text:
    Santos Buxó, Jr., demandante, apelado y apelante v. Emigdio Osvaldo Sellés Roldán, Pedro Villafañe Cuevas y su esposa María Collazo, demandados, apelantes y apelados.
    No. 6683.

    Sometido: Noviembre 6, 1934.

      Resuelto: Julio 11, 1935.

      González Fagundo & González Jr., abogados de los apelantes-apela-dos; Burset <£■ Pérez Pimentel y Ltocas F. Serbia Górdova, abo-gados de los apelados-apelantes.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El 13 de marzo de 1934 la Corte de Distrito de Humacao dictó la siguiente sentencia:

“La demanda en este caso se funda en un contrato de arrenda-miento sobre cierto edificio destinado a panadería. Se alega la falta de pago de varios cánones mensuales y se pide sentencia por su importe contra los arrendatarios. Éstos contestaron alegando haber solicitado la rescisión del contrato por desaparición de la cosa arren-dada alegando no haberla poseído en momento alguno. El caso fué señalado para ser visto en su fondo el día 19 de diciembre de 1933. El señalamiento fué debidamente notificado a los abogados de las partes. El juicio se celebró en ausencia de los demandados, que no comparecieron. El demandante presentó prueba documental y tes-tifical y de su análisis y estudio la corte llega a la conclusión de que debe declarar con lugar la demanda y dictar como dicta sentencia a favor de la parte demandante, condenando a los demandados a satisfacer al demandante la suma de $800.00 más las costas en la presente acción.”

Según éso, el juicio tuvo lugar en ausencia de los de-mandados. Aunque éstos presentaron una moción preliminar no comparecieron el día señalado para la discusión de la misma. El juicio se celebró el 19 de diciembre de 1933 y, desde luego, la corte tan sólo oyó la prueba del demandante. Esta fué tomada por el taquígrafo oficial. Este funcionario falleció el 19 de febrero de 1934, posiblemente sin haber transcrito sus notas; pero es algo significativo que la corte dictara sentencia posteriormente. Los demandados no es-taban aparentemente enterados de la muerte del taquígrafo y permanecieron así mientras tenían lugar varios procedimien-tos ante este tribunal sobre la apelación, incluyendo una moción para que se les diera oportunidad de obtener en la corte inferior el privilegio de radicar una exposición del caso o la transcripción de la evidencia. Sea ello como fuere, los demandados, después de radicar el escrito de apelación y no-tificar el mismo, no hicieron gestión alguna para incorporar la prueba, ni solicitaron tiempo para ello en la corte inferior.

Mientras se hallaba pendiente ante este tribunal la ape-lación interpuesta contra la sentencia, nuevos letrados se hicieron cargo del caso. Se opusieron con éxito a dos mo-ciones de desestimación. Fué mientras estaba pendiente la segunda moción que los apelantes solicitaron permiso para radicar la exposición del caso o la transcripción de la evi-dencia. Esta corte dictó resolución declarando sin lugar la segunda moción para desestimar y concediendo permiso a los apelantes el 26 de julio de 1934. Antes de ese día y mientras su moción solicitando un nuevo término se bailaba pendiente ante esta corte, los apelantes, en junio 4, 1934, radicaron una moción de nuevo juicio en la corte de distrito, más no abandonaron en este tribunal su moción de nuevo término.

La moción de nuevo juicio presentada en la corte inferior se basaba en la muerte del taquígrafo y en la imposibilidad de reproducir las notas. La presente es la apelación inter-puesta contra la resolución que declaró con lugar dicba moción.

Abora bien, no sabemos cuándo fué que, para los fines de su apelación, los nuevos letrados se percataron por primera vez de la muerte del taquígrafo oficial. Sin embargo, si después de haber apelado de la sentencia, sus predecesores se hubieran movido a tiempo con el propósito de incorporar la prueba, ellos hubieran averiguado la muerte del aludido taquígrafo. Entonces quizá se hubiera hecho algo para transcribir las notas o para que se preparara la exposición del caso. El juez que presidió la causa no fué el mismo que concedió la moción de nuevo juicio. Esto último fué hecho por un juez sustituto.

Al demostrarse debidamente la imposibilidad de repro-ducir las notas taquigráficas, de ordinario no intervendremos con la discreción de la corte inferior al conceder un nuevo juicio. Sánchez Osorio v. Vizcarrondo, 45 D.P.R. 66; Amaral v. Gerena, 46 D.P.R. 735.

No estamos convencidos de la imposibilidad de reproducir los hechos que se desarrollaron durante el juicio. Creemos que las demoras fueron inusitadas, conforme insiste el ape-lante, y no creemos que los demandados han demostrado su-ficientemente una defensa meritoria.

El juez que presidió la causa posiblemente pudo haber declarado sin lugar la moción de nuevo juicio. De acuerdo con sus notas o según su memoria, con la ayuda de los le-trados del demandante, del secretario o aun de otros, el juez quizá podía reconstruir una exposición del caso.

Es cierto que la transcripción taquigráfica de ordinario es necesaria, pero el juez sentenciador la tenía o no la ne-cesitó. Los hechos últimos quizá pudieron ser simples en extremo. La posibilidad de que fueran simples no se excluye de los affidavits que aparecen en autos, como tampoco la po-sibilidad de que la prueba pudiera ser fácilmente incorpo-rada, acudiendo al juez que vió la causa.

Conforme hemos dicho, las demoras y el dejar de moverse dentro del período estatutario en solicitud de la incorpora-ción, son factores extraordinarios en este recurso. Las de-moras son imputables al cliente, no importa cuán diligentes puedan haber sido los letrados presentes.

El affidavit de méritos presentado era de todo punto poco satisfactorio. El juez que presidió la causa quizá pudo negar la moción por este motivo.

Creemos que éste es un caso en que se ha hecho un inde-bido uso de discreción o en que se ha cometido un abuso de ella, según se le denomina.

Debe revocarse la resolución apelada y declararse no haber lugar a la concesión del nuevo juicio.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Seños, Cóedova Dávila,

license: Public Domain

text:
    Victoria Capella, por sí y como apoderada de su madre Antonia Martínez Vda. de Capella; Antonio Capella, Concepción, Estrella y Raúl García Capella, demandantes y apelantes, v. Francisco Carreras Márquez, Arturo Lluberas Rodríguez y la Sucesión de Rosa Lluberas, demandados y apelados.
    No. 6359.

    ■Sometido: Febrero 7, 1935.

      Resuelto: Julio 11, 1935.

      Cayetano Goll y GucM y Estrella García Capella, abogados de los apelantes; R. Cuevas Zequeira, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Seños, Cóedova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La Asociación Popular Cooperativa de Construcciones, Ahorros y Préstamos de Puerto Pico segregó de una finca rústica de su propiedad, denominada Miramar, en el barrio de Santurce, una parcela para dedicarla a fines de urbani-' zación, dividiéndola en 16 manzanas con 215 solares, y en calles y avenidas con los nombres de Avenida de la Palma, Avenida de Miramar, Avenida del Olimpo, y calles Central, Unión, del Estado, del Naranjo, del Congreso, de Roosevelt, Nueva, del Comercio, de McKinley, de la Laguna y de Elliot Place. En uno de los solares vendidos, marcado con el No. 55, que pertenece hoy a los demandantes Antonia Martínez viuda de Capella, Victoria Capella y Antonio Capella, se fabricó una casa terrera, de madera y techada de zinc, y otra casa de dos plantas, también de madera, con techo de hierro galvanizado. El solar de los demandantes linda con varios solares que fueron adquiridos por doña Rosa Llube-xas, quien agrupó sus parcelas en una sola finca, donde fa-bricó una casa de concreto reforzado, allá para el año de 1917 a 1918. Esta finca fue vendida en 1927 a don Arturo Lluberas Rodríguez, hermano de la vendedora Rosa Llube-ras. La urbanización de referencia se hizo a base de un plano sobre terrenos divididos en manzanas y subdivididos en solares para residencias, marcados y numerados, y atra-vesados por calles y avenidas. Una de ellas, la Avenida de la Palma, había de discurrir en colindancia con el solar de los demandantes y de los demandados.

Se alega en la demanda que la demandada Rosa Lluberas, al edificar su casa, levantó una pared de concreto alrededor de sus solares y echó una cerca de madera de más de tres metros de altura y once y medio de largo sobre la Avenida de la Palma, interceptando esta calle en toda su anchura y no dejando sitio por donde transitar. Derribada esta cerca por la demandante Victoria Capella, la demandada Rosa Lluberas y su esposo Francisco Carreras Márquez levanta-ron otra cerca sobre la Avenida de la Palma, esta vez de zinc, por el mismo sitio y en idénticas condiciones a la pri-mera y otra vez contra la protesta de los demandantes, in-quilinos y vecinos perjudicados, según se alega en la de-manda. Exponen los demandantes que la Avenida • de la Palma tiene a su borde exterior un precipicio, y que al cercar los demandados esta Avenida en toda su anchura, solamente ha quedado la orilla del precipicio que es completamente irregular y llena de fango, por donde corren aguas continuamente, siendo por ella que los demandantes han tenido que pasar para. salir de su casa desde que la señora Rosa Lluberas cercó la Avenida de la Palma por primera vez. Se solicita una sen-tencia ordenando a los demandados que hagan desaparecer inmediatamente el estorbo público puesto y mantenido por ellos en la Avenida de la Palma, con indemnización de los daños y perjuicios originados a los demandantes.

Debido al fallecimiento de la Sra. Rosa Lluberas Rodrí-guez, la misma fué sustituida como demandada por sus hijas adoptivas y herederas Rosaura, Blanca Alicia, Ester María, Lydia María, Alvilda, Aida, Aida Zoraida y Alpha Antonia Ortiz Lluberas.

Los demandados negaron que la demandada Eosa Lluberas hubiese levantado una cerca de madera ni de ningún otro material sobre la Avenida de la Palma y que hubiesen impedido el tránsito en ninguna vía pública en Miramar, que existiese calle o avenida alguna en el sitio donde levantaron su cerca y que la referida cerca interrumpiera el libre tránsito en per-juicio de los demandantes.

Practicada la prueba de los demandantes y presentada una moción de nonsuit por los demandados, la corte declaró sin lugar la demanda por falta de prueba en apoyo de sus he-chos y alegaciones, absolviendo de la misma a los demandados, sin especial condenación de costas. Contra dicha sentencia se estableció por los demandantes el presente recurso de ape-lación.

Se alega que la corte erró al no declarar que no fué esta-blecido por la evidencia de la demandante que la Avenida de la Palma es una calle municipal abierta al tránsito público en el Municipio de San Juan. Se alega además que la corte erró al declarar que la cerca construida por los demandados lo fué en terreno que era de su propiedad y que la prueba producida es insuficiente para sostener las alegaciones de la demanda. Aunque son seis los errores atribuidos a la corte inferior, prácticamente pueden condensarse en los tres que acabamos de mencionar.

Sostienen los demandados, por conducto de su ilustrado abogado, que el hecho de que los dueños de una parcela de terreno resolvieran dedicarla a urbanización y trazaran en el mapa o en el plano de dicha urbanización una serie de calles a construir, no prueba la existencia de tales calles, a menos que se demuestre como un hecho separado y distinto que el plano en cuestión fué debidamente desarrollado, cons-truyéndose las calles a que se hace referencia en el trazado. Se arguye que la prueba se ha encargado de demostrar que todas las calles de la urbanización de Miramar fueron debi-damente construidas y abiertas al público, con excepción de la titulada Avenida de la Palma, que es una vía fantástica, puramente imaginaria, que sólo lia tenido existencia en el plano que trazaran los dueños primitivos de la parcela que había de urbanizarse. Se añade que se ha intentado demos-trar que la urbanización fué entregada al municipio y que si ello es así tocaba a dicha entidad construir la Avenida de la Palma y dedicarla como una calle municipal al uso público.

Los demandados parten de la base de que la prueba pro-ducida no ha establecido un caso prima facie a favor de sus contendientes. La corte así lo sostuvo cuando declaró sin lugar le demanda. Examinaremos la prueba aportada para ver si pueden sostenerse o no las conclusiones establecidas por el tribunal inferior.

Ya hemos dicho que la urbanización de la parcela de terreno denominada Miramar se hizo a base de un plano en que se marcaron y numeraron los solares que habían de venderse y donde se mencionan las calles que habían de cons-truirse, entre las cuales figura la Avenida de la Palma. Los solares adquiridos por la Sra. Rosa Lluberas pertenecen a la zona urbanizada. Al vender en 1927 los solares inscritos a su hermano Arturo Lluberas, la Sra. Rosa Lluberas describe la finca agrupada, haciendo constar que se ha formado de los solares Nos. 42, 43 y 56 de la manzana N del plano de urbanización de una superficie de terreno radicada en el lugar nombrado Miramar y que adquirió la exjoresada finca por compra que hiciera de los referidos solares a la Aso-ciación Popular Cooperativa, de Construcciones, Ahorros y Préstamos de Puerto Rico y a los Sres. Arturo Lluberas Ro-dríguez y su esposa doña Asunción Negroni y Albelda.

Hay prueba en los autos tendente a demostrar que la pro-piedad fué urbanizada, sus calles dedicadas al uso público y entregadas al Municipio de San Juan. Si la hay también ten-dente a demostrar las alegaciones de la demanda con respecto a la perturbación causada a los demandados, nos veremos obligados a revocar la sentencia apelada, porque una moción de nonsuit basada en la insuficiencia de la praeba no puede prosperar cuando se establece un caso prima facie a favor de la parte demandante. Y si se traza un plan de urbanización sobre terrenos divididos en manzanas o cuadras y subdivididos en parcelas o solares para residencias, atravesados por calles, avenidas y callejones, es natural y justo que los dueños de esos solares tengan acceso a las calles en beneficio de su propiedad y que puedan exigir la desaparición de cualquier perturbación o estorbo que se les ocasione por otra persona en menoscabo de sus derechos.

En el caso de Messick v. Kincaid, 147 Ky. 680, se vendió cierta parcela de terreno situada al norte de una calle que no se extendía basta pasar por el f.rente de dicha parcela. Con el fin de facilitar al comprador una salida a dicha calle, el vendedor cedió al Board of Council of the Town of Danville una faja de terreno extendiendo la calle más allá de dicho solar y traspasándole otra parcela que quedaba al oeste del mismo. La propiedad descrita fué cedida a la Junta referida para ser usada como una calle pública de la ciudad, a bene-ficio de los dueños adyacentes y de todas las personas que pasasen por la misma. Más tarde el dueño original vendió al mismo comprador otro solar que quedaba al oeste del que comprara anteriormente. Algún tiempo después el vendedor ejecutó e inscribió un documento en el cual intentaba rein-tegrarse de una faja de terreno situada en la esquina sur-oeste de la faja de terreno que había dedicado a la ciudad. Luego cercó dicha parcela, que quedaba inmediatamente en-frente del segundo solar vendido, y tomó posesión de la misma. La parte interesada demandó al vendedor para que se abs-tuviese de cercar el terreno o intervenir con el libre uso de la porción de la calle que había sido dedicada a la ciudad y para que se le ordenase que removiese de dicha calle las cercas y obstrucciones que había colocado en la misma. La Corte de Apelación de Kentucky, resolviendo la cuestión planteada, se expresó así:

“Desde el primer momento la apelante insiste en que los autos no demuestran que exista causa de acción para el remedio de inj'unc- iion solicitado. En Alexander, etc. v. Tebeau, etc., 24 Rep. 1305, estuvo ante la corte esta misma cuestión. En dicho caso los demandan-tes trataron de prohibir que los demandados cerraran una vereda de diez pies de ancho situada en la parte posterior de su propiedad. Se declaró con lugar una excepción previa interpuesta contra la pe-tición y al ser considerada en apelación la corte, refiriéndose 'a los actos realizados por los demandados, dijo:
“ ‘Ellos no tienen más derecho a cercar esta vereda, en que están ubicados su carbonera y su establo, del que tendrían para cerrar el sitio conocido con el nombre de Florence en que está sita su resi-dencia. Fué consagrada al público en el plano original que subdi-vidió la finca en solares para la venta y la escritura otorgada por la demandada, Dulaney, etc., en favor de Willis, hace mención de esto. Somos del criterio que en tanto en cuanto la petición trata de pro-hibir a los demandados que cerquen o que en alguna forma interven-gan con el derecho de la demandante al uso y disfrute de esta vereda, la misma aduce una buena causa de acción y la excepción previa debió haberse declarado sin lugar.’
“El contexto arriba citado es enteramente aplicable al presente caso. La aquí apelante había dividido parte de su finca en solares y a fin de venderlos dedicó en favor de la ciudad una faja de terreno frente a los solares e hizo una extensión de la calle Green. Fundada en tal consagración se efectuó una venta de dichos solares a la parte apelada, y no debe permitirse que la apelante diga ahora que la pro-piedad dedicada a los Síndicos de la ciudad para una calle no ha sido aceptada por la ciudad para tal fin. Tampoco puede ella read-quirir el título de la misma, toda vez que el apelado y otros que hayan comprado solares han adquirido un interés y un derecho al uso de esta propiedad dedicada por la apelante a una calle. No te-niendo derecho a adquirir nuevamente el título de esta propiedad, la misma debe ser considerada, por lo menos en lo que a ella se refiere, como una de la vías públicas de la ciudad, y siendo así ella no tiene derecho a obstruir su libre uso por el apelado u otras personas que así deseen hacerlo. No existe mérito alguno en la defensa. El ape-lado tenía derecho al remedio solicitado y el juez inferior muy acerta-damente así lo resolvió.”

En el caso de Sexton et al. v. Corporation of Elizabeth City, 86 S.E. 344, la Corte Suprema de North Carolina se expresó así:

“Podemos decir, en términos generales, que el derecho a la servi-dumbre en una vía pública puede ser adquirido por cesión o dedica-ción, ejerciendo el derecho de expropiación forzosa o mediante uso por el período de tiempo requerido. Kennedy v. Williams, 87 N.C. 6. En lo que a dedicación se refiere, hemos resuelto en varios casos que cuando el dueño de bienes inmuebles traza sobre éstos un pueblo o aldea, o aun una urbanización, y los divide en cuadras o manzanas y luego en parcelas o solares para residencias, y los mismos son atravesados por calles, avenidas o veredas, y vende y traspasa cual-quiera de los solares de acuerdo con el plano o proyecto de la finca, o cuando vende o enajena de conformidad con el mapa de la ciudad o pueblo en que su finca está situada, al así proceder dedica las calles y veredas al uso de aquellos que adquieren los solares así como del público, bajo ciertas circunstancias que es innecesario exponer aquí ahora; y esto es así a menos que se desprenda por disposición expresa de la escritura de enajenación o en alguna otra forma que la referencia o mención a la calle o calles fué hecha tan sólo con el objeto de describir la misma, y que no se tuvo en mente efectuar una dedi-cación. Se dice que la misma regla es aplicable a aquellas porciones o parcelas del terreno trazadas en el plano o mapa como plazas, pla-zoletas o parques. La razón de la regla es que el cedente, al hacer tal traspaso de su finca, induce al adquirente a creer que las calles y veredas, plazas, plazoletas y parques continuarán abiertos para su uso y beneficio, y habiendo actuado 'a base de esa representación implícitamente hecha, y de la conducta del cedente al trazar los pla-nos del terreno y al vender de acuerdo con los mismos, está impedido en equidad, tanto en lo que al público como a los cesionarios se refiere, de negar la existencia de las servidumbres así creadas. Muchas autoridades sostienen este principio, y se ha resuelto que la dedicación, una vez cumplidamente hecha, es irrevocable. (Citas.)
“En Smith v. Goldsboro, 121 N.C. 350, 28 S.E. 479, Conrad v. Land Co., 126 N.C. 776, 36 S.E. 282, y Collins v. Land Co., 128 N.C. 563, 39 S.E. 21, se discute el principio con referencia a terreno suburbano, dividido en solares con calles y veredas transversales y parques y plazas, y que luego es incluido dentro de los límites corporativos de un pueblo, caso al cual se ha resuelto que el principio es aplicable. En el caso de Conrad v. Land Co., supra, 126 N.C., pág. 779, y 36 S.E. 283, la Corte dijo:
“ ‘Si el dueño de un terreno traza sobre éste plazas, solares y calles con el propósito de levantar un pueblo o ciudad, o un suburbio de un pueblo o ciudad, lo hace inscribir en el condado en que el terreno está situado, y vende parte de los solares o plazas, y en la escritura se hace referencia a la descripción que aparece en el plano, tal referencia constituirá una dedicación irrevocable al público, de las calles marcadas en el plano . . . Creemos que el mismo principio sería aplicable a aquellos terrenos que figuraban en el plano como plazas, plazoletas o parques, y que las calles y terrenos públicos de-signados en tal plano deben estar definitivamente abiertos a los adqui-rentes y al público. Es indiferente que las autoridades piíblieas de la ciudad o condado hayan o no aceptado formalmente la dedicación de la plazoleta. A los demandantes se les indujo a comprar de acuerdo con el plano y mapa y la venta se basó, no meramente en el precio pagado por los solares, sino en la causa (consideration) adi-cional de que las calles y terrenos públicos especificados en el mapa continuarían siempre abiertos en favor de los adquirentes y de sus cesionarios. ’ (Citas.) ’ ’

En el caso de Tesson v. H. K. Porter Co., 238 Pa. 504, 86 Atl. 278, se dijo lo siguiente:

“Si hay alguna cosa que debe estimarse como definitivamente resuelta es que cuando una persona que es dueña de una parcela de terreno en una municipalidad la divide en lotes y la vende conforme a un plano que ha adoptado, con calles y callejones trazados, no sola-mente existe una obligación implícita a cada dueño de cada lote de que las calles y los callejones, según aparecen en su plano, que-darán abiertos siempre al uso público, sino que también existe una dedicación (donación) de los mismos como vías públicas, al uso del público de manera permanente, y la municipalidad misma no puede extinguir el derecho que cada dueño del solar adquiere así mediante un contrato privado con el dueño del terreno objeto del trazado.”

En Merino v. George F. Fish, Inc., 153 Atl. 302, la Corte Suprema de Connecticut se expresó así:

“La sentencia de la corte inferior al efecto de que los Merinos tenían derecho a usar este camino se basó en la contrademanda radi-cada por el demandado en la cual se solicitaba una sentencia declara-toria, entre otras cosas, respecto a si los demandantes tenían o no derecho a utilizar parte alguna de este terreno; y la sentencia no está, sujeta a la objeción de que no está sostenida por las alegaciones. En Whitton v. Clark, 112 Conn. 28, 32, 151 A. 305, 307, dijimos re-cientemente: ‘ Es ley bien establecida que cuando el dueño de un terreno hace que se prepare un mapa del mismo y que se tracen so-lares, y calles y avenidas por las cuales se tiene acceso a los mismos, y más tarde vende los solares y se refiere en las escrituras al mapa, los dueños de los solares adquieren el derecho a que las calles y ave-nidas sean más tarde mantenidas ab’ertas en beneficio de sus solares.’ Es cierto que allí limitamos el clerecbo de un 'adquirente a que las calles y avenidas se mantuviesen abiertas en tal forma que no inclu-yera cualquier calle trazada en el mapa que no resultaba ni proba-blemente jamás resultaría beneficiosa al solar adquirido. En el pre-sente caso la conclusión de la corte inferior demuestra ampliamente que el derecho de los Merinos a utilizar la supuesta calle para ir al camino Kidge les era beneficioso como dueños de los solares 'adqui-ridos de Davis, y esta restricción no les es aplicable. El derecho adquirido por una compra basada en un mapa como el que tenemos a la vista es un derecho privado y puede existir independientemente de la creación de una vía pública sobre la supuesta calle delineada. ‘La existencia de una servidumbre de paso a favor de un comprador a quien se le hizo referencia a un plano, es enteramente independiente de si existe o no algún derecho en favor del público. Por ejemplo, aunque las autoridades públicas se nieguen a aceptar la consagra-ción o eliminen una calle que aparezca en un plano, en tal forma que la dedicación de la calle resulte prácticamente una nulidad, no obs-tante el derecho del comprador, subsiste de igual modo que si las au-toridades no hubieramasumido tal actitud.’ (Citas.) Aquella parte del 'alegato del demandado que se dirige al hecho de que Davis efec-tivamente dejó de dedicar la supuesta calle, no es pertinente a las cuestiones envueltas en este recurso; tampoco hay razón para seguir la discusión que en ese alegato se hace de los estatutos que permiten el archivo de planos en la Oficina del Secretario Municipal, toda vez que el derecho de los Merinos surgió de la enajenación hecha a su favor a base del mapa y en forma alguna podían ellos ser afectados por el archivo del mismo en la oficina del Secretario Municipal. ’ ’

En Town of Leeds v. Sharp (Ala. Sup.), 118 So. 572, la corte se expresó así:

“El argumento en favor del remed’o solicitado se basa en la existencia de una donación al público (dedication) de acuerdo con los principios del derecho común. No surge controversia alguna con res-pecto a la regla de ley aquí aplicada. Para establecer tal donación debe demostrarse la ‘más clara intención’ de parte del dueño, a quien corresponde probar sus alegaciones. ‘Para cumplir este cometido . . . es necesario que la evidencia sea clara y que los actos del dueño aducidos para establecer la donación sean convincentes de una inten-ción de dedicar la propiedad al uso público, debiendo tales actos ser inequívocos en la indicación de la intención del dueño de crear un derecho público con exclusión del suyo.’ City of Florence v. Florence Land Co., 204 Ala. 175, 85 So. 516. ‘La existencia vel non del requisito de la intención no debe deducirse, sin embargo, del propósito “oculto en la mente del dueño”, sino que debe ser esta-blecido por la corte tomando como base los actos de dicho dueño.’ East Birmingham Realty Co. v. Birmingham Mach. Co., 160 Ala. 461, 49 So. 448. ‘Una “dedicación” es una donación o asignación de propiedad al uso público por el dueño, aceptada por el público. Puede ser hecha de palabra o por escrito; puede ser evidenciada por palabras o actos; por una declaración o actuación inequívoca, o por un curso de conducta revelando un claro propósito de dedicar.’ Hill v. Houk, 155 Ala. 448, 46 So. 562 . . . ‘Cuando un dueño hace que su terreno sea deslindado y trazado, ya sea el plano inscrito o no, y procede a vender uno o más solares de acuerdo con el plano, ésta es una completa donación {dedication) de las calles trazadas en el plano. La compra de solares constituye una aceptación que re-dunda en beneficio del público. Un elemento de impedimento (es-toppel) interviene en esta forma de donación al uso público. Obli-gaciones de buena fe surgen, así, manteniendo en beneficio del público el uso de las calles trazadas como una parte de la propiedad ofrecida en venta.’ Manning et al. v. House, 211 Ala. 570, 100 ,So. 772.”

De la jurisprudencia citada se deduce, en primer lugar, que una vez trazado un plan de urbanización sobre un te-rreno dividido en manzanas, solares y calles, el dueño de los solares vendidos dentro del plan de urbanización está im-pedido de negar el uso de las calles trazadas a sus comprado-res, y, en segundo lugar, se deduce también que los dueños de solares adquieren el derecho de usar las calles trazadas en beneficio de sus solares, no sólo contra el dueño, sino también contra cualquier otra persona que limite y perturbe el uso y disfrute de la propiedad. Las personas que compran dentro del plan de urbanización adquieren derechos y contraen de-beres de carácter recíproco, siendo uno de ellos el de tener acceso a las calles trazadas en el plano en beneficio de sus solares y de ser respetadas en el uso de las mismas. Pero aunque así no fuese, si la persona que tuvo el dominio del terreno trazado para calle no puede impedir al comprador el uso del mismo, con menos razón debe poder impedirlo nin-guna otra persona carente de título sobre dichos terrenos, y especialmente ningún otro dueño de solar que haya adqui-rido dentro del plan de urbanización. Como mny bien dice la Corte Suprema de Connecticut, “es ley bien establecida que ■cuando el dueño de un terreno bace que se prepare un mapa del mismo y que se tracen solares, y calles y avenidas por las cuales se tiene acceso a los mismos, y más tarde vende los ■solares, y se refiere en las escrituras al mapa, los dueños de los solares adquieren el derecho a que las calles y avenidas sean mantenidas abiertas en beneficio de sus solares.”

Se alega que la única evidencia que existe relacionada con la entrega de la urbanización al Municipio de San Juan es una carta con un plano dirigida al Alcalde de la ciudad por el Juez de la Corte de Distrito de San Juan. El plano de urbanización, según se deduce de la prueba, demuestra que las calles y avenidas fueron dedicadas al uso público y que se vendieron solares dentro del plan adoptado. En cuanto a la aceptación, puede ser expresa o tácita. No sabemos basta qué punto pueda negarse que la urbanización de Miramar ba sido aceptada por la municipalidad. Los funcionarios del municipio, según se deduce de la prueba, actúan como si existiese la aceptación. Pero en cuanto al derecho de los demandantes, esta cuestión carece de importancia. Con acep-tación o sin ella, los compradores de solares dentro de un plan de urbanización tienen derecho a utilizar las calles des-tinadas al uso público y a exigir que desaparezca cualquier estorbo o perturbación que constituya un menoscabo de ese • derecho.

El segundo motivo de error se basa en haber declarado •el tribunal a quo que la cerca construida por los deman-dados lo fue en terreno que era de su propiedad. En la relación del caso dice la corte inferior lo siguiente:

“Creemos que los demandantes han sufrido realmente un menos-cabo en el disfrute de su propiedad, desde que la cerca a que ellos se refieren en su demanda se levantó por la Sra. Lluberas, esto es, desde 1917 a 1918, pero no hay pruebas indicativas de que lo hecho por la Sra. Lluberas sea un acto realizado en propiedad que no sea la suya.”

La prueba aportada tiende a demostrar que antes de la fecha apuntada por la corte inferior los demandantes tenían libre acceso al uso de la Avenida de la Palma. Desde que-se construyó la cerca comenzó para la demandante el menos-cabo en el disfrute de su propiedad que reconoce la corte-inferior. No es posible negar la existencia en los autos de evidencia tendente a probar que la Avenida de la Palma ha sido invadida por la cerca establecida por la Sra. Lluberas» No es necesario que hagamos referencia detalladamente al testimonio de todos los testigos y a toda la prueba docu-mental. El solar perteneciente a los demandantes está si-tuado, según la escritura, en la Avenida de la Palma, man-zana norte, da su frente, oeste, a la Avenida de la Palma y linda por su derecha entrando, que es el sur, con el solar No» 54, por su izquierda, que es el norte, con el solar No. 56, hoy de doña Rosa Lluberas, y con el solar No. 42, y por su es-palda, que es el este, con el solar No. 43, propiedad también estos dos últimos solares dé doña Rosa Lluberas. El solar No. 56, adquirido por la Sra. Lluberas, lindaba por su frente, oeste, con la Avenida de la Palma, por su derecha entrando, sur, con el solar No. 55, por su izquierda, norte, con los Nos» 38 y 39, y por su espalda, este, con el No. 42. El solar ocu-pado actualmente por los demandados está formado por una agrupación de los solares Nos. 42, 43 y 56.de la manzana norte del plano de urbanización y aparece colindando, así agrupado, por el frente, o sea el este, con la Avenida Miramar, por la derecha entrando, o sea el norte, con el solar perteneciente a don Waldemar E. Lee, otro de don Francisco Marco y otro de don Fernando Purón, por la izquierda entrando, o sea el sur, con solares de la propiedad de don Guillermo Vidal y doña Victoria Capella", y por el fondo, o sea el oeste y sur-oeste, con el mismo solar de doña Victoria Capella y otro de don Guillermo Vidal, por la cual parte lindaba antes con la Avenida Palma.

Notamos un cambio significado en la descripción del solar por la parte oeste. El solar No. 56, que antes de ser agru-pado aparece lindando por sn frente, oeste con la Avenida de la Palma, después de sn agrupación se hace colindar por el oeste y suroeste con el solar de doña Victoria Capella y otro de don Guillermo Vidal, por la cual parte colindaba antes con la Avenida de la Palma. Hay prueba documental y tes-tifical tendente a demostrar que la Sra. Bosa Lluberas cons-truyó una cerca de zinc que proyecta unos 11.50 metros dentro del espacio ocupado por la Avenida de la Palma. Hemos examinado la prueba testifical aportada por los de-mandantes en relación con la evidencia documental y no cree-mos que sea éste un caso que pueda ser resuelto desestimando la demanda mediante una moción de nonsiát. El testigo Sr. Montilla, por ejemplo, dice entre otras cosas que en los tra-bajos del proyecto para pavimentar la Avenida Las Palmas, en Miramar, sólo pudo preparar el trozo comprendido entre la calle Laguna y la calle Elliot Place, porque'como a una distancia de 35 metros bay construida una cerca de zinc de 11.50 metros de fondo, ocupando casi todo el ancho que per-tenece a la Avenida y que se necesita para poderla construir. El testimonio de este testigo está de acuerdo con una comu-nicación que aparace dirigida por él en marzo 12, 1927, al Director de Obras Públicas Municipales de San Juan, ha-ciendo constar que en los trabajos del proyecto para pavi-mentar la Avenida de la Palma sólo pudo preparar el trozo comprendido entre la calle Laguna y la calle Elliot Place, porque como a una distancia de 35 metros hay construida una cerca de zinc de 11.50 metros de fondo, ocupando casi todo el ancho que pertenece a la Avenida y que se necesita para poderla construir. Agrega el comunicante que ha medido el frente a ambos lados de los solares de la calle Elliot Place y todos dan la longitud que tienen marcada en el plano de urbanización de Miramar que existe en los archivos del muni-cipio, demostrando que la cerca de zinc construida por la Sra. Bosa Lluberas es un estorbo para continuar la Avenida Palma.

El testigo Harry Besosa declara que doña Bosita Lluberas ha construido una cerca de zinc desviando la calle y tomando parte de la Avenida de las Palmas, que la calle está interrum-pida por esa cerca de zinc, y para pasar por ella, como lo ha hecho él, ha tenido que doblar alrededor de un barranco que da al ferrocarril, lleno de fango y piedra, por donde se tiene que cruzar como pasando un río. A preguntas del abogado de los demandados declara este testigo que ha dicho que doña Rosita Lluberas tomó un pedazo de la calle porque conforme a los planos de urbanización hay una calle señalada en el plano, y de acuerdo con esos planos es que se ha comprado, que doña Rosita Lluberas echó la verja o empalizada de su propiedad de cemento y más tarde continuó la verja o em-palizada hacia el muro y la hizo de zinc por encima del terreno donde debía ir la calle que existe en el papel, de acuerdo con el plano de urbanización. Manifiesta el testigo que no ha examinado el título de doña Rosa Lluberas, pero que ha examinado el suyo y el plano general de urbaniza-ción.

Juan Robledo declara que parte de la Avenida la Palma está medio afirmada y parte de pasto, y que en parte de la calle está la cerca de doña Rosa Lluberas.

Manuel Ochoa dice que vivía en la Avenida la Palma, la cual era una calle como otra cualquiera, abierta al pú-blico, por la cual transitaba todo el mundo, hasta el momento en que fue interrumpida por la cerca de la Sra. Lluberas.

No es necesario que continuemos presentando en todos sus aspectos y minuciosamente la prueba practicada. Bas-tan los detalles que anteceden, extraídos de un récord volu-minoso para demostrar cuando menos la existencia prima facie de una perturbación causada por la Sra. Rosa Llu-beras al tender la cerca obstruyendo el paso e impidiendo a los demandantes el libre goce y disfrute de su propiedad. Hay prueba en los autos de las numerosas gestiones practi-cadas por la familia Capella cerca de doña Rosa Lluberas y del Municipio de San Juan. Existen además las declara-ciones de los demandantes, que aunque sean partes intere-sadas, tienen derecho a ser consideradas como cualquier otra prueba por el juzgador.

La Sra. Antonia Martínez Viuda de Oapella, declarando sobre las dificultades que se le crearon con motivo de la cerca, dice entre otras cosas, lo siguiente:

“Desde que doña Rosa cercó la calle, perdimos todas las comodidades de la vivienda, se hizo insoportable el vivir ahí; nadie quiere llegar hasta la casa de nosotros, estamos completamente aislados, en-cerrados. Nosotros entramos a la casa porque no nos queda otro remedio, pero sufrimos muchísimo para pasar alrededor de esa cerca. No dejó espacio alguno cuando cercó por primera vez, porque lo que hay al otro lado de la calle es un precipicio, un barranco todo lleno de fango, porque todas las aguas del corral de la Sra. Lluberas corren por este sitio, así es que cuando llueve, cuando lavan el automóvil, cuando riegan las flores, siempre tenemos ese camino hecho un charco. Para poder pasar por este sitio fué preciso mandar a arreglarse lo mejor que se pudo. Todo lo que se pudo hacer fué formar un camino para lo cual picamos un muro de concreto que había en nuestra propiedad. En aquel barranco cuesta abajo no se podía hacer otra cosa. Este caminito que logramos hacer no tenía más de un pie de ancho, no pudo hacerse más ancho.”

Del testimonio de la Srta. Estrella García Oapella tomamos la siguiente:

“Es difícil describir los sufrimientos y molestias que hemos te-nido que estar pasando desde que nos cercaron la calle. Cuando' queremos salir de noche a algún paseo y tenemos que dar esa vuelta sufrimos muchísimo. Cuando van a buscar a uno en automóvil no pueden detener el carro frente a la casa y uno sufre moralmente. Estamos viviendo en un corral, encerrados. Doña Rosita siempre vivió en ese sitio hasta que se murió. Nosotros hicimos constante-mente gestiones con ella y con el Sr. Carreras para que nos dejara la calle libre, haciéndoles ver la situación en que estábamos. Varias veces le hablé a Carreras y él siempre me contestaba: 'Dile a tu mamá que le venda a mi mujer y saldrán de ahí.’ Otras veces vol-vía a hablarle llamándole la atención de que estaba desocupada la casa y mamá no podía pagar los intereses y nos iban a ejecutar la hipoteca y me contestaba: 'Mi mujer dice que ella las comprará en pública subasta cuando las ejecuten.’ El Sr. Carreras, cada vez que me encontraba en la calle me decía que comprendía la situación pero que él no podía hacer nada.-
“Hasta de las'cosas más insignificantes de la vida está uno privado. Yo llego por la tarde a mi casa y mi gusto sería coger a mi abuela y sacarla a la calle, sacarla de aquel encierro y no puedo ha-cerlo porque ella no puede andar por el estrecho barranco que nos han dejado con la cerca. Cuando la llevaron a hacerse la operación hubo que cargarla por ese sitio porque el carro no la podía ir a coger allí mismo y hubo que sacarla para llevarla donde el médico.”

No es nuestra misión emitir juicio alguno en estos mo-mentos acerca del peso que pueda merecer esta prueba. Estamos resolviendo una moción que se dirige a la suficien-cia de la evidencia aportada, que en la nomenclatura legal americana se conoce con el nombre de nonsuit. Nos limi-tamos a considerar esa prueba para determinar si se ha establecido o no un caso prima facie en favor de las partes demandantes y respondemos esta cuestión en la afirmativa, porque creemos que la prueba producida es bastante para que se decida el caso en sus méritos, después que los de-mandados hayan tenido la oportunidad de producir su prueba y establecer sus defensas.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte inferior para procedimientos ulteriores no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señou Audrey,

text:
    Sucesores de L. Villamil & Co., S. en C., tercerista y apelante, v. Etelvina Pacheco, et al. y José B. Méndez, demandados y apelados.
    No. 6333.

    Sometido: Noviembre 20, 1934.

      Resuelto: Julio 11, 1935.

      22. Castro Fernández, abogado de la apelante; González Fagundo & González, Jr. abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señou Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación la interpuso la mercantil Sucesores de L. Villamil & Go., S. en C., contra sentencia de la Corte de Distrito de Humacao que declaró sin lugar su demanda de tercería.

Sucesores de L. Villamil & Co., S. en O., y José B. Mén-dez firmaron el 16 de junio de 1926 un contrato por el cual la primera hizo al segundo una venta condicional de un au-tocamión (truck) marca “Mack” por precio de $6,650 de los cuales el comprador pagó de contado $997.75 y los restantes $5,652.25 se comprometió a pagarlos en veintitrés plazos men-suales de $245.75 cada uno, por los cuales el comprador ex-tendería pagarés a la orden con interés al 9 por ciento anual que serían garantizados por Juan Méndez Santiago. En 16 de mayo de 1928 debía estar satisfecho todo el precio de la compra pero esto no sucedió así, pues en esa fecha estaba ■debiendo Méndez la cantidad de $2,383.73 y en dicho día, 16 de mayo de 1928, las partes suscribieron un nuevo contrato •de venta condicional por el cual el comprador pagó de con-tado $283.73 y los restantes $2,100 se comprometió a pa-garlos en catorce mensualidades, pero quedando reducida la cantidad mensual que debía satisfacer de $245.75 a $150 •cada una. En este segundo contrato no fué requerida la .garantía de Juan Méndez Santiago. El primer contrato fué registrado tres días después y el segundo a los tres meses ■siguientes de su otorgamiento. Tampoco pagó Méndez los plazos convenidos y en 27 de septiembre del mismo año 1928 ■suscribió y entregó a Sucesores de L. Villamil & Co. una ■carta en la que le decía que después del ciclón que acababa •de azotar esta isla su negocio había quedado completamente paralizado, lo que le imposibilitaba cumplir con los plazos del truck, por lo que había decidido hacerle entrega del 'mismo para que se cobrara los $2,030 importe de su deuda, a cuyo fin le entregaba la licencia del autocamión endosada, rogándole que hiciera lo posible por sacarle algo por encima de su deuda, al venderlo, porque su situación era suma-mente angustiosa. Al dorso de la licencia hizo constar Mén-dez en 27 de septiembre de 1928 que la posesión y dominio del autocamión ha pasado a Sucesores de L. Villamil & Co. Según declaración del Sr. Pedro A. Pizá, encargado de Su-cesores de L. Villamil & Co. para la venta de sus autocamio-nes, y según la de José B. Méndez, el truck fué entregado en pago de la deuda. Ese vehículo fue entregado por Villamil a Francisco Vega, de Caguas, para que lo probara porque trataba de comprarlo, y en poder de Vega fué embargado el 8 de noviembre de 1928 por Etelvina Pacheco para pago de una sentencia en cobro de dinero por indemnización que ob-tuvo contra José B. Méndez. Entonces Sucesores de L. Vi-llamil & Co. presentó la demanda de tercería que motiva esta apelación, para que se le entregase dicho autocamión por ser de su propiedad. José B. Méndez no contestó esa demanda pero sí lo hizo Etelvina Pacheco admitiendo el otorgamiento de los dos contratos de venta condicional de 16 de junio de 1926 y de 16 de mayo de 1928 pero alegando que el segundo de ellos fué simulado y que cuando se otorgó, el truck ya era de la propiedad exclusiva de José B. Méndez, quien estaba en posesión del mismo dedicándolo a su empresa y utilizándolo como dueño. Celebrado el juicio recayó sen-tencia declarando sin lugar la demanda de tercería con las costas.

Aunque el apelante alega seis motivos para que revoque-mos la sentencia, ele los cuales el último se refiere a la impo-sición de las costas, los otros cinco se refieren a la prueba, por lo que podemos considerarlos y resolverlos conjunta-mente.

La demandante probó en el juicio todos los hechos que hemos expuesto y la demandada Etelvina Pacheco no presentó prueba alguna tendiente a demostrar que el se-gundo contrato de venta condicional de 16 de mayo era si-mulado. La corte de distrito no declaró expresamente en la opinión que escribió para fundar su sentencia que dicho con-trato sea simulado, como alegó la demandada, y ■ se limitó a echar sombras sobre el mismo como si por ellas pudiera concluirse que efectivamente tal contrato fué simulado por el hecho de que en él no se exigió que los pagarés fueran garantizados, como se requirió en el primer contrato: porque el contrato de mayo no fué registrado hasta agosto y porque el traspaso del autocamión por Méndez a Yillamil hecho en 27 de septiembre no fué registrado hasta el 9 de noviembre, un día después del embargo.

El hecho de que los segundos pagarés no fueran garan-tizados como lo fueron los anteriores no es de importancia porque la primitiva deuda de $5,652.25 había quedado redu-cida a $2,100 y porque las contestaciones de José B. Mén-dez a las repreguntas de la demandada en el juicio demos-traron que si bien su pariente Juan Méndez Santiago era solvente cuando se celebró el primer contrato en 16 de junio de 1926, no lo era cuando se firmó el segundo en 16 de mayo de 1928 porque sus bienes fueron embargados por el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico; aparte de que declaró el Sr. Pizá que la garantía no era de importancia para la casa de Yillamil, lo que comprueba el hecho de que no se exigió al fiador Juan Méndez Santiago el pago de los pagarés que por $2,383.73 del primer contrato dejó de satis-facer José B. Méndez. Tampoco es signo de simulación que ese segundo contrato, que la demandada admite fué otor-gado, no fuera registrado hasta tres meses después de otor-gado pues por el contrario los simulados suelen ser los que son registrados tan pronto se otorgan, aparte de que Yillamil estaba garantizado con la inscripción del primer contrato. El fraude o la simulación necesita prueba fuerte y convincente para que pueda ser declarado por los tribunales y las sos-pechas y conjeturas en que se funda la corte inferior no son suficientes para que la simulación fuera declarada. Por otra parte, aunque ese contrato fuera simulado subsis-tiría el primero y seguiría siendo Villamil dueño del autoca-mión toda vez que Méndez no pagó todo su precio, de lo que no hubo prueba en contrario. Por último, el autocamión no estaba en posesión de Méndez cuando fué embargado sino de Francisco Vega, a quien Villamil lo entregó para que lo probara.

Por lo expuesto, no siendo el autocamión propiedad de José B. Méndez cuando fué embargado sino de Sucesores de L. Villamil & Co., la sentencia apelada debe ser revocada y dic-tarse otra declarando con lugar la demanda de tercería, sin especial condena de costas.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Juan Manuel Rivera, demandante y apelante, v. R. Ruiz & Co. y Francisco Rivera, demandados y apelados.
    No. 6427.

    Sometido: Diciembre 5, 1934.

      Resuelto: Julio 11, 1935.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; Angel A. Vcizquez, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad mercantil R. Ruiz & Co., de San Juan, em-bargó a Francisco Rivera mercaderías que tenía en el pueblo de Morovis. Reclamó Juan Manuel Rivera esa mercancía como de su propiedad en demanda de tercería y la sentencia le fué contraria, por lo que interpuso esta apelación.

Poco tendremos que decir en cuanto al motivo alegado por el apelante de haber sido apreciada erróneamente la prueba por la corte inferior.

El tercerista Juan Manuel Rivera trató de probar con su declaración, la de sn 'hermano Francisco Rivera, la de la esposa de éste, Dolores Vázquez, y la de nna hija del deman-dante qne la mercancía embargada y que estaba en la tienda de Francisco Rivera era del tercerista porque había entregado $400 a Dolores Vázquez para que la comprase; y con un em-pleado de otra mercantil, que ésta había abierto una cuenta a nombre de Juan Manuel Rivera, aunque no lo conocía, porque fué presentado por Dolores Vázquez. También fué admitido un documento de estar la tienda a nombre de Juan Manuel Rivera.

La demandada R. Ruiz & Co. presentó evidencia según la cual Francisco Rivera era la persona que estaba al frente de la tienda; que la mercancía embargada tenía la marca de R. Ruiz & Co.; que cuando comenzaba el embargo propuso Francisco Rivera a una de las personas que lo gestionaba que si no continuaba el embargo estaba dispuesto a pagar un 25 por ciento de la cuenta; que en ningún momento dijo Francisco Rivera ni su esposa Dolores Vázquez durante el embargo que la tienda era de Juan Manuel Rivera; y que cuando se co-municó a Juan Manuel Rivera que la tienda estaba a su nombre manifestó que no había tenido antes noticia de tal cosa.

El conflicto de la evidencia fué resuelto en contra del ter-cerista por la corte sentenciadora y no encontramos motivo para decir que cometiera error al apreciarla y al resolver dicho conflicto.

La evidencia de R. Ruiz & Co. tendió a demostrar que Juan Manuel Rivera no era el dueño de la mercancía, como alegó en su demanda, y por eso no vemos que hubiera error en admitirla.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Roberto Colón, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 6597.

    Sometido: Marzo 13, 1935.

      Resuelto: Julio 11, 1935.

      F. Ramírez de Arellano, abogado del apelante; Son. Procurador General Benjamin J. Horton y R. Cordones Arana, Subprocurador, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación fué interpuesta porque se declaró sin lugar la demanda.

El apelado nos pidió que desestimásemos este recurso por frívolo pero esa moción fue oída al mismo tiempo que la ape-lación, por lo que dictaremos una sola resolución.

La cuestión fundamental es si la demanda aduce o no hechos determinantes de causa de acción. Si no son suficientes no será necesario resolver si las acciones que se ejercitan tienen que ser alegadas separadamente toda vez que el de-mandante no quiso enmendar su demanda.

El apelante vendió varios tractores desde el 4 de agosto de 1931 hasta el mes de julio de 1932 en que radicó su de-manda y por esas ventas le cobró el Tesorero de Puerto Pico la cantidad de $2,439.35 que el demandante pagó bajo pro-testa y que pide se le devuelvan por estimar que la ley bajo la cual se le impuso dicha contribución no comprende trac-tores agrícolas, como son los que vendió, porque no son ve-hículos de motor sino parte integrante de los arados mecá-nicos y carecen de ruedas porque se mueven sobre una banda dentada metálica llamada caterpillar.

En el caso de West India Machinery & Supply Company v. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, 46 D.P.R. 111, dijimos que ese pleito se estableció para recobrar ciertas contri-buciones pagadas bajo protesta sobre un número de tractores usados para fines agrícolas, siendo la contención del deman-dante que los tractores destinados y utilizados para fines agrícolas están exentos de contribución de conformidad con las disposiciones del inciso 8 de la sección 16 de la Ley de Bentas Internas, tal cual fué enmendada en 1931, pero que en la apelación fué abandonada esa posición insostenible para argüir que el Tesorero no podía exigir más del 10 por ciento, de la venta; y declaramos que los tractores están necesariamente incluidos en la frase “Vehículos de motor” descritos en dicha sección. Por lo resuelto en ese caso po-dríamos confirmar sin más argumentación la sentencia ape-lada pero en vista del laborioso alegato del apelante diremos algo más.

La ley en controversia es la que se. tuvo en cuenta en el caso antes citado, la que copiada en lo necesario dice así:

“Vehículos de motor y lanchas y botes de motor. — Sobre todo ve-hículo de motor, incluyendo automóviles, autowagones, camiones, trac-tores, autos de arrastre, motocicletas (sea cual fuere el nombre con que .se conocieren) chassis, motores, cajas, baterías, tubos interiores y neumáticos para los mismos, lanchas, tengan o no puestos los mo-tores, motores para las mismas, incluyendo motores usados para la parte exterior, que se vendan, traspasen, fabriquen, usen o introduz-can en Puerto Rico, un impuesto de diez (10) por ciento sobre el precio de venta en Puerto Rico

La ley impone contribución por la venta de vehículos de motor, incluyendo automóviles, autowagones, camiones, trac-tores, autos de arrastre y motocicletas. El apelante sostiene que los tractores no son vehículos de motor porque no tienen ruedas, neumáticos ni tubos interiores para los mismos, pues se mueven sobre una banda metálica llamada caterpillar; sin embargo, la ley ha considerado a los tractores como ve-hículos de motor al incluirlos entre los vehículos de motor, por lo que hay que concluir que son vehículos de motor, como declaramos en el caso antes citado. El vehículo de motor se mueve por fuerza que no es la muscular, como los automó-viles, los tractores y otros.

También dice el apelante que la ley se refiere a los trac-tores industriales y no a los dedicados a trabajos agrícolas, que sirven para arrastrar los pesados arados modernos y otros aparatos agrícolas, porque la agricultura, debe ser pro-tegida. Esto no obstante la ley ha impuesto contribución sobre los tractores sin distinguir entre industriales y agrí-colas, como hace el apelante. Por disposición de la ley todos los tractores tienen que pagar contribuciones y nosotros no estamos autorizados para agregar a la ley palabras y excep-ciones que ella no contiene. Esa es función de la Legislatura, la que puede excluir del impuesto los tractores que el apelante llama agrícolas, si lo cree conveniente.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe Aldüey,

text:
    Santiago Ros, sustituído por Guillermo Román, demandante y apelante, v. Justino Barreto Aldahondo, y Manuel Náter Girona, Márshal de la Corte de Distrito, demandados y apelados.
    No. 7092.

    Sometido: Julio 15, 1935.

      Resuelto: Julio 16, 1935.

      Diego O. Marrero, abogado del apelante; Angel A. Vázquez, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe Aldüey,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento de injunction preliminar que fné de-clarado sin lugar por la Corte de Distrito de San Juan le fueron impuestas las costas al peticionario. El demandado presentó su memorándum de costas en el que puso una par-tida de $300 para honorarios de su abogado. La corte aprobó dicha cantidad para el concepto expresado y fue interpuesta esta apelación. El demandado nos pide que la desestimemos por ser frívola, toda vez que no estando tramitando en la corte inferior el apelante una transcripción taquigráfica de la evidencia ni una exposición del caso no estaremos para resolver la apelación en las mismas condiciones en que se halló la corte al aprobar los $300 para honorarios de abo-gado.

En una moción de prórroga que nos presentó el apelante para radicar en este tribunal los autos para su apelación manifiesta que para su recurso dependerá única y exclusiva-mente del legajo de la sentencia, ya que.en ese incidente no se practicó prueba alguna en la corte de distrito. De cer-tificaciones que nos ha presentado el apelado aparece que el apelante no está tramitando en dicha corte exposición del caso ni ha interesado que se haga la transcripción de la evi-dencia para su apelación. La discrepancia entre las partes es que mientras el apelante dice que no "se practicó prueba para resolver sobre las costas, el apelado sostiene que sí la hubo por lo que no trayéndola a este tribunal resulta frí-vola esta apelación por cuanto no podremos declarar que la cuantía de honorarios concedida por la corte inferior es ex-cesiva.

Al resolver la corte de distrito la cuestión de la cuantía de los honorarios de abogado dijo con respecto a ese particular lo siguiente:

‘' La partida de honorarios de abogado no es excesiva. Presentada la petición de injunction, el demandado compareció radicando mocio-nes sobre impugnación a la suficiencia de los fiadores, revocación de la orden de entredicho, y eliminación de particulares de la petición. Se celebró una vista a la que sólo asistió el demandado, anulando la corte la orden de entredicho, por insuficiencia de la fianza. Se sustituyó entonces al demandante Santiago Ros por Guillermo Ro-mán y se presentó petición enmendada de injunction, expidiéndose otro entredicho, y volvió el demandado 'a comparecer mostrando causa y contestando la solicitud de injunction preliminar. Entonces se ce-lebró la vista, en los días 4 y 8 de enero de 1935, con la asistencia de ambas partes y práctica de evidencia documental y testifical. El demandado radicó además un memorándum de 11 páginas, analizando la evidencia y estudiando las cuestiones legales envueltas en el litigio.
“Por tanto, se aprueba el memorándum de costas por la suma de $307.00 y se condena a Santiago Ros, subrogado por Guillermo Román a pagar a Justino Barreto la suma de $307.00 por concepto de costas; debiendo el secretario expedir el correspondiente manda-miento de ejecución si no se satisficiere dentro del término de ley.”

Las palabras que acabamos de copiar demuestran que al resolver la corte sobre la cuantía de los honorarios tuvo en cuenta la prueba que se presentó en el interdicto, incluyendo la prueba documental y testifical que entonces se le presentó, por lo que tuvo prueba ante sí; y como el apelante no va a traer esa prueba ante nosotros, no estaremos en condiciones de resolver su apelación, por lo que resulta frívola. Ceballos v. Sucn. Alvarez, 44 D.P.R. 596. Independientemente de lo expuesto nos parece que si tuviéramos en cuenta todas las actuaciones que tuvo ante sí la corte inferior difícilmente sería revocada la resolución apelada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Inocencia Picón Rivera, demandante y apelante, v. Central Cambalache, Inc., demandada y apelada.
    No. 6572.

    Sometido: Junio 29, 1935.

      Resuelto: Julio 16, 1935.

      Isaías M. Crespo, abogado de la apelante; Félix Scmtoni, abogado de la apelada.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte demandada ba presentado una moción pidiendo la reconsideración de la sentencia dictada por esta corte en este caso el 20 de mayo último.

Se acordó oír a la parte demandante sobre el segundo fundamento de la moción, o sea, el que se refiere al pronun-ciamiento de costas, y la dicha parte archivó su oposición escrita a que el pronunciamiento se reconsidere.

La cuestión legal envuelta se presta al sostenimiento de diferentes criterios como lo demuestra la división de opinio-nes en los propios jueces de esta corte. Si bien la forma en que fué finalmente resuelta estaba apuntada en previas de-cisiones del tribunal, sólo lo fué de modo terminante en el caso de Martínez v. Central Cambalache en marzo 8 último, ante, pág. 216, mucho después de iniciado este pleito, y en tal caso al revocar la sentencia y dictar la que debió haber dictado la corte de distrito, lo hicimos sin especial condena-ción de costas.

La corte de distrito falló aquí en favor de la demandada. El alegato de la demandada como apelada y su moción de reconsideración revelan una firme convicción de la posición que sostiene.

Bajo esas circunstancias creemos que si bien la parte per-didosa debe pagar las costas, no debe incluirse en ellas la totalidad de los honorarios de abogado.

La ley vigente es al efecto de que “En todos los casos en que se hayan concedido a una parte las costas en una ac-ción o procedimiento en la corte de distrito, dicha parte, a discreción de la corte de distrito, tendrá derecho a recibir de la parte vencida, una cantidad que represente el valor de los servicios de su, abogado, o una parte de dicha cantidad.” Itálicas nuestras. Disponiendo además dicha ley “que los honorarios y costas serán concedidos a discreción del juez que tenga conocimiento de la acción o procedimiento, teniendo en cuenta también el grado de culpa de la parte, si la hu-biere, contra quien se dictare sentencia.” Artículo 327 Có-digo de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, p. 154.

En un caso como éste la Corte Suprema al revocar la sen-tencia de la corte de distrito debe pronunciar la que debió-dictar dicha corte (Artículo 306 del Código de Enjuicia-miento Civil, ed. 1933, p. 144) teniendo en tal virtud sus mis-mos poderes, de suerte que lo dispuesto en el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil antes citado en cuanta a cortes de distrito es aquí aplicable a la Corte Suprema.

Juzgando, pues, las circunstancias que concurren, de acuerdo con la ley, entendemos que para acercarnos lo más posible a la justicia del caso, debemos reconsiderar el repetida pronunciamiento de costas de la sentencia de 20 de mayo, 1935, sustituyéndolo por el que sigue: “con las costas, inclu-yéndose en ellas una mitad del valor de los servicios de abo-gado.”

En cuanto a la cuestión de fondo, no nos ha convencido la moción de reconsideración que debamos variar de criterio.

Dicha moción se deniega, pues, en parte, y en parte se concede, en la forma indicada.

Los Jueces Asociados señores Hutchison y Córdova Dá-vila disintieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchisoh,

text:
    Sucesión de Obdulio Jiménez Saltebrán, recurrente v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 951.

    Sometido: Mayo 25, 1935.

      Resuelto: Julio 16, 1935.

      Celestino Domínguez Bubio y Luis Domvnguez Bovvra, abogados de la recurrente; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchisoh,

emitió la opinion del tribunal.

En 1897, doña Julia Palmieri y Santiago, viuda, y don Antonio Passalacqua y Costa, disolvieron una sociedad mercantil conocida con el nombre de Passalacqua & Cía. La escritura de disolución contenía las siguientes cláusulas:

“TERCERA. — En atención a que por el momento no puede cada so-cio hacerse cargo de lo que le lia correspondido en la sociedad que se extingue por haber créditos pendientes de pago, otros pendientes de cobro, e inmuebles y derechos reales que no pueden dividirse por ahora, queda el don Antonio Passalacqua encargado de todas las pertenen-cias de la compañía para el pago y cobro de todos los créditos que corresponden a ambos socios, por virtud de dicha disolución con tod'as las facultades de derecho.
“CuaRta. — Doña Julia Palnreri, por el derecho que le corres-ponde, y para los intereses de la misma señora, 'autoriza y apodera de la manera más solemne a don Antonio Passalacqua, para hacer transacciones, concesiones, celebrar. compromisos y para todos los de-más actos necesarios a la realización y mayor éxito de los intereses sociales, con las responsabilidades que le impone el Código Mercantil, hasta la completa liquidae'ón de la sociedad disuelta.
“Quinta. — Don Antonio Passalacqua queda constituido liquidador de la casa mercantil Passalacqua & Compañía, que se extingue por la presente escritura, con las obligaciones y responsabilidades que como tal liquidador le impone el Código Mercantil.”

En 1913, Passalacqua, como liquidador, vendió una par-cela de terreno y el registrador inscribió la venta sujeta al defecto subsanable de que no se acreditaba el carácter y fa-cultades de Passalacqua, como liquidador. En mayo de 1935, los actuales dueños de la finca trataron de subsanar el de-fecto, presentando en el registro de la propiedad copia de la escritura de disolución. El registrador se negó a efectuar el asiento solicitado, fundándose en que el documento no otor-gaba a Passalacqua el derecho a vender los bienes inmuebles y por no tener él tales facultades de conformidad con la ley. El artículo 1604 del Código Civil (edición de 1930) provee:

“El mandato concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración.
“Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso.”

El recurrente cita 2 Manresa 448, al efecto de que el poder para transigir comprende el poder para enajenar los bienes objeto de la transacción. Empero, aquí no estaba envuelta ninguna transacción, como tampoco estaba la propiedad en cuestión envuelta en ninguna transacción. El recurrente también cita del mismo autor y tomo, al efecto de que la administración a veces incluye el poder para enajenar, como por ejemplo, para vender los productos agrícolas del suelo. En ausencia de ulterior cita de autoridades, no estamos dis-puestos a extender esta doctrina para que incluya una ena-jenación del terreno mismo.

El recurrente también se refiere a un asiento posterior en el registro de la propiedad en que aparece que Passalacqua traspasó a la misma doña Julia Palmieri varias parcelas de terreno valoradas en $5,000 en pago de la deuda de la sociedad para con ella. El recurrente se funda en esta transacción como prueba de la ratificación. No habiéndosele sometido al registrador la cuestión de ratificación, ésta no puede ser suscitada abora como argumento liara la revocación.De todos modos, la cuestión de una ratificación implícita vel non es una cuestión debatible de hecho que podría quizá surgir en una acción reivindicatoria al ser traída por doña Julia Palmieri contra los dueños del terreno envuelto en el presente recurso, o en un pleito para despejar el título (to remove the cloud) de tales dueños al ser promovido por ellos. No es ésa cuestión que pueda propiamente ser resuelta por el registrador de la propiedad, de una mera inspección del asiento en que se funda el recurrente. Además, el adquirente del terreno en controversia no era un acreedor de la sociedad mercantil y el terreno no le fué traspasado en pago de ninguna deuda o reclamación contra la sociedad.

Este hecho también sirve para excluir el presente caso de otra cita que el recurrente hace de 2 Manresa 447, al efecto de que la facultad para pagar las deudas incluye la facultad para enajenar bienes en pago de tales deudas.

Lo que más se aproxima a un poder expreso para vender bienes inmuebles en el presente caso es la autorización de “ todos los demás actos necesarios a la realización y mayor éxito de los intereses sociales, con las responsabilidades que le impone el Código Mercantil, hasta la completa liquidación de la sociedad disuelta.” Fuera de cualquier cuestión de noscitur a sociis, éste no es un poder expreso para vender bienes inmuebles. Por sus términos no equivale por lo menos a un poder para vender o convertir en numerario el activo de la sociedad. La armonía que guarda la palabra “realiza-ción” con las palabras “mayor éxito” indica claramente que los “intereses sociales” no son activo tangible, inclu-yendo bienes inmuebles. El interpretar tal fraseología como equivalente a un poder expreso para vender bienes inmue-bles, sin necesidad para ello y sin relación aparente entre la venta y el pago o cumplimiento de cualquiera de las obli-gaciones de la sociedad, sería subversivo de la bien estable-cida regla de estricta hermenéutica.

La ley misma no otorga a Passalacqua mayor autoridad que la conferídale por la escritura de disolución. El artículo 147 del Código de Comercio (edición de 1932) lee así:

“Desde el momento en que la sociedad se declare en liquidación, cesará la representación de los socios administradores para hacer nuevos contratos y obligaciones, quedando limitadas sus facultades, en calidad de liquidadores, a percibir los créditos de la compañía, a extinguir las obligaciones contraídas de antemano, según vayan ven-ciendo, y a realizar las operaciones pendientes.”

El caso de Quiñones v. Registrador, 18 D.P.R. 130, es el más favorable al recurrente. Allí este tribunal resolvió subs-tancialmente que el poder para cancelar una hipoteca está incluido entre los poderes conferidos a un liquidador por el artículo 228, hoy 147 supra del Código de Comercio. La can-celación de una hipoteca es un incidente, de ordinario un incidente necesario, al cobro de una deuda garantizada con tal hipoteca. Así.pues, la facultad para cancelar una hipo-teca puede ser considerada como incluida en la facultad para cobrar la deuda, no embargante el hecho de que tal can-celación envuelve la enajenación de un derecho real. Quizá, cuando terreno gravado con fuertes hipotecas es vendido como en el caso de Martin v. Dial, 89 A.L.R. 571, con el propósito de liquidar las duedas insolutas, ya se le venda directamente al acreedor hipotecario o a alguna otra persona que asuma la hipoteca, la facultad para vender tales bienes inmuebles podría decirse que en Puerto Rico, al igual que en Tejas, es incidental e implícita en la facultad para liquidar tal deuda. No es ése el presente caso. Ni del hecho de que la facultad para concelar una hipoteca esté implícita en la facultad para cobrar la deuda garantizada con tal hipoteca, ni del hecho de que la facultad para disponer de una finca hipotecada esté implícita en la facultad para liquidar la deuda pendiente, se desprende que un liquidador tiene poder para vender cuales-quiera bienes inmuebles que estén en su poder, en ausencia de cualquier relación entre tal venta y sus deberes como li-quidador. No existe prueba satisfactoria de tal relación en el presente caso. Por el contrario, todos los hechos ante nos tienden a indicar una conclusión contraria. Además, aquí la jurisdicción del registrador para considerar y deter-minar cualquier cuestión dudosa de hecho podría ser, para decir lo menos, seriamente atacada.

En American Colonial Bank v. Registrador, 4 D.P.R. 289 (segunda edición) y en Sucrs. de Sobrino Fernández & Co. v. Registrador, 27 D.P.R. 459, la facultad para vender el activo, es decir, la facultad para convertir en numerario todos los bienes muebles e inmuebles, fué conferida expresamente. Conforme ya hemos demostrado, la escritura de disolución que ahora estamos considerando no puede decirse que haya conferido a Passalacqua tal facultad, ya sea en términos ex-presos o por necesaria inferencia.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Córdoya Dávila,

text:
    José González Reyes y Juan Reyes Torres, demandantes y apelantes, v. Manuel González Reyes y Ernesto Fernando Schlüter, demandados y apelados.
    No. 6595.

    Sometido: Junio 22, 1935.

      Resuelto: Julio 16, 1935.

      Francisco Yizcarronclo, abogado délos apelantes; J. Vendrélly Dubón <& Ochoteco, 'abogados de los apelados.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Córdoya Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios en este caso iniciaron una acción en la Corte de Distrito de Humacao sobre nulidad de escritura pública y de procedimiento de embargo contra los deman-dados Manuel Gronzález Beyes y Ernesto Fernando Sehlüter. Alegaron que eran dueños en unión de otras personas de una finca de 50 cuerdas que se describe en la demanda; que esta finca fué vendida a Manuel Gronzález Beyes y que en la escri-tura de venta aparecen vendiendo sus respectivas partici-paciones José Gronzález Beyes y María Bita González Beyes, menores de edad, que María Bita murió siendo soltera, el día 5 de marzo de 1926, dejando como única heredera a su madre Juana Beyes Torres; que Ernesto Fernando Sehlüter, teniendo conocimiento de la minoridad de los peticionarios y de la forma en que Manuel González Beyes había adquirido la propiedad, embargó en una acción dirigida contra este último la referida finca, la cual le fué adjudicada en pública subasta en pago de la sentencia recaída; que más tarde Ernesto Fernando Sehlüter promovió acción de desahucio y ob-tuvo sentencia contra Manuel González. Beyes, habiendo soli-citado la ejecución de dicha sentencia; pero que los peticio-narios “no tienen relación alguna con dicho Manuel Gon-zález Beyes en lo que se refiere a estas acciones; que ellos no han sido notificados ni emplazados ni citados en forma alguna en dicho procedimiento de desahucio y que estando en disputa la propiedad de esos terrenos no pueden ser des-poseídos ni lanzados de dicha finca por un procedimiento de desahucio sino por sentencia en una acción contenciosa.”

Basados en estas y otras alegaciones los peticionarios solicitan que se ordene al marshal de la Corte de Distrito de Humacao que por sí o por cualquiera de sus subalternos se abstenga de ejecutar la sentencia de desahucio mientras la acción de nulidad pende ante los tribunales y recaiga una sentencia definitiva, absteniéndose además de lanzar a los pe-ticionarios o a sus familiares de la finca de 50 cnerdas ya descrita, etc.

Los demandados en su contestación a la solicitud alegan entre otras cosas que la misma no aduce becbos suficientes para que pueda concederse el remedio solicitado.

La Corte de Distrito de Humacao declaró sin lugar la demanda. Este tribunal confirmó la sentencia dictada sin emitir opinión, por considerarlo innecesario, y declaró sin lugar una moción de reconsideración. Los demandados in-sisten de nuevo en que reconsideremos nuestra sentencia, solicitando que se les permita elevar a este tribunal cierta prueba aportada en la corte inferior. Repetimos que no estamos en condiciones de acceder a lo solicitado, porque en realidad no se aducen hechos bastantes para que pueda ex-pedirse un auto de injunction y porque hemos llegado a la conclusión de que, aunque permitiéramos que se uniera a los autos la prueba ofrecida por los apelantes, no quedarían subsanados los defectos de que adolece la solicitud.

No alegan los peticionarios que estén en posesión de la finca que se describe en la solicitud ni que hayan sido ame-nazados de ser lanzados de la misma. Se limitan a decir que no han sido emplazados ni citados en forma alguna en el procedimiento de desahucio y que no pueden ser desposeídos ni lanzados de dicha finca sino por sentencia en una acción contenciosa. Estamos conformes. Si la acción de desahu-cio no se promovió contra los peticionarios, si no hubo para ellos citación ni emplazamiento, es claro que no han sido vencidos en juicio y que no pueden ser desposeídos (asu-miendo que se encuentren en la posesión de la finca) en virtud de una orden de lanzamiento dictada en una acción de desahucio dirigida exclusivamente contra Manuel Gon-zález Reyes.

La expedición de nn anto de injunction, qne por lo visto resulta innecesaria, no estaría justificada, tomando como base la solicitud y la prueba ofrecida por los apelantes.

No ha lugar a la reconsideración solicitada.

El Juez Asociado Sr. Hutcbison disintió.'

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resul-tado.*