text:
    Nones, Demandante y Apelante, v. Junta Escolar de Ponce, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en cansa sobre rescisión de contrato y otros extremos.
    No. 1447.
    Resuelto en marzo 16, 1917.
    Apreciación de la Prueba — Error Manifiesto. — Cuando un juez sentenciador llega a la conclusión de que el concreto de unos muros no fué mezclado en las proporciones estipuladas en el contrato, esto es, una parte de cemento, dos de arena y cuatro de cascajo, basado únicamente en que cierto perito dijo que se había mezclado en otras cantidades distintas y dicho perito expone el procedimiento que siguió para obtener los resultados que halló y se prueba y acepta por la corte que cuando se sigue ese procedimiento no se obtienen los volúmenes aparentes en que los materiales se mezclaron sino los absolutos en que aparecen en el concreto, es manifiesto error el llegar a esa conclusión solamente porque dicho perito usó la palabra partes y entender que ésta sólo podía referirse a los volúmenes aparentes cuando puede referirse a los absolutos y más bien se refirieron a éstos toda vez que el perito dijo que siguió ése procedimiento para obtener los volúmenes en que los materiales se hallaban en el eonereto.
    Id. — Conflicto de Alegaciones — Palta de Conclusión Afirmativa del Juez Sentenciador. — Habiendo alegado el demandante que el cemento, la arena y el cascajo por él usados, para el concreto de ciertos muros fueron previa-mente examinados, elegidos y aceptados por el inspector de la parte deman-dada, y habiendo contestado ésta que la arena y cascajo empleados eran malos y que no fueron aceptados, la resolución del juez de que no ha podido llegar a la conclusión de que dichos materiales fueron malos y que no fueron aceptados previamente a su uso, equivale a estimar no probada la alegación de la demandada en ese extremo, y a declarar que es cierta la contraria que había hecho el demandante, quedando así resuelto el conflicto a favor de éste.
    Id. — Preguntas—Contestaciones en Relación con las Mismas. — Si bien es cierto que una persona de instrucción contesta en relación con la pregunta que se le hace y que si se le interroga por las partes en qué se mezcló un concreto su respuesta debe referirse también a esas partes, esto no obstante, si de su propia contestación aparece referirse a otra cosa, no puede soste-nerse que contestó en relación con la pregunta.
    Abogado del apelante: Sr. Antonio F. Castro.

    Abogado de la apelada: Sr. Libertad Torres Gran, Fiscal del distrito.

   Los Lechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribuna].

Como el apelante funda principalmente este recurso en que la corte inferior cometió manifiesto error en la aprecia-ción de la prueba, error que originó la sentencia que dictó, se hace necesario que bagamos una relación de la cuestión fundamental entre las partes y de las pruebas que se presen-taron en el juicio.

La Junta Escolar de Ponce acordó la. construcción de un edificio para escuelas en dicba ciudad con el nombre de “Job 63,” bajo la inspección y vigilancia del Comisionado del Interior y de sus empleados, y en 15 de julio de 1913 se firmó un contrato entre el presidente de ella, el Comisionado del Interior y Don José A. Bruno por el cual éste se comprome-tió a construir el edificio por la cantidad de $33,735. Después que Bruno fabricó los cimientos cedió su contrato al ingeniero Don Adolfo Nones en 25 de octubre con el consentimiento de las otras partes del mismo. Dos días después se hizo el Se-ñor Nones cargo de la obra y en 14 de noviembre comenzó a levantar los muros sobre dichos cimientos llegando a colo-car tres capas de concreto de unos tres pies de altura cada una comenzando la primera en dicho día, la segunda el día 22, terminándola el 26, y en la tercera empleó desde el 28 hasta el 2 de diciembre en cuyo día recibió orden del superintendente de la obra Señor Nelson, de que suspendiese el trabajo con el concreto por estar blando el de las tres capas que había colocado y dos o tres días después suspendió el contratista toda clase de trabajos en el edificio por haberlo ordenado así dicho superintendente. El Comisionado del Interior hizo exa-minar los muros y en 8 de enero ordenó al contratista Señor Nones que demoliese éstos por ser blando el concreto y nada satisfactorio para la obra a que se destinaba y que los cons-truyese de nuevo, y habiendo preguntado el Señor Nones si ese trabajo había de hacerse por cuenta suya o por la de la junta escolar se le contestó que por cuenta suya. Mani-festó entonces el Señor Nones qne no estaba dispuesto a acep-tar una responsabilidad que no tenía y en 28 de enero se le hizo saber que si no empezaba a demoler el concreto defec-tuoso en término de cinco días sería necesario anular el con-trato. Al día siguiente presentó el Señor Nones la demanda que origina este pleito, la que dirigió contra la Junta Esco-lar de Ponce y contra el Comisionado del Interior pero des-pués la enmendó eliminando de ella al último.

Los muros fueron derribados en el mes de marzo y la obra seguida sin dicho contratista.

Es un hecho admitido por las partes que el concreto de las tres capas de los muros construidos por Nones estaba blando cuando se le dió la orden de suspender los trabajos y que se partía con las manos, por lo que la cuestión princi-palmente controvertida en este pleito es si el Señor Nones es culpable o no de tal hecho.

Alegó el Señor Nones, como hechos fundamentales de su demanda interesando la resolución del contrato y que se le paguen determinadas cantidades como indemnización de daños y perjuicios, que todos los materiales que empleó para el concreto de los muros fueron previamente examinados, ele-gidos y aceptados por el superintendente de la obra Señor Nelson y sus inspectores, quienes intervinieron y presencia-ron personalmente todos los trabajos ejecutados en la expre-sada obra, que en la ejecución de ella cumplió en todas sus partes su contrato y que se ajustó a las reglas y exigen-cias de la técnica y de la práctica ordinaria usando apa-ratos y maquinaria de primera clase, haciendo el mezclado y colocación del concreto y su curación con el mayor cuidado y por el tiempo necesario para obtener, como obtuvo, un con-creto de superior calidad y de resistencia mucho mayor que la exigida para el edificio y que la orden de demolición de lo construido por él fué completamente arbitraria, contra el dictamen de los ingenieros del Departamento del Interior, inspirada en negligencia y equivocado criterio y con despre-cio de sus derechos, que implica mala fe y falta de ejercicio de honrado criterio.

En .contestación a esos hechos alegó la demandada que la arena y el cascajo con los cuales el demandante fabricó el concreto de los muros eran malos, que nunca fueron acep-tados por la persona autorizada por ello por no ajustarse a lo estipulado en el contrato y en las especificaciones para la obra y que se advirtió al demandante que no podía usar-los a menos que los lavara y tamizara y que el demandante no cumplió con el contrato ni con las condiciones exigidas en los planos y especificaciones para la obra, ni con los man-datos de la técnica y la práctica ordinaria y empleó concreto de calidad inferior a la • estipulada que bacía segura la ruina del edificio. Formuló también reconvención en la que ale-gando que Nones no se ajustó al contrato y construyó los mu-ros con concreto de calidad inferior a la estipulada, que no los demolió cuando se le ordenó que los construyera de nuevo a su costa, por lo que bubo de ser beclio el trabajo por el De-partamento del Interior, que Nones tenía el compromiso de entregar la obra terminada en 28 de febrero de 1914 y que por no haberlo becbo tuvo la demandada que alquilar otros edi-ficios para escuela, y que se babía prestado una fianza por $6,000 para garantizar el cumplimiento del contrato, pidió que se declarase resuelto el contrato, confiscada la fianza, y que le pague $480 por perjuicios.

La sentencia que puso término al pleito en el tribunal a quo, declaró sin lugar la demanda y que el demandante no recobrase cantidad alguna de la demandada, pero declaró con lugar la reconvención, resuelto el contrato de construc-ción de Nones con la junta escolar y para responder el con-tratista de la cantidad de $3,373.50 declaró confiscadas con-juntamente la fianza que se babía prestado en garantía de la obra y los $1,525.60 valor de los cimientos construidos por Bruno y por éste cedidos a Nones, quien también fué conde-nado a pagar a la demandada $480 como indemnización de perjuicios, más las costas y desembolsos del pleito.

Antes de ser demolidos los muros en cuestión las partes tomaron bloques de sus tres capas que fueron marcados con el número 1 el correspondiente a la primera capa colocada encima de los cimientos; con el número 2 la segunda capa y con el número 3 la tercera y última. La parte demandada envió sus bloques al laboratorio químico de Pittsburg, Pa., recibiéndolos el perito Señor H. H. Craver en tres cajas, con-teniendo la marcada con el número 1 el bloque No. 3; la caja No 2 el bloque No. 1 y la caja No. 3 el bloque No. 2. Dicho perito analizó esos bloques de concreto y su dictamen originó una fuerte controversia en el juicio, pues el demandante- pre-sentó una prueba abundantísima de peritos para demostrar que las cantidades encontradas por el Señor Craver se refie-ren a los volúmenes absolutos en que los materiales' aparecen en el concreto y no a los aparentes que tenían cuando se hicie-ron las mezclas por lo que no puede servir de guía para deter-minar la proporción en que el contratista mezcló el cemento, la arena y el cascajo en el concreto que fabricó y empleó en los muros, y como la corte inferior dictó su sentencia fun-dándose principalmente en ese dictamen para llegar a la con-clusión de que el Señor Nones no había cumplido con el con-trato al hacer las mezclas para el concreto, se alega por la parte apelante que la corte inferior cometió manifiesto error al estimar que había obtenido volúmenes aparentes y que las cantidades que obtuvo fueron las en que se proporciona-ron los materiales para hacer el concreto.

Debemos hacer constar que según el contrato el Señor Nones debía mezclar una parte de cemento, dos partes de arena y cuatro de cascajo o de piedra picada para hacer el concreto de los muros; que, según la sección 17 de las condi-ciones generales para la contratación de obras públicas in-sulares que son parte del contrato, los materiales debían ser examinados y aceptados antes de ser usados; que debían mezclarse en esa obra, como en toda, en volúmenes aparentes, que son los que tienen los cuerpos con cierta cantidad de huecos, que es como se encuentran en el comercio, y que los volúmenes absolutos son los que tienen los cuerpos sin hue-cos. Si un cajón de un metro cúbico de cabida se llena con cemento, con arena o con cascajo, contendrá un metro cúbico de cemento, arena o cascajo en volumen aparente, pero si esos materiales se reducen cada uno de ellos a una masa com-pacta y maciza habrán desaparecido sus huecos, su volumen se habrá reducido y tendremos entonces sus volúmenes abso-lutos, o sea cemento, arena y cascajo sin huecos.

Sentado lo que precede pasemos a considerar si el juez cometió el error que se le atribuye en la apreciación de la prueba.

Según la opinión escrita por el juez sentenciador los mo-tivos que tuvo para dictar su sentencia fueron: que aunque hubo un conflicto en la 'evidencia respecto a la calidad de los materiales empleados en los muros, especialmente respecto de la arena y del cascajo, por los datos suministrados en el juicio no había podido llegar a la conclusión de que la arena y el cascajo que se emplearon en ellos fueron malos, ni tam-poco que dichos materiales no fueron aceptados por el su-perintendente de la obra y por sus inspectores, pero que, sin embargo, llegaba a la conclusión de que el Señor Nones faltó al cumplimiento de su contrato mezclando o permitiendo que se mezclara el concreto para los muros en proporciones con-trarias a las estipuladas, cuyo concreto era de calidad inferior a la convenida y nada.propio para el edificio; que no hubo mala fe, negligencia ni falta de ejercicio de honrado cri-terio por parte de la demandada ni del Comisionado del Interior y que el edificio no fué entregado por el Señor Nones a la Junta Escolar de Ponce dentro del plazo convenido que venció el 28 de febrero de 1914.

Aunque a la afirmación del demandante de que los mate-riales por él usados para el concreto de los muros fueron pre-viamente examinados, elegidos y aceptados por el Señor Nelson y sus inspectores contestó la demandada alegando que la arena y el cascajo eran malos y que no fueron aceptados por las personas autorizadas para ello, sin embargo, debe-mos descartar toda consideración sobre este particular ya que el juez resolvió el conflicto a favor del demandante ape-lante, pues el expresar que no ha podido llegar a la conclu-sión de que fueron malos y que no fueron aceptados previa-mente a su uso equivale a estimar no probada la alegación •de la demandada en ese extremo y a declarar que es cierta la contraria que había hecho el demandante. Sobre este ex-tremo no tenemos cuestión ante nosotros.

Después de esto hemos de considerar si hubo o no error en la corte al apreciar que el demandante faltó a su contrato al no hacer las mezclas para el concreto de los muros en las proporciones que estaban estipuladas. Esta es lá verdadera contienda entre las partes.

A pesar de que en el juicio declararon los Señores Wright y Miró, inspectores que tenía el Señor Nelson en la obra, que las mezclas de los materiales para el concreto de las tres capas de los muros se hicieron siempre con una parte de ce-mento, dos de arena y cuatro de cascajo; que de cuando en cuando paraban el mezclado para comprobar si los materia-les se usaban en esas proporciones; que en igual sentido, declararon otros testigos y de que no fue contradicha ninguna de esas declaraciones, sin embargo, el juez llegó a la conclu-sión de que las mézclas no se habían hecho en esas propor-ciones, y por tanto que el .Señor Nones había faltado al cum-plimiento de su contrato, fundándose únicamente en el dic-tamen del perito Señor Craver, por entender, y así lo declaró, que las cantidades que obtuvo este perito en su análisis del concreto de los muros fueron volúmenes aparentes, distin-tos de los del contrato, y que no eran volúmenes absolutos. El apelante sostiene que éste fué el error de la corte.

El perito Señor Craver hizo el análisis químico de tres bloques de concreto correspondientes a las tres capas de los muros; manifestó que no podía decir si la arena era o no limpia ni si contenía cal o arcilla aunque había evidencia de ésta en la masa del concreto, por más que no podía decir si originalmente se encontraba en la arena, siendo los tantos por cientos que encontró los siguientes: en la muestra de la caja No. 1, 1.60 por ciento; de la caja No. 2, 2.28 per ciento, y de la caja No. 3, 1.35 por ciento; tampoco podía decir si el cascajo era limpio, pero sí que en su mayor parte era duro y sólido. Al preguntársele al perito si la prueba y examen practicado por él en los bloques demostró que la obra de con-creto fué proporcionada toda ella en las proporciones de una parte de cemento, dos de arena y cuatro de cascajo, contestó que no lo demostró y que fundado en su análisis calculó las proporciones de los diferentes componentes como sigue:

Repreguntado el perito para que dijese el procedimiento que había seguido para llegar a esas conclusiones, contestó diciendo que tomó una cantidad de cada una de las muestras, las desintegró a mano, golpeándola, lo que continuó hasta con-seguir que las partes gruesas del agregado quedaran prác-ticamente limpias de todo mortero de cemento que estuviera adherido; que la cantidad total del material la colocó enton-ces en un cedazo que contenía aberturas de un cuarto de pul-gada ; pesó el material que. quedó en el cedazo y lo consideró como agregado grueso o cascajo; que el material que pasó por el cedazo fué tratado con ácido dejando la arena limpia, la que fué secada y pesada; que esto le permitió calcular el tanto por ciento de cascajo, de arena y de cemento que había en las muestras de concreto y que, como los elementos cons-tituyentes del concreto están proporcionados en volúmenes, fue necesario dividir el tanto por ciento en peso de los dife-rentes ingredientes, obtenidos según ha descrito, por sus gra-vedades específicas medias para calcular la proporción que, en volumen, se encontraban en el concreto.

Para demostrar la parte demandante que por el proce-dimiento seguido por el Señor Graver se obtenían los volú-menes absolutos contenidos en el concreto, pero no los apa-rentes en que los materiales Rabian sido mezclados y que por tanto no babía contestado la pregunta que se le Rabia RecRo referente a partes en volúmenes aparentes, que es como se mezclan en las obras, presentó una abundantísima prueba pericial según la cual la persona que divide los pesos de los cuerpos por sus respectivas gravedades específicas medias obtiene los volúmenes absolutos de los cuerpos, mas no sus volúmenes aparentes. De igual modo declararon los peritos de la parte demandada, y la corte inferior también acepta que esto es así. No obstante esto, declara que el Señor Cra-ver obtuvo volúmenes aparentes y no absolutos como resul-tado de su análisis químico y para llegar a esa conclusión emplea dos métodos.

El primero de ellos consiste en estimar que como al perito Sr. Craver se le preguntó si el concreto estaba proporcionado en una parte de cemento, dos de arena y cuatro de cascajo, al contestar la pregunta no lo Rizo dando volúmenes sino empleando la palabra partes {parts), que fué la misma em-pleada en la pregunta, palabra que en inglés y en español no puede referirse de ningún modo a volúmenes absolutos porque es de sentido común que si una composición, como el concreto, se mezcla en proporción de partes de sus respecti-vos componentes, esas partes no pueden ser sino volúmenes aparentes de cada material empleado y nunca volúmenes ab-solutos porque no se Racen las mezclas para el concreto con volúmenes absolutos sino con volúmenes aparentes.

El mero RecRo de Raber usado el perito la palabra parte en su contestación no es suficiente para poder declarar que se refirió a los volúmenes aparentes en que los materiales del concreto fueron mezclados y de ningún modo a los abso-lutos encontrados en el cemento, pues aunque puede usarse para expresar las proporciones de los materiales en que un cuerpo, como el concreto, fué construido, sin embargo, em-pleada con referencia a los materiales encontrados en el cuerpo ya. formado parece referirse más bien a los materia-les que el cuerpo contiene, que son los volúmenes absolutos, que no a aquellos que originalmente se emplearon en su cons-trucción, por lo que no encontramos que el empleo de tal pa-labra por el Señor Craver demuestre que encontró volúme-nes aparentes y de ning*ún modo volúmenes absolutos.

Es cierto que una persona de instrucción contesta en re-lación con la pregunta que se le liace y que si se interroga por las partes en que se mezcló un concreto su respuesta debe referirse también a esas partes, pero esto no obstante, si de su propia contestación aparece referirse a otra cosa no puede sostenerse que contestó en relación con la pregunta, y como en este caso el perito Señor Craver, como parte de su contes-tación, expresó el procedimiento que siguió para el resultado que obtuvo y. como ese procedimiento sólo lleva a obtener vo-lúmenes absolutos, su contestación en partes lia de relacio-narse con éstos y no con los aparentes por los que se le pre-guntó. Es más, el mismo perito habla de qué hizo la opera-ción divisoria “para calcular la proporción en que en volu-men se encontraban en el concreto,” esto es, como sólido, sin huecos, o sea en volúmenes absolutos.

El otro método seguido por la corte fué comparativo y necesita algunos antecedentes.

El demandante declaró como perito que hizo el análisis químico del bloque No. 1. El procedimiento que siguió fué el mismo utilizado por el Señor Craver y mediante él obtúvo-los pesos, en 480 gramos, de los materiales de que estaba com-puesto el concreto, a saber: cemento, 49.90 gramos; arena, 146.15 gramos; y cascajo, 284 gramos, pesos que reducidos por el perito a la unidad cemento dieron los siguientes: ce-mento, 1; arena, 2.93; y cascajo, 5.70. El perito Señor Gfui-llermety analizó los bloques No. 2 y No. 3 empleando el mismo procedimiento que Craver y Nones y expresó los pesos que obtuvo para cada uno de los materiales que formaban el con-creto. Si también se reducen a la unidad cemento los otros resultados en pesos, esos tres análisis, son los siguientes:

El demandante quiso hacer ante la corte el análisis quí-mico del bloque número 1 para encontrar ante ella los pesos de los materiales del concreto pero entonces las partes con-vinieron y aceptaron que, si se hiciera, daría el siguiente re-sultado en pesos reducidos a la unidad:

Bloque No. 1.

Cemento, 1.

Arena, 2.93.

Cascajo, 5.70.

Como se ve, estas cantidades son las mismas que el perito Señor Nones declaró haber encontrado en el análisis que ha-bía hecho antes del juicio del bloque No. 1.

El perito Señor del Valle declaró que las gravedades es-pecíficas medias se obtienen de los autores y, citando y examinando los admitidos generalmente como autoridades en la materia, escogió como gravedades específicas medias las cantidades de 3.1 para el cemento, 2.65 para la arena y 2.80 para el cascajo, y dividiendo los pesos encontrados en el blo-que número 1, que están aceptados por ambas partes, por dichas respectivas gravedades específicas medias obtuvo los cocientes siguientes, o sea, los volúmenes absolutos de los materiales en el concreto:

Obtenidos así los volúmenes absolutos procedió el Señor del Valle a encontrar los volúmenes aparentes en que fueron mezclados los materiales en la obra. Para ello adoptó como divisor para el cemento la cantidad de 0.419, para la arena 0,68, y para el cascajo 0.65, como resultado de las explicacio-nes que dió en la corte, llegando al siguiente resultado :

Estos cocientes reducidos a la unidad cemento dan los siguientes volúmenes aparentes:

Bloque No. 1.

Cemento, 1.

Arena, 2.28.

Cascajo, 4.44.

Según nuestra comprobación de esas divisiones el perito sufrió un pequeño error al hacer la división en cuanto al ce-mento, pues no se obtiene como cociente 0.706 sino 0.768, error que en décimas afecta al resultado final y que sin él es el si-guiente :

Cemento, 1.

Arena, 2.11.

Cascajo, 4.10.

Si hacemos las mismas operaciones con los resultados de los pesos de los bloques Nos. 2 y 3 llegaremos a la conclusión de que las mezclas de los tres bloques fueron proporciona-das en volúmenes aparentes así:

Manifestó el perito que todos esos cálculos son aproxi-mados.

Expuesto lo que precede diremos ahora que el segundo método seguido por el juez consistió en comparar los resulta-dos obtenidos por el Señor Nones en cnanto al bloque No. 1 en volúmenes aparentes con otro de los bailados por el Se-ñor Craver para llegar así a la conclusión, en vista de su poca diferencia de los números del cemento y de la piedra de que el Señor Craver también obtuvo volúmenes aparentes, pero el juez cometió la equivocación de tomar como bloque número 1 de Craver para compararlo con el resultado de Nones en el bloque No. 1, el que estaba en la caja No. 1, siendo así que en ésta se bailaba el bloque No. 3, y, por tanto, comparó el No. 1 con el No. 3 y como los términos de comparación no fue-ron exactos no puede tomarse ésta en cuenta para sostener que el Señor Craver obtuvo volúmenes aparentes.

No encontramos, pues, fundamento en la corte inferior para sostener la conclusión que bailó con respecto a que el Señor Craver obtuvo volúmenes aparentes como consecuen-cia de su análisis, teniendo en cuenta además que el proce-dimiento que siguió sólo conduce a volúmenes absolutos, y como no expresó los pesos que obtuvo, ni las gravedades es-pecíficas medias que adoptó se bizo imposible en el juicio determinar si . éstas habían sido exactas o no, con arreglo a los autores sobre la materia, y debe prescindirse en absoluto de esas conclusiones.

Además, existiendo una admisión de las partes de que el bloque número 1 daría, si se analizara, determinados pesos' los que, mediante operaciones aritméticas y adopción de pro-medios de gravedades específicas y de tanto por ciento de hue-cos, llevan a la conclusión de que aproximadamente las mez-clas se hicieron en las proporciones convenidas en el contrato, no podía el juez prescindir de esa admisión de hechos entre las partes para dar más valor a un dictamen no aceptado por ambas, fuertemente atacado, que sólo determinaba volúme-nes absolutos, sin especificar los promedios adoptados para poder aquilatar su exactitud, y que estaba en contra de las declaraciones de los mismos empleados del Comisionado del Interior, quien tenía la vigilancia por la demandada del cum-plimiento del contrato. .Si a esto se agrega que los bloques examinados por el Señor Gruillermety también acusan que aproximadamente las mezclas se hicieron de acuerdo con el contrato y que el inspector Miró declaró que al ser suspen-dida la obra fabricó el Señor Nelson unos pequeños bloques con los materiales que se usaban en ella y en las proporciones del contrato los que resultaron malos y se destruían con los dedos, no puede caber duda alguna de que la causa de la blan-dura de los muros no se debió a que el contratista no hiciera las mezclas como estaba obligado.

Por todas estas razones entendemos que el juez cometió manifiesto error en la apreciación de la prueba y al declarar, basado únicamente en el dictamen del perito Señor Craver, que el Señor Nones no hizo las mezclas para el concreto de los muros en las proporciones convenidas en el contrato.

Si el estado del concreto de los muros fue producido por el uso de arena sucia, según opinaron los Señores Beardsley y Branch en los dictámenes que rindieron al Comisionado del Interior como consecuencia del examen que hicieron de los muros, entonces no sería responsable de ese hecho el contra-tista porque los materiales que empleó fueron aceptados por el superintendente de la obra, con mayor razón cuanto que el contratista se quejó a la junta de que se le ordenó emplear arena que no era tan buena como otra que le fué rechazada.

El conjunto de la prueba demostró que se trataba de un concreto de endurecimiento lento cuyo progreso aconsejaba la práctica esperar. Según todos los ingenieros aquel con-creto blando debía inspeccionarse por algún tiempo antes de destruirlo para ver si endurecía, pues concretos de endu-recimiento lento en obras construidas por los Señores del Valle y Don Rafael Nones llegaron a endurecer y a ser uti-lizados, ocurriendo lo propio con unas alcantarillas que se construían para obras del Departamento del Interior, las que llegaron a endurecer y a ser utilizadas, según declaración del Señor Madera. El mismo Señor Beardsley, ingeniero jefe del riego de Guayaron, perito de la parte demandada y quien examinó los muros.en 16 de diciembre recomendó en'su informe al Comisionado del Interior el 22 de diciembre que se continuase la inspección por lo menos otro mes antes de-resolver la demolición a fin de observar si había aumentado materialmente en resistencia y que si se podía determinar un suficiente aumento en resistencia entonces la estructura podía ser completada con seguridad. El Comisionado. del Interior no siguió este consejo del Señor Beardsley y en 8-de enero siguiente ordenó la destrucción de los muros, cuando ya estaba duro el concreto y podía resistir las capas superio-res, según el Señor Skerret, ingeniero del Departamento del Interior.

La ejecución de la obra no solamente fué hecha bajo la inspección del Comisionado del Interior, por sus empleados, sino que según el informe que le rindió el Sr. Branch, se uti-lizó para ella una mezcladora de primera clase y el concreto fué debidamente colocado. Aunque el demandante no estaba obligado a fabricar concreto de determinadá calidad, porque no lo dice su contrato, sin embargo, la prueba física de re-sistencia de los bloques demostró que el más débil de ellos: resistió una presión superior a la que los mismos habían de soportar por pulgada cuadrada, según el cálculo que con los planos hizo el perito Sr. Madera. Nosotros hemos examinado un bloque que nos remitió la corte inferior y que le fué pre-sentado como prueba el día del juicio, y encontramos que por su apariencia está justificado el dictamen que respecto de él dieron los peritos Sres. del Valle y Larrínaga, de ser duro, resistente y que sus componentes no podían separarse con las manos.

Es cierto que el Señor Nones no entregó el edificio ter-minado en 28 de febrero de 1914, según estaba convenido, pero tal falta de entrega fué motivada por los actos de' la demandada ordenándole, por su representante el Comisionado del Interior, la suspensión de la obra y luego la demolición de los muros y que los construyese de nuevo a su costa, sin suficiente causa para esa determinación. Además, de acuerdo coa la sección 15 de las instrucciones a los lieitadores, el con-tratista tenía derecho a una prórroga igual al tiempo de la suspensión.

Como consecuencia de todo lo expuesto se hace necesaria la revocación de la sentencia.

El demandante alegó y la parte demandada admitió que el valor de los cimientos construidos por Bruno, cuyos dere-chos adquirió, y el de los muros que construyó era el de $5,159.18 que no le lia sido satisfecho; también alegó y la corte inferior declaró probado que su ganancia en el edifi-cio debía ser $4,500, lo que totaliza $9,659.18.

Reclamó también la cantidad de $6,950 por las órdenes que tenía dadas para materiales, pero luego desistió de ella. En cuanto a los $5,067.91 que pidió por el valor de los mate-riales, herramientas, etc., que tuvo que adquirir para la obra, como estos efectos fueron -depositados a su favor por la parte demandada y puede disponer de ellos estimamos que no de-ben serle pagados.

Debo revocarse la sentencia apelada y dictarse otra de-clarando resuelto el contrato de 15 do julio de 1913 sobre construcción del edificio escolar de Ponce “Job 63,” cele-brado entre el Comisionado del Interior, el Presidente de la Junta Escolar de Ponce y Don José A. Bruno, cedido por éste a Don Adolfo Nones; que este demandante recobre de la demandada Junta Escolar de Ponce la cantidad de $9,659.18; declarar sin lugar la reconvención de la demandada, y que cada parte pague sus costas.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldbey,

license: Public Domain

text:
    Viñas, Peticionario, v. Lloreda, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre tercería e injunction.

    No. 182.
    Resuelto en marzo 19, 1917.
    Injunction — Apelación—Efecto de la Apelación Respecto al Injunction. — • La apelación contra una orden denegando la expedición de un auto de injunction para que se suspenda una subasta, no produce el efecto de que la pro-hibición exista mientras la apelación se resuelve, j por tanto no da derecho a que como consecuencia de la apelación se libre el auto de inj'umction que se solicitó.
    Abogado del peticionario: Sr. Luis Mercader.

    El Juez demandado no compa.reció.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito seguido por Gandía y Cía. contra Francisco Alonzo se dictó sentencia condenando al pago de cierta can-tidad de dinero y librada orden para su ejecución y embar-gadas ciertas fincas como de la propiedad del demandado pre-sentó entonces Manuel Viñas demanda de tercería de ellas y petición incidental de injunction para paralizar el remate de las mismas. Declarada sin lugar la demanda de tercería y también la orden de entredicho j denegado el injunction solicitado apeló de ambas resoluciones el Señor Viñas, ape-laciones que aun están pendientes.

En este estado las cosas solicitó Gandía y Cía. que se li-brase nueva orden de ejecución para cumplir la sentencia contra Alonzo a lo que accedió la Corte de Distrito de Are-cibo y anunciado el remate de dichas fincas para el 30 de este mes acudió entonces nuevamente Viñas a dicha corte expo-niendo esos hechos y solicitando que se dictase una orden de injunction al márshal para que suspendiera la subasta anun-ciada hasta que este Tribunal Supremo resolviera el pleito de tercería a fin de que no resultase sin efecto nuestra juris-dicción. La corte negó la solicitud en 13 de este mes y como consecuencia de esto nos lia presentado Viñas petición para que libremos auto de certiorari anulándola.

Como se ve, lo que pretende añora el Señor Viñas es que a pesar dé haber sido negada su petición de injunction se li-bre, sin embargo, por el hecho de haber apelado aquella reso-lución y también contra la que recayó en- su demanda de ter-cería.

La apelación contra una orden denegando la expedición de un auto de injunction no produce el efecto de que la pro-hibición exista mientras la apelación se resuelva Sucesión Padró v. Lloreda, Juez de Distrito, 24 D. P. R. 766 y, por tanto, no da derecho a que como consecuencia de la apelación se li-bre el auto de injunction que solicitó el Señor Viñas de la Corte inferior y contra cuya resolución negatoria interpuso el presente recurso de certiorari.

La solicitud debe ser negada.

Denegada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    El Pueblo Demandante y Apelado v. Girón, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de- Distrito de- Mayagüez, en causa por delito contra la justicia pública.
    No. 1104.
    Resuelto en marzo 19, 1917.
    Justicia Pública — Acometimiento y Agresión — Acusación Suficiente. — Es su-ficiente una acusación por delito contra la justicia pública, infracción del artículo 138 del Código Penal, en que se alega que el acusado, siendo un funcionario público, detective de la Policía Insulai', oficial encargado del mantenimiento de la paz y en el ejercicio de su cargo, voluntaria y crimi-nalmente, so color de autoridad y sin causa legal para ello, acometió y agre-dió a una determinada persona.
    Id. — Incongruencia entre la Acusación y la Prueba — Res Gestae. — En el presente caso se alegó que existía desacuerdo entre las alegaciones de la acusación, y la prueba introducida, por alegarse en aquélla que la supuesta agresión tuvo lugar en el eafé, mientras que algunas de las pruebas que se trataron de presentar se referían a beebos ocurridos en la calle, en frente del eafé. Se resolvió: que como la primera pelea que se alega.tuvo lugar dentro del café y todos los sucesos subsiguientes demostrados en eviden-cia estaban tan relacionados moral y materialmente, propiamente puede considerarse que los sucesos ocurridos en la calle forman parte de los hechos del easo (res gestae).

    Id. — Policías Insulares — So Color de Autoridad. — En este caso un detective de la Policía Insular de servicio (el acusado), otro detective y un capitán, se hallaban sentados juntos en un café discutiendo un incidente ocurrido entre un hombre y dos detectives. Cerca de ellos estaba el denunciante quien oyó por casualidad la discusión que sostenían y se dirigió hacia ellos en forma algo imprudente dieiéndoles que no tenían derecho a hablar así de aquel hombre, que no estaba presente, y que no harían eso si él hubiera estado allí. El segundo de los detectives se levantó y golpeó al denunciante, surgiendo una pelea e inmediatamente también se levantó el acusado y gol-peó al denunciante en la cabeza mientras se ordenaba el arresto de este último. Muy pocos minutos después y ya en la calle el denunciante, quien había sido arrestado por otro policía, salieron del eafé ambos detectives, el segundo de ellos profiriendo malas palabras y gritando "al cuartel con él, con macana limpia" mientras el acusado volvió a golpear al denunciante a pesar de que éste protestaba ir tranquilo al cuartel. Eesultó claro de la prueba que el carácter oficial de todos los policías que intervinieron era conocido del denunciante así como de todas las demás personas que estaban en el café. Se resolvió: que los' funcionarios de la polieía actuaron so color de auto-ridad.
    Id. — Intención del Legislador — Mal Uso de Autoridad. — Una de las ideas que tuvo presente la Legislatura al poner en vigor el artículo 138 del Código Penal, fué la de proteger a los ciudadanos contra aquellos funcionarios que hacen mal uso de su autoridad.
    Acusación — Excepción Perentoria — Falta de Expresarse Ante qué Funcio-nario Fueron Juramentados los Testigos — Defectos de Forma — Abuso de Discreción. — Una objeción a la acusación por no expresarse en ella ante qué funcionario fueron juramentados los testigos debe hacerse antes del juicio, de conformidad con el artículo 152 del Código de Enjuiciamiento Criminal, pues una vez que el acusado la ha exeepcionado o puesto reparos a ella, se entiende que .renuncia a cualquier defecto que pueda existir en el juramento de los testigos; y una negativa de la corte a permitir a un acusado que retire su contestación para promover una cuestión de forma como ésta no será revisada en apelación a menos que se demuestre clara-mente que ha habido abuso de discreción. La objeción hecha durante el juicio es tardía.
    Conocimiento Judicial — Policía Insular — Firma del Jefe. — Los tribunales pue- ■ den tomar conocimiento judicial de la firma del'Jefe de la Polieía Insular.
    Ahogados del apelante: Sres. Felíu & Alemañy.

    Ahogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En su octavo señalamiento de error el apelante ataca la acusación que ña sido formulada en este caso, la cual es como sigue:

“El Fiscal formula acusación contra Cosme Girón, por un de-lito contra la justicia pública, infracción al artículo 138 del Código Penal, misdemeanor, cometido como sigue: El citado acusado Cosme Girón, siendo un funcionario público, detective, P. I., oficial encar-gado del mantenimiento de la paz en Puerto Rico y en el ejercicio de su cargo, allá en horas comprendidas en la noche del 21 de abril de 1916, y en el café ‘La Palma,’ de la ciudad y municipio de Ma-yagüez, P. R., territorio de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, P. R., voluntaria y criminalmente, so color de au-toridad y sin causa legal para ello, acometió y agredió con un ins-trumento contundente a Augusto BishofE, agolpeándolo y causándole lesiones de carácter grave en la cabeza.”

Alega el apelante que las palabras “so color de autori-dad” son de naturaleza tan general, que no es suficiente con que la acusación siga las palabras del estatuto si en ella no se expresan más detalladamente los hechos. El artículo 138 deh Código Penal dispone que :

“Todo funcionario público que so color de autoridad y sin causa legítima, acometiere, agraviare, oprimiere o golpeare a alguna persona, incurrirá en multa máxima de cinco mil (5,000) dollars y cár-cel por un término máximo de cinco años.”

Si el texto del estatuto fuera “cualquier persona que aco-meta,” etc., una acusación en que meramente se dijera “so color de autoridad” sería insuficiente por no mostrar el ca-rácter de la autoridad. Si en la acusación simplemente se hubiera descrito al acusado como un “funcionario público,” sin dar más detalles, podría ser objeto de excepción previa, pero nada de esto se ha hecho. Expresa la acusación que el acusado es un detective de la Policía Insular, en el ejercicio de su cargo y por tanto es suficiente.

El apelante presentó en el juicio una moción para que se le permitiera retirar su contestación y oponerse a la acusa-ción por no expresarse en ella ante qué funcionario fueron juramentados los testigos y se alega como primer señala-miento de error la desestimación de dicha moción. Dicha objeción debe hacerse antes del juicio, de conformidad con el artículo 152 del Código de Enjuiciamiento' Criminal. Los artículos 145 al 153 determinan el procedimiento que debe seguirse para que sea desestimada la acusación. Cuando un acusado excepciona o pone reparo a una acusación, dicho acu-' sado renuncia a cualquier defecto que pueda existir en el juramento de los testigos y la negativa de una corte a permi-tir que un acusado retire su contestación para promover una cuestión de forma como ésta no será revisada por este tribunal a no ser que se demuestre claramente que ha habido abuso de discreción. La objeción hecha durante el juicio es derna1 siado tarde. Esta cuestión fué promovida ante el Juez Aso-ciado Sr. Wolf en el caso de Habeas corpus de Eduardo R. S. Bonar, y resuelta en contra del peticionario en abril 3, 1918. Véase el Tomo III, No. 2 de la Revista de Legislación y Juris-prudencia de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, pá-gina 91 (1916).

El segundo señalamiento de error fué, en efecto, que la corte no tenía derecho a tomar conocimiento judicial de la firma del Jefe de la Policía. El Jefe de la Policía de acuerdo con los artículos 7 y 17 de las Leyes de Policía, desempeña un papel, en lo que respecta a la policía, muy parecido al del Superintendente de Elecciones con relación a los funciona-rlos de elecciones, y hemos resuelto recientemente que las cortes pueden tomar conocimiento judicial de la firma de un superintendente. El Pueblo v. Almodóvar, 23 D. P. R. 756.

Los señalamientos tercero, cuarto, quinto y sexto, se re-fieren todos a la misma cuestión, o sea, que las alegaciones-de la acusación y la prueba introducida estaban en desacuerdo, puesto que en la acusación se alega que el supuesto ataque tuvo lugar en el café “La Palma,” mientras que algunas de las pruebas que se trató de presentar se referían a hechos oca-ruidos en la calle, en frente de dicho café. La primera pelea que se alega, tuvo lugar dentro del café y todos los sucesos subsiguientes demostrados en evidencia estaban tan. relacio-nados moral y materialmente, que propiamente puede consi-derarse que los sucesos ocurridos en la calle forman parte de los hechos dél caso (res gestae).

, , Se alegan algunos otros señalamientos de error, pero el único importante era el que envolvía la cuestión de si el acu-sado en realidad de verdad actuaba “so color de autoridad.” E,sta es la cuestión de más importancia en el caso, la que re-quiere que se haga un examen de la prueba y- una discusión más detenida.

, ,En el café “La Palma” de Mayagüez en la noche del 21 al 22 de abril, 1916, el apelante, que es un detective de la Po-licía Insular de servicio en Mayagüez, el detective de la Po-licía Suárez, de San Juan, y el Capitán de la Policía Ramón Fernández Náter, se hallaban sentados juntos en el café “La Palma” discutiendo un incidente ocurrido a Remotty en el que Suárez y quizás si alguno de los otros habían tomado parte dudante el día en su carácter oficial. Remotty, según parece, era objeto de una investigación o había sido denunciado por jugar a lo prohibido. El denunciante Bishoff que estaba sen-tado en una mesa cercana, oyó por casualidad la discusión yen forma algo imprudente se dirigió a la mesa donde esta-ban reunidos los policías y detectives y les dijo que ellos no tenían derecho a hablar así de Remotty que no estaba presente y. que no harían eso si estuviera allí Remotty.

' Según la prueba la corte estuvo justificada en creer que aunque fué cierto que se encontró un revólver en poder del denunciante, éste no lo sacó fuera, como también en la con-clusión de que no hubo más provocación por parte de dicho denunciante hacia los policías que se encontraban allí senta-dos alrededor de la mesa que la que hemos mencionado. La prueba tendió a mostrar que debido a esta provocación se le-vantó el detective Suárez y golpeó a Bishoff. • Tal vez surgió una inmediata pelea, declarando Bishoff que él tomó una ac-titud de defensa. Casi inmediatamente se levantó el acusado y la prueba tendió a establecer que el acusado golpeó a Bish-off en la cabeza. Hacia el mismo tiempo Suárez empezó a ordenar el arresto de Bishoff, según la declaración de este último. El policía Suárez, a quien ha de distinguirse del detective, fue por allí y se le ordenó que arrestara a Bishoff. Muy pocos minutos después el policía Suárez y Bishoff esta-ban en la calle cuando ambos detectives Suárez y Girón, sa-lieron del café. Suárez profiriendo malas palabras y sorpren-diéndose de que el denunciante estuviera allí todavía, gritó “al cuartel con él, con macana limpia.” Durante todo este tiempo Girón al parecer no dijo una palabra sino que actuaba. !¡a prueba es suficiente en lo que respecta al hecho de haber Girón golpeado a Bishoff tanto dentro como fuera del café, a pesar de que el último protestaba constantemente que iría tranquilo al cuartel. Resultó claro de la prueba que el carác-ter oficial de todos los policías era conocido de Bishoff así como de todos los demás en el café. En el juicio el apelante fundó en parte su defensa en el hecho de que Bishoff usó malas pa-labras y observó una actitud amenazadora para con los fun-cionarios de la policía, pero ésta no es la defensa principal y debemos descansar en la conclusión a que llegó la corte inferior en cuanto al particular, y a otros menos importantes, como por ejemplo, a si Girón usó o no la macana. Girón de-claró que se levantó fínicamente para separar a los dos hombres y proteger al detective Suárez, pues Bishoff era un hombre más fuerte que Suárez; pero esta alegación fue también resuelta en la conclusión general de la corte.

La cuestión principal es un poco más difícil, a saber, si Girón actuaba so color de autoridad, o puramente con carác-ter particular. Girón, Suárez y el capitán de la policía eran todos funcionarios de orden público. Se hallaban discutiendo asuntos de la policía. Claramente que estaban resentidos por la censura de Bishoff y lo que se desprende de la prueba es que ellos lo golpearon sin mediar la debida provocación. Gi-rón no dió el primer golpe, pero golpeó a Bishoff en el café y siguió liaeiéndolo luego. Esta es alguna prueba para demos-trar que aun cuando los funcionarios de la policía al princi-pio no hubieran tenido la intención de proceder a hacer un arresto, actuaron, sin embargo, como policías más bien que como ciudadanos particulares. Es muy difícil para un fun-cionario de orden público eludir en todas las ocasiones su obli-gación y sus deberes como tal funcionario de la paz y a la vez su responsabilidad. En la ley común y bajo los estatutos se exige a dicho funcionario de la paz que haga, un arresto siem-pre que vea que se comete un delito. Su carácter oficial va con su persona y toda persona que le ofrezca resistencia lo hace asumiendo las consecuencias.

Al usar el estatuto las palabras “so color de autoridad”' sencillamente puede significar also menos que la autoridad completa. El apelante alega que la frase “color de autori-dad” con frecuencia implica pretensión de autoridad; puede también significar otras cosas. Color de derecho y color de título implican muy frecuentemente algo menos que el dere-cho o el título. Que las palabras “color de autoridad” n» están limitadas a pretensión de autoridad, es cosa que se infiere del estatuto mismo, puesto que dice “Todo funciona-rio público.” No se trata de una persona particular que pre-tende ser un funcionario. Para el público un policía u ofi-cial de la policía está casi invariablemente revestido de una autoridad aparente (color of authority). • Cualquier medida que adopte tiene la tendencia de vencer la resistencia. Un oficial de la policía, como la experiencia enseña, puede hacer un número de cosas sin responsabilidad ninguna para él; al-gunos policías hacen alarde de esta autoridad y creemos que así sucedió et>n el acusado en este caso. En otras palabras, no creemos que este ataque, ya por parte de Girón o de Suá-rez hubiera tenido lugar si ninguno de los policías hubiere' creído que estaba protegido por su cargo de policía. Consi-derada toda la prueba creemos que la corte tenía derecho a suponer que el acusado procedió en forma que no hubiera procedido si no hubiera sido un policía, y por tanto que actuaba so color de autoridad; liacemos esta consideración prescin-diendo de la cuestión de si quedó o no establecido por la prueba el becbo de que él trataba de hacer un arresto. Creemos que una do las ideas que tuvo presente la Legislatura al poner en vigor el artículo 138 fué proteger a los ciudadanos contra aquellos funcionarios que hacen alarde de su autoridad. '

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Girón, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por delito contra la justicia pública.
    No. 1105.
    Resuelto en marzo 19, 1917.
    Justicia Pública — Acometimiento y Agresión — Incongruencia Entre la Acu-sación y la Prueba — Lugar del Delito. — Aun cuando existe incongruen-cia entre la acusación y la prueba de este caso) por alegarse en la primera que la agresión se cometió en el café, mientras que la segunda demuestra que" fué en la calle, como los sucesos que trajeron por consecuencia el delito ocurrieron en el café y estaban tan relacionados moral y materialmente, que sería imposible para el acusado no poder identificar el delito, se resol-vió: que dicha incongruencia no era esencial o perjudicial, y que el acusado no fué inducido a error.
    Abogados del apelante: Sres-, Feliú é Alemañy.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, 'Fiscal.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La única diferencia que existe entre el aspecto legal de este caso y el de El Pueblo v. Girón, No, 1104 que acaba de decidirse, (pág. 36) consiste en que el acusado agredió al de-nunciante Moreda fuera del café cuando Moreda, dueño de dicho café, pi'otestaba del acometimiento realizado contra Bishoff. En la acusación se imputó un delito cometido en el café “La Palma.” La idea principal al hacerse mención de un lugar es mostrar la jurisdicción sobre el delito. Es una cuestión secundaria describir el lugar para que el acusado pueda identificar el delito por el cual se le acusa. Ahora bien, aunque puede haber casos en que dicha incongruencia sea esencial y perjudicial, en este caso no podía serlo. Los suce-sos que trajeron por consecuencia la comisión del delito ocu-rrieron en el café y lo mismo que en el caso que acaba de fa-llarse estaban tan relacionados moral y materialmente, que sería imposible para el acusado no poder identificar el delito. Generalmente es suficiente una notificación si su objeto no puede ser equivocado, y de conformidad con la prueba pre-sentada en este caso en manera alguna fué inducido a error el acusado.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wom?,

text:
    Graciani, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán denegando la inscripción de una escritura de hipoteca.
    No. 306.
    Resuelto en marzo 21, 1917.
    Inscripción de Títulos — Expediente Posesorio — Hipoteca—Capacidad del Otcrc-ante — Examen de Otros Asientos o Documentos del Registro. — Ins-crita una finca por virtud de un expediente posesorio del cual aparece el hecho de que el recurrente era viudo al adquirirla, no puede luego el registrador, al presentársele para su inscripción una escritura de hipoteca sobre la misma finca, examinar otros asientos o documentos de su archivo con- respecto a distinta propiedad de los que resulten que el recurrente era casado en la fecha de adquisición, pues la legalidad ha de determinarla el registrador por lo que resulte de los documentos presentados, teniendo en cuenta los asientos del registro referentes a la misma propiedad.
    Denegatoria de Inscripción — Alegato del Registrador — Motivos Legales de la Resolución. — Denegada la inscripción de una escritura de hipoteca por no poderse determinar el carácter .legal de la finca hipotecada y por tanto la capacidad del otorgante para gravarla como bien propio, no puede el registrador en un recurso gubernativo señalar otro motivo distinto en su alegato, esto es, en el presente recurso, que de otros asientos del registro aparece que el recurrente estaba casado cuando adquirió parte de la finca que hipoteca siendo viudo, pues no es en el alegato donde él debe consig-nar los motivos legales de su resolución sino que, por precepto imperativo de la ley, debe exponerlos al pie del documento presentado. Cuando en-el alegato se consigna un motivo distinto del señalado en la nota recurrida, éste no debe tenerse en cuenta al considerar el recurso.
    Abogado del recurrente: Sr. Enrique Blanes.

    El Registrador recurrido Sr. Emigdio S. Gínorio, compa-reció en nombre propio.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Wom?,

emitió la opinión del tribunal.

José María Graciani y Pérez, deseando negociar ciertos pagarés al portador, constituyó hipoteca para asegurar los mismos en el Registro de la Propiedad de San Germán. El registrador rehusó inscribir la hipoteca por medio de la si-guiente nota:

“Denegada la inscripción del precedente documento por no po-derse determinar el carácter legal de la finca hipotecada y por tanto la capacidad de José María Graciani y Pérez, quien la adquirió por compra en los años 1903 y 1905, para gravarla como bien propio,, de acuerdo con la resolución de la Corte Suprema de Puerto Rico, en el caso de ‘Ptijals versus Registrador de la Propiedad/ página 43 tomo 20 de las Decisiones; y tomada en su lugar anotación por 120 días, al folio 30 del tomo 50 del Ayuntamiento de esta Ciudad, finca mimero 2618, anotación letra A. San Germán, diciembre 27 de 1916. Emigdio S. Ginorio, Registrador.”

El recurrente presentó una certificación del registrador por la cual demostró que su título, según estaba inscrito, arranca de una sentencia de posesión dictada por la Corte de Distrito de Mayagüez, y que de tal- título posesorio o cer-tificación aparece el hecho de que el recurrente era viudo al adquirir la propiedad en cuestión. El recurrente presentó-un alegato para demostrar que cuando la capacidad consta de una previa inscripción de la misma propiedad, el propie-tario no tiene que justificar en un título subsiguiente su ca-pacidad para enajenar la propiedad de tal modo justificada ser bien privativo y no ganancial. El recurrente también de-muestra cuán diferente fueron los becbos en Pujals v. El Registrador, citado por el recurrido.

En su aleg-ato, el registrador acepta que según el título posesorio inscrito el recurrente era viudo a] adquirir la finca hipotecada; pero presenta una certificación adicional para demostrar la existencia de otra escritura referente a otrá propiedad distinta, de cuya escritura aparece que el recu-rrente era casado en la fecha de adquisición de parte de la finca que ahora interesa hipotecar. Por esta escritura otor-gada en 15 de noviembre de 1916, el mencionado José María Graciani y Pérez, viudo, y sus hijos José María y María Con-cepción Graciani y Perdomo, ratificaron en' 'todas sus partes la venta de una finca de 14 cuerdas hecha a Francisco Irizarry en el mes de diciembre de 1903, adquirida por el recurrente, siendo casado, en 5 de marzo de 1891, manifestando los com-parecientes que dicha escritura no había sido otorgada por hallarse entonces enferma la esposa del recurrente, nombrada María Engracia Perdomo y liamos, la cual falleció en 13 de enero de 1904, sin haberse llenado aquella formalidad.

El registrador no está en el deber de escudriñar sus ar-chivos para buscar constancias de un estado de cosas distinto del que aparece en los asientos de una determinada parcela de terreno. El artículo 17 de la Ley Hipotecaria dispone que inscrito o anotado preventivamente en el registro cualquier título traslativo del dominio o de la posesión de los inmue-bles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha, por el cual se transmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real; y en el caso de Compañía Azucarera de la Carolina v. El Registrador, 19 D. P. R. 152, dijimos que la legalidad ha de determinarse por lo que resulte de los documentos, teniendo en cuenta, según el artículo 17, los otros asientos del registro referentes a la misma finca. El regis-trador dice en su alegato que Galindo y Escosura aconsejan la conveniencia de una resolución sobre si los registradores, -aún- cuando no estén en la obligación de hacerlo, tienen o no el derecho de examinar otros documentos que les son cono-cidos. Además del caso citado, ya hemos resuelto este punto en los casos de Sucesión Ramírez v. El Registrador, 16 D. P. R. 318, y La Plata Tobacco Co. v. El Registrador, 20 D. P. R. 30 En el primero de dichos casos dijimos que cuando se presen-ta en el registro un documento para su inscripción, el regis-trador no está obligado a examinar todo su archivo, para averiguar si los otorgantes están o no autorizados para el otor-gamiento del mismo. Toda la autorización necesaria debe aparecer en el propio documento que se trate de inscribir, o en otros unidos al mismo. En el segundo de estos casos dijimos que el registrador sólo está obligado a examinar los do-cumentos que se le presenten para su inscripción y los que se acompañen, así como lo que resulte de los libros del registro en relación con la finca a que se refiere la inscripción que se solicita, pero no está obligado a consultar otros documentos archivados en dicho registro. Véase -también los casos de Rivera v. Registrador, 17 D. P. R. 323, y Colón v. El Registrador, 22 D. P. R. 548. En todo caso creemos que el derecho ele un registrador a tal examen podría surgir sólo de un de-ber impuéstole. La inconveniencia para el público de esto que el registrador sostiene sería enorme. Ello tendería a lle-var ineerlidumbre al funcionamiento mismo de los registros. Supongamos,' por ejemplo, que una persona intentara adqui-rir uno de los pagarés en este caso. Ella examinaría todos los documentos en el registro con respecto a la propiedad en particular. ¿Tiene entonces el deber de examinar los demás documentos del registro o preguntar sobre ello al registra-dor? El incidente de una manifestación contraria en otro asiento no puede afectar a un tercero.

Ademá.s, el registrador recurrido denegó la inscripción de la escritura por no haberse determinado el carácter legal de la finca hipotecada y por tanto la capacidad del recurrente para gravar ésta como bien propio, pero en su alegato sos-tiene otro motivo .únicamente, esto es, que de otros asientos del registro aparece que el recurrente estaba casado cuando adquirió parte del terreno que hipoteca siendo viudo. No es en el alegato donde un registrador debe consignar ios moti-vos legales de su resolución, sino que por precepto impera-tivo de la ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad, de marzo 1, 1902, es deber suyo exponerlo al pie del documento presentado. Machuca e Hijos & Co. v. El Registrador, 22 D. P. R. 755. Por tanto dicho único motivo consignado en su alegato no debe tenerse en consi-deración en este recurso.

La nota recurrida debe ser revocada y ordenada la ins-cripción de la escritura de hipoteca.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Pbesidestte Se. Heruáudez,

text:
    Finlay, Demandante y Apelante v. Fabián, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en procedimiento sobre aprobación del memorándum de costas, en pleito de divorcio.
    No. 1622.
    Resuelto en marzo 23, 1917.
    Costas y Desembolsos — Taquígrafos Oficiales — Honorarios del Taquígrafo— Notas del Taquígrafo — Necesidad de las Mismas. — Teniendo en cuenta la sección 5o. de la ley de 10 de marzo de 1904 sobre taquígrafos oficiales en las cortes de distrito, cae por su base la impugnación beeha a una par-tida de honorarios pagados a un taquígrafo oficial, consignada en el memo-ránctum de costas y desembolsos, por el fundamento de que el record taqui-gráfico no era necesario a los fines perseguidos en la acción, máxime cuando como en este caso, el abogado del peticionario afirmó bajo juramento eu el aeto de la vista del procedimiento que pidió el record para preparar un alegato que debía presentar a la corte, por haber sido sometido el caso a la misma por medio de alegatos escritos.
    Id. — Id.—Presunción de Cobro Legítimo — Prueba en Contrario. — Existe a favor del taquígrafo oficial creado por la ley de 10 de marzo de 1904, la pre-sunción de que cobra lo que legítimamente le corresponde, o sean diez centavos por cada eien palabras, y, por tanto, cuando se consigna en un memo-rándum de costas y desembolsos una partida de honorarios pagados a un taquígrafo oficial, sin que se niegue su existencia, corresponde a la parte que la impugna la prueba de que los derechos satisfechos no ‘eran los debi-dos con arreglo a la ley.
    Abogados de la apelante: Sres. Enrique González Mena y Juan B. Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Francisco Soto Gms.

   Los hechos están expresados'en la. opinión.

El Juez Pbesidestte Se. Heruáudez,

emitió la opinión del. tribunal.

En pleito seguido ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., por Josefina Finlay contra Rafael Fabián, sobre divorcio, se dictó sentencia en 22 de mayo de 1916, que de-clara sin lugar la demanda y con lugar la contrademanda, decretando en su consecuencia la disolución del vínculo matrimonial entre ambos cónyuges, por el fundamento invocado en la contrademanda, con imposición de costas y desembol-sos a la demandante y contrademandada Josefina Finlay.

Presentó el abogado del demandado Fabián un memorán-dum de costas y desembolsos jurado por dicho abogado, y com-prensivo de las siguientes partidas: una de $10 por honora-rios del secretario, otra de $7 por gastos de viaje a Iiumacao, la tercera de $100 pagados al taquígrafo por el récord taqui-gráfico en el incidente sobre custodia, y la última de $350 pa-gados al mismo funcionario por el récord taquigráfico del jui-cio oral.

La representación de Josefina Finlay impugnó la segunda partida'por entender que el demandado no necesitaba hacer viaje alguno a Humacao a los fines del pleito, y la tercera y cuarta partidas porque los récords a que se refieren no eran necesarios a los fines perseguidos en la acción.

Celebrada la vista correspondiente, en que no hubo más prueba que la declaración del abogado del demandado y con-trademandante Fabián, que lo es Don Francisco Soto Gras, la corte dictó resolución en 4 de diciembre de 1916 aprobando las partidas relativas a honorarios del secretario y a la can-tidad de $350 pagada por el récord taquigráfico del juicio oral y denegando la aprobación a las otras dos partidas de gastos de viaje a Humacao y de $100 por el récord taquigráfico en el incidente sobre custodia. Esa resolución fué apelada por la representación de Josefina Finlay en cuanto perjudica a los intereses de ésta y funda el recurso en. que el demandado y contrademandante no presentó prueba creditiva de que la partida de $350 fué pagada al taquígrafo de acuerdo con lo que dispone la sección 5a. de la ley aprobada el 10 de marzo de 1904, creando el 'cargo de taquígrafo oficial en las cortes de distrito.

Esa sección en lo conducente dice así:

“Será deber del taquígrafo, al ser requerido por el Attorney General, el fiscal de distrito, o por cualquier persona en un pleito en que se hayan tomado notas taquigráficas, proporcionar copia escrita en máquina de los autos (records), o de cualquiera parte de los mis-mos, por la cual tendrá derecho a recibir, además de su sueldo, diez centavos como honorarios, por cada cien palabras, que habrá de satis-facer la parte que solicite aquélla, cuya suma habrá de cargarse con costas de la causa a la parte vencida en el juicio *

Como se ve, la parte apelante no sostiene la impugnación a la partida de $350 pagada al taquígrafo, por el fundamento alegado en la corte inferior, o sea, porque eí récord taquigrá-fico no era necesario al demandado. Esa impugnación caía por su base, teniendo en cuenta el precepto legal transcrito en relación con la declaración jurada del abogado Soto (Iras, quien afirma que pidió el récord taquigráfico del juicio, pa-gando la cantidad de $350, para preparar nn alegato qne de-bía presentar a la corte por haber sido sometido el caso a la misma por alegatos escritos.

Tampoco se impugna la existencia de dicho pago sino la falta de prueba de que al taquígrafo le fueran satisfechos los derechos que le eran debidos con arreglo a la sección citada, o sean, diez centavos por cada cien palabras. Tal cuestión no fué levantada en la corte de distrito, ante la cual, como he-mos dicho, sólo alegó la parte apelante que el récord taquigrá-fico del juicio oral no era necesario al demandado, y por tanto bien podríamos abstenernos de considerar esa cuestión. No es nueva y ha sido decidida por esta corte en los casos de Torres v. Irizarry y Sucesión Collado v. Perez et al., 19 D. P. R., páginas 361 y 368, respectivamente. Entonces dijimos que el memorándum de costas tiene a su favor la garantía del ju-ramento que lo acompaña y la presunción de que se ajusta a la verdad de los hechos, y atendida la especialidad del pre-sente caso, o sea, con relación a la partida de $35.0 que el de-mandado pagó al taquígrafo por el récord del juicio oral, existe a favor del taquígrafo la presunción de que cobró lo que legítimamente le correspondía, o sea, diez centavos por cada cien palabras, mientras no se demuestre lo contrario, prueba que incumbía a la demandante y contrademandada apelante.

Es de confirmarse la resolución de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en la parte en que ha sido recurrida.

Confirmada la resolución en la parte en que ha sido apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Finlay, Demandante y Apelada, v. Fabián, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en procedimiento sobre aprobación de memorándum, de costas en pleito de divorcio.
    No. 1606.
    Resuelto en marzo 27 de 1917.
    Costas y Desembolsos — Honorarios del Taquígrafo — Notas Taquigráficas— Necesidad de las Mismas. — Cuando la parte que impugna un memorándum ' de costas y desembolsos no niega la existencia de una partida por hono-rarios satisfechos al taquígrafo oficial por la copia de las notas taquigrá-ficas, no cabe discutir ni resolver si tal copia era o no .necesaria para la parte que venció, pues dispuesto por la ley que forme parte de las costas no pueden eliminarse de ella si efectivamente se obtuvo del taquígrafo.
    Id. — Id.—Valor de la Copia — Presunción de Cobro Legítimo. — Tampoco tiene que probar la parte que reclama el pago de honorarios satisfechos a un taquígrafo oficial que la cantidad desembolsada era el verdadero valor de la copia suministrada, pues existe a favor del taquígrafo la presunción de que cobra lo que legítimamente le corresponde, o sea diez centavos por cada cien palabras, mientras no se demuestre lo contrario, prueba que incumbe a la parte opositora.
    Id. — Gastos de Viaje — Necesidad del Mismo. — El desembolso por gastos de viaje a otro distrito, deberá pagarlo o no la parte vencida en el juicio, según que haya sido o no necesario para el pleito; pero cuando el juez no aprueba el cobro de esa partida por estimar que no fué necesario el viaje, sin que se demuestre en apelación nada en contrario, ni que de las pruebas del juieio -que el juez pudo tener en cuenta para resolver no resultara que fué necesario, no puede irse contra la resolución y debe confirmarse.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco Soto Gras.

    Abogados de la apelada: Sres. Enrique González Mena y Juan B. Soto.

   Los beebos están expresados on la opinión.

El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia por la Corte de Distrito de San Juan, Sección l2., contra Josefina Finlay en pleito de divorcio que entabló contra sn marido Rafael Fabián en la que se le im-puso el pago de los desembolsos y honorarios de la parte con-traria, presentó la representación de Fabián un memorándum de los resembolsos y costas del pleito en el que figuraron, en-tre otras partidas, una de $7 por gastos de viaje a Humacao y otra do $100 pagados al taquígrafo por el récord del inci-dente sobre custodia de la bija de los litigantes. En el jura-mento del memorándum bizo constar el abogado de Fabián que las partidas son exactas y que los desembolsos fueron necesarios en el pleito.

Impugnado el memorándum por el fundamento de que el Sr. Fabián no necesitaba llevar a cabo ningún viaje a Hu-macao para los fines del pleito y que tampoco le era necesa-ria la copia del récord taquigráfico, dictó el juez resolución no aprobando esas partidas por entender que no fueron ne-cesarias y contra ella se interpuso el presente recurso por ei Sr. Fabián.

Sostiene la parte apelante que en cuanto a la partida de cien pesos por la copia de las notas taquigráficas del incidente sobre custodia de la bija de los litigantes no tenía el juez inferior facultad alguna para determinar si eran o no necesarias en el pleito porque la ley dispone que se consideren como cos-tas que debe pagar la parte vencida en el juicio y que por tanto debe ser revocada la resolución en ese particular.

Tiene razón el apelante. La sección 3a. de la ley de 10 de marzo de 1904 creando el cargo de. taquígrafo oficial para las cortes de distrito dispone que los taquígrafos deberán tomar correctamente en taquigrafía todos los procedimientos que ocurran en dichos tribunales y las declaraciones que se presten en los mismos a menos que las partes con el consen-timiento del juez renuncien a los servicios del taquígrafo; y la sección 5a. impone a dicbo empleado el deber de propor-cionar copias en máquina de sus notas taquigráficas a las partes del pleito que las pidieren, con derecho a cobrar por ellas determinada cantidad, la que habrá de cargarse como costas de la causa de la parte vencida en el juicio. No ha-biendo negado la parte que impugnó esa partida su existen-cia no cabía discutir ni resolver si la copia que se cobra fué o no necesaria para la parte que venció, pues dispuesto por la ley que forme parte de las costas no pueden eliminarse de ella si efectivamente se obtuvo del taquígrafo, extremo no controvertido, y por eso opinamos que el juez no podía recha-zarla por el motivo de no ser necesaria. Ni tenía tampoco que probar la parte que reclama su pago que los cien pesos era el verdadero valor de la copia, como sostiene la parte ape-lada pues, como liemos diclio recientemente el 23 de este mes y año al resolver otro recurso entre las mismas partes citando los casos de Torres v. Irizarri y Sucesión Collado v. Pérez et al., 19 D. P. R. 361 y 368, el memorándum de costas tiene la garantía del juramento que lo acompaña y la presunción de que se ajusta a la verdad de los hechos y existe a favor del taquígrafo la presunción de que cobró lo que legítimamente le correspondía o sea diez centavos por cada cien palabras, mientras no se demuestre lo contrario, prueba que incumbía a la demandante y apelada.

La otra partida de $7 por el viaje a Humacao no se encuen-tra en las mismas condiciones y tal desembolso deberá pagarlo o no la parte que perdió el pleito según que haya sido o no necesario para el pleito. No consta si se practicó prueba res-pecto a la necesidad de ese viaje aunque parece que no, toda vez que mientras la parte apelada sostiene que Fabián no presentó prueba alguna respecto a la necesidad del viaje y que por tal motivo debe ser confirmada en ese particular la resolución apelada, se sostiene por el apelante que presentado el memorándum de costas y desembolsos con el juramento exi-gido por la ley es la parte opositora la que debe demostrar con pruebas que la parte que reclama su pago no tuvo nece-sidad de él para su defensa.

En el caso de Torres v. Irizarri, supra, dijimos que no exige nuestro estatuto por modo imperativo que la parte con de-recho al cobro de costas, desembolsos y honorarios de abo-gado esté siempre en el deber de ofrecer y practicar prueba sobre todas y cada una de las partidas del memorándum cuando hubiere impugnación; que esa prueba ordinariamente se enconírará en el mismo juicio en que se han originado las costas, que el juez las tendrá a su vista y consideración al resolver el incidente, y que muchas veces no habrá necesidad de que se practique.

En este caso el juez no aprobó el cobro de esa partida por estimar que no fue necesario el viaje a Humacao y como no se nos ha demostrado nada en contrario ni que de las pruebas del juicio que el juez pudo tener en cuenta para resolver no resultara que fue necesario para la defensa del Sr. Fabián, no podemos ir contra la resolución y debemos confirmarla en ese extremo.

La resolución debe ser revocada únicamente en cuanto a la partida de cien pesos.

Confirmada la resolución en cuanto a la par-tida de gastos de viaje y revocada en cuanto a los honorarios del taquígrafo.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El. Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Municipio de Caguas, Demandante y Apelado v. Quiñones, et al., Demandados, y Hernández, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao, en pleito sobre expropiación forzosa.
    No. 1516.
    Resuelto en marzo 27, 1917.
    Eliminación de Alegaciones — Conclusiones de Derecho — Mayores de Edad— Error no Perjudicial. — No constituye error perjudicial en este caso el hecho de que la corte se negara a eliminar de la demanda cierta alegación porque contenga una conclusión de derecho al exponerse que los demanda-dos son mayores de edad.
    Expropiación Forzosa — -Eliminación de Alegaciones — Alegación de que el Terreno Había Sido Segregado de Otra Finca. — La mención que en la demanda del presento caso se hace de que el terreno perteneciente al deman-dado apelante había sido segregado de otra finca del principal demandado, no está sujeta a una moeión de eliminación, ni con su negativa se cometió-error alguno, sino más Men a una excepción previa de indebida acumulación de partes demandadas.
    Id.- — Partes Debidas o Necesarias — Excepción Previa de Indebida Acumula-ción de Partes — Esposa de uno de los Demandados como Parte. — El hecho de que en una acción de expropiación forzosa en que hay varios deman-dados se haga parte a la esposa de uno de ellos, no causa perjuicio a las demás partes debidas o necesarias, por lo que no procede la excepción pre-via de indebida acumulación de partes demandadas.
    Id. — Demanda Suficiente — Declaración de Utilidad Pública. — 'Es suficiente-mente clara y expresa una cansa de acción una demanda de expropiación forzosa en que se alega que la obra es de utilidad pública; en que se describe la finca así como la parcela que de ella se segrega y en que consta el ofrecimiento de pago a los demandados y la negativa de éstos a aceptarlo. La declaración del Consejo Ejecutivo en cuanto a la utilidad pública de la obra, por lo general es concluyente a falta de clara constancia en sen-tido contrario.
    Id. — Ofrecimiento de Pago. — Se cumple de modo suficiente con el artículo 4o. de la Ley de marzo 12, 1908, a los efectos de la prueba del ofrecimiento de pago, con la manifestación del alcalde de que se hizo tal ofrecimiento al abogado que representó constantemente a los demandados ante el Con-' sejo Ejecutivo en la declaración de utilidad y también ante las cortes.
    Id. — Citación para Comparecer Ante el Consejo Ejecutivo — Comparecencia Yoluntaria. — No constituye error fundamental o principal el hecho de que el propietario de un terreno declarado de utilidad pública no hubiera sido citado para comparecer ante el Consejo Ejecutivo, cuando él, sin embargo, compareció voluntariamente.
    Id. — Yalor del Terreno Expropiado. — Una corte no está obligada a declarar probado en un procedimiento de expropiación forzosa que el precio pagado por un comprador al hacer la adquisición del terreno expropiado era el ver-dadero valor o que el preeio convenido en la escritura fué el verdadero pre-cio satisfecho, ni cuál era el valor del terreno a la fecha de la expropiación.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael Arce.

    Abogado del apelado: Sr. Francisco González.

   Los becbos están, expresados en la opinión.

El. Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El Municipio de Caguas acordó dotar a la ciudad de un sistema de alcantarillado y al mismo tiempo, o quizás un poco antes de obtener la declaración de utilidad pública del Con-sejo Ejecutivo entró en negociaciones para adquirir cierta parcela de terreno propiedad de Nicolás Quiñones Cabezudo. Mientras estaban pendientes estas negociaciones y antes de la declaración de utilidad pública, Quiñones Cabezudo ven-dió dos lotes de dichos terrenos,, uno al apelante Felipe Her-nández y el otro a Domingo Lasa. Quiñones Cabezudo era el único de los tres dueños que fué citado formalmente para comparecer ante el Consejo Ejecutivo, pero los tres compá-recieron ante aquel organismo y estuvieron representados to-dos debidamente por el mismo abogado. Actuaban al pare-cer conjuntamente.

Iniciado un procedimiento judicial para la expropiación del terreno en cuestión fué dictada sentencia contra los tres demandados que se mencionan en la demanda. La corte con-cedió a Nicolás Quiñones Cabezudo la suma de $1,500, valor de su terreno, al apelante Felipe Hernández, $200, como valor del suyo, a Domingo Lasa, $300, también valor de su te-rreno y a Nicolás Quiñones la suma de $1,800 en concepto de daños y perjuicios. No sabemos si los demás demanda-dos estuvieron satisfechos o no con el dictamen de la corte, pero es lógico suponer que así fuera y al discutir los varios errores alegados por el apelante, no haremos más que men-cionar aquellos que no le perjudicaron.

La negativa de la corte a eliminar cierta alegación de la demanda basada en que esta contenía una conclusión de dere-cho al describirse a los demandados como mayores de edad claramente que no era perjudicial. La mención que se hace en la demanda de que el terreno perteneciente al apelante ha-bía sido segregado de otra finca que pertenecía al principal demandado no estaba sujeta a una moción de eliminación, ni con ella se cometió error alguno. La idea del apelante, si de algo le servía, hubiera podido llevarla a efecto más debida-mente mediante excepción previa, basándose en la indebida acumulación de partes demandadas.

Fué formulada una excepción previa fundada en indebida acumulación de partes demandadas, pero en el alegato del apelante el fundamento alegado fué que la esposa de Quiño-nes Cabezudo había sido hecha parte demandada. No era posible que esto hubiera perjudicado al apelante; Y en cuanto a que fueron incluidos los otros dos demandados, éstos eran debidas partes, si no necesarias.

Creemos que la demanda fué suficientemente clara y ex-' presaba una causa de acción. En ella se alegaba una decla-ración de utilidad pública referente a un sistema de alcanta-rillado, obtenida por el Municipio de Caguas. La propiedad fue minuciosamente descrita así como la parcela segregada de tocia la finca a favor del apelante. En la demanda se alegó que se hizo el ofrecimiento de pago a todos los demanda-dos como también la negativa de éstos a aceptarlo. Hubo alegación suficiente de que la obra era de necesidad pública. La declaración del Consejo Ejecutivo sobre el particular pol-lo general es concluyente a falta de clara constancia en sen-tido contrario.

Otros errores fueron alegados respecto a la admisión de ciertos planos. No podemos ver el perjuicio y los planos fue-ron al parecer los usados por los ingenieros al hacer el estu-dio del propuesto sistema de alcantarillado. ’

Alega el apelante que no hubo prueba de’habérsele hecho el ofrecimiento de pago. La corte inferior declaró probado que fué hecho dicho ofrecimiento, basándose principalmente en la manifestación del alcalde de que se hizo el ofrecimiento de pago al abogado Arce que representó constantemente a los tres demandados ante el Concejo Ejecutivo así como des-pués. Creemos que se cumplió de modo suficiente con el ar-tículo 4 de la ley de marzo 12,1908, el cual dispone lo siguiente:

’ “Hecha la declaración de utilidad pública de una obra, si los dueños de la propiedad que haya de ser expropiada no se aviniesen por cualquier motivo a consentir la expropiación o expropiaciones que aquélla requiera, determinará ello una causa de acción en favor del que haya de realizar dicha obra, y podrá éste ejercitarla contra los mencionados propietarios. * # *”

En eu caso de Fajardo Development Co. v. Zalduondo, 20 D. P. R. 253, interpretamos este artículo en el sentido de que las partes estarían impedidas por sus actos de poder alegar la cuestión relativa a la omisión en hacerse una oferta de pag-o específica y esto es lo que se infiere del texto mismo del ar-tículo. En este caso los demandados actuaban juntos y to-dos, conjuntamente, se opusieron a la expropiación. De un examen de los autos se verá que las partes tuvieron general-mente presente la finca en su totalidad tal como se encontraba antes de hacerse la segregación. Mencionamos esto en adi-ción al hecho de que la corte al parecer estimó probado que se había hecho un ofrecimiento de pago a los demandados.

Otro señalamiento de error se refería al peso que dió la corte inferior a la prueba, alegando el apelante que su terreno fue comprendido indebida e innecesariamente en la expropia-ción. Parte de la discusión hecha por el apelante sobre este señalamiento de error hace referencia a la falta del debido procedimiento al no haber sido citado debidamente el apelante para comparecer ante el Consejo. Sin embargo, él compare-ció voluntariamente. Además, esta forma de objeción no ha sido incluida en el señalamiento de error. No fue promovida debidamente en esta corte y no era fundamental o perjudi-cial. El hecho de que otros terrenos hayan podido ser mejo-res, o más baratos que el del apelante, no es una razón sufi-ciente para anular una conclusión de la corte cuando han sido adjudicados terrenos colindantes de mayor cabida en el mismo procedimiento, y después de haber declarado el alcalde y los ingenieros de la ciudad que la dicha faja de terreno era la más conveniente por estar en una parte de Caguas que no es pre-cisamente el sitio más apropiado para la urbanización. Hubo en general algún conflicto y no vemos razón por la cual deba intervenirse con la conclusión hecha por la corte.

Semejantes consideraciones son de aplicación a la suma adjudicada lo cual es probablemente la base sobre que gira esta apelación. La corte inferior no estaba obligada a decla-rar probado que el precio pagado por el apelante al hacerse la compra era el verdadero valor, o que el precio convenido en la escritura fué el verdadero precio satisfecho, o el valor del terreno a la fecha de la expropiación. Y no vemos más perjuicio que la pérdida del terreno.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Puesidente Sr. Hernández,

text:
    Hernández, Demandante y Apelante v. Benet, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de lo indebido.
    No. 1609.
    Resuelto en marzo 29, 1917.
    Cobro de lo Indebido — Cosa Juzgada — Identidad de Cosas y Causas y de Litigantes. — En este easo los acreedores en unas órdenes aprobatorias de memorándums de costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogados, tras-pasaron o cedieron sus derechos en las mismas a tercera persona, quien cobró los créditos del deudor. Este reclamó más tarde del cesionario el montante de ciertas partidas de los memorándums, siendo denegada su de-manda, por ser cosa juzgada. Se resolvió: que siendo el cesionario causa-habiente de los derechos de los acreedores, los litigantes en este caso son los mismos que en los incidentes sobre memorándums de costas con arre-glo al artículo 1219 del Código Civil; que existe perfecta identidad de cosa* y causas, puesto que en los incidentes citados se discutía si eran debidas o nó las partidas que figuraban en los memorándums, resolviéndose que tales partidas eran debidas, y en el presente pleito la cuestión versa sobre lo mismo, o sea sobre si fueron pagadas debidamente; y que de declararse ahora con lugar la demanda tendría que ser bajo el fundamento del pago indebido de las partidas, por lo que quedaría sin efecto lo ya decidido ante-riormente con autoridad de cosa juzgada.
    Id. — Costas y Desembolsos — Acciones Independientes para Combatir lo Re-suelto bor Ejecutoria. — Resuelto por ejecutoria que una parte debe pagar las diversas partidas comprendidas en un memorándum de costas, desem-bolsos y honorarios de abogado, no cabe luego resolver en un pleito sub-siguiente sobre cobro de lo indebido que no se estaba en el deber de pagar algunas de esas partidas, porque es dentro de los respectivos juicios donde deben utilizar los litigantes todos sus medios de defensa para evitar las perturbaciones o inseguridad que se producirían si se conceptuasen como acciones independientes las diversas razones a que las partes pudieran ocu-rrir para' combatir una sentencia después de causar ejecutoria.
    Costas y Desembolsos — Abuso de Discreción — Temeridad o Malicia.- — Cuando no se demuestra que la corte inferior abusara de su discreción al hacer el pronunciamiento relativo a costas, no se irá en apelación contra su apre-ciación sobre la temeridad o malicia con que procedió la parte condenada al ejercitar su acción.
    El apelante compareció en nombre propio.
    El apelado también compareció en nombre propio
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Puesidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En los pleitos Nos. 2712, 2772 j 2967, seguidos en la Corte ele Distrito de Mayagüez, el primero por Emilio Arán Cuascú contra. Agustín Hernández Mena et 'al., sobre tercería de do-minio de bienes inmuebles, el segundo por Agustín Hernán-dez Ména contra Alejandrina Blanco Bamírez y Emilio Arán Cuascú, sobre nulidad, y el tercero por Alejandrina Blanco Bamírez contra Agustín Hernández Mena y otros, también sobre nulidad, fueron dictadas sentencias por aquella corte declarando con lugar la demanda del caso número 2712 con imposición de las costas al demandado Agustín Hernández Mena, teniendo por desistido a Agustín Hernández Mena de su acción en el caso No. 2772 a su perjuicio y con las costas, e imponiendo en el caso No. 2967 a Agustín Hernández Mena . el pago de su propias costas y el de la mitad de las de la de-mandante, quedando a cargo de ésta la otra mitad.

En cada caso de los expresados fné presentado el corres-pondiente memorándum comprendiendo diferentes partidas de cantidades desembolsadas por concepto de costas, gastos, des-embolsos y honorarios de abogado, y habiendo sido impug-nados por Hernández Mena, fueron aprobados, montando el memorándum del caso No. 2712, $123.70,. el del caso No. 2772, $112.70, y el del caso No. 2967, $120.90, cuyas partidas dan el total de $357.30, de las cuales sólo $23.25 eran por concepto de costas y $334.05 por el de gastos, desembolsos y honora-rios de abogados.

Contra las órdenes de la Corte de Distrito de Mayagüez ' aprobando los memorándums de costas de que se deja hecho mérito, interpuso recurso de apelación Agustín Hernández Mena, y los recursos fueron declarados sin lugar, confirmán-dose por esta Corte Suprema tanto las sentencias dictadas en los tres casos, como las órdenes aprobando los memorán-dums de costas.

Las partidas de $123.70, $112.70 y $120,90, que suman la cantidad de $357.30, fueron cobradas en dinero efectivo a Hernández Mena, mediante procedimiento de ejecución, y en-tregadas a José Benet Colón, cesionario por escritura pública de los créditos que por concepto de costas en cada uno de los pleitos expresados adeudaba Agustín Hernández Mena a Ale-jandrina Blanco Bamírez y Emilio Arán Cuascú.

(‘on los hechos que dejamos relacionados por base, y bajo la alegación de derecho de que a Benet Colón sólo debió ser satisfecha la suma de $23.25 que era el montante de las cos-tas en que fue condenado Hernández Mena, y no la cantidad de $334.05, a que ascendían los gastos, desembolsos y hono-rarios de abogado, pretende Hernández Mena sea condenado Benet Colón a restituirle los referidos $334.05 como indebi-damente cobrados, con sus intereses legales desde el día 31 de agosto de 1914 en que los percibió.

A la anterior demanda se opuso el demandado José Benet Colón negando que hubiera cobrado indebidamente la suma reclamada por el demandante y alegando como materia nueva y defensa especial que la reclamación a que se contrae la de-manda y todos los puntos que en ella se relacionan han sido adjudicados en los pleitos Nos. 2712, 2772 y 2967 de la Corte de Distrito de Mayagüez, constituyendo por tanto materia juz-gada. Formuló además contrademanda el demandado y pi-dió que el demandante fuera condenado a pagarle la suma de $69..72 en concepto de intereses de las partidas adeudadas por Hernández Mena y que no pagó en las fechas en que de-bió satisfacerlas.

Celebrado el juicio la corte de Mayagüez dictó sentencia. en 30 de junio de 1916 declarando sin lugar demanda y con-trademanda con las costas a Agustín Hernández Mena, quien interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia en cuanto declara sin lugar la demanda y le impone las costas.

Fúndase la sentencia en que los hechos. alegados en la demanda constituyen materia juzgada, y la parte apelante alega que la corte cometió error al estimarlo así, infringiendo el artículo 1219 del Código Civil en relación con otros con-cordantes de la Ley de Evidencia.

El artículo 1219 del Código Civil dice así:

“Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.
“Se entiende que hay identidad de personas, siempre que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que conten-dieron en el pleito anterior o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de las presta-ciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satis-facerlas. ’ ’

Las órdenes aprobatorias de los memorándums de cos-tas fueron dictadas en los casos Nos. 2712, 2772 y 2967 en que fueron partes Emilio Arán Cuascú,. Alejandrina Blanco Ra-mírez y Agustín Hernández Mena, apareciendo los dos pri-meros como acreedores en los incidentes sobre aprobación de memorándum de costas, y Hernández Mena como deudor; y si bien Alejandrina Blanco Ramírez y'Emilio Arán Cuascú no son partes en el presente pleito, lo es José Benet Colón como cesionario o causaliabiente de los derechos de aquéllos. Para los fines legales, los litigantes son los mismos en los inciden-tes sobre memorándum de costas 3^ en el presente pleito con arreglo al precepto legal transcrito. También existe la má.-perfecta identidad de cosas y causas, puesto que en los inci-dentes sobre memorándum de costas se discutía si eran de bidas o no las diferentes partidas que figuraban en los me-morándums por concepto de costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado originados con motivo de los pleitos Nos. 2712, 2772 y 2967, resolviéndose que tales partidas eran debidas; y en el presente pleito la cuestión versa si no en todo, en parte, sobre lo mismo, o sea, sobre si fueron paga-das debidamente 3r por tanto eran debidas las partidas rela-tivas a gastos, desembolsos y honorarios de abogado. Si se declarara con lugar la demanda que ha dado origen al pre-sente pleito el fundamento de esa declaratoria tendría que ser el pago indebido de las partidas de gastos, desembolsos y honorarios de abogado, cuyo pago fué declarado antes de-bido por órdenes ejecutarías, y quedaría por tanto sin efecto lo ya decidido anteriormente con autoridad de cosa juzgada.

Y no importa que al impugnarse los memorándums de cos-tas no descansara la impugnación en que los gastos, desem-bolsos y honorarios de abogado no estaban incluidos en el concepto de costas en que .fue condenado Hernández Mena, pues como ya dijimos en el caso de González v. Méndez et al., 15 D. P. R. 702, reproduciendo doctrina del Tribunal Supremo de España en sentencia de 14 de marzo de 1898, “dentro de los respectivos juicios es donde deben utilizar los litigantes todos sus medios de defensa para evitar las perturbaciones o inseguridad que se producirían si se conceptuasen como acciones independientes las diversas razones a que las par-tes pudieran ocurrir para combatir una sentencia después de causar ejecutoria.”

Eesuelto como lia sido ya ejecutoriamente que Agustín Hernández Mena debía pagar las diversas partidas compren-didas en los memorándums de costas de que se trata, no cabe resolver en el presente caso que no estaba en el deber de pa-gar algunas de esas partidas, sin infringir los mismos textos legales que invoca Hernández Mena en apoyo del recurso.

Existe, pues, la presunción y excepción de cosa juzgada en que se funda la sentencia apelada, y huelga por tanto dis-cutir los motivos alegados por el apelante para sostener que pagó indebidamente la suma cuya devolución reclame.

Alega también Hernández Mena que la corte cometió error al condenarlo al pago de las costas, pues aunque la demanda fué desestimada en tocias sus partes, su acción estaba justi-ficada y además lá contrademanda fue desestimada en todas sus partes.

No vemos que la corte de Mayagüez abusara de su discre-ción al hacer el pronunciamiento relativo a costas, y por tanto no iremos contra su apreciación sobre la temeridad o malicia con que procedió Hernández Mena al ejercitar su acción. Yéase el caso de Vivas v. Hernaiz, Targa & Co. et al., 24 D. P. R. 836.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison. ■