text:
    Núm. 1.
    Pueblo, querellante, v. Fajardo Sugar Company et als., querelladas.
    Enero 19, 1939.
   Original. Quo Warranto.

Yista la moción radicada por El Pueblo de Puerto Rico, quere-llante, en la que solicita de esta Corte Suprema se dicte una orden dirigida a The Fajardo Sugar Company of Puerto Rico, The Fajardo Sugar Growers’ Association y The Loíza Sugar Company, quere-lladas, para que permitan al querellante hacer una inspección y que le den copia, o le permitan sacarla, de los siguientes libros, papeles y documentos, los cuales según se alega están bajo la posesión, control o custodia de dichas partes querelladas, a saber:

‘ (a) Escritura de fideicomiso otorgada el día 19 de marzo de 1919 por y entre The Greenwich Trust Company, corporación de Connecticut, y John S. Keith (quien comparece en dicha escritura como fideicomisario de The Fajardo Sugar Company of Porto Bico y con el consentimiento de The Fajardo Sugar Growers’ Association) a virtud de la cual 2,999 acciones del capital social de The Fajardo Sugar Growers’ Association fueron depositadas en fideicomiso en poder de la compañía de fideicomisos antedicha para que ésta reciba todos los dividendos a favor de dichas acciones y los pague a The Fajardo Sugar Company of Porto Bico para ser distribuidos pro rata entre sus accionistas.
“(6) Contrato celebrado entre The Fajardo Sugar Company of Porto Bico y The Fajardo Sugar Growers’ Association fechado en marzo 27, 1923, a virtud del cual The Fajardo Sugar Growers’ Association se compromete a con-tinuar sus operaciones de siembra, cultivo y recolección de caña de azúcar y entregarla toda, para ser molida a The Fajardo Sugar Company oi Porto Rico, así como cualquier otro instrumento o instrumentos que en alguna forma modi-fiquen o cambien dicho contrato.
“(o) Carta del Sr. John Bass (en su carácter de vicepresidente de The Fa-jardo Sugar Company of Porto Rico) fechada en enero 5, 1929, dirigida a The Greenwich Trust Company, corporación de Connecticut, referente a la distri-bución del dividendo de The Fajardo Sugar Company of Porto Rico de febrero 1 de 1929, explicativa de cómo tal dividendo será pagado del superávit de The Fajardo Sugar Growers’ Association e indicando las entradas que habrán de ser hechas en los libros en conexión con la distribución indicada.
“ (d) El libro Mayor de The Fajardo Sugar Growers’ Association y de este libro Mayor la cuenta o cuentas de The Fajardo Sugar Company of Porto Rico para los años 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 y 1935.
‘ (e) Todos los libros auxiliares, papeles, constancias, documentos y com-probantes de las partidas de la cuenta o cuentas de The Fajardo Sugar Company of Porto Rico, en el libro Mayor de The Fajardo Sugar Growers’ Association, para dichos años 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 y 1935.
‘ ‘ (/) El libro Mayor de The Fajardo Sugar Company of Porto Rico y de este libro Mayor la cuenta o cuentas de The Fajardo Sugar Growers’ Association para los años 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 y 1935.
“ (g) Todos los libros auxiliares, papeles, constancias, documentos y com-probantes de las partidas de la cuenta o cuentas de The Fajardo Sugar Growers' Association en el libro Mayor de The Fajardo Sugar Company of Porto Rico para los años 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 y 1935.
“ (h) El libro mayor de The Fajardo Sugar Growers’ Association para los años 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 y 1935, y de este libro Mayor la cuenta o cuentas de ganancias y pérdidas y su-perávits y todos los libros auxiliares, constancias, documentos y comprobantes de las partidas de dichas cuentas en el libro Mayor de The Fajardo Sugar Growers ’ Association.
‘ ‘ (i) Todas las partidas, libros, papeles, constancias, documentos y compro-bantes conservados por The Fajardo Sugar Growers’ Association y que indiquen el movimiento de la cuenta con The Fajardo Sugar Company of Porto Rico, así como todas las partidas, libros, papeles, constancias, documentos y comprobantes conservados por The Fajardo Sugar Company of Porto Rico y que indiquen el movimiento de la cuenta con The Fajardo Sugar Growers’ Association, demos-trando en cada caso las compras, liquidaciones de cañas, pagos de contribuciones, pagos de intereses, cargos hechos por The Fajardo Sugar Company of Porto Rico a The Fajardo Sugar Growers’ Association así como los créditos anotados por la primera a la última, y las operaciones que dieron lugar a tales cargos y créditos, todo ello durante los años 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 y 1935.
' ‘ (j) El libro de acciones y el de traspasos de acciones de The Fa-jardo Sugar Growers’ Association así como el libro Mayor de The Fajardo Sugar Growers’ Association por cada uno de los años durante los cuales las acciones de dicha demandada fueron emitidas, o durante los cuales se llevaron a efecto suscripciones de acciones, o durante los cuales se declararon dividendos pasivos sobre las acciones de dicha demandada, y de tal libro Mayor las partidas relativas a la emisión, disposición, suscripción o pago de cualquier dividendo pasivo o contribución sobre las acciones de dicha demandada y, en relación con' todas dichas partidas, los libros auxiliares, papeles, constancias, comprobantes y documentos.
‘ (Je) Todos los libros de actas en que constan los procedimientos llevados a cabo por los accionistas, directores, administradores o síndicos de cualquiera de las demandadas, y, de tales libros de actas, todas las constancias relativas a la autorización o aprobación de cualquier operación llevada a cabo por cualquiera de las demandadas con, o respecto a acciones de capital, o propiedad de cual-quiera otra de las demandadas.
‘ ‘ (l) El libro Mayor de Lorza Sugar Company y de este libro Mayor la partida o i partidas relativas ,al traspaso de ciertos terrenos a The Fajardo Sugar Growers’ Association por escritura núm. 2 otorgada en 10 de enero de 1935, ante el Notario Público, Baúl Benedicto, y, en relación con tales partidas, todos los libros auxiliares, papeles, constancias, comprobantes y documentos.”

Vista también las sendas oposiciones de las querelladas;

PoR Cuanto, del estudio detenido de las alegaciones de la que-rella y de las negativas formuladas en las sendas contestaciones radi-cadas por las partes querelladas aparece, a juicio de esta Corte, que los libros, papeles y documentos cuya inspección se solicita contienen evidencia material y pertinente a los méritos de la causa de acción que se ejercita y a las controversias (issues) planteadas por las partes, ni este procedimiento;

P.OR Cuanto, de la declaración jurada por el Procurador General de Puerto Rico, anexa a la moción de inspección, aparece que los’ libros, papeles y documentos anteriormente relacionados están en pose-sión y bajo el control de las partes demandadas y no son asequibles al querellante por ningún otro conducto;

Por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 314 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente se ordena a Tbe Fajardo Sugar Company of Puerto Rico, The Fajardo Sugar Growers’ Association y Loíza Sugar Company y a cada una de dichas partes que-relladas en particular, que permitan que el querellante, dentro del término de treinta días contado desde la fecba de esta orden, haga-una inspección de los libros, papeles y documentos anteriormente descritos y que entreguen a dicho querellante, o le permitan que haga, una copia de dichos libros, papeles y documentos o de cual-quiera parte de los mismos, siendo esta orden válida y obligatoria para cada una de dichas partes querelladas en cuanto a aquellos libros,, papeles y documentos, de los que más arriba se describen, que estu-vieren en su posesión y bajo su control, con apercibimiento de que si dichas partes querelladas o alguna de ellas se negaren a cumplir lo dispuesto en esta Orden, esta Corte podrá excluir como evidencia cualquier libro, papel o documento que no fuere presentado para ser inspeccionado y copiado por el querellante, en el caso de que el mismo fuese ofrecido en evidencia por cualesquiera de las partes que-relladas ; y en el caso de que el mismo fuere necesitado como evidencia por el querellante y promovente, esta Corte presumirá que el contenido del libro, papel o documento cuya inspección se hubiera rehusado es tal como lo ha alegado el querellante;

Se apercibe además a las partes querelladas y a cada una de ellas, que el incumplimiento de esta orden podrá ser castigado como desacato.


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license: Public Domain

text:
    Núm. 7727.
    Padilla, apldo. v. Comisión Industrial, etc., apltes.
    Enero 20, 1939.
   —C.D. San Juan. Mandamus.

Por los fundamentos consignados en la opinión emitida en el caso núm. 7728, José Torres Vázquez, demandante y apelado v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandados y apelantes, resuelto en el día de hoy (ante, pág. 111), se confirma la sentencia apelada que en e] presente caso dictó la Corte de Distrito de San Juan el día 8 de diciembre de 1937.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 7622.
    Sucn. Vázquez et al., aplte. v. Butler, apldo.
    Enero 26, 1939.
   C.D. Arecibo. Daños y Perjuicios.

(Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuaNto, el juez de distrito en su “Opinión y Sentencia” dijo:

“El demandado no compareció a la vista del juicio. Los demandantes pre-sentaron prueba pericial consistente en la declaración de un médico y prueba testifical de personas que dicen haber presenciado los hechos esenciales de la demanda.
“Del conjunto de la prueba llegamos a la conclusión de que allá para el mes de enero de 1937 el demandado Nicolás Butler fué a reclamar de Ramón Vázquez Maldonado el pago de cierta cuenta sobre carbón en negocios que ambos llevaban. Que con motivo de tal reclamación y frente a la casa de Ramón Váz-quez se entabló una discusión y aunque la prueba pretende ocultarlo con cierta tendencia a favorecer a Vázquez, -estamos convencidos que hubo una lucha entre ellos, y que al tratar de intervenir otras personas que iban con el demandado, Ramón Vázquez huyó y fué apedreado en la cabeza por el demandado. Si fué con una piedra o con cualquier otro instrumento cortante, o si fué después o en el momento de huir, no es cuestión de mayor importancia.
“Estamos también convencidos de que Ramón Vázquez se atendió descuida-damente y no dió mucha importancia a la herida y que pocos días después se-encontró grave en el hospital bajo la asistencia del médico que declaró en el juicio. Por la declaración de este perito llegamos a la conclusión- de que Váz-quez no tuvo buena asistencia y que hubo bastante descuido por parte de los que lo asistieron. Lo que pudo ser una herida leve, se convirtió en un caso infeccioso que le produjo la muerte. La sucesión reclama ahora indemnización de Nicolás Butler por los daños que dicen haber -sufrido a virtud de tal falle-cimiento.
“Teniendo en consideración que la herida sobrevino a virtud de una lucha personal entre Ramón Vázquez y el demandado Nicolás Butler, y considerando que Ramón Vázquez era solamente un trabajador que podía ganar, más o menos, un dólar diario; y tomando asimismo en cuenta que hubo negligencia contri-buyente por su parte, y que no está muy claro en el asunto si la herida fué la única causa determinante de la muerte, entendemos que la indemnización debe ser reducida, pues es nuestro deber hacer justicia aunque no haya comparecido el demandado.
“Por tanto, la corte declara con lugar la demanda y en su consecuencia condena al demandado a pagar a la Sucesión de Ramón Vázquez Maldonado la suma de quinientos dólares ($500.00) y las costas, excluyendo honorarios de abogado y se dispone que el importe de dicha suma sea depositada en la corte para resolver más tarde el pago de los honorarios de abogado y la cantidad que debe quedar depositada correspondiente a los menores, una vez extraída la que pueda corresponderle a la madre y esposa del causante.”

BoR cuanto, no encontramos en la prueba practicada motivo sufi-ciente para la conclusión a que llegó el juez de distrito en el sen-tido de que ocurriese una verdadera lucha entre Vázquez y Butler, siendo en todo caso Butler el agresor, sin provocación adecuada al momento o resistencia alguna por parte de Vázquez, ni para jus-tificar la inferencia de que Vázquez se atendiera descuidadamente, o que hubiera descuido de los que lo asistieron, o que lo que hubiera podido ser una herida leve se convirtiera en un caso infeccioso debido a tal descuido y no a la naturaleza y condición de la herida misma después de inferida.

PoR tanto, se revoca la sentencia apelada y en su lugar se dicta la siguiente:

Por tanto, la corte declara con lugar la demanda y en su consecuencia condena al demandado a pagar a la Sucesión de Ramón Vázquez Maldonado la suma de $2,000, excluyendo honorarios de abogado, y se dispone que el importe de dicha suma sea depositado en la oficina del secretario de la corte de distrito, para resolver más tarde el pago de los honorarios de abogado y la cantidad que debe quedar depositada correspondiente a los menores, una vez extraída la que pueda corresponderle a la madre y esposa del causante.


text:
    Núm. 7820.
    Echevarría & Co., aplda. v. Domenech, Tesorero, aplte.
    Enero 27, 1939.
   C. D. San Juan. Devolución ele Contribuciones.

Por los motivos expresados en la opinión emitida en el caso núm. 7814, A. Cuesta & Cía., Sucrs., S. en C. v. Sancho Bonet, Tesorero, resuelto el día 19 de los corrientes (ante, pág. 87), se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en el caso arriba titulado con fecha marzo 29, 1938.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. De Jesús, no intervinieron.


text:
    Núm. 7491.
    Ponsa Parés, apldo. v. Winship, Gobernador, etc., apltes.
    Enero 30, 1939.
   C.D. San Juan. Sentencia Declaratoria.

Examinada la moción que antecede, se señala la sesión del día 13 de febrero próximo, a las 2 p.m., para oír a las partes sobre la procedencia de la misma y especialmente sobre la cuestión de conocimiento judicial envuelta. Mientras tanto se ordena que en el séptimo párrafo de la opinión (53 D.P.R. 912) la frase “con la disposición específica que tal rebaja surtiría efecto a partir de una fecha futura” sea enmendada y por la presente queda enmendada para que lea como sigue: “con la disposición específica de que tal rebaja surtiría efecto a partir del I. de julio de 1935”.


text:
    Núm. 1034.
    The Federal Land Bank of Baltimore, recurrentes v. Registrador, recurrido.
    Febrero 2, 1939.
   Original. Recurso Gubernativo.

(Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Por CUANTO, el recurrente, The Federal Land Bank of Baltimore, corporación bancaria organizada de acuerdo con las leyes de los Esta-dos Unidos de América, presentó para su inscripción en el Registro de la Propiedad de San Germán la escritura núm. 63, otorgada en Ponce el 27 de mayo de 1938 sobre agrupación, venta e hipoteca de dos predios de terreno.

Por Cuanto, el Registrador recurrido denegó' la inscripción de dicha escritura en cuanto a la agrupación que en ella se hace, por el fundamento de no haberse acompañado el plano de i a-finca agru-pada según lo dispuesto por la Sección 7 de la Resolución Conjunta núm. 55 de 15 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-37. pág. 639) y por el Reglamento para su ejecución; y en cuanto a la venta e hipoteca de la finca agrupada, por no haber quedado inscrita, tomando en su lugar anotación preventiva por el término legal.

Por CUANTO, la corporación recurrente solicita que se revoque la nota recurrida y que se ordene al Registrador que proceda a prac-ticar la inscripción, por el fundamento, entre otros, de que la Sección I. de la citada Resolución Conjunta núm. 55 de 15 de mayo de 1937, por la que “se autoriza al Comisionado del Interior de Puerto Rico para que todos los planos de fincas rústicas o urbanas, perte-necientes a personas particulares, entidades Municipales y al Gobierno' Insular de Puerto Rico que sean levantados por ingenieros y agri-' mensores que posean una licencia para ejercer sus respectivas pro-fesiones, se sometan a la aprobación de dicho funcionario,” excluye de sus disposiciones a las corporaciones.

PoR Cuanto, en el recurso gubernativo núm. 1030 resuelto • por este Tribunal en diciembre 13, 1938 (53 D.P.R. 944) interpretando diclia sección Ia. de la Resolución Conjunta núm. 55, supra dijimos:

“La sección primera antes transcrita autoriza al Comisionado del Interior de Puerto Rico a que se reeiba para su aprobación y archivo planos de fincas rústicas o urbanas pertenecientes a (1) personas particulares, (2) entidades mu-nicipales, y (3) al Gobierno Insular, levantados por ingenieros y agrimensores que •posean urna lioenoia para ejercer sus respectivas profesiones.
“No todo plano, de acuerdo con esta sección, está sujeto a aprobación y' archivo en el Departamento del Interior. La sección primera exige como re-quisitos indispensables (a) que el objeto del plano sean fincas rústicas o urbanas, (6) que pertenezcan éstas a cualesquiera de las tres entidades antes enumeradas, y (o) que los planos sean levantados por ingenieros o agrimensores autorizados mediante licencia para ejercer sus respectivas profesiones.
‘ ‘ Claro es que el Gobierno de los Estados Unidos de América no está com-prendido, en la frase ‘personas particulares’ y por consiguiente los planos que de bus fincas rústicas o urbanas se levanten no están sujetos a aprobación y archivo por el Comisionado del Interior. Bxpressio unius est exclusio alterius. ’ ’'

Roe Cuanto, por las mismas razones arriba transcritas somos de opinión que las corporaciones, como la recurrente, no están compren-didas en la frase “personas particulares” y por consiguiente que los planos de sus fincas rústicas o urbanas no están sujetos a ser apro-bados y archivados por el Comisionado del Interior.

Por lo tanto, se revoca la nota recurrida y se ordena al Regis-trador de la Propiedad de San Germán que proceda a practicar la inscripción denegada, sin defecto alguno.


text:
    Núm. 33.
    Montaner, Admor., recurrente, v. Comisión Industrial, etc., recurrida, y García lesionado.
    Febrero 2, 1939.
   Original. Recurso de Revisión.

(Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por Cuanto, con fecha 17 de enero de 1939 resolvimos defini-tivamente este recurso confirmando la resolución de la -Comisión Industrial que le concedía compensación al obrero lesionado (ante, pág. 67) ;

Por cuanto, con anterioridad a dicha fecha habíamos revocado la mencionada resolución de. la Comisión Industrial con fecha. 13 de julio de 1938 (53 D.P.R. 518), sentencia .que fué reconsiderada a solicitud del obrero lesionado'; ■ . • •. v .

Por Cuanto, ahora tenemos ante nos una moción .radicada. por el. abogado del obrero para que fijemos los. honorarios que equitativa-mente deba recibir dicho letrado de acuerdo con el artículo 35 de la Ley núm. 45 de 1935 ((1) pág. 251 último párrafo) que dispone:

"En los casos que sean objeto de revisión ante las cortes y en los de mandamus autorizados por esta Ley y en que se utilicen los servicios de un abo-gado, la Corte ante la cual se vea el caso fijará los honorarios que equitativa-mente debe recibir el abogado; ’ ’

Por cuanto, vista la disposición legal que antecede y conside-rada la labor efectuada por dicho abogado ante esta corte;

PoR tanto, se accede a la moción radicada y se fijan dichos hono-rarios en la suma de cincuenta dólares ($50).


text:
    Núm. 7487.

    Díaz, aplte. v. Sucn. Cintrón, etc., apldos.
    Febrero 9, 1939.
   C.D. Ponce. Cobro de Dinero.

(Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

PoR cuanto, el demandante apela de una sentencia registrada en su contra en 12 de enero de 1937 y de una resolución de marzo 16, 1935, por la cual se eliminó una demanda enmendada admitida y radicada en la Corte Municipal de Yauco, y de una resolución de marzo 30, 1936, por la cual se denegó permiso para radicar una demanda enmendada;

Por cuanto, los únicos supuestos errores señalados son:

“Primero: Erró la Corte de Distrito de Ponce al no aplicar el artículo 139 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente al negar la existencia de nuestra demanda enmendada, revocando la resolución de la Corte Municipal de Yauco,' permitiendo y admitiendo nuestra demanda enmendada por las razones allí con-signadas por el juez municipal; y su decisión de eliminar como eliminó dicha demanda enmendada.
“Segundo: Que la corte de distrito erró al no usar su sana discreción con arreglo al artículo 140 de dicho Código de Enjuiciamiento Civil.
“Tercero: Erró asimismo la Corte de Distrito de Ponce al negarse a aplicar el artículo 69 del Código de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 43 del mismo código (ed. de 1933) al negarnos y eliminarnos nuestra demanda enmendada por el fallecimiento de la demandada Dominga Torres, revocando la orden de la Corte Municipal de Yauco de marzo 10 de 1934 y confirmada por su resolución, ambas anteriormente transcritas aquí.”

PoR cuanto, el juez de distrito en su resolución de 16 de marzo de 1935, dijo:

"La demanda original presentada por el demandante alegaba una causa de acción en cobro de dinero contra los demandados, porque éstos tomaron al fiado, en cuenta corriente, en el establecimiento comercial del demandante, pro-visiones y otros efectos, cuya cuenta fué liquidada en enero de 1932 de confor-midad con los demandados, quienes se comprometieron a pagarla en marzo de 1932. Después de contestada esta demanda por los demandados y sin pedir permiso de la corte, el demandante radicó una demanda enmendada en que alegó que sostuvo una cuenta corriente con Valentín Cintrón G-inet, causante de los demandados, a quien vendió provisiones y dió otros efectos para la refacción y cultivo de sus fincas, y que liquidada dicha cuenta en enero de 1932, en vida de dicho Cintrón, éste se comprometió a pagarla en marzo del mismo año, lo que no hizo, y como consecuencia del fallecimiento de Cintrón se reclama de los demandados, su sucesión, el pago de la cuenta que, según se alega en la demanda enmendada, se comprometieron a pagar en el término de dos años con garantía hipotecaria, lo que se han negado a hacer.
"De una simple exposición de los hechos alegados en la demanda original y en la enmendada, se desprende que se alegan dos causas de acción distintas. En la primera demanda se alegó un contrato directo efectuado por los deman-dados con el demandante, a cuya obligación se le dió una fecha dei vencimiento, marzo de 1932. En la demanda enmendada se alegó un contrato distinto, cele-brado entre el causante de los demandados y el demandante, y la obligación subsidiaria contraída por éstos, después de la muerte de su causante, de pagar en agosto de 1934, dos años después del fallecimiento del Sr. Cintrón.
"Que una demanda enmendada que varía la causa de acción de la original, no debe admitirse, es una regla elemental en materia de alegaciones. Véase 1 Bancroft’s Code Pleadings 735; 49 C. J. 507; 21 B.C.L. 580; y las reglas que se citan con aprobación en el caso de Martí v. American R. R. Co., 28 D.P.R. 741.
"Además, habiéndose radicado la contestación a la demanda original, no procedería radicar una demanda enmendada sin permiso de la corte.”

Por CUANTO, lo que hizo el juez de distrito en su resolución del 16 de marzo de 1935, fue declarar con lugar una moción reproducida en apelación ante la corte de distrito por los demandados, por los motivos expresados en los primeros tres párrafos del extracto supra, y si tenía razón en cuanto a las dos causas de acción distintas, no. erró “al no aplicar el artículo 139 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente.”

PoR Cuanto, los supuestos errores segundo y tercero no se dis-cuten separada ni adecuadamente en el alegato del apelante, ni a nuestro juicio existen.

Por tanto, se confirman las dos resoluciones y la sentencia ape-ladas.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 7583.
    Díaz, aplte. v. Corte Municipal, aplda.
    Febrero 9, 1939.
   C.D. Huma-cao. Certiorari.'

(Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por Cuanto, el único señalamiento de error es que:

"La Corte de Distrito de Humaeao cometió error al resolver que eran apela-bles las resoluciones dictadas por la Corte Municipal de Caguas, cuya revisión se solicitaba - en el certiorari, y erró asimismo, al desestimar dicha solicitud de certiorari por ese motivo.”

Por CUANTO, los beebos ocurridos en la corte municipal que die-Ton lugar al procedimiento de certiorari en la corte de distrito ban sido relacionados ya en el caso de Manrique v. Registrador, 51 D.P.R. 787.

PoR Cuanto, las mismas cuestiones envueltas en el procedimiento de certiorari ban sido resueltas ya por esta Corte en el dicbo caso de Manrique v. Registrador, resultando en tal virtud más o menos académica la única cuestión resuelta por la corte de distrito en la resolución.abora apelada.

Por Cuanto, la apelante en su alegato ba dejado de convencer-nos de la existencia del único error especificado, no siendo aplicable a los hechos de este caso la doctrina establecida en el caso de Lothrop v. Casalduc, 12 D.P.R. 142, único citado en su alegato, y no apa-reciendo que una investigación independiente por nosotros de la cues-tión suscitada tendría fin práctico alguno,

Por tanto se confirma la resolución apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao en mayo 1, 1937.


text:
    Núm. 6657.
    Yabucoa Sugar Co., aplte. v. Domenech, Tesorero, apldo.
    Febrero 14, 1939.
   C.D. San Juan. Reintegro de Contribuciones.

(Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por Cuanto, con fecha 28 de julio de 1936 dictamos sentencia en este caso confirmando la de la Corte de Distrito de San Juan que declaraba sin lugar una demanda sobre devolución de contribuciones sobre ingresos por no haberse pagado las mismas bajo protesta;

Por Cuanto, en 13 de julio de 1938, la Corte de Circuito de Apelaciones de Boston, Mass., en apelación, revocó nuestra senten-cia y devolvió el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con su opinión;

Por Cuanto, accediendo a una moción del demandante para que se dictara sentencia declarando con- lugar la demanda, y de confor-midad con el referido mandato, dictamos la sentencia solicitada des-pués de celebrada una vista y examinada la oposición escrita del demandado en que solamente se discutió y levantó por el Tesorero el punto de que hallándose radicada. ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos una petición de certiorari, la sentencia de la Corte de Circuito no era final y por lo tinto no procedía que esta Corte actuase sobre el mandato, sin haber expuesto dicbo demandado otras' razones en su discusión ú oposición;'

"• Por.Cuanto, en.30 de noviembre de 1938 el. demandado radicó una nueva moción sobre modificación de sentencia en la,, .que alega por primera vez qu.e habiéndose dictado la sentencia original a base de una excepción previa, procede ahora la devolución del caso a la corte de distrito de su origen para que se le dé una oportunidad-ai demandado para contestar, sin expresar en dicha moción ni en la vista que se celebró sobre su procedencia, los méritos en que descansa el demandado por vía de defensa a la acción principal;

PoR cuanto, en I. de febrero de 1939 se ha radicado una moción complementaria a la que tenemos sometida en la que se nos informa, a través de certificación expedida por el Hon. Secretario Ejecutivo de Puerto Rico que se ha recibido un cable de la División de Terri-torios y Posesiones Insulares en 'Washington al efecto de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha expedido, con fecha 30 de enero de 1939, el auto de certiorari solicitado anteriormente en este caso;

PoR cuanto, en vista de que cualquier actuación de este Tribunal con referencia a la moción sobre modificación de sentencia pendiente, podría ser fundamentalmente afectada por la decisión que eventual-mente recaiga en el recurso que se ventila ante la Corte Suprema de los Estados Unidos:

PoR tanto, se suspende por ahora la resolución de la moción de modificación de sentencia.


text:
    Núm. 7896.
    Quiñones (a) Yeyo, apldo. v. Corte, aplte.
    Febrero 15, 1939.
   Ape-lación contra Sentencia del Juez Presidente de este tribunal, en funciones de turno. Mandamus.

(Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Yisto el presente recurso con la sola asistencia y argumento del demandado apelante y no habiéndonos convencido de la verdadera existencia de error alguno de naturaleza tal que constituya motivo suficiente para una revocación de la sentencia apelada que dictó el Presidente de este Tribunal en funciones de turno en octubre 26, 1938, por la presente se confirma dicha sentencia.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 165.
    Soldevila, recurrente, v. Comisión Industrial, dmdada.
    Marzo 15, 1939.
   Original. Recurso de Revisión.

(Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Examinada la solicitud que antecede, y no levantándose en ella cuestión alguna de derecho, se declara no haber lugar a la revisión solicitada, de acuerdo con el artículo 11 de lá Ley número 45 de 1935, ((1) pág.'251).


text:
    Núm. 7683.
    Línea Férrea del Oeste, Inc. aplda. v. Gallardo, Secretario Ejecutivo, aplte.
    Marzo 31, 1939.
   C.D. San Juan. Mandamus.

Por las razones expuestas en la opinión emitida por éste Tribunal en el caso civil núm. 7682, Compañía Popular de Transporte, Inc., v. Carlos Gallardo, en su carácter de Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, sobre mandamus, resuelto en esta misma fecha (ante, pág. 576), se declara con lugar el recurso y se revoca la sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan en fecha 10 de diciembre de 1937, sin especial pronunciamiento en cuanto a costas.


text:
    Núm. 168.
    Rossy, recurrente, v. Comisión Industrial, etc., dmdada.
    Abril 13, 1939.
   Original. Recurso de Revisión.

(Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por CUANTO, la petición del recurrente lee como sigue:

“Que la Comisión Industrial de Puerto Rico, el día 21 de julio de 1938, en el caso núm. 3055, seguido ante dicha Comisión contra el recurrente y Tulio Marrero, por virtud de un accidente ocurrido a un tal Juan Castro Iglesias, dictó su resolución, cuya copia certificada se acompaña a esta petición, declarando el derecho de los beneficiarios del dicho Juan Castro Iglesias a recibir cierta com-pensación, dentro de lo provisto por la Ley núm. 45 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de 1935, y condenando al recurrente como uno de los patronos responsables del pago de dicha compensación.
Que el recurrente solicitó la reconsideración de dicha resolución, la cual fué denegada por providencia de marzo 23 de 1939, cuya copia certificada se acompaña, habiendo el recurrente recibido por correo dicha copia el 26 de marzo próximo pasado.
“Que tanto la resolución como la providencia denegando su reconsidera-ción lesionan los derechos del recurrente como sigue:
“La propia resolución de la Comisión en su primer párrafo expresa que Jesús M. Rossy, el recurrente, y Tulio Marrero explotaban una cantera en el barrio Las Cuevas de Trujillo Alto, propiedad ésta del primero, cedida la ex-plotación de la misma al último por convenio verbal, mediante el cual el Sr. Rossy recibía semanalmente del Sr. Marrero una cantidad previamente convenida.
“Durante la vista se comprobó por la prueba que el recurrente Jesús M. Rossy no era, ni tenía, el carácter de patrono, sino el de arrendador de la can-tera a favor de Tulio Marrero.
“Alega el recurrente que él no es, ni era patrono del obrero lesionado al tiempo de ocurrir el accidente; y que en su moción de reconsideración así lo hizo constar, alegando que este Tribunal Supremo en el caso de Rossy v. Del Valle, 34 D.P.R. 730, en un contrato de igual naturaleza al que ahora considera-mos, declaró el carácter de arrendador en el Sr. Rossy. La Comisión no tuvo en cuenta esta alegación del recurrente.
“El recurrente estima que la Comisión Industrial de Puerto Rico cometió un grave error, en estas condiciones al declararle patrono, responsable del acci-dente; y solicita de este Honorable Tribunal que dicte la orden correspondiente para que todos los autos en este caso sean elevados a esta jurisdicción; y, en su día revise y revoque la dicha resolución, declarando exento de responsabilidad a este recurrente, con las costas a quien correspondan.”

P'OR cuanto, la Comisión Industrial, en su resolución denegando la moción de reconsideración, dijo:

"Alega el peticionario que nuestra resolución comienza declarando que la cantera donde ocurrió el accidente'es propiedad del patrono Jesús M. Eossy y que éste había cedido la explotación de la misma a Tulio Marrero, por convenio verbal, mediante el cual éste daba a aquél una cantidad previamente convenida, y arguye que siendo ciertas estas condiciones, la posición del Sr. Eossy es la de arrendador, y por tanto, no podía ser patrono del obrero fenecido.
"La Comisión Industrial ha leído cuidadosamente su resolución antes men-cionada y en ningún sitio de la misma ha expresado su criterio de que conside-rara existente un contrato de arrendamiento entre los Sres. Eossy y Marrero, y no podía resolver sobre la existencia o no existencia de este contrato, porque no fué ésa una de las alegaciones del patrono ni acerca de la cual hizo en juicio la preparación debida.
"En la vista pública celebrada el 2 de diciembre de 1937, al ser interrogado el patrono acerca de su teoría, se expresó en la siguiente forma: (págs. 1 y 2, Eec. Taq.)
"Sr. Comisionado: Teoría de las partes.
"Eept. Benef. — En la fecha que se expresa en los autos falleció el obrero Juan Castro Iglesias a consecuencia de un accidente sufrido en el trabajo, procedente de una cantera, donde se dedicaba a cargar piedras para un truck, habiéndose desprendido una piedra, produciéndole contusiones y lesiones que se detallan en la petición, a consecuencia de las cuales falleció. Que el patrono 'es uno de aquéllos comprendidos dentro de la Ley núm. 45 de 1935 (1) pág. 251; en relación con las disposiciones de esta ley, dicho patrono no estaba asegurado con el Eondo del Seguro del Estado, por lo que era responsable, de acuerdo con la ley, al obrero y a los causantes del obrero fallecido. De manera que nos amparamos en la sección de la Ley núm, 45 de 1935 provista para el caso en que el patrono no haya cumplido con la ley.
"Sr. Comisionado: ¿Y el patrono?
"Eept. Pat. — El patrono solamente levanta en este procedimiento las si-guientes cuestiones: Primera: que el lesionado era un sub-contratista indepen-diente y no un obrero dentro de la ley núm. 45 de 1935; y segunda: ‘que el accidente se produjo por la imprudencia temeraria del lesionado.’
"¿Por qué si el peticionario se consideraba arrendador, y por tanto no responsable como patrono, no hizo esta alegación y presentó en evidencia el con-trato de arrendamiento?
"¿Por qué si era un convenio verbal no produjo prueba testifical de la existencia del mismo? ¿Por qué no trajo al supuesto arrendatario, Sr. Tulio Marrero, para probar la existencia de este convenio verbal?
"No puede plantearse en una moción de reconsideración, ni puede resolverse en ella una cuestión nueva no propuesta en las alegaciones.
"Se ha resuelto:
" 'Mediante una moción de reconsideración y aun en la vista original de la apelación, no pueden plantearse ni resolverse cuestiones nuevas no propuestas en las alegaciones y acerca de las cuales no se hizo la debida preparación en juicio.’ José Rafols Roger, demandante y apelado v. Sucesión de Juan Palén Aguila, demandada y apelante, 40 D.P.R. 731.
“ 'El objeto principal de una moción de reconsideración es dar a la corte que dictó la sentencia o resolución cuya reconsideración se pide, la oportunidad para enmendar o corregir errores incurridos al dictarla.’ Petra, Eugenio y Emilio Dávila y Nicolasa Marrero, demandantes y apelados, v. Ofelia Collazo, demandada y apelante, 50 D.P.R. 494.
“¿Podía la Comisión Industrial cometer error al no resolver sobre una alegación que no le fué planteada?
Se ha resuelto:
‘ ‘ Una cuestión que no ha constituido la teoría del caso ni ha tenido relación indispensable con ella, no puede ser discutida en una petición de reconsideración.’ Rafael Saurí v. José Saurí et al., 39 D.P.R. 898.
“El Sr. Rossy no solamente no hizo alegación alguna de que no debía con-siderársele patrono responsable en el caso, ni presentó prueba de clase alguna al efecto, sino que, al contrario, al ocurrir el accidente que privó de la vida a Juan Castro Iglesias, rindió al Pondo del Seguro del Estado el informe de pa-trono que exige la Ley 45 de 1935, y en él hizo constar bajo su firma, que era el patrono, y en tal carácter compareció a la vista pública celebrada el 2 de diciembre de 1937. Dicho documento obra en el expediente del caso.
“Si el Sr. Rossy no se consideraba patrono del obrero occiso, ¿qué le indujo a informar el accidente al Pondo del Seguro del Estado, en violación del ine. 3. del Art. 13, de la Ley 45 de 1935? Dicho inciso dice así:
“ 'Todo patrono que intencional y maliciosamente informe indebi-damente un caso de accidente del trabajo al Administrador del Fondo del Estado responderá de todos los gastos en que se incurriere con mo-tivo de dicho informe; Disponiéndose, que todo patrono que informe como suyo un accidente oeurrídole a un obrero o empleado que trabaje para un patrono, que en violación de la ley, no se haya asegurado, será castigado por la corte de distrito del distrito donde ocurrió el accidente con una multa no menor de doscientos (200) dólares, ni mayor de cua-tro mil (4,000) dólares, o con una pena de prisión no menor.de seis (6) meses ni .mayor de dos (2) años o.ambas penas a juicio de la corte. Tanto los gastos como las multas se harán efectivas sobre los bienes del patrono.”
“El Sr. Rossy no puede ir contra sus propios actos.
“Por lo expuesto, la Comisión Industrial resuelve declarar sin lugar la Moción de Reconsideración. ’ ’

Por cuanto, los motivos expresados por el recurrente no son sufi-cientes, a nuestro juicio, para justificar la expedición de un auto' de revisión.

Pofe. tanto, no lia lugar al remedio solicitado.


text:
    Núm. 9.
    Asamblea Municipal de Maunabo, aplda. v. Steidel, Alcalde, aplte.

    Abril 28, 1939.
   Impeachment.

(Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción radicada el día 12 de abril, 1939, por el que-rellado apelante, y notificada a la querellante, en la que solicita que se expida un requerimiento a la Asamblea Municipal de Maunabo para que eleve a este Tribunal la transcripción del récord taquigrá-fico tomado por el taquígrafo Sr. Olmeda durante las sesiones de 10 ,y 13 de enero y 2 y 3 de febrero, 1939, para que este Tribunal tenga ante sí todo lo actuado en este caso;

Vista la contestación radicada por la Asamblea querellante en la que aduce como excusa o razón para no cumplir con el deber que le impone el artículo 29 de la Ley Municipal vigente (Leyes de 1931, pág. 610) dé enviar a esta Corte Suprema el récord conteniendo todo lo actuado, que el taquígrafo se lia negado a entregar dicho récord taquigráfico por no haberle sido satisfechos sus honorarios y además que la Asamblea querellante carece de fondos con que pagar tales honorarios;

PoR CUANTO, del estudio preliminar que hemos hecho de los autos del caso, aparece que la parte del récord taquigráfico que ha sido elevada a esta Corte contiene toda la prueba practicada ante la Asam-blea querellante, la suficiencia de la cual ha sido impugnada por el querellado apelante;

PoR lo TANTO, y siendo insuficientes a juicio de este. Tribunal las razones aducidas por la Asamblea Municipal querellante para jus-tificar su negativa a enviar el récord completo, tal y como lo requiere la ley, se resuelve que esta Corte procederá a oír y a decidir el caso por el récord que tiene ante sí, en cuanto a la suficiencia de la prueba; y que oirá y resolverá las cuestiones legales que fueren debi-damente planteadas y substanciadas por el querellado apelante.


text:
    Núm. 7944.
    Castejón, aplte. v. Sancho Bonet, Tes., etc, apldos.
    Mayo 2, 1939.
   C.D. San Juan. Nulidad de Subasta.

(Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sí. Hutchison.)

Vista la moción que antecede con la asistencia de ambas partes, se ordena y decreta la sustitución solicitada, se deja sin efecto la resolución de esta Corte de marzo 7, 1939, sobre desestimación de la presente apelación y se concede a la parte apelante un nuevo término de treinta días contados desde hoy para radicar en la corte de distrito su transcripción de la evidencia.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 38.
    Montaner, Admor., recurrente, v. Comisión Industrial, etc., dmdada. y Fajardo Sugar Co. of P.R., patrono.
    Enero 13, 1939.
   Original. Recurso de Revisión.

Por los motivos consignados en la opinión emitida en el día de boy en el recurso de revisión núm. 37, Ramón Montaner, etc., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, recurrida, y Antonio R. Matos et al., peticionarios ante la Comisión (ante, pág. 55) se declara sin lugar el presente recurso de revisión.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Rosa, Monserrate Rafaela, Rafaela Monserrate, Eduardo y Soledad Pérez Casalduc, como herederos de Eduardo Pérez Rivera, demandantes, contrademandados y apelados, v. Sucn. de Jaime Oliver Mayol, compuesta de sus hijos Francisco, Antonia, Manuela y Margarita Oliver Culvejé y Francisco y Margarita Oliver López, demandados, contrademandantes y apelantes.
    Núm. 7484.

    Sometido: Mayo 24, 1938.

      Resuelto: Junio 1, 1939.

      M. Marcos Morales, abogado de los apelantes; E. Pérez Casalduc j M. García González, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del

tribunal.

. Los demandados apelan de una sentencia adversa en una acción reivindicatoria.

En enero de 1899 Eusebio Pérez Castillo hipotecó una plantación de café conocida por Gripiñas para garantizar el pago de 40,207.67 pesos provinciales. Se decía que éste era el saldo adeudado a Jaime Oliver de una cuenta liquidada. Pérez Castillo murió en julio. Uuo de sus ocho hijos, Eduardo Pérez Rivera, falleció en septiembre. Los demandantes eran los hijos menores de Eduardo Pérez. En enero de 1900 se constituyó un consejo de familia. Este nombró un tutor y un protutor.

Monserrate Rivera viuda de Pérez Castillo falleció en junio de 1900. Eusebio Pérez Castillo y Monserrate Rivera en sus respectivos testamentos designaron albaceas y conta-dores partidores.

En octubre de 1900 los herederos mayores de edad y el tutor, actuando este último en representación de los menores, reconocieron adeudar a Oliver la suma de $5,126.82. Para garantizar el pago otorgaron una segunda hipoteca sobre la hacienda G-ripiñas. Un acuerdo del consejo de familia con-firió al tutor poderes generales, pero sin facultad específica para lo acordado. Contrario a lo manifestado en la hipoteca en lo atinente al importe de la deuda que allí se reconocía, Jaime Oliver, por su apoderado Francisco Oliver, en un docu-mento privado de igual fecha, acusó recibo de 2,225 pesos provinciales como la suma adeudada por los herederos de Pérez en una cuenta corriente que se decía haber sido pagada por la hipoteca.

Al mismo tiempo los herederos mayores de edad y el tutor, de conformidad con los poderes generales conferídosle, pero sin autoridad específica, por escritura notarial cedieron y traspasaron a Jaime Oliver toda la cosecha de café de 1901 de la finca Gripiñas. El producto, luego de deducir ciertos gastos, debía abonarse a cuenta de la deuda en la forma que se hacía constar en la cláusula sexta del documento.

En febrero de 1901 Oliver instó demanda en la Corte Federal contra los herederos de Pérez en ejecución de la hipoteca que pesaba sobre la hacienda Gripiñas, ascendente a $24,124.60 y en ejecución de una hipoteca por $22,074.60 que pesaba sobre otras fincas, otorgadas ambas por Eusebio Pérez. Este pleito fúé desistido meses más tarde.

En mayo de 1901 los herederos mayores de edad en una escritura notarial hicieron constar que el total de la deuda de Oliver ascendía a $60,000; que de esta suma, distribuida entre los herederos, los mayores de edad respondían de $52,500, o sea $7,500 cada uno, y los menores de los $7,500 restantes. En la misma escritura los herederos mayores de edad traspasaron a Oliver su condominio indiviso de 7/8 partes de la finca en pago de $52,500 como su participación en la deuda, a condición de que tal pago se acreditara así: $16,624.60 a la primera hipoteca sobre la hacienda Gripiñas por $24,124.60; $5,126.82 en pago total de la segunda hipo-teca que pesaba sobre la misma finca; $22,074.60 en pago total de una hipoteca que gravaba otras dos fincas, Yunes y Limón, y los $8,673.98 restantes en pago de los intereses ven-cidos sobre las tres hipotecas, más las costas incurridas por Oliver, y el saldo adeudádole como resultado de su adminis-tración de la finca Gripiñas. Oliver convino, entre otras cosas, en no reclamar de los herederos menores de edad más de los $7,500 restantes adeudados sobre la primera hipoteca, sin intereses, siempre que la deuda le fuera pagada dentro del término de dos meses. De la escritura no se desprendía que toda la finca había sido tasada por peritos con interven-ción de los menores. La escritura sí contenía una cláusula posterior en que se decía que él tutor (que anteriormente no había sido mencionado como compareciente en la escritura) se unía en ella. Invocando las facultades conferídasle por el consejo de familia a fin de evitar perjuicios y con el propósito de facilitar el arreglo de un pleito entre Oliver y los menores, el tutor convino, a nombre y en representación de los menores, en que su octava parte indivisa en la hacienda Gripiñas sir-viera de garantía a los $7,500 que aún se adeudaban a Oliver. Se insertó un párrafo relativo al poder general para celebrar transacciones o arreglos amistosos, pero sin autorización específica para el acto llevado a cabo por el tutor. Nada había que demostrara la autorización judicial o la aproba-ción del convenio, en lo que a los menores se- refería. En una escritura de igual fecha, Jaime Oliver, representado por su hijo y apoderado Francisco Oliver, se obligó a otorgar en •favor de la Sucesión Pérez, o de la persona o personas que ésta designara, la escritura o escrituras necesarias para trans-ferirle los tres créditos hipotecarios (el primero por tres mil pesos provinciales, el segundo por cinco mil pesos provin-ciales y el tercero por $1,400 moneda americana) y a traspa-sarle una finca rústica de 55 ó 57 cuerdas en el barrio Jayuya Arriba. En esta escritura Oliver admitía haber recibido de los herederos la suma de $1,500 oro americano en pago del precio de la finca rústica, y el pago anterior por los here-deros del importe total de las tres hipotecas. Manifestaba que su obligación surgió de la transacción celebrada en dicho día con la Sucesión Pérez; pero que los documentos necesa-rios no podían ser otorgados inmediatamente. En esta escri-tura — de la cual no se hizo mención en el documento a virtud del cual se adjudicaron las 7/8 partes de la finca Gripiñas a Oliver y se reconocía la deuda de $60,000 — los menores no comparecieron como partícipes ni aceptando su parte de los créditos hipotecarios ni de la finca descrita en ella que Oliver se comprometía a traspasar por el precio ya recibido.-

En una escritura fechada el 13 de junio de 1901 en que el tutor no compareció, Julio Grau (como representante de los herederos mayores de edad) y Jaime Oliver (represen-tado por Juan Esteva) hicieron constar que existía un error en la liquidación de la cuenta, toda vez que el importe de la deuda era $70,000 en vez de $60,000 y que por consiguiente la adjudicación de las participaciones indivisas de la finca Gripiñas hecha a Oliver en la escritura de mayo 10, 1901, debía considerarse como efectuada por dicha suma.

De una escritura otorgada el 15 de junio de 1901 se des-prende que el tutor, a nombre de los demandantes, adjudicó a Jaime Oliver (representado por su apoderado Juan Esteva) la octava parte indivisa reservada a los menores en la escri-tura de mayo 10, 1901, participación sobre la cual el tutor había reconocido la existencia de una hipoteca en favor de Oliver. Se expresaba que tal adjudicación se bacía después de haberse efectuado una subasta de dicho condominio indi-viso, autorizada y celebrada por el consejo de familia según actas relacionadas. Se decía que Oliver había sido el único postor y que había ofrecido $7,500 (importe de la hipoteca) para abonar y saldar la cuenta a su favor, como debida por los menores.

Por una escritura de fecha 8 de octubre de 1902 los here-deros mayores de edad y el tutor, hacían constar que — luego de un detenido examen para determinar si los créditos y la finca que Oliver en la escritura de mayo 10, 1901, se había comprometido a traspasar, pertenecían a la sucesión Pérez o a otras personas — ellos se habían convencido de que la finca pertenecía a Amador Dávila Villanueva y los tres créditos hipotecarios a Eduardo Artáu, en vez de a la sucesión. Los herederos mayores de edad y el tutor entonces autorizaron a Dávila y a Artáu para que exigieran de Jaime Oliver dichos bienes y a Oliver para que otorgara a favor de Dávila y de Artáu una escritura de dicha finca y de los créditos hipo-tecarios.

Por escritura de febrero 20, 1903, Oliver traspasó a Eduardo Artáu dos de los créditos hipotecarios por el importe total ($3,200) y parte del otro crédito ($2,300) reteniendo $700 sin explicación alguna y sin la comparecencia o consen-timiento de los herederos mayores o menores de edad.

En una escritura de 28 de julio de 1910 Eduardo Artáu, como un acto de liberalidad y para demostrar su afecto a los menores, les traspasó dos casas en el pueblo de Utuado valo-radas en $2,500. El tutor compareció en esa escritura en representación de los menores. En otra escritura fechada el 13 de diciembre de 1912, Artáu y el tutor se referían a un convenio que se decía haberse celebrado en julio de 1910 sobre la venta de las dos casas, y hacían constar que el precio de las mismas se había pagado para aquella fecha. Entonces Artáu traspasaba a los menores las dos casas en pago de la suma que se decía habérsele entregado en 1910. .

Oliver murió en España el 14 de enero de 1919 bajo testa-mento. Al hacerse la partición de sus bienes, la finca Grripi-ñas fné adjudicada a sus cuatro hijos Francisco, Margarita, Manuel y Antonia Oliver Cuveljé, aquí demandados, en las siguientes proporciones: 2/5 al primero y 1/5 a cada uno de los demás.

En una declaración jurada suscrita ante un notario el .26 de septiembre de 1926 Eduardo Artáu decía, substancial-mente, que había recibido los créditos hipotecarios de Oliver, de conformidad con un entendido celebrado con la Sucesión Pérez al efecto de que él debía liquidarlos, cobrar cierta suma que se le adeudaba a su hermana y entregar el saldo (ascen-dente a unos $4,000), a los menores, representados por su tutor; que él había entregado parte en efectivo, $1,200 en un pagaré que satisfizo en 1913, y el saldo mediante adjudicación a dichos menores de dos casas que le habían pertenecido.

Por escritura de marzo 20, 1902, Eduardo Artáu aceptó del tutor de dichos menores una cesión de derechos en pago total de cuatro pagarés que le habían sido endosados por los tomadores, uno de los cuales era su hermana.

Otros documentos, borderós y recibos relativos a hechos esenciales fueron admitidos en evidencia. Hubo también prueba sobre las alegaciones de la demanda, sobre la contes-tación y contrademanda, y declaraciones periciales en torno al-valor de la propiedad y costo de cultivo y sobre las sumas producidas durante los períodos de tiempo envueltos.

La relación de hechos -que antecede ha sido tomada de las conclusiones que aparecen en una opinión y sentencia escrita en 65 páginas de papel legal y en la cual el juez de distrito resolvió que en lo que a los menores se refería el acuerdo de mayo 10 de 1901 (que consideraba como una divi-sión de la finca G-ripiñas) y el convenio de juino 15, 1901, eran nulos de toda nulidad.

Sus razones fueron: Que no había habido procedimiento de testamentaría ni liquidación de la herencia con anteriori-dad al momento en que el consejo de familia autorizó la adjudicación de bienes pertenecientes a los menores y con prioridad a la adjudicación de tales bienes por el tutor; que aún si tales acuerdos no fueron enteramente nulos por no exis-tir un procedimiento anterior de testamentaría, lo fueron enteramente nulos debido a la liquidación de las deudas y a la partición y adjudicación de bienes sin el consentimiento expreso del tutor, sin autorización específica para la celebra-ción do tal convenio y sin que Rubiera aprobación judicial de la partición, y porque el acuerdo descansaba en premisas falsas y simuladas que demostraban un entendido entre los herederos mayores de edad, el tutor y algunos de los miem-bros del consejo de familia y Oliver, con el fin de facilitar la adquisición de la hacienda G-ripiñas por parte de Oliver en perjuicio manifiesto de los intereses de los menores.

La escritura de mayo 10, 1901, no fué de partición, sino la enajenación de un condominio indiviso, o de siete condo-minios indivisos, en la finca Gripiñas. No hubo partición de dicha finca ni de la herencia.

El tutor había sido autorizado por el consejo de familia para celebrar transacciones y arreglos amistosos con todos o con algunos de los acreedores de los finados -Pérez Castillo y Eduardo Pérez Rivera, estipulando plazos, intereses con las prórrogas que se le concedan, firmando al efecto pagarés y todo género de obligaciones, incluso hipotecas de las fincas de cualquier clase que constituyan el capital yacente del señor Pérez Castillo y su consorte doña Monserrate Rivera, así como de los cónyuges Eduardo Pérez Rivera y Rosa Casal-duc Roig. Podría admitirse que el tutor debió haber obte-nido una autorización más específica antes de convenir en la liquidación y distribución de las deudas y en la cancelación de las hipotecas que pesaban sobre la finca Gripiñas y sobre otras fincas, en lo que a la participación indivisa traspasada por los herederos mayores de edad se refería, y antes de con-venir en que el condominio indiviso de los menores en la hacienda Gripiñas, que ya estaba sujeto a hipotecas previa-mente otorgadas, sirviera de única garantía a los $7,500. Podría igualmente admitirse que por falta de autoridad más específica los herederos menores de edad no quedaron obliga-dos por los términos del contrato al tiempo de su ejecución. De ello no se desprende que el contrato fuera enteramente nulo. Contenía una cláusula al efecto de que el tutor para aquel entonces estaba tomando los pasos necesarios con el propósito de que los menores de edad pagaran los $7,500.

De.la escritura otorgada el 15 de junio se desprende que el 7 de mayo, o sea tres días-antes de haber los herederos mayores de edad hecho la enajenación, un consejo de familia que tenía conocimiento del acuerdo a que ya habían llegado los herederos mayores de edad y Oliver, autorizó la venta del octavo indiviso de los menores en pública subasta por un precio mínimo de $7,500. De esa escritura también se des-prende que el consejo de familia, teniendo presente el pro-cedimiento ejecutivo que se hallaba pendiente en la Corte Federal y el acuerdo a que ya habían llegado los herederos mayores de edad y Oliver, resolvió que una venta por un precio mínimo de $7,500 resultaría en provecho de los meno-res. De esa escritura también se desprende que Oliver fué el único postor en la subasta, que ofreció por la participa-ción indivisa de los menores la suma de $7,500 como saldo en descubierto de su hipoteca, y convino en aceptar el condo-minio indiviso en pago total de dicho saldo. El consejo de familia, luego de ulterior deliberación y de oír al protutor, quien consideró que una venta en los términos indicados resul-taba provechosa para los menores, aprobó unánimemente la venta -efectuada a Oliver por dicha cantidad y sujeta a las condiciones especificadas en su oferta; entonces autorizó y ordenó al tutor que otorgara la correspondiente escritura de enajenación o adjudicación en las condiciones indicadas por el postor. La escritura de junio 15, otorgada por el tutor, fue una de compraventa o de dación en pago por la suma ofrecida por Oliver, o sea por $7,500, y en pago total del saldo del crédito hipotecario.

Un procedimiento anterior de testamentaría, de liquida-ción y partición de la herencia hubiera sido más preferible, más regular y más provechoso a los intereses de los meno-res, siempre que se hubiera podido inducir a Oliver a que dejara en suspenso el pleito en ejecución de hipoteca. No es probable que los menores hubieran derivado ningún bene-ficio de prolongados litigios ante la Corte Federal. Ni un procedimiento de testamentaría, ni la liquidación y distribu-ción de la herencia, ni la partición de la hacienda Gripiñas eran un requisito anterior indispensable a la subasta auto-rizada, efectuada y aprobada por el consejo de familia o al otorgamiento por el tutor de la escritura de enajenación que el consejo de familia autorizó y ordenó. Para los fines de esta opinión asumiremos que en caso de que hubiera habido-un procedimiento posterior de testamentaría o cualquier otro procedimiento para la liquidación, partición o distribución de la herencia, incluyendo la hacienda Gripiñas, Oliver se hubiera subrogado más o menos en los derechos y obligaciones de las personas de quienes adquirió. Sin embargo, ésta es cuestión que no ha sido discutida en los alegatos y no es necesario que especulemos más en torno a lo que hubiera podido hacerse o no en cualquier procedimiento ulterior. El importe total de la deuda pudo haber sido mucho menos de $60,000. Ésa fué la conclusión del juez de distrito. .La hacienda Gripiñas pudo haber valido para aquel entonces de $80,000 a $100,000, seg’ún estimó el juez de la corte inferior. De ello no se deduce que la transacción en su totalidad fuera simulada o nula por falta de causa. Tal vez pudo estar viciada de fraude, con-forme concluyó el juez de distrito. No era absolutamente nula.

El alegato de los apelados ha dejado de convencemos de que la enajenación de junio 15 y la transacción y compromiso de mayo 10, en lo que a los menores concierne, eran ente-ramente nulos por motivos que el juez de distrito resolvió equivalían a meras irregularidades.

El más joven de los herederos menores de edad tenía treinta años para la época en que se radicó la demanda. La contención de la demandada de que el recurso había prescrito por no haberse iniciado dentro de los cuatro años posteriores a la fecha en que dichos menores llegaron a su mayoridad, debió haber prosperado.

Debe revocarse la, sentencia apelada y declararse sm lugar la demanda.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: Ec Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    Dionisio Cora, demandante y apelado, v. Josefina Belgodere de Cora, demandada y apelante.
    Núm. 7617.

    Sometido: Marzo 9, 1939.

      Resuelto: Junio 1, 1939.

      Patio Andino, abogado de la apelante; Luis F. Camacho, abogado del apelado.
   Ec Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura de 12 de noviembre de 1930, otorgada ante el notario Tomás Bernardini de la Huerta, los hermanos Poli-carpio y Dionisio Cora constituyeron una sociedad mercantil colectiva con domicilio en el pueblo de Arroyo, bajo la razón social de P. Cora & Hno. Consignaron en la escritura social que desde el primero de enero de 1928 venían trabajando juntos en negocio de comercio ai por mayor y al detal en el indicado pueblo, por lo que al establecer el término de duración de la sociedad lo hicieron con efecto retroactivo al primero de enero de 1928.

Antes de otorgarse la escritura de sociedad, allá para el 27 de marzo de 1928, doña María Antonia Defendini vendió a la sociedad P. Cora & Hno. el solar y casa que motivan este pleito, inscribiéndose la finca a nombre de la compradora en el Registro de la Propiedad de Guayama, al folio 193 del tomo 14 de Arroyo, finca número 515, inscripción quinta.

Continuó su marcha la sociedad hasta que fué disuelta por escritura de 26 de mayo de 1936 ante el mismo notario Bernardini. En esta última escritura se adjudicó a Dionisio Cora la finca antes mencionada en pago de su haber social.

Dueño así de la finca, con fecha 5 de marzo de 1937 Dio-nisio Cora radicó la demanda de desahucio de este caso contra Josefina Belgodere, esposa de Policarpio Cora. Alegó en la demanda su título de dominio sobre el inmueble en cues-tión; que la demandada estaba poseyendo la planta alta de la ameritada casa sin título y sin pagar canon o merced alguno, y terminó suplicando una sentencia de desahucio.

Contestó la demandada alegando que la casa en cuestión fué adquirida por Dionisio y Policarpio Cora durante el matri-monio de este último con la demandada, sin que en dicha fecha existiese entre dichos señores Cora la sociedad que cons-tituyeron algunos años después de adquirida la finca. Que la demandada hace más de diez años habita dicha casa en unión de su esposo como únicos dueños, y sin que en ningún momento con anterioridad a la demanda de este caso el demandante hubiere objetado a su posesión y disfrute del inmueble. Que la acción de desahucio es el resultado de una conspiración entre los hermanos Dionisio y Policarpio Cora para privar a la demandada de su participación en los bienes de la socie-dad conyugal con su citado esposo, pendiente de disolución a virtud del pleito de divorcio instituido por ella en los tribunales de Puerto Rico. Termina la contestación con la siguiente súplica:

“Por ]o que se suplica .a la Hon. Corte se sirva desestimar la demanda de desahucio, declarando que los derechos de demandante y demandada deben ser discutidos y resueltos en el juicio plenario correspondiente, imponiendo al demandante el pago de costas, des-embolsos y honorarios de abogado.”

Fué el caso a juicio y la corte, estimando que el deman-dante había probado su condición de dueño del inmueble, que la demandada lo venía ocupando sin título y sin pagar canon o merced alguno, y que la impugnación que al título del demandante hacía la demandada no era propia de ser con-siderada dentro del procedimiento de desahucio, el 29 de marzo de 1937 dictó sentencia declarando con lugar la demanda.

Estableció la demandada este recurso en el que imputa a la corte sentenciadora la comisión de los siguientes errores:

“Primero: Al declarar que en el juicio de desahucio no puede el demandado alegar y probar la insuficiencia o ineficacia del título del demandante, equivocando la doctrina sentada por esta Hon. Corte Suprema de Puerto Rico y anteriormente por el Tribunal Supremo de España.
“Segundo: Al reconocer título válido y eficaz a favor del deman-dante para ejercitar esta acción de desahucio.
“Tercero: Al no reconocer que la acción de desahucio y el título de adjudicación en que la misma se-funda son el resultado de una confabulación entre el demandante y su hermano, esposo de la de-mandada, señora Josefina Belgodere.
“Cuarta: Al no reconocer que el título del demandante ha que-dado impugnado, en su esencia y efectos, de tal manera que es insu-ficiente para sostener la acción de desahucio.
“Quinto: No reconocer a la sociedad de gananciales constituida por la demandada y su esposo, Policarpio Cora, un condominio en la finca objeto de desahucio, que impide ejercitar ésta contra uno de los esposos.”

Las cuestiones levantadas por la demandada apelante en los cinco señalamientos de error que acabamos de exponer, se reducen a determinar si de sus alegaciones y prueba surge conflicto de título que impida dictar sentencia decretando el desahucio.

Ya hemos visto que la casa en cuestión fué comprada por la sociedad P. Cora & Hno. y que se inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad. También resulta de la e\ddencia documental ofrecida por el demandante que esa sociedad, cuya constitución no constaba originalmente en escritura, quedó formalizada por la de 12 de noviembre de 1930 cuyos efectos se retrotrajeron al primero de enero de 1928. Finalmente, consta también en documento auténtico que al disolverse la sociedad la finca fué adjudicada al demandante en pago de su haber social. Así pues, la prueba del demandante tiende a probar que es dueño del inmueble y por consiguiente tiene personalidad para establecer el pleito de desahucio. Insiste la demandada en que en el presente caso existe un conflicto y que por consiguiente debe desestimarse la acción de desahucio. Repetidas veces ha dicho este tribunal que para que surja conflicto de título que impida la acción de desahucio, es preciso que de las alegaciones y de la prueba de la parte demandada surjan hechos suficientes para demostrar que sus pretensiones de título no están desprovistas de fundamento; en otras palabras, que tiene un color de título. En el presente caso las alegaciones y prueba de la demandada en relación con el título que ella reclama, están tan desprovistas de fundamento legal que en realidad no suscitan conflicto alguno de título. El hecho de que el contrato de sociedad de P. Cora & Hno. no constase en escritura pública al tiempo de adquirir la finca motivo del desahucio, no impide que la sociedad tuviera personalidad para adquirir inmuebles. Silva Hno. & Co. v. Registrador, 28 D.P.R. 177, 179. Tampoco existe la más ligera sos-pecha de la combinación fraudulenta que la demandada imputa a los hermanos Cora, pues desde que se adquirió la finca el 27 de marzo de 1928 se consignó en la escritura de compraventa que el inmueble lo compraba la sociedad P. Cora & Hno., y desde aquella fecha, según la demandada, ella y su esposo ocuparon la planta alta de la casa y continuaron allí viviendo por "espacio de diez años. De manera pues, que esa circunstancia elimina toda sospecha de que el título del inmueble se transmitiese a la sociedad con miras a una acción de divorcio que se presentó muchos años más tarde.

No existiendo conflicto de título y resultando de la prueba un título de dominio a favor del demandante y que la deman-dada ocupa el inmueble sin derecho alguno y sin pagar canon o merced al demandante, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Benito Colón González, peticionario y apelante, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada y apelada.
    Núm. 7825.

    Sometido: Mayo 24, 1939.

      Resuelto: Junio 2, 1939.

      J. Ramírez Viñas, abogado' del apelante; Son. Procurador General B. Fernández García j P. Defendini, Subprocurador General Auxiliar, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Benito Colón, en una petición ele mandamus radicada en la corte de distrito, alegó: que la Comisión Industrial había ordenado el pago de una sexta parte de la compensación que se le había concedido a él en cierto caso, ascendente a la suma de $93; que el dinero estaba en la posesión del Comptroller de la Comisión, quien se negó a entregarlo por haber recibido órdenes de la Comisión en ese sentido. Se solici-taba la expedición de un auto condicional dirigido a. la Comisión y al Comptroller, obligándolos a hacer el pago. La corte de distrito expidió el auto condicional.

La Comisión en su contestación (return) explicó que no había obedecido la orden porque el peticionario ya había recibido más de la sexta parte de su reclamación en el caso a que se refería la petición, por haberse apropiado indebida-mente de la cantidad de $225 que correspondían a una reclamación del obrero Vicente Molina Otero; y porque la Comisión había adoptado una resolución al efecto de que los $93 reclamados por Colón debían abonárseles a Molina opor-tunamente, quedando la transacción de abono pendiente del resultado de una causa criminal seguida por el ministerio publico, por la cual se le acusaba de haberse apropiado inde-bidamente los $225 que pertenecían a Molina.

La corte de distrito resolvió que a falta de prueba de las circunstancias bajo las cuales se realizó la apropiación de los $225, no aparecía claramente que la Comisión hubiese abusado de su discreción al suspender el pago de los $93. Otra razón aducida por la corte de distrito para declarar sin lugar la petición fue que no había alegación alguna- de que la Comisión hubiese sido requerida después dehaberse negado a efectuar el pago en cuestión.

El Comptroller, después que la Comisión había ordenado la suspensión de pago, no tenía ningún deber ministerial que cumplir. La petición no contiene indicio alguno de que la Comisión se hubiese negado a revocar su orden para la suspensión del pago ni de que ninguna solicitud se hubiese hecho a la Comisión por el peticionario en ningún momento después de dictada dicha orden.

Nos parece que la corte de distrito también pudo haber resuelto que el peticionario tenía un remedio ordinario ade-cuado.

Debe confirmarse la sentencia ajelada.


text:
    Enrique Ponsa Parés, peticionario y apelado, v. Blanton Winship, Gobernador de Puerto Rico; Leslie A. MacLeod, Auditor de Puerto Rico; R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico y B. Fernández García, Procurador General de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 7491.

    Sometido: Febrero 20, 1939.

      Resuelto: Junio 2, 1939.

      Son. ’Procurador General B. Fernández García y Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar, abogados de los apelantes; Ponsa & Biefkolil, abogados del apelado.
   EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN.

El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del

tribunal.

En nuestra opinión anterior dijimos que Ponsa Parés había recibido su nuevo nombramiento el 13 de julio de 1935. Esta aserción se basó en una estipulación radicada en la corte de distrito. Sucede ahora que las partes estaban equivocadas sobre la fecha del nombramiento que hicieron constar en la estipulación. El Gobernador, según parece, envió el nombramiento de Ponsa Parés al Senado con anterioridad al 2 de julio y el Senado confirmó el nombramiento en dicho día. El Gobernador firmó el nombramiento el 5 de julio. La Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de presupuesto el 8 de julio. Podemos tomar conocimiento judicial de estos hechos. Fueron admitidos por los letrados del apelante durante la vista. De ahí se desprende que el sueldo fué reducido con posterioridad al nombramiento, conforme resolvió el juez de distrito, y la sentencia de este tribunal, en lo que a la revocación parcial de la sentencia de la corte de distrito se refiere, debe dejarse sin efecto, a menos que pueda ser sostenida por motivos distintos a los indicados en nuestra opinión anterior.

Los letrados de la parte apelante descansan en los casos de Kilroy v. Whitmore, 300 P. 851, y Wüliams v. Garey, 19 Cal. App. 769 (127 P. 824). La rebaja de sueldo para el nuevo término fué efectuada por la ley de presupuesto para el año fiscal 1935-1936 y no por la del año anterior 1934-1935, La ley de presupuesto para 1935-1936 fué pasada y apro-bada después de haberse hecho el nombramiento por un nuevo término. Empezó a regir el primero de julio. Si no se hubiese aprobado un presupuesto para el año fiscal 1935-1936, el del año 1934-35 hubiera continuado rigiendo de conformi--dad con el artículo 34 de la Carta Orgánica, y los casos que acabamos de mencionar hubieran sido más aplicables. No podemos convenir en que esos casos deban controlar el presente.

Debe dejarse sm afecto nuestra sentencia de diciembre 8, 1938, y confirmarse la de la corte de distrito.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Juan A. Faría, demandante y apelante, v. Juan Negrón y suesposa Petra García, Tomasa Negrón, Juan González y Antonio Negrón, demandados y apelados.
    Núm. 7781.

    Sometido: Abril 11, 1939.

      Resuelto: Junio 2, 1939.

      Pedro M. Porrata, abogado del apelante; Ramón A. Gadea, abogado de los apelados.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Ésta es una acción de desahucio en precario. De una sentencia en que se declara sin lugar la demanda y se le condena a pagar las costas con más $100 para honorarios •de la parte demandada, el demandante interpuso esta apela-ción.

Además de los hechos comunes a acciones de esta natu-raleza, se alega en la demanda que por escritura pública número 29, otorgada el día 3 de julio de 1935, el demandante adquirió por compra, de Mario Mercado Montalvo, una finca de tres cuerdas ochenta céntimos, radicada en el barrio Saba-netas, de Ponce, con casa de madera, y que los demandados, sin título alguno, la detentan.

Contestaron los demandados negando haber vendido dicha finca y alegando en contrario que en 3 de julio (sic) de 1934 tomaron a préstamo a Mario Mercado Montalvo mil dólares al 9% de interés, por un año con otro de prórroga, consti-tuyendo en garantía de tal préstamo una hipoteca en la forma de venta con pacto de retro, sobre la finca, excluyendo la casa, no habiendo nunca vendido la referida propiedad, aunque ello aparezca así de la escritura de compraventa núm. 17, otorgada el día 11 de mayo de 1934 por ellos a favor de Mario Mercado Montalvo. El resto de las alegaciones de la contestación son las propias de estos pleitos.

El fundamento principal de la sentencia recurrida fué que ■en este pleito . hay envueltas cuestiones de derecho más o menos controvertibles, toda vez que los demandados alegan que no convinieron con don Mario Mercado Montalvo (de quien deriva su alegado título el demandante Faría) una venta absoluta y sí una hipoteca por mil dólares en la forma de venta con pacto de retro, y tal alegación no está desnuda de toda prueba.”

El apelante señala en su alegato dos errores, que pueden discutirse conjuntamente, pues en ambos se le atribuye a la corte sentenciadora el haber errado al declarar que existe un conflicto de títulos.

La prueba documental del apelante consistió de las dos escrituras de compraventa ya mencionadas al exponer los hechos, por virtud de las cuales los demandados vendie-ron a Mario Mercado en 11 de mayo de 1934 y éste al deman-dante en 3 de julio de 1935. La oral consistió de la declaración del abogado Pedro M. Porrata, ante quien se otorgaron ambas escrituras,'y a la sazón abogado del demandante. Los deman-dados no ofrecieron prueba documental; . se limitaron a impugnar el título del demandante con la declaración de Juan Negrón y de Petra García. En esas circunstancias, no existe, a nuestro juicio, ningún conflicto de títulos. El conflicto de títulos que no puede resolverse en una acción de desahucio surge cuando el demandado descansa en uno distinto e inde-pendiente del que ostenta el demandante, y no en la nulidad .del título de aquél. Ni siquiera es suficiente la mera ale-gación de un título independiente en el demandado; es menes-ter prueba bastante que lo robustezca para que una corte pueda legalmente impedir que la acción de desahucio pros-pere, porque, como dijo esta corte en Brunet v. Corte, 45 D.P.R. 901, 903: “. . .los derechos del demandante no deben estar a merced de una alegación de título que no esté sos-tenida por la prueba . . . ”; y en Lafontaine et al. v. Lafontaine et al. y Pérez, etc., 30 D.P.R. 194, 195: “. . . Pero nunca hemos resuelto que una mera alegación de título sin más pueda destruir la acción posesoria de un demandante. . .” En el de Marrero v. Plumey, 35 D.P.R. 1015, 1017, se cita con aprobación el caso de Lafontaine, supra, y se dice:

“Nos sentimos obligados a convenir con la apelada, y por tanto con la corte, que la mera aserción de un título independiente y de alguna prueba tendente a probar tal aserción no echará a perder un pleito de desahucio, ni obligará al demandante a recurrir a una ac-ción reivindicatoría. Hemos resuelto lo contrario en el caso de Lafontaine v. Lafontaine, 30 D.P.R. 194. Si la corte no cree la prueba sometídale, no se puede decir que el demandado ha suminis-trado el principio de prueba a que se refiere la jurisprudencia. Se-gún indica la apelada, si la proposición alegada fuese cierta, en mu-chos casos la ley de desahucio sería enteramente abortiva.”

¿ Se ajusta la prueba de los demandados a los precedentes citados? No se ajusta. Según la escritura de compraventa número 17, otorgada el día 11 de mayo de 1934 por Juan Ne-gron y su esposa Petra G-arcía a favor de Mario Mercado Mon-talvo, los primeros vendieron al segundo por precio de $1,000 que recibieron en el acto del otorgamiento, la finca objeto' de este litigio. Según la escritura de compraventa número 29, otorgada el día 3 de julio de 1935 por Mario Mercado Montalvo a favor del demandante Juan Antonio Paría, éste adquirió del otro la misma finca por el precio de $1,000 que recibió el vendedor en presencia del notario. Contra esa prueba los demandados Juan Negrón y Petra García ofrecen su propio testimonio para establecer en ellos un título que no pasa de ser una impugnación colateral de la escritura número 17, supra, alegando ellos que lo pactado fué una hipo-teca en la forma de venta con pacto de retro y no una compraventa de la finca. Ni esa prueba es suficiente para destruir el título del demandante, de acuerdo con las decisio-nes que hemos examinado antes, ni aun cuando lo fuera, la alegación sería suficiente para anular la acción posesoria entablada, pues los demandados se estarían basando en la nulidad del título del demandante, y no en uno distinto e independiente a favor de ellos. Y mal puede ser distinto e independiente un título que es fuente y origen del del deman-dante.

“En tal virtud todo el derecho que sobre la casa en cuestión te-nían los demandados Pimentel, pasó por la venta llevada a efecto en la ejecución de la sentencia, al demandante en este caso. Desde el momento de la venta, terminó el derecho de los demandados para seguir ocupando la casa y comenzó el del demandante para disfrutar en toda plenitud del dominio adquirido sobre ella. No se trata, pues, de un conflicto de títulos. El título del demandante trae precisa-mente su origen del título de los demandados. Al venderle el marshal, le vendió en nombre y representación de Ortiz Perichi y de los demandados Pimentel.” Delgado v. Pimentel et al., 20 D.P.R. 556, 559.

Por las rosones expuestas y sin considerar otras que se discuten en los alegatos de las partes, debe revocarse la sen- tencia recurrida y decretarse el desahucio de los demandados de la finca que se describe en la demanda.

Los Jueces Sres. Presidente Del Toro y Asociado Hutchi-son disintieron.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Dionisia Legarreta Ruiz, demandante y apelada, v. Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7830.

    Sometido: Marzo 15, 1939.

      Resuelto: Junio 2, 1939.

      Son. Procurador General B. Fernández García j R. García Gintrón, Subprocurador Auxiliar, abogados del apelante; Fernando Zapa-ter Martínez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito se instituyó en la Corte de Distrito de Ponce con el objeto de recobrar ciertas contribuciones que la deman-dante estimó le habían sido ilegalmente impuestas y cobradas y que pagó bajo protesta en la colecturía de rentas internas de Adjuntas. Oportunamente el Tesorero demandado pre-sentó una moción pidiendo el traslado del caso a la Corte de Distrito de San Juan por dos distintos fundamentos:

(a) Por tratarse de un pleito contra un empleado público por actos cometidos en relación con su empleo, habiendo tenido origen la causa del litigio en la ciudad de San Juan, donde radica la oficina del funcionario demandado (artículo 79, inciso 2, del Código de Enjuiciamiento Civil); y

(ó) Por residir el demandado en la ciudad de San Juan (artículo 81 del mismo Código).

Oídas las partes, la corte inferior resolvió la moción del demandado en la siguiente forma:

“Vistas las alegaciones de la demanda, el artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil según quedó enmendado por la Ley núm. 18 de 11 de abril de 1935, y las secciones 1, 2 y 3 de la Ley núm. 8 aprobada el 19 de abril de 1927, la corte declara sin lugar la mo-ción de traslado presentada por el demandado.”

Apeló el demandado de la resolución denegando el tras-lado. Su alegato en apoyo del recurso contiene el siguiente señalamiento de error:

“La Corte de Distrito de Ponce, cometió error al declarar sin lugar la moción de traslado presentada por el Tesorero de Puerto Rico.”

El artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición de 1933) invocado por el apelante, en lo pertinente dice así:

“Art. 79. Deberán verse en el distrito en que la causa del li-tigio, o alguna parte de ella, tuvo su origen, sin perjuicio de la fa-cultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, los pleitos por los siguientes motivos:
“1.
. “2. Contra nn empleado público, o persona especialmente nom-brada para cumplir los deberes de aquél, por cualquier acto que hu-biere cometido con ocasión de su empleo; o contra una persona que, por orden suya o como su auxiliar, hiciere algo relacionado con los deberes de dicho empleado.”

La disposición legal precedentemente transcrita fué to-mada literalmente del artículo 393 del Código de Enjuicia-miento Civil de California, que a su vez lo fué de la antigua Ley de Práctica (Practice Act) del mismo Estado.

Su alcance'fué determinado por primera vez en California en el año 1858, en el caso de McMillan v. Vischer, 9 Cal. 420, en donde el Juez Field, interpretando el precepto equivalente de la Ley de Práctica, dijo:

"La segunda subdivisión de la sección 19, dispositiva de que las acciones contra un funcionario público por actos realizados por él en virtud de su cargo, deberán verse en el Condado donde surgió en todo o en parte la causa de acción, se aplica solamente a actos afir-mativos del funcionario, a virtud de los cuales, en la ejecución de un auto del tribunal (execution of process), interviene con la pro-piedad o derechos de terceras personas, y no es de aplicación a meras omisiones o incumplimiento de deberes oficiales.. Elliott v. Cronk’s Adm., 13 Wend. 35; Hopkins v. Haywood, 13 Wend. 265.”

El caso de Bonestell, Richardson & Co. v. Curry, 153 Cal. 418, 420 (resuelto en 1908), después de transcribir la cita que hacemos del caso de McMillan, supra, agrega:

"Los casos citados (se refiere a los de Elliott y Hopkins, supra), al interpretar un estatuto de New York sustancialmente igual al nuestro, sostienen completamente la cita. Ese precepto se adoptó posteriormente en nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, a la luz de la interpretación que anteriormente le habían dado las cortes y con la intención, debemos asumir, de que continuase interpretándose en el mismo sentido. Esta interpretación contempla, o se refiere, solamente a actos afirmativos de un funcionario que directamente intervienen con los derechos personales o de propiedad del deman-dante, tales como arresto ilegal, trespass o apropiación ilegal de pro-piedad (conversion), etc. (Paréntesis nuestro.)

Véase al mismo efecto State Commission in Lunacy v Welch, 154 Cal. 775.

Procediendo el artículo 79, inciso 2, del Código de Enjui-ciamiento Civil del 393 de California, se presume que el legis-lador puertorriqueño lo adoptó con la interpretación que le había sido dada en el Estado de su origen. Por consiguiente, debemos aceptar la interpretación que le ha dado la Corte Suprema de California. Siendo ello así, tenemos que con-cluir que el inciso 2 del artículo 79 del Código de Enjuicia-miento Civil no es aplicable a un caso como el de autos, en. que simplemente se trata de un pleito sobre devolución de contribuciones, sin que se alegue en manera alguna actos afirmativos por parte del funcionario, Tesorero de Puerto Pico, que lastimen los derechos personales o de propiedad de la demandante.

La Ley núm. 8, aprobada el 19 de abril de 1927 (Leyes de ese año, pág. 123), citada por la corte inferior, no tiene aplicación alguna al presente caso, pues ella lo que dispone es que en los casos sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta la acción deberá establecerse en una corte insular de jurisdicción competente o en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Pico. Pero no dice que la acción deba presentarse en el distrito donde se haya pagado la contribución.

El artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil, sin embargo, es el aplicable a este caso y así lo hemos resuelto en los casos de Soto v. Tesorero de P.R., 53 D.P.R. 950, siguiendo la jurisprudencia establecida por esta Corte en los casos de Clemente v. Junta Examinadora de Ingenieros, 38 D.P.R. 903, 906, y Mayagüez Dock & Shipping Co. v. Soltero, 42 D.P.R. 381.

Es de aplicación el artículo 81 del Código de Enjuicia-miento Civil, por resultar de los autos que el demandado, Tesorero de Puerto Pico, tiene su residencia en San Juan. Procede, por tanto, revocar la resolución denegatoria del tras-lado y dictar otra decretándolo para ante la Corte de Distrito de San Juan, que es la competente.


author: El Juez Asociado Señor Tbavieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Alvarado Rentas, acusado y apelante.
    Núm. 7577.

    Sometido: Mayo 25, 1939.

      Resuelto: Junio 7, 1939.

      Adolfo García Feve, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

José Alvarado Rentas fue acusado de cometer un delito de atentado contra la vida en la persona de Pedro Polo Gómez Masas, a quien, según la acusación, agredió con un machete el día 2 de junio de 1936 en Gurabo. El jurado le bailó culpable de este delito y la corte le condenó a cumplir seis meses de cárcel, con lo cual no estuvo conforme, y apeló. Basa su recurso en los siguientes tres errores en que a su juicio incurrió la corte inferior:

“1. Al negarse a concederle al acusado un nuevo juicio por el fundamento de que el veredicto es contrario a derecho y a la prueba.
“2. Al permitirle al ministerio fiscal que impugnara sus propios testigos.
' “3. Al examinar extensamente a los testigos.”

En cuanto al primero, es claro que si el veredicto es contrario a la prueba, procede la concesión de un nuevo juicio de acuerdo con el artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Criminal (ed. 1935). Pero aunque es cierto que entre lo declarado por los testigos del fiscal y lo declarado por el acusado en su defensa como único testigo de sí mismo, existe un marcado conflicto, sin embargo, es forzoso concluir que el jurado tuvo ante sí prueba bastante para encontrar al acusado culpable del delito que se le imputa.

De acuerdo con el fiscal los becbos ocurrieron del modo siguiente: Pedro Polo G-ómez Masas, el agredido, salió tem-prano de su casa el día de autos para llevar una leebe del barrio de Navarra, donde residía, a Caguas. Iba a caballo por un camino vecinal y al desembocar a la carretera insular se encontró con varios amigos, entre los cuales estaba el acusado, al frente de quien siguió caminando, aun en el caba-llo. Al poco rato oyó una voz e inmediatamente después recibió dos machetazos por la espalda, sin poder defenderse, pues según él sólo llevaba en una de las banastillas una pis-tola vieja y sin peine. Por motivos que no son abora del caso, el acusado y el agredido tuvieron, cinco o seis años antes del altercado, un disgusto en que el agredido resultó herido de bala. Ésta es en síntesis la declaración de la víc-tima Pedro Polo, que fué corroborada por el resto de los testigos ofrecidos por el fiscal. La del acusado coincide en varios extremos, pero como es natural, siendo la teoría de su caso que actuó en defensa propia, de su declaración apa-rece que al acercarse la víctima en el cáballo hacia el grupo en que caminaba oyó que aquél le dijo que la ocasión era propicia para desquitarse de la agresión de que años antes había sido víctima, y acto seguido sacó de la banastilla una pistola, logrando el acusado herirle con el machete en la forma que conocemos, antes de que hiciera blanco con el arma.

La misión del jurado es juzgar sobre la credibilidad de los testigos y resolver los conflictos que la evidencia de las partes contendientes plantean, y no deben los tribunales de justicia intervenir con los veredictos que rindan, a menos qne los mismos no estén sostenidos por la prueba. En el caso de autos pudo haber llegado a otra conclusión, pero el hecho de que no lo hiciera no le daba derecho al acusado a obtener un nuevo juicio, pues hubo prueba suficiente para justificar un veredicto de culpabilidad.

“Es al jurado a quien corresponde el derecho y el deber de de-clarar si la prueba es suficiente para sostener la acusación que im-puta a Pedro Ramírez el hecho de haber dado muerte a Rafael Vives Nazario, con malicia premeditada y con el deliberado propósito de matarle, o si, por el contrario, la prueba de la defensa estableció sa-tisfactoriamente la defensa propia. Es al jurado a quien la ley otorga también la facultad de juzgar sobre la credibilidad de los testigos, y de dirimir los conflictos o contradicciones que surjan de la evidencia presentada por ambas partes. T es el deber del tribunal sentenciador y de las cortes de apelación sostener los veredictos, ex-cepto en aquellos casos en que el jurado ha cometido un abuso ma-nifiesto de sus facultades.” El Pueblo v. Ramírez, 50 D.P.R. 234, 289.

Véase también el caso de El Pueblo v. Pelliccia, 53 D.P.R. 591, 594, y casos en él citados.

- Debe por tanto declararse sin lugar el primer alegado error.

Para sostener el segundo, el acusado hace referencia en su alegato a dos situaciones: la primera, mientras declaraba el testigo del fiscal Alejandro Ramos sobre cierta declaración que respecto al caso que se ventilaba había prestado ante el fiscal con anterioridad; y la segunda, cuando declaraba José Martínez, otro testigo del fiscal, en'relación 'confia pistola que' la víctima llevaba en las banastillas. En cuanto a la primera-de las dos situaciones, el acusado no tomó excepción. Por tanto, aun asumiendo que la irregula-ridad se cometiera, no estamos en condiciones de poder revi-sarla. En cuanto a la otra situación, convenimos con el fiscal en que no se trata de una impugnación de testigo sino de preguntas que bacía- el fiscal al testigo para aclarar mani-festaciones bechas a preguntas de la defensa en el contrain-terrogatorio. Debe desestimarse también este supuesto error.

El tercero es trivial. En primer lugar, de la transcripción de la evidencia no surge que el juez de la corte a quo examinara extensamente, como alega el acusado, a los testigos, pero de haberlo becbo tampoco aparece que el'apelante hiciera objeción alguna a ello y menos aún que tomara excepción contra la actuación del juez.

Las cortes inferiores tienen amplia facultad y discreción para conducir el juicio de una causa y para intervenir cuando a su juicio fuera necesario en el examen de los testigos, con el propósito de aclarar hechos que no hubiesen quedado bien establecidos por el examen de las partes. Esa intervención debe ajustarse a las mismas reglas y limitaciones impuestas por la ley a las partes y no debe tender en modo alguno a favorecer ni a perjudicar a una de las partes litigantes. El récord no demuestra que el juez en el presente caso se des-viara de esta regla.

Por las rabones expuestas debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Gregorio Jaca Lasalle, peticionario, Ex parte. Juan Cruz y Josefa Jaca Jáuregui; Marcos, Vicenta y María Concepción Jaca Echevarría y María Lacunza Jaca, opositores y apelados.
    Núm. 7922.

    Sometido: Abril 10, 1939.

      Resuelto: Junio 7, 1939.

      Gaspar Encarnación, abogado del peticionario y apelante,- J. B. García Méndez, abogado de los opositores y apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Gregorio Jaca Lasalle radicó una petición jurada en la Corte de Distrito de San Juan interesando que en unión de sus hermanos cuyos nombres y direcciones expone, se les declare únicos y universales herederos de su primo Barto-lomé Jaca Jáuregui. Expuso en la solicitud que el referido Bartolomé Jaca Jáuregui falleció en Río Piedras, su último domicilio, el 3 de febrero de 1938, sin otorgar testamento, sin dejar descendientes ni ascendientes, y que sns parientes más próximos lo eran sns primos el peticionario y los hermanos de éste anteriormente aludidos.

Se publicaron edictos para notificar a los que pudieran tener interés en la herencia, y finalmente, por resolución de 31 de agosto de 1938, Gregorio Jaca Lasalle y sus hermanos fueron declarados únicos y universales herederos de Barto-lomé Jaca Jáuregui, sin perjuicio de tercero.

En este estado del procedimiento, el 17 de septiembre de 1938 se personaron en autos los hermanos de doble vínculo del finado, llamados Juan Cruz y Josefa Jaca Jáuregui, sus medio hermanos Marcos, "Vicenta y María Concepción Jaca Echevarría y su sobrina María Lacunza Jaca, hija legítima de María Rosario Jaca Echevarría, hermana del causante, quien falleció antes que él, el 17 de abril de 1908. Solicita-ron los hermanos y sobrina del finado que se dejase sin efecto la resolución de 31 de agosto de 1938 antes citada y que en su lugar se dictase otra declarando a los reclamantes, her-manos y sobrina del finado, únicos y universales herederos de éste.

Oídas las partes, por los méritos de la prueba presentada, la corte inferior con fecha 10 de octubre de 1938 dejó sin efecto su resolución del 31 de agosto, y declaró únicos y universales herederos de Bartolomé Jaca Jáuregui a sus her-manos de doble vínculo, sus medio hermanos y su sobrina anteriormente nombrados, en la forma y proposición que determina la ley.

No conformes con esta resolución, Gregorio Jaca Lasalle y sus hermanos apelaron para ante este tribunal con fecha 14 de noviembre de 1938. Radicaron la transcripción de autos pero no así la de evidencia ni pliego de excepciones y exposición del caso.

Los apelados radicaron el 16 de marzo último una moción interesando la desestimación del recurso por frívolo. Seña-lada la vista de dicha moción para el 10 de abril, en dicha fecha quedó sometida con informe oral de ambas partes.

• Como los apelantes no lian elevado la evidencia a este tribunal, tenemos qne concretarnos a determinar la sufi-ciencia del recurso por lo que resulta de la petición de los apelados que motivó la resolución declarándolos herederos, .por el escrito de oposición que en la corte inferior radicaron los apelantes, y por la resolución apelada.

La petición jurada de los apelados se ajusta estrictamente a las disposiciones del artículo 552 del Código de Enjuiciamiento Civil, edición 1933, que determina las alegaciones que debe exponer una solicitud de declaratoria de .herederos.

En su escrito de oposición los apelantes no niegan que los apelados sean hermanos de doble vínculo, medio hermanos y sobrina, respectivamente, del finado Bartolomé Jaca Jáu-regui. Limitan su oposición a las siguientes alegaciones:

“1. Que esta Corte no.tiene jurisdicción para conocer de la mo-ción para dejar sin efecto la sentencia radicada por Pedro J. La-bayen como apoderado de Juan Cruz y Josefa Jaca Jáuregui y Marcos, Vicenta y María Concepción Jaca Echevarría, y María Lacunza Jaca, por desprenderse de la referida moción que existe diversidad de ciudadanía y domicilio entre los peticionarios y los opositores, por lo cual la corte que tiene jurisdicción para conocer de este caso es la Corte de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
“2. Que aún asumiendo que esta Corte tuviera jurisdicción, la moción no aduce hechos suficientes para constituir una causa de ac-ción a favor de los opositores.
“3. Que de la misma moción de los opositores se desprende que éstos residen en España, por lo cual están obligados de acuerdo con el artículo 342 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico a prestar cada uno de ellos una fianza por valor de $300.00, antes de proseguirse en este caso;
“4. Que la moción de los opositores es tardía dentro de este caso y que el auto de declaración de herederos que por la misma se pre-tende impugnar tiene que ser impugnado mediante una demanda en una acción colateral y no dentro de este procedimiento.”

La manifiesta improcedencia de los cuatro motivos de oposición precedentemente transcritos es la mejor demostra ción de la frivolidad del recurso. ¿Qué pertinencia puede tener en el caso de antos la diversidad de ciudadanía que indican los apelantes? ¿Se trata acaso de un pleito insti-tuido en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico o de alguna petición de traslado para ante aquel tribunal?

El' procedimiento que deben seguir los reclamantes en casos como el de autos lo prescribe detalladamente el artículo 553 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición de 1933), que dice así:

“Art. 553. Las personas que formulen reclamaciones opuestas a la del- peticionario deberán presentar sus contestaciones conteniendo-sus reclamaciones formuladas contra el peticionario y unos contra otros entre sí. Dispuestos que estuvieren los autos para el juicio, el juez, a petición de alguna de las partes señalará día y hora para la vista dentro de un plazo que no baje de cinco ni exceda de ocbo días. En el día señalado el juez oirá el testimonio oralmente, examinará las pruebas que presenten las partes’aspirantes en persona o por me-dio de sus abogados, y, dentro de los seis días siguientes, dictará sen-tencia, la cual será apelable. Cualquier aspirante podrá presentarse en el curso del juicio para la declaración de herencia, siempre que dicha comparecencia dilatoria no retarde el curso del procedimiento. Después de dictada la resolución firme, cualquier aspirante que no haya sido notificado del procedimiento, y que no haya comparecido en el mismo y tenga un derecho bien fundado a la herencia, podrá formular y hacer valer su derecho contra los que hayan sido decla-rados judicialmente herederos.”

Como aparece del transcrito precepto legal, no es nece-sario que los reclamantes recurran a un pleito independiente para hacer valer sus derechos. La controversia se resuelve dentro del procedimiento de declaratoria de herederos. Tam-poco es de aplicación el artículo 342 del Código de Enjuicia-miento Civil, pues el status de los reclamantes en casos como el de autos es más bien el de demandados que el de deman-dantes. Son traídos ellos al procedimiento a defender sus derechos de las pretensiones adversas de los peticionarios. Por esa razón el artículo 553 supra, a sus reclamaciones las califica de contestaciones y no de demandas.

Apareciendo de la petición de los apelados que su parentesco con el finado es más próximo que el que alegan tener los apelantes; resultando, además, que sn reclamación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 552 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición 1933), y siendo evidente la impro-: cedencia de las supuestas cuestiones de derecho suscitadas por los apelantes, procede, 'declarar con lugar la moción de los apelados y desestimar el recurso por frívolo.