text:
    José Agustín Miranda, demandante, apelante y apelado, v. María Echegaray Viuda de Viera y sus hijos María del Carmen, Amadee, Teodoro y Deogracias, apellidados Viera y Echegaray, representados éstos por su madre mencionada, demandados, apelados y apelantes.
    Núm. 8777.

    Sometido: Diciembre 10, 1943.

      Resuelto: Enero 18, 1944.

      L. Morales Contreras y D. Guerrero Noble, abogados del apelante apelado; Rafael Soltero Peralta, abogado de los apelados ape-lantes.
   El Juez Pbesidente Interino Señor Tbavieso

emitió la opi-nión del tribunal.

En agosto 5 de 1939 don Teodoro Viera y su esposa María Echegaray, de una parte, y el demandante José Agustín Miranda, de la otra, celebraron por escrito un contrato de ‘ ‘ Op-ción de Venta” mediante el cual los primeros se obligaron a vender al segundo un solar de 1,965.28 metros cuadrados, ra-dicado en Hato Rey, término municipal de Río Piedras, por el precio convenido de $750. Las cláusulas pertinentes de dicho contrato son:

1a. Los esposos Viera se obligaron a vender el solar “tan pronto la Federal Home Administration a través del Banco Popular de Puerto Rico, acepte dicho solar para la construc-ción de una casa que se hará con dinero tomado a préstamo de dicha Agencia Federal”.

2a. El contrato quedará rescindido y sin efecto solamente en los siguientes casos: (1) si al tiempo de otorgarse la es-critura surgiere algún impedimento legal en los títulos, en cuyo caso el Sr. Viera no estaría obligado a responder de daños y perjuicios; (2) en el.caso de que la solicitud de préstamo radicada en el Banco Popular no fuera aprobada por dicho Banco o por la Federal Housing Administration; y (3) 'en el caso de que el solar no fuera aceptable a dichas instituciones y se deniegue el préstamo.

Habiendo fallecido el Sr. Viera antes de que pudiera con-sumarse el citado contrato, en mayo 13 de 1941 José Agustín Miranda radicó demanda ante la Corte de Distrito de San Juan contra los componentes de la Sucesión Viera. Después de exponer los hechos que ya hemos relatado, alega el deman-dante como primera causa de acción que los demandados aceptaron la herencia de Viera y tomaron posesión de los bienes y entre ellos del solar objeto del contrato; qne no ba habido ni hay impedimento legal alguno en el título del solar que impida la celebración del contrato de compraventa; que con el propósito de llevar a cabo dicho contrato, el de-mandante Miranda solicitó el préstamo, no habiendo sido éste rechazado o desaprobado ni por el Banco Popular ni por la Federal Housing Administration; y que si el préstamo no ha sido aprobado se ha debido a la negligencia de los demandados en suministrar los datos requeridos por dichas instituciones. Alegó además, que con el fin de no tener que depender del mencionado préstamo, el demandante depositó en el Banco Popular a disposición de los demandados la suma de $750, úotificándoselo así por escrito; y, por último, que no obstante haber sido requeridos en varias ocasiones para que otorguen escritura de venta al demandante, los demandados se han ne-gado a cumplir el contrato.

En una alegada segunda causa de acción el demandante reclama $1,500 por daños que dice haber sufrido, más las costas y honorarios.

Pide el demandante que se condene a los demandados a otorgar escritura de venta del solar a favor del demandante y al pago de las sumas reclamadas.

Desestimada la excepción previa de falta de causa de acción, contestaron los demandados negando los hechos esen-ciales de la demanda y alegando como defensas especiales: '(•a) que el contrato quedó sin efecto por haberse cumplido las condiciones resolutorias contenidas en el mismo y por el tiempo transcurrido sin que se hiciera uso de la opción; (ó) que los demandados no se comprometieron a suministrar datos al Banco como condición para la aprobación del prés-tamo ; (e) que es práctica seguida por la mencionada Agencia Federal aprobar o rechazar las solicitudes de préstamos den-tro de los tres meses siguientes a la fecha de su radicación; (d) que sería física y legalmente imposible cumplir el con-trato, por cnanto el solar qne en el mismo se describe formaba parte de nna parcela mayor de 10 cnerdas, la cnal fné divi-dida entre los herederos de Viera, qnienes traspasaron sns respectivas porciones a terceras personas.

Tan pronto como fné notificado de la anterior contestación a sn demanda, el demandante, previo permiso de la corte, ra-dicó nna demanda complementaria en la qne alega qne él solar que él tiene derecho a reclamar tiene en la actualidad nn valor de $5,895.84. Pide qne en el caso de qne a los de-mandados no les sea posible otorgarle escritura del solar, se les condene a pagar al demandante el valor del mismo, menos la suma de $750, precio convenido, en el contrato. Los deman-dados contestaron negando específicamente los hechos ale-gados en la demanda complementaria.

En noviembre 17 de 1942, la corte inferior dictó sentencia desestimando la demanda, e imponiendo las costas al demandante. Apelaron los demandados, alegando no estar conformes con los fundamentos de la sentencia. Nada han hecho los demandados para perfeccionar sn recurso, no habiendo radicado alegato alguno ni comparecido al acto de la vista, y por esos motivos debe ser desestimado.

Para sostener el recurso por él interpuesto, el de-mandante alega que la corte inferior erró al resolver qne no existía un contrato con obligaciones- recíprocas; al confundir el término del plazo del contrato con nna obligación condi-cional; al apreciar el valor del solar; y al dictar nna sen-tencia errónea y contraria a derecho.

Creemos innecesario entrar en una minuciosa disensión de cada uno de dichos señalamientos, porque a nuestro juicio si-algún error cometió la corte inferior fue el de no haber sostenido la excepción previa y declarado sin lugar la de-manda, por no ser los hechos en ella alegados suficientes para constituir una causa de acción.

El contrato cuyo cumplimiento específico se pide es una simple opción de venta, en la que el dueño de un inmueble se compromete a venderlo- a otra persona, por un precio con-venido, cuando se cumpla con una condición expresa del con-trato, o sea “tan pronto la Federal Home Administration, a través del Banco Popular de Puerto Bico, acepte dicho solar para la construcción de una casa que se hará con dinero to-mado a préstamo a dicha Agencia Federal”.

Hemos leído cuidadosamente la demanda y no encontra-mos en ella alegación alguna al efecto de que la Federal Home Administration aceptara en momento alguno el solar en cues-tión para la construcción en el mismo de una casa con dinero que para ese fin había de suministrar la mencionada insti-tución. Mientras esa condición permaneciera incumplida, los demandados no estaban obligados a vender el solar al deman-dante. La-aceptación del solar y la concesión del préstamo por la agencia federal era una condición importante para los que se habían comprometido a venderlo al demandante. Los terrenos de la Sucesión Viera, según aparece de la prueba practicada, estaban dedicados a una urbanización, y era natural que los dueños de dichos terrenos exigiesen como con-dición para el traspaso de un solar que éste fuese previamente aceptado para edificar allí con fondos federales, pues así ten-drían la seguridad de que las edificaciones se habrían de ajus-tar a normas, planos y condiciones aprobados por la agencia federal.

La deficiencia en las alegaciones de la demanda no fué subsanada por la prueba. El Sr. Juan Silva Negrón, tasador de la Federal Housing Administration y testigo del deman-dante declaró que él fué a ver los terrenos de los demandados “para ver si cualificaban para el préstamo”; que el resul-tado de su investigación fué que el terreno nunca fué apro-bado como urbanización aceptable para préstamos, por no haberse llenado los requisitos exigidos por la Federal Housing Administration; que no se puede conceder un préstamo si el sitio no ha sido aceptado previamente; que el solar en cuestión no fué nunca aceptado por la Federal Housing Administration; y que el demandante Miranda no radicó nin-guna solicitud de préstamo en relación con los terrenos de Viera.

La alegación de la demanda de que si el préstamo a favor del demandante no fué aprobado se debió a la negligencia de los demandados en suministrar los datos requeridos por el Banco y por la Agencia Federal, no está sostenida por la evidencia. Además, no encontramos en ninguna de las cláusulas del contrato entre las partes que los demandados se obligaron en modo alguno a suministrar informes para ayudar al demandante a contratar un préstamo.

No erró a nuestro juicio la corte sentenciadora al resolver que el contrato entre las partes no contenía obligaciones recíprocas. Viera y su esposa se comprometieron a vender el solar al demandante por $750, si se cumplía la condición, o sea si el solar era aceptado para construir una casa con fondos federales. No aparece del contrato que el demandante pagara cantidad alguna o se comprometiera a liacer algo como causa o consideración para la opción de compra que se le concedía. Ni siquiera aparece que el demandante se obligara a comprar el solar tan pronto éste fuera aceptado por la Federal Housing Administration.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Puerto Rico Tobacco Corporation, demandante y apelada, v. Rafael Buscaglia, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 8602.

    Sometido: Junio 9, 1943.

      Resuelto: Enero 18, 1944.

      Pon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos (José Rafael Gelpí, Procurador General Auxiliar, en el alegato) y M. Velazquez Plores, Procurador Auxiliar, abogados del apelante; Clemente Ruiz Razarlo, abogado de la apelada.
   El Juez PRBsidente InteRino Señor Tuavieso

omitió la opi-nión del tribunal.

La demandante, Puerto Rico Tobacco Corporation, se de-dica a la fabricáción y venta de cigarrillos en Puerto Rico.

En junio 18 de 1939 (Leyes de 1939 (2) pág. 95), la Legis-latura de Puerto Rico aprobó la Ley núm. 22 por la cual se condonaron las contribuciones sobre bienes muebles e inmue-bles adeudadas por aquellos contribuyentes cuya deuda con-tributiva basta el 30 de junio de 1938 no excedía de $400; y se redujeron en la suma de $400 las deudas contributivas que excedían de dicba suma. Se ordenó al Tesorero de Puerto Rico que cancelara los recibos correspondientes al año 1937-38 y años anteriores y también los embargos que se hubieren trabado para asegurar .el cobro de contribuciones. Se dis-puso, además, que los bienes subastados y adjudicados al Pueblo de Puerto Rico debían ser devueltos a sus anteriores dueños. Para tener derecho a la condonación era necesario que el contribuyente pagase al Tesoro en o antes de diciem-bre 31 de 1939 las contribuciones correspondientes al ejercicio 1938-39 y el primer semestre del 1939-40 y el total de la deuda vencida en junio 30, 1938, menos la suma de $400.

Por la sección 6 de dicha ley, según fue enmendada por la núm. 149 de mayo 6 de 1940 (Leyes de 1940 pág. 895), se ordenó al Tesorero de Puerto Rico que contratara un emprés-tito con una persona natural o jurídica por la suma de dos millones doscientos cincuenta mil (2,250,000) dólares, la que sería utilizada para reembolsar a los municipios y a la Uni-versidad de Puerto Rico las cantidades que dejarían de per-cibir como consecuencia de la condonación autorizada por la ley. El principal y los intereses de dicho empréstito debe-rían pagarse con el producto de una contribución o impuesto adicional de rentas internas de “cincuenta (50) centavos so-bre cada millar de cigarrillos que se introduzcan, fabriquen, vendan o consuman en Puerto Rico.” Los ingresos deriva-dos de esa contribución debían ser usados para establecer un fondo especial dedicado a reintegrar a los municipios y a la Universidad las sumas correspondientes, debiendo dedicarse el sobrante a engrosar el “Fondo de Beneficencia Hospitala-ria”, para sostenimiento y equipo de los hospitales de dis-trito.

Alega la corporación demandante, que de acuerdo con las disposiciones de la citada ley, el Tesorero demandado le exi-gió que comprara y adhiriera a los cigarrillos por ella fa-bricados o vendidos los sellos de rentas internas correspon-dientes; que ante la amenaza de verse expuesta a denuncias y. acusaciones y a sufrir las penalidades prescritas por la Ley de Rentas Internas, la demandante compró y pagó bajo pro-testa sellos de rentas internas por un total de $219,998.10, durante el período de octubre 29, 1940 a julio 14 de 1941. De la suma total así pagada por la demandante, $31,428.30 co-rresponden a sellos cancelados en pago de la contribución adi-cional impuesta por virtud de la citada Ley núm. .22 de 1939, sobre 62,856,600 cigarrillos fabricados por la demandante.

Sostiene la demandante qne la contribución así impuesta y cobrada por el Tesorero es inválida, nula e ilegal por haber sido impuesta para un fin contrario a la ley, “ultra vires” de las funciones y poderes de la Legislatura y por ser contraria a la Ley Orgánica de Puerto Pico y a la Constitución de los Estados Unidos. Como cansas específicas de nulidad se ale-gan las siguientes:

A. Violación del párrafo primero, artículo 2 de la Ley Orgánica y la Enmienda Catorce de la Constitución, porque establece un discrimen en favor de los contribuyentes moro-sos y en contra de los contribuyentes cumplidores que paga-ron a tiempo sus contribuciones, negando así a estos últimos la protección igual de las leyes.

B. Infracción del párrafo 22 del mismo artículo 2 de la Ley Orgánica que dispone que “las leyes para la imposición de contribuciones en Puerto Pico serán uniformes.”

C. Infracción del’artículo °3 de la Ley Orgánica, que sólo autoriza la imposición de contribuciones sobre rentas internas “cuando dichas contribuciones sean para los fines de los go-biernos insular y municipales, respectivamente”, por cuanto la contribución en controversia no ha sido impuesta para nin-gún fin legítimo de dichos gobiernos y sí para beneficiar ile-galmente a los contribuyentes morosos.

D. Se priva a la demandante de su propiedad sin el de-bido proceso de ley y negándole la protección igual de las leyes, al obligarla a desprenderse de sus fondos para bene-ficio y enriquecimiento injusto de los contribuyentes morosos.

E. El empréstito, cuya amortización constituyó el fin especial de la contribución no ha sido aun contratado ni jamás podrá ser contratado por motivo de la nulidad e ilegalidad de la ley que lo autoriza.

Con posterioridad a la radicación de la demanda original, la demandante radicó diecisiete demandas complemen-tarias en las cuales reclamó la devolución de otras cantidades pagadas bajo protesta por concepto del mismo arbitrio. La suma total reclamada asciende a $93,366.44.

No existiendo controversia en cnanto a los hechos, el caso fné sometido por estipulación. En 29 de junio de 1942 la corte inferior dictó sentencia a favor de la demandante por la suma de $59,524.50 con intereses al 6 por ciento anual; • y en noviembre 4 de 1942 dictó una sentencia complementaria por la suma de $33,841.75, que es la suma total reclamada en las demandas complementarias desde la décima a la decimosép-tima, ambas inclusive, también con intereses al 6 por ciento anual. No conforme con dichas sentencias, el Tesorero de-mandado interpuso el presente recurso.

Por primera vez, en su alegato, el apelante ha levantado como “cuestión preliminar” la siguiente:

Después de haber sido dictadas y notificadas al Tesorero las dos sentencias recurridas, la legislatura aprobó la ley núm. 22 de 3 de diciembre de 1942 ((2) pág. 115), la cual había de comenzar a regir en marzo 3 de 1943. Las disposi-ciones de dicha ley, que consideramos esenciales y que son pertinentes al caso que hemos de resolver, son las siguientes:

1. Se impone una contribución adicional de rentas inter-nas de cincuenta centavos sobre cada mifiar de cigarrillos que se introduzcan, fabriquen, vendan, usen o consuman en Puerto Rico.

2. Los fondos recaudados a virtud de dicha contribución serán ingresados en los fondos generales del Tesoro Insular.

3. La Ley núm. 22 de junio 18, 1939, enmendada por la núm. 149 de mayo 6 de 1940, que es la ley declarada inconsti-tucional por las sentencias objeto de este recurso, queda de-rogada.

4. Los efectos y disposiciones de la nueva ley se retrotraen al día 18 de junio de 1939, sin ninguna limitación. Desde esa fecha el Tesorero podrá cobrar la contribución adicional.

5. El Tesorero no devolverá las cantidades cobradas por virtud de la Ley núm. 22 de 18 de junio de 1939, enmendada por la núm. 149 de mayo 6, 1940, y dedicará las sumas así cobradas al pago de la contribución impuesta por la nueva ley.

Sin citar autoridad alguna en apoyo de su contención, sos-tiene el apelante que la derogación de la ley que dió origen a este pleito y el efecto retroactivo que se lia dado a la nueva ley, Racen que la demanda sobre devolución de contribuciones no tenga ya razón de ser y que la sentencia a favor de la demandante resulte académica por ampararse en una ley in-existente y no poder ser ejecutada. Alega, además, que el Tesorero no podría cumplir con el mandato de esta Corte Suprema, porque la nueva ley le ordena que se abstenga de devolver las cantidades cobradas y le manda aplicar esas sumas al pago de la contribución impuesta por la nueva ley.

Argumentando en contra de la cuestión preliminar así planteada, la demandante apelada sostiene:

1. Que la Ley núm. 22 de 1942 no es ni puede ser consi-derada como un estatuto curativo de otro o de convalidación o ratificación de actos ejecutados a virtud de otro estatuto anterior, (a) porque el texto de dicba ley no dispone ni ex-presa ni implícitamente que su propósito sea el de corregir, curar, subsanar, convalidar, rectificar, aclarar o ratificar la Ley núm. 22 de 1939; (b) porque la nueva ley deroga expre-samente la anterior y ello con carácter retroactivo al mismo día en que ésta fuera aprobada^ no pudiendo concebirse que un estatuto que lia dejado de existir pueda ser convalidado; y (o) porque no estando autorizada la Legislatura para apro-bar la Ley núm. 22 de 1939, en su forma original, tampoco lo está para convalidarla o ratificarla a 'posteriori.

2. Que la Legislatura Insular no tiene facultad para im-poner un arbitrio sobre la fabricación o ventas de cigarrillos consumadas más de tres años y medio antes de la aprobación de la ley.

3. La Ley núm. 22 de 3 de diciembre de 1942* en cuanto ordena al Tesorero que no devuelva cantidad alguna cobrada a virtud de la ley declarada nula por las sentencias recurri-das, afecta los derechos adquiridos por la demandante por virtud de dichas sentencias y constituye una invasión injus-tificada del poder legislativo de las funciones del poder judicial.

La primera cuestión que debemos resolver es: ¿Asumiendo que la Ley núm. 22 de 1939 adolece de los defectos señalados por la demandante, estuvo facultada la Legislatura para subsanarlos y para convalidar los cobros practicados bajo su amparo, mediante legislación de carácter retroactivo? Examinemos la jurisprudencia sometida por la apelada para sostener la negativa.

En United States v. Heinszen & Co., 206 U. S. 370, 51 L. E. 1098, el Congreso Nacional aprobó en 1906 una ley por virtud de la cual se legalizaba y ratificaba el cobro de dere-chos de aduana por las autoridades federales en las Filipinas con anterioridad a marzo 8,1902, “tan plenamenté para todos los fines y propósitos como si los mismos hubiesen sido espe-cíficamente autorizados y ordenados por una ley anterior del Congreso”. La Corte Suprema Federal sostuvo la validez del estatuto expresándose así:

“Que cuando un agente, sin autorización previa, ha hecho uso, en nombre de un principal, de una facultad que el principal tenía capacidad para conferirle, el principal puede ratificar y confirmar el acto desautorizado, y así retroactivamente darle validez cuando no hay de por medio derechos de terceros, es principio tan elemental que basta con sólo enunciarlo. Que el poder de ratificación en cuanto a asuntos dentro de sus facultades puede ser ejercitado por el Congreso, gobiernos estatales y corporaciones municipales, es tam-bién elemental.”
“En verdad, la contención va aún más lejos, puesto que no toma en absoluto en consideración el hecho importante de que aún cuando los derechos fueron cobrados ilegalmente, la ilegalidad no era el resultado de una inherente falta de poder en los Estados Unidos para haber autorizado la imposición de los derechos, sino que resul-taba simplemente del hecho de haber dejado de delegar al funcionario la facultad esencial para dar validez inmediata a su conducta al exigir el pago de los derechos.”

La decisión del caso de Heinssen se basa enteramente en la aplicación de la máxima legal “Omnis ratihabitio retro-trahitnr et mandato priori aequiparatur”. El Congreso pudo ratificar y convalidar la imposición de derechos hecha por orden y bajo la autorización del Presidente de los Estados Unidos, porque el Congreso tenía la facultad inherente nece-saria para haber conferido originalmente al Presidente la facultad de imponer esos derechos. En Rafferty v. Smith, Bell & Co., 257 U. S. 226, 66 L. Ed. 208 se confirmó la decisión en el caso de Heins&em y se resolvió que el hecho de que se hu-biese obtenido una sentencia ante la Corte Suprema de Fili-pinas ordenando la devolución de derechos ilegalmente co-brados, antes de la aprobación de la ley del Congreso conva-lidando el cobro, no impedía el que dicha sentencia fuera re-vocada por la Corte Suprema Federal. Véase: Hodges v. Snyder, 261 U. S. 600.

En Charlotte Harbor & N. Ry. Co. v. Wells, 260 U. S. 8, 67 L. Ed. 100, la Corte Suprema sostuvo que la legislatura del Estado de Florida tenía facultad para aprobar una ley para convalidar las actuaciones de los Comisionados de Con-dados y “para legalizar y convalidar las contribuciones im-puestas para la construcción de caminos y puentes”, y se expresó así:

“La proposición generalmente establecida es que lo que la legis-latura pudo haber autorizado lo puede ratificar, si puede autorizarlo en la fecha de la ratificación. (Citas) Y esa facultad es necesaria para que el gobierno no pueda ser derrotado por omisiones o inexactitudes en el ejercicio de funciones necesarias para su adminis-tración. ’ ’

Si aplicamos la doctrina sentada por la jurisprudencia que acabamos de examinar al presente caso, tendremos que llegar a la conclusión de que si la Legislatura no estaba le-galmente facultada para aprobar la Ley núm. 22 de junio 18 de 1939, por ser dicha ley contraria a las disposiciones y pro-hibiciones constitucionales, tampoco lo estaba para ratificar dicha ley y los actos bajo ella realizados. Resolvemos por lo tanto que la Ley núm. 22 de diciembre 3 de 1942 no es ni pnede ser considerada como nna convalidación o ratificación legal de las contribuciones cobradas a la demandante bajo la ley de 1939.

No tenemos duda alguna en cuanto a que si la Legisla-tura hubiese tenido en 1939 y en 1942 la íacultad necesaria para aprobar una ley para los fines y propósitos de la Ley núm. 22 de 1939, la ratificación de dicha ley en 1942 convali-daría retroactivamente la imposición y cobro de las contribu-ciones reclamadas por la demandante, aún después de haberse dictado sentencia ordenando la devolución de lo cobrado. Véase Pillich v. Fitzsimmons, Auditor, 59 D.P.R. 105.

Aceptando como debemos aceptar que la legislatura tiene facultad para imponer contribuciones de rentas internas a los cigarrillos, prospectivamente, o sea a los que se manufacturen con posterioridad a la aprobación de la ley,, nos toca ahora considerar y resolver la -segunda cuestión planteada por la apelada: ¿Está facultada la legislatura para imponer un arbitrio sobre cigarrillos fabricados o vendidos más de tres años y medio antes de la aprobación de la ley?

En sus Comentarios a la Constitución, Story se expresó así: “Las leyes retroactivas son, en verdad, generalmente injustas; y, según se ha dicho enfáticamente, no están de acuerdo con la sana legislación ni con los principios funda-mentales del compacto Social.” Story, Const. sec. 1398.

En Shwab v. Doyle, 258 U. S. 529, 66 L. Ed. 747, se trataba de la aplicación de una Ley del Congreso que imponía una contribución a los traspasos de bienes hechos por una persona dentro de los dos años precedentes a la fecha de su muerte. Augusta Dickel transfirió sus bienes “in trust” en abril 21, 1915 y falleció en septiembre 16, 1916. La ley del Congreso fue aprobada en septiembre 8, 1916. La Corte Suprema re-solvió que el gobierno no tenía derecho a aplicar el estatuto retroactivamente a una transferencia consumada con anterio-ridad a la fecha de sn aprobación.

En Levy v. Wardell, 258 U. S. 542, 66 L. Ed. 758, se trató de imponer contribución a ciertas transferencias de acciones hechas años antes de la aprobación de la Ley de septiembre 8, 1916. La- Corte Suprema falló a favor del demandante, diciendo:

“En la fecha en que se hicieron las transferencias no había ley alguna del estado de California que impusiera contribuciones sobre las transferencias o sobre las herencias, ni tampoco había ley alguna del Congreso a ese efecto, y todas las transferencias fueron hechas con la intención de que tuvieran efecto en cuanto a la posesión y al disfrute en la fecha de su otorgamiento. La ley del Congreso, por lo tanto, no debe ser interpretada- retroactivamente, y, si así lo fuere, sería una violación de la Constitución de los Estados Unidos, por cuanto privaría a los demandantes de su propiedad sin el debido proceso de ley, infringiendo así la Enmienda 5ta. y, además, no sería una contribución sobre transferencias o una contribución indirecta, y sí una. contribución directa sobre las mismas, en violación del ar-tículo 1ro., párrafo 9, sub. 4 de la misma Constitución, por no haber sido impuesta con la debida relación al censo o enumeración, según lo que allí se dispone.”

Véase, al mismo efecto, Lewellyn v. Frick, 268 U. S. 238, 69 L. Ed. 934; Nichols v. Coolidge, 274 U. S. 531, 71 L. Ed. 1185; Blodgett v. Holden, 275 U. S. 142, 72 L. Ed. 206; Untermyer v. Andersen, 276 U. S. 440, 72 L. Ed. 645; Coolidge v. Long, 282 U. S. 582, 75 L. Ed. 562; Forbes Pioneer Boat Line v. Board of Commissioners, 258 U. S. 338, 66 L. Ed. 647; Danzer & Co. v. Gulf & Ship Island R. R. Co., 268 U. S. 633, 69 L. Ed. 1126; Coombes v. Getz, 285 U. S. 434, 76 L. Ed. 866.

De acuerdo con la doctrina sentada por la jurispruden-cia que hemos .citado es forzoso llegar a la conclusión de que la aplicación de la Ley núm. 22 de diciembre 3, 1942 a la manufactura y ventas de cigarrillos consumadas antes de la aprobación de dicha ley equivaldría a privar a la demandante de su propiedad sin el debido proceso de ley, en violación de sus derechos constitucionales. Véase Anotación, 146 A. L. R. 1011.

La Ley mrm. 22 de diciembre 3 de 1942 es también nula e inconstitucional en cuanto ordena (artículo 4) al Teso-rero de Puerto Rico que no devuelva las sumas por él cobra-das bajo la Ley núm. 22 de junio 18 de 1939, según fué en-mendada en 1940, y que aplique esas sumas al pago de las contribuciones sobre ventas realizadas antes de la aprobación de la nueva ley. Las disposiciones del artículo 4 son en reali-dad un mandato al Tesorero de Puerto Rico para que ignore y se niegue a respetar y cumplir las sentencias dictadas por la Corte de Distrito de San Juan declarando ilegal el cobro de dichas contribuciones y ordenando la devolución de las su-mas pagadas bajo protesta.

Es doctrina firmemente establecida por la jurisprudencia federal y por la de numerosas jurisdicciones estatales, que la legislatura no está facultada para invadir el campo de acción del poder judicial, dejando sin efecto, modificando o menoscabando una sentencia final dictada por una corte con jurisdicción para dictarla. Se basa esa doctrina en la nece-sidad imperiosa de mantener intacto el principio constitu-cional que requiere la separación de los tres poderes en que se divide todo gobierno democrático, pues como bien dice Montesquieu (The Spirit of Laws, Book NI, párrafo 6) “cuando los poderes legislativo y ejecutivo se unen en una misma persona, o en un mismo grupo de magistrados, no puede existir la libertad; porque pueden surgir aprensiones por el temor de que el mismo Monarca o Senado aprobara ]eyes tiránicas, para aplicarlas tiránicamente. Más aún, no existe la libertad, si el poder judicial no está separado del legislativo y del ejecutivo. Si estuviere unido al legislativo, la vida y la libertad del ciudadano estarían expuestas a un control arbitrario^ porque el juez sería entonces el legisla-dor. ’ ’

En McCullough v. Commonwealth of Virginia, 172 U. S. 102, 43 L. Ed. 382, la Corte Suprema, considerando la validez de nn estatuto aprobado con posterioridad a la fecha de una sentencia e invocado en su contra, se expresó así:

“No ligara entre los poderes de una legislatura el de anidar derechos ya adquiridos por virtud de una sentencia. La legislación puede actuar sobre procedimientos subsiguientes, puede anular accio-nes pendientes, pero cuando esas acciones han sido resueltas por una sentencia el poder de la legislatura para alterar los derechos por esa sentencia creados cesa. Por eso, correctamente, la Corte de Apelaciones, al considerar la cuestión sobre la validez de esta sentencia, no tomó en consideración la posterior derogación de la ley bajo la cual se obtuvo la sentencia, y la investigación ante esta Corte no es en cuanto al efecto que. la ley derogatoria de 1894 haya podido tener sobre los procedimientos iniciados con posterio-ridad, o pendientes en esa fecha, y sí en cuanto a si la derogación privó al demandante que obtuvo sentencia a su favor de los dere-chos adquiridos a virtud de dicha sentencia. Y en cuanto a ese respecto no tenemos dudas de que los derechos adquiridos por la sentencia bajo la ley de 1882 no fueron alterados por la derogación posterior del estatuto.”

El Juez Cooley, en su obra “Constitutional Limitations” (8va. Ed., Vol. 1, 190 et seq.) trata esta interesante cuestión en los siguientes términos:

“Pero la acción legislativa no puede retrotraerse a pasadas con-troversias, ni puede tener el efecto de revocar decisiones dictadas por las cortes en el ejercicio de su indubitada autoridad; porque esto sería no solamente el ejercicio del poder judicial si que, también su ejercicio en la forma más ofensiva y digna de oposición, toda vez que la legislatura estaría en efecto actuando como una corte de apelación a la cual las partes podrían recurrir cuando no estuvie-ren conformes con las decisiones de los tribunales.
“Así como la legislatura no puede dejar sin efecto la interpre-tación dada a la ley por las cortes en casos actuales, tampoco puede obligar a las cortes a que adopten una determinada interpretación de una ley que la legislatura permite quede en vigor. Declarar lo que es la ley o lo que ha sido es una facultad judicial; declarar lo que la ley será es legislativa. Uno de los principios fundamenta-les de todos nuestros gobiernos es que el poder legislativo debe estar separado del judicial.”

Como autoridades sobre la materia véanse: People ex rel Lafferty v. Owen, 286 Ill. 638, 122 N. E. 132; Monografía 3 A. L. R. 450; U. S. v. Judge Peters, 5 Cranch. 115, 3 L. Ed. 53-61; U. S. v. Klein, 80 U. S. 13 Wall. 128, 20 L. Ed. 519; Langever v. Miller (Tex) 76 S. W. (2d) 1025, 96 A. L. R. 836.

Hechos muy similares a los del caso de autos son los de People ex rel Leaf v. Orvis, 374 Ill. 536, 132 A.L.R. 1382. La legislatura de Illinois aprobó una ley autorizando una emisión de bonos e imponiendo una contribución para su pago. Una corte del estado declaró que tanto los bonos como la con-tribución eran nulos e inconstitucionales. Después de dic-tada esa sentencia, la legislatura aprobó una ley con la inten-ción de convalidar la ley anulada y por ende dejar sin efecto la sentencia. Al resolver que la nueva ley constituía una invasión por la legislatura del poder judicial, dijo:

“Es uno de los principios fundamentales de nuestro gobierno que el poder legislativo se mantenga separado del judicial. Si la Asam-blea General deseare prescribir para el futuro una regla distinta a las que las cortes aplican, debe hacerlo mediante estatuto aplicable en el futuro, y no puede hacerlo revocando las sentencias finales de los tribunales.
* * *
“En el caso ante nos no ha habido defecto alguno, en cuanto a procedimiento, en la emisión de los bonos o en la concesión dq estas reclamaciones, sino que los bonos y las reclamaciones por las cuales fueron emitidos eran inválidos por carecer de facultad el dis-trito escolar para incurrir en esas obligaciones. ' Así lo sostuvo esta Corte, y por virtud de esa sentencia dichos bonos y reclamaciones quedaron fuera del alcance del poder de. la legislatura para con-validarlos. La contribución aquí impugnada se cobra para pagar esos bonos inválidos.”

El caso de autos presenta una situación' más fuerte y menos defendible que la del que acabamos de citar. No se intenta siquiera convalidar la ley 22 de 1939. Todo lo con-trario, dicha ley fue expresamente derogada, dejando como único y evidente propósito de la nueva ley el de permitir al Tesoro Insular retener para sí las sumas cobradas a virtud de una ley que ya había sido anulada y declarada inconsti-tucional por sentencia final de una corte competente.

Entre los casos citados por la parte apelada, ninguno se acerca tanto a la identidad con el de autos como el de Forbes Pioneer Boat Line v. Board of Commissioners, 258 U. S. 338, 66 L. Ed. 647. Se trataba de una reclamación de arbitrios o derechos cobrados ilegalmente a la deman-dante por una Junta que no tenía poder para imponerlos. El mismo día en que la Corte Suprema de Florida dictó sen-tencia sosteniendo la suficiencia de la demanda y devolviendo el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos, la legislatura aprobó una ley enmendando las ya existentes y confiriendo poder expreso a la Junta para imponer y cobrar arbitrios por el uso de los canales y exclusas. Se disponía en la nueva ley que todos los arbitrios previamente cobrados quedaban convalidados y legalizados. La Corte Suprema de Florida sostuvo que la ley enmendatoria era válida y cons-titucional, y apelado el caso a la Corte Suprema Federal, ésta revocó la sentencia. De la opinión, emitida por el Juez Holmes, copiamos lo que sigue:

“Desprovista de frases conciliatorias, la cuestión es si la legis-latura de un estado puede despojar a una persona privada de su derecho a recobrar dinero que se le adeuda en el momento en que la ley es aprobada. ......
“Es cierto que la doctrina de ratificación ha sido llevada más allá del punto indicado, con referencia a actos ejecutados en nom-bre del gobierno por aquellos que asumen su representación. (Citas). Es también cierto que cuando se alegan derechos basados en un ligero defecto técnico .... las cortes han permitido que esos dere-chos sean anulados por legislación posterior (Citas). En esos casos se ha sugerido que la razón para ello es simplemente que. los prin-cipios constitucionales deben dejarle alguna libertad a las junturas de la máquina.
"Pero las cortes no pueden ir muy lejos en contra del signifi-cado literal y clara intención de la regla constitucional. El deman-dado adeudaba al demandante una determinada suma de dinero que Rabia obtenido de él mediante extorsión y sin derecho alguno. Se hace muy duro encontrar fundamento alguno para decir que la pro-mesa de que la fuerza pública estará a disposición del demandante es menos absoluta de lo que. es cuando se trata de una reclamación por la venta de mercancías. Sin embargo, nadie diría que una reclamación por mercancías vendidas puede ser abolida sin com-pensación. De la primera decisión de la corte inferior parece des-prenderse que la transacción no era una por la cual debía natu-ralmente esperarse el pago. Decir que la legislatura simplemente estaba tratando de establecer una situación tal como la que ambas partes sabían desde el principio que así debería haber sido, sería poner algo así como un .barniz sobre los hechos. Debemos asumir quo el demandante viajó por el canal confiando en sus derechos legales, y no debe, privársele de esos derechos porque la legislatura se olvidó.”

La cuestión preliminar planteada por la parte apelante debe ser resuelta en su contra.

Consideremos ahora los dos alegados errores señalados por el Tesorero apelante.

1. ¿Erró la corte inferior al declarar que la Ley núm. 22 de 18 de junio de 1939, enmendada en 1940, es anticonstitu-cional 1

No se necesita gran esfuerzo para descubrir el arbitrario e injustificado discrimen que las cuatro primeras secciones de dicha ley establecen en favor de los contribuyentes moro-sos y en contra de los que pagaron a tiempo e íntegramente las contribuciones impuestas a sus propiedades. A los pri-meros, a los morosos, a los que no pagaron porque no qui-sieron o no pudieron, sin siquiera investigar las causas de su morosidad se les hizo una donación de $400. Y así, bajo la anunciada política pública de conservar para todo hombre su suelo, su comercio o su industria, fomentar la agricultura y disminuir el desemp1eo, fué posible que muchos contribuyen-tes que pudieron haber pagado sus contribuciones a tiempo sin esfuerzo alguno y no las pagaron por negligencia propia o por la del Gobierno al no apremiarles para qne las paga-sen, recibieran una dádiva de $400 como premio a su moro-sidad. Al contribuyente cumplidor, a aqnel qne pagó a tiempo, a ése, la ley no le concedió nada. Y así, bajo la misma anunciada política pública, se hizo posible que mu-olios contribuyentes, quienes para poder pagar a tiempo y salvar su bogar sacrificaron su comercio, su industria o su finca, se quedasen sin una protección igual a la que la ley impugnada dió a los contribuyentes morosos no pudientes. Si la ley hubiese hecho ostensiva la condenación a todos los contribuyentes, tanto a los morosos como a los cumplidores, o por lo menos a aquellos que no pagaron porque no pudie-ron y a aquellos que para -poder pagar hubieron de incurrir en deudas o sacrificios, la ley sería defendible por lo menos desde el punto de vista de una sana y humanitaria política administrativa*. La ley tal y como Mk sido redactada y aplicada es indefendible desde todos los puntos de vista.

La contención de la demandante de que la ley impugnada está en abierto conflicto con las disposiciones del párrafo primero del artículo 2 de la Ley Orgánica y de la Enmienda XIY de la Constitución Federal, que garantizan a toda persona la protección igual de las leyes, está sostenida por numerosa jurisprudencia, interpretativa de la Enmienda XIV, qne contiene igual prohibición que la de nuestra Oarta Orgánica. En la mayoría de las jurisdicciones en donde se ha levantado esta cuestión, se ha sostenido que la remisión, condonación o transacción de una reclamación por contribu-ciones, autorizada por la legislatura, viola alguna disposi-ción constitucional. State ex rel. Matteson v. Luscke, 99 A.L.R. 1053; Wilson v. Sup. of Sutter So., 47 Cal. 91.

En Simpson v. Warren, (Fla., 1932) 143 So. 602, se dijo:

“Cuando un estatuto qne prov’ee para el cobro de una determi-nada contribución es válido y de acuerdo con sus disposiciones se han cobrado contribuciones a algunas personas, la Legislatura carece de poder para establecer un discrimen anticonstitucional contra, y negar la protección igual de las leyes a, aquellos contribuyentes que ya han pagado la contribución mientras el estatuto estaba en vigor, condonando o borrando, arbitrariamente, mediante la deroga-ción del estatuto o en alguna otra forma, la responsabilidad de aque-llos que por su morosidad evadieron o pospusieron el pago. ...”

En el caso de Matteson v. Luscke, supra, resuelto por la Corte Suprema. de Minnesota, la cuestión envuelta era la constitucionalidad de una ley que concedía a los contribuyen-tes morosos el derecho a saldar sus deudas contributivas mediante el pago de una parte de las mismas. He aquí como se expresó el tribunal:

“Es para nosotros claro que el estatuto que estamos considerando infringe las disposiciones de nuestra Constitución. La clasificación de mateiüas que se ha intentado hacer es irrazonable y fantástica. Los dueños de bienes inmuebles se dividen en dos clases: los que pagan las contribuciones puntualmente y los que. no las pagan. Estos últimos pagan una cantidad menor que los primeros. Ninguna base razonable, fundada en diferencias esenciales de naturaleza o de cir-cunstancias se han sugerido en pro de esta clasificación. Al deter-minar la razonabilidad de una clasificación establecida por la Legis-latura, la corte no se preocupará por la cuestión de la política pública envuelta, ni por la conveniencia de la medida (citas). Sin embargo, al determinar la razonabilidad de una clasificación, es legítimo objeto de consideración por la corte el efecto práctico que la clasificación habrá de tener necesariamente sobre los negocios y sobre la sociedad organizada en' general. Sobre este particular podrá verse en seguida que el estatuto que estamos considerando alienta y promueve la moro-sidad contributiva en el estado. Se induce a los contribuyentes a dejar de pagar a tiempo las contribuciones, para poder satisfacerlas totalmente en el futuro mediante el pago de una fracción de la suma originalmente impuesta. Tal resultado no es deseable, y ‘demuestra cuan falta de razón es la clasificación.”

Véanse, al mismo efecto, Richey v. Wells, (Fla. 1936) 166 So. 817; State v. Hunt, (Ohio 1937) 9 N. E. (2d) 676; Steinacher v. Swanson, (Neb. 1936) 268 N. W. 317 y State ex rel v. Fischl, (Mont. 1933) 20 Pac. (2d) 1057.

Convenimos con la demandante y con la córte inferior en que la ley impugnada transciende los límites de las disposi-ciones de la Ley Orgánica y de la Constitución Federal que garantizan a toda persona la protección igual de las leyes, y que infringe también las disposiciones de la Ley Orgánica que requieren uniformidad en la imposición de contribucio-nes.

También aceptamos como bien fundada la decisión de la corte inferior en cuanto a que la ley impugnada debe ser declarada nula e inconstitucional en su integridad y que no es posible sostener que es inválida en cuanto a la condonación de las contribuciones y válida en cuanto a la imposición del arbitrio sobre la manufactura y venta de cigarrillos. Cuando las diferentes disposiciones de una ley están tan íntimamente relacionadas unas con otras y .dependen unas de otras, como sucede en el presente caso, la ley debe ser tratada como una integridad y como tal invalidada o sostenida. Johnson v. State, (N. J.) 38 L.R.A. 373, 37 Atl. 949; Riccio v. Hoboken, 63 L.R.A. 485; Carter v. Carter Coal Co., 298 U. S. 238, 80 L. Ed. 1160; y Williams v. Standard Oil Co., 278 U. S. 234, 73 L. Ed. 287.

2. El segundo error imputado a la corte sentenciadora es el de baber resuelto que la demandante tenía status o interés legal para incoar este pleito.

La frivolidad de este señalamiento es tan patente, que no creemos necesario darle tan extensa consideración' como la que le diera el juez sentenciador en su hábil y bien razonada opinión.

Es un hecho admitido que la demandante no es uno de los contribuyentes que pagó las contribuciones sobre su pro-piedad y que no tuvo el beneficio de la condonación. Y si aplicáramos al caso la regla general de que un estatuto dis-criminatorio sólo puede ser atacado por aquéllos contra quie-nes se discrimina, tendríamos que sostener que el error imputado fué cometido. Empero, la regla general a que nos hemos referido tiene sus excepciones, siendo una *de ellas la de que cuando la ley impugnada contiene disposiciones ínti-mamente ligadas e inseparables unas de otras, cualquier per-s’qua'afectada por una de esas disposiciones puede alegar la ínconstitucionalidad de la ley, aún cuando no sea una de las personas d.rectamente perjudicadas por el discrimen.

Resuelta en contra del apelante la cuestión principal, o sea que la ley impugnada es totalmente nula, ¿qué razón podríamos aducir para sostener que la demandante, a quien se obligó a pagar cerca de cien mil dólares que habían de ser dedicados al pago de un empréstito que nunca se con-trató y que de haber sido contratado se hubiera dedicado a un propósito ilegal, no tiene status o interés legal para exigir la devolución de lo que se le cobró ilegalmente y pagó bajo protesta? Sería en verdad absurdo sostener que un contri-buyente cumplidor que pagó a tiempo cinco dólares de con-tribución y no obtuvo el beneficio de la condonación, puede impugnar el estatuto; y que un fabricante de cigarrillos a quien se obligó a pagar cien mil dólares, para formar un fondo que habría de sei dedicado a cubrir los déficits cau-sados por las condonaciones ilegales, no tiene ni interés ni status para pedir protección a los tribunales contra la exac-ción ilegal de que fué víctima. Véanse: Shinn v. Oklahoma City, 87 Pac. (2d) 136; 11 Am. Jur. 755; Conard v. State, 16 Atl. (2d) 121; State v. Louisiana Coca-Cola Bottling Co., 124 So. 769; y Federal Paving Corp. v. Prudisch (Wis.) 293 N. W. 156.

Siendo inválido y contrario a los preceptos constituciona-les el propósito fundamental de la ley, para el cual se impuso y cobró el arbitrio, el cobro de éste debe ser también decla-rado ilegal. Y habiendo sido pagado bajo protesta, la de-mandante tiene el interés y el status legal que se requiere para poder incoar la acción.

La ley impugnada es contraria a la Ley Orgánica y a la Constitución Federal por la razón adicional de que priva a la demandante de su propiedad sin el debido proceso de ley al imponerle una contribución para un fin privado y no para un fin público. Véanse: Savings and Loan Assn. v. Topeka, 20 Wall. 655, 22 L. .Ed. 455; Cooley on Taxation, Vol. 1, sec. 174; Cole v. City of La Grange, 113 U.S. 1, 28 L. Ed. 896; U. S. v. Butler, 297 U. S. 1, 80 L. Ed. 477.

I/or las razones expuestas, se confirman las sentencias recurridas.

El Juez Asociado Sir: Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Todd, Je.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Víctor Cruz Natal, acusado y apelante.
    Núm. 10278.

    Sometido: Diciembre 13, 1943.

      Resuelto: Enero 18, 1944.

      A. Beyes Delgado, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Todd, Je.,

emitió la opinión, del tribunal.

El apelante, Víctor Cruz Natal, fue convicto por un jurado do un delito de robo y sentenciado por la Corte de Distrito de Arecibo a cumplir tres años de presidio. En este recurso alega que dicha corte erró 1, al privarle de su derecho a con-trainterrogar a tres testigos de El Pueblo; 2, al permitir que el fiscal leyera al jurado la declaración prestada ante él por el testigo de E] Pueblo, Domingo G-ómez, y admitiera la declaración del propio fiscal, con el fin de impugnar su vera-cidad ; y 3, al actuar con pasión, prejuicio y parcialidad en el curso del juicio induciendo al jurado a traer un veredicto de culpabilidad sin prueba-para sostenerlo.

La acusación en este caso se formuló contra tres acusa-dos: Víctor Cruz, el aquí apelante, Aníbal Romero Vélez e Ismael Pineda Carrión, alegándose que por medio de vio-lencia e intimidación se apoderaron de un billete de diez dólares y una caja de inyecciones sustrayéndolos de la persona de Perfecto Colón. El apelante había solicitado juicio por separado y se le concedió. Pasamos a considerar los tres errores señalados.

Trataremos el primer y tercer señalamientos .conjuntamente. Hemos leído detenidamente la prueba de cargo —la única presentada en el caso — y aunque creemos que el juez intervino innecesariamente a veces en el interrogatorio de los testigos no puede inferirse que actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad. Es cierto que limitó el contrainterrogatorio de los tres primeros testigos Eduardo Castro, Antonio Barreto y José Sánchez, pero esto se debió al hecho de que estos tres testigos declararon que nada sabían en cuanto a la intervención del acusado pues no lo Aderon la noche'en que ocurrieron los hechos. La frase usada por la corte: “no puedo perder tiempo” de que se queja el apelante no debe considerarse aisladamente. Las palabras completas del juez fueron las siguientes: “La Corte ha resuelto el asunto. No puedo perder tiempo. Contra este hombre no hay nada hasta la fecha. Hay que absolverlo si no hay nada contra él.” Fué, por tanto, más bien una advertencia al fiscal de que debía presentar prueba, si la tenía, contra el acusado, pues los tres primeros testigos nada habían declarado que tendiera a conectarlo con el delito imputado y hasta afirmó que había que absolverlo si no había prueba en su contra.

El segundo señalamiento tiene dos aspectos.

1. El testigo Domingo Gómez declaró que sólo había visto a dos .personas atacar abajo en la calle al perjudicado y que al acusado lo vió arriba en la Plaza del Mercado. El fiscal le preguntó si .había declarado ante él en la investigación preliminar y el testigo contestó en la afirmativa. Sentadas las bases para contradecir su testimonio, el fiscal, después de haberle mostrado la declaración anterior al abogado defen-sor,-se la dió a leer al propio testigo. Entonces ocurrió lo siguiente:

“P. ¿No leyó esta declaración? —Sí, señor.
“P. ¿Cuántos menciona en esta declaración?
“Abogado Sr. Santos Borges: No es-lo que mencione la decla-ración, es lo que vió.
“Hon. Juez: Puede preguntarle por qué declaró ahí eso.
“Hon. Fiscal: Yo quiero llevar al testigo para cooperar con él. Realmente puede que sea desmemoriado. Quiero ayudarlo.
“P. ¿Usted no declaró ante el fiscal? —Declaré ante el fiscal, pero declaré que eran dos individuos los que estaban abajo en el asunto ése y uno arriba, que me dió el golpe.
“P. ¿Cuántos eran? —Tres, con el que me dió el golpe.”

Entonces el fiscal, sin oposición del abogado defensor, leyó al jurado la declaración anterior del testigo. Tampoco se anotó excepción. Luego le preguntó el juez por qué había declarado antes que eran tres los que habían agarrado al perjudicado y el testigo contestó “no me explico cómo pude haber dicho que eran tres.”

2. En su interrogatorio, el fiscal le preguntó al testigo si el mismo día del juicio' no le había manifestado que había visto al acusado en compañía de los otros dos acusados que intervinieron en el atraco al perjudicado y al contestar en la negativa el fiscal más tarde prestó declaración al efecto, siendo corroborado por el testimonio del policía José Galarza que presenció el incidente en la oficina del fiscal.

Habiéndose sentado las bases que requieren los artículos 243 y 245 del Código de Enjuiciamiento Criminal somos de opinión que la prueba era admisible, especialmente en cuanto al primer aspecto discutido que no fué objetado ni excep-cionado por el acusado. Pueblo v. Méndez, 39 D.P.R. 654.

Los hechos y circunstancias concurrentes en el caso de El Pueblo v. Lafontaine, 43 D.P.R. 23 y otros citados por el apelante fueron distintos a los del caso de autos. En el de Lafontcáne se objetó y excepcionó la prueba y luego se solicitó su eliminación y una instrucción especial al jurado, y se resolvió:

“Si, como ha sucedido en otros casos, no hubiera existido la opo-sición de la parte contraria, la cuestión no hubiera podido levan-tarse en apelación, pero aquí la parte contraria pidió repetidamente a la corte que le reconociera el derecho a leer por sí misma el escrito y la corte le negó ese derecho. El escrito pudo contener otras manifestaciones favorables a la actual declaración del testigo.
“Además, la defensa pidió finalmente a la corte la eliminación de la declaración que leyó el fiscal, instruyéndose al jurado que en ningún momento la tuviera en mente, porque lo que se pretendía por el ministerio público era presentar una declaración que no podía de otro modo, y la corte, se limitó a decir: ‘Sin lugar la objeción.' ”

En el caso de autos al testigo se le dió a leer su decla-ración anterior y la oportunidad de explicar la contradicción y se limitó a decir que" “no me explico cómo pude decir que eran tres.” No se demostró que el testigo fuera coaccionado en alguna forma al prestar la declaración anterior escrita y menos aun se negó o explicó satisfactoriamente las manifes-taciones que el mismo, día del juicio había hecho al fiscal. No tenemos duda de que el testigo fné hostil y sorprendió al fiscal eon sn declaración en el juicio y que la prueba era admi-sible para contradecirlo y para que el jurado determinara la credibilidad que debía merecerle.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    Thomas Méndez, demandante y apelado, v. E. Solé & Co., S. en C., et als., demandados y apelantes.
    Núm. 8771.

    Sometido: Enero 13, 1944.

      Resuelto: Enero 19, 1944.

      Miranda & Miranda Esteve, abogados de los apelantes; E. Pérez Qa-saldua, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

Por virtud de un contrato de venta condicional, el de-mandante compró a la sociedad demandada un automóvil, pagando parte del precio al firmar el contrato y comprome-tiéndose a pagar el resto en dieciocho plazos mensuales de $57.50 cada uno, todos los días seis de los meses sucesivos, desde abril de 1941 a septiembre 6 de 1942.

En la demanda interpuesta en este caso se alega que la sociedad demandada inició ante la Corte de Distrito de San Juan un procedimiento de restitución y entrega de bienes muebles y embargó y depositó el automóvil; que el deman-dante se vió privado del uso del automóvil desde abril 24 hasta junio 30 de 1942, en cuya fecha le fué devuelto por orden de la corte; que el embargo fue decretado bajo fianza de $1,600 la que fué prestada por la demandada y por los dos codemandados; que en el caso de restitución en contra del demandante se dictó sentencia declarando sin lugar la de-manda, quedando firme dicha sentencia por no haber sido apelada dentro del término legal. El demandante reclama $400 de daños causádosle por el embargo al no poder usar el automóvil, $600 por daños a su reputación, más las costas.

Contestaron los demandados negando los hechos esencia-les de la demanda, y como defensa especial alegaron que habiendo dejado el demandante de satisfacer el pagaré ven-cido en abril 6 de 1942 y los que habían de vencer posterior-mente, en abril 20 del mismo año la sociedad demandada radicó una querella contra el demandante y solicitó el embargo del automóvil; que cuando el márshal fué en abril 23 a embargar el automóvil no pudo practicar el embargo por-que el demandante había escondido el vehículo; que el 24 del mismo mes el demandante ofreció al agente de la demandada hacer efectivo el pagaré vencido, pero esa oferta no fué aceptada porque de acuerdo con el contrato todos los paga-rés estaban vencidos y el demandante se negó a pagar las costas; que entonces el- demandante, maliciosamente, fué al Banco y sorprendiendo la buena fe de la demandada, pagó y obtuvo el pagaré vencido y que estaba al cobro- en el Banco de Arecibo, a pesar de que el Banco tenía instrucciones de. no entregarlo; y que ese mismo día 24, antes de que el de-mandante recogiera el pagaré, el marshal practicó el embargo. Se alega además, que si algún daño sufrió el demandante, el mismo fue causado por su propia negligencia y malicia y por el incumplimiento de su obligación de hacer efectivo el pagaré en la fecha del vencimiento.

Los demandados han apelado de la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Arecibo por la que se les condena a pagar al demandante la suma de $200 como indemnización por las ganancias que dejó de obtener como consecuencia del embargo, más $50 para honorarios de abogado y las costas.

Sostienen los demandados apelantes, que la corte inferior erró al resolver que en todos los casos en que se ha practicado un embargo y se desestima la demanda, el demandado embargado tiene derecho a exigir el pago de daños y perjuicios.

De la opinión emitida por la corte inferior copiamos lo siguiente:

“La Corte ele San Juan declaró sin lugar la demanda y fué admi-tido por las partes en la vista de este caso que el motivo que tuvo el -Juez para rechazar la demanda, fué que de acuerdo con juris-prudencia moderna no debe admitirse que se rescinda un contrato y se pida restitución de bienes por haberse demorado el deudor en un solo plazo.
“Aunque la cláusula que dispone que el vendedor puede pedir la restitución de bienes por falta de pago de un solo plazo, no la consideramos ilícita, no obstante, como la corte de San Juan declaró sin lugar la demanda de E. Solé y Co. no apeló de esa sen-tencia, tenemos que aceptar el fallo como cosa juzgada, pues la ley y la jurisprudencia- dan derecho a exigir daños y perjuicios cuando se declara no haler lugar al pleito en que se hace el embargo, y la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan a favor de Tomás Méndez, hoy firme, da base o derecho a la reclamación de daños y perjuicios.
* #*####
“En cuanto al último motivo, debemos resolver que si el de-mandante Tomás Méndez dejó de cumplir su compromiso de pagar puntualmente, y lo hizo después que ya había sido demandado y embargado, él no puede alegar que su reputación o crédito sufrió, por el solo hecho del embargo, pues no puede tenerse buen crédito en el comercio, si no se cumple con las obligaciones comerciales. Además, la prueba aducida para demostrar que el demandante sufrió en su reputación, fué poco convincente.” (Bastardillas nuestras.)

En el contrato de venta condicional, presentado en eviden-cia, se convino qne “si el comprador dejare de pagar cual-quiera de los plazos estipulados . . . entonces el vendedor, sus sucesores o causahabientes podrán apersonarse en el sitio donde el mencionado vehículo se encontrare y tomar posesión del mismo y retirarlo”; y, además, que si el comprador “fal-lare al cumplimiento de cualquiera de las condiciones de este contrato, todo el balance no pagado del precio, y los paga-rés que representen el mismo, vencerá y será pagado ense-guida.”

Es un hecho admitido, que el día 20 de abril de 1942, cuando E. Solé & Co. radicó su demanda y solicitó y obtuvo la orden para la toma da posesión del automóvil, el deman-dante no había satisfecho aún el pagaré correspondiente al plazo vencido en abril 6 de 1942. La corte inferior resolvió, de acuerdo con la evidencia, que el demandante hizo efectivo el importe de dicho pagaré “después que había sido deman-dado y embargado.”

La ley núm. 61 de abril 13, 1916, titulada “Ley para pro-veer lo necesario para la inscripción de ventas condicionales de bienes muebles y semovientes, etc.” dispone (Artículo 2) que “será legal que una persona celebre un contrato para la venta de bienes semovientes y muebles bajo condición de que la propiedad de los mismos será retenida por el vende-dor hasta que dichos bienes . . . hayan sido pagados en su totalidad” y (Artículo 6) que cuando los bienes hayan sido vendidos bajo esa condición “los mismos podrán ser recu-perados por el vendedor o su cesionario, al faltarse al cum-plimiento de las eondiciones de venta”, en cuyo caso el ven-dedor retendrá los bienes durante los treinta días siguientes y el comprador podrá dentro de ese período cumplir con las obligaciones del contrato y recibir de nuevo los bienes.

Aplicando las disposiciones legales a que hemos hecho referencia, a los hechos del caso, resolvemos que al radicar su demanda y al tomar posesión del automóvil, por falta de pago del’ plazo vencido, la sociedad vendedora actuó de acuerdo .con la ley y con los términos expresos de su con-trato con el demandante. El pago hecho por éste después de haber sido demandado y embargado no pudo tener el efecto de convertir el embargo en un acto ilegal que pudiera servir de base a una acción de daños y perjuicios.

No es cuestión envuelta en el presente recurso, y por tarto no estamos obligados a resolverla, si la Corte de Dis-trito de San Juan erró al desestimar la demanda para la restitución del automóvil por el alegado fundamento de que “de acuerdo con la jurisprudencia moderna no debe admi-tirse que se rescinda un contrato y se pida restitución de bienes por haberse demorado el deudor en un solo plazo.” Aún aceptando como correcta la decisión dictada por la Corte de Distrito de San Juan, eso en nada variaría la situación legal en el presente caso. La sociedad vendedora demandó y embargó haciendo uso del derecho reconocídole por la ley y por el contrato de venta condicional; y si después de reci-bir el importe del pagaré vencido, la vendedora creyó más conveniente a sus intereses no apelar de la sentencia y entre-gar, como entregó, el automóvil'al demandante, esa actuación no convirtió en ilegal el embargo practicado de acuerdo con la ley.

La acción para recobrar daños y perjuicios causados por un alegado embargo ilegal, que es la que se ejercita en este caso, es una acción ex-delicto basada en la doctrina del artículo 1802-del Código Civil. Como se dijo en Lowande v. Otero & Co., 14 D.P.R. 571:

“. . . indudablemente incurre en culpa, el que para asegurar las resultas de un pleito que sigue, contra determinada persona, solicita y obtiene del tribunal el embargo de los bienes de su adversario, que después, o por no haber formulado bien la demanda, o por resultar ésta injiístificada o temeraria, tiene que levantarse forzosamente, después de baber causado infinidad de daños y perjuicios en su crédito o en sus intereses al dueño de los bienes embargados. ’ ’ (Bas-tardillas nuestras.)

Véanse: Busó v. Martínez, 18 D.P.R. 1035; Mejías v. López, 51 D.P.R. 21; Cintrón v. Insular, etc. y Balbaño, 58 D.P.R. 821.

Es doctrina bien sentada la de que el que inicia o promueve procedimientos judiciales contra otro es responsable de los daños y perjuicios que pueda causarle, (a) cuando el procedimiento ha sido iniciado sin causa probable y con otro propósito que no sea el de conseguir la adjudicación de la reclamación en que se basan los procedimientos, y (ó) cuando el procedimiento ha terminado en favor del demandado. “Restatement of the Law of Torts”, Vol. ITT, página 443, sección 674.

Si aplicamos dicha doctrina a los hechos y circunstancias del presente caso, tenemos que llegar forzosamente a la con-clusión de que la sentencia dictada por la corte inferior no está justificada. E. Solé & Co., tenían causa probable y suficiente para iniciar el procedimiento sobre restitución del automóvil vendido al demandante bajo contrato de venta condicional. El comprador había faltado al pago de un plazo vencido en abril 3 de 1942; y no fué hasta el 20 del mismo mes que se inició el procedimiento. Ya hemos visto que tanto la ley como el contrato reconocen el derecho a tomar pose-sión del automóvil en caso de falta de pago de uno cual-quiera de .los plazos convenidos. Y no hay nada en la prueba que tienda a demostrar que el procedimiento fuera iniciado con el propósito de molestar o causar daño al demandante y no con el de proteger a la vendedora en su justa reclamación de lo que se le adeudaba.

Es cierto que la Corte de Distrito de San Juan dictó sen-tencia desestimando la demanda. Empero, esa desestima-ción no -se basó en la insuficiencia de la demanda o en que ésta fuese injustificada o temeraria, y sí en que habiendo el comprador del automóvil pagado el plazo que adeudaba, después de haber sido demandado y embargado, el vendedor no tenía, a juicio de dicha corte, el derecho a declarar ven-cidos los plazos futuros y rescindido el contrato.

Por las razones expuestas debe revocarse la sentencia recurrida y declararse sin lugar la demanda, con las costas de la corte inferior y las causadas por este recurso a cargo del apelado.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    South Porto Rico Sugar Company, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Borinquen Marrero, Juez Interino, demandada.
    Núm. 1.

    Sometido: Diciembre 21, 1943.

      Resuelto: Enero 19, 1944.

      James R. Beverley, R. Castro Fernández y José López Baralt, abo-gados de la peticionaria; Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, A. F. Franco Cabrero, Procurador Auxiliar y Pablo Defendini, abogados de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En relación con el “arrastre y arrimo” de las cañas de azúcar de sus colonos, la Comisión de Servicio Público ha tratado de imponerle ciertas reglamentaciones a las compa-ñías azucareras de Puerto Rico con las cuales la aquí peti-cionaria y Antonio Roig, Suers., S. en C., en el recurso núm. 2, no están conformes. Tanto éste como el otro son recursos de certiorari para revisar la resolución de la corte inferior denegando un supersedeas que mantuviera el statu quo mientras las peticionarias tramitaban apelación contra las referidas órdenes de la Comisión de Servicio Público. El anto preliminar fue expedido en ambos casos al amparo de la Ley núm. 32 de 1943 (pág. 85) ya que la cúestión envuelta es de gran interés público por estar muclias centrales azu-careras de Puerto Rico pendientes de la resolución de este caso para proceder a liquidar la zafra de 1943. Por convenio de las partes ambos recursos se vieron conjuntamente.

Veamos los hechos. La Ley núm. 221 de mayo 12 de 1942 ((1) pág. 1177) declaró empresas de servicio público a todas las compañías azucareras de Puerto Rico, les requirió la obtención de una franquicia y someterse a las reglamenta-ciones por parte de la Comisión de Servicio Público que dis-pone dicha ley. En agosto 25, 1942 la Comisión dictó una orden (Exhibit F) que se explica por sí misma y la cual transcribimos a continuación por ser de importancia a la resolución de este caso:

“En vista de que es prácticamente imposible debido a las dificul-tades por falta de tiempo disponible para hacer investigaciones y celebrar las audiencias correspondientes, la Comisión de Servicio Pú-blico se propone en las franquicias provisionales que se concedan en estos casos, el establecer para la próxima molienda o zafra del año 1943 las mismas condiciones y términos que aparecen de la Ley .núm. 112 de 3937, tal y como fue enmendada posteriormente, con excepción de aquella parte de la sección 11 que trata del descuento para gastos de ensacado, flete, seguro marítimo y todo gasto relacio-nado con la venta del azúcar en el mercado de Nueva York. En cuanto a este particular la Comisión anuncia que se celebrarán au-diencias sobre este extremo, las cuales se señalarán oportunamente.
“La Comisión de Servicio Público indica a las centrales azuca-reras que en o antes del día 10 de septiembre de 1942, envíen comu-nicaciones a esta Comisión expresando su aquiescencia o consenti-miento a este plan y renunciando a cualquier posible derecho que puedan tener en cuanto a audiencias en lo relativo a valoración, margen de beneficio razonable o condiciones y términos de los con-tratos de molienda, y una vez haya transcurrido ese período y se hayan recibido esas comunicaciones, la Comisión señalará las audien-cias correspondientes, en cuanto a los gastos arriba señalados que se mencionan en la sección 11 de la referidla Ley núm. 112 de 1937, tal como fue enmendada posteriormente. (Bastardillas nuestras.)
“La zafra debe verificarse del 1. de diciembre de 1942 al 30 de junio de 1943, según las necesidades de cada región; Disponiéndose que, si cualquiera de las partes afectadas, ya sean centrales o colonos, interesan una modificación en cuanto a este período de tiempo, pueden dirigirse a la Comisión en tal sentido.”

A esta orden, y en carta suscrita por su vicepresidente, la peticionaria contestó en la siguiente forma:

“We have been notified of your order and suggestion dated August 25, 1942, in which you advise that the Commission proposes to establish for the next grinding or crop year (crop of 1942-43) the same conditions and terms for liquidation by sugar mills to colonos as appear in Act No. 112 approyed May 13, 1937, as amended by Act No. 213 approved May 15, 1938, with the exception of that part of Section 11 which deals with the deduction to cover expenses of bagging, freight, maritime insurance, commissions, insular excises and all other expenses in connection with the sale of sugar in the New York market, and that as to the matter of these deductions and expenses, the Commission plans to hold hearing to determine the actual amount of such expenses and costs. The companies- manufacturing sugar in Puerto Rico are requested to waive for the crop of 1942-43 their rights to a determination by this Commission of a fair return to them under Act 221 of 1942, and to agree to liquidate under the terms of old Act 112 of 1937 as amended in 1938 with the exception that the various deductions of expenses mentioned in Section 11 of said act as amended will be allowed in full.
“The undersigned sugar company understands that this means that if the said waiver is filed, no other action will be taken by the Commission (except such order as may be issued after hearing on the matter of actual selling expenses deductible as above referred to) with respect to the terms of colono contracts of this company or with respect to the amount or amounts which may be earned by the company for the year ending June 30, 1943 nor with respect to sugar and molasses produced'in that year, whenever marketed, and that the company will be free so far as this Commission is concerned, to operate during the 1942-43 crop and free with respect to sugar and molasses produced in that year, with no greater burdens, restrictions or limitations than would be imposed by Law No. 112 of 1937 as amended by Law No. 213 of 1938, were these laws still in force, except that the Commission will determine the actual selling expenses deductible as above referred to.
“If this understanding as to the effect of your proposed action is correct, this would serve to advise you that if the Commission establishes and keeps in effect for the grinding year or crop year 1942-43 the same conditions and terms regarding liquidation to colonos us appear in Act No. 112 of 1937 as amended by Act No. 213 of 1938, with the exception of that portion of Section 11 thereof which deals with the deductions for expenses of bagging, freight, maritime, insurance, commissions, insular excises and all other expenses in connection with the sale of sugar in the continent (in regard to which the company claims and will claim the right to deduct all such actual expenses), South Porto Rico Sugar Company is luilling for the crop year 1942-43, as a matter of voluntary cooperation with this Commission, to conform, and will conform so far as it may legally do so, to the conditions and terms of said Act No. 112 of 1937 as amended by Act No. 213 of 1938, with the exception of that portion of Section 11 above described. As to that part of Section 11 dealing with the deductions above mentioned, it is understood that such expenses as above mentioned, will be fixed at their' actual figures and regardless of whether the sugar is actually sold in New York or at other ports of the United States, provided, however, that if any more favorable terms and conditions are granted or permitted to any other sugar company in Puerto Rico, we shall be required to conform only to such more favorable terms and conditions.
“By submitting this waiver of a valuation and fixing of a fair return for the 1942-43 crop, the undersigned company does so with the understanding that this will not constitute a precedent for any future waivers.
“By advising this Commission as set forth herein, and by hereafter conforming to the terms and conditions of Act No. 112 of 1937 as amended by Act No. 213 of 1938 to the extent above stated, the undersigned company does not waive any of the reservations made in its application for a provisional franchise to this Commission but reasserts them, and it reserves the right to contest any order or finding of the Commission with which the company may not agree which may be issued with respect to deductions for expenses of-bagging, freight, maritime insurance, commissions, insular excises and all other expenses in connection with the sale of sugar in the United States, or any other order of this Commission which may be issued with respect to the 1942-43 crop inconsistent with the terms of this waiver. , -
“It is also understood that by making this offer oí voluntary cooperation with the Commission for the crop year 1942-43, the company does not concede that operation in accordance with the terms of this offer (i. e., under the terms and provisions of Law 112 of 1937 as amended with deduction of actual selling expenses as above set out), will give a fair return to the company on its business.” (Bastardillas nuestras.)

Antonio Roig Suers., S. en C. aceptaron también la orden de la Comisión en términos parecidos a los anteriormente transcritos.

El primero de octubre de 1942 la Comisión publicó el si-guiente aviso, el cual transcribimos en lo que es pertinente:

“Aviso de Audiencia Pública. — Caso No. J — 6602.
“La Comisión de Servicio Público ha acordado celebrar audien-cias públicas en relación con la Ley núm. 221 de 1942 y en las fechas que se indicarán más adelante con el fin de comprobar los gastos de cada una de las centrales en lo que se relaciona con el' ensacado, flete, seguro marítimo, comisiones y todo otro gasto relacionado con la venta del azúcar en el mercado de Nueva York a fin de determinar qué suma de dinero podrá la central descontar a los colonos en conexión con tales gastos bajo la sección 11 de la Ley núm. 112 de 1937 tal y como fue enmendada por la Ley núm. 213 de 1938.
“En estas audiencias se presentará prueba sobre las cantidades que todas y cada una de las centrales deberá bonificarle a los colonos con respecto al arrastre o arrimo de las cañas bajo la sección 7 de la Ley núm.. 112 de 1937, tal y como fué enmendada por la Ley núm. 213 de 1938, y se investigarán también los métodos usados para la transportación y arrimo de la caña.
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“Octubre 20, 1942
Central El Ejemplo
Central Roig
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“Octubre 26, 1942
Central Guánica
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Se celebraron las vistas en los días señalados. El día 23 de diciembre de 1942, la Comisión, sin haber señalado ni cele-brado vista posterior a las de octubre 20 y 26, aprobó los reglamentos sobre “arrastre y arrimo” (Exhibits A,B,C). Solicitaron las peticionarias la reconsideración y modificación de dichos reglamentos y la Comisión de Servicio Público, sm señalar ni celebrar vista alguna, dictó la orden de febrero 24, 1943 (Exhibit D) por la cnal enmendó los artículos 2 y 3 del Reglamento sobre “arrastre y arrimo” y los artículos 6 y 11 del Reglamento General. Volvieron las peticionarias a solicitar la reconsideración y la Comisión, sin señalar ni cele-brar vista alguna, dictó la resolución de abril 12,1943 (Exhibit E) por la que de nuevo enmendó el artículo 2 del Reglamento sobre “arrastre y arrimo”. El 22 de abril de 1943 las peti-cionarias apelaron para ante la Corte de Distrito de San Juan atacando la validez y solicitando la nulidad de dichos reglamentos. El 12 de mayo de 1943 las peticionarias radi-caron ante la corte inferior sendas mociones de supersedeas, las cuales fueron declaradas sin lugar por no haber la Comi-sión elevado los autos del caso. Radicado el récord, las peti-cionarias radicaron una segunda moción de supersedeas cada una, y celebrada la vista, la corte inferior dictó la resolución de noviembre 29, 1943, que es objeto de este recurso, y que transcribimos a continuación, en sus partes pertinentes:

“Por CUANTO: se trata, a nuestro juicio ele ‘una orclen de la Comisión estableciendo, fijando, cambiando o alterando precios, tari-fas o cargos por el servicio público de arrastre y arrimo de cañal
“Por cuanto: la apelante no nos lia demostrado ni probado, como tampoco la prueba que consta en autos, que tal orden sea con-fiscatoria y que sus efectos la priven de su propiedad sin el debido proceso de ley, pues si bien se alega esto último, sin embargo, el que alegue privación de su propiedad debe probar de qué propiedad es que se le priva (American Railroad Co. v. Comisión de Servicio Público, 62 D.P.R. 359) y esto ni siquiera intentó demostrarlo la apelante, como tampoco por qué la orden recurrida.resulta ser confiscatoria.
“Por Cuanto: el supersedeas aquí solicitado es un remedio esta-tutario y sólo puede obtenerse al darse estricto cumplimiento a todas las condiciones requeridas.
‘ ‘ PoR cuanto : conforme alega la apelada, una orden de esta Corte suspendiendo los efectos de la orden u órdenes recurridas sólo ten-dría efecto prospectivo y habiéndose terminado la zafra de 1943, tal orden suspensiva resultaría académica y carecería de propósito prác-tico.
“PoR cuanto: aun admitiendo, que la orden recurrida no fuere de la índole antes expuesta, creemos que aun así ejercitaríamos nues-tra discreción más sabiamente no expidiendo el supersedeas solicitado.
“PoR tanto: se declara sin lugar la 'Segunda Moción Solici-tando Supersedeas’ radicada por la apelante.”

Aunque las peticionarias nos piden que entremos a considerar y resolver el caso en su fondo, o sea, que determinemos la validez de los reglamentos sobre “arrastre y arrimo”, somos de opinión que no debemos ejercitar nuestra jurisdicción en estos casos a tal efecto, ya que la Corte de Distrito de San Juan debe, en primera instancia, oír las apelaciones establecidas, siguiéndose así los trámites regulares de la ley. Lo único que debemos resolver es, si erró o no la corte inferior al denegar el supersedeas en estos casos.

El artículo 80, Ley de Servicio Público (Núm. 70) de 1917 ((2) pág. 433), según enmendado por la Ley núm. 21 de 1935, pág. 181, dice así:

“Ninguna apelación de ninguna orden de la Comisión en ningún caso surtirá el efecto de una suspensión (supersedeas) de la orden apelada, a menos que la predícha corte correspondiente en virtud de una orden interlocutoria diera efecto suspensivo a dicha apelación, mediante la prestación de la fianza correspondiente y previa vista a ese efecto; Y disponiéndose, sin embargo, que en aquellos casos en que la apelación sea entablada contra una orden de la Comisión, estableciendo, fijando, cambiando o alterando precios, tarifas o cargos por cualquier servicio público, la apelación no suspenderá los efectos de la orden de la Comisión como supersedeas a menos que la compa-ñía de servicio público afeetada pruebe ante la Corte, previa la cele-bración de la vista correspondiente con la comparecencia de la Comi-sión, que la orden de ésta es confiseatoria y que sus efectos privarían a tal compañía de servicio público de su propiedad sin el debido proceso de ley; y si estos hechos se establecieren ante dicha corte, ésta podrá dictar una orden que será fundamentada con conclusiones de hecho y de derecho suspendiendo los efectos de la orden de la Comisión; pero previamente requerirá a la compañía de servicio público para que preste una fianza a favor de El Pueblo de Puerto Rico, para beneficio de todas las partes perjudicadas por la falta de cumplimiento de la orden apelada durante el período de dicha sus-pensión y por la suma y en las condiciones que la corte disponga; será condición de dicha fianza el que ésta será para reembolsar a todas las partes perjudicadas por la suspensión de la ejecución de la orden de la comisión, en cualquier cantidad que hubiere sido cobrada por la compañía de servicio público durante el período de suspensión en exceso de lo que la Comisión de Servicio Público hu-biere dispuesto, en el caso de que la orden de la Comisión fúere final-mente confirmada; Y disponiéndose, además, que para los fines de esta suspensión (supersedeas) la prueba que se someta a la conside-ración de la corte será la que aparezca del récord como presentada y sometida a la consideración de la Comisión de Servicio Público; y no se admitirá ninguna otra prueba que no hubiere sido previa-mente sometida a dicha Comisión.”

De acuerdo con los preceptos de este artículo cuando se apela de una orden de la Comisión “estableciendo, fijando, cambiando o alterando precios, tarifas o cargos por cualquier servicio público”, no se concederá el supersedeas a menos que la compañía de servicio público pruebe que “la orden es con-fiscatoria y que sus efectos privan a tal compañía de servicio público de su propiedad sin el debido proceso de ley.” La corte inferior resolvió que la orden de la Comisión era de dicha naturaleza y que la apelante no probó que sea confisca-toria. La apelante señala esto como error. No es necesario que resolvamos si la orden establece, fija, cambia o altera precios, tarifas o cargos, ya que resolvemos que, séalo o no, la corte inferior erró al no conceder el supei-sedeas.

Asumiendo que la orden en cuestión caiga bajo las dispo-siciones generales del artículo 80, supra, es de aplicación lo resuelto en el caso de White Star Bus Line, Inc. v. Corte, 52 D.P.R. 837, donde se dijo:

“. . . Al conceder o denegar un supersedeas que habrá de tener efecto cuando se apruebe la fianza, el juez de distrito tiene por lo menos tanta discreción como la que podría ejercer al conceder o de-negar un injunction -pendente lite en nn pleito para impedir que se ponga en vigor una orden dictada por la Comisión. Tara justi-ficar la expedición de un injunction pendente lite debe desprenderse que existe una probabilidad razonable de que el peticionario tendrá éxito en la vista final.’ . . .
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“. . . Para los fines de esta opinión, puede admitirse que en nn caso de esta índole, y no habiéndose demostrado ningún otro buen fundamento, debe exigirse alguna prueba de daños irreparables como condición precedente a la concesión de una orden interlocutoria de supersedeas.” (Bastardillas nuestras.)

De manera que bajo la disposición general del artículo 80, supra, debe haber “alguna prueba de daños irreparables” y se exigirá, no ya lo que se exige en casos de alteración de precios, tarifas o cargos, o sea, que la orden sea confiseatoria y prive al peticionario de su propiedad sin el debido proceso de ley, sino que se pruebe una probabilidad razonable de que el peticionario tendrá éxito en la vista final del caso en apela-ción.' Empero, las disposiciones finales del artículo 80, supra, proveen que:

‘‘Y disponiéndose, además, que para los fines de esta suspensión (supersedeas) la prueba que se someta a la consideración de la corte será la que aparezca del récord como presentada y sometida a la consideración de la Comisión de Servicio Público, y no se admitirá ninguna otra prueba que no hubiere sido previamente sometida a dicha Comisión. ’ ’

¿Tuvieron las peticionarias la oportunidad de presentar prueba alguna ante la Comisión? Ya hemos visto que la Co-misión el 25 de agosto de 1942 dictó una orden, supra, indi-cando a las centrales la conveniencia de que renunciaran su derecho a las audiencias relativas a la valoración de sus pro-piedades y determinación del margen de beneficio razonable y que consintieran a un plan para establecer, para la zafra del año 1943, las mismas condiciones y términos que aparecen de la Ley núm. 112 de 1937, según enmendada, con la única excepción de aquella parte de la sección 11 de dicha ley que trata de descuento por gastos de venta y mercadeo. Las peti-cionarias accedieron a renunciar su derecho a que se cele-braran vistas pero fué exclusivamente a base de que en cuanto a los contratos de “arrastre y arrimo” continuarían rigién-dose por la Ley núm. 112 de 1937. El último párrafo de la orden de citación para la celebración de audiencias, supra, demuestra claramente que la Comisión no estaba citando para oír a las partes con el fin de fijar los términos de dichos con-tratos de acuerdo con la Ley núm. 221 de 1942, sino única-mente las cantidades que las centrales tenían que pagarle a los colonos de acuerdo con la Ley núm. 112 de 1937. Así ve-mos que en el récord taquigráfico de la vista celebrada el 26 de octubre de 1942, consta lo siguiente:

“El día 26 de octubre de 1942, se llamó este caso para la cele-bración de la vista pública en relación con los gastos de ensacado, flete, seguro marítimo y todo gasto relacionado con la venta de azú-cares ...”

Arguye la Comisión, sin embargo, que en dichas vistas se discutió ampliamente la cuestión de “arrastre y arrimo”. Es cierto que la Comisión le hizo varias preguntas'a un tes-tigo de la peticionaria South Porto Bico Sugar Co. sobre dicha materia, y que asimismo a varios testigos de la peticio-naria Antonio Boig Suers., S. en C., también se les interrogó al efecto, pero dichos interrogatorios deben considerarse en relación con el objeto de la convocatoria para las vistas, o sea, para la determinación de si las centrales estaban cum-pliendo con la Ley núm. 112 de 1937 en cuanto al “ arrastre y arrimo”. Así vemos que el testigo Adalberto Boig, socio gestor de Antonio Boig Suers., insistió varias veces en que la vista no era para dicho fin. A la página 50 de la Transcrip-ción de Evidencia, por ejemplo, el Sr. Boig hizo constar lo siguiente:

“Como yo no soy abogado, quizás no me expresé en forma correcta, pero quiero decir que hemos de objetar a que esta cuestión deba considerarse en esta vista.”

Y el Presidente de la Comisión dijo:

“Vamos a oír la prueba reservándole la objeción y excepción salvaguardando sus derechos.”

Véanse además las páginas 120 y 121; 168 y 206.

De los records en estos casos no consta qne las preguntas sobre arrastre y arrimo que se hicieron lo fueron en relación con la Ley núm. 221 de 1942, y no en relación con las disposi-ciones de la Ley núm. 112 de 1937 según habían convenido las peticionarias con la Comisión. Como resultado de dicha vista se aprobaron reglamentos sobre arrastre y arrimo que fueron más tarde enmendados por las órdenes posteriores de la Comisión, supra, sin citarse ni celebrarse vista alguna en relación con dichas enmiendas. Asumiendo, sin resolverlo, que la orden original sea válida ¿puede sostenerse que no exista “una probabilidad razonable de éxito” para las peti-cionarias en sus apelaciones ante la corte inferior? La pro-pia Comisión admite en su alegato, pág. 11, lo siguiente:

“Posteriormente, y en consideración a nuevas y numerosas soli-citudes de modificación recibidas de centrales y colonos, la Comisión volvió a adoptar enmiendas a los reglamentos relativos a arrastre y arrimo por resolución de fecha 12 de abril de 1943. Admitimos que esas enmiendas se adoptaron sin celebración de vista publica, aun-que al adoptarlas la Comisión se basó exclusivamente en la prueba aportada y en la investigación practicada a través de las vistas que sirvieron de base para la adopción de los reglamentos originales de diciembre 23 de 1942. Si se analizan bien esas enmiendas se verá que no alteran sustancialmente las condiciones establecidas en los reglamentos anteriores, aunque admitimos que en algunos de sus aspectos pudieron tener un efecto levemente adverso para la peti-cionaria.” ■ (Bastardillas nuestras.)

A nuestro juicio, esas actuaciones de la Comisión pueden ser declaradas por la corte inferior arbitrarias e irrazona-bles y que los reglamentos aprobados en su consecuencia lo fueron sin el debido proceso de leju Luce & Co. v. Junta de Salario Mínimo, 62 D.P.R. 452; Ohio Bell Telephone Co. v. Public Utilities Commission of Ohio, 301 U.S. 292 (1936).

Batificando lo resuelto en el caso de Morgan v. United States, 298 U. S. 468, citado fior esta corte en el de Luce & Co., snpra, la Corte Suprema Nacional en el de Ohio Bell Telephone Go., snpra, por voz del Jnez Cardozo, se expresó así:

“Las comisiones regaladoras han sido investidas con amplios po-deres dentro de la esfera del deber que la ley les asigna. Aun en procedimientos cuasi-judiciales sus decisiones bien informadas y expertas reciben deferente consideración por las cortes cuando se ha llegado a ellas a través de la debida sumisión a las restricciones constitucionales. West Ohio Gas Co. v. Public Utilities Comm’n (No. 1), supra, p. 70; West Ohio Gas Co. v. Public Utilities Comm’n (No. 2), 294 U. S. 79; Los Angeles Gas & Electric Corp. v. Railroad Commission, 289 U. S. 287, 304. Es más, mucho de lo que hacen dentro de la discreción administrativa está exento de supervisión si se ha cumplido con dichas restricciones. -Con más razón, por tanto, debe exigirse, cuando se han concedido tan amplios poderes, que se mantenga totalmente la ‘inexorable salvaguardia’ (St. Joseph Stock Yards Co. v. United States, 298 U. S. 38, 73) de una audiencia publica e imparcial. Morgan v. United States, 298 U. S. 468, 480, 481; Interstate Commerce Comm’n v. Louisville & N. R. Co., supra. El derecho a tal audiencia es uno de los ‘principios elementales de imparcialidad’ (Chicago, M. & St. P. Ry. Co. v. Polt, 232 U. S. 165, 168) garantidos a cada litigante por la Enmienda Catorce como un requisito mínimo. West Ohio Gas Co. v. Public Utilities Comm’n (No. 1), (No. 2), supra; Brinkerhoff-Faris Co. v. Hill, 281 U. S. 673, 682. Of. Norwegian Nitrogen Co. v. United States, supra. No puede existir compromiso alguno so pretexto de mera conveniencia o facilidad, o debido al deseo natural de eliminar demoras molestosas, cuando se olvida o se hace caso omiso de ese requisito mínimo.” (Bastardilas nuestras.)

Somos de opinión que aun cuando los reglamentos sean considerados como el juez inferior estimó que lo eran- — alte-raciones de tarifas, precios, etc. — quedó demostrada prima facie la confiscación que requiere el artículo 80, supra. Ahora bien, siendo aplicable la disposición final de dicho artículo, resultaría absurdo requerirle al peticionario presentar “al-guna prueba de daños irreparables” cuando el propio artículo. 80 le prohíbe presentar otra prueba qne no sea la presen-tada ante la Comisión, pnes °de acnerdo con los hechos de estos casos los peticionarios no tuvieron oportunidad de pre-sentar prueba alguna, especialmente en cuanto se refiere a las enmiendas que posteriormente hizo la Comisión a los re-glamentos sin celebrar nuevas vistas.y oír a los peticionarios.

Es cierto que el artículo 80,'supra, es claro en el sentido de que la expedición del “supersedeas” en estos casos es cuestión que descansa en la sana discreción de la corte inferior. Empero, de acuerdo con las circunstancias concurrentes en estos casos, somos de opinión que la corte inferior abusó de la discreción que le confiere dicho artículo.

Debe revolcarse la resolución dictada por la corte mferior el 29 de noviembre de 1943 y devolverse <el caso para la cele-bración de una vista donde se fije el montante de la fian&a y se expida la orden de supersedeas.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

Enero 25, 1944

La Comisión de Servicio Público ha solicitado reconside-remos y dejemos sin efecto la sentencia dictada en este caso el 19 de enero de 1944. Alega cuatro fundamentos princi-pales los que expondremos y resolveremos en el mismo orden en que han sido planteados.

1. Que esta Corte solamente tuvo en consideración el récord de la audiencia celebrada en relación con la peticionaria, descartando así los records de las audiencias celebradas en relación con las demás compañías azucareras de la Isla.

De acuerdo con la convocatoria o aviso de audiencia pú-blica expedido por la Comisión el primero de octubre de 1942, se fijó una fecha específica a la peticionaria para ser oída, o sea el 26 de octubre de 1942. A las demás centrales se les fijó otras fechas distintas para sus respectivas audiencias. No hay indicación alguna en dicha convocatoria de que se oiría a todas las centrales en nn solo día o sucesivos días en que todas estuvieran obligadas a comparecer. Siendo esto así, la peticionaria no estaba obligada a estar presente-en otro día que no fuera aquél para el cual se le convocó.

Nuestra sentencia no tiene el alcance de negar a la Co-misión la facultad de hacer una investigación general de las condiciones prevalecientes en todas las compañías azucareras de la Isla para luego determinar y fijar el alcance de la reglamentación adecuada y razonable a que puedan some-terse todas las compañías. Es lógico.que así se baga. Nues-tra sentencia está limitada a resolver única y exclusivamente la cuestión de procedimiento de si la peticionaria tuvo o no la oportunidad de ser oída en relación con la materia objeto de reglamentación y sobre la cual no había convenido nada previamente con la Comisión según aparece expuesto con más amplitud en nuestra opinión anterior.

2. Que las mociones de reconsideración interpuestas por la peti-cionaria no requerían la celebración de audiencias y que las palabras usadas por la Comisión en su alegato de que las enmiendas hechas a los reglamentos fueron, “levemente adversas a la peticionaria” no deben interpretarse en el sentido de que dichas enmiendas eran per-judiciales a la peticionaria.

Si los reglamentos no hubieran sido objeto de nuevas en-miendas a virtud de las mociones de reconsideración presen-tadas por la peticionaria, y hubieran sido declaradas sin lu-gar, desde luego que es obvio que no se requería ninguna nueva audiencia. Empero, si como admite la Comisión dichos reglamentos fueron enmendados y la peticionaria sos-tiene que lo fueron en sentido perjudicial y no levemente ad-versos como sostiene la Comisión, es muy obvio también que las audiencias eran un requisito previo a dichas nuevas en-miendas.

3. Que asumiendo que hubo las irregularidades en cuanto a la falta de audiencias, las mismas quedaron corregidas y subsanadas por actuaciones posteriores de la Comisión, o sea, la celebración de una audiencia el día 13 de mayo de 1943, previa notificación a las centrales y aprobación de otro reglamento. Admite la Comisión que “Si bien es verdad que los documentos relativos a esas actua-ciones no constaban ni podían constar en los autos correspondientes a este recurso, por tratarse de actuaciones posteriores a la fecha de la apelación entablada por la peticionaria contra los reglamentos adoptados basta esa fecha, este Hon. Tribunal podia y debía tomar conocimiento judicial de esas actuaciones.” (Bastardillas nuestras.)

Nos parece que una mera lectura de este tercer funda-mento es suficiente para demostrar su improcedencia. Si en el récord que tuvo ante su consideración la corte inferior, que es el mismo que vino ante nos a virtud del auto de certiorari no constaban ni podían constar las actuaciones a que hace referencia la Comisión, ¿cómo es posible que pudieran servir de base para resolver sobre la procedencia del supersedeas solicitado? Ni la corte inferior ni esta corte pueden tomar conocimiento judicial de que la. Comisión expidió una nueva convocatoria para una audiencia a la cual se citó a la peticio-naria y a las demás centrales de la Isla; y que dicha audien-cia se celebró en una fecha posterior a la interposición del recurso en este caso.

Pero es que aún asumiendo que todo esto haya sucedido y que el reglamento haya sido de nuevo enmendado, hemos de asumir que dicho reglamento debe tener carácter pros-pectivo desde la fecha de su aprobación, 17 de junio de 1943, y por lo tanto los reglamentos anteriores según enmendados desde el 23 de diciembre de 1942 hasta el 17 de junio de 1943, pueden haber afectado perjudicialmente a la peticionaria, según ésta alega y desea demostrar ante la corte inferior.

Que no es cierto, como sostiene la Comisión, que los reglamentos anteriores al aprobado el 17 de junio de 1943, no tienen efecto alguno perjudicial a la peticionaria y que por tanto la apelación en el presente caso es académica, lo demuestra el hecho alegado por la peticionaria y admitido por la Comisión de que está pendiente ante la Corte de Distrito de Ponee un proceso criminal en contra del vicepresidente de la peticionaria por no haber ésta cumplido con dichos regla-mentos. Uno de los fines del supersedeas solicitado en este caso, es precisamente obtener la suspensión de los efectos de dichos reglamentos para evitar procesos criminales a que pueda estar sujeta la peticionaria mientras se tramita y re-suelve la apelación pendiente ante la corte inferior. Hemos resuelto que el supersedeas debió concederse, empero esto no significa que si en definitiva la apelación es desestimada, no puedan continuarse los procesos pendientes e iniciarse otros nuevos contra la peticionaria por no haber cumplido con dichos reglamentos. Mientras tanto, sin embargo, debe mantenerse el statu quo. Si la apelación de la peticionaria es académica, según sostiene la Comisión, por haberse corre-gido las irregularidades alegadas por la peticionaria, es cuestión a ser resuelta por la corte inferior en la vista del caso en su fondo y no por esta corte en este incidente.

4. Que la frase usada en nuestra opinión al efecto de que “quedó demostrada prima facie la confiscación que requiere el artículo 80, supra,” en relación con los reglamentos aprobados no está justificada pues no habiendo estado la prueba del caso ante esta Corte no,podíamos formar opinión en cuanto al carácter confiscatorio de los reglamentos.

El alcance de la frase antes mencionada debe entenderse limitado a lo que expresamente estábamos resolviendo en este caso, es decir, que de acuerdo con los hechos que aparecen de los autos las actuaciones de la Comisión podían ser decla-radas por la corte inferior arbitrarias e irrazonables y que los reglamentos aprobados en su consecuencia lo fueron sin el debido proceso de ley. Es elemental en derecho constitu-cional afirmar que cuando no se actúa con el debido proceso de ley la actuación resulta confiscatoria. Fué en este sentido que usamos dicha frase, pues expresamente habíamos hecho constar en nuestra opinión anterior que no estábamos resol-viendo el caso en su fondo ni determinando la validez de los reglamentos y nos limitamos a considerar y resolver el caso escuetamente en cuanto a la procedencia del supersedeas soli-citado por la peticionaria.

En cuanto a este aspecto de la moción de reconsideración, no tenemos inconveniente en hacer constar de nuevo que no hemos entrado a considerar en su fondo si los reglamentos aprobados por la Comisión son razonables o confiscatorios, cuestión que debe ser resuelta en primera instancia por la corte inferior en la vista de la apelación del caso. Lo que sí hemos resuelto es que en el ejercicio de los amplios poderes para reglamentar la industriá azucarera de Puerto Rico con-cedidos a la Comisión de Servicio Público por la Ley núm. 221 de 1942, lo menos que puede exigírsele es un cumpli-miento estricto del debido procedimiento de ley reconocido a todas las personas, naturales o jurídicas, por nuestra Carta Orgánica.

Debe declararse sin hogar la moción -de reconsideración.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.