author: _.El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Héctor R. Torres, acusado y apelante.
    Núm. 9083.

    Sometido: Febrero 20, 1942.

      Resuelto: Marzo 11, 1942.

      R. Muñoz Ramios, abogado del apelante; Horn. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado. .
   _.El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Héctor R. Torres fue acusado ante la- Corte de Distrito .de Ponce por una infracción a la Ley núm. 63, para prohibir la venta, almacenaje o transporte de alimentos y drogas o medicinas adulterados o falsamente rotulados o que sean ve-nenosos o perjudiciales a la-salud, y para- otros fines,- apro-bada el 28 de abril de 1931 (pág. 415).' Dicha corte lo de-claró culpable y condenó a pagar una multa de $25 y en de-fecto-. de s,u pago . a-sufrir;un; día de cárcel por cada-dólar .que dejare de pagar, más las costas, y apela para ante esta corte alegando que la corte inferior cometió error al decla-mar sin lugar la excepción perentoria de que la denuncia no aduce hechos constitutivos de delito y' al concluir que la ley y los hechos estaban en contra del acusado y al condenar a éste como lo condenó.

La acusación formulada en este caso dice así:

“El Fiscal formula acusación contra Héctor R. Torres, por un ■delito de Infracción a la ley núm. 63 aprobada en abril 28 de 1931 (misdemeanor) cometido de la manera siguiente:
“Porque el referido acusado allá en o por el día 22 de septiembre ■de 1937, y en el pueblo de Adjuntas, que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, P. R., voluntaria e ilegalmente tenía para la venta, Licor de Hidróxido (Agua de Cal) adulterado, consistente la adulteración en que siendo dicho artículo una drogá de nombre re-conocido por la Farmacopea de los Estados Unidos de América, difería en la fecha de la investigación de este caso, de la norma de fuerza, calidad o pureza determinada por la Farmacopea de los Es-tados Unidos de América, pues en vez de contener la referida agua •de cal (Lime Water) 0.14 Gm. en 100 c.c. a 25C.,’ que es lo que determinan los ensayos prescritos en dicho formulario oficial, sola-mente contenía 0.0834 GMS. Ca (OH) 2 en 100 c.c., sin que este hecho o norma se hiciera constar en el rótulo del envase donde el acusado tenía dicho artículo.”

. Las secciones 2(.a)(l) y 4 de la ley núm. 63 de 1931 dis-ponen lo siguiente:

“Sección 2. — Para los fines de esta Ley, todo artículo se conside- . .rara adulterador
“(a) En las drogas:
“ (1) Si se vende bajo un nombre reconocido por la Farmacopea de los Estados Unidos o el Formulario Nacional y difiere de la norma de fuerza, calidad o pureza expresada en los ensayos que constan en esos dos formularios oficiales, en la época de la investigación; Disponiéndose, que ninguna droga descrita en ambos formularios se considerará adulterada, 'si se expresa claramente otra norma en el rótulo, aunque ésta difiera de la oficial de aquellos dos formularios.” (Bastardillas nuestras.) ■ ■■■'•■
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“Sección 4. — Toda persona que fabricare, vendiere, ofreciere o tuviere en venta, o que transportare o almacenare alimentos o drogas adulterados o falsamente rotulados, dentro de los términos expresa-dos en esta Ley, será culpable de delito menos grave (misdemeanor) y será castigada con una multa no menor de veinticinco (25) dólares ni mayor de cien (100) dólares; Disponiéndose, que la reincidencia aparejará además la revocación de la licencia.
“En todos los casos por infracción a las disposiciones de esta Ley, tendrán jurisdicción original para conocer de dichas infraccio-nes las cortes de distrito de Puerto Rico.”

Comparada la acusación con los términos de estos artícu-los resalta la frivolidad del primer error alegado. Lo que la ley provee en cuanto a drogas se refiere, es que si se ven-den bajo un nombre reconocido por la Farmacopea de los 'Estados Unidos o el Formulario Nacional y difieren de la norma de fuerza, calidad, o pureza expresada en los ensa-yos que constan en dichos formularios, se considerarán adul-teradas, pero que si se expresa claramente otra norma en el rótulo, distinta a la de estos formularios, no se considerarán adulteradas. De manera que al imputarse al acusado que tenía para la venta Licor de Hidróxido (Agua de Cal) adul-terado porque dicho artículo es una de las drogas reconoci-das por la Farmacopea de los Estados Unidos y difería en la fecha de la investigación de la norma de fuerza, calidad o pureza determinada por dicha farmacopea y especificarse en qué consistía la diferencia, la acusación aduce hechos' su-ficientes 'para imputar al acusado el delito cometido, según hemos resuelto en los casos de El Pueblo v. Marín, 54 D.P.R. 651 y El Pueblo v. Ramos, 56 D.P.R. 585 interpretando y aplicando esta misma ley. Es más, la acusación en el caso de autos contiene la alegación adicional, no alegada en dichos casos, de que la diferencia en la norma no se hizo cons-tar en el rótulo de la droga que el acusado tenía para la venta. No se cometió el primer error.

En cuanto al segundo, hemos examinado, cuidado-samente la evidencia aportada por las partes- en la vista del caso y somos de opinión qne es suficiente para sostener ios hechos alegados en la acusación. Tanto en el primer examen de una de las muestras tomadas al acusado, como en el exa-men, de comprobación verificado posteriormente, con asisten-cia del perito nombrado por dicho acusado, se demostró que el grado de fuerza del agua de cal era inferior en mucho de la norma establecida por la Farmacopea de los Estados Uni-dos y que dicho producto lo tenía el acusado para la venta en su farmacia. El hecho de que dicho grado de fuerza pu-diera bajar debido al efecto del bióxido de carbono del aire en el agua de cal, al destaparse el envase cada vez que se despachaba dicho producto o por dejarse destapado negligen-temente, según se probó, no exime de responsabilidad al acu-sado. Por el contrario, convenimos con la corte inferior cuando dice que el delito provisto en las secciones 2 y 4 de la ley núm. 63 de 1931, supra, se comete al tener para la venta una droga adulterada, sin que sea un elemento esen-cial del mismo el que se alegue o pruebe que el acusado voluntaria y maliciosamente la adulteró. Debemos presumir que el acusado en este caso, un farmacéutico, tenía que co-nocer el efecto del bióxido de carbono del aire en el agua de cal. A pesar de ese conocimiento, él mismo declaró que al ser ocupado en su farmacia el galón de agua de cal, estaba destapado (página 56 T. de E.) y que dicho galón a veces estaba tapado y a veces destapado, porque el muchacho que tenía en la farmacia era muy descuidado (página 58 T. de E,). Bien fuera por descuido o negligencia o porque al pre-parar el agua de cal no se utilizara la cantidad de cal nece-saria para darle a la droga la fuerza requerida por la far-rpacopea, la prueba presentada sostiene las alegaciones de la acusación. Lo que tiende a garantizar la ley es que al ven-derse una droga al público éste la adquiera convencido de que contiene la norma establecida, previamente como necesa-ria para que produzca los efectos que la ciencia médica ha determinado. Se probó en este caso que el agua de cal se utiliza principalmente para calcificar- los huesos de los niños en casos de raquitismo. De ahí la importancia de que dicho producto al ofrecerse en venta, aún cuando su costo de pre-paración, según se demostró, • sea bajo, y que,, por lo tanto, no intervenga el elemento especulativo - en su venta, sea puro y contenga la norma de fuerza requerida por. la ley.

Debe .confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Snyder

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Sánchez Méndez, acusado y apelante.
    Núm. 9108.

    Sometido: Marzo 3, 1942.

      Resuelto: Marzo 11, 1942.

      Enrique Báez García, abogado del apelante;' Hon. Procurador Gene-rad George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados- de El Pueblo, apelado. . ,
   El Juez Asociado Señor Snyder

' emitió la- opinión del tribunal.

Se trata de una apelación de nna sentencia condenando al acusado por acometimiento y agresión grave. La denun-cia exponía que el acusado, un varón adulto, acometió y agredió a Francisca Caraballo con los puños y un pedazo de tubo, con la intención criminal de causarle daño corporal. Se señalan tres errores: (1) que existe una incongruencia entre la denuncia y la prueba; (2) que no hubo prueba de intención criminal; y (3) que el acusado actuó en defensa propia.

La alegada incongruencia no existe. El acusado sos-tiene que Francisca Caraballo fué lesionada en una pelea general en la cual intervino para ayudar a dos de sus hijos. Por otra parte, éstos declararon que el acusado agredió a la ma-dre de ellos en la cara con sus puños. La misma Francisca Caraballo declaró que el acusado la agredió con el tubo. El abogado del acusado hace un análisis detallado de pequeñas discrepancias en el testimonio de los testigos del Pueblo. El hecho cierto es que la corte inferior creyó el testimonio de ellos y que tal testimonio ofreció una base suficiente para la convicción.

Al sostener que existe uña incongruencia, el aco-pado hace hincapié en la declaración de la corte de distrito, anterior a la sentencia, de que “el acusado es (siendo) un varón adulto . . . después de agredir con un tubo a William Kivera, al intervenir la madre de éste, la cogió por la cabeza y la empujó fuertemente y la tiró al suelo No po-demos ver cómo esta declaración de la corte tuvo efecto al-guno en el caso. Aparentemente fué un comentario casual hecho de paso. El récord no demuestra discusión detallada o un resumen de la prueba hecho por la corte. El testimo-nio era suficiente para una convicción, y la corte lo declaró convicto. No podemos recovar la sentencia exclusivamente por razón de tal comentario. Por tanto, es innecesario de-terminar si el caso de Pueblo v. Galarza, 23 D.P.R 361, como sostiene el acusado, o el caso de Pueblo v. Mediavilla, 54 D.P.R. 583, como sostiene el Pueblo, es aplicable a los he-chos de este caso.

El segundo error alegado es que no hubo prueba de la intención criminal. Una contención similar fué resuelta en Pueblo v. Astacio, 23 D.P.R. 842, como sigue:

“la intención de causar daño es un elemento esencial del delito de aco-metimiento y agresión, pero como la intención es un estado de la mente hay que deducirla de los hechos que se realizan. . . Para que la intención exista basta que el daño corporal sea el resultado de la conducta ilegal de la persona, porque la ley supone que toda persona intenta las consecuencias naturales y razonables de sus actos volun-tar i amente e j eeutados. ’ ’

La contención de que el acusado estaba actuando en defensa propia está basada en la teoría expuesta por el acu-sado en él juicio. Como la corte aparentemente no dió cré-dito al testimonio del acusado y creyó el testimonio del Pueblo, no podemos revocar por ese fundamento.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


author: El Juez Asociado SeSor Travieso

text:
    Virginia y Luis Gilberto Peña Castro, demandantes y apelantes, v. María Mendoza, demandada y apelada.
    Núm. 8366.

    Sometido: Marzo 3, 1942.

      Resuelto: Marzo 12, 1942.

      F. González Fagundo, abogado de los apelantes; Bubón y Ochoteco, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado SeSor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El día 8 de febrero de 1930, don Francisco Peña Vázquez, padre legítimo de los demandantes, otorgó una escritura pú-blica por la que confesó haber recibido de doña María Mendoza, en calidad de préstamo, la suma de $3,200; y en ga-rantía del pago de dicha suma constituyó hipoteca sohre dos fincas urbanas de su propiedad. La señora Mendoza radicó ante la Corte de Distrito de Humaeao una demanda contra la Sucesión del Sr. Peña, para hacer efectivo el crédito hi-potecario.

En la demanda sobre nulidad de escritura hipotecaria, radicada por los aquí apelantes contra la señora Mendoza, se alega que la, demandada y el Sr. Peña desde mucho antes de febrero 8 de 1930 vivieron bajo un mismo techo, en concu-binato público como marido y mujer y que durante todo ese tiempo la demandada era insolvente por carecer de bienes de fortuna; que ambos concubinos se pusieron de acuerdo con el único propósito de defraudar a los demandantes y privarles de su legítimo derecho. a las dos fincas urbanas hipotecadas por Peña a María Mendoza; que la escritura de hipoteca es simulada y fué otorgada con el indicado propó-_ sito fraudulento y sin que en ningún momento María Mendoza entregara cantidad alguna a Peña. Piden los deman-dantes que se dicte sentencia declarando inexistente y nulo el contrato de hipoteca y nulo el procedimiento instituido para su cobro.

Contestó la demandada negando los hechos esenciales de la demanda, y alegando .como defensas especiales: que la demanda es insuficiente; que la Corte de Distrito de Huma-cao carece de jurisdicción, por ser la demandada vecina de Cayey, y que tampoco la ha adquirido por razón de la causa de acción ejercitada por los demandantes; que éstos carecen de capacidad y personalidad para pedir la inexistencia y nu-lidad del contrato de hipoteca, aun cuando éste fuere simu-lado; que én dicho contrato medió consentimiento, objeto y causa, siendo cierto el préstamo a que el mismo se refiere; que aun en el supuesto de que no se hubiere hecho tal préstamo, siempre existió consideración para dicho contrato, siendo dicha consideración la liberalidad del causante de los deman-dantes para con la demandada; que la causa de acción que se pretende ejercitar está prescrita a tenor de lo dispuesto en el artículo 1253 del Código Civil (ed. 1930); que los de-mandantes están impedidos, a virtud de la escritura otor-gada y de los actos realizados por el causante {estoppel by deed and acts) de solicitar la nulidad de. la escritura.

En el acto de la vista, al terminar de presentar su prueba los demandantes, la demandada formuló una moción de non-suit, la cual fué. declarada con lugar, dictándose acto seguido sentencia por la que se desestimó la demanda y se condenó a los demandantes al pago de costas y honorarios de abo-gado.

Los demandantes basan el presente recurso en dos seña-lamientos de error, consistiendo el primero en haber decla-rado con lugar la moción de nonsuit y sin lugar la demanda; y el segundo, en haber resuelto que para la fecha del falle-cimiento de Francisco Peña, la acción había ya prescrito.

¿Erró la corte inferior al declarar con lugar la mo-ción de nonsuit? ¿Era la evidencia presentada por los de-mandantes tan insuficiente qne hiciera innecesaria la pre-sentación de evidencia por parte de la demandada? Veamos.

La escritura de hipoteca ofrecida en evidencia por los de-mandantes, contiene la siguiente cláusula:

“Primera: Don Francisco Peña confiesa tener recibida de manos de Doña María Mendoza la cantidad de tres mil doscientos dollars al interés del doce por ciento anual, cantidad que se compromete a devolver el día veintiséis de febrero de mil novecientos treinta y dos, debiendo los intereses ser satisfechos por el deudor a la acreedora por mensualidades vencidas.”

En el párrafo 4 de la demanda, después de alegar que la escritura de hipoteca fue otorgada por los concubinos con el propósito de defraudar a los demandantes de su derecho a heredar los bienes hipotecados, siguen alegando los deman-dantes “que en ningún momento María Mendoza entregó can-tidad alguna al causante Francisco Peña Vázquez en calidad de préstamo y que dicha señora vivió con él en las fincas des-critas hasta el momento de su muerte, siendo tanto en fe-brero 8 de 1930 cuanto en las fechas posteriores, completa-mente insolvente.”

Del récord no aparece que los demandantes presentaran' evidencia alguna en cuanto al alegado estado de insolvencia de la señora Méndoza en el momento o después de la cele-bración del contrato de hipoteca, ni tampoco para sostener su alegación de que no hubo entrega de dinero por la señora Mendoza a Peña. La prueba testifical tendió a probar sola-mente que dicha señora y el señor Peña vivían juntos bajo el mismo techo y en condiciones que indicaban que vivían como marido y mujer, continuando esa convivencia hasta la fecha del fallecimiento de Peña. Empero, los demandantes insisten en que de los términos en que está redactada la cláu-sula primera de la escritura de hipoteca, supra, surgió la presunción juris tcmtum de que no medió precio ni su equi-valente en el contrato y en consecuencia que el contrato era nulo e inexistente por falta de causa o consideración; y que siendo esto así, a la demandada incumbía probar el becho alegado en su contestación, de que ella había en realidad en-tregado a Peña el importe del préstamo que éste le garan-tizó con hipoteca. Citan en apoyo de su contención, Santini Fertilizer Co. v. Burgos, 34 D.P.R. 869, 872; artículo 1249 Código Civil, Ed. 1930 y 40 de la Ley Hipotecaria; Colón v. Schlüter, 48 D.P.R. 879 y Sosa v. Fidalgo, 56 D.P.R. 50.

Sostiene la demandada apelada, que no siendo los deman-dantes acreedores de Peña no tienen causa de acción para pedir la nulidad del contrato por haber sido éste otorgado en fraude de acreedores, y que no son por tanto de aplica-ción los artículos 1249 del Código Civil y 40 de la Ley Hipo-tecaria.

La acción que ejercitan los demandantes se basa en la alegada inexistencia, por falta de causa, del contrato de prés-tamo e hipoteca contenido en la escritura de febrero 8 de 1930. Alegan que dicho contrato nunca tuvo existencia legal, porque la demandada nunca entregó cantidad alguna en calidad de préstamo al causante de los demandantes; y como única prueba de esa alegada falta de causa invocaron la pre-sunción legal que a su juicio surge del texto de la cláusula primera de la escritura, supra.

La contención de la demandada apelada está sostenida por la ley y la jurisprudencia.

La demandada tiene a su favor, a menos que fueren controvertidas por otra evidencia, dos de las presunciones disputables enumeradas en el artículo 464 del Código de En-juiciamiento Civil, Ed. 1933 (Ley de Evidencia, 102), a saber :

‘ ‘ 19. Que las transacciones privadas fueron realizadas con rectitud y en debida forma.
“38. Que al efectuarse un contrato escrito medió la correspon-diente compensación. ’ ’

Los demandantes, como ya hemos dicho, no presentaron prueba alguna tendiente a controvertir las dos citadas pre-sunciones legales. Y de acuerdo con la misma jurispruden-cia por ellos citada, la presunción que invocan a su favor, sólo puede ser invocada por un acreedor. “Se presumen ce-lebrados en fraude de acreedores”, dice el artículo 1249 del Código Civil, “todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito.” Y basta leer los artículos 39 y 40 de la Ley Hipotecaria para com-prender que sus disposiciones son aplicables solamente a las acciones que pueden ejercitar los acreedores para solicitar la revocación de las donaciones, cesiones, constituciones o renuncias de derechos reales hechas por el deudor, las cua-les se presumirán como hechas en fraude de acreedores, “siempre que no haya mediado precio, su equivalente u obli-gación preexistente vencida”. Es solamente en los casos de enajenaciones en fraude de acreedores, que surge la presun-ción de no haber mediado precio ni su equivalente, cuando el notario no da fe de su entrega.

Los demandantes no son acreedores del finado. Son sus herederos. Y como tales, solamente podrían atacar una enajenación gratuita hecha por el causante, cuando la propiedad enajenada excediere del tercio de libre disposi-ción. Artículos 576 y 578 Código Civil. En el presente caso no se ha alegado ni probado que el valor de los solares hi-potecados exceda de la parte del caudal hereditario de la cual el difunto Peña podía disponer libremente de acuerdo con la ley.

Opinando como opinamos que la corte inferior no erró al declarar con lugar la moción de nonsuit, creemos innecesario discutir el segundo señalamiento.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Cruz Reyes, acusado y apelante.
    Núm. 8893.

    Sometido: Febrero 18, 1942.

      Resuelto: Marzo 12, 1942.

      Juan Valldejuli y R. Hernández Matos, abogados del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Riscal del Tribunal Supremo y Luis Negr’ón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo^ apelado.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso fué interpuesto contra la sentencia de diez y siete años de presidio impuesta al apelante al ser convicto de asesinato en segundo grado por la muerte de Rafael Iga-ravídez, Jefe de Distrito de la Policía Insular en Ponce.

El primero de los errores señalados está basado en la negativa dé la corte sentenciadora a suspender el juicio por motivo de enfermedad.de los abogados de récord, Sres. R. Martínez Nadal y José R. G-elpí. La moción de suspen-sión se presentó precisamente el mismo día en que iba a lla-marse a la vista del caso, el 25 de noviembre de 1940, resul-tando de los autos que el delito imputado al acusado se co-metió en 29 de junio de 1938, que el juicio de este caso fué señalado por primera vez para el 24 de abril de 1989, y que desde esa fecha hasta el 25 de noviembre de 1940 fué sus-pendido, tres veces, siempre por el mismo motivo y a peti-ción del acusado, transcurriendo así un año y siete meses desde el primer señalamiento hasta la fecha en que por cuarta vez se solicitó la suspensión. En tales circunstancias no ve-mos cómo pueda alegarse seriamente que la corte abusara de su discreción al denegar la cuarta suspensión. De haberla concedido hubiera cometido un claro abuso de discreción.

El segundo de los errores imputados a la corte sentenciadora consistió en que el día señalado para el juicio y antes de llamarse a su vista, la corte, en ausencia del acu-sado, excusó a trece de los jurados que habían sido citados para conocer del caso. El hecho de que la corte, haciendo buen o mal uso de su discreción, excusara a trece de los ju-rados citados para conocer del caso, en las circunstancias antes indicadas no constituye error que justifique en manera alguna la revocación de la sentencia dictada. El acusado no tiene ningún derecho adquirido' a ser juzgado por determi-nadas personas y el excusar a un jurado de servir en un caso descansa en la sana discreción de la corte. En el dé autos, los señores que fueron excusados tenían razones legales para ello, siendo en su mayoría, como expresó la corte, empleados de los gobiernos Federal e Insular. Sin embargo, es mejor práctica conceder estas excusas en corte abierta, en presen-cia de las partes y de los demás jurados citados, de manera que todos puedan conocer el motivo de ellas, evitando así que aquéllos que no son excusados puedan creer que ha ha-bido discrimen contra ellos.

El tercero de los errores señalados consiste en no haber permitido la corte al Sr. F. Colón Díaz unirse a la defensa del acusado. Mientras declaraba el undécimo de los testigos de cargo, uno de los abogados de la defensa, el Sr. Valldejuli, solicitó de la corte que hiciera constar en récord que el Lie. F. Colón Díaz comparecía en unión de ellos como abogado del acusado. Se opuso el fiscal, y la corte, habida cuenta de que el jurado había sido constituido a base de que los únicos abogados del acusado lo eran los Sres. Hernández Matos y Valldejuli, y teniendo en cuenta que pudiese haber entre los señores del jurado constituido desde el día anterior, alguno de ellos que por sus relaciones de abogado y cliente, de parentesco o de cualquier otra índole con el Lie. Colón Díaz debiera haber sido recusado por el fiscal, moti-vada o perentoriamente, denegó lo solicitado, puesto que de admitir al Lie. Colón Díaz como abogado del acusado en el estado en que se hallaba el juicio, privaría de ese derecho al fiscal. Dentro de las circunstancias, ejercitó correctamente la corte su discreción al no acceder a dicha solicitud.

El cuarto señalamiento consistió en que según la de-fensa el fiscal, al exponer el caso al jurado, hizo comentarios sobre la reputación del'acusado. Este último, en la fecha del delito, era policía insular destacado eií Ponce bajo las órdenes del Jefe Igaravídez. El fiscal, dirigiéndose al ju-rado, manifestó que el móvil del crimen en cuestión había sido la indisciplina • e insubordinación del acusado. La pre-sunción de inocencia que reconoce la ley a favor de todo acu-sado, impide que se presente evidencia de su mala reputación ó carácter a menos que él previamente la Raya puesto en con-troversia presentando evidencia de' su buena reputación o carácter; pero una cosa es la reputación o carácter de un individuo y otra es su conducta relacionada con el crimen que se le imputa. Todo delito malimi in se implica necesa-riamente un acto de rúala conducta y cuando diebo acto es parte del crimen o tiende a demostrar él'móvil que indujo a su comisión, es perfectamente admisible en evidencia, y sién-dolo, puede hacerse referencia al mismo-al exponerse el caso al jurado.- Véase Pueblo v. González, 57 D.P.R. 744.

El séptimo de los errores señalados consistió, según la defensa, en haberse. admitido en evidencia el pliego de cargos que había formulado el interfecto al acusado y al cual se refería el fiscal cuando en su exposición del caso al jurado les anunció que se proponía probar que el móvil del delito había sido la mala conducta o indisciplina del acusado. Al efecto, el fiscal ofreció en evidencia un pliego de cargos formulados contra el acusado, suscrito por el Jefe Igaraví-dez el mismo día del crimen — -el 29 de junio de 1938. La firma del Sr. Igaravídez fué identificada suficientemente por el testigo Salvador G-. López de Azúa. La del acusado, que aparecía también en el pliego de cargos, no lo fué. Sin duda, esta última firma era necesaria para demostrar que el acusado tenía conocimiento dedos cargos formulados contra él, conocimiento que era indispensable para que dicho pliego de cargos pudiese haber influido en su ánimo en relación con la comisión del delito; pero como en la página 355 y siguien-tes de la transcripción de evidencia el [propio acusado, con-testando el interrogatorio directo de sus abogados, declaró que el día de autos, a las seis de la tarde, le informaron dichos cargos, quedó subsanado el defecto de la prueba en cuanto a la identificación de la firma. Siendo ello así, no erró la corte sentenciadora al admitir él documento ■ en evi-dencia.

Consideremos ahora el quinto de los errores se-ñalados. Se refiere a la inspección ocular, durante la cual alega el apelante el' jurado recibió evidencia en ausencia suya y de sus abogados.

Al terminar su prueba directa, el fiscal solicitó de la corte que ordenase una inspección ocular de la escena del crimen. Se opuso la defensa, alegando que no era necesario. Insis-tió uno de los fiscales, y como la corte indicara que dejaría la cuestión a ser resuelta por el jurado, es decir, que la or-denaría si el jurado la creía necesaria, y éste manifestó sus deseos de ver el sitio en cuestión, se acordó la inspección ocular, llevándose a efecto al terminar la prueba directa de la defensa.

Antes dé examinar el acta de la inspección ocular en este caso celebrada, parece conveniente dejar bien establecidos los verdaderos límites' de una inspección ocular de acuerdo con los dictados de la ley y la jurisprudencia, para determinar después si la efectuada en este caso sobrepasó dichos linde-ros, y si así fuere, si con ello se perjudicaron los derechos sustanciales del acusado a tal extremo que sea necesaria la revocación de la sentencia. Examinemos en primer término la ley aplicable, que lo es en materia penal el artículo 258 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que literalmente dice así:

“Art. 258. — Guando en la opinión del tribunal, sea conveniente que el jurado examine el lugar en que, según la acusación, fue come-tido el delito, o en donde haya ocurrido cualquier otro hecho material, podrá ordenar la conducción del jurado en masa,' bajo la custodia de un oficial, al expresado sitio, el cual le será enseñado por persona nombrada al efecto por el tribunal;- y dicho ■oficial del tribunal prestará juramento de que no permitirá que ninguna persona, incluso él mismo, hable o se comunique: con el jurado, acerca de ningún asunto relacionado con el juicio, y que regresará al tribunal con el jurado, sin dilación innecesaria o en el plazo que se especifique.” (Bastardillas nuestras.)

El propósito de una inspección ocular es áuxiliar al ju-rado, o en su caso al juez, a apreciar correctamente la prueba que haya desfilado o se proponga desfilar ante éL En cier-tos casos la inspección, lejos de auxiliar, puede producir confusión y hasta inducir a error al juzgador. De ahí que la ley haya confiado a la sana discreción del juez determinar en cada caso si debe o no concederla, y esa facultad no debe delegarla al jurado ni a ningún otro funcionario. En el ejercicio de su discreción el juez debe previamente determi-nar si la inspección es necesaria para la mejor inteligencia de la prueba y de las cuestiones de hecho que puedan surgir. Si lo fuere, se cerciorará de que el sitio u objeto a ser exa-minado se halla sustancialmente en las mismas condiciones en que se hallaba al cometerse el delito, pues una variación sustancial en el sitio u objetos necesariamente frustraría el propósito de la inspección. Nuestro estatuto, como hemos visto, deja a discreción del juez nombrar una persona que enseñe el sitio al jurado. Sin embargo, la mejor práctica es que el juez se traslade al sitio con el jurado. De esa ma-nera no sólo puede dirigir el procedimiento a seguir durante la inspección y evitar que se realice acto alguno que pueda producir un mistrial, si que también lo coloca en condiciones de levantar un acta de la inspección de modo que conste en forma auténtica lo allí efectuado y pueda un tribunal de apelación resolver cualquier cuestión que se suscite con res-pecto a la validez del acto celebrado. También deben con-currir los abogados de una y otra parte para que indiquen o señalen al jurado los distintos sitios, objetos o distancias que deseen sean observados, absteniéndose, por slipúesto, de toda argumentación o comentario en relación con el caso. Esto no impide, como se hizo en este caso, que un testigo designado por la córte, ilustrando su propia declaración, sé-llale'sobre él terreno la posición que ócupaban'el acusado y la víctima, respectivamente, e ilustre gráficamente la forma en que quedó la víctima, como podría haberlo hecho sobre nn papel o nna pizarra en la sala de sesiones.

En el caso de Snyder v. Massachusetts, (1934), 291 U. S. 97, 78 L. ed. 674, 90 A.L.R. 575, el Juez Cardozo resume en los siguientes términos la práctica que desde tiempos remo-tos se ha seguido en relación con la inspección ocular:

“Desde una fecha tan remota como el año 1747, existe el récord de un precedente que ilustra el procedimiento seguido en una inspec-ción ocular. La práctica consistía entonces en poner al jurado bajo la dirección de las personas que debían mostrarle el sitio (showers), quienes prestaban juramento de que llevarían al jurado al sitio que había de ser inspeccionado... En aquel tiempo no se celebraban inspecciones oculares en casos criminales sin el consentimiento de ambas partes, la Corona y el acusado, excepto, según parece, en casos por mantener un estorbo público (nuisance). (Citas.) En 1825, sin embargo, un estatuto aplicable a Inglaterra y a Gales suplió el defecto de esa facultad, si es que tal defecto había existido. 6 George IV, capítulo 50, sección 23. De ahí en adelante, en cualquier caso, ya fuere civil o criminal, podía ordenarse una inspección ocular a discreción del tribunal. La forma del juramento administrado a' los showers aparece en los libros de decisiones. Por ejemplo, en Regina v. Whalley (1847) 2 Cox Crim. Rep. 231, el juramento admi-nistrado fué éste: ‘¿Jura usted que atenderá a este jurado, y bien y fielmente le indicará el sitio donde el delito imputado a T. W. se alega fué cometido; y que no les hablará con respecto al supuesto delito que se imputa a T. W., excepto para describir el sitio indicado?’ (Citas.) De igual modo, en nuestro país, la facultad de ordenar una inspección ocular en casos criminales ha sido aclarada por medio de estatutos apropiados en casi todos los Estados (véanse los estatutos acopiados en 2 Wigmore, Evidence, see. 1163), a pesar de que existen ejemplos en que la facultad se ha considerado como inherente. (Citas.) Los estatutos aprobados se ajustan generalmente a la prác-tica seguida en los tribunales ingleses, disponiéndose en ellos la presencia del juez o, en su discreción, el nombramiento de showers juramentados en la forma antigua. (Véanse los estatutos y deci-siones en 3 Wigmore, Evidence, secciones 1802 y 1803, y volumen 2, sección 1163; véase también Brooklyn v. Patchen, 8 Wend. 47, 65; State v. Perry, supra (121 N. C., a la página 536), 27 S. E. 997, 61 Am. St. Rep. 683.)”

Veamos ahora en qué consistió la inspección ocular ,en este caso celebrada. Por ser relativamente breve, y para más exactitud, transcribiremos a continuación el acta que se levantó al efecto: '

“Inspección Ocular
“Juez:
‘ [En .Ponce, Puerto Rico, hoy día 27 de noviembre de 1940, siendo las 12:12 minutos de la tarde, de este día, se reunieron frente a la Droguería ‘Royal’, situada en la esquina de la Plaza Muñoz Rivera, calle Isabel de esta ciudad de Ponce, el Juez que preside, el Secretario señor Carlos Suárez, el taquígrafo Sr. Justo M. Bodón, los fiscales Sres. Pedro Rodríguez Serra y Guillermo S. Pierluisi, y los señores del jurado que componen el ‘panel’ que está interviniendo en este caso, y todo ello en cumplimiento de la solicitud que hizo el jurado para situarse en este sitio, a fin de hacer la correspondiente inspec-ción ocular, habiendo el jurado hecho dicha solicitud en corte abierta, a presencia del acusado Ramón Cruz Reyes y de sus abogados, Lies. J. Yalldejuli Rodríguez y Rafael Hernández Matos, a quienes la corte les manifestó que deberían' concurrir conjuntamente con el acusado., no habiendo hecho manifestación alguna en contrario, habiendo este tribunal así constituido esperado en este sitio durante veinte minutos con el tráfico suspendido.
“La Corte hace constar que habiendo pasado veinte minutos sin que hubiese comparecido ninguno de los' abogados de la defensa, ni el acusado, se ordenó al submárshal Morales, que estaba presente conjuntamente con el submárshal Figueroa, para que llamase por teléfono a los-abogados, habiendo localizado al Lie. Hernández Matos en su oficina, habiéndole manifestado que no deseaba concurrir, y que el compañero Valldejuli se había retirado -con el acusado. . SUBMÁRSHAL SR. FlGUEROA:
“El señor Hernández Matos informó que el señor .Validejulli sería el que vendría a la inspección ocular.
Juez :
“La corte hace constar que ha visto pasar al acusado en un automóvil • cuando estábamos en la esquina. . . ■
DECLARACIÓN DE PORFIRIO RODRÍGUEZ.
(Se le toma juramento por el Juez.)
Juez : ¿ Cómo se ' llama usted? — Testigo • Porfirio Rodríguez. — ¿Ocupación?' — Policía Insular. — ¿Dónde se encontraba usted, ahora a las doce y quince minutos? — En la esquina de la Farmacia Royal.— ¿Usted conoce al acusado en este caso Ramón Cruz Reyes? — Sí, señor. — ¿Conoce a los abogados defensores de él? — De vista. — ¿Usted ña visto últimamente al acusado Ramón Cruz Reyes y a sus abogados? —Vi a Ramón Cruz Reyes guiando un carro, y a uno de los abo-gados. — ¿ A qué hora? — Hace un momento. — En vista de ello, la corte va a pasar lista a los señores del jurado para estar en ley. (El juez pasa lista a los señores del jurado, estando todos presentes.) Juez: Siendo éste el momento anunciado para la inspección ocular, y habiéndose solicitado por el jurado y ordenado por la corte, que com-pareciera el testigo Jorge Brandon, la corte va a proceder a tomarle juramento. (Se le toma juramento*al señor Brandon por el propio juez.) Los señores del jurado podrán ahora inspeccionar el sitio con el testigo señor Brandon. — JuRádo Joaquín Martínez Andino: Señor Brandon, ¿dónde estaba usted cuando sucedió el caso?— Testigo Jorge Brandon: Exactamente bajo esas palmas; entre las dos palmas que se divisan, frente a la caseta del teléfono. Bajo esa palma, la primera. — JuRádo Joaquín Martínez Andino : ¿ Quiere ir a pararse en el sitio donde usted estaba? — SR. Brandon, : Sí, señor.— Juez: Párese en el sitio donde usted estaba. (El Sr. Brandon se para en el sitio indicado por él anteriormente.) — Juez: Se hace constar que el testigo se para más o menos cerca de la primera palma, parte lateral norte; con un pie puesto sobre una verja como de pie y medio de altura, mirando el testigo hacia el Parque de. Bombas.— Se. BRandon: Estaba parado aquí y el Policía Miguel Angel Ríos aquí. Yo venía en esta actitud. — Juez: ¿Usted se ha parado allí?— Estaba con el pie derecho puesto sobre una de las tablitas del jardín, mirando hacia el Parque de Bombas. Escuché la detonación, miré automáticamente hacia el sitio y vi caer al Capitán Igaravídez. — - Jurado Segundo Castro : ¿ Dónde cayó? — Sr. BRandon : Vi al Capi-tán Igaravídez en este sitio, y al' agresor aquí. — Juez: • ¿Al Capitán Igaravídez, frente al chaflán de la Farmacia Royal, ■ en la esquina que mira hacia la Plaza Muñoz Rivera? — Sí, señor, y el policía estaba en esta posición. — ¿De la parte Sur mirando hacia el Norte? — Sí, señor. — ¿Y' el Capitán Igaravídez? — De norte a sur. El capitán Igaravídez, cuando escuché la detonación, iba cayendo hacia atrás, y supongamos que cayó aquí. — Jurado Martínez Andino: ¿Cayó para atrás? — Iba cayendo hacia atrás a medida que me acercaba, y me detuve como a diez pies de distancia. Vi al matador y me detuve aquí. — Juez : Se hace constar que son como cinco pasos de la franja de la acera, y como siete u ocho pasos de donde se dice que cayó el capitán Igaravídez. — Sr. Brandon: Aquí estaba el policía Miguel Angel Ríos detrás del poste. — Juez: Se miden como tres pies más o menos de nn poste, que queda cerca donde se dice que cayó el capitán Igaravídez. — Jurado Rafael Mages: Dígame, testigo, ¿usted dice que cuando sonó el primer disparo usted estaba parado allí?— SR. Beandon: Sí, señor. — ¿Entonces usted seguía corriendo para acá? — Caminando ligeramente. — Vuelva testigo, váyase a aquel sitio y vuelva al sitio éste. (El testigo señor Brandon hace lo que le indica el jurado señor Mages)' — Juez: Se marca con un reloj de tiempo .diez segundos, hasta la distancia donde dice que se paró el testigo, después de haber oído la primera detonación. — Jueado Se. Mages: ¿Había algunas personas en este sitio? — SR. Brandon: No recuerdo. Mi mirada estaba coiícentrada hacia el matador. — ¿Había algo en este sitio? — Posiblemente un coche. Yo tenía la mirada con-centrada en el matador. — Jurado Sr. Mages : ¿ Estaba alumbrado este sitio? — Sí, señor, había luz. — Cuando usted estaba ahí, ¿él hizo el segundo disparo? — Cuando estaba aquí vi al agresor hacer el segundo ' disparo. Entre el primer y el segundo disparo hubo un lapso de tiempo. No fué ‘tan, tan’, sino ‘tan. .tan’. Jurado Joaquín Mar-tínez Andino : ¿ Esa noche estaba claro este sitio u oscuro ? — Había luz. — ¿ Por medio de estos faroles ? — Había un foco aquí en el centro, que fué eliminado. — ¿Estaba alumbrada esta equina? — Había luz y la mirada mía estaba concentrada en el matador. Inmediatamente reconocí al matador. — ¿Usted pudo ver el caso después del primer disparo y nunca antes? — Sí, señor, cuando escuché la detonación vi al hombre caer, y dije: ‘¡un crimen!’ cuando estaba con el pie puesto sobre la tablita. Estaba Dimas Aromí sentado qerca y pudo escu-charme. — Jurado Segundo Castro: ¿Usted vió cuando venía el capitán? — No, señor. — Jurado Luis F. Vázquez: ¿Cuando usted venía corriendo, se paró ahí? — SR. Brandon: Sí, señor.- — ¿Y el otro guardia estaba aquí? — Sí, señor — ¿Al segundo disparo? — Sí, señor. Vi la actitud del policía. Tenía o expresaba la misma emoción que yo. Estaba temblando. — Jurado Justo' Sánchez Quiles: ¿Por dónde venía el acusado? — No sé por dónde venía. Sólo vi que la posición del acusado era mirando hacia acá, o sea, hacia la victima. Entonces vi cuando el capitán cayó. Al caer, entonces fué el segundo disparo, en una posición así. (El testigo se acuesta en la acera, para demostrar gráficamente lo que está declarando.) — Jurado Sr. Mages : ¿ El policía estaba allí? — El policía, digamos en esta posición, y cuando la víctima cayó, cayó en esta posición. — ¿Mirando para dónde? — Hacia acá. Aquí, y la gorra había caído hacia atrás. Estaba calvo, y surgió .de aquí un filtro de sangre hacia afuera. — ¿Lado izquierdo?- — Sí, señor, en esta, posición. Entonces me detuve hasta que vino Miguel Rodríguez Alfonso a recoger la caja de dientes.— Juez: Solamente el jurado quería ver el sitio. La eorte no desea que se declaren los hechos, sino solamente la localización del sitio.— Fiscal PieRluisi: Vamos a pedir a la corte que se le enseñe al jurado la residencia del capitán Igaravídez. — Juez : El jurado quería solamente saber el sitio. Ahora, si él sabe la residencia... — SR. BRAndon: La sé. — ¿En qué dirección? — Frente al garage ‘Tell me’, hacia la calle León. La casa queda a la doblada de la esquina, en la calle León. — JuRado SR. JenaRO Oteeo: ¿El capitán Igaravídez estaba aquí en el suelo? — Sí, señor. — ¿Ahí recibió la otra bala? — • En el suelo. — ¿Usted lo vió? — Sí, señor. — ¿El segundo disparo?— Ya estaba en el suelo cuando el segundo disparo.—
Juez:
La corte hace constar que no se ha hecho más ninguna pregunta por el jurado. Es la una menos veinticuatro minutos de la tarde. Que aún a esta hora no se ha presentado abogado alguno, y especial-mente ni el Lie. Rafael Hernández Matos ni el Lie. J. Valldejuli Rodríguez, ni el acusado, a pesar de no haberle manifestado a la corte su intención de no comparecer.
“Entonces, la inspección ocular ha, terminado, y la corte ordena que por el taquígrafo se transcriba a la mayor brevedad posible, para que forme parte del récord.” (T. de E., páginas 429-437.)

Del acta transcrita podremos ver que ni el acusado ni sus abogados estuvieron presentes, no obstante todas las opor-tunidades que para ello les brindara la eorte. Alega el ape-lante, como hemos visto, que procede la revocación de la sen-tencia por haberse celebrado la inspección en ausencia suya 3 de sus abogados, y por haberse recibido evidencia en esas condiciones.

La primera cuestión que debemos resolver es: ,⅜reconoce la ley al acusado el derecho de estar presente en una inspec-, ción ocular, a tal extremo que su ausencia la invalide y pro-duzca la revocación de la sentencia? Sobre esta cuestión la jurisprudencia está dividida. Un buen número de jurisdic-ciones' sostienen que el conocimiento de los hechos que ad-quiere un jurado en una inspección ocular constituye eviden-cia y por consiguiente la inspección' és parté del juicio y la presencia del acusado es indispensable y ni siquiera, puede ser renunciada por él—Noell v. Commonwealth of Virginia (1923) 135 Va. 600, 115 N. E. 679, 30 A.L.R. 134—citado por el apelante. Otras, no menos numerosas, encabezadas por la Corte Suprema de, los Estados Unidos—Snyder v. Mass., supra—, sostienen que los objetos físicos observados no son testigos, que el verdadero propósito de la inspección ocular es' suministrar un medio de facilitar la apreciación de la prueba, y que por consiguiente la inspección no es una parte del juicio, y siendo ello así, el acusado no tiene derecho a es-tar presente, como tampoco lo tiene a presenciar la delibera-ción del jurado, y por lo tanto que la ausencia del acusado en. persona durante la inspección ocular no infringe el de-bido proceso de ley garantizado por la Enmienda XIV de la Constitución. Véase al mismo efecto 6 Wigmore on Evidence, 3a. ed., 1940, páginas 252 et seq.

Es justo consignar aquí que si bien la opinión en el caso de Snyder v. Mass., supra, suscrita por el Juez Cardozo, sos-tuvo que el acusado no tiene derecho a estar presente en persona en una inspección ocular y que el privarle de ese pri-vilegio no infringe la garantía del debido proceso de ley con-tenida en la Enmienda XIV de la Constitución Nacional, no es .menos cierto que en la opinión disidente, suscrita por el Juez Eoberts, en la cual concurrieron los Jueces Brandéis, Sutherland y Butler, se sostuvo que el negar .al acusado el derecho a estar presente en persona durante la inspección ocular viola la Enmienda XIV, fundándose, en que lo que el jurado observa en el curso de una inspección ocular consti-tuye evidencia en el caso que no puede ser legalmente reci-bida en ausencia del acusado en persona.

Nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, en su ar-tículo 179, prescribe que en un proceso por felony el acusado deberá asistir al juicio en persona, pero no tenemos precepto legal alguno dispositivo de que.el acusado deba estar perso-nalmente presente en la inspección ocular ni que el conoci-miento que adquiera el jurado al celebrarla, constituya evi-dencia. Por consiguiente, debemos recurrir-a la jurispruden-cía para determinar la cuestión. Existiendo como existe una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la materia, estamos obligados a seguirla y por lo tanto de-bemos resolver que el acusado no tiene derecho a estar pre-sente en persona y que una inspección celebrada en su au-sencia no infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 2 de nuestra Ley Orgánica. No quiere esto decir que una corte deba negar ese privilegio a un acusado que lo soli-cita. Como dice Wigmore, obra y tomo citados, página 253, no debe suponerse que un juez en circunstancias ordinarias niegue ese privilegio a un acusado. A ese efecto debemos reproducir aquí lo dicho por nosotros en el caso de El Pueblo v. Sarria, 57 D.P.R. 882, 889:

“Á nuestro juicio, la mejor práctica es permitir al acusado pre-senciar la inspección ocular a menos que existan razones poderosas', para impedírselo, como] por ejemplo, cuando la vida del acusado-corra peligro en caso de asistir a ella. Hallándose presente el acu-sado en la inspección ocular, puede llamar la atención a su abogado' de cualquier error en que se incurra al mostrar el sitio o sitios en cuestión, y hacer a éste cualquier sugestión sobre cualquier punto o sitio que deba ver el jurado.”

Pasemos ahora a la segunda cuestión a discutir en rela-ción con el quinto señalamiento de error, a saber: ¿Se' apartó la corte inferior del procedimiento establecido para una inspección ocular, lesionando los derechos sustanciales del acusado a tal extremo que requiera la revocación de la sentencia y la concesión de un nuevo juicio? No lo creemos así. Jorge Brandon, que a petición del jurado fue designado, por la corte para mostrarle la escena del crimen, había de-clarado antes como testigo del fiscal y su declaración se con-trajo al sitio donde él se hallaba cuando oyó el primer dis-paro, a la posición que ocupaban el acusado y la víctima, y lo que el testigo pudo presenciar a partir del primer disparo, habiendo sido repreguntado por la defensa en dicha ocasión. Al llegar al sitio de la inspección ocular fué puesto bajo ju-ramento y gráficamente mostró al jurado la posición que ocupaban la víctima y el testigo. En otras palabras, repro-dujo lo que sobre el particular babía declarado en presencia del acusado y de sus abogados. Nada nuevo oyeron de sus labios los señores del jurado que no hubieran oído de él en la sala de sesiones. Si bien se midió allí el tiempo que dicho testigo tardó en caminar de un punto a otro en la escena y •declaró también que el sitio estaba alumbrado, esto en nada pudo afectar el veredicto, ya que todo ello resultaba comple-tamente inmaterial,'como tampoco pudo perjudicar al acu-sado el que el jurado viese dónde estaba situada la casa en <que vivía Igaravídez para la fecha de su muerte. Además, el acusado y sus abogados, que tan celosos se muestran ahora de sus derechos, ¿por qué menospreciaron la oportunidad que repetidamente les brindó la corte para que participasen en la inspección ocular? No vemos cómo en un caso en que se’ imputaba un delito de asesinato en primer grado, en que es-taba envuelta la libertad del acusado por todo el resto de su vida, se pueda haber demostrado tanta indiferencia por los llamados a velar por sus derechos. Somos de opinión que cualquier ligera desviación del procedimiento en lo que res-pecta a la inspección ocular no perjudicó los derechos sus-tanciales del acusado, y por consiguiente debemos concluir que no existe el quinto de los errores señalados.

El sexto señalamiento de error expone que el veredicto de asesinato en segundo grado no está sostenido por la evidencia presentada por El Pueblo.

Como cuestión previa, debemos consignar que el vere-dicto, de acuerdo con la ley, debe basarse en aquella parte de la evidencia tanto de cargo como de descargo que haya merecido crédito al jurado. Puede que la evidencia de El Pueblo por sí sola sea insuficiente, pero si la deficiencia es subsanada por la de descargo, el veredicto no debe ser alte-rado por ese solo motivo. De todos modos, en beneficio del acusado, vamos a asumir que lo qué quiso alegar la defensa fue que el veredicto es contrario a la evidencia.

El Fiscal de este tribunal hace en sn alegato nna exposi-ción fiel de la prueba tanto de cargo como de descargo, por lo que la Racemos nuestra y transcribimos a continuación:

"La prueba presentada por el fiscal consistió de la declaraciones de los testigos Dr. Alvaro Santaella, Rafael Torruellas Cortada, Carlos Cuesta, Miguel Angel Ríos, Jorge Brandon, Humberto Carta-gena, Miguel Alfonso, Eulogio Rivera, Coronel Enrique de Orbeta, el Juez Jorge Bartolomei, Rafael Molina, Juan M. Tusel,' Jorge Rivera y el Capitán Salvador G. López de Azúa, ofreciéndose también además de las declaraciones de estos testigos un revólver y cuatro balas sin disparar, con dos balas disparadas, ocupado al acusado; una caja de dientes postizos que usaba el interfecto y un papel escrito por el testigo Miguel Alfonso con relación a dicha pieza de evidencia; un revólver Colt y 6 balas sin disparar que era el revólver de reglamento del Capitán Rafael Igaravídez y que apareció en la ga-veta superior derecha de su escritorio bajo llave; la placa y gorra, la primera del policía y la segunda del Capitán Igaravídez; dos plomos encontrados en el> sitio de los sucesos inmediatamente después de los disparos; un pañuelo de hombre, color verde, dos cigarros, un billete de la lotería extraordinaria correspondiente al mes de julio de 1938; un reloj, unos lentes, una caja de fósforos y una libreta de cheques, todo perteneciente al Capitán Igaravídez y que tenía esa noche sobre su persona; el gabán o chaqueta y el pantalón, la camisa y ropa interior que vestía esa noche el interfecto; el pliego de cargos presen-tado por el Capitán Igaravídez contra el acusado, por falsedad, el mismo día de la ocurrencia de los hechos, a las 6 P.M.; y un diagrama hecho en una pizarra por uno de los testigos de cargo. Además, se presentó por el fiscal prueba de rebuttal consistente de las declaraciones del sargento José A. Rodríguez y Jefe Rafael Molina y Capitán López de Azúa, y un memorándum del interfecto identificado por el sargento Rodríguez y relacionado con los cargos de falsedad formulados al acusado por el interfecto.
(de dicha prueba resulta)
' ‘ Que el acusado Ramón Cruz Reyes para la fecha de la ocurrencia de los hechos, o sea el 29 de junio de 1938, y desde varios meses antes, desempeñaba el cargo de policía insular en la ciudad de Ponce, bajo las órdenes del interfecto, Capitán Igaravídez; que días antes de ocurrir el suceso, el Capitán Igaravídez había formulado al acu-sado un cargo por abandono de servicio, consistente en que el día 15 de junio de 1938, siendo dicho acusado el encargado de la vigi-lancia diurna de la demarcación denominada ‘Atocha y Vives’, de la ciudad de Ponce y estando en horas de servicio, o sea a las 5 P.M., fué sorprendido por el Jefe Igaravídez en tertulia con un paisano y sin asumir la posición (exhibit 10 de El Pueblo), cargo éste por el cual fué condenado el acusado a pagar dos dólares de multa y reprensión de orden general; que el mismo día 15 de junio ya indicado, el acusado hizo una anotación al folio 210 del Libro Auxiliar de Novedades de la Policía, a las 6:25 P.M., informando que ese mismo día a las 5: 00 P.M. Antonio Santiago Rodríguez le había comunicado que mientras tenía su automóvil parado en la esquina de la calle Atocha le hurtaron del asiento del mismo un par de zapatos, valorado en $5.50, y que no tenía sospecha de persona alguna, cuyo informe resultó falso,, según la investigación practicada; que con motivo de esa actuación del acusado, el Capitán Igaravídez . le formuló un nuevo cargo de falsedad a este acusado, cuyo cargo le fué notificado con copia exacta el mismo día 29 de junio de 1938, a las 6: 00 P.M., concediéndosele un término de 48 horas para que interpusiera su defensa, de acuerdo con lo dispuesto en las órdenes y Reglamentos de la Policía Insular; qué esa misma noche, entre ocho y ocho y media de la noche salió de su casa, sita en la calle León el Capitán Igaravídez■ dirigiéndose hacia la calle Isabel; que al llegar a esta última calle dobló hacia i a derecha en dirección Oeste, o sea, hacia la Plaza Muñoz Rivera, cruzando luego frente al edificio de la National Printing Press dé la acera derecha a la acera izquierda, en forma diagonal, llegando por dicha acera a la esquina que forman las calles Atocha e Isabel, frente al establecimiento de la droguería o farmacia Royal; que el Capitán Igaravídez caminaba despreocu-padamente fumando un tabaco y vestía su uniforme azul de capitán de la policía; que en los momentos en que llegaba a la esquina antes indicada caminó hacia él el acusado Ramón Cruz Reyes y al verlo el Capitán Igaravídez le saludó diciéndole: ‘¿Qué hay?’. Que la respuesta del acusado fué hacerle un disparo con su revólver de reglamento, disparo éste que entró por la región pectoral izquierda causándole una herida en el tórax y perforando la bala en su trayec-toria la base del pericárdeo, del lóbulo' del pulmón izquierdo, del diafragma y el estómago, produciendo en este último órgano dos perforaciones, una de entrada y otra de salida, hiriendo luego el bazo y saliendo, finalmente, al exterior por la región corto-ilíaca izquierda en el séptimo espacio intercostal; que al recibir ese balazo se desplomó el Capitán Igaravídez cayendo a lo largo de la acera en cuyo' momento se acercó más el acusado a su víctima hacién-dole un segundo disparo por la cabeza que le penetró por la región temporal izquierda y le salió por la región parietal derecha, fractu-rándole y destruyendo a su paso los huesos temporal y parietal y la masa cerebral, causándole una hemorragia cerebral interna, al igual de la primera herida le causó una hemorragia torácica aguda, que le produjo la muerte a los pocos minutos. Una vez realizado su propósito y luego de amenazar al policía Ríos que intenta acer-cársele en esos instantes de que no se le acerque, toma un carro en unión a dicho policía Ríos, quien lo conduce bajo arresto a la cárcel de distrito ocupándole el revólver con cuatro cápsulas sin disparar y dos disparadas. El Capitán Igaravídez no tenía armas de clase alguna sobre su persona según quedó demostrado por la prueba del fiscal, pues ni en el sitio de los sucesos ni luego al ser registrado por el Dr. Picó por órdenes del Juez Municipal Bartolomei, se ocupó arma alguna, ni siquiera funda o vaqueta, demostrando tam-bién la prueba que el Capitán Igaravídez generalmente no usaba revólver; hecho éste que quedó demostrado a'l encontrarse su revólver de reglamento por el Jefe de la Policía Insular, Coronel Enrique de Orbeta, en una de las gavetas de su escritorio en su oficina en el cuartel bajo llave; que del sitio donde cayó el cuerpo del Capitán Igaravídez, en medio de un charco de sangre, en cuyos alrededores se encontraron objetos de su uso personal, tales como su dentadura postiza y el tabaco que fumaba en los momentos de la agresión, fué llevado a la Clínica donde falleció a los pocos minutos.
“La prueba del acusado consistió en las declaraciones del chófer de uno de los testigos de cargo, don Rafael Torradlas, a fin de im-pugnar la credibilidad de su patrono; Miguel Álvarez, uno de los fiadores del acusado, quien salió en comisión por la isla a recoger dinero a favor de éste y cuyo testimonio tendió en parte a impugnar la credibilidad o contradecir más bien al testigo Brandon del fiscal; de Edelmiro Colón, expolicía a quien según la prueba de rebuttal del fiscal el Capitán Igaravídez le formuló en una ocasión cargos por desobediencia de órdenes y quien de rango de Lance Corporal fue degradado a simple guardia y trasladado de Ponce al pueblo de Arroyo, por cuyo motivo renunció; de José A. Rivera, chófer del anterior testigo Edelmiro Colón; del expolicía Ángel Tilano Maldonado, quien fué destituido por la Comisión de la Policía por cargos que contra él formuló el Capitán Igaravídez, y el testimonio del pro-pio acusado, en adición del del Capitán López de Azáa. Dicha prueba de defensa tendió a demostrar que entre el Capitán Igaravídez y el expolicía Angel Maldonado había ocurrido un disgusto por motivo de ciertos cargos contra él formulados y cierta actitud ofensiva del Capitán Igaravídez por cuyo motivo se habían desafiado; que eso había ocurrido dos días antes de la muerte de Igaravídez estando allí presente también el acusado Cruz Reyes; que la noche de los sucesos, mientras esperaba el acusado un automóvil para que' lo lle-vara a su casa, vió al Capitán Igaravídez en la esquina de la dro-quería Royal y caminó hacia ese sitio; que al acercarse a Igaravídez éste lo agarró y le dijo: 'Ah, Maldonado,’ a lo cual respondió el acusado Cruz Reyes: ‘Yo no soy Maldonado,’ diciéndole entonces Igaravídez: ‘No me hable,’ y haciendo un aguaje para meterse la mano ‘aquí’, o sea, como un ademán hacia la parte derecha de la región abdominal; que entonces el acusado reproduciendo en su mente en forma rápida la escena ocurrida en 'd cuartel en que se desafiaron de muerte Igaravídez y Maldonado y asociando a ello la frase ‘Ah, Maldonado,’ temió ser objeto de agresión por parte de Igaravídez y entonces sacó su revólver haciéndole dos disparos; que él creía que estaba armado; que el primer disparo fué por el pecho y el segundo lo hizo el acusado cuando Igaravídez lo agarraba por una pierna.” (Paréntesis nuestro.)

De los hechos expuestos resulta que no hubo controversia alguna en cuanto a que el acusado dió muerte a Rafael Iga-ravídez. La discrepancia entre una y otra prueba consiste en que según el acusado él actuó en defensa propia. El ju-rado apreció la prueba de una y otra parte y no dió crédito a la referente a la defensa propia, desde el momento, que trajo un veredicto de asesinato en segundo grado, y no ve-mos que al así apreciar la evidencia haya incurrido en error, y como dicha evidencia sostiene perfectamente el veredicto rendido, procede declarar que tampoco existe el alegado error.

Finalmente, alega el apelante como octavo y último error que la pena de diez y siete años de presidio que le fué impuesta es excesiva y se queja de que el juez no tomara en" consideración la recomendación de clemencia que le hiciera el jurado. Descartada la defensa propia, como necesaria-mente lo fué al rendirse un veredicto de asesinato en segundo grado, el resto de la evidencia claramente demuestra que el delito cometido fué el de asesinato en primer grado, castiga-ble con cadena perpetua. Que el juez tomó en consideración la recomendación del jurado, lo demuestra el haberle impuesto solamente diez y siete años de presidio, cuando las circuns-tancias del delito justificaban el máximo de la pena, que tra-tándose de un asesinato en segundo grado es de treinta años de presidio.

No existiendo tampoco el último de los errores señalados, procede, por lo expuesto, la confirmación de la sentencia.


author: “Fit. Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Mercedes Santos, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1099.

    Sometido: Marzo 7, 1942.

      Resuelto: Marzo 13, 1942.

      Andrés Buiz, Jr., abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   “Fit. Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada el 6 de septiembre de 1941 en Mayagüez ante el notario Lie. Andrés Buiz, Jr., el Marshal de la Corte de Distrito de Mayagüez vendió a Mercedes Santos una finca urbana por haber sido ella el único postor en la subasta pública celebrada por dicho funcionario cum-pliendo orden al efecto librada en el procedimiento ejecutivo sumario hipotecario seguido por dicha Mercedes Santos contra Juan José Suárez y la Sucesión desconocida de Felipa Jiménez. Presentada dicha escritura al Begistrador de la Propiedad de Mayagüez para su inscripción el registrador la denegó por los fundamentos expresados en la siguiente nota:

“Denegada la inscripción solicitada por observarse que según consta del Registro la finca hipotecada aparece inscrita a nombre de Felipa Jiménez, casada con Juan José Suárez, habiéndose instado el procedimiento sobre ejecución de hipoteca contra Juan José Suárez y la sucesión desconocida de Felipa Jiménez, John Doe y Richard Roe (cuyo fallecimiento no se menciona) sin que conste que los he-rederos de dicha Felipa Jiménez fueran citados, requeridos de pago, ni apercibidos, en forma alguna, habiéndose observado además que el edicto publicado para el remate de la referida finca se expidió con fecha veintidós de agosto de 1941 y anunciada la subasta que habría de celebrarse para el 16 de agosto del mismo año o sea para tener lugar seis días antes de haberse expedido el referido edicto, todo ello al folio 46 vuelto del tomo 134 de Mayagüez, finca 5158 anotación ‘A’ tomada por el término legal. Mayagüez, a 22 de enero de 1942.”

El segundo motivo de la denegatoria quedó eliminado por la rectificación que se hizo ante el registrador'en cuanto a las fechas indicadas, subsistiendo únicamente el primero que ha sido objeto de este recurso gubernativo interpuesto por Mercedes Santos.

Según hace constar el registrador recurrido en su nota, la finca hipotecada, objeto del procedimiento ejecutivo suma-rió ante la Corte de Distrito de Mayagüez, aparece inscrita en el registro a nombre de Felipa Jiménez, casada con Juan José Suárez. Empero, dicho procedimiento se instó contra Juan José Suárez y la Sucesión desconocida de Felipa Jimé-nez, John Doe y Bichard B.oe y en la orden de subasta dic-tada por la corte se hace constar lo siguiente:

“Vista la moción de la-demandante solicitando que se ordene la venta en pública subasta de la finca hipotecada por no haber satis-fecho la parte demandada las sumas reclamadas dentro del término legal, y apareciendo de los autos de este caso que el demandado Juan José Suárez, quien está en posesión de la finca hipotecada y al frente de la misma como dueño, fue requerido personalmente por el Már-shal de esta Corte de Distrito, sin que aparezca que se haya presen-tado escritura de cancelación con la correspondiente nota de inscrip-ción en el Registro de la Propiedad, ni certificación de dicho Regis-tro ereditiva de haber sido cancelada la hipoteca objeto de este pro-cedimiento, la corte, ordena que, previa la publicación de los corres-pondientes edictos, y por el término de ley, se venda en pública su-basta, la finca hipotecada, . . . etc.” (Bastardilla nuestras.)

La cuestión a resolver es si, aceptando el hecho del falle-cimiento de Felipa Jiménez, dueña de la finca hipotecada, es suficiente el requerimiento hecho a su csuoso Juan José -Suá-rez, por estar en posesión y al frente de la finca y sin que aparezca que los herederos de dicha Felipa Jiménez fueran citados, requeridos de pago o apercibidos en forma alguna, . en el procedimiento ejecutivo sumario.

La recurrente acepta como hecho cierto que la finca está inscrita en el -Registro de la Propiedad a nombre de Felipa Jiménez, casada con Juan José Suárez, pero sostiene que el requerimiento hecho al viudo es suficiente y válido de acuerdo con el artículo 128 de la Ley Hipotecaria y el 171 del Regla-mento para su ejecución, y al efecto trata de distinguir lo resuelto por este Tribunal en el caso de Arvelo et al. v. Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, 25 D.P.R. 728 apli-cando dichos artículos-y cita por último el caso de Sum. Mandés v. Sucn. Agüeros, 42 D.P.R. 684.

En cuanto a este último caso se refiere, no vemos qué aplicación puede tener al de autos, pues lo único que en él se resolvió fué que en los ejecutivos sumarios la citación o requerimiento no es para que el deudor comparezca ante la corte, sino para que pague, y que estrictamente hablando no hay partes demandadas. Aquella parte de la cita que hace el recurrente, tomándola del sumario, al efecto de que en un procedimiento sumario hipotecario no hay partes demanda-das “que necesiten ser notificadas del mismo” no consta eh la opinión, ni podría ser así, pues siempre hay que cumplir con el requisito del requerimiento o notificación al deudor, de acuerdo con el artículo 128 de la Ley Hipotecaria que, en lo pertinente dispone:

“Artículo 128. — . ......
“Se requerirá al deudor de pago si residiere en el lugar en que radica la. finca y se supiere su domicilio; bastará en otro caso que se requiera al que se halle al frente de la finca en cualquier con-cepto legal, a fin de que ponga en conocimiento del dueño la recla-mación.”

Pasemos a considerar el asunto en su fondo.

Llama la atención el registrador recurrido hacia el hecho de que en la orden dictada por la Corte de Distrito de Mayagüez, supra, se hace constar qne Juan José Suárez está en posesión de la finca hipotecada y al frente de la misma como dueño y qne tal afirmación no consta del registro, pnes, como hemos visto, la finca aparece inscrita a nombre de Fe-lipa Jiménez casada con Jnan José Snárez.

Aceptando como nn hecho cierto qne la finca pertenecía a la sociedad de gananciales, no podemos presumir qne el viudo Jnan José Snárez sea el único heredero de Felipa Ji-ménez, y el hecho de qne sea un condueño de la propiedad no le convierte en el dueño de la finca con la mera alegación en el ejecutivo sumario de qne se desconoce la sucesión de Felipa Jiménez.

El artículo 171 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria dispone, en parte, lo siguiente:

"... Cuando alguno de los que hayan de ser requeridos de pago no residiere en el término municipal donde radique alguno de los bie-nes, el requerimiento se entenderá con la persona que se halle al frente de la finca en cualquier concepto legal, a fin de que lo ponga sin dilación en conocimiento del dueño. ...”

Interpretando y aplicando los artículos 128 y 171, supra, se resolvió por esta Corte, en el mencionado caso de Arvelo v. Banco, lo siguiente:

"Como se ve, siendo Hilario Arvelo, según el registro, el dueño de la finca hipotecada a favor del Banco Territorial y Agrícola, con él por precepto terminante de la ley debía entenderse el requeri-miento de pago, si residía en el barrio de Jayuya del término municipal de Utuado en que radicaba la finca y se sabía su domicilio: pero habiendo ocurrido la muerte de Arvelo antes de iniciarse el procedimiento sumario hipotecario, ¿se estaba en el caso de requerir de pago al que se hallare al frente de la finca en cualquier concepto legal? Opinamos que no.
"Es claro que muerto Arvelo no podía ser requerido de pago; pero su personalidad continuaba en sus herederos, quienes le susti-tuían en todos sus derechos así activos como pasivos transmisibles, y debían por tanto ser los requeridos de pago, pudiendo excusarse el requerimiento personal sólo en el caso de que no residieran en el lugar de radicación de la finca hipotecada y se ignorara su domi-cilio.”
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“Los preceptos legales que se dejan citados, al autorizar el re-querimiento de pago en la persona que se halle al frente de la finca en cualquier concepto legal, no se refieren al caso en que el deudor hubiere fallecido sino al caso de que éste no residiere en el término municipal, y además, en caso de muerte del deudor la persona en-cargada ele la finca no podría dar conocimiento del requerimiento al dueño de ella que ha dejado de serlo por su muerte pasando el do-minio a sus herederos.
“El pago incumbía por fallecimiento de Hilario Arvelo a sus herederos quienes bajo concepto alguno fueron requeridos de pago ni personalmente ni por medio de apoderado o arrendatario y de ahí que habiéndose practicado el requerimiento en la persona que estaba encargada de la finca debió publicarse ese requerimiento por medio de edictos según dejamos indicado. Pero es que aunque tal publicación se hubiera hecho el requerimiento no hubiera perjudi-cado a los herederos de Arvelo por falta de las condiciones necesa-rias para que pudiera prescindirse del requerimiento personal.”

Como hemos dicho, la recurrente trata de distinguir este caso del de autos por el hecho de que en el de Arvelo se no-tificó únicamente a la viuda, que estaba al frente de la finca, y no a los herederos de Arvelo a pesar de que se conocía quiénes eran y que vivían en la misma jurisdicción, y no se alegó en el procedimiento sumario que se ignoraba quiénes constituían la sucesión, como se hizo en el caso de autos.

El argumento resulta especioso. La mera alegación de que se desconocía la sucesión de Felipa Jiménez no está bien fundada de acuerdo con los hechos. Si la finca aparecía inscrita a nombre de Felipa Jiménez casada con Juan José Suárez, la dueña con título inscrito y deudora era la socie-dad conyugal. Cortés et al. v. Díaz et al., 31 D.P.R. 454, 461. Siendo esto así, el viudo, Juan José Suárez, era un heredero forzoso, de acuerdo con el inciso 3 del artículo 736 del Có-digo Civil, en la forma y medida que establecen los artículos 761 y siguientes del mismo Código; y asumiendo que no existieran otros herederos de Felipa Jiménez, dicho viudo podría hasta ser el -único heredero de acuerdo con el artículo 909. De manera qne, en cnanto a Juan José Suárez, la re-currente no podría alegar que desconocía qne él formaba parte, en la proporción qne pudiera corresponderle en la he-rencia, de la sucesión de Felipa Jiménez. Sin embargo, a él no se le demandó y requirió en el procedimiento sumario en dicho carácter, ni tampoco se le requirió como apoderado o arrendatario que tuviera a su cargo la finca y por tanto el requerimiento, en cuanto a aquellos herederos de Felipa Ji-ménez que pudieran ser desconocidos para la recurrente, de-bió haberse hecho mediante la publicación de los edictos que requiere el artículo 171 del reglamento, y en cuanto a Juan José Suárez como condueño y miembro de dicha sucesión.

Alega además la recurrente que, en todo caso la publicación del edicto de subasta, según aparece de la escri-tura de venta judicial, es suficiente información y notifica-ción a los herederos de Felipa Jiménez que eran desconoci-dos para ella. En el caso de Cortés v. Díaz, supra, resolvi-mos que la falta del requerimiento de pago no es una mera cuestión de procedimiento y sí jurisdiccional que no es cu-rada por la publicación del edicto de venta. Tratando as-pectos similares al caso de autos, se dijo:

“Al argumentar el segundo señalamiento declaran los apelantes que aceptan sin discusión la doctrina establecida por esta corte en el caso de Arvelo v. Banco Territorial y Agrícola, 25 D.P.R. 728, pero tratan de diferenciarlo debido a la circunstancia de que en el presente caso el marido, dueño según el registro y deudor hipote-cario de la propiedad en cuestión, estaba vivo en la fecha del pro-cedimiento sumario, y por tanto que no era necesario ningún reque-rimiento a los herederos de la esposa fallecida.”
“La mera circunstancia de que aquí el esposo sobreviviera a la esposa mientras que en el caso de Arvelo fué la esposa la que so-brevivió al marido, no es bastante para diferenciar el presente caso en cuanto a los hechos. Aparte de la simple cuestión de adminis-tración, hay poca o ninguna diferencia entre el interés de los res-pectivos esposos en los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal. Es verdad que en la fecba de la' hipoteca, un año antes de la revi-sión del Código Civil, no era necesario la firma y el consentimiento expreso de la esposa. Peno no es cierto que el marido era él único y exclusivo dueño con titulo inscrito y deudor. Tanto la inscripción como la hipoteca revelaban que él era casado, y por tanto que la propiedad era ganancial. La dueña con título inscrito y deudora era la sociedad conyugal. Y a la muerte de cualquiera de los es-posos una mitad indivisa en todos los bienes de la comunidad, su-jeta solamente a ciertas contingencias que pudieran o no surgir en el curso de la liquidación, pasa en seguida a los herederos del cón-yuge fallecido.
La alegación de que el requerimiento de pago es una mera cues-tión de procedimiento y no jurisdiccional no requiere seria conside-ración. La contestación a esto puede verse en el caso de Arvelo v. Banco, supra, y en el de López Comas v. Quiñones, 30 D.P.R. 342.
Toda vez que la publicación del edicto anunciando la venta, por regular que fuera no podía suplir la falta de jurisdicción sobre la persona, el error apuntado en el tercer señalamiento., de haberse co-metido, no perjudicaba.” (Bastardillas nuestras.)

Asimismo, en el caso de Irizarry et al. v. Bartolomey, 32 D.P.R. 924, 928, se resolvió, y citamos del sumario, que:

“Cuando los bienes hipotecados son gananciales y la demanda de ejecución se presenta después del fallecimiento de los cónyuges, el procedimiento y la adjudicación de los bienes hipotecados son nu-los en cuanto a los herederos de ambos cónyuges que no fueron de-mandados en la representación que ostentaban.”

En el caso de Federal Land Bank v. Registrador, 50 D.P.R. 825, al ratificar uno anterior, en relación con la citación por edictos de “John Doe y Richard Roe” que componían una sucesión desconocida, se resolvió por esta Corte, por opinión de su Juez Presidente Sr. Del Toro, lo siguiente:

“La venta judicial de que se trata se llevó a efecto en la ejecu-ción de una sentencia dictada por la Corte de Distrito de los Esta-dos Unidos para el Distrito de Puerto Rico en un pleito seguido ante ella por The Federal Land Bank en cobro de cierto crédito garan-tizado con hipoteca. Habiendo fallecido uno de los deudores — Carmen Luisa Gutiérrez González — , se demandó a ‘John Dbe y Richard Roe’ como a sus herederos desconocidos, citándoseles por edictos. Aun más, como el demandante se enterara de la existencia del es-poso y de dos hijos de la dicha deudora, los hizo emplazar personal-mente, dejando ellos de comparecer en el pleito.
“No se sostiene por el registrador que la citación por edictos no se hiciera conforme a ley. Y si se hizo en debida forma era su-ficiente, de acuerdo con lo resuelto en el caso de The Federal Land Bank of Baltimore v. Registrador de Mayagüez, 46 D.P.R. 279, 282, a saber:
“ ‘El procedimiento no se instó contra la Sucesión de Nicolás Cuebas Lugo como entidad separada, como persona jurídica distinta, si que siguiendo la regla establecida en el caso de Dapena v. Sucesión Dominicci, 12 D.P.R. 66, citado en el de Arvelo, supra, se ex-presó que estaba compuesta de determinadas personas que siendo desconocidas para el actor fueron por él designadas con los nombres de ‘Fulano y Zutano de Tal’. Y ello es generalmente bastante.’ ” ("Bastardillas nuestras.)

Apareciendo de la faz del documento presentado al Registrador que la Corte de Distrito de Mayagüez actuó sin jurisdicción en el procedimiento ejecutivo sumario iniciado por la recurrente, por no haberse notificado el requerimiento de pago en forma legal, estaba facultado el recurrido, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, para in-quirir en cuanto a la jurisdicción con que fué dictada la re-solución judicial en dicho caso, ordenando la venta de la finca hipotecada en pública subasta sin haberse cumplido con dicho requisito. Ferraioli v. Registrador, 21 D.P.R. 503; Zagas v. Registrador, 36 D.P.R. 785.

Debe confirmarse la nota recurrida.


text:
    F. Carrera & Hno., demandante y apelada, v. Sucn. de Pedro Aquino, Etc., demandados y apelantes.
    Núm. 8409.

    Sometido: Febrero 13, 1942.

      Resuelto: Marzo 13, 1942.

      Antonio J. Amadeo, abogado de los apelantes; Géigel & Silva, abo-gados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

F. Carrera & Hno., casa de • comercio traficante en pro-visiones al por mayor, demandó a los herederos de Pedro Aquino en cobro de un balance ascendente a $1,045.50 que se alega Aquino, un detallista, le adeudaba.ai momento de su muerte. Los demandados radicaron una contestación en la cual admitieron algunas de las alegaciones y negaron otras, pero no comparecieron al juicio. Después de oír la evidencia de la demandante en el juicio, la corte inferior dictó sentencia a su favor por la cantidad reclamada, con intereses y costas. Los demandados apelaron de esta sen-tencia. Alegan que la corte de distrito erró (a) al concluir que la demanda aducía hechos suficientes para determinar una catísa de acción, y (b) al concluir que la evidencia apor-tada fué suficiente para probar las alegaciones de la demanda.

Los demandados alegan qne éste es nn pleito sobre nna cuenta liquidada (account stated), y que la demanda es defectuosa porque no alega que el deudor o los demandados consintieron o convinieron en el balance arrojado después de la liquidación de la cuenta. La demandante no impugna la existencia de esta regla de procedimiento en un pleito so-bre una cuenta liquidada (account stated) (Lange v. Honoré, 51 D.P.R. 711, Insular Industrial, etc. Ass’n. v. Cintrón, 52 D.P.R. 631). Alega la demandante que la regla no se aplica a este caso, toda vez que éste es un pleito sobre una cuenta corriente en vez de un pleito sobre una cuenta liquidada (account stated). Tiene razón la demandante en esta alega-ción. Sanabrid v. Rosa et al., 32 D.P.R. 583, De León v. Pérez et al., 54 D.P.R. 215.

Durante el juicio el único testimonio ofrecido fué el del tenedor de libros de la apelada. Declaró que Aquino tenía una tienda en Guaynabo; que Aquino solía comprar provisiones de la apelada a crédito; que estas compras apa-recían en los libros de la firma como una cuenta corriente;y que Aquino debía en dicba cuenta corriente la cantidad de.-$1,045.50, la cual no se había pagado.

Para sostener su alegación de que esta evidencia era in-suficiente, los apelantes descansan en la disposición del ar-tículo 82 del Código de Comercio (Ed. 1932) al efecto de que-“la declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato, cuya cuantía exceda de trescientos dólares, a no concurrir con alguna otra prueba’!

Hemos decidido que una cuenta corriente es un contrato mercantil que está regulado por el Código de Comercio. González v. Marrero, 55 D.P.R. 842, 844. Véase también, Santiago v. Cuevas, 41 D.P.R. 116. Pero éste no es un pleito en el cual la apelada está tratando' de establecer la validez de un contrato por ejecutar (executory contract). En este caso no se niega el testimonio de que la mercadería fuera en realidad entregada. Sería injusto permitir a una parte en un contrato refugiarse en el artículo 82 después que la otra parte ha cumplido a eabalidad sus obligaciones bajo el con-trato. A este respecto la regla existente en la ley común referente al Estatuto de Fraudes provee una analogía útil. 'La sección 178, Restatement, Contracts, lee en parte como ■.sigue:

“Clases de contratos que caen dentro del Estatuto de Fraudes, •(1) "El cumplimiento de las siguientes clases de contratos informales no puede sér exigido según la ley a menos que exista un memorán-dum de los mismos por escrito firmado por la parte contra quien se intenta hacer efectivo el contrato ...
“Clase VI. Contratos para la venta de mercaderías o de dere-chos a una causa de acción (dioses in action) de un valor en exceso de una suma fijada en cantidades diversas por los estatutos de los diferentes Estados, a menos que el comprador acepte y realmente haya recibido la cosa vendida o parle de ella . ” (Itálicas nues-tras.)

Véanse también Williston on Contracts (Revised Edition) Vol. II, Sección 505, pág. 1474; Garfield v. Paris, 96 U. S. 557, 563; Bicknell v. Owyhee Sheep & Land Co., 176 P. 782, (Idaho).

Reconocemos que nuestra decisión resultará hasta cierto punto en situar las cuentas corrientes fuera del alcance del artículo 82. Pero si un demandante puede probar que él en realidad ha entregado toda la mercadería en cuestión al de-mandado o a algún antecesor en derecho, en justicia no se puede llegar a otra conclusión. La naturaleza de una cuenta corriente hace que esto sea particularmente cierto, toda vez que frecuentemente no se puede anticipar cuando se abre por primera vez si en sus fluctuaciones la cuenta excederá de $300 en cualquier época determinada.

Los apelantes también alegan que los libros de la apelada hubieran sido la mejor evidencia de las obligaciones de Aquino' en la cuenta corriente. Esto puede ordinaria-mente ser cierto. Pero los apelantes, aun cuando anterior-mente habían radicado una excepción previa, una moción de traslado y una contestación, no comparecieron al juicio a ob-jetar el testimonio oral del tenedor de libros. Aunque quizá inferior en valor probatorio a los libros mismos, el testimonio oral era admisible, por lo menos en ausencia de una objeción al mismo. La corte de distrito lo creyó y basándose en éste dictó sentencia a favor de la demandante.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Joaquín Rodríguez Rodríguez, demandante y apelante, v. María Cortés Marrero, demandada y apelada.
    Núm. 8407.

    Sometido: Marzo 13, 1942.

      Resuelto: Marzo 16, 1942.
    F. Polanco de Jesús, abogado del apelante; Luis Mercader, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso del cobro de una deuda garantizada con hipoteca. La demandada aceptó la existencia de la deuda en su día pero a su vez contrademandó en solicitud de sen-tencia ordenando al demandante que la cancelara en forma. La corte falló en favor de la demandada y el demandante apeló, imputando a la corte sentenciadora tres errores como cometidos al apreciar la prueba, al dictar sentencia contra-ria a la misma y a la ley y al imponerle las costas.

La demanda se interpuso en marzo, 1935. Dos años des-pués aparece el secretario de la corte de distrito registrando una sentencia en rebeldía a petición del demandante conde-nando a la demandada a pagar la suma reclamada, a saber, cuatrocientos cincuenta dólares.

Inmediatamente pidió la demandada que se dejara sin efecto la rebeldía y se anulara la sentencia. Y así fue acor-dado.

En mayo 3, 1937, archivó la demandada su contestación negando generalmente los hechos de la demanda. Contrade-mandó además alegando que al ser emplazada ya había sa-tisfecho veintitrés dólares -a cuenta del crédito garantizado con la hipoteca, y que estuvo a ver al demandante quedando convenido en la entrevista que el demandante desistiría de su acción y la demandada satisfaría los restantes cuatrocien-tos veintisiete dólares con el café que produjese la próxima cosecha de la finca hipotecada; que en efecto entregó al de-mandante y éste recibió -en café y en efectivo el saldo de su deuda sin que el demandante le haya otorgado carta de pago ni cancelado la hipoteca no obstante el requerimiento héehole al efecto.

Fué el pleito a juicio. Ambas partes presentaron su evi-dencia y, apreciando el resultado de la misma, la corte de distrito llegó a las siguientes conclusiones:

“Se desprende de la prueba que la demandada llevaba una cuenta corriente con el demandante Joaquín Rodríguez y es factible acep-tar que Joaquín Rodríguez actuaba de acuerdo con sus hermanos, bajo un entendido en que la Sucesión aparecía como*la entidad que realizaba el negocio, aunque el demandante era el que se entendía directamente con todo y aparecía como responsable ante las personas con las cuales hacía negocios.
“Se concluye, además, que el préstamo a que obedece la escri-tura objeto de la demanda, como cuestión legal, era un negocio dis-tinto a la cuenta corriente de refacción. No obstante, tanto la de-mandada María Cortés, al hacer sus abonos, como el demandante Joaquín Rodríguez, al recibirlos, y hacer operaciones con la deman-dada en su cuenta corriente, actuaban en tal forma confusa que es difícil establecer líneas exactas para el juzgador sobre el verdadero balance de la cuenta corriente de refacción.
“Ante esta complicación, el Juez quiso obtener declaraciones es-pecíficas del demandante y lo sometió a varias preguntas, cuyas con-testaciones nos dan base para resolver el asunto en forma justa.
“El demandante declaró a preguntas del Juez que bay un saldo p favor de la demandada por su cuenta ,corriente de refacción as-cendente a $129.95; y que ese saldo que ella no ha retirado, pro-cede desde el año 1935. Declaró, además, el demandante, que para-las cosechas de café del año 1935 la demandada no debía nada por su cuenta corriente. Que ese año entregó en café la suma de $183.37; y declaró, además, que en el año 1936 entregó en café la suma de $63.20.
“Si la demandada no debía nada de su cuenta de refacción en el año 1935 y tiene ún saldo a su favor-de $129.95 de esa cuenta desde aquella fecha, entonces el importe de las dos cosechas de café de los dos años 1935 y 1936 tenían que ser abonados a su cuenta por el préstamo hipotecario objeto de la demanda.
“A las primeras preguntas del Juez el demandante dijo que él no sabía para qué ella había abonado las cosechas del 1935 y 1936, y cuando el Juez le preguntó más tarde que por qué no abona esas cosechas a su cuenta de hipoteca, entonces trató de arreglar y dijo que la demandada había tomado otras partidas después de radicado el pleito.
“En su prueba de rebuttal el demandante no negó en ningún momento que él se hubiera comprometido a recibir las cosechas del año 1935 y 1936 como pago de su cuenta de hipoteca, a pesar de que el hijo de la demandada había declarado sobre ese convenio.
“Estamos convencidos que ese convenio 'existió no sólo por la forma clara y sincera como declaró el hijo de la demandada, y por-que no se presentó prueba para destruir ese convenio, sino por otros hechos que aparecen del mismo récord de este caso, que son los si-guientes :
“La demanda se presentó en 18 de marzo de 1935. A pesar de que la demandada fué emplazada al día siguiente, el caso dejó de moverse y fué archivado por abandono. Esto tiende a confirmar la declaración del hijo de la demandada de que al presentarse la de-manda se acordó dejar el asunto pendiente para pagar con las cose-chas de 1935 y 1936.
“En marzo 6 de 1937 se pidió que se abriera de nuevo el caso por la parte demandante, cuando ya habían pasado las cosechas del 1935 y 1936.
“En la misma moción presentada por el demandante se admite que la demandada se había comprometido a pagar con las cosechas de 1935 y 1936; y aunque se decía en dicha moción que la deman-dada no lo hizo, no obstante, el mismo demandante declaró en la silla testifical que se le había entregado las cosechas del 1935 y 1936, una valorada en $183.37 y otra en $63.20.
“Después de reinstalado el asunto en el 1937, se anotó la rebel-día de la demandada y se obtuvo del Secretario una sentencia. Cuando se notificó esa sentencia a la parte demandada, ella presentó una solicitud para que se dejara sin efecto la sentencia haciendo constar el convenio que se había realizado y la entrega de las cose-chas al demandante.
“Entonces se presentó una estipulación aceptando la parte de-mandante que se dejara Sin efecto dicha sentencia en rebeldía y se admitió una contestación de la demandada en mayo de 1937, vol-viendo a alegar la entrega del café en 1935 y 1936' y $23.00 'en efectivo con un total de $471.00 como saldo de su cuenta de hipo-teca. ■
“Después de esto, no se movió más el asunto por el demandante y en 10 de abril de 1939 la corte dictó una orden para que se archi-vara el caso, a no ser que la • parte demandante moviera el mismo dentro del término de cinco días. Entonces se presentó otra moción j>or la parte demandante pidiendo que el caso quedara pendiente. En estas condiciones se señaló y se vió el juicio de este pleito.
“Todos estos hechos y demoras apreciadas en conjunto con la prueba, demuestran claramente que es cierto lo alegado en la con-testación, que la demandada entregó al demandante sus cosechas de café del año 1935 y 1936 para evitar que continuara este pleito y se ejecutaran sus propiedades.
'"Aunque el demandante declaró que la cosecha de café entregada en el 1935 valía $183.37 y que el café entoegado en el 1936 valía $63.20, las cantidades de café que él dijo haber recibido, aun a pre-cio bajo, demostrarían un valor más aproximado a la cantidad de $448 que a la suma de $246.57 que fijó el demandante.
“Además, añadiendo al valor del café entregado los $129.95 que tiene el demandante en su poder como saldo de la cuenta corriente de la demandada, cubrirían el importe del préstamo y esto justifica por qué el demandante estuvo tanto tiempo sin mover el pleito des-pués de haber recibido tales cosechas.
“Con respecto a los intereses, no encontramos en los hechos de la demanda ninguna alegación que afirme que no se pagaron inte-reses basta la fecha en que se radicó el pleito. Tampoco aparece liquidación alguna con respecto' a intereses, aunque se pide en la súplica de la demanda que se paguen intereses vencidos, pero sin especificar cuál es la cantidad vencida correspondiente a ello.
“Como el demandante convino en recibir el café del año 1935 y 1936 como pago de su crédito, y como no tenemos datos precisos sobre las fechas en que ese café fué entregado, y como aparece, ade-más, que el demandante tenía una suma en su poder perteneciente a la demandada como saldo de su cuenta corriente, cualquier decla-ración que hiciéramos con respecto a los intereses, sería caprichosa.”

Basándose en esas conclusiones y razones la corte'dictó “sentencia declarando sin lugar la demanda, y con lugar la contrademanda, y ordenando al demandante que dentro de los 10 días de ser firme esta, sentencia proceda a cancelar el gravamen objeto del crédito a que se refiere la demanda, de-jando las propiedades de la demandante libre de dicho gravamen,” con costas, sin incluir honorarios de abogado.

Hemos estudiado la transcripción de evidencia y a nuestro juicio fué apreciada correctamente por el juez sen-tenciador con ánimo de hacer justicia.

Los argumentos que contiene el extenso alegato del ape-lante no nos convencen de que la corte de distrito cometiera los errores que le atribuye. Las declaraciones de los testi-gos de la demandada, G-abriel de Hoyos, que hizo las entre-gas del café por orden de la demandada, y José Marrero Cortés, hijo de ésta, son detalladas y convincentes.

Preguntado el segundo si había tenido alguna interven-ción en el asunto objeto del pleito, contestó:

"Estando en Santurce trabajando recibí una carta de mi ma-dre . . . Fui a hablar con Joaquín Rodríguez ... A la sucesión Rodríguez, el establecimiento . . . Cuando vine a hablar con Joa-quín Rodríguez mamá estaba demandada en la corte y sabía por lo que era, que se trataba de dinero que había que pagarle, y me dijo: quiero hablar contigo, porque tu mamá está un poco atrasada, por-que vino la tormenta del 34 y del 1932, que quedaron arruinados, y le dije a Da. María que vinieras a hablar conmigo, y dije: está bien; ¿qué quieres? y me dijo: Pepito, lo que quiero es que Da. María me entregue la cosecha del 35, y le dije: Joaquín: con mucho gusto se entregará, porque queremos saldar esa deuda cuanto antes.
“Hon. Juez: ¿A qué deuda se refería, se refiere Ud.? —A la hipoteca que mamá tenía sobre la finca, y quedamos en eso, y me fui a mi trabajo a Santurce, y al poco tiempo me vi sorprendido, porque mamá estaba denunciada otra vez ante la corte, por él, todo porque no se cumplió la palabra de un caballero para otro caballero, y en eso quedó el asunto.
“Hon. Juez: ¿Qué fué lo que convinieron? — Lo que convinimos fué entregar la cosecha del 1935 y venir a la corte’ y levantar la demanda y creí que así se hacía y no se hizo.
“P. ¿Se entregó esa cosecha? — Sí, señor; toda la del 35, y no se entregó más porque los palos no produjeron más.
“P. ¿Cuánto café entregaron en esa cosecha? — Treinta y dos quintales y medio o treinta y tres quintales.
’ “P. Hablo de la cosecha del 1935. — Sí, señor; porque fué cuando vine a hacer el pacto verbal con Joaquín Rodríguez. ⅝
“P. ¿Además de los treinta y dos quintales que pagó de 1935, sabe si en el 1936 le hizo algún abono? — En el 1936 se abonaron ciento veinte y dos pesos en efectivo y en particular once quintales cincuenta libras de café.
“P. ¿La cuenta fué pagada por su mamá toda? — Sí, señor.
“P. ¿No debe nacía a cuenta de esa escritura? — Absolutamente nada.”

Al examinarse este caso tras una primera confusión de dos cuentas diferentes con dos entidades distintas, creada a virtud de las manifestaciones del demandante, se va apode-rando de la conciencia del juzgador hasta adueñarse de ella por completo la realidad existente que lo es una cuenta co-rriente saldada con una sola entidad.

Quizá no surja de la evidencia un ajuste completo, al centavo, del saldo, a virtud de la entrega del fruto, pero aten-didas todas las circunstancias concurrentes que puso de relieve el juez sentenciador en su opinión, se impone la con-clusión a que llegara, pudiendo afirmarse en apelación que su sentencia está sostenida por la prueba y no es contraria a la misma ni a la ley. De minimis non curat lex. 18 C. J. 481.

En cuanto a la imposición de costas, bastará decir que era el pronunciamiento más favorable al demandante que podía dictar la corte una vez que declaró la demanda sin lugar, de acuerdo con el estatuto especial sobre la materia. No bubo error.

En consecuencia de lo expuesto,-debe desestimarse el re-curso y confirmarse la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Andrés Ruiz, acusado y apelante.
    Núm. 9229.

    Sometido: Marzo 11, 1942.

      Resuelto: Marzo 16, 1942.

      Andrés Ruiz, por su propio derecho; H.on. Procurador General George A. Malcolm y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, ajielado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné convicto de un delito subsiguiente de escalamiento en primer grado y sentenciado a diez años de presidio con trabajos forzados. La convicción anterior, según la acusación, consistió en la sentencia de dos años de presidio impuéstale por la Corte de Distrito de Humaeao el 22 de abril de 1935 por un delito subsiguiente de hurto me-nor. Alega el apelante por primera vez en apelación, según parece, pues no ha sido elevada la prueba, que es errónea la sentencia en cuanto a la condición de subsiguiente se refiere, porque en el aludido caso de hurto menor subsiguiente no se le advirtió del derecho a estar representado por abogado y no lo tuvo, por lo que dicha sentencia es nula por falta de jurisdicción, y siéndolo, no podía ser considerada a los efec-tos de calificar de subsiguiente el delito de escalamiento en primer grado, cuya sentencia es objeto de este recurso. En apoyo de su aseveración, el apelante acompañó una copia cer-tificada de la sentencia recaída en el caso de hurto menor subsiguiente, la que en lo pertinente dice así:

“Hoy día 22 de abril de 1935, señalado para la lectura de la acusación en este caso, comparecieron El Pueblo de Puerto Rico por su fiscal y el acusado en propia persona. Leída la acusación entre-gándosele copia de la misma, el acusado hizo alegación de culpable.
“La corte, oída la lectura de la acusación y la confesión de cul-pabilidad hecha por el acusado Andrés Ruiz Muñoz, le declara culpable de un delito subsiguiente de hurto menor y habiendo renun-ciado expresamente al término para que se dicte sentencia, le im-pone la pena de dos años de presidio con trabajos forzados, sin cos-tas.”

Si en efecto el apelante no fue advertido de su derecho a estar representado por abogado en el caso de hurto menor subsiguiente y no pudo por tal razón ejercitar ese derecho, debió alegarlo en la corte inferior para que ésta pudiese resolver la cuestión en primera instancia y pudiese este tribunal revisar ahora la decisión; pero de entrar a considerar esa prueba dentro de este recurso, actuaríamos como corte de jurisdicción original, jurisdicción que no podemos asumir excepto en'los casos en que nos ba sido expresamente confe-rida por la ley.

Alega también el apelante que. los delitos de hurto menor subsiguiente y escalamiento en primer grado “no son en ningún momento similares”, y que por lo tanto debe eli-minarse la calificación de subsiguiente en el de escalamiento en primer grado.

En cuanto a esta segunda cuestión, debemos decir que la ley no requiere tal semejanza en los delitos para que pueda existir la condición de subsiguiente, y que el artículo 56 del Código Penal expresamente dispone que el reo que hubiese sido convicto de algún delito castigable con pena de presidio, si después de dicha convicción cometiere cualquier delito que aparejare en primera convicción pena de presidio por un término de más de cinco años, dicho reo será castigado con pena de presidio por un término mínimo de diez años.

Como el delito de hurto menor subsiguiente es casti-gable con pena de presidio y el de escalamiento en primer grado también lo es por un término de uno a quince años, ac-tuó la corte a quo dentro de la discreción que le concede la ley al imponer al acusado una sentencia de diez años de pre-sidio, que es el mínimo de la pena prescrita por la ley para un delito subsiguiente de escalamiento en primer grado.

Por las razones expuestas, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.