author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    José Rodríguez, como defensor judicial de Pedro Rodríguez, demandante y apelante, v. Juan Santos, demandado y apelado.
    No. 4713.

    Sometido: Mayo 9, 1929.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      E. Martines Aviles, abogado del apelante; Francisco M. Cadilla, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Arecibo presentó José Ro-dríguez, como defensor judicial de Pedro Rodríguez, una de-manda contra Juan Santos, en la que sustancialmente alega que Agustín Santos, menor de 21 años, e hijo legítimo de Juan Santos, y bajo la potestad de éste, en 6 de abril de 1927 conducía un automóvil Ford, y en la carretera de Arecibo a Platillo, atropelló con ese automóvil a Pedro Rodríguez, de cincuenta años, padre de familia a la que sostenía con el jornal de un dólar diario que ganaba, y le produjo heridas de gravedad, entre ellas la fractura del cráneo, por lo que Rodríguez ha tenido que recibir asistencia médica, y a con-secuencia de las que quedó Pedro Rodríguez en estado de locura, y de permanente y total incapacidad; que esto se debió a la negligencia de Agustín Santos en la conducción del automóvil; qne Juan Santos tenía conocimiento de qne sn bijo Agustín se bailaba acostumbrado a proceder negli-gentemente en la conducción del automóvil; alegó los daños y sn cuantía; y pidió la indemnización.

El demandado negó específicamente las alegaciones de la demanda; y como defensas especiales presentó la de que su bijo Agustín Santos, bace más de tres años que desertó de la casa paterna, y vive fuera de la autoridad y compañía del demandante, sin cuyo conocimiento obtuvo licencia para guiar automóviles; y sin que el demandado baya podido evitar que su bijo actúe como desee; y la de que Agustín Santos no ha-bía causado el daño alegado. Enmendó después esta conten-tación, aunque no encontramos esencialmente variación en la defensa.

Se oyó el caso por la corte, que dictó sentencia en 18 de mayo de 1928, declarando sin lugar la demanda. De la opi-nión que se une a la sentencia, copiamos el siguiente párrafo:

‘1 En. la vista del caso que tuvo lugar el día 9 de mayo de 1928 con asistencia de las partes y sus abogados, el demandante intentó probar que a la fecha del accidente el menor Agustín Santos vivía en com-pañía de su padre. No lo logró. El demandado, por el contrario, dejó claramente establecido que desde hace cuatro años su mencionado hijo Agustín no vive en su compañía y ha roto toda clase de rela-ciones filiales para con él, y que Agustín se ha negado a retornar al hogar a pesar de las diligencias personales que a ese efecto ha hecho el demandado y de las gestiones practicadas por amigos de éste a quienes se confió y practicaron tales gestiones. La prueba en ese sen-tido es enteramente convincente para esta Corte y que consistió en las manifestaciones, francas, terminantes y firmes de Agustín Santos, Juan Santos, Belén Santos, Eemigio Martínez Badía y Arturo López, entre otros, de las que se viene en conclusión que hace cuatro años Agustín Santos, rebelde a toda autoridad, observaciones y consejos paternales, dejó el hogar de sus padres, se fné a vivir con su her-mana Belén Santos, se dedicó al oficio de chauffeur del que hizo su modus vivendi, ha sufragado desde entonces sus propios gastos, y sólo en contadas ocasiones, como en la muerte de su madre y en el matri-monio de un hermano, se personó en la casa del demandado. ’ ’

Apela de esa sentencia el demandante, y señala cuatro errores; dos de ellos con relación a la prueba, y los otros dos de interpretación de ley.

El primer señalamiento de error aparece formulado así:

“La corte cometió error al no interpretar el artículo 1804 en relación con el 223 del Código Civil.”

Los artículos que se citan, dicen así:

“Art. 1804. — La obligación que impone el artículo anterior es exi-gible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aque-llas personas de quienes se debe responder.
“El padre y por muerte o incapacidad de éste, la madre, son responsables de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su compañía.
“Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía.
“Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en los que tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.
* * * * * * *
“Son, por último, responsables los maestros o directores de artes y oficios respecto a los perjuicios causados por sus alumnos o apren-dices, mientras permanezcan bajo su custodia.
■ “Art. 223. — El padre y la madre tienen, respecto de sus hijos no emancipados :
“1. El deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna, y representarlos en el ejerci-cio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho.
“2. La facultad de corregirlos y castigarlos moderadamente o de una manera razonable.”

La parte apelante confunde las obligaciones que nacen de nno y otro artículo. Las del 1804, son, en general, con refe-rencia a terceras personas; son de responsabilidad para con otros. Las del 223, son relaciones del orden paterno-filial, entre el genitor y su prole, y de orden familiar, en las que la sociedad organizada interviene solamente para el manténi-miento y regulación de la institución “familia”. En lo que afecta a la relación con los extraños a ese pequeño Estado, rige, en sn especialidad, el artículo 1804. Pero el artículo 223 del Código Civil, no va más allá de las fronteras de la fami-lia. El hijo puede exigir al padre o la madre que le tenga en su compañía si aquéllas voluntariamente no lo hicieren; pero eso es todo. Si el hijo voluntariamente abandona el hogar, ha roto esa compañía, y ha dejado a un lado la autoridad pa-terna, no puede exigirse al padre la responsabilidad de los actos del rebelde. En tanto responde el padre en cuanto se halla ejerciendo su autoridad sobre el hijo.

En este sentido la corte, con la materia de hecho por ella declarada, aplicó justa y prudentemente la ley. El hijo de que se trata, se ha puesto fuera del alcance de la autoridad del padre; actúa por su cuenta, vive por sí; y no encon-tramos cómo podría aplicarse aquí el principio de la respon-sabilidad por otro.

La parte apelante cita la autoridad de los tratadistas Manresa y M. Scaevola, en cuanto al deber de tener los hijos en la compañía del padre, y a que éste, si descuida ese deber y da ocasión a que el sometido a su guarda cause un daño, debe sufrir las consecuencias; y cita asimismo las decisiones de este Tribunal en los casos Nadal v. Miranda, 27 D.P.R. 325, y Portalatín v. Noriega, 37 D.P.R. 790.

En el caso Nadal v. Miranda, se estableció clara y concre-tamente que el menor Bafael Miranda Carbó vivía en com-pañía de su padre Juan Miranda en la época en que ocurrió el accidente. IJn párrafo de la opinión (página 328, tomo 27 D.P.B.) dice así:

“Rafael Miranda, joven menor de edad, causó la muerte a Rafael Bayrón haciendo uso de un arma de fuego con negligencia y temeri-dad, y de ese daño es responsable su padre el demandado en cuya compañía vivía, por no haber demostrado que empleara toda la dili-gencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.

En el caso Portalatín v. Noriega, supra, se trataba de un menor que se alegó vivía bajo la potestad, y en la compañía, de su padre; éste alegó que había dado al hijo una educación conveniente, y que no consintió en que manejara vehículos de motor hasta que el gobierno le dió una licencia, previo examen. La excusa no fué tenida como bastante para la exención de responsabilidad.

Si apareciera que un padre había abandonado al menor, cabría la teoría de que su responsabilidad por los actos de éste no había cesado; ya que el abandono es de la culpa del padre, y las consecuencias son para ser sufridas por él. Pero ése no es el hecho en este litigio.

La ley habla de los hijos que vivan en compañía del padre; esto es, en términos lógicos, al alcance de su autoridad para reprimir, y de su consejo para dirigir. La ley no habla ex-clusivamente de los que estén bajo la potestad paterna; dis-tinguiendo así entre el derecho, o deber, de la patria potestad en abstracto, y su ejercicio real y efectivo. Y por esa razón, un menor puede estar bajo la custodia de un maestro o director de artes u oficina, y de los perjuicios que cause ser responsable el maestro o director; o empleado por una em-presa, y tener ésta responsabilidad por sus actos negligentes o de culpa. En cambio, en cuanto se refiere a los bienes, es de notar la disposición del artículo 225 del Código Civil que reputa, para todos los efectos relativos a esos bienes, como emancipado al hijo que, con consentimiento de los padres, viva independientemente de ellos. Y, sin duda alguna, la materia de contratación y disposición de bienes, es algo más seria y de mayor trascendencia que las obligaciones que nacen de culpa o negligencia.

El error de cuyo señalamiento se trata, no fué cometido.

Se ha señalado como error la apreciación que la corte hizo en cuanto a la prueba aducida para demostrar que Agustín Santos vivía en compañía de su padre.

La parte apelante reconoce que ha podido presentar me-jor evidencia; pero confiaba en la presunción legal de que el hijo menor de edad vive en la compañía de su padre.

No se alega que el juez haya procedido influido por pasión, prejuicio o parcialidad o que liaya caído en manifiesto y grave error.

Verdaderamente, cuando se leen las declaraciones ofreci-das en el juicio, es difícil llegar a otra conclusión que la a que llegó la corte, en cuanto al extremo apuntado; y en esa con-clusión no Irabo error.

Por las mismas razones, y en la misma forma, debe deci-dirse, y se decide, en cuanto al tercer señalamiento de error, que se enuncia así por el apelante:

“La corte cometió error al apreciar lá prueba del demandado para justificar que Agustín Santos no vive en compañía de su padre, el demandado. 7 ’

Como cuarto error se señala el siguiente:

“La corte cometió error al dictar sentencia declarando sin lugar la demanda al resolver una simple cuestión de derecho dejando de resolver las demás cuestiones de hecho y de derecho planteadas.7 7

La cuestión alegada por la corte, y resuelta acertadamente, es bastante para dejar terminado el caso. No es una simple cuestión, sino la capital y primera en el caso, o sea la de la responsabilidad. Resuelta en sentido adverso al deman-dante, todas las demás carecen de importancia.

Por las razones expresadas, debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Jaime José, Luz, Estela, María Petra, Leopoldo José, Arturo y Luisa Vázquez, demandantes y apelantes, v. Cipriano Santos Lanchas y Gabriel Martín Sánchez y Manuela Moro de Martín, demandados y apelados.
    No. 4219.

    Sometido: Dic. 10, 1928.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      J. E. Vazquez Prada, por sí personalmente y a nombre de los demás apelantes; José y Manuel A. Martínez Alvarez, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior declaró con lugar dos excepciones pre-vias y dictó sentencia desestimando la demanda. Dos de las cuestiones levantadas envuelven la suficiencia de los fiecRos alegados en dos distintas causas de acción. La primera de ellas,, según se expone en la demanda, es en síntesis, como sigue:

Que los demandantes son los únicos y universales here-deros de doña Luisa López Laborde, quien falleció ab mies-tato el 26 de julio de 1918; que el 30 de marzo de 1916, doña Luisa López Laborde, por sí y en representación de algunos de sus Rijos, y en unión de los demás, constituyó hipoteca vo-luntaria sobre cierta finca que se describe en la demanda, a favor de Cipriano Santos Lanchas, para responder de la suma de.$8,400 de capital y $1,150 de intereses, costas y honorarios de abogado; que al tiempo de constituirse la relacionada hi-poteca, solamente habían recibido los hipotecantes una parte del capital asegurado con el gravamen, quedando obligado el acreedor Cipriano Santos a verificar la liquidación corres-pondiente para determinar la cantidad realmente adeudada, liquidación que nunca fué hecha voluntariamente por dicho Señor Santos; que el 11 de noviembre de 1916, el deman-dado Cipriano Santos entabló un procedimiento ejecutivo su-mario contra dicba Luisa López Laborde y los aquí deman-dantes, reclamando de ellos la cantidad de $8,400 que afirmó haberles entregado y que le adeudaban en aquel momento, siendo lo cierto que la cantidad entregada a y adeudada por los demandados era la de $4,247.28; que dictada providencia de remate en dicho procedimiento ejecutivo hipotecario por la cantidad de $8,400, se vendió la finca por el márshal, adju-dicándosele al ejecutante Cipriano Santos en pago de su cré-dito, y dándosele posesión de ella el 28 de febrero de 1917, en la cual posesión continúa; y que desde que el demandado Santos tomó posesión del inmueble, éste ha producido una renta de $150 mensuales, que ha percibido dicho Señor Santos; y alegan los demandantes que si el inmueble hubiese estado en posesión de ellos, esa renta hubiese ascendido a $200 mensuales.

Como segunda causa de acción, y después de hacer refe-rencia expresa a, y de adoptar, las alegaciones anteriores, los demandantes alegaron: que para obtener la liquidación, iniciaron, el día 10 de octubre de 1916, una demanda contra Cipriano Santos; y que en 4 de abril de 1924 obtuvieron sen-tencia a su favor por la suma de $152.72, que fué confirmada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en mayo 29, 1925; y que los demandados G-abriel Martín Sánchez y Manuela Moro de Martín tenían conocimiento de esta acción y del hecho de que el otro demandado Cipriano Santos no había liquidado el capital de la hipoteca, y que a pesar de tal cono-cimiento, compraron o aparentaron comprar dicha finca al demandado Cipriano Santos el 17 de enero de 1923, por escri-tura que fué inscrita en el Registro de la Propiedad.

La demanda termina solicitando que el procedimiento ejecutivo mencionado en la primera causa de acción fuera declarado nulo y sin valor alguno, y que se declarara que la compraventa objeto de la segunda causa de acción fué simu-: lada; y que se restituya a los demandantes la posesión de la propiedad descrita en la demanda, condenándose a Santos a pagarles, como frutos de diclio inmueble producidos durante la posesión del mismo por dicho Santos, la suma de $150 mensuales, más las costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Nos parece la más importante la excepción de falta de hechos suficientes para determinar causa de acción.

Los demandantes han alegado que Cipriano Santos -Lan-chas se hallaba obligado a liquidar para determinar la can-tidad realmente adeudada, y no lo hizo. Pero, al mismo tiempo han alegado que instituyeron una acción contra Santos, sobre diferencia entre la cantidad realmente entregada como préstamo y la que se debió entregar, y que en esa acción recayó sentencia firme, condenando al demandado a pagar a los demandantes $152.72, y esa acción fué iniciada antes de que Santos instituyera su procedimiento ejecutivo hipote-cario. T si la sentencia en aquel caso se cumplió, y ésa es la presunción, los demandantes no han sufrido perjuicio alguno.

En los párrafos noveno y décimo del artículo 175 del Be-glamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, se lee:

“Todas las demás reclamaciones que puedan formular, así el deu-dor como los terceros poseedores y los demás interesados, incluso las que versaren sobre nulidad del título o de las actuaciones, o sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio plenario que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo. La compe-tencia para conocer de este juicio declarativo se determinará por las reglas ordinarias.
“Al tiempo de interponer la demanda, según el párrafo prece-dente, o durante el curso del pleito, podrá solicitarse que se asegure la efectividad de la sentencia, con retención del todo o una parte de la cantidad que por el procedimiento ejecutivo deba entregarse al eje-cutante. El juez decretará esta retención en vista de los documentos que se presenten, si estima bastantes las razones que se aleguen. Si el ejecutante afianza a satisfacción del juez la cantidad que estuviese mandada retener a las resultas del juicio declarativo, se alzará la re-tención. Si el que solicitare esta medida no tuviere solvencia notoria y suficiente, el juez deberá exigirle previa y bastante garantía para responder de los intereses de demora y del resarcimiento de cuales-quiera otros daños y perjuicios que puedan ocasionarse al acreedor.”

La redacción del artículo no deja lugar a graves dudas. Los casos de nulidad son los nacidos de causas que afectan al título en sí, o a las actuaciones, y la ley los diferencia de aquellos en que se discute la certeza de la deuda, o su cuantía. Parece que la razón elemental de esto se encuentra en la misma doctrina que informa el artículo 1233 del Código Civil, que no da al error de cuenta el efecto de invalidar el contrato, sino el de exigir una corrección.

Los apelantes encontraron que la cantidad por la que apa-recía constituido el gravamen no era la justa; reclamaron judicialmente, y se les concedió por sentencia lo que faltaba para el total justo y exacto. Ellos hubieran podido discutir la cuantía de la deuda en un juicio ordinario, y asegurar el cumplimiento de la sentencia. Adelantaron su reclamación con referencia a la cuantía.

Si la diferencia de cuantía pudiera ser motivo de nulidad, de todas formas aparece que los aquí apelantes, para solu-cionar la diferencia en cuantía eligieron la acción ejercitada, y en la que se les concedió una suma a tal fin. Ellos se en-cuentran impedidos de ejercitar otra acción por la misma causa.

En el caso Gandía v. Stubbe, 34 D.P.R. 858, y tratando de la elección de remedios lia dicho este tribunal:

“Aun en el caso ele remedios concurrentes coexistentes, a menudo se ha resuelto que cuando se obtiene todo lo pedido en un procedi-miento, esto es un impedimento para continuar con el otro; y no podemos ver por qué el mismo principio no debe ser aplicado a fortiori, cuando uno de dos remedios inconsistentes lia sido seguido basta sentencia definitiva, con el debido pronunciamiento en ésta para la expedición de un mandamiento de ejecución y el demandante sólo tiene que trabar embargo en i a propiedad del demandado solvente para obtener entero cumplimiento de tal sentencia.’'’

Cítase en la opinión de que Racemos mérito la decisión en Brockhaus v. Rose, 221 Pac. 29, que es de interés en la ma-teria.

Se lia argumentado, en este caso, acerca de la decisión de este mismo tribunal en Polanco v. Goffinet et al., 29 D.P.R. 120. Pero bay notable diferencia entre ese caso y el presente. En el caso Polanco v. Goffinet se había alegado en la demanda, o escrito inicial del procedimiento ejecutivo hipotecario que el saldo reclamado había sido previamente liquidado de con-formidad con el deudor; el contrato era uno en que se facili-taban a Polanco en tiempo y ocasiones determinadas, anti-cipos y sumas que él tenía que pagar en cierta forma, y que requerían liquidaciones diversas; había, en el fondo, un contrato de refacción, en el que, para que surgiera la hipo-teca, era necesaria la liquidación que exige la ley, y que no se hizo, aunque se alegó como hecha; en el escrito inicial del procedimiento no se había cumplido con los requisitos legales en lo que concierne a señalamiento categórico de cantidades ciertas cobradas al deudor a cuenta de capital o en concepto de intereses. En verdad, había un conjunto de causas, que pudieron producir la nulidad, y las que no se dan en el caso presente, en donde la diferencia que pudo existir ha sido so-lucionada por una sentencia firme y final.

Los apelantes no nos han convencido de que sus alegacio-nes sean suficientes para privar a los compradores de la finca de la protección que la ley da al tercero que compra conforme a lo que aparece del registro de la propiedad.

No hay necesidad de considerar otros extremos, ya que con lo expresado es suficiente para la confirmación de la sentencia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.

       Véase el prefacio.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Sucn. de Erundina Vélez Valentín, compuesta de sus hijos legítimos María Providencia, María Rosario, Emilia Erundina, Demetrio Federico, Mercedes, María Amparo, Laura María y Sofía Vélez y Vélez, representadas las dos últimas por su tutora Providencia Vélez, demandantes y apelados, v. Ulises y Eurípides Vélez, demandados y apelantes.
    No. 4404.

    Sometido: Mayo 11, 1928.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      A. Beyes Delgado y E. Miranda, abogados de los apelantes; 6r. Zeno Sama, abogado de la Sucesión apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los hijos y herederos de Erundina Yélez demandaron en la Corte de Distrito de Arecibo el 30 de marzo de 1926 a Uli-ses Yélez y a Eurípides Vélez para que les pagasen la can-tidad de $1,500 que reconocieron deber a la causante de los demandantes el 28 de enero de 1918 según pagaré por ellos firmado que transcribieron en la demanda y para que les pa-gasen los intereses de esa cantidad a razón del diez por ciento anual desde el l9 de enero de 1925 en que dejaron de satis-facerlos.

Ese pagaré vencía en 31 de diciembre de 1918, está exten-dido a la orden de Erundina Vélez Yda. de Yélez y dice que en caso de no verificarse el pago a su vencimiento se obliga-ban los deudores a satisfacer intereses al diez por ciento anual si se les concediera alguna prórroga tácita o expresa.

Después de haber sido enmendada- varias veces la de-manda se alegó en la última que al otorgarse ese pagaré ni Erundina Yélez ni los demandados eran comerciantes, que no procede de operaciones de comercio y que a su vencimiento en 31 de diciembre de 1918 fue prorrogado hasta un año después y así sucesivamente cada año, siendo la última prórroga la concedida hasta el 31 de diciembre de 1924.

Los demandados se opusieron a'esa reclamación negando que la obligación reclamada hubiera sido prorrogada y ale-gando como defensas que ha sido pagada y que en el supuesto de que no haya sido pagada está prescrita de acuerdo con el Código de Comercio.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia condenando a los demandados al pago por partes iguales y contra ella ha sido interpuesta esta apelación.

El primer motivo alegado por los apelantes para la revocación de la sentencia recurrida es por la admisión de ciertos documentos presentados por los demandantes en el juicio. Esos documentos son el pagaré suscrito por los demandados con notas de haber sido prorrogado y cuatro cartas de Ulises Yélez fechadas en 1920, 1921 y enero y mayo de 1923, dirigidas a su sobrino Demetrio Yélez, uno de los de-mandantes, referentes al pago de intereses del pagaré, en-viándole también algunas cantidades de dinero por ellos y por nna finca, y la manifestación de que desean pagar su deuda con Erundina pero que no pueden hacerlo. De los autos resulta que Demetrio Yélez es el único hijo varón de Erundina Yélez y que en vida de ella administraba sus inte-reses y también después de su muerte los de su sucesión, así como que su tío Ulises Yélez administraba por muchos años una finca de su hermana Erundina y luego de su sucesión hasta 1923, volviendo a encargarse de ella en 1924. Las notas de prórroga que tiene el pagaré al final de cada año hasta 1923 fueron puestas por Demetrio Vélez y ese documento fué presentado como prueba en relación con las expresadas car-tas; y sostienen los apelantes que ese pagaré no era admi-sible para probar las prórrogas porque éstas no están sus-critas por los deudores y se fundan en el artículo 48 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, que forma parte del título sobre cuándo ha de empezar el ejercicio de las acciones civiles, y que dice así: “Ningún consentimiento o promesa de un con-trato nuevo, o de la continuación de uno ya hecho, será prueba suficiente para que el caso quede fuera de las disposiciones de este título, a menos que así conste por escrito, bajo la firma de la parte en contra de la cual haya de utilizarse”.

En el caso de Herederos de Martínez v. Fernández, 19 D.P.R. 144, dijimos que aún en el supuesto de que el artículo 48 del Código de Enjuiciamiento Civil sea aplicable a toda clase de interrupciones de prescripción, no contiene precepto alguno que exija a un demandante que alegue en la demanda que la promesa de un contrato nuevo fué hecha por escrito y que la promesa no es la única cosa indispensable para inte-rrumpir el término de la prescripción; pero no tenemos que considerar en este caso dicho artículo 48 porque de las cartas presentadas en relación con el pagaré aparece que los ape-lantes estaban pagando intereses por esa deuda, lo que de-muestra una prórroga tácita de esa obligación, ya que según dicho documento no tenían qne satisfacerlos sino en caso de prórroga expresa o tácita, por lo qne las cartas, en qne se habla de intereses de esa obligación, y el pagaré con ellas re-lacionado eran admisibles para probar la prórroga y por tanto qne la obligación no estaba prescrita.

El segundo motivo de error es por haber sido declarada sin lugar la moción del demandado Eurípides Vélez solicitando se declarase sin lugar la demanda en cuanto a él por hallarse prescrito el derecho a reclamarle de acuerdo con el artículo 950 del Código de Comercio.

En el hecho quinto de la demanda enmendada última se alegó que la obligación fue prorrogada en las fechas que en ella se mencionan y que los demandados han pagado todos los intereses hasta el 31 de diciembre de 1924; y los deman-dados en su contestación hicieron una negación específica de todos los particulares de esa alegación, y que no solicitaron prórroga, pero no hicieron negación alguna en cuanto a que hubieran pagado intereses por ella hasta el 31 de diciembre de •1924, por lo que de acuerdo con el artículo 132 del Código de Enjuiciamiento Civil hay que tener por cierta esa alegación esencial de la demanda no negada; y habiendo pagado inte-reses Eurípides Vélez no puede decir que la obligación no fue prorrogada tácitamente en cuanto a él y que está pres-crita por el transcurso de tres años desde su vencimiento como se fija para los pagarés mercantiles, por lo que la corte no cometió el error alegado.

Como tercer motivo se dice que hubo error manifiesto al ser desestimada la defensa de prescripción.

Esta alegación gira sobre el hecho de que no se ha probado que existieran prórrogas de la obligación y que por esto pres-cribió a los tres años de acuerdo con el Código de Comercio.

Después de haber leído la prueba en este caso estamos convencidos tanto por la oral como por la documental de que los demandados pagaron intereses por la obligación que se les reclama; y como no tenían el deber de satisfacerlos sino en caso de prórroga expresa o tácita, hay que llegar a la con-clusión, como antes decimos, de qne si pagaron intereses hasta el 31 de diciembre de 1924 es porque sn obligación fué prorrogada tácitamente hasta esa fecha y por tanto no estaba prescrita cuando fué reclamada dos años después de la última prórroga.

Se alega por último que hubo error al declarar que ciertas cantidades entregadas por el demandado Ulises Yélez a su hermana Erundina y a su hijo Demetrio no son imputables a la obligación reclamada en la demanda y al declarar con lugar la demanda, dictando sentencia que es contraria a derecho y a las pruebas.

Hemos dicho antes que tanto en vida de Erundina Yélez como después de su muerte su hermano Ulises administró una finca de ella que luego fué de su sucesión. En ese tiempo Ulises Yélez entregó algunas cantidades de dinero que ahora imputa al pago de la mitad que a él corresponde en la deuda reclamada, imputaciones que son negadas por la parte de-mandante. La corte inferior entendió que Ulises Yélez no había justificado el pago de esa obligación y creemos que es-tuvo acertada en esa conclusión, pues también hubo prueba de un testigo no interesado en el asunto que habló con Ulises Yélez en 1926 (meses antes de ser presentada la demanda original) para ver si podía llegar a un arreglo con sus so-brinos en cuanto al pago de ese documento, y Ulises Yélez le manifestó que por su parte no tenía inconveniente, lo que tiende a demostrar que antes de esa fecha no había pagado la cantidad que ahora dice fué satisfecha.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Sbñoe, Hutohison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Enrique Sued, acusado y apelante.
    No. 3453.

    Sometido: Febrero 15, 1929.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      C. Dominguez Rubio y E. Anglade, abogados del apelante; José Z?. Higueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Sbñoe, Hutohison,

emitió la opinión del tribunal.

Al acusado en el presente caso, y a los acusados en otros siete casos, se les imputó una infracción de la ley “ prove-yendo lo necesario para castigar la adulteración de leche y para otros fines”, leyes de 1925, página 559, y apelan de las sentencias que los condenan. Los ocho casos han sido some-tidos por un solo alegato de los apelantes y por otro de El Pueblo.

En cada caso, bien cuando la corte preguntó si las partes estaban listas para el juicio, o después de la lectura de la acusación, los letrados del acusado solicitaron que la corte-practicara una investigación con el fin de determinar si se había seguido o no el procedimiento señalado por la sección 6 del Reglamento de Sanidad No. 53, de mayo 10, 1917, como un paso preliminar para radicar la acusación. El asunto de la investigación propuesta caía peculiarmente dentro del co-nocimiento de los acusados en cada caso, y no se precisaba una investigación para dilucidar los hechos. No se pre-sentó excepción perentoria a la acusación, y no hay motivo alguno sobre qué basar tal excepción. Las cuestiones en-vueltas en la investigación propuesta eran completamente impertinentes en un proceso por infracción de la ley de 1925. De todos modos, la moción llegó demasiado tarde, por haber sido presentada al empezar el juicio, mucho tiempo después del acto de la lectura de la acusación en que se con-cedió amplia oportunidad para hacer alegaciones contra ella, y mucho después de que se hiciera la alegación de inocencia.

Otra contención suscita la misma cuestión que se “presentó y resolvió en el caso de El Pueblo v. Echevarría, 34 D.P.R. 785, donde esta corte resolvió (según se expresa en el sumario) que: “si para llegar a la conclusión de que la leche está adulterada hay que usar procedimientos que llevan a ese resultado, que no darían otros procedimientos, ello no es obstáculo para concluir que el acusado cometió el delito de adulteración de leche”.

El tercer motivo de la apelación es que la corte inferior erró al no admitir una carta y ciertos periódicos ofrecidos en evidencia. Los periódicos contenían un aviso respecto a un nuevo grado legal (standard) fijado por el Departamento de Sanidad. No fueron admitidos por el fundamento de que una copia certificada de la nueva regla sería la mejor prueba. Los acusados entonces ofrecieron una copia en carbón de una carta dirigida al Comisionado de Sanidad solicitando tal copia certificada. El que escribió la carta declaró que no había recibido contestación a una solicitud similar. Esta evidencia fué ofrecida con el fin de probar la fecha en que se hizo público el primer aviso sobre el nuevo reglamento. En ausencia de algo que demuestre que esta evidencia era pertinente, el error, de haberse cometido alguno, fué inofensivo.

Otra cuestión se dirige a la admisibilidad de la declara-ción del Dr. del Valle Sárraga y del informe escrito por él. Esta prueba fué objetada porque el procedimiento seguido al tiempo de su admisión no estaba de conformidad con una orden anterior de la corte disponiendo que se practicaran un examen y un análisis'por dos químicos, en presencia del Dr. del Valle como perito en discordia, y exigiendo que se rin-diera un informe sobre el resultado. La declaración del Dr. del Valle equivalió a poco más que la identificación del in-forme y la presentación de una oportunidad para que el acu-sado le repreguntara. Tal como se rindió, el informe cons-tituía un cumplimiento de la orden anterior con la cual es-tuvieron conformes los abogados del acusado, y la objeción presentada en un juicio posterior llegó demasiado tarde.

El argumento final de los apelantes es que la evidencia no justificó una convicción.

Se sostiene la teoría de que la leche, aun cuando haya sido diluida, está dentro de ley si el tanto por ciento total de agua contenido en ella no excede el máximo fijado por los regla-mentos sanitarios. No podemos estar de acuerdo con este criterio. El delito, tal como lo define el estatuto, es por adulterar o diluir leche, o por tener para la venta u ofrecer en venta, o vender o transportar esa leche. La sección 2 de la ley, leyes de 1925, página 561, dispone que “el grado legal (standard) de la leche deberá ser fijado por el Comisionado de Sanidad de Puerto Pico y publicado para conocimiento general en los periódicos de mayor circulación de la Isla que se determinen por dicho funcionario”. No se desprende de esto, sin embargo, que la leche esté sin diluir o sin adulterar meramente porque la cantidad de agua agregádale no haga que el tanto por ciento total de agua contenido en ella rebase el máximo especificado en el grado legal oficial. El fin de la ley es castigar el que se venda, se ofrezca en venta o se tenga para la venta, leche diluida o adulterada, y no autorizar o sancionar el que se venda, se ofrezca en venta o se tenga para la venta leche diluida o adulterada dentro de ciertos límites prescritos.

La contención final de los apelantes es que las conclusiones a que llegó el químico del Gobierno no son dignas de crédito porque se basan en una hipótesis tentativa. La argumentación en cuanto a este extremo descansa en ex-tractos aislados de un enredo de palabras que aparecen en la repregunta. Por medio de cierto proceso químico o de cierto método de análisis, el perito del Gobierno había llegado a la conclusión de que en varios de los casos se había en realidad diluido leche que alcanzaba el grado legal. Así, en un caso en que la leche sólo contenía el 87 por ciento de agua, llegó a la conclusión de que se le había añadido el 9 por ciento de agua. El máximo de agua que el Reglamento de Sanidad permite es el 88 por ciento. Asumiendo que la leche contuviera cierto tanto por ciento de agua antes de ser diluida, el químico, si comprendemos su declaración, trataba de demostrar que la adición de un 9 por ciento de agua daría cierto resultado. Confesó su ignorancia respecto al tanto por ciento exacto de agua contenido en la leche tal como salió de la vaca, e indicó que lo importante no era el estado original de la leche, sino más bien su estado en el momento en que se puso a la venta, según lo reveló el análisis químico. Ese análisis demostró que se le había agregado agua. El tanto por ciento de agua contenido en la leche antes de ser diluida era impertinente. Hubo prueba tendiente a demostrar que el método de análisis empleado era absolutamente seguro. No podemos decir que la corte inferior erró al llegar a la conclusión de que la leche había sido adulterada en cada caso.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alberto Charles, acusado y apelante.
    No. 3880.

    Sometido: Julio 22, 1929.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      L. Tormos j Bolívar Pagan, abogados del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Piteólo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Alberto Charles fné convicto en dos ocasiones del delito de portar armas, primero en la corte municipal, y luego, des-pués de celebrarse un juicio de novo, en la corte de distrito.

Al comenzar el juicio de novo en la corte de distrito, el acusado presentó una excepción perentoria a la denuncia fun-dándose en que los hechos constitutivos del delito no estaban expuestos en lenguaje ordinario y conciso y en forma tal que permitiera a una persona de inteligencia común saber qué era lo que se quería decir, y por el motivo adicional de que la denuncia imputaba más de un delito.

En la denuncia se imputa al acusado el portar un arma prohibida y se especifica que en cierta calle, en Guániea, Puerto Pico, dicho acusado Alberto Charles portaba un re-vólver con el cual hizo dos disparos en dicha calle, que es una vía pública. También especifica que el arma no fue hallada.

Al hacerse referencia a la calle por su nombre, meramente se informaba al acusado el sitio donde se alegaba haberse cometido el delito. La aseveración de que se hicie-ron dos disparos, suplementada por la manifestación de que el arma no fué hallada, informaba al acusado respecto a la naturaleza de la prueba en que se basaría el fiscal. La ale-gación de que los disparos fueron hechos en una vía pública establece una circunstancia agravante, y no un delito distinto. El hecho de tratarse de una denuncia y no de una acusación sería suficiente para disipar cualquier duda técnica sobre este punto. Nada hay en la denuncia que pudiera confundir ai acusado o colocarlo en situación embarazosa. Los cargos que se le hacían tendían más bien a informarle lo que él debía esperar durante el juicio, y hasta ese punto se le daba mejor oportunidad para preparar su defensa. La excepción pe-rentoria fué debidamente declarada sin lugar.

El apelante también dice que la sentencia es contraria a derecho y a la prueba. Esta contención carece igualmente de mérito.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe Wold,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Victorio de la Rosa, acusado y apelante.
    No. 3533.

    Sometido: Marzo 5, 1929.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      E. González Mena, B. Padró Pares, J. de Jesús Tizol, B. Bivera Zayas y Juan B. Soto, abogados del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wold,

emitió la opinión del tribunal.

Victorio de la Rosa fné acusado del delito de asesinato en segundo grado y convicto de homicidio voluntario. En ape-lación señala tres errores.

Se sostiene en primer lugar que la corte inferior cometió error al no sobreseer la acusación toda vez que, según alegó, habían transcurrido 79 días entre el- arresto y la presentación de la acusación por el gran jurado. Los propios autos no revelan la fecha del arresto y esta omisión es suficiente motivo para desechar el señalamiento. Después de la vista de este caso el apelante presentó certificaciones para demostrar la fecha de su arresto, pero de los autos no aparece que estos documentos fueran sometidos al juez sentenciador cuando se radicó u oyó la moción para sobreseer. Igualmente, nada hay en los autos que demuestre la prueba que le fue sometida al juez, si alguna, en apoyo de la moción. El apelante no nos convence de que el proceso seguido contra él fué demorado indebidamente o sin justa causa.

En lo que se refiere a la moción sobre especificación de particulares los autos dejan en forma similar de poner ante nos lo que ocurrió en la corte inferior. El apelante no nos convence de que necesitara una especificación mayor que la contenida en la acusación.

El tercer señalamiento de error se refiere exclusivamente al peso de la prueba, por el jurado. Hemos dicho con frecuencia que se necesitaría un caso extraordinario para justificar la revocación de una sentencia por este tribunal cuando hay un conflicto en la prueba que el jurado ha resuelto. El acusado y sus testigos presentaron prueba en el sentido de que él había sido sometido a amenazas por el interfecto, y que tuvo conocimiento de estas amenazas por varios con-ductos. Sin embargo, al hacerse los disparos, según el ju-rado tenía derecho a creer, el occiso se hallaba tranquilamente en una tienda con su hijo. El mismo acusado dijo que llegó a temer al interfecto, pero evidentemente no satisfizo al ju-rado de que su temor fuera el de un hombre de ordinaria pru-dencia. No aparecía suficiente provocación. Además el ju-rado no estaba obligado a creer todas sus manifestaciones o las de sus testigos. .

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Buenaventura González, acusado y apelante.
    No. 3890.

    Sometido: Julio 22, 1929.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      Felipe Colón, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Buenaventura González fué acusado de portar un machete, arma prohibida por la ley. (El Pueblo v. Rivera, 35 D.P.R. 545; El Pueblo v. Franco, 36 D.P.R. 956). Negó la acusa-ción. Pué la causa a juicio y la prueba del Pueblo demostró que Benito Alvelo, policía insular, ocupó un machete al acu-sado hallándose éste herido, sentado en el primer peldaño de una escalera que conduce a su casa de campo, cuyo primer peldaño está sobre la cuneta de una carretera pública, y de-mostró además que el acusado momentos antes fué con su ma-¿hete al frente de la casa de Rafael Pérez que se encontraba sentado en sn dicha casa, y lo hirió, trabándose entonces nna lncha en la cnal resaltó también herido el acusado. La prueba de la defensa acepta el hecho de la ocupación del arma en el sitio indicado y el de la lucha, pero insiste en que el acusado venía de trabajar de otra finca suya y usaba el machete en sus labores de costumbre, debiendo considerarse el primer peldaño de su escalera como su propia finca.

Al terminar la práctica de la prueba y los informes de las partes, y al proceder a dictar su sentencia, la corte se ex-presó así:

“La corte suscribiría todas y cada una de las manifestaciones que ha hecho el letrado defensor en defensa de este acusado. Eso es así: así lo ha resuelto el Tribunal Supremo; pero la prueba en este caso demuestra algo que lo saca de lo resuelto por el Tribunal Supremo, y es el hecho — claramente por la prueba se demuestra — de que el acusado fue a buscar al que resultó herido portando esta arma, que si bien es un arma para el trabajo, lo es dentro de la finca y en determinado momento, pero una vez que sale de eso, se cruza una carretera, y se va a buscar a una persona, ahí surge la comisión del delito entonces, y el acusado no está dentro de lo que el Tribunal Supremo ha dicho restringiendo la ley de portar armas, y a juicio de la corte ha cometido un delito de portar armas, porque portaba el arma ilegalmente. ’ ’

No conforme el acusado apeló y en su alegato insiste en que portaba el arma legalmente. Invoca en apoyo de su con-tención el caso de El Pueblo v. Segarra, 36 D.P.R. 116.

A nuestro juicio no tiene razón el apelante.

En el caso invocado esta corte se expresó así:

' ‘ Emilio Segarra fué acusado y convicto de portar un arma prohi-bida, es decir un machete. Al dictar su sentencia la corte de distrito dijo:
“ ‘Mientras el acusado portaba el arma en las funciones de su cargo estaba dentro de ley, estaba portándola legalmente; pero desde el momento en que esa arma la empleó para otros fines, ya desde este momento, aun estando dentro de la finca a su cargo, estaba portando el arma ilegalmente, estaba usándola para fines de ofensa y defensa. Entiende la Corte que en esas condiciones debe declarar a este acu-sado y así lo declara culpable de un delito de portar armas prohi-bidas, lo condena a sufrir una pena de 45 días de cárcel, sin costas.’
“(1,2) Convenimos con el fiscal de esta corte en que la prueba solamente tendía a demostrar que el acusado portaba el arma en cum-plimiento de sus quehaceres ordinarios. No estamos de acuerdo con la corte inferior en que el uso ilegal del machete hacía que el acu-sado fuera culpable de portar un arma según lo prohíbe la ley. Si el .acusado hizo uso indebido de su arma, él era culpable de un delito, pero no del delito imputádole.
“Según el razonamiento de la corte inferior cualquier funcionario u otra persona autorizada para portar armas sería igualmente culpable si usara el arma en forma indebida. Lo que la ley prohíbe es la portación ilegal y no el uso ilegal.”

Y sostenemos lo dicho. Pero Segarra actuó siempre den-tro de su finca y aquí tanto en el momento mismo en que se le ocupó el arma como en los que fué a casa de Pérez y luchó con él, el acusado estaba fuera de su finca.

Seguramente que a nadie se le ocurrirá formular una de-nuncia contra un labrador que pacíficamente con sus instru-mentos de labranza cruce o camine por una vía pública en el curso habitual y ordinario de su trabajo, pero cuando el la-brador porta el instrumento para fines de ofensa o defensa, el instrumento es un arma en el sentido de la ley, y como no lo protege el hecho de encontrarse dentro de su casa o finca, su responsabilidad es evidente.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Manuel Seoane San Martín, demandante y apelado, v. Fernando J. Cortés, demandado y apelante.
    No. 4710.

    Sometido: Marzo 19, 1929.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      O. B. Frazer y Castro Fernández, abogados del apelante; F. Soto Gras, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal-

El apelante insiste en qne en la demanda en cobro de pagaré dejó de expresarse la entrega del mismo. Se pre-sentó una excepción previa a la demanda. El artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil dice así:

“Cuando se entable una acción fundada en un documento, y la de-manda contenga copia del mismo, o ésta vaya unida a ella, la autenti-oidacl y otorgamiento en forma de dicho doenm¡ento se considerarán admitidas, a menos que se jure la contestación negando dicha auten-ticidad. ’ ’

El artículo 80 de la Ley de Evidencia lee como sigue:

“El otorgamiento de nn documento consiste en suscribirlo ,y en-tregarlo con o sin la fijación de un sello.”

Por tanto, si no se niega bajo juramento el otorgamiento de un documento, se admite su entrega.

No estábamos considerando el artículo 80 de la Ley de Evidencia cuando escribimos la opinión en el caso de Goyco et al. v. The Royal Bank of Canada, 37 D.P.R. 364, pero allí la cuestión de entrega no estaba envuelta directamente, y todo lo que en dicho caso se dijo acerca de la no admisión de la entrega del documento es un mero obiter y no puede se-guirse.

Entendemos que el artículo 119, supra, quiere decir que cuando el pleito se basa en un documento que se copia en la demanda, tal inserción equivale a la alegación de que el do-cumento ha sido otorgado en forma, según indica dicho ar-tículo, y, por tanto, que las cuestiones relativas al no otorga-miento no pueden ser levantadas mediante excepción previa, sino que deben suscitarse por medio de contestación jurada.

Salvador Suau fue juramentado durante el juicio y declaró, con la oposición de la parte contraria, que él era el apoderado del demandante. La declaración de este testigo tendió a demostrar varias cuestiones relativas al pagaré en que se basaba la demanda. De ser en absoluto esencial que el testigo demostrara que él era apoderado del demandante a fin de revelar la fuente de su información, la manifestación verbal relativa a la existencia de la relación de agente y principal probablemente era suficiente. De todos modos, fuera apoderado o no, el testigo sólo podía declarar respecto a cuestiones que fueran de su conocimiento.

El declaró además que el poder escrito no estaba en su posesión y que se hallaba en manos del registrador de la pro-piedad. Si podía entonces admitirse o no evidencia secunda-ria, es una cuestión interesante. No resolvemos que se co-metiera ningún error, pero de haberse cometido, no fue per-judicial.

Tampoco fue error perjudicial permitir que el mismo testigo Suau hablara acerca de una conversación que tuvo en España con el demandante respecto a la continuada existencia de la deuda. Existía un caso prima facie sin que se presentara tal prueba.

Como el peso de la prueba relativa al pago recae sobre el demandado, cualesquiera manifestaciones con respecto a la falta de pago, aun siendo de referencia, no fueron perjudiciales en este caso. Podría ser lo contrario si el demandado tratara positivamente de probar el pago. El no trató de hacer tal cosa, sino que descansó en la supuesta falta por parte del demandante de probar su caso, y presentó una moción de non suit.

Si bien es cierto que la falta de pago debe ser alegada en una demanda, cuando se hace esto, como en el presente caso, incumbe al demandado probar el pago.

Las consideraciones que anteceden abarcan suficiente-mente los primeros cinco señalamientos de error, excep-tuando una cuestión.

Esta se refiere al hecho de que el pagaré no tenía fecha de vencimiento. La corte inferior reconoció este hecho y concedió al demandado sesenta días a partir de la sentencia para satisfacer el pagaré. El apelante arguye que la demanda fué radicada prematuramente, toda vez que el término para efectuar el pago debió ser fijado por la corte antes de que surgiera cualquier causa de acción. El apelado dice que a un pagaré a la vista, como el envuelto en el presente caso, no es necesario fijarle fecha de vencimiento, pero que accedió a la actuación de la corte al fijarla. No estamos del todo convencidos de que la posición del apelado no sea correcta, pero si el pago debe ser mencionado por la corte, entonces surge irna causa de acción tanto para recobrar el im-porte de la deuda cnanto para determinar sn fecha de pago. Yéase para nn razonamiento similar el caso de Nicorelli v. López & Compañía, 26 D.P.R. 55.

Si el apelante hubiera admitido la deuda y pedido tiempo solamente, podríamos convenir en que no debían imponérsele las costas. Como negó la deuda, creemos que la discreción de la corte al condenar al demandado al pago de costas no fué ejercida indebidamente.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor. Wore,

text:
    María Deliz, neé María Roig Marietti, demandante y apelada, v. Luis A. Deliz, demandado y apelante.
    No. 4821.

    Sometido: Abril 26, 1929.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      B. Díaz Collazo, abogado de la apelante; Arjona & Arjona, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor. Wore,

emitió la opinión del tribunal.

En el análisis final, esta apelación sólo envuelve un con-flicto de prueba, y no podemos decir que la corte erró al apre-ciarla. Probablemente, si la corte hubiese fallado a favor del esposo o tanto en contra de la demanda como de la contra-demanda, no habríamos revocado su actuación. La deman-dante declaró como testigo de la parte demandante, al igual que del demandado, y el caso dependía grandemente de su declaración. El apelante trata de impugnarla.

La dicha demandante había • presentado prueba tendente a demostrar insultos y otras faltas del demandado en presencia de una visita; y sin embargo, no se trajo a la visitante como testigo. Es regla de evidencia suficientemente expuesta en las leyes, de que la declaración de un solo testigo, si es creída, puede ser aceptada por la corte en el sentido de que prueba el caso. Artículo 18 de la Ley de Evidencia. Por consiguiente, no es necesaria la corroboración, y el que se deje de corroborar no constituye una supresión de prueba.

De igual modo, el apelante insiste en contradicciones e inconsistencias en la declaración de la demandante. Esta era cuestión que se dirigía al peso de la prueba. Cuando un testigo exagera o aun deja de decir la absoluta verdad respecto a ciertos particulares, ello no es motivo para rechazar su declaración. De lo contrario, aquellas personas dadas a exagerar o a fantasear en sus manifestaciones jamás podrían ser testigos. Ordinariamente, puede estarse seguro de que el juez o el jurado harán concesiones. No estamos resolviendo que muchas de las aseveraciones de la testigo eran hiperbólicas.

Las contradicciones entre testigos de la misma parte son muy frecuentes. Comentamos este extremo en el caso de El Pueblo v. Ramos, 35 D.P.R. 765. Los testigos necesariamente varían en sus relatos.

No hallamos que sea erróneo el que se permita que nn testigo exprese el contenido de nna carta cuando ésta fué destruida por el propio apelante.

El apelante habla de la preponderancia de la prueba. Hay lo suficiente en los autos para justificar las conclusiones de la corte. Vamos más lejos, y decimos que cuando el de-mandado presentó a la demandante como su propio testigo, admitió su veracidad en general. No estaba obligado a lla-marla a declarar, y, en verdad, no tenía derecho a hacerlo con el mero propósito de contradecirla. Esta actitud de parte del demandado necesariamente fortaleció el caso de la de-mandante. Algunas de estas consideraciones aparecen en la opinión del caso de El Pueblo v. Méndez, resuelto en mayo 28, 1929. (39 D.P.R. 653).

Otro señalamiento de error se funda en haber dejado la corte de hacer conclusiones más específicas. El tribunal dijo que se habían probado las alegaciones de la demanda y que el caso era uno en que había conflicto de prueba. De la opinión es aparente que la corte creyó las declaraciones ofrecidas por la demandante. La ley aprobada por la Legislatura en 1925 (Ley No. 25 de 1925, p. 179) dice que en caso de conflicto de prueba el juez debe expresar las razones que lo inducen a llegar a una conclusión. Cuando aparece que la corte creyó a un grupo de testigos más bien que a otro, poco más puede exigirse. No creemos que fuera la intención del legislador que el juez manifestara que un testigo no merece crédito debido a sus palabras, su actitud o sus gestos, y dudamos que la Legislatura tenga derecho a exigirle a un juez requisitos tan minuciosos. Sea ello como fuere, surge la cuestión relativa a lo que debe hacer este tribunal de apelación en caso de que el juez deje de exponer sus conclusiones de hecho. ¿Debemos devolver el caso para nuevo juicio, o debemos exigirle al juez, después de muchos meses de celebrado el juicio, que revele todas sus más íntimas ideas? Re-solvemos lo contrario. Frecuentemente, el juzgador na puede exponer todos los motivos que ha tenido para llegar a una conclusión de hecho. Hay envuelta cierta cantidad de intuición en el proceso. El apelante, además, no solicitó con-clusiones adicionales. Esto, al igual que el dejar de solicitar instrucciones mejores o corregidas en causas criminales, cons-tituye una renuncia por la parte perdidosa, o algo similar. La -apelada también insiste en que cuando la corte dice que hay preponderancia de la prueba a favor de una parte, esta manifestación constituye un cumplimiento del estatuto. En conjunto, nos inclinamos al criterio de que, en lo concerniente' al conflicto en la prueba, la ley es más bien directoría que im-perativa. , Nos reservamos para una determinación ulterior la cuestión de cómo la nueva ley afectó nuestra decisión en Paganacci v. Lebrón, 24 D.P.R. 796, y los otros casos que la han seguido.

La admisión de una contestación a una-pregunta hipotética que no fué hecha en debida forma fué un error inofensivo. El juez manifestó que no le prestaría atención alguna a la evidencia objetada si la hipótesis no se basaba en prueba admitida.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    Francisco Cuevas Caraballo y Felícita Rosado, conocida por Felicia Rosado, demandantes y apelantes, v. Municipio de Mayagüez, representado por su alcalde Don Julián Rullán, demandado y apelado.
    No. 4679.

    Sometido: Abril 23, 1929.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      M. Figueroa del Rosario, abogado de los apelantes; Pedro Baigés Gó-mez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda se alega que el Municipio de Ma-yagüez era responsable de la negligencia de sus empleados al abrir éstos la compuerta del acueducto, produciendo así un torrente de agua en el río Yagüez, y que como consecuencia de ello un niño de cineo años de edad fué arrastrado por la corriente y se abogó. La corte inferior bailó que los em-pleados del demandado no fueron culpables de negligencia alguna, y que los padres del niño lo fueron de negligencia contribuyente al permitir que el niño se acercara tanto a la corriente sin ser debidamente atendido.

No estamos satisfechos de que pueda imputarse negligen-cia a los padres del niño, pero es de concebirse que su con-ducta pueda bacer caer el caso dentro de la esfera de los accidentes inevitables.

Sin embargo, los apelantes ban dejado de convencernos de que los empleados del demandado fueran negligentes. Se arguye que las aguas del río aumentaron repentinamente de-bido a los actos de dichos empleados, o quizá, que las com-puertas del acueducto fueron abiertas en un momento inu-sitado. El apelado alega que la prueba no demuestra que so abrieran las compuertas en un momento inesperado, y tam-bién niega que hubiera un golpe de agua violento en el río' Yagüez. Asumiendo, para los fines de la argumentación, pero sin resolverlo, que constituía negligencia permitir que nna corriente inusitada de agua entrara en el río, la prueba del demandado fué en sentido contrario y la corte tenía de-recho a creerla. El que el niño pereciera abogado fué un accidente desgraciado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Wolf,

text:
    Mayagüez Sugar Co., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 771.

    Sometido: Junio 6, 1929.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      José Sabater, abogado de la recurrente; El Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Cuando un propietario da en arrendamiento una parte de su finca, no se precisa que se baya becbo una segregación anterior de la finca ni que se inscriba bajo un número separado, y el registrador estuvo equivocado al resolverlo así j al exigir sellos de rentas internas por la inscripción separada.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la ins-cripción.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Sucesión de Arturo Vázquez Prada, demandante y apelante, v. Manuel Gómez, demandado y apelado.
    No. 5028.

    Sometido: Julio 22, 1929.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      José Soto Rivera, abogado del apelante; M. Acosta Velarde, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación de este recurso, Io. porque no pudiendo determinarse si la intención del ape-lante fué tramitarlo por medio de una exposición del caso o a virtud de una transcripción de la evidencia, de becbo al pretender abarcar los dos procedimientos se ban dejado ambos decaer, 2o. porque en todo caso las mociones de pró-rrogas se presentaron por persona que no estaba autorizada para ello, y 3o. porque la apelación es frívola.

La sentencia se dictó el 7 de enero de 1929 y la apelación se interpuso el 2 de febrero siguiente. El propio día 2 de febrero la corte a instancias de la sucesión apelante, por su abogado, ordenó al taquígrafo que procediera a entregarle copia del récord taquigráfico dentro “del término más razo-nable posible.” La apelante venía litigando como pobre.

El 20 de febrero siguiente L. J. E. Vázquez Prada, uno de los componentes de la sucesión apelante, presentó una moción alegando varias razones para que se le concediera una pró-rroga de 67 días para que el taquígrafo preparara el récord taquigráfico. La corte accedió. En la misma forma se con-cedió una nueva prórroga de 60 días, y finalmente, otra “para radicar la exposición del caso,” tal como fue expresamente pedida, cuyo vencimiento se extendió basta el 30 de septiem-bre de 1929.

En una impugnación a la moción de desestimación, la su-cesión apelante alega que de acuerdo con la jurisprudencia establecida en el caso de Peña v. Vergne de la Concha, 38 D.P.R. 990, el becbo de solicitar su abogado la transcripción del récord taquigráfico determina que los demandantes se de-cidieron por la transcripción de la evidencia. Y con refe-rencia a la última prórroga solicitada para radicar la expo-sición del caso y en tales términos concedida, alegan que el error se debió a que esa última prórroga se solicitó por uno de los componentes de la sucesión demandante que no es le-trado y que intervino por razón de la muerte de su abogado R. Gruillermety y a fin de no dejar fenecer el recurso.

La confusión es evidente y poco explicable porque no sólo la última prórroga sino las anteriores vinieron solicitándose por el mismo L. J. E. Vázquez Prada.

Sin embargo, como pudo existir el error y puede pedirse a la corte de distrito que lo corrija de acuerdo con el criterio que se sostuvo en el propio caso de Jeannot v. Dalmau, 32 D.P.R. 41 que invoca la parte apelada, y como es evidente el propósito de la parte apelante de proseguir su apelación no dejando vencer prórroga alguna, debemos entender que optó por tramitarla por la vía de una transcripción de la evidencia y decidir que estando dicbo trámite en todo su vigor aun en la corte sentenciadora, no cabe la desestimación del recurso.

Por el segundo motivo se impugna la facultad de L. J. E. Vázquez Prada para comparecer ante la corte y ges-tionar las prórrogas de qne se lia hecho mérito.

Interpretando esta Corte Suprema el artículo 51 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil que prescribe que “la compa-recencia ante la corte deberá hacerse por medio de abogado legalmente autorizado para ejercer su profesión,” en el caso de Hernández v. La Corte de Distrito, 15 D.P.R. 268 resolvió que a fin de que dicho artículo resultara constitucional, tenía que interpretarse en el sentido de que “se refiere a aquellas acciones en que una parte desea estar representada por otra, en cuyo caso debe comparecer por medio de abogado,” pero nunca en el de prohibir la comparecencia de una parte perso-nalmente en gestión o defensa de sus propios asuntos, criterio qne fue reafirmado luego en el caso de Matos v. Caraballo, (28 D.P.R. 921), al decidirse, copiando del resumen, lo qne signe:

“En todo procedimiento judicial la parte realmente interesada puede gestionar personalmente su acción ante la corte sin que sea requisito indispensable el estar representada por abogado. El artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Civil es de aplicación cuando la parte interesada desea estar representada por otra persona.”

Ahora bien, ¿puede extenderse la representación de la propia persona a la de toda una sucesión de la cual la persona individual forma parte?

A nuestro juicio, limitando nuestra decisión a los hechos del caso, esto es, a la gestión de una prórroga para perfeccio-nar un recurso ya debidamente establecido, la pregunta puede y debe contestarse en la afirmativa.

Resta sólo considerar el último motivo. La verdad es qne se trata de un caso peculiarísimo. Quizá asista la razón al apelado y sea el recurso enteramente frívolo, pero sin tener a la vista las pruebas practicadas que con las alegaciones sirvieron de base al fallo de la corte sentenciadora, no es posible resolver la cuestión que se plantea. Así lo ha resuelto esta corte repetidas veces.

A virtud de todo lo expuesto, la moción de desestimación debe ser declarada sin lugar.


text:
    Aminta Marina Martínez, asistida de su esposo, José Mariano Romaguera, demandantes y apelantes, v. Central Coloso, Inc., demandada y apelada.
    No. 4799.
    Sometido: Mayo 21, 1929.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      López de Tord é Zayas Pizarro, abogados de los apelantes; García Méndez d? García Méndez, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un pleito de desahucio. Dueña la deman-dante de dos fincas las arrendó a la demandada por precio de cuatro mil quinientos dólares anuales, pagaderos por trimes-tres adelantados. Como causa del desahucio alegó que ven-cido el trimestre que debía pagarse el l9 de junio de 192S, la demandada dejó de satisfacerlo “no obstante las gestiones de cobro que dicha demandante ha hecho cerca de la deman-dada. ’ ’

Celebróse la primera comparecencia. Fné el pleito a jui-cio en la segunda y la corte finalmente lo resolvió declarando la demanda sin lugar. De la relación del caso y opinión que la corte emitiera para fundar su sentencia, se transcribe lo que sigue:

“De la lectura de la escritura de arrendamiento resulta no exis-tir pacto sobre el lugar o sitio del pago del canon, por lo que tal pago debía verificarse en el domicilio de la demandada, que es y era la ciudad de San Juan, según también resulta de la propia escritura y de las alegaciones de las partes, ya que en tales casos rige el artículo 1139 del Código Civil que dice:
“ ‘El pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación. No habiéndose expresado y tratándose de entregar una cosa determinada, deberá hacerse el pago donde ésta existía en ei momento de constituirse la obligación. En cualquier otro caso, él lugar del pago será el del domicilio del deudor.’
“Sin embargo, de acuerdo con lo alegado en la contestación, no solamente el pago se debía hacer en San Juan, sino que para efec-tuar el mismo se había convenido y era costumbre solicitar el pago previamente.
“La evidencia demuestra que después del primer año, que se efectuó por adelantado, todos los cánones hasta el correspondiente al trimestre de marzo a mayo de 1927 se efectuaron siempre a, virtud de requerimiento de la demandante, excepción hecha del canon de septiembre a octubre de 1925, en relación con el cual no se presentó evidencia del requerimiento. En tales casos el requerimiento se efec-tuó siempre por carta, con excepción del trimestre de junio a agosto de 1925 que se hizo por telegrama; y con excepción del pago del trimestre de marzo a mayo de 1925 que se efectuó a la presentación de un giro a la orden del American Colonial Bank, todos los demás pagos se hicieron por checks contra el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, oficina de San Juan, expedidos en San Juan y con cargo a la Central Coloso, Ine., domiciliada en San Juan. El pago del de junio de 1927 a mayo de 1928 se hizo por anticipado, por conve-nio especial de las partes, y se efectuó con checks contra dicho Banco Territorial, oficina de San Juan, y expedidos en San Juan con cargo a la Central Coloso, Inc.
“La única gestión de la demandante para hacer efectivo el cobro del canon de que se trata en esta acción, consistió, según declaró el Sr. Romaguera Roura (padre del esposo de la demandante) en una llamada por teléfono el 2 de junio de 1928 a don Rafael Martínez Domínguez; pero no estando éste, dice dicho Sr. Romaguera que habló con el Sr. Comas, sub-tesorero de la Central demandada a quien le pidió que remitiera dicho canon, lo cual no hizo, a pesar de ha-berlo prometido. Seis días más tarde, en junio 8 de 1928, se radicó •la demanda de desahucio.
“La demandada acepta que el 2 de junio de 1928 llamó desde Ponce y por teléfono el Sr. Romaguera Roura y fué comunicado con el Sr. Comas, por estar ausente el Sr. Martínez Domínguez; pero sostiene que el Sr. Romaguera dijo que él se comunicaría directamente con el Sr. Martínez, sin que manifestara al Sr. Comas ni a nadie el propósito de su llamada. Declaró el Sr. Comas que él sólo actúa como sub-tesorero de la Central Coloso, Inc., en ausencia del Sr. Mar-tínez Domínguez de la Isla de Puerto Rico, y se ofreció además evi-dencia de que este señor no estuvo ausente de la Isla durante todo el mes de mayo ni junio de 1928. Estos extremos fueron además corro-borados con otra evidencia.
“También se ofreció evidencia, consistente en las declaraciones del Sr. Martínez Domínguez y del Sr. Arsenio Martínez (este último el que intervino en el contrato de arrendamiento como apoderado de la demandante), y ambos declararon que se había convenido en que los pagos de los cánones de arrendamiento los haría la demandada previo requerimiento, o personalmente en la oficina de la demandada en San Juan.
“Expuesta la relación de hechos que precede, la Corte estima que siendo el sitio del pago la ciudad de San Juan, era necesario que la demandante pidiera a la demandada el pago del canon de que se trata.
“Es de consignar que la Corte ha encontrado extraña esta forma inusitada en que se alega por la demandante haberse efectuado el ¡último requerimiento de pago, especialmente' en vísperas de la in-terposición del desahucio, teniendo en cuenta la costumbre preesta-blecida en cuanto a la forma para solicitarlo.
“La Corte ha encontrado que a pesar de estar obligada la arren-dadora a recabar y recibir el pago de los arrendamientos en San Juan, •por ministerio de la Ley, y a mayor abukdamiento por lo convenido ■verbalmente por la arrendataria con el apoderado de la demandante, que estima la Corte como testigo de mayor excepción por su carácter de tal apoderado y autorizador del contrato, la forma en la práctica de remitir la arrendataria los checks por el importe de los cánones desde sn oficina de San Jnan a Mavagüez, residencia de la arrenda-dora, determina además del cumplimiento de lo espresam'ente pac-tado, una comodidad para beneficio de la demandante-arrendadora, y mal podría levantar ésta sobre dicha ventaja una base de acción contra la demandada y arrendataria, como aquí se ha pretendido.
“El testimonio de los testigos de la demandada, demostrativos del convenio efectuado entre el Sr. Martínez Domínguez y el Sr. Arsenio Martínez, merece entero crédito a la Corte.
“De acuerdo con el contrato la obligación del pago debe cum-plirse en el domicilio de la arrendataria, Central Coloso, Inc., en San Juan. La arrendataria tiene la obligación de pagar y si la arrendadora desea que se le pague puntualmente, sin inconveniente de ninguna clase, debe autorizar a una persona para que reciba a su nombre el pago en el domicilio de la corporación demandada; o ha podido en este caso solicitar el pago como era la costumbre y se había pactado, dando así una oportunidad a la demandada para efectuar el pago. Como esto no ha ocurrido, no puede decirse que la demandada haya faltado a la condición sobre el pago. Artículos 1139 y 1477 del Código Civil Revisado.
“Atendidos todos los hechos expuestos, no es posible, sobre todo después de la jurisprudencia establecida por la Corte de Circuito de Boston en el caso de la Central Vannina, 259 Fed. Rep. 196, revoca-toria del caso de López v. Vannina, 26 D.P.R. 176, y después también del caso de Almodóvar et al. v. Santa Isabel Sugar Co., 28 D.P.R. 591, sostener que debe declararse terminado el contrato de arren-damiento por haber sido violado por la arrendataria en la cláusula relativa al pago, y en su consecuencia decretarse el desahucio de di>cha arrendataria de las fincas arrendadas. ’ ’

No conforme la demandante apeló para ante este tribunal, señalando en sn alegato la comisión de cinco errores.

El primero y el segundo se argumentan conjuntamente. Por el primero se sostiene que la corte erró al no permitir a la demandante enmendar su demanda “añadiendo a la alegación tercera, después de la palabra ‘arrendamiento’, lo siguiente: ‘Y que por convenio entre las páRtes y costumbre ESTABLECIDA ENTRE DEMANDANTE Y DEMANDADA, SE PITÓ LA CIUDAD DE MaYAGÜEZ, RESIDENCIA DE LA ARRENDADORA, COMO LUGAR Y SITIO PARA VERIFICAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO estipulado.'’ Y por el segundo, qne la corte erró al esta-blecer qne las partes en este caso no señalaron sitio para el pago del canon, y, qne en tal caso, el pago debía hacerse en el domicilio del dendor.

A nuestro juicio la prueba fné bien apreciada por la corte de distrito.

Es un hecho qne no se fijó en el contrato el lugar en que debía verificarse el pago del canon de arrendamiento. En tal virtud la corte aplicó debidamente la última disposición del artículo 1139 del Código Civil que dice: “En cualquier otro caso, el lugar del pago será el del domicilio del deudor. ’ ’

Se sostiene que puede adicionarse el contrato a virtud de la costumbre seguida por las partes y que' aquí la propia prueba de la demandada demostró que se fijó la ciudad de Mayagüez como el lugar del pago.

Es cierto que la jurisprudencia ha establecido que “un uso o costumbre general o particular puede probarse a los efectos de variar el significado usual del lenguaje del con-trato, o para insertar en él un término no expresado en el mismo” (13 Corpus Juris 561), pero no estamos conformes con que la prueba aportada por el demandado tenga el al-cance que pretende la apelante.

Para facilidad de la demandante y en el curso ordinario' de los negocios de la demandada cuando ésta recibía el reque-rimiento de la demandante, le enviaba por correo a Mayagüez,. en cheques expedidos en San Juan contra un banco de San Juan, el importe de los cánones de arrendamiento. De ese-hecho no puede deducirse que a virtud de la costumbre que-dara fijado Mayagüez como el lugar del pago de tal modo-que irremediablemente viniera la demandada obligada a pagar allí su deuda. El lugar del pago de acuerdo con la ley siguió siendo San Juan, domicilio del deudor.

El tercer error es una repetición del segundo. Por el cuarto se sostiene que la corte erró al dar crédito y al fijar el alcance de las declaraciones de los testigos de la demandada Martínez Domínguez y Arsenio Martínez.

Las contradicciones que se observan en la declaración del primero son explicables y no son suficientes para desacredi-tar sn testimonio en general y el alcance de ambas declara-ciones fné bien fijado a nuestro juicio por la corte. Todo induce a creer que cuando el contrato fue celebrado existían las mejores relaciones entre las partes y ambas se inspiraban una mutua confianza.

Por el quinto y último error se levanta una cuestión que lia sido considerada por este tribunal con motivo de cierta moción sobre corrección de los autos, o sea que la corte erró al dictar sentencia sin que la demandada Rubiera presentado en evidencia un ejemplar de los estatutos de la corporación demandada a fin de determinar las atribuciones del sub-tesorero Señor Comas.

Como puede aceptarse que cualesquiera que fueran las atribuciones del Señor Comas, el llamado requerimiento por teléfono desde Ponce por el padre del esposo de la deman-dante en contra de la costumbre establecida no puede tener el efecto que pretende la apelante, el error carece de impor-tancia.

De acuerdo con el contrato, la ley, la jurisprudencia y la costumbre establecida por las partes, el pago se verificaba en San Juan enviando el cheque por correo a Mayagüez en contestación usualmente a cartas de la demandante o de su esposo y la demandada estuvo justificada en esperar como esperó por un tiempo razonable que así sucedería en cuanto al trimestre que venció el Io. de junio de 1928 y que dió origen a la demanda de desahucio de junio 3, 1928. La demandante no residía ni tenía agente autorizado en San Juan para recibir el pago ni pidió a' la demandada en la forma usual que se lo enviara a su residencia de Mayagüez.

La existencia de este pleito se explica por lo que el propio abogado de la parte apelante admite en su alegato, esto es, que él creía que era la ley en esta jurisdicción la que fijó esta Corte Suprema en el caso de López v. Central Vannina, 26 D.P.R. 176 y 180, cuando era y es lo cierto que la sentencia de esta corte fue revocada por la de la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito de la Nación, reportada en 259 Fed. 198.

En López v. Central Vannina, supra, esta corte, con el disentimiento de su entonces Juez Presidente Sr. Hernández, había resuelto:

“Cuando en un contrato de arrendamiento no se fija expresamente el lugar donde se lia de verificar el pago de los cánones, debe con-cluirse, de acuerdo con el artículo 1139 del Código Civil, que el lugar del pago es el del domicilio del arrendatario. Tal conclusión no im-plica que el arrendatario no está obligado a pagar liasta que sea requerido por el arrendador. Su obligación es independiente y debe cumplirse sin necesidad de gestión de la otra parte contratante, rc-eurriéndose si fuere necesario al medio de la consignación previsto y regulado por la ley.”

T revocando nuestra sentencia, la Corte de Circuito de Apelaciones decidió:

“La obligación impuesta por el Código 'Civil de Puerto Rico, ar-tículo 1139, de que se satisfagan los cánones en el domicilio del arren-datario cuando no se hubiere designado el lugar del pago en el contrato de arrendamiento, está sujeta a la condición implícita de que el arren-dador, bien en persona o por mandatario, se halle presente para recibir el pago; y cuándo el arrendador o su mandatario no están presentes, el inquilino no tiene la obligación de consignar los cánones en la corte, según las disposiciones de los artículos 1144 et seq.” Central Vannina v. López, 259 Fed. 198.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Pbesidente Señoe del Tobo,

text:
    Ramón Pujals Carlo, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 661.

    Sometido: Julio 15, 1929.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      P. Amadeo Rivera y A. Rivas, abogados del peticionario; M. Aeosla Yelarde, abogado del demandado en la acción principal.

       Véase el prefacio.

   El Juez Pbesidente Señoe del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Pujáis Oarlo demandó en la Corte Municipal de San Juan a .Francisco', Enrique, Georgina, Luis, Armando y Rosendo Vela y María Clemencia González en reivindicación de una faja de terreno de nueve metros cuadrados, parte de un solar de ciento cincuenta metros cuadrados. En la de-manda se alega que la faja que se reivindica tiene un valor no menor de cien dollars. Contestaron los demandados. Fué el pleito a juicio y la corte dictó sentencia declarando la de-manda sin lugar.

Apelado el pleito a la corte de distrito por el demandante, los demandados alegaron por vía de excepción previa que la corte municipal al dictar la sentencia recurrida había ac-tuado sin jurisdicción porque las cortes municipales en esta Isla no la tienen para conocer de acciones reivindicatorías de bienes inmuebles, y no teniéndola la corte de primera ins-tancia tampoco residía en la de distrito requerida para ac-tuar como corte de apelación. ■

El juez de distrito declaró la excepción con lugar y dictó sentencia desestimando la demanda sin especial condena de costas. El demandante entonces inició este procedimiento de certiorari en el que sé expidió el auto y se señaló una, vista a la cual sólo concurrió la parte demandada en el pleito. La solicitud del demandante es amplia y contiene un estudio cui-dadoso de los hechos y la ley. Está, pues, la corte en con-diciones de decidir la cuestión envuelta que es de gran im-portancia en la práctica diaria de los tribunales de la Isla.

Las secciones 3 y 4 de la ley reorganizando el sistema judicial de Puerto Rico, de 1904, leen como sigue:

“Sección 3.- — -Los cargos de juez de paz y de secretario y escri-biente de los juzgados de paz, y los cargos de jueces municipales y de secretarios y otros empleados de los juzgados municipales, tales como boy existen, son por la presente abolidos, creándose por la pre-sente el cargo de juez municipal, quien desempeñará los deberes y funciones que más adelante se determinan en esta Ley; y todos los procedimientos ante dichas cortes municipales deberán ser tramita-dos conforme a las reglas y procedimientos en práctica en las cortes de distrito.
“Sección 4. — A excepción de lo que se determina más adelante en la presente Ley, el juez municipal creado por la presente ejercerá to-das las funciones que actualmente corresponden a los jueces de paz y jueces municipales. Tendrá jurisdicción en todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito hasta la suma de 500 dollars, intereses inclusive; tendrá jurisdicción para conocer de todas las causas cri-minales excepto las denominadas felony, y en todos los casos de felony el juez municipal podrá actuar de juez instructor (Committing Magistrate) y podrá admitir prestación de fianza bajo las leyes ac-tuales; . . .”

Es bien sabido que las cortes municipales son cortes de jurisdicción limitada. Así se lia resuelto repetidas veces por este tribunal. Los artículos 3 y 4 del Código de Enjui-ciamiento Civil expresamente disponen que no son cortes de registro.

Eso no obstante, bay que reconocer que dada su historia y funcionamiento, son algo más que meros juzgados de paz. Como hemos visto, la propia ley dispone que todos los proce-dimientos ante ellas “deberán ser tramitados conforme a las reglas y procedimientos en práctica en las cortes de distrito.” Están divididas por razón de la importancia de sus distritos en tres categorías, debiendo ser letrados los jueces corres-pondientes a las dos primeras, siendo la tendencia del depar-tamento de justicia que se nombren jueces letrados siempre que sea posible para las de la última categoría.

¿Qué alcance tienen las palabras “en todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito Rasta la suma de quinientos dollars, intereses inclusive1?”

En el caso de Colón Caballero v. Registrador, 38 D.P.R. 653, 656, en que el juez de distrito basó la sentencia que es-tamos revisando, se dijo:

“Es de importancia aquí el concepto de ‘limitada' que a la ju-risdicción de las cortes municipales debe asignarse. La limitación de esa jurisdicción aparece del artículo o sección 4 de la ley relativa a las cortes municipales, cuya sección aparece bajo el número 1173 de la Compilación de 1911, página 265 del tomo. Por ella se da juris-dicción a las cortes municipales en los asuntos civiles que se promue-van en su distrito hasta la suma de quinientos dollars, intereses inclusive. Parece claro que esa jurisdicción se confiere por y para canti-dades o sumas en dinero, ya que se habla de intereses, y el concepto de intereses no puede referirse a otra clase de bienes que al dinero, único que los produce.”

No hay duda alguna que el lenguaje usado por esta corte restringe los límites de la jurisdicción de las cortes munici-pales a reclamaciones sobre cantidades o sumas de dinero. Sin embargo, parece que la atención de la corte estuvo fija en los hechos del caso decidido, entre los cuales estaba el de no haberse acreditado si entre los componentes de la sucesión "Velez a quienes se ordenaba el otorgamiento de la escritura había menores de edad, circunstancia que hacía aplicable la jurisprudencia establecida por esta corte en García v. Registrador de Guayama, 23 D.P.R. 426, copiando del resumen, así:

“Se estableció una demanda en una corte municipal solicitando que se ordenara a un menor el otorgamiento de la escritura de venta ele un bien inmueble vendido en vida por su padre, sin llegar a recibir el precio de la venta que sólo ascendía a $100. Se resolvió: Que la corte municipal no tenía jurisdicción por razón de la materia para conocer de dicho pleito.”

T de la opinión, como sigue,:

“La materia en el caso de García Rivera que estamos considerando y resolviendo envolvía como ya hemos dicho la ratificación de la venta de un bien inmueble que se decía hecha en vida por el padre del me-nor demandado. En su consecuencia la falta de jurisdicción de la corte municipal es manifiesta. Es la corte de distrito la que debe intervenir en un caso semejante, ya que el legislador decidió que uno-de sus deberes fuera la alta inspección de la persona y bienes de los menores de edad.”

Parece conveniente recordar que la decisión en el caso de García, supra, se dictó con el disentimiento de los Jueces Presidente Hernández y Asociado Aldrey, y transcribir los párrafos de la opinión disidente emitida por dichos jueces* que dicen:

“No es necesario que la reclamación verse sobre cantidad en metálico cierta y determinada; basta que sea valuable o tasable el inte-rés del pleito. Ferraioli v. El Registrador de Ponce, 21 D.P.R. 503; Sabathié y Pinace et al. v. El Registrador de Ponce, decidido en 16 de diciembre de 1915.
“Dicha jurisdicción no es concurrente con la de los jueces de dis-trito, sino exclusiva, como así lo hemos ya resuelto en los casos de Lowande v. García et al., 12 D.P.R. 302; Bras v. Rivera, 12 D.P.R. 395; González v. Pirazzi, 16 D.P.R. 7; Hernández Mena v. Blanco et al., 22 D.P.R. 773; y González v. Rozado, decidido en 23 de julio de 1915. Y también es propia, sin que bajo concepto alguno tengan necesidad los jueces municipales de recurrir a las cortes de distrito-para completarla.”

Revisando nuestra jurisprudencia sólo otro asunto civil encontramos excluido de las. palabras “todos los asuntos ci-viles,” usadas en la ley; el de Ja ejecución, de una hipoteca. Por medio de su Juez Presidente Señor Hernández, en Valdivieso v. Rivera, 19 D.P.R. 702, resolvió esta corte, copiando-del resumen:

“De acuerdo con la Ley Hipotecaria y su reglamento, en relación con la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua, los juzgados de primera instancia tenían jurisdicción exclusiva para conocer en primera ins-tancia del procedimiento sumario hipotecario, cualquiera que fuera el montante ele la hipoteca.
“De acuerdo con la Orden General No. 118 de agosto 15, 1899, las cortes de distrito tenían jurisdicción exclusiva para conocer de-procedimientos sumarios para el cobro de créditos hipotecarios.
“La sección 4 de la ley de marzo 10, 1904, para reorganizar el sistema judicial de esta Isla, no dió jurisdicción a las cortes munici-pales para conocer del procedimiento sumario para el cobro de cré-ditos hipotecarios cuando la cuantía del mismo no exceda de $500, sino que dicha jurisdicción continúa siendo exclusiva de las cortes de distrito, aun cuando la hipoteca sea de menos de $500.
“La cuantía de $500 fijada en la sección 4 de la ley de marzo 10, 1904, para reorganizar el sistema judicial de esta Isla, determina la jurisdicción de las cortes municipales para conocer de asuntos civiles en los procedimientos ordinarios a que se refiere el Código de Enjui-ciamiento Civil, pero no es aplicable a los procedimientos que se re-gulan por leyes especiales, los que continúan vigentes de acuerdo con la ley de procedimientos legales especiales de marzo 9, 1905,”

En las demás decisiones, la ley fue siempre interpretada con amplitud. Así, en Lowande v. García, 12 D.P.R. 302, se resolvió que:

“Si el valor de la cosa reclamada no estuviere comprendido den-tro de la cuantía necesaria para dar jurisdicción a la corte, ésta ca-rece de ella, sin que pueda ser eficaz la alegación de que sólo se re-clama el uso de esa cosa, y que el valor de tal uso está comprendido dentro de la cuantía jurisdiccional, pues no es posible presumir que el valor del uso de una cosa sea superior al valor de la cosa misma.”

Como puede verse, el tribunal fue más allá de una recla-mación de dinero y habló del valor de la cosa reclamada.

En los de Poupart et at. v. Recurt et al., 25 D.P.R. 714, y Sucesión Rivera v. Sucesión Salas, 28 D.P.R. 624, en que se trataba de acciones reivindicatorías, la corte, copiando de los resúmenes, decidió:

En el primero, que:

“Teniendo las cortes municipales jurisdicción solamente hasta la suma de quinientos dólares, un demandante que litiga para recobrar propiedad real debe mostrar afirmativamente que el valor del terreno que trata de reivindicar no excede de dicha suma, sin que el mero hecho de que la finca fuese vendida en ejecución de sentencia a un único postor por una cantidad menor de quinientos dólares consti-tuya prueba de su valor. ’ ’

Y en el segundo, que:

“Versando como versa el pleito sobre reivindicación de una finca cuyo valor excede de quinientos dólares, la jurisdicción de la corte de distrito es evidente, sin que en nada afecte a esa jurisdicción el he-.clro de que la finca llegara a poder de la parte demandada a virtud íde dos pleitos, la cuantía de cada uno de los cuales era inferior a (quinientos dólares, y el de que se alegue la nulidad de lo actuado en «.dichos dos pleitos.”

En el caso de Gonzáles v. Pirazzi, 16 D.P.R. 7, en el que el asunto a decidir versaba sobre la propiedad de dos casitas, se resolvió que:

“Cuando la cuantía de lo reclamado en un procedimiento judicial civil no excede de quinientos dollars, la jurisdicción original corres-ponde a la corte municipal y la jurisdicción de apelación a la de distrito, y cuando la dicha cuantía excede de trescientos dollars, sin comprender frutos o intereses se puede apelar de la sentencia dic-tada en.apelación por la corte de distrito, para ante el Tribunal Supremo: ’'

Existen otras decisiones en igual sentido y bien puede de-cirse que por un período de más de veinte años, la corte de modo invariable vino interpretando y aplicando la sección 4 de la ley reorganizadora del sistema judicial de Puerto Pico en el sentido de dar énfasis a las palabras “todos los asuntos civiles,” (all civil matters) para interpretar ampliamente las que le siguen “basta la suma de 500 dollars,” (to the amount of five hundred dollars,) y así reconocer jurisdic-ción a las cortes municipales en todos los asuntos civiles en que la cuantía de la reclamación llegara hasta quinientos dó-lares o el interés envuelto fuera valuable o tasable y no exce-diera de dicha suma, con las excepciones indicadas. García v. Registrador, supra, y Valdivieso v. Rivera, supra. Sólo hace un año, en el caso de Colón Caballero, supra, se puso el énfasis en las palabras “intereses inclusive” y se restringió el alcance de las que le precedían, limitando así la jurisdic-ción de las cortes municipales a reclamaciones de dinero úni-camente.

Sometida ahora la cuestión de nuevo a nuestro examen, con el pensamiento fijo en ella, creemos que debe prevalecer la anterior jurisprudencia convertida en práctica constante por nn largo período de tiempo y al amparo de la cual se lian dictado seguramente cientos de sentencias resolviendo asun-tos referentes a propiedad inmueble.

La ley admite claramente la interpretación más amplia. Cuando el legislador ha querido limitar la jurisdicción a re-clamaciones de dinero, no ha usado el lenguaje de la sección 4, sino que ha dicho, por ejemplo, como en California: “En acciones que nazcan de contratos para recobrar dinero sola-mente, si la cantidad reclamada, intereses inclusive, no llega a trescientos dollars.” Sección 112 del Código fijando la ju-risdicción de las llamadas “Justices Courts,” citada en el propio caso de Colón Caballero, supra. Y aquí mismo en Puerto Pico, cuando la Legislatura adoptó la ley No. 10 de 1921 estableciendo juicios especiales en las cortes munici-pales, dijo: “En todo caso civil sobre cobro de dinero que envuelva una suma no mayor de cien dólares....”

Por virtud de todo lo expuesto debe anularse la sentencia dictada por la Corte de Distrito de 8an Juan el 4 de jimio de 1929 y devolverse los autos reclamados a la misma para que continúe conociendo de ellos en apelación de acuerdo con la ley, ya que la corte municipal actuó con jurisdicción por no exceder el valor de la cosa reclamada de quinientos dólares.

El Juez Asociado Señor Texidor, disintió.