author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Sucesión de Tomás Peraza, compuesta de su viuda Josefa Vega y de sus hijos Angel Rafael, Luz María y María Cristina Peraza Vega, bajo la patria potestad de su dichamadre; y de Tomás y Miguel Angel Peraza Morales, menores representados por y al cuidado de su abuela Providencia Colón, demandantes y apelados, v. Ramón Marín Rada, demandado y apelante.
    No. 4549.

    Sometido: Abril 4, 1929.

      Resuelto: Diciembre 20, 1929.

      R. Rivera Zayas y B. Ramírez Santibáñez, abogados del apelante; L. Mercader, abogado de la Sucesión apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

De los autos de este caso no puede surgir duda alguna de que Ramón Marín Rada dió muerte a Tomás Peraza bajo circunstancias que en nn procedimiento criminal justificaron el que el jurado rindiera nn veredicto de asesinato en se-gundo grado. En la demanda que tenemos a la vista se alega que Marín dió muerte a Peraza deliberada y malicio-samente. Mediante estipulación de las partes, la transcrip ■ ción de evidencia en la cansa criminal fné admitida como prueba en relación con los hechos qne motivaron la muerte. Los hechos relativos al asesinato han sido revisados por la corte inferior y pueden hallarse también en El Pueblo v. Marín, 38 D.P.R. 666. Al final de aquella opinión, dijimos: ‘'Se trata de un caso claro,, de un crimen perpetrado con ensañamiento y crueldad extraordinarios.” Por tanto, no te-nemos que revisar los actos que produjeron el fallecimiento, sino solamente considerar la suficiencia de la demanda, la capacidad de las partes, el importe de los daños y perjuicios, y cuestiones similares.

Convenimos con el apelante en que si de la faz de la demanda no aparece que el procedimiento fue entablado por personas con derecho a instarlo, el defecto puede ser atacado por excepción previa. En cuanto a este extremo, la demanda decía que Peraza dejó por sus parientes más cercanos y como únicos herederos a la viuda Josefa Vega y a sus hijos legí-timos (nombrándolos) bajo la patria potestad de la madre, y, además, a dos hijos legítimos del primer matrimonio (de-signándolos), menores no emancipados, que representa y es-tán bajo el cuido de su abuela Providencia Colón.

El apelante ataca la suficiencia de la alegación relativa a los hijos del primer matrimonio; y alega que, siendo me-nores no emancipados, debieron estar representados por un tutor o defensor; que ésta es una acción entablada de con-formidad con el artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Como esos menores son partes verdaderamente intere-sadas, especialmente de acuerdo con el artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Civil, convenimos con la corte de distrito y con la apelada en que el supuesto defecto no podía ser ata-cado por una excepción previa general impugnando la sufi-ciencia de la demanda, sino que la objeción debió haberse hecho especialmente bajo el inciso 2o del artículo 105 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, que dispone:

“El demandado podrá presentar excepción previa a la demanda dentro del plazo señalado en la citación para conte'star, cuando re-sultare del contenido de aquélla, alguno de los extremos siguientes: ##>#*###
“2. Que el demandante no tiene capacidad legal para demandar.”

Según la apelada indica, el defecto pudo haber sido fácil-mente subsanado demostrando que la abuela era tutora de los niños, toda vez que la primera esposa había fallecido. Se renunció a la objeción en forma algo similar a la en que se renunciaron algunas cuestiones en el caso de Silva v. Carbonell, 35 D.P.R. 255-257.

Igualmente, según sostiene la apelada, la alegación con-tenida en la demanda fue a lo sumo únicamente una forma defectuosa de alegar que la abuela tenía la representación legal de los niños.

Otra objeción a la demanda fué que ésta dejó de demostrar que Peraza era mayor de edad. Aun si hubiese sido menor de edad, sus herederos o representantes tendrían una causa de acción por su muerte ilegal, si bien no bajo el artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Civil. Según indicaremos más adelante, y conforme la apelada sostiene, ésta no es una acción instada por virtud del artículo 61.

No hallamos que sea necesario discutir extensamente la suficiencia de la demanda en relación con los daños y perjuicios. En general, cuando los hechos alegados demuestran que hay causa de acción, la alegación general de daños y perjuicios es suficiente. Nada en contrario hallamos en 1.7 C. J. 1301, citado por el apelante. La demanda demostraba bastante más.

El segundo señalamiento de error es que ni en la demanda ni en la prueba hubo fundamento alguno para fijar el importe de los daños y perjuicios. Para discutir esta cuestión, el apelante asume que ésta es una acción que surge ex-clusivamente a tenor del artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Civil. No es así, según se ha resuelto en los casos de Zalduondo v. Sánchez, 15 D.P.R. 235; Silva v. Carbonell, 35 D.P.R. 255; Orta v. P. R. Ry. Light & Power Co., 36 D.P.R. 743. Cuando la muerte de nn hombre ha sido produ-cida deliberadamente, o ann negligentemente, puede recu-rrirse al artículo 1803 del Código Civil.

No podemos convenir con el apelante en que la corte inferior se entregó a una mera especulación en lo concerniente al importe de los daños y perjuicios. La prueba demostró que Peraza tenía 46 años de edad, gozaba de buena salud, ganaba un sueldo regular — percibía $2.50 diarios tal vez — e igualmente recibía una pensión de $25 mensuales. Aparentemente, también trabajaba en un predio de terreno. Nos inclinamos al criterio de que la corte podía tomar conocimiento judicial del tiempo que él podía esperar vivir (expectancy of Ufe). No hallamos que faltara ningún elemento para, la fijación de los daños y perjuicios. No creemos necesario considerar otros elementos que podrían integrar los daños y perjuicios, ni la posibilidad de daños punitivos en un caso como éste. Véase además Silva v. Carbonell, 35 D.P.R. 244.

La corte concedió $8,000, y el apelante no nos convence de que la concesión de esta suma constituya un abuso de discreción.

Tampoco hallamos abuso de discreción en la imposición de las costas.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe. Texidor,

license: Public Domain

text:
    Genara Ralat, demandante apelante, v. Rafael Nazario, José, Manuel y Francisco Ralat, demandados y apelados.
    No. 5060.

    Sometido: Diciembre 9, 1929.

      Resuelto: Diciembre 20, 1929.

      Gristi/no B. Colón, abogado de la apelante; Sergio León Lugo, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe. Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Este fue un procedimiento con arreglo a la ley de 14 de marzo de 1907, sobre tercerías (secciones 5260 a 5281, Com-pilación de 1911). Hecha la notificación por el secretario de la corte de distrito de Ponce en >20 de febrero de 1929, Genara Ralat que era la promovente tercerista compareció en 4 de marzo de 1929 ante la corte. Rafael Nazario, uno de los demandados, presentó una moción en la que alegó que Genara Ralat había comparecido doce días después de ser notificada, o sea dos días después de transcurrido el término que dan para la comparecencia los artículos 11 y 12 de la citada ley sobre tercerías; y pidió que se eliminara tal com-parecencia, se desestimara la demanda de la actora, por abandono, y se dictara sentencia de conformidad. La corte oyó a las partes, y por resolución de fecha 3 de junio de 1929, declaró con lugar la petición de Rafael Nazario, ordenando la eliminación de las demandas radicadas fuera de tiempo, y ordenando se registrara sentencia desestimando las recla-maciones por abandono de la acción. Esa sentencia fué re-gistrada en la misma fecha 3 de junio de 1929. Y Genara Ra-lat presentó, en 8 de junio de 1929, una apelación, siendo el contexto del escrito como sigue;

“Sr. Secretario de la Corte de Distrito de Ponce, Puerto Rico.
“Sr. Ledo. Sergio León Lugo, abogado del demandado Rafael Nazario, Ponce, Puerto Rico.
“Señores:
“Sírvanse quedar por la presente notificados, de que la deman-dante en la presente acción, Genara Ralat, no conforme con la reso-lución dictada por esta Hon. Corte en el presente pleito, con fecha 3 de junio de 1929, por la cual declara con lugar las mociones del demandado Rafael Nazario para que tenga a la demandante Genara Ralat, por desistida de su acción, por no haber, según resuelve la corte, hecho su comparecencia dentro de los diez días de notificados, y de su orden eliminando la ¡demanda radicada por dicha deman-dante Genara Ralat, 'según expresa la corte en su referida resolu-ción, apela de la misma para ante el Pión. Tribunal Supremo de Puerto Rico y de tal hecho notificamos a Uds. a todos los efectos de ley.”

Ahora el apelado Rafael Nazario pide la desestimación del recurso, fundándose en que

(a) La resolución de que se trata no es apelable, y
(b) Los demandados Manuel, José y Francisco Ralat no han sido notificados de la apelación.

En cuanto a la calidad de apelable de la resolución de 3 de junio de 1929, tiene razón el apelado. En el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil no aparecen las resoluciones de esta clase como susceptibles de apelación, por sí. La sentencia que se ordenó fuera registrada, y que se registró, sí es apelable, y contra- ella pudo interponerse el recurso, y no se hizo.

Está resuelto por este tribunal que una orden del juez de-clarando sin lugar la demanda, por ciertos fundamentos, y disponiendo que el secretario registre sentencia en debida forma, no es apelable (Larrínaga v. P. R. Ry. Light & Power Co., 28 D.P.R. 751).

Distínguese este caso de Sucesión Nieves v. Sucesión Sánchez, 17 D.P.R. 879, en que en el que resolvemos el ape-lante ha marcado de una manera específica e indubitable la resolución de que apela, como tal, y sin tener en cuenta la sentencia. Tal resolución queda identificada en forma.

En cuanto al segundo motivo, debemos decir que se ha traído al caso una declaración jurada de la que aparece que los demás demandados fueron notificados de la apelación, aunque la notificación no aparece del escrito original. Pero ésta es materia que lia sido tratada y resuelta en otros casos por este tribunal (Batlle v. Torruella, 39 D.P.R. 205).

Bebe desestimarse la apelación.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison, JUEZ ASOCIADO SEÑOR TEXIDOR,

text:
    Aurelio Oliveros, demandante y apelado, v. Luisa Canales, demandada y apelante.
    No. 4581.

    Sometido: Febrero 7, 1929.

      Resuelto: Diciembre 20, 1929.

      'li. H. F. Dottin, abogado de la apelante; R. García Mujica, abogado de] apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción sobre cobro del valor de ciertas provisiones, la demandada Luisa Canales solicitó se le eximieran de eje-cución bienes hasta la suma de $500, de acuerdo con la Ley del Hogar Seguro.

La demanda fue radicada en una corte municipal en marzo 11,1927, y la demandada contestó el 21 del mismo mes. Parece que en la corte municipal se suscitó alguna cuestión respecto a fraude, siendo el caso sumariamente juzgado y resuelto mediante affidavits. En el juicio de novo celebrado ante la corte de distrito, el caso fué sometido y resuelto en virtud de una estipulación eliminando todo lo relativo a fraude.

Los hechos sobresalientes así sometidos a la considera-ción de la corte de distrito y considerados por ésta, son: que Luisa Canales es dueña y poseedora de la octava parte de una cuerda de terreno, que se describe, así como de una casa enclavada en la misma; que no posee otros bienes; que ha vivido en esa casa desde febrero 13, 1927; que vive en compañía de sus nietos, menores de edad, llamados G-aspar Pebres y Ricardo Kerkadó; que dichos menores reciben su alimentación, medicinas, vestuario y asistencia médica do sus padres respectivos, Casimiro Pebres y Jesús Kerkadó; que, por su edad, Luisa Canales también recibe su alimenta-ción, vestuario y medicinas de sus hijos Félix Pebres y Pablo Pebres, quienes son mayores de edad y tienen constituidos sus respectivos hogares, y que Luisa Canales adquirió el in-mueble antes descrito por compra a doña Guillermina Gon-zález, previo consentimiento de su esposo, Casimiro Pebres, el 19 de marzo de 1926, según escritura pública No. 23, otor-gada ante el notario Juan Valldejulli Rodríguez, documento que no es inscribible.

La corte de distrito resolvió que los hechos así conveni-dos no revelaban un estado de hogar seguro, desestimó la solicitud de exención, y dictó sentencia a favor del deman-dante.

En 13 R.C.L. 558, sección 12, et seq., se dice que:

“Si bien la palabra ‘familia’ originalmente significaba sirviente o esclavo, esa palabra tiene abora un significado más comprensivo, y abarca un cuerpo colectivo de personas que viven en una casa bajo la mi'sma administración y jefatura, subsistiendo en común, y diri-giendo su atención a un objeto común, o sea, la promoción de sus intereses mutuos y de su felicidad social ...”
“■Aunque algunos casos sostienen que el deudor debe estar legal-mente obligado a 'sostener aquellas personas que le rodean para que pueda constituir un jefe de familia, ordinariamente un deber morad basta para servir de base a tal derecho . . . ” Id., sección 13.
“Cuando una persona tiene el dominio y la superintendencia de una casa y dirige sus asuntos, tal persona es cabeza de familia en el sentido má's amplio, y todos los que residen en la casa son miembros de la familia; pero a fin de que una persona se constituya en ca-beza de familia dentro del significado de una ley sobre bogar seguro, debe haber cierto estado de dependencia en esa persona, por ley o a virtud de los hechos, de parte de los que constituyen la familia. Em-pero, como ya hemos vi’sto, generalmente se ha resuelto que no es necesario que haya relación alguna de consanguinidad entre la persona que alega ser cabeza de familia y los miembros de la misma, considerándose como suficiente la existencia del deber moral de man-tenerlos ...” Id., sección 16.
“Las palabra's ‘jefe de familia' han sido definidas como la ca-beza, el dueño o la persona que está a cargo de una familia y que la mantiene, y no es aplicable a los miembros subordinados o a los residentes de la casa. Si bien en algunas jurisdicciones, al aplicar la's disposiciones constitucionales y estatutorias relativas al derecho del hogar seguro, la palabra household es considerada como muy similar a la frase ‘cabeza de famiba’ — de no ser casi sinónima de la misma — en otras se hace una distinción entre la acepción ordinaria de esos término's. Así, se ha resuelto que la disposición estatutoria de que a todo jefe de familia, que tenga familia, le asiste el derecho de exención por concepto de hogar seguro, no exige que tal jefe de familia no sea la cabeza de la familia. Aun bajo estatutos que expresamente disponen que todo jefe de familia en el estado, que sea padre de familia, tiene derecho al hogar seguro, se ha resuelto que una e'sposa participa del carácter de jefe de familia mientras ocupa, con su esposo, su propiedad como hogar, y se le permite de-signarla y afectarla como un hogar seguro, eximiéndola así de embargo y venta por la deuda mancomunada de ambos cónyuges, y que cuando el esposo hace un traspaso a su mujer con el fin de colocar al hogar fuera del alcance de 'sus acreedores, la esposa no está im-pedida de alegar el beneficio del estatuto concediendo el hogar se-guro, aun contra tales acreedores ...” Id., sección 19.
“Se ha resuelto que un abuelo o abuela que tiene un nieto que dependa de él o ella para su sostén es cabeza de familia, dentro del significado de este término tal como se usa en las leyes sobre ho-gar seguro, y que un abuelo que tiene un nieto, y un hijo que tra-baja fuera, no ha perdido su derecho al hogar seguro con la muerte del nieto ...” Id., sección 21.

En 29 C. J. 795, 798, secciones 36 y 37, hallamos lo si-guiente :

“Cuando el estatuto designa a la persona con derecho a reclamar el hogar seguro como ‘cabeza de familia.,’ ‘jefe de familia,’ ‘amo de casa,’ ‘jefe de familia que tenga familia,’ o ‘amo de casa con fami-lia,’ 'según sea el caso, dehe existir una ‘familia,’ dentro del signifi-cado de ese término en los preceptos relativos al hogar seguro, para con la cual la persona que alega la exención dehe sostener la rela-ción de cabeza de familia, de jefe de familia, o de amo de casa; y generalmente una sola persona, sin que nadie dependa de ella para su sostén, no puede 'ser cabeza de familia. Para que una persona sea cabeza de familia, jefe de familia, o ama de casa, dentro del Isignificado de las disposiciones sobre el hogar seguro, no es necesa-rio que sea el esposo, la esposa, el padre o la madre. Cuando la relación existe, se dice que la misma debe ser una. en que la auto-ridad personal sea continua y en que recaiga sobre la persona la obligación de velar por el bienestar de otros, quiene’s en ley deben reconocerla, y en realidad la reconocen como la cabeza de la familia. * =* * '* * * «
“Un jefe de familia o amo de casa ha sido definido como la ca-beza de la familia, aquél que sostiene una casa con su familia; la cabeza de la familia que está obligado a sostener. Si bien el signi-ficado corriente de las palabras ‘jefe de familia.’ es que etea person es la cabeza de la familia de quien dependen los demás miem-bros de la misma, y, por tanto, generalmente no abarca los miem-bros subordinados de la familia, se ha resuelto que la fra'se ‘amo de casa que tiene familia’ no exige, necesariamente, que el amo de casa sea la cabeza de la familia, y que existe la exención a favor de una. mujer casada que tiene bienes privativos que ocupa con su es-po'so e hijos. Desde luego, si el dueño de la casa no tiene familia, no es un ‘jefe de familia con familia’; y se ha resuelto que esto es así aun cuando la frase que se use en el estatuto sea meramente ‘amo de casa.’ Además, para que una persona tenga derecho al hogar seguro bajo un estatuto que lo concede a un ‘amo de casa que tenga familia,’ es claro que tal persona debe tener su hogar dentro del estado. Bajo circunstancias adecuadas, un dueño o amo de casa puede incluir a un marido, una esposa, una viuda, un viudo, un padre o una madre, una persona soltera, un tutor, o una tutora.
“Si bien hay algunas autoridades que re'suelven lo contrario, para que una persona se constituya en cabeza de familia, en dueña o ama de casa, con familia dentro de las disposiciones de la ley sobre el hogar seguro, debe mediar cierta condición de dependencia por parte de los otros miembros de la familia para con ella, y la obligación legal o moral 'suya de sostenerlos; y una simple congregación de personas que viven juntas bajo el mismo jefe no es suficiente, aun-que no es necesario que ellas reciban toda su manutención delj deudor. Si las personas que viven con el deudor no reciben manu-tención alguna de él, entonces no dependen de él. Los otro's miem-bros deben bailarse por lo menos en un estado de dependencia par-cial para su sostenimiento. Las personas habilitadas para ganarse la vida no dependen de otras, dentro del significado de la regla; mas sucede lo contrario en lo que respecta a niños que no poseen bienes suficientes para su sostenimiento, aunque trabajen y ganen parte de su propia subsistencia. Una per'sona que explota una casa de hués-pedes no es cabeza de familia cuando no hay en la casa otras perso-nas en adición a los huéspedes, es decir, cuando no hay otras perdo-nas que dependan de ella para su sostenimiento.
“En unos pocos de casos se ha re'suelto que debe, existir la obli-gación legal de sostener a alguien por parte de una persona, para que se constituya en cabeza de familia, como cuando se trata de la relación de marido y mujer, o padre e hijo; pero el peso de las autoridades está en favor de la regla de que una mera obligación moral o natural de 'sostener a alguien, y el estado de dependencia y de sostenimiento son suficientes.”

El artículo 212 y el 213, en parte del Código Civil leen como signe:

“Artículo 212. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la po'sición social de la familia. ^
“Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista, cuando es menor de edad.
“Artículo 213. Están obligados recíprocamente a darse alimen-tos, en toda la extensión que señala el artículo precedente:
“1. Los cónyuges.
“2. Los ascendientes y descendientes legítimos ...”

La sección primera de la. “Ley para definir el homestead (hogar seguro) y para exentarlo de una venta forzosa”, aprobada el 12 de marzo de 1903 — Estatutos Revisados de 1911, sección 1000 — dispone:

“Que todo jefe de familia, que tenga familia, tendrá derecho a tma finca de homestead, Rasta el valor de quinientos dollars (500) en una estancia-, plantación o predio de terreno y en los edificios conte-nidos en el mismo, que le pertenezca o que posea legalmente, en virtud de arrendamiento en otra forma, y estuviere ocupado por él o ella como su residencia; y dicRo homestead y todo derecRo o tí-tulo 'soRre el mismo estará exento de embargo, sentencia, exacción o ejecución, excepción RecRa de las contribuciones que adeudare, el valor de la venta (compra) de dicRa propiedad o la responsabilidad incurrida por mejoras que se hicieren en la misma, y excepción RecRa también de lo que más adelante se establece ...”

No trataremos por ahora, sin la ayuda de los letrados, de hacer un examen minucioso de los casos resueltos; de conformidad con los distintos estatutos vigentes en otras ju-risdicciones.

En el caso de National Bank v. Cruger, 31 Tex. Civ. A. 17, 24, el tribunal, por voz del Juez Asociado Sr. Key, dijo:

“El abogado del apelante sostiene que como la prueba demuestra que los sobrino's que se alega constituyen la familia de la Srta. Fannie Gruger eran dueños de una hacienda valiosa, y por tanto, no dependían de ella para su sostén, ella no era cabeza de familia; y para esa contención se descansa en el caso de Roco v. Green, 50 Texas 450. En ese caso la corte dijo:
“ 'Inferimos de las autoridades las siguientes reglas generales para determinar cuándo existe la relación de familia que prevé la ley: 1. Es una de carácter social, no meramente contractual. 2. La obligación legal o moral por parte del jefe de la familia de mante-ner los demás miembros. 3. El correspondiente estado de depen-dencia por parte de lo's otros miembros para su manutención. TRomp. on H. & E., seos. 45, 46, y las autoridades citadas.’
“No obstante la norma allí prescrita, en el caso posterior de Wolfe v. Buckley, 52 Texas 649, la misma corte, en una opinión confeccionada por el misino juez, consideró como un factor para de-terminar la cuestión del Rogar seguro el RecRo de que los Rijos me-nores de edad dependieran de la Sra. iBuckley para su educación moral, así como para ’su sostenimiento y manutención parcial. Desde luego, la Srta. Fannie Cruger originalmente no tenía obligación legal alguna de sostener y mantener o alimentar a sus sobrinos; pero habiéndolos sacado del hogar que tenían veinte años antes de surgir 1a, presente contienda, y habiéndose propuesto criarlos, educarlos y alimentarlos, contribuyendo grandemente a sn sostenimiento y ma-nutención, indudablemente recae sobre ella la obligación moral de continuar haciéndolo así mientras ellos permanezcan en un estado de depedencia; y la palabra ‘dependencia,’ según aquí se usa, no está limitada al sostenimiento y manutención — comida y vestuario. La intención es incluir la enseñanza moral e intelectual, así como el cuidado y la nutrición provocados por los sentimientos de afecto que la. prueba indicó existían entre la tía y los hijos de su infortu-nada hermana.”

Véase además First National Bank v. Sokolski, 131 S.W. 818.

En el caso de Zander v. Scott et al., 46 N.E. 2, 3, la Corte Suprema de Illinois, al interpretar nn estatuto que es el pro-totipo del nuestro, dijo:

“No vemos razón alguna por la cual una esposa, aunque viva con su marido, no pueda considerarse como la dueña de casa bajo esta disposición. A tenor del estatuto, no es necesario que la persona que recaba la exención sea la cabeza de la familia. Basta que él o ella sean ‘dueños de casa con familia’.”

En el caso de Carle v. Bamberger, 158 Pac. 599, Edmonia H. Dautell, una viuda, al adquirir la propiedad reclamada por ella como hogar seguro, se llevó consigo, para que vi-vieran en su compañía, a su hijo soltero de 26 años de edad, quien se sostenía a sí mismo y contribuía además al sosteni-miento de su madre; a una hija inválida, y al niño de ésta, a cuyo sostenimiento la hija contribuía; y al marido de la hija, quien era un oficinista insolvente y contribuía también a sostener su esposa inválida y su niño.

Al resolver la cuestión respecto a sí la propiedad así ocu-pada constituía el hogar seguro de una familia, el tribunal de Oklahoma dijo:

“ . . . Irrespectivamente de la relación que existía entre la hija ca'sada, su niño y el esposo para con ¡los otros que constituían el grupo, creemos que la relación existente entre Edmonia. y su hijo-soltero era suficiente para constituirlos a ellos dos en una familia dentro de los preceptos del estatuto. Esto es así debido a que, de-conformidad con la obligación moral existente entre ellos, ella con-tribuía al sostén de él dándole albergue bajo el tecbo de su bogar, y él con su salario contribuía al mantenimiento de ella.”

Nuestra ley de bogar seguro no define la palabra “fa-milia”. No dice que para que a un “jefe de familia, que tenga famiba” le asista el derecho a reclamar el bogar se-guro sobre determinada propiedad, debe proveer a esa fa-milia de “todo lo que es indispensable para el sustento, ha-bitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia.” No habla, de un jefe de familia que tenga una familia que dependa de él o ella para su sustento, ves-tido y asistencia médica. El elemento de habitación está in-cluido, desde luego, en el requisito relativo a la ocupación del bogar seguro como residencia. Sin duda alguna, se ne-cesita algún elemento de dependencia sobre el jefe de la fa-milia para que pueda demostrarse algún interés de parte del miembro o miembros de la familia en la conservación dei bogar seguro. En algunos casos (como por ejemplo cuando se trata de un hombre o una mujer célibes que se hacen cargo de uno o varios menores, o que comparten su hogar con uno o más adultos, no emparentados con el jefe de la familia por nexo alguno de consanguinidad o afinidad) la cuestión de de-pendencia para el sostenimiento puede llegar a ser un factor importante y decisivo de la situación. Sin embargo, el in-terés que pueda tener uno de los miembros de la casa en la conservación del bogar seguro no tiene necesariamente que ser del todo mercenario. Tratándose de una abuela, basta que los niños que viven en su compañía dependan de ella no sólo para su alojamiento, sino también para la educación propia del bogar y para aquellas comodidades intangibles que ofrece la vida hogareña y que sólo una madre o una abuela pueden proporcionar.

En el presente caso estos requisitos esenciales se ■ han cumplido plenamente.

Es un hecho significativo que el demandante en este caso trata de recobrar una cantidad que alega se le adeuda por concepto de provisiones compradas por la abuela. De suerte que aparece que la abuela, antes de ocupar la casa que abora reclama como su bogar seguro se sostenía a sí misma o a otros, o a sí misma y a otros. La mera circunstancia de que desde entonces baya dependido de sus bijos para su vestuario y sustento, y que la ropa y alimentación de los nietos pro-vengan abora de la misma fuente, no justifica la conclusión de ■que ella no es “jefe de familia, que tenga familia”, dentro ■del significado de la ley del bogar seguro.

Bebe revocarse la sentencia apelada en cuanto a la nega-tiva de la solicitud de exención hasta quinientos dólares hecha por la demandada, modificándose de conformidad respecto a otros particulares, y asi modificada, se confirma.

opinión DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR TEXIDOR,

CON LA CUAL ESTÁ CONFORME EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR AUDREY

Disiento de la opinión, porque entiendo que Luisa Canales no puede ser tenida en el concepto de “jefe de familia, que tenga familia”, requerida por nuestro estatuto para tener derecho al homestead.

Luisa Canales vive sostenida por sus bijos Félix Febres y Pablo Febres, que proveen a su manutención, vestidos y medicinas. Ella vive con dos de sus nietos menores que no se bailan bajo su potestad por tener padres en quienes re-siden los deberes y derechos de la patria potestad, y quienes atienden a la subsistencia de dichos menores; no puede de-cirse que la compañía de esos nietos la constituya en jefe de familia que tenga familia. Civilmente ella no tiene ese ca-rácter, ni lo tiene conforme al derecho natural, ni en el sen-tido económico.

Estoy de acuerdo con la interpretación que requiere que a fin de que una persona se constituya en jefe de familia a los efectos de la ley de bogar seguro, debe existir un estado de dependencia de parte de los que constituyen la familia, con respecto a esa persona.

Opino que la sentencia apelada debe ser confirmada. Es-toy autorizado para consignar que el Juez Asociado Señor Aldrey está conforme con esta opinión.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Buenaventura Rodríguez, acusado y apelante
    No. 3790.

    Sometido: Noviembre 5, 1929.

      Resuelto: Diciembre 23, 1929.

      Leopoldo Tormos, abogado del apelante; R. A. Comes, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó a Buenaventura Rodríguez y a otras personas del delito previsto en el artículo 358 del Código Penal porque “dentro del salón de la Corte de Paz de Santa Isabel per-turbaron la paz y tranquilidad del inmediato vecindario y la de la sesión de la corte . . . dando un viva en alta voz y forma estrepitosa, al partido Repúblieo-Socialista, . . . viva que fue repetido y secundado por todos y cada uno de los acusados, dentro del salón de la corte ...”

Los acusados fueron condenados por la Corte Municipal de Salinas. Apelaron para ante la Corte de Distrito de G-uayama y celebrado el juicio de nuevo la corte de distrito absolvió a seis y condenó a uno, Buenaventura Bodríguez, quien no conforme recurrió para ante este Tribunal Supremo.

Se alega como error la insuficiencia de la prueba. Sólo dos testigos declararon por parte de El Pueblo. Un policía y el juez1 municipal.

El policía, Salvador Morales, manifestó que la corte de paz se encontraba en la noche del 26 de julio 1928 celebrando juicios electorales; que surgió un incidente entre el abogado Felipe Colón y el juez porque el juez admitió a cierta persona que no era abogado que interviniera en los juicios; que Colón dijo:

‘ ‘ Pues entonces yo me voy, . . . cuando el licenciado Felipe Colón 'Díaz salió, la otra gente empezó a salir por la otra parte de la Corte, el señor Buenaventura Rodríguez salió por el frente del Juez, y con el permiso del Hon. Juez, al caminar a la acera dijo, que viva la Coalición Repúblico-Socialista, gritó, entonce's, toda la gente, mu-cha gente que había allí, secundaron el grito, cuando el señor Buena-ventura Rodríguez dijo así, en seguida cogí preso al señor Buena-ventura Rodríguez que ya estaba en la acera y lo llevé a presencia del Juez.”

El Juez de Paz Angel Torres, se expresó como sigue:

“R. — En uno de esos casos en que el señor .Robledo como testigo pedía a la Corte que como te'stigo, bajo el juramento que él prestaba que le dejara hacer algunas declaraciones particulares que quería hacer en defensa del caso-, que como testigo defendía, entonces el abogado que representaba al acusado pidió a la Corte que no era posible y yo declaré sin lugar la moción del abogado, dándole la oportunidad esa a Robledo, como testigo, y entonces el abogado dijo, bueno pues yo me voy y 'se fué, y detrás de él se fué también Ven-tura Rodríguez, y cuando se levantó, dentro de la Corte dió un viva al partido Repúblico-Socialista, y después que él -dió ese viva, fué secundado el viva por muchas de las personas que estaban en la sala, en la parte atrás, las cuale's yo no puedo decir si fueron unos y otros. — P.—Además de las personas que secundaron el viva del se-ñor Rodríguez, Ud. vió alguno de estos acusados además del 'señor Rodríguez? — R.—No puedo decirle. — P.—Adoptaron igual actitud que el? — P.—No .pude verlos, yo exclusivamente vi al feeñor Rodríguez que fué así frente de mi mesa. — P.—-El grito ese que dió el señor .Rodriguez fué un grito estentóreo, fuerte? — R.—Un grito completa-mente estentóreo, fuerte.”

La prueba de la defensa tendió a demostrar que los hechos habían ocurrido fuera de la sala de la corte y que en modo alguno produjeron la alteración de la paz.

Un viva a un partido político es un acto lícito, susceptible de agitar las almas de los que lo oyen, entusiasmándolas, y capaz de producir una demostración pública ruidosa, pero que en sí mismo no constituye una perturbación delictiva de la paz, pero cuando ese viva se pronuncia como en este caso dentro del salón de una corte donde se celebra un juicio en la forma expuesta por el juez de paz, y de hecho se altera el oí den, entonces constituye claramente por su propósito y efectos uno de los actos previstos y castigados por la ley, que lo es aquí el amplio artículo 358 del Código Penal.

Examinada, pues, la declaración del juez de paz no puede sostenerse que no hay prueba qué sostenga la sentencia. Está dicha declaración en conflicto en ciertos extremos con la del otro testigo: de cargo y con la evidencia que aportó la defensa, pero el juez de distrito le dió entero crédito, y no se ha demostrado que al actuar así lo hiciera movido por otro impulso que no fuera el de administrar justicia de acuerdo con los hechos y la ley.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Benito Mestey, acusado y apelante.
    No. 3723.

    Sometido: Diciembre 20, 1929.

      Resuelto: Diciembre 23, 1929.

      £{. Martínez Nadal y M. Scmtana, abogados del apelante; B. A. Gó-mez, abogado de MI Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal formuló acusación contra Dolores Maysonet y Benito Mestey porque el 31 de diciembre de 1926 voluntaria y maliciosamente quemaron la casa No. 61 de la calle de Columbia de Bayamón propiedad del segundo que la tenía asegurada, con el propósito de defraudar a la compañía aseguradora.

Los acusados alegaron ser inocentes y pidieron juicio por jurado. Llamada la causa para juicio la corte a petición del fiscal excluyó de la acusación a Maysonet ordenando el archivo de la causa en cuanto al mismo. Practicada la prueba, el jurado declaró culpable a Mestey y la corte lo condenó a sufrir tres años de presidio con trabajos forzados.

No conforme Mestey apeló para ante esta Corte Suprema y presentó un alegato* que no cumple las disposiciones regla-mentarias en cuanto al señalamiento y discusión de los errores. En el acto de la vista del recurso estuvo el ape-lante representado por su letrado que basó toda su defensa en el carácter deleznable, inverosímil y falto de crédito que atribuyó a la evidencia practicada motivo por el cual alegó que era insuficiente para sostener el veredicto de culpabilidad y la sentencia condenatoria apelada.

Hemos estudiado la evidencia y a nuestro juicio es bastante.

No bay la más leve duda con respecto al hecho del incendio en sí. No sólo quedó destruida la casa a que se refiere la acusación sino que el incendio que en ella comenzó se extendió llegando a destruir unas ochenta y cuatro casas en el pueblo de Bay anión, entre las cuales se encontraban otras del acusado también aseguradas.

La culpabilidad del acusado está probada a nuestro juicio más allá de una duda razonable. Maysonet lo acusa directa-mente. La casa estaba desocupada. Maysonet fue con sr£ dueño el acusado según él a lavar sus pisos y en el interior encontró “dos sacos mojados con gas y en el piso una vela prendida,” viendo además al acusado “baldeando con gas-por dentro.” Así salieron de la casa, el acusado la cerró y poco después se produjo el incendio.

Es cierto que no se explica satisfactoriamente lo que dice Maysonet que dijo al acusado al ver los sacos y la vela a saber: “Benito, qué es eso?”, contestando Benito: “Cállate que te asesino o te hago cómplice,” porque parece invero-símil que el acusado llevara a un extraño bajo aquellas circuns-tancias a su casa, pero sí se explica perfectamente lo ocurrido actuando Maysonet en criminal combinación con Mestey, sobre todo después de conocido el resto de la prueba.

Aceptando esa explicación con todas sus consecuencias, esto es, reconociendo- en el testigo el carácter de mi verda-dero cómplice, encuéntrase que su declaración está corrobo-rada como exige la ley para que pueda ser tenida en cuenta.

El testigo Alfonso Castro declaró que como dos meses antes del incendio el acusado le propuso que le daría dos-cientos dólares si le pegaba fuego a la casa y el testigo contestó que buscara otro, y declaró además que después del incendio el acusado le dijo que Maysonet “había metido la pata porque eso era para hacerlo de noche y lo había hecho de día.”

Se hace gran énfasis en que Castro fue condenado varias veces. Así resulta en efecto, pero ¿ a qué otra clase de persona pudo proponerse lo que el acusado propuso al testigo? Las condenas no fueron por delito de perjurio.

Surge de las declaraciones de Maysonet y de Castro la seguridad con que el acusado hablaba sobre el hecho de lo difícil, de lo casi imposible que es el probar los delitos de incendio. De tal manera ello es' así, que a no haber hablado a medias la conciencia de Maysonet quizá movida por la magnitud de las consecuencias de su crimen a virtud del cual quedaron sin hogar tantas familias pobres, — la prueba muestra a Maysonet yendo a hablar con Mestey a su casa y diciéndole: “Aquello parece un cementerio” — y a no haberse sentido seguro de su absolución, la condena de Mestey hubiera sido tarea bien ardua para el pueblo.

¿Por qué habló Castro? Su declaración es sospechosa como son siempre sospechosas las declaraciones de personas como él, pero no habiéndose demostrado ningún móvil avieso, su testimonio queda en pie. ¿Por qué no pensar que pudo influir también en su conciencia la magnitud del desastre? ¿No parece lógico que su misma- anterior conexión con el suceso lo llevara a enterarse de cerca y entonces a ponerse en relación con Maysonet y trabajar como< trabajó por obtener su libertad bajo fianza y hasta llegar a decirle, como dice que le dijo una vez: “Como Benito te quiere embarcar, embár-calo a él.”

Pero no es sólo la declaración de Castro la que existe en. el proceso.

La testigo Inés Rivera aporta datos muy importantes. Vió entrar y salir de la casa incendiada a Maysonet y al acu-sado tal como dice Maysonet. Yivía detras de la casa y 1 ‘ sin-tió una peste a gasolina,” fué a buscar un cajón y al acer-carse a la casa de Benito (el acusado) “era más fuerte la peste, y como a las siete la señora del frente dijo: 'Mercedes, de qué es esa flama?’, miré y nos fijamos que el fuego salía adentro, dentro de la casa, salía el fuego así y al momento explotó, como que reventó y salió por los lados.”

Varios testigos más vieron también a Maysonet y al acu-sado en la casa que estaba desocupada bacía dos meses y c-xplican el fuego lo mismo que Inés Rivera saliendo de dentro de la casa cerrada.

Si a esto se agrega que tres testigos competentes decla-raron que la casa que estaba, asegurada por ochocientos dó-lares era conocida de ellos y sólo valía de doscientos cincuenta a trescientos, habiéndose quemado otras casas también del acusado aseguradas todas por un valor superior al que real-mente tenían, y lo dicho por varios testigos, entre ellos un policía, en relación con la actitud del acusado tratando de impedir que su casa fuera destruida para localizar el fuego, se concluirá que existe prueba independiente abundante que conecta al acusado con el crimen y que constituye una com-pleta corroboración de la participación que en él le atribuye su cómplice Maysonet.

La prueba de descargo entre la cual está la propia de-claración del acusado tiende a contradecir la de cargo. El Jurado resolvió el conflicto. Nada demuestra pasión, pre-juicio, parcialidad. Ningún error manifiesto aparece. Al contrario, del conjunto de la prueba surge, como dijimos antes, la culpabilidad del acusado más allá de una duda razonable.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Pkesidente SeñoR del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Pacheco Vidal, acusado y apelante.
    No. 3828.

    Sometido: Diciembre 3, 1929.

      Resuelto: Diciembre 23, 1929.

      R. Martinez Nadal, abogado del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pkesidente SeñoR del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó a Luis Pacheco Vidal de que valiéndose de 'falsas y fraudulentas simulaciones obtuvo de Antonio Es-pasas que le facilitara a préstamo tres mil quinientos dólares mediante garantía hipotecaria de una finca urbana, casa y solar, ubicada en 'Santurce, y al otorgar la escritura descri-bió una finca distinta de la que había convenido hipotecar de valor inferior, haciendo figurar una casa que no existía, y logrando así defraudar al dicho Antonio Espasas en los tres mil quinientos dólares prestados.

Celebrado el juicio, Pacheco fué declarado culpable por el jurado del delito imputádole y condenado por la corte a dos años de presidio con trabajos forzados. No conforme interpuso esta apelación sosteniendo que la sentencia debe ser. revocada, 1°., porque la. acusación no le imputa un delito público; 2°., porque el veredicto es contrario a la prueba; 3°., porque la corte erró al declarar sin lugar su moción de absolución perentoria; y 4°., porque erró también al tras-mitir cierta instrucción al jurado.

El fiscal de esta Corte Suprema acepta que se cometieron los errores segundo, tercero y cuarto y opina en tal virtud que debe revocarse la sentencia apelada.

A nuestro juicio la acusación es bastante, pero la prueba no es suficiente.

Hemos visto que el hecho imputado al acusado consistió en haber obtenido que Antonio Espasas le prestara la suma de tres mil quinientos dólares a virtud de la falsa representa-ción de que garantizaría el préstamo con cierta finca, garan-tizándola en efecto pero con otra de inferior valor, logrando así defraudar a Espasas.

La prueba demuestra de modo claro, terminante, a virtud de las declaraciones de Antonio Espasas y de su hermana Carmen Espasas que si hubo fraude fué a Carmen y no a Antonio porque Carmen fué la que hizo la negociación con el acusado, limitándose Antonio a facilitar a Carmen mil quinientos dólares.

Bajo esas circunstancias existía una incongruencia fatal entre la acusación y la prueba. Con la prueba aportada por El Pueblo no pudo el jurado declarar al acusado culpable de haber obtenido a virtud de falsas y fraudulentas simulaciones de Antonio Espasas la suma de tres mil quinientos dólares defraudando al dicho Antonio Espasas en esa suma o en parte de la misma, que fué el hecho delictivo que se le imputara. La corte de distrito debió haber declarado con lugar la moción de absolución perentoria.

Habiendo llegado a esas conclusiones, no nos detendremos a analizar el error que se refiere a la instrucción trasmitida al jurado.

Debe revocarse Da sentencia recurrida y absolverse al acusado.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: Iül Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Crespo Martínez, acusado y apelante.
    No. 3945.

    Sometido: Diciembre 13, 1929.

      Resuelto: Diciembre 23, 1929.

      Genaro Altiery, abogado del apelante; B. A. Gomes, y F. Peres Al-miroty, abogados de El Pueblo, apelado.
   Iül Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Crespo Martínez, de diez y siete años de edad, insolvente, fue acusado por el fiscal como autor de un delito de escalamiento en primer grado, declarado culpable por el jurado y condenado por la corte a sufrir dos años de presidio con trabajos forzados.

Solicitó un nuevo juicio basándose en la insuficiencia de la prueba y la corte negó su petición.

Apeló para ante este tribunal y en su alegato, firmado por él solamente, solicita la revocación de la sentencia! porque siendo pobre no se le nombró un abogado que le defendiera y porque la prueba aportada por el fiscal no es. suficiente.

De los autos aparece que en efecto el acusado, no tuvo abogado que lo defendiera en el acto de la vista, pero no aparece que solicitara de la corte, como sucedió en el caso de El Pueblo v. Plata, 36 D.P.R. 590, que se le nombrara un defensor.

En verdad que dadas la edad y la insolvencia del acusado, pudiera considerarse éste un caso propio para que la corte hubiera ejercitado su discreción nombrándole un abogado que lo asistiera, pero sin más datos no nos sentimos justificados para concluir que se cometió un abuso de discreción que lleve consigo 1a, revocación de la sentencia.

La moción, de nuevo juicio preparada por nn abogado, se basó en. el récord taquigráfico, de la evidencia aportada por el fiscal. En la misma moción se extracta la prueba. A juzgar por el extracto habría que concluir que el' apelante tiene razón, pero el apelante no nos ha colocado en condiciones de resolver su caso al no incluir en la transcripción las notas taquigráficas. Un caso igual fué resuelto por esta Corte en 1910 y desde entonces quedó claramente establecida la siguiente jurisprudencia:

“No habiendo en la transcripción de autos una relación de he-chos que contenga la prueba practicada en el juicio, no es pósible discutir en la apelación una moción de nuevo' juicio fundada en que el veredicto es contrario a las pruebas, ni puede servir de base, para considerar y resolver tal moción, la relación que de las pruebas hubiere hecho en el escrito solicitando el nuevo juicio, por carecer esta relación de lo's requisitos necesarios para darle la debida auten-ticidad.” El Pueblo v. Benítez, 16 D.P.R. 797.

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señok del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Acevedo, acusado y apelante.
    No. 3827.

    Sometido: Noviembre 7, 1929.

      Resuelto: Diciembre 23, 1929.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señok del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Esta causa comenzó por una denuncia presentada en la. Corte Municipal de Utuado que, en lo pertinente, dice:

"... formulo denuncia contra Manuel Acevedo, vecino de Ca-muy, Puerto Rico, por delito Infracción See. 5 de la Ley No. 19 de 2923, enmendada por la No. 100 de 1925 y por la No. 24 de abril 23 de 1927, cometido de la manera siguiente: Que en julio de 1928, y en Utuado, del Distrito Judicial de Arecibo, Puerto Rico, el acu-sado Manuel Acevedo, no siendo un agricultor, voluntaria y malicio-samente dejó de pagar los derechos de inspección de tabaco ascen-dentes a $174.00 correspondientes a 543 bultos con 87,144 lbs. de ta-baco que vendió y despachó durante el mes de julio de 1928, dere-chos de inspección que debieron ser pagados según lo dispone la citada Ley y en el tiempo señalado en los Reglamentos vigentes, de junio 1 de 1927, promulgado al efecto por el Tesorero de Puerto Rico, ...”

Dictada sentencia condenatoria en la corte municipal, el acusado apeló para ante la de Distrito de Arecibo y en ella alegó que los hechos que se le imputaban no eran constitu-tivos de delito. Declarada sin lugar la excepción se celebró1 el juicio de nuevo y la corte condenó al acusado a pagar cien dólares de multa y en defecto de pag’o a sufrir un día de cárcel por cada dólar dejado de satisfacer.

No conforme aún el acusado apeló para ante la Corte Suprema, sosteniendo como único error el cometido a su juicio por la corte al resolver la excepción previa.

Conocemos los hechos imputados al acusado. La ley in-fringida (Leyes 1927, p. 161) dice:

"Sección 5. — La estampa de garantía se 'suministrará gratis y so-lamente se cobrará un derecho de inspección en la- forma siguiente: Todo fabricante, traficante o despalillador de tabaco en Puerto Rico, que usare, vendiere, o despachare tabaco, sea cual fuere la proceden-cia de éste, pagará un derecho de inspección de veinte (20) centavos por cada cien libras de tabaco o fracción de cien que hubiere usado, vendido o despachado durante el me's.
"Los agricultores de tabaco estarán exentos de las disposiciones de esta Ley, siempre que el tabaco sea cosechado por ellos y vendido en Su forma original, puesto en fardos al ser retirado de las estibas, pero si éste es sometido al proceso de clasificación y empaque o al despalillado, entonces quedarán sujetos al estricto cumplimiento de esta Ley.
‘ ‘ Estos derechos ’serán pagados en sellos especiales en la forma que el Tesorero de Puerto Rico prescribiere en sus reglamentos.
“Todo fabricante, traficante o despalillador de tabaco u otra persona que de acuerdo con las disposiciones de esta Ley e’stuviere obli-gado al pago de los derechos de inspección por la misma estableci-dos, y que dejare de pagar éstos en el tiempo y en la forma que el Tesorero de Puerto Rico pre'scribiere por reglamentos será responsa-ble de un delito menos grave (■Misdemeanor) ...”

T el acusado sostiene que no alegándose en la denuncia) que él fuera un traficante de tabaco, no se le imputa el delito que la ley prevé y castiga.

No estamos conformes. La ley exime a los agricultores y en la denuncia se va tan lejos como alegar la negativa, esto es, que el acusado no es agricultor. La ley castiga a “todo fabricante, traficante o despalillador de tabaco u otra persona” que cometiere el acto que prohíbe. Es cierto que en la denuncia no se alega expresamente que el acusado sea fabricante, traficante o despalillador, pero sí se alega que es la otra persona que tuvo en mente la ley, ya que se dice: “Manuel Acevedo, vecino de Camuy, P. R.,” una persona, “voluntaria y maliciosamente dejó de pagar los derechos de inspección de tabaco ascendentes a $174.40 correspondientes a 543 bultos con 87,144 libras de tabaco que vendió ...”

Fue precisamente para comprender sin distingos de ningún género casos como el del acusado que se amplió el párrafo cuarto de la citada sección 5 de la ley infringida, que es el en que se establece la penalidad. La otra persona de que habla dicho párrafo, por sus propios actos se convierte en traficante y por lo tanto en uno de los traficantes a que se refiere el párrafo primero. De otro modo podría suscitarse la cuestión de si el traficante penado por la ley era únicamente el que se dedica regularmente a tal negocio cumpliendo con todos los requisitos que la ley y los reglamentos sobre la materia exigen, colocando así a la persona que cumple sus deberes en peores condiciones que la que elude cumplirlos.

El ejercicio del comercio es libre. La Legislatura puede regular ese ejercicio pero no puede prohibir que una persona,, por ejemplo, yenda a otra una partida de tabaco. Abora bien, como sería injusto que las regias que imponen el pago de ciertos derechos de inspección fueran cumplidas úni-camente por los traficantes regulares que llevan libros sujetos a ser examinados, y no por los que realizan el mismo acto oca-sionalmente, la Legislatura puede imponer el pago del derecho lo mismo al traficante de ocasión que al regular y someterlo a la pena que lleva consign la violación de la ley.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emilio Nieves, acusado y apelante.
    No. 3784

    Sometido: Junio 6, 1929.

      Resuelto: Diciembre 24, 1929.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación, en lo pertinente, dice: “El referido acusado, Emilio Nieves, el 5 de octubre de 192.8 y en el barrio de Arrozal de Arecibo, . . . ilegal, voluntaria, maliciosa y cri-minalmente, con motivo de una súbita pendencia o arrebato de cólera, acometió y agredió con un machete, que es un arma mortífera, y con intención de dar muerte a Otilio Roig, (ser humano) infiriéndole varias heridas graves que le ocasio-naron la muerte al día siguiente.”

Alegó el acusado su inocencia, fué la cansa a juicio y el jurado rindió un veredicto de culpabilidad. La corte, el 21 de-diciembre de 1928, dictó sentencia condenando a Nieves a sufrir cuatro años de presidio con trabajos forzados.

Contra esa sentencia se ha interpuesto el presente recurso de apelación, alegándose que la corte erró: 1°., al no permitir declarar al perito medito presentado por la defensa sobre el tratamiento inadecuado recibido por el herido Otilio Roig; 2o., al no permitir a la defensa presenta^ otra prueba después de haber permitido a dos jurados, cerrado el caso por el fiscal y la defensa, hacer preguntas al único testigo que había presentado El Pueblo; 3°., al dictar sentencia contra el acusado por ser el veredicto contrario a derecho y a las pruebas; 4°., al no hacer un resumen de la evidencia en sus instrucciones al jurado, y 5°., al imponer al acusado una pena excesiva en relación con las circunstancias en que se cometió el delito.

Como el quinto error no se discute en el alegato, pres-eludiremos de considerarlo. Además, si se llega a la con-clusión de que hubo base para rendir el veredicto que el jurado rindiera en esta cansa, es tan claro que no existe la más leve base para considerar excesiva la pena impuesta por la corte al apelante, que se explica perfectamente la conducta de su letrado.

Alterando el orden del señalamiento de errores, comenzaremos por el tercero, o sea el que sostiene que el veredicto es contrario a derecho y a la prueba. Podríamos limitarnos a decir que la prueba fué contradictoria y que habiendo el jurado resuelto el conflicto, su decisión debe prevalecer; pero dadas las circunstancias del caso y el énfasis con que se ha sostenido que la prueba no es suficiente, procederemos a analizarla.

La evidencia aportada por el fiscal consistió en una cer-tificación del registro civil de la que consta que Otilio Roig Quiñones, de treinta y ocho años de edad, casado, natural de Arecibo, blanco, bracero, falleció a las diez y media de la noche del seis de octubre de 1928 “a consecuencia de shoch hemorrágico secundario o heridas de arma blanca,” en el Hospital Municipal de Arecibo.

Las heridas, según el perito médico que declaró en el juicio, fueron: una en la oreja izquierda de carácter leve, otra en la cara, lado izquierdo, bastante profunda, otra en la mano izquierda, región dorsal, que seccionó los tendones de los dedos medio p índice e interesó los huesos, y otra herida extensa en el brazo derecho tan profunda que sec-cionó el biceps y el' braquia1. Tenía otras heridas contusas en la espalda. La herida del brazo fué la que produjo la hemorragia que ocasionó la muerte.

Luego del médico declaró un solo testigo más, Rafael Roig, hijo del interfecto, de doce años de edad, que se ex-presó así:

“Papá salió a la. finca y encontró a Emilio cortando una leña en lo de él, y le dijo que no destruyera aquella leña, que la dejara quieta; y se puso con malas palabras y ahí le desarrajó con la daga, y papá tenía un cantito de machete y no se podía defender con él y se le cayó y lo cogí y eché a correr, porque me iba a caer encima a mí.”

■ Preguntado y repreguntado insistentemente, se sostuvo en. lo dicho.

La defensa para, “probar que este acusado no trató de matar a Eoig y lo que hizo fué defenderse para evitar que lo mataran y que si no lo hace hubiera muerto,” presentó al testigo Alejo Nieves, hermano del acusado. Alejo declaró:

“Yo y Emilio e'stábamos juntando una hoguera . . . Nosotros estábamos haciendo la hoguera y llegó Otilio Roig y dijo: hijo de la gran puta, esta leña es mía, y dijo Emilio si es tuya cógela, que me voy para casa; y dijo Otilio Roig: no; yo vengo a matarte o a que me mates . . . En seguida cogió el machete y le cayó a ta-jos .. . Sí, señor; Roig le dió una herida en un brazo a Emilio .. . Antes de Emilio cortarlo . . . Roig después de herido co-gió para donde Juan Centeno y Emilio para casa . . . • Yo me vine con Emilio. ’1

El interrogatorio de repreguntas fué, en parte, así:

“P. — Cómo fué, que se defendió? — Escapándole con la daga.— P. — No hizo más que escaparse con la daga? — Reculando para atrás. —P.—Fué todo lo que hizo? — Sí, señor. — P.—No hizo nada más?— Nada más . . . —P.—Y estuvo así 'siempre y no hizo nada?’1— Nada . . . P. — No hizo nada? — No, señor. — P.—No lo cortó tam-poco? — Si, señor; le dió un tajo en una muñeca, Otilio Roig al otro. —P.—Pero Emilio Nieves al otro? — No le hizo nada. — P.—Estás se-guro? — En los primeros tajos no le hizo nada. — P.—Y cuándo le hizo? — Viendo que lo iba a matar Otilio se defendió como mejor pudo. — P.—Cómo fué que se defendió, que es lo que queremos saber? Qué fué lo que hizo para defenderse? — Reculando para atrás y ta-pándose con la daga, y según tiraba el tajo le metía la daga. — P.— Lo único que hacía era éso? — Sí, señor.”

Declarando como su propio testigo Emilio Nieves, en parte dijo:

“Estando haciendo esa hoguera, en lo de papá, llegó Otilio Roig y me dice: sinvergüenza, hijo de la gran puta,, quién te ha dado ese terrena? y yo contesté: si el terreno es tuyo cógelo y la ho-guera, que me voy para casa; y ahí mismo me cayó encima y me defendí y le dije: Otilio, no peleemos que esto no vale nada, y dijo: o me matas o te mato; y volví y dije: no peleemos que esto no vale nada . . . P. — Él le hirió a Ud. antes? — Él me hirió a mí.— P.- — Le tiró primero él con el machete? — Sí, 'señor. — P.—Le hirió?— Sí, señor. — P.—Dónde?—En esta muñeca. — P.—Antes de defenderse Ud. ? — Sí, señor. — P.—Tiene alguna cicatriz en esa mano ? — Sí, señor. —P.—Muéstrela a los Jurados. — (La muestra).”

Luego, a repreguntas del fiscal, se produjo así:

“P. — Le tiró con el machete? — Sí, señor. — P.—Cómo?—Así.—P. —Y- lo cogió en la mano ? — Sí, señor . . . P. — Y le hizo esa cicatriz nada má's? — Sí, señor. — P.—No le tumbó el brazo? — No, señor; no me tumbó el brazo porque tenía un gabán y una camisa y partió el gabán y la camisa. — P.—No le hizo más que eso? — Eso.—P.—No le dió otra herida? — R.—No, señor; me defendí como mejor pude.”

Tal fué la evidencia. Es cierto que el único testigo pre-sencial de cargo era un testigo interesado.' También lo era el presentado por el acusado. El primero era hijo del inter-fecto, el segundo hermano del acusado.

El resultado de la lucha corrobora la declaración del tes-tigo de cargo. El número, el sitio 7 la gravedad de las heridas que Nieves infirió a Roig comparado con la cicatriz de la única que según Nieves le infiriera Roig, cicatriz que mostró al jurado sólo dos meses y doce días después de in-ferida la herida, inclinan el juicio a favor de la teoría del fiscal.

La prueba es suficiente para demostrar el delito y la cul-pabilidad del acusado. No se cometió, por tanto, el tercero de los errores señalados.

Por el primer error se levanta una cuestión que fué ya objeto de estudio y decisión por esta corte en otro caso procedente de la Corte de Distrito de Arecibo: El Pueblo v. Juan Rodríguez, (39 D. P. R. 929) por homicidio voluntario, donde se dijo:

“En apelación se nos llama la atención hacia el hecho de que el interfecto tal Tez no hubiese muerto de haber recibido la debida aten-ción médica. En otras palabras, se insiste en que Albarrán no hu-biese muerto 'si hubiera recibido el tratamiento médico adecuado. Po-dría surgir la duda de si un golpe como el inferido en el presente caso ordinariamente hubiera producido la muerte. Sin embargo, la muerte fué la consecuencia natural del golpe inferido en este caso. Ninguna otra causa intervino. El dejar de obtener tratamiento mé-dico adecuado no es tal causa intermediaria.
“La jurisprudencia es clara y ha sido durante siglo's que si se infiere un golpe que no es necesariamente mortal y sin embargo la víctima muere, el agresor, siempre que concurran los otros elementos necesarios del delito, puede ser condenado por la muerte de tal persona. El caso de Rew, J. Kelying, 26 English Reprint, tomo 84, p. 1066, El Pueblo v. Lewis, 124 Cal. 551, 13 R.C.L. 751, párrafo 57, y casos citados; nota 22, L.R.A. (N.S.) 841 y otras citas contenidas en el alegato del fiscal.”

Si ello es así, claro está que la corte sentenciadora no erró “al no permitir declarar al perito medico presentado por la defensa, sobre el tratamiento inadecuado recibido por1 el herido Otilio Roig”.

Parece conveniente citar lo resuelto por las Cortes Su-premas de Iowa y Montana en los siguientes casos:

‘ ‘ En un proceso por asesinato no es error rehusar permitir al abo-gado defensor penetrar en la cuestión de Si alguna forma especial de operación quirúrgica podría haber salvado la vida al interfecto, no habiéndose demostrado que alguna otra causa que no fueran los actos del acusado fuera la causa de la muerte.” State v. Seery, 105 N. W. 511.
“En un proceso por homicidio cuando se demuestra que la muerte Siguió a la herida sin que interviniera ninguna otra causa indepen-diente calculada para producir la muerte a no ser la lesión ilegal pro-ducida por el acusado, toda evidencia para demostrar falta de ade-cuado tratamiento al interfecto después de la herida y antes de la muerte, debe ser excluida.” State v. Pell, 119 N. W. 154.
“En un proceso por homicidio donde el acusado alegaba que la muerte había resultado por tratamiento inadecuado, y no por la he-rida, una pregunta dirigida al médico que trató al interfecto acerca de que si el interfecto hubiera recibido pronto y adecuado trata-miento quirúrgico él hubiera muerto en tan pocas horas, no tendía a demostrar que la herida fuera mortal por necesidad, fué propia-mente excluida.” State v. Halk, 141 Pac. 149.

T se concibe lógicamente que así sea, ya que toda persona debe ser responsable de las consecuencias naturales de sus actos.

No quiere ello- decir que cuando una persona a quien se infiere una herida muere después, dentro de un año y un día (art. 205 del Código Penal), no pueda demostrarse que la muerte se debió a otra causa independiente de la herida. En tal caso la muerte no sería la consecuencia natural de la herida sino la de la otra causa independiente, y no existiría delito alguno.

Pero cuando la muerte es consecuencia natural de la herida, la cuestión del tratamiento de ésta en nada influye en la calificación del delito. Y que la muerte fué aquí la con-secuencia natural de la herida, lo demuestra la propia de-claración del perito a quien después de todo y tras el largo debate que se suscitara en el juicio, se le permitió que decla-rara, así:

"A preguntas del Abogado Sr. Martínez Avilés, declaró: P. — Dr. Ud. podría decir la causa o motivo por el cual murió o falleció ese hombre, Otilio Roig? — El individuo, cuando lo trajeron al hospital, según dije anteriormente había perdido una cantidad enorme de san-gre debido a que las ligaduras que le habían puesto no eran eficien-tes, no eran bien apretadas y continuaba sangrando hasta, que lo tra-jeron al ho'spital y se le prestaron los auxilios necesarios y estaba en un estado de shock profundo, debido a la hemorragia sufrida, y ella fué la causa, directa de la muerte, el shock producido por la hemorragia. — P.—Fué el shock? — Sí, señor; el shock producido por la hemorragia. — P.-—Dijo antes que esas heridas no eran ninguna de ellas mortal por necesidad? — Ninguna de ellas.”

Los errores segundo y cuarto relativos a no haberse permitido a la defensa presentar nueva prueba después de permitir, cerrado el caso, a dos jurados que interrogaran al testigo del fiscal, y a no haber resumido el juez la evidencia en sus instrucciones al jurado, carecen de importancia.

Sucedió que una vez que terminó la prueba de la defensa, uno de los jurados preguntó a la corte si le sería posible hacer algunas preguntas al testigo Rafael Roig. Contestó afirmativamente la corte. Fué llamado el testigo e interro-gado sobre los mismos extremos de su anterior declaración. Entonces ocurrió lo que sigue:

“Abogado Sr. Martínez Avilés. Ahora que se ha abierto el caso solicito de la Corte que se me permita preguntar a otro testigo de la defensa. — Hon. Fiscal. Me opongo a que el caso se abra de nuevo. —Abogado Sr. Martínez Avilé's. Es discrecional de la Corte. Pudo denegar la petición del jurado, y también es discrecional que esta defensa haga la pregunta a un testigo. (Ambos letrados argumen-taron) . — Hon. Juez. Sostenida la oposición del Fiscal. — Abogado Sr. Martínez Avilés. Tomo excepción.”

La propia defensa sostuvo en el acto mismo que la corte tenía discreción sobre la materia y no podemos percibir abuso alguno de discreción.

Hemos leído las instrucciones y si bien el juez no entra en detalles sobre la evidencia practicada a ella se refiere clara y distintamente. Se trataba de muy pocos testigos v sus declaraciones estaban frescas en las mentes de los jurados ya que la evidencia se practicó y el veredicto se rindió en un solo día.

Las instrucciones son claras y precisas y el acusado por su abogado se limitó a decir cuando el juez terminó de tras-mitirlas: “Tomamos excepción a las instrucciones dadas.” No se especificó ningún particular que a su juicio fuera erróneo o deficiente.

Debe confirmarse la sentencia, recurrida.


author: • El Juez Asociado Señoe "Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tomás Benítez, acusado y apelante.
    No. 3830.

    Sometido: Noviembre 8, 1929.

      Resuelto: Diciembre 24, 1929.

      R. Samcho Bonet, abogado del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   • El Juez Asociado Señoe "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado y convicto de haber hurtado una goma con su aro, una bocina y un klaxon.

El único señalamiento es que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la moción de nonsuit. El acusado no presentó prueba alguna. El apelante analiza la prueba para sostener que las relaciones existente entre las partes eran por completo de naturaleza civil, y, más especialmente, •que no podía haber intención criminal en los actos cometidos por él.

La prueba revela que Julio Fuentes era el comprador de un automóvil adquirido en venta condicional. Hizo arreglos con Tomás Benítez, el aquí apelante, a virtud de los cuales éste debía guiar el automóvil para alquilarlo, cuidar nece-sariamente de la conservación del vehículo, satisfacer los pagarés adeudados, y dividir las ganancias. En el curso de este negocio, algunas partes del automóvil se gastaron, y se hizo necesario adquirir otras nuevas. Tomás Benítez las compró del producto obtenido con el automóvil en el curso de los negocios. El automóvil fué siempre de segunda mano.

Sucedió que debido a enfermedad o por alguna otra causa, Julio Fuentes, el comprador, no pudo atender a los pagos del automóvil, por tanto, se hizo un arreglo mediante el cual se le devolvería el carro al vendedor original. Se envió a un policía en. busca del automóvil, el que le fué entregado por Fuentes. El policía lo llevó al cuartel y lo dejó frente al ¡mismo. Tomás Benítez llegó allí y le quitó la goma, el aro, la bocina y el hlaxon. El policía declaró que Tomás Benítez, al apropiarse de los artículos, alegó que le pertenecían. En otras -palabras, esas partes fueron separadas del automóvil bajo la alegación de tener derecho a ellas.

El artículo 426 del Código Penal define el delito de hurto en la siguiente forma:

“Hurto (la/rcmy) es el acto de sustraer, con intención criminal, bienes muebles o semovientes, pertenecientes a otra persona.”

Este artículo en inglés dice así:

“Larceny is the felonious stealing, taking, carrying, leading, or driving away the personal property of another.”

Por tanto, debe haber no sólo la sustracción o apropiación, ■sino que ello debe hacerse con intención criminal. La reseña de los hechos en este caso demuestra que Benítez no tuvo intención criminal. Evidentemente, él no pensó que estaba cogiendo la propiedad de otro.

Citamos más particularmente con aprobación de 36 C. J. 764, párrafo 105, lo que sigue:

“Si una persona, de buena fe, su’strae propiedad ajena, creyendo que legalmente le pertenece, o que legalmente tiene derecho a po-seerla, tal persona no es culpable de hurto, aunque su alegación se base en un concepto erróneo de la ley o de sus derechos al amparo de la misma, pues aunque la ignorancia de la ley y la's intenciones honradas no pueden escudar a un hombre de responsabilidad civil por un transgresión cometida por él, sin embargo, sí le protegen de responsabilidad criminal, despojando al acto de intención criminal, sin la cual no puede constituir delito. Empero, e’s necesario en todos los casos que la alegación de que se tiene derecho a la posa, sea bona fide y no un mero pretexto para una apropiación criminal; debe ser algo más que una vaga impresión; debe equivaler a un con-vencimiento honrado. El conocimiento de la existencia de una re-clamación adversa por otra persona no destruye la existencia de buena fe.”

Los casos específicos de California que sostienen el texto son: Burke v. Watts, 188 Cal. 118; People v. Devine, 95 Cal. 227; People v. Eastman, 77 Cal. 171. En el último caso citado, el acusado dio en prenda una yegua al testigo principal, y posteriormente hizo algún trabajo para éste. El acusado se llevó la yegua alegando que tenía derecho -a ella, y la corte resolvió que fué error no someter al jurado la cuestión de intención. En el caso de State v. Holmes, 57 A. D. 260, se revisan muchas autoridades.

Benitez compró las partes sustraídas con dinero obtenido de una empresa común. Evidentemente, él creyó que tenía un derecho sobre ellas, y, a juzgar por la prueba, no podemos dudar de que hiciera genuinamente su alegación. No podía inferirse intención criminal alguna.

Se nos ocurre otro aspecto del caso. La evidencia de-muestra que el agente del vendedor condicional mandó por el automóvil. El policía que se incautó del vehículo actuaba bajo las órdenes de ese agente. La propiedad o la posesión de la misma pasaron de Fuentes al vendedor original. Fué entonces que Benitez sustrajo los accesorios.

Sólo fué después que el acusado se llevó las piezas que el vendedor original rehusó recibir el carro. Podría dudarse seriamente si en aquel momento la posesión de la propiedad no había revertido al vendedor condicional. Los accesorios fueron sustraídos en un momento en que Fuentes no podía alegar derecho alguno sobre el automóvil.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acusado.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Pacheco, acusado y apelante.
    No. 3792.

    Sometido: Noviembre 19, 1929.

      Resuelto: Diciembre 24, 1929.

      L. Tormes j M. León Parra, abogados del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Jesús Pacheco fué acusado del delito de asesinato en segundo grado, convicto de homicidio voluntario, y senten-ciado a la pena de dos años. Los dos señalamientos de error pueden ser enfocados como uno, a saber, que el veredicto fué contrario al peso de la prueba. En este caso se admite que Jesús Pacheco, el acusado, infirió los golpes que produjeron la muerte a Epifanio Madera. La prueba de cargo tendió1 a demostrar que los compañeros del apelante fueron los agresores originales, y que el apelante mismo dió muerte a Madera sin excusa o justificación. Por otra parte, la teoría) de la defensa fué que Jesús Pacheco se enteró de que Epifanio Madera estaba acometiendo al hermano de aquél, y que Jesús Pacheco vino en defensa de su hermano, que Epifanio Madera tenía reputación de ser buen peleador y hombre peligroso, En otras palabras, el apelante adujo en la corte inferior la alegación de defensa propia.

En una causa criminal, cuando se prueba claramente un caso de muerte, el peso de la prueba recae sobre el acusado para demostrar por lo menos un caso prima facie de defensa propia. TJna vez que se establece un caso prima facie, si hay duda razonable respecto a si el acusado actuó o no .en defensa propia debe absolvérsele. 13 Cal. Jur. 737, pág. 104.

La corte dió amplias instrucciones sobre la cuestión de duda razonable. El caso fué puesto bajo la resolución del jurado, y el apelante, a pesar de las inconsistencias en las declaraciones de varios testigos de El Puéblo, no nos con-vence de que debemos revocar el veredicto.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Pueblo Rico, demandante y apelado, v. Juan Ramírez, acusado y apelante.
    No. 3793.

    Sometido: Noviembre 15, 1929.

      Resuelto: Diciembre 24, 1929.

      heopoldo Tornes, abogado del apelante; B. A. Gomes, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión, del tribunal.

Juan Ramírez fué una de varias personas que, en la Corte de Distrito de Ponce, fueron acusadas del delito de asesinato en segundo grado, habiendo sido Ramírez convicto de homi-•cidio voluntario. Otros acusados fueron absueltos. El ape-lante ataca ante este tribunal el veredicto y la sentencia por ser contrarios a la prueba. El acusado llama nuestra aten-ción hacia las contradicciones que existen en las declaraciones de los testigos principales entre sí, y en lo que declararon en otro juicio. El Pueblo v. Pacheco, ante, página 394. También llama nuestra atención a la pena leve que impuso la corte al apelante, a saber, un período de seis meses.

Convenimos más especialmente con el apelante en que el fiscal trató con demasiado ahinco de presentar- prueba de que los acusados estaban ebrios, mientras que la corte rehusó admitir tal prueba. Con relación a estas tentativas del fiscal, no hallamos que el apelante diera suficientes pasos en la corte inferior para poder solicitar ahora la revocación ante este tribunal, sólo por el fundamento indicado respecto a las supuestas contradicciones.

La prueba fué en verdad contradictoria, pero se llevó suficiente evidencia al jurado, y se necesitaría un caso muy fuerte para que esta corte dejara sin efecto el veredicto de un jurado rendido bajo semejantes circunstancias. Guando un juez constituye por sí solo la corte, es raro que revisemos un mero conflicto de prueba, pero cuando un jurado oye el caso, una corte de apelaciones raras veces deja sin efecto un veredicto, y especialmente no lo bace así si no se presenta una demostración más fuerte de la que aparece en esta apela-ción. El caso de Hernández v. Mendoza, 26 D.P.R. 377, no contiene pronunciamiento alguno que esté en conflicto con la conclusión a que hemos llegado.

El Juez sentenciador tiene discreción para determinar la pena, y en el caso que tenemos a la vista él pudo haber creído que el acusado, aunque coadyuvó a la comisión del delito, no era principalmente responsable, especialmente porque los hechos demuestran que fué Jesús Pacheco- quien infirió los golpes mortales.

No hallamos error alguno, y debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Wolf,

text:
    José A. Pérez Rivera, et al., demandantes y apelantes, v. Jaime Colom Pons, Richard y John Doe, demandados y apelados.
    No. 4624.

    Sometido: Marzo 13, 1929.

      Resuelto: Diciembre 24, 1929.

      D¡. Pérez Casaldup, M. García González, abogados de los apelantes; Daniel Pellón y Antonio Ayuso, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Es importante notar que en un pleito instado por Damián Monserrat Simó contra los cansantes de los aquí demandan-tes, se radicó demanda, se dictó sentencia, se ordenó la ejecución y se trató de efectuar una subasta antes del Io. de julio de 1904. En noviembre de ese año, la propiedad que abora se trata de recuperar fue adjudicada a Damián Mon-serrat Simó, demandante en dicho pleito original. Esta adjudicación es objeto de ataque en la presente apelación.

Los apelantes sostienen, y convenimos con ellos, que los cambios en materias de puro procedimiento son aplicables a litigios pendientes, y que un cambio en la manera de ejecutar las sentencias surtiría efecto contra una sentencia existente antes del cambio en la forma de procedimiento; especialmente si con anterioridad no se hubieren dado los pasos tendientes a ejecutar la sentencia. En este caso estamos convencidos de que se dieron los pasos tendientes a ejecutar la sentencia obtenida por Monserrat, antes de julio 1, 1904, fecha en que empezó a regir el nuevo Código de Enjuiciamiento Civil. Monserrat inició su acción en 1902. La sentencia en la misma fué obtenida en febrero 12, 1903. La orden de ejecución fijó el día 30 de marzo de 1904 para la venta de la propiedad-de que se trata. En dicha fecha no comparecieron postores, y la Corte de Distrito de San Juan declaró la subasta termi-nada y desierta. En otras palabras, de acuerdo con el antiguo Código de Enjuiciamiento Civil, no era necesario ningún acto posterior de venta pública, y el demandante tenía derecho a que se le adjudicara la propiedad.

Los apelantes sostienen que bajo el nuevo Código de Enjuiciamiento Civil no era posible la adjudicación, y que era necesaria una nueva ejecución o venta en pública subasta.

No podemos convenir con eso. Cuando la Corte de Dis-trito de San Juan declaró terminada y desierta la subasta, cierto derecho o privilegio surgió a favor de Damián Mon-serrat. Este derecho o privilegio no era uno de mero proce-dimiento. Damián Monserrat adquirió un título potencial sobre la propiedad, en casoi de que se decidiera a ejercitarlo, suponiendo siempre que el procedimiento instado antes de efectuarse la subasta se ajustara a la Ley de Enjuiciamiento Civil que anteriormente regía. Artículo 1502 del antiguo Código de Enjuiciamiento Civil. No importa que Damián Monserrat no ejerciera su derecho o privilegio hasta noviem-bre de 1904. La actuación de la corte al declarar la subasta terminada y desierta fué lo que lo invistió de derechos, siem-pre que los procedimientos habidos anteriormente hubiesen estado de acuerdo con la ley.

Los apelantes no señalan error alguno con respecto a ningún otro extremo, pero en la demanda se alegaba que la subasta de marzo 30, 1904, tuvo lugar sin dar suficiente aviso. Como no se insiste en este extremo, no entraremos a discutirlo; pero no bailamos que se baga una impugnación suficiente de los procedimientos que dieron lugar a la venta en pública subasta. Podemos decir incidentalmente que semejante cuestión no podría militar contra la defensa de tercero bajo la ley hipotecaria, o contra la defensa de pres-cripción de diez años. Del registro no aparecía tal defecto, e igualmente, un título justo no sería afectado por el mismo.

Durante la vista de este caso, los demandados trataron de enmendar su contestación. En la contestación original sólo se aleg’aba la prescripción respecto a una de las fincas, y los demandantes trataban de recobrar dos, las cuales habían sido adjudicadas a Damián Monserrat por resolución de noviembre 30, 1904. Una de lag fincas fue descrita en la contestación original, mas la otra, no. Los demandantes se opusieron a la enmienda, y alegaron que la misma les sorprendía, pero la corte .la admitió, y creemos que en ello no hubo abuso de discreción. Necesariamente, los demandantes sabían que la otra finca estaba sujeta a la misma defensa que la finca cuya descripción ya se había hecho. Debió haber sido una mera inadvertencia de los demandados no incluir la finca de mayor cabida.

Según hemos indicado, los demandados también adujeron la defensa de tercero que había comprado directa o indirectamente de Damián Monserrat, cuyo título constaba inscrito. Los apelantes atacan la teoría de la corte inferior, toda vez que sostienen, en efecto, que aunque el registro no revelaba un defecto directo, un comprador estaba obligado a tomar nota de que, a tenor del nuevo Código de Enjuiciamiento Civil, no podía efectuarse una adjudicación a un demandante, sino que era necesaria la venta en pública subasta.

Los apelados contestan alegando que la fecha de la adju-dicación no aparecía del registro mismo, sino en el asiento de presentación o inicial existente en el registro. Conve-nimos con los apelados y con la cuidadosa opinión emitida por la corte inferior en que el defecto no aparecía claramente del registro. Un comprador en perspectiva, no está obligado a examinar todos los libros del mismo. El asiento de presen-tación es de naturaleza temporal o volátil. Lo que importal es el récord permanente. Los compradores de fincas en Puerto B-ico tienen derecho a asumir que el registrador cumplió con su deber y que inscribió en sus libros principales todo lo que era necesario transcribir. Por estar relacionados con la proposición principal, pueden reproducirse los si-guientes casos, algunos de los cuales fueron citados por la corte inferior: Vélez v. Camacho, 8 D.P.R. 37; El Pueblo v. Riera, 27 D.P.R. 1; Ayllón v. González, 28 D.P.R. 67; Menéndez v. Cobb, 28 D.P.R. 775; Gutiérrez v. Pons, 32 D.P.R. 695; González v. Anglada, 33 D.P.R. 1021.

Igualmente, podemos agregar que en un período transi-torio en que las adjudicaciones habían sido la regla anterior, si fuera dudoso que Monserrat tuviese un derecho o privilegio claro, entonces este tribunal dudaría por lo menos de si el defecto aparecía claramente del registro. Bajo una inter-pretación dudosa de la ley, debe protegerse al comprador.

Los demandados suscitaron la cuestión de prescripción ordinaria, a saber, posesión por un término de diez años, de buena fe y con justo título. En grande escala, para probar su posesión o el comienzo de ella, los apelados se fundaron en las disposiciones del artículo 1365 del Código Civil, al efecto de que cuando se haga la venta mediante escritura publica el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa. En otras palabras, que cuando se otorga escritura pública, la entrega simbólica es suficiente. Sin embargo, cuando se trata de una cuestión de prescripción, nos inclinamos a convenir con los apelantes en que una entrega simbólica es insuficiente, y que la persona que levanta esta defensa debe demostrar que ella o sus causantes estuvieron en posesión de la. cosa desde la fecha en que se alega dicha prescripción. Tal es el efecto de un número de autoridades citadas por los apelantes. No creemos necesario entrar de lleno en la cuestión por ahora, toda vez que éste es el fallo de tres jueces del tribunal.

Sin embargo, creemos qne la prueba de posesión material fue amplia y suficiente. La evidencia tendió a probar que la propiedad en litigio no estaba ocupada por casa alguna, y que era montañosa o yerma; que los demandados o algunos de sus causantes o parientes cultivaron los terrenos o gran parte de ellos durante un gran número de años, haciendo que el período de posesión total por sí solo casi llegara al tér-mino de prescripción. Más particularmente, sin embargo, los demandados presentaron prueba testifical tendiente a demostrar que ellos estuvieron en posesión de la finca desde la fecha en que adquirieron las escrituras. L,os apelantes dicen que esta aseveración respecto a la posesión desde el tiempo en que se adquirieron las escrituras es demasiado vaga, por no fijarse la fecha. Empero, identificándose como se han identificado' las dos fincas en la demanda, y refiriéndose el demandado principal a su posesión desde que adquirió sus escrituras, demostrando éstas que fué en el año 1906, es una inferencia clara que los demandados se refieren a esa época y que poseyeron materialmente las fincas desde entonces. Toda la prueba, tanto directa como circunstancial, demuéstra-la posesión material de parte de los demandados.

Los apelantes alegan que la corte de distrito erró al no considerar la declaración del testigo Eusebio Grau Pérez al resolver la cuestión de buena fe en la posesión de Colom. Si bien la opinión no hace referencia a esa declaración, no podemos estar seguros de que la corte en realidad no la con-cideró. El Juez pudo haber creído- que ese testimonio era demasiado vago para constituir falta de buena fe de parte de Colom Pons.

Con respecto al ataque colateral, nos inclinamos a convenir con los apelantes en que si la adjudicación era nula, era una cuestión jurisdiccional, y que, por consiguiente, estaba sujeta a ser atacada colateralmente. Como las eonside-raciones que anteceden son suficientes para justificar la con-firmación de la sentencia, se hace innecesario considerar los otros señalamientos de error.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces, Presidente Señor del Toro, y Asociado Señor Texidor, no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. David Martínez, acusado y apelante.
    No. 3938.

    Sometido: Diciembre 6, 1929.

    Resuelto: Enero 13, 1930.

      R. Rivera Zagas y Edelmiro Martínez Rivera, abogados del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

David Martínez fuá convicto de tener y ofrecer en venta leche adulterada. Su contención es que la “Ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leche y para otros fines,” (Leyes de 1925, pág. 558) es anticonstitucional porque trata de más de un asunto y porque el título no abarca el tener y ofrecer en venta leche adulterada. En apoyo de esta contención el apelante cita: 25 R.C.L. 866, See. 110; Cooley, Constitutional Limitations (7*. Edición) pág. 212; People v, Friederich, 67 Colo. 69, 185 Pac. 657; St. Louis v. Wortman, 213 Mo. 131; State v. Persinger, 76 Mo. 1; Coremblum v. State, 113 S. E. 159 ; State v. Karking, 92 W. Va. 532; 115 S. E. 720; Smith v. State, 99 Tex. Cr. R. 114; 268 S.W. 742; Harrison v. State, 136 Tenn. 229, 188 S. W. 742; State v. Cumberland Club, 188 S. W. 213; State v. Barrett, 27 Kansas 213 y Albritton v. State, 82 Fla. 20, 89 So. 360.

En ausencia de algo más persuasivo no estamos prepa-rados por ahora para decir que la ley es inconstitucional.

El delito de tener leche adulterada para la venta u ofre-cerla en venta está íntimamente relacionado con él cielito de la adulteración misma. El fin de toda legislación penal es el de proveer una medida detersiva a la comisión del delito más bien que el de castigar al delincuente individual. El propósito de la “Ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leche” es el desalentar tal adulteración y no el de infligir castigo a los culpables de ese acto.

El traficante que tiene u ofrece en venta leche adulterada es prima fade responsable de la adulteración. Por tanto-la ley hace al traficante responsable del estado de la leche, haciendo que el venderla o el tenerla u ofrecerla en venta sea un delito menos grave.

Técnicamente la venta de leche adulterada o el tenerla u ofrecerla en venta es un delito separado y distinto. No obstante, la pena impuesta al traficante, independientemente de cualquier adulteración real hecha por él o de su complici-dad o conocimiento de la misma, tiende a corregir el mal que la legislatura intentó suprimir. Parecería inferirse que el castigo del traficante de leche adulterada es germano al asunto de. “Proveer lo necesario para castigar la adulteración de leche.” De todos modos, si ha de darse algún efecto a las palabras “y para otros fines” ellas son en verdad lo sufi-cientemente amplias para incluir el delito afín al otro.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Texidok,

text:
    José Nine, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 795.

    Sometido: Diciembre 4, 1929.

      Resuelto: Enero 14, 1930.

      José Sabater, abogado del recurrente; el Registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Texidok,

emitió la opinión del tribunal.

Aparece en este caso que a favor de José Nine se cons-tituyó por José Eivera Olán una hipoteca por $2,620, y que Nine otorgó un pagaré a favor del portador, por la mencio-nada suma de $2,620, garantizada por la hipoteca que se acaba de citar; que a favor del citado José Nine, el mismo Eivera Olán constituyó otra hipoteca por $2,000' y Nine otorgó otro pagaré al portador, por $2,000, garantizado por esa hipoteca; y que a favor del mismo José Nine constituyó María Luisa Eivera otra hipoteca, por $2,808, y Nine otorgó otro pagaré al portador por $2,808, garantizado por tal hipoteca. Esas operaciones se inscribieron en el registro de la propiedad.

José Nine constituyó a favor de Arturo Hau Salguero, y para garantizar la suma de $5,000, intereses y costas, hipo-teca sobre el derecho de hipoteca que representan los tres pagarés antes mencionados, y endosó a la orden de Hau Salguero los mismos pagarés. De este contrato se hizo ins-cripción en el registro de la propiedad.

Después José Nine, por otra escritura, de 25 de octubre de 1929, hizo constar la inscripción de un nuevo pagaré al portador por $2,428, intereses y costas, constituyendo a favor del portador una hipoteca sobre el derecho de hipoteca; y en la misma escritura manifestó que las tres hipotecas que a su favor se habían constituido ascienden a un total de $7,428 y los derechos de hipoteca habían sido hipotecados a Arturo Hau Salguero en garantía de un préstamo de $5,000. Se presentó en el registro de la propiedad y éste denegó la inscripción, poniendo una nota cuyo texto es como sigue:

“Denegada la inscripción de la. hipoteca que comprende este do-cumento, que es la escritura No. 204, otorgada en Mayagíiez a 25 de octubre de 1929, ante el notario José Sabater, y tomada en su lugar la correspondiente anotación preventiva que determina la ley, a favor del tenedor o tenedores del ameritado pagaré, allí donde se indica al margen de la descripción de cada una de las fincas objeto del con-trato, por el defecto siguiente: Por cuanto aparece del Registro que no pertenece en propiedad al hipotecante, señor Nine, el derecho de hipoteca que. subhipoteea por la presente escritura, ya que subhipo-tecó el mismo, sin limitación alguna, a favor de Arturo Hau Salguero, endosándole a su favor y orden los pagarés constitutivos de la deuda hipotecaria, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 139 de la Ley Hipotecaria, e inciso 2 del 1758 del Código Civil.”

En realidad la hipoteca del derecho de hipoteca es perfectamente válida de acuerdo con el número 8 del artículo1 107 de la Ley Hipotecaria.

Pero no es ésa la cuestión en este caso. El aquí recu-rrente José Nine ha expedido tres pagarés al portador, que cubren una suma de $7,428, garantizados por esas hipotecas por la misma suma; y los ha cedido y endosado a Arturo Hau Salguero, para garantizar un préstamo por menos cantidad. El endoso ha transferido al endosatario la pro-piedad de tales pagarés, y con ella la garantía hipotecaria que tienen, y que queda agotada.

Sentado ésto, hay que declarar que el registrador tiene razón al afirmar que el aquí recurrente no era ya dueño del derecho hipotecario al expedir el último pagaré.

Se confirma la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Santini Fertilizer Company, demandante y apelada, v. Gerardo Flores y Ruperta Flores, demandados y apelantes.
    No. 5167.

    Sometido: Diciembre 23, 1929.

      Resuelto: Enero 15, 1930.

      José Julia Marín, abogado de los apelantes; II. BuscagUa, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En. la demanda en este caso se alega que los demandados Gerardo Flores y Euperta Flores tomaron a crédito a la demandante abono químico para tabaco y por tal concepto suscribieron y entregaron a la demandante un pagaré por $1,200.83 cuya copia se dice acompañarse a la demanda aun-que no aparece de la transcripción del récord, y que no ñau satisfecho ni en todo ni en parte la cantidad adeudada. La demandada Euperta Flores excepcionó la demanda y la contestó negando haber tomado a crédito a la demandante abono químico ni ningún otro material, y haber suscrito pagaré alguno por tal concepto, y alegando que firmó el pagaré a que se refiere la demanda como fiadora de Gerardo Flores, sin ser el abono para beneficio y uso de la demandada ni de su sociedad de gananciales con su esposo José Julia Marín, y asimismo alegó que la obligación en este caso había sido novada por haberse prorrogado por ]a demandante sin cono-cimiento ni consentimiento de esta demandada. Gerardo Flores presentó excepción previa a la demanda.

De la transcripción de la evidencia no aparece la confir-mación que el pagaré u obligación en él contenida hubiera sido novada, como se alegó; aparece que firmaron ambos demandados el mismo pagaré, que se incluye en copia en la. página 14 de la transcripción, y que es una obligación soli-daria suscrita por Gerardo y Ruperta Flores, y aparece también de la prueba que la demandada Ruperta Flores afirma que suscribió ese pagaré como fiadora de su hermano Gerardo.

La corte dictó sentencia declarando con lugar la demanda y condenando a ambos demandados a pagar a la demandante la cantidad de $1,200.83, intereses y $200 de honorarios de abogado y las costas.

Contra esa sentencia se interpuso apelación por los de-mandados. Y ahora se ha solicitado de la corte que se deses-time la apelación por ser frívola y carecer de fundamento.

No encontramos que pueda ser una buena defensa en un deudor solidario el alegar que firmó el pagaré como fiador de su codeudor. Y en cuanto a que la demandada Ruperta Flores no haya tomado los géneros ni suscrito el pagaré en beneficio de la sociedad de gananciales, tampoco encontramos que sea ésta una buena defensa. Es posible que la sentencia no tenga fácil ejecución sobre bienes de la sociedad de gananciales de la demandada; pero es también indudable que el haber firmado la obligación para complacer a su hermano Gerardo Flores no constituye para ella una defensa meritoria. Cintrón & Aboy v. Solá, 22 D.P.R. 946.

La apelación, por consiguiente, es frívola y la- moción de desestimación presentada debe ser declarada con lugar, como ctsí se deólara.