text:
    Rafaela Serrano, como madre con patria potestad sobre y en representación de su hija menor de edad nombrada Felícita Guerrero Serrano, demandante y apelada, v. María Vega, demandada y apelante.
    Núm. 9003.

    Sometido: Noviembre 9, 1944.

      Resuelto: Marzo 12, 1945.

      Buenaventura Esteves, abogado de la apelante; Herminio Rodríguez Qumones, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

.151 presente es un pleito sobre entrega de bienes muebles. La demandante, Rafaela Serrano, como- madre con patria potestad sobre sn bija menor, Felicita ’ Guerrero Serrano, entabló demanda en representación de ésta, alegando que Felicita era hija legítima de la demandante y de Adrián Guerrero Vega; que la demandante y Adrián Guerrero eran casados entre sí, pero que se divorciaron después de nacer Felicita; que Adrián Guerrero falleció en 1943, dejando sola-mente a Felicita como su hija legítima y como única y universal heredera; que al momento de su muerte Adrián Guerrero era dueño de una tienda de mercería reclamada en este caso; y que la demandada, madre del finado, se ha apo-derado ilegalmente de dicha tienda, valorada en $1,000. Des-pués de un juicio en los méritos, la corte de distrito dictó sentencia a favor de la demandante. El caso se encuentra ante nos en apelación contra dicha sentencia.

La demandada alega que la corte inferior cometió manifiesto error al apreciar la evidencia y actuó movida por pasión, prejuicio y parcialidad. Nada encontramos en el récord que sostenga esta contención. La demandada alega a este respecto que antes de la muerte de su hijo ella le dió $500 para que estableciera un negocio, en el entendido de que irían a medias. La corte de distrito no creyó esta prueba. Resolvió, y hubo suficiente evidencia en qué basar su conclusión, que el finado había establecido su tienda con dinero que él recibió de la partición de la herencia de su segunda esposa, quien lo premurió.

De la misma manera, ante la corte de distrito hubo sufi-ciente prueba para resolver que Felicita era la única hija de Adrián Guerrero. No se presentó'prueba satisfactoria al efecto de que éste era el padre de otros hijos naturales.

La demandada también señala como error la resolución de la corte de distrito declarando sin lugar su excepción previa. Esta contención carece de méritos. La demanda jurada radicada en este caso cumplió con los requisitos del artículo 171, Código de Enjuiciamiento Civil, Edición de 1933, con la posible excepción de requisito del inciso 4 de dicho artículo al efecto de que la demandante debe afirmar bajo juramento que los bienes reclamados “no han sido tomados para satisfacer ninguna contribución, cuota o multa, conforme a derecho; ni ocupados en virtud de ejecución o embargo contra los bienes del demandante, . . Sin embargo, aunque no bay una alegación específica a este efecto, cuando se lee la demanda en conjunto, las alegaciones afir-mativas en cuanto al presente status y situación de los bienes aquí envueltos obviamente eliminan la posibilidad de que dichos bienes fian sido embargados. Véase Central Pasto Viejo, Inc. v. A. Pérez & Hno., 44 D.P.R. 904, 907, 908.

La demandada seguidamente alega que la liquidación de la herencia de Adrián Guerrero era una condición precedente a la reclamación en este caso. La regla en esta jurisdicción es a la inversa. Un heredero puede reivindicar parte de una herencia — y de la misma manera puede reclamar bienes muebles — sin que se haga tal liquidación. Sucesión de Jesús et al. v. Pérez et al., 28 D.P.R. 319. Véanse también Delgado et al. v. Encarnación et al., 35 D.P.R. 298; Allende v. Registrador de San Juan, 28 D.P.R. 569; Hernández v. Sucesión Córdova, 32 D.P.R. 296; Santini et al., v. Díaz San Miguel et al., 27 D.P.R. 816. Nada hay en la decisión o en el lenguaje de los casos citados por la demandada — Morales v. Cabrera, 53 D.P.R. 94; Ex Parte Cautiño, 51 D.P.R. 475 —que trate este punto.

No hubo error al admitir en evidencia la certificación' del Colector de Bentas Internas de San Sebastián al efecto de que una licencia para vender perfumería sin alcohol había sido expedida a Adrián Guerrero (Artículos 433, 411, Código de Enjuiciamiento Civil, Edición de 1933). De cualquier manera, el error, si alguno, no pudo ser perjudicial. Prescindiendo de esta certificación, hubo suficiente prueba para sostener la conclusión de que Guerrero era el dueño de la tienda.

La demandada señala como error la negativa de la corte inferior de admitir prueba en cuanto a los gastos de la enfermedad y del entierro que alega la demandada haber pagado. No podemos ver de qué manera constituyen tales gastos una defensa al pleito sobre entrega de bienes muebles. La demandada no radicó afirmativamente una contrademanda para ello, a lo que podría haber tenido derecho. Todavía podría quizás encontrar el camino expedito para proseguir su reclamación contra la herencia o contra los herederos en cobro de tales gastos, al probarlos satisfactoriamente. Pero tal reclamación no constituye una defensa en este caso.

La imposición de costas contra la demandada como parte perdidosa era mandatoria (Blanes v. González, 60 D.P.R. 567; Autoridad sobre Hogares de la Capital de Puerto Rico v. Hutton, 60 D.P.R. 463). La corte inferior concedió a la demandante honorarios de abogado ascendentes a $125. Los hechos y las circunstancias de este caso justifican dicha concesión.

Los otros errores señalados son demasiado frívolos para discutirse. Se les ha examinado y carecen de méritos.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob SnydeR

license: Public Domain

text:
    En Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Víctor Malavé, acusado y apelante.
    Núm. 10,799.

    Sometido: Marzo 6, 1945.

      Resuelto: Marzo 13, 1945.

      Luis M. Pagan, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob SnydeR

emitió la opinión del tribunal. -

Ésta es una apelación contra sentencia declarando con-victo al acusado de acometimiento y agresión grave. El récord no contiene la transcripción de evidencia, pero el apelante levanta dos cuestiones de derecho.

El acusado sostiene primeramente que la denuncia no alega la circunstancia agravante exigida por la ley del 10 de marzo de 1904, que sustituyó al artículo 237 del Código Penal. (Código Penal, ed. 1937, págs. 155-7). La denuncia alega que el acometimiento en este caso se perpetró “con la macana”. Es innecesario que consideremos la cuestión de si tal instrumento cae dentro de los términos del inciso 6 del artículo 6 de la ley de 1904. Esto es así porque la denuncia sigue alegando, entre otras cosas, que el acusado le fracturó el cráneo al denunciante. Es obvio que esto es suficiente para cumplir con el inciso 7 del artículo 6. Dicho inciso provee que el acometimiento será considerado con circunstancias agravantes “cuando se infiere una herida grave a la persona agredida”.

La segunda cuestión levantada por el acusado es al efecto de que, en vista de que la denuncia lo describe como “Víctor Malavé, P. I. Núm. 1350”, no podía acusársele de acometimiento y agresión grave. Su contención, en síntesis, es que un policía insular nunca puede ser procesado por acometimiento y agresión, debiendo ser procesado, si acaso, bajo el artículo 138 del Código Penal. Admite que el delito de acometimiento y agresión necesariamente está incluido dentro del delito expuesto en el artículo 138. (Pueblo v. Marcano, 61 D.P.R. 143). Pero afirma que un policía debe ser siempre procesado bajo el artículo 138 porque, según su criterio, las defensas a su alcance bajo este último artículo son más amplias que aquellas que pudiera interponer contra una denuncia de acometimiento y agresión. Ésta es una contención frívola. Un policía es un miembro de la comu-nidad igual que cualquiera otra persona. Si él ataca a un individuo en condiciones tales que no pueda establecerse que lo hizo so color de autoridad como tal policía, no queda in-mune por ello de recibir el castigo que determina la ley para el delito menor de acometimiento y agresión grave. Siendo la denuncia en este caso por acometimiento y agresión grave únicamente, la alegación hecha en la denuncia de que él es un policía insular es meramente de carácter descriptiva.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

101 Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.

      Dicho inciso dispone que el acometimiento y agresión será considerado con circunstancias agravantes "cuando el instrumento o los medios que se emplearen fueren tales, que infirieren deslionra a la persona agredida, como acometimiento y agresión con foete, azote o bastón".

      Dieho artículo lee como sigue: "Todo funcionario público que so color de autoridad y sin causa legítima, acometiere, agraviare, oprimiere o golpeare a alguna persona, incurrirá en multa máxima de cinco mil (5,000) dólares y cárcel por un término de cinco años".


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    El Próspero Fruit Co., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, etc., demandado.
    Núm. 35.

    Sometido: Febrero 19, 1945.

      Resuelto: Marzo 14, 1945.

      Córdova & González, abogados de la peticionaria; Son. Procurador General Interino Jesús A. González y A. D. Marahand Paz, Pro-curador General Auxiliar, abogados del interventor, Tesorero de Puerto Rico.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria, corporación organizada bajo las leyes del Estado de Nueva York y autorizada para emprender nego-cios en esta Isla, rindió oportunamente su planilla declarando sus ingresos por el período de enero 1 a diciembre 31 de 1936. En noviembre 28, 1941 el Tesorero de Puerto Rico depositó en el correo, en sobre certificado dirigido a El Próspero Fruit Company, Bayamón, P. R., una notificación de'deficiencias por contribuciones sobre ingresos ascendentes a $647.50. La notificación fué recibida por la peticionaria en Bayamón el día 29 de diciembre de 1941, siendo ése el primer aviso que tuvo la peticionaria de qne se le hubiese im-puesto tal deficiencia.

En diciembre 31 de 1941 la peticionaria solicitó del Teso-rero de Puerto Rico que dejase sin efecto la notificación de deficiencia, y dicha solicitud fué denegada en enero 5 de 1942. En enero 14 de 1942 la peticionaria radicó un escrito de apelación ante el Tribunal de Apelación de Contribucio-nes, solicitando se anulase la notificación de deficiencia hecha por el Tesorero. En junio 30, 1944, el Tribunal de Contri-buciones de Puerto Rico dictó su decisión declarando sin lugar la apelación y ordenando al Tesorero que procediese a cobrar la contribución en controversia y a enviar a la secretaría del tribunal el cómputo correspondiente. La deci-sión tuvo carácter de final el 24 de noviembre de 1944 y el 7 de diciembre del mismo año la peticionaria efectuó el pago bajo protesta. En 20 de diciembre de 1944 la peticionaria acudió ante este tribunal en solicitud de un auto de certiorari para la revisión de la decisión del Tribunal de Contribuciones.

La decisión del tribunal recurrido se basó en que el mismo carecía de jurisdicción para conocer de la apelación por haber sido ésta interpuesta después de haber transcurrido más de treinta días desde noviembre 28 de 1941, fecha en que la notificación de deficiencia fué depositada en el correo.

En apoyo de su recurso la peticionaria alega:

(1) Que el tribunal recurrido erró al sostener que la apelación para ante el Tribunal de Apelación de Contribucio-nes debió ser radicada “dentro de los treinta días después de la fecha en que dicha notificación haya sido depositada en el correo ’ ’, de conformidad con lo prescrito por la sección 57(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de- 1924, según fué enmendada por la Ley número 159 de mayo 13 de 1941 ((1) pág. 973); y al no computar el término para \& apelación de acuerdo con la misma sección 57(a), como quedó enmendada por la Ley número 23 de 21 de noviembre de 1941 ((2) pág. 73), según la cual la apelación podrá ser radicada “dentro de los treinta (30) días inmediatamente siguientes a la fecha en que se le notifique la resolución.”

(2) Que habiéndose admitido por estipulación de las par-tes que la notificación de la deficiencia fué recibida por la peticionaria el 29 de diciembre de 1941, cuando ya habían transcurrido los treinta días después de la fecha en que la notificación fué depositada en el correo, la computación del término para la apelación de conformidad con la ley anterior a la enmienda de 21 de noviembre de 1941, privaría a la peticionaria de su propiedad sin el debido procedimiento de ley y le negaría la igual protección de las leyes, en contra-vención de los preceptos de la Ley Orgánica de esta Isla.

(3) Que en aquellos casos en que se demuestre que la notificación no fué recibida dentro de los treinta días siguien-tes a la fecha de su depósito en el correo, el contribuyente debe gozar de un período de tiempo razonable o de treinta días a partir del recibo de la notificación para radicar su escrito de apelación.

¿ Cuál era la ley vigente y a la cual debía ajustarse el Tesorero de Puerto Rico, en noviembre 28 de 1941, para notificar la deficiencia a la peticionaria1? Esa es la única cuestión a resolver.

La sección 57(a) de la Ley de Contribuciones sobre In-gresos de 1924, enmendada por la Ley núm. 102 de mayo 14 de 1936 ((1) pág. 525) y posteriormente por la núm. 159 de 13 de mayo de 1941, disponía que cuando el Tesorero deter-minare que hay una deficiencia con respecto a la contribu-ción, “el contribuyente . . . ., será notificado de dicha defi-ciencia por correo certificadoSe disponía, además, que “Dentro de los treinta (30) días después de la fecha en que dicha notificación haya sido depositada en el correo, el contribuyente podrá radicar una apelación ante la Junta de Revisión e Igualamiento”. Esa era la ley'que estuvo en vigor hasta que empezó a regir la Ley núm. 23, aprobada en 21 de noviembre de 1941, por la cual se enmendó nueva-mente la sección 57(a) para leer como sigue:

“Sección 57. — (a) Si tratándose de algún contribuyente, el Teso-rero determinare que hay una deficiencia con respecto a la contribu-ción impuesta por este título, el contribuyente, excepto lo que dis-pone la subdivisión (c) será notificado de dicha deficiencia por correo certificado, pero dicha deficiencia será tasada en la forma que se establece en la subdivisión (6). Dentro de los quince (15) días in-mediatamente siguientes a la fecha de la notificación, el contribuyente podrá solicitar del Tesorero la reconsideración de dicha determina-ción de deficiencia, expresando en su solicitud los fundamentos en que ésta se basa, y el Tesorero podrá concederle una vista adminis-trativa antes de resolver el asunto o podrá denegar la reconsidera-ción solicitada sin la celebración de vista alguna cuando a su juicio dicha solicitud fuere claramente infundada. Si el contribuyente no estuviere conforme con la resolución del Tesorero respecto a cual-quier deficiencia, podrá, dentro do los treinta (30) días inmediata-mente siguientes a la fecha en que se le notifique la resolución, radi-car una querella contra el Tesorero ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico, en la forma dispuesta por la ley creando dicho tribunal; Disponiéndose, que (1) la resolución del Tesorero sobre la determinación de cualquier deficiencia y (2) la prestación de fianza por el contribuyente, sujeta ésta a la aprobación del Tesorero, por una suma no menor de tres cuartas % partes del montante de la contribución apelada, serán ambos y cada uno requi-sitos previos indispensables para acudir al referido Tribunal, siñ los cuales éste no adquirirá jurisdicción. 77

La Ley núm. 23 fué aprobada, según hemos visto, el 21 de noviembre de 1941, o sea, como sugiere la peticionaria, siete días antes de la fecha en que el Tesorero depositó en el correo la notificación de deficiencia. Empero, dicha ley no empezó a regir hasta noventa días después de su apro-bación, o sea hasta el día 19 de febrero de 1942, cuando ya había sido enviada y recibida la notificación de deficiencia y cuando ya la peticionaria había radicado su escrito de ape-lación ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones.

La sección 11 de la referida Ley núm. 23, dispone:

“Por la presente se declara que existe una necesidad y emergen-cia para la retroactividad de la presente Ley, y empezará a regir a los noventa días después de su aprobación la que tendrá efecto a contar del día 1 de enero de 1941.”

Arguye la peticionaria que la Ley núm. 23 de 1941 es un estatuto reparador, “remedial statute”, que concede reme-dios a los contribuyentes y como tal debe tener efecto retro-activo en cuanto a procedimientos o derechos pendientes de adjudicación, a menos que al aprobarse la ley el legislador haga constar claramente que el estatuto tendrá efecto pros-pectivo únicamente; que dicha ley dispone expresamente qué tendrá efecto retroactivo al primero de enero de 1941; y que la apelación en este caso fué radicada dentro del tér-mino fijado por la sección 57(a) de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, según quedó enmendada por dicha Ley núm. 23 de 1941.

111 párrafo (a) de la sección 57, tanto en la ley de 15 de mayo de 1941 como en la ley de 21 de noviembre del mismo año, dispone taxativamente que cuando el Tesorero determine que existe una deficiencia, el contribuyente “será notificado de dicha deficiencia por correo certificado”. Las diferencias entre una y otra ley son en cuanto a los pasos que deberá dar el contribuyente que no estuviere conforme con la imposición de la deficiencia para poder apelar al Tribunal de Contribuciones. La primera ley fija un término de treinta días, “después de la fecha en que dicha notifica-ción haya sido depositada en el correo”, dentro del cual el contribuyente podrá radicar una apelación. De conformidad con esta disposición, la notificación se considera como hecha desde el momento en que el sobre certificado queda deposi-tado en el correo, empezando a correr desde ese mismo momento el término de treinta días para interponer la ape-lación. La segunda ley (núm. 23 de 1941) provee:

(1) Dentro de los quince días inmediatamente siguientes a la fecha de la notificación de la deficiencia, el contribuyente podrá solicitar del Tesorero la reconsideración de la deter-minación de deficiencia.

(2) Si el contribuyente no estuviere conforme con la resolución del Tesorero en cuanto a la solicitud de reconsi-deración, podrá, dentro de los treinta días inmediatamente siguientes a la fecba en que se le notifique la resolución, apelar para ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Eieo.

(3) La resolución del Tesorero sobre la determinación de la deficiencia es requisito previo e indispensable para que el Tribunal de Contribuciones pueda adquirir jurisdicción.

Estando autorizado el Tesorero para notificar al contri-buyente la existencia de una deficiencia “por correo certifi-cado”, como lo bizo en el presente caso, debemos considerar y resolver ahora cuál de las dos fechas — la del depósito en el correo o la del'recibo de la notificación — debe ser conside-rada como “la fecba de la notificación”,‘a los efectos de la computación de los términos para solicitar la reconsideración y para apelar al Tribunal de Contribuciones.

El artículo 322 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, equivalente al 1013 de California, dispone que en los casos de remisión por correo, la notificación deberá depositarse en la administración de correos, dirigida a la persona a quien hubiere de intimarse o hacerse la entrega, a su oficina o residencia pagándose el franqueo; y que “la notificación o entrega de documentos queda cumplida al tiempo de hacerse el depósito en el correo”. La Regla 5(b) de las de Procedi-miento Civil provee, que “la notificación por correo quedará perfeccionada al ser depositada en el correo”. Véanse: American Colonial Bank v. Ramos, 33 D.P.R. 890, 894; Carrión v. Lawton, 43 D.P.R. 53, 56; y Heinlen v. Heilbron, 94 Cal. 636, en el que se resolvió:

“La notificación por correo provista por el artículo 1012 no tiene por miras la entrega como parte de la notificación, conforme se ve por las disposiciones del artículo 1013 al efecto de que ‘la notifica-ción queda consumada al tiempo de depositarse’ en la oficina postal. Tal notificación es conocida con el nombre de notificación sustituía y el objeto es que ella sustituya y equivalga como cuestión de dere-cho y en sus efectos a una notificación personal.”

De conformidad con las autoridades anteriormente cita-das debemos resolver qne la notificación de la deficiencia en el presente caso quedó consumada el día 28 de noviembre de 1941, fecha en que el Tesorero la depositó en el correo en sobre certificado dirigido a El Próspero Fruit Co., a su oficina en el pueblo de Bayamón. Es a partir de esa fecha que debe computarse el término de treinta días que para apelar fija la sección 57(a) de la Ley núm. 159 de 13 de mayo de 1941 y también el de quince días que fija la misma sección enmendada por la Ley núm. 23 de noviembre 21 de 1941 para solicitar la reconsideración de ]a determinación de deficiencia.

Aplicando a los hechos del caso la sección 57(a) enmendada por la Ley núm. 159 de mayo 13 de 1941 y habiéndose consumado la notificación de la deficiencia el día 28 de noviembre de 1941, es forzoso concluir que el Tribunal de Contribuciones no erró al decidir, como decidió, que carecía de jurisdicción para conocer de la apelación por haber sido ésta interpuesta cuarenta y siete días después de haberse depositado la notificación en el correo.

Si asumiéramos, sin resolverlo, bajo las circunstancias de este caso, que la ley aplicable es la núm. 23 de 1941, también nos veríamos obligados a sostener la decisión recurrida, pues habiéndose consumado la notificación el 28 de noviembre de 1941, el término de quince días fijado por el estatuto para solicitar la reconsideración de la determinación de la deficiencia expiró sin que la contribuyente solicitara tal reconsideración, lo cual es requisito previo e indispensable para que el Tribunal de Contribuciones adquiera jurisdicción. En la solicitud radicada ante esta Corte se alega que en 31 de diciembre de 1941 la peticionaria solicitó del Teso-rero que dejase sin efecto la notificación de noviembre 28 de 1941. Empero, aún aceptando que dicha solicitud fuera radicada, cosa que no aparece del récord ante nos, y que en ella se solicitara del Tesorero “la reconsideración de dicha determinación de deficiencia, expresando en su solicitud los fundamentos en que ésta se basa”, ello no favorecería en nada a la peticionaria por haber sido radicada dicha solici-tud después de haber expirado el término fijado por la sección 57(a) enmendada por la Ley núm. 23 de 1941. Sin el cumplimiento de ese requisito el Tribunal de Contribucio-nes no podía adquirir jurisdicción. T la misma sección 57 en su apartado (ó) dispone que cuando el contribuyente no radicare solicitud de reconsideración, el Tesorero procederá a imponer y cobrar la deficiencia por él determinada.

Opinamos que la cláusula de retroactividad de la sección 11 de la Ley núm. 23 de 21 de noviembre de 1941 no tiene, ni fué' el propósito de la Legislatura darle el alcance que pretende darle la parte recurrente. En el caso de certiorari Núm. 10, Central Aguirre Sugar Co. v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, ante, pág. 268, este tribunal tuvo ante sí esta misma cuestión levantada por el Tesorero en cuanto al efecto y alcance de las disposiciones relativas a la retroactividad, contenidas en la sección 29 de la Ley núm. 31 de abril 12 de 1941, la cual está redactada en tér-minos idénticos a los de la sección que estamos ahora consi-derando. Sostenía el Tesorero que, de acuerdo con los términos de dicha Ley núm. 31 y de la Ley núm. 159 de mayo 13 de 1941, las cuales fueron aprobadas para tener efecto retroactivo al día Io. de enero de 1940, la Central Aguirre Sugar Co. estaba obligada a retener y pagar al Tesoro Insular la contribución impuesta por la nueva ley sobre los dividendos pagados por dicha corporación a sus accionistas no residentes en la isla, en julio 15 de 1940, cuando los dividendos así pagados no estaban sujetos a contribución alguna bajo las leyes entonces vigentes. Al resolver la cues-tión en contra de la contención del Tesorero, dijimos:

“La única cuestión que nos toca considerar y resolver es si la Le-gislatura tuvo la intención de dar a las disposiciones de la sección 22(a) de la Ley número 31 de abril 12 de 1941 efecto legal retroactivo hasta el punto de hacer responsable a la Central Aguirre Sugar Company por el incumplimiento en julio 15 de 1940 de una obliga-ción — la de deducir y retener el importe de la contribución sobre los dividendos — que no surgió a la vida del derecho hasta el 12 de abril de 1941.
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“Son hechos admitidos, que en julio 15 de 1940, cuando la corpo-ración peticionaria pagó a sus accionistas los dividendos que les correspondían, no existía ley alguna que autorizara al Tesorero de Puerto Rico para imponer una contribución sobre tales dividendos, los cuales estaban expresamente exentos de la contribución de ingreso por las disposiciones ya citadas de la sección 22(a) y 32(a)(6) de la Lev de Contribuciones sobre Ingresos de 1924; y que en julio 15 de 1940, la ley entonces vigente no obligaba a la corporación pagadora de los dividendos a actuar como agente del Tesoro de Puerto Rico para la deducción y retención de la contribución.
“No podemos convenir con el Tesorero en que la Legislatura tu-viera. la intención de hacer aplicable la disposición retroactiva de la sección 29 de la Ley número 31 de abril 12 de 1941, no solamente a la imposición de la contribución si que también a las disposiciones pu-ramente administrativas de la sección 22, subdivisión (a) de la misma ley, referentes a la retención de la contribución en el mo-mento de efectuar el pago de los dividendos. Sería absurdo suponer que la legislatura tuvo la intención de imponer a la corporación peticionaria la obligación de retener lo que ya había pagado a sus accionistas al amparo de la legislación anterior. Es nuestro deber interpretar los estatutos razonablemente y evitar hasta donde fuere posible que surjan serias cuestiones constitucionales. La interpreta-ción del statute de acuerdo con la contención del Tesorero levantaría una cuestión constitucional muy seria. Véase: Luce & Co. v. Junta de Salario Mínimo, 62 D.P.R. 452.”

Y después de citar autoridades federales sobre la materia, añadimos:

“De acuerdo con las autoridades federales citadas, nos vemos obligados a concluir que las disposiciones del estatuto referentes a la retención del importe de la contribución en el momento de ha-cerse el pago de dividendos son de carácter administrativo y como tales no tuvieron el efecto retroactivo que la misma ley da a las secciones por virtud de las cuales se impone la contribución. Re cientemente, en Ana María Sugar Co. v. Buscaglia, resuelto en 5 de diciembre de 1944, interpretando la sección referente a la retroacti-vidad de la misma ley, sostuvimos que ella no es aplicable a la otra sección por virtud de la cual el término de la prescripción se aumenta de cinco a siete años.”

Las disposiciones de la sección 57(a) de la Ley de Con-tribuciones sobre Ingresos son de naturaleza administrativa o procesal, siendo su único objeto el de fijar el procedimiento que deberá seguir el Tesorero para notificar las deficiencias y el contribuyente para acudir en apelación ante el Tribunal de Contribuciones. No creemos que el legislador tuviera el propósito de dar efecto retroactivo a las disposiciones admi-nistrativas de la Ley núm. 23 y mucho menos el de revivir el término para apelar fijado por la ley anterior. Ese término había ya expirado cuando empezó a regir la nueva ley. Si sostuviéramos que la sección 57(a), en la forma en que quedó enmendada por la Ley núm. 23 de 21 de noviembre de 1941 tiene efecto retroactivo y que el Tribunal de Con-tribuciones erró al declarar que no tenía jurisdicción para conocer del presente recurso, por las mismas razones ten-dríamos que sostener que dicho tribunal carece de jurisdic-ción para conocer de aquellas apelaciones interpuestas en cumplimiento estricto de lo dispuesto por la sección 57(a) de la Ley núm. 159 de 13 de mayo de 1941, por no haberse cumplido a tiempo con el requisito previo e indispensable de la solicitud de reconsideración provisto por la última enmienda.

La decisión recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Presidekte Señor Travieso

text:
    Standard Oil Company (New Jersey), peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núms. 17 y 37.

    Sometidos: Diciembre 14, 1944.

      Resueltos: Marzo 14, 1945.

      Son. Procurador General Interino Jesús A. González, Ramón Gandía Biscombe, Oficial Jurídico y A. D. Marchand Paz, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor, Tesorero de Puerto Rico; James R. Beverley, R. Castro Fernández y José López Bardlt, abogados de la peticionaria; Hartzéll, Kelley & Sartzell y José L. Novas, como amici curiae.

   El Juez Presidekte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria, Standard Oil Company (New Jersey), es una corporación organizada de acuerdo con las leyes del Estado de New Jersey y tiene establecida su oficina principal en la Ciudad y Estado de Nueva York. En el año 1940 dicha corporación recibió la suma de $325,140 por concepto de dividendos sobre sus acciones en la West India Oil Co. (P. R.). Al aprobarse la Ley núm. 31 de abril 12 de 1941 ((1) pág. 479), con efecto retroactivo al 1 de enero de 1940, la peticionaria radicó con el Tesorero una declaración en-mendada de sus ingresos en el año 1940 y pagó al Tesorero una contribución igual al 17 por ciento del montante de los-dividendos recibidos.

En abril 27 de 1942 el Tesorero notificó a la peticionaria una deficiencia de $6,502.80, basándose en qne de acuerdo con la citada ley de 1941 la peticionaria, por ser una corpo-ración extranjera, estaba obligada a pagar una contribución igual al 19 por ciento, o sea 2 por ciento mayor que la impuesta a las corporaciones domésticas.

Llevado el caso en apelación ante el Tribunal de Contri-buciones, éste dictó su decisión en 30 de junio de 1944 sos-teniendo la validez constitucional de la ley en cuanto al tipo de 19 por ciento que en ella se prescribe para ser aplicado a las corporaciones o sociedades extranjeras sin punto de negocios u oficina establecida en Puerto Rico. El tribunal •ordenó al Tesorero que hiciese un nuevo cálculo de la con-tribución, con intereses al 6 por ciento anual desde el 27 de abril de 1942, debiendo radicarse los cómputos correspon-dientes dentro del plazo de siete días desde la fecha de la notificación de la decisión. Esta fué notificada a las partes ■el 24 de julio de 1944. En agosto 23 de 1944, sin esperar a que el Tesorero radicase el nuevo cómputo de la contribución, la corporación peticionaria radicó ante esta Corte Suprema •una solicitud de certiorari, la cual fué registrada bajo el jnúm. 17.

El nuevo cómputo, ascendente a un total de $11,438.43, fué radicado por el Tesorero el 18 de septiembre, aprobado por el tribunal el 22 de noviembre y notificado a la peticio-naria el día 27 de noviembre de 1944. El día 26 de diciembre -de 1944 la peticionaria hizo el pago bajo protesta, y el 28 del :mismo mes recurrió por segunda vez ante esta Corte Suprema ■ en solicitud de un auto de certiorari, radicándose el caso bajo ■el núm. 37.

Nos encontramos, pues, ante dos recursos de certiorari Incoados con el mismo fin — la revisión de la decisión del Tribunal de Contribuciones de fecha 30 de junio de 1944. El primero, núm. 17, fué radicado dentro del plazo de treinta ■días contados desde la fecha de la notificación de la decisión, de acuerdo con la sección 5 de la Ley núm. 169 de mayo 15, 1943 (pág. 601); y el segundo, núm. 37, después de notificada a la apelante la finalidad de la decisión, de acuerdo con las Eeglas de Procedimiento aprobadas por el Tribunal de Contribuciones de Puerto Eico.

La cuestión a resolver es sobre cuál de los dos recursos debe subsistir y cuál debe ser desestimado. El Tesorero ba solicitado la desestimación del núm. 17, por no haberse radi-cado junto con la petición el recibo acreditativo de haberse hecho el pago bajo protesta, requisito que a su juicio es indispensable — de acuerdo concia sección 76 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, según quedó enmendada por la Ley núm. 23 de noviembre 21 de 1941 — para que esta Corte Suprema pueda adquirir jurisdicción sobre el caso. Se opone la peticionaria a la desestimación, alegando:

“Nuestra contención es que el recurso radicado bajo el Núm. 17 es el que ha sido debidamente radicado, pero ante el peligro que con-lleva la equivocación, y sobre todo, ante la situación tan confusa creada por la Ley 169 de 1943, la sección 76 de la Ley de Contribu-ciones sobre Ingresos, según enmendada por la 23 aprobada en no-viembre 21, 1941 y la Regla Núm. 29 de las Reglas de Procedimien-tos del Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, creemos estar profesionalmente justificados en asumir la posición que hemos asu-mido para la mayor protección de los intereses de nuestro cliente, radicando dos recursos de certiorari:

Examinemos las disposiciones legales citadas.

La sección 76 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos (Núm. 74 de agosto 6, 1925, pág. 401) según quedó enmendada por la Ley 23 de 21 de noviembre de 1941 ((2) pág. 73), en lo que es pertinente, lee así:

“Sección 76. — (a) Cuando un contribuyente no estuviere con-forme con la deficiencia o parte de la deficiencia determinada por el Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico de acuerdo con la sección 57(6) de esta Ley, estará, no obstante, obli-gado a pagarla totalmente, y si deseare apelar para ante la Corte Suprema dé' Puerto Rico en la fórma dispuesta por ley, al. efectuar el pago protestará la parte de la deficiencia con la cual no estuviere conforme y pedirá al colector o funcionario recaudador que consigne su protesta al dorso del recibo de pago, ... y tal recibo o copia certificada del mismo deberán formar parte de su escrito de apela-ción para ante la Corte Suprema, requisito sin el cual no tendrá jurisdicción dicha corte.” (Itálicas nuestras.)

La Ley núm. 172 de mayo 13 de 1941 ((1) pág. 1039), creando el Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico, aprobada con anterioridad a la enmienda de la sección 76 de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, supra, disponía :

“Sección 5. — ■ . . . Estas decisiones tendrán el carácter de finales; pero la parte perjudicada podrá dentro de. los treinta (30) días después de haberse rendido la decisión apelar de la misma para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante una solicitud de cer-tiorari para revisar los procedimientos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico tendrá jurisdicción competente para esta revisión, fun-dándose exclusivamente en los autos, pero la expedición del auto no tendrá el efecto de suspender la ejecución de la decisión dictada, la cual será efectiva desde luego, basta tanto recaiga decisión final confirmándola o modificándola.” (Bastardillas nuestras.)

La sección 57 de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, según fué enmendada por la Ley 23 de 21 de noviembre de 1941, es la que dispone el procedimiento que deberá seguir Contribuciones. El apartado (b) de dicha sección prescribe del Tesorero respecto a cualquier deficiencia, para que dicha resolución sea revisada por el Tribunal de Apelación de Contribuciones. El apartado (b) de dicha sección prescribe que “cuando habiéndose recurrido para ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico en la forma dispuesta por esta Ley, dicho tribunal determinare que existe una deficiencia, la cantidad determinada por él tribunal será impuesta por el Tesorero con intereses a razón del 6 por ciento anual, etc.” (Bastardillas nuestras.)

De acuerdo con los preceptos estatutarios citados, es evi-dente que mientras estuvo vigente la ley creadora del Tribunal de Apelación de Contribuciones, el contribuyente que no estando conforme con la decisión de dicho tribunal determi-nando que existía una deficiencia deseaba apelar para ante la Corte Suprema, venía obligado a radicar su solicitud de certiorari “dentro de los treinta (30) días después de haberse rendido la decisión”, estando igualmente obligado a pagar el importe de la deficiencia determinada por el tribunal y a radicar junto con la petición de certiorari el recibo acredi-tativo de haber hecho el pago bajo protesta.

Arguye la peticionaria que la enmienda a la Sección 76 de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, supra, se hizo con el objeto de proveer el procedimiento para apelar de una deficiencia determinada por el Tribunal de Apelación de Contribuciones; que habiendo dejado de existir dicho tribunal por virtud de la Ley 169 de 1943, creadora del Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, y disponiéndose en la sección 5 de dicha ley el procedimiento a seguir para revisar las decisiones del nuevo tribunal y no habiendo la Legislatura enmendado de nuevo la sección 76 de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, como lo hizo después de la creación del Tribunal de Apelación de Contribuciones, es evidente que la legislatura tuvo el propósito de derogar la sección 76, supra, y de exigir como único requisito para que la Corte Suprema adquiera jurisdicción, que el recurso de revisión se radique dentro de los treinta días después de notificada la decisión del Tribunal. Y añade, que ello debe ser así, porque en el último párrafo de la sección 5 de dicha Ley 169 de 1943 se dispone que la expedición del auto de certiorari no tendré “el efecto de suspender la ejecución de la decisión dictada”, disposición que sería innecesaria si el contribuyente viniese obligado a hacer el pago bajo protesta para poder solicitar la revisión.-

No estamos conformes con la argumentación de la peti-cionaria. El propósito de la Ley núm. 169 de mayo 15 de 1943 no fué el de derogar la Ley núm. 172 de mayo 13 de 1941, por la cual se creó el Tribunal de Apelación de Contri-buciones, y sí el de enmendar dicha ley para que en lo sucesivo lea en la forma en que quedó redactada. La sección 5 de la nueva ley, en cuanto es pertinente, dice así:

“Todas las decisiones del Tribunal de Contribuciones tendrán carácter de finales; pero la parte perjudicada podrá, dentro de los treinta (30) días después de habérsele notificado la decisión, inter-poner contra la misma recurso de revisión ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante solicitud de certiorari para revisar los pro-cedimientos, y dicho Tribunal sustanciará dichos recursos fundándose exclusivamente en los autos del Tribunal recurrido, sin que la expe-dición del auto tenga el efecto de suspender la ejecución de la deci-sión dictada, la cual será efectiva desde luego, hasta tanto recaiga decisión final confirmándola o modificándola.” (Bastardilla nues-tras.)

Comparando la sección 5 en su forma original, supra, con la enmienda, se verá que ambas son prácticamente idén-ticas, con las dos excepciones siguientes: (1) que el término de 30 días^ para recurrir al Tribunal Supremo deberá con-tarse desde la fecha en que se notifique la decisión al contri-buyente y no desde la fecha en que se rinda la decisión, como se disponía en la sección original; y (2) que las decisiones del Tribunal de Contribuciones son ahora resivables mediante solicitud de certiorari, y no apelables mediante certiorari como disponía la ley anterior.

La Ley núm. 169 de 1943 dispone por su artículo 3 que “Toda ley, resolución, o parte de las mismas, que esté en conflicto con la presente, queda por ésta derogada”. No existe, a nuestro juicio, conflicto alguno entre la sección 5 de la Ley 169 de 1943 y la sección 76(a) de la Ley de Contri-buciones Sobre Ingresos, supra. Ambas son perfectamente compatibles y también necesarias para la efectividad del derecho que la ley reconoce a todo contribuyente para recurrir ante el Tribunal Supremo en solicitud de que la decisión dictada en su contra sea revisada. Resolvemos, por lo tanto, que cuando un contribuyente no estuviere conforme con la deficiencia determinada o fijada por el Tribunal de Contri-buciones, de acuerdo con la- sección 57(b) de la Ley de Con-tribuciones Sobre Ingresos, y deseare solicitar la revisión por el Tribunal Supremo, deberá presentar junto con la petición de certiorari el recibo acreditativo de haber pagado el importe de la deficiencia, bajo protesta, siendo éste un requisito legal necesario para que la Corte Suprema pueda conocer del caso.

El escrito de apelación en el recurso núm. 17 fué radicado en agosto 23, 1944, dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la decisión, de acuerdo con lo dispuesto por la sección 5 de la Ley núm. 169 de mayo 15 de 1943. El recibo acreditativo del pago bajo protesta no fué ni pudo ser radicado junto con el escrito de apelación, porque en la decisión dictada por el tribunal se ordenaba al Tesorero que hiciese un nuevo cómputo de la cantidad adeudada por la peticionaria, dentro de los siete días siguientes a la fecha en que le fuera notificada la decisión; y, según aparece de los autos, el Tesorero no notificó el nuevo cómputo a la peticionaria hasta el día 20 de septiembre de 1944.

En Casanovas & Cía. v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 61 D.P.R. 56, la contribuyente peticionaria radicó dentro del término legal su petición de certiorari, pero no ra-dicó el recibo acreditando haber hecho el pago bajo protesta. El Tesorero solicitó la anulación del auto expedido por el fundamento de no haberse radicado dicho recibo, requisito esencial para que la Corte Suprema tuviera jurisdicción. Resolviendo la cuestión así planteada, esta corte, por voz de su Juez Asociado Sr. de Jesús, se expresó así:

“Como liemos visto, de conformidad con la sección 76 a en lo per-tinente transcrita, el recibo del pago bajo protesta o una copia cer-tificada del mismo deberá formar parte del escrito de apelación, es decir, de la petición de certiorari para ante este tribunal, y sin ese requisito esta corte no adquiere jurisdicción. Siendo ello así, cuando el 28 de mayo último la peticionaria radicó el escrito de certiorari sin acompañarlo de los recibos, dicho escrito, por mandato expreso de la ley, no nos confirió jurisdicción para la expedición del auto de certiorari. Ese mismo defecto de jurisdicción subsistía cuando el 2 ■de junio último se notificó el auto al tribunal recurrido. ’ ’

En el citado caso, la peticionaria trató de subsanar el •defecto jurisdiccional, radicando en junio 12 una llamada “Alegación Suplementaria”, acompañada de los recibos de pago bajo protesta, alegando que esta corte había adquirido jurisdicción con efecto retroactivo al 29 de mayo, fecha de la expedición. Esta contención fue rechazada en los si-guientes términos:

“No tuvo tal efecto, porque una orden dictada sin jurisdicción es inexistente y lo inexistente no es susceptible de convalidación con efecto retroactivo. Siendo nula la citada orden de 29 de mayo úl-timo, todas las actuaciones posteriores que de ella emanan son nece-sariamente nulas, incluyendo, por supuesto, el acto de la vista de. este recurso celebrada el 24 de junio último.”

En el recurso. Núm. 17 que estamos considerando, la peticionaria no ha radicado en momento alguno el recibo demostrativo de haberse hecho el pago bajo protesta. De conformidad con lo resuelto en Casanovas & Cía. v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, supra, dicho recurso debe ser desestimado por falta de jurisdicción.

La solicitud de certiorari en el recurso número 37 fué radicada el 28 de diciembre de 1944, acompañada de un recibo en el que se hace constar que en diciembre 26 de 1944 la corporación peticionaria pagó bajo protesta la cantidad de $11,438.43.

En el caso de González v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 901, el peticionario radicó tres recursos de certiorari, alegando qué no había podido pagar contri-bución alguna bajo protesta, porque el Tesorero no le había aún impuesto la contribución ni había hecho el cómputo de acuerdo con lo dispuesto en las reglas 42 y 43 de las Reglas de Práctica de dicho tribunal. Los tres recursos fueron desestimados por prematuros, expresándose el tribunal, por voz de su Juez Asociado Sr. Todd, Jr., en la forma siguiente:

“[4,5] Al disponer la sección 57(5), supra, que si el Tribunal de Apelación de Contribuciones determinare que existe una deficien-cia la cantidad determinada será impuesta por el Tesorero, clara-mente significa que en la decisión que dicte dicbo tribunal debe in-cluirse expresamente el montante de la deficiencia para que así el contribuyente pueda saber cuál es la cantidad exacta que tiene que pagar bajo protesta de acuerdo con la sección 76(a), supra, para perfeccionar su apelación para ante esta Corte Suprema. Los treinta días que se conceden al contribuyente para apelar de la decisión del Tribunal de Apelación de Contribuciones por la sección 5 de la Ley núm. 172,, supra, no pueden empezarse a contar basta que exista una decisión completa y final y que contenga todo lo que la ley y las reglas del tribunal exigen. Que sólo puede apelarse de una de-sición que tenga el carácter de final, lo dice el propio 'estatuto, sección 5, Ley núm. 172, supra.”

La Regla núm. 42 de las Reglas de Práctica aprobadas por el Tribunal de Contribuciones dispone, entre otras cosas, que la decisión del tribunal constará de las siguientes partes: “(d) Cómputo de la contribución, deficiencia o responsabili-dad que se archivará con la decisión del caso de acuerdo con la Regla Núm. 43”.

La Regla núm. 43 dispone que la decisión se registrará por el Secretario al notificar a las partes; que el Tesorero computará la contribución haciendo la imposición de acuerdo con la decisión del tribunal y radicará el cómputo original y seis copias en la secretaría, certificando que ha notificado al apelante; que si dentro de los diez días siguientes a la fecha del cómputo, el apelante no radicare oposición, “el Secretario registrará dicho cómputo y lo archivará como parte de la decisión del tribunal de acuerdo con la Regla Núm. 42”. Dicha regla provee, además, que en el caso en que se radicare oposición al cómputo, “el tribunal fijará una vista para oír a las partes y en tal caso el tribunal directa-mente computará la contribución, deficiencia o responsabi-lidad”.

En el caso de autos, la corporación apelante formuló su objeción al cómputo del Tesorero en septiembre 26 de 1944. La vista se celebró el seis de octubre de 1944, y el 22 de noviembre de 1944 el tribunal dictó su resolución declarando sin lugar la objeción y aprobando el cómputo.

Ni la ley ni las reglas del Tribunal de Contribuciones dis-ponen expresamente que cuando el cómputo de la deficiencia es hecho por el tribunal directamente, dicho cómputo deba ser registrado y archivado como parte de la decisión del tribunal. Opinamos, sin embargo, que si de acuerdo con la regla 42 el cómputo de la deficiencia debe formar parte de la decisión del caso, y de conformidad con la regla 43 “la decisión se registrará por el secretario ■ al notificar a las partes”, la única decisión que el Secretario puede legalmente notificar a las partes y registrar como la decisión completa y final del tribunal es una que contenga como parte esencial de la misma el cómputo definitivamente aprobado por el tribunal. Cuando la decisión conteniendo el cómputo haya sido registrada por el Secretario, desde ese momento empe-zará a correr el término de 30 días fijado por la sección 5 de la Ley 169 de mayo 15 de 1943 para la radicación ante esta Corte Suprema de una petición de certiorari. La parte agraviada podrá, sin embargo, radicar su petición de certio-rari tan pronto como el cómputo haya sido aprobado por resolución del tribunal, sin tener que aguardar a que la sentencia sea registrada. (Véase: González v. Tribunal de Apelación, 60 D.P.R. 901). En los casos de González, supra, sostuvimos que los recursos había¡n sido interpuestos prema-turamente, porque en la fecha en que fueron radicados, los cómputos finales no habían sido aún aprobados por resolu-ción del tribunal.

De los autos originales del Tribunal de Contribuciones aparece que la resolución aprobando el cómputo fué notificada a la apelante, pero no existe en ellos constancia alguna de que la decisión del tribunal y el cómputo definitivo hayan sido registrados o archivados como la decisión completa y final del tribunal. Debemos resolver, por lo tanto, qne el recurso número 37 fue interpuesto oportunamente.

Con el propósito de orientar a la profesión legal y evitar en el futuro la duplicidad de procedimientos, pasaremos a exponer la norma que a nuestro juicio debe seguirse para traer a la eosideración de esta Corte Suprema un recurso de certiorari para revisar una decisión del Tribunal de Contribuciones.

1. Cuando la decisión del tribunal, determinando la exis-tencia de una deficiencia, no ordene al Tesorero que haga un nuevo cómputo de la cantidad que el contribuyente deberá sa-tisfacer al Tesoro Insular, el contribuyente que no estuviere conforme y deseare solicitar la revisión por.la Corte Su-prema, deberá radicar su petición de certiorari dentro de los treinta (30) días de habérsele notificado la decisión, de acuerdo con la sección 5 de la Ley núm. 169 de mayo 15 de 1943 y de haberse registrado la decisión de acuerdo con la Regla 43; y deberá radicar junto con la petición y dentro del mismo plazo de treinta días, el recibo o copia certificada del mismo que acredite haberse hecho el pago bajo protesta, de acuerdo con la sección 76 de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos. Ambos requisitos deberán cumplirse para que la Corte Suprema adquiera jurisdicción.

2. Si por la decisión del tribunal se ordenare al Tesorero un nuevo cómputo para poder determinar el montante de la deficiencia que deberá satisfacer el contribuyente, el término legal de treinta días para radicar la petición de certiorari y el recibo acreditativo del pago bajo protesta deberá contarse desde la fecha de la notificación al contribuyente del nuevo cómputo y del registro y archivo de dicho cómputo como parte de la decisión final del tribunal. Nos permitimos sugerir que la mejor práctica en estos casos sería la de no registrar la decisión del tribunal hasta que el nuevo cómputo haya sido definitivamente aprobado por el tribunal y regis-trado y archivado por el Secretario como parte de la decisión.

Por las razones expuestas se desestima el recurso de certiorari Núm. 17. El recurso de certiorari Núm. 37 seguirá su tramitación y habiendo sido ya sometido, será resuelto oportunamente.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Georgina Luisa Lókpez Finlay, demandante y apelada, v. Víctor Luis Lókpez y Amelia Palmieri Vda. de Woods, etc., hoy su Sucesión, etc., demandados, contrademandantes y apelantes los últimos.
    Núm. 8993.

    Sometido: Diciembre 6, 1944.

      Resuelto: Marzo 16, 1945.

      Damián Monserrat, Jr., Gabriel de la Haba y Rafael Baragaño, abo-gados de los apelantes; Mariano Acosta Velarde, Federico Acosta Velarde y Daniel Pellón Lafuente, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En nna apelación anterior en este caso, Lókpez v. Lókpez, 61 D.P.R. 618, revocamos la sentencia dictada por la corte inferior por no haberse admitido cierta prueba ofrecida por los demandados con el fin de demostrar que el contrato de préstamo e hipoteca cuya nulidad solicita la demandante, había sido ratificado. Devuelto el caso, la Corte de Dis-trito de San Juan celebró tina vista, limitándose la prueba de las partes al extremo de la ratificación. Trató la deman-dada, Sucesión de Amelia Palmieri Vda. de Woods, de sos-tener la admisibilidad de cierta prueba demostrativa del pago hecho por la demandante de intereses sobre el préstamo hipotecario, pero la corte ordenó su eliminación del récord por el fundamento de que en el pliego de especificaciones radicado por la demandada no se alegaba que la ratificación se hubiera realizado mediante el pago de intereses.

En esa forma quedó limitada la prueba de la demandada al hecho de que la ratificación ocurrió al solicitar la deman-dante el levantamiento y cancelación parcial de la hipoteca para poder vender un solar libre de dicho gravamen, según se expuso en el inciso (a) del pliego de especificaciones. La corte de distrito resolvió que no se había probado la rati-ficación y dictó sentencia declarando con lugar la demanda, sin lugar la contrademanda, y decretando la cancelación de la hipoteca. La demandada apeló.

Antes de entrar a considerar el recurso en sus méritos debemos resolver la moción de desestimación presentada por la apelada. Uno de sus fundamentos es que el codemandado Víctor Luis Lókpez no fue notificado del escrito de apelación siendo una parte necesaria en el procedimiento. Carece de méritos la cuestión. ' Cuando la revocación de la sentencia no puede afectar los intereses de un codemandado a quien no se haya notificado de la apelación interpuesta por otro codemandado, tal codemandado no es una parte contraria (adverse party) dentro del significado del artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, y la falta de notificación no conlleva la desestimación de la apelación. Candelas v. Ramírez, 20 D.P.R. 33; véase además Sucesores de L. Villamil & Co. v. Solá, 22 D.P.R. 531, 535; Galafar v. Sucesión Morales, 22 D.P.R. 491, 493; Collazo v. Rivera, 26 D.P.R. 92, 93; Buonomo v. Sucesión Juncos, 21 D.P.R. 273, 275; Ramírez v. Pumares, et al., 28 D.P.R. 121, 134; Carrión v. Toral, 44 D.P.R. 426, 427; Vidal v. Monagas, 60 D.P.R. 783, 788. En el presente caso no vemos cómo podría afectar los intereses de Víctor Luis Lókpez que se revocara la sentencia, se declarara ratificado el contrato de préstamo e hipoteca y se restableciera la garantía hipotecaria. No siendo Lókpez, por tanto, parte contraria a la apelante, no era imprescindible que se le notificara la apelación..

El segundo fundamento de la moción es que el récord de esta apelación .no está completo por no haberse elevado en el legajo de la sentencia los siguientes documentos: la demanda, la contestación, la opinión y la sentencia original y además porque no se ha elevado la transcripción de evidencia de la primera vista en este caso. Tampoco tiene méritos esta cuestión en vista del artículo 40(e) del reglamento de este tribunal que dispone lo siguiente:

“40(e) Cuando en un pleito o procedimiento se entablare una nueva apelación, si en la primera hubieren sido elevados a este tribunal la prueba y otros procedimientos mediante pliego de excep-ciones, exposición del caso, transcripción de la evidencia y en otra forma debida, así como el legajo de la sentencia, las partes podrán referirse a los autos de la primera apelación y archivar solamente los procedimientos posteriores a ella y cualquiera otra evidencia de-bidamente autenticada que el juez inferior hubiere tenido a la vista al pronunciar la orden o sentencia objeto de la segunda o subsiguiente apelación. ’ ’

En el caso de Concepción, etc. v. Latoni, 61 D.P.R. 952, tercera apelación en el mismo caso, negamos por carecer de fundamento la desestimación solicitada por el hecho de no estar completo el tercer récord en apelación y aplicamos la Regla 40(e). No existe motivo alguno para exigir que se dupliquen documentos que forman parte de un mismo caso y los cuales ya están radicados en esta corte. Los casos citados por la apelada no son aplicables. Algunos fueron resueltos antes de la aprobación de la Regla 40(e) y otros se refieren a una cuestión distinta, es decir, si la corte debe tomar conocimiento judicial de los procedimientos de otro pleito ante la misma corte o ante otra corte. Se desestima la moción de la apelada y pasamos a considerar el recurso en su fondo.

Señala la apelante como primer error el haber la corte eliminado la prueba ofrecida por la demandada para acreditar la voluntad y propósito de la demandante de pagar los intereses correspondientes al mes de junio de 1938 sobre el préstamo hipotecario. Sostiene la apelante que dicha prueba era. demostrativa de la ratificación del contrato.

Es un principio firmemente establecido que la prueba que puede ofrecer una parte que haya sometido un pliego de especificaciones debe limitarse a aquellos extremos que hayan sido señalados en el mismo. 8 A.L.R. 550; Colón v. Shell Co. (P. R.), Ltd., 55 D.P.R. 592, 621. Obedece este principio a que la naturaleza del pliego es “para conceder a la parte contraria la información necesaria para una adecuada con-testación y preparación de su defensa, permitirle hacer sus alegaciones con mayor certeza y protegerse razonablemente contra sorpresa en el juicio.” Bancroft’s Code Pleading, sección 485. Y véase León Parra v. Gerardino, 58 D.P.R. 489.

Si bien es cierto que la demandada no alegó en el-pliego de especificaciones que la ratificación fuera mediante el pago de intereses, dicha alegación sí constaba en el hecho sexto de la materia nueva de defensa en la contestación a la de-manda. Es un hecho incontrovertible que la demandante no obstante la omisión de dicha alegación en el pliego de especi-ficaciones, tomó en consideración, a los efectos de la prepa-ración de su caso, la ratificación mediante el pago de intereses. Al negar dicha alegación en el párrafo quinto de sn contes-tación a la contrademanda (pág. 38, Legajo de Sentencia, Expediente Civil núm. 8520) y al presentar anticipadamente prueba negando dicha alegación (Declaración de Georgina Lókpez Finlay, págs. 52, 87, 88-89; declaración de Osvaldo Peña, págs. 95-96; declaración de Pedro Eovira, pág. 103; y declaración de Mariano Acosta Velarde, págs. 110-111, Trans-cripción de Evidencia, Expediente Civil número 8520), la demandante en forma clara demostró que no fue sorprendida y que no había necesidad de que se incluyera la alegación en el pliego de especificaciones. Opinamos que no debió ex-cluirse la prueba de la demandada sobre dicho extremo. El efecto principal de un pliego de especificaciones es comple-mentar las alegaciones de una demanda o contestación, pero no enmendarlas restrictivamente y por tanto, forzoso es concluir que la corte a quo cometió el primer error señalado. Bajo las circunstancias concurrentes no es aplicable en este caso el principio general sobre la limitación de la prueba a los particulares del pliego de especificaciones.

Empero, el error cometido conllevaría la revocación de la sentencia únicamente si la evidencia eliminada fuera por sí sola suficiente para probar la ratificación del contrato. Pasamos por tanto a considerar la verdadera cuestión envuelta en este caso: si la prueba eliminada y la admitida demostraba que el esposo de la demandante, su mandatario tácito en cuanto a la administración de sus bienes privativos, según resolvimos en la primera apelación, ratificó el contrato de préstamo con garantía hipotecaria.

Sostiene la apelante que los actos del mandatario consti-tutivos de ratificación son (1) el pago de intereses sobre el préstamo, correspondientes al mes de mayo de 1938; (2) su ofrecimiento de pagar los intereses correspondientes al mes de junio de 1938; y (3) las gestiones solicitando la liberación de parte de la propiedad hipotecada para poder venderla libre de dicho gravamen. La corte de distrito solamente tuvo ante su consideración prueba en apoyo de la tercera y última alegación, pero ni esta evidencia ni aquella presen-tada bajo las otras alegaciones y la cual fué eliminada por la corte, es suficiente, a nuestro juicio, para demostrar que el contrato fué ratificado.

En cuanto al pago de intereses, al resolver una cuestión idéntica en Lókpez v. Lókpez, Garrastazú et al., 61 D.P.R. 848, a la página 851 dijimos: “Somos de opinión que la corte inferior no cometió manifiesto error en la apreciación de la prueba, y que, en todo caso, dicha prueba no fué sufi-ciente para demostrar la ratificación alegada.” (Bastardi-llas nuestras.) En el caso de autos somos de opinión que la prueba sobre las gestiones realizadas por Rovira, no sólo en cuanto al pago de intereses sino también para liberar parte de la propiedad hipotecada, no pudo tener el efecto de demostrar que el contrato de préstamo e hipoteca fué ra-tificado.

Si- como sostiene la apelante, Rovira actuó a virtud de autorización que le confiriera su esposa la demandante, tene-mos que concluir que el artículo 1211 del Código Civil no es aplicable a los hechos de este caso pues, como dice Manresa, al comentar el artículo 1259 del Código Civil Español, equi-valente al 1211 del nuestro: “El. artículo 1,259 se refiere al que obra en nombre de otro, sin tener de él autorización; no es, pues, aplicable al que obra en virtud de poder. Si el mandatario se excede en sus facultades, procede la acción ordinaria de nulidad. (Sentencia de 6 de marzo de 1906)” Comentarios al Código Civil Español, Tomo VIII, pág. 569, Cuarta Edición (1929). (Bastardillas nuestras.)

No confrontamos en este caso una situación en la cual la prueba demuestre, como en los casos de Dooley v. Pantoja, 61 D.P.R. 642 y Loíza Sugar Co. v. Zequeira, 63 D.P.R. 864, que fueron los actos y la conducta del propio mandante los que tuvieron el efecto de una ratificación tácita. Por el contrario la situación que confrontamos es la determinación de si la prueba fué suficiente para demostrar que la actuación del primer mandatario, Víctor Lókpez, padre de la deman-dante, al otorgar el contrato de préstamo e hipoteca y para lo cual necesitaba un poder expreso, que no tenía, pudo ser ratificado por la actuación de otro mandatario, Pedro Ro-vira, esposo de la demandante, que a su vez sólo tenía un poder tácito que sólo comprendía actos de administración según resolvimos en Lókpez v. Lókpez, 61 D.P.R. 618.

Tanto la prueba eliminada y la no admitida por la corte inferior, como aquélla que admitió y a la cual dió crédito, solamente tendían a demostrar actuaciones del esposo de la demandante sin estar ella presente, las cuales por sí solas, no demostraron la concesión de un poder expreso o tácito para ratificar aquella actuación, no autorizada, del anterior mandatario, otorgando el contrato de préstamo e hipoteca y cuya nulidad se solicita en la presente acción. No siendo suficiente esa prueba no podemos resolver, como pretende la apelante, que Rovira al actuar a virtud del poder tácito para administrar que tenía de la demandante, ratificó, el préstamo hecho por el otro mandatario, Lókpez, quien al hacerlo ya hemos resuelto que se excedió en su poder. . La facultad para ratificar no puede en forma alguna estar com-prendida dentro de los actos de administración, cuando no hay prueba de que se concediera poder para realizar otras actuaciones para las cuales la ley requiere mandato expreso.

El derecho común reconoce la misma doctrina que hemos expuesto. En el Restatement of the Law of Agency, al comentar la sección 93(3), se dice: “Un mandatario puede ser autorizado a ratificar por su mandante la actuación anterior no autorizada de . . . otro mandatario”. Refirién-dose a esta cuestión se dice en 1 WiUiston on Contracts, sec-ción 278, pág. 810:

“No sólo puede la ratificación ser hecha por el mandante, sino que las cortes, según se expresa en el Restatement of Agency, tam-bién reconocen que una confirmación que tiene el efecto de una rati-ficación puede ser hecha por un mandatario expresamente autorizado para así hacerlo. . .”

En el caso de Ironwood Store Co. v. Harrison, 75 Mich. 197, 42 N. W. 808, se expuso la regla evidenciarla necesaria para que pueda considerarse como probada la ratificación por un mandatario de la actuación no autorizada de otro mandatario, en esta forma:

“La ratificación por un mandatario depende de ciertos hechos, que deben demostrarse afirmativamente: (1) el mandatario que ra-tifica debe haber tenido un poder general para realizar él mismo la actuación que ratifica. (2) Los dos deben ser mandatarios del mismo mandante, y el mandatario cuya actuación está en entredicho debe haber pretendido actuar como mandatario del mandante común,”

Esta regla fue ratificada en Horrabin & Co. v. McCallum, 191 Iowa 441, 182 N. W. 646.

Si bien en el caso de autos no hay duda de que existió la situación de hechos marcada con el número (2) en el caso de Ironwood Store Co. v. Harrison, supra, no hay nada en la prueba de la demandada que demuestre afirmativamente que el mandatario administrador, Rovira, tuviera poder al-guno para otorgar a nombre de la demandante un contrato de préstamo e hipoteca y siendo ello así tampoco se demostró afirmativamente que él pudiera ratificar un contrato de esa naturaleza. No erró la corte sentenciadora al así resolverlo.'

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      Sintetizamos la cuestión, a la página 632, en esta forma:
      ‘' La situación que presenta el caso de autos os una que requería la deter-minación de dos cuestiones, 1, si la demandante concedió poder tácito a su esposo para administrar sus bienes privativos, y 2, si el esposo al actuar como man-datario de su esposa ratificó, con el conocimiento y consentimiento expreso o tácito de la demandante el préstamo de que era deudora a los demandados. En cuanto a la primera cuestión ya hemos resuelto que la propia prueba de la demandante demostró que ésta concedió dicho poder a su esposo. La segunda cuestión no podemos resolverla por no tener ante nos la prueba que fué rechazada por la corto inferior. No se trataba de probar por los demandados, como erróneamente fué enfocada esta cuestión, actuaciones del Sr. Bovira como' administrador de la sociedad de gananciales, sino sus actuaciones como admi-nistrador de los bienes privativos de la demandante, hecho que, según hemos dicho, quedó plenamente demostrado.”

        (2) La Begla 12, inciso (e), de las nuevas Beglas de Enjuiciamiento Civil, en lo pertinente dispone:

        “Moción para Solicitar una Exposición más Definida o Especificación de Particulares, [m fine] . . . Una especificación de particulares se convierte en parte de la alegación que complementa.’’ (Bastardillas nuestras.)
      Y véase el caso de Wolfson v. Mills, 112 N.J.L. 1, 169 Atl. 359, 360, donde se dijo que el propósito fundamental del pliego' es “. . . Amplificar las alega-ciones e indicar, con más particularidad de lo que de ordinario se requiere en una alegación formal, la naturaleza de la reclamación que se hace, con el fin de evitar sorpresa en el juicio y que la controversia pueda trabarse más inte-ligentemente. ’ ’ '

      (3)“ Artículo 1211. — Ninguno puede contratar a nombre de otro sin ©star por éste autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal.”

      (1)La sección 93(c) dice así: "La confirmación puede ser heelia por un Mandatario autorizado para ello.’' ,