author: El Juez Asociado Señou Franco Soto, El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Charles E. Lawton, demandante y apelado, v. Vicente Rodríguez Rivera, demandado y apelante.
    No. 3672.

    Visto: Noviembre 20, 1925.

      Resuelto: Mayo 21, 1926.
    1. Convenios (Covenants) — Interpretación y “Operation” — Convenios en Cuanto al Uso de Propiedad Real — Naturaleza de las Mismas en Cene-ral — Restricciones Como Servidumbres. — La restricción que obliga recípro-camente a los dueños de solar por razón de ser propietarios, de sólo fabricar una casa en cada solar, participa en su esencia por la prohibición de un uso específico de la cosa ajena, de aquellas servidumbres negativas a que se re-fiere el artículo 540 del Código Civil.
    2. Convenios (Covenants) — Interpretación y “Operation” — -Convenios en Cuanto al Uso de Propiedad Real — Restricciones Limitando el Domi-nio al Uso — En General. — Limitado el dominio al uso de una finca, la res-tricción entre las partes debe hacerse constar expresamente, pues de otro modo, la presunción es en favor del libre uso de la propiedad.
    3. Convenios (Covenants) — Interpretación y “Operation” — Convenios en Cuanto al Uso de Propiedad Real — Restricciones Limitando el Domi-nio al Uso — Su Inscripción y Efecto — Efecto Contra Tercero. — Para que la restrieeióu que limita al uso de una finea surta, efecto contra tereero, es indispensable que la restricción entre las partes contratantes se inscriba en el registro.
    4. Convenios (Covenants) — -Interpretación y ‘'‘Operation” — Convenios en Cuanto al Uso de Propiedad Real — Restricciones Limitando el Domi-nio al Uso — Su Inscripción y Efecto — Futuros Compradores, Sucesores y Causahabientes. — Cuando existe un plan general de mejoras, exelusivo y privado para uso de futuros compradores y se impone a los compradores de solares entre otras restricciones la de edificar una sola casa en eada solar si tal restricción se inscribe en el Registro, ella obliga a futuros compradores entre sí, o sus sucesores o causahabientes.
    6. Convenios (Covenants) — Cumplimiento o Quebrantamiento (Breach) — Con-venios que Limitan el Dominio al Uso de Una Propiedad — Restricciones Respecto a Edificaciones. — Inscrita en el registro restricción que, obede-ciendo a un plan general de urbanización, limita el dominio al uso de los solares ou cnanto a solo .fabricar una casa en cada solar, si subdividido un solar se fabrica una casa en la parte segregada, la fabricación de otra en ■la parte del solar restante viola la cláusula restrictiva, y el dueño del solar contiguo puede hacerla efectiva mediante injunction.

    6. Injunction — Materias Sujetas a Protección y Remedio — Contratos—Con-venios que Limitan el Dominio al Uso de Una Finca — Restricciones Res-pecto a Edificaciones. — Hay suficiente equidad para conceder un injunction cuando, obedeciéndose a un plan general de mejoras se han impuesto restric-ciones que, inscritas en el registro, obligan recíprocamente a los dueños de los solares y uno de éstos viola una de las condiciones restrictivas que viene obligado a cumplir.
    7. Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Corte Inferior — Imposi-ción de Costas. — Cuando la temeridad de la parte a quien se condena en costas es manifiesta, el Supremo no revocará dicha condena impuéstale.

      RECONSIDERACIÓN.

      Resolución de Junio 33, 1926.
    Injunction — Naturaleza t Fundamentos en General — Fundamentos del Re-medio — Objeciones que Afectan el Derecho al Remedio — Daño Compara-tivo. — Cuando se interviene por injunction para ser efeetiva cláusulas restric-tivas en escrituras que limitan el dominio al uso de una finca, el remedio (injunction), se concede por el incumplimiento do dichas cláusulas restric-tivas y no es contestación al mismo el alegar que el acto del cual el deman-dante se queja no le inflige ningún daño o no le reporta beneficio alguno.
    Sentencia de Charles F. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando con lugar la demanda.

      Confirmada.

      Chas. Hartnell y Daniel F. Kelly, abogados del apelante; Francisco Soto Oras, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señou Franco Soto,

emitió la opinión, del tribunal.

Rafael Carrión y Pacheco, cansante de las partes con-tendientes en este pleito y dneño de tres parcelas de terreno radicadas en el sitio “Machuchal,” de la sección norte del barrio de Santurce de esta ciudad, las agrupó formando una sola finca, la que inscribió con número independiente en el registro de la propiedad. Así agrupada la finca la convir-tió de rústica en urbana, levantando un plano general del terreno que dividió en 12 solares qne se reparten 6 a cada lado de una calle trazada al efecto para dar acceso a los mismos y a cnya entrada aparecen colocadas dos mesetas ins-cribiéndose- en las mismas, ostensiblemente, el nombre de “Carrion’s Court.” Los solares se enumeran del L al 12 y se da i a cabida y colindancia de cada uno.

Bajo este plan de urbanización cnyo fin no parecía ser otro sino interesar al público para la compra de solares, Ca-rrión procedió a realizar sn negocio y en enero 18, 1922, vendió a George H. Joy el solar marcado con el No. 4 del plano de urbanización con una cabida por el frente de 28 metros 59 centímetros, haciéndose inherente al convenio las siguientes restricciones:

“O. — Que el comprador, sus herederos y sucesores se obligan en el caso de que se decidieran fabricar en el solar adquirido, a construir una. sola casa, la cual distará' veinte y cinco pies del frente de la calle trazada y que da al lado Este; y asimismo se obligan a no cons-truir verjas o cercas en las colindancias de las fincas que adquieren a distancia menor de veinte y cinco metros de la línea de la calle.”

Posterior a esta venta, febrero 13, 1922, Carrión vendió a Charles E. Lawton, demandante en este caso, el solar No. 3, y en la escritura haciéndose mención de la agrupación y del plano de urbanización, y estableciéndose iguales restric-ciones que las consignadas en la venta del solar No. 4, se dice y estipula lo siguiente:

“TeRcero. — Que la expresada agrupación de la parcela arriba descrita, que se halla aún pendiente de inscripción, se practicó me-diante plano levantado al efecto sobre dichos terrenos por el agri-mensor titulado Don José Castro Martínez, repartido dicho terreno en solares numerados del uno al doce inclusive, dividido dicho te-rreno por una calle de ocho metros de ancho que lo cruza de Norte a Sur. dando frente a la cual se hallan enclavados los expresados doce solares.
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“Tercera. — Es condición de esta venta que en el solar vendido el comprador o causahabiente no podrá edificar más de una resi-dencia. la cual se construirá a una distancia de veinticinco pies de la línea frente a la calle abierta en dichos terrenos, pues es el objeto del vendedor de que todas las casas edificadas en dichos terrenos guarden la misma distancia proporcional en su frente a la calle que dan frente los demás solares del vendedor.”

Una y otra venta fueron inscritas en el registro de la propiedad, constando de las inscripciones respectivas la con-dición relativa a tales restricciones.

George H. Joy, por otra parte, fraccionó su solar No. 4, vendiendo una porción de 8 .metros 59 centímetros a Arturo L. Carrión, la que unió el comprador al solar No. 5 de que era dueño, fabricando una casa que prácticamente queda en medio de la línea divisoria de los solares Nos. 4 y 5 del plano de urbanización original.

La otra fracción del solar No. 4 que quedó reducida a 20 metros de frente, la vendió Joy a Vicente Rodríguez Rivera, quien al iniciar los trabajos de edificación de una casa en dicha fracción, dió origen a esta demanda de injunction en la que Lawton, dueño del solar contiguo No. 3, alega que la edificación violaba la cláusula restrictiva que limitaba la fabricación de una sola casa en el solar No. 4.

La contención más importante del. apelante en contra de la sentencia apelada que declaró con lugar la demanda; -es la que sostiene, en resumen, que se trata de una restricción de carácter personal entre vendedor y comprador, que no obliga a futuros compradores para hacerse efectiva por ellos entre sí y que tales restricciones no son las servidum-bres que reconoce el Código Civil para lo cual siempre debe existir un predio dominante y un predio sirviente.

A nuestro juicio la legislatura al adoptar el Código Civil antiguo en materia de servidumbres, sin introducir ninguna modificación o innovación en las mismas, no fué por-' que no se pudiera prever la nueva modalidad que representa las restricciones cuyo carácter se discute y que exigencias de urbanizaciones más modernas parecen imponer por razones de orden sanitario y de ornato o embellecimiento, sino porque el concepto de las servidumbres positivas y negativas que define el Código es. tan amplio que a poco que se analicen tales restricciones no parece que sean extrañas por su naturaleza a las negativas de las que el Código en su artículo 540 prescribe como sigue:

“Art. 540. Las servidumbres son además positivas o negativas.
“Se llama positiva la servidumbre que impone al dueño del pre-dio sirviente la obligación de dejar hacer alguna cosa o de hacerla por sí mismo, y negativa la que prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre.”

Dentro del tecnicismo legal, si la servidumbre consiste en dejar hacer algo el dueño del predio sirviente (servi-dumbre positiva), o en prohibir a éste hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre (servidumbre negativa), pa recería lógico afirmar que las restricciones que obligan re-cíprocamente a cada dueño de solar, por razón de ser pro-pietarios, de sólo fabricar una casa en cada solar, partici-pan en su esencia por la prohibición de un uso específico de la cosa ajena, de aquellas servidumbres que consisten en no levantar más alto un edificio, servitas non altms tollendi, y que procedentes del derecho romano habían sido harto conocidas hasta ahora. Pero sin que sea necesario que nos detengamos a determinar con más precisión el aspecto legal cuya, validez es objeto de controversia, se hace importante decir que [2] tratándose de todos modos de algo que limita el dominio al uso de una finca, tal restricción entre las par-tes contratantes debe hacerse constar expresamente, pues de otro modo la presunción es en favor del libre uso de la pro-piedad, y [3] para que surta efecto contra tercero es indispensable además su inscripción en el registro de la propie-dad. Estas son dos proposiciones para examinar con vista de las circunstancias de este caso.

Los actos preliminares de Rafael Carrión y Pacheco ha-ciendo la agrupación de fincas que inscribe bajo un número independiente en el registro; que levanta un plano general del terreno del que aparece su división en solares con sus respectivas cabidas y numerados del 1 al 12 dando frente a una calle que los divide seis a cada lado y que a su en-trada coloca dos mesetas en las que inscribe el nombre de “Carrion’s Court,” es la demostración evidente y explí-cita de un plan general de' mejoras, exclusivo y privado para uso y disfrute de futuros compradores. Y la inten-ción de Rafael Carrión se confirma y manifiesta específica-mente cuando vende al demandante el solar No. 3 y se re-fiere en la escritura al plano que fué levantado y sustan-cialmente a los actos preliminares que hemos descrito e impone al comprador, entre otras restricciones, la de edifi-car una sola casa en dicho solar No. 3. Bajo estas circuns-tancias el apelado en su alegato atinadamente sostiene lo siguiente:

“Sentado que nos encontramos con un plan de urbanización de-finido y con transmisiones mutuas al demandante y demandado por el causante común Sr. Carrión en las cuales trasmisiones se hizo constar idéntica restricción de que en los solares adquiridos por di demandante y el Sr. Joy no podría edificarse más de una residencia, sólo falta decidir si la cláusula ha sido violada.
“Una vez inscrita en el Registro la condición restrictiva ella afectó al solar No. 4 de tal manera que las sucesivas trasmisiones y aun transformaciones de este solar siempre habrían de estar afectas a tal condición. Y esto aun en el caso de no haberse estipulado, como se estipuló, que la condición habría de afectar a los sucesores, herederos o causahabientes de los compradores. Y nosotros deci-mos que si en el solar No. 4 no se pudo fabricar más de una casa, en parte alguna del solar No. 4 puede existir más de una casa. Y es evidente que en la porción de 8 metros 59 centímetros existe una edificación, una estructura que será dedicada o está dedicada a ha-bitación o residencia, bien que tal habitación o residencia no cons-tituye por sí sola una casa y se complementa con el resto de la es-tructura que se extiende en los solares 5 y 6, bien que hubiera sido una casa que en su totalidad hubiera estado en la porción de 8 metros. Lo esencia] es que un solo vecino, una sola familia, un solo espacio edificado constituía según la condición el solar No. 4 y ahora, si se permitiera la edificación del demandado, tendríamos dos familias, dos edificaciones y dos espacios habitados dentro del solar No. 4.”

La cláusula, por otro lado, que parece aclaratoria y que se consigna en la escritura que Joy vende al apelante ins-pirada seguramente para poner a salvo cualquier contin-gencia que pudiera sobrevenir con motivo de Joy subdivi-dir el solar No. 3, habiendo vendido la otra fracción a Arturo Carrión, más bien da más fuerza a la restricción para hacerse respetar por futuros compradores entre sí, o sus sucesores o causahabientes. La cláusula de ■ que hablamos dice lo siguiente:

"Sexta. — Estando presente el señor Carrión hace constar que si bien en el título adquisitivo del señor Joy se estipuló una limitación de edificar una sola casa residencia en ese solar, dicha limitación en nada afectará al derecho del comprador señor Rodríguez Rivera para la construcción de una casa residencia, por cuanto la segregación previa que se hizo de ese solar por venta al Doctor Arturo Carrión se destinó para completar un solar colindante de dicho señor.”

Puede concluirse de sn lectura que no pudo ser la in-tención de Rafael Carrión de relevar a Joy de la restric-ción impuesta, ni tampoco podía hacerlo. Para ello era necesario el consentimiento de Lawton, qnien había com-prado antes de la adquisición de Joy, inducido sin duda bajo las circunstancias del plan general de mejoras y que como consecuencia del mismo se le impuso, y convino en aceptar, la misma restricción que cumplió de su parte fa-bricando una sola casa residencia en su solar No. 3. Si como sostiene el apelante las restricciones se hicieron en beneficio únicamente de Rafael Carrión Pacheco, originador del plan general de urbanización, ¿cómo él no deja sin efecto la restricción sino que sólo se aventura a expresar una opinión interpretando el efecto de la cláusula restric-tiva, creyendo por el contrario que no se violaba la restric-ción porque la segregación que se había hecho del solar No. 4 (8 metros 59 centímetros) a favor de Arturo Carrión era para completar el del No. 5? No podía deducirse de su intervención, si ese fué su objeto, que informar al ape-lante la existencia de restricciones que obedecían a un pre-concebido plan de urbanización para fines residenciales y que la mera subdivisión de un solar, en relación con la res-tricción, no era motivo para que se entendiera infringida, pero prescindiendo de este punto que no es objeto de dis-cusión, si como ocurrió más luego que Arturo Carrión fa-bricó en la fracción del solar No. 4 que fué primeramente segregado aunque se hiciera extendiendo la edificación que procedía del solar No. 5, hay que concluir a fortiori que la compra posterior por el apelante del resto del solar No. 4, intentando levantar otra casa en el mismo, constituye una violación al derecho del apelado.

Aunque el apelante cita en su apoyo diferentes casos que determinan el valor de cláusulas restrictivas de índole semejante y su efecto entre futuros compradores, la ten-dencia que se observa de esas autoridades y las citadas en oposición por el apelado es de darle fuerza legal entre di({Ros compradores y sus herederos o causahabientes siem-pre que sean razonables, obedezcan a nn plan general de mejoras, consten específicamente en el título y se inscriban en el registro de la propiedad. El caso de Glines v. Malta, 19 D.P.R. 409, es la expresión de esa regla en esta jurisdic-ción y por él quedaron resueltas las cuestiones planteadas en el presente, entre ellas, la que alega el apelante de no haber equidad en las pretensiones del demandante para que se dictara sentencia concediendo el injunction. Basta refe-rirnos a las páginas 415-16 del caso citado, donde puede verse la discusión amplia de ese extremo.

Se insiste, sin embargo, y se señala como error que el caso de Glines, supra, no tiene aplicación por existir dife-rencia en los hechos y proceder de una corporación que adoptó un acuerdo general estableciendo ciertas restriccio-nes sobre la propiedad, que se consignó en escritura y se tomó razón en el registro, poniéndose en conocimiento (notice) de todos los compradores que los solares se vendían sujetos a dichas restricciones. Se alega como una conse-cuencia que se trata de una restricción general que se ins-cribió en el registro, lo cual no aparece de este caso en que la agrupación de parcelas para dividirlas en solares no contiene restricción alguna.

Una de las restricciones en aquel caso se refiere a la obligación de cada dueño de solar de dejar una parte del terreno sin fabricar siendo ella la materia en controversia y no vemos la razón para hacer distinciones por ese lado. De otro, en una corporación, como creación artificial de la ley, todos sus actos han de realizarse en su nombre corpora-tivo por conducto de. su cuerpo de directores. Estos no actúan como personas naturales y como agentes unos de otros. Proceden por acuerdos y para actuar como cuerpo corporativo tienen que reunirse llenando los requisitos que determinen sus cláusulas de incorporación y .reglamentos. De ahí lo natural de tomar un acuerdo general sobre una materia como la que se trata y se inscriba en el registro en lugar de tomarse un acuerdo para cada caso en particular. Pero asimismo resulta lógico que Eafael Carrión Pacheco como persona natural y con plena capacidad para contratar desenvolviera sus actividades por actos sucesivos, sin tra-bas ni requisitos que cumplir, para actuar por su propio, acuerdo estableciendo las restricciones que regulaban las edificaciones en cada venta, lo que así al menos hizo ex-presamente al desprenderse de los solares Nos. 3 y 4. No bay motivos para la distinción.

En cnanto a las costas, no nos sentimos inclinados a -su revocación. Por el registro el apelante tuvo suficiente aviso de la restricción impuesta al solar No. 4. De él también aparecía la obligación recíproca que se imponía al apelado y que había cumplido. Si como se desprende de la prueba oral él fué avisado por el demandante antes de empezar la edificación de que no podía hacerla y si no obstante empezó la fabricación, su temeridad es manifiesta.

Por todo lo expuesto debe confirmarse la sentencia ape- ■ lada.

RESOLUCIÓN SOBRE RECONSIDERACIÓN

El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante solicita que se reconsidere nuestra sentencia de mayo 21, 1926, alegando para ello, en síntesis, las si-guientes razones: que se ha sostenido en la opinión de esta corte que las restricciones contenidas en las escrituras otorgadas por Eafael Carrión a Joy y a Lawton se esta-blecieron iguales restricciones, cuando en realidad no eran iguales ni uniformes para todos los solares; que se hace sostener al apelante, que las restricciones sobre edificación no son las que reconoce el Código Civil, cuando parece que no se hicieron entender en su alegato, explicando que lo sostenido en realidad fué que tales restricciones para que tengan en Puerto Eico el alcance de servidumbre, deben estar constituidas con todos los requisitos exigidos por el Código Civil y la Ley Hipotecaria; que al disentir el casa de Glines v. Matta, 19 D.P.R. 409, esta corte parece que le dió más importancia al argumento del apelante que se re-fiere al acuerdo tomado en aquel caso por la junta de directores de la corporación y que no se dió la debida consi-deración a su principal contención, consistente en que en el caso de Glines concurrían requisitos que faltan por com-pleto en el caso que nos ocupa, entre ellos, el de que en la hoja de la finca principal se inscribió una escritura pública contentiva de las restricciones uniformes que se imponían a todos los solares que fueren segregados de la finca principal; que respecto al tercer error discutido en el alegato del apelante relativo a que no hay equidad en las pretensiones del demandante para que se concediera el injunction, que esta corte limitándose-a decir que la cuestión quedó resuelta en el caso de Glines, pareció entender que el apelante sostenía que el injunction no procedía para impedir la violación de una servidumbre, cuando su contención era que procede, como cuestión puramente legal, siempre que se viole un derecho claro, pero que como se trata de un procedimiento de equidad, la corte podía tener en cuenta que en realidad el demandante no sufría daño alguno si el injunction no se expidiera; y por último, que no debieron imponerse las costas.

I. En nuestra opinión de mayo 21, 1926, se copian las cláusulas pertinentes sobre restricciones contenidas en las escrituras de Carrión a Joy y de Carrión a Lawton. Las restricciones que regulan las edificaciones de fabricarse una casa en cada solar es idéntica por su tenor literal en una y en otra escritura y de ellas se tomó razón en el registro de la propiedad. A esas restricciones es que nos hemos refe-rido y ése ha sido el objeto único de este pleito. El hecho de que en la misma escritura de Joy se dejara sin efecto la relativa a cercas y verjas y de que a nada de esto se hiciera referencia en la escritura de Lawton, era la demostración ’de dársele por las partes completa uniformidad a la única y esencial restricción que quedó en vigor.

II. La contención ahora del apelante de que el Código Civil reconoce como servidumbre las restricciones que regu-lan las edificaciones, viene a fortalecer el caso en la forma expuesta en nuestra anterior opinión. Para que veamos que no entendimos mal al apelante, copiaremos de su ale-gato el siguiente párrafo, que dice: >

“Los únicos gravámenes o restricciones de un predio a favor de' otro reconocidos en nuestro derecho civil están comprendidos entre los artículos 586-611 de nuestro Código Civil. Ninguno de estos ar-tículos hace referencia a servidumbre alguna de la naturaleza que el demandante trata de hacer cumplir en el presente caso. Siendo ello así, entendemos que la restricción invocada debe ser interpretada estrictamente en contra de la persona que la reclama y que por lo tanto el. caso de G-lines vs. Matta debe asimismo interpretarse con todo rigor, aplicándolo tan sólo a otros casos en que concurran to-dos los requisitos necesarios para que no exista duda alguna de la existencia de la servidumbre, pues de lo contrario la aplicación de dicho caso de un modo liberal traería por resultado una modificación radical del derecho civil en materias de servidumbre que vendría a causar serios trastornos en la contratación real y hasta en el crédito territorial y sostenemos que está contra la letra, espíritu y teoría de nuestras leyes, tanto civil como hipotecaria que están basadas en la libre contratación a falta de prohibiciones explícitas.”

En esta parte de la moción del apelante se alega ade-más que para llegar a la conclusión que la restricción im-puesta por Rafael Carrión al solar vendido a Joy consti-tuye una servidumbre a favor del solar de Lawton, toma-mos en consideración las fechas de las escrituras de Ca-rrión a Joy y de' Carrión a Lawton y la circunstancia de que las mismas fueron inscritas, pero que no se tuvo en cuenta que la escritura a Joy, aunque anterior en fecha a la de Lawton, fué inscrita más de dos meses después.

Como lo que perjudica al apelante es su conocimiento de la restricción impuesta dada la evidencia en este caso, el hecho de que la escritura de Carrión a Joy se inscribiera con posterioridad a la de Lawton nada significa en relación con el apelante. De todos modos Joy inscribió en abril 27, r1922, y el apelante le compró en abril 2, 1924, y ya el regis-tro desde aquella fecha le daba suficiente aviso de la servi-dumbre. Además, en el contrato mismo de compra del ape-lante a Joy, en el que intervino Rafael Carrión, expresando una opinión sin aventurarse a dejar sin efecto la servidum-bre, punto que dejamos suficientemente debatido en nues-tra primera opinión,' dicho apelante supo de igual modo de la restricción impuesta al solar que compraba.

No era tampoco punto esencial a considerar en este caso la inscripción de las restricciones en la hoja de la finca principal agrupada para diferenciarlo del caso de Glines. •Esto se trata asimismo en aquella opinión al referirnos a dicho caso. Por la manera de actuar una corporación se explicaba que en aquel caso se tomara un acuerdo general sobre las restricciones que regulaban las edificaciones en los solares y se inscribiera en la “hoja de la finca principal. Aquí se estableció la restricción al vender Carrión los sola-res números 3 y 4 y no sólo fueron inscritos en el registro sino que tanto en la inscripción de Lawton como en la de Joy al empezarse a describir cada solar la descripción del registro los refiere al plano de urbanización de la finca principal, haciendo expresa mención.

III. Por el tercer error el apelante sostuvo que no ha-bía equidad en las pretensiones del demandante para que se concediera el injunction. Se alega ahora que parece que esta corte entendió que el apelante sostenía que el injunction no procedía para impedir la violación de una servi-dumbre, cuando en realidad su contención es que si bien procede, la corte podía tener en cuenta que el demandante no sufría daño alguno si el injunction no se expidiera. En este punto puede verse el párrafo pertinente de nuestra opinión y nada parece sostener la conclusión del apelante. El párrafo dice:

“Aunque el apelante cita en su apoyo diferentes casos que deter-minan el valor de cláusulas restrictivas de índole semejante y su efecto entre futuros compradores, la tendencia que se observa de esas autoridades y las citadas en oposición por el apelado es de darle fuerza legal entre dichos compradores y sus herederos o cau-sahabientes siempre que sean razonables, obedezcan a un plan general de mejoras, consten específicamente en el título y se inscriban en el Registro de la Propiedad. El caso de- Glines v. Matta, 19 D. P.R. 409, es la expresión de esa regla en esta jurisdicción y por él quedaron resueltas las cuestiones planteadas en el presente, entre ellas, la que alega el apelante de no haber equidad en las pretensio-nes del demandante para que se dictara sentencia concediendo el injunction. Basta referirnos a las páginas 415-16 del caso citado, donde puede verse la discusión amplia de ese extremo.”

La contención del apelante en sn alegato era que la cuestión envuelta es puramente de equidad puesto que en la demanda se invoca un remedio de equidad, como es el injunction y que es aplicable en toda su extensión la doc-trina jurídica de que no debe dictarse una sentencia perju-dicando materialmente a una parte sin que la otra resulte beneficiada en igual proporción, debiéndose considerar por tanto, la doctrina del daño comparativo {comparative injury.)

En relación con la teoría relativa al daño, esta Corte Suprema en dicho caso de Glines, supra, pág. 416, hizo con aprobación la siguiente cita:

“En el artículo 1342 de la Jurisprudencia sobre Equidad de Pomeroy, aparece lo siguiente, que es de aplicación a este caso:
“ ‘Artículo 1342. Condiciones restrictivas que crean servidum-bres en equidad. — Esta doctrina ha sido ya examinada y se ha mos-trado que las cláusulas restrictivas contenidas en escrituras, arren- • damientos y convenios que limitan el uso del terreno de modo espe-cífico, o que determinan un uso particular que crea servidumbres en equidad sobre la finca, podrán ser ejercitadas específicamente en equidad, por medio de un injunction no solamente entre las partes directamente interesadas, sino también entre los subsiguientes com-pradores que tengan conocimiento del caso, aun cuando las restric-ciones no sean de la clase que técnicamente van unidas a la propie-dad. Por supuesto, el injunction en esta clase de casos se concede generalmente por el incumplimiento de la cláusula restrictiva. La euantía de los daños y perjuicios y hasta el hecho de que el deman-dante haya sufrido perjuicios pecuniarios son cuestiones completa-mente inmateriales. Uno de los modernos jueces más competentes de equidad ba dicho: “Ha quedado bien establecido por las autori-dades, que hay suficiente causa que justifique a la corte en su inter-vención, si ba habido una infracción de las condiciones. No es a la corte, sino a los demandantes, a quienes incumbe estimar la cuantía de los daños que se originan del perjuicio causado a los mismos. Desde el momento en que la corte ve que ha existido un incumpli-miento de las condiciones restrictivas, eso constituye un perjuicio, y la corte no tiene derecho a estimarlo, ni a negar el derecho del de-mandante al cumplimiento específico de su contrato, aunque su re-medio es aquel a que se ha hecho referencia o sea, el injunction,’ ”

El daño, por consiguiente, no es un elemento que fuera indispensable comparar y pesar en el caso. Se lia soste-nido en consonancia con nuestra ley de injunctions y la doctrina sentada en el caso de Gimes que el mero hecho de que se falte al contrato es suficiente fundamento para la intervención de las cortes por injunction; el comprador tiene derecho a gozar y disfrutar de la propiedad en la forma y modo estipulado y no es contestación decir que el acto del cual un demandante se queja, no le inflige ningún daño o no le reportará beneficio alguno.

“La regla sobre esta materia, generalmente adoptada y seguida por'las cortes de este país, está, según creemos, correctamente expre-sada en Kerr sobre Injunctions, 2da. edición, p. 356: ‘Si el derecho en ley bajo el convenio está claramente establecido y la violación es clara, y el convenio es de tal naturaleza, que ptiede, consistentemente con las reglas y principios de la corte, obligarse específicamente a su cumplimiento, la corte, excepto en muy excepcionales circunstancias, no tomará en consideración en la vista el daño comparativo a las partes por la concesión o negativa del injunction. ... El mero he-cho de que haya habido una violación do convenio es fundamento suficiente para la intervención de la corte mediante injunction. La persona en cuyo favor se ha hecho un convenio tiene derecho al dis-frute material de la propiedad modo et forma según se haya estipu-lado en su favor. Y no es bastante contestación decir que el acto objetado no producirá daño alguno al demandante ni siquiera que ha de ser beneficioso para él. Toca al demandante juzgar si el con-venio ha de ser preservado en tanto en cuanto a él se refiere o si ha de permitir que el mismo sea violado. No es necesario que demues-tre que se ha producido daño alguno. Quedando establecido que los actos del demandado constituyen una violación del contrato celebrado por él, la corte protegerá al demandante en el disfrute de su dere-cho por él comprado.’ ” 28 L. R. A. (N. S.) págs. 721, 722.

IY. Respecto a las costas, el razonamiento del apelante no es de tal modo persuasivo ni menos convincente que nos mueva a una ulterior consideración en ese extremo.

No dejaremos de aclarar que si bien en el primer pá-rrafo, página 7, de nuestra opinión de mayo 21, 1926, de-cíamos que Lawton había comprado antes de la adquisición de Joy, queríamos significar la adquisición procedente de Joy hecha por el apelante y en tal sentido es que debió en-tenderse nuestra conclusión, quedando aclarada si es nece-sario en ese extremo.

Por todo lo expuesto, la moción sobre reconsideración debe declararse sin htgar.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor-del Toro,

license: Public Domain

text:
    María Cabán, por sí y como madre con patria potestad de sus menores hijos Reyes, Dominga, Herminia, Juana y Carmen Hernández Cabán, demandantes-apelados-apelantes, v. Fernando Torregrosa, demandado-apelante-apelado.
    No. 3656.

    Visto: Noviembre 25, 1925.

      Resuello: Mayo 26, 1926.
    1. Evidencia — Prueba Documental — Actos Públicos u Oficiales, Procedimien-tos, Récords a Certificados — Certificaciones de Récords Oficiales — Cer-tificaciones de Nacimiento. — Certificaciones del registro civil que contienen el sello del registro, proceden del departamento de beneficencia municipal y son expedidas por el encargado del registro eivil son admisibles no obstante no consignarse en ellas después del que firma y antes de esas palabras las de ‘ ‘ comisionado de beneficencia. ’ ’

    2. Muerte — Acciones por Muerte Causada — Juicio, Sentencia y Revisión— De la Sentencia. — No puede sostenerse que la sentencia a favor de la es-posa e hijos del fenecido en acción de daños y perjuicios por muerte sea errónea por no existir prueba de la condición de herederos de aquéllos cuando además de existir prueba documental admisible, hubo también prueba testi-fical no objetada por el demandado sobre dicho extremo.
    3. Apelación y Error — Resolución y Disposición del Caso — Revocación—Re- ■ vocación en Cuanto a una Parte y Confirmación en Cuanto a las De- . más — En- General. — Dictada sentencia a favor de varios demandantes, si los intereses de las partes son separados e independientes de tal modo que tma adecuada decisión en cuanto a una no depende de la sentencia en cuanto a las demás, la sentencia puede'ser revocada en cuanto a una y confirmada en cuanto a las restantes.

      i. Sentencias — En Casos Contenciosos — Partes—Sentencia a Pavor de Per-sonas no Partes en el Litigio — Sentencia a Pavor de Varios Deman-dantes Cuando la Súplica se Refiere a Sólo Uno. — Cuando de todo el contexto de una demanda se eoñeluye que son varios los demandantes, el hecho de que la súplica pida sentencia condenando al demandado a satis-facer a Zaj demandante determinada suma no es suficiente para sostener que la sentencia a favor de los varios demandantes se dictara a favor de per-sonas po partes en el litigio.
    5. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Conclu-siones — Conclusiones de la Corte Sentenciadora. — Examinada la prueba toda practicada en el caso de autos, se resolvió que sostiene las conclusiones de la corte sentenciadora.
    6. Muerte — Acción por Muerte Causada — Daños y Perjuicios, Confiscaciones (Forfeitures) x Multas (Fines) — Medida de los Daños y Perjuicios e In-demnización Pijada por Sentencia. — Bajo las circunstancias del caso de autos se resolvió que la indemnización fijada por la corte inferior — $3,000— era procedente.
    SenteNcta de Enrique Lloreda, J. (Arecibo), declarando con lugar demanda sobre daños y perjuicios, con costas.

      Modificada y confirmada.

      E. Martínez Aviles, abogado de los demandantes-apelados-apelantes; Jaime Sifre, Jr., y Horacio Eranceschi, abogados del demandado-apelante-apelado.
   El Juez Presidente Señor-del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

María Cabán por sí y como madre’ con patria potestad de sus menores Mjos Reyes, Dominga, Herminia, Juana y Carmen Hernández Cabán, demandó a Fernando Torregrosa en reclamación de daños y perjuicios con motivo de la muerte de José Hernández, esposo y padre de los demandantes, respectivamente, ocasionada por un automóvil del deman-dado. Fue el pleito a juicio y la corte dictó sentencia con-denando al demandado a pagar a los demandantes la suma de tres mil dólares y las costas. Ambas partes apelaron: el demandado contra la totalidad de la sentencia y los de-mandantes contra la cuantía de la indemnización.

Examinaremos primero el recurso establecido por el de-mandado. El señalamiento de errores contiene seis, así: 1, erró la corte al admitir las certificaciones de la inserip-ción del nacimiento de Beyes, Herminia, Jnana y Carmen Hernández; 2, erró al dictar sentencia en favor de María Cabán y de sns Mjos sin qne existiera prneba de sn condi; ción de herederos; 3, erró especialmente al dictar sentencia favorable a Dominga Hernández sin qne se probara en el jnicio qne tal persona existía; 4, erró al dictar sentencia en favor de María Cabán y de sns hijos porqne éstos' no eran partes en el pleito; 5, erró al fijar la excesiva snma de tres mil dólares por concepto de indemnización, y 6, erró finalmente al declarar al demandado culpable de negligencia.

Cuatro certificaciones de las inscripciones de los nacimientos de José Beyes Hernández Cabán, Herminia Hernández Cabán, Carmen Hernández Cabán y Juana Hernández Cabán como hijos legítimos de José Hernández Tosado y María Cabán Hernández, se introdujeron como prneba. Los documentos comienzan así: £‘Gobierno Municipal. — Departamento de Beneficencia. — Quebradillas, P. B. — Yo, Dr. Arturo C. Arché, Encargado del Begistro Civil del Municipio de Quebradillas, Puerto Bico, Certifico: ” y terminan del siguiente modo: “ (Firmado) Dr. A. C. Arché, Encargado del Begistro Civil. — (Hay un sello que dice: Begistro Civil de Quebradillas, P. B.)”

La parte demandada se opuso alegando que la ley dis-ponía que los registros estarán a cargo del Comisionado de Sanidad y la certificación no expresa que el Dr. Arché sea el Comisionado de Sanidad y por tanto el único funcionario autorizado para expedirla. Contra la objeción del deman-dado, la corte admitió los documentos.

La apelante invoca el art. 48 de la Ley de Evidencia y cita a 10 Buling Case Law, pág. 1104, see. 308.

A nuestro juicio las mismas citas de la parte apelante sostienen la regla de la corte inferior. Las certificaciones contienen el sello del Begistro Civil de Quebradillas y pro-ceden del Departamento de Sanidad. Hubiera sido más claro y completo que después del nombre del Doctor Arché y. antes de las palabras “Encargado del Begistro Civil” se hubieran consignado estas otras palabras “Comisionado de Beneficencia,” pero ellas pueden sobreentenderse. Para que el Doctor Arché Rubiera podido estar encargado del registro, tenía necesariamente que ser el Comisionado o Director del ramo de Beneficencia de acuerdo con la ley y por tanto era él el funcionario que tenía bajo su custodia los'libros en los cuales figuraban originales las inscripcio-nes y el que podía expedir válidamente las certificaciones.

A partir de la vigencia de la ley No. 11 aprobada en 25 de junio de 1924, que enmendó entre otras la sección 31 de la Ley Municipal, estas certificaciones pueden ser expedi-das por el Secretario que nombre el Director de Beneficen-cia Municipal. Las certificaciones de que aquí se trata fueron expedidas con anterioridad a la vigencia de la en-mienda.

No habiéndose cometido el primero de los errores señalados, cae por su base el segundo. Parece conveniente añadir que además de las certificaciones aparece de la transcripción que el testigo Julián Hernández declaró que José Hernández estaba casado con María Cabán y que tenía cuatro hijos que viven con la viuda, que el testigo Manuel López se expresó en igual sentido y que la propia demandante declarando en el juicio dijo que estuvo casada con José Hernández, con el cual procreó cuatro hijos llamados Pe.yito, Herminia, Carmelita y Juanita; todo sin oposición del demandado.

La propia parte apelada admite que se ha cometido el tercer error, esto es, que no hay prueba en los autos de la existencia de Dominga Hernández y explica que ello se debió a una equivocada información recibida por el abogado de los demandantes y a un olvido de corregirla durante el juicio.

La discrepancia entre las partes surge al fijar las conse-cuencias del error. La apelante sostiene que vicia en su totalidad la sentencia. La apelada que la sentencia es susceptible de corrección por esta Corte Suprema.

La apelante hace la siguiente cita en apoyo de su con-tención :

“Existen numerosos casos en que se declara que una sentencia es un solo todo. Con esto se quiere' significar que una sentencia no puede ser mala en parte y. en parte buena pero debe subsistir o caer en su totalidad. Esta regla se aplica, sin embargo, sólo cuando el error es una parte inseparable de la sentencia.” 33 C.J. 1051-52.

Más adelante, en la página 1130, del propio tomo 33 de Corpus Juris, encontramos lo que sigue:

“De acuerdo con algunas autoridades una sentencia contra dos o más demandados mancomunadamente se considera como un soló todo, de tal modo que si es irregular, errónea o nula en cuanto a uno de los demandados, lo es igualmente para todos; pero otras decisiones sostienen que una sentencia puede ser válida y ejecutable en cuanto a uno o algunos de los demandados aún siendo anulable o nula en cuanto a los otros. En algunas jurisdicciones las decisio-nes a menudo están aún en conflicto. Si tal sentencia puede ser revocada en manto a algunas de las partes y confirmada en cuanto a las demás en una apelación o auto de error, es materia que se dis-cute en otro lugar en esta obra.”

Y en el tomo 4, pág. 1182, al tratar de las apelaciones, expresa:

“Hay considerable diversidad de criterio sobre la cuestión de si una corte de apelación tiene poder para revocar una sentencia en euanfio a una o más de varias partes. Aunque bajo las circunstan-cias peculiares de unos pocos casos se han aplicado otras distinciones la línea general de distinción es si la sentencia es un solo todo o divisible, siendo la regla que una sentencia que es un solo todo y obliga mancomunadamente a varias partes de revocarse en cuanto a una debe revocarse en cuanto a todas; pero que, cuando los intereses de las partes son separados e independientes, de tal modo que una ade-cuada decisión del caso en cuanto a una de ellas no depende de la sentencia en cuanto a las demás, la sentencia puede ser revocada en cuanto a una y confirmarse en cuanto a las restantes.”

Casi todos los casos en que se basan los textos transcri-tos, se refieren a demandados. Aquí se trata de demandan-tes. En la demanda se alegó que eran cinco los hijos que dejó Hernández. La prueba demostró que eran cuatro. Eso no obstante la sentencia erróneamente se refirió a los cinco. El derecho de los cuatro no dependía del derecho del quinto que en realidad de verdad era una persona imaginaria. No puede sostenerse que la sentencia sea una integridad en tal sentido. Eliminando el demandante cuya existencia no está comprobada, la sentencia subsiste en cuanto a los otros demandantes. Se trata de un mero error que puede ser co-rregido en apelación como lo será en efecto.

En el caso de Steeple v. Downing, 60 Ind. 478, citado en el tomo 4, pág. 1183, nota 37 de Corpus Juris, se resolvió que:

“Cuando se ha dictado sentencia en, favor de todos los deman-dantes en una acción para recobrar bienes inmuebles, pero' las con-clusiones de hecho son al efecto de que sólo algunos de ellos tienen derecho a recobrar, la corte de apelaciones, en una apelación traída por los demandados, revocará la sentencia sólo en cuanto a aquellos demandantes sin derecho a recobrar y la confirmará en cuanto a los demás. ’ ’

Y en el de Stotler v. Chicago etc. R. Co., 200 Mo. 107, también citado en Corpus Juris, tomo 4, pág. 1184, nota 42, se dijo:

‘Consideramos que está establecido por la lógica y por las au-toridades que podemos revocar la sentencia en cuanto a uno culpable de daño y confirmarlo en cuanto a los demás. (R.S. 1899, see. 866). La doctrina primitiva era considerar una sentencia como un solo todo que debía ser revocada en cuanto a todos si se revocaba en cuanto a uno. Pero la mejor y más moderna regla es entrar más allá de la mera superficie de la sentencia y considerar la na-turaleza del caso en sí, y cuando los intereses de las partes en una apelación pueden ser justamente separados, cuando los errores no afectan a las partes mancomunadamente y cuando los derechos de una parte no dependen de los de otra, entonces no es necesario re-vocar la sentencia en su totalidad. (Elliot on Appellate Procedure, secs. 574, 575.) El caso presente cae dentro de la regla anterior y la doctrina de esta corte está bien establecida al efecto de que en tal caso la sentencia puede ser revocada en cuanto a una parte y confirmada en cuanto a las restantes.’ ”

El hecho de que en la súplica de la demanda se pida que se “dicte sentencia condenando al demandado .... a satisfacer-a la demandante la suma de $40,000,” cuando de todo el contexto de la demanda se concluye que los demandantes lo fueron la viuda y los hijos como herederos de José Hernández, no puede servir de base para sostener que la sentencia apelada se dictó a favor de personas que no eran partes en el litigio. Las citas legales que hace la apelante en su alegato' son correctas pero no aplicables a los hechos de este caso.

El quinto error sería discutido al examinarse el recurso interpuesto por los demandantes.

La corte sentenciadora apreció la prueba así:

“La prueba practicada por la demandante demuestra, en con-cordancia con parte principal de lá prueba practicada por el de-mandado y con la inspección ocular del sitio o lugar donde ocurrió el suceso, practicada por el, Juez que suscribe esta opinión, con asistencia de los abogados de las partes y del conductor del auto-móvil, que José Hernández iba por la derecha del camino como dis-pone la ley de carreteras y el automóvil guiado por Izquierdo ve-nía detrás de Hernández y en su misma línea derecha con excesiva velocidad encontrándose a seis metros de distancia del Hernándezy sin haber tocado con la debida antelación'el claxon, no obstante haber divisado a dicho Hernández caminando por el lado derecho de la carretera desde que entró el automóvil en la parte recta de la misma donde ocurrió el accidente,.siendo de observarse, asi-mismo,"- que hacia la parte izquierda del automóvil quedaba -espacio suficiente en la carretera para pasar el mismo sin alcanzar al Her-nández, el cual cayó al golpe del automóvil hacia la cuneta del lado derecho de la carretera en dirección horizontal a la misma.”

Hace la corte varias observaciones y continúa:

“Cuando algún viandante aparece en el camino frente a un chauffeur, el deber de éste es controlar de tal modo su máquina como lo exijan las circunstancias y no tiene ningún derecho a con-fiar en su habilidad para pasar. Es pues bien probado que la causa inmediata del accidente en el presente caso fué la negligencia del chauffeur.
“El automóvil del demandado, que al subir la cuesta y enfilar la línea recta de la carretera donde ocurrió el becho llevaba exce-siva velocidad, según han declarado varios testigos, y en la misma línea lado derecho por donde caminaba en igual dirección José Her-nández, el cual fué visto por el chauffeur del automóvil desde que enfiló la línea recta de la carretera, siguiendo detrás del Hernán-dez sin tocar el claxon y sin desviarse hacia el lado izquierdo de la misma que le ofrecía, ancho margen, espacio suficiente para desviarse hacia dicho lado y pasar sin peligro alguno de chocar con el cuerpo •de Hernández y sin tener obstáculo alguno en el frente de la carre-tera que le estorbase ni impidiese el paso del automóvil, pues sola-mente aparecía en ella la figura del Hernández caminando por la orilla derecha y ocupando por tanto un pequeño espacio de la ca-rretera dado la anchura de ésta. El hecho de no detener el automó-vil, que iba detrás del viandante Hernández, cuando llegó a estar a 25 metros de distancia del mismo, sino que por el contrario siguió en veloz marcha hasta llegar tan cerca del Hernández, que éste fué alcanzado por el automóvil con el tapalodo derecho del mismo y derribado por el golpe sufrido cayendo su cuerpo en dirección trans-versal a la carretera ocupando el mismo parte de la cuneta y parte de la faja no apisonada entre la cuneta y la carretera; siguiendo el automóvil velozmente y desviándose hacia la cuneta izquierda de la carretera en un recorrido de quince metros, donde fué a caer destrozándose el tapalodo izquierdo y la carroza del mismo reci-biendo una señora que iba en el automóvil un golpe mortal del cual falleció a los pocos días y su esposo fué lanzado a ia cuneta, cuyos hechos desgraciados corroboran la velocidad excesiva del automóvil en el momento que alcanzó y chocó con el cuerpo de José Hernán-dez al desviarse súbitamente hacia la izquierda de la carretera; así como también, el hecho de encontrarse el auto en el momento del atropello de Hernández en el lado derecho de la carretera ocupado en su marcha por el viandante Hernández. El desvío del automó-vil fué indudablemente en el momento de alcanzar con el tapalodo al viandante Hernández.”

Hemos examinado cuidadosamente toda la prueba prac-ticada y encontramos que sostiene las conclusiones de la corte sentenciadora.

Veamos el recurso establecido por los demandantes. Ellos reclamaron cuarenta mil dólares. La corte les concedió tres mil. La prueba demostró que Hernández al morir tenía 40 años de edad y que so. esposa y sos coatro Rijos de-pendían para vivir de so trabajo. La madre de Hernández dejó al fallecer ona peqoeña finca en la qoe se coltivaban frotos menores. La finca pertenecía a varios herederos pero era Hernández el qoe la osofroctoaba y sembraba per-sonalmente. Hernández salía además a trabajar foera en labores agrícolas y ganaba de setenta y cinco centavos a on peso diario. 'El demandado presentó on testigo qoe dijo qoe Hernández era on mendigo qoe participaba de las li-mosnas de la Alcaldía, pero la corte no lo creyó.

Bajo esas circnnstancias creemos qoe la indemnización fijada por la corte es procedente. En el caso de Cruz et al. v. Frau, 31 D.P.R. 92, invocado por los apelantes se fijó en efecto la indemnización en cinco mil dólares, pero en él se demostró qoe el padre ganaba dos dólares diarios; y en el de González v. The Fajardo Development Co., 30 D.P.R. 176, también invocado por los apelantes, si bien la indemni-zación se fijó en coatro mil dólares, la sentencia se dictó sin especial condenación de costas.

Por virtud de todo lo expttesto debe modificarse la sen-tencia apelada eliminando de ella el nombre de Dominga Hernández y, así modificada, confirmarse.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Pantaleona Suárez, recurrente, v. El Registrador de Guayama, recorrido.
    No. 629.

    Sometido: Marzo 11, 1926.

      Resuelto: Mayo 27, 1926.
    1. Contratos de Refacción Agrícola — -Interpretación y 1 ‘Operation’’. — Pac-tes. — Aunque en la comparecencia de una., escritura se hizo constar que una madre comparecía por sí y por sus hijos menores de. edad, el conjunto de la escritura demuestra que no compareció por sus hijos jmes no gravó bienes de ellos, sino los suyos, por lo que lio es de aplicación el caso de Compama Azucarera “El Ejemplo” v. Registrador, 23: 283.
    2. Padre e Hijos — Propiedad, Usufructo y Administración de los Bienes de los Hijios — Bienes Adquiridos por Título Lucrativo, Trabajo o Industria del Hijo Menor — Usufructo Legal de los Padres — Gravamen—Autoriza-ción Judicial. — Un padre, o la madre en su caso, con patria potestad sobro sus hipos no emancipados bajo su potestad y compañía, no puede gravar el usufructo legal que les concede el artículo 225 del Código Civil sin previa autorización judicial de conveniencia para los menores.

      Nota de Pérez Mercado, K. (G-uayaina), denegando inscripción de un contrato agrícola.

      Confirmada.

      Miguel Marcos Morales, abogado de la recurrente; el registrador compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Doña Pantaleona Snárez celebró el 10 de octubre de 1925 un contrato de refacción agrícola con don Francisco Echevarría y consintió en que fuera anotado en el registro de contratos agrícolas para garantía de los $600 que recibió de él para el cultivo de una siembra de tabaco y cuya can-tidad le devolverá con sus intereses el 31 de mayo de 1926, exponiendo en la escritura que comparece en ella por sí y por cuatro hijos menores de edad que están bajo su patria potestad: que es dueña de la mitad de la finca que describe y es objeto del contrato por gananciales de su matrimonio; que posee una cuarta parte como arrendataria de cuatro hijos mayores de edad: que como madre con patria potes-tad sobre cuatro hijos menores posee y usufructúa la otra cuarta parte, por lo que tiene la posesión legal de toda la finca: y que la plantación de tabaco es de su exclusiva pro-piedad por lo que la gravó al cumplimiento' de su obliga-ción, haciendo constar que el término de la refacción no ex-cede de lo que falta a sus hijos menores para llegar a su mayoridad.

El Registrador de la Propiedad de Gruayama se negó a anotar ese contrato en el libro de contratos agrícolas fun-dado en que perteneciendo parte de la finca a menores de edad la madre no podía constituir ese gravamen sin haber obtenido autorización judicial; y en el recurso gubernativo que contra esa negativa ha establecido doña Pantaleona Suá-rez alega que el registrador cometió error de hecho al esti-mar que el contrato de refacción agrícola fué constituido por ella a nombre de sus hijos menores de edad; y error de derecho al exigir como necesaria la autorización judicial para celebrar ese contrato.

Si bien el hecho de haber manifestado la recu-rrente en la escritura que comparecía por sí y por sus hi-jos menores de edad llevó al registrador a la conclusión de que celebraba el contrato en nombre de dichos hijos y que gravaba sus bienes, sin embargo, el conjunto de toda la es-critura demuestra que a pesar de tal manifestación ella no ha impuesto el gravamen refaccionario agrícola sobre la pro-piedad que sus hijos menores tienen en la finca sino sobre el usufructo legal que ella tiene en dicha propiedad, por lo que no es de aplicación el caso de Compañía Azucarera El Ejemplo v. El Registrador, 23 D.P.R. 283, pues en éste la tutora gravaba la propiedad de los menores, y la cuestión a resolver es si el padre, o la madre en su caso, con patria potestad sobre sus hijos no emancipados que están en su potestad y compañía puede gravar el usufructo legal que sobre los bienes que ellos adquieran por título lucrativo o por su industria o trabajo le concede el artículo 225 del Có-digo Civil, sin necesidad de autorización judicial.

El usufructo a que se refiere el artículo anterior es con-cedido a los padres por la ley en consideración al cuidado de sus hijos no emancipados-y a sus relaciones familiares, lo que se demuestra por el hecho de disponer el misma ar-tículo que dejará de existir cuando el hijo, con consenti-miento de sus padres, viviere independientemente de ellos y que será reputado como emancipado y tendrá el dominio, el usufructo y la administración de sus bienes. Como dice el Sr. Manresa en sus comentarios al Código Civil español, segunda edición, tomo 10, página 474, “el padre respecto a los bienes de sus hijos, como el marido respecto a los de su mujer, no son realmente usufructuarios en nombre pro-pio sino en nombre de sus hijos o de la familia que repre-sente.” Por esto las sentencias del Tribunal Supremo de España de 7 de julio de 1892 y 27 de septiembre de 1893 inspiradas en la naturaleza jurídica del derecho usufruc-tuario que acompaña a la patria potestad relacionándola con el deber que quien la ejerce tiene de alimentar y edu-car al menor, reconocieron el mejor derecho del hijo frente al de los acreedores del padre para percibir alimentos de ese usufructo; sentencias y principios qne fneron citados y aplicados en la resolución de la Dirección General de los Re-gistros de España de 12 de diciembre de 1902, Jurispruden-cia Civil, tomo 94, página 686, para declarar que aun cuando el artículo 480 del Código Civil (el mismo de nuestro Có-digo) permite a los usufructuarios enajenar sus derechos de -usufructo, sin distinguir entre el voluntario y el legal ni exceptuar expresamente el usufructo inherente a la pa-tria potestad, si se autorizara la libre enajenación de los derechos usufructuarios, aún con la natural condición de que pudieran rescindirse los contratos cuando el menor no obtuviera del padre los medios necesarios para su alimen-tación y educación, resultaría odioso el precepto que esa enajenación autorizara, cabiendo mucho menos autorizarla mediante una interpretación violenta del Código, por cuyas razones y por otras declaró que no era inscribible la hipo-teca constituida por el padre sobre su usufructo legal en los bienes de sus hijos. T al citar esa resolución el Sr. Manresa en la tercera edición de su obra, tomo. 2, pág. 37, está conforme con ella por el fundamento que hemos men-cionado aunque no con otros que hemos omitido.

Si como queda demostrado la ley concede a los padres el usufructo de los bienes que los hijos menores adquieran por título lucrativo o por su trabajo o industria en considera-ción • a la alimentación y educación de dichos menores y si por esto no es aplicable el precepto sobre libre enajenación reconocido para el usufructo en general porque impediría al hijo su derecho a ser alimentado por su padre o madre con la parte necesaria del usufructo legal, tenemos que llegar a la conclusión 'de que tampoco puede gravarla en forma al-guna a menos que exista autorización judicial de convenien-cia para el menor.

Por los motivos expuestos la resolución recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    Felipe Hernández Martínez, por sí y como padre con patria potestad sobre su hijo Luis Felipe Hernández Padilla, demandante y apelado, v. José Padilla, demandado y apelante.
    No. 3873.

    Visto: Abril 28, 1926.

      Resuelto: Mayo 28, 1926.
    Desahucio — Desahucio en Precario — Procedencia del Mismo — Conflicto de'. Títulos — Alegación de Dominio por el Demandado. — Cuando ejercitada acción de desahucio en precario la alegación de dominio hecha por el deman-dado no puede decirse que esté desprovista de todo título o derecho, la cues-tión del título no puede ser considerada en un procedimiento de desahucio.
    Sentencia de Enrique Lío-recia, J. (Aredbo), declarando con lugar demanda de desahucio en precario, con costas.

      Bevocada, sin costas.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; Lids Mercader, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Felipe Hernández Martínez,- por sí y como padre con pa-tria potestad sobre sn hijo Felipe Hernández Padilla, esta-bleció demanda de desabneio en precario contra José Padilla. ■

Se alegó qne el demandado estaba poseyendo precaria-mente la finca de dos cnerdas y media de terreno pertene-cientes a los demandantes, y como tal en posesión de éstas sin títnlo ni derecho alguno.

Alega también la demanda, qne con anterioridad a su. radicación, Padilla había seguido una acción contra los ahora demandantes en cobro de un supuesto pagaré en garantía del cual se alegó qne el referido inmueble había quedado-sujeto a dicha obligación, y qne el mencionado pleito anterior había sido resuelto en contra de Padilla, ahora deman-dado.

La contestación, además de negar el títnlo de los de-mandantes así como el carácter de precaria de la posesión qne se imputa al demandado, contenía lo siguiente:

“MateRia nueva de dbfensa. — El demandado afirma que hace-más de cuarenta años está en el libre uso y aprovechamiento del dicho predio, por concepto de dueño, quieta, pública y pacíficamente; y que los demandantes en ningún tiempo han tenido ni tienen el dominio o posesión del dicho inmueble. Y alega además el deman-dado que el título que dicen tener a su favor los demandantes nace de los hechos y circunstancias siguientes:
“Doña . . . . , madre del demandado José Padilla, poseía en el barrio Capaez de Hatillo una finca de doce cuerdas. Ocho cuerdas que vendió a José Delgado Toledo; una cuerda que regaló a su hijo Manuel Padilla, quien más tarde fué adquirida por José Delgado; dos y media cuerdas, que son las que dan motivo a esta demanda, se las regaló doña .... a su hijo el demandado y media cuerda que conservó para ella.
“Fué convenido que José Delgado practicara una información de dominio, a su propio nombre, de toda la finca, con la condición de que al ser aprobada e inscrita se le otorgara escritura al deman-dado de sus dos cuerdas y media. Se hizo así, pero al ser otorgada la referida escritura de Delgado al demandado, éste por un mero acto de confianza en su hija doña Filomena Padilla Pérez, solicitó la escritura se otorgara a favor" de su hija dicha, casada entonces con el demandante Felipe Hernández Martínez, pero sin ■ que me-diara en dicho acto precio de venta alguno, a pesar de que en la es-critura se decía que era por valor de ciento cincuenta dólares que se habían recibido.
“Dos o tres años más tarde doña Filomena Padilla Pérez en-fermó gravemente, y fué entonces cuando el demandado solicitó de su hija que le pasara de nuevo la escritura de la finquita a lo que ella accedió gustosa, lo que no se pudo llevar a efecto, porque des-pués de estar redactada la escritura y el notario en casa del deman-dante y demandado, el demandante Felipe Hernández se negó ro-tundamente a firmar, de mala fe y sin motivo o pretexto alguno.
“Por los motivos expuestos suplicamos a la Hon. Corte dicte en su día sentencia declarando sin lugar la demanda con costas'a la parte actora. ’ ’

En la vista preliminar los demandantes ofrecieron como prueba una declaratoria de heredero obtenida por ellos como únicos y universales herederos de Filomena Padilla Pérez, la demanda, contestación, pagaré, escritura y la opinión de la corte en el caso anterior.

Eí pagaré que sirvió de base al pleito anterior, es como sigue:

“Documento o pagase peivado. — Por $300.00, Hatillo, P. R. Para el día 30 de noviembre de 19.23. — Debo y pagaré a favor de don José Padilla la suma de trescientos dólares, valor recibido de dicho señor el día 16 de enero de mil novecientos veinte y cuya suma me comprometo a devolver el día 30 de Noviembre de 1923, además los intereses del 1% mensual. Al fiel y exacto cumplimiento de esta obligación pongo en garantía una finca de mi propiedad ra-dicada en el barrio Capaez del término municipal de Hatillo, com-puesta de dos cuerdas y cincuenta céntimos, en lindes por el Norte José Delgado; por el Sur con la sucesión de José María Rosa; por el Saliente con la misma sucesión Rosa; y por el Poniente con José Delgado Toledo; cuya finca la hubo por compra con dinero de mi propio peculio a don José Delgado. Me comprometo además al pago de honorarios de abogado y me someto a la jurisdicción del Tribunal competente. Hatillo a 26 de Octubre de 1923. — Filomena (su marea) Padilla. Testigo de la marca Dr. Luis Brusi. No. 162. Jurado y suscrito ante mí por doña Filomena Padilla Pérez, mayor de edad, casada, de oficio doméstico y vecina de Hatillo a quien co-nozco personalmente hoy en Hatillo a 26 de Octubre de 1923, y signa por. no poder firmar. Francisco Rodríguez Alverio, Notario-Público. Archivado en mi oficina hoy día 27 de abril de 1925. Manuel L. Corbet. Secretario.”

La escritura es una venta de dos cuerdas y media de te-rreno hecha por Delgado Toledo y su esposa en enero 16, 1921, a Filomena Padilla, esposa de Felipe Hernández, por precio de $150, que se dice recibió el vendedor del compra-dor con anterioridad al otorgamiento de la escritura.

Felipe Hernández declaró que la propiedad en cuestión había sido adquirida durante e'1 matrimonio; que el deman-dado Padilla vivió en ella sin pagar ningún canon y se negó a entregar la posesión; que el testigo vive en Camuy y nunca ha vivido en la finca en controversia, excepto du-rante el tiempo que estuvo en la casa de su padrastro, José Padilla.

José Delgado insistió en que había recibido los $150 a que alude la escritura y negó que en la mañana del día-del juicio Imbiera manifestado a Juan F. Cruz, que el testigo se vería obligado a tener que declarar lo consignado en la es-critura, porque si declaraba lo que realmente babía suce-dido, o sea que la finca era de Padilla y que iba a ser tras-pasada a él, pero que a petición suya la pasó a nombre de la bija, podría perjudicarle. Este testigo negó también ha-ber dicbo a Cruz que él nunca babía recibido los ciento cin-cuenta dólares, consignados como precio de venta de la finca, de Filomena Padilla, ni de ninguna otra persona.

Cruz fué a declarar y dijo lo siguiente:

“Que esta mañana antes de salir de Hatillo en la plaza, y des-pués de subir al automóvil, José Delgado Toledo manifestó que Padilla tenía razón; que él sabía que aquella finca era de él; pero que él tenía que declarar que se la babía vendido a Filomena Padilla y que había recibido dinero por ella, porque si declaraba otra cosa podía perjudicarse, puesto que había una escritura por el medio.”

La declaración de José Casanova Marrero es al efecto siguiente:

“Que le consta, porque estaba presente, siendo para esa fecha al-calde de Hatillo, o comisionado de servicio público, que un día es-tando enferma muy grave Filomena Padilla, exigió a su esposo Felipe Hernández que firmara la escritura por la cual ella le pasaba otra vez la finca a su padre, porque sabía que aquello no era de ellos; que Hernández se negó a ello.”

Lorenzo Coballes Candía dice:

“Que se llamaba como queda dicbo; que era abogado y notario; que un día fué requerido o mandado a buscar por Filomena Padilla para que hiciera una escritura de venta a ella a favor de su padre José Padilla;' que hizo la escritura y que fué a firmarla a la casa de ella pero que el esposo se negó a dar su firma.”

La manifestación becha por José Padilla como testigo en su propia defensa, es como sigue:

‘‘Que es el demandado en este caso; que su madre tenía una finca de doce cuerdas en el barrio' Capaez de Hatillo; que vendió ocho cuerdas de ellas a José Delgado Toledo; que una cuerda se la regaló a su hijo Manuel y que dos cuerdas y media se las regaló al declarante; que estas dos cuerdas y media es la finca objeto del lu tigio: que hace más de cuarenta años que vive en ella; que el de-clarante consintió en que José Delgado hiciera un dominio de toda la finca para que después le entregara escritura de las dos cuerdas y media; que al irle a entregar la escritura José Delgado, le dijo que se la pasara a favor de su hija Filomena Padilla; que hizo esto porque tenía confianza en ella; que Felipe Hernández nunca había vivido ni tomado posesión de la finca; que Felipe Hernández había vivido en su casa, en la casa del declarante un corto tiempo sola-mente después de casado con sn hija; que ahora él no vivía .por todo aquello, él Felipe Hernández; que su hija antes de morir quiso pasarle de nuevo la finquita pero que su yerno Felipe Hernández se negó a dar la firma para ello.
“A preguntas del abogado de los demandantes contesta:
"Que es verdad que demandó al Felipe Hernández por pagaré que había suscrito a su favor su hija Filomena por la suma de $300.00; que había embargado la finca esa de dos cuerdas y media; que ese dinero se lo debía su hija porque él se lo había prestado de dinero que le mandaba su hijo desde Cuba; que él sabía cuando le dijo a Toledo que le pasara la escritura a su hija que ella estaba casada.
"A preguntas de su abogado y aclarando el porqué sabiendo que aquella, era finca suya la había embargado como de la propiedad de los herederos de Filomena Padilla dice:
"Que lo hizo porque sabía que Felipe Hernández tenía allí un derecho con motivo a la escritura que se había pasado ya que él se había negado a dar su firma antes de que su mujer muriera para que se la devolvieran, y que ya que tenía aquel pagaré había esco-gido aauel medio para que Hernández no pudiera en el mañana de^-eir que tenía derecho sobre la finca.”

La cuestión de impedimento {estoppel), si alguna existe, qué surja de las admisiones hechas en el caso anterior, o debido a otros actos o conducta por parte de Padilla, así como la autenticidad y certeza del pagaré de $300, de estar aquí envuelta, y el valor probatorio de la declaración del demandado en este caso, son cuestiones que pueden dejarse mejor para ser resueltas en una acción reivindicatoria.

No estamos preparados ahora para decir que la alega-ción de- dominio hecha por el demandado está desprovista de todo derecho o título. Y si hubiere alguna prueba para sostener tal alegación, la cuestión de título no puede ser considerada en un procedimiento de desahucio. Véase tam-bién el caso de Correa v. Correa, 32 D.P.R. 273.

Debe revocarse la sentencia apelada y declararse 'sin lu-gar la demanda, sin especial condenación de costas.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Loíza Sugar Co., demandante y apelante, v. Luis Hernaiz Veronne, demandado y apelado.
    No. 3826.

    Visto: Marzo 10, 1926.

      Resuelto: Mayo 28, 1926.
    1. Contratos — Interpretación y “Operation” — Partes — Derechos Bajp el Contrato. — Los derechos de las partes de acuerdo con su contrato escrito deben regularse por los términos de diclio contrato.
    2. Alegaciones — Declaración, Demanda, Petición o Exposición o Informe— Sir Suficiencia- — -En General. — La suficiencia de la demanda se determina por los heehos en ella alegados.
    3. Contratos — Bescisión y Abandono — Rescisión en Parte o “In Toro”.— Una parte no puede, a falta de estipulación al efecto, considerar varios contratos como uno solo para el único fin dé establecer una causa de acción en cuanto a dos de ellos y a la vez insistir en el carácter solidario de cada contrato en tanto se trata del efecto legal de tal unidad.
    SbntenCIA de Pablo Berga, J. (San Juan), declarando sin lugar la demanda sobre cobro de dinero y rescisión de contrato, con cos-tas.

      Confirmada.

      Acuña & Janer, abogados de la apelante; B. Rivera Zagas y losé S. Alegría, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante estableció demanda en cobro de un saldo vencido como parte del precio de venta de la finca vendida al demandado, solicitando además la rescisión de ciertos contratos de siembra y molienda de cañas, y la devolución del dinero recibido por el demandado por virtud del con-trato de referencia.

La demanda contenía tres causas de acción habiendo la corte de distrito declarado con lugar la excepción previa formulada a la segunda y tercera causa de acción por falta de hechos suficientes para constituir una causa de acción.

La primera causa, además de otros pormenores en rela-ción con los plazos vencidos, se refiere a una estipulación al efecto de que:

“la falta de pago de dos de dichas anualidades del principal, deter-minaría el vencimiento del total adeudado, y capacitaría a la deman-dante para reclamarlo con sus intereses, costas, honorarios de abo-gados utilizados por la acreedora.”

También se alegó, que de acuerdo con los términos de esta cláusula de apremio y debido a la falta de pago de ciertos plazos, el saldo total del precio de venta babía ven-cido. '

Como segunda causa de acción la demandante alegó, en-tre otros particulares:

“Segundo: Que coetáneamente con el contrato de venta e hipo-teca que relatan los párrafos I, II, III, de la primera causa de ac-ción y como condición de dicha venta e hipoteca, la Loíza Sugar Co., y Luis Hernaiz, el demandado, celebraron los dos siguientes contratos que se consignaron en la propia escritura de 5 de junio de 1919, ante el notario Rafael Palacios Rodríguez, a saber:
“ £ (a) — Un contrato de siembra y molienda de cañas por virtud del cuál el dicho Luis Hernaiz se obligó a sembrar, mantener en cultivo en las porciones de terrenos a que se refiere la venta e hipo-teca, por diez años a partir de la zafra de 1920, cañas dulces para ser molidas en la Central Canóvanas propiedad de la demandante Loíza Sugar Company, bajo las estipulaciones referentes a forma de cultivo, clases y condiciones de cañas, precios, y demás especificacio-nes que 1 se consignan en el mencionado título, del que tiene copia-legalizada el demandado Luis Hernaiz Veronne, y a su vez la dicha Loíza Sugar Co. se obligó a recibir, moler dichas cañas, y satisfacer por ellas el precio que relata la cláusula 12a. de dicha escritura, en su apartado letra (d).
“ '(b) — Un contrato de refacción de cañas, en virtud del cual la demandante se obligó a satisfacer al demandado Luis Hernaiz Yeronne, a opción del mismo, en cada zafra, en concepto de prés-tamo y como ayuda para los trabajos agrícolas las cantidades de $40.00 por cada cuerda de gran cultura de vega y $35.00 por cuerda en los terrenos quebrados; de $25.00 a $30.00 por cuerda para ca-ñas de primavera y $15.00 por cuerda para cañas de retoño, de-biendo ser entregadas dichas cantidades semanalmente al demandado Hernaiz, en relación o proporción a los gastos que en la semana rea-lizase, no devengando interés alguno las sumas entregadas para ca-ñas de gran cultura, pero sí las restantes, al tipo que tuvieren esta-blecido los Bancos de San Juan para refaccionar a la demandante.5 =» * # «= * «■ #
“Cuarto: Y alega, además, la demandante, que celebrados los dichos contratos de siembra y molienda de cañas, y el de refacción, con condición de, y subordinados a los de venta e hipoteca que coe-táneamente con ellos celebraron ambas partes contratantes, el in-cumplimiento por parte del demandado de estos últimos, que espe-cíficamente se alegan en la primera causa de acción, afecta a los primeros, determinando su rescisión.”

La tercera causa de acción descansa en la segunda.

La corte de distrito resolvió en substancia, que los tres contratos referidos en la demanda constituían un convenio único e indivisible y que la demandante no podía solicitar la rescisión del contrato de siembra y molienda de cañas mientras insistía en el cumplimiento de la obligación con-traída por el comprador, siendo el incumplimiento de esa obligación el único fundamento para la rescisión.

La demandante rehusó hacer enmiendas y apela de la sentencia declarando sin lugar la demanda.

Convenimos enteramente con la apelante en que los derechos de las partes de acuerdo con su contrato escrito deben regularse por los términos de dicho contrato. Pero la suficiencia de la demanda debe determinarse por los hechos en ella alegados. El contrato no estaba ante la corte. La demandante pudo haber acompañado el mismo a la demanda como parte de ella,' o haber hecho referencia literal a las partes pertinentes del documento notarial. Pero si el alegato de la apelante expresa los hechos, entonces aquellos hechos no se alegaron en la demanda.

La apelante ahora insiste ‘en que hubo tres contratos enteramente independientes, “subordinados los dos últimos al cumplimiento por parte del comprador de las estipulaciones consignadas en el primer contrato de compraventa. ’5

El único incumplimiento del demandado de acuerdo con la demanda, fué el dejar de pagar ciertos plazos después de vencidos. El efecto de tal omisión se consigna en la cláusula de apremio, pero no se hace ninguna referencia en dicha cláusula al contrato de molienda. Ni en la segunda causa de acción tampoco queda sujeto el contrato de mo-lienda al inmediato pago por el comprador de los diferentes plazos- del saldo del precio de venta. El lenguaje de esa alegación es que el segundo y tercer contrato fueron cele-brados “como condición de dicha venta e hipoteca,” o “con condición de y subordinados a aquellos de venta e hipo-teca.”

La manifestación de que el incumplimiento del deman-dado del contrato de venta e hipoteca “afecta” a los demás “determinando su rescisión,” no solamente es una conclu-sión de derecho, sino un claro non sequitur.

La alegación de que los contratos simultáneamente otor-gados se celebraron “con condición del”, “contrato de com-praventa o estaban “sujetos a” ese contrato, cualquiera que fuese el significado de ese lenguaje no lleva consigo la idea de que el dejar de pagar ciertos plazos no sólo daría lugar al resultado aludido en la cláusula de apremio, sino que también produciría la pérdida de todos los derechos por virtud de los demás contratos.

También convenimos con la apelante en la doctrina enun-ciada en la siguiente cita:

“Por regia general el derecho a la rescisión debe ejercitarse in foto. El contrato debe subsistir en todos sus particulares, o caer totalmente. De acuerdo con esto una parte no puede repudiar un contrato o transacción en tanto sus términos no le favorecen y ale-gar el beneficio de lo demás. Como la ley no autoriza una rescisión parcial una persona tiene suficiente causa para la rescisión de un contrato, pues el fraude debe rescindirlo todo o nada. Pero no debe pasarse por alto el hecho de que ésta es una regla de interpretación fundada en la intención de las partes en el contrato y no una regla de ley que regula esa intención. Una rescisión parcial debe por tanto permitirse cuando el contrato es divisible.” 6 R. C. L., see. 318, p. 936.

Los contratos en este caso pueden ser uno solo e inseparable, como resolvió la ■ corte inferior, o enteramente inde-pendientes uno de otro, como sostuvo la apelante en. su ale-gato. Pero no puede permitirse a la demandante que los considere como uno solo para el único fin de establecer una causa de rescisión en cuanto a dos de ellos a falta de al-guna estipulación en este sentido y a la vez insistir en el carácter solidario de cada contrato en tanto se trate del efecto legal de tal unidad.

Debe confirmar se la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob HutchisoN,

text:
    Porto Rico Fruit Exchange, demandante y apelante, v. Martha F. Caul, demandada y apelada.
    No. 3636.

    Visto: Noviembre 24, 1925.

      Resuelto: Mayo 28, 1926.
    3. Evidencia — Presunciones—Pertenencia de Oosas en Poder de una Persona. — Poseyendo una persona fincas de frutas eitrosas, se presume que ella es la dueña de la fruta embalada y embarcada por ella por conducto de otro o por otro para ella:
    2. Evidencia — Presunciones—Oosas Dentro del Cursio Ordinario de la Natu-raleza y Método Corriente de los Negocios. — Cuando una persona que po-see fincas de frutas eitrosas es dueña de las frutas embaladas o embarcadas por ella por conducto de otra o por otro para ella, la fruta así embalada y embarcada, se presume cosechada en árboles pertenecientes a ella y recogida de ellos.
    3. Evidencia — Presunciones—Continuación de un Hecho o Estado de He-chos. — La condición o situación existente al celebrarse un» contrato se presume continúa por un período razonable de tiempo, o por todo el tiempo que ordinariamente duran los casos de igual naturaleza.
    4. Contratos — Acciones por su Incumplimiento — De la Evidencia — Presuncio-nes y Peso de la Prueba. — Entablada acción en cobro de cantidad por da-ños y perjuicios liquidados por incumplimiento de un contrato en el cual las partes, al celebrarlo, no tuvieron presentes ningún eambio substancial en las condiciones existentes entonces mientras subsistiera el mismo, se resolvió al demandado incumbía probar cualquier eambio o modificación en la situación debido a sucesos posteriores.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), desestimando demanda sobre daños y perjuicios, con costas.

      Re-vocada y devuelto ■ el caso.

      Enrique Rincón y Agustina Cámara, abogados de la apelante; E. B. Wilcox, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante estableció demanda en cobro de una can-tidad especificada por caja, por daños y perjuicios liquida-dos por el incumplimiento de un contrato para embalar fru-tas citrosas.

La corte inferior dictó sentencia a favor de la deman-dada después de declarar con lugar una moción de non suit por los fundamentos expresados por el juez sentenciador, a saber:

“La Corte considera que el beeho quinto de la demanda que es uno principalísimo, y puede decirse que en él descansa este caso, no ha sido suficientemente probado. Este becho quinto dice- así:
" ‘Que la aquí demandada, Martha F. Caul, cumplió tal contrato hasta el año 1919, pero durante los años 1920 y 1921 dejó de enviar sus frutas al Packing House de la demandante, no obstante haber cosechado y embarcado por otros conductos, dicha demandada, unas 11,900 cajas de frutas.’
“Aquello a que se obligó la demandada en el contrato celebrado con la demandante, en cuanto a las frutas que pudiera cosechar en su finca, es como sigue: (copiando de dicho contrato, hecho primero.)
“ ‘That for and in consideration of the covenants and agreement herein contained each of the second parties hereby agrees to pick, haul and deliver to the first party at its packing house at Es-pinosa in said Island, for the purpose of packing all the grapefruits and oranges, now growing upon his land and premises and all that during the terms of this agreement may be grown upon his land and premises, or on other land or premises owned by him and situated in the municipalities of Dorado and Yega Alta in said Island when same shall have reached a proper state of maturity for picking and at such time or times and from time to time as said parties of the second part may direct, subject to the further provisions set out herein.’
“No ha sido traído ante nosotros ni un átomo de evidencia para probar que en la finca de la demandada se cosechasen toronjas en los años 1920 y 1921. Naturalmente que tampoco ha sido probado el número de cajas que fueron cosechadas y embarcadas en la finca de la demandada, para que pudiéramos tener una base cierta sobre la cual dictar la sentencia que se solicita.
“Es cierto que se probó que la demandada embarcó algunas to-ronjas, pero aún con los mismos testigos de la demandante ha que-dado comprobado que estas toronjas pudieron ser cosechadas en otra finca; que es costumbre entre algunos cosecheros embarcar no-tan sólo las frutas que producen en terreno propio, sino también las cosechadas por otras personas. No existe ninguna presunción que nos pueda llevar a concluir que las toronjas embarcadas por la de-mandada fueron precisamente las cosechadas en su finca, si algunas se cosecharon.
“En esta situación, la Corte es de opinión que procede declarar como declara con lugar la moción de nonsuit, y en su consecuencia declara sin lugar la demanda con costas a la demandante.”

El artículo 4 de la Ley de Evidencia expresa que:

“La ley no exige aquel grado de prueba que, excluyendo la- po-sibilidad de error, produzca absoluta certeza; porque tal prueba es rara vez posible. Sólo se exige la certeza moral, o un grado de prueba que produzca convicción en un ánimo no prevenido.”

Entre las presunciones disputables enumeradas en el ar-tículo 102 de dicha ley, están las siguientes:

“11. — Que las cosas que obran en poder de una persona son de su pertenencia.”
“20. — Que se ha seguido el curso ordinario de los negocios.”
“27. — Que las cosas han ocurrido de acuerdo con el proceso or-dinario de la naturaleza y los hábitos ordinarios de la vida.”
“31. — Que una vez probada la existencia de una cosa, continúa ésta todo el tiempo que ordinariamente duran los casos de igual na-turaleza. ’ ’

El hecho de que la demandada poseía fincas de toronjas y chinas en producción en el Dorado y Vega Alta aparece' del mismo contrato. La prueba aducida en el juicio no revela la propiedad de otras fincas fuera de los límites territoriales de esos municipios. Por disposición ex-presa de la subdivisión 11 del artículo 102, supra, se presume que la demandada es la dueña de la fruta embalada y embarcada por ella por conducto de la Fruit Union, o por la Fruit Union para ella. Que la fruta así embalada y em-barcada se había cosechado en árboles pertenecientes a la demandada-y • recogida de ellos, es lo que hubiera, ocurrido dentro del curso ordinario de la naturaleza y de acuerdo con el método corriente de los negocios.

El hecho de que ciertos cosecheros a veces embalan .y embarcan frutas pertenecientes a otros, no es sino una excepción que sirve para explicar la regia. La posibilidad sugerida por el abogado de la apelada de que la demandada pudo haber vendido las propiedades mencionadas en el contrato celebrado con la demandante,’ o el fruto en los árboles, o arrendado dichos huertos a otras personas, no requiere seria consideración. La situación como existía ai celebrarse el contrato se presume que continúa por un período razonable de tiempo, o por “todo el tiempo que ordinariamente duran los casos de igual naturaleza.” '

Las partes según pai’ece no tuvieron presente ningún traspaso o arrendamiento de propiedad inmueble, o venta de frutas en los árboles, u otro cambio sustancial de las condiciones existentes mientras subsiste el .contrato. Pero dé todos modos incumbía a la demandada probar cualquier cambio o modificación sustancial en la situación debido a sucesos posteriores.

Debe revocarse La sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Wolf no. intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    Rosa Blanca Martínez, representada por su madre Isabel Martínez, demandante y apelada, v. Juan Asencio Segarra et al., demandados y apelantes.
    No. 3810.

    Visto: Marzo 8, 1926.

      Resuelto: Mayo 28, 1926.
    1. APELACIÓN Y ERROR — ALEGATOS—OMISIÓN DE KADICARLOS DENTRO DEL TÉRMINO —Excusas para Justificar la Ealta. — Cuando el affidavit para justificar la falta en radicar el alegato -dentro de una prórroga concedida no explica por qué no se solicitó nueva prórroga antes de vencer el término-ya eonce-dido ni por qué no se radicó hasta después de presentada la moción de deses-timación, puede .desestimarso ]a apelación interpuesta.
    2. T'estigos — Competencia—Relaciones Confidenciales y Comunicaciones Pri-vilegiadas — Manifestaciones Hechas a un Abogado — Relación Entre el •Abogado y el que las Hizo — En General. — Manifestaciones hechas a un abogado en procedimiento en que éste actuó a nombre de persona distinta quo quien las hizo, y en cuyo procedimiento ésta ni consultó ni solicitó los consejos de dicho abogado, no tienen el carácter do comunicaciones privile-giada» entro abogado y cliente.
    3. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Apelación Frí-vola — Improbabilidad de Revocación Sobre los Méritos. — Cuando exami-nados los errores alegados en un alegato presentado fuera de tiempo y des-pués do haberso radicado una moción sobre desestimación no hay una pro-babilidad razonable para una revocación sobi'e los méritos, procede desesti-mar, p, instancia do parto, la apelación interpuesta.
    MociÓN sobre desestimación de apelación presentada por la apelada.

      Con lugar.

      Alemañy efe Ramírez y Nazario <& García Méndez, abogados de los apelantes; Ricardo del Toro Soler y José Sabater, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Una moción para desestimar la presente apelación fué denegada en diciembre 16, 1925, por las razones expresadas en la opinión del tribunal emitida por el Juez Asociado Señor Aldrey.

En febrero 23, 1926, fué presentada una segunda moción por las razones, primera, que no se había archivado nin-gún alegato por parte de los apelantes dentro del término prescrito por el Reglamento de este tribunal ni dentro de la prórroga concedida por esta corte, prórroga que- venció en febrero 17, 1926, y segunda, que la apelación misma era enteramente frívola y ha sido establecida solamente con el fin de demorar y obstaculizar la justicia.

El alegato de los apelantes fué radicado en febrero 24. Un affidavit hecho por uno de los abogados de los apelantes puede o nó justificar la falta en radicar el alegato dentro de la prórroga concedida. No explica por qué no se solicitó una nueva prórroga antes de vencer el término ya concedido, ni por qué no se radicó el alegato hasta despuésde presentada la moción de desestimación.

Los señalamientos de error son los siguientes:

‘ ‘ Primero. — Erró la corte inferior al -admitir en evidencia la fo-tografía de Juan Asencio Padilla, presentada por la parte deman-dante; al admitir en evidencia la declaración del testigo Ledo. Pedro Nelson Colberg y al admitir en evidencia la declaración de Isabel Martínez, estando impedida por sus propias manifestaciones an-teriores.
“Segundo. — Erró la corte inferior al estimar probado el concu-binato de Isabel Martínez y Juan Asencio Padilla al tiempo de la condepción y nacimiento de Rosa Blanca Martínez.
“Tercero. — Erró la corte al estimar probado que la demandante naciera el día 29 de octubre de 1916 como se alega en la demanda.
“Cuarto. — Erró la corte al estimar probado que la demandante lia gozado desde que nació y goza en la actualidad, del estado con-tinuo de bija natural de Juan Asencio Padilla.
“Quinto. — Erró la corte al no estimar probado que la deman-dante ba gozado y goza en la actualidad del estado continuo de hija de José María Ferrer; justificado dicho estado por actos directos de su dicho padre José María Ferrer.”

Del alegado error envuelto en la admisión de la fotografía, los apelantes se conforman con decir que dicha fotografía no tenía dedicatoria, ni se acompañó en un sobre para acreditar que había sido recibida por correo, y que sería fácil para cualquiera obtener una fotografía de una galería, o de un amigo, o en alguna otra forma.

A falta de citas de autoridades, o siquiera de una refe-rencia a alguna página o parte de los autos, tal contención no exige seria consideración.

La teoría sobre las objeciones hechas a la admisión de la declaración de Pedro Nelson Colberg, era que en dicha declaración están envueltas comunicaciones privilegiadas.

Colberg, como notario público, redactó una escritura en’ la que Padilla traspasaba a Antonio Sosa una casa ocu-pada por Isabel Martínez. Posteriormente, como abogado de Sosa, Colberg estableció demanda de desahucio para lan-zar al arrendatario. Interpuesta objeción a la admisión de las manifestaciones hechas por Sosa en una conversación con Padilla, esta prueba no fné admitida. El testigo' en-tonces declaró que Padilla vino a su oficina y lo autorizó a ofrecer a Isabel Martínez $25 para que dejara, la finca.. Este ofrecimiento lo hizo el testigo y fué rehusado por la arrendataria, manifestando que prefería ser lanzada por el marshal. Subsiguientemente ‘ Padilla autorizó a Colberg a ofrecer la suma de cincuenta dólares,- cantidad que fué de-positada por el testigo con el juez municipal que luego la entregó a la arrendataria recalcitrante exigiéndole ún re-cibo. Al entregar a Colberg los cincuenta dólares, Padilla por vía de explicación, dijo que la niña Rosa Blanca era su hija. Él no solicitaba cdnsejos legales de Colberg ni le consultó sobre uno u otro de los ofrecimientos referidos. Colberg entendió que actuaba en todo el procedimiento como abogado de Sosa y no de Padilla. En esto parece haber tenido razón. Él no cobró nada por los servicios prestados como mediador al efectuar el traspaso del dinero como me-dio de un lanzamiento amistoso de la arrendataria. En tanto dichos servicios no se prestaron a nombre de su cliente Sosa, Colberg l‘os consideraba como un mero favor personal a Padilla. El testigo también había preparado ciertos contratos para Padilla hacía unos ocho o diez meses ante-riores a los sucesos a que se acaba de hacer referencia, pero él no fué empleado por Padilla en el procedimiento de desa-hucio, ni Padilla estaba relacionado en ninguna forma con dicho procedimiento excepto en lo que se acaba de referir.

Formulada objeción a una pregunta relativa a úna con-sulta'posterior hecha por Padilla con relación a un preten-dido reconocimiento de la niña, fué prontamente declarada con lugar.

La teoría del tercer párrafo de la primera especificación contenida en el señalamiento como fué repetida en el curso del informe oral es que Isabel Martínez estaba impedida por su manifestación consignada en el Registro Civil al ■'efecto de que Rosa Blanca nació en el año 1919. Y que no se debió haber permitido declarar a Isabel Martínez acerca de una. fecha anterior como tal testigo. Aquí también no se hace ninguna referencia a la página de la transcripción donde ba de bailarse tal declaración.

Sobre este punto los apelantes se conforman con alegar que el presente caso se distingue del de Camacho v. Balasquide, 19 D.P.R. 590 en que en éste Isabel Martínez negó-haber inscrito el nacimiento de la niña en el Registro Civil..

Los apelantes alegan entonces que el presente caso es. idéntico al de Serrano v. Olivero, 31 D.P.R. 83.

La conclusión parece ser que la -sentencia de la corte inferior debe ser revocada toda vez que Isabel Martínez tam-bién declaró que había dado a luz otros hijos como resultado de sus relaciones ilícitas con otro hombre.

La relación de tal razonamiento con la cuestión de im-pedimento (estoppel), como fundamento de objeción a la admisión del testimonio, si éste fué en realidad objetado por tal motivo, en manera alguna es evidente por sí misma.

Hemos examinado la prueba a la luz del razonamiento-aducido para sostener las demás cuestiones levantadas en el señalamiento y no encontramos probabilidad razonable para una revocación sobre los méritos.

Debe declararse con lugar la moción de la apelada y desestimarse la apelación.