author: El Juez Asociado Señor Texidor, JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. The Porto Rico Telephone Co., acusada y apelante.
    No. 3928.

    Sometido: Diciembre 19, 1929.

      Resuelto: Febrero 12, 1930.

      Jaime Sifre, F. Prieto y Diego O. Marrero, abogados de la apelante; B. A. Comes, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso está redactada así:

"El fiscal formula acusación contra la corporación ‘The Porto Rico Telephone Company’ por un delito definido por la sección 6 y castigado por la sección 8 de una ley titulada ‘Ley sobre contratos de trabajo,’ aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en 31 de marzo de 1919 (misdemeanor), cometido de la manera si-guiente :
“ ‘Que en uno de los días del mes de febrero de 1928, y en San Juan, P. R., que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, la corporación acusada, Porto Rico Telephone Company, que allí y entonces se aprovechaba del trabajo de Angel Irizarry, mediante el pago a éste de un salario quincenal, y sin haber hecho anticipo alguno le descontó la suma de dos dólares ochenta centavos, parte del salario quincenal devengado por éste, para ser pagado a otras personas.
" ‘Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de "El Pueblo de Puerto Rico.” ’ ”

La acusada presentó excepción perentoria fundada en dos extremos; declaró la corte sin lugar la excepción; y oído el caso, declaró a la acusada culpable de infracción de la see-ción 6 de la ley No. 91 de 31 de marzo de 1919 (¡Leyes de 1917 (3) p. 11), sobre contrato de trabajo, y la condenó a pagar $25 de multa. Y de esta sentencia ha apelado la acusada.

En el alegato en apelación se señalan varios errores, que examinaremos.

Veamos el primer señalamiento de error.

“I. — La corte de distrito cometió error al declarar sin lugar la excepción perentoria formulada por la acusada-apelante en oposición a la acusación.”

El primer fundamento es que en la acusación no se aducen hechos que constituyan delito.

La apelante sostiene:

(a) Que no se ha aducido un contrato de trabajo.

(5) Que no se alega que Irizarry fuera un obrero al ser-vicio de la acusada.

Podría contestarse la argumentación de este error con las palabras del juez de distrito al resolver la excepción.

“La acusación establece ‘Que la acusada se aprovechaba del tra-bajo de Angel Irizarry, mediante el pago a éste de un salario quin-cenal y que sin haberle hecho anticipo alguno, le descontó una suma de dinero, parte de su 'salario quincenal, para pagarlo a otras perso-nas.’ De estos hechos surge clara, expresa, suficiente, la relación contractual entre Irizarry y la acusada, esto es, el obrero y el pa-trono; la circunstancia de no haberle hecho anticipo alguno y la de haberle descontado una parte de su salario. Esto es suficiente. . .”

La prestación del trabajo para otro, que le aprovecha, y la del salario por parte de este último, son los elementos de esencia en esta clase de contratos. El obrero trabaja y rinde el beneficio del trabajo, causa contractual que determina una prestación por parte del patrono, que es el pago del salario, prestación que a su vez es causa que determina al obrero. La relación es claramente contractual, y no puede ser de otra clase; son mutuas prestaciones, que generan al mismo tiempo obligaciones y derechos en cada una de las partes; y si unas y otras se hallan regidas por la ley, es indudable que las relaciones por ellos creadas caen en la esfera del contrato.

No es necesario qne en la acusación se diga “existía tal o cual contrato”; basta que (como ocurre aquí) los hechos ha-gan surgir el concepto jurídico del contrato, para que desde ese punto de vista, la acusación no sea tachable. No es el nombre, ni es la repetición de palabras, lo que da vida a la acusación. En todas las jurisdicciones, es la más ferviente aspiración la de que el formulismo exagerado no se convierta en escudo y amparo del transgresor de la ley.

La acusación en este caso sigue sustancialmente la expre-sión de la que se presentó en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Porto Rican American Tobacco Company, de que en-tendió en apelación este tribunal (véase 30 D.P.R. 795). No quiere esto decir que sea ésa la única y consagrada fórmula; pero sí que es correcta por contener los elementos necesarios para imputar un delito.

Se argumenta por la apelante que en la acusación no se dice que Irizarry fuera un obrero al servicio de la acusada. Pero si se ha alegado que ésta aprovechaba el trabajo de Irizarry, y le pagaba un salario, no vemos la necesidad de emplear precisamente la palabra “obrero,” ya que el concepto está determinado de una manera indudable.

En cuanto al segundo fundamento, se argumenta con gran acopio de jurisprudencia, que la ley es anticonstitucional y nula, por ser contraria a lo dispuesto por el acta orgánica de Puerto Rico en su sección 34, y se sostiene que la Ley No. 91, fundamental en el caso, es anticonstitucional en la parte que fija una penalidad, de la que no se habla en el título.

Entendemos que la mejor autoridad en esta materia se halla en las decisiones citadas en el alegato del apelado en este caso. Son los casos Carter County v. Sinton, 120 U.S. 522, Jonesboro City v. Cairo & St. Louis Railroad, 110 U.S. 198, y Luisiana v. Pilsbury, 105 U.S. 288. En este último se lee lo que sigue, con referencia al precepto que establece, en gran número de Constituciones de Estado, que las leyes deben comprender una sola materia, y ésta debe ser expresada en el título:

“'Su objeto es impedir la práctica, corriente en todos los cuerpos legislativos en que tal provisión no existe, de incorporar en el mismo proyecto de ley materias incongruentes, sin relación entre sí o con el objeto especiñcado en el título, a virtud de la cual frecuentemente se adoptasen, sin llamar la atención, medidas que de baber sido cono-cidas, hubieran tenido oposición, y sido derrotadas. Esto sirve así para evitar sorpresas en la legislación. Pero no fué el propósito prohibir la unión en el mismo proyecto, de diferentes disposiciones si ellas son germanas con la materia general indicada en el tí-tulo. . .”

Eu nuestra jurisprudencia encontramos los casos Rodriguez v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 30 D.P.R. 931, y Roig Torrellas v. Juan G. Gallardo, Tesorero, 39 D.P.R. 808, resuelto en 26 de junio de 1929. En este último se citan las decisiones en El Pueblo v. Arrocho, 34 D.P.R. 847, y Trigo v. Banco Territorial, 36 D.P.R. 275.

En el caso Rodríguez v. Porto Rico Railway, etc., supra, se dijo:

“E'ste título asimismo describe claramente el propósito. El objeto de la ley es enmendar artículos de ley que se supone están en vigor, y el cuerpo principal de la ley no tiene por fin comprender ninguna otra cosa que no sean dichos artículos enmendados. No encontra-mos en los casos citados por la apelada ninguna decisión que indi-que que alguna ley sea anticonstitucional o nula por razón de un título semejante. Las decisiones tienden más bien a declarar que cuando se incorporan en la ley cosas que el título no sugiere, enton-ces la ley es nula. Galpin v. Chicago, L.R.A. 1917 B, página 182', donde se cita a Lyons v. Police Pension Board, 99 N. E. 337, y nues-tro examen de ese caso es que la ley fué declarada nula debido a su contenido más bien que por razón de su título.”

En la decisión en El Pueblo v. Arrocho, supra, se cita de 25 Ruling Case Law 844, lo siguiente:

“Una ley no es anticonstitucional porque contenga más de una materia cuando las distintas materias son afines al asunto principal, o se relacionan directa o indirectamente con el asunto principal, y tienen una relación mutua con el asunto de la ley, sin ser extrañas a la misma, o cuando las disposiciones de la ley son de igual natu-raleza y legítimamente caen bajo el mismo tópico. 25 R..C.L. 844.”

La sanción, penal incluida en una ley qne regula el con-trato de trabajo, y qne establece preceptos de carácter pro-hibitivo, que indiscutiblemente requieren aquella sanción, no puede anular la ley, parcial o totalmente.

La cláusula de sanción en la ley de que se trata, ni está en conflicto con la letra y el espíritu de la ley misma, ni puede tenerse por materia distinta de la enunciada en el título, sino necesaria.

El segundo error se enuncia así por la apelante:

“La corte de distrito cometió manifiesto error al resolver que la evidencia aportada por el ministerio público constituyó prueba sufi-r eiente para sostener la culpabilidad de la acusada dentro- de las dis-posiciones de la sección 6, en relación con la sección 8, de la Ley No. 91 sobre contratos de trabajo, promulgada en 81 de marzo de 1919 por virtud de sentencia de esta Hon. Corte del día 11 de dicho mes y año.”

Todo el argumento que hábilmente se presenta por la ilus-trada- representación profesional de la apelante, encuentra su contestación en la ley y en la jurisprudencia. Dice la pri-mera:

. . Ningún patrono podrá descontar por ningún motivo parte del salario que devenguen los obreros para ser pagado a otras per-sonas, salvo en los casos previstos en esta sección.” Sección 6, Ley 91 citada.

Y ha sostenido la jurisprudencia:

“Claramente se deduce de la lectura de la ley que su propósito principal fué garantizar el salario del obrero evitando cualquier com-binación que pudiera mermarlo, y así, en su sección primera, dis-pone que dicho salario deberá pagarse exclusivamente en moneda' legal, pudiendo sólo descontarse los anticipos en metálico que se hu-bieren hecho y siendo nula cualquier estipulación que pueda acor-darse en relación con el pago en cualquier otra forma que no sea en dinero.
"En la sección sexta vuelve el legislador sobre la cuestión de los anticipos que se hagan al obrero y de modo terminante prescribe que ‘Ningún patrono podrá descontar por ningún motivo parte del salario que devenguen los obreros para ser pagada a otras personas,. salvo en los casos previstos en esta sección.’ La prohibición es ab-soluta. Sólo cabe descontar cuando se ha hecho un anticipo al obrero. Si se descuenta en cualquier otra forma o por cualquier otro motivo, se incurre en la infracción de la ley que está castigada como delito menos grave por la sección octava de la misma. El pago debe ser hecho al obrero y con él liquidarse el anticipo si se le hizo alguno. No se puede descontar para pagar a otras personas, no im-porta lo bueno de los motivos que se tengan para ello.” El Pueblo v. Porto Rican American Tobacco Co., 30 D.P.R. 795.

El reglamento que en este caso se presentó como prueba, sería, por sí sola, bastante para justificar a la corte de dis-trito en su sentencia. Es un hecbo que la parte del salario que se descuenta va, en parte a otras personas. • Y en cuanto a la voluntad de los asalariados para que el descuento se baga, bay en la prueba en el caso una afirmación que es más fuerte que cualquier argumento. Declarando el testigo Angel Irizarry, se le preguntó si el descuento o depósito del 2 por ciento de su sueldo se bacía con su consentimiento; y el testigo contestó así:

“R. — Yo no consentí a nada. Me lo rebajaban.
“P. — ¿Pero no protestó Ud.?
• “R. — No protesté porque me botaban.”

De la lectura del reglamento, que fué prueba en el caso, aparece que la contribución para el mantenimiento' del fondo era obligatoria (Pag. 20, transcripción de evidencia).

Conviene copiar aquí el artículo Y del reglamento que fué prueba en el caso.

“Artículo Y. — Todos los empleados contribuirán al mantenimiento del Pondo con el 2% de su salario anual, cuya cantidad les será descontada al efectuarse el pago del mismo, en la forma estable-cida.”

Resuelve este razonamiento cnanto se refiere al segundo señalamiento de error. La corte procedió dentro de la ley y de la buena lógica.

Se ofrece por la apelante un tercer señalamiento de error, como sigue:

“La corte de distrito cometió manifiesto error al dictar una sen-tencia contraria a derecho, toda vez que no aparece claramente, ni en ninguna otra forma expresada en la Ley No. 91, sobre contratos de trabajo, prohibición alguna que impida a la acusada de mantener con sus empleados una asociación como el fondo benéfico y de retiro; siendo también dicha sentencia contraria al artículo 2 de nuestra Ley Orgánica y a la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos. ’ ’

No bay tal error.

No se trata en este caso de una voluntaria y libre asocia-ción para el aborro, y para el beneficio de los empleados, obre-ros y dependientes de' la corporación. La voluntad de ellos para nada cuenta, ni resuelve o determina. Son asociados forzosos, y no libres contratantes. Y a nuestro modo de ver ése es uno de los casos que ba querido prever, impedir, y, en su caso, castigar, la ley de que se trata. Recuérdese, en esta oportunidad, lo dicbo por este tribunal en él caso El Pueblo v. P. R. American Tobacco Co., que en otro lugar en esta opinión, bemos citado:

“Claramente se deduce de la lectura de la ley que su propósito principal fué garantizar el salario del óbrero evitando cualquier combinación que pudiera mermarlo. . .”

Es verdad que la Constitución de los Estados Unidos, y nuestra Carta Orgánica impiden que se ponga en vigor ley alguna que menoscabe la libertad de los contratos. Pero en este caso no bay un contrato entre el obrero y la corpora-ción; bay una verdadera imposición; el que recibe el sala-rio tiene que pasar porque se le baga el descuento; ése es el verdadero concepto.

En el alegato de El Pueblo de Puerto Rico se bacen im-portantísimas citas de autoridades; pero entre ellas la que es más propia de este momento es la decisión en el caso Baltimore and Ohio S. W. R. Co. v. Baily, 99 Ohio 312, 124 N.E. 195, en el que la corte dijo:

“El hincapié que hace la corte en P., C., & St. L. Ry. Co. v. Cox, supra, en el hecho de que el contrato del empleado de la demandante en dicho caso fué celebrado voluntariamente con el pleno conoci-miento de la naturaleza y efecto del contrato en que estaba inter-viniendo, levanta una inferencia clara de que la conclusión enun-ciada iba tan lejos como la corte creyó que estaba justificada en ir al resolver el caso que tenía bajo su consideración. En dicho caso no se aplicó ninguna ley retroactiva o ex post facto, ni ninguna ad-judicación.
“Además, aun si se hubiese permitido a una asociación benéfica no voluntaria llevar a cabo sus operaciones con anterioridad a la aprobación de estos estatutos, ello no justificaría su continuación con posterioridad a tal aprobación, ni haría que los estatutos fue-ran nulos e ineficaces respecto a tal asociación. 'Contratos y conve-nios de la naturaleza de los aquí envueltos, hechos por tales asocia-ciones, que caen dentro de la prohibición de estatutos aprobados posteriormente por la asamblea legislativa en el ejercicio de su po-der de policía, serían ineficaces a virtud de los mismos. L. & N. R. Co. v. Mottley, 219 U. S. 467, 31 Sup. Ct. 265, 55 L. Ed. 297, 34 L.R.A. (N. S.) 671, y P. B. & W. R. Co. v. Schubert, 224 U. S. 603, 32 Sup. Ct. 589, 56 L. Ed. 911.” ,

No existe ninguno de los errores señalados por la apelante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE

El motivo de mi disentimiento es que el título de la ley, según fué aprobada por la Legislatura, no indicaba que la acusada pudiese estar sujeta a sanción penal si en beneficio o en supuesto beneficio de sus empleados retenía parte de sus salarios. La acusación imputaba a la acusada el haber des-contado cierta suma de dinero a determinado empleado para pagarla a otras personas. Necesariamente, si la acusada hu-biese sabido que' una ley conteniendo tal sanción iba a ser aprobada, tal vez habría insistido ante la Legislatura sobre lo poco aconsejable que era la aprobación de la ley.

Según dicen las decisiones, el título de una ley debe ser un anuncio de su contenido. El título era “Ley sobre con-tratos de trabajo.” El campo de los contratos de trabajo os muy amplio y parece altamente improbable, si no impo-sible, que cualquier patrono tuviera conocimiento directo o implícito de que la Legislatura se disponía a prohibir que se descontara una cuota de los sueldos, y, por consiguiente, que se acumulara un fondo en beneficio de los empleados.

Tenemos ante nosotros un caso en que el patrono, nomi-nalmente por lo menos, está tratando de cuidar de sus em-pleados. Quizá una mayoría — de no ser una gran mayoría-de éstos estarían dispuestos a que se creara el fondo, y a todos ellos debió' habérseles hecho alguna indicación del pro-pósito legislativo. En verdad, “contratos de trabajo” muy remotamente, si acaso, se refiere al descuento en cuestión. Los contratos del trabajo por lo general tienen distinta con-notación.

Tal vez sea parte del mismo tema, pero dudo además que la ley, en relación con su título, sea una definición o denun-ciación suficiente del malum prohibitum.

Esta es una ley que en 1917 el Gobernador Yager no aprobó. Fué la opinión del Gobernador o del Procurador General que el proyecto nunca se convirtió en ley; que ha-bía sido objeto de un pocket veto. Por una decisión de la mayoría de este tribunal, disintiendo' el que suscribe, un proyecto no aprobado en igual forma fué declarado ley. Municipio de Quebradillas v. Secretario Ejecutivo, 27 D.P.R. 147. Todas las leyes que hubo la intención de vedar fueron posteriormente publicadas en un folleto con la siguiente ins-cripción en la carátula: “Conteniendo copias certificadas «le los originales de ciertas leyes y resoluciones promulgadas y publicadas en virtud de una resolución del Tribunal Supremo de Puerto Eico de fecha 11 de marzo de 1919. ’ ’ • Ahora bien, aunque he tomado parte sin disentimiento posterior en varios casos, sin embargo, me refiero a mi disención anterior por dos motivos. Desde que se escribió la opinión de este tribunal, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en The Pocket Veto Case, 279 U. S. 655, ba demostrado, a mi modo de pensar, que estos proyectos, si no está envuelto ningún principio de stare decisis, jamás se convirtieron en leyes. En e] caso nacional, la devolución del proyecto fué impedida por el recéso que hubo entre una sesión y otra. En el caso local, el receso fué de 70 días. En ambos casos se impidió la devo-lución. Mi otro fundamento es que aun podría suponerse que el Gobernador, aconsejado por su Procurador General, trató de derrotar este proyecto quizá entre otras razones debido a la insuficiencia del título. Mi vacilación al exponer estas dudas se debe al tiempo transcurrido desde que esas leyes fueron promulgadas y al hecho de que la apelante no se ha quejado de la nulidad por este motivo.

Por la-insuficiencia del título como un defecto fundamental, me abstengo de considerar los otros errores señalados.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asooiado Señor Audrey,

license: Public Domain

text:
    The Mayagüez Drug Co., demandante y apelada, v. United States Fire Insurance Company, demandada y apelante.
    No. 5143.

    Sometido: Febrero 6, 1930.

      Resuelto: Febrero 12, 1930.

      J. Sabater, abogado de la apelante; Oscar SoUffront, abogado de la apelada.
   El Juez Asooiado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita que desestimemos esta apelación y para ello dice que habiendo sido interpuesta el 8 de abril de 1929 no se radicó basta veinticinco días después la moción del apelante optando porque el taquígrafo hiciera la transcripción de la evidencia para sostener su recurso, por lo que la transcripción de los autos debió ser presentada en este tribunal dentro de los treinta días siguientes a la interposición del recurso. Esa moción del apelante tiene nota de.haber sido presentada el 3 de mayo, firmada por el subsecretario de la corte de distrito J. Duran Cruz.

En oposición a ese motivo de desestimación alega la ape-lante que tal moción fue presentada el 10 de abril al subse-cretario de la corte sentenciadorá J. Durán Cruz, y su abo-gado dice bajo juramento (affidavit) que el 10 de abril la escribió personalmente en la corte en papel y en maquinilla de la misma y que la entregó ese día al subsecretario J. Du-rán Cruz. También presentó una declaración jurada (affidavit) del subsecretario-archivero Nicolás Cancela, en la que dice haber examinado los autos de este pleito y que de ellos aparece que la expresada moción está escrita en pa-pel de la corte, que tiene el tipo de letra de la máquina que él usa y que el abogado del apelante escribe frecuente-mente en las máquinas de la corte.

La Ley No. 27 de 27 de noviembre de 1917 dispone que el escrito optando porque el taquígrafo baga y prepare la transcripción de la evidencia para la apelación deberá pre-sentarse dentro de diez días después de haberse archivado la apelación. Según el artículo 102, No. 23, de la Ley de Evi-dencia, es presunción satisfactoria que un escrito lleva fecha exacta, por lo que teniendo dicha moción fecha de radicación en 3 de mayo surge la presunción de que fué presentada en esa fecha, después del término concedido por la ley, presun-ción que no ha sido destruida por la declaración del abogado de la' parte interesada, sin que por esto echemos dudas so-bre su veracidad, porque entendemos que hubiera sido mejor prueba la declaración del subsecretario Durán de que el es-crito se le presentó el 10 de abril y no el 3 de mayo, o prueba más satisfactoria en ese sentido. La otra declaración de Cancela no aporta luz algnna sobre el día de la entrega del escrito.

A pesar de lo expuesto no desestimaremos esta apelación de acuerdo con la regla 58 de este tribunal porque aunque el legajo de la sentencia y la transcripción de la evidencia no fueron presentados en este tribunal dentro de los treinta días siguientes a la interposición de la apelación, sin embargo, estaban radicados cuando la desestimación fue solicitada. No obstante que en este caso no podremos tener en cuenta la prueba practicada en el tribunal inferior por lo que hemos dicho al principio, la apelación puede ser sostenida basada en el legajo de la sentencia, según hemos resuelto en varias ocasiones.

También alega la apelada otro motivo para que desestimemos la apelación y es que la transcripción de las pruebas no es completa porque la apelante solicitó y obtuvo de la corte que el taquígrafo no hiciera la transcripción de ciertos libros de contabilidad y de cuentas presentados como evidencia para .que fuesen remitidos originales a este tribunal. La transcripción hecha así ha sido aprobada por la corte inferior, la qne ha dispnesto qne dichos libros y cnen-tas nos sean enviados originales. Sostiene, sin embargo, la apelada qne esa evidencia ha debido ser incluida en la transcripción porque necesita esos libros para su uso y para presentarlos como prueba en otro pleito que tiene pendiente y porque en caso de una apelación a Boston no podrían for-mar parte de la transcripción. A esto contesta la apelante que las constancias de esos documentos no son necesarias para sostener su apelación y que está conforme en que sean entregados a la apelada si los necesita para otro pleito.

La Ley No. 81 de 1919 enmendando el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone respecto a las. ex-posiciones del caso y del pliego de excepciones preparados por la parte apelante que cuando sea necesario para una correcta inteligencia y resolución del asunto que algún mapa, documento original o exhibit de cualquier clase, que no sea susceptible- de reproducción por medio de copia, foto-grafía o de otro modo, sea presentado al examen o inspección de la Corte Suprema, se hará una descripción del mismo y el secretario de la corte a quo después de autenticar dicho mapa o documento original o exhibit, bajo su firma y sello de la corte, remitirá el mismo al secretario de la Corte Su-prema haciendo constar que se ha hecho parte del récord del asunto.

La razón para que eso se haga cuando se trata de una exposición del caso o pliego de excepciones es la misma que cuando el taquígrafo es el que prepara la transcripción de la evidencia, por lo que lo mismo puede hacerse en el último caso. Por lo tanto, la .corte inferior pudo ordenar que dichos libros y cuentas no fuesen incluidos en la transcrip-ción del taquígrafo y que fuesen enviados originales a esta corte. Si tales documentos no son necesarios para sostener la apelación, o si en algún momento pueden ser entregados a la apelada, es cuestión que no tenemos que resolver ahora.

Por lo expuesto no ha lugar a desestimar la apelación.


author: El Juez Asociado Señob, Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. José Saldaña Martínez, acusado y apelante.
    No. 3891.

    Sometido: Agosto 8, 1929.

      Resuelto: Febrero 13, 1930.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob, Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

José Saldaña Martínez fue convicto del delito de adulterio. El primer señalamiento de error lee como sigue:

“Erró la Corte de Distrito de Ponce al admitir la declaración de Ramón G-uanil, Jefe de Distrito de la Policía Insular, por ser de referencia y de acuerdo con lo que estatuye el artículo 7 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal.”

El artículo 7 dice así:

“A nadie podrá obligarse a declarar en contra suya, en un pro-ceso criminal; ni a ningún acusado de delito público podrá some-térsele, antes de ser sentenciado, a mayor restricción que la necesaria para que conteste a la acusación.”

El jefe de la policía insular llevó al acusado a la corte municipal, donde este último admitió haber tenido comercio carnal con Cándida Roche. La teoría de la defensa, en parte, es que, antes de que su declaración pudiese ser oída, debió habérsele advertido de que todo lo que dijera podía ser utilizado en contra suya, especialmente por estar presente el juez municipal. La declaración del jefe de la policía fuá al efecto de que José Saldaña declaró voluntariamente.

El derecho a que se haga esa advertencia ha sido objeto de discusión varias veces en Puerto Rico. En el caso de El Pueblo v. Martínez, 23 D.P.R. 228, resolvimos que nada hay en nuestro Código Penal que exija tal advertencia, y que a falta de la necesidad estatutoria de que se haga esa adver-tencia, cualquier confesión voluntaria de un acusado es ad-misible contra él. Y este caso fue además directamente apro-bado en el de El Pueblo v. Rodríguez, 28 D.P.R. 501. La jurisprudencia general está resumida en 16 C.J. 723, párrafo 1482, en la siguiente forma:

“En ausencia de un estatuto que exija la advertencia o preven-ción, el que se haga una confesión voluntaria sin que el acusado haya sido advertido o prevenido de que puede ser utilizada en su contra, no afecta su admisibilidad. A excepción de algunas juris-dicciones, no es deber de un funcionario policíaco, a falta de un es-tatuto al efecto, prevenir a un acusado respecto a las consecuencias de prestar declaración, si lo hace voluntariamente, sino meramente abstenerse de inducir al acusado a que haga tal declaración. Em-pero, es indudable que el camino mejor y más seguro a seguir por un funcionario cuando un acusado va a declarar es advertirle que su declaración puede ser utilizada en contra suya.”

En 8 Cal. Jar. 114, párrafo 204, hallamos lo siguiente:

“Si bien la ley ordinariamente no exige que se instruya a un acusado afirmativamente respecto a su derecho de permanecer en silencio y al hecho de que cualesquiera manifestaciones que haga pueden ser utilizadas en contra suya, el que tal advertencia o preven-ción fuera o no hecha será tomado en cuenta al determinar si la confesión íué hecha voluntaria o involuntariamente. Siempre es pre-ferible que se haya hecho expresamente esa advertencia, para evi-tar toda sospecha de que.se haya ejercido presión sobre el acusado.”

Durante la vista de esta causa, el jefe de la policía declaró positivamente que la confesión fue hecha voluntariamente en corte abierta.

Lo más que podría alegarse es que la presencia del juez pudo haber influido en el denunciado, pero nada hallamos en la jurisprudencia que haga que la presencia de una autori-dad equivalga a una influencia indebida, o que prive a la confesión de su carácter voluntario. Algo a ese efecto po-dría inferirse del siguiente párrafo tomado de 16 C.J. 721:

“Una confesión es admisible en evidencia si se demuestra afir-mativamente que ha sido hecha voluntariamente, ora ante un in-dividuo particular o ante una autoridad; aunque en el último caso, la naturaleza voluntaria debe ser investigada estrictamente, y la prueba más leve de amenaza o inducción puede bastar para ex-cluirla. ’ ’

Podría tener algún peso el que el propio acusado ocupara la silla testificial y no solamente negara que había hecho esa confesión y que no conocía a Cándida Boche, la otra acusada, sino también que el jefe de la policía no estaba pre-sente.

El segundo señalamiento de error alega que la corte carecía de jurisdicción, por no haberse demostrado que el delito se cometiera dentro de la jurisdicción del distrito de Ponce. Baste decir que la prueba contiene varias manifestaciones que hacen evidente que los hechos denunciados tuvieron lugar en Coamo.

El tercer señalamiento de error discute la sufi-ciencia de la prueba. No bubo duda alguna de que el acu-sado estaba casado con una mujer distinta de Cándida Roche. Hubo ligera prueba, además de la declaración del fun-cionario policíaco, para demostrar que el acusado tuvo re-laciones con Cándida Roche, pero la confesión sería sufi-ciente por sí sola. A este respecto, el apelante dice que la declaración del jefe de la policía no fué corroborada y que debió ser reforzada con la declaración del juez municipal. El apelante luego dice que debió dársele el beneficio del principio de que la evidencia voluntariamente suprimida debe considerarse como favorable a la persona contra quien pudo haberse ofrecido, citando el párrafo quinto del ar-tículo 102 de la Ley de Evidencia. B:ajo estas circunstan-cias, la declaración del juez municipal hubiera sido mera-mente acumulativa, y, de todos modos, incumbía a la corte considerar el peso de la declaración del jefe de la policía. En otras palabras, la regla de evidencia aludida sólo es una presunción que siempre puede ser controvertida por el resto de la prueba.

Nuevamente podemos decir que el acusado ocupó la silla testifical, y puede ser que, a juzgar por la naturaleza de su declaración, y la de la del jefe, y considerando el conflicto, la corte fué relevada de toda duda al observar la forma en que se condujo el acusado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Ramón Llovet Díaz, demandante y apelado, v. Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Etc., demandada y apelante.
    No. 4733.

      Sometido: Marzo 15, 1929.

      Resuelto: Febrero 14, 1930.

      Attorney General James B.' Beverley y Felipe Janer, Sub-Procura-dor, abogados de la apelante; Guerra Mondragón & Boldevilla, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tri-

bunal.

Se trata de una apelación interpuesta contra una sen-tencia dictada en un procedimiento de mandamus en que se requería de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitec-tos y Agrimensores, de acuerdo con la Ley No. 31 de 1927, que expidiera a Ramón Llovet Díaz una licencia como in-geniero civil.

Parece que con anterioridad al 5 de febrero de 1900 exis-tían ciertas restricciones para el ejercicio de las profesio-nes arriba enumeradas, pero que en dicha fecha, a virtud de orden militar se abolieron todas las restricciones y se ordenó que en lo sucesivo no se exigieran exámenes, licencias o sis-tema de registro.

La sección 9 de la Ley No. 31 de 1927, Leyes de ese año, página 187, dispone lo siguiente:

“En cualquier tiempo dentro de los seis meses subsiguientes a la fecha en que esta Ley empiece a regir, la junta expedirá una li-cencia para el ejercicio de la profesión de ingeniero, arquitecto o agrimensor a cualquier persona que, una vez satisfechos los dere-chos que más adelante se estipulan:
“(a) Haya terminado el curso de ingeniero, arquitecto p agri-mensor en una escuela o universidad; o
“ (b) Haya estado en el ejercicio de la profesión de ingeniero, arquitecto o agrimensor por no menos de tres años con anterioridad a la fecha de la aprobación de esta Ley.
“A menos que exista prueba en contrario, la junta aceptará •como evidencia satisfactoria la declaración jurada, expresada en la solicitud, de que el solicitante ha ejercido la profesión de ingeniero, arquitecto o agrimensor por un período de tres años.”

Dentro del período concedido por la ley, el apelado pre-sentó a'dicha junta una petición en la cual, después de ale-gar que había practicado su profesión por un término mucho mayor de tres años, exponía su educación, capacidad y ex-periencia como tal ingeniero. Inferimos este hecho de una estipulación de las partes sometida a la corte inferior y de la opinión de la corte, ya que la petición original no parece estar transcrita en los autos.

El apelado dice que en otros respectos la prueba some-tida a la corte inferior no ha sido elevada a este tribunal. Sin hacer una investigación cuidadosa asumiremos, más bien que resolverla definitivamente, que de las alegaciones y de la estipulación de las partes se desprende que todos los he-chos que estuvieren ante la Corte de Distrito de San Juan fueren debidamente elevados a este tribunal. No obstante, considerando la decisión de la corte sentenciadora, debe darse mucho peso a los hechos expuestos en la petición de mandamus y a las conclusiones contenidas en la opinión de la corte.

Parece también que desde 1908 el peticionario se ha de-dicado en distintas ocasiones a la construcción de carrete-ras, calles, alcantarillados, hipódromos, ramales ferrovia-rios, y en la reparación de puentes, que ha hecho mensuras y deslindes, entre ellos, un plano y mensura de la Isla de Mona, y otras materias que han sido resumidas en la opinión de la corte inferior.

La junta se negó a conceder lo solicitado. Se le presentó una moción de reconsideración. Entonces se sometió al peticionario a un examen bajo juramento. Este examen fué sometido a la corte sólo con la certificación del taquígrafo que transcribió el informe.

Convenimos con el apelado en qne este examen no fue debidamente elevado a la corte de distrito, toda vez que en nuestro derecho no hay forma alguna conocida a virtud de la cual la declaración ex parte de un taquígrafo por sí sola pueda considerarse como prueba admisible (competent). La Corte de Distrito de San Juan, rigiéndose por una opi-nión anterior del juez Llauger, resolvió el caso a favor del pe-ticionario. Se bizo incapié en las palabras contenidas en la sección 9, supra, “A menos que exista prueba en con-trario, la junta aceptará como evidencia satisfactoria,” etc. La corte resolvió, en efecto, que a menos que existiera tal prueba en contrario la junta tenía el deber ministerial de expedir la licencia. La corte también resolvió que de surgir un deber discrecional, entonces, de acuerdo con los hechos del caso, se había cometido un abuso de discreción.

Indudablemente, a virtud de las palabras “a menos que exista prueba en contrario,” la junta está autorizada a ce-lebrar un examen en alguna forma. En otro caso, el No. 4734, Arán v. La Junta Examinadora, etc., post p. 589, los letrados del apelado dijeron, en efecto, que lo sometido a la junta debe ser “prueba” en alguna forma conocida en de-recho, y convenimos en que no basta que en estas condiciones una junta celebre exámenes independientemente de la pre-sencia de un peticionario, según se ha hecho en algunos de los casos que estamos revisando.

Por consiguiente, si no hay tal “prueba” ante la junta, o si no podría considerarse como satisfactoria, surge el deber ministerial de expedir la licencia. Flourney v. City of Jeffersonville, 79 A.D. 468; State v. Matthews, 62 S.E. 695.

Oreemos que tal deber surgió de la mera declaración de que el peticionario había ejercido su profesión por más de tres años, y en verdad surgió si la declaración del peticio-nario demostraba que había trabajado como ingeniero, espe-cificando el trabajo en detalle.

Puerto Rico ha exigido que sus ciudadanos paguen con-tribuciones bajo protesta, teniendo el derecho posterior de entablar un litigio. En forma similar, existen disposiciones que le atan temporalmente las manos a un deudor hipotecario. La ley que tenemos ante nuestra consideración es tal vez un caso en que se le da cierta ventaja a un ciudadano que cumpla con las palabras de la ley.

A tenor de la sección 12 de la citada ley de 1927, la .junta tiene facultad para cancelar una licencia obtenida mediante fraude, y el público queda protegido. Si un peticionario pre-senta una declaración errónea, aunque lo haga honradamente, ello equivaldría en sus efectos a un fraude, suponiendo que el peticionario no sea en realidad un ingeniero. Llegamos a la conclusión de que cuando un peticionario presenta en su petición un caso prima facie bueno* no le incumbe reforzar sus declaraciones, en ausencia de prueba en contrario.

Sin embargo, también convenimos con el razonamiento de los jueces de la corte inferior de que suponer que la junta tiene discreción no impediría la expedición de un auto .de mandamibs. Cualquier discreción ejercida por la junta es-taba sujeta a ser revisada por mandamus de conformidad con los principios enunciados en el caso de Muñoz v. Ramos, 39 D.P.R. 405, y bajo los hechos de este caso surgiría un abuso de discreción. ' La mayoría de este tribunal, según se indicó en dicho caso, sostiene, conforme se resolvió en Tirado v. Junta de Retiro, 38 D.P.R. 1002, que la discreción judicial propiamente dicha no es aplicable a las actuaciones de juntas. A este respecto la mayoría halla sostén en el caso de Meffert v. Packer, 1 L.R.A. (N. S.) 811, 815. Podemos hacer1 algunas consideraciones generales sobre la política a seguir al interpretar la ley de 1927.

Según hemos visto, desde el 1900 hasta el 1927 cualquiera podía ser ingeniero sin necesidad de sufrir examen o de ob-tener licencia. Por tanto, una ley limitando el ejercicio de esa profesión debe proceder cautelosamente para que caiga dentro del poder de policía. De lo contrario, según sugie-ren los letrados del apelado en el caso No. 4840, Flores v. La Junta, etc., post p. 592, la ley podría ser inconstitucio-nal. Creemos que cae muy bien dentro del poder de policía de la Legislatura exigir una práctica de tres años, pero quizás hubiéramos tenido dudas si se hubiese impuesto una carga pesada a una persona que hubiera estado ejerciendo su profesión durante un gran número de años. Creemos que la intención de la Legislatura fué claramente que no de-bía exigirse una prueba muy estricta a una persona que so-licitara licencia y que hubiese estado practicando en esa forma. Una ley de esta clase debe mirar hacia lo porvenir. Y así lo hace en su sección octava, al disponer la celebración de exámenes para personas que se inicien en el ejercicio de su profesión. De acuerdo con dicha sección, el peso recae claramente sobre el peticionario, pero de conformidad con la sección 9, la Legislatura ha hecho recaer el peso de la prueba sobre otros hombros. Que la junta debe tener dis-creción en ciertos casos es una conclusión clara, y ello apa-recería más especialmente de la decisión en el caso de Mateo v. La Junta, post, p. 594. Evidentemente, había medios de que la junta podía valerse para llegar a la verdad.

Volviendo a los hechos, no podemos convenir con la ape-lante en que trabajar en una oficina pública como el Depar-, tamento del Interior o en el ramo de ingeniería de un mu-nicipio no constituya el ejercicio de una profesión pública-mente. Trabajar para un gobierno es necesariamente pú-blico, y la cuestión a determinar siempre es si por su natu-raleza el trabajo realizado es el de un ingeniero.

Tampoco podemos convenir en que el trabajo realizado por el peticionario se limitó al de agrimensor o ingeniero topográfico. Sin embargo, según las definiciones citadas por la misma apelante, la ingeniería topográfica es una rama de la ingeniería civil.

De acuerdo con la estipulación, y según lo resolvió la corte inferior, la experiencia y la práctica del peticionario queda-ron suficientemente establecidas, y debe confirmarse la sen-tencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor-Wolf,

text:
    Luis S. Arán Zuzuarregui, demandante y apelado, v. Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Etc., demandada y apelante.
    No. 4734.

    Sometido: Marzo 15, 1929.

      Resuelto: Febrero 14, 1930.

      James B. Beverley, Attorney General y Felipe Janer, ñub-Proeura-dor, abogados de la apelante; Feliú & La Costa, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor-Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario y apelado presentó una solicitud a la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, que le fue denegada, y posteriormente la Corte de Distrito de San Juan, en un procedimiento de mandamus, ordenó su expedición.

Los hechos finales de este caso quizá no son tan fuertes como en el de Ramón Llovet Díaz v. La Junta Examinadora, etc., que acabamos de resolver, ante p. 583. Si estuviéra-mos examinando la experiencia del apelado no estaríamos tan fuertemente satisfechos como en el caso anterior res-pecto a su capacidad como ingeniero. No obstante, la prueba tendió a demostrar que su experiencia fué realmente ]a de un ingeniero civil, trabajando en carreteras, puentes, alcan-tarillados y en otras construcciones que aparecen de los autos, con el resultado total que él tendría derecho a considerarse a sí mismo ingeniero civil.

Según se demostró en dicho caso de Llovet, supra el dere-cho a ejercer la ingeniería era libre en Puerto Pico desde la fecha en que se aprobó la orden militar en 1900. Por tanto, aun si una persona no llenaba todos los requisitos exigidos por una junta competente de ingenieros, no obstante, si un peticionario ha estado genuinamente ejerciendo su profesión como tal ingeniero, tiene derecho a que así se le reconozca de acuerdo con la ley.

Este caso no es enteramente distinto a la situación en que una persona alega tener justo título de bienes inmuebles. Ella tal vez podría fácilmente, y con mucha frecuencia, poseer un título menos que perfecto. La intención de la ley de 1927 fué proteger a las personas qne ejercían genuinamente sus profesiones, aun si ellas no reunían todos los requisitos ne-cesarios para aprobar un examen.

De todos modos, al igual que en el caso de Llovet el peti-cionario presentó una solicitud jurada haciendo constar que había ejercido su profesión durante más de tres años y por tanto que tenía derecho a que se le expediera una licencia, a menos que se presentara prueba satisfactoria en contrario. Aquí, al igual que en el caso anterior, no se presentó prueba satisfactoria en contrario y la sentencia debe ser confirmada.


text:
    Rafael A. González, peticionario y apelado, v. La Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos Y Agrimensores, Etc., demandada y apelante.
    No. 4829.

    Sometido: Junio 7, 1929.

      Resuelto: Febrero 14, 1930.

      Attorney General James B. Beverley - y Felipe Janer, Sub-Pro-cura-dor, abogados de la apelante; E. Martínez Aviles, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión- del tribunal.

Rafael A. González presentó una solicitud a la Junta Exa-minadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores para la obtención de una licencia como arquitecto. Su solicitud es-taba debidamente jurada y aparece que de acuerdo con los principios enunciados en los casos de Ramón Llovet Díaz v. La Junta Examinadora, etc., ante p. 583, y Luis S. Arán Zuzuarregui v. La Junta, etc., ante p. 589, la junta no tuvo ante sí prueba en contrario y que por tanto estaba obligada a expedir la licencia.

El primer señalamiento de error se refería a la indebida consideración por la corte de ciertos documentos que fueron presentados después del juicio. El apelado dice que se con-vino en que esos documentos serían así presentados, pero admite que nada bay en los autos que baga constar eso. Por otra parte los alegados documentos objetables no ban sido elevados como “exhibits” a esta corte y por tanto no baila-mos forma adecuada alguna de considerarlos. Si se hace referencia a la opinión de la corte inferior ais.1 adámente, en-tonces estamos obligados a asnmir, en ausencia de prueba en contrario, que la corte tuvo debidamente ante sí los docu-mentos. De las alegaciones, la prueba y la áctuación de la corte puede asumirse que el peticionario cumplió con la ley. Suponiendo que los documentos estuvieron debidamente ante la corte inferior, nada encontramos en el alegato de la ape-lante que nos convenza de que la corte estuvo equivocada al expedir el auto perentorio por baber dejado el peticionario de presentar su solicitud a la junta en tiempo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Ignacio Flores Lorenzo, peticionario y apelado, v. La Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Etc., demandada y apelante.
    No. 4840.

    Sometido: Junio 7, 1929.

      Resuelto: Febrero 14, 1930.

      Attorney General Jcumes R. Beverley y Felipe Janer, Sub-Proeura-dor, abogados de la apelante; José Sabater, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

De la opinión de la corte inferior aparecen probados los siguientes Hechos: que el peticionario Había estado ejerciendo la profesión de arquitecto durante más de veinte años con anterioridad al 26 de abril de 1927 en que se aprobó la Ley No. 31; que dicho peticionario presentó a la junta una declaración jurada de acuerdo con la citada ley y que la junta se negó a expedirle la licencia. La corte entonces resolvió, como el peticionario Había cumplido con todos los requisitos de la ley y Había presentado una declaración jurada, que una carta particular de Guillermo Esteves, como presidente de la Junta de Ingenieros de Puerto Rico, no era la prueba en contrario exigida por la ley. La Sección pertinente de la ley se copia en el caso de Llovet v. Junta Examinadora, etc., ante p. 583. La corte, por tanto, resolvió que como no aparecía prueba en contrario, la junta estaba obligada a librar la licencia.

La apelante alega que la corte inferior cometió error, toda vez que sostiene que ésta se equivocó al decir que no Hubo ante la junta ninguna otra prueba que la carta del Sr. Esteves.

Convenimos con el apelado en que la apelante en su ale-gato no dijo claramente a esta corte en qué forma aparecía prueba en contrario de la solicitud radicada por el mismo pe-ticionario. No se nos refiere a las páginas de los autos, ni se nos Ha demostrado específicamente en forma alguna cómo resultaba prueba en contrario de la solicitud .radicada por el propio peticionario. En este caso el apelado admite que se-ría posible presentar prueba para demostrar que determi-nado peticionario no reunía los requisitos necesarios. No se Hizo en este caso. La apelante no nos convence que se co-metiera ningún error substancial en este caso, y, por tanto, siguiendo los casos de Ramón Llovet Díaz v. La Junta, ante p. 583; Luis 8. Arán Zuzuarregui v. La Junta, ante p. 589, y Rafael A. González v. Lá Junta, ante p. 591, la sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Agustín Mateo, demandante y apelante, v. La Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, demandada y apelada.
    No. 4762.

    Sometido: Junio 7, 1929.

      Resuelto: Febrero 14, 1930.

      B. Sancho Bonet, abogado del apelante; Attorney General James B. Beverley j Felipe Janer, Sub-Procttrador, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En su opinión, la Corte de Distrito de San Juan resolvió, substancialmente, lo’ que sigue: que se presentó una petición a la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, solicitando licencia como arquitecto, de acuerdo con la sección 9 de la .Ley de abril 26, 1927 (copiada ante p. 584); que el peticionario, ateniéndose a la orden general No. 24 de febrero 5, 1900, había estado ejerciendo su profesión por ocho años; que la corte había examinado toda la prueba que la junta tuvo ante sí y la aducida en el juicio, y llegaba a la conclusión de que el peticionario no había estado ejerciendo su profesión según exige la ley; que lo que aparecía de su declaración jurada y de la prueba era que el peticionario se había dedicado meramente a la construcción de edificios, o a lo que comúnmente se llama maestro de obra, lo que en España era una profesión y había sido suprimida y declarado libre su ejercicio a virtud de Real Orden de mayo 5, 1891; que si bien el peticionario trató de demostrar que había hecho planos y proyectos de obra, si se examinaban los presentados a la corte se veía que eran simples dibujos o diseños hechos a lápiz en papel blanco, sin qúe estuvieran firmados o autorizados por el peticionario como arquitecto, ni revelaran que la mano de un profesional propiamente dicho los hubiera trazado. Acto seguido la corte demostró lo que era necesario para ser arquitecto, tanto en España como en los Estados Unidos, citando autoridades, y comentando que de acuerdo con la ley el peticionario podía continuar ha-ciendo para personas particulares lo que había estado ha-ciendo antes. La petición fué denegada.

El apelante ataca las conclusiones de la corte principal-mente refiriéndose a las definiciones dadas por ella, pero, no habiéndose referido a las páginas de los autos, no nos convence de que la corte estuviera equivocada. No obstante la apelada, haciendo referencias definidas, cita prueba en apoyo de la conclusión a que llegó la corte inferior.

Si bien en un número de casos que acabamos de decidir hemos resuelto que la declaración jurada de un peticiona-rio es prueba prima facie, tal prueba necesariamente puede ser destruida. Entonces la junta tiene discreción para de-clarar sin lugar una. solicitud.

No estamos en absoluto persuadidos de que se cometiera error alguno en este caso, y debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor HutohisoN,

text:
    Romualdo García Vera, demandante y apelado, v. Rosa Ratera, demandada y apelante.
    No. 4708.

    Sometido: Marzo 20, 1929.

      Resuelto: Febrero 14, 1930.

      F. Soto Qras, abogado del apelante; E. López Tizol, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor HutohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito dictó sentencia a favor del deman-dante, nn contratista, por la suma de $580.95 — la cantidad reclamada en la primera de tres cansas de acción — y declaró sin lugar una contrademanda.

El contrato contenía la siguiente cláusula:

“2. — El Sr. García Yera dará principio a las obras tan pronto este contrato esté firmado y las continuará sin interrupción de ma-nera que la casa esté terminada en el plazo de cincuenta y seis días a contar desde esta techa; y si transcurrida dielia fecha no pudiese hacer entrega de la casa completamente reparada, pagará a la pro-pietaria en concepto de daños líquidos que descontará dicha propie-taria del importe de las obras, la suma de diez dólares ($10.00) por cada día que transcurriere sin haber terminado las reparaciones.”

Pocos días después de haberse dado comienzo al trabajo, fué suspendido por unas dos semanas por orden de las au-toridades municipales, ínterin se practicaba una investiga-ción para determinar si una ordenanza municipal había sido infringida. El término dentro del cual debería concluirse la obra venció en septiembre 26. El 29 de septiembre, el con-tratista ingresó en un hospital donde, como resultado de una seria intervención quirúrgica, estuvo recluido por varias se-manas. Mientras permanecía allí, fué visitado por Rosa Ra-tera, su esposo Isidro Solé y su hermana María Ratera.

La versión que da el contratista de esta entrevista es que las personas que lo visitaron le anunciaron que habían ve-nido a rescindir el contrato; que el testigo se negó a ello por haber invertido dinero en la obra y porque una rescisión del contrato perjudicaría su reputación; que dichos visitan-tes le aseguraron que no sufriría perjuicio alguno, y propu-sieron el nombramiento de dos peritos, uno por ellos y otro por el testigo, para que determinaran cuál de las partes era deudora de la otra, y para que fijaran a la vez el importe de la deuda; que el testigo se avino a esto, designando a Mar-tínez de León, y que la demandada nombró a José A. Canals.'

Al terminar esta plática, García llamó a Martínez de León, quien había salido del cuarto al llegar Isidro Solé, su esposa y su cuñada. Martínez declaró en el juicio que García entonces le dijo en presencia de los demás visitantes: ‘‘Estas-señoras quieren rescindir un contrato, y deseo que usted me sirva de perito”.

Isidro Solé declaró que su esposa le dijo a García Vera:-“García, hasta la fecha yo lo había considerado mucho, aun en perjuicio mío. Usted me nombra un tasador, y yo nombro otro tasador para hacernos • cargo de esta obra”. Explicó que el propósito era el de "ver lo que liabía allí realizado y devolver los materiales que uo eran nuestros”. Manifestó además que nada se dijo en el hospital acerca de daños y per-juicios o sobre el dinero pagado a un sereno que vigilaba los materiales no usados.

La primera partida alegada en la contrademanda era de $420 para cubrir los cuarenta y dos días que transcurrieron entre septiembre 26, fecha en que debía terminarse la obra, y noviembre 8, en que los peritos calcularon el valor del tra-bajo efectuado, tasaron los materiales existentes, y determi-naron la suma abonada por la demandada. La segunda par-tida era de $79.72 satisfechos por la demandada a un sereno, a razón de $14 semanales desde la fecha en que García in-gresó en el hospital. La tercera partida era de $175 que se alegaba debían cargarse al demandante por defectos encon-trados en el piso de la segunda planta. La demandada ad-mite en su contrademanda un crédito sobre esta cantidad, de $55, concedido al contratista por los dos peritos, reduciendo así el importe a $120.

La suma total reclamada en la contrademanda sobrepa-saba la que según los peritos se le adeudaba al contratista por la cantidad de $38.77, y la demandada solicitó sentencia a su favor por ese saldo.

La apelante no pone en tela de juicio la cantidad que, se-gún el juez de distrito, se adeudaba al actor a virtud del in-forme de los peritos, pero alega que la corte erró al decla-rar que el contratista no era responsable de la demora de quince días debida a la orden librada por las autoridades municipales, y que no debía responder a razón de diez dólares diarios por el tiempo que duró esa interrupción.

De acuerdo con los términos del contrato, García estaba obligado a pagar diez dólares diarios por concepto de daños líquidos desde la fecha de entrega especificada. La monta de tales daños y perjuicios no debía medirse por el tiempo que durara cualquier interrupción antes de vencer el término para concluir la obra. No fné la intención de las partes que doña. Eosa percibiera compensación a razón de diez dólares diarios por cada día qne transcurriera desde la fecha de entrega esti-pulada, y que a la vez recibiera indemnización adicional por el tiempo que se perdiera antes del vencimiento del término para dar fin a la obra.

Otra contención es que la corte erró al resolver que el contratista no era responsable a razón de diez dólares diarios pór los veinte y siete días que estuvo recluido en un hospital.

García dice que el contrato fue rescindido en octubre 20. Ningún otro testigo trata de fijar la fecha exacta de la con-versación so'stenida en el hospital. Martínez dice que Gar-cía estaba convaleciendo. Solé habla de una visita anterior. Si la fecha dada por García es correcta, veinte y uno de los veintisiete días habían transcu rirdo en el momento de cele-brarse el convenio verbal. Solé admite que nada se dijo acerca de daños y perjuicios al tiempo de efectuarse ese con-venio. García manifiesta que si hubiera mediado cualquier reserva del derecho a daños líquidos, él no hubiese consentido la rescisión del contrato. La reserva del derecho a recobrar los daños y perjuicios que se irrogaren hasta la fecha en que la conversación tuvo lugar es inconsistente con la declaración que se atribuye a doña Eosa por su consorte, al efecto de que la consideración que ella había tenido para con García habíale ocasionado una pérdida pecuniaria. El derecho a recobrar daños líquidos por una demora ulterior en la ter-minación de la obra desde la fecha en que se celebró el con-venio según el cual García debía descontinuar la misma, no puede reconciliarse con la seguridad que se le dió de que nada perdería a virtud de ese convenio. Fuera del testimonio de García, no es probable que él hubiese consentido una reserva expresa del derecho a una compensación de diez dólares dia-rios hasta la fecha en que doña Eosa terminara la obra. To-das las circunstancias tienden a excluir la teoría .de la su-pervivencia del derecho a percibir daños líquidos de acuerdo con los términos del contrato original.

De conformidad con el convenio original, se tendría dere-cho a recibir daños líquidos al tipo especificado hasta que García diese fin a la obra. La posibilidad de la termina-ción de la obra desapareció al celebrarse el convenio de que García no seguiría con la obra. La dificultad de fijar un nuevo período de tiempo, en ausencia de un nuevo convenio, queda ilustrada por el hecho de que la demandada en su contrademanda trata de recobrar daños y perjuicios hasta la fecha en que los peritos rindieron su informe, mientras que el señalamiento de errores especifica el período durante el cual García permaneció en el hospital. Una reclamación de daños y perjuicios hasta la fecha en que se radicó la contra-demanda, basada en la teoría de que tales daños continua-rían irrogándose hasta la fecha en que la demandada diese fin a la obra, hubiera sido igualmente plausible. Lo cierto es que, a falta de un nuevo convenio, ora expreso o implí-cito, ninguna de las partes del contrato original podía re-construir en forma modificada la estipulación original rela-tiva a daños líquidos, y así mantenerla con vida o revivirla. Tampoco la corte de distrito podía obtener un resultado similar tratando de efectuar un nuevo contrato para las partes envueltas en los dos contratos preexistentes.

Cuando doña Eosa le dijo a García el 20 de octubre que su indulgencia hasta aquella fecha había envuelto un sacri-ficio pecuniario, y que él nada perdería al aceptar la tran-sacción propuesta por ella, renunció a cualquier derecho que pudiera haber tenido al reembolso del dinero que le pagó al sereno.

La apelante también insiste en que la corte inferior cometió error al no conceder la partida de $120 para cubrir supuestos defectos en el piso de la segunda planta.

El contrato disponía que al terminarse una porción es-pecífica del trabajo, incluyendo el piso y las divisiones de la planta superior, el contratista recibiría $475. Los planos y especificaciones exigían que se repusieran las tablas de-fectuosas en el piso antiguo. El antiguo piso debía recibir entonces una mano de carbolíneo y ser cubierto con cartón embreado cuyos extremos exteriores deberían prolongarse bacia arriba basta una distancia de cuatro pulgadas a lo largo de las paredes, a fin de bacer que el piso fuese a prueba de agua. Entonces el nuevo piso debería colocarse sobre el papel con las junturas en dirección contraria al antiguo.

Los tasadores hallaron que el contratista había hecho el 38 por ciento de la obra, y que, por tanto, tenía derecho a $418 de los $475.

De acuerdo con el contrato, el próximo plazo debía ser de $550. Los tasadores llegaron a la conclusión de que el contratista había efectuado el 90 por ciento del trabajo re-querido y que tenía derecho a $495 de este plazo.

Un recibo suscrito por el contratista demuestra que él había recibido $200 por esta parte de la obra, y que doña Eosa Eatera había retenido en su poder $175 hasta tanto se corrigieran los supuestos defectos en el piso. Nada hay que demuestre que alguna parte de estos $175 fuera en oca-sión alguna satisfecha al contratista..

Solé declaró que el piso no era a prueba de agua. El contratista testificó que el trabajo fué efectuado a tenor de los planos y especificaciones, y que él había consentido que se retuvieran los $175 a fin de evitar contratiempos y de continuar gozando de la confianza de la dueña de la propie-dad. Solé declaró además que cuando se echaba agua en el piso, se filtraba. No entró en detalles respecto a las condi-ciones de la prueba practicada. Aun si se hubiese demos-trado que se efectuó el pago total del piso, la aceptación por parte del juez sentenciador del testimonio del contratista en torno a la naturaleza del trabajo y de su explicación acerca de la retención de los $175, no hubiese equivalido a un error que diera lugar a la revocación.

La contención final de la apelante es que la corte erró al concederle las costas al demandante.

Hay algún peso en el argumento de que el demand'ante no logró recobrar por su segunda y tercera causas de acción. Esto queda contrarrestado por otras consideraciones. El demandante se vió obligado a defenderse de una contrade-manda en exceso de la cantidad especificada en su primera causa de acción. Esa cantidad babía sido determinada por dos peritos tasadores, uno de los cuales fue designado por la demandada. La corte de distrito declaró que la contrade-manda carecía de mérito. Fué propiamente desestimada.

El demandante obtuvo sentencia por el total de la suma reclamada en su primera causa de acción. Fuera de la cues-tión relativa a las costas y a la contrademanda, la apelante no pone en tela de juicio la corrección de esa sentencia.

El artículo 313 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil lee como sigue:

“El demandado en cualquier pleito, podrá en todo tiempo antes de celebrarse el juicio, o de pronunciarse la sentencia, presentar al demandante una proposición de consentir que se dicte sentencia en contra suya por determinada cantidad o bienes, o por el concepto que se expresará en la proposición. Si aceptare el demandante la proposición, y así lo manifestare dentro de cinco días, presentará a la corte aquélla, con prueba de haber notificado al demandado su aceptación y en su vista deberá el secretario anotar la sentencia que se dicte de conformidad. Si no se hiciere la notificación de la aceptación, se considerará retirada la proposición, y no podrá adu-cirse como prueba en el juicio; y si el demandante no pudiese ob-tener una sentencia más’ favorable, no sólo no podrá reclamar las costas devengadas después de la proposición, sino que tendrá que pagar las causadas por el demandado desde la fecha en que éste propuso la transacción.”

Si la demandada hubiese notificado oportunamente al de-mandante su conformidad en aceptar una sentencia por la cantidad reclamada en la primera causa de acción que ya se babía llegado a la conclusión de que el demandante había devengado, no hubiera habido necesidad de celebrar un jui-ció y no hubiese surgido ninguna cuestión de costas a menos que se le impusieran al demandante en caso de que éste hi-ciera una tentativa infructuosa de recobrar por concepto de dos o más de las tres causas de acción. La demandada no creyó conveniente aprovecharse de esa oportunidad.

La corte de distrito no abusó de su discreción al concederle las costas al demandante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Seño® Aldkey,

text:
    Felipa Alsieux y Vizcarrondo, demandante y apelante, v. Manuel Santisteban Guadalupe y Petronila Pérez, demandados y apelados.
    No. 4920.

    Sometido: Enero 21, 1930.

      Resuelto: Febrero 14, 1930.

      M. Martínez Dávila, abogado de la apelante; T. Bernardini de la Huerta, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Seño® Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación ha sido interpuesta contra sentencia que' declara la demanda sin lugar, dictada como consecuencia de haber sostenido la córte inferior la excepción previa de los demandados fundada en que la demanda no aduce hechos de-terminantes de causa de acción.

La demanda, que fué presentada en 1928, alega substan-•cialmente que la demandante estuvo casada con José Fron-tera Marqués basta el año 1916, en cuya fecba fué disuelto su matrimonio por sentencia de divorcio; que ese mismo año fué practicada la liquidación de la sociedad legal de ganan-ciales sin que en ella fuese incluida la finca rústica que describe en la demanda, comprada por el marido durante el ma-trimonio por documento privado; que al ser inscrita esa finca en el registro de la propiedad a favor del marido en virtud de un expediente de dominio, e] registrador bizo cons-tar en la inscripción que José Frontera Marqués era casado al adquirir la finca y al promover el expediente de dominio por lo que dicba finca ti ene carácter de ganancial; que pos-teriormente los esposos demandados compraron la finca a José Frontera Marqués y fué incrita en el registro a nombre de los consortes adquirentes con las salvedades que constan •en su inscripción original; y que los demandados se niegan a reconocer que la demandante tiene en esa finca un condo-minio de una mitad y a entregarle en esa proporción los fru-tos de la misma, los que estima en $4,500 durante los nueve .años que ban transcurrido desde que la compraron. Por ■esas alegaciones solicitó de la corte declarase que la deman-dante es condueña de una mitad de la finca y que condene .a los demandados a pagar a la demandante, como indemni-zación, la cantidad de $4,500 por los frutos percibidos de •esa mitad.

' Los motivos que tuvo la corte inferior para sostener la excepción previa aducida por los demandados y para, consi-guientemente, declarar sin lugar la demanda fueron que de acuerdo con la Ley Hipotecaria en sus artículos 36 y 37 in-■ciso 29 los demandados son terceros, estando prescrita por el transcurso de un año la acción ejercitada contra ellos; y que la acción para anular la venta becba a los demandados •está prescrita de acuerdo con el artículo 1268 del Código Civil. La apelante alega que esos fundamentos son erróneos.

Dice la Ley Hipotecaria,' en los artículos e inciso citados por la corte sentenciadora, qne las acciones rescisorias y resolutorias no se darán contra tercero qne haya inscrito los títulos de sus respectivos derechos, conforme a lo prescrito en dicha ley; y que se exceptúan de esa regla las acciones rescisorias de enajenaciones hechas en fraude de acreedores, cuando la enajenación haya sido hecha por título gratuito y cuando el tercero haya sido cómplice en el fraude; y que en ambos casos no perjudicará a tercero la acción rescisoria que no se hubiere entablado dentro de un año, contado' desde el día de la enajenación fraudulenta.

Basta la lectura de los preceptos citados para llegar a la conclusión de que no son aplicables al caso presente, porque los hechos alegados en la demanda no demuestran que la demandante ejercita acción alguna para rescindir o resolver el contrato de venta celebrado entre José Frontera y los es-posos demandados, y no contiene alegación alguna de fraude. Y si se tratara de acción rescisoria o resolutoria no estaría prescrita tal acción por el transcurso de un año, porque'sería de aplicación el No. 1? del artículo 37 de dicha ley, según el cual están exceptuados de la regla del artículo 36 de la misma las acciones rescisorias o resolutorias que deban su origen a causas que consten explícitamente en el registro, ya que la demanda alega que en la inscripción primera de la finca a favor de Frontera hizo constar el registrador que fué comprada por el marido durante su matrimonio con la de-mandante y que tiene el carácter de bien ganancial.

Tampoco tiene aplicación en este caso el artículo 1268 del Código Civil que fija en cuatro años el término para poder ejercitar la acción de nulidad de los contratos, porque según hemos dicho la demanda no tiene por objeto que se anule el contrato de venta celebrado entre Frontera y los demandados. La acción ejercitada en este pleito es para, que se declare que la demandante tiene un condominio de una mitad en la finca, por haber sido .comprada por la sociedad legal de gananciales que tenía con su esposo y que por esto le pertenece una mitad por no haberla ella vendido y que como consecuencia de tal declaración deben los demandados los fru-tos que han percibido de tal condominio.

Por consiguiente, son erróneos los fundamentos que tuvo la corte inferior para sostener la excepción previa de los de-mandados y para dictar la sentencia apelada, la que debe ser revocada para ulteriores procedimientos.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Antonio Roig Torrellas, demandante-apelante-apelado, v. Miguel A. Bustelo y su esposa, demandados-apelados-apelantes.
    No. 4731.

      Sometido: Noviembre 27, 1929.

      Resuelto: Febrero 17, 1930.

      González Fagundo & González Jr., abogados ■ del demandante-ape-lante; Arturo Aponte, abogado del demandado-apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Como en la “Relación del caso y opinión” de la Corte de Distrito de Humacao, en este litigio, se ha presentado con toda fidelidad la cuestión de hecho, y en la apelación no se suscita discusión alguna acerca de los hechos, creemos que facilita nuestra misión la copia de lo pertinente de aquel do< comento. Es como sigue:

“Miguel A. Bustelo y su esposa eran dueños de .varias fincas rústicas, las que traspasaron en venta a Antonio Roig Torrellas por documento privado de fecha 23 de diciembre de 1922.
“Entre dichas fincas figuraba una de 69 cuerdas de cabida, sita en el barrio de Antón Ruiz de la municipalidad de Humacao.
“Pocos días después de dicha venta, o sea, el 30 de diciembre del propio año, la Central Pasto Viejo, Inc., estableció ante esta Corte de Distrito de Humacao,. una acción bajo el No. 8748, sobre retracto legal de comuneros, contra Antonio Roig y su esposa, así como contra los esposos Bustelo-Rodríguez, alegando que dichos es-posos no eran dueños de, ni existía como tal, la finca de 69 cuerdas ya referida, pues los esposos Bustelo-Rodríguez eran dueños sola-mente de varios condominios o participaciones equivalentes en su totalidad a 9/28 avas partes de una finca que aparece descrita en el Registro de la Propiedad con una extensión de 200 cuerdas, cuya finca después de mensurada daba 175 cuerdas 879 milésimas como ca-bida total.
“En 14 de agosto de 1925 se dictó sentencia por esta corte en el ameritado caso de retracto, declarando con lugar la demanda, sentencia que fué apelada a la Corte 'Suprema de Puerto Rico y confirmada por ésta, así como por la Corte de Circuito de Boston, donde también se apelara del fallo de la Corte Suprema, habiendo quedado firme y ejecutoria la referida sentencia.
“A virtud de tal sentencia, y en cumplimiento de la misma, el demandante Antonio Roig Torrellas vendió, cedió y traspasó a favor de Central Pasto Viejo, Inc., todos los derechos y acciones que ha-bía adquirido de los esposos Bustelo-Rodríguez en la ameritada finca, los que según la referida sentencia consistían en participacio-nes o condominios proindivisos, equivalentes a 9/28 avas partes de dicha finca compuesta de 175 cuerdas 879 milésimas, a razón dé $195.00 cada cuerda, haciendo un total de $11,029.20.
“Con estos hechos el demandante Antonio Roig alega además que ’habiéndole vendido el señor .Bustelo 69 cuerdas a $195.00 cada cuerda, pagó por dicha finca $13,455.00, y habiendo recibido de Central Pasto Viejo, Inc., de acuerdo con la ya citada sentencia, $11,029.00, ha dejado de percibir $2,326.20 que pagó de más por la ameritada finca, los cuales ha reclamado a los esposos Bustelo-Rodríguez sin haberlos obtenido y solicita se condene a éstos a dicho pago.
“Los demandados, luego de negar parte de los hechos de la de-manda, levantaron como defensa un convenio celebrado entre de-mandante y demandados, a virtud del cual éstos no estarían obligá-dos a responder por defectos de la cabida de ninguna de las fincas; haber cedido todo derecho o interés en todos y cada uno de los con-tratos celebrados en relación con las fincas ya citadas, a la corpora-ción Central Pasto Viejo, Inc.; y que la acción del demandante ha prescrito de acuerdo con el artículo 1375 del Código Civil.
“La prueba en este caso ha sido documental y la primera con-tención levantada por los demandados se basa en cierta cláusula con-signada en una escritura de compraventa, de 21 de mayo de 1924, celebrada entre las partes en este caso y Central Pasto Viejo, Inc., cuya cláusula dice así:
“ ‘ DéoiMASEgüNDA. — Habiéndose hecho la venta a razón de un tanto por unidad, de medida, las partes tendrían derecho a ser in-demnizadas para el caso de resultar luego mayor o menor cabida. En tal virtud, y como quiera que el señor Eoig ha tomado desde hace tiempo posesión de las fincas objeto de esta escritura y conoce su cabida actual por haberlas hecho mensurar, queda ahora conve-nido entre las partes, no obstante cualquier otra cosa que haya sido dicha o estipulada anteriormente, que los esposos Bustelo no res-ponden de defecto alguno de cabida, aunque luego resulta'se cualquier diferencia en su contra, como tampoco podrá reclamar por diferencia a su favor.’ ”

Por la sentencia se declaró sin lngar la demanda.

En su apelación el demandado Eoig Torrellas señala los siguientes errores:

“Primero. — La corte erró al interpretar aisladamente la cláusula décimosegunda de la escritura de 21 de mayo de 1924, otorgada ante el notario Francisco González Fagundo.
“Segundo. — La corte erró al resolver que en virtud de la escri-tura de 23 de mayo de 1923 otorgada por Bustelo a favor de Central Pasto Viejo, Inc., ante el notario Luis Toro Cabañas sobre cesión de derechos y acciones, la responsable en este caso sería Central Pasto Viejo, Inc.
“Tercero. — La corte erró al declarar prescrita la acción que se ejercita, de acuerdo con el artículo 1375 del Código Civil, por apli-cación indebida de dicho precepto legal.”

Por su importancia, creemos conveniente resolver ante todo acerca del tercer señalamiento de error.

El argumento de la parte apelante es éste: admitiendo que el caso se rija por el artículo 1375 del Código Civil, el término para contar la prescripción empieza a contarse el 22 de marzo de 1927 en que se cumplió la sentencia de retracto y en que Roig recibió de la Central Pasto Viejo $11,029.20, porque Roig no tenía derecho a reclamar mientras estuviera pendiente aquel pleito.

Es errónea la teoría. Las acciones que nacen de los ar-tículos 1372, 1373 y 1374 del Código Civil se refieren a la entrega de la cosa vendida, obligación del vendedor. Y están establecidas sobre fundamentos independientes del derecho de retracto legal, propio de un tercero que no es el vendedor ni el comprador.

Nótese que el artículo 1372, en su párrafo segundo se halla redactado así:

“Si la venta de bienes innmeble's se hubiese hecho con expresión de su cabida, a razón de un precio por unidad de medida o número, tendrá obligación el vendedor de entregar al comprador, si éste lo exige, todo cuanto se haya expresado en el contrato; pero si esto no fuere posible, podrá el comprador optar entre una rebaja proporcio-nal del precio, o la rescisión del contrato, siempre que en este último caso, no baje de la décima parte de la cabida la disminución de la que se le atribuyera al inmueble.”

Llama fuertemente la atención una frase que no en balde se puso en el artículo: “entregar al comprador, si éste lo exige.” Ella presupone que el comprador, consciente de su interés y de su derecho, se da perfecta cuenta de lo que compra, y mide y aprecia en número, lo que se le ha ven-dido; y, naturalmente, encuentra la falta, si la hay, y exige la entrega de lo que falta; si no lo exige, es su cuenta pro-pia y su propio riesgo; pero tal exigencia es indispensable para los fines de este artículo; y tan lo es, que las acciones que en el mismo párrafo citado se establecen, lo son a raíz de sentarse el requisito de la exigencia de la entrega total, y previas las condiciones envueltas en estas palabras del texto legal: “pero si esto no fuere posible.”

En este caso anotamos que en una escritura otorgada en 21 de mayo de 1924, en Humacao, ante el Notario Sr. G-on-zález Fagundo por Miguel A. Bustelo y su esposa, Antonio Roig .Torrellas y su esposa, y la Central Pasto Viejo Incorporated (páginas 70 a 89 inclusives T. R.) en la cláusula dé-cimasegunda, entre otras cosas se dice:

"... y como quiera que el señor Roig ña tomado desde ñaee ■tiempo posesión de las fincas objeto de e'sta escritura, y conoce su cabida actual por haberlas ñecño mensurar. . .”

Entre los inmuebles que en la escritura se relacionan, se encuentra la finca de que se trata en este caso; inmueble que se confiesa entregado, recibido y hecho mensurar, sin que el comprador Roig exigiera nada en lo que afecta a la entrega; esto, desde la fecha de la escritura, cuando menos.

Pero, aunque no entráramos en el terreno del artículo 1372 Código Civil, nos bastaría aplicar el 1375 del mismo có-digo; su texto es-:

"Artículo 1375. — Las acciones que nacen de los tres artículos an-teriores prescribirán a ios seis meses contados desde el día de la en-trega.”

La mejor regla de interpretación, si el artículo lo requi-riera, sería la del artículo 13 del Código Civil de Puerto Rico.

"Artículo 13. — Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cum-plir su espíritu.”

Lo que, en realidad, no es otra cosa que lo llamado por los autores, interpretación literal.

Tenemos aquí una entrega confesada, y unos años trans-curridos desde la entrega, sin que se ejercite la acción. Y no hay duda alguna de cuál sea el precepto que rige el caso en cuanto a la prescripción.

Aparte de esto, en la cláusula doce de la escritura que antes hemos citado se hace por las partes contratantes, entre ellas y el Sr. Roig, una renuncia que no admite duda alguna. Reproducimos aquí la cláusula.

"Décimasegunda. — Habiéndose hecho la venta a razón de un tanto por unidad, de medida, las partes tendrían derecho a ser indemniza-das para el caso de resultar luego mayor o menor cabida. En tal virtud y como quiera que el señor Roig ha tomado desde hace tiempo posesión de las fincas objeto de esta escritura y conoce su cabida actual por haberlas hecho mensurar, queda ahora convenido entre las parte's no obstante cualquier otra cosa que haya sido dicha o estipu-lada anteriormente que los esposos Bustelo no responden de defecto alguno de cabida aunque luego resultase cualquier diferencia en su contra, como tampoco podrá reclamar por diferencia a su favor.”

Esta cláusula determina la exoneración de responsabili-dad por cuestión de cabida.

No existen los errores señalados.

Aparece de los autos que la parte demandada también apeló de la sentencia. Pero no vemos que se haya forma-lizado, ante este tribunal, la apelación; y ni ha presentado esa parte su alegato, ni la contestación al del apelante en su recurso.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Texidob,

text:
    Alejandro René Berrizbeitía, recurrente, v. El Registador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 801.

    Sometido: Febrero 13, 1930.

      Resuelto: Febrero 24, 1930.

      Raúl Benedicto, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señoe Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

Para fijar los Redros en este caso, pueden tomarse textual-mente las palabras del recurrente en parte de su moción esta-bleciendo el recurso gubernativo.

“El quince de agosto de mil novecientos veinte y siete, falleció en la ciudad de Gujan (Francia) el Sr. José Manuel Juan Bautista Ramón de la Santísima Trinidad Berrizbeitía, bajo testamento que otorgara en la ciudad de Burdeo's el dieciocho de noviembre de mil novecientos diez y seis en el que legó la totalidad de su fortuna a su esposa Juana" Dussaut, disponiendo que a la muerte de ella pasase a su hijo Alejandro Rene, quien no tendría intervención alguna en dicha herencia durante la vida de su esposa.
“Por un documento firmado en Burdeos ante el notario Henry Lefay, Alejandro René Berrizbeitía declaró consentir las disposicio-nes testamentarias de su padre, dando su consentimiento para que su señora madre gozase de la herencia en la forma dispuesta, sin re'serva.
“Presentados estos documentos en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, fueron inscritos sin obstáculos, pero haciendo constar el defecto subsanable de no expresarse que Alejandro René Berrizbeitía fuera el único hijo del testador.
“Con objeto de subsanar este defecto, se presentó al Registro un documento firmado en la ciudad de Burdeos ante el notario Alberto Malauzat, el primero de febrero de mil novecientos veinte y ocho en el que los Sres. William Grisch y Georges Ducarpe declaran que co-nocían perfectamente a José Manuel Juan Bautista Ramón de la Santísima Trinidad Berrizbeitía, que vivía en Burdeos, que estaba casado con la Sra. Juana Dussaut, y que Alejandro René Berrizbeitía era el hijo único habido en dicho matrimonio, habiendo el Registra-dor denegado la subsanación de dicho defecto cuya denegatoria es objeto el presente recur’so.”

La nota del registrador es correcta. No puede susti-tuirse la declaración de un tribunal competente y con ju-risdicción sobre los bienes de que se trata, con la declaración de dos o más personas ante un notario de jurisdicción ex-traña. Aunque se diera valor a esas declaraciones, ellas no tendrían más eficacia que la que la ley da a los affidavits en .nuestra propia jurisdicción. Y este tribunal tiene resuelto, en el caso Brac v. Registrador de San Juan, 23 D.P.R. 749, que una declaración jurada no es' suficiente para subsanar ciertas faltas en el registro. En la decisión en este caso se-citan las en Hernández v. Registrador, 14 D.P.R. 795, y Barreras v. Registrador, 15 D.P.R. 558; se dice: :

“La declaración jurada (affidavit) que presentó el recurrente para demostrar al registrador que la vendedora era viuda cuando adqui-rió la finca que le vendió, y subsanar el defecto que impedía la ins-cripción no es el documento apropiado para tal fin porque como dijú mos en el caso de Delgado v. El Registrador de Caguas, 22 D. P. R. 128, y en el de Sucesores de Andréu. & Co., S. en C., v. El Registrador, que cita, la declaración jurada (affidavit) es permitida gene-ralmente para fines de la corte aunque puede usarse para otros objetos cuando la ley expresamente lo permite, sin que baya precepto al-guno que autorice su uso para acreditar el carácter privativo de una propiedad

La doctrina lia sido sostenida en decisiones posteriores.

Se confirma la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el re-' sultado.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Jesús Carrión, acusado y apelante.
    No. 4047.

    Sometido: Febrero 20, 1930.

      Resuelto: Febrero 24, 1930.

      F. M. Susoni, abogado del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Jesús Carrión fué acusado de acometimiento y agresión grave, siendo la víctima de tal hecho Mariana Santiago. En apelación, conoció de este caso la Corte de Distrito de Are-cibo qne dictó sentencia declarando culpable al acnsado e im-poniéndole la pena de cincuenta dólares de multa o un día de cárcel por cada dólar que dejara de satisfacer, y las costas.

De la prueba resulta que Jesús Carrión se bailaba una tarde en un cafetín cuando entró Mariana Santiago a llevarle café a un dependiente del establecimiento; Carrión preguntó a Mariana qué era de su vida, y ésta le contestó que estaba colocada, ganando siete u ocbo dólares mensuales, y Carrión contestó que esa suma se la ganaba cualquier mujer de la vida; Mariana respondió a Carrión que así se la ganarían otras, pero ella no, y Carrión entonces la cogió por el cuello, la apretó, y le propinó varias bofetadas. En ese sentido de-clararon la perjudicada y Rosario Cajigas, el dependiente a quien ella llevaba el café. Como prueba de defensa, decla-raron dos testigos que dijeron que en efecto, babía habido una discusión entre el acusado y la Santiago; que ésta le había dicho a Carrión cuando le habló de que ninguna mujer de la vida ganaba siete u ocho dólares, que así se los ganaba su mujer, y que Carrión se levantó, pero que intervino el de-pendiente y no pasó más, y que no vieron que Carrión le pe-gara a la Santiago. Se probó asimismo que Carrión es un hombre de 35 a 38 años.

La corte decidió el conflicto de la evidencia, con absoluto acierto, en favor de la presentada por El Pueblo. Es lo más probable que la Santiago contestara en forma ofensiva a la también ofensiva indicación del acusado con respecto a su manera de ganarse la vida. La provocación partió induda-blemente de Carrión, que quiso indicar o afirmar algo depri-mente para la Santiago; y ésta se defendió en la forma que era de esperarse; y entonces él, abusando de su fuerza, acometió y agredió a la Santiago. Tal es la impresión que la prueba produce en cualquier espíritu no prevenido.

La apelación se basa en que la corte cometió error al juz-gar esa prueba; sin que se exprese siquiera que de parte del juez hubo pasión, prejuicio o parcialidad, ni que se trate de nn error manifiesto y grave.

Sostenemos la decisión de la corte en cnanto a la prueba, y resolvemos que no se cometió error alguno.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez PresidbNte Señor del Toro,

text:
    Pedro Barbosa, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 800.

    Sometido: Febrero 19, 1930.

      Resuelto: Febrero 24, 1930.

      A. Ramíres Silva, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por e’serito.
   El Juez PresidbNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Barbosa y su mujer Ana María Rodríguez, de una parte, y de la otra Arturo Hau comparecieron ante notario el 4 de enero último y otorgaron una escritura titulada de venta con pacto de retro por virtud de la cual los primeros aparecen vendiendo- al segundo varias fincas rústicas por el precio de $728, pactándose además que si los vendedores devuelven al comprador el dicbo precio dentro del término de cuatro meses el comprador les retrovenderá las fincas. En la escritura hay una cláusula en la cual las partes declaran que el “contrato surtirá los efectos de una hipoteca ... y que los vendedores se comprometen y obligan a que tan pronto como inscriban las fincas . . . constituirán sobre ellas una; hipoteca por la suma de setecientos dólares a vencer el día cuatro de enero de mil novecientos treintidós, con el interés del uno por ciento mensual, con las cláusulas y condiciones que impondrá el acreedor ...”

Presentado el documento para su inscripción en el registro el registrador se negó por no aparecer inscritas las fincas vendidas a nombre del vendedor, haciendo constar que tam-bién denegaba la inscripción por el fundamento de que la venta de las fincas a que se contrae el documento “constituye un contrato de préstamo con garantía hipotecaria que es nulo por infracción de la ley No. 47 para reprimir la usura de 13 de abril de 1916.”

No conforme Barbosa con el segundo fundamento de la nota estableció el presente recurso gubernativo.

Si las fincas sobre que versaba el contrato no estaban ins-critas, no debió el registrador seguir adelante, ya que ninguna operación podía practicar en el registro.

Siendo ello así, debe revocarse por innecesaria la nota en la parte recurrida, quedando en pie la negativa por el primer fundamento.

Si se logra inscribir las fincas a favor de la primera parte contratante, el documento podrá presentarse de nuevo y entonces habrá llegado el momento de resolver si es o no inscribible como venta o como hipoteca de acuerdo con los hechos y la ley.

Se revoca la nota recurrida en la parte en .que lo ha sido.