author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Alcaide, Demandante y Apelante, v. Morales, Demandada y Apelada.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre nulidad de reconocimiento de paternidad .y negativa de alimentos definitivos.
    No. 1883.
    Resuelto en abril 8, 1920.
    Hu-os 'Natubales — Reconocimiento de — Nulidad del Reconocimiento — Acción paea Pedirla — Estoppel—Prescripción.—Una persona tiene el derecho de pedir la nulidad del reconocimiento de na supuesto hijo natural cuando- dicho acto es consecuencia de error, dolo, intimidación, violencia u otra causa semejante, y ni la doctrina de "estoppel in pais,” ni la de "estoppel by laches” impiden el ejercicio de tal acción, que es prescriptible a los quince años. La prueba que se aporte en esos casos debe ser de tal manera robusta y convincente que al anular el reconocimiento hecho, la eorte quede plena-mente convencida de que esa y no otra es la resolución que impone la justicia.
    Id. — Nuevo Juicio. — Examinadas las circunstancias concurrentes en este caso, el Tribunal Supremo estimó que los fines de la justicia requerían la celebración de un nuevo juicio.
    Los heclios están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: /Sres. Alvares Nava & Domín-guez y F. Soto Gras.

    Ahogados de la apelada: Sres. M. Bevátes Flores y A. B. Barceló.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Yersa este pleito sobre nulidad del reconocimiento de' una hija natural, pedida por el mismo padre que lo hizo. Simón Antonio Alcaide, por medio de sus abogados, radicó la de-manda en la Corte de Distrito de Gfuayama, dirigida contra la menor María de los Dolores Morales, conocida por María de los Dolores Alcaide, y contra María Morales, madre de la menor, alegando en ella, en resumen, que el tres de octu-bre de 1900, bajo la creencia equivocada de que María de los Dolores era su hija natural, habida en sus relaciones amo-rosas con María Morales, pretendió reconocerla por medio de una nota que se puso al margen de la inscripción del na-cimiento de la dicha María de los Dolores en el Registro Civil de Gruayama; que al supuesto reconocimiento no con-currió ni consintió la madre natural; que el reconocimiento no constaba en testamento ni eh sentencia, ni en otra forma escrita alguna y que la nota fué extendida por la simple ma-nifestación del demandante; que realizó ese acto porque Ma-ría Morales le indujo a creer, maliciosamente y a sabiendas de ser falso, que María de los Dolores era su hija, cuando lo cierto es que es hija de otra persona; que inmediatamente que conoció la verdad de los hechos, o sea a mediados del año 1914, solicitó la nulidad del reconocimiento, y desde en-tonces-viene trabajando en tal sentido; que fuera de la nota indicada, no existe escrito. alguno suyo reconociendo como bija a María de los Dolores, y que si bien es verdad que realizó otros actos de reconocimiento, actuó siempre bajo el error y el fraude expresados; que María de los Dolores ja-más disfrutó de la posesión continua de bija natural reco-nocida; que a virtud de ciertos procedimientos iniciados a nombre de la menor se le condenó por sentencia de 9 de marzo de 1916 a pasarle una pensión alimenticia y .el 20 de abril del mismo año se depositaron en la secretaría de la corte las pensiones reclamadas, lo que liizo bajo protesta; y que la menor,.instigada maliciosamente por María Morales, pre-tende ostentar el estado de bija natural reconocida del de-mandante, usa su apellido y aspira a reclamar la herencia que pueda, a su muerte, dejar el demandante.

La demanda, que se archivó el 20 de abril de 1916, ter-'mina con la súplica de que la corte dicte sentencia declarando que María de los Dolores Morales, conocida por María de los Dolores Alcaide, no es bija natural del demandante; que la nota marginal que figura en el registro civil no constituye un reconocimiento y es nula por virtud de lo cual se orde-nará su cancelación; qne María de los Dolores Morales no tiene derecho a usar el apellido del demandante, ni a recibir de él alimentos, ni a percibir en su día porción alguna en la herencia del demandante y que las demandadas deben pa-gar las costas y devolver las pensiones alimenticias recibidas.

La demandada María de los Dolores Alcaide contestó ale-gando, como primera defensa, que el demandante la había reconocido voluntariamente (se describe la forma en que lo hizo), y en la actualidad estaba impedido de volver sobre su acto solemne e irrevocable; como segunda defensa, que la acción ejercitada había prescrito, y como tercera defensa, contestó cada uno de los hechos de la demanda. En resu-men, la demandada sostiene que Alcaide actuó voluntaria-mente y no a insinuaciones fraudulentas de María Morales; que se daba cuenta exacta de lo que bacía; que consta ade-más el reconocimiento en cartas dirigidas por Alcaide a Ma-ría Morales; que la demanda interpuesta por Alcaide en 1°. de junio de 1914 lo fué con el propósito de confabularse con María Morales obteniendo una sentencia a su favor por el allanamiento de la demandada, y cuando ésta se opuso, el demandante desistió de proseguir el pleito; que jamás ba procedido o ha sido instigada a proceder fraudulentamente, y que los actos. que ha realizado y pretende realizar en el futuro constituyen el ejercicio de un derecho. María de los Dolores estableció además una contra-demanda en solicitud de una sentencia declarándola hija natural reconocida de Simón Alcaide.

También archivó su contestación la otra demandada Ma-ría Morales, alegando las mismas defensas que su hija.

■■ Trabada así la contienda, fue el pleito a juicio. El de-mandante comenzó por presentar la copia- del acta de naci-miento de María de los Dolores. La nota marginal dice así:

“En 3 de octubre de 1900 siendo las diez de la mañana, ante don José García Salinas, compareció don Simón A. Alcaide y Baiz, natural de este pueblo, de treinta y'cinco años de edad, soltero, propie-tario y domiciliado en la calle de Morse de esta localidad y expuso: que la niña inscrita en la presente acta María de los Dolores la reco-noce como bija natural suya, de conformidad con el artículo 131 del código civil vigente: Que son abuelos por línea paterna don Antonio J. Alcaide y Da. Estela Baiz, natural el primero de Andalucía y la segunda de Arroyo, ya ambos difuntos. Todo lo cual declaró ante los testigos don Eugenio Cruz Manatou y don Nazario Anto-netti, mayores de edad y vecinos de este pueblo, solteros, empleados y firman con el declarante, luego del Sr. Juez y certifico. García Salinas. — S. A. Alcaide. — E. G. Manatou. — Nazario Antonetti. — José Aponte.”

Luego declaró el propio demandante. Admitió que tuvo relaciones amorosas con María Morales desde 1894 hasta 1900, sosteniéndola y realizando actos carnales con ella continua-das veces, habiendo nacido María de los Dolores en 1897. Dijo que durante el período de las relaciones se ausentó frecuentemente, a veces por largo tiempo; que “le profe-saba cariño a María, le tenía mucho afecto y confiaba en ella, durante aquel tiempo no dio ningún motivo de sospe-cha”; que “la creencia del declarante respecto a la pater-nidad de María de los Dolores al momento de su nacimiento era que ella era la hija suya y así permaneció en esa creen-•cia hasta más o menos el 1900 en que fué reconocida”; que “cuando María Morales fué a realizar el acto de la inscrip-ción del nacimiento de su hija Dolores no lo solicitó ni lo invitó para que la reconociera; que después de extendida el acta de inscripción María Morales le halagaba para que la reconociera; que ella se iba a quedar sin padre, sin protec-ción e insistía en que la reconociera”; que “después de 1900 que fué el reconocimiento empezaron los rumores de que ella no era hija suya, que lo había engañado, que le era infiel, que la conducta de María Morales era al parecer buena, que no continuó los amores después de 1900”; que “contrajo ma-trimonio en 1901.” Expresa Alcaide que por el rumor pú-blico y por sus amigos se enteró de que la niña no era hija suya; que en su matrimonio no ha tenido hijos; que la con-vicción de que María de los Dolores no era hija suya la tuvo en 1904 a virtud de las manifestaciones que le hizo el Dr. Jésús M. Amadeo, al inquirir de él la razón de no tener hijos en su matrimonio. Hace referencia a la enfermedad, orquitis, que padeció en 1893, dando extensos pormenores. Al ser interrogado con respecto a cierta contradicción que se ad-vertía entre su actual declaración y lo que había consignado en la demanda, contestó: “Como ya dije en 1905 tuve cono-cimiento de esto y lo fui estudiando hasta el 1914 que in-terpuse la demanda”. El testigo reconoció que “después de obtener la información de que habla y de tener la opinión del doctor Amadeo no varió su conducta con respecto a la niña, siguió pasándole la misma mensualidad y la puso en dos casas para sostenerla, pagando sus gastos mensuales”. Play otras manifestaciones del testigo con respecto a que no fue hasta 1912 que llegó al pleno convencimiento de que Ma-ría de los Dolores no era hija suya.

Lueg’o declaró Arturo Menar y aseguró que su hermano Francisco visitaba a María Morales allá por el 1895; que "sobre la chica habló después con él y Pancho Menar la con-sideraba como su hija y siempre le decía que don Simón la re-conocía como tal y que no era suya sino de él”. Sobre este mismo extremo declararon los testigos Ramón R. Valencia, que entre otras cosas dijo: "Refiriéndose a Pancho Menar, lo veía en casa de María Morales cuando el Sr. Alcaide es-taba en Maunabo y entonces visitaba la casa de María Morales de día y de noche”; Emilio Calimano, que expresó: "que hablaba con Pancho Menar en sus ratos de ocio y él le decía que sostenía relaciones amorosas con esta joven Ma-ría Morales, que era entonces querida de don Simón Alcaide y que a ratos le daba pena y compadecía a don Simón al ver lo ciego que estaba con esta joven que siendo la querida de él sostenía relaciones con el otro, y mucho más lo com-padeció después que reconoció a la niña que tuvo creyéndola su hija y que Menar tenía la convicción que fuera hija de él”; José R. Nieves que declaró que "tuvo oportunidad de hablar con Pancho Menar respecto a la paternidad de' Ma-ría Dolores, hija de María Morales, pues él era un poco in-discreto y lo decía descaradamente. Decía Menar que la tenía por su hija y frecuentemente hablaba que llevaba re-laciones amorosas y carnales con María Morales”; y José Llorens Delgado que expuso que "Pancho Menar le indicó en varias ocasiones en conversaciones tenidas respecto a la paternidad de María de los Dolores, la hija de María Morales, que esa niña era hija de él”. Cuando se celebró el juicio, Francisco Menar había muerto. Las declaraciones a que acabamos de referirnos en este párrafo se tomaron con la objeción de las demandadas.

El perito doctor Amadeo aseguró que había asistido y curado a Alcaide en 1893 de una orquitis doble que le había dejado impotente para tener hijos, y el otro perito, Angel M. Pesquera, afirmó que en 1917 practicó el examen micros-cópico del semen del demandante y el examen reveló “la ausencia completa de espermatozoarios”.

Presentó por último, el demandante, como prueba, una copia de una demanda interpuesta en Guayama, en 1915, por María Morales, en representación de su menor hija María de los Dolores, solicitando que se dictara sentencia decla-rando que Alcaide no era el padre de la menor, y la del parecido entre el padre y la hija. No consta que se tomara la fotografía que al parecer se acordó en el acto del juicio. Con la transcripción,' al menos, ninguna fue elevada.

Terminada la prueba del demandante, practicaron la suya las demandadas. Declaró primero María Morales. Afirmó sus relaciones con Alcaide durante un período de unos ocho años y aseguró que como resultado de' ellas nació María de los Dolores. Negó que hubiera tenido contacto carnal con Menar. y que hubiera incitado a Alcaide a reconocer a su hija. En relación -con este último' extremo se expresó así: “vine a saber que la había reconocido criando le trajo el reconocimiento; la fecha no la recuerda pero fue en el úl-timo viaje que dio a los Estados Unidos antes de casarse, cuando ya había traído el preparativo para casarse le trajo el reconocimiento de la niña; cuando le llevó el reconocimiento le dijo por la tarde, ¿por qué no viniste anoche? y contestó: porque estaba ocupado; le dije: te casas, porque él me lo negaba, y ahora es que te presentas. T él me dijo: Sí, me caso; y le dije: bendito, y mi pobre hija se queda sola; y dijo: No, yo te cuidaré tu hija siempre; yo no te abando-naré nunca; aqui tienes el reconocimiento de ella para que veas que quiero a mi hija.” Durante el curso de su decla-ración se introdujeron como evidencia dos cartas de Alcaide dirigidas a la testigo, que dicen así:

“Maúnabo, Mayo 7/98> — Mi querida María. — Ayer te contesté tu carta del 6 y no dudo que boy recibiré, alguna. — Me alegro que tú y Lolita sigan sin novedad. — Yo bien pero fastidiado y con ganas de estar en tu casa. — Estoy esperando el vapor por la mañana (do-mingo) y no dudo que podré baeer un buen trabajo para concluir el jueves temprano. Te envió una cartita para Juan Alsiux, que le mandarás con Fernando o José, y él te mandará el diario, o se la dás cuando él pase. — Las cartas llevan desde abora sellos de cinco centavos y no tres como antes, y por eso te envió algunos. — Pongo punto final a esta carta pues tengo que ir a la playa a ver cómo anda la cosa. — ¿Y mi Lolita cómo sigue? Tengo muchos deseos de verla, está más gordita. — Dale muchos besitos a mi Lolita, y con muchos para ti de este que te quiere. — (f) Simón. — Memorias a los vecinos.— Supongo que las batatas te llegarán bien — veré si consigo yautías esta tarde.”
“Arroyo, P. R. Octubre 15 de 1898.' — 'Querida María. Ayer de mañana me sorprendió encontrar en tu casa una carta dirigida a mi y tu en viaje para Maunabo. Tu carta está llena de insultos para este que creo que no te ha hecho más que bien, yo no creía que des-pués de cinco años juntos, fuera el pago que yo debía recibir de ti. Tal vez sea jigo que tenga que pagar. Me has privado de ver más a mi angelito, está bien, todo esto me lo merezco. — Tu casa está como la dejastes si deseas volver a ella y los pocos muebles que te he podido dar están a tu disposición, si es que deseas que se te envíen; y no que me dices que me los dejas para que ponga a otra en tu lugar. La mujer debe de tener juicio y no partir tan de ligero como lo has hecho tú. — ¿Qué dirá el pueblo de todo esto? yo sé que me dirás que a ti no te importa y por eso me quieres tanto. Vuelvo y te digo que tu casa está aqui y yo pronto a recibirte, pues me considero que nada mal te he hecho. Pero en caso que no desees volver a mi lado, por lo mucho malo que he sido contigo, compadécete de ese angelito que nada sabe de esto — le escribo a don Ramón para que te dé el dinero que necesitas para ella, pues no deseo que mi Lolita sufra — Sabes que tengo en mi poder una póliza de seguros a favor de ella; y el reloj que te pertenece — avisa si quieres que te lo en-vié. — Mamá está muy delicada y si llegara a faltar, que Dios quiera no sea pronto, me iría lejos de este país.- — Piensa bien lo que haces y no sea muchacha.' — Me dices que te vás a rodar tú.y tu hija; ¿Tie-nes algún motivo para esto? Contéstame con este peón que te en-vió y sabes te quiere siempre tu (f) Simón. — Avísame donde estás para pasarte tu diario.”

También presentaron las demandadas copias de ciertas actuaciones y la de una declaración prestada ante el Fiscal del Distrito de G-uayama por Francisco Menar en la causa de El Pueblo v. Alcaide y otros, por conspiración. Ya hemos dicho que Menar había muerto a la fecha del juicio. En su declaración Menar, si bien expresa que tuvo comercio carnal varias veces con María Morales cuando ésta era querida de Alcaide, expuso que fué como un año antes del nacimiento de María de los Dolores y niega repetidas veces que la niña sea hija suya, y que haya dicho tal cosa a otras personas. Terminaron las demandadas solicitando que les fuera per-mitido tomar declaraciones de peritos médicos de San Juan por medio de deposiciones. El demandante se opuso y la corte declaró sin lugar la solicitud.

La evidencia ocupa noventa páginas de la exposición. Solo hemos anotado de ella lo que nos ha parecido esencial para dar una idea exacta del caso. La corte de distrito la exa-minó y concluyó que demostraba que María de los Dolores no era hija de Alcaide por haber quedado éste impotente para engendrarla a consecuencia de la orquitis que padeciera en 1893, pero eso no obstante dec-laró la demanda sin lugar por estimar que Alcaide, dado el tiempo que dejó transcurrir sin ejercitar su acción, se hallaba impedido de volver sobre sus propios actos.

Contra la sentencia apelaron ambas partes. Esta que estudiamos es la apelación interpuesta por el demandante. La establecida por las demandadas se desestimó a solicitud del demandante.

Analizaremos los errores cometidos, a juicio del apelante, por la corte sentenciadora, por el orden en que han sido señalados.

Sostiene el apelante que el derecho del padre a impug-nar el reconocimiento de un hijo natural, está sancionado por las sentencias del Tribunal Supremo de España de 25 de junio de 1910, 15 J. O. 489 (sic); 5 de enero de 1900, 89 J. C. 26 y 14 de enero de 1873, 27 J. C. 221; que en Puerto Rico las acciones no se pierden más que por ministerio de la ley, y que la acción ejercitada' en este caso es de natu-raleza personal y no tiene fijado por la ley un término especial de prescripción, cayendo por tanto dentro de la dis-posición general contenida en el artículo 1865 del Código Civil que fija para esa clase de acciones el término de quince años que no lia transcurrido aquí, motivos por los cuales alega que la corte de distrito erró al aplicar a este caso la doc-trina del estoppel y al resolver, aplicándola, que Alcaide está impedido de ejercitar su acción.

Veamos en primer lugar si existe o no la acción ejerci-tada por el demandante. La parte apelante admite que no lia podido encontrar precepto de ley alguno que expresamente la reconozca y fije el período de tiempo .en que pueda ejer-citarse, pero invoca en apoyo de su existencia, además de las sentencias del Tribunal Supremo ya citadas, la máxima que dice que siempre que ocurra un perjuicio debe haber un remedio, reconocida y aplicada por esta Corte Suprema de Puerto Rico en el caso de García v. García et al., 18 D. P. R. 963. La parte apelada por el contrario sostiene que no hay tal acción y cita en apoyo de su teoría la opinión de Escriche.

Ninguna de las sentencias del Tribunal Supremo de Es-paña pronunciadas o publicadas el 25 de junio de 1910, guarda 'relación con este caso. Tampoco la que aparece en la pá-gina 489 del tomo 15 de la Jurisprudencia Civil. Las otras sentencias citadas lo han sido correctamente.

La de cinco de enero de 1900, 89 J. 0. 26, establece la siguiente doctrina:

“Que el reconocimiento de un hijo como natural por los presun-tos padres, que antes o después del reconocimiento contraen matri-monio, reviste al hijo del concepto y consideración de legítimo para todos los efectos legales atribuidos a estos hijos, sin que, supuesto tal reconocimiento, haya en nuestras leyes antiguas ni modernas pre-cepto que autorice, en perjuicio de aquel, rectificación alguna arbi-traria de semejante reconocimiento.” .
“Que cuando existe una posesión de estado de-tal naturaleza, tampoco aparece permitida una mera investigación de la paternidad real de quien tuvo por hijo al que de aquella disfruta, como no sea para justificar cumplidamente que el hijo legitimado no reunía las condiciones relativas que para poder serlo exige la ley, o la absoluta de no ser hijo de quien lo reconoció o por no haber podido procrearlo, o por serlo de tercera persona, pues que de otra suerte, supuesto el misterio que rodea la paternidad y la presunción de derecho de su certeza establecida en la ley por el fundamento del reconocimiento o de la posesión de estado, no puede legalmente prevalecer contra ella ninguna otra por vehemente que aparezca.”

Y los Redaos que dieron origen a la misma, fueron los que siguen:

El duque de Sevilla contrajo .matrimonio con doña Josefina Paradé en 1870 3^ reconoció como Rija suya y de su es-posa a una niña llamada María que procrearon antes de quedar unidos legalmente. Después de muchos años de ca-sados nacieron dos Rijos, Marta y Enriqueta, y la ludia exis-tente desde el principio dentro del Rogar se agravó al pen-sar en quien Rabia ele ser la Reredera del ducado de Sevilla, si la Rija que recordaba a la madre un pasado culpable o la mayor de las que habían nacido al amparo de un Rogar legal-mente constituido y opulento. Murió el duque. La Rija re-conocida obtuvo una declaración judicial en su favor en un procedimiento ex parte, y entonces la duquesa viuda de Se-villa inició el pleito ele que se trata en representación de su hija Marta contra María, alegando que ésta no era en ver-’ dad su hija. Entre otras pruebas se presentó un documento suscrito por el propio duque en el que se dice:

“No sabiendo la suerte que la Providencia me reserva, y como sería fácil que mis días contados fueran, para la garantía de los in-tereses y derechos de mis amadas y pobres hijas Marta de Borbón y Enriqueta de Borbón, mis únicas hijas, que tan legítimas son, confío el presente escrito a mi muy amada esposa Da. Josefina Paradé y Libié, Duquesa de Sevilla para que a falta mía pueda defender los derechos de los dos seres que tan queridos me son. — No habiendo tenido hijos en los primeros años de nuestro casamiento, creyendo que por el tiempo transcurrido ya no tendríamos esa dicha, a rue-gos de mi mujer me decidí a dar mi nombre y hacerla pasar como hija mía a una niña que mi mujer había recogido, la cual estuvo en Paris con el nombre de María Paradé en la Pensión Bornier con el de María Sevilla en la de Madame Jourdani y con el mismo nom-bre en otra de Angulema, basta el día que llevó mi apellido, pasando desde entonces como bija nuestra. Queriendo la Providencia conce-derme en 5 de mayo de 1880 a mi adorada bija Marta, y en 28 de junio del 85 a mi otra tan amada bija Enriqueta, la situación de mis bijas legítimas, mis verdaderas y únicas bijas, era demasiado crí-tica ante las pretensiones de la niña a quien por piedad babía dado mi nombre y con el cual se la conoce en el Eeal Colegio de Santa Isabel (Madrid); y como si en un momento Mee la locura de reco-nocerla, no puedo olvidar que, siendo padre cariñoso, cuáles son los deberes, la voz de la sangre y de la conciencia, así como el derecho que mis verdaderas bijas tienen para que nadie pueda nunca dis-putarlas lo que es suyo y que sepan la verdad de lo ocurrido.”

No obstante la afirmación escrita del padre y la actitud ele la madre, el juzgado falló en favor de la demandada. Apeló la demandante y obtuvo en la audiencia la revocación del fallo. Pero la demandada entonces interpuso recurso de casación para ante el Tribunal Supremo y éste revocó a su vez el fallo de la audiencia quedando en pie el del juzgado y doña María, la bija natural reconocida y legitimada por subsiguiente matrimonio, en posesión, por herencia de su padre, del ducado de Sevilla.

La otra sentencia citada por el apelante, o sea la de 14 de enero de 1873, 27 J. O. 218, se dictó en un pleito iniciado por doña Antolina G-onzález sobre nulidad de testamento. Lorenzo Fuentes reconoció como bija natural suya en el acto del bautismo a cierta niña. Luego Bruno Fernández, sar-gento mayor de los ejércitos de España, hallándose en ca-pilla para ser fusilado, otorgó testamento y en él reconoció a la misma niña como hija natural suya habida en sus rela-ciones amorosas con Francisca Sanjuán, siendo ambos sol-teros. La madre de Fernández, doña Antolina, impugnó el testamento. Francisca Sanjuán alegó que era cierto que la niña era hija de Fernández y que lo ocurrido en el bautis-mo fué que temiendo que Fernández no reconociera a su hija y sabedor de ello su amigo Lorenzo Fuentes, se prestó a reconocerla como bija suya conociendo en verdad que no lo era. La demanda fué desestimada, la sentencia del juz-gado se confirmó en apelación y el recurso de casación esta-blecido contra la última sentencia fué declarado sin lugar.

La jurisprudencia establecida quedó resumida así:

“Que al "dar más valor a un testamento en que se declara y re-conoce que una-niña es hija natural del testador y se la instituye heredera, que a su partida de bautismo en que aparece que es hija también natural de otro, no se infringe el No. 4 del artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; porque al apreciar y dar prefe-rencia o mayor fuerza a otros comprobantes que a dicha partida sacramental, no se desconoce que sea un documento público y so-lemne, según lo es para el caso, como anterior a la Ley del Registro Civil vigente.
“Que la ley 11 de Toro exige solamente para, que el hijo se diga natural dos requisitos, que cuando nació o fué concebido, el padre pudiese casarse con la madre justamente sin dispensación, y que el padre le haya reconocido.”

Aunque en ambas sentencias las demandas fueron final-mente declaradas sin lugar, es necesario reconocer la impor-tancia de la jurisprudencia que en ellas se establece a los efectos de determinar la existencia de la acción sobre nu-lidad de reconocimiento de un hijo natural. La parte ape-lada sostiene sin embargo que no hay paridad entre los ca-sos decididos por el Tribunal Supremo de España y éste que está sometido al Tribunal Supremo de Puerto Bico,^ y cita la opinión del tratadista Eseriehe que dice:

“Libre de reconocer o no reconocer a su hijo natural, no puede el padre, aunque sea menor, revocar el reconocimiento que legal-mente hubiere hecho. Este reconocimiento, en efecto, no es una li-beralidad propiamente dicha, sino la declaración de un hecho a la cual confiere la ley ciertas ventajas; pero una vez hecha esta de-claración de paternidad, adquiere el hijo el estado de filiación de que,ya no puede ser despojado.” *
“Todo reconocimiento de parte del padre o de la madre y aún toda reclamación de parte del hijo, podrán contradecirse por las 7>ersonas que tengan interés en ello. El hijo, como primer interesado, puede combatir el reconocimiento que de él hiciera un hombre o una mujer que tuviese por extraños, haciendo ver que ni el uno podía ser su padre ni la otra su madre. La madre puede rechazar también el reconocimiento de parte del pretendido padre, porque no debe dejarse al arbitrio de cualquier aventurero el hacerse pasar por padre del hijo de una soltera o viuda opulenta que hubiese te-nido la desgracia de faltarse a sí misma. El padre igualmente puede repudiar el reconocimiento que tal vez en algún caso, aunque raro, hiciese por especulación una pretendida madre. En fin, todo reco-nocimiento hecho contra verdad puede combatirse por cualquiera in-dividuo a quien perjudique.”

Las palabras de Escriche no tienen todo el aleance que les dan las apeladas. A nuestro juicio no es posible desco-nocer la existencia de la acción. Los razonamientos del caso de García v. García et al., supra, son aplicables. Puede con-'ccjbim* que concurran circunstancias tales que reclamen la intervención y la acción de las cortes para anular el recono-cimiento no obstante haber procedido voluntariamente el padre en el momento en que lo hizo. Además, si bien no existe precepto de le3r alguno que directamente regule la cuestión, las disposiciones del legislador en relación con los hijos legí-timos, indican su criterio en el sentido de la existencia de la acción. Nos referimos a los artículos 181, 182, 183, 184-y 185 del Código Civil Revisado. Claro es que la prueba que se aporte tiene que ser de tal manera robusta y convin-cente que al anular el reconocimiento voluntario hecho la corte quede plenamente convencida de que esa y no otra es la resolución que impone la justicia.

Habiendo llegado a la conclusión que antecede, surge en-seguida la cuestión de si la acción se ejercitó dentro del tiempo concedido por la ley, o se había ya extinguido cuando Alcaide se resolvió a llevar el asunto a los tribunales.

Oigamos a este respecto al juez sentenciador. Dice, en su opinión, así:

“Cuando una persona voluntariamente ejecuta un acto con la intención de inducir a otro a actuar en. la creencia del mismo, o cuando cualquiera que sea la intención, un hombre razonable, puesto en el lugar de otro, creyere que fué ejecutado el acto con la idea de que se actuase sobre él y en cualquier caso en que la otra parte actúe sobre él, y cambie o altere su situación, existe un estoppel in juris qne priva al primero de alegar contra el mismo, un estado de cosas diferente al qne existe en la actualidad. Newhal v. Hatch, 64 Pac. 250; Gerlash v. Turner, 89 Cal. 4446; Beunot v. Fremiulet, 11 La. 1; Deyer v. Woulfs 39 La. Ann. 423; Schroder v. Young, 161 U. S. 334; Armstrong v. A. Exch. N. B. 133 U. S. 453; Fields v. Killien 129 Ala. 373; Driscoll v. Smith, 184 Mass. 221; Scofield v. Farmer 125 Mich. 470; Woddhaven T. L. Co. v. Solley, 148 N. Y. 42.
“Aplicando este principio tendremos qne Alcaide voluntariamente compareció ante el Juez Municipal de Arroyo en 3 de octubre de 1900 y reconoció como hija suya a la menor María de los Dolores. Que después atendió a su educación y sostenimiento, públicamente la tuvo como hija y la trataba como tal, creando con sus actos un es-tado de hija natural reconocida que ha alterado la posición de dicha menor.
“Pero alega el demandante que él actuó en esa forma y recono-ció a la niña por las insinuaciones y súplicas de la madre María Morales, quien le hizo creer que era hija suya de modo que su acto fue nacido del engaño y fraude de María Morales. Pero aparece de la prueba que el demandante conocía la enfermedad que padeció en el 1893, una de cuyas resultancias era la esterilidad; que tuyo co-nocimiento de su esterilidad en el 1904, y que sus amigos le indica-ban que María de los Dolores no era hija suya, y sin embargo dejó pasar el tiempo sin ejercitar su derecho y no solamente no repudia las consecuencias de su _aeto, sino que continúa protegiendo a la me-nor María de los Dolores, teniéndola como hija natural de él, dando lugar con sus actos a que dicha niña fuera considerada por la gente como hija de él y de María Morales, nacida de sus relaciones amorosas.
“¿a negligencia de hacer algo que uno debe hacer o el dejar de ejercitar un derecho a su tiempo apropiado, se conoce propiamente como ‘estoppel by laches’ o sea impedido por falta de diligencia, j 6 Cyc. 680; Hunt v. Reilly, 23 R. C. L. 471.
“Un silencio negligente puede crear un estoppel tan efectiva-mente como una representación expresa. Tobias v. Morris, 126 Ala. 535.
“No hay duda que el demandante ha sido negligente en el uso de su derecho. Esta niña nació en el año 1897, cuando Alcaide tenía más de treinta años, ya de un juicio maduro, reflexivo, sin embargo, teniendo a su alcance el investigar la realidad sobre la paternidad de la niña, no lo hace, y por el contrario la reconoce, bastándole las indicaciones de la madre, viviendo todos en Arroyo. Luego hace caso omiso de las indicaciones de sus amigos, contrae matrimonio y en 1904 tiene el convencimiento de que es estéril, y a pesar de todo esto si-gue sosteniendo y manteniendo a la menor y asegurándola en su estado de hija natural. Pasa el 1904 y tarda 14 años para anular el error cometido por su ligereza de realizar un acto tan trascenden-tal como es de reconocer un hijo'sin cerciorarse de si realmente lo es suyo. No hay duda que esto demuestra un grado de negligencia tal que opera como un estoppel que le priva del derecho de destruir ese reconocimiento. ’ ’

No está perfectamente clara la opinión de la corte de distrito en cuanto .a si el estoppel que aplica es el verda-dero “estoppel in pais’’ o el conocido como “estoppel by laches’’.

Si es el primero, tenemos que concluir que no 'es apli- - cable a este caso, desde el momento que liemos aceptado que existe la acción para pedir la nulidad del reconocimiento vo-luntario hecho por el padre. Claro es que un padre que re-conoce como suyo a un hijo, no puede; sin motivo justifi-cado, porque así se le antoje, dejar él mismo o pedir a un tribunal que deje sin efecto el reconocimiento; pero si ese padre se convence de que aquel que reconoció como su hijo, no lo es,, y tiene pruebas evidentes para así demostrarlo, la situación varía, pudiendo entonces volver sobre sus propios actos y pedir a la corte que restablezca la verdad de lo ocurrido?

Y si es el segundo, nos vemos obligados a convenir con la parte apelante y a tomar como base las reglas que para la prescripción de las acciones fija el Código Civil de Puerto Rico) prescindiendo de las establecidas independientemente por la jurisprudencia sobre el particular. Los períodos, trans-curridos los cuales, el abandono o la negligencia en el ejer-cicio de las acciones, las destruye por completo, están ex-presamente fijados por el legislador en esta isla, y esos pe-ríodos y no otros son los que deben tomarse en cuenta por el tribunal sentenciador.

En el presente caso, de acuerdo con la ley, artículo 186& del Código Civil, tratándose de una acció.n personal que no tiene señalado nn término especial de prescripción, Alcaide tenía quince años para ejercitarla, y como no llegaron a transcurrir esos quince años • desde que Alcaide estuvo en condiciones de entablar el pleito hasta que interpuso la de-manda, es necesario concluir que su acción no había pres-crito.

Tal vez parezca demasiado largo ese período. Quizás si fuera aplicable la doctrina de “laches’' a este asunto, ha-bría motivos bastantes para estimar, como lo hizo la corte de distrito, que la negligencia de Alcaide por más de diez años era suficiente para destruir en equidad su acción, pero no tenemos el poder de modificar las leyes y estamos en el deber de aplicarlas tales como fueron aprobadas por la Le-gislatura.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, esto es: a la de que la corte erró al decidir este caso haciendo apli-cación al mismo de la doctrina de estoppel y a la de que la acción del demandante no ha prescrito ¿cuál debe ser la re-solución del Tribunal Supremo? Si como parecía lógico, la corte sentenciadora, ya que se mostró convencida de ello, se hubiera limitado a la aplicación de la repetida doctrina de estoppel, sin entrar en el análisis de la prueba, un nuevo juicio se impondría como la única solución apropiada. Pero la corte fue más lejos, pesó la evidencia y resolvió la cues-tión de la esterilidad en favor del demandante, y esto difi-culta la solución del problema.

Sin embargo, como tenemos fuertes dudas de si la cues-tión de la esterilidad del demandante ocupó suficientemente la atención de la corte, distraída como estaba por la cues-tión del estoppel, creemos que los fines de la justicia exigen que sé ordene la celebración de un nuevo juicio.' En cues-tiones de ciencia que dependen de opiniones, la prueba debe ser robusta y aunque podría decirse que el demandante mos-tro un caso prima facie on su favor, sin embargo el hecho de su esterilidad depende, en su último análisis, de la de-claración' del doctor Amadeo, y esa declaración no nos satis-face enteramente, por lo menos en sn forma, para derivar como consecuencia necesaria de la orquitis doble que sufriera su esterilidad absoluta. Las declaraciones de otros peritos, o quizás la presentación de trabajos científicos, debieron ha-berse acompañado. Verdad es que se trató de corroborar la prueba suministrada por el doctor Amadeo con el alegado análisis del semen del demandante hecho por el perito Pes-quera, pero no estamos convencidos de que se estableció la debida base para la presentación de esa prueba. En otras palabras, no se demostró claramente en qué forma se obtuvo el semen, o que no hubo ocasión ele que se dañara, o que la muestra suministrada a Pesquera fuera realmente de Alcaide. El apelado no hizo la debida objeción, pero no estamos limi-tados a las objeciones tales como fueren hechas por las par-tes “sino que con el más alto fin ele justicia, el tribunal puede también entender en todos los hechos y tramitaciones en la causa tal como aparecieren en autos, considerando en igual forma sus méritos para la mejor administración de justicia y del derecho, y evitar injusticias y demoras.” Sección Ia. de la ley para transformar la Corte Suprema de Puerto Rico en corte de apelación, aprobada en 12 de marzo de 1903, página 58. Y los intereses de la justicia en este caso con-creto están en contra de que se prive a la hija natural reco-nocida de ser oída ampliamente antes de resolverse que no es hija natural del hombre que como tal la reconociera, y asimismo están dichos intereses en contra de que se resuelva que Alcaide no debe tener un nuevo juicio cuando la declara-ción hecha por la corte inferior con respecto a la esterilidad del demandante lo fué enteramente en su favor. Un nuevo jui-cio permitirá investigar con mayores datos más concienzuda-mente el asunto y cualquiera que fuere la sentencia que se dicte, lo será con mayores garantías de acierto.

No hemos perdido de vista que existe una.ley (artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como fué en-mendado en 1906), que requiere que cuando se revoque la sentencia, orden o decreto del tribunal inferior esta corte proceda a pronunciar la sentencia, orden o decreto que de-bió haber dictado el tribunal inferior, salvo en los casos en que fuere necesario aclarar determinados puntos de hecho, o que la indemnización que hubiera'de fijarse o materia so-bre la cual hubiera que decretarse fuera dudosa, en cuyos casos debe devolverse la causa para su revisión al tribunal inferior. Leyes similares han sido interpretadas en el sen-tido de no oponerse, en casos propios, a la concesión de nuevos juicios. Yéase 4 C. J. 1185 'y 1193. T esta misma corte ha seguido esa práctica entre otros en el caso de Méndez v. Martínez, 21 D. P. R. 252, 271. Además, es necesario adoptar tal medida porque ella ha sido el único medio por virtud del cual se ha podido llegar a una solución justa al par que viable, armonizando las varias opiniones de los jue-ces de esta corte surgidas con motivo del estudio y consi-deración de los méritos de este caso.

Debe revocarse la sentencia apelada devolviéndose el caso para la celebración de un nuevo juicjo, con instrucciones a la corte de que resuelva las cuestiones planteadas de acuerdo con las alegaciones y las pruebas, sin consideración alguna a cual sea la opinión probable de esta corte sobre los mé-ritos de las mismas.

Revocada la sentencia apelada y ordenada la celebración de un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

license: Public Domain

text:
    Rivera, Peticionario, v. Hon. J. A. López Acosta, Juez de la Corte de Distrito de Guayama, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Guayaron en nn pleito sobre desahucio.
    No. 277.
    Resuelto en abril 8, 1920.
    Desestimación de Apelación — Desahucio—Certiorari.—Apelada una sentencia de desahucio sin el previo depósito de los cánones vencidos y del vencido du-rante el trámite de apelación, procede desestimar el recurso por este motivo, sin que sea obstáculo para el éxito de un recurso de oertiorari el hecho da que la petición del auto se hiciera después de haber recaído sentencia en la corte de distrito revocando la de la corte municipal, pues aunque ésta última fuera errónea el demandante tenía derecho a que no fuera revisada en ape-lación a menos que el demandado apelante cumpliera con los requisitos exi-gidos por el estatuto.
    Desestimación de Apelación — Desahucio por Falta de Pago. — El hecho de que el demandado en desahucio por falta de pago haya alegado como defensa el no haber sido requerido de pago, no le excusa en caso de apelación de con-signar los cánones vencidos y los que se venzan durante la tramitación del recurso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: 8r. M. Gusmán Texidor.

    El demandado compareció por escrito.
    Abogado del interventor: Sr. M. A. Martines Dávila.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la petición de certiorari que nos presentó Esteban Rivera contra el Hon. Juez de la Corte de Distrito de Gua-yama expuso que en 1.8 de septiembre de 1919 presentó de-manda de desahucio en la Corte Municipal de Cayey contra Sandalio Hernández alegando que éste poseía en arren-damiento una finca del demandante en virtud de un contrato de arrendamiento con el anterior dueño de la finca, que em-pezó el 12 de mayo de 1915 y vencerá en igual día y mes de 1920, según el cual .el arrendatario deberá satisfacer cua-renta dólares anuales pagaderos por semestres dentro de los primeros noventa días de comenzar cada semestre, habiendo dejado de satisfacer los semestres que comenzaron el 12 de noviembre de 1918 y el día 12 de mayo de 1919; que habiendo recaído sentencia condenatoria en la corte municipal el 14 de noviembre de 1919 el demandado notificó al demandante su escrito de apelación contra dicha sentencia el 19 de no-viembre de 1919 pero lo radicó al día siguiente, por lo que pidió a la Corte de Distrito de G-uayama que desestimara la apelación por haber sido radicado en la corte municipal el escrito de apelación cuando había transcurrido el término para apelar y' porque el apelante no había consignado en la corte municipal ni en la de apelación el importe de los cánones vencidos hasta la fecha de la sentencia pues tal cosa no aparecía ele log autos del pleito; que su petición fué ne-gada y señaló día para la práctica de las pruebas; que en la segunda comparecencia y antes de practicarse la prueba pidió otra vez el sobreseimiento fundado en que el apelante no había consignado el importe del semestre que había ven-cido durante el trámite de la apelación, o sea el último se-mestre del contrato que comenzó el 12 de noviembre de 1919 y que vencerá el 12 de mayo de 1920, que debió pagarse o consignarse dentro de los noventa días contados desde el 12 de noviembre de 1919, moción que presentó el 24 de fe-brero último habiendo aceptado el apelante que no había pagado ni consignado el importe de dicho plazo, no obstante lo cual fué negada su petición.

Con tales alegaciones juradas libramos el auto solicitado y como consecuencia de él se hallan en este tribunal los autos originales de dicho pleito, un informe del juez de dis-trito y los alegatos del demandante y del demandado, pero ninguno de ellos asistió a la vista oral de este recurso de certiorari.

En cuanto al primer fundamento de la petición del auto encontramos en el pleito que si bien el secretario radicó la apelación contra la sentencia el 20 de noviembre de 11919,-el escrito le fué entregado el día anterior a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde con la notificación hecha en ese día al apelado, por lo que no podemos declarar que la apelación se estableció después de los cinco días que concede la Ley 'de Desahucio y que se cuentan desde la fecha de la sentencia Ramírez v. Pérez, 25 D. P. R. 231, pues el apelante cumplió con entregar en tiempo su escrito de ape-lación al secretario aunque éste lo radicara después en sus libros, siendo aplicable por analogía el caso de Rubert Hermanos v. El Pueblo de Puerto Rico, 18 D. P. R. 858. El registro es deber del secretario- y no del apelante.

Pasemos a la otra cuestión referente a la falta de con-signación de los plazos vencidos del arrendamiento cuando la apelación fué interpuesta y del que venció después mien-tras el pleito estaba en apelación.

Fundada la demanda en este caso en la falta de pago del canon del arrendamiento, para que el demandado pu-diera interponer apelación contra la sentencia era necesario no sólo que dentro del plazo concedido por la ley para ape-lar consignara en la secretaría de la corte municipal el im-porte del precio adeudado sino además los que fueran ven-ciendo durante el recurso, de acuerdo con los artículos 12 y 14 de la Ley de Desahucio. En este caso no consignó el apelante los plazos que estaban vencidos cuando interpuso la apelación por lo que debió prosperar la moción que el apelado hizo a la corte de distrito para que por esa falta desestimara la apelación; ni tampoco consignó el otro plazo que venció cuando se tramitaba el recurso, por lo que tam-bién por este motivo debió prosperar la petición que hizo el apelado de que se sobreseyera el asunto, sin que sea obs-táculo ahora para que declaremos con lugar la petición de certiorari el hecho de que se haya establecido este recurso extraordinario después de haber recaído sentencia en la corte de distrito revocando la apelada, pues aun siendo errónea la sentencia que dictó la corte municipal a -favor del deman-dante éste tenía un derecho claro a que tal sentencia no fuera revisada en apelación si el demandado-apelante no cum-plía con los requisitos que la ley le exige para que tenga el derecho de revisar la sentencia en apelación.

Tampoco estamos conformes con la alegación que hace el juez de distrito de que el demandado-apelante no tenía el deber de consignar los cánones vencidos y los que fue-ran venciendo porque había ■ alegado como defensa que su falta de pago se debía a no haber sido requerido por el dueño dje la finca para que satisficiera el arrendamiento porque si tuviera que hacer el apelante la consignación quedaría des-truido su. derecho a ser requerido previamente de pago para que el dueño pueda ejercitar la acción de desahucio.

No solamente la ley no hace tal distinción en las deman-das de desahucio basadas en la falta de pago sino que de aceptar la proposición del juez inferior agregaríamos a la ley palabras y conceptos que no tiene. Además, la senten-cia condenatoria de la corte municipal tenía la presunción de que el demandado había dejado de pagar sin justificación legal alguna y para destruirla por apelación era necesario que el demandado consignara los cánones vencidos en la fecha de la apelación y que consignara también los que des-pués fueran venciendo, y sin cumplir esos requisitos legales no tenía derecho a que. la sentencia dictada contra él fuera revisada en apelación. No hizo el demandado esa consig-nación y, en tales circunstancias el recurso de apelación, la Corte de Distrito de G-uayama carecía de jurisdicción para resolverlo, por lo que debe ser declarado sobreseído el re-curso de apelación que interpuso el demandado y anulada la sentencia.

Sobreseída la apelación de Sandalio Hernán-dez en el pleito seguido contra él por Esteban Rivera en la Corte Municipal de Cayey y anulada la sentencia de la Corte de Dis-trito.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Toro,

text:
    Oller, Promovente y Apelante, v. Solá et al., Opositores y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre elevación a escritura pública de testamento hecho de palabra.
    No. 2068.
    Resuelto en abril 9, 1920.
    Testamento de Palabra — Requisitos para su Validez. — Son nulos los testa-mentos de palabras otorgados en inminente peligro de muerte aunque con-curran los requisitos legales necesarios para su validez, si no resulta probada' la imposibilidad de escribirlos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la promovente: Sr. E. E. F. Dottm.

    Abogados de las opositoras: Sres. M. F. Bossy y J. Mar-Unes Dávila.

   El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Mercedes Oller Tinajero presentó una solicitud a la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, alegando que doña Constancia Tinajero y Fernández, soltera, de 65 años de edad, había fallecido en su residencia en esta ciudad de San Juan, P. B., el 9 de junio de 1918, sin dejar ascendien-tes ni descendientes, habiendo otorgado testamento dos horas antes de morir ante cinco testigos, dejando como su única heredera a su sobrina la peticionaria. En tal virtud dicha peticionaria solicitó que siguiéndose el procedimiento mar-cado por la ley, la corte finalmente declarara testamento de la Sra. Tinajero lo que resultara de las declaraciones de los testigos que la,oyeron otorgarlo.

Doña Concepción Solá viuda de Tinajero, a nombre de sus hijos Eloy y Salvador, sobrinos de doña Constancia, se opuso a la solicitud, y también se opuso doña María Josefa Tinajero viuda de Viader, hermana de la supuesta testadora. Ambas alegaron que era incierto que se hubiera otorgado el testamento, expresando la primera que la- voluntad de la Sra. Tinajero había sido la de instituir por herederos a to-dos sus sobrinos, por partes iguales.

El asunto se trasladó a la Sección Primera de la corte de distrito y allí se practicó la prueba consistente en las declaraciones de los testigos Saturnina Franco, Ana Gavi-lán, María Felix, Amanda Miranda, Víctor Maltes y E. H. F. Dottin, por la promovente, y M. F. Ross3[ por la oposi-tora doña María Josefa Tinajero. La corte tomó bajo su consideración el caso y expresando que la prueba no demos-traba la existencia del alegado testamento, dictó sentencia declarando sin lugar la solicitud. No conforme la peticio-naria, recurrió para ante este Tribunal Supremo, señalando en su alegato como único error, el incurrido a su juicio por la corte al apreciar la prueba.

De acuerdo con la ley, artículo 709 del Código Civil Re-visado, si el testador se hallare en peligro inminente de muerte, puede otorgar testamento ante cinco testigos idó-neos, sin necesidad de notario. En tal caso, según exige el artículo 711 del propio código, se inscribirá el testamento, siendo posible. No siéndolo, valdrá aunque los testigos no sepan escribir.

Fija también el legislador el medio de elevar a escritura pública el testamento o codicilo hecho de palabra, y prescribe que resultando clara y terminantemente de las decla-raciones que el testador tuvo el propósito serio y deliberado de otorgar su última disposición, que los testigos y el no-tario, en su caso, han oido simultáneamente de boca del tes-tador todas las disposiciones que quería fuesen su última voluntad, bien lo manifestase de palabra, bien leyendo o dando a leer alguna nota o memoria en que se contuviese, que los testigos fueron en el número que exige la ley según las circunstancias del lugar y tiempo en que se otorgó y que reúnen las cualidades necesarias para ser testigos, el juez declarará como testamento lo que resulte de diclias decla-raciones, sin perjuicio de tercero, y mandará protocolizar el expediente. Véanse los artículos 1 al 8 de la ley refe-rente a procedimientos legales especiales, aprobada el 9 de marzo de 1905. Compilación de 1911, página 323.

¿Demostró la prueba que concurrieron en este caso to-dos los requisitos que exige el estatuto? Veámoslo. ■

Declararon ante el’ juez de distrito los cinco testigos que recogieron, según la peticionaria, ele labios de la testadora, dos horas antes de morir, su última voluntad con respecto a la disposición de sus bienes. La mayor parte de ellos no expresaron su edad y en sus rápidas declaraciones se describe, en síntesis, su intervención en el acto, así: (1) llama-dos a altas boras de la noche acudieron a la casa de la Sra. Tinajero y ésta- dijo en presencia de todos que quería que sus. bienes pasaran a su sobrina Mercedes, la peticionaria, porque era la única que la había asistido en su enfermedad. Que la Sra. Tinajero estaba enferma pero en su conocimiento. Que al día siguiente se enteraron ele que había fallecido. El testigo Dottin expresó que fué llamado varias veces por la Sra. Tinajero para otorgar su testamento, pero que cuando llegaba a la casa, ella desistía; que en la noche del 9 de junio fué llamado dos veces, la primera no estaba y la se-gunda, al enterarse para qué se le quería, contestó: “me quiere hacer ciar el viaje de Santurce otra vez en balde, yo no voy ahora, si usted ve que ella está muy grave llame cuando menos cinco testigos y que declare lo que quiera de-clarar antes ellos”; que al día siguiente supo que la Sra. Tinajero había muerto y fué a su casa y tomó declaración jurada a los testigos presenciales que allí estaban.

No existe en toda la prueba practicada indicación alguna coa respecto a la cansa que hizo imposible, si es que la hubo, que la última voluntad de la testadora se consignara por escrito.

Prescindiendo de si los testigos acreditaron o no en forma debida su idoneidad; de si se demostró o no que la Sra. Tinajero se daba cuenta exacta de que se encontraba en pe-lig’ro inminente de muerte; de si se puede o no desprender' con toda claridad de las declaraciones de los testigos que las manifestaciones de la Sra. Tinajero eran en realidad de verdad la expresión deliberada y solemne de su última vo-luntad, y limitándonos solo a la falta de prueba con res-pecto al hecho de no haber sido posible escribir el testa-mento, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia debemos resolver que procede la confirmación de la sentencia recu-rrida.

Los artículos -709 -y 711 del Código Civil que hemos ci-tado son iguales a los artículos 700 y 702 del Código Civil Español, e interpretando estos últimos el Tribunal Supremo de España ha í-esuelto que son nulos los testamentos de palabra otorgados en. inminente peligro de muerte aunque concurran los requisitos legales necesarios para su validez, si no resulta probada la imposibilidad de escribirlos. Véanse las sentencias del Tribunal Supremo de España de 16 de febrero de 1891, 69 J. C. 231, y de 5 de noviembre de 1902, 94 J. C. 451, y véanse también los Comentarios de Manresa al Código Civil Español, volumen 5, pág. 571 a 581 de la 3a. edición publicada en 1910.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hut-chison.

El Juez Presidente- Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Se. Hernández,

text:
    Barbosa et al., Demandantes y Apelados, v. Fernández, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito de desahucio.
    No. 2140.
    Resuelto en abril 9, 1920.
    Desahucio — Término para Apelar de las Sentencias de Desahucio — Notijt-,, OACIÓN DE LA SENTENCIA A LA PARTE PERJUDICADA.-Como la Ley No. 70 de 1911 al disponer que el término para establecer el recurso de apelación empezará a correr desde la fecha del archivo de la notificación de la senten-cia a la parte perjudicada limitó este precepto a los casos comprendidos en el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, en el cual no están in-cluidas las apelaciones contra sentencias en casos de desahucio, cuando en un caso de desahucio la apelación se interpone después de cinco días con-tados desde la fecha de lá sentencia, procede su desestimación por incumpli-miento de la sección 11 de la Ley de Desahucio y con mayor razón cuando tampoco aparece que dentro del término de cinco días señalado para apelar se prestara la fianza a que se refiere la sección 12 de la ley citada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. E. Rincón.

    Abogados de los apelados: S'res. M. Guerra e I. Soldevila.

   El Juez Presidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio de desahucio seguido ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, por Juan Barbosa Lara y Simón Pescay contra Cándido Fernández para el desalojo de nn solar y caseta en él levantada, por el fundamento de haber vencido el término del arrendamiento y seguir el de-mandado en la posesión precaria del inmueble, la expresada corte dictó sentencia ■ declarando con lugar la demanda y contra ella interpuso el demandado recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Elevada la transcripción .de autos, ambas partes, ape-lante y apelada presentaron alegatos escritos sosteniendo e impugnando respectivamente el recurso en su fondo, y la apelada solicitó además que fuera desestimado por haberse interpuesto fuera de término y no aparecer de la transcrip-ción que .el apelante hubiera otorgado la fianza exigida por la Ley de Desahucio de 1905.

La sección 11 de dicha ley prescribe qne “las apelaciones deberán interponerse en el término de cinco días contad us desde la fecha de la sentencia.’’

La sentencia en el presente caso fné pronunciada y re gistrada en 9 de mayo de 1919 y el recurso se estableció y fué notificado al apelado el día 15 del propio mes o sea a] sexto día después del pronunciamiento de la sentencia, cuando ya había vencido por tanto el término de cinco días que la ley señala para interponerlo.

La sección 2a. de la Ley No. 70 de 1911 preceptiva de que el término para establecer el recurso de apelación em-pezará a correr desde la fecha del archivo de la notificación de la sentencia a la parte perjudicada no favorece al ape-lante pues dicha ley al establecer el sistema de la notifica-ción de las sentencias, lo limitó a los casos en que pudiera interponerse el recurso ele' apelación según lo previsto en el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil y en ese artículo no están comprendidas las sentencias finales en jui-cios ele desahucio, el cual se regula por la ley especial sobre la materia, que señala en la sección 11 el término de cinco días para apelar a contar desde la fecha de la sentencia.

La misma Ley de Desahucio, en su sección 12,, después de ordenar que no se admitirá al demandado el recurso de apelación si no consigna en secretaría el importe del precio adeudado hasta la fecha de la sentencia cuando el desahucio se funde en falta de pago'de las' cantidades convenidas, or-dena que “en cualquier otro caso será requisito indispensable para ejercitar el recurso de apelación por parte del de-mandado, que éste otorgue fianza, a satisfacción del tribunal para responder de los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandante y de las costas'ele la apelación”, añadiendo que “tanto la consignación como la fianza debe-rán quedar formalizadas dentro del término concedido para la apelación.”

Se trata de un desahucio en precario. De la transcrip-ción de autos no aparece que el apelante dejara de prestar fianza alguna para interponer el recurso de apelación, pero si la prestó, lo liizo fuera del término señalado para inter-poner dielio recurso, que como liemos dicho, fué interpuesto fuera del término legal y por tanto dicha fianza fué ineficaz en derecho.

Las secciones 11 y 12 de la Ley de Desahucio han sido -ya interpretadas por esta Corte Suprema en los casos de Figueroa et al. v. Sepúlveda, 24 D. P. R. 690 y Ramírez v. Pérez, 25 D. P. R. 231.

Procede la desestimación del recurso.

Desestimado el recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Aldeey,

text:
    Alvarez, Demandante y Apelado, v. Rodríguez et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2010.
    Resuelto en abril 9, 1920.
    Objecciones a la Prueba Testifical — Alegaciones Ambiguas. — Después que sin objeeeión del demandado se permite a un testigo del demandante declarar so. bre un hecho cuya alegación no está muy clara en la demanda, es tardía la objeeeión a que por ese motivo continúe declarando sobre el particular, con mayor razón cuando la demanda no ha sido exeepcionada por ambigüedad ni la cuestión levantada en otra forma antes del juicio.
    Pagarés Ofrecidos como Prueba — Prueba Admisible. — Es admisible como prueba un pagaré endosado por un demandado cuando se presenta para corroborar la declaración de habérsele entregado dinero garantizado por el pagaré.
    Prueba de la Entrega de Cantidades'. — No constituye error el admitir como prueba de que el demandado recibió del demandante ciertas sumas de dinero, varios recibos extendidos por el demandado a favor de persona distinta del demandante, cuando el demandado declaró que recibió del demandante las cantidades a que se refieren los recibos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. F. González Fagundo.

    Abogado del apelado: iSr. R. Martínez Alvarez.

   El Juez Asociado Sb. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Emilio Alvarez y Juan Rodríguez Márquez convinieron en escritura pública de 24 de septiembre de 1916 en que el primero entregaría al segundo en sumas parciales basta la cantidad de $4,000 para que sembrara y cultivara 30 cuerdas de terreno con tabaco para la cosecha de 1917; que tan pronto estu-viese recolectado y en condiciones de ser retirado de los ranchos sería depositado en el almacén que eligiera el co-sechero Rodríguez, por su cuenta, dando conocimiento de ello a Alvarez; que el pago del importe del crédito refaccio-nario se verificaría con el mismo tabaco que se cosechase, en cuyo caso la suma adeudada no devengaría interés alguno, con cuyo objeto Rodríguez Márquez se obligó a vender a Alvarez todo el tabaco que cosechase en dichas cuerdas de terreno al precio que rigiera en el mercado desde el Io. de abril hasta el 31 de mayo de 1917, pero si por cualquier mo-tivo no llegasen a un acuerdo sobre el precio del fruto po-dría Rodríguez, previa autorización por escrito y con la in-térvención de Alvarez, vender su tabaco a cualquier otra persona, quedando Rodríguez obligado en este caso a pagar a Alvarez en concepto de indemnización la cantidad de $3 por cada quintal de tabaco vendido del cosechado bajo paño y $1 por cada quintal del tabaco vendido del cosechado a la intemperie, entendiéndose que esas cantidades cubrirían cualquier perjuicio que Alvarez pudiera sufrir por dejar de adquirir dicho tabaco, quedando además el cosechero obli-gado a pagar la suma, que resultare adeudar del préstamo refaccionario con el interés del doce por ciento anual, cuyas cantidades debería satisfacer en el acto de disponer del ta-baco. Eué convenido también que en todo caso se entende-ría que Rodríguez Márquez quedaba obligado a liquidar y a pagar el crédito refaccionario el día 31 de mayo 1917, cuya fecha se fijó como vencimiento de la obligación para todos sus efectos legales. Para garantía del crédito refacciona-rio hasta la cantidad de $4,000, de sus intereses al doce por ciento anual, de la indemnización estipulada y de $300 para costas, gastos y honorarios' de abogado en caso de reclama-ción judicial Rodríguez Márquez y sn esposa Juana Alve-rio constituyeron primera hipoteca sobre dos fincas urbanas de.-su propiedad.

Por otra escritura de 17 de enero de 1917 se hizo cons-tar que habiendo agotado Rodríguez los $4,000 del anterior contrato, Alvarez le concedía un crédito adicional de $2,500 bajo las mismas condiciones que' el primero y otras adicio-nales, que no son del caso ahora, y constituyeron como ga-rantía segunda hipoteca sobre sus dos fincas urbanas por el principal, intereses del doce por ciento anual y por $200 para costas, gastos y honorarios de abogado.

En junio de 1917 Emilio Alvarez demandó a los men-cionados esposos reclamándoles el pago de $8,177.15, sus in-tereses al doce por ciento anual hasta el pago de la deuda y $500 más para costas, gastos y honorarios de abogado, ale-gando los referidos contratos; que entregó a Rodríguez en diferentes fechas los $4,000 del crédito refaccionario original, más los $2,500- del crédito adicional, después de lo cual expuso lo ■ siguiente:

“12. Que el demandante entregó al demandado a cuenta de los créditos alegados, diferentes cantidades dejando una suma o balance a favor‘del demandante por la cantidad de $8,177.15”;
“13. Que no habiendo el demandante y demandado llegado a un acuerdo con respecto al precio del tabaco, y habiendo llegado el 31 de mayo de 1917, fecha fijada para el vencimiento total del pago de la deuda y los intereses, el demandante-reclamó al demandado el pago de ambos créditos.e intereses a lo que el demandado se negó y' se niega en la actualidad. ’ ’

Los demandados aceptaron los hechos alegados en la del manda con excepción de los dos qiíe acabamos de transcri-bir literalmente y adujeron como defensa que de acuerdo con los contratos consignados en las escrituras entregaron al demandante en 21 de abril y 19 y 29 de mayo de 1917 las cantidades' de tabacos que relacionan, -manifestando además el precio que tenían en el mercado en esas fechas, entregas cnyo valor es $7,992.06; que en marzo 18 de 1917 entrega-ron al demandante para abonar a su cuenta de refacción la suma de $1,200 en un pagaré firmado por Francisco Jimé-nez Lajara y Francisco Jiménez Díaz, valor al 31 de mayo de 1917, habiendo pagado al demandante los $6,500 importe del crédito refaccionario consignado en las dos. escrituras por lo que pidieron que se declarara sin lugar la demanda con las costas, desembolsos- y honorarios.

Dictada sentencia de acuerdo con todas las peticiones del demandante interpusieron los demandados el presente re-curso de apelación.

Declarando el demandante cuando se' celebró el juicio, manifestó que hizo el primer contrato con Rodríguez por los $4,000, que se acabó el dinero e hicieron otro por $2,500 más que también le entregó y siguió dándole dinero y él le entregó un pagaré por $1,200 y le dió más dinero; que le hizo tres créditos, el primero por $4,000 y el segundo por $2,500. Entonces al preguntarle su abogado por el tercer crédito se opusieron los demandados a esa pregunta fundán-dose en que en la demanda no hay alegación alguna con res-pecto a un tercer crédito, habiendo objetado el abogado del demandante que en la alegación 12 se dice que se le entre-garon diferentes cantidades dejando un balance a favor del demandante de $8,177.15. La corte inferior permitió que el testigo contestara esa pregunta y ahora sostienen los ape-lantes como uno de los fundamentos de su apelación que esa resolución fué errónea.

En verdad en la demanda no se alega claramente un ter-cer crédito pues si bien dada la forma en que está redac-tada la alegación 12 parece deducirse que hubo un tercer crédito porque el demandante entregó a los demandados can-tidades superiores a los créditos de $4,000 y de $2,500 toda vez que dice que entregó a cuenta de esos créditos diferentes cantidades que dejaron un saldo a su favor de $8,177.15, sin embargo tal alegación és bastante ambigua si se tiene - en cuenta que en la 13 dice que reclamó ele los demandados el pago de “ambos créditos”. 'Pero a pesar de esta ambigüe-dad no solo no fué excepcionada la demanda por ese motivo o la cuestión levantada en otra forma antes del juicio sino que como hemos visto los demandados formularon su obje-ción a la pregunta después, de haber permitido que el de-mandante declarase que a más de las cantidades a que se refieren los dos primeros créditos siguió dando más dinero a los demandados, permitiendo así que probara la existencia de un tercer crédito por lo que siendo tardía su objeción no podemos declarar que fuera errónea la resolución que se im-pugna, con mayor motivo cuanto que en la contestación se alega haber pagado al demandante más de $8,000, deducién-dose de esa alegación, en ausencia de contra reclamación, que el crédito del demandante era superior a los $6,500 de las dos escrituras.

El segundo motivo de error alegado se funda en que la corte permitió que se presentara como prueba un pagaré firmado por Francisco Jiménez Lajara y Francisco Jiménez: Díaz, a favor del demandado y endosado por éste a Emilio Alvarez, porque no puede exigirse su pago al demandado Bodríguez sin reconvenir y vencer antes en juicio al libra-^ dor y principal responsable. .

Para convencerse de que no existe el error alegado nos bastará decir que dicho pagaré no fué presentado en el jui-cio con objeto de cobrarlo al demandado sino para corro-borar el demandante su declaración de que entregó al de-mandado Bodríguez más de los $6,500 a que se refieren las escrituras pues por el exceso le dió en garantía dicho pagaré.

El tercer motivo de error en que se funda el recurso se refiere también a la admisión de prueba y se dice consistir en haber sido admitidos ciertos recibos y cartas que están dirigidos a Manuel Alvarez y Compañía y no al demandante Emilio Alvarez. En apoyo de él se argumenta que fue erró-nea tal admisión porque se trataba con ellos de probar un tercer crédito que no' estaba alegado en la demanda y por-que se refieren a entregas de dinero hedías por M. Alvarez y Cía. al demandado y no por el demandante Emilio Alvarez.

Con respecto al primer particular de la argumentación nos bastará referirnos a lo que liemos dicho al considerar el primer fundamento del recurso. En cuanto al otro, si bien aparecen los recibos de dinero suscritos por el deman-dado a favor de M. Alvarez y Cía. sin embargo el deman-dado declaró que las cantidades a que los-recibos se refieren le fueron entregadas por el demandante Emilio Alvarez con quien celebró los contratos de refacción y no por M. Alvarez y Cía., de cuya firma es aquél empleado, y con la cual no ha celebrado contrato alguno. - En estas circunstancias no podemos declarar que la corte cometiera el error que se le -atribuye.

Los dos últimos motivos alegados por los apelantes se refieren al conjunto de la prueba, exponiendo los apelantes en primer lugar que es insuficiente para sostener la senten-cia condenatoria recaída en el pleito, y en segundo lugar que demuestra que la deuda fué -pagada en su totalidad.

El fínico argumento que aducen los apelantes en apoyo del primer extremo es que sólo se- ha probado una deuda de $6,500 de los contratos escriturarios porque la alegación 12 no contiene alegación alguna de otro crédito y que se trata de atacar los términos de esos contratos.

El apelado nunca ha tratado de contradecir las conven-ciones de los dos contratos escritos sino que lo que trató de probar y probó fué que además de los $6,500 a que ellos se refieren entregó otras cantidades a Rodríguez con el mismo objeto hasta sumar con aquélla la cantidad de $8,177.15 cuyo pago' ordena la sentencia.

Respecto a si la prueba demuestra que el demandado pagó totalmente su deuda, si bien es cierto que Rodríguez envió al almacén de Alvarez las partidas de tabaco que expresa en la defensa que alegó contra la demanda, no resulta pro-bado que las partes llegaran a un acuerdo con respecto al precio del fruto en el mercado en las fechas de las entregas, acuerdo exigido por los contratos de refacción y por tanto el' hecho de qne al recibir Alvarez la primera remesa de ta-baco contestara a Rodríguez “que podía seguir mandando el tabaco, que creía que no tendrían diferencias en el precio ’ ’ no solo demuestra que no habían llegado a un acuerdo res-pecto del precio, sino que de esas palabras no puede dedu-cirse que el tabaco quedó vendido a Alvarez desde que fué entregado. No sólo no encontramos algo que demuestre que las entregas fueron liecbas como ventas sino que declarando el propio Rodríguez manifestó que el tabaco que estaba en casa de Alvarez era de su propiedad, lo que también expresó en carta de 25 de mayo de 1917 en la que además consignó que no estaba conforme con los precios que le proponía Alvarez. Así pues no probaron los apelantes que hubieran pa-gado su deuda con la venta del tabaco, ni tampoco con el pagaré de Jiménez La jara porque no fué pagado a su ven-cimiento.

Por las razones expuestas la sentencia- apelada' debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: En Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ramírez et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de^Ponce,en causa por alterar la paz pública.
    No. 1487.
    Resuelto en abril 12, 1920.
    Alteración de la Paz — Denuncia Suficiente — Especificación de ’Particula-res (Bill of Particulars). — Una denuncia por alterar la paz presentada contra varios acusados, que no expresa cuáles fueron las palabras que cada acusado en particular pronunció, pero les imputa conjuntamente el baber promovido un escándalo insultándose mutuamente y pronunciando determi-nadas palabras manifiestamente indecorosas al alcance del oído de mujeres y niños, es suficiente. En tal caso si algún derecho tenían los acusados, era el de pedir que se hiciera más específica la denuncia, y su ejercicio por vez primera en apelación es demasiado tardío. Til Pueblo v. París, 25 D. P. R. 111.
    Sentencias en Casos Criminales — Discreción Judicial — Abuso de Discre-ción. — Cuando siendo varios los acusados convictos, la corte, en el ejercicio de su discreción impone a unos una pena más severa que a otros, el Tribunal Supremo no irá contra la sentencia a no ser que se demuestre un claro abuso de discreción por parte de la corte inferior.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de las apelantes: Sr. A. Fiol Negrón.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   En Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Díaz, policía insular, formuló denuncia contra Ma-ría Luisa Chiclani, Emilia Ramírez y María Teresa Rivera, porque en determinados sitio y fecha, voluntaria y malicio-samente alteraron la paz formando un fuerte escándalo en el que se provocaron mutuamente, pronunciando palabras indecorosas (se expresan) al alcance del oido de mujeres y niños. Llegó la causa a la corte de distrito. María Luisa ■ Chiclani se declaró culpable y la corte le impuso veinte días de cárcel. Siguió el juicio con respecto a las otras dos acu-sadas y oida la prueba, la corte las declaró culpables del delito de alterar la paz y les impuso a cada una la pena de noventa días de cárcel.

Al acto de la vista de la apelación sólo concurrió el fiscal pero las apelantes enviaron un escrito titulado “excepción perentoria” en el cual se alega que la denuncia no imputa a las acusadas la comisión de un delito público, porque no especifica cuáles fueron las palabras indecorosas que cada una pronunció.

Carece de fundamento la pretensión de las apelantes. Si bien la denuncia no dice en efecto cuáles fueron las palabras-que cada una de las acusadas particularmente pronunció, les' imputa conjuntamente el hecho de haber provocado to-das un fuerte escándalo insultándose mutuamente y pronun-ciando determinadas palabras manifiestamente indecorosas al alcance del oido de mujeres y niños. Y tal hecho perpetrado por todas claramente constituye una de las formas del delito' que prevée y castiga el, artículo 368 del Código Penal.

Si algún derecho pudieron tener las acusadas fué tal vez el de pedir a la corte que ordenara que se hiciera más es-pecífica la acusación en cuanto a ellas, y esa cuestión es ya demasiado tarde para poder ser levantadas. Véase el caso de El Pueblo v. París, 25 D. P. R. 111.

Sostienen también las apelantes en su escrito que la corte erró al imponer una pena desigual a las acusadas por el mismo delito. La corte tenía discreción para graduar la pena y sólo en casos de un abuso de esa discreción podría intervenirse con la acción tomada por la misma. Aquí no se ha demostrado que exista tal abuso.

Además en este caso concreto aparece explicada la causa de la desigualdad. La corte impuso veinte días de cárcel a la acusada que se confesó culpable y noventa a las que fue-ron condenadas después de celebrado el juicio. Para la pri-mera imposición se atuvo la corte simplemente a la denun-cia y para la segunda tuvo ante sí no sólo la denuncia si que también el resultado de las pruebas, pruebas que no se incluyeron en la transcripción de los autos. Y debemos pre-sumir que la evidencia al presentar en todos sus detalles el hecho perpetrado por las acusadas, demostró que era más grave de lo que a primera vista podía juzgarse y requería de parte del juez la imposición del máximum de la pena.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Martínez, Peticionario, v. Campillo, Juez de Distrito, Demandado.
    fío licitud para que se expida auto de certiorari al Juez de la .Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre desahucio en apelación procedente de la Corte Municipal de Río Piedras.
    No. 275.
    Resuelto en abril 12, 1920.
    Apelaciones Contra Sentencias de las Cortes Municipales — Notificación al Apelante de la Radicación del Recurso — Traslados de Pleitos. — De acuerdo eon la Ley No. 93 de 1919, antes que un apelante esté obligado a solicitar en la corte de distrito que el caso sea incluido en el calendario, deberá ser previamente notificado por el secretario de que fué anotado en el registro; y no altera la regla el hecho de que los autos fueron entregados personalmente por el apelante y no enviados por el secretario de la corte sentenciadora.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. M. Rodrigues Serra«.
    El juez demandado no compareció.
    Abogado del demandado interventor: Sr. J. Martines Dá-vila.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tri- . hunal.

Aunque el qué suscribe esta opinión disintió de la opi-nión de este tribunal emitida en marzo 11, 1919, en la cual se resolvió que cierto proyecto de ley de la Legislatura-quedó convertido en ley sin la aprobación del G-obernadór, se siente, sin embargo, momentáneamente obligado por dicha decisión. Una de -las leyes que fué. promulgada por el Secretario de Puerto Rico de conformidad con la referida decisión, la No.: 93, fué una ley para enmendar y adicionar la ley titulada “Ley para reglamentar las apelaciones contra las senten-cias de las Cortes municipales en pleitos civiles,” aprobada en marzo 11, 1908, y la resolución del certiorari en este caso depende de ló dispuesto en la sección 3 de la ley tal como . quedó enmendada.

El peticionario apeló de una sentencia dictada por la Corte Municipal de Río Piedras. Los autos fueron certifi-cados por los abogados de ambas partes y radicados por el apelante el día 8 de enero de 1920 en la Sección Segunda de la Corte de Distrito de San Juan. Hubo cierta discu-sión entre el juez de esa corte y el abogado del apelante respecto a la inclusión del caso en el calendario de dicha corte. Pero como quiera que esto fuere, en enero 28, 1920,. la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, trasladó el caso, a la Sección Primera. No se hizo notificación alguna al apelante y lo que es más importante, no consta que el Secretario de la Corte de Distrito, Sección Primera, regis-trara el caso. A moción del apelado y sin notificarse al apelante fue desestimado el pleito por el juez de distrito basándose en la alegada autoridad de la ley de 1908, como fué enmendada por la Ley No. 93 de 1919.

La Ley No. 93 que se discute hace que la sección 3 de la ley enmendada lea como sigue:

‘‘Sección 3. — («) El secretario de la corte anotará la cansa en el registro de acciones civiles, notificándolo a las partes interesadas. El apelante deberá solicitar la inclusión del pleito- en el calendario o lista de señalamientos civiles, en la primera lectura que del mismo baya de celebrarse, subsiguientemente a la radicación del caso. Ai anunciarse la vista de la apelación, el tribunal, a instancia del ape-lante, revisará y tomará en consideración cualquiera providencia, re-solución, auto u orden por los cuales se creyere éste perjudicado. Resueltas estas cuestiones se procederá a la vista de la causa tal como resulte de las alegaciones, a no ser que en virtud de excepción previa, permitiese el juez que fueren enmendadas la demanda o la contestación. Dispuesto así el pleito para la vista, se tramitará como nuevo juicio, rigiendo para el mismo todas las disposiciones y re-glamentos judiciales aplicables a la vista de pleitos originariamente iniciados en la corte de distrito.
“(á) Si el apelante dejase de solicitar la inclusión del pleito en el calendario, el juez de distrito declarará desierto el recurso, im-poniéndole las costas; y el secretario remitirá inmediatamente la causa a la corte inferior para la ejecución de la sentencia apelada.”

Por virtud de los claros preceptos de esta ley antes de que un apelante esté obligado a solicitar que el caso sea in-cluido en el calendario, deberá primero ser notificado por el secretario de que fue anotado en el registro.

Tanto el apelado como la corte sostienen que el apelante sólo tiene derecho a la notificación del secretario en aque-llos casos en que los autos se remiten por el secretario de la corte municipal e insisten en que en este caso los autos fueron certificados por los abogados y radicados en la Sec-ción Segunda de la Corte de Distrito por el mismo apelante. Pero sostenemos que cuando un apelante entrega la trans-cripción de autos en apelación al secretario de la corte de distrito, esta entrega manual no es equivalente a la anota-ción en el registro por el secretario de la corte de distrito. Antes de que el caso sea incluido en el calendario, deberá ser anotado primeramente en el registro.

Sin embargo, aun cuando tuviera razón el apelado al sos-tener que por el fiecbo de radicar .el caso el apelante en la Sección Segunda no tenía derecho a más aviso de su ano-tación en el registro de esa corte, la situación todavía hu-biera cambiado necesariamente por la orden del juez de esa corte sua sponte, trasladando el caso a la Sección Primera. Si las palabras textuales del artículo 3 no son aplicables, entonces el sentido común y la analogía requieren que se notifique al apelante que el caso ha sido anotado en el -regis-tro de la Sección Primera. La ley no habla como creen al parecer la corte y el apelado, de la radicación o entrega de la transcripción en apelación sino que habla de la anotación del caso en el registro. La diferencia entre “anotando” y tener el secretario documentos en su poder resulta muy clara según nuestra decisión en el caso de Gandía v. Trías y Stubbe, (pág. 164).

No existe nada en estos autos de donde aparezca que la desestimación de la apelación se debió a no haber satisfecho el apelante los derechos al radicar la transcripción sino so-lamente a su omisión en incluir el caso en el calendario y quizás por no pagar entonces los derechos exigidos por la ley.

Si tuviera razón el apelado en su alegación principal tal vez entonces legalmente era innecesario notificar al apelante de la moción de desestimación. Sin embargo, en casos du-dosos es mejor práctica hacer la notificación.

Después de desestimado el caso el apelante presentó una moción de reconsideración que a su vez no notificó al ape-lado. Asimismo hubiera sido mejor práctica haber hecho la notificación. La corte cree, según parece, que esta omi-' sión en hacer la notificación hacía imperativo para ella el no considerar la moción de reconsideración. La corte, no obstante, tenía discreción y piído haber exigido al apelante que notificara al apelado.

La resolución de la Corte de Distrito, Sección Primera, desestimando la acción debe ser anulada, devolviéndose el caso para ulteriores procedimientos.

Anulada la sentencia dictada por la corte de distrito en febrero 17, 1920, declarando de-sierto el recurso de apelación y devuelto él caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Sucesión De Jesús et al., Demandantes y Apelantes, v. Pérez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo, en pleito sobre reivindicación y daños y perjuicios.
    No. 2085.
    Resuelto en abril 12, 1920.
    Reivindicación de Porciones Indivisas — Herederos—Liquidación de la Heren-cia. — El heredero que es dueño de una porción indivisa de una propiedad in-mueble tiene derecho a establecer una acción reivindicatoría por el montante de dicha porción, sin que para ello sea necesaria la liquidación previa de la herencia.

      Id. — Prescripción Ordinaria. — Aun cuando desde el otorgamiento de la escritura de venta al poseedor no haya transcurrido el tiempo necesario para la prescrip-ción ordinaria, sin embargo, si prueba la posesión anterior con buena fe y justo título desde una época que cubre el tiempo de la prescripción, esto será suficiente, si están presentes los demás requisitos.
    Los hechos están expresados- en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: 8res-. E. Campillo y J. Mar-tínez Dávila.

    Abogado de los apelados: Sr. Santiago B. Palmer.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes qne componen la Sucesión de Antonio de Jesús establecieron nna acción contra los demandados, el primero de los cuales, Manuel María Pérez Medina, después de una alegada venta obtuvo nn título posesorio a su favor el cual lo traspasó a los demandados Juan Muñiz Méndez y a Felipe Muñiz Méndez. La acción establecida fué para que se decretaran ciertas nulidades y para reivindicar la propiedad. Los demandados negaron que los demandantes tuvieran títulos suficientes y los dos Muñiz Méndez se fun-dan en la prescripción ordinaria de diez años. La corte dictó sentencia a favor de los demandados por ambos fundamentos.

Al negar el título de los demandantes, la corte fundó su resolución en el hecho de que la propiedad en cuestión era ganancial y había pertenecido al padre y a la madre de los demandantes y que no podía surgir título alguno en los de-mandantes hasta tanto se hubiera practicado una liquidación de los bienes gananciales, así como por otras informalidades semejantes. La opinión de la corte inferior fué redactada antes de que este tribunal resolviera los casos de Capó v. Fernández, 27 D. P. R. 715; Aponte et al. v. Félix Aponte Hnos., etc., 27 D. P. R. 824 y Santini et al. v. Díaz San Miguel et al. 27 D. P. R. 816, en .cuyos casos aparece suficientemente que los herederos, dueños de porciones que no han sido li-quidadas o indivisas de propiedad inmueble tienen derecho a establecer una acción reivindicatoria por el montante de sus porciones no liquidadas o indivisas. Por tanto, una vez que los herederos muestran un título claro en su causante tendrían el derecho salvo la prescripción a establecer una acción reivindicatoría por sus porciones indivisas de pro-piedad donde quiera que estuvieren. No encontramos que la demanda sea insuficiente meramente porque no describa las gestiones que son necesarias para hacer que una por-ción indivisa sea más definida. También encontramos que la propiedad fue identificada suficientemente.

La cuestión de prescripción es muy diferente. Hubo prueba tendente a mostrar que Antonio de Jesús falleció en el año 1900 y que él y su esposa eran los dueños y estaban en posesión de la finca que trata de reivindicarse en esta acción. El dejó una viuda y tres hijos legítimos y otros clos o tres hijos naturales que no consta que fueran reconocidos y quienes parecen ser mayores que dichos hijos legítimos. Los referidos hijos legítimos son los demandantes, todos los cuales eran menores en la fecha de la muerte de su padre. Después del fallecimiento de Antonio de Jesús su viuda en-tró en posesión de la finca pero no reclamó sola la posesión pues uno de los hijos naturales llamado José y tenido como hermano por dichos hijos legítimos también estaba en po-sesión. Hubo prueba creditiva que la mencionada finca ha-bía sido inscrita a favor de Antonio de Jesús al ocurrir su fallecimiento.

También hubo prueba tendente a establecer el hecho de que José de Antonio, uno de los hijos naturales que estaba al frente de la propiedad, por indicación de su madre, fué donde el demandado Manuel María Pérez Medina a ver si le quería comprar una finca para pagar cierta deuda que tenía pendiente Antonio de Jesús con un tal Constantino La-barca, y que este último iba a establecer un embargo sobre la.. propiedad; que dicho Pérez Medina compró o trató de comprar la finca en el año 1901 pagando $230 por ella; que él no sabía que la propiedad liabía sido inscrita a nombre de Antonio de Jesús; que en el año 1902, y con las colin-dancias variadas, lo que no se liizo fraudulentamente, él ob-tuvo un título posesorio a su favor con el consentimiento de José de Antonio, el liijo natural que estaba al frente de la finca y de su madre la viuda de Antonio de Jesús. Este título posesorio fué inscrito en el año 1904. El referido de-mandado Pérez Medina otorgó una escritura en diciembre 17, 1906 por la que traspasaba la propiedad a los demanda-dos Muñiz. La demanda original en este caso fué radicada •en diciembre 4, 1906, de modo que desde la fecha ele la es1 critura hasta la fecha de la demanda original un poco me-nos de diez años había transcurrido. Por otra parte la prueba es muy robusta y convincente de que la propiedad fué ven-dida a los Muñiz algún tiempo antes del otorgamiento de la escritura, o sea hacia el año 1902, desde cuya fecha dichos Muñiz estuvieron constantemnte en posesión de la finca res-petados por los demandantes que vivían muy cerca.

Pérez Medina necesariamente vino a ser dueño de la parte •que pertenecía a la viuda con su consentimiento y él eviden-temente creyó que adquiría toda la finca, pero su declara-ción muestra que no era muy perito en asuntos de títulos y que confiaba en otras personas, tanto en lo que respecta a la preparación del título posesorio como a la descripción de la propiedad. Sin embargo él sabía que había menores y de acuerdo con todas las decisiones no podía adquirir la pro-piedad de tales menores en esta forma, ni-que la prescrip-ción ordinaria correría a su favor.

Con respecto a los hermanos Muñiz la situación que se presenta es muy distinta. La prueba demuestra que ellos compraron la propiedad en 1902 y han estado en posesión desde entonces,, pagando las contribuciones y con completo • conocimiento de los demandantes quienes no hicieron ges-tión alguna por discutir el título hasta que fué establecida esta acción. Los apelantes sostienen qno los apelados Mu-ñiz están obligados por la escritura de 1906 y no pueden ir más allá de este documento escrito. Dicen ellos que el pro-ceder así sería cambiar los términos de un contrato escrito. Pero la cuestión es de hecho o sea, cuándo fué que los Mu-ñiz adquirieron la propiedad. Si ellos tenían un justo título en buena fé cuando compraron primeramente la propiedad en el año 1902, entonces ellos necesariamente fueron dueños de ella por más de diez años y la escritura muy bien pudo haberse hecho después.

En la fecha en que los Muñiz compraron la finca los autos ante nuestra consideración muestran que si bien ellos sabían que' la había adquirido Pérez del hijo y viuda de Antonio de Jesús y' que la viuda debía algún dinero, no hay nada que demuestre que su verdadero conocimiento de' la existencia de algún defecto en el título fuera más allá de eso, a no ser que Muñiz tuviera algún conocimiento de cual-quier defecto en dicho título. Pérez Medina poseyó en con-cepto de dueño y por tanto traspasó un justo título. Como la buena fé siempre se presume para anular esta presunción los demandantes estaban en el deber de demostrar ya un conocimiento por parte de Muñiz de que la propiedad per-tenecía a la Sucesión de Antonio de Jesús, o tal conocimiento por su parte que hubiera hecho que una persona de ordi-naria prudencia se hubiera vista obligada a investigar. No encontramos prueba alguna de tal conocimiento en los autos y puesto que los apelados han alegado y probado un pe-ríodo prescriptivo de diez años con buena fé y un justo título, la sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldr.ey y Hutchison.


text:
    Zorrilla, Demandante y Apelante, v. Santana et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobré cumplimiento de con-trato, etc.
    Moción para que se desestime la apelación.
    No. 2207.
    Resuelto en abril 13, 1920.
    Apelación — ■ Parte Agraviada por la Sentencia — Desestimación de Apela-ción. — En un caso en que el demandante obtuvo sentencia "sin costas,” de la cual apeló, no procede desestimar la apelación por el fundamento de que el apelante no es parte agraviada y porque la apelación se entabló contra la ■ sentencia en su totalidad. En toda apelación deberá entenderse que se apela de la sentencia en tanto en cuanto perjudica al apelante.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. S. Alegría.

    Abogados de los apelados: Sres. A. Alvarez Nava, F. de la Torre, J. Ramírez y J. Martínez Dávila.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Después, de varias gestiones preliminares los demanda-dos en este caso se allanaron a la demanda compareciendo entonces el demandante ante la corte mediante moción en la que solicitó especialmente de la corte no solamente que dic-tara sentencia a su favor sino también que condenara en costas a los demandados. La corte en enero 12, 1920, declaró sin lugar esta moción y en 30 de enero, 1920, dictó sentencia a favor del demandante, pero sin costas. Este último apeló.

Abora comparecen los apelados ante esta corte y solici-tan que se desestime la apelación por el fundamento de ha-ber obtenido el demandante sentencia a su favor y porque de acuerdo con el artículo 294 del Código de Enjuiciamiento Civil solamente la parte agraviada puede apelar, y cita los casos de Freyre v. Quintero et al., 23 D. P. R. 128, Alcaide v. Morales, 26 D. P. R. 238, y Días v. Barceló, 27 D. P. R. 312.

De fijarnos en la forma en que aparece la moción de desestimación dicha moción tendrá que ser declarada sin lu-gar puesto que el apelante fué perjudicado por la sentencia en tanto en cuanto no se impusieron costas y honorarios a la parte vencida en la acción.

En el acto de la vista, no obstante, los apelados modifi-caron su actitud para insistir en el hecho de haber apelado el apelante contra toda la sentencia cuando solamente debió haber apelado de una parte de la misma, o sea, de la parte que dice “sin costas”.

El escrito de apelación ante nos es muy general y expresa que “no estando conforme el demandante con la sentencia dictada apela de la misma”.

El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe, lo siguiente:

“Artículo 296. — Una apelación se interpone entregando al secre-tario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o pro-videncia apelada, un escrito manifestando que se apela de ella, o d'e determinada parte de la misma, y presentando idéntica manifestación a la parte contraria o a su abogado.”

Este artículo está redactado en tal forma que parece con-ferir a la parte agraviada el derecho a apelar contra toda la sentencia o determinada parte de la misma. Es muy po-sible que su objeto haya sido afrontar el caso de una parte contra quien se ha dictado sentencia por un número de co-sas, pero que sólo se opone a algunas de éstas.

Lo que muy frecuentemente ocurre, no obstante, es que la corte dicta sentencia a favor de un demandante en un caso de negligencia pero sólo concede daños nominales. A veces ambas partes apelan; otras el demandante únicamente. He-mos visto otros muchos casos en que ambas partes apelan y lo natural es apelar de la totalidad de la sentencia, acto que debe entenderse en el sentido de- que se apela de la sen-tencia en tanto en cuanto perjudica al apelante.

La regia general es que no puede interponerse apelación contra una parte ele la sentencia, a menos que (como en Puerto Eico) exista un estatuto que lo autorice, 3 C. J. 466. Cuando existe discreción para conceder costas pero tal dis-creción es revisable (como en Puerto Eico), las resoluciones en que no se conceden costas son revisables, 3 C. J. 537. En este caso el demandante hizo un esfuerzo especial por-que se le concedieran costas y ba sido agraviado por la sen-tencia dictada en su contra. Y tan es así, que el secretario de la corte de distrito lo notificó como si hubiera sido la parte perjudicada por la sentencia.

Sea como fuere debe resolverse que la apelación se in-terpuso contra esa parte de la sentencia que perjudicaba al demandante. En la vista ante este tribunal el apelante ofre-ció que se limitaría a tal apelación, pero tengamos o no au-toridad para aceptar o no tal limitación, la moción de deses-timación debe ser declarada sin lugar.

Sin lugar la moción de desestimación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la re-solución de este caso.