedad una mitad, o $1,131.25, y ésa es la suma en que deben ser indemnizados los demandantes.

La evidente temeridad con que ha procedido el demandado, reclama la imposición de las costas del litigio.

La sentencia apeada debe revocarse, dictando en su lugar otra ordenando la disolución de la sociedad y condenando al demandado Francisco Crespo a pagar a los demandantes, como suma total para los dos, y como daños y perjuicios, $1,131.25, con imposición, a dicho demandado de las costas, pastos y honorarios de abogado de los demandantes.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó “conforme con la revo-cación pero no con la indemnización concedida, creyendo además que hubiera sido mejor devolver el caso para deter-minar la cuantía.”


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    American Cigar Co., demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado; Porto Rican Leaf Tobacco Co., demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado; Central Eureka, Incorporada, demandante y apelante v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Nos. 4296, 4297 y 4347.

    Vistos: Marzo 16, 1928 y Marzo 28, 1928.

      Resueltos: Mayo 4, 1928.

      J. H. Brown, C. Ruiz Nazario y G. E. González, abogados de las apelantes; J. A. López Acosta, Procurador General Interino, Arturo Ortiz Toro, F. Janer y R. A. Gómez, Bub-Pro curadores, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En estos tres pleitos fue demandado el Tesorero de Puerto Rico para que devolviese ciertas cantidades que le fueron pagadas bajo protesta como contribución impuesta de acuerdo con la Ley No. 60 aprobada el 28 de julio de 1925 para desarrollar las fuentes fluviales de esta isla; y los funda-mentos aducidos en los tres para sostener que esa ley es nula son los siguientes:

(a) Por contravenir y violar las disposiciones de la Ley Orgánica qne dispone que las leyes para la imposición de ■contribuciones en Puerto Rico serán uniformes; porque en diclia ley, si bien se impone una contribución de un décimo del uno por ciento sobre toda la propiedad inmueble de la isla, de Puerto Rico no exenta de tasación, exceptúa expre-samente de sus disposiciones la situada en Vieques y Cule-bra, y en que no impone una contribución similar sobre la propiedad mueble situada en Puerto Rico, la cual está sujeta a las contribuciones generales sobre la propiedad bajo el Código Político.

(ó) Porque delega poderes y facultades legislativas al Comisionado del Interior de Puerto Rico, que es un funcio-nario ejecutivo, en que deja, a su entera discreción si alguna fuente fluvial debe ser desarrollada lo mismo que en caso de que opte por desarrollar alguna, nada se especifica en la citada ley respecto a cuál debe serlo ni tampoco respecto al tiempo en que debe hacerse ni al orden que debe seguirse, y en que también deja a la entera discreción de dicho funcio-nario la cantidad y manera en que los fondos recaudados por la contribución deben ser invertidos y asimismo la clase, número y recompensa de los oficiales necesarios para llevar a cabo lo que en la ley se proyecta.

(c) Porque no es una contribución impuesta para fines públicos.

(ú) Porque priva o trata de privar a la Comisión de Ser-vicio Público de Puerto Rico de aquellos poderes conferidos ti dicha comisión por la Ley Orgánica de Puerto Rico, y viola la política declarada por el Congreso de Estados Unidos en la referida Ley Orgánica.

(e) Porque viola las disposiciones del artículo 34 de la' Ley Orgánica de Puerto Rico, relativas al título y manera de titular las leyes, en que no se incluyen en el título de-dicha, ley ni la exención de la contribución impuesta con-cedida a la propiedad inmueble de Culebra, y Vieques ni la apropiación especial hecha de los fondos generales del Te-soro de Puerto Rico, según se expone en la citada ley, y íambiéu porque en dicho título nada se dice acerca de la' venta y abastecimiento de agua, que por medio de la citada' ley se proyecta hacer al público y a los municipios de la-isla.

La corte de distrito dictó sentencia declarando sin lugar-las respectivas demandas y en el recurso de apelación que en esos pleitos interpusieron los respectivos demandante» alegan como errores de la corte inferior el no haber soste-nido cada uno de los fundamentos de nulidad alegados em-las demandas.

La Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos ha resuelto en el casode Gallardo v. P. R. Ry. Light & Power Co., 18 Fed. Rep, (2d) pág. 918, todas las cuestiones que en estos recursos sepromueven por los apelantes en sentido contrario a sus pretensiones. liemos examinado detenidamente esa .decisión y estamos conformes con la conclusión a que en ella se llegay con sus fundamentos. Conviene agregar, además, que laexención del pago de las contribuciones para las islas deCulebra y de Vieques está justificada también porque la primera no tiene ríos y la segunda sólo tiene pequeñosarroyos, aparte de que por la distancia en que se encuentran de la Isla de Puerto Rico es casi imposible que puedan, recibir los beneficios de la ley para la cual la contribución seimpone.

Las sentencias apeladas en los tres casos deben ser con-firmadas.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó conforme con el resultado.


text:
    José Fernández Rodríguez, demandante y apelante, v. Alonso Riera & Co., y Policarpio Marrero, demandados y apelados.
    No. 4569.

    Visto: Abril 30, 1928.

      Resuelto: Mayo 4, 1928.

      Adrián Agosio, abogado del apelante; López de Tord & Zayas Pizarro, abogados del apelado Alonso Riera & Co.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso, Alonso Riera & Co., uno de los apelados, pide la desestimación del recurso, fundándose en que de las muchas prórrogas que el apelante solicitó para presentar la exposición del caso, las cuatro primeras, concedidas por la corte, son nulas, por la. forma genérica en que fueron soli-citadas y obtenidas, y la estipulación hecha por las partes para que el apelante tuviera un término hasta el 31 de oe-tubre de 1926 para presentar su exposición del caso, no tiene valor alguno por no haber sido aprobada por la corte; y la prórroga que se solicitó en Io. de julio de 1926, tampoco fué concedida por la corte, y no tiene valor alguno. Alega además que la exposición del caso fué presentada en 8 de julio de 1927, y basta la fecha de la moción han transcurrido más de ocho meses, sin que se haya aprobado, ni señalado fecha para su aprobación, ni hecho gestión a ese fin por el apelante. La moción tiene fecha de 3 de abril, 1928, y a ella se une certificación del Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, para comprobar los extremos de aquélla.

En 30 del mismo mes de abril, la parte apelante presentó su oposición a la desestimación, negando que las prórrogas fueran pedidas de una manera genérica, sosteniendo que la estipulación fué eficaz, y lo fueron las prórrogas que se pidieron y obtuvieron después, alegando que se había pre-sentado la exposición del caso, y no se había aprobado hasta mucho después por razón de ausencia del Juez Muñoz, que fué el que oyó el caso; y sosteniendo que el abogado del apelante no ha sido negligente. A esa oposición se une certificación del Secretario de la Corte de Distrito de San Juan como comprobante de lo alegado. Entre otros extremos, aparece de ella, que la exposición del caso fué aprobada en 19 de abril de 1928.

No tenemos ante nosotros nada que nos indique que la estipulación hecha por los abogados para extender el término para presentar la exposición del caso estuviera fuera de término, lo que privaría a la corte de jurisdicción para tal extensión, siendo entonces de estricta aplicación lo dicho y resuelto por este tribunal en el caso de Sucesión Criado v. Rivera et al., 25 D.P.R. 254. Sin duda alguna, como se dijo en aquel caso, es la corte, y no los abogados, la que puede extender el plazo fijado por el estatuto. Pero aquí la corte concedió después varias prórrogas, lo que indica que la estipulación estaba implícitamente aprobada.

La regla 27 de las cortes de distrito mantiene que los con-venios entre los abogados no tienen fuerza, a menos que se bagan por escrito, o en corte abierta y formando parte del récord. En este caso la estipulación aparece becba por es-crito y unida al récord.

La práctica de extender por estipulación los términos que a la corte toca extender, no es la correcta, y no deben los abogados seguirla, ni las cortes alentarla.

De todas formas, no creemos que la parte que suscribió una estipulación pueda luego atacarla.

En lo que hace relación a las cuatro primeras prórrogas, no encontramos que fueran solicitadas u obtenidas en forma que no se puedan precisar su principio, su término y sir finalidad u objeto. Aparece que se señala el término o plazo por el que se pide la prórroga, 30 días o 60 días, que se empiezan a contar desde la terminación de la prórroga ya concedida, y que se solicita para presentar la exposición. Es bastante, sin que sea necesario decir exactamente el día o fecha en que se empieza a contar, y el en que ha de terminar.

En cuanto a las prórrogas concedidas después de la estipulación, como la petición se basa en la nulidad de aquélla, queda resuelta en contra de la peticionaria.

No parece que la parte apelante baya sido negligente en solicitar la aprobación de la exposición del caso. El juez que había de aprobarla estaba fuera de la corte, y la parte esperó la ocasión propicia para gestionar. ' Conviene, no obstante, hácer constar que la Bogla 65 de las de este Tribunal, en armonía con el artículo 219 del Código de Enjui-ciamiento Civil, da a los apelantes un procedimiento para lograr la aprobación del caso, cuando el juez que decidió falleciere, o fuere depuesto, o se ausentare .de la isla, o se negare a aprobar.

Por esas razones, debe declararse sin lugar la moción de desestimación.


text:
    Lorenzo J. Dávila, peticionario, v. Hon. Angel Acosta Quintero, Juez de la Corte de Distrito de Ponce, demandado.
    No. 604.

    Visto: Marzo 26, 1928.

      Resuelto: Mayo 4, 1928.

      Arjona & Arjona, abogados del peticionario; V. Zayas Pizarra abo-gado del opositor, demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En subasta en un procedimiento ejecutivo hipotecario, Lorenzo J. Dávila adquirió por remate, una finca rústica que fué objeto del procedimiento, entregándosele por el marshal de la Corte de Distrito de Ponce, ante la cual se había seguido el ejecutivo; la correspondiente escritura; y como los ejecu-tados no abandonaban la referida finca, Dávila siguió contra ellos un procedimiento en desahucio, en el que recayó sen-tencia de la Corte de Distrito de Ponce, declarando el desahu-cio con lugar; y apelada tal sentencia este Tribunal Supremo la modificó, declarando que el demandante debía reconocer a la demandada su derecho de homestead sobre la finca rema-tada, y decretando que si las partes no podían ponerse de acuerdo en cuanto a la fijación de tal homestead, acudieran a la Corte de Distrito de Ponce para resolver el conflicto.

Del return en este caso aparece que las partes, Lorenzo X Dávila, y Antonio Sotomayor y Grerónima Pizarro, en 4 de octubre de 1926 presentaron ante la corte de distrito una •moción, de acuerdo, nombrando cada parte sus peritos para Sa valoración de la casa, y terreno que habían de constituir «1 homestead, comprometiéndose a otorgar la escritura de trasmisión. Tal estipulación fué aprobada por la corte.

Después, en fecha 27 de octubre de 1926, el demandante Dávila, presentó a la corte una impugnación a la orden de ¡arbitraje, fundándose en que nunca tuvo conocimiento de que la corte hubiera aprobado la estipulación nombrando árbitros, y por eso no notificó al suyo: en que los árbitros no fueron notificados por funcionario alguno, y sí sólo por el deman-dado, y procedieron a su arbitraje, en ausencia del deman-dante, e indebidamente, y en exceso de su comisión, porque apartaron una parcela de terreno de siete cuerdas, y una casa de la finca para homestead y que el resultado del arbitraje lesiona los derechos del demandante porque la casa vale •$500 y las cuerdas de terreno a razón de $60 cada una.

En la misma fecha, 27 de octubre de 1926, la parte de-mandada pidió a la corte por moción, que se aprobara la valoración hecha por los árbitros y se otorgara, la escritura de trasmisión.

Oídas por la corte las mociones dictó resolución en fecha 22 de noviembre de 1926, declarando sin lugar la impugna-ción del arbitraje, y confirmando el informe, y ordenando el •otorgamiento de la escritura de trasmisión, y que en caso de regarse el demandante a hacerlo, se hiciera por el marshal de la corte de distrito, y en este caso, con costas, gastos y honorarios de abogado, al .demandante. Este apeló de tal resolución ante este Tribunal Supremo, que en fecha 18 de mayo de 1927 confirmó la resolución apelada.

En 7 de junio de 1927, la parte demandada presentó moción haciendo constar el fallecimiento de doña G-orónima Pizarro, y su sucesión por sus hijos, y pidiendo que se susti-tuya el nombre de Gerónima Pizarro con el de diclios Rijos; cuya moción se declaró con lugar por la corte.

En 10 de junio de 1927, el demandante presentó moción pidiendo que se declarara extinguido el homestead, fundán-dose en que los Rijos y Rerederos de Gerónima Pizarro son mayores de 21 años, y no tiene derecRo al beneficio de homestead.

En 13 de jumo, 1927, la parte demandada, pidió a la corte, por moción, que se cumplieran las sentencias dictadas en el caso, y que, por no haber otorgado la escritura el deman-dante, se dictara la orden para que el mársRal ejecutara tales sentencias: y a este efecto se dictó por la corte una resolución de fecha- 13 de dicho mes y año, ordenando se librara el mandamiento para ejecución por el mársRal en caso de que el demandante se negara al ser requerido.

En 8 de junio de 1927, la parte demandada presentó su memorándum de costas, por $3 de indemnización a testigos, y $200' para honorarios de abogado. En 13 de los mismos mes y año, el demandante presentó moción oponiéndose a tal memorándum, alegando que él no viene obligado al pago de -costas; que la suma fijada por honorarios de abogado es excesiva e impropia, por no representar el valor de servicios cobrables; que la de $3 para testigos es impropia y no exi-gible al demandante: y que la corte carece de jurisdicción para entender en el memorándum, y aprobarlo-.

En la misma fecha, 13 de junio, presentó el demandante otra moción pidiendo se reconsiderara la orden de ejecución de sentencia.

La parte demandada se opuso a la moción de terminación del homestead.

En 16 de junio de 1926 fue notificado el demandante Dávila, por el secretario de la corte para otorgar la escritura de trasmisión de la finca señalada como homestead, y de que se había designado al notario, Sr. Teissoniere, y. como fecha el 17 de junio a las dos de la tarde. No acudió el deman-dante a la notaría para otorgar la escritura; y el marshal, on 18 de junio de 1927 otorgó la escritura.

Por lo que aparece del return, la vista de la moción sobre el memorándum de costas tuvo lugar el 9 de enero de 1928; y en 13 del mismo mes la corte resolvió declarando con lugar el memorándum presentado, siendo notificadas las partes de esa resolución el mismo día 13 de enero. La parte deman-dada presentó moción para que el demandante consignara el importe de las costas; y el demandante fué notificado ai-efecto, con apercibimiento de que, de no hacer la consigna-ción, se libraría orden de ejecución por el importe de aquéllas. En 1 de marzo, de 1928 la demandada pidió mandamiento de ejecución, que se libró, y el marshal, por virtud del misino^ embargó bienes del demandante, un solar, y más tarde en depósito, a nombre del demandante, en el Royal Bank ofi Ganada, sucursal en Ponce, una suma que parece ser de $213.12.

Aparece asimismo que el demandante en 1 de febrero de; 1928, presentó a la corte una moción pidiendo la nulidad de las órdenes de 22 de noviembre de 1926 y 13 de enero de 1928, en que se impusieron al demandante las costas, y en que se aprobó el memorándum; y en 3 de marzo 1928, el mismo demandante presentó otra moción 'solicitando se sus-^ pendieran los procedimientos para ejecución de la orden, sobre costas, por tener presentado el demandante un recurso' de certiorari ante este tribunal. Y en 7 de marzo de 1928,.. la misma parte presentó a la corte de distrito otra moción para que se declararan nulos los procedimientos de ejecución de las costas.

Esto es lo que aparece de los autos.

El demandante ha presentado ante este tribunal una peti-ción de auto de certiorari, en fecha 25 de febrero de 1928, alegando que la resolución de la corte de distrito de Ponce declarando con lugar el •memorándum de costas, y el reque-, rimiento hecho por el secretario de la misma para el pago de esas costas, son nulos porque la corte concedió esas costas a los demandados en un incidente sobre determinación de homestead que era parte del cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, en la que se modificaba otra y en ninguna de las dos se Rabian impuesto costas al demandante; y que envolviendo la determinación del homestead en, valor de $500 solamente, la corte de distrito de Ponce no tenía jurisdicción para imponer honorarios de abogado, de acuerdo con el ar-tículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil que sólo per-mite la concesión de honorarios en los casos en que la cuantía litigiosa sea mayor 'de $500. El recurso fué oído por este Tribunal en 26 de marzo de 1928.

Empezando por la última alegación del recurrente o peticionario, declaramos que, si bien en el Código de Enjuiciamiento Civil en el artículo 327, aparecen esta's palabras:

“En todos los casos en que cu un pleito o procedimiento se con-cedan las costas a una parte, si la materia litigiosa excede de qui-nientos dollars, tendrá ésta el derecho de que se le abone por la parte condenada el importe de los honorarios que haya devengado el abogado de la primera por sus servicios.”

Este es, en parte, el texto del artículo, según quedó en-mendado por la ley de 12 de marzo de 1908; pero la ley No. 38 de 1917, enmendó tal artículo que quedó redactado, en la parte pertinente, así:

“En todos los casos en que se hayan concedido a una parte las costas en una acción o procedimiento en la corte de distrito, dicha parte, a discreción de la corte de distrito, tendrá derecho a recibir de la parte vencida una cantidad que represente el valor de los ser-vicios de su abogado, o una parte de dicha cantidad.”

Se ha decidido ya por este tribunal, que fué la intención de la; Legislatura derogar las leyes que eran incompatibles con el artículo 327, tal como quedó enmendado. En la deci-sión en el caso Nicot v. Valdecilla et al., 29 D.P.R. 519, se dijo por este tribunal que:

. . el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil quedó en-mendado por la ley No. 38 de 12 de abril de 1917, excluyendo el requisito antes exigido de que para que se concedieran honorarios a una parte en un pleito o procedimiento era necesario que la ma-teria litigiosa excediera de $500.00.”

Hay, pues, un error de parte del peticionario al invocar, en la forma en que lo hace, el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil. Y no se trata, como el peticionario pretende, de carencia de jurisdicción por parte de la corte de distrito para conceder costas.

En cuanto al otro fundamento, el peticionario sienta una base errónea. Del récord de este caso, que constituye aquí el return aparece claramente que impugnado el arbitraje, por el demandante, la corte de distrito de Ponce dictó, en 22 de noviembre de 1926 una resolución declarando sin lugar la impugnación, confirmando el informe, y ordenando la trasmisión de la finca, casa y terrenos, con el otorgamiento de escritura, y en caso de que el demandante se negara a hacerlo, se hiciera por el márshal, y en este caso, con costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado al demandante. Contra esa resolución interpuso el demandante recurso dé apelación: y este tribunal, en sentencia de fecha' 18 de mayo de 1927, 36 D.P.B.. 780, confirmó la resolución apelada. No aparece tratada en la opinión, la materia de costas; pero tampoco aparece que fuera ése uno de los errores señalados por el apelante. La resolución quedó confirmada, y no encontramos razón para sustraer ninguna parte de ella a los efectos de la confirmación.

Las resoluciones posteriores dictadas por la corte, tienen por base la declaración hecha en equella resolución apelada y confirmada.

La petición en este caso debe ser denegada, y anularse el auto expedido.

El Juez Asociado Sr. Aldrey disintió.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey, JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

text:
    José A. Canals, American Colonial Bank, Roses & Cía., Sucrs., Marqués & Co., Sucrs. de Canals Hnos, & Cía., F. Ramírez & Cía., Forteza Hnos. & Cía., Hernaiz Targa & Cía. y Santisteban Chavarri & Cía., acreedores-peticionarios-apelados; Juana, Domingo y Micaela Pérez Hernández, interventores-apelados, y Julia Muñiz Rivera, viuda de Pérez, administradora judicial apelante.
    No. 4516.

    Visto: Marzo 19, 1928.

      Resuelto: Mayo 4, 1928.

      José E. Díaz, abogado de la apelante; Blondet <& Campillo, aboga-dos de los interventores apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Al ocurrir la muerte de Domingo Pérez Viera varios acreedores suyos solicitaron la administración de los bienes relictos por aquél alegando que ignoraban si babía otorgado testamento. La corte de distrito accedió- a esa petición y nombró administradora judicial a Julia Muñiz Rivera, viuda de Domingo Pérez Viera. Posteriormente algunos de los liijos del finado solicitaron fuese dejada sin efecto la admi-nistración .judicial decretada fundándose en que Domingo-Pérez Viera murió con testamento en el que bizo institución de herederos a favor de sus hijos y nombró a su hermano Ramón Pérez Viera albacea, contador y partidor de sus bienes; y la Corte, después de oir a las partes y fundándoseen la existencia no impugnada de dicho testamento, dejó sin efecto el nombramiento de administradora judicial que había liecho. Contra esta resolución interpuso apelación la admi-nistradora judicial Julia Muñiz Rivera, viuda de Pérez, apelación que se nos pide desestimemos por no ser ella parte en estos procedimientos como tal administradora judicial, moción a la que no se ha opuesto la apelante.

ITn administrador judicial x>uede establecer recurso de apelación en su capacidad representativa cuando en tal capa-cidad es interesado y parte agraviada por la decisión que apela, y así puede establecer ese recurso en procedimientos en que como demandante o demandado represente los bienes que administra; en caso de destitución ilegal de su cargo y en otros análogos que se citan en 3 C. J. página 644, párrafo 507, pero no en este procedimiento en el que la administra-dora judicial no es parte interesada en su capacidad repre-sentativa, ya que el procedimiento se sigue entre los acree-dores y los herederos, y la única cuestión controvertida entre las verdaderas partes es si por existir un albacea, contador y partidor de la herencia nombrado en el testamento de Domingo Pérez Viera no es procedente una administración judicial, y por tanto no debe subsistir el nombramiento de administradora hecha por la corte.

La viuda de Domingo Pérez Viera puede tener algún interés en los bienes quedados a. la muerte de su esposo pero esta apelación la ha interpuesto en su capacidad de adminis-tradora judicial, y en tal carácter no puede interponerla en esto caso y debe ser desestimada.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison disintieron.

OPIUIÓX DISIDENTE DEU

JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

Mi disentimiento en este caso se funda en la proposición de que las controversias principales no deben ser resueltas antes de sor oídas. Si bien la existencia de un testamento podría poner y probablemente pondría' fin a la administra-ción, la administradora tiene derecho a negar la existencia de nn testamento, o qne éste fnera probado debidamente. Annqne no es probable, pnede qne baya habido otras razones por las cnales debía continuar la administración. Si el tes-tamento no era válido, la capacidad de ella no había termi-nado. Los mismos hechos de qne dependía sn derecho a proceder no deben asumirse contra ella' para desestimar una apelación, sino qne el caso debió haberse oído sobre sus méritos.