text:
    No. 5003.
    The United Porto Rican Bank, apldo., v. Nieves, demandada, y Palacios, interventor-aplte.
    C. D. Humacao.
    Junio 14, 1929.
   Visto el allanamiento de la parte apelante, se declara con lugar la moción de desestimación de la parte apelada y en su conse-cuencia se desestima el recurso de apelación establecido por el interventor contra la sentencia dictada en abril 17, 1929, por la Corte de Distrito de Humacao.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    No. 5004.
    The United Porto Rican Bank, apldo., v. Nieves, demandada, y Palacios, interventor-aplte.
    C. D. Humacao.
    Junio 14, 1929.
   Visto el allanamiento de la parte apelante, se declara con lugar la moción de desestimación de la parte apelada y en su conse-cuencia se desestima el recurso de apelación establecido por el interventor contra la sentencia dictada en abril 17, 1929, por la Corte de Distrito de Humacao.


text:
    No. 4974.
    P. R. Fertilizer Co., aplda., v. Busó et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Junio 17, 1929.
   Por cuanto, demandados los apelantes para que pagasen el importe de dos pagarés suscritos por ellos se limitaron a negar que la demandante sea la tenedora de los mismos y a alegar que están prorrogados;

Por cuanto, el día del juicio los demandados no compa-recieron a él y la demandante presentó los dos pagarés, sus-critos a su favor;

Por cuanto, dictada sentencia condenatoria los deman-dados interpusieron contra ella esta apelación;

Por cuanto, en vista de los hechos expuestos y de no ha-ber presentado prueba los demandados de su defensa de prórroga resulta frívola su apelación,

Por tanto, por el expresado motivo y a instancia de la apelada, debemos desestimar y desestimamos la presente ape-lación.


text:
    No. 4988.
    Nimaca Shoe Factory, Inc., et al., apldos., v. Manrique et al., apltes.
    C. D. San Jnan.
    Junio 17, 1929.
   Por los méritos de la moción del apelado y por no Faber sido presentada la transcripción de los autos para este recurso del apelante, desestimamos su apelación.


text:
    No. 4984.
    Cosme, aplte., v. Palacios et al., apldos.
    C. D. Humacao.
    Junio 19, 1929.
   Vista la moción para desestimar, presentada por la parte apelada, y la certificación que se acompaña, se desestima por falta de prosecución la apelación entablada en este caso contra sentencia de noviembre 1, 1928, dictada por la Corte de Distrito de Humaeao.


text:
    No. 4752.
    The Porto Rico Racing Corporation, aplda. v. Comisión Hípica Insular, aplte., y Las Monjas Racing Corporation, aplda.
    C. D. San Juan.
    Junio 18, 1929.
   Vista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación, así como el escrito de oposición a la misma, no ña lugar por añora a la desestimación solicitada.


text:
    No. 582.
    Vicenty, peticionario, v. Corte de Distrito Mayagüez, Hon. C. E. Foote, Juez, demandada.

    Junio 18, 1929.
   Habiendo resuelto en el día de boy las ape-laciones Nos. 4273 y 4282 confirmando la sentencia que de-claró a José Agustín Vincenty y Martínez heredero de Juan Vincenty Ramos y a la viuda en su cuota usufructuaria, se hace innecesario resolver el presente recurso de certiorari para que se nombre un administrador judicial de los bienes del causante, quedando la corte de distrito en libertad de adoptar las medidas que puedan solicitarse y fueren proce-dentes en vista de la expresada confirmación, y se anula el auto expedido.


text:
    No. 4558.
    Martínez, aplte., v. Martínez, apldo.
    C. D. San Juan.
    Junio 19, 1929.
   Pob CUANTO, los únicos errores señalados por el apelante son:

“1. La corte erró en la apreciación de la prueba al de-clarar qne el demandante había vendido al demandado el es-tablecimiento objeto del litigio.

“2. La corte erró en la interpretación del artículo 51 del Código de Comercio en relación con el artículo 1247 del Có-digo Civil.”

Por cuaNto, la segunda de las dos cuestiones aquí plan-teadas se refieren más bien a la apreciación por la corte inferior de la prueba documental y circunstancial corroborante de la prueba testifical, que a la verdadera interpretación del estatuto, y,

Por cuanto, después de examinar la prueba practicada no fiemos encontrado error manifiesto alguno en la aprecia-ción de la misma, sino que estamos enteramente de acuerdo con la conclusión a que fia llegado la corte inferior,

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en junio 8, 1927, en el caso de epígrafe.


text:
    No. 3800.
    El Pueblo, apldo., v. Bejares, aplte.
    C. D. Ponce.
    Junio 19, 1929.
   En apelación proce-dente de una corte municipal', la de distrito de Ponce impuso al apelante un año y seis meses de cárcel por el delito de fiurto de uso. En el presente recurso no existe transcripción de evi-dencia ni exposición del caso, y el apelante fia presentado un escrito en que pide benevolencia y manifiesta que no fia podido presentar la transcripción por ser insolvente. El Tribunal Supremo, no pudiendo entrar en el examen de he-chos que no se presentan en forma legal, y ajustándose Ja sentencia apelada a la ley procesal y a la penal, la confirmó.


text:
    No. 4991.
    De Jesús, conocido por Iturrino, et al., apltes., v. Damián et al., apldos.
    C. D. Mayagüez.
    Junio 24, 1929.
   Habiéndose interpuesto la apelación en este caso el 16 de junio de 1928 y habiendo vencido la prórroga que se concediera al apelante para preparar la exposición para perfeccionarla el 22 de julio de 1928, sin que nada má,s gestionara desde entonces, se declara con lugar la moción del apelado, vista sin asistencia de las partes el 17 de junio actual, y en su consecuencia se desestima, por abandono, el recurso.


author: Juez Asociado Señor Hutchison.)

text:
    No. 4652.
    Ríos et al., apldos., v. Hernández et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Junio 24, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Poe cuanto, el único fundamento de la presente apela-ción es que la corte inferior erró al denegar la moción do non suit y al dictar sentencia declarando con lugar la de-manda, ya que, según los apelantes, la prueba es insuficiente para sostener las alegaciones de dicba demanda;

Pos cuanto, no encontramos nada en el alegato de los apelantes que nos lleve a la conclusión de que existe el error apuntado, por el motivo expresado, y

Por cuanto, leída la relación del caso y opinión archivada por el juez de distrito y examinada la exposición del caso, estamos enteramente conformes con el resultado en la corte inferior,

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan con fecha 2 de abril de 1928.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: Juez Asociado Señor Texidor.)

text:
    No. 4832.
    Louisiana State Rice Milling Co., aplte. v. Garcia & López, aplda.
    C. D. Mayagüez.
    Cumplimiento de contrato.
    Junio 26, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

En este caso la corte inferior hizo el señalamiento de juicio en lectura de calendario. La parte demandante no compareció a la vista en la corte inferior, y, a petición de la parte demandada, se dictó sentencia por abandono, la que fue apelada por la parte demandante para ante este tribunal. Solicitada la desestimación del recurso por ser frívolo y no haberse radicado alegato, fueron citadas las partes, y no com-parecieron a la vista de la moción, por lo qne se declaró ésta con lugar, desestimándose el recurso.


text:
    No. 4783.
    Rodríguez et al., apldos., v. Ramos, aplte.
    -O. D. Areeibo.
    Junio 28, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Vistos el escrito de oposición a la moción que antecede sobre desestimación del presente recurso, y los casos de García v. American Railroad Co. of Porto Rico, 17 D.P.R. 949; Sucs. de José Martínez v. Tomás Dávila & Co., 17 D.P.R. 1008; Hernándes v. American Railroad Co. of Porto Rico, 17 D.P.R. 1225; y Sucesión Peraza v. Marín, No. 4549, resolu-ción de diciembre 18, 1928: no ba lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 4994.
    Hernández et al., apltes., v. La Corte Municipal de Cayey, demandada, y Rivera, interventor-apldo.
    C. D. Guayama.
    Julio 8, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Resulta de la moción de la parte apelada y de la certifi-cación que se acompaña, que esta apelación fue presentada en 25 de abril de 1929, sin que se baya radicado la trans-cripción de autos, ni se bayan solicitado prórrogas y no apa-rezca gestión alguna de la parte apelante; por lo que se de-sestima la apelación.


author: Juez Presidente Señor del Toro.)

text:
    No. 5012.
    Torres, aplte., v. Yabucoa Sugar Company, aplda.
    C. D. Humacao.
    Julio 8, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

A la moción de desestimación de junio 20 último, vista sin asistencia de las partes el Io de julio actual, apareciendo que la apelación se interpuso el T de diciembre de 1927 y que la última prórroga concedida para perfeccionarla ven-ció el 14 de enero de 1929 sin que la parte apelante baya becbo ninguna otra gestión, se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 5008.
    Parra, aplte., v. The Great American Insurance Co. of New York, aplda.
    C. D. Ponce.
    Julio 8, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Apareciendo de las actuaciones en este caso que la apela-ción se presentó en 6 de mayo de 1929, y que han transcurrido más de treinta días desde aquella fecha, sin que se haya presentado la transcripción de autos, ni solicitado prórroga del término para ello, y sin que resulte que haya exposición del caso o transcripción de evidencia, ni términos prorroga-dos para ese fin, y habiéndose solicitado por la apelada la desestimación, se declara con lugar la moción, y se desestima la apelación.


text:
    No. 5007.
    Barret, aplte., v. Antonsanti, apldo.
    C. D. Ponce.
    Julio 8, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Vista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación, y apareciendo que el apelante no ha ra-dicado en la secretaría de este tribunal transcripción alguna de los autos, a pesar de haber transcurrido con exceso el término fijado para ello: se declara con lugar la referida moción y se desestima la apelación establecida contra la re-solución dictada por la Corte de Distinto de Ponce en abril 25, 1929.


text:
    No. 4948.
    Santini Fertilizer Company, aplda., v. Muñoz, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 8, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Esta apelación se desestimó, a petición de la parte ape-lada, por frívola.


author: Juez Presidente 'Señor del Toro.)

text:
    No. 5000.
    Figueroa, aplte., v. Aponte et al., apldos.
    C. D. Guayama.
    Julio 8, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente 'Señor del Toro.)

Desestimado por abandono este recurso a petición previa moción de la parte apelada a cuya vista no asistieron las partes.


text:
    No. 5017.
    West India Oil Company, aplda., v. Meléndez et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Julio 9, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Hutchison.)

Vista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación; apareciendo de la faz de dicha moción y de la documentación acompañada a la misma que la apelación es prima facie frívola, y visto el caso del Banco Masónico v. Heraclio López & Compañía, 38 D.P.R. 187, se declara con lugar la moción y se desestima la apelación establecida contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan el día 28 de marzo de 1929.


author: Juez Asociado Señor Wolf.)

text:
    No. 5002.
    Dieppa, aplte., v. Rivera, apldo.
    C. D. Humacao.
    Julio 9, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Vista la moción para desestimar, así como el escrito de oposición de la parte apelante; apareciendo que si bien dicha parte había dejado transcurrir dos veces un muy corto pe-ríodo de tiempo para presentar la exposición del caso, la radicó sin embargo dentro del último período concedídole; considerando que en lo general la apelante no ha faltado grandemente en el ejercicio de la debida diligencia, la corte, en uso de su discreción, autoriza a la Gorfe - de Distrito de Humacao para que continúe en el trámite del procedimiento de aprobación de la exposición del caso.


text:
    No. 4928.
    Márquez et al., apldos., v. Junta Insular de Elecciones, aplte., y Pereyó et al., interventores-apltes.
    C. D. San Juan.
    Julio 9, 1929.
   Por cuanto, la transcripción de este caso quedó radicada el día 9 de abril del año en curso;

Por cuanto, si se ha llegado a este mes de julio, último en que actúa el tribunal antes de su receso de agosto, septiem-bre y octubre, se ha debido a las prórrogas para presentar alegato solicitadas por la propia parte apelante,

Por tanto, no ha lugar a la moción de la dicha parte ape-lante a los efectos de que se'señale la vista del recurso in-mediatamente, haciéndose el señalamiento para el día 5 de noviembre próximo a las 2 p. m.


author: Juez Presidente Señor del Toro)

text:
    No. 644.
    Fernós, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, y Florentina Jiménez Vda. de Jiménez Cruz, demandados.

    Julio 12, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro)

Consignándose en la propia solicitud que el peticionario solicita la expedición del auto de certiorari “para no sufrir los efectos de una sentencia basada en un manifisto error en la apreciación de la prueba, ” no ha lugar.


text:
    No. 5019.
    Flores, aplda., v. Viñas, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 16, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Por cuaNto, la moción para desestimar la apelación se funda en que ésta es frívola y ha sido interpuesta para dilatar el cumplimiento de la sentencia, y en que lo único que en este caso ocurrió fué que hubo un conflicto en la prueba, y éste fué resuelto por la corte, sin que exista en el caso cues-tión alguna fundamental en ley;

Por cuanto, al objetar la moción la parte apelante alega que en la apelación se propone discutir como uno de los erro-res la apreciación que de la prueba hizo la corte, el haber resuelto el pleito por una teoría distinta de la invocada por la apelada, las cuestiones de evidencia que ha preparado por sus objeciones, y la cuantía de la indemnización;

Por cuanto, sin otros elementos que los aportados a la moción, no podemos declarar que la apelación sea frívola,

Por tanto, se declara sin lugar la moción de desestima-ción.


text:
    No. 5025.
    Del Valle, aplte., v. Rossy, apldo.
    C. D. San Juan.
    Julio 19, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Presidente Señor del Toro.)

Desestimado epte recurso previa moción de la parte ape-lada, por haberse interpuesto la apelación después de vencido el término de diez días que concede la ley.


text:
    No. 5031.
    Brunet, aplda., v. Rosario et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Julio 23, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Wolf.)

Apareciendo de la moción y certificación acompañada que la parte apelante dejó transcurrir la prórroga que le conce-dió la corte sentenciadora en mayo 25, 1929, sin haber pre-sentado la exposición del- caso ni solicitado nueva prórroga para hacerlo; que tampoco se ha radicado la transcripción de los autos en este tribunal, y finalmente, que la dicha parte apelante hizo manifiesta su intención de desistir de la apela-ción mediante moción radicada en la corte inferior, por tanto, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se de-sestima el recurso entablado por la parte demandada contra sentencia de mayo 14, 1929, dictada en este caso por la Corte de Distrito de San Juan.


author: Juez Asociado Señor Aldrey.)

text:
    No. 3892.
    El Pueblo, apldo., v. Malavé, aplte.
    C. D. Ponce.
    Julio 23, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Celebrada la vista de esta apelación contra sentencia que condena al apelante por delito de acometimiento y agresión con la circunstancia agravante de ser el apelante un varón adulto y la agredida una mujer; y apareciendo que los dos motivos del recurso no están justificados, pues se probó que el apelante es varón de más de veinte y un años de edad y que acometió y agredió a dicha mujer según la conclusión a que llegó la corte inferior al resolver el conflicto de la evidencia en ese particular, debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada.


text:
    No. 4771.
    Pérez, et al., apldos., v. Central Pasto Viejo, Inc., aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 23, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Aldrey.)

Por cuanto, el demandado se allanó a que se dictara sen-tencia contra él sin pago de honorarios del abogado de la parte contraria;

Por gxjaNtio, con vista de la demanda y de la contestación la corte dictó sentencia condenatoria imponiendo al deman-dado el pago de las costas;

Por CUANTO, contra esa sentencia se lia interpuesto por el demandado este recurso de apelación en cuanto le condena a pagar honorarios de abogado;

Por cuanto, se nos pide que desestimemos esa apelación por ser frívola;

Por cuanto, según decisiones nuestras la condena en cos-tas incluye el pago de honorarios de abogado cuando éstos no son excluidos expresamente de la condena de costas, como no se ha hecho en este caso;

Por cuanto, dados esos antecedentes existe una cuestión entre las partes en esta apelación sobre si en vista del alla-namiento condicionado del demandado se le puede imponer el pago de estos honorarios, por lo que no .es frívola esta apelación,

Por tanto, debemos desestimar y desestimamos la mo-ción para que desestimemos esta apelación.


text:
    No. 4916.
    Cotti, et al., apldos. v. Cotti, aplte.
    C. D. Ponce.
    Julio 23, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor.)

Desestimado este recurso previa moción oída con la sola asistencia de la parte apelada, por abandono.


author: Juez Asociado Señor Texidor..)

text:
    No. 25.
    Ex Parte Casablanca, peticionario.
    Julio 23, 1929.
   (Por la corte, a propuesta del

Juez Asociado Señor Texidor..)

Por cuanto el peticionario solicita de este tribunal se le admita al ejercicio de la profesión de abogado, alegando te-ner su diploma de la Universidad de Puerto Eico y ¡haber practicado en bufete de acreditados abogados admitidos en Puerto Rico, por más de cinco años; e invoca en favor de su petición la Ley 78, año 1928, de Puerto Rico.

Por cuanto examinado el expediente personal del peti-cionario, aparece que él fué admitido a examen de reválida, siendo aprobado en 18 de noviembre de 1918, pero por razón de una oposición formulada por la Comisión de Reputación, por aparecer del expediente y la investigación que el peticio-nario liabía sido convicto de delito grave, aunque indultado, y apareciendo además la existencia de otra acusación por delito grave, este tribunal en 15 de noviembre de 1921 de-claró no haber lugar a la admisión del peticionario, quien solicitó reconsideración, que fué denegada.

PoR cuaNto el mismo peticionario Justo A. Casablanca acudió de nuevo ante este tribunal, pidiendo se le tomara juramento, petición que fué denegada, como lo fué la que en 26 de junio de 1923 hizo para que se le admitiera como abo-gado, y la de diciembre del mismo año, y otra posterior pre-sentada por varios abogados; y la de 8 de junio de 1927, y finalmente la de 31 de enero de 1929, en la que, entre otras cosas, se .invoca la misma ley de 1928 que ahora se cita.

Por cuanto la Ley No. 78 del año 1928, no es aplicable a este caso, porque su objeto es la admisión de abogados que se encuentren en ciertas condiciones, sin el requisito de pre-vio examen, y en este caso el examen no ha sido el obstáculo para la admisión, ya que el peticionario lo sufrió; siendo otra la causa de la negativa, como aparece claramente del expediente.

Por tanto, no ha lugar a admitir al peticionario al ejer-cicio de la profesión de abogado.


author: El Juez Asociado SeñoR Wole,

text:
    James Thomas & Co., demandante y apelante, v. José A. Florido, demandado y apelado.
    No. 4571.

    Sometido: Febrero 28, 1929.

      Resuelto: Julio 23, 1929.

      Hugh B. Francis y Julio Suárez Garriga, abogados del apelante; Besosa & Besosa, abogados del apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Wole,

emitió la' opinión del tribunal.

En la demanda se alega que el demandado era el agente de la demandante para la venta de productos importados, por lo cual el demandado tenía derecho a recibir cierta comi-sión; que al cerrarse los libros en enero 24, 1925, el deman-dado debía a la demandante la suma de $884.55.

En los autos de este caso aparece, primero, una de-manda, lnego, la contestación, y después la opinión y sen-tencia de la corte. También aparece el escrito de apelación y luego la transcripción de la evidencia. A esto, el apelado agregó, aparentemente sin dar paso previo alguno ante este tribunal, copia de una moción solicitando un detalle de las partidas (bill of particulars) notificada a la demandante y radicada en la corte inferior en 12 de agosto de 1926. La contestación lleva igual fecha.

La opinión y sentencia de la corte inferior se fundaron en parte en haber dejado la demandante de suministrar un detalle de las partidas. Se señala como error esta actuación de la corte. La teoría de la apelante es que originalmente, después de declararse sin lugar una excepción previa, se registró una sentencia en rebeldía contra el demandado; que la moción solicitando un detalle de las partidas estaba pen-diente cuando se dejó sin efecto la sentencia, y, por consi-guiente, si comprendemos a la apelante, que podía pasarse por alto esa moción. La corte consideró que al abrir él caso de nuevo, tanto la contestación como la moción solici-tando un detalle de las partidas quedaban subsistentes, y nos parece que lo hizo propiamente, pero de todos modos, ninguno de los documentos relativos a la rebeldía fué co-piado en los autos, y estos últimos deben considerarse en la forma en que han sido elevados. La corte inferior no come-tió error alguno al considerar la moción solicitando un de-talle de las partidas.

La demandante se queja de la actuación de la corte inferior al dejar sin efecto la sentencia registrada a favor de la demandante, toda vez que el demandado no radicó ningún affidavit de méiitos. El dejar sin efecto una sentencia cae, en grado sumo, dentro de la discreción de la corte, y no hallamos que se cometiera abuso de discreción, especialmente no habiéndose elevado los documentos que demuestran los procedimientos relativos a la rebeldía.

Un tal Mr. Nuber, quien era agente de la demandante, destruyó voluntariamente algunos libros y tal vez otros do-cumentos en que aparecía la cuenta del demandado. La corte resolvió que esta destrucción, de acuerdo con los ar-tículos 48 y 49 del Código de Comercio, impedía que se reco-brara. A esto el apelado agrega la presunción de que debe considerarse como adversa la evidencia voluntariamente des-truida.

La apelante trata de justificar la destrucción de los libros como un acto inocente, y de descansar en su derecho a pre-sentar evidencia secundaria. El apelado llama la atención hacia el hecho de que la declaración del Sr. Nuber no fue transcrita en los autos, o por lo menos, aquella parte de su declaración relativa a la cuenta del demandado.

Por tanto, llegamos a la conclusión de que la corte no estuvo equivocada al resolver que la demandante debía pre-sentar sus libros como prueba, o al insistir en que ella había dejado de radicar un detalle de las partidas. Está falta se acentúa más con la omisión del testimonio del testigo principal de la demandante.

Una de las dificultades en este caso es que la parte demandada presentó una moción de nonsuit. La corte se reservó su fallo. Entonces el demandado ofreció presentar, y presentó, su prueba. Posteriormente, la corte en su opinión resolvió que procedía la moción de nonsuit. Evidentemente, la corte pensó que que la moción subsistía. Sin embargo, como la apelante no ha indicado que la prueba presentada por el demandado beneficie el caso de la demandante, y no hemos encontrado que lo beneficia, la sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado SeñoR Wolf,

text:
    José García Domínguez, demandante y apelante, v. Gerónimo Rivera, José Martínez y Basilio Candelaria, demandados y apelados.
    No. 4356

    Sometido: Abril 25, 1928.

      Resuelto: Julio 23, 1929.

      A. Beyes Delgado y B. Agrwit Aldea, abogados del apelante; Luis Mercader, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado SeñoR Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Después de celebrarse la vista de un caso de reivindica-ción, la Corte de Distrito de Areeibo dictó sentencia a favor de los tres demandados que arriba se mencionan, fundándose en la prescripción extraordinaria. En su opinión, la corte expuso algo de la historia de la posesión de los demandados, y declaró que cada uno de ello había poseído su predio par-cular por más de treinta años. Es un hecho incontrover-tido que cada uno de los tres demandados estuvo en posesión de su finca respectiva independientemente de los otros dos. La razón por la cual ellos fueron demandados conjuntamente, fué la de que el demandante sostenía que dichos demandados estaban en posesión de toda una faja de, terreno que según él formaba la parte oriental de una finca que se describe en la demanda.

En .apelación, el demandante, muy acertadamente, sostiene que en un caso de prescripción el peso de la prueba recae fuertemente sobre el demandado. La contención del deman-dante es que cada uno de los demandados estaba obligado a identificar el predio de terreno determinado que poseía, y que la prueba dejó de hacerlo.

No dejamos de tener algunas dificultades al seguir la his-toria de la tenencia individual de los demandados. Alguna de la prueba presentada por ellos no fué muy explícita. Sin embargo, no se hizo objeción a ella, y tiende por sí sola, sin tener en cuenta la del demandante, a sostener las conclu-siones a que llegó la corte. Si bien la prueba de los deman-dados relativa al origen de la posesión tal vez no es tan clara como pudiera serlo, no obstante, la prueba en su totalidad tiende fuertemente a sostener la conclusión de la corte.

El que la corte dejara de comentar el caso del deman-dante nos ha dejado algo dudosos respecto a otra conclusión a que hemos llegado. Esta es que el demandante no probó su caso. Según nuestro criterio, el demandante dejó de pro-bar mediante algo que se parezca a una preponderancia de la prueba, que la alegada colindancia oriental de la finca descrita en la demanda se extendía tan al este como él creía y como trató de establecer.

Hay otro extremo que milita contra el demandante. El demandó conjuntamente a los tres demandados en el mismo pleito. Tenemos la idea de que él tenía derecho a hacerlo así, pero al llegar a la prueba, si no a las alegaciones de la demanda, tenemos alguna idea de que era el demandante quien estaba obligado a identificar las tenencias de cada uno de los demandados. Llamamos la atención hacia el artículo 125 del Código de Enjuiciamiento Civil, que lee así:

“En una acción para recobrar propiedad inmueble, éste deberá describirse en la demanda con tal precisión que un agente judicial pueda identificarla en caso de ejecución.”

Si no era necesario que durante el juicio el demandante identificara las propiedades individuales de los demandados, entonces él a duras penas podría quejarse si, igualmente y en forma general, los demandados ofrecieron prueba tendente a demostrar de manera indefinida que todo lo que habían estado poseyendo dentro de la faja de terreno reclamada por el demandante había sido poseído por cada uno de ellos durante más de treinta años.

Son éstas consideraciones generales que hacemos; en parte, porque la evidencia de los demandados se dirige casi necesariamente a probar dos cosas, a saber: suponiendo un caso prima facie a favor del demandante que su colindancia más al este en realidad no se extendía hasta donde él ale-gaba; y, por otra parte, a demostrar que los demandados habían estado en posesión de sus parcelas respectivas recla-madas ahora por el demandante por más de treinta años.

Al examinar su escritura obtenida unos tres años antes del litigio, el demandante descubrió que, según la descripción de la finca, ésta'tenía 285 cuerdas, mientras que al efectuarse la mensura sólo resultaron 278 cuerdas. Un tal Manuel Co-lón hizo entrega material de la finca al demandante. Este solicitó y obtuvo una orden judicial para que se practicara un deslinde.

El agrimensor rindió su informe. En él, fijó el principio de la colindancia más al este en el punto norte alegado por el demandante. Todo el mundo estuvo de acuerdo respecto al punto sur de dicha colidancia oriental. El punto lo cons-tituía un montón de piedras. El principio septentrional de dicha colindancia oriental fué descrito por los testigos como que empezaba en una “piedra rajada”. Estas dos palabras pueden significar una piedra irregular de cualquier clase, o pueden significar una formación pedregosa irregular. Suce-dió que mientras se practicaba la mensura el demandante o sus testigos insistieron en que esta “piedra rajada” se ba-ilaba en una colina de difícil acceso. Los demandados y sus testigos durante el deslinde dijeron que la “piedra rajada” se bailaba más al oeste.' En el acto del juicio se demostró que en la fecba en que se practicó el deslinde no se bailó ninguna “piedra rajada” en el punto indicado por los de-mandados. Sin embargo, la prueba de los demandados ten-dió a demostrar en conjunto que estuvo allí en un tiempo y que esa piedra o trazas de ella habían sido destruidas por un terremoto.

Ahora bien, al examinarse la prueba del demandante, aunque éste hace mucho hincapié en sus escrituras de título, y en la mensura practicada, la declaración de ninguno de los testigos fija el lugar definido en que se halla esta “piedra rajada”. De la declaración del agrimensor Paz, quien ori-ginalmente practicó una mensura del terreno para el deman-dante, aparece que una de las personas que ayudaron a loca-lizar la “piedra rajada” fué Manuel Colón. Este declaró como testigo .durante el juicio. Durante el examen directo, dejó notablemente de localizar el principio de la colindancia oriental. Su declaración fué muy indefinida respecto a las colindancias, pero insistió en que conocía los puntos. Si se le hubiese mostrado un plano o se le hubiera preguntado más particularmente, tal vez habría arrojado alguna luz y los demandados habrían tenido oportunidad de repreguntarlo. El demandante dijo en su declaración que de los puntos dádosle por Colón resultaba una merma en la cabida de la finca. Naturalmente, la declaración del demandante o de su hijo proyectan muy poca luz, toda vez que su conocimiento, de tener alguno, fué adquirido recientemente.

De suerte que no bailamos en los autos ninguna ubicación satisfactoria de la colindancia oriental. El agrimensor no expuso la fuente de sus conocimientos, salvo al decir que se guió por el plano entregádole, que se presume fué el plano ex parte levantado por Paz. De todos modos lo que el agri-mensor Lacomba sabía era por referencia. Una “piedra rajada” puede destruirse fácilmente si no es muy grande, pero de todos modos el demandante no probó este punto, me-diante una clara preponderancia de la prueba. La referen-cia muy indirecta que se bace a Colón es insuficiente. No deben anularse los títulos con una prueba tan frágil, espe-cialmente cuando bay evidencia positiva en sentido contra-rio. Nos sentimos obligados a resolver que el demandante no probó su caso.

Es posible que la corte, en una forma que no es clara para nosotros, creyera que el demandante babía presentado un caso prima facie, y que los terrenos en poder de los demandados habían pertenecido una vez al causante del demandante. Entonces creemos que procede la prescripción extraordinaria. Naturalmente si los demandados ocupaban los terrenos por equivocación y sólo tenían la intención de poseer fuera de las colindancias alegadas por el demandante, no bay posesión adversa u hostil. Toda la prueba demuestra una tenencia hostil por parte de los demandados. Construían casas y labraban las tierras, sosteniendo, que la colindancia más al oeste de cada una de sus fincas- se extendía basta la línea trazada desde una “piedra rajada” distinta a la alegada por el demandante. No se demostró que la intención de los demandantes fuera sólo la de penetrar en los terrenos que se bailaban al este de la demarcación según alega ahora el demandante.

En este caso, conforme hemos indicado antes, el deman-dante reclamaba cierta faja de terreno. No probó el predio individual ocupado por cada uno de los demandados. Estos dicen, en efecto, que todos los terrenos por ellos poseídos han sido poseídos por ellos y por sus causantes por más de treinta años.

El apelante no pone en duda seriamente el hecho de que no sería aplicable la prescripción si los terrenos poseídos por cada nno de los demandados hubieran sido segregados de fincas mayores pertenecientes a otras personas y por ellas poseídas o vendidas directamente a los demandados. Lo que el apelante sostiene es que la porción determinada re-clamada por el demandante y poseída por cada uno de los demandados, respecto a la cual cada uno de ellos reconoce o alega su posesión, nunca fue identificada. Estamos de acuerdo en que de los autos no aparece ninguna otra mani-festación excepto el testimonio de los mismos demandados, que demuestre directamente que los terrenos poseídos por los demandados jamás pertencieron a sus alegados causan-tes, o sea, a los Ortiz, los Fougerat, los Ruiz Zeda y otros.

Por otra parte, a cada uno de los demandados se le per-mitió que dijera sin objeción alguna que la porción por él poseída procedía de segregaciones o de ventas que les hicie-ran otras personas. Aunque estas manifestaciones estaban sujetas a análisis y a ser destruidas en la repregunta no se hizo tal repregunta. “¿Por qué dice usted que la porción que usted posee y que el demandante reclama forma parte de la finca transferida a usted por Ortiz?” es la clase de preguntas que no fué hecha, por ejemplo, a Basilio Cande-laria. Sin embargo, este demandado dijo que su título y posesión tenían esa procedencia. Dada la identificación he-cha por cada uno de los demandados, la corte estuvo amplia-mente justificada, de conformidad con el resto de la prueba, al llegar a la conclusión de que los demandados habían pro-bado la prescripción extraordinaria.

Hay algo más. El apelante en su informe complemen-tario llama la atención especialmente a las declaraciones de Colón y de Serrano como tendentes a demostrar que las fin-cas de los demandados habían pertenecido a los causantes del demandante. Cada uno de estos testigos, cuya edad era 70 y 86 años, respectivamente, habla de una época que se retrotrae a unos cuarenta años. Esa fue prueba circuns-tancial tendente a demostrar que no había habido posesión reciente por los causantes del demandante. Otra prueba circunstancial del demandante demostró que algunas casas estuvieron enclavadas durante largo tiempo, podría decirse que adversamente al, demandante, en los terrenos por él re-clamados. Toda la prueba tanto directa como circunstan-cial, tiende a demostrar que los terrenos fueron poseídos adversamente al demandante por más de treinta años.

El apelante también señala como error el haber admitido la corte ciertos documentos. El error alegado en realidad no está bien señalado. Cuando se alega que varios documentos han sido admitidos erróneamente si las objeciones en relación con los mismos varían, la admisión de cada documentodebe señalarse como error separadamente. Además, el señalamiento de error debe contener una especie de resumen de la objeción hecha durante el juicio a la admisión del documento. Todo un caso puede ser revocado por haberse admitido algo erróneamente y la corte de apelaciones tiene derecho a saber por el mero señalamiento si existe tal posibilidad. También podría saberse a primera vista que la adadmisión del documento no fué perjudicial. No obstante, daremos alguna consideración al señalamiento.

La corte admitió un documento, la sentencia dictada en un expediente posesorio, según el cual Basilio Candelaria, logró probar que estaba en posesión de 25 cuerdas. El dijo que las seis cuerdas reclamadas por el demandante estaban incluidas en dichas 25 cuerdas. Nuestra confirmación de la sentencia en este caso se basa en dos fundamentos. En loque respecta al hecho de haber dejado el demandante de probar su caso, la admisión del documento claramente noguardaba relación alguna. Sin embargo, constituía alguna prueba tendente a demostrar la posesión continua por parte de dicho demandado. Es cierto, según sostiene el apelante,, que no se debe inscribir la sentencia dictada en un expediente posesorio si se halla un título anterior inscrito en el registro de la propiedad. Empero nada había en el re-gistro que demostrara exactamente la colindancia oriental de los terrenos del demandante. No encontramos que Raya objeción alguna a la admisión del documento a/virtud de al-guna disposición o reglamento de la Ley Hipotecaria.

La admisión de los otros documentos puede igualmente estar justificada, o no fué perjudicial. Una vez que se permitió a los demandados expresar el origen de sus tenencias respectivas, por estar contenidas en una cabida mayor, todo lo que se refiriera a estas fincas de mayor cabida, creemos que era admisible. La teoría del demandante se basaba principalmente en la falta de identificación a que nos Remos referido varias veces.

Hemos quedado satisfeclios de que no se cometió error fundamental alguno al admitir el documento No. 7, o de que su admisión no fué perjudicial. El apelante Race referencia a las objeciones por él presentadas durante el juicio, pero no indica las páginas de los autos en que aparecen sus objeciones, lo que por sí solo es motivo para no discutir más extensamente el error alegado. Al leer unos autos, los jueces de una corte de apelaciones no tienen obligación alguna de Racer apuntes o de releer los autos muchas veces, sino que las páginas de éstos donde aparecen las objeciones hechas deben indicarse claramente en el alegato. En el alegato sólo se Race referencia a la página en que podía Rallarse el documento mismo, pero no las objeciones presentadas.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Senos, Audrey,

text:
    El Pueblo de Puesto Rico, demandante y apelado, v. José N. Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 3544.

    Sometido: Noviembre 21, 1928.

      Resuelto: Julio 23, 1929.

      Luis Toro Cabañas, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Fueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senos, Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

José N. Bodríguez fué denunciado por infracción a la Ley de Automóviles, artículo 13, letras (a) j (d), porque el 15 de diciembre de 1927 a las 8:30 de la mañana, en la' carretera, parada 39, Hato Bey de Bío Piedras, en ocasión en que manejaba un automóvil por el sitio indicado, que es un camino público, ilegal, maliciosa y voluntariamente violó dicha ley para reglamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Bico porque sin tener en cuenta el ancho, tráfico y uso del camino manejaba dicho automóvil sin el debido cui-dado, llevándolo a una velocidad exagerada de más de 48 kilómetros por hora y regateando sobre su marcha con otro automóvil manejado por Luis Felipe Padilla, yendo ambos carros en la misma dirección hacia Santurce, chocando el automóvil manejado por el denunciado con un carro de caba-líos que guiaba por su derecha su dueño Adabalejo Rodrí-guez, quien resultó gravemente herido y el caballo con una herida punzante.

Alega el denunciado en la apelación que ha establecido contra la sentencia condenatoria dictada contra él en este caso que la corte sentenciadora- cometió error al declarar sin lugar la excepción perentoria que opuso a esa denuncia fundada en que no aduce hechos suficientes para imputarle la comisión de un delito y en que es dudosa, ininteligible y ambigua por contener duplicidad de cargos.

La ley citada, que es la No. 75 de 1916, página 144 y siguientes de las leyes de ese año, dice así:

“Art. 13.- — .(a) La velocidad de un vehículo de motor deberá en todo tiempo regularse con el debido cuidado, tomando en cuenta el ancho, tráfico y uso del camino; y el hecho de conducir, en cualquier tiempo, un vehículo de motor por un camino público a una velocidad que exceda de 48 kilómetros por hora, o dentro de la la zona urbana de un municipio a una velocidad mayor de 24 kilómetros por hora, constituirá evidencia prima facie de que el vehículo era conducido sin el debido cuidado.
ti # # # % # # #
(d) Será ilegal el regatear o apostar acerca de la marcha de un vehículo de motor, en un camino público. ’ ’ ■

Es cierto, como dice el apelante, que el hecho de correr un automóvil a más de 48 kilómetros no es constitutivo de delito sino una presunción prima facie de que es conducido sin el debido cuidado, y así lo hemos resuelto en el caso de El Pueblo v. Casanovas, 38 D.P.R. 319; pero también es cierto que ese apartado dispone que la velocidad de un ve-hículo de motor deberá regularse con el debido cuidado, to-mando en cuenta el ancho, tráfico y uso del camino, y que la infracción a los preceptos de esa ley es constitutiva de delito según el artículo 18 de la misma, por lo que alegando la denuncia que el apelante en el sitio expresado en ella llevaba el automóvil a una-velocidad de más de 48 kilómetros por hora sin tener en cuenta el ancho, tráfico y uso del ca-mino, claramente contiene hechos constitutivos de delito por infracción de dicho precepto en su letra (a).

En la denuncia se imputa al apelante que violó el artículo 13 de la citada ley porque manejó el automóvil sin el debido cuidado y también porque iba en regateo con otro automóvil, lo que se declara ser ilegal en el apartado (d) del artículo citado; pero el haberle imputado dos maneras de infringir las disposiciones de dicha ley no es denunciarlo por dos de-litos, según hemos declarado en el caso de El Pueblo v. Collazo, 20 D.P.R. 203, en el que dijimos que “cuando, somo ocurre con el artículo 368 del Código Penal, la ley castiga como delito el hacer alguna de las varias cosas que menciona disyuntivamente, todas o algunas de ellas pueden ser impu-tadas conjuntamente. ’ ’

El tercer motivo alegado para que revoquemos la sentencia es que la corte inferior cometió error al no admitir como prueba el récord de la causa seguida contra Luis Felipe Cuevas Padilla por el mismo delito imputado al apelante y acaecido en relación con él y al mismo tiempo. Esa pi’ueba la ofreció el apelante para demostrar que Cuevas Padilla fué absuelto, pero era claramente inadmisible pues poco importaba para este caso lo que ocurriera en otro ni si en ese caso fué absuelto Cuevas Padilla.

El cuarto y último motivo del recurso es porque hubo error al apreciar la prueba. Hemos leído las declaraciones de los testigos y opinamos que sostienen la sentencia condenatoria pues de ellas aparece que el sitio indicado en la denuncia se halla frente a la entrada de la Universidad de Puerto Rico, que sabemos está inmediata a la entrada del pueblo de Río Piedras, lo que lo hace de mucho tráfico, y que por él llevaba el apelante su automóvil a bastante velocidad, así como que iba en regateo o competencia de velocidad con otro automóvil, y que el del apelante chocó allí con un carro que guiaba Adabale jo Rodríguez, hiriéndolo y también a su caballo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Enrique Báez, acusado y apelante.
    No. 3642.

    Sometido: Enero 24, 1929.

      Resuelto: Julio 23, 1929.

      Enrique Báez García y R. Rivera Zayas, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El 8 de septiembre de 1927 fué presentada denuncia en la Corte Municipal de Mayagüez contra el apelante impu-tándole un delito menos grave como realizado por él en 20 de septiembre del año anterior. Fué condenado en la corte municipal y también en la corte de distrito al conocer de esa denuncia en grado de apelación, y en el recurso de ape-lación que lia interpuesto para ante nosotros contra la última de esas sentencias alega como primer motivo para sostenerlo que la corte inferior cometió error de derecho al declarar sin lugar su moción para que se archivara la causa por ha-ber prescrito la acción.

Como se ve por las fechas al principio consignadas la denuncia fué presentada doce días antes de que transcu-rriera el año que el artículo 79 del Código Penal fija como término para la prescripción de los delitos menos graves (misdemeanor), pero el apelante sostiene que ese término de la prescripción no se interrumpe por la sola presentación de la demanda sino desde que el denunciado es citado para juicio, o desde que es arrestado y que no habiendo sido él citado para juicio hasta el 22 de octubre de 1927, siendo arres-tado algunos días después, la acción penal ejercitada en esto caso prescribió.

El artículo 79 del Código Penal dice lo siguiente:

“La acción penal por cualquier ‘misdemeanor’ deberá entablarse dentro del año de su comisión.”

En el texto inglés dice así:

“The prosecution for any misdemeanor must be commenced within one year after its commission.”

Delitos misdemeanor son los delitos menos graves, según el artículo 13 del mismo código.

La cuestión suscitada por ese motivo de error ha sido tratada por este Tribunal en el caso de El Pueblo v. Capestany, 37 D.P.R. 586, considerando el artículo 78 de dicho código con respecto a delitos graves, que en español y en inglés usa las mismas palabras que el artículo 79, con la sola diferencia de que en esos delitos el término de prescrip-ción es de tres años, excepto en casos de asesinato o falsifi-cación de documentos públicos. En el caso citado de Capes-tany el arresto del acusado fué hecho antes de transcurrir los tres años de prescripción de la acción criminal pero la acusación fué presentada después de ese tiempo, y después de considerar detenidamente la cuestión de prescripción que en él se alegó este Tribunal dijo entre otras cosas lo si-guiente: “Si el arresto no se hubiese decretado entonces sería la presentación de la acusación la que debería tomarse en cuenta.” En el presente caso no aparece si hubo arresto previo a la presentación de la demanda y por tanto con la presentación de la misma antes de transcurrir un año desde la comisión del delito quedó interrumpida su prescripción, porque ése fue el primer paso para su persecución.

Entablar o comenzar una acción es dar el primer paso para su ejercicio y para traer a otra persona ante un tribunal de justicia. En los asuntos civiles la presentación de la demanda interrumpe el término de la prescripción e igual efecto produce en lo criminal la presentación de la acusación o de la denuncia, si antes no se ba becbo el arresto. Como se dijo en el caso de State v. Simpson, 76 N.E. 544, por la Corte Suprema de Indiana, según se cita en el caso de Capestany, supra: “La denuncia es la forma mediante la cual surge la controversia por que se juzga al acusado. Por tanto, es un proceso seguido por virtud de denuncia, a pesar de que el proceso se comienza mediante la orden de arresto. Lo que esto significa es* que las acciones penales por delitos de misdemeanor, que deban comenzarse mediante denuncia o acusación, deberán entablarse dentro de doce meses”. Y en el caso de State v. Howard, 15 Rich. Law, 274, 282, de la Corte de Apelaciones de Carolina del Sur, citado también en el de Capestany, se dijo: “La denuncia presentada a un magistrado equivale al comienzo del proceso e interrumpe la prescripción.” Y se citan varios casos. De acuerdo, pues, con nuestro estatuto el término de prescripción en Puerto Rico quedó interrumpido en este caso con la presentación de la denuncia y no desde la citación para el juicio como alega el apelante porque el término de prescripción se interrumpe por la voluntad del denunciante al presentar su denuncia, que es el comienzo de una acción, y no por la voluntad de otra persona más o menos diligente en bacer una citación o un arresto. Si el legislador hubiera querido que fuera la citación o el arresto lo que interrumpiera el término de prescripción así lo hubiera dicho claramente y no hubiera escrito que era el entablar o comenzar una acción. En cuanto al arresto se dice, en 16 C. J. 231 que no es parte del comienzo de una acción.

Antes de terminar el asunto que tratamos queremos decir que podíamos haber prescindido de resolver ese primer mo-tivo de error porque en estos autos no bay constancia de la fecba en que el apelante fué citado para juicio ni de la en que fué arrestado, excepto la sola manifestación del ape-lante, no jurada, becba en la moción que presentó solicitando el archivo de la causa por estar prescrita la acción criminal establecida contra él.

En el segundo motivo se alega como error el haber sido declarada sin lugar la excepción perentoria interpuesta contra la denuncia porque los hechos que se alegan no imputan la comisión de un delito público.

La denuncia presentada en la corte municipal dice así:

“Yo, José Rr. Gelpí, Fiscal del Distrito, vecino de Mayagüez, P. R., calle Méndez Yigo No. 112, de cincuenta años, .formulo de-nuncia contra Enrique Báez, por delito de infracción del artículo 92 del Código Penal, en relación con la ley ordenando a los secretarios y marshals de las cortes de distrito y municipales de Puerto Rico para que depositen todos los fondos oficiales en instituciones banca-rias, aprobada en 12 de marzo de 1908 (misdemeanor) cometido de la siguiente manera: • El citado acusado Enrique Báez, siendo Secre-tario de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, P. R., y en el ejercicio de su cargo, recibió en Mayagüez y del Marshal de la Corte de Distrito de Mayagüez, allá en o por el día 20 de sep-tiembre de 1926, la cantidad de mil dólares, importe de una venta judicial en el pleito civil de dicha corte No. 11919, y dicho Enrique Báez intencional y voluntariamente omitió depositar inmediatamente después de haberla recibido la expresada suma en la institución ban-caria designada para depositar los fondos percibidos por dicho Enrique Báez como Secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez etc. ’ ’

Dice el apelante que los hechos de esa denuncia no son constitutivos de delito porque siendo el Código Penal anterior a la ley con la cual se relaciona en este caso no podía prever hechos que entonces no podían existir.

El artículo 92 del Código Penal dispone lo siguiente:

“Toda omisión voluntaria en el cumplimiento de un deber im-puesto por la ley a algún funcionario público o persona que desem-peñe cualquier cargo de confianza o empleo público, de no existir alguna disposición especial señalando el castigo correspondiente a dicha omisión, se penará como ‘misdemeanor.’ ”

Ese precepto es tan general que no se refiere solamente a omisiones de deberes legales impuestos cuando el código fue publicado sino a tales deberes impuestos en cualquier tiempo por lo que es aplicable a la ley con la cual se rela-ciona la denuncia, aun siendo ella, como es, posterior al código. Es cierto, como dice el apelante, que la ley de 12 de marzo de 1908 ordenando a los .secretarios que depositen en instituciones bancarias los fondos oficiales que recibieren no tiene sanción penal, pero esto no era necesario porque el Código Penal en el artículo citado contiene disposición general para castigar a los funcionariois públicos que omitieren voluntariamente el cumplimiento de un deber impuesto por la ley.

Asimismo es cierto que dicha ley no contiene en su texto español disposición alguna de que tales fondos sean depositados inmediatamente, por estar suprimida en él un párrafo que tiene dicha ley en inglés sobre ese particular, pero en 1908, que es la fecha de esa ley, existía el Consejo Ejecutivo, una de cuyas funciones era actuar como senado legislador y entonces las leyes eran aprobadas en inglés y por tanto dicha ley en inglés es la que hay que tener en cuenta en este caso.

Dice además el apelante que la denuncia es insuficiente, también porque no dice cuál es la institución bancaria en que los fondos debían ser depositados, pero esto no era necesario siendo suficiente que la denuncia dijera que no habían sido depositados en la institución bancaria designada para tal fin. Si al denunciado interesaba que se le dijera cuál era la institución bancaria, pudo solicitar que se hiciera tal especificación.

El tercer motivo se funda en que la corte se negó a eliminar cierta prueba del fiscal.

Se probó en el juicio por el fiscal que al recibirse en la Corte de Distrito de Mayagüez los autos en apelación de este caso y de otros dos contra el apelante iban acompa-ñados de recibos firmados por el apelante, uno de ellos por los mil dólares a que se refiere esta denuncia y que al día siguiente desaparecieron del tribunal; y presentó después prueba secundaria oral para demostrar que el apelante sus-cribió dicho recibo en la fecha y por el concepto indicado; pero el apelante sostiene como fundamento de su alegado error que esa prueba oral secundaria no era la mejor sino la copia en papel carbón de dicho recibo que debe existir en la secretaría del tribunal, pero no conocemos ley alguna, ni se nos cita, que disponga que debe hacerse tal copia en pa-pel carbón de los recibos que firme el secretario, ni ha habido prueba de que se exigía por algún reglamento decretado por autoridad competente. Además, se probó que en el libro de caja del Secretario-apelante hay un asiento de su puño y letra de haber recibido dicha cantidad en 20 de septiembre de 1926.

En el quinto motivo dice el apelante que fué error de la corte declarar que la palabra “inmediatamente” es innecesaria y puede ser eliminada de la denuncia. Hemos dicho antes que esa palabra está en el texto inglés de la ley y que por la fecha en que fué publicada debe prevalecer sobre el texto en español. Pero esa declaración de la corte aunque fuera errónea no perjudicaba al apelante sino más bien lo beneficiaba porque tendía a quitar el aspecto perentorio de hacer una entrega- inmediata.

Hay cuatro motivos que pueden ser resueltos conjuntamente porque todos se refieren a la prueba. Dicen así:

“IV. La corte cometió error al declarar sin lugar la moción de nonsuit presentada por el acusado durante la vista de la causa.
* * # * # # *
“VII. La corte cometió error e incurrió en pasión, prejuicio y parcialidad contra el acusado al apreciar la prueba en el caso.
“VIII. La corte cometió error al condenar al acusado sin que hu-biera prueba de que el acusado actuara con intención y negligencia criminal.
“IX. La corte cometió error e incurrió en pasión, perjuicio y par-cialidad al dictar sentencia en contra del acusado.”

Se probó en el juicio que siendo el apelante Secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez recibió como depósito del marshal de dicha corte el 20 de septiembre de 1926 la can-tidad de mil dólares, producto de la venta en subasta de los bienes de unos menores: Que en 5 de octubre del mismo año, fecha en que el investigador del Departamento de Auditoría comenzó una investigación en las cuentas del secretario, esta cantidad no estaba depositada por el apelante en los bancos Royal del Canadá, Comercial de Puerto Rico y American Colonial, en cuyas sucursales de Mayagüez ingresaba dicho secretario los fondos que recibía, aunque no hubo prueba de que éstos fueran los bancos designados para tal fin por la corte; que ese dinero fué ingresado después de hecha la investigación y que no estaban en la caja del secretario cuando el investigador empezó su trabajo, pues sólo había entonces en ella la cantidad de $371.87.

En vista de esos hechos, de que a los quince días de reci-bido el dinero por el apelante no lo había ingresado en los bancos donde hacía sus depósitos ni los tenía en su caja al comenzar la investigación de sus cuentas en 5 de octubre de 1926, tenemos que llegar a la conclusión con vista de la prueba del fiscal que la corte inferior no cometió los tres errores mencionados pues diciendo la ley que los secretarios deben ingresar inmediatamente en los bancos los fondos ofi-ciales que reciban, tales depósitos deben ser hechos tan pronto como sea posible dentro de las circunstancias de cada caso, y lo mismo sería aunque la ley no dijera “inmediata-mente”, como sucede en el texto español, pues es lógico de-ducir que al disponer la ley que se hagan esos depósitos debe entenderse que deben ser hechos lo más pronto posible y no al capricho del secretario.

En cuanto a que no se probó que la corte hubiera desig-nado determinada institución bancaria para hacer los depó-sitos como dispone la ley, esto carece de importancia pues la costumbre seguida por el apelante sin oposición de la corte fue bacer los depósitos en esos tres bancos y tal cosa puede considerarse como una designación tácita de la corte.

Réstanos el sexto motivo del recurso fundado en que la corte inferior estimó erróneamente que el delito imputado en este caso está definido en la ley de 1908 a que fiemos fieefio referencia. No existe tal error pues en verdad dicfia ley impone a los secretarios el mencionado deber y por tanto allí está definida la obligación que tienen cuya omisión castiga el Código Penal.

La sentencia apelada bebe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob Aldeey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Enrique Báez, acusado y apelante.
    No. 3670.

    Sometido: Enero 24, 1929.

      Resuelto: Julio 23, 1929.

      Enrique Báez García y B. Rivera Zayas, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Ptteblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia en este caso fue presentada el 9 de septiem-bre de 1927 e imputa al apelante que siendo Secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez recibió en su carácter oficial el 14 de octubre de 1926 $3,500 que le entregó el mársbal de dicba corte como producto de una venta judicial y que el secretario no depositó esa cantidad inmediatamente en la institución bancaria designada para que hiciera los depósitos.

Esta apelación fue vista conjuntamente con las números 3642 y 3669 del mismo apelante por igual delito, las que he-mos resuelto en el día de hoy con opinión escrita en el No. 3642, y la presente no tiene otra diferencia fundamental con aquéllas que la de que cuando el secretario recibió los $3,500 en 14 de octubre de 1926 ya había empezado un empleado de Auditoría desde el 5 de dicho mes una investigación de las cuentas del secretario apelante y había avisado a los bancos de Mayagüez donde el secretario hacía sus depósitos para que no recibieran de él cantidad alguna sin la inter-vención de dicho investigador.

De la prueba resulta que el apelante no dijo al investi-gador que había recibido ese dinero. Lo depositó un mes después, cuando el investigador había terminado su trabajo, se había marchado y había sido levantada la suspensión de recibo de depósitos por los bancos sin la intervención del investigador.

Según hemos declarado en el caso No. 3642 supra el secretario apelante debió hacer el depósito inmediatamente después de recibido y el no haberlo hecho en este caso hasta un mes después constituye el delito por el cual ha sido condenado, pues el hecho de que el investigador hubiese avisado a los bancos que no admitieran dinero del secretario no era obstáculo para tal depósito, ya qu^ podía hacerlo con la intervención del investigador.

Otro motivo de apelación en este recurso diferente a los alegados en el caso No. 3642, supra, es que durante el juicio en la corte de distrito se permitió declarar al juez municipal que conoció de la causa en primera instancia que el acusado admitió en aquel juicio que había firmado el re-cibo de los $3,500, pero el becbo de que en la corte de dis-trito se celebrara el juicio de nuevo no impedía presentar como evidencia esa admisión del acusado en la corte municipal.

Los demás motivos de este recurso son iguales a los ale-gados en el caso 3642 por lo que cuanto en él bemos dicbo es aplicable al presente.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Pedro Carlo Rodríguez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 777.

    Sometido: Julio 18, 1929.

      Resuelto: Julio 23, 1929.

      E. Báez García, abogado del recurrente; el registrador recurrido, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente en este caso presentó en el Registro de la Propiedad de Mayagüez un documento público para que el registrador cancelase por notas marginales dos menciones de hipoteca, y entregó en sellos de rentas internas $2, de ellos $0.50 para cada una de las dos notas marginales; pero el re-gistrador devolvió el documento sin hacer operación alguna porque entiende que deben pagarse $2 por cada nota marginal de cancelación, que el recurrente se negó a entregar.

La diferencia en este caso es que el registrador entiende que el cobro de las notas marginales de cancelación de las menciones de hipoteca está regulado por el arancel No. 3 de la Ley No. 32 de 30 de noviembre de 1917 enmendando-la sección 92 de la ley asignando sueldos a los registradores y para otros fines de 10 de marzo de 1904, mientras que el recurrente entiende que el arancel No. 4 de dicha ley es el que debe ser aplicado.

Desde luego que estando solamente mencionadas las hipo-tecas que se cancelan debe hacerse su cancelación en el re-gistro por notas marginales. Janer v. Registrador, 18 D.P.R. 7 y Del Moral v. Registrador, 20 D.P.R. 416.

Dispone el arancel No. 3 que por todas las operaciones,, sea cualquiera su forma, que a instancia de parte deban veri-ficarse para la cancelación o redención de hipotecas, censos o derechos reales, etc., se devengarán los derechos que men-ciona, siendo el mínimo de $2. Y el arancel No. 4, titulado notas especiales, inscripciones y anotaciones, dice que cuando-por consecuencia de la presentación no deba verificarse ins-cripción ni anotación y sí extender notas marginales se co-brará por cada una de ellas $0.50.

Opinamos que el registrador tiene razón porque el arancel No. 3 se refiere particular y expresamente a cancelaciones de hipotecas, cualquiera que sea la forma en que sehaga la operación en el registro, mientras que el arancel No„ 4 no se refiere a notas marginales para cancelación de hipotecas sino a notas marginales en general. Una disposición particular tiene preferencia sobre otra de carácter generaL Los señores G-alindo y Escosura en su obra sobre legislación hipotecaria, cuarta edición, tomo 4, página 737 dicen refiriéndose a los aranceles Nos. 5 y 6 de España, que equivalen a los Nos. 3 y 4 de nuestra ley, que dicho arancel No. 6 es; aplicable siempre que el registrador tenga que extender unanota marginal que no sea de cancelación, y de igual parecer es Morell en el tomo 5, página 300.

La nota recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Félix Ramos Jurado, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 764.

    Sometido: Mayo 7, 1929.

      Resuelto: Julio 23, 1929.

      Horton <& Saliva, abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Cuando se consolidan dos predios de terreno y se encuen-tra un exceso de menos del veinte por ciento, si se describen claramente las eolindaneias de la finca, según se bizo en este caso, no importa que el que solicita la inscripción no de-muestre cómo surgió el exceso — si en uno de los dos predios, o en ambos. Siempre, la piedra de toque es si se describe debidamente la finca por sus nuevas eolindaneias. En este caso, la verdadera área apareció suficientemente de una mensura practicada después de la consolidación.

Bebe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscrip-ción.

El Juez Presidente Señor del Toro está conforme con la resolución.


text:
    Manuela Otilia Cuevas, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    No. 779.

    Sometido: Julio 16, 1929.

      Resuelto: Julio 23, 1929.

      José D. Rodríguez, abogado de la recurrente; el registrador recorrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En el caso de Medrano v. Registrador de Mayagüez, 38 D.P.R. 821, resolvimos qne era nn defecto snbsanable al se-gregar nna parcela de terreno no describir la finca principal si se Rabian hecbo segregaciones anteriores.

En el presente caso no aparece claramente de los antos qne se hubieran hecho segregaciones anteriores de la finca principal. Sin embargo, la nota del registrador descansa en la manifestación de que no se describía el resto de la finca después de haberse hecho las segregaciones. Esta manifes-tación aparentemente presupone segregaciones anteriores y nos sentimos obligados a conceder al registrador el beneficio de la duda.

Debe confirmarse la nota recurrida, sin perjuicio del de-recho de la recurrente a solicitar una reconsideración si en realidad puede demostrar que no se hicieron segregaciones anteriores.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    José V. Usera, demandante y apelante, v. Jorge Bird Arias y Jaime Sifre, Jr., demandados y apelados.
    No. 4658.

    Sometido: Enero 23, 1929.

      Resuelto: Julio 23, 1929.

      Henry G. Molina, M. León Parra y A. E. Molina, abogados del ape-lante; Arturo Aponte y Jaime Sifre, Jr., abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El 7 de marzo de 1928, José V. Usera se dirigió por carta a la Fajardo Sugar Co. of Porto Pico en los siguientes tér-minos ;

“Muy señores míos: Como accionista de esa corporación, estoy interesado en examinar los libros de la misma, particularmente el li-bro de certificados y el registro de acciones, y les agradecería me in-dicaran dónde se encuentran los libros de la compañía y cuándo sería conveniente para ustedes que yo los examinara. Llevaré conmigo el certificado expedido a mi nombre para acreditar mi status como accio-nista de la compañía. Anticipándoles las gracias, tengo el gusto de quedar de ustedes, atto. y S. S., (fdo.) José V. Usera. JVU/LRA.”

A ésta siguió una carta de fecha 13 de marzo que lee así:

“Muy señores míos: El 7 del corriente dirigí a ustedes una carta, copia de la cual les incluyo. No habiendo recibido contestación, asumo que ustedes no han recibido el original, y por eso les envío ésta cer-tificada. Atto. y S. S., (Fdo.) José V. Usera. JVU/LRA.”

El 23 de marzo, Usera solicitó un mandamus, y consiguió un auto alternativo. Después de celebrar una vista, la corte de distrito anuló el auto alternativo y desestimó la acción.

La relación del caso y opinion emitida por el juez de distrito procede sobre la teoría de qne el demandante faltó en demostrar qne el vicepresidente y administrador general de la corporación fnera el agente a cargo de la oficina principal y de los libros a qne se refieren los artícnlos 12 y 20 de la Ley de Corporaciones. El juez de distrito también resolvió que las cartas dirigidas a la Fajardo Sugar Co. — no al demandado Jorge Bird Arias, ni habiéndose demostrado que las recibiera — no constituían un requerimiento suficiente, y que tal requerimiento debe hacerse mediante la comparecencia personal durante horas de oficina en el sitio en que se llevan los libros.

Los artículos 12 y 20 de la Ley de Corporaciones, seccio-nes 418 y 426 de los Estatutos Revisados de 1911, leen como sigue:

“Artículo 12. Sesiones de la Directiva. — Si los estatutos o cláu-sulas de incorporación así lo dispusieren, los directores de cualquiera corporación organizada bajo esta ley podrán celebrar sus sesiones, tener una oficina y llevar los libros de la corporación excepto los libros de acciones y registros de transferencias, fuera de la Isla de Puerto Rico; Disponiéndose, sin embargo, que cada una de dichas corporaciones mantendrá una oficina principal en la isla, a cargo de un agente, en la cual se llevarán los libros de acciones y registros de transferencias, para la inspección de todos los que tuviesen derecho a verlos y para la transferencia de acciones. Por causa justificada podrá cualquiera corte de distrito de la isla disponer sumariamente que todos o algunos de los libros de dicha corporación se traigan desde luego a la Isla de Puerto Rico, conservándose allí en el lugar y por el tiempo que designare la orden; y podrá el tribunal que la dictare declarar caducada la carta constitucional de cualquiera cor-poración que dejara de cumplir dicha orden, cesando con ello de ser corporación, y quedando todos sus directores y oficiales incursos en desacato al tribunal por su desobediencia a dicha orden.”
“Artículo 20. Registros de Traspasos. — Toda corporación orga-nizada bajo esta ley, llevará en su oficina principal en la Isla de Puerto Rico, registros de traspasos en que asentarán las transferen-cias de acciones, y registros de acciones que contendrán los nombres y direcciones de los accionistas y número de acciones que poseen, los cuales registros podrán en todo tiempo, durante las horas ordinarias •de oficina, ser examinados por cualquier accionista. Diez días por lo menos, antes de una elección de directores u oficiales después de la primera, los directores dispondrán que el secretario u otro oficial ■designado por ellos, a cuyo cargo estuvieren clicbos registros, baga tina lista completa y exacta por orden alfabético, de todos los accio-nistas con derecho a votar en la próxima elección, expresándose en ■ella el domicilio de cada uno y el número de acciones que le perte-nece. Esta lista se pondrá de manifiesto durante todas las horas Mbiles, para su inspección por cualquier accionista, en la oficina principal de la corporación en la Isla de Puerto Rico, y cualquier oficial de la corporación, encargado de dichos registros o lista, que se ne-gare a someterlos a examen, o dejare de hacerlo, al ser requerido por cualquier accionista, incurrirá por cada infracción de este precepto, ■en una multa de doscientos dollars que podrá demandarse en juicio •ante cualquiera corte de distrito; de esa multa cien dollars serán a beneficio de El Pueblo de Puerto Rico, y el resto, con las costas del proceso, se adjudicará al demandante. Los citados registros consti-tuirán la única prueba para determinar quiénes son los accionistas -con derecho a examinar dichos registros o lista y a votar en la refe-rida elección. La junta de directores presentará los referidos regis-tros y lista el día y en el sitio en que tal elección se verifique, los ■cuales se dejarán allí durante la elección, y si los directores descui-dan o rehúsan presentarlos, quedarán incapacitados para ser elegidos en dicha elección para un cargo cualquiera. Cualquiera accionista cuyo nombre se hubiere excluido de la indicada lista, podrá mediante la debida notificación, recabar una orden sumaria de la corte de dis-trito en cuya jurisdicción radique la oficina principal, mandando que se inscriba su nombre en la lista de referencia. ’ ’

Nada hallamos en ninguno de los artículos anteriores que milite contra la idea de un requerimiento por correo. Tal requerimiento da a la corporación amplia oportunidad de •cerciorarse de si el solicitante es en realidad un accionista de récord o no, de consultar su abogado respecto a cualquier cuestión de derecho envuelta, y de fijar un día y hora que no entorpezcan la transacción de los negocios ordinarios de la ■corporación. Un requerimiento por escrito también evita cualquier controversia respecto a lo que se dijo o se hizo por las respectivas partes, controversias que surgen usualmente en casos de requerimiento oral. Ordinariamente, un reque-rimiento por correo es suficiente. 2 Cook on Corporations, 1396, sección 515. El qne se deje de actuar durante un pe-ríodo indefinido después que se haya hecho el requerimiento, equivale a una negativa del requerimiento. 14 C.J. 861, 862, sección 1313; Cobb v. Lagarde, 30 S. 326.

Aquí, la corporación guardó silencio por más de tres se-manas, no embargante haberse hecho un segundo requeri-miento por medio de carta certificada dentro de diez días después del primero. Esa tardanza sin ser explicada equi-valió a una negativa, y el requerimiento hecho por correo era suficiente.

Entre las presunciones controvertibles establecidas por el artículo 102 de la Ley de Evidencia, se hallan las siguientes :

“20. Que se ha seguido el curso ordinario de los negocios.
“24. Que una carta dirigida y cursada por correo debidamente, fué recibida en su oportunidad. ,
* # * * # # *
“27. Que las cosas han ocurrido de acuerdo con el proceso ordina-rio de la naturaleza y los hábitos ordinarios de la vida.”

Los únicos directores de la corporación residentes en Puerto Rico son Rafael A. Yeve, Jorge Bird Arias, Eladio J. Candal, Jaime Sifre Jr. y Clifford A. Bellows. Todos estos señores, salvo Sifre, viven en Fajardo. Sifre reside en San Juan, y al manifestarle al ahogado del demandante que los libros no estaban en su poder, se abandonó el procedi-miento en torno suyo. El.otro demandado, Jorge Bird Arias, no compareció al juicio en la corte inferior, sino que en res-puesta a un subpoena duces tecum, alegó estar exento de comparecer por virtud del artículo 114 de la Ley de Evidencia, que dispone que:

“Un testigo no estará obligado a comparecer como tal ante nin-gún tribunal, juez u otro funcionario, fuera del distrito en que resi-diere, a menos que la distancia desde el lugar de su residencia al sitio en que se celebrase el juicio, fuere menos de treinta millas. ’ ’

De los oficiales mencionados en el informe anual que se radicó el 29 de marzo, Jorge Bird Arias, vicepresidente y ad-ministrador general, es el único residente en esta Isla. La oficina principal de la corporación está en Fajardo. Si los libros no estaban en la inmediata posesión del demandado Bird Arias, el agente que los tenía en su poder es de presu-mirse que fuera un funcionario o empleado subordinado bajo la dirección general, superintendencia y dominio del vicepre-sidente y administrador general. En el curso ordinario de la rutina de una oficina, las cartas debieron liaber llegado a manos del vicepresidente y administrador general o del agente a cargo de los libros. Una notificación a cualquiera de ellos constituía notificación implícita para el otro. Si Bird Arias no era el agente a cargo de los libros, le incumbía re-velar la identidad de ese agente.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


author: .El Juez Asociado Senos Hutchison,

text:
    José V. Usera, peticionario-apelante, v. Jorge Bird Arias y Eladio J. Candal, demandados-apelados.
    No. 4702.

    Sometido: Enero 23, 1929.

      Resuelto: Julio 23, 1929.

      Henry G. Molina, M. León Parra y A. E. Molina, abogados del ape-lante ; Arturo Aponte y Jaime Sifre, Jr., abogados de los apelados.
   .El Juez Asociado Senos Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

José Y. Usera solicitó un mandamtbs para compeler a Eladio J. Candal como interventor (comptroller) y Jorge Bird Arias como director, vicepresidente y administrador general de la Fajardo Sugar Company of Porto Rico para que se le permitiera inspeccionar el libro de acciones y el registro de transferencias de la corporación.

Se espidió un auto alternativo que fué posteriormente anulado por la corte de distrito.

Durante la vista celebrada el 21 de mayo de 1928, el de-mandante introdujo en evidencia un certificado de acciones expedídole directamente el 25 de febrero de 1928. Este cer-tificado contiene las disposiciones corrientes de que sólo podrá ser transferido en los libros de la corporación, perso-nalmente o por apoderado, mediante su presentación con el debido endoso. Se liace referencia al certificado de incorpo-ración de la compañía, copia del cual se dice consta en el ar-chivo de la oficina de la corporación en la ciudad de Nueva York. El certificado de acciones está suscrito por el secre-tario-auxiliar y por el presidente de la corporación, resi-dentes ambos en Nueva York. Da a entender que fué regis-trado el 27 de febrero de 1928 por el National City Bank of New York, y aparece refrendado por el banco, actuando por medio de un cajero auxiliar encargado del registro. El de-mandante, residente en Puerto Rico, compró las acciones en Nueva York valiéndose de corredores de bolsa de allí. El anterior dueño de las mismas le era desconocido al deman-dante. El nuevo certificado expedido le fué enviado por sus corredores.

Cuando el primero de mayo Usera compareció a la oficina principal de la corporación radicada en Fajardo, el inter-ventor Candal manifestóle que, indudablemente, la razón por la cual su nombre no aparecía en el registro de transferen-cias era que la oficina dé Fajardo no babía recibido aún de Nueva York “los records de las últimas transferencias.” Parte de la declaración de Candal durante el juicio corrobora esta manifestación.

El demandante también aportó como prueba un cheque de dividendos. Lee como sigue:

“No. 605. Nuera York, mayo 1, 1928. Dividendo No. 37. National City Bank of New York. Páguese a la orden de José V. Usera la cantidad de 25 y oo/ Dólares. Tbe Fajardo Sugar Company of Porto Rico. (Fdo.) Jobn B. Warnoek, Tesorero. (Fdo.) John Bass, Tesorero Auxiliar.
“En pago del dividendo de $2.50 por acción pagadero en esta.fe-cha sobre acciones de Tbe Fajardo Sugar Company of Porto Rico, constantes a su nombre al finalizar los negocios de abril 20, 1928.”

Warnoek y Bass son también directores de la corporación. Ambos residen en Nueva York.

Es una inferencia lógica de lo que antecede que el deman-dante era un accionista cuyo nombre constaba en los libros de la corporación. Es concebible que la corporación pudiera haber renunciado los requisitos usuales que se exigen al ex-pedir mi nuevo certificado y al pagar los dividendos, pero no hay presunción alguna a favor de esa renuncia. Por el con-trario, la presunción es que se ha seguido el curso ordinario de los negocios. Ley de Evidencia, artículo 102, inciso 20.

Eladio J. Candal declaró como testigo de la parte deman-dada que el nombre del demandante no aparecía como accio-nista en el libro de acciones ni en el registro de transferen-cias de la corporación en la oficina de Fajardo. Esa es la única defensa. No destruye el caso prima facie establecido por el demandante.

Los artículos 12 y 20 de la Ley de Corporaciones se ex-ponen de lleno en el caso de Usera v. Bird et al., ante, pág. 28. El artículo 12 dice que, si los estatutos o las cláusulas de in-corporación así lo dispusieren, los directores podrán llevar los libros de la corporación,“excepto los libros de acciones y registros de transferencias, fnera de la Isla de Puerto Rico; Disponiéndose, sin embargo, qne cada una de dichas corpo-raciones mantendrá una oficina principal en la isla, a cargo de un agente, en la cual se llevarán el libro de acciones y re-gistros de transferencias, para la inspección de todos los que tuvieren derecho a verlos y para la transferencia de ac-ciones.” La porción pertinente del artículo 20 es que:

“Toda corporación organizada bajo esta ley, llevará en su oficina principal en la Isla de Puerto Pico, registros de traspasos en que se asentarán las transferencias de acciones, y registros de acciones que contendrán los nombres y direcciones de los accionistas y número de acciones que poseen, los cuales registros podrán en todo tiempo, du-rante las horas ordinarias de oficina, ser examinados por cualquier accionista. Los citados registros constituirán la única prueba-para determinar quiénes son los accionistas con derecho a examinar dichos registros.”

La regla de evidencia aquí sentada presupone un cumpli-miento absoluto con los anteriores requisitos de la ley. Puede admitirse que la ley no prohíbe el que se lleve un registro de certificados de acciones, o que se haga un memorándum en el talonario de las mismas, o que se lleve un libro diario o mayor, o hasta libros duplicados de acciones y transferencias en Nueva York, donde se hacen los asientos originales antes de inscribirse las transferencias en esta Isla. Sin embargo, si se puede interpretar el estatuto en forma tan liberal que san-cione el que se acuda a tales medios como materia de conve-niencia, por lo menos'la corporación debe hacer que el libro de acciones y el registro de transferencias estén al día en su oficina principal en Puerto Rico. Al celebrarse el juicio en este caso habían transcurrido poco menos de tres meses desde la fecha en que se hizo el traspaso en los libros de la corpora-ción en Nueva York. Los agentes y superiores de una cor-poración que abiertamente ha hecho caso omiso del requisito estatutorio de que se asentarán todas las transferencias de acciones y se registrarán en los libros que han de llevarse para ese fin, los nombres y direcciones de los accionistas y número de acciones qne poseen, no puede guarecerse en la regla estatutoria de que “los citados registros constituirán la única prueba para determinar quiénes son los accionistas con derecho a examinar dichos registros.”

Debe revocarse la sentencia recurrida.


text:
    Municipio de Río Piedras, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, recurrida.
    No. 645.

    Sometido: Febrero 4, 1929.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      B. Rivera Zayas y J. Ruis de Val, abogados del peticionario; M. Tous Soto, abogado del interventor.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Señor Wole.

Pon Cuanto en este certiorari la finalidad es atacar el derecho de una corte de distrito a dictar ciertas medidas para asegurar la efectividad de una sentencia;

Poe Cuanto Vicente Machuca presentó en la Corte de Distrito de San Juan una demanda en la que alegó sus de-rechos como arrendatario y el deber de su arrendador de mantenerlo en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato y estableció supuestas violaciones de tal deber por parte del arrendador, Municipio de Pío Piedras;

Poe Cuanto la Corte de Distrito de San Juan dictó una orden de aseguramiento de sentencia por la que prohibió al demandado, municipio de Río Piedras, la ejecución de cual-quier acto tendente a perturbar al demandante Machuca en la posesión y disfrute de la plaza del mercado y entre ellos el cobro de cánones de subarriendo de puestos y mesas de venta; y prohibiendo también al Alcalde Municipal de Río Piedras y a la Asamblea Municipal de Río Piedras la ejecu-ción de cualesquiera de dichos actos y de otros que tengan como consecuencia la perturbación del demandante en el dis-frute de la plaza del mercado, siendo de notar que ni el al-calde ni la Asamblea Municipal de Río Piedras figuran como demandados en ese pleito; y apercibiendo al representante legal y administradores del municipio de Río Piedras, que no son demandados, de ser castigados por desacato en caso de no obedecer esa orden;

Por Cuanto la demanda en cuanto solicita la declaración de existencia del contrato, no procede, ya que el demandante se encuentra actualmente en posesión del mercado y la declaración de una corte sería académica porque declarar que hay un contrato existente y válido no es un remedio procesal ;

Pob Cuanto lo único que quedaría en la demanda son las alegadas supuestas violaciones del contrato • por parte del arrendador, lo que de acuerdo con sus alegaciones solamente originaría derecho a daños y perjuicios;

Poe Cuanto los actos y violaciones de que se hace mérito en la demanda no son tales como se alegan, propiamente los actos del municipio de Río Piedras, y si los actos alegados fueron realizados por funcionarios o agentes del municipio, cabría contra ellos un injunction pero bajo las alegaciones de esa demanda no cabría contra la entidad municipio de Río Piedras. Lugo v. Municipalidad de Lajas, 32 D.P.R. 566;

Pob Cuanto la Ley de Injunctions de 1906 se baila en vigor en Puerto Rico y no ba sido modificada por la Legislatura;

Pob Cuanto el propósito de la ley para asegurar la efectividad de las sentencias es, como dice su título, proteger la sentencia que pueda dictarse finalmente en un caso, sin que quepa interpretar tal ley en el sentido de obtener previamente los efectos de la misma sentencia que todavía no se ba dictado, como ocurriría prácticamente de sostenerse la resolución de la corte de distrito en este caso; y el alcance de las medidas aseguratorias no ba sido nunca aumentado por la Legislatura;

Por Cuanto la letra “b” de la sección 2 de la ley de aseguramiento de sentencias ba sido siempre interpretada para cubrir casos extraordinarios, pero no para substituir la ley de injunction y evadir sus limitaciones, y una interpretación contraria tendería a impedir que un demandado tuviera la oportunidad de ser oído y defenderse, como la tiene en los casos de injunction;

Por Cuanto tampoco es el propósito de la ley impedir que las municipalidades durante un litigio puedan tratar de anular o rescindir legalmente un contrato;

Por Cuanto la decisión en el caso de Polanco v. Goffinet, 30 D.P.R. 826, no tendió a extender las facultades de las cortes bajo la referida letra “b”, sección 2, de la ley, limitándose a decir que algunas de esas reglas surten el mismo efecto de una orden de injunction y llenan la misma finalidad, y esta-bleciendo que la regla “h” es una general cubriendo los casos no previstos por las anteriores y donde la corte tiene poder discrecional y equitativo para adoptar medidas para asegu-rar la efectividad de una sentencia;

Pon Tanto, se anula la orden de embargo dictada por la Corte de Distrito de San Juan en enero 17, 1929, en el pleito que ha dado origen al presente recurso y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con los tér-minos de esta resolución.

Lo acordó el tribunal y firma el Sr. Juez Presidente.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    John M. Khon o Stella Mae Campbell y José N. Quiñones, demandantes y apelados, v. Francisco Martínez Marrero, demandado y apelante.
    No. 4644.

    Sometido: Julio 21, 1929.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      JE. Campillo, abogado del apelante; L. Mimos Morales y José N. Qui-ñones, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte demandante reclamó como snya cierta parcela de terreno que posee el demandado y la corte dictó sentencia a su favor. El demandado apeló y señala la comisión de nueve ■errores.

Prescindiremos del estudio del primero porque no se argumenta en el alegato.

El segundo se refiere a la no admisión de cierta escritura presentada por el demandado por no hallarse inscrita ■en el registro de la propiedad. La corte la dió por presentada y al resolver finalmente el pleito negó su admisión basándose en la indicada circunstancia, en el artículo 389 de la Ley Hipotecaria y en el caso de Alvares v. Sucesión Chavier, 13 D.P.B. 73.

En el caso citado, esta corte, por medio de su juez aso-ciado Señor MacLeary, se expresó así:

“El artículo 389 de la Ley Hipotecaria a la letra dice así:
“ ‘Desde que empiece a regir esta ley no se admitirá en los juz-gados y tribunales ordinarios y especiales, en los consejos y en las oficinas de Gobierno, ningún documento o escritura de que no se haya tomado razón en el registro, por el cual se constituyeren, trans-mitieren, reconocieren, modificaren o extinguieren derechos sujetos a; inscripción, según la misma ley, si el objeto de la presentación fuese-hacer efectivo, en perjuicio de tercero, el derecho que debió ser ins-crito.
“ ‘No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá admi-tirse, en perjuicio de tercero, el documento no inscrito y que debió-serlo, si el objeto de la presentación fuese únicamente corroborar otro título posterior que hubiese sido inscrito.
“ ‘También podrá admitirse el expresado documento cuando se-presente para pedir la declaración de nulidad y consiguiente cance-lación de algún asiento que impida verificar la inscripción de aquel documento. ’
‘“Este artículo no es aplicable al presente caso, porque el deman-dante no' ha presentado a la corte ningún documento que había sido-admitido en el registro y que debió haber sido rechazado, y además,, no aparece que el demandado, con respecto al demandante, debía considerarse como tercero. En el caso de Pedro Auffant v. Raimundo Valdecilla y otros, resuelto el 24 de julio de 1900, esta corte dice:
“ ‘Según la doctrina de las sentencias del Tribunal Supremo de Madrid de diez y siete de mayo y doce de diciembre de mil ocho-cientos noventa y ocho, los terceros a que se refieren los artículos 23,. 25 y 27 de la Ley Hipotecaria con únicamente aquellos que sóbre-las fincas o derechos que son objeto del litigio tienen inscritos con. anterioridad sus respectivos títulos, y que la prescripción del artículo 389 de la propia ley, según la cual deben rechazarse en juicio los. títulos sujetos a inscripción no inscritos, se limita o contrae a los que perjudiquen a tercero en el sentido que tiene esta palabra den-tro de nuestro sistema hipotecario.1
“De acuerdo con esta doctrina es claro que el demandado no puede-considerarse como tercero hasta que no haya sido probado a satis-facción de la corte que él tiene inscrito en el registro de la propiedad algún título real sobre los bienes de que se trata. No aparece en el récord en cuanto a este particular ninguna prueba que esté encami-nada a sostener este punto.”

Después de una cuidadosa consideración creemos que el error alegado no existe. Parece conveniente transcribir el razonamiento de la parte apelada para sostener esa conclu-sión. Es así:

"Si el demandado efectivamente está poseyendo el terreno a que este título se refiere no tenía para qué presentarlo en la corte, porque no es ése el terreno que la demandante reclama: si el demandado está efectivamente ocupando la parcela que el demandante reclama y com-prendida dentro del título de éste, entonces no podía tampoco presen-tar ese título para contradecir o impugnar el título del demandante, porque se opone a ello el precepto terminante del artículo 389 de la Ley Hipotecaria cuyo testo es claro y terminante, sin que sea aplicable la jurisprudencia que para sostener su posición cita el demandado.
"Por otra parte, la prueba ba demostrado que esas 8 cuerdas de terreno que el demandado compró a Santiago Acevedo en el año 1909 son las mismas que incluyó en el expediente de dominio de las 23 cuerdas tramitado en el año 1910, y que luego fueron objeto de tras-misiones sucesivas basta llegar a poder de los demandantes, según consta de las inscripciones verificadas en el Registro de la Propiedad.
"La cuestión concreta que se ba planteado en este caso es, si las siete cuerdas de terreno que está poseyendo el demandado, están a no comprendidas dentro de la finca cuyo título ostenta el demandante. Y esta cuestión concreta ba sido hábilmente eludida por el deman-dado a pesar de la prueba abrumadora que sostiene la posición del demandante. ’ ’

Los errores tercero y cuarto carecen de mérito. Los expedientes sobre interdictos para recobrar la posesión iniciados por los anteriores dueños de la finca que el demandado trató de introducir como prueba, eran inadmisibles porque dichos procedimientos no resuelven la cuestión de propiedad, limitándose al hecho de la posesión.

El quinto error no tiene importancia. Aunque la corte se hubiera equivocado al fijar la fecha de 1924 como la en que el demandado se posesionó del terreno en cuestión, tal circunstancia no alteraría la sentencia dictada. Siempre resultaría que el demandado después de haber vendido en 1919 a Thyboe la finca de treinta y una cuerdas y después de hallarse Thyboe en posesión de todo el terreno, se apoderó ilegalmente de la porción de dicha finca que aún detenta y que es objeto de este pleito.

El sexto error fué cometido. En su relación del caso y opinión la corte sentenciadora sostiene que no existe más prueba en relación con los frutos producidos por la par-cela en cuestión y percibidos por el demandado, que la propia declaración de éste, y así es en efecto. Y si examinamos esa declaración veremos que los $207 a que ascendió el valor del azúcar cosechado, correspondieron a los años 1925 y 1926, habiendo declarado el demandado que en el 1927, fecha en que se celebró el juicio y en que los actuales demandantes compraron la finca, nada produjo la parcela. Siendo ello así, nada, por concepto de frutos, pudo ordenarse que el deman-dado reintegrara a los demandantes.

El octavo error no se argumenta. Y el séptimo y el noveno se refieren a la apreciación de la prueba.

A nuestro juicio no puede alegarse con éxito que la sen-tencia no esté sostenida por la prueba. Fué el propio deman-dado el que agrupando varias porciones de terreno que había adquirido acreditó su dominio e inscribió a su nombre en el registro las treinta y una cuerdas que vendió en 1919 a Albert H. Thyboe. De ellas Thyboe vendió cinco a Maximina, hija del demandado, y las restantes fueron adquiridas por adju-dicación en pública subasta por Ernest Bichardson, quien las vendió en 1925 a John M. Khon que a su vez las traspasó a sus actuales dueños los demandantes por escritura pública otorgada el 28 de abril de 1927.

La evidencia aportada para demostrar que dentro de esas veintiséis o veintisiete cuerdas que pertenecen a los deman-dantes están incluidas las siete u ocho que posee el demandado fué variada, concreta y abundante.

La persistencia y el vigor con que el demandado viene sos-teniendo su alegado derecho desde hace años en repetidos pleitos, impresiona en verdad, pero cuando se llegó a éste de reivindicación en que se fué a la raíz del título de la parte de-mandante y a la realidad de los hechos, el derecho superior del actor quedó establecido. Así lo reconoció una corte de justicia cuyo fallo atacado en apelación ha resistido y queda en pie como la decisión final que debe ser acatada.

Debe confirmarse la sentencia recurrida, excepto en cuanto condena al demandado a pagar a los demandantes $207 por frutos y productos.


text:
    Sergio León Lugo, peticionario y apelado, v. El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelante.
    No. 3777.

    Sometido: Abril 9, 1929.

      Resuelto: Julio 26, 1929.

      José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelante; Agustín E. Font y F. Zapater, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito, después de celebrar la vista en nn re-curso de habeas corpus, ordenó la excarcelación del peticio-nario por los siguientes fundamentos:

Primero, porque la sentencia no especificaba el delito.

Segundo, porque el acusado no estuvo presente ni durante el juicio ni en el momento de dictarse sentencia.

Tercero, porque la cédula de citación era defectuosa.

El acusado había sido juzgado y convicto por una corte municipal, y el segundo de los tres fundamentos enumerados por el juez de distrito constituyó la única base de la petición.

La parte pertinente de la sentencia en cuestión lee como sigue:

“La corte, luego de declarar culpable a este acusado del delito arriba expresado, dicta sentencia condenando a Sergio León Lugo a la pena de un mes de cárcel y costas. ’ ’

“El delito arriba expresado” se refería al de portar armas prohibidas, según se exponía en relación con el número y tí-tulo de la causa que aparecía en la misma página, precediendo inmediatamente la sentencia. La referencia específica al de-lito que se hizo en la sentencia identifica razonablemente el delito por el cual fué convicto el acusado. Difícilmente po-dría recomendarse ésta como un modelo de sentencia, pero no es tan defectuosa que justifique la excarcelación del peticio-nario a virtud del recurso de habeas corpus.

El inciso 4 del artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal, según fué enmendado en 1925, leyes de ese año, página 765, lee, en parte, así:

“Tanto la celebración del juicio como el acto de dictar sentencia se liarán en presencia del acusado; Disponiéndose, que podrá el acu-sado ser dispensado de ese requisito en aquellos delitos que por su naturaleza no impliquen una mente perversa o depravación moral (mala probibita) en dicho acusado, cuando fuere (re) presentado por abogado y éste se hallare presente en ambos momentos. ’ ’

Cuando la corte municipal iba a celebrar la vista del caso seguido contra León Lugo, y se disponía a llamar al acusado ausente, dos letrados anunciaron que representaban al acu-sado. Ellos entonces renunciaron expresamente a la lectura de la denuncia e hicieron la alegación de inculpabilidad. Re-presentaron activamente al acusado durante el juicio, y al terminarse el mismo, argumentaron y sometieron el caso. Entonces se dictó sentencia. El juez municipal interpretó la conducta de los letrados como nna súplica de que se excu-sara al acusado, quien también era abogado, de estar presente •durante el juicio y en el momento de dictarse sentencia. •Creemos que el juez municipal actuó acertadamente en cuanto .a esto. De la prueba en conjunto se desprende razonable-mente que él no hubiera procedido a celebrar el juicio en •ausencia del acusado, si en ese momento psicológico sus com-pañeros de profesión no hubiesen manifestado voluntaria-mente que representaban al acusado. Los abogados del acu-sado, al frustrar el esfuerzo de hacer que él compareciera en persona, renunciaron a su derecho a estar presente durante ■el desenvolvimiento del juicio, así como en el momento de dictarse sentencia. Podría surgir una cuestión distinta en •caso de que mediara algún tiempo entre el momento de ter-minar el juicio y el de dictar sentencia.

La cédula de citación se titula “El Pueblo de Puerto Rico versus Sergio León Lugo.” Ya dirigida, a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, al acusado y a varios testigos que :se designan por sus nombres y direcciones, y continúa como sigue:

“POR LA PRESENTE SE REQUIERE A USTED PARA QUE COMPAREZCA ante esta Hon. Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Ponce, Puerto Rico, en el edificio de la Corte en Castillo, el día 17 de noviembre de 1928 a las 9 :00 de la mañana, como testigo acusado y test, (sie.) en un proceso criminal instituido por ‘El Pueblo de Puerto Rico ’ contra Sergio León Lugo por portar armas, y si usted no ■comparece se le considerará culpable de desacato a la Corte.”

El original no está ante nos, y la copia sugiere una forma impresa llenada descuidadamente y sin la eliminación de ciertas palabras que pudieron haber sido tachadas. El do-cumento no es tan fatalmente defectuoso que induzca a error al acusado, quien además es un abogado en ejercicio, o que justifique su excarcelación por la teoría de que la corte sen-tenciadora carecía de jurisdicción.

Debe revocarse la sentencia recurrida.