author: El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo Jueza Aso-ciada Señora Fiol Matta.

text:
    Ismael Serrano Rivera y Mayda Enid Báez Lugo, por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, peticionarios, v. Foot Locker Retail, Inc., recurrido.

      Número: AC-2009-58

      Resuelto: 15 de septiembre de 2011

      Miguel A. Arroyo Díaz, abogado de la parte peticionaria; Michelle L. Holley Vázquez, Luis D. Ortiz Abréu y Maritza I. Gómez, de Goldman, Antonetti & Córdova, P.S.C., aboga-dos de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opi-nión del Tribunal.

En esta ocasión debemos expresamos acerca de cuándo comienza el término prescriptivo que tiene una persona para reclamar al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, de manera contingente a la reclamación que haga su consorte por discrimen en el empleo mediante la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como Ley contra el Discrimen en el Empleo, 29 L.P.R.A. see. 146 et seq.

Concluimos que, en esas circunstancias, el punto de par-tida para computar el término prescriptivo de un año para que una persona presente una causa de acción al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, comienza desde el instante en que el titular de la acción conoce que su con-sorte fue discriminado en su empleo.

I

El señor Serrano Rivera trabajó para Foot Locker Retail, Inc. (Foot Locker) desde agosto de 1978 hasta el 15 de octubre de 2002, fecha en que fue despedido de su empleo. Por lo anterior, el 22 de octubre de 2002 el señor Serrano Rivera presentó una reclamación contra Foot Locker por despido injustificado ante el Negociado de Normas del Tra-bajo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (Negociado de Normas), conforme a la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, cono-cida como Ley de Indemnización por Despido Sin Justa Causa, 29 L.P.R.A. see. 185 et seq.

No obstante lo anterior, el 13 de marzo de 2003, el señor Serrano Rivera desistió de la querella presentada ante el Negociado de Normas por la alegada tardanza de estos en la tramitación de la querella. Ese mismo día, el señor Serrano Rivera y la señora Báez Lugo (los peticionarios) remitieron una carta a Foot Locker por medio de su repre-sentación legal con el propósito expreso de interrumpir “cualquier término prescriptivo a favor de los reclamantes o sus familiares”. En esa carta, los peticionarios hicieron referencia a la querella presentada ante el Negociado de Normas, de la cual habían desistido.

Así las cosas, el 28 de agosto de 2003, el señor Serrano Rivera presentó otra querella contra Foot Locker, esta vez ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Tra-bajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (Unidad Antidis-crimen) por un alegado discrimen por edad, conforme a la Ley Núm. 100, supra, según enmendada, conocida como Ley contra el Discrimen en el Empleo, supra. Así, el 9 de marzo de 2004 los peticionarios remitieron una segunda carta a Foot Locker por medio de su representación legal con la intención de interrumpir nuevamente el término prescriptivo de cualquier reclamación que resultara del despido del señor Serrano Rivera.

Según surge del expediente, posterior a la fecha del 9 de marzo de 2004, los peticionarios no cursaron a Foot Locker ninguna otra carta relacionada a sus reclamaciones, ni hi-cieron requerimiento extrajudicial sobre el alegado despido injustificado del señor Serrano Rivera conforme a la Ley Núm. 80, supra. Tampoco surge que Foot Locker haya ad-mitido responsabilidad alguna por las alegaciones hechas por los peticionarios en sus reclamaciones.

Entretanto, el 14 de septiembre de 2006 la Unidad An-tidiscrimen notificó al señor Serrano Rivera, con copia a Foot Locker, el cierre del caso ante ellos al amparo de la Ley Núm. 100, supra, dado al desistimiento del primero. Además, la Unidad Antidiscrimen informó al señor Serrano Rivera sobre la concesión del permiso que solicitó el 6 de septiembre de 2006 para litigar su caso al amparo de la Ley Núm. 100, supra.

Así, pues, el 15 de agosto de 2007 los peticionarios pre-sentaron una demanda contra Foot Locker ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Por un lado, el señor Serrano Rivera reclamó una indemnización al amparo de la Ley Núm. 80, supra, y la Ley Núm. 100, supra, por despido injustificado y discrimen por edad, respectivamente. También, el señor Serrano Rivera exigió el pago de beneficios marginales de empleados gerenciales conforme a una alegada “política de compensación de gas-tos de millaje por relocalización”. De la misma forma, la señora Báez Lugo codemandó a Foot Locker al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, por daños y perjuicios como consecuencia del alegado discrimen contra el señor Serrano Rivera, su esposo.

Luego de varios trámites procesales, el 31 de julio de 2008 Foot Locker presentó una Moción de Sentencia Su-maria parcial para la desestimación de las reclamaciones del señor Serrano Rivera contra ellos por despido injustifi-cado al amparo de la Ley Núm. 80, supra, y la reclamación de la señora Báez Lugo por daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil, pues según alegaron, ambas causas de acción estaban prescritas al momento de presen-tar la demanda.

Una vez evaluados los hechos materiales del caso que no estaban en controversia, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que tanto la causa de acción al amparo de la Ley Núm. 80, supra, que presentó el señor Serrano Rivera, y la que presentó la señora Báez Lugo al amparo del Art. 1802 del Código Civil, habían prescrito. Consecuentemente, el Tribunal de Primera Instancia desestimó con perjuicio am-bas reclamaciones. Inconforme con la determinación del foro primario, el 18 de diciembre de 2008, los peticionarios presentaron un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en el que solicitaron la revocación de la deci-sión del Tribunal de Primera Instancia. Por entender que la determinación recurrida era correcta, el 18 de junio de 2009 el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia me-diante la cual confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. En desacuerdo con tal decisión, el 21 de julio de 2009 los peticionarios recurrieron ante este Tribunal, mediante recurso de apelación, para señalar los errores siguientes:

1. Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al sostener y con-firmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia al resolver que la acción al amparo del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141, de Mayda Enid Báez Lugo estaba prescrita.
2. Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al sostener y con-firmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia al resolver que la acción al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, de Ismael Serrano Rivera estaba prescrita. Apelación, págs. 6-7.

Tras varios incidentes procesales, el 11 de junio de 2010 el caso de referencia quedó sometido en sus méritos para su adjudicación ante este Tribunal. Veamos la normativa aplicable a las controversias que hoy atendemos.

II

La prescripción extintiva es una institución de derecho sustantivo regulada por el Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1 et seq., que constituye una forma de extinción de un derecho debido a la inercia en ejercerlo durante un tiempo determinado. De la misma forma, Castán define la prescripción extintiva como “un modo de extinción de los derechos por la inacción del titular de los mismos durante el tiempo determinado por la ley”. En ocasiones reiteradas hemos expresado que con la prescripción extintiva lo que se busca es castigar la dejadez en el ejercicio de los derechos, así como los litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad de las reclamaciones, y así evitar que una de las partes quede en estado de indefensión. Conforme con el Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5303, la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.

En el caso particular de la acción por daños y perjuicios establecida en el Art. 1802 del Código Civil, supra, el término prescriptivo para entablar una reclamación al amparo de ese estatuto es de un año desde que el agraviado supo del daño, según dispone el Art. 1868 del mismo Código, 31 L.P.R.A. see. 5298. Acerca de lo anterior, he-mos expresado que el término prescriptivo para entablar una acción al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, comienza no solo cuando el perjudicado conoció del daño, sino además, desde que conoció quién fue su autor, y los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de acción.

Por otro lado, la Ley Núm. 80, supra, establece en su Art. 12 que la acción para reclamar indemnización por un despido sin justa causa prescribirá “por el transcurso de tres (3) años a partir de la fecha efectiva del despido mismo”. 29 L.P.R.A. sec. 185Z.

A su vez, la Ley Núm. 100, supra, dispone respecto a la prescripción extintiva, lo siguiente:

Cuando se presente una querella por discrimen en el Depar-tamento del Trabajo y Recursos Humanos, el término pres-criptivo de un año para iniciar la acción judicial quedará inte-rrumpido al notificársele la querella al patrono o querellado, siempre y cuando que la notificación se efectúe dentro de dicho término prescriptivo. Dicho término prescriptivo quedará, además, en suspenso o congelado mientras la querella se con-tinúe tramitando en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y no se haya notificado al querellado la determina-ción del Secretario de dicho Departamento sobre la reclamación. Si mientras se está tramitando la reclamación en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el quere-liante solicita que se le permita retirar la querella o mani-fiesta que no desea continuar con dicho trámite, el término prescriptivo antes aludido comenzará nuevamente a partir de la fecha en que el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos notifique de su determinación a las partes. En los demás ca-sos, el término prescriptivo se interrumpirá con la reclama-ción extrajudicial, con la radicación de la acción judicial co-rrespondiente o por el reconocimiento de la deuda por parte del patrono o de su agente autorizado.

Es decir, que la Ley Núm. 100, supra, establece que el término prescriptivo para presentar una reclamación judicial por discrimen en el empleo es de un año. Este se inte-rrumpirá cuando se notifique al patrono o querellado —en ese término de prescripción— sobre la presentación de la querella ante la Unidad Antidiscrimen en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Además, ese término prescriptivo estará suspendido, mientras la querella conti-núe su trámite en la Unidad Antidiscrimen y no se haya notificado al querellado la determinación del Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, sobre la reclamación.

La Ley Núm. 100, supra, menciona que, en caso de que el querellante solicite retirar la querella, o desista de con-tinuar su trámite, el término prescriptivo de un año co-menzará nuevamente desde la fecha cuando se notifique la determinación del Departamento a las partes. En los de-más casos, o sea, los que no son una reclamación judicial por discrimen en el empleo al amparo de la Ley Núm. 100, supra, el término prescriptivo se interrumpirá por la recla-mación extrajudicial, la presentación de la acción judicial correspondiente o por el reconocimiento de la deuda por parte del patrono o de su agente autorizado.

III

En el caso ante nuestra consideración debemos determi-nar principalmente dos asuntos. Esto es, si la acción pre-sentada por el señor Serrano Rivera al amparo de la Ley Núm. 80, y la causa de acción presentada por la señora Báez Lugo al amparo del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, estaban prescritas al momento de in-coarse la demanda contra Foot Locker. A la luz de la nor-mativa expuesta, resolvemos que ambas acciones estaban prescritas.

A. Como discutiéramos en detalle, el señor Serrano Rivera fue despedido de su empleo el 15 de octubre de 2002. El 22 de octubre de 2002, el señor Serrano Rivera presentó una reclamación contra Foot Locker por despido injustifi-cado ante el Negociado de Normas del Trabajo del Depar-tamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (Negociado de Normas), conforme a la Ley Núm. 80, supra, y el 13 de marzo de 2003, desistió de ella. Ese mismo día, los peticionarios remitieron una carta a Foot Locker con el propósito de interrumpir el término prescriptivo de cualquier reclamación que tuvieran disponibles como con-secuencia del despido del señor Serrano Rivera. Mientras, el 28 de agosto de 2003, el señor Serrano Rivera presentó una querella contra Foot Locker ante la Unidad Antidiscri-men por alegado discrimen por edad conforme a la Ley Núm. 100, supra.

Luego, el 9 de marzo de 2004, los peticionarios remitie-ron una segunda carta a Foot Locker por medio de su re-presentación legal con la intención de volver a interrumpir el término prescriptivo de cualquier reclamación que resul-tara del despido del señor Serrano Rivera. Después de la comunicación de 9 de marzo de 2004 los peticionarios no hicieron ningún otro reclamo a Foot Locker con relación al alegado despido injustificado del señor Serrano Rivera con-forme a la Ley Núm. 80, supra, ni acerca de la reclamación de la señora Báez Lugo al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra. Sin embargo, el 14 de septiembre de 2006, la Unidad Antidiscrimen notificó tanto al señor Serrano Rivera como a Foot Locker sobre el cierre del caso ante esa Unidad Antidiscrimen. Además, concedió el permiso que solicitó el señor Serrano Rivera para litigar su caso al am-paro de la Ley Núm. 100, supra.

B. Reclamación al amparo de la Ley Núm. 80

La Ley Núm. 80, supra, se creó para desalentar la incidencia de despidos injustificados en el País y proveer remedios más justicieros a las personas que son despedidas sin justa causa Por eso, la Ley Núm. 80, supra, establece que un empleado que sea despedido sin justa causa tendrá derecho a recibir de su patrono, además del sueldo que hubiese devengado, una indemnización o mesada que se calculará como se dispone en el Art. l. Por otro lado, el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, define lo que se entenderá como justa causa para un despido y el Art. 11 establece una presunción rebatible de que todo despido es injustificado

Acerca del término prescriptivo para presentar una reclamación al amparo de la Ley Núm. 80, supra, ésta dispone que “[l]os derechos que conceden las secs. 185a a 185m de este título prescribirán por el transcurso de tres (3) años a partir de la fecha efectiva del despido mismo” En cuanto al modo de interrumpir ese término prescriptivo de tres años la Ley Núm. 80, supra, guarda silencio.

En este caso, el peticionario alega que la presentación de la querella mediante la Ley Núm. 100, supra, ante la Unidad Antidiscrimen interrumpe y paraliza el término prescriptivo de tres años provisto en la Ley Núm. 80, supra, y, por lo tanto, su causa de acción al amparo de ésta no estaba prescrita.

Como señaláramos, luego de la presentación de la que-rella al amparo de la Ley Núm. 100, supra, el 9 de marzo de 2004, los peticionarios enviaron una carta a Foot Locker, por conducto de su representación legal, que interrum-pió el término prescriptivo de tres años que contempla la Ley Núm. 80, supra, para presentar la reclamación sobre despido injustificado contra su patrono. Así, el nuevo tér-mino prescriptivo venció el 9 de marzo de 2007. Es decir, el término prescriptivo para que el señor Serrano Rivera pre-sentara su reclamación al amparo de la Ley Núm. 80, supra, venció varios meses antes de que se presentara la de-manda en agosto de 2007.

El argumento del peticionario en este señalamiento de-pende en primer lugar de que la querella haya interrum-pido el término prescriptivo de la Ley Núm. 80, supra. Ahora bien, aun aceptando para efectos de argumentación que la presentación y posterior notificación a Foot Locker de la querella al amparo de la Ley Núm. 100, supra, ante la Unidad Antidiscrimen interrumpía la causa de acción del peticionario al amparo de ésta, de todas formas estaba prescrita cuando se presentó la demanda. En vista de lo anterior, no nos expresaremos en estos momentos acerca de si la presentación y posterior notificación oportuna de una querella al amparo de la Ley Núm. 100, supra, en la Unidad Antidiscrimen paraliza o no el término de tres años que provee la Ley Núm. 80, supra.

Por otra parte, a pesar de que en un inicio los peticiona-rios fueron diligentes en interrumpir el término prescrip-tivo de tres años establecido en la Ley Núm. 80, supra, luego del 9 de marzo de 2004 estos no presentaron recla-mación extrajudicial alguna respecto a la acción por des-pido injustificado sino hasta el 15 de agosto de 2007, cuando incoaron la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia. Por lo anterior, es forzoso concluir que la acción del señor Serrano Rivera al amparo de la Ley Núm. 80, supra, por despido injustificado estaba prescrita al mo-mento de presentar la demanda.

C. Reclamación al amparo del Art. 1802 del Código Civil contingente a la acción al amparo de la Ley Núm. 100

Primeramente, debemos mencionar que en Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 137 D.P.R. 1, 14 (1994), reconocimos que “los parientes de un empleado que haya sido víctima de trato discriminatorio por su patrono bajo la Ley Núm. 100, supra, tienen una causa de acción propia al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, para obtener una indemnización por los daños que ellos mismos hayan sufrido a consecuencia del referido discrimen laboral”. Dijimos, además, que “[e]n tales circunstancias, se compensarán los daños propios sufridos por los parientes, una vez quede establecido el trato discriminatorio en cuestión”. (Enfasis suplido. En el caso Santini Rivera v. Serv Air, Inc., supra, aclaramos que la Ley Núm. 100, supra, está dirigida únicamente a proteger los derechos de los empleados y no la situación jurídica de sus parientes, por lo que esta ley, no es fuente de derecho para los parientes del empleado discriminado.

En la misma línea de pensamiento, expresamos en Maldonado v. Banco Central Corp., 138 D.P.R. 268, 276 (1995), que la causa de acción al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, que puede entablar el cónyuge de un empleado discriminado en su empleo es contingente a la acción que éste tiene al amparo de la Ley Núm. 100, supra. Así, una vez probados los tres elementos requeridos en el Art. 1802 del Código Civil, supra —la producción de un daño; un acto u omisión culposa o negligente, y la existen-cia de un nexo causal entre el daño y la acción u omisión de otra persona — se compensarán los daños sufridos por el cónyuge como consecuencia del discrimen decretado en ac-ción separada al amparo de la Ley Núm. 100, supra.

Lo resuelto por este Tribunal en los casos citados no se puede interpretar como que el término prescriptivo de un año que tenía la señora Báez Lugo para entablar la reclamación contingente al amparo del Art. 1802 del Có-digo Civil, supra, comenzaba a partir de que un Tribunal determinara que su esposo fue despedido por razones discriminatorias. Específicamente, dijimos que se compen-sarán los daños sufridos por el cónyuge como consecuencia del discrimen decretado en acción separada al amparo de la Ley Núm. 100, supra. Nada especial dispusimos sobre cuándo debía presentarse la reclamación, pues la causa de acción que le reconocimos a los parientes de un empleado que fue discriminado en su empleo según los términos de la Ley Núm. 100, supra, es una reclamación por daños y per-juicios como cualquier otra. Esto es, que desde el momento en que el agraviado sabe que sufrió un daño como conse-cuencia de un acto culposo o negligente, y conoce quién lo causó, puede entablar su reclamación al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra. Desde ese momento comienza a correr el término prescriptivo de un año provisto en el mencionado Art. 1802 del Código Civil para presentar su causa de acción. Por lo tanto, el punto de partida para com-putar el término prescriptivo de un año para que una persona presente una causa de acción al amparo de este artí-culo comienza desde el instante en que el titular de la acción conoce que su consorte fue discriminado en su empleo.

Del expediente surge que el 8 de julio de 2008 durante una deposición que se le tomó a la señora Báez Lugo, ella indicó que se enteró del despido del señor Serrano Rivera el mismo día que lo despidieron y entendió que fue por discrimen porque “[su] esposo siempre trabajó bien” y “todo lo dejaba por su trabajo”. Dijo, además, que desde ese mismo día, es decir, desde el día del despido, comenzó a sufrir daños emocionales y económicos a consecuencia del despido de su esposo. Por lo anterior, es forzoso concluir que el término prescriptivo para que la señora Báez Lugo presentara su causa de acción al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, comenzó el 15 de octubre de 2002.

En este caso, la reclamación de la señora Báez Lugo fue contingente y separada de la del señor Serrano Rivera al amparo de la Ley Núm. 100, supra, y aunque esta última fue interrumpida efectivamente con la presentación de la querella mediante la Ley Núm. 100, supra, no fue así res-pecto a la acción de la señora Báez Lugo según el Art. 1802 del Código Civil, supra. El término prescriptivo de la recla-mación del señor Serrano Rivera al amparo de la Ley Núm. 100, supra, fue interrumpido cuando éste presentó la que-rella el 28 de agosto de 2003 ante la Unidad Antidiscrimen, y ese término quedó suspendido hasta que las partes fue-ron notificadas sobre el cierre del caso ante la mencionada Unidad Antidiscrimen. Desde ese momento, es decir, desde el 14 de septiembre de 2006, comenzó nuevamente el tér-mino prescriptivo de la acción del señor Serrano Rivera contra Foot Locker al amparo de la Ley Núm. 100, supra.

Sin embargo, por ser la reclamación de la señora Báez Lugo una acción por el Art. 1802 del Código Civil, supra, contingente y separada de la reclamación del señor Serrano Rivera al amparo de la Ley Núm. 100, supra, la ac-ción de la señora Báez Lugo prescribió un año después de la última reclamación extrajudicial que hicieron los peti-cionarios el 9 de marzo de 2004. En otras palabras, la re-clamación de la señora Báez Lugo al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, prescribió el 9 de marzo de 2005; más de dos años antes de que se presentara la demanda en este caso.

IV

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la deter-minación del Tribunal de Apelaciones, por lo que se deses-timan las reclamaciones presentadas por los peticionarios por despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80, supra, y por daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra. Se devuelve el caso al Tribunal de Pri-mera Instancia para que continúe con los procedimientos según lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió una opi-nión concurrente y disidente. La Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez no intervino.

— O —

Opinión concurrente y disidente emitida por la

Jueza Aso-ciada Señora Fiol Matta.

Estoy conforme con el análisis que hace la opinión ma-yoritaria sobre el término prescriptivo aplicable a una re-clamación instada al amparo del Artículo 1802 del Código Civil por una persona cuyo cónyuge alegadamente ha sido víctima de un despido discriminatorio.

Sin embargo, hubiese preferido que el Tribunal aprove-chara esta oportunidad para discutir los efectos que tiene la presentación oportuna de una querella al amparo del Artículo 3 de la Ley 100 de 30 de junio de 1959 en los términos prescriptivos de una causa de acción al amparo de la Ley 80 de 30 de mayo de 1976. Entiendo que la con-gelación o suspensión del término prescriptivo de una causa de acción al amparo del Artículo 3 de la Ley 100, que ocurre al presentarse la querella ante la Unidad Antidis-crimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (UAD), congela o, como menos, interrumpe el transcurso de la prescripción de la acción bajo la Ley 80. Mi posición se basa en mi convencimiento de que una causa de acción al amparo de la Ley 80 es un elemento sustantivo y cons-titutivo de la causa de acción bajo el Artículo 3 de la Ley 100.

I

La Ley 80 prohíbe y castiga los despidos injustifi-cados. El Artículo 11 de la Ley establece una presunción rebatible de que todo despido es injustificado, y el Artí-culo 2 provee un listado de lo que se considerará justa causa para el despido. Para prevalecer en una causa de acción al amparo de la Ley 80, el empleado tiene que de-mostrar que sufrió un despido y que éste fue injustificado.

Por su parte, la Ley 100 atiende el discrimen en el empleo. Específicamente, el Artículo 3 de la Ley 100 es-tablece los elementos sustantivos de la causa de acción y el esquema probatorio que ha de seguirse en los casos parti-culares de despidos discriminatorios: (1) un despido, (2) que éste sea injustificado y (3) que se dé una modalidad del discrimen alegado. Como puede observarse, los primeros dos elementos sustantivos de una causa de acción al am-paro del Artículo 3 de la Ley 100 son idénticos a una causa de acción por la Ley 80 en su totalidad.

De entrada, es notable el hecho de que la Ley 100 no define qué constituye “justa causa” para el despido para efectos del Artículo 3, a pesar de que uno de los elementos constitutivos de la causa de acción es, precisamente, un despido sin justa causa. El historial de la Ley 100 revela, sin embargo, la intención legislativa de incorporar a ésta los criterios de la legislación que prohíbe los despidos sin justa causa. Cuando se aprobó la Ley 100 estaba vigente la Ley 50 de 20 de abril de 1949, sobre despidos ilegales, que fue eventualmente sustituida por la Ley 80. Es decir, el legislador de 1959 sabía que existía la Ley 50, y que ésta establecía expresamente lo que sería justa causa para el despido. Por lo tanto, es forzoso concluir que, al no incluir en la Ley 100 una definición específica de lo que constituye justa causa, el legislador adoptó la definición provista por la Ley 50 (hoy Ley 80). Así lo hemos interpretado du-rante casi medio siglo. Durante ese tiempo, hemos recu-rrido a la Ley 80 para determinar qué es justa causa bajo la Ley 100 y la Asamblea Legislativa no ha enmendado la Ley 100 para incluir otra definición de este término, lo cual es indicativo de la aprobación legislativa a esta práctica.

En Belk v. Martínez, analizamos la prohibición de dis-crimen por razón de matrimonio. Tras hacer referencia al elemento particular de esa modalidad de discrimen, que permite justificar el trato perjudicial si la relación matrimonial hace imposible el buen funcionamiento de la em-presa, manifestamos que “[s]ólo así se considerará el des-pido justificado. Cualquier otra justificación para el despido del empleado deberá ser evaluada conforme a los criterios de la Ley Núm. 80”. (Enfasis suplido.)

Pero la relación entre la Ley 80 y la Ley 100 no se limita a la utilización de la primera para interpretar el concepto “justa causa” establecido en la segunda. El desarrollo nor-mativo ha entrelazado ambos estatutos de tal manera que, como dice el profesor Chiesa Aponte, “la ausencia de justa causa es elemento necesario pero no suficiente para activar la causa de acción [de la Ley 100]”. (Énfasis suplido.) Más que un asunto de interpretación estatutaria, la rela-ción entre la Ley 80, particularmente sus Artículos 2 (defi-nición de justa causa) y 11 (presunción de que el despido fue injustificado), y la Ley 100 es de naturaleza sustantiva, asunto que tiene mayor visibilidad en el esquema probato-rio aplicable a ambas.

Para probar un caso al amparo del Artículo 3 de la Ley 100 hay que probar necesariamente un caso al amparo de la Ley 80. Por eso, en Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., ex-presamos: “Para activar la presunción se exige que el des-pido hubiera sido realizado sin justa causa. Bajo las defi-niciones del Art. 2 de la Ley de Despidos Injustificados, la [demandante] cumplió con este requisito y tenía derecho a hacer valer la presunción a su favor.” (Énfasis suplido. Como explica Chiesa Aponte, el hecho presumido del des-pido injustificado, que tiene su base estatutaria en la Ley 80, es “el elemento esencial de la causa de acción bajo la Ley 100”. (Énfasis suplido.)

Como secuela, en Díaz v. Wyndham fuimos enfáticos al resolver que, por definición, un despido discriminatorio siempre será injustificado. Esto, aunque nominalmente haya justa causa para el despido: “[N]o todo despido injus-tificado es discriminatorio a su vez; y, por el contrario, todo despido discriminatorio sí es injustificado.” (Énfasis suplido.) Lo que es más, en ese caso catalogamos los despidos en violación al Artículo 3 de la Ley 100 como “despido [s] injustificado [s] y discriminatorio [s]”. (Énfasis suplido.) Por eso es correcto afirmar que, para probar una violación a la Ley 100, tiene que haberse probado ne-cesariamente un caso al amparo de la Ley 80. De esa forma, por definición, un caso discriminatorio siempre será injustificado, aunque el patrono haya demostrado justa causa. En Wyndham exploramos con profundidad la inte-rrelación entre la Ley 80 y la Ley 100:

En síntesis, [el demandante] alegó que dicha actuación patro-nal constituyó un despido injustificado y discriminatorio, vio-lando así las disposiciones de la Ley Núm. 80, ante, y de la Ley Núm. 100, ante, de manera conjunta

También son ilustradoras nuestras manifestaciones so-bre qué ocurre cuando un empleado logra demostrar, en un caso por la Ley 100, que fue despedido sin justa causa pero no logra demostrar el discrimen alegado, y qué ocurre cuando, en efecto, el empleado logra establecer que hubo tal discrimen:

Si luego de presentada la totalidad de la prueba, queda de-mostrado que no hubo ánimo o intención discriminatoria en el despido, pero el demandado no logró establecer una justifíca-ción razonable para el mismo, esto es, no probó la justa causa, el tribunal deberá concluir que el despido fue injustificado y el empleado será acreedor, exclusivamente, a los remedios esta-blecidos en la Ley Núm. 80, ante. Si, por el contrario, el tribunal determina que el despido efectivamente fue discriminato-rio y, por ende, injustificado, entonces procederá a imponer los remedios provistos por la Ley Núm. 100, ante, exclusiva-mente,

Esto reafirma la norma de que los tribunales están obli-gados a dar los remedios a los cuales se tiene derecho se-gún la prueba, aunque no se hayan alegado directa-mente. Como explica Cuevas Segarra, “toda sentencia concederá el remedio al que tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando ésta no haya solicitado tal reme-dio en sus alegaciones. Los tribunales concederán lo que en derecho proceda y no lo que se les solicite”. En este caso, si una persona presenta una causa de acción al amparo del Artículo 3 de la Ley 100 alegando lo que hemos catalogado como un “despido injustificado y discriminatorio”, pero úni-camente logra demostrar (1) su despido y (2) que éste fue injustificado, corresponde otorgar los remedios de la Ley 80. Es decir, aunque no se haya reclamado específicamente al amparo de la Ley 80 sino únicamente según el artículo 3 de la Ley 100, si el demandante demuestra los elementos de una causa de acción por la Ley 80, como parte de su caso al amparo de la Ley 100, tendrá derecho al remedio de la mesada.

A esta conclusión ya habíamos llegado, con más fuerza, en Belk v. Martínez. En aquel caso, resolvimos que:

[S]i luego de presentada la totalidad de la prueba queda demostrado que no hubo ánimo discriminatorio para el des-pido, pero el demandado no logró establecer una justificación razonable para ésta (justa causa), el tribunal deberá concluir que el despido fue injustificado y el empleado será acreedor, exclusivamente, de los remedios establecidos en la Ley Núm. 80, supra, de despidos injustificados.

En cuanto a la interacción de los remedios según ambas leyes, resolvimos que, “[c]omo la Ley Núm. 100, supra, compensa por los daños sufridos por el empleado, estos da-ños incluyen remediar los mismos que la Ley Núm. 80, supra, indemniza”. (Enfasis suplido. Sobre eso abunda-mos como sigue: "Conceder una indemnización al amparo de dos (2) leyes distintas que tienen los mismos elementos, criterios y dependen de la misma prueba, penalizará al pa-trono dos (2) veces por un solo acto”. (Enfasis suplido. En cuanto a las alegaciones que sirven de base para una querella al amparo de la Ley 80 y el Artículo 3 de la Ley 100, en Belk también resolvimos que “[e]stas alegaciones son suficientes para establecer que el despido de Belk fue injustificado, según las definiciones del Art. 2 y la presun-ción del Art. [11] de la Ley Núm. 80 de despidos injustifi-cados, supra. De esta forma, quedó activada la presunción de discrimen del Art. 3 de la Ley Núm. 100, supra”. (Enfa-sis suplido.) Todo esto confirma que, para activar la pre-sunción del Artículo 3 de la Ley 100, hay que alegar y fun-damentar una causa de acción de despido injustificado según los elementos que establece la Ley 80, aunque no se mencione expresamente que la causa de acción surge al amparo de la Ley 80.

II

La norma general aplicable a la interrupción de los tér-minos prescriptivos es que el derecho castiga la inacción y la dejadez. La normativa vigente sobre la interrupción y congelación (suspensión) de los términos prescriptivos apli-cables a las causas de acción relacionadas a la reivindica-ción de derechos laborales, y la interacción entre estos tér-minos responde a este propósito y es muy abundante e ilustrativa. Enfrio, del Trabajo v. F.H. Co., Inc., 116 D.P.R. 823 (1986), nos topamos con la interrogante de si, en au-sencia de una disposición estatutaria a esos efectos, “la pre-sentación de una querella por discrimen en el empleo ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo in-terrumpe el período prescriptivo de un año para instar ju-dicialmente las acciones que surgen bajo la [Ley 100]”. En ese caso resolvimos que “sí interrumpe cuando la que-rella es notificada al querellado dentro del término pres-criptivo de un año”. “Resolver lo contrario”, manifesta-mos, “iría contra la política pública del Estado, pues serían pocos los trabajadores que acudirían en auxilio inicial-mente al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos por temor a que su reclamación prescribiera”. Igual ocu-rriría en casos como el de autos. Si se resuelve que una querella debidamente presentada ante la UAD por Ley 100 no interrumpe los términos para instar una acción por la Ley 80, se desincentiva el que los trabajadores recurran a esa entidad por miedo a perder su causa de acción base: que su despido fue injustificado.

Nuestras expresiones en Matos Molero v. Roche Pro ducts, Inc. son altamente ilustrativas para la situación de autos. En aquella ocasión, nos correspondía analizar si la presentación de una querella al amparo del Título VII federal ante la “Equal Employment Opportunity Commission” (EEOC) suspendía los términos para instar una causa de acción al amparo de la Ley 100 puertorriqueña en nuestros tribunales. Resolvimos que si. Esto, a pesar de que, a diferencia de la normativa federal, en Puerto Rico se puede ir directamente al tribunal en una demanda por vio-lación a la Ley 100 sin tener que agotar remedio adminis-trativo alguno o, incluso, esperar la determinación de la EEOC sobre la querella según el Título VIL

Nuestro fallo en Matos Motero fortalece la conclusión a la que se llega en la opinión mayoritaria en el caso de autos sobre una causa de acción por el Artículo 1802:

Cabe señalar, además, que el que una persona reclame sus derechos al amparo de la Ley Núm. 100, supra, o del Título VII no precluye el que pueda reclamar al amparo de cualquier otra ley.
Sobre este particular, en Johnson v. Railways Express Agency, 44 L.Ed. 2d 295 (1975), el Tribunal Supremo federal determinó que el recurrir al remedio provisto bajo el Título VII no afecta los reclamos en violación de derechos civiles al amparo de 42 U.S.C. see. 1981. El Tribunal resolvió que el presentar un cargo ante la E.E.O.C. no tenía el efecto de inte-rrumpir el término prescriptivo para presentar una acción en los tribunales, basados en los mismos hechos, al amparo de 42 U.S.C. see. 1981, ya que ambos remedios, aunque relaciona-dos, se consideran separados, distintos e independientes.
El ratio decidendi de estos casos es la separabilidad e inde- pendencia de los remedios que tiene una persona agraviada. (Énfasis suplido.

De lo anterior surge que, si un mismo evento genera diversas causas de acción, el efecto interruptor que tiene el ejercicio de una de éstas sobre las demás dependerá de la relación entre dichas causas. Ya hemos visto que, en la jurisdicción federal, la presentación de una querella al am-paro del Título VII no interrumpe en cuanto a la sección 1981. A igual conclusión hay que llegar en cuanto a la re-lación entre la Ley 100 y el Artículo 1802, pues son estatu-tos “separados, distintos e independientes”. Por el contra-rio, al examinar la relación entre la Ley 100 y la Ley 80 hemos visto que éstas “tienen los mismos elementos, crite-rios y dependen de la misma prueba”. (Énfasis suplido.) En Matos Molero, también hicimos referencia a la jurispru-dencia federal que permite la congelación de una causa debido a la presentación de otra si éstas “están totalmente relacionadas e integradas”. Si la presentación de una querella bajo el Título VII interrumpe y suspende los tér-minos prescriptivos de la Ley 100, a pesar de que la Ley 100 no es parte sustantiva de la causa de acción según el Título VII y, más importantemente, se permite recurrir directamente a un tribunal de Puerto Rico sin esperar la determinación del EEOC, es forzoso concluir que lo mismo ocurre en la relación entre la Ley 100 y la Ley 80, pues no son causas “separadas e independientes”y, por el contrario, están “totalmente relacionadas e integradas”.

En Matos Molero concluimos nuestro análisis de la ma-nera siguiente:

La norma qne hoy adoptamos no es otra cosa que la aplica-ción del principio firmemente establecido en nuestro Derecho de que la interrupción es la manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo. ...
En el caso de autos, la recurrente demostró cabalmente su interés en vindicar sus derechos.

Por otra parte, aunque una reclamación extrajudicial con efectos interruptores, en el contexto laboral, “puede manifestarse a través de diversos actos” y “no exige una forma especial”:

[T]oda reclamación extrajudicial deberá cumplir con los si-guientes requisitos para que constituya una interrupción a la prescripción: (1) debe ser oportuna, lo que exige que sea pre-sentada dentro del término establecido; (2) el reclamante debe poseer legitimación, por lo que la reclamación debe ser ejerci-tada por el titular del derecho o acción cuya prescripción pre-tende interrumpirse; (3) el medio utilizado para realizar la reclamación debe ser idóneo, y !4) debe existir identidad entre el derecho reclamado y aquel afectado por la prescripción.

En Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc. decidimos que la presentación oportuna de una querella ante la UAD inte-rrumpía los términos prescriptivos de una reclamación al amparo de la Ley 100 sin que hubiera un mandato legisla-tivo a esos efectos. Posteriormente, mediante la Ley Núm. 10-1991, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley 100 para “[d]isponer que, a partir de la notificación, dicho término prescriptivo quede, además de interrumpido, en suspenso o congelado (o sea, que no empezará a correr de nuevo), mientras la querella se continúe tramitando en el Depar-tamento del Trabajo y Recursos Humanos y no se haya notificado al patrono querellado la determinación del Se-cretario del Trabajo en cuanto a la reclamación”. La Asamblea Legislativa citó con aprobación nuestra opinión al expresar que su objetivo al enmendar la Ley 100 era actuar “en beneficio de nuestra clase trabajadora”.

En Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc. llenamos una la-guna estatutaria al reconocer el efecto interruptor de la presentación de una querella ante la UAD al palio de la Ley 100 —laguna que eventualmente fue atendida por la legislatura adoptando nuestro fallo— y también lo hicimos en Matos Motero, cuando dimos idéntico efecto a la presen-tación de una acción al amparo del Título VII en la EEOC. Igual conclusión era requerida en este caso: la oportuna presentación de una querella ante la UAD al amparo del Artículo 3 de la Ley 100 sobre despidos injustificados y discriminatorios interrumpe y congela una reclamación al amparo de la Ley 80 sobre despidos injustificados.

III

Los hechos particulares de este caso fortalecen esta conclusión. Aquí, el peticionario Serrano Rivera presentó una corta querella pro se ante la UAD en la que expuso: “Estuve trabajando con Foot Locker desde 8-12-78 hasta 10-15-02 y fui despedido y sustituido por una persona más joven que yo[, a] pesar de un excelente trabajo en esos 24 años. Por lo que me siento discriminado por mi edad.” Es evidente que el peticionario alegó la existencia de un despido (“fui despedido”), que éste fue injustificado (“a pe-sar de un excelente trabajo en esos 24 años”) y que se dio urna modalidad de un discrimen prohibido (“sustituido por una persona más joven que yo”). De esta forma, es obvio que interrumpió su causa de acción al amparo del artículo 3 de la Ley 100. La opinión mayoritaria reconoce esta realidad. Sin embargo, de esta misma querella surge una alegación suficiente según la Ley 80: la existencia de un despido sin justa causa. Es decir, a lo mínimo, están pre-sentes los elementos identificados en Maldonado v. Russe, pues evidentemente hay “identidad de propósitos” entre ambas reclamaciones, tanto así que para reclamar la pro-tección de una disposición estatutaria (Ley 100) necesaria-mente tiene que reclamarse la violación a la otra (Ley 80). Sin duda, se trata de un trabajador despedido que está vindicando activamente sus derechos. No estamos ante un empleado que se cruzó de brazos. Por el contrario, confió en la política pública que le incentivó a presentar su querella ante la UAD. Resolver que su reclamación al amparo de la Ley 100 está viva pero su reclamación según la Ley 80 está prescrita derrotaría la política pública e ignoraría el desa-rrollo jurisprudencial y legislativo.

IV

En el caso de autos, la opinión mayoritaria no analiza qué efectos, si algunos, tendría la presentación oportuna de una querella al amparo del Artículo 3 de la Ley 100 sobre una causa de acción al palio de la Ley 80. En vez, dispone que “no nos expresaremos en estos momentos acerca de si la presentación y posterior notificación opor-tuna de una querella al amparo de la Ley Núm. 100, supra, en la Unidad Antidiscrimen paraliza o no el término de tres años que provee la Ley Núm. 80, supra”. Entiendo que nada impedía que aprovecháramos este momento para atender esta interrogante, independientemente de si con-cluyéramos que esa presentación congelaba, interrumpía o no tenía efecto alguno sobre un caso al amparo de la Ley 80. En mi caso particular y por lo expresado anterior-mente, concluyo que la presentación congela, o a lo mínimo interrumpe, la causa de acción al palio de la Ley 80. Por eso, en este caso, la demanda del señor Ismael Serrano Rivera por despido injustificado no estaba prescrita. Confío que en un futuro cercano, cuando el Tribunal vuelva a to-parse con esta interrogante, proveerá una contestación adecuada que dé plena eficacia a la política pública vigente en nuestro país de erradicar el discrimen en el empleo y castigar los despidos caprichosos.

       Se notificó a Foot Locker el 6 de marzo de 2003.

       Se notificó a Foot Locker el 7 de abril de 2003.

       El 9 de septiembre de 2008 los peticionarios presentaron una “Moción de Réplica a Moción de Sentencia Sumaria Parcial”, a la cual Foot Locker presentó su “Oposición” el 10 de octubre de 2008.

       Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, emi-tida el 12 de noviembre de 2008. A pesar de que la sentencia parcial fue notificada en un formato OAT-704 (notificación de sentencia), ésta no concluye expresamente que no existía razón para posponer emitir sentencia en cuanto a una o más de las recla-maciones o partes hasta la resolución final del pleito, como dispone la Regla 43.5 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III). Por lo anterior, nos encontramos ante una resolución interlocutoria y no una sentencia parcial. Véanse: Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 D.P.R. 315, 326-327 (2001); Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 D.P.R. 300, 311-312 (1997).

       Los peticionarios presentaron ante este Tribunal un recurso de apelación por entender que existía un conflicto sustancial entre la “sentencia parcial” dictada en su caso ante el Tribunal de Apelaciones y otra sentencia de ese foro sobre cuándo co-mienza a transcurrir el término prescriptivo en acciones por daños y perjuicios, al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, instada por el cónyuge de un empleado que se alega fue despedido sin justa causa y discriminado por su patrono. Sin embargo, mediante resolución emitida el 15 de enero de 2010, este Tribunal acogió la solicitud de apelación presentada por los peticionarios como una petición de certiorari, pues el recurso presentado no cumplió con lo dispuesto en la Regla 18 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, ni con lo dispuesto en el Art. 3.002(b)-(c) de la Ley de la Judicatura de 22 de agosto de 2003 (4 L.P.R.A. sec. 24(b)-(c)).

        Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 188 (2002), citando a Galib Frangle v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560 (1995).

       J. Castán Tobefias, Derecho Civil español, común y foral, 15ta ed., Madrid, Ed. Reus, 2007, T. I, Vol. 2, pág. 881.

        Ortiz v. P.R. Telephone, 162 D.P.R. 715, 733 (2004); Culebra Enterprises Corp. v. E.LA., 127 D.P.R. 943, 950 (1991); Cintrón v. E.LA, 127 D.P.R. 582, 588 (1990).

       Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5298.

        Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 189; Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 246 (1984).

       29 L.P.R.A. see. 150.

       Véanse: Maldonado v. Russe, 153 D.RR. 342, 353 (2001); Srio. del Trabajo v. RH. Co., Inc., 116 D.P.R. 823, 824 (1986).

       Se notificó a Foot Locker el 7 de abril de 2003.

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (1976 Leyes de Puerto Rico 267).

      29 L.P.R.A. sec. 185a.

       29 L.P.R.A. sec. 185b.

       29 L.P.R.A. sec. 185k.

       29 L.P.R.A. sec. 1851.

       Estas expresiones no deben interpretarse como una opinión del Tribunal al respecto.

        Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 137 D.P.R. 1, 14 (1994).

       íd., pág. 5; Maldonado v. Banco Central Corp., 138 D.P.R. 268, 274 (1995).

        Arroyo López v. E.L.A., 126 D.P.R. 682 (1990).

        Maldonado v. Banco Central Corp., supra, pág. 276.

       íd.

       Transcripción expedita tomada el 8 de julio de 2008 en las oficinas del bufete Goldman Antonetti & Córdova, P.S.C.

       29 L.P.R.A. sec. 185a et seq.

       29 L.P.R.A. sec. 185k.

       29 L.P.R.A. sec. 185b.

       29 L.P.R.A. see. 146 et seq.

       29 L.P.R.A. 148. Nuestra jurisprudencia ha sido contradictoria y fluida en cuanto a este último elemento, pero, como veremos, ha habido unanimidad a través de los años en cuanto a los primeros dos.

       El historial legislativo de la Ley 100, si bien no hace referencia expresa a la entonces Ley 50 (hoy Ley 80), sí denota la insistencia en el elemento de “justa causa” como ingrediente constitutivo de la causa de acción. Véase Diario de Sesiones, Senado de Puerto Rico, 30 de marzo de 1959, pág. 686.

       En varias ocasiones hemos recurrido a la definición de justa causa de la Ley 80 al discutir un caso al amparo de la Ley 100. Véanse: Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 502 esc. 7 (1985); Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., 114 D.P.R. 42, 50 esc. 2 (1983).

        Belk v. Martínez, 146 D.P.R. 215 (1998).

       Id., pág. 230. Véase E. Rivera Ramos, Derecho Probatorio, 68 Rev. Jur. U.P.R. 491, 512 (1999).

       E.L. Chiesa Aponte, Derecho Probatorio, 70 Rev. Jur. U.RR. 577, 599 (2001).

        Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., supra, pág. 56. Véase, además, Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo Inc., 126 D.P.R. 117 (1990).

       Chiesa Aponte, supra, págs. 594-595.

        Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 387 (2001).

       íd., pág. 391.

       íd., pág. 368.

       íd., pág. 391.

       Si bien en este caso el demandante presentó una causa de acción tanto por la Ley 100 como por la Ley 80, nuestras expresiones en ese caso aplican a situaciones como la de autos, pues los tribunales otorgan los remedios a los cuales tiene derecho según probados y no únicamente los solicitados.

       J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Eds. J.T.S., 2000, T. II, pág. 704.

        Belk v. Martínez, supra, pág. 232.

       íd, pág. 241.

        íd.

       íd, pág. 236.

        De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238, 245 (1985). Véase Feliciano v. A.A.A., 93 D.P.R. 655, 660 (1966).

        Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc., 116 D.P.R. 823, 824 (1986).

       Id.

       íd., págs. 827-828.

        Matos Motero v. Boche Products, Inc., 132 D.P.R. 470 (1993).

       íd., pág. 478.

       Cabe recordar que la relación entre la ADEA (o el Título VII en su totalidad) y nuestra Ley 100 no es de correspondencia absoluta. Por el contrario, desde Ibáñez v. Molinos de P.B., Inc., supra, pág. 46, hemos enfatizado, precisamente, en lo dife-rentes que son los estatutos. No obstante, en Matos Motero v. Boche Products, Inc., supra, resolvimos que la presentación de una causa al amparo del Título VII sus-pende los términos bajo la Ley 100.

        Matos Molero v. Roche Products, Inc., supra, págs. 483-484.

        Belk v. Martínez, supra, pág. 241.

        Matos Molero v. Roche Products, Inc., supra, pág. 487.

       íd.

       íd., pág. 353. Véase, además, Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170 D.P.R. 205 (2007) (Sentencia).

       1991 Leyes de Puerto Rico 38.

       íd.

       Apéndice del Alegato de la parte apelada, pág. 8.

       Opinión mayoritaria, pág. 836.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Yesenia Vázquez Torres.

      Número: TS-16,169

      Resuelto: 15 de septiembre de 2011

      Guillermo Figueroa Prieto, abogado de la querellada.
   per curiam:

El 30 de junio de 2011, emitimos una opinión per curiam mediante la cual suspendimos inmediata e in-definidamente de la profesión a la Sra. Yesenia Vázquez Torres, conforme a lo dispuesto en la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735). Véase In re Vázquez Torres I, 182 D.P.R. 431 (2011). A raíz de esto, comparece ante nos la representación legal de la referida abogada y solicita que reconsideremos nuestra posición y la readmi-tamos al ejercicio de la abogacía. Por los fundamentos que se exponen a continuación, reducimos su suspensión a un plazo de seis meses.

I

El 27 de mayo de 2009 la abogada de epígrafe fue acu-sada por un Gran Jurado, junto al Sr. José D. Figueroa Agosto T/C/C Junior Cápsula, de los cargos de “False Statement in Application for a Passport and Aiding and Abetting”, 18 U.S.C.A. sec. 1542 and 2, y “Furnishing a Passport which was Secured by Reason of a False Statement”, 18 U.S.C.A. sec. 1542. Luego de llegar a un preacuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la señora Vázquez Torres se declaró culpable de perjurio en el caso United States v. Yesenia Vázquez Torres, 10-CR-143 (JAF), el 26 abril de 2010.

De los hechos estipulados en ese preacuerdo surge que en o alrededor del 17 de diciembre de 1999, ésta acompañó al señor Figueroa Agosto a la Oficina de Pasaportes del Departamento de Estado de Puerto Rico. Allí, Figueroa Agosto solicitó un pasaporte bajo el nombre ficticio de “Angel F. Rosa Rivera”. Por su parte, la señora Vázquez Torres solicitó un pasaporte a su nombre. En dichas solicitudes de pasaportes, ambos ofrecieron la misma dirección residen-cial —la de Vázquez Torres— a sabiendas de que Figueroa Agosto no residía allí. En específico, la licenciada Vázquez Torres se declaró culpable de “Official certificates or writings”, según dispuesto en el Capítulo 47 del Título 18 del United States Code Annotated, 18 U.S.C.A. sec. 1018. Dicho delito preceptúa:

Whoever, being a public officer or other person authorized by any law of the United States to make or give a certificate or other writing, knowingly makes and delivers as true such a certificate or writing, containing any statement which he knows to be false, in a case where the punishment thereof is not elsewhere expressly provided by law, shall be fined under this title or imprisoned not more than one year, or both. Id.

Como consecuencia de estos hechos, y tras habérsele provisto un término de diez días para mostrar causa, me-diante una Resolución de 13 de mayo de 2011, la suspen-dimos del ejercicio de la abogacía. En nuestra Opinión del 30 de junio de 2011 expresamos que cuando un abogado se declara culpable de unos hechos que implican depravación moral y falta de honradez, corresponde la separación de la profesión. In re Andújar Figueroa, 156 D.P.R. 873 (2002); In re Rivera Medina, 127 D.P.R. 600 (1990).

II

A. Inconforme, la representación legal de Vázquez Torres compareció ante nos y solicitó la reconsideración de nuestra Opinión y la reinstalación de la abogada en la profesión. En síntesis, hizo dos planteamientos princi-pales. En su argumento principal, la representación legal de Vázquez Torres alega que un desaforo causado por la condena de un delito conforme a la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, solo se puede realizar contra aboga-dos que cometen delitos durante el ejercicio de la profesión. Cuando un abogado comete una conducta antes de ejercer la profesión, según aduce, este Tribunal tiene el poder de investigarla y tomar medidas antes de admitirle en la profesión. Además, sostiene que para poder desaforar al abogado al amparo de la referida disposición estatutaria, es necesario un juicio disciplinario que incluya todas las garantías del debido proceso, pues está en juego el derecho a ganarse el sustento y la vida. En apoyo de esa contención cita los casos In re Ruffalo, 390 U.S. 544 (1968), e In re Pérez Riveiro, 180 D.P.R. 193 (2010).

De igual forma, sostiene que, a la luz de In re Belén Trujillo, 128 D.P.R. 949 (1991), cuando el Tribunal pre-tende disciplinar a un abogado por conducta ocurrida antes de ser admitido en el ejercicio de la abogacía es necesario llevar a cabo un proceso con todas las garantías correspondientes. Por ello, alega que el plazo de diez días que le concedimos para mostrar causa por la cual no debía ser suspendida de la profesión mediante nuestra Resolución de 13 de mayo de 2011, no satisfizo los imperativos del debido proceso de ley que requieren los procesos disciplinarios.

Así las cosas, debemos recalcar que el uso y costumbre de este Tribunal al atender procedimientos al amparo de la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, es proveer un término mínimo para que el abogado convicto se exprese. Esto, pues contrario a un proceso disciplinario formal, no se requiere un procedimiento evidenciario para examinar una violación ética.

El hecho que activa la función disciplinaria en el caso de autos es cierto y constatable: una condena por delito. Como claramente señala la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, ese hecho es la condena, no la comisión del delito. De ahí que el texto aplicable dispone que “el abo-gado ... que fuere culpable de cualquier delito que impli-care depravación moral, podrá ser suspendido”. (Enfasis suplido.) El abogado ya tuvo la oportunidad de un debido proceso frente a la acusación de la comisión del delito.

Tal y como expresamos en In re Pérez Riveiro, supra, pág. 199, citando a In re Ruffalo, supra, “[l]os procedimientos disciplinarios son de naturaleza cuasi-penal, pues se sanciona a un abogado por determinada conducta en aras de proteger al público general”. Como correctamente señala la peticionaria, en dichos procesos está en juego el derecho de un abogado a ganarse el sustento. Por ello, en estos casos, los abogados son acreedores de las garantías del debido proceso de ley, el cual se satisface siempre que se le provea al abogado querellado la oportunidad de responder y defenderse de los cargos imputados y notificados, así como de ofrecer las teorías en las que se basen. In re Pérez Riveiro, supra; Zauderer v. Office of Disciplinary Counsel, 471 U.S. 626, 654-655 (1985).

Además, las exigencias mínimas del debido proceso de ley incluyen el ser notificado adecuadamente de los cargos en su contra, la oportunidad de ser oído, el derecho a con-trainterrogar y a examinar la prueba documental y material presentada por la otra parte. In re Ríos Ríos, 175 D.P.R. 57 (2008); Salvá Santiago v. Torres Padró, 171 D.P.R. 332, 343 (2007).

Por otra parte, en In re Belén Trujillo, supra, resolvimos que el Tribunal tiene el poder inherente para investigar y determinar si cierta conducta ejercida por una persona antes de convertirse en abogado puede ser considerada para removerlo del ejercicio de la profesión.

No obstante, vemos que, en casos como el de autos, no hay nada que investigar, pues es la condena en el foro es-tatal o federal la que activa el proceso disciplinario. Es por ello que las exigencias de debido proceso aquí menciona-das, corresponden a la etapa en la cual el Tribunal recibe la prueba contra el abogado y, por lo tanto, resultan inapli-cables a los hechos del presente caso. De esta forma, no habiendo controversia sobre el hecho de que la abogada Vázquez Torres es la persona implicada en la sentencia condenatoria, entendemos que el término de diez días pro-visto para que dicha abogada ofreciera razones por las cua-les no debía ser suspendida le brindó suficiente tiempo para controvertir cualquier asunto referente a su condena.

B. Por otro lado, también adujo que los hechos que die-ron paso a la declaración de culpabilidad ocurrieron en 1999, cuando la hoy abogada todavía ni siquiera era estu-diante de derecho. La representación legal de la señora Vázquez Torres añade que ella simplemente cometió un error de juventud al permitirle a un cliente de su patrono utilizar su dirección residencial para solicitar un pasaporte. En ese momento, según alega, desconocía que Figueroa Agosto era un prófugo. Por ello, adujo que se sor-prendió cuando fue acusada en el 2009.

Si bien es cierto que los hechos por los cuales se declaró culpable la abogada de epígrafe ocurrieron antes de esta haber estudiado derecho, discrepamos de su apreciación al describirlo como un error de juventud. Los hechos estipu-lados como parte de la alegación preacordada de culpabili-dad difieren marcadamente de las alegaciones traídas ahora por la abogada. La señora Vázquez Torres no prestó meramente su dirección para que el señor Figueroa Agosto recibiera en su casa el pasaporte fraudulento que iba a solicitar. Conforme a la estipulación suscrita por la señora Vázquez Torres, esta lo acompañó a sabiendas de que él iba a mentir en el documento. Además, ella llenó una solicitud de pasaporte propia, por lo que tenía que conocer el tipo de aseveraciones falsas que contenía la solicitud de Figueroa Agosto. Posteriormente, ella recibió el pasaporte y se lo entregó al señor Figueroa Agosto.

A pesar de que no podemos tomar livianamente el com-portamiento de la señora Vázquez Torres, somos conscien-tes de que en el presente caso existen una serie de ate-nuantes que deben pesar sobre nuestra función disciplinaria. Entre estos está el tiempo transcurrido entre la conducta y la eventual aceptación de culpabilidad, el hecho de que la abogada cumplimentó verazmente su soli-citud de admisión, al ejercicio de la abogacía y de que se ha desempeñado por más de dos años en la práctica sin seña-lamientos éticos. Por último, entendemos que esta con-ducta representa un hecho aislado y que no se han visto afectados clientes de la señora Vázquez Torres en su prác-tica legal.

III

A la luz de los fundamentos antes expuestos, hemos re-considerado nuestra posición sobre la indefinición de la suspensión de la abogada Vázquez Torres. En vista de los atenuantes antes expresados, acordamos que la suspen-sión sea por un término de 6 meses. En particular, toma-mos en consideración el tiempo transcurrido entre la con-ducta y la eventual aceptación de culpabilidad, el hecho de que la abogada cumplimentó verazmente su solicitud de admisión al ejercicio de la abogacía y de que se ha desem-peñado por más de dos años en la práctica sin señalamien-tos éticos. Asimismo, entendemos que esta conducta repre-senta un hecho aislado y que no se han visto afectados los clientes de la señora Vázquez Torres en su práctica legal.

Por otra parte, nos reafirmamos en los señalamientos que hiciéramos en In re Belén Trujillo, supra, con relación a nuestro poder inherente para investigar y resolver si de-terminada conducta de una persona antes de ser abogado puede ser considerada para removerlo como tal cuando sa-bemos de ello una vez es abogado, ya sea mediante el me-canismo de nombrar un Comisionado para que investigue y haga recomendaciones sobre el particular; de referir el asunto a la Comisión de Reputación, o cualquier otro me-canismo que cuente con las garantías procesales correspondientes. En casos como el de autos, cuando ha quedado demostrada la condena, procede el ejercicio inme-diato de nuestra función disciplinaria con las consecuen-cias que hemos expresado.

Se le apercibe a la señora Vázquez Torres que en el fu-turo deberá cumplir estrictamente con los cánones del Có-digo de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y el ordena-miento que rige el ejercicio de la profesión legal en Puerto Rico.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón reconsidera-ría, reinstalando a la Leda. Yesenia Vázquez Torres al ejer-cicio de la abogacía inmediatamente. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino.