text:
    Fábregas, Demandante y Apelado, v. The Porto Rican and American Insurance Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre póliza de seguro.
    No. 2667.
    Resuelto en abril 2, 1923.
    Seguro Contra Accidentes — Colisión—Prueba Inadmisible. — Habiéndose pro-bado que nunca formó parte del contrato de seguro contra accidentes, el documento cuya admisión para probar que el contrato no comprendía riesgo de colisión fué negada al demandado, la negativa de la corte debe sostenerse, tanto más cuanto que tal documento no forma parte de los autos en apela-ción. Vilar v. El Ancora, 29 D. P. E. 914.
    Id. — Id.—Si un automóvil en movimiento se sale de su base en! la carretera y cae en nn precipicio cliocando violentamente con la tierra, hay una colisión den-tro del significado de esa palabra cuando se emplea ineondieionalmente en un contrato de seguro.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Chas. Eartsell y F. Ra-mírez Arellano.

    Abogado del apelado: Sr. P. Fajardo Martines.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una acción sobre cobro de una póliza de seguro. La demanda se presentó basada en la teoría de una colisión que ocasiona daños y perjuicios al automóvil del demandante como están cubiertos por la póliza, y la Corte de Distrito de Mayag'üez dictó sentencia a favor del demandante. Sostiene la demandada en apelación que la corte cometió error al ne-garse a admitir prueba tendente a establecer las condiciones del contrato y también al declarar probado que hubo en realidad una colisión según ha de entenderse esa palabra.

La corte en su opinión declaró probado que la evidencia era contradictoria; que la demandada no había probado sus defensas y fué de opinión de que la ley y los hechos estaban a favor del demandante. La corte aparentemente aceptó los hechos de la demanda que cita en su opinión, o sea, que en 10 de enero de 1921, siendo como las 10:30 p. m., mien-tras marchaba el automóvil asegurado por la carretera de Mayagüez a Maricao a la velocidad de unas doce millas por hora, las luces del automóvil repentinamente se apagaron impidiendo ver la carretera al chauffeur del demandante y por consiguiente que se fué contra uno de los árboles que quedan al costado de la carretera y rompiendo una alambrada cayó en un pequeño precipicio, quedando totalmente des-truido dicho automóvil.

También hay prueba tendente a mostrar que en realidad de verdad el automóvil chocó con uno o más árboles y al-gunos alambres y entonces cayó seguido en el precipicio.

La opinión de la corte deja algo en duda el hecho de si dicha corte no creyó qne hubo una colisión contra el árbol y el alambre qne originó el daño. Pero la prueba tiende más bien a mostrar que el accidente ocurrió al abandonar el automóvil la carretera o base de la misma y que el choque con los árboles y alambres fué más bien un incidente en la caída del automóvil.

Habiendo negado la demandada que el accidente se ori-ginó por ninguna colisión o choque con ningún objeto fijo o en movimiento, la corte declaró probado que la prueba era contradictoria y que la demandada no había probado nin-guna de las defensas establecidas en su contestación, y que la póliza fué expedida para responder de cualquier daño y perjuicio con motivo de accidente o colisión hasta la suma del seguro y por tanto que debía dictarse sentencia a favor del demandante.

El primer señalamiento de error alegado por la apelante fué que la corte erró al no haber aceptado como prueba un impreso o certificado de colisión de seguro que formaba parte de la póliza. Esta no aseguraba exactamente contra colisión, pero en la solicitud o “declaraciones” se hacía cons-tar que una parte de la prima era por colisión. El asegu-rado pagó $63 por el premio total de los cuales $38 eran por muertes y lesiones, $10 por daños a la propiedad y $15 por colisión; estando todos estos términos de tal modo escritos en inglés en la póliza o en algún sitio de la misma. En las declaraciones constan estas palabras: ‘ ‘ Colisión $- Dec. full cov.,” y el premio por esta descripción era $15 y debajo de todas las descripciones de los diferentes riesgos había estas palabras: “Riesgo de colisión a base de $895.”

Indiscutiblemente que la compañía asegurad/ora aceptó el premio de $15 para responder de un accidente causado por collision o “colisión.” La adición o endoso que la de-mandada ofreció como prueba no fué admitido por no estar firmado y porque sobre él nunca se llamó la atención del ase-gurado. Este endoso por tanto no formaba'parte del con-trato y la corte no cometió error al negarse a admitirlo como prueba. Asimismo, como indica el apelado, el documento cuya admisión fué denegada no forma parte de los autos en apelación. Lo hemos buscado, pues no aparecía en la pá-gina a que refirió la apelante. No lo encontramos. Esta es otra razón para sostener la actuación de la corte. Villar v. El Ancora, 29 L. P. R. 914. De manera que todo lo que te-nemos en el caso es la aceptación incondicional de una prima para cubrir el riesgo de colisión.

La apelante también sostiene .que no hubo ninguna coli-sión. Consideramos, sin embargo, después de analizar las autoridades, que si un automóvil en movimiento se sale de su base en la carretera y cae en un precipicio chocando vio-lentamente con la tierra, hay una colisión dentro del signifi-cado de esa palabra cuando se emplea incondicionalmente en un contrato de seguro. Harris v. American Casualty Co., 44 L. R. A., N. S. 70, fué un caso en el cual la póliza de seguro disponía que los daños causados al automóvil como consecuencia de colisiones que se debían en todo o en parte a vuelcos, debían quedar excluidas de la póliza y la corte resolvió que tal cláusula no tendría el efecto de hacer ineficaz el poder recobrar cuando un automóvil se fué sobre un puente en la carretera precipitándose al agua que había debajo y llegó al fondo de la quebrada donde estaba volcado, por no deberse la colisión al vuelco; siendo el vuelco más bien el re - sultado de la colisión. La corte de New Jersey consideró primero si el agua de la quebrada y la tierra debajo eran objetos dentro del significado de la póliza y resolvió que el agua y la tierra eran objetos físicos, interpretación que acep-tamos en el caso de El Pueblo v. Lebrón, 26 D. P. R. 427. Que la tierra es mi objeto en este sentido ha sido casi um-versalmente resuelto'. Son autoridades los dos anteriores casos y otros que se citan en una nota del tomo 14 A. L. R., pág. 190, incluyendo el caso de Bell v. American Insurance Co., reportado en la página 179 del mismo tomo.

En el caso ele Harris la corte pasó a considerar la signi-ficación de la palabra colisión, qne era el acto de chocar al encontrarse dos objetos; nn Contacto violento, según el Standard Dictionary; qne para nna colisión ambos cuerpos no tendrían que estar en movimiento, y la corte pasó a su-ponerse el caso de un automóvil que va por un sitio donde un puente de la carretera debido a una hendidura se había des-prendido precipitándose el automóvil abajo en la tierra, y preguntaba dicha corte si podía decirse que no había lugar a recobrar por haberse causado el daño al automóvil por la simple colisión con la tierra en vez de con algún objeto vertical o perpendicular.

En el caso de Moblad v. Western Indemnity Co. of Dallas, Texas, 200 Pac. (Cal. App.) 750, donde el borde de la base de la carretera se había hundido haciendo que se volcara el automóvil y rodara por el costado del monte, la corte re-solvió que el daño sufrido por el automóvil por el contacto con la tierra no se debió únicamente a la colisión con otro objeto, dentro de la póliza del automóvil, citando el caso de Bell, post. Por supuesto que cuando un automóvil se vuelca y choca entonces, el accidente no se debe “únicamente” a la colisión. En ese caso las palabras de la póliza son suscepti-bles de la interpretación que les ha dado la corte. De igual modo el caso de Stuht v. U. S. Fidelity & Guaranty Co. 154 Pac. (Wash.) 137, fué resuelto por virtud de una cláusula se-mejante.

Bell v. American Insurance Company, 181 N. W. 734, era un caso vigoroso que tendía a lo contrario. En ese caso la póliza aseguraba contra daño por accidente o c'olisión du-rante el período asegurado, con cualquier otro automóvil, vehículo u objeto. Los hechos fueron que el automóvil se hundía gradualmente en la tierra y el carro se volcó cho-cando con el suelo y sufriendo daños. Como hemos indi-cado, la corte resolvió que la tierra era un objeto y que el caso no exigía la aplicación del principio de noscitur a sociis, pero la corte pensó qne no hubo ninguna colisión sino un “vuelco” o “volteo.” Dijo la corte:

“Con las definiciones de los lexicógrafos por base, es fácil de-mostrar que el incidente que trajo por consecuencia un daño al au-tomóvil del demandante constituyó una colisión. Así pues:
“Una colisión es el “encuentro y mutuo choque o golpe de dos o más cuerpos en movimiento, o de un cuerpo en movimiento con uno que está fijo.” Diccionario de Century. “Objeto” se define que es “lo que se pone, o puede considerarse como puesto, al paso de alguno de los sentidos, algo que es visible o tangible.” Diccio-nario de Webster. Un automóvil es un objeto. Al volcarse un au-tomóvil su contacto violento con la tierra constituye un “mutuo cho-que o golpe de un cuerpo en movimiento con uno que está fijo.” De ahí que el contacto violento del automóvil con la tierra al ocurrir el vuelco constituyó una colisión.”
“Por su faz esta parece ser buena lógica, pero la conclusión no es convincente ni satisfactoria. Uno instintivamente rehúsa a estar conforme con el resultado. La razón es que la misma establece un uso nuevo e inusitado"y aplicación de la palabra ‘colisión.’ No de-cimos que los cuerpos que caen chocan con la tierra. En el lenguaje común la manzana cae al suelo; no choca con la tierra. Lo mismo pasa con todos los cuerpos que descienden. Hablamos del descenso como caída, no como colisión. Según la aceptación popular una co-lisión no resulta, creemos, de la fuerza de gravedad solamente. Se-mejante aplicación de la palabra no está sostenida por el ‘uso general y frecuente.’ ”

La corte también dijo lo siguiente:

“Que si bien era cierto que los contratos de segura deben ser interpretados del modo más estricto en contra del asegurador (ci-tando casos), sin embargo, ellos están sujetos a las mismas reglas de interpretación que se aplican al lenguaje de cualquier otro con-trato. '* * ■* El accidente que causa el daño al automóvil de que aquí se trata se conoce en el lenguaje vulgar por un vuelco o volteo. Si fué el objeto asegurar contra un daño que ocurre por tal accidente, ¿por qué no se emplearon tales palabras, u otras de semejante significación? No podemos presumir que las partes en el contrato tuvieron la intención de que un vuelco se interpretara como una colisión a falta de una relación más íntima de los dos in-cidentes en el sentido popular.”

Al mismo tiempo de esta decisión la Corte Suprema de Michigan en el caso de Universal Service Company et al. v. American Insurance Co., 181 N. W. 1007, resolvió que el cho-que de un auto-iruch por caer sobre él desde arriba del cubo una pala de vapor con la cual se estaba cargando el truok era una colisión dentro de una póliza que aseguraba al truck. La corte, después de considerar alguna jurisprudencia anterior y de hacer un examen de varias definiciones de los dic-cionarios, citadas en la opinión, se expresó como sigue:

“La mayor parte de las colisiones tienen lugar por el choque violento de dos cuerpos en el mismo plano o nivel, y es indudable-mente cierto que la palabra se emplea más frecuentemente para ex-presar tales choques que no otros choques violentos. Pero dudamos' que este hecho haya dado a la palabra tal aceptación corriente de-su significación que excluya los choques violentos a menos que ten-gan lugar en el mismo plano o nivel. Si una máquina subía y otra, bajaba por una cuesta empinada, y chocasen violentamente, nadie vacilaría un momento en usar la palabra ‘colisión.’ ¿En qué án-gulo ha de tener lugar el choque para que el uso de la palabra ‘coli-sión’ sea inadecuado y exima de responsabilidad a la compañía ase-guradora? Estamos persuadidos de que la mejor regla, la segura, es tratar y considerar a la palabra como que tiene la significación que uniformemente le dan los lexicógrafos; que cuando hay un cho-que, un golpe violento o encuentro de dos cuerpos, tiene lugar entre ellos una colisión y que el ángulo de donde procede el choque no tiene importancia. En el presente caso hubo el choque violento del truck y el muy pesado cubo cargado; esta fué una colisión dentro del significado de la póliza .y hacía responsable a la demandada.
“Mientras llegábamos a la conclusión que hemos alcanzado, y desde la preparación de la anterior opinión, la Corte Suprema de Wisconsin había emitido una opinión en el caso de Bell v. American Insurance Co., 181 N. W. 783, en la cual esa corte ha llegado a una conclusión contraria a la nuestra. No obstante la alta consideración que tenemos por las opiniones de esa corte, nos vemos obligados a ser consecuentes con. nuestra conclusión original.”

Estamos dispuestos a convenir con la Corte Suprema de Michigan. Generalmente no debiéramos decir que una man-zana que desciende u otro objeto liviano chocaba con la tie-rra Como se insiste por la Corte Suprema de Wisconsin. Esto es así porque pensamos en un choque violento o vigo-roso de donde puede resultar un daño. Si uno dijera que un aeroplano o aerolito que desciende chocaba con la tie-rra, aunque tal vez no es el lenguaje más común, no sería un uso tal de la palabra que no fuera permisible. Creemos que hay muchos casos en los cuales la gravedad es la única fuerza donde el choque más o menos fuerte de dos cuerpos se llamaría una colisión. Ciertamente que si un guardafre-nos permitía negligentemente que un carro que va a entrar a un desvío chocase con una cabaña, habría una clara colisión suponiendo que la gravedad era la única fuerza, dentro de la distinción establecida en el caso de Bell. Que la gravedad no interviene sola para producir un accidente es fácil de-ducción de la ley sobre la inercia de Newton, o sea, que un cuerpo permanece en un estado de movimiento, o de quie-tud hasta que otra fuerza actúa sobre él.

■ Como indica la .Corte de Michigan no han de ser descar-tados los diccionarios. Cuando decimos que las palabras ge-neralmente deben ser empleadas en un sentido popular, no queremos decir que deben ser usadas de tal modo como todo el mundo en la comunidad las emplearía, pues el uso de las palabras depende en cierto modo de la educación del que habla o escribe y la enseñanza' general de la escuela sobre el significado de una palabra es el uso que se le da por los mejores escritores y oradores. Estamos conformes con la Corte Suprema de Wisconsin en que las palabras no han de ser tergiversadas en su uso corriente, en cuanto a mi asegu-rador que redacta un contrato. Sin embargo," cuando se usa una palabra en un contrato en el que se describen gené-ricamente todos los choques violentos, como ocurre con la palabra colisión en sus definiciones por los diccionarios, debe" asumirse que las partes tuvieron en cuenta todo aque-llo que razonablemente estaría comprendido en la definición de esa palabra, a falta de algo en sentido contrario. El conflicto mismo en cnanto a la significación de la, palabra en la mente de diferentes cortes debe • favorecer al asegu-rado.

Con excepción del caso de Bell es dudoso si bay alguna otra corte qne defina la palabra colisión Como sostiene la apelante. En los casos de Stnbt y Moblad los términos de la póliza excluían de indemnización los accidentes en particular.

La lectura de los varios casos nos convence de que la pa-labra colisión se emplea por los aseguradores de automó-viles para describir cualquier choque o golpe violento. En el caso de Stuht, por ejemplo, la póliza aseguraba al auto-móvil contra daños causados por colisión con otro objeto ya en movimiento o fijo (excluyendo, sin embargo, * * *) y entre las cosas excluidas estaban los. “vuelcos.” El vuelco se considera, pues, como una excepción de la aceptada sig-nificación de la palabra “colisión.”

Stix v. Travelers Indemnity Co., 157 S. W. 870, también fué nn caso en que la póliza aseguraba contra daños “cau-sados únicamente por colisión con otro objeto (excluyendo, sin embargo, * '* * toda pérdida o daño por chocar con cualquier parte de la base de la carretera). Esto tiende a demostrar que un choque violento con la base de la carre-tera ordinariamente se consideraría una colisión. Se re-solvió qne el sistema de cunetas, etc., no era parte de la base de la carretera.

En el caso de Wetherill v. Williamsburgh City F. Ins. Co., 60 Pa. Super, Ct. 37, extractado en Ann. Cases 1917 D. 58, la corte dijo:

“Se ha definido la colisión como un choque violento, un mutuo golpe. En el párrafo segundo de esta, adición se dice que la com-pañía no es responsable por daños causados por chocar con cualquier parte de la cuneta. En ninguna parte de la póliza se hace refe-rencia sobre ser responsable la compañía por chocar con cualquier cosa o no ser que ‘colisión’ y ‘choque’ se emplearan como palabras sinónimas. ‘Choque’ es la propia definición que da la demandada a la palabra ‘colisión.’ ”

En el caso de Gibson v. Georgia Life Ins. Co., 86 S. E. 335, se resolvió que la piedra o Miera de piedras en el re-borde de la acera era tal parte de la base de la carretera que excluía a una persona’ cuyo automóvil había sufrido daños con ella por colisión. Este es otro caso en el cual el ase-gurador excluyó de las “colisiones” el chocar con la base de la carretera. T el caso anterior, Harvey v. Georgia Life Ins. Co., 81 S. E. 206, de la propia corte de Georgia, se pro-nuncia en el mismo sentido. Allí el automóvil había dejado el camino yéndose a una cuneta y chocando con el terraplén al otro lado, habiendo recobrado el demandante. Véase también el caso de Southern Casualty Co. v. Johnson, 207 Pac. 987.

Tenemos, pues, un gran número de compañías de seguro que interpretan la palabra “colisión” en el sentido de que podría recobrar el apelado. Como interpretación práctica este uso no sería tal vez obligatorio para la apelante, pero cuando las definiciones de los diccionarios y el uso en las pólizas descritas convienen, estamos justificados en llegar a la conclusión de que la palabra “colisión” en pólizas de se-guro, usada incondicionalmente incluye el deslizarse por un precipicio y el chocar con, la tierra que está abajo.

Que esta especie de riesgo se conoce como seguro por co-lisión puede fácilmente inferirse del texto de Huddy sobre automóviles. Después de dedicar secciones relativas al Se-guro contra Incendio y otras semejantes, trata el autor del Seguro por Colisión, secciones 815 a la 822. En la sección 817 habla del “Seguro por Colisión, — escepción por daños causados al chocar con una parte del camino.” En la sec-ción 818 de “Seguro por Colisión, — excepción del caso de vuelco de la máquina.” Todas estas autoridades demues-tran que las excepciones meramente señalan la regla en cuanto al significado de la palabra “colisión,” cuando se usa in-condicionalmente.

Para una interpretación práctica tenemos la posición asu-mida por las partes mismas. En la carta de los agentes al asegurado negando la validez expresan ellos que no bubo ningún “choque” (striking) que causara el vuelco, tratando así de mostrar un seguro contra “choques.”

La apelante señala asimismo como error en su alegato que la corte declaró probado que había habido un “choque.”

Pero también creemos que la reclamación del demandante está admitida por las alegaciones. El párrafo tercero de la demanda alegaba que el demandante estaba asegurado por la suma de $895 por cualquier daño que pudiera sufrir el automóvil por accidente o colisión. “Accidente” y “Coli-sión” se usan a la vez y las palabras son necesariamente lo suficientemente amplias para cubrir este riesgo. La de-mandada contestó que admitía los hechos del párrafo tercero de la demanda pero que los daños y perjuicios de que res-pondía la póliza eran aquellos resultantes de accidentes (sic) que ocurran de acuerdo con los riesgos contenidos en la pó-liza. Al redactar la demandada esta contestación probable-mente estaba pensando en la adición o endoso que nunca llegó a ser parte de la póliza. Hay una admisión de res-ponsabilidad en la contestación una vez demostrado que la póliza no contenía ninguna limitación de la clase que ha sido alegada.

Yéase, para razonamientos muy semejantes sobre los as-pectos generales, el caso de Young v. New Jersey Ins. Co., 284 Fed. 492, encontrado después de publicada la opinión y sentencia.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wole,

license: Public Domain

text:
    Hernández et al., Demandantes y Apelados, v. Hernández et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre reivindicación.
    No. 2781.
    Resuelto en abril 2, 1923.
    Reivindicación — Prescripción, Defensa de — Tercero, Defensa de. — En una ac-ción reivindicatoría las defensas de prescripción y de tercero deben ser es-pecificas y no pueden establecerse por primera vez en apelación.
    Id.' — -Prueba del Carácter de Heredero — Objeciones Tardías en Apelación.— Una sentencia declaratoria de filiación que los demandantes presentaron como prueba en una acción reivindicatoría para acreditar su condición de here-deros, no puede ser atacada por primera vez en apelación.
    Id. — Alegaciones—Objeciones Tardías en Apelación. — En general cuando los autos revelan que las partes han trabado contienda litigiosa sobre hechos y que la parte opositora ha procedido en el juicio como si las cuestiones hu-bieran sido debidamente levantadas por las alegaciones, el Tribunal Supremo no insistirá en la existencia de alegaciones, ya en la demanda o en la con-testación. Sin embargo, cuando no hay ninguna indicación de consentimiento por la parte contraria o un impedimento contra ella (estoppel), no puede un apelante levantar por primera vez cuestiones en apelación que debió ha-ber presentado en las alegaciones.
    Id. — Heredero—Filiación, .Sentencia de. — Una sentencia de filiación establece la cualidad de heredero. Méndez v. Martínez, 26 D. P. R. 96.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. G. Traveeier y G. B. BvÁtrago.

    Abogados de los apelados: Sres. F. González y A. López.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Sandalio y Jesús Hernández Reyes fueron los deman-dantes en este caso. Alegaron que eran los hijos natura-les reconocidos de Ramón Hernández Ríos y que su refe-rido padre, al ocurrir su fallecimiento, dejó cuatro -'hijos naturales reconocidos, todos los cuales tenían derecho a la finca objeto de la acción reivindicatoria. Los otros dos hijos naturales reconocidos se llamaban Carmen y Josefa. Se alega que Carmen vendió su participación hereditaria a Juan Pedro y Gómez, de manera que éste último y Josefa Hernández Reyes son los demandados en la acción. La demanda con-tiene la debióla alegación de estar los demandados deten-tando la posesión.

La contestación fechada en julio 23, 1921, negaba con-juntamente .algunos de los anteriores becbos y alegaba en forma positiva que en procedimientos de partición ini-ciados por la madre de Carmen y Josefa, se adjudicaron a cada una de las bijas porciones específicas de terreno se-gregado de la finca y que en 28 de julio, 1911, Josefa vendió su porción segregada de diez y seis cuerdas al demandado Juan Pedro Gómez; que Juan Pedro Gómez tenía inscrito su título en el registro de la propiedad desde bacía más de seis años. La contestación no contenía ninguna alegación ni exponía becbos tendentes a establecer un título por pres-cripción en el demandado Juan Pedro Gómez. La contes-tación asimismo no contenía ninguna alegación ni presen-taba becbos tendentes a mostrar la defensa de tercero, ni se alega tampoco en dicba contestación la adquisición del tí-tulo por Juan Pedro Gómez de alguien con título inscrito, sino meramente, como bemos indicado, que el referido Juan Pedro Gómez babía inscrito su título. Ni es ésta aparente-mente siquiera un Caso en el cual se levantaron estas de-fensas en el juicio. Ni en la exposición del caso ni en la opi-nión de la corte bay ninguna indicación de tales defensas pero en el juicio otras y distintas defensas fueron levantadas. Se dictó sentencia en favor de los demandantes.

La defensa de prescripción es especial y debe ser ale-gada. Torres v. Torres, 29 D. P. R. 909. Dudamos a falta de alegación o enmienda en el juicio si tal defensa podía alguna vez ser suscitada con éxito, o sostener una sentencia. Ciertamente que tal defensa no puede plantearse por pri-mera vez en apelación como pretende hacerlo el apelante en su tercer señalamiento de error. Alegan también los ape-lados que la contestación mostraba un período de posesión de menos de diez años. El demandado adquirió la finca en julio 23 de 1911. La demanda fué radicada en marzo 6, 1921.

Asimismo la defensa de ser tercero debe ser alegada es-pecíficamente (Torres v. Torres, supra) y no hacerse por primera vez en apelación como pretende el apelante en sn segundo señalamiento de error.

El primer señalamiento era que la corte inferior come-tió error al estimar que los demandantes habían probado su carácter de herederos abintestato de Eamón Hernández Eíos. Este no es un señalamiento de error muy específico considerando el vasto campo de argumentación que toma el apelante, incluyendo el ataque colateral que se hace contra la sentencia en otra acción por virtud de la cual los deman-dantes probaron u ofrecieron probar su estado legal de hijos naturales reconocidos.

El señalamiento de error debió haber sido de este modo. La corte inferior erró al sostener que la sentencia, nom-brándola, probaba suficientemente el estado legal de los de-mandantes como hijos naturales reconocidos de Eamón Her-nández Eíos.

Pero aún cuando los autos revelaran que tal ataque se hizo contra la sentencia de filiación presentada como prueba, débemos dudar, si no resolver, que la sentencia de filiación, que no es nula por su faz, no puede ser atacada colateral-mente por supuestos errores tales como la suficiencia de la demanda o de la prueba, sino solamente por defectos re-lativos a la jurisdicción, u otros semejantes. Como los he-chos ocurrieron no se hizo ninguna objec'ción a la sentencia como prueba. Por el contrario, a pesar de la objección de los demandantes la corte admitió los autos en conjunto en el presente caso en el cual los demandantes sólo ofrecían como prueba la sentencia. Los apelados están justificados en de-cir que un ataque de la sentencia de filiación no puede ha-cerse de este modo por primera vez en apelación.

Verdad es que en la corte inferior disputaron los ape-lantes la suficiencia de la acción de filiación para estable-cer la filiación. La corte muy acertadamente resolvió que tal' defensa hubiera sido adecuada en la acción de filiación misma en la cual la propia Josefa Hernández Ríos inter-vino, pero no el presente caso. La corte, sin embargo, no consideraba la cuestión del ataque de la sentencia sino que estudiaba la esencia de la cuestión.

En general cuando esta corte puede ver claramente que las partes han trabado contienda litigiosa sobre hechos y que la parte opositora ha procedido en el juicio como si las cuestiones hubieran sido debidamente levantadas por las ale-gaciones, no insistiremos muy fuertemente en la existencia de alegaciones, ya en la demanda o en la contestación. Sin embargo, cuando no hay ninguna indicación de consenti-miento por la parte contraria o un impedimento contra ella (estoppel), no puede un apelante levantar por primera vez cuestiones en apelación que debió haber presentado en las alegaciones.

Penetremos algo más en este bosque sin dirección. Dicen los apelantes que ellos negaron por falta de informa-ción que los demandantes tenían la condición de hijos natu-rales reconocidos de su alegado padre y sus derechos a la finca. Los apelados contestan a esto sintéticamente. Para probar su estado legal presentaron ellos la sentencia de la Corte de Distrito de Humacao de fecha febrero 12, 1913, por la cual aquella corte declaró que Jesús y Sandalio Hernán-dez Reyes eran los hijos naturales reconocidos de Ramón Hernández Ríos. La finca, el fallecimiento del causante y otros particulares fueron admitidos en la contestación.

Los apelantes parece que creen que una mera sentencia de filiación no establece la cualidad de heredero, pero esta es una cuestión que fue levantada, considerada y resuelta ad-versamente a sus contenciones en el caso de Méndez v. Martínez, 26 D. P. R. 96.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y HutcMson.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey, JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TOBO

text:
    Rosa, Demandante y Apelante, v. Díaz et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre resolución de obligación.
    No. 2778.
    Resuelto en abril 2, 1923.

      Disponer de la Cosa Dada en Garantía — Interpretación de la Palabra ‘ ‘ Dis-poner” — Hipotecar no es “Disponer”. — El dueño de una finca que me-diante contrato constante en documento privado se había comprometido con su acreedor a no disponer de la misma sin antes haber solventado el crédito, no viola su contrato 'al hipotecar la finca a otra persona, pues el significado general, usual y gramatical de la palabra “disponer” envuelve la idea de traspasar a otra persona el dominio y control de alguna cosa, desprendién-dose de ella por cualquiera de los medios que definitivamente la sacan de nuestro poder, como la donación, venta, renuncia, enajenación; y el que hipoteca una cosa no se desprende definitivamente del dominio que tiene sobre ella.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abog’ado del apelante: Sr. L. Mercader.

    Abogados de los apelados: Sres. Large Zeno.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal. *

En documento privado de 8 de mayo de 1921, los her-manos José y Ramón Díaz Agueda reconocieron deber a Lucas Rosa Ruiz la cantidad de $2,395.22 y se comprome-tieron a pagarla, sin interés, en el término de diez años, y por anualidades, según pudieran, aunque estaban dispues-tos a satisfacerla antes de ese tiempo. En la cláusula ter-cera de ese documento consta la siguiente estipulación:

“Para el cumplimiento de esta obligación afectamos nuestras personas y bienes Rábidos y por haber y renunciamos a todos los de-rechos y acciones que las leyes nos conceden, comprometiéndonos a no DISPONER de nuestra einca sin antes haber solventado dicha obli-gación.”

El 18 de octubre del mismo año los hermanos Díaz Agueda hipotecaron una finca de su propiedad de 41 a 45 cuerdas de terreno a favor de tercera persona para garantía de un prés-tamo de $400 y sus intereses del 1 por ciento mensual por término de dos años y con la condición de que si dejaban de pagar dos trimestres consecutivos de intereses se entende-ría vencida toda la obligación; y en. 4 de enero de 1922 Lucas Rosa Ruiz demandó judicialmente a los hermanos Díaz Agueda para que pagasen toda su deuda de $2,395.22 fun-dándose en que la constitución de ese hipoteca, sin su con-sentimiento, es una violación de su contrato con él. Se opu-sieron los demandados a esa reclamación y celebrado el juicio se dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, contra cuyo fallo interpuso el demandante este recurso de apelación. '

Toda la controversia en este pleito gira sobre el sig-nificado y alcance de la palabra “disponer” usada en la cláusula tercera del contrato entre las partes, sosteniendo el apelante que al hipotecar su finca los demandados, sin su consentimiento, dispusieron de ella en'contravención del con-trato y que por esto están obligados a pagar ahora toda su. deuda.

Según el Diccionario de la Academia Española la pala bra “disponer” significa: “Obrar libremente en el destino' o enajenación de sus bienes, por donación, venta, renuncia, etc.” En el Diccionario de "Webster se define así la palabra dispose of: “Traspasar al control de otra persona, como por ejemplo, vendiendo; enajenar, separarse de; renunciar, negociar.” Idéntico significado encontramos en The Century Dictionary and Cyolopeda, vol. II, pág. 1679.

E'stas definiciones nos demuestran que el significado general, usual y gramatical de tal palabra envuelve la idea de traspasar a otra persona el dominio y control de alguna cosa, desprendiéndose de ella por cualquiera de los medios qne definitivamente la sacan de nuestro poder, como la do-nación, venta, renuncia, enajenación; significado que indu-dablemente tuvieron en cuenta los contratantes porque es de todos conocido.

Pero si atendieron las partes al significado legal de esa palabra, también fiemos de llegar a la conclusión de que tiene igual sentido, pues el Sr. Falcón, catedrático de derecfio Civil de la Universidad de Barcelona (España) en sus Co-mentarios al Código Civil, tomo 2, pág. 123, Ed. 4, dice lo siguiente: “Dos atribuciones fundamentales, como acabamos de ver, constituyen el fondo del derecfio de .propiedad; la facultad de gozar y la facultad de disponer. Los romanos expresaban estas dos ideas con las palabras ‘utere et abu-tere.’ Nuestros códigos traducen estas dos palabras por las de gozar y disponer: gozar o usar cuando se aprovecha uno por sí mismo de la utilidad de las cosas: disponer o abusar, cuando se cede a otro en todo o en parte el dominio. Las dos facultades reunidas constituyen el dominio propiamente dicho.” En Bvuvier’s Law Dictionary, vol. I. pág. 888, se define: “Disponer: enajenar o disponer de la propiedad de una cosa, como por testamento.” En Words & Phrases Judicially Defined, vol. 3, pág. 2114, se define disponer como “enajenar, traspaso efectivo.” También encontramos igual significado en 18 C. J. 1279. En 2 C. J. 1036 se dice que ordinariamente una hipoteca u otro gravamen sobre la tie-rra, no es una enajenación, técnicamente hablando, porque aunque finalmente puede resultar en una enajenación, no es por sí misma una completa y absoluta transferencia del tí-tulo. T en el caso de Bryan v. Traders’ Insurance Co. of Chicago, 145 Mass. 389 a 392, en el cüai fue hipotecada una casa que estaba asegurada con la condición de que la póliza de seguro sería nula si la propiedad era vendida, se declaró que la hipoteca no anulaba la póliza porque una hipoteca no es una venta.

Es cierto que según el artículo 354 del Código Civil la propiedad concede el derecho de gozar y disponer de la cosa y que uno de los modos de disponer es gravando la finca con hipoteca o cediéndola en arrendamiento, pero esto no quiere decir que por la hipoteca o el arrendamiento el dueño haya dispuesto de su propiedad en el sentido que la palabra dis-poner tiene, porque continúa siendo dueño de ella.

Por todo lo expuesto llegamos a la conclusión de que al hipotecar su finca los demandados no violaron el contrato en que se comprometieron a no disponer de ella mientras no hubieran pagado su deuda con la demandante y por tanto la sentencia que declaró sin lugar la demanda dehe ser con-firmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. del Toro y el Juez Asociado Sr. Franco Soto, disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TOBO

CON LA CUAL ESTÁ CONBORME EL JUEZ ASOCIADO SR. ERANCO SOTO.

Se solicita en este caso la resolución de cierta obligación contractual. La parte demandada se opuso y la corte de distrito sostuvo su oposición. Después de un estudio cui-dadoso del asunto, opino que la corte de distrito erró, y en tal virtud que su sentencia debe ser revocada dictándose otra declarando la demanda con lugar.

Claramente resulta de los autos que ambas partes, deman-dante y demandados, otorgaron un contrato que, copiadlo a la letra, es como sigue:

“En el pueblo de Hatillo, a los ocho días del mes de mayo de 1921. — Comparecen: De una parte Don Lucas Rosa Ruiz, de estado soltero y mayor de edad, agricultor propietario y vecino de Hatillo, barrio de Capez y de la otra parte los hermanos José y Ra-món Díaz Agueda, también mayores de edad, de estado solteros y vecinos de Hatillo, barrio de Naranjito. Aseguramos hallarnos en la capacidad, legal necesaria para llevar a efecto el siguiente con-venio extrajudicial, el que queremos tenga la fuerza y validez como si judicial fuera; y llevamos a efecto el siguiente convenio con arre-glo a las siguientes estipulaciones: Primera. Los hermanos Díaz Agueda son en deber a don Lucas Rosa Ruiz, o a su orden la can-tidad de dos mil trescientos noventa y cinco dollars veinte y dos centavos ($2,395.22) cuya cantidad procede por liquidación de cuentas que ha practicado entre el señor Rosa y nuestro padrasto Froilán López, cuya cantidad ésta nos obligamos a pagarle al señor Rosa en el término de diez años sin interés de ninguna especie. — Segunda: Esta cantidad será satisfecha al señor Rosa por anualidades, según podamos de acuerdo con la primer cláusula de este convenio, esto es, aunque el término de este convenio es de diez años, si lo podemos hacer en menos tiempo estamos dispuestos a hacerlo así. — Tercera: Para el cumplimiento de esta obligación afectamos nuestras perso-nas y bienes habidos y por haber y renunciamos a todos los dere-chos y acciones que las leyes nos conceden, comprometiéndonos a no disponer de nuestra finca sin antes haber solventado dicha obliga-ción. — Cuarta: Caso que en el tiempo fijado no hayamos satisfecho toda la cantidad antes dicha, el señor Rosa está en la obligación de conceder alguna prórroga. — Don Lucas Rosa acepta el presente contrato en todas sus partes por ajustarse a lo convenido. — Para res-guardo y uso legal de ambas partes firman el presente por duplicado uno para cada parte ante los testigos que al final suscriben, en la fecha indicada al principio de este documento. — (Firmados) José Díaz. — Ramón Díaz. — Lucas Rosa. — José Padilla. — José Delgado Toledo.”

El 18 de octubre de 1921, o sea algunos meses después de otorgado el contrato que antecede, los demandados sin consentimiento del demandante, hipotecaron la finca a que se refiere el contrato y de la cual se obligaron a no disponer, para garantizar cierto préstamo de cuatrocientos dólares que les hizo Inocencia Peraza y su esposo Francisco García. El préstamo debía pagarse en dos años, abonándose intereses por trimestres, con la condición de que si no se pagaban dos trimestres consecutivos, se podría exigir el cumplimiento in-mediato de la obligación.

Al enterarse el demandante de la constitución de la hi-poteca de que se ha hecho mérito, requirió a los demandados para que en alguna otra forma le garantizaran la denda que con él tenían contraída. Los demandados, que no poseen más fincas que aquella que se obligaron a no disponer y que hipotecaron luego, se negaron a otorgar la nueva garantía pedida por el demandante y éste entonces inició el presente litigio solicitando una sentencia que declarara resuelta la obligación contenida en el contrato de 8 de mayo de 1921 y rescindido el convenio, y condenara a los demandados a pagar al demandante la suma’ de $2,395.22 y las costas.

La primera cuestión que debe considerarse y resolverse, a mi juicio, es la siguiente: ' . •

■¿Violaron los demandados el' contrato? Veámoslo.

Ellos se comprometieron a pagar al demandante la suma de $2,395.22 dentro del término de diez años, sin interés, ha-ciéndole pagos parciales por anualidades, y para el cumpli-miento de su obligación se comprometieron “a no disponer de nuestra -finca sin antes haber solventado dicha obliga-ción.”

¿Dispusieron de su finca? Es un hecho que la hipoteca-ron. ¿Constituye esto una disposición, en primer término, y en segundo una disposición en violación del contrato?

“La propiedad,” dice el párrafo segundo del artículo 355 del Código Civil revisado, “concede el derecho de gozar y disponer de las cosas sin más limitaciones que las esta-blecidas por las leyes.” T el artículo 348 del Código Civil1 antiguo, expresa: “La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las estable-cidas en las leyes. ’ ’ . Las itálicas son nuestras.

Comentando Scaevola el “derecho de disponer” consig-nado en el artículo 348, supra, dice: “Refiérese el Código al usar esta palabra a la facultad que tiene el propietario de enajenar la cosa, de gravarla, transformarla, destruirla, etc.” Las itálicas son nuestras.

Sánchez Román al tratar del contenido del derecho de do-minio, se refiere a la definición romana del mismo, a saber: Jus utendi, fruendi, abut endi, disponendi, et vindicandi, y al explicar el jus disponendi, dice:

“Por jus disponendi, entendieron los romanos el poder de dis-posición que compete al dneño sobre las cosas objeto de su dominio, para enajenarlas, grabarlas, transformarlas, etc.”

Y luego, tratando de la libre disposición, expresa:

“Por razón de este concepto puede el dueño enajenar sus cosas por cualquier título oneroso o lucrativo, por acto inter vivos o mortis causa, pura, condieionalmente o a término. * * * Puede tam-bién gravarlas y limitar su poder, lo que constituye una especie de enajenación parcial, sujetándolas a las responsabilidades de otros de-rechos de hipotecas, prenda, censo, servidumbre, etc. * * *

Véase: “Estudio de Derecho Civil” por Felipe Sánchez Román, tomo 3, pág\ 91 y siguientes:

Escriche en su Diccionario razonado de Legislación y Ju-risprudencia, fijando el alcance de la palabra enajenación, menos amplia que disposición, dice:

“Enajenación. El acto por el cual se transfiere a otro la pro-piedad de alguna cosa a título lucrativo, como la donación; o a tí-tulo oneroso, como la venta o permuta. — Esta palabra, tomada en una significación más extensa, comprende también la enfitéusis, la prenda, la hipoteca, y aún la constitución de servidumbre sobre un fondo. Síguese de aquí que el que no puede enajenar una cosa, no la puede tampoco obligar, ni sujetar con hipoteca, ni imponerle ser-vidumbre. ‘Aquel a quien es defendido de non enajenar la cosa, dice la ley 10, título 33, part. 7, non la puede vender, nin camiar, nin empeñar, nin puede poner servidumbre en ella nin darla a censo a ninguna de aquellas personas a quien es defendido de la enajenar.”

De acuerdo con las anteriores citas, puede concluirse que hipotecar es disponer, quedando así contestada en la afir-mativa la primera parte de la pregunta formulada. Ahora bien, esto, por sí solo, no es bastante.

¿ Constituye la hipoteca contraída por los demandados en este caso una verdadera disposición en violación del con- tratof Es indudable qne si el demandante estuvo conforme en fijar nn largo plazo para el pago de la cantidad qne re-conocieron adeudarle los demandados se debió a la garantía qne para él representaba qne la finca en cuestión continuara en poder de los demandados, disfrutándola éstos, gozándola, cultivándola y vendiendo sus productos, etc., pero sin ena-jenarla o realizar acto alguno de disposición que hiciera de-saparecer o disminuir la garantía.

Quizá no en todos los casos pudiera Concluirse que una hipoteca producirá el efecto de disminuir el valor de una propiedad. En muchas ocasiones el dueño de una finca, emprendedor, activo, capaz, contrae un préstamo hipoteca-rio para invertirlo todo en cultivos, en ganado, en mejo-ras de la propia finca y el resultado será no una dismi-nución, sino un aumento en el valor. Pero por regia general al hipotecarse una finca, prescindiendo del empleo del dinero que con ella se obtenga, pensando en la finca en sí misma, se considera que dicha finca disminuye de valor por lo menos en una cantidad igual a la carga' real que sobre ella se hace pesar a virtud de la hipoteca.

Si bien aquí se trata de un préstamo pequeño, circuns-tancia que nos ha hecho vacilar en la formación de nuestro juicio, como el valor de la finca es también relativamente pe-queño y como la prueba demuestra que los demandados no. tenían ninguna otra propiedad y que requeridos por el de-mandante para que le garantizaran de algún otro modo la deuda, se negaron a hacerlo, creemos que la segunda y úl-tima parte de la pregunta formulada debe también contes-tarse en la afirmativa.

Habiendo, pues, los demandados dispuesto de la finca en violación del contrato que celebraron con el demandante,, asiste a éste el derecho que le reconocen los siguientes pre-ceptos de ley:

“La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cum-pliere lo que le incumbe.
“El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aún después de baber optado por el cumplimiento, cuando éste re-sultare imposible.
££E1 tribunal decretará la resolución que se reclame, a no baber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.
“Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros ad-quirentes, con arreglo a los artículos 1262 y 1265 y las disposiciones de la Ley Hipotecaria.” Art. 1091 del Código Civil.
“Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo:
“1. Cuando, después de contraída la obligación, resulte insol-vente, salvo que garantice la deuda.
“2. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido.
“3. Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas ga-rantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desapa-recieran, .a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras.” Art. 1096 del propio cuerpo legal.

Perdido por culpa del deudor el derecho a pagar en el plazo- convenido, surgió en el acreedor el derecho a recla-mar inmediatamente el pago de la deuda. Y ese es el dere-cho que ejercitó al iniciar este pleito. Los hechos y la ley están, pues, en su favor.


author: En Juez Asociado Se. Az.deey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Marietti, Acusado y Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por libelo infamatorio.
    No. 2041.
    Resuelto en abril 2, 1923.
    Libelo — Causa de Acción — Denuncia Insuficiente. — No constituye libelo el imputar a una persona el haber comprado, con intención de lucrarse, medi-cinas que habían sido hurtadas, cuando no se imputa al comprador el pre-vio conocimiento de que habían sido hurtadas.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante: Sr. F. B. Fornaris.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   En Juez Asociado Se. Az.deey,

emitió la opinión del tribunal.

Tanto el acusado apelante como el Fiscal de este Tribunal Supremo solicitan que revoquemos la sentencia- que se dictó en este caso y que absolvamos al acusado.

Domingo Marietti fué denunciado por Diego Vélez Go-tay por delito de libelo infamatorio imputándole que el 13 de junio de 1922 y en Yauco, el citado Domingo Marietti, de una manera ilegal, maliciosa y voluntaria y sin causa probable formuló una denuncia escrita contra Diego Vélez Gotay con la maliciosa intención de difamarle, tendente a im-pugnar su honradez, al aseverar bajo juramento que el de-nunciante Diego Vélez Gotay “de una manera ilegal, volun-taria y maliciosa y con la intención de lucrarse compró me-dicinas sustraídas de la Farmacia Municipal de Yauco, cuyos medicamentos estaban dedicados al servicio de los pobres,” exponiendo así el denunciante Diego Vélez Gotay al odio, desprecio y ridículos públicos.

El acusado Domingo Marietti formuló contra esa de-nuncia la excepción de que no aduce hechos constitutivos de delito y entendemos que debió ser sostenida por el tribunal inferior porque la denuncia hecha por Marietti contra Vélez Gotay y por la cual se persigue ahora el delito de libelo no imputó a Vélez Gotay delito alguno pues el hecho atribuido a Vélez Gotay de que con intención de lucrarse compró me-dicinas sustraídas de la Farmacia Municipal de Yauco no es constitutivo del delito de hurto especificado en, el artículo 438 del Código Penal toda vez que no alegó que tales me-dicinas fueran compradas por él sabiendo que eran hurtadas, requisito que es esencial para que ese delito exista, según hemos declarado en el caso de El Pueblo v. Acevedo, 18 D. P. R. 236. Por consiguiente, resultando de la denuncia que motiva esta apelación que Marietti no imputó a Vélez Gotay deiito alguno en la denuncia que contra él formuló, no expone hechos constitutivos del delito de libelo y la sen-tencia condenatoria dictada contra el apelante debe ser re-vocada y absuelto el acusado.

Revocada la. sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    López, Demandante y Apelada, v. Porto Rico Railway, Light & Power Company, Demandada y Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre daños y perjuicios (mo-ción sobre desestimación del recurso).
    No. 2981.
    Resuelto en abril 3, 1923.
    DESESTIMACIÓN DE APELACIÓN — NEGLIGENCIA DEL APELANTE EN LA TRAMITACIÓN del Eecurso. — El Tribunal Supremo no ejercitará la discreción que le concede la regla 59 de su reglamento a los efectos de desestimar una apelación, por el mero hecho del transcurso da noventa días. Deberá demostrarse ade-más que el apelante ha sido de tal modo negligente que su negligencia jus-tifique que se le castigue con la pérdida del recurso por él establecido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. J. K. Brown y G. Ruis.

    Abogado de la apelada: Sr. M. Benitez Flores.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada presentó el 15 de febrero último una moción solicitando la desestimación del recurso establecido en este caso porque habiéndose archivado el escrito de ape-lación el 15 de junio de 1922 aun no se había radicado la transcripción de los autos. La parte apelante se opuso pre-sentando dos certificaciones y una declaración jurada de las cuales resulta: que en efecto el escrito de apelación se ar-chivó el 15 de junio de 1922; que aun antes de esa fecha el ahogado de la parte apelante solicitó del taquígrafo de la corte las notas de la evidencia y el taquígrafo no pudo en-tregárselas hasta el 12 de septiembre de 1922; que la ape-lante fué solicitando y obteniendo prórrogas de la corte para radicar su exposición del caso y pliego de excepciones a los efectos de la apelación interpuesta; que vigente la última prórroga, la apelante, el 4 de octubre de 1922, presentó la exposición del caso y pliego de excepciones en la secretaría del tribunal sentenciador; que dicho tribunal entró en vacacio-nes el primero de noviembre de 1922 y renovó su trabajo el 2 de enero de 1923; que el 15 de febrero último la apelante pidió a la corte de distrito que no habiéndose señalado, a pesar de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, día para la vista y apro-bación de la exposición presentada, hiciera dicho señala-miento, y que la corte de distrito en efecto había señalado el 23 de febrero último para dicha vista y aprobación.

La moción de la apelada se llamó para la vista el 12 de marzo último. El acto fué suspendido y transferido para el 19 de marzo en que tuvo lugar. El mismo día 19 de marzo quedó archivada la transcripción de los autos.

Invoca la apelada la regla 59 de las de este tribunal en apoyo de su moción. Dicha regla dice:

“Expirado el término de noventa días desde la fecha en que se presentare el escrito de apelación, y no obstante las prórrogas con-cedidas por la corte.inferior, el Tribunal a discreción podrá deses-timar una apelación que no haya sido anteriormente registrada en este tribunal, mediante moción presentada ,al efecto, si se probare satisfactoriamente que el apelante no ha proseguido su apelación con la diligencia debida o de buena fe, o que tal apelación es frí-vola.”

Aceptando que no obstante las leyes posteriores decre-tadas por la Legislatura sobre la materia, dicha regla esté en. todo sn vigor y por tanto que esta corte, no obstante las prórrogas concedidas por la inferior, pueda desestimar el recurso, no estamos en el caso de ejercitar nuestra discre-ción en el sentido que pretende la apelada, porque los he-chos no demuestran una negligencia tal que justifique la de-sestimación del recurso.

De acuerdo con la ley, es la misma corte la que debe hacer el señalamiento, y si bien el apelante, que es el llamado a gestionar su apelación, debe ser activo, no se ha demostrado aquí que su falta de gestión durante la última quincena de octubre y durante el mes de enero de 1923, sea bastante para concluir que fué tan negligente que su falta de negligencia pueda y deba castigarse con la pérdida de sn apelación.

En tal virtud debe declararse sin lugar la moción de la apelada.

Sin lugar la desestimación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Al drey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. FráNoo Soto,

text:
    Rodríguez, Peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, Hon. Manuel Rodríguez Serra, Juez.
    No. 404.
    Resuelto en abril 3, 1923.
    Aseguramiento de Sentencia — Conservación y Custodia de Erutos Pendien-tes Embargados — Administración Judicial. — Ordenes para que el deposita-rio de frutos pendientes embargados para aseguramiento de sentencia haga ciertos gastos necesarios a la conservación de los mismos son nulas, y más aun habiendo sido dictadas ex parte. Cuandq se embargan tales bienes para aseguramiento de sentencia, el marshal no tiene autoridad para entregarlos a un depositario; lo que procede es constituir en administración judicial la finca que los produce.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sres. M. Tous Soto y 11. Arce.

      Abogado de la parte contraria: Sr. A. Marín Marién.

   El Juez Asociado Sr. FráNoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En el pleito seguido en la corte inferior por Bamón Val-conrt y Bafael Lomba Otero contra Cmz Bodrígnez, se dictó orden para asegurar la efectividad de la sentencia y en cumplimiento de la misma se embargaron dos plantaciones de tabaco, que ocupan ciento diez cuerdas más o menos, y ciento diez cuerdas de caña de azúcar, distribuidas en tres fincas que se describen.

El mársbal al cumplir la orden de embargo, designó dos depositarios, uno para la plantación de tabaco y el otro para las de cañas.

El demandado compareció en autos y solicitó el traslado del caso a la Corte de Distrito de Humacao, alegando ser la corte competente por razón de la residencia del deman-dado en este último distrito.

Pendiente de resolver la anterior moción de traslado, la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, dictó dos órdenes resolviendo dos mociones de los demandantes, la primera, de 24 de enero de 1923, disponiendo que el deposi-tario de las plantaciones de' cañas verifique los gastos nece-sarios de recolección y molienda de las mismas y obtener de la Central que verifique la molienda al tipo de ésta más favorable para el colono, y la segunda, de 30 de enero de 1923, autorizando al depositario para hacer los gastos nece-sarios de condición y cultivo de ocho o nueve cuerdas de ca-mas que por su poco desarrollo no pueden cosecharse en la presente zafra. Aparece que estas órdenes fueron dictadas sin que las mociones que originaron las mismas fueran noti-ficadas a la parte demandada, la que ahora comparece ante esta Corte Suprema mediante una petición de certiorari, so-licitando su revisión.

Las secciones 9, 10 y 11 de la Ley para asegurar la efec-tividad de sentencias, aprobada en marzo 1, 1902, prescribe la forma en que debe diligenciarse un embargo. De estas secciones se desprende qne no ba de nombrarse depositario en todos los embargos. Cuando se embargan bienes inmue-bles el marshal ha de recibir instrucciones de la parte, ha-ciéndole una reseña de los mismos, y su función se limita a expedir mandamiento por duplicado al registrador de la pro-piedad del respectivo distrito para su anotación en el regis-tro, haciendo la correspondiente notificación al demandado, pero sin nombrar depositario ni privar al deudor de su uso y aprovechamiento, porque la ley tiene por bastante garan-tía para el acreedor la anotación preventiva en el registro de la propiedad. Pero tratándose de bienes muebles, pro-cede entonces, según la sección 10, el nombramiento de un de-positario para la custodia y conservación de los mismos. Parece que refiriéndonos a frutos, la sección 11 autoriza qne asimismo se haga el nombramiento de depositario. Sin embargo, en este punto es que debemos distinguir si se trata de frutos recolectados o frutos pendientes. En el primer caso, la sección 11 es aplicable permitiendo el nombramiento de depositario, pero en el segundo caso de frutos pendientes, se hace necesario constituirse una administración judicial y el márshal no tiene poder para hac'er el nombramiento de depositario-administrador que ha de nombrarse en ese caso.

“Téngase presente qne no ha de nombrarse depositario en todos los embargos, sino sólo cuando consistan en bienes semovientes y muebles, comprendiéndose en éstos los frutos ya recolectados, y sin duda por esto y por la poca importancia que generalmente tienen esos bienes, no habrá prevenido la ley que se exija fianza al depo-sitario. Para la custodia y conservación de los demás bienes de-termina la ley lo que ha de hacerse, y por tanto, no cabe nombrar depositario especial. Como ya se ha dicho en los comentarios ante-riores, el dinero metálico, efectos públicos y alhajas, han de depo-sitarse en el establecimiento público destinado al efecto, del que no pueden sacarse sin orden del juzgado: respecto de los frutos y ren-tas pendientes, ha de constituirse en administración judicial la finca que los produzca, y el mismo administrador será el depositario: si el embargo se limita a los inmuebles, sin comprender sus frutos o rentas, basta su anotación preventiva en el Registro de la propiedad.” Manresa, Coment. a la Ley de Enj. Civ., tomo V, pág. 515.

En este caso se trata de nn embargo de frutos pendientes, y siguiendo el comentario que citamos, para su conservación y custodia, etc., había que constituirse, una administración judicial. En tal caso la designación de depositario por el márshal estaba fuera de sus atribuciones, y por consiguiente, las órdenes de la corte inferior disponiendo que dicho de-positario hiciera ciertos gastos en los bienes embargados carecían de eficacia legal por haber sido dictadas en exceso de su jurisdicción. Además, la ley para asegurar la efecti-vidad de sentencias, sección 14, establece el procedimiento para substanciar los incidentes que surjan con motivo de un embargo, y como las referidas órdenes fueron dictadas ex parte, la corte inferior tampoco cumplió con las reglas ya provistas en aquella sección.

Por todo lo expuesto, se anulan y se dejan sin efecto las órdenes dictadas por la Corte de Distrito de San Juan, Dis-trito Segundo, de 24 y 30 de enero de 1923.

Con lugar el recurso y anuladas las órdenes de 24 y 30 de enero, 1923.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Díaz, Demandante y Apelado, v. The Porto Rico Railway, Light and Power Company, Demandada y Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en pleito sobre daños y perjuicios (mo-ción sobre desestimación de apelación).
    No. 2983.
    Resuelto en abril 3, 1923.
    Desestimación de Apelación — Diligencia o Buena De en la Tramitación del Becurso. — El mero hecho de que después de radicado el escrito de apelación el apelante obtuviera cinco prórrogas de 30 días para radicar la exposición del caso y que no haya radicado la transcripción en la Corte Suprema, no demuestra por si solo la falta de diligencia o mala fé que es necesario pro-bar para que pueda desestimarse una apelación de acuerdo con el artículo 59 del reglamento del Tribunal Supremo.
    Los hechos esián expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. J. H. Brown.

    Abogados del apelado: Sres. E. Rincón y L. Visear rondo.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es mía moción para desestimar nna apelación en la que está envuelta la interpretación de la regla 59 del regla-mento de esta corte, la cual es como sigue:

“Expirado el término de noventa días desde la fecha en que se presentare el escrito de apelación, y no obstante las prórrogas con-cedidas por la corte inferior, el tribunal a discreción podrá deses-timar una apelación que no baya sido anteriormente registrada en este tribunal, mediante moción presentada al efecto, si se probare sa-tisfactoriamente que el apelante no ba proseguido su apelación con la diligencia debida o de buena fe, o que tal apelación es frívola.”

Los liechos principales en los cuales se funda el apelado son que después de radicar la apelante el escrito de apela-ción obtuvo cinco prórrog’as de treinta días cada una para radicar la exposición del caso en la corte inferior y que la transcripción de autos aún no ha sido archivada en esta corte. Ninguna otra falta de diligencia o mala fe ha sido imputada o probada. Sin considerar, por tanto, las excusas de la apelante, la cuestión es si estas continuas prórrogas constituyen negligencia. La cuestión no parece ser nueva. En el caso de Vega et al. v. Rodríguez, 19 D. P. R. 1003, resolvimos al considerar la regla 59, que cuando la corte or-denaba que se hicieran enmiendas a una exposición no podía considerarse negligente al apelante, y que el mero trans-curso de noventa días no era suficiente. El caso de Belaval v. Todd, 21 D. P. R. 441, fué uno en el cual habiendo sido interpuesta la apelación en mayo 24 de 1914, el apelante no solicitó las notas taquigráficas hasta junio 8, y no insistió en obtenerlas basta el mes de septiembre, después de las va-caciones, solicitando entonces nna nueva prórroga. Este tribunal resolvió que babía sido desplegada poca actividad, pero que los becbos no revelaban negligencia, citando el caso de Vega v. Rodríguez, supra. El caso de Bird v. Sucesión de López, 22 D. P. R. 169, se pronnncia en el mismo sentido.

Bajo estas circunstancias, la moción de desestimación debe ser declarada sin lugar.

Sin lugar la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutcbison y Franco Soto.


author: El Juez PresideNte Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en causa por libelo infamatorio.
    No. 1880.
    Resuelto en abril 9, 1923.
    Libelo — Comunicación Condicionalmente Privilegiada. — Se imputó a los acu-sados en este caso el delito de libelo por haber difamado maliciosamente al Juez Municipal de Bayamón' al dirigir ¡al Dr. Barbosa, de San Juan, el si-guiente telegrama: “Juez Municipal cerró colegio inscripciones y rehusó permitir inscripción electores republicanos. Momentos después volvió abrirlo inscribir electores unionistas. Parcialidad manifiesta. Urge investigación hechos. Pueblo indignado, protesta.” Se resolvió: fundándose el tribunal en el resultado de la prueba, que los acusados fueron más allá de lo que de-bieron en sus imputaciones, pero habiéndose basado su actitud en un acto aparentemente ilegal, aunque no delictivo, del juez municipal, presidente de la junta de elecciones, tratándose de una cuestión de interés públieo, ha-biendo aetuado en una capacidad representativa y dirigídose exclusivamente a una persona que tenía esa misma capacidad en una esfera mayor y al ofi-cial público a quien estaba encomendada la superintendencia de las eleccio-nes en toda la isla, su comunicación debe entenderse condicionalmente pri-vilegiada.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres A. P. Rodríguez y L. Feliú.

    Abogado del apelado: Sr. JoséuE. Figueras, Fiscal.

   El Juez PresideNte Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de libelo infamatorio. La acusación, en lo pertinente, dice así:

“Los citados acusados Artemio P. Rodríguez, A. Acevedo y Genaro Cotto, como autores, en Bayamón dentro de este distrito judicial municipal, allá por el día 28 de mayo de 1920, ilegal, voluntaria y maliciosamente publicaron e hicieron publicar un telegrama diri-gido al Dr. Barbosa, de San Juan, y en el cual se expresan las si-guientes difamaciones maliciosas: ‘Juez Municipal cerró cplegio ins-cripciones y rehusó permitir inscripción electores republicanos. Mo-mentos después volvió abrirlo inscribir electores unionistas. Par-cialidad manifiesta. Urge investigación hechos. Pueblo indignado protesta.’ Este telegrama, conteniendo las difamaciones maliciosas que se han transcrito, circuló en la fecha y sitios indicados, refirién-dose dichas difamaciones al Hon. Juez Municipal de Bayamón, Ernesto Díaz Arana, cuya honradez, virtud, integridad y buena fama tienden a impugnar, exponiéndole así al odio, desprecio y ridículo públicos.”

Los acusados alegaron varias excepciones que fueron desestimadas, y celebrada finalmente la vista, la corte los condenó como, autores del delito que se les imputaba a pagar una multa de veinticinco dólares y en defecto de pago a su-frir un día de cárcel por cada dolar dejado de satisfacer. No conformes con la sentencia, apelaron de ella para ante este tribunal señalando la comisión de diez y ocho errores.

No discutiremos todos los errores señalados. Daremos por sentado que la acusación imputa la comisión de un delito público y que los acusados no tenían derecho a un juicio por jurado, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por esta corte en Ex parte Bird, 5 D. P. R. 247, 258, limitando nues-tro estudio a la prueba y a la ley y jurisprudencia aplicables de acuerdo con el resultado ele la misma.

La práctica de la evidencia en el acto del juicio comenzó por la del fiscal, consistente en el telegrama transcrito en la acusación y el periódico El Tiempo en que fué publicado. Declarada sin lugar una moción de nonsuit, introdujeron los acusados su prueba y finalmente el fiscal presentó las decla-raciones de’ tres testigos.

Archivaron en primer término los acusados la copia de otro telegrama, igual al transcrito en la acusación, dirigido al Superintendende de Elecciones. La investigación solici-tada se llevó a efecto y se archivó también como prueba el informe rendido al Attorney General por el fiscal at large Sr. Rivera Zayas, que fué el encargado de practicarla. Dicho informe contiene una detallada exposición del procedi-miento seguido y de la prueba practicada y termina así:

“Mi conclusión es que no se ha sustanciado el cargo que se le hizo al Juez Municipal de Bayamón en su calidad de Presidente de la Junta Local de Elecciones acerca de que había obstaculizado la inscripción de electores republicanos. — No hay duda de que se colocó un rastrillo antes de las seis de la tarde; pero no se ha demostrado que la colocación de ese rastrillo se hiciera con el objeto de no ins-cribir más electores puesto que por el contrario, al ponerse el ras-trillo, había diez electores dentro del local inscribiéndose. — Mi re-comendación es que se prohíba la práctica de colocar ese rastrillo, pero de cualquier modo la puerta del Colegio de inscripciones debe estar siempre franca y así se evitarán incidentes como el que nos ocupa; pero esto está dentro de la jurisdicción del Superintendente de Elecciones, que es el que tiene a su cargo la inscripción y, regla-mentación de los trabajos de las Juntas Locales de Inscripciones, y, asimismo recomiendo que se le envíe copia de este informe y del ré-cord de la investigación practicada al Superintendente General de Elecciones para que éste tenga la oportunidad de examinar la prueba practicada y determinar lo que más estime conveniente a los inte-reses públicos.”

Acto seguido declararon, como testigos Artemio P. Ro-dríguez, acusado, Francisco Baldorioty y Andrés Avelino Escalera. Las declaraciones son largas y difíciles de sinte-tizar. Transcribiremos de ellas la parte que nos parece apropiada para dar una idea de lo sostenido por cada tes-tigo.

El primero se expresó así:

'* *; que cuando se transmitió el documento letra ‘A’ de la prueba del Fiscal, o sea un telegrama dirigido al Dr. Barbosa y firmado por él, A. Acevedo y Genaro Ootto, desempeñaba el decla-rante el cargo de Presidente del Comité Local Republicano en el po-blado de Cataño; que como tal Presidente eran sus deberes atender en todo lo que se relacionara con la inscripción de los electores re-publicanos del poblado de Cataño, y ocuparse en general de todos los asuntos del partido en la localidad; '* * *; que los otros dos acusados eran inspectores en las inscripciones por el Comité Local; * * *; que el día 28 de mayo estuvo allí; que serían como las cinco o cinco y pico, no pudiendo precisar bora exacta, acudió al sitio donde se verificaban las inscripciones llevando unos electores repu-blicanos que entraron a inscribirse; que se quedó fuera y momentos después la junta local dió por cerradas las inscripciones y pusieron en la puerta de entrada al local un rastrillo, que se colocaba en todos los días dé inscripciones, cuando éstas se daban por terminadas; que al ver esto preguntó al policía de la puerta, si se babía cerrado y le contestó que sí; que después de eso llegaron unos electores republi-canos a inscribirse, los que sabía eran republicanos porque venían con corredores republicanos puestos a ese fin * * *; que estos electores se encontraron que ya estaba cerrada la inscripción y no pudieron inscribirse, no fueron aceptados al local; que entonces en-tró como de costumbre al colegio de inscripciones para tomar la nota oficial de las personas que se habían inscrito; que se acercó a la mesa del juez de paz que era quien llevaba esa nota, a tomarla; que es-tando tomando la nota sintió un alboroto en la parte afuera y oía voces de que ‘ese es de Pueblo Viejo’; que al oir esto se asomó y a la sazón venía el Dr. Figueroa con unos electores para inscribirlos; que le dijeron que estaba cerrado; que entonces el Dr. Figueroa desde fuera del rastrillo el Dr. Figueroa sacó su reloj y con él en la mano alegaba que no era la bora de cerrar, que no podía estar cerrado porque no era la bora; que entonces el declarante llamó la atención al Sr. Díaz Arana de que él babía cerrado el colegio para los republicanos y no debía abrirlo para los otros del Dr. Figueroa; que entonces el Dr. Figueroa pidió permiso para entrar y dió la vuelta y entró por la puerta por donde salían los electores ya ins-criptos; que argumentaban el caso adentro y cuando el declarante llamaba la atención al señor Díaz Arana de que los electores repu-blicanos no habían sido inscritos, éste le dijo ‘sí, pero Uds. no ale-garon esto, o no protestaron o no alegaron, mientras que estos pro-testan y reclaman su derecho, y como no son las seis, pues, yo tengo qne abrir; * * *; que en eso el declarante salió del local, íué a la oficina del Comité, hizo investigaciones y de allí salieron para la oficina del telégrafo a poner el telegrama; qne ese telegrama era al Dr. Barbosa; que el Dr. Barbosa cuando se mandó este tele-grama era Consejero del Partido Republicano y residía en ■ San Juan; * * *; y además el Dr. Barbosa es el líder más promi-nente del partido, a quien todos miran en casos de emergencia, * # m >>

El testigo Baldorioty, dijo:

“Que el 28 de mayo estaba en el Colegio de Inscripciones de Ca-taño, como identifícador y recusador del partido republicano; que cuando se dieron por terminadas las inscripciones estaba dentro del colegio; que serían las cinco y veinticinco de la tarde de ese día, cuando el Presidente del colegio ordenó que se cerrara porque el número que había dentro era suficiente para terminar las inscrip-ciones de aquel día; que él protestó inmediatamente diciendo que eran las 5:25 y que los colegios debían cerrarse a las seis, y que había .electores republicanos para inscribirse; que se puso el rastrillo como de costumbre y se quedaron los individuos adentro nada más que para continuar las inscripciones; que el Ledo. Artemio P. Ro-dríguez estuvo esa tarde en el colegio como de costumbre, cuando se cerraba el colegio para recoger la nota de los electores que se ins-cribían en el día; * # que después de cerradas las inscrip-ciones esa tarde, el Dr. Figueroa vino con un elector para hacerlo inscribir se le llamó la atención de que el colegio estaba cerrado; que el Dr. Figueroa quería entrar por la puerta donde se ponía el ras-trillo como indicación de que las inscripciones estaban cerradas y solicitó permiso del presidente, y el presidente le dijo que entrara por la puerta de salida, y se llevó a efecto y se inscribió el elector después; que se inscribió uno y uno republicano; que ese rastrillo se ponía todos los días cuando terminaban las inscripciones, e in-dicaba que ya se cerraba y no había más inscripción; que después de puesto el rastrillo vió llegar a la puerta unos electores a inscri-birse, uno de ellos de apellido Alma; que eran republicanos; que esos electores no se inscribieron; que eran como dos o tres, un tal Camacho, Palenque, ese se inscribió; que llegaron después de puesto el rastrillo y no se inscribieron; que el elector que llevaba el Dr. Figueroa se inscribió porque hubo una discusión, el Dr. Figueroa alegaba que no eran las seis; * * * ”

El testigo Escalera corrobora las declaraciones de Bo-dríguez y Baldorioty.

Lá prueba de rebuttal consistió como hemos dicho, en las declaraciones de tres testigos: el juez Arana, el secretario Bas y el'Dr. Figueroa.

El primero, dijo:

‘ ‘ Que aquel día el colegio en Cataño se cerró a las seis en punto; # * ; como a ias seis menos veinte más o menos vinieron dife-rentes grupos de electores; a virtud de que nunca hubo fila directa, claro es que el policía se preocupa muy poco de la vigilancia de la puerta de entrada, y como tenía también que voltear el colegio para vigilar también la puerta de salida y los alrededores, por efecto de la ley en cuanto a los cien metros, los electores iban entrando indis-tintamente; que distraído como estaba el declarante con el movi-miento de electores, y con el cansancio de no haber electores, con ambas cosas, no me di cuenta, y cuando vine a ver en las dos mesas, únicas que tenía establecidas la Junta de Inscripciones para hacer la inscripción, había un número fuerte de electores, diez y seis o veinte más o menos; que desde luego, entendió, que en ese momento, si se admitían más electores, si entraban más entorpecerían la inscrip-ción, y fué siempre su ánimo que la inscripción marchase lo más or-denadamente posible; que a tal fin dió orden al Sr. Bas * * * que tomase el rastrillo que había allí y lo recostase de la puerta, con el fin de impedir que pudiese haber entrada mayor de electores en tanto se iban desocupando las mesas, a fin de que pudieran inscri-birse los que quedaban en fila; que el señor Bas recostó el rastrillo en la puerta, pero dejando un pequeño intermedio nunca cerrado, ni nunca se utilizó el rastrillo para cerrar el colegio, solamente ese día por esa circunstancia que acaba de explicar; que a ese tiempo llegó también el Dr. Figueroa por la puerta de entrada en unión de otros electores y también le parece que el Sr. Rodríguez, no está seguro, con uno o dos electores del partido republicano; que no pudieron entrar porque estaba el colegio sumamente lleno, pero tan pronto se fueron desocupando las mesas entonces entraron ellos e inscri-bieron sus electores; que en ningún momento dejó de haber la ins-cripción ; que a nadie se le negó en absoluto en todo el día ni en nin-gún día en todos los precintos de Bayamón, la inscripción a ningún elector; que todos los que estuvieron allí se inscribieron; que a ese tiempo en que ocurría el caso que acaba de relatar, llegó el Sr. Ro-dríguez por la puerta de salida de electores, preguntó si estaba ce-rra-do el colegio, el declarante lo mandó a pasar y demás, y .entonces-el declarante le dijo ‘no, no está cerrado el colegio, puesto qne no-son las seis; que simultáneamente sacó su reloj, miró el reloj que estaba en él parque, con el cual marchaba, y el señor Rodríguez sacó también su reloj, que no abandonó nunca en ]os de inscripciones, como líder político, que lo necesitaba, y vió que efectivamente yo le decía la verdad; que entonces el Sr. Rodríguez le manifestó que sus electores se habían ido, y el declarante sonriéndose le dijo ‘no he visto ningún elector aquí, los que están a la puerta han entrado y los que están dentro se están inscribiendo; que el Sr. Rodríguez dijo .‘Yo protestaré de este acto’ y el declarante contestó ‘Puede TJd. hacer lo que quiera’; que Rodríguez se fué y terminó el asunto; que no se le rehusó la inscripción a ningún elector republicano.”

El segundo, manifestó:

“Que se llama José Bas Aguilar y es Secretario de la Corte Municipal de Bayamón; lo era en 28 de mayo del 20; estaba en Ca-taño ese día, con motivo de las inscripciones para electores; que ese día el colegio se cerró a la hora de costumbre, a las seis de la tarde; que el Juez Díaz Arana no ordenó el cierre del colegio antes de las seis; que se inscribieron todos los electores que comparecieron ante 1a- Junta, que el Juez Díaz Arana no se negó a inscribir ningún elector republicano; que vió allí al Ledo. Artemio P. Rodríguez; que allá como a las cinco y media o seis menos cuarto, o menos veinte, ya próximo a cerrarse el colegio, hubo una pequeña alteración de la paz allí, se puede decir; que había en el colegio cierto número de electores por inscribirse, y para que no entraran más electores hasta que nó terminaran los que estaban dentro, se me ordenó a mí que cogiera el rastrillo que daba acceso a la entrada por donde entraban los electores a inscribirse para que lo pusiera allí hasta tanto se ter-minaba de inscribir aquellos para que entraran luego otros; que des-pués de estar el rastrillo puesto, traían un elector de Pueblo Viejo, y se formó allí algo porque la gente decía que no era elector de allí, pero no obstante ese siempre se inscribió; que cuando se recostó el rastrillo cree entraron dos o tres electores más unionistas y repu-blicanos también, y se inscribieron todos; que después de recostado el rastrillo no llegó ningún elector republicano que el Juez Díaz Arana o alguien' de- la Junta le negara su inscripción. * * Que esa pequeña alteración de la paz que dice hubo allí fué que un elector republicano que traían y no era elector allí, lo traían de Pueblo Viejo los unionistas; que sabe que no era elector de allí porque los mismos unionistas decían ‘a ese no le dejen entrar que ese es de Pueblo Viejo, no es elector de aquí’; que él era entonces casualmente el que estaba en el rastrillo, y le decía a los unionistas ‘pero que se inscriba y entonces lo recusan, si no tiene la residencia legal se puede recusar’; que en eso tuvo intervención don Artemio P. Rodríguez, era quien traía el elector ese a inscribirse, por la tarde como a las cinco y media, cuando ya el rastrillo estaba puesto; que don Artemio P. Rodríguez no entró al colegio cuando entró el elector, él entró después, muy bravo por cierto, y decía que aquello eran abusos, que se iba a quejar, que no se permitía que se inscri-bieran los electores republicanos; que él entró cuando decía eso por la puerta de enfrente, a la carretera, porque los electores entraban por otra puerta que da al callejón; * * * ”

El Dr. Figueroa, manifestó:

“Que vió las actuaciones del presidente de la junta, el Sr. Díaz Arana, de cinco a seis; que durante ese tiempo se inscribieron todos los electores que se presentaron al colegio; que a ningún elector se le negó el derecho de inscribirse; que llevó a inscribirse electores en distintas ocasiones; que de cinco a seis de la tarde llevó electores a inscribirse y después de las cinco y media de la tarde había electores dentro del colegio, practicándose la inscripción, y con posterioridad a esos electores que llevó a esa hora, también fueron inscritos elec-tores republicanos, cuyos nombres no recuerda. — Repreguntado: Que entre cinco y media de la tarde y seis, más exactamente, las seis menos veinte, trajo unos electores a inscribirse; que esos electores los trajo desde su casa donde los tenía guardados para ganar con ellos la inscripción del día, que estaba a una distancia del colegio como media cuadra; que él personalmente los trajo; que él los fué a buscar a su casa; que él entró al colegio por un sitio y los electores por otro; que él entró por la puerta que da a la carretera y los elec-tores por donde entraban éstos, por donde se acostumbraban poner en tila los electores. '* * * Que no entró por la puerta de en-trada al colegio porque cuando Regó con sus electores había cerca de la puerta por donde entraban a inscribirse los electores, un ras-trillo aproximado a la puerta, no un rastrillo que cerrase por com-pleto la entrada, pero sí recostado a la puerta; entonces cuando los puso en fila, el representante del partido de su señoría, me dijo que el colegio estaba cerrado; que entonces él sacó su reloj y dijo: ‘no puede estar cerrado el colegio puesto que son las seis menos veinte’ y se dirigió desde la puerta del colegio al Presidente pidién-dole permiso para entrar al colegio a ver qué hora tenía el reloj del colegio a ver si estaba de acnerdo con el de él, puesto que él entendía que eran las seis menos cuarto, digo, menos veinte y no podía ce-rrarse el colegio puesto que la ley dispone que deben cerrarse a las seis; entonces el Presidente del colegio le autorizó a que pasara y ha dado la vuelta y entrado por la puerta que. daba a la carretera, o sea a la parte sur del colegio; entonces vio la hora que era y le dijo al Juez ‘se me dice que el colegio está cerrado, yo tengo por norma los días de inscripciones poner mi reloj a las siete de la mañana de acuerdo con el del colegio, mi reloj tiene las seis menos veinte, el reloj del colegio tiene las seis menos veinte y el de su señoría tiene las seis menos veinte’ y le dije ‘no el colegio no está cerrado, lo que pasa es que hay gente dentro del colegio; que entonces sus electores se quedaron esperando en fila y a su debida oportunidad entrarou como entró un elector que recuerdo llevó el tío de su señoría (Ledo. Rodríguez), que fué inscrito. * * * ”

Al introducir su evidencia los acusados dijeron:

“Esa prueba se presenta para sostener la defensa que van a hacer estos acusados; primero, de justificación, y segundo, de pri-vilegio. Descansamos nuestra defensa en estas dos cuestiones: Que este es un caso en el cual las imputaciones son ciertas, y en segundo lugar, que esta es una comunicación privilegiada.”

En cuanto al primer extremo, la misma ley, artículo 246 del Código Penal, dice que “en todos los procesos promovi-dos por libelo se podrá testificar la verdad ante el tribunal o jurado y si éste estimare ser cierto lo denunciado como infamatorio, y haberse publicado con sana intención y para fines justificables, deberá absolverse libremente al acusado.” Necesítase, pues, además de la demostración de la verdad, que la publicación se haya hecho con sana intención y para fines justos.

En cuanto al segundo extremo, la luz que debe guiarnos está contenida en gran número de decisiones de los tribuna-les. Eulling Case Law la condensa así:

“Una publicación es condicionalmente privilegiada cuando exis-ten, o el demandado tiene motivos razonables para creer que existen, circunstancias que le imponen el deber de hacer una comunicación a determinada persona, y la hace en cumplimiento de dicho deber, o cuando la persona está colocada en tal situación que se hace co-rrecto, en beneficio de los intereses de la sociedad, que ella informe a terceras personas sobre determinados lieebos, y así procede a ha-cerlo de buena fe. Esta idea general ha sido expresada de otro modo como sigue: Una comunicación hecha de buena fe sobre cual-quier asunto en que la persona informante tiene un interés, o con respecto al cual tiene un deber, es privilegiada si se hace a otra persona que tiene un interés o un deber correspondiente, aun cuando contenga materia que, en ausencia de dicho privilegio, constituiría causa de acción, y aun cuando el deber no sea un deber legal y sí sólo un deber moral o social imperfectamente obligatorio. En au-sencia de malicia una manifestación puede ser condicionalmente pri-vilegiada, aun cuando no sea cierta, y no obstante el hecho de que contenga la imputación de un delito. Pero un mero pretexto de ocasión legal y de fines justificados no puede librar de responsabi-lidad a una persona que publica y hace circular materia 'infamante. Por consiguiente, una publicación pierde su carácter de privilegiada, y puede ser objeto de acción, mediando prueba de verdadera mali-cia o, por-lo menos, de una tal grave falta de consideración a los derechos de la persona perjudicada que equivalga a malicia verda-dera. En el caso de una comunicación condicionalmente privile-giada la ocasión en que fué hecha destruye la inferencia que surge prima facie de una manifestación perjudicial a la reputación del demandante, e impone a éste la prueba de que hubo malicia verda-dera, que el demandado fué movido por razones de despecho o mala voluntad personales, independientes de la ocasión en que se hizo la comunicación.
“Aunque la regla general es que una comunicación hecha de buena fe sobre cualquier asunto respecto del cual la persona que la hace tiene un deber es privilegiada si se hace a una persona que tiene un interés correspondiente, y que este deber no ha de ser ne-cesariamente un deber legal sino que puede ser sencillamente un deber moral o social imperfectamente obligatorio, se ha dicho claramente que no surge privilegio alguno del mero hecho de que un demandado crea que es para él un deber social el hacerse eco -de rumores de natura-leza libelosa con el fin de que las gentes eviten el trato con la víctima de esos rumores. La doctrina del privilegio condicional aun no ha llegado a cubrir deberes tan amplios e indefinidos. Una publica-ción hecha solamente para beneficio de los fines pecuniarios del que la hace no disfruta de privilegio alguno. Por ejemplo, una carta escrita voluntariamente por uno de dos negociantes rivales, actuando por motivos de lucro personal en perjuicio de su rival, advirtiendo a un embarcador que no debe enviar mercancías a dicho rival, no es una comunicación privilegiada, y el mero hecho de creer en la verdad de las manifestaciones allí contenidas, sin causa justificada para tal creencia, no es una defensa contra una acción por libelo. Además, aunque la doctrina del privilegio condicional según se aplica a ciertas clases de comunicaciones está muy generalmente re-conocida, las comunicaciones que contienen manifestaciones infa-mantes no deben, por regla general, ir más allá de lo que la ocasión requiera, y no existirá, protección alguna contra una acción por li-belo o calumnia, aunque haya un interés o deber común- para las personas entre quienes pasa la comunicación, si las manifestaciones son irrelevantes o van más allá del asunto o propósito de que se trata. Por otro lado, se ha resuelto que el excederse del privilegio de una comunicación-acerca de una cuestión en que ambas partes tienen un interés no destruye el privilegio, sino que el exceso en la manifestación sólo afecta a la cuestión de malicia; y asimismo se ha resuelto que tampoco puede la corte quitar al jurado la facultad de considerar el carácter excesivo de una publicación. Parece que el mero hecho de que el lenguaje en un escrito difamatorio hecho e¡-ocasión privilegiada sea algo fuerte o inmoderado no es, en ausencia de prueba de falta de buena fe, evidencia de malicia bastante para demostrar un abuso del privilegio.
“Como no debe excederse el privilegio de una ocasión añadiendo materia extrínseca o irrelevante a una publicación difamatoria, asi-mismo, como proposición general, la publicación de una manifesta-ción infamante condicionalmente privilegiada no debe ir más lejos de lo que exija el deber moral o social de hacerla, y si una publi-cación es intencional o innecesaria o negligentemente excesiva, el privilegio queda destruido por esa razón, o cuando menos siempre que un demandado deliberadamente adopta un método de comuni-cación que da innecesaria publicidad a manifestaciones infamantes para la parte actora, el jurado estará en condiciones de suponer la existencia de malicia. El que hace una comunicación privilegiada debe, por consiguiente, tener cuidado que sus palabras sólo lleguen a aquellas personas a quienes interesa conocerlas, y cuando se hace una amonestación o se dan consejos confidenciales debe hacerse en privado y nunca deben escribirse en tarjetas postales ni publicarse en los periódicos. Se ha resuelto, sin embargo, con respecto a una comunicación que por otros conceptos era privilegiada y que fué en-viada por tarjeta postal y do por carta cerrada, que si las personas, por cuyas manos pasa no pueden comprender que se refiere al de-mandante entonces no existe prueba de malicia expresa que destruya el privilegio. Con respecto al liecbo de que personas extrañas oigan las comunicaciones eondicionalmente privilegiadas la regla parece ser que, aunque la mera circunstancia de que ciertas personas que se hallen cerca, no estando legalmente interesadas en la comunica-ción de que se trata, estén presentes y la oigan, no destruye necesa-riamente el privilegio, una comunicación injustificada hecha a ex-traños, ya como resultado de un descuido o de mala conducta inten-, cional, puede ser evidencia de malicia, y producir el efecto de que la comunicación sea causa de acción. El privilegio de una comu-nicación hecha por el tesorero de una corporación al administrador de la misma, instruyéndole para que destituya al capataz y dándole las razones para ello, se ha resuelto que no queda destruido por el hecho de mostrársela a] vigilante nocturno, por el fundamento de que éste estaba interesado.” 17 R. C. L. 341 a 344.

Expuesto lo que antecede, analicemos la prueba. No bay duda alguna que de ella resulta que un rastrillo fué colocado por orden del juez en la puerta del colegio antes de la bora fijada por la ley para cerrarlo y que dicho acto fué interpre-tado como el cierre del colegio. Es dudoso si con tal motivo dejaron de inscribirse electores republicanos. Es cierto que después de colocado el rastrillo se abrió para dar paso a dos electores unionistas que llevó el Dr. Figueroa, quien reclamó su derecho. Es cierto que allí mismo, frente al propio juez, se alegó por parte de uno de los acusados que el colegio había sido cerrado y que así se había entendido por el pueblo. Es cierto también que no sólo permitió el juez la ins-cripción de los electores unionistas indicados sí que también la de uno republicano que allí se encontraba.

A nuestro juicio se demostró el cierre imputado, pero no se demostró que el juez rehusara directamente la inscrip-ción de electores republicanos ni por consiguiente la parciali-dad manifiesta que también se le imputara. Siendo esto así, es necesario concluir que los acusados no probaron en toda su integridad las imputaciones que hicieran.

Ahora bien, ¿qué circunstancias concurren en este caso? ¿Se trata de una fría y aviesa imputación hecha con el pro-pósito de impugnar la honradez, integridad, virtud o bnena fama del Juez Municipal de Bayamón, Presidente de la Junta de Inscripciones de Cataño! ¿Está envuelto el interés pú-blico? ¿Qué posición ocupaban los acusados en relación con el presidente de la junta y con la persona a quien dirigieron el telegrama? ¿Actuaron los acusados partiendo de alguna base que puede explicar razonablemente.su actitud? ¿Obra-ron de mala fe? ¿Cuál fue su propósito?

Es evidente que se trataba de una cuestión de interés pú-blico. A la comunidad entera interesa que las inscripciones, base en que descansa la formación de las listas de electo-tores, se conduzca estrictamente de acuerdo con la ley.

Es evidente de igual modo que los acusados tenían in-tervención, no ya personal sino representativa, en el asunto. Uno era presidente del comité local de un partido político y los otros dos agentes de ese mismo comité, designados para la inspección de las inscripciones. Dichos acusados esta-ban, pues, relacionados directamente con el presidente de la junta y a él se dirigieron, por lo menos uno, en primer tér-mino, y luego lo hicieron a una persona que era el consejero general del partido al cual pertenecían, y no sólo a él sí que también lo hicieron en forma exactamente igual al Superin-tendente de Elecciones, pidiéndole y obteniendo una investi-gación que fué practicada y cuyo resultado conocemos, esto es: no se encontró culpable al juez del cargo que se le im-putó, pero se recomendó que la práctica de poner el ras-trillo fuera prohibida para evitar incidentes iguales al qué dio origen a la investigación.

Creemos que nada hay en la conducta del juez, presidente de la junta, que revele la comisión de un acto delictivo. Actuó seguramente de buena fe, pero es lo cierto que su orden para que se cerrara el colegio o para que se realizara un acto ostensible que indicara el cierre del colegio, fue ile-gal y el origen de toda la cuestión.

Los acusados fueron más allá de lo que debieron en sus imputaciones, pero habiéndose basado su actitud en un acto aparentemente ilegal del presidente de la junta, tratándose de una cuestión de interés público, habiendo actuado en una capacidad representativa y dirigido se exclusivamente a una persona que tenía esa misma capacidad en una esfera mayor y al oficial público a quien estaba encomendada la superin-tendencia de' las elecciones en toda la isla, su comunicación debe entenderse en cierto modo privilegiada, y resolverse que no cometieron acto alguno eastigable como delito.

Debe revocarse la sentencia y absolverse a los acusados.

Revocada la sentencia apelada y absueltos los acusados.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

‘El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.