author: El Juez Asociado Señor Wole, JUEZ ASOCIADO SEÑOR TRAVIESO

text:
    Diego Agüeros & Co., demandante y apelante, v. Alfredo Heres, demandado y apelado.
    Núm. 6998.

    Sometido: Mayo 7, 1936.

      Resuelto: Julio 31, 1936.

      J. Pedro Miranda, abogado de la apelante; José S. Alegría, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Diego Agüeros & Co., obtuvo en la Corte de Distrito de San Juan una sentencia en contra de Heres por la suma de $1,068.94. Entonces la demandante obtnvo nn mandamiento del secretario de la corte dirigido al marshal, qne leía como sigue:

“Por cuanto, la demandante radicó en la Secretaría de esta corte una demanda en cobro de dinero contra el demandado Alfredo He-res, por la suma de mil sesenta y ocho dollars noventa y cuatro centavos de principal, más las costas;
“Por cuanto, asimismo ha radicado la demandante una moción solicitando el aseguramiento de la efectividad de la sentencia;
“Por cuanto, esta corte en vista de la moción presentada ha dic-tado la siguiente orden que copiada literalmente dice así:
“ ‘Orden. — Vista la moción sobre aseguramiento de la sentencia presentada en este caso, la corte la declara con lugar y decreta el aseguramiento de la sentencia ... y ordena al secretario expida el correspondiente mandamiento de embargo para ser diligenciado por el Márshal de la Corte de Distrito de Bayamón, Puerto Rico, sobre los bienes del demandado Alfredo Heres, hasta cubrir la suma de mil sesenta y ocho dollars noventa y cuatro centavos ($1,068.94) de principal, más trescientos ($300) dollars para costas, gastos, intereses y honorarios de abogado, . . . . ’
“Por cuanto, la demandante ha solicitado una nueva orden de la corte, para diligenciar dicho embargo por el Márshal de la Corte de Distrito de Humacao;
“Por cuanto, esta corte ha dictado la siguiente orden adicional que dice así: (Aquí sigue una orden dirigida al Márshal de la Corte de Distrito de Humacao en vez de al Márshal de la Corte de Distrito de Bayamón.)
“Por tanto, usted el Márshal antes indicado, es requerido por la presente para que cumpla con la transcrita orden de la corte en la forma en que está redactada, devolviendo el presente mandamiento debidamente diligenciado a la secretaría de su origen.”

La orden estaba debidamente firmada.

El acreedor por sentencia instruyó al márshal que embar-gara en la siguiente forma:

“Al Márshal de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Hu-macao, P. R.
“En cumplimiento de una orden de embargo dictada en este caso, sírvase embargar la siguiente propiedad del demandado Alfredo He-res:
“ ‘La cuarta parte del sueldo que devengue como empleado de la General Cigar Co. de Humacao, P. R., mes por mes, basta cubrir la cantidad objeto del embargo, notificando y requiriendo al pagador o cajero de dicba firma para que entregue a usted o a la propia de-mandante dicba cuarta parte.’
“San Juan, P. R., a 2 de octubre de 1933.
“(firmado) J. Pedro Miranda,
“Abogado de la demandante.”

El 24 de octubre de 1933 el márslial fué donde el cajero de la General Cigar Co. donde trabajaba Heres y notificó al primero que pagara la porción indicada del sueldo a dicho márshal. Después de eso, cuando, y a medida que fué ven-ciendo el sueldo de Heres, dicha compañía le pagó al márshal una cuarta parte del referido salario mensual. Incidental-mente podría decirse que bajo las leyes de exenciones, no pueden ser embargadas en ejecución de sentencia las tres cuartas parte del sueldo de una persona. La compañía con-tinuó pagando la requerida cantidad por catorce meses.

El 31 de diciembre de 1936 el demandado Heres radicó una moción para anular el embargo notificado-a su patrono {employer). La Corte de Distrito de San Juan, después de una vista, anuló el embargo en los términos siguientes:

“Se declara con lugar la moción del demandado en cuanto a aquella parte del embargo trabado sin orden legal de este tribunal sobre sueldos no devengados por el demandado. Notifíquese.”

En esencia todo el caso gira sobre el derecho del acreedor a embargar salarios no devengados. Primeramente duda-mos de si la orden puesta en manos del márshal fué suficiente .bajo sus términos para incluir salarios futuros, ya que la corte no los especificó, y esta duda es fortalecida por parte, si no por toda la discusión hecha por la apelante.

En los Estados Hnidos continentales se sostiene casi universalmente que salarios no devengados no pueden ser embargados. Alabama decidió lo contrario en el caso de Jasper Land Co. v. Riddlesperger, 157 So. 231, y parece qne el Estado de Nueva York tiene un estatuto que permite la ejecución o el embargo de sueldos futuros. El procedimiento en el Norte sería conocido por “trustee process” o “garnishment” de sueldos futuros.

La teoría de la corte necesariamente debió ser, y lo es, que no existía cosa alguna que pudo haber sido alcanzada por ejecución; que salarios a devengar no constituyen cosas. De ordinario el derecho del deudor a su sueldo no surge hasta que haya prestado sus servicios.

El primer argumento de la apelante fué que existía una disposición del antiguo Código de Enjuiciamiento Civil que permitía el embargo de sueldos, pero hemos examinado el estatuto y no encontramos que en su texto incluya salarios no devengados, ni tampoco nos convence de lo contrario la cita de Manresa. Éste dice:

“ .... Y si consiste en créditos, sueldos o pensiones, se hace la retención de los mismos en poder de la persona, o funcionario que deba pagarlos, y su consignación en la Caja de Depósitos cuando se realicen, para lo cual gestionará el acreedor, gin necesidad de depo-sitario.” Manresa, Ley de Enjuiciamiento Civil, tomo 5, pág. 496, segunda edición.

Esfa cita es de una parte de los comentarios que se refieren al privilegio de un acreedor de nombrar depositario para bie-nes embargados, y no es aplicable necesariamente a sueldos no devengados como indica el uso de la palabra “consigna-ción.” Esa palabra casi siempre se refiere al pago en corte de algo que en realidad se debe. El embargo de algo adeu-dado en manos de la persona obligada a pagarlo es una cosa y su depósito en la corte es otra.

La apelante sostiene que no hay nada en la ley que pro-híba el embargo de salarios futuros, y estamos de acuerdo. Sin embargo, como hemos insinuado antes, generalmente una ejecución o embargo sólo procede contra una cosa en existencia. En gran parte el campo de un embargo o eje-«lición es limitado o extendido por disposiciones directas de la ley.

Otro argumento de la apelante es qne la compañía en realidad, mes tras mes, por espacio de catorce meses, pagó el 25 por ciento del sneldo sin protesta y qne este dinero así voluntariamente pagado no podía ser recobrado del mársbal. Este principio se asemeja en algo al de impedimento (estoppel) y la actuación de nn tercero no ataría las manos de nn ■deudor que nunca prestó su consentimiento. El derecho del deudor de ningún modo había prescrito y no encontramos que hubiera- “laches”.

Estas consideraciones o parte de ellas acentúan la duda que teníamos, ya que la atención de la corte inferior nunca fue llamada a la tentativa de recobrar sueldos futuros, por lo menos no lo fue hasta que se presentó la moción para anu-lar.

La orden debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.

Opinión DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR TRAVIESO

Disiento de la opinión de mis colegas en este caso.

Es cierto que no existe en nuestras leyes precepto alguno que autorice al acreedor por sentencia a embargar salarios no devengados aún por su deudor. T convengo en que una ejecución o embargo sólo procede contra una cosa en exis-tencia.

El deudor de una sentencia, que espera devengar salarios en el futuro, y su principal, que es quien ha de pagarlos, podrían negarse a acatar una orden de. embargo como la expedida en el caso de autos. Y si así lo hubiesen hecho, el acreedor hubiera podido embargar al final de cada mes la euarta parte del salario sujeta a ejecución. No procedieron así en este caso ni el demandado ni su principal. Acataron la orden; y al final de cada mes, durante catorce meses con-secutivos, la General Cigar Co., principal del deudor de la sentencia, depositó en manos del márshal in custodia legis,. nna cnarta parte del salario ya devengado y en existencia.

Soy de opinión que las entregas mensuales hechas al már-shal, en obediencia a una orden que no había sido impugnada,, cuando ya los salarios se habían devengado y convertido en. una realidad tangible, en una propiedad embargable, comple-taron y perfeccionaron el embargo sobre el montante en po-der del márshal; y que no debe permitirse al demandado que,, después de haberse sometido voluntariamente al embargo,, pida su anulación, para poder incautarse de los fondos acu-mulados durante catorce meses y burlar así a su acreedor.

Opino que la orden recurrida debe ser revocada y que en su lugar debe dictarse otra sosteniendo la validez del embargo en cuanto a la cantidad en poder del márshal y cance-lando la orden de embargo en cuanto a los salarios futuros.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Rafael Nones, demandante y apelado, v. Luis C. Trigo, demandado y apelante.
    Núm. 7104.

    Sometido: Abril 14, 1936.

      Resuelto: Julio 31, 1936.

      J. M. Calderón, Jr., abogado del apelante; Adrián Agosto, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante se quejó de que se abrieran ventanas en la-pared de la casa de su vecino que estaba situada a menos-de dos metros de distancia de la línea divisoria, con vistas rectas sobre la propiedad del demandante. Sostenía que esto era contrario a las disposiciones del artículo 518 del Código Civil (edición de 1930) que lee como signe:

“Artículo 518. No se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino, si no bay dos metros de distancia, entre la pared en que se construyan y dicha propiedad.
“Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay 60 centímetros de distancia.”

El demandado alegó que las ventanas habían sido tapia-das herméticamente. Al oír la prueba la corte inferior re-solvió que si bien se habían cerrado o tratado de cerrar las ventanas, no existía un cierre permanente como el que la ley exige y conforme resolvimos en el caso de Reyes v. Alvarez, 39 D.P.R. 566, distinguiendo otros casos.

El apelante dice:

“En nuestro caso, los huecos de las ventanas han sido cerrados con las propias ventanas herméticamente clavadas y atornilladas, con alambres que le imposibilitan el poder abrirse, sin que tengan cua-lidad alguna de ser transparentes y que imposibilitan, de acuerdo con las declaraciones testificales en este caso, la penetración de luz y aire y hace imposible la vista al otro predio colindante. Creemos que ha-biéndose cerrado con las propias ventanas herméticamente los huecos abiertos de la pared del edificio, se ha cumplido de pronto con la ley. Si en el transcurso del tiempo se quitan de los huecos las ven-tanas y éstas se abren permitiendo la entrada de aire y la penetra-ción de luz haciendo posible la vista al predio colindante, el derecho' de los demandantes o de sus causahabientes existe y como ha dicho el Tribunal Supremo, en el caso antes citado, ellos pueden hacerlo valer en cualquier tiempo.”

Insiste en que ha hecho lo suficiente y en que no está obli-gado a tapiar las ventanas con cemento. El demandante apelado sostuvo, y hubo prueba tendente a demostrarlo, que las ventanas fueron tapiadas por la parte interior, más o menos en la forma descrita por el apelante, pero que los tor-nillos y el alambre podían ser quitados con facilidad y abrirse las ventanas nuevamente.

Convenimos con el apelado en qne las ventanas deben desaparecer prácticamente como tales, o por lo menos, no ser capaces de abrirse con facilidad.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Torio,

text:
    Tomás Pérez Sales, peticionario, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Francisco Navarro Ortiz, Juez, demandada.
    Núm. 1081.

    Sometido: Julio 13, 1936.

      Resuelto: Julio 31, 1936.

      José Sabater, abogado del peticionario; Bolívar Pagán, abogado del Sr. Oliveneia, demandando en el pleito de nulidad en el cual se negó el injunction solicitado.
   El Juez Presidente Señor Del Torio,

emitió la opinión, del tribunal.

Tomás Pérez Sales presentó en esta Corte Suprema una solicitud de certiorari alegando, en resumen, que en el caso civil seguido en la Corte de Distrito de Mayagiiez por Enrique Oliveneia contra el peticionario sobre filiación dicha corte dictó sentencia en junio 25, 1934, declarando la de-manda sin lugar, sentencia que fue revocada en apelación por la de esta Corte Suprema de mayo 20,1936, que declaró al de-mandante hijo natural reconocido de Pedro Pérez Sales, hermano del peticionario; que éste solicitó y obtuvo de esta Corte Suprema en término que se le permitiera radicar como radicó una moción de reconsideración de la sentencia de mayo 20, 1936; que no obstante haberse retenido el mandato con motivo de la moción, Enrique Oliveneia radicó en la Corte de Distrito de Mayagüez un pleito contra El Pueblo de Puerto Rico sobre reivindicación de los bienes de la heren-cia de Pedro Pérez Sales, y basándose en que la sentencia que declaró a Enrique Oliveneia hijo natural reconocido — la de esta Corte Suprema de mayo 20, 1936 — era firme, las par-tes celebraron una estipnlación por virtud de la cnal El Pueblo se allanó a la demanda y consintió en que se dictara sentencia en su contra, sentencia que se dictó en efecto en junio 29, 1936, librándose acto seguido mandamiento de lan-zamiento contra el peticionario y su esposa, a quienes se arrestó, y mientras estaban arrestados el marshal de la corte de distrito se personó en la hacienda Mérida y se incautó de las llaves de la casa vivienda del peticionario, alla-nando la misma y despojándolo de su propiedad, “que sigue siendo de su pertenencia mientras este Tribunal Supremo no resuelva la moción de reconsideración de sentencia y expida el mandato a la corte inferior.”

Sigue alegándose en la solicitud que a virtud de la vio-lencia con que se llevaron a cabo esos procedimientos, el pe-ticionario radicó en la Corte de Distrito de Mayagüez una demanda contra Enrique Olivencia y El Pueblo de Puerto Rico sobre nulidad de actuaciones, declaración de propiedad y posesión e injunction, alegando substancialmente que el peticionario había sido declarado único y universal heredero de Pedro Pérez Sales, su hermano; que por virtud de tran-sacción con El Pueblo de Puerto Rico estaba en posesión como dueño desde marzo 4, 1933, de la hacienda Mérida, una de las fincas dejadas por su hermano, habiéndose adjudicado al Pueblo otras dos fincas; y que Olivencia prematuramente y antes de expedirse el mandato en el pleito de filiación radicó el de reivindicación en el que se dictó sin jurisdicción la sentencia por estipulación que se ejecutó inmediatamente lanzándose de su finca al peticiona-rio. Terminó pidiendo que se dictara una orden de injunction preliminar para que se respetara al peticionario en la posesión de la finca en cuestión.

Y se alega además en la solicitud que el peticionario como auxiliar a su demanda de nulidad presentó una solicitud de injumction preliminar a fin de que se prohibiera a Olivencia que interviniera con el peticionario en la posesión de la finca, solicitando que el “injunction preliminar estuviera vigente Ihasta que se resolviera la moción de reconsideración de sen-tencia qne tiene presentada este peticionario a este Hon. Tribunal Supremo y se expidiera el mandato a la corte inferior, ofreciendo prestar fianza el peticionario para responder de los daños y perjuicios que pudiera causársele al •demandado Enrique Olivencia con dicha orden de injunction preliminar; pero la corte inferior por su Juez el Hon. Erancisco Navarro Ortiz, se negó a conceder la orden de injunction preliminar, dictando para ello la siguiente orden: áEsta corte ha considerado y estudiado la solicitud de injunction preliminar radicada en el presente pleito. Se pide un injunction preliminar para suspender la ejecución de sentencia en el caso mun. 18,837 de Enrique Olivencia vs. .El Pueblo de Puerto Rico ante esta corte de distrito y aparece de los autos que la sentencia en el mismo es firme, definitiva y ejecutoria, y aparece también por admisiones y declaraciones del propio demandante en el presente pleito que dicha sentencia fue debidamente ya ejecutada por el márshal obedeciendo orden de esta corte, el día 29 de junio de 1936, en lo que se refiere a las fincas que alega el deman-dante son de su propiedad. En cuanto se refiere al otro pleito mencionado en la petición civil núm. 15,838 sobre fi-liación, además de ser ése un pleito separado distinto al presente, la sentencia del Tribunal Supremo es favorable a Enrique Pérez Olivencia, y esta sentencia del Tribunal Supremo crea un estado de derecho que subsiste hasta que la misma sea revocada.’ ”

Termina la solicitud alegando que el juez de distrito demandado cometió eror de procedimiento al negar el injunction preliminar:

(a) Porque el hecho de que la sentencia dictada en el caso No. 18,837 seguido por Enrique Pérez Olivencia vs. El Pueblo de Puerto Mico, esté firme y ejecutoria, no es óbice para que la Corte inferior concediera el injunction preliminar, ya que dicha sentencia fue dic-tada por estipulación de las partes en dicho pleito en el cual no fué parte ni se le bizo parte a este peticionario y tal estipulación. por error judicial grave, há causado daño irreparable al peticionario, des-pojándosele de su finca;
“ (b) Porque si bien el Pueblo de Puerto Rico ba podido esti-pular allanarse a la demanda de Enrique Pérez Oliveneia, y consen-tir en que se diera posesión de las fincas de la herencia de Pedro Pérez Sales, sólo podía consentir en entregar la posesión de las fin-cas que El Pueblo de Puerto Rico detentara, pero no las fincas que están en posesión de un tercero, que no es ni ha sido hecho parte en la acción; y si tales procedimientos se permitieran, la combinación de litigantes entre sí, sería un medio para despojar a un tercero, sin el debido proceso de ley, de la posesión de bienes inmuebles en que se encuentre, que es lo que ha sucedido en este caso;
“ (c) Porque no es fundamento legal ni de equidad alguno, ne-gar el remedio extraordinario de injunction para reparar un grave daño, el hecho de que se haya ejecutado por el Márshal la sentencia dictada en el día de ayer y ejecutada pocas horas después de dic-tada, cuando precisamente se ejecuta la sentencia sobre las fincas de que está en posesión del peticionario y no las fincas que estaban en poder de El Pueblo de Puerto Rico, demandado en dicho caso, toda vez que el peticionario no era parte en esa acción, y se ha evadido' hacerle parte, precisamente para sorprenderle y atropellarle en sus derechos de posesión, no pudiendo éste evitar que el Enrique Oli-veneia y El Pueblo de Puerto Rico se pusieran de acuerdo sobre dicho pleito, para perjudicarle, no siendo permisible ni en ley ni en equidad que los efectos de un pleito entre esos litigantes perjudi-quen al peticionario, despojándole de sus fincas, sin ser demandado, sin darle aviso, informe o notificación alguna y sin un debido pro-ceso de ley ni darle su día en Corte, violándose de una manera vio-lenta su derecho constitucional a ser respetado en sus propiedades y en su posesión pacífica de las mismas;
“ (d) Porque el fundamento de la resolución de la Corte inferior, de que el pleito civil núm. 15,838 sobre filiación, es un pleito dife-rente, es un error fundamental, ya que como se alega en la acción principal en la cual se presentó la solicitud de injunction prelimi-nar, Enrique Oliveneia, no tiene personalidad ni capacidad para en-tablar la acción de reivindicación de las propiedades de la herencia de Pedro Pérez Sales, porque dicho pleito de filiación no está termi-nado, porque el mandato en dicho pleito no ha sido expedido a la Corte inferior y ésta no tiene jurisdicción para permitir que se pro-ceda por Enrique Oliveneia a ejercitar derechos hereditarios que aún no le han sido definitivamente adjudicados; habiéndose sorprendido' al Pueblo de Puerto Rico, por medio de sus representantes Pacién-doles creer que la sentencia revocatoria de este Tribunal Supremo-en dieho pleito de filiación era firme y ejecutoria, cuando no lo es,-ni lia sido comunicada dicha sentencia oficialmente al tribunal inferior ;
“ (e) Porque precisamente este peticionario alegó en sti demanda, que la acción entablada por Enrique Olivencia versus El Pueblo de Puerto Rico pretendiendo reivindicar los bienes de la herencia de Pedro Pérez Sales, es prematura, no teniendo el demandante en dicho pleito Enrique Olivencia personalidad bastante para alegar sus de-rechos como heredero, ya que el pleito de filiación pende aún ante este Tribunal Supremo (Iturrino v. Iturrino, 24 D.P.R. 78, Rivera v. Cámara, 17 D.P.R. 528, Puente v. Puente, 16 D.P.R. 582) y si Enrique Olivencia, de acuerdo con la jurisprudencia citada, no podría solicitar la administración judicial de los bienes de la herencia, por-que le falta la personalidad, menos podría demandar al Pueblo de Puerto Rico, para haciendo carambola con éste se despoje al peticio-nario de parte de los bienes de la herencia, sin haberse ni resuelto definitivamente el pleito de filiación, ni haberse hecho una declara-ción de herederos por tribunal competente que declarara definitiva-mente que el dicho Enrique ’Olivencia era el único y universal he-redero de Pedro Pérez Sales, para con esa declaración que es lo que le crea el estado de derecho, reivindicar la herencia de cualesquiera persona que estuviere en posesión de ella por medio del procedi-miento legal adecuado.
<! (/) Porque mientras no se resuelva definitivamente el pleito de filiación, por este Tribunal Supremo y se expida el mandato a la Corte inferior no existe ningún estado de derecho a favor de Enrique Olivencia y es una teoría peligrosa por parte de la Corte inferior conceder ese estado de derecho, que aun no se ha resuelto y de ese modo ponerle en posesión de la herencia, porque si se resolviere reconsiderar dicha sentencia por este Tribunal Supremo el daño se-ría irreparable, como ha alegado el peticionario y nunca podría ser compensado de dicho daño, pues como se ha alegado en la demanda principal y en la solicitud de injunction preliminar, Enrique Oli-vencia es un insolvente y no tiene bienes conocidos para responder de dichos daños, posesionándose de la herencia sin garantía alguna ni derecho legal ni equitativo.
“Sexto: Alega el peticionario, que al negarse la Corte inferior a conceder el injunction preliminar mediante fianza, y al permitirse por medio de dicha negativa que se haya lanzado al peticionario de las fincas que poseía, se han violado todos sus derechos constitucio-nales de ser respetado en su posesión, no se le ha concedido un de-bido proceso de ley, se le ha privado de su día en. Corte, y se le ha condenado sin ser oído ni facilitársele los medios de defensa y por medio de tales procedimientos violentos, el peticionario se ha visto ¡obligado a interponer rápidamente su acción de nulidad, de declara-ción de propiedad, de posesión y ha solicitado el único remedio rá-bido para ser reparado en el daño causado y viéndose desamparado ha tenido que recurrir a este procedimiento de certiorari, por la ur-gencia del caso en bien de la justicia y equidad, siendo tardío y funestamente perjudicial esperar al largo trámite de una apelación contra la negativa de la solicitud de injunction preliminar.”

Esta corte ordenó la expedición del auto, fijando la vista para julio 13. Intervino Olivencia. Alegó que el 13 de julio, 1936, fue que se enteró de que en el pleito de filiación se había radicado una moción de reconsideración. Sostiene que ello no obstante la sentencia dictada por esta corte en el mismo era y es firme y ejecutoria; que no dió intervención en el pleito sobre reivindicación al peticionario porque no era parte, ya que el pleito se fundó en que las fincas estaban y están inscritas en el registro a favor de El Pueblo de Puerto Rico, estando también dichas fincas bajo el dominio y posesión de dicho Pueblo; que es cierto que se dictó sen-tencia en dicho pleito por estipulación y que siendo dicha sentencia firme y ejecutoria se expidió la correspondiente orden de ejecución sobre las propiedades mencionadas en la demanda; que es verdad que se arrestó al peticionario y a su esposa en el día de la ejecución de la sentencia “pero este arresto fue debido a una denuncia criminal en una ac-ción separada por el márshal de la Corte de Distrito de Mayagüez contra Tomás Pérez Sales y su esposa, porque éstos, que solamente eran meros ocupantes, encargados ile-gales o usurpadores de las fincas objeto de dicho pleito sobre reivindicación número 18,837, opusieron serias resis-tencias al referido márshal y también a miembros del Cuerpo de la Policía Insular que fueron a auxiliar al referido már-shal, realizando Tomás Pérez Sales o' su esposa los siguien-tes actos: proferir injurias soeces y calumniosas en alta voz contra los magistrados de este Tribunal Supremo, en palabras que por respeto a esta honorable Corte Suprema no repetimos abora, y contra otros ciudadanos y altas auto-ridades, y también haber abofeteado el rostro de uno de los miembros de la Policía Insular que auxiliaban al márshal, y haber apuntado al márshal con una carabina cargada, y concitar al vecindario allí reunido a resistir al márshal, blandiendo armas blancas y armas de fuego, dando ello lugar a que en el momento de la ejecución la Policía Insular ocupara tres carabinas, con infinidad de cartuchos y pro-yectiles de calibre suficiente para matar seres humanos, una bayoneta de fusil de guerra, una aguda espada espa-ñola, un puñal y otras armas, las cuales armas fueron ocu-padas por la Policía Insular y depositadas en el cuartel de la Policía Insular en Mayagüez; . .

Alegó además Olivencia que no es cierto que haya alla-nado propiedad alguna del peticionario ni que se ejerciera violencia sobre él. Sostiene que el juez de distrito no co-metió los errores que el peticionario le atribuye, siendo su resolución correcta:

“(a) porque la sentencia en el caso número 18,837, cuya ejecu-ción se pretendía suspender, ya estaba perfectamente ejecutada desde el día anterior a la presentación de la petición de injunction en el pleito número 18,915; (6) porque la ejecución en el pleito número 18,837 sobre reivindicación seguido por Enrique Pérez Olivencia versus El Pueblo de Puerto Rico, es perfectamente legal, porque la sen-tencia en este pleito sobre reivindicación número 18,837 en el momento de hacerse tal ejecución era perfectamente final y firme, y ejecuto-ria, y porque los bienes afectados por tal ejecución figuraban bajo el dominio y la posesión de El Pueblo de Puerto Rico; (c) porque •las fincas objeto de la ejecución en el referido pleito de reivindica-ción número 18,837, en el momento de la ejecución, no estaban bajo el dominio ni la posesión legal de un tercero en derecho, sino que estaban bajo el dominio y la posesión del-demandado El Pueblo de Puerto Rico, según consta de los autos en el referido pleito;. (d) porque si la mera ocupación ilegal o la condición de encargado ilegal o usurpador de una finca, exigieran que en la ejecución de una sen-tencia se instituyeran procedimientos contra tal ocupante, encargado-o usurpador, entonces fuera necesario en todos los pleitos de reivin-dicación interponer una multiplicidad de procedimientos intermina-bles, ya que horas antes de ejecutar tal sentencia podría en esa con-dición de mero encargado, usurpador u ocupante penetrar cualquier persona en una propiedad que fuera a ejecutarse, haciendo de esta manera imposible ejecutar ningún desahucio ni orden de lanzamiento de propiedades, constituyendo todo eso una burla y una negación de la ley y de la justicia; (e) porque en la petición de injunction pre-liminar en el pleito indicado número 18,915, no se describían ni iden-tificaban concreta y específicamente las fincas que iban a ser afecta-das por el pretendido injunction; (/). porque son enteramente ima-ginarios los alegados ‘ daños irreparables, ’ ya que las propiedades que pretendía adquirir o retener con tal injunction Tomás Pérez Sales no es dinero en efectivo que pueda gastarse, no son obras en cons-trucción que podrían terminarse, ni son bienes fungibles ni nada similar, sino que es piedra y tierra perdurable que solamente podría desaparecer por el hundimiento de la ,isla de Puerto Rico en el fondo de los mares o por un cataclismo en el globo terrestre; (g) porque en tal pleito número 18,915 el demandado El Pueblo de Puerto Rico era parte indispensable, según todo lo alegado anteriormente, y para radicar la demanda en el pleito número 18,915 contra el demandado-El Pueblo de Puerto Rico no medió la necesaria autoridad legisla-tiva ni el previo permiso y fianza que en pleitos contra El Pueblo de Puerto Rico requiere la ley; (h) porque la ejecución en el pleito-número 18,837, fué a virtud de una sentencia final y firme, y ejecu-toria, independiente totalmente del mencionado pleito de filiación; y (i) porque la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el susodicho pleito de filiación crea por sí misma un estado de derecho-a favor de Enrique Pérez Olivencia, como hijo natural reconocido de Pedro Pérez Sales, y no existe ningún precepto legal vigente en Puerto Rico que disponga que la mera presentación de una moción de reconsideración tiene la consecuencia inmediata de anular o dejar sin efecto una sentencia en un pleito resuelto por el Tribunal Supremo en una acción que no es apelable.”

Alegó además Olivencia que el peticionario fné negligente al no solicitar con sn moción de reconsideración una orden mandando paralizar los procedimientos que pudieran afectar' los bienes dejados por Pedro Sales; que la resolución de la Corte de Distrito de Mayagüez negando el injunction es apelable; que mediante este recurso se atacan colateral-mente procedimientos de la corte de distrito en diversos pleitos qne afectan a Olivencia y éste en el cnrso ordinario de la ley no ha tenido oportunidad de defenderse dentro de ellos, sin que el peticionario solicitara reconsideración en la propia corte de distrito, ni exista interés público para que esta Corte Suprema intervenga directamente; que las fincas es-tán atrasadas en el pagó de sus contribuciones y vienen siendo destruidas en sus árboles y sembrados desde que esta Corte Suprema dictó sentencia favorable a Olivencia en el pleito de filiación, y, por último, que la moción de reconsi-deración presentada en dicho pleito es frívola y lo ha sido con el propósito de demorar y entorpecer el disfrute de la he-xencia dejada por Pedro Pérez Sales a su hijo Enrique Pérez Olivencia.

El peticionario presentó un escrito refutando el titulado de contestación por Olivencia que acabamos de extractar. Insiste en que la sentencia de esta Corte en el caso de filia-ción no es ejecutoria basta que se remita a la corte de dis-trito; en que el pleito de reivindicación se inició cuando ya se había retenido el mandato concediéndose permiso para radicar moción de reconsideración, siendo un hecho probado que era el peticionario el que estaba en posesión de la hacienda Mérida y no El Pueblo, y en que la corte de distrito no tenía jurisdicción para dictar la sentencia por estipula-ción, antes de recibirse el mandato.

Alega además que es falso que él y su esposa profirieran injurias, siendo lo cierto que requirió a un abogado para •que interviniera a fin de que el márshal no cometiera una ilegalidad, poniéndose los hechos en conocimiento del juez de distrito, pero el abogado de Olivencia insistió en que el márshal actuara, redactando el dicho márshal las denuncias para poder dar posesión material de la finca mientras el peticionario y su esposa estaban arrestados.

Sostiene que no es culpable de negligencia ya que al día siguiente de ser despojado de su propiedad presentó el pleito de nulidad; que el pleito sobre reivindicación fué resuelto en 29 días; que el día en qne la eorte de distrito le negó el injwnction entró en vacaciones y así permanecerá hasta septiembre; que las circunstancias exigieron que acudiera a esta corte; que si no se actúa en seguida perderá la cose-cha de café y si se resolviera que en definitiva procedía la. reconsideración en el caso de filiación, el peticionario no-podrá ser compensado porque Oliveneia es insolvente.

Tales son los hechos y las alegaciones que surgen de los autos que revelan algo inusitado contrario al espíritu sereno-que debe prevalecer en todos los actos en que intervienen Ios-tribunales de justicia. Llama la atención que los autos del pleito sobre reivindicación nada contengan sobre la ejecu-ción de la sentencia que en los mismos se. dictara.

De acuerdo con la práctica seguida en esta Corte Suprema, sus sentencias a menos que otra cosa se acuerde ex-presamente, no se comunican para su ejecución a la corte dedistrito de donde el caso procede hasta los diez días de dictadas, término que se ha considerado suficiente para que laspartes interesadas puedan hacer en relación con las mismas las gestiones que estimen procedentes.

Si dentro de dicho término o dentro del que se conceda al efecto se presenta una moción de reconsideración, entonces, el mandato queda detenido hasta que la moción se resuelve.

En el caso de filiación de que se trata dictó esta corte sentencia en mayo 20, 1936. En mayo 23, 1936, o sea den-tro del término de diez días, solicitó la parte demandada— el peticionario Tomás Pérez Sales — que se retuviera el mandato y se le concediera un término de treinta días, para presentar una moción de reconsideración. La corte le con-cedió hasta el 9 de junio, 1936, y el mandato no fué remitido. El 8 de junio, 1936, la moción de reconsideración fué en efecto archivada y está pendiente de resolución.

El artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como rige desde 1906, pág. 144 de la Ley, ed. 1933, dice:

‘‘Art. 306. — Cuando se revocare la sentencia, orden o decreto del tribunal inferior, la corte procederá a pronunciar la sentencia, or-den o decreto que debió haber dictado! el tribunal inferior, salvo los casos en que fuere necesario aclarar determinados puntos de hecho, o que la indemnización que hubiere de fijarse o materia sobre la cual hubiere que decretarse, fuere dudosa, pues en cualquiera de estos casos se devolverá la causa para su revisión al tribunal inferior.
“La sentencia pronunciada en apelación por la Corte Suprema se enviará certificada al tribunal inferior para su cumplimiento. Cuando la apelación fuere de una sentencia definitiva, el secretario del tribunal inferior deberá unir el certificado al registro de senten-cias y hacer una minuta de la sentencia de la Corte Suprema en el libro o registro de causas, junto al asiento primitivo.
“Cuando la apelación fuere de una orden, el Secretario deberá inscribir íntegramente en los autos del tribunal el certificado reci-bido, y anotar frente al asiento de la orden apelada una referencia al certificado, consignando en términos breves que dicha orden fue aprobada, anulada o modificada por la Corte Suprema, en apela-ción.”

Esta Corte Suprema confirma, revoca o modifica las sentencias de las cortes de distrito de la Isla que ante ella se apelan y en algunos casos dicta la que debió haber dictado la corte inferior. En el momento oportuno se remite el mandato a la corte de distrito respectiva que es la llamada a ejecutar su propia sentencia confirmada o modificada por la Corte Suprema o la que ésta dicte en su lugar resolviendo el caso según, a su juicio, debió resolverse de acuerdo con los hechos y la ley.

Cuando en junio 15, 1936, las partes en el pleito sobre reivindicación firmaron la estipulación para que se dictara sentencia y cuando en 29 del propio mes el Juez de Distrito de Mayagüez dictó la sentencia que las partes le pidieron que dictara no sólo no se había comunicado la sentencia en el caso de filiación a la dicha corte de distrito si que se había concedido expresamente al apelado un término para presentar una moción de reconsideración que llevaba consigo la retención del mandato.

Siendo ello así, si bien la sentencia de esta Corte Su-prema resolutoria del caso de filiación subsistía como sub-siste aún en toda su integridad, su ejecución había quedado yirtualxnente paralizada por haber asumido la corte de nuevo jurisdicción sobre el caso al autorizar la presentación de la moción de reconsideración.

Esto es evidente y esto tenían que conocerlo las partes y el Juez de Distrito de Mayagüez que lo era el de la corte a la que debía remitirse el mandato a los efectos de la ejecución de la sentencia.

Y conociéndolo el juez de distrito, debió negarse al pro-nunciamiento de la sentencia porque uno de los puntos fundamentales en que dicho pronunciamiento descansaba — el del carácter ejecutorio de la sentencia en el caso de filiación —no existía.

En su consecuencia, al presentársele la solicitud de injunction demostrativa de que el edificio levantado por la sentencia dictada en el pleito sobre reivindicación caía aparentemente por su base, teniendo como tenía control sobre su propia sentencia dictada el día anterior, la corte debió habér concedido el injunction preliminar solicitado.

Pero hay más, aun cuando se hubiera tratado de una sentencia válida, fueron tan inusitados los hechos que se le presentaron al juez de distrito como realizados por el márshal al ejecutar la repetida sentencia dictada en el pleito sobre reivindicación, que no debió rehusar intervenir. La corte de distrito tenía y tiene la dirección en bien de la justicia de la conducta de sus funcionarios — artículo 7, núm. 5, del Código de Enjuiciamiento Civil, pág. 4, ed. 1933 — y no debió haber permitido que una situación como la que muestran los autos subsistiera.

Se trata de un caso de injusticia notoria. Cabe el re-curso de certiorari. Está envuelta en cierto modo una cues-tión de jurisdicción y los procedimientos seguidos para la ejecución de la sentencia no se ajustan a la ley.

Procede la anulación de la resolución dictada en el pleito sobre nulidad en junio 30, 1936, declarando sin lugar la pe-tición de injunction preliminar y la devolución de los autos del dicho pleito a la corte de distrito de su origen para que ordene, mediante la prestación de la fianza por parte del pe-, ticionario que estime justa, el restablecimiento de las cosas •al ser y estado que tenían antes de expedirse el mandamiento de ejecución, hasta nueva orden de la corte. Y tratándose como se trata de un caso urgente, remítase el mandato inme-diatamente a la corte de distrito.

Los Jueces Asociados Señores Oórdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Pedro Clausells y Armstrong, demandante y apelante, v. Enrique Salas y su esposa Basilia Ferrer, demandados y apelados.
    Núm. 6984.

    Sometido: Marzo 10, 1936.

      Resuelto: Julio 31, 1936.

      Gustavo Rodríguez, abogado del apelante; B. Cintrón Lastra, abo-gado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Clausells demandó a Enrique Salas y a su esposa Basilia Ferrer solicitando la resolución de dos contratos de-promesa de venta de dos solares que con ellos había cele-brado. No contestaron los demandados y anotada su rebel-día la corte dictó sentencia declarando la demanda con Li-gar, disponiendo que como consecuencia de la resolución decretada el demandante se incautara de los solares en cues-tión recibiendo los demandados la suma de $124.85 que les-colrespondía como resultado de la liquidación convenida. Se impusieron las costas a los demandados. Éstos apelaron de la sentencia para ante este tribunal.

Pendiente la apelación, el demandante pidió a la corte que decretara el aseguramiento de la sentencia sin fianza mediante embargo de bienes de los demandados por valor de quinien-tos dólares, suma que el demandante estimaba suficiente para satisfacer la sentencia incluyendo costas y honorarios de-abogado.

La corte accedió y cumpliendo su orden el márshal em-bargó :

"Cualquier suma de dinero que el demandante Pedro Clausells Armstrong, debe pagar a los demandados citados, como sobrante de la liquidación de los contratos resueltos por la sentencia dictada por la Corte de Distrito en el pleito citado.
"Los cánones vencidos y por vencer sucesivamente y que deben pagar a los demandados por el arrendamiento de solares que éstos usufructúan en la ‘Barriada Armstrong’ de esta ciudad, y en los cuales tienen radicadas sus respectivas casas objeto de ese arrenda-miento, las personas siguientes:
“Georgina Pagán_$1.25 mensuales por una casa.
“Dolores Vázquez_2:00 mensuales por una casa.
‘ ‘ Casilda Rodríguez_4. 00 mensuales por dos casas.
“José Cruz_2.00 mensuales por una casa.
“Asunción Fernández_2. 00 mensuales por una casa.
“José González_2.50 mensuales por una casa.
“Este embargo fué notificado en este mismo día a los demandados Enrique Salas y su esposa Basilia Ferrer, y a las personas citadas que deben hacer efectivo esos cánones de arrendamiento, con preven-ción de que deben entregarlos al márshal que suscribe mensualmente para ser depositados en la Corte de Distrito, de Ponce a los efectos legales correspondientes. Este embargo se practica hasta cubrir la cantidad de $500 que se fija en la orden de la corte.”

Pidieron los demandados la nulidad del embargo por va-rios motivos. Se opuso el demandante. Y la Corte anuid el embargo. Contra su resolución, dictada en febrero 7,. 1935, fué que este recurso se interpuso.

La corte de distrito no señaló en su orden determinados bienes a embargar. Sé limitó a decretar el aseguramiento de la sentencia mediante embargo de bienes de los. demandados basta la suma de quinientos dólares'. Fué el mársbal el que lo trabó en la forma que conocemos.

¿Pudo dicho funcionario sujetar al cumplimiento de la sentencia los cánones futuros de arrendamiento de que se-trata, en la forma en que lo hizo?

Para sostener la afirmativa comienza el apelante invo-cando el artículo 2 de la Ley para asegurar la efectividad de sentencias, letra (h), Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, págs. 96 y 98, que dispone: “Art. 2. — -El aseguramiento-de la sentencia'se ajustará a las reglas siguientes: ...(h) En lo no previsto en las reglas precedentes, el Tribunal dis-crecional y equitativamente adoptará las medidas proceden-tes para asegurar la efectividad de las sentencias.”

■ Ya dejamos indicado que no fné la corte la que adoptó la medida específica de que se trata, sino el mársbal actuando Rajo la autoridad de una orden general de la corte.

Luego el apelante cita los artículos 258, 259 y 269 del Código Civil y los artículos 246 y 248 del de Enjuiciamiento Civil para sostener que los cánones futuros son bienes sus-ceptibles de embargo. También 6 C. J. 206, See. 377 y Manresa, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, ed. 1891, págs. 498 y 499.

La cuestión no ba sido resuelta de modo definitivo por •este tribunal.

En el caso de Ramírez de Arellano v. Corte, 43 D.P.R. 232, 233, dijimos:

“Nada Rallamos en los artículos 110 y 111 de la Ley Hipotecaria ■que autorice que se dicte una orden dirigida al márshal para que ■cobre y retenga los cánones de arrendamiento que se adeuden o que puedan adeudarse en el futuro al deudor hipotecario, en una solicitud ■ex parte de un acreedor hipotecario y en un procedimiento como el presentado en este caso. Tampoco el acreedor hipotecario, como in-terventor en el presente recurso de certiorari, ha sugerido alguna ■otra autoridad para la expedición, como cuestión de derecho, de una •orden reteniendo los cánones en un pleito en equidad para hacer efec-tivo el crédito.”

Y luego en el de Cochran v. Fernández, 47 D.P.R. 704, 710, se expresó:

“Sobre el segundo extremo que es en verdad el que ha levantado -dudas en nuestra mente, se limita a decir la parte apelante en su .alegato:
“ ‘En cuanto al embargo de rentas o intereses futuros y de fu-turos cánones de arrendamiento, esta demandada alegó: que dicho ■embargo es ilegal y nulo, porque de acuerdo con la legislación vigente •en Puerto Rico, no se pueden embargar rentas futuras ni futuros cá-nones de arrendamiento.’
“No es ése el modo de plantear seriamente una cuestión de tanta trascendencia que no sabemos que haya sido decidida de modo ter-minante en esta jurisdicción, ni en otra alguna.
“Es la parte apelada la que en su alegato estudia la cuestión sus-citada con alguna amplitud. Invoca la letra (h) del citado artículo 2 de la ley que expresa que ‘en lo no previsto en las reglas prece-dentes, el tribunal discrecional y equitativamente adoptará las me-didas procedentes para asegurar la efectividad de la sentencia,’ y dice que ajustó su solicitud a la regla establecida por esta corte en el caso de Manrique v. Aguayo, 35 D.P.R. 393 especificando en ella las circunstancias que lo llevaban a pedir el embargo de las rentas además del de los inmuebles, circunstancias que en efecto fueron las que sirvieron de base a la corte para decretar dicho embargo, como así resulta de su’propia orden, a saber:
“ ‘En virtud de las fuertes hipotecas que gravan las propiedades de la demandada antes mencionadas, la corte ordena además el embargo de las rentas que producen dichas propiedades y que en la actualidad pertenecen y son pagadas a la demandada o a sus agen-tes en Puerto Rico.’
“En tales condiciones no intervendremos con la resolución de la corte, dejando la cuestión abierta para ser resuelta en el futuro si fuera presentada en propia forma.”

De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua,, los frutos y rentas en general eran susceptibles de embargo pero había para ello que constituir en administración el in-mueble que los producía.

“Cuando se embargaren frutos y rentas, se constituirá una administración judicial, que se confiará a la persona que el administrador designe”, prescribía el artículo 1450 de dicha ley.

Comentando el precepto, dice Manresa en su Ley de En-juiciamiento Civil Reformada, tomo 5, pág. 507, ed. 1891:

“Ordénase en este artículo sin concordante en la ley anterior, lo que ha de practicarse cuando el embargo consista en frutos o rentas, ya por sí solos, ya juntamente con la finca que los produzca. Para uno y otro caso previene este artículo que se constituya una admi-nistración judicial, y que ésta se confíe a la persona que el acreedor designe. ...... .
“La palabra administración, empleada en la ley, da a entender que las atribuciones de ese cargo son las que corresponden a todo administrador de bienes ajenos; no sólo las de recaudar los frutos y rentas, sino también las de gobernar, dirigir y cuidar la finca o fincas que los produzcan. Si éstas están dadas en arrendamiento, el administrador tendrá el deber de recaudar las rentas a su venci-miento, de cuidar de la finca para que no desmerezca por el uso o abuso que de ella se baga, de hacer las reparaciones que sean indispensables para su conservación, y de renovar los arrendamientos o alquileres que vayan venciendo; y si se trata de fincas rústicas, o de establecimientos que el dueño cultive o explote por su cuenta, de-berá intervenir las operaciones, o dirigirlas si aquél las abandona, y recoger los frutos o productos a su tiempo.”

El vigente Código de Enjuiciamiento Civil dispone en su artículo 246 que:

“Todas las cosas, semovientes, dinero y demás bienes, así mue-bles como inmuebles, o cualquier interés en ellos, pertenecientes al deudor declarado tal por la sentencia, no exentos por la ley, y toda propiedad y derecho respecto de ella, ocupado o embargado en el pleito, están sujetos a la orden de ejecución.”

Y en su artículo 248, que:

“Toda propiedad real o personal, perteneciente a una mujer ca-sada, a la fecha de su matrimonio, o que posteriormente adquiera por derecho propio, así como toda retribución que le sea debida o le co-rresponda por sus servicios personales, estarán exentas de una orden de ejecución contra su esposo; pero no gozarán de este privilegio de exención los beneficios, rentas y productos de los bienes privativos de la mujer casada, quedando aquéllos sujetos en una mitad de su valor, a una orden de ejecución dictada contra su esposo.”

La Ley sobre aseguramiento de sentencias nada expre-samente determina en pro o en contra de la cuestión. Tam-poco ninguna otra ley que se nos haya citado o recordemos.

No hay duda de que las rentas son cosas. “Tienen tam-bién la consideración de cosas muebles las rentas o pensiones . . . ” dice el Código Civil, ed. 1930, en su artículo 269. Tampoco la hay de que son susceptibles de embargo cuando han sido devengadas, porque en tal caso el derecho del acreedor es ya algo definitivo susceptible de traba. Cuando ese derecho no ha madurado, es que surge la duda.

Resumiendo la jurisprudencia, dice Corpus Juris:

“Al determinar si el interés contractual sobre bienes es de tal naturaleza que puede ser embargado, cada caso debe regirse por sus propios hechos. Parecería sin embargo que cuando el interés pecu-niario de un deudor sobre una propiedad depende de una mera con-tingencia, el mismo no es embargable, y esto es aparentemente cierto aunque el deudor tenga derecho a defender su posesión contra un transgresor. Mas es embargable un interés adquirido y específico en un contrato.” 6 0. J. 206.

El texto está sostenido por varias decisiones. Ninguna de ellas es exactamente igual a este caso. La que más se le asemeja es la anotada en apoyo del último principio estable-cido o sea el de que “es embargable un inter,és adquirido y específico en un contrato.” Nos referimos al caso de Sims v. Jones, de Nebraska, en el que se resolvió lo que sigue:

“En este estado las cosechas en crecimiento son bienes muebles y están sujetas a ser embargadas y vendidas en- pago de las deudas del dueño.
“Cuando se ceden tierras en arrendamiento y se reservan-las rentas en especie o en parte de las cosechas, el arrendador y el arren-datario son arrendatarios o dueños en común de los frutos que se -cosechen en tales tierras mientras dure el contrato de arrendamiento, y el interés de uno y otro es embargable”. Sims v. Jones, 75 N. W. 150.

Puede imaginarse un contrato de arrendamiento de un inmueble inscrito en el registro en el que de modo cierto se determine el canon a satisfacer, constituyendo dicho canon un verdadero derecho adquirido y específico a favor del dueño del inmueble. En tal caso no es algo que parezca ilógico la sujeción de tal derecho al> cumplimiento de las obligaciones de su dueño. Pero en casos corrientes como es éste que estamos considerando en que el contrato se renueva mes tras mes y está sujeto a tantas contingencias, no creemos que el embargo pueda practicarse, especialmente existiendo como existen decisiones en contrario, entre ellas las que si-guen:

En el caso de Wood v. Partridge, 11 Mass. 487, 492, la Corte Suprema de Massachusetts por medio de su Juez Pre-sidente Parker, se expresó así:

“El pacto en que se conviene pagar las rentas trimestralmente no* crea deuda o reclamación legal alguna sobre la renta liasta que llega el término estipulado para su pago, (a) El canon puede que nunca venza. El arrendatario puede salir de la finca con el consentimiento del arrendador; o puede ceder el contrato con el consentimiento de este último, a fin de librarse del pago del arrendamiento; (i) o puede ser lanzado de la propiedad a virtud de un título superior al del arrendador; en uno u otro caso será relevado del efecto del con-trato. No se trata de un caso de debitvm in praesenti solvendum in futuro, que está sujeto a embargo por el estatuto; sino que es ■una contingencia, que no puede ser embargada; conforme se resol-vió en los casos de Davis & Al. vs. Iíam, (5) y Wentworth vs. Whittemore and Trustee. (6) (a) Partridge no podía legalmente ser de-clarado síndico de Wood en relación con cualquier renta no vencida al momento de notificársele el mandamiento; pues toda renta posterior a ésta estaba sujeta a una contingencia.”

En el de Thorp v. Preston, 4 N. W. 227, la Corte Suprema de Michigan resolvió que:

“Las rentas por vencer en un contrato de arrendamiento existente al tiempo en que se notifica un mandamiento de embargo no están sujetas a tal procedimiento.”

Y en Ordway v. Remington, 12 R. I. 319, se decidió que:

“Un contrato de arrendamiento especificaba un número de años ‘a partir del primero de septiembre próximo,’ y se reservaba un canon que sería pagadero ‘en plazos trimestrales iguales,’ debiéndose efectuar el primer pago ‘el primero de diciembre próximo.’
“Se resolvió, que aunque el canon de arrendamiento debía pa-garse el primero de diciembre, el mismo no había vencido legal-mente, y en su consecuencia no estaba sujeto a embargo como pro-piedad personal hasta después de la media noche del primero de diciembre.”

Atendidos el estado de la ley y de la jurisprudencia, nos parece que la cuestión no debe decidirse en una forma abso-luta si que más bien debe dejarse a las circunstancias con-currentes en cada caso particular apreciadas por el juez sentenciador tomando en consideración los intereses de am-bas partes, de acuerdo con las facultades que le otorga y los deberes que le impone la letra (h) de la sección 2 de la ley sobre aseguramiento de sentencias, snpra. Y así, annqne por' motivos algo diferentes, llegamos a la misma conclusión a qne llegara la corte sentenciadora sobre el particular.

Quizás sea conveniente aclarar que no debe entenderse que sostenemos que al decretar el juez el aseguramiento debe especificar en todos los casos los bienes sobre los cuales deba trabarse el embargo. Una orden general como la que aquí se dictó es en los casos corrientes bastante, pero cuando se trata de medidas extraordinarias como las que se adoptan de acuerdo con la letra (h) del artículo 2 de la Ley sobre aseguramiento de sentencias, entonces la mejor práctica es que el juez señale específicamente la medida a tomar.

Por lo que respecta a la segunda cuestión envuelta, bastará decir que a nuestro juicio no cometió la corte al resolverla los errores que le atribuye el apelante.

Exponiendo los fundamentos de su resolución, dicha corte de distrito se expresa correctamente a nuestro juicio, como sigue:

“En cuanto al embargo de cualquier suma de dinero que el de-mandante debe pagar a los demandados como sobrante de la liqui-dación de los contratos resueltos por la sentencia dictada en este caso, sostienen los demandados que es nulo, pues equivale al demandante haberse embargado a sí mismo una suma que, por la sentencia co-rresponde a los demandados, sosteniéndose, además, que el derecho que tienen los demandados reconocido por la sentencia no está sujeto a embargo.
“En cuanto a estas cuestiones, el diligenciamiento del márshal, supra, demuestra que lo que se trató de embargar fué:
“ ‘Cualquier suma de dinero que el demandante Pedro Clausells Armstrong, debe pagar a los demandados citados, como sobrante de la liquidación de los contratos resueltos por la sentencia dictada por la corte de distrito en el pleito citado.’
“Del mismo documento aparece que las únicas personas notifica-das del embargo fueron los demandados y las personas a quienes se trató de embargar los cánones de arrendamiento. No hubo ‘levy’ por el márshal de ninguna suma de dinero ni se embargó ningún título o interés, sobre el crédito que por sentencia pudieran haber obtenido los demandados en este caso, ni se notificó al demandante en forma alguna del embargo de dicho crédito.
*‘Nuestro Tribunal Supremo, en el caso de Villar & Co. v. Hansson, 40 D.P.R. 322, cita con aprobación lo resuelto en el caso de Bissener v. Billon, 71 Cal. App. 779, al efecto de que ‘el embargo de propiedad en posesión del demandante no puede practicarse.’
“Pe acuerdo con el artículo 10 de la Ley para asegurar la efec-tividad de sentencias de 1902, establece que el embargo de bienes muebles o la prohibición de enajenarlos, se practicarán depositando los bienes en poder del tribunal o de la persona designada bajo la responsabilidad del demandante. Es cierto ’que, de acuerdo con el artículo 246 del Código de Enjuiciamiento Civil pueden embargarse, en procedimiento de ejecución, las deudas o créditos de un deman-dado, pero dispone dicho precepto que será ‘de igual modo que en los autos de embargo.’ Aplicando una disposición similar del Có-digo de California, véase el caso de McBride v. Fallon, 65 Cal. 301. Y en Needhan v. Cooney, (Tex) 173 S. W. 979, se resolvió que:
“ ‘A judgment in favor of attachment debtor is not subject to levy.’ ”
Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la re-solución apelada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


text:
    Tesorero de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Banco Comercial de Puerto Rico, demandado y apelado; R. Fabien & Co., Inc., interventora y apelante. El Mismo, demandante y apelado, v. El Mismo, demandado y apelado; Ontario Specialties, Inc., interventora y apelante. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandante y apelado, v. El Banco Comercial de Puerto Rico, demandado y apelado; Joseph Hahn & Son, Inc., interventora y apelante. El Mismo, demandante y apelado, v. El Mismo, demandado y apelado; Carnation Co., interventora y apelante.
    Núms. 6530, 6531, 6537 y 6538.

    — Sometidos: Abril 22, 1936. 1936.

      Resueltos: Julio 31, 1936.

      Luis F. Bubón, abogado de las interventoras y apelantes; Son. Pro-curador General B. Ferncíndez García y B. Cordones Arana, Pro-curador General Auxiliar, abogados del demandante apelado; José Ramírez Santibáñez y R. Ramírez Santibáñez, abogados del demandado apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Estos cuatro recursos se interpusieron en casos sobre reclamaciones separadas sobre preferencia de créditos pre-sentadas dentro de la administración judicial del Banco Comercial de Puerto Rico decretada a instancia del Teso-rero de la Isla. Serán estudiados en una sola opinión.

Sustituido el Banco Comercial por su liquidador el Banco de Puerto Pico, éste llegó a un acuerdo con los reclamantes R. Fábien & Co., Ine., Ontario Specialties, Inc., Joseph Hahn & Son, Inc., y Carnation Co. por virtud del cual las recla-maciones se sometieron para su decisión a la corte de distrito mediante estipulaciones. Basándose en ellas la corte de dis-trito declaró probados los siguientes hechos:

“Que el Banco Comercial de Puerto Rico recibió los giros de los interventores, los cobró y remitió su importe a sus dueños en che-ques o libranzas contra su Banco Corresponsal en Nueva York, o sea, el Irving Trust Co.;
“Que los interventores recibieron dichos cheques y los presenta-ron al cobro negándose el Banco contra el que iban expedidos a sa-tisfacerlos alegando tener noticias de la suspensión de pago del Banco librador y de su declaración en Sindicatura;
“Que a la fecha del cierre del Banco Comercial de Puerto Rico éste tenía en efectivo en caja la suma de $43,466.83, cantidad que pasó a poder del Síndico nombrado por esta Corte habiéndola reci-bido éste así englobada y sin que se le hiciera entrega de cantidad separada, distinta y específica como fondos provenientes de las co-branzas de los interventores, sino que en contrario, la recibió como cantidad proveniente de todas las operaciones banearias de la insti-tución realizadas hasta la fecha de su cierre;
“Que contra la cantidad de $43,466.83 y por órdenes de esta corte y con carácter de créditos preferentes y como fondos en fidei-comiso (trust fund), se han pagado en total $48,356.39 ó sea, can-tidad mayor que la recibida por el Síndico en efectivo a la fecha del cierre del Banco Comercial de Puerto Rico;
“Que los interventores no han recibido del Banco Comercial de Puerto Rico el pago de los aludidos giros ni de los cheques remití-doles, y que el Síndico se negó a pagar los mismos cuando fueron presentados en él;
“Que el banco cobró dichos giros, mezcló el importe de los mis-mos con sus demás fondos en metálico y remitió a los interventores en pago de las cobranzas efectuadas cheques contra su Banco Corres-ponsal en Nueva York, que los interventores recibieron y presenta-ron al cobro;
“Que las únicas instrucciones dadas por los interventores libra-dores de los giros al Banco Comercial de Puerto Rico, fueron las de cobrarlos y remitir inmediatamente o como se expresa en el idioma inglés que era el usado entre los interventores y dicho Banco: ‘Por collection and immediate remittance.’ ”

Y basándose en ellos dicha corte resolvió qne las recla-maciones de qne se trata si bien tenían el carácter fideico-misario de cobranzas, su preferencia estaba limitada al efectivo qne pasó a poder del Síndico al cierre del banco, y como ese efectivo se había agotado a la fecha de la senten-cia, las reclamaciones debían ser como fueron declaradas sin lugar.

Apelaron las reclamantes y sometieron sus recursos por un solo alegato en el que señalan tres errores cometidos a su juicio por la corte al no resolver que sus créditos cons-tituyen reclamaciones preferentes; al decidir que el fondo en fideicomiso de $43,466.83 se había agotado y disipado por órdenes y resoluciones de la misma corte, desestimando por ese motivo sus reclamaciones preferentes, y al no ordenar el pago de sus respectivas acreencias con preferencia o prio-ridad.

Discutiendo el primer error sostienen las apelantes que la propia corte sentenciadora en su opinión reconoció la preferencia de sus créditos.

La corte en efecto reconoce como ya indicamos el carác-ter fideicomisario de las cobranzas encomendadas por las apelantes al banco, pero decide que ese carácter no le daba preferencia bajo las circunstancias concurrentes.

En su alegato el liquidador apelado impugnando el primer señalamiento de error insiste en la posición que adop-tara en la corte de distrito y sostiene que los créditos de los peticionarios no constituían verdaderos trust fumds en poder del Banco Comercial cuando la sindicatura fué decretada ya que los hechos son que el banco recibió los giros de las ape-lantes, los cobró y mezcló su importe con su demás nume-rario, remitiendo en pago a los libradores — los interventores apelantes — giros contra su banco corresponsal en Nueva York que fueron recibidos sin protesta y presentados al cobro, lo que implica que ésa era la forma usual seguida por el banco en esa clase de negocios.

Cita el apelado un buen número de casos qne sostienen lo qne afirma. Nos limitaremos a referirnos al de Jennings v. U. S. F. & G. Co., 294 U. S. 216, en el qne emitió la opi-nión unánime de la Corte Suprema de los Estados Unidos el Juez Cardozo. En parte dijo:

“En 1931 existía en Indiana un estatuto conocido con el nombre de ‘Bank Collection Code (Leyes de Indiana, 19,29, Capítulo 164), aplicable a bancos nacionales en tanto en cuanto era consistente con los preceptos o disposiciones, expresos o razonablemente implícitos de la ley de bancos nacionales o de otras leyes federales de autoridad superior. Lewis v. Fidelity & Deposit Co. of Maryland, 292 U. S. 559, 566; First National Bank v. Missouri, 263 U. S. 640, 656. Bajo dicho código (sección 2) la relación existente entre el banco transmisor y el banco cobrador era la de principal y agente hasta que este último hubiera terminado la transacción de cobro. Si con-tinúa aún después de ello la relación fiduciaria en la teoría de que el producto del cobro hasta que se le remita al transmitente está su-jeta a un fideicomiso, depende de las circunstancias. En ausencia de muestras de una intención contraria, la mejor doctrina es, do-quiera prevalece la ley común, que la agencia del banco cobrador, termina al cobrarse el documento, colocándose el banco desde ese momento en adelante en la posición de un deudor, con la libertad, disfrutada generalmente por los deudores, de usar el producto como suyo. Commercial Bank of Pennsylvania v. Armstrong, 148 U. S. 50; Marine Bank v. Fulton Bank, 2 Wall. 252; Planters’ Bank v. Union Bank, 16 Wall. 483, 501; Hecker-Jones-Jewell Milling Co. v. Cosmopolitan Trust Co., 242 Mass. 181, 185, 186; 136 N. E. 333; Freeman’s National Bank v. National Tube Works Co., 151 Mass. 413, 418; 24 N. E. 779; Manufacturers’ National Bank v. Continental Bank, 148 Mass. 553, 558; 20 N. E. 193; First National Bank of Richmond v. Wilmington & W. R. Co., 77 Fed. 401, 402; Philadelphia National Bank v. Dowd, 38 Fed. 172, 183; Merchants’ Bank v. Austin, 48 Fed. 25, 32.”

Nada se nos fia citado ni hemos podido encontrar nosotros en la Ley de Bancos de Puerto Rico, ni en la de corporacio-nes, ni en otra alguna que se oponga a la aplicación de esa jurisprudencia a los hechos de estos casos;

Nos inclinamos a creer,que bajo las circunstancias con-currentes, a las fechas de las reclamaciones las relaciones que existían entre las apelantes'y el banco en liquidación eran las de acredores y deudor y no las de principales y agente habiendo desaparecido la naturaleza fideicomisaria de las co-branzas.

Pero aunque ello no fuera así, las sentencias recurridas siempre se sostendrían por el fundamento que tuvo el juez de distrito para dictarlas.

Gita dicho juez del resumen del caso de Shumacher v. Harriett, 52 Fed. (2d) 817, 82 A.L.R. 1, lo que sigue:

“La suma por que puede declararse un fideicomiso bajo la pre-sunción de que los pagos hechos por un banco depositario de un ■fondo común con que ha mezclado fondos en fideicomiso eran'de los propios fondos del banco, y no fondos en fideicomiso, no puede ex-ceder de la cantidad mínima contenida en el fondo común existente con posterioridad al momento en que se mezcló el dinero.”
“No constituye suficiente identificación de los fondos en fideico-miso que se encuentran en manos del síndico de un banco insolvente el probar meramente que el dinero fue al fondo común y aumentó el importe y valor del que vino a poder del síndico.”

Y seguidamente dice:

“Este mismo principio ha sido uniformemente respetado por to-dos los tribunales de la nación y es regla de general aceptación por las cortes de justicia y obligación del reclamante dentro de la sana teoría del fideicomiso, identificar en forma específica y cierta el mon-tante de su reclamación dentro de los fondos particulares y deter-minados traspasados al síndico o al Agente liquidador luego del cierre de un Banco. Es innegable como cuestión de hecho que los interventores hoy no pueden identificar el montante de su reclama-ción en fondo alguno específico y cierto traspasado al Síndico o al Agente liquidador luego del cierre del Banco Comercial de Puerto Rico toda vez que conforme a los hechos probados el único fondo en que tal identificación podría establecerse es en el de $43,466.83 reci-bido por el síndico en efectivo a la fecha del cierre del Banco Co-mercial y tal fondo hoy no existe por haberse satisfecho, con cargó al mismo, una suma mayor por órdenes de esta Corte en casos de reclamación de preferencia con carácter de ‘trust fund’ (fondos en fideicomiso).
“La teoría ha sido reafirmada en el caso de Hormic Moore vs. Portenfield, sentencia de la Corte Suprema de South Dakota de Noviembre 8, 1929, 82 A.L.R. página 16; Reichart vs. United Savings Bank, sentencia de la Corte Suprema de Michigan de 8 de diciembre de 1931; y en los siguientes casos:-Dixon vs. Hopkins, 56 Fed. (2d) 783, reafirmado en el 58 Fed. (2d) 561. Teoría sostenida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el 72 U. S. L. Ed. 264; y 71 U. S. L. Ed. 1060. Y a los efectos de no hacer muy extensa esta resolución con citas, llamamos la atención hacia lo contenido en el 82 A.L.R. páginas de la 46 a la 288 donde se tratan extensamente los puntos legales discutidos y se expresan las teorías sustentadas por la mayoría de los Tribunales de la nación que concuerdan con la ex-puesta en los' casos anteriormente citados.
“En estados como el de Florida, donde por ley se declaran pre-ferentes con carácter de fideicomiso las sumas provenientes de co-branzas en instituciones bancarias, y en el caso de Dixon vs. Hopkins ya citado, 56 Fed. 783, la Corte expresamente resolvió, que tal preferencia se limita a la suma en efectivo existente a la fecha del cierre del Banco, y si tal cantidad se ha agotado, el trust resulta ineficaz, no porque el fideicomiso deje de existir sino por imposibi-lidad de señalar los fondos específicos sobre los cuales podría deter-minarse la preferencia.”

Nada de lo expuesto en su alegato por las apelantes des-truye lo dicho por el juez sentenciador.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, es obvio ,que no debió la corte de distrito ordenar el pago de las re-clamaciones de los interventores demandantes y por tanto que ■tampoco existe el tercero y último de los errores señalados.

■' ' Deben’declararse sin lugar los recursos y confirmarse las resoluciones apeladas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señ-or Del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Luis Mauleón, acusado y apelante.
    Núm. 5915.

    Sometido: Julio 6, 1936.

      Resuelto: Julio 31, 1936.

      Alfonso Lastra Chárriez y Justo A. Casablanca, abogados del ape-lante; B. A. Gómez, Fiscal, j Intis Janer, Fiscal Auxiliar, abo-gados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señ-or Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Luis Mauleón fué acusado ante la Corte de Distrito de San Juan por su fiscal de un delito de asesinato perpetrado en la persona de José García el 8 de noviembre de 1932 en esta ciudad.

Juzgado por un jurado fué declarado culpable de bomi-cidio voluntario. Solicitó nuevo juicio. La corte negó su petición y dictó sentencia condenándolo a cinco años de pre-sidio.

Apeló y en su alegato imputa a la corte un solo error, como cometido al negar la moción de nuevo juicio.

La moción se basó en nueva prueba descubierta. A ella se acompañaron las declaraciones de dos testigos que dicen que no fué el acusado el que bizo los disparos que ocasiona-ron la muerte a García, sino otra persona. Resolviéndola la corte de distrito, en parte, dijo:

“Cuando se presentó por el acusado la moción de posposición de la sentencia, tres días después del veredicto, para presentar la soli-citud de nuevo juicio fundada en prueba nuevamente descubierta, no parece que entonces tuviera conocimiento de los testimonios que acom-paña con su solicitud. La mayor actividad posible para obtenerla antes del juicio no resulta de la petición de modo suficiente a justi-ficar la concesión de un nuevo juicio. El Pueblo v. Pujols, 23 D.P.R. 881; El Pueblo v. Quiles, 41 D.P.R. 915.
“El delito fué cometido en este caso el 8 de noviembre de 1932; la acusación se presentó el 23 de diciembre de 1932; y el juicio fué celebrado en 10 de octubre de 1934, o sea un año y. once meses des-pués ; y como se dice en el caso de El Pueblo v. Díaz, alias Martillo, 5 D.P.R. 217 (2a. ed.) ‘Es en verdad muy inverosímil que dado el largo tiempo transcurrido desde la acusación al juicio no se bubie-iran descubierto todas las pruebas favorables al acusado antes de ce-lebrarse el juicio, si se hubiera puesto en juego la mayor actividad razonable, y que bastara el anuncio de un veredicto de culpabilidad para que a los dos días se descubrieran las nuevas pruebas en que fundar la petición de nuevo juicio.’
“La evidencia de los nuevos testigos, se refiere a extremos ya ventilados en el juicio, o sea qué persona causó la muerte de José García. Carlo v. Ferrer, 28 D.P.R. 369.
“Después de un juicio las cortes deben proceder con cautela para conceder un nuevo juicio por el fundamento de pruebas nuevamente descubiertas. El Pueblo v. Romero, 27 D.P.R. 955.
“Las mociones de nuevo juicio basadas en pruebas descubiertas-nuevamente no son favorecidas por la ley. El Pueblo v. Lebrón, 23 D.P.R. 658. Y se ba resuelto además que ‘son por lo general acep-tadas con desconfianza y desinclinación por los tribunales.’ El Pueblo v. Español, 16 D.P.R. 215.”

Ni el alegato del apelante ni el examen que hemos hecha de los autos, nos convencen de que la corte errara al negar el nuevo juicio. Todo nos induce a creer que la resolución que dictó era la que en verdad procedía en justicia.

En tal virtud y estando el veredicto sostenido por la evi-dencia y ajustada la sentencia a los hechos y a la ley, debe-declararse sin lugar la apelación.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    El Pueblo de Pueblo Rico, demandante y apelado v. Leila Nazario de Martínez, acusada y apelante.
    Núm. 5854.

    Sometido: Febrero 25, 1936.

      Resuelto: Julio 31, 1936.

      A. Lastra Ghárriez y Justo' A. Casablanca, abogados de la apelante; Oscar Gandía, interventor, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El juez de distrito ordenó a la apelante Leila Nazario de Martínez que depositara la suma de $500 para cubrir el valor estimado de una transcripción de la evidencia que sé utilizaría como - parte de. la transcripción de autos en apelación. La acusada entonces solicitó de la corte dictara una orden decretando que se le suministrara la transcripción libre de costo alguno. En su moción ella adujo; que no estaba en condiciones de efectuar el depósito' porque no tenía bienes ni percibía rentas ni sueldo de clase alguna; que los cuantiosos gastos incurridos en su defensa le habían creado una situación económica dolorosa, habían agotado sus ahorros y se hallaba insolvente; que el taquígrafo había recibido la suma de $100 que la apelante había podido tomar a préstamo y podido reunir después de ímprobos sacrificios y desasosiegos; que había sido diligente en sus esfuerzos para conseguir el balance de la cantidad interesada por el taquígrafo y que sus esfuerzos habían resultado infructuosos debido a la honda crisis económica reinante y a la negar tiva de sus amigos de ayudarla; que la transcripción de evidencia era necesaria, esencial e indispensable para la de-Tbida sustaneiación del recurso interpuesto (especificando las razones que tenía para ello). Esta moción estaba suscrita y jurada por el letrado de la apelante, quien bacía constar: que la había redactado de acuerdo con la relación héehale por la madre de la acusada, quien le había enterado de la insolvencia de la apelante Leila Nazario de Martínez y ase-gurado que esos hechos eran ciertos y verdaderos; que la acusada no juraba la moción por encontrarse enajenada men-talmente; que la madre no lo hacía por estar residiendo fuera del distrito- y en la ciudad de Mayagüez y que José Martínez, esposo de la apelante, tampoco lo hacía porque se encontraba fuera de Puerto Rico; que el deponente creía que la información suministrádale era cierta y que según su leal saber y entender juraba que los hechos que se exponían eran ciertos, constándole también que es cierta la certeza de aquéllos.

El juez de distrito declaró sin lugar esta moción por no estar jurada por la madre de la apelante y porque el jura-mento del letrado hecho por información y creencia no la satisfacía de que la apelante fuera insolvente.

En otra moción suscrita y jurada por el letrado de la apelante éste manifestó que le constaba de propio conoci-miento que Leila Nazario es enteramente insolvente; que ella no tiene bienes de fortuna muebles ni semovientes; que tiene una buena y legítima causa de acción en su apelación ante el Tribunal Supremo, consistente en los errores enunciados en los autos del caso y más particularmente en la resolución negativa de la corte inferior al “writ of error coram nobis”; que Leila Nazario no juraba dicha moción porque se hallaba en Mayagüez, fuera del distrito judicial dé San Juan y por-que su abogado tenía igual o mejor conocimiento de los hechos enunciados que la propia Leila Nazario. Esta mo-ción iba acompañada de una declaración jurada suscrita por Dolores Rivera viuda de Nazario, madre de la acusada, de la cual declaración tomamos el siguiente extracto:

“Que Leila Nazario de Martínez es bija legítima de la declarante; que afirma categóricamente que su bija Leila es absolutamente insol-vente, careciendo de bienes de fortuna; y que no percibe dicba Leila Nazario rentas de clase alguna ni especie, ni recibe sueldo de nin-guna clase.
“Que afirma categóricamente que su hija Leila no tiene ni puede disponer de dinero alguno para sufragar los gastos en su apelación interpuesta para ante el Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico;
“■Y que según le informa el abogado de dicba Leila Nazario, ésta cuenta con una buena defensa, consistente en la revisión de resolu-ciones dictadas por la Corte de Distrito de San Juan en el juicio oral y en la resolución dictada en el ‘Writ of Error Corana Nobis.’
“Que lo anteriormente aseverado es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad y ratifica esta declaración por ser cierta y constarle de personal y propio conocimiento.”

Estas dos declaraciones juradas parecen cumplir con la objeción puesta por el juez de distrito al declarar sin lugar la primera moción. El juez de distrito no adujo razones al declarar sin lugar la segunda moción. Ésta, al igual que la primera, estaba titulada moción de reconsideración y el taquígrafo en una moción para eliminarla la discutió exten-samente como si se tratara de una moción de reconsidera-ción. En lo que a este aspecto de la moción se refiere, el juez de distrito probablemente estuvo en lo cierto al decla-rarla sin lugar. Sin embargo, en sustancia y efecto ni la una ni la otra eran una moción para reconsiderar. Ambas fueron esencialmente, a nuestro juicio, mociones solicitando permiso para proseguir el recurso de apelación en forma pauperis. La concesión de. una u otra hubiera dejado sin efecto la orden anterior que exigía un depósito de $500. El dejar sin efecto esta orden, sin embargo, como incidente a la concesión de la moción para litigar en forma pcmperis no hubiera llevado consigo ninguna reconsideración de la cues-tión que estuvo ante la corte y por ésta resuelta al tiempo de ordenar la consignación. La segunda moción debió haberse resuelto en sus méritos, irrespectivamente de lo que pudiera haber creído el juez de distrito sobre las razones allí con-signadas para solicitarse se reconsiderara sn orden anterior. A menos qne el juez de distrito tuviera algún fundamento para creer que las manifestaciones juradas hechas por la madre de la acusada y por el letrado de propio conocimiento respecto a la imposibilidad de la apelante de bacer la con-signación eran falsas, él debió baber ordenado al taquígrafo que suministrara la transcripción de evidencia libre de costo alguno en adición a los $100 ya recibidos. Si por alguna ra-zón meritoria que no aparece de la faz de los autos que te-nemos ante nos el juez de distrito consideró insuficiente el caso presentádole por la acusada, él debió baber hecho cons-tar las razones que tenía para declarar- sin lugar la moción, de forma que la apelante hubiera podido tener la oportuni-dad de convencerla, si ello era posible, presentándole el caso más ampliamente. Si bien el juez de distrito debe quedar convencido -de que un apelante no está realmente en condi-ciones de pagar por la transcripción de la evidencia, sin embargo el acusado tiene derecho a saber por qué el caso prima facie por él presentado respecto a su imposibilidad de pagar ha dejado de convencer a la corte.

Debe revocarse la resolución de. la corte de distrito que declaró sin lugar la segunda moción de la apelante y devol-verse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Senoe. Travieso, JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Rosa Pérez, acusado y apelante.
    Núm. 5951.

    Sometido: Mayo 21, 1936.

      Resuelto: Julio 31, 1936.

      Leopoldo Tomes García, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, ape-lado.
   El Juez Asociado Senoe. Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Rosa Pérez fue denunciado como autor de una in-fracción a la sección 21 de la Ley de Bebidas, cometida como sigue:

“Que en 4 de abril de 1935, y en el barrio Pellejas de Adjuntas, del Distrito Judicial Municipal de Adjuntas, que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, P. R., el referido acusado, voluntaria, maliciosa e ilegalmente tenía en su poder y a disposición en su es-tablecimiento, un envase de madera (pipa) conteniendo como tres ■cuartos de galón de ron, que es una bebida alcohólica tributable, sin que dicho envase tuviera fija una etiqueta en la que se expresara •el contenido alcohólico por volumen de dicha bebida. El estableci-miento a que se refiere esta denuncia es una tienda.”

Llamada la causa' para juicio, el acusado alegó que la denuncia no le imputaba la comisión de ningún delito pú-blico. Declaró la corte sin lugar la excepción y practicada la prueba, lo condenó como autor de una infracción a la sec-ción 21 de la Ley de Bebidas núm. 1 de 1934 (pág. 155), en relación con la sección 67 de la misma, a pagar diez dollars •de multa y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer.

Apeló de la sentencia el acusado. No incluyó en la trans-cripción la prueba. Sostiene que siendo, de acuerdo con los términos en que está redactada la denuncia, un mero trafi-cante y no un fabricante,, destilador o rectificador, no se le imputó delito alguno y cae por su base la sentencia condena-toria que contra él se dictara.

La ley dice:

“Toda botella u otro envase conteniendo bebidas alcohólicas o> productos medicinales, de cualquier clase o naturaleza que fueren, manufacturados en Puerto Rico o importados o traídos a Puerto Rieo, llevarán fija una etiqueta en la cual se baga constar específica y dis-tintamente el contenido alcohólico por volumen de dichas prepara-ciones. Las preparaciones producidas o fabricadas en Puerto Rieo serán rotuladas antes de sacarse de la fábrica, almacén o depósito y a las que se importaren o trajeren a Puerto Rieo se les pondrá la etiqueta antes de sacarse de la aduana, express, o del poder de los dueños o agentes de los barcos en que se trajeren a Puerto Rieo.’* See< 21 de la Ley núm. 1 de 1934, Leyes de 1934, p. 155.

La primera parte de la ley demuestra que la intención de la legislatura fue que toda botella u otro envase conteniendo-bebidas alcohólicas, etc., fabricadas en Puerto Rico o traídas a esta isla llevará una etiqueta, y la inferencia es lógica, aun en esta parte, que tal deber recaía solamente sobre los fabri-cantes o importadores. La última parte de la ley aclara que la intención de la legislatura fué que las etiquetas fuesen fi-jadas por tales fabricantes o importadores en el momento-oportuno o cuando esas personas tomaban posesión de los productos.

No existe universalidad en la ley haciéndola extensiva a toda persona que adquiere o manipula los productos ni indi-cación alguna de que aquello que era un deber de los fabri-cantes o importadores debía ser realizado por otras personas.

El apelante era un comerciante y no caía dentro de la sanción de la ley.

Debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Wolf no intervinieron.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO

No estoy conforme con la opinión de la mayoría ni com la' sentencia dictada. La ley transcrita en dicha opinión contiene dos partes. Por la primera ordena la fijación de la etiqueta. Por la segunda señala el momento en que de-ben rotularse las botellas y envases.

La denuncia imputa al acusado el tener en su poder ma-liciosa e ilegalmente y a disposición de su establecimiento mercantil un envase — pipa de madera — conteniendo ron— bebida alcohólica tributable — sin etiqueta que expresara el •contenido alcohólico por volumen de la bebida.

No. hay duda, pues, de que se estaba infringiendo la ley, pero el apelante sostiene que él no es responsable de la in-fracción, porque debiendo, de acuerdo con la segunda parte de la misma, rotularse la bebida antes de sacarse de la fábrica, almacén o depósito, si es que había sido fabricada en Puerto Kico, o antes de sacarse de la aduana, express, o del poder de los dueños o agentes de los barcos en que se tra-jeren, si es que había sido importada a la isla, no tenía él* mero traficante, la obligación de rotular el envase.

A mi juicio no tiene razón el apelante. El mandato es continuo. No puede disponerse de la bebida alcohólica en-vasada sin que el envase esté rotulado como ordena la ley. La segunda parte de la sección 21 es lógica. Tiende a nor-malizar la fijación del rótulo en el momento apropiado. Traza el origen de la fabricación o importación. Cuando la regla no se sigue y el hecho es que el envase sin etiqueta se encuentra en poder de un traficante como sucede en este caso, entonces en relación con la sección 21 rige la 67 de la propia ley que dice:

"Sección 67. — Las bebidas alcohólicas que hubieren sido ilegal-mente importadas o introducidas, o que hubieren sido ilegalmente fa-bricadas o destiladas en Puerto Rico, serán consideradas como pro-ductos fabiicados, producidos o introducidos en Puerto Rico de acuerdo con los términos de esta Ley, y como tales quedarán sujetas a los requisitos establecidos por la misma.” See. 67 de la Ley núm. 1 de 1934, Leyes de 1934, p. 173.

El traficante en tal caso es responsable. No hay que in-dagar más. Al comerciar con el artículo no rotulado, asume la responsabilidad consiguiente.

Creo que debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso,

text:
    Marcial Suárez Suárez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 975.

    Sometido: Julio 1, 1936.

      Resuelto: Agosto 1, 1936.

      Juan Enrique Géigel y Guillermo Silva, abogados del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió ■ la opinión del tribunal.

En junio de 1936 Marcial Suárez solicitó del Registrador de.la Propiedad de San Jnan que cancelara un gravamen creado por una sentencia de enero 24, 1930, la cual se anotó en el Registro el 14 de marzo de 1931. El registrador de la propiedad denegó esta solicitud, basándose en que el pe-ríodo de cinco años prescrito por una ley aprobada en 'marzo 8, 1906, había sido interrumpido por una anotación fechada el 28 de febrero de 1935, relativa a nna liquidación efectuada por las partes en la que se fijaba el capital adeu-dado, sus intereses, costas, gastos y honorarios de abogado, cual consta del certificado expedido en la misma fecha por el secretario de la Corte de Distrito de San Juan en el pleito húm. 10,126.

La sección 1 de una ley aprobada en octnbre 29, 1923 (Leyes de 1923, Sesión extraordinaria, pág. 37) lee en parte como signe:

“Sección 1. — Los registradores de la propiedad a instancia escrita de parte o de su representante, autenticada ante notario, procederán a cancelar en el respectivo registro:'
(d) Los gravámenes por razón de sentencias que tengan más de cinco años de constituidas en el registro, si este lapso de tiempo no fuere prorrogado por orden de la corte competente, sin que en caso alguno esta prórroga pueda exceder de cinco años.”

La sección de una ley titulada “Ley proveyendo la forma de establecer gravámenes sobre inmuebles por sentencias y derogando todas las leyes que a la presente se opusieren,” aprobada en marzo 8, 1906, en la cual descansa el registra-dor, y que aparece en la página 95 del Código de Enjuicia-miento Civil (Ed. 1933) simplemente dispone que:

‘ ‘ Establecido que fuere el gravamen, según lo prescrito en la pre-sente, continuará en vigor por el término de cinco años desde la fecba de la susodicha inscripción en el registro.” (See. 8, Comp. 5225.)

Una copia certificada de la liquidación mencionada por el registrador lee así:

“Liquidación de Sentencia.- — A la Honorable Corte: Las par-tes en el caso de epígrafe por conducto de sus abogados respectivos, y de acuerdo con la sentencia recaída en el mismo de fecha enero 24 de 1930, de común acuerdo liquidan el importe total de dicha sen-tencia en la siguiente forma:
“Principal---$3, 000. 00
“Intereses devengados desde julio 27, 1928, a julio 27 de 1929, al 1% mensual__ 360.00'
“Intereses desde julio 27 de 1929 hasta hoy_ 330.00
“Costas en secretaría- 10.00
“Costas, en la oficina del Marshal, incluyendo em-plazamiento, millaje y embargo_'__J_ 30. 00
‘ ‘ Honorarios de abogado de la demandante_ 200. 00
$3,930. 00
“Tal es la liquidación, que de común acuerdo temos techo y apro-bado, de la sentencia recaída en este caso de acuerdo con los térmi-nos de la misma, y radicada en los autos del pleito.
“San Juan, P. R., a 27 de junio de 1930.
“(Fdo.) Luis Janer
“Abogado de la demandante.
“(Fdo.) Cay.' Coll Cuchí
“Abogado de los demandados.”

Este documento, en copia certificada por el secretario de la corte de distrito en fecha 28 de febrero de 1935, fue pre-sentado al registro en esa misma fecha por el representante del recurrente. El registrador hizo la correspondiente anota-ción en el registro y al pie del documento puso una nota que dice: “Anotada la liquidación y aprobación del importe de la sentencia a que se refiere el precedente documento, etc.”

El representante de Suárez declara que él presentó al re-gistrador, en febrero 28 de 1935, la certificación de la liquida-ción de sentencia, expedida en esa misma fecha por el secre-tario de la corte de distrito, con el objeto de que se cancelase la anotación de la sentencia.

No podemos comprender las razones que pudiera tener el presentante de la llamada “liquidación de sentencia” para esperar que el registrador cancelase la anotación de la sentencia eon la sola vista de tal documento. No aparece de dicho documento constancia alguna de que la sentencia hu-biera sido satisfecha; y el registrador no podía cancelar la anotación sin que se le presentase prueba satisfactoria de haberse pagado la sentencia o el consentimiento de la acreedora para que se cancelase.

Tampoco podía el registrador, en febrero 8 de 1935, can-celar la anotación de la sentencia, a instancia del deudor, de acuerdo con las leyes arriba citadas, porque para esa fecha no habían transcurrido aún los cinco años desde la fecha en que se constituyó el gravamen en el registro.

Pudiera ser que la liquidación de sentencia se hubiese presentado con el propósito indicado por el representante de Suárez, pero lo cierto es que el registrador estimó que el propósito de la presentación, era el de revivir el gravamen, por una estipulación entre las patres, y así lo hizo constar en el registro, creando de ese modo un nuevo derecho a favor de la acreedora por sentencia.

Es cierto que el inciso (d) de la sección 1 de la ley de oc-tubre 29, 1923, supra, provee que el registrador procederá a cancelar el gravamen por razón de sentencia cuando tenga más de cinco años de constituido en el registro, si este lapso de tiempo no fuere prorrogado por orden de la corte competente. Pero entendemos que ese remedio no es exclu-sivo. Y no vemos objeción alguna para que no pueda prorrogarse legalmente la vida de un gravamen por senten-cia, mediante una estipulación a ese efecto celebrada entre el acreedor y el deudor.

Si la sentencia fué realmente satisfecha en virtud de la liquidación que se hizo en 27 de junio de 1930, al recurrente le debe ser fácil corroborar ese hecho mediante prueba del pago efectuado.

La señora Eamona Muñoz Vda. de Alonso, en favor de quien se dictó la sentencia que se trata de cancelar, no ha sido notificada ni oída en este procedimiento. No conside-raríamos a dicha señora parte necesaria, si la única constan-cia del registro fuese la anotación de la sentencia practicada en marzo 14 de 1931, pero el estado del registro nos impide autorizar una cancelación sin que dicha señora sea oída.

Visto el estado del registro y no habiendo sido oída la parte que puede ser perjudicada por la cancelación solicitada, nos vemos obligados a sostener la nota denegatoria del re-gistrador.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.

         Nota: Véase el prefacio.