author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Lebrón, Demandante y Apelada, v. Lebrón, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao" en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2578.
    Resuelto en mayo 24, 1923.
    Repreguntas — Discreción Judicial. — En el período de repreguntas las cortes son liberales en el ejercicio de la sana discreción que tienen al efecto.
    Evidencia — Objeciones a la Evidencia. — La regla de que la objeción a la evi-dencia debe ser formulada claramente es de aplicación cuando la prueba se admite no obstante la objeción, pero no cuando ha sido excluida. Cuando se excluye prueba lo único a investigar es sic existió alguna verdadera razón para excluirla.
    Id. — Edad—Presunción Disputable.- — Cuando está en issue la edad de una persona, la certificación del registro civil no es concluyente, pero cuando una re-pregunta se limita a investigar la legitimidad de la certificación admitida sin objeción, y el que repregunta no indica en forma alguna a la corte que intenta investigar la certeza del -contenido de la misma, no existe base para decidir en apelación que la corte abusó de su discreción al sostener la obje-ción a una repregunta que parecía tendente a atacar solamente la legalidad de la certificación.
    Daños y Perjuicios por. Violación — Prueba Inadmisible. — En un caso de da-ños y perjuicios por seducción, considerado por las partes y juzgado como de violación por ser la perjudicada menor de catorce años, es inadmisible la prueba de que la demandante realizó actos carnales con otros hombres.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. L. Pereyó y A. Aponte, Jr.

    Abogado de la apelada: Sr. F. González.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Si bien las alegaciones específicas de la demanda en este caso fueron que el demandado sedujo a la menor demandante bajo promesa de matrimonio, el caso, sin embargo, fué juz-gado y considerado por las partes como uno de violación,, no teniendo la demandante edad para consentir al ocurrir los supuestos actos ilegales. Esta acción fué iniciada en 28 de noviembre de 1919. El día 19 de ese mes y año, Dionisia Le - brón compareció en el registro civil e inscribió el nacimiento de su bija Luisa Lebrón, constando de la inscripción que dicha hija nació el día 5 de abril de 1905. Los alegados actos Car-nales tuvieron lugar en el año 1917 y posteriorménte, co-menzando éstos cuando la demandante, dicha Luisa Lebrón, tenía poco más de once años de edad. Satisfecha la Corte de Distrito de Iíumacao con la prueba de la demandante, dictó sentencia a su favor. Como este fué un caso con mo-tivo de una supuesta violación de una menor que no tenía edad para consentir, era necesariamente importante deter-minar la fecha exacta en que nació la hija demandante.

En el examen de repreguntas de Dionisia Lebrón, la ma-dre, la corte eliminó la contestación a una pregunta y esta resolución se señala como error. Ambas partes convienen en que, en las repreguntas, la corte debe ser liberal, y esta es, por supuesto, la ley, estando toda la cuestión en gran parte dentro de la sana discreción de la corte. La madre declaró que su hija tenía once años de edad cuando fué seducida y que sabía que la hija tenía esa edad por la partida de bau-tismo'. El demandado entonces preguntó a la testigo: “¿por qué usted inscribió en el registro civil a su hija hace un año?” La demandante se opuso por ser inmaterial la pregunta, fun-dándose en que la certificación del registro había sido pre-sentada y admitida. Fué presentada sin objección. El de-mandado contestó que tenía derecho a investigar este hecho, porque ésta era la madre de la demandante y ella no había cumplido con la ley del registro. La corte sostuvo la objeción.

La apelada expresa que una objeción debe ser formu-lada claramente, pero esta regia sólo es de aplicación cuando la prueba se admite no obstante la objeción y no cuando ha sido excluida. Cuando se excluye prueba lo único a inves-tigar es si existió alguna verdadera razón para su exclu-sión. Además, la cuestión real es si la corte incurrió en error al no permitir hacer una investigación en cuanto a la legitimidad de la certificación.

Según todas las apariencias, la apelada sostiene que una vez admitida la prueba del registro civil de un nacimiento, ésta es prueba concluyente de la edad de la persona que se inscribe y que para destruir esta prueba debe hacerse algúu ataque directo a la certificación del registro, pero tanto las autoridades españolas como americanas muestran que cuando la cuestión que ha de investigarse es la verdadera edad, la demandante sólo establece un caso prima facie por el hecho de acreditar una inscripción en el registro civil. Assise v. Curet, 22 L. P. R. 555, en el que se cita el artículo 320 del Código Civil. El artículo 107 de la Ley de Evidencia prescribe: “Ninguna evidencia será considerada- como conclu-yente o incontestable, a no estar así declarada por esta ley.” Aquí la inscripción se hizo casi en la misma fecha de la radi-cación de la demanda y por tanto es, hasta cierto punto, sos-pechosa aun cuando la presunción de honradez aun preva-lece. Incumbía, por supuesto, al demandado demostrar que la fecha que acusaba el registro civil estaba equivocada o era fraudulenta.

Nos dice la apelada, y no se insiste mucho en esta cues-tión por el apelante, que no obstante la primitiva falta de' la madre en no inscribir la fecha del nacimiento dentro de los cuarenta días subsiguientes, la madre finalmente había cum-plido con la ley o con el privilegio que tenía por virtud de dicha ley, con sujeción únicamente a la imposición de una multa por su abandono original. Le modo que la posición que asume la apelada de que una investigación de la lega-lidad era inmaterial, estuvo bien fundada.

El apelante sostiene desde otro punto de vista y habría fuerza en su argumentación, si los hechos y su posición con respecto a los mismos hubieran sido algo diferentes en la corte inferior. Trata 'él de la importancia de conocer la edad de la hija y que debió habérsele permitido hacer esa investigación en la forma presentada, toda vez que era muy dudoso si la referida hija no tenía más edad que la que re-presentaba al tiempo del alegado acto camal. Si el abogado del demandado en la corte inferior, que no fué el abogado que sostuvo el caso en apelación, hubiera expresado el deseo de investigar sobre la edad verdadera de la demandante, o so-meter a prneba la credibilidad de la testigo, posible o pro-bablemente que se le hubiera permitido continuar la inves-tigación aun en la forma comenzada. El ataque, sin embargo, parecía ser exclusivamente sobre la legalidad de la certificación ya admitida sin objeción y no acerca de la cer-teza de su contenido, o con respecto a la veracidad de la tes-tigo. El demandado mismo, según todas las apariencias, sólo trataba de impugnar la certificación del registro civil. El abogado del demandado en la corte inferior, aceptó tam-bién aparentemente la teoría de que el único medio de atacar la Certificación era tratando de demostrar que fue ilegal. Los autos muestran que el apelante conocía perfectamente la necesidad de tener que probar que la demandante había pasado de la edad de consentir.

Como hemos indicado, la amplitud en el interrogatorio de repreguntas debe ser grande y una limitación fácilmente puede convertirse en un abuso de discreción, pero cuando el mismo que repregunta limita el alcance de sus preguntas a la investigación de la legitimidad de un documento que ya ha sido legalmente admitido y no indica en ninguna forma a la corte que se propone investigar cualquier otra cuestión, no estamos preparados para decir que la corte cometió abuso de discreción.

La corte también excluyó prueba referente a las relacio-nes de la demandante con otros hombres. Como el caso fué juzgado por virtud de la teoría de la violación de una menor que no tenía edad para consentir, la propuesta investigación era inmaterial.

En el juicio la- demandante prestó declaración razonable-mente robusta tendente a probar la violación, así como una promesa de matrimonió. Se permitió a la madre, sin ha-cerse objeción, declarar por referencia sobre el hecho real de la violación por el demandado, y otro testigo habló de una admisión semejante hecha por el demandado. También se presentó mi caso prima facie en cuanto a la edad de la de-mandante.'

El demandado prestó declaración tendente a negar la vio-lación. Otro testigo prestó declaración directa y personal al efecto de que la demandante tenía más edad de la que re-presentaba. También un doctor fué testigo pericial. El babía examinado la dentadura dé la demandante y fué de opinión de que ella tenía 19 años en la fecba del juicio. Esta prueba, de ser cierta, hubiera colocado a la demandante sobre la edad de consentir en la fecba de los alegados actos carnales. Este es un casp de conflicto en la prueba y aun-que fácilmente podemos imaginarnos casos más fuertes, la corte pudo juzgar y ciertamente juzgó la edad de la deman dante que tenía ante sí, de la verdad de la corroboración, de la veracidad de la demandante o el demandado, y no en-contramos ningún elemento indebido en la apreciación de la prueba.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución, de .este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

license: Public Domain

text:
    Forés, Recurrente y Apelante, v. Gómez, Registrador de San Germán, Recurrido y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre infracción a la ley asignando sueldo a los registradores (moción sobre desestimación de apelación).
    No. 3015.
    Resuelto en mayo 24, 1923.
    Jurisdicción del Tribunal Supremo — Registradores—Querellas Contra Regis-tradores — Apelación.—Procede desestimar por falta-de jurisdicción del Tritunal Supremo, la apelación de una resolución dictada por la corte de dis-trito con motivo de querella formulada contra un registrador de la propiedad por violación de la sección 28 de la ley de marzo 10, 1904, asignando sueldo-a dichos funcionarios y para otros fines.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. B. Forés y J. Sabater.

    El propio registrador apelado compareció personalmente..
   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El notario de San Germán don Benito Forés Morazo pre-sentó en la Corte de Distrito de Mayagñez una querella contra el Registrador de la Propied'ad de San Germán don Pedro Gómez Laserre, en la que, substancialmente, alegó que habiendo sido presentada en dicho registro cierta escritura de cancelación de hipoteca otorgada ante el querellante come notario por don Antón Benvenuti y Olivari y que ha-biendo sido entregados al registrador $3.50 en sellos de ren-tas internas con la escritura para que cancelara los sellos co-rrespondientes, dicho registrador canceló la mención de la hipoteca por nota marginal y canceló los $3.50 en sellos cuando sólo debió cancelar 50 centavos, por todo lo que pidió a la corte que sumariamente impusiera al expresado regis-trador una multa de acuerdo con la sección 28 de la ley de 10 de marzo de 1904 asignando sueldos a los registradores de la propiedad y para otros fines.

La corte desestimó la demanda o querella presentada des-pués de oir a las partes y contra esta resolución interpuso el notario querellante este recurso de apelación cuya desesti-mación nos ha pedido la parte querellada.

La sección 28 de la ley antes citada, que es la 2166 de la Compilación de los Estatutos Revisados, dispone que a los registradores de la propiedad convictos de haber violado en todo o en parte las disposiciones de dicha ley les será im-puesta una multa de 100 a 200 dólares por la primera in-fracción, de 200 a 500 dólares por la segunda y qne se les separará de sn cargo si cometen nna tercera; y la sección 29 dispone qne dichas multas se impondrán y cobrarán suma-riamente por la corte de distrito en qne esté, situada la oficina del registrador convicto, de lo qne se indica en la sección anterior y se pagará en la Tesorería Insular.

Las citas que hemos hecho de la ley demuestran qne no se trata en este caso de un juicio ordinario regulado por el Có-digo de Enjuiciamiento Civil, por lo que no son aplicables los preceptos establecidos sobre apelaciones Contra resolu-ciones de los jueces de distrito, y como el derecho de apela-ción es estatutorio, y como en la ley citada de 1904 no se concede recurso de apelación para ante nosotros Contra la resolución que dictaren sumariamente los jueces de distrito, para la imposición de esas multas, carecemos de jurisdicción para resolver la apelación establecida en este caso y por este motivo debemos desestimarla.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Torres, Demandante y Apelante, v. Sucesión Córdova, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre daños y perjuicios por seducción.
    No. 2797.
    Resuelto en mayo 25, 1923.
    Daños y Perjuicios por Seducción — Causa de Acción contra Herederos por Seducción Perpetrada por el Causante. — El artículo 560 del Código Penal vigente derogó solamente aquella parte del antiguo Código Penal que se xe-feria a los delitos y no a la responsabilidad civil proveniente de los mis-mos; según el axtíeulo 123 del código español para Cuba y Puerto Eieo la, acción para redamar daños y perjnieios por seducción sobrevive al causante de los mismos y puede dirigirse contra sus herederos, por lo menos contra aquellos que aceptan la herencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. H. Miranda y R. Agrait Aldea.

    Abogados de la apelada: Sres. Largé & Zeno.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante estableció demanda por daños y perjuicios contra una sucesión debido a su seducción bajo promesa de .matrimonio por el causante de dicha sucesión. Fué dictada sentencia sobre la excepción previa en favor de la deman-dada. Por virtud del artículo 667 del Código Civil, la he-rencia comprende todos los bienes, .derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte. La-cues-tión en particular que ha de resolverse en este caso es sí sobrevivió la causa de acción descrita en la demanda.

En los casos de Zalduondo v. Sánchez, 15, D. P. R. 231; Guzmán v. Vidal, 19 D. P. R. 841, y Torres v. Ramírez, 22 D. P. R. 450, disentimos el origen de la responsabilidad civil por actos delictivos en Puerto Rico. Quedó establecido que los actos delictivos en tiempos de España estaban íntima-mente relacionados con los procesos criminales. La respon-sabilidad civil estaba regulada en cierto modo por prescrip-ciones del Código Penal Español, y toda la materia está ahora comprendida en los artículos 1056, 1059 y 1803 de nues-tro propio Código Civil. Resolvimos que en la apreciación de los daños los. principios observados en España y en los Estados Unidos en materia de actos delictivos o daños eran muy similares.

Para determinar la naturaleza de una responsabilidad civil nacida de un acto punible, debe considerarse el actual Có-digo Penal, así como el origen de la responsabilidad civil en el Código Penal Español.

El párrafo filial del vigente Código Penal de Pnerto Ritío es como signe:

“Art. 560. — El Código Penal, Reales Decretos, Ordenes y Or-denes Militares vigentes en Puerto Ri'eo, en todo lo que se rela-cione o refiera a delitos, y que fuesen incompatibles o se opusieren a la presente y todas las demás leyes, órdenes, decretos y disposi-ciones incompatibles o contrarias a la misma, quedan por la pre-sente derogados.
“Esta Ley empezará a regir el día primero de julio de mil novecientos dos, a las doce del día.”

El artículo 123 del Código Penal para Cuba y Puerto Rico prescribía lo siguiente:

“La obligación de restituir, reparar el daño e indemnizar los perjuicios se transmite a los herederos del responsable.
“La acción para repetir la restitución, reparación e indemniza-ción se transmite igualmente a los herederos del perjudicado.”

Ninguna de las partes ba discutido la aplicabilidad de este artículo, pero sostenemos que no ha sido derogado ex-presamente por las disposiciones finales del Código Penal como han sido transcritas, y las derogaciones tácitas no son favorecidas. Específicamente solo aquella parte del antiguo Código Penal fué derogada que se refería a los delitos y no a la responsabilidad civil proveniente de los mismos. En otras palabras como parte del derecho substantivo vigente en Puerto Rico la responsabilidad de los herederos, por lo menos aquellos que aceptan la herencia, es la misma que la del causante.

Ahora bien, puesto que la seducción bajo promesa de ma-trimonio está castigada én Puerto Rico, la responsabilidad civil por virtud de los artículos que han sido citados de los códigos también le acompaña con todas sus Consecuencias. No importaría que acciones semejantes no se transmitieran en los Estados Unidos.

La máxima actio personalis moritur cum persona era de muy vasta aplicación y por sus propios términos hubiera comprendido hasta los pagarés. En muchas jurisdicciones la responsabilidad, aun por daños, se ha hecho más extensiva que como era en la ley común. Sin embargo, las práctivas de los diferentes Estados po tienen aplicación en Puerto Eico donde el principio de la sucesión universal, algo modificado en su forma, ha sido aceptado. La modificación tal vez es el beneficio de inventario, el derecho de deliberar y la acepta-ción de la herencia.

La apelante ha sugerido que la máxima citada es de apli-cación muy limitada en Puerto Eico y se extiende únicamente a derechos y obligaciones, así como el usufructo, la patria potestad y otros derechos que se extinguen necesariamente con la. persona.

El artículo 41 del Código de Enjuiciamiento Civil se dis-cute por las partes. Este fija una limitación al ejercicio de la acción, pero por lo demás no favorece a la apelada. Es como sigue:

“Art. 41. — Si una persona con derecho a ejercitar una acción muriese antes de terminar el período de prescripción requerido para deducir aquélla, y la causa de la acción subsistiere, los repre-sentantes de tal persona podrán ejercitar dicha acción después de la terminación de aquél período y dentro de un año de la defun-ción. Si una persona contra la cual puede ejercitarse una acción, muriese antes de la terminación del período de tiempo requerido para dar principio a la misma, podrá deducirse dicha acción contra sus representantes, después de la terminación de aquel período, y dentro de un año después del nombramiento judicial del albaeea ”o administrador testamentario."

En California aparecería que la responsabilidad de los demandados se limita a acciones que sobreviven, pero esa limitación, quizá intencionalmente, no se incluye en nuestro código, lo que es otro argumento más en favor de la apelante.

Aun cuando quedase duda de si alguna parte del Có-digo Penal de España quedó en vigor, sin embargo, prevale-ciendo el principio de la sucesión universal, ninguna acción contra un demandado se extinguiría a menos que lo indicara el código, y como liemos visto la máxima de la ley común no prevaleció en España. La tradición aquí es distinta.

Hemos resuelto que la aceptación de la herencia es una cuestión de defensa. Amy v. Aponte, et al., 29 D. P. R. 145.

Debe revocarse la sentencia apelada, desestimarse la ex-cepción previa y permitirse a los demandados formular sus alegaciones dentro del término de diez días.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Pbesidbkte Se. del Tolo,

text:
    Marrero, Peticionario y Apelante, v. El Pueblo, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en un procedimiento de habeas corpus.

    No. 2085.
    Resuelto en mayo 28, 1923.
    Fianza Provisional — Comparecencia del Acusado. — La fianza no se fija eon e! fin de castigar a la persona acusada y sí con el propósito de asegurar la presencia de ésta ante la corte en cualquier momento en que sea legalmente requerida para ello.
    Id. — Cuantía de la Pianza Provisional. — La cuantía de una fianza provisional no depende solamente de la suma de dinero que una persona haya podido perder u otra obtener mediante el delito, sino que depende más bien de la depravación moral del delito, del peligro consiguiente para el público y del castigo impuesto o autorizado por la ley para el mismo.
    Id. — Fianzas Excesivas — Circunstancias que deben Considerarse al Fijar Fianza Provisional. — No deben exigirse fianzas excesivas y la corte tendrá en cuenta para fijarlas las condiciones y recursos de que dispone el detenido, su estado de pobreza, la naturaleza del delito, las probabilidades de culpa-bilidad que puedan existir, así como el sexo, rango y relaciones del acusado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. R. Dias Gollaso y R. Mar-tines Nadal.

      Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Pbesidbkte Se. del Tolo,

emitió la opinión del tribunal.'

Presentada una solicitud de habeas corpus en la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, el auto fue expedido y oídas las alegaciones y las pruebas del peticionario y del fiscal, la corte, el 2 de mayo en curso, dictó la siguiente re-solución :

“La corte estima que las circunstancias de este caso como se desprende de la evidencia aducida en la vista, no es igual a nin-guno de los casos que ha citado la parte en apoyo de la petición; que la fianza fijada no es excesiva; mantiene esa fianza y anula el auto de habeas corpus.”

No conforme el peticionario apeló para ante esta Corte Suprema, citando en apoyo de su contención nuestras deci-siones en los casos de El Pueblo v. Pillot, 19 D. P. R. 262, Barreal v. Labiosa, 27 D. P. R. 46, y muchas otras decisio-nes de la Corte Suprema de California. El fiscal en el acto de -la vista sostuvo que las circunstancias del Caso justifi-caban la cuantía de la fianza. .

No hay duda alguna en cuanto a los principios aplicables. Está bien establecido que la fianza no se fija con el fin de cas-tigar a la persona acusada y sí con el propósito de asegurar la presencia de ésta ante la corte en cualquier momento en que .sea legalmente requerida para ello: Ex parte Buef, 96 Pac. 24; que su cuantía no depende solamente de la suma de dinero que una persona haya podido perder u otra obtener mediante el delito, sino que depende más bien de la deprava-ción moral del delito, del peligro consiguiente para el pú-blico. y del castigo impuesto o autorizado por la ley para el mismo: In re Williams, 82 Cal. 183; que no deben exi-girse fianzas excesivas y la corte tendrá en cuenta para fijar-las las Condiciones' y recursos de que dispone el detenido, su estado de pobreza, la naturaleza del delito, las probabi-lidades de culpabilidad que puedan existir, así como el sexo, rango y relaciones del acusado: El Pueblo v. Pillot, 19 D. P. R. 264, y que la Corte Suprema no intervendrá con la dis - creción ejercitada por la corte que conoce de la causa en cuanto a la fijación del .montante de la fianza, a menos- que aparezca per se que el montante fijado es irrazonablemente ■alto o claramente desproporcionado con la ofensa envuelta: In re Williams, supra.

Los autos demuestran que el peticionario desempeñando el cargo de Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, fué detenido por orden del fiscal para-responder de un delito de malversación de fondos confiados a su custodia. Los fondos malversados ascendían a más de veinte mil dólares. .La fianza se fijó en quince mil. La prueba del peticionario en el acto de la vista de su solicitud consistió en su propia declaración y en la de su bijo Emilio. Ambas tienden a demostrar que ni el acusado, ni su mujer, ni sus parientes cercanos tienen bienes de fortuna y que el peticionario carece de relaciones sociales que le permitan pres-tar una fianza en la cuantía exigida. La prueba del fiscal con-sistió en las declaraciones del investigador de cuentas de la Auditoría de Puerto Eico, Santos G. Ramírez, y del paga-dor del American Colonial Bank, Ramiro Lázaro. Ambas tienden a demostrar que poco antes de ser detenido el peti-cionario bizo efectivos en el banco cheques oficiales por valor de más de trece mil dólares, cuyo importe no fué ingresado en la caja de la secretaría..

Si bien lo expuesto revela que se trata de.un delito grave •que se alega cometido por un funcionario público, lo que lo bace más- reprensible todavía, dadas las pocas probabilidades que existen en la isla de que un acusado pueda escapar, opina el tribunal, a la luz de la jurisprudencia citada, que la fianza fijada es excesiva y que su cuantía debe rebajarse a siete mil dólares.

Revocada la ■resolución apelada y fijada la ■ fianza en $7,000. . ■ ,

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: t El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Martínez, Demandante y Apelado, v. Oppenheimer, Demandado y Apelante.
    'Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre reclamación de bienes muebles, etc.
    No. 2709.
    Resuelto en mayo 28, 1923.
    .Remanda — Alegaciones—Conclusiones Legales. — Cuando las conclusiones le-gales complementan alegaciones de hecho, son j>ermisibles.
    ■ Reclamación y Entrega de Bienes Muebles — Daños y Perjuicios — Acciones • - ■ AcuimulabLes.- — A la acción sobre reclamación y entrega de bienes muebles, | ' puede acumularse la de daños y jierjuieios por la retención ilegal do los ' ' mismos.
    Id. —■ Alegaciones ■ — • Sitio de los Bienes Retenidos por el Demandado. — La omisión de alegar en una demanda sobre reclamación y entrega de bienes muebles archivada en una corte de distrito el sitio en que éstos se encuen-1 tran, rio vicia de nulidad la demanda, tanto más cuando la contestación sub-sana el defecto.
    ÍdWSentencia — Error en la Sentencia que es Subsanable en Apelación.— : '-Siendo las pretensiones de la contrademanda enteramente opuestas a las de , ’ la demanda, puede concluirse que al- declarar la corte con -lugar la demanda, . con costas, implícitamente declaró la contrademanda sin lugar y corregirse " en apelación el defecto, haciéndose el pronunciamiento expreso omitido. ■
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. A. Rivera.

    ’ Abogado del apelado: Sr. G. Brunet.

   t El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Martínez entabló demanda en la Corte de Distrito d:e Ponce contra Jorge Oppenheimer en reclamación de cier-tos bienes muebles y daños y perjuicios. Excepcionó y con-testó el demandado, formulando además una reconvención. Fú'e el pleito a juicio. Se practicó la prueba ofrecida por ambas partes y finalmente la corte dictó sentencia en contra del demandado. Este interpuso entonces el presente recurso de apelación señalando en su alegato siete errores Cometidos a su juicio por la corte, 1, al desestimar la excepción previa; 2, al permitir al demandante enmendar su demanda; 3, al conceder indemnización basada en la enmienda; 4, al decla-rar que los bienes reclamados estaban retenidos ilegalmente por el demandado; 5, al no condenar al demandante a pagar al demandado cierto dinero que éste abonó a otro carpintero; 6, al dictar sentencia en contra del demandado, y 7, al dejar de resolver la contrademanda.

Examinemos el primer error. En la demanda se alegaron dos causas de acción. Primero se dijo que el demandante era dueño de determinados bienes muebles que se especifica-ron, y luego, en cuanto a la primera causa de acción, que dichos bienes los retenía injustamente el demandado exponién-dose además las circunstancias que menciona el artículo 171 del Código de Enjuiciamiento Civil, usándose las mismas pa-labras que emplea el estatuto, y en cnanto a la segunda causa de acción se expresó que a virtud de la retención ilegal de los bienes el demandante se había visto obligado a dejar de trabajar en su negocio de carpintero y sacador de casas su-friendo los perjuicios que se indican.

Es confusa la argumentación de este error por parte del apelante. Parece que sostiene que la demanda no aduce una buena causa de acción; a, porque contiene conclusiones le gales; b, porque dadas las circunstancias del caso, sólo com-petía al demandante el remedio a que se refiere el artículo 172 del Código de Enjuiciamiento Civil, y c, porque no se alegó el sitio en que se encontraban los bienes.

Es cierto que si se examinaran algunas de las alegaciones de la demanda aisladamente, tendría que concluirse que cons-tituyen meras conclusiones de ley, pero dichas conclusiones complementan alegaciones de hecho, y esto es permisible. Alfaro v. Alonso, 27 D. P. R. 53.

Dice el artículo 172 del Código de Enjuiciamiento Civil que establecida la acción para reclamar bienes muebles, po-drá el demandante o su abogado, mediante autorización es-crita al dorso de la declaración escrita y jurada, requerir al márshal del distrito en que radiquen los bienes reclamados, para que los ocupe y saque de poder del demandado. Como se ve el demandante podrá seguir ese procedimiento y el de-mandante aquí alega que no lo siguió porque la ley le exigía para ello que prestara una fianza que sus recursos y sus rela-ciones no le permitían prestar. El hecho de que así proce-diera, no le priva de ejercitar su acción fundamental de re-clamación de los bienes muebles si realmente eran suyos y el demandado los retenía indebidamente, esperando para tomar posesión o recibir el importe de los mismos, la sentencia de-finitiva de la corte. A dicha acción es perfectamente acumu-lable la de daños y perjuicios originados por la retención ile-gal.

No se alegó como debió alegarse en la demanda el sitio en qu.e los bienes se encontraban. Pero este defecto, que quedó luego subsanado por la misma parte demandada en su contes-tación, no viciaba de nulidad la demanda. Las cortes de dis-trito lo son de jurisdicción general. Por razón de la materia la Corte de Distrito de Ponc'e tenía jurisdicción para conocer de este pleito. Si los bienes estaban situados fuera de su distrito y si el demandado no residía en su territorio, pudo dicho demandado alegarlo así y pedir el traslado del pleito a la corte competente.

En cuanto al segundo error, bastará decir que la enmienda permitida por la corte claramente lo fué para cbnformar la demanda con el resultado de la evidencia estando por lo tanto autorizada por la ley.

Los errores 3,-4, 5 y 6 pueden estudiarse conjuntamente, pues todos se refieren a la apreciación de las pruebas.

La corte de distrito declaró probados los siguientes he-chos :

“Io, Que el demandante Juan Martínez, es dueño, de los si-guientes bienes muebles:
“Un coche valoi-acLo en- $32.00
‘ ‘ Dos gatos de fuerza- 20. 00
' ‘ ‘ Dos gatos más de fuerza_ 40. 00
‘ ‘ 300 Oalzos de madera_ 9. 00
“Seis ruedas giratorias- 75. 00
“Una caja de .herramientas de earpentería-. 17.35
‘‘ Tres flechas- 18. 00
“Utensilios de coeina- 3.55
“Total_$214.90
2o ° Que dichos bienes muebles ya descritos, los retiene ilegal-mente el demandado Jorge Oppenheimer desde el día 3 de lebrero de 1919, hasta la vista de este caso, 12 de enero de 1922.
“3o. Que el demandante Juan Martínez, ha dejado de ganar con dichos aparatos como carpintero saeador de casas y por el tiempo que los ha retenido el demandado ilegalmente, una cantidad que la corte estima en $140.”

Hemos examinado cuidadosamente la evidencia practicada por ambas partes en el acto de la vista y, después de haber tomado en consideración los argumentos contenidos en los ale-gatos, estamos satisfechos de las conclusiones del tribunal sentenciador.

No.constituye error que lléve consigo la revocación de la sentencia apelada, el que omitiera declarar sin lugar expre-samente la reconvención. En la reconvención el demandado alegaba que el demandante había actuado de mala fe en la obra de trasladar de un sitio a otro una casa del demandado oca-sionando daños de consideración en la casa, dejando la obra abandonada, y causándole perjuicios por valor de $800. La contrademanda era, pues enteramente opuesta a la demanda y en tal virtud al declarar la corte con lugar la demanda con costas,- implícitamente declaró sin lugar la reconvención. Debió haberlo hecho expresamente, pero el error cometido, repetimos, no lleva consigo la revocación de la sentencia. Puede corregirse en apelación.

Por virtud de todo lo expuesto, debe corregirse la sen-tencia apelada y así corregida, confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada, corrigiéndola.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y HutcMson.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Marrero, Demandante y Apelado, v. Garage Mayagüez, Inc., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2765.
    Resuelto en mayo 28, 1923.
    Jurisdicción de las Cortes Municipales — Sentencias Nulas por Palta de Jurisdicción — Apelaciones Procedentes de Cortes Municipales — Cobro de Dinero — Acción Redhibitoria- — Rescisión de Contratos. — No es la de cobro de dinero, sino la redhibitoria a que se refiere el artículo 1389 del Có-digo Civil, la aeción que ejercita el comprador de un automóvil que por- ha-ber resultado inservible lo entregó al vendedor y reclama el cobro de $450 pagados a cuenta de los $1,000 que importa el automóvil. Solicitándose, pues, la rescisión de un contrato cuya cuantía excede de $500, la sentencia dictada en apelación procedente de una corte municipal es nula porque ca-reciendo de jurisdicción para conocer del caso originalmente la corte municipal, la de distrito carecía de jurisdicción para conocer del mismo en grado de apelación.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Benet & Souffront.

    Abogado del apelado: Sr. J. Sabater.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia apelada en este caso fué dictada por la Corte de Distrito de Mayagüez conociendo en grado de ape-lación de una sentencia de la corte municipal de dicba ciu-dad, y la parte demandada apelante alega como error que la corte municipal no tuvo jurisdicción para conocer de este pleito y que por esto la corte de distrito tampoco la tiene para decidirlo en grado de apelación.

Se alega en la demanda presentada en la corte municipal que el demandante compró a la corporación demandada 'un camión automóvil para dedicarlo al transporte de mercan-cías por precio de mil dólares de los cuales pagó $450 en el momento de la entrega, debiendo pagar otros $50 en el tér-mino de ocho días, quedando aplazados los $500 restantes para tres meses después, y que desde el primer momento que recibió el camión no sirvió ni funcionó por lo cual a los seis días de recibido lo entregó a la demandada quien se niega a devolverle los $450 recibidos y a cancelarle la obligación que le suscribió por los $500 pendientes de pago, por !o que solicitó del tribunal que condenase a la demandada a pagarle dichos $450 con intereses. Adujo la demandada como ex-cepción previa que la corte municipal no tenía jurisdicción para decidir el pleito por razón de su cuantía porque las ale gaciones de la demanda demuestran que se trata de la res-cición de un contrato de compraventa por precio de mil dó-lares, pues la condena solicitada por el demandante anularía la obligación de pagar los $500 restantes y obligaría a la de-mandada a quedarse con el automóvil.

Tiene razón la apelante pues aunque la demanda se titula como acción en cobro de dinero, y aunque se pide solamente que se condene a la demandada a pagar $450, tal condena tendría que fundarse, de acuerdo con las alegaciones de la de-manda y con la ley aplicable, en el incumplimiento por la parte apelante de su contrato de venta por haber entregado un camión que no sirve ni funciona, sería necesaria conse-cuencia de la rescisión del contrato y produciría el efecto de anular la obligación por $500 y que la apelante se quedara con el camión, pues de otro modo no podría ser condenada la demandada a devolver la parte recibida del precio. Tan cierto es esto que el demandante expone en la alegación quinta de su demanda que ha requerido a la demandada pai a que le devuelva los $450 y la obligación de los $500 que se comprometió a pagarle. La acción, en verdad, es la redhi--bitoria por vicios ocultos en la cosa vendida que concede al comprador el artículo 1889 del Código Civil, según reconoce la parte apelada en su alegato, para optar entre desistir del. contrato o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos, habiendo elegido el demandante en este caso el primero de dichos medios, pues solicita la devolución de la cantidad que entregó por lo que la contienda entibe las partes, versa sobre el incumplimiento de un contrato cuya cuantía de mil dólares es superior a la que pueden decidir las cortes municipales, y por tanto la .que conoció originalmente de este asunto actuó sin jurisdicción por la materia de la controver-sia, y no teniendo la corte municipal jurisdicción sobre el asunto no la tuvo tampoco la corte de distrito para conocer de él en grado de apelación.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra de-clarando sin lugar la demanda por falta de jurisdicción de la corte municipal.

Revocada la sentencia apelada y declarada sin lugar la demanda.

Jueces concurrentes: gres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado.Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Gracia, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por asesinato en segundo grado.
    No. 1954.
    Resuelto en mayo 29, 1923.
    Jurados Excusados por la Corte — Discreción Judicial. — El hecho de que la corte, excusara a varios jurados para conocer del juicio no constituye error pues esa es cuestión que descansa en la sana discreción de la corte, y menos en el presente caso en que cuatro de los jurados excusados justificaron razones para la excusa y en cuanto a los dos restantes éstos no pudieron ser citados por el marshal.
    ■Suspensión del Juicio por Ausencia de Testigos. — La sola manifestación de que faltaban dos testigos del acusado, sin demostrar por qué'eran importantes sus declaraciones ni las diligencias practicadas para que comparecieran, no era suficiente motivo para posponer el juieio para otro momento.
    .Asesinato — Prueba de la Muerte de( la Víctima. — No es erróneo permitir que un testigo declarara que vió morir a una persona.
    Inspección Ocular — Discreción Judicial. — La corte de distrito tiene discreción para ordenar una inspección ocular del sitio donde se cometió el crimen.
    Asesinato — -Arma Ofrecida en Evidencia — Admisión de Prueba. — Se imputó a la corte como error el haber sido admitido como evidencia un revólver que se alega no estaba conectado con el asesinato ni fué identificado. El testigo •Julio González declaró que oyó seis o siete disparos y que en el momento ■entró el acusado donde él estaba, como a los dos minutos, y le dió un revól-ver blanco de cabo de nácar, parecido al que le presentaba el fiscal, y que tenia el mismo largo y el mismo cabo. Se resolvió: que esto era suficiente para justificar la admisión de dicha arma.
    Id. — Juicio—Receso Durante el Juicio — Discreción Judicial. — No puede con-cluirse ‘que abusó de) su discreción la corte al negar la suspensión del juieio hasta el siguiente día por el hecho de que el acusado no hubiera podido loca-lizar dos testigos, cuando no se demostró que sus testimonios eran esenciales en el juieio, y menos cuando en cuanto a uno de ellos no se alegó que iba a ser utilizado como perito, sino simplemente que habían salido ya de Baya-món para Aguadilla, que es donde se celebraba el juieio.
    Ib. — Prueba Suficiente. — Examinada la prueba que se inserta en la opinión emi-tida en este caso, el Tribunal Supremo resolv.ió que era suficiente para soste-ner una sentencia de asesinato eri segundo grado.
    Id. — Instrucción Sobre Asesinato — Asesinato.—En el presente caso la corte dió la siguiente instrucción: "Según el artículo 201 de nuestro Código Penal, todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho, o tortura, y toda clase de muerte alevosa, deliberada, y premeditada, o cometida al perpetrarse o intentarse algún incendio de morada, constituye asesinato en primer grado. Del modo que dentro de este artículo tenemos tres diferentes clases de asesi-nato'y el que nos ocupa se encuentra comprendido en toda clase de muerte alevosa, intencional, deliberada y premeditada.” Alega el apelante que el tribunal, con las palabras que están en el último párrafo, obligó al jurado a que resolviese el caso sin salirse del círculo que le trazó. Se resolvió: que la instrucción no es errónea porque el juez no hizo otra cosa que referirse a la acusación que se estaba juzgando contra el acusado y llamar la aten-ción de que no se le aeusaba de asesinato perpetrado por veneno, aeeeho o tortura, ni al intentarse algún incendio de morada.
    Id. — Pena que no Es Cruel e Inusitada. — Una sentencia que impuso al‘autor de asesinato en segundo grado la pena de veinte años de presidio con traba-jos forzados no puede reputarse cruel e inusitada.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. E. Gonzales Mena, J. Vali-dejuli y J. Soto Rivera.

      Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.
   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la' opinión del tribunal.

El apelante, Juan de Gracia, fué acusado en unión de otras dos personas del delito de asesinato en primer grado de Emilio Iglesias y vista su causa ante un jurado fué declarado culpable del delito de asesinato en segundo grado y senten-ciado por el tribunal inferior a sufrir la pena de veinte años de presidio con trabajos forzados.

En la apelación que estableció contra la sentencia y contra la resolución que le negó un nuevo juicio, enumera diez y ocbo motivos de error en apoyo de sus recursos, pero como muchos de ellos ban sido considerados y resueltos por nosotros en la apelación que decidimos boy de su coacusado Juan Ibera Santiago y declaramos que no podemos sostenerlos, nos limita-remos en esta opinión a considerar los que son distintos de aquellos. Son los señalados con los números 2, 3, 8, 9, 10, 11, 16, 17 y 18.

En el segundo motivo se alega que el tribunal inferior cometió error al excusar a varios jurados, sin causa justifi-cada, para conocer de su juicio, pero no podemos declarar que existió tal error porque aparte de que esa es cuestión que des - cansa en la sana discreción del tribunal, cuatro de los ju-rados excusados justificaron razón para su excusa, y en cuanto a los otros dos no pudieron ser citados por el marshal porque, según informó, uno de ellos se había ausentado de su pueblo hacía más de cinco meses y el otro se hallaba en los Estados Unidos.

El día 13 de diciembre de 1921, que estaba señalado para el juicio, comparecieron los tres acusados en este caso y pi-dieron ser juzgados separadamente. Accedió el tribunal y entonces manifestaron sus defensores estar listos para el jui-cio en cuanto al acusado José Tormos, y habiendo solicitado el fiscal que fueran juzgados en el orden en que aparecen en la acusación, los defensores manifestaron que no habían com-parecido dos testigos importantes de Juan de Gracia, pero el tribunal resolvió que el juicio de éste fuera el primero que se celebrara. Esta resolución sirve de fundamento al tercer motivo del recurso pero no podemos declarar que fuera erró-nea, porque la sola manifestación de que faltaban dos testi-gos del acusado, sin demostrar por qué eran importantes sus declaraciones ni las diligencias practicadas para que compa-recieran, no era suficiente motivo para posponer el juicio para otro momento.

El octavo error señalado se funda en baber permitido el tribunal ciertas preguntas del fiscal a los testigos.

Una de esas preguntas fué becba a Dolores Agraít, esposa del interfecto Emilio Iglesias, quien habiendo manifestado en el juicio que su esposo estaba muerto, le preguntó el fiscal “por qué sabe que está muerto,” y a ella se opuso la defensa del apelante porque la testigo no podía contestar esa pre-gunta y porque no se babía probado debidamente dicba muerte. Permitida por el tribunal, dicba señora contestó “que estaba muerto porque lo vió morir y lo asistió en la clínica donde murió.” Esta contestación por sí sola basta para demostrar que no existe el error alegado.

También bajo este apartado se menciona cierta manifes-tación becba por el fiscal con motivo de una repregunta de la defensa al Dr. Igartúa, pero como el acusado no tomó ex-cepción a la resolución del tribunal prescindiremos de tal cuestión.

El noveno error es por baber permitido al jurado que ins-f-peecionara el lugar del suceso; pero tampoco lo considera-remos porque si bien el acusado se opuso a que se practicara-, no tomó excepción contra la resolución del tribunal. De to-dos modos tal resolución era discrecional en el tribunal.

El décimo error es por baber sido admitido como eviden-cia un revólver que se alega no estaba conectado con el casó ni fué identificado. Sin embargo, el testigo Julio González declaró que oyó seis o siete disparos y que en el momento entró Juan de Gracia donde él estaba, como a los dos minu-tos, y le dió un revólver blanco de cabo de nácar, parecido al que le presentaba el fiscal, y que tenía el mismo largo y el mismo cabo. Esto era suficiente para justificar la presen-tación de dicha arma.

Otro error alegado, el undécimo, es por haberse permitido declarar al testigo Pedro Figueroa.

Bastará enunciar lo que sobre este testigo se dice en el alegato para quedar convencido de que no existe el error que se alega por haberse permitido que declarase. Se dice que ■el testigo estaba en la cárcel para responder de un delito dé asesinato en segundo grado: que no estaba bajo las regias de la corte; que estaba en la sala del tribunal oyendo las decla-raciones y que entró en las oficinas del fiscal.

Al terminar el fiscal su prueba (parece que eran las nueve de la noche) la defensa del acusado solicitó un receso hasta el día siguiente a las nueve, fundándose en que cuando entró en ©1 juicio alegó que no estaba preparada para él porque le fal-taban dos testigos o peritos, los que “nos ha sido difícil aún localizar;” que uno es médico y el otro profesor en balística, y que se le acababa de telefonear una hora u hora y media antes, -que el Dr. Bocanegra había salido de Bayamón para Aguadilla (lugar del juicio) y que todavía no había llegado. Se opuso el fiscal a esa petición y el tribunal negó la suspen-sión pedida, alegándose ahora en el décimosexto motivo del recurso que tal declaración fué errónea porque el tribunal abusó de su discreción al no conceder el receso solicitado. No lo creemos así porque como antes hemos dicho, nunca se de-mostró que dichos testigos o peritos eran esenciales en el juicio y sin este requisito no debía ser suspendido. Además, no se dice que el Dr. Bocanegra iba a ser perito en esa causa sino únicamente que había salido de Bayamón para Agua-dilla.

' El decimoséptimo error es' por no haberse ordenado al ju-ía'dó la absolución perentoria por insuficiencia de la prueba del fiscal, y por haberse negado el tribunal a instruir al ju-rado que diese un veredicto absolutorio por tal falta, de prueba.

El argumento del apelante descansa principalmente en no haberse probado la muerte de Emilio Igiesias, ni si fué con-secuencia de las heridas de bala que recibió, ni que se las ocasionara el apelante. En el otro caso de Juan Ibern Santiago a que antes hemos hecho referencia, hemos resuelto con una prueba idéntica a la de este caso que se probaron las heridas por bala de Emilio Iglesias, su muerte y que ésta fué consecuencia de dichas heridas por lo que sólo nos resta decir ahora que hubo prueba en este caso de que Juan de Gracia fué uno de los que disparó su revólver contra Igle-sias pues así lo declararon los testigos Osvaldo Peña y Luis Mendoza, habiendo manifestado otro testigo, Pedro Figueroa, que oyó varios disparos, vió al apelante con un revólver en la mano apuntando a Iglesias, y que fué quien recogió herido a Iglesias; y Julio González dijo que Juan de Gracia le- entregó el revólver en seguida de los disparos, como dos minutos después. En cuanto al móvil del crimen declararon dos testigos que Juan de Gracia se oponía a que se abriera una fábrica de tabaco en Aguadilla y que Iglesias buscaba tabaqueros para dicha fábrica. En vista de esta prueba no podemos declarar que existió el error que se alega.

El décimo octavo error alegado es por no haber sido con-cedido un nuevo juicio.

Una de las razones que adujo el acusado para que se le concediera un nuevo juicio fué porque el tribunal dió al jurado la siguiente instrucción:

“Según el artículo 201 de nuestro Código Penal, todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho, o tortura, y toda clase de muerte alevosa, deliberada, y premeditada, o cometida al perpe-trarse o intentarse algún incendio de morada, constituye asesinato en primer grado. De modo que dentro de este artículo tenemos tres diferentes clases de asesinato y el que nos ocupa se encuentra com-prendido en toda clase de muerte alevosa, intencional, deliberada y premeditada.”

Alega el apelante que el tribunal eon las palabras que están en el último párrafo, obligó al jurado a que resolviese el caso sin salirse del círculo que le trazó. No lo entendemos así, pues el juez no bizo otra cosa que referirse a la acusa-ción que se estaba juzgando contra el acusado y llamar la atención de que no se le acusaba de asesinato perpetrado por veneno, ac'ecbo o tortura, ni al intentarse algún incendio de morada.

Las otras razones para nuevo juicio fueron las mismas que ban sido alegadas como'errores contra la sentencia y que ya bemos considerado y resuelto que no existen.

Al terminar el apelante la argumentación de los expre-sados errores, agrega otros dos, el decimonono y el vigésimo.

Fúndase el primero de ellos en baber sido negada su peti-ción de que no se dictara sentencia y se declarase nulo el ve-redicto del jurado por ser contrario a la evidencia por no ha-berse probado que Iglesias muriera a consecuencia de herida alguna, la fecha en que ocurrieron los hechos, ni que el ape-lante lo hiriera. No tenemos que considerar estas cuestiones porque ya las hemos decidido antes.

El otro es por haberse impuesto al apelante veinte años del presidio, pena que se alega es cruel e inusitada y prohi-bida por nuestra Ley Orgánica. La pena de presidio por término mínimo de diez años, señalada por el artículo 202 del Código Penal para el delito de asesinato en segundo grado, no es ni ha sido nunca considerada como cruel ni inusitada.

La sentencia apelada debe ser confirmada, y también la resolución que negó el nuevo juicio.

Confirmadas la resolución y sentencia apeladas.

Juez concurrente: Sr. Presidente del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó “Conforme con la sentencia. ’;

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no in-tervinieron en la resolución de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ibern, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por asesinato en segundo grado.
    No. 1961.
    Resuelto en mayo 29, 1923
    Juicio Rápido — Justa Causa para la Suspensión del Juicio — Sobreseimiento. Las cortes tienen cierta discreción para decretar ex parte la suspensión de un juicio y en tales casos el gobierno está en el deber de justificarla.
    Xd. — Id.—Id.—La suspensión de un juicio por un período que en realidad os menor de dos meses, para conseguir un testigo eseneial que está tratando de recuperar su salud, constituye una suspensión por justa causa.
    Id. — Id.—Id.—En el presente caso el acusado pidió el sobreseimiento amparán-dose en el inciso 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Se resolvió: que descontando los 28 días anteriores a la radicación de.la alegación general en julio 7, descontando toda o parte de las vacaciones, descontando toda' o una parte de la suspensión debido á la ausencia de un testigo eseneial, debe concluirse que tanto la letra como el espíritu del ar-tículo 448 han sido cumplidos y que se ha mostrado justa causa en sentido contrario en oposición a la moción del acusado.
    Jurado — Recusaciones.—Es erróneo requerir a un acusado a recusar cuando el jurado está incompleto; pero cuando tal proceder de la corte no obligó al acusado a utilizar una sola recusación perentoria, el error no es perju-dicial.
    Id. — Discreción Judicial. — El permitir al fiscal reinterrogar a un miembro del jurado es discrecional.
    Asesinato — Prueba de la Muerte de la Víctima. — La viuda que asistió a su esposo hasta el momento en que murió éste, es testigo competente para es-tablecer la muerte; por consiguiente, la admisión posterior de una cer-tificación informal de defunción, de ser un error, no era perjudicial.
    Id. — Preguntas Capciosas. — Las preguntas capciosas están dentro de la sana discreción de la corte. Permitir que se pregunte a un perito médico si una persona puede morir de septicemia no es abuso de discreción.
    Id. — Disparos Simultáneos — Res Gestee — Prueba.—Cuando la muerte es el pra-dueto de disparos simultáneos de A y B, un revólver admitido como prueba en el juicio contra B es admisible, como parte que es de la res gestee, en el juicio contra A.

      Id. — Mótiles del Chimen — Prueba Admisible. — No es errónea la admisión de testimonios que si bien no arrojan luz en cuanto a los disparos, tienden a probar los móviles del crimen.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J. Valldejuli, E. González Mena y J. Soto Rivera.

    Ahogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una causa en la cual la acusación fué formulada el día 9 de junio de 1921. El señalar la lectura de la acusa-ción para el 17 de junio, como se hizo era enteramente razona-ble. En dicho día 17 de junio compareció el acusado y su abogado solicitó treinta días de término para contestar' la acusación. La corte concedió veinte días y el 7 de julio, que era el último de la prórroga contestó el acusado y alegó su inocencia. La corte entró en su período de vacaciones en primero de agosto y reanudó sus sesiones el día primero de octubre. El caso fué señalado entonces para el 19 de octu-bre. En 18 de octubre compareció el fiscal del distrito y soli-citó la suspensión del caso por encontrarse ausente un testigo esencial. El día 19 el fiscal presentó un affidavit para sos tener la moción en el cual expresaba que el abogado del acu-sado no estaba dispuesto a admitir el hecho sobre el cual se declararía, o sea, que la muerte que había de probarse se debió a das heridas. La moción por parte del fiscal de dis-trito era hasta cierto punto ex parte. La corte decretó la suspensión del juicio el cual comenzó el día 14 de diciembre continuando hasta dictarse sentencia contra el acusado. Con anterioridad a esto, o sea, el día 12 de diciembre, el acusado solicitó el sobreseimiento y archivo de la causa por no ha-berse celebrado el juicio dentro de los 120 días después de formulada la acusación. La corte declaró sin lugar la mo-ción por entender - que si bien habían transcurrido más de 120 días fué por causa justa y razonable; que de los autos aparecía que el acusado contestó la acusación en 7 de julio de 1921; que en primero de agosto la corte entró en su pe-ríodo de vacaciones hasta el primero de octubre; que se-ñalado, el día 19 de octubre para la vista del juicio a petición del Pueblo suspendió la celebración del juicio por la razón de que el Dr. Jorge del Toro, testigo principal en el pro-ceso, cuya declaración era absolutamente esencial embarcaba para los Estados Unidos para recuperar su salud, pues es-taba padeciendo de agotamiento físico, siendo por tanto im-posible su comparecencia en la corte, haciendo referencia la corte a la prueba que Consistía en el affidavit y las certifi caciones de los doctores Belaval y López. Se alega como error el haber la corte declarado sin lugar la moción.

Alega el apelante que el acusado estaba listo para, el juicio' el día 19 de octubre. Asumiendo o presumiendo este hecho, el gobierno no lo estaba. La corte debió haber es-tado verdaderamente convencida de que era necesaria la sus-pensión. Parece ser un hecho cierto que si bien la moción de suspensión fué notificada al acusado, no lo fué el affidavit del fiscal que la sostenía. Es una probabilidad razonable que fué una sorpresa para el fiscal el viaje del doctor del Toro. De todos modos el affidavit del fiscal estaba radicado el día señalado para la celebración del juicio, o sea, el 19 de octu-bre. En ese día las partes estaban obligadas a comparecer. En dicho día la corte resolvió la moción. En el affidavit se hacía constar la tentativa por parte del gobierno en hacer que el acusado admitiera la veracidad de la declaración del doctor del Toro. No es, pues, una inferencia violenta que el acusado sabía lo que estaba ocurriendo, y la radicación de la moción el día anterior al juicio era aviso de que el juicio probablemente sería suspendido. También hace menr ción el acusado hacia el hecho de que las certificaciones de los doctores Belaval y López no estaban juradas. Como todas estas cosas sucedieron el día del juicio y no hay nin-guna indicación de que el acusado hiciera objeción alguna a las alegadas informalidades o falta de notificación, ya por medio de moción para eliminar, o de otro modo, creemos que no‘deben ser consideradas especialmente.

En el caso de Dyer v. Rossy, 23 D. P. R. 772, considerá-bamos la necesidad de una suspensión del juicio según se presentaba en ese caso, pero prescindiendo de informalidades la presente moción y affidavit revelaban prima facie que el Dr. del Toro era un testigo esencial; que tenía que salir re-pentinamente y por tanto que no babía falta de diligencia por parte del gobierno, cumpliendo así con el artículo 202 del' Código de Enjuiciamiento Civil. No siempre es necesario para una parte el especificar cuándo es que puede encontrar-un testigo esencial. El artículo 202 nada dice sobre esto, pero la corte tiene el poder inherente de exigir al promo-vente que especifique o tome deposiciones, o algo semejante.

Además, creemos que la corte tiene cierta discreción para decretar la suspensión ex parte. Es solamente cuando se demuestra la naturaleza ex parte de la suspensión que está el gobierno en la obligación de justificar dicha suspénsión. Placemos mención de esto porque el fiscal dice, citando el caso del Pueblo v. París, que la presunción es que una sus-pensión decretada por la corte es por justa causa. Esto es cierto a falta de alguna demostración, pero no cuando el acu-sado prueba una falta de notificación.' Entonces incumbe al gobierno acreditar que la suspensión tuvo lugar por justa causa.

' Oon respecto a la esencialidad de la declaración del Dr. del Toro llama el acusado la atención hacia el hecho saliente de no haber sido presentado el Dr. del Toro en el juicio, to-mada su deposición, ni explicada su ausencia. La corte, sin embargo, tenía derecho a creer que el doctor del Toro era un testigo esencial. Que el fiscal fué finalmente al juicio sin un testigo esencial si bien puede ser una circunstancia, no indica necesariamente que su moción era “frívola” o “in-cierta.” El fiscal puede creer que aún estando todavía in-dispuesto o ausente un testigo que es esencial podrá probar su caso lo mejor que le sea posible. Que el Dr. del Toro era -un testigo esencial e importante lo demuestra el becbo de alegar el apelante en uno de sus señalamientos de error que no se probó debidamente que la muerte en cuestión fué pro-ducida por el disparo.

Por tanto, el becbo mismo de suspender un juicio por un período menor de dos meses para conseguir un testigo esen-chai que está tratando de recuperar su salud, constituye una suspensión por justa causa. Por consiguiente, si en octu-bre 19, día señalado para el juicio, el acusado no tenía dere-cho entonces a un sobreimiento, la suspensión subsiguiente, siendo razonable, no puede servir al apelante.

El artículo 448 del' Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe lo siguiente:

.“A menos que exista justa causa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso en los casos siguientes:
“1. Cuando una persona haya sido detenida para responder por la comisión de un delito público, siempre que no se haya presentado acusación contra ella en el término de sesenta días desde su de-tención ;
“2. Cuando un aeusádo, cuyo juicio no haya sido transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de ciento veinte días, a contar desde la presentación de la acusación.”

El día de la lectura de la acusación solicitó el acusado y obtuvo una suspensión basta el día 7 de julio. La corte, en-tonces, estuvo justificada en contar el tiempo desde el cual el estatuto empezaba a correr a partir del 7 de julio. Antes de ese tiempo era imposible la celebración de un juicio de-bido a la actuación del acusado y esto sin insistir demasiado en el hecho de que la alegación finalmente presentada pudo al parecer haber sido formulada inmediatamente y sin in-sistir demasiado en que el acusado pidió una suspensión basta el día 17 de julio. Contando desde el 7 de julio basta el 19 de octubre transcurrieron 104 días.

• En el caso de El Pueblo v. Nigaglioni, 28 D. P. R. 232, al interpretar el artículo 448, supra, esta corte resolvió que al determinarse si al acusado se le había concedido o no un jui-cio rápido el hecho de que la corte de distrito en particular había estado de vacaciones, no constituía por sí justa causa para suspender el juicio. Pero no dijimos ni quisimos decir que las vacaciones de la corte no podía nunca considerarse al resolver si un acusado había obtenido o no un juicio rá-pido

El juicio podría haberse celebrado entre el 7 y 31 de julio, Pero cuando se suspende un juicio hacia el final de un tér-mino a instancias de un acusado dando tal vez preferencia a los casos criminales pendientes y a otros asuntos como la formación del jurado, es razonable para una corte el suspender un caso de asesinato hasta después de sus vacacio-nes. Cierto deseo para tal suspensión por parte del acu-sado podría suponerse por la corte, y como el acusado solicitó una suspensión larga para presentar su alegación general, Creemos que. este es un caso en que podría descontarse razo-nablemente el período de las vacaciones.

El apelante hace un cálculo de 188 días a contar del 9 de. junio hasta el 14 de diciembre. Descontando los 28 días an-teriores a la radicación de la alegación en julio 7, descon-tando toda o parte de las vacaciones, descontando toda o una parte de la suspensión debido a la ausencia de un testigo-esencial, creemos que tanto la letra como el espíritu del ar-tículo 448 han sido cumplidos y que se ha mostrado justa Causa en sentido contrario en oposición a la moción del acu-sado.

El tercero y cuarto señalamientos de error son los si-guientes :

‘ ‘ Tercero: Haber ordenado que se examinasen los jurados por parte de la defensa cuando aún no estaban completos, estando los asientos vacíos en la totalidad que componen los doce del jurado.
‘ ‘ Cuarto: Haber resuelto ■ que no habiendo comparecido todos los jurados, se podía ir sorteando de los presentes e ir formando el jurado para entender en este proceso.”

Dos paneles de jurados suplentes habían sido agotados y en el sitial sólo había diez hombres y la defensa insistió en que no debió haber sido obligada a recusar ninguna parte de ellos hasta que' la urna estuviera completa. Cuatro ha-bían sido aceptados, ocho fueron llamados y sólo seis com-parecieron. Es algo dudoso si la objeción del acusado no era que un número suficiente de nuevos jurados no había sido citado, más bien que el sitial mismo no estaba completo. Pero daremos al acusado el beneficio de la duda. La prác-tica es casi universal al efecto de que antes de que se requiera a un acusado hacer recusaciones debe haber 12 hombres en el sitio ante él. No hemos examinado cuidadosamente los precedentes o las razones para esta práctica, pero es una per-fectamente justa y razonable y en ausencia de algo que de-muestre lo contrario aceptaremos por razón de la insistencia del apelante que el obligarle a recusar en este período de juicio Constituyó error. La única cuestión entonces es si el error es de naturaleza esencialmente distinta a la desesti-mación de una recusación motivada cuando el acusado ha de-

jado de agotar sus recusaciones perentorias. En varios ca-sos esta corte, citando autoridades, ha resuelto que en tales condiciones el acusado renuncia al error. Pueblo v. Morales, 14 D. P. R. 234; Pueblo v. Vázquez, 20 D. P. R. 361; Pueblo v. Pillot, 20 D. P. R. 376; Pueblo v. Juliá, 25 D. P. R. 258.

En el caso de Hayes v. Missouri, 120 U. S. 71, la corte se expresa en estos términos:

“Se le permitió hacer veinte recusaciones perentorias y no consta que él las agotara, dando así la corte aplicación al principio de que debe aparecer que el acusado agotó sus recusaciones perentorias. De non wppa/rentibus et non exist entíbus eadem est lea5. Véase tam-bién el caso de Colgrove v. Falfurrias State Bank (Tex.), 192 S. W. 581.”

Pasemos entonces a la cuestión que resta sobre la natu-' raleza del error cometido. En el caso de Hayes v. Missouri, supra, la corte, por conducto del juez asociado Sr. Field, se expresó de este modo:

“En este país la facultad de la legislatura de un Estado para prescribir el número de recusaciones perentorias está limitado sólo por la necesidad de tener un jurado imparcial. En nuestras gran-des ciudades hay tal mezcla de población, existe tal tendencia de las clases criminales de acudir a ellos y tan infortunada disposición por parte de los hombres de negocios de eludir el deber como ju-rados, que requiere cuidado especial por parte del gobierno para garantizar allí jurados competentes e imparciales. Y a ese fin puede ser un sabio procedimiento por parte de la legislatura el ampliar el número de recusaciones perentorias en los casos crimi-nales que se celebran en esas ciudades. El acusado no puede que-jarse si todavía es juzgado por un jurado imparcial. No puede exigir nada más. Northern Pacific Railroad v. Herbert, 116, U. S. 642. El derecho a recusar es el derecho a rechazar no a elegir un jurado. Si de aquellos que quedan se obtiene un jurado imparcial el derecho constitucional del acusado queda preservado. En este caso ni siquiera se ha sugerido que el jurado por el cual el acusado fué juzgado no era uno competente e imparcial. Se le permitió hacer veinte recusaciones perentorias y no' consta que él las ago-tara.”

Otras consideraciones generales y nuestros mismos casos, supra, demuestran que el modo principal de prueba es en-tonces si el acusado tuvo un jurado razonable e imparcial y la presunción fué que los doce hombres que juzgaron al acu-sado eran ciudadanos buenos, dignos y sin prejuicios, a me-nos que el acusado haga manifiesto algo en contrario, o por lo menos demuestre que fué obligado a ir a juicio cuando él no estaba satisfecho con el jurado y había sido indebida-mente compelido a agotar recusaciones. Pueblo v. Kromphold, 157 Pac. 602, fué un caso en el cual el acusado había agotado sus recusaciones perentorias. Sin embargo, no ha-bía manifestado ningún desacuerdo con el jurado como estaba constituido ni ningún deseo de seguir haciendo recusaciones y se resolvió que la desestimación indebida de una recusación motivada no perjudicaba. No necesitamos ir tan lejos porque aquí no consta que el acusado agotara sus recusaciones peren-torias. En el caso de Territory v. Padilla, (N. M.) 71 Pac. 1084, la recusación como se hizo era una variación de la ley del Territorio. La corte dijo lo siguiente; “Se confiere el derecho para recusar perentoriamente de modo que un jurado imparcial'pueda obtenerse para juzgar un caso. Es un de-recho a rechazar y .no a elegir,” citándose casos. La corte continuó diciendo: “ Si se obtiene un jurado imparcial eso es todo lo que el acusado puede solicitar,” citando el caso de Spies v. Illinois, 123 U. S. 168.

Además, podemos agregar que en cierto modo parece cómo si en una fecha anterior cuatro hombres fueron exami-nados. Asimismo no parece que por el proceder de la corte al acusado realmente se le hizo utilizar una sola recusación perentoria mientras que el sitial no estaba completo.

La parte restante de los supuestos errores está resuelta por nuestra decisión en el caso de Pueblo v. Lanausse, en el que resolvimos que la citación y selección de nuevos jurados era una cuestión dentro de la sana discreción de la corte. No se demostró ningún abuso.

El permitir al fiscal hacer nuevos interrogatorios a un jurado era discrecional.

Se alegó haberse cometido error en lo que respecta a la prueba de la muerte de la supuesta víctima. Que el registro civil no es el único medio de probar una muerte fue el- efecto de nuestra decisión en el caso de Pueblo v. Moreno, 28 D. P. R. 104. La viuda que estuvo con su esposo hasta el mo-mento de su muerte es una testigo competente para estable-cer la muerte.

Por consiguiente, la admisión posterior de una certifica-ción informal de defunción, de haber sido un error, no era 1 perjudicial.

El apelante hizo un señalamiento de error sin límites con respecto a las preguntas capciosas a las cuales se opuso- y tomó excepción. Cada error debe consignarse especial-mente. El apelante sólo discutió una alegada infracción.

Las preguntas capciosas están dentro de la discreción de la corte y el apelante no nos convence que fué abuso de discreción el preguntar a un perito médico: “¿Una persona puede morir de septicemia?” Este alegado error sin espe-cificación de la pregunta capciosa era el número siete:

La alegación novena del señalamiento de errores expresa que la corte incurrió en error en baber permitido que en el pro-ceso contra Juan Ibern Santiago se introdujese como prueba un revólver, siendo dicho revólver el mismo que se identificó y admitió por la corte en el proceso por el mismo delito contra Juan de Gracia que es una persona distinta de Juan Ibern Santiago y sin que tal revólver tuviese como prueba relación alguna con el acusado.

La información presentada en este caso es como sigue:

“Día 9 de junio de 1921. — Mediante esta información el Gran Jurado del Distrito Judicial de Aguadilla, P. R, acusa a Juan de Gracia, Juan Ibern Santiago y José Tormos del delito de asesinato en primer grado {felony), cometido del modo siguiente: Los refe-ridos acusados Juan de Gracia y Juan Ibern Santiago, en época anterior a la presentación de esta acusación, o sea, allá por el día 28 de abril del año 1923, en la calle ‘Progreso’ de la ciudad de Agua-dilla, P. R., que forma parte del Distrito Judicial del mismo nom-bre, allí y entonces, ilegal y voluntariamente, con malicia premedi-tada y expresa y firme y deliberado propósito de matar, acometie-ron y -agredieron, haciendo uso de un revólver cada uno de ellos, a Emilio Iglesias, al cual le infirieron las siguientes heridas: he-rida de bala en la nariz orificio de entrada, lado izquierdo; herida de bala en el brazo derecho, antebrazo; herida de bala en el hom-bro izquierdo; herida de bala en la pierna derecha; herida de bala en el pie derecho, y a consecuencia de la herida de bala reci-bida en la pierna derecha, falleció el mencionado Emilio Iglesias el día ocho de mayo del corriente año, en el barrio ‘Santurce’ de la ciudad de San Juan.
“El acusado José Tormos es principal o autor en el crimen co-metido, toda vez que maliciosa y premeditadamente ayudó y acón-sejó a los mencionados Juan de Gracia y Juan Ibern Santiago, en la agresión que éstos realizaron en la persona de Emilio Iglesias, y se encontraba con ellos en el sitio y fecha mencionados en esta .acusación, armado también de un revólver. Todo lo cual es con-trario a la Ley para tal caso hecha y prevista y contra la Paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. — (Firmado) : José J. Acosta y Acosta, Fiscal del Distrito' Judicial de Aguadilla.”

De modo que se imputó a los acusados en substancia el hecho de haber acometido y agredido con el propósito de matar a Emilio Iglesias, haciendo uso cada uno de los acusa-dos de un revólver, e infiriéndole un número de heridas, y que a consecuencia de la herida recibida en la pierna derecha fa-lleció el mencionado Iglesias.

En juicios criminales la frase “una parte de la res ges-tae” se emplea frecuentemente para describir, no el suceso o evento principal, sino algo preliminar o subsiguiente al mismo. Estrictamente hablando la frase comprende a la. vea el suceso principal. En este sentido general el uso del re-vólver por Juan de Gracia fue parte de la res gestae des-crita en la información, pero en efecto era parte del acto de disparar y dar muerte a Emilio Iglesias y como tal, parte del suceso principal. Para probar su caso, como fué pre-sentado, el fiscal estaba quizá legal y moralmente obligado a presentar al jurado todos los medios empleados que pudie-ran haber causado la muerte a Emilio Iglesias, pero si estaba o no obligado, él seguramente tenía el derecho de hacerlo.

En varias jurisdicciones se han levantado cuestiones cuando ocurren disparos simultáneos dirigidos a la misma persona y sólo uno de los disparos es mortal, de si no es necesario demostrar de quién era el revólver de donde salió la bala fatal. De todos modos, si se están disparando va-rios revólveres y se presenta como prueba uno que clara-mente pertenece a otra persona, tal hecho tiene más bien que favorecer que no perjudicar a una acusado. Tiende a sostener la teoría de que la herida mortal no fué causada por el revólver del acusado.

En el caso de El Pueblo v. Morine, 72 Pac. 166, se probó que el acusado golpeó al interfecto con un hacha y que in-mediatamente después S. infirió una herida mortal con una cuchilla que quedó probado concluyentemente que pertenecía a S. y no al acusado. La admisión de prueba en contra del acusado de que al día siguiente del homicidio S. vino a la tienda del testigo y compró un cortaplumas, no perjudicaba. La corte no vió claramente el objeto de la prueba y creyó que la presentación de la cuchilla era ilógica por razón de los hechos de ese caso, pero manifestó que era un error que no perjudicaba. El cuchillo también fué presentado en el jui-cio. Parece que no hubo ninguna duda de que el cuchillo mismo fuera admisible. Pero sostenemos que en el presente caso no solamente no hubo ningún perjuicio sino ningún error al introducir el revólver en evidencia.

Al ser ofrecido este revólver como prueba el acusado se opuso porque dijo que el revólver pertenecía a otro acusado y para nada se relacionaba con él. El fiscal entonces dijo: “Son tres acusados, y tiene que relacionarse la prueba con cada uno de los acusados, el testigo ha declarado que Juan de Gracia le entregó ese revólver y en este caso se ha ha-blado de varios disparos de revólver y el fiscal tiene que pre-sentar prueba para identificar el arma con que se han hecho esos disparos.” En esta forma, aunque quizá no en el len-guaje más técnico pero sin embargo fundamentalmente, el fiscal expuso la verdadera regia aplicable a esta situación, o sea, que cuando se hacen disparos simultáneos a una persona todos los medios que eran parte de la res gestae en el sentido literal son pertinentes, propios y admisibles.

Formemos una idea de la situación legal: esta fué una causa contra tres personas a quienes se imputó el delito de disparar simultáneamente contra otra persona. Indepen-dientemente de toda cuestión de un propósito común de matar hubo un disparo común. Si los juicios de los acusados no hubieran sido por separado no se le hubiera ocurrido a nin-guno de ellos oponerse a la presentación de este revólver. A pesar de la separación de los juicios la información Conti-nuaba imputando un acometimiento y agresión común; un disparo común y la consiguiente muerte. Hubo prueba ten-dente a mostrar que el revólver ofrecido babíá desempeñado un papel importante en el disparo simultáneo y común. People v. Marr Few, 168 Pac. 577 (Corte de Distrito de Ape-lación, Cal.), fué un caso en el cual el acusado y otras tres personas perseguían a otra persona Paciéndole disparos, de cuyo acometimiento falleció dicha persona. La corte se ex-presó en estos términos:

“En el presente caso existe mucha prueba de la cual podría justamente inferirse la existencia de una conspiración entre el acu-sado y sus dos compañeros para causar la muerte al interfecto, por ejemplo, que el acusado y sus compañeros actuaban conjuntamente en persecución del interfecto, y que el asesinato tuvo lugar mien-tras existía una contienda de chinos entre dos asociaciones, de una de las cuales el finado era miembro y a otra de las cuales el acu-sado y probablemente sus compañeros pertenecían, y que el acu-sado inmediatamente de ocasionar la muerte huyó al cuartel de sus camaradas. Pero creemos que no es necesario fundarse en este, principio legal para sostener el veredicto y sentencia, pues enten-demos que los hechos que se reseñan en cuanto a la participación del acusado en el delito constituyen claramente un consejo o ayuda al delito. La herida ocasionada por la bala de calibre 32 era de carácter tan grave, aunque no necesariamente fatal, que el jurado tenía derecho a suponer que había contribuido a la muerte del in-terfecto. La persecución común del interfecto por las tres perso-nas que deseaban realizar su asesinato constituía por sí una ayuda de la mayor eficacia de una para con otra, y tanto así, que en nues-tra opinión es lo mismo que si una de ellas hubiera hecho presa a su víctima que huía y la hubiera derribado mientras los otros dos le daban muerte. Los casos citados por el apelante de otras ju-risdicciones, los que parecen adoptar un criterio diferente en cuanto a la naturaleza de la acción común de dos o más personas en un ataque simultáneo contra otra persona, no se recomiendan por sí como basados en un razonamiento sólido. Preferimos seguir un caso resuelto en nuestras propias cortes. People v. Petruzo, 13 Cal. App. 569, 581, 110 Pac. 324, 329, en el cual se dijo lo siguiente:
"Ciertamente que sería un reproche para la ley si favoreciera la doctrina de que cuando A y B deliberada e ilegalmente dispa-ran a C con intención de matarle, y uno de los disparos causa su muerte, pero es dudoso si A o B hizo el disparo, ninguno de los dos puede ser convicto de asesinato a no ser que se pruebe que existía una conspiración entre ellos. Bajo cualquier criterio racio-nal cada uno de ellos debe considerarse como que aconseja o incita al otro, y ambos responsables del homicidio.’ ”

Por supuesto que no estamos considerando el caso de si es culpable de asesinato un hombre que hace un disparo si-multáneamente con otro y no causa ninguna herida mortal, sino solamente la cuestión de si el fiscal no está en la obliga-ción o tiene el derecho de presentar ante el jurado todas las cosas o hechos que puedan haber contribuido a la muerte de la víctima.

Sin embargo, fuertemente nos inclinamos a creer que la prueba directa y circunstancial de este caso y quizá más par-ticularmente la última, indicaba un propósito común exis-tente entre Juan de Gracia, y Juan Ibern Santiago. Se de-mostró que ellos vinieron de Bayamón el día anterior y que estaban opuestos al establecimiento de una fábrica, cuya fábrica Emilio Iglesias procuraba establecer en Aguadilla. Se oyó a los acusados exhortar a los trabajadores para que no ayudaran a abrir la nueva fábrica. Estos dos acusados estaban juntos y dispararon simultáneamente a Emilio Igle-sias. En tanto esto es prueba circunstancial “no necesita demostrar la culpabilidad del acusado más allá de la posibi-lidad de su inocencia, pero si las circunstancias como fueron establecidas producen una convicción moral con exclusión de toda duda razonable no necesitan ser absolutamente incompatibles bajo cualquier hipótesis razonable con la inocencia del acusado. En resumen, si‘todas las circunstancias esenciales y pruebas se inclinan a la culpabilidad y excluyen cualquier hipótesis razonable menos la de la culpabilidad; en otras pa-labras, si son inexplicables por virtud de la teoría de la ino-cencia, está justificada una condena. 16 O. J. 775. Una conspiración pnede probarse por circunstancias y cuando és-tas tienden a establecer nna conspiración es al jurado y no a la corte a quien incumbe resolver la suficiencia para pro-bar. ese becho más allá de una duda razonable. People v. Morine, 77 Pac. 777. Hubo prueba suficiente en este caso para someter al jurado el propósito común de los acusados.

En vista de esto y siendo la teoría del fiscal en gran parte la prueba de tal propósito común, no puede haber duda alguna en cualquier cosa que alguno de los alegados acu-sados realizara era admisible contra el otro. Quizá si el fiscal al momento de la moción solicitando juicios por se-parado hubiera insistido en que él intentaba probar un pro-pósito común, pudo haberse opuesto con éxito a la separa-ción de estos juicios.

En este caso se permitió declarar a testigos que nada sabían acerca de los disparos y especialmente a un jefe de policía. La teoría era que estas manifestaciones tendían a probar los motivos del acusado debido a una huelga y a un cambio de fábrica en la cual el interfecto y el acusado esta-ban relacionados. El apelante no nos convence de que se co metió error.

El señalamiento décimocuarto se refería a mociones de varias clases para obtenerse la absolución perentoria del acusado por no existir prueba de que Emilio Iglesias falleció debido a las heridas, y otros particulares, pero el apelante no discute la cuestión y hubo prueba tendente a probar la muerte causada por las heridas y lo demás como hasta ahora se ha dicho.

Los demás errores alegados se refieren a la suficiencia de la prueba. M el apelante como exigen nuestras reglas, ni el fiscal, han hecho "un resumen de los hechos del caso, pero aparece que Emilio Iglesias falleció a consecuencia de las heridas de bala que originaron infección, y se admitió sin objeción prueba de que él recibió las heridas de bala y tenía la infección, y hubo asimismo prueba pericial tendente a demostrar que la infección fné la cansa de la muerte a pesar de los esfuerzos hechos por salvar al lesionado por medio de amputaciones. En verdad que las objeciones a la declaración del Dr. Igartúa que era uno de los médicos de Iglesias se formularon solamente a la pregunta capciosa. Se le permi-tió declarar sin objeción que Iglesias tenía septicemia como consecuencia de heridas de bala. La muerte quedó probada de otro modo. La prueba circunstancial si no de otra clase, tendía a probar la muerte ocasionada por heridas de bala. La prueba circunstancial tendía a demostrar que el acusado era uno de un grupo que hacía disparos, y un testigo declaró haber visto disparar al acusado. El móvil quedó demos-trado por el cambio de lugar de la fábrica la cual Iglesias trataba de establecer y el acusado era uno de los empleados de la fábrica.

No encontrando ningún error perjudicial debe confir-marse la sentencia.

Confirmada la resolución denegando un nuevo juicio, y la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó: “Conforme con la sentencia.”

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    Martínez, Peticionario, v. Corte de Distrito de Aguadilla, Hon. T. Bryan, Demandado.
    No. 359.
    Resuelto en julio 14, 1922.
   A virtud de tui auto de certiorari expedido se elevaron los autos originales en el pleito No. 3756 de Víctor P. Martínez v. Ricardo Serrano, sobre daños y perjuicios, apelación procedente de la Corte Municipal de San Sebastián. Se re-claman $490 por liaber el demandado introducido varias Ca-bezas de ganado a pastar en una finca del demandante, haber cortado leña y construido un bohío. El demandado no con-testó, se anotó la rebeldía y se pidió al secretario que re-gistrara sentencia concediendo lo pedido en la demanda. Así se hizo y el demandado apeló para ante la corte de distrito, la cual ordenó la apertura de la rebeldía y dejó sin efecto la sentencia de la corte municipal y devolvió el caso.

Sostiene el peticionario que la corte de distrito actuó sin jurisdicción porque la Ley No. 13 de noviembre 14, 1917 no autoriza una apelación contra una sentencia dictada y re-gistrada por el secretario de una corte municipal. No tiene razón el recurrente. Cuando un secretario de una Corte en casos especialísimos y por autoridad expresa de la ley actúa por sí sólo registrando una sentencia, lo hace a nombre de la corte. Por tanto, bajo un estatuto general que autoriza apelaciones contra las sentencias de la corte, cabe apelar de la sentencia del secretario.

Quizás el procedimiento mejor sería pedir al mismo se-cretario que declarara la nulidad de la sentencia que regis-tró y entonces apelar de la resolución, pero habiéndose esco-gido el camino directo de la apelación, no puede negarse que la corte de distrito adquirió ¡jurisdicción. La sentencia del secretario era enteramente nula y no habiéndose probado nn claro abuso de discreción por parte de la corte de distrito al decretar la apertura de la rebeldía es necesario concluir que el procedimiento seguido no es contrario a la ley.

■ El Juez Presidente Se. del Tono, emitió la opinión del tribunal.

El Juez Asociado Se. Wole, escribió la siguiente opinión disidente: “Ami juicio como el secretario de la corte municipal de acuerdo con los hechos de este caso no tenía facultad para dictar una sentencia, no existía sentencia válida alguna y por tanto la Corte de Distrito de Aguadilla no tenía ju-risdicción sino para desestimar la apelación.”


text:
    El Pueblo, Apelado, v. López, Apelante.
    Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 1935.
    Resuelto en julio 18, 1922.
   El apelante fue convicto según parece por haber dejado de marcar en un bollo de pan el precio de venta.

La sección 3 de la Ley No. 13 de abril 12, 1917 exige que en la envoltura se marquen tanto el precio de la unidad tipo como el precio del bollo mismo. En el bollo ocupado se encontró el precio del tipo y el peso del bollo, pero no su precio.

No se demostró que el acusado hubiera fabricado o fuera el dueño o tuviera a su disposición el bollo de pan. La única pizca de evidencia en ese sentido es que el bollo de que se trata llevaba su nombre, pero no se demostró que el-acu-sado fuera la persona de quién la envoltura procedía. Debe revocarse la sentencia.

El Juez Asociado Se. Wiole, emitió la -opinión del tribunal.


text:
    Rincón, Apelado-Apelante, v. Roig, Apelante y Apelado.
    Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito.
    No. 2639.
    Resuelto en julio 27, 1922.
   El abogado Enrique Rincón demandó a Pedro Roig para qne le pague la cantidad de $1,000 dollars, fundándose en mi contrato para qne prestara sus servicios profesionales al de-mandado y pagara los gastos de una reclamación de Roig contra Julio García Casas, sobre reconocimiento de sociedad civil Se comprometió Roig a pagarle $1,500 en esta forma: $500 a,l presentar la demanda, $500 el día del juicio y lo restante al terminar el pleito.' Al presentar la demanda de Roig contra García Casas recibió $500. Tuvo que presentar tam-bién una demanda de injunction y entonces fué transado el pleito comprando Roig por $30,000 y que su demandado se niega a pagarle los $1,000 restantes. .

Negó Roig en su contestación que el contrato fuera cele-brado en los términos alegados y afirmó que labia convenido en pagar $1,000 en la forma siguiente: $500 al radicar la. demanda y los otros $500 cuando terminara el pleito pur sen tencia final y que habiendo pagado $500 a-1 ser radicada ia demanda, cumplió con los términos de su contrato puesto que si el pleito terminaba sin llegar a juicio el demandante co-braría solamente $500 y que el pleito terminó por desisti-miento, sin juicio ni sentencia. >•

Hay una disparidad absoluta entre las partes respecto a cual fué el convenio. La prueba en el juicio fué contra;-dictoria, sosteniendo cada parte los términos alegados. La sentencia declaró que el demandado debía pagar $500 y am-bas partes apelaron de ella.

No se lia decidido el Conflicto de la evidencia en favor de una u otra parte contendiente, y por tanto debe revocarse la sentencia y devolverse el caso a la corte inferior para que se decida el conflicto y dicte la sentencia correspondiente....

, El Juez Asociado Su. Audrey, emitió la opinión del tribunal.


text:
    Vall-Espinosa, Demandante y Apelado, v. Nitrate Agencies Co., Demandada y Apelante.
    Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera.
    No. 2382.
    Resuelto en julio 28, 1922.
   El demandante, tm comisionista, ha presentado demanda para cobrar sn comisión por dos ventas de abono qne hizo para la apelante.

La demandada admitió sn responsabilidad en cuanto a una de estas ventas e hizo la consignación de la suma recla-mada.

La sentencia por $1,624 intereses legales- y costas es a favor del demandante deduciéndose de esa suma la que se había depositado.

La apelante alega entre otros errores que se discuten ex-tensamente, que la corte de distrito erró al dictar sentencia ell septiembre 23, 1920 después de radicado el alegato del demandante en septiembre 14, y sin haber recibido el alegato de la, demandada en contestación y antes de vencerse el plazo de 15 días después de entregada la copia del alegato del demandante. Los otros errores se refieren casi exclusiva-mente a la apreciación hecha por la corte de los actos de las partes en relación con la venta del abono.

Terminado el juicio en julio 7 la corte concedió al de-mandante 15 días para presentar su brief y 15 días a la de-mandada para el suyo. La sentencia se dictó en septiem-bre 23.

En una moción de reconsideración se alega que el brief del demandante no fué presentado hasta septiembre 14 y la teoría del apelante es que él tenía derecho a nn término de 15 días a partir de esa fecha para presentar nn brief en con-testación. La moción fué declarada sin lugar sin expresar las razones en qne se fundaba. La orden no especificaba nn período de 15 días “después de notificado con copia del brief del demandante” dentro del cual debe presentar su brief la demandada como se alega en la moción y sostiene ahora la apelante. No consta si fué la intención fijar única-mente un término de 15 días para que ambas partes radica-ran. los briefs o si ambos alegatos habían de quedar radica-dos dentro de 30 días a lo sumo o si no consideró necesario esperar el alegato del demandante. La orden está sujeta a cualquiera de las dos interpretaciones. Dentro de las circuns-tancias no encontramos motivo suficiente para revocar por no haberse esperado más de nueve días después de recibido el alegato del demandante y más de dos meses y medio de ía fecha del juicio, antes de que se dictara sentencia.

El demandante ha quedado sujeto también debido a sus propias actuaciones al tomar la iniciativa para hacer una modificación de la orden y proponer un nuevo arreglo, de-biendo fijarse la sentencia sobre la base del número de tone-ladas entregadas por virtud del nuevo convenio y no por el número de las especificadas en la primitiva orden, y así mo-dificada la sentencia confirmarse.

El Juez Asociado Sr. HtjtchjsoN, emitió la opinión del tribunal.


text:
    Díaz, Apelante, v. Gafarele, Apelado.
    Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda.
    No. 2645.
    Resuelto en noviembre 20, 1922.
   La demanda de divorcio se funda en trato cruel e in-jurias graves consistentes en repetidos insultos de la esposa al esposo que hacían imposible la vida matrimonial. La contestación negó los hechos que le perjudicaban y en el jui-cio la prueba 'resultó contradictoria, habiendo resuelto la corte el conflicto en contra del demandante y declarando sin lugar la demanda.

Examinadas las pruebas no creemos que se ha demos-trado error alguno, ni que la corte procediera con pasión, < prejuicio o parcialidad al apreciarlas. La moción de la parte apelada solicitando la desestimación del recurso no es nece-sario resolverla ya que por la presente se confirma la sen-tencia apelada.

En Juez Peesidente Se. del Tobo, emitió la opinión del tribunal.


text:
    León, Apelante, v. Rodríguez, Apelada.
    Corte de Distrito de Ponce.
    No. 2810.
    Resuelto en diciembre 11, 1922.
   En este pleito sobre nulidad de escritura de compra-venta, la demandante alega que es dueña de cierta finca ur-bana situada en Ponce y si bien aparece una escritura de venta de dicha casa a la demandada, es lo cierto que nunca se realizó la venta siendo esa escritura fraudulenta. Se Ce-lebró el juicio y la corte ha resuelto el caso en contra del demandante. Solo está envuelta en este recurso la aprecia-ción de la prueba por parte del tribunal sentenciador y ha-biéndola revisado no encontramos los elementos de pasión, prejuicio o parcialidad o de grave error y por tanto la de-cisión del juez sentenciador debe aceptarse por esta corte. Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Jtjez Peesidente Se. del Tobo, emitió la opinión del tribunal.


text:
    Girón, Apelante, v. Sucesión Serrallés, Apelada.
    Corte de Distrito de Ponce.
    No. 2582.
    Resuelto en diciembre 21, 1922.
   Las cuestiones levantadas en este caso afectan al peso de la prueba.

Piemos examinado los aritos a la luz de los razonamien-tos contenidos en los alegatos y no encontramos qne exista error tan manifiesto en las conclnsiones y en la sentencia de la corte inferior qne requiera nna revocación.

Estamos persuadidos de qne la cuestión relativa a la compensación por servicios prestados, envolvía a lo snmo nna obligación implícita y qne la fijación de la suma qne babía de pagarse dependía en gran parte, si no enteramente del gnsto de los demandados.

Sin embargo, no estamos conformes con el pronuncia-miento de costas, envolviendo, como envnelve, el elemento de honorarios de abogado. No parece existir razón alguna muy satisfactoria para que deba ser condenado de tal modo. Debe modificarse la sentencia apelada de conformidad con esta opinión y entonces, confirmada.

El Juez Asociado Se. Hutchison, emitió la opinión del tribunal.


text:
    Gierbolini, Apelado, v. Passalacqua, Apelante.
    Corte de Distrito de Ponce.
    No. 2589.
    Resuelto en diciembre 23, 1922.
   Se estableció demanda en este caso en cobro de $5560, ale • gándose, qne se celebró un contrato con el demandado sobre venta de ciento setenta y cinco fanegas de café a razón de $40 la fanega, llegando a entregarle ciento tréinta y nueve fanegas y 5 litros, y que el demandado se ba negado a satis-facer su precio. Contestó el demandado aceptando el con-trato pero alegando que el café debía ser de calidad superior; ofreció pagar el precio convenido por sólo 30 fanegas que era, de la calidad pactada y proponiendo liquidar las otras a razón de $30 la fanega. Se celebró el juicio practi-cándose una larga prueba y la corte finalmente dictó senten-cia declarando la demanda con lugar. Nos errores que se alegan se refieren todos a la apreciación de las pruebas, la cual es contradictoria. La corte resolvió el conflicto en favor del demandante, sin que se baya demostrado pasión, prejui-cio o parcialidad o manifiesto error. Se confirma la sen-tencia.

El Juez Presidente Sr. del Toro, emitió la opinión del tribunal.


text:
    González Apelante, v. Rullán, Comisionado Municipal Etc., Apelado.
    Corte de Distrito de Mayagüez.
    Mandamus.
    No. 2705.
    Resuelto en enero 8. 1923.
   En esta solicitud alegó el peticionario que era el alguacil del Juzgado de Paz de Mayagüez y trataba de ser repuesto en su cargo y recobrar los sueldos correspondientes al mismo, del Comisionado Municipal de Servicio Público de Maya-güez. Este se defendió, alegando, que el cargo de aguacil no estaba creado por ninguna ley insular u ordenanza municipal y admitió que el municipio de Mayagüez babía creado el cargo de vez en cuando u otro parecido, pero dejó de ha-cerlo en el año 1921. La corte inferior resolvió que la ley de 1904 reorganizando el sistema judicial prescribía sobre alguaciles de los juzgados de paz, pero no para las ciudades de San Juan, Ponce y Mayagüez. El apelante no ba demos-trado que la corte incurrió en error y toda vez que el muni-cipio babía creado el cargo que desempeñó el peticionario, tenía también el derecho de suprimirlo. La sentencia debe confirmarse.

El Juez Asociado Sr. Wole, emitió la opinión del tribunal.


text:
    No. 2817.
    American Colonial Bank, Apelados v. Peña, et al., Apelantes.
    Corte de Distrito de Humacao.
    Nulidad de escritura.
    Resuelto en julio 14, 1922.
   Examinada la mo-ción del apelado y la certificación que se acompaña, y no habiéndose radicado el pliego de excepciones ni la exposición del caso dentro del término legal y tampoco solicitado pró-rroga alguna, se declara con lugar la moción y se desestima la apelación.


text:
    No. 2746.
    Salamán, Apelante, v. Hon. F. Schroeder, Apelado.
    Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo.

      Certiorari.

    Resuelto en julio 20, 1922.
   Moción de desesti-mación de apelación. Apareciendo que. la transcripción de autos se lia radicado en 9 de mayo último y que ni en 29 de junio, fecha de la moción ni a la fecha de la celebración de la vista, 10 de julio corriente, ha presentado su alegato el ape-lante, se declara con lugar la moción y se desestima la apela-ción.


text:
    No. 2798.
    Torres et al., Apelantes v. Caballero, Apelado.
    Corte de Distrito de Arecibo.
    Resuelto en julio 20, 1922.
   Vista la moción de desistimiento de apelación presen-tada por los apelantes, y la certificación que se acompaña, se les tiene por desistidos de la apelación.


text:
    No. 2829.
    Smith, ex parte, v. Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito.
    Resuelto en julio 21, 1922.
   Vista la moción de desistimiento de apelación presentada por el apelante, se tiene por desistido de la apelación.