author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres Juez Asociado Señor Es-trella Martínez,

text:
    Javier E. Lugo Montalvo, recurrido, v. Sol Meliá Vacation Club, peticionario.

      Número: CC-2014-0798

      Resuelto: 2 de diciembre de 2015

      Christian E. Pagán Cordoliani, Reynaldo A. Quintana Lato-rre y Carlos R. Ramírez Pérez, de Baerga & Quintana, abo-gados de la parte peticionaria; Goodwin Aldarondo Jimé-

      nez, de Aldarondo Girod Law, PSC, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si erró el Tribunal de Pri-mera Instancia y el Tribunal de Apelaciones al concluir que en este caso no procedía dictar sentencia sumaria puesto que existía una controversia de hechos materiales. Respon-demos en la afirmativa. Además, el presente caso nos per-mite desarrollar en nuestra jurisdicción la doctrina del sham affidavit que adoptamos en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). También, nos brinda la oportunidad de aclarar un aspecto medular en la aplica-ción del requisito de nuestra Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V) sobre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos materiales.

I — I

El Sr. Javier Lugo Montalvo presentó una querella contra su antiguo patrono Sol Meliá Vacation Club y Segunda Fase Corp., al amparo del procedimiento sumario que es-tablece la Ley de Procedimiento Especial Sumario, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 LPRA see. 3118 et seq.) por alegado despido injustificado y discriminatorio por razón de su nacionalidad y edad. Como parte de su querella, específicamente, incluyó causas de acción al am-paro de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 LPRA sec. 185a et seq.) y la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 LPRA see. 146 et seq.).

Esencialmente, el señor Lugo Montalvo sostuvo que co-menzó a trabajar para Sol Meliá desde 2005 en el puesto de Gerente de Mercadeo Off Site. Asimismo aseveró que, para noviembre de 2010, el Sr. Carlos Guerrero, de nacio-nalidad venezolana, fue contratado para ocupar el puesto de Director Regional y pasó a ser su supervisor inmediato. Según el recurrido, a partir de su contratación, el señor Guerrero comenzó a realizar comentarios despectivos so-bre la forma en que laboraba el personal de nacionalidad puertorriqueña de la empresa. De igual forma, adujo que este lo despojó paulatinamente de sus funciones y deberes como Gerente de Mercadeo Off Site hasta que el 14 de enero de 2010 se produjo su despido. Afirmó, además, que luego de ser separado de su puesto, Sol Meliá empleó al Sr. José García, también de origen venezolano, para ocupar su posición.

En respuesta, Sol Meliá presentó oportunamente su contestación a la querella. Entre sus alegaciones responsi-vas expuso que el despido del señor Lugo Montalvo obede-ció a una reestructuración que buscaba alcanzar la “costo-eficiencia” de los departamentos de la empresa, la cual conllevó la eliminación del puesto de Gerente de Mercadeo Off Site y el cierre del Departamento de Mercadeo. Abase de eso, sostuvo que en la cesantía del señor Lugo Montalvo no medió ánimo discriminatorio, ya que la razón que mo-tivó su destitución estuvo arraigada en una decisión que buscaba mejorar el funcionamiento de la compañía. Por otro lado, planteó que el señor García fue contratado para fungir en un puesto distinto al que había ocupado el señor Lugo Montalvo.

Tras varios incidentes procesales, que incluyeron la de-negatoria de convertir el proceso en ordinario y la realiza-ción del descubrimiento de prueba, Sol Meliá presentó una moción de sentencia sumaria. En apoyo de su solicitud, hizo referencia a la deposición que le fue tomada al señor Lugo Montalvo donde este aseveró que los alegados comen-tarios discriminatorios del señor Guerrero eran de índole “personal” dirigidos a él y no hacia los puertorriqueños. A preguntas de la representación legal de Sol Meliá sobre los alegados comentarios discriminatorios, el señor Lugo Mon-talvo testificó:

P Mi pregunta fue bien clara. Que yo le pregunté a usted qué comentarios hacía el señor Guerrero de manera despectiva cri-ticando cómo los puertorriqueños trabajaban en el hotel. R Se me fue la palabra puertorriqueño ... este ... eh ... pues, como le acabo de explicar, nada tiene que ver entonces ese tipo de comentario. Ese tipo de comentario era un comentario hacia mi persona. No era hacia los puertorriqueños y los otros co-mentarios eran al respecto —como le dije— que, pues, nos tenía que dar un curso porque nosotros aquí en Puerto Rico no sabíamos cómo hacer las cosas. Que no sabíamos negociar por teléfono; que cómo era posible; qué cómo íbamos a pagar tres-cientos dólares [...] (Énfasis suplido). Apéndice, pág. 69.

De igual modo, Sol Meliá señaló que el señor Lugo Mon-talvo admitió que su antiguo puesto y el del señor García no era el mismo. Así, durante la deposición, el recurrido declaró:

P ¿Usted dijo que [al señor García] lo contrataron para traba-jar en “in house marketing”?
R Unjú.
P Con la voz.
R Sí.
P Ese no era el puesto suyo, ¿verdad?
R No. (Énfasis suplido). Apéndice, pág. 82.

Igualmente, Sol Meliá precisó que el señor Lugo Mon-talvo reconoció que, tras su despido, el Departamento de Mercadeo fue eliminado como resultado de un proceso de reestructuración:

P ¿Hubo un cierre?
R Sí.
P ¿Sabe por qué fue el cierre?
R Éh ... fue un cierre de operaciones completo. Fue el final de la reestructuración donde decidieron cerrarlo todo y solamente dejaron —como le expliqué— o sea, como doce empleados. Ce-rraron “Telemarketing”, cerraron todo, todo. Contabilidad creo que dejaron a una persona.
P ¿Cerraron todo mercadeo?
R No. Mercadeo cerró tan pronto yo me fui. (Énfasis suplido). Apéndice, pág. 59.

También, se resaltaron las expresiones siguientes del señor Lugo Montalvo sobre este particular:

P ¿Cómo usted llega a ese entendimiento de que Carlos Guerrero ya no está trabajando para Sol Meliá?
R Porque la compañía entera fue ... o sea, toda la empleoma-nía, o sea, la operación fue cerrada. El funcionamiento de las unidades continúa, pero o sea, lo que queda es la gente del “front desk”, “housekeeping”. (Énfasis suplido). Apéndice, pág. 86.

Al mismo tiempo, Sol Meliá especificó en su moción que el señor Lugo Montalvo admitió que, durante 2005, 2006 y 2007, el Departamento de Mercadeo había funcionado de manera excelente, pues tuvo la capacidad de atraer clien-tes prospectivos para el Departamento de Ventas y logró que el volumen de ventas para esos años sobrepasara las metas trazadas. Pero dijo que para 2008, 2009 y 2010, de-bido a la situación económica en Puerto Rico, no se consi-guió que las ventas volvieran a sobrepasar las cuotas establecidas. Apéndice, pág. 47.

Sol Meliá también incluyó en su moción de sentencia sumaria una declaración jurada de la Sra. Frances Colón, su Consultora de Recursos Humanos. Hizo esto con la fina-lidad de sustentar, entre otras cosas, que la reestructura-ción de las operaciones respondió a los altos costos opera-cionales sumados a una reducción en ventas, que una de las decisiones adoptadas para afrontar la merma en las ventas fue eliminar el puesto y el departamento donde se desempeñaba el señor Lugo Montalvo, lo que ahorró $168,672.17 en gastos de nómina y que las funciones rea-lizadas por el señor García como Vacation Concierge Team Leader no eran las mismas que llevaba a cabo el señor Lugo Montalvo como Gerente de Mercadeo Off Site. Apén-dice, págs. 258-259. Además, la moción de sentencia suma-ria estuvo acompañada por la descripción de los puestos bajo discusión y otros documentos.

El 25 de junio de 2013, el señor Lugo Montalvo presentó su oposición a la moción de sentencia sumaria. Alegó la exis-tencia de una controversia sustancial sobre los hechos rela-cionados al carácter discriminatorio de las actuaciones y los comentarios del señor Guerrero, las causas reales de su des-pido, la inexistencia del cierre del Departamento de Merca-deo tras su cesantía, la contratación de nuevo personal en los años subsiguientes a su destitución y la ausencia de dis-tinción entre las funciones del puesto otorgado al señor Gar-cía y el suyo.

Para lograr controvertir estos hechos, el señor Lugo Montalvo acompañó una declaración jurada suscrita por él, el 21 de junio de 2013, que contradecía sus contestaciones durante la deposición. Así, por primera vez, manifestó:

5. Que el Sr. Guerrero hizo comentarios despectivos sobre los puertorriqueños y su manera de trabajar. Incluyendo cuestio-nar y criticar la razón por la cual en Puerto Rico el día 6 de enero es un día festivo, donde nadie trabaja, mientras que en Estados Unidos es un día regular de trabajo.
7. El Sr. Guerrero se dirigía a mi persona gritando, de manera despectiva, denigrante y humillante, indicando que los puer-torriqueños éramos vagos y lentos, que no sabíamos hacer las cosas. Esto ocurría frente [a] empleados y clientes del Hotel.
8. El Sr. García fue contratado bajo el título de “Team Leader” del Aeropuerto. Sin embargo, el Sr. García realizaba las fun-ciones que yo realizaba bajo el puesto de Gerente de Mercadeo y continuó con los proyectos de mercadeo de “Off Site” que yo creé y gestioné antes de mi despido, incluyendo el “booth” del aeropuerto.
16. Me consta que el Vacation Club continuó operando por cerca de dos (2) años luego de mi despido, no hubo el alegado cierre completo del Departamento de Mercadeo cuando yo me fui. Apéndice, págs. 328-329.

Mientras pendía la resolución de la moción de sentencia sumaria, el señor Lugo Montalvo desistió en corte abierta de su reclamación de discrimen por razón de edad. Asi-mismo, se tomó la deposición del Sr. Johann Tapia, Supervisor de Mercadeo “In-House” de Sol Meliá.

Entonces, el Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria de la peticionaria. Entendió que existía controversia sobre ciertos hechos esenciales y materiales que ameritaban ser dilucidados en un juicio plenario. Específicamente, el Tribunal de Primera Instan-cia encontró como hechos en controversia los siguientes:

1. Las funciones del querellante al ser contratado y si hubo un cambio luego de entrar el nuevo supervisor, el señor Guerrero.
2. De haber cambios cuáles fueron las motivaciones de los cambios en funciones.
3. Si hubo discrimen por origen.
4. Si hubo comentarios despectivos en cuanto a la nacionali-dad puertorriqueña.
5. Si se constituyó discrimen por origen.
6. Si hubo o no cierre de operaciones del Gran Meliá.
7. Si en efecto, se eliminó el Departamento de Mercadeo.
8. Si las funciones del Sr. José García contratado después del querellante, eran las mismas del querellante a pesar del cam-bio de nombre de puesto.
9. Si en efecto, se eliminó la plaza del querellante.
10. Si se siguió el procedimiento de la Ley de despido injustificado.
11. Si el despido fue uno justificado. Apéndice, pág. 386.

De la misma forma, el foro primario detalló una relación de los hechos sobre los cuales encontró que no existía controversia Consecuentemente, la peticionaria pre-sentó una moción de reconsideración que fue denegada.

Inconforme con la determinación del foro primario, Sol Meliá acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. En su recurso, planteó que el foro primario erró al no eliminar la declaración jurada del se-ñor Lugo Montalvo por constituir un sham affidavit; no tomar como hechos incontrovertidos aquellos derivados del testimonio del señor Tapia, y aplicar incorrectamente la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, al denegar la mo-ción de sentencia sumaria. Por su parte, el señor Lugo Montalvo formuló su oposición al recurso.

Analizadas las posiciones de ambas partes, el foro apela-tivo confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones encontró que el señor Lugo Mon-talvo estableció hechos en controversia, los cuales debían ser dilucidados por medio de un juicio plenario. Insatisfe-cha, Sol Meliá recurrió ante este Tribunal mediante un re-curso de certiorari en el que formuló los mismos errores planteados ante el Tribunal de Apelaciones. Oportuna-mente, el señor Lugo Montalvo presentó su oposición. Expe-dido el auto y con la comparecencia de ambas partes, proce-demos a resolver.

h — I hH

Lo primero que tenemos que determinar es si el Tribunal de Primera Instancia debió excluir la declaración ju-rada del señor Lugo Montalvo incluida como parte de su oposición a la moción de sentencia sumaria. Así, podremos precisar si realmente existe una controversia sustancial de hechos materiales que impida que se dicte sentencia suma-ria en este caso.

A. Doctrina del “sham, affidavit”

El origen de la doctrina del sham affidavit se remonta a la decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito en Perma Research & Dev. Co. v. Singer Co., 410 F.2d 572 (2do Cir. 1969). Tras esta decisión del Segundo Circuito, todos los circuitos federales han con-siderado la aplicación de la doctrina y la han adoptado en alguna forma. Recientemente, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Sexto Circuito, en McClain v. Mason County, Ky., 618 Fed.Appx. 262, 266 (6to Cir. 2015), resumió los aspectos medulares de esta doctrina de la forma siguiente:

[...] This rule “is grounded on the sound proposition that a party should not be able to create a disputed issue of material fact where earlier testimony on that issue by the same party indicates that no such dispute exists”. Under the rule, a post-deposition affidavit such as McClain’s declaration may be properly stricken by the district court for two reasons: first, if an affidavit “directly contradicts” the affiant’s prior deposition testimony, it should be stricken unless the party opposing summary judgment provides a persuasive justification for the contradiction. Second, when there is no direct contradiction, “the district court should not strike or disregard that affidavit unless the court determines that the affidavit constitutes an attempt to create a sham fact issue”. (Citas omitidas).

Del mismo modo, la mayoría de los estados que han abordado el tema han decidido adoptar una norma cónsona con la doctrina de elaboración federal

En SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, tuvimos la oportunidad de aplicar la doctrina del sham affidavit ante un demandante que omitió, en sus respuestas du-rante una deposición, hechos materiales y esenciales a su causa de acción y luego los reveló, por primera vez, a tra-vés de una declaración jurada para oponerse a la solicitud de sentencia sumaria de la parte adversa. Id., pág. 443. En aquella ocasión, aseveramos que permitir que una parte brinde una respuesta a medias en una deposición, rete-niendo información, para luego presentarla de forma aco-modaticia en la oposición a una moción de sentencia suma-ria resulta contrario al objetivo que persigue la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. íd., pág. 441. Subrayamos que no hay cabida en nuestro ordenamiento para estrategias dirigidas a prevalecer a toda costa sin referencia a la justicia. Id., pág. 442. En consecuencia, adoptamos en nuestro ordenamiento la modalidad por omisión de la doc-trina del sham affidavit. Moll v. Telesector Resources Group, Inc., 760 F.3d 198, 205 (2do Cir. 2014) (“[A] party may not create an issue of fact by submitting an affidavit in opposition to a summary judgment motion that, by omission or addition, contradicts the affiant’s previous deposition testimony”).

Por su parte, hoy se nos plantea la doctrina del sham affidavit en su modalidad por contradicción. Esta aplica cuando: (1) una parte ha sido examinada mediante preguntas precisas y libres de ambigüedad y ha respondido en detalle durante una deposición o ha prestado previamente una declaración clara e inequívoca bajo juramento; (2) al momento de oponerse a la solicitud de sentencia sumaria esa parte presenta una declaración posterior cuyo contenido es claramente incompatible con la versión ofrecida; (3) la incompatibilidad entre las dos declaraciones resulta evidente, manifiesta o patente, y no se trata de meras discrepancias de poca transcendencia o errores de buena fe; (4) no se ofrece explicación adecuada para la nueva versión, y (5) la declaración posterior no responde al descubrimiento de nueva evidencia, la cual a pesar de una diligencia razo-nable, no pudo descubrirse o no estuvo disponible al mo-mento en que se prestó la declaración previa incompatible. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 440-442; McClain v. Mason County, Ky., supra.

Con respecto a los últimos dos requisitos, advertimos que el proponente de la declaración jurada podrá ofrecer una explicación adecuada para la nueva versión que, a sa-tisfacción del foro juzgador, justifique la variación en el testimonio. Véase Cleveland v. Policy Management Systems Corp., 526 US 795 (1999) (donde se indicó que las partes pueden explicar o tratar de resolver las contradic-ciones con una explicación suficientemente razonable). Sin embargo, la explicación que brinde el proponente de la ver-sión contradictoria no debe descansar en meras ambigüe-dades o planteamientos estereotipados, pues una parte que declaró bajo juramento tiene una carga considerable cuando pretende deshacerse de una declaración previa. Véase Pyramid Securities, Ltd. v. IB Resolution, Inc., supra.

Esa explicación tiene que brindarse cuando se presenta la nueva declaración jurada contradictoria. Es en ese mo-mento que el proponente, opositor a la solicitud de sentencia sumaria, tiene abiertas completamente las puertas del tribunal para demostrar que sus declaraciones incompatibles no son simuladas. Precisamente, ese es su día en corte. En esa instancia el tribunal habrá de considerar la suficiencia de las razones que justifiquen el cambio en la nueva versión ofrecida.

Un sistema que tenga verdaderamente como norte fo-mentar el acceso de sus ciudadanos a los foros judiciales y la búsqueda de soluciones justas, económicas y rápidas en los procedimientos legales no debe avalar el empleo de tác-ticas pérfidas de litigio que solo pretenden prolongar arti-ficialmente la vida de casos inmeritorios. Así, al igual que la sentencia sumaria, la doctrina del sham affidavit es un valioso instrumento procesal que permite a los jueces lim-piar la casa y descongestionar los calendarios judiciales. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 220-221 (2010). Eso contribuye a la consecución del verdadero acceso a la justicia, pues se descargan los calendarios de los tribuna-les de reclamaciones sin méritos para darle paso a casos que realmente requieran la adjudicación de los derechos de las partes para hacer justicia. No hay justificación alguna para que un caso, en el que no existen hechos materiales por dilucidar, ocupe el tiempo del tribunal en lugar de de-dicarle ese día a otro caso donde sí es necesario un juicio en su fondo para presentar la prueba que permita dirimir los hechos relevantes y decidir lo que proceda en Derecho. Además, tampoco podemos consentir que litigantes se val-gan de maniobras dilatorias con el mero propósito de retra-sar innecesariamente un pleito como baraja de último re-curso para forzar una negociación transaccional. En fin, no hallamos razón para que nuestros tribunales se abstengan de disponer de un caso por la vía sumaria cuando se pre-sentan declaraciones juradas con el único propósito de crear controversias de hechos artificiales.

Al analizar detenidamente las declaraciones del señor Lugo Montalvo, la inconsistencia entre ambas es evidente y patente. Primero, en la deposición señaló que los comenta-rios del señor Guerrero ño estaban dirigidos a los puertorri-queños y luego añadió que este expresaba que los puertorri-queños eran vagos y lentos. Segundo, se limitó a reconocer sin más que su puesto y el del señor García no era el mismo y después argüyó que las funciones eran de facto las mismas. Tercero, afirmó que, tras su cesantía de la empresa, el Departamento de Mercadeo fue cerrado, para posterior-mente manifestar que no hubo tal cierre. Por último, no dudó en reconocer a secas el cierre operacional de Sol Meliá, aunque luego añadió que le constaba que continuó operando por cerca de dos años subsiguientes a su despido. Así pues, la declaración jurada posterior resulta totalmente contraria al testimonio que brindó durante la toma de su deposición.

No nos encontramos ante discrepancias de poca trascendencia. Esas contradicciones tuvieron la consecuen-cia directa de crear una controversia simulada de hechos materiales que provocó que el Tribunal de Primaria Instan-cia se abstuviera de disponer de este caso al amparo de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. No se desprende del expediente que el recurrido haya brindado alguna explica-ción para la nueva versión. Tampoco surge que la inconstan-cia sea producto del descubrimiento de nueva evidencia. El que la declaración jurada haya sido preparada tan solo cua-tro días antes de presentar la oposición es un elemento in-dicativo adicional de que esta fue elaborada con la intención de crear una controversia artificial donde no la había.

Consistente con lo expuesto, concluimos que procedía excluir la declaración jurada del señor Lugo Montalvo al momento de evaluar la moción de sentencia sumaria. Ante las preguntas claras e inequívocas de la representación legal de Sol Meliá, el señor Lugo Montalvo brindó su versión de los hechos. No podemos permitir que esa versión sea variada con el propósito de crear una controversia simu-lada de hechos materiales que impida que se dicte senten-cia sumaria. Por lo tanto, sostenemos que el foro primario erró al considerar la declaración jurada del señor Lugo Montalvo.

B. Sentencia sumaria

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, la cual desglosa los requisitos específicos con los que debe cumplir esta figura procesal. En esencia, para poder rendir una adjudicación en los méritos de forma sumaria es necesario que de las alegaciones, de-posiciones, contestaciones a interrogatorios, admisiones, declaraciones juradas, y de cualquier otra evidencia ofre-cida, surja que no existe controversia real y sustancial en cuanto a algún hecho material y que, como cuestión de derecho, proceda dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V). Véase, también, Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7 (2014). Es decir, la sentencia su-maria procede cuando no existen controversias reales y sus-tanciales en cuanto hechos materiales, por lo que lo único que queda es aplicar el Derecho. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).

Hemos reiterado que la sentencia sumaria es un meca-nismo procesal que provee nuestro ordenamiento para pro-piciar la solución justa, rápida y económica de controver-sias en las cuales resulta innecesario celebrar un juicio plenario. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). La sentencia sumaria es un valioso instru-mento procesal para descongestionar los calendarios judiciales. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012).

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria de la peticionaria por en-tender que su resolución requería la celebración de un jui-cio plenario, ya que existía controversia sobre ciertos he-chos materiales. Sin embargo, de su resolución surgen cuatro controversias que fueron categorizadas como de he-cho, cuando en realidad estas son controversias de derecho. Nos referimos a las determinaciones de hechos en contro-versia Núms. 3, 5, 10 y 11. El foro primario calificó como cuestiones de hecho las controversias jurídicas siguientes: si hubo discrimen por origen, si se constituyó discrimen por origen, si se siguió el procedimiento de la ley de despido injustificado y si el despido estaba justificado.

En ocasiones, establecer qué constituye una conclusión de derecho y cómo se diferencia de una determinación de hecho puede ser problemático. Sobre ese particular, hemos expresado que

[c]ualquie[r] deducción o inferencia de un hecho probado, que no represente una deducción o una inferencia de tal he-cho, sino que represente la aplicación de un principio de ley, de un razonamiento lógico o de una opinión jurídica al hecho pro-bado, o al hecho deducido o inferido del hecho probado, se con-siderará una conclusión de derecho [...] (Enfasis suplido). Sanabria v. Sucn. González, 82 DPR 885, 997 (1961).

Aunque a veces no es fácil atisbar la diferencia, es vital que los tribunales distingan puntualmente entre lo que es un hecho y una conclusión de derecho. Un “hecho” en el campo jurídico es un acontecimiento o un comportamiento determinado y pertinente para la norma legal que se pre-tende aplicar. La norma jurídica se aplica al supuesto que constituye el “hecho” para arribar a determinada conclu-sión de derecho. En otras palabras, las determinaciones de hecho establecen qué fue lo que pasó, mientras que en las conclusiones de derecho se determina el significado jurí-dico de esos hechos conforme a determinada norma legal. Lo anterior, no es otra cosa que la teoría del silogismo ju-rídico, según la cual la decisión judicial es el resultado de la subsunción de unos hechos según una norma jurídica para llegar a una conclusión de derecho. Véase R.M. Lan-ner, El silogismo jurídico y la jurisprudencia constitucio-nal, 11 Revista Justicia 83-101 (2006). Así, el silogismo jurídico “ubica al juez en un plano deductivo y argumental, en donde dentro de una estructura cerrada, la premisa mayor, le es dada por la norma por aplicar al caso, mientras la premisa menor es dada por el hecho relevante y la conclu-sión por la aplicación al caso sub-examine”. Id., pág. 94.

Ante una moción de sentencia sumaria, los jueces deben determinar primero cuáles son los hechos presentes, es decir, en qué conducta incurrieron las partes involucra-das y las circunstancias que rodearon esas actuaciones. Esos hechos, a su vez, deben ser interpretados por el juez para determinar si son esenciales y pertinentes, y si se en-cuentran controvertidos. De encontrarse presente algún he-cho material en controversia no podrá utilizarse el meca-nismo de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Por el contrario, de no existir tal controversia de hecho, el tribunal deberá dictar sentencia a favor del promovente de la solici-tud de sentencia sumaria si el derecho le favorece a este último.

En todo caso debidamente instado ante un foro judicial habrá siempre una controversia de derecho presente y es precisamente esa controversia la que vienen los tribunales llamados a resolver. Si se comete el error de catalogar las controversias de derecho como controversias de hecho se eli-minaría virtualmente el mecanismo de la sentencia sumaria de nuestro ordenamiento procesal, pues este requiere expre-samente la inexistencia de una controversia de hechos ma-teriales para que un tribunal pueda dictar sentencia de esa forma. Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, supra.

En casos como el que hoy atendemos, la determinación sobre si un despido fue justificado, si se siguió el procedi-miento que requiere la legislación aplicable, o si hubo dis-crimen por origen constituyen las controversias de derecho que el recurrido ha colocado ante la consideración del foro judicial para determinarse con arreglo a la ley y a los he-chos acontecidos. Por esta razón, las determinaciones de hechos en controversia Núms. 3, 5, 10 y 11 fueron clasifica-das erróneamente por el Tribunal de Primera Instancia y deben tenerse por no puestas, pues en realidad son contro-versias de derecho.

Nos resta precisar si el resto de los hechos que el foro primario entendió estaban en controversia en efecto se en-cuentran controvertidos por la prueba en el expediente. Las determinaciones de hechos en controversia Núms. 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 9 giran, respectivamente, en torno a las funcio-nes del recurrido al ser contratado y si luego de que el señor Guerrero comenzara en la empresa hubo un cambio en estas; de haber habido cambios, cuáles fueron sus moti-vaciones; si hubo o no un cierre de operaciones en Sol Me-liá; si en efecto, se eliminó el Departamento de Mercadeo; si las funciones del señor García, contratado después del señor Lugo Montalvo, eran las mismas a pesar del cambio de nombre de puesto, y si, efectivamente, se eliminó la plaza del señor Lugo Montalvo.

El expediente refleja que, en lo que concierne a la con-troversia número 1, durante la toma de su deposición el señor Lugo Montalvo afirmó que al comenzar a laborar con la peticionaria se le informó que ocuparía el puesto de Ge-rente de Mercadeo Off Site con la responsabilidad principal de alimentar la base de datos con potenciales clientes a través de eventos promocionales para que el Departamento de Telemarketing pudiera contactarlos e invitarlos a com-prar “time-shares” de Sol Meliá. Asimismo, admitió que en-tre el periodo que comenzó en la compañía hasta el 2010 sus funciones “no cambiaron tanto”. Apéndice, pág. 59.

Ahora bien, con respecto a la controversia Núm. 2, el señor Lugo Montalvo aseveró que, tras la llegada del señor Guerrero, hubo cambios en su horario de oficina, se can-celaron ciertos eventos promocionales y le asignaron nue-vos proyectos promocionales. No obstante, el señor Lugo Montalvo reconoció que las tareas para estos eventos esta-ban incluidas en las funciones de su puesto. Apéndice, págs. 75-76. De hecho, así se desprende de la descripción de su puesto anejada a la moción de sentencia sumaria. Apéndice, págs. 114-117.

En lo referente a la controversia Núm. 4, el recurrido únicamente se limitó a mencionar que los alegados comen-tarios discriminatorios del señor Guerrero fueron a los efec-tos de que en Puerto Rico los empleados de Sol Meliá no sabían “cómo hacer las cosas” y conducir negociaciones telefónicas. Excluidos los comentarios presentados, por pri-mera vez, a través de la declaración jurada acomodaticia, no surge del expediente algún otro comentario de esta naturaleza.

En torno a las controversias Núms. 6, 7 y 9, resaltamos nuevamente que el señor Lugo Montalvo aseguró que hubo un cierre total con motivo de una reestructuración y que se eliminó el Departamento de Mercadeo. De otra parte, el he-cho de que la plaza del señor Lugo Montalvo fue eliminada se desprende claramente de la declaración jurada de la con-sultora de recursos humanos de Sol Meliá. Allí se indicó, bajo juramento, que entre las posiciones eliminadas debido a la reorganización de Sol Meliá estuvo la de Gerente de Mercadeo Off Site ocupada por el señor Lugo Montalvo.

Por último, el señor Lugo Montalvo reconoció expresa-mente que las funciones de su puesto y las del señor García no eran las mismas. Incluso, después de analizar las des-cripciones de ambos puestos anejadas a la moción de sen-tencia sumaria no tenemos duda de que no se trataba de la misma posición. Cabe resaltar que la posición ocupada por el señor Lugo Montalvo requería dieciocho calificaciones, conllevaba funciones de mayor discreción y devengaba un salario de aproximadamente $35,000 al año. En cambio, la posición del señor García exigía solo cinco calificaciones, acarreaba funciones de menor discreción y tenía una remu-neración inferior de $7.25 por hora, para un salario cer-cano a los $14,000 anuales. Apéndice, págs. 114-117.

1 — 1 H-1

En vista de que la prueba testimonial y documental pre-sentada en apoyo de la solicitud de la sentencia sumaria demuestra que realmente estos hechos no están en contro-versia, únicamente resta aplicar el Derecho.

A. Ley Núm. 80

En nuestra jurisdicción, una vez un trabajador ejerce una ocupación u ostenta un empleo, la Ley Núm. 80, supra, establece un esquema que regula su retención y despido. Ese esquema establece que “aquellos empleados de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo que: (1) estén contratados sin tiempo determinado; (2) reciban una remuneración, y (3) sean despedidos de su cargo, sin que haya mediado una justa causa”, tienen derecho al pago de una compensación por su patrono (además del sueldo devengado), típicamente denominada como la mesada. Orsini v. Srio de Hacienda, 177 DPR 596, 620-621 (2009). Sin embargo, amerita señalar que “[e]n Puerto Rico no existe una prohibición absoluta contra el despido de un empleado. Si existe justa causa este puede ser despedido”. Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 DPR 763, 775 (1992). Véase, también, Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 191 DPR 643, 651 (2014). Si no la hay, el remedio provisto es la imposición al patrono del pago de la mesada a favor del empleado. Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 380 (2011). Así, la mesada constituye el remedio exclusivo disponible para los empleados despedi-dos injustificadamente, siempre que no existan otras cau-sas de acción al amparo de otras leyes que prohíban el despido y concedan otros remedios. SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920 (2015).

El Art. 2 de la Ley Núm. 80 (29 LPRA sec. 185b) establece una lista, no taxativa, de las circunstancias que constituyen “justa causa” para el despido de un empleado, seis de ellas atribuidas al empleado y tres al patrono. Pertinentes al caso ante nos, el referido artículo dispone que se entenderá como un despido justificado aquel que se acomete debido al cierre total, temporero o parcial de las operaciones del patrono y por cambios tecnológicos o de reorganización, así como los que se hacen necesarios por una reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias que prevalecen al ocurrir el despido. Estos fundamentos contenidos en los incisos (d), (e) y (f) del Art. 2 de la Ley Núm. 80, id., “[e]stán relacionadas a actuaciones del patrono dirigidas a la administración de su negocio, y principalmente se presentan por razones de índole económica que surgen según la operación diaria de las empresas”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 376 (2001). “Se contemplan aquí situaciones que no son imputables al obrero pero que son de tal naturaleza que su despido resulta prácticamente inevitable dentro de las normas usuales y ordinarias que imperan en el manejo de los negocios [...]”. Informe Conjunto de las Comisiones de Trabajo y Derechos Civiles y Servicio Público, P. del S. 1112, 23 de abril de 1975, pág. 3. Véase, además, Informe de la Cámara de Representantes, Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano, P. del S. 1112, de abril de 1976.

De este modo, la propia legislación protectora toma en consideración el que puedan surgir condiciones en la operación de los negocios que requieran cesantear personal sin que ello active el remedio de la mesada. No obstante, el mismo Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, dispone que no se calificará como un despido por justa causa aquel que se hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del negocio.

Ahora bien, el Art. 3 de la Ley Núm. 80 (29 LPRA sec. 185c) establece un orden de retención de empleados para las causales fundamentadas en el funcionamiento de la empresa. Según esta disposición, el patrono está obligado a dar preferencia a los empleados despedidos en caso de que en los seis meses siguientes a su cesantía tuviere la necesidad de emplear a una persona en labores iguales a las que desempeñaba al momento de su despido y dentro de su clasificación ocupacional.

En el ámbito probatorio, si el trabajador demuestra que fue empleado en algún comercio, industria o negocio, que su contrato era por tiempo indeterminado, por el cual recibía remuneración y que fue despedido de su puesto e insta una causa de acción contra su patrono al amparo de la Ley Núm. 80, supra, se activa una presunción de que el despido fue injustificado. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 906-907 (2011). Como resultado, una vez el trabajador presenta los hechos básicos, se invierte el orden de la prueba y el patrono está obligado a demostrar esos hechos que dieron origen al despido y pro-bar que este estuvo justificado para quedar eximido del pago de la mesada. Art. 11 de la Ley Núm. 80 (29 LPRA sec. 185k(a)); Romero v. Cabrer Roig, supra, pág. 652. Por eso, el tribunal tiene que evaluar los hechos para determinar si existió justa causa para el despido. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 572 (2001).

En este caso no hay controversia de que nos encontramos ante un despido en una compañía producto de una reduc-ción en el volumen de ventas. Sol Meliá logró probar que el despido del señor Lugo Montalvo estuvo justificado. Se esta-bleció que la merma en las ventas que atravesó Sol Meliá de 2009 a 2011 fue de tal magnitud que provocó una restructu-ración que no solo ocasionó el despido del señor Lugo Mon-talvo sino que, además, resultó en el cierre del Departa-mento de Mercadeo de la empresa y en la cesantía de todos sus empleados. Incluso, según admitió el señor Lugo Mon-talvo en su deposición, esa situación suscitó también el cie-rre del Departamento de Telemarketing y, eventualmente, la operación de Sol Meliá fue reducida a tal punto que única-mente permaneció el personal de front desk y housekeeping.

Hemos reconocido que un patrono puede modificar su forma de hacer negocios a través de cambios dirigidos a optimizar sus recursos y aumentar sus ganancias, ya sea eliminando puestos, creando nuevas plazas o fusionando posiciones ya existentes, como vehículo para enfrentar problemas de competitividad. Lo importante es que sea una reestructuración bona fide. Véase SLG Zapata Berrios v. J.F. Montalvo Cash & Carry Inc., supra, pág. 426. Queda claro que la situación que atravesó Sol Meliá y las decisiones administrativas que tomó cumplen con las exigencias de los incisos (d), (e) y (f) del Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra. La situación económica de Sol Meliá, provocada por la reducción en ventas y el alto costo en las operaciones, la llevó a reorganizar sus operaciones en la Isla. Algunas de las estrategias implementadas como parte de sus esfuerzos de reestructuración redundaron en requerir que los empleados agotaran sus licencias de vacaciones, eliminar las posiciones que se determinó no eran esenciales y redistribuir sus funciones. Estos esfuerzos, según demuestra la prueba, redujeron los gastos operacionales en unos $168,672.17.

Por lo tanto, el despido del señor Lugo Montalvo se en-cuentra enmarcado en un proceso bona fide de reorganiza-ción dirigido a paliar una baja en ventas. Así pues, Sol Meliá, según formulado en su moción de sentencia suma-ria, rebatió la presunción en su contra y demostró que el despido del señor Lugo Montalvo estuvo justificado con-forme a las disposiciones de la Ley Núm. 80, supra.

Sobre las contenciones de que el señor García pasó a ocupar el mismo puesto del señor Lugo Montalvo, la evi-dencia no demuestra que se tratara en realidad del mismo puesto. Aunque el Art. 3 de la Ley Núm. 80, supra, impone la obligación de otorgar prioridad a los empleados cesante-ados para ocupar plazas que surjan durante los seis meses posteriores a su despido, esta protección aplica ante nue-vos puestos que requieran el desempeño de labores iguales y se encuentren en la misma clasificación ocupacional. Véase SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 428. Destacamos, nuevamente, que las marcadas diferencias entre los requisitos, las funciones y la remuneración del señor García y el señor Lugo Montalvo no nos permiten concluir que se trata del mismo puesto, ni que gozaran de la misma clasificación ocupacional.

B. Ley Núm. 100

La génesis de la Ley Núm. 100, supra, respondió al elevado propósito de desarraigar la indeseable práctica social de muchos patronos de discriminar contra los empleados exclusivamente por razón de su edad, raza, color, sexo, origen social o nacional, condición social o ideas políticas o religiosas. Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 574. En consecuencia, la Ley Núm. 100, supra, prohíbe y penaliza el discrimen en el empleo.

El Art. 3 de la Ley Núm. 100 (29 LPRA see. 148) establece una presunción controvertible de discrimen que favorece al empleado perteneciente a un grupo protegido por ley, que obliga al patrono a probar que el despido no fue discriminatorio cuando es realizado sin justa causa. La Ley Núm. 100, supra, no define el término “justa causa”, por lo que hemos expresado que es necesario acudir a la defini-ción que provee la Ley Núm. 80, supra. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 814 (2009).

Para que la presunción de discrimen se active, el empleado demandante tiene que desfilar prueba capaz de crear en el juzgador de los hechos una base racional para poder inferir que la acción patronal se llevó a cabo por razones discriminatorias. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 388. Cónsono con lo anterior, en López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 124 (2011), reconocimos que, en toda causa de acción instada simultáneamente al amparo la Ley Núm. 80, supra, y la Ley Núm. 100, supra, el empleado, antes de articular su caso por la modalidad de discrimen que arguya, deberá demostrar que su despido fue injustificado.

En este caso, resulta suficiente que Sol Meliá haya es-tablecido firmemente que el despido del señor Lugo Mon-talvo fue consecuencia de una restructuración bona fide cobijada en las causales de justa causa provistas por el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra. Sol Meliá derrotó la presun-ción en su contra y demostró, mediante preponderancia de la prueba, que la razón detrás del despido del señor Lugo Montalvo no respondió a consideraciones discriminatorias. Por ende, no se configuró una causa de acción según la Ley Núm. 100, supra.

En vista de que el testimonio del señor Lugo Montalvo, en unión a la prueba documental anejada a la moción de sentencia sumaria, es suficiente para disponer del caso, no es necesario atender el segundo señalamiento de error de Sol Meliá en torno a la exclusión del testimonio del señor Tapia.

IV

Por los fundamentos expuestos, revocamos el dictamen del Tribunal de Apelaciones y dictamos sentencia de ma-nera sumaria a favor de la peticionaria desestimando la demanda del recurrido.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió una opinión disidente, a la cual se unieron la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta, la Juez Asociada Señora Rodríguez Ro-dríguez y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez. Además, la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez hace constar la expresión siguiente:

Nuevamente, una mayoría de este Tribunal insiste en adop-tar, indiscriminadamente, una norma incompatible con los principios que informan el mecanismo de sentencia sumaria en nuestro ordenamiento procesal civil. Al así proceder, se re-curre, con un automatismo indeliberado, a una figura para la cual los propios foros federales han demostrado cierto grado de aversión, así como divergencias de criterio en torno a su apli-cación, utilidad y conveniencia. La sanción tan severa de ex-cluir una declaración jurada presuntamente contradictoria que conlleva la doctrina del sham affidavit sitúa a la parte que se opone a la disposición sumaria de un pleito en una sitúa-ción considerablemente desventajosa. En todo caso, la Regla 36.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V, provee para que el foro primario imponga sanciones monetarias a la parte que presente declaraciones juradas de mala fe o con propósitos dilatorios. En atención a estas consideraciones, me veo obli-gada a disentir del dictamen que hoy emite una mayoría y reafirmar mi displicencia y resistencia a la incorporación ino-pinada de la doctrina del sham affidavit en el derecho procesal civil puertorriqueño.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Es-trella Martínez,

a la cual se unen la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta, la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez.

En SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013), advertimos los peligros de la entrada por la cocina del automatismo en la aplicación de los requisitos dispues-tos en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Véanse las opiniones disidentes emitidas por la Jueza Pre-sidenta Señora Fiol Matta y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Con la ampliación e incorporación de la doctrina de sham affidavit en la modalidad “por contradicción”, ahora se agrega a las Reglas de Procedimiento Civil el rigor desme-dido, como criterio rector, por encima de la solución justa de las controversias.

H — H

Los hechos del caso ante nuestra consideración tienen su origen en una reclamación del Sr. Javier E. Lugo Montalvo (Lugo Montalvo) en la que sostiene que fue despedido injus-tificadamente y de forma discriminatoria de sus labores como gerente de mercadeo de Sol Meliá Vacation Club (Sol Meliá). A tales efectos, señaló que laboró para esa empresa desde el 2005 sin recibir ninguna amonestación ni incurrir en conducta impropia. Sostuvo que después que el Sr. Carlos Guerrero, de nacionalidad venezolana, comenzó a trabajar como director regional, éste empezó a criticar de manera despectiva la forma cómo los puertorriqueños trabajaban en el hotel. Asimismo, alegó que el señor Guerrero le despojó de funciones inherentes a su puesto, le asignó labores inferio-res, y afectó la productividad del equipo al crear un am-biente que desmotivó a los empleados. A su vez, señaló que su plaza fue ocupada por el Sr. José García (García), quien es más joven y de nacionalidad venezolana. A base de ello, reclamó que fue despedido injustificadamente y discrimi-nado por razón de edad y nacionalidad.

Por su parte, Sol Meliá negó las alegaciones de la que-rella y señaló que el despido del señor Lugo Montalvo obe-deció a una reestructuración y proceso de reducción del personal. Igualmente, argumentó que el puesto que éste ocupaba fue eliminado, por lo que no fue sustituido por ninguna persona. Además, indicó que las funciones del se-ñor García eran distintas a las del señor Lugo Montalvo. Así, reclamó que el despido fue justificado.

Posteriormente, Sol Meliá presentó una Moción Solici-tando Sentencia Sumaria. Por su parte, el señor Lugo Mon-talvo se opuso a ésta. Examinadas las posturas de las par-tes, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución el 14 de noviembre de 2013, archivada en autos el 3 de diciembre de 2013 en la que declaró “no ha lugar” a la solici-tud de sentencia sumaria. El foro primario señaló varios hechos en controversia relacionados a las funciones que re-alizaba el señor Lugo Montalvo y las del señor García. Es-pecíficamente, determinó que existía controversia sobre los hechos siguientes: (1) las funciones que realizaba el señor Lugo Montalvo; (2) si hubo un cambio de estas funciones con el nuevo supervisor; (3) si las funciones del señor García eran las mismas que las del señor Lugo Montalvo; (4) si en efecto se eliminó el Departamento de Mercadeo; (5) si en efecto se eliminó la plaza del señor Lugo Montalvo; (6) si hubo o no un cierre de operaciones, y (7) si hubo comenta-rios despectivos en cuanto a la nacionalidad puertorriqueña.

Inconforme, Sol Meliá solicitó reconsideración de la Reso-lución emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Esta fue declarada “no ha lugar”, por lo que acudió ante el Tribunal de Apelaciones. Entre otras cosas, imputó que el foro primario erró al no dictar sentencia sumaria y al considerar la declaración jurada del señor Lugo Montalvo presentada en su oposición a la solicitud de sentencia sumaria. Así las cosas, el foro apelativo intermedio emitió la Sentencia con-firmatoria el 6 de agosto de 2014. En esencia, el Tribunal de Apelaciones entendió que existen controversias de hechos que deben ser dilucidadas en un juicio plenario. Específica-mente, entendió que existen controversias que deben ser dirimidas por el foro primario con relación a las funciones que desempeñaba el señor Lugo Montalvo y el personal que lo sustituyó. Además, al identificarse un comentario o hecho que involucra ánimo discriminatorio, el foro apelativo inter-medio entendió que resultaba importante considerarlo en la medida que el señor Lugo Montalvo alegó que fue sustituido de sus funciones por una persona de nacionalidad venezo-lana, por lo que resulta improcedente el mecanismo de sen-tencia sumaria.

En desacuerdo con la referida determinación, Sol Meliá acude ante este Tribunal y sostiene que procedía dictar la sentencia sumaria. En lo pertinente, alude que se debió eliminar la declaración jurada presentada por el señor Lugo Montalvo en su oposición a sentencia sumaria por entender que constituye una declaración realizada con el propósito de contradecir un testimonio suyo anterior para evitar que se dicte sentencia sumaria en su contra. La Ma-yoría de este Tribunal acoge tal postura al incorporar in-necesariamente por fíat judicial la doctrina del sham affidavit en la modalidad por contradicción a las Reglas de Procedimiento Civil.

I — 1

Como expuse desde SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, la figura del sham affidavit se importó inne-cesariamente a nuestra jurisdicción. Según esta doctrina se impide que una parte presente una declaración jurada para contradecir un testimonio anterior suyo, si lo hace con el único propósito de evitar que se dicte sentencia sumaria en su contra y sin explicar el porqué de la contradicción. Como advertí, el solo hecho de que una declaración jurada ofrecida por una parte esté en conflicto con alguna deposi-ción anterior, no es suficiente para que ésta sea rechazada. Kennet-Murray Corp. v. Bone, 622 F.2d 887 (5to Cir. 1980). Más aún, no toda declaración contradictoria constituye un engaño. De Luca v. Trustees of University Pennsylvania, 834 F.Supp.2d 282 (E.D.Pa.2011).

A diferencia de SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, y del caso ante nos, en la esfera federal, la doctrina se ha aplicado con prudencia y solo en ciertas circunstancias. Ello, debido a que está en conflicto con un principio general de que los tribunales no debemos hacer determinaciones de credibilidad cuando concedemos o denegamos una solicitud de sentencia sumaria. Por lo tanto, se advierte que para aplicar la doctrina del sham affidavit los tribunales deben hacer una determinación real de que la contradicción es parte de un engaño. Véanse: Yeager v. Bowlin, 693 F.3d 1076, 1080 (9no Cir. 2012); Croom v. Balkwill, 645 F.3d 1240 (11mo Cir. 2011); Hollins v. Delta Airlines, 238 F.3d 1255 (10mo Cir. 2011); Palazzo rel. Delmage v. Corio, 232 F.3d 38 (2do Cir. 2000); Kennedy v. Allied Mut. Ins. Co., 952 F.2d 262, 267 (9no Cir. 1991). De igual forma, tampoco se debe excluir la declaración jurada si ésta responde a evidencia que no era conocida o fue recordada posterior-mente por el declarante, o cuando amplía o explica el tes-timonio ofrecido. Véanse: Lipsteuer v. CSX Transp., Inc., 37 S.W.3d 732 (2000); Adelman-Temblay v. Jewel Companies, Inc., 859 F.2d 517 (7mo Cir. 1988). Así, resulta sumamente preocupante que tal determinación sea automática por el mero hecho de que los testimonios aparentan ser contra-dictorios sin brindar oportunidad alguna para que se jus-tifique tal contradicción.

Hoy, la Mayoría de este Tribunal procede a extender el alcance de la norma del sham affidavit. A mi juicio, ello opera en detrimento a la doctrina firmemente establecida de que al determinar si procede la sentencia sumaria debe im-perar la liberalidad a favor de la parte que se opone a ésta. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 216-217 (2010); R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, pág. 277; J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1040. Máxime cuando la controversia tiene elementos subjetivos donde el factor credibilidad juega un papel esencial o deci-sivo para llegar a la verdad, pues de lo contrario podemos despojar a un litigante de su día en corte solo por el hecho de que la declaración jurada que presentó aparenta ser contra-dictoria sin tan siquiera oírle. Véanse: Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 577-578 (1997); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 311 (1994). La conclusión de si la declaración jurada presentada responde al propósito de dar una versión simulada, ficticia o falsa de un hecho no debe ser realizada sumariamente. El hecho de que la parte que la presenta no explique las razones para la aparente contradicción que señala la parte contraria, no necesaria-mente implica que ésta se hizo con el propósito de engañar. Ello puede simplemente responder a que lo considere inne-cesario por entender que la declaración jurada que presentó se limita a complementar sus expresiones anteriores.

HH HH f — I

En cuanto al caso de autos, no procedía dictar sentencia sumaria tanto al amparo del esquema vigente, así como bajo la norma que hoy acoge la Mayoría de este Tribunal. Veamos.

Es un hecho irrefutable que en la deposición el señor Lugo Montalvo, a preguntas sobre los comentarios discrimi-natorios, manifestó que el señor Guerrero utilizaba un len-guaje “verbal rudo”, “un desdén hacia nosotros” haciendo ex-presiones de si estaban “locos” y cuestionando: “¿A qué ustedes se dedican?”. A estos efectos, el señor Lugo Mon-talvo durante su deposición citó expresiones que el señor Guerrero hacía contra los puertorriqueños, tales como: “Dame el teléfono de ese lugar que yo lo voy a llamar. Uste-des no saben hacer negociaciones”. Asimismo, el señor Lugo señaló que le entregaban los documentos al señor Guerrero por razón de que éste indicaba que “él tenía que enseñar cómo hacer negociaciones por teléfono; que nosotros no sabíamos”. El señor Lugo Montalvo expresó en su deposi-ción que “en todo momento era un rechazo a lo que nosotros estábamos haciendo” y “que nosotros no sabíamos lo que es-tábamos haciendo”. Además, indicó que para él esas expre-siones eran discriminatorias e insultantes criticando de forma despectiva cómo los puertorriqueños trabajaban. In-cluso, el señor Lugo Montalvo señaló que el señor Guerrero manifestaba: “Dame el teléfono de esa persona que tú no sabes lo que estás haciendo. Ustedes aquí en Puerto Rico no saben lo que hacen”, o “les voy a tener que dar un cursito de ventas por teléfono porque ustedes no saben negociar”.

A mi juicio, ello no resulta patente ni evidentemente con-tradictorio con la declaración jurada presentada posterior-mente, en la cual indicó que el señor Guerrero manifestaba que los puertorriqueños eran vagos y lentos, que no sabían hacer las cosas, que no sabían ni negociar algo por teléfono, que él iba a llamar para que aprendieran a hacer las cosas.

De igual forma, en cuanto a la contratación del señor García en sustitución del señor Lugo Montalvo, éste último manifestó durante la deposición que antes de los tres meses de su despido se empleó a un joven venezolano a trabajar en in house marketing y luego fue trasladado a una oficina en el aeropuerto, que las funciones del señor García tenían el mismo objetivo que las que él desempeñaba. Incluso, indicó que le fue asignado el hacer unas presentaciones en el aero-puerto, las cuales continuó el señor García. Además señaló que el funcionamiento de las unidades del hotel continúa y presentó una lista de empleados contratados posterior a su despido. Por lo tanto, tampoco resulta patente ni eviden-temente contradictorio el que en la declaración jurada se indique que el señor García hacía las funciones del puesto de gerente de mercadeo que ocupaba el señor Lugo Mon-talvo y continuó con los proyectos que éste gestionó indepen-dientemente del título de su puesto.

Como consecuencia, al igual que los foros recurridos, aún bajo la doctrina innecesariamente incorporada, considero que existen hechos esenciales en controversia que impiden se dicte sentencia sumaria. En efecto, no está claro qué fun-ciones realizaba el señor Lugo Montalvo; cómo éstas cam-biaron durante el tiempo que éste laboró en la empresa; cuáles funciones ejerció el señor García, y si, en efecto, éstas eran incompatibles con las realizadas por el señor Lugo Montalvo. De esta forma, desconocemos si realmente las funciones ejercidas por el reclamante fueron eliminadas o éste fue sustituido por el señor García para poder determi-nar si hubo o no un despido injustificado. De igual manera, desconocemos si su sustitución se debió a alguna razón dis-criminatoria por nacionalidad por razón de que el señor Guerrero entendiera que una persona de nacionalidad vene-zolana podía conseguir mejores negociaciones que el señor Lugo Montalvo.

IV

Por las razones expuestas, confirmaría al Tribunal de Apelaciones. El rigor desmedido, innecesariamente am-pliado por la Mayoría de este Tribunal, no permitirá diri-mir prudente y concienzudamente si una declaración ju-rada es el resultado de un engaño o falsedad cuyo propósito es evitar que se dicte sentencia a favor de otra parte. Tam-bién, resulta en un menoscabo de la función judicial de conceder a las partes el derecho a que sus casos se diluci-den en los méritos. La aplicación de la norma pautada a la controversia ante nos constituye evidencia de esa realidad. Así las cosas, me veo obligado a disentir del curso de acción de la Mayoría de este Tribunal.

       Cabe destacar que el recurrido nunca informó a Sol Meliá o a su personal sobre los alegados comentarios discriminatorios.

       Un análisis de la resolución demuestra que el testimonio del señor Tapia, sometido mediante los suplementos de la parte peticionaria, no se mencionó en el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

       Véanse, por ejemplo: Colantuoni v. Alfred Calcagni & Sons, Inc., 44 F.3d 1, 4-5 (1er Cir. 1994); Martin v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 851 F.2d 703, 706 (3er Cir. 1988); Barwick v. Celotex Corp., 736 F.2d 946, 960 (4to Cir. 1984); Albertson v. T.J. Stevenson Co., Inc., 749 F.2d 223, 228 (5to Cir. 1984); Reid v. Sears, Roebuck and Co., 790 F.2d 453, 460 (6to Cir. 1986); Darnell v. Target Stores, 16 F.3d 174, 176 (7mo Cir. 1994); Camfield Tires, Inc. v. Michelin Tire Corp., 719 F.2d 1361, 1364-1365 (8vo Cir. 1983); Radobenko v. Automated Equipment Corp., 520 F.2d 540, 544 (9no Cir. 1975); Franks v. Nimmo, 796 F.2d 1230, 1237 (10mo Cir. 1986); Van T. Junkins & Associates, Inc. v. U.S. Industries Inc., 736 F.2d 656, 657-59 (11mo Cir. 1984); Sinskey v. Pharmacia Ophthalmics, Inc., 982 F.2d 494, 498 (Fed. Cir. 1992); Pyramid Securities, Ltd. v. IB Resolution, Inc., 924 F.2d 1114, 1123 (D.C. Cir. 1991).

       Véanse, por ejemplo: Robinson v. Hank Roberts, Inc., 514 So. 2d 958, 961 (1987); Hancock v. Bureau of National Affairs, Inc., 645 A.2d 588, 590-591 (1994); Tri-Cities Hospital Authority v. Sheats, 279 S.E.2d 210, 211 (1981); Gaboury v. Ireland Road Grace Brethren, Inc., 446 N.E.2d 1310, 1314 (1983); Lipsteuer v. CSX Transp., Inc., 37 S.W.3d 732, 735-736 (2000); Zip Lube, Inc. v. Coastal Savings Bank, 709 A.2d 733, 735 (1998); Hoover v. Norwest Private Mortg. Banking, 632 N.W.2d 534, 541 esc. 4 (2001); Wright v. State, 577 So. 2d 387, 390 (1991); ITT Commercial Finance Corp. v. Mid-America Marine Supply Corp., 854 S.W.2d 371, 388 (1993); Delzer v. United Bank of Bismarck, 484 N.W.2d 502, 508 (1992); Webster v. Sill, 675 P.2d 1170, 1172-73 (Utah 1983); Morris v. Smith, 837 P.2d 679, 684-685 (Wyo. 1992).

       Para eso, el tribunal debe pasar juicio sobre la evidencia admisible que se le presente.

       El Tribunal de Primera Instancia determinó que era un hecho incontrover-tido que el señor Guerrero notificó al recurrido que el horario del Departamento de Mercadeo iba a ser de lunes a viernes como medida de control de gastos.

       Por ejemplo, el señor Lugo Montalvo trabajó en promocionar a Sol Meliá en vuelos que partían de Venezuela a Miami, en establecer unas ofertas con Cabrera Auto y en instalar un exhibidor para el aeropuerto, entre otros proyectos. Igual-mente, una serie de correos electrónicos anejados a la moción de sentencia sumaria demuestran que el señor Lugo Montalvo propuso la realización de un evento promo-cional en el Centro de Convenciones que le fue aprobado y por el cual fue felicitado por el señor Guerrero. Apéndice, pág. 385.

       El foro primario apreció, además, como hechos incontrovertidos que al señor Lugo Montalvo se le podían asignar distintas tareas a base de las necesidades ope-racionales del negocio, que el señor Guerrero y él discutían asuntos relacionados con ofertas promocionales de mercadeo para Sol Meliá y que este le manifestó al señor Guerrero su disponibilidad para llevar a cabo lo que fuera necesario.

       Aparte del señor Lugo Montalvo, las empleadas Sra. Elida Peña y Sra. Veró-nica Rivera del Departamento de Mercadeo también tuvieron que utilizar sus licen-cias de vacaciones. Apéndice, pág. 254.

       El puesto de supervisora de ventas ocupado por la Sra. Elián Maestre fue eliminado antes de que el señor Lugo Montalvo fuera despedido.Apéndice, pág. 166.

       Véase Apéndice, págs. 82-83, 86, 139 y 141 líneas 11-17.

       íd., págs. 73-75, 323-324 y 327.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Park Tower, S.E., peticionaria, v. Hon. Carmen E. Ávila Vargas, Registradora de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrida.

      Número: RG-2015-3

      Resuelto: 2 de diciembre de 2015

      Jorge Cela Ureña, abogado de Park Tower, S.E., parte recu-rrida; Carmen E. Ávila Vargas, registradora de la propie-dad, Sección Segunda de San Juan, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

En SLG Pérez-Rivera v. Registrador, 189 DPR 729 (2013), resolvimos, en el contexto de una solicitud de ins-cripción de un régimen de propiedad horizontal, que “un re-gistrador no puede revisar la razonabilidad y la validez de unas condiciones restrictivas inscritas previamente en el Registro de la Propiedad”. Específicamente señalamos que los argumentos que proponían los peticionarios “[estaban] sujetos a la evaluación de factores extrar[r]egistrales, los cuales no constaban en los documentos presentados ante el Registro”.

En esta ocasión, nos corresponde determinar si la Regis-tradora de la Propiedad actuó correctamente al denegar la inscripción de un régimen de propiedad horizontal por su incompatibilidad con unas servidumbres en equidad pre-viamente inscritas en el Registro de la Propiedad. Resolve-mos que la Registradora actuó correctamente.

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El 2 de noviembre de 2001, la parte peticionaria Park Tower, S.E. compareció al Registro de la Propiedad (Regis-tro), Sección II de San Juan, para presentar la Escritura Núm. 49 sobre “Constitución del Régimen de la Propiedad Horizontal de Hyde Park Tower”, otorgada en San Juan el 25 de septiembre de 20.01 ante el notario Jorge Cela Ureña. Tal régimen de propiedad horizontal se constituiría en una finca de su propiedad identificada con el número 7771, ins-crita al folio 149 del tomo 224 de Río Piedras Norte, Sec-ción II del Registro de la Propiedad de San Juan.

Dicha finca consiste del solar 225 de la Urbanización Hyde Park de Río Piedras, San Juan, Puerto Rico, con una cabida superficial de 905.2568 metros cuadrados. El solar 225 fue segregado de la finca principal 7557 inscrita al folio 224 del tomo 174 de Río Piedras Norte, Sección II del Re-gistro de la Propiedad de San Juan. La finca 7771 está gravada por su procedencia con unas condiciones restricti-vas de edificación, según surge de la certificación registral.

La certificación registral de la finca 7771, al folio 149, en lo pertinente, expresa lo siguiente:

Es segregación de la finca número siete mil quinientos cin-cuenta y siete [...] Como tal segregación se halla sujeta a con-diciones restrictivas sobre edificación.

Así, en una nota marginal al folio 226 de la finca principal 7557 se expresan, en lo que es pertinente, las siguien-tes condiciones restrictivas sobre edificación:

Por escritura número [120] otorgada en Río Piedras, al [28] de mayo de [1946] ante el notario Eloy Acosta Domenech, D. Juan Valldejuli Rodríguez, mayor de edad, casado con Juana Pelegrina y vecino de Río Piedras, por sí y como apoderado de su citada esposa, cuyas facultades tiene acreditadas en este Registro, manifiesta que la finca de este número la hubo según la inscripción primera anterior y la cual ha sido urbanizada y dividida en solares según plano aprobado por la Junta de Pla-nificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico y quedó subdividida en diez y ocho manzanas marcadas desde la letra “A” hasta la “R” y siendo el deseo de dicho Valldejuli-Rodríguez y su esposa, hacer una urbanización uniforme en la construc-ción, le imponen a dichos solares las siguientes restricciones: (1) Los solares comprendidos en las manzanas letras A y B y los marcados con los números ciento sesenta y ocho al ciento setenta de la manzana G; y los solares marcados con las nú-meros doscientos cuarenta y seis al doscientos sesenta y cua-tro de la manzana L, los solares marcados con los números doscientos sesenta y cinco al doscientos setenta y ocho de la manzana “N”; los solares marcados del número doscientos no-venta y nueve al trescientos nueve de la manzana “N” y los solares marcados con las letras “A”, “B”, “C”, “O” y “P” quedan por la presente asignados como zona comercial, ya que dichos solares dan a las carreteras insulares que pasan por dicha finca. (2) En los solares comprendidos en las manzanas “D”, “E” y “F” podrán construirse casas de apartamientos hasta tres pisos, incluyendo la planta baja cuyos solares quedan de-signados para fines residenciales y sujetos además a las limi-taciones establecidas en las párrafos siguientes. (3) En todos los demás solares se imponen como condiciones las siguientes condiciones restrictivas sobre construcción: (1) En cada uno de estos solares solo podrá construirse una casa para residencia de una o dos familias y su construcción será de concreto ar-mado y bloques y techo de azotea o tejas y aun costo no menor de cinco mil dólares. (Enfasis suplido).

En este caso, el inmueble que la parte peticionaria pre-tende someter al régimen de propiedad horizontal es un edificio de apartamentos de cinco niveles o plantas, con un total de dieciséis apartamentos. Al calificar la escritura mencionada y examinar las constancias del Registro, la Registradora de la Propiedad (Registradora) determinó que la construcción del edificio era contraria a las condicio-nes restrictivas.

En su calificación, señaló la Registradora, existen condi-ciones restrictivas que establecen que en el solar donde se está constituyendo el régimen de propiedad horizontal sola-mente podrá construirse una casa para residencia de una o dos familias. Estas condiciones, señaló la Registradora, im-piden la constitución del régimen de un edificio de cinco plantas y dieciséis apartamentos residenciales, como pre-tende la parte peticionaria.

Ante la calificación de la Registradora, el 26 de diciem-bre de 2012 la parte peticionaria presentó un escrito de recalificación suscrito en la misma fecha por el notario Jorge Cela Ureña. El 16 de abril de 2015, y luego de eva-luar las objeciones a la calificación contenidas en el escrito de recalificación, la Registradora denegó la inscripción, rei-terándose en el fundamento de su calificación original.

El 6 de mayo de 2015, la parte peticionaria presentó el Recurso Gubernativo que hoy atendemos. El 12 de mayo de 2015, la Registradora presentó los documentos pertinentes requeridos por el Art. 77 de la Ley Hipotecaria y del Regis-tro de la Propiedad, 30 LPRA see. 2280, y el inciso (i) de la Regla 27 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRAAp. XXI-B. Por último, el 26 de mayo de 2015, la Registradora presentó su alegato, con lo cual quedó el caso perfeccionado. Siendo así, nos disponemos a resolver.

I-H I — i

La calificación registral constituye la piedra angular del principio de legalidad. Esta encuentra su base legal en la Ley Núm. 98 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, conocida como Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria), y el Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Regis-tro de la Propiedad (Reglamento Hipotecario). La califi-cación registral demanda del Registrador ejercer un juicio valorativo sobre la validez y eficacia de los negocios jurídi-cos contenidos en los documentos presentados, de manera que solo tengan acceso al Registro los títulos que cumplan con las exigencias legales.

El Art. 64 de la Ley Hipotecaria establece que el Registrador de la Propiedad está obligado a calificar bajo su responsabilidad la legalidad de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite un asiento. En su parte pertinente, el Art. 64 dispone lo siguiente:

Los registradores calificarán, bajo sn responsabilidad la le-galidad de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite un asiento. Dicha calificación comprenderá las formas extrínsecas de los documentos presentados, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos y contratos contenidos en tales documentos. Los registradores fundamentarán su ca-lificación de los actos y contratos a registrarse en los documen-tos que se presenten, los asientos regístrales vigentes y las leyes. íd.

Como también surge del referido texto, el Registrador no cuenta con la facultad para considerar la legalidad de las calificaciones ya efectuadas ni de los asientos extendidos por sus predecesores o por ellos mismos. Es por esto que, al calificar un documento, “el Registrador tiene que atenerse a lo que resulte de los documentos presentados y del estado de derecho creado por inscripciones anteriores. Debe respetar los asientos extendidos [...] los cuales tiene que estimar vá-lidos hasta que los tribunales declaren su nulidad”.

Por último, y muy pertinente a la controversia que nos ocupa, hemos establecido que una de las deficiencias por la cual un Registrador está obligado a denegar la inscripción de un título es la existencia de condiciones restrictivas que impiden el acto o contrato que se pretende inscribir. Además, el Art. 56 de la Ley Hipotecaria, dis-pone que el Registrador no puede permitir la inscripción en el Registro de un documento mediante el cual se constituyan, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales sobre un bien inmueble, si ya previamente se encuentra inscrito uno que se le opone o es incompatible con el que pretende inscribirse. El texto del artículo, en lo pertinente, señala lo siguiente:

Inscrito o anotado preventivamente en el Registro cualquier documento mediante el cual se constituyan, transmitan, mo-difiquen o extingan derechos reales sobre un bien inmueble, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que se le oponga o que sea incompatible, por el cual se trasmita o grave dicho inmueble.

Como señala el tratadista Roca Sastre, este artículo es-tablece que

[...] el acto registrable que primeramente ingrese en el Regis-tro de la propiedad se antepone con preferencia excluyente o superioridad de rango a cualquier otro acto registrable que, siéndole incompatible o perjudicial, no hubiere sido presen-tado al Registro o lo hubiere sido con posterioridad, aunque dicho acto fuese de fecha anterior. (Énfasis omitido).

Así, en Distribuidores Gas PR v. Registradora, 188 DPR 351, 363 (2013), refiriéndonos a este artículo, señalamos lo siguiente:

Los títulos anticipados son los que logran acceso al Registro, mientras que los segundos son rezagados por ser opuestos o incompatibles con el ya presentado. El momento de presenta-ción del título en el Registro es el factor decisivo para otorgar esta preferencia excluyente o de superioridad de rango del de-recho objeto del título presentado.

HH I — I h — <

Servidumbres en equidad

La Prof. Margarita E. García Cárdenas nos indica que “[s]iempre ha existido cierto nivel de control sobre la facultad del propietario para construir y desarrollar su inmueble”. En las instancias en que este control se da por parte del Estado, tal control obedece y ha obedecido en el pasado a razones de seguridad, salubridad o simple pla-nificación urbana que propenda a un orden social. No obstante, “[m]ientras el Estado comenzaba a regular, de forma uniforme, el uso de los terrenos, los particulares también tenían interés en comprometer a los adquirientes actuales y sobre todo a los futuros a ciertas limitaciones en cuanto a sus propiedades”. Así surge en el siglo xvm, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, la figura de las servidumbres en equidad. En Puerto Rico se recono-ció por primera vez esta figura jurídica en 1913, en el caso de Glines et al. v. Matta et al., 19 DPR 409 (1913). Al defi-nir el concepto, hemos dicho que las servidumbres en equi-dad son “cláusulas restrictivas ‘a beneficio de los presentes y futuros adquirentes’ que imponen cargas o gravámenes especiales, como parte de un plan general de mejoras para el desarrollo de una urbanización residencial en esa finca”. En cuanto a su propósito, en Sands v. Ext. Sagrado Corazón, Inc., 103 DPR 826, 827 (1975), expresamos que “las condiciones restrictivas en urbanizaciones resi-denciales tienen el propósito de preservar la belleza, la co-modidad y la seguridad del reparto residencial según éste es concebido por sus arquitectos y constructores”.

Estas condiciones restrictivas “se constituyen unilateralmente por el urbanizador como parte de las servidumbres en equidad y sirven para limitar las facultades de los futuros adquirentes con respecto al uso destinado y las edificaciones permisibles dentro de la finca gravada”. Además, hemos establecido que para que una servidumbre en equidad sea válida y eficaz se requiere que las condicio-nes restrictivas que esta impone sean razonables, que se establezca como parte de un plan general de mejoras, que conste de forma específica en el título de la propiedad y que se inscriba en el Registro de la Propiedad.

IV

Régimen de propiedad horizontal

El concepto de régimen de propiedad horizontal es rela-tivamente joven en Puerto Rico. Este tuvo su origen en nuestra jurisdicción con la aprobación en 1958 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958 (31 LPRA see. 1291 et seq.). Esta ley fue enmendada mediante la Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976. Finalmente se convirtió en nuestra actual Ley de Condominios mediante la aprobación de la Ley Núm. 103 de 5 de abril de 2003, que enmendó casi la totalidad de los artículos de la pasada ley.

Hemos explicado que “[e]l régimen de propiedad horizontal se adoptó en nuestra jurisdicción con una doble finali-dad, a saber, proveer a las personas la posibilidad de disfru-tar el derecho a la propiedad plena e individual de un inmueble y, a la vez, maximizar el uso del escaso terreno disponible en el país”. De esta forma, “[l]a propiedad plena e individual de un apartamento coexiste [...] con la de otros dueños, mientras se comparten unas áreas comunes que pertenecen a todos como parte de la comunidad”.

Importante para la controversia que nos ocupa es la realidad de que para que nazca un régimen de propiedad horizontal, es necesario que el mismo sea establecido me-diante escritura pública e inscrito en el Registro. Así, el Art. 2 de la Ley de Condominios, en su parte pertinente, establece lo siguiente:

Las disposiciones de [esta ley] son aplicables sólo al con-junto de apartamientos y elementos comunes cuyo titular único, o titulares todos, si hubiere más de uno, declaren expre-samente su voluntad de someter el referido inmueble al régi-men establecido [en esta ley], haciéndolo constar por escritura pública e inscribiendo ésta en el Registro de la Propiedad. (En-fasis suplido).

En otras palabras, la inscripción en el Registro, con-forme lo establece la Ley de Condominios, es constitutiva del régimen de propiedad horizontal. Además, el tercer pá-rrafo del mismo artículo añade, en cuanto al contenido de la inscripción, que la escritura matriz que establezca el régimen de propiedad horizontal expresará clara y precisa-mente el uso a que será destinada toda área comprendida en el inmueble, y una vez fijado dicho uso solo podrá ser variado mediante el consentimiento unánime de los titulares.

V

Como adelantamos al principio, en su Recurso Guberna-tivo la parte peticionaria esboza la teoría de que ambas figuras jurídicas, la servidumbre en equidad como condi-ción restrictiva y el régimen de propiedad horizontal, pue-den coexistir en el Registro.

En síntesis, la parte peticionaria argumenta que la de-terminación de la Registradora de que la existencia de cier-tas servidumbres impiden la inscripción en el Registro del régimen de propiedad horizontal, no encuentra apoyo en la Ley Hipotecaria. Señala que no ha podido encontrar dis-posición “que provea o tan siquiera sugiera que la existen-cia de una servidumbre en equidad tiene el efecto de impo-ner limitaciones legales al dominio, que impidan la inscripción o anotación de actos del titular afectado”. Además, argumenta que, con excepción de la presencia de una prohibición de enajenar, la caracterización de un dere-cho real no impide el que ambos derechos coexistan en el Registro, como tantos otros derechos, y añade, “[mjáxime cuando si se considera que la figura jurídica de las servi-dumbres en equidad, es en nuestro ordenamiento, una de origen jurisprudencial”.

Como bien señala la parte peticionaria, fue mediante Glines et al. v. Matta et al., supra, que este Tribunal incor-poró del “common law” la figura jurídica de la servidumbre en equidad en nuestra jurisdicción. Desde entonces, sobre medio centenar de casos a través de más de un siglo de jurisprudencia, han establecido una figura jurídica que hoy se encuentra firmemente arraigada en nuestro acervo jurídico. Como hemos señalado antes, “esta figura ha evolucionado en nuestro ordenamiento jurídico y tiene sus-tantividad propia”.

Así, mediante Lawton v. Rodriguez Rivera, 35 DPR 487 (1926), establecimos el requisito de que la servidumbre en equidad tiene que estar inscrita en el Registro, comen-zando de esa manera, en aquel entonces, a aclimatar esta figura a las características civilistas de la fe pública registral. En Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, 117 DPR 346 (1986), establecimos que las servidumbres en equidad, una vez son inscritas en el Registro, se con-sideran derechos reales oponibles erga omnes. De esta forma, dejamos claramente establecido que la servidum-bre en equidad sigue o persigue al inmueble sobre el cual se establece, sin importar quien o quienes advengan sus futuros dueños.

En fin, esta centenaria criatura jurisprudencial ha con-vivido con nuestro Registro de la Propiedad práctica-mente desde sus inicios, sin que la Legislatura haya sentido la necesidad de incorporarla a nuestra Ley Hipotecaria. Nuestra Asamblea Legislativa no la ha in-corporado ni la ha modificado para afectar su relación con el Registro. Es evidente, entonces, que la inacción de la Legislatura por más de un siglo constituye un endoso, no solo a esta figura, sino a su desarrollo jurisprudencial.

En el caso de autos, las condiciones restrictivas por las cuales la Registradora denegó la inscripción en el Regis-tro constituyen unas servidumbres en equidad que esta-blecen claramente de su texto el tipo de vivienda que puede ser edificada en el predio inscrito. Como ya hemos advertido, el régimen de propiedad horizontal que la pe-ticionaria pretende inscribir es, en este caso, incompatible con las servidumbres en equidad previamente inscritas. Como también ya advertimos, el Art. 56 de la Ley Hipotecaria, supra, dispone que un Registrador no puede permitir la inscripción en el Registro de un docu-mento mediante el cual se constituyan, transmitan, mo-difiquen o extingan derechos reales sobre un bien inmue-ble, si ya previamente se encuentra inscrito uno que se le opone o es incompatible con el que pretende inscribirse.

Es claro que en este caso la inscripción del régimen de propiedad horizontal propuesta por la peticionaria extin-guiría, o cuando menos modificaría una parte de la servi-dumbre en equidad previamente inscrita. Siendo así, y como bien determinó la Registradora, no procede la ins-cripción solicitada.

VI

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la re-calificación recurrida.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez concurrieron con el re-sultado sin opinión escrita.

        SLG Pérez-Rivera v. Registrador, 189 DPR 729, 731 (2013).

       íd., pág. 739. En SLG Pérez-Rivera, supra, los peticionarios —cuya solicitud de inscripción era similar a la de la peticionaria del caso de autos— fundamentaron su solicitud de recalificación y posterior Recurso Gubernativo en que “el aumento poblacional en la zona urbana de San Juan no justifica la permanencia de amplias residencias familiares en el centro de dicho municipio”. (Énfasis suplido). íd., pág. 733. Así, adujeron que lo que proponían no constituía “una desviación de las condi-ciones restrictivas establecidas hace siete décadas, sino una atemperación a las nece-sidades de desarrollo actuales”. (Énfasis suplido). íd.

        Distribuidores Gas PR v. Registradora, 188 DPR 351, 361 (2013).

       30 LPRA see. 2001 et seq.

       Reglamento Núm. 2674, Departamento de Estado, 9 de julio de 1980, pág. 29.

        Rigores v. Registrador, 165 DPR 710, 719-720 (2005).

       30 LPRA see. 2267.

        Cabassa v. Registrador, 116 DPR 861, 864 (1986).

        SLG Pérez-Rivera v. Registradora, supra; Rigores v. Registrador, supra.

       30 LPRA see. 2259.

       R.M. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho hipotecario, 8va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1995, T. II, pág. 1.

       M.E. García Cárdenas, Derechos de urbanizaciones: servidumbres en equi-dad, controles de acceso e instalaciones vecinales, San Juan, Ed. Inteijuris, 2010, pág. 6.

       íd.

       íd.

       íd.

        Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 157 DPR 521, 534-535 (2002), citando a Colón v. San Patricio Corporation, 81 DPR 242, 250 (1959).

        SLG Pérez-Rivera v. Registradora, supra, pág. 736.

        Residentes Parkville v. Díaz, 159 DPR 374, 383 (2003).

        Colón Ortiz v. Asoc. Cond. B.T. I, 185 DPR 946, 959 (2012).

       íd.

       31 LPRA see. 1291.

       En el Recurso Gubernativo, pág. 8, la parte peticionaria también argumentó que “las condiciones [restrictivas] que nos ocupan carecen de la especialidad y clari-dad necesaria para ser oponibles y exigibles”. Este Tribunal no atenderá el argu-mento de la parte peticionaria a los fines de atacar colateralmente las servidumbres en equidad sobre la finca. Nos limitaremos al asunto ante nuestra consideración, esto es, determinar si la Registradora actuó correctamente al denegar la inscripción del documento.

      íd., pág. 10.

       íd., pág. 11.

       Recurso Gubernativo, págs. 12-13.

       La Prof. Margarita E. García Cárdenas hace una copiosa recolección de parte de esta jurisprudencia. Véase García Cárdenas, op. cit., págs. 11-208.

        Residentes Parkville v. Díaz, supra, pág. 382.

        Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra, pág. 535.

       Es de notar que en este aspecto la figura de servidumbres en equidad en nuestra jurisdicción no difiere mucho de aquellas jurisdicciones angloparlantes de donde proviene. Así, y como señala la profesora García Cárdenas, “[e]n Inglaterra y en Estados Unidos se acepta que existen derechos que, si bien son constituidos por dos personas, tienen el efecto de correr con el inmueble, ‘run with the land’ ”, García Cárdenas, op. cit., pág. 15.

       Nuestro Registro de la Propiedad se estableció en el 1890, y las servidum-bres en equidad objeto de la controversia en Glines et al. v. Matta et al., supra, se habían inscrito en el Registro.

       Véase Opinión disidente del Juez Stevens en Rodríguez de Quijas v. Shearson/American Exp., Inc., 490 US 477, 486 (1989).