author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Partido Acción Civil, peticionario, v. Partido Independentista Puertorriqueño, Comisión Estatal de Elecciones, Aurelio Gracia, Gerardo Cruz, Thomas Rivera, Juan Dalmau y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recurridos.

      Número: CC-2005-0983

      Resuelto: 29 de diciembre de 2006

      Nelson Rosario Rodríguez y Julio Villalona Viera, representantes de la parte peticionaria; Denis Márquez Lebrón, Carlos Iván Gorrín Peralta, José E. Torres Valentín, Angel Luis Alicea Montañez y Roberto Buso Aboy, representantes del Partido Independentista Puertorriqueño, parte recurrida; Ramón Walter Merino, representante de la Comisión Estatal de Elecciones, parte recurrida; José A. Cario Rodríguez, Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, y Pedro E. Ortiz Álvarez, Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos del caso revelan que como resultado de los comicios electorales de 2 de noviembre de 2004 —y reconociendo que perdería su franquicia electoral por no haber obtenido los votos requeridos por la Ley Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 16 L.P.R.A. see. 3001 et seq., para retener su reconocimiento como partido principal— el Partido Independentista Puertorriqueño (P.I.P.) comenzó a llevar a cabo las gestiones necesarias para lograr su reinscripción. A esos efectos, mediante carta de 4 de noviembre de 2004, el Ledo. Juan Dalmau Ramírez, Comisionado Electoral del P.I.P., en su capacidad de Secretario General de dicha colectividad política, le solicitó una autorización al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Hon. Aurelio Gracia Morales, para iniciar los procedimientos de reinscripción del partido como partido por petición a nivel isla.

Apenas tres días más tarde, en una reunión llevada a cabo el domingo 7 de noviembre de 2004 —estando presentes los Comisionados Electorales de los tres partidos políticos principales— la Comisión Estatal de Elecciones (Comisión) acordó unánimemente aceptar la antes mencionada solicitud del P.I.P., autorizándole a que comenzara el correspondiente procedimiento de reinscripción. Dicha decisión fue certificada por el Secretario de la Comisión, Ramón M. Jiménez Fuentes, al día siguiente. De forma sucinta y sin expresar fundamento jurídico alguno en apoyo de dicha decisión, en la mencionada certificación se hizo constar el referido acuerdo. Además, se hizo mención a que, en conformidad con el Art. 3.033 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sec. 3124a, el P.I.P. mantenía todos los derechos y las prerrogativas sobre su nombre y emblema durante un año a partir de la fecha de las elecciones generales.

El 8 de noviembre de 2004 la agrupación de ciudadanos conocida como Puertorriqueños por Puerto Rico (P.P.R.) solicitó a la Comisión que le autorizara a comenzar su proceso de inscripción como partido por petición a nivel Isla. Por otra parte, ese mismo día y sin tener conocimiento de que se había concedido ya la petición del P.I.P., la agrupación de ciudadanos conocida como el Partido Acción Civil (P.A.C.) —quien también tenía intenciones de inscribirse como partido por petición a nivel isla— a través de su Presidente, el Ledo. Nelson Rosario Rodríguez, presentó ante la Comisión un escrito titulado Solicitud de Acuerdo con el Artículo 1.007 de la Ley Electoral, en el que se opuso a la reinscripción del P.I.P. En dicho escrito argumentó, en síntesis, que debía denegarse la petición del P.I.P. debido a que dicha colectividad política no podía inscribirse antes del 31 de diciembre de 2004, ello porque la See. 8.3 del Reglamento para la Inscripción de Partidos por Petición (Reglamento), pág. 17, aprobado por la Comisión, establecía que no se aceptarían “solicitudes para la inscripción de nuevos partidos desde el 1ro. de junio hasta el 31 de diciembre del año en que se celebren las elecciones generales”.

El P.A.C. alegó, además, que la petición del P.I.P. era prematura debido a que era necesario que, antes de comenzar su proceso de inscripción, fuera privado oficialmente de su certificación como partido principal, hiciera un inventario de sus bienes y cumpliera con lo dispuesto en el Art. 3.026 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3118; ello con el propósito de que no pudiera tener ventajas indebidas sobre las otras agrupaciones que también deseaban convertirse en partidos por petición, ni pudiera utilizar los recursos públicos y la estructura de beneficios electorales de un partido inscrito para el fin privado de inscribirse y recoger firmas.

Luego de enterarse por la prensa del país de la determinación de la Comisión, el 10 de noviembre de 2004 el P.A.C. le envió una carta a la Comisión solicitando que se considerara su escrito como una solicitud de reconsideración, añadiendo a lo argumentado que, para esa fecha, aún no existía la certeza de cuál era el cinco por ciento de los votos obtenidos para el cargo de Gobernador o el tres por ciento total de votos íntegros, razón por la cual no se sabía exactamente cuál era la cantidad de votos que debía obtener el P.I.P. para poder quedar inscrito. Informó, además, que comenzaría su proceso de inscripción después del 31 de diciembre de 2004.

El 12 de noviembre de 2004 el P.A.C. y el P.P.R. —ambos representados por el licenciado Rosario Rodríguez— presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, una demanda sobre violación a sus derechos civiles, sentencia declaratoria e interdicto preliminar y permanente contra el P.I.P., la Comisión, su Presidente, el Hon. Aurelio Gracia Morales, y todos los Comisionados Electorales, a saber: el Ledo. Juan Dalmau Ramírez, el Ledo. Thomas Rivera Schatz y el Ledo. Gerardo Cruz Maldonado. En la demanda reiteraron, en síntesis, los planteamientos esbozados en la Solicitud de Acuerdo con el Art. 1.007 de la Ley Electoral, presentada por el P.A.C. ante la Comisión.

En dicha demanda, los demandantes solicitaron que el foro primario dejara sin efecto la determinación de la Comisión que autorizaba que el P.I.P. pudiera comenzar el proceso de recolección de firmas; que certificara que el P.I.P. ya no era un partido principal; que ordenara al P.I.P. a realizar un inventario que cumpliera con lo dispuesto en el Art. 3.026 de la Ley Electoral de Puerto Rico, ante; que tomara las medidas necesarias en equidad para que el P.I.P. no pudiera utilizar recursos públicos para su inscripción, y que ordenara la cesión de funciones del Comisionado Electoral del P.I.P. y demás funcionarios asignados a su oficina para que no estuvieran en la estructura de la Comisión y no adelantaran la inscripción del P.I.P.

Inicialmente, el 16 de diciembre de 2004 el foro primario, luego de celebrada una vista, desestimó sin perjuicio la referida demanda debido a que, habiendo el P.A.C. impugnado la reinscripción del P.I.P. ante la Comisión, lo prudente era que se agotaran los remedios administrativos y se esperara la decisión de la Comisión antes de acudirse al tribunal.

La Comisión le envió, vía facsímil, dos cartas al P.A.C. de 12 de noviembre de 2004. En la primera le informó que, atendido su escrito de 8 de noviembre de 2004, la Comisión había acordado notificarle oficialmente su decisión de 7 de noviembre de 2004 sobre la solicitud del P.I.P., incluyendo con dicha comunicación una copia de la mencionada certificación. Por otra parte, en la segunda carta la Comisión le notificó que se daba por recibida su comunicación de 10 de noviembre de 2004, pero que ya que habría de celebrarse una vista judicial, no tenía nada que proveer al respecto. Posteriormente, el 18 de noviembre de 2004, la Comisión le envió otra carta al P.A.C. enmendando su última misiva, donde le notificó que en vista de que había una solicitud ante el tribunal de instancia, se reiteraba en la decisión tomada con respecto al asunto planteado.

El P.A.C. y el P.P.R. presentaron una moción de reconsideración ante el tribunal de instancia. En virtud de dicha solicitud, el 24 de noviembre de 2004 el foro primario celebró una vista para dilucidar si procedía o no. Escuchados los argumentos de las partes, y en corte abierta, el tribunal de instancia ordenó la reapertura del caso únicamente en cuanto a las alegaciones de utilización ilegal de fondos públicos y al trato desigual electoral, ya que determinó que las demás alegaciones serían atendidas en el recurso de revisión electoral. Cónsono con ello, declaró “sin lugar” una petición de los demandantes para la consolidación de dicho caso con el recurso de revisión electoral. Así pues, quedaron fragmentadas las controversias entre ambos pleitos.

El 2 de diciembre de 2004 el tribunal de instancia emitió una resolución, plasmando por escrito la antes mencionada determinación. De entrada, destacó que el caso únicamente se reabrió para dilucidar las reclamaciones de uso ilegal de fondos públicos e invocación al derecho de igualdad electoral. Específicamente, con respecto a las alegaciones de igualdad electoral, determinó que el P.A.C., a diferencia del P.P.R., estaba impedido de exigir el mismo trato que el P.I.P., debido a que nunca presentó una solicitud para su inscripción como partido por petición, por lo cual no estaba en la misma situación. Por otra parte, resolvió que el P.P.R. había establecido que no se les estaba garantizando su derecho constitucional a la igualdad electoral. Conforme a ello, el foro primario emitió un interdicto preliminar, ordenando al P.I.P. a “cesar y desistir de usar los equipos tecnológicos comprados o arrendados con el subsidio del Fondo Electoral, en el proceso para su reinscripción, excepto los ordenadores, los que podrán ser utilizados para la verificación de las peticiones de endoso en el horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.” y a “abstenerse de utilizar el subsidio del Fondo Electoral para pagar deudas del procedimiento de reinscripción”. Apéndice, pág. 292. Además, ordenó a la Comisión a presentar un plan para salvaguardar el derecho constitucional de la igualdad electoral del P.P.R.

El 22 de noviembre de 2004 el P.A.C. y el P.P.R. presentaron un recurso de revisión electoral ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, para solicitar la revocación de la determinación de la Comisión que autorizó la reinscripción del P.I.P., haciendo las mismas alegaciones presentadas en el pleito anteriormente incoado ante el foro primario. Luego de varios trámites e incidentes procesales, se celebró una vista en el caso el 9 de diciembre de 2004. Durante la referida vista, las partes presentaron su prueba con respecto a la procedencia del recurso de revisión y la interpretación del Reglamento, quedando reducida la controversia a si la certificación de la Comisión violaba la See. 8.3 del Reglamento, ante.

Posteriormente, el 28 de diciembre de 2004 el tribunal de instancia emitió una sentencia confirmando el dictamen de la Comisión por entender que dicha entidad había interpretado válidamente su reglamento a la luz de la Ley Electoral de Puerto Rico. Específicamente, resolvió que —aun cuando una lectura de la mencionada See. 8.3 sugería que la Comisión no debía aceptar ninguna petición de inscripción en el período allí contemplado y que, por lo tanto, la certificación aquí en cuestión contravino dicho reglamento— fue la misma Comisión que aprobó el reglamento la que emitió la certificación, luego de haberlo interpretado a la luz de la Ley Electoral de Puerto Rico. A tales efectos, y vía escolio, el tribunal de instancia destacó que, a su juicio y conforme al Art. 1.005 de la ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3013, lo que ocurrió fue una enmienda o modificación al Reglamento para lo cual se requería el consentimiento unánime de los comisionados electorales.

El foro de instancia determinó, además, que el Reglamento incluía una disposición casi idéntica a lo dispuesto en la Ley Electoral de Puerto Rico, donde se establecía, de igual forma, el 1 de junio del año electoral como la fecha límite para poder presentar una solicitud de inscripción como partido por petición. El referido foro señaló que era evidente que se impusiera dicho límite, antes de que se llevaran a cabo las elecciones generales; sin embargo, resolvió que no parecía existir propósito legítimo alguno detrás de limitar el derecho a solicitar la inscripción de un partido entre la celebración de unas elecciones y el fin del año.

En consecuencia, el tribunal de instancia concluyó que la Comisión —al aplicar la See. 8.3 del Reglamento, autorizando la inscripción del P.I.P. antes de terminar el año electoral— había hecho una interpretación flexible y cónsona con el derecho que, según la Ley Electoral de Puerto Rico, tienen los electores de participar en los procesos de inscripción de partidos políticos. Por último, indicó que los tribunales debían brindar deferencia a las interpretaciones que las agencias administrativas efectuaban con relación a la ley cuya ejecución les fue encomendada por la Legislatura, ya que en esos casos se presume que la agencia tiene un conocimiento especializado sobre aquellos asuntos que le fueron encomendados.

Ese mismo día —culminado su proceso de recolección de endosos y habiendo cumplido el P.I.P. con todos los requisitos legales para quedar inscrito— la Comisión lo certificó como partido por petición. En virtud de lo anterior, el P.A.C. y el P.P.R. presentaron un segundo recurso de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, caso Civil Núm. KPE05-0049(904). Dicho recurso fue consolidado con el pleito de interdicto preliminar y sentencia declaratoria.

Inconforme, luego de haber presentado una moción de reconsideración ante el foro de instancia que fue denegada el 20 de enero de 2005, el P.A.C. recurrió mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó, en síntesis, que erró el foro primario: al no haber ordenado que el P.I.P. comenzara su inscripción luego de cumplir con lo dispuesto en el Art. 3.026 de la Ley Electoral de Puerto Rico, ante, permitiendo, de esta forma, que se violara su derecho a la igual protección de las leyes y que el P.I.P. utilizara fondos públicos para su reinscripción; al presumir la corrección de la decisión de derecho de la Comisión de no aplicar al P.I.P. lo dispuesto en la See. 8.3 del Reglamento, ante, y al concluir que la Comisión interpretó válidamente el referido reglamento al autorizar la inscripción del P.I.P., contrario al texto de la referida sección.

Luego de varios trámites e incidentes procesales, el foro apelativo intermedio emitió una sentencia confirmatoria de la emitida por el tribunal de instancia. Primeramente, el foro apelativo determinó, en lo aquí pertinente, que las alegaciones del P.A.C. en torno a la igual protección de las leyes y el trato desigual no estaban maduras para ser adjudicadas por dicho foro en ese momento, ya que la sentencia recurrida del tribunal de instancia se circunscribió a resolver la validez de la certificación emitida por la Comisión el 8 de noviembre de 2004, por lo cual su función revisora se limitaba a lo allí dictaminado. Por otra parte, estableció que aun cuando la Ley Electoral de Puerto Rico ordena la celebración de un juicio de novo ante el Tribunal de Primera Instancia en el proceso de revisión judicial de la decisión de la Comisión, los tribunales tenían que pres-tar deferencia a las interpretaciones de ley que hiciera dicha Comisión, por lo cual procedía aplicar las normas generales del derecho administrativo. De este modo, resolvió que el foro primario aplicó correctamente la normativa vigente al determinar que la decisión de la Comisión era cónsona con la Ley Electoral de Puerto Rico, tras analizar las disposiciones del Reglamento a base de lo dispuesto en dicha pieza legislativa. Finalmente, estableció que coincidía con el foro primario en el hecho de que no encontraba razonable ni que tuviera propósito legítimo alguno que se impusiera un límite a la inscripción de partidos luego de celebrada una elección general. Conforme a ello, concluyó que la prohibición dispuesta en la citada See. 8.3 del Reglamento, al contener un límite en fechas para que un partido pudiera solicitar su inscripción, coartaba los derechos de los electores a participar en la inscripción de ese partido luego de haberse celebrado el evento electoral. Por ser así, el referido foro estableció que, por estar en contravención con los derechos de inscripción de partidos políticos reconocidos en la Ley Electoral de Puerto Rico, la Comisión no estaba obligada a seguir lo dispuesto en su propio reglamento.

Aún insatisfecho, el P.A.C. acudió —vía certiorari— ante este Tribunal alegando, en síntesis, que incidió el foro de instancia al

... concederle deferencia a una determinación de la Comisión que no tiene determinaciones de hechos ni de derecho y que se llevó a cabo en violación [de] su propia ley orgánica.
... al no concluir que la determinación de la Comisión fue arbitraria y caprichosa.
... al permitir que el Partido Independentista Puertorriqueña se inscribiese utilizando recursos públicos. Petición de certiorari, págs. 6-7.

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia de ambas partes y estando en condiciones de resolver, procedemos a hacerlo.

I

En su primer señalamiento de error, el P.A.C. indica que erró el Tribunal de Apelaciones al concederle deferencia a una determinación de la Comisión que no contiene determinaciones de hechos ni de derecho, y que fue acordada en violación de su propia ley orgánica. Entiende que conforme al Art. 1.016 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sec. 3016a, no podía utilizarse el criterio de deferencia a la decisión de la Comisión utilizado generalmente en los casos administrativos, sino que debía efectuarse un juicio de novo.

El procedimiento de la revisión de las decisiones de la Comisión está regulado por las disposiciones del Art. 1.016 de la Ley Electoral de Puerto Rico, ante. A tales efectos, el referido Art. 1.016 establece, en lo aquí pertinente, que

[c]ualquier parte afectada por una resolución, determinación y orden de la Comisión Estatal podrá dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia mediante la radicación de un escrito de revisión. La parte promovente tendrá la responsabilidad de notificar copia del escrito de revisión a la Comisión Estatal y a cualquier parte afectada.
El Tribunal de Primera Instancia celebrará una vista en su fondo, recibirá evidencia y formulará las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que correspondan. El Tribunal deberá resolver dicha revisión dentro de un término no mayor de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de sometida la misma.

Surge de la referida disposición estatutaria que la Asamblea Legislativa estableció que la revision de las decisiones de la Comisión serIa mediante un juicio de novo. Miranda v. C.E.E., 141 D.P.R. 775, 784 (1996), citando a P.N.P. v. Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 D.P.R. 1, 30-31 (1988). Véanse, además: López v. C.E.E., 161 D.P.R. 527, 541 (2004); P. Fernández, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogota, Ed. Forum, 2001, pág. 582.

En cuanto a los fundamentos que tuvo la Legislatura para aplicar un. criterio de revision más riguroso a las determinaciones de la Comisión que el que usualmente se utiliza para la revision de las agencias administrativas, este Tribunal ha sefialado que esto lo exige y propicia "[t]anto la dinámica organizacional de la Comisión Estatal -controlada por los partidos polIticos- como la forma particular en que se toman allI las decisiones". Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 D.P.R. 1, 19 (1989). AsI pues, he-mos establecido que ya que "[has decisiones de la ComisiOn Estatal están sujetas a las presiones e intereses partidistas", se justifica que en el escrutinio de las decisiones que emite la Comisión la revision judicial sea más abarcadora.

Conforme a lo anterior, al evaluar una decision de la Comisión, el tribunal de instancia no está limitado por el expediente de la agencia, sino que puede recibir "cualquier prueba que presenten las partes a su favor, independientemente de que no haya sido presentada a la agencia administrativa, y evaluarla según su propio criterio sin necesidad de conferirse deferencia a la decisión administrativa”. Román Ruiz v. E.L.A., 150 D.P.R. 639, 647 (2000). Véanse, además: Granados v. Rodríguez Estrada I, ante, pág. 19; P.N.P. v. Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., ante, pág. 31. De este modo, el foro primario tiene la obligación “de celebrar una vista en su fondo, recibir evidencia y hacer sus propias determinaciones de hecho y conclusiones de derecho al revisar las decisiones” de la Comisión. P.N.P. v. Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., ante, pág. 31. Véanse, además: Granados v. Rodríguez Estrada I, ante, págs. 22-23; Fernández Quiñones, op. cit, pág. 582.

Vale la pena señalar, como correctamente concluyó el Tribunal de Apelaciones, que hemos establecido que el tribunal de instancia debe, en aquellos casos en que la determinación de la Comisión dependa principal o exclusivamente de una cuestión de derecho electoral especializado, guardar la usual deferencia al mencionado organismo administrativo. Granados v. Rodríguez Estrada I, ante, págs. 20-21.

Independientemente de lo antes expresado y de si a la luz de dichos hechos la decisión de la Comisión debía o no ser objeto de deferencia de parte del foro judicial, el error no fue cometido; ello en vista de que el foro de instancia —aun cuando al final de su sentencia mencionó que las decisiones de las agencias se presumen correctas y merecen la deferencia de los tribunales— confirmó la decisión de la Comisión luego de, efectivamente, haber celebrado una vista, recibido prueba y haber escuchado los planteamientos de las partes. El tribunal de instancia llegó a su determinación luego de hacer su propio análisis e interpretación del Reglamento. Conforme a lo anterior, resulta evidente que aun cuando el foro primario mencionó que se presumían válidas las decisiones administrativas, dicho foro cumplió con la obligación impuesta por el Art. 1.016 de la Ley Electoral de Puerto Rico, ante.

II

El segundo señalamiento de error del peticionario se reduce a que determinemos la validez, propiamente, de la decisión de la Comisión de autorizar la solicitud del P.I.P. de comenzar su proceso de inscripción antes que terminara el año eleccionario de 2004.

Como es sabido, “[e]n el Preámbulo de nuestra Constitución se recalca la importancia de la democracia para la vida de la comunidad puertorriqueña y lo fundamental del voto para la existencia de esa democracia”. Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84, 92 (1980). Cónsono con lo anterior, este Tribunal ha enfatizado que el derecho al voto es fundamental y “uno de los derechos más preciados de nuestra ciudadanía”, siendo un “pilar de nuestro sistema democrático”. Granado v. Rodríguez Estrada I, ante, pág. 6. Véanse, además: P.A.C. v. E.L.A. I, 150 D.P.R. 359, 387 (2000); P.P.D. v. Planadeball Poggy, 121 D.P.R. 570 (1988); García v. Luciano, 115 D.P.R. 628 (1984); P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199 (1981).

En específico, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagra el derecho al sufragio universal estableciendo que “[l]as leyes garantizarán la ex-presión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral”. Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 278. Véase, además, Granados v. Rodríguez Estrada I, ante.

Con respecto a dicho derecho, hemos establecido que, en su dimensión de participación política, éste “comprende el derecho a formar agrupaciones para participar en el proceso electoral”. P.A.C. v. E.L.A. I, ante, pág. 372. Véase Giménez v. J.E.E., 96 D.P.R. 943 (1968). De este modo, este Tribunal ha señalado que “[e]n nuestro esquema de derecho constitucional, el derecho al voto no tan sólo comprende el derecho del elector a votar en las elecciones, sino que abarca el derecho a que se incluyan en las papeletas las opciones que reflejan las corrientes políticas contemporáneas del elector”. P.A.C. v. E.L.A. I, ante, pág. 372, citando a Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, ante. Esto es así ya que los partidos son vehículos de la voluntad electoral y, al estar investidos de poderes cuasi gubernamentales, son elementos básicos e indispensables de toda democracia a través de los cuales se canalizan pacíficamente las distintas tendencias políticas y económicas de la sociedad en un momento dado. Véanse: P.A.C. v. E.L.A. I, ante; P.A.C. v. C.E.E., 149 D.P.R. 244, 254-255 (1999); P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 668-669 (1995); Granados v. Rodríguez Estrada I, ante, pág. 23 esc. 12; P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R. 631 (1984); P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 406 (1987); García Passalacqua v. Tribunal Electoral, 105 D.P.R. 49 (1976).

Ahora bien, no obstante la importancia del derecho al voto y al de formar agrupaciones políticas, estos derechos no son absolutos ni “tiene [n] credenciales de inimpugnabilidad” y la Asamblea Legislativa tiene la “facultad de regular el ejercicio de ese derecho y todo lo concerniente al proceso electoral”. P.N.P. v. Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., ante, pág. 29. Véanse, además, P.A.C. v. E.L.A. I, ante; P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, ante. Ello lo preceptúa nuestra Constitución, al establecer que “[s]e dispondrá por ley todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de electores, así como lo relativo a los partidos políticos y candidaturas”. Art. VI, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 425. Véanse: P.R.P. v. E.L.A., ante; P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248, 255 (1980); P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741, 749-750 (1976).

Conforme a dicho mandato constitucional, este Tribunal ha reiterado que la Asamblea Legislativa tiene una amplia facultad y un amplio margen de autoridad para legislar en asuntos de materia electoral y regular el proceso electoral. P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, ante, pág. 405. Véanse: Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 D.P.R. 141 (1997); P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, ante; P.S.P., P.P.D., P.I.P v. Romero Barceló, ante; P.N.P. v. Tribunal Electoral, ante. Véase, además, R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1988, Vol. II, págs. 1205-1206. Específicamente, y dentro de la aludida facultad de la Legislatura, hemos reconocido como lícita y apremiante “toda reglamentación que, sin obstaculizar innecesariamente el voto, propenda a la realización de un proceso electoral justo, ordenado, libre de fraude, honesto e íntegro”. P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, ante, págs. 405-406. Véanse, además: P.A.C. v. E.L.A. I, ante; P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248 (1980); García Passalacqua v. Tribunal Electoral, ante, pág. 69 esc. 9; P.N.P. v. Tribunal Electoral, ante.

En virtud de la referida delegación constitucional, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Electoral de Puerto Rico, a través de la cual estableció, entre otras cosas, los requisitos, los detalles, los trámites y las formalidades requeridos para la inscripción de partidos políticos. Primeramente y conforme a nuestro ordenamiento constitucional, el antes mencionado estatuto reconoció —para garantizar el libre ejercicio de la franquicia electoral y lograr la más clara expresión de la voluntad del pueblo— el derecho del elector a participar en la inscripción de partidos y en la inscripción de candidaturas independientes. Art. 2.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3051(4). Conforme a lo anterior, se estableció y definió en dicho estatuto lo que significaba ser un partido político. A tales efectos, dicha ley definió partido político, en general, como un partido principal, partido por petición, partido local por petición y partido coligado. Art. 1.003 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3003(38).

Específicamente, esta definición “nos remite, a su vez, a las definiciones particulares que nuestra ley electoral provee de las distintas formas en que estatutariamente puede quedar constituido un ‘partido’ Guadalupe v. C.E.E., 165 D.P.R. 106, 114 (2005). En lo aquí pertinente, en dicho estatuto se define de forma general “partido por petición” como

... cualquier agrupación de ciudadanos que, con el propósito de figurar en las papeletas electorales de unas elecciones generales, se inscriba como partido político en la Comisión Estatal de Elecciones mediante la radicación de peticiones juradas al efecto, suscritas por un número de electores no menor del cinco (5) por ciento del total de votos depositados para todos los candidatos al cargo de Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la elección general precedente .... Art. 1.003 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3003(41).

Es de notar que en la referida definición general de lo que es un “partido por petición” no se establece límite alguno de fecha con respecto a cuándo deben presentarse las solicitudes para la inscripción de un partido durante un año electoral.

No obstante lo anterior, en otra disposición de la Ley Electoral de Puerto Rico, además de mencionarse lo establecido en la antes mencionada definición, la Legislatura estableció expresamente que las solicitudes para inscribir un partido por petición tenían que ser presentadas en o antes del 1 de junio del año eleccionario. A tales efectos, dicho estatuto dispone que

[s]e considerará como “Partido por Petición” a cualquier agrupación de ciudadanos que, con el propósito de figurar en la papeleta electoral de unas elecciones generales, en o antes del primero de junio del año de elecciones se inscriba como partido político, mediante la radicación ante la Comisión de peticiones juradas al efecto, ante notarios públicos admitidos al ejercicio de la notaría, a tenor con lo dispuesto por la Ley Notarial vigente, quienes percibirán de la Comisión Electoral un dólar por cada petición notarizada válida como honorarios suscritas por un número de electores no menor del cinco (5) por ciento del total de votos depositados para todos los candidatos al cargo de Gobernador en la elección general precedente. Debiéndose presentar, además, un programa de gobierno o plataforma política, así como los nombres y direcciones de un grupo de electores que constituyan su organismo directivo central. Art. 3.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3101.

Por otra parte, a través de dicha pieza legislativa, la Legislatura creó la “Comisión Estatal de Elecciones”. Art. 1.004 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3004. Con respecto a dicho organismo, he-mos señalado que su “ ‘estructura básica administrativa y decisional responde a una visión de un sistema electoral político contencioso en que se detectan tres notas sobresalientes: (1) impone a los partidos políticos la responsabilidad de estructurar e inspeccionar todos los procedimientos de naturaleza electoral a regir en los procesos eleccionarios; (2) que la formulación e implementación de ese mandato se logren mediante el consenso unánime de los partidos; y (3) que de ese proceso se ejerza la mutua fiscalización partidista’ ”. (Énfasis suplido.) Granados v. Rodríguez Estrada I, ante, pág. 21, citando a RS.P. v. Com. Estatal de Elecciones, ante, págs. 406-407. Así pues, la Legislatura facultó a la Comisión para que estableciera los reglamentos necesarios para la inscripción de partidos.

En cumplimiento con dicha encomienda, el 23 de enero de 2002 la Comisión —con el consentimiento de to-dos los Comisionados Electorales— aprobó el Reglamento con el propósito de estructurar el proceso de inscripción de los partidos por petición y partidos locales por petición. En dicho reglamento se adoptó por referencia la antes mencionada definición de “partido por petición” establecida en la Ley Electoral de Puerto Rico. Sec. 1.3 del Reglamento. El mencionado reglamento, además de establecer los requisitos para la inscripción de los partidos por petición, establece, en la See. 8.3, ante, que la Comisión no aceptará solicitudes para la inscripción de nuevos partidos desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre del año en que se celebren las elecciones generales. Ciertamente, dicha disposición reglamentaria lo que en última instancia hace es establecer un período específico de tiempo —con comienzo y final— durante el cual no se pueden presentar las solicitudes de partido por inscripción.

Por ser así —y habiendo el P.I.P. presentado su solicitud para inscribir el partido dentro del período de tiempo que contempla y prohíbe la antes mencionada See. 8.3 del Reglamento— debemos resolver si la actuación de la Comisión, con el voto unánime de los Comisionados Electorales con el que se aprobó la referida solicitud de inscripción, es válida en derecho.

Como recordaremos, tanto el tribunal de instancia como el tribunal apelativo intermedio consideraron, en síntesis, que la actuación de la Comisión había sido válida en derecho, ya que no obstante la referida See. 8.3 establecer un período de veda para la inscripción de partidos por petición, esta prohibición no era razonable ni tenía propósito legítimo alguno; esta actuación coartaba los derechos de los electores a participar en la inscripción de partidos, y que la actuación unánime de los Comisionados Electorales, con la que aprobaron la solicitud del P.I.P., había tenido el efecto de enmendar el Reglamento.

HH I—I HH

Sabido es que las decisiones de la Comisión —foro administrativo que tiene una organización política— deben fundarse en la vigencia plena del estado de derecho y en la protección de los derechos políticos y sociales que entran en juego en la administración de la Ley Electoral de Puerto Rico, no en preferencias políticas. Véase Granados v. Rodríguez Estrada I, ante, citando a Partido Nuevo Progresista v. J.E.E., 96 D.P.R. 961, 962—963 (1968). Los acuerdos de la Comisión tienen que ser conforme a la ley y a la Constitución, es decir, están limitados por éstas. P.N.P. y P.I.P. v. Rodríguez Estrada, 122 D.P.R. 490, 515-516 (1988).

Debe enfatizarse, por otro lado, que por su naturaleza, a la Comisión le aplican normas vigentes elementales en derecho administrativo, tales como que un reglamento promulgado para implementar la ejecución de una ley puede complementarla, pero no estar en conflicto con ésta. Véase Ex parte Irizarry, 66 D.P.R. 672, 676 (1946). Dicho de otra manera, un reglamento o una actuación administrativa claramente en conflicto, o contra la ley, es nulo. P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 409 (1987); Infante v. Trib. Examinador Médicos, 84 D.P.R. 308 (1961).

Esto es así ya que, conforme expresáramos en Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 D.P.R. 745, 758-759 (2004), “es norma altamente conocida que la autoridad de una agencia administrativa para aprobar reglas o reglamentos surge directamente de su ley habilitadora” y que ésta descansa “en la premisa de carácter absoluto de que el poder de aprobar reglas y reglamentos no puede trascender la autoridad delegada”. (Enfasis suplido.)

Por otra parte, procede que enfaticemos lo resuelto en Ex parte Irizarry, ante, en cuanto a que el texto de una ley jamás debe entenderse modificado o suplantado por el reglamentario correspondiente, y que en cualquier conflicto entre el texto de la ley y su reglamento debe prevalecer el de la ley. Por último, resulta altamente pertinente a la controversia ante nuestra consideración, lo ex-presado por este Tribunal en el caso Ex parte Irizarry, ante, pág. 676, en cuanto a que el “fin perseguido al delegar el poder de reglamentación no puede ser otro que el de implementar la ejecución de la ley pero nunca puede ese poder ejercitarse en tal forma que sustituya al criterio del legislador por el de la junta ...” (Énfasis suplido.)

Como hemos visto, la Legislatura estableció, en lo pertinente, que “[s]e considerará como ‘Partido por Petición’ a cualquier agrupación de ciudadanos que, con el propósito de figurar en la papeleta electoral de unas elecciones generales, en o antes del primero de junio del año de elecciones se inscriba como partido político, mediante la radicación ante la Comisión de peticiones juradas al efecto (Enfasis suplido.) 16 L.P.R.A. see. 3101(3).

El propósito detrás del requisito de la presentación de las peticiones en o antes del primero de junio del año en que se celebran las elecciones generales es obvio: la Comisión necesita tiempo para pasar juicio, y resolver, la solicitud presentada y para, de cumplir esa agrupación de ciudadanos con todos los requisitos exigidos, poder asegurarse que dicho partido por petición aparezca en las papeletas de votación correspondiente.

Es importante resaltar que la Legislatura no estableció una prohibición como la establecida por la Comisión mediante la Sec. 8.3 de su Reglamento. Es claro, pues, que no medió intención legislativa alguna de limitar la presentación de solicitudes para la inscripción de nuevos partidos desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre del año en que se celebren elecciones generales, solicitudes que evidentemente procurarfan la inscripción de partidos para elecciones posteriores a las de ese aflo. La Legislatura sencillamente no lo hizo.

Consideramos que la Comisión no estaba facultada para exigir o añadir un requisito o limitación que el legislador no tuvo a bien establecer. Se excedió la Comisión en sus facultades al establecer, en la See. 8.3 del Reglamento, ante, que no aceptaría solicitudes para la inscripción de nuevos partidos desde el 1 de junio hasta el 21 de diciembre del año en que se celebren elecciones generales. Su acción es “ultra vires”, contraria a la ley y, por lo tanto, nula. Véanse: Cleaning v. Cardiovascular, ante; Ex parte Irizarry, ante.

IV

Por último, en su tercer señalamiento de error, la peticionaria aduce que erró el Tribunal de Apelaciones al permitir que el P.I.P. se inscribiese con recursos públicos al concluir que la controversia del uso ilegal de fondos públicos y violación a la igual protección de las leyes no estaba madura por razón de que el foro primario no abordó el asunto en el recurso de revisión, sino que se estaba litigando en el pleito del interdicto preliminar y sentencia declaratoria.

Con respecto a dicho señalamiento de error, basta con expresar que en este caso no existe controversia en cuanto a que la peticionaria presentó dos recursos distintos ante dos salas del tribunal de instancia que surgieron de la determinación de la Comisión, a saber: (1) un recurso de revisión administrativo, caso Civil Núm. KPE04-3623(907), que es el que tenemos ante nuestra consideración en este momento, y (2) una demanda de remedio interdictal y de sentencia declaratoria, caso Civil Núm. KPE043623(904).

Al actuar así se creó una dicotomía con respecto a las salas del foro primario que estaban atendiendo las alegaciones de la peticionaria, aun cuando todas tenían su origen en la resolución de la Comisión de autorizar la inscripción del P.I.P. Por una parte, ante la sala del tribunal de instancia que tenía el presente recurso de revisión administrativa se estaba dilucidando exclusivamente la controversia con respecto a la validez de la certificación emitida por la Comisión conforme a la See. 8.3 del Reglamento, ante. Por otra parte, ante la sala del foro primario que está atendiendo el interdicto preliminar y la sentencia declaratoria, se están dilucidando las reclamaciones de utilización ilegal de fondos públicos por parte del P.I.P. y el trato desigual electoral.

Dicha fragmentación de controversias fue consecuencia directa de las actuaciones de la peticionaria y surge claramente de dictámenes emitidos por ambas salas del foro primario. Particularmente, en la resolución del foro primario, atendiendo el interdicto preliminar, éste fue enfático al señalar que reabriría el caso únicamente con respecto a las alegaciones de utilización de fondos públicos y trato desigual electoral, debido a que la determinación de la validez de la decisión de la Comisión se estaba dilucidando en el recurso de revisión administrativa. Por otra parte, el tribunal de instancia, en el recurso de revisión administrativa, estableció expresamente en su sentencia que sólo estaba resolviendo la controversia con respecto a la posible violación de la Comisión de la See. 8.3 al aprobar el Reglamento.

Más aún, el presidente y representante legal del P.A.C., a través de una moción en cumplimiento de orden presentada ante la sala del foro primario ante la cual se encuentra el pleito del remedio interdictal, expresamente aceptó lo anterior al señalar que “[r]ecordará el Honorable Tribunal que se reconsideró y se reabrió el caso KPE-04-3481 sólo a los fines de atender los asuntos relacionados a la violación a la igual protección de las leyes y el mal uso de fondos públicos para fines privados”. Más adelante agregó lo siguiente: “[s]urge de la sentencia del 28 de diciembre de 2004, dictada en la solicitud de revisión KPE-04-3623, que dicha sentencia sólo resolvió la controversia de si hubo violación o no por parte de la Comisión a la See. 8.3 del Reglamento. En esa sentencia no se examinó la controversia en cuanto al uso de fondos públicos ni a la violación a la igual protección de las leyes.” Por último, indicó: “[r]ecordará además el Honorable Tribunal que se solicitó la consolidación de la solicitud de revisión KPE-04-3623 con el pleito KPE-04-3481. Este Honorable Tribunal no consolidó esos pleitos.” Apéndice, págs. 139-141.

En dicha moción se aceptó todo lo anterior para argumentar que no debía darse por desistido con peijuicio a P.P.R. de lo argumentado en el segundo recurso de revisión electoral, ya que por ser distintas las controversias presentadas en ambos recursos, el P.P.R. sólo había desistido de sus reclamaciones en el recurso de revisión electoral aquí en cuestión.

Habiéndose fragmentado las controversias, el foro primario nunca tuvo ante sí las antes mencionadas alegaciones de utilización de fondos públicos y trato desigual en este recurso; únicamente pasó juicio sobre la validez del acuerdo unánime de la Comisión. Por ser así, el tribunal apelativo intermedio solamente podía revisar y resolver la controversia que fue debidamente planteada ante el tribunal de instancia, de la cual se está revisando la determinación; es decir, sólo podía revisar la validez de la autorización dada por la Comisión para que el P.I.P. comenzara su proceso de inscripción. Conforme a lo anterior, consideramos que no erró el Tribunal de Apelaciones al limitar su función revisora a la controversia con respecto a la validez de la certificación emitida por la Comisión autorizando la inscripción del P.I.P. antes que finalizara el año eleccionario; ello en vista de que el tribunal de instancia en el recurso de revisión no resolvió ni tuvo ante su consideración ninguna otra alegación.

V

Por los fundamentos antes expresados, procede confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 30 de junio de 2005, en cuanto dicho foro validó la inscripción del Partido Independentista Puertorriqueño.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió con el resultado sin opinión escrita.

      C1) En específico, la Ley Electoral de Puerto Rico requiere una cantidad determinada de votos para que un partido principal retenga su franquicia electoral. A esos efectos, establece que “partido principal” es aquel que en la elección general precedente: (1) obtenga en el encasillado correspondiente a su insignia en la papeleta para Gobernador y Comisionado Residente una cantidad de votos no menor del siete por ciento del total de votos depositados para todas las insignias de partidos; (2) aquel que en la papeleta para Gobernador y Comisionado Residente obtenga una cantidad no menor del tres por ciento del total de papeletas íntegras depositadas para todos los partidos, o (3) aquel cuyo candidato a Gobernador obtenga una cantidad no menor de cinco por ciento del total de votos depositados para todos los candidatos a dicho cargo. Arts. 1.003 y 3.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sees. 3003(42) y 3101(1).

       Conforme a la Ley Electoral de Puerto Rico y al Reglamento para la Inscripción de Partidos por Petición, aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones el 23 de enero de 2002, se considera “partido por petición” cualquier agrupación de ciudadanos que, con el propósito de figurar en las papeletas electorales de unas elecciones generales, en o antes del primero de junio del año de elecciones, se inscriba como partido político, se inscriba como partido político en la Comisión Estatal de Elecciones (Comisión) mediante la presentación de peticiones juradas al efecto, suscritas por un número de electores no menor del cinco por ciento del total de votos depositados para todos los candidatos al cargo de Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la elección general precedente. Arts. 1.003 y 3.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sees. 3003(41) y 3101(3); Secs. 1.4 y 4.1 del Reglamento para la Inscripción de Partidos por Petición de la Comisión Estatal de Elecciones (Reglamento).

       El referido Art. 3.026 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3118, establece, en lo aquí pertinente: “En caso de desaparecer un partido político, cualquier equipo o propiedad adquirida con dinero proveniente del Fondo Electoral deberá ser devuelto a la Comisión Electoral, por el Presidente incumbente al momento de la desaparición del partido en cuestión.”

       Dicho caso tenía el Núm. KPE04-348K904) en el tribunal de instancia.

       Ese mismo día, la Comisión autorizó la agrupación de ciudadanos Puertorriqueños por Puerto Rico (P.P.R.) a comenzar con los procedimientos para quedar inscrito como partido por petición.

       Es preciso señalar que la Comisión nunca presentó dicho plan.

       Así las cosas, el Partido Independentista Puertorriqueño (P.I.P.) y su Comisionado Electoral presentaron una moción de desestimación ante el foro de instancia alegando, en síntesis, que ambas organizaciones no eran partes apropiadas en un recurso dirigido contra la Comisión, que fue la agencia que emitió el dictamen; que el Partido Acción Civil (P.A.C.) carecía de legitimación activa para reclamar derechos debido a que no le había solicitado a la Comisión que le autorizara a comenzar su procedimiento de inscripción como lo había hecho el P.I.P.; que procedía desestimar el recurso con respecto al P.P.R. ya que había obtenido lo mismo que se impugnaba en el recurso, y que el caso constituía cosa juzgada por lo resuelto en el pleito del remedio interdictal y en la sentencia declaratoria.

       Acompañaron dicho recurso con una solicitud de interdicto provisional en auxilio de jurisdicción del tribunal. Dicho caso tenía el Núm. KPE04—3623(907) en el foro primario.

       Durante dicha vista se dilucidó, además, la antes mencionada moción de desestimación y otra moción presentada por el P.I.P. y su Comisionado Electoral, en la que solicitaba la descalificación del licenciado Rosario Rodríguez debido a la existencia de un alegado conflicto de interés cuando dicho abogado representó tanto al P.A.C. como al P.P.R., quien también había obtenido que la Comisión le autorizara a comenzar su proceso de inscripción antes de que se terminara el año eleccionario. Para subsanar dicho conflicto, en la referida vista el P.P.R. desistió de su reclamación en el recurso de revisión electoral.

       De entrada, declaró “sin lugar” la moción de desestimación debido a que aun cuando el P.I.P. y su Comisionado Electoral no eran partes indispensables, sí eran necesarias; señaló que el P.A.C. tenía legitimación activa porque fue opositor en el proceso de inscripción del P.I.P. y que tenía derecho a recurrir al tribunal para impugnar la decisión de la Comisión, y dispuso que no existía cosa juzgada debido a que en el otro pleito ante el tribunal de instancia no se hizo determinación alguna con relación a la validez de la certificación de la Comisión a la luz de la See. 8.3 del Reglamento, ante.

       Dicho Art. 1.005 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3013, dispone, en lo relevante a la controversia ante este Tribunal, que:
      “La Comisión Estatal de Elecciones será responsable de planificar, organizar, estructurar, dirigir y supervisar el organismo electoral y todos los procedimientos de naturaleza electoral que, conforme este subtítulo y sus reglamentos, rijan en cualquier elección a celebrarse en Puerto Rico. En el desempeño de tal función, tendrá, en adición, a cualesquiera otros dispuestos en este subtítulo, los siguientes deberes:
      “(Z) Aprobar y adoptar las reglas y reglamentos que fueren necesarios para implantar las disposiciones de este subtítulo bajo su jurisdicción, los cuales tendrán vigencia, previa notificación al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico mediante publicación al efecto en dos (2) periódicos de circulación general, dos (2) veces en un lapso de dos (2) semanas, sin que sea necesario el cumplimiento de las disposiciones de las sees. 2101 et seq. del Título 3, conocidas como ‘Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’.

        “Cualquier enmienda o modificación a los reglamentos aprobados por la Comisión requerirá el voto unánime de los Comisionados Electorales ...”

       Es preciso señalar que el 28 de marzo de 2005, el P.A.C. y el P.P.R. presentaron una moción en los casos consolidados para cumplir con una orden del tribunal de instancia de que se expresara con respecto a una moción de desestimación con perjuicio del P.I.P. En ésta los demandantes hicieron constar lo siguiente:
      “Recordará el Honorable Tribunal que se reconsideró y se reabrió el caso KPE-04-3481 sólo a los fines de atender los asuntos relacionados a la violación a la igual protección de las leyes y el mal uso de fondos públicos para fines privados. Por otro lado, en la solicitud de revisión KPE-04-3623 se alega que se equivocó la Comisión Estatal de Elecciones (Comisión) al no aplicar al PIP la sección 8.3 del Reglamento de Inscripción de Partidos por Petición.
      “Surge de la sentencia del 28 de diciembre de 2004, dictada en la solicitud de revisión KPE-04-3623, que dicha sentencia sólo resolvió la controversia de si hubo violación o no por parte de la Comisión a la sección 8.3 del Reglamento. En esa sentencia no se examinó la controversia en cuanto al uso de fondos públicos ni a la violación a la igual protección de las leyes.
      “Recordará además el Honorable Tribunal que se solicitó la consolidación de la solicitud de revisión KPE-04-3623 con el pleito KPE-04-3481. este Honorable Tribunal no consolidó esos pleitos.” (Énfasis suplido.) Apéndice, págs. 139-141.

       En ese momento los Comisionados Electorales eran los mismos que participaron en la decisión que se impugna en el presente caso, excepto la Comisionada Electoral del P.I.P., quien en ese momento era Damaris Mangual Vélez.

       Como mencionamos anteriormente, dicho caso fue consolidado con el segundo recurso de revisión presentado por el P.A.C. y el P.P.R., caso Civil Núm. KPE05-0049, cuando la Comisión certificó al P.I.P. como partido por petición.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Enmienda a las Reglas para Casos Civiles de Litigación Compleja.

      Número: ER-2006-2

      Resuelto: 29 de diciembre de 2006
   RESOLUCIÓN

Atendida la recomendación de la Directora Administrativa de los Tribunales, se enmienda la Regla 4(a) para Casos Civiles de Litigación Compleja, 4 L.P.R.A. Ap. XXVII, de manera que exprese lo siguiente:

Regla 4. Determinación de caso Civil de litigación compleja
(A) Uno o más casos de una región judicial Cuando se trate de uno o más casos de una región judicial, un Juez o una Jueza del Tribunal de Primera Instancia, motu proprio o a instancia de parte mediante moción, puede solicitar que el caso se tramite como un caso civil de litigación compleja. El Juez o la Jueza del Tribunal de Primera Instancia referirá el asunto a la Jueza Administradora o al Juez Administrador de la región judicial para su oportuna determinación. Hecha la determinación de caso complejo, la Jueza Presidenta o el Juez Presidente designará la Jueza o el Juez del Tribunal de Primera Instancia que atenderá el caso. La asignación que con ese propósito hubiese realizado un Juez Administrador o una Jueza Administradora Regional a la fecha de aprobación de esta enmienda se entenderá ratificada para todos los efectos.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no interviene.

(Fdo.) Dimarie Alicea Lozada

Secretaria del Tribunal Supremo Interina


text:
      In re Heriberto Torres Villanueva.

      Número: TS-6648

      Resuelto: 5 de enero de 2007

      Virgilio Mainardi Peralta, abogado de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Habiendo transcurrido el término de suspensión de tres meses del ejercicio de la notaría del Ledo. Heriberto Torres Villanueva, decretado mediante opinión per curiam y sentencia de 20 de junio de 2006, y en vista de que la Oficina de Inspección de Notarías nos ha informado que aprobó la obra notarial el 24 de octubre de 2006, se accede a la Solicitud de Reinstalación al ejercicio de la notaría, a partir de la notificación de la presente Resolución.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

(.Fdo.) Dimarie Alicea Lozada

Secretaria del Tribunal Supremo Interina


author: per curiam:

text:
      In re José A. Díaz Algarín, querellado.

      Número: TS-10326

      Resuelto: 9 de enero de 2007

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; María de Lourdes Rodríguez, oficial investigadora de la Comisión de Etica del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   per curiam:

El Ledo. José Díaz Algarín (licenciado Díaz) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 19 de enero de 1993 y al ejercicio del notariado el 29 de enero de ese mismo año.

El 15 de junio de 2006 la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), Leda. Carmen H. Carlos, presentó un Informe ante este Foro, mediante el cual nos indicó que el abogado en cuestión no había presentado los índices notariales mensuales que comprenden el período de octubre de 2001 al presente. Surge del referido Informe, además, que el licenciado Díaz no le ha remitido a ODIN los informes de actividad notarial anual correspondientes a 2001, 2002 y 2004. De igual manera, dicho Informe puntualiza que el referido abogado nunca corrigió una deficiencia señalada por ODIN en su protocolo notarial de 1995, a pesar de que se le requirieron en varias ocasiones. También, surge del Informe que el notario de epígrafe mudó su oficina y cambió su número telefónico sin notificárselo a ODIN. Posteriormente, ODIN le requirió al licenciado Díaz que expresara su posición con relación a los señalamientos del Informe, así como que actualizara la información de su expediente notarial y presentara los índices mensuales e informes estadísticos anuales, ausentes de su expediente notarial. El abogado incumplió con cada uno de estos requerimientos.

Por otra parte, el 6 de julio de 2006, la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico (Colegio) presentó ante nos una Moción Informativa sobre Incumplimiento de Colegiado, mediante la cual nos informó que el 27 de octubre de 2004 el Sr. Alberto Fernández Sánchez presentó ante el Colegio una queja formal contra el licenciado Díaz, en la que indicó que dicho abogado había desplegado una conducta antiética, así como que había obrado negligentemente en un caso en que este último había sido su representante legal.

El Colegio nos informó, además, que se le requirió al licenciado Díaz una contestación a la queja interpuesta en su contra en cuatro ocasiones distintas. Esto resultó infructuoso, ya que, a la fecha de hoy, el referido abogado no ha contestado la queja.

El 25 de agosto de 2006 emitimos una Resolución para conceder al licenciado Díaz un término de quince días para expresarse sobre el Informe de ODIN, así como sobre la Moción presentada por el Colegio. Apercibimos a dicho abogado que de incumplir con lo ordenado se le suspendería indefinidamente de la abogacía y la notaría. La Resolución se le notificó al querellado personalmente, con copia. El licenciado Díaz no cumplió con nuestra orden.

Finalmente, el 4 de octubre de 2006, ODIN presentó ante este Foro una Moción Informativa en la que indicó que la conducta desplegada por el abogado en cuestión era altamente preocupante, ya que, para esa fecha, habían per-dido contacto con él, y desconocían el paradero de su obra notarial.

Con el beneficio de la discusión que antecede, procedemos a resolver los planteamientos esbozados en el presente procedimiento disciplinario.

Hemos resuelto que es obligación ineludible de todo abogado responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal, de la Oficina del Procurador General, de la Comisión de Etica del Colegio de Abogados y de la Oficina de Inspección de Notarías. Hemos enfatizado que no toleraremos la incomprensible y obstinada negativa de un miembro de la profesión de cumplir con nuestras órdenes y requerimientos.

La omisión de un abogado o notario de mantener su dirección al día ante este Foro es causa suficiente para suspenderlo indefinidamente del ejercicio de la abogacía, sin necesidad de trámites ulteriores. Ello es así porque tal omisión constituye un obstáculo para que el Tribunal ejerza adecuadamente la jurisdicción disciplinaria que le corresponde por mandato de ley. Cualquier cambio de oficiña notarial debe ser notificado inmediatamente a la Secretaria de este Foro y a la Directora de ODIN dentro de los cinco días siguientes a la fecha del cambio. Eso es una medida necesaria, adoptada por este Foro, en su función rectora constitucional de regular el ejercicio de la notaría, la cual está investida de carácter público.

La actitud displicente y contumaz del licenciado Díaz para con los requerimientos de este Tribunal, el Colegio y ODIN ha causado una interferencia indebida con nuestra función disciplinaria. Su conducta demuestra un absoluto menosprecio hacia la profesión de abogado y la confianza depositada por la sociedad en la figura del notario público. El abogado de epígrafe no sólo ha incumplido con la obligación de notificar cambios de dirección, según lo preceptúa el Art. 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico, sino que ha demostrado poco o ningún interés en evitar que se le separe de la profesión. No albergamos duda de que este proceder empaña y macula los postulados más fundamentales de la profesión jurídica.

En vista de lo anterior, se decreta la suspensión inmediata e indefinida de José A. Díaz Algarín del ejercicio de la abogacía y la notaría.

Se dictará sentencia de conformidad.

       El caso en cuestión era Alberto Fernández Sánchez, etc. v. Carlos Alberto Varona Berríos, al que se le había asignado el número de caso K-AC1998-0779.

        In re Moreno Franco, 166 D.P.R. 787 (2006); In re Rivera Irizarry, 155 D.P.R. 687 (2001).

        In re Moreno Franco, supra, citando a In re Laborde Freyre I, 154 D.P.R. 112 (2001).

        In re Rivera Santos, 160 D.P.R. 825 (2003); In re Santiago Rodríguez, 160 D.P.R. 245 (2003); In re Sanabria Ortiz, 156 D.P.R. 346 (2001).

        In re Sáez Burgos, 164 D.P.R. 704 (2005), citando a In re Serrallés III, 119 D.P.R. 494 (1987).

       4 L.P.R.A. see. 2011.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Giovanni Román Mártir, recurrido.

      Número: CC-2005-0229

      Resuelto: 11 de enero de 2007

      Salvador Antonetti Stutts, procurador general, y Ricardo E. Alegría Pons, procurador general auxiliar; Giovanni Román Mártir, pro se.

   per curiam:

El caso de autos nos brinda la oportunidad de resolver si el Tribunal de Apelaciones erró al asumir jurisdicción sobre un Recurso de Apelación presentado por un recluso —un año después de dictada la sentencia condenatoria producto de una alegación de culpabilidad— acogiendo el referido recurso como una moción según la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y trasladándolo al Tribunal de Primera Instancia para su disposición. Recurre ante nos el Procurador General. Veamos los hechos que originan el presente recurso.

HH

El 31 de enero de 2003 el señor Giovanni Román Mártir (señor Román Mártir o acusado), fue denunciado por infringir los Arts. 166, 171 y 180 del Código Penal de 1974, según enmendado, que tipifican los delitos de apropiación ilegal agravada, escalamiento agravado y daño agravado, respectivamente. Además, fue denunciado por violar el Art. 18 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, que tipifica el delito de apropiación ilegal de un vehículo de motor. Específicamente, se le imputó haber penetrado la residencia habitada por la señora Carmen Villafañe Pagán con la intención de cometer el delito de apropiación ilegal, por causar daños a dicha propiedad al entrar forzadamente a ésta, apropiarse ilegalmente de joyas, un vehículo de motor y otros bienes muebles de considerable valor.

El 31 de enero de 2003 se determinó causa probable para el arresto del señor Román Mártir por todos los delitos imputados. Asimismo, el 14 de abril de 2003, celebrada la vista preliminar que dispone la Regla 23 de Procedimiento Criminal. se determinó causa probable para acusar al señor Román Mártir por todos los delitos imputados.

El Ministerio Público procedió a presentar ante el Tribunal de Primera Instancia las correspondientes acusaciones. Todas alegaban la condición de reincidente habitual del acusado. Específicamente, las acusaciones notificaban que el señor Román Mártir fue convicto y sentenciado los días 5 de noviembre de 1993 y 17 de junio de 1997 por cometer los delitos graves de daños agravados y amenaza a funcionario de justicia, respectivamente, y que las referidas sentencias advinieron finales y firmes en los casos criminales números SP1993G000101 y FJ1997G003507.

El 30 de abril de 2003 el defensor de oficio del acusado presentó una moción de supresión de identificación ante el Tribunal de Primera Instancia. El 23 de julio de 2003 el señor Román Mártir presentó, por derecho propio, una moción en la que solicitó la celebración de una vista, pues ya se había pautado la fecha del juicio y aún no se había dilucidado la moción de supresión de identificación. Además, informó al tribunal que no había podido entrevistarse con su nuevo abogado de oficio, a pesar de que restaban pocos días para la celebración del juicio en su fondo, pautado para el 31 de julio de 2003.

No obstante, previo al juicio, el Ministerio Público y la defensa del acusado negociaron un preacuerdo sobre alegación. El preacuerdo consistió en lo siguiente: el acusado se declararía culpable de todos los delitos imputados, a cambio de lo cual el Ministerio Público se obligaría a eliminar la alegación sobre reincidencia habitual incluida en todas las acusaciones. El tribunal aceptó la alegación preacordada por las partes.

Así las cosas, el 31 de julio de 2003, llamado el caso para juicio en su fondo, compareció en sala, tanto el fiscal como el acusado, asistido de su abogado, licenciado Angel R. Vázquez Cintrón. Luego de leérsele al señor Román Mártir las acusaciones en su contra y después de preguntársele qué alegación hacía, el acusado manifestó que se declaraba culpable en cada uno de los cuatro delitos que se le imputaron. El señor Román Mártir solicitó que se dictara sentencia en su contra en el acto.

A renglón seguido, el Tribunal de Primera Instancia aceptó las declaraciones de culpabilidad del acusado y dictó, en esa misma fecha, cuatro sentencias de culpabilidad, una por cada delito confesado. El tribunal hizo cons-tar en sus sentencias que el señor Román Mártir (en adelante también denominado como el convicto), realizó las alegaciones de culpabilidad voluntariamente, con conocimiento de la naturaleza de los delitos graves imputados y de sus consecuencias.

El Tribunal de Primera Instancia condenó al señor Román Mártir a cumplir las penas siguientes: ocho años de reclusión carcelaria por infringir el Art. 171 del Código Penal, supra; seis años de prisión por violar el Art. 166 del Código Penal, supra; seis años de cárcel por quebrantar el Art. 18 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, supra, y dos años de reclusión carcelaria por infracción al Art. 180 del Código Penal, supra. Dispuso que los años de prisión se cumplieran concurrentemente, y de forma consecutiva con cualquier otra sentencia que el convicto estuviese cumpliendo en ese momento.

El 5 de septiembre de 2003, ya finales y firmes las referidas sentencias, el señor Román Mártir presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, por derecho propio, una Moción de Rebaja de Sentencia. El 16 de septiembre de 2003 ese tribunal rechazó de plano la moción. El convicto no recurrió de dicha denegatoria.

El 20 de julio de 2004 el señor Román Mártir presentó, también por derecho propio, y esta vez ante el Tribunal de Apelaciones, un Recurso de Apelación. Citamos en su totalidad las exposiciones, alegaciones y súplica que hiciera en este recurso:

Al Honorable Tribunal
Comparece el Peticionario de Epígrafe En Forma Pauperis y Por Derecho Propio y Ante Este Honorable Tribunal De Justicia y Muy Respetuosamente Expone Alega y Solicita.
1) Que el Peticionario se encuentra extinguiendo una sentencia impuesta por el Honorable Tribunal de Bayamón el día 31 de julio de 2003.
2) Que el Peticionario recurre ante este Honorable Circuito de Apelaciones en Apelación a las sentencias impuestas por el Tribunal Superior de Bayamón.
3) Que el Peticionario recurre en Apelación a las sentencias impuestas ya que a este se le violaron sus derechos como acusado y le fue violado el debido proceso de Ley que le cobija en cualquier proceso criminal al que fue sometido.
4) Que el Peticionario solicita de este Honorable Tribunal que le asigne una representación Legal de oficio para que siga con el proceso de Apelación al que este solicita
Por Todo Lo cual Suplica y Apela Al Sentimiento de justicia y Equidad de este Honorable Tribunal de Justicia para que declare Ha Lugar el presente recurso con cualquier otro pronunciamiento que en Derecho proceda.
Respetuosamente sometido (Énfasis suplido.)

El 24 de enero de 2005, el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución —archivada en autos copia de su notificación a las partes el 11 de febrero de 2005— en la que reconoció que carecía de jurisdicción para revisar las sentencias condenatorias que pesaban contra el allí peticionario. Ello porque el denominado Recurso de Apelación se había presentado casi un año después de haber sido dictadas, en circunstancias en que el señor Román Mártir sólo contaba con un término jurisdiccional de treinta días para hacerlo. No obstante, decidió acoger el asunto planteado en el recurso presentado por el recluso como una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra, y trasladarlo al tribunal sentenciador para que así se atendiera.

Inconforme con dicha determinación, el 14 de marzo de 2005, el Procurador General acudió ante nosotros mediante un recurso de certiorari y señaló los errores siguientes:

I. INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL ASUMIR JURISDICCIÓN EN EL CASO DE AUTOS, A PESAR DE HABER EXPIRADO YA EL TÉRMINO PROVISTO EN LEY PARA RECURRIR DE LA SENTENCIA.
II. INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL ACO-GER EL RECURSO DE APELACI[Ó]N DEL RECURRIDO, CUYO TÉRMINO ESTABA PRESCRITO, COMO UNO AL AMPARO DE LA REGLA 192.1 DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL, NO OBSTANTE NO CUMPLIR ÉSTE CON NIN-GUNO DE LOS FUNDAMENTOS TAXATIVOS EXIGIDOS POR DICHA REGLA.
III. INCIDIÓ, Y EN CONSECUENCIA ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN, EL TRIBUNAL DE APELACIONES, AL ACOGER UN RECURSO A TODAS LUCES IMPROCEDENTE EN DERECHO. ELLO TUVO EL EFECTO DE INFRINGIR EL PRINCIPIO DE CERTEZA O SEGURIDAD JURÍDICA.

Posteriormente, el 27 de abril de 2005, el Procurador General presentó ante nos una Moción en Auxilio de Jurisdicción, en la cual solicitó la paralización de una vista judicial pautada por el Tribunal de Primera Instancia para el 6 de mayo de 2005, a raíz del dictamen del Tribunal de Apelaciones. El 29 de abril de 2005 expedimos el recurso de certiorari.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos encontramos en posición de resolver.

I—1 H-i

En vista de que los señalamientos de error del Procurador General están íntimamente relacionados, los discutiremos en conjunto.

El Procurador General arguye que el Tribunal de Apelaciones incidió al asumir jurisdicción sobre un Recurso de Apelación presentado casi un año después de dictadas las sentencias condenatorias recurridas.

A. La Regla 193 de Procedimiento Criminal dis-pone lo siguiente:

Las sentencias finales dictadas en casos criminales originados en el Tribunal de Primera Instancia podrán ser apeladas por el acusado en la forma prescrita por estas reglas. En estos casos el acusado podrá establecer una apelación para ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, excepto en los casos de convicción por alegación de culpabilidad, en los cuales procederá únicamente un recurso de “certiorari”, en cuyo caso el auto será expedido por el Tribunal de Circuito de Apelaciones a su discreción. La solicitud de “certiorari” deberá presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada. Este término es jurisdiccional. (Énfasis suplido.)

Se deduce de lo aquí citado que el término disponible para presentar un recurso de certiorari para revisar una sentencia condenatoria dictada por alegación de culpabilidad es de carácter fatal o jurisdiccional, treinta días, a partir de la fecha cuando se dictó la sentencia.

No obstante, el señor Román Mártir, convicto y sentenciado por alegación de culpabilidad, presentó su Recurso de Apelación ante el Tribunal de Apelaciones trescientos cincuenta y cinco días después de dictadas las sentencias que le condenaban. Al momento de presentar el denominado Recurso de Apelación, vencido ya el término jurisdiccional de treinta días en cuestión, el Tribunal de Apelaciones carecía de autoridad para considerarlo. Al así reconocerlo en su sentencia, actuó correctamente el referido foro.

No obstante, a pesar de declararse sin jurisdicción en el recurso en alzada presentado por el convicto, el Tribunal de Apelaciones acogió el asunto planteado en él como una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra, y, acto seguido, lo trasladó al Tribunal de Primera Instancia para que se resolviera allí como una cuestión de jurisdicción original en ese foro.

El Procurador General sostiene ante nos que, al así actuar, el Tribunal de Apelaciones erró, ya que las sentencias condenatorias atacadas por el convicto se dictaron como resultado de su alegación de culpabilidad. Aduce que cuando el señor Román Mártir hizo alegación de culpabilidad, renunció a los derechos constitucionales que invocó ante el tribunal intermedio apelativo. Debemos recordar que en el denominado Recurso de Apelación el convicto alegó que en el foro primario se violentaron sus derechos como acusado y su derecho constitucional a un debido proceso de ley. Arguye, entonces, el Procurador General que, “siendo su sentencia una secuela de una admisión de culpabilidad, el convicto está impedido de invocar estos derechos”.

En la alternativa, el Procurador General alega que el contenido del denominado Recurso de Apelación no cumplió con los fundamentos y exigencias del remedio establecido por la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra, y que su acogida, como una moción bajo la referida regla, infringió el principio de certeza y seguridad jurídicas. Veamos.

B. En Pueblo v. Figueroa García, 129 D.P.R. 798 (1992), citando al Tribunal Supremo federal en Brady v. United States, 397 U.S. 742, 748 (1970), expresamos sobre el concepto alegación de culpabilidad (guilty plea) lo siguiente:

“... a guilty plea is a grave and solemn act to be accepted only with care and discernment has long been recognized. Central to the plea and the foundation for entering judgment against the defendant is the defendant’s admission in open court that he committed the acts charged in the indictment. He thus stands as a witness against himself and he is shielded by the Fifth Amendment from being compelled to do so —hence the minimum requirement that his plea be the voluntary expression of his own choice. But the plea is more than an admission of past conduct; it is the defendant’s consent that judgment of conviction may be entered without a trial— a waiver of his right to trial before a jury or a judge. Waivers of constitutional rights not only must be voluntary but must be knowing, intelligent acts done with sufficient awareness of the relevant circumstances and likely consequences.” (Énfasis suprimido.)

Por otro lado, recientemente reiteramos la norma jurisprudencial que establece que, al hacer alegación de culpabilidad, el acusado renuncia a valiosos derechos constitucionales, entre ellos, el derecho a que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable, el derecho a un juicio justo, imparcial y público, el derecho a ser juzgado ante un juez o un Jurado, y el derecho a presentar evidencia a su favor y rebatir la evidencia presentada en su contra.

No obstante, hemos establecido que una sentencia dictada a raíz de una alegación de culpabilidad es revisable mediante un recurso de certiorari, librado discrecionalmente, para examinar un ataque a la suficiencia de la acusación o a la jurisdicción del tribunal sentenciador, y para plantear alguna irregularidad en el pronunciamiento de la sentencia. Hemos expresado que porque un acusado haya sido convicto mediante una alegación de culpabilidad, no impide que éste ataque directamente la validez de la alegación cuando es el resultado de una coacción o cuando un tribunal incumple con su deber de investigar asuntos que requiere la Constitución o la ley. Asimismo, hemos señalado que un convicto por alegación de culpabilidad puede impugnar colateralmente su sentencia si no fue producto de una decisión inteligente.

Aunque ciertamente hemos resuelto que al hacerse alegación de culpabilidad se renuncia a valiosos derechos constitucionales relacionados, esencialmente, con el acto del juicio, y consustanciales con el derecho constitucional a un debido proceso de ley, bajo ninguna circunstancia puede interpretarse que tal alegación implica una renuncia total a éste último. No puede ser de otra manera, pues la cláusula del debido proceso de ley, consagrada en la See. 7 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, ha sido denominada como la disposición matriz de la garantía de los derechos individuales ante la intervención injustificada del Estado con el ciudadano. Dicho de otra forma, el derecho constitucional a un debido proceso de ley representa la garantía fundamental de protección que tiene un ciudadano contra los posibles abusos o usos arbitrarios de poder que haga el Estado, y constituye la máxima garantía de la aspirada justicia plena e imparcial. Es responsabilidad de esta Curia proteger el derecho constitucional a un debido proceso de ley como una de las columnas en que se erige nuestro sistema de justicia.

Así las cosas, un ciudadano convicto mediante alegación de culpabilidad podría atacar dicha convicción, y la sentencia dictada en conformidad, si cuenta con un planteamiento o defensa meritoria de debido proceso de ley. Podría hacerlo directamente, a través del recurso de certiorari correspondiente, o colateralmente, a través de procedimientos posteriores a la sentencia, perfeccionados conforme a derecho, tales como la moción según la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra, y el recurso de habeas corpus. Todo planteamiento o defensa de este tipo deberá estar debidamente acreditada y fundamentada en el recurso o la moción presentada. Enfatizamos que si se tratara de un ataque colateral a la sentencia, deberá conformarse estrictamente a los fundamentos, las condiciones, las circunstancias, los planteamientos y las normas de derecho que gobiernan el procedimiento, el recurso, el mecanismo o la moción presentada a esos fines.

En vista de lo anterior, no le asiste la razón al Procurador General cuando con sus argumentos ante nos pretende implicar que, al hacer alegación de culpabilidad, el señor Román Mártir renunció a todo planteamiento o defensa apuntalada en el derecho constitucional a un debido proceso de ley.

Ahora bien, descartada la procedencia de un ataque directo a las sentencias condenatorias en controversia me¿liante el recurso de certiorari, por ausencia de jurisdicción, debemos evaluar si el contenido del denominado Recurso de Apelación, presentado por el convicto ante el Tribunal de Apelaciones, cumplió con la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra. Ello con el objetivo de determinar si dicho foro actuó con corrección jurídica al (1) acoger el asunto planteado en él como una moción según la referida regla, y (2) remitirlo al tribunal sentenciador para su disposición.

C. La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal (Regla 192.1) autoriza a cualquier persona que se encuentre detenida por sentencia condenatoria a presentar una moción en la sede del Tribunal de Primera Instancia que la dictó —para que se anule, deje sin efecto o corrija— en circunstancias en que se alegue el derecho a ser puesto en libertad por cualquiera de los fundamentos siguientes:

(1) La sentencia fue impuesta en violación de la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución y las leyes de Estados Unidos; o

(2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; o

(3) la sentencia impuesta excede de la pena prescrita por la ley, o

(4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo ....

La moción en cuestión se puede presentar ante el tribunal sentenciador en cualquier momento, después de dictada la sentencia, incluso cuando ésta haya advenido final y firme. La referida Regla 192.1 requiere que se incluyan en la moción todos los fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el remedio que ella provea. Sobre este particular, la referida norma procesal establece que se considerarán renunciados los fundamentos no incluidos en la moción, excepto que el tribunal, con fundamento en un escrito subsiguiente, determine que no pudieron razonablemente presentarse en la moción original.

El mecanismo procesal provisto por la citada Regla 192.1 se puede utilizar para atacar colateralmente la validez o constitucionalidad de una sentencia criminal final y firme cuando el convicto está cumpliendo prisión por ésta. Los fundamentos para solicitar la revisión de una sentencia bajo este mecanismo se limitan a planteamientos de derecho, por lo que no puede ser utilizado para revisar señalamientos sobre errores de hecho. La culpabilidad o inocencia del convicto no es asunto susceptible de plantearse bajo este procedimiento, sino la cuestión de si la sentencia impugnada está viciada por un error fundamental que contradice la noción más básica y elemental de lo que constituye un procedimiento criminal justo.

Una moción al amparo de esta Regla 192.1 procederá cuando la sentencia dictada sea contraria a la ley o viole algún precepto constitucional, haya sido dictada sin jurisdicción, exceda la pena prescrita por la ley o esté sujeta a un ataque colateral por un fundamento válido. El Tribunal de Primera Instancia podrá, discrecionalmente, dejar sin efecto la sentencia, ordenar la excarcelación del convicto y su puesta en libertad, dictar nueva sentencia o conceder un nuevo juicio, según proceda.

Expuesta la normativa de derecho anterior, procedemos a aplicarla a los hechos particulares del caso de marras.

Según se deduce del denominado Recurso de Apelación, presentado por el señor Román Mártir ante el Tribunal de Apelaciones, éste se limitó a alegar en él que “se le violaron sus derechos como acusado y le fue violado el debido proceso de ley”. En esa única, llana y escueta afirmación descansó el convicto para atacar su convicción y sentencia ante el foro intermedio apelativo.

En una comparecencia en forma de Moción de Absolución Perentoria, que por derecho propio presentó en nuestra Secretaría, el señor Román Mártir alegó que

... fue víctima de[l] Tribunal de Justicia donde sus derechos como acusado fueron violados en urna forma sin precedentes ya que este [sic] fue acusado con un coautor que el Tribunal le desestimó los cargos sin [el coautor] tener representación legal, en un caso en donde [sic] el peticionario [sic] y coacusado fueron sorprendidos montándose en un vehículo que había sido hurtado en Bayamón. (Énfasis suplido.)

Adujo, además, que el Tribunal de Primera Instancia

... actuó con pasión, prejuicio y parcialidad en contra del peticionario [sic] y favoreciendo al coacusado el día 23 de abril de 2003, entiéndase que el coacusado tiene un pariente una [sic] tía que labora en el Tribunal de Bayamón, entiéndase que éste [coautor] sin una representación legal que [sic] fue absuelto por dicho juez.

Terminó solicitando en su moción,

... muy respetuosamente absolución perentoria en estos casos ya que el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón incidió y en consecuencia abuso [sic] de su discreción a todas luces improcedente en derecho. Lo cual tuvo el efecto de infringir el principio de la certeza y seguridad jurídica. (Énfasis suprimido.)

En una comparecencia subsiguiente, el convicto nos señaló que “fue Acusado de unos delitos d[ó]nde al coacusado el tribunal le desestimó los cargos [sic] dejando los cargos al Peticionario”.

Las expresiones citadas no fueron hechas por el señor Román Mártir al Tribunal de Apelaciones. Pero, aun si hiciéramos abstracción de ese hecho, como hemos apreciado, representan el mejor ejemplo de aserciones inmeritorias, flacas, descarnadas y carentes de fundamento. La aseveración hecha ante el Tribunal de Apelaciones de que el foro primario le violó sus derechos como acusado y el derecho constitucional a un debido proceso de ley, sin apoyarla allí con datos y argumentos concretos, fue claramente insuficiente para justificar acoger el denominado Recurso de Apelación como una moción según la Regla 192.1. El convicto ni remotamente cumplió con las exigencias de la referida regla. Ésta le requería que incluyera todos los fundamentos que a bien tuviera para solicitar un remedio. No obstante, el señor Román Mártir no esbozó ninguno.

Coincidimos con la profesora Dora Nevares-Muñiz, quien al interpretar la Regla 192.1 comenta, y así lo resolvemos, que si de su faz la moción presentada a su amparo no demuestra que el peticionario tiene derecho a algún remedio, deberá ser rechazada de plano. Si es inmeritoria de su faz, lo procedente es declararla Sin Lugar, sin ulterior trámite. Ya que el procedimiento provisto por la referida regla es de naturaleza civil, semejante al recurso de habeas corpus, separado e independiente del procedimiento criminal cuya sentencia se impugna, es el peticionario quien tiene el peso de la prueba para demostrar que tiene derecho al remedio solicitado. Le corresponde en primera instancia al recluso, mediante la presentación de la moción, poner al tribunal en condiciones de resolver, a través de datos y argumentos de derecho concretos, que es imperiosa la celebración de una vista para atender sus fundados planteamientos constitucionales, o de ausencia de jurisdicción, o de ilegalidad de la pena impuesta, de acuerdo con la concernida regla.

En el presente caso, las cuatro acusaciones que pesaban contra el señor Román Mártir alegaban su condición de reincidente habitual. Esto implicaba que de resultar culpable en juicio, se exponía a una condena de separación permanente de la sociedad, esto es, reclusión perpetuad. Producto de sus alegaciones de culpabilidad —preacordadas con el Ministerio Público y aceptadas por el Tribunal de Primera Instancia— se eliminaron de los pliegos acusatorios las alegaciones sobre reincidencia habitual. El señor Román Mártir se benefició claramente de ello: obtuvo una condena de sólo ocho años de prisión.

Las sentencias condenatorias dictadas demuestran que el convicto, en conformidad con la Regla 70 de Procedimiento Criminal, fue examinado bajo juramento por el Tribunal de Primera Instancia, luego de lo cual realizó las alegaciones de culpabilidad, voluntariamente, con conocimiento de la naturaleza de los delitos graves imputados y de sus consecuencias. Incluso, surge de las referidas sentencias que el señor Román Mártir solicitó al tribunal que lo sentenciara en el acto. El convicto no trajo a la atención del Tribunal de Apelaciones fundamento alguno que demostrara que al dictarse las sentencias en controversia el foro primario actuó inconstitucionalmente, sin jurisdicción o excediendo la pena prescrita en la ley. Tampoco realizó un ataque colateral contra ellas por un motivo válido. Sencillamente, el señor Román Mártir no planteó ante el foro intermedio apelativo una legítima controversia de derecho que justificara la concesión de algún remedio según la Regla 192.1.

No podemos perder de perspectiva que el proceso de impartir justicia incluye la debida protección del principio de finalidad de los procedimientos penales. Por tener como objetivo lograr la revocación de convicciones y sentencias finales y firmes, la Regla 192.1 debe ser vista por los tribunales como una regla de naturaleza excepcional. Así, las mociones a su amparo se deben examinar con gran cuidado, desplegándose en todo momento un juicioso y responsable ejercicio de discreción. Recordemos que es imperativo que los convictos de delito presenten en procedimientos apelativos todos los fundamentos que a bien tengan para atacar sus fallos condenatorios y sentencias. Nos corresponde desalentar que éstos levanten dichos fundamentos en procedimientos posteriores colaterales, máxime si, como en el presente caso, se esgrimen argumentos infundados y peregrinos. No debemos alimentar la congestión de nuestros tribunales con recursos inmeritorios de reclusos que tienen como propósito permanecer en el foro judicial atacando colateralmente sentencias no apeladas o infructuosamente apeladas en un esfuerzo de revocar veredictos, fallos o sentencias de culpabilidad finales y firmes.

HH FH h—I

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que erró el Tribunal de Apelaciones al acoger el denominado Recurso de Apelación, presentado por el señor Román Mártir, como una moción al amparo de la Regla 192.1 y remitirlo al Tribunal de Primera Instancia para su dilucidación. Debió, sin más, desestimar el recurso del convicto por falta de jurisdicción.

En virtud de lo que aquí resolvemos, procede revocar la resolución del Tribunal de Apelaciones y desestimar el denominado Recurso de Apelación presentado por el convicto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrieron sin opinión escrita.

       33 L.P.R.A. ants. sees. 4272, 4277 y 4286.

       9 L.P.R.A. see. 3217.

       34 L.P.R.A. Ap. II.

       Apéndice del recurso de certiorari, pág. 5.

       íd., págs. 6-9.

       íd., pág. 23.

       íd.

       íd., págs. 23-24.

       íd., págs. 10-13.

       íd.

       íd.

       íd., pág. 24.

       Por ser innumerables los errores gramaticales que contiene el escrito del convicto y para no obstaculizar irrazonablemente la lectura, hemos optado por no identificarlos.

       Apéndice del Recurso de certiorari, págs. 17-19.

       íd., pág. 24.

       íd., págs. 22 y 25.

       El convicto, Sr. Giovanni Román Mártir, compareció por derecho propio. En el ejercicio de nuestra discreción, le concedimos un término para que compareciera, además, a través de un abogado de oficio. Debemos puntualizar que recientemente reiteramos la norma de que aunque un convicto indigente tiene un derecho constitucional a que se le nombre un abogado de oficio para la presentación de una primera apelación, esto no se extiende a la presentación de recursos discrecionales o ataques colaterales a una convicción. Pueblo v. Rivera, 167 D.P.R. 812 (2006).

       Alegato del Procurador General, pág. 4. Según indicamos en la relación de hechos que antecede, las sentencias de culpabilidad del aquí recurrido se dictaron el 31 de julio de 2003, mientras que el Recurso de Apelación se presentó ante el Tribunal de Apelaciones el 20 de julio de 2004.

       34 L.P.R.A. Ap. II.

       Es menester destacar que el convicto debió designar su escrito como Recurso de certiorari. No obstante, es norma antigua que el nombre con que se designa un recurso no determina su naturaleza ni debe ser decisivo desde el punto de vista de la función de hacer justicia, por lo que los tribunales deben hacer caso omiso de los nombres o títulos mal puestos en los recursos y considerarlos como corresponda. Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286, 293 (1975), y casos allí citados.

       Alegato del Procurador General, págs. 3-4.

       íd.

        Pueblo v. Figueroa García, supra, pág. 804.

        Pueblo v. Montero, 169 D.P.R. [wc 7051] (2006). Véanse, además: Pueblo v. Figueroa García, supra, pág. 807; Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340, 350 (1976); Díaz Díaz v. Alcaide, 101 D.P.R. 846, 854 (1973).

        Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179, 210 (1998); Pueblo v. Pueblo International, 106 D.P.R. 202, 208 (1977).

        Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, págs. 210-211.

       Esta sección dispone, en lo aquí pertinente, que
      “[n]inguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley ....’’Art. II, Sec. 7 de la Carta de Derechos, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 280.

        Pueblo v. Montero, supra; Pueblo v. Vega, 148 D.P.R. 980 (1999).

       34 L.P.R.A. Ap. II.

       íd.; D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 7ma ed. rev., San Juan, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 2004, Sec. 15.5, pág. 221.

       Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra.

        Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883, 896 (1993); Correa Negrón v. Pueblo, supra.

        Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra; Pueblo v. Ruiz Torres, 127 D.P.R. 612, 615 (1990). Véase, además, Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 221.

       D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da ed. rev., San Juan, Programa Educación Jurídica Continua, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad Derecho, 1996, pág. 185.

        Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 893; Pueblo v. Ruiz Torres, supra, pág. 614. Véase, además, Rivé Rivera, op. cit., pág. 181.

       Moción de Absolución Perentoria, pág. 2, presentada por el convicto en nuestra Secretaría el 12 de agosto de 2005.

       íd.

       íd., pág. 3.

       Moción intitulada presentada en nuestra Secretaría por el señor Román Mártir el 31 de octubre de 2005, pág. 2.

       Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 221.

       Rivé Rivera, op. cit., págs. 190-191.

       Art. 62 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. ant. see. 3302).

       34 L.P.R.A. Ap. II.

       Queremos acentuar que la competencia para resolver una moción bajo la Regla 192.1 es del tribunal sentenciador. Si el Recurso de Apelación del convicto hubiese cumplido con las exigencias de la moción regulada por la referida regla procesal criminal, la actuación del Tribunal de Apelaciones hubiera sido jurídicamente correcta. Nótese que dicho foro no dilucidó la moción (el Recurso de Apelación), sino que, en obediencia a la referida norma de competencia, lo remitió a tales fines al Tribunal de Primera Instancia.