author: El Juez PeesideNte, Se. HERNÁNDEZ,

text:
    Calaf et al. v. Calaf.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 471.
    Resuelto en febrero 14, 1911.
    Alegaciones — Excepción Previa — Jurisdicción'—Nulidad de Institución de Heredero. — Las cortes de distrito tienen jurisdicción para conocer de un pleito en que se interese la nulidad de una institución de heredero.
    Id. — Palta de Capacidad Legal para Demandar. — La omisión de una alegación en la demanda, al efecto de que el demandante ha sido declarado por sentencia ejecutoria hijo natural reconocido de su padre, en el caso de que ese requisito sea necesario para el ejercicio de la acción de nulidad de institución de here-dero, no puede dar lugar a la excepción previa de falta de capacidad legal para demandar, sino a la falta de causa de acción.
    Id. — Defectos de Partes Demandadas. — No puede haber defecto de partes de-mandadas en una demanda en que, interesándose la nulidad de una institución de heredero, se ha hecho parte demandada al único heredero instituido, pues según la demanda, ésta es la única parte a quien puede interesar la resolución final que recaiga en el pleito.
    Id. — Indebida Acumulación de Acciones. — No existe indebida acumulación de ac-ciones en una demanda en que se ejercite la acción de reconocimiento de hijo natural como fundamento de la de nulidad de institución de heredero.
    Id. — Palta de Oausa de Acción — Demanda Ambigua, Ininteligible o Dudosa.— La alegación de que el causante reconoció como hijo natural al demandante en los días en que éste recibió los sacramentos del bautismo y de la confirmación, habiéndolo tenido y considerado durante toda su vida como tal hijo natural, es suficiente para alegar que el demandante es hijo natural, reconocido del causante, y atendidos los términos de esa alegación hay que presumir, para los efectos de una excepción, que tal reconocimiento se hizo en forma-fehaciente, pues de otro modo no podría estimarse hijo natural reconocido, y por con-siguiente tal alegación es suficiente para sostener la causa de la acción de nuli-dad de institución de heredero por preterición, y para resolver que la demanda no es ambigua, ininteligible, ni dudosa.
    Hijo Natural — Prueba del Reconocimiento. — Establecido como uno de los hechos fundamentales de una demanda interesando la nulidad de una institución de heredero, el reconocimiento por parte del testador, de la filiación del deman-dante, sin que se ejercite la acción de reconocimiento, y negado éste por la parte demandada, la única prueba que debe admitirse en el juicio, sobre tal extremo, es el documento público y fehaciente que acredite tal reconocimiento, o la sentencia ejecutoria que lo ordenare.
    Id. — Ejercicio de la Acción. — El ejercicio de la acción de reconocimiento es nece-sario en los casos en que el padre no haya reconocido al hijo o se niegue a hacerlo de una manera solemne; para que pueda preseindirse del ejercicio de tal acción es indispensable que haya constancia auténtica y fehaciente del reco-nocimiento, o que éste haya sido declarado por sentencia de tribunal competente.

      Id. — El reeonoeimiento afecta a la existencia misma del derecho, pero un reconoci-miento hecho de cualquier modo, directo o indirecto, sin constancia fehaciente del mismo, no puede constituir, con arreglo a la ley 11 de Toro, título Sufi-ciente para ejercitar derechos sucesorios.
    Id. — Pbescripción de la Acción. — La acción de reconocimiento, en los casos en que . éste sea forzoso por haberse negado el padre a hacerlo, es susceptible de pres-cripción, aunque se trate de reconocimiento de hijos naturales nacidos bajo e} régimen de la Ley de Toro.
    Id.' — Los elementos integrantes y necesarios de la filiación y del reeonoeimiento fie los hijos naturales son aquellos que se refieren a la capacidad del hijo para ser reconocido, y a los actos necesarios para determinar el reconocimiento; pero la duración de la acción para recabar éste judicialmente, es un accidente que el legislador puede siempre modificar, con tal que no se prive en términos abso-lutos, al que tenga o pretenda tener ese derecho, de la acción para obtener su ■ declaración, dándole un término razonable para ejercitarlo.
    Id. — Prescripción Bajo el Régimen de la Let de Toro. — Aun en el caso de que las disposiciones del Código Civil español o del revisado, en materia de prescrip-ción, no fueren aplicables a un caso, de reconocimiento regulado por las Leyes de Toro, siempre sería de aplicación la ley 63 de Toro que fija 20 años para 1 ‡ prescripción de las acciones personales, de cuyo carácter participa la de reco-nocimiento o filiación.
    Sentencia — Registro de la Misma. — Sentencia es la decisión definitiva de los de-rechos de las partes en un pleito o procedimiento. Una sentencia debe pre-sumirse registrada por el secretario de la corte mientras no exista prueba ep contrario.
    Id. — Cosa Juzgada. — Negado, por sentencia firme, el reconocimiento de un hijo natural en una acción de filiación, constituye cosa juzgada esa decisión, y surte efecto en otro juicio en que, habiendo identidad de litigantes y de la calidad con que lo fueran, se solicitare la declaratoria de nulidad de una institución de heredero, y en que el fundamento principal de esa declaratoria tuviera que ser el reconocimiento de dicho hijo natural con los derechos consiguientes al mismo, pues en ese caso existe también la identidad de cosas y la de causa o razón de pedir, elementos necesarios para que la excepción de cosa juzgada sea eficaz.
    Litis-Pendencia. — Entablada la demanda de este caso ante la Corte de Distrito de San Juan, y habiéndose declarado ésta incompetente para conocer del asunto, presentóse de nuevo.ante la Corte de Distrito de Arecibo, en la que alegó el demandado la excepción de litis-pendencia; en apelación se resolvió que no era posible estimar la existencia de la litis-pendencia alegada, por cuanto el fallo de la Corte de Distrito de San Juan había quedado cumplido, en cuanto al de-mandante, por el hecho de haber acudido ante la corte que se había indicado como competente, y por lo que respecta al demandado, como dicho fallo le era favorable, no podía interponer contra él recurso alguno.
    Alegaciones — Excepción Previa — Deeeoto de Partes Demandantes. — No es po-sible sostener la excepción de defecto de partes demandantes, alegada en este caso en que se ejercitan derechos sucesorios, y fundada en que los demandantes han cedido a determinadas personas una parte alícuota de los bienes' y cantida-des de cualquier clase que pudieran en. definitiva percibir por virtud de este plei-to, pues tal cesión no envuelve una. transmisión de derechos hereditarios a faVor de dichas personas, y el interés que éstas puedan tener en el litigio no es de tal naturaleza que les permita sostener la acción que ejercitan los demandantes.’

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Antonio Alvarez Nava y G. M. Boerman.

    Abogados de los apelados: Sres. Eduardo Acuña, Garlos López de Tord y Nemesio R. Canales.

   El Juez PeesideNte, Se. HERNÁNDEZ,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha'22 de septiembre del año 1908 los demandantes presentaron demanda ante la Corte de Distrito del Distrito ■ Judicial de Arecibo contra el demandado, sobre nulidad de institución de heredero, cuya demanda contiene las siguientes alegaciones sustanciales:

Io. Que los cinco demandantes son los únicos y universales herederos abintestato de Juan Ramón Calaf y Martínez, los cuatro primeros o sean Rosa María, José Miguel, Gumersinda Dolores y María Higinia Calaf Fugurull, por su propio de-recho y en concepto de hijos naturales, y el 5o. o sea César ■Velazquez, en concepto de nieto natural, como hijo a su vez de Carmen Calaf Fugurull difunta, e hija natural también de Juan Ramón Calaf y Martínez, con cuyo carácter de tales herederos es que establecen la demanda.
2o. Que el predicho Juan Ramón Calaf nació en esta ciu-dad de San Juan el- día 31 de agosto de 1840, siendo sus padres Salvador Calaf Serra y María Antonia Martínez, los que en aquella fecha, y durante los nueve meses precedentes profesaron la religión católica apostólica romana, eran ma-yores de catorce y doce años, respectivamente, conscientes, solteros, de condición libres, legos o seglares, sin que entre ellos mediara género alguno de parentesco, ni relación por razón de crimen, y sin que tampoco ninguno de ellos estuviera ligado por promesa de matrimonio a otra persona.
3o. Que el expresado Salvador Calaf Serra reconoció como su hijo natural a Juan Ramón Calaf Martínez en los días en que este último recibió los sacramentos del Bautismo y de la confirmación, y dicho Juan Ramón Calaf y Martínez falleció en Ponce el día de 9 de octubre de 1895, habiendo sido tenido y considerado durante toda sn vida como hijo natural recono-cido de sn padre Salvador Calaf Serra.
4°. Que en el año 1890 y mediante escritura que autorizó •en el pueblo de Manatí el Notario Don José A. de la Torre el •día 17 de junio, Salvador Calaf Serra reconoció como su Mjo natural al demandado Federico Calaf Rivera, que en aquella sazón alcanzaba la edad de 45 años, y desde unos treinta años antes venía viviendo en su compañía, en la que continuó basta el fallecimiento de Salvador Calaf Serra.
5o. Que Salvador Calaf .Serra falleció en Manatí el día 11 de febrero de 1903 bajo testamento abierto que otorgó en 24 de marzo de 1902, ante el Notario Don Francisco Y. Náter Rivera.
6o. Que en ese testamento el testador Salvador Calaf Serra, después de ordenar distintas mandas piadosas y legados, y declarar que en su matrimonio con Petrona Yega, ya difunta, no babía tenido sucesión, instituyó por su único y universal heredero a su hijo natural reconocido el demandado Federico Calaf ■ Rivera, haciendo caso omiso de los demandantes.
7o. Que todos los bienes dejados por Salvador Calaf Serra se hallan en poder del demandado Federico Calaf Rivera, quien desde el fallecimiento de aquél viene poseyendo la to-talidad de esos bienes, gozándolos y haciendo suyos todos los frutos.

La demanda concluye con la súplica de que en su día se dicte sentencia contra el demandado, declarando que es nula y sin ningún valor ni efecto la institución de heredero que a su favor contiene el testamento de Salvador Calaf Serra, de fecha 24 de marzo de 1902, y disponiendo, como consecuen-cia de tal declaración, que se abra la sucesión intestada de Salvador Calaf Serra con las costas al demandado.

La alegación expuesta bajo el número 3o. fué enmendada en el sentido de que sus últimas palabras “como hijo natural reconocido de su padre Salvador Calaf Serra,” fueran sus-tituidas por éstas “como hijo natural reconocido por su padre Salvador Calaf Serra”-, y por orden de la corte y a mo-ción de la parte demandada fueron eliminadas de la .alegación, que dejamos consignada bajo el número 4°. .las palabras y “mediante escritura que autorizó en el puebloi de Manatí el Notario Don José A. de la Torre el día 17 de junio.”

A la demanda con las eliminaciones hechas opnso el de-mandado las siguientes excepciones previas:

Ia. Que la corte carece de jurisdicción por la materia dé-la acción.
2a. Que los demandantes no tienen capacidad legal para, demandar.
3a. Que existe defectos de partes demandadas.
4a. Que varias acciones han sido indebidamente acumula-das.
5a. Que la demanda no aduce hechos suficientes para de-terminar una causa de acción.
6a. Que la demanda es ambigua, ininteligible y dudosa.
7a. Que la causa de acción que se ejercita está prescrita,, según lo dispuesto en los artículos 199 y 1840 del Código Civil vigente, y 137, 1939 y 1964 del Código Civil primitivo.

Discutidas por las partes las excepciones presentadas por el demandado; fueron declaradas sin lugar por orden de 14 de enero de 1909, concediéndose cinco días al demandado para, contestar la demanda.

Al evacuar ese trámite, Federico Calaf, negó que Salvador Calaf Serra fuera el padre de Juan Ramón Calaf y María. A. Martínez de condición libre en las fechas en que fue engen-drado y nació Juan Ramon Calaf, como también que concu-rrieran en ellos las condiciones que se expresan ,en la alega-ción segunda.

Negó igualmente que Salvador Calaf en tiempo alguno-hubiera reconocido a Juan Ramón Calaf como a su hijo natural, y que en tal concepto lo hubiera tenido y considerado en época alguna de su vida; y negó por último que los deman-dantes sean nietos de Salvador Calaf Serra.

Para mayor defensa alegó el demandado:

1°'. Que Salvador Calaf Serra liabía nacido en España y era español hasta el cambio de soberanía en esta Isla, mien-tras que María Antonia Martínez era de raza negra y de con-dición esclava, y según información y creencia, natural de esta Isla.
2o. Que aun admitido el reconocimiento de Juan Ramón Calaf,' no serían los demandantes y el demandado los únicos herederos abintestato de Salvador Calaf Serra, habiendo, por tanto, defecto de partes demandantes.
3°. Que al establecerse la demanda había pendiente otro pleito por la misma causa de acción y entre las mismas partes litigantes en la Corte de Distrito de San Juan, en el cual se dictó resolución sin que hubieran transcurrido treinta días desde su fecha hasta la de la presentación de la demanda, ori-gen' del presente caso.
4o. Que Juan Ramón Calaf falleció en Ponce en el año de 1895, teniendo más de cincuenta años de edad y hallándose en la plenitud de sus facultades mentales.
5o. Que los mismos demandantes presentaron una deman-da contra el mismo demandado Federico Calaf ante la Corte de Distrito de San Juan en marzo de 1906, invocando su pre-tendida condición de nietos y sucesores de Salvador Calaf Serra y reclamando en tal concepto de Federico Calaf Rivera la mitad del caudal relicto por aquél, cuyo caso terminó por resolución de 28 de noviembre del mismo año, que declaró con lugar las excepciones puestas a la demanda y desestimó ésta, sin permitir enmienda, con las costas, sin que contra es-a decisión declaratoria de que el padre de los demandantes Juan Ramón Calaf no tenía el estado de hijo natural recono-cido de Salvador Calaf Serra, se interpusiera apelación ni recurso alguno.
.6°. Que la causa de acción que se ejercita en la demanda está prescrita, según lo dispuesto en los artículos 199 y 1840 del Código Civil-vigente, y 137, 1939, y 1964 del Código Civil anterior. *

Celebrado el juicio, la corte de Arecibo dictó sentencia en 30 de julio de 1909, cuya parte dispositiva dice así:

PALLA.

‘ ‘ Que los hechos y el derecho están a favor de los deman-dantes y en contra del demandado; y por tanto procede de-clarar y declara nula y sin ningún valor ni efecto la cláusula octava del testamento de Salvador Calaf Serra, otorgado ante el Notario Don Francisco T. Náter y Rivera en 24 de marzo de 1902, en la que se instituye heredero al demandado Federico Calaf Rivera con las costas del litigio a cargo del dicho de-mandado. ’ ’

Contra esa sentencia interpuso el demandado recurso de apelación, sometido a nuestra consideración y decisión des-pués de haber alegado ambas partes por escrito y oralmente cuanto han estimado conducente a la defensa de sus respec-tivos'derechos.

La primera de las excepciones dilatorias0 o previas, consis-tentes en que la corte inferior no tuvo jurisdicción por razón de la acción, es claramente improcedente, pues la cuestión que se ventila en el pleito es la nulidad de una institución de here-dero, y tal materia es de la jurisdicción de las cortes de dis-trito mediante juicio ordinario como el que se ha seguido. La razón invocada en la corte inferior para sostener' dicha ex-cepción de no haberse alegado en la demanda que el recono-cimiento de Juan Ramón Calaf se hubiera ordenado por una resolución judicial ejecutoria, nunca justificaría la excepción de falta de jurisdicción por la materia de la acción, aun en el supuesto de que tal alegación fuera requisito indispensable para ejercitar derechos sucesorios.

La incapacidad legal para demandar atribuida a los de-mandantes por el demandado no puede derivarse, como pre-tende éste, del hecho de no haber sido declarado Juan Ramón Calaf hijo natural reconocido de Salvador' Calaf por sen-tencia ejecutoria, pues la falta de ese requisito en el caso de ser necesario para el ejercicio de la acción de nulidad de que se trata, argüiría falta de acción y no de capacidad. Tam-poco existe defecto de partes demandadas, pues pidiéndose como se pide en la demanda la nulidad de la institución de heredero que a favor del demandado contiene el testamento de Salvador Calaf Serra, otorgado en 24 de marzo de 1902, dicho demandado es la única parte a quien según la demanda interesa la resolución final que recaiga en el pleito.

Es verdad que en la demanda se solicita también que como consecuencia de la declaratoria de nulidad pretendida se abra la sucesión intestada de Salvador Calaf Serra, pero ese pro-nunciamiento en nada afectaría al procedimiento que en su caso se seguiría para la partición de la herencia de Calaf Serra.

Ni han sido indebidamente acumuladas varias acciones, o sean la acción de filiación y la acción de nulidad de institu-ción de heredero, pues la mera lectura- de la súplica de la demanda revela que sólo se ha ejercitado la segunda de dichas acciones, por más que los demandantes han alegado que Juan Eamón Calaf, de quien son causahabientes, es hijo natural de Salvador Calaf para mostrar el carácter de herederos con que ejercitan la acción de nulidad.

La representación de la parte apelada sostiene y repite que no necesitaba ejercitar la acción de filiación, por existir un reconocimiento expreso y voluntario de hijo natural por Salyador Calaf Serra a favor de Juan Eamón Calaf, cau-sante de los demandantes, habiendo sostenido lo contrario la parte demandada.

Si sólo se ha ejercitado la acción de nulidad, es claro que no existe la indebida acumulación de acciones, la cual tam-poco existiría si se hubiera ejercitado la acción de reconoci-miento, como fundamento de la de nulidad de institución de heredero.

La otra excepción de que la demanda no contiene hechos suficientes para determinar una causa de acción, se funda en que no contiene alegación de reconocimiento por Salvador Calaf a favor del padre de los demandantes, requisito esencial para la existencia de la acción ejercitada y se alega como razones de esa afirmación, qne el apartado de la de-manda relativo al reconocimiento, no es la exposición de nn liecho, sino nna conclnsión legal, qne en el falso snpnesto de qne fnera nn lieclio, no estaría debidamente alegado, y qne el reconocimiento, si existió, debió ser anotado en el regis-tro civil, y tal inscripción debió alegarse en la demanda.

Hemos leído con detenimiento el apartado de la demanda relativo al reconocimiento, cuyo apartado dejamos trans-crito- con el número 3o. al consignar los hechos fundamen-tales de la demanda, y opinamos qne el reconocimiento ale-gado es bastante para constituir con los demás hechos ex-puestos en la demanda la cansa de acción ejercitada. Esa acción es la de nulidad de institución de heredero a favor del demandado, por haber sido preteridos los demandantes, nietos naturales de,Salvador Calaf, y padre éste de su can-sante Juan Ramón Calaf, y la alegación de qne Salvador Calaf reconoció como su hijo natural a Juan Ramón Calaf Martinez en los días en qne recibió los sacramentos del bautis-mo y de la confirmación, habiéndolo tenido y considerado du-rante toda su vida como tal hijo natural,-muestra que Juan Ramón Calaf es hijo natural reconocido de Salvador Calaf Serra, cuyo reconocimiento, atendidos los términos en que es-tá redactada la alegación, debe presumirse hecho en forma fe-haciente, pues según lenguaje usual y corriente, hijo natural reconocido es el que lo ha sido en la forma indicada. La misma época en que se hizo el reconocimiento, o sean los días en que fueron administrados a Juan Ramón Calaf el Bau-tismo y la Confirmación, parecen indicar que el reconocimien-to se hizo en alguno de esos actos, y que se hizo constar en forma fehaciente debida, en los documentos que entonces se extendían para acreditar la administración de esos sacramen-tos, al menos, el del bautismo. •

De todos modos, aunque la forma del reconocimiento no se haya consignado expresamente en la alegación de que se trata, los términos en qne aparece redactada no excluyen -el reconocimiento en forma fehaciente, y las pruebas que en su día se practicaran en el juicio vendrían a demostrar la-forma en que se hizo. Si de las pruebas resultaba que el reconocimiento no babía sido en forma fehaciente, cabría ■entonces decidir, como decidiremos nosotros, si el reconoci-miento hecho en otra forma era o nó bastante para servir de fundamento a la demanda interpuesta.

Teniendo en cuenta por otra parte qne no se ha ejercitado la acción de reconocimiento, pues éste se da por supuesto, sino la de nulidad de institución de heredero de Federico Ca-laf, basada precisamente en aquel reconocimiento, opinamos que la alegación de reconocimiento en la forma en que ha sido hecha, es bastante a los fines pretendidos, sin perjuicio del resultado de las pruebas que se practicaran en el juicio sobre la forma en que se verificó dicho acto. Si la acción ejercitada hubiera sido la de reconocimiento, acaso opinafa-mos de distinto modo.

Ni ha sido ambigua, ininteligible y dudosa la demanda en la parte relativa al reconocimiento, pues como hemos dicho antes, el sentido usual y corriente de la alegación en que se consigna dicho reconocimiento, muestra que Juan Ramón Ca-laf fué reconocido por Salvador Calaf, como su hijo natural, por modo auténtico, en los días en que recibió los sacramen-tos del bautismo y de la confirmación, habiendo sido tenido y considerado . como hijo natural reconocido por su padre Salvador Calaf.

Verdaderamente que ese último concepto abundaba si el reconocimiento de Juan Ramón Calaf fué hecho de modo pú-blico y solemne; pero esa redundancia nunca conduciría a la conclusión de que el reconocimiento se hizo en otra forma, ni menos a la de que la alegación de reconocimiento es am-bigua, ininteligible y dudosa.

Tampoco ha prescrito la acción ejercitada, pues esa acción es la de nulidad, y los preceptos legales que se invocan para sostener la excepción, se refieren a la prescripción de la ac-ción de filiación y reconocimiento, que los demandantes ale-gan y repiten no liaber sido ejercitada en la demanda, sin 'que nosotros podamos variar los términos en qne el debate judicial lia sido planteado.

Estimamos, pnes, arreglada a derecho, por las mismas ra-zones expuestas, la orden que dictó la.Corte de Distrito de Arecibo en 14 de enero de 1909, desestimando todas las excep-ciones previas propuestas. Y pasamos a examinar las si-guientes cuestiones legales propuestas por la parte apelante en su alegato:

Ia. Que no lia debido admitirse otra prueba del reconoci-miento de Juan Ramón Calaf por Salvador Calaf y Serra que el documento público y solemne del reconocimiento de Juan Ramón Calaf, o la, sentencia ejecutoria ordenando ese reconocimiento.
2a. La excepción de cosa juzgada.
3a. La de prescripción.
4a. La de litis pendencia.
5a. La de defecto de partes demandantes.

En cnanto a la primera cuestión legal, opinamos que ha-biéndose establecido como uno de los hechos fundamentales de la demanda, el reconocimiento de la filiación de Juan Ra-món Calaf por Salvador Calaf y Serra, sin ejercitarse la ac-ción de reconocimiento, y negado como ha sido tal reconoci-miento por el demandado, la única prueba que ha podido y debido admitirse ha sido el documento público y fehaciente que acreditara tal recpnocimiento, o la sentencia ejecutoria que lo ordenara.

En el caso de Amsterdam et al. v. Puente et al., decidido en 17 de junio de 1910, digimos:

“Creemos que de las disposiciones del Código Civil vigentes ante-riormente, así como de la práctica y jurisprudencia' sobre el particular, puede correctamente deducirse la conclusión de que sin algún acto que en forma auténtica revele la voluntad del padre de dar a su hijo tal estado, el hijo tiene solamente un derecho de acción para obligar al padre a que le confiera dicho estado. El artículo 135 del Código Civil español y el 189 del Código Civil de Puerto Rico preveen los casos en que un padre'pueda ser obligado a reconocer a su hijo-ilegítimo. Solamente puede ser obligado a ello por medio de unai “acción, y puede decirse que tal acción seria innecesaria únicamente en aquéllos casos en q%í,e hubieran actos solemnes por parte del padre que-vengan a demostrar que tal obligación ha sido cumplida. Claramente se deduce de estos artículos que aunque un padre haya ejecutado como sucede en el caso de autos, una serie de actos tendentes a mostrar que determinada persona era hijo suyo, sin embargo, no puede decirse que él la haya reconocido dentro de la acepción que legalmente tiene la palabra reconocimiento. Si él puede ser obligado a ello, entonces hay que convenir en que antes de obligársele, el desideratum no se ha .lo-grado. Bajo tales circunstancias, y hasta que. no haya algún acto solemne, o alguna declaración de parte de un tribunal, no puede decirse que el hijo ha sido reconocido ni puede afirmarse que haya adquirido el estado civil de hijo natural reconocido.”

En el caso de Justo Puente et al. y. Félix Puente y So-lano et al., decidido el 18 de junio citado, fue discutida la cuestión legal de si en el procedimiento especial para decla-ratoria de herederos que establece la ley aprobada en 9 de marzo de 1905, podía admitirse prueba para justificar el re-conocimiento de la filiación natural, cuya prueba babía sido denegada por la corte inferior, y al resolver ese punto digi-mos.

“A nuestro juicio la corte sentenciadora no cometió el error que se le atribuye. Para que la apelante en este caso hubiera podido alegar con éxito su condición .de hija natural reconocida, y oponerse como tal y como tal ser declarada heredera, era necesario que constara que su reconocimiento se había verificado voluntaria y solemnemente por el padre, sin lugar a dudas, o que teniendo ella derecho a ser reco-nocida de acuerdo eon la ley, y habiéndose omitido por el padre hacer el reconocimiento de una manera solemne, o habiéndose negado a ello, había obtenido sentencia firme a su favor en un tribunal competente •y dentro del procedimiento contencioso adecuado. Ha sido la prác-tica constante, que cuando el padre omite o niega el reconocimiento, el hijo debe acudir al tribunal competente ejercitando la acción de filiación para obtener que el tribunal declare en una sentencia lo que omitió o se negó a declarar el padre de una manera solemne. * *

En el caso de Emilia Rijos Córdova v. Teresa Folgueras Rijos y otros, decidido en 21 del propio junio digimos:

‘ ‘ El hijo natural deriva su derecho del reconocimiento, y para que •el reconocimiento se entienda realizado y surta todos sus efectos legales, •es necesario que se haga de una manera solemne por el padre con la firme voluntad de realizarlo, y que quede de él la debida constancia .■auténtica y fehaciente. Cuando el padre realizaba actos tendentes a establecer su paternidad, que por sí solos no constituían un reconoci-miento solemne y de los que no quedaba constancia autentica y feha-ciente, bajo las leyes de Toro; cuando ocurrían los casos del artículo ciento treinta y siete, bajo el Código Civil antiguo, y cuando se realizan los del artículo 189 d'el vigente Código Civil revisado, entonces debía y debe ejercitarse la acción de filiación y el reconocimiento debía y debe constar por la ejecutoria solemne de un tribunal competente. Los .padres que en el cumplimiento de su deber deseen transmitir a sus hijos naturales su apellido y sus bienes o la parte que en ellos les corresponda, deben hacer -constar el reconocimiento de una manera auténtica y fehaciente, por ejemplo, en el acta de nacimiento, en un documento público, en su testamento, en una declaración prestada en forma solemne ante un funcionario o tribunal, etc., de manera que el hijo natural reconocido pueda hacer constar su condición de tal en la misma forma que el hijo legítimo. Cuando los padres no realizan el reconocimiento de los hijos naturales de la manera expresada, entonces los hijos deben ejercitar la acción de filiación, y obtener una declara-ción judicial de su derecho. ’ ’

•Con arreglo, a la doctrina legal consignada al resolver Los casos de qne acabamos de hacer mención, se hace preciso ejercitar la acción de reconocimiento cuando el padre no lo ha hecho o se niega a hacerlo de nna manera solemne, pu-•diendo sólo prescindirse del ejercicio de dicha acción, cuando de tal reconocimiento existe constancia auténtica y fehaciente, o ha sido declarado por sentencia de tribunal competente. De aquí que, como en el presente caso- no se ha ejercitado la acción de reconocimiento, y sólo se ha alegado la calidad de hijo natural reconocido de Juan Ramón Calaf por Salvador Calaf Serra, como uno de los hechos fundamentales de la demanda, cuya alegación, atendida, la significación legal y gramatical de sus términos, implicaba nn reconocimiento en forma solemne y auténtica, es claro que toda prueba que no tendiera a justificar un reconocimiento becbo en esa forma, tenía qne ser ineficaz en derecho a los fines pretendidos por los demandantes. • ■

La prueba testifical suministrada por la parte actora ten-dente a demostrar actos de reconocimiento de la filiación de bijo natural de Juan Ramón Calaf por Salvador Calaf Serra; •el documento presentado por la parte actora y tan debatido ■en el juicio, documento sin fecba alguna y concebido en estos términos: “Reconozco por mi bijo natural a Juan Ramón Va-lentín y esto se dispondrá como el día que se bautizó. Salvador Calaf;” la certificación de inscripción de Juan Ramón Calaf, en un libro de confirmados, según se ba pretendido demostrar, hecha,en los siguientes términos: “519. Ramón, b. n. de Salvador Calaf y Ma. Antonia Martínez. P. Pedro Elias;” las declaraciones de varios testigos, tendentes ,a justificar la autenticidad del primero de dichos docu-mentos ; y el examen del mismo por peritos químicos y calí-grafos, serían pruebas muy pertinentes en un pleito sobre filiación y reconocimiento de Juan Ramón Calaf; pero no en un pleito en que filiación y reconocimiento se supone cons-tan por modo auténtico y fehaciente, y en cierto modo, por incontrovertibles,' son ajenos a la discusión.

No es posible admitir que con arreglo a la Ley 11 de Toro bajo cuyo régimen nació y fué concebido Juan Ramón Calaf, un reconocimiento becbo de cualquier modo, directo o indi-recto, sin constancia fehaciente del mismo, constituya título suficiente para ejercitar derechos sucesorios. Semejante teo-ría equivaldría a sostener que es el mismo interesado quien ba de apreciar cuántos y cuáles hechos bastan para deter-minar su reconocimiento, y quién ba de interpretar la signi-ficación y medir el alcance de las manifestaciones, de los actos y de las palabras constitutivos del mismo. Esa apre-ciación corresponde a la autoridad judicial en un juicio sobre reconocimiento, y nó en otra clase.de juicio. Y decimos en un juicio sobre reconocimiento, para que el debate sea franco y leal, con nna demanda qne determine todos los becbos cons-titutivos del reconocimiento, y con derecho por parte del demandado de oponer excepciones a esa demanda de reconoci-miento.'

Como la acción de reconocimiento no ba sido ejercitada, se ba privado a la parte demandada del derecho de oponer en el presente pleito las excepciones correspondientes contra dicha acción, habiéndosele privado, por tanto, de un medio substancial de defensa; y la privación de ese derecho en el presente caso es de tanta mayor importancia, cuanto que la excepción de prescripción anularía por completo la acción de reconocimiento, como pasamos a demostrarlo.

Repetimos que siendo la acción ejercitada sobre nulidad de institución de heredero, no pueden ser atinentes al caso, preceptos legales que se refieren a la duración o prescripción de la acción de reconocimiento de hijo natural; y por esa razón sostenemos que como la acción de nulidad se funda en el reconocimiento de la filiación natural de los demandantes, y ese reconocimiento no aparece de autos en forma autén-tica y fehaciente, ha debido ejercitarse previa o conjunta-mente con la acción de nulidad de institución de heredero, la de reconocimiento, para que entonces hubiera podido ale-garse y decidirse sobre la excepción de prescripción.

Dice la parte apelada, en su alegato escrito :■

“La presente demanda no establece ninguna acción de filiación; nuestra acción es única y sola, la de nulidad de institución de here-dero, que no podemos admitir más cuestiones de filiación, que las que se refieren a la acción ameritada, a la que es bien visto no afectan las disposiciones legales citadas en contrario. Pero, independiente-mente de ello, entendemos que en materia de reconocimientos de hijos naturales nacidos bajo el régimen de la Ley de Toro no cabe alega-ción de prescripción de acciones fuera del caso de reconocimiento for-zoso. Y la razón es obvia: los reconocimientos llevados a cabo con arreglo al derecho anterior al primer Código, no requerían formalidad alguna, bastando la voluntad libérrima del padre. Una vez expresada tal voluntad, ninguna formalidad se requería para que tal reconoci-miento produjese sus efectos legales. Evidentemente, no puede invo-carse la prescripción, cuando se afirma un estado legal, contra el que está en posesión de dicho estado, porque como es bien establecido, la prescripción supone falta de posesión.”

Cómo se ve, la misma parte apelada admite que cabe ale-gación de prescripción en un caso de reconocimiento for-zoso ; y como el caso de reconocimiento de Juan Ramón Calaf sería un caso de reconocimiento forzoso, pues Salvador Calaf durante la vida no lo reconoció en forma auténtica y fehacien-te como hijo natural suyo, basta el punto de preterirlo en su testamento, y el demandado, boy causababiente de Salvador Calaf, contradice tal reconocimiento, tenemos que la acción de reconocimiento de Juan Ramón Calaf es susceptible de prescripción.

La excepción de prescripción a la acción de reconocimiento es alegable, aunque se trate de reconocimiento de hijos natu-rales nacidos bajo el régimen de la Ley de Toro, como así lo dejamos establecido al decidir en 25 de junio de 1909 el caso de Gual et al v. Bonafoux et al.

Entonces digimo s:

“Habiendo nacido el derecho de los demandantes Luis y Alfonzo al reconocimiento de hijos naturales antes de regir el Código Civil español, y consiguientemente la acción para obtener la declaratoria de ese derecho, derecho y acción deben subsistir con la extensión y en los términos que- les reconocía la legislación precedente; pero derecho y acción no pueden durar más tiempo que el' prevenido por el Código. Extensión y términos entrañan conceptos enteramente distintos del ■de duración, pues las dos primeras palabras determinan el alcance y virtualidad de un derecho o acción, y la tercera palabra se refiere al tiempo en que tendrán vida y eficacia. No hay antinomia o contra-dicción en los preceptos de la regla 4a. que dejamos transcrita. Si alguna duda pudiera surgir sobre su significación y sentido, la encon-tramos desvanecida en la exposición de motivos del Código Civil español cuando dice: ‘Pero si es justo respetar los derechos adquiridos bajo la legislación anterior, aunque no hayan sido ejercitados, ninguna consider ación de justicia exige que su ejercicio posterior, su duración y los procedimientos para hacerlos valer se eximan de los preceptos del Código.’ ”

Estamos conformes y admitimos con el Tribunal Supremo-de España en su sentencia de 23 de septiembre de 1898, que el reconocimiento afecta a la existencia misma del derecho, y por esa razón digimos en el caso de Cual et al. v. Bonafoux et al. lo siguiente:

‘ ‘ Como se ve,' a Luis y Alfonso Cual les basta acreditar por cual-quiera de los medios probatorios admitidos por la ley el reconocimiento expreso o tácito de su filiación natural por parte de Tomas Cual, según la Ley 11 de Toro, interpretada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, sin que para obligar a su presunto padre o a la sucesión de éste al reconocimiento pretendido, pueda exigírseles a los demandantes la existencia de la prueba que.marca el artículo 135 del Código Civil antiguo, modificado por el 189 del reformado, pues en ese caso se perjudicarían derechos nacidos de hechos realizados bajo el régimen de la Ley de Toro, infringiéndose así la regla Ia. de las dictadas para la aplicación de uno y otro Código. ’ ’

Hemos examinado las sentencias del Tribunal Supremo de España de 11 de abril de 1906, de 28 de diciembre del mismo año y de 2 de abril de 1909, las que por haber sido dictadas con posterioridad al cambio de soberanía, no tienen para nosotros autoridad de doctrina legal, sino la fuerza de doctrina jurídica, que pueda darles el peso de las razones en que se funden.

La última de dichas sentencias claramente consigna ser lo ciertoi que en juicio no se ha opuesto la excepción de prescrip-ción, ni en el recurso se cita artículo alguno del Código que se refiera a la duración de las acciones, fuera del 137 que carece de aplicación; y el mismo Tribunal Supremo de España en sentencia de 19 de diciembre de 1902, no obstante tratarse del reconocimiento de una hija natural nacida bajo el régimen de la Ley de Toro, afirmó no ser exacto que el citado artículo 137 del Código Civil español no establece plazo para ajerci-tar la acción de reconocimiento, puesto que marca expresa-mente hasta los cuatro años inmediatamente posteriores al cumplimiento de la mayor edad del interesado.

Sentimos no poder aceptar todas las apreciaciones de dicho respetable tribunal al interpretar la regla 4a. de las transitorias para la aplicación del Código Civil español, en relación con el artículo 137 de dicho Código.

Nosotros entendemos que los elementos integrantes y ne-cesarios de la filiación y del reconocimiento de los. hijos natu-rales son aquellos que se refieren a la capacidad del hijo para ser reconocido, y a los actos necesarios para determinar el reconocimiento, elementos que son distintos en la Ley 11 de Toro, en el Código Civil español y en el Código revisado; y entendemos además que la duración de la acción para recabar judicialmente dicho reconocimiento es un accidente que el le-gislador puede modificar siempre bajo ciertas condiciones, con tal que no se prive en términos absolutos al que tenga o pre-tenda tener ese derecho, de la acción para obtener su decla-ración.

Si-se concede tiempo razonable para el ejercicio de esa ac-ción antes de que sobrevenga la privación del derecho, no hay .motivo para quejarse de agravio alguno.

A este propósito digimos en el caso de Emilia Rijos Cor-dova contra Teresa Folgueras y otros, resuelto en 21 de junio de 1910:

“La Corte Suprema de los Estados Unidos ba dicho: ‘Esta corte ha decidido amenudo que las leyes sobre prescripción que afectan derechos existentes no son inconstitucionales, si se da un tiempo razo-nable para el ejercicio de la acción antes de que el impedimento em-piece a tener efecto.’ (Hawkins v. Barney, 5 Pet., 451; Jackson v. Lamphire, 3 id., 280; Sohn v. Waterson, 17 Wall, 596; Christmas v. Russell, 5 id., 290; Sturges v. Croiuninshield, 4 Wheat, 122.) No hay razón para que si la Legislatura tiene poder para establecer una prescripción donde antes ninguna existía, no pueda cambiar otra ya anteriormente establecida. (Terry v. Anderson, 95 U. S., 632.) ”

Conforme con la anterior doctrina el Código Civil español en sn artículo 1939 y el revisado en sn artículo 1840, con-tiene el siguiente precepto: ,

“La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes ante-riores se requiriese mayor lapso de tiempo. ’ ’

La acción de reconocimiento de Juan Ramón Calaf ña quedado extinguida por -prescripción, ya se atienda al artí-culo 137 del Código Civil español, ya se aplique el 199 del revisado.

Pero aun admitiendo que ni los preceptos del Código .Civil español, ni los del revisado, que regulan la duración de la acción de reconocimiento sean aplicables al presente •caso, siempre tendríamos que la ley 63 de Toro fija 20 años para la prescripción de las acciones personales, de cuyo ca-rácter participa la de reconocimiento o filiación.

No encontramos en la legislación vigente en la fecña en que nació Juan Ramón Calaf precepto alguno que exceptúe de la prescripción la acción de reconocimiento, la que tam-poco vemos sea imprescriptible por su naturaleza; y gran perturbación se originaría, si así fuera, en el seno de las familias, porque entonces los descendientes en cualquier gra-do, de un bijo natural con derecho al reconocimiento, po-drían ejercitarlo contra los causababientes de ese bijo natural.

Examinemos la excepción de cosa juzgada:

Aparece del récord que con fecba 14 de marzo de 1906, Rosa María, José M. Dolores y María Calaf, G-erardo Velazquez y Calaf a quien representaba su' padre Manuel Veláz-quez, y José y Adela Calaf, dementes, en cuyo nombre com-parecía su hermano José Miguel Calaf, presentaron demanda ante la Corte del Distrito de San Juan, con súplica de que se dictara sentencia a su favor y en contra del demandado Federico Calaf Rivera, declarando qne Ramón Calaf era hijo natural de Salvador Calaf Serra y como tal tenía derecho a heredarle en la mitad de sn caudal; que los demandantes eran, como herederos únicos de dicho Ramón Calaf, los que tenían en cnanto a la herencia de Salvador Calaf Serra, los derechos qne tenía Ramón Calaf; que el demandado Federico' Calaf Rivera debía rendir cuenta a los demandantes de la herencia de Salvador Calaf y de sus productos, mediante una liquidación; y por último, que Federico Calaf Rivera entre-gue a los demandantes la mitad del caudal relicto por Salva- . dor Calaf Serra, y los productos correspondientes desde el año 1902, y pague las costas del juicio.

A esa demanda opuso el demandado como excepciones previas, que los demandantes no tenían capacidad legal para demandar; que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una cansa de acción; que la demanda era ambi-gua; y que la acción de reconocimiento bahía prescrito.

Celebrada la vista de las excepciones propuestas, la corte dictó decisión que, copiada a la letra, dice así:

DECISIÓN.

“En este pleito fué celebrada en corte la vista de las excepciones opuestas por el demandado a la demanda, con asistencia de los abo-gados de ambas partes; y la corte, después de tomar en consideración la demanda y dichas excepciones que sin discusión oral fué sometida a su resolución por los abogados, es de opinión que los hechos y la ley están en favor de las excepciones opuestas a la demanda, y en sn consecuencia decide sostenerlas, qne el demandado no viene obligado a contestar la demanda, la qne se desestima, sin permitir enmienda y con las costas. Dada en corte hoy, 28 de noviembre de 1906, en San Juan de P. R. Firmado. Pedro de Aldrey, Juez.”

Según certificación del secretario de la corte expresada, la resolución que se deja transcrita es firme, por no haberse interpuesto contra ella recurso alguno.

Ante todo, debemos hacer constar que no se trata de una opinión emitida por el juez, sino de una resolución definitiva que ha decidido en sentido contrario a los demandantes, los derechos sometidos a la disensión en la demanda, pues ésta se desestima' sin conceder permiso para enmendarla, con las costas a la parte demandante.

Tal pronunciamiento no es opinión, sino sentencia según ésta aparece definida en el artículo 188 del Código de Enjui-ciamiento Civil. Esa sentencia debe presumirse registrada, pues estando el secretario de la corte en el deber de registrar-la, según los artículos 231 y 234 del Código de Enjuiciamiento' Civil, existe la presunción legal de que cumplió con ese de-ber, presunción que aparece marcada con el número 15 en el artículo 102 de la Ley de Evidencia, aprobada en 9 de marzo de 1905, por más que esa presunción' pueda discutirse mediante otra evidencia, lo que no se fia becbo por la parte demandante, pues ni siquiera opuso excepción a la prueba suministrada por el demandado en corroboración de su ex-cepción de cosa juzgada. T tal presunción es tanto más fuerte en el caso presente, cuanto que el secretario de la corte cer-tificó que la sentencia era firme, por no haberse interpuesto contra la misma recurso alguno, de cuya afirmación puede deducirse que estaba registrada.

Tenemos, pues, resuelto y decidido, según los términos de la sentencia transcurrida, y con carácter de cosa juzgada, que Ramón Calaf no es hijo natural de Salvador Calaf Serra, y que. ni él ni los demandantes en dicho pleito como here-deros de Ramón Calaf, tienen derecho a la herencia dé Salvador Calaf Serra, sin que Federico Calaf Rivera esté en la obligación de rendir cuenta a los demandantes de la herencia de Salvador Calaf y de sus productos, mediante práctica de una liquidación, ni de entregar a los demandantes la mitad del caudal relicto por Salvador Calaf Serra con los produc-tos correspondientes desde el año 1902.

¿Constituyen esos pronunciamientos presunción de cosa juzgada en el presente pleito? •

El artículo 1219 del Código Civil vigente dice así:

“ * * ®. Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad' entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y- la calidad con que lo fueron.”

En los dos pleitos a que nos referimos hay identidad de co-sas, pues él fin último de uno y otro pleito no es otro que la participación en la herencia de Salvador Calaf; la causa de reclamarse tal participación es la misma, o sea el reconoci- • miento de hijo natural de Juan Ramón Calaf que en un pleito se solicita y en otro se supone; y por último, los litigantes son los mismos, con la única diferencia de que el menor de-mandante figura con nombres distintos en ambos pleitos, y en el segundo pleito no comparecen José y Adela Calaf que comparecieron en el primero, por haber muerto éstos y haber-les sucedido en sus derechos los demandantes del segundo pleito, según se justifica en autos.

Si se declara con lugar la demanda que ha dado origen al presente juicio, el fundamento principal de esa declaratoria tendría que ser el reconocimiento de Juan Ramón Calaf, como hijo natural de Salvador Calaf, con los derechos eonsiguien-.tes a dicho reconocimiento, viniendo así a contradecirse y a destruirse lo. ya fallado anteriormente por sentencia ejecu-toria.

Si no se admitiera la excepción de cosa juzgada alegada por los demandados, siempre resultaría que el hecho fundamental de la demanda o sea el reconocimiento de hijo natural de Juan Ramón Calaf ha sido ya decidido ejecutoriamente por anterior sentencia en sentido negativo, no pudiendo, por tanto, ser contradicha ni discutida esa decisión en el presente pleito, con lo cual cae por su base la acción ejercitada sobre nulidad de la institución de heredero de Federico Calaf.

En cuanto a la excepción de litis pendencia se ha justifi-cado que en otro’ pleito promovido ante la Corte de Distrito de San Juan por los mismos demandantes contra el mismo demandado sobre indéntica acción, a moción del demandado resolvió dicha corte qne no era competente para conocer del asunto, y qne si la demanda no se enmendaba dentro de diez días, se registrase tal resolución como sentencia a los efectos de la apelación, habiéndose verificado la diligencia de registro en 21 de setiembre de 1908 por no haberse presentado en-mienda alguna a la demanda, y haber transcurrido el término señalado al efecto, así como su prórroga.

Consta también que la demanda que originó el presente pleito se presentó en la Corte de Distrito de Arecibo al día siguiente 22 de septiembre; que Federico Calaf fué emplazado para contestarla en 23 del mismo mes, y que la excepción de litis pendencia fué alegada al contestar la demanda en 18 de enero de 1909.

Haciendo aplicación a esos hechos del artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Civil, preceptivo de que un pleito se considera pendiente desde que principia hasta su resolu-ción final en apelación, o has'ta que haya expirado el tiempo para interponer el recurso de apelación, a menos que se haya cumplido el fallo con anterioridad, tenemos que la expresada resolución de la Corte de Distrito de San Juan, registrada como sentencia en 21 de septiembre de 1908, fué dictada a ins-tancia del mismo demandado, quien por tanto no podía inter-poner contra ella recurso de apelación; y que por lo que atañe a la parte demandante, cumplió dicha decisión por el mero hecho de acudir a la Corte de Distrito de Arecibo inter-poniendo la misma demanda, sin que pueda alegarse, como alega la parte apelante, que pudo apelar contra dicha reso-lución en cuanto concedía autorización para enmendar la de-manda, pues la resolución de la corte fué registrada como sentencia cuando ya los demandantes habían dejado trans-currir el término que les fué concedido para enmendar la demanda.

No existe, pues, la litis pendencia alegada.

Tampoco cabe estimar la excepción de defecto de partes .demandantes, cnyo defecto se hace consistir, según el alegato de la parte apelante, en que Antonio0 Cortada y Jnan Gregory Son cesionarios del 50 por ciento de los bienes y cantidades de cualquier clase, que por razón de este pleito pudieran ob-tener en definitiva los demandantes Eosa María, José Miguel y María Higinia Calaf y César Yelázquez Calaf.

Examinadas las pruebas que sobre el particular fian veni-do al juicio, encontramos las siguientes:

Ia. Un convenio escrito fechado en San Juan el 12 de junio de 1907 por el que Eosa María Calaf, reputándose heredera de su abuelo Salvador Calaf, como hija de Juan Eamón Calaf, autoriza a Cortada y a Gregory para que indaguen cuanto se relacione con su derecho a aquella herencia, obtengan los documentos necesarios y practiquen las gestiones requeri-das para establecer aquel derecho, y también para que desig-nen un abogado que la represente; estipulándose que los gas-tos que se originen serán de cuenta de los comisionados, a quienes en compensación de ello y de sus servicios se obliga a satisfacer una mitad de la parte líquida de herencia que perciba.
2a. Otro contrato fechado en Ponce a 21 de junio citado, bajo idénticos términos y estipulaciones, entre José M. Calaf y María Calaf y los citados Gregory y Cortada.
3a. Un convenio escrito ante el Notario José G. Torres en 12 de octubre de 1907, por el que Cortada confiesa haber recibido de José Herrera, doscientos cincuenta dollars para sufragar gastos originados con motivo de la reclamación” de derechos hereditarios por los herederos de Eamón Valentín Calaf, contra Federico Calaf, comprometiéndose Cortada a devolver a Herrera por el dinero adelantado y por los servi-cios prestados en el asunto, la suma de mil dollars, siempre que el litigio se trance o termine por sentencia favorable a los demandantes.

Esos contratos no entrañan cesión o transmisión de dere-chos hereditarios a favor de Cortada, Gregory y Herrera, los cuales podrán ser partes interesadas en el resultado del pleito; pero tal interés no les autoriza para comparecer en el juicio a sostener la acción que ejercitan los demandantes.

Aunque la parte apelante ha alegado también en apoyo del recurso, que la corte inferior cometió error en la apreciación de las pruebas relativas al reconocimiento de Juan Ramón Calaf por Salvador Calaf Serra, y se ha sostenido amplio debate sobre el particular, no nos creemos autorizados para dis-cutir y decidir acerca del valor de los diversos elementos pro-batorios aportados al juicio para defender e impugnar dicho reconocimiento, pues como ya hemos dicho antes, la acción ejercitada no es de filiación y reconocimiento de hijo natural, sino de nulidad de institución de heredero, y en este pleito no ha debido admitirse otra prueba que la que tendiera a justi-ficar que el reconocimiento constaba en forma solemne y au-téntica o por sentencia, prueba que no se ha traído al juicio. Además, con respecto a dicho reconocimiento, denegada ya por sentencia de 28 de noviembre de 1906, existe la presun-ción de cosa juzgada que estamos en el deber de-respetar.

Por las razones expuestas procede la revocación de la sen-tencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Arecibo en 30 de julio de 1909, y que se declare sin lugar la demanda que originó el juicio, con las costas a los demandantes y ape-lados.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados, MacLeáry, Wolf y del Toro.

El Juez Asociado, Sr. Aldrey, no intervino en la resolu-ción de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente, Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Calaf et al. v. Calaf.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 493.
    Resuelto en febrero 14, 1911.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 471 de Calaf el al. v. Calaf (pag. 198).
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Antonio Alvares Nava y Garlos M. Boerman.

    Abogados de los apelados: Sres. Garlos Lopes de Tord, Nemesio¡,B. Canales y Editando Acuña.

   El Juez Presidente, Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Pronunciada sentencia en el caso arriba expresado por la Corte del Distrito de Arecibo en 30 de julio del año 1909, declarando nula la cláusula 8a. del testamento de Salvador Calaf .Serra otorgado en 24 de marzo de 1902, en la que se instituye heíedero al demandado Federico Calaf Rivera, pre-sentó éste moción a dicha corte para la concesión de nuevo juicio, por insuficiencia de la prueba para justificar dicha sen-tencia y por errores de derecho cometidos en el juicio y a los .cuales había opuesto excepción.

Dicha moción fue resuelta por orden de 9 de diciembre del mismo año, declarando no haber lugar al nuevo juicio solicitado, con las costas al peticionario, y contra ¿lia inter-puso Federico Calaf Rivera recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Los errores alegados por la parte apelante en apoyo de este recurso son casi los mismos que alegó para sostener el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia recaída en el pleito, cuyo recurso hemos decidido en esta misma fecha revocando la sentencia apelada con las costas a la parte demandante, pqr los fundamentos consignados en la opinión en que se basa nuestra sentencia.

A esa opinión hemos de referirnos; y cómo nuestra sen-tencia es por hoy la ley que ha de regular el caso, huelga dis-cutir el presente recurso por carecer de finalidad práctica y ser en su consecuencia innecesario.

El recurso dehe desestimarse sin especial condenación de costas.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados, MacLeary, Wolf y del Toro.

El Juez Asociado, Sr. Aldrey, no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez PresideNte, Sr. HerNÁNDez,

text:
    Jones, Obispo Católico de Puerto Rico v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo .contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia.
    No. 77.
    Resuelto en febrero 14, 1911.
    Cancelación — Facultades del Obispo Católico Como Representante de la Iglesia. — El Obispo de la Iglesia Católica Apostólica Romana en Puerto Rico, es jefe y representante de dicha Iglesia con todos los poderes y facultades nece-sarias para el gobierno de la misma, y por tanto, tiene facultades para can-celar por sí, o por medio de delegados, los gravámenes de cualquier clase cons-tituidos a favor de la Iglesia que rige y gobierna, o de sus establecimientos u organismos.
    Id.- — De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, al Obispo Católico compete la cancelación de los gravámenes constituidos a favor del Seminario Conciliar, de la fábrica de Catedral, de capellanías vacantes, del hospital de caridad y de la mesa capitular, pues éstos son organismos que funcionan bajo su dirección y dependencia y que no tienen facultades propias e independientes para la enajenación de derechos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    .Abogado del recurrente: Sr. Juan Hernándes López.

   El Juez PresideNte, Sr. HerNÁNDez,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura otorgada el 16 de septiembre de 1910 ante el Notario Don Gabriel Guerra, el Reverendísimo William A. Jones, en sn carácter de Obispo de la Iglesia Católica Apos-tólica Romana en' Puerto Rico, confesó baber recibido de Doña Carmen Felipa Somobano y Arce la cantidad cuatro mil se-tenta y dos dollars, diez centavos, equivalente a la de seis mil setecientos ochenta y tres pesos, cincuenta centavos, que representaban los siguientes capitales a censo y tributo, a saber: uno a favor del Seminario Conciliar de esta ciudad por tres mil setecientos noventa y tres pesos cincuenta centavos ; otro, a favor de la fábrica de Catedral, por ciento setenta y cinco pesos; otro, a favor de Capellanías vacantes, por trescientos cinco pesos; dos, a favor de la .Mesa Capitular por doscientos veinte y cinco y doscientos ochenta y cinco pesos; otro a favor del Hospital de Caridad de esta ciudad por mil cuatrocientos pesos; otro a favor de la Real Hacienda, antes Frailes Franciscanos, por doscientos pesos; y otro, a favor de los Frailes Dominicos por cuatrocientos pesos, cuyos capitales gravaban la casa de tres pisos de mamposteríá y azotea, radicada en la calle de San Francisco de está ciudad y marcada con el número 28, de la propiedad de la referida Señora; y en su consecuencia el mencionado Señor Obispo otorgó carta de pago y de cancelación de los censos relacio-nados por baber sido satisfechos con los réditos correspon-dientes.

Presentada copia de la anterior escritura en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Ia. para la cancelación de los censos a que se refiere, el registrador la denegó en los siguientes términos:

‘ ‘ No admitida la cancelación que comprende el anterior documento por no estar inscritos los capitales a censo que se cancelan, a nombre de la persona que otorga la cancelación. No se ha extendido anota-ción preventiva. San Juan, octubre 8 de 1910. El Registrador, José S. Belaval. ”

Esa nota está boy sometida a nuestra consideración' a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto. '

No estamos conformes con la denegación de cancelación en cnanto a los censos constituidos a favor del Seminario Conciliar, de la fábrica de Catedral, de Capellanías vacantes, del Hospital de Caridad y de la Mesa Capitular, pues el Reveren-dísimo William A. Jones, en su carácter de Obispo de la Igle-sia'Católica Apostólica Romana en Puerto Rico, cuyo carácter no discute el Registrador de San Juan, es Jefe y Represen-tante de dicha Iglesia con todos los poderes y facultades nece-sarias para el gobierno de la misma; y por tanto, a él solo, por sí, o por medio de delegados, compete la cancelación de los gravámenes de cualquier clase constituidos a favor de la Iglesia que rige y gobierna o de cualquiera de sus estableci-mientos u organismos. De aquí que no es posible negar repre-sentación al Obispo de la Iglesia Católica Apostólica Romana en Puerto Rico para cancelar gravámenes a favor del Semi-nario Conciliar, de la fábrica de Catedral, de Capellanías va-cantes, del Hospital de Caridad y de la Mesa Capitular, por tratarse de establecimientos o entidades de la Iglesia Cató-lica'Apostólica Romana en Puerto Rico, que funcionan bajo la dirección y dependencia de su Obispo y que no tienen facul-tades propias e independientes para la enajenación de dere-chos, como los que han sido cancelados por la escritura de 16 de septiembre del año próximo pasado.

La representación de la Iglesia Católica Apostólica Ro-mana en Puerto Rico, incumbía a su Obispo durante la domi-nación Española, y el Tratado de París celebrado entre los Estados Hnidos y España no hizo innovación alguna sobre el particular, sino que por el contrario ha reconocido a la Igle-sia sus derechos, aunque sin establecer preferencias en rela-ción con otras religiones. Aún más,' después de haber sido aprobada en 10 de marzo de 1904 la Ley confiriendo jurisdic-ción original a este Tribunal Supremo para conocer sobre ciertas propiedades reclamadas por la Iglesia .Católica Ro-mana de Puerto Rico, y resolver acerca de las mismas, fueron promovidos diversos pleitos por el Obispo Católico Apostólico Romano de Puerto Rico en representación de su Iglesia, recia-mando la propiedad de la Catedral, del Seminario Conciliar, de varias Iglesias Parroquiales, de Conventos y censos qne pertenecieron a comunidades -religiosas, de que se había in-cautado la Real Hacienda, y en todos esos pleitos fue admitida la representación del Obispo Católico Apostólico Romano de Puerto Rico, siendo de notar que uno de esos pleitos ó sea el relativo á la Iglesia de Ponce, fué decidido ejecutoriamente a favor del Obispo Católico de Puerto Rico por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que otros dos terminaroñ por medio de transacción a virtud de la resolución conjunta aprobada en 16 de septiembre de 1908, en cuya transacción intervinieron representantes de los Estados Unidos, de El Pueblo de Puerto Rico y de la Iglesia Católica Apostólica Romana de -Puerto Rico, a la que representaba su Obispo, sin que la representación de éste fuera impugnada por los demás.

Entendemos, pues, que los capitales a censo a favor del Seminario Conciliar, de la fábrica de Catedral, de Capella-nías vacantes, de la Mesa Capitular y del Hospital de Cari-dad, pertenecen a la Iglesia Católica Apostólica Romana de Puerto Rico; y por tanto, su representante legal, que es el Obispo’ cuya representación es indiscutible, ba podido can-celarlos, siendo eficaz tal cancelación y por tanto, inscribible en el registro.

.En cuanto a los censos, uno de ellos a favor de la Real Hacienda, y otro a favor de los Frailes Dominicos, entende-mos que para obtener su cancelación en el registro de la pro-piedad, debe justificarse que esos dos censos fueron de' los adjudicados a la Iglesia Católica Romana de Puerto Rico, en virtud de la transacción a que se refiere la resolución con-junta de que dejamos hecho mérito* pues de otro modo se in-fringiría el artículo 20 de la Ley Hipotecaria.

Por las razones expuestas, entendemos que procede con-firmar la nota recurrida en cuanto se refiere a los dos censos a favor de la Real Hacienda, antes Frailes Franciscanos, y a favor de los Padres Dominicos, revocando dicha nota en cnanto a los demás Censos, por ser inscribible sn cancelación.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez PresideNte, Sr. HernÁNdez,

text:
    Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas.
    No. 58.
    Resuelto en febrero 14, 1911.
    Dominio — Inscripción de Auto de Declaratoria de Dominio Inscripción de Posesión. — La circunstancia de haberse citado, en una información de dominio, a las personas de quienes hubo la finca el promovente, y por edictos a todas las demás a quienes pudiera perjudicar la inscripción de dominio solicitada, sin que nadie se hubiera presentado a hacer oposición alguna, no es motivo sufi-ciente para que pueda ser privado de su derecho aquel que tenga inscrita a su favor la posesión de la misma finca, y no resulte haber sido citado expresamente en el expediente de información de dominio, a menos que hubiere prestado para ello su asentimiento expreso, o que hubiere sido oído y vencido en juicio.
    Id._Defecto Subsanable. — La omisión de consignar en el testimonio del auto de declaratoria de dominio que éste es firme, constituye un defecto subsanable que debe hacerse constar en la inscripción.
    Id. — Información Posesoria. — Las disposiciones del artículo 393 de la Ley Hipo-tecaria tienen aplicación a las informaciones posesorias, y no hay precepto alguno que lo haga extensivo a las informaciones de dominio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco Soicorro.

   El Juez PresideNte, Sr. HernÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Huma-cao, The Porto Rican Leaf Tobacco Company promovió expe-diente de dominio para obtener a su favor la declaratoria ■del que tenía sobre una finca rústica descrita en los términos siguientes:

“Rústica: que radica en el barrio de Hato del término municipal de San Lorenzo, con trece cuerdas 32 céntimos o sean cinco hectáreas, diez áreas y 95 centiáreas, atravesada por la carretera de Caguas a San Lorenzo, y colindando por el Norte con el Río Grande, por el Sud con Don José y Doña Carmen Sellés y Domingo, por el Este con terrenos del pueblo de San Lorenzo y cementerio viejo, y por el Oeste con Don Joaquín Saras.” 1

Según alegaciones becbas en el escrito inicial del expe-diente de dominio, Don Francisco Sellés López poseyó en concepto de dueño la finca descrita, con buena fe y justo tí-tulo, desde el año 1893, en que la hubo, hasta el 20 de febrero de 1904, en que la adquirieron por título hereditario Doña Inés, Doña Josefa, Don José y Doña Providencia Dávila Sellés, los que siguieron poseyéndola proindiviso, también en concepto de dueños, y con buena fe y justo título, hasta que habiendo muerto Doña Josefa Dávila Sellés, adquirió en 4 de febrero de 1907 su participación en dicha finca su legí-timo hijo Don José María Alvarez, el cual y los otros tres con dueños continuaron poseyendo el inmueble, sin interrupción, y en la misma forma que antes, hasta el Io. de abril de 1908 en que fué adquirida por The Porto Rican Leaf Tobacco Company, cuya corporación, por carecer de título de dominio inscribible ha tenido que promover expediente de dominio para verificar la inscripción.

jLia Corte de Humacao, estimando que se habían cumplido los requisitos legales de publicación de edictos, que habían sido citados el Fiscal de dicha corte y los anteriores dueños sin que hubiera habido oposición por parte de persona alguna, y que por declaraciones juradas de tres testigos aparecía jus-tificado el dominio de la finca de que se trata, a favor de The Porto R.ícan Leaf Tobacco Company, lo declaró así por reso-lución de 20 de abril del año próximo pasado, y ordenó la inscripción de dicho dominio en el registro de la propiedad, para lo cual se libraría a la corporación peticionaria copia certificada de la resolución.

Presentada en el Registro de la Propiedad de Cagnas la copia certificada de referencia para sn inscripción en el regis-tro, fné ésta denegada por nota que transcribimos a conti-nuación :

“No admitida la inscripción del precedente documento porque la posesión de la finca que se trata de inscribir se llalla inscrita a favor de Don Francisco Sellés López, distinta persona de Don José María Alvarez, Doña Inés, Doña Providencia y Don José Dávila Sellés de quienes la Porto Rican Leaf Tobacco Company adquirió por compra la misma finca, pues aunque del título aparece que Don José María Alvarez es heredero de Doña Josefa Dávila y Sellés y que ésta y los otros tres eran herederos de Don Francisco Sellés López, tanto éste como la Doña Josefa Dávila Sellés a su fallecimiento, según el registro, dejaron más herederos que han debido ser parte en el asunto de decla-ratoria de dominio, aparte de que todos los aludidos herederos tienen el derecho de ser demandados en pleito contencioso para que se declare por los tribunales quién es el que tiene mejor derecho sobre esa finca. Pues, según el artículo 20 de la Ley Hipotecaria no es inscribible nin-gún contrato relativo a una finca inscrita que no fuere otorgado por la misma persona que aparezca como dueña, según el registro o por su legítima representación, y con respecto a los títulos declarativos del dominio o sea de las sentencias que declaren el dominio, no podrán inscribirse si la finca se halla inscrita a favor de distinta persona de las personas contra las que se sigue el juicio. (Resolución de la Dirección de los Registros y del Notariado de 9 de mayo de 1889) ; habiéndose extendido anotación preventiva por ciento veinte días al folio 146 del tomo 16 de San Lorenzo, finca número 860, anotación letra B, con el defecto además subsanable de no constar dé dicho docu-mento, que la orden de declaratoria de dominio haya quedado firme sin haberse interpuesto contra la misma recurso alguno. Caguas, abril 28 de 1910. El Registrador, S. Abella Bastón.”

La anterior nota fia sido recurrida en tiempo oportuno, y está sometida fioy a nuestra consideración, después de fia-ber alegado la corporación recurrente y el Registrador de la •Propiedad de Cagnas, cnanto fian estimado conducente.

Para la resolución del presente recurso nos basta tener en cuenta los artículos 20 y 82 de la Ley Hipotecaria.

El artículo 20 de dicfia ley prescribe que los registradores de la propiedad denegarán la inscripción o anotación de los títulos en qne se transfiera o grave el dominio o la posesión de los bienes inmuebles, cuando en el registro aparezca inscrito el derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la trans-misión o gravamen; y el artículo 82 ordena que las inscripcio-nes o anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por providencia ejecutoria contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, o por otra escritura o documento auténtico, en el cual' exprese su con-sentimiento para la cancelación, la persona a cuyo favor se hu-biere hecho la inscripción o anotación, o sus causahabientes. o representantes legítimos.

Como del registro aparece inscrita a favor de Don Francisco Sellés López la posesión de la finca cuyo dominio ha. tratado de inscribir .The Porto Pican Leaf Tobacco Company, y no se ha ordenado la cancelación de dicha inscripción por providencia ejecutoria, ni existe escritura' o documento auténtico en el- cual Sellés López o. sus causahabientes hayan prestado su consentimiento para dicha cancelación,- la inscrip-ción tiene que subsistir en toda su fuerza y vigor, y subsis-tiendo, no cabe inscribir el dominio a favor de The Porto Pican Leaf Tobacco Company. En apoyo de la anterior doc-trina podemos citar la resolución dictada por esta Corte con fecha 27 de junio de 1902 en el recurso gubernativo de Emigdio S. Ginorio v. El Registrador de la Propiedad de San Juan.

Ni puede sostenerse que Don Francisco Sellés López haya, prestado su conformidad en el expediente de dominio para la cancelación de la inscripción posesoria de que se deja hecho mérito, pues no aparece que fuera citado, según afirma la recurrente, por más que en la copia certificada de la resolu-ción de la corte se consigna que fueron citados los anteriores dueños, que pudieron ser muy bien los que precedieron en el dominio a The Porto Rican Leaf Tobacco Company y nó Don Francisco Sellés López, a quien se supone fallecido en la nota recurrida.

No es aplicable al presente caso el artículo 393 de la Ley Hipotecaria, preceptivo de que si los registradores, antes de inscribir alguna finca o derecho en virtud de las informaciones posesorias a que se refieren los tres artículos anteriores, en-contraren en el registro algún asiento de adquisición de do-minio o posesión no cancelado, que esté en contradicción con el hecho de la posesión, cuya inscripción se solicita, deben suspender la inscripción y hacer anotación preventiva si la solicita el interesado, remitiendo copia de dicho asiento al juez que haya aprobado la información, a los fines que ex-presa el mismo artículo. Tal artículo se contrae a las infor-maciones posesorias, y no hay en la ley precepto alguno que lo haga extensivo a las informaciones de dominio.

En cuanto al defecto subsanable de no aparecer del docu-mento que sea firme la orden declaratoria del dominio, nada ha alegado en contra la parte recurrente, y nosotros encon-tramos que realmente existe.

Por las razones expuestas procede la confirmación de la nota recurrida de 28 de abril del año próximo pasado.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado, Se. del Tobo,

text:
    Río v. Vázquez.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 573.
    Resuelto en febrero 14, 1911.
    INJUNCTION. — Impugnada la procedencia de una orden de injunction pendente lite, por medio de una moción interesando su disolución, no cabe proponer y discutir idéntica cuestión en una contestación, siendo lo procedente discutir en definitiva el asunto dentro del procedimiento en que ba de ventilarse el pleito principal, y en el que puede hacerse firme y definitivo el injunction que se decretara provi-sionalmente.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogados del apelante: Sres. N. B. K. Pettingill y Fernando Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. Mariano B. Acosta.

   El Juez Asociado, Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

José León Bío presentó nna demanda' en la Corte de Dis-trito de Aguadilla, dirigida contra Fernando Vázquez, sobre cumplimiento de contrato, y nna solicitud para que se ex-pidiera nna orden de ■injunction preliminar prohibiendo la venta en pública subasta de cierta finca, hasta que se resol-vieran los.derechos del demandante reclamados en la expre-sada demanda. La orden fné expedida, fijándose en cuatro cientos pesos, la fianza que debía prestar el peticionario.

El demandado Vázquez presentó nna moción solicitando que se disolviera el injunction, y la corte, después de oir a ambas partes, declaró sin lugar la moción del demandado. Contra esta resolución de la corte apeló el demandado para ante esta Corte Suprema, que resolvió el recurso por senten-cia de 11 de febrero actual, confirmando la resolución apelada.

Pendiente el pleito principal sobre cumplimiento de con-trato y la apelación interpuesta contra la orden de la corte de distrito negándose a disolver el injunction preliminar ex-pedido, el demandado Vázquez presentó nna contestación a la solicitud de injunction preliminar, y el caso fué nuevamente discutido por ambas partes y decidido por la corte de distrito en contra del demandado por resolución de 3 de mayo de 1910, contra la cual se interpuso el presente recurso de ape-lación.

Uno de los fundamentos de la resolución apelada, bastante para sostenerla, dice así:

“Finalmente, resuelta por la corte la cuestión de la disolución o revocación de la orden de injunction a virtud de solicitud presentada por el demandado, y apelada por el mismo la resolución' negando 1^ disolución, no cabe en buena lógica jurídica volver sobre lo mismo que ba sido ya juzgado, proponiendo de nuevo idéntica cuestión; según el principio “non vis ni idem.” (debe decir: non bis in idem.”) El lugar apropiado para discutir en definitiva el asunto, sería dentro-del procedimiento en el que ha de ventilarse el pleito principal, y en donde ha de hacerse firme y definitivo el injunction decretado, que no es más que un mero incidente de lo principal.

' Pero aún cnando consideráramos el caso y lo resolviéra-mos por sus propios méritos, nuestra resolución tendría que ser contraria a las pretensiones de la parte apelante. Los. mismos errores alegados en la apelación de la orden negando, la disolución del injunction, se repiten aquí; y, por los motivos consignados en la opinión de esta corte, que es la ley de esto caso,- al resolver aquel recurso, deberíamos decidir, que no se-llan cometido los errores alegados, y que la corte dictó la orden de injunction preliminar en el ejercicio de su jurisdic-ción y de acuerdo con la ley y la jurisprudencia.

, El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Asociados, MacLeary y Wolf.

El Juez Asociado, Sr. Aldrey, no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez PbesideNie Se. IIeeNÁNdez,

text:
    Benítez Hermanos v. El Registrador de la Propiedad.
    Recubso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao.
    No. 81.
    Resuelto en febrero 17, 1911.
    Mandato — Ejercicio de la Patria Potestad — Cancelación de Gravámenes. — -En-el caso de autos una madre con patria potestad sobre su hija menor, otorgó, poder a un tercero confiriéndole, entre otras, la siguiente facultad: "Segunda: la de reclamar y percibir cuantas cantidades se le adeuden a dicha menor, aceptando en pago bienes muebles e inmuebles, valores, acciones y créditos de-toda especie, pagar sus deudas y suscribir y otorgar los resguardos, recibos,, escrituras y demás documentos que se requieran y seaq menester. ’ ’ Estimado-ineficaz ese poder por el registrador, e interpuesto el recurso correspondiente, se resolvió:

      (а) Que esa cláusula es valedera y eficaz en derecho,.y no envuelve renuncia de patria potestad ni contraviene precepto legal alguno, pues la madre, en el uso y ejercicio de ios derechos ajenos a la patria potestad, puede conferir facul-tades á un tercero para que, obrando en representación de ella, ejecute actos como los que se expresan en la cláusula transcrita j
    (б) Que la madre con patria potestad puede cancelar un gravamen constituido á favor del menor, sin necesidad de autorización judicial, pero como esa cancela-ción entraña un verdadero acto de enajenación, pues por ella se desapodera el acreedor de un dereeho real que le pertenece, el mandatario, para otorgarla, necesita un mandato expreso, mandato qu.e no existe en la cláusula del poder, que se ha transcrito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: . Sr. Luis Muños Morales.

   El Juez PbesideNie Se. IIeeNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgadá en esta ciudad de San Juan, ante el Notario Don Manuel Bodríguez- Serra, a 18 dé junio de 1907, Doña Louisa Luchetti en su concepto de madre con patria potestad de la menor Doña Madeleine Luchetti, confirió poder a Don Sosthenes y Don Hernand Behn, para que cualquiera de ellos, indistintamente, atienda al gobierno y disposición de los bienes y derechos pertenecientes a dicha menor, confiriéndoles entre otras la facultad que de dicho poder insertamos íntegra a continuación:

• “Segunda. La de reclamar y percibir cuantas cantidades se le adeuden a dicha menor, aceptando en pago bienes muebles o inmuebles, valores, acciones y créditos de toda especie, pagar sus deudas y sus-cribir -y otorgar los resguardos, recibos, escrituras y demás documentos que se requieran y sean menester. ’ ’, .

.En virtud de la escritura de poder de que se deja hecho' mérito, Don Hernand. y Don Sosthenes Behn por derecho pro-pio y además como apoderados de Doña Louisa Luchetti, en su concepto de madre con patria potestad de su menor hija Madeleine Luchetti, otorgaron por escritura de 3 de octubre de 1910, ante el notario de esta ciudad, Don Julio César Gon-zález, carta de pago y de cancelación de hipoteca á favor de la sociedad Benitez Hermanos domiciliada en la isla de Vie-ques, por haberles satisfecho dicha sociedad la suma'de 20,000 dollars, que representaba uno de los plazos vencidos del pre-cio de 130,000 dollars, por el que Don Hernand y Don Sos-thenes Behn y Doña Louisa Luchetti, en representación de su hija menor Doña Madeleine, con autorización judicial, ven-dieron a Benitez Hermanos una finca situada en el término municipal de Viequés.

Presentada al Registrador de la Propiedad de Humacao para su inscripción la mencionada escritura de carta de pago de 3 de octubre de 1910 acompañada con el testimonio del poder de 18 julio de 1907, dicho registrador denegó la. inscrip-ción de cancelación de hipoteca, en cuanto a la parte del plazo que correspondía a la menor Madeleine Luchetti, por medio de nota concebida en los términos siguientes:

‘ ‘ Hecha la cancelación parcial a que se contrae este documento, en cuanto a la parte que en el plazo cancelado pertenecía a Hernand y Sosthenes Behn, en el tomo 11 de Vieques, al folio 78, finca número 342, duplicado, inscripción 8a., denegándose dicha cancelación en cuanto a la parte de crédito correspondiente a la menor Madeleine Luchetti por no haber sido ésta debidamente representada en el otor-gamiento, pues a nombre y como apoderado de Doña Louisa Luchetti, madre con patria potestad de dicha menor, comparecen Hernand y Sosthenes Behn por virtud del poder que les fué conferido en escri-tura de. 18 de junio de 1907 ante el notario de San Juan Don Manuel Rodríguez Serra, facultándoles para que cualquiera de ellos indistin-tamente atienda al gobierno y disposición de los bienes y derechos pertenecientes a dicha menor; poder que la Doña Louisa Luchetti, no está expresamente autorizada por la ley para conferirlo tan amplio y general, pues 'de lo contrario, el padre o madre que no pueden re-nunciar la patria potestad, según sentencia del 22 de octubre de 1891 sobre discernimiento del cargo de curador dictada por la Corte Su-prema de España, conseguirían, delegando en un apoderado, librarse de cumplir directamente las obligaciones que la ley inspirada en la naturaleza humana, les impone respecto a la persona y bienes de sus hijos no emancipados, que, en tal caso, quedarían prácticamente bajo la guarda y custodia de un extraño. Esto, aparte de que el poder de referencia no contiene facultades expresas para cancelar créditos hipo-tecarios. Y se toma anotación de denegación por 120 días, de con-formidad con la ley, en los mismos tomos, folio y finca al principió citados, anotación letra A. Humacao, 12 de diciembre de 1910. El Registrador, Miguel Planellas.”

Esa nota lia sido recurrida por la sociedad Benítez Her-manos, que solicita su revocación, y que se ordene por esta corte la inscripción de la cancelación parcial de hipoteca que ha sido denegada.

Examinada la cláusula del poder que dejamos transcrita, pues es la única atinente al caso, y prescindiendo del examen de las otras cláusulas que contiene dicho poder, entendemos que aquella cláusula es valedera y eficaz en derecho,'pues no envuelve renuncia de patria potestad por parte de Doña Louisa Luchetti sobre su hija Doña Madeleine, ni contraviene precepto legal alguno.

La sentencia del Tribunal Supremo de España de 22 de octubre de 1891 establece' que una madre con patria potestad no puede renunciar la administración de los bienes de su hijo; pero esa doctrina no impide que dicha madre, en el uso y ejer-cicio de los derechos anejos a la patria potestad, confiera fa-cultades a un tercero para que, obrando en representación de ella, ejecute actos como los que se expresan en la cláusula transcrita. El apoderado en ese caso no obra en nombre pro-pio, sino por cuenta o encargo del mandante, según el artículo 1611 del Código Civil. Pero ¿faculta dicha cláusula a Don Hernand y Don Sosthenes Behn para la cancelación parcial de la hipoteca de que se trata en cuanto concierne a la menor Doña Madeleine Luchetti1? Creemos que nó.

El artículo 1615 del Código Civil, en su segundo apartado, dice así:

“Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso.”

La cancelación de un crédito hipotecario entraña un verda-dero acto de enajenación, pues por aquélla se desapodera el acreedor de un derecho real que le pertenece, y por 'tanto, no puede otorgarse sin mandato expreso.

La Dirección general de los Registros de España, viene en confirmación de la doctrina expuesta, al establecer en reso-lución de 22 dé septiembre de 1879, que los actos o contratos en virtud de los cuales se extingan o cancelen derechos reales inscritos, importan tanto como una verdadera enajenación y deben distinguirse de aquellos que hacen referencia a la co-branza de créditos y a la extensión de los oportunos recibos.

Doña Louisa Luchetti, en concepto de madre con patria potestad sobre su hija Doña Madeleine, ha podido con arre-glo al artículo 229 del Código Civil tal como ha sido enmen-dado por la ley aprobada en 14 de marzo de 1907, cancelar el derecho real constituido por la sociedad recurrente a favor de dicha menor, sin que necesitara para ello autorización judicial; pero sus apoderados Don Harnand y Don Sosthenes Behn necesitan facultad expresa para esa cancelación, según el artículo 1615 del Código Civil, y faltando como falta en el poder presentado tal facultad expresa, estimam'os por ese fundamento ajustada a derecho la calificación del Registrador de Humacao, denegando la inscripción de la escritura de 3 de octubre de 1910 en la parte relativa a Doña Madeleine Luchetti.

Por las razones expuestas es de confirmarse la nota del Registrador de la-Propiedad de Humacao de 12 de diciembre del año próximo pasado.

Confirmada.

Jueces, concurrentes: Sres. Asociados, "Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado, Sr. MacLeary, no intervino en la reso-lución de este caso.


text:
    González v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia.
    No. 86.
    Resuelto en febrero 20, 1911.
    Inscbipción — Palta de Expresión de la Medida Superficial — Defecto Subsana-ble. — La falta de expresión de la medida superficial de una finca, cuando no consta del título, no da motivo para denegar la inscripción, y ésta debe verifi-carse haciendo constar dicha falta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Raúl Benedicto.

   El Juez Presidente, Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en esta ciudad de San Juan, a 31 de diciembre de 1910, ante el Notario Don José Benedicto, Pascásia González compró a Jaime Fort una finca urbana, que se describe así:

“Urbana: Solar con casa en el barrio de Santurce de esta ciudad, siendo la casa terrera, de maderas, techada de zinc, de cuatro metros de frente por siete de fondo; y el solar se com-pone de siete metros de frente por el Este, .colindando con un callejón; ocho metros por el Oeste, con Valentina Salazar; catorce metros por el Norte, en lindes con Martín Candelario, y trece metros por el Sur, colindando con él vendedor.”

El mencionado solar es parte segregada de otro, que tam-bién se describe en la forma siguiente:

“Urbana: Solar sito, en el barrio de Santurce de esta ciu-dad, que mide catorce metros, por el Norte, en colindancias con Martín Candelario; diez, metros por el Sur, colindando con la sucesión de Juan Asencio; veinte y ocho metros 75 centíme-tros por el Este, en colindancias con Fernando Schluter,. se-parado por un callejón y veintisiete metros 35 centímetros por el Oeste, colindando con Gustavo Fort, en cuyo solar existe una casa terrera de madera, techada de zinc, de cuatro metros de frente por siete de fondo.”

Presentada dicha escritura al Registrador de la Pro-piedad- de San Juan, Sección primera, para sn inscripción, fné denegada por medio de la siguiente nota:

“Denegada la. inscripción del precedente documento porque no se expresa la medida superficial de la finca, cuyo defecto, si bien es subsanable, impide no obstante la inscripción, porque debiendo esta cabida segregarse de la finca principal, no se puede en primer lugar apreciar si bay o no bastante superficie en aquélla para formar esta nueva finca, y en segundo lugar produciría una perturbación en la determinación de la finca principal, si se hiciesen de ella segregaciones, que no estuviesen expresamente calculadas y determinadas; y se ba extendido anotación preventiva por el término legal al folio 66, del tomo 17 de Santurce, Norte, finca 734, anotación letra A. San Juan, P. R., 18 enero, 1911. El Registrador, José S. Belaval.”

Esa nota ha motivado el presente recurso gubernativo, sometido ,a nuestra consideración;, y para su resolución trai-gamos a examen.los preceptos legales atinentes al caso.

Toda inscripción que se haga en el registro debe expresar la naturaleza, situación y linderos de los inmuebles * * * y su medida superficial * * * nombre y número, si cons-taren del título. {Art. 9o. núm. lo. de la ley.)

La medida superficial se expresará'en la forma que cons-tare del título y con las denominaciones que en él se empleen; pero si del título no resultase dicha medida, se expresará en la inscripción esta circunstancia. {Art. 63, regla 4a. del Regla-mento.)

Ante preceptos legales tan terminantes, es claro que la falta de expresión de la medida superficial de una finca, cuan-do no consta del título, no da motivo para denegar la inscrip-ción, y que ésta dehe verificarse, haciendo constar dicha falta.

Las resoluciones de la Dirección General de los Registros de España-de 17 de mayo de 1880 y 3 de febrero de 1886 vienen en apoyo de la doctrina expuesta.'

En el caso presente sin gran dificultad puede apreciarse que la finca principal tiene bastante cabida, para que de ella pueda segregarse la que lia sido objeto de la inscripción denegada.

Comprendemos la conveniencia de que en todas las inscrip-ciones aparezca la medida superficial, para que de ese modo queden bien identificados los inmuebles y se eviten fraudes' qjue facilita la omisión de tal circunstancia; pero como la. ley sólo exige que conste en la inscripción la cabida de la finca, ■ cuando ese dato resulte del título presentado, nosotros no po-' demos ir contra la incontestable claridad de la ley, a la cual. debemos dar estricta aplicación, reservando al poder legisla-, tivo la revocación o modificación de la misma.

Por las razones expuestas opinamos que procede la revoca-. ción de la nota recurrida de 18 de enero próximo pasado.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados, Wolf, del Toro y, Aldrey.

El Juez Asociado, Sr. MacLeary, no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado, Sr. del Toro,

text:
    Rivera v. Merced.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 578.
    Resuelto en febrero 21, 1911.
    ApélaciÓN — Pruebas Contradictorias. — La apreciación de la corte inferior en los casos de pruebas contradictorias debe aceptarse por el tribunal de apelación a no ser que se demuestre que dicha corte actuó movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que incurrió en manifiesto error.
    Id- Aseguramiento de Sentencia — Daños • y Perjuicios. — No es procedente la práctica de prueba en el juicio, tendente á establecer los daños y perjuicios ocasionados al demandado por el embargo de sus bienes a virtud de una orden para asegurar la eficacia de la sentencia que se dictara, pues solo en el caso de que se declarara improcedente la demanda, podrían alegarse y probarse los daños y perjuicios por dicho embargo causados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr: Manuel F. •Rossy.

      Abogado del apelado: Sr. José Martínez Dávila.

   El Juez Asociado, Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recnrso de. apelación en nn caso sobre co-bro de pesos. En la demanda se alegó qne el demandado Mer-ced debía a la demandante la snma de cuatrocientos dollars con sus intereses a partir del 6 de noviembre de 1908, de-biendo descontarse de los intereses vencidos la suma de $49.52 abonados al efecto. El demandado aceptó la certeza de la • deuda en cuanto al principal pero no en cuanto a los intereses y alegó que él estipuló que satisfaría su débito, dando en pago ciertas casas de su propiedad que la demandante se babía negado a recibir. El demandado, además estableció reconven-ción reclamando la suma de 200 pesos en concepto de daños y perjuicios que alegó que se le habían causado con motivo de la orden para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera pronunciarse en este caso, dictada a instancias de la deman-dante.

El pleito fué fallado en primera instancia por la corte municipal de Bayamón, y en segunda instancia por la corte de distrito en contra del demandado.

Que el demandado Merced tomó a préstamo a Baltazar Bra-ñuelas a principios de noviembre de 1908 la suma de cuatro-cientos pesos; que Brañuelas falleció; que la menor María Petra Brañuelas fué declarada por la Corte de Distrito de San Juan única y universal heredera de su padre Baltazar Bra-ñuelas, que Eduarda Bivera es madre con patria potestad de la dicha menor María Petra, y que el demandado no ha pagado su deuda, son hechos aceptados por ambas partes en este caso. El conflicto- de la prueba sólo existe en dos. puntos, a saber: Io. ¿Se fijó interés? 2o. ¿Se estipuló la forma de pago ale-gada por el demandado?

El préstamo no se hizo constar por escrito y sólo tres tes-tigos declararon en el acto del juicio ante la corte de distrito. Dos de ellos, Eduarda Bivera y Matías Burón, manifestaron que el préstamo fué con interés, especificando Bufón el interés del uno por ciento y manifestando además que Merced debía devolver el dinero a los pocos meses porque Brañuelas ■ lo tenía destinado para hacer un viaje a España por motivos de .salud. El tercer testigo que declaró, que lo fue el propio de-mandado, manifestó que el préstamo se verificó sin interés y que el pago se estipuló en la forma expresada en la contes-tación.

El juez, al dirimir el conflicto, dió crédito a las declara-ciones de Eduarda Eivera y Matías Burén y falló en favor de la demandante. Nosotros hemos examinado el caso en su totalidad y no hemos encontrado nada que demuestre que la corte actuó movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que haya cometido error alguno manifiesto, y en tal virtud, de acuerdo con la doctrina establecida por esta corte en repetidos casos, debemos aceptar la apreciación de la corte sentencia-dora como la justa y procedente.

En cuanto a la reconvención, la corte de distrito resolvió con muy buen sentido a nuestro juicio, que no era necesario que se practicara prueba alguna sobre ella, por considerarla improcedente, dado que el embargo en los bienes del deman-dado se había hecho para el aseguramiento de la sentencia y sólo en el caso de declararse improcedente la demanda po-drían alegarse y probarse los daños y perjuicios que se hubie-ren ocasionado al demandado con el embargo.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada. ■

Jueces concurrentes: Sres. Presidentó Hernández, y Aso-ciado, Wolf.

Los Jueces Asociados, Sres. MacLeary y Aldrey, no in-tervinieron en la resolución de este caso.