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    Eduardo Cardona y Funeraria Cardona, peticionarios, v. Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, recurrida, y María Jiménez Álvarez, opositora y recurrida.

      Número: CC-2005-432

      Resuelto: 28 de febrero de 2007

      Leonor Porrata-Doria, representante de la parte peticionaria; Edgardo Veguilla González, representante de la parte recurrida; Maretsa Rodríguez Pórtela, María E. Martínez Avilés y Daniel Martínez Oquendo, representantes de la parte opositora recurrida.
   SENTENCIA

El peticionario acudió ante nosotros de una determinación tomada por el Tribunal de Apelaciones en la cual concluyó que tanto la Administración de Reglamentos y Permisos como la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones habían errado al autorizar la operación de la funeraria Cardona y su sala de embalsamar mediante el mecanismo de variación. El tribunal apelativo intermedio revocó a las agencias administrativas al concluir que éstas no formularon determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho que justificaran la variación de uso que concedieron, por lo que procedía dejarla sin efecto y devolver el caso al foro administrativo.

El 5 de octubre de 2005 expedimos el auto solicitado. Ambas partes han comparecido a expresar sus respectivas posiciones sobre la controversia ante nuestra atención. Atendidos los planteamientos de las partes y evaluado en su totalidad el expediente que consta en autos, se confirma la determinación del Tribunal de Apelaciones por estar igualmente dividido el Tribunal.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton se inhibió. Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Fuster Berlingeri disintieron sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión de conformidad, a la que se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Opinión de conformidad emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la cual se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Corresponde determinar si la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) autorizó correctamente la operación de una sala de embalsamar, mediante el mecanismo de variación establecido por el Reglamento de Zonificación Especial de Santurce.

I

El Sr. Eduardo Cardona (Sr. Cardona) es propietario de la funeraria Cardona (funeraria), sita en la avenida Eduardo Conde Núm. 2199 de Villa Palmeras, Santurce, desde 1974. La funeraria está localizada dentro de los límites de un distrito zonificado como Zona de Uso General Dos (ZU-G2).

Anteriormente, el predio de terreno estaba clasificado como Comercial Uno (C-l), hasta su rezonificación como ZU-G2, por virtud de las enmiendas al Reglamento de Zonificación Especial de Santurce, 23 R.P.R. see. 650.1861 et seq., que entraron en vigor el 14 de enero de 1993. La estructura donde ubica la funeraria es de una planta y tiene un sótano de hormigón.

La Sra. María Jiménez Alvarez (Sra. Jiménez) reside desde 1987 en una residencia que colinda con la funeraria propiedad del Sr. Cardona. Cuando la Sra. Jiménez compró la propiedad donde vive, la funeraria ya estaba en operación. Para esa fecha, el negocio de servicios fúnebres operaba una sala de embalsamar cadáveres en la primera planta de la estructura, mientras que en el sótano, donde posteriormente se reubicó esta sala, operaba un taller de ebanistería y pintura. La residencia de la Sra. Jiménez ubica en una zona de clasificación residencial, pero uno de los patios laterales de la propiedad colinda con el predio de terreno donde está localizada la funeraria.

El Sr. Cardona poseía un permiso para operar la funeraria concedido previo a 1993, cuando se rezonificó el área. Poseía también el endoso del Departamento de Salud y la correspondiente licencia sanitaria. El 25 de septiembre de 1996 la Sra. Jiménez presentó una querella ante A.R.Pe. contra el Sr. Cardona, alegando que los ruidos y gases que emanaban de un cuarto de la funeraria y del estacionamiento de ambulancias fúnebres le ocasionaban problemas de salud. En atención a lo anterior, A.R.Pe. refirió, mediante carta de 26 de marzo de 1997, a la Sra. Jiménez a la Junta de Calidad Ambiental (J.C.A.) y le informó que el Sr. Cardona tenía el permiso de uso para su funeraria. Le indicó, además, que en caso de que el Sr. Cardona incumpliera con cualquier requerimiento que hiciera la J.C.A. para corregir las anomalías, le sometiera a A.R.Pe. evidencia de lo anterior para que la agencia determinara si procedía la revocación del permiso de uso que tenía la funeraria.

Del expediente no se desprende qué gestiones realizó la Sra. Jiménez conforme a la comunicación anterior. No obstante, surge del expediente ante nuestra consideración que luego de la querella presentada por la Sra. Jiménez, A.R.Pe. notificó en varias ocasiones al Sr. Cardona que estaba operando “[u]n negocio de embalsamamiento y de servicios fúnebres en una zona ZU-G2 sin el permiso correspondiente de la agencia.

En 1996 había entrado en vigor un nuevo Reglamento del Departamento de Salud que requirió que el embalsamamiento de cadáveres se realizara en un área separada de las capillas de la funeraria. Ante lo anterior, el Sr. Cardona reubicó la sala de embalsamar en el sótano de la funeraria y procedió a solicitar un nuevo permiso de uso para la operación de la funeraria y la sala de embalsamar. Mediante un acuerdo fechado el 15 de enero de 1999, A.R.Pe. concedió el permiso solicitado. Esta determinación se realizó sin haberse realizado vistas públicas. Cabe señalar que en sus determinaciones de hechos, A.R.Pe. expresó que el Sr. Cardona había sometido una “copia del permiso de uso con que opera [ba]” la funeraria y que la solicitud se realizó “con el objeto de incluir a la funeraria una sala para embalsamar e incluir el uso en la segunda planta”. Más aún, A.R.Pe. concluyó en síntesis, como parte de sus conclusiones de derecho, que el uso solicitado se podía considerar mediante el mecanismo de variaciones y se limitó a transcribir el Capítulo 35 del Reglamento de Zonificación Especial de Santurce, vigente al momento de la solicitud sobre variaciones.

Insatisfecha, la Sra. Jiménez solicitó una reconsideración de la determinación anterior. Luego de varios incidentes procesales, A.R.Pe. acogió la petición, pero no emitió una determinación final dentro del periodo establecido, por lo que la Sra. Jiménez recurrió ante la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones (J.A.C.L.), aduciendo que A.R.Pe. no formuló determinaciones de hechos que justificaran la concesión del permiso. Luego de una inspección ocular y de celebrar una vista pública, el organismo apelativo confirmó la determinación de A.R.Pe. mediante la cual se concedió el permiso de uso que solicitó el Sr. Cardona. La J.A.C.L. determinó, como parte de sus conclusiones de derecho, que la funeraria contaba con permiso de uso y que A.R.Pe. había autorizado “el permiso de uso al considerar la Sala de Embalsamar como un uso accesorio e incidental a la Funeraria”.

En desacuerdo, la Sra. Jiménez presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. En síntesis, alegó que la J.A.C.L., al igual que A.R.Pe., no formuló en su resolución determinaciones de hechos que justifiquen su determinación de confirmar la autorización de A.R.Pe. a la operación de la funeraria y la sala de embalsamar mediante el mecanismo de variación. Adujo, además, que el organismo meramente se limitó a transcribir en sus conclusiones de derecho las disposiciones del Reglamento de Zonificación Especial de Santurce que regulan las variaciones. Más aún, expresó que no procedía confirmar una concesión de un permiso de uso incumpliendo con las disposiciones de la Ley de Política Pública Ambiental. De otra parte, A.R.Pe. y la J.A.C.L. alegaron que concedieron el permiso en controversia porque entendían que la operación de la sala de embalsamar se trataba de un “uso accesorio e incidental al ya existente”, permitido desde 1992.

El Tribunal de Apelaciones revocó a las agencias administrativas al concluir que éstas no formularon determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho que justificaran la variación de uso que concedieron. Concluyó que meramente se limitaron a “recitar” disposiciones del Reglamento de Zonificación Especial de Santurce sobre variaciones. Específicamente, el Tribunal concluyó:

Somos concientes de que se trata de una funeraria que tiene permiso de uso para operar desde fecha anterior en la que la Sra. Jiménez se querelló por vez primera. El permiso para operar la funeraria no está en controversia. Pero ese hecho, no justifica que se soslaye la aplicación de los criterios propios y reglamentarios para determinar si la nueva ubicación de la sala de embalsamamiento como la que interesa operar legalmente el Sr. Cardona puede realizarse en el mismo lugar que la funeraria, como excepción o variación, aunque se trate de un uso accesorio, en las circunstancias actuales de la comunidad. (Enfasis en el original.) Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 28 de febrero de 2005, pág. 19.

El Sr. Cardona solicitó oportunamente una reconsideración de la determinación del foro apelativo intermedio y dicho foro la denegó. En desacuerdo, el Sr. Cardona acudió ante nosotros, mediante una petición de certiorari, planteando que el foro apelativo intermedio cometió los errores siguientes:

Erró en Derecho el Tribunal de Apelaciones al determinar que el uso accesorio de [la] Sala de Embalsamar constituye una variación de uso.
Erró en Derecho el Tribunal de Apelaciones al no aplicar las disposiciones de la Sección 20.01 del Reglamento de Zonificación Especial de Santurce, que rige los usos accesorios.
Erró en Derecho el Tribunal de Apelaciones al no apreciar que el uso de la Sala de Embalsamar no se considera como uso principal, sino la Funeraria, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Zonificación Especial de Santurce. Petición de certiorari, pág. 7.

Expedimos el recurso. Hoy el Tribunal, por estar igualmente dividido, confirma la determinación del foro apelativo intermedio.

II

La revisión judicial de decisiones administrativas tiene como fin primordial delimitar la discreción de los organismos administrativos para asegurar que éstos desempeñen sus funciones conforme a la ley. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279 (1999). Estas determinaciones gozan de gran deferencia y respeto por parte de nuestros tribunales. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 D.P.R. 310 (2006); Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592 (2006). Lo anterior se fundamenta en la vasta experiencia y el conocimiento especializado que poseen los organismos administrativos sobre los asuntos que estatutariamente se les ha encomendado. No obstante, “la deferencia reconocida no equivale a la renuncia de la función revisora del tribunal en instancias apropiadas y meritorias, como resulta ser cuando el organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley”. Rebollo v. Yiyi Motors, 160 D.P.R. 69, 78 (2004). Véase, además, Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85 (1987).

La función revisora de los tribunales con relación a las determinaciones de las agencias administrativas es de carácter limitado, por lo que al ejercer nuestra función revisora es de suma importancia considerar las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho consignadas en una decisión administrativa. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, supra. Más aún, el criterio rector para nuestros tribunales a la hora de revisar determinaciones administrativas es la razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra; Hernández Álvarez v. Centro Unido, supra; Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). En esencia, la revisión judicial de las determinaciones de los organismos administrativos comprende básicamente tres áreas: (1) la concesión del remedio apropiado; (2) la revisión de las determinaciones de hechos conforme el criterio de la evidencia sustancial a la luz del expediente administrativo, y (3) la revisión completa y absoluta de las conclusiones de derecho. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra.

La Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 2175, estipula que “las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo”. En cuanto a las conclusiones de derecho, el referido estatuto dispone que podrán ser revisadas “en todos sus aspectos por el tribunal”. íd.

El requisito estatutario de consignar determinaciones de hechos y conclusiones de derecho en las decisiones de las agencias administrativas persigue los propósitos siguientes: (1) brindar a los tribunales la oportunidad de revisar adecuadamente la decisión administrativa y facilitar esta tarea; (2) fomentar que la agencia adopte una decisión cuidadosa y razonada dentro de los parámetros de su autoridad y discreción; (3) ayudar a la parte afectada a en-tender por qué el organismo administrativo decidió como lo hizo y, estando mejor informada, poder decidir si acude al foro judicial o acata la determinación; (4) promover la uniformidad intra agencial, en particular cuando el proceso decisorio institucional es adoptado por distintos miembros de un comité especial a quienes les está encomendado celebrar vistas y recibir la prueba, y (5) evitar que los tribunales se apropien de funciones que corresponden propiamente a las agencias administrativas, según el concepto especialización y destreza. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra.

Ill

A. La Junta de Planificación es la entidad administrativa responsable de regular el uso de terrenos dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asegurando la utilización adecuada de nuestros recursos naturales. Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra. Entre sus funciones, esta Junta tiene la responsabilidad de adoptar y aprobar los reglamentos de zonificación con el propósito de dirigir y controlar el uso y desarrollo de nuestras tierras. íd. Según hemos señalado en el pasado, “la zonificación es el proceso mediante el cual ‘se clasifican los terrenos en zonas, o distritos y se establecen para cada uno disposiciones específicas sobre el uso de los terrenos y sobre las obras y estructuras a permitirse’ Id., pág. 618. En esencia, a través de la zonificación se regulan las normas básicas acerca de dónde y de qué forma pueden suceder las actividades sociales y económicas de nuestros ciudadanos, armonizando sus necesidades e intereses con la protección y la utilización adecuada de nuestros recursos. Id. Conforme a lo anterior, la Junta de Planificación aprobó el Reglamento de Zonificación Especial de Santurce, para dirigir y ordenar el uso y desarrollo de los terrenos del área. 23 R.P.R. sec. 650.1871.

De otra parte, A.R.Pe., por mandato estatutario, tiene el deber de ejecutar las funciones operacionales que desempeñaba la Junta de Planificación respecto a la aplicación de los reglamentos de planificación adoptados por ella en los casos individuales y la concesión de los permisos de construcción. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra; Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 157 D.P.R. 521 (2002). Específicamente, esta agencia administrativa tiene la facultad de asegurar que se cumplan los reglamentos de planificación y construcción adoptados por los diferentes organismos gubernamentales pertinentes.

Por virtud de la entrada en vigor de las enmiendas al Reglamento de Zonificación Especial de Santurce, se modificó la clasificación del predio de terreno donde ubicaba desde 1974 la funeraria en controversia, de C-l a ZU-G2. De acuerdo con la Tabla de Usos Permitidos del reglamento, los servicios fúnebres, como los que aquí están en controversia, no están permitidos en un distrito con esta clasificación. Véase See. 6.7 del Reglamento de Zonificación Especial de Santurce, 23 R.RR. see. 650.1885.

B. Conforme a la facultad delegada estatutariamente para implantar la política pública que le ha sido encomendada, A.R.Pe. puede conceder permisos discrecionales mediante la concesión de excepciones o variaciones a los requisitos de zonificación establecidos por los reglamentos que administra. Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra. Las variaciones son una válvula de escape dentro del rígido ordenamiento de zonificación vigente en Puerto Rico. Asoc. Res. Park Side, Inc. v. J.P., 139 D.P.R. 349 (1995). Esta figura atenúa el rigor reglamentario permitiendo cambios a las restricciones que sujetan el uso de la propiedad cuando se demuestra que, dado a circunstancias especiales, la aplicación de la reglamentación puede resultar irrazonable y ocasionar perjuicios al propietario. A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 D.P.R. 858 (1989). Lo anterior impide que una reglamentación existente se convierta en un instrumento inflexible que le impida amoldarse a situaciones extraordinarias. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70 (1999).

El Reglamento de Zonificación Especial de Santurce, similar al Reglamento de Planificación Núm. 4 (23 R.P.R. sec. 650.1745 et seq.), proscribe la forma en que podrán concederse variaciones. Así, la See. 2.2 del Reglamento de Zonificación Especial de Santurce define y regula el mecanismo de variaciones, al establecer que una variación es una

[ajutorización para utilizar una propiedad para un uso no permitido por las restricciones impuestas a una zona o distrito y que sólo se concede para evitar peijuicios a una propiedad que, debido a circunstancias extraordinarias, la aplicación estricta de la reglamentación equivaldría a una confiscación de la propiedad. Autorización dada a la construcción de una estructura o parte de ésta que no satisface las normas de edificabilidad establecidas, pero que debido a la condición de solar, la ubicación especial o el uso particular, amerita una consideración especial. Variación es sinónimo de concesión. (Énfasis suplido.) 23 R.P.R. sec. 650.1881(B)(229).

Hemos expresado, interpretando las disposiciones que regulan la concesión de variaciones del Reglamento de Planificación Núm. 4, supra, las cuales tienen un lenguaje similar a las del Reglamento de Zonificación Especial de Santurce, que las variaciones, como mecanismo de excepción, sólo deben concederse en situaciones realmente ex-traordinarias, cuando están claramente justificadas y procedan conforme a los requisitos estipulados por las leyes y los reglamentos de planificación aplicables. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743 (2003); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra; Asoc. Res. Park Side, Inc. v. J.P., supra, pág. 357; Fuertes y otros v. A.R.Pe., 134 D.P.R. 947, 958 (1993). La utilización inapropiada e indiscriminada de este mecanismo “podría destruir todo nuestro esquema de zonificación y cambiar eventualmente las características de un distrito, planificado originalmente con una infraestructura para ciertos usos”. A.R.P.E. v. J.A.C.L., supra, pág. 862. Conforme a lo anterior, hemos resuelto reiteradamente que “una decisión administrativa concediendo o denegando excepciones o variaciones acorde a los Reglamentos de Zonificación debe estar debidamente fundamentada” (énfasis suplido), demostrándose así que la agencia analizó los criterios desarrollados jurisprudencialmente y los establecidos por reglamentación que deben considerarse al autorizar o denegar el uso solicitado. Vélez v. A.R.Pe., 167 D.P.R. 684 (2006). Véase López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646, 664 (1958).

C. El Reglamento de Zonificación Especial de Santurce define uso accesorio como “[c]ualquier uso estrechamente relacionado o complementario al uso principal que se da a la pertenencia o propiedad”. 23 R.P.R. see. 650.1881(B)(219). A su vez, la Sec. 20.1 de dicho reglamento prescribe la forma en que A.R.Pe. puede autorizar permisos de usos accesorios. Específicamente, la referida disposición estable que

[p]odrán proveerse usos accesorios a cualquier uso principal permitido en el distrito donde ubique una pertenencia de acuerdo a lo establecido en esta Sección y sujeto a lo siguiente:
(1) Todo uso accesorio a permitirse será claramente incidental y corrientemente relacionado con el uso principal al que habrá de servir.
(2) Todo uso accesorio deberá contribuir a la comodidad, conveniencia o necesidad de los usuarios del uso principal servido.
(3) Todo uso accesorio deberá ser establecido conjuntamente o con posterioridad al establecimiento del fin principal al que habrá de servir, pero nunca antes.
(4) La descontinuación del uso principal implicará la descontinuación de los usos accesorios, excepto cuando se trate de las unidades de vivienda que se permiten en los edificios accesorios en las zonas de uso residencial o de uso general.
(5) El área de ocupación del edificio accesorio y del edificio principal no excederá la permitida para el solar. (Énfasis suplido.) 23 R.P.R. sec. 650.1899(A)(l)-(5).

Es importante señalar que “[l]os espacios para usos accesorios [relacionados a un uso comercial principal] podrán proveerse como parte de un edificio principal o en edificios accesorios y éstos podrán situarse, excepto cuando se indique lo contrario en este Reglamento, en cualquier sección del solar donde se permite localizar el edificio principal; o en patios laterales o posteriores requeridos”. 23 R.RR. see. 650.1899(C)(6).

IV

Habiendo expuesto y discutido la normativa aplicable al caso de autos, pasamos a resolver la controversia ante nuestra consideración.

Como se indicó inicialmente, el Sr. Cardona es dueño de una funeraria localizada en Santurce desde 1974. Hasta 1993, el solar donde ubica la propiedad estaba clasificado como C-l. Posteriormente, al enmendarse el Reglamento de Zonificación Especial de Santurce, dicho distrito fue reclasificado como ZU-G2. De acuerdo con la nueva reglamentación, la operación de negocios de servicios fúnebres, como el del Sr. Cardona, no está permitido en este distrito. 23 R.P.R. see. 650.1885.

La funeraria operaba con un permiso de uso válido, ex-pedido por A.R.Pe. en 1992. Por virtud de la entrada en vigor de una nueva reglamentación del Departamento de Salud, el Sr. Cardona reubicó la sala de embalsamar que operaba dentro de la funeraria, en el sótano de la propiedad donde opera su negocio. Esta situación provocó que su vecina, la Sra. Jiménez presentara una querella ante A.R.Pe. alegando que los olores y ruidos que se producían en el laboratorio de embalsamar le ocasionaban problemas de salud.

En atención a lo anterior, el Sr. Cardona solicitó un permiso de uso para su funeraria y la reubicada sala de embalsamar ante A.R.Pe. La agencia determinó autorizar el uso solicitado mediante el mecanismo de variación establecido en el Capítulo 35 del Reglamento de Zonificación Especial de Santurce, vigente al momento de la solicitud. Entendió la referida entidad, además, que la sala de embalsamar podía considerarse como un uso accesorio a la funeraria que operaba con el correspondiente permiso desde 1992. En esencia, de la resolución de A.R.Pe. que autorizó el permiso solicitado se colige que la agencia concedió una variación a las disposiciones del reglamento de zonificación aplicable y, a su vez, autorizó la operación de la sala de embalsamar como un uso accesorio al de funeraria.

La determinación realizada por A.R.Pe., mediante la cual concedió la autorización al uso de funeraria y de la sala de embalsamar solicitado, no consignó determinaciones de hechos y conclusiones de derecho suficientes que justifiquen la variación concedida. En esencia, A.R.Pe. se limitó a describir escuetamente la propiedad en cuestión y transcribir las disposiciones del Capítulo 35 del reglamento de zonificación aplicable, sin justificar este proceder. La J.A.C.L., al revisar la determinación realizada por A.R.Pe., ratificó la autorización concedida, emitiendo una resolución con determinaciones de hechos y conclusiones de derecho similarmente defectuosas que la de A.R.Pe.

Sin lugar a dudas, el Sr. Cardona necesitaba la autorización de A.R.Pe. para continuar operando su funeraria y la reubicada sala de embalsamar luego de modificarse la zonificación del distrito donde está localizada su propiedad. De hecho, según se desprende del expediente, en varias ocasiones A.R.Pe. notificó al Sr. Cardona que operaba su negocio en contravención de la nueva zonificación establecida por el Reglamento de Zonificación Especial de Santurce desde 1993. En la See. 3.2 del Reglamento de Zonificación Especial de Santurce se establece que a partir de la fecha de su vigencia “se requerirá la expedición por [A.R.Pe.] de un permiso de uso para ocupar o usar cualquier propiedad, estructura o terrenos”. 23 R.P.R. see. 650.1649(2). La referida reglamentación establece, además, que la agencia sólo podrá expedir permisos de uso cuando la propiedad o el uso que se le quiera dar esté en armonía y conformidad con las disposiciones del reglamento. 23 R.P.R. see. 650.1649(4).

Al igual que concluyó el Tribunal de Apelaciones, entendemos que las resoluciones emitidas tanto por A.R.Pe. como por J.A.C.L. carecen de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho que justifiquen la concesión del permiso solicitado, considerando que el mismo procedía una vez se autorizara adecuadamente una variación a las disposiciones. Lo anterior es contrario a la normativa desarrollada por este Tribunal, que establece que la concesión o denegación de variaciones tiene que estar debidamente justificada en la resolución que emita la agencia correspondiente. Vélez v. A.R.Pe., supra; López v. Junta Planificación, supra. Específicamente, hemos señalado que las determinaciones sobre variaciones de los requisitos establecidos por reglamentos de zonificación tienen que evidenciar que se analizaron y aplicaron los criterios establecidos jurisprudencialmente y por los reglamentos aplicables para concederlas. Lo anterior permitirá demostrar que existen circunstancias extraordinarias y meritorias que justifiquen la variación concedida. Fuertes v. A.R.P.E., supra.

Dado que la operación de la funeraria y, por consiguiente, la sala de embalsamar, no eran usos permitidos ministerialmente en el distrito donde ubica la propiedad, tanto A.R.Pe. como la J.A.C.L. tenían que analizar y aplicar los criterios establecidos por el Reglamento de Zonificación Especial de Santurce para la concesión de variaciones. 23 R.P.R. sec. 650.1915(a)-(H). Conforme a lo anterior, los organismos tenían que demostrar en sus resoluciones que consideraron, entre otros factores, si la concesión del permiso era compatible con los propósitos de la clasificación establecida por el reglamento y si la operación de la funeraria y su sala de embalsamar afectaban el contexto urbano donde ubica al igual que la seguridad y tranquilidad de los vecinos de la comunidad. No obstante lo anterior, los organismos meramente se limitaron a describir la situación particular de la propiedad y las acciones correctivas que realizó el Sr. Cardona para atender los reclamos de su vecina y, más aún, a transcribir las disposiciones sobre variaciones del reglamento de zonificación sin aplicarlo a la situación ante su consideración.

Indudablemente el lenguaje de las resoluciones de A.R.Pe. y de la J.A.C.L. no evidencia que estos organismos procedieron conforme a derecho. Tampoco encontramos en el expediente del caso de autos alguna evidencia que nos ponga en posición de concluir que en la autorización del permiso se cumplieron con los requisitos establecidos para la concesión de una variación. Sin lugar a dudas, las resoluciones de los organismos administrativos no son un modélo adecuado, mucho menos su lenguaje, de lo que debe ser una determinación debidamente fundamentada y conforme al ordenamiento que rige esta controversia.

La peticionaria, al igual que la Junta de Planificación en su comparecencia, nos invita a concluir que la expedición del permiso que realizó A.R.Pe. fue conforme a derecho, ya que se trataba de una autorización de un uso accesorio al de la funeraria. Fundamentan su alegación en el hecho de que la funeraria operaba desde 1992, antes de rezonificarse la propiedad, con un permiso válidamente ex-pedido por A.R.Pe. La Junta de Planificación argumenta, además, que determinar lo contrario, al igual que lo hizo el Tribunal de Apelaciones, sería poner en riesgo la utilización del uso accesorio como mecanismo flexible, ya que se le impartiría requisitos estrictos como si se tratara de una solicitud de variación de uso. Entendemos que no le asiste la razón a las referidas agencias administrativas. Más aún, sus alegaciones no deben servir como justificación para sancionar el proceder inadecuado de A.R.Pe. y de la J.A.C.L.

El lenguaje de la disposición del reglamento que per-mite la concesión de permisos de usos accesorios es claro al disponer que se considerarán como tales aquellos que sean incidentales a un uso principal permitido en el distrito por el Reglamento de Zonificación Especial de Santurce. 23 R.P.R. sec. 650.1899(A)(l)-(5). Ante la inexistencia de un uso principal permitido, o sea, el de servicios fúnebres, no se podía conceder un permiso de uso accesorio determinando que ya la funeraria tenía un permiso de uso válido desde 1992.

A la luz de la reglamentación aplicable a la controversia de autos, convenía considerar primero si procedía concederse una variación, ya que el reglamento, como se le informó en varias ocasiones al Sr. Cardona, no permite la operación de una funeraria en una propiedad clasificada ZU-G2. En otras palabras, no se podía hablar de usos accesorios sin que antes existiera un uso principal permitido en el distrito por el reglamento de zonificación. O sea, el permiso de uso concedido por A.R.Pe. en 1992 era ya inconsecuente, puesto que en 1993 se aprobó un reglamento de zonificación que impedía la operación de este tipo de negocios en el distrito donde está ubicado. Ante lo anterior, A.R.Pe. tenía que determinar adecuadamente, analizando y aplicando los criterios correspondientes, si procedía autorizar la operación de la funeraria en el distrito donde sita, mediante el mecanismo de variación, y posteriormente si procedía la concesión de un permiso de uso accesorio para operar la sala de embalsamar en el sótano de su propiedad.

Habida cuenta de que tanto A.R.Pe. como la J.A.C.L. autorizaron la operación de una funeraria y de su sala de embalsamar, mediante el mecanismo de variación, sin justificar tal proceder en sus respetivas resoluciones, es evidente que ambos organismos actuaron incorrectamente al expedir el permiso solicitado por el Sr. Cardona. Por lo anterior, procede confirmar la determinación del Tribunal de Apelaciones, y por tal motivo a A.R.Pe. para que revise su determinación y proceda a autorizar o denegar la expedición del permiso solicitado por el Sr. Cardona conforme corresponde.

       El reglamento fue revisado el 17 de mayo de 2003. Las secciones pertinentes a la controversia no sufrieron enmiendas.

       Resolución de 3 de julio de 2003 de la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, Apéndice 4 de la Petición de certiorari, págs. 57-63.

       La funeraria había operado con permisos de uso provisionales de la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) hasta 1991, cuando se le denegó la operación de uso. En desacuerdo con lo anterior, el Sr. Cardona apeló esta determinación ante la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones (J.A.C.L.), la cual luego de celebrar la vista pública correspondiente, emitió su resolución el 14 de febrero de 1992, autorizando la operación permanente de la funeraria. Posteriormente, el 28 de agosto de 1992 A.R.Pe. emitió el permiso de uso Núm. 80-18-D-282-SPP, autorizando la operación permanente de la funeraria, conforme a lo determinado por la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones. Véanse: Apéndice 4 de la Petición de certiorari, pág. 66; Resolución de la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, Apéndice 4 de la Petición de certiorari, pág. 58. Véase, además, el Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados, Apéndice 4 de la Petición de certiorari, pág. 113.

       Apéndice 4 de la Petición certiorari, pág. 64.

       íd., pág. 65.

       íd., pág. 67.

       Reglamento Sanitario Núm. 136 de 25 de diciembre de 1996, según enmendado.

       Solicitud Núm. B-98-18-F-417-SPU presentada ante A.R.Pe.

       El acuerdo de A.R.Pe. expresó:
      “AUTORIZA, para operar un(a) Funeraria Y Sala de [E]mbalsamar ... a tenor con las disposiciones del Capítulo 35 del Reglamento de Zonificación Especial de Santurce [sobre variaciones], considerando que el uso solicitado (Sala para Embalsamar) puede considerarse accesorio a la Funeraria la cual cuenta con permiso de

        uso ...” (Énfasis suplido.) Resolución de A.R.Pe., Apéndice 4 de la Petición de certiorari, pág. 98.
      Además, se expresó que ‘la autorización señalada, mediante el mecanismo de VARIACION, es única y exclusivamente para el uso solicitado”. íd.

       Específicamente, A.R.Pe. consignó, como determinaciones de hechos en la resolución emitida para autorizar el uso solicitado, lo siguiente:
      “El solar donde se propone el uso tiene una cabida de 532.55 metros cuadrados. La estructura a ser utilizada para el uso propuesto es de una planta y sótano en hormigón y bloques, que ocupa un área aproximada de 30' 0" x 50'0.
      “Al momento de estudio la parte proponente somete la copia de la lisencia (sic) sanitaria de la funeraria y copia del permiso de uso con que opera la misma. Esta solicitud se hace con el objeto de incluir a la funeraria una sala para embalsamar e incluir el uso en la segunda planta.” Informe sobre Acuerdo Adoptado por el Director del Centro de Servicios de San Juan, Apéndice 4 de la Petición de certiorari, pág. 96.

       La inspección ocular de la estructura donde opera la funeraria y la sala de embalsamar se celebró el 8 de marzo de 2001. Véase la Minuta de la inspección ocular, Apéndice 4 de la Petición de certiorari, pág. 120.

       Resolución de J.A.C.L., Apéndice 4 de la Petición de certiorari, pág. 61.

       Moción en Cumplimiento de Resolución, presentada por la J.A.C.L., Apéndice 9 de la Petición de certiorari, pág. 155; Alegato presentado por A.R.Pe. ante el Tribunal de Apelaciones, Apéndice 11 de la Petición de certiorari, pág. 172.

       La Sec. 1.7 del reglamento establece lo siguiente:
      “Las disposiciones de este Reglamento prevalecerán sobre y quedarán complementadas por las disposiciones de cualquier otro reglamento en vigor adoptado por la Junta de Planificación que sea de aplicación para la zona específica que ubique la propiedad, hasta donde éstas no fueran incompatibles con la materia específicamente cubierta por este Reglamento. Sus disposiciones se complementarán e interpretarán a la luz de los objetivos de este Reglamento, de las políticas públicas y de los planes sobre usos de terrenos adoptados por la Junta.” 23 R.P.R. see. 650.1875.

       Debe quedar claro que con nuestras expresiones no adjudicamos si la operación de la sala de embalsamar representa o no un uso accesorio al de la funeraria. Esta determinación le corresponde, en su momento y conforme a lo establecido por los reglamentos aplicables, a las agencias administrativas con facultad para resolver así.


author: per curiam:

text:
      In re Luis A. Toro Goyco.

      Número: CP-2004-4

      Resuelto: 2 de marzo de 2007

      Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, Héctor Clemente Delgado, procurador general auxiliar, Mariana Negrón Vargas, subprocuradora general, y Keneth Pamias Velázquez, subprocurador general; Ygrí Rivera de Martínez, comisionada especial; César A. Hernández Colón y Mariano Vidal Sáenz, del bufete Hernández Colón & Vidal, abogados del querellado; Luis Toro Goyco, pro se.
   per curiam:

El abogado Luis A. Toro Goyco fue admitido a la práctica de la abogacía el 7 de junio de 1967 y juramentó como notario el 5 de febrero de 1970. Tras una investigación efectuada por el Departamento de Hacienda, se le notificó al querellado deficiencias en sus planillas de contribución sobre ingresos para 1988, 1989 y 1990. A raíz de ello, contra Toro Goyco se presentaron denuncias, por delito grave, por alegada violación a la Sec. 425(b)(1) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de Puerto Rico de 1954.

El 19 de mayo de 1994, y como consecuencia de una alegación preacordada, Toro Goyco se declaró culpable de tres cargos —todos menos grave— por violación a la entonces vigente Sec. 145(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de Puerto Rico de 1954. Además, se le requirió el pago de $350,000 en concepto de contribuciones adeudadas y no pagadas en relación con los antes mencionados años contributivos. Señalado el caso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el querellado fue condenado al pago de $300 de multa por cada cargo. Toro Goyco cumplió con todas las sanciones impuestas, incluso el pago adeudado por contribuciones.

El 23 de octubre de 1995, el Procurador General de Puerto Rico presentó un informe ante este Tribunal en el cual hizo referencia a los hechos antes relatados. Adujo que las actuaciones de Toro Goyco constituían delitos que implicaban depravación moral y conllevaban la suspensión o destitution de la profesión de la abogacía y la notaría. También adujo que la conducta de Toro Goyco contravenía lo dispuesto en el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX (Canon 38).

El 4 de marzo de 1996, Toro Goyco sometió su contestación al informe presentado por el Procurador General. No obstante admitir los hechos correspondientes a su convicción, negó haber incurrido en un patrón de conducta constitutiva de depravación moral o de haber menospreciado la ley y las buenas normas de conducta profesional.

El 20 de abril de 2004, luego de examinar tanto el informe del Procurador General como la contestation de Toro Goyco, instruimos al Procurador General para que presentara la correspondiente querella. El 29 de junio de 2004, el Procurador General presentó la querella contra Toro Goyco. En ella se formularon dos cargos contra el querellado.

En el primer cargo se aduce que las deficiencias contributivas en que Toro Goyco incurrió constituyen conducta revestida de depravación moral. En el segundo cargo se sostiene que Toro Goyco violó el Canon 38 por incurrir en conducta impropia y fraudulenta, lesionando así el honor y la dignidad de la profesión legal. En su contestación a la querella, Toro Goyco reiteró que el delito por el cual hizo alegación de culpabilidad era menos grave, que no implica depravación moral. Sostuvo, además, que no incurrió en conducta impropia de acuerdo con el Canon 38.

Examinada la querella presentada por el Procurador General y la contestación de Toro Goyco, designamos una Comisionada Especial para que recibiera prueba y rindiera un informe con las correspondientes determinaciones de hecho y recomendaciones. Habiéndose rendido el informe, resolvemos.

I

Reiteradamente hemos establecido que este Tribunal tiene poder inherente para regular la profesión y disciplinar a sus miembros. En lo pertinente, la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735), establece:

El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral {malpractice), delito grave {felony) o delito menos grave {misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La persona que siendo abogado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión. A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada al Tribunal Supremo, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden del Tribunal, del registro de abogados. Al ser revocada dicha sentencia, o mediante el perdón del Presidente de los Estados Unidos o del Gobernador de Puerto Rico, el Tribunal Supremo estará facultadla] para dejar sin efecto o modificar la orden de suspensión. (Enfasis suplido.)

La referida ley establece las instancias que ameritan la separación de la profesión de un abogado. Vemos que no sólo la comisión de un delito grave o menos grave en conexión con la profesión acarrea la separación de la abogacía, sino también cualquier delito que conlleve depravación moral.

Este Tribunal ha tenido la oportunidad de interpretar en diversas ocasiones qué conducta constituye depravación moral. La primera vez que definimos el término “depravación moral” fue en Morales Merced v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 423, 430 (1966), donde establecimos que

[l]a depravación moral, tratándose de abogados, consiste ... en hacer algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral, como el delito de extorsión o el de defalco. En Jordan v. De George, 341 U.S. 223, 229 (1951), se resolvió que todo delito en que el fraude era un ingrediente básico siempre se había considerado que implicaba torpeza moral. ... En general la consideramos como un estado o condición del individuo, compuesto por una deficiencia inherente de su sentido de la moral y la rectitud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en sus consecuencias. (Enfasis suplido.) Véanse, también: In re Vega Morales, 167 D.P.R. 331 (2006); In re Piñero Martínez, 161 D.P.R. 293 (2004); In re León Sánchez, 159 D.P.R. 889 (2003); In re Calderón Nieves, 157 D.P.R. 299 (2002); In re García Quintero, 138 D.P.R. 669 (1995).

Por otro lado, el Canon 38 dispone que un abogado debe exaltar su profesión y “evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. Por ende, los abogados tienen la obligación de preservar el honor y la dignidad de su profesión. El deber de comportarse conforme al Canon 38 aplica tanto dentro como fuera de la profesión. En otras palabras, un abogado que actúe de manera impropia no podrá justificar su conducta aduciendo que no se relaciona con la profesión de la abogacía. Siempre que la actuación del abogado afecte su condición moral, este Tribunal podrá sancionarlo. Véanse: In re Deynes Soto, 164 D.P.R. 327 (2005); In re Peña Peña, 153 D.P.R. 642 (2001); In re Astacio Caraballo, 149 D.P.R. 790 (1999); In re Belk, Serapión, 148 D.P.R. 685 (1999); In re Martínez, Odell I, 148 D.P.R. 49 (1999); In re Ramírez Ferrer, 147 D.P.R. 607 (1999); In re Rivera Cintrón, 114 D.P.R. 481, 491 (1983); Colegio de Abogados de P.R. v. Barney, 109 D.P.R. 845 (1980).

II

Nos toca resolver si las actuaciones de Toro Goyco constituyeron depravación moral y conducta impropia. Tras una alegación preacordada con el Ministerio Público, el querellado se declaró culpable y fue convicto de tres cargos por infracción a la entonces vigente Sec. 145(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954. Como parte de la alegación preacordada, acordó con el Departamento de Hacienda pagar $350,000, suma que satisfizo.

Toro Goyco sostiene que, contrario a In re Rivera Cintrón, ante, e In re Calderón Nieves, ante, en donde se suspendió indefinidamente a los abogados por no haber rendido planillas, su caso no es de delito grave que implique depravación moral. El querellado enfatiza que el delito por el cual fue convicto era menos grave. Explica que el ratio decidendi en In re Rivera Cintrón, ante, y en In re Calderón Nieves, ante, estribó en que el delito era grave y, por ende, “reflejan circunstancias distintas y mucho más serias”. Objeciones al Informe de la Comisionada Especial, pág. 4. No estamos de acuerdo.

El ratio decidendi en In re Rivera Cintrón, ante, y en In re Calderón Nieves, ante, no aluden al grado del delito como razón para concluir si existe, o no, depravación moral como argumenta el querellado. Más bien, el razonamiento esbozado en los casos enfoca la naturaleza deshonesta e implicaciones morales del delito. Por ejemplo, en In re Calderón Nieves, ante, expusimos lo siguiente:

Estimamos que el delito grave de no presentar las planillas de contribución sobre ingresos denota “depravación moral”. Así lo resolvimos en In re Rivera Cintrón, ante. Este delito claramente demuestra una deficiencia inherente del sentido de la moral y la rectitud de parte de la persona que así actúa', esto es, conlleva de parte de la persona la intención de hacer algo contrario a la honradez, los buenos principios y la moral, actuación que ciertamente es fraudulenta. (Entasis suplido.)

Como podemos notar, la alusión a que el delito era grave se hizo como cuestión de hecho. Lo importante es que de la cita se desprende que el análisis de lo que comprende depravación moral está basado en la intención del actor y en la naturaleza engañosa de la acción.

En In re Vega Morales, ante, resolvimos unos hechos diferentes, pero relacionados a lo que constituye depravación moral. En lo pertinente, Vega Morales fue convicta del delito menos grave de tentativa de apropiación ilegal, el cual conllevó multa de $200. Ella, al igual que Toro Goyco, alegó que su conducta no constituía depravación moral. No obstante, Vega Morales fue separada indefinidamente de la profesión. En ese caso, nuestros fundamentos fueron similares a los esbozados en In re Rivera Cintrón, ante, y en In re Calderón Nieves, ante, en cuanto a lo que implica depravación moral, sin importar la distinción entre delito grave o menos grave. Este Tribunal sostuvo que su “actuación denota un comportamiento contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios y la moral. ... Su conducta tampoco fue sincera y honrada!;] demuestra claramente falta de honestidad de la licenciada Vega Morales”. In re Vega Morales, ante.

No hay duda que el querellado fue convicto en tres cargos por delitos menos grave. Tampoco hay duda de que, en esencia, dicho delito comprende falta de honestidad y conducta contraria a la honradez, cuestión medular al concluir si existe depravación moral en la conducta del abogado. Toro Goyco, a sabiendas, dejo de someter información en su planilla de contribución sobre ingresos por tres años consecutivos, acción que ciertamente revela conducta contraria a la honradez, los buenos principios y la moral. Dichas actuaciones violan la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, ante, como también el Canon 38 de Etica Profesional.

III

Por los fundamentos antes expuestos, procede ordenar la separación inmediata e indefinida de Luis A. Toro Goyco del ejercicio de la abogacía y de la notaría en Puerto Rico.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez se inhibió. Los Señores Jueces y Señoras Juezas que intervinieron lo hacen por Regla de Necesidad.

       Dicha ley, ahora derogada, establecía:
      “... Cualquier persona que voluntariamente hiciere y suscribiere cualquier planilla declaración u otro documento que contuviere, o estuviere autenticada mediante, una declaración escrita al efecto de que se rinde bajo las penalidades de peijurio, la cual planilla o declaración o el cual documento ella no creyere ser ciertos y correctos en cuanto a todo hecho pertinente, será culpable de delito grave y castigada con multa no mayor de $2,000 [o] reclusión por no más de 5 años en la institución penal que designe el Secretario de Justicia, o ambas penas.” 13 L.P.R.A. sec. 3424 (ed. 1976).

       En lo pertinente, dicha sección disponía:
      “(a) Omisión de Depositar Contribueiones Deducidas y Retenidas.-—Cualquier persona que, en violación a lo dispuesto en la sec. 3421A de este título, dejare de depositar cualquier contribución en la forma y fecha allí prescritas, será informada por el Secretario de tal omisión mediante notificación escrita enviada por correo certificado con acuse de recibo o entregada personalmente a dicha persona, quien deberá cobrar aquellas contribuciones impuestas por la see. 3141 de este título que son exigibles después de la entrega de tal notificación y depositar las mismas, no más tarde del quinto día laborable después de la fecha en que se cobre dicha contribución, en las Colecturías de Rentas Internas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el Negociado de Contribución sobre Ingresos del Departamento de Hacienda o en cualquiera de las instituciones bancarias designadas como depositarías de fondos públicos y que hayan sido autorizadas por el Secretario a recibir tal contribución, según provee en la sec. 3421B de este título. En el caso de una corporación, sociedad o fideicomiso, una notificación por correo certificado con acuse de recibo o entregada personalmente a un oficial, socio o fiduciario de tales organizaciones será considerada, para fines de esta sección, como si fuera entregada a la corporación, sociedad o fideicomiso.
      “(b) Penalidad.—Cualquier persona que, habiendo recibido una notificación del Secretario según se provee en el apartado (a), dejare de cumplir con los requisitos de dicho apartado, en adición a otras penalidades provistas por ley, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será castigada con multa no mayor de $5,000 [o] reclusión por no más de 1 año, o ambas penas, a discreción del tribunal.” 13 L.P.R.A. sec. 3145A (ed. 1976).

       En lo pertinente, el Canon 38 dispone:
      “El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. ...
      “Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse de forma digna y honorable.”


text:
      In re Juan G. Colón Rivera.

      Números: AB-2005-024 AB-2006-295

      Resueltos: 6 de marzo de 2007

      Daphne M. Cordero Guilloty y Miriam Soto Contreras, procuradoras generales auxiliares, Maite D. Oronoz Rodríguez y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradoras generales.
   per curiam:

El Procurador General de Puerto Rico, mediante un informe de 27 de octubre de 2006, nos indicó que —con el propósito de lograr que el abogado Juan G. Colón Rivera respondiera a sus requerimientos respecto a una queja referida a su oficina por este Tribunal— había realizado diversas gestiones que resultaron infructuosas. En vista a ello, mediante Resolución de 8 de noviembre de 2006, este Tribunal le concedió a Colón Rivera el término de diez días para que mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado. Se apercibió a Colón Rivera que incumplir con la referida Resolución podía conllevar la imposición de severas sanciones, “incluyendo la suspensión al ejercicio de la profesión”. Un alguacil de este Tribunal le notificó personalmente dicha Resolución a Colón Rivera el 5 de diciembre de 2006. A pesar del tiempo transcurrido, Colón Rivera no ha comparecido.

Mediante Resolución de 15 de noviembre de 2006 concedimos a Colón Rivera el término diez días para que compareciera ante este Tribunal a mostrar causa por la cual no debía ser disciplinado, en esta ocasión, por no responder a los requerimientos del Colegio de Abogados de Puerto Rico con relación a una queja presentada contra él ante dicha institución. Se le apercibió de que el incumplimiento con esta Resolución podría conllevar “la suspensión al ejercicio de la profesión”. Igualmente, la referida Resolución fue notificada personalmente a Colón Rivera por un alguacil de este Tribunal el 5 de diciembre de 2006. No ha comparecido.

Consolidamos ambos casos. Resolvemos, sin ulterior trámite, la cuestión planteada.

I

Reiteradamente hemos expresado que uno de los compromisos que asume cada uno de los abogados que presta juramento ante este Tribunal está relacionado con la facultad inherente de este Foro de reglamentar el ejercicio de la abogacía. Se trata del deber de todo abogado de atender y cumplir con los requerimientos y con las órdenes de este Tribunal. Sobre este particular, hemos sido enfáticos al señalar que la naturaleza y práctica de la abogacía requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente en la esfera de la conducta profesional.

Asimismo, hemos expresado que el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz —con el propósito de lograr la más completa confianza y apoyo de la ciudadanía— se extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas, sino a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal. Véase In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128 (1997). A tono con lo anterior, he-mos señalado que, independientemente de los méritos de las quejas presentadas en contra de un abogado, éste tiene la obligación ineludible de responder prontamente a nuestros requerimientos. In re Rodríguez Mena, 126 D.P.R. 205 (1990).

Debe mantenerse presente que la desatención a las órdenes de este Tribunal constituye una violación al Canon 9 del Código de Etica Profesional, en lo relativo a la exigencia de respeto hacia los tribunales. In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992). Demás está decir que en estas situaciones, de renuencia a cumplir con nuestras órdenes, procede la suspensión temporal o indefinida del ejercicio de la abogacía. Véanse: In re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39 (1998); In re González Albarrán, 139 D.P.R. 543 (1995); In re Serrano Mangual, 139 D.P.R. 602 (1995); In re Bonaparte Rosaly, 131 D.P.R. 908 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991).

II

De todo lo antes expuesto, resulta obvio, no sólo que Juan G. Colón Rivera no interesa seguir ejerciendo la honrosa profesión de abogado en nuestra jurisdicción, sino que procede que decretemos la separación inmediata e indefinida de éste del ejercicio de la profesión hasta tanto comparezca y este Tribunal determine, a base de su comparecencia, si resulta meritoria su reinstalación.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.


text:
    Corporación del Fondo del Seguro del Estado, peticionaria, v. Unión de Médicos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, recurrida.

      Número: AC-2005-55

      Resuelto: 6 de marzo de 2009

      José A. Oliveras González, abogado de la parte peticionaria; Jaime Enrique Cruz Alvarez, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Dentón

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si la Corporación del Fondo de Seguro del Estado (Fondo) actuó correctamente al car-gar a la licencia por vacaciones de los médicos unionados aquellos días que la Gobernadora de Puerto Rico concedió como días libres con cargo a vacaciones.

I

El Administrador del Fondo y la Unión de Médicos de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado (Unión) suscribieron el Convenio Colectivo (Convenio) con vigencia desde el 1 de julio de 2002 hasta el 30 de junio de 2006. En el Art. 20 de dicho convenio, las partes acordaron cuáles serían los días feriados sin pérdida de paga. Además, se estableció que se considerarían como días feriados sin pérdida de paga y sin cargo a ninguna licencia aquellos días que fueran “declarados como tales” por Proclama u Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico o del Presidente de Estados Unidos, o por ley.

Por otra parte, el Art. 10 del Convenio creó un Comité de Querellas para atender las disputas entre las partes y resolver las controversias sobre la interpretación y la aplicación del Convenio. A tales efectos, se estableció que el Comité de Querellas rendiría un laudo por escrito y que decidiría todas las cuestiones planteadas en la controversia conforme a Derecho.

Durante la vigencia del Convenio, la Gobernadora, Hon. Sila María Calderón, concedió varios días de trabajo como días libres. Específicamente, mediante Proclama concedió los días 24 de octubre de 2003, 28 de noviembre de 2003, y 2 y 5 de enero de 2004 como días libres con cargo a vacaciones. Por otro lado, la Gobernadora concedió como días feriados sin cargo a la licencia de vacaciones los días 26 de diciembre de 2004 y 11 de junio de 2004, según señalado por el Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, mediante Orden Ejecutiva.

Por esto, se emitieron varios memorandos en los que se le comunicó al personal gubernamental la concesión de los mencionados días libres, indicando cuáles se concederían con cargo a la licencia de vacaciones y cuáles no. Por otra parte, el Fondo descontó de la licencia de vacaciones los días 24 de octubre de 2003, 28 de noviembre de 2003, y 2 y 5 de enero de 2004.

Durante el 2004, la Unión presentó al Comité de Querellas varias quejas en las que alegó que el acto del Fondo de descontar esos días de la licencia de vacaciones era contrario a lo acordado en el Convenio. Por su parte, el Fondo alegó que cargó esos días a la licencia de vacaciones por ciertos señalamientos que hizo el Contralor de Puerto Rico (Contralor). En lo pertinente, en el Informe de Auditoría CP-98-5 de 4 de marzo de 1998, sobre la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (Informe), el Contralor determinó que el acto de pagar a los empleados y funcionarios unos días que no han sido trabajados o cargados a la licencia de vacaciones constituye una regalía y, por ende, un desembolso de fondos públicos contrario a la ley.

Celebrada la vista de arbitraje, el Comité de Querellas determinó que el lenguaje del Art. 20 del Convenio era claro porque el Fondo se comprometió a no cargar a ninguna licencia los días concedidos como libres y que, por lo tanto, violó los términos del Convenio. Según decretó el Comité de Querellas, el acto de cargar a la licencia de vacaciones los días concedidos como libres fue contrario a la política pública laboral de que los convenios colectivos pueden conceder más beneficios de los establecidos por ley. Además, concluyó que, actuando de esa forma, el Fondo privó a los médicos de un derecho propietario; a saber, los días acumulados para las vacaciones, sin otorgarle la oportunidad de ser escuchados.

No conforme, el Fondo impugnó el laudo ante el Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro confirmó la decisión del Comité de Querellas por considerar que lo establecido en el Convenio era claro y no era contrario a la ley, a la moral o al orden público.

Confirmado el dictamen de instancia por el tribunal apelativo intermedio, el Fondo apeló ante nos. Acogimos el recurso como certiorari y acordamos expedir. Las partes han comparecido a exponer sus respectivas posiciones. Conforme a ello, resolvemos.

II

Debemos determinar si el Fondo podía cargar a la licencia por vacaciones aquellos días en que mediante Proclama de la Gobernadora de Puerto Rico se autorizó a los empleados a ausentarse del trabajo. Por considerar que el Fondo sí estaba facultado para hacerlo, revocamos. Veamos.

A. En Puerto Rico existe una vigorosa política pública a favor del arbitraje obrero-patronal. Se entiende que el arbitraje es el medio menos técnico, más flexible, menos oneroso y, por lo tanto, más apropiado para la resolución de las controversias que emanan de la relación laboral. Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 D.P.R. 986 (1993).

Ante un convenio de arbitraje, lo más prudente es la abstención judicial, aunque la intervención no esté vedada. U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 D.P.R. 133 (1994). De hecho, cuando se acuerda el uso del arbitraje como mecanismo para ajustar las controversias, se crea un foro sustituto a los tribunales de justicia, cuya interpretación merece gran deferencia. López v. Destilería Serrallés, 90 D.P.R. 245 (1964); J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 D.P.R. 318 (1988).

Por lo tanto, la revisión de los laudos de arbitraje se circunscribe a la determinación de la existencia de fraude, conducta impropia, falta del debido proceso de ley, violación a la política pública, falta de jurisdicción o que el laudo no resuelve todos los asuntos en controversia. Sin embargo, si las partes pactan que el laudo arbitral sea conforme a Derecho, los tribunales podrán corregir errores jurídicos en atención al derecho aplicable. En tal supuesto, la revisión judicial de los laudos de arbitraje es análoga a la revisión judicial de las decisiones administrativas. Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 D.P.R. 808 (1998); Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 D.P.R. 347 (1999); U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., supra.

En efecto, cuando un convenio colectivo dispone que los asuntos sometidos a arbitraje se resuelvan conforme a Derecho, el árbitro no puede ignorar las normas de Derecho sustantivo en el campo del derecho laboral y debe resolver las controversias de acuerdo con las doctrinas legales prevalecientes. Por oro lado, si el convenio de arbitraje nada dice en cuanto a esto, los árbitros pueden declarar cuál es la ley, haciendo caso omiso de las reglas de derecho sustantivo. Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604 (1979).

Ahora bien, como los convenios colectivos son contratos, se rigen por las disposiciones del Código Civil sobre los contratos, a no ser que la ley haya dispuesto otra cosa. Luce & Co. v. Junta Rel. Trabajo, 86 D.P.R. 425 (1962). Por eso les aplican las normas de interpretación contractual. En primer lugar, cuando los términos de un contrato son claros y no crean ambigüedades, estos se aplicarán en atención al sentido literal que tengan. Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3471.

Los términos de un contrato son claros cuando son suficientes en contenido para ser entendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas o controversias, sin diversidad de interpretaciones y sin necesitar, para su comprensión, razonamientos o demostraciones susceptibles de impugnación. Sucn. Ramírez v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 357 (1959).

Por tanto, si los términos de un contrato o de una cláusula contractual —como en el caso de una cláusula de un convenio colectivo— son suficientemente claros como para entender lo que se pacta, hay que atenerse al sentido literal de las palabras y, por ende, los tribunales no pueden entrar a dirimir sobre lo que las partes alegadamente intentaron pactar al momento de contratar. Luce & Co. v. Junta Rel. Trabajo, supra.

Por el contrario, cuando los términos no son claros o cuando las palabras dejan duda sobre la intención común de los otorgantes, se exige una labor interpretativa. En esos casos, para adjudicar la intención de las partes, el juzgador debe examinar todas las circunstancias concurrentes al otorgamiento del contrato, atendiendo principalmente los actos de los contratantes coetáneos y posteriores al contrato. Art. 1234 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3472; Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64 (1983).

También es regla general de hermenéutica contractual que cuando el texto es obscuro, su interpretación no deberá favorecer a la parte que la haya ocasionado. Art. 1240 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3478; Barreras v. Santana, 87 D.P.R. 227 (1963). Por ende, las ambigüedades en un contrato o en las cláusulas de un contrato serán interpretadas en contra de la parte que lo redactó. González v. Coop. Seguros de Vida de P.R., 117 D.P.R. 659 (1986).

Una vez se determina lo que las partes acordaron, el juzgador debe resolver las controversias entre las partes acorde a lo estipulado. En efecto, un convenio colectivo, como todo contrato, tiene fuerza de ley entre las partes y debe cumplirse con estricta rigurosidad. Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 2994.

Así, conforme al principio rector de pacta sunt servanda, las partes contratantes se obligan a todos los extremos de lo pactado, siempre y cuando las disposiciones pactadas estén conformes con la ley, la moral y el orden público. Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3372; Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118 (1963). Cuando una disposición contractual no está reñida con la ley, la moral o el orden público, se le debe dar aplicación integral a lo convenido. Si, por el contrario, una cláusula de un contrato contraviene la ley, la moral o el orden público, la cláusula carece de eficacia entre las partes y el juzgador no puede conferirle validez. Por consiguiente, si la decisión del juzgador está fundamentada en un convenio o cláusula contraria a la ley, la moral o el orden público, la cláusula es defectuosa y no es válida en la parte en que conflije con ello. Pagán v. Fund. Hosp. Dr. Pila, 114 D.P.R. 224 (1983); J.R.T. v. Vigilantes, Inc., 125 D.P.R. 581 (1990).

Específicamente, en el contexto de la contratación gubernamental, hemos dicho que la misma está revestida del más alto interés público en cuanto involucra el uso de bienes o de fondos públicos. Por eso deben aplicarse rigurosamente las normas sobre los contratos y el desembolso de esos fondos para proteger los intereses y el dinero del Pueblo. Principalmente, no se puede ignorar que todo organismo gubernamental está obligado a observar cabalmente la esencia de las disposiciones constitucionales porque los fondos públicos sólo pueden gastarse para fines públicos legítimos. Art. VI, Sec. 9, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; De Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255 (1999).

Visto el derecho aplicable, analicemos los hechos.

III

En el caso a quo nos corresponde evaluar si el Fondo podía cargar a la licencia por vacaciones de los médicos unionados los días que fueron concedidos como libres por la Gobernadora de Puerto Rico.

De entrada, debemos aclarar que las partes acordaron en el Convenio que el Comité de Querellas resolviera las controversias sobre la interpretación y la aplicación del Convenio conforme a Derecho. Por ende, el Comité de Querellas no podía ignorar las normas de derecho sustantivo vigentes aplicables a los convenios colectivos. Como los convenios colectivos se rigen por las normas sobre la contratación en general, lo estipulado constituye la ley entre las partes y se entenderá en su sentido literal, si es claro. Por otro lado, los términos ambiguos requieren una labor interpretativa por parte del juzgador conforme a las reglas de hermenéutica contractual.

Con ello en mente, pasemos a analizar lo que las partes estipularon con relación a los días concedidos como días libres. A tales efectos, el inciso (2) del Art. 20 del Convenio establece, en lo pertinente, lo siguiente:

Se considerarán, además, días feriados sin pérdida de paga, y sin cargo a ninguna licencia aquellos días o medios días u horas que por Proclama u Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico o del Presidente de los Estados Unidos, o por Ley (federal y/o estatal), fueran declarados como tales y se autoriza a los empleados a ausentarse del trabajo. (Enfasis suplido.) Apéndice, pág. 174.

De una simple lectura surge que el lenguaje utilizado por las partes no es completamente claro o, por lo menos, requiere cierto análisis. En particular, nos referimos a la expresión “declarados como tales”. Su redacción nos obliga a volver al principio de la oración para identificar a qué cosa se remite el pronombre utilizado. Haciendo un análisis literal del texto, parece que dicha expresión se refiere a los “días feriados sin pérdida de paga y sin cargo a ninguna licencia”. Parafraseando el texto de la cláusula, los días que sean declarados como “días feriados sin pérdida de paga y sin cargo a ninguna licencia” serán considerados como tales. Si fuera así, las partes se remitieron a la forma en que los días sean declarados por el Gobernador de Puerto Rico o el Presidente de Estados Unidos, o por ley. Sin embargo, no podemos excluir otra posible interpretación, ya que no estamos ante una cláusula que tiene un único sentido.

No obstante la evidente ambigüedad textual, el Comité de Querellas determinó que la cláusula mencionada no presentaba ningún problema de interpretación. Incluso, sostuvo que el lenguaje utilizado por las partes era diáfano y cristalino, y que se pactó que el Fondo no podía cargar absolutamente a ninguna licencia los días “declarados como libres”. Sin embargo, la cláusula no habla de días “declarados como libres”.

En lugar de buscar en el Convenio lo que las partes estipularon y atenerse a ello, el Comité de Querellas tergiversó el texto de la cláusula controvertida y, partiendo de la premisa de que era clara a favor de la Unión, determinó que la prueba testifical apoyaba lo estipulado. A tales efectos, es oportuno señalar que el Comité de Querellas indicó que normalmente los beneficios otorgados en los convenios colectivos superan los beneficios reconocidos por las leyes. Sin embargo, no analizó si en este caso, en efecto, fue así.

De esa forma, el Comité de Querellas ignoró las normas de hermenéutica contractual que le imponían el deber de atenerse al sentido literal de los términos del Convenio y, después, interpretar las ambigüedades más allá del mero sentido literal de las palabras. Como las partes pactaron que el laudo fuese conforme a Derecho, el Comité de Querellas no podía desatender estas normas interpretativas básicas. En vista de que en estos casos nuestra facultad se extiende para revisar, además, los méritos jurídicos de la decisión del árbitro, trataremos de corregir el error cometido, conforme a las reglas de hermenéutica aplicables.

Para ello, debemos señalar que la sección controvertida le sigue a otra, en la cual las partes estipulan un listado de los días que son “días feriados sin pérdida de paga” y que, de hecho, no se cargan a licencia alguna. Con la segunda sección —que está bajo nuestra consideración— las partes estipularon que se considerarían como si fueran “días feriados sin pérdida de paga” —aun cuando no son días feriados— determinados días, según sean declarados por Proclama u Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico o del Presidente de Estados Unidos, o por ley. Allí está lo determinante a nuestra controversia, en cuanto esa parte del Art. 20 del Convenio fue objeto de una negociación particular entre las partes, según surge de los alegatos y los documentos sometidos por las partes y que cons-tan en el expediente. Veamos.

En el convenio colectivo anterior, con vigencia desde el 1 de julio de 1999 hasta el 30 de junio de 2002, las partes habían pactado la segunda sección del Art. 20, en lo pertinente, de la forma siguiente:

Se considerarán, además, como si fueran días feriados sin pérdida de paga, aquellos días o medios días u horas que por Proclama u Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico o del Presidente de los Estados Unidos, o por Ley, fueran declarados en lo sucesivo días feriados a celebrarse en Puerto Rico y se autoriza a los empleados a ausentarse del trabajo, disponiéndose, además, que a los empleados que se encuentren en uso de licencia no se le hará cargo por el tiempo concedido libre por este concepto. Aquellos días que por ley fueran declarados en lo sucesivo, días feriados, a celebrarse en Puerto Rico, quedarán incluidos como parte de la lista anterior. (Enfasis suplido.) Apéndice del Alegato de la recurrida, pág. 40.

Así formulada, la cláusula claramente establecía que to-dos los días que fueran declarados como “días feriados” tenían que ser considerados como “días feriados sin pérdida de paga”. Por ende, no se hizo distinción entre los días declarados feriados con o sin cargo a licencia alguna. Además, las palabras utilizadas no crean duda de que para los contratantes había que considerar como días feriados sin pérdida de paga todos los días declarados como feriados en Puerto Rico por Proclama u Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico o del Presidente de Estados Unidos, o por ley.

Posteriormente, en la fase de negociación del Convenio, la Unión propuso la siguiente redacción del Art. 20:

Se considerarán, además, como si fueran días feriados sin pérdida de paga, y sin cargo a ninguna licencia aquellos días o medios días u horas que por Proclama u Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico o del Presidente de los Estados Unidos, o por Ley, fueran declarados en lo sucesivo días feriados a celebrarse en Puerto Rico y se autoriza a los empleados a ausentarse del trabajo; disponiéndose, además, que a los empleados que se encuentren en uso de licencia no se le hará cargo por el tiempo concedido libre por este concepto. Aquellos días que por ley fueran declarados en lo sucesivo, días feriados, a celebrarse en Puerto Rico, quedarán incluidos como parte de la lista anterior. (Enfasis suplido.) Apéndice del Alegato de la recurrida, pág. 183.

Por su parte, mediante propuesta de 16 de agosto de 2002, el Fondo propuso que la cláusula expresara lo siguiente:

Se considerarán, además, como si fueran días feriados sin pérdida de paga, aquellos días o medios días u horas que por Proclama u Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico o del Presidente de los Estados Unidos, o por Ley, fueran declarados en lo sucesivo días feriados sin cargo a vacaciones a celebrarse en Puerto Rico y se autoriza a los empleados a ausentarse del trabajo; disponiéndose, además, que a los empleados que se encuentren en uso de licencia no se le hará cargo por el tiempo concedido libre por este concepto. Aquellos días que por ley fueran declarados en lo sucesivo, días feriados, a celebrarse en Puerto Rico, quedarán incluidos como parte de la lista anterior. (Enfasis suplido.) Apéndice del Alegato de la recurrida, pág. 185.

Comparando las dos propuestas, surge que las partes se distanciaban en la forma en que fueran declarados los días por Proclama u Orden Ejecutiva del Gobernador o del Presidente de Estados Unidos o por Ley, para que fuesen considerados como si fueran “días feriados sin pérdida de paga”. En efecto, la Unión quería que todos los días, que fuesen declarados como feriados, fueran considerados “días feriados sin pérdida de paga y sin cargo a ninguna licencia”. Por otro lado, con su propuesta el Fondo restringía el trato de los días feriados sin pérdida de paga solamente a los días que fuesen declarados específicamente “días feriados sin cargo a vacaciones”.

Finalmente, la última propuesta de la Unión, de 18 de octubre de 2002, formulaba la cláusula de la forma siguiente:

Se considerarán, además, días feriados sin pérdida de paga, y sin cargo a ninguna licencia aquellos días o medios días u horas que por Proclama u Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico o del Presidente de los Estados Unidos, o por Ley (federal y/o estatal), fueran declarados como tales y se autoriza a los empleados a ausentarse del trabajo; disponiéndose, además, que a los médicos unionados que se encuentren en uso de licencia no se les hará cargo por el tiempo concedido libre por este concepto. (Énfasis suplido.) Apéndice del Alegato de la recurrida, pág. 190.

Así redactada por la Unión, el Fondo aceptó la cláusula y formó parte del convenio colectivo que nos ocupa. No obstante la imprecisión en la redacción y la ambigüedad de los términos utilizados, según examinamos previamente, cabe la interpretación literal que refiere la palabra “tales” a los “días feriados sin pérdida de paga y sin cargo a ninguna licencia”.

Esta interpretación es también la más acorde con las normas de hermenéutica según esbozadas. Veamos. Las propuestas que sometieron la Unión y el Fondo sobre el Art. 20 del Convenio se diferenciaban exactamente con relación a cómo tenían que ser declarados los días en la Proclama u Orden Ejecutiva del Gobernador o del Presidente de Estados Unidos, para que pudiesen ser considerados como días feriados sin pérdida de paga y no ser cargados a licencia alguna. Posteriormente, la Unión sometió otra propuesta; el Fondo la aceptó y, por lo tanto, quedó plasmada en el Convenio. Según las normas de interpretación aplicables, cuando una cláusula de un contrato no es clara, la ambigüedad debe ser interpretada en contra de la parte que la redactó.

Debemos concluir, por lo tanto, que las partes acordaron que, cuando por Proclama u Orden Ejecutiva del Gobernador o del Presidente de Estados Unidos se declare que un día será “feriado sin pérdida de paga y sin cargo a ninguna licencia”, entonces el Fondo no podrá cargar ese día a ninguna licencia. Por otra parte, si se declara que el día se cargue a alguna licencia, así deberá hacerlo el Fondo, pues no está contemplado en el Art. 20 que sea de otra forma.

En nuestro caso, la Gobernadora, Hon. Sila María Calderón, mediante Proclama concedió los días 24 de octubre de 2003, 28 de noviembre de 2003, 2 y 5 de enero de 2004 como días libres con cargo a vacaciones. Además, concedió como días feriados sin cargo a la licencia de vacaciones los días 26 de diciembre de 2004 y 11 de junio de 2004. Conforme al Convenio, el Fondo podía cargar a la licencia por vacaciones sólo los días 24 de octubre de 2003, 28 de noviembre de 2003, y 2 y 5 de enero de 2004. Esto fue lo que el Fondo hizo. Por lo tanto, no tiene razón la Unión en su reclamación.

Esta interpretación, además, es cónsona con la política pública establecida por la normativa constitucional de que los fondos del estado tienen que usarse para fines públicos. Al mismo tiempo, permite que el Fondo promueva la directriz que enunció el Contralor en el Informe para que el acto de pagar a los empleados y a los funcionarios unos días que no se han trabajado o cargado a la licencia de vacaciones, cuando dicho cargo haya sido decretado por el Gobernador de Puerto Rico, constituye una regalía y, por ende, un desembolso de fondos públicos contrario a la ley.

IV

En conclusión, aunque reconocemos el valor que tiene el arbitraje obrero-patronal y la deferencia que se le debe conceder a los laudos, entendemos que en este caso la decisión del Comité de Querellas se basó en un error de interpretación del convenio suscrito por las partes y, por ende, no debe prevalecer. En vista de que tenía que emitirse un laudo conforme a Derecho, el Comité de Querellas no podía ignorar las normas del derecho sustantivo vigente.

Por los fundamentos que preceden, procede revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, la del Tribunal de Primera Instancia y anular el laudo del Comité de Querellas.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.