author: per curiam:

text:
      In re Mark E. Ortiz Walter.

      Número: TS-15429

      Resuelto: 12 de febrero de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   per curiam:

Hoy nuevamente nos encontramos en la ne-cesidad de ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión legal por su incumplimiento con las órdenes de este Tribunal, así como con los requerimien-tos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). A pesar de las numerosas oportunidades concedidas al letrado de epígrafe, nos vemos en la obligación de imponer la más severa de las sanciones por una conducta que es temeraria y constituye un desafío a nuestra autoridad. Veamos los antecedentes fácticos que sostienen nuestro dictamen.

r — i

El Ledo. Mark E. Ortiz Walter (licenciado Ortiz Walter) fue admitido al ejercicio de la abogacía y de la notaría el 16 de febrero de 2005 y el 25 de enero de 2006, respectivamente.

Surge del expediente que el 10 de febrero de 2010 el Colegio de Abogados de Puerto Rico presentó ante este Foro una Moción Informativa indicándonos que el licen-ciado Ortiz Walter tenía al descubierto el pago de su fianza notarial. Se nos informó que dicha fianza notarial había vencido en enero de 2009. En consecuencia, el Colegio de Abogados peticionó que se cancelara la fianza prestada por el licenciado Ortiz Walter. Así las cosas, el 8 de marzo de 2010 emitimos una Resolución donde ordenamos al licen-ciado Ortiz Walter que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la notaría. Le apercibimos, además, que su incumplimiento podría conllevar la sus-pensión del ejercicio de la notaría y sanciones disciplina-rias adicionales. Luego de varios trámites, el licenciado Ortiz Walter pagó la deuda señalada. En consecuencia, emitimos una Resolución archivando el asunto, no sin antes apercibirlo de que debía cumplir estrictamente con la Ley Notarial de 1987.

Así las cosas, el 24 de septiembre de 2015 el Director de la ODIN nos remitió un Informe Especial sobre Incumpli-miento de la Ley Notarial [de] Puerto Rico y su Regla-mento y en Solicitud de Remedios. En dicho Informe, el Director de la ODIN nos informó que le había remitido una misiva a las dos (2) direcciones que obraban en el Regis-tro Unico de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, infor-mándole al licenciado Ortiz Walter que adeudaba ciertos índices de Actividad Notarial Mensual. A su vez, se le señaló que no había presentado los Informes Estadísticos de Actividad Notarial para los años naturales 2008 al 2014, inclusive. En el escrito se orientó al licenciado Ortiz Walter sobre el derecho aplicable y se le advirtió sobre la gravedad de la conducta desplegada, así como las conse-cuencias disciplinarias que acarreaba tal incumplimiento. La ODIN le concedió un término final para rendir los docu-mentos adeudados advirtiéndole al licenciado Ortiz Walter que su incumplimiento conllevaría la presentación a este Tribunal del Informe correspondiente. Ambas comunicacio-nes fueron devueltas por el servicio de correo federal.

El 31 de agosto de 2015, la ODIN le remitió nuevamente una comunicación al licenciado Ortiz Walter, tanto a las direcciones que obran en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, así como a la dirección del correo electrónico que surge del sistema. Se le concedió un tér-mino final e improrrogable para que presentara los docu-mentos notariales adeudados. Ambas comunicaciones fueron devueltas por el sistema de correo federal. Cabe apuntar que el expediente del licenciado Ortiz Walter re-fleja que no cuenta con una fianza notarial desde 2011.

Ante lo esbozado, la ODIN nos peticionó, entre otros ex-tremos, que suspendiéramos de manera inmediata e inde-finida del ejercicio de la notaría al licenciado Ortiz Walter y que ordenáramos la entrega de su obra y sello notariales.

Mientras atendíamos el Informe citado, la ODIN pre-sentó una Moción Informativa. En ella nos señaló que el 2 de octubre de 2015 había recibido una comunicación del señor Elke Vélez, cuya dirección postal era similar a la del licenciado Ortiz Walter. En su comunicación, el señor Vélez señala que el licenciado Ortiz Walter vivía y trabajaba hace siete (7) años en Alemania, lugar a donde fue a cursar estudios académicos para obtener una Maestría en Dere-cho y Economía. Expuso el señor Vélez que el licenciado Ortiz Walter estaría viajando a Puerto Rico entre enero y febrero de 2016 a fin de “poner sus cosas en orden”. Aparte de lo anterior, el señor Vélez no facilitó información adicio-nal del licenciado Ortiz Walter. El Tribunal se dio por en-terado de esta comunicación.

Evaluado lo anterior, el 16 de noviembre de 2015 emiti-mos una Resolución ordenando la incautación preventiva e inmediata de la obra protocolar y el sello notarial del licen-ciado Ortiz Walter. De igual manera, le ordenamos que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía y la notaría en nuestra jurisdicción. En dicha Resolución ordenamos la notificación personal a través de la Oficina de los Alguaciles de este Foro.

El 18 de noviembre de 2015, un Alguacil de este Tribunal contactó a la madre del licenciado Ortiz Walter. Esta le entregó al Alguacil varios Protocolos y escrituras notariza-das por el licenciado Ortiz Walter. Surge del Inventario de Instrumentos Públicos preparado por el Alguacil que dili-genció la orden, que la “madre del Lie. Mark Ortiz Walter, quedó en comunicarse con su hijo para buscar el sello notarial y entregárnoslo”.

Al día de hoy el licenciado Ortiz Walter no ha compare-cido ante este Foro ni ha cumplido con los requerimientos de la ODIN.

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El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, dispone que todo abogado deberá observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la función de abo-gado requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. In re Bello Rivera, 192 DPR 812 (2015); In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553 (2015).

Hemos señalado reiteradamente que desatender las ór-denes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el referido Canon 9. In re Bello Rivera, supra; In re De Jesús Román, 192 DPR 799 (2015). A su vez, hemos advertido que procede la suspensión del ejercicio de la profesión cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indife-rente a nuestros apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias. El deber de diligencia y respeto se extiende a los requerimientos de la Oficina de Inspección de Nota-rías y a los de la Procuradora General, pues su inobservan-cia acarrea las mismas sanciones que cuando se desatiende una orden emitida por este Tribunal. In re Pacheco Pacheco, supra; In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014).

Aun cuando hemos apercibido al licenciado Ortiz Walter en repetidas ocasiones de que podrían imponérsele sancio-nes disciplinarias severas si no responde oportunamente a los requerimientos de la ODIN y de este Tribunal, este ha hecho caso omiso. El expediente del licenciado Ortiz Walter refleja un patrón de desidia y desinterés de su parte en cuanto a su responsabilidad como integrante de la clase togada.

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Por los fundamentos antes expuestos, se suspende inme-diata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al licenciado Ortiz Walter.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judi-ciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta (30) días a partir de la notifi-cación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se le apercibe que la presente acción disciplinaria no lo exime de tener que corregir, de forma inmediata y a sus expensas, lo señalado por la ODIN y de entregar de manera inmediata su Sello Notarial. Dicha obligación subsiste y su desatención lo expone al correspondiente procedimiento de desacato.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       La carta se remitió por correo certificado con acuse.

       Los índices de Actividad Notarial adeudados corresponden a los meses de septiembre a diciembre de 2008, enero a diciembre de 2009, enero a diciembre de 2010, enero a diciembre de 2011, enero a diciembre de 2012, enero a diciembre de 2013, enero a diciembre de 2014, y enero a junio de 2015.

       Este Tribunal ha reiterado que el incumplimiento de los notarios con la obligación de rendir los índices e informes notariales dentro del término provisto en por ley constituye una falta grave a los deberes que le impone impuestos al notario por la designación de este como custodio de la fe pública notarial. Por lo tanto, esa conducta debe acarrear sanciones disciplinarias severas. In re Santiago Ortiz, 191 DPR 950, 959 (2014).

       A su vez, se le requirió el índice Mensual de julio de 2015.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Rafael J. Vázquez González.

      Número: TS-9498

      Resuelto: 16 de febrero de 2016

      Manuel Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías; Rafael J. Vázquez González, pro se.

   per curiam:

En esta ocasión, nos corresponde ordenar la suspensión inmediata e indefinida de un miembro de la profesión legal como resultado de su reiterado incumpli-miento con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), las órdenes de este Tribunal, la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), 4 LPRA see. 2001 et seq., y el Reglamento Notarial de Puerto Rico (Reglamento Notarial), 4 LPRAAp. XXIV.

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El Ledo. Rafael J. Vázquez González fue admitido al ejercicio de la abogacía el 3 de enero de 1990 y al ejercicio de la notaría el 22 de enero de 1991. El 26 de mayo de 2011, el licenciado Vázquez González realizó un pago co-rrespondiente a su Fianza Notarial al Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR). Posteriormente, el CAPR le cursó una misiva en la que le informó que su Fianza Notarial se encontraba al descubierto desde el 2002. El CAPR hizo constar que, en vista de la situación, le había solicitado a la ODIN el 31 de marzo de 2009 que realizara una inspección de la obra notarial del licenciado Vázquez González corres-pondiente a los años 2002 a 2009. Esto, ya que la Junta Administrativa del Fondo de Fianza Notarial del CAPR requería que se certificara como aprobada su obra notarial para afianzarlo retroactivamente.

El 25 de junio de 2012, la Leda. Norma Acosta de Santiago, Inspectora de Protocolos, rindió un informe a la ODIN detallando las gestiones realizadas con relación a la inspección de la obra notarial del licenciado Vázquez González. En éste indicó que no se logró aprobar la obra protocolar correspondiente a 1999, 2000, 2002, 2004 y 2005, debido a que el notario no había subsanado las defi-ciencias notificadas en el Informe de InspecciónSeñala-miento Preliminar de Faltas de 27 de marzo de 2012. Ade-más, hizo constar que el licenciado Vázquez González “ha estado evadiendo y posponiendo los requerimientos de [la] ODIN desde el 16 de junio de 2011, fecha en que se le citó inicialmente para inspección’’

Posteriormente, el 20 de agosto de 2013, la Inspectora de Protocolos presentó un segundo informe a la ODIN. En éste informó que, luego de reinspeccionar la obra notarial del licenciado Vázquez González, se aprobaron los Protocolos correspondientes a 1999, 2000, 2002 y 2005. No obstante, hizo constar que no fue posible aprobar el Protocolo de 2004.

Por otro lado, la Inspectora de Protocolos informó que el licenciado Vázquez González le entregó el Libro de Regis-tro de Testimonios, que comprendía los testimonios autori-zados por éste hasta el 24 de septiembre de 2001. Señaló que el Registro no fue aprobado, ya que el notario obvió cancelar múltiples sellos en los asientos del Libro de Re-gistro de Testimonios. Cabe señalar que el licenciado Váz-quez González no entregó el Libro de Registro de Testimo-nios para el periodo que comprende desde el 25 de septiembre de 2001 hasta el 2013.

Dado que el licenciado Vázquez González no reaccionó a este segundo informe dentro del término de quince días dispuesto en la Regla 77(k) del Reglamento Notarial, y ya que no subsanó las faltas señaladas, el Director de la ODIN presentó ante este Tribunal una Moción Informativa Solicitando Remedios.

En esta moción se realizó un recuento de las múltiples gestiones que efectuó la ODIN durante el proceso de ins-pección y se hizo constar que, el 28 de agosto de 2013, el Registro General de Competencias Notariales —adscrito a la ODIN— certificó que el licenciado Vázquez González adeudaba un sinnúmero de índices de actividad mensual notarial, así como múltiples informes estadísticos de acti-vidad notarial anual. Asimismo, se hizo constar que, el 5 de marzo de 2014, el Director de la ODIN le notificó al licenciado Vázquez González —por segunda vez— el refe-rido informe, otorgándole un término final e improrrogable de cinco días para que comparezca la ODIN. El licenciado Vázquez González hizo caso omiso a esta notificación.

Evaluada la información provista por la ODIN, este Tribunal emitió una Resolución el 3 de junio de 2014, en la que se ordenó la incautación de la obra notarial del licenciado Vázquez González. Se le concedió asimismo un término de cinco días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido de la práctica de la abogacía por su reiterado incumplimiento con los requerimientos de la ODIN.

El licenciado Vázquez González compareció ante este Foro mediante un escrito intitulado Cumplimiento de Orden. En síntesis, reconoció como certeros los señala-mientos que le cursó la ODIN e intimó que no los atendió debido a que no tenía conocimiento sobre cómo subsanar las deficiencias señaladas. Además, adujo que se encon-traba atravesando situaciones personales que lo “abruma [ron] de gran manera” y, por consiguiente, le ha-bían impedido cumplir con los señalamientos de la ODIN.

Posteriormente, este Tribunal emitió una Resolución el 30 de enero de 2015, donde se le concedió un término de veinte días al licenciado Vázquez González y a la ODIN, simultáneamente, para informar las gestiones realizadas, en aras de subsanar las faltas señaladas. El licenciado Vázquez González no compareció.

El 17 de noviembre de 2015, la ODIN presentó una Mo-ción en Solicitud de Remedios. En ésta, el Director de la ODIN informó que, al realizar el proceso de incautación de la obra notarial del licenciado Vázquez González, éste no entregó el Libro de Registro de Testimonios correspon-diente a los testimonios autorizados desde el 2 de septiem-bre de 2001 hasta el 2011. Asimismo, indicó que la ODIN desconocía la cantidad de testimonios que éste autorizó du-rante los años 2012, 2013 y 2014 debido al incumplimiento del licenciado Vázquez González con presentar los índices e informes de actividad notarial correspondientes a ese periodo. Finalmente, señaló que el licenciado Vázquez González no había respondido a los diversos requerimien-tos que le cursó la ODIN y que, a la fecha, no había acre-ditado el pago de su Fianza Notarial desde el año 2002.

Por último, el 12 de enero de 2016 este Tribunal le cursó una Resolución al licenciado Vázquez González otorgán-dole un término improrrogable de cinco días para que mos-trara causa por la cual no debía ser suspendido indefinida-mente de la práctica de la abogacía y la notaría por incumplir con la ley y el reglamento notarial, los requeri-mientos de la ODIN y nuestras órdenes.

El licenciado Vázquez González compareció mediante una Moción en Cumplimiento de Resolución. En ésta reco-noce que los señalamientos que le realizaron eran correctos y admitió que desaprovechó las oportunidades para subsa-nar las deficiencias señaladas por la ODIN respecto a su obra notarial. Finalmente, adujo situaciones personales y padecimientos de salud como las razones para su reiterado incumplimiento. A pesar de ello, admite que sus argumentos no son suficientes para excusar su conducta. Coincidimos.

HH I — I

Es imperativo que la función notarial se ejerza con dedicación, celo profesional y en estricto cumplimiento con la Ley Notarial, el Reglamento Notarial y los postulados consagrados en el Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véase In re Toro Imbernón, 194 DPR 499, 504 (2016); In re Salas González, 193 DPR 387 (2015). Ciertamente, el incumplimiento con lo dispuesto en estos cuerpos normativos constituye una conducta reprochable que ex-pone al profesional del Derecho a acciones disciplinarias. In re López Cordero, 164 DPR 710, 715—716 (2005). En particular, respecto a los notarios, hemos expresado que aquel “abogado que entienda que no puede cumplir cabalmente con las obligaciones del cumplimiento estricto que le impone la Ley Notarial de Puerto Rico y su reglamento debe, en un ejercicio de honestidad profesional, abstenerse de practicar el notariado”. In re Carrasquillo Martínez, 173 DPR 798, 801 (2008). Véase, además, In re Miranda Casasnovas, 175 DPR 774, 779 (2009).

Por otro lado, debemos recalcar que los profesionales del Derecho tienen el deber de contribuir para salvaguardar la integridad y eficacia de nuestro ordenamiento jurídico. En consideración a ello, el Canon 9 del Código de Etica Profesional dispone que todo abogado “debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 LPRAAp. IX. Se desprende de este principio el deber inexorable de todo abogado de responder de forma diligente a los requerimientos de este Tribunal, particularmente cuando las órdenes o los apercibimientos sobrevienen en procedimientos disciplinarios. Véase In re Marrero García, 187 DPR 578 (2012). Asimismo, hemos dispuesto que esta obligación se tiene que observar para con los señalamientos de la ODIN. In re Santiago García, 175 DPR 990, 993 (2009).

Este deber permea, a su vez, el ejercicio de la notaría. En lo pertinente a esta controversia, todo notario tiene el deber de subsanar aquellas deficiencias que la ODIN le notifique respecto a su obra notarial. Los notarios no pueden asumir una actitud pasiva y esperar a que la ODIN los contacte para corroborar que se hayan corregido las deficiencias señaladas. Consecuentemente, nuestros pronunciamientos disponen que los notarios tienen el deber de subsanar las faltas en su obra notarial y coordinar las reuniones necesarias con la ODIN para realizar toda reinspección correspondiente, de manera que finalice el proceso de subsanación. Véanse: In re García Aguirre, 190 DPR 539, 545 (2014); In re Padilla Santiago, 190 DPR 535, 538 (2014); In re Ponce Ponce, 190 DPR 504 (2014); In re Martínez Class, 184 DPR 1050 (2012).

Este Tribunal ha sancionado con rigor la actitud que se caracteriza por la indiferencia y la desidia respecto a nuestras órdenes y señalamientos. Por ello, hemos determinado que tal conducta constituye una violación al Canon 9 del Código de Etica Profesional y repercute en acciones disciplinarias contra los profesionales del Derecho. Igual-mente, nuestra jurisprudencia establece que la “desaten-ción a los requerimientos de la ODIN y del Procurador General tiene el mismo efecto que cuando se desatiende una orden emitida por este Tribunal. Por ello, ignorar los re-querimientos del Procurador General y la ODIN constituye de por sí una falta ética que conlleva la imposición de san-ciones disciplinarias severas”. In re Chardón Dubós, 191 DPR 201, 207 (2014). Véase, además, In re Martínez Romero, 188 DPR 511, 515 (2013).

Por otra parte, conforme al Artículo 12 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2023, y a la Regla 12 del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV, todo notario tiene el deber de rendir “un índice sobre sus actividades notariales, no más tarde del décimo día calendario del mes siguiente al mes informado [...]”. 4 LPRA see. 2023. Hemos destacado que satisfacer esta obligación no requiere conocimientos especiales y todo profesional del Derecho debe cumplir estrictamente con esto. In re Feliciano Lasalle, 175 DPR 110, 114 (2008); In re Cruz Ramos, 127 DPR 1005, 1008 (1991). Asimismo, surge del Artículo 13-A de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2031a, que “[t]odo notario remitirá al Director de la [ODIN], no más tarde del último día de febrero del año siguiente, el informe estadístico anual que le sea requerido de los documentos notariales autorizados durante el año precedente”. Véanse, además: Regla 13 del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV; In re Da Silva Arcoho, 189 DPR 888, 893 (2013).

Por esto, hemos dispuesto que no rendir los índices e informes notariales constituye una falta grave que podría acarrear sanciones disciplinarias severas. Esto, pues tal incumplimiento “puede prestarse a actuaciones de naturaleza grave y contribuir a la desviación de la fe pública que reviste a los notarios”. In re Miranda Casasnovas, supra, pág. 778. Véase, además, In re Feliciano Lasalle, supra, pág. 114.

Por último, la ODIN tiene la labor de fiscalizar el ejer-cicio de la notaría conforme a las disposiciones de la Ley Notarial y el Reglamento Notarial. A esos fines, se realizan considerables esfuerzos para atender, junto con los profe-sionales del Derecho, aquellos defectos que se identifican en las obras notariales a través de los procedimientos de inspección. Pese a esto, continuamente se refieren a este Tribunal notarios que ponen en jaque el ejercicio de su mi-nisterio al rehuir aquellos señalamientos de la ODIN que tienen como objetivo asistirlos en sus esfuerzos para sub-sanar las faltas presentes en sus protocolos notariales. En esta ocasión, enfrentamos una de esas instancias.

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Según reseñado, las actuaciones y omisiones del licen-ciado Vázquez González durante el proceso de inspección de su obra notarial dilataron el proceso desde sus inicios, allá para el 2011. A pesar de que, a la fecha, han transcu-rrido más de cuatro años, la obra notarial de este notario aún adolece de faltas que impiden su aprobación. Asi-mismo, éste demostró una actitud desafiante ante la ODIN y ante este Tribunal al no entregar su Libro de Registro de Testimonios, los índices mensuales e informes anuales en atraso, aun cuando se ordenó la incautación preventiva de su obra notarial en el 2014. Tal proceder ha imposibilitado, a su vez, esclarecer la deuda del licenciado Vázquez Gon-zález respecto al pago de su Fianza Notarial. La actitud del licenciado Vázquez González manifiesta su patente in-diferencia respecto sus deberes como abogado y notario.

Conforme a los hechos reseñados y los fundamentos de Derecho previamente esbozados, se ordena la suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía y la notaría del licenciado Vázquez González. En caso de que éste se encuentre representando clientes ante nuestros tribu-nales en la actualidad, se le impone el deber de notificar a éstos sobre su inhabilidad de continuar representándolos, devolverles los honorarios por trabajos no realizados e in-formar oportunamente de sus respectivas suspensiones a cualquier foro judicial y administrativo en el que tengan casos pendientes. Deberá acreditar a este Tribunal el cum-plimiento con lo anterior en un término de treinta días con-tados a partir de la notificación de esta Opinión “per cu-riam” y Sentencia.

Asimismo, se le ordena al licenciado Vázquez González a subsanar las deficiencias en su obra notarial, a sus expen-sas, y a entregar el Libro de Registro de Testimonios, los índices de actividad notarial mensual e informes de activi-dad notarial anual que adeuda en un término final e im-prorrogable de treinta días. De igual forma, deberá acredi-tar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Posteriormente, el licenciado Vázquez González respondió al informe y, el 25 de marzo de 2013, se realizó una reinspección de su obra notarial.

       La Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) identificó como deficiencias la ausencia de pagarés cancelados correspondientes a las escrituras número 3 y nú-mero 4 del Protocolo de 2004.

       Surge de la Moción Informativa Solicitando Remedios que el licenciado Váz-quez González adeudaba treinta y cinco índices de actividad mensual notarial para los años de 1997 a 2013. Asimismo, adeudaba seis informes estadísticos de actividad notarial anual correspondientes a los años 2002, 2003, 2009, 2010, 2011 y 2012.

       La Fianza Notarial se impuso como un requisito para practicar la profesión notarial en Puerto Rico. Ésta responde por los daños y perjuicios que cause un no-tario en el ejercicio de sus funciones o con relación al incumplimiento de sus deberes ministeriales. In re Ribas Dominicci I, 131 DPR 491, 497 (1992). El Artículo 7 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2011, dispone que todo notario tiene que prestar una fianza no menor de $15,000. En situaciones donde un notario opera al margen de este requisito, hemos determinado necesaria nuestra intervención disciplinaria, ya que “un notario que no cuenta con dicha protección constituye un peligro, no sólo para el tráfico jurídico de los bienes inmuebles, sino para las personas que utilizan sus servicios”. In re Martínez Miranda, 174 DPR 773, 777 (2008).


author: (.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

text:
    Grupo Ferré Rangel Media, Ex parte.

      Número: MC-2016-0219

      Resuelto: 18 de febrero de 2016

      Cynthia López Cabán, de GRF Media, reportera solicitante.
   RESOLUCIÓN

Ayer 17 de febrero de 2016, el Grupo Ferré Rangel Media (GFR Media) presentó una solicitud para obtener copia del informe sometido por la Comisión de Disciplina Judicial para el caso AD-2015-003.

Examinada la solicitud presentada por GFR Media, se autoriza la entrega inmediata de la copia del informe según solicitado.

Publíquese y notifíquese por teléfono, por correo electró-nico, vía facsímil y por la vía ordinaria a GFR Media y ala parte en el caso.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez hizo constar la expresión siguiente:

Estoy conforme con la Resolución emitida por este Tribunal en el asunto de epígrafe. Al igual que en Grupo Ferré Rangel Media, Ex parte I, 194 DPR 670 (2016), considero que procede la entrega inmediata del informe solicitado por el Grupo Ferré Rangel Media sin gestión ulterior.

El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo disintió e hizo constar la expresión siguiente:

Disiento por las mismas razones expuestas en mi Voto Particular Disidente de 11 de febrero de 2016 en el caso Grupo Ferré Rangel Media, Ex parte II, 194 DPR 677, 679 (2016).

El Juez Asociado Señor Rivera García hizo constar la expresión siguiente:

Estoy en desacuerdo con la determinación que hoy toma este Tribunal de acceder —a toda prisa y sin ninguna conside-ración de las posiciones de las partes involucradas— a la pe-tición presentada por el Grupo Ferré Rangel Media de obtener copia del informe preparado por la Comisión de Disciplina Judicial en el caso AD-2015-3. Considero que la mayoría de los miembros de este Tribunal está partiendo de una interpreta-ción errónea de nuestro precedente en Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161 (2000). La norma establecida en tal caso cubre únicamente los documentos del proceso disciplina-rio celebrado ante la Oficina de Administración de los Tribunales. Bajo ningún concepto debe cubrir un documento de trabajo que contiene recomendaciones para la considera-ción final de los miembros de este Tribunal, como lo son los informes preparados por la Comisión de Disciplina Judicial. Por tales razones, disiento del proceder adoptado en la Reso-lución que antecede.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Elba Nilsa Villalba Ojeda.

      Número: TS-9,463

      Resuelto: 18 de febrero de 2016

      Carmen I. Navas, procuradora del abogado y abogada, del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y Gregorio Lima Quiñones, abogados de la peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Evaluada la Solicitud de Reinstalación Cumplida la Suspensión Impuesta, presentada por la Sra. Elba N. Vi-llalba Ojeda por conducto de la Leda. Carmen I. Navas, procuradora del abogado y abogada del Colegio de Aboga-dos de Puerto Rico, se provee “ha lugar”.

Por otra parte, se ordena la reactivación de las quejas AB-2011-90 y AB-2014-262 que penden contra la abogada Villalba Ojeda. Con relación a la queja AB-2011-90, se le ordena a la abogada Villalba Ojeda que nos informe, dentro de un término de diez días contados a partir de la notifica-ción de esta Resolución, el estado de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia referentes al caso que dio origen a esta queja.

Asimismo, se le ordena a la abogada Villalba Ojeda que conteste la queja AB-2014-262, dentro de un término de diez días contados a partir de la notificación de esta Reso-lución, según ordenamos en ocasiones anteriores.

Se le apercibe, además, a la abogada Villalba Ojeda que su incumplimiento con esta orden podrá acarrear sancio-nes disciplinarias severas, incluyendo la suspensión inde-finida de la profesión de la abogacía.

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: (Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

text:
      In re Lizmary López Álvarez.

      Número: TS-18,465

      Resuelto: 22 de febrero de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Noarías; Lizmary López Alvarez, pro se.

   RESOLUCIÓN

Evaluada la Moción Notificando Incumplimiento de Or-den, presentada por la Oficina de Inspección de Notarías, se ordena la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la notaría de la Leda. Lizmary López Alvarez. Se le im-pone, asdemás, una sanción de $250, los que deberá pagar mediante sellos de Rentas Internas de acuerdo con el Art. 62 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA see. 2102. El alguacil de este Tribunal procederá a incautarse de la obra y del sello notarial de la notaría suspendida, los que entre-gará al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe a este Tribunal.

Publíquese y notifíquese personalmente.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: (.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

text:
    Pedro Burgos Santiago, recurrido, v. Universidad Interamericana de Puerto Rico, peticionaria.

      Número: CC-2016-108

      Resuelto: 22 de febrero de 2016

      Vladimir Román Rosario, abogado de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Luego de examinar la Moción en auxilio de jurisdicción y la Petición de certiorari presentadas por la parte peticio-naria, se provee “no ha lugar” a ambas.

Notifíquese inmediatamente por fax o correo electrónico, por teléfono y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres hizo constar la expresión siguiente:

Este caso se tramita mediante el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRÁ see. 3118 et seq. En el pasado hemos resuelto que no se favorece la revisión interlocutoria en procesos sumarios al am-paro de la Ley Núm. 2. Véanse, por ejemplo: Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511 (2014); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999). Se busca evitar la interrupción de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia. En un caso como este en el que se dictó sentencia parcial, pero con-tinúa ante el foro primario, debemos, de igual modo, tratar de que no se interrumpan los procesos. Expedir el auto de certio- rari en esta etapa para confirmar al Tribunal de Apelaciones choca con el carácter sumario de este caso laboral, pues inte-rrumpe el trámite, pero no altera la responsabilidad de la parte peticionaria, según lo resuelto en la sentencia parcial. No me parece práctico interrumpir el proceso para resolver precisamente que este no se debe interrumpir. Por eso y para no perjudicar a la parte recurrida que tiene derecho por ley a un remedio rápido, prefiero esperar un caso más apropiado para pautar si la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, interrumpe el plazo para recurrir al foro intermedio.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular emitido por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

Las nuevas disposiciones contenidas en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA see. 3118 et seq. (Ley Núm. 2), requerían que este Tribunal aclarara y precisara si los procedimientos postsentencia contenidos en las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 están disponibles para los casos tramitados al amparo de ese estatuto. Máxime a la luz de lo expresado por este Tribunal en Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36 (2006). Veamos.

¡-H

La Universidad Interamericana de Puerto Rico (Univer-sidad) compareció ante este Tribunal mediante una Peti-ción de Certiorari oportuna en la que cuestionó la Senten-cia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 16 de diciembre de 2015, notificada el 28 de enero de 2016. Me-diante ésta, el foro apelativo intermedio desestimó un re-curso de apelación presentado por la Universidad al con-cluir que carecía de jurisdicción para atenderlo. En síntesis, el Tribunal de Apelaciones resolvió que el meca-nismo de reconsideración, dispuesto en la Regla 47 de Pro-cedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, resulta incompatible con la naturaleza del procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, y sus enmiendas. A su vez, la Universidad presentó una solicitud de auxilio de jurisdicción para para-lizar los procedimientos pautados por el Tribunal de Pri-mera Instancia.

Por consiguiente, la controversia planteada se limita a determinar si este tipo de moción postsentencia está dispo-nible antes de que la parte pueda acudir en revisión ante un foro apelativo. Entiendo en la negativa. Me explico.

HH HH

La norma reiterada establece que el procedimiento su-mario en los casos de reclamaciones laborales tiene como finalidad proveer un mecanismo procesal que aligere estos trámites, con el fin de implantar la política pública del Es-tado de proteger el empleo, desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero despedido con medios económicos para su subsistencia. Izagas Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463 (2011); Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890 (1998); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912 (1996); Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 135 DPR 737 (1994).

La política enunciada ha sido avalada en numerosas ocasiones al destacarse la importancia de la celeridad de los procedimientos en los casos de reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 2. Izagas Santos v. Family Drug Center, supra, Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494 (2003). Ello, precisamente, es el propósito fundamental de haberse aprobado la Ley Núm. 2. Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999); 14 (Núm. 1) Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Extraordinaria) (1961). Por lo tanto, el norte de las decisiones jurídicas en estos procesos consiste en no permitir que las partes desvirtúen ese carácter especial y sumario. Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 43.

Ahora bien, en cuanto a la aplicabilidad de las Reglas de Procedimiento Civil al trámite al amparo de la Ley Núm. 2, debemos recalcar que ésta dispone que “se aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en conflicto con las disposiciones específicas de las mismas o con el carácter sumario del procedimiento establecido”. (Énfasis suplido). 32 LPRA see. 3120. Para determinar si procede aplicar una norma procesal específica, resulta ne-cesario examinar si la regla procesal civil implicada es con-flictiva o contraria con alguna disposición específica de la ley especial, y con el carácter sumario del procedimiento. Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314, 321 (1975).

Al particularizar el asunto ante nuestra consideración, destacamos que en Aguayo Pomales v. R & G Mortg., supra, concluimos que una moción de determinaciones de he-chos y conclusiones de derecho adicionales podía ser pre-sentada en un procedimiento instado al amparo de la entonces vigente Ley Núm. 2. Al así resolverlo, concedimos relevancia al hecho de que, en aquel momento, la See. 2 de la Ley Núm. 2 (32 LPRA see. 3129) disponía que el proce-dimiento de revisión sería conforme al trámite ordinario. Destacamos que ello implicaba que, conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, entre los procedimientos postsen-tencia disponibles se encuentra la moción de determinacio-nes de hechos y derecho adicionales. Aguayo Pomales v. R & G Mortg., supra, págs. 46-47. En ese raciocinio, enten-dimos que ésta se encuentra disponible para los procedi-mientos instados al amparo de la Ley Núm. 2.

La moción de reconsideración, al igual que la moción de determinaciones de hechos adicionales, es un mecanismo postsentencia para que una parte permita al foro senten-ciador corregir lo que entiende es un error en la adjudicación. Así, se podría sostener que, a la luz de lo resuelto en Aguayo Pomales v. R & G Mortg., supra, la moción de reconsideración también está disponible para este tipo de procedimientos. Empero, posterior a lo resuelto por este Tribunal, la Ley Núm. 2 sufrió unas enmiendas sustanciales al aprobarse la Ley Núm. 133-2014 que con-lleva un efecto real sobre lo antes resuelto. Veamos.

Al aprobarse la Ley Núm. 133-2014, el legislador des-tacó la política pública enmarcada en ésta a los efectos de “lograr la rápida consideración y adjudicación de las recla-maciones laborales instadas por empleados en contra de sus patronos”. Exposición de Motivos Ley Núm. 133-2014. Por ello, mediante la Ley Núm. 133-2014 se acortaron los términos jurisdiccionales para solicitar revisión bajo el procedimiento sumario. Éstos comienzan a transcurrir desde la notificación de la sentencia dictada por el foro pri-mario, sin sujetar tal término al trámite ordinario. Véase 32 LPRA sees. 3121 y 3127. Cónsono con ello, la Ley Núm. 133-2014 derogó las disposiciones contenidas en la Sec. 12 de la Ley Núm. 2 concernientes a que el trámite de revi-sión sería “conforme al procedimiento ordinario”. Así, la política enmarcada quedó meridianamente clara en que es-tos casos por “su naturaleza y finalidad, requieren ser re-sueltos a la brevedad posible”. Exposición de Motivos Ley Núm. 133-2014.

Por lo tanto, la realidad jurídica enunciada establece de forma inequívoca el precepto de rapidez en el trámite judicial y procede aplicar los términos conforme allí establecidos. Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 135 DPR 737 (1994). La Ley Núm. 133-2014 extendió la importancia de la celeridad a los procesos de revisión en etapa apelativa. De esta forma, limitó el uso de los mecanismos postsentencia para dilatar la adjudicación final de estas controversias.

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, a diferencia de las anteriores, exigen que tanto la moción de reconside-ración como la de determinaciones de hechos y derecho adi-cionales se presenten conjuntamente. 32 LPRA Ap. V, R. 43.1. Asimismo, ambos mecanismos paralizan los procedi-mientos de revisión en alzada hasta que el foro primario las atienda. Véase 32 LPRA Ap. V, Rs. 43.1 y 47. La conse-cuencia de esa paralización trastoca la política pública cla-ramente enunciada al aprobarse la Ley Núm. 133-2014. Por ende, no podemos avalar el reclamo de la Universidad a los efectos de que estos mecanismos están disponibles para el proceso sumario de la Ley Núm. 2. Ello sería con-trario y estaría en conflicto palpable con el ideal de proveer un remedio rápido y eficaz en contravención al espíritu del procedimiento sumario laboral. Claro está, lo anterior no limita la facultad del tribunal sentenciador de reconside-rar motu proprio su decisión antes de que culminen los términos para ir en alzada o se haya presentado el corres-pondiente recurso al Tribunal de Apelaciones.

Ante tal realidad, considero que este Tribunal debió atender con celeridad el recurso para interpretar y concluir que este tipo de remedio postsentencia no está disponible para el procedimiento sumario laboral de la Ley Núm. 2. De tal forma, se atemperaría la norma jurídica a las en-miendas introducidas a la Ley Núm. 2. Por lo anterior, entiendo que este Tribunal perdió la oportunidad de pau-tar Derecho e imprimirle la mayor certeza posible.

       En cuanto a una solicitud de relevo de sentencia, recordamos que la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA see. 3118 et seq.,
        expresamente la permite, si se presenta en un término jurisdiccional de sesenta días de notificada la sentencia a las partes y bajo juramento. Véase 32 LPRA see. 3124.

       A modo de ejemplo, en el caso de autos fue casi al año de dictada la Sentencia Parcial que el Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de reconsideración presentada por la Universidad.


text:
      In re Integración de las Salas de Despacho.

      Número: ES-2016-2

      Resuelto: 25 de febrero de 2016
   RESOLUCIÓN

Según lo dispuesto en la Regla 4(d) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRAAp. XXI-B, se constituyen las siguientes Salas de Despacho para que funcionen mientras el Pleno esté compuesto de ocho Juezas y Jueces:

Primera Sala de Despacho

Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, presidenta

Hon. Rafael L. Martínez Torres

Hon. Edgardo Rivera García

Hon. Roberto Feliberti Cintrón

Segunda Sala de Despacho

Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez, presidenta

Hon. Mildred G. Pabón Chameco

Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo

Hon. Luis F. Estrella Martínez

De surgir un empate en la votación de alguna de las Salas de Despacho, se designará a otra Jueza u otro Juez que no forme parte de esa Sala. Esta designación se hará en orden sucesivo de antigüedad.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Estanis Barrenechea Martínez.

      Número: TS-16,717

      Resuelto: 26 de febrero de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción Notificando Incumplimiento de Orden, presentada por el Director de la Oficina de Inspec-ción de Notarías (ODIN), Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, y ya que la parte querellada, Ledo. Estanis Barrenechea Martínez, no ha cumplido con la Resolución de 29 de mayo de 2015, se provee “ha lugar” como pide la ODIN.

Se ordena la suspensión inmediata del licenciado Barre-nechea Martínez del ejercicio de notaría y se ordena al al-guacil de este Tribunal que incaute inmediatamente el sello y la obra notarial bajo la custodia del licenciado Barrene-chea Martínez y los entregue al Ledo. Manuel E. Avila de Jesús para la correspondiente investigación e informe.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Transporte Rodríguez Asfalto Inc., recurrido, v. Junta de Subastas y Municipio de Aguadilla, peticionarios; Betterecycling Corporation y Asphalt Solutions Hatillo, LLC, licitadores agraciados.

      Número: CC-2014-1035

      Resuelto: 1 de marzo de 2016

      Pablo B. Rivera Díaz y Pamela Rivera-De León, del Bufete Díaz & Asociados, PSC, abogados de la parte peticionaria; Edwin A. Avilés Pérez, de Avilés, Cruz & Asociados, abo-gado de la parte recurrida; Ariel Marrero Otero, abogado de la licitadora agraciada Betterecycling Corporation, Imi-tadora agraciada.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

Comparece la parte peticionaria, la Junta de Subastas del municipio de Aguadilla y nos solicita que dejemos sin efecto una sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones el 14 de octubre de 2014. Mediante esta, el foro apelativo intermedio revocó la adjudicación de una subasta y devol-vió el caso a la Junta para que indicara el término que tienen las partes para acudir en reconsideración y notifi-cara adecuadamente la adjudicación a todas las partes.

Nos corresponde determinar si erró el Tribunal de Ape-laciones al revocar una subasta para el suministro de bie-nes al amparo de la Ley de Municipios Autónomos del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley de Municipios Autónomos) por entender que su notificación era insufi-ciente al no disponer el término que tenían las partes para presentar una reconsideración ante la Junta de Subastas. Resolvemos que la notificación, según fue emitida, es vá-lida y suficiente según nuestro estado de derecho.

HH

El 4 de marzo de 2014, el Municipio Autónomo de Agua-dilla publicó una notificación y Aviso de Subasta en el pe-riódico Primera Hora. La reunión de apertura del proceso de subasta se pautó para ser celebrada el 27 de marzo de 2014.

A la subasta de referencia asistieron como licitadores cuatro entidades. Estas fueron: Betterecycling Corporation (Betterecycling), E & M Asfalto (E & M), Transporte Rodríguez Asfalto (Transporte Rodríguez) y Asphalt Solutions Hatillo, LLC. (Asphalt Solutions). El 7 de mayo de 2014, la Junta de Subastas del Municipio de Aguadilla (la Junta de Subastas) adjudicó en parte la subasta de refe-rencia a Betterecycling y otra porción a Asphalt Solutions. Inconforme con tal adjudicación, Asphalt Solutions presentó el 19 de mayo de 2014 un recurso de revi-sión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones, cuyo número de referencia es el KLRA201400430. Por su parte, Transporte Rodríguez acudió el mismo día ante el tribunal apelativo intermedio mediante el recurso de re-visión administrativa KLRA201400433. El 30 de mayo de 2014 el Tribunal de Apelaciones consolidó los dos recursos de revisión administrativa señalados.

Así las cosas, el 19 de junio de 2014, el foro apelativo intermedio emitió una sentencia en la cual revocó la adju-dicación de la subasta impugnada y devolvió el caso de autos ante la Junta de Subastas para que esta fundamen-tara y notificara nuevamente la adjudicación a todas las partes.

Posteriormente, el 29 de agosto de 2014, la Junta de Subastas emitió una Notificación de Adjudicación de Subasta. En resumidas cuentas, adjudicó la subasta Núm. 2015-12 “Suministro de brea fría/caliente” a los licitadores Betterecycling (renglones 2, 3, 4, 5 y 6) y Asphalt Solutions (renglón 1) por renglones a base del precio más económico. Los renglones del 7 al 9 no fueron adjudicados por enten-derse que el precio cotizado no era razonable. Para esa determinación, la Junta tomó en consideración los porcien-tos del parámetro de inversión que otorga la Junta de In-versión a la Industria Puertorriqueña. Como parte de la notificación, la Junta apercibió a cualquier parte afectada sobre su derecho a solicitar la revisión de esa decisión ante el Tribunal de Apelaciones en el término jurisdiccional de 10 días contados a partir del archivo en autos de la copia de la Notificación del Acuerdo Final de Adjudicación. Esto, en conformidad con el Art. 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra.

Inconforme con esa determinación, el 8 de septiembre de 2014, Transporte Rodríguez acudió nuevamente ante el Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de revisión administrativa KLRA201400937. En lo pertinente, alegó que la Junta de Subastas había errado al adjudicar al postor más alto en precio sin existir en el expediente adminis-trativo evidencia que justificara su determinación y al no haber notificado a los no favorecidos las razones por las cuales no se les adjudicó la subasta.

Así las cosas, el 16 de octubre de 2014, el Tribunal de Apelaciones notificó una sentencia mediante la cual devol-vió el caso ante la Junta de Subastas para que indicara el término que tenían las partes para acudir en reconsidera-ción y notificara correctamente la adjudicación a todas las partes. El foro apelativo intermedio razonó que la notifica-ción de la subasta fue errónea por no informar a las partes el término que tenían para solicitar una reconsideración ante la Junta de Subastas. Expresó que, una vez la Junta de Subastas notificara la adjudicación de la subasta correc-tamente, las partes adversamente afectadas podían pre-sentar un recurso de revisión administrativa ante el foro apelativo intermedio.

El 16 de octubre de 2014, la Junta de Subastas presentó una reconsideración, la cual fue declarada “no ha lugar” y notificada el 4 de noviembre de 2014.

Insatisfecha, el 3 de diciembre de 2014, la Junta de Su-bastas presentó un recurso de certiorari ante este Foro y señaló que el Tribunal de Apelaciones cometió los errores siguientes:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones, al no resolver que la determinación de la Junta de Subastas fue conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada conocida como Ley de Municipios Autónomos; el Reglamento para la Administración Municipal, promulgado por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), Reglamento Núm. 7539; el Reglamento de la Junta de Subastas del Municipio de Aguadilla; la Ley 14-2004, según enmendada, y el estado de derecho vigente.
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones, al revocar la adju-dicación de la subasta Núm. 2015-12 y establecer por fiat judicial que la Junta de Subastas debe indicar el término que tienen las partes para acudir en reconsideración ante la pro-pia Junta de Subastas, lo que es contrario al Estado de Dere-cho vigente. (Enfasis en el original). Certiorari, págs. 9-10.

Examinadas las circunstancias particulares del pre-sente caso, la totalidad del expediente y el estado de dere-cho aplicable ante nuestra consideración, procedemos a resolver mediante los fundamentos que expondremos a continuación.

Las subastas son el proceso por el cual se invitan a varios proponentes para que presenten ofertas para la realización de obras o adquisición de bienes y servicios. En varias ocasiones hemos reconocido el alto interés pú-blico del proceso de subastas en el gobierno. El propósito primordial del proceso de subasta es proteger los fondos públicos, fomentando la libre y diáfana competencia entre el mayor número de licitadores posibles. Así, se preten-den evitar influencias ajenas al beneficio para el interés público. Por medio de las subastas gubernamentales el Go-bierno maximiza la posibilidad de obtener el mejor con-trato, mientras se protegen los intereses y activos del pueblo contra el dispendio, el favoritismo, la corrupción y el descuido al otorgarse los contratos. De esta forma, el Go-bierno puede llevar a cabo sus funciones como comprador de una forma eficiente, honesta y correcta para proteger los intereses y el dinero del pueblo.

En Aluma Const. v. A.A.A. reconocimos que no existe una ley que regule los procedimientos de subasta con uniformidad. Ciertamente, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU) regula varios aspectos de las subastas llevadas a cabo por las agencias gubernamentales. Sin embargo, esa ley excluye específicamente de su definición de “agencia” a los “gobiernos municipales o sus entidades o corporaciones”. Por lo tanto, la LPAU resulta inaplicable a los procedimientos de subastas efectuados por los gobiernos municipales como en el caso de autos.

Por otra parte, las subastas celebradas por los municipios quedan reguladas por las disposiciones de la Ley Núm. 81-1991, según enmendada, conocida como Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, supra (Ley de Municipios Autónomos). En lo relativo, en su Art. 15.002 establece cuál es el foro judicial que deberá revisar el acuerdo final o la adjudicación de la Junta de Subastas. Este artículo, junto con el Art. 10.006 fueron enmendados por la Ley Núm. 213-2009 para modificar el inciso (a), en cuanto cómo será notificada la adjudicación de la subasta a las partes. Esta enmienda establece lo siguiente:

Junta de Subasta-Funciones y deberes
La Junta entenderá y adjudicará todas las subastas que se requieran por ley, ordenanza o reglamento y en los contratos de arrendamiento de cualquier propiedad mueble o inmueble y de servicios, tales como servicios de vigilancia, mantenimiento de equipo de refrigeración, y otros.
(a) Criterios de adjudicación.- — Cuando se trate de compras, construcción o suministros de servicios, la Junta adjudicará a favor del postor razonable más bajo. [...] La Junta hará las adjudicaciones tomando en consideración que las propuestas sean conforme a las especificaciones, los términos de entrega, la habilidad del postor para realizar y cumplir con el contrato, la responsabilidad económica del licitador, su reputación e in-tegridad comercial, la calidad del equipo, producto o servicio y cualesquiera otras condiciones que se hayan incluido en el pliego de subasta.
La Junta podrá adjudicar a un postor que no sea necesaria-mente el más bajo o el más alto, según sea el caso, si con ello se beneficia el interés público. En este caso, la Junta deberá hacer constar por escrito las razones aludidas como beneficio-sas al interés público que justifican tal adjudicación.
Tal adjudicación de una subasta será notificada a todos los licitadores certificando el envío de dicha adjudicación me-diante correo certificado con acuse de recibo. En la considera-ción de las ofertas de los licitadores, la Junta podrá hacer ad-judicaciones por renglones cuando el interés público así se beneficie. La Junta notificará a los licitadores no agraciados, las razones por las cuales no se le adjudicó la subasta. Toda adjudicación tendrá que ser notificada a cada uno de los lici-tadores apercibiéndolos del término jurisdiccional de diez (10) días para solicitar revisión judicial de la adjudicación ante el Tribunal de Apelaciones de conformidad con el Artículo 15.002 de esta Ley. (Enfasis suplido). 21 LPRA see. 4506.

Por su parte, el Art. 15.002, fue también enmendado para incluir un segundo inciso mediante el cual se le provee al Tribunal de Apelaciones jurisdicción exclusiva sobre las revisiones de acuerdos finales o adjudicaciones de la Junta de Subastas. Este artículo establece lo siguiente:

Tribunal de Primera Instancia y Tribunal de Apelaciones
(1) El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico enten-derá y resolverá con exclusividad, a instancias de la parte per-judicada, sobre los siguientes asuntos:
(2) El Tribunal de Apelaciones revisará, con exclusividad, el acuerdo final o adjudicación de la Junta de Subastas, el cual se notificará por escrito y mediante copia por correo escrito regular y certificado a la(s) parte(s) afectada(s). La solicitud de revisión se instará dentro del término jurisdiccional de diez (10) días contados desde el depósito en el correo de la copia de la notificación del acuerdo final o adjudicación. La notificación deberá incluir el derecho de la(s) parte(s) afectada(s) de acudir ante el Tribunal de Apelaciones para la revisión judicial; tér-mino para apelar la decisión; fecha de archivo en auto de la copia de la notificación y a partir de qué fecha comenzará a transcurrir el término. La competencia territorial será del cir-cuito regional correspondiente a la región judicial a la que pertenece el municipio. (Énfasis suplido). 21 LPRA see. 4702.

En lo pertinente al caso de epígrafe, el Reglamento para la Administración Municipal en su Parte II, Sección 13, expone lo relativo al aviso de adjudicación de subastas. El inciso (3) de esa sección establece que la notificación de la adjudicación debe contener: (1) nombre de los licitado-res; (2) síntesis de las propuestas sometidas; (3) factores y criterios que se tuvieron en cuenta para adjudicar la su-basta y razones para no adjudicar a los licitadores perdi-dosos, y (4) derecho a solicitar revisión judicial de la adju-dicación o acuerdo final ante el Tribunal de Apelaciones, en el término jurisdiccional de 20 días, contados a partir del depósito en el correo de la notificación de adjudicación.

De igual forma, el Reglamento de la Junta de Subasta del Municipio de Aguadilla establece que el mecanismo para solicitar la revisión de la adjudicación de subasta es por medio de la revisión judicial. Particularmente, en el artículo XXVIII de su sexta parte, sobre las notificaciones de la adjudicación de subasta, se establece lo siguiente:

Artículo XXVIII. Notificación
En cualquier acuerdo sobre la determinación de una su-basta, la notificación deberá expresar el derecho de Revisión que tiene cualquier persona afectada por la decisión de la Junta, el término jurisdiccional de diez (10) días para presen-tar la Revisión Judicial de la Adjudicación y que el término jurisdiccional empezará a partir del archivo en autos de copia de la notificación del acuerdo final o adjudicación. Esta notifi-cación será enviada al licitador que se lleve la buena pro y a los licitadores agraciados. Además, se incluirá las razones por las cuales no se adjudicó a los no agraciados.
La notificación contendrá la advertencia de que se reserva el derecho de cancelar cualquier adjudicación antes de la forma-lización del contrato u orden de compra. Contendrá además, la advertencia de que si el postor agraciado no cumple con las condiciones expuestas se someterá a las penalidades estable-cidas por ley y reglamento, o los que se expresen en la subasta. (Énfasis suplido).

Por nuestra parte, desde antes de aprobado el reglamento, habíamos reconocido que para una revisión judicial efectiva, el debido proceso de ley exige que toda notificación de adjudicación de una subasta municipal sea adecuada. Además, reconocimos que para hacer efectivo el derecho a una revisión judicial, es necesario que se advierta en la notificación de adjudicación de una subasta municipal el derecho a procurar revisión judicial; el término disponible para hacerlo, y la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la adjudicación.

En cuanto a la notificación, tendrá que ser clara, eficaz y cursada por escrito. El propósito de este tipo de notifica-ción es que los licitadores perdidosos tengan la oportunidad de solicitar revisión judicial de la determinación de la Junta de Subastas, en el término jurisdiccional aplicable. Además, se requiere que la notificación de una adjudicación sobre subastas incluya los fundamentos que justifiquen su deter-minación, aunque sea de forma breve, sucinta o sumaria. Así, los tribunales podrán revisar efectivamente los funda-mentos para determinar si la determinación de la junta ha sido arbitraria, caprichosa o irrazonable.

f — H HH j.

La parte peticionaria comparece ante este Foro y, en síntesis, alega que el Tribunal de Apelaciones erró al no resolver que la determinación de la Junta de Subastas fue conforme al derecho vigente aplicable. Para ello, la peticio-naria arguye que, con su determinación, el tribunal apela-tivo intermedio estableció mediante fíat judicial que la Junta de Subastas debía indicar el término que tenían las partes para acudir en reconsideración, lo cual es contrario al estado de derecho vigente. Le asiste la razón.

Del expediente surge que la peticionaria incluyó en su notificación toda la información requerida por la Ley de Mu-nicipios Autónomos. Además, la notificación cumple cabal-mente con nuestros pasados pronunciamientos en cuanto a la notificación adecuada para la adjudicación de subastas realizadas por los municipios. Así se cumplió con el debido proceso de ley, de forma tal que las partes pudieran ejercer efectivamente su derecho a solicitar una revisión judicial.

Tal como señalamos las subastas llevadas a cabo por los municipios están reguladas por la Ley de Municipios Autónomos y no por la LPAU. Esa ley, a diferencia de la LPAU, no provee para que las partes adversamente afec-tadas por una adjudicación de subasta presenten un re-curso de reconsideración ante la Junta de Subastas. Por ello, en lo relativo a la adjudicación de subastas municipa-les, la parte adversamente afectada no tiene disponible el mecanismo de reconsideración ante la Junta de Subastas, sino que deberá acudir en revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Es evidente entonces que una notificación de adjudicación de subasta realizada al amparo de la Ley de Municipios Autónomos no puede disponer de un término para llevarse a cabo una reconsideración, cuando el estado de derecho vigente no le reconoce el derecho a solicitar reconsideración. Por lo tanto, la determinación del foro apelativo primario no está fundamentada en el estado de derecho vigente.

Conforme todo lo anterior, el Tribunal de Apelaciones erró al revocar la adjudicación de la subasta 2015-12 y ordenar a la peticionaria a incluir en la notificación una solicitud de reconsideración no contemplada en la ley, igno-rando así, el estado de derecho aplicable. Consecuente-mente, erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que la notificación de subasta fue insuficiente e inválida por no contener un término para solicitar reconsideración ante la Junta de Subastas.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sen-tencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Apelaciones para que resuelva conforme con lo aquí expuesto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada.

       Véase Apéndice del Certiorari, Notificación de Resolución en reconsideración, págs. 71-74.

        Aluma Const. v. A.A.A., 182 DPR 776, 782 (2011); Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 172 DPR 139, 143 (2007).

        Caribbean Communications v. Pol. de P.R., 176 DPR 978, 994-995 (2009); Hatton v. Mun. de Ponce, 134 DPR 1001, 1005 (1994); Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de la Capital, 59 DPR 911, 916 (1942).

        Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 778 (2006).

        Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 854 (2007); A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 438-439 (2004).

        Aluma Const. v. A.A.A., supra, págs. 782-783; Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 DPR 237, 245 (2007).

         Aluma Const. v. A.A.A., 182 DPR 776, 783 (2011).

       Véase la Sec. 1.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA see. 2102.

       Arts. 10.001-10.007, 21 LPRA see. 4001 et seq. Véase, además, Pía. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733, 739 (2001).

       Reglamento para la Administración Municipal Núm. 7539, Oficina del Co-misionado de Asuntos Municipales, 18 de julio de 2008.

       A pesar de que el Reglamento aún no lo refleja, este término fue reducido a 10 días según lo dispuesto en la See. 2(2) de la Ley Núm. 213-2009.

       por i0 qUe aparenta ser un error en la codificación, el Reglamento de Su-basta del Municipio de Aguadilla contiene dos artículos en su sexta parte con la numeración XXVIII. No obstante, aclaramos que hacemos referencia al segundo de estos, pertinente a la notificación de la adjudicación de la subasta.

       Cabe destacar que a pesar de que el estado de derecho actual no contempla que una parte pueda solicitar la reconsideración a la Junta de Subasta, nada impide que el municipio de Aguadilla en su momento adopte las medidas necesarias para que motu proprio se le permita rectificar una adjudicación de subasta antes de estar el asunto bajo la jurisdicción de los tribunales.

        Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 893 (2007).

        Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, supra, pág. 894. Véase, además, IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 38 (2000).

        Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, supra, pág. 247.

        Pta. Arenas Concrete, Inc. v. J. Subastas, supra, pág. 742.