author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Cintrón, Demandante y Apelado, v. Camps, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 2431.
    Resuelto en diciembre 19, 1921.
    Cumplimiento de Oonteato — DaSos y Perjuicios — Apreciación de Pruebas.— Examinada la evidencia que se relaciona en la opinión en este caso, se resol-vió: que no cometió error la corte al apreciarla en el sentido de que el contrato de compraventa cuyo incumplimiento dió origen a la reclamación no quedó subordinado a la condición de que el demandante redimiera las fincas, según alega la demandada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. J. Alemañy Sosa.

    Abogados de la apelante: Sres. G. Gasta Fornés y HuyJce d Quiñones.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

En este pleito reclama el demandante el pago de $1,530.50 como daños y perjuicios que alega haber sufrido como con-secuencia de no haber cumplido la demandada un contrato de compraventa que con él tenía celebrado. La sentencia de la corte inferior condenó a la demandada a pagar la cantidad de $1,453.50 y como en el recurso de apelación que contra ella se ha interpuesto por la demandada alega solamente errores en cuanto a la apreciación de la prueba documental y de la testifical en lo concerniente a las condiciones del con-trato de compraventa, base de la reclamación, nos limitare-mos a exponer los hechos de las alegaciones y las pruebas en cuanto a estos particulares.

Se alega en la demanda que por el mes de diciembre de 1918 el demandante y la demandada celebraron un contrato de compraventa por el cual el primero compró a la segunda y ésta le vendió dos fincas rústicas, una de 33 cuerdas de terreno y la otra de una cuerda, por precio de $500 de los cuales el demandante le entregaría $100 al otorgarse la es-eritura, $200 en 30 de diciembre de 1919 y los otros $200 en igual día y mes de 1920; que la demandada se comprometió a redimir las fincas que Rabian sido vendidas para el pago de contribuciones y a otorgarle inmediatamente después de dicha redención la correspondiente escritura pública a favor del demandante, en cumplimiento del contrato celebrado; que después de la celebración del contrato el demandante abonó $33.50 en diversas partidas a la demandada, quien los reci-bió y aceptó a cuenta del precio de las fincas; que en'julio de 1919 la demandada las redimió siendo requerida inmedia-tamente por el demandante para que le otorgara el título de compraventa celebrado y que la demandada en violación del convenio no sólo se negó a efectuar dicho otorgamiento sino que para privar al demandante de los beneficios de las fincas las vendió a otras personas.

Con respecto a esas alegaciones contestó la demandada negando que el contrato se celebrara en las condiciones ex-presadas por el demandante pero admitiendo que en diciem-bre de 1918 convino en vender al demandante las expresadas fincas siempre que el demandante cumpliera de un modo previo las siguientes condiciones: pagar los derechos judi-ciales, notariales, honorarios de abogado y demás que hubie-ran que hacer hasta obtener la aprobación judicial de la es-critura de partición de los bienes de Luis Ortega Sánchez y pagar asimismo lo que se debiera por la redención de dichas fincas y una vez redimidas acordar las condiciones de la venta que hubiera de efectuarse; negó que se comprometiera la demandada a redimir las fincas pues por el contrario el con-venio de vender quedaba sujeto a la previa condición de que el demandante las redimiera; admitió haber recibido del demandante $33.50 pero negó que fueran como parte del primer plazo según alega el demandante, exponiendo que los adelantó para cubrir ciertos gastos judiciales y necesarios para la redención de las fincas; admite que ella hizo la re-dención pero niega que inmediatamente fuera requerida por ■el demandante para que le otorgara la escritura de venta; niega que violara contrato alguno con el demandante y que vendiera las fincas para perjudicarle, alegando que si las vendió a otras personas fué para pagarles el dinero que les facilitaron para la redención.

La única cuestión en controversia entre las partes lia sido y es con respecto a los términos en que el contrato fué cele-brado y aunque la sentencia condenatoria de la corte inferior presupone que el contrato se celebró en los términos alega-dos por el demandante, en este caso el juez de la corte inferior escribió una opinión la que, en cuanto a dicha con-, troversia, declara probado el contrato en los mismos térmi-nos alegados por el demandante. Sin embargo, como fun-damento de este recurso sostiene la demandada que la corte inferior cometió error: primero, al apreciar la prueba do-cumental; segundo, al apreciar la prueba testifical.

Para fundamentar el primer motivo de error relaciona la apelante ciertos documentos y después por toda argumenta-ción dice que es error el considerar la evidencia de esos do-cumentos como favorable al demandante pero que conside-rarla favorable después de conectada con las declaraciones de los testigos es un doble error.

Consideraremos el primer motivo de error aunque podría-mos dejar de hacerlo porque la regla 42 de nuestro Regla-mento dispone que la parte apelante en su alegato haga una exposición de los errores en que se funda el recurso y la sola enunciación de algún error sin argumentación, como se hace en este caso, no es hacer una exposición del error ale-gado.

Los documentos a que se refiere la parte apelante dicen así, según aparecen en la transcripción:

“Mandato otorgado por doña María Gamps a don José Gintrón.— Yo, María Camps, mayor de edad, viuda, propietaria y vecina de Añasco, por el presente doy poder amplio, cumplido, bastante y cuanto por derecho se requiera y necesario sea para valer a don José Cintrón, mayor de edad, casado, sub-marshal de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, para que en mi nombre y repre-sentación proceda a redimir y redima una finca de mi propiedad radicada en el barrio de Furnias, municipalidad de Las Marías, la que me fue adjudicada por la escritura de inventario, liquidación, tasación y partición de bienes relictos al fallecimiento de mi esposo don Luis Ortega y Sqnchez, otorgada ante el notario don Gerónimo Casta Fornés -a veinte y ocho de diciembre de mil novecientos diez y siete, siendo esta propiedad la del Rec. No.-, Planilla No.-según fue ofrecida en venta y vendida por el Colector de Rentas Internas de Las Marías para responder de las contribuciones. Y teniendo yo concertada con mi apoderado la venta de dicha finca, reconozco adeudar a éste el importe de todas las cantidades que desembolsare con sus intereses en tal redención, para ser desconta-das al hacerse efectivo nuestro dicho negocio.
“En testimonio de lo cual, suscribo el presente en Añasco, a seis de mayo de mil novecientos diez y nueve. (Firmado) María Camps Yda. de Ortega. Testigos: J. Y. Urrutia. — Alfonso Figueroa Traverro.”
“Añasco, 5-6-19. — Sr. José Cintrón, Prte. — Estimado don Pepe: —Le envío el poder de doña María para la redención de la finca.
“El procedimiento es el siguiente: se hace el ofrecimiento de pago al comprador. Si éste se negase a recibirlo, se buscarán dos testigos. Si todavía no quisiese recibir el dinero, se presentará con los dos testigos al Reg. de la Prop., &
“Remítamé con el portador $5.00 que aplicaremos al pago de parte de la escritura de venta y otros gastos.
“Cuanto antes terminemos ésto, más habrá de agradecérselo doña María.
“Caso de que el comprador recibiese el dinero, hará constar al dorso del certificado de venta que la propiedad ha sido redimida,' y esta nota deberá ser firmada por el comprador o poseedor de dicho certificado, en presencia de notario.
“Su atto. s. s. (Fdo.) G. Casta Fornés.”
“Oficinas Mayagüez & Añasco, P. R. — E. Ramírez Nadal, abo-gado. — Añasco, julio 7, 1919. — Sr. don José Cintrón, Mayagüez.— Estimado don Pepe: — Nos urge dejar terminado mañana el negocio de la finca de doña María Camps. Esta señora está impaciente por resolver ésto.
“Pienso que la manera más fácil es que el señor Díaz ceda,-re-nuneie y traspase en favor de doña María sus derechos en la compra por el remate al respaldo del certificado, eludiendo así las dificul-tades que se, nos presentan para la redención con relación al regis-tro. Dueña doña María del total de la finca rematada por virtud de la cesión de Díaz, ella le otorga a Ud. escritura de las 34 cuer-das que le pertenecen, y del resto puede otorgarla, ya a favor de dicho Sr. Díaz, ya a favor de Ud. si llegase a un entendido en su compra. >
“La cesión a favor de doña María deberá ser ante notario, y si Ud. pudiese traer a Díaz a Añasco mañana, todo quedaría termi-nado.
“Su afirmo, amigo, (Fdo.) G. Casta Fornés.”

Además de los documentos a que se refiere la parte ape-lante, encontramos en los autos este otro documento:

“Julio 8 de 1919. — Sr. Lcdo. G. Casta Fornés, Añasco. — Esti-mado amigo: — Debo manifestarle en contestación a su carta de ayer, que la señora Ortega debe verse con el Sr. Díaz al efecto de la re-dención de la finca que le he comprado, pues como esa finca está unida a otra de Mártir para los efectos de las contribuciones, resulta ahora que la Sucesión Mártir es la que tiene derecho al rescate de la finca, por lo que creo que la señora Ortega debe verse con Díaz, y si necesita el dinero para dicho rescate, entonces yo lo daré.
“Si resuelve ir a Las Marías, pase por aquí y yo iré con Uds., y allí trataremos de arreglarlo'todo, pues Díaz es buen amigo mío.
“Avíseme lo que resuelvan. — Suyo amigo S. S.”

Si bien es cierto que eje los documentos a que hace refe-rencia el apelante aparece que la demandada confirió poder al demandante en mayo de 1909 para que gestionara la re-dención de las fincas en cuestión, ellos no prueban otra cosa que la autorización concedida al demandante para redimir las fincas pero no prueban por sí mismos que la autorización fué concedida como consecuencia de la condición de redimir-las el demandante para que la demandada viniera obligada a venderle las fincas por lo que no han podido servir de obs-táculo para que el juez estimara probado sin tal condición el contrato de compraventa, y no fué error el no apreciarlos como favorables a la demandada, que es a lo que equivale decir que fueron erróneamente apreciados a favor del de-mandante. T si esa prueba se relaciona con el otro docu-mento que liemos transcrito y con las declaraciones de los testigos se ve también que no existe el doble error alegado, pues si el demandante estaba obligado por su convenio a redimir las fincas parece lo natural que al escribir en 7 de julio de 1919 al abogado de la demandada, quien intervino en el-contrato, que no habían dado resultados satisfactorios sus gestiones para la redención, no hubiera aceptado dicho abogado encargarse de tal redención, como declaró el de-mandante, extremo que fué contradicho por la demandada pero que fué decidido en contra de ésta por la corte inferior.

Con respecto al segundo motivo de error que se alega por la apelante referente a la apreciación de la prueba testi-fical, se limita á exponer que las declaraciones de Jaime G-uis-cafré, la de la propia demandante y la del abogado de la demandante no contradicen el contrato de compraventa entre el demandante y la demandada, antes bien lo corroboran, pero hacen saltar a la vista la condición de que el deman-dante debía redimir las fincas. Esas declaraciones son de testigos de la parte demandada y no de la demandante como por equivocación, sin duda, se consigna en el alegato, y aun-que sostienen que la redención de las fincas por el deman-dante fué una condición de la venta por la demandada, sin embargo la prueba de la parte demandante resulta en sen-tido contrario en este particular, conflicto que fué resuelto por la corte inferior haciendo la declaración de que se probó que “corría por cuenta de la vendedora el redimir dichas fincas, para inmediatamente después otorgar la co-rrespondiente escritura al comprador Sr. Cintrón,” y como no se alega pasión, prejuicio o’ parcialidad en la decisión de tal conflicto ni se nos ha demostrado manifiesto error no po-demos declarar que existe el segundo y último motivo del recurso.

En vista de los términos en qne ha sido planteado el debate tenemos qne confirmar la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jneces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Hntchison.

El Jnez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Burgos, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Segunda, en causa por infracción al artículo 162 del Código Penal.
    No. 1799.
    Resuelto en diciembre 22, 1921.
    Inscripción Electoral Fraudulenta — Apreciación de Prueba — Discreción Judicial. — En este caso la corte inferior no dio crédito a la manifestación del acusado de haber sufrido nueve meses de prisión por delito de hurto y se atuvo a la certificación del jefe del presidio, demostrativa de que sufrió un año de presidio. Se resolvió: que no habiendo el acusado impugnado el documento aludido, mediante copia de la sentencia, la apreciación de la prueba heeha en tal forma en uso de su discreción por el juez do distrito no es errónea.
    Derecho Electoral — Sentencia que Priva el Privilegio del Voto Electoral— Ley Ex Post Pacto. — No siendo el derecho al voto electoral un derecho civil sino un privilegio político, el estatuto que deniega tal derecho por actos ejecutados en tiempo anterior, no es una ley ex-post-faoto.

    Los hechos están expresados en la opinión. •
    Abogado del apelante: Sr. M. F- Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado por delito previsto y castigado en el artículo 162 del Código Penal, por haberse inscrito en el registro de electores del precinto de Gnaynabo, Distrito Judicial Municipal de Eío Piedras, sabiendo que no tenía derecho a la inscripción por. haber extinguido una condena de mi año de presidio que le impuso la Corte de Distrito de San Juan por nn delito de hurto de mayor cuantía, y cele-brado el juicio fué declarado culpable del expresado delito y se le impuso la pena de cinco días de cárcel, ordenándose además que su nombre fuera eliminado de las listas electo-rales de G-uaynabo.

Fúndase el recurso en dos'motivos.

Primero: En que si bien de certificación expedida por el Jefe de la Penitenciaría de San Juan aparece que Nicanor Burgos Rivera fué condenado a un año de presidio por de-lito de hurto de mayor cuantía, e ingresó en dicha peniten-ciaría el dos de septiembre de 1904, cumpliendo allí su con-dena, el acusado declaró que sufrió nueve meses de prisión por delito de hurto.

Segundo: En que cuando fué sentenciado el acusado nose le impuso en la sentencia como pena adicional la priva-ción del derecho electoral y por tanto, hoy no puede ser pri-vado de tal derecho, en atención a que una ley ex-post-facto no puede tener efecto retroactivo.

En cuanto al primer motivo, no es de estimarse. La corte no dió crédito a la manifestación hecha por el acusado de haber sufrido nueve meses de prisión en vez de un año de presidio en la penitenciaría de San Juan, y en uso de sus facultades se atuvo a la certificación del jefe de la peniten-ciaría, demostrativa de que sufrió realmente un año de pre-sidio. Dicho documento pudo ser impugnado mediante copia de la sentencia contra él pronunciada, y esa hubiera sido la mejor prueba de su defensa.

En cuanto al segundo motivo del recurso, como el dere-cho al voto no es un derecho civil sino un privilegio político, el estatuto que deniega tal derecho por actos ejecutados en tiempo anterior, no es una ley ex-post-facto y por tanto el apelante no puede quejarse de haber sufrido agravio alguno. 12 Corpus Juris, 1106.

Es ele confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hntcliison.


text:
    Conde, Demandante y Apelado, v. Falú, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre reivindicación de finca rústica y otros extremos.
    No. 2304.
    Resuelto en diciembre 23, 1921.
    Cosa Juzgada, Res Judicata — Acción Reivindicatoría. — Cuando en un pleito sobre acción reivindicatoría ha sido resuelto por sentencia ejecutoria que una finca de 180 cuerdas reclamada como suya por el demandante al demandado es la misma finca que con cabida de 100 cuerdas posee el demandado, no obstante ser la cabida distinta y haber diferencia aparente de colindancias, no puede reclamarse en otro pleito posterior seguido por la misma parte demandante contra el propio demandado, también mediante acción reivindi-catoría, la diferencia de cabida que el demandante alega existir de 68 cuer-das con 21 eentésimos de otra, por impedirlo la cosa juzgada, res judicata, pues si tal reclamación prosperara resultaría que la finca de 180 cuerdas y la de 100 cuerdas no son una misma sino distintas, contra lo resuelto en el pleito anterior, en el que precisamente por razón de dicha identidad se dió aplicación al artículo 1473 del Código Civil antiguo, equivalente al 1376 del código revisado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. Manuel M. Ginorio.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción ejercitada ante la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección Primera, por Carlos Conde Casa-riego, administrador judicial de los bienes de Juana Ramos Latonr, contra Manuel Palú Benitez, sobre reivindicación de cierta finca rústica, devolución de frutos e indemnización de perjuicios.

La persona del demandante fue sustituida por la de los herederos de Juana Bamos Latour a instancia de éstos, y a virtud de orden de dicha corte.

Las alegaciones de la demanda son las siguientes:

Que Francisco Bamos Latour falleció el 24 de diciembre de 1906, bajo testamento en el que instituyó por única y universal heredera a su legítima hermana, Juana Bamos Latour.

Que Juana Bamos Latour también falleció el 12 de octu-bre de 1911, bajo testamento en el que instituyó por sus he-rederos a Pedro Bazerque Bamos, Josefa, Lorenza, Luis y Alejandro Peña Bamos, Vicente Balbás Peña y Luis Peña Miranda.

Que a la muerte de Francisco Bamos Latour dejó entre otros bienes una finca rústica situada en el barrio de Sabana Llana, término municipal de Bío Piedras, cerca de la laguna de “San José” y compuesta de ciento ochenta cuerdas, en lin-des por el norte con el demandado Manuel Falú Benitez y Melitón Bivera; por el sur, Jacinta 'Santos; por el este la Sucesión de Francisco Caso, y por el oeste la de Juan Bubín.

Que Francisco Bamos Latour adquirió dicha finca en re-mate judicial celebrado en el intestado de Pedro Bodríguez Castro para pago de gastos y costas, habiendo tomado pose-sión de la misma el 31 de agosto de 1894 y otorgádosele la correspondiente escritura el 16 de abril de 1895, cuyo intes-tado había sido promovido por los hermanos del causante, María Paulina y José María Candelario Bodríguez Castro, quienes aceptaron la herencia a beneficio de inventario.

Que de la finca expresada fueron adquiridas cien cuerdas por Luis P. Orcasitas Muñoz, y que Francisco Bamos Latour promovió demanda en Io. de septiembre de 1905, sobre rei-vindicación de dichas cien cuerdas como parte de la finca de ciento ochenta cuerdas que se deja descrita, cuya demanda fué resuelta en su contra por sentencia firme de esta Corte Suprema de 6 de febrero de 1908.

Que como resultado de la mensura practicada en la finca de ciento ochenta cnerdas para segregar las cien cnerdas an-teriormente expresadas, solamente quedaron sesentiocho cner-das veintiún centésimos, en lindes hoy con Mr. Strayer por el norte; la Laguna Fruit Company of Porto Rico y los Sres. Seoville Mott & Cía. por el sur; por el este Manuel Falú, y por el oeste Rufino Febre y la Laguna Fruit Company of Porto Rico.

Que la finca hoy perteneciente en parte a Seoville Mott & Cía. fué de Francisco Caso y las cien cuerdas segregadas pertenecen a la Laguna Fruit Company of Porto Rico.

Que el demandado Manuel Falú, maliciosamente preten-dió acreditar el dominio de las sesentiocho cuerdas veintiún centésimos mediante solicitud de 24 de septiembre de 1910 en la que dijo que las había comprado a los consortes Higinio Ayende Cruz e Isabel Caraballo, en 15 de marzo anterior, quienes a su vez habían adquirido los derechos y acciones que los herederos de Pedro José Rodríguez Castro tenían sobre una estancia radicada en el barrio de Sabana Llana, Río Piedras, lindante por el norte con la Capellanía del Pres-bítero Alvaro Rivera, por el sur Juan Falú y Eugenio Gar-cía, por el este José Suárez y por el oeste Jacinta Santos, cuya solicitud fué desestimada.

Que los herederos de Pedro José Rodríguez Castro nada heredaron de éste y ni ellos, ni los esposo.s Ayende Cara-bailo ni el demandado Falú han estado en posesión de esa finca ni de parte de ella.

Que los demandantes y sus causantes son los únicos due-ños de las sesentiocho cuerdas veintiún centésimos, resto de la finca que adquiriera Francisco Ramos Latour en el intes-tado de Pedro José Rodríguez Castro y ellos han pagado y pagan las contribuciones impuestas a ese inmueble.

Que las sesentiocho cuerdas veintiún centésimos por la clase de cultivo que ha podido dárseles y sus condiciones du-rante el tiempo en que de mala fe y sin justo título las ha detentado el demandado, han debido producir por lo menos la suma de seis mil dólares, siendo su valor oficial para el pago de contribuciones el de ocho mil dólares.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia declarando que la finca de sesentiocho cuerdas vein-tiún centesimos es de la exclusiva propiedad de la sucesión demandante y se condene al demandado a que la deje a su libre disposición y pague a dicha sucesión por los frutos pro-ducidos y debidos producir y por indemnización de perjuicios la suma de seis mil dólares.

El demandado contestó la demanda y alegó varias defen-sas, entre éstas la excepción de cosa juzgada. Para sostener dicha excepción alega el demandado que Francisco Ramos Latour, codicioso de las ciento ochenta cuerdas rematadas en el intestado de Rodríguez Castro, promovió un pleito ante la Corte de Distrito de San Juan para que se anularan tres títulos inscritos en el registro que él creía que entorpecían su pretendido derecho sobre ellas, a saber: el de cien cuer-das de Candelaria y de Paulina Rodríguez, el de ciento ochenta •cuerdas de Florencio Berrios y el de cien cuerdas que Falú trasmitió a Orcasitas adquiridas de Candelaria y Paulina, a virtud de remate judicial, cuyo pleito fué declarado sin lugar con las costas, por sentencia de 11 de diciembre de 1906, de-clarándose que esas pretendidas ciento ochenta cuerdas de Ramos son las mismas cien cuerdas que Falú vendió a Orca-.sitas y que Ramos ha perdido por haberlas inscrito Falú en el registro antes que él.

Se trajo el caso a juicio y practicadas por ambas partes pruebas testifical y documental, la corte dictó sentencia en 80 de enero de 1920, por la que declara que la finca de sesen-tiocho cuerdas veintiún centésimos que en ella se describe es de la exclusiva propiedad de la sucesión de Juana Ramos Latour y se ordena al demandado Manuel Falú Benitez la .deje á la libre disposición del administrador judicial de los bienes de Juana Ramos Latour o de quien le suceda en el cargo, desestimando la demanda en cuanto a la indemniza-ción de perjuicios, con costas gastos y honorarios de aho-gados al demandado.

Contra la anterior sentencia interpuso la parte deman-dada recurso de apelación para ante esta Corte Suprema y entre otros motivos para sostener el recurso sostiene la misma excepción de cosa juzgada alegada en su contestación.

Para apreciar la procedencia de la excepción de cosa juz-gada, es necesario tener en cuenta las alegaciones hechas en el pleito seguido por Francisco Ramos Latour contra Luis P. Orcasitas, y Pío Prieto Díaz, en cuyo pleito intervino Manuel Falú por haber sido citado de eviceión y saneamiento.

En esa demanda hizo Francisco Ramos Latour las alega-ciones que transcribimos a continuación:

“1. Que en 15 mayo del 84 don José Manuel Rossy y Guerra, como procurador de José María, Candelaria y María Paulina Ro-dríguez Castro, promovió el intestado de don Pedro Rodríguez Castro, hermano de aquéllas, y fueron declaradas sus herederas por auto 16 de marzo del 85, don José María y doña Paulina solamente.
“2. Que el 14 de octubre del 84 se ocupó en ese intestado una finca de ciento sesenta cuerdas, cerca de la Laguna San José, lindante con Rubín, Caso y Melitón, que se depositó en 20 noviembre del 84 en Manuel Falú.
“3. Para las costas del intestado se embargó en 31 julio del 90 esa finca de ciento ochenta cuerdas, lindante al norte con Manuel Falú y Melitón Rivera, sur, Jacinta Fajardo, este, Sucesión de Francisco Caso, y oeste de Rubín, depositándose en Domingo García Po: lavieja, y rematada se adjudicó a Ramos, al que se le dió posesión judicial en 31 agosto del 94 y se le otorgó escritura judicial el 16 abril del año siguiente.
“4. Florencio Berrios López en 29 mayo del 84 promovió un po-sesorio en el juzgado de Río Piedras e inscribió al folio 107 tomo 4 de Río Piedras, finca 108, una finca de ciento ochenta cuerdas en el barrio Sabana Llana, sitio de la Laguna, lindante este Melitón y Manuel Falú, norte Sucesión Juan Rubín, oeste Agustina García Cruz, y sur Francisco Caso, que dijo adquirir de los herederos de Pedro Rodríguez, nombrados Pedro José y José Rodríguez, en 1881, vendiéndola por escritura del notario don Herminio Díaz de 28 de marzo de 1901, a Pío Prieto Elias.
“5. Paulina y Candelaria promovieron posesorio en 7 junio del 87 de una estancia de cien cuerdas en Sabana Llana, de Río Piedras, lindante al norte con la Sucesión de Juan Rubín, sur Francisco Caso, este Manuel Falú y oeste Jacinta Santos, adquirida por he-rencia de su hermano Pedro Rodríguez Castro y se aprobó en 10 agosto del 89, y se inscribió en junio del 90, tomo 79 del archivo 6 de Río Piedras, folio 244, No. 301.
“6. Falú presentó ejecución contra Paulina y Candelaria y no contra José María en 17 agosto- del 91 en cobro de pesos, se des-pachó la ejecución y en 23 octubre del 93 se embargó la estancia de cien cuerdas en Sabana Llana, lindante al norte con Rubín, sur Francisco Caso, este Falú y oeste Jacinta Santos, como de la pro-piedad de Paulina y Candelaria y se le adjudicó a Falú el 21 diciembre del 901 tomando posesión de ellas el 6 febrero de 902 e ins-cribiéndolas en el registro.
“7. Falú vendió a Orcasitas esa finca, quien la inscribió en el registro.
“8. Se ve, pues, que la propiedad adquirida por Ramos es la misma que inscribió Berrios y vendió a Prieto, y es parte de las cien cuerdas que inscribieron Candelaria y PaJuüina, que remató Falú y que vendió a Orcasitas.”

A esa demanda se allanó Pío Prieto Elias y seguido el juicio contra Falú, la corte de distrito emitió opinión en 11 de diciembre de 1906 que concluye así:

“Por las razones expuestas la corte decide que los hechos y el derecho están en favor del demandante, Francisco Ramos Latour, -en cuanto a su reclamación contra el demandado Pío Prieto, por el allanamiento de éste y su conformidad en que se cancele el asiento obrante en el registro de la propiedad, y en contra del demandante y a favor del demandado Luis Orcasitas Muñoz, defendido por su vendedor Manuel Falú, teniendo dicho demandado derecho a un fallo que declare con respecto a él sin lugar las pretensiones del deman-dante, en cuanto a las cien cuerdas que tiene inscritas, con imposi-ción de las costas causadas por dicho demandado Orcasitas y su defensor Falú, librándose orden de ejecución para su cumplimiento; y el secretario anotará un fallo de acuerdo con esta decisión.”

De acuerdo con la anterior conclusión, fue registrado el fallo o sentencia. En dicha opinión, cuya copia literal se trajo al juicio como prueba, entre otras conclusiones de hecho se estableció la siguiente:

“Décima segunda: La finca de ciento ochenta cuerdas ocupada en el intestado y adquirida por Francisco Ramos Latour es la misma cuya posesión inscribió Florencio Berrios y vendió a Pío Prieto y la misma cuya posesión inscribieron las hermanas Rodríguez Castro, que les remató Manuel Falú y por éste fué vendida al demandado don Luis Orcasitas, por más que en este último posesorio se le dé una extensión de solo cien cuerdas en vez de ciento ochenta y por más también que las tres descripciones difieran en la colindancia de Jacinta Fajardo, que en uno figura como Agustina García y en otro como Jacinta Santos, por haberse demostrado que la primera y la última son la misma persona, aunque conocida bajo distintos apellidos porque Agustina García era la encargada por la Santos o la Fajardo del cuidado de la finca colindante.”
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Y luego la corte, como conclusión de derecho, entre otras, establece la siguiente:

“Primero: Como antes se deja consignado, la finca que se le ad-judicó a Ramos Latour demandante, por virtud de ejecución contra los bienes del intestado de don Pedro José Rodríguez para el pago de costas, es la misma finca que tienen inscrita a su nombre don Pío Prieto, hoy por expediente posesorio que instruyó don Florencio Berrios, de igual número de cuerdas y también la finca que inscri-bieron a su nombre por otro expediente posesorio las hermanas Ro-dríguez como herederas de don Pedro José Rodríguez, aún cuando aparece en ese expediente con cien cuerdas, que luego remató Manuel Falú a quien fué adjudicada y que en la actualidad, por compra, pertenece a don Luis Orcasitas. Florencio Berrios inscribió su ex-pediente posesorio y Pío Prieto la compra que a él le hiciera. Tam-bién las hermanas Rodríguez inscribieron la posesión de las cien cuerdas, Manuel Falú la adjudicación que se le hizo y Luis Orca-sitas la compra realizada a éste último.
“Quien notiene inscrito su título es el demandante Francisco Ramos Latour.”
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‘ ‘ Sexto: Careciendo, pues, don Francisco Ramos Latour de un título preferente al de don Luis Orcasitas Muñoz, hay que estar a lo dispuesto en el artículo 1473 del Código Civil, vigente en la fecha en que los hechos se originaron, respecto a los casos de doble venta y el cual ordena que si un bien inmueble fuera vendido a diferentes compradores, la propiedad pertenecería al adquirente que la haya inscrito primeramente en el registro. Y por tanto, habiendo inscrito primeramente Manuel Falú y Luis Orcasitas, debe subsistir su ins-cripción en perjuicio del otro comprador de los mismos bienes, don Francisco Ramos Latour, que no ha inscrito aún su título.”

Esta Corte Suprema al decidir el recurso de apelación interpuesto por Francisco Ramos contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan, confirmó ésta por la suya de 6 de febrero de 1908, y de su opinión transcribi-mos como atinentes al presente recurso, los siguientes par-ticulares :

“Desde luego que en este recurso de apelación hay que prescindir de todo lo que se refiere a don Florencio Berrios López, vendedor de la finca a don Pío Prieto Elias, porque éste en el curso del pleito se allanó a la demanda.
“Estamos, como lo ha entendido el juez sentenciador, frente al caso que regula el artículo 1473 del Código Civil Antiguo, equiva-lente al 1376 del revisado, y vigente en Puerto Rico. Es decir, se trata de una doble venta de bien inmueble, condicionado el caso por la inscripción de posesión a favor de un tercero.
“La doble venta presupone que un solo sujeto haya vendido dos veces la misma cosa y aquí resulta claramente probado que a nombre de doña Paulina y doña Candelaria Rodríguez Castro, se vendió a Ramos la finca en cuestión y a nombre' de esas mismas personas se adjudicó a Manuel Falú esa misma finca en el ejecutivo que las si-guió en cobro de una deuda contraída a su favor por don Pedro Ro-dríguez Castro, de quien aquéllas, como hermanas, fueron declara-das herederas.
“Hemos dicho que se trata también de una, misma finca, por más que la vendida judicialmente a Ramos sea de 180 cuerdas y la ad-judicada a Falú sea de cien cuerdas. Pero a hacer esta afirmación nos obliga la misma demanda y no vale luego variar los términos en que el debate se plantea, como ocurre con el alegato del apelante.
“En el hecho octavo de la demanda se dice que la finca vendida a Ramos es la misma que inscribió don Florencio Berrios y que luego vendió a Prieto, y parte de esa misma finca son también las cien cuer-das que inscribieron Candelaria y Paulina Rodríguez y que por su-cesivas ventas pasaron a Falú y a Orcasitas.
* ’# # # ■* * . #

Esta Corte Suprema concluye así su opinión:

“En resumen. El artículo 1473 del Código Civil Antiguo, que es igual al 1376 del revisado y vigente en Puerto Rico, dice en su segundo párrafo, así:
“ ‘Si una misma cosa inmueble se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la baya inscrito en el registro.’
“La sentencia antes citada de 3 de junio de 1899, dice así:
“ ‘Cuando el mejor derecho a una finca se discute entre quién tiene inscrito a su favor en el registro de la propiedad su título, y entre quién no ha conseguido tal inscripción, aún cuando el título inscrito sea de posesión, debe resolverse el derecho en favor del pri-mero, si el segundo no presenta título de dominio que tenga carácter preferente. ’
“Este es el caso. Una misma finca se vendió a Falú y a Ramos. Falú inscribió su título de posesión en el registro de la propiedad, Ramos no consiguió tal inscripción y no ha presentado título de dominio que tenga carácter preferente.
“Siendo ésto así, este recurso de apelación debe resolverse en favor de los apelados y demandados, porque el juez de la sección Ia. de la Corte de Distrito de San Juan aplicó bien la ley y no ha come-tido, como se ha demostrado en este dictamen, ninguno de los errores que el apelante le atribuye.
“La sentencia, pues, que con fecha 11 de diciembre de 1906 dictó dicho juez, debe confirmarse con las costas a cargo de la parte ape-lante. ”

En vista ele los insertos que dejamos hechos tanto de la demanda en el pleito No. 413 por Ramos contra Orcasitas y Pío Prieto como de las decisiones de la corte de distrito y de esta Corte Suprema en el expresado caso, en relación con las alegaciones de la demanda en el presente pleito, tenemos que llegar a la conclusión de que la corte de distrito en el caso No. 413, resolvió la cuestión sobre que versa el presente sobre si el terreno que reclama Hamos pertenece a él o a Falú.

Por modo expreso dejó establecido la corte inferior como conclusión de becbo aceptada por esta Corte Suprema que la finca vendida judicialmente a Ramos con cabida de ciento ochenta cuerdas y la adjudicada a Falú con cabida de cien cuerdas son una misma finca no obstante su distinta cabida y diferencia parcial de colindancias, y siendo ello así la su-cesión de Juana Ramos Latour, que está obligada a pasar por aquella resolución, no puede sin violación de la cosa juz-gada entablar una acción para obtener la reivindicación de las sesentiocbo cuerdas con veintiún centesimos a que se con-trae la demanda y que están comprendidas dentro de los lindes marcados a la finca de cien cuerdas declarada ya ju-dicialmente de la propiedad de Falú. Y no cabe sostener que las sentencias de la corte inferior y de esta Corte Su-prema en el pleito No. .413, se limitaran a las cien cuerdas adquiridas por Falú en remate judicial, pues si esa finca de cien cuerdas y la de ciento ochenta son una misma, según apreciación de ambas cortes, no puede afirmarse que fue su intención excluir del terreno declarado de la propiedad de Falú el que boy reclama la sucesión, demandante como suyo.

Si prosperara tal reclamación resultaría que ambas fin-cas, la de 180 cuerdas y la de 100 cuerdas no son una misma contra lo ya resuelto en el anterior pleito, en el cual preci-samente por razón de dicha identidad se dió aplicación al artículo 1473 del Código Civil Antiguo, equivalente al 1376 del Código Revisado.

Todas las condiciones que exije la cosa juzgada concu-rren en el presente caso, teniendo en cuenta el artículo 1219 del Código Civil, según ha sido interpretado ya por esta Corte Suprema en los siguientes casos: Iglesia Católica v. Municipio de Bayamón, 27 D. P. R. 865, Quintero v. Morales, 25 D. P. R. 118; Vega et al. v. Rodríguez et al., 21 D. P. R. 334; Hernández v. Arán et al., 20 D. P. R. 53; Orama et ál. v. Oyanguren, 19 D. P. R. 829; Ninlliat v. Suriñach et al., 18 D. P. R. 195, y Calaf et al. v. Calaf, 17 D. P. R. 198, y 232 U. S. 371, 374.

Es de revocarse la sentencia apelada y dictarse otra por la que se declare con lugar la excepción de cosa juzgada opuesta a la demanda y se absuelva al demandado, sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra declarando con lugar la excepción de cosa juzgada, sin costas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

text:
    Cruz, Demandante y Apelante, v. Sucesión Jiménez, Demandada y Apelada, y Delgado et al., Interventores y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad de arrendamiento.
    No. 2325.
    Resuelto en diciembre 23, 1921.
    Desestimación de Apelación — Exposición del Caso Presentada Fuera de Tiempo — Discreción Judicial. — En el presente caso radicóse en la Corte Suprema el legajo de la sentencia y más tarde la exposición del caso que fue aprobada por el juez inferior con oposición del apelado por haber sido presentada fuera de tiempo. Presentada moción para que se eliminara la exposición del caso y sé desestimaran los recursos de apelación, se ordenó la eliminación porque la corte de distrito careeía de jurisdicción para apro-bar la exposición del caso presentada fuera de término, sin que el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil conceda prima facie poder discre-cional a la corte para aprobarla en esas condiciones, y se declaró no haber lugar a la desestimación de los recursos puesto que el legajo de la sentencia podía servir de base para sostenerlos y considerarlos mediante el examen de aquellos errores que se refieran a la ley y que aparezcan del texto de los autos.
    Los becbos están expresados un la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. José de Guzmóm Benitez.

    Abogado de la apelada: Sr. F. González.

      Abogado de los interventores-apelantes: Sr. A. Dones.

   El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Están sometidas a nuestra consideración y decisión dos mociones radicadas en 15 de octubre de 1921, ambas de la parte demandada y apelada sucesión del Dr. Manuel Jiménez Cruz, una de ellas para que se elimine de los autos la expo-sición del caso y se desestimen las apelaciones establecidas por la demandante-apelante, Eladia Cruz Jiménez, y los in-terventores también apelantes, Enrique Delgado et al. por inobservancia de los preceptos que regulan la transcripción de evidencia en recursos de apelación y por baber sido radi-cada dicba exposición en la corte de distrito fuera de tér-mino; y la otra para que se desestime la apelación de los interventores por no baber radicado alegato alguno de acuerdo con los artículos 42 y 60 del Reglamento de este tribunal.

Para juzgar sobre la procedencia de la primera moción se bace necesario exponer los becbos relativos a la misma, y son los siguientes:

La sentencia en el presente caso fué dictada en 25 de junio de 1920 y notificada a la demandante y a los inter-ventores en 28 del mismo mes.

Los interventores archivaron escrito de apelación contra la sentencia en 15 de julio de. 1920, y en 22 de julio la de-mandante radicó también escrito de apelación.

Los interventores radicaron moción en julio 22 de 1920 con súplica de que la corte prorrogara a treinta días más los diez señalados por la ley para presentar el pliego de ex-cepciones y exposición del caso, así como el legajo de la sen-tencia, y ordenara que la transcripción de la evidencia que debía formar parte de la exposición del caso fuera preparada dentro de la prórroga por el taquígrafo de la corte. La corte por orden de la misma fecba concedió la prórroga solicitada, pero declaró sin lugar la moción en la parte relativa a la transcripción de la evidencia, toda vez que el taquígrafo que actuó en el juicio del caso presentó la renuncia de sn cargo y se encontraba entonces fuera de la jurisdicción de la corte, ausente en los Estados Unidos, no pudiendo el nuevo taquí-grafo que desempeñaba el cargo transcribir y certificar el record del caso.

Los interventores solicitaron entonces en moción radicada en 2 de agosto de 1920 que la corte ordenara al secretario que facilitara temporalmente a su abogado, para preparar la exposición del caso, los records y notas de los procedi-mientos orales y declaraciones prestadas durante las dos se-siones del juicio, cuyos records y notas fian debido ser nece-sariamente preparados y entregados por el taquígrafo al se-cretario de la corte, de acuerdo con las secciones 3a. y si-guientes de la ley creando la plaza de taquígrafo, aprobada el 10 de marzo de 1904, y que la corte seguramente habría tenido a la vista para dictar su sentencia. Esa moción fue negada por orden de dos de agosto, en los siguientes tér-minos :

“Yista la anterior moción, se declara sin lugar por cuanto el taquígrafo que actuó en la vista del caso se ba ausentado para los Estados Unidos después de renunciar el cargo sin haber terminado la transcripción del record. Tan pronto dicha transcripción llegue a poder del secretario, se proveerá.”

La demandante-apelante, Eladia Cruz Jiménez, también en 22 de julio de 1920 radicó moción para que se prorrogara por veinte días el término concedido por la ley para presen-tar la exposición del caso y pliego de excepciones, en vista de que optaba porque la transcripción de la evidencia prac-ticada en el juicio fuera preparada por el taquígrafo de la corte, y en ahorro de tiempo y gastos trataba de conseguir de los interventores, también apelantes, le permitieran el uso de su transcripción, otorgándose en su caso una estipu-lación que someterían a la aprobación de la corte para que la exposición del caso, contentiva de la transcripción de la evidencia que Rabia de preparar el taquígrafo para los in-terventores pudiera ser usada también por la demandante-apelante. A diclia moción recayó resolución en 23 de julio de 1920, accediendo a lo solicitado en cuanto a la prórroga de veinte días para presentar el pliego de excepciones y exposición del caso y denegando la moción en cuanto se refiere a la transcripción de la evidencia, por las razones ya consignadas en cuanto a la moción de los interventores beclia con idéntico fin. Entonces la demandante-apelante, Eladia Cruz, en moción radicada el 2 de agosto de 1920, manifestó a la corte que en la situación que se le Rabia creado por la ausencia del taquígrafo, no le quedaba otro remedio para sostener su recurso de apelación contra la sentencia, que el de preparar ella misma la exposición del caso y pliego de excepciones, de acuerdo con el antiguo procedimiento, a cuyo fin pedía a la corte ordenara al secretario le facilitara por un término razonable la copia del record taquigráfico que el taquígrafo Ra debido entregarle para la corte,. de acuerdo con lo dispuesto en la ley creando el cargo de taquígrafo; y la corte denegó tal pretensión por las razones en que se fundó para desestimar la de los interventores.

En vista de las dificultades creadas por la ausencia del taquígrafo para preparar los apelantes sus respectivas ape-laciones, los abogados de ambos apelantes radicaron moción en 6 de agosto de 1920 manifestando a la corte que Rabian convenido gestionar unidos todo lo necesario para obtener que el taquígrafo, cuya dirección en New York Rabian logrado averiguar, les remitiera una copia del record taquigráfico del juicio para con vista de ella preparar una exposición del caso y demás documentos en apoyo de sus respectivos recur-sos de apelación, concluyendo con la súplica de que la corte aprobara la estipulación acordada y les concediera una am-pliación de prórroga por treinta días para presentar la expo-sición del caso y pliego de excepciones, de modo que la tota-lidad concedida resultara de cincuenta días, disponiendo ade-más fuera notificado el taquígrafo de la resolución recayente, cuya moción fué declarada con lugar por orden de agosto 6 de 1920.

En 23 de septiembre de 1920 fué radicada en la corte de distrito una moción de ambas partes apelantes en la que alegan que no obstante la orden de la corte de 6 de agosto y las comunicaciones dirigidas por la misma corte y los com-parecientes al taquígrafo, Delfín López Rivera, para que pre-parara la transcripción de la evidencia, dicho taquígrafo no había sido encontrado, o no había querido contestar las comu-nicaciones, por lo que no pudiendo contar con la transcrip-ción para su apelación y estando ya próximo a vencer el término de la prórroga concedida para radicar la transcrip-ción, habían resuelto preparar la exposición del caso con vista de los apuntes tomados por los abogados suscribientes, y suplicaban a la corte que les concediera una prórroga de cuarenta días para preparar dicha exposición, a cuya moción accedió la corte por orden de 27 de septiembre de 1920.

No aparece que la corte de distrito concediera ulteriores prórrogas a los apelantes para preparar la exposición del caso y sí resulta; primero: Que en 22 de septiembre de 1920 radicaron en la Secretaría de esta Corte Suprema copia certificada del legajo de la sentencia, y dos días después ra-dicaron una moción en que solicitaban se les concediera pró-rroga de cuarenta días para preparar y radicar en la misma secretaría la exposición del caso y pliego de excepciones para fundar los recursos de apelación que tenían establecidos, y si ello no fuera procedente se dejaran en suspenso los tér-minos del procedimiento en ambas apelaciones hasta que fuera radicada en la secretaría la exposición del caso con el pliego de excepciones debidamente aprobado por el juez sentenciador, a cuyo fin alegaban y justificaban los hechos que habían obstaculizado la preparación de dichos documen-tos; segundo: Que a esa moción proveyó el juez de turno por estar el tribunal en vacaciones, otorgando una prórroga de treinta días para presentar la exposición del caso, a con-tar desde el día 2 de octubre siguiente; tercero: Que a peti-ción de los mismos apelantes les fué concedida por dicho juez de turno en 26 de octubre otra prórroga de treinta días a contar desde el día Io. de noviembre; Cuarto: Que en 26 de noviembre esta Corte Suprema, ya en funciones, les concedió otra prórroga de treinta días para presentar la exposición del caso, a contar desde el día Io. de diciembre de 1920; y Quinto: Que los apelantes volvieron a solicitar nueva pró-rroga de treinta días en moción de 13 de diciembre de 1920, y celebrada la vista de ella con audiencia de las partes, ape-lantes y apelada, la corte resolvió por orden de 13 de enero de 1921, anular las órdenes anteriores de concesión de pró-rrogas y denegar la últimamente pedida.

En 5 de diciembre de 1920 fué radicada en la corte de distrito otra moción de las partes apelantes en la que alegan que dentro de la prórroga que les había sido concedida por el Tribunal Supremo para preparar la exposición del caso, obtuvieron del secretario de aquella corte una certificación literal de todos los documentos utilizados como evidencia y prepararon también como parte de dicha exposición el extracto de las declaraciones prestadas en el juicio por los testigos, acompañando a la moción la certificación y declaraciones que completan la exposición del caso, de cuyos documentos ha-bían entregado copia al abogado de la parte apelada; y como dicha exposición debía ser aprobada por el juez sentencia-dor, para los procedimientos al efecto, hasta dejar radicada la transcripción en la Secretaría del Tribunal Supremo, ha-bían obtenido de este tribunal una prórroga que vencería el día 23 de diciembre, concluyendo con la súplica de que la corte señalara la fecha más próxima para la comparecencia que había de tener lugar. No encontramos en el record la orden que recayera sobre la anterior moción, y sí consta una orden dictada en 24 de enero de 1921, que dice así:

“Hoy 24 de enero de 1921, día señalado para la vista de la im-pugnación al pliego de excepciones y exposición del caso presentados por los apelantes en el pleito arriba titulado comparecieron las partes representadas por sus abogados, José de Guzmán Benitez por la de-mandante, Francisco González por los demandados y Adolfo Dones por los interventores. Habiendo la representación de los deman-dados presentado una moción en que solicita se desestime la expo-sición presentada por haber sido radicada fuera de tiempo y por ser incompleta, la corte, después de oir al abogado de la parte con-traria, Sr. José de Guzmán Benitez, y haciendo uso de la facultad discrecional que le concede el artículo 140 del Código de Enjuicia-miento Civil, declara sin lugar dicha moción en cuanto a que se desestime la exposición por haber sido radicada fuera de tiempo y ordena asimismo que se agreguen a la misma las declaraciones de testigos y documentos que se alegan por los demandados han sido omitidos y al efecto se ordena al taquígrafo de esta corte que dentro de quince días entregue a las partes una copia del record taquigrá-fico y entonces, de acuerdo ambas partes, formulen la exposición en la forma que mejor estimen, y se proveerá.”

En 7 de febrero de 1921 se radicó por el taquígrafo una moción solicitando se le concediera una prórroga de diez días para entregar el record taquigráfico a las partes en atención a que el día 8 había de vencer el término de quince días se-ñalado por la corte y todavía no había terminado la trans-cripción del record, cuya prórroga de quince días fue con-cedida por orden de la misma fecha.

Al día siguiente, 8 de febrero, los abogados de los ape-lantes radicaron otra moción solicitando una prórroga de diez días a contar desde el día 8 del propio mes, para pre-parar la exposición del caso, cuya prórroga les fue concedida por orden de la misma fecha.

Los apelantes presentaron como ampliación de la expo-sición del caso, una copia completa del expediente de la corte No. 5682, de Eladia Cruz Jiménez et al. v. Sucesión de Manuel Jiménez Cruz, sobre desahucio, y con fecha 18 de febrero presentaron el record taquigráfico del caso, habiendo dictado la corte con fecha 4 de abril de 1921 la siguiente orden:

“■ORDEN. — Encontrándome ausente en San Juan, en cumplimiento de mis deberes como miembro de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, se señalará nuevamente fecha a los efectos de la aprobación de la exposición del caso presentada en este pleito, cuando termine el Senado sus sesiones. Humacao, P. R., a 4 de abril de 1921. (F.) Cuevas Zequeira, Juez Sentenciador.”

La orden aprobatoria de la exposición del caso recayó en 28 de mayo de 1921 y dice textualmente así:

“Yo, Rafael Cuevas Zequeira, que presidí la vista del presente caso, siendo Juez de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Humacao, P. R., certifico: que la transcripción de autos presentada en este caso por los apelantes, que me ha sido sometida para mi exa-men y aprobación, la apruebo por encontrarla correcta y verdadera, por contener toda la evidencia aportada al juicio, así como las ex-cepciones tomadas en él, y se ordena que forme parte del legajo de la sentencia a los efectos de la apelación interpuesta por los deman-dantes e interventores apelantes contra la sentencia dictada en este caso con fecha 25 de junio de 1920. — Dada bajo mi firma y sello ofi-cial del Tribunal del Distrito de Humacao, en Humacao, P. R., a 28 de mayo de 1921. — (F.) Rafael Cuevas Zequeira, Juez Senten-ciador.”

Como ya se deja dicho, los apelantes habían radicado en 22 de septiembre de 1920, en la Secretaría de esta Corte Suprema, copia certificada del legajo de la sentencia. Pos-teriormente, en 3 de junio de 1921, radicaron una copia cer-tificada por el Secretario de la Corte de Distrito de Iíumacao, comprensiva de los documentos presentados como prueba por las partes litigantes en la vista del pleito y otra copia certi-ficada por el taquígrafo comprensiva de las declaraciones prestadas por los testigos, con la certificación de la aproba-ción impartida por el juez a la transcripción de autos.

Los apelantes pudieron preparar sus recursos mediante exposición del caso en la forma ordenada por el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por la Ley No. 81 de junio 26 de 1919 o mediante transcripción de la evidencia por el taquígrafo en los términos que autoriza la Ley No. 27 aprobada en noviembre 27 de 1917. Ambos pro-cedimientos ban sido seguidos por los apelantes, eligiendo uno y abandonándolo luego por el otro, desistiendo Inego de éste para volver al primero, y utilizando al fin uno y otro.

Nos abstenemos de considerar y decidir si semejantes in-formalidades, atendidas las circunstancias del caso, podrían determinar por sí mismas la nulidad de la transcripción de autos de que se trata, y consiguientemente la de su aproba-ción por la Corte de Distrito de Humacao en su orden de 28 de mayo de 1921, pues preferimos sostener dichas nuli-dades por el fundamento que pasamos a exponer.

La llamada exposición del caso fué radicada en la corte inferior cuando ya habían vencido el término y las prórro-gas concedidas para hacerlo. Las mismas partes apelantés manifiestan en su moción de 5 de diciembre de 1920 qué den-tro de una prórroga que les había sido concedida por el Trl bunal Supremo para preparar la exposición del caso (debió ser la prórroga de treinta días que les fué concedida en 26 de noviembre de 1920) habían obtenido del secretario de la corte de distrito una certificación literal de todos los docu-mentos utilizados como evidencia e hicieron el extracto de las declaraciones prestadas en el juicio por los testigos. . Pero dicha prórroga y otras más fueron declaradas nulas por esta Corte Suprema por su orden de 13 de enero de 1921 y no pueden servir de escudo para sostener que la exposición del caso fué presentada en término legal.

La corte inferior invoca el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil para declarar sin lugar la moción de la parte apelada en cuanto a que fuera desestimada la expo-sición del caso por haber sido radicada fuera de tiempo. He-mos examinado dicho artículo y prima facie no autoriza el ejercicio de la discreción judicial en un caso como el presente y los apelantes no han tratado de demostrarnos lo contrario mediante estudio de la jurisprudencia que pudiera ser ati-nente al caso. Ellos pudieron solicitar de la corte de dis-trito cuantas prórrogas hubieran sido necesarias y procedie-ron equivocadamente al solicitarlas de esta Corte Suprema. La Corte de Humacao carecía de jurisdicción al impartir su aprobación a una transcripción de autos que le fué pre-sentada fuera de término, y en apoyo de nuestra conten-ción podemos invocar la jurisprudencia establecidas por esta Corte Suprema en los casos de Santos v. West Porto Rico Sugar Company et al. y Ruíz v. Sucesión de Cruz Jiménez, 28 D. P. R. 924, y 990.

Dicha transcripción debe ser eliminada del record, pero esa eliminación no determina la desestimación de los recur-sos pues si bien la revisión de las pruebas practicadas en el juicio no puede tener lugar sino mediante exposición del caso o transcripción de las notas taquigráficas, con la debida aprobación del juez sentenciador, el legajo de la sentencia que fué radicado en la Secretaría de esta Corte Suprema en 22 de septiembre de 1920, puede servir de base para sostener el recurso mediante examen de aquellos errores que se refie-ran a la ley solamente y que aparezcan del texto de los autos.

En cuanto a la moción para que se desestime la apelación de los interventores por no haber radicado alegato alguno de acuerdo con los artículos 42 y 60 del Eeglamento de esta Corte Suprema, aparece de autos que la representación de dichos interventores obtuvo de esta corte varias prórrogas para presentar su alegato, entre ellas una de treinta días a contar desde el 30 de septiembre de 1921, y no habiendo vencido en 15 de octubre en que fué radicada la moción, pro-cede se declare ésta sin.lugar.

Por las razones expuestas es de eliminarse del record la transcripción de la evidencia sin que haya lugar a desesti-mar los recursos de apelación interpuestos por la deman-dante Eladia Cruz Jiménez y los interventores Enrique Delgado, et al.

Sin lugar la desestimación pero ordenada la eliminación de la exposición del caso.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Lebrón, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegatoria de inscripción de un ex-pediente posesorio.
    No. 503.
    Resuelto en diciembre 23, 1921.
    Expediente Posesorio — Alegación en Cuanto ai Tiempo de la Posesión— Testigos en Expedientes Posesorios. — En un expediente posesorio en cuya moción inicial se expresa que el peticionario adquirió la Anea por herencia de su padre fallecido hace más de veinte años, se alega suficientemente una posesión de por lo menos veinte años; y habiendo declarado los testigos que el promovente posee la finca desde la muerte de su padre cuando el tes-tigo, que ahora tiene 58 años, era muy pequeño, y según el otro testigo, desde hace veinte o treinta años, contrajeron sus declaraciones a dicho tiempo de posesión y es preciso concluir que tales testimonios y la petición cumplen con la regla primera, No. 4 y tereera, párrafo segundo del artículo 391 de la Ley Hipotecaria.
    Id. — Valor del Inmueble — Pago de Contribuciones — Alegándose en la moción inicial que la finca objeto de la información posesoria tiene un valor de $120, cuya cuantía es tributable de acuerdo con el artículo 291 del Código Político, el expediente no es inscribible si el recurrente no justifica que paga contribución por la finca a título de dueño.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. G. Domingties Rubio.

    El Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Florencio Lebrón Santiago presentó escrito a la Corte de Distrito de Guayama alegando que posee quieta y pacífica-mente una finca, cuya descripción hace, la que adquirió por herencia de su padre fallecido hace más de veinte años, que su valor es de $120, que por ella no se pagan contribuciones al Tesoro Insular y que carece de título escrito inscribible.

Practicada la información correspondiente la corte de-claró justificada la posesión, sin perjuicio de terceros, y or-denó qne se inscribiera en el registro de la propiedad, pero presentado el expediente original el registrador negó la ins-cripción qne se le solicitó exponiendo como primera razón qne * * * “de la moción inicial no resulta el tiempo qne lleva de posesión el promovente en la finca de qne se trata; y qne los testigos de la información Anreliano y Filomeno Ramos no contraen sus declaraciones al tiempo que baya durado la posesión del citado promovente del expediente * '* * y en el escrito qne nos lia presentado el registra-dor en este recurso gubernativo interpuesto contra su reso-lución denegatoria de inscripción expone en apoyo de la misma si lia de expresarse en la solicitud de un expediente posesorio de una manera expresa el tiempo que se lleva de posesión o si basta, como parece colegirse de la solicitud, que tal circunstancia se consigne en forma ambigua, deján-dolo a la interpretación que pueda darle la oficina del re-gistro.

Así pues, los términos en que está redactada la nota de-negatoria en cuanto a' ese motivo de la negativa de inscrip-ción y el alegato del registrador claramente demuestran que el motivo primero que tuvo para no inscribir la finca fue porque ni de la solicitud inicial del expediente posesorio ni de las declaraciones de los testigos resulta el tiempo que lleva de posesión el promovente, y por tanto, lo que tenemos que considerar y resolver en este caso es si el tiempo de posesión está suficientemente alegado y probado de modo que quede cumplido el artículo 391 de la Ley Hipotecaria en sus reglas primera, No. 4, y tercera, párrafo segundo, preceptivo de que en el escrito en que se pida la admisión de la información se expresará el tiempo que se llevase de posesión, y que los testigos contraerán sus declaraciones al tiempo que baya durado la posesión, entre otras cosas.

Nos parece que alegándose en la solicitud inicial de la información que el promovente posee la finca desde la muerte de su padre y que ésta ocurrió hace más de veinte años, cla-ramente se expresa qne tal posesión ha durado por lo me-nos veinte años y que por tanto se alegó suficientemente el tiempo de posesión. En cuanto a los testigos como depu-sieron que Florencio Lebrón posee la finca desde la muerte de su padre fallecido cuando uno de los testigos que ahora tiene cincuenta y ocho años de edad era muy pequeño, y según el otro testigo desde hace veinte o treinta años, cree-mos que contrajeron sus declaraciones al tiempo de posesión de por lo menos veinte años que alegó el peticionario.

Los Sres. Galindo y Escosura, en sus comentarios a la legislación hipotecaria, cuarta edición, tomo cuarto, página 592, sostienen que no es preciso determinar el tiempo en que empezó la posesión, sino que basta fijar el año o decir cuán-tos hace que se posee. Así pues, tenemos que concluir que no existe el primer motivo en que se fundó el registrador para negar la inscripción.

También se funda la negativa de inscripción en no ha-berse acreditado por el promovente con el último recibo de contribución, u otro documento, que el anterior poseedor haya pagado la contribución territorial por la finca de que se trata, o en su defecto que ésta se haya tenido en cuenta por el Te-sorero de Puerto Rico para la imposición o exención de con-tribución.

Según el artículo 391 citado, párrafos Io. y 3o. de la re-gla 4a. en los expedientes posesorios se presentará certifi-cación de la autoridad encargada del cobro de la contribu-ción territorial en la que se exprese claramente con referen-cia a los padrones de la riqueza u otros datos que el inte-resado paga la contribución a título de dueño. El peticio-nario presentó una certificación del Tesorero de esta Isla creditiva de que' Florencio Lebrón no figura como contribu-yente en el reparto de contribuciones del municipio de G-ua-yama para el año de 1920 a 1921 con finca rústica en el barrio de Guamaní, y entiende el recurrente que esto es bastante para dejar cumplidos dichos preceptos de acuerdo con el caso de Castro v. El Registrador, 23 D. P. R. 233. No hemos de-clarado en el caso qne se cita qne baste en los expedientes posesorios qne según la certificación del Tesorero de Pnerto Rico la finca no aparezca en el reparto de contribnciones pnes expresamos qne el Tesorero debía certificar qne estaba exenta de contribución o probarse qne valía, como alegaba la peti-ción inicial, una cantidad menor qne la fijada para imponer las contribnciones. Pero en el caso qne resolvemos ahora la solicitud inicial expresó qne la finca valía $120, valor qne es tribntable de acuerdo con el artículo 291 del Código Po-lítico y por esto debía el recurrente justificar que pagaba la contribución a título de dueño.

Por esta ultima razón la.nota recurrida debe ser confir-mada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. del Tobo,

text:
    Muñoz, Recurrente, v. Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas denegatoria de inscripción de una escritura de hipoteca.
    No. 512.
    Resuelto en enero 16, 1922.
    Bienes Gananciales — Hipoteca de la Mitad Indivisa — Liquidación de Ganan-ciales. — Inscrita una finca como bien ganancial, es inscribible la hipoteca otorgada por la viuda sobre su mitad indivisa, pero verificándose la inscrip-ción sujeta a las resultas de la' liquidación de la sociedad de gananciales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. F. Gonsáles.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Su. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para sn inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Caguas una escritura de hipoteca otorgada por doña Rosario Carrión viuda de Dávila a favor de doña Mercedes Muñoz Barrios sobre la mitad indivisa de cierta finca, rústica, el registrador se negó a ello “por observar que la. finca se encuentra inscrita a nombre de doña Rosario Carrión. Cruz, casada con don Nemesio Dávila Villafañe, sin que del registro aparezca haberse liquidado la sociedad de ganan-ciales por ambos constituida.”

Contra la anterior negativa se interpuso el presente re-curso gubernativo acompañándose a la escritura de hipoteca una certificación expedida por el propio Registrador de Ca-guas de la que consta que la finca de que se trata fué adqui-rida, según la inscripción segunda de la misma, el 3 de abril de 1893 por doña Rosario Carrión y Cruz representada por su legítimo esposo Nemesio Dávila y Villafañe a título de compra y que habiendo fallecido el 3 de abril de 1899 sin otorgar testamento Nemesio Dávila Villafañe y habiendo de-clarado la Corte de Distrito de Humacao herederos suyos a sus quince hijos, uno de ellos solicitó y obtuvo la inscrip-ción a su favor de una treinta ava parte indivisa de la finca en cuestión. Véase Dávila v. Registrador de Caguas, 28 D. P. R. 197.

Siendo esos los hechos, es necesario concluir que el regis-trador erró al negarse a inscribir la hipoteca de que se trata. Este caso es igual al de Becerra v. Registrador de Guayama, 27 D. P. R. 843, citado con aprobación en el de Allende v. Registrador de San Juan, 28 D. P. R. 569. Siguiendo el mismo razonamiento que en el caso de Becerra, podemos decir aquí: la finca en cuestión ya había sido inscrita a nombre de doña Rosario Carrión presuntivamente como un bien ga-nancial por haberla adquirido a título oneroso durante el matrimonio. Los hijos del esposo habían sido declarados los únicos y universales herederos del mismo. La mujer siguió siendo la dueña con derecho inscrito de una mitad proindivisa de los bienes inmuebles de la sociedad de ganan-ciales, sujeta, por supuesto, a las resultas de la liquidación de dicha sociedad. Yéase el - caso de Santini et al. v. Díaz, San Miguel et al., 27 D. P. R. 817. La hipoteca aquí cons-tituida se extiende únicamente a la mitad proindivisa que según el propio registro corresponde a la esposa.

Insistimos en decir que la mejor práctica en estos casos es liquidar debida y claramente la sociedad de gananciales y hacer la inscripción consiguiente en el registro. De este modo se fijan en forma más concreta y definitiva los dere-chos de los interesados, y se evitan dudas y complicaciones en el futuro. Pero si un acreedor acepta la garantía que se le da sobre un derecho que consta del registro aunque tal vez resulte ilusorio en el futuro, el registrador no debe poner obstáculos a la transacción realizada. Presuntivamente doña Rosario Carrión es dueña de una mitad proindivisa de la finca de que se trata y como tal dueña puede vender o hipo-tecar libremente dicha participación.

Por virtud de lo expuesto se revoca la nota recurrida y se ordena la inscripción solicitada sujeta a las resultas, de la liquidación de la sociedad de gananciales de que se trata y con el defecto subsanable apuntado por el registrador en la nota que no ha sido objeto de argumentación por parte de la recurrente.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Aldeey,

text:
    Toro, Demandante y Apelado, v. Pizá Hermanos, S. en C., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre desahucio.
    No. 2516.
    Resuelto en enero 16, 1922.
    'ARRENDAMIENTO SIN TÉRMINO ElJO — DESAHUCIO POR VENCIMIENTO DEL CONTRATO —Tácita Reconducción. — En el presente caso de arrendamiento sin tiempo convenido y pagadero el canon poT meses vencidos, el arrendador, en mayo 13, comunicó al arrendatario que daba por terminado el arrendamiento desde 30 de abril anterior, cuya mensualidad había sido pagada, y en mayo 16 lo demandó en desahucio. Se resolvió: primero, que el arrendador no está obligado al vencer el término de su contrato a conceder a su arrendatario un plazo para desocupar la finca; y segundo, que no existe táeita recon-ducción por el hecho de haber sido presentada la demanda de desahucio el 16 de mayo, y por tanto no es prematura, cuando desde el 13 de dicho mes el arrendador había hecho saber a su arrendatario que daba por terminado el contrato cuyo vencimiento tuvo lugar el 30 de abril anterior, evitando así la tácita reconducción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. J. Martines Dávila.

    Abogado de la apelante: Sr. M. Travieso, Jr.

   El Juez Asociado Sb. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Fernando del Toro Saldaña dueño de una casa en esta ciudad la cedió en arrendamiento a la sociedad mercantil Pizá Hermanos, S. en C., sin tiempo de duración convenido y pagándose el canon del arrendamiento por mensualidades vencidas. El canon correspondiente al mes de abril de 1921 fué pagado; el 13 de mayo siguiente el dueño comunicó al arrendatario que daba por terminado el contrato de arren-damiento desde el 30 de abril anterior y el 16 de mayo lo demandó en desahucio para que desocupara la finca. La sen-tencia recaída en el pleito declara con lugar la demanda y condena a la demandada a desalojar y dejar a la libre dis-posición del demandante la casa en cuestión en el término de quince días, apercibido de que si no lo hiciera dentro del término fijado se procedería a su lanzamiento, imponiendo’ las costas a la demandada.

En el recurso de apelación interpuesto por ésta contra esa sentencia no se discuten los hechos antes relatados pero1 se sostiene en primer término que la sentencia es errónea porque la demanda interpuesta en este caso es prematura por haber sido presentada sin que antes se requiriese al. arrendatario para que entregara la finca en una fecha de-terminada.

Por el contrato de arrendamiento de cosas una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y por precio cierto, disponiendo el artículo 1484 del Código Civil para los arrendamientos de fincas urbanas que si no se hubiese fijado plazo al arrenda-miento, se entiende hecho por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, por días cuando es diario y que en todo caso cesa el arrendamiento, sin nece-sidad de requerimiento especial, cumplido el término. Por su parte establece el artículo 1469 del mismo código que si al terminar el contrato permanece el arrendatario disfru-tando quince días de la cosa arrendada con aquiescencia del arrendador, se entiende que hay tácita reconducción por el tiempo que establecen los artículos 1480 y 1484, a menos que haya precedido requerimiento; y el artículo 1472 concede acción al arrendador para desahuciar judicialmente al arren-datario cuando hubiese espirado el término convencional o el que se haya fijado para la duración de los arrendamientos en los artículos 1480 y 1484. El primero de éstos se refiere a fincas rústicas y el segundo a las urbanas, y lo hemos men-cionado antes.

De acuerdo con las anteriores citas leg'ales el contrato de arrendamiento durará con obligaciones mutuas el tiempo que hayan -convenido las partes, pero cuando no convienen en un tiempo determinado entonces si el canon de .arrenda-miento de fincas nrbanas se paga por meses el contrato ter-mina cada mes, a menos que exista tácita reconducción, o sea, la aquiescencia del dueño para que de acnerdo con la ley continúe el contrato por otro mes, deducida del hecho de dejar transcurrir los quince primeros días sin requerir al arrendatario para la cesación del contrato. Así pues, los que como arrendatarios quieran verse protegidos en el dis-frute de la cosa ajena por un período mayor de un mes, cuando el canon de arrendamiento se paga por meses, de-berán convenir en un plazo mayor, el que estimen conveniente a sus intereses, para que durante ese tiempo no puedan ser privados de dicho disfrute por vencimiento del término del contrato, pues el arrendamiento crea derechos y obligaciones recíprocas entre las partes contratantes, y así, cuando el arrendatario tiene derecho a gozar de la cosa por un pe-ríodo mayor de un mes surge el derecho en el dueño de que le responda del pago por todo ese tiempo, aunque no quiera el arrendatario disfrutar la finca.

Examinados los anteriores preceptos no podemos decla-rar que la demanda en este caso sea prematura pues el día 30 de abril venció legalmente el término del contrato entre las partes sin necesidad de requerimiento especial, según el artículo 1848, y nació el derecho del dueño a desahuciar judicialmente a su inquilino, lo que podía hacer interpo-niendo la demanda dentro de los primeros quince días del mes siguiente o haciendo saber a su arrendatario dentro de dicho término que daba por terminado el contrato, evi-tando así la tácita reconducción, y demandando judicialmente después la entrega de la finca, como se hizo en este caso. El 30 de abril, como todos los días últimos de cada mes, terminaba el contrato entre las partes por disposición de la ley y el arrendatario sabía que no tenía derecho a ocu-par más tiempo la finca y que debía desalojarla si el dueño por tácita reconducción no le concedía otro plazo igual, por lo que no era necesario qne el dueño le fijara m plazo para desocuparla, como alega la parte apelante.

El segundo motivo de error se funda en que hubo tácita reconducción por todo el mes de mayo por haber sido pre-sentada la demanda después de haber transcurrido los pri-meros quince días de dicho mes.

Como el día 13 de mayo hizo'saber el dueño al arren-datario su voluntad de no continuar el arrendamiento la tá-cita reconducción no existió desde ese momento y quedó ter-minado el contrato desde el 30 de abril en que venció, sin que el hecho de haber sido presentada la demanda después del día 15 de mayo para que judicialmente se ordenara el desalojo de la finca en nada altere el derecho que tenía el dueño a recobrar su finca ni haga surgir en el arrendatario la tácita reconducción de un contrato que había terminado. No hay nada en la ley que sostenga la proposición del ape-lante.

Se sostiene por último que la sentencia es errónea porque sólo concede a la demandada un plazo de quince días para desalojar la casa en vez de veinte días que la sección 16 de la Ley de Desahucio concede cuando está ocupada por un establecimiento mercantil.

Si bien la demandada es una sociedad mercantil no hay constancia alguna en los autos de que ella ocupe dicha casa con sus negocios por lo que no podemos declarar que existe el error alegado.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aüdrey,

text:
    Nadal, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán denegatoria de inscripción de nna escritura de compraventa.
    No. 513.
    Resuelto en enero 20, 1922.
    Artículo 6 de la Ley Hipotecaria — Derecho a Pedir la Inscripción- — Nota no Consentida. — El derecho que tiene el vendedor, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Hipotecaria, para obtener la inscripción de su contrato no puede ser perjudicado por el hecho de que su comprador hubiera consentido ante-riormente una nota del registrador negando la inscripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. A. A. Vázquez.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Aüdrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por la escritura pública No. 19 de 10 de febrero de 1921, Gonzalo Arán Soler compró cierta finca y presentó copia de dicho contrato en el Registro de la Propiedad de San Ger-mán para que fuera inscrita a su favor pero en 30 de mayo de 1921 el registrador negó la inscripción por cinco funda-mentos que expuso al pie de la misma. En 6 de julio si-guiente le fné presentada nuevamente dicha copia notarial con otro documento y el registrador le puso nota denegando la conversión de la anotación preventiva en inscripción defi-nitiva porque el documento acompañado con la escritura sólo subsanaba uno de los cinco defectos que según su nota anterior impedían la inscripción. Otra vez fue presentada la propia copia notarial con otro documento y en 21 de sep-tiembre fué negada nuevamente la conversión de la anota-ción en inscripción porque el nuevo documento acompañado con la escritura sólo subsanaba otro de los defectos consig-nados cuando negó la inscripción.

En tal estado las cosas, Carmen María Nadal, una de las vendedoras a Arán, obtuvo otra copia notarial del contrato de venta y en 24 de octubre de 1921 la presentó en el registro con nn documento igual a uno de los que antes babía sido presentado. Al calce de dicba copia notarial puso el regis-trador la siguiente nota:

"La inscripción del documento que precede que es una copia de la escritura No. 19 otorgada en Mayagüez el día 10 de febrero último ante el notario Angel A. Yázquez no procede, porque a virtud del documento complementario que a la misma se acampaña, que es una certificación expedida por Enrique Báez, Secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez, sobre mandamiento y diligenciamiento por el marshal en el caso civil.No. 7617 sobre acción hipotecaria proce-dimiento sumarísimo, solamente se subsana uno de los cinco defectos insubsanables que motivaron la nota denegatoria de inscripción puesta al calce de otra copia de la misma escritura-No. 19 arriba citada que entonces se presentó, y cuya nota denegatoria de inscripción es de fecha 10 de junio último, fué notificada el mismo día al presentante, no ha sido recurrida para ante el Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico dentro del término legal, y está, por tanto, consentida. Se ex-presa además, que dicha otra copia de la mencionada escritura No. 39 fué presentada de nuevo en unión de la misma certificación que ahora se presenta y arriba se cita, y la conversión de las anotaciones preventivas en inscripciones definitivas solicitada entonces fué dene-gada por la misma razón arriba aducida que se consignó en nota puesta al calce de dicha escritura No. 19 con fecha dos de septiembre último, fué notificada al presentante en veintiséis de dicho mes, no ha sido recurrida y está también consentida dicha nota; siendo, por tanto, la presente una reproducción de la precitada de fecha dos de septiembre último. Y no se extienden anotaciones preventivas de dicha denegación en lugar de la inscripción ahora solicitada, por no ser reiterables. San Germán, noviembre 1 de 1921.”

Como se ve, el registrador no calificó la escritura que últimamente se le presentó y se limitó a consignar que es-tando consentida su negativa de inscripción de otra copia de dicba escritura que se le babía presentado antes, sólo se subsanaba con el documento que a ella se acompaña uno de los cinco motivos que tuvo para denegar la inscripción. En consecuencia en el presente recurso gubernativo que contra tal nota ha interpuesto Carmen María Nadal la cuestión planteada es que teniendo ella derecho de pedir la inscrip-ción debió el registrador hacerla cuando ella la solicitó o expresar los motivos que tuviera para negarla; a lo que contesta el registrador que si bien la primera presentación del documento la hizo Gonzalo Arán, las otras presentaciones del documento para subsanar los defectos que impidieron la inscripción fueron hechas a nombre de Gonzalo Arán, de Cristina Carrión y de Carmen María Nadal. A esto replica la última que si en el diario del registro se hizo constar tal cosa esto en nada le afecta pues no habiendo ella presen-tado hasta entonces documento alguno para que fuera ins-crito no queda obligada por los defectos que el registrador consignó en la copia notarial que le presentó Gonzalo Arán, ni podía pedir su subsanación.

‘ Dispone el artículo sexto de la Ley Hipotecaria que la inscripción de los títulos en el registro podrá pedirse indis-tintamente por el que transmite el derecho; por el que lo adquiera; por quien tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir, y por quien tenga la representación legítima de cualquiera de ellos; y de acuerdo con este pre-cepto, en el caso de El Pueblo v. El Registrador, 22 D. P. R. 803, que fué interpuesto por el arrendador contra la nega-tiva del registrador a inscribir un contrato de arrendamiento, inscripción que fué solicitada después de haber sido negada la que del mismo contrato había sido pedida por el arren-datario y consentida por éste, citando lo que habíamos dicho en el caso de Behn contra el Begistrador, 21 D. P. R. 513, 525, dijimos lo siguiente:

‘ ‘ También debemos en justicia hacer constar que lo resuelto por el registrador obliga en este caso, dentro del orden- administrativo, al arrendatario que presentó el documento y consintió la resolución, más no al arrendador que en nada intervino en el registro. Esta cuestión está resuelta por la ley y la jurisprudencia. Artículo 6 de la Ley Hipotecaria; Colonial Company v. El Registrador, 1 D. P. R. 396, 401.”

En armonía, pues, con la ley y nuestras decisiones, debió el registrador hacer la inscripción que le pidió Carmen María Nadal o negarla exponiendo los motivos que tuviera para ello y no debió limitarse a decir que ya había negado la ins-cripción pedida por Arán, que estaba consentida esa negativa y que los documentos que le presentaba la recurrente no subsanaban los defectos que había consignado antes, pues la recurrente no había pedido antes la inscripción del contrato por lo que no le obligaba la negativa de inscripción que dió el registrador a la petición de Gonzalo Arán y por tanto no tenía ella que subsanar defecto alguno, aunque se haya hecho constar en el diario del registro que había presentado docu-mentos con tal fin.

Por las razones expuestas la nota recurrida debe ser re-vocada, debiendo el registrador hacer la inscripción que soli-cita Carmen María Nadal o denegarla si no fuere procedente, exponiendo las razones que tenga para ello.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se.. Aldeey,

text:
    Wys, Demandante y Apelante, v. Concejo de Administración de Ponce, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un procedimiento de certiorari.

    No. 2563.
    Resuelto en febrero 3, 1922.
    Subastas de los Municipios — Nulidad de Adjudicación del Remate — Juntas de Subastas — Concejos de Administración •— Certiorari. — Al enmendar la Ley No. 9 de mayo 12, 1920, el artículo 43 de la Ley Municipal de 1919 con-firió a las juntas de subastas por aquélla creada la facultad de adjudicar la buena pro en los remates, por lo que si tal adjudicación es nula por algún motivo el auto de certiorari no puede dirigirse contra el concejo de adminis-tración del municipio tanto más cuanto que no se alega ni prueba acto o resolución de dicho concejo que pueda ser anulado.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. R. B. Peres Mercado.

    Abogados de la apelada: Sres. D. Sepúlveda y E. Flores Colón.

   El Juez Asociado Se.. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El Concejo de Administración de la ciudad de Ponce anunció la subasta de los puestos de venta de la plaza del mercado de dicha ciudad y dispuso que la junta de la su-basta la constituyeran el comisionado de servicio público, el comisionado de obras públicas y el secretario municipal.

Constituida la expresada junta el día que estaba seña-lado para la subasta, presentaron proposiciones escritas Octavio Wys, F. ít. Arévalo y José Barbosa, siendo adjudi-cada al último la buena pro por la junta de subasta.

• Después de ésto, Octavio Wys acudió a la Corte de Dis-trito de Ponce con una solicitud de certiorari, en la que, ale-gando que su proposición en la subasta por $17,885 fué la más alta; que la de Barbosa no determinó cantidad precisa, limitándose a ofrecer $300 más que la proposición más alta y que a pesar de ésto la junta de subasta adjudicó el remate a dicho José Barbosa, solicitó que fuera anulado el acuerdo de dicha junta de subasta. Esta petición la dirigió contra el Concejo de Administración de la ciudad de Ponce sin ale-gar en ella acto alguno realizado por dicho concejo referente a la adjudicación del remate a Barbosa.

El auto fué expedido. No compareció a defenderse el concejo demandado pero lo hizo José Barbosa como inter-ventor con permiso de la corte, la que después de las prue-bas dictó sentencia declarando sin lugar la petición de cer-tiorari y anulando el auto que había expedido, contra cuya sentencia interpuso Octavio Wys el presente recurso de ape-lación.

En el juicio tampoco se probó acto alguno o resolución del Concejo de Administración de Ponce con respecto a la adjudicación a José Barbosa del remate por la junta de su-basta.

La Ley Municipal que f<ué aprobada en 31 de julio de 1919 dispuso en su artículo 43, que el concejo de adminis-tración por ella creado sería la junta de subastas del muni-cipio, cuando otra cosa no se ordenase en la misma ley; pero este artículo fue enmendado por la ley número 9, de 12 de mayo de 1920, preceptiva de que cuando el concejo de admi-nistración tuviera que anunciar subastas para la venta o arrendamiento de alguna propiedad, compra de efectos, etc., fijara día y bora para la admisión de proposiciones y desig-nará una comisión compuesta del comisionado de servicio público, policía y prisiones; de otro miembro del concejo de administración, y del secretario municipal, que constitui-rán una junta adjudicadora para abrir públicamente las pro-posiciones, resolver acerca de ellas y adjudicar la buena pro al que hubiere presentado la mejor proposición, pudiendo celebrar pujas a viva voz en el caso de que hubieren dos o más proposiciones igualmente ventajosas y teniendo derecho a rechazar cualquiera o todas las proposiciones, en cuyo úl-timo caso el concejo de administración podrá anunciar nueva subasta o disponer del asunto en la forma más conveniente para el municipio.

En vista de las citas hechas tenemos que concluir que la facultad que tenía el concejo de administración para ac-tuar como junta de subastas le fue quitada totalmente por la enmienda de 1920 y la confiere únicamente a la comisión por ella creada compuesta de tres miembros, de los cuales uno solamente es de libre designación del concejo de admi-nistración entre los comisionados, comisión o junta que tiene concedida directamente por la ley la facultad de hacer la ad-jnclicación del remate a la proposición qne crea más venta-josa, sin qne tal facultad esté supeditada a resolución alguna del concejo de administración, por lo que si la adjudicación del remate es nula por algún motivo la acción no puede diri-girse contra el concejo de administración que no lia interve-nido en la adjudicación de la buena pro en la subasta y que no ba realizado acto alguno ni dictado resolución que pueda ser anulado.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Wys, Demandante y Apelante, v. Junta de Subastas del Concejo de Administración, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un procedimiento de certiorari.

    No. 2564.
    Resuelto en febrero 3, 1922.

      Municipios — Certiorari Especial. — El auto de certiorari que autoriza el artículo 65 de la Ley No. 85 estableciendo un sistema de gobierno local y reorgani-zando los servicios municipales aprobada en 31 de julio de 1919, no procede contra las actuaciones de la Junta de Subastas creada por el artículo 43 de la misma ley, tal como quedó enmendado por la Ley No. 9 de 1920.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. B. B. Pérez Mercado.

    Abogado de la apelada: Sr. D. Sepulveda.

    Abogado del interventor: Sr. E. Flores Colón.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 30 de junio de 1921 se reunió en la ciudad de Ponce cierta junta de subasta nombrada por el concejo de adminis-tración del municipio de dicta ciudad y abrió los pliegos que se'presentaron para el arrendamiento de los pnestos de venta de la plaza del mercado municipal. Uno de los pliegos es-taba firmado por Octavio Wys, otro por José Barbosa y otro por R. F. Arévalo. Wys ofrecía $17,885, Arévalo $14,300 y Barbosa $300 sobre la proposición más alta que se hiciera. La junta consideró beneficiosa para el municipio la propo-sición de Barbosa y le adjudicó la buena pro.' Wys entonces, el 6 de julio de 1921, presentó en la corte de distrito una petición de certiorari dirigida contra la junta en solicitud de que la corte declarara nulo en todas sus partes el acuerdo de la misma adjudicando el arrendamiento a Barbosa. El auto fué espedido. La junta se allanó, pero Barbosa inter-vino en el procedimiento y se opuso. Se celebró la vista, se practicaron las pruebas y finalmente la corte anuló el auto expedido. Y contra esa resolución de la corte es que se in-terpuso por el peticionario Wys el presente recurso de ape-lación.

Hemos examinado la transcripción y los alegatos de las partes interesadas y a nuestro juicio la sentencia de la corte de distrito se sostiene porque en realidad de verdad la ley no autoriza el recurso especial de certiorari en este caso.

El artículo 65 de la Ley No. 85 estableciendo un sistema de gobierno, local y reorganizando los servicios municipales, aprobada en 31 de julio de 1919, en que se basa el procedi-miento seguido, dice, en lo pertinente, así:

“Art. 65.- — Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a instancia de parte perjudicada—
“(u) Para anular o revisar cualquier acto legislativo o adminis-trativo de la asamblea municipal o concejo de administración o de los comisionados, que lesione derechos constitucionales de los quere-llantes o sea contrario a la Ley Orgánica o a las leyes de Puerto Rico, mediante certiorari;”.

En su alegato la parte apelante sostiene que si bien es cierto que la ley no autoriza el auto de certiorari contra la junta de subasta, lo autoriza contra los comisionados o miem-bros del concejo de los cnales babía dos en dicha jnnta que formaban la mayoría de 'la misma.

No es posible aceptar esa teoría. La junta de subasta si bien se compone de acuerdo con la ley — artículo 43 de la Ley No. 85 de 1919, tal como quedó enmendado por la Ley No. 9 de 1920 — de tres miembros, dos de los cuales de-ben ser comisionados, constituye una entidad distinta de cada uno de los comisionados.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Martínez, Recurrente, v. El Registrador de Mayagüez, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Mayagüez denegatoria de inscripción de un contrato de arrendamiento.
    No. 508.
    Resuelto en febrero 3, 1922.
    Documento Auténtico — Inscripción—Ley Hipotecaria. — Un contrato privado en el que una de las partes contratantes es el Administrador General de Co-rreos de los Estados Unidos _ de América no es un documento auténtico que puede ser inscrito en el registro de la propiedad, según la Ley Hipotecaria y su Reglamento.
    Arrendamiento — Documento Público. — Los contratos de arrendamiento de bie-nes inmuebles por más de seis años deben hacerse constar en documento pú-blico.
    Contratos Privados — Affidavits.—Los contratos privados cuyas firmas están re-conocidas ante notario (affidavit) no son inscribibles en el regisrto de la propiedad.
    Los hechos están expresados en la opinión
    Abogado del recurrente: Sr. J. Sabater.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Presentado en el Eegistro de la Propiedad de Mayagüez un contrato de arrendamiento para su inscripción el regis-trador le puso la siguiente nota:

“Devuelto el presente documento sin hacer en él operación al-guna por cuanto es un affidavit o documento privado, comprensivo de un contrato de arrendamiento, el cual debe ser otorgado en docu-mento público.”

Contra esa resolución interpuso Arsenio Martínez, uno de los arrendadores, el presente recurso gubernativo, que podemos resolver porque al devolver el registrador el docu-mento consignó el motivo de su resolución. Guánica Centrale v. Registrador, 23 D. P. R. 735.

El documento que fué presentado en el registro de la propiedad es el contrato original por el cual Arsenio Mar-tínez y su esposa Eosario B. Martínez ceden en arrenda-miento por término de diez años una finca urbana de su propiedad a los Estados Unidos de América, representados por Will H. Hays, Administrador General de Correos de los Estados Unidos, está fechado el 9 de julio de 1921 y a continuación de la firma de Mr. Will H. Hays puesta el pri-mero de agosto de 1921 se encuentran las de los arrenda-dores y después un certificado de un notario, fechado en Ma-yagüez el 9 de julio de 1921, creditivo de que ante él com-parecieron Arsenio Martínez y su esposa Eosario B. Mar-tínez a quienes conoce como las mismas personas que han celebrado el contrato de arrendamiento que antecede y quie-nes reconocieron que lo habían firmado, sellado y entregado de su libre y espontánea voluntad para los usos y propó-sitos en el mismo consignados; y que la esposa Eosario B. Martínez firmante del contrato, en ausencia de su marido, declaró'haberlo firmado libre y espontáneamente, sin influen-cia indebida ni coacción de su consorte.

Ese contrato no es una escritura pública porque no está otorgado ante notario, lo que admite el recurrente, sino el contrato privado celebrado entre las partes con la declara-ción de una de ellas ante un notario de haberlo firmado de su libre y espontánea voluntad, pero a pesar de ésto alega el recurrente que puede ser presentado en el registro para inscripción por ser un documento auténtico.

El artículo 2 de la Ley Hipotecaria enumera los títulos que pueden ser inscritos en el registro de la propiedad, siendo uno de ellos el contrato de arrendamiento por más de seis años, según su número 5; en el artículo 3, párrafo 1 declara que para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico, expedido por au-toridad judicial, o por el gobierno o sus agentes en la forma que prescriban los reglamentos; y en el artículo 51 de su reglamento dice que se considerarán documentos auténticos para los efectos de la ley los que, sirviendo de títulos al do-minio o derecho real, estén expedidos por el gobierno o por autoridad o funcionario competente para darlos, y deban hacer fe por sí solos.

De acuerdo con los anteriores preceptos legales el docu-mento que motiva este recurso no es un documento auténtico porque no está expedido por el gobierno ni por sus agentes. Los documentos auténticos a que se refiere la ley y su regla-mento son los que expiden dichos funcionarios con referencia a documentos obrantes en sus oficinas.

Por otra parte, según el artículo 1247 del Código Civil, enmendado por la Ley No. 6.5 de 7 de marzo de 1912, el con-trato de arrendamiento por más de seis años deberá constar en documento público cuando deba perjudicar a tercero.

Siendo, pues, un documento privado con la declaración ante notario de una de las partes contratantes (affidavit) el presentado en el registro no era inscribible, según hemos resuelto en los casos de Sucs. de Andreu & Cía. v. Registra dor, 20 D. P. R. 424; Delgado v. Registrador, 22 D. P. R. 126; Pietri v. Registrador, 22 D. P. R. 732.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jneces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte eii la resolución de este caso.