author: Juez Asociado Señor Martínez Torres, al que se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señor Kolthoff Caraballo, Señor Rivera García y Señor Feliberti Cintrón. Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. Jueza Asociada Oronoz Rodríguez, al cual se unen la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

text:
    Lcdo. Thomas Rivera Schatz, peticionario, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico et als., recurridos.

      Número: CT-2014-8

      Resuelto: 30 de julio de 2014

      Eliezer Aldarondo Ortiz, Rosa Campos Silva y Eliezer Aldarondo López, de Aldarondo & López Bras, abogados del peticionario; Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Tonaira Padilla Rodríguez, subprocuradora general, y Mónica Cordero Vázquez, procuradora general auxiliar.
   RESOLUCIÓN

Examinado el Recurso de Certificación Intrajurisdiccional presentado por el peticionario de epígrafe, se declara “con lugar”. Art. 3.002(e) de la Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24y); Regla 52.2(d) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V. Véase AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros IV, 190 DPR 469 (2014). Consecuentemente, conforme con la Regla 23(b)(2) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRAAp. XXI-B, el caso pasa en su totalidad a la atención de este Tribunal.

A la Urgente Moción en Oposición a Recurso de Certificación, presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se provee “no ha lugar”.

Por otro lado, se paralizan los efectos de la Ley Núm. 109-2014 hasta tanto otra cosa disponga este Tribunal. Regla 57.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V. Véase AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, 190 DPR 88 (2014) (Resolución).

Se le concede a la parte peticionaria hasta el 6 de agosto de 2014 para acreditar a este Tribunal que emplazó a las partes recurridas. Una vez se acredite esa gestión, las partes contarán con un término de diez (10) días naturales contados a partir de la notificación a este Tribunal para presentar alegaciones responsivas, incluso sus respectivos alegatos.

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o teléfono, y por la vía ordinaria.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió un voto de conformidad, al que se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo, el Juez Asociado Señor Rivera García y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular disidente. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez emitió un voto particular disidente, al que se unieron la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Martínez Torres, al que se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señor Kolthoff Caraballo, Señor Rivera García y Señor Feliberti Cintrón.

Estoy conforme con la Resolución que antecede. En AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, 190 DPR 88 (2014), dejamos claro que el Poder Judicial tiene facultad para emitir un injunction cuando una demanda contiene alegaciones tan serias y sustanciales que ameritan adjudicarse. Véase, además, R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 5ta ed., Lexis-Nexis, 2010, pág. 359.

En primer lugar, en este caso se alega que la ley impugnada (P. de la C. 1366) atenta contra el poder inherente de reglamentación de la profesión legal sobre la cual este Foro tiene primacía. Véanse: In re Rodríguez Zayas, 190 DPR 796 (2014); In re Figueroa Vivas, 182 DPR 347 (2011); In re Gervitz Carbonell, 162 DPR 665, 699 (2004); In re Bosch, 65 DPR 248 (1945); Ex parte Jiménez, 55 DPR 54 (1939).

En segundo lugar, se desprende de la demanda juramentada que en este caso se invocan importantes derechos civiles de los abogados, incluyendo el demandante (derecho de expresión y de asociación), que requieren nuestra atención inmediata.

Como mencionamos en AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, supra, es innecesario celebrar una vista evidenciaría como requisito previo para emitir un injunction preliminar cuando no existen controversias de hechos materiales. Luego de analizar con detenimiento el expediente de este caso, es forzoso concluir que la demanda presentada contiene alegaciones serias y sustanciales de derecho que ameritan la expedición del injunction preliminar para suspender los efectos de la ley impugnada. Véase AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, supra. Aquí se alegó bajo juramento que la ley impugnada priva a la parte demandante de derechos reconocidos por la Constitución de Puerto Rico, por lo que aplica la excepción que establece el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA see. 3524.

Ante este cuadro, es risible la alegación que hace la Procuradora General en la pág. 4 de su oposición al señalar que emitir esta orden, sin vista previa, le viola al Estado su derecho a un debido proceso de ley. Oposición procurador general, pág. 4. Hasta un estudiante de primer año de derecho sabe que “[l]os derechos constitucionales que recoge la Carta de Derechos le asisten a los individuos frente al estado, no viceversa. Estos derechos no pueden extenderse al Gobierno”. Mun. Fajardo v. Srio. Justicia et al., 187 DPR 245, 262 (2012). Véase, además, P.P.D. v. Gobernador II, 136 DPR 916, 923 (1994). Los derechos civiles pertenecen a los ciudadanos para protegerlos, precisamente, del Estado. íd.

Además, en su moción en oposición, “la Procuradora General no ha impugnado ninguna de las alegaciones juramentadas que han hecho los peticionarios en este caso. Así, pues, no creó una controversia fáctica que impidiera la emisión de nuestra orden provisional de paralización”. AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, supra, pág. 507.

Para finalizar, debe quedar claro que el proceso que he-mos pautado no coarta el derecho de la disidencia a expresar su sentir por escrito. Véase Regla 5(b) de nuestro Reglamento, 4 LPRAAp. XXI-B. Este calendario acelerado es necesario para proteger los intereses importantes, cuya posible violación se alega en la demanda jurada, y para defender la independencia de esta Rama Judicial que los padres fundadores de la Constitución nos encomendaron y que tenemos que salvaguardar con el mayor celo y compromiso. ¿Cuál es el “abuso”? ¿Proteger los derechos de los abogados y las facultades constitucionales de este Tribunal o la ley que recién se aprobó y ahora se impugna? Frente a lo aquí planteado, no hay que quejarse de cuántas horas se dieron para emitir la Resolución de hoy. De hecho, se concedió el doble de las tres horas que se le dieron a los Jueces Asociados Señores Rebollo López, Corrada Del Río y Rivera Pérez en Suárez v. C.E.E. I, 163 DPR 347 (2004), para expresar su disidencia a la decisión que adjudicó las elecciones del 2004. Véase Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 162 (2010), voto particular del Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

Al leer la disidencia, el lector podría pensar que lo que se pretende es que se lea El Quijote en seis horas. En realidad lo que hay que leer es un recurso de certificación de veintiocho páginas con un apéndice de cincuenta y un folios, más una oposición de cinco páginas. Lo demás es cuestión de conocer el derecho y aplicarlo. En otras palabras, es cuestión de dedicarse a trabajar, porque para eso el Pueblo nos paga. No estamos aquí para hacernos de la vista larga ante alegaciones plausibles de violaciones de derechos ni para claudicar ante la posible usurpación de las facultades que la Constitución le delegó a este Tribunal. Eso es lo que diferencia el trámite de este recurso en comparación con lo que hicimos en Col. de Abogados v. E.L.A., 181 DPR 135 (2011). Como explicamos entonces, ninguna de las leyes impugnadas entonces “usurpó el poder de este Tribunal para reglamentar la profesión de la abogacía en Puerto Rico” y “toda vez que la legislación que nos ocupa va dirigida a hacer voluntaria la membresía en el Colegio de Abogados de Puerto Rico” “no [era] necesaria nuestra intervención”. íd., págs. 136-137. Ahora se alega que estamos ante la situación contraria. No podríamos exigir que otros respeten nuestras facultades constitucionales si nosotros mismos no lo hacemos. Si eso no requiere nuestra atención urgente, entonces seríamos el tribunal más inútil de Puerto Rico. Si a esa irrelevancia es a la que aspira el bloque disidente, mi única respuesta es la del proverbio chino:“cuidado con lo que deseas”.

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

En el pasado nos hemos expresado en innumerables ocasiones sobre el uso y abuso del recurso de certificación intrajurisdiccional por una mayoría de este Tribunal. Véase, por ejemplo, Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011). Este recurso, por su naturaleza, supone ser utilizado excepcionalmente, pues altera el trámite ordinario de nuestros tribunales. Rivera v. J.C.A., 164 DPR 1 (2005). Pese a nuestra oposición, utilizar este recurso ha sido la norma para el bloque mayoritario cuando se trata del resguardo de ciertos intereses. El caso de hoy es el mejor ejemplo.

En el recurso de certificación ante nuestra consideración se impugna la Ley Núm. 109 de 28 de julio de 2014 porque ésta requiere la colegiación compulsoria y el pago de la colegiación como condición para ejercer la práctica de la abogacía y la notaría. Sobre este asunto, la ley establece lo siguiente:

Los abogados que a la fecha en que entre en vigor esta Ley no estén colegiados deberán cumplir con dicho requisito en un término no mayor de noventa (90) días a contarse desde el lero de enero del próximo año natural posterior a la entrada en vigor de esta Ley. (Énfasis suplido.) Art. 11 de la Ley Núm. 109 de 28 de julio de 2014.

Es decir, cualquier incidencia sobre los asuntos planteados por los peticionarios no surtiría efecto hasta noventa días después del 1 de enero de 2015. No obstante, a menos de veinticuatro horas de haberse presentado el recurso de certificación y mientras el Tribunal está en receso, lo que supone que una mayoría de los jueces y juezas apenas tuvo tiempo para evaluar el recurso, una mayoría da paso a la certificación presentada. Me pregunto —ya al cansancio— ¿por qué la urgencia? ¿Qué razones justifican la premura? La respuesta la ha venido hilvanando una mayoría de este Tribunal en su inusitado proceder al atender recursos de certificación intrajurisdiccional, particularmente en instancias en que permean asuntos de índole político-partidista.

No es de extrañar, entonces, que hoy una mayoría opte por encontrar razones para certificar esta controversia. Esto contrasta, por ejemplo, con el interés que no encontró una mayoría de este Tribunal hace apenas unos años cuando se nos solicitó que nos expresáramos sobre intereses similares a los hoy en controversia en Col. de Abogados v. E.L.A., 181 DPR 135 (2011). En aquella ocasión, sin embargo, era otra la parte demandante y otra la administración de turno.

En el ejercicio de nuestra competencia jurisdiccional constitucional, estamos llamados a proteger y preservar los derechos del ciudadano frente a los excesos de poder del Estado. Ello nos obliga, necesariamente, a evaluar las acciones del Estado para cerciorarnos que éstas no chocan con los parámetros de la Constitución. Lo que implica, evidentemente, que toda legislación promulgada se puede so-meter a la evaluación judicial para considerar si es acorde a los parámetros que establece la Constitución.

En el ejercicio de esta extraordinaria competencia, los tribunales deben ser juiciosos, sensatos y prudentes sobre cuándo y cómo abordar estas controversias pues, de lo contrario, “corren el peligro de convertirse en actores políticos”. Rudolf Mellinghoff, Los tribunales constitucionales entre la autolimitación judicial y la injerencia político constitucional, pág. 3, disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/ publica/librev/rev/dconstla/cont/2011/pr/pr31.pdf. Es precisamente ante ese peligro, que los tribunales, preocupados por su propia legitimidad, han recurrido a la doctrina de la autolimitación judicial. Esta doctrina exige, o le impone, a ese juez prudente reflexionar sobre el sabio ejercicio de la competencia constitucional.

No se cuestiona que “el Estado constitucional requiere, como condición indispensable de su realización, una jurisdicción constitucional independiente que controle los otros órganos constitucionales y los obligue a actuar de conformidad con la Constitución”. Mellinghoff, supra, pág. 10. Eso es una verdad de Perogrullo. Ese presupuesto no supone, sin embargo, que este Tribunal esté investido de un papel preponderante frente a los otros dos poderes constitucionales.

La Asamblea Legislativa es un órgano que también interpreta la Constitución y lo tiene que hacer para cerciorarse de que toda pieza que aprueba no conculque los derechos de los ciudadanos, según delineados en la Constitución. Es por ello, entre otras razones, que toda legislación se presume constitucional. Esta realidad tiene que ser respetada y no ninguneada por este Tribunal. Si bien este Foro es el último intérprete de la Constitución, la Legislatura es su intérprete inicial. El respeto que exigimos a nuestras Opiniones es el mismo que les debemos a los otros actores constitucionales. No podemos exigir que otros nos respeten cuando nosotros no les respetamos.

Con el proceder de hoy, de aceptar una certificación intrajurisdiccional en menos de veinticuatro horas de presentada, nos inmiscuimos a destiempo en esta controversia con visos de adelantar un juicio político sobre la misma. La prudencia exigía que en un ejercicio de autolimitación judicial no interviniéramos en la controversia en esta etapa de los procedimientos. Al hacer lo contrario, el bloque mayoritario continúa erosionando la legitimidad de este Foro, transformándolo en un ente inconsecuente para el País. Por entender que no existe fundamento jurídico alguno para expedir esta certificación y atender con urgencia una ley que no surtirá efecto hasta abril de 2015, disiento.

Voto particular disidente emitido por la

Jueza Asociada Oronoz Rodríguez, al cual se unen la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Disiento por entender que el proceder de una mayoría de este Tribunal no solo es precipitado, sino también contrario a derecho. Primero, no existe urgencia alguna que justifique abusar del recurso excepcional de certificación intrajurisdiccional y obviar el trámite ordinario que debe seguir la demanda de epígrafe. Segundo, la solicitud presentada por el Ledo. Thomas Rivera Schatz no cumple con los requisitos que nuestro ordenamiento exige para paralizar los efectos de una ley que se presume válida y constitucional.

I

Los hechos procesales que originan la Resolución de la cual disiento son breves. El lunes 28 de julio de 2014, el licenciado Rivera Schatz presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia. En ésta, impugnó la constitucionalidad de la Ley Núm. 109-2014, aprobada ese mismo día (Ley de Colegiación Compulsoria), y solicitó un injunction preliminar para suspender su implantación. Ayer, 29 de julio de 2014, a las 10:35 a. m., presentó la solicitud de certificación que hoy atendemos. Nos solicitó que certificáramos intrajurisdiccionalmente la demanda que presentó ante el foro primario. En solo horas, una mayoría de este Tribunal decidió conceder lo solicitado y certificar una Resolución a esos efectos, a mi entender, erradamente.

II

La Regla 23 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, rige el procedimiento para las certificaciones intrajurisdiccionales. A pesar de que esta regla dispone que este recurso se expedirá discrecionalmente, ello no nos autoriza a abusar de este recurso para adelantar la consideración de pleitos que todavía están en las etapas más tempranas de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia.

El caso de epígrafe no se limita estrictamente a controversias de derecho. Entre las alegaciones incluidas en su demanda, el licenciado Rivera Schatz cuestiona el interés apremiante del Estado para aprobar la Ley de Colegiación Compulsoria. En particular, señala que

[...] en ningún lugar en la referida ley se hace mención de problema alguno que las disposiciones de la Ley de Colegiación Compulsoria piensa atajar en materia de la reglamentación o práctica de la profesión legal o del notariado, problemas de acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, problemas de disciplina en la profesión, problemas con la competencia de los servicios legales, problemas con el funcionamiento de los tribunales, o mal alguno derivado de la colegiación voluntaria de la abogacía o el notariado. Demanda, pág. 10, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 10.

Asimismo, el peticionario asegura que existen “medidas menos onerosas” para adelantar el interés que el Estado alega tener para justificar la aprobación de la ley impugnada.

Por su parte, el Estado presentó una “Urgente moción en oposición a recurso de certificación”, pág. 3, en la que sostuvo que

[...] es de notar que mediante el recurso de certificación el demandante pretende que este Alto Foro dilucide los méritos de la controversia meramente a base de sus alegaciones y sin que se cumpla con un proceso ordinario que le permita a las partes exponer adecuadamente sus respectivas posturas y, de ser necesario, presentar la prueba correspondiente.

De ambas comparecencias se desprende que las partes están en desacuerdo sobre la constitucionalidad de la legislación en controversia y las consideraciones tácticas que sirvieron de trasfondo para su aprobación. Consecuentemente, entiendo que tanto el peticionario como el Estado deben tener la oportunidad de defender sus respectivas posiciones mediante un proceso ordinario que ofrezca la oportunidad de presentar prueba, de ser necesario. Esto como parte del debido proceso de ley que nuestra Constitución garantiza a ambos. Véase Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

Es por ello que me opongo a conceder el recurso de certificación intrajurisdiccional aseverando livianamente que el recurso ante nos solo presenta controversias de derecho. Sobre este proceder, comparto la consternación del Prof. Efrén Rivera Ramos cuando expresa que

[...] preocupa el uso frecuente de los recursos de certificación para elevar cuestiones litigiosas al Tribunal Supremo sin que se tenga el beneficio de desarrollar un récord fáctico apropiado en los tribunales inferiores. Si bien en determinadas y excepcionales ocasiones el recurso de certificación puede servir laudables fines de interés público, su generalización y abuso puede trastocar seriamente la administración de la justicia. Mal utilizado, puede privar a los litigantes, sobre todo a los que litigan contra el Estado, de la oportunidad de presentar adecuadamente sus reclamos, probar sus alegaciones y refutar las alegaciones del Estado demandado. En fin, puede escamotearles el derecho a que sus derechos se adjudiquen sobre bases fundadas en hechos establecidos mediante procesos confiables y justos. Ese abuso puede constituir, en definitiva, una privación efectiva a los litigantes de su día en corte. (Énfasis en el original). E. Rivera Ramos y J. Farinacci Fernós, Derecho constitucional, 80 (Núm. 3) Rev. Jur. UPR 603, 635 (2011).

III

Tampoco estoy de acuerdo con ordenar la paralización de los efectos de la Ley de Colegiación Compulsoria. Es evidente que la demanda presentada por el licenciado Rivera Schatz no cumple con la normativa sobre la concesión del recurso extraordinario de injunction preliminar. Al respecto, el Art. 678(3) del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA see. 3524, establece lo siguiente:

No podrá otorgarse un injunction ni una orden de entredicho [...] [p]ara impedir la aplicación u observancia de cualquier ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico [...] a me-nos que se hubiera determinado por sentencia final, firme, inapelable e irrevisable que dicha ley o actuación autorizada por ley es inconstitucional o inválida.
Disponiéndose, sin embargo, que el tribunal podrá dictar dicha orden de entredicho provisional, injunction preliminar o permanente sujeto a los términos de la Regla 57 de Procedimiento Civil:
(a) En aquellos casos en que ello sea indispensable para hacer efectiva su jurisdicción y previa una determinación de que la orden es indispensable para evitar un daño irreparable a la parte peticionaria.
(b) Cuando en la petición se alegue que alguna persona, bajo la autoridad de alguna ley, ordenanza, o reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esté privando o sea el causante de que alguien esté privando al peticionario de algún derecho, privilegio o inmunidad protegido por la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por la Constitución o leyes de los Estados Unidos de América que sean aplicables a las personas bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Por otro lado, la Regla 57.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, requiere que se celebre una vista para considerar una solicitud de injunction preliminar. Véase D. Rivé Rivera, Recursos extraordinarios, Ira ed., Atlanta, Ed. Darby Printing Company, 1989, pág. 28. Esto garantiza el debido proceso de ley de las partes, al concederles la oportunidad de ser oídas y de presentar su prueba. Id. Además, la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que, para expedir un recurso de injunction preliminar, se deben considerar los siguientes factores:

(a) La naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria;

(b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley;

(c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca;

(d) la probabilidad de que la causa se torne en académica;

(e) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita, y

(f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria.

Vemos, pues, que para conceder un injunction preliminar es indispensable cumplir con el requisito de que el peticionario esté sujeto a sufrir un daño irreparable. Véanse: Plaza Las Américas v. N & H, 166 DPR 631 (2005); Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez et al., 154 DPR 333 (2001); P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200 (1975).

Otro requisito que nuestras Reglas de Procedimiento Civil exigen en cuanto a la concesión de este tipo de injunction está contenido en la Regla 57.5 de dicho cuerpo reglamentario, la cual establece que “[t]oda orden que conceda un entredicho provisional o un injunction preliminar o permanente deberá expresar las razones para su expedición. Será redactada en términos específicos y describirá con detalle razonable [...] el acto o actos cuya realización se prohíbe”.

En este caso, el peticionario impugna la constitucionalidad de la Ley de Colegiación Compulsoria. De acuerdo con el derecho aplicable antes reseñado, esta legislación se presume constitucional y válida. Según lo exige el Art. 678(3) del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, no podemos ordenar su paralización, toda vez que no existe una sentencia final y firme que decrete su inconstitucionalidad o invalidez. Tampoco están presentes los requisitos para paralizarla mediante un injunction preliminar. Hacerlo no es indispensable para hacer efectiva nuestra jurisdicción. No existe una determinación judicial previa de que expedir el injunction evitaría un daño irreparable al peticionario. De hecho, la propia ley impugnada establece en su Artículo 13 que “[l]os abogados que a la fecha en que entre en vigor esta Ley no estén colegiados deberán cumplir con dicho requisito en un término no mayor de noventa (90) días a contarse desde el lero de enero del próximo año natural posterior a la entrada en vigor de esta Ley”. (Enfasis suplido). Es decir, los abogados no colegiados y las abogadas no colegiadas, así como el peticionario, tienen hasta noventa días después del 1 de enero de 2015 para cumplir con lo dispuesto por el estatuto. Siendo así, no hay urgencia alguna para paralizar los efectos de la ley y acelerar precipitadamente el trámite judicial del caso de referencia.

De la misma forma, tampoco procede conceder la paralización solicitada fundamentándonos en que el peticionario alega una violación a sus derechos constitucionales. Para ello, el inciso (b) del Art. 678(3) del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 678(3)(b) exige celebrar una vista antes de conceder el injunction preliminar. Véanse: Regla 57.2(b) de Procedimiento Civil, supra; Rivé Rivera, op. cit. Obviar esta exigencia para acoger el curso de acción dispuesto en la resolución implicaría que cualquier ciudadano podría detener la implantación de cualquier ley con solo alegar una violación a sus derechos constitucionales.

Nótese, además, que la Resolución emitida no cumple con la Regla 57.5 de Procedimiento Civil, supra, pues no especifica las razones para la expedición del injunction preliminar.

Para obviar el craso incumplimiento con el marco jurídico reseñado, la Resolución cita otra Resolución: AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, 190 DPR 88 (2014). Basta recordar que las Resoluciones no constituyen precedente. Véanse: Delgado, Ex parte, 165 DPR 170, 182 (2005); Mayol v. Torres, 164 DPR 517, 546 (2005); Díaz v. Colegio Nuestra Sra. del Pilar, 123 DPR 765, 777 (1989). Véase, además, R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1987, Vol. I, pág. 158.

Por todo lo anterior, entiendo que la prudencia y el derecho nos exigen permitir que el caso siga su trámite ordinario ante el Tribunal de Primera Instancia. Los jueces y las juezas de dicho foro cuentan con la experiencia, la capacidad y los recursos para atender este asunto con la rapidez y el cuidado que amerita. Así, las partes podrán presentar sus respectivas posiciones. Una vez el foro primario emita el dictamen correspondiente, la parte que esté inconforme podrá recurrir a los foros apelativos y estaremos en mejor posición para atender detenida, pero oportunamente, los asuntos planteados.

IV

Por último, no puedo finalizar mi disenso sin hacer constar mi decepción con el trámite apresurado que una mayoría de este Tribunal impuso para certificar la Resolución de la cual disiento. La solicitud de certificación llegó a este Tribunal ayer, 29 de julio de 2014, a las 10:35 a. m. Hoy, a las 10:10 a. m, se nos circuló el memorando recomendando el curso de acción e informando que la Resolu-

ción correspondiente se certificaría hoy a las 4:00 p. m. No se nos incluyó copia de la solicitud de certificación que se pretendía conceder.

Además de que el curso de acción es contrario a derecho y de que no existe urgencia alguna que lo justifique, sostengo que, como mínimo, se debió brindar más tiempo a los miembros de este Foro para examinar la solicitud de epígrafe. Me parece desafortunado que haya tenido que formular apresuradamente una posición sin haber contado desde un inicio con el beneficio de tener copia del recurso y sin que este caso esté revestido del tipo de urgencia que, en otras circunstancias, hubiera justificado tal proceder. En definitiva, esta no es la manera en que el Máximo Foro de nuestro País debe atender asuntos de tan alto interés público.

       En palabras del profesor Luis José Torres Asencio: “D]a naturaleza extraordinaria de la certificación intrajurisdiccional encuentra su justificación en el importante propósito de asegurar que los asuntos de derecho considerados por nuestros tribunales se sometan a riguroso análisis por las instituciones fundamentalmente distintas que componen el esquema de tres niveles de nuestro sistema judicial [...]”. Luis José Torres Asencio, Carril expreso al Supremo, 80grados, 18 de mayo de 2012, disponible en: http://www.80grados.net/carril-expreso-al-supremo/#footnote_10_ 11976.

       Dicho sea de paso, a diferencia del presente recurso, aquella controversia se inició y continuó su curso ordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Posteriormente, ante una determinación del foro primario y una sentencia del Tribunal de Apelaciones que revocó la determinación del foro de instancia, la parte demandante optó por recurrir ante este Tribunal mediante recurso de certiorari. En aquella ocasión, una mayoría de este Tribunal denegó el recurso presentado mediante una resolución escuetamente fundamentada. Entonces, curiosamente, el bloque mayoritario no encontró interés alguno en que este Tribunal se expresara sobre la controversia.

       En el caso de autos, por ejemplo, la parte demandante no había tan siquiera emplazado a la parte demandada.

       La solicitud de certificación fue recibida por la Sala de Verano compuesta por la compañera Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, la compañera Jueza Asociada Señora Pabón Chameco y el compañero Juez Asociado Señor Rivera García. Es decir, los restantes seis miembros de este Tribunal no recibimos copia del referido recurso, hasta hoy cerca del mediodía.


source: Caselaw Access Project

author: PER curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Myriam Virola Santiago.

      Número: TS-7393

      Resuelto: 5 de agosto de 2014

      Yanis Blanco Santiago, directora ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua; Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Gisela Rivera Matos, procuradora general auxiliar, Karla Pacheco Álvarez y Tanaira Padilla Rodríguez, subprocuradoras generales; César A. Hernández Colón, de Hernández Colón & Vidal, S.R.L., abogado de Myriam Virola Santiago; Carlos S. Dávila Vélez, comisionado especial.
   PER curiam:

La salud mental de los miembros que componen la profesión legal es de importancia trascendental no solo para este Tribunal, sino para la sociedad puertorriqueña. Esto es así porque tenemos la encomienda de asegurar que los abogados y abogadas que practican el Derecho en nuestra jurisdicción ejerzan sus funciones con la mayor diligencia y competencia. In re López Morales, 184 DPR 334, 335 (2012).

Tenemos ante nuestra consideración un Informe del Comisionado Especial, Hon. Carlos Dávila Vélez, en el que se recomienda suspender indefinidamente de la abogacía a la Leda. Myriam Virola Santiago al amparo de la Regla 15 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B, como una medida de protección social. Luego de analizar todos los documentos que obran en el expediente, acogemos la recomendación del comisionado y suspendemos preventivamente a la licenciada Virola Santiago del ejercicio de la abogacía.

I

Ala licenciada Virola Santiago se le admitió al ejercicio de la abogacía el 18 de noviembre de 1981 y al de la notaría el 4 de febrero de 1982. La licenciada Virola Santiago renunció al ejercicio de la notaría el 3 de octubre de 1997.

El 12 de diciembre de 2012 la Directora del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC), en representación de la Junta de Educación Continua, presentó ante este Foro un “Informe sobre incumplimiento con requisito de educación jurídica continua”. En ese informe se expuso que la licenciada Virola Santiago incumplió con los requisitos establecidos por el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, 4 LPRAAp. XVII-E, durante el periodo de 1 de febrero de 2007 al 31 de enero de 2009.

El 26 de diciembre de 2012 emitimos una Resolución en la que concedimos a la licenciada Virola Santiago un término de veinte días para que compareciera y mostrara causa por la cual no debía ser suspendida del ejercicio de la profesión jurídica por incumplir con los requisitos del PEJC.

El 1 de marzo de 2013 recibimos en nuestra Secretaría una carta de la Sra. Marta López, hija de la licenciada Virola Santiago, en la que indicó que su madre “se encuentra actualmente incapacitada y bajo tratamiento médico debido a padecimientos neurológicos”. Acompañó con esa carta un escrito del Dr. Carlos Otero Rodríguez de 22 de junio de 2013, en el que se detalla las condiciones de salud que sufre la licenciada Virola Santiago.

Luego de analizar la comunicación de la señora López, emitimos una Resolución y designamos al Ledo. Carlos Dávila Vélez como Comisionado Especial, al amparo de la Regla 15 de nuestro Reglamento, supra, para recibir prueba sobre la capacidad mental y emocional de la licenciada Virola Santiago.

Como la licenciada Virola Santiago no designó un siquiatra, como permite la Regla 15(c) de nuestro Reglamento, supra, el Comisionado Especial nombró dos siquiatras, a saber, el Dr. Femando Cabrera y la Dra. Myrna Zegarra Paz. La Procuradora General designó al Dr. Raúl E. López.

Los tres siquiatras evaluaron a la licenciada Virola Santiago y sometieron al Comisionado Especial sus informes respectivos. El doctor Cabrera sostuvo que la licenciada Virola Santiago “no puede trabajar como abogada”. Reporte psiquiátrico, 18 de noviembre de 2013, pág. 4. Por su parte, la doctora Zegarra Paz opinó que la licenciada “no está mentalmente capacitada para practicar la profesión de abogada”. Informe psiquiátrico, 5 de septiembre de 2013, págs. 6-7. Por último, el doctor López opinó que la licenciada Virola Santiago tiene una incapacidad laboral moderada a severa. Evaluación de incapacidad, 8 de julio de 2013, págs. 4-6.

El 6 de febrero de 2014 la licenciada Virola Santiago presentó una moción jurada en la que informa que el 3 de febrero de 2014 asistió a la oficina del Ledo. César Hernández Colón y que llevó consigo parte de la documentación relacionada con este procedimiento. Ese día dialogó con el licenciado Hernández Colón sobre los informes que presentaron en este caso los tres siquiatras. Declaró, además, la licenciada Virola Santiago que acepta como correctos los hallazgos de los informes y reconoce que al presente no se encuentra capacitada para ejercer como abogada. Expuso que después de consultar con el licenciado Hernández Colón que una suspensión indefinida bajo la Regla 15 de nuestro Reglamento, supra, no es equivalente a un desaforo, se allana a que este Tribunal haga lo primero. También informó que no practica la profesión legal desde 1998 y que al presente no tiene casos pendientes.

La Procuradora General compareció y expresó que no tiene reparo con lo declarado por la licenciada Virola Santiago ni con el contenido de los informes de los siquiatras.

El Comisionado Especial presentó su Informe. En esencia, nos recomienda que suspendamos indefinidamente a la Leda. Miriam Virola Santiago del ejercicio de la profesión jurídica al amparo de la Regla 15 de nuestro Reglamento, supra, como una medida de protección social. Además, nos sugiere que ordenemos el cierre administrativo del caso que pende ante el PEJC.

HH I—I

AI ejercer nuestro poder inherente para reglamentar la profesión, debemos establecer medidas que garanticen que los abogados están aptos mentalmente para ejercer la profesión jurídica. In re De León Hernández, 187 DPR 1, 7 (2012); In re Garrastegui Pellicia, 183 DPR 251 (2011); In re Gutiérrez Santiago, 179 DPR 739, 743 (2010). Después de todo, este Tribunal debe asegurarse de que los abogados admitidos al ejercicio de la profesión puedan rendir su labor de manera competente y diligente, como requieren los Cánones 12 y 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. In re De León Hernández, supra, pág. 7.

La Regla 15 del Reglamento de nuestro Tribunal, supra, es un mecanismo profiláctico que “ ‘establece el procedimiento para separar indefinidamente a un abogado del ejercicio de la abogacía, por razón de una condición mental o emocional que le impida desempeñarse competentemente’ ”. In re López Morales, 184 DPR 334, 347 (2012), citando a S. Steidel Figueroa, Etica y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 373.

La Regla 15(a) del Reglamento de este Foro, supra, define incapacidad mental como sigue:

(a) La incapacidad mental, definida como una condición mental o emocional tal que impida al abogado o a la abogada asumir competente y adecuadamente la representación legal de sus clientes o que le impida mantener el patrón de conducta profesional que debe observar, será causa de suspensión indefinida del abogado incapacitado o de la abogada incapacitada.

Por otra parte, el inciso (g) de la Regla 15, id., establece que la suspensión indefinida de un abogado por incapacidad mental o emocional “no se considerará un desaforo, sino una medida especial de protección social”. Véanse: In re Hernández Rodríguez, 181 DPR 643, 652 (2011); In re Costa del Moral, 164 DPR 943, 945 (2005).

H—I HH

Apreciamos la honestidad de la licenciada Virola Santiago, quien acepta que no está apta para ejercer como abogada. Ese reconocimiento, en unión a los informes periciales de los siquiatras y el escrito presentado por la Procuradora General, nos llevan a disponer la suspensión indefinida e inmediata de la Leda. Miriam Virola Santiago del ejercicio de la profesión jurídica al amparo de la Regla 15 de nuestro Reglamento, supra, como una medida de protección social.

En vista del resultado al que llegamos, ordenamos el cierre administrativo del caso de la licenciada Virola Santiago que pende ante PEJC. Si en el futuro la licenciada Virola Santiago nos solicitara que se deje sin efecto la suspensión, deberá acreditar que cumplió con los requerimientos del PEJC.

Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” a la Leda. Miriam Virola Santiago a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino.


author: Juez Asociado Señor Martínez Torres. Juez Asociado Señor Estrella Martínez, al cual se une el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

text:
    Lcdo. Thomas Rivera Schatz, peticionario, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto del Secretario de Justicia, Hon. César Miranda, y Colegio de Abogados de Puerto Rico, por conducto de su presidenta, Lcda. Ana Irma Rivera Lassen, recurridos; Asociación de Abogados de Puerto Rico, Héctor R. Ramos Díaz y Rafael Sánchez Hernández, peticionarios, v. Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recurridos.

      Números: CT-2014-0008 CT-2014-0009

      Resueltos: 6 de agosto de 2014

      Ramón L. Rosario Cortés, Andrés L. Córdova, Ferdinand Ocasio y Francisco González Magaz, abogados de la parte peticionaria; Juan M. Gaud Pacheco, Carlos Pérez Toro, John E. Mudd, John A. Stewart y Evelyn Aimée De Jesús Rodríguez, parte interventora.
   RESOLUCIÓN

Examinadas la Moción en Solicitud de Intervención, presentada por la Leda. Evelyn Aimée de Jesús Rodríguez, la Moción en Solicitud de Intervención Conforme a la Regla 21 de Procedimiento Civil de 2011, presentada por los Ledos. Carlos Rivera Justiniano, Carlos Pérez Toro y Juan M. Gaud Pacheco, y la Moción en Solicitud de Intervención, presentada por los licenciados John E. Mudd y John A. Stewart, se provee “no ha lugar” a todas.

Notifíquese inmediatamente por teléfono, correo electrónico o fax y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió un voto de conformidad. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo disintió. El Juez Asociado Señor Rivera García disintió y emitió la expresión siguiente:

El Juez Asociado Señor Rivera García proveería a las partes hasta las 2:00 p. m. .del viernes, 8 de agosto de 2014 para que subsanen los errores procesales incurridos. En ese particular, la Moción en Solicitud de Intervención, presentada por la Leda. Evelyn Aimée de Jesús Rodríguez, y la Moción en Solicitud de Intervención conforme a la Regla 21 de Procedimiento Civil de 2011, presentada por los Ledos. Carlos Rivera Justiniano, Carlos Pérez Toro y Juan M. Gaud Pachecho, incumplió con el requisito de acompañar la solicitud de intervención con su respectiva demanda. Véase Regla 21.4 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRAAp. V). Por su parte, la Moción en Solicitud de Intervención, presentada por los Ledos. John E. Mudd y John A. Stewart, no cumple con la Regla 23 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B (presentar recurso de certificación), ni con las disposiciones de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, 32 LPRA see. 1477 (presentar aranceles). Corregidos estos errores subsanables, el Tribunal estaría en mejor posición para evaluar los méritos de las solicitudes presentadas. Por ello, entiendo que, cónsono con los fundamentos expuestos por el compañero Juez Asociado Señor Estrella Martínez en su voto particular disidente, no procedía denegar de plano los petitorios ante nuestra consideración.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular disidente, al cual se unió el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Martínez Torres.

Voto conforme con la Resolución del Tribunal que deniega la intervención en este pleito de los Ledos. John E. Mudd, John A. Stewart, Carlos Rivera Justiniano, Carlos Pérez Toro, Juan M. Gaud Pacheco y Evelyn Aimée de Jesús, ya que incumplieron con diversas normas procesales.

La Regla 21.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V, establece el proceso para solicitar la intervención en un pleito. Dispone en lo concerniente:

Toda persona que desee intervenir notificará su solicitud de intervención a todas las partes conforme lo dispuesto en la Regla 67 de este apéndice. La solicitud expondrá las razones en que se base y se acompañará de una alegación en que se establezca la reclamación o defensa que motive la intervención. (Enfasis suplido).

De acuerdo con la regla citada, toda parte que interese intervenir como demandante en un pleito debe acompañar su solicitud de intervención con una demanda. El Ledo. Rafael Hernández Colón explica que “[s]e puede intervenir como demandante o como demandado. Si lo que se quiere es intervenir como demandante, entonces la alegación que se acompañaría a la solicitud de intervención sería una demanda, y si se quiere intervenir como demandado, sería una contestación”. R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Lexis-Nexis, 2010, See. 1306, pág. 167. De esa manera, la Regla 21.4 de Procedimiento Civil, supra, presume la existencia de dos documentos en el proceso para intervenir en un pleito, a saber, la solicitud de intervención y la demanda que contiene las alegaciones.

Otros tratadistas en la materia coinciden con esa interpretación. Véanse: J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. II, pág. 805 (£i[t]anto la solicitud como la alegación se harán en pliego aparte”); J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, 2010, Colombia, pág. 146 (“[e]stas peticiones deberán estar acompañadas de una alegación en que se establezca la reclamación o defensa que motive la intervención. Esta norma implica que la Solicitud de Intervención debe estar acompañada de la demanda o la contestación a la demanda que se interese integrar al proceso judicial”).

En este caso, los Ledos. Carlos Rivera Justiniano, Carlos Pérez Toro, Juan M. Gaud Pacheco y Evelyn Aimée de Jesús presentaron solicitudes de intervención pero no acompañaron esas peticiones con la demanda que exige la Regla 21.4 de Procedimiento Civil, supra. Sin lugar a dudas, este caso está revestido de un alto interés para la profesión jurídica. Ahora bien, ello no es excusa para hacer caso omiso de las normas procesales aplicables. Todo litigante tiene que cumplir con esas normas. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013).

Por otra parte, los Ledos. John E. Mudd y John A. Stewart solicitaron mediante un escrito que certifiquemos el caso SJ2014CV00145 que pende ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Sin embargo, el documento presentado no cumple con la Regla 23 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B, que regula las certificaciones intrajurisdiccionales. Además, no canceló los aranceles correspondientes para el recurso de certificación. Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, 32 LPRA see. 1477; In re Aprobación Der. Arancelarios R.J., 179 DPR 985 (2010). No podemos eximir a un litigante que no es indigente de cumplir con este requisito de ley.

Procede, por lo tanto, denegar las solicitudes que nos atañen. En el caso de los Ledos. John E. Mudd y John A. Stewart, por no cumplir con la Regla 23 de nuestro Reglamento, supra (presentar recurso de certificación), y la Ley Núm. 17, supra, In re Aprobación Der. Arancelarios R.J., supra, (presentar aranceles); en el caso de los Ledos. Carlos Rivera Justiniano, Carlos Pérez Toro, Juan M. Gaud Pacheco y Evelyn Aimée de Jesús Rodríguez, por incumplir con los requisitos de la Regla 21.4 de Procedimiento Civil, supra (no presentaron demanda).

El acceso a la justicia no significa que un litigante puede plantear cualquier cosa en un tribunal cuando le plazca. Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594, 619 (2013). Es lamentable que la disidencia utilice la frase gastada de “acceso a la justicia” cada vez que este Tribunal toma una decisión que no le gusta en materia procesal. Como mencioné, todo litigante tiene que cumplir con las normas procesales aplicables. Aquellos que litigan por derecho propio no están exentos de esto. Regla 9.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V. No queda al arbitrio de los abogados decidir las disposiciones reglamentarias que se deben cumplir y cuándo las acatarán. Pellot v. Avon, 160 DPR 125, 138 (2003); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975). Como la Resolución que antecede hace valer las reglas procesales aplicables, estoy conforme con ella.

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez, al cual se une el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

Ante la solicitud de los abogados y la abogada peticionaria existen dos caminos. Por un lado, el expreso del acceso a la justicia, pavimentado por la jurisprudencia de este Tribunal que ha resuelto que una solicitud de intervención se puede presentar en un solo escrito; en la economía procesal y en nuestra facultad de certificar recursos, incluso motu proprio. En el otro extremo, el tortuoso camino de bloques de la burocratización de la justicia, tomado por una mayoría de este Tribunal para decretar “no ha lugar” las solicitudes que nos ocupan.

Hoy, este Tribunal ha obviado la jurisprudencia y la política pública judicial que fomenta la economía procesal dirigida a otorgar un remedio oportuno y económico. Además, con sus acciones promueve contradictoriamente lo que la reglamentación invocada precisamente perseguía evitar: fomentar la duplicidad de demandas y litigios sobre una misma controversia y evitar el retardo en resolver los pleitos.

I

En el presente caso se cuestiona la constitucionalidad de la Ley Núm. 109-2014, Ley de Colegiación Integrada del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la cual dispone que los practicantes de la profesión de la abogacía y el notariado en Puerto Rico se deberán colegiar como condición para poder ejercer la profesión. Así, se instituye al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico como una organización que, entre otras, tendrá total y absoluta independencia para asumir aquellas posturas que mejor entienda respondan a sus propósitos y deberes.

Ante este hecho, varios practicantes de la profesión han cuestionado la constitucionalidad de la Ley Núm. 109, supra. Durante el trámite procesal acaecido, el pasado 30 de julio de 2014 emitimos una resolución para certificar y paralizar los efectos de la Ley Núm. 109, por lo que la controversia está pendiente de adjudicación ante esta Curia.

Como consecuencia, los Ledos. Carlos Rivera Justiniano, Carlos Pérez Toro y Juan M. Gaud Pacheco solicitaron, ante este Tribunal, la intervención en los procedimientos. De igual forma, lo hicieron los Ledos. John E. Mudd y John A. Stewart, quienes habían presentado un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia en el que también se cuestionó la constitucionalidad del estatuto y el cual está pendiente de ser adjudicado. Con igual propósito, la Leda. Evelyn Aimée de Jesús Rodríguez presentó una oportuna solicitud de intervención.

I—I h—I

Para disponer de una solicitud de intervención debemos entender que este es un mecanismo procesal que pretende alcanzar un balance entre el “interés en la economía procesal representada por la solución en un solo pleito de varias cuestiones relacionadas entre sí y el interés en evitar que los pleitos se compliquen y eternicen innecesariamente”. Chase Manhattan Bank v. Nesglo, Inc., 111 DPR 767, 770 (1981). Véanse: IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 321 (2012); S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 80 (2011). Por ello, al evaluar una solicitud de intervención, se hace en forma liberal, sin que con ello se implique el uso ilimitado de ésta. Rivera v. Morales, 149 DPR 672, 689 (1999).

La Regla 21 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V), en sus varios incisos regula cuándo procede la intervención de una parte en un pleito. Específicamente, la Regla 21.1(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V, señala que se tendrá derecho a intervenir en un pleito cuando “la persona solicitante reclame algún derecho o interés en la propiedad o asunto objeto del litigio que pueda, de hecho, quedar afectado con la disposición final del pleito”. Por otro lado, la Regla 21.2(b) expone que se podrá permitir la intervención cuando “la reclamación o defensa de la persona solicitante y el pleito principal tengan en común una cuestión de hecho o de derecho”. 32 LPRAAp. V.

AI evaluar la solicitud de intervención se considera si, de hecho, existe un interés que amerite protección y si ese interés quedaría afectado por la ausencia del interventor en el caso. Chase Manhattan Bank v. Nesglo, Inc., supra, pág. 770. Es importante recalcar que la solicitud de intervención constituye tan solo un mecanismo procesal mediante el cual un tercero puede comparecer e intervenir en un pleito, y no establece una fuente de derechos sustantivos ni una causa de acción a su favor en los méritos. “ ‘Es simplemente una disposición mediante la cual una persona que no es parte en el pleito comparece, voluntariamente o por necesidad, a presentar una reclamación o una defensa, en una acción pendiente, y convertirse de ese modo en parte para fines de la reclamación o defensa presentada’ ”. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, págs. 320-321, citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, T. II, 2011, pág. 779.

En cuanto a cómo se solicita y qué debe acompañar a la solicitud de intervención, al examinar la Regla 21.4 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRAAp. V) surge que el solicitante debe exponer las razones en que basa su solicitud y acompañar una alegación en que establezca la reclamación o defensa que motiva la intervención. La razón para ello es que el tribunal debe estar en condición para poder determinar si procede la intervención como cuestión de derecho o de modo permisible. Aunque se señala que, conjunto con la moción para intervención, la parte debe acompañar la alegación o defensa que motiva la intervención, los tratadistas señalan que una objeción por este requisito de forma es renunciable. Incluso, se advierte que el “[tjribunal retiene discreción para excusar el cumplimiento con los requisitos procesales”. Véase Cuevas Segarra, op. cit., pág. 805. Tan es así que este Tribunal, incluso, ha permitido la intervención de una parte aun cuando no se acompañe la alegación que establece su reclamación, según expone la aludida regla. Para ello, este Tribunal dirimió que la moción de interven ción era suficiente, tanto como solicitud y como demanda de intervención debido a que contenía todos los fundamentos necesarios. Así, el “hecho de incluirse todas las alegaciones en un sólo escrito, no debe alterar la situación remedial”. Gerena v. Lamela, 79 DPR 578, 582 (1956).

Por otra parte, en ocasiones anteriores, este Tribunal ha ordenado la consolidación de casos que tratan sobre la misma controversia. Al así hacerlo, hemos expresado que “[t]ener en dos foros distintos de manera simultánea dos casos que versan sobre la misma controversia no contribuye a la economía procesal y abre la puerta a la posibilidad de resultados contradictorios”. AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, 190 DPR 88, 89 (2014), citando a M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 172 (2012). Véase Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996). Véase, además, R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., Ed. LexisNexis, 2010, See. 3601, pág. 352.

Esta es la normativa que impera en la adjudicación de las mociones ante nuestra consideración.

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En todo momento, ha sido mi norte hacer viable la oportuna, justa, rápida y económica administración de las controversias. Por ello, he recalcado que los tribunales de Puerto Rico constituyen un sistema judicial unificado, por lo que este Tribunal “cuenta con la autoridad legal y los mecanismos necesarios para poder intervenir en un pleito pendiente ante la consideración de un tribunal inferior, no importa su etapa, con el fin de disponer del mismo de forma final y firme, en aras de impartir justicia oportuna”. Voto particular emitido por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594, 657 (2013). Véase, además, Voto de conformidad emitido por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros I, 190 DPR 77, 80 (2014).

Asimismo, reiteradamente he defendido el mayor acceso posible a los tribunales de justicia. Voto de conformidad emitido por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en Alvarado Pacheco y otros v. ELA, supra, pág. 658. Véase, además, AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros I, supra. Este enfoque liberal de acceso ante nuestros tribunales, avalado por la jurisprudencia de este Tribunal, permea al evaluar si procede permitir la intervención en un pleito que ha solicitado una parte.

En el caso de autos, los licenciados Rivera Justiniano, Pérez Toro y Gaud Pachecho resaltan que permitir su intervención evitaría la presentación de otra demanda para reclamar la inconstitucionalidad de la ley, por lo que abonaría a la adjudicación rápida, eficiente y económica de la polémica. En síntesis, sostienen que la implementación de la Ley Núm. 109 les viola sus derechos constitucionales al obligarles a asociarse y pagar una cuota para poder practicar su profesión. Exponen que concurren plenamente con los argumentos esbozados sobre el derecho de no asociación que se encuentran ante nuestra consideración. Además, destacan un nuevo aspecto en cuanto a la colegiación compulsoria. Estos señalan que las posturas que ha asumido el Colegio de Abogados son contrarias a sus postulados religiosos y morales, por lo que se viola su libertad religiosa y sus principios de fe al imponerles pertenecer a una asociación que no los representa e, incluso, respalda públicamente políticas que son contrarias a su conciencia cristiana, atentando así contra su derecho fundamental a la libertad religiosa.

Por su parte, los licenciados Mudd y Stewart, señalan que presentaron un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, de mayor antigüedad que el certificado por este Tribunal, en el cual solicitaron remedios similares. La licenciada De Jesús Rodríguez, por su parte, nos indica que oportunamente solicitó intervención en ese recurso. Los abogados y la abogada peticionaria consideran que como este Tribunal asumió jurisdicción sobre la materia, deberían acumularse las reclamaciones pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia en el caso de mayor antigüedad, por lo que solicitan la intervención o, en la alternativa, la acumulación de las reclamaciones traídas ante el foro primario.

IV

Ciertamente, y sin adjudicar los méritos de lo planteado en la solicitud de intervención presentada, surge inequívocamente que todos los comparecientes reclaman un derecho sobre el asunto objeto de litigio ante este Tribunal que puede quedar afectado por la disposición final del caso. Es decir, su derecho a no asociarse compulsoriamente a una institución. Igualmente, el asunto tiene en común la aprobación de la Ley Núm. 109 y su alegada inconstitucionalidad. Unos incorporan al reclamo de su derecho a no asociarse el hecho de que la organización no representa sus creencias religiosas, impidiendo e imponiendo sobre éstos una carga al ejercicio de su profesión al sostener que se infringe su derecho a la libertad de culto.

Por otra parte, existe un litigio pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia que fue instado antes del recurso certificado por este Tribunal y en el cual también se cuestiona la constitucionalidad de la Ley Núm. 109 desde la perspectiva de la libertad de asociación y la falta de un interés apremiante del Estado para aprobar el referido estatuto.

El hecho de que cuando los licenciados Rivera Justiniano, Pérez Toro y Gaud Pachecho presentaron la solicitud de intervención no acompañaran en un documento separado sus alegaciones no puede servir como impedimento para imposibilitar su intención. Tal proceder solo promueve retraso, escollo y un mero formalismo. Además, considero que los licenciados Rivera Justiniano, Pérez Toro y Gaud Pachecho exponen en su moción de intervención con suficiente claridad los fundamentos y las alegaciones de las partes con relación al cuestionamiento sobre la constitucionalidad del referido estatuto.

En cuanto a la solicitud de los licenciados Mudd y Stewart, y de la licenciada De Jesús Rodríguez, nótese que existe una demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, por lo que éstos solicitan la intervención y, en la alternativa, la certificación del caso porque este Tribunal asumió jurisdicción en la materia. Como se presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, no existe ningún impedimento en ordenar la consolidación y la certificación del caso ante el Tribunal de Primera Instancia con el de epígrafe. Máxime cuando este Tribunal tiene el poder inherente para, motu proprio, considerar el caso presentado en un sistema unificado de justicia. De hecho, aun cuando los letrados no lo hubiesen pedido, la economía procesal y los propósitos que persigue la consolidación de recursos están presentes y procede, motu proprio, certificar y consolidar.

Ciertamente, considero que las controversias se deben dilucidar en sus méritos y es nuestro deber como Tribunal auscultar todos los argumentos de las partes para disponer de los asuntos con mayor claridad. Según lo anterior, en esta etapa de los procedimientos, entiendo que la intervención solicitada no menoscaba el interés de atender adecuada y eficientemente la controversia planteada. Surge claramente que los reclamos de las partes están relacionados entre sí y no implicarían una dilación en la disposición del asunto presentado. Ante tal realidad, no veo objeción alguna para permitir la intervención de los solicitantes. Por el contrario, opino que la discusión abona a los distintos matices que conllevarían las implicaciones de la Ley Núm. 109 —ante nuestra consideración— para poder atender integralmente todos los argumentos de forma responsable. Igualmente, soy consistente en sostener que mantener el caso presentado ante el Tribunal de Primera Instancia no propende a la economía procesal que hemos promovido en ocasiones anteriores. Como consecuencia, me veo obligado a disentir sobre no permitir las intervenciones solicitadas y al no certificar el recurso que se encuentra ante la consideración del foro de primera instancia.


author: per curiam:

text:
      In re Armando F. Pietri Torres, querellado.

      Número: CP-2013-9

      Resuelto: 6 de agosto de 2014

      Lisa M. Durán Ortiz, procuradora general interina, Edna Evelyn Rodríguez Benitez y Minnie H. Rodríguez López, procuradoras generales auxiliares; Armando Felipe Pietri Torres, pro se; Carlos S. Dávila Vélez, comisionado especial.
   per curiam:

En esta ocasión, nos vemos precisados a ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión por violar el deber de diligencia que establece el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX. Por los fundamentos que a continuación enunciamos, amonestamos al Ledo. Armando F. Pietri Torres.

Para la atención de la querella ética que nos ocupa, veamos los antecedentes fácticos que se desprenden del Informe del Comisionado Especial y del legajo del caso.

I

El Ledo. Armando F. Pietri Torres (licenciado Pietri Torres o el querellado) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1996. El 13 de octubre de 2011, el Sr. Crisóstomo Santana Caraballo (señor Santana Caraballo o el querellante) presentó una queja (AB-2011-344) ante el Tribunal Supremo contra el licenciado Pietri Torres. La misma surge luego de que el señor Santana Caraballo contratara los servicios legales del querellado y de la Leda. Wanda I. Marín Lugo (licenciada Marín Lugo) para que lo representaran en una apelación de su expulsión del Cuerpo de la Policía, pendiente ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA).

Así las cosas, el 18 de enero de 2011 —notificada el 28 de marzo de 2011— la CIPA emitió una Resolución mediante la cual confirmó la expulsión del querellante del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico. En la referida Resolución, la CIPA notificó al señor Santana Caraballo que tenía el derecho de presentar un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término jurisdiccional de 30 días, contados a partir de la notificación de la resolución final. No obstante, el querellado presentó el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones 31 días después de archivada en autos la copia de la notificación de la resolución final de la CIPA.

En ese escenario, el 15 de julio de 2011 el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia en la que desestimó el recurso de revisión judicial. Concluyó que el recurso sufría del insubsanable defecto de falta de jurisdicción por haberse presentado tardíamente. La licenciada Marín Lugo notificó al querellante de la sentencia del foro apelativo intermedio. Asimismo, le orientó sobre su derecho de presentar un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo. Empero, el querellante expresó que no interesaba solicitar tal revisión. Por tal razón, se le entregó el expediente de su caso.

El 13 de octubre de 2011, el señor Santana Caraballo presentó por derecho propio ante el Tribunal Supremo un recurso de certiorari para revisar la decisión del Tribunal de Apelaciones. Alegó como primer y único error el siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al no tomar en consideración el escrito de recurso de revisión de decisión administrativa por ser tardío, aun cuando el peticionario desconocía que el mismo se había radicado tardíamente por su abogado, Ledo. Armando Felipe Pietri Torres. Revisión de decisión administrativa, pág. 4.

En esa misma fecha, el señor Santana Caraballo presentó la referida queja AB-2011-344. En lo que respecta al auto de certiorari solicitado, el 27 de enero de 2012 emitimos una Resolución en la que lo declaramos “no ha lugar” por falta de jurisdicción. Respecto a la queja presentada, el licenciado Pietri Torres sometió oportunamente su contestación. En síntesis, expuso que no actuó de manera antiética en la tramitación del caso del señor Santana Caraballo, pues fue diligente en todo momento y mantuvo a su cliente informado. Ese mismo día, la licenciada Marín Lugo solicitó intervenir en el caso por haber representado al señor Santana Caraballo junto al querellado en los procedimientos ante la CIPA y el Tribunal de Apelaciones.

Así las cosas, el 6 de diciembre de 2011 sometimos una copia de la queja y de la contestación presentada a la Oficina del Procurador General para investigación e informe. El 4 de septiembre de 2012, el Procurador General nos presentó su informe. En el mismo concluyó que el licenciado Pietri Torres infringió el deber de diligencia contenido en el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra.

Luego de evaluar el “Informe del Procurador General y la moción expresándose sobre informe”, emitimos una resolución el 25 de enero de 2013 en la que ordenamos la presentación de la querella. En vista de ello, el 7 de marzo de 2013 la Procuradora General presentó la Querella Núm. CP-2013-9. En esta imputó al querellado el cargo siguiente:

El licenciado Armando F. Pietri Torres faltó a los deberes de diligencia y competencia contemplados en el Canon 18 de Ética Profesional, supra, al no defender adecuadamente los intereses de su cliente Crisóstomo Santana Caraballo, y radicar tardíamente ante el Tribunal de Apelaciones el recurso de revisión que se le había encomendado, ocasionando que dicho foro se declarara sin jurisdicción y desestimara el recurso. Querella, pág. 2.

El 16 de abril de 2013, el licenciado Pietri Torres presentó su contestación al cargo imputado. En la misma, solicitó al Tribunal que se archivara la querella, pues entendía que fue diligente durante la tramitación del caso del señor Santana Caraballo. Vista la Querella, presentada por la Oficina del Procurador General, y la “Contestación a querella por conducta profesional” presentada por el querellado, el 29 de octubre de 2013 nombramos al Hon. Carlos Dávila Vélez, exjuez del Tribunal de Primera Instancia, para que, en presencia de las partes y en calidad de Comisionado Especial, recibiera la prueba y nos rindiera un informe con las determinaciones de hechos y recomendaciones que estimara pertinentes.

El 16 de diciembre de 2013, las partes presentaron el “Informe sobre conferencia preliminar entre abogados”. Ese mismo día se celebró la Vista Inicial del caso. En esta el Comisionado informó que la parte querellada presentó una Moción Urgente, en la que requirió un término adicional para presentar varias declaraciones juradas de personas de la comunidad que acreditarían su buena reputación. Además, el querellado informó que una de las personas que prestaría declaración jurada se encontraba en sala. Se llamó entonces al testigo, Sr. Federico Rentas Rodríguez. Este fue interrogado por el querellado y por la Procuradora General Auxiliar, la Leda. Minnie H. Rodríguez López.

El 27 de enero de 2014, el querellado presentó su Argumentación Final. En esta aceptó que presentó el recurso de revisión tardíamente ante el Tribunal de Apelaciones. Empero, señaló que existía una controversia en cuanto a la fecha de la notificación y del recibo del escrito del recurso de revisión. Además, expresó que le notificó inmediatamente al querellante del recibo de la Resolución y que este no quiso continuar con el caso.

Finalmente, el 13 de febrero de 2014 el Hon. Carlos Dávila Vélez nos presentó su Informe. En esencia, nos invitó a concluir que el querellado violó el deber de diligencia del Canon 18, supra, al presentar tardíamente el recurso de revisión judicial que le fue encomendado por el querellante. Además, nos aconsejó que, considerada la totalidad de las circunstancias, limitemos la sanción a una amonestación y a que se le ordene devolver al querellante $250 que éste le había pagado para la presentación del recurso de revisión judicial.

El 22 de abril de 2014, el querellado nos presentó una “Moción en cumplimiento de orden”, en la que señaló que, conforme a la recomendación del Comisionado Especial, envió al señor Santana Caraballo un giro postal por $250.

Examinado el marco fáctico que antecede, pasemos a exponer el estado de derecho aplicable a la situación ante nuestra consideración.

II

Como mencionáramos, la querella presentada por la Oficina del Procurador General imputó al licenciado Pietri Torres una violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, al no ser diligente en la tramitación del caso de su cliente.

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, establece, en lo pertinente, como sigue:

Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. (Enfasis nuestro).

El referido precepto ético recoge el deber de diligencia de todo abogado en la atención de los asuntos de sus clientes. In re Zayas Nieves, 181 DPR 49, 54 (2011). Este deber obliga al abogado a desempeñarse de forma capaz y diligente cuando se encuentra inmerso en un asunto que conlleva defender los intereses de su cliente. Id. El deber de diligencia constituye una obligación básica y elemental del abogado hacia su cliente. In re Dávila Toro, 179 DPR 833, 842 (2010).

En ese contexto, hemos expresado que un abogado falta a su deber de diligencia cuando no realiza las gestiones que se le encomendaron en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin retrasos. In re Reyes Coreano, 2014 TSPR 51, 190 DPR 739, 12 (2014). Asimismo, hemos señalado reiteradamente que el deber de diligencia profesional es incompatible con la desidia, la despreocupación y la displicencia en el trámite de un caso. In re Reyes Coreano, supra, pág. 13. Hay conductas específicas que contravienen los principios del Canon 18, supra. Entre estas conductas se encuentran: (1) no comparecer a los señalamientos del tribunal; (2) no contestar los interrogatorios sometidos; (3) no informar a las partes sobre la presentación de un perito; (4) desatender o abandonar el caso; (5) permitir que expire el término prescriptivo o jurisdiccional de una acción; (6) cualquier tipo de acción negligente que pueda conllevar o, en efecto, resulte en la desestimación o el archivo del caso. In re Plaud González, 181 DPR 874, 886-887 (2011); In re Vilches López, 170 DPR 793, 798 (2007).

Asimismo, este Tribunal ha señalado que “ ‘aquella actuación negligente que pueda conllevar, o que en efecto conlleve, la desestimación o archivo de un caso, se configura violatoria del Canon 18’ ”. In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000, 1011-1012 (2013); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 37 (2011).

Expuesto el marco ético, pasemos a discutir si el licenciado Pietri Torres infringió las disposiciones del Canon 18, supra.

III

Como explicamos en detalle, se presentó una queja ante este Tribunal contra el licenciado Pietri Torres por acudir en revisión ante el Tribunal de Apelaciones fuera del término jurisdiccional. De hecho, en su Argumentación Final, el querellado aceptó que presentó tardíamente el recurso de revisión ante el foro apelativo intermedio. No obstante, explicó que hubo controversia respecto a la fecha de la notificación y del recibo del referido recurso. También sostuvo que notificó inmediatamente a su cliente del recibo de la Resolución, pero que éste desistió del caso. Por ello, como explicamos anteriormente, el Comisionado Especial nos sugirió limitar la sanción a una amonestación y a ordenarle que devolviera al cliente los $250 que este le pagó para acudir ante el Tribunal de Apelaciones. Según surge del expediente, el letrado ya devolvió al querellante la cantidad mencionada.

Ahora bien, a pesar de tal devolución, no hay duda de que el querellado incumplió con el deber que impone el Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra, al presentar el recurso de revisión judicial expirado el término jurisdiccional. Esta conducta denota falta de diligencia al tramitar la causa de acción de su cliente, lo cual ocasionó que el Tribunal de Apelaciones desestimara la acción del señor Santana Caraballo por adolecer del defecto insubsanable de falta de jurisdicción. En ese escenario, el licenciado Pietri Torres incumplió con su deber ineludible de proteger los intereses de su cliente desde que asumió su representación. Al así hacerlo, violó el Canon 18, supra.

Consecuentemente, considerada la totalidad de las circunstancias, acogemos la recomendación del Comisionado Especial y limitamos la sanción a una amonestación. De esta manera reafirmamos que este Tribunal no tolerará actuaciones de esta naturaleza.

IV

Por los fundamentos que anteceden, limitamos la sanción del Ledo. Armando F. Pietri Torres a una amonestación por violar el Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra. Le apercibimos que, de incurrir en conducta impropia en el futuro, podrá ser sancionado de forma más severa, incluyendo la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía. Le advertimos, además, que deberá ser más cuidadoso con el ejercicio profesional que desempeña y ceñirse estrictamente a los preceptos que rige el Código de Etica Profesional.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.

       KLRA201100393.

       El 5 de diciembre de 2013, la Leda. Rosemary Borges Capó suscribió una carta sobre la reputación del querellado, pero no pudo ser juramentada, por lo que se marcó como prueba ofrecida y no admitida. Por otra parte, el 28 de enero de 2014 el Ledo. Drianfel E. Vázquez Torres presentó una declaración jurada en la que expresó que conoce al querellado en el ámbito personal y profesional. Señaló, además, que el licenciado Pietri Torres es una persona responsable y comprometida con su profesión.

       El 18 de mayo de 2011, el Tribunal de Apelaciones ordenó al recurrente que sometiera copia del sobre con el matasello del correo, acreditando que la Resolución de la CIPAfue notificada el 30 de marzo de 2011. El 29 de junio de 2011, el querellado presentó en el Tribunal de Apelaciones una moción en cumplimiento de esa orden. Sometió el sobre con el matasello del correo con la fecha del 28 de marzo de 2011.


author: Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo. Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

text:
    Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO), Taller de Fotoperiodismo, Inc., Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico y Overseas Press Club, Ex parte.

      Número: MC-2014-197
    Resuelto: 29 de agosto de 2014

      Carlos E. Díaz Olivo, abogado de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

El 15 de agosto de 2014, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Taller de Fotoperiodismo, Inc., la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club (Asociación de Periodistas y otros) comparecieron ante nos mediante una moción denominada Reiteración de Petición Especial de Autorización para el Uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual en los Procesos Judiciales al Amparo de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Poder Inherente y Constitucional de la Rama Judicial para Regular sus Procedimientos. Solicitaron que autoricemos la grabación y transmisión mediante cámaras fotográficas y equipo audiovisual de la vista de sentencia pautada para el 4 de septiembre de 2014 en el caso Pueblo v. Quiñones Rivera.

En su petición señalan que esta se presentó oportunamente en esta ocasión, debido a que en el caso de referencia se dictó un fallo de culpabilidad y que la lectura de sentencia está pautada para el 4 de septiembre de 2014.

Examinada la petición, se autoriza, a modo de excepción, la cobertura y transmisión de la referida vista de sentencia según el procedimiento dispuesto a continuación. Resulta determinante el hecho de que estamos en una etapa procesal avanzada, donde ya el juez dictó un fallo de culpabilidad contra el Sr. Roberto Quiñones Rivera. También pesa en nuestra decisión el hecho de que la transmisión de la vista de sentencia en los casos Pueblo v. Malavé y Pueblo v. Casellas Toro transcurrió sin inconvenientes y el derecho a un juicio justo e imparcial no se vio afectado.

La grabación y transmisión en vivo de la vista se hará a través de un sistema portátil que la Oficina de Prensa y Relaciones con la Comunidad de la Oficina de Administración de los Tribunales (Oficina de Prensa) adquirió para este tipo de transmisión. El sistema permite la instalación de cámaras de video en las salas de los tribunales y la transmisión remota de las imágenes captadas por estas a los distintos medios de comunicación. El Director de la Oficina de Prensa, el Sr. Daniel Rodríguez León, estará encargado de coordinar todo lo relacionado con la grabación y transmisión en vivo de la vista de sentencia mediante este sistema remoto. Todos los interesados deberán coordinar con el señor Rodríguez León para obtener el acceso remoto a la transmisión en vivo de la vista.

Por otra parte, a los fines de asegurar la solemnidad y el decoro del proceso judicial, se permitirá únicamente la entrada de dos cámaras de fotografía operadas por representantes de medios de prensa escrita o digital (Internet). El Director de la Oficina de Prensa seleccionará, mediante un sorteo, a los medios que podrán tomar fotografías dentro de la sala. Para regular el uso de cámaras fotográficas, extendemos, de forma excepcional, el Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales (Reglamento). Los gremios periodísticos deberán regirse por las disposiciones pertinentes del Reglamento, siempre y cuando no sean contrarias o incompatibles con lo aquí dispuesto. No se permitirá tomar fotografías mediante el uso de equipo electrónico adicional.

También se permitirá, sujeto a las restricciones impuestas en el Canon 15 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, y en el Reglamento:

1. El uso de grabadoras de audio portátiles sujeto a que su operación sea discreta y silenciosa.

2. El uso de computadoras portátiles, teléfonos celulares, tabletas, entre otros dispositivos electrónicos o equipo similar, para recopilar y transmitir información escrita a través del Internet, siempre que no interfiera con el proceso judicial, su operación sea silenciosa y discreta, y no se utilicen para fotografiar, grabar imágenes o audio ni para radiodifundir o televisar.

Recordamos a los medios de comunicación que, por la solemnidad del proceso judicial, deben ceñirse estrictamente a las disposiciones aplicables del Reglamento y a lo aquí dispuesto.

Publíquese y notifíquese por teléfono, electrónicamente, facsímil y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados Señores Kolthoff Carabailo y Estrella Martínez emitieron sendos votos particulares de conformidad. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón concedería un término razonable a las partes involucradas en el caso para expresar su posición respecto a la solicitud presentada antes de disponer de esta. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Rivera García no intervinieron.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo.

No debe existir vacilación o duda alguna con relación al hecho de que la mera presencia de las cámaras de los medios de comunicación en las salas de nuestros tribunales trae consigo luz. Las cámaras de televisión nos aportan luz porque permiten que observemos con claridad y sin intermediarios los procesos en el interior de nuestros salones de vistas. En otras palabras, las cámaras de televisión al iniciar su transmisión alumbran el proceso judicial y obviamente esto redunda en más transparencia, que es algo que en el pasado he insistido necesitamos en nuestro sistema judicial.

Tengo que admitir con profundo dolor que a los ojos de nuestro Pueblo nuestra Rama Judicial se encuentra sufriendo en este momento una seria crisis de legitimación; que para demasiadas personas la percepción de que muchos de nuestros jueces y juezas son funcionarios al servicio de intereses malsanos va en aumento. Claro está, situaciones como estas constituyen caldo de cultivo para las injustas generalizaciones e hipérboles. Precisamente por eso creo que, entre otras cosas, una buena dosis de transparencia en las acciones que ejercemos como Rama es vital para ayudar a amainar esta crisis.

Y es que, como si fuera una condición endémica, la figura del juez en Puerto Rico ha carecido de ser más transparente, o sea, de ser más abierta. Por ejemplo, por demasiado tiempo ha subsistido la percepción de que el Tribunal Supremo es un ente algo misterioso; que deliberadamente sus miembros revelamos poco y que, como corolario, poco se conoce con relación a quiénes somos y cómo nos desempeñamos en nuestras funciones públicas. Que, en ocasiones, bajo el manto de la bien concebida “prudencia judicial”, yacen aspectos de los cuales —por imperativo moral— los Jueces de esta Curia hemos debido opinar, aportando así alguna que otra posible solución ante los retos que enfrenta esta sociedad de la que somos parte.

Pero, más importante aún es el hecho de que todos los jueces, en todos los niveles, somos servidores públicos y, como tal, estamos obligados a rendir cuentas a nuestro Pueblo. Que el Art. 1, Sec. 2 de nuestra Constitución no solo señala a las ramas políticas como sujetas a la soberanía del Pueblo, sino que también incluye a la Rama Judicial. Por lo tanto, y ante la realidad de que, distinto a las ramas políticas, el Pueblo al que servimos no tiene la oportunidad de ejercer un juicio directo sobre nuestro desempeño cotidiano, los jueces y las juezas tenemos la obligación moral de —al menos— propender a mayor apertura en el desempeño de nuestras funciones diarias. Por eso he insistido en que, en neto, las luces de las cámaras de los medios de comunicación en nuestras salas, incluyendo el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo, son un instrumento que aporta positivamente a esa apertura; a esa transparencia.

Por otro lado, los jueces debemos aceptar la realidad de que en este nuevo siglo nos ha tocado vivir —nos guste o no— en una era influenciada como nunca antes por los medios de comunicación. De hecho, si lo estudiamos con algún detalle, podríamos concluir que la relación entre los medios de comunicación y los tribunales se ha tornado, en cierto sentido, en una relación simbiótica o mutualista, cuyo instrumento más eficaz, pero a la vez de mayor tensión, es precisamente la cámara de televisión. Me explico.

Las cámaras de televisión en los tribunales reflejan a la perfección el enlace entre estas dos instituciones tan significativas en nuestra sociedad, como lo son los medios de comunicación y el sistema judicial. Como sabemos, los medios de comunicación sirven como la fuente primaria de información al Pueblo, mientras el sistema judicial constituye la fuente primaria para legitimar —mediante la interpretación de las leyes y la Constitución— aquellos valores y derechos que el Pueblo, directamente o de manera representativa, ha establecido en su Constitución y demás estatutos.

Para alcanzar sus respectivos y múltiples objetivos, ambas instituciones han desarrollado una relación con cierto grado de interdependencia. Por ejemplo, en ocasiones los medios de comunicación transforman un evento en una historia noticiosa que repercute en la opinión pública y que alerta los mecanismos del sistema de justicia. De esta manera, los medios de comunicación se constituyen en instrumentos, no solo informativos, sino fiscalizadores en favor de los intereses y derechos del Pueblo. Sin embargo, tal fiscalización no tendría sentido si los tribunales, junto con los demás componentes del sistema de justicia y en el marco de un proceso justo e imparcial, no le dieran el debido cauce.

Por otro lado, los tribunales atendemos a menudo asuntos que —de alguna manera— retan los parámetros de la sociedad representados en la ley, la cultura y la política. Así, mediante la interpretación de hechos y políticas públicas, y dentro del contexto de precedentes judiciales y acciones legislativas, los tribunales afirmamos o reajustamos esos parámetros sociales conforme a lo que entendemos es el texto de la ley y los principios generales del Derecho. Sin embargo, esta importante función no alcanzaría el eco necesario para hacerse vigente si no fuera por la difusión de los medios de comunicación.

Claro está, no debemos abusar de la candidez pensando que los medios de comunicación actúan de manera altruista inspirados solo por el deber de informar. Lo cierto es que los medios de comunicación son empresas que hacen de la información su negocio y que, en ocasiones, encuentran en los procesos judiciales mucho “producto que ofrecer”. De manera que es claro que en esta llamada “era de los medios y de la informática”, los tribunales y los medios de comunicación se complementan para atender sus distintas necesidades.

Aun así, y como ya adelanté, admito que las cámaras de televisión, a pesar de constituir un instrumento efectivo en la consecución de los objetivos de ambas instituciones, crean entre estas una gran tensión. Por eso, y para que esta tensión pueda ser canalizada correctamente, es menester que tanto la Rama Judicial como los medios de comunicación entiendan a conciencia sus respectivas funciones y parámetros.

En primer lugar, los tribunales tenemos que entender y aceptar que necesitamos los medios de comunicación para que, con su presencia en nuestras salas, entre otros beneficios, contribuyan indirectamente a disminuir el problema de la percepción que tiene la ciudadanía respecto al sistema judicial de nuestro País.

Por otro lado y, a su vez, los medios de comunicación tienen que entender y aceptar que mientras ustedes tienen la necesidad de informar, el propósito de nuestros tribunales es otro. Nuestro propósito es asegurar a todo ciudadano un juicio justo e imparcial, más aún en casos criminales (que como regla general son los más mediáticos). Ante esa realidad, las cámaras de los medios de comunicación en los tribunales podrán saciar su necesidad en la medida en que no interfieran con este propósito.

En conclusión, es evidente que los tiempos nos convocan a un ensanche de nuestras fronteras en este tema y que no podemos dilatar, y mucho menos obviar, ese llamado. Por eso, es menester que el avance que se inició el pasado año no mengüe, sino que siga ganando impulso.

Por todo lo anterior, estoy conforme con la determinación que hoy toma la mayoría de este Tribunal.

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

Aunque estoy conforme con la autorización emitida, resulta imperativo reafirmar que la transparencia que acompaña la transmisión de los procesos judiciales debe ser la norma y no la excepción.

Ante el panorama y los retos que enfrenta la Rama Judicial, reitero la necesidad de agilizar los esfuerzos simultáneos dirigidos a alcanzar la plenitud de acceso a los procesos judiciales dentro de nuestro esquema constitucional. In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424, 445 (2013), voto de conformidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

El nuevo Canon 15 de Ética Judicial, 4 LPRAAp. IV-B, extendió inmediatamente a todas las salas, incluyendo las criminales, el uso de computadoras portátiles, teléfonos celulares, tabletas, entre otros dispositivos electrónicos o equipo similar. Obviamente, todo sometido a unas normas que garantizan que tales acciones no interfieran con los trabajos de la sala.

Ante ese avance, al momento de autorizar la histórica transmisión de la lectura de sentencia en el caso Pueblo v. Malavé Zayas, esbocé los argumentos que enmarcan mi postura a favor de la actual petición de la prensa, al señalar que

[s] abido es que “el acusado no es el único acreedor del derecho fundamental a un juicio público, pues la ciudadanía y la prensa también pueden invocarlo para lograr el acceso a dicho procedimiento”. Pueblo v. Pepín Cortés, 173 DPR 968, 977 (2008). Los derechos a la libre expresión, asociación y libertad de prensa, garantizados por la See. 4 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico, LPRA Tomo 1, y por la Primera Enmienda de la Constitución Federal, así como el derecho de acceso a la información en poder del Estado, requieren que reflexionemos en torno a la realidad social de que ya no puede limitarse la publicidad del juicio a las personas presentes como espectadores. Debemos nutrirnos de la experiencia y de la tendencia mayoritaria a nivel de los Estados Unidos y en múltiples jurisdicciones democráticas. No podemos obviar que “[l]a asistencia personal y directa a los juicios ha perdido importancia y, en contrapartida, se ha ampliado el círculo de los participantes indirectos a los que la prensa, la radio y la televisión transmiten las noticias judiciales”.
Si no evolucionamos y reconocemos esta tendencia, sencillamente la naturaleza de la publicidad de los procesos judiciales quedará desvirtuada. Un razonamiento contrario, nos conduciría al absurdo de reconocer que es válido que un periodista escriba y transmita inmediatamente en twitter las palabras del juez al dictar la sentencia, pero que esas mismas palabras del juzgador no puedan ser radiodifundidas o televisadas simultáneamente. Más importante aún, no veo la razón por la cual no podamos permitir que el acceso a la información fluya inmediatamente, más allá del sector de la población que disfruta de conexión a la red de internet. (Escolio omitido). ASPRO et al., Ex pate I, 189 DPR 769, 785—786 (2013), voto particular de conformidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

En ocasión de su comparecencia a la vista de confirmación del Senado de Puerto Rico, la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta expresó en su ponencia que “hoy Puerto Rico cuenta con una judicatura más accesible, más moderna y más transparente. No obstante, queda mucho por hacer”. Ciertamente, queda mucho camino por recorrer.

La adopción de una firme política de apertura a las cámaras y a transmitir en vivo los procesos judiciales, con las correspondientes salvaguardas y protecciones que impone nuestro esquema constitucional, constituye uno de los vehículos que contribuiría a que la Rama Judicial recorra una parte del trayecto de ese camino. Por eso, aunque es-toy conforme con esta autorización, aspiro a que en un futuro cercano existan normas uniformes que permitan a la prensa contar con unos parámetros predeterminados para propiciar el mayor grado posible de difusión de la información pública que día a día se genera en las salas judiciales.

       El 11 de agosto de 2014, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Taller de Fotoperiodismo, Inc., la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club presentaron una Petición Especial de Autorización para el Uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual en los Procesos Judiciales al Amparo de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Poder Inherente y Constitucional de la Rama Judicial para Regular sus Procedimientos, mediante la cual solicitaron que autorizáramos la grabación y transmisión del fallo del tribunal y de la lectura de sentencia en el caso Pueblo v. Quiñones Rivera. El 12 de agosto de 2014 este Tribunal emitió una Resolución en la que proveyó “no ha lugar” a la petición presentada debido a que se presentó tardíamente en lo que al fallo respecta y porque era prematura en cuanto a la lectura de sentencia.

       LPRA, Tomo 1.