author: El Juez Asociado Senoe Teavieso,

text:
    T. H. Smallwood, haciendo negocios bajo el nombre de Smallwood Bros., peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    Núm. 1088.

    Sometido: Noviembre 16, 1936.

    Resuelto: Noviembre 18, 1936.

      Luis Ríos Algarín, abogado del peticionario; II. González Blanes, abogado del Sr. Biascoechea en el pleito civil núm. 25408 seguido por él en la Corte de- Distrito de San Juan, P. R.; el Juez de-mandado radicó sn contestación a la petición de certiorari.

   El Juez Asociado Senoe Teavieso,

emitió la opinión del tribunal.

T. H. Smallwood, dedicado a negocios bajo el nombre de Smallwood Brothers, presentó ante la Corte de Distrito de San Juan una declaración jurada con arreglo a la Ley de Ventas Condicionales de Bienes Muebles y Semovientes, aprobada el 13 de abril de 1916 (pág. 126) y enmendada por la Ley núm. 40 de 27 de junio de 1925 (pág. 247) y la núm. 88 de 22 de agosto del mismo año (pág. 671). Se Lace constar en ella que Wilfredo Norat Rabia dejado de pagar seis plazos vencidos de nn automóvil marca Ford Station Wagon qne le fué vendido mediante contrato de venta con-dicional de fecha 16 de marzo de 1935, el cual fué inscrito el 20 del mismo mes en el Departamento del Interior.

El comprador Norat, quien fué citado para una audiencia con copia de la citación, de la declaración jurada y del diligenciamiento, no compareció al acto de la vista, y habién-dose probado que dicho comprador no había cumplido con las condiciones del contrato de venta condicional, la corte dictó una orden de restitución dirigida al márshal, para que se incautara del automóvil “sacándolo de la po'sesión del demandado o de cualquiera otra persona” y lo entregara a la demandante a los efectos procedentes. Neg’óse el már-shal a diligenciar la orden referida, haciendo constar en el certificado de diligenciamiento:

1. Que el automóvil se encontraba in custodia legis a virtud de embargo trabado en el caso civil núm. 25408, de los de la Corte de Distrito de San Juan, Alberto Biascoechea v. Carolina Bus Line, Inc.
2. Que no pudo localizar a Wilfredo Norat.
3. Que se eonsidéraba sin autoridad legal para resolver si el auto-móvil pertenecía a Norat o a la Carolina Bus Line, Inc.

El día 3 de septiembre de 1936 radicó el vendedor con-dicional una moción pidiendo a la corte que ordenara al márshal entregarle el carro a pesar del embargo trabado sobre él.

Celebrada una vista, a la que asistió solamente el promo-vente, la corte declaró sin lugar la moción, diciendo:

“Estudiada la cuestión, considera la corte que el procedimiento de reposesión de bienes muebles a que se refiere la ley d,e ventas condicionales, que es uno entre vendedor y comprador, aunque se provee que los bienes podrán ser reposeídos dondequiera que se halla-ren, no priva a un tercero el embargo de la propiedad vendida con-dicionalmente, y que cuando tal embargo se practique y la propiedad es .ocupada y se conserve en custodia legal, pueda entregarse con la mera presentación de la orden de restitución, pues ello constituiría la pérdida o abandono del embargo, o del derecho de retención, lien, sobre la propiedad embargada. Oronoz & Co. v. Alvarez, 23 D.P.R. 536. Y no podría la corte, mediante una simple moción en el pro-cedimiento de restitución, donde no es parte el embargante, resolver el derecho que pudiera tener sobre la propiedad en contrario al del vendedor condicional. ’ ’

El caso ha sido elevado ante nos mediante petición de certiorari para que se revise y anule la orden dictada por la corte de distrito.

En el acto de la vista compareció el abogado del peti-cionario y los letrados F. Fernández Cuyar y Héctor Gon-zález Blanes, como representantes del señor Alberto Bias-coechea, quien alega tener un interés en la controversia por baber embargado el automóvil objeto de este litigio en un pleito civil seguido por él contra Carolina Bus Line, Inc., la que adquirió el automóvil por compra a "Wilfredo Norat.

Arguye la representación del embargante Biascoecbéa que la corte de distrito no podía resolver sobre los derechos de todas las partes interesadas en el automóvil, dentro del procedimiento iniciado por Smallwood Brothers para-recu-perar la posesión, y que esa resolución podía dictarse sola-mente dentro de un juicio plenario sobre tercería.

El contrato de venta condicional celebrado entre Small-wood Brothers y Norat contiene, entre otras, las siguien-tes estipulaciones:

(a) “Que el mencionado vehículo queda de la propiedad absoluta del Vendedor, sus herederos, cesionarios o causahabientes hasta que el Comprador haya satisfecho el importe total de los plazos estipulados y hasta que haya cumplido con todas y cada una de las condiciones a cuyo cumplimiento se hu-biera obligado mediante' este contrato, siendo únicamente entonces que dicho vehículo pasará a ser de la propiedad del Comprador.

(b) “ ... El comprador no podrá dar en prenda, ni disponer de dicho vehículo en manera alguna, etc.

(c) “ Si el comprador tratara de vender, gravar o prestar dicho vehículo o enviarlo fuera de Puerto Rico mientras es-tuviere en vigor este contrato, entonces el Vendedor, sus sucesores o causahabientes podrán apropiarse de dicho ve-hículo en la forma que la ley prescribe.

(d) "Por el presente contrato se conviene expresamente entre todas las partes que, caso de no cumplimiento del mismo en cual-quiera de sus obligaciones, o parte de ellas, el Vendedor se reserva y tendrá derecho de proceder inmediatamente a re-poseer el carro vendido de acuerdo con las leyes vigentes al efecto, etc. ’ ’

Pasaremos por alto el efecto legal que pueda tener en cuanto a tercero la prohibición de enajenar contenida en el contrato inscrito y examinaremos solamente los derechos que pueda tener el comprador subsiguiente de propiedad mueble o semoviente, vendida originalmente por virtud de un contrato de venta condicional, debidamente inscrito'.

Dispone la ley sobre ventas condicionales de bienes muebles y semovientes, que cuando la cosa vendida es entregada al comprador, todas las condiciones y reservas estipuladas en el contrato, al efecto de que la propiedad de la cosa vendida será retenida por el vendedor condicional hasta que se haya pagado el precio, serán nulas en lo que respecta a compradores subsiguientes, depositarios o hipotecarios de buena fe, u otras terceras partes; y que en cuanto a esas terceras partes la venta será considerada como absoluta, a menos que dicho contrato de venta conteniendo tales condiciones y reservas haya sido inscrito según lo requiere la misma ley. Véase: artículo 3 de la Ley núm. 61 de abril 13, 1916. Debemos sostener, a coiwerso, que si el contrato que contiene las condiciones y reservas ha sido debidamente inscrito, en ese caso la venta no puede ser considerada como absoluta con respecto a un comprador subsiguiente y que éste no puede tener mayores derechos que los que la ley concede al comprador condicional original, pues es muy conocida la máxima nemo dab qui non habet. El comprador subsiguiente adquiere un derecho de propiedad .sujeto a una condición resolutoria, que es lo único que pudo 'transmitirle el comprador original. Véanse: Montalvo v. Valdivieso, 38 D.P.R. 545; Rubio Salinas v. Salvador R. Nin, Inc., 48 D.P.R, 977.

Apareciendo de los autos originales que el contrato que contiene las condiciones y reservas arriba transcritas fué debidamente inscrito en el Registro del Departamento del Interior en marzo 20, 1935, bajo el número 710,314, debemos resolver que cualquiera persona que alegue tener algún derecho sobre el automóvil en cuestión, bien sea como comprador subsiguiente o como tenedor de algún gravamen sobre el automóvil, adquirido con posterioridad a la •fecha de inscripción del contrato de venta condicional, ocupa la misma posición legal que ocupaba el comprador condicional original bajo las condiciones y reservas del contrato de venta condicional, las cuales son obligatorias para cualquier poseedor subsiguiente. En otras palabras, asumiendo que •el comprador condicional tenga derecho a vender.la propiedad mueble 'o semoviente, antes de haber pagado el importe ■total de los plazos estipulados, no obstante la prohibición expresa del contrato, debemos sostener que el comprador •subsiguiente o el que adquiera un gravamen sobre o embargue la propiedad mueble o semoviente, adquiere solamente los mismos derechos que tuviere el comprador original sujetos al derecho del vendedor a resolver la venta y a recobrar la posesión del objeto vendido, en caso de incumplimiento de las condiciones bajo las cuales se hizo la venta.

No podemos aceptar la teoría aducida por la representación del señor Biascoechea y adoptada por la corte inferior, de que el vendedor condicional esté obligado, para hacer valer sus derechos como tal, a recurrir a un juicio plenario sobre tercería. Su aceptación equivaldría a destruir por completo el efecto y propósito fundamental de la Ley de Ventas Condicionales, que es el de dar al vendedor condicional garantía y protección contra el posible fraude de un comprador y un remedio legal rápido y adecuado para poder recuperar sumariamente la posesión de la propiedad,, sobre la cual se ha reservado expresamente ese derecho-La inscripción en el registro provisto por la ley, es una no-tificación o aviso al comprador subsiguiente o a cualquier persona que reclame un derecho o gravamen subsidiario al de éste, de que' el “comprador condicional” original no tiene' un derecho absoluto de propiedad sobre el mueble o semo-viente, vendídole condicionalmente y que no adquirirá ese-derecho hasta que haya pagado íntegramente los plazos es-tipulados. Y no solamente el registro, sino la ley misma,, avisan al comprador subsiguiente de un mueble o semoviente vendido condicionalmente por contrato inscrito, que el ven-dedor condicional podrá recuperarlo al faltarse al cumpli-miento de las condiciones resolutorias bajo las cuales se hizo la venta.

El vendedor condicional puede, mediante el procedi-miento autorizado por el artículo 6 de la Ley núm. 61 de 1916 (pág. 126), enmendado por la núm. 40 de junio 27 de 1925 (Leyes de 1925, pág. 247) recuperar los bienes vendidos, condicionalmente, al faltarse al cumplimiento de las condi-ciones de venta, ejercitando su acción no solamente contra, el comprador condicional original, sino también contra cual-quier comprador subsiguiente que poseyere los bienes ven-didos, o contra cualquiera otra persona que alegare tener algún derecho o gravamen sobre los mismos.

Consideramos que ha sido un error de la corte inferior el sostener que Smallwood Brothers está obligado a recu-rrir a un pleito ordinario de tercería, para poder recuperar-la posesión del automóvil vendido a Norat y por éste ven-dido a Carolina Bus Line, Inc., en poder de la cual fué em-bargado por Biascoechea. El objeto principal de una de-manda de tercería es dirimir en un solo juicio el derecho de-propiedad sobre algún objeto determinado, sobre el cual s& alegan títulos diversos y en conflicto entre sí.

En el caso de autos no existe conflicto alguno de títulos-El derecho que se reservó Smallwood Brothers, como ven-dedor condicional, para poder recuperar la posesión del carro en el caso de que el comprador o su cesionario dejare de pagar los plazos convenidos, es un derecho preferente.

El artículo 6 de la Ley de Ventas Condicionales, enmen-dado por la Ley núm. 40 de 1925, reconoce el derecho del vendedor a proceder a la. recuperación del carro, por el pro-cedimiento especial de dicha ley, contra el comprador o su cesionario, pues en lo pertinente dispone:

“Artículo 6. — Siempre que se venden artículos bajo condición de que el título de propiedad de los mismos será retenido por el ven-dedor, o por cualquiera otra persona que no sea el comprador, hasta que se verifique el pago del precio de compra, o hasta que ocurra un futuro evento o contingencia, los mismos podrán ser recuperados por el vendedor o su cesionario, al faltarse al cumplimiento de las condiciones de venta, y en dicho caso aquéllos serán retenidos por un período de treinta (30) días contados desde la fecha en que se hu-bieren recuperado y durante dicho período el comprador o su cesiona-rio, podrán dar cumplimiento a los términos del contrato y subsiguien-temente recibir dichos bienes. . . . Disponiéndose: Que para que el vendedor condicional pueda recuperar los bienes muebles o semovien-tes objetos del contrato, para ser retenidos por el indicado término de treinta (30) días, deberá presentar ante el juez de la corte con jurisdicción en el caso, una declaración escrita y jurada haciendo constar que el comprador condicional no ha cumplido los términos del contrato de venta y que la reclamación se hace de buena fe, acompañando a dicha declaración jurada una copia del contrato de venta condicional que contenga nota de su inscripción en el registro de ventas condicionales establecido por esta Ley. Al recibir el juez la declaración jurada y la copia del contrato, citará a las partes interesadas para una audiencia que tendrá lugar dentro de los diez días siguientes a la fecha de la citaciófli, y después de citarlas verbal-mente para conocer el caso, si estimare que no se ha cumplido la condición por el comprador, dictará una orden disponiendo que el marshal se incaute de los bienes reclamados, los cuales bienes el márshal los entregará al vendedor condicional sujetos a las disposi-ciones de esta Ley. ...” (Bastardillas nuestras.)

La corte de distrito ha podido y ha debido resolver la controversia entre Smallwood Brothers, como vendedor, Wilfredo Norat, como comprador condicional, Carolina Bus Line, Inc., como comprador subsiguiente, y Alberto Bias-coecbea, como embargante de un carro vendido condicional-mente, dentro del procedimiento especial de reposesión ini-ciado por el vendedor condicional, citando a todas las par-tes interesadas para una audiencia que debería celebrarse dentro de los diez días siguientes a la fecba de 1a- citación. Y fue un error de la corte inferior no hacerlo así.

Debemos sostener, por otra parte, que el comprador subsiguiente o cesionario de la propiedad vendida condicionalmente y el embargante del interés que sobre dicha propiedad hayan podido adquirir los primeros, no pueden ser desposeídos de su interés o. derecho sin ser oídos y sin tener una oportunidad de defenderse. Si el procedimiento que establece el artículo 6, supra, para obtener la reposesión del automóvil vendido a Norat es como creemos un procedimiento legal justo {due process of law) en cuanto a Norat, comprador original, se refiere, también debe serlo en cuanto al comprador subsiguiente y al embargante, quienes adquirieron los intereses o derechos que respectivamente puedan tener, con conocimiento de las constancias del registro público para los contratos de ventas condicionales de vehículos de motor.

La resolución recurrida debe ser anulada y el caso de-vuelto a la corte de donde procede para ulteriores proce-dimientos no incompatibles con los términos de esta opi-nión.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Juan Masini, demandante y apelante, v. José María Rosado, demandado y apelado.
    Núm. 7433.

    Sometido: Noviembre 9, 1936.

      Resuelto: Noviembre 20, 1936.

      Rafael Soltero Peralta, abogado del apelante; Y. Polanco de Jesús, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante en este caso, de conformidad con la regla 64 de este tribunal, lia radicado una moción encaminada a obtener nuestra aprobación de una exposición del caso que ha sido rechazada por la corte inferior.

No creemos que el peticionario ha hecho lo suficiente ante la corte sentenciadora para permitirle ampararse en las disposiciones de la regia 64, supra. Las razones expuestas en su moción pueden ser resumidas así: (a) que el apelante considera que su exposición del caso revela con fidelidad y exactitud la evidencia presentada en la corte inferior; (6) que la corte sentenciadora no hizo objeciones específicas a la exposición del caso presentada por el apelante; (c) que la corte inferior opina que es incorrecto preparar una exposición del caso sin obtener una transcripción de la evidencia y que dicha corte no puede propiamente considerar tal exposición si no tiene ante sí la ameritada transcripción.

Hemos leído la orden de la corte inferior y encontramos que en su tercer párrafo dijo:

“En primer lugar, notamos que se ha dejado de incluir en la exposición del caso el documento principal en que se basó la corte para dictar sentencia, o sea un recibo otorgado por el demandante a favor del demandado después de radicada su demanda de la cual resulta que se seguía entendiendo con el demandado por el contrato que tenían de aparcería, acerca de la finca objeto del desahucio.”

Esta objeción específica no lia sido salvada y no se ha hecho ningún esfuerzo para presentar una relación más completa de las declaraciones de los testigos.

La corte, admitiendo primeramente el derecho del ape-lante a no descansar necesariamente en las notas taquigrá-ficas, no resolvió que la única forma correcta de preparar una exposición del caso era transcribiéndose las notas ta-quigráficas, aunque sí indicó que ésa era la mejor práctica a seguir para evitar lo sucedido en este caso. Hemos dis-cutido la ausencia de tal deber legal de parte del apelante en el caso de Martínez v. Soto Nussa, 22 D.P.R. 599. El apelante puede redactar una exposición del caso basándose en sus propias notas, en su memoria o en la memoria de la corte y del apelado. La corte sentenciadora es la que en el análisis final actúa de árbitro sobre la cuestión de si una exposición está completa.

Hemos citado un caso específico en que el apelante ha dejado de cumplir con la objeción de la corte inferior y otros menos específicos, han sido indicados. Creemos que él debe hacer otro y mejor esfuerzo para cumplir con las indi-caciones de dicha corte y entonces posiblemente acudir a este tribunal. Esto no debe hacerse hasta que las partes hayan agotado todo esfuerzo para convenir en una exposi-ción del caso.

Se declaran sin lugar las varias mociones del apelante.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Herminio Ríos, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 980.

    Sometido: Noviembre 2, 1936.

      Resuelto: Noviembre 20, 1936.

      Antonio L. López, abogado del recurrente; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal

Herminio Biíos presentó en el Registro de la Propiedad de Caguas copia certificada de un testamento otorgado por Julia Ramírez Jiménez. De acuerdo con este testamento, la Sra. Ramírez lega al recurrente una casa terrera, de madera, número 34, con techo de zinc, situada en la calle de Padilla el Caribe. Presentóse además cierto recibo que según el recurrente acredita el pago de la contribución de herencia y cumple con los requisitos exigidos por la ley para la inscripción de lá finca a su favor. Negóse el Registrador a practicar la inscripción solicitada por no haberse presentado “el correspondiente recibo expedido por el Tesorero de Puerto Rico creditivo de haberse liquidado y pagado la contribución sobre la herencia, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 99, aprobada en 29 de agosto de 1925.”

Alega el 'recurrente que el Tesorero de Puerto Rico no percibe suma alguna de los ingresos del Tesoro Insular, los cuales son recibidos en su nombre por los colectores de rentas internas, actuando en su representación. Arguye que los recibos de las contribuciones sobre la propiedad expedi-dos por los colectores prueban el pago de dichas contribu-ciones y que habiendo sido éstas debidamente satisfechas, ha debido inscribirse el inmueble a su favor. El recurrente presentó al Registrador un documento en el cual se acredita que la contribución de herencia fue fijada en $27. El co-lector de rentas internas de Oaguas hace constar que esta suma fué satisfecha por el recurrente Herminio Ríos. En-tiende el Registrador que.éste es un recibo provisional que no cumple con los requisitos exigidos por la ley para que pueda inscribirse la finca a nombre del recurrente.

De acuerdo con el artículo 11 de la ley (núm. 99) para modificar y ampliar la contribución sobre trasmisión de bie-nes por herencia y para otros fines, aprobada- en 1925 (pág’. 791), será obligación del Tesorero de Puerto Rico expedir recibos especiales por triplicado al administrador, albacea, fideicomisario o persona que administre bienes sujetos a la referida contribución, y de acuerdo con el artículo 12 de dicha ley, enmendada por la Legislatura en 1933 (Ley núm. 20, Leyes de 1932-1933, pág. 233), ningún tribunal aprobará la división o distribución de los bienes de ningún fallecido, ni permitirá la liquidación final de las cuentas de ningún al-bacea, administrador, fideicomisario o persona que adminis-tre cualesquiera bienes, a menos de haberse presentado y expedido el recibo o los recibos especiales que prescribe el artículo 11 anteriormente citado, y ningún registrador ins-cribirá en ningún registro a su cargo instrumento alguno ni fallo, sentencia o auto judicial autorizado, dictado o emitido en relación con la división, distribución o entrega de dichos bienes, a menos de haberse presentado el recibo o recibos expedidos por el Tesorero. Claramente se ve que los reci-bos exigidos por el artículo 11 son recibos especiales que deben expedirse por triplicado y que deben estar autoriza-dos por el Tesorero de Puerto Rico. El recibo presentado por el recurrente es un recibo provisional, otorgado por el colector de rentas internas, y no el recibo definitivo exigido por la ley, qne debe expedir el Tesorero. Hasta qne no se baya expedido este recibo, el Registrador no está obligado a practicar la inscripción.

Debe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    Vicente Zayas Pizarro, demandante y apelado, v. Henry G. Molina, demandado y apelante.
    Núm. 7075.

    Sometido: Mayo 18, 1936.

    Resuelto: Noviembre 24, 1936.

      Dulón & Oohoteeo, abogados del apelante; López de Tord <6 Zayas Pizarro, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinion del tribunal.

Vicente Zayas Pizarro promovió en la Corte de Distrito de Ponce una acción de daños y perjuicios contra Henry G-. Molina, quien solicitó el traslado de la cansa a la Corte de Distrito de San Juan, sitio de su residencia. La orden de traslado, decretada por la Corte de Distrito de Ponce- en 14 de may.o de 1935, fué apelada y confirmada por esta Corte Suprema. Zayas Pizarro v. Molina, 48 D.P.R. 928. Argüyó entonces el demandante que de acnerdo con el artícnlo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmen-dado en 11 de abril de 1935, la causa de acción ejercitada debía ser juzgada en la Corte de Distrito de Ponce. Cuando se dictó esta orden, la enmienda aprobada por la Legisla-tura y citada por el demandado apelante no había comenzado a regir. (Ley núm. 18, aprobada en 11 de abril de 1935, Leyes de 1935, pág. 174.) No hay discusión en cuanto al alcance de esta enmienda de haber estado en vigor en la fecha en que el tribunal de Ponce decretó el traslado a la Corte de Distrito de San Juan.

Como dijimos entonces, esta corte no tenía que aguardar a que la citada ley de 1935 entrara en vigor para resolver el traslado. Sometídale la cuestión, era su deber decidirla de acuerdo con la ley vigente. Si el demandante, añadimos, estima que la nueva ley le favorece y que a ello tiene dere-cho, puede pedir que el caso vuelva a la corte de distrito en que tuvo origen la causa del litigio. T esto es lo que ha hecho el demandante: solicitar que la causa sea trasladada a la Corte de Distrito de Ponce de acuerdo con la enmienda mencionada.

Al resolver la moción de traslado la Corte de Distrito de San Juan dijo, entre otras cosas lo siguiente:

“Después de leer estos alegatos con bastante detenimiento, y de estudiar la ley, creemos que procede el traslado o devolución de la causa a la Corte de Distrito de Ponce, por el siguiente fundamento: este pleito está todavía en el incidente de traslado; no se ha discu-tido una sola moción interlocutoria, y mucho menos se ha contestado la demanda. El art. 79 del Cód. de Enj. Civil dice que ‘deberán verse en el distrito en que la causa del litigio o alguna parte de ella tuvo su origen, los pleitos para obtener indemnización contra una compañía de seguro por cobro de un contrato de póliza, o para reco-brar daños y perjuicios, o a virtud de cualquier otro precepto de ley.’ De manera que la enmienda consiste en adicionar éstos al antiguo precepto de ley, tal como fué enmendado en 1928. Si este pleito no se ba empezado a ver en este distrito, y si abora la ley dispone ■que el pleito se vea en el sitio o distrito en donde se originó la causa del litigio, es innegable el derecho del demandante para pedir el traslado. ...”

Arguye el demandado que siendo claro su derecho al traslado en la fecha en que éste fué decretado, tiene un de-recho adquirido (vested right) que una ley subsiguiente no puede anular. No estamos conformes. Es ésta una cues-tión de procedimiento que no tiene el alcance que le atri-buye el apelante.

En Shelby-Downard Asphalt Co. v. Enyart, 170 Pac. 708, se promovió una acción de daños y perjuicios, originada en el condado de Osage, contra la mencionada corporación, que tenía su domicilio y oficina principal en Ardmore, condado de Carter. La compañía demandada compareció especial-mente y solicitó la anulación del emplazamiento, basándose en que la corte del condado de Osage carecía de jurisdicción para mantener la acción y emplazarla en el condado de Carter. Dicha moción fué declarada con lugar y la acción desestimada sin perjuicio. Algún tiempo después se pro-movió de nuevo la misma acción contra la referida compa-ñía, la ciudad de Pawhuska y L. A. Arms. La compañía compareció especialmente y atacó la jurisdicción de la corte, sosteniendo que los nuevos demandados fueron incluidos en la demanda, sin ser partes interesadas, con el propósito de darle a la corte del condado de Osage jurisdicción en la ac-ción. La corte sostuvo la moción para anular el emplaza-miento y desestimó la acción sin perjuicio. Ambos pleitos fueron iniciados en el año 1912. En marzo 22,1913, la ley fué enmendada permitiendo que la acción pudiese ser inter-puesta en el sitio donde se originó. En enero 1914,. se inició por tercera vez el mismo litigio en el condado de Osage. La compañía demandada compareció especialmente y solicitó la nulidad del emplazamiento alegando que la corte carecía de-jurisdicción. Esta moción fué desestimada, y celebrado jui-cio en el referido condado, se dictó sentencia en favor del demandante. La parte demandada apeló de esta sentencia,, insistiendo en la falta de jurisdicción del tribunal donde se-inició el pleito. La Corte Suprema de Oklahoma, resolviendo, la cuestión planteada, se expresó así:

“La corte sentenciadora, al sostener la moción para anular el emplazamiento practicado en el Condado de Carter en la primera demanda, se basó en el artículo 4674 de las leyes revisadas de 1910' y sostuvo que bajo esta sección la compañía demandada, siendo una-corporación doméstica, tenía derecho a insistir en que la acción fuese-promovida en el Condado de su domicilio, donde estaban localizados su oficina principal y sitio de negocios, o en el condado donde sus-principales funcionarios residían o podían ser emplazados. Al de-clarar sin lugar la moción de la demandada en la tercera demanda, la corte se basó en la enmienda que se hizo a esta ley en marzo 22, 1913, permitiéndose ique la acción fuese mantenida en el Condado' de Osage porque allí se originó la causa de acción.
“El demandante en error insiste que esta enmienda no puede-aplicarse a una causa de acción que se había originado y tenía ya existencia al tiempo de entrar la enmienda en vigor, siendo aplica-ble solamente a las causas de acción originadas después de marzo-22, 1913, fecha en que la enmienda comenzó a regir. Con estos pun-tos de vista no estamos de acuerdo nosotros, porque esta enmienda se relaciona únicamente con el procedimiento y nadie tiene un dere-cho adquirido (vested right) en ningún modo particular de procedi-miento para defender o hacer efectivos sus derechos.”

Más adelante dice la misma corte:

“Bajo la bien establecida regla de que un estatuto que se aplica exclusivamente a procedimiento debe surtir efecto retroactivo, a me-nos que aparezca que la legislatura intentó que operara prospectiva-mente, nosotros opinamos que esta enmienda debe ser interpretada en el sentido de comprender y abrazar causas de acción existentes al tiempo de entrar la ley en vigor, del mismo modo que aquellas que se originaren después.”

Como se ve, de acuerdo con la Corte Suprema de Oklahoma, no existe derecho adquirido que pueda impedir la aplicación del principio de la retroactividad de la ley.

Este tribunal ha sostenido en repetidas decisiones la misma doctrina. En Ojeda v. Gavilán, 46 D.P.R. 399, el demandado compareció ante una corte de distrito solicitando el levantamiento de un embargo decretado a solicitud del demandante y posteriormente presentó una moción pidiendo el traslado del pleito a otra corte de distrito. De acuerdo con el artículo 77 del Código de Enjuiciamiento Civil, vi-gente cuando se presentó la solicitud de embargo, el deman-dado, en virtud de la misma, quedó sometido a la jurisdic-ción de la corte donde se inició el pleito. Más tarde el referido artículo fué enmendado en el sentido de impedir que esta comparecencia surtiese el efecto de una sumisión. Esta corte resolvió que la enmienda, por tratarse de una regia de procedimiento, de aplicación inmediata, tenía efecto retroactivo, revocando la decision de la corte inferior. Iglesia Apostólica Romana en P. R. v. El Pueblo, 7 D.P.R. 358; Cintrón et al. v. Banco Territorial, 15 D.P.R. 507; Brenes v. A. Hartman & Co., 17 D.P.R. 598; Arbona Hermanos v. H. C. Christianson, 26 D.P.R. 284. Esta misma doctrina fué ratificada en el caso de López v. Am. R. R. Co. of P. R., ante, pág. 1.

Se arguye por el apelante que en el caso citado la en-mienda estaba en vigor cuando se presentó la moción de traslado, mientras que en el presente caso la orden tras-ladando la causa a la Corte de Distrito de San Juan había sido decretada antes de entrar-la enmienda en vigor. Así es, en efecto, pero no existe, a nuestro juicio, diferencia alguna en cuanto a los efectos legales. La moción de tras-lado que en estos momentos discutimos fué presentada cuando ya la enmienda había comenzado a regir, y no cree-mos que el tribunal inferior haya cometido error alguno al decretar el traslado solicitado de acuerdo con la jurispru-dencia repetidamente sostenida por este tribunal. Las dis-tinciones qne trata de establecer el apelante entre este caso y los qne ban sido ya resueltos por esta corte carecen de importancia en lo que atañe al efecto retroactivo de la ley.

Debe confirmarse la resolución apelada-.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Travieso no intervinieron.


text:
    Eloísa Saldaña Muñoz, demandante y apelada, v. Eloy Rodríguez Díaz, demandado y apelante.
    Núm. 6981.

    Sometido: Noviembre 5, 1936.'

      Resuelto: Noviembre 30, 1936.

      Llorens Torres & O’Neill, abogados del apelante; Enrique Báez García, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 21 de octubre de 1933, Eloy Rodríguez Díaz suscribió y entregó a Eloísa Saldaña Muñoz un pagaré por la suma •de $1,800, que se obligó a satisfacer a razón de $75 men-suales, a partir de dicho día, con intereses al 9 por ciento anual, y con la estipulación de que “vencidos y no satisfe-chos dos plazos de amortización, la acreedora podia decla-rar vencida la dueda en su totalidad.”

Satisfizo el demandado las mensualidades correspon-dientes a los meses de noviembre y diciembre de 1933 y enero y febrero de 1934, este último plazo mediante un che-que expedido el 31 de marzo de 1934, por $81.64, estando' en él incluidos los intereses. Desde entonces acá nada lia satisfecho Rodríguez, pues si bien es cierto que en 14 de mayo de 1934 remitió un cheque a la demandante por $86.25 para el pago de la mensualidad correspondiente al 27 de marzo de 1934, según expresa el mismo cheque, éste no pude ser satisfecho porque no lo firmó el demandado.

La demanda se presentó en mayo 16, 1934. El deman-dado expepcionó dicha demanda sobre la base de que la misma no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción. La excepción fué desestimada, y contestada la demanda y celebrado juicio, el tribunal inferior dictó sen-tencia declarando con lugar la demanda.

En su alegato el demandado suscita solamente una cues-tión. Insiste en que la excepción previa debió haber sido sostenida porque en ninguna parte de la demanda se alega que la acreedora declarara en forma alguna vencida la obli-gación total de pagar. A juicio del apelante, la declaración de vencimiento de la deuda era esencial para que el Sr. Ro-dríguez viniese obligado a satisfacer la totalidad de la deuda en vez de las dos mensualidades que dejó de satisfacer.

Cuatro son los casos citados por el apelante en apoyo de sus puntos de vista. El primero, Cox v. Delmas, 99 Cal. 104, 33 P. 836, no sostiene la doctrina invocada. Fué ésta una acción iniciada por un cliente en reclamación de cierta suma de dinero cobrada por su abogado en su nombre. Se sostuvo que en este caso no fué necesario alegar previo re-querimiento de pago. Luego la corte, a manera de dictum, sostuvo en el curso de la opinión las siguientes conclusiones, que el apelante copia en su alegato:

“Es claro que cuando el requerimiento es una parte integrante de la causa de acción, como cuando el deber de pagar o de entregar propiedad, o cíe ejecutar algún acto, no surge hasta después de ese requerimiento, entonces la regla general es que debe alegarse una previa demanda; pero cuando ha vencido el tiempo para ejecutar el acto y el demandado tenía el deber de ejecutarlo incondicional-mente, entonces no es necesario otro requerimiento que la radicación del pleito.”

Inmediatamente después dice la corte:

“Desde luego, la dificultad estriba en aplicar la regla a cada caso en particular; pero la razón de la misma para exigir el reque-rimiento es que sería injusto e inequitativo someter a un demandado a un litigio sin notificarle antes la reclamación del demandante, para que diebo demandado tenga la oportunidad de satisfacer la reclama-ción sin las molestias y gastos de un litigio.”

En Danielsen v. Neal, 164 Cal. 748, donde se promovió una acción para la reforma de un testamento, se alegó que para establecer la acción era necesaria una previa demanda. La Corte Suprema, citando el caso de Cox v. Delmas, supra, se expresó así:

“En apoyo de la sentencia, alega el demandado que esta acción para la reforma del testamento no puede originarse sin una demanda previa, que no ba sido alegada. Hay alguna autoridad en apoyo de este criterio, pero no es ésta la regla de decisión en nuestro es-tado, ni tampoco la regla de adopción general. Cuando un derecho se origina o depende de una demanda previa, en otras palabras, cuando la demanda es una parte integrante de la causa de acción, opinamos que debe hacerse antes de promoverse el litigio. Pero cuando existe un deber incondicional de parte del demandado de ejecutar cierto acto, la radicación del pleito es la única demanda necesaria. (Citas.)”

Como Remos visto, en Cox v. Delmas, supra, la corte, ajustándose a los hechos, resolvió que no fué necesario el requerimiento de pago, añadiendo luego que cuando el deber de pagar o de entregar propiedad o de ejecutar algún acto, surge después del requerimiento, entonces éste es necesario como una condición precedente para promover la acción. Las conclusiones mantenidas en el caso citado distan mu-cho de sostener el criterio sustentado por el demandado ape-lante. El mismo tribunal californiano, en una decisión posterior (Wetzel v. Cale, 175 Cal. 208), expone claramente su criterio en los siguientes términos:

£<E1 demandante no tuvo necesidad de alegar, ni la corte de con-cluir, que había elegido, después de cinco días de vencido un plazo, declarar vencida la suma total. La demanda establece los hechos que autorizan al tenedor del pagaré a ejercer este derecho, y el co-mienzo de la acción para recobrar la suma total constituye en sí mismo un ejercicio de la opción y una notificación suficiente. (Ci-tas.)

Los hechos que sirvieron de base a las conclusiones que .anteceden son muy parecidos, si no idénticos, a los que han dado origen al presente litigio. En ambos casos el acreedor quedó autorizado para declarar vencida y exigible la tota-lidad de la obligación, cuando el deudor dejase de pagar, después de su vencimiento, alguno de los plazos convenidos. En el pagaré alegado en Wetzel v. Cale, supra, se decía que en caso de que cualquier plazo no fuese satisfecho dentro de los cinco días después de vencido, la totalidad de la suma principal y de los intereses no satisfechos quedaría vencida y sería exigible at the election of the holder of the note. De acuerdo con el pagaré suscrito por el demandado Ro-dríguez, el acreedor puede también declarar vencida la to-talidad de la deuda cuando el deudor ha dejado de satisfacer a su vencimiento dos de los plazos convenidos.

Cita también el apelante el caso de Whitton v. Whitton, 75 Am. Dec. 163, donde se declara sin lugar una excepción previa a una demanda basada en el hecho de que dicha de-manda no establece el requerimiento previo antes de ini-ciarse la acción. Los hechos en este caso se refieren a tras-pasos de bienes inmuebles poseídos en comunidad. El apelante copia lo siguiente de la opinión del tribunal:

“Cuando en alguna forma depende de la voluntad de la parte de qué manera o en qué fecha una cosa deba hacerse, or whether it shall be done at all, la parte debe requerir la ejecución de una con-dición; Com. Dig., tit. Pleader, C. 69.”

A raíz de las anteriores palabras copiadas por el ape-lante, dice el juez ponente:

“Este no es el caso y yo no be encontrado otro caso donde nn requerimiento especial baya sido necesario a menos que así se ex-prese en el contrato.”

El caso de Basse v. Gallegger, 76 Am. Dec. 225, resueltoen 1858, es el único que parece sostener los puntos de vista del apelante, aunque se refiere a casos de hipoteca. El syllabus de este caso expone los hechos y el criterio de la corte de Wisconsin, como sigue:

‘ ‘ El acreedor hipotecario debe dar aviso de. su elección de que el principal ha vencido y es exigible, cuando el deudor hipotecario ha incurrido en mora, si la hipoteca dispone que el principal, en caso-de mora, quedará inmediatamente vencido- y será exigible a elección del acreedor. Hasta que tal aviso haya sido dado, dicho principal no queda vencido.”

La jurisprudencia que sostiene que el aviso no es nece-sario en aquellos casos en que el acreedor puede declarar vencida la deuda a su elección, cuando se ha dejado de sa-tisfacer alguno de los plazos, es abundante.

En Hartge v. Capeloto et al., 241 P. 5, la Corte Suprema de Washington se expresó así:

“Se sostiene a nombre de Gapeloto que sea ello como fuere Hartge no tiene derecho a recobrar suma alguna en la teoría de que toda la deuda ha vencido, debido a que él ha dejado efectivamente-de hacer tal elección. Nuestra decisión en Cook v. Strelau, 127 Wash. 128, 129 p. 846, nos parece decisiva en contra de esta conten-ción. Esa resolución, en armonía con observaciones anteriores de-la corte allí mencionadas, siendo al efecto de que la iniciación de un recurso tendente a recobrar determinada cantidad en la teoría de que toda la deuda ha vencido debido a la falta de pago de Ios-plazos convenidos, como sucede en este pagaré, constituye de por sí' suficiente elección a ese respecto. 8 C. J. 417.”

En 8 C. J. 417 hallamos lo siguiente:

“No es necesario que el tenedor notifique al librador que ha ele-gido considerar el pagaré vencido por falta de pago de los intereses--o por otro motivo, a menos que haya una disposición a ese respecto. En ausencia de esto, la iniciación de un recurso en cobro del docu-mento, o de un procedimiento ejecutivo, constituye suficiente elec-ción. ’ ’

En Drug Co. v. Miranda, 50 D.P.R. 531, recientemente resuelto, esta corte sostiene que aceptadas varias letras de cambio conteniendo la condición de que, de dejarse de pagar alguna de ellas a su vencimiento, todas las demás se consi-derarían vencidas, el tenedor puede instar acción para re-cobrar el importe total de las mismas sin necesidad de no-tificar previamente al deudor ni darle oportunidad de pagar. Aunque en este caso se dice expresamente que si se dejaba de pagar alguna de las letras de cambio a su vencimiento, todas las demás obligaciones quedarían vencidas, el principio apli-cable es el mismo, ya que en uno y otro caso el acreedor puede utilizar o no, a su elección, el derecho de reclamar judicialmente la totalidad de la deuda.

No cometió error la corte inferior al declarar sin lugar la excepción de falta de causa de acción. Además, como cuestión de hecho, el demandado no ha negado la existencia de la deuda ni ha hecho oferta alguna de pago durante la tramitación del litigio. La demanda fué radicada en 25 de febrero de 1935. El deudor simplemente desea que el acreedor le informe el vencimiento de la totalidad de la deuda para que a su juicio pueda tener el derecho de reclamar ju-dicialmente el cumplimiento de la obligación. En otras pa-labras, el demandado desea que la demanda sea desestimada para que el acreedor le informe de lo que ya desde hace tiempo conoce. No ignoraba el demandado que si dejaba de pagar dos de los plazos convenidos, la acreedora podía declarar vencida la totalidad de la obligación contraída. Al dejar de satisfacer estos dos plazos debió saber que la de-mandante podía ejercitar su derecho de elección. La inter-posición de 1a. demanda constituye una notificación clara y explícita de que la elección ha sido hecha.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Cókdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carmen Delgado, acusada y apelante.
    Núm. 6074.

    Sometido: Noviembre 10, 1936.

      Resuelto: Noviembre 30, 1936.

      Felipe Colón Días, abogado de la apelante; B. A. Gómez, Fiscal, j Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Carmen Delgado fné declarada culpable de un delito de burto menor. No conforme con la sentencia dictada apeló de la misma, alegando que la corte inferior incurrió en error al declarar probado dicbo delito, cuando en realidad la prueba tiende a demostrar la comisión de un delito de escalamiento en segundo grado. La verdad es que bubo prueba tendente a demostrar ambos delitos- La acusada, durante el mes de marzo de 1935, aprovechándose de la ausencia de sus vecinos el quincallero Angel Ortiz y su esposa, quienes dejaron su bogar al cuidado d,e una niña de diez años, penetró en el referido bogar y allí, por medio de ofer-tas y regalos y hasta de amenazas, consiguió que dicha niña sustrajera y le entregara algunos dé los artículos de mer-cería y quincalla que Ortiz guardaba en un baúl. Los ar-tículos citados fueron encontrados por la policía en poder de la acusada. La defensa no ofreció prueba de descargo alguna.

La acusación imputa claramente un delito de hurto menor. Como hemos apuntado, la prueba tiende a demostrar la co-misión de ambos delitos: el de hurto menor, y el de escala-miento en segundo grado. El caso de El Pueblo v. Díaz, 23 D.P.R. 257, invocado por la apelante, puede distinguirse del presente. En aquel caso este tribunal revocó la sen-tencia de la corte inferior por la razón de que habiéndose imputado a los acusados el delito de hurto menor, si se probó algún delito fué el de abuso de confianza y no el de hurto imputado en la acusación. En el presente caso la prueba demuestra que la apelante, en distintas ocasiones, penetró en el hogar de Ortiz, donde cometió el delito que se le imputa. Siendo ello así, entendemos que, si se han pro-bado los hechos imputados en la acusación, la sentencia dic-tada es correcta y debe ser sostenida, aunque surja también de la prueba la comisión de un delito de escalamiento en se-gundo grado. El hurto no es una parte esencial de este último delito, ni está necesariamente comprendido en el mismo, como ocurre con el homicidio dentro del asesinato. El escalamiento puede cometerse, sin que se haya perpe-trado hurto alguno. Cualquier persona, que penetre en un edificio o estructura con intención de cometer hurto, o cual-quier delito grave, incurre en un delito de escalamiento. People v. Garnett, 29 P. 628; People v. Curtiss, 76 Cal. 57, 17 P. 941; People v. Devlin, 143 Cal. 128, 76 P. 900.

En People v. Devlin, supra, la ‘Corte Suprema de California cita con aprobación las siguientes palabras del co-mentarista Bishop:

“Si durante la noche un hombre penetra en una residencia con la intención de hurtar, y hurta, puede ser castigado por los dos' deli-tos o por uno sólo, a opción del gobierno . . . . ” Bishop’s New Criminal Law, vol. I, see. 1062.

En dicho caso la corte llegó a la conclusión de que si el gobierno opta por acusar de un delito de hurto menor, co-metido inmediatamente después de penetrar en una casa ajena con intención de hurtar, y se declara culpable al acu-sado, esto no impide un proceso subsiguiente por el delito de escalamiento.

En el caso de People v. Matezuski, 105 P. 425, la Corte de Apelaciones de California, segundo Distrito, se expresó así:

“Se alega por el apelante que el veredicto no está sostenido por la evidencia, toda vez que ésta tiende a establecer un escalamiento así como un hurto mayor. Si se concede que el hurto no está in-cluido en una acusación de escalamiento y que la evidencia de una convicción de uno de estos crímenes no- sostiene una defensa de anterior convicción, el jurado puede, sin embargo, determinar, de la evidencia tendente a demostrar ambos delitos, cuál fue realmente cometido. La conclusión es una de hecho y no debe ser alterada si hay evidencia que la apoye.”

Se atribuye también a la corte el error de haber declarado culpable a la acusada sin haberse presentado evidencia alguna del valor de los objetos hurtados. En jurisdicciones como la nuestra, donde el delito está dividido en grados y la penalidad para cada grado varía de acuerdocon el mayor o menor valor de los objetos hurtados, debe probarse, cuando se acusa de un delito de hurto menor, por lo menos que los objetos hurtados tienen algún valor.

En el caso de El Pueblo v. Ramos, 28 D.P.R. 800, se-alegó como defensa el no haberse establecido el valor de los. objetos hurtados. La sentencia de la corte inferior decla-rando culpable al acusado de un delito de hurto menor fue-confirmada por el fundamento de que habiéndose probado-que los objetos valían más de $30 y menos de $100, no era. necesario probar el valor exacto de cada uno de ellos.

Las decisiones, sin embargo, difieren en cnanto a si es necesario o no probar de una manera directa y específica en casos de hurto menor que los objetos hurtados tienen algún valor. En algunas jurisdicciones se sostiene que en ausen-cia de evidencia sobre el particular la corte o jurado no puede hacer presunciones para suplir tal omisión. Burrows v. State, 137 Ind. 474, 37 N. E. 271.

En Baker v. State, 200 Ind. 336, 163 N. E. 268, se sos-tiene que es indispensable presentar evidencia directa y es-pecífica para probar que los objetos hurtados tienen algún valor, no pndiendo presumirse este hecho a menos que se trate de moneda legal de los Estados Unidos. En otros estaidos, sin embargo, se ha adoptado un criterio que nos parece más justo y razonable. De acuerdo con esta doctrina, cuando el objeto hurtado tiene valor intrínseco no es ne-cesario aportar evidencia directa y específica, pndiendo la corte o jurado inferir que el objeto tiene algún valor, de una inspección del mismo o de la descripción que hayan he-cho los testigos. State v. Gerrish, 78 Me. 20, 2 A. 129; State v. Nelson, 91 Vt. 168, 99 A. 881; Houston v. State, 13 Ark. 66; Mathews v. State, 26 Ga. App. 41, 105 S. E. 383.

En el presente caso no se presentó evidencia para demostrar que los objetos hurtados tienen algún' valor; pero como se trata de artículos de quincalla, como medias, pan-talones, camisas, de evidente valor intrínseco, el fallo de la Corte de Distrito de Ponce no debe ser alterado por el hecho de que no se produjera evidencia sobre el valor de los objetos hurtados, los cuales fueron presentados como prueba y descritos además por algunos testigos.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    María Alejandro Pinto, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 979.

    Sometido: Noviembre 2, 1936.

      Resuelto: Noviembre 30, 1936.

      Pedro Amado Rivera, abogado del recurrente; el Registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

María Alejandro Pinto solicitó la cancelación en el re-gistro de la propiedad de la inscripción de una hipoteca, por haber transcurrido el período de 20 años, de confor-midad con el párrafo final de la sección 2 de la Ley (núm. 12) aprobada el 29 de agosto de 1923. (Leyes de Puerto Rico, Sesión Extraordinaria de 1923, página 37.) El regis-trador se negó a cancelar esta inscripción fundándose en que la ley de 1923, según quedó enmendada en 1936 (Leyes de Puerto Rico, Sesión Extraordinaria de 1936, página 149) no dispone la cancelación de tales asientos a instancia de parte interesada luego del transcurso de veinte años. La cuestión en controversia ■ es si la sección 2 de la Ley. de 1923 fué derogada por la enmienda de 1936.

Por la sección primera de la Ley (núm. 12) de 1923 el registrador quedó autorizado para cancelar en el re-gistro de la propiedad distintas clases de asientos agrupa-dos en diversos párrafos bajo las letras (a), (b), (c), y (d). El párrafo (a) especificaba “las menciones de hipoteca, de censos y de otros derechos.” El párrafo (b) especificaba “las anotaciones de embargo y otras similares.” El pá-rrafo (c) especificaba “las inscripciones de fianzas hipote-carias para garantizar el ejercicio de cargos públicos” etc. El párrafo (d) se refería a los gravámenes por razón de sentencias. Este artículo no contenía precepto alguno rela-tivo a la cancelación de los asientos de hipoteca.

La sección 2 autorizaba a los dueños de bienes inmuebles sobre los cuales pesen gravámenes hipotecarios que tengan veinte años de vencidos o de constituidos para presentar una petición solicitando la cancelación de dichas hipotecas. El párrafo final de esa sección lee así:

“Transcurrido un año desde la vigencia de esta Ley, los regis-tradores, a instancia de las personas interesadas ya indicadas, pro-cederán á la cancelación de las hipotecas referidas en esta sección, sin necesidad de notificación alguna, si no se hubiere acreditado en el registro la interposición de la demanda en cobro de la misma o la de subsistencia de tales gravámenes.”

Las secciones 3 y 4 disponían:

“Sección 3. — Los registradores de la propiedad procederán a cancelar de oficio o a instancia de parte las anotaciones de embargo por razón de contribuciones, al transcurrir un año desde la fecha de la anotaeió(n.
“Sección 4. — Las secciones precedentes se denominarán sección 888-a, 388-á y 388-c, respectivamente; de la Ley Hipotecaria y se insertarán en el lugar correspondiente de este texto legal en cualquier reimpresión oficial del mismo que se hiciere.”

En 1924 (Leyes de Puerto Kdco, Sesión Extraordinaria, página 109) la Legislatura enmendó el inciso (a) de la sección primera de la ley de 1923. En 1936 la Legislatura aprobó la Ley (núm 19) en que se funda el registrador, ti-tulada “Ley para enmendar la Ley No. 12 de agosto 29, 1923, enmendada a su vez por la Ley No. 12, de junio 25, 1924, la que se insertará como artículo 388-A de la Ley Hi-potecaria.” La parte pertinente de la sección 1 conforme aparece en español e inglés lee:

“Sección 1. — La Ley número 12 de agosto 29, 1923, según ha sido enmendada por la Ley número 12 de junio 25, 1924, queda en-mendada y redactada del modo siguiente, y se insertará como ar-tículo 388-A de la Ley Hipotecaria.
“ ‘Artículo 388-A. — Los registradores de la propiedad, a instan-cia de parte, autenticada ante notario procederán a cancelar en el respectivo registro.’ ”
“Section 1. — An amendment is hereby made to Act No. 12, of August 29, 1923, as amended' bj^ Act No. 12, of June 25, 1924, which amendment shall read as follows and shall be inserted as Article 388-A of the Mortgage Law:
“ ‘Article 388-A. — On application of a party, authenticated before a notary, the registrars of property shall proceed to cancel in the respective register: . . . . ’ ”

A los preceptos que acabamos de citar siguen los incisos (a), (b), (c) y (d) de la sección 1 de la ley de 1923 con ciertas alteraciones y modificaciones de menor importancia.

La sección 3 simplemente dice:

“Toda ley o parte de la misma que se oponga a la presente, queda por ésta derogada.”

El contexto de la versión castellana de la sección 1 de la Ley (núm. 19) de 1936 “queda enmendada y redactada del modo siguiente” tiende a sostener la teoría del' regis-trador de quería sección 2 de la ley de 1923 y todas las de-más disposiciones de esa ley no repetidas en la ley de 1936 fueron derogadas. Véase 59 C. J. 924, sección 526; Id. 925, 926, sección 527. El lenguaje usado en la versión española del título es también muy consistente con la teoría del caso sustentada por el registrador. Por otra parte, las seccio-nes 1, 2 y 3 de la ley de 1923, aprobadas como artículos 388-A, 388-B y 388-C de la Ley Hipotecaria tienden bacia una política definida por parte de la Legislatura en rela-ción con las hipotecas especificadas en el artículo 388-B, y los embargos por contribuciones atrasadas especificados en el artículo 388-C, así como las menciones de bipotec'as y de otros derechos a que se bace referencia en el artículo 388-A. Esta política en sn tendencia y objetivo' generales fué uniforme. Sujeta a ciertas variaciones relativas al período de tiempo requerido en cada caso y otras diferen-cias sin importancia en los detalles, el remedio era el mismo cuando se trataba de embargos por contribuciones atrasa-das, cuando se trataba de hipotecas vencidas por muchos años, y cuando se trataba de los otros asientos a que se hacía referencia en los incisos a, b, c, y d del artículo 388-A. Eas únicas modificaciones realmente hechas por la ley de 1936 fueron ciertos cambios insignificantes en uno o más de los cuatro incisos del artículo 388-A. No hubo cambio o modificación sustancial en el objetivo y política legisla-tivos del artículo 388-A tal cual éste fué originalmente re-dactado en 1923 o según quedó enmendado en 1924 (Ley núm. 12 de 1924, pág. 109). Fuera del hecho de que la Le-gislatura no repitió los artículos 388-Ó y 388-c en la Ley de 1936, nada hay que indique la intención legislativa de que estos artículos sean derogados. Las derogaciones implícitas no son favorecidas por la ley. Si la Legislatura hubiese tenido la intención de abandonar la política por ella seguida por espacio de más de diez años en los artículos 388-b y 388-c de la Ley Hipotecaria, y al mismo tiempo dejar en vigor esa misma política, tal cual era evidenciada por el ar-tículo 388-a, ella probablemente hubiera dicho en la sección 3 de la ley de 1936: “Las secciones 2 y 3 de la ley de 1923 conocidas hasta ahora como artículos 388-B y 388-C de la Ley Hipotecaria y toda otra ley o parte de ley que se oponga a la presente queda derogada.” Por estas razones, no es-tamos dispuestos a imputar semejante intención a la Legis-latura meramente por haber dejado de repetir esos artículos en la ley de 1936.

Debe revocarse la nota recurrida.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor "Wole,

text:
    Felipe Olivero García, Cándida López de Fernández y Heriberto Torres Solá, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 978.

    Sometido: Noviembre 2, 1936.

      Resuelto: Noviembre 30, 1936.

      Heriberto Torres Sold, abogado de los recurrentes; el Registrador-recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor "Wole,

emitió lá opinión del tribunal.

En 28 de julio de 1936, los peticionarios solicitaron for-malmente la cancelación de una anotación de demanda en los libros del Registro de la Propiedad de San Juan, Sec-ción Primera. Pidieron esto fundados en que habían trans-currido cuatro años cinco meses desde que se efectuó el asiento y en que en su consecuencia el mismo estaba sujeto-a cancelación de conformidad con el inciso (ó) de la sección 1 de la Ley núm. 12 de 1923 (Sesión Extraordinaria de ese año, página 37).

La nota del registrador sustaneialmente lee:

“Denegada la cancelación solicitada por observarse que no ba transcurrido el año que desde la vigencia de la Ley número 19 de 1936 se concede a la parte interesada para que pueda obtener de la Corte competente la prórroga de su anotación de la demanda, tomándose anotación preventiva por 120 días . . . . ”

En 1923 la Legislatura aprobó una Ley (núm. 12, supra), que estableció un procedimiento definitivo para cancelar ciertos gravámenes y anotaciones de derechos reales, etc. por el transcurso del tiempo. En muchos casos redujo considerablemente el período prescriptivo existente antes de ese año. El inciso (5) de la sección 1 de esa ley provee:

‘ ‘ Sección 1. — Los registradores de la propiedad a instancia escrita de parte o de su representante, autenticada ante notario, procederán a cancelar en el respectivo registro:
“(a,).
“(5) Las anotaciones de embargo, prohibiciones de enajenar, anotaciones de demanda y cualesquiera otras hechas en virtud de mandamiento judicial que tengan más de cuatro (4) años de anotadas, si no hubieren sido prorrogadas por orden de la corte en que pen-dieren los casos, por justa causa. Si al entrar en vigor esta Ley hubiere transcurrido en totalidad dicho término o sólo restare del mismo un (1) año o menos, la parte interesada en la anotación tendrá un (1) año desde la vigencia de esta Ley para obtener de la corte competente la prórroga de la anotación.
"(c).
“(<*).

La ley consta de cuatro secciones, cuya última dispone que las tres precedentes serán conocidas como secciones 388-a, 388-6 y 388-c de la Ley Hipotecaria. En 1924 se enmendó el inciso (a) de esta sección (Ley núm. 12 de 1924, pág. 109). En 1936 se aprobó la Ley núm. 19, supra, que lee así:

“LEY para enmendar la Ley número 12 de agosto 29, 1923, en-mendada a sn vez por la Ley número 12 de junio 25, 1924, la que se insertará como artículo 388-A de la Ley Hipotecaria.
“Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Pico:
“Sección 1. — La Ley número 12 de agosto 29, 1923, según ha sido enmendada por la Ley número 12 de junio 25, 1924, queda enmendada y redactada del modo siguiente, y se insertará como Artículo 388-A de la Ley Hipotecaria.
“ ‘Artículo 388-A. — Los registradores de la propiedad, a instancia de parte, autenticada ante notario procederán a cancelar en el res-pectivo registro:
‘(a) Cualesquiera menciones de derechos reales que consten en los libros antiguos o modernos del registro, si hubiesen transcurrido más de diez (10) años desde que se verificó la respectiva mención, cuando la parte interesada dentro del plazo de seis (6) meses, a contar desde la fecha en que empiece a regir esta Ley, no hubiese solicitado la inscripción del derecho mencionado, o no hubiese promo-vido acción judicial en reclamación de su derecho anotando la de-manda en el registro.
‘ ‘ ‘ Cualesquiera menciones de obligaciones para el pago de dinero y de precio aplazado de la compraventa de inmuebles, háyase o no fijado plazo para el cumplimiento de la obligación mencionada, que consten en los libros, antiguos o modernos del registro, si hubiesen transcurrido más de cinco (5) años, desde que se verificó la respec-tiva mención, cuando la parte interesada, dentro del plazo de seis (6) meses, a contar desde la fecha en que empiece a regir esta Ley, no hubiese promovido acción judicial en reclamación de su derecho anotando la demanda en el registro.
“ ‘ (b) Las anotaciones de embargo, prohibiciones de enajenar, anotaciones de demanda-y cualesquiera otras hechas en virtud de mandamiento judicial que tengan más de cuatro (4) años de ano-tadas, si no hubieren sido prorrogadas por orden de la corte en que pendieren los casos, por justa causa. Si al entrar en vigor esta Ley hubiere transcurrido en totalidad dicho término o sólo restare del mismo un (1) año o menos, la parte interesada en la anotación tendrá un (1) año desde la vigencia de esta Ley para obtener de la corte competente la prórroga de la anotación.
“ ‘(c) Las inscripciones de fianzas hipotecarias para garantizar el ejercicio de cargos públicos verificadas a favor del Estado, mu-nicipio, instituciones o funcionarios del gobierno, que tuvieren más de veinte (20) años de constituidas, a no ser que, por autoridad competente, se comunicare al registrador en el término de seis (6) meses desde que comenzare a regir esta Ley, que el funcionario a cuyo favor se prestó lá fianza está en el ejercicio del mismo o existen reclamaciones pendientes por razón de dicho ejercicio.
‘(d) Los gravámenes por razón de sentencias que tengan más de cinco años de constituidas en el registro, si este lapso de tiempo no fuere prorrogado por orden de la corte competente, sin que en caso alguno esta prórroga puede exceder de cinco (5) años.’
“Sección 2. — Por la presente se declara que existe una emergencia que justifica la inmediata vigencia de esta Ley, y por tanto, la misma regirá desde la fecha de su aprobación.
“Sección 3. — Toda ley o parte de la misma que se oponga a la presente, queda por ésta derogada.
“Aprobada en 9 de julio de 1936.”

Esta ley enmienda nuevamente el inciso (a) de la sec-ción primera, de la ley de 1923, según fué enmendada en 1924; pero meramente repite la fraseología de la ley de 1923 en lo que a los incisos (b), (c) y (d) de la misma sección se refiere. La cuestión ante nos es si el inciso (6), conforme fué repetido en la presente ley, extiende por un año más el derecho de los demandantes a obtener de una corte com-petente la renovación de una anotación de demanda sin can-celar.

En el recurso gubernativo núm. 979, María Alejandro Pinto v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, decidido en esta misma fecha (ante pág. 662) resolvimos que la ley de 1936, supra, no derogó implícita-mente las seccionas 2 y 3 de la ley de 1923. En ese recurso nos fundamos en el principio de que la Legislatura había expresado una política definida con respecto a la cancela-ción de los gravámenes mencionados en dichas dos seccio-nes, y que no se expresó la intención clara de derogarlas.

En este caso tenemos unos peticionarios que, bajo la ley de 1923, tendrían un derecho absoluto e inmediato a la can-celación de la anotación de demanda. El párrafo de hecho enmendado por la lejr de 1936 (el inciso (a)), redujo en diez años el período prescriptivo allí mencionado. ¿Pudo haber sido la intención que la ley protegiera durante un año más a los demandantes cuyas anotaciones se habían he-cho hasta 19 años antes de entrar en vigor? Parecería que en cuanto a aquellas personas cuyo derecho a solicitar la cancelación ya se había hecho absoluto bajo la ley de 1923, el alcance de la presente ley no tendría, o no debería tener, efecto alguno. La intención constante de la Legislatura ex-presada a través de varias leyes sobre la materia, milita en su contra. Nos sentimos obligados a convenir con los recurrentes en que la inclusión de las palabras que en la sección, (b) se refieren al año extra, aparece allí por inad-vertencia y que la Legislatura al copiar la sección 1 en su integridad no tuvo la intención de revivir el año de gracia. Ésta era una salvedad necesaria en aquella ley debido a que por primera vez se fijó un término específico después del cual podía obtenerse la cancelación sin necesidad de cumplir con los preceptos anteriores de la ley. En otras palabras, independientemente del derecho de acudir a una corte, se creó en el registro mismo una manera sumaria para cance-lar.

Debe, revocarse la nota recurrida y ordenarse la cance-lación.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso,

text:
    Manuel Benítez Flores y Carmina C. de Benítez, demandantes y apelados, v. Julio V. Llompart, demandado y apelante.
    Núm. 6852.

    Sometido: Junio 3, 1936.

      Resuelto: Noviembre 30, 1936.

      Dubón & Ochoteco, abogados del apelante; A. Ayuso, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

Los esposos demandantes radicaron demanda en recla-mación de los daños y perjuicios que les causara el deman-dado, al negarse a cumplir el siguiente contrato:

“Por el presente, nosotros don Julio Y. Llompart y don Manuel Benítez Flores, hemos convenido en el siguiente contrato: don Julio Y. Llompart, compra la casa y tres cuerdas de terreno de la finca de Monacillo, Río Piedras, por la cantidad de ocho mil dólares ($8,000). El señor Llompart pagará esta suma en la forma si-guiente: El Sr. Llompart se hará cargo de la hipoteca de seis mil dólares que grava la finca, para pagarla y cancelarla en no menos de cuatro años. Descontará además lo que se deba atrasado de intereses de dicha hipoteca, y las contribuciones hasta el día. Y el remanente o balance hasta cubrir el importe de la venta, el Sr. Llompart lo pagará de contado al firmarse las escrituras. Siendo esto lo convenido entre las partes, firman de conformidad en esta ciudad de San Juan, hoy día 29 de agosto del 1932. — -(Fdo.) Julio Y. Llompart — M’l Benítez Flores. — Conforme en prorrogar a cuatro años la hipoteca con la misma cabida de terreno y condiciones ac-tuales, según consta en la escritura de hipoteca con el Dr. Bernabé originalmente. — San Juan, P. R., agosto 30, 1932. — (Fdo.) Amelia P. Yda. de Woods. — Por N. Pasarell.”

Aparece de los autos que la señora de Benítez Flores-adquirió la finca objeto de esta acción por compra a Ios-esposos Bernabé, en 29 de abril de 1931; y que la compra-dora retuvo $6,000 del precio convenido, para satisfacer una hipoteca que por igual cantidad pesaba sobre la finca,, a favor de la señora Amelia Palmieri Yiuda de Woods y que había de vencer el día 4 de noviembre de 1932. La finca en cuestión consta de siete cuerdas y tres cuadros, con. casa de cemento y madera.

Los demás hechos esenciales de la demanda ampliamente sostenidos por la prueba son: que los demandantes eran dueños de la finca, pero por conveniencia la hicieron figu-rar a nombre del Sr. Frank López de la Rosa y de su esposa, siendo ese hecho conocido por el demandado y por la acreedora hipotecaria señora Viuda de Woods; que ha-biendo vencido la hipoteca,’ los demandantes resolvieron vender parte de la finca, para obtener así dinero con que pagar intereses vencidos de la hipoteca y contribuciones atrasadas y hacer otras construcciones en el resto de la finca, y que fue con ese objeto que celebraron el contrato con el demandado; que antes de celebrar el referido con-trato, los demandantes y el demandado se entrevistaron con el señor Frank López de la Rosa, quien convino en otorgar escritura de traspaso a favor del demandado tan pronto como fuese requerido para ello; que se obtuvo tam-bién el consentimiento de la acreedora hipotecaria para prorrogar la hipoteca por cuatro años; que a instanciá del demandado los demandantes desalojaron la finca antes del 22 de septiembre de 1932, y en esa fecha la entregaron al demandado, dejándola a su disposición, quedando convenido entre ambas partes que la escritura se firmaría el 24 de septiembre de 1932; que el acto de firmar la escritura fué transferido para otro día a petición del demandado; que a principios del mes de octubre siguiente los demandantes requirieron al demandado para que concurriera a firmar la escritura de traspaso, a lo que se neg’ó dicho demandado; que como consecuencia de la negativa del demandado la señora Woods, acreedora hipotecaria, procedió a ejecutar la hipoteca, no pudiendo los demandantes salvar la finca, ni en todo ni en parte; que los demandantes han perdido el resto de la finca, o sea las cuatro cuerdas y media que se reservaban de acuerdo con el contrato, las que están valo-radas en $4,750, y han perdido también los $2,000 que el demandado debía, pagar al contado al firmarse la escritura. Se pide sentencia en contra del demandado por la suma de $6,750.

El demandado excepcionó la demanda, alegando como motivos de excepción: (a) defecto de partes demandantes, porque figurando la finca a nómbre de Frank López de la Rosa y de su esposa, ambos debieron ser incluidos como demandantes; (b) defecto de parte demandada porque no se ba beclio parte a la Sra. Viuda de Woods; y (c) la demanda no aduce hechos suficientes para constituir causa de acción contra el demandado.

Declaradas sin lugar las excepciones previas, el deman-dado contestó la demanda, negando general y específicamente los hechos alegados e interponiendo algunas -defensas espe-ciales.

La coi'te de distrito dictó sentencia condenando al de-mandado a pagar a los demandantes la suma de $3,000 como importe de los daños y perjuicios causados por el in-cumplimiento del contrato. Y contra esa sentencia el de-mandado ha interpuesto el presente recurso.

Éntre los errores que se imputan a la corte sentenciadora solamente merecen consideración los siguientes:

1ro. Que la corte erró al desestimar la excepción pre-via basada en los alegados defectos de partes demandan-tes y de parte demandada.

Se alegó en la demanda que los verdaderos dueños de ■la finca eran los esposos Benítez Flores, los demandantes, pero que el título figuraba a nombre del Sr. Frank López de la Rosa y de su esposa, por convenir así a los verdade-res dueños, hecho que le constaba al demandado.

El artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone que toda acción deberá ejercitarse en nombre de la parte realmente interesada. Manuel Benítez Flores, como parte del contrato de 29 de agosto de 1932, y él y su esposa como verdaderos dueños de la finca objeto del contrato, son las únicas partes realmente interesadas en la acción para recobrar daños y perjuicios causados por el deman-dado al negarse a cumplir lo estipulado en dicho contrato. El señor López de la Rosa, mero tenedor del título, no es parte interesada en una acción por incumplimiento de un contrato de venta celebrado por el dueño real y verdadero de la propiedad, con otra persona que en el momento de ce-lebrar el contrato tenía cabal. conocimiento de los hechos, como lo tenía el demandado. Si se tratara de una acción por parte del comprador para obligar al vendedor al cum-plimiento específico del contrato, en ese caso seguramente podría argumentarse con éxito que el tenedor del título de-bería figurar como parte demandada, para poder obligarle a traspasar el título al comprador demandante. Pero en el caso de autos somos de opinión que la corte inferior no erró al sostener que los esposos López de la Rosa no esta-ban obligados a figurar como, partes demandantes en la ac-ción que se ejercita.

Menos meritoria aún es la excepción que se basa en el alegado defecto de parte demandada, por no haberse incluido como tal a la acreedora hipotecaria, Sra. Viuda de Woods. La acción que se ejercita no va dirigida contra la dicha señora. La sentencia que se pide en la demanda no puede afectarla a ella en manera alguna. Y no teniendo dicha acreedora hipotecaria interés alguno en la. contienda, en oposición a los demandantes, no era parte necesaria en el pleito, ni podía ser constituida en demandada. Véase el artículo 63, Código de Enjuiciamiento Civil.

El contrato de 29 de agosto de 1932 se hizo con el pro-pósito, entre otros, de evitar la ejecución de la hipoteca de la Sra. Woods, prorrogándola por cuatro años, mediante el pago de los intereses pendientes hasta la fecha del con-trato, los que convino pagar el demandado con la parte del precio de compra, que retenía en su poder para ese fin. El incumplimiento del contrato por parte del demandado dejó a la señora Woods en libertad para proceder a la ejecución de la hipoteca. La Sra. Woods no fue la causante de los daños sufridos por los demandantes. Ella no Rizo más que ejercitar su derecho como acreedora hipotecaria. Pué el demandado, al negarse a cumplir su compromiso, quien causó el daño cuya reparación ha ordenado la corte senten-ciadora.

No erró la corte inferior al sostener que la señora Woods no era parte necesaria en el pleito.

2do. Que la Corte inferior erró al declarar que en 29 de agosto \de 1932, fecha del contrato, los demai%dantes eran dueños de la finca.

De acuerdo con los términos del contrato entre las partes, el demandado compró la casa y tres cuerdas de terreno de la finca en cuestión, reconociendo al demandante Benítez Flores como dueño de la propiedad.

El testigo Nathaniel Pasarell, hijo de la acreedora hi-potecaria Sra. Yda. de Woods, declaró que había hablado con el demandado Llompart con respecto al contrato; que el demandado le dijo que había celebrado el contrato con la firme intención de comprar la finca; que por indicación del demandado habló con el abogado de dicho demandado, Licenciado Dubón, con respecto al otorgamiento de la escri-tura y que dicho letrado le dijo que ya todo estaba termi-nado, que los títulos parecían estar en orden y que estaban en espera de firmar la escritura; que convinieron que las escrituras las hiciese el Notario señor Iglesias; que éste preparó la escritura en seguida, pero cuando se la llevaron al demandado Llompart éste se negó a firmarla debido a que la propiedad había sufrido daños causados por el ci-clón; que su mamá estaba dispuesta a firmar la escritura porque cobraba intereses atrasados y se pagaban también contribuciones pendientes, todo lo cual se iba a pagar con el dinero efectivo que se comprometió a pagar el Sr. Llom-part; que después de negarse el Sr. Llompart a terminar la operación, el declarante se vió obligado a ejecutar la hi-poteca, siendo adjudicada la finca a la acreedora hipoteca-ria; que el declarante informó al demandado de los detalles sobre contribuciones e intereses pendientes y que el deman-dado estuvo conforme.

El testigo Frank López de la Rosa declaró que la finca del Barrio Monacillo, aunque figuraba a su nombre, era propiedad del demandante Benitez Flores; que intervino en la negociación con el demandado Llompart, pues éste fué a pedirle informes de cómo estaba la finca y el declarante le informó sobre las condiciones en que estaba a su nombre; que el declarante informó al demandado sobre lo que se adeudaba por intereses y contribuciones; que el declarante estuvo dispuesto a firmar y llegó a firmar la escritura a favor de Llompart y que también la firmó la esposa del de-clarante; que cuando le informó a Llompart sobre lo que se adeudaba por intereses y contribuciones sobre la finca, el demandado le dijo: “Bueno, eso yo lo limpio.”

El Dr. Rafael Bernabé declaró que a principios del mes de septiembre, 1932, antes del ciclón, babló con el deman-dado, a quien dijo: “Chico, te felicito por la compra que has hecho. Has hecho un buen negocio”; que el deman-dado le dijo: “Sí, yo creo que he hecho un buen negocio.”

Declaró el demandante, que al discutir los términos del contrato con el demandado le informó a éste que se veía obligado a vender la finca porque tenía atrasados los intere-ses sobre la hipoteca; que le informó también que había puesto la finca a nombre del Sr. López de la Rosa para con-seguir dinero para saldar los intereses y para pagar las contribuciones atrasadas de la finca, la que se había ejecu-tado o se estaba ejecutando en aquellos días por la Tesore-ría en cobro de contribuciones; que el declarante tenía un año para redimir la finca, y que hizo la negociación con el demandado para salvar parte de la finca; que el demandado quedó enterado de todo y convino que del precio estipulado se pagarían por completo intereses y contribuciones pen-dientes.

La corte inferior no erró al declarar que los demandan-tes tenían nn derecho o interés trasmisible sobre la finca, pues - si bien es cierto que ésta había sido adjudicada al Pueblo de Puerto Eico en pago de contribuciones, no es menos cierto que los demandantes tenían un título en equi-dad (equitable title), que les daba derecho a redimir la finca. El demandado conocía ese hecho y sabía que lo que en rea-lidad estaba él comprando era el derecho a redimir la finca mediante el pago de las contribuciones por las cuales se había hecho la ejecución, más los intereses y costas fijados por la ley.

3ro. Que el contrato entre las partes no era un contrato de venta (contract of sale) y si un contrato para verificar una compraventa (contract to sell).

La corte inferior llegó a la conclusión legal de que el contrato objeto de esta acción es un contrato de venta, obli-gatorio para ambas partes, y que la circunstancia de no haberse firmado la escritura el mismo día del otorgamiento del contrato en nada desvirtúa la fuerza obligatoria del con-venio entre las partes. Estamos de acuerdo con esa inter-pretación.

Las dos cuestiones que debemos considerar y resolver son:

Ia. ¿ Cuándo se transfiere al comprador el dominio sobre la cosa: al tiempo de perfeccionarse el contrato, o al tiempo de consumarse la venta?
2a. í A quién deberá imputarse la pérdida de la cosa, ocurrida entre el perfeccionamiento del contrato y su consumación?

Los artículos 1334 y 1339 del Código Civil (Ed. 1930), equivalentes al 1445 y 1450 del Código Español, dicen:

"Artículo 1334. — Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente.
“Artículo 1339. — La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado.”

Examinado a la luz de las disposiciones de los citados artículos del Código Civil, no puede caber duda alguna de que el contrato en este caso era un contrato de compraventa. El demandado no se comprometió a comprar, sino que compró, una casa y tres cuerdas de terreno por el precio' convenido de $8,000, que se comprometió a satisfacer, ha-ciéndose cargo de pagar una hipoteca, sus intereses y con-tribuciones pendientes y ofreciendo hacer efectivo el balance al firmarse las escrituras. Sobre este punto dice Manresa:

“La sentencia de 8 de marzo de 1901 dice que este contrato, como consensual que es, se perfecciona por el consentimiento en el precio y en la cosa y se consuma por la entrega recíproca de uno y otra, transfiriéndose al comprador el pleno dominio de la cosa vendida, desde cuyo momento cabe ejercitar las acciones que de este derecho se derivan; . . . .” Manresa, Tomo X (4a. ed) pág. 12.

Véase: Scaevola, Tomo XXIII, pág. 317.

Es indudable que el pleno dominio de la cosa vendida no se transfiere al comprador hasta que el contrato se haya consumado por la entrega recíproca del precio y de la- cosa. Art. 549 del Código Civil (1930).

Veamos ahora, sobre quién debe recaer la pérdida d'e la cosa vendida o los daños sufridos por ésta, después de perfeccionado el contrato y antes de su consumación.

Debemos aceptar como hechos probados e indiscutibles que el contrato en este caso quedó perfeccionado al suscri-bir las partes el documento en que se basa la demanda; y que los daños sufridos por la cosa vendida fueron causados con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, pero antes de que éste fuere consumado. ¿Quién debe, pues, su-frir la pérdida o daño de la cosa vendida?

Nuestro Código Civil (Ed. 1930), en su artículo 1341, equi-valente al 1452 del Código Civil español, dice:

“Artículo 1341. — El daño o provecho de la cosa vendida después de perfeccionado el contrato, se regulará por lo dispuesto en los artículos 1049 y 1136.
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Los artículos 1049 y 1136 del mismo Código, dicen:

“Artículo 1049. — Cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor, independientemente del derecho que le otorga el artículo 955, puede compeler al deudor a que realice la entrega.
“Si la cosa fuere indeterminada o genérica, podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor.
“Si el obligado se constituye en mora, o se halla comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas diversas, serán de su cuenta los casos fortuitos hasta que se realice la entrega.
“Artículo 1136. — Quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada, cuando ésta se perdiere o des-truyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora. ’'

En sus Comentarios sobre el artículo 1452 del Código .Español, dice Scaevola a las págs. 340 et seq. del tomo 23, lo siguiente:

“Es decir, si sólo al deudor (vendedor en este supuesto) se le atribuye la responsabilidad por casos fortuitos en las dos contin-gencias previstas en el artículo 1096 (morosidad o compromiso de entregar dicha cosa a dos o más personas diversas) y cuando haya habido culpa por su parte en la pérdida de aquélla (previsión del árt. 1182), en los demás supuestos, el daño o provecho de la cosa-vendida, después de perfeccionada la compraventa y antes de su consumación, corresponderá al comprador, al cual, por lo que se ve y deduce, se le imputan, sobre todo en cuanto al expresado daño, las 'consecuencias de no haber reclamado y obtenido, dentro del plazo pactado o del legal supletorio, la entrega de la cosa que le fué con-cedida en el contrato, eficaz y obligatorio desde que vendedor y comprador consintieron en la cosa y su precio.
“Por lo expuesto podemos afirmar que si dentro del Código es •doctrina legal la de que la transmisión del dominio de la cosa ven-dida no se opera hasta la consumación del contrato, no se cumple ven el caso que examinamos la máxima jurídica ‘res perit domino,’ puesto que al tenor del artículo comentado el riesgo de la cosa vendida pasa al comprador aun no habiendo tomado posesión de la misma. Acaso por distanciarse de esta aparente antítesis dispuso el Proyecto de 1851, en su artículo 981, que la entrega de la cosa no ■era necesaria para la traslación de la propiedad, doctrina concor-dante con la de varios Códigos extranjeros; mas la antítesis se re-suelve en armonía, considerando que desde el momento en que por <él mutuo convenio de comprador y vendedor en la cosa y el precio se perfecciona el contrato, tiene aquél derecho a ella, y debe suponerse que si no entra inmediatamente en su posesión es porque la considera salvaguardada lo mismo que si se hubi&t'e operado la traslación sur-giendo él ‘ius in re.’ ” (Bastardillas nuestras.)

La prueba practicada en el presente caso demuestra 'claramente que el vendedor no incurrió en mora y que por ■el contrario fué el comprador quien dilató el otorgamiento ■de la escritura, negándose más tarde a firmarla por motivo ■de haber sido perjudicada la propiedad por un ciclón que ocurriera con posterioridad al perfeccionamiento del con-trato.

No son demasiado remotos los daños y perjuicios xeclamados por el demandante. Esos daños pudieron ser previstos por el demandado, como una consecuencia necesaria e inevitable de su falta de cumplimiento. El demandado Llompart sabía que el demandante tenía necesidad imperiosa de vender la casa y parte de la finca, para evitar la ejecución de la hipoteca a favor de la Sra. Viuda de "Woods y para levantar fondos para pagar las contribuciones adeudadas al Tesoro Insular; y sabía también que si •se consumaba el contrato en la forma convenida, el demandante quedaría libre de las obligaciones de la finca y además reservaría para sí una porción de algo más de cuatro cuerdas de terreno. El demandado debía presumir que las consecuencias directas e inevitables de su falta de cumplimiento habrían de ser el dejar a la Sra. Woods en libertad para proceder como procedió a la ejecnción de la hipoteca sóbre-la totalidad de la finca y el privar al demandante del bene-ficio de la parcela de terreno que se reservaba para sí de acnerdo con el contrato.

No creemos que la suma concedida por la corte inferior-como indemnización sea excesiva.

Debe confirmarse la sentencia ajelada.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Cor-dova Dávila no intervinieron.