text:
    A. Gelabert & Co., S. en C., Peticionaria, v. Hon. Domingo Sepúlveda, Juez de la Corte de Distrito de Ponce, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Ponce en un pleito sobre constitución de garantía.
    No. 252.
    Resuelto en julio 28, 1919.
    Alegaciones — Demanda Complementaba — Eliminación de Alegaciones — En-miendas a las Alegaciones — Discreción Judicial — Abuso de Discreción. — - No constituye abuso de discreción, el ordenar la eliminación de una demanda complementaria presentada con permiso de la corte en un pleito en el cual la demanda original tenía por objeto pedir el afianzamiento hipotecario de una. obligación no vencida aun, y la demanda complementaria, el de deman-dar el pago de dicha obligación ya vencida.
    Excepción Previa — Causa de Acción — Cuestiones Académicas. — En este caso la demanda original y la enmendada, que tenían por objeto obtener garan-tías piara el cumplimiento de una obligación que no estaba vencida aun, fueron exeepcionadas por el motivo de no aducir hechos suficientes para de-terminar una eausa de acción. Posteriormente fué eliminada por la corte a petición de la demandada una demanda complementaria en la que la de-mandante reclamaba el pago de dicha obligación por estar ya vencida. Se resolvió: que decidir ahora la excepción de falta de causa de acción opuesta '. a la demanda original y a la enmendada sería decidir una cuestión acadé-mica. por no tener fin práctico alguno, ya que teniendo por objeto dicha de-manda obtener garantías para riña obligación que no podía cobrarse por no estar vencida, de ella misma aparece que ahora ya está vencida dicha obligación de deber y por tanto a nada conduciría resolver en estos momen-tos sobre la suficiencia de esa demanda que ha dejado de tener razón de ser por haber ocurrido el vencimiento de la obligación, por lo que no pro-cede anular la resolución que declaró que no había términos hábiles para resolver dicha excepción.
    L'os hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sr. Leopoldo Tormes y Srta. Herminia Tormes.

    Abogado del demandado: Sr. José Tons Soto.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey

emitió la opinión del tribunal. .

Como consecuencia de nn auto de certiorari que libramos contra el Juez de Distrito de Ponce a instancia de la mer-cantil A. Grelabert y Co., S. en C., tenemos ante nosotros los autos originales del pleito que en aquella corte sigue dicha mercantil contra Remigio Morales y Eladio Burgos del que aparece, en lo necesario para resolver definitivamente sobre el auto expedido; que la demanda fué presentada en .30 de noviembre de 1918 alegándose en ella que Morales suscribió una obligación a favor de los demandantes de pagarles $1,616.88 el día primero de febrero de 1919 que garantizó Burgos como fiador y principal pagador mancomunada y so-lidariamente y que aunque el día del pago no había llegado, sin embargo después de haber sido suscrito el pagaré había quedado insolvente el deudor Morales y aunque Burgos tenía bienes, las relaciones poco cordiales entre ellos afectaba a dicho crédito por lo que pidió que Burgos fuera condenado a garantizar con hipoteca la expresada obligación.

Después de haber excepcionado los demandados dicha de-manda por el motivo de no aducir hechos determinantes de causa de acción y de haber sido embargados bienes de Bur-gos en cantidad mayor de $32,000 según declaración jurada suya, la demandante presentó demanda enmendada en 14 de diciembre siguiente en la que reprodujo los hechos expuestos en la anterior y agregó que el demandado Burgos trata de evadir el pago de la obligación que es base de la demanda realizando para ello actos tales como manifestaciones verba-les, tratando además de traspasar con ese fin sus bienes si-muladamente a terceras personas por lo que concluyó pidiendo también que constituyera hipoteca en garantía de dicha-obli-gación.

Esta segunda demanda también fué excepeionada por igual fundamento que la anterior el 7 de enero de 1919 y en 4 de febrero la demandante pidió permiso al juez para presentar una demanda suplementaria por haber vencido la obligación y habiéndole sido concedido el permiso radicó demanda en-mendada en la qu.e alegó los mismos hechos de la precedente y además que la obligación había vencido el primero de fe-brero de 1919 sin haberle sido pagada y pidió que la corte condenase a su pago a Remigio Morales y a Eladio Burgos.

Tan pronto fué radicada esta demanda enmendada pidie-ron los demandados que fuera eliminada, entre otros moti-vos, por que por ella se trataba de interpolar una nueva causa de acción en donde ninguna existía antes y porque no era posible alegar hechos que no existían cuando se comenzó la acción.

En tal estado los autos el 30 de abril de 1919 dictó la corte inferior tres resoluciones, una que no hace al caso ahora porque se refiere al levantamiento del embargo, y dos más que son de las que se queja la mercantil demandante, siendo éstas en, el sentido de que habiendo sido enmendadas la de-manda original y también la primera demanda enmendada, no había términos hábiles para resolver las excepciones opues-tas a dichas dos demandas y por la otra resolución ordenó la eliminación de la segunda demanda enmendada.

Aunque la peticionaria dedica la mayor parte de su ale-gato escrito a demostrar que tiene causa de acción para exi-gir que se le garantice su crédito prescindiremos de esa cues-tión pues no es la que tenemos que resolver ahora sino la de si hubo error en las dos resoluciones contra la que -se in-terpuso el auto de certiorari.

Considerando en primer término la resolución que ordenó la eliminación de la última demanda enmendada diremos que aunque las cortes de justicia deben ser liberales en permitir la enmienda de las alegaciones, sin embargo, no podemos de-clarar en este caso que la corté inferior baya lieclio tan mal uso de su facultad discrecional al no permitir la enmienda lieelia por la última demanda enmendada ordenando su eli-minación después de haber oído la moción en ese sentido de la parte contraria, que tengamos que anularla.

Eliminada, pues, esa demanda, quedó en vigor la excep-ción opuesta a la demanda anterior fundada en que no aduce hechos determinantes de causa de acción, cuestión cuya reso-lución sería académica ahora por no tener fin práctico al-guno ya que teniendo por objeto dicha demanda obtener ga-rantías para una obligación que no podía cobrarse por no estar vencida, de ella misma aparece que ahora ya está ven-cida dicha obligación de deber, y, por tanto, a nada condu-ciría resolver en estos momentos sobre la suficiencia de esa demanda que ha dejado de tener razón de ser por haber ocu-rrido el vencimiento de la obligación, por lo que no debemos anular la resolución que declaró que no había términos há-biles para resolver dicha excepción.

El auto de •certiorari que expedimos debe ser anulado.

Anulado el auto de certiorari, ordenando la devolución de los autos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la re-solución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldrey

license: Public Domain

text:
    Manrique, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Eecurs-o gubernativo interpuesto contra nota del- Eegistrador de la Propiedad de Caguas denegando la inscripción en el Eegistro de Contratos Agrícolas, de una escritura de refacción agrícola con garantía de plantaciones de cañas.
    No. 425.
    Resuelto en julio 28, 1919.
    Créditos Refaccionarios — Anotación de Créditos Refaccionarios — Registro de Contratos Agrícolas • — • Preferencia de Créditos Refaccionarios. — El mero lieeho de que las plantaciones dadas en garantía del crédito refaccio-nario cuya anotación en el Registro de Contratos Agrícolas se solicita estén sujetas a una garantía anterior, no impide que se haga la anotación solici-tada, esté o no anotado el gravamen anterior, debiendo en este último caso hacerse mención del primer gravamen por resultar así de los documentos presentados.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Lorenzo Giménez García.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez -Lasserre, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente en este recurso gubernativo, Cipriano Man-rique, presentó al Eegistrador de la Propiedad de Caguas para su anotación en el Eegistro de Contratos Agrícolas una escritura de refacción agrícola con garantía de plantaciones de cañas de la que aparece que esas plantaciones habían sido dadas en garantía anteriormente a otra persona. También presentó con dicha escritura la otra en que consta la garan-tía anterior.

El registrador recurrido con vista de esos documentos negó la anotación fundándose en que el gravamen preferente de dichas plantaciones a favor de otra persona es incompatible y contradictorio con la garantía expresada en el docu-mento cuya anotación se le pide.

La escritura en que consta la garantía anterior no tiene constancia de haber sido anotada en el registro y.ni el recu-rrente ni el registrador exponen que esté anotado por lo que entendemos que la cuestión que surge de la negativa del re-gistrador es que por el mero liecho de constar afectas las plantaciones gravadas a otra garantía anterior no se puede liacer la anotación del contrato posterior, aunque no esté ano-tado el anterior.

La Ley No. 37 de 1910 sobre contratos de refacción agrí-cola y molienda de cañas creó el Registro de Contratos Agrí-colas que encomendó a los registradores de la propiedad, ley que en algunas de sus disposiciones fué enmendada por la número 59 del año 1911. Dispone esa ley en su sección 4 que el crédito de refacción agrícola, desde la fecha de su pre-sentación en el registro, tendrá preferencia a todos los cré-ditos posteriores de cualquiera naturaleza (según la edición inglesa de la ley) excepción becba de los créditos por con-tribuciones.; y la sección 14 que contra un título anotado, con arreglo a esta ley, no podrá prevalecer ningún título o documento no anotado o inscrito anteriormente, así como que a las anotaciones y notas marginales en el registro de con-tratos agrícolas serán aplicables los preceptos de la Ley Hi-potecaria, en cuanto no se oponga a esta ley.

De acuerdo con esos preceptos no vemos por qué no pueda anotarse un gravamen sobre plantaciones de cañas por el hecho de haber sido dadas antes en garantía a otra persona, esté o no anotada la garantía constituida en primer término, porque incompatibles son diversas hipotecas sobre la misma finca y, sin embargo, pueden inscribirse aunque subordinada la posterior a la anterior inscrita. De igual modo pueden anotarse diversos. gravámenes sobre las mismas plantacio-nes de cañas subordinado el posterior al anteriormente ano-tado por el carácter preferente que a su anotación reconoce la ley; y si no ha sido anotada, como parece ser el caso actual, haciendo mención de la garantía anterior en la ano-tación por resultar así de los documentos presentados.

La nota recurrida debe ser revocada.

Revocada, ía nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Sánchez, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de ('aguas denegatoria de inscripción de una es-critura de venta judicial.
    No. 426.
    Resuelto en julio 28, 1919.
    Bienes de Menores — Venta de Bienes de Menores a Virtud de Sentencia— Sentencias de Cortes Municipales — Jurisdicción.—Una corte municipal carece de jurisdicción para ordenar la venta de bienes en que están intere-sados menores de edad, en un procedimiento ex parte; pero la venta de bie-nes de menores ordenada por sentencia en pleito ante una corte municipal que tiene competencia por razón de la materia j jurisdicción sobre la persona de los menores demandados, es válida.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. Joaquín Vendréll.

    El registrador recurrido compareció por escrito en nom-bre propio.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Aunque la negativa a inscribir el documento presentado en este caso se basa en dos fundamentos, el recurrente sola-mente solicitó la revocación de la nota del registrador por uno solo de dichos fundamentos, o sea que la corte municipal no tiene derecho a ordenar la venta de bienes de me-nores en ejecución de sentencia dictada contra los mismos. En el caso de Flores v. El Registrador, 19 D. P. R., 1020, resolvimos que procede la ejecución de bienes de menores por virtud de una sentencia de una corte municipal. Aun-que se comenta o distingue el caso de Plores por una corte dividida en el caso de García v. El Registrador de Guayama, 23 D. P. R., 426, el principio de que pueden alcanzarse de este modo los bienes de menores en procedimientos de eje-cución de sentencia no quedó afectado. Debe revocarse la nota del registrador en tanto por ella se niega la inscripción por el fundamento que lia sido discutido, y confirmarse por el otro motivo, o sea que la finca no fue inscrita a nombre de la sucesión.

Revocada en parte la nota recurrida, y con-. firmada en parte por el fundamento de no. aparecer la finca inscrita a nombre de la sucesión.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrev y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Morales, Demandante y Apelada, v. P. R. Railway, Light & Power Co., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 1974.
    Resuelto en julio 28, 1919.
    Daños y Perjuicios — Negligencia — Velocidad •— Zona Urbana — Zona Inter-urbana. — No liay regla alguna legal por la eual sea negligencia per se el que una compañía ¿le tranvías corra sus tranvías-a velocidad en una zona' snb-urbana, y la jurisprudencia tiene una tendencia contraria. La conclu-sión a que llegan las autoridades es que aunque la compañía de tranvías debe ejercer gran cuidado en la velocidad do sus tranvías dentro de la zona urbana, en las zonas inter-urbanas o rústicas el tranvía es más bien semejante a un ferrocarril, y la regla es que una persona que reclama daños por un accidente ocurrido en esas zonas, debe demostrar que la velocidad era irrazonable dentro .de las circunstancias.
    Id. — Id—Precaución de Viandantes — Pasos a Nivel. — El pararse, mirar y oir es un deber que recae sobre el que guía un vehículo cuando va a cruzar una vía de ferrocarril cuyos tranvías funcionan por medio de electricidad, y en el caso de que el vehículo esté ocupado por varias personas, este deber se extiende a todos los ocupantes del mismo.
    Los hechos están expresados en'la opinión.
    Abogado de la apelante: tSr. J. E. Brown.

      Abogados' de la apelada: Sres. Juan B. Soto y Luis Vis-cqrróndo. ' ,

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se ha admitido que los hechos en esta apelación dejando a un lado la- cuestión referente a la naturaleza de los daños y perjuicios ocasionados, son idénticos a los del caso No. 1949, seguido , por Josefa Rosario contra la misma deman-dada. El juicio de estos casos se celebró conjuntamente en la Corte de Distrito de San Juan y las supuestas causas de .acción sé originaron por el mismo accidente. Cada una de las demandantes obtuvo sentencia a su favor habiendo la de-mandada interpuesto recurso de apelación.

Josefa Rosario que residía en Río Piedras era dueña de un cerdo que ella dejó en una finca que se encuentra en o cerca de la parada 32 de la carretera entre San Juan y Río .Piedras. ■ Ella deseaba ver el cerdo y Juana Morales que-ría ir con ella a. buscar cocos. En el garage de su casa ha-bía un automóvil perteneciente a Martínez Reyes quien ha-bía'dado, permiso a estas señoras para usarlo. Sentado en el automóvil en el momento de la expedición se encontraba un joven, Francisco Sandalio Peroza que a lo sumo tenía diez y seis . años de edad. El había guiado en algunas oca-siones el automóvil donde iba sentado y era amigo de algu-mos de los hijos de una u otra de las familias de las dos se-'ñoras. Estas le pidieron a Sandalio Peroza que fuera can ¡ellas en la expedición, a lo que accedió gustosamente. El ¡ no ''tenía licencia como chauffeur y su experiencia en asun-tos'de automóviles se limitaba principalmente a guiar éstos • entre. Río Piedras y Caguas. No tenía práctica en las calles ■'dé úna' ciudad o por el sitio donde corren los carros eléctri-.',cqs.: Sandalio no. había sido contratado para la excursión sino que fué por invitación como también la cuñada de Juana Morales y dos de los hijos de esta última. Los excursio-nistas partieron hacia la parada 32, .entraron en la finca al sur de la carretera, vieron el cerdo, recogieron .cocos, todo esto dentro del término de media llora y entonces regresa-ron. Al cruzar la vía del carro eléctrico que está frente a la finca uno de los carros de la demandada chocó con el au-tomóvil, lo volcó y tiró en una cuneta y las dos señoras re-cibieron contusiones.

La teoría de la corte como revela su opinión era la de que el carro eléctrico iba a su máxima velocidad y que dicha velocidad constituía negligencia en el sitio en que precisa-mente ocurrió el accidente dado el número de entradas y salidas de las diferentes fincas que allí hay. Se ha probado y admitido que el lugar donde ocurrió el accidente es un suburbio. No conocemos ningún principio de ley por el que se establezca que constituye negligencia per se que una com-pañía de carros eléctricos corra sus carros rápidamente en tal distrito. Las decisiones muestran lo contrario. Olavarría v. Porto Rico Railway Light & P. Co., 26 D. P. R. 645; Robinson v. Rockland T. & C. St. Ry. Co., 58 A. 57; Wosika v. St. Paul Ry. Co., 83 N. W. 386; Thompson v. Citizens’ St. Ry. Co., 53 N. E. 462, 152 Ind. 461; McKennan v. Omaha & C. B. St. R. Co., 149 N. W. 829; Cable v. Spokane & I. E. R. Co., 23 L. R. A. (N. S.) 1227.

. El resumen de las autoridades se muestra en el sentido de que las compañías de trenes deben ser excesivamente cui-dadosas con la velocidad que han de emplear dentro de una zona urbana, pero que en las afueras de la población, o trá-fico por el campo, dichas compañías funcionan más bien como un ferrocarril. La apelante hace un resumen razonable de este principio diciendo que la demandante debe probar que dentro de las circunstancias la velocidad era excesiva.

La apelada, sin embargo, no se basa principalmente en la teoría expresamente sentada por la corte sino que invoca la doctrina de “la última oportunidad de no causar daño.” (last dear chance). El artículo 1803 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“El que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”

Y ele acuerdo con dicho artículo esa doctrina en una u otra de sus formas es aplicable. Lo hemos dicho eso en el caso de Vargas v. Monroig, 15 D. P. R. 27. Dejaremos para el caso particular que se presenté la cuestión de hasta dónde alcanza dicha doctrina. Asumiendo, sin embargo, que un demandado es culpable porque teniendo la oportunidad de ver el peligro en que se encuentra un hombre que está en la vía deja de tomar la debida o posible precaución, nos senti-mos todavía obligados a declarar que la preponderancia de la prueba en el juicio no demuestra que exista tal deber por parte de esta demandada. Seguiremos a la apelante en la demostración que hace de los hechos físicos, (¡orno cuestión preliminar puede decirse que todos los testigos convienen sustaneialmente en que el automóvil al salir de la finca nunca se detuvo. Para llegar a la carretera del callejón de donde venía el automóvil, es necesario atravesar una especie de puentecito que está inclinado ligeramente hacia ambos lados, de la vía que se encuentra algo elevada sobre el camino mismo. La teoría de la apelada es que el carro eléctrico estaba a unos treinta metros o más de distancia c;uando el automóvil se encontraba a la vista en la vía. Tal teoría es absoluta-mente incompatible con la velocidad del carro hasta treinta millas por bora puesto que una máquina que marcha al paso de un hombre habría atravesado la vía antes de que el carro eléctrico haya recorrido los treinta metros que median. La prueba indica que la máquina en tal caso iba más rápida-mente. Sin embargo incumbía a la apelada demostrar en el juicio que el automóvil que entonces se encontraba a unos treinta metros de distancia del carro eléctrico, marchando regularmente no podía cruzar la vía sin graves consecuen-cias. Los testigos que dicen que el carro estaba a unos treinta metros de distancia no merecen mucho crédito en cuanto al particular. Es de aplicación al caso la siguiente cita de Missouri:

“Se levanta el argumento basado en la apreciación hecha por los testigos respecto a la distancia en que se encontraba el carro de el
caballo cuando éste llegó a la parte norte de la vía y la distancia en que era posible baber parado el carro después de baber visto el motorista al caballo en esa vía, y se llega a la conclusión de que el carro estaba a veinte o veinte y cinco pies de distancia y que pudo haber sido parado a quince pies. Ninguno de los testigos midió la distancia ni pretendió hablar con precisión; bajo la excitación y confusión por los sucesos, la supuesta apreciación hecha por los tes-tigos era de poco valor y más bien suposiciones. En lo que respecta a la apreciación de la demandante en cuanto a la distancia demos-tró ella por sus contestaciones al preguntársele sobre la distancia a que podía ver, sentada como estaba en lo alto del vagón, que sus fa-cultades para medir distancias con la vista no eran grandes.” Markowitz v. Metropolitan Ry. Co., 69 L. R. A. 392.

Ambas demandantes estaban bajo tal estado de excita-ción que sus apreciaciones eran de poco valor. El testigo Merced que declaró que desde el carro vió el automóvil a treinta metros, no merece crédito también por la razón de que debió baber equivocado la distancia.

En cuanto a Tapia, se bace difícil fijar su declaración o situación en el momento del accidente. Sostiene la apelada que este testigo dió aviso al carro eléctrico. Dice Tapia que al ocurrir el accidente él iba corriendo detrás del automóvil, y varía de diez a treinta metros en cuanto a la distancia del carro eléctrico. Es improbable que su voz pudiera ha-berse oído y no hubo prueba de que se oyó o de que cuando se oyó el carro podía parar. Una cosa es razonablemente ■cierta, sin embargo. Si él corría detrás del automóvil cuando estaba en peligro había poca oportunidad de que el automó-vil fuera únicamente al paso de un hombre.

La corte en su opinión hace mención de avisos pero no se refiere a los testigos que los dieron. El único otro tes-tigo en relación con este aviso es Rodríguez que dice que trató de avisar al automóvil. Dicen las demandantes que vieron a unos hombres haciendo señas y que probablemente él era uno de ellos. El es uno de los testigos de la deman-dada y suministra lo que a nuestro juicio es un relato exacto del accidente. Vió al cárro eléctrico que venía y llegó a la conclusión de que ocurriría un choque si el automóvil no paraba. Fue una cosa instantánea dijo él. Toda la prueba nos lleva a la conclusión de que este automóvil penetró re-pentinamente en la vía del carro eléctrico y de que el carro no pudo parar a tiempo para evitar el accidente. La deman-dada admitió o estuvo conforme en que el carro eléctrico dentro de las condiciones del suceso pudo haber sido parado a una distancia dentro de treinta metros. No hubo prueba de que el carro podía pararse a una distancia más corta. Por tanto, si el carro iba a una velocidad de más de treinta millas por hora, de lo cual no existe prueba, existe menos ■razón para que pueda aplicarse la doctrina de “la última oportunidad de no causar daño”. T asimismo si la distan-cia por recorrer era menor.

Sostiene la apelante que sólo hay un testigo que declara positivamente en cuanto a la velocidad y dice que era de quince millas por hora. El testigo principal que declaró acerca de la velocidad fue Merced. Dijo que en la parada treinta el motorista puso el “switch” a cinco puntos y casi inmediatamente lo cambio a nueve puntos. No podemos to-mar conocimiento judicial de lo que esto significa. Aun su-poniendo que significaba el máximum de la velocidad no te-nemos idea de cuál sería ese máximum de este carro en particular. El testigo estaba sentado y no dió a conocer la fuente de su información. Todas las otras pruebas son en el sentido de que el carro iba rápidamente. No encontramos prueba alguna de que el carro iba a una velocidad tan ex-cesiva que constituyera negligencia dentro de las circuns-tancias del caso.

De asumirse que la demandada fue negligente, resultó claro y de modo que no da lugar a discusión alguna que el chauffeur fué culpable de negligencia contributoria al no pa-rar el automóvil para ver o escuchar si venía el carro. Véanse entre las numerosas autoridades el caso de Markowitz v. Metropolitan Ry. Co., 69 L. R. A. 392, supra. Todo conductor de un vehículo que desea atravesar la vía de un tr.en cuyos carros son movidos por electricidad tiene el deber de pararse, observar y escuchar. ¿Podría ser' imputada^esta negligencia a la demandante? Hay casos que sostienen.'que cuando existe un propósito común todos son responsables entre sí. Esta era una empresa común, todos iban- a buscar cocos: De cualquier modo creemos que el proceder detestas señoras saliendo con este jovencito que no tenía licencia par4. guiar automóviles fue un acto que contribuyó-ah accidénte. No es necesario emplear más tiempo sobre problemas; de negligencia eontributoria puesto que no encontramos prue-í bas satisfactorias .de negligencia por parte de -la demandada-Según la consideración que hacemos ele la ^naturaleza del caso estaría demás que lo devolviéramos .a,la corte inferio|: para la celebración-de un nuevo juicio, y al revocar la sen-tencia debe desestimarse la demanda. ■ ■ ■

La sentencia apelada debe ser revocada. '

Revocada la sent encía, apelada. •,

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison. ' ■ ...

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso. • ■ ' ■ •


author: En Juez Asociado Se: dee Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Casablanca, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de iSan Juan, Sección Segunda en causa por infracción al- artículo 128 del Código Penal.
    No. 1394.
    Resuelto en julio 31, 1919.
    Falsificación de Peuebas — Emplazamiento Falso. — Consignándose en la acu-sación que el acusado presentó, a sabiendas de que su diligenciado era' falso, un emplazamiento en un juicio de divorcio iniciado por él para que fuese archivado en el pleito y que sorprendió la firma del juez munjcipal que en dicho emplazamiento aparece, no cometió error el juez de distrito al instruir al jurado que tal hecho estaba comprendido dentro del artículo 128 del Código Penal que condena como reo de felony a toda .persona que preparp algún libro, papel, documento, registro, instrumento, escrito u otro objeto falsificado o antedatado con el propósito de presentarlo o permitir que se presente con algún fin fraudulento o avieso, como genuino y verdadero en algún juicio, procedimiento o acusación autorizada por la ley.
    Los hechos están expresados en la opinion.
    Abogados del apelante: Sres. Juan B. Soto y Juan Valde■ jully.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   En Juez Asociado Se: dee Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación dice:

“El Fiscal formula acusación contra Justo Casablanca por un délito felony, cometido como sigue: El citado Justo Casablanca, en la Corte de Distrito, Sección Primera, con fecha 28 de diciembre de 1916, representado por su abogado Benjamín Guerra, radicó en la secretaría de dicha corte una demanda de divorcio contra su esposa Eladia Batista y ese mismo día el secretario de la corte libró el em-plazamiento para su diligeneiamiento y con fecha 5 de enero de 1917, el susodicho Justo Casablanca, ilegal, voluntaria y maliciosamente y a sabiendas presentó para que fuera archivado en la misma secre-taría el citado emplazamiento del que aparece que Narciso Bismarb recibió dicho emplazamiento para su diligeneiamiento a las dos de la tarde del citado día 28 de diciembre de 1916 y que como a las cuatro de la tarde, de ese mismo día, notificó a doña Eladia Batista, entregándole a dicha demandada y dejando en su poder personal-mente en su residencia y domicilio, en el barrio de Hato Bey, de Río Piedras, una copia de dicho emplazamiento y una copia fiel y exacta de la demanda de divorcio y una copia del diligeneiamiento sabiendo que era falso todo lo que en el diligeneiamiento se dice, así domo que fuera diligenciado por Narciso Bismark; sorprendiendo la firma del juez municipal que en dicho emplazamiento aparece. Cuyos hechos ocurrieron dentro del Distrito Judicial de San Juan.— Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. ”

"El acusado alegó excepciones previas a la acusación, que fueron desestimadas, y entonces la negó, solicitando juicio jior jurado.

■.' El juicio se celebró y en sus instrucciones la corte ex-jAesó al Jurado que el hecho que se imputaba al acusado estaba comprendido en el artículo 128 del Código Penal que dice:

“Toda persona que prepare algún libro, papel, documento, re-gistro, instrumento escrito, u otro objeto falsificado o antedatado con el propósito de presentarlo o permitir que se presente con algún fin fraudulento o avieso, como genuino y verdadero, en algún juicio, procedimiento, o acusación autorizada por la ley, será reo de ‘felony’ (delito grave).”

El jurado dictó veredicto de culpabilidad. El acusado solicitó nuevo juicio. La corte negó la solicitud y pronunció sentencia imponiendo a Casablanca la pena de un año de presidio con trabajos forzados. El presente recurso de ape-lación se interpuso contra la sentencia.

En su alegato el apelante limita los errores a tres, que estudiaremos en el mismo orden en que han sido señalados.

1. Sostiene el apelante que la acusación no expone hechos suficientes para constituir un delitó público. No estamos conformes. Su sola lectura produciría en cualquier persona la impresión de que el acto que se imputa en ella al acusado es de naturaleza delictiva. Este error está íntimamente en-lazado con el que sigue.

2. A juicio del apelante la corte se equivocó al informar al jurado que la ley aplicable era el artículo 128 del Código Penal. Tampoco estamos conformes. Hemos transcrito la acusación y el precepto legal y basta comparar la una con el otro para concluir que el hecho que se imputa ‘al acusado contiene todos los elementos que integran el delito que prevé, y califica como felony, el precepto.

“Toda persona que prepare algún * * * documento * * * falsificado * * * con el propósito de presen-tarlo * * * con algún fin fraudulento * * * como ge-nuino y verdadero, en algún juicio, * * * será reo de felony,” dice la ley, y la acusación expresa que una persona, Casablanca, presentó, a sabiendas de que su diligenciado era falso, un emplazamiento en un juicio de divorcio iniciado por él que se tramitaba en una corte de distrito, para que fuera archivado en dicho pleito. Es más, se consigna en ella que Casablanca sorprendió la firma del juez municipal que en el emplazamiento aparece. Si bien en la acusación no se dice expresamente que Casablanca preparó el documento falsifi-cado, al consignar en ella que presentó dicho documento a sabiendas de que estaba preparado falsamente, le .imputa que asumió la responsabilidad de la preparación a los efectos de la comisión del acto delictivo. Esto prescindiendo de la intervención personal en la preparación que se atribuye directamente a Casablanca al sorprender la firma del juez municipal.

3. Alega, por último, el apelante, que la prueba no sos-tuvo la acusación. La prueba fué más que suficiente a nues-tro juicio. Haremos un ligero examen de ella. El primer testigo que declaró fué Eladia Batista, la esposa del acusado, quien aseguró que jamás fué emplazada, ignorando si su ma-rido había entablado una demanda de divorcio contra ella. Celestino Marrero, el secretario de la corte de distrito, sabe que se interpuso una demanda de divorcio de Casablanca contra su esposa, no sabe quién recogió el emplazamiento ni quién lo presentó, pero es lo cierto que se archivó para que sur-tiera sus efectos legales en el pleito, y basándose en él, se solicitó la anotación de rebeldía y se pidió la inclusión del pleito en el calendario y el señalamiento de su vista. Benjamín Guerra, el abogado bajo cuya dirección, se inició el pleito, dice que el mismo Casablanca preparó en su bufete la demanda, corrigiéndola él, “que del emplazamiento a la demandada y demás se ocupó Casablanca”; que pasado el término,. Casablanca le informó que la demandada no había contestado y que procedía ac'usar su rebeldía, y que presentó el escrito a ese efecto simplemente porque dió crédito a Casablanca. Narciso Bismarh, la persona que aparece como haciendo el emplazamiento y jurándolo ante el juez de Río Piedras, niega en absoluto que hiciera tal emplazamiento ni que prestara tal juramento. Y el juez municipal de Río Pie-dras; Manuel Iriarte, depuso, entre otras cosas, teniendo a la vista el emplazamiento que se archivó en el pleito y que original fué presentado como prueba con todos los autos del caso sobre divorcio, lo que sigue: ‘ ‘ que la firma que aparece allí, que dice ‘Manuel Iriarte’, es de él; que la firma apa-rece dando crédito a un juramento y que aparece como pres-tando juramento una firma que dice: ‘Narciso Bismark’, pero que no fué Narciso Bismark el que prestó ese juramento; que el día a que se refiere el juramento se presentó en la oficina Justo Casablanca y dijo: ‘Manolo, aquí te traigo ésto para que lo legalices; ya Bismark firmó; don Guille vió cuando Bismark firmó’, y en la creencia que había firmado, el testigo vió la firma, se le pareció de momento y tomó el juramento; fué el día 5 de enero de 1917, como a eso de las nueve a las diez de la mañana; que no tiene ninguna duda que el que presentó ese documento fué el Sr. Justo Casablanca. ’ ’

¿ Se quiere una prueba más terminante de la culpabilidad del acusado? La prueba de descargo intentó demostrar que Bismark había firmado el emplazamiento, pero el jurado no le dió crédito alguno.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Brau, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por libelo.
    No. 1359.
    Resuelto en julio 31, 1919.
    Libelo — Acusación Suficiente — Defectos no Fatales de la Acusación. — El efecto necesario de un libelo es el de exponer a una persona al odio, des- , precio o ridículo público, y una persona intenta las consecuencias necesarias de sus actos. La omisión en una acusación por libelo de las palabras “ex-poniéndole así al odio, desprecio o ridículo público” es un defeeto de forma y no hace que la acusación sea fatalmente defectuosa.
    Id.'— “Jeopardy'’ — Veredicto — Excepción Perentoria — Sentencia•— Impe-dimento — Benuncia.—Los casos en los cuales se insiste en que el acusado ha estado en “jeopardy” por segunda vez cuando no ha habido sentencia con-denatoria, dependen generalmente del hecho de haber habido un veredicto contra el acusado. En este caso todos los hechos del juicio y la facultad de resolverlos estaban bajo el control del mismo juez, pero antes de que él siquiera tratara de poner estigma alguno sobre el acusado, éste, reprodu-ciendo su excepción perentoria, insistió en que no existía delito público al-guno, y cuando no se imputa delito público no puede generalmente haber “jeopardy”; por tanto cuando el acusado mismo solicita que se anulen todos los procedimientos que tuvieron lugar, existe el mismo impedimento que cuando apela de la sentencia. El aeusado puede renunciar la defensa de “jeopardy.”
    Td. — Id.—La publicación que en parte imputaba relaciones impropias entre el Comisionado de Instrucción y algunos de sus profesores y en parte imputaba a aquél haber tratado de poner en práctica tales relaciones indebidas, in-sinuando de igual modo que sus nombramientos dependían de tales relacio-nes, era libelosa per se.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Salvador Mestre, y R. Rivera Zayas, Fiscales.

    Abogados del apelado: Sres. J. de Jesús Tizol y B. Guerra.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Teniendo alguna duda respecto a si la omisión de las palabras “exponiéndole así al odio, desprecio o ridículo pú-blico” u otras equivalentes, no hacían que una acusación por libelo fuera fatalmente defectuosa, ordenamos una nueva vista de esta apelación. Entre otros de los casos examinados por nosotros estaba el de El Pueblo v. Seeley, 139 Cal. 118, en el cual se resolvió que cuando lo que se publica es per se libeloso, es suficiente con publicarlo sin expresar los resul-tados libelosos que producía. Las palabras omitidas en ese caso eran específicas para impugnar la honradez, integridad o reputación de la persona objeto del libelo. Sin embargo, nuestro estatuto hace que las palabras “exponiéndole así al odio, desprecio o ridículo público, etc.,” sean la conclusión que el denunciante se propone establecer y que es común a todo libelo criminal. El- caso de State v. Grinstead, 64 Pac. 52, que ba sido citado por el fiscal no va más allá de lo que se dice en el de People v. Seeley, supra, y además en el caso de Grinstead en la acusación se describía la ten-dencia a exponerle al odio público, etc. La acusación en ese caso, resolvió la corte, que era insuficiente, no siendo libe-loso per se la publicación. Sin embargo, .después de pensar con madurez sobre la cuestión estamos convencidos de que el defecto en particular es de forma más bien que de subs-tancia. En un caso en que las palabras empleadas tienen el efecto necesario de exponer a una persona al odio público, desprecio o ridículo se ve alguna analogía por la conclusión formal con una acusación criminal, a saber, “contrario a ,1a ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de los Es-tados Unidos.” En el caso de Frisbie v. United States, 157 U. S. 168, se resolvió que el dejar de incluir tales palabras era un mero defecto de forma por ser una simple conclusión de ley. La corte citó la sección 1025 de los Estatutos Be-visados, según la cual no ban de tomarse en consideración las cuestiones de forma que no tienden a perjudicar al acu-sado. Tenemos preceptos semejantes en -nuestros mismos estatutos que prescriben que no se tomarán en consideración las cuestiones de forma, especialmente cuando no ban sido alegadas debidamente. La decisión en el caso ele Frisbie fué observada en Colorado. En el caso de Chemgas v. Tynan, 116 Pac. 1045, manifestó la corte que tales palabras eran una conclusión de ley que no formaban parte de aquellos becbos de la denuncia que imputan® el delito. Aunque la regla es diferente en un número de Estados donde rigen preceptos constitucionales o estatutorios con respecto a acusaciones o denuncias, Hardin v. State, 71 A. S. R. 269 y notas, debe-mos guiarnos por la actitud progresiva adoptada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, especialmente, puesto que la sección 83 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal es substancialmente igual a la sección 1025 ele los Estatutos Revisados, supra.

La palabra “así” contenida en el artículo 243 del Código Penal establece una conclusión. El artículo 150 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe que una excepción pe-rentoria es una alegación en que se admiten los hechos como constan en- la acusación. La excepción perentoria en este caso por el momento admitió la verdad del supuesto libelo. El defecto necesario de un libelo, de acuerdo con. todas las decisiones, es el de exponer a una persona .al odio, desprecio o ridículo público. Y una persona intenta las consecuencias necesarias de sus actos. Nuestra- conclusión es que el de-fecto era de forma, y de ser importante debió haberse lle-gado a él mediante moción y no por excepción perentoria.

El apelado Brau, en la segunda vista de este caso, no confió mucho en su excepción perentoria hecha a la acusa-ción, pero sostuvo que de revocarse la resolución ordenando el archivo de la causa contra la cual se ha interpuesto re-curso de apelación lo pondría en peligro por segunda vez. Fué presentada una certificación sin objeción alguna para demostrar que se celebró un juicio ante la corte inferior y que el gobierno presentó pi’ueba en el mismo. Los autos originales confirman esta certificación pero muestran que el día señalado para dictar sentencia y antes de que se dictara la orden archivando la causa, el acusado reprodujo por es-crito su excepción perentoria que basó en el párrafo tercero del artículo 153 del Código de Enjuiciamiento Criminal, o sea no constituir delito público los hechos denunciados y la corte ordenó que el caso fuera .archivado, resolución equiva-lente a una desestimación. Ahora bien, lo mismo en el caso de que esta moción hecha por el acusado hiciera volver el caso al primitivo estado cuando se presentó la excepción previa, o ya fuera equivalente a una moción para la suspen-sión del fallo, la acción tomada por el acusado en uno u otro caso era su propio acto voluntario. Su situación, por consi-guiente, es muy semejante a la que se hubiera presentado de haberse dictado sentencia contra él y él hubiera apelado. Recientemente hemos revisado las autoridades cuando un acusado apela. El Pueblo v. Portela, de marzo 27, 1919, (página 261). En el caso de People v. Eppinger, 109 Cal. 294, el acusado había sido declarado culpable, pero al ser llamado para leérsele la sentencia, como en este caso, presentó una moción para la suspensión de la sentencia. Su moción fué declarada con lugar y al ser juzgado por segunda vez alegó que la suspensión del fallo constituía una absolución, de acuerdo con el artículo 1188 del Código Penal del Estado de California que es equivalente al artículo 308 de nuestro Có-digo de Enjuiciamiento Criminal, el cual es como sigue:

“Si de la prueba presentada en el juicio resultaren motivos para creer que el acusado es culpable y pudiera formularse nueva acu-sación, con probabilidad de convencerle, podrá el tribunal ordenar que el procesado sea detenido de nuevo bajo poder de la autoridad del distrito correspondiente o admitirle nueva fianza para responder de las resultas de la nueva acusación. Si de la prueba resultare que es autor de otro delito, debe ser por ello reducido a prisión, y en ningún caso obrará dicbo veredicto como un impedimento para otro proceso. Pero si de la prueba no resultare causa suficiente para imputarle la perpetración de ningún delito, se le deberá poner en libertad si estuviere detenido o si se hallare en libertad bajo fianza, deberá ésta ser cancelada; y si hubiera depositado dinero en lugar de fianza, se le devolverá, debiendo el sobreseimiento provisional sur-tir los mismos efectos que una absolución libre del cargo en que se fundara la acusación.”

La corte resolvió en aquel caso que había pruebas sufi-cientes, y no existe alegación o demostración alguna de que la prueba en el presente caso fué insuficiente. El artículo 307 prescribe lo siguiente:

“El efecto de admitir con lugar la petición del sobreseimiento provisional es colocar al acusado en la misma situación en que estaba antes de presentarse la denuncia.”

Véase también el caso de People v. Ham Tong, 102 Pac. 263, 24 L. R. A. (N. S.) 481. Surge alguna duda sobre la cuestión según la cita del tomo 16 C. J., Ley Penal, § 428, la cual es como sigue:

“Es un principio de ley establecido que un acusado en una causa criminal que obtiene que un veredicto y sentencia dictada, contra él sean anulados por la corte, puede ser juzgado nuevamente por vir-tud de la misma u otra acusación por el mismo delito por el cual fue declarado culpable. Pero es solamente cuando el acusado ha conseguido que se anule el primer veredicto que puede ser juzgado de nuevo por el mismo delito; y cuando la corte a moción propia deja sin efecto un veredicto válido emitido por un jurado que ha sido organizado y constituido debidamente, por virtud de una acu-sación suficiente, el acusado estará protegido de un proceso subsi-guiente por el mismo delito. Cuando se obtiene una convicción de acuerdo con una acusación válida, pero la corte, por tener una creen-cia errónea de que no es válida, suspende el fallo a moción del acu-sado, dicho acusado no puede ser enjuiciado nuevamente en un Es-tado en que pueda, ser revocada la sentencia suspendiendo el fallo a moción del fiscal, porque el acusado está todavía en peligro por virtud de la primera acusación, la que puede ser revivida por la revocación de la sentencia suspendiendo el fallo. Pero en aquellas jurisdicciones en que el fiscal no puede obtener una revocación de la sentencia suspendiendo el fallo, el acusado puede ser enjuiciado uuevamente aun cuando la primera acusación fuera válida.”

El texto dice, al parecer, (pie en los Estados en que el gobierno no puede apelar de resoluciones de mociones sobre suspensión de sentencia no existe “jeopardy” si un acusado es procesado por segunda vez, y .se cita el Pistado de California. Bin embargo, en California como aquí mismo se per-mite la apelación de resoluciones de mociones para suspender el fallo. Parece existir cierta diferencia de carácter téc-nico en la situación que se presenta cuando se ordena la devolución de nn caso para la celebración de un nuevo jui-cio, o cuando el gobierno permite que subsista una moción para suspensión de fallo y comienza nuevamente el proceso. Todos los casos en los cuales se insiste en que el acusado lia estado en peligro por segunda vez cuando no lia habido sentencia condenatoria dependen principalmente del hecho de haber habido un veredicto antes de dictarse sentencia contra el acusado. En este caso todos los hechos del juicio y la facultad de resolverlos estaban bajo el control del mismo juez, pero antes de que él siquiera tratara de poner estigma alguno sobre el acusado se levantó este último e insistió én que no existía delito público alguno. Cuando no existe de-lito público en los hechos que imputa la acusación, por lo general no hay “jeopardy”.

El caso citado en el tomo 38 de California es de fecha anterior a la aprobación del actual Código de Enjuiciamiento Criminal de California. Hubo un juicio completo y una ape-lación por razón de' una disposición general que concedía tal derecho al gobierno.

Según indican algunos de los casos, las decisiones son absolutamente contradictorias y la mejor regla como en mu-chos otros casos en que hay conflicto, es o trazar el curso para nosotros mismos, o dejar que los hechos, de los casos en particular determinen la resolución. Creemos que fue-claramente la intención del legislador que el gobierno tuviera el derecho de apelar cuando no ha recaído mancha o estigma alguno sobre el acusado por el hecho del juicio y cuando él mismo solicita que se anulen todos los procedimientos que tuvieron lugar, creemos que existe' el mismo impedimento que cuando interpone él apelación contra la sentencia. La razón que hay en un caso como el presente es todavía más fuerte puesto que ningún juez o-jurado jamás ha resuelto nada sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.

Según el criterio que hemos formado del caso no es muy importante que no se haya hecho una alegación de haber estado el acusado en peligro por segunda vez. Propiamente, tal alegación sólo podía presentarse cuando el caso volviera otra vez a una corte sentenciadora. Generalmente el acu-sado tiene la facultad de renunciar su derecho a la cuestión relativa a haber estado en peligro por segunda vez. Te-niendo en cuenta estas consideraciones tal vez sería conve-niente, si los abogados desean reservar sus derechos, pro-mover la cuestión en la corte inferior.

La acusación que imputaba, en parte, relaciones impro-pias entre el Comisionado de Educación y algunos de sus profesores y en parte imputaba a éste baber tratado de poner en práctica tales relaciones indebidas, insinuando de igual modo que sus nombramientos dependían de tales rela-ciones, era libelosa per se.

La resolución ordenando el sobreseimiento o archivo del proceso debe ser revocada, debiendo devolverse la causa a la corte inferior para ulteriores procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.

Revocada la resolución apelada y devuelto él caso a la corte inferior para ulteriores pro-cedimientos no inconsistentes con la opi-nión.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Roldán et al., Acusados y Apelantes.
    ApblaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por asesinato en segundo grado.
    No. 1389.
    Resuelto en julio 31, 1919.
    Evidencia — Prueba Pericial.- — Generalmente el examen de un perito debe liini-i! darse a las :aparieneias y opiniones y no deberá exigírsele que bable sobre heebos, pues el jurado puede ser inducido a error por sus conclusiones ex-puestas como hechos.
    Ib; — Instrucciones al Jurado Sobre Delito de Grado Inferior — Premedita- ,, (. cióN — Asesinato—Homicidio.—Cuando existe prueba por virtud de la cual ,., el acto de dar muerte a una persona puede quedar reducido a un delito de ’’ ' grado' inferior al de asesinato, comete error la corte al negarse a dar ius-m v .tracciones al jurado respecto al delito de homicidio y este error resulta aun más, per judicial para el acusado cuando la corte también comete error al de-''finir él'delito de asesinato en segundo grado en el sentido de que excluyo el elemento de la premeditación que es común .a todos’los.asesinatos.

      Derecho del Acusado a no Declarar — Instrucciones al Jurado. — Las observa-ciones improcedentes hechas por el fiscal al jurado, tales como criticar la actitud asumida por el acusado absteniéndose de declarar, no pueden ser subsanadas por las instrucciones de la corte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: Sres. Arturo Aponte y Huyke & Lope» del Valle.

    Abog’ado de El Pueblo: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso imputaba nn delito de asesi-nato en primer gradó. Los hechos alegados en ella fueron snstancialmente que los acusados, al perpetrar un delito de robo, sustrayendo violentamente una cantidad de dinero de la persona de Guillermo Torres, conocido por “El Inglés,” produjeron por medio de tortura la muerte de dicho Guillermo Torres, arrojándole después de haberle agredido a un tanque de la represa del acueducto de Juncos y con el propósito decidido y firme de causar la muerte, impidieron que el mencionado individuo pudiera salvar su vida, lanzán-dole piedras cada vez que hacía esfuerzos para salir del tan-que, donde murió a consecuencia de asfixia.por inmersión.

Se ha admitido que no hubo prueba de la alegada tortura ni tampoco de lanzar piedras o impedir que dicho Torres saliera del tanque. Se probó que Guillermo Torres falleció de asfixia por inmersión, y hubo prueba tendente a mostrar que los apelantes lo lanzaron en el tanque. Uno de los prin-cipales elementos del delito de asesinato es la deliberación o premeditación. La deliberación y premeditación en esta acusación parecen estar unidas a la supuesta tortura. En su informe al jurado el fiscal le dijo que esperaba probar que los acusados impidieron a Torres salir del tanque. Ade-más, en el juicio, aunque hubo alguna prueba circunstancial, solamente dos testigos prestaron declaración acerca del su-puesto robo. Uno de ellos había sido declarado culpable de perjurio y condenado a cinco días de cárcel. El otro no pre-senció el robo pero declaró que había oído decir a Torres “no me maten, yo les devolveré el dinero.” Gomo toda la prueba muestra que los dos apelantes y Torres habían es-tado jugando a lo prohibido y que hubo cierta disputa entre Torres y los otros dos sobre una parada, la prueba del mo-tivo del robo que dió por resultado el supuesto homicidio parece algo deficiente. La acusación se hizo contra tres acu-sados, de los cuales el jurado declaró culpable al tercero, Gaspar Rivera, como cómplice, el que fué luego absuelto pol-la corte. Inmediatamente antes del supuesto homicidio y cerca de la casa de dicho Gaspar Rivera, según la prueba, ladró un perro y Torres disparó un tiro al aire o al perro. Después de exclamar que no había camino Rivera pegó a Torres. Entonces los dos apelantes se lanzaron sobre Torres, como también Rivera. De acuerdo con el principal tes-tigo el robo tuvo entonces lugar y posteriormente los tres acusados lanzaron a Torres muerto o casi muerto al tanque. No hubo prueba de que Gaspar Rivera tomara parte en el robo y, según entendemos, este hecho ha sido admitido por el gobierno. Quedó claramente probado que la muerte fué producida por asfixia por inmersión.

A un experto médico que declaraba se le preguntó si las contusiones fueron producidas por golpes leves o fuertes y si éstas fueron ocasionadas antes o después de la muerte. El examen de un perito en general debe limitarse a las apa-riencias y opiniones y no debe exigírsele que exponga he-chos. El Pueblo v. Rivera, 25 D. P. R. 812.

Aunque, tal vez, exista algún conflicto en. las autoridades con respecto a las cuestiones paiHculares envueltas, la forma de las preguntas era mala y el haberlas permitido constituyó error. El error se hizo mayor por el hecho de que el perito era el alcalde de Juncos en la fecha del homicidio y había prestado declaración de hechos que conocía de modo que el jurado pudo fácilmente haber sido inducido a error por sus conclusiones expuestas como hechos.

Hubo prueba tendente a demostrar que después que Torres disparó al aire o al perro surgió un conflicto en el cual tomaron parte los apelantes. Ahora bien, aunque los ape-lantes pueden haber aprovechado esta ocasión deliberada-mente y con premeditación para robar y matar a Torres y si bien la prueba de una contienda habida entre ellos puede que no haya sido convincente; sin embargo tal prueba no fué suministrada solamente por los testigos del gobierno, pero aun si hubiera sido aportada como defensa hubiese le-vantado la cuestión de si el homicidio no llegaba a constituir asesinato. La corte, a pesar de la solicitud de los acusados, se negó a dar instrucciones respecto al delito de homicidio. Esto constituyó error. En el caso de El Pueblo v. Alméstico, 18 D. P. R. 320, no hubo prueba que redujera el acto de causar la muerte de un delito de asesinato a uno de ho-micidio.

Este error resultó más perjudicial para los apelantes a causa de otro, a saber, la instrucción dada en cuanto al delito de asesinato en segundo grado, del cual fueron declaradas cul-pables los apelantes. Se ha admitido que este grado de ase-sinato fué definido de modo que excluía el elemento de pre-meditación que es común a todos los asesinatos. El apelante, con mucha razón, sostiene que definido de tal modo el jurado podría pensar que ellos hacían una declaración de culpabili-dad por un delito de homicidio. Sostiene el gobierno que las instrucciones deben considerarse en conjunto, pero no encon-tramos nada en ellas que subsanara la manifestación ter-minante hecha por la corte, de que el asesinato en segundo grado existía cuando no había deliberación ni premeditación.

El cuarto error alegado sobresale muy claramente. El fiscal en su informe al jurado, dijo lo siguiente:

“Los acusados tienen el derecho de declarar o no en virtud de un precepto legal y también están amparados por la presunción de inocencia. Sin embargo, esto no quita que hayan tenido la oportu-nidad de sentarse a declarar en la silla testifical y su testimonio hu-biera sido como el de cualquier otro testigo. Ellos no han declarado, han permanecido en silencio aun cuando no están en la .obligación de declarar. Pero aquí se han hecho graves acusaciones sostenidas,por una prueba abrumadora, que los acusados no han desvirtuado.”

Casi hay un solo criterio entre las autoridades de que las observaciones como éstas no solamente son erróneas sino que no pueden ser subsanadas por las instrucciones y que debe ordenarse un nuevo juicio por la corte. People v Morris, 84 Pac. 464-65 y casos citados; Wilson v. United States, 149 U. S. 60; People v. Brown, 53 Cal., 66; Barnard v. State, 122 A. S. R. 736, 2 R. C. L. 428.

Este fué un caso en que los becbos ocurrieron todos en el mes de febrero de 1914. Por falta de prueba contra éstos y otros acusados se expidió un auto de habeas corpus en fe-brero 21 de 1914, y los prisioneros fueron puestos en libertad.

Nada se hizo entonces por espacio de tres años y según parece los dos testigos principales, de los cuales por lo me-nos uno babía becbo un relato distinto antes, informaron a la policía. La acusación en este caso fué presentada el día 4 de mayo de 1917 y los apelantes, según parece, ban estado encarcelados desde esa fecba. Los apelantes llaman la aten-ción bacia el becbo de haber prescrito el término para un proceso por homicidio. En el estado en que se encuentra la acusación y la prueba y el lapso de tiempo transcurrido, tenemos cierta duda de si debe continuarse el proceso en el caso, pero preferimos dejar la resolución de esta cuestión a la discreción de los funcionarios de la córte inferior.

La sentencia debe ser revocada y el caso devuelto para ulteriores procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada, y devuelto el caso a la corte inferior para ulteriores pro-cedimientos no incompatibles con la opinión..

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Alvarez, Demandante y Apelante, v. Sucesores de Narciso Vilaró, S. en C., et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre tercería de bienes inmuebles e injunction.
    No. 1986.
    Resuelto en julio 31, 1919.
    Tercería — Embargo—-Fraude—Alegaciones—Prueba del Título Fraudulento del Tercerista es Admisible. — Cuando en un pleito de tercería en que el demandante alega ser dueño de cierta propiedad embargada por el deman-dado, presenta aquél un título para probar sus alegaciones, puede el deman-dado, bajo una negación general en su contestación, presentar prueba ten-dente a demostrar el carácter de falso, simulado y fraudulento de tal título.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado de los apelados: Sr. Benito Forés.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La ley titulada “Ley para proveer el procedimiento en los casos de tercería sobre bienes muebles e inmuebles,” etc., aprobada en 14 de marzo de 1907, fue enmendada en el año 1908, agregándosele la sección 16 a, la cual es como sigue:

“La tercería respecto a bienes inmuebles se iniciará por demanda que formalizará el reclamante contra todas las personas que tengan interés en el asunto 7 el juicio se sustanciará por los trámites del Código de Enjuiciamiento Civil.”

Miguel Alvarez estableció demanda como reclamante de cierta finca- rústica -una parte de la cual babía sido embar-gada por sucesores de Narciso Vilaró, S. en C., en un pleito civil en cobro de dinero seguido contra Eamón Acosta,

En la demanda no se hizo constar la naturaleza u origeá del título, sino que simplemente se alegaba que el demandante era dueño de la finca en cuestión. Acosta no compareció,, y Sucesores de Narciso Vilaró formularon su contestación > a la demanda negando el supuesto dominio de la finca por el demandante.

En el juicio el demabdante ofreció como prueba un docu-mentó privado otorgado por Acosta y sn esposa con el objeto de mostrar que se había hecho una venta al demandante y los demandados presentaron sin objeción por parte del de-mandante prueba documental y testifical tendente a estable-cer el carácter de falsa, simulada y fraudulenta de la alu-dida venta de la finca hecha al demandante.-

El juez sentenciador, al analizar esta prueba, se expresó como sigue:

“La prueba de los demandados sobre el fraude lia demostrado evidentemente su existencia por los actos realizados por el deman-dante personalmente, tratando de dejar, como dejó, completamente insolvente al deudor jpor actos fraudulentos y combinados entre ellos. Se demostró que el demandante, Miguel Alvarez, era acree-dor de Acosta Vilanova por un pagaré fechado en octubre 1916. Aparece en febrero 1917 comprándole el terreno objeto de la ter-cería y dejando vigente aquella deuda.’ En mayo 14, de 19.17 com-parecen ambos ante notario a tratar de legalizar aquella venta y en ese mismo día se radica la demanda de Alvarez en cobro del re-ferido pagaré y le embarga dos establecimientos en los cuales existían parte de los licores que en el mes anterior vendió Acost.a a Su-cesores de Narciso Vilaró, rematando las existencias el propio de-mandante por $50.
“Tres días después de radicada la demanda se presenta el agente vendedor de Sucesores de Narciso Vilaró a cobrar el importe de los licores y se encuentra todo embargado por el demandante, ofreciendo el deudor garantizar la cuenta con el terreno objeto de la tercería y al ser embargado, se presenta el demandante alegando ser dueño de ese terreno.
“El mismo demandante manifestó que el deudor no poseía otros terrenos que la finca objeto de la tercería, y después de la fecha de la, venta aparece el deudor garantizando un préstamo agrícola con dos cuerdas y media de la propia finca.”

El demandante interpone apelación contra una sentencia por la qne se desestima la demanda y alega como error que “la corte erró al desestimar la demanda, a pesar de que el demandante probó todos los hechos esenciales de sus ale-gaciones.”

Dejando a un lado toda cuestión relativa a haberse ele-vado el documento privado a documento público mediante la aludida autenticación e inscripción en nn registro notarial de affidavits, cuestión que, según el criterio que tenemos, no es necesario discutir aliora, el demandante cita los casos de Solá v. Morera et. al., 7 D. P. R. 7; Morales v. Arce, 18 D. P. R. 545, y Falagán v. Arán, 20 D. P. R. 459, para soste-ner su proposición de que la corte inferior no debió haber considerado la nrueba relativa al fraude por no haber estado sostenida ésta por la debida alegación en la contestación.

El caso citado en primer lugar fué resuelto mucho tiempo antes de haber sido aprobada la ley de 1907. El de Morales v. Arce también parece referirse a cosas ocurridas con an-terioridad a la enmienda hecha en el año 1908, y la declara-ción que se hace en la opinión de que “la cuestión relativa al traspaso fraudulento no podía ser promovida por el de-mandado Morales mediante reconvención en el procedimiento de tercería” constituía uno de los cuatro fundamentos por virtud de los cuales - se declaró con lugar la petición que se hizo de que fueran eliminadas de la contestación varias de-fensas. Además, la cuestión que se consideraba en aquel caso era si la omisión en alegar el fraude como materia de reconvención en un procedimiento de esta naturaleza, impe-día o no a una parte de poder establecer luego una acción para rescindir nn contrato por existir fraude. En el caso de Falagán v. Arán, esta corte simplemente resolvió que el acreedor reclamante que trata de rescindir un contrato frau-dulento deberá probar que el deudor demandado era insol-vente.

“De acuerdo con los principios generales de evidencia el recla-mante o tercerista tiene derecho'a presentar cualquier prueba per-tinente a las cuestiones en litigio y que tiendan a establecer su tí-tulo o derecho a la propiedad mientras que el demandante que pro-cede al embargo puede probar cualesquiera hechos que legítimamente tiendan a resolver y anular tal título o reclamación de acuerdo con la negativa hecha en la réplica general.” 6 C. J. p. 395-96, sección 87.
“En un procedimiento de embargo en que un tercero intervino alegando ser el dueño de la finca, el demandante tenía derecho a probar en una negativa general que la reclamación del dominio he-cha por el tercerista era fraudulenta y que no tenía título alguno.’' Id. p. 396, nota 3,- donde se cita el caso de Gate City, Nat. Bank v. Boyer, 142 S. W. 487.

Yéase también la página 393, nota 76, donde se cita el caso de Paterson v. Palmer, 4 Sask. L. 487.

Además, en el presente caso, como ya hemos indicado, el apelante no hizo ninguna objeción en la corte inferior a la admisión de la prueba tendente a mostrar el carácter frau-dulento de su reclamación y su alegación de que tal prueba no debió baber sido tomada en consideración por la corte inferior resulta demasiado tarde en apelación.

Aunque la prueba relativa al fraude y a la insolvencia no es tan concluyente como pudiera ser, es suficiente para sostener la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro

text:
    Goldsmith, Demandante y Apelado, v. Villari, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre incumplimiento de con-trato.
    No. 2033.
    Resuelto en julio 31, 1919.
    Emplazamiento Nulo — Citación por Publicación de Edictos ■ — Jurisdicción Sobke el-Demandado — Sentencia Nula — Moción paea Anular la Senten-cia. — Cuando la declaración jurada que exige el artículo 94 del Código de Enjuiciamiento Civil para que pueda verificarse la citación por medio de edictos no contiene hechos sino conclusiones de hecho, la corte no está en condiciones para ordenar la citación y si lo hace y los edictos se publican y el demandado no comparece y la corte dicta sentencia en su rebeldía, tal sentencia es nula por falta de jurisdicción, pudiendo obtenerse la deela-ración de nulidad por medio de una moción presentada por el demandado en el mismo pleito aun después de transcurrido más de un año, como sucede en este caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. Frank Antonsanti y O. B. Fraser.

    Abogado del apelado: Sr. O. M. Wood.

   El Juez Asociado Sr. del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Ike Goldsmith, por medio de su abogado, O. M. Wood, es-tableció una demanda en la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Primera, contra A. Yillari, sobre incumplimiento de contrato. En ella se solicitó nna sentencia declarando roto cierto contrato de arrendamiento de la mitad del primer piso de la casa No. 33, sur, Plaza Principal, de la ciudad de San Juan, ordenando el pago de mil dólares por daños y per-juicios, el de ciento cuarenta por alquileres vencidos, y el de las costas, desembolsos y honorarios de abogado. La de-manda no está jurada.

El 7 de julio de 1917 el demandante archivó la siguiente:

“Moción. — Ante la Honorable Corte comparece el demandante en esta causa representado por su abogado O. M. Wood, y como mejor en derecho fuera expone:
“Primero. Que la demandad a, no está dentro de los límites de la jurisdicción de esta corte, y según la mejor información del de-mandante ha salido de Puerto Rico.,
“Segundo. Que el demandante tiene una buena causa de ac-ción en contra de la demandada, y que ella es una parte necesaria a esta acción.
“Tercero. Que la demandada no tiene ningún representante den-tro de la jurisdicción de esta corte.
“Por lo tanto, a la honorable corte suplica que se ordene la pu-blicación de la citación en la manera debida para avisar a la deman-dada de esta acción.
“San Juan, P. R., julio 5, de 1917. — O. M. Wood. — Abogado del demandante.
“VeRificación. — Yo, O. M. Wood, mayor de edad, abogado y vecino de San Juan, primeramente juramentado en debida forma declaro: Que soy abogado del demandante. — Que ha leído la mo-ción anterior y es la verdad de mi mismo conocimiento. — O. M. Wood. — Jurado y suscrito ante mí, en San Juan, hoy, siete de julio de 1917. — Domingo Rivera, Subsecretario, Corte Distrito.”

La corte accedió y la demandada fué citada por edictos que se publicaron en debida forma. Transcurrido el tiempo concedido a la demandada sin que 'compareciera, el deman-dante pidió al secretario que anotara su rebeldía. Así lo hizo el secretario. Entonces el demandante pidió y obtuvo que el pleito se incluyera en el calendario del próximo tér-mino y, el 30 de octubre de 1917, se llamó para juicio com-pareciendo sólo la parte demandante. La corte oyó las ale-gaciones y las pruebas y por el mérito de las mismas dictó sentencia declarando roto el contrato y condenando a la de-mandada a pagar al demandante la suma de $560, como in-demnización de perjuicios, y las costas.

Así las cosas, el 1 de mayo de 1919 compareció la deman-dada y presentó una moción para que se declarara nulo todo lo actuado en el pleito por las siguientes “razones”:

“Primera. La demanda en este caso fué presentada a la corte el -día 31 de mayo de 1917, y de la mera lectura de esa demanda se desprende que la acción ejercitada es una puramente personal.
“Segundo. Que con esa misma fecha de mayo 31 de 1917, se libró por el secretario de la corte el summons o emplazamiento de la demandada, sin que aparezca a qué persona fué entregado.
“Tercero. Que con fecha julio 7 de 1917, figura en el récord una moción del demandante exponiendo que la demandada no reside en Puerto Rico y que se ordene la citación y emplazamiento de la de-mandada por edictos. La corte en cámara dictó una orden accediendo a lo pedido.
“Cuarto. Los edictos se publicaron en el Boletm Mercantil, y. el día 15 de octubre de 1917, el secretario de la corte ex oficio hace constar en el récord la rebeldía de la demandada.
“Quinto. Se señaló el juicio y se celebró éste con la presencia solamente de la parte actora y sin que esta demandada haya inter-venido en ninguna de las predichas actuaciones se pronunció y re-gistró sentencia el día 30 de octubre de 1917.
“Sexto. Que el demandante en este pleito no solicitó m'ngmm orden de esta corte al iniciar su demanda, sobre aseguramiento de sentencia, ni se practicó en forma alguna embargo sobre los bienes de esta demandada, habiéndose procedido a juicio en el presente caso sin haber adquirido jurisdicción esta corte sobre la persona de la demandada. ’ ’

El demandante se opuso por escrito. Se señaló día para la vista de la moción. Comparecieron ambas partes. No hubo pruebas. La corte desestimó la moción. La resolución de la corte, en parte, dice así:

“Debemos rectificar un error que contiene la moción, al decir que en la moción del demandante d'e fecha julio siete-de mil nove-cientos diez y siete, se dijo que la demandada no residía en Puerto Rico. Realmente se dice que según la información del demandante la -demandada ha salido de Puerto Rico.
“En realidad, tal como las alegaciones se presentan por una y otra parte, se haría imposible para la corte determinar la residen-cia de la demandada. Ni aun ella misma ha alegado en forma al-guna que no sea residente de Puerto Rico.
“De forma que a esta altura, la corte no tiene ante sí más que la afirmación hecha en la demanda, de que A. Villari es vecina de San Juan, y por afirmación hecha en la moción, de que ella en esa época había salido de Puerto Rico.
“No hay nada que tienda a demostrar que A. Villari resida o sea vecina de cualquier punto fuera de la jurisdicción de esta corte.
“El haber salido de su residencia y vecindad, no significa que haya adquirido otra residencia y otra vecindad.
“La corte entiende, que dictada esta sentencia en el presente caso en fecha 30 de octubre de mil novecientos diez y siete, ha trans-currido más de un año sin que haya ido contra ella en forma al-guna y hoy, en l de mayo de mil novecientos diez y nueve, no cree la corte que puede, por medio de una simple moción, anular o de-jar sin efecto todo lo actuado en el caso.
“Ni el término ni la forma en que se pide esta nulidad, da a la corte jurisdicción o autoridad para decretarla. Esto fuera de que hasta ahora no aparece prueba alguna de que la demandada al iniciarse la demanda, y aun durante el transcurso del pleito, hubiera perdido su residencia y vecindad de San Juan, y estuviera ella bajo otra jurisdicción, que era la de esta corte.”

No conforme la parte demandada, interpuso el presente recurso de apelación. El abogado que compareció ante esta Corte Suprema en defensa de los intereses de la demandada no es el mismo que lo hizo en la corte de distrito. En su alegato sostiene que la sentencia dictada es enteramente nula porque la corte de distrito jamás llegó a adquirir jurisdic-ción sobre la persona de la demandada, (a) porque la de-claración jurada presentada como base de la solicitud para que la demandada fuera citada' por edictos es deficiente, y (b) porque en la hipótesis de que existiera una base legal para ordenar la citación, ésta era nula por tratarse del ejer-cicio de una acción meramente personal.

El primer aspecto de la cuestión no fue suscitado en la corte inferior. Se presenta por primera vez en esta Corte Suprema y levanta una cuestión, que ha sido objeto de am-plio estudio en los tribunales del continente.

No se trata aquí de una moción presentada dentro del término en qile se dictó la sentencia cuya nulidad se pide. Tampoco de una solicitud hecha dentro del plazo de un año fijado por el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. No se alega fraude. Se trata de un procedimiento ini-ciado por moción en solicitud de. que se declare nula una sentencia en rebeldía dictada bajo la base de una citación hecha por edictos, por no haber adquirido jurisdicción la corte sobre la persona del demandado.

Ruling Case Law, dice:

“Una moción para anular una sentencia constituye un ataque directo y no colateral, pero las reglas por las cuales ha de regirse son unas veces las aplicables a ataques directos y otras las aplica-bles a ataques colaterales.” 15 R. C. L. 717.

T luego expresa:

“Un ataque directo contra una sentencia es una tentativa para enmendarla, corregirla, reformarla, anularla, o prohibir su ejecución en un procedimiento establecido al efecto. En general cualquier mé-todo estatutorio que tenga por objeto el evadir o corregir una sen-tencia es un ataque directo, y se ha resuelto generalmente que una moción para abrir o anular una sentencia es un ataque directo a la misma, aunque algunos autores sostienen que tal moción, a menos que se haga dentro del término o durante el tiempo especificado en un estatuto que la autorice, debe estar sostenida sólo por el récord, y, por tanto, debe ser considerada como un ataque colateral más bien que directo.” 15 R. C. L. 839.

En los “American State Reports”, 23 A. S. R. 104, hay-una nota muy interesante al caso de Morril v. Morril, 20 Oregon 96, que debe consultarse para un completo estudio de la materia.

La ley de Puerto Rico sobre la materia (véase el artículo 94 del Código de Enjuiciamiento Civil), es igual a la de California, y la parte apelante invoca en su favor las decisiones de Forbes v. Hyde, 31 Cal. 342, y Braly v. Seaman, 30 Cal. 611.

En el primero de dichos casos, la Corte Suprema, dice:

“La sección 30 dispone que ‘cuando la persona que. ha de ser notificada resida fuera del Estado, * * * y este hecho aparezca mediante affidavit a satisfacción de la corte o de un juez de la misma, # # * tal corte o juez puede dictar una orden al efecto de que la notificación se haga mediante publicación de edictos.’ El hecho debe aparecer mediante affidavit antes que exista jurisdicción para dictar la orden. Es decir, debe existir un affidavit conteniendo la manifestación de un hecho que sea evidencia legal y que tenga una tendencia perceptible a demostrar el hecho de la jurisdicción, para que el juez pueda actuar sobre él, antes que tenga jurisdicción al-guna para dictar la orden. A menos que el affidavit contenga tal clase de evidencia, tendente a establecer todos los hechos materia-les relativos a la jurisdicción, el juez no tiene poder legal para que-dar satisfecho, y si dicta la orden actúa sin jurisdicción, siendo nu-los todos los procedimientoss que de ella dimanen.” (Página 351.)
“El estatuto provee que, “cuando la persona que ha dé ser no-tificada resida fuera del Estado, '* * * y éste hecho aparezca mediante affidavit, * * '* y aparezca asimismo que existe una causa de acción contra el demandado que ha de ser notificado, o que es parte necesaria y adecuada en el pleito, tal corte o juez puede dictar una orden’, etc. La existencia de una causa de acción, etc., es, pues, también un hecho relativo a la jurisdicción que debe aparecer ‘asi- mismo’ — es decir, mediante affidavit. El estatuto claramente esta-blece la causa de acción, al igual que la no residencia, como un hecho jurisdiccional, y no podemos ignorar ni uno ni otro. Si este hecho no aparece del affidavit en que se basó lá orden para la publicación, entonces hubo falta de jurisdicción y la orden y la publicación son nulas. La única manifestación contenida en los affidavits es la si-guiente: ‘El declarante además dice que es un abogado y que reside en esta ciudad, y que tiene una buena causa de acción en este pleito contra el dicho demandado, y que éste es necesaria y propia-mente una parte demandada en el mismo, según su firme creencia.’ ¿Qué ‘hecho aparece mediante affidavit’ en este caso? Simplemente que el declarante cree que tiene una buena causa de acción en este pleito contra el demandado, y cree que Harris es necesaria y pro-piamente una parte demandada. Pero tal aseveración ni constituye la manifestación de un hecho definitivo como se exige en toda ale-gación, ni de un hecho probatorio del cual pueda deducirse tal hecho definitivo, ni un hecho de clase alguna que en forma alguna tienda legalmente a probar tal hecho definitivo o probatorio o del cual pueda éste inferirse. No es realmente la manifestación de un hecho. Es meramente la manifestación de una opinión del declarante con res-pecto a un punto sobre el cual el juez habrá de formar su propio juicio basándose en hechos que deberán aparecer mediante affidavit. El juez puede tener absoluta confianza en la habilidad del declarante como abogado, y en su opinión respecto a una materia de derecho, y el declarante puede estar igualmente capacitado para determinar el punto; pero la ley no permite al juez actuar sobre tal confianza o capacidad. Los hechos son debidamente la única materia propia a tener expresión en los affidavits que se hagan bajo las disposiciones del estatuto relativo a las notificaciones como base- de la acción judieial-La expresión general por el declarante de una opinión o creencia, sin los hechos en que se basa, no es en sentido alguno evidencia legal, y no tiende en ningún alcance a probar los hechos relativos a. la jurisdicción sin los cuales el juez no tenía facultad para dictar-la orden.” (Págs. 353 y 354.) 31 Cal. 342.

Y en el segundo establece la siguiente-jurisprudencia;

“Un affidavit para obtener una orden para la'citación por me-dio de edictos bajo la base de que el demandado no puede, después de la debida diligencia, ser encontrado dentro del estado, que nó-expresa si la residencia del demandado es conocida, y no muestra que el que jura no sabe donde el demandado puede ser encontrado, es insuficiente para autorizar la publicación.
“Un affidavit en tal caso debe narrar hechos que demuestren que se ha empleado la debida diligencia y debe aparecer de él tam-bién que eso no obstante el demandado no ¡ha podido encontrarse.
“Si el affidavit bajo el cual se expide una orden de citación es insuficiente, la corte ño adquiere jurisdicción sobre el demandado, y la sentencia es nula.” Braly v. Spaman, 30 Cal. 611.

La autoridad de los "casos citados, fue destruida por la misma corte algún tiempo después, así: • •

“Tenemos presente que los casos de Braly v. Seaman, 30 Cal. 610, y Forbes v. Hyde, 31 id. 342, fueron considerados por nosotros bajo la teoría de que el affidavit del demandante o de otra persona en beneficio suyo, y la orden de la corte, constituían parte del récord o legajo de la sentencia, y podían por tanto ser consultados si se planteaba una cuestión de jurisdicción. Al así asumirlo — pues el punto ni fué suscitado ni resuelto — incurrimos en error. En ambos casos los abogados asumieron y por tanto admitieron, que esos docu-mentos eran parte del legajo de la sentencia. Donde los abogados, eminentes por sus conocimientos y habilidad, de ese modo convienen sobre un punto regulado por el estatuto, no .puede esperarse qué esta corte investigue extensamente la materia, y dado lo múltiple de sus trabajos, puede bien perdonársele que no lo haga. Es el deber de los abogados levantar cuestiones, y de la, corte el decidir-las. Si el punto ahora determinado habría de afectar el resultado de cualquiera de esos casos, es ahora muy tarde y por consiguiente inútil, investigarlo. Será bastante decir que ninguno de ellos es autoridad sobre la materia, pues en ellos ni se levantó ni se deci-dió la cuestión.” Hahn v. Kelly, 94 Am. Dec. 748, 34. Cal. 391.

Sin. embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos a su vez destruyó la autoridad del caso de Hahn v. Kelly en el de Galpin v. Page, 3 Saw. 93. Recomendamos la lectura íntegra de la nota al caso de Hahn v. Kelly publicada en las páginas 762 a 770 del tomo 94 de las American Decisions”. A continuación transcribimos la parte de dicha notá que creemos necesaria a los fines de esta opinión. Dice el autor refiriéndose a la opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Galpin v. Page, escrita por el Juez Field:

“Luego procedió a considerar la proposición planteada en el caso principal, al efecto de que el récord que puede ser considerado cuando se ataca colateralmente la sentencia de una corte de jurisdicción general, dictada contra una persona fuera de los límites territoria-les de la corte, bajo notificación constructiva mediante publicación, consiste sólo de los documentos y procedimientos que componen- lo que se designa en el código de enjuiciamiento con el nombre de le-gajo de la sentencia; y que no es necesario que contenga el affidavit fie la parte y la orden de la corte, sin los cuales no puede hacerse la notificación constructiva por publicación . de edictos. Mediante un examen cuidadoso de las disposiciones del estatuto relativo a la prueba de la notificación por publicación, llegó a la conclusión de que se había incurrido en error en Hahn v. Kelly, al dar a la .disposición que determina la prueba que el funcionario o persoua que hace la notificación personal, o el impresor que publica los edic-tos, han de suministrar de sus actos, el significado de una declara-ción de que no era necesaria ninguna otra prueba de la notificación. Transcribió de la opinión del Juez Sanderson, para demostrar que parecía que la corte había creído que la decisión en el caso principal dejó el legajo de la sentencia como un documento defectuoso e imperfecto, y añadió: ‘por las razones que hemos expuesto,- no admitimos que el estatuto sancione tal récord imperfecto; pero, por el contrario, estamos seguros de que, bien interpretado, exije que se incorpore prueba completa de los hechos relativos a la jurisdic-ción en el legajo de la sentencia. Sin embargo, si estamos en un error, y la orden que constituye el fundamento y única autorización para la publicación no forma parte de tal legajo, o si no estando en un error, tenemos que aceptar como correcta la interpretación dada al estatuto por la corte del estado, entonces la investigación de la jurisdicción de la corte no puede limitarse a un ataque colateral diri-gido a lo contenido en el legajo. Lo restante del récord de los procedi-mientos tendría igual autoridad y veracidad, y podría igualmente in-vocarse. ’ Señaló el hecho de que el récord en derecho común que lle-vaba consigo absoluta veracidad, era una historia de todos los actos y procedimientos de la acción, y dijo:, ‘Un récord que expresamente comprende sólo una parte de tales actos y procedimientos, .no puede merecer el mismo crédito implícito, y no puede igualmente cerrar las puertas a un ataque colateral. El uso de la misma palabra para designar una distinta colección de actos y procedimientos no puede, desde luego, darle el mismo valor.’ Y sostuvo que cuando la no-tificación constructiva por publicación está autorizada por el esta-tuto en lugar de la citación personal, debe seguirse estrictamente el estatuto; que esta regla no ba sido negada por ninguna corte de estado, y que babía sido repetidamente enunciada del modo más en-fático por la corte suprema de California, y citó los casos de Jordan v. Giblin, 12 Cal. 100; Ricketson v. Richardson, 26 id. 149; Forbes v. Hyde, 31 id. 342. Sobre este punto el ilustrado jues dijo: ‘Abora bien, si la regla en el caso de Hahn v. Kelly es correcta, ten-dremos el siguiente singular resultado: que mientras el estatuto debe ser seguido estrictamente antes que pueda adquirirse jurisdic-ción sobre la persona, una parte contra la que se dicta sentencia está impedida de examinar los procedimientos, de los cuales única-mente puede saberse si el estatuto ba sido seguido. En otras pala-bras, la corte dice que la corte no adquiere jurisdicción alguna si los requisitos del estatuto no se siguen, pero que el récord de los pro-cedimientos habidos será siempre un libro cerrado.’ Y para finali-zar sobre este punto, dijo: ‘Del examen que bemos así podido bacer del caso de Hahn v. Kelly, no encontramos en él razones suficientes para desviarnos de las antiguas y bien establecidas reglas anterior-mente reconocidas en la corte suprema del estado, la observancia de las cuales, según cada día estamos más convencidos, es esencial para la protección de los derechos de todos los ciudadanos, ya sean residentes o no residentes .del estado.’ ” 94 Am. Dec. 767, 768.

Examinado, a la luz de la anterior jurisprudencia, el affidavit presentado en este caso que dejamos transcrito en los comienzos de esta opinión y que fue la tínica base que tuvo la corte para ordenar que la demandada fuera citada por edictos, ya que la demanda no estaba jurada, es necesario concluir que la corte actuó sin jurisdicción y que la senten-cia que dictó luego es enteramente nula. El affidavit no con-tiene hechos, sino conclusiones, lo que es contrario a la ley y a la jurisprudencia.

Decidida de tal modo la primera cuestión levantada, puede prescindirse del estudio y decisión de la segunda.

Debe revocarse la resolución recurrida y en su lugar die-tarse otra declarando nula la sentencia en rebeldía pronun-ciada en contra de la demandada el 30 de octubre de 1917.

Revocada la resolución recurrida, y dictada otra declarando que la. sentencia en rebeldía pronunciada contra la demandada es rnila-por haberlo sido sin que la corte obtuviera> jurisdicción sobre la persona de dicha de-mandada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wo]f, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


text:
    Ríos et al., Demandantes y Apelantes, v. Amorós et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre inexistencia de contrato.
    No. 1938.
    Resuelto en julio 31, 1919.
    Nulidad de Escritura Pública. — Contrato Válido — Causa del Contrato — Fal-sedad de la Causa — Causa Distinta pero Verdadera y Válida — Peso de la Prueba Cuando se Alega Falta de Causa. — Cuando existe una escritura notarial, la prueba debe ser vigorosa para que pueda destruir la expresión en ella contenida sobre la causa del contrato, pues la corte debe tener ante sí una certeza legal de que no existió tal causa; pero aun suponiendo que la causa expresada fuera falsa, si en el juicio se demuestra una causa dis-tinta que es lícita, esto será bastante para la validez del contrato de acuerdo con el artículo 1243 del Código Civil; aparte de que el peso de la prueba recae sobre el que alega la falta de causa.
    Evidencia — -Prueba Inadmisible Sobre la Simulación del Contrato. — No constituye error por parte de la corte inferior el negar la admisión de una carta del notario, residente en España y autorizante de la escritura cuya nulidad se pide, tendente a probar la simulación del contrato contenido en dicha escritura.
    Id. — Id.—Admisión Suscrita por el Vendedor Causante de los Demandantes.— Una carta escrita por el vendedor de los bienes, que es el causante de los demandantes, tendente a probar la validez de tal venta, era admisible en evidencia, por ser una admisión que le perjudicaba.
    Los becbos están expresados en la opinión.

      Abogados de los apelantes: Sres. J. Tons Soto y J. A. Poventud.

    Abogados de los apelados: Sres. López de Lord & Zayas Pizarro.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes, que son los herederos de Manuel Rosaly y Castillo, establecieron una acción de nulidad o inexistencia de una escritura que según alegan sus contrarios fue otor-gada a la principal demandada Magdalena Amorós. En apoyo de su contención ofrecieron los apelantes en el juicio prueba tendente a establecer que la supuesta escritura carecía de causa y, por tanto, era inexistente. Los pormenores de la prueba tendentes a acreditar esto según el punto de vista de los, apelantes eran que Magdalena Amorós era pobre, tan pobre que se vió obligada a ser la concubina del causante que era casado; que con anterioridad a la supuesta escri-tura, por un período de tres años después o basta el falle-cimiento de don Manuel la referida'Magdalena Amorós fue su concubina viviendo en Barcelona, España, y él la soste-nía ; que sus padres fueron llevados a Barcelona por su con-cubino y que ellos desempeñaban el oficio de sirvientes en la casa donde don Manuel y Magdalena Amorós vivían, y que ella misma, Magdalena, atendía a los visitantes que lle-gaban a la casa; que en esta escritura en particular, así como en otras que se hicieron con motivo de la misma la referida Magdalena Amorós tenía cédula de una persona del grado undécimo, que significaba extremada pobreza; que las propiedades que se suponían fueron vendidas realmente nunca estuvieron en posesión de la dicha Magdalena Amorós y que ella jamás reclamó la renta de las mismas hasta después de la muerte de don Manuel; que la posesión de la finca antes y después de la escritura la tuvo don Manuel o su familia; que la expresada Magdalena nunca declaró en su favor, es-tableciéndose así una presunción en su contra.

Respecto a la posesión del terreno es bien sabido que en Puerto Rico, así como en España, no es necesaria la entrega real de la propiedad, equivaliendo la escritura misma a la. posesión, muy parecido al hedió de que en los Estados Uni-dos un sello representa una causa.- Por tanto los casos como el de Hamilton v. Russell, 1 Cranch U. S.; 1 C. R. 399, re-lativos a la simulación de transacciones por falta de pose-sión no son de aplicación.

Ni tampoco tiene mucha relación el hecho de no haber de-clarado Magdalena Amorós. Ella no se encontraba en el país como tiende a establecer la prueba, por tanto su prueba no fué suprimida. En el caso de Fajardo v. Tió, 17 D. P. R. 244, existía prueba robusta para acreditar la existencia de hechos particulares, cuya tendencia final era probar que el demandante era hijo natural y todos los hechos, de no ser ciertos, eran susceptibles de poder ser contradichos y negados por el padre demandado. Jamás se ha dicho que un demandado por correr el riesgo de que la cuestión se re-suelva en su contra tenga que declarar. Los apelantes no muestran qué hechos en particular podía ella negar. Insis-ten ellos en su conclusión. Parece probable que debido al consejo que se le dió, ella no quiso negar , que había sido pobre o que ella ó sus padres sirvieron a don Manuel. Ella no estaba en el deber de declarar que la escritura en rea-lidad era simulada o falsa. Incumbía a los apelantes la obli-gación de presentar esa prueba.

Las declaraciones de los demandantes también probaron que Magdalena Amorós tuvo un hijo como resultado de ha-ber vivido con Manuel Rosaly. La escritura fué presentada como prueba por los demandados quienes además presenta-ron alguna otra prueba. La corte inferior declaró probado que la prueba era insuficiente para que se declarase la ine-xistencia de la escritura. Cuando se otorga una escritura notarial la prueba tiene que ser fuerte para anular lo que en ella se dice de que existe una causa. La prueba presen-tada en este caso, a lo sumo, tiende a mostrar la posibilidad o hasta una probabilidad de que independientemente de don Manuel, Magdalena Amorós no pndo liaber reunido la suma de $21,000 .que es la cantidad que se menciona en la escri-tura. Sin embargo, para que una escritura notarial pueda ser anulada la corte debe tener algo más; a saber, una cer-teza legal. Don Manuel pudo baber regalado a Magdalena Amorós la suma qué se menciona en la escritura o ella pudo haberla ganado en la lotería. No se pretende decir, según entendemos, que la suma mencionada en la escritura no es-tuviera comprendida dentro del tercio de libre disposición que pertenecía a don Manuel o que este traspaso, de ser gra-tuito, privó a los herederos de sus participaciones legítimas. Además, la declaración del principal testigo, Eafael Quiño-nes, probablemente no mereció la confianza de la corte inferior y no la merece para nosotros.

Supongamos, sin embargo, que no se considerara válida la causa mencionada en la escritura.

Los mismos demandantes probaron que Magdalena Amo-ros prestaba servicios personales a Manuel Eosaly y a su hijo natural. Los apelados citan además un caso de la Corte Suprema de España para probar que un acto de mera libe-ralidad sostendrá un contrato, 69 Jurisprudencia Civil p. 341, como lo indica el artículo 1241 del Código, Civil. Por .tanto, el traspaso podrá estar sostenido por causas, proba-das en el juicio, y cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 1243 del Código Civil, no obstante las prescripcio-nes del artículo 1242. El caso en este sentido presentaba cierta analogía ai de Morales v. Dessús; (pág. 593).

Los casos resueltos por este tribunal de Rosado v. Rosado, 17 D. P. R. 471; Latorre v. Torres, 24 D. P. R. 856; y Martínez v. Cerezo, 25 D. P. R. 709, o envolvían un ele-mento de fraude o las partes en el supuesto contrato tuvie-ron claramente la intención de que fuera ineficaz. En este caso los demandantes trataron de probar la existencia de una escritura contraria que anulaba la que existía, pero la prueba fuá muy poco satisfactoria.

Aunque la expresión de la causa como se establece en dictas decisiones no constituye ningún obstáculo. (estoppel) que impida que supuestas partes puedan probar quemo hubo tal consideración, dudamos, sin embargo, aunque sin resol-verlo, si una persona que con verdadera intención hace una venta, como en este caso, no está impedida de proceder contra su acto aun cuando se pruebe la falta de consideración; y asimismo, por supuesto, sus herederos.

De todos modos, el peso o la obligación de probar la falta de causa no fue cumplida por los demandantes.

El primer señalamiento de error se refiere a la nega-tiva de la corte a admitir una carta del notario autorizante en España que no estaba presente como testigo, para probar que la escritura era simulada. Creemos que el error ale-gado no necesita más comentarios.

De igual manera no constituyó error la negativa de la corte a admitir las manifestaciones hechas por el abogado del demandado fuera de la corte para obligar al demandado. 1 R. C. L. 482, 2 R. C. L. 990; Jones sobre Evidencia § 257 et seq.

Por otra parte no fué error el admitir una carta de don Manuel tendente a probar la escritura. Era una admisión én su contra hecha por el causante que era la verdadera persona con' derecho. Además, la admisión de esta prueba no causaba perjuicio pues entendemos, que los demandantes ho probaron su caso.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmadas la sentencia apelada y la resolu-ción denegatoria de nuevo juicio. .

; Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

■ El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.