author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Saunnion, Demandante y Apelado, v. Díaz, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gfuayama en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2241.
    Resuelto en junio 20, 1921.
    Obligaciones' — Ambigüedad—Error no Perjudicial. — Aunque sea errónea la re-solución de la corte inferior declarando sin lugar una excepción previa de ambigüedad, si la demandada contesta y reconoce que en el juicio quedó acla-rada la teoría de la demanda, es necesario concluir que el error no es de tal modo perjudicial que requiera la revocación de la sentencia.
    Evidencia Admisible — Poder de la Esposa al Esposo Ofrecido en Evidencia.— En un pleito contra la esposa no es errónea la admisión en evidencia de un poder otorgado por la demandada a su esposo, cuando tal apoderamiento es congruente con la demanda interpretada en el sentido de que la demandada había actuado en la transacción que dio origen al pleito por medio de su apoderado, independientemente de que éste fuera o no su esposo.
    Evidencia de Hechos no Relacionados oon la Transacción Origen del Pleito. — Una libreta cuyas anotaciones no guardan relación con la transac-ción origen del pleito sino con transacciones anteriores, no es admisible en evidencia.
    Testigos Hábiles. — Habiendo sido dirigida la reclamación judicial contra la de-mandada en su propia representación y no en su carácter de albaeea, admi-nistradora, heredera o representante legal de su esposo fenecido, la declara-ción del demandante sobre la celebración del contrato con el esposo y entrega del precio a éste, actuando en la transacción como apoderado de su esposa, es admisible en evidencia, por no ser aplicable a tal testimonio la prohibición a que se refiere la sección 3 de la Ley de 10 de marzo de 1904 relativa a tes-tigos hábiles.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. M. A. Martines Dávila y T. Bernardini.

    Abogados del apelado: Sres. J. G. Ramos y J. J. Aponte.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Maximino Saunnion entabló demanda en la Corte de Dis-trito de G-uayama contra María Esperanza Díaz viuda de Palés, en cobro de ochocientos dólares. La demandada ex-cepcionó la demanda y su excepción fué declarada sin lugar. Contestó. Fué el pleito a juicio y la corte lo resolvió en contra suya e interpuso entonces el presente recurso de apelación.

Señala la apelante la comisión de cinco errores que estu-diaremos por el orden, en que han sido presentados.

1. “La corte inferior cometió error al declarar sin lugar la excepción previa interpuesta por la demandada.” Sos-tuvo la demandada que la demanda era ambigua, inin-teligible y dudosa y su excepción fué declarada sin lugar. Hemos estudiado la demanda y a nuestro juicio tenía razón la demandada porque en ella no se establecía con toda cla-ridad la forma en qué y la persona con quién se había cele-brado el contrato origen de la reclamación, se dejaba en duda si el esposo de la demandada había actuado como tal o como un apoderado independiente y no se hacía constar con la de-bida certeza si los bienes que se vendieron al demandante eran privativos de la demandada o gananciales. Sin embargo, como la excepción fué declarada sin lugar y la demandada contestó, como examinada la contestación se observa que la demandada se preparó para cualquier interpretación que se diera a la demanda, y como la misma demandada reconoce que en el juicio quedó aclarada la teoría de la demanda, es necesario concluir que el error cometido no es de tal modo perjudicial que requiera la revocación de la sentencia dic-tada. Artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil.

2. “La corte inferior erró al admitir como prueba con la oposición de la demandada la escritura número 51 otorgada por la demandada.” Examinados los autos consta en efecto que la demandada se opuso a la admisión del documento que era un poder otorgado por lá demandada a su esposo Palés, pero no consta que tomara excepción a la resolución de la corte admitiendo como prueba el documento. Además la prueba era congruente con la demanda interpretada ésta en el sentido de que la demandada había actuado por medio de su apoderado Palés irrespectivamente de que fuera o no su esposo, y por tanto no se cometió error alguno al admitirla.

3. “La corte erró al no admitir como prueba una libreta donde anotaba sus cuentas el esposo de la demandada.” Esa libreta hacía referencia a una transacción celebrada un año antes a la que dió origen a este pleito, sin que guar-dara relación con ella, y en tal virtud no cometió la corte el error que se le atribuye al negarse a admitirla como prueba.

4 y 5. “La sentencia es contraria a la prueba y a dere-cho.” Así pueden resumirse los errores 4 y 5 que deben estudiarse conjuntamente.

La demandada estuvo casada con Rafael Palés. Le con-firió además un poder para vender sus bienes. Palés murió. Y se sostiene que Palés en vida, actuando como apoderado de la demandada, vendió al demandante unos bueyes viejos de la demandada por la suma de ochocientos dólares que el demandante entregó a Palés sin que Palés ni la demandada' llegaran a entregar al demandante los indicados bueyes. El contrato fné de palabra y los testigos principales son el pro-pio demandante que sostiene que lo celebró y que entregó el dinero a Palés, y Guillermo Garau que afirmó que había entregado al demandante los ochocientos dólares para la compra del ganado, y que luego, preguntó a Palés si los ha-bía recibido y éste le dijo que sí. Y sostiene el apelante que de acuerdo con la ley, tal como fué interpretada por esta Corte Suprema en el caso de Wilcox v. Axtmayer et al., 23 D. P. R. 343, las declaraciones del demandante y del testigo Garau en cuanto se referían a las manifestaciones de Palés, que había ya muerto cuando la demanda se interpuso, eran inadmisibles como prueba.

Hemos examinado las declaraciones del demandante y del testigo Garau y nada se objetó por la parte demandada cuando ellos se refirieron a las actuaciones y palabras del Sr. Palés en relación con el contrato de que se trata. La cuestión le-yantada se suscita por vez primera en esta corte de ape ladón.

Además aquí se demandó directamente a doña María Esperanza Díaz y no como albacea, administradora o tntora, heredera o representante legal de un finado, y es por tanto inaplicable la.sección 3 de la ley para prescribir quiénes son testigos hábiles de 10 de marzo de 1904, Leyes de. 1904, pá-gina 121. Véase lo que dice Cyc. en relación con este punto:

“El precepto del estatuto de que las partes y personas interesadas en la acción son testigos competentes, está limitado a una excepción que es tan general como la misma regla, pues en casi todos los Es-tados los estatutos fijan restricciones a la competencia de las partes y personas interesadas en acciones establecidas por los representantes sobrevivientes, o sucesores en título o de derecho de personas fallecidas o incapaces, o seguidos en contra de los mismos. Pero se ha resuelto que no podrá dársele mayor alcance a los términos de la excepción mediante interpretación judicial, ni será excluida ninguna declara-ción cuando el caso no esté claramente comprendido en los términos del estatuto.” 40 Cyc. 2260.

En cuanto al resultado general de la prueba, fué apre-ciado por el juez sentenciador así:

“La demandada María Esperanza Díaz estaba casada con don Rafael Palés Díaz. En 15 de septiembre de 1917 la demandada otorgó a favor de su esposo un poder general autorizándole entro otras cosas, a efectuar ventas, cobrar créditos, etc., referente a los bienes de dicha, demandada. Que en abril de 1918 el demandante Saunnion compró a don Rafael Palés Díaz 14 bueyes de los conocidos como de resaca y pertenecientes a la propiedad de doña Isolina Díaz, la cual administraba su esposo, por la suma de $800. Que en 7 de abril del mismo año y en una de las calles de Guayama, el deman-dante entregó al Sr. Palés Díaz los $800, objeto del contrato, que-dando convenido con el Sr. Palés que dichos bueyes le serían entre-gados. tan pronto terminara el cosecho; que en esos días y antes de que el demandante recibiese dichos bueyes, el Sr. Palés enfermó y murió, gestionando el demandante el cumplimiento del contrato o la devolución del dinero con la demandada, habiéndose ésta negado a efectuarlo.”

Hemos examinado toda la evidencia y a nuestro juicio no hay base suficiente para sostener que el juez errara al apre-ciarla en la forma indicada. Y habiendo llegado a esta con-clusión, claramente se impone la confirmación de la senten-cia porque de acuerdo con la ley siendo ciertos los hechos declarados probados está la demandada en la obligación de reintegrar al demandante la suma de ochocientos dólares, intereses legales a partir de la interposición de la demanda y las costas, tal como lo ordenó la corte de distrito en su sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

.Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la reso-lución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

license: Public Domain

text:
    Hernández, Demandante y Apelante, v. Porto Rico Railway, Light and Power Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2264.
    Resuelto en junio 20, 1921.
    Evidencia — Conocimiento Judicial de la Propiedad de un Servicio de Tre-nes. — La propiedad de un servicio urbano de carros eléctricos o una línea férrea de pasajeros y carga no es materia de conocimiento judicial.
    Daños y Perjuicios — Propiedad de los Carros Causantes del Daño — Prueba Insuficiente. — Para probar que los carros eléctricos que ocasionaron los daños pertenecían a la corporación demandada, no es suficiente una certifi-cación del Secretario de Puerto Rico ereditiva de que ésta apareee regis-trada en sus records como una corporación organizada bajo las leyes de Puerto Rico.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sr. J. J. Ortiz Alibrán, V. M. Fernández y Angel Arroyo.

    Abogados de la apelada: Sres. J. II. Brown y P. Amado Rivera.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Zoila Hernández demandó ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, a Porto Rico Railway, Light & Power Company, para que le pague cierta cantidad de dinero como indemnización por los daños y perjuicios que sufrió en el choque de dos carros eléctricos de los que hacen el servicio de conducir pasajeros entre esta ciudad de San Juan y Río Piedras, que alega son propiedad de la deman-dada y que fué causado por la culpa y negligencia de sus empleados.

La demandada hizo una negación general de todos los hechos de la demanda y en el juicio la demandante presentó prueba con respecto al choque de dichos carros eléctricos y de las contusiones que por él sufrió, pero con respecto a la propiedad y manejo de tales carros por la demandada no presentó otra prueba sino una ’certificación del Secretario de Puerto Rico según la cual la demandada está registrada en sus libros como corporación organizada bajo las leyes de Puerto Rico.

Al terminar su prueba la demandante la demandada soli-citó de la corte que con vista de la prueba que se había pre-sentado declarase sin lugar la demanda y así lo resolvió la corte inferior el 26 de marzo de 1919 fundándose en que no se había probado la propiedad por la demandada de dichos carros, que estuvieran bajo su manejo y dirección ni la exis-tencia de los daños, y el mismo día se registró sentencia de-clarando sin lugar la demanda con las costas a la demandante.

Contra esta sentencia interpuso la demandante este re-curso de apelación en el que alega como primer motivo para sostenerlo que la corte inferior cometió error al estimar que era necesario probar la propiedad de los carros eléctricos, siendo un hecho de conocimiento general y por tanto de co-nocimiento judicial.

Nuestra Ley de Evidencia en su artículo 36 establece en ocho apartados los casos en que los tribunales tomarán cono-cimiento judicial de determinados hechos pero en ninguno de ellos se dispone qne han de tomar conocimiento judicial de qne el servicio de carros eléctricos urbano o una línea férrea de pasajeros y carga pertenece a determinada persona, sociedad o corporación, pues de acuerdo con el párrafo 8 citado por el apelante aún cuando dentro de la disposición de que pueden tomar conocimiento judicial de las divisiones geográficas o historia política del mundo puede quizás com-prenderse que dentro de su jurisdicción existe determinada vía férrea o servicio de carros eléctricos no tiene tanto al-cance que podamos sostener que la corte sabe que pertene-cen a determinada persona o corporación y por tanto que la dueña de los carros eléctricos que existen entre San Juan y Eío Piedras es la corporación Porto Rico Railway, Light & Power Company y no otra distinta. Por nuestra parte no nos atrevemos a sostener como un hecho histórico de esta comunidad que es la demandada la dueña de esos carros.

De los casos citados por la apelante los que parecen tener alguna relación con la cuestión que estamos considerando son los de The Evansville and Crawfordsville contra Smith y contra Snapp, 65 Ind. 92 y 61 Ind. 303, respectivamente, pero los hemos examinado y no sostienen la contensión de la apelante porque en el primero se presentó prueba de que la demandada era dueña del ferrocarril y lo operaba y lo que se declaró fué que de esto pudo deducir la corte que la locomotora y los carros que causaron el daño eran de su propiedad, en ausencia de prueba en contrario; y en el otro caso los testigos de ambas partes declararon que los ani-males fueron muertos por el ferrocarril de la demandada, y aunque no hubo prueba positiva o directa sobre la propie-dad por la demandada parece que fué asumido y aceptado como un hecho que no necesitaba evidencia que el ferrocarril era de la demandada y que lo operaba. Los casos de Rei- senleiter v. United States Railways Company, 134 S. W. 11, y de Anderson v. Des Moines St. R. Co., 66 N. W. 64 citados por el apelado sostienen nuestra opinión.

En vista de la conclusión a que llegamos no es necesario considerar ahora si la corte erró al estimar que el carro que causó el accidente iba manejado por empleados de la de-mandada ni si probó la existencia de daños y perjuicios.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Nicolás Hernández & Cía., Demandante y Apelada, v. Standard Miling Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2446.
    Resuelto en junio 21, 1921.
    Desestimación de Apelación — Alegato Radicado Huera de Tiempo — Jurisdic-ción. — Habiendo en este caso justificado el apelante su dilación en presentar el alegato, el cual había sido radicado antes de la vista de la moción para desestimar la apelación, el Tribunal Supremo haciendo uso de su discreción, negó la desestimación solicitada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    . Abogados de la apelante: Sres. L. Muñoz Morales y L. Villaronga,

    Abogado de la apelada: Sr. José G. Torres.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita por la parte apelada la desestimación del re-curso por no haberse presentado en tiempo el alegato del apelante. De los autos resulta que la transcripción se ra-dicó el 26 de marzo último; que en 4 de abril siguiente se concedieron al apelante treinta días de prórroga para archi-var el alegato; que la prórroga venció sin qne .el alegato se archivara y entonces, en junio 13 actual, la apelada presentó su moción pidiendo la desestimación del recurso. Dos días después el alegato fué archivado y el 20 se celebró la vista de la moción con la sola asistencia de la apelante.

Basta exponer los anteriores hechos para concluir que el derecho a pedir la desestimación asistía claramente a la parte apelada. Rivera v. N. British and Merc. Ins. Co., 24 D. P. R. 900.

Ahora bien ¿ se trata de un derecho adquirido que este tribunal esté en la obligación de reconocer, cualesquiera que sean las circunstancias que concurran? A nuestro juicio la ' pregunta debe contestarse en la negativa. Una vez que la apelación se ha establecido en tiempo y forma, esta corte adquiere jurisdicción sobre el asunto y en el ejercicio de su discreción puede resolver todas las otras cuestiones que va-yan ocurriendo en la tramitación del recurso. Así la falta de la presentación del alegato en. tiempo puede dar y da por resultado generalmente, cuando el apelado ejercita en debida forma su derecho, la desestimación del recurso. Pero dicha falta no constituye una cuestión jurisdiccional, sino que la corte tiene discreción y, si las circunstancias lo justifican, puede dispensarla. Véase el caso de González v. Acha et al., 19 D. P.. R. 1208.

¿Qué ocurrió en el presente caso? Conocemos los hechos, pero el apelante presentó un affidavit del abogado Villaronga que dice, en- resumen, que el abogado del apelante lo era el Sr. Muñoz Morales quien estuvo lleno de ocupaciones ur-gentes e importantes en los días en que se vencía el término para la presentación del alegato por cuyo motivo encomendó al Sr. Villaronga que pidiera una prórroga; que Villaronga se retiró enfermo de la oficina y olvidó completamente cum-plir con el encargo; que transcurrieron sólo dos días entre la presentación de la moción de desestimación y el archivo del alegato y que cuando la vista de la moción se celebró ' ya el alegato estaba archivado. La parte apelada fué noti-ficada con copia del affidavit y nada fia objetado. Tampoco compareció a la vista de la moción.

A nuestro juicio los becbos expuestos justifican el ejer-cicio de nuestra facultad discrecional en pro del apelante. La tendencia de las cortes es a resolver los casos por sus méritos porque es así que hay mayores garantías de hacer justicia. Solo cuando se observa un verdadero abandono, deben desestimarse sin oirse las apelaciones, porque una gran parte de la justicia consiste en administrarla pronta-mente y no deben permitirse dilaciones injustificadas.

Por los motivos expuestos opinamos que debe declararse sin lugar la desestimación del recurso,- continuándose la tra-mitación del mismo de acuerdo con la ley y las reglas de esta corte.

Denegada la moción de desestimación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Grau, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por infracción al artículo 93 del Código Penal.
    No. 1647.
    Resuelto en junio 21, 1921.
    Empleados Públicos — Extralimitaoión de Facultades por Empleado Público— Artículo 93 del Código Penal. — El hecho de haber ordenado un Inspector de Sanidad el cierre de un establecimiento sin autoridad para ello, no es cons-titutivo del delito previsto y castigado en el artículo 93 del Código Penal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José R. Aponte.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Grau fué acusado y condenado por una infracción ' al artículo 93 del Código Penal. La acusación, en lo perti-nente, dice así:

“Que en Morovis, que forma parte del Distrito Judicial Municipal de Ciales del Distrito Judicial de Areeibo, P. R., el día 10 de mayo de 1920, entre 10 y 11 a. m., allí y entonces, el dicho Rafael Grau, voluntaria y criminalmente, siendo Inspector de Sanidad del Municipio de Morovis y valiéndose de dicho cargo y sin cumplir con los requisitos de la Ley de Sanidad sobre la materia y sin órdenes del Departamento Insular de Sanidad, procedió a.la clausura de un esta-blecimiento destinado a despalillado de tabaco, propiedad de Angel M. Quintero, violando así a sabiendas las disposiciones de la ley y 4 de los reglamentos de Sanidad referentes a la clausura de estableci-mientos. ’ ’

El artículo 93 del Código Penal es como sigue:

, “Toda persona que, ocupando un empleo público, obstinadamente rehusare o descuidare cumplir las obligaciones de dicho empleo, o que infringiere cualquiera disposición legal relativa a sus obligacio-nes o las de su cargo y para lo cual no se hubiese señalado otra pena, incurrirá en multa máxima de cinco mil (5,000) dollars, o cárcel por el término máximo de un año, o en ambas penas.”

Y la sentencia apelada dice:

“Y la corte, en este día, estando presente el acusado y en vista' de la prueba practicada, declara a dicho Rafael Grau, culpable de una infracción del artículo 93 del Código Penal, en su caso segundo, por haber infringido una disposición legal relativa a sus obligaciones, esto es, el Reglamento de Sanidad número 14, de 28 de enero de 1913, en sus artículos 1 y 28, y en su consecuencia condena a dicho acusado Rafael Grau, a la pena de treinta dollars de multa, y en defecto de dicho pago, a sufrir un día de cárcel, en la del distrito, por cada dollar de multa que dejare de satisfacer, y a pagar las costas de esta causa; y de acuerdo con lo que determina el artículo 24 de dicho Código Penal se dispone ademáá la separación de dicho Rafael Grau, del eargo.de Inspector de Sanidad del municipio de Morovis, que viene ejerciendo, debiendo comunicarse esta sentencia una vez sea firme, al Comisionado Municipal de.Sanidad de Morovis para su conocimiento.”

Forma parte de los autos una exposición del caso. Se-gún ella el testigo Angel María Quintero declaró, en resu-men, que era el dueño de un despalillado de tabaco; que en él estuvo el acusado y notando deficiencias sanitarias, le ordenó el cierre del establecimiento poniendo fuera un cartel que decía que quedaba cerrado, pero que como el testigo tenía tabaco mojado lo manifestó así al acusado y a la po-licía y no cerró el despalillado.

El doctor Ruiz Soler, Comisionado Insular de Sanidad, dijo que un Inspector Local de Sanidad no puede sin orden escrita del Departamento clausurar ningún edificio y que en este caso no dió tal orden.

El doctor Grau, Comisionado de Sanidad de Morovis, manifestó que Quintero tenía el despalillado abierto a virtud de un permiso provisional que el declarante le diera.

T el Policía Insular Gallardo dijo, entre otras cosas, lo que sigue:

“Estuve allí en el despalillado con motivo de haber salido una huelga de despalilladoras y estando en el despalillado, en la fábrica, llegó entonces el Inspector de Sanidad Sr. Grau y dijo que iba a ver las deficiencias del taller, y estuvo allí mirando las deficiencias que había, y entonces le dijo a Quintero las deficiencias que había, que quedaba cerrado el taller, y entonces Quintero dijo que se lo diera por escrito, y dijo, que se lo daría en el pueblo, porque en aquel momento carecía, no sé de qué cosa; y entonces Quintero dijo que no cerraba, que continuaba trabajando; y así sucedió, continuó trabajando y nos venimos para el pueblo.”

Resulta, pues, que el liecbo realizado por el acusado en su carácter de Inspector Local de Sanidad consiste en haber ordenado que se cerrara cierto establecimiento sin autoridad .para ello y sin que su orden fuera acatada ni cumplida.

¿Constituye esta actuación un verdadero delito previsto ■y castigado en el artículo 93 del Código Penal?

El inspector no rehusó obstinadamente ni descuidó el cumplimiento de las obligaciones de su cargo; pero se alega por el fiscal de esta Corte Suprema que infringió disposi-ciones legales relativas a su cargo y por tanto, que cometió el delito por el cual fué castigado. El fiscal se expresa así:

“Claro está que el artículo 93 hay que relacionarlo con .las atri-buciones que tenía en aquellos momentos el Inspector Local de Sa-nidad para ver si de este modo infringió alguna disposición legal relativa a su cargo, según dice el estatuto.”

Transcribe el fiscal el artículo 30 de la ley de 14 de marzo de 1912 para reorganizar el servicio de sanidad y los ar-tículos 1 y 21 del Reglamento de Sanidad No. 14 y continúa diciendo:

“De manera que de acuerdo, tanto con la ley como con el regla-mento que hemos citado, la única atribución u obligación del inspector de sanidad local era la de penetrar en el establecimiento de Quin-tero a los fines de determinar las deficiencias sanitarias del mismo, pero no aparece en ninguna parte de la ley ni del reglamento que tuviese atribución alguna para ordenar la clausura del estableci-miento como lo hizo en la fecha a que se refiere la denuncia, cosa que entendemos que era de perfecto conocimiento del inspector, ya que hay que presumir que conocía las obligaciones de su cargo.
“La única cuestión que podría arguirse en este caso es que el estatuto o artículo 93 se refiere a la infracción de cualquier disposi-ción legal relativa a sus obligaciones o las de su cargo, y toda vez que lo hecho por el Inspector de Sanidad en el presente caso era una extralimitación de sus funciones, atribuyéndose funciones de otro cargo distinto, claro está que a primera vista aparece como que no infringía disposición alguna de su cargo sino que más bien asumía otras que no le pertenecían, y por tanto no violaba el artículo 93 que se dice infringido. Pero a esto puede también arguirse en con-trario que toda vez que dicho funcionario tenía marcado el procedi-miento a seguir en el caso que nos ocupa, si se salía del mismo, del círculo de sus atribuciones, para tomarse otras de otro cargo distinto, cíaro está que infringía las disposiciones legales relativas al suyo, ya ‘que la extralimitaeión no puede entenderse de otro modo que como una violación de las atribuciones que por su cargo le encomendaba la ley.”

■ No carece de fundamento la argumentación del fiscal, pero a nuestro juicio no cabe admitirla como decisiva. Para com-prender el lieclio denunciado y probado dentro de los térmi-nos del artículo 93, se necesita forzarlo. Habría que apli-car por extensión la ley y tal procedimiento no debe seguirse en causas criminales, tanto más cuando se trata de precep-tos que, como el repetido artículo 93, según dijo esta misma corte en El Pueblo v. Rivera, 25 D. P. R. 612, 613, son tan amplios que quizás alguna violación literal de los mismos po podría ser castigada.

Ni las partes lian citado ni bemós podido encontrar noso-tros, precedentes del artículo 93, ni jurisprudencia aplicable.

Por virtud de lo expuesto, opinamos que debe revocarse la sentencia recurrida.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sil del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Arroyo, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por hurto menor.
    No. 1738.
    Resuelto en junio 21, 1921.
    Hurto — Intención de Privar al DueSio Permanentemente de la Cosa Hur-tada — Denuncia Suficiente. — Imputa suficientemente al acusado la intención criminal de privar permanentemente al dueño de la propiedad hurtada, nece-saria para que exista el delito de hurto, una denuncia en la cual se alega que el acusado “maliciosa, voluntaria e ilegalmente, y con intención criminal, sustrajo un torito de la propiedad de Manuel Surillo, color hosco, valorado en $75.00, el que vendió al Sr. Elias Coriano, en el Barrio Jáeanas, en la suma de $65.00, en cuenta de un negocio de un terreno.’’
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. L. Pereyó Quiñones, y en apelación G. Iriarte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sil del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia dice que el acusado “maliciosa, voluntaria e ilegalmente, y con intención criminal, sustrajo un torito de la propiedad de Manuel Surillo, color Rosco, valorado en $75, el que Atendió al Sr. Elias Coriano, en el Barrio Jácanas, en la suma de $65, en cuenta de un negocio de un terreno.”

El acusado fue juzgado y condenado primeramente en la Corte Municipal de Yabucoa. Apeló para ante la Corte de Distrito de Humacao y de nuevo fué juzgado y condenado, apelando entonces para ante este tribunal.

1. Sostiene el apelante que la denuncia no es suficiente porque en ella no se imputa al acusado la intención de privar al dueño de la cosa hurtada y cita en apoyo de su contención los casos de People v. Brown, 105 Cal. 66, y People v. Morino, 85 Cal. 515.

A nuestro juicio la denuncia es suficiente. Hurto, según el artículo 426 del Código Penal, es el acto de sustraer, con intención criminal, bienes muebles o semovientes, pertene-cientes .a otra persona.

La denuncia alega expresamente la intención criminal y ello es bastante, pero además la denuncia expresa que el to-rito de la propiedad de Manuel Surillo que con intención criminal sustrajo el acusado, éste lo vendió a Elias Corianó beclio del cual se deduce la permanencia de su intención criminal al sustraer la propiedad de que se trata.

En el caso de Brown invocado, la Corte Suprema de California se expresó en los siguientes términos:

“Con los anteriores hechos por base la corte instruyó al jurado como sigue: ‘No creo sea necesario deciros mucho en este caso. Puedo decir, generalmente, que yo creo que el abogado de la defensa aquí presente en su informe os ha expresado muy justamente los principios de derecho que gobiernan este caso, salvo en un particulwr. Al definir a Vds. el delito de hurto mayor, él dice que es esencial que la propiedad sea tomada criminalmente. Esto es cierto; el to-marla con la intención de privar a su dueño de ella; pero él añade la conclusión de que tenéis qne concluir que el que la tomaba tenía la intención de privarlo de ella permanentemente. No creo que la ley sea esa. Yo creo que en este caso, por ejemplo, si el demandado tomó esta bicicleta, digamos .que con el fin de correr en ella veinti-cinco millas, con el objeto de trasladarse a alguna parte, y entonces la abandonó para que otro la cogiera, y no tenía la intención de hacer otra cosa que trasladarse a cierta distancia, esto constituiría hurto, tanto como si su intención hubiera sido- tomarla para siempre. Un hombre puede tomar un caballo, por ejemplo, no con la intención de apropiárselo absoluta y permanentemente para su propio uso, sino para montarlo hasta cierta distancia, con determinado objeto, y* luego abandonarlo. Hasta esté punto se lo apropia para sus propios fines y uso criminalmente.’
“Esta instrucción es errónea, y exige una revocación de la sen-tencia. Si la declaración del muchacho es cierta, él no es culpable de hurto al tomar la máquina, sin embargo, bajo la instrucción de la corte, sus propias palabras lo hacían culpable. La corte dijo al jurado que el hurto puede cometerse aún cuando la intención del acusado fuera sólo el tomar .la propiedad para privar a su dueño de ella temporalmente. Creemos que las autoridades forman una cadena ininterrumpida al efecto de que la intención criminal debe ser de privar al dueño de la propiedad permanentemente. El ejemplo con-tenido en las instrucciones de un hombre que toma un caballo es muy amplio por sus términos para basar en él un principio correcto de derecho. Bajo las circunstancias presentadas por el ejemplo, el hombre podría y también podría no ser culpable de hurto. Sería una pura cuestión de hecho para el jurado, que dependería para su verdadera solución de todas las circunstancias que rodearan la tran-sacción. Pero la prueba legal que hay que aplicar a esas circunstan-cias con el fin de determinar el hecho final sobre la culpabilidad o inocencia del hombre es: j Tenía él la intención de- privar permanen-temente al dueño de su propiedad? Si esa no era su intención, no hay intención criminal, y sus actos sólo constituyen una invasión (trespass). Aunque la intención criminal de la parte que toma no ha de ser necesariamente la intención de apropiarse la propiedad para su uso 'personal, sin embargo en todos los casos debe ser la intención de privar a su dueño de la misma, absoluta y permanente-mente. Como casos que directa y cumplidamente sostienen este prin-cipio, citaremos: State v. Davis, 38 N. J. L. 176; 20 Am. Rep. 367; State v. Homes, 17 Mo. 379; 57 Am. Dec. 269, y nota 275; State v. South, 28 N. J. L. 28; 75 Am. Dec. 250; State v. Ryan, 12 Nev. 401; 28 Am. Rep. 802; State v. Slingerland, 19 Nev. 135; Desty’s American Criminal Law, Sec. 155 J; People y. Juárez, 28 Cal. 380.”

People v. Brown, 105 Cal. 66.

Billing Case Law, expone la regla así:

“La regla como lia sido expresada generalmente, es que debe baber la intención de privar absoluta y permanentemente al dueño de su propiedad, y que no constituye hurto el tomar una cosa para un fin temporal con la intención hona fide de devolverla, o de pagar por ella.” 17 R. C. L. 27-28.

Aplicada la doctrina en este caso concreto no es posible concluir que la denuncia sea insuficiente. Ya hemos dicho que en ella no solamente se alega la intención criminal del acusado al sustraer, la propiedad de otra persona, lo que hubiera sido bastante, sino que de ella consta además de modo positivo, la permanencia de esa intención.

Es conveniente hacer constar que en Puerto Rico existe una ley, la No. 5 de 1912, por virtud de la cual se agregó al artículo 444 del Código Penal, lo que sigue, castigándose así, como nn caso especial, el llamado “hurto de uso”. ■

“Toda persona que sin la autorización del dueño, o de quien legal o debidamente le represente, tomare intencionalmente un automóvil, bicicleta, bicicleta de motor, coche, calesa, carro, carreta u otro ve-hículo, o un bote de remos, de vela o de motor u otra embarcación, o un caballo padre, yegua, caballo castrado, potro, vaca, novillo, toro, ternera, muía, burro, borrica u otro animal, con el objeto de usar el mismo temporalmente, será culpable del delito menos grave (misdemeanor.) ”

Prescindiendo del resumen y estudiando en sí misma nues-tra decisión en el caso del Pueblo v. Martínez, 5 D. P. R. 23 (2a. Ed.) no es contraria a la doctrina que dejamos expuesta.

2. Alega además el apelante que la corte erró porque la prueba de cargo no sostiene su sentencia. Parece que es en relación con este error que se invoca el caso de Morino, supra. En dicho caso—

1 ‘ El acusado pidió a la corte que instruyera al jurado como sigue: ‘Si el jurado cree que el acusado no tenía intención criminal de hui*tar la propiedad en el momento en que la tomó, debe dar un veredicto de absolución, aun cuando creyera que él subsiguiente-mente concibió, la intención de apropiársela.’ La corte dió la pri-mera cláusula de la instrucción, pero se negó a dar la parte que aparece en bastardillas. La instrucción era correcta como proposi-ción abstracta de derecho. (People v. Jersey, 18 Cal. 337; People v. Salorce, 62 Cal. 139; State v. Homes, 17 Mo. 379; 57 Am. Dec. 269, nota en 273; Starck v. State, 63 Ind. 285; 30 Am. Rep. 214). Y la prueba era tal que hacía dicha instrucción aplicable a este caso, y debió haber sido dada. Si la intención criminal existía al tiempo que la propiedad fué tomada era una cuestión cuya resolución debió haber sido dejada al jurado, bajo la instrucción solicitada. La sen-tencia y orden apeladas son revocadas, con instrucciones a la corte inferior de que sobresea la acusación a menos que se demuestre una buena razón para dejar de traer al acusado a juicio.” People v. Morino, 85 Cal. 517-8.

La regla expuesta tiene algunas excepciones. Véase la nota al caso de State v. Homes, reportado en American Decisions, 57 Am. Dec. 275.

Ruling Case Law, en relación con la materia, condensa la jurisprudencia así:

“Aunque parece haber unas cuantas decisiones al efecto de que si el acto inicial de tomar constituyó una transgresión y fué subsi-guientemente seguido por una conversión torticera de la cosa tomada, la intención de hurtar no era necesario que hubiera existido al tiempo de tomar para que aquel acto constituyera hurto, estando basadas tales decisiones en la teoría de que el tomar torticeramente no des-poja al dueño de la posesión y que sin embargo una subsiguiente conversión por la persona que toma tiene tal efecto, y por tanto constituirá hurto cuando vaya acompañada de intención criminal, la regla general es que la intención debe existir al tiempo de tomar, diciéndose que si el tomar u obtener posesión de la propiedad fué legal, el delito no queda cometido mediante conversión subsiguiente, por fraudulenta que ésta sea. Pero la negativa a dar instrucciones de acuerdo con esta regla se lia resuelto no ser un error perjudicial cuando la prueba justifica una sola inferencia, a saber, que el acusado tenía la intención de apropiarse el objeto del supuesto liurto al tiempo que lo recibió. Es inmaterial en que preciso momento, du-rante la transacción, tomó forma primeramente la intención criminal de tomar y retener el dinero contra el consentimiento del dueño; cuando quiera que se formara y se pusiera en práctica, animo fu-randi, mediante el acto de llevárselo, desde ese momento el ofensor vino a ser un transgresor, y era culpable de hurto.” 17 R. C. L. 25-26.

El acusado y el perjudicado, según las pruebas, poseían tierras colindantes, y se admite que" indistintamente el ga-nado que también tenían se pasaba de una finca a otra y viciversa. Pero esto no quiere decir que no esté probada desde sn principio la intención criminal. Aunque el torito de Surillo hubiera estado en la finca del acusado porque se hubiera pasado el mismo, cuando el acusado se apoderó de él, si la prueba demostró que tal apoderamiento se llevó a efecto con la intención criminal de privar de él a sn dueño vendiéndolo como suyo el acusado, existiría el delito.

La evidencia fue completamente contradictoria. El acu-sado admitió que vendió el torito que se ocupó en poder de Coriano, pero sostuvo que si así lo hizo fué, porque la res era suya, nacida en su propia finca. La prueba de cargo tendió a demostrar que el torito era el mismo que faltó a Surillo, de la propiedad de éste. La corte resolvió el conflicto en contra del acusado y como no se ha demostrado que actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera manifiesto error, debe su apreciación prevalecer.

Se confirma la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Noel, Acusada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en cansa por alterar la paz.
    No. 1705.
    Resuelto en junio 21, 1921.
    Alteración de la Paz Pública — Conducta Tumultuosa y Ofensiva — Imputa-ción del Delito Bajo Distintos Cargos — Denuncia Suficiente. — Una de-nuncia que imputa a las acusadas el hecho de que “voluntaria y maliciosa-mente alteraron la paz y tranquilidad del vecindario con ruidos, conducta tumultuosa y ofensiva y amenazando con herir a A, formando un fuerte es-cándalo,describe suficientemente el cargo pues no es necesario alegar ex-presamente en qué consistió la conducta tumultuosa y ofensiva. La amenaza de herir a A es manifestación del mismo delito y no la imputación de dis-tinto delito.
    Alteración de la Paz y Agresión Cometidos' Conjuntamente — Former Jeopardy — Absolución Anterior. — Cuando la agresión no fué el acto provoca-dor de la alteración de la paz, lo que distingue este caso del de SI Pueblo v. Veve, 24 D. P. R. 486, sino que mientras ocurría ésta por medio de con-ducta tumultuosa y amenazas de herir a A, la acusada agredió a B, el he-cho de ser absuelta la acusada por la agresión a B no impide que se la de-nuncie por alteración de la paz pública, pues se trata de distintos delitos cometidos en el mismo momento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. L. Torines.

    Abog’-ado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Conociendo la Corte de Distrito de Ponce en grado de apelación de nna denuncia presentada en la corte municipal declaró culpable a Monserrate Noel del delito de alterar la paz y dictó sentencia condenándola a treinta días de cárcel contra cnyo fallo interpuso Monserrate Noel este recurso de apelación.

La denuncia origen de estos procedimientos en lo nece-sario dice así:

“En septiembre 1 de 1920, bora las 3 a. m. y en la calle Castillo, del Distrito Judicial Municipal de Ponce, P. R., las acusadas Monse-rrate Noel y Matilde Morales, voluntaria, y maliciosamente alteraron la paz y tranquilidad del vecindario con ruidos, conducta tumultuosa y ofensiva, y amenazando con lierir a Francisco Rivera, formando un fuerte escándalo.”

Antes del juicio en apelación se presentó excepción contra la denuncia fundada en que no da a conocer a la acusada el cargo que se le Race de una manera clara, concisa y dis-tintamente y porque'se le imputa más de un delito porque alega que alteró la paz y tranquilidad del vecindario con ruidos y conducta tumultuosa y ofensiva - amenazando con herir a Francisco Rivera. También alega que por los mis-mos becbos babía sido absuelta en la Corte Municipal de Ponce.

• La corte inferior declaró sin lugar esas excepciones y en-tendemos que no cometió error alguno al hacerlo así, como ahora se alega, porque la simple lectura de la denuncia de-muestra que se siguieron las palabras del estatuto lo que generalmente es suficiente, sin que sea necesario alegar de-una manera expresa en qué consistió la conducta tumultuosa y ofensiva, siendo la amenaza de herir a Francisco Rivera manifestación del mismo delito y no la imputación de un de-lito distinto.

En cuanto a la alegación de haber sido absuelta por los mismos hechos, esto no resultaba de la denuncia pero la con-sideraremos porque luego se presentó prueba en el juicio sobre ella, demostrándose que Monserrate Noel fué denun-ciada por haber acometido y agredido a Angel Collazo hi-riéndole en una mano en los momentos de la alteración de la paz objeto de esta denuncia habiendo sido absuelto de ese delito, pero lio puede prosperar tal defensa porque se trata de delitos distintos aunque cometidos en los mismos momentos, pues aquél es por haber agredido a Angel Collazo y éste es por haber alterado la paz con su conducta y ame-nazas de herir a Francisco Rivera, persona distinta de Angel Collazo. El caso de El Pueblo v. Veve, 24 D. P. R. 486, ci-tado por la apelante, no es de aplicación a éste porque la agresión a Collazo no fné el acto provocador de la alteración de la paz sino que primero fué ésta y después la agresión.

En cuanto a la alegación que se hace de ser insuficiente la prueba para sostener la condena, no podemos sostenerla en vista del examen que de ella hemos hecho.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Amadeo, Demandante y Apelante, v. Robledo, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de lá Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de cantidad.
    No. 2392.
    Resuelto en junio 21, 1921.
    Alegaciones — Causa de Acción — Demanda Suficiente. — Una excepción previa a una demanda por insuficiente sólo puede ser sostenida cuando aparece que admitiendo todos los hechos alegados no presenta alguna eausa de acción, no siendo suficiente que los hechos estén inperfeeta o indebidamente alegados o que la alegación carezca de fijeza y precisión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. V. M. Fernández.

    Abogados del apelado: Sres. Francis & de la Haba.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en el presente caso fué presentada con fecha 26 de mayo de 1920 en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, y su texto literal es el siguiente:

“Comparece el demandante por su propio derecho y ante esta honorable corte respetuosamente expone:
“1. Qlue en el año de 1916, el demandado escribió al demandante una carta que copiada dice: Cataño 21 de febrero de 1916. Sr. don Antonio Amadeo, San Juan. — Estimado amigo: — De acuerdo con nuestra conversación, soy de conformidad en contribuir con la suma de $800 ochocientos dollars para que se gestionen los trabajos de lá carretera de Guaynabo a la Muda. Esta cantidad la haré efectiva a los quince días que se está trabajando en dicha carretera si los trabajos son por cuenta de un contratista y que no haya la menor duda ni recelo de que suspenderán una vez empezados. Y si es por administración, cuando dichos trabajos estén por la mitad y que se vean claramente que no serán suspendidos. En esta cantidad, no está incluida la suma de $50 con que tiene Ud. que contribuir como terrateniente de ese pueblo. Sin otro particular, quedo de Ud. atto. amigo y S. S. (F.) Francisco Robledo.
“2. Que el demandante practicó las gestiones que se le encomen-daron y hace ya más de dos meses se está trabajando en la citada carretera, efectuándose las obras por cuenta de un contratista.
“3. Que el demandado se ha negado y se niega actualmente a pagar al demandante la cantidad convenida. Por lo que solicita de esta honorable corte se sirva en su día dictar una sentencia conde-nando al demandado a pagar al demandante la suma de' ochocientos, dollars, más las costas, gastos y honorarios de abogado.”

A la anterior demanda opuso el demandado las excepcio-nes previas siguientes: 1. Que aquélla no aduce hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción. 2. Que es am-bigua, ininteligible y dudosa por no exponer las gestiones a que la misma se refiere y por no expresar hechos suficientes para entender de modo cierto el carácter o naturaleza del convenio que se alega.

Vistas y consideradas las excepciones fueron declaradas con lugar por orden de la corte y se concedieron diez días al demandante para enmendar su demanda. El demandante no lo hizo así y pidió a la corte dictara sentencia, la que fué pronunciada en 19 de octubre de 1920 declarando sin lugar la demanda, con costas al demandante.

Esa sentencia ha sido apelada por el demandante quien alega en síntesis para obtener su revocación que la demanda contiene una exposición en lenguaje usual y conciso de los hechos que originan la acción según exige el artículo 102 del Código de Enjuiciamiento Civil y en ella se expresa la exis-tencia de un contrato con todos los elementos necesarios para integrarlo, según el artículo 1228 del Código Civil.

Examinadas con liberalidad según prescribe el artículo 122 del Código de Enjuiciamiento Civil, las alegaciones de la demanda que de propósito dejamos transcritas y deben acep-tarse como ciertas para la consideración y decisión del re-curso, muestran que el demandado en carta dirigida al de-mandante manifestó a éste su consentimiento en contribuir con la suma de $800 para que se gestionaran los trabajos de la carretera de G-uaynabo a la Muda y se obligó a satisfacer dicha cantidad a los quince días de estarse trabajando en la carretera si los trabajos eran por cuenta de un contratista, habiendo practicado el demandante las gestiones que se le encomendaron y transcurrido más de dos meses desde que comenzaron los trabajos por cuenta de un contratista.

Esos hechos determinan la existencia de un convenio en-tre demandante y demandado con todos los elementos que para integrarlo exige el artículo 1228 del Código Civil, a saber: consentimiento de los contratantes, objeto cierto o materia del contrato y causa de la obligación, la cual aunque no se exprese en el contrato se presume siempre que existe y que es lícita mientras no se pruebe lo contrario según el artículo 1244 del código citado. El demandado se obligó con el demandante a contribuir con la suma de $800 para que se gestionaran los trabajos de la carretera de Gfuaynabo a la Muda y con él se entendió a ese fin. El demandante prac-ticó las gestiones que se le encomendaron. Demandante y demandado tuvieron una conferencia y a consecuencia de ella fué que el demandado dirigió al demandante la carta inserta en la demanda, obligándose por tanto con éste y no con otra persona.

No importa que la demanda no contenga la conversación en que se originó la obligación ni explique las gestiones en-comendadas al demandante, pues una excepción previa a una demanda por insuficiente sólo pnede ser sostenida cnando aparece qne admitiendo todos los lieclios alegados no pre-senta algnna cansa de acción, no siendo suficiente qne los lieclios estén imperfecta o indebidamente alegados o qne la alegación carezca de fijeza y precisión. Milliken v. Union Telephone Company, 110 N. Y. 403, 18 N. E. 251, 1 L. R .A. 281. 31 Cyc. 290.

Ante las razones expuestas llegamos a la conclusión de qne la demanda entraña una cansa de acción.

T la demanda no pnede calificarse de ambigua y de inin-teligible o dudosa. El demandado al especificar los motivos en qne bajo tal concepto funda su impugnación a la demanda los hace consistir en qne no expone las gestiones a qne la misma se refiere, ni expresa becbos suficientes para entender de modo cierto el carácter o naturaleza del convenio qne se alega. Esas razones no sostienen qne la demanda sea am-bigua, ininteligible o dudosa sino qne no aduce becbos sufi-cientes para determinar una causa de acción; y ya por el mérito de sus alegaciones bemos considerado y decidido esa cuestión en sentido afirmativo.

Es de revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte inferior para procedimientos no inconsistentes con la presente opinión.

Revocada la sentencia apelada y devuelto él caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutcbison firmó conforme con la sentencia y con la opinión, excepción becba de su párrafo penúltimo.


author: El Juez Asociado Sr. "Wole,

text:
    Sucesores de Esmoris & Co., Demandante y Apelada, v. D. S. Stern & Co., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre daños y perjuicios.

      No. 2331.
    Resuelto en junio 21, 1921.
    Daños y Perjuicios por Incumplimiento de Contrato — Dereci-io de Reclamar Daños antes de la Pecha en que Debe Cumplirse el Contrato. — Cuando una parte en un supuesto contrato niega absolutamente su existencia y se le demanda por daños y perjuicios por incumplimiento del mismo, la otra parte contratante no tiene que esperar que llegue la alegada fecha para su eum- • plimíento. El derecho de acción de la segunda surge inmediatamente cuando se niega el contrato.
    Id. — Estoppel — Transacciones pior Medio de Mandatario — Facultades del Agente. — Cuando el mandante por su acto voluntario coloca al agente en una situación tal que una persona de ordinaria prudencia entendida en los usos del negocio y la naturaleza del mismo en particular está justificada en suponer que tal agente tiene facultades para realizar un acto en particular y por tanto negocia con el agente, el mandante está impedido en cuanto a terceros de negar la facultad del agente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Chas. Hartsell y F. Ra-mírez de Arellano.

    Abogados de la apelada: Sres. Benet y Souffront.

   El Juez Asociado Sr. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

D. S. Stern & Co. son comerciantes. Sucesores de Es-moris & Co. los demandar on, por daños y perjuicios por de-jar de cumplir con un alegado contrato de entrega de arroz. Los apelados presentaron prueba tendente a establecer que los apelantes nombraron a M. E. Alcaraz & Co. como sus-agentes aparentemente, o finalmente como alegan los apela-dos con amplia facultad por parte de los segundos para obli-gar a su principal en el contrato de venta realizado con dichos apelados. Los apelantes sostienen que los agentes no tenían tal facultad y que estaban limitados a hacer o recibir-ofertas que habían de ser ratificadas por dichos apelantes, y que tal ratificación no tuvo lugar.

A la demanda formulada en este caso fue opuesta una excepción previa sustancialmente por el fundamento de que-la acción había sido establecida prematuramente puesto que a la fecha de la radicación de la demanda no había llegado el momento de la entrega. Los demandantes enmendaron su demanda y su nueva reclamación radicada es de fecha posterior a la de la fecha de la entrega de los artículos. Po-dríamos tener algunas dudas en ciertos casos de si una acción que es prematura puede quedar subsanada por una demanda enmendada, pero como los demandados se negaron absoluta-mente a entregar los artículos y como aparecía una alega-ción en este sentido tanto en la demanda' original como en la enmendada la corte estuvo justificada al desestimar la ex-cepción previa en este particular. Cuando una parte en un supuesto contrato niega absolutamente su existencia y se le demanda por daños y perjuicios por incumplimiento del mismo, la otra parte contratante no tiene que esperar que llegue la alegada fecha para su cumplimiento. El derecho de acción de la segunda surge inmediatamente cuando se niega el contrato. 6 R. C. L. 102 y 23 R. C. L. 1409. Los resultados de esta saludable regla lo demuestran los hechos del caso puesto que los apelados vendieron la alegada mer-cancía o su equivalente a un tercero y surgió contra ellos una obligación existente. Esto resuelve el primer señala-miento de error.

El otro señalamiento es que la corte cometió error al de-clarar que los apelantes estaban obligados a entregar los supuestos artículos. Hubo prueba al efecto de que en abril 18, 1919, D. S. Stern & Co. escribieron una carta algo ambi-gua a M. E. Alcaraz & Go. por la que se autorizaba a éstos para efectuar Agentas en comisión en el distrito de Mayagüez. En un párrafo subsiguiente de la carta se pide a los agentes que cablegrafíen en caso de encontrar alguna persona inte-resada en cuyo caso los que suscriben ofrecen informar por cable cuáles son los precios más bajos. No existe en la carta nada que demuestre claramente, si acaso, que los agentes ha-bían de someter el nombre del pretendido comprador o que no habría venta hasta que fuera sometida y aceptada la oferta que es la actitud asumida por el apelante. Ni tampoco con-tradice necesariamente la carta la teoría de los apelantes de que las ventas sólo podían hacerse después de tal ratificación o confirmación.

Sea esto como fuere, en cierta fecha M. E. Alcaraz & Co. ofrecieron vender a los apelados mil sacos de arroz a $6.10 el saco, oferta que fué aceptada por los últimos. Debido a cierta equivocación la oferta fué transmitida a los apelantes al precio de $7.10. Ellos aceptaron la oferta en estas pala-bras: ‘ ‘ Confirmam.os Esmoris.” En realidad antes de esa fecha los agentes, anticipando la ratificación o tal vez porque creyeron que estaban autorizados, habían hecho un docu-mento de venta o 4‘Vendí” a Esmoris & Co. Esta acepta-ción fué comunicada a Esmoris & Co. y el contrato de mo-mento por lo menos se consideró cerrado. Cuando los ape-lantes se apercibieron del error escribieron a M. E. Alcaraz & Co. diciéndoles que el precio del arroz había subido y que harían responsable a los agentes por la diferencia de un dólar por saco. Entonces empezaron negociaciones por las que M. E. Alcaraz & Co. procuraron que Esmoris & Co. acep-tara el precio aumentado de $7.10. Ellos se negaron. La negativa fué comunicada a los apelantes. Finalmente los ■ agentes y Esmoris & Co. se reunieron y Esmoris & Co. con-vino aceptar el precio de $7.10 pero haciendo responsable por la diferencia a M. E. Alcaraz & Co. Mientras tanto D. S. Stern & Co. creyendo que no había habido acuerdo, con-signaron la mercancía ya embarcada a otra firma o firmas. Iiay prueba tendente a demostrar que M. E. Alcaraz & Co. enseñáron el cable de aceptación a Esmoris & Co. y también el cable en el cual Stern & Co. decían que harían responsable del error a sus agentes. No hay duda alguna de que cuando la aceptación vino Esmoris & Co. no tenían ningún conoci-miento del error cometido por M. E. Alcaraz & Co. Al pa-recer basado en este alegado contrato Esmoris & Co. vendió o prometió vender 500 sacos de arroz a otra mercantil al precio de $10.50 el saco. Este era el precio en el mercado, según deducimos hasta la fecha en que los apelantes negaron la existencia del contrato.

Hay alguna duda de si hubo algún contrato entre las par • tes hasta la fecha del cable de aceptación. Esto al parecer ratificó el acto de los agentes al hacer el documento de venta. También Stern & Co. escribieron a Esmoris & Co. confir-mando la oferta pero al precio de $7.10. De modo que no hay duda alguna de que los agentes tenían facultades para vender a $7.10. Ellos dieron un precio equivocado pero eran indiscutiblemente los agentes. Asimismo cuando los man-dantes se apercibieron del error no negaron entonces la exis-tencia del contrato sino que hicieron responsable a los agen-tes. Dentro de las circunstancias creemos que el siguiente principio es claramente de aplicación.

“Cuando el mandante por su acto voluntario coloca al agente en una situación tal que una persona de ordinaria prudencia enten-dida en los usos del negocio y naturaleza del negocio en particular está justificada en suponer que tal agente tiene facultades para rea-lizar un acto en particular y por tanto negocia con el agente, el mandante está impedido en cuanto a terceros de negar la facultad del agente.” 21 E. C. L. 907.

Yéase también 2 C. J. 564.

Cuando Esmoris & Co. trataron primero de comprar, el precio del mercado era alrededor de $5.75, según tiende a mostrar la prueba. No hay cuestión alguna de que Stern & Co. adoptaron su resolución definitiva de no hacer entrega a Esmoris & Co. cuando el precio del mercado había subido a más de $10. Mientras tanto sus agientes estaban en nego-ciaciones 'y finalmente llegaron a un acuerdo. Si hubo al-guna carencia de facultades antes creemos que es claro que los agentes estaban facultados para cerrar el negocio a $7.10 como lo demuestran las numerosas cartas y cables en los cuales los agentes aparecen tratando de efectuar un arreglo al precio de $7.10 y la facultad de ellos para proceder así no fue negada. 1

No habiéndose alegado error en cuanto a la concesión de daños que fué calculada sobre la diferencia entre $7.10 que era el precio del contrato concertado y el precio del mercado de $10.50, la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcliison.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    Calvet et al., Demandantes y Apelantes, v. Martín et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre nulidad de enajenación de bienes de menores.
    No. 2330.
    Resuelto en junio 21, 1921.
    Reivindicación — Causa de Acción — Terceros—Justo Título — Prescripción Or-dinaria. — No aduce hechos suficientes una demanda para reivindicar una finca, cuando de la misma consta que los actuales dueños demandados la ad-quirieron de personas que aparecían del registro ser dueñas según el artículo 33 de la Ley Hipotecaria. No importa que el padre de los alegados verda-deros dueños hubiera vendido la finca sin derecho a ello; sus herederos no pueden tener eausa de acción contra el comprador de buena fe, quien, como los anteriores dueños, a excepción del que compró directamente al padre, ad-quirieron justo título bastante para alegar la prescripción ordinaria.
    Id. — Prescripción Extraordinaria. — Cuando el término de treinta años que re-quiere la prescripción extraordinaria venció después que el Código Civil Be-visado empezó a regir en Puerto Bieo, este código es aplicable y no el Có-digo Civil anterior.
    Id. — Posesión Temporalmente Perdida por un Tercero. — De acuerdo con el ar-tículo 468 del Código Civil, el hecho de que el tercero que compró de buena fe de persona que aparecía como dueña según el registro fuera desposeído temporalmente de la finca por quien alega ser dueño verdadero no destruye el derecho de propiedad de dicho tercero.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. L. Montalvo Gk<,enard.

    Abogado de los apelados: Sr. G. Rodríguez.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Pon.ce declaró con lugar las ex-cepciones previas formuladas a la demanda enmendada y como era la tercera presentada en el caso, dictó sentencia contra los demandantes con imposición de costas. La apela-ción envuelve únicamente la cuestión de la suficiencia de la demanda. Esta, omitiéndose lo que no es esencial, es como sigue:

"Los demandantes, -por representación de su abogado, y previo permiso de esta honorable corte, enmiendan una vez más la demanda de este caso, y alegan:
"Primero: Que Críspula Anglada y Aponte falleció áb intestado allá por el año 1872, cuando se hallaba legalmente casada con Juan José Calvet y Rodríguez, dejando cinco hijos que hubo en su matri-monio con éste, nombrados Eduardo Nemesio, Críspula Catalina, Ra-món María, Juan José y María Monserrate Calvet y Anglada, que fueron posteriormente declarados únicos y universales herederos ab intestado de ella, siendo los cuatro últimos los demandantes en el pre-sente caso.
‘ ‘ Segundo: Que, poco antes de su fallecimiento, allá por el día 26 de julio de 1872, la citada Críspula Anglada y Aponte compró a José Dolores "Valencia una finca rústica (que se describe). Y, aun-que la compradora señora Anglada y Aponte hallábase a la sazón casada con el citado Juan José Calvet y Rodríguez, padre légítimo de los demandantes, dicha finca, siempre fué un bien privativo de ella, por haberla adquirido la compradora con dinero exclusivamente, suyo y que procedía de la venta de ciertos terrenos heredados por la misma.
“Tercero: Que, al fallecimiento de la citada Críspula Anglada y Aponte, dicha finca pasó a ser propiedad de sus mecionados hijos herederos. * * #
“Cuarto: Que el día 13 de julio de 1874, o sea unos dos años después del fallecimiento de la señora Anglada y Aponte, su viudo Juan José Calvet y Rodríguez, sin haber obtenido previamente la necesaria autorización judicial y haciendo constar falsamente que él era dueño de la misma, vendió la finca descrita a Bernardo de León y Soto, por escritura pública otorgada en Ponce, P. R., ante el escri-bano Carlos G-avarín, siendo entonces dueños de dicha finca los men-cionados hijos legítimos del vendedor, nombrados Eduardo Nemesio, Críspula Catalina, Ramón María, Juan José y María Monserrate Calvet y Anglada que todavía eran menores de edad. El citado Ber-nabé de León y Soto inscribió a su nombre en el Registro de la Pro-piedad de Ponce, etc. * * *
“Quinto-, Que, por escritura otorgada en Ponce, P. R., el 3 de enero de 1882, ante el Notario Feo. Parra, el citado Bernabé de León y Soto adjudicó la ameritada finca, en pago de deuda, a favor de Francisco Martín Lorenzo, y éste la inscribió a su nombre en el citado Registro de la Propiedad, al folio 95 del tomo 4 de Juana Díaz, inscripción 3a. (Se bace entonces mención de la venta de la finca a otras personas y a su inscripción.)
“Noveno: Que en la venta de dicha finca, por Juan José Calvet y Rodríguez a favor de Bernabé de León y Soto, se expresó que la misma colindaba al norte con terrenos de don Simón Pierluisi^y al este con el río Collores, y así continuó describiéndose en la sucesivas enajenaciones.
“Décimo: Que allá, por el mes de noviembre del año 1895, el nombrado Eduardo Nemesio Calvet y Anglada, actuando por sí y por sus legítimos hermanos y coherederos aquí demandantes, y con el propósito de posesionarse de la finca en cuestión, inscribió en el Registro de la Propiedad de Ponce, P. R., la escritura pública por medio de la cual la finada Críspula Anglada y Aponte había com-prado dicha finca a José Dolores Valencia. Y que allá por el mes de enero del año 1898 (mil ochocientos noventa y ocho), el citado Eduardo Nemesio Calvet y Anglada, actuando por sí y por sus legí-timos hermanos y coherederos aquí demandantes, tomó posesión material de la finca a que se viene haciendo referencia, en cuya posesión permaneció por espacio de diez y siete meses durante los cuales reco-lectó para sí y para los demandantes todos los frutos pendientes en dicha finca, y ejecutó en ella toda clase de actos de dominio, hasta que el citado Ruperto Martín Vázquez la recuperó judicialmente. .
“Undécimo: Que los demandantes no han vendido la finca des-crita en esta demanda, ni parte de la misma, a Bernabé de León y Soto, ni a Francisco Martín y Lorenzo, ni a Gonzalo Carmona y Chinchilla, ni a Ruperto Martín y Vázquez, ni a ningún eausahabiente de éstos, ni a la demandada Encarnación Martín y Vázquez, ni a nin-guna otra persona.
“Duodécimo: Que habiendo fallecido el citado Eduardo Nemesio Calvet y Anglada, sus legítimos hermanos aquí demandantes here-daron la parte que a él correspondía en la finca de que se viene tra-tando; que estos demandantes son las únicas personas con derecho al dominio, posesión y disfrute de dicha finca, y que estando en posesión de la misma la demandada Encarnación Martín y Vázquez ésta se niega a entregarla a los demandantes a pesar de que ellos se la han reclamado amistosamente.” (Se describen los frutos y pro-ductos y termina con las súplicas correspondientes.)

De dicha demanda consta que los actuales dueños adqui-rieron de personas que aparecían ser las dueñas de la finca de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Hipotecaria. No im-portaba que el padre de los alegados verdaderos dueños hu-biera vendido la finca sin derecho a ello. El comprador de buena fe está protegido, y los herederos tenían una acción contra su padre.

Asimismo cada uno de los sucesivos dueños excepto el inmediato comprador del padre adquirió un justo título y los demandados pueden utilizar su título de dominio para alegar la prescripción ordinaria.

La prescripción extraordinaria corrió en este caso. Sos-tienen los apelantes que esta alegación de prescripción ha sido indebidamente alegada puesto que los derechos fueron adquiridos de acuerdo con el anterior Código Civil. Pero como el término completo de treinta años no vencía sino des-pués que el Código de 1902 empezó a regir, es ese código el aplicable. Ni favorece tampoco a los apelantes el hecho de que uno de los demandantes entrara en la finca y percibiera los frutos por diez y siete meses. Fué una posesión ilegal adquirida nuevamente por Martín, el poseedor legal y no consta que los demandantes poseyeran en concepto de due-ños. El artículo 468 del Código Civil es aplicable. Dicho artículo es como sigue:

“El que recupera conforme a derecho, la posesión indebidamente perdida, se entiende para todos los efectos que puedan redundar en su beneficio, que la ha disfrutado sin interrupción.”

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernandez y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldrey,

text:
    Candal et al., Demandantes y Apelados, v. Vargas et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao . en pleito sobre impugnación de elecciones.
    Moción sobre reconsideración de sentencia.
    No. 2418.
    Resuelto en junio 23, 1921.
    Costas y Honorarios de Abogado — Discreción Judicial — Impugnación de Elec-ciones. — La concesión de costas y lionoi’arios de abogados es materia de dis-creción judicial exclusivamente, aún en procedimientos especiales como la impugnación de elecciones.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. J. Soto Rivera y L. Feliú.

    Abogado de los apelados: Sr. R. Cuevas Zequeira.

   El Juez Asociado Se. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por nuestra sentencia de 20 de mayo último revocamos la que había dictado la corte inferior en este pleito sobre impugnación de elecciones y dictamos otra declarando sin lugar la demanda sin especial condena de costas. En vista de esta última declaración los demandados nos han presen-tado moción solicitando que reconsideremos nuestra senten-cia en cuanto a las costas para que se las impongamos a los demandantes con más el pago de los gastos, desembolsos y honorarios de abogado, fundándose en que siendo este pleito un procedimiento especial tienen derecho de acuerdo con el artículo 330 del Código de Enjuiciamiento Civil en relación con el 328 del mismo cuerpo legal a tal condena para los demandantes. Estos se opusieron a la moción.

No hay duda alguna de que la impugnación de elecciones es un procedimiento especial, y así lo Remos declarado en el caso de Pérez v. López, 18 D. P. R. 651, por lo que sin detenernos más en este punto consideraremos la cuestión de las costas y honorarios de ahogado.

Como hemos visto los demandados reclaman la condena para los demandantes en costas y honorarios de abogado como nna cuestión de derecho y se fundan en que el artículo 328 del código citado se las concede al demandante y el 330 al demandado en los casos del artículo anterior, cuando ob-tuvieren sentencia a su favor, siendo uno de esos casos en los procedimientos especiales.

Esa cuestión ha sido considerada y resuelta por nosotros en relación con las varias enmiendas del artículo 327 y con la Ley No. 38 de 12 de abril de 1917, vigente cuando comenzó este pleito, en el caso de Zorrilla v. Orestes, 28 D. P. R. 746, y llegamos a la conclusión de que “fué la clara intención de la Legislatura derogar todas las leyes relativas a costas que eran incompatibles con las disposiciones contenidas en el artículo 327 como fué enmendado. Tanto en la ley de 1908 como en la de 1917 la Legislatura dice ‘en todos los casos’ en que se hayan concedido a una parte las costas, etc., y se prescribe además en cada una de estas leyes que los honorarios y costas serán concedidos a discreción del juez que tenga conocimiento de la acción o procedimiento, teniendo en cuenta el grado de culpa de la parte, si la hubiere, contra quien se dictare sentencia. Entendemos y siempre hemos entendido, que la idea de la Legislatura al aprobar la ley de 1908 era hacer que las costas y honorarios en todos los casos fuera una cuestión discrecional en la corte sentencia-dora. En otras palabras que la Legislatura procuraba hacer la cuestión de costas y honorarios prácticamente lo que ha-bía sido en las cortes locales con anterioridad al año 1904. En su consecuencia el artículo 328 del Código de Enjuicia-miento Civil quedó derogado y las costas como cuestión de derecho (as of course) no existen en Puerto Eico.”

No tienen pues razón los demandados de que como cues-tión de derecho deban ser condenados los demandantes al pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogado y su moción de reconsideración de la sentencia debe ser negada.

Declarada sin lugar la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Presidente SR. Hernández,

text:
    Sierra, Demandante y Apelante, v. Noble et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre entrega de bienes muebles.
    No. 2198.
    Resuelto en junio 25, 1921.
    Prenda — Entrega dio la Oosa Dada en Prenda — Comprador de Oosa Pren-dada. — Si la cosa dada en prenda por el deudor no quedó depositada realmente en poder del acreedor o de un tercero de común acuerdo como exige el artículo 1764 del Código Civil, la persona que la compró de buena fe del dueño debe ser amparada en su derecho de propiedad. La entrega de la cosa no es una consecuencia sino la esencia misma del contrato.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Martínez Dávila.

    Abogado de los apelados: Sr. H. G. Molina.

   El Juez Presidente SR. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un recurso de apelación interpuesto por el demandante Juan Sierra Alvira contra sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en 28 de agosto de 1919 que declaró sin lugar la demanda contra W. D. Noble y F. F. Harding en reclamación de la entrega de un carrousel (machina de caballitos).

Fúndase la demanda en que por escritura pública de 8 de junio de 1918 celebraron un contrato de prenda, el de-mandante Juan Sierra Alvira y Freeman L. Bernstein para garantir el segundo al primero, el pago de una deuda me-diante dación en prenda de un carrousel de su propiedad del que fué nombrado depositario W. D. Noble, uno de los demandados, habiendo prestado éste su consentimiento para que el otro demandado F. F. Harding se posesionara del mismo y lo usufructuara con perjuicio de los derechos del demandante y del dueño Bernstein.

El demandado Noble no contestó la demanda y le fué anotada la rebeldía en abril 26, 1919.

El otro demandado Harding, al contestar la demanda negó los hechos esenciales de la misma y alegó como defensa: Primera: Que allá por el día 25 de julio 1918 compró a Freeman L. Bernstein el carrousel de que se trata y tomó pose-sión del mismo ignorando por completo cualquier operación de prenda o de otra clase entre Bernstein y el demandante y que el demandado ~W. D. Noble o cualquiera otra persona pretendiera ser depositario de dicho carrousel; Segunda: Que según información y creencia, en junio 8, 1918, al otor-garse la escritura de prenda que se cita en la demanda, Freeman L. Bernstein no era dueño de dicho carrousel, pues no adquirió la propiedad del mismo hasta allá por el día 20 de junio de 1918.

Celebrado el juicio, la corte para fundamentar su senten-cia formuló la opinión que transcribimos a continuación:

“Los hechos como resultan de la prueba son éstos: Freeman L. Bernstein, en escritura pública otorgada ante el notario Francisco Soto Gras en 8 de junio de 1918, confesó deber al ahora demandante Juan Sierra Alvira, (mil quinientos sesenta y siete dollars), y para garantizarle el pago de esta suma le dió en prenda un carrousel o ‘machina de caballitos’ que dijo ser de su propiedad, y que tenía instalado en el barrio de Puerta de Tierra, en San Juan; y en la misma escritura se convino por acreedor y deudor en que el carrousel quedara en poder de W. D. Noble como depositario, aceptando dicho Noble el cargo. No -se ha probado que Noble tomara posesión del carrousel y quedara en tal posesión; y por el contrario, la prueba demuestra que dicho Sr. apareció en el sitio en que el carrousel se hallaba, y dejó tal aparato en poder y en posesión de Freeman L. Bernstein, que siguió usándolo y explotándolo. Bernstein vendió al ahora demandado F. F. Harding, el citado carrousel, en fecha 25 de julio de 1918, no hay la más leve prueba de que Harding tuviera conocimiento de los negocios de Bernstein y Sierra Alvira, ni que pudiera en forma alguna deducir que estuviera en posesión del carrousel otra persona que no fuera Bernstein; y la corte cree que la compra venta del carrousel por parte de Harding se hizo de buena fe. En cuanto a la prueba de que en 8 de junio de 1918 el carrousel fuera de propiedad de Bernstein, la corte declara que no se ha pre-sentado justificación alguna de ese extremo; y por el contrario, un documento presentado por el demandado (Exhibit 2) establece la presunción de que el carrousel fué adquirido por Bernstein en 21 de junio de 1918. El demandante ha seguido esta acción para que se le entregue por los demandados el carrousel. Entre las condiciones esenciales del contrato de prenda se hallan éstas dos: 1. Que la cosa dada en prenda pertenezca en propiedad al que la empeña (número 2, artículo 1758 del Código Civil). 2. Que se ponga en posesión de la prenda al acreedor o a un tercero, de común acuerdo (artículo 1764, Código Civil). En este caso la corte no encuentra probados esos dos extremos esenciales; y en esas condiciones no debe dictar una sentencia en perjuicio del tercero que de buena fe adquirió la cosa dada en prenda. Debe declararse sin lugar la demanda; y así se declara.”

Alega'la parte apelante para sostener el recurso que la Corte de Distrito de San Juan cometió error al declarar que no se probó que los bienes dados en prenda se pusieran en poder del depositario W. D. Noble.

Hemos examinado la prueba testifical ministrada por el demandante sobre el particular, consistente en las declara-ciones del demandante Juan Sierra Alvira y demandado W. D. Noble y no encontramos que se cometiera el error apun-tado. Es verdad que ambos testigos afirman que el segundo tomó posesión del carrousel, pero la vaguedad de sus decla-raciones basta el punto de no poder afirmar ni el uno ni el otro que la posesión tuviera lugar en el mismo día en que se otorgó la escritura, admitiendo Noble que habiendo tenido que ir al campo dejó encargado a Bernstein del carrousel, la circunstancia de haber tomado Harding posesión del carrou-selr según afirma éste sin intervención alguna de Noble, y otros detalles de las declaraciones de dichos tres testigos, justifican la apreciación qne de la prueba testifical hizo la corte sentenciadora en uso de la facultad que le otorga el artículo 21 de la Ley de Evidencia, aprobada en 9 de marzo de 1905. Y al hacer tal apreciación no infringió dicha corte según sostiene el apelante, el artículo 1186 del Código Civil preceptivo de que los documentos públicos hacen prueba aún contra tercero del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste, pues reconoció eficacia legal a la escritura de 8 de junio de 1918, aceptando todos sus extremos y negando únicamente que el carrousel fué entregado a W. D. Noble, sobre cuya entrega o posesión nada dice ni tenía que decir el documento expresado.

Alégase también como motivo del recurso que la corte cometió error al declarar que no se probó qne los bienes ma-teria del contrato de prenda pertenecían a Freeman L. Bernstein en la fecha del otorgamiento de la escritura y que tam-bién erró al estimar qne el cable presentado como prueba por el demandado Harding para acreditar dicho extremo esta-blece la presunción de que el carrousel fué adquirido por Bernstein en 21 de junio de 1918 y al admitir ese cable como prueba.

Cometiera o no la corte el anterior error, la sentencia siempre se sostendría por el fundamento de no haberse de-mostrado que el carrousel dado en prenda fuera depositado realmente en W. D. Noble.

El artículo 1764 del Código Civil exige como requisito indispensable para constituir el contrato de prenda que se ponga en posesión de ésta al acreedor o a un tercero de co-mún acuerdo. Ese precepto es claro y según tiene resuelto el Tribunal Supremo de España en sentencia de noviembre 4, 1898 “no se cumple el requisito exigido por el artículo 1863 del Código Civil (1764 del Revisado) cuando la cosa dada en prenda existe en poder del deudor y no del acreedor . o de un tercero ajeno al contrato.”

Lo mismo se sostiene por el Tribunal Supremo de Fili-pinas en el caso de McMicking v. Martínez et al., 15 Phil. Rep. (edición en inglés) 204.

Y las cortes americanas se pronuncian en igual sentido: “De acuerdo tanto con la Ley Civil como con la Ley Común es necesario para la validez de un contrato de prenda que se dé al interesado la posesión de la prenda o a alguien a su nombre. La entrega de la cosa no es una consecuencia sino la esencia misma del contrato.” 31 Cyc. 799.

Y tiene que ser así pues la posesión por parte del depo-sitario es como el aviso a terceras personas de que el dueño no puede disponer de ella con perjuicio de la persona a cuyo favor se ha constituido en prenda.

Nada ha alegado la parte apelante contra la adquisición’ que del carrousel hizo con buena fe el demandado Harding y estamos conformes con la corte inferior en que realmente hubo por parte del mismo tal buena fe. Bajo esa base, su derecho debe ser respetado y amparado.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.