author: El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    Nitrate Agencies Co., demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, substituído por Manuel V. Domenech, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 5236.

    Sometido: Mayo 13, 1932.

      Resuelto: Febrero 8, 1933.

      O. B. Frazer y R. Castro Fernández, abogados de la apelante; Eon. Attorney General Charles E. Winter (James R. Beverley en el alegato) y Felipe Janer, Subprocurador, abogados del apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante es una corporación organizada bajo las leyes del Estado de West Virginia. Al presentar sn planilla de ingresos al Tesorero trató de-hacer nna deducción de $4,000 del total de sn ingreso bruto, fundada en la teoría de que estaba exenta de pagar contribuciones por tales $4,000 con motivo de las disposiciones de la sección 34 de la ley de contribuciones sobre ingresos de 1925 (Leyes de ese año, pág. 483). El ingreso de la demandante excedió de $70,000. El Tesorero se negó a hacer la rebaja. La teoría de la contestación fné que la referida sección se aplicaba sólo a corporaciones domésticas y que la corporación demandante no tenía derecho a la referida deducción. La sección 34 dispone en parte como sigue:

“Para los fines de la contribución impuesta por la sección 28 solamente se concederán los siguientes créditos:
< < =» * # * » >» *
“ (b) En el caso de una-sociedad o corporación doméstica cuyo ingreso neto no exceda de veinte y cinco mil dólares, un crédito es-pecífico de $5,000 y en los demás casos, un crédito específico de-$4,000.”

Esa sección va precedida de nn título que dice: “Créditos Concedidos a Corporaciones o Sociedades.” La sección 34 es la única qne aparece bajo ese títnlo. La 28, a qne se hace referencia en la 34, lee así:

“Se impondrá, cobrará, y pagará por cada año contributivo sobre el ingreso neto de toda corporación o sociedad una contribución de doce y medio por ciento. del montante del ingreso neto que exceda de los créditos provistos en la sección 34.”

El artículo 28 está precedido por el título “Contribución a las Corporaciones y Sociedades.” No se incluye ninguna otra sección bajo ese título. En otras palabras, la contri-bución se impone a toda corporación, doméstica o extranjera, que haga negocios en Puerto Pico. Así, pues, fue claramente la intención de la legislatura que todas las corporaciones pagaran el 12y2 por ciento del importe de sus ingresos netos en exceso del crédito provisto en la sección 34.

De igual modo la sección 37 de la misma ley, que provee acerca de las planillas para las corporaciones o sociedades, se refiere al crédito concedido en el inciso (b) de la sección 34, y una vez más demuestra que la legislatura tuvo en mente deducción es. para todas las corporaciones.

Específicamente el inciso (b) de la, sección 34 provee que una corporación doméstica cuyos ingresos no excedan de $25,000 tendrá un crédito de $5,000, y al final aparecen las siguientes palabras: “y en los demás casos, un crédito es-pecífico de $4,000.”

Es muy posible que al leerse por primera vez la sintaxis gramatical parecería referirse a corporaciones domésticas solamente, excluyendo así cualquier corporación extranjera. Empero la intención de la legislatura debe deducirse tomando las dos secciones conjuntamente y no hay que apurar dema-siado el lenguaje para decir que “en los demás casos” se refiere a todas las otras corporaciones que se hallan necesa-riamente incluidas en la sección 28 de la ley. Llegamos a esta conclusión porque un privilegio de esta naturaleza ex-tendido exclusivamente a corporaciones domésticas haría que la ley fuera inconstitucional. Southern Railway Co. v. Greene, 216 U. S. 400; Travis v. Yale & Towne Mfg. Co., 252 U. S. 60; Kentucky Co. v. Paramount Exch., 262 U. S. 544; Hanover Ins. Co. v. Harding, 272 U. S. 494; Power Co. v. Saunders, 274 U. S. 490; Quaker City Cab Co. v. Comm. of Penna., 277 U. S. 389.

Debe realizarse todo esfuerzo para sostener la constitncionalidad de la ley. Ponce Lighter Company v. El Municipio de Ponce, 19 D.P.R. 760; El Pueblo v. Neagle, 21 D.P.R. 356, y casos allí citados.

Bn la ley de contribuciones sobre ingresos, aprobada en 1919 por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, titulada “Ley para proveer rentas y para otros fines,” las corporaciones domésticas y extranjeras se definen del siguiente modo:

“El término ‘doméstica’ cuando se aplique a una corporación o sociedad significará las creadas u organizadas en los Estados Unidos;
“El término ‘extranjera’ cuando se aplique a una corporación o sociedad significará las creadas u organizadas fuera de los Estados Unidos;
“La frase ‘Estados Unidos’ al ser usada en su sentido geográfico, incluye solamente los estados, los territorios de Alaska y Hawaii y el Distrito de Columbia.” 40 U. S. Stat. at large, pág. 1058.

Bajo la sección 2 de la ley local que fiemos estado con-siderando (No. 74 de 1925, pág. 401), fiallamos lo siguiente:

i (¡fc í.: SJ&
“(4) El término ‘doméstica’ cuando se aplique a corporaciones o sociedades significará las creadas u organizadas en Puerto Rico de acuerdo con las leyes de Puerto Rico.”

Por tanto, es evidente que la intepretación dada por la sección 34 que aquí se discute excluiría la demandante en este caso. És posible que la persona que redactó la ley local estuviera siguiendo la ley federal de contribuciones sobre in-gresos y que se refiriera a corporaciones domésticas al igual que lo fiizo la ley federal, pero la legislatura local, según se demuestra, definió claramente las corporaciones domésticas en forma distinta. Sin embargo, resolvemos que se demues-tra la intención de fijar contribuciones a todas las corpora-ciones más o menos en forma similar, y de no excluir ninguna de ellas de los beneficios de alguna deducción.

Si se sostiene que este razonamiento no sería aplicable a una corporación cuyo ingreso fuere menos de $25,000, podríamos decir que ese caso no se baila claramente ante nos. La corporación en este litigio tuvo claramente ingresos de más de $25,000. Por consiguiente, podría ser que en cualquiera otra época tuviéramos que decir que el crédito específico de $5,000 concedido a una corporación doméstica cuyos ingresos fueren menos de $25,000 es inconstitucional, pero quizá fiaríamos esto sin declarar nula toda la ley. Brazee v. Michigan, 241 U. S. 340; Weller v. People of the State of New York, 268 U. S. 319.

Debe revocarse, la sentencia apelada y hacerse la devo-lución solicitada.

El Juez Presidente Señor del Toro, disintió.

El Juez Asociado Señor Hutcfiison está conforme con el resultado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señok Wole,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Vidal y Dolores Casado, acusados y apelantes.
    No. 4648.

    Sometido: Noviembre 10, 1932.

      Resuelto: Febrero 8, 1933.

      Angel A. Vázquez, abogado de los apelantes; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de Fl Pueblo, apelado.

      Kota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señok Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Bajo un estatuto que provee que—

“Toda persona que adulterare o diluyere lecbe y toda persona que la vendiere, ofreciere o tuviere en venta, o que la transportare o almacenare con el fin de dedicarla al consumo humano, y toda persona que usare leche adulterada o diluida para fines industriales, cuando se destine a la preparación de alimentos para el consumo humano, será culpable de delito menos grave (misdemeanor) . . . ,”

los apelantes Juan Vidal y Dolores Casado fueron acusados y convictos de adulteración de leche destinada al consumo humano.

Durante la vista de este caso la cuestión-giró sobre si los acusados eran culpables de transportar leche de conformidad con el estatuto. Uno de los acusados, Dolores Casado, mientras ocupaba la silla testifical dijo en realidad que la leche iba a ser dedicada al consumo humano, y se dió considerable énfasis a esta admisión. Sin embargo, los hechos fueron que a fin de comprar leche, Dolores Casado, empleado de Vidal, el otro acusado, fue a la finca de Sánchez Osorio y traía leche en jarrones precintados hacia el establecimiento de su patrono cuando lo detuvo un inspector de sanidad, que examinó la leche y la halló adulterada. Es evidente que lo que el acusado Dolores Casado hacía como agente de Vidal era llevar leche de la finca al depósito. Los acusados no tenían otro fin inmediato. El hecho de que generalmente se vendía la leche para consumo humano no afectaba la intención de los acusados al tiempo de la transportación. Su única intención de momento fue llevar la leche al depósito. Lo que Dolores Casado evidentemente quiso decir fué que la leche se le compró a Sánchez Osorio para los fines usuales. El no podía decir, ni dijo, que aquella leche iba a venderse de fijo para el consumo humano sin previo examen. La misma no iba destinada en aquel momento para el consumo humano.

Durante la vista el fiscal de este tribunal estuvo dispuesto a admitir que una compañía de transportes no sería culpable ■del delito de transportar leche adulterada, pero el acto de tal compañía y el de los acusados en este caso en esencia no son distintos. En vez de transportar la leche él mismo o por medio de sn agente, el dueño del depósito pudo haber ■utilizado una compañía de expreso. Si no pueden apreciarse las circunstancias para determinar la intención, entonces podría sobrevenir toda suerte de consecuencias. Un sir-viente que compre leche en un puesto y la lleve a la casa ■sería culpable de transportar leche adulterada en violación del estatuto. Igual sucedería a un hostelero u otra persona que transportara leche en cualquier cantidad.

El objeto de la ley es castigar a los adulteradores o vendedores de leche. Su espíritu no es castigar los compradores de leche. El acusado Vidal hasta allí era un mero comprador. El no reveló intención alguna de vender leche adulterada o de dedicarla al consumo humano.

Si bien no es necesario probar que se tiene conocimiento de que la leche está adulterada, sin embargo los otros ele-mentos del delito, o sea, la adulteración, venta, ofrecimiento a la venta o tenencia para el consumo humano, deben ser probados estrictamente al igual que en cualquier otro caso criminal. Esto, desde luego, incluyendo la necesidad de demostrar claramente que la leche en aquel momento “se destinaba” para el consumo humano. Si por ejemplp estos acusados hubieran estado llevando la leche a los clientes, el delito de transportar leche adulterada hubiese quedado con-sumado. Desde luego que no estamos considerando los casos en que, después de transportar leche, un acusado procede a destinarla para el consumo humano, vendiéndola o en alguna «otra forma.

Es innecesario considerar los otros errores señalados.

Debe revocarse la sentencia y absolverse a los acusados.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Hutchison, disintieron.


author: El Juéz Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Emilio Rivera Maldonado, demandante y apelante, v. Central Pasto Viejo, Inc., demandada y apelada.
    No. 5651.

    Sometido: Enero 9, 1933.

      Resuelto: Febrero 8, 1933.

      F. Gallardo Díaz, abogado del peticionario apelante; Henri Brown,. C. Buis Nasario y G. F.. González, abogados de la United P. R. Sugar Co.
   El Juéz Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión-del tribunal.

Solicita el demandante en este caso, en su moción sobre-sustitución de parte demandada, que esta acción continúe contra la corporación United Porto Pican Sugar Company y contra los Sres. Fernando Margarida y M. A. Walker,, directores y oficiales de ambas corporaciones Central Paito-Viejo Inc. y United Porto Rican Sugar Company.

Alega el demandante que radicó su demanda contra la demandada en 7 de marzo de 1927, que en 21 de marzo de 1929 la demandada radicó su contestación jurada por don Fernando Margarida, quien hace constar que es vicepresi-dente de la corporación demandada, que estando pendiente' este caso ante este tribunal la demandante radicó en la secre-taría de esta corte una moción sobre sustitución de abogado jurada por don'Fernando Margarida, quien jura ser director de la compañía demandada Central Pasto Viejo, que luego' de haberse dictado sentencia por esta corte el demandante apelante averiguó, haciendo las debidas investigaciones en la Secretaría de Puerto Pico, que la corporación demandada había sido disuelta el día 19 de julio de 1928, siendo entonces directores y presidente y vicepresidente de la misma respec-tivamente los Sres. M. A. Walker y Fernando Margarida;. que el día 23 de agosto de 1928, en Caguas, se otorgó una escritura ante notario, sobre compraventa de fincas y cesión y traspaso de bienes y derechos, por la demandada Central Pasto Viejo a favor de la corporación United Porto Pican Sugar Company, compareciendo en dicha escritura en repre-sentación de la Central Pasto Viejo, como presidente de la misma, el mencionado M. A. Walker, y en representación de la corporación United Porto Pican Sugar Company y en su carácter de vicepresidente de la misma, el mencionado Fernando Margarida, que en dicha escritura la Central Pasto-Viejo vendió, cedió y traspasó a favor de la United Porto Rican Sugar Company, por el precio de $2,238,269.60, todos sus bienes, derechos y acciones, reservándose en su poder la mencionada corporación United Porto Pican Sugar Company la suma de $1,362,794.60 para pagar todas las obliga-ciones contraídas por la corporación vendedora Central Pasto Viejo.

Comparece oponiéndose a esta moción la United Porto Rican Sugar Company, alegando que esta corte carece de jurisdicción para conceder el remedio solicitado o cualquier otro que le afecte, sin darle la oportunidad de ser oída y vencida en juicio. Alega además la corporación mencionada que en Puerto Pico no existe ley alguna concediendo juris-dicción a esta corte para autorizar la sustitución de una persona extraña a los procedimientos en las cortes inferiores ■en lugar de una parte demandada contra la cual se lia dictado sentencia en apelación por este tribunal.

El demandante, entiende que debe decretarse la sustitución solicitada de acuerdo con el artículo 69 del Código •de Enjuiciamiento Civil. Dicho artículo dice así:

“Una acción o procedimiento no termina por la muerte o incapa-cidad de una de las partes, o por la cesión de cualquier interés en dicha acción o procedimiento, siempre que la causa de uno u otra subsista o continúe. En caso de muerte o incapacidad de una de las partes, la corte, previa moción al efecto, podrá permitir que continúe la acción o procedimiento por o contra el representante o sucesor del muerto o incapacitado. En caso de cualquiera otra cesión de interés, la acción o procedimiento podrá continuarse en nombre de la parte iniciadora, o la corte permitir que la persona a quien se hizo el tras-paso quede subrogada en la acción o procedimiento.”

El artículo que antecede es idéntico al 385 del Código de Enjuiciamiento Civil de California. Por regla general en •casos de trasmisión de intereses es el cesionario o el cedente el que solicita la sustitución. Estos casos no ofrecen dificul-tades, porque regularmente se resuelven sin oposición y con el consentimiento de las partes en la acción ejercitada. En este caso se solicita la sustitución de la demandada, por la parte demandante, después de haber dictado sentencia esta corte y estando pendiente una moción de reconsideración.

Alega el demandante que la corporación demandada ha sido disuelta y ha muerto, y que esta acción debe continuar contra el representante o sucesor del muerto. No se trata en este caso de un representante legal o sucesor en interés que adquiere derecho para continuar la acción en virtud de la muerte o incapacidad de un litigante. Para resolver la moción presentada por el demandante debemos atenernos a la última parte del artículo 69 anteriormente citado, que se refiere a “cualquiera otra cesión de interés.”

En el caso de Portland Gold Min. Co. v. Stratton’s Independence Ltd., 196 Fed. 714, resuelto por la Corte de Distrito de Colorado, se promovió una acción contra la corporación demandada, por haberse apropiado ésta para sn propio be-neficio de ciertos minerales pertenecientes a -la demandante. Estando pendiente el litigio la corporación demandada fné disnelta. Las partes presentaron nna estipulación a la corte haciendo constar sn disolución y alegando la organización de una nueva compañía con el mismo nombre de la corporación disuelta. Se alegó además que “$375,000 pagados en la teso-rería de la nueva compañía por personas que no fueron dueñas de acciones en la vieja corporación, se entregaban a ésta para el pago de sus deudas, y que la nueva compañía, en consideración de esta suma y además en consideración de que protegería a la compañía vieja contra sus deudas, respon-sabilidades y obligaciones, y pagaría, satisfaría y cumpliría las 'mismas, y adoptaría, ejecutaría y realizaría todos los contratos y compromisos entonces obligatorios, recibía de dicha vieja corporación todas sus propiedades, incluyendo terrenos, edificios, minas, concesiones, bienes, ganado, dinero, créditos, deudas, cuentas, pagarés y derechos de acciones.” En virtud de dicha estipulación la corte declaró extinguida la acción en cuanto a la corporación disuelta y ordenó que fuese sustituida por la nueva corporación. Presentó dicha cor-poración una moción para que se anulara la orden en cuanto-a la sustitución y la corte así lo resolvió, interpretando el artículo 15 del Código de Colorado, que es idéntico al 69 de nuestro código, con la única diferencia de que el código nuestro incluye acciones y procedimientos y el código de Colorado se limita a especificar los casos en que no termina una acción, sin incluir la palabra procedimiento.

La Corte de Distrito de Colorado, al conceder la moción y anular la orden de sustitución, se expresó así:

“Las otras disposiciones del código a que indudablemente se hace referencia en la sección anterior, es el artículo 15 de dicho código, que provee lo siguiente:
‘Una acción no- termina por la muerte o incapacidad de una dé-las partes, o por la cesión de cualquier interés en dicha acción, siempre que la causa de acción subsista o continúe. En caso de ■muerte o incapacidad de una de las partes, la. corte, previa moción al efecto, podrá permitir que continúe la acción por o contra el representante o sucesor del muerto o incapacitado. En caso de cual-quiera otra cesión de interés, la acción podrá continuarse en nombre de la parte iniciadora, o la corte permitir que la persona a quien se hizo el traspaso quede subrogada en la acción.’
“De la fraseología de este artículo es aparente que la causa sola-mente puede hacerse subsistir a favor o en contra de las personas que adquieren, bien sea por ministerio de la ley o en alguna otra forma, un interés en la cosa que es objeto del litigio. El objeto de cada una de las causas de acción aquí es el producido o el valor del mineral que se hallaba en manos y era retenido por la antigua com-pañía, a causa de los distintos actos de conversión y apropiación. Mas no se alega que estos minerales o su producido, o el valor de los mismos, fueran en ocasión alguna entregados a la nueva sociedad por la vieja. No habiéndose demostrado que la nueva sociedad obtuvo de la vieja dichos minerales o su producido o valor, no puede decirse que ella era sucesora de la vieja sociedad o cesionaria de su partici-pación en los asuntos (subject matters) aquí envueltos. Desde luego no es en forma alguna representante de la antigua compañía.
“Por tanto no existe ninguna ley del Estado que autorice que subsistan las causas de acción contra la nueva compañía.
“Pero la demandante insiste en que aún si no existiera disposi-ción alguna en los estatutos del estado para que subsista la acción contra la nueva compañía, sin embargo, bajo la sección 954 de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos (compilación de 1901, pág. 696), así como de conformidad con la fraseología del Art. 75 del Mill’s Code, la nueva compañía puede ser substituida como de-mandada en lugar de la vieja a manera de enmienda. Dicha sección 954 ha sido interpretada liberalmente por todas las cortes federales en el sentido de conceder enmiendas. McDonald v. State of Nebraska, 101 Fed. 171, 41 C.C.A. 278, y otros casos allí citados.
“De acuerdo con este artículo se puede tíliminar el nombre de un demandado cuando la acción se inicia contra varios demandados; Greeley v. Smith, 3 Story 76 Fed. Cas. No. 5,747; aunque la causa de acción incoada contra los demandados originales adujera una responsabilidad solidaria solamente; Tobey v. Glaflin, 3 Summ. 379 Fed. Cas. No. 14,066. Pero me ha sido imposible hallar autoridad alguna que permita que se elimine un solo demandado y se le sus-tituya con otro. Los actos de conversión por la parte demandada alegados en la demanda fueron cometidos antes de organizarse la nueva compañía. De conformidad con los hechos estipulados la nueva compañía puede ser contractualmente responsable del valor •de los minerales de la demandante de que la vieja compañía se ■apropió. Con el objeto de hacer responsable a la nueva compañía, nn caso de que se le considere como demandada, sería necesario en-mendar la demanda agregando a la misma alegaciones al efecto de que ésta, por causa (consideration) recibida de la vieja compañía, había asumido y convenido en asumir, las responsabilidades de la -antigua compañía por dicha apropiación. Esa alegación aduciría una -causa de acción ex contractu contra la nueva compañía, mientras que la demanda original se funda en un acto torticero. De suerte que la «enmienda solicitada resultaría en un cambio radical tanto en las partes como en la substancia del litigio. No se ha citado autoridad alguna que en mi opinión permita esto.”

El demandante cita el caso de Geiger v. Sanitary, 178 N. W. 501, decidido por la Corte Suprema de Minnesota, donde se resuelve que cuando el comprador de la propiedad de una corporación asume en un convenio escrito todas las responsabilidades y deudas de cualquier carácter de la cor-poración vendedora, asume también una obligación de pagar una responsabilidad existente derivada de una acción ex delicto. No podemos nosotros basarnos en esta razón para resolver favorablemente la moción del demandante. Si así lo hiciéramos estaríamos resolviendo en un incidente sobre sustitución de partes las responsabilidades que haya podido asumir la corporación United Porto Pican Sugar Company <en el contrato que se alega celebró eon la Central Pasto Viejo. En el caso de Geiger v. Sanitary, supra, no se trató la cues-tión de sustituir una parte por otra. La transmisión de inte-reses alegada en este caso no recae directamente sobre el objeto de la acción ejercitada por Emilio Rivera Maldonado. Se alegan en una, moción jurada hechos que necesitan ser probados y que pueden ser objeto de una controversia. Nos-otros, sin anticipar juicio alguno con respecto al alcance que pudieran tener estas alegaciones, entendemos que no procede la sustitución solicitada por el demandante.

La Corte Suprema de California ha resuelto que en casos de transmisión de interés debe alegarse la cesión de dicho interés por medio de una demanda o contestación complemen-taria. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso In re Connaway, Rec’r of Moscow Nat. Bank, 178 U. S. 431, procedente del estado de California, se expresó así:

“El procedimiento en California, en el caso de la muerte del demandado antes de haber sido emplazado, no ha sido resuelto, pero en caso de muerte después del emplazamiento, se dijo en Taylor v. Western Pacific R.. R. Co., 45 Cal. 323, en la página 337:
'Ha sido la práctica constante del Estado desde su organización, de acuerdo con nuestra información, permitir la sustitución al suge-rirse la muerte de la parte original y presentarse prueba satisfactoria mediante nioción jurada del nombramiento y toma de posesión del cargo de administrador.’
“Esta regla ha sido ratificada en Campbell v. West, 93 Cal. 653. Se ha dado énfasis a esta práctica, contrastándola con el caso de una transmisión de interés no ocasionada por muerte. En.este caso la corte dijo que cuando los procedimientos han sido puestos en moción por el demandante o la persona a quien se hizo la cesión, o por el demandado, si por cualquier razón desea valerse de tal cesión para cualquier propósito, debe establecer la alegación por medio de una demanda o contestación complementaria.”

El caso de Campbell v. West, supra, fue decidido interpre-tando el artículo 385 del Código de Enjuiciamiento Civil de California. Esta doctrina fué ratificada en el caso de Ford v. Bushard, 48 Pac. 119. Bancroft, en su obra “Code Pleading”, tomo 1°., pág. 837, dice que “cuando un demandado cede su interés pendente lite el demandante original, con el fin de adquirir jurisdicción sobre la persona del demandado, si así lo desea, debe adquirir tal jurisdicción mediante una demanda complementaria. ’ ’

Opinamos que esta corte carece de jurisdicción para acordar la sustitución en este caso en que la parte deman-dante solicita que se sustituya a la demandada Central Pasto Viejo por la United Porto Rican Sugar Company. Esta corte puede actuar en casos de muerte o incapacidad debidamente decretada, pero cuando se trate de la transmi-si'óñ de ‘‘cualquier otro interés” en que puede surgir con-troversia, la cuestión debe plantearse oportunamente ante la corte • inferior por medio de una alegación complementaria de acuerdo con la jurisprudencia de California anteriormente citada.

La Corte Suprema de dicho estado, en el caso de Fay v. Steunbenrauch et al., 72 Pac. 156, dice, resolviendo una mo-ción de sustitución, que en casos de apelación a dicha corte, la causa es elevada de la corte superior únicamente con el propósito de dar amplia y completa jurisdicción a la Corte Suprema en aquellas materias que .son propias de apelación. Entiende la corte que en la generalidad de los casos el propio procedimiento debe ser obtener la orden de sustitución en la corte sentenciadora y solicitar, con la presentación de dicha orden, una sustitución igual en la Corte Suprema, y que en aquellos casos en que la sustitución se obtenga en la Corte Suprema, debe hacerse idéntica sustitución en la corte sentenciadora (sttperior court).

" Por las razones expuestas debe desestimarse la moción del demandante.


author: El Juez Asociado Señok Cóedova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rodolfo Chardón, acusado y apelante.
    No. 4799.

    Sometido: Febrero 7, 1933.

      Resuelto: Febrero 10, 1933.

      R. Hernández Matos, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Cóedova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

I Rodolfo Chardón fue declarado culpable de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes y condenado a sufrir tres meses de cárcel y a pagar $100 de multa, por la Corte de Distrito de Ponee. Apeló el acusado de la sentencia y en su alegato manifiesta que la corte inferior erró al no darle crédito a los testigos de la defensa y sí a los de El Pueblo, al tomar conocimiento judicial del carácter mortífero del arma utilizada para realizar la agre-sión, y al imponer al acusado una pena excesiva.

Los dos primeros errores se relacionan con la apreciación de la prueba. Los testigos de la acusación declaran que el acusado y el agredido son hermanos; que con anterioridad a la fecha de la aeusasión existía una seria tirantez de relaciones entre el acusado y sus familiares; que el acusado, para la fecha del suceso, vivía en una finca perteneciente a la sucesión Chardón; que en esa finca tenía Julio Chardón, hermano del acusado, y quien es contratista de pozos, unos tubos y utensilios que utilizaba para hacer pozos por perforación del terreno; que los tubos y utensilios eran de su pertenencia; que el día de autos se personaron Julio Chardón y Juan Bautista Chardón, el agredido, hermano del acusado, y dos peones llevados por ellos con un “truck” para sacar los tubos y utensilios de la finca; que eran como las nueve eje la mañana del día 21 de marzo de 1931; que llegaron al portón de la finca que está a la orilla de la carretera, y dejando el “truck” con los peones, bajaron Juan Bautista y Julio Chardón y entraron en la finca para ver e inspeccionar los tubos y llevárselos; que la casa de vivienda de la finca en la cual vivía el acusado está situada a corta distancia del portón; que en el balcón de la casa estaba el acusado acompañado de sus niños, de corta edad, y de su esposa; que el acusado, tan pronto como vió a sus hermanos Juan Bautista y Julio entrar en la finca, los provocó de palabras e inmediatamente disparó con su rifle un tiro contra Juan Bautista Chardón que estaba de espaldas inspeccio-nando los tubos, estando su hermano Julio frente a él, como a diez pasos de distancia; que el proyectil dió en el tubo y los fragmentos del mismo se le incrustaron a Juan Bautista en la pierna izquierda; que entonces Juan Bautista y su hermano procedieron a abandonar la finca y cuando salían, que iban a llegar al portón, disparó el acusado un segundo tiro cogiéndolo en la pierna, y yéndose Juan Bautista de cabeza; que Juan Bautista estuvo en el hospital por espacio de doce o trece días, teniendo que salir del mismo por no contar con recursos para permanecer en él. Se presentó como prueba el rifle, que fué entregado por el propio acusado a la policía al verificar ésta la investigación, entregándole también el acusado a la policía unos cuantos proyectiles que según él mismo expresó correspondían al rifle mencionado, que era un rifle calibre 22.

El acusado Rodolfo Chardón declara que había tenido disgustos con sus familiares, y que Juan Bautista y Julio Chardón lo habían amenazado con matarlo y “hacerle los sesos agua”; que el acusado vivía en una finca perteneciente a sus hermanos y el Sr. Matías Vidal, su suegro, y que no tiene propiedad alguna en dicha finca; que en la mañana del 21 de marzo Juan Bautista. Chardón y Julio Chardón llegaron al portón de su casa y al preguntarles el acusado qué venían a buscar le contestaron que los tubos; que el acusado les dijó que dejaran esos tubos allí que eran de la sucesión, y ellos habían cogido la bomba y se habían robado una casa de tres mil; que se empezó a insultar, ellos acalorados y el acusado también, y que las mismas cosas que ellos' decían se las decía también el acusado, quizá más fuertes; que Juan Bautista Chardón le dijo que por sus pantalones se llevaba.. los tubos y le gritó que sacara los niños que lo iba a matar; que el acusado disparó un tiro para ver si se iban; que Juan Bautista sacó un revólver y le provocó de palabras y que entonces el acusado volvió a disparar, hiriéndole; que Juan Bautista no disparó porque el acusado tenía al lado sus hijitos.

Basta leer las declaraciones de los testigos de una y otra parte para llegar a la conclusión de que la corte inferior no cometió los errores que se le atribuyen.' Según la prueba de El Pueblo el acusado inició los insultos y luego realizó la agresión, disparando su rifle. Según los testigos de Rodolfo' Chardón, fue el agredido quien inició la provocación; pero el propio acusado en su testimonio nos dice que de él par-tieron ambas cosas, la provocación y la agresión. El mismo -Rodolfo Chardón confiesa haberle' dicho a sus hermanos que los tubos eran de la sucesión y que ellos habían cogido’ la bomba y se habían robado una casa de tres mil. Añade que todos estaban acalorados y que el acusado quizá les dijo cosas' más fuertes a sus hermanos. Las declaraciones de los tes-tigós de la defensa concuerdan en los demás particulares con el testimonio del acusado. La corte inferior declara que la prueba de la defensa no le merece crédito alguno y dice, muy acertadamente, que aún en el caso de que el acusado hubiese sido provocado, no estuvo justificado en hacer los disparos que hirieron a su propio hermano. Añade la corte que- duda mucho de que el agredido tuviese un revólver en la mano, como dicen los testigos de la defensa, porque exa-minó su mano derecha y está inútil de la misma. Las con-clusiones de la corte inferior resultan lógicas y razonables y se basan en la prueba aportada.

En cuanto al arma ofrecida como prueba, la corte dijo que tomaba conocimiento judicial de su carácter mortífero, y que con la misma se podía ocasionar grave daño corporal y hasta la muerte. Sostiene el acusado que el carácter mor-tífero del arma debe ser objeto de prueba y cita en su apoyo los casos de El Pueblo v. Rivas, 16 D.P.R. 611, y El Pueblo v. Oriols, 27 D.P.R. 208. La definición de lo que es nn arma mortífera no favorece la contención del acusado. De acuerdo con los casos citados, es mortífera el arma que puede oca-sionar la muerte o producir grave daño corporal. Para de-terminar si el arma es o no mortífera, una vez identificada, no es necesario presentar prueba, por tratarse de una cuestión de derecho, a menos que el carácter del arma sea dudoso o el hecho de que sea mortífera o no dependa de la forma en que se use, en cuyo caso debe producirse prueba.

En el presente caso el arma fue identificada. Se trata de un rifle calibre 22, con proyectiles de plomo, que fue dispa-rado por el acusado contra su hermano Juan Bautista Char-dón, hiriéndole en una pierna. No estuvo desacertada la corte inferior al apreciar el carácter mortífero del arma utilizada para realizar la agresión. Es obvio que con ella puede in-ferirse grave daño corporal. Es precisamente en casos como éste que huelga la presentación de prueba, según tiene decla-rado este tribunal en las decisiones citadas por el propio acusado.

Se alega por último que la pena es excesiva. No lo entendemos así nosotros. La prueba de El Pueblo, a la cual dió la corte completo crédito, y aun el testimonio del propio acusado, demuestran que éste innecesariamente disparó contra uno de sus hermanos y los provocó a los dos, imputándoles el robo de una finca. Basta examinar la prueba para llegar a la conclusión de que la corte, lejos de imponer una pena excesiva, estuvo muy moderada en el uso de su discreción.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila, DEL JUEZ ASOCIADO SB. WOLE

text:
    West India Oil Company, recurrente y apelante, v. José Soto Soto, Juez de la Corte Municipal de Caguas, recurrido y apelado.
    No. 5806.

    Sometido: Junio 17, 1932.

      Resuelto: Febrero 10, 1933.

      J. Garbia, abogado de la apelante; A. L. López, abogado del deman-dado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

West India Oil Company radicó demanda en cobro de dinero ante la Corte Municipal de Caguas, contra Pedro Vicente Pedrosa y aseguró la efectividad de la sentencia que pudiera recaer en dicho pleito, previa prestación de la corres-pondiente fianza, la cual fué debidamente aprobada. El de-mandado presentó moción a la corte municipal solicitando levantamiento de embargo y la corte, sin notificación a la parte demandante que había obtenido el embargo y sin darle la oportunidad de ser oída, decretó la anulación del mismo, luego de haber aprobado una fianza-ofrecida por el deman-dado.

La demandante solicitó de la Corte de Distrito de Huma-cao la expedición de un auto de certiorari contra José Soto Soto, Juez Municipal de Caguas, alegando substancialmente los hechos anteriormente relatados, y la corte ordenó al secre-tario que expidiese un mandamiento al juez municipal para que compareciese en ana fecha determinada a exponer las razones por las cuales no debía expedirse el auto solicitado. Aunque la Corte de Distrito de Humacao, al resolver la soli-citud del peticionario, aparece anulando el auto expedido y declarando sin lugar la referida solicitud, la verdad es que no consta de los documentos elevados a este tribunal que se expidiera auto alguno, ni que la Corte de Distrito de Humacao tuviese ante su consideración los autos originales radicados en la Corte Municipal de Caguas. Lo único que aparece en los autos es la siguiente orden, autorizada por Rafael Arjona Siaca, Juez de la Corte de Distrito de Humacao:

“Vista la petición jurada de certiorari presentada en este casó por la West India Oil Company, la corte ordena al Secretario expida un mandamiento dirigido al Hon. José Soto Soto, Juez de la Corte Municipal de Caguas, Puerto Rico, para que comparezca ante esta corte el día 1 de julio de 1931, a las nueve de la mañana, para que demuestre las causas por las cuales no deba expedirse el auto de certiorari solicitado. ’ ’

Resulta, pues, que el auto no fue nunca expedido y que los originales del pleito promovido ante la Corte Municipal de Caguas, no han sido elevados ante este tribunal ni lo fueron tampoco ante la Corte de Distrito de Humacao. La resolución de esta última corte en que se pretende anular un auto y se declara sin lugar la petición, se basa en que el peticionario tiene un recurso adecuado de acuerdo con la sección 14 de la ley para asegurar la efectividad de senten-cias que concede a la parte perjudicada el derecho de for-mular su protesta contra las resoluciones del tribunal, a los efectos del recurso que la ley de procedimientos le conceda contra la sentencia definitiva.

No existe derecho de apelación contra una orden anulando o negando la anulación de un embargo preventivo dictada por una corte municipal. Si en un caso como el pre-sente no pudiese expedirse un auto de certiorari, la parte demandante cuyo embargo fué anulado sin ser notificada ni oída, tendría que aguardar a que se dictase sentencia' defi-nitiva para obtener la revisión de la orden dictada por la corte municipal. No existe un remedio adecuado dentro del curso ordinario de la ley. No necesita la parte demandante obtener la revisión de la orden anulando el embargo mediante recurso de apelación, contra la sentencia definitiva, si le es adversa, porque al resolverse el caso, si obtiene un fallo favorable, la sentencia, siendo firme, basta por sí sola para ase-gurar su efectividad desde el momento en que puede pro-cederse inmediatamente a su ejecución. Si el embargo se dieta para asegurar la efectividad de la sentencia, una vez ésta firme, huelga el recurso preventivo, ya que éste única-mente puede proteger los derechos del demandante durante la tramitación del pleito y mientras no exista una sentencia firme que pueda ser objeto de ejecución. La corte municipal cometió un error de procedimiento, al aprobar la fianza y anular el embargo sin notificar y sin darle a la parte deman-dante la oportunidad de ser oída. Podría argüirse que cuando se trata de un embargo preventivo para asegurar la efectividad de una sentencia, no se oye previamente a la parte demandada, y que cuando se anula un embargo tampoco debe oírse al demandante. El caso es muy distinto. El propósito de la ley es asegurar la efectividad de la sentencia, y este propósito podría quedar frustrado si se hiciese saber al demandado con antelación que se intentaba trabar un embargo en sus bienes. La. parte afectada por el embargo tiene siempre el derecho de impugnar la fianza, cuando no consta claramente en documento auténtico que la obligación es exi-gible, o de levantar el embargo, ofreciendo suficiente garantía al demandante. Por muchas molestias e inconvenientes que el embargo pueda producir, no hay peligro de que el deman-dado pueda ser burlado en sus derechos. Tiene amplia pro-tección dentro de las disposiciones de la ley. No ocurre así al demandante, cuando a sus espaldas se anula un embargo. La fianza prestada por el demandado puede que no sea sufi-ciente para garantizar los derechos del demandante. Puede ocurrir que el demandante pruebe a la corte que el embargo no debió haber sido anulado, y puede ocurrir también que si se decreta la anulación, sin habérsele dado la oportunidad de ser oído, cuando acuda a la corte a defender sus derechos, su actuación resulte tardía, ya porque hayan desaparecido los bienes qne antes embargara, porque bayan pasado legal-mente a otra persona, o por cualquiera otra causa que le im-pida asegurar la efectividad de su reclamación. No debemos olvidarnos de que en virtud del embargo, el demandante ba adquirido nn derecho del cual no debe ser privado sin su conocimiento y sin tener la oportunidad de defenderse. En-tendemos qne en este caso, según aparece de la solicitud jurada, por la peticionaria, se ba cometido nn error subs-tancial y que los procedimientos deben ser revisados por medio de certiorari.

Por las razones expuestas, debe revocarse la sentencia apelada y ordenarse la devolución de los autos a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

OPINIÓN DISIDENTE

DEL JUEZ ASOCIADO SB. WOLE

Éste es nn caso en que la corte! de distrito se negó en efecto a anular por certiorari una orden de la Corte Municipal de Caguas. Después de practicado nn embargo, la corte municipal permitió, mediante prestación de fianza, la liberación de los bienes embargados. No obstante, la corte municipal actuó sin dar al supuesto acreedor que embargó la oportu-nidad de ser oído. La Corte de Distrito de Humacao resolvió que la peticionaria tenía amplio remedio de apelación.

Nada encuentro en la ley qne requiera qne una corte municipal oiga al supuesto acreedor embargante como paso previo para admitir una fianza y levantar los bienes embar-gados. Sería la práctica mejor y más segura oír al acreedor, pero según indica el apelado en una moción para reconsi-derar, pueden existir casos en que sea imperativa la libera-ción inmediata de los bienes o en que la corte se convenza fuera de toda duda de que la fianza es suficiente. Si bien deben protegerse los intereses del acreedor embargante, sos-tengo que la corte municipal tiene discreción. Debe demos-trarse un abuso de esa discreción, o, en otras palabras, que el acreedor quedó en realidad sin garantía. No debe surgir presunción alguna contra la corte municipal.

La corte de distrito resolvió que el remedio de apelación era adecuado. Nadie podría saber mejor que un juez de distrito si el recurso de apelación es o no rápido en cada, caso particular. La apelante no me convenció en absoluto», de que bubo abuso de discreción. Si la actuación de la corte' municipal meramente quebrantó una regla de procedimiento,., sin causar daño alguno, seguramente que una apelación bas-taría. Debió haberse excluido la posibilidad de que no se infligió daño, al invocar un remedio extraordinario.


author: El Juez Presidente Seño®, del Toko,

text:
    Eduardo Méndez Bas y Carlos Julio Osorio, peticionarios, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona, Juez, demandada.
    No. 884.

    Resuelto: Febrero 15, 1933.

      B. Guerra Mondragón, abogado de los peticionarios.
   El Juez Presidente Seño®, del Toko,

emitió la opinión del tribunal.

Eduardo Méndez Bas y Carlos Julio Osorio por medio de su abogado Benjamín Guerra-Mondragón solicitaron de esta Corte Suprema que expidiera un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de Humacao y en definitiva anulara la resolución de dicha corte declarando sin lugar cierta moción que los peticionarios le presentaran pidiéndole que se declarara sin jurisdicción para intervenir en la causa criminal que se les seguía ante ella por el delito de atentado a la vida, por no haber sido acusados por el Gran Jurado.

Esta corte negó la expedición del auto y los peticionarios han acudido de nuevo solicitando reconsideración de la nega-tiva.

Veamos cuáles son los hechos en que se basa la solicitud. En ella se transcribe la acusación formulada por el fiscal contra los peticionarios imputándoles el hecho de haber, allá por el 7 de octubre de 1932, en Humacao, acometido y agredido con revólveres o pistolas, ilegal, voluntaria y maliciosamente, con premeditación y propósito firme y deliberado de darle muerte, al ser humano José A. Burgos, infiriéndole heridas de bala, de carácter grave, con la intención de cometer asesinato. Y se alega que presentada la acusación se señaló el 18 de noviembre de 1932 para su lectura a los acusados, dándose a éstos hasta el 7 de' diciembre, 1932 para contestarla. En ese día los peticionarios enmendaron una moción que, en contestación a la acusación, habían presentado impugnando la jurisdicción de la corte. De dicha moción se transcribe en la solicitud de certiorari, lo que sigue:

“Que siendo los acusados Eduardo Méndez Bas y Carlos Julio Osorio, Capitán y Sargento, respectivamente, de la Guardia Nacional de Puerto Rico, lo que eran en la fecha de la comisión del delito que se les imputa y en el ejercicio de sus funciones como tales, movi-fizados entonces a servicio por proclama del Gobernador de Puerto Rico y recibiendo paga de El Pueblo de Puerto Rico, esta Corte carece de jurisdicción en este caso por no haber sido los acusados acusados mediante un Gran Jurado.”

Se continúa alegando en la solicitud que el fiscal impugnó la moción de los acusados así:

‘‘Que los acusados por el hecho de ser miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico, creada por la Ley No. 28 de 12 de abril de 1917, ‘Proveyendo un Código• Militar para Puerto Rico, organi-zación de la Guardia Nacional y de la milicia irregular de Puerto Rico’, no son funcionarios públicos de Puerto Rico y no deben ser perseguidos de acuerdo con la Ley No. 58 de 1919, según fué en-mendada por la Ley No. 98 de 1925.”

Para probar su moción-contestación presentaron los acu-sados tres certificaciones y una estipulación. Las certifica-ciones son al efecto de que el 27 de septiembre, 1932, por orden del Gobernador se llamó a ciertas unidades de la Guardia Nacional para cooperar con la Policía Insular en el mantenimiento del orden y la propiedad entre las cuales estaba la Compañía “B” 296 de Infantería, perteneciendo los peticionarios acusados a dicba Compañía, siendo el pri-mero Capitán y Sargento el segundo.

Por la estipulación se aceptó que “en octubre 7 al 8 de 1932 la Compañía ‘B’ 296 de Infantería de la Guardia Nacional, estaba movilizada en el distrito No. 3 que componía los siguientes pueblos: Río Grande, Mameyes, Cuquillo, Fa-jardo, Ceiba, Naguabo, Playa de Naguabo y Humacao, dando las partes por probados estos hechos.”

Estamos conformes con los peticionarios en que si de los hechos expuestos en su solicitud surgiera claro el derecho que reclaman, podría expedirse el auto de certiorari que soli-citan. El caso de Muratti v. Foote, 25 D.P.R. 568 que in-vocan es en efecto autoridad sobre ese extremo.

Nuestra negativa no se basó en la no procedencia del recurso para conocer de la cuestión suscitada, sino en que de los hechos alegados en la solicitud no surge claro el de-recho de los peticionarios a qne la acusación tuviera que formularse necesariamente a través del Gran Jurado.

La sección primera de la Ley estableciendo el Gran Jurado en Puerto Rico, tal como quedó enmendada en 1925 y rige aún en la actualidad, dice:

“Todo delito grave (felony) que se impute a un funcionario pú-blico por razón de actos realizados en el ejercicio de sus funciones deberá ser perseguido mediante acusación del Gran Jurado presen-tada ante la corte que tenga jurisdicción en el caso.
"“Todos los demás delitos se perseguirán en la forma prescrita por el Código de Enjuiciamiento Criminal.” Leyes de 1925, p. 789.

Aceptando sin resolver que los peticionarios por el hecho de ser miembros de la Guardia Nacional, movilizados por el Gobernador, en la fecha y en el sitio en que se perpetró el delito que se les imputa, pudieran considerarse como fun-ei'oharios públicos, conclusión que fue impugnada por el fiscal, no encontramos parte alguna de la solicitud en que se alegue y demuestre que el delito de que el fiscal les acusa se les impute por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

Siendo ello así, no procede la reconsideración solicitada.


author: El Juez Presideete Señor del Toro,

text:
    Roig Commercial Bank, demandante y apelada, v. Miguel A. Bustelo, et al., demandados y apelantes.
    No. 6277.

    Sometido: Febrero 13, 1933.

      Resuelto: Febrero 16, 1933.

      Arturo Aponte, abogado de los apelantes; González Fagundo & Gon-zález Jr., abogados del apelado.
   El Juez Presideete Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de la desestimación de nn recurso, por no ser apelable la resolución recurrida.

En la Corte de Distrito de Humacao se siguió un proce-dimiento ejecutivo hipotecario por el Roig Commercial Bank contra Miguel A. Bustelo y su esposa. La finca hipotecada se adjudicó finalmente al acreedor, otorgándose al efecto es-critura pública que se inscribió en el registro.

Así las cosas, pidió el acreedor que se le pusiera en pose-sión judicial de la finca que se le adjudicara y la corte dictó la orden correspondiente. Artículo 174 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria.

Pué entonces que Miguel Bustelo y su esposa compare-cieron pidiendo que la orden se dejara sin efecto, por moción que comienza así:

“Los demandados en esta acción hacen nna comparecencia especial a los solos efectos de esta moción y sin que se entienda por ello que se han sometido a la jurisdicción de la Corte, y respetuosamente exponen y alegan:”

Lo expuesto y alegado fue, en resumen, que la adjudica-ción se obtuvo a virtud de “una relación falsa de los hechos hecha en la demanda” y que después de la misma el adjudi-catario arrendó el inmueble a los comparecientes y luego lo vendió a. Jesús Amaral, no teniendo, por tanto, interés al solicitar que se le pusiera en posesión.

La corte resolvió la cuestión suscitada, como sigue:

“Oídas las partes sobre la moción radicada por los demandados en este procedimiento, la Corte entiende que es correcta la conten-, eión de la parte ejecutante en el sentido de que, acceder a, lo solici-tado por los mocionantes, tendería a interrumpir el procedimiento, no terminado virtualmente hasta la entrega material de la finca adju-dicada. Asimismo entiende la Corte, tal cual ha sido planteado por los ejecutantes, • que las cuestiones levantadas por los ejecutados en su moción, en nada afectan la situación de ambas partes, en cuanto u los autos de este procedimiento. Por ello se declara sin lugar dicba ■moción . . .”

Y contra esa resolución fue que recurrieron para ante ■este tribunal los esposos Bustelo, habiendo pedido el ejecu-tante que la apelación sea desestimada., Tanto el ejecutante •como los esposos Bustelo fueron oídos por medio de sus abogados en eorte abierta sobre el particular.

Dejando a un lado la forma de la comparecencia de los •esposos Bustelo, diremos que el procedimiento seguido .en la Corte de Distrito de Humaeao fue el sumario que autoriza y regula la Ley Hipotecaria. Ni contra la orden de requeri-miento, ni contra la de venta en pública subasta otorga la ley apelación. Tampoco contra la orden de posesión. Dentro <rle la Ley Hipotecaria misma no puede encontrarse precepto alguno que autorice el recurso.

Contienden los esposos Bustelo que se trata de una orden ©special dictada después de sentencia definitiva, apelable de acuerdo con el artículo 295, párrafo 3 del Código de Enjui-ciamiento Civil. Si se tratara de un pleito ordinario, quizá tendrían razón, pero no estamos convencidos de que la tengan tratándose como se trata de un procedimiento sumario hipotecario. Resolver lo contrario sería- desnaturalizar dicho procedimiento.

La moción clebe ser declarada con lugar y desestimado el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    De la Torre & Ramírez, demandante y apelada, v. Josefa, conocida por Josefina Bengoechea y Macías, demandada y apelante.
    No. 5933.

    Sometido: Enero 24, 1933.

      Resuelto: Febrero 16, 1933.

      Pellón & Ayuso, abogados de la apelante; De la Torre c& Ramírez y J. Martínez Dávila, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El artíenlo 299 del Código de Enjuiciamiento-Civil, según fué enmendado en 1919 (Leyes de ese año, pág. 675-677) provee qne: “Cuando sea necesario para una co-rrecta inteligencia y resolución del asunto, qne algún mapa, documento original o exhibit de cualquier clase, que no sea susceptible de reproducción por medio de copia, fotografía ¡o de otro modo, sea presentado al examen e inspección de la Corte Suprema, se bará una descripción del mismo, j el secretario de la corte a quo después de autenticar dicho mapa o documento original o exhibit, bajo su firma y sello de la corte, remitirá el mismo al Secretario de la Corte Suprema,, haciendo constar qne se ha hecho parte del récord del asunto.” También dispone qne la exposición del caso o transcripción de la evidencia sean corregidas y aprobadas por el juez de distrito.

En el presente caso la demandada alegaba que cierta rebaja ascendente a algo más de quince mil dólares había sido hecha por uno de los miembros de la sociedad deman-dante de su propio puño y letra al pie de una cuenta rendí-, dale por honorarios profesionales. Un perito calígrafo de-claró extensamente como testigo de la demandada en relación con ciertos detalles de parecido o similaridad entre el manus-crito que aparecía en el documento en controversia y las mismas palabras y números según aparecían en varios otros manuscritos cuya autenticidad era indisputable. Todos los documentos mencionados por este testigo habían sido ofre-cidos como prueba y copiados por el taquígrafo en la trans-cripción. Cuando ésta fué sometida al juez de distrito para su aprobación, la parte apelante solicitó que estos documentos originales fueran hechos parte del legajo de la sentencia. Esta súplica fué declarada sin lugar por el juez de distrito fundándose en que los documentos habían sido copiados en la transcripción. ' , ;:v

El objeto de la súplica, según manifestó la apelante en la corte inferior, era colocar a este tribunal en la misma posición en que lo estaba el juez sentenciador al dictaminar y resolver sobre la declaración dada por el perito calígrafo. El hecho de que los documentos que incuestionablemente eran genuinos hubieran sido copiados en la transcripción no era óbice para que no se permitiera que éstos formaran parte del legajo de la sentencia. Es cuestión distinta el hecho de si por alguna otra razón debieron o no haber formado parte de tal legajo. Es cuestión que no puede ser determinada por esta corte con los datos que aparecen en los autos. Es cuestión que no fué resuelta por el juez sentenciador, y es cuestión que debe' ser resuelta por él en primera instancia. Desde luego, pudieron tomarse fotografías de los originales, mas no vemos razón alguna para que la apelante tenga que incurrir en tales molestias y gastos innecesarios. Una copia escrita a máquina sería inservible para cualquier objeto en apelación.

La resolución apelada debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    Manuela Santos Vda. de Gil, demandante y apelada, v. José Moreda, José Irizarry Cruz y Alberto Moreda, demandados y apelantes.
    No. 5911.

      Sometido: Enero 19, 1933.

      Resuelto: Febrero 16, 1933.

      José Sábater, abogado de los apelantes; E. Bácz García, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito en cobro de pagaré comparecieron los deman-dados y, mediante la sustitución de la fianza, obtuvieron el levantamiento del embargo trabado sobre cierta propiedad. Posteriormente el secretario, a instancias de la demandante, anotó la rebeldía de los demandados, y sin qne se le hiciera súplica a ese efecto, registró sentencia en rebeldía. No se había librado emplazamiento alguno.

De conformidad con la fraseología del artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Civil, la citación en ciertos procedimientos debe contener la prevención de qne a menos qne la parte demandada comparezca y conteste “el demandante obtendrá fallo por la cantidad exigida en la demanda, especificando la suma.” El artículo 194 provee que “si no se hubiere presentado la contestación al secretario de la corte, dentro del término señalado en la citación, o de sn prórroga, si se hubiese concedido, el secretario, a instancia del deman-dante, deberá hacer constar la rebeldía del demandado, y acto seguido anotará en el récord de la corte la sentencia para el pago de la cantidad especificada en la citación . . . .” Evidentemente, el artículo 194 presupone la expedición y diligenciamiento de una citación. Si la citación no contiene la prevención prescrita, el secretario carece de facultad para registrar sentencia en rebeldía. Zapater v. Irizarry, 15 D.P.R.. 538; y Vías v. Sucesión Pérez, id. 732. A fortiori, parecería que el secretario no puede registrar una sentencia en rebeldía en un caso en que nó se ha librado la citación y en que no se ha concedido prórroga para contestar. De todos modos, el secretario no puede determinar la naturaleza y efecto de una comparecencia con el fin de obtener el levan-tamiento de bienes embargados, como una sumisión a la juris-dicción de la corte y como una renuncia del derecho de la parte demandada a la prevención estatutaria que general-mente es condición precedente a la entrada por el secretario de una sentencia en rebeldía.

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelante, v. Francisco de la Torre, Mercedes de la Torre y su esposo A. O’Neill, demandados y apelados.
    No. 5884.

    Resuelto: Febrero 16, 1933.

      Fiñler & Newsom, Jr., abogados del apelante; J. Ramírez Santibcmez,

      11. Martínez Nadal y Luis Muñoz Morales, abogados de Francisco de la Torre; Luis Llorens Torres y O’Neill & O’Neill, abogados • de los esposos O’Neill de la Torre.
   EN MOCIÓN DE RECONSIDERACION

El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Después de considerar nuevamente las cuestiones disen-tidas en el alegato de los apelados nos adherimos a la conclu-sión a que ya hemos llegado, o sea, que una providencia anu-lando o negándose a anular un embargo, es apelable. Una contestación en detalle a la argumentación de los apelados contenida en un alegato de cincuenta y cuatro páginas exi-giría más tiempo del que puede prestársele a este aspecto del caso. Nada que no fuera un análisis minucioso de los nume-rosos casos citados por los letrados, a fin de distinguirlos y de contrarrestar la argumentación contenida en el alegato-de los apelados, tendría finalidad práctica.

Debe declararse sin hogar la moción de reconsideración.


author: El, Juez Asociado Señor HutohisoN,

text:
    Luis Astacio Medina, peticionario y apelante, v. Bernabé Géigel, Alcaide de la Cárcel Municipal de Naguabo, demandado y apelado.
    No. 4903.

    Sometido: Enero 18, 1933.

      Resuelto: Febrero 17, 1933.

      Benjamin Guerra Mondragón, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El, Juez Asociado Señor HutohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

En octubre 27, 1931, se archivó una denuncia ante una corte municipal. En marzo 17, 1932, la corte municipal sostuvo una excepción perentoria a la denuncia y ordenó.la radicación de una nueva. Esta fué archivada el 29 de abril. Durante el juicio el acusado solicitó se le pusiera en libertad alegando que la nueva denuncia no había sido radicada dentro de quince días a partir de la orden autorizando la presenta-ción de la misma. El acusado entonces se declaró culpable y fué a la cárcel. El presente recurso de apelación ha. sido incoado contra la negativa de la corte de distrito a expedir un auto de hábeas corpus.

De conformidad con la fraseología del artículo 157 del Código de Enjuiciamiento Criminal, una orden declarando con lugar una excepción perentoria impide la formación, de otro proceso por el mismo delito, a menos que la corte ordene el archivo de una nueva acusación. El artículo 159 provee que cualquier nuevo procedimiento deberá seguir los trámites establecidos en los artículos 147 y 148. El artículo 148 dis-pone que: “si . . . dentro de los quince días no se presen-tare ésta, deberá el tribunal disponer que se le absuelva, a no ser que por razón especial extendiera el plazo dentro del cual haya de presentarse la acusación.”

Es obvio que si no se ha radicado una nueva acusación dentro del período estatutario, la corte sentenciadora, aun después de expirado dicho período, puede prorrogar el tér-mino para el archivo de tal acusación. A fortiori, si se ha radicado la nueva acusación antes de que el acusado solicite su exoneración, dentro de un tiempo razonable, mas no dentro del período estatutario, el juez sentenciador, en ejercicio de una sana discreción y ante la debida justificación del fiscal, puede negarse a exonerar al acusado. En tal caso no hay necesidad de que se haga una extensión formal del período que prescribe el estatuto. La cuestión es si bajo las circuns-tancias la demora era excusable. Si lo era, y si el juez por esta razón se niega a exonerar al acusado, tal negativa equivale a una orden nunc pro time prorrogando el término. El mero hecho de que no se dictara orden alguna prorro-gando expresamente el término para el archivo de una nueva acusación no da derecho al acusado a que se le expida un auto de habeas corpus.

El juez de distrito no cometió error al negarse a expedir el auto y la resolución apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Loíza Sugar Company, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 5383.

    Resuelto: Febrero 17, 1933.

      Jaime Sifre Jr. y Horacio Franceschi, abogados de la apelante; Procurador General Charles E. Winter y M. Rodríguez Serra, Pro-curador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En 26 de julio de 1932 esta corte dictó sentencia confir-mando una decisión de la Corte de Distrito de San Juan en tanto concedía la suma de $245.05 más intereses, y revocó el caso en tanto dejó de ordenar se devolviera a la demandante la suma $6,807.01. 43 D.P.B. 892. El mandato fue enviado en su oportunidad a la corte de distrito. La apelante victo-riosa ahora acude ante esta corte y nos pide que ordenemos la devolución del mandato. La apelante alega que la sen-tencia sobre los $6,807.01 debe incluir intereses de igual modo que la dictada por la corte inferior.

Evidentemente admite que la solicitud es algo tardía, mas trata de excusarse alegando que poco después de dictar su sentencia en el caso, esta corte entró en vacaciones y que desde entonces los letrados de la apelante han estado sumamente ocupados.

Desde que se dictó nuestra sentencia han pasado no sola-mente las vacaciones de este tribunal, sino también el quinto término del año 1932. Por tanto, dudamos que esta corte tenga facultad o autoridad, después del término y de haber transcurrido tanto tiempo, para enmendar su propia senten-cia. No se alega ninguna situación extraordinaria que exija el posible ejercicio de nuestras facultades.

Si tenemos o no la facultad o autoridad para hacerlo, la práctica continua de esto tribunal ha sido no actuar una vez transcurrido un período de tiempo tan largo como el de este caso. Sin embargo, yendo a los méritos del caso, la posibi-lidad de conceder intereses no se escapó enteramente a nuestra atención al dictar nuestra sentencia. Empero, ha-llarnos que en la demanda no se- reclamaron intereses ni siquiera en el alegato original de la apelante, y de ahí que no los concediéramos.

Tampoco hallamos que la concesión de intereses sea imperativa. La sección 79 de la Ley No. 74 de 1925 (Leyes de ese año, pág. 543), no haciendo referencia a las actuaciones de las cortes, tomada por sí misma aparentemente hace que la concesión de intereses sea imperativa o más o menos im-perativa, pero la sección 80 de la misma ley dispone:

“Podrán concederse intereses en cualquier sentencia dictada por una corte contra El Pueblo de Puerto Rico después de aprobada esta Ley, sobre cualquier contribución de ingresos o de beneficios excesivos, erróneamente impuesta o cobrada, sobre cualquier penalidad cobrada sin autoridad, o sobro cualquier suma excesiva o de algún modo co-brada erróneamente bajo las leyes de contribuciones sobre ingresos. ’ ’

Por consiguiente, debe considerarse que al igual que en cualquier otro caso es necesario solicitar los intereses y que su concesión hasta cierto punto queda a la discreción de la corte.

El hecho de que la corte de distrito concediera intereses en su sentencia, no sería una verdadera guía. La corte inferior quizá se equivocó al conceder intereses sin que se le hiciera la solicitud correspondiente.

Debe declararse sin lugar la moción.


author: En Juez Asociado Señor Wore,

text:
    José Tous Soto, demandante y apelado, v. Ana María Manescau, demandada y apelante.
    No. 6264.

    Sometido: Febrero 6, 1933.

      Resuelto: Febrero 17, 1933

      II. Atilbs Moren, abogado de la apelante,- Tous Soto <& Zapater, abo-gados del apelado.
   En Juez Asociado Señor Wore,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide que desestimemos este recurso principalmente por ol motivo de ser frívolo. Hubo un juicio en este caso, y la demandada apelante obtuvo varias prórrogas j>ara pre-parar la transcripción de la evidencia. Ésta fue finalmente trasmitida a la corte, y los autos demuestran que el juez .aprobó una transcripción de evidencia. El apelado nos pre-senta una alegada copia de ese documento, y certifica que es la misma copia que fue presentada a la corte de distrito para, su aprobación, que fue impartida. Un examen.de las alegaciones y la evidencia que aparece en la transcripción ta-quigráfica nos convence de que el recurso es en realidad frí-volo. La transcripción así certificada demuestra que el de-mandante suscribió un pagaré como fiador de la demandada. Si Men es cierto que demandante y demandada firmaron la obligación como pagadores principales, el récord no deja lu-gar a dudas de que el pagaré fue otorgado en beneficio de la demandada. No importa que ella no prometiera expresa-mente reembolsar al demandante. La demandada hizo va-rios abonos, y la deuda quedó reducida a'$520. Por esta can-tidad, demandante y demandada suscribieron un nuevo pa-garé.’ Lo satisfizo el propio demandante.

Dado el fiecho de que la demandada era primariamente responsable, no importa, en lo atañedero al banco, que de-mandante y demandada se hicieran solidariamente respon-sables. La obligación de la demandada para con el actor quedaba en pie por cualquier cantidad que él satisficiese. Asimismo, es indiferente que el banco requiriera o no a José Tons Soto para el pago de la obligación de $520. Tampoco afectaría la responsabilidad de la demandada el que José Tons Soto recogiera el pagaré de $520 firmado por ambas partes y otorgara al banco un pagaré individual. Inciden-talmente puede observarse que la demanda alegó que tanto el demandante como la demandada firmaron el pagaré, y esta alegación no fué negada por la contestación. La demandada dijo en su contestación que si el demandante suscribió el pagaré, lo hizo como deudor principal.

Bajo estas circunstancias, creemos que aparece suficien-temente que la apelación es frívola, y debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Antonia del Castillo, demandante y apelada, v. Juan Antonio del Castillo, demandado y apelante.
    No. 6268.

    Sometido: Febrero 13, 1933.

      Resuelto: Febrero 17, 1933.

      Francisco A. González Suárez, abogado del apelante; üí. A. GarcAw Méndez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante era el demandado en nn procedimiento de desahucio y la corte dictó sentencia en sn contra. Badieó nn escrito de apelación, y aquí se trata de una moción para desestimar el recurso por haberse dejado de 'cumplir con las disposiciones del estatuto. La sección 12 de la Ley de Desahucio provee;

“No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no con-signa en secretaría el importe del precio adeudado basta la fecha de la sentencia, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas.
“En cualquier otro caso será requisito indispensable para ejercitar el recurso de apelación por parte del demandado, que éste otorgue fianza, a satisfacción del tribunal, para responder de los daños y per-juicios que puedan irrogarse al demandante, y de las costas de la apelación.
“Tanto la consignación como la ¿fianza de que habla la presente sección deberán quedar formalizadas dentro del término concedido para la apelación.” Estatutos Revisados de 1911, sección 1636.

La sección 11, según fné enmendada en 1929, dispone:

“Las apelaciones deberán interponerse en el término de cinco (5) días, contados desde la fecha en que fueren notificadas de la sentencia por el secretario de la corte correspondiente, las partes perjudicadas por la misma o sus abogados.” Leyes de ese año, pág. 141.

De conformidad con estas secciones es imperativo para el apelante prestar nna fianza dentro de los cinco días en ellas fijados. Es ley general que los requisitos relativos a fianzas en apelación, son materia qne debe cumplirse estrictamente. 3 C. J. 1104, et seg.

El demandado se fundó en la fraseología del estatuto que dispone que la fianza debe ser otorgada “a satisfacción, del tribunal.” Sostiene que la corte' es la llamada a fijar la fianza antes de que él esté obligado a prestarla. Las cortes no actúan sioa sponte en estos asuntos y el apelante debe gestionar el perfeccionamiento de su recurso dentro de los cinco días fijados por el estatuto. Aun si se hubiese prestado la fianza el último día, ésta hubiera podido ser aprobada posteriormente. La jurisdicción de la corte debe ser invocada dentro de los cinco días y el dejar de hacerlo así es fatal para el apelante.

Debe declararse con lugar la moción de desestimación.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Loíza Sugar Company, demandante y apelada, v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, sustituído por Manuel V. Domenech, demandado y apelante.
    No. 5400.

    Sometido: Febrero 3, 1932.

      Resuelto: Febrero 17, 1933.

      Procurador General Charles E. Winter, A. Ortiz Toro y M. Rodríguez Serra, Procuradores Generales Auxilwes, abogados del apelante; Jaime Sifre, Jr., y Horacio Franceschi, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación ba sido interpuesta por el Tesorero de Puerto Rico contra la sentencia que lo condena a devolver a la corporación doméstica Loíza Sugar Co. la cantidad que ésta pagó bajo protesta por determinada contribución sobre ingresos.

En 30 de septiembre de 1918 la apelada presentó al Teso-rero de Puerto Rico, de acuerdo con la ley federal de 1916 para contribuciones sobre ingresos, una planilla por el año comprendido desde el 1 de agosto de 1917 al 31 de julio de 1918 sin consignar en ella cantidad alguna por depreciación de sus propiedades pero el Tesorero motu proprio fijó por ese concepto la cantidad de $104,220.04 y con esa deduc-ción encontró como ingreso neto tributable la cantidad de $254,866.47 sobre la cual impuso la contribución dé $5,097.33 que la corporación pagó según el recibo No. 21. Esa planilla fue marcada con el No. 41.

El 31 de agosto de 1918 y a los efectos de la contribución sobre ingresos adicionales según la Ley Insular No. 59 de 4 de diciembre de 1917 la corporación rindió su declaración de ingresos por el mismo período de tiempo antes referido y le fue impuesta contribución sobre ingresos en cantidad de $8,674.66 sirviendo como base para ella el ingreso neto tributable de $254,866.47 para el que se habían deducido los $104,220.04 de depreciación. Los $8,674.66 fueron pagados en su totalidad según el recibo No. 46.

Actuando el Departamento de Hacienda de acuerdo con la Ley No. 80 de nuestra Legislatura de 26 de junio de 1919 y por el año económico de 1 de agosto de 1917 a 31 de julio de 1918, impuso a la corporación una contribución sobre in-gresos ascendente a $7,718.71 sobre la misma planilla No. 41 al principio mencionada, tomando como base el ingreso neto de $254,866.47 para el que concedió como depreciación la suma mencionada de $104,220.04. Esa contribución así im-puesta fue confirmada en alzada por la Junta de Revisión e Igualamiento y fue pagada según el recibo 21(a), habién-dose abonado a cuenta de ella lo pagado por el recibo No. 21.

En mayo de 1923 el Departamento de Hacienda procedió a enmendar y a reajustar las contribuciones sobre ingresos impuestas a la corporación apelada por el mismo año que las anteriores, 1 de agosto de 1917 a 31 de julio de 1918, como resultado de una investigación practicada en los libros de la corporación, y sin tener en cuenta los $104,220.04 que se deducían para depreciación impuso como contribución la cantidad de $17,623.96, de la que dedujo $7,718.71 pagados por los recibos 21 y 21(a) y exigió el pago de la diferencia montante a $9,905.25. La alzada contra esa imposición la resolvió la Junta de Revisión e Igualamiento reduciendo los $9,905.25 a $6,866.37, habiendo rechazado dicha junta la partida de $104,220.04 de reserva para depreciación por no haber sido cargada en los libros de la corporación contra el valor de las propiedades objeto de la depreciación o en su defecto llevada a una cuenta de reserva para dicho fin. De acuerdo con esa resolución de la demandante el Departamento de Hacienda liquidó la contribución bajo el ingreso neto de $364,007.64, sin deducif de él cantidad alguna en concepto de depreciación por el uso, agotamiento, deterioro y desgaste de la propiedad de la corporación y encontró como importe de la contribución la cantidad de $14,585.08 y deduciendo de ella los $7,718.71 pagados por los recibos 21 y 21(a) reclamó el pago del saldo ascendente a $6,866.37 que la corporación satis-fizo bajo protesta con $163 de recargos.

Se reconoce por las partes la razonabilidad de la cantidad fijada para depreciación. La diferencia existente entre el ingreso neto de $364,007.64 computado por el Tesorero y la Junta de Revisión e Igualamiento y el de $259,787.60 que alega ser la corporación consiste en los $104,220.04 de depre-ciación que no se fian descontado en la última imposición de contribuciones. Los $14,585.08 impuestos como contribución fueron pagados con los recibos,21 y 21(a) más. $6,866.37 paga-dos bajo protesta.

En los libros de contabilidad de la corporación para el año económico de 1917 a 1918 no existía cuenta alguna titu-lada ‘‘Reserva para Depreciación” ni la depreciación fué abonada directamente a la cuenta de las propiedades, pero con fecha 31 de agosto de 1918 y en virtud de acuerdo tomado por la directiva de la corporación en junta celebrada en 20 de agosto de 1918 se consignó en ganancias y pérdidas una cantidad para un fondo de explotación en la que está in-cluido un 10 por ciento por depreciación de la factoría, de un almacén, de las vías y material rodante, del mobiliario, del ganado y de un puente de acero con una suma de $104,220.04.

La única controversia entre las partes es si los $104,220.04 que el Tesorero consignó voluntariamente como depreciación en la primera planilla que le fué presentada y también en otras y que la Junta de Revisión e Igualamiento aceptó en la primera alzada ante ella no debe ser tenida en cuenta y deducida para el ingreso neto tributable por el beeho de que tal depreciación no fue cargada por la corporación o elimi-nada de sus libros o abonada a una cuenta de reserva. Esa es la controversia envuelta en los cinco motivos de error .alegados por el Tesorero en esta apelación.

La Ley No. 80 de 1919, pág. 613 de las de ese año, promulgada por nuestra legislatura para proveer rentas para El Pueblo de Puerto Rico dispone en su sección 26 que al computarse el ingreso neto tributable se admitirá, entre otras deducciones, una concesión razonable por el agotamiento, desgaste y deterioro de propiedad empleada en el negocio o industria. Esa ley autoriza en su sección 33 al Tesorero de Puerto Rico para dictar reglas y reglamentos al objeto de ponerla en vigor y dispone que mientras son promulgados permanecerán en vigor las reglas y reglamentos •que rigen para la administración de la ley federal de 8 de septiembre de 1916 como fue enmendada en 3 de octubre de 1917 sobre contribuciones por ingresos.

Esos reglamentos disponen como requisito para admitir la deducción por concepto de depreciación que ésta sea car-gada o eliminada en los libros del contribuyente durante el año de modo que constituya una obligación- contra el activo de la corporación, debiendo reflejarse en el balance anual. Artículos 129 y 130 de los reglamentos federales y 33 revi-sado, aplicables a dicbo año.

Aunque la corporación apelada no consignara en sus libros los $104,220.04 jjara depreciación de sus propiedades en la forma requerida por los reglamentos federales sino en una cuenta llamada de ganancias y pérdidas, no obstante, tiene derecho a que dicha cantidad sea deducida para fijar el ingreso neto sobre el cual la contribución sobre ingreso debe ser impuesta, pues hechos verdaderos más bien que cons-tancias de los libros son los que dan derecho a la deducción. Tomamos del caso de Chattanooga Sav. Bank v. Brewer, 9 Fed. (2d) 982, lo siguiente:

.“Hechos ciertos, más bien que resoluciones en los libros, dan lugar al ingreso. Después de todo los acuerdos de los directores no consti-tuyen otra cosa que evidencia. Doyle v. Mitchell, 247 U.S. 179, 38 S. Ct. 467, 62 L. Ed. 1054 (T. D. 2723; Southern Pac. R. C. v. Muenter, 260 F. 837, 171 C.C.A. 563 (T.D. 2944); Douglas v. Edwards (C.C.A.) 298 F. 229. En otras palabras, el gobierno no está impedido de apartarse de los libros de la corporación e imponer el tributo sobre la base de los verdaderos hechos. Si la distribución del dinero que hizo el Sr. Key en 1920 era tal distribución, y no un préstamo, entonces por virtud de los términos de la ley de 1918— artículo 201, inciso (a) — se presumía concluyentemente que era im-ponible para 1920; y esto es así porque no fué la política del Con-greso, según se indica en los casos de Harder v. Irwin (D. C.) 285 F. 402 (T.D.) 3420, y Douglas v. Edwards (C.C.A.) 298 F. 237, dejar que los contribuyentes, valiéndose de su contabilidad o en alguna, otra forma, determinaran por sí mismos a qué año habría de asig-narse la contribución.”

En el de Haugh & Keenan Storage & Transfer Co. v. Heiner, 20 Fed. (2d) 921, se declaró lo que sigue:

“El gobierno actuó sobre la teoría de que toda vez que los libros y constancias, de la demandante nó revelaban depreciación alguna consignada en forma específica, ni de acuerdo con determinada reglay debía presumirse que la depreciación no fué provista en absoluto» Las contribuciones no se imponen y cobran en teoría sino a base de la situación existente, según los hechos la revelen. La teoría se aplica en ausencia de esos hechos. La cuestión de tributación «s una de hecho y no puede depender de teorías o ficciones. In re Curtis, 142 N. Y. 219, 36 N. E. 887; Swift’s Estate, 137 N. Y. 77, 32 N. E. 1096, 18 L.R.A. 709.
“Se ha resuelto, y claramente ésa es la ley, que los libros de con-tabilidad no constituyen evidencia, ni indispensable ni concluyente.. Hechos, y no asientos en los libros, dan lugar al ingreso imponible,. Doyle v. Mitchell Bros. Co., 247 U. S. 179, 38 S. Ct. 467, 62 L. Ed. 1054; Southern Pacific Railroad v. Muenter (C.C.A.) 260 F. 837; Baldwin Locomotive Works v. McCoach (C.C.A.) 221 F. 59. Las decisiones han resuelto uniformemente que bajo las leyes de arbitrios y de contribuciones sobre ingresos no pueden reclamarse contribucio-nes sobre la base de mera contabilidad. Forty-Fort Coal Company v. Kirkendall (D.C.) 233 F. 704; Industrial Trust Company v. Walsh (D. C.) 222 F. 437, y otros casos.”

En el caso de Doyle v. Mitchell Bros. Co., 247 U. S. 179, algo similar al presente, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo, refiriéndose a los libros de las operaciones de nn contribuyente, lo que sigue:

“Su aumento en valor desde que fueron comprados, tal como ese valor era en diciembre 31, 1908, no fue en ningún sentido adecuado el resultado del funcionamiento y dirección del negocio o propiedad de la corporación mientras regía la ley. Tampoco varía el resultado por el mero hecho de que el anterior incremento en valor no- había sido ingresado én los libros de contabilidad del demandante. Tales libros no son m,ás que evidencia, no siendo ni indispensables ni conclu-yentes. La decisión debe basarse en hechos reales, que en el presente caso no están en disputa.”

La teoría sustentada en los casos antes citados se en-cuentra también en la obra “Depreciación, Principios y Apli-caciones,” de Earl A. Saliers, profesor de la Universidad de Yale, en la que. en la página 502 se dice lo siguiente:

“Menoscabo en el valor de la propiedad a causa de agotamiento, desgaste y deterioro en el curso del negocio es un hecho real, ya esté o no evidenciado por asientos en los libros.
“Sin embargo, una cantidad por depreciación y desuso debe ser cargada por el contribuyente en sus libros y constancias para que constituya una deducción del ingreso bruto. La forma en que se efectúe el cargo carece de importancia, excepto que la cantidad que represente un cálculo razonable para la depreciación debe ser dedu-cida directamente del valor de la propiedad que aparece en los libros, o preferentemente puesta en el haber de una cuenta de reserva para depreciación, que debe aparecer en la hoja de balance anual del con-tribuyente. La deducción debe ser computada y cargada haciendo referencia expresamente a partidas, unidades t o grupos de efectos específicos, y los contribuyentes deben mantener esas constancias en forma tal que puedan ser fácilmente comprobadas.
“Cuanto se dice en el párrafo anterior al efecto de que la deduc-ción por depreciación debe ser cargada antes de que pueda ser reba-jada no quiere decir que la depreciación habida durante un año pueda cargarse al ingreso de otro año a los fines de la contribución sobre ingresos; tampoco significa que el dejar de rebajar la depreciación antes de cerrar las cuentas para el año impedirá que el contribuyente a la larga haga la rebaja. Quiere decir que si el contribuyente por inadvertencia deja de hacer los asientos correspondientes en sus libros antes de cerrarlos para el año durante el cual ocurrió la depreciación, y omite hacer la correspondiente deducción del ingreso bruto en su planilla para ese año, él puede abrir de nuevo sus libros, efectuar los asientos adecuados de reajuste en ellos y presentar una planilla en-mendada demostrativa de la verdadera deducción por depreciación, siempre que no se pruebe la existencia de mala fe o negligencia crasa en la preparación de su planilla original y en la manera en que él llevaba sus libros.”

La apelada no llamó a la cuenta en que hizo constar la depreciación “Cuenta de reserva,” ni la abonó directamente a la cuenta de las propiedades pero la hizo constar en una cuenta especial que llamó “de explotación”, cuyo efecto era cargar al ingreso bruto el importe de la depreciación, dando .el mismo resultado que si se hubiera llevado expresamente a una cuenta de reserva. El gobierno no puede inventar ingresos a base de errores en la forma de llevar los libros el contribuyente porque la imposición y la determinación del ingreso neto tributable descansa en hechos ciertos y no en teorías, tecnicismos o entradas en libros de contabilidad.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila no intervino.