author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Rodríguez, Demandante y Apelado, v. Bosch Hermanos, Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en pleito sobre desahucio.
    No. 3062.
    Resuelto en diciembre 14, 1923.
    Desahucio — Término del Arrendamiento — Prueba del Término. — Cuando el al-quiler fijado es mensual so entiende que el arrendamiento es por meses, de acuerdo con el artículo 1484 del Código Civil, e incumbe al demandado en desahucio probar la existencia de un término mayor.
    Id. — Prueba Circunstancial. — La parte que sostiene una conclusión apoyándose para ello en prueba circunstancial debe demostrar que tal prueba es incompatible con otras teorías razonables.
    Id. — Duda Sobre la Duración del Arrendamiento — Interpretación del Con-trato de Arrendamiento. — El artículo 1256 del Código Civil que regula la transmisión de derechos cuando existe duda al interpretar contratos, no tiene aplicación alguna a una situación donde una parte sostiene cierta duración del arrendamiento y la otra alega una distinta. El artículo 1256 es parti-cularmente más aplicable a un caso donde se ha convenido o dado por su-puesto las palabras, expresiones o actos y se pide a la corte que interprete su significación.
    Id. — Alegación de la Capacidad de la Demandada — Jurisdicción—-Error no Perjudicial.- — Cuando a pesar de que la demanda no establece categórica-mente la capacidad de la demandada, ésta comparece y -no promueve la cues-tión jurisdiccional, el error no es perjudicial por lo que es de aplicación el artículo- 142 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Id. — Tácita Reconducción. — Un demandado en desahucio no puede levantar la cuestión de tácita reconducción, cuando el emplazamiento le fué servido antes de vencerse los primeros quince días del mes.
    Los' hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. R. Rivera Zapas y A. M. Villamil.

    Abogado del apelado: Sr. M. A. Martines.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Convenimos en substancia con la opinión y sentencia de la Corte de Distrito de Guayama en esta acción de desahu-cio. El apelado tenía en concepto de arrendatorio un alma-cén en el Campo, que subarrendó a la sociedad demandada para despalillar y almacenar su tabaco durante la cosecha de 1921-1922, y necesario para ese fin. En el mes de agosto de 1922 convinieron las partes en que la demandada debía continuar en posesión del almacén pagando el mismo canon de arrendamiento, o sea, $100 mensuales. La controversia principal en este caso fué sobre la duración del término del nuevo contrato.

La corte inferior, después de analizar la prueba, resol-vió que el artículo 1484 del Código Civil era aplicable. Dicho artículo prescribe lo siguiente:

“Si nó se hubiese fijado plazo al arrendamiento, se entiende hecho por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual, por días cuando es diario.
“En todo caso cesa el arrendamiento, sin necesidad de reque-rimiento especial, cumplido el término.”

Por tanto, si existía un plazo fijado para el arrenda-miento la sociedad demandada estaba en la obligación de probarlo, pues de otro modo la renovación debe conside-rarse como hecha por un término mensual. En este caso, como declaró probado la corte inferior, hubo un verdadero conflicto de prueba. El demandante declaró de un modo terminante tendente a establecer el hecho de haber arren-dado él el almacén a la demandada hasta aquella fecha en que lo necesitara, y un miembro de la sociedad Bosch Her-manos declaró en igual sentido categórico que el nuevo tér-mino era para permitir a la firma demandada recoger la cosecha de 1922-1923. .La corte, sin embargo, declaró pro-bado que Angel Bosch, al notificársele el emplazamiento, manifestó que él dejaría el sitio tan pronto como encontrara otro, manifestación que la corte creyó era incompatible con la existencia del término respecto al cual ha insistido la sociedad apelante. La apelante alega que estaba sostenida por otros testigos pero la corte declaró que sus manifesta-ciones fueron vagas y poco satisfactorias, conclusión que no vemos haya ninguna razón para atac'ar. Como liemos dicho, incumbía a la demandada el demostrar la existencia de un término mayor a satisfacción de la corte sentencia-dora.

También llama la atención la apelante a las circunstan-cias tíonio demostrativas de una renovación para la cose-cha de 1923. Lo mismo que en otros casos de prueba cir-cunstancial, la parte que sostiene una conclusión debe de-mostrar que la prueba es incompatible con otras teorías ra-zonables. La versión del demandante respecto a la tole-rancia del uso hasta que él necesitara el almacén no es una teoría irrazonable.

También sostiene la apelante que el artículo 1256 del Có-digo Civil es aplicable. Ese artículo dispone lo siguiente:

“Art. 1256. — Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses. Si el contrato fuere oneroso, la duda se re-solverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses.”

Pero esta cláusula ciertamente no tiene aplicación al-guna a una situación donde una parte sostiene cierta du-ración del arrendamiento y la otra alega una distinta. El artículo 1256 es particularmente más aplicable a un caso donde se ha convenido o dado por supuesto las palabras, expresiones o actos y se pide a la corte que interprete su significación.

Aunque no es la cuestión principal en este caso, el se-gundo señalamiento sugiere algunas dudas. La demanda contenía las siguientes palabras:

“1. Que el demandante es mayor de edad y la demandada hace negocios en el pueblo de Cayey bajo el nombre de Bosch Herma-nos sin qne conste al demandante qne hayan constituido legal-mente una sociedad mercantil.”

Sostiene la apelante qne en la demanda no se determi-naba la capacidad de la demandada. A esta objeción con-testó la corte diciendo qne si bien no se probó la existencia de Boscb Hermanos como entidad jurídica, existía la pre-sunción, Ley de Evidencia, artículo 102, párrafo 28, de que las personas qne se conducen como socios tienen celebrado un contrato social. Pero la objeción se refería a la ale-gación y no a la prueba aducida al juicio. La alegación es susceptible, sin embargo, de alegar muy vagamente la exis-tencia de una entidad, una sociedad corriente en Puerto Pico. Se aceptó el emplazamiento y la demandada com-pareció y no discutió la jurisdicción adquirida por la corte sino que simplemente formuló excepción previa. Conside-rada esta alegación citada y dada la falta de la demandada en poner en duda la jurisdicción, daremos aplicación al ar-tículo 142 del Código de' Enjuiciamiento Civil, el cual es como sigue:

“Art. 142. — En cualquier estado de un pleito la corte no to-mará en cuenta algún error o defecto, en las alegaciones o proce-dimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o defecto.”

Toda vez que a la apelante se notificó el emplazamiento en este caso antes de vencerse los primeros 15 días del mes, no podía levantarse la cuestión de tácita reconducción.

No vemos- que se haya cometido abuso de discreción al imponer las costas y debe confirmarse la sentencia apelada.

(Jonfirmada la sentencia apelada..

•Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en causa por abandono de menores.
    No. 2136.
    Resuelto en diciembre 17, 1923.
    Abandono de Menores — Prueba—Apreciación Errónea de la Prueba. — Cuando la incongruencia entre la denuncia y la prueba es fatal', como en este caso por abandono de menores en que aparece que si el delito fué cometido lo fué después y no antes de ser denunciado el aeusado, la sentencia apelada debe revocarse.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: S'res. V. M. Fernández y M. Toios Soto.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fué declarado culpable por infracción del ar-tículo 263 del Código Penal.

No conforme con la sentencia de la corte inferior, el acusado interpuso este recurso y sostiene en su alegato ha-berse cometido error manifiesto por el juez sentenciador en la apreciación de la prueba.

De la exposición del caso aparece que la única declara-ción que imputa la comisión del delito al acusado es la pres-tada por la denunciante, la que manifestó que el acusado “no le da un centavo a su hija desde hace un año.”

La denuncia fué archivada el 14 de noviembre de 1920, y el juicio de este caso se vió, en apelación ante la Corte de Distrito, Distrito Primero, el 17 de abril de 1923.

De esto se desprende claramente que existe una seria incongruencia entre la denuncia y la prueba, pues si el de-lito fué cometido, tuvo lugar con posterioridad a la fecha de la denuncia.

El error salta a la vista y debe revocarse la sentencia, absolviéndose al acusado.

Revocada la sentencia y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. FraNco Soto,

text:
    Martínez et al., Demandantes y Apelantes, v. Soto, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadi'lla en un procedimiento de~ injunction.

    No. 2994.
    Resuelto en diciembre 17, 1923.

      Injunction; Cuándo no es Procedente. — Es una regla general que no se con-cederá un injunction cuando existe disputa en cnanto al derecho legal en-vuelto y el derecho del demandante es dudoso, siendo la teoría que es el deber de la corte proteger los derechos reconocidos más bien que establecer otros nuevos y dudosos. Por tanto, cuando el derecho del demandante no ha sido establecido de acuerdo con la ley, o no es claro, sino que es dudoso sobre cualquier base en que se coloque, no sólo por la contestación del de-mandado, sino por la prueba en el pleito, no tiene dicho demandante derecho a un remedio mediante injunction.

    Id. — Causa de Acción — Demanda de Injunction. — No es bastante con que un demandante alegue como mera conclusión en su demanda que el daño que se intenta evitar con el injunction se le ocasionará a él mismo o a su pro-piedad, sino que debe acreditar hechos que pongan a la corte en condiciones de apreciar si el daño será de la naturaleza expresada. Es, por tanto, esen-cial que se haga una completa y buena exposición de los hechos y si el caso del demandante demuestra que esto no se ha hecho el juez puede propiamente denegar el injunction.

    Id. — Demandante Negligente. — Cuando una parte cree que las obras que con su conocimiento se realizan en propiedad ajena contigua le perjudican, debe ser diligente en el ejercicio de sus derechos. El remedio de injunction soli-citado para impedir daños cuando las obras estaban a punto de terminarse, no procede.
    Id.- — Costas.—En este caso aparece que el fin principal de los demandantes ha sido acudir a un remedio de equidad para impedir al demandado el esta-blecimiento de un libre negocio, como es la fabricación de pan, en perjuicio del interés público y para beneficiar los intereses de un monopolio que en su constitución parece que tenían alguna relación los demandantes con el objeto de absorber el negocio, matar toda competencia en la confección de un artículo de primera necesidad y así mantener un alza en el precio de dicho artículo. A esta conclusión llegó la corte inferior en tal extremo y no solamente esto sería un motivo por sí solo para denegar el injunction sino razón bastante para no intervenir en la discreción de la corte inferior al imponer las costas a los demandantes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr-. José D. Rodríguez.

      Abogado del apelado: Sr. Alberto García Bucos.

   El Juez Asociado Sr. FraNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es nna demanda de injunction que la fundan los demandantes en la ley aprobada en marzo 8 de 1906. Tres demandantes se unen y alegan ser perjudicados en sus res-pectivos derechos de propiedad por la reparación que hace el demandado en sus edificios, solicitando: que el deman-dado cese de fabricar en el exceso del solar que posee; que él destruya todo lo que está edificado en el patio de la c'asa de Luis Martínez; que se abstenga de abrir ventanas o re-cibir luces y tener vistas por los lados del edificio que cons-truye a una distancia menor de dos metros del límite de su solar; que se abstenga de instalar motores y maquinarias que perturben el libre goce de la propiedad de los deman-dantes, y que baje el demandado el techo de la casa que construye a la altura que tenía anteriormente o que, en su defecto, retire la edificación a tres metros de distancia de la casa del demandante Martínez.

El demandado excepcionó la demanda, hizo una nega-ción general de los hechos y además estableció como defensa: que la reparación de la casa se ha venido efectuando públi-camente, a ciencia y paciencia de los demandantes, estando casi terminada la obra y habiendo gastado el demandado en la misma $3,800 y que la concesión de un injunction en tales condiciones, después de la morosidad mostrada por los demandantes, causaría mayor daño al demandado que los que pudieran recibir los demandantes; que por prescrip-ción adquisitiva desde hace más de 30 años, el demandado por sí y por sus antecesores en título, ha obtenido el dere-cho de tener vistas y luces en su edificio como predio do-minante sobre los fundos adyacentes; 3r que el demandado es propietario y persona solvente y en caso de un perjui-cio por la reparación efectuada, los demandantes podrían hacerlo efectivo en bienes del demandado, si bien niega la. posibilidad de que existen tales perjuicios.

La corte inferior dictó sentencia denegando en defitiniva el injunction, y, no conforme los demandantes, establecie-ron la presente apelación.

Los apelantes apuntan en su alegato diez y ocho errores que se alegan cometidos por el juez inferior; pero no se nos hará necesario repetir la asignación de cada error por-que todos ellos se reducen a cuestiones de hecho o imputar a la corte una errónea apreciación de la prueba. Siguiendo la constante jurisprudencia de esta corte en casos similares y tratándose en este caso de un conflicto de evidencia en la que el juez inferior pudo aquilatar los hechos más de cerca, toda vez que se llevó a efecto una inspección ocular, no nos sentimos inclinados a intervenir y hacer una revisión de los hechos y eserudiñar los detalles que fueron examinados y determinados por la corte inferior, sin que aparezca demos' trado que se haya cometido algún error manifiesto ni pa-sión, prejuicio o parcialidad del juez inferior. Sin embargo,, los apelantes han insistido en su extenso alegato, en el cual no se discute ni un solo punto legal ni se hace cita de ju-risprudencia ni de autoridades, de que la corte inferior llegó en ciertos extremos a conclusiones legales partiendo de he-chos no demostrados o px^eceptos equivocados. Y también se ha dicho por esta corte que las conclusiones legales del juez inferior para sostener una sentencia pueden ser erró-neas y sin embargo estar la sentencia justa. Y en el caso-presente, cualesquiera que hubieran sido las conclusiones de la corte inferior, la denegación del injunction fué la justa conclusión a que pudo llegar el juez sentenciador.

En la demanda, según hemos referido, se alegan deter-minados derechos que corresponden a los demandantes en relación con el demandado. La contestación niega esos de-rechos y opone ciertas defensas, quedando así trabada la-contienda judicial entre las partes. Un injunction en tales. condiciones no es apropiado decretarse. En otras acciones es que correspondería determinar y fijar la disensión de tales derechos y el injunction no es la medida más procedente para determinarlos y así prejuzgarlos.

“Y es una regia general que no se concederá un injunction cuando existe disputa en cuanto al derecho legal envuelto y el de-decho del demandante es dudoso, siendo la teoría que es el deber de la corte proteger los derechos reconocidos más bien que esta-•blecer otros nuevos y dudosos. Por tanto, cuando el derecho del demandante no ha sido establecido de acuerdo con la ley, o no es claro, sino que es dudoso sobre cualquier base en que se coloque, no sólo por la contestación del demandado, sino por la prueba en el pleito, no tiene dicho demandante derecho a un remedio me-diante injunction. De aquí se infiere que una corte de equi-dad no intervendrá para impedir un cambio de una servidumbre (easement) a menos que el derecho del demandante haya sido es-tablecido de acuerdo con la ley.” 14 P. C. L. 355-356.

En el mismo tomo de la obra citada se puede ver que la doctrina de que un derecho o título en disputa dehe deter-minarse primero en una corte de ley, no es aplicable a todos los casos en donde un injunction preliminar se solicita, pero no estamos en un caso en que la excepción a la regla general sea aplicable.

Es verdad que la demanda se funda en la ley de 1906, y uno de sus fundamentos para concederse un injunction es cuando de la petición resultare que la continuación de algún acto durante un litigio habrá de causar pérdida o daño irreparables a alguna de las partes. Esta alegación se hace en la demanda, pero se alega como una mera conclusión y no se expone hecho alguno en que puedan determinarse tales daños y que la corte pudiera llegar a una conclusión de la realidad y naturaleza de los mismos. En tal forma re-dactada la demanda, llegamos a la conclusión de qué la pe-tición es insuficiente.

“No es bastante con que un demandante alegue en su demanda que el daño se le ocasionará a él mismo o a su propiedad, sino que debe acreditar hechos que pongan a la corte en condiciones de apreciar si el daño será de la naturaleza expresada. Es, por tanto, esencial que se haga una completa y buena exposición de los he-chos y si el caso del demandante demuestra que esto no se ha hecho, o si indica una ocultación de los hechos que de ser expre-sados afectarían esencialmente la conciencia de la corte, el juez puede propiamente denegar un injunction; asimismo para auto-rizár un injunction la demanda debe expresar lo suficiente para justificar la concesión de tal remedio y alegar hechos de los cuales pueda llegarse a la conclusión de que el demandante no tiene un claro, rápido o adecuado remedio en la ley.” 14 R. C. L. 331.

Otro punto que liará insostenible el injunction en el pre-sente caso es la falta de diligencia mostrada por los deman-dantes en la prosecución de sus derechos. Para apreciar la falta de diligencia en casos como el presente no podemos descansar en regias rígidas o fijas. Los apelantes sostie-nen que el tiempo transcurrido sin ellos quejarse no ha sido tan extenso para que pueda considerarse como falta de diligencia y que daría lugar a la pérdida de sus derechos. Sin embargo, de la prueba resulta claramente que los deman-dantes tuvieron conocimiento de las obras que hacía el de-mandado desde su iniciación en su propiedad; que tal cono-cimiento lo tuvieron por razón de su vecindad con el de-mandado y que los demandantes acudieron al remedio del inj%inction cuando las obras de reparación casi habían sido concluidas. Esto mismo implica el tiempo transcurrido, tiempo bastante para demostrar la pasividad de los deman-dantes, permitiendo la iniciación-y Curso de las obras del demandado, y el desembolso de gastos en el momento de la interposición del injunction que casi había absorbido el pre-supuesto de la obra de reparación, la que había sido con-tratada por ajuste.

“Generalmente si ha habido demora irrazonable en presentar reclamaciones, o si conociendo sus derechos, una parte no recurre oportunamente a 'los medios que tiene a su alcance para que se ■cumplan, sino que permite que su adversario incurra en gastos o contraiga obligaciones, o de otro modo cambie su situación, o de algún modo por no proceder lleva la sospecha de sus reclamaciones con perjuicio de la otra parte, o si lia habido una conformidad real o pasiva en el cumplimiento del acto de que se queja, entonces la equidad generalmente no prestará su ayuda para que se establezca un derecho admitido, especialmente si se solicita un injunction. Sería contrario a la equidad y a la conciencia hacer cumplir tales derechos cuando se ha hecho suponer a un demandado mediante la palabra, o silencio o conducta del demandante que no había nin-guna objeción a que se cumplieran. La determinación de si un demandante ha ejercitado su derecho dentro de un tiempo razo-nable de modo que no esté impedido por abandono, depende de los hechos y circunstancias del caso en particular.-” 14 R. C. L. 363.

En el caso de Rabell v. Rodríguez, 24 D. P. R. 569, se hace una aplicación práctica de los preceptos enunciados, y las palabras en parte de esta corte son las siguientes:

“Sostener que un vecino puede permanecer en silencio por se-manas o meses, observando la construcción gradual de una casa en un solar contiguo o romper ese silencio a intervalos entrando en conversación agradable con el dueño de la nueva edificación ha-ciendo comentarios sobre su apariencia atractiva, pero sin mostrar señal de protesta u oposición, y que luego pueda obtener un man-damiento de una corte para la demolición de dicha edificación, sim-plemente porque los funcionarios municipales o insulares puedan haber permitido ciertas ligeras desviaciones de cualquier orde-nanza relativa a contracciones o reglamentos de sanidad produ-ciría tal burla de la justicia que conmovería la conciencia e in-teligencia de cualquiera buen ciudadano, ya fuera un abogado o un hombre sin profesión.”

El último error se refiere a la declaración de la corte inferior imponiendo las costas a los demandantes-.

En este caso aparece que el fin principal de los deman-dantes lia sido acudir a un remedio de equidad para impedir al demandado el establecimiento de un libre negocio, como es la fabricación de pan, en perjuicio del interés público y para beneficiar los intereses de un monopolio que en su constitución parece que tenían alguna relación los deman-dantes con el objeto de absorber el negocio, matar toda competencia en la confección de nn artículo de primera ne-cesidad y así mantener un alza en el precio de dicho artículo.

A esta conclusión llegó la corte inferior en tal extremo y no solamente esto sería un motivo por sí solo para dene-gar e.l injunction sino razón bastante para no intervenir en la discreción de la corte inferior al imponer las costas a los demandantes.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, .Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. del Tobo,

text:
    Mir & Ben, Demandante y Apelante, v. Segurola, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 3066.
    Resuelto en diciembre 17, 1923.
    Sentencia- — -Ambigüedad en su Redacción. — No es motivo de revocación de una “sentencia” en la cual el juez hizo constar todos los antecedentes del caso y los fundamentos que tenía para dictarla, que en la redacción de dichos antecedentes y fundamentos se advierta cierta ambigüedad, cuando su parte dispositiva es clara y está sostenida por las alegaciones y las pruebas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. A. P. Rodríguez.

    Abogado del apelado: Sr. C. J. Torres.

   El Juez Presidente Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Mir & Ben demandaron a Agustín Seguróla en cobro de cuatrocientos dólares. Se alegó la existencia de un pagaré firmado por el demandado reconociendo la deuda. Seguróla contestó admitiendo la existencia del pagaré pero alegó que la deuda procedía de la cesión de ciertas películas para ser exhibidas en el territorio venezolano .exclusivamente y que el contrato celebrado al efecto fné violado por el deman-dante ocasionando perjuicios al demandado por valor de quinientos dólares.

Fné el pleito a juicio en la corte municipal dictándose fallo en contra del demandante. Apeló el demandante y celebrado el juicio. de nuevo, la corte de distrito pronunció sentencia condenando al demandado a pagar al demandante los cuatrocientos dólares reclamados y al demandante a pa-gar al demandado cuatrocientos doce dólares por concepto de daños y perjuicios.

No Conforme el demandante apeló para ante esta Corte Suprema señalando en su alegato la comisión de un solo error: el cometido a su juicio por la corte al declarar la contrademanda con lugar.

Argumentando ese error se refiere únicamente el ape-lante a cierto párrafo de la “ sentencia” de la corte del cual deduce que la corte no estaba en condiciones de fijar la cuantía de los perjuicios.

Dijo la corte:

“De la prueba presentada, la corte llega a las siguientes con-clusiones de liecho: — Que si bien es verdad que el demandado' debe al demandante la suma de $400.00 importe del pagaré y sus res-pectivos intereses, también es verdad que los demandantes exhibie-ron las películas en cuestión en contraversión del contrato efectuado con el demandado, causándole perjuicios cuya cuantía monta a la suma de $412.00, sin .que se haya podido determinar la suma es-pecífica.”

La redacción del párrafo es ambigua. Debe tratarse de un error material. Quizá la última palabra en vez de “es-pecífica” debe ser “reclamada” o “especificada” refirién-dose a la demanda. No se concibe que la corte dijera que no estaba en condiciones a virtud de la prueba practicada de fijar la cuantía de los daños como sostiene el apelante, cuando de lieclio los fijó en $412, suma comprendida dentro de los quinientos reclamados.

No forma parte de la transcripción la prueba practi-cada. El error señalado pnede calificarse de frívolo. Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jneces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hntchison y Franco Soto.


text:
    Maldonado, Demandante y Apelado, v. Salichs, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en nn procedimiento de injunction.

    No. 2942.
    Resuelto en diciembre 17, 1923.

      Injunction paka Recobrar la Posesión — Causa de Acción — Enmiendas Du-rante el Juicio. — Una enmienda concedida durante el juicio a fin de esta-blecer en la demanda de injunction para recobrar la posesión la fecha en que ocurrió el despojo, en nada varía la cuestión en controversia. La en-mienda a la demanda durante la celebración del juieio es cuestión que per-tenece a la sana discreción de la corte y no puede fundarse en ella ningún error cuando no consta que otra contestación era necesaria por virtud de dicha enmienda, y que el demandado no fué sorprendido y no solicitó un término para preparar su contestación a las cuestiones comprendidas en la enmienda.
    Id. — Id.—Alegaciones—Demanda Suficiente.’ — No puede concluirse que es am-bigua, ininteligible o dudosa una demanda para recobrar la posesión por el hecho de que se imputen al mismo tiempo aetos de mera perturbación y actos de despojo, cuando aquéllos se alegan como aetos que precedieron y condu-jeron al despojo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres Tous Soto <& Pérez Mar-chand.

    Abogados del apelado: Sres. López de Tord & Zayas y Pizarro.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda tiene por objeto recobrar el demandante la posesión de una parcela de terreno qne alega haber sido. ocupada violentamente por el demandado. Se afirma ade-más que el demandante durante el año anterior a la presen-tación de la demanda, estaba y actualmente está en la po-sesión material de una finca de cincuenta cuerdas con ex-cepción de aquella parte de que fué desposeída por el de-mandado y consistiendo los actos de despojo en que dicho demandado, unos quince días antes de la presentación de la demanda, por medio de un agrimensor y' peones a sus ■órdenes, penetró en la finca del demandante, ocupando veinte cuerdas de la finca, la que dicho demandado ha cer-cado de alambre e impide al demandante cultivar dicha par-cela y recoger sus frutos.

El demandado alegó las excepciones de falta de causa ■de acción y de ser la demanda, ambigua, ininteligible o du-dosa, y luego -negó sus hechos esenciales.

La demanda fué declarada con lugar, y contra la sen-tencia se ha interpuesto esta apelación, señalándose por el apelante los siguientes errores:

“1. La Corte de Distrito de Ponce erró al declarar como de-claró sin lugar la excepción previa de falta de causa de acción de interdicto.
“2. Dicha corte erró al declarar como declaró asimismo sin lu-gar la excepción previa de que era ambigua, ininteligible y du-dosa la demanda del actor. "
"3. La corte erró al permitir, que, no obstante la objeción del demandado, el demandante enmendase sus alegaciones después de pasada la prueba del actor, en tal forma que varió material y sus-taneialmente el 'issue7 y privó al demandado apelante de la opor-tunidad para negar en tiempo dicha nueva alegación.
“4. La corte erró al estimar que fueron probados actos de des-pojo justificativos de mi interdicto para recobrar en favor del de-mandante apelado.
“5. La coi-te también erró al considerar que fueron probados por los mismos hechos actos constitutivos de una ■ perturbación en el goce y disfrute de la propiedad del demandado, proveyendo en consecuencia dos remedios simultáneos sobre alegaciones esencial-mente incompatibles, y erró al decretar como decretó un inter-•dicto para retener en favor del demandante apelado, habiendo de-ni etado dentro del mismo pleito el interdicto para recobrar.”

El apelante discute el primer error sosteniendo la insufi-ciencia de la demanda. Su excepción es un reparo a la ale-gación cuarta de la demanda, que dice:

”4°. Que el demandante Pedro C. Maldonado Torres, durante el año anterior a la presentación de esta petición estaba y actual-mente está en posesión material, como legítimo dueño de la finca antes descrita en el hecho 3°., con excepción de aquella parte que se alega haber sido violentamente desposeído más adelante.”

Pero esta alegación fué enmendada en el curso del jui-cio y la enmienda es como sigue:

“De lo que también estaba en posesión material antes de des-poseerlo el demandado hará como quince días y que había poseído con anterioridad por varios años.”

La cuestión para resolver ahora es si el demandante pudo solicitar y la corte inferior conceder dicha enmienda, siendo éste el tercer error que señala el apelante soste-niendo que no se le dió una oportunidad al demandado para ordenar su defensa en tiempo y forma.

En virtud del poder discrecional^ que tienen las cortes para permitir enmiendas, lo que depende según las circuns-tancias de cada caso, en el presente la corte inferior ejer-citó bien esa facultad, toda vez que la enmienda en nada variaba la cuestión en controversia. Asimismo carece de fuerza la argumentación del apelante de que la enmienda fué propuesta y aceptada en momentos en que el deman-dado no tenía tiempo material para controvertir una ale-gación hasta entonces desconocida. Si el demandado creyó que la enmienda constituía una sorpresa, él tuvo el derecho de pedir a la corte inferior que se le concediera tiempo para preparar una contestación a la enmienda.

“La enmienda a la demanda durante la celebración del juicio en cuestión que pertenece a la sana discreción de la corte y no puede fundarse en ella ningún error cuando no consta que otra contestación era necesaria por virtud de dicha enmienda, y que el demandado no fué sorprendido y no solicitó un término para preparar su contestación a las cuestiones comprendidas en la en-mienda..” 3 Estee’s Pleadings, 112.

No cometido este error y haciendo la enmienda sufi-ciente la demanda, ipso facto carece de fundamento el primer error.

Asimismo no existe el segundo error de que la demanda es ambigua, ininteligible, y dudosa. Se alega domo motivo de este error, que en la demanda se afirman al mismo tiempo actos de despojo y actos de mera perturbación y deduce el apelante que -ambas alegaciones son incompatibles. No en-contramos tal incompatibilidad en la forma alegada en la demanda. Los actos de perturbación son alegados como ac-tos que ban precedido y conducido al despojo • del deman-dante. Naturalmente que si solamente hubieran existido actos de mera perturbación, nada más podría alegarse, pero tratándose del despojo es diferente, pues éste no es otra cosa que la representación de los hechos consumados o la culminación de los' actos de mera perturbación.' Además, no podemos tomar aisladamente las alegaciones de una de-manda; ellas forman un todo y deben relacionarse y armo-nizarse las unas con las otras. La alegación que exponen los actos del agrimensor y peones bajo el control e ins-trucciones del demandado deben, según el apelante, inter-pretarse como actos de mera perturbación y no pueden to-marse separadamente de las demás alegaciones. Dicha ale-gación había que relacionarla con los demás actos del de-mandado de cercar con alambre la parte ocupada y de im-pedir que el demandante entrara en dicha parcela de veinte cuerdas.

Los demás errores se refieren a la apreciación de la prueba. Esta fué contradictoria y el conflicto fué resuelto por el juez inferior en favor del demandante y no encon-tramos que se liaya cometido error manifiesto en sn apre-ciación ni qne se aleguen motivos de parcialidad, prejui-cio o pasión por parte del juez sentenciador.

La sentencia debe confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados "Wolf, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Jordán, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en procedimiento de injunction.

      No. 2346.

    Resuelto en diciembre 18, 1923.
    Dedicación de Propiedad al Uso Público. — El dueño de una casa situada en terrenos de otro puede, si el dueño del terreno no se opone, construir allí una • acera o cualquiera otra edificación que sirva para el mismo fin y si así lo desea, dedicarla al uso público. Pero el uso poco frecuente o más o menos intermitente por parte del público, durante un período de 16 ó 18 años, de una pared maestra u otra construcción levantada con algún fin que el dueño conoce mejor que nadie, no puede sin más producir el efeeto de una dedi-cación al público.

      Injunction — Da®o Irreparable. — La cuantía del daño no influye en el derecho a solicitar y obtener el injunction, pero el daño debe existir y ser irreparable y debe existir alguna relación de causa entre el daño y el demandado o al-guien bajo su autoridad.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. L. Feliú e I. Carballeira.

    Abogados del apelado: Sres. Lastra Charriez & Jiménez ■Sicardó.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión dol tribunal.

La corte de distrito expidió mi auto de injunction para impedir la construcción de un edificio de concreto ya en un estado bastante adelantado, dentro de los límites prescri-tos por una autorización dada por el municipio y de con-formidad con planos previamente sometidos y aprobados tanto por el municipio como por el Departamento de Sani-dad Insular.

Los señalamientos 11 y 12 son que la corte inferior co-metió error al denegar una moción de nonsuit y al dictar sentencia a favor del peticionario. Las conclusiones de Le-cho y de derecho que sirvieron de fundamento a esa sen-tencia después de resolver un sin número de cuestiones más o menos dudosas y que no es necesario discutir, son las siguientes:

“Que la Asamblea Municipal de Manatí concedió al demandado, Emilio Rodríguez, el uso-, sin propiedad, de un solar sito en la calle McKinley, esquina Avenida Colón, de Manatí, en una exten-sión de 33 pies de frente por 92 de fondo; que el Concejo de Ad-ministración de dicho pueblo le dió autorización para edificar en dicho solar, en el que tenía el demandado una casa de madera; que Octavio Jordán Miranda, el demandante, es dueño de una finca urbana, en la que reside con su familia, sita en la calle Ave-nida de Colón, y situada casi al frente del solar concedido al de-mandado; que el demandante era miembro de la Asamblea Municipal de Manatí en la fecha en que se hizo la concesión y votó en contra a que ésta se hiciera al demandado; que la Avenida Colón es una calle antigua abierta al público desde el año 1890, y que frente a la antigua casa de madera del demandado existía una acera y cuneta- que eran también de uso público, construida la primera desde hace más de 20 años; que el departamento de sanidad aprobó un plano presentado por el demandado para la edificación en el refe-rido solar; que dicho demandado comenzó a edificar una casa de con-creto fuera de la alineación constituida por su antigua casa de madera, utilizando dicha acera y cuneta y a una distancia de tres metros noventa y dos centímetros del eje de la Avenida Colón, com-probando este hecho por medidas tomadas de sardinel a sardinel por ingenieros del Departamento de Sanidad Insular, al tener cono-cimiento dicho Departamento que la construcción se hacía a menos de cinco metros del eje de la calle; que cuando el demandado empezó la construcción la Avenida Colón tenía una anchura de 7 metros 84 centímetros de sardinel a sardinel, según las medidas tomadas por dichos ingenieros; que con posterioridad a la demanda de injunction, sin conocimiento del Departamento de Sanidad Insular, y frente al solar concedido al demandado, se le ha dado a la Avenida Colón una anchura mayor, habiéndose construido aceras en ambos lados, yendo la del lado Este a encontrarse precisamente con la propie-dad del demandante, en donde la Avenida no ha sido ensanchada. La ordenanza municipal de Manatí, adoptada el 19 de abril de 1915, a que se refiere el demandante en su demanda sobre cons-trucciones dentro de la ciudad, no fué presentada como prueba y por tanto la corte no puede tomar conocimiento judicial de su exis-tencia; El Pueblo v. Suárez, 23 B. P. R. 243, y El Pueblo v. No-chera, 23 D. P. R. 605. Pero la corte si puede tomar conocimiento judicial de los reglamentos de Sanidad adoptados de acuerdo con la Ley para reorganizar el servicio de Sanidad, aprobada el 14 de marzo de 1912, que dispone en su sección 15 que todas las cortes tomarán conocimiento judicial de la promulgación de tales regla-mentos y de la publicación de los mismos. Al usar dicha sección las palabras “tales reglamentos,” se refiere no solo a los regla-mentos promulgados por la Junta Insular de Sanidad de acuerdo con la sección 13 sino a los que promulgue el Consejo Ejecutivo do acuerdo con la sección 34 cuando dicha Junta los dejare de adop-tar. La Sección 14 de dicha ley faculta la adopción de reglamen-tos para la construcción de edificios en los pueblos.
“El Reglamento de Sanidad No. 6, estableciendo las condicio-nes sanitarias que deben observarse en la urbanización de terrenos en la Isla de Puerto Rico, contenido en la Proclama del Goberna-dor de Puerto Rico de 18 de Septiembre de 1912, y que está aún vigente, dice en su artículo 4: ‘En las calles existentes cuya an-chura sea inferior a diez metros, no se podrá construir a una dis-tancia menor de cinco metros del eje de dicha calle’. Se probó por medidas tomadas por Ingenieros del Departamento de Sani-dad con anterioridad a la demanda de injunction que la cons-trucción se hacía a una distancia menor de cinco metros del eje de la Avenida Colón, esto es, a tres metros 92 centímetros del eje de dicha calle, la que sólo tenía una anchura de sardinel a sar-dinel de siete metros 84 centímetros. También declararon los in-genieros que el eje de la calle había sido variado con posterioridad a la demanda sin que el Departamento de Sanidad tuviera conoci-miento oficial de ese hecho.
“Dice el artículo 7 del citado reglamento de sanidad, No. 6: ‘Cada Municipio deberá preparar dentro de un plazo de seis me-ses un plano de los terrenos, ya urbanizados comprendidos en su término municipal y que no reúna las condiciones sanitarias fija-das en este Reglamento; en dicho plano se liarán constar las espe-cifieaciones necesarias para ajustar tales terrenos urbanizados a lo dispuesto en los artículos 3 y 4. Y una Tez que baya sido apro-bado dielio plano por el Director de Sanidad, el municipio sólo podrá autorizar en adelante las construcciones que se hagan en dichos predios urbanos de acuerdo con las condiciones especifi-cadas en los expresados planos. Es cierto que el plano de los terrenos urbanizados a que se refiere este artículo, ya que la calle de que se trata data desde el año 1890, no fue presentada como prueba, pero las declaraciones de los ingenieros en cuanto se refiere a la anchura de la calle no fueron contradichas ni se obje-taron en ese extremo, y por tanto la corte debe tenerlas como cier-tas y declarar como hecho probado que la construcción se hacía a menos de cinco metros del eje de la calle.
“La Ley Municipal vigente no ha derogado los Reglamentos de Sanidad. Sólo ha derogado expresamente, por su sección 75, las secciones 26 y 36 de la Ley para Reorganizar el Servicio de Sani-dad; y entiende la corte que por el hecho de que dicha Ley Municipal autorice a los municipios para dictar ordenanzas y reso-luciones en materia de ornato, alineación de calles, apertura de parques, reglamentación de construcciones, vías públicas, alcantari-llados y la concesión de solares, no por eso está en conflicto con el Reglamento de Sanidad No. 6 citado, que establece como condi-ción sanitaria que cuando la anchura de una calle sea inferior a diez metros no se podrá construir, a una distancia menor de cinco metros del eje de dicha calle. El sitio en que está la casa del de-mandante, contraída con anterioridad a la modificación que se hizo de la alineación de la calle por la nueva construcción del deman-dado, es un sitio público y de mayor tránsito en la municipalidad de .Manatí y que conduce a la estación del ferrocarril. El cambio que en la dirección de la línea de la acera derecha de la Avenida Colón se hizo por el Municipio sin el conocimiento del Departa-mento de Sanidad, establece una anchura en esa parte de la calle distinta a como existía antes de comenzar el demandado la edi-ficación de su casa, y avanzando la calle hacia abajo estrecha la misma frente a la residencia del demandante, de manera que si ahora se tratase de poner esa calle en igual condición de anchura tanto a su comienzo como a su centro necesariamente el jardín y la escalera de la casa del demandante tendrían que ser derruidos y al derruirse la propiedad del demandante adquiriría un valor menor que el que actualmente tiene y el que tenía al momento de comenzarse la construcción y de cambiarse la alineación de la ca-lle sin el consentimiento del Departamento de Sanidad.
“Se ba alegado y se ha probado la existencia del daño; su cuantía no influye para nada en el derecho a solicitar y a obtener el remedio. Como dice el juez McLeary en el caso de Saldaña et al. -v. El Consejo Municipal de San Juan, et al., antes citado, la alegación de perjuicios por el valor de un dollar o de un águila es tan suficiente para fundar en ella una demanda como si se ale-garan perjuicios por valor de cien dollars o de mil águilas.
En el caso citado se declaró que el Concejo Municipal de la ciu-dad de San Juan no tenía facultades con arreglo a la ley para au-torizar a una persona particular a que construya un edificio per-manentemente sobre una de las calles, aceras,, o plazas de la ciu-dad. Si eso no puede hacerse en San Juan, tampoco puede ha-cerse en Manatí y en Manatí se ha autorizado a un ciudadano particular a construir una casa sobre una acera que era de uso pú-blico y a menos de cinco metros del eje de la calle, y para permi-tir este estado anormal de cosas tuvo que hacer una nueva alinea-ción de la calle con posterioridad a la fecha en que este procedi-miento de injimction fué establecido.
“Hay dos hechos esenciales que no pueden pasar desapercibidos para la corte: uno que se permitió construir a un ciudadano particular sobre una de las aceras públicas de las calles de Manatí, es-trechando una vía pública; y el otro que para sancionar este acto se fijó, sin autorización del Departamento de Sanidad, una nueva alineación de la calle y una nueva construcción de la acera, con perjuicio de los propietarios colindantes en línea recta hacia el Sud, entre los que se encuentra el demandante. El primer acto fué realizado por el demandado sabiendo, porque nadie está excu-sado del conocimiento de las leyes, que ninguna persona puede construir a una distancia menor de cinco metros del eje de una ca-lle en Puerto Rico; y el segundo acto fué realizado con perfecto-conocimiento de que las facultades concedidas a los Municipios se ejercitarán sujetas a las Leyes de Puerto Rico y de los Estados Unidos que estuvieren en vigor, y que . no podrá adoptarse nin-guna ordenanza, resolución, ni acuerdo que en modo alguno viole ninguna de dichas leyes; que el Comisionado de Sanidad Insular tiene a su cargo, de acuerdo con la Ley Orgánica, todos los asun-tos relacionados con la salud, sanidad y beneficencia públicas; y que de acuerdo con la ley vigente para reorganizar el servicio de Sanidad, todos los reglamentos de Sanidad tienen el carácter de ]p,y y son obligatorios, disponiendo el artículo 7 del reglamento,. No. 6, que las ordenanzas municipales que dicten en lo sucesivo los municipios para la urbanización, apertura y alineación de calles,, deberán armonizarse de acuerdo con lo dispuesto en el mismo.
No hay duda alguna que el Municipio de Manatí tiene faculta-des para cambiar la alineación de sus calles mediante ordenanza-ai efecto, pero ésta necesita sujetarse a los Reglamentos de Sani-dad sobre la materia y llevar la aprobación del Comisionado de-sanidad Insular por lo que se refiere a la salud y sanidad públicas, según claramente se desprende del artículo 7 del Reglamento de-sanidad; No. 6 citado.
Por las razones expuestas la corte es de opinión que la ley y Ios-hechos están a favor del demandante, Octavio Jordán Miranda, y en contra del demandado Emilio Rodríguez, y por tanto declara con lugar la demanda de injunction y en su consecuencia haciendo-permanente el injunction preliminar con fecha 19 de marzo 1920, se ordena al demandado, Emilio Rodríguez, que se abstenga por sí o por cualesquiera otra persona o empleado, de construir, tra-bajar o edificar la casa que está fabricando en el solar sito en la calle McKinley, esquina Avenida Colón de Manatí, con una me-dida de 33 pies de frente por 92 de fondo, hasta tanto demuestre-a la corte que la casa, por la nueva alineación, se encuentra a una distancia mayor de cinco metros del eje de la Avenida Colón y que-el Municipio de Manatí ha acordado dicha nueva alineación y el Departamento de Sanidad Insular aprobado la misma de acuerdo con las Leyes y Reglamentos vigentes sobre la materia, sin especial condenación de costas.”

El Dr. Jordán compró la casa y solar que da frente a la Avenida Colón como dos o tres meses antes de los hechos-de que se queja el apelante, y en el juicio declaró que, en su carácter de miembro de la asamblea municipal, se ha-bía opuesto a que se hiciera la concesión a Rodríguez por-que la casa que iba a edificarse estrecharía la calle y perju-dicaría al peticionario; que después de obtener la conce-sión, Rodríguez empezó a fabricar en el sitio que se le ha-bía dado, haciendo uso de la acera y de la cuneta; que el testigo conocía perfectamente la acera pues 'había vivido en aquel sitio unos tres años; que era de uso público; que el testigo la había usado; que el anclio de la calle fué re-ducido porque Rodríguez haciendo uso de la acera y cuneta, tenía que desviarse el eje de la calle; que el estrechamiento de la calle era perjudicial al testigo y a su familia por ser aquel sitio uno de los más concurridos en Manatí; que hay mucho tráfico allí y el testigo tenía hijos; que la propiedad del testigo había sufrido una depreciación en su valor de-bido a la variación en la línea de la calle; que varios indi-viduos, entre los cuales podía citar él uno que a él se había dirigido, al tener conocimiento que el testigo iba para los Estados Unidos y en la creencia de que él vendía la casa, y al tener conocimiento de ello no hicieron ninguna oferta por ella; que habían cambiado lá calle haciendo una acera nueva donde había empezado la pa'red Rodríguez; que esta acera sobresale dentro de la calle “porque la lí-nea la han modificado, porque había una línea existente y han variado esa línea y hecho otra nueva,” que a Rodrí-guez le han dado como dos metros que hay que cogerlos del otro lado de la calle; que lo que se ha dado a Rodrí-guez en un lado de la calle fué cogido del otro lado; que ellos han ensanchado la calle en el lado opuesto hasta la verja donde está la propiedad del testigo; pero que otra prolongación por la misma línea haría desaparecer el jar-dín de la casa del testigo y los escalones de la escalera.

De las declaraciones de otros testigos del peticionario hacemos las siguientes citas:

JIJAN R. SANTANA

“P. — ¿Dijo Ud. que alrededor de una casa vieja se levantaba? Si, señor; unas paredes de concreto. *
Í!P. — i En qué forma? Sobre la acera oriental de la cal-le, es de-cir la acera que da al poniente, invade la acera la nueva fabrica-ción, sobre el sardinel de la antigua acera se levanta la pared oriental de la casa.
“P. — i Qué llama Ud. acera? La acera antigua, por donde se transitaba para guarecerse del agua.
“P. — ¿Quién transitaba? El público.
“P.- — ¿Hace tiempo que transitaba por allí? Si; señor, mucho tiempo, y apeaban por una escalinata que tenía la acera en la ter-minación.
“P. — -¿Hace tiempo' que se venía usando esa acera? Mucho tiempo; desde que se bautizó la calle esa, hace diez y seis o diez y ocho años.
# # * « # * *
. “P. — ¿Al fabricar Emilio Rodríguez esa casa, tal y como la está fabricando, qué sucede en la calle Avenida Colón? Desde luego que la acera se ha prolongado hacia adelante, y se ha hecho otra acera que sobresale a la que existía.
“P. — ¿Ocasionando qué? Y para que la calle quede del mismo ancho precisa tomar esa cantidad en la acera opuesta de la calle, y eso es lo que se ha hecho.
“P. — ¿Qíué sucede al tomarse esa parte en la otra acera? ■ Al se-guir esa rasante tendrán que tomar el jardín de la casa de Jordán y tal como está indicado el trabajo, llevárselo por delante.
* * * • * # * «
“P. — ¿Esa acera antigua es o no cierto que estaba hecha de piedra? Pero pavimentada con mezcla, bruñida y enlucida.
“P. — ¿Pero de piedra? Si, señor.
“P. — Esa acera antigua cómo quedaba con relación al nivel de la calle? Quedaba un poco alta.
“P. — ¿Es cierto que en el extremo Norte de la acera había una altura como de un metro? No tanto, una vara.
“P. ¿De esas de tres pies? — Si, señor, una vara castellana.
“P. — ¿Yendo a la estación del ferrocarril y suponiendo que un individuo anduviera por esta acera antigua y llegara al extremo norte, de ella, de ahí para allá, qué iba a la estación del ferroca-rril? El camino.
“P. — ¿Los solares? Si, señor; se apeaba una escalinata y se seguía por el pavimento natural.
“P. — ¿Y diga, pegado a esa acera no iba una zanja de desagüe liara las aguas fluviales? Había un sardinel de tierra que hacía de cuneta.
“P. — ¿Qlué profundidad tenía esa zanja? No tenía un pie.
<!P. — ¿Y corría por todo el largo de la calle? Si, señor.
“P&wkey;¿La casa antigua que había allí, al rededor de la que se construyó la casa nueva, de quién es? Dé Emilio Rodríguez.
“P. — ¿No fué él que hizo esa acera antigua? No, señor.
“P. — ¿Y quién la hizo?. Esa acera antigua la hizo Juan Ri■vera.
“P. — ¿Está seguro? Seguro de que no la hizo Emilio Rodrí-guez; voy a explicar; porque un primo hermano mío vivía esa casa antes que Emilio Rodríguez, y la frecuentaba a menudo y ya tenía la acera.
“P. — ¿Cuándo compró Emilio Rodríguez esa casa? Lo ignoro.
“P. — ¿Y cómo sabe que antes que él la tenía un primo que vi-sitaba la casa? Porque no estaba en posesión de ella y no tenía tienda, en ella y después despalillado.
“P. — “¿Porque no tenía tienda en ella es que no sabe cuándo la compró? Si, señor.
“P. — ¿Y sabe que antes había un primo de Ud. y estaba hecha la acera? Si, señor.
“P. — ¿No es cierto que Ud. ayudó a Octavio Jordán a consti-tuir la fianza que ha prestado para el injunction preliminar?
“Abogado Sr. Jiménez Sicardó — Me opongo; no veo la per-tinencia de la pregunta.
“Hon. Juez. — puede decir.
“Testigo. — El primer día que se vino aquí vine y al llegar • aquí creimos que la fianza podía ser firmada y fuimos a la casa de Gandía y a donde el juez Lloreda y dijo éste que prefería metá-lico, y yo dije, puedo disponer de 'doscientos pesos, y apareció otro que no recuerdo, Rivera, y dijo, yo doy doscientos pesos y entre los dos pusimos los $400.
“P. — -¿Dice Ud. que usan esa acera para guarecerse del agua, estaba cubierta? Si, señor; tenía cubierta, la misma solera, esto que se prolonga en la cobija, que cubría la acera.
“P. — ¿Y se ponían allí para cubrirse del agua? Si, señor; y desde allí, cuando entraban oradores yo he saludado a Muñoz Rivera en la misma acera.
“P. — ¿Dice que se guarecían del agua, estaba cubierta? El ■ mismo volante de la casa cubre la acera.

A preguntas del abogado Sr. Jiménez Sicardó, declaró:

“P. — ¿A pesar de haber constituido parte de esa fianza influye en su declaración algo, para que sea cierta o no cierta, para apar-tarse de la verdad? . Me concreto a decir la verdad y no tengo in-terés.

ETTIENE TOTTI

“P. — ¿Con posterioridad a ese permiso tiene conocimiento cl testigo de si Emilio Rodríguez fabricó la casa en cuestión? Emilio Rodríguez construía la casa a menos de cinco metros del eje de la calle, y tuvimos noticias en la oficina y fuimos a Manatí para comprobar esto y medimos y no se ajustaba a la distancia de cinco metros del eje de la calle.
Abogado Sr. Feliú. — Me opongo. Nadie sabe por dónde va el eje.
“P. — ¿Estuvo en el pueblo de Manatí? Si, señor.
“P. — ¿Midió la calle? Si, señor.
“P. — ¿Dentro de esa comprobación, qué quería hacer el testigo, qué hizo? Yo medía la distancia entre los sardineles para determi-nar el eje, porque éste es la distancia media entre los dos sardine-les, y porque hay veces que una acera es más ancha que la otra, y se mide la distancia rodante de sardinel a sardinel.
“P. — ¿Qué comprobó Ud. — Que la casa se construía a menos de cinco metros del centro del eje de la calle.
“Abogado Sr. Feliú. — Mientras no se establezca la línea de cons-trucción por medio de documento y la prueb'a que la ley esta-blece, todo lo que declare este testigo es inmaterial, y pido que se elimine.
“Hon. juez.- — Admitida la pregunta y la contestación.
“Abogado Sr. Feliú.' — Tomamos excepción.
“P. — Puede seguir. ¿Cómo comprobó el eje? — Llegué a Manatí y encontré el eje de la calle en la forma que he dicho ya, y la casa se estaba construyendo a tres metros noventa y dos centíme-tros del eje, y miré en todos los alrededores y pude ver que la casa ésta se estaba construyendo dejando la antigua acera dentro de la casa, y seguí a la estación y pude ver que una verja anti-gua de madera quedaba metida un metro ochenta centímetros den-tro de la nueva línea establecida por la casa de Emilio Rodrí-guez, y la línea de las propiedades, de los solares contiguos que-daba-metida dentro de la línea vieja.”

A preguntas del abogado Sr. Feliú, declaró:

“P. — ¿Lo que hizo fué, que llegó a la calle y cogió y midió desde el sardinel de la acera que queda a la derecha de la calle esta Avenida de Colón, yendo a la estación del ferrocarril, mi-dió desde allí a la acera del frente? — Si, señor.
“P. — i Y en esta acera del frente, basta qué acera midió.— Hasta un sardinel que forma la esquina de la calle.
“P. — ¿No es el mismo que existe actualmente allí? — Aquel fue destruido y hoy hay aceras nuevas.
“P. — ¿La calle está ancha hoy? — Si, señor; está en otra forma hoy.
"P. — Y cuando tomó esas medidas, qué aparato empleó? — No es necesario más que una cinta para medir una distancia.
“P. — ¿Nada más? — Una cinta métrica.
“P. — ¿Entonces todo lo que hizo para determinar eso fué medir aquella distancia entre esos dos sitios? — Si, señor; medir eso.
“P. — ¿Medir esa distancia entre las dos partes esas para deter-minar el eje? — Si, señor; después de medir del eje a la casa e ins-peccionar como quedaba la casa con respecto a las condiciones del sitio.
“P. — ¿Nada más que eso hizo? — Si, señor.

A preguntas del Iíon. Juez, declaró:

“P. — ¿Estuvo últimamente por allí? — Si, señor; y hoy cuando vine pasé por allí.
“P. — ¿Y mirando como están las cosas hoy, el eje sería dis-tinto? Si, señor; el eje ha sido rodado hacia la casa de los Sel-gas. ’ ’

A preguntas del abogado Sr. Jiménez Sicardó, declaró:

“P. — ¿Por qué ha habido que rodar .ese eje? — Para dejar la avenida esa ancha. Al avanzar la casa de Emilio Rodríguez hacia el Este ha tenido que rodar toda la línea.
“P. — ¿Ha habido una variación en la alineación de la calle? — ■ Si, señor.”
Gustavo Adolfo Ramírez, a preguntas del abogado Sr. Jimé-nez Sicardó, declaró:
“P. — ¿Qué encontró Ud.? — Encontré que la casa había invadido la aceradla acera estaba dentro del edificio.
“P. — -¿Y qué pasaba? — Que la casa resultaba estar a menos de cinco metros del eje de la calle, violando el Reglamento de Sanidad.
“P. — ¿Por qué dice eso? — Porque determiné el eje de la calle.
“P. — ¿Cómo?—'Midiendo de sardinel a sardinel, y midiendo la distancia del punto medio a la nueva construcción. La distancia de sardinel a sardinel es siete metros ochenta y cuatro centímetros, luego la nueva construcción se lleva a cabo a tres metros noventa y dos centímetros del eje de la calle.”

La escritura del peticionario, citando al vendedor, ex-presa lo que sigue:

“ (1) Que es dueña de la siguiente, —FiNCA:—UrbaNA: casa de maderas, de una planta, con balcón al frente, techada de zinc, de diez metros cincuenta centímetros de frente, por quince metros de fondo, enclavada en solar propio, situado en la calle nombrada ‘Avenida Colón’ del pueblo de Manatí, de .trece metros sesenta centímetros de frente por diez y siete metros de fondo, lindante casa y solar, por la derecha entrando o Sur, con la Sucesión de Don José Ramón González, hoy Selgas y Compañía; a la izquierda o Norte, con solar y casa de Joaquín Felicier; a la espalda o Este, tierras de Don Jaime Oalaf; y al frente u Oeste, con la Avenida de Colón.
‘ ‘ PROCEDENCIA.' — Da hubo por derecho ganancial y por herencia de su finado esposo Don Salustiano Villamil, inscrita al folio 176, tomo 13 de Manatí, finca No. 713.”

La manifestación del testigo Santana nos deja hasta cierto punto en .duda respecto a si la llamada acera se usaba prin-cipalmente para fines de tráfico o como incidental a la pro-tección que suministraba el alero a lo largo del edificio. Hubiera sido más apropiado haber - presentado con un poco más de detalles la cuestión sobre el fin que persiguiera el primo y anterior dueño del edificio al construir la “acera”. También sería interesante saber algo más pre-ciso sobre la escalera al final de la “acera”, como por ejemplo, si los escalones se hicieron expresamente por el anterior dueño para conveniencia del publico, o si fueron un mero accidente de construcción, o si se desgastaron por el tiempo y la intemperie o por el uso público, o si fué im-provisación de algunos ciudadanos interesados en el benefi-cio público y como medio de acceso a esta “acera” de tan rara construcción.

Las aceras, por regia general, se ajustan y adaptan más o menos al nivel de la calle. Los hechos son cosas inelu-dibles. Ningún testigo corriente puede convertir una pared de piedra en una acera simplemente refiriéndose a ella como una acera. Ni está ninguna corte obligada a adoptar tal calificación cuando todas las circunstancias tienden a recha-zar la conclusión envuelta.

El dueño de una casa situada en terrenos de otro puede, si el dueño del terreno no se opone construir allí una acera o cualquier otra edificación que sirva para el mismo fin y si así lo desea, dedicarla al uso público. Pero el uso poco frecuente más o menos intermitente por parte del pú-blico, durante un período de 16 o 18 años, de una pared maestra u otra Construcción levantada con algún fin que el dueño conoce mejor que nadie, no puede sin más, producir el efecto de una dedicación al público.

Si la prueba del peticionario hubiera demostrado que la Avenida Colón era originalmente un canal para botes sin quilla, con un sistema de exclusas y represas, la teo-ría de una sola sección de acera con una escalera en uno de sus extremos parecería algo más razonable.

La inexactitud de la aseveración respecto a que las de-claraciones de los ingenieros sanitarios Totti y Ramírez fue-ron admitidas sin objeción se verá inmediatamente de una lectura de la cita arriba hecha de la declaración de Totti. Las objeciones hechas no eran tan insistentes como quizás sería necesario para establecer un fundamento de revoca-ción por el único motivo de haberse cometido error al ad-mitir las declaraciones en cuestión; pero dichas objeciones eran más que suficientes para llamar la atención de la corte hacia la carencia intrínseca de algún valor probatorio. Aun una ausencia absoluta de objeción a tales declaraciones no podría prestar fuerza alguna adicional a las mismas ni jus-tificar a la corte inferior en aceptar como verdaderas de-claraciones que claramente se basaron en datos sin valor. La conclusión de que Rodríguez construyó a menos de cinco metros del eje de una calle que tenía menos de diez metros de ancho, no tiene otro fundamento que la distancia deter-minada entre una zanja y otra, o entre una zanja y un mon-tón de tierra, en el terreno suave y pantanoso de nuestras llanuras de la costa.

Estamos de acuerdo con la corte inferior en que la cuan-tía de los daños no es un factor determinante; pero debe haber algún daño, y ese daño debe ser irreparable por su naturaleza. También debe existir alguna relación de causa entre dicho daño y el demandado o alguien bajo su autori-dad. Aceptando para los fines de esta opinión la conges-tión de tráfico en la Avenida Colón como la ha descinto el peticionario en su declaración, sin embargo, la alegación que se hace no es que la calle sea más estrecha que antes sino que el municipio puede andando el tiempo expropiar una parte del frente del patio del peticionario. Es cierto que al principio el peticionario temía por la seguridad de sus hi-jos, pero su declaración misma, así como la de otros testigos llamados por él a declarar, indica que actualmente existe una calle mejor y más ancha con aceras de concreto en am-bos lados en vez de la pared de piedra que anteriormente existía en el solar opuesto al del peticionario. Admitiendo a, los fines de la argumentación que el no recibir una oferta de compra, que tal vez pudo hacerse si el anterior statu quo hubiera sido conservado intacto, es el medio adecuado de acreditar la depreciación del valor, sin embargo, parece apenas probable que la pérdida de tal oferta en perspectiva se debiera bien a la situación de la pared este del edificio del demandado o bien a las mejoras generales hechas en los alrededores. Cualquier temida depreciación en el valor de la propiedad del peticionario podría explicarse sola-mente considerando la posibilidad más o menos remota de que el municipio pudiera en alguna fecha en el futuro in-tentar confiscar una parte del terreno limitado por la cerca del peticionario. Resolver que el demandado en este caso, es responsable por cualquier dudoso resultado semejante, derivado no de sus propios actos sino de los actos ejecuta-dos o que amenazaba ejecutar el municipio, con los cuales él nada había tenido ni tiene que ver, sería extender el re-medio extraordinario de injunction sobre un vasto campo nuevo y desconocido hasta ahora.

El artículo 2 del Reglamento, en el que tanto hincapié hizo la corte inferior, se refiere a terrenos que se destinan a ser urbanizados. El artículo 3 dispone que “ tocia dalle trazada en estos terrenos tendrá una anchura mínima de 10 metros.” El párrafo invocado del,artículo 4 se refiere a “calles existentes cuya anchura sea inferior a diez metros.” El artículo 7 es como sigue:

“Art. 7. Cada municipio deberá preparar dentro de un plazo de seis meses, un plano de los terrenos ya urbanizados comprendi-dos en su término municipal, y que no reúnan las condiciones sa-nitarias fijadas en este reglamento; en dicho plano se harán cons-tar las especificaciones necesarias para ajustar tales terrenos ur-banizados a lo dispuesto en los artículos 3 y 4; y una vez que haya sido aprobado dicho plano por el Director de Sanidad, el munici-pio sólo podrá autorizar en adelante las Construcciones que se ha-gan en dichos predios urbanos, de acuerdo con las condiciones es-pecificadas en los expresados planos.
“Los propietarios de solares y edificios radicados en estos te-rrenos deberán ser notificados después de trazados los planos a que se refiere este artículo, para que puedan examinarlos, y presentar las observaciones que creyesen pertinentes, a fin de que los muni-cipios las consideren y resuelvan.
“Las ordenanzas municipales que dicten en lo sucesivo los mu-nicipios para la urbanización, apertura y alineación de calles, de-berán armonizarse con lo dispuesto aquí; y este reglamento no se entenderá en perjuicio de las facultades que tienen los municipios para regular, de acuerdo con la ley, otras materias que no afectan a la salud pública relativas á urbanización.
“La infracción de cualquiera de las disposiciones de este regla-mento será penada con arreglo al artículo 33 de la Ley de Sanidad, en vigor desde el Io. de abril de 1912.”

Absolutamente nada existe en la prueba aducida por el peticionario qne indique que la Avenida de Colón fuera ja-más “trazada”; o que el Municipio de Manatí sometiera plano alguno al Departamento de Sanidad para su aproba-ción, o que el Departamento hubiera en alguna fecha apro-bado algún plano semejante; o que el Municipio de Ma-natí hubiese en alguna época concedido permisos para cons-truir en desacuerdo con tales planos, o que el demandado, o algún otro dueño de propiedad colindante con la Avenida Colón, fuera jamás notificado de la existencia de algún plano semejante o de que alguna acción se hubiera tomado o pretendido tomar con respecto a ellos, o que el municipio jamás hubiera pasado ordenanza alguna relativa a la aper-tura o alineación de calle alguna en desacuerdo con las dis-posiciones de dicho reglamento.

No fue culpa de los demandados en este Caso que el Mu-nicipio de Manatí nunca presentara los planos al Departa-mento de Sanidad, o que ese Departamento aprobara pla-nos y especificaciones para construir que se le sometieron poco menos de diez aííos después de la promulgación del reglamento de 1912, en ausencia de tales planos y sin ha-cerse una mensura o inspección preliminar del sitio. El momento para el Departamento de Sanidad - Insular tomar medidas sobre el terreno, si algunas habían de tomarse, fue antes de la aprobación de los planos sometidos al mismo, y no después que la construcción de un costoso edificio de concreto estaba bastante adelantada sino casi terminada.

Tampoco encontramos la más leve prueba en apoyo dé la conclusión a que llegó la corte inferior de que la nueva alineación o ensanche de la calle resultó en perjuicio de otros, dueños de propiedades en “línea directa hacia el Sud.” Por otra parte es una circunstancia muy significa-tiva que ninguno de estos dueños de propiedades colindan-tes se ha unido al peticionario en su protesta ni compare-cido como testigo en el caso.

La moción de sobreseimiento debió baber sido declarada con lugar.

En vista de la conclusión a que bemos llegado sobre este punto, no • es necesario que discutamos la prueba del de-mandado. Bastará decir que si hubiera alguna duda en cuanto al error de la corte inferior al desestimar la mo-ción de sobreseimiento, no puede baber alguna en cuanto a la proposición de que la sentencia no está sostenida por la prueba.

Podemos agregar, sin embargo, que el demandado, ade-más ele hacer una historia sobre el origen y objeto de la ‘pared, acreditó mediante prueba oral que no fue contradi-cha que la mensura y planos para la pavimentación y arre-glo de la Avenida Colón se hicieron en la época o antes de la época en que se hizo la concesión al demandado; que la casa que se halla en la esquina, contraria al edificio del de-mandado se encontraba allí desde hacía treinta años o más, siendo los dueños del edificio dueños de parte del terreno; que el espacio que mide entre este viejo edificio y la “orilla de la acera” arbitrariamente trazada por los ingenieros sa-nitarios como línea limitante de una calle era simplemente una desnuda faja o banco de tierra; que nunca se hizo mensura alguna anterior ni se estableció línea alguna de edificación o reglamentación en cuanto a ella; y (sujeto a aquellas contradicciones que puedan contener las .citas he-chas de la prueba testifical del peticionario, supra) que las mejoras que de hecho se hicieron tendían a facilitar el trá-fico, a presentar una vista más agradable, a aumentar el valor de la propiedad, y, en general, a mejorar las con-diciones existentes en los alrededores. De acuerdo con la escritura del peticionario, el viejo edificio de la esquina, o el solar en que está enclavado, es una de las colindancias laterales, pero no hay prueba alguna que demuestre cuándo se construyó la casa del peticionario, o que explique por qué la cerca del frente de su patio está mucho más próxima al “eje de la calle” que la línea de construcción de este an-tiguo edificio de la esquina. .

El hecho más saliente en este caso es la carencia abso-luta de una línea de construcción establecida, a menos que sea la indicada por el viejo edificio de la esquina al lado contrario de la propiedad del demandado, y que ha sido completamente pasado por alto tanto por los ing’enieros sa-nitarios como por la corte inferior.

Es justo decir que el juez propietario del distrito no ac-tuó en este caso y que el sustituto que presidió la corte ha-bía condenado al demandado en un proceso criminal en que estaban envueltos los sucesos que dieron lugar a esta con-troversia. (Véase el caso de El Pueblo v. Rodríguez, 29 D. P. R. 330.) El abogado del demandado en este caso no tomó parte en los procedimientos del caso criminal. Tal vez el fiscal presentó allí circunstancias que fueron pasadas por alto por los abogados del aquí peticionario. También es posible que la defensa no fuera tan ampliamente desarro-llada mediante examen de repreguntas, o en otra forma, en el caso criminal. Alguna confusión de la prueba en los dos casos, existentes en la mente del juez sentenciador, puede que sea la verdadera explicación del resultado que tuvo el presente caso en la corte inferior. Pero sea ello como fuere, no podemos, desde luego, resolver la presente apela-ción por virtud de prueba aducida en otro caso que proba-blemente, según se presentó era muy distinto.

Debe revocarse la sentencia apelada.

Revocada la sentencia apelada y desestimada la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Díaz, Demandante y Apelante, v. Joglar, Demandado y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre negatoria de servidum-bre.
    No. 2627.
    Resuelto en diciembre 21, 1923.
    Negatoria de Servidumbre — Título del Demandante — Descripción de la Pro-piedad. — No puede concluirse que el demandante en una acción negatoria de servidumbre dejó de probar su título sobre el solar donde radica su casa así como sobre la faja de terreno que la separa de la del demandado, cuando la prueba demostró que la casa y solar del demandante aparecen inscritos a su favor en el registro, así como demostró también la posesión y el uso por parte del demandante y sus causantes, de la expresada- faja de terreno. El mero heebo de que en los documentos que forman el título del demandante no se determinen las dimensiones del solar no anula dicho título.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sr. Juan de Gusmám Benitez y R. Ortiz Pacheco.

    Abogado del apelado: Sr. J. G. Torres.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante estableció su acción para obligar al de-mandado a cerrar y tapiar varias ventanas con vistas a su patio, y cerrar asimismo ciertos desagües que derramaban en el susodicho patio del demandante.

El caso como fué presentado y resuelto en la corte inferior y sometido en apelación, gira sobre la cuestión del título de propiedad del demandante, del solar en que ra-dica la casa del demandante, incluyendo una faja de terreno de unos dos metros de ancho comprendida entre la casa pro-piedad del demandante y la que pertenece al demandado.

Después de celebrado un juicio sobre los méritos del caso, la corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda por virtud de los hechos que se pasan a refe-rir:

“Celebrado el juicio, practicada la prueba propuesta, y la ins-pección ocular solicitada, resulta a juicio de la corte, que el deman-dante no ha justificado pertenecerle el solar en que tiene encla-vada la casa, careciendo por tanto de acción para la demanda.
“Para justificar la propiedad, el demandante ha presentado en-tre otras pruebas, copia de la escritura de disolución de Sociedad Mercantil ‘Díaz y Sobrino’ de 27 de mayo de 1909, y en su hecho quinto se describe la casa con sus medidas, y se alega está cons-truida sobre un solar, cuyas colindancias se dan, y no sus medidas.
“Se presenta también una certificación del registrador de la pro-piedad de la que consta la inscripción de la casa con sus medidas, y del solar con sus colindancias. Esas descripciones no establecen con la debida claridad, la medida' del solar, y por otra parte re-sulta que el Tesorero de Puerto Pico, certifica-.
“Que según planilla para los efectos de la contribución sobre la propiedad No. 295 del año económico 1912/13 debidamente jurada por Don Ramón Díaz, el día 15 de enero de 1922, ante el Tasador de este departamento Don A. W. Fernández, dicho señor Díaz de-claró poseer en el pueblo de Río Piedras, y en solar perteneciente al Municipio de Río Piedras, una casa de manipostería techada de ladrillo, en la calle del Comercio No. 58, siendo dicha casa de un piso en el cuerpo principal y teniendo un martillo de dos pisos.
“ ‘Que' al ordenarse por este Departamento la tasación de los solares pertenecientes a los municipios de acuerdo con la Ley No. 40 de 7 de marzo 1912, el señor Ramón Díaz González, presentó para el año económico 1913/14, una planilla número 388 — debi-damente jurada el día 18 de enero de 1913, ante el Tasador Luis R. Cerra, donde aparece declarando una casa de su propie-dad, calle del Comercio No. 62, con la misma descripción que en párrafo anterior y enclavada en un solar de 517.67 m/e pertene-ciente al Municipio de Río Piedras.
“ ‘Que al verificarse la retasación general de la propiedad, de acuerdo con la Resolución Conjunta No. 1, de 13 de abril 1916, el referido señor Ramón Díaz González, presentó para el año eco-nómico 1917/18 una planilla No. 572, debidamente jurada el día 27 de julio de 1916, ante el tasador de- este departamento Sr. Juan Silva Negrón, donde aparece declarando una casa de su propiedad, calle d.el Comercio No. 65 (hoy día calle Muñoz Rivera) frente a la calle Oriente, con la misma descripción que en las planillas anteriores y enclavada en un solar perteneciente al Municipio de Río Piedras.
‘Y que actualmente, en el reparto de contribuciones de Río Piedras, del año económico 1919/20, sigue figurando la mencionada casa a nombre del mismo contribuyente bajo recibo de contribu-ción No. 587, y enclavada en solar del municipio de Río Piedras.
“ ‘Y para que conste, y a petición de don José G-. Torres, ex-pido la presente, con el sello oficial de este departamento, en San Juan, Puerto Rico, a veinte y dos de octubre de mil novecientos diez y nueve.
“ ‘Cancelados en sellos de Rentas Internas, $1.00. (fdo.) José E. Benedicto, Tesorero de Puerto Rico.’
“En estas condiciones, fiemos de convenir que en vista del con-junto y resultado de las pruebas, el demandante no fia justificado que le corresponda el solar.”

La escritura de disolución de sociedad mercantil a que lia tedio referencia el juez sentenciador acreditaba el tras-paso tedio al demandante, de la casa y solar descritos en la misma, la cual fue debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.

El título tanto de la casa romo del solar constaba ins-crito en el registro de la propiedad desde el año 1885 y por más de veinte años, a virtud de un expediente poseso-rio y subsiguientes traspasos, antes de su conversión en un título de dominio por subsiguiente resolución judicial. La prueba acredita la posesión y el uso continuos por parte del demandante y sus causantes de la faja comprendida en-tre las dos casas como medio de entrada y salida por una escalera que conduce al piso alto de la casa del deman-dante. Del título inscrito aparece que la casa del deman-dado es la colindancia norte de la propiedad del deman-dante. El mero becbo de que en los documentos que for-man el título del demandante no se determinen. las dimen-siones del solar no anula dicbo título.

Las manifestaciones becbas al ser declarada la propie-dad para el pago de contribuciones quedaron explicadas por el demandante. Si esa aclaración no se tuvo por cierta por la corte inferior, aun así estas admisiones no son sufi-cientes para anular un título inscrito acompañado de la po-sesión en concepto de dueño por más de treinta años. El demandante no estaba sometido a inicio por nn delito de perjurio o por defraudar al Gobierno Insular en sus rentas. Su propiedad puede volverse a tasar, o puede procesársele quizás por cualquier delito que baya podido cometer, pero en este caso no está envuelta ninguna confiscación de su propiedad o derecho de acción.

Sin duda que las admisiones fueron pertinentes por afec-tar a la credibilidad del demandante como testigo, o por acreditar cierta inconsistencia en su., conducta, pero no oonstiti^en un impedimento en lo que respecta al deman-dante y demandado en este caso. Wigmore, Edición Se-gunda, página 516, sección 1037.

No podemos convenir por tanto, con el criterio susten-tado por la corte inferior de que el demandante dejó de probar su título sobre el solar asi como de la faja de te-rreno comprendida, entre las8 dos casas, debiendo por consi-guiente revocarse la sentencia apelada, y devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada y devuelto él caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldre}^ y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Pagán et al., Demandantes y Apeladas, v. Pagán, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente ele la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre cobro de dinero (moción para desestimar la apelación).
    No. 3192.
    Resuelto en diciembre 21, 1923.
    Desestimación de Apelación — Prueba—1Transcripción del Récord — Notas Ta-quigráficas — Demora del Taquígrafo Imputable al Apelante — Exposición del Caso. — Cuando un apelante prefiere incluir la prueba en la transcripción del récord mediante las notas taquigráficas como lo autoriza la Ley núm. 27 de 1917 y Ja num, 81 de 1919, el dejar el taquígrafo de archivar sus notas dentro del término concedido por la corte de distrito debe imputarse al ape-lante, quedando éste por tanto sujeto a las mismas consecuencias que si hu-biera dejado de preparar una exposición del caso a tiempo.
    Id. — Id. — Id. — Restablecimiento del Derecho — Omisión en Llevar Ade-lante la Apelación. — El hecho de no tomar un apelante la medida nece-saria ante una u otra corte con el fin de incorporar la prueba constituye una omisión en seguir adelante con el caso y confiere un derecho a la desestima-ción de la apelación.
    Id. — -Id. — Id. — Restablecimiento de un Término que ha Vencido — Discre-ción de la Corte. — Pueda o no invocarse el artículo 140 del Código de En-juiciamiento Civil para revivir un término que ha vencido y permitir a un apelante que prosiga con su apelación en la corte inferior, la Corte Suprema en un caso adecuado puede permitir la inclusión de la evidencia en la trans-cripción del récord.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. R. Padró Parés.

    Abogado de las apeladas: Rr. A. García Ducós.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fue una sentencia dictada por la Corte de Distrito de Aguadilla contra la cual se interpuso apelación en 7 de agosto de 1923. La apelante optó por incorporar la prueba por medio de las notas taquigráficas autorizadas por la ley No. 27 de 1917, como fué enmendada por la Ley No. 81 de 1919. Al taquígrafo de la corte de distrito, de conformi-dad con dicha ley, se le ordenó que preparara las notas, quien luego obtuvo varias prórrogas del término para la preparación de las mismas y el día 5 de noviembre de 1923, la corte le concedió otra prórroga de veinte días haciendo constar en ella expresamente que sería la ultima. El tér-mino, por tanto, venció en 25 de noviembre de 1923. Nin-guna otra diligencia fué hecha por el taquígrafo o la ape-lante para terminar o radicar la transcripción, y la ape-lada ha solicitado la desestimación del recurso.

Ahora bien, aunque ha habido disparidad de criterio en-tre los miembros de esta corte respecto a si el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil puede ser invocado para revivir un término que ha vencido y permitirse a un apelante en la corte inferior qne siga adelante con la incorporación de sn prueba, estamos todos de acnerdo en varios puntos.

El primero de éstos es qne la falta del taquígrafo en ra-dicar sus notas dentro del término concedido por la corte de distrito debe imputarse al apelante. Esta proposición fué claramente enunciada en el caso de Mercado et al., v. Sucesión de Ferreiro, 26 D. P. R. 492. Resolvimos que si el apelante se decidía por elegir al taquígrafo como agente suyo en vez de preparar él mismo una exposición del caso o pliego de excepciones, el apelante quedaba por ello obli-gado a sufrir las mismas consecuencias que si no hubiera preparado una exposición del caso a tiempo. De otro modo podría estar pendiente una apelación indefinidamente a gusto del taquígrafo.

Subsiguientemente, en el caso de Vieira v. Reyes, 28 D. P. R. 480, y al llamársenos la; atención.al precepto de la ley No. 83, o sea que la demora del taquígrafo no debe produ-cir una desestimación, resolvimos que la omisión del taquí-grafo en pedir más prórrogas no constituía una demora por parte de dicho taquígrafo, sino una falta en proseguir el pleito por parte del apelante. El caso contiene otro razo-namiento.

El caso de Sucesores de Sanders, Philippi v. Rivera, 28 D. P. R. 957, ratificó los dos casos anteriores y en él tam-bién se resolvió que la omisión del secretario en enviar un récord terminado debe asimismo imputarse al apelante.

Una segunda cuestión en la cual conviene la corte es que la omisión del apelante en hatíer alguna gestión ante una u otra corte tendente a revivir el derecho de incorporación constituye una falta en proseguir el caso y confiere un de-recho a solicitar la desestimación. La apelante no tomó nin-guna medida en este caso.

Una tercera pi-oposición es que pueda o nó invocarse el artículo 140, este tribunal en un caso adecuado puede per-mitir’ la incorporación de la' evidencia.

Debe desestimarse la apelación.

Desestimada la apelación, -

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro • y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


text:
    Tomás Cano & Co., Demandante y Apelada, v. Robles et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayañrá en pleito sobre nulidad.
    No. 2814.
    Resuelto en diciembre 21, 1923.
    Declaración de Construcción — Inscripción—Comprador Inocente — Hipoteca-Aviso — Ejecución—Procedimiento de Nulidad — Impedimento (Estoppel). —La mera inscripción de la declaración de construcción en el registro no hacía al apelado un comprador inocente a título oneroso; pero la inscripción en el registro de la propiedad de la casa y la hipoteca era un aviso interpre-tativo a todo el mundo de que el apelado tenía un gravamen prima facie sobre ■la casa y un derecho a ejecutarlo contra ella, y el curso apropiado de los ape-lantes hubiera sido establecer procedimientos en la Corte de Distrito de Q-ua-yama para anular el título y la inscripción aparentemente existente en favor del apelado, aunque tales procedimientos sin embargo hubieran sido infruc-tuosos por razón de impedimento (estoppel).

    Prueba — Comunicaciones Privilegiadas — Notario Público — Abogado—Fraude. —Las instrucciones o comunicaciones a un notario no son privilegiadas como en el caso de un abogado, y en un caso en que se hace un cargo de fraude un notario puede ser eompelido a declarar, si bien ciertos asuntos como los testamentos cerrados están excluidos.
    Los hechos están expresados1 en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. V. F. Rodrigues Órtis, G. Domínguez Rubio y F. Navarro Ortis.

    Abogado de la apelada; Sr. M. A. Martines Dávila.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra una sentencia de la Corte de Distrito de Guayama que declaró nulos varios actos de los apelantes.

El 12 de octubre'de 1920 la mercantil Eobles y Oía. Sü-cesores, hizo una declaración de obra nueva de una casa si-tuada en la Cidra. El solar donde está construida la casa pertenecía al municipio, y la declaración de obra nueva fué otorgada ante el Notario Miguel Guzmán. Esta declaración fué inscrita en el registro de la propiedad. El mismo día y ante el propio notario fué otorgada la escritura de hipo-teca, objeto de este pleito. En dicho día el expresado nota-rio realizó varios actos para las distintas partes en este pleito y todos ellos tuvieron lugar en la referida casa. Los apelantes sostienen que la casa en cuestión no pertenecía a la mercantil Nobles & Cía., Sucesores, supra, sino a Fruc-tuoso Nobles.

La prueba tiende a indicar que todas las partes en este pleito tenían completo conocimiento de la declaración de obra nueva hecha por dicha mercantil y que Fructuoso Nobles sabía todo lo relativo a la misma, es cosa de la cual no tenemos ninguna duda. Más bien ingenuamente, si no con una intención consciente de defraudar, y mal aconsejado, Fructuoso Nobles hizo una declaración de obra nueva de la misma casa, y obtuvo su inscripción en el registró1 de la propiedad. Al pedírsele al Negistrador de la propiedad que certificara la segunda declaración, manifestó que no haría la certificación sin hacer referencia a la inscripción anterior de la casa. Su opinión fué, según en cierta parte re-veló la prueba, que la segunda inscripción nunca debió ha-ber sido hecha.

La transcripción revela, los siguientes actos fraudulentos presuntivamente: El día 28 de abril de 1921, Fructuoso Nobles, haciendo constar que era dueño de la casa en cuestión, la hipotecó a dos de los apelantes. Se obtuvo la inscripción de la hipoteca así como de la escritura de la declaración de obra nueva. También presuntivamente Fructuoso Nobles conocía la actitud del registrador, pero su abogado cierta-mente la conocía. Mientras la Corte de Distrito de G-uayama se encontraba entonces Celebrando sesión pública, dichos dos apelantes se apresuraron a ir, no a la Corte de Distrito de G-uayama sino a la Corte de Distrito de Ponce, donde se es-tableció un procedimiento hipotecario en la forma de una acción civil ordinaria. Fructuoso Robles compareció, Con-sintió que se dictara sentencia y renunció su derecho de ape-lación. Como una fuerte marca de fraude en el caso, a la hipoteca que se constituyó a favor de dichos dos apelan-tes sólo se fijó un término de 22 días y había de expirar al mes y veintitrés días antes del vencimiento de la hipo-teca de la mercantil demandante.

A falta de una explicación adecuada que no ha de ha-llarse em los autos, toda la transacción estaba tildada de fraude. A todas y cada una de las partes en ella, aun supo-niendo remotamente una falta de verdadero conocimiento, tan claramente se les dió conocimiento, que la sentencia ele la Corte de Distrito de Ponce, así obtenida, era enteramente nula y sin ningún valor.

Convenimos enteramente con los apelantes en que la mera inscripción de una escritura de declaración de obra nueva en el registro de la propiedad no convertía a la ape-lada en un tercero. La declaración de obra y la hipoteca de dicha apelada fueron otorgadas al mismo tiempo ante el propio notario, y probablemente presentadas juntas al Registrador. Sin embargo, lo que sí resolvemos es que la inscripción en el registro de la propiedad de la casa e hi-poteca era un aviso entendido por la ley (constructive notice) para todo el mundo de que la mercantil apelada tenía un gravamen prima facie sobre dicha casa y un dere-' cho que ejecutar en ella. Como indica la mercantil ape-lada, el camino adecuado para dichos apelantes, supo-niendo que hubiera una reclamación válida, hubiera sido em-pezar el debido procedimiento ante la Corte de Distrito de G-uayama para anular el título e inscripción que al parecer existían en favor de la mercantil apelada. Creemos, sin embargo, que tal procedimiento hubiera sido infructuoso y las indicaciones son qne así lo creían también todos los ape-lantes.

Entendemos qne tal procedimiento hnbiera sido ineficaz toda vez qne Fructuoso Nobles por sus actos realizados en octubre 12 de 1920 estaba completamente impedido de ale-gar tener ningún título a sn favor. Y como él estaba pre-sente y permitió qne snrgiera un título en favor de otra persona, cualquiera persona que alegara un título basado en su derecho o adquirido por él no podía adquirir ningunos de-rechos, suponiendo siempre que no había surgido ninguna cuestión de derechos de terceros compradores.

Podemos decir incidentalmente que los acreedores hipo-tecarios apelantes en este caso en manera alguna eran ter-ceros. Ellos fueron claramente notificados por razón de la inscripción anterior de la casa a nombre del deudor hipote-cario de la mercantil apelada. Además, la prueba tiende a demostrar que estuvieron presentes al ser otorgada la hi-poteca a favor de la apelada; que tenían Conocimiento de esto directamente y adquirieron otra garantía hipotecaria o cuasi hipotecaria de su deudor Robles. Cada uno de los que tomaron parte en el caso utilizó los servicios de Miguel Cuzmán para actuar a su favor. En 12 de octubre de 1920 hubo .una especie de concurso de acreedores en la casa de Fructuoso Robles. En el piso inferior de esa casa la mer-cantil Robles Aniaga y Cía, tenía su tienda y asimismo la tuvieron sus predecesores. Miguel Cuzmán declaró de un modo concluyente al efecto de acreditar que cada uno de los que estuvieron presentes sabía lo que se estaba realizando.

Fructuoso Robles era miembro de la mercantil de Robles, Arriaga y Cía., predec'esora de Robles, Arriaga y Cía. Sucesores. El. vendió su participación y la segunda mer-cantil surgió como consecuencia de esto. A estos actos se les dió forma y fueron otorgados ante el mismo notario Miguel Cuzmán en octubre 12 de 1920. También Robles debía cierta suma de dinero a Arriaga por la cual los apelantes principales eran fiadores. En dicto día 12 de octubre de 1920 Nobles otorgó un pagaré hipotecario a sus fiadores sobre una finca de Cagnas. La admisión de este documento, como luego veremos, lia sido alegado c'omo error, pero inde-pendientemente de su admisión bubo prueba tendente a acre-ditar el otorgamiento de un documento por Nobles,, y sus-actos en relación con el mismo. Todos estos actos e inter-vención de Nobles bacen más fuerte el conocimiento e im-pedimento contra él.

La alegación principal de los apelantes era que la casa en cuestión no pertenecía a la mercantil Nobles, Arriaga y Cía, sino al propio Nobles. En vista de las anteriores con-sideraciones, no pretenderemos analizar la prueba, pero las indicaciones son que la casa pertenecía a la mercantil en la fecba de la hipoteca a favor de la apelada. Que había per-tenecido a la mercantil anterior o mercantiles de Nobles, Arriaga y Cía. Sucesores, no parece ser un hecho en disputa. Fue por virtud de la disolución de estas anteriores socieda-des que Nobles alegaba un traspaso a él mismo. La corte declaró probado este hecho en favor de la mercantil ape-lada y no encontramos ninguna razón para' anular esa con-clusión.

Los apelantes- trataron de demostrar que el socio gestor de la mercantil apelada, Sr. Mieres, sabía que la casa per-tenecía a Nobles. La prueba tendió a acreditar lo contra-rio. Sin embargo, aún cuando él lo supiera, si Nobles to-leró y pérmitió el traspaso, especialmente habiendo surgido la hipoteca con motivo de una deuda de la mercantil ape-lada de la cual él era miembro, dicho Mieres estuvo jus-tificado en creer que Nobles estaba consintiendo en que se otorgara la declaración de obra nueva de la casa y por tanto se inscribiera a nombre de Nobles, Arriaga y Cia., Suceso-res.

La corte no incurrió en error al admitir el llamado pa-garé hipotecario que Robles otorgó para proteger a sns fia-dores. Era uno de los elementos de res gestae en una se-rie de circunstancias que rodean este caso y tenían una re-lación distinta con respecto al fraude de dichos fiadores al pretender alegar un derecho hipotecario diferente.

Otro error que ha sido alegado fué la actuación de la corte al permitir al notario Miguel Gfuzmán Texidor hablar de las instrucciones dadas por sus clientes, los referidos fia-dores, en cuanto al documento a que se acaba de hacer men-ción. La teoría de esta objeción fué que tales instruccio-nes eran comunicaciones privilegiadas.

La corte debió haber explicado a las partes de un modo claro si admitía dicha prueba, o no: En cambio, la corte la admitió a condición de algo que había de hacer la parte con-traria, que no sabemos precisamente lo que era. Exami-nado todo puede decirse que la prueba fué admitida y con-siderada por la corte.

Las instrucciones o comunicación a un notario no son privilegiadas. Un notario se diferencia de un abogado en cuanto a esto. Aunque no es necesario para la decisión de este caso, tenemos cierta idea de que, en casos especiales como el presente, cuando a un abogado se imputa fraude puede ser obligado a declarar, pero en todo caso puede obli-garse a un notario, especialmente, quizás, si ciertos docu-mentos como, por ejemplo, testamentos cerrados, han sido excluidos. No había ninguna razón para guardar secreto aquí.

Además, la admisión de esta prueba en todo caso tenía tan poca relación con los sucesos principales, que cualquier supuesto error que hajm sido cometido al admitir las de-claraciones, no erá perjudicial.

> Los demás errores alegados por los distintos apelantes han sido resueltos en nuestras Consideraciones principales.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada, la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y. Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Ballester, Demandante y Apelado, v. Martínez et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre cancelación de gravámenes en el Registro de la Propiedad. Moción para desestimar la apelación.
    No. 3212.
    Resuelto en enero 18, 1924.
    Exposición del Caso — Notificaciones.—La ley no impone a los secretarios de las cortes de distrito el deber de notificar al apelante la aprobación o desa-probación de una exposición del caso.
    Id. — Desestimación de Apelación — Término para Radicar la Transcripción.— La corte de distrito puede negarse a aprobar una exposición del caso por ser enteramente deficiente y no está obligada a sugerir enmiendas; y cuando el apelante omite presentar en tiempo una exposición reformada, si ha trans-currido el término de treinta días contados a partir del archivo de la ape-lación, procede declarar con lugar una moción de desestimación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. V. P. Martines.

    Abogado del apelado: Sr. J. D. Rodríguez.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una moción para desestimar la apelación inter-puesta en octubre 19 de 1923. La teoría en que descansa la moción es que no hay ninguna exposición del caso válida, ni pliego de excepciones, y por tanto que la transcripción debe ser radicada dentro de treinta días. Regla 40; Ciuró v. Ciuró, 20 D. P. R. 30.

En este caso lo mismo que en el de Ciuró el apelante pre-sentó una llamada exposición del caso. A esto el apelado formuló una objeción alegando que la referida exposición no era una fiel presentación de los fieclios. En oposición a esto el apelante solicitó de la corte que eliminara la obje-ción. La corte, sin embargo, examinó la exposición del caso y en noviembre 5, 1923, resolvió que ésta era enteramente deficiente. Esta resolución de la corte fué notificada al ape-lante en 10 de diciembre.

Alega el apelante en efecto que su derecho a archivar la transcripción debe partir de la fecha diciembre 10, 1923. Hemos resuelto varias veces que el Secretario no tiene nin-gún deber de notificar la aprobación o desaprobación de una exposición del caso. Benítez v. Díaz, 28 D. P. R. 720; Guardian Assurance Co. v. López, 24 D. P. R. 637; Sucesión Landrau v. Sucesión Landrau, 25 D. P. R. 166.

Convenimos con el apelado en que el caso de Martínez v. Soto Nussa, 22 D. P. R. 599 sostiene que la corte inferior tiene el derecho de negarse a impartir su aprobación a una exposición del caso que es totalmente incompleta. La corte, por tanto, no está obligada a sugerir enmiendas como pretende sostener el apelante. La presunción es, mientras otra cosa se demuestre, que la corte no incurrió en error al declarar que la exposición del caso era totalmente defec-tuosa.

Tal vez el apelante actuando diligentemente y presen-tando una exposición del Caso reformada, hubiera podido obtener un remedio, pero como los autos revelan que no existe ninguna exposición la regla 40 y la jurisprudencia deben ser aplicadas y la apelación desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y PTutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.