text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Santiago Rodríguez López, acusado y apelante.
    No. 4643.

    Sometido: Febrero 12, 1932.

      Resuelto: Febrero 18, 1932.

      Luis A. Limeros, abogado del. apelante; B. A. Gómez y E. Díaz Viera, Fiscal y Fiscal Auxiliar del Supremo, respectivamente, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El Gobierno de Puerto Rico exige de toda persona que tenga un alambique para fabricar alcohol para fines medici-nales, sacramentales o científicos, que inscriba tal alambi-que en la oficina del Tesorero, obtenga una licencia y pa-gue una contribución.

Se radicó una denuncia contra Isaac Rodríguez y Santiago Rodríguez López porque en Cabo Rojo, que forma parte del Distrito Judicial de Mayagüez, ilegal y voluntariamente tenían en su posesión y a su disposición como dueños o guardianes” del mismo, un alambique para los fines ante-dichos sin tenerlo inscrito, llenando los documentos corres-pondientes en la oficina del Tesorero. Esta omisión es cas-tigada como misdemeanor por la sección 29 de la Ley de Ren-tas Internas (núm. 85 de 1925).

Los dos acusados eran padre e hijo, y el padre fué absuelto por la Corte Municipal de Cabo Rojo. En un juicio de novo celebrado en la Corte de Distrito de Mayagüez, al cerrarse la prueba de El Pueblo, el acusado Santiago Rodríguez López presentó una moción de nonsuit. Dijo el apelante que en esa moción se atacó la denuncia substancialmente por el fundamento de que se imputaba el delito en forma disyuntiva o alternativa.

Una moción de nonsuit se dirige principalmente a la su-ficiencia de la prueba. Cuando El Pueblo cierra su caso el acusado no está impedido de atacar la acusación o denuncia, pero si lo hace debe hacer que tal ataque aparezca del récord, especialmente si desea dirigirlo contra cuestiones que pue-den subsanarse por un veredicto' o sentencia.

El primer señalamiento de error lee como sigue:

“La Corte inferior cometió error al considerar suficiente la de-nuncia, no obstante haberle hecho reparos a la misma el acusado, y estando dicha denuncia defectuosa.”

La única objeción a la denuncia es que el delito se imputa en forma disyuntiva. En otras palabras, que se imputa a los acusados el ser dueños o guardianes del alambique y no se les advierte suficientemente si lo poseían como dueños o guardianes.

El caso de People v. Hood, 6 Cal. 237, sostuvo la conten-ción del apelante. El Pueblo llama nuestra atención al he-cho de que este caso fué directamente revocado por el de People v. Myers, 20 Cal. 79. El apelante sostiene que el caso de People v. Hood fué seguido posteriormente por el de People v. Tomlinson, 35 Cal. 503.

La jurisprudencia general es que cuando un estatuto enu-mera varios actos disyuntivamente y la persona que formula el documento desea imputar cualquiera de los dos actos, debe hacerlo en forma conjuntiva y no disyuntiva, de tal suerte que el acusado sepa en, efecto que a él no se le imputa uno de dos posibles delitos. Cuando las palabras usadas por el estatuto son sinónimas o cuando algunas de las palabras pue-den ser consideradas como meramente superfluas, la regla no es aplicable. Si un estatuto enumera dos o tres posibles delitos, aunque cada mío de ellos, como asesinato, incendio o falsificación, sea cometido en varias formas, El Pueblo debe alegar separadamente el delito o la forma del delito que se propone imputar. Del examen que liemos lieclio de las au-toridades estamos dispuestos a convenir con el apelante en que la denuncia era defectuosa y que el acusado quizá pudo haberse aprovechado de este defecto, de haber suscitado la cuestión en debida forma. Desde luego, entonces El Pueblo tiene la oportunidad de enmendar o de hacer una elección.

El Pueblo pudo haber imputado a los dos acusados, en narraciones separadas, ser dueños del alambique y guardia-nes del mismo. El policía que redactó la denuncia imputaba ambas cosas en la misma narración. Es posible que el acu-sado fuera culpable de ser tanto dueño como guardián del alambique sin haber dado conocimiento de él, según exige la ley. La jurisprudencia es casi uniforme en el sentido de que si un acusado permite que se rinda un veredicto o que se dicte sentencia contra él, renuncia cualquiera cuestión de du-plicidad en la denuncia o acusación. Generalmente, un acu-sado debe obligar al Gobierno a hacer una elección, pues de lo contrario se considera que el defecto ha sido renunciado. Grain v. United States, 162 U. S. 625; Wiborg v. United States, 163 U. S. 632, 648. En el caso de Irwin v. State, 52 Fla. 51, se resolvió que el acusado debe atacar la acusación mediante excepción perentoria y que si demora la presenta-ción de la misma hasta después del veredicto, debe conside-rarse que la ha renunciado. En 10 Am. & Eng. Ann. Cas., donde aparece publicada la misma decisión existe una nota monográfica en la página 1004 respecto a la forma y manera de objetar a una acusación por el fundamento de duplicidad. La teoría en que se basan estas decisiones es qne nna denun-cia o acusación es vaga o indefinida y propende a confundir al acusado, pero que si éste permanece pasivo y permite a El Pueblo proseguir su caso hasta la terminación del juicio, entonces no puede presentar una excepción perentoria o exi-gir que se haga una elección.

El segundo es el señalamiento familiar de que la sentencia es contraria a la prueba. Aun si el objeto de este señalamiento es demostrar que no hubo prueba para justificar la sentencia, el señalamiento de error debe decirlo así. Más particularmente, un señalamiento de error es insuficiente a menos que diga algo que demuestre que el acusado se basa, si ello es así, en la supuesta falta por parte de El Pueblo de probar el delito fuera de duda razonable. No consideraremos todas las cuestiones planteadas por el apelante bajo estas circunstancias, mas discutiremos una o dos de ellas.

El acusado alega que los testigos no demostraron clara-mente que el alambique estuviese fabricando alcohol. Los testigos no manifestaron que el aparato estaba destilando alcohol, pero sí mencionaron ron, y alguno de este último fué ocupado.

Es cierto que en la corte municipal no se presentó durante el juicio la serpentina del alambique, pero todo el aparato había sido hallado antes del juicio en la corte de distrito. El secretario de la corte municipal declaró que la serpentina no estaba en la sala de la corte, pero que él la halló más tarde. Además, conforme hemos resuelto por lo menos en otro caso, el dejar de presentar todas las partes de un alambique no impide una sentencia condenatoria si se prueba su existencia. El Pueblo v. Rodríguez, 30 D.P.R. 318.

Debe confirmarse la sentencia.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    Herminio Madera & Hno., Inc., demandante apelada, v. Cobián Solares & Co., S. en C., demandada apelante.
    No. 5666.

    Sometido: Febrero 16, 1932.

      Resuelto: Febrero 26, 1932.

      B. Cuevas Zequeira y F. Rodrigues Alverio, abogados de la apelante; J. P. Miranda, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Estamos de acuerdo con la opinión y sentencia de la corte inferior. En esencia, la decisión fue que se probó más que suficientemente que trabo una venta y entrega de la mercan-cía por el precio por que se demandó.

Se entregaron diez fardos de telón. La contestación alegó que a instancias de la demandante cinco de ellos eran para ser entregados a otra persona. La corte declaró que el hecho era en sentido contrario. No tenemos motivo para dudar de esa conclusión, y debe confirmarse la sentencia por ese solo fundamento.

En este tribunal, la demanda trató de alegar una nova-ción. Esa defensa no puede suscitarse por primera vez en apelación, y el juicio no giró sobre esta cuestión.

De todos modos, la novación no se probó con éxito. Cuando, como en este caso, un vendedor, a solicitud del comprador, gira contra una tercera persona que no acepta el giro, no se prueba novación alguna.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Julia Quiñones Martorell, demandante y apelada, v. Porto Rico Biscuit Co., cuyo dueño es Juan Arbona, demandada y apelante.
    No. 5272.

    Sometido: Diciembre 2, 1931.

      Resuelto: Febrero 26, 1932.

      A. Aponte, abogado del apelante; F. Otero Rivera, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El título del epígrafe fue repetido en el cuerpo de la de-manda radicada, y en el primer párrafo de la misma se hizo la alegación de que Juan Arbona, bajo el nombre comercial de Porto Rico Biscuit Co., hacía negocios en Yauco. Des-pués de un juicio, la Corte de Distrito de Ponee, en apela-ción de la Corte Municipal de Yauco, dictó sentencia por da-ños y perjuicios por la suma de $445 contra la demandada, Porto Rico Biscuit Co. Se imputó a la demandada haber dado contramarcha a un autocamión contra el coche de la demandante, ocasionando daños a su persona y al coche.

No tenemos un señalamiento de errores por separado en este caso, pero el así llamado último error del apelante está redactado en la siguiente forma mixta: “La corte a quo erró al pronunciar esta sentencia contra ‘Porto Rico Biscuit Co.’ y al admitir prueba incompetente acerca de su existencia.” La corte en realidad erró al dictar sentencia contra la Porto Rico Biscuit Co., ya que los autos en su totalidad demuestran que el verdadero demandado era Juan Arbona. No sólo la prueba documental y la testifical demostraron que la Porto Rico Biscuit Co. liabía sido disuelta y que el negocio lo conducía Juan Arbona, bajo la razón social de Porto Rico Biscuit Co., sino que la demandada y apelante últimamente admitió ese lieclio. Durante el curso de estos procedimientos la apelación fué desestimada. El apelante acudió con una moción para que se reinstalara el caso, y lo obtuvo. En una declaración jurada suscrita por el abogado de la demandada en solicitud de que se reinstalara el caso, archivada en 26 de enero de 1931, el deponente alega ser el abogado de Juan Arbona en el presente litigio que fué definitivamente fallado en contra de dicho demandado. No tenemos duda, por tanto, de que el verdadero demandado era Juan Arbona y la sentencia de la corte inferior puede ser corregida de forma que en vez de condenar a la Porto Rico Biscuit Co., lea “Juan Arbona, haciendo negocios bajo la razón social de Porto Rico Biscuit Co.”

Dada la falta de un señalamiento de • errores, y la forma en que está redactado el señalamiento de que hemos hablado, no daremos mayor consideración al supuesto error de la corte al admitir documentos públicos para demostrar a nombre de quién estaba el camión que ocasionó el daño. Surge claramente el hecho de que Juan Arbona era dueño del camión, y así lo admitió por lo menos a uno de los testigos de la demandante.

El primer señalamiento de error parece tener prima facie algún mérito. Alega, en efecto, qne la corte cometió error al fijar como negligencia de la demandada el hecho de que su chauffeur Angel Sabater no tuviera licencia.

Convenimos con la parte apelante en qne una persona puede ser un chauffeur experto y sin embargo no haber ob-tenido licencia, y también en qne para obtener sentencia a su favor en el presente caso la demandante no tenía derecho a confiar en tal motivo de negligencia. De toda la prueba y la opinión de la corte, se verá, sin embargo, qne la corte re-pite las alegaciones de la demanda al efecto de qne el acci-dente se debió a que el chauffeur de la demandada repentina-mente dió contramarcha a su máquina y a qne dicho chauffeur ocasionó daños a la demandante. Es evidente qne lo que la corte tuvo en mente fué qne el dejar de poseer una li-cencia era alguna prueba de la incapacidad del conductor, y esto frecuentemente es así. Empero, la prueba fué clara en el sentido de que el accidente tuvo lugar en una calle es-trecha debido a que el chauffeur de la demandada dió con-tramarcha al camión contra el coche de la demandante.

Cuando toda la prueba demuestra que un demandado es negligente, y la corte llega a una conclusión general contra él, no estamos dispuestos a revocar la sentencia a cansa dé expresiones erróneas en la opinión de la corte.

Los otros señalamientos de error se refieren a la cuantía de los daños. Quizá algunas de las partidas concedidas en concepto de daños estaban equivocadas, pero otras tal vez podrían ser aumentadas. En ausencia del debido señala-miento de errores, no entraremos en estos detalles, porque no estamos convencidos de que se haya cometido una ver-dadera injusticia.

Debe modificarse la sentencia en la forma arriba expre-sada, y, así modificada, se confirma.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Juan, Angela, Carmen, Elmira y Eduardo Cervoni Massari, demandantes y apelados, v. West India Oil Company, demandada y apelante.
    No. 5665.

    Sometido: Febrero 16, 1932.

      Resuelto: Febrero 26, 1932.

      3. Carbia Miranda, abogado de la apelante; Víctor M. Pons Gil, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión dei tribunal.

Juan, Angela, Carmen, Elmira y Eduardo Cervoni ini-ciaron un pleito sobre injunction.' en la Corte de Distrito de Gruayama contra la West India Oil Co. En la demanda se alegó que la demandada, una compañía organizada en el es-tado de Nueva Jersey, autorizada para hacer negocios en Puerto Rico con su oficina principal en San Juan, tiene al-macenadas para la venta al por mayor en la casa No. 136 de la calle de Morse del pueblo de Arroyo en un cobertizo o ranchón grandes cantidades de productos inflamables; que el ranchón no tiene condiciones de seguridad y se encuentra en el medio del pueblo, hallándose en su inmediata vecindad tres casas pertenecientes a los demandantes, uno de los cua-les vive con su familia en una de ellas.

Se alegó además en la demanda que el almacenaje de dichos productos en las condiciones mencionadas constituye un grave e inminente riesgo de explosión e incendio que causa-ría daños irreparables, tales como la pérdida de salud y vi-das de los vecinos de Arroyo, especialmente la de los deman-dantes, depreciando además el riesgo las propiedades de los demandantes y teniendo a éstos en un continuo estado de desasosiego e infelicidad.

La demanda termina suplicando que se dicte sentencia “teniendo al almacén de la Corporación demandada como un estorbo público y privado, o sea, un estorbo mixto (mixed nuisance) y ordenando a la Corporación demandada que se abstenga de utilizar la casa número 136 de la calle ‘Morse’ de Arroyo, Puerto Rico, y el cobertizo o ranchón que hay en el patio de la misma, para el almacenaje o depósito de gaso-lina, kerosene (petróleo refinado) y cualquier otro producto altamente inflamable o de naturaleza análoga, con costas a la demandada. ’ ’

Emplazada la demandada, hizo una comparecencia especial a los efectos de solicitar el traslado del pleito a la Corte de Distrito de San Juan, basándose en estar en San Juan su oficina principal de negocios y en el artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil y la' jurisprudencia sentada en el caso de Arcelay v. American Railroad Co., 38 D.P.R. 807.

La corte de distrito negó el traslado. Dijo en la opinión que al efecto emitiera, en parte, así:

“Como puede verse claramente por el contexto de la demanda, se ejercita en el presente caso una acción en que se trata de abatir un nuisance o estorbo público, sin que se alegue en modo alguno que en la actualidad se hayan producido daños y perjuicios a la propiedad real de los demandantes.
“El Art. 75 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, concor-dante al 392 de California, establece lo que sigue: .
“ ‘Deberán substanciarse en el distrito en que radique el objeto de la acción, o parte del mismo, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, a tenor de lo dispuesto en este Código, los pleitos que se sigan por las causas siguientes:
“ ‘1. Para recobrar la posesión de bienes raíces o de una pro-piedad o interés en la misma, o para determinar en cualquiera forma dicho derecho o interés, y por daños, causados a propiedad inmueble.
“ ‘2 # ■«- * * * * «=
« í < g * «= * * * *’
“A la luz de tal precepto legal puede notarse que deberán verse en el distrito en que radica el objeto de la acción, los pleitos cuyo objeto es el recobrar daños y perjuicios causados a propiedad in-mueble. i
“Interpretando este precepto legal, la Corte Suprema de California en el caso de E. R. Drinkhouse versus Spring Valley Water Works, volumen 80, página 308, ha sostenido el principio de que
“ ‘An action to restrain a threatened injury to real estate is an action for “an injury'to real property”, -within the meaning of subdivision 1 of section 392 of the Code of Civil Procedure, and must be tried in the county where the real estate is situated.’
“El caso cuyo sílabo hemos transcrito, "que está de acuerdo con la opinión emitida, resuelve a nuestro juicio, la cuestión planteada. Es cierto que en el injunction establecido no se alega la existencia de daños y perjuicios causados, sino que el mismo tiende única-mente a la evitación o prevención de los daños y perjuicios que puedan causarse en el futuro y de acuerdo con tal doctrina, no debe hacerse distinción alguna entre ambas situaciones de hecho, o sean, cuando el injunction tiende a recobrar daños y perjuicios o a pre-venir la producción de los mismos, si que la acción establecida debe considerarse en uno y otro caso, como una por daños y perjuicios a la propiedad real.”

No conforme la demandada, interpuso el presente recurso de apelación. En su alegato sostiene que tratándose como se trata del ejercicio de una acción personal, es predominan-temente aplicable la regla general que contiene el artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil. Para concluir que se trata de una acción personal invoca lo decidido por esta misma Corte Suprema en el caso de Gierbolini v. Sucesión Rodríguez, 23 D.P.B. 870, así:

“La acción establecida con el objeto de hacer cesar una supuesta perturbación o estorbo (nuisance) y para que se decrete un auto de injunction conforme al artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, es una acción personal y no real.”

En el cuerpo de la opinión, la corte se expresó como sigue:

“Estamos enteramente de acuerdo con el apelante en que ésta es más bien una acción personal que real y para los fines de ésta opinión puede admitirse que la corte inferior cometió error en tanto se inclinó a considerar la presente acción como una oportunidad debida y adecuada para resolver en definitiva la condición de la propiedad en cuestión yendo más allá del punto relativo a si el pe-ticionario había establecido o no prima facie su derecho a un camino por la finca de los apelados y su consiguiente derecho al remedio que solicitó. Pero la acción personal se funda expresamente y es-tablece para proteger y hacer valer un derecho de propiedad. De donde se desprende que si el derecho no es claro, la acción tiene que fracasar. Es una cuestión demasiado clara para merecer seria con-sideración que si el peticionario no tiene derecho al camino por la finca de los apelados, - tampoco tiene causa de acción contra dichos apelados de acuerdo con el artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil por razón de cualesquiera hechos que haya alegado en la pe-tición.
“No nos interesa ninguna cuestión referente al efecto que pueda tener la sentencia dictada en este caso como res judicata en alguna acción real subsiguiente, ni el razonamiento de la corte sentencia-dora, sino que sólo tenemos que considerar el hecho de si examinada la sentencia a la luz de las alegaciones y conclusiones de hecho, es o no correcta. Considerada de tal modo no hay lugar a dudas de-ninguna clase en lo que respecta a la conclusión a que llegó la corte sentenciadora.”

Como puede verse, no se trataba de un caso de traslado y lo dicho y resuelto por esta corte puede armonizarse con lo dicho y resuelto por la de California en el caso de F. R. Drinkhouse v. Spring Valley Water Works, supra, citado por el juez sentenciador.

La regia general está en efecto contenida en el artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil, pero este caso es una excepción a la regla, debiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 75 del propio Código, que es igual al 392 del de California.

Además del caso de Drinkhouse, supra, parece conve-niente citar los de City of Marysville v. North Bloomfield Gravel Mining Company, et al., 66 Cal. 343, y McClatchy et al., v. Laguna Lands, 164 Pac. 41, en los cuales se resolvió:

“Éste fue un procedimiento instituido para abatir un estorbo, que según se alega estaba causando daños a bienes inmuebles si-tuados en el Condado de Yuba, donde se instituyó, y aun está pen-diente, el recurso. El juicio sobre daños a la propiedad inmueble debe celebrarse en el condado en que radique la causa de acción o parte de la misma, sujeta a la facultad de la corte para cambiar el lugar del juicio, según dispone el Código. (C.C.P. 392).
“Siendo un recurso ‘sobre daños a la propiedad inmueble’, éste no cae dentro de la clase de casos que ‘deberán verse en el distrito en que residieren los demandados, o algunos de ellos, al iniciarse el litigio.’
“Si debió substanciarse o no en ese condado era una cuestión a determinarse por la corte inferior, de acuerdo con los becbos pre-sentados, y a menos que la decisión no estuviese justificada por los becbos, no debe ser revocada. Creemos que la decisión estaba justi-ficada por los hechos.” City of Marysville v. N. B. G. M. Co., 66 Gal. Rep. 344.
“Un recurso para abatir como estorbo público la desviación de .aguas, en violación del estatuto de 1913, página 252, párrafo 12, ■que declara estorbo público la desviación de aguas que aumenten ■el caudal de los ríos Sacramento y San Joaquín, en que estén envuel-tos daños a la propiedad inmueble, debe ser substanciado en el con-dado en que el objeto de la acción, o parte del mismo, esté situado.” 164. Pac. 41.

Debe confirmarse la resolución apelada.


text:
    Porto Rico Fertilizer Co., demandante y apelada, v. José Agustín Díaz, demandado y apelante.

      Nos. 5503 y 5504.

    Sometidos: Febrero 11, 1932.

      Resueltos: Febrero 26, 1932.

      A. Lastra, abogado del apelante; Molina, Bubón & Oehoteco, abo-gados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En el segundo de estos recursos se alegó en la demanda que el demandado tomó a crédito a la demandante abono químico para caña y por tal concepto suscribió y entregó a dicha demandante nueve pagarés que se especifican, vence-deros uno en 1925 y los ocho restantes en 1926, montando todos a $11,783.37, y en el primero se alegó también que el demandado tomó a crédito a la demandante abono químico para caña y por tal concepto suscribió dos pagarés que se especifican, montantes a $2,169.79 y vencederos en 1926.

Ambas demandas se presentaron en 1929 y en ambas se continúa alegando que el demandado desde la suscripción y entrega de los pagarés ha venido reconociendo expresamente a la demandante la deuda, habiendo tenido lugar el último reconocimiento en diciembre de 1928, y que no obstante los requerimientos hechos por la demandante al demandado, éste no ha satisfecho en todo ni en parte las referidas obligaciones.

El demandado excepcionó las demandas alegando que no aducían hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción y que en todo caso las acciones estaban prescritas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 950 del Código de Comercio y 1868, No. 4, del Código Civil. Las excepciones fueron declaradas sin lugar.

Contestó entonces el demandado negando general y espe-cíficamente todos los hechos de la demanda y alegando de nuevo, como defensa especial, la prescripción. Fueron los pleitos a juicio y la corte con vista del resultado de la prueba dictó sentencias favorables a la demandante que el deman-dado apeló para ante este tribunal.

No hay duda alguna con respecto al origen y existencia de los pagarés. La prueba fué clara y terminante sobre el particular. Sobre el extremo de la interrupción de la pres-cripción la evidencia resultó contradictoria y la corte con-signó en su opinión que resolvía el conflicto a favor de la demandante.

Hemos estudiado cuidadosamente los errores que la parte apelante señala en su alegato. No existen. Nos limitare-mos a discutir los relativos a la prescripción y a su interrup-ción.

Invoca el apelante los artículos 950 del Código de Co-mercio y 1868, No. 49, del Código Civil, que dicen:

“Art. 950. Las acciones procedentes de letras de cambio se ex-tinguirán a los tres años de su vencimiento, báyanse o no protestado.
“Igual regla se aplicará a las libranzas y pagarés de comercio, cheques, talones y demás documentos de giro o cambio, y a los dividendos, cupones e importe de amortización de obligaciones emitidas conforme a este Código.”
“Artículo 1868. Por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
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“4. La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolos se dediquen a distinto tráfico.
“El tiempo para la prescripción de las acciones a que se refieren los tres párrafos anteriores se contará desde que dejaron de prestarse los respectivos servicios.”

Y basándose en ellos sostiene que habiendo transcurrido más de tres años desde el vencimiento de la deuda hasta la reclamación judicial, la acción había prescrito cuando fué ejercitada.

Ello sería así si no se hubiera alegado y probado la in-terrueión de la prescripción.

Yendo a este campo invoca el apelante el artículo 944 del Código de Comercio que dice:

“Art. 944. La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor; por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del docu-mento en que se funde el derecho del acreedor.
“Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desistiese de ella, o caducara la instancia, o fuese desestimada su demanda.
“Empezará, a contarse nuevamente el término de la prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se Raga; en el de sn renovación, desde la fecha del nuevo título; y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido.”

T basándose en él sostiene que aquí no se probó la inte-rrupción en la forma exigida por la ley.

Estamos conformes en que no se demostró interpelación judicial hecha al deudor, ni que se hubieran renovado los do-cumentos, pero no podemos estarlo en que no hubo prueba del reconocimiento de las obligaciones. Expresamente dijo la corte sentenciadora en su opinión “que la prescripción de las acciones ejercitadas ha sido interrumpida por el re-conocimiento de las obligaciones hecho por el deudor cada vez que la demandante le cobraba el importe de lo adeudado.”

El artículo 944 del Código de Comercio no exige que el reconocimiento sea por escrito. Puede evidenciarse por cual-quier prueba que merezca entero crédito a la corte.

La prueba aportada aquí no consistió sólo en cartas en-viadas por la demandante al. demandado. Declararon los testigos M. C. Eeed, Presidente de la Corporación deman-dante, Isidoro Colón, Jefe de Ventas y Químico de la misma, y Manuel Aguayo, que el demandado, cuando se le requería de pago, jamás negó su deuda, haciendo promesas por el con-trario de pagarla tan pronto como mejoraran sus condicio-nes económicas, y sus declaraciones fueron creídas por el juez sentenciador. Las hemos leído y nos parecen convin-centes.

Beben confirmarse las sentencias apeladas.


text:
    Congress Cigar Co., Inc., demandante y apelada, v. Angelina Grau Sandoval y Josefa Sandoval Vda. de Grau, demandadas y apelantes.
    No. 5672.

    Sometido: Febrero 8, 1932.

      Resuelto: Febrero 26, 1932.

      A. Beyes Delgado, abogado de las apelantes; V. Polanco de Jesús, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada presentó una moción pidiendo la deses-timación del recurso interpuesto en este caso porque no obs-tante haberse radicado la transcripción de los autos en la se-cretaría de este tribunal desde el 26 de octubre de 1931, a la fecha de la moción- — enero 23, 1932 — no se había presen-tado el alegato, que debió radicarse dentro del término de diez días o de su prórroga que no fué aquí solicitada.

La vista de la moción se fijó para el 8 de febrero actual y el propio día la parte apelante presentó una moción que dice:

“Gomo contestación a la moción de la parte demandante-apelada para que se desestime el recurso de apelación en este caso radicamos en el día de hoy el alegato y suplicamos a este Honorable Tribunal Supremo dé por admitido el mismo, pues se trata de una apelación meritoria tal como podrá verse de las cuestiones planteadas en dicho alegato. ’ ’

El artículo 60 del Reglamento de este tribunal expresa:

“Si el apelante dejare de cumplir cualquiera de los deberes o requisitos que las leyes o estas reglas le impongan, el Tribunal puede desestimar de oficio la apelación en cualquier día o a moción de la parte apelada, previa notificación al apelante.”

Es evidente que la parte apelante dejó de cumplir el pre-cepto reglamentario que fija el término de diez días para la presentación del alegato (artículo ’ 42 del Reglamento) y siendo ello así puede desestimarse el recurso como lo solicita la parte apelada.

Por los términos de la moción de la parte apelante pre-sentada en el mismo día señalado para la vista de la moción de desestimación, parece que descansa en el artículo 58 del Reglamento de este tribunal. Dicbo artículo no se refiere a la radicación de alegatos sino a la de los autos, pero su re-gla lia sido en verdad extendida a casos de alegatos. Aun así, su aplicación sería ineficaz en este' caso, porque lo que constituye una contestación suficiente a la moción de deses-timación, es que los autos o el alegato aunque fuera de tér-mino estén ya presentados a la fecha de la notificación de la moción, y aquí la presentación se hizo quince días después de la notificación.

Sólo resta examinar si debemos o no ejercitar nuestra discreción en pro de la parte apelante, ya que nuestra regla dice “puede” y no “debe”.

Estaríamos en mejores condiciones para ello si dicha parte hubiera explicado el porqué de su abandono. El no explicarlo sería por sí solo bastante para no investigar más y desestimar el recurso. El único argumento que aduce en su favor es la bondad de su causa en su fondo. El alegato en verdad no sólo es extenso sino que parece contener un es-tudio serio de las cuestiones envueltas, la importancia de al-gunas de las cuales puede apreciarse a primera vista.

Aunque con algunas dudas de si vamos demasiado lejos y sin que deba invocarse esta resolución como un precedente inflexible, sino como basada únicamente en las circunstan-cias concurrentes, e inspirados en el deseo de que los casos siempre que ello sea posible se resuelvan en el fondo por sus propios méritos, nos inclinamos a resolver y resolveremos no haber lugar a la desestimación.


author: El Juez Presidente Señor del Toro, El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Rafael Rivera Rivera, demandante y apelante, v. Ramiro Vargas, demandado y apelado.
    No. 5601.

    Sometido: Diciembre 10, 1931.

      Resuelto: Febrero 26, 1932.

      F. Navarro, abogado del apelante; Pedro E. Anglade, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso de injunction para recobrar la posesión fallado por la Corte de Distrito de Guayama en contra del demandante. Este apeló, señalando en su alegato la comisión de cuatro errores.

Hemos estudiado cuidadosamente los autos y a nuestro juicio sólo bay envuelta en ellos una cuestión importante que fue la suscitada por la propia parte apelante al pedirle al juez sentenciador que reconsiderara su fallo.

Copiamos de la moción de reconsideración:

“Que en ]a opinión del caso emitida por esa Hon. Corte se dice lo siguiente:
“ ‘La prueba presentada en este caso demuestra que el deman-dante Rafael Rivera Rivera adquirió una porción de terreno en el barrio La Plata, de Aibonito, como de 50 cuerdas de terreno, la cual era propiedad del demandado Ramiro Vargas. Que éste, a pesar de la venta en cuestión y de baber entregado la finca referida a su com-prador, ha permanecido en la misma con su familia en una casa si-tuada en una porción de terreno de dicha finca de la cual alega ser dueño el demandado.’
“De modo que, de esta parte de la opinión de la Corte resulta demostrado ,. . . que la finca de 50 cuerdas de terreno descrita en la demanda y vendida por el demandado al demanante fue entregada a éste y que no obstante la entrega, el demandado ha permanecido en la misma, en una casa situada en una porción de terreno de dicha finca, de la cual alega ser dueño el demandado.
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“Asimismo entendemos que el hecho de ocupar el demandado una casa cuya posesión no se reclamó en la demanda, lio es por sí solo un motivo razonable para declarar sin lugar la demanda y puede ser reconsiderada esta sentencia declarándose con lugar la demanda en cuanto al terreno objeto del injunction y no en cuanto a la casa ocupada por el demandado lo cual sería objeto de otro procedimiento por parte del demandante.”

La corte de distrito se limitó a declarar la reconsidera-ción sin lugar. La razón de su criterio se encuentra ex-puesta en su citada opinión como sigue:

“Siendo así los lieehos de este caso y no apareciendo de los autos y de la prueba presentada que el demandante lxaya obtenido la pose-sión material de la porción de terreno ocupada por el demandado Ramiro Vargas, nos parece en un todo improcedente la acción que se ejercita en este caso.
“El injunction para recobrar la posesión a que hace referencia la Ley número 43 de 1913 con sus enmiendas por la Ley de 1917, ha venido a sustituir a los antiguos interdictos para retener y reco-brar la posesión de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil Español y uno de los requisitos esenciales para poder ejercitar con éxito dicha acción, es que el demandante, dentro de los cuatro meses con anterio-ridad a la presentación de la demanda, esté en posesión real de la propiedad que en dicha demanda se describa.
“Y tal posesión, a nuestro juicio, comprende la posesión material o posesión de hecho y que de ella haya sido privado por el deman-dado por actos- violentos o clandestinos de éste.
“La frase ‘recobrar la posesión’ envuelve, a nuestro juicio, el hecho de haber estado con anterioridad en posesión del demandante y mal puede un demandante recobrar una posesión material, la cual no tuvo nunca en su poder como ocurre en el presente caso.
“Es un principio también de ley que en los casos para recobrar la posesión no pueden discutirse cuestiones de propiedad, de título, ni de límites y colinclaneias. Si en el presente caso lo que existe es una contienda entre el demandante y el demandado con respecto a la extensión de sus respectivas propiedades, al trazado de la línea divisoria que debe fijarse entre las mismas, el procedimiento ade-cuado para determinar tales derechos, no es, a nuestro juicio, el injunction para recobrar la posesióín y sí el juicio ordinario declara- ■ tivo en el cual pueden las partes ampliar su prueba y resolver el juzgador, con conocimiento de toda ella, el derecho que asista a cada uno de los litigantes, ya que es principio de jurisprudencia que en esta clase de procedimientos no pueden discutirse cuestiones de tí-tulo ni de propiedad y que toda la prueba debe concretarse única-mente al becho de la posesión material en que se encuentran las partes, dejando para el juicio ordinario la discusión de tales cues-tiones. ’ ’

Lo que introduce confusión en la resolución de este caso es la conclusión a que llegara la corte en el párrafo de su opinión que en la moción de reconsideración se transcribe, y que sirve de base a la argumentación del apelante en esta Corte Suprema. El debate tal como quedó definitivamente planteado por las alegaciones coloca al demandado en una porción de terreno suya colindante con la entregada al de-mandante estando en disputa la fijación de la línea de la eo-lindancia, mientras que el juez lo sitúa dentro de la finca vendida.

Pero aun así creemos que puede sostenerse la sentencia.

Si es cierto que la porción de que se trata está compren-dida en la finca traspasada, el demandante podrá hacer va-ler sus derechos ante los tribunales en el juicio correspon-diente, pero no en éste de injunction cuya naturaleza ha sido perfectamente fijada por la ley y la jurisprudencia. La prueba de que el demandante estuviera de hecho en la pose-sión material de la porción que reclama y la de que el de-mandado penetrara violentamente en ella y la ocupara en contra de la voluntad del demandante fué contradictoria, siendo el conflicto resuelto en contra del demandante.

No hemos perdido de vista lo dispuesto en el párrafo se-gundo del artículo 1365 del Código Civil, a saber, que cuando se haga la venta mediante escritura, como se hizo en este caso, el otorgamiento de la escritura equivaldrá a la entrega. Si realmente la porción ocupada pertenece a la finca, la com-pra y ese artículo confieren un perfecto derecho al deman-dante a reclamarla. Pero la reclamación, repetimos, no cabe hacerla dentro de este procedimiento de injunction limitado a .recobrar o retener la posesión material de propiedad in-mueble, debiendo alegarse y probarse de acuerdo con la ley:

Marzo 9, 1932.

<< * * * * * * «
(1) Que el demandante, dentro del año precedente a la presen-tación de la demanda, estaba en la posesión real de la propidad que en dicha demanda se describe, si se trata de recobrarla, y estaba y está, si de retenerla.
“ (2) Que ha sido perturbado o despojado de dicha posesión o te-nencia. ’ ’

Debe, pues, declararse sin hogar el recurso y confirmarse la sentencia recurrida.

EN RECONSIDERACION

El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Solicítase la reconsideración de la sentencia que esta corte dictara el 26 de febrero último confirmando en todas 'sus partes la apelada, a los solos efectos de eliminar el pronun-ciamiento de costas que la sentencia apelada contiene.

En primer lugar la parte apelante no señaló separada-mente como constituyo de error el pronunciamiento que pide ahora que se revoque. T en segundo lugar, el hecho de que quizá en el fondo asista la razón a la apelante en cuanto a su derecho de propiedad y posesión a las tierras de que se trata en el litigio, habiéndose desestimado su acción por no haber escogido el procedimiento adecuado para hacerlo va-ler, no es por sí solo bastante para revocar el ejercicio de su discreción por parte de la corte sentenciadora al conde-nar al demandante al pago de las costas.

Como cuestión de derecho la condena se sostiene. Y como de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte Snprema pnede la corte sentenciadora apreciar la mayor o menor te-meridad de la parte condenada al pago al fijar la cuantía de los honorarios, queda ann a la apelante nna oportunidad para invocar las circunstancias concurrentes en el caso y obtener una resolución de acuerdo con las mismas en la propia corte de distrito. (Castro v. Societé Anonyme des Sucreries, 34 D.P.R. 575.)

No ha lugar a la reconsideración solicitada.

El Juez Asociado Señor Aldrey está conforme con la resolución.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Vicente Torres, demandante y apelado, v. Rafael Velázquez, demandado y apelante.
    No. 5226.

    Sometido: Febrero 12, 1981.

      Resuelto: Febrero 26, 1932.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Velázquez apela de la sentencia qne lo condena a pagar cierta cantidad de dinero a Vicente Torres como in-demnización de daños y perjuicios.

El apelante era dueño el 20 de febrero de 1928 de dos ómnibus de motor (guaguas) nombrados, uno G-e'noveva y el otro Adelina, que tenían el servicio de conducción de pa-sajeros entre Humacao y Yabucoa. En la fecha expresada, al mediodía, yendo la Genoveva de Yabucoa para Humacao y la Adelina en dirección contraria, ambas por su derecha en la carretera, estando guiada la Adelina por Rafael Velazquez, dueño de ambas, y la otra por su empleado Ramón Váz-quez, se encontraron en la curva llamada de Aguas Largas, que está a pocos kilómetros de Yabucoa y en ese momento sufrió el apelado Vicente Torres la fractura de los huesos cubito y radio de su antebrazo izquierdo. Cómo ocurrió ese accidente se verá después.

El apelante alega como primer motivo para su recurso que la demanda no aduce hechos determinantes de causa de acción. En ella se dice que al encontrarse los dos vehículos, para dar paso la Genoveva a la Adelina trató de pasar sobre un montículo de arena de unos dos pies de altura que allí había y se inclinó tanto la Genoveva que el demandante creyó que se volcaba, en cuyo momento retrocedió por impulso retrógrado del motor produciendo una conmoción que sacudió en su asiento al demandante, el que por impulso involuntario de propia conservación se agarró con la mano izquierda de uno de los travesaños que separan las ventanillas de manera que el antebrazo le quedó un poco fuera de la guagua, en cuyo momento la Adelina se acercó con intención de pasar y a la vez de .apuntalar a la Genoveva para impedir que se volcara, atrapando el brazo del demandante de manera tan violenta que le fracturó los dos huesos del mismo. Los hechos así expuestos en la demanda son constitutivos de negligencia del demandado y de su empleado por lo que no podemos declarar que sea insuficiente para la acción que se ejercita.

El segundo motivo carece de importancia como reconoce el apelante. La inclusión de este pleito en él calendario de la corte inferior para juicio antes de ser contestada la demanda no causó perjuicio alguno al demandado porque el día que empezó la vista de este asunto ya estaba presentada la contestación y porque presentó toda su prueba en el juicio.

El cuarto señalamiento de error se funda en que fué dictada sentencia sin estar apoyada en una relación de hecbos que estimara probados la corte. Aparte de que el error que así se expone no es fundamental'para requerir la revocación, según dijimos en el caso de The France and N. Y. Medicine Co. v. Reily et al., 31 D.P.R. 650, en la relación del caso y opinión que sirvió de fundamento a la sentencia apelada se dice que la prueba fué contradictoria pero atendiendo a la declaración del Dr. Presly llegó la corte a la conclusión de que la lesión sufrida por el demandante fué por compresión, que es lo que dice la prueba del actor, por lo que no podemos decretar la revocación por dicho motivo de error.

Los restantes errores alegados están relacionados con la prueba por lo que pueden ser considerados conjuntamente.

La prueba demuestra que el sitio de la curva en que se encontraron las dos guaguas es estrecho. La prueba del ape-lante tendió a demostrar que al llegar a dicho sitio la Geno-veva trató de pasar por encima de un montículo de arena que allí había para que pudiera pasar la Adelina y al ha-cerlo y retroceder la guagua Genoveva se inclinó hacia el centro de la carretera, asustándose los pasajeros por la con-moción que se produjo y que en ese momento el apelado se agarró de un palo inmediato a la ventana en que estaba, pa • sando entonces la Adelina, comprimiéndole el brazo izquierdo y rompiéndole los dos huesos del mismo. Según el Dr. Presly el apelado sufrió una fractura compuesta conminuta, o en varios pedazos, de los huesos del antebrazo izquierdo; que la fractura más alta le fraccionó ambos huesos, a una dis-tancia de seis pulgadas; que en esas seis pulgadas había unos diez o doce fragmentos de hueso con tumefacción de los tejidos colgantes del antebrazo, desde un poco más abajo del codo-hasta la punta de los dedos, con la hemorragia sub-siguiente y la transmutación de sangre; que la tumefacción llegó hasta las uñas y tenía hemorragias en ellas; que esa herida fué por presión; que no volverá a recobrar el uso de su brazo y le quedará inútil, no pudiendo levantar la mano ni' doblar la muñeca, y que presentaba evidencia externa de contusiones que empezaron un poco abajo del codo y se ex-tendieron hasta las uñas de la misma mano, teniendo todo el antebrazo colorado, con erosiones y hemorragias. La de-claración de ese perito no fué contradicha.

La prueba del apelante tendió a demostrar que esas gua-guas no rozaron ni chocaron en esa ocasión, y fué impor-tante en el sentido de que en el momento del accidente y al ser llevado poco después el herido al cuartel de la policía en Yabucoa, manifestó el apelante que ocurrió por haber sacado él fuera de la guagua el brazo y la cabeza para escu-pir. Igual manifestación hizo al día siguiente una hermana del apelado, que iba en la guagua, al abogado de la compa-ñía de seguros. Ella no la negó en el juicio pero trató de explicarla.

Por lo expuesto se ve que existió un fuerte conflicto en la evidencia respecto a la manera cómo los hechos ocurrie-ron pero no creemos que el tribunal inferior cometiera un manifiesto error al decidirla en favor del apelado, con mayor motivo cuanto que según declaración del Dr. Presly la lesión fué producida por compresión del antebrazo, que es lo que sostiene la teoría del apelado.

El apelado es un pintor que ganaba por su trabajo dia-rio de cinco a seis dólares cuando trabajaba por ajuste y de tres y medio a cuatro cuando lo hacía a jornal por lo que no

nos parece excesiva la cantidad de $3,000 que le fné conce-dida por indemnización.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
      In re Justo A. Casablanca, peticionario.
    No. 25.

    Sometido: Enero 28, 1932.

      Resuelto: Febrero 26, 1932.

      A. Martínez Lamia, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El abogado Justo A. Casablanca nos pide que lo admita-mos al ejercicio de su profesión. El obtuvo ese título en ■1919, pero después de varias actuaciones no fué admitido por nosotros al ejercicio de la abogacía por resolución de 15 de noviembre de 1921 por haber cometido dos delitos graves, a pesar de que cumplidas sus sentencias el Gobernador de esta Isla lo indultó restableciéndolo en sus derechos civiles v políticos y aunque la Comisión de Reputación de Aspiran-tes al Ejercicio de la Abogacía nos informó que podía ser admitido. 30 D.P.R. 399. Desde entonces y en repetidas ocasiones ha hecho la misma súplica que ahora pero les fue-ron' negadas. Ultimamente, en 16 de diciembre de 1931, pre-sentó igual petición y señalamos un día para oír su prueba en audiencia pública. En ella comparecieron los abogados en ejercicio don Juan B. Huyke, don Rodolfo Ramírez Pa-bón y don Federico Pérez Almiroty, que es Subprocurador General de esta Isla, así como el Dr. Eugenio Fernández Gar-cía y don Enrique Adsuar y declararon bajo juramento que el peticionario lia observado desde el tiempo en qne fné ne-gada sn admisión al ejercicio de la abogacía nna condncta honrada y qne lo consideran digno de qne se le permita tra-bajar como abogado. También fné presentada en ignal sen-tido nna declaración jnrada ante nn notario por el Juez Municipal de Bayamón y otra del jefe de la Policía Insular del distrito de Río Piedras. En otro escrito firmado por cua-renta y seis abogados se hacen idénticas manifestaciones.

Estamos seguros de haber cumplido con nuestro deber al no admitir en 1921 al peticionario al ejercicio de la profe-sión de abogado en atención a los delitos qne cometió y a las grandes responsabilidades y privilegios qne son secuela del ejercicio de la profesión de abogado. Así lo reconoce ahora el peticionario. Pero entonces dijimos, cita supra, lo siguiente:

“No queremos decir que Gasablanea esté para siempre impedido. Quizá a virtud de repetidos actos reveladores de una reforma sólida, pueda demostrar a esta misma corte que está en condiciones de ejercer la profesión de abogado.”

Por consiguiente, la única cuestión a resolver en el pre-sente caso es si la condncta posterior del peticionario es de tal naturaleza qne justifique que accedamos a su solicitud, según lo hemos hecho en los casos In re Torregrosa, 34 D.P.R.. 312, y de In re Figueroa Maestre, 38 D.P.R. 955.

En vista del número de abogados que acreditan la buena' conducta actual del peticionario y que recomiendan su admi-sión, y también de las otras personas que se expresan en igual sentido, no tenemos inconveniente en aceptar que el peticionario Justo A. Casablanca se'halla ahora capacitado por su conducta para asumir honradamente los deberes que le impone su título de abogado y por tanto debe accederse, a su solicitud.


text:
    Fernando Gallardo, demandante y apelado, v. Domingo Quintana, demandado y apelante.
    No. 5416.

    Sometido: Abril 24, 1931.

      Resuelto: Febrero 26, 1932.

      González FagundO' & González Jr., abogados del apelante; P. Pérez Pimentel y F. Gallardo, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión, del tribunal.

Esta apelación fné interpuesta por el demandado Domingo Quintana contra la sentencia que declaró con lugar la demanda reivindicatoría de una finca de once cuerdas no-venta y cuatro céntimos de otra, radicada en el barrio Can-delero Abajo del término municipal de Humacao, establecida por Fernando Gallardo.

Los motivos alegados para sostener este recurso son: que la sentencia es contraria a derecho y que también es contra-ria a la prueba.

De la prueba practicada en el juicio por el apelado aparece que la finca a que se refiere este pleito está inscrita en el registro de la propiedad a favor del apelado Gallardo por compra que de ella hizo por escritura pública a Hermi-rúo Cofresí, quien, según el registro, la adquirió por adjudi-cación que de ella se le llizo en escritura pública de partición de una finca mayor en la que era condueño, que también es-taba inscrita. Presentó asimismo el apelado ciertas cons-tancias de un pleito en que se ordenó la división de la comu-nidad de la finca mayor y en el que fue aprobada la parti-ción mencionada. Presentó también copia certificada de la escritura pública por la cual Herminio Cofresí, vendió, ce-dió y traspasó a Fernando Gallardo Díaz la finca en litigio, así como todos sus derechos y acciones en y sobre la misma por cierto precio recibido, sin otras estipulaciones. Dos tes: tigos, Juan Cruz y el demandante Gallardo, declararon qué Francisco Santiago vive en la finca pero que Domingo Quin-tana es quien .está poseyéndola; manifestando, además, el úl-timo de ellos que escribió varias veces a Quintana requirién-dole para que desocupara la finca y que entonces Quintana fué donde él y le propuso comprarla pero el demandante no quiso vendérsela.

La prueba del demandado consistió en su declaración, en la que dijo que no tiene propiedades en el barrio de Cande-lero Abajo de Humacao; que no está poseyendo la finca re-clamada ; que una vez residió en dicho barrio como adminis-trador o gerente de Quintana & Cía., sociedad civil que te-nía y tiene terrenos en dicho sitio; que él personalmente no tiene una sola cuerda de terreno en dicho barrio y que actualmente no reside allí ni tiene relación alguna con la so-ciedad Quintana & Cía.; que no recuerda haber recibido las cartas que Gallardo dice que le escribió ni haber hablado con Gallardo ofreciéndole comprarle la finca. Presentó como prueba la escritura pública otorgada el 5 de agosto de 1920 por la cual se constituyó la sociedad civil Quintana & Cía. por término de diez años para la siembra y cultivo de terre-nos y recolección de frutos siendo Domingo Quintana uno de los socios, de cuyo documento no aparece que lós que la cons-tituyeron aportaran a ella finca alguna.

Por lo expuesto se ve que el apelado probó su título a la finca que reclama, descrita para sn identificación, y qne el apelante está poseyéndola, según prueba testifical del ape-lado que, aunque contradicha por el apelante, fué creída por el tribunal sentenciador.

Dice, sin embargo, el apelante que no aparece de Ja .prueba que Cofresí y Gallardo hayan tenido la posesión de la finca y que ha debido probarse que cuando a Herminio Cofresí se le adjudicó la finca en la división de la comunidad entró en posesión de ella y que en ese caso si él hubiera perdido la posesión, al comprar la finca Gallardo quién sabe si hubiera podido traer la acción reivindicatoría pero que ninguno de los dos en ninguna época ha poseído ni ha sido despojado de la posesión; que con la escritura presentada también como prueba por Gallardo se justificó que adquirió el derecho a la propiedad estando obligado Cofresí a entregársela; que surge “la presunción de su derecho en la propiedad, de su condición de dueño de la misma, la acción para reivindicarla” pero que con la misma prueba del demandante aparece destruida la presunción que en favor del hecho de la tradición levanta la escritura de compraventa.

Tanto la escritura de división de comunidad y de adju-dicación a Cofresí de la finca objeto de este litigio como la de venta que de ella hizo a Gallardo llevaron consigo por mi-nisterio de la ley la entrega simbólica a que se refiere el ar-tículo 1365 del Código Civil, que en lo pertinente ahora dice así:

“Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorga-miento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario. ’ ’

De las escrituras de adjudicación a Cofresí y de la de compra a Gallardo no resulta ni se deduce lo contrario a la entrega simbólica que lleva consigo el otorgamiento de una escritura pública por lo que no puede sostenerse que Cofresí ni Gallardo no hayan tenido la posesión de la finca en cues-tión. El caso de Ferry v. Alomar, et al., 15 D.P.R. 752, que el apelante cita en la parte que expone el criterio de la corte inferior, es contrario a la teoría del apelante, pues aun cuando en la escritura de venta en ese caso se cedieron tam-bién los derechos que tenía la vendedora a reclamar daños y perjuicios por la posesión ilegal de la finca por tercera persona, este tribunal declaró que tal cesión de derecho no revelaba que no se entregó la finca. En el caso de Fuertes v. Nogueras, 32 D.P.R. 289, también se alegó, como en éste, que el comprador tenía un derecho a, pero no en, la propie-dad y que la posesión material nunca fue traspasada al com-prador, pero este tribunal rechazó esa teoría en virtud de lo dispuesto en el artículo 1365 supra.

No aparece de la prueba, como dice el apelante, que otra persona, Francisco Santiago, está 'poseyendo la finca. Lo que de ella resulta es que allí está viviendo Francisco Santiago pero que el apelante es el que la posee, según declara-ron dos testigos creídos por el tribunal inferior, por lo que no existe insuficiencia de la prueba para sostener la sentencia.

Aunque el apelante no alegó defensa alguna en su favor en la contestación a la demanda se admitió como evidencia la escritura social de Quintana & Cía. en la que no hay apor-tación de fincas, por lo que nada prueba contra el apelado ni favorece al apelante pues no demuestra que Quintana & Cía. es la poseedora de la finca, si es esto lo que se intentó probar con este documento, ni prueba, como dice el apelante en su alegato, que Domingo Quintana no tiene fincas en el barrio Candelero Abajo de Humacao y que quien posee fincas allí es dicha sociedad, pues no consigna cuáles son las fincas que va- a cultivar entre Humacao y Yabucoa.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Señor, Aldrey,

text:
    Evarísto Casellas Ramos, demandante y apelado, v. American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelante.
    No. 5160.

    Sometido: Junio 6, 1930.

      Resuelto: Febrero 26, 1932.

      M. Acosta Velarde, abogado de la apelante; Bubón & Ochoteco, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señor, Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación American Railroad Co. of Porto Rico apela de una sentencia que la condena a pagar al apelado, sin costas, la cantidad de $500 como indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el apelado en un choque de trenes de la apelante, ocurrido el 16 de diciembre de 1928 mientras el apelado viajaba como pasajero en uno de ellos.

La apelante dice en su alegato escrito para esta apela-ción que la sola y exclusiva cuestión puesta en controversia por su contestación a la demanda fué que el demandante hu-biera sufrido daños j perjuicios en la suma de $5,000 que es la cantidad que reclamaba en la demanda.

El 19 de diciembre de 1928 fué radicada la demanda. Se-gun un pliego de especificaciones de ella el demandante su-frió varias contusiones en la región facial y maxilar, lige-ras erosiones en el brazo y antebrazo izquierdos y una he-rida contusa de tres centímetros en la región superciliar iz-quierda e inflamación del ojo izquierdo durante un mes. Cinco meses después de presentada la demanda y estando señalado día para el juicio, la demandada solicitó del tribunal inferior que de acuerdo con el artículo 7 del Código de Enjui-ciamiento Civil ordenase al demandante que se sometiese a un examen de los peritos médicos propuestos por ella con respecto a las contusiones y demás golpes que recibió, pero la corte negó esa petición. La reprodujo la demandada en el acto del juicio y también le fué negada. Esas dos negati-vas son los dos primeros motivos de error alegados para la apelación, siendo el tercero que la corte sentenciadora come-tió manifiesto error al conceder al demandante en concepto de indemnización la suma de $500 y al dictar sentencia con-denando al pago de esa cantidad.

En el caso de Aponte v. Corte de Distrito de Mayagüez, 38 D.P.R. 676, citado en el de Vidal v. De León, 39 D.P.R. 776, este tribunal resolvió que una corte no puede ordenar a un demandante en una acción por daños y perjuicios a su persona que sea sometido a un examen físico facultativo, citándose en apoyo de la decisión entre otros casos el de Union Pacific Railway Co. v. Botsford, 141 U. S. 250. El alegato de la apelante sobre esa cuestión trata de demostrarnos que el caso de Aponte, supra, está equivocado.

Aunque tuviéramos alguna duda en favor de la cuestión propuesta, resultaría académico e ilusorio para la apelante que la resolviéramos ahora y que por ese motivo revocára-mos la sentencia y ordenásemos un nuevo juicio, pues dado el tiempo transcurrido hasta hoy desde que el apelado re-cibió las contusiones leves alegadas seguramente habrá desa-parecido toda huella de ellas y no produciría resultado prác-tico una revocación; y porque en cuanto a la herida en la región superciliar sobre el ojo izquierdo, ésa fué vista pocos momentos después del accidente por el médico de la deman-dada y por sn practicante.

En cnanto al tercer motivo de error diremos qne de la prneba del apelado resalta qne el médico que se encargó de su asistencia tuvo que cogerle dos puntos en la región superciliar izquierda donde tenía una herida contusa que llegaba hasta el hueso y que la cara fué la que más sufrió por haber recibido todos los impulsos de los golpes sobre ese sitio, presentando una contusión en la mejilla y en la mandíbula izquierda, en la región precordial tenía una equimosis bastante extensa y en los brazos erosiones y golpes sin importancia, y que necesitó su asistencia por un mes, valiendo sus servicios $200.

En vista de lo expuesto no creemos que la corte inferior cometiera un manifiesto error al condenar al pago de la can-tidad que fija su sentencia, la que debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Ex parte Eduardo Urrutia, peticionario. Ex parte Antonio Escalera, peticionario.
    Nos. 66 y 33A.

    Sometidos: Noviembre 30, 1931.

      Resueltos: Marzo 7, 1932.

      Juan Lastra, M. A. Martinez Dávila y A. Arroyo, abogados de los peticionarios Sr. Escalera y Sr. Urrutia, respectivamente; Ledos. Rafael Buseaglia, Edelmiro Martínez Rivera y José M. Calderón, .por los opositores; J. Ramírez Saniibáñez, a nombre del Colegio de Abogados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Un número de abogados en ejercicio y la Asociación de Abogados de Puerto Rico se oponen a la admisión de estos dos candidatos a examen, e impugnan la constitucionalidad de dos resoluciones conjuntas, números 58 y 69, Leyes de 1931, páginas 1015 y 1051.

La parte pertinente de la resolución número 58 lee así:

“Por la presente se faculta a don Eduardo Urrutia Martorell a sufrir examen de reválida ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico de la carrera de abogado y a dicho Tribunal Supremo a conce-derle dicho examen el día y hora que éste determine, previa solicitud del interesado, siempre que éste acredite poseer diploma de abogado de la ‘Chicago School of Law,’ que es una Universidad acreditada, de Chicago, y todos los demás requisitos alegados en los por cuan-tos de esta Resolución, y si el aspirante fuese aprobado en dicho examen el Tribunal Supremo deberá expedirle la correspondiente licencia para ejercer la abogacía en la Isla de Puerto Rico.”

La médula de la resolución número 69 la contiene un pá-rrafo del tenor siguiente:

“PoR TANTO, Resuélvese por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
“Sección 1. — Autorizar, como por la presente autoriza a Antonio Escalera a sufrir el examen de reválida ante el Tribunal 'Supremo de Puerto Rico, y a dicho Tribunal Supremo a concederle dicho exa-men el día y hora que éste determine, previa solicitud del interesado, y a la presentación de su diploma de abogado, y previa presenta-ción del informe favorable de la Comisión de Reputación, ante el referido Tribunal Supremo de Puerto Rico, el cual, una vez cumpli-dos dichos requisitos y aprobado el examen le tomará el debido ju-ramento y ordenará que su nombre sea inscrito en el Registro de Abogados, con todas las prerrogativas y derechos del caso.”

La política de la mayoría de los tribunales es asentir a toda disposición legislativa razonable en torno a la capaci-dad de los aspirantes a ser admitidos al Foro. 2 R.C.L. 942, sección 7; nota al margen del caso Re Applicants for License to Practise Law, 10 L.R.A. (N. S.) 289.

La Corte Suprema de Pennsylvania, en In re Olmsted, 140 Atl. 634, 636, enuncia como buena la regla de que:

“. . . Los estatutos relativos a admisión al ejercicio de la abo-gacía serán reconocidos judicialmente como válidos en tanto que la legislación envuelta no invada el derecho de los tribunales a decir quién tendrá el privilegio de postular ante ellos y bajo qué circuns-tancias se concederá esa gracia.”

En otro caso reciente, In re Bailey, 249 Pac. 29, 30, la Corte Suprema de Arizona dice:

“. . . La Legislatura puede, y muy propiamente lo hace,. dispo-ner de tiempo en tiempo que el ciudadano que interese solicitar de los tribunales permiso para postular ante ellos, llene ciertos requisi-tos mínimos, y las cortes han de exigir que todos los aspirantes cum-plan el estatuto. Eso, sin embargo, constituye una restricción, no sobre los tribunales, sino sobre el individuo, y en forma alguna puede interpretarse como que obliga a las cortes a aceptar como funciona-rios suyos a todos aquellos aspirantes que hayan llenado esos requi-sitos mínimos, a menos que se convenzan de que tales requisitos son suficientes. Si no lo son, es su derecho inherente prescribir todas aquellas otras condiciones adicionales que sean necesarias para de-jarlas satisfechas de que los aspirantes en realidad tienen derecho a ser tales funcionarios. En otras palabras, ellas pueden, no aceptar menos, sino exigir más, de lo que la Legislatura ha requerido.”

Véanse además 6 C.J. 572, sección 16; Brydon jack v. State Bar, 208 Cal. Rep. 439; y Ex parte Boneta, 39 D.P.R. 154.

En el caso últimamente citado puede bailarse una reseña de las reglas generales hasta ahora prescritas por la Legís-¡atura insular respecto a los requisitos que deben reunir los aspirantes al ejercicio de la abogacía.

En el caso de Urrutia, la resolución conjunta facultán-dolo a tomar, y a la Corte Suprema a concederle, un examen, dispone expresamente que presente prueba de su graduación de la Chicago School of Law y de otras materias conteni-das en el preámbulo de dicha resolución. El hecho de que tal prueba sea una condición previa a la concesión de un exa-men indica claramente la intención por parte de la Legisla-tura de consignar meramente su parecer de que los hechos expresados en el preámbulo son suficientes, al ser estableci-dos mediante prueba, para justificar a esta corte a conside-rar el presente caso como una excepción a las reglas gene-rales prescritas por disposiciones legislativas anteriores. La resolución número 69 no es tan clara, pero da margen a una interpretación similar. Toda vez que ambas resoluciones, así interpretadas, dejan la determinación final del asunto a la sana discreción de esta corte, ninguna de ellas debe consi-derarse como una intrusión en las facultades y poderes inhe-rentes de la judicatura.

La contención de que ambas resoluciones son inconstitucionales porque equivalen a negar la igual protección de las leyes a futuros candidatos a examen no ha sido desarrollada adecuadamente en los alegatos de los opositores. Sin perjuicio de una consideración ulterior del asunto, si es que . surge la' cuestión en un caso futuro, bastará decir que por las razones yá apuntadas ni una ni otra de las dos resoluciones niega a ningún futuro aspirante situado en un plano similar el privilegio de solicitar su exención, a causa de circunstancias extraordinarias y excepcionales, de la legislatura o de esta corte.

Urrutia, por lo menos, es un graduado de escuela superior, con notas excelentes. Debido a su experiencia como márshal de una corte de distrito durante un período de ocho años, ha tenido oportunidad de aprender algo prácticamente sobre materia procesal. Si se lia aprovechado de esta opor-tunidad, y si lia sido tan diligente en el estudio del derecho como parece haberlo sido en sus estudios de escuela superior, un examen minucioso podría demostrarlo.

El caso de Escalera, tal cual se encuentra actualmente, es algo más dudoso, pero una debida deferencia a la actua-ción de la legislatura demanda que no se le niegue la opor-tunidad de demostrar, si puede, que se debe hacer a su favor una excepción a la regla general. Quizá las declaracio-nes del aspirante mismo y de los abogados en ejercicio a que él hace referencia podrían arrojar alguna luz sobre la naturaleza y alcance de su experiencia actual en relación con cuestiones legales.

A fin de que este tribunal sea más ampliamente infor-mado de los hechos invocados como suficientes para excluir estos dos casos de la regla general, se señalará un día para una vista en la que se permitirá a los peticionarios que ofrez-can cualesquiera declaraciones o prueba adicional que de-seen. Y se dará a los opositores la oportunidad de repre-guntar a los testigos que ocupen la silla testifical. Durante la vista, cualquiera de los peticionarios puede, si le parece conveniente, dirigir su propio caso. Cada uno de ellos de-berá comprender claramente que le incumbe la tarea de es-tablecer un caso excepcional y meritorio. Cada cual deberá estar preparado, en caso de que se le admita a examen, para convencer a la junta examinadora, como resultado de un examen más cabal que de ordinario, de que su capacidad mental y su conocimiento del derecho son más que suficien-tes para neutralizar la falta de preparación académica y del roce intelectual que se tiene en el salón de clases de una es-cuela acreditada de derecho.

En lo que atañe a la cuestión constitucional, se desestima la objeción.


text:
    Ernestina Girod Lube, peticionaria, v. Corte de Distrito de Guayama, Hon. Gabriel Castejón, Juez, requerido, y Alejandro Buitrago, demandado.
    No. 786.

    Sometido: Julio 28, 1931.

      Resuelto: Marzo 9, 1932.

      Pedro E. Anglade,' abogado de la peticionaria; A. Porrata Doria, abogado del demandado Buitrago.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

A instancia de Ernestina Girod Lube libramos en este caso un auto de certiorari para revisar la resolución de la Corte de Distrito de Guayama por la que se negó a conce-derle los alimentos provisionales que solicitó de su esposo.

Después de ser firme la sentencia que declaró sin lugar una demanda de divorcio que el Dr. Alejandro Buitrago in-terpuso contra su esposa Ernestina Girod Lube, ésta pre-sentó a la corte una petición para que ordenase a su marido que le pague determinada cantidad mensual como alimentos alegando para ello que carece de recursos para su subsisten-cia, que su marido abandonó el bogar conyugal sin causa ni motivo alguno que justificara su actitud y que él tiene re-cursos pecuniarios. Después presentó otra solicitud a la corte interesando, por los mismos hechos antes expuestos, que mientras se resolviese su anterior solicitud de alimentos le concediese alguna cantidad como alimentos provisionales.

La corte de distrito sostuvo la excepción previa alegada por el marido de no contener la solicitud de alimento's pro-visionales hechos suficientes para establecer una causa de acción y para ello se fundó, citando, la sentencia del Tribunal Supremo de España de 3 de noviembre de 1905, en que la obligación que impone el artículo 143 del Código Civil a los cónyuges de darse recíprocamente alimentos es de apli-cación, solamente cuando se ña decretado, ya interina ya de-finitivamente, una separación de los cónyuges y en que la pe-tición de alimentos es una acción que requiere el estable-cimiento o promoción de otra que afecte a la separación legal de los cónyuges, tales como el divorcio, nulidad de ma-trimonio, separación legal de los cónyuges, depósito de la mujer casada u otra de naturaleza análoga, y que únicamente procede la acción de alimentos con carácter independiente cuando resulta por sentencia la separación de los cónyuges y queda por determinar únicamente los alimentos definiti-vos. La sentencia que citó dice substancialmente lo mismo y para llegar a esas conclusiones se funda en que los es-posos deben vivir juntos si no están divorciados o si su ma-trimonio no ña sido anulado y que el conceder alimentos es-tando casados sería sancionar que los unidos por el vínculo del matrimonio pudiesen prescindir de él separándose por su propia voluntad, estableciendo un estado de derecho com-pletamente incompatible con la naturaleza y efectos del ma-trimonio, prescindiendo de los deberes inherentes al mismo y perturbando la unidad de la familia en oposición a lo que la ley, de acuerdo con la moral, establece. La resolución de la corte inferior es la que motiva el presente recurso.

El artículo 156 del Código Civil, que es el 88 del Código últimamente revisado, igual al 56 del Código Civil Español, dice que los cónyuges deben socorrerse mutuamente; y como consecuencia declara el artículo 143 del mismo código, igual al del mismo número en España, que los cónyuges están obligados recíprocamente a darse alimentos; deber que con-signa en términos generales, sin contener excepciones, por lo que si alguno de ellos está carente de los recursos pecu-niarios necesarios para vivir y el otro los tiene, surge el de-reclio a reclamar alimentos, aunque, como en este caso, no exista separación legal de los consortes.

La doctrina y fundamentos de la sentencia citada por la corte inferior, que no es obligatoria para nosotros, parece razonable pero más lo es que se tenga en cuenta la realidad de la vida y los becbos que en ella ocurren, pues muchas ve-ces existe una separación de los consortes sin que legalmente estén separados, por no interponer un pleito en que se ha-gan públicas las miseria y deshonra de alguno de los con-sortes, que así quedarían expuestas al conocimiento de los hijos del matrimonio, que sin él posiblemente las ignorarían. Por esto nos parece más justa la sentencia del mismo Tribunal Supremo de España de 16 de octubre de 1903 en la que se dice que uno de los deberes más fundamentales im-puestos por la ley a los cónyuges consiste en el de socorrerse mutuamente en todos los casos en que este socorro sea ne-cesario, cualquiera que sea la situación legal del matrimo-nio, a no ser que la necesidad del cónyuge sea proveniente de actos por él mismo realizados que le coloquen en una si-tuación ilegal y contraria a derecho, por lo que el marido se encuentra en la ineludible obligación, mientras consienta se-mejante estado, de socorrer a su esposa en cumplimiento del deber natural sancionado en el artículo 56 del Código en re-lación con el párrafo primero del 143.

La resolución recurrida debe ser anulada y los autos de-vueltos para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Luis Eurique Cano, acusado y apelado.
    No. 4565.

    Sometido: Enero 14, 1932.

      Resuelto: Marzo 10, 1932.

      E. Días Viera, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelante; E. Ramos Antomni, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación lia sido interpuesta por el fiscal contra resolución de la Corte de Distrito de Ponce que concedió un nuevo juicio al apelado por el motivo de pruebas que descubrió después de la celebración del juicio.

El apelado no fia presentado alegato ni asistió a la vista que tuvo lugar ante nosotros al oírse este recurso.

La acusación imputa al apelado que en los últimos días de noviembre y a-principios de diciembre de 1929 tuvo acto carnal con la niña menor de catorce años Leonor Santiago Rodríguez, que no era su.esposa. Para probar el fiscal la edad de la niña presentó certificación del encargado del Re-gistro Civil en la que se dice que nació el 20 de enero de 1918, por lo que de acuerdo con ella tenía once años y diez me-ses de edad cuando se realizó el acto imputado al apelado. Al ser presentado ese documento y decir el juez de la corte con referencia a él que la niña tenía en la fecfia a que se re-fiere la acusación once años y meses de edad dijo el padre de ella, que estaba declarando, “Esa misma edad.” El ex-presado documento no es una certificación literal de la ins-cripción sino en relación y no contiene la fecfia en que el asiento original fue hecho. Fué admitido sin objeción del apelado.

En la solicitud de nuevo juicio se alegó por el acusado haber descubierto nuevas pruebas consistentes en el acta de bautismo de la expresada niña, de la que aparece que fué bautizada el 23 de marzo de 1919, habiendo nacido el 20 de febrero de 1917; en la declaración de su padrino según la cual al ser bautizada era bastante grande y hablaba; y en la de uno de los testigos de la inscripción en el registro civil en la que afirma que en la fecha en que fué hecha la inscrip-ción de la niña era grandecita y ya hablaba.

Dice el acusado en la petición que no le fué posible des-cubrir esa prueba a pesar de que dedicó muchos días bus-cando a las personas que ahora deponen, habiéndole sido difícil encontrarlas; que creyó que la apariencia de la niña demostraría al jurado que tenía más de catorce años; que buscó inútilmente el documento que presenta y que con la nueva prueba el veredicto probablemente sería distinto.

El motivo fundamental que tuvo la corte inferior para la concesión de nuevo juicio fué que “la prueba debe ser so-metida al jurado para que en un caso de la naturaleza grave de que es éste, de violación, y dadas las circunstancias es-pecialísimas que concurren en la forma en que se cometió' este delito, es decir, la forma en que actuó el acusado en la: propia casa de su esposa en una habitación contigua, con la. puerta abierta, con la luz encendida, estando la esposa en su habitación y el acusado en la habitación contigua con la¡ puerta abierta, donde estaba esta sirvienta — el jurado dió-crédito, a pesar de estas circunstancias, a que se cometió el: delito — podría ser que el jurado le diera crédito a esto, to-mando en consideración que se trata de un caso de viola-ción técnica en una menor de catorce años, y como la prueba que se aporta es, precisamente, para atacar el hecho de que esta niña fuera menor de catorce años con las certificacio-nes de la parroquia y del Registro Civil, la corte es de opi-nión que esta prueba quizás, de haberla conocido el jurado,, le hubiera hecho variar en el veredicto, y que sería un abuso de la discreción de la corte, teniendo la corte esa misma duda en su mente, el no permitir en este caso que el acusado tuviera oportunidad de presentar esta prueba al jurado.”

La corte inferior fué también de parecer que el acusado no tuvo esa prueba a su .alcance el día del juicio y Rne no pudo conseguirla hasta después, a pesar de que a los siete días del juicio ya tenía en su poder la partida de bautismo y las declaraciones de los testigos que presentó y a pesar de haber ocurrido el hecho perseguido en el pueblo en que vi-vía la niña y donde fué inscrita en el Registro Civil, y bau-tizada en su Parroquia y aparecer de esos asientos que los nombres de los testigos ofrecidos después del juicio constan en dichos documentos y que uno de ellos vive en el mismo pueblo y el otro en otro muy inmediato, pero no trataremos esa cuestión porque el estudio que hemos hecho de este re-curso nos hace concluir que la resolución concediendo el nuevo juicio debe ser revocada por algo más fundamental.

Hemos dicho que según el Registro Civil la niña tenía once años y diez meses de edad cuando fué realizado el he-cho que se persigue en esta causa; y según el acta de bau-tismo hecha el 23 de marzo de 1919, la niña nació el 20 de febrero de 1917, de modo que según esa partida tenía doce años y nueve meses de edad cuando el delito fué cometido, o sea menos de los catorce años fijados por la ley para que exista violación sin tener en cuenta el consentimiento de la mujer, y tenía dos años y un mes de edad cuando fué bauti-zada, por lo que puede ser cierto como dice su padrino que era bastante grande y hablaba. Por consiguiente la certi-ficación de la Parroquia y las dos declaraciones no demues-tran que la niña tuviera catorce años de edad en la fecha a que se refiere la acusación y por eso tal prueba no podría producir por razón de la edad un veredicto distinto al que fué rendido por el jurado y así resulta improcedente la con-cesión de un nuevo juicio por tales pruebas.

Las demás circunstancias a que se refiere la corte respecto a la manera en que se dice cometido el delito y a la forma en qne actnó el aensado en su propia casa podrían ser propias en una apelación contra la sentencia por insufi-ciencia de la prueba pero no para conceder un nuevo juicio ’por pruebas nuevamente descubiertas.

La resolución apelada debe ser revocada.