text:
    Francisco González Fagundo, demandante y apelado, v. José Zenón Berríos y Faustino Berríos, demandados y apelante el primero.
    Núm. 8209.

    Sometido: Julio 8, 1940.

      Resuelto: Julio 19, 1940.

      Miguel A. Muñoz, abogado del apelante;

      Arturo Aponte y Fcmstino B. Aponte, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En el pleito seguido por Francisco González Fagundo contra José Zenón Berríos y Faustino B'erríos sobre cobro de servicios profesionales, se dictó sentencia por la Corte de Distrito de Humacao el 4 de abril último, condenando a los demandados a pagar solidaria y mancomnnadamente al demandante la suma de $3,350, remanente de la de cinco mil en que se valoraron los servicios, con más las costas, inclu-yendo en ellas quinientos dólares por honorarios de abogado. El 22 del propio mes de abril apeló de la sentencia el deman-dado José Zenón Berríos.

Así las cosas, se presentó una moción por el demandante apelado solicitando la desestimación del recurso por no haberse notificado el escrito interponiéndolo al demandado Faustino Berríos, parte perjudicada por la sentencia.

El apelante se opuso alegando que esta corte no tiene ante sí base suficiente para resolver la cuestión planteada y porque el récord ante la corte no demuestra que el codeman-dado Faustino Berríos sería afectado adversamente por la apelación.

Una apelación se interpone entregando al secreiario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o providencia apelada, un escrito manifestando que se apela de ella, o de determinada parte de la misma y presentando idéntica manifestación a la parte contraria o a su abogado, ordena el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933.

Según la certificación del secretario de la corte senten-ciadora acompañada a la moción de desestimación aparece que el escrito de apelación fué archivado en la secretaría con constancia de haberse notificado con copia al demandante. Con respecto a la notificación al otro demandado que la parte demandante estima necesaria para que esta corte adquiera jurisdicción, nada dice el escrito.

¿Puede de ello deducirse que la apelación no fué notifi-cada al otro demandado? A nuestro juicio no puede, porque en la certificación se limita el secretario a decir que el escrito tal como se transcribe fué radicado, hecho que no excluye la posibilidad de haberse radicado separadamente la constancia de haberse hecho la notificación al otro demandado.

No es el apelante el qne ha radicado sn récord de ape-lación ante esta Corte Suprema. Es el demandante apelado el qne ha comparecido pidiendo qne la apelación sea deses-timada porqne falta la repetida notificación, y siendo 61 el que afirma, a él corresponde la prueba de lo afirmado.

Tiene, pues, razón el apelante en sn primer motivo de oposición, a saber, qne los autos ante nos no constituyen base suficiente para resolver la cuestión planteada.

Y también la tiene en el segundo. El codemandado dejado de notificar, si es que en verdad no fué notificado, no es parte adversa, no recibirá perjuicio a virtud de la apelación, al contrario, si algo puede recibir es beneficio en caso de que se revoque o modifique la sentencia reduciéndose su cuantía.

No ha mucho, en el caso de Olivera v. Sucesión González, 52 D.P.R. 884, 886, dijo esta Corte:

“La jurisprudencia es abundantísima sobre el particular y tal como se resume en la nota al caso de Nelson Bennett Co. v. Twin Falls Land, etc., Co., 13 Idaho 767, que aparece en el volumen 13 de los American and English Annotated Cases, páginas 181 a 185, ha esta-blecido las siguientes reglas:
“ ‘Podría decirse, como regla bien establecida, que el escrito de apelación debe ser notificado a toda parte contraria.’
“La regla está sostenida por casos de California, Colorado, Idaho, Iowa, Louisiana, Michigan y otros estados.
“ ‘Toda parte cuyo interés en la materia objeto del recurso de apelación es adverso o será afectado por la revocación o modificación de la sentencia u orden contra la cual se ha apelado, es una parte adversa dentro del significado de un estatuto que requiera que se notifique la apelación a toda parte contraria.’
“Para sostener el principio se citan decisiones de diez estados de la Unión.
“ ‘Codemandados en un litigio que no se unan al recurso deben ser notificados del escrito de apelación cuando sus intereses son adversos al de la parte que entabla el recurso.’
“Decisiones también de diez estados se citan para sostener la regla.
“La jurisprudencia de esta corte está en línea con los principios enunciados. - Véanse: Candelas v. Ramírez et al., 20 D.P.R. 33; Galafar v. Sucesión Morales, 22 D.P.R. 491; Torres v. Sucesión Caballero, 39 D.P.R. 724, 726; y Carrión v. Toral, et al., 44 D.P.R. 426.
“De suerte que no basta que se sea un codemandado para que la apelación interpuesta por otro tenga necesariamente que notificársele, si que se requiere además que sus intereses sean adversos a los del que entabla la apelación.”

Y ya hemos visto que el interés del codemandado Faustino Berrios no es adverso si que está en armonía con el del otro demandado José Zenón Berrios que interpuso el recurso. Su notificación era innecesaria. Y la falta de la misma en su consecuencia no es motivo de desestimación.

Debe declararse sin lugar la moción del apelado.

El Juez Asociado Sr. De Jesus no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison

license: Public Domain

text:
    Francisco Cardona Velázquez, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Comisionados Manuel León Parra, Juan M. Herrero y Francisco Paz Granela, demandada, y Ramón Montaner, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurridos.
    Núm. 202.

    Sometido: Junio 24, 1940.

      Resuelto: Julio 19, 1940.

      Virgilio Brunet y Miguel A. Casiano, abogados del recurrente;

      Iíon. Procurador General George A. Malcolm, E. de Aldrey, Procurador ■ General Auxiliar y Víctor J. Vidal González y G. Atiles Moréu, abogados los dos últimos del Fondo del Seguro del Estado, abo-gados del Administrador del Fondo mencionado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Al salir de cierto pueblo en un vebículo de motor, el estado del chófer, que padecía de orquitis, se acentuó en tal forma que no pudo continuar guiando el vehículo. A instaucias suyas, Cardona, un agente comisionista, se hizo cargo del guía. Poco después, mientras viajaban a 15 ó 20 kilómetros por hora, la goma derecha delantera estalló e hizo que el vehículo se fuera sobre un muro que había en la carretera y se volcara. La reclamación de Cardona para que se le pagara indemnización fué rechazada por el Administrador del Fondo del Estado, fundado en que estaba cometiendo un delito por no tener licencia de conductor. La Comisión Industrial confirmó su decisión. Asumiremos, conforme hicieron el Administrador del Fondo del Estado y la Comisión Industrial, aparentemente, que Cardona y el chófer autorizado eran coempleados y que el vehículo pertenecía al patrono, a pesar de que estos hechos no aparecen afirmativamente de los autos que tenemos ante nos.

En tres ocasiones sucesivas Cardona había obtenido permisos de aprendizaje, cada uno de los cuales duraba un mes. El tercer permiso había expirado. El pudo haber obtenido un cuarto permiso en cualquier momento sin someterse a examen, al pagar la suma de $1 en sellos de rentas internas. Había descuidado hacer esto. Si hubiera pagado su dólar y obtenido el cuarto permiso el día antes del accidente, su experiencia y su preparación como conductor hubieran sido las mismas que al momento del accidente.

De conformidad con el artículo 4 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Leyes de 1935, (1) pág. 251, 273) un accidente no es compensable si ocurre:

“1. — Al tratar el obrero o empleado de cometer un delito o de lesionar a su patrono o a cualquier otra persona, o cuando voluntaria-mente se causare la lesión.”

Tiene que baber alguna razón para que exista tal dispo-sición legislativa. Un caso que no cae dentro de la razón de la regla no debe ser considerado como que está dentro de ' la regla. La letra de la ley no debe ser seguida ciegamente en casos que no caen dentro de su espíritu y fin.

Si el día y a la bora del accidente la policía hubiera bailado en el bogar de Cardona una pistola que éste no babía informado al jefe de la policía del distrito en que residía, el accidente no habría sido compensable si es que todos los casos que caen dentro de la letra de la ley han de regirse por ella. Se obtendría el mismo resultado si el conductor del vehículo en vez de pedir a Cardona que se hiciera cargo de la rueda, hubiera detenido el mismo junto a una acera en la ciudad y el automóvil hubiera sido chocado por otro vehículo, causando así lesiones a Cardona en el momento en ■ que éste escupía sobre la acera. No podemos creer que fuera la intención de la Asamblea Legislativa decir que semejantes accidentes no son compensables.

La conclusión alternativa es que tiene que haber alguna conexión — que de ordinario a nuestro juicio debe ser alguna conexión causal contra la tentativa de cometer el delito y el accidente. Véanse Bugh v. Employer’s Reinsurance Corp., 63 F. (2d) 36; Gima v. Hudson Coal Co. (Pa.), 165 A. 850, 853, y Shoffler v. Lehigh Valley Coal Co. (Pa.), 139 A. 192, citados por el letrado del Administrador del Fondo del Estado; y Wood v. Snyder, 147 N.E. 314 y Kimball’s Case 168 A. 871, citados por el peticionario.

•Deben revocarse las resoluciones de la Comisión Industrial.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Insular Mercantile Co., demandante y apelada, v. Francisco Crespo Escalera, demandado y apelante.
    Núm. 7984.

    Sometido: Diciembre 6, 1939.

      Resuelto: Julio 19, 1940.

      Luis Mercader, abogado del apelante;

      A. Torres Braschi, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Desde el año 1922 Francisco Crespo Escalera era dueño de varias parcelas de terreno en el Municipio de Ciales, cerca de la línea divisoria entre Ciales y Orocovis, pueblo este último que anteriormente se conocía con el nombre de Barros.

Desde el año 1887 estas propiedades — o por lo menos la que añora nos concierne — ñan sido consideradas generalmente como que están dentro del Municipio de Ciales, y desde el 1922 — de no ser desde 1887 — las contribuciones de las mis-xaas ]ian sido pagadas en Oíales. Asumiremos que con ante-rioridad al 1887 eran generalmente consideradas como que estaban dentro del Municipio de Barros y que así fueron inscritas en el Registro de la Propiedad de Ponce.

Crespo hipotecó dos de estas fincas a Ernesto Fernando Sehlüter. Se les describió en la hipoteca como radicadas en el Municipio de Barros. Sehlüter inició un procedimiento ejecutivo sumario ante la Corte de Distrito de Ponce y fué el único postor en la subasta. Para una de las fincas, una parcela de 122 cuerdas, ofreció $300; para la otra, parcela de 81 cuerdas, $250. Estas dos sumas fueron acreditadas á Crespo. No hubo traspaso de dinero alguno. Más tarde, a fin de cubrir la deficiencia Sehlüter embargó otras propieda-des pertenecientes a Crespo. Finalmente otorgó una escri-tura que pretendía traspasar las 122 cuerdas, las 81 cuerdas, y cinco otras propiedades, junto a la cesión de dos hipotecas, a la corporación Insular Mercantile Company, en la cual él estaba empleado para aquel entonces como administrador.

La corporación pagó $300, importe de la oferta hecha por Sehlüter en la subasta para las 122 cuerdas, y $250, importe de la oferta hecha por Sehlüter en la subasta para las 81 cuerdas. La suma pagada por cada una de estas fincas y por cada una de las hipotecas era mucho menos del valor material de las propiedades, en tanto en cuanto puede obte-nerse una idea de tal valor de los hechos expuestos en la escritura notarial. La suma pagada por todo el terreno y las hipotecas fué tan sólo $1,500.

La Insular Mercantile Company instó el presente recurso de desahucio ante la Corte de Distrito de Ponce. Alegó que la parcela de 122 cuerdas que se describe en la demanda estaba en el barrio Damián, del Municipio de Orocovis, dentro del distrito judicial de Ponce. También alegó que Crespo poseía en precario.

En su contestación el demandado sostuvo (por vía de excepción previa y como defensa) falta de jurisdicción poi’-que la finca estaba de hecho en el Municipio de Cíales y no -Bn Orocovis, conocido anteriormente por Barros. Las contri-buciones se pagaban en Ciales. Si en el registro de la pro-piedad aparecía como que estaba en Barros (Orocovis), eso ;se debía, según él, al becbo de que el actual territorio de ■Ciales babía formado parte en una época del Municipio de Barros, del cual fue segregado y constituyó un municipio distinto.

La corte de distrito (hablando del procedimiento de desahucio) resolvió que ésa no era una cuestión jurisdiccio-nal sino una de competencia que babía sido renunciada al dejar el demandado de solicitar el traslado. Sosa v. Manzano, 36 D.P.R. 731. El apelante impugna la corrección del fallo emitido en el caso de Sosa, mas no ofrece razón satis-factoria alguna para que revoquemos ese caso al presente.

La demandante ofreció como prueba un recibo de contri-buciones para el año 1936-37, en el que se describía la pro-piedad como ubicada en el barrio Pozas, Municipio de Ciales. También ofreció una carta fechada el 3 de marzo de 1938, dirigida a Crespo en Ciales, en la que se le decía que la demandante tenía un comprador en perspectiva para “la finca de 122 cuerdas en el barrio Pozas de Ciales.” El demandado solicitó la desestimación del recurso fundado en que la corte de distrito carecía de jurisdicción en el proce-dimiento de desahucio toda vez que de la propia prueba de la demandante se desprendía que la finca estaba en Ciales. La corte declaró sin lugar esta moción y el demandado se anotó una excepción.

Si, conforme la corte ya babía resuelto, la cuestión no era una de jurisdicción sino de competencia — el becbo de que la demandante pagara contribuciones sobre la propiedad como ubicada en el Municipio de Ciales y de que se hubiera referido a ella como la propiedad de 122 cuerdas en el barrio Pozas de Ciales, no convirtió la cuestión de competencia en una de jurisdicción.

En su contestación el demandado sostiene:

Después de la subasta, Schlüter convino con el demandado en venderla, como la vendió, y se la dejó en posesión, a cambio de la liquidación hecha entre ambos del crédito hipotecario e intereses. Más luego Schlüter, para burlar ese convenio, traspasó simulada-mente la finca a la corporación demandante, de la cual él es director o parte interesada. Esto lo hizo con el solo objeto de hacer aparecer a dicha demandante como tercero, siendo la realidad que la corpora-ción demandante y dicho Schlüter son la misma cosa. El demandado está en posesión de la finca a virtud de ese convenio con Schlüter y no precariamente como alega éste por su testaferro, la sediciente corporación demandante.

De la transcripción taquigráfica del testimonio de Schlüter tomamos el siguiente extracto:

“¿Y después de ejecutadas y adjudicadas esas fincas a usted, tenía usted convenio alguno con el señor Crespo?
“Le di al señor Crespo seis meses para que hiciera lo posible para volverme a pagar el importe, según una carta que está ahí, y a eso, cuando se venció, cuando se venció el término, me contestó que no podía conseguir el dinero.
“Juez: ¿El se quedó viviendo en la finca bajo ese convenio que usted dice?
“Testigo: Señor...
“Juez: Bajo ese convenio que usted dice.
“Seis meses era el convenio.
“Lio. TORRES: ¿En esos seis meses él quedó de buscar el dinero? “Pagar lo que debía.
“Lie. Torres: ¿Y en esa forma, retener la propiedad?
“Pero han pasado seis meses muchas veces y él no lo ha pagado.”

El resto de la declaración de Schlüter fué, en síntesis, así:

La hipoteca fué otorgada sobre dos fincas radicadas, según la escritura, en el barrio Damián, de Orocovis, jurisdicción de Ponce. Después de la subasta se halló que había una deficiencia. El testigo nunca había visto las fincas y no sabía su valor. Debido a la defi-ciencia el testigo se vió precisado a embargar otras propiedades que no se habían vendido aún. La correspondencia se refería a la defi-ciencia.

Habían transcurrido seis años desde que expiró el período de seis meses. Una vez transcurrido ese período el testigo en varias ocasiones hizo diligencias. Crespo luego le escribió que iba a conseguir el dinero de la A.A.A. y del gobierno — de la rehabilitación; y el testigo había estado esperando que él consiguiera el dinero — no porque hubiese convenio alguno. Después Crespo le dijo que el Sr. Moran le iba a dar el dinero. Morán se embarcó para Europa y no hubo nada. Crespo todavía está en posesión de la finca.

En la repregunta:

El testigo estaba empleado por la corporación demandante como administrador. No tenía acciones. No era oficial ni director. Según la hipoteca la finca de 122 cuerdas se halla en el Barrio Damián de Orocovis. Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Ponce. El testigo nunca ha visto la finca. En una ocasión le escribió a Crespo preguntándole dónde se pagaban las contribuciones, porque el colector de Barros le había dicho que la finca no aparecía en Orocovis y él deseaba pagar las contribuciones. La propiedad apa-reció en el municipio de Cíales. El testigo hacía su remesa a Cíales— pagaba las contribuciones en Cíales. El recibo de contribuciones era de Cíales.

Crespo declaró en parte así:

Alegaba ser dueño de la finca en controversia por ser su pro-piedad. Mientras se hallaba enfermo, Schlüter vendió la finca en pública subasta por el saldo que le debía de hipoteca. Más tarde se convino en que le cedería al testigo las fincas porque siempre quería aparecer como un hombre que no trataba de hacer daño. Eso fué en 1932. En 1934 el testigo estuvo muy mal del cerebro. Hubo un ciclón en 1928 y otro en 1932. Él le venía pagando bien. Le pagó ocho o diez mil dólares y la deuda ascendía a doce mil dólares. Remató las fincas por un pagaré vencido. Después que el testigo se puso bueno en 1934 le dijo a Schlüter que iba a impugnar la venta; que dos fincas que valen $10,000 no podían ser vendidas por $2,000. Schlüter le contestó al testigo: “Nosotros lo arreglamos, la finca yo no se la quito.” Estuvo conforme. Se allanó a que el testigo estuviera en la finca. La prueba es que todavía se hallaba en posesión. Se convino en que el testigo pagaría.
Bn 1934 el declarante fué con don Pepe Morán, quien había . prometido prestarle el dinero — fué a casa del Sr. Schlüter y estuvo tratando y tratando. £íYo deseo esa cuenta para pagársela, que viene el Sr. Morán para darme el dinero en el banco.” El testigo no pagó porque no le liquidaron la cuenta. Después Morán embarcó y cuando regresó fueron a la casa de Schlüter para que le liquidara la cuenta. El convenio fué que le devolvería la finca pagando las cuentas. El testigo aún estaba en posesión de la finca. Ésta radi-caba en el municipio de Ciales.
Hubo un litigio entre los dos municipios. Antes la finca estaba en Barros. Ésa y otras más quedaban en el municipio de Barros. La división entre Barros y Ciales se hizo en 1887. Se hizo un des-linde en 1887... Desde 1887 la finca está en el municipio de Ciales. El testigo compró la finca en el 1920 ó 1922. Ha pagado las contri-buciones en Ciales. Todo el mundo la ha tenido como que está en Ciales, no hay duda de eso. Todavía estaba en la finca.

Se convino en que otros tres testigos del demandado, al ser llamados, declararían lo mismo que Crespo respecto a la línea divisoria entre los dos municipios.

En la repregunta Crespo declaró:

Que tenía 62 años de edad; el convenio con Schlüter se llegó a realizar. Fué tres o cuatro veces a pagarle. Schlüter no puede negar que el testigo fué siete u ocho veces a pagarle. No le pagó. Desde el remate de la finca permaneció viviendo allí.
Morán no estuvo a visitar a Schlüter. Ultimamente don Ramón fué a verle. Anteriormente quien visitó a Schlüter cuatro o cinco veces fué el testigo. Morán se quedó en San Juan. ■ Le iba a dar el dinero al testigo. Ultimamente Morán visitó a Schlüter pero “don Pepe Morán tenía que hablar conmigo.” Él era “el pagano que me iba a dar el dinero del banco.” Recientemente Morán, después que vino de España, visitó a Schlüter. Don Pepe Morán fué a darle el dinero en el 1934. Fué tres, cuatro o cinco veces que el testigo estuvo esperando que Schlüter liquidara para que Morán le diera el dinero. Después fué Morán por el 1936. “Sería cuando se fué para España Ramón. ’ ’ Después cuando volvió de España fué Morán a darle el dinero. El testigo fué donde Schlüter a pagarle y a arreglar con él la cuenta. No la han arreglado. El testigo cogió a ese amigo para que le diera el dinero. Desde el 1934 había estado detrás de Schlüter para que le liquidara la cuenta. Fué dos o tres veces para que le liquidara la cuenta. No pagó porque nunca lie-garon a nn acuerdo. Schliiter no le quiso liquidar. Por eso no pagó. No demandó en una acción de rendición de cuentas porque estábamos así esperando mientras se bacía eso. ’ ’ Por eso el testigo no demandó a Scblüter. Entonces vino Morán “y fuimos tres o cuatro veces.” Una sola vez, cuando Morán estaba en España, el testigo escribió a Scblüter, manifestándole que no podía conseguir el dinero. Morán embarcó en un asunto de familia. Era claro que el testigo no podía pagar basta que él regresara. Tan pronto vino Morán el declarante fué con Morán, cuando vino de España.

En este punto la transcripción taquigráfica lee:

“Sr. Schlüter: Este año; antes, no.
“Testigo: ¿Antes no? Usted no ba querido liquidar esas cuentas varias veces.
“Lie. Torres: ¿Por qué no lo consignó en corte?
“Porque yo no podía disponer basta que no estuviera la escritura para pasar a los otros. ¿Usted cree que así se consiguen los cuartos?

La demandante no ofreció prueba de refutación.

El juez de distrito resolvió que — conforme demostraban las cartas admitidas como prueba y copiadas en su relación del caso y opinión — no bubo ningún contrato de compraventa ni de ninguna otra clase en relación con la referida finca, “entre Scblüter, la Insular Mercantile Co. y Crespo.” Si con esto el juez de distrito quiso decir que no bubo acuerdo alguno entre Scblüter y Crespo, su conclusión, a nuestro jui-cio, fué contraria a la prueba.

Las cartas de referencia son: primera, carta de Scblüter a Crespo fechada agosto 11, 1932; segunda, respuesta de Crespo fechada el 15 de agosto, 1932; tercera, carta de Scblüter a Crespo de septiembre 14, 1933; cuarta, contesta-ción de Crespo de septiembre 19, 1933; quinta, carta de la Insular Mercantile Co. a Crespo de noviembre 30, 1937; y sexta, respuesta de Crespo de diciembre 8, 1937.

En el primer párrafo de su carta de agosto 11, 1932, Scblüter informó a Crespo que el día anterior él había adqui-rido la finca por adjudicación, y solicitó de Crespo que en lo sucesivo se abstuviera de realizar acto alguno de posesión o de dominio. En el segundo párrafo de dicha carta le decía a Crespo que si estaba interesado en las fincas mencionadas,, él (Scblüter) estaba dispuesto a aceptar el pago basta donde alcanzara el importe de las deudas más los gastos originados en el procedimiento, puesto que el único interés que él tenía en el asunto era cobrar su dinero. Evidentemente esta oferta voluntaria implicaba la promesa de retrasmitirle la propie-dad al pagársele la deuda y reembolsársele los gastos incurri-dos. No se fijó límite de tiempo alguno. En sn respuesta Crespo manifestó: que la finca adjudicada estaba junta con ■el resto de la finca en cercados; que bacía dos meses o más que no iba allá por estar mal de salud; que tan pronto mejo-rara, tan pronto pudiera salir, vería a ver qué podían hacer; que vendría a San Juan a ver a Scblüter. Si esto no equi-valió a una aceptación tentativa de la oferta de Scblüter —sujeta desde luego a que Crespo pudiera levantar fondos— ello se convirtió en tal aceptación mediante hechos poste-riores que se detallan en el testimonio incontrovertido de Crespo y que están corroborados en sus faces principales por las propias manifestaciones y admisión de Scblüter.

En su carta de septiembre 14, 1933, Scblüter dijo: que el término de seis meses que le dió a Crespo estaba próximo a vencer; que aparentemente Crespo no ha hecho nada durante el transcurso de ese tiempo, o por lo menos no les ha avi-sado nada; que Scblüter tenía que pagar intereses por su deuda al banco y éste le exigía la liquidación. La carta ter-minaba con la súplica de que Crespo les indicara lo qü'e él pudiera hacer definitivamente, para Scblüter actuar de acuerdo con las instrucciones que tenía del banco y para ver si podían armonizar algo práctico. En su contestación Crespo manifestó: que había hecho todas las diligencias por conseguirles su dinero sin que hasta la fecha hubiera podido hacer nada práctico; que no se consigue dinero por ninguna parte; que estaba pendiente de la rehabilitación agrícola para ver si con ese grupo de fincas de Pozas, si Schlüter no tenía inconveniente, podía conseguir su dinero. total. Que si Schlüter le hacía el favor, eso no podría tardar ya mucho, era la única forma de conseguirlo; y que confiaba en que el banco esperaría.

La manifestación de Schlüter de que esta correspondencia se refería a la “deficiencia” no produce impresión. En rea-lidad, ninguna de las cartas se refiere a la “deficiencia.” Evidentemente la “deuda” a que se refería el segundo párrafo de la primera carta, no era la ‘ ‘ deficiencia. ’ ’

Schlüter no quiso decir que, toda vez que el único interés que él tenía en el asunto era cobrar su dinero, él estaría dis-puesto a aceptar el pago de la “deficiencia” más los gastos del procedimiento ejecutivo — de estar Crespo interesado en la “propiedad.” No es probable que Crespo hubiera estado inte-resado en la “propiedad” de haber él entendido que Schlüter quería decir que estaría dispuesto a aceptar el pago de la “deficiencia,” más los gastos del procedimiento ejecutivo y al mismo tiempo quedarse con la “finca.” En su carta de septiembre 19, 1933, difícilmente Crespo hubiera expresado la esperanza de que tal vez le sería posible hipotecar “el grupo de fincas de Pozas, ’ ’ obteniendo con ello el importe total de la deuda, si hubiera entendido que Schlüter quería signi-ficar, en su carta de un año antes, que si Crespo estaba inte-resado en la finca que Schlüter había adquirido en la subasta, Schlüter estaría dispuesto a aceptar el pago de la “deficien-cia” y a retener la propiedad.

' La indicación de que Crespo perdió su opción seis años antes de iniciarse el procedimiento de desahucio al expirar el término de seis meses mencionado en la carta de Schlüter de septiembre 14 de 1933, es demasiado tardía. Cuando las partes que celebran un acuerdo, por sus actos, conducta y consentimiento tácito han extendido por más de seis años un período de seis meses, y una de ellas, tenedora de uua 'opción, ha tratado de tiempo en tiempo durante esos seis años de ejercitar su derecho de opción y de cumplir su parte del contrato y ha sido impedida en su realización por tácti-cas evasivas y dilatorias de la otra, -éntonces esta última no puede invocar con éxito el límite de seis meses para privar a la tenedora de la opción de los derechos que tenía bajo el contrato.

Si Sehlüter hubiera dicho a Crespo en 1933 ó 1934 que no le transmitiría dS nuevo la propiedad al pagar Crespo la deuda, porque éste no había ejercitado su derecho de opción dentro del término de seis meses, no es probable que Crespo hubiera insistido en sus esfuerzos de obtener de Sehlüter una relación de la suma necesaria para redimir la propiedad.

Si conforme Crespo sostiene, Sehlüter es el verdadero demandante, no puede permitirse ahora que Sehlüter diga que el convenio celebrado por él con Crespo expiró al finali-zar el período de seis meses, seis años antes del traspaso ostensible de la propiedad y de la iniciación del presente recurso.

Las cartas de noviembre 30, 1937, y diciembre 8, 1937, leen así:

“Sr. Francisco Crespo, dales, Puerto Rico.
'“Muy señor nuestro:
“Habiendo adquirido del Sr. Sehlüter una finca que usted la había hipotecado, deseamos pedirle se sirva indicamos quién está en frente de dicha finca actualmente y debemos notificarle que estamos próximos a cerrar una operación con dicha finca. De estar usted inte-resado en la misma esperamos sus avisos, pero de todos modos nece-sitamos que nos informe el que tiene usted encargado en ella.
“Esperamos vernos favorecidos por la cortesía de su contestación y nos suscribimos,
“Atentamente, insuláR MERCANTILE co.”
“Insular Mercantile Co., San Juan.
“Muy señores míos:
“Recibí su atenta de noviembre 30 la que no contesté a su debido tiempo por tener que estar en el campo atendiendo a mis quehaceres.
“Respecto a la finca que ustedes hacen referencia está en mi poder y la atiendo conjuntamente con otro .que tengo allí.
“Respecto a la compra siempre que sea razonable tal vez podamos entendernos; siempre que sea importes (sic) y plazos que conven-gamos.
“En espera de su contesta quedo a sus órdenes atentamente, (Fdo.) Francisco Crespo.”

La carta de noviembre 30, 1937, fue aparentemente la primera información recibida por Crespo respecto a la supuesta enajenación de julio 1937. En ella no se bacía men-ción del beclio de que Scblüter babía traspasado a la Insular Mercantile Co. la parcela de 81 cuerdas. Hasta el momento del juicio Crespo pareció baber entendido que Scblüter babía vendido esta finca a una mucbaicba de Orocovis, a quien Crespo, luego de neg*arse a entregar la posesión, describió como una pantera humana. Crespo también declaró que no babía podido averiguar por Scblüter si éste babía vendido o no las 81 cuerdas. Si, conforme Crespo creyó, la Insular Mercantile Co. era tan sólo otro nombre para la persona de Scblüter, no babía razón por la cual, al recibir la carta de la corporación, su .primer paso debió baber sido tratar de obtener de la corporación lo que no babía podido conseguir de Scblüter. Tomando todo en consideración, su proceder cauteloso y su respuesta poco comprometedora a dicba carta fué tan discreta como lo que cualquiera otra persona hubiera podido baber manifestado no estando aconsejada por letrado. Sea ello como fuere, tal respuesta no puede ser interpretada como una renuncia o abandono del convenio que babía cele-brado con Scblüter. No contradice ni desacredita su testi-monio.

Si Crespo, luego de aceptar la oferta de Scblüter, a tra-vés de sus repetidas e infructuosas tentativas de realizar su parte del contrato no era el dueño en equidad de la propie-dad, él tenía por lo menos derecho a permanecer en posesión basta que se liquidaran las cuentas y se traspasara la pro-piedad, o dejara de cumplir su parte del contrato después de habérsele dado una oportunidad razonable para ello. De todos modos, él no era ni un arrendatario ni un poseeder en precario. Aunque su alegación, incluyendo la contención de que la Insular Mercantile Co. no era en realidad otra cosa que la persona de Schlüter, sea considerada como que no ha sido dél todo establecida, ella está por lo menos sostenida por prueba suficiente para hacer caer el caso dentro de la regla que dispone que cuando está envuelto un conflicto de título u otras cuestiones similares el procedimiento de desahucio no puede prosperar.

El caso tiene otro aspecto que quizá es más serio. Si, segrín el testimonio de Crespo demuestra o tiende a demos-trar, las fincas hipotecadas se hallaban en realidad, al momento de otorgarse la hipoteca y posteriormente, en el Municipio de Ciales, entonces la corte de distrito carecía de jurisdicción en el procedimiento ejecutivo, a menos que el hecho de que las fincas estuvieran inscritas en el Registro de la Propiedad de Ponce y se describan en la hipoteca como que estaban ubicadas en el Municipio de Barros, hoy Orocovis, sea suficiente para colocar el caso fuera de la regla general y hacerlo caer dentro de una excepción a esa regla. Que el caso no cae dentro de la regla general no es de por sí evidente en manera alguna. La alegación de Crespo al efecto de que continuaba siendo dueño debido a la nulidad absoluta del procedimiento ejecutivo y de los traspasos subsiguientes, y su contención de que la Insular Mercantile Co. no era un tercero de buena fe, merece seria consideración y las cues-tiones envueltas pueden ser resueltas mejor en un pleito ordi-nario. Una detenida investigación de la cuestión relativa a si la Insular Mercantile Co. era o no un tercero de buena fe — echando a un lado por el momento todas las otras cues-tiones envueltas — abarcaría un campo mucho más amplio del que se acostumbra o es práctico o propio en procedimientos sumarios de desahucio.

La sentencia apelada debe ser revocada y declararse sin lugar la demanda.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Juan de Dios Santini, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, Hons. M. León Parra, F. Paz Granela y Juan M. Herrero, demandada; Hon. Ramón Montaner, Administrador del Fondo del Seguro Del Estado, recurridos, y José Rivera Rivera, obrero lesionado.
    Núm. 183.

    Sometido: Julio 8, 1940.

      Resuelto: Julio 19, 1940.

      R. Rivera Zagas y Joaquín Vetilla, abogados del recurrente;

      M. León Parra, abogado de la Comisión Industrial, demandada;

      Víctor J. Vidal Gonzales, Asesor Legal del Fondo del Seguro del Estado, abogado del Administrador del Fondo mencionado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACION

Los antecedentes de este caso constan de la opinión que sirvió de base a nuestra sentencia del día 15 de marzo de 1940 (56 D.P.R. 363), cuya reconsideración se solicita. Para una mejor comprensión de las cuestiones a tratar, haremos una breve síntesis de los hechos esenciales.

José Eivera Eivera radicó ante la Comisión Industrial'de Puerto Eico una petición de compensación contra su patrono no asegurado, Juan de Dios Santini. Llamado el caso para vista ante Manuel León Parra, presidente de la Comisión, el patrono atacó su jurisdicción para conocer del caso, por-que no aparecía de autos que la Comisión hubiese tomado el acuerdo de delegar en él la facultad de entender en el asunto, según lo requiere, a juicio del patrono, el artículo 10 de la .Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. El pre-sidente de la Comisión desestimó la objeción basándose en que desde el año 1935 en que entró en vigor la citada Ley de .Compensaciones, la Comisión había acordado que las vistas se celebrasen ante un solo comisionado por exigirlo así el crecido número de casos que se tramitaban y lo limitado del tiempo. En su moción de reconsideración, el patrono insiste en esa cuestión.

Existe cierta incompatibilidad e inconsistencia entre lo alegado por el recurrente ante el presidente de la Comisión el día de la vista y lo que sostiene ahora en su moción de reconsideración. Mantuvo entonces que no se había cum-plido estrictamente con el artículo 10 de la Ley de Compen-saciones a Obreros, y ahora, que dicho artículo es inaplicable a los hechos de este caso, por cuanto aquí se trata de un patrono no asegurado, mientras que aquél se refiere a casos •únicamente en que ‘‘ el Administrador y el obrero o empleado asegurado no llegaren a un acuerdo respecto a la compen-sación, o si después de haber llegado a un acuerdo, que haya sido firmado y radicado en armonía con esta ley, . . . hubiere una infracción del acuerdo.” De todos modos, como la cues-tión jurisdiccional se ha planteado suficientemente, pasare-mos a decidirla.

Dispone el artículo 10 lo siguiente:

"Artículo 10. — Si el Administrador y el obrero o empleado ase-gurado no llegaren a un acuerdo respecto a la compensación, o si después de haber llegado a un acuerdo, que haya sido firmado y radicado en armonía con esta Ley, habiéndose pagado la compensa-ción o estando pendiente de pagarse de acuerdo con esta Ley, hubiere una infracción del acuerdo en cuanto a la continuación de los pagos ■semanales bajo dicho acuerdo o por cualquier otro motivo bajo dicho acuerdo, cualesquiera de las partes podrá notificar a la Comisión Industrial, la que señalará el caso para ser oído por la Comisión Industrial o por un Comisionado.
"Si el caso fuere señalado para ser oído por un Comisionado, la vista tendrá lugar en la localidad donde baya ocurrido el accidente o en cualquier otro sitio que la Comisión Industrial designare, y la decisión del Comisionado, junto con una exposición de la evidencia, y sus conclusiones sobre los beclios y el derecho, y otras materias pertinentes a la cuestión planteada ante él, será radicada en la Comisión Industrial para su decisión; Disponiéndose, que la Comi-sión podrá motu propino, o a solicitud de parte interesada, reconsi-derar sus decisiones; Y disponiéndose, además, que en este último caso la petición de reconsideración deberá presentarse dentro de los diez días a contar de la fecha en que el interesado reciba la notifi-cación de la decisión de la Comisión.
"La Comisión Industrial radicará su decisión en el expediente, notificando a las partes. Ninguna de las partes tendrá derecho a una segunda vista sobre cuestiones de hechos.” (Bastardillas nuestras.)

Y el artículo 15, en lo que es pertinente, lee así:

"Artículo 15. — En el caso de que ocurriese un accidente a un obrero o empleado cuando trabajare para un patrono que en viola-ción de la ley no estuviere asegurado, el Administrador del Fondo del Estado determinará la compensación que proceda más los gastos en el caso y certificará su decisión al Tesorero de Puerto Rico, quien cobrará al patrono dicha compensación y gastos, y una y otros cons-tituirán un gravamen (lien) sobre toda la propiedad del patrono; Disponiéndose, que dicha compensación y gastos se declaran gravá-menes preferentes a toda otra carga o gravamen por contribuciones o por cualquier otro concepto, con excepción de los créditos hipote-carios y los créditos refaccionarios y de las contribuciones sobre la propiedad gravada por tres años y la anualidad corriente que pese sobre la propiedad del patrono al trabarse embargo en garantía de tal compensación y gastos; Disponiéndose, además, que la Comisión dará, tanto al patrono como al obrero o empleado, en el caso, opor-tunidad de ser oídos y defenderse, ajustándose en lo posible a las prácticas observadas en las cortes de distrito; Y disponiéndose, tam-bién, que, citadas las partes por el medio que la Comisión adopte, si éstas o cualquiera de ellas no concurriesen para ser oídas y defen-derse, se entenderá que éstas renuncian a su derecho, y la Comisión podrá fallar el caso en rebeldía sin más demora.

Un detenido análisis de ambos artículos de la ley nos hace llegar a la conclusión de que el primero de ellos, o sea el 10, se refiere, como sostiene el recurrente, exclusivamente a casos de obreros cuya compensación en casos de accidentes haya sido asegurada por el patrono, y que el artículo 15 es el aplicable a casos en que el patrono no esté asegurado con el Fondo del Seguro del Estado. Veámoslo.

Se encuentra el artículo 10 antes citado en una división de la ley titulada “Convenios entre el Administrador y el Reclamante,” que comprende los artículos desde el 9 hasta el 11, ambos inclusive. Después de facultar el artículo 9 al Administrador del Fondo para celebrar convenios con los obreros o empleados lesionados “siempre que los mismos estén comprendidos dentro de los términos fijados por esta Ley,” y de disponer más adelante que todo arreglo, convenio o transacción entre el Administrador y el lesionado o sus beneficiarios “tendrá el efecto de relevar al patrono de toda responsabilidad ulterior por el accidente,” dispone el ar-tículo 10 que si no fuere posible un acuerdo respecto a la compensación entre el Administrador y el obrero, o si hubiere una infracción' del acuerdo en cuanto a la (Continuación de los pagos, cualquiera de las partes podrá notificar a la Comi-sión Industrial, “la que señalará el caso para ser oído por la Comisión Industrial o por un Covmswnado.”

Al decir la ley “siempre que los mismos estén compren-didos dentro de los términos fijados por esta Ley,” y “tendrá el efecto de relevar al patrono de toda responsabilidad ulterior por el accidente,” implica necesariamente que habrá un patrono asegurado, pues no pueden estar los obreros com-prendidos dentro de los términos fijados por esta ley si no hay un patrono que les haya asegurado, ni habrá el adminis-trador de hacer arreglos, convenios o transacciones que rele-ven al patrono de toda responsabilidad ulterior si previamente el patrono no ha constituido al administrador en su asegu-rador. Asimismo es indicio de que el artículo 10 se refiere sólo a patronos asegurados el hecho de que comienza diciendo que “si el Administrador y el obrero o empleado asegu-rado ...” No tenemos, pues, duda alguna de que ese artículo no comprende al patrono de autos y que por el con-trario su caso está comprendido dentro del artículo 15 que ya hemos transcrito y que está incluido dentro de una divi-sión de la ley titulada “Patronos no asegurados.” Pero si hubiese alguna duda de que el tal artículo 15 se refiere tan sólo a patronos no asegurados con el Fondo del Seguro del Estado, nos la disiparía inmediatamente el artículo 29 de la propia Ley de Compensaciones que en lo pertinente dice:

“Artículo 29. — . .....
“No obstante lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley en cuanto a la jurisdicción que se confiere a la Comisión Industrial para inter-venir en los casos de patronos no asegurados.... ”

Establecida la aplicabilidad de los artículos 10 y 15 a los casos de patronos asegurados y de patronos no asegurados, respectivamente, pasemos a examinar la intervención de la Comisión Industrial en cada uno de ellos. El artículo 10 dispone taxativamente que cuando de patronos asegurados se trata, la Comisión podrá señalar “el caso para ser oído por la Comisión Industrial o por un Comisionado.” El artículo 15, que trata de patronos no asegurados, sólo habla de la Comisión pero no de Comisionados.

Hay que presumir que la ley no ha usado indistintamente ambos términos, pues al querer facultar a. los últimos para algo, bien explícita ha sido como lo demuestra el hecho de que en el artículo 8 diga que “a requerimiento escrito . . . de la Comisión Industrial o de cualquier Comisionado de la misma,”.y que en el 14 diga que ciertos documentos serán admisibles en los procedimientos “ante la Comisión Industrial o cualquier Comisionado.”

Creemos haber establecido que si bien los casos de patro-nos asegurados pueden verse indistintamente a discreción de la Comisión Industrial ante ésta o ante un Comisionado, los que tengan que ver con patronos no asegurados habrán de-ventilarse exclusivamente ante la Comisión Industrial de Puerto Eico.

¿Y cuándo está constituida como tal la Comisión Industrial de Puerto Eico? El artículo 6-6 de la ley dice que la. Comisión Industrial de Puerto Eico constará de tres comi-sionados etc. Ese mismo artículo dispone que una mayoría de la Comisión constituirá quorum, y que la vacante o ausen-cia de uno de sus miembros no entorpecerá el derecho de los, dos restantes a ejercer todos los deberes y poderes conferí-, closle por esta ley, lo que equivale a decir que la vacaute o. ausencia de más de uno de sus miembros sí entorpecerá el,, derecho del comisionado restante a ejercer todos los deberes, y poderes conferídosle por esta ley. Tratándose en este caso de un patrono no asegurado, requiriendo el artículo-15 de la¡. ley que esos casos se vean ante la Comisión Industrial, yr disponiendo por implicación el artículo 6-b que la vacanta o ausencia de más de uno de sus miembros sí entorpecerá .-el, derecho del Comisionado restante a ejercer todos los- debe-res y poderes conferídosle por esta ley a la Comisión,\ no podemos llegar a otra conclusión que no sea la de que el. presidente de la Comisión Industrial de Puerto Eico actuó, sin jurisdicción al conocer de este caso, del que debió enten-der la Comisión Industrial constituida ésta por sus tres Comi-sionados o por un quorum. Y es natural que así sea. Cuando el patrono no ha asegurado a sus obreros en el Fondo del Seguro del Estado, éstos pueden proceder contra él radi-cando . una petición para compensación ante la Comisión Industria1, y, además pueden ejercitar una acción por daños y perjuicios lo mismo que si la Ley de Compensaciones no' fuere aplicable. En tal procedimiento, dice la sección 15r “no constituirá defensa para el patrono que el obrero o empleado fué culpable de negligencia contributoria o que asumió el riesgo de la lesión o que la lesión fué causada por la negligencia de un contratista o subcontratista indepen-diente, a menos que el contratista o subcontratista indepen-diente se hubiere asegurado con arreglo a las disposiciones fde esta Ley.” Lo lógico en tales casos es darle al patrono las mayores garantías disponiendo que por lo menos dos de tres hombres imparciales juzguen su caso, pues aun cuando ■el Comisionado que presida una vista en ausencia de los ■otros dos miembros de la Comisión, refiera después a éstos ■la evidencia y las conclusiones a que baya llegado en vista •de ella, los Comisionados que no tuvieron la oportunidad ■de ver a los testigos ni de oírles declarar no están en las mismas condiciones que el Comisionado que los vió y los ■oyó, para decidir sobre la veracidad de los testigos, pues para ello es menester ver sus gestos y la forma en que se conducen al testificar.

De que para resolver ios casos de que trata el artículo 15 de la ley es suficiente un quorum de la Comisión, lo corro-bora el artículo 3, inciso 5, de la misma, que faculta al Admi-nistrador a pagar totalmente una compensación “sujeto a la aprobación de la Comisión Industrial por el voto unánime de sus miembros.”

Por las razones expuestas debe declararse con lugar la moción de reconsideración radicada por el recurrente Juan de Dios Santini, dejarse sin efecto nuestra sentencia del día 15 de marzo de 1940, y en su lugar debe dictarse otra revo-cando la resolución de la Comisión Industrial de fecha 16 de octubre de 1939 y devolverse el caso a la Comisión Industrial para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta, opinión.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino. •


text:
    José, Manuel y Catalina Oliver Aresti, demandantes y apelados, v. Feliciano Soto, demandado y apelante, y Antonia Pérez Zambrana, interventora y apelante.
    Núm. 8159.

    Sometido: Abril 8, 1940.

      Resuelto: Julio 22, 1940.

      E. Martínez Aviles, abogado de los apelantes;

      E. Pérez Casálduc y Efraín Ramírez Ramírez, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

José, Manuel y Catalina Oliver Aresti instaron demanda de desahucio en precario contra Feliciano Soto. Antohia Pérez Zambrana obtuvo de la corte permiso para intervenir y radicó una demanda de intervención. En febrero 14, 1940, la corte de distrito ordenó el lanzamiento del demandado y desestimó la demanda de intervención. Dos días más tarde el demandado y la interventora radicaron su escrito de ape-lación. En febrero 19 Antonia Pérez Zambrana, como principal, y la Glens Palls Indemnity Company, como fiadora, sometieron a la corte para su aprobación, una fianza por la suma de $800, obligándose a pagar a los demandantes, para el caso de que se confirmara la sentencia, cuantos daños y perjuicios éstos pudieran sufrir con motivo del recurso. En marzo 1 los demandantes impugnaron la suficiencia de la fianza. El 14 del mismo mes la corte de distrito resolvió que la fianza era insuficiente por no contener la obligación de pagar las costas, y que la corte carecía de jurisdicción para conceder un nuevo término para presentar una fianza enmen-dada. En apoyo de esta última resolución la corte citó: Pol v. Corte de Distrito, 48 D.P.R. 379; Suau v. Pol, 51 D.P.R. 445; Fabián v. Rodríguez, 53 D.P.R. 448; y Figueroa v. Sepúlveda, 24 D.P.R. 690, 694.

En marzo 18 el demandado y la interventora radicaron su escrito de apelación contra la resolución de marzo 14.

Los demandantes solicitan ahora se desestimen ambos recursos: el primero, porque el mismo es inadmisible por no haber existido una fianza suficiente dentro del término fijado por la ley, y el segundo, por carecer de especificaciones.

En Mas v. Berríos, 52 D.P.R. 882, este tribunal resolvió, conforme se dice en el sumario, que:

“No procede la desestimación de una apelación contra una sen-tencia de desahucio por el hecho de haber sido declarada nula la fianza prestada al efecto, cuando la resolución declaratoria de la nulidad ha sido a su vez apelada y se halla en tramitación el recurso.”

En el caso de Mas no hubo moción alguna para desesti-mar el segundo recurso, mientras que aquí los apelados solicitan se desestime la segunda apelación como cuestión corriente, o por motivos que han de ser hallados por este tribunal sin la ayuda de los letrados. Esto no basta para distinguir el caso de Mas.

Lo dicho anteriormente resuelve la moción.

Sin embargo, se nos ha ocurrido que debe hacerse men-ción de ciertas cuestiones que han surgido al discutirse en el seno del tribunal los casos citados por el juez de distrito.

Por regla general, una apelación se interpone radicando un escrito manifestando que se apela de la sentencia y pre-sentando idéntica manifestación a la parte contraria.. Ar-tículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. de 1933). En las acciones de desahucio “las apelaciones deberán interponerse en el término de cinco (5) días, contados desde la fecha en que fueren notificadas de la sentencia por el secretario de la corte correspondiente, las partes perjudica-das por la misma o sus abogados. ” Artículo 11 de la ley, hoy artículo 630 del Código de Enjuiciamiento Civil. El artículo 631 lee así:

“No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no con-signa en secretaría el importe del precio adeudado hasta la fecha de la sentencia, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas.
“En cualquier otro caso será requisito indispensable para ejer-citar el recurso de apelación por parte del demandado, que éste otorgue fianza, a satisfacción del tribunal, para responder de los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandante, y de las costas de la apelación.
“Tanto la consignación como la fianza de que habla la presente sección deberán quedar formalizadas dentro del término concedido para la apelación.”

En Figueroa v. Sepúlveda, 24 D.P.R. 690, 694, este tribunal dijo:

“El Juez Municipal de Ponce traspasó los límites de su jurisdic-ción al dictar la resolución de 4 de octubre de 1916 anulando la fianza prestada y concediendo al demandado cinco días a partir desde aquella fecha para presentar fianza en debida forma y por la cantidad de $200. Permitir la presentación de esa nueva fianza era igual a permitir que la apelación fuera perfeccionada fuera del término fijado por la ley de desahucio, con infracción manifiesta de ella.
“No se trata en el presente caso de fianza insuficiente, sino de fianza declarada nula. La segunda fianza que se prestó es nueva y distinta de la primera en sus elementos esenciales.”

En dicho recurso de certiorari los peticionarios estuvie-ron bien representados. La querellada no compareció.

En Pol v. Corte de Distrito, 48 D.P.R. 379, la notificación de la sentencia en favor de la parte demandante llegó a poder del demandado el 4 de agosto de 1933. El demandado radicó su escrito de apelación en agosto 5. Una fianza por $5,000 —que fué la suma fijada por la corte en agosto 5 — fue radi-cada en agosto 7. • El demandante solicitó el día 9 del mismo mes la cancelación de la fianza y la desestimación del recurso. En agosto 11 el juez de distrito resolvió que na debía apro-barse la fianza y por la autoridad del caso de Figueroa v. Sepúlveda, supra, "se negó a admitir la apelación.

Estando la corte en receso el finado Juez Asociado Sr.-Córdova Dávila libró un auto de certiorari, y luego de cele--brar un juicio, anuló la resolución de la corte de distrito de agosto 11. Conforme se indica en la opinión del Juez Cor-dova Dávila, la moción de la parte demandante fué radicada el último día del término dentro del cual el demandado debía perfeccionar su apelación. En dicho día la notificación de la moción fué enviada por correo desde Mayagüez en un sobre dirigido al letrado del demandado en Arecibo. Al demandado no se le dió oportunidad para ser oído, para sub-sanar cualesquiera supuestos defectos, para demostrar la suficiencia de los fiadores o para prestar una nueva fianza. De la opinión del Juez Córdova Dávila tomamos el siguiente extracto:

“En cuanto a la corte, la fianza, según la Ley de Desahucio, debe prestarse a su satisfacción. La ley no determina en qué forma debe hacerse constar que la fianza es satisfactoria, y en ausencia de un estatuto al efecto, la aprobación puede inferirse de los hechos de la transacción, sin que sea necesario que conste en términos explícitos. 3 C. J., pág. 1174. Lo que parece claro es el deber de la corte de examinar prontamente la fianza, y si no resulta satisfactoria, hacerlo constar oportunamente para que, como ya antes hemos indicado, el demandado pueda subsanar los errores o prestar una nueva fianza.
“En el caso de People v. Harris, 9 Cal. 572, la Corte Suprema de California se expresó así:
“ ‘Aparece que la fianza fué radicada ante el juez de paz en 20 de mayo de 1857, por la suma de $2,000, y que el affidavit de los fiadores fué hecho ante dicho juez. No consta que la fianza fuese aprobada, pero fué recibida por el juez sin objeción cuando fué radicada. Al siguiente día el mencionado funcionario escribió estas palabras sobre.la fianza: “No aprobada”. Creemos que el juez debió haber rechazado esta fianza prontamente. Bajo las circuns-tancias, debemos sostener que la fianza fué aprobada.’
“No vamos tan lejos como el tribunal californiano. No creemos que por el hecho de que la fianza sea recibida sin objeción la corte esté impedida de no aprobarla al siguiente día. Pero repetimos y sostenemos que la no aprobación debe hacerse .constar lo más pronto posible, por las razones que dejamos apuntadas.
“En el caso de Clapp v. Freeman, 16 A. 207, resuelto por la Corté Suprema de Rhode Island, únicamente se hizo constar que la fianza había sido radicada, sin que apareciera qué la niisma había sido aprobada por la corte sentenciadora. La corte de apelación deses-timó el recurso interpuesto por falta de aprobación y la Corte Su-prema de Rhode Island se expresó así:
“ ‘Somos de opinión que la corte inferior incurrió en error al desestimar la apelación, ya que el hecho de que la fianza apareciera entre los demás documentos como “radicada” (filed), sugiere la pre-sunción de que fué satisfactoria a la corte de distrito, puesto que no pudo ser debidamente recibida y radicada hasta que la corte la hubiese aprobado.’ ■
“En el caso de Asch v. Wiley, 20 N. W. 21, la Corte Suprema de Nebraska dijo:
“ ‘Los autos demuestran que una fianza en debida forma, con dos fiadores, fué presentada al juez del condado dentro del tiempo reque-rido por la ley para promover la apelación, que fué aceptada por él, radicada y anotada en sus libros. Si la fianza no cumplía con los requisitos de la ley, fué su deber negarse a recibirla y notificar -el hecho a la parte que procuraba apelar, a fin de que pudiese conseguir los fiadores necesarios. No hay nada en el récord que demuestre que dicha parte tuviese noticias de la actitud del juez del condado hasta el día 12 de mayo, cuando consiguió dos firmantes adicionales.!
“En el caso de Anderson v. Haslett, et al., 106 P. 296, la Corté Suprema de Kansas sostiene que cuando una parte desea apelar de una sentencia y dentro de los diez días de la rendición de la misma radica en la secretaría de la corte una fianza condicionada de acuerdo con la ley, con suficiente garantía, dicha parte ha heóho todo lo que se requiere para perfeccionar su apelación y no puede ser pri-vada de sus derechos por la falta o negligencia del juez de tal corte al aprobar la fianza después de haber expirado el tiempo señalado para la apelación. ' '•
‘ ‘ Cuando el demandado radicó su fianza en la Corte de Distrito de Aguadilla, faltaban dos días para expirar el plazo dentro del cual debía radicarse la apelación. La resolución de la corte se dictó dos días después de haber expirado el plazo. '
“Entendemos que de acuerdo con la jurisprudencia anteriormente citada procede la anulación de la orden dictada por la ■ Corte de Distrito de Aguadilla con fecha 11 de agosto de 1933, declarando no haber lugar a admitir el recurso de apelación por no haber quedado formalizada la fianza dentro del término concedido para dicha apelación.” ■ ,

En la apelación interpuesta contra la sentencia del Juez Asociado Sr. Córdoba Dávila, este tribunal dijo:

“El juez que dictó la sentencia que motiva esta apelación se fundó para anular la orden de la corte inferior negando su aprobación a la fianza presentada por el demandado y declarando en consecuencia Sin lugar el recurso de apelación que interpuso, en que cuando la fianza adolece de algún defecto, tanto la corte como el demandante deben actuar con la necesaria prontitud para ofrecer al demandado la oportunidad de subsanar estos defectos o de prestar nueva fianza; en que la impugnación a la fianza se radicó el mismo día que expiraba el plazo para formalizar la apelación, siendo notificada por correo desde Mayagüez a Arecibo, prácticamente cuando no babía tiempo para subsanar los errores apuntados, para demostrar la suficiencia Je los fiadores ni para prestar nueva fianza; que es un deber claro •de la 'corte examinar prontamente la fianza para que si no resulta satisfactoria pueda ser subsanada o prestarse otra; que cuando se ¿radicó la fianza, faltaban dos días para expirar el plazo dentro del cual debía radicarse la apelación pero que la corte dictó su resolu-ción dos días después de expirar. ■ Citó algunas sentencias de tribu-nales de los Estados Unidos:
• “Nosotros creemos que el apelante, a quien la ley exige fianza .para establecer apelación, tiene el deber primordial de que la que presente cumpla.con los requisitos legales, pues en caso contrario se expone a. perder su dereclio. No conocemos deber alguno. impuesto por la ley al apelado para que tenga que impugnar la fianza necesa-riamente con tiempo bastante para que el apelante lo tenga para corregir los defectos de que adolezca, o para presentar otra fianza en tiempo oportuno, de tal modo que si no lo hace pierda su derecho r^-que haya .ung, .fianza, suficiente, y tenga, que seguir sin fianza ade-jCuada durante-el tiempo, que dure la apelación y recaiga sentencia .definitiva.. Por otra parte, los hechos de este caso demuestran que el apelante no fué diligente en la presentación de su fianza, pues teniéndola firmada desdé el 5 de agosto, cuando aún quedaban cuatro días de, los cinco "que concede la ley, la retuvo y no la presentó hasta el díá 7, cuándo sólo quedaban dos días para expirar el plazo legal; y también demuestran que el demandante fué siunamente 'áctivo en la impugnación que hizo a la fianza, pues presentada ésta ll día 7, sin que' conste que se le notificara, al siguiente día 8 averi-guaba en Utuado los bienes que los fiadores juraron- que tenían allí y el resultado de la prueba que obtuvo lo presentó al tribunal al siguiente día 9 para demostrar que l'os fiadores no tenían bienes suficientes para garantizar la cantidad de $5,000. Es cierto que el día 9 era el último de los que tenía el apelante para dejar perfec-cionada su apelación, pero en esto no tuvo el demandante culpa ni falta de diligencia; la culpa estuvo en el apelante en presentar una fianza que se dice no cumple con los requisitos legales y no haberla radicado el día 5, en cuya fecha estaba firmada, en la que hubiera habido cuatro días para impugnarla y para resolver la corte. Tam-poco hubo falta alguna en la corte pues aunque hubiera sido resuelta la impugnación al siguiente día 10, ya había expirado el término para ser corregida la fianza o para presentar otra nueva. De todos modos, aunque la resolución de la corte de 11 de agosto pudiera ser considerada tardía, si tal falta existió no sería responsable el deman-dante de esa falta de la corte. Ya hemos demostrado que el deman-dante no incurrió en falta alguna. Sin embargo, la resolución ape-lada crea la situación de que se prosiga la apelación sin fianza, ya que según los documentos que presentó el demandante,' sin que nosotros resolvamos ahora respecto a ellos, los fiadores no tienen bienes suficientes para garantizar $5,000.
“A pesar de lo expuesto entendemos que el demandado tenía derecho a ser oído antes de negarse la aprobación a su fianza para que tuviera la oportunidad de demostrar que no sólo está bien redac-tada sino también que sus fiadores tienen bienes suficientes para lá obligación que contrajeron, no obstante los documentos presentados por el demandante. Por este soló motivo y para ese fin debe ser anulada la resolución de la corte de distrito de 11 de agosto de 1933, enmendándose en ese sentido la sentencia apelada que resol-vemos.” (48 D.P.R. 383)

La opinión del Juez Córdova Dávila y las autoridades citadas por él merecen seria consideración. El término de-cinco días dentro del cual la parte demandada debe “otorgar fianza, a satisfacción del tribunal” es bastante drástico. No puede ser acortado por legislación judicial ni las cortes' deben imponer una penalidad al demandado que deja de suminis-trar tal fianza dentro de un período más corto.

Podría admitirse que, hablando en términos generales, una fianza debe contener los requisitos estatutarios y que un apelante que deja de cumplir con tales requisitos debe per-der su derecho a apelar. -De ello no se desprende que un demandado que, dentro del término estatutario, ha radicado una fianza no objetada por el juez-ni por el demandante, antes de expirar el referido período, pierde su derecho a apelar meramente porque el demandante más tarde descubra algún defecto subsanable insignificante, o que bajo tales circuns-tancias el defecto no pueda ser subsanado mediante enmienda o radicando una fianza adicional. Es cierto que la ley por sus propios términos no exige que un demandante apelado actúe prontamente a fin de que un demandado apelante tenga la oportunidad de subsanar cualesquiera defectos que hubiere. Tampoco exige la ley que un demandado apelante suministre una fianza satisfactoria al demandante apelado. Si al some-terse la fianza al juez, la misma merece su aprobación, ello es suficiente. Si el demandante apelado descubre más tarde algún defecto pasado por alto por el juez, él no carece de remedio y, desde luego, no debe ser obligado a someterse a la continuación del recurso hasta su determinación final sin que exista una garantía adecuada en cuanto a los daños y perjuicios que pudieran irrogársele. No podemos convenir en que la conclusión a que llegó el Juez Córdova Dávila creó semejante situación. Si los fiadores eran en realidad insol-ventes, y la fianza prácticamente carecía de todo valor — con-forme el caso prima facie presentado por la parte demandante apelada ante la corte de distrito parecería indicar — este tribunal indudablemente ■ habría desestimado la apelación sin demoras innecesarias. Véase Fabián v. Rodríguez, infra.

En Suau v. Pol, 51 D.P.R. 445, este tribunal, siguiendo las decisiones emitidas en los casos de Figueroa v. Sepúlveda, supra, y Pol v. Corte de Distrito, supra, resolvió, tal cual se dice en los primeros dos párrafos de los sumarios, lo siguiente:

“¡Anulada en apelación úna resolución de una corte de distrito negándose a aprobar la fianza prestada para perfeccionar el recurso por no baber tenido el apelante oportunidad alguna para probar que estaba bien redactada y que sus fiadores eran solventes, si de-vuelto el caso se señala íeeba para justificar tales extremos y el apelante se limita a impugnar la regla que le da tal oportunidad, el tribunal inferior puede insistir en su negativa y desestimar el recurso.
“Presentada en tiempo la fianza, el resolver sobre su suficiencia por baber sido impugnada no es cuestión que tenga necesariamente que decidirse dentro del término para apelar. El deber del apelante es prestar dentro de diebo término una fianza suficiente. Si impug-nada, resiste, queda en pie; si cede es como si no existiera, no pudiendo concederse un nuevo término para prestar otra en su lugar de baber transcurrido el que para apelar concede el estatuto.”

En el caso de Fabián v. Rodríguez, 53 D.P.R. 448, este tribunal dijo:

“Surge, sin embargo, claro y comprobado de las constancias exis-tentes que el recurso interpuesto por los demandados Fuertes y Casanova cayó por su base al declararse nula e ineficaz la fianza que se prestara para perfeccionarlo. Y ello es suficiente para su desestima-ción. Véanse los casos de Pol v. Corte, y Suau, Inc., 48 D.P.R. 379, y Suau v. Pol, 51 D.P.R. 445, 448, en el últbno de los cuales se dijo:
“ ‘Es el deber del apelante presentar dentro de diebo término una fianza suficiente. Si impugnada resiste el ataque, queda en pie; si cede, es como si no existiera, no pudiendo concederse un nuevo término para prestar otra en su lugar, que es lo que en verdad resuelve el caso de Figueroa v. Sepúlveda, Juez de Distrito, 24 D.P.R. 690...’ ”

Lo que este tribunal manifestó en Suau v. Pol y Fabián v. Rodríguez, debe ser interpretado, a la luz de los hechos que la corte tuvo ante sí en dichos casos. En el de Suau la fianza era por la suma de $5,000. La corte de distrito se negó a aprobarla por carecer prácticamente de todo valor. No se sugirió cuestión alguna de enmienda ni era posible hacer tal enmienda, toda vez que uno de los fiadores no tenía bienes dignos de mencionarse y las propiedades del otro estaban tan seriamente gravadas que él rio podía servir como tal. En el caso de Fabián la corte de distrito había decla-rado que la fianza era nula e ineficaz. Conforme ya hemos indicado, en el caso de Figueroa también se resolvió que la fianza era nula. Fué una fianza de tal índole la que este tribunal tuvo en mente al decir en el caso de Suau, y al repetir en el de Fabián, que: “Es el deber del apelante presentar dentro de dicho término una fianza suficiente. Si impugnada resiste el ataque, queda en pie, si cede, es como si no existiera, no pudiendo concederse un nuevo término para prestar otra en su lugar, que es lo que en verdad resuelve ■el caso de Figueroa v. Sepúlveda, Juez de Distrito, 24 D.P.R. 690.”

En 3 Am. Jur. (Appeal and Error) 183, see. 510, baila-mos :

“Por regla general, aun en ausencia de autoridad estatutaria expresa, una corte de apelaciones tiene facultad inherente para exigir o permitir una enmienda o para exigir o permitir que se radique una nueva fianza en sustitución de una fianza en apelación o de supersedeas defectuosa radicada de buena fe. Esta facultad inhe-rente es negada, sin embargo, en algunas jurisdicciones, por lo menos cuando la fianza original es nula.
“En muchas jurisdicciones se han adoptado estatutos que auto-rizan expresamente a la corte de apelaciones a permitir una enmienda o a que se radique una nueva fianza en caso de que la fianza en apelación o de supersedeas sea defectuosa. Estos estatutos son subs-tancialmente similares y disipan cualquier duda que pudiera haber existido sobre la facultad de exigir o permitir la radicación de una nueva fianza o que se enmiende la antigua fianza defectuosa. El poder de la corte de apelaciones a este respecto es discrecional, y no siempre será ejercitado en favor de la parte apelante.
“No obstante, a pesar de las disposiciones estatutarias, se ha esta-blecido una limitación a las facultades de la córte de apelaciones, para exigir o permitir la prestación y radicación de una nueva fianza. De ordinario se ha resuelto que es menester radicar una fianza en apelación para que la corte de apelaciones tenga jurisdicción. Por consiguiente, en aquellas jurisdicciones en que la fianza es un requi-sito previo a la jurisdicción apelativa, se ha resuelto que si la fianza es nula o radicalmente defectuosa, no se puede radicar una nueva fianza en la'corte superior por no haber obtenido dicha corte de apelaciones jurisdicción para conocer del recurso.” Seward v. Corneau, 102 U. S. 161; Hudson v. Parker, 156 U. S. 277, 287; New Orleans Ins. Co. v. E. D. Albro Co., 112 U. S. 506; Ferguson v. Dent, 29 F. 1, y nota; Deford v. Mehaffy, 13 F. 481; 4 C. J. S. (Appeal and Error) see. 567; Bock v. Sauk Center Grocery Co., 110 N. W. 257; Gerrior v. Superior Court, 69 Cal. App. 186; Ellinwood v. McCoy, 133 Cal. App. 597; Jarman v. Rea, 129 Cal. 157; y Cohen v. Connick, 26 Cal. App. 491.

Toda vez que nuestro fin es sugerir un punto de partida para ulterior investigación, no proseguiremos por ahora la discusión del asunto.

Debe declararse sin lugar la moción.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Alfredo José Jiménez, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Ricardo La Costa, Jr., Juez, demandada.
    Núm. 1217.

    Sometido: Julio 22, 1940.

      Resuelto: Julio 26, 1940.

      Victor Rivera Colón, abogado del peticionario;

      R. A. Gomes, Fiscal, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, demandante en la causa principal.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Alfredo José Jiménez acudió a esta Corte Suprema en sobcitud de que ordenara la expedición de un auto de cer-tiorari reclamando la causa número 15,595 seguida en su contra por el delito de acometimiento, a fin de revisar cierta resolución de la Corte de Distrito de San Juan por virtud de la cual dicha corte se negó a tenerlo por desistido de la apelación que para ante ella interpuso contra la sentencia dictada en la misma causa por la Corte Municipal de San Juan.

Expedido el auto, se oyó a las partes en la tarde del 22 de julio en curso. Del expediente resulta que denunciado e] peticionario ante la corte municipal, fué juzgado por un delito de acometimiento y declarado culpable y condenado a pagar una multa de quince dólares, que apeló para ante la corte del distrito y que señalado el nuevo juicio que ordena la ley para mayo 14, 1940, ese mismo día presentó a la corte una moción que dice:

“Que antes de ser llamado el caso ante la Hon. Corte de Distrito de San Juan el acusado solicitó del Hon. Juez de la corte de distrito que se daba por desistido de la apelación y deseaba pagar la multa de la Hon. Corte Municipal de San Juan.
“Y ahora mediante la presente moción el acusado ratifica en todas sus partes su moción verbal y solicita del Hon. Tribunal lo dé por desistido de la apelación y se deje para su cumplimiento la sentencia de la Hon. Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda. ’ ’

La corte de distrito declaró la moción sin lugar, procedió a la celebración del juicio y de acuerdo con el resultado del mismo dictó sentencia condenando al acusado a pagar cin-cuenta dólares de multa.

Al acto de la vista del recurso ante esta Corte Suprema comparecieron el peticionario por su abogado y el fiscal de ■este tribunal, quien se opuso citando en apoyo de la resolu-ción cuya revisión se pide los casos de Rivera et al. v. Tous Soto, Juez de Distrito, 11 D.P.R. 96; El Pueblo v. Fariza, 15 D.P.R. 618 y El Pueblo v. Sánchez, 16 D.P.R. 718. El peti-cionario no se refirió a precepto de ley o jurisprudencia algu-nos en apoyo de su. contención. Basó ésta en el control general que todo apelante tiene sobre el recurso que interpone para proseguirlo hasta el fin, abandonarlo o desistir de él formalmente como lo había hecho en el presente caso.

En efecto, como se dice en 3 Am. Jnr. 321, see. 747:

“En ausencia de nn estatuto que expresa o implícitamente, pro-biba el desistir de una apelación o procedimiento de error, un ape-lante o demandante en error puede desistir de su apelación o auto de error, sin tomar en consideración el consentimiento del apelado, a menos que este último resulte perjudicado por ello....”

Pero se continúa diciendo:

“La regla general, sin embargo, está sujeta’a varias excepciones. Por ejemplo,... .cuando en apelación interpuesta por un acusado para ante un tribunal inferior, debe celebrarse un juicio de novo, el apelante ocupa la misma posición relativa de un acusado y no tiene un mayor derecho a que a moción suya se dé por desistida la apela-ción que el que tuvo para suspenderla en la corte inferior.”

Desde hace muchos años esta propia Corte Suprema, en el caso de El Pueblo v. Fariza, 15 D.P.R. 618, 619, citado por el fiscal, se expresó así:

“Examinada la sentencia apelada en relación con la denuncia, no encontramos que se haya cometido error alguno y sólo se ha llamado nuestra atención por el fiscal de esta corte sobre la forma de redacción de la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Arecibo confirmando la pronunciada por la corte municipal.
“Tal confirmación es a todas luces improcedente, pues dispo-niendo la ley que las cortes de distrito procederán en las apelaciones procedentes de las cortes municipales, a celebrar un juicio de novo, las sentencias dictadas por aquellas cortes, por virtud de las referidas apelaciones, no pueden estimarse fundadas en los méritos de los pro-cedimientos seguidos ante las cortes municipales, y en su virtud deben las cortes de distrito proceder a dictar sentencia con arreglo a las resultancias de sus propias actuaciones, y sin referencia alguna a las sentencias que fueron objeto de apelación. :
“Ya hemos establecido esa doctrina en los siguientes casos: El Pueblo v. Rivera, resuelto en octubre 11, 1907 (13 D.P.R. 198); El Pueblo v. Rivera, resuelto en octubre 14, 1907 (13 D.P.R. 199); El Pueblo v. Negroni, resuelto en octubre 24, 1907 (13 D.P.R. 203); El Pueblo v. Laviosa, resuelto en octubre 30, 1907 (13 D.P.R. 208); El Pueblo v. Maldonado, resuelto en diciembre 2, 1907 (13 D.P.R. 256); El Pueblo v. Olivieri, resuelto en diciembre 6, 1907 (13 D.P.R. 283).” (Paréntesis nuestros)

Y al año siguiente en el caso de El Pueblo v. Sánchez, 16 D.P.R. 718, 719, también citado por el fiscal, reafirmó su cri-terio como sigue:

“La Corte de Distrito de Ponee impuso al acusado una pena superior a la impuesta por la corte municipal de Yauco y nosotros creemos que al actuar así, obró dentro de las atribuciones que la ley le confería.
“En casos de apelaciones de las cortes municipales para ante las cortes de distrito, éstas no deben limitarse a revocar o a confirmar la sentencia apelada, sino que deben juzgar y decidir el caso por las resultancias de las alegaciones y las pruebas. ‘Todas las causas en que deben entender los jueces de paz o municipales, cuando se apelan a la corte de distrito, serán juzgadas atendiendo a la primitiva denuncia o auto judicial, procediéndose de nuevo al juicio en la corte de distrito, ’ dice el artículo 3 del Código de Enjuiciamiento Criminal, tal como quedó enmendado por la ley de 28 de marzo de 1904, Leyes de P. R., 1905, página 15.
“Examinada la denuncia o auto judicial, base del procedimiento, y la alegación del acusado, los jueces de distrito estudiarán la prueba que ante ellos se practique y decidirán el caso por sus propios méritos, usando de su sana discreción al imponer la pena.”

Indican esos casos el camino a seguir para la resolución del problema de procedimiento planteado en el sentido en que fué resuelto por la corte de distrito, pero no lo deciden de modo directo.

El texto de American Jurisprudence citado anteriormente se basa en cuanto a la excepción en el caso de Dressman v. Commomvealth, 204 Ky. 668, 265 S. W. 3, que estudia y decide el problema de modo tan completo que no deja lugar a interpretaciones varias. En dicho caso se acusó ai apelante ante la Corte Policíaca de Neon d'e poseer ilegalmente licor intoxicante, y celebrado el juicio, fué decla-rado culpable y sentenciado a pagar multa de $100 y a cumplir 30 días de cárcel. Apeló para ante la Corte de Circuito de Letcher, perfeccionando su apelación y siendo la misma señalada en el calendario de esa corte. Al ser llamado el caso para juicio, el apelante radicó una moción en la cual desistía de la apelación por él interpuesta. La corte, sin con-r sentimiento u objeción del fiscal, declaró sin lugar la moción, procedió a celebrar el juicio y de nuevo declaró culpable al acusado, condenándolo a pagar una multa de $300, y a cum-plir 60 días de cárcel. Se llevó el caso a la Corte de Ape-laciones del Estado y dicha corte dijo y resolvió:

“Apelaciones en casos de misdemeanor provenientes de cortes in-feriores para ante. cortes de circuito, se celebran en éstas de novo. Art. 366, Or. Code Prae. Bn la corte de circuito el juicio se sigue en todo respecto como si el proceso se hubiera originado allí; debe ofrecerse evidencia; debe demostrarse por medio de prueba compe-tente que el acusado es culpable antes de que pueda ser convicto; y él tiene igual derecho y no más, que el que hubiese tenido si el proceso se hubiese originado en esa corte. La corte de circuito en tales apelaciones no es, por tanto, una corte meramente de jurisdic-ción apelativa, sino que en armonía con los artículos del Código a que hemos hecho referencia es, no empece su jurisdicción estatutaria de la apelación, solamente una corte juzgadora (trial court). Su autoridad no está limitada a pasar sobre algunos errores imputados, a la corte inferior, sino que ella tenía en todo respecto el caso a su cargo como si no se hubiese celebrado un juicio previamente.
“Resulta aparente, por tanto, que se .presenta una cuestión dife-rente cuando una apelación que se establece de una corte inferior para ante la corte de circuito viene a juicio en esta última tal coma si nunca se hubiese celebrado un juicio anteriormente y una apela-ción entablada de una corte juzgadora (trial court) para ante una corte de jurisdicción puramente apelativa en la cual podía inquirirse y considerar solamente los errores de la corte sentenciadora y donde no podía celebrarse un juicio de novo.
“La regla general parece ser, tanto en casos criminales coma civiles que cuando una persona prosigue su apelación de una corte sentenciadora para ante una corte de jurisdicción puramente apela- | tiva, esa persona por su propio derecho puede desistir de su apela-ción en la corte de apelación a menos que al hacer tal cosa los derechos del apelado resulten afectados. La razón para esto es que ella puede en cualquier momento renunciar su derecho de apelación y aceptar la sentencia de la corte juzgadora como definitiva. Pero -cuando esa persona prosigue una apelación de una corte inferior •para ante otra y en esta última deberá juzgarse el caso de nuevo, ■cuando esa corte tiene todo el caso ante ella para juzgarlo como si '.nunca se hubiese fallado en ningún otro tribunal no existe mayor Tazón para que la persona que prosigue la apelación controle el curso del litigio y, como una cuestión de propio derecho, desista de su apelación, que habría si el caso se hubiese originado en la corte para ante la cual esa persona lo apeló.”

En igual sentido se expresó la Corte Suprema de Indiana en el caso de Wiseheart v. State, 104 Ind. 407, 4 N. E. 156, 157.

“Alega el apelante que él tenía derecho a desistir de su apelación por propio derecho (as a matter of right) y no señala ninguna otra causa. Creemos que este criterio sobre el asunto no puede prevalecer.
“El efecto de la apelación es más de una mera suspensión de los procedimientos ante el juez de paz. Si, como alega el ilustrado letrado, la sentencia condenatoria del juez no fué anulada (vacated) por la apelación, el acusado no podía ser juzgado por segunda vez mientras esa sentencia estuviera en vigor. La apelación suspende los procedimientos habidos ante el juez de paz y hace más, transfiere todo el procedimiento a la corte para ante la cual se apela, para allí ser resuelto mediante juicio de novo. Después de la apelación, el caso se halla completamente dentro de la jurisdicción de la corte de circuito, y a menos que exista alguna autoridad que expresa-mente conceda al acusado el derecho a desistir de su apelación y autorizando a la corte de circuito para certificar ese hecho al juez de paz, esa corte debe disponer del caso en igual forma que se re-suelven otros casos criminales. No hay ningún artículo en la ley regulando el procedimiento criminal ante los jueces de paz, que per-mita el desistir de apelaciones. Artículo 1504 R. S. 1881.
“Habiéndose puesto él mismo voluntariamente dentro de la juris-dicción de la corte de circuito el apelante no podía destruir (defeat) la jurisdicción de la corte para ante la cual él apeló, sin el consenti-miento de este tribunal.”

Por virtud de todo lo expuesto, debe anularse él auto ■expedido y devolverse la causa a la Corte de Distrito de San Juan.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Ramón Montaner, Administrador General del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. M. León Parra, Presidente y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, demandada; y Ramón Rodríguez Torres, patrono recurrido y no asegurado ante la Comisión Industrial, y Aurea Natal, Etc., beneficiarios del obrero.
    Núm. 185.

    Sometido: Abril 29, 1940.

      Resuelto: Julio 26, 1940.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm, E. de Aldrey, Procu-rador General Auxiliar, y Victor J. Vidal González, abogado éste del Fondo del Seguro del Estado, abogados del recurrente;

      M. León Parra, abogado de la demandada; Victor M. Sánchez Fernández, abogado del patrono; Virgilio Brunet, abogado de los beneficiarios.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso fué declarado con lugar por sentencia de marzo 12, 1940. Los beneficiarios por su abogado presen-taron una moción de reconsideración tan bien argumentada que nos fiizo dudar de si habíamos acertado o no en la inter-pretación de los hechos y la ley. Se dejó sin efecto la sen-tencia y el caso quedó abierto de nuevo.

Los abogados del Fondo del Estado y el de los beneficia-rios informaron otra vez oralmente, presentando además amplios alegatos en apoyo de sus respectivas posiciones. Con el beneficio de su estudio — del anterior y del posterior a la sentencia del 12 de marzo — hicimos el nuestro y hemos lle-gado a la misma conclusión a que antes llegáramos, a saber, la póliza que tenía el patrono no cubre el accidente. Al narrar los hechos nos limitaremos a exponer aquéllos que consideramos indispensables para la debida solución del problema.

De los autos resulta que el patrono Ramón Rodríguez soli-citó cubierta en 1936-37 para un negocio permanente de empresa de transporte, rindiendo informe de jornales y de los cuatro trucks que operaba, expidiéndosele la correspon-diente póliza en mayo 22, 1937, para cubrir el resto del año, bajo la clasificación 7219, empresa de transporte. Al año siguiente, 1937-38, se actuó cte igual modo. En el otro año, en agosto 29, 1938, el patrono informó al Jefe de Seguros del Fondo del Estado que para el año 1938-39 había dejado de ser dueño de los trucks consignados en las pólizas de años anteriores y que se dedicaría a contratista de obras públicas, solicitando cubierta para un contrato que acababa de obtener para transportar quince mil novecientas cincuenta y seis pipas de asfalto en las carreteras de Puerto Rico, proponién-dose utilizar veinte obreros con un payroll de $1,357, de acuerdo con cuya información el Fondo del Estado le expi-dió póliza para cubrir dicha operación.

El patrono se dedicó además a transportar gravilla de la cantera de Triarte a cierta carretera insular, y trabajando en ese transporte murió el obrero Juan Hernández. Después de ocurrido el accidente el patrono trató de ampliar su póliza cubriendo el contrato de transporte de gravilla. Reportado el caso, fué investigado por el Fondo del Seguro del Estado y su Administrador resolvió que la póliza expedida al patrono no cubría el accidente que ocasionó la muerte al obrero. Se apeló a la Comisión Industrial que revocó la decisión del Administrador. Éste le pidió que la reconsiderara y la Comi-sión se negó. El Administrador interpuso entonces el pre-sente recurso de revisión.

Sosteniendo el criterio de la Comisión, los beneficiarios alegan que el párrafo primero del artículo 23 de la Ley núm. 45 de 1935 ((1) pág. 251) establece que el Administrador del Fondo del Seguro del Estado deberá preparar una lista de clasificaciones de acuerdo con los oficios e industrias a que se refiere la ley y que diclio funcionario cumpliendo el man-dato legislativo fijó para el año 1938-39 la clasificación número 7219, como sigue:

‘ ‘ Tkansporte — Empresas de.... Por trucks, excluyendo express. Incluyendo carreteros, chauffeurs y ayudantes cuadreros y empleados del taller y garaje, etc.”

Que en septiembre 8, 1937, se promulgó de conformidad con la ley el Boletín Administrativo número 547, cuya regla IX, inciso 3, dispone:

"Las operaciones que han de ser objeto del seguro deberán espe-cificarse en la póliza en forma idéntica a la que aparece en la lista de clasificaciones y con los números y tipos correspondientes.”

Que en este caso lo que el patrono interesaba asegurar era su “operación de transporte” y en la lista de clasifica-ciones preparada por el Administrador del Fondo la opera-ción de transporte aparece descrita bajo el número 7219, en la siguiente forma:

“Transporte — Empresas de.,..Por trucks, excluyendo express. Incluyendo carreteros, chauffeurs y ayudantes cuadreros y empleados del taller y garaje, etc.”

Que siendo ello así, la operación de transporte debió espe-cificarse en la póliza que se expidió en forma idéntica a la que aparecía en la lista de clasificaciones y no como se liizo sin autoridad de ley por el Administrador.

Y que tratándose de un .seguro del Estado instituido para bien de los obreros, la póliza debe interpretarse como si se hubiera otorgado siguiendo la ley y el reglamento, en cuyo caso no hay duda de que cubre el accidente.

Para reafirmar su posición invocan los dichos beneficia-rios la regla tercera del Boletín Administrativo 547 que dis-pone que “Cada tipo de prima ofrece cubierta completa a los riesgos descritos en la clasificación correspondiente,” y se extienden en la explicación del significado de la palabra ‘ ‘ ope-raciones ’ ’ usada en las regias, para concluir que aquí el trans-porte de gravilla no era una operación distinta del transporte de pipas de petróleo y por tanto que no se necesitaba una ampliación de la póliza, esto es, que aquí sólo existió desde el principio hasta el fin una sola “operación”, la de trans-porte.

Persuasivo es el argumento de los beneficiarios que sólo hemos expuesto en substancia y que ellos adornan con citas y ejemplos más o menos pertinentes.

Sin embargo, la realidad de los hechos y la propia ley interpretada por la jurisprudencia, justifican la acción tomada por el Administrador al expedir la póliza en la forma en que lo hizo a petición del propio patrono en este caso.

Recientemente en Miró v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 127, 131, 133, dijo este tribunal por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf:

“De la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Núm. 45 de 1935', ((1) pág. 251), se verá que existen dos clases de patronos : permanentes y ocasionales. Los patronos permanentes que realizan la misma clase de trabajo año tras año remiten al Fondo del Seguro del Estado en o antes del 15 de julio de cada año, copia de la nómina total de sus negocios para el año fiscal anterior. El Administrador del Fondo clasifica los empleados de acuerdo con el trabajo que éstos ejecutan. Entonces, tomando como base la nómina anterior impone los tipos que ha fijado a las varias clasificaciones, asumiendo por el momento que la nómina para el siguiente año será exactamente igual a la del anterior. Al finalizar el año fiscal el Administrador una vez más tiene la nómina a la vista. Compara la del año anterior con la del presente. Cualquier diferencia que resulte a favor del Fondo le es cobrada al patrono. Si la diferencia es a favor de éste se le acredita en cuenta contra futuras primas. Y esta nómina además de servir de base para la liquidación del seguro que ha estado en vigor para el año que acaba de expirar, sirve nuevamente de base para el cobro de primas para el siguiente año.
“El patrono temporero n ocasional se halla en posición distinta. Cuando se propone iniciar el trabajo acude al Administrador y le somete un estimado de los jornales por el tiempo que dure el trabajo: Se le imponen las primas. Al terminarse el trabajo somete la nómina que en realidad ha pagado y se hace la liquidación.
“ .... El patrono ocasional, conforme hemos dicho antes, no es aquél cuyo trabajo es regular año tras año y cuyas nóminas son archivadas el 15 de julio de cada año, sino aquél que radica un estimado de su nómina al iniciar una obra que se liquida al ser terminada. La póliza no se le expide por el año fiscal sino por la duración del trabajo. Se desprende en su consecuencia que Miró es un patrono ocasional.”

Y aquí claramente se trata del caso de un patrono oca-sional que acude al Fondo del Estado a asegurarse del riesgo que envuelve un solo negocio dentro del negocio general de transporte, una aislada operación dentro de la operación general de transporte por medio de trucks. Y para expedir una póliza limitada en tal caso tiene por lo menos facultad implícita el Administrador y una vez expedida sólo podrá hacerse valer de acuerdo con sus términos.

Los hechos ocurridos revelan que se trata de un patrono que conocía la ley. Fué dueño de trucks y se dedicó al nego-cio de transporte en general por dos años, obteniendo del Fondo del Seguro del Estado mediante el pago de las primas —provisional y definitiva — correspondientes, la amplia póliza que la ley y los reglamentos autorizan.

Cesó en su negocio, se dedicó a contratista y lo comunicó al Fondo, y cuando obtuvo un contrato especial de transporte acudió al Fondo y se le expidió una póliza para asegurar sus riesgos a base de los probables jornales a pagar. Y era lo natural y propio que cada vez que obtuviera un nuevo con-trato acudiera de nuevo al Fondo para asegurar sus riesgos ampliando su póliza a base de los probables jornales que habría de satisfacer. Esa fue la interpretación que el pro-pio patrono dió a la ley y a las reglas en este caso-. Como ya expresamos, trató de obtener la ampliación, pero cuando lo hizo no era posible por haber ocurrido el accidente.

Interpretar la ley y las reglas de otro modo sería dar carta blanca a un patrono que mediante la declaración de un contrato aislado de transporte obtuviera una póliza garan-tizando las indemnizaciones por accidentes de obreros que pudieran ocurrir en el mismo calculándose la prima a base de los prbbables jornales a pagar, para que si obtenía otros contratos durante la vigencia de la póliza pudiera actuar como si estuviera cubierta su responsabilidad, y ello sería abier-tamente injusto para con el Fondo del Seguro del Estado porque quedaría a voluntad del patrono ampliar el pago de la prima sólo en el caso de que le ocurriera un accidente que lo obligara a declarar los jornales del contrato dentro- del cual sucedió.

Por virtud de todo lo expuesto y de lo que consta en nues-tra anterior opinión en la que los hechos se narraron con mayor ampMtud y se transcribió gran parte de la opinión de la Comisión Industrial, debe declararse con lugar el recurso ,y revocarse las resoluciones de la 'Comisión Industrial recu-rridas.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.